Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2306&iu=0
Timestamp: 2017-11-22 16:33:47+00:00

Document:
Sentencia C-231 de 1995 Corte Constitucional
Ver arts. 11, 28 y 34, Decreto Nacional 1421 de 1993
ALCALDE-Prohibición de participar en Política"Las incompatibilidades establecidas en el artículo 96 de la Ley 136 de 1994 para los alcaldes están justificadas plenamente", toda vez que dichos servidores públicos se encuentran comprendidos dentro de la prohibición constitucional contemplada en el artículo 127, en virtud de la cual, "A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa...", como es el caso de los alcaldes y quienes lo reemplacen, "les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas", que constituye la misma prohibición a que se refiere la norma acusada, por lo que no existe a juicio de la Corte, violación alguna del precepto constitucional, y por ello habrá de declararse su exequibilidad.
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver las demandas formuladas por los ciudadanos ANGEL MARTIN DUQUE, OSCAR CONDE ORTIZ, GUSTAVO ALVAREZ GARDEAZABAL, ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO, LUIS CARLOS SACHICA y NESTOR JAIME MORENO PARRA, contra los artículos 30 (parcial), 43 numeral 3°, 45 numeral 1o (parcial), 66 parágrafo 1°, 95 numeral 4°, 96 numerales 2 y 6 y parágrafo 2o, 124 numeral 3° (parcial) y 130 inciso 1° (parcial) de la Ley 136 de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los municipios.
Cumplidos como se encuentran los requisitos que para esta índole de asuntos contemplan la Constitución Política y el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a decidir.II. LAS NORMAS ACUSADAS.
El texto de las normas cuya constitucionalidad se cuestiona, es tomado de la publicación en el Diario Oficial No. 41.377 del dos (2) de junio de 1994, subrayándose lo acusado."LEY 136 de 1994
"Artículo 30.- MAYORIA. En los concejos y las comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial".Artículo 43. INHABILIDADES. No podrá ser concejal:
3.Quien dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la inscripción haya sido empleado público o trabajador oficial, salvo que desempeñe funciones docentes de Educación Superior". "Artículo 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán:
PARAGRAFO 1°. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la cátedra universitaria".
PARAGRAFO: Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación proveniente del Tesoro Público, excepto con aquéllas originadas en pensiones o sustituciones pensionales"."Artículo 95. INHABILIDADES. No podrá ser elegido ni designado alcalde quien:
4. Se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres (3) meses anteriores a la elección"."Artículo 96. INCOMPATIBILIDADES: Los alcaldes, así como los que lo reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán:
2. Tomar parte en las actividades de los partidos o movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.
.....PARAGRAFO 2°. Las incompatibilidades a que se refiere este artículo se mantendrán durante el año siguiente a la separación definitiva del cargo. Sin embargo, quienes ejerzan profesiones liberales podrán celebrar contratos, actuar como gestores o apoderados ante autoridades administrativas o jurisdiccionales distintas al respectivo municipio"."ARTICULO 124. INHABILIDADES. Sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezcan la Constitución y la Ley, no podrán ser elegidos miembros de Junta Administrativa Local quienes:
3. Sean miembros de las corporaciones públicas de elección popular, servidores públicos o miembros de la juntas y concejos directivos de las entidades públicas"."ARTICULO 130. PROHIBICIONES. Los miembros de las corporaciones de elección popular, los servidores públicos y los miembros de las juntas y concejos directivos de las entidades municipales no podrán formar parte de las Juntas Administradoras Locales.
(...)".III. LAS DEMANDAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACION.
A continuación se exponen los argumentos de los demandantes en relación con las normas acusadas, quienes coinciden en identificar como violados por la normatividad constitucional, el preámbulo y los artículos 1o, 2o, 3o, 13, 25, 40, 53, 54, 95, 107, 123, 127, 128, 145 y 148 de la Constitución Política.i. Del artículo 30 (parcial) de la Ley 136 de 1994.
Estima que la mayoría para tomar las decisiones en los concejos y sus comisiones se obtiene con la mayoría de los votos de los "integrantes" y no con la mayoría de los votos de los asistentes como aparece en la norma acusada.ii. Del numeral tercero del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
a) El ciudadano MORENO PARRA considera que el artículo 43 en su numeral tercero viola los artículos 40, 95 y el inciso tercero del artículo 127 de la Constitución Política, por cuanto impide que los empleados del Estado que no ejercen jurisdicción, autoridad civil o política o cargos de dirección administrativa puedan tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos, lo mismo que en las controversias políticas, con la única excepción de los docentes universitarios. De esa forma, señala, se dejan de lado a los empleados a que se refiere la norma superior en comento y a los docentes que se rigen por el Estatuto Docente, con lo cual la norma legal va más allá del ordenamiento constitucional, pues se excede al no permitir que los empleados contemplados en el inciso tercero del artículo 127 superior puedan ser concejales.b) Por su parte, el ciudadano OSCAR CONDE ORTIZ argumenta que la expresión "de educación superior" contenida en el artículo 43 numeral 3°, es inconstitucional porque infringe los artículos 13, 40 y 127 de la Carta Política, así como el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
c) El ciudadano ANGEL MARIN DUQUE manifiesta que el numeral 3° del artículo 43 acusado es inconstitucional porque viola el artículo 127 de la Constitución Política, pues la ley no hace diferencia entre los empleados públicos a quienes les está expresamente prohibida la participación en política y aquellos a los cuales se les permite. En este evento, señala, la ley fue más allá de la previsión constitucional, pues obliga al empleado público o al oficial a renunciar a su cargo antes de participar en política para hacerse elegir concejal o alcalde, con lo cual pierde su condición de empleado público y por lo mismo, ya no le es aplicable el beneficio del artículo 127.iii. Del numeral 1° (parcial) y el parágrafo 1° del artículo 45 de la Ley 136 de 1994.
iii.1 Numeral 1o del artículo 45.
iii.2 Parágrafo 1o del artículo 45.
iv. Del parágrafo (parcial) del artículo 66 de la Ley 136 de 1994.
v. Del numeral 4° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.
vi. De los numerales 2° y 6° y el parágrafo 2° del artículo 96 de la Ley 136 de 1994.
vii. Del numeral 3° (parcial) del artículo 124 de la Ley 136 de 1994.
viii. Del inciso 1° (parcial) del artículo 130 de la Ley 136 de 1994.
Por último, expresa que el mencionado inciso viola el artículo 95 de la Constitución, porque impide que la persona cumpla con la Constitución y la ley al no dejar participar en la vida política, cívica y comunitaria del país a quienes lo pueden hacer.IV. INTERVENCION DE AUTORIDAD PUBLICA.
a) Disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias.
b) Ejercicio de los derechos políticos por parte de los servidores públicos.
Así pues, solicita declarar inexequible la expresión "salvo que desempeñe funciones docentes de Educación Superior", por violar los artículos 13 y 127 de la Constitución.c) Calidad de los Concejales.
d) Incompatibilidades de los Alcaldes.
e) Incompatibilidades de los ediles.
En relación con el artículo 130, solicita a la Corte efectuar un "juicio de conformidad", toda vez que la expresión "servidores públicos", contenida en esta disposición, resulta amplia, dado que no sólo comprende a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales, sino también a aquellos particulares que sin tener vinculación laboral con el Estado o sus entidades, desempeñan funciones públicas. Adicionalmente, la amplitud de esta prohibición se ve agravada por el hecho de que según la reglamentación actual de las Juntas Administradoras Locales que realiza la misma Ley 136 de 1994, los ediles no perciben remuneración alguna, ni siquiera honorarios, pues han de cumplir sus funciones ad-honorem.V. CONCEPTO DEL VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
1. Sobre las inhabilidades e incompatibilidades de los concejales.
Señala que para diputados y concejales se defirió a la ley la regulación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, estableciéndose para los primeros por prescripción constitucional que su régimen prohibitivo no puede ser menos severo que el congresional fijado por la misma Carta, no obstante que por ministerio del ordenamiento superior, al legislador compete imponer para los concejales, un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades -arts. 293 y 312-. La misma Constitución les establece a estos servidores algunas incompatibilidades de manera directa, dirigidas a proteger los intereses colectivos de la acumulación indebida de cargos públicos y prácticas de nepotismo -arts. 291, 292 y 312 CP.-.2. Análisis de los artículos 43-3 y 45-1.
3. De los artículos 95-4, 124 y 130.
Así entonces, concluye su conformidad con la Carta sólo se entiende en el supuesto de que los elementos descriptivos del contenido normativo en cuanto a sujetos, estén referidos a los funcionarios que por mandato superior no pueden intervenir en política.4. Del parágrafo del artículo 66.
Dicha afirmación, afirma, parte de la exclusión de la calidad de empleados públicos que para los concejales hace el artículo 312 superior, de la que se infiere su tratamiento especialísimo por cuanto los mismos conservan su naturaleza de particulares que desarrollan una función pública y que en punto a los honorarios que reciben por el desempeño de su labor, no les son aplicables los supuestos con que se configura la prohibición del artículo 128 superior, porque carecen del nexo laboral con el Estado, eje de la incompatibilidad constitucional. 5. De las mayorías decisorias en los Concejos - artículo 30 -.
Considera el Ministerio Público que la inteligencia de la prescripción del artículo 30 es evidente, cuando se tiene clara la distinción que la ley hace entre quórum y mayorías decisorias, como que el primero es el que habilita a la respectiva corporación para que con un número mínimo de miembros asistentes pueda deliberar o decidir; por su parte, las mayorías decisorias aluden a los diferentes modos de votación que se surten para adoptar decisiones, razón por la cual estima que la norma acusada se ajusta al ordenamiento constitucional.6. Del artículo 96 numerales 2o y 6o y parágrafo 2o.
En este sentido, la prohibición en estudio al no discriminar la órbita en que opera, es decir, cuando por su amplitud es omnicomprensiva tanto de la que corresponde a los niveles nacional, seccional y local, así como cuando comprende la prohibición para el desempeño en el sector privado después de haber ejercido el cargo de burgomaestre, es contraria a la Carta.En tal sentido, solicita a la Corte declarar que el numeral 6o. del artículo 96, en armonía con el parágrafo 2o sólo se entiende conforme a la Constitución cuando su ámbito de aplicación sea el del respectivo municipio donde se ejercieron las funciones de burgomaestre y que en consecuencia, el alcalde puede durante el año siguiente a haber hecho dejación de su cargo desempeñarse en actividades oficiales de las órbitas departamental o nacional, así como también en el sector privado.
Finalmente, solicita que los efectos de este pronunciamiento se extiendan al Decreto Ley 2626 de 1994, expedido en ejercicio de las facultades que le otorgó el artículo 199 de la Ley 136 del mismo año.VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.Primera. La competencia.
La Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda formulada contra la Ley 136 de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4o de la Carta Política, por cuanto se trata de una ley de la República. Segunda. Consideraciones Preliminares.
Con base en lo anterior, entra la Corte a efectuar el análisis de los cargos enunciados.Tercera. Cosa juzgada constitucional en relación con los artículos 45 numeral 1o, 96 numeral 6o y parágrafo 2o de la Ley 136 de 1994.
Además, esta norma se ajusta a la Constitución en cuanto su consagración corresponde a la función legislativa, que, se repite, al determinar las circunstancias constitutivas de incompatibilidad goza de amplia discrecionalidad en guarda de los intereses públicos, según expresa determinación de la propia Carta".b) Respecto del numeral 6o. del artículo 96, su exequibilidad tuvo como sustento, lo siguiente:
Por último, el artículo 312, inciso final, relativo al caso específico de los concejales, dispone que su aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta". c) Así mismo, se declaró la inconstitucionalidad del parágrafo 2o. del artículo 96 de la Ley 136 de 1994, al expresar la Corte Constitucional:
"También el parágrafo 2 del artículo 96, atacado, es inconstitucional, en cuanto, relacionado con los numerales que integran la norma, impide de manera absoluta, durante el año posterior a la separación definitiva del cargo, el ejercicio de cualquier actividad pública o privada, lo cual contraviene, como se deja dicho, los artículos 25 y 40 de la Constitución, que consagran los derechos constitucionales al trabajo y al ejercicio y control del poder político, cuyo ejercicio no puede ser vedado de manera total a quienes ya no tienen vínculo o función pública que impliquen una verdadera incompatibilidad.
Por lo anterior y en virtud de la cosa juzgada constitucional que ampara las decisiones de la Corte Constitucional, según lo dispuesto por el artículo 243 de la Carta Política y 46 del Decreto 2067 de 1991, no hay lugar a un nuevo pronunciamiento sobre las normas demandadas y ya examinadas, por lo que en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia No. C-194 de mayo 4 de 1995.Cuarta. El análisis de los demás cargos contra la Ley 136 de 1994.
Corresponde a la Corte entrar a decidir con fundamento en las demandas instauradas, las acusaciones formuladas contra los artículos 30 (parcial), 43 numeral 3o, 45 parágrafo 1o, 66 parágrafo, 95 numeral 4o, 96 numeral 2o y parágrafo 1o, 124 numeral 3o y 130 (parcial) de la Ley 136 de 1994, por la supuesta violación al preámbulo y a los artículos 1o, 2o, 3o, 13, 25, 40, 53, 54, 95, 107, 123, 127, 128, 145 y 148 de la Constitución Política.4.1 Mayorías para adoptar decisiones en los Concejos y sus Comisiones Permanentes - artículo 30 -.
De acuerdo con el mismo precepto, las decisiones sólo podrán tomarse (Quórum decisorio) con la asistencia de la mayoría (mitad más uno) de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente...".En el mismo sentido, el señor Viceprocurador General de la Nación señaló en su concepto fiscal:
De ahí que la norma acusada no quebranta los preceptos constitucionales comentados, sino que por el contrario, son un desarrollo del mismo y están concebidos en idéntico sentido, razón por la cual habrá de declararse su exequibilidad.4.2 Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades para Concejales - artículos 43-3 (parte final) y 45 parágrafo 1o. - El Derecho a la Igualdad.
b) La prohibición de establecer o consagrar discriminaciones: este elemento pretende que no se otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio o se restrinja el ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de manera arbitraria e injustificada, por razón de su sexo, raza, origen nacional o familiar, o posición económica (se subraya).
"Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática."
"a) La diferenciación razonable de los supuestos de hecho: El principio de igualdad solo se viola si el tratamiento diferenciado de casos no está provisto de una justificación objetiva y razonable. La existencia de tal justificación debe ser apreciada según la finalidad y los efectos del tratamiento diferenciado.
b) Racionalidad y proporcionalidad: Fuera del elemento anotado anteriormente, debe existir un vínculo de racionalidad y proporcionalidad entre el tratamiento desigual, el supuesto de hecho y el fin que se persigue".De tal forma, que los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar proporcionalidad con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad. Este principio busca que la medida no sólo tenga fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que si ello sucede, lo sean en grado mínimo.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la cátedra simultáneamente con la función de concejal, no implica vulneración del ordenamiento constitucional, como se ha dejado expuesto, ello siempre y cuando que aquél que la ejerza, no lo haga vinculado a la entidad donde ejerce la docencia de tiempo completo o medio tiempo, pues conllevaría la imposibilidad de dedicación que exige su actividad como concejal, ni que además, coincidan las horas de cátedra con las de sesiones o labores propias de concejal, ya que en tal caso, se incurriría en la incompatibilidad a que se refieren tanto la Constitución como la Ley 136 de 1994.* Unidad normativa con el artículo 11 de la Ley 177 de 1994.
"Artículo 11. Inhabilidades de los concejales. Modifícanse los numerales 2o y 3o del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, las cuales quedarán así:
3. Quien dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la elección haya sido empleado público o trabajador oficial, salvo que desempeñe funciones docentes de educación superior".Con fundamento en la modificación expresa de la norma acusada por una posterior, estima la Corte, que en relación con el numeral 2o. parcial del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, procede realizar unidad normativa con el artículo 11 de la Ley 177 de 1994, "por medio de la cual se modifica la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones", razón por la cual, deberá declararse la inexequibilidad de la expresión "de educación superior", contenida en el numeral 3o. del artículo 11 de la Ley 177 de 1994.4.3 Artículo 66 parágrafo (parcial) - Incompatibilidad de los honorarios de los concejales con cualquier asignación proveniente del Tesoro Público.
Parágrafo. Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación proveniente del Tesoro Público, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales" (lo subrayado corresponde a lo acusado).
En cuanto concierne a la demanda contra el numeral 2o. del mismo artículo, que estableció la incompatibilidad de los alcaldes, así como los que lo remplacen en el ejercicio del cargo, de "tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio", esta Corporación estima como lo afirma el mismo demandante, que "las incompatibilidades establecidas en el artículo 96 de la Ley 136 de 1994 para los alcaldes están justificadas plenamente", toda vez que dichos servidores públicos se encuentran comprendidos dentro de la prohibición constitucional contemplada en el artículo 127, en virtud de la cual, "A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa...", como es el caso de los alcaldes y quienes lo reemplacen, "les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas", que constituye la misma prohibición a que se refiere la norma acusada, por lo que no existe a juicio de la Corte, violación alguna del precepto constitucional, y por ello habrá de declararse su exequibilidad.4.5 Inconstitucionalidad de los artículos 43-3, 95-4, 96-2, 124-3 y 130 de la Ley 136 de 1994.
4.5.1 Cargos contra el artículo 43-3 (primera parte)
Corresponde examinar en éste acápite, la acusación formulada por los ciudadanos MORENO PARRA y MARIN DUQUE, según la cual el numeral 3o. del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 viola los artículos 40, 95 y el inciso tercero del artículo 127 de la Carta Política, por cuanto al obligar al empleado público o al oficial que no ejerce jurisdicción, autoridad civil o política o cargo de dirección administrativa, para ser elegido concejal, a renunciar a su cargo dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la inscripción, les desconoce su derecho a participar en las actividades de los partidos políticos, lo mismo que en las controversias políticas, "con lo cual pierde su condición de empleado público y por lo mismo ya no le es aplicable el beneficio del artículo 127". 4.5.2 Cargos contra el artículo 95-4.
4.5.3 Cargo contra el artículo 96-2.
4.5.4 Cargos contra los artículos 124-3 y 130.
Aduce que la expresión "servidores públicos" contenida en los artículos acusados es inconstitucional, porque restringe en forma excesiva los mecanismos de participación, y por cuanto el legislador se excedió en sus atribuciones, pues dentro del grupo de los servidores públicos, existen empleados públicos que no tienen jurisdicción ni autoridad civil o política, ni dirección administrativa.4.5.5 De la constitucionalidad de los artículos 43-3, 95-4, 124-3 y 130 de la Ley 136 de 1994.
a) Aquellos que -bien al servicio del Estado o de sus entidades descentralizadas- ejercen jurisdicción, autoridad civil o política o cargos de dirección administrativa. Se trata únicamente de aquellos empleados que adoptan decisiones en cualquiera de los campos dichos;
Ello resulta, además del precepto constitucional en comento, de la perentoria advertencia consagrada en el artículo 123 de la Carta: "Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento"....".A diferencia de lo anterior, como se ha dejado expuesto, la Ley 136 de 1994, en sus artículos acusados (43-3, 95-4, 124-3 y 130), señaló como causal de inhabilidad la circunstancia de tener la calidad de empleado o trabajador oficial, dentro de los plazos mencionados en las normas demandadas para los concejales y alcaldes (arts. 43-3 y 95-4 de la Carta Política respectivamente), o la de servidores públicos en relación con los miembros de las juntas administradoras locales, lo que no riñe en forma alguna con los preceptos constitucionales mencionados, que por el contrario, determinan la potestad que tiene el legislador para fijarlo.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Viceprocurador General de la Nación, y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justiciaEN NOMBRE DEL PUEBLO
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIONR E S U E L V E :PRIMERO: Decláranse EXEQUIBLES los artículos 30, 66 parágrafo, 124 numeral 3o. y 130 de la Ley 136 de 1994, en las partes acusadas.SEGUNDO: Declárase EXEQUIBLE el numeral 3o. del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, salvo la expresión "de Educación Superior", la cual se declara INEXEQUIBLE.
En este mismo sentido, se declara inexequible la expresión "de educación superior", contenida en el numeral 3o. del artículo 11 de la Ley 177 de 1994.TERCERO: Declárase EXEQUIBLE el parágrafo 1o. del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, salvo la expresión "universitaria", la cual se declara INEXEQUIBLE.CUARTO: Decláranse EXEQUIBLES los numerales 4o. del artículo 95 y 2o. del artículo 96 de la Ley 136 de 1994.QUINTO: Estése a lo resuelto en la sentencia No. C-194 de Mayo 4 de 1995, en relación con los artículos 45-1, 96-6 y parágrafo 2o de la Ley 136 de 1994.Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

References: artículo 96
 artículo 127
 artículo 30
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 43
 artículo 21
 artículo 25
 artículo 43
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 66
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 124
 artículo 130
 artículo 95
 artículo 130
 artículo 66
 artículo 312
 artículo 128
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 199
 artículo 241
 artículo 96
 artículo 312
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 243
 artículo 30
 artículo 11
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 11
 artículo 11
 Artículo 66
 artículo 96
 artículo 127
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 123
 artículo 43
 artículo 11
 artículo 45
 artículo 95
 artículo 96