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Timestamp: 2020-04-10 02:51:26+00:00

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AFEHC : articulos : Jura y conjura en el naciente Estado costarricense: las representaciones del poder en la jura de la Constitución de 1844 y la rebelión de las autoridades militares en San José y Alajuela : Jura y conjura en el naciente Estado costarricense: las representaciones del poder en la jura de la Constitución de 1844 y la rebelión de las autoridades militares en San José y Alajuela
Ficha n° 2353
Creada: 13 marzo 2010
Editada: 13 marzo 2010
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Jura y conjura en el naciente Estado costarricense: las representaciones del poder en la jura de la Constitución de 1844 y la rebelión de las autoridades militares en San José y Alajuela
Este artículo explora la forma en que, en Costa Rica, se presentaba hacia 1844 (cuando se jura una nueva constitución política) la representación de lo político y lo constitucional y el papel de los ritos en la afirmación de ese imaginario antiguo-moderno. Sobre lo primero, el artículo se interesa en descubrir en qué medida en Costa Rica el régimen de representación política desarrollaba una identificación entre el poder establecido y la opinión y los deseos de la población del país; es decir, si la Asamblea Constituyente que declara la Constitución de 1844 y el gobierno que la apoya, la presentan como la materialización de la opinión pública y, por consiguiente, a sus investiduras como una representación de la soberanía popular. Partiendo de esta premisa, se inspecciona el discurso político que se presenta en la jura de la Constitución y, para acabar, la manera en que se legaliza e ilegaliza un movimiento en contra de esa carta magna y, por ende, del poder representativo de aquellos que la emitieron.
2	En abril de 1844 se produjo un intento de amotinamiento en las fuerzas militares del naciente Estado de Costa Rica ubicadas en los departamentos de San José y Alajuela. En esencia, las milicias de esos lugares, lideradas por el Comandante General Antonio Pinto, se negaron a jurar la Constitución Política que recién se había emitido. Aunque la alerta que este acontecimiento provocó en las filas del gobierno central se disipó pronto gracias a la rápida acción frente a él, el escenario que se presentó permite vislumbrar el avance que la modernidad política había experimentado en Costa Rica hacia 1844, especialmente en lo referente a las representaciones del poder y a los discursos sobre lo legal y lo ilegal que, amparados en él, se habían desarrollado. Por otro lado, un evento como la jura de la Constitución de 1844, brinda la posibilidad de develar el significado que podía tener un rito como este en la promoción y estabilidad del naciente poder político y la forma en que, a través del rito, se construía la lealtad entre sus miembros.
3	Por tanto, los problemas que me planteo en este estudio son esencialmente dos: la forma en que se presentaba hacia 1844 la representación de lo político y lo constitucional y el papel de los ritos en la afirmación de ese imaginario. Sobre lo primero, me interesa descubrir en qué medida el régimen de representación política desarrollaba una identificación entre el poder establecido y la opinión y los deseos de la población; es decir, si la Asamblea Constituyente que declara la Constitución de 1844 y el gobierno que la apoya, la presentan como la materialización de la opinión pública y, por consiguiente, a sus investiduras como una representación de la soberanía popular1. Partiendo de esta premisa, inspecciono el discurso político que se presenta en la jura de la Constitución y, para acabar, la manera en que se legaliza e ilegaliza un movimiento en contra de esa carta magna y, por ende, del poder representativo de aquellos que la emitieron.
4	Tomando en cuenta estos problemas, este artículo ha sido divido en tres partes. En la primera, alentado por un interés en el entendimiento de las posibles transformaciones que produjo la llegada de la modernidad política a Costa Rica en las primeras décadas del siglo XIX, me aventuro a proponer algunas hipótesis acerca de este proceso para el periodo 1810-1842. En la segunda parte me detengo a observar el rito de la jura de la Constitución de 1844 y el tipo de representaciones de lo político que suscitó. Finalmente, en la tercera parte analizo el discurso político de la rebelión de abril de 1844 y su contención, con la intención de descifrar a través de este acontecimiento las visiones acerca de la legalidad y la ilegalidad con que eran enfrentados los movimientos contra las instituciones estatales.
Transiciones en la representación del poder, 1810-1842 (algunas hipótesis)
5	La jura de fidelidad al poder tiene raíces coloniales. Varias investigaciones se han realizado al respecto en el caso costarricense y para otras latitudes de Hispanoamérica2. Pero, probablemente, el tránsito en las concepciones de la representación del poder es un tema más bien poco estudiado en lo referente a cómo se presenta en ritos como las juras y qué tipo de implicaciones simbólicas de lo político expresa y promueve entre aquellos que participan en la presentación, representación y consumo de los ritos. En Costa Rica sólo Margarita Silva ha prestado interés a esta cuestión. Tal y como ella lo ha advertido, las juras se comenzaron a caracterizar después de la independencia por su relación con el establecimiento de un orden político basado en la modernidad y, en ese sentido, de tipo constitucional. Por eso las juras, antaño basadas en el juramento de fidelidad a un nuevo rey, después de 1821 se hicieron para aceptar una institucionalidad política constitucional3.
6	Ahora bien, quizás valga la pena detenerse un momento en el análisis de esa transformación simbólica. Y probablemente la pregunta obligada es apuntar a partir de cuándo y en qué sentido las juras dejaron de ser actos de relación con un soberano de ultramar y comenzaron a ser el reconocimiento de un orden institucional normado por una carta magna. François-Xavier Guerra ha anotado que esta experiencia ocurre en Hispanoamérica con ocasión de la elección de diputados para las Cortes de Cádiz y en relación con la jura de la Constitución Gaditana4. No obstante, como convenientemente anotó el mismo Guerra, dicha mutación ocurrió sin despedazar el imaginario político colonial basado en las corporaciones5.
7	En el Valle Central de la provincia de Costa Rica esta transformación opera en términos parecidos. La organización de elecciones en noviembre y diciembre de 1812 con el fin de nombrar electores que a su vez se encargarían de nombrar un regidor en lugar del alcalde provincial depuesto por las Cortes y compromisarios que designarían los alcaldes, órdenes, regidores y síndicos que administrarían la provincia, brindó un espacio de participación política que se anexó al llevado adelante unos años antes para la designación de representantes a Cádiz, y que afirmaron con eso un nuevo lugar para nuevos actores políticos. En ese sentido el sistema de jura que se les pidió a esos representantes varió en su orden e incluyó imágenes novedosas venidas de ultramar6. El 1º de enero de 1813 Juan de Dios de Ayala recibió de esos nuevos representantes políticos el juramento de “guardar y aser guardar, la Constitución Política de la Monarquía Española, obserbar las leyes, ser fieles al Rey y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo7 ”. Efectivamente, si se presta más atención al orden institucional que nos revela el juramento, se puede notar fácilmente que la Constitución Política, tanto como las leyes, se han colado como elementos centrales de la jura y aparecen nombrados incluso antes que la referencia a la fidelidad al rey.
8Este proceso de elección política tuvo que repetirse en 1820 una vez restablecida la Constitución de Cádiz, en medio de una agitación tanto en la península ibérica como en sus reinos americanos8. Nuevamente se utilizaron imágenes políticas modernas en ese momento, pero viciadas de una profunda herencia de antigüedad9. Fundamentalmente lo que sigue presentándose como constante en tal práctica es la presencia de las corporaciones. Es esa imagen la que se hace presente con la llegada de la noticia de independencia en octubre de 1821 y la que comienza el trance del conflicto social y político que significará el establecimiento de nuevas autoridades en Costa Rica y es esa imagen corporativa, manifestada en la necesidad de identificar la voluntad de los pueblos, la que produce una vigorosa multiplicidad de declaraciones de independencia en Centroamérica entre 1821 y 182410.
9Quizás la representación más clara de la forma en que fue recibida por los distintos ayuntamientos en Costa Rica la noticia de la independencia con base en la política antigua, es el acta de sesión extraordinaria del ayuntamiento de San José del 30 de octubre de 1821. Después de la discusión de la orden de Juan Manuel de Cañas de que se jurara la independencia de España y la anexión al imperio mexicano, los josefinos señalaron:
101º Que habiéndose proclamado y jurado la Absoluta Independencia del Govierno español por los pueblos, autoridades y coporaciones de todo este Reyno de Guatemala, se ha roto y chanselado el pacto social fundamental que atava y constituía a pueblos de esta provincia vajo la tutela de las autoridades establecidas en Guatemala y León.
2º Que en tal estado por un orden natural han quedado disueltas en el Reyno las partes del Estado anteriormente constituido y restituidos todos y cada uno de los pueblos a su Estado natural de libertad e independencia y al uso de sus primitivos derechos.
3º Que por consiguiente los pueblos deben formar por sí mismos el pacto social, por el qual se hayan de atar y constituir en nueva forma de Govierno.
4º Que el Ayuntamiento reconociendo conforme a éstos principios la independencia del pueblo que reprecente, no puede sin concurso y anuencia del mismo pueblo que le ha constituido comprometerse al plan del señor General don Agustín de Iturvide que se adopta por la Diputación Provincial de León porque por ser desconocido a este pueblo y en la mayor parte a este Ayuntamiento, pues no se ha sirculado aún por los órganos público-políticos debe observar este Cuerpo que por las órdenes y providencias anteriores del Gobierno Superior del señor don Gavino Gaínza y del mando Subalterno del señor don Juan Manuel de Cañas, han anatemizado el plan indicado calificándole de insendiario y destructor con el apodo al señor Iturvide de pérfido traidor y ambicioso y finalmente que la Diputación de León ha vacilado en su referido acuerdo y el de veintiocho de septiembre último y aún no están concordes los pueblos de aquella Provincia sobre los principios o vaces que deben adoptar.
5º Que en semejante complicación de principios y antecedentes, aunque este Cuerpo tiene el mejor concepto del señor Iturvide para deliberar con la madurez y detenida reflexión que exige tamaño negocio se convoque al pueblo para concurriendo, con el clero y primeras personas el primer día festivo a Cabildo havierto con presencia de todo y de la cituación política de las demás provincias convine y concierte sus intereses y exprese su opinión, para organizar o adoptar el plan vajo el qual se haya de administrar y regir en lo sucesivo.
6º Que entre tanto este Cuerpo no perdiendo de vista sus deberes de mantener la tranquilidad, unión y buen orden y para afianzar y enlazar este beneficio con los demás pueblos de la provincia, insiste en el principio de que se establezca en el seno de ella por medio de sus legados una Junta Provisional de Govierno para conservar y prover su buena administración en todos los ramos según lo exige la nesesidad y conveniencia de estos pueblos y lo reclaman su lejanía de las demás provincias y la orfandad en que se halla ésta de un govierno y sentro común11.
11La riqueza en imágenes y representaciones políticas que presenta este texto lo hacen una buena ventana para mirar el sentido del gobierno, su legitimidad, los actores y la forma en que la antigüedad política se manifiesta, con fuerza, en el proceso de independencia. Queda claro en él que al romperse los ligámenes entre Guatemala y España, habían quedado rotos también los nexos entre ésta y las otras provincias y, a su vez, la relación entre los ayuntamientos y la Gobernación. Así, la política, según esta perspectiva, había vuelto a su forma “natural”, a su unidad de legitimidad y los pueblos todos habían logrado recuperar su libertad12. Siguiendo con esta lógica, los representantes de esa unidad natural no son una “encarnación simbólica” de la misma, sino “más bien sus embajadores”. Por tanto es imposible para los ayuntamientos arrogarse el poder de sus representados y actuar sin consultarles; se hace necesario entonces convocar a una reunión del pueblo para que legítimamente se tome una decisión y se brinden instrucciones de qué camino seguir. Lo mismo se encuentra si se inspeccionan las otras actas municipales de la provincia. Pero más importante de anotar es que, contraria a la política colonial, esta revolución de la soberanía que responde a la política antigua, sigue un canal de organización más bien moderno: la estructuración de una autoridad superior que garantice la unidad de los cuerpos políticos provinciales. Y como no existe rey, ni tampoco instancias reales, ni es legítimo inventárselas, la soberanía de los pueblos se presenta como una autoridad absoluta. Por eso, al concretarse en Cartago la reunión de la Junta de Legados de los Pueblos en noviembre de 1821, esta se declara “instalada en calidad de gobierno provisional de la provincia”, y con vista de la renuncia presentada por el coronel Cañas la acepta, asumiendo de esa forma “todas las funciones civiles y militares que éste ejercía13”. Por si fuera poco, la Junta adquirió funciones de Asamblea Constituyente14 asumiendo así todo el poder político del gobierno provincial. La declaración que hace el Pacto de Concordia en su apertura es consecuente con esta idea:
12La provincia de Costa Rica está en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en una nueva forma de gobierno y será dependiente o confederada de aquel Estado o potencia a que le convenga adherirse, bajo el preciso sistema de absoluta independencia del Gobierno español y de cualquiera otro que no sea americano15.
13Esta visión de la política antigua nos invita a mirar de otra manera la forma en que se presentan las luchas al interior de las Juntas Gubernativas que se conforman en los siguientes meses en Costa Rica y de las razones que conllevaron a la batalla de las Lagunas de Ochomogo en abril de 1823. Tomando en cuenta los intereses económicos que tenían aquellos que se unían a la causa “republicana” o bien a la “imperialista16”, lo cierto es que en el fondo subyace una medición de fuerzas entre las ciudades por el control del poder. Esto es fundamental: desde finales del periodo colonial (aunque todavía la historiografía colonial nos tiene una gran deuda con esto) hay una competencia entre los grupos por lograr acrecentar su poder. En las actas de los cabildos se observa ligeramente esta lucha. Pero sin más se materializará en la rencilla entre algunos miembros de los cabildos de Cartago y de Heredia enfrentados al poder central de la Junta de Gobierno17.
14¿Qué hizo que no se desencadenara una guerra continuada entre estos grupos? De alguna manera, algo necesario de prestar atención en futuras investigaciones, la organización del Pacto de Concordia logró (con base en la elección de representantes de los pueblos tal y como lo había establecido la Constitución Gaditana) transmitir el poder desde los pueblos a partir de una estructura antigua y con ello legitimar las nuevas autoridades que se establecieron. Así, aunque hay varios intentos de parte de grupos y personas concretas por convertirse en encarnación o en representantes de los pueblos, la ecuación de transferencia del poder se realizó en esta primera etapa sin mayores sobresaltos que la batalla de las lagunas de Ochomogo18. Al triunfar en esa batalla los intereses de la Junta de Gobierno (ahora convertida en Triunvirato) y del Congreso provisional (instalado en marzo de 1823), triunfó con ellos la idea de una centralización política en la provincia, lo cual no quiere decir que se acabaran los localismos que, contrario a lo que parece proyectar una historiografía nacionalista-tradicionalista19, siguieron siendo muy fuertes durante toda la primera mitad del siglo XIX.
15La evidencia que nos dan los siguientes movimientos que se presentan en contra del orden del Estado de Costa Rica (afirmado así una vez que pasa a formar parte de la Federación Centroamericana), demuestran efectivamente que el proceso de centralización y de legitimidad de las instituciones modernas (viciadas por vocabularios y prácticas antiguas) no se aseguró totalmente con este triunfo. Lo que sí es interesante es que, a pesar de las intrigas que promovían y la forma corporativa en que se hacían presentes, la mayoría de las veces las disputas se canalizaron a través de las elecciones de los representantes y, aunque se quiebra el orden en varios momentos (como la explosión de la Guerra de la Liga en 1835), cada vez se fue afirmando con más fuerza la legitimidad del poder central20. Nótese por ejemplo que los instigadores de la Guerra de la Liga no pudieron reducir su crítica hacia Carrillo con base en la derogación de la Ley de la Ambulancia, sino que debieron recurrir al artilugio del peligro que corría la religión católica mientras más durara Carrillo en el poder21.
16Pero no debe perderse de vista tampoco, que, sin embargo, la continuidad en el uso del vocabulario de la política antigua para designar autoridades modernas deja presente las huellas de la colonia en la construcción del Estado moderno. Así, en el mismo proceso de incitación frente a Carrillo en 1835, algunas hojas publicadas contra el Jefe de Estado se hacían en nombre de “los pueblos soberanos de Costa Rica22”. En ese mismo sentido, es constante en el periodo 1825-1842 la referencia a las autoridades del Estado como cuerpos e incluso se le llama a la capital “el trono de la soberanía costarricense”. Esta última referencia, hecha en 1834 en el periódico La Tertulia, nos muestra esa doble presencia de la modernidad y la antigüedad que no son excluyentes sino que se han mezclado. Así, en el contexto de la transferencia de la capital de San José a Alajuela por efecto de la Ley de la Ambulancia, en el mismo artículo donde se nombraba a la ciudad capital como el trono de la soberanía, se indicaba, a través de la mofa, la perversión que representaría para el poder del Estado la descentralización de las autoridades. El texto afirmaba que el decreto de la Ambulancia debía reformarse para que dijera que todas las “.Autoridades Supremas y subalternas se establecerán por ciento y un año en los lugares siguientes: En Cartago la Asamblea, en San José, el Consejo; en Heredia, la Corte, en Alajuela, el Ejecutivo; en el Paraíso, el Jefe Político; en Barba, el Intendente; en Escazú, el General… Algunos diputados de la presente legislatura, en el potrero de Pavas, por el tiempo que gusten y sin pagar potreraje. El lazareto por haber estado un año en San José y los lazarinos muchos años en Cartago, irán también a Alajuela y La Tertulia del Padre Arista al Volcán de los Votos23”.
17Aunque en forma de burla, esta crítica junto con otros artículos que publicara este periódico, reflejaban en la década de 1830 un profundo deseo por la construcción de una institucionalidad estatal y un plan para lograrla. El éxito modelador del Estado que tendrá Braulio Carrillo reside en parte en ser partícipe y sintetizador de este conjunto de ideas. A su vez, de ahí se desprende la otra forma moderna que facilita la manera en que se expresan las desavenencias políticas y el malestar con los nuevos representantes políticos: la opinión pública.
18Tenemos pendiente un análisis prosopográfico de aquellos que se reunieron en grupos de discusión en torno a la modelación del poder después de la independencia, pero claramente y, a pesar de los encontronazos que se materializaron en los periódicos que se comienzan a publicar en la década de 1830, la mayoría de la discusión sobre esa institucionalidad se centró en el carácter ilustrado que debía tener y al buen gobierno que debía ejercer. Joaquín Bernardo Calvo fundó el periódico el Noticioso Universal presentándolo en 1833 como un instrumento de pedagogía para el pueblo con el cual garantizar “...el bien y el engrandecimiento del Estado…”, mientras que el padre Vicente Castro, en febrero de 1834, presentaba las discusiones publicadas en el periódico La Tertulia como herramientas para “...[instruir] de verdades que le interesan [al pueblo y al gobierno] y los encargados del poder adquiriran con facilidad noticias de lo que pasa se piensa y se dice en el estado para arreglar sus operaciones, y ponerlas en armonia con la opinion del Pueblo si es que quieren gobernar bien24”. Asimismo, en noviembre de 1842 el jefe provisional José María Alfaro estableció por decreto el Mentor Costarricense con la intención de “que la opinión pública cooperase también a la ‘felicidad’ del Estado25”. El papel de mediador entre el gobierno y los gobernados es visto por estos primeros periódicos como la justificación de su existencia, y, a la vez, los fundamenta como actores vigilantes de la fórmula de transferencia de la soberanía. En las páginas de esos periódicos además, se puede advertir el proyecto de construcción de la política moderna. Una parte de ese proyecto se observa en la guerra emprendida por la prensa contra lo llaman “los vicios” y las “costumbres”. Además, de sobra conocemos el papel fundamental que jugaron estos medios durante al final del siglo XIX, en la divulgación del conjunto de etiquetas identitarias de lo costarricense muy bien ajustadas al discurso oficial26.
19En suma, la transición de la independencia significó para Costa Rica una aceleración en la transformación de la concepción de la política que se venía dando desde 1810 y la afirmación de la construcción de los conceptos modernos de soberanía y representación política. La coyuntura de la independencia enfrentó a los políticos de los ayuntamientos de la Provincia de Costa Rica con la tarea de organizar una estructura de control que les permitiera, en el mejor de lo casos, conservar sin alteraciones profundas la estabilidad política. En buena medida lo consiguieron al construir un poder central sin rompimientos enormes ni continuados en el seno de las elites políticas. Tal cosa se modeló posible porque, contrario a la norma Latinoamericana, en este primer momento en Costa Rica no se produjeron levantamientos armados de las poblaciones rurales ni indígenas y, en ese sentido, tampoco aparecieron caudillos que se enfrentaran con constancia a la estructura política organizada por el Pacto de Concordia. Eso alentó que se modelaran otro tipo de formas de transmisión de la soberanía popular que serán fundamentales para la afirmación del Estado en las décadas siguientes.
La jura de la Constitución de 1844 y la representación del poder estatal
20	La jura de la Constitución de 1844 ofrece la posibilidad de analizar en qué medida había avanzado el poder político moderno en sus representaciones dos décadas después del proceso independentista y en un momento de cierta tensión política promovido por el vacío de poder que dejó el golpe de estado a Carrillo en abril de 1842 y el posterior levantamiento contra Morazán27. Asimismo, parafraseando a Héctor Lindo28, el débil movimiento producido en contra de la jura de la Constitución nos permite vislumbrar por una parte los límites del poder central hacia el final del primer lustro de la década de 1840, pero, en ese sentido, también su extensión y sus formas.
21	El rito de jura de la recién creada Carta Magna fue diseñado por una comisión especial de la “Asamblea Constituyente del Estado libre de Costa Rica”, el 6 de abril de 1844. El decreto, aprobado por la Asamblea el 9 de abril, constaba de 12 artículos que indicaban con precisión cada parte del ritual de la jura. Tal y como lo muestra el texto que daba coherencia al rito29, la jura no era interpretada por las autoridades políticas como un simple acontecimiento. Por el contrario, las disposiciones sobre la jura muestran una planificación y una atención sistemática tanto a los tiempos como a los lugares de las juramentaciones, así como a sus actores, en una manera tan detallada que evidencia una preocupación porque cada paso se ejecutara con cuidado. Asimismo, la insistencia en que cada jura sea anotada y reportada a la Asamblea Constituyente (lo que efectivamente ocurrió), materializa con más énfasis el papel de este ritual y su importancia en la promoción del poder.
22En un primer momento, los miembros del Estado, identificados en la verticalidad de la estructura de poder de la que forman parte, reciben de su superior la fórmula de juramento, acto que recrea el sentido del poder político y la posición de cada uno de sus miembros. Atenidos a eso, es posible determinar la representación que se hace del lugar de cada poder frente a la Constitución: en primera instancia la Asamblea Constituyente se sitúa en la cúspide de la pirámide de juramentos, algo que se afirma cuando ésta le toma el juramento al Jefe de Estado y al presidente de la Corte Suprema de Justicia frente a todos los funcionarios civiles y militares e incluso eclesiásticos. Dicha posición está íntimamente relacionada con la forma en que se percibe a la Asamblea: como la institución representante de la voluntad popular y codificadora de ésta a través de la Constitución. Una vez terminado ese acto, tanto el Jefe de Estado como el presidente de la Corte hacen jurar a sus subalternos, con la particularidad de que el primero también recibe el juramento del Vicario Eclesiástico en un claro indicio de un poder civil que depende todavía simbólicamente de uno religioso.
23En un segundo momento, “luego que se circule la Constitución política”, le llega el turno a las autoridades de los pueblos: “Todos los empleados de Hacienda reunidos en las oficinas de la Yntendencia prestarán aquel juramento en manos del Yntendente general. Los Comandantes Departamentales y oficiales militares reunidos en el Despacho de la Comandancia General harán lo mismo en manos del Comandante general, y el clero reunido en el despacho de la vicaría, hara el mismo juramento en manos del Vicario Eclesiástico30”.
24De seguido, y en un tercer momento, los siguientes artículos enfatizan en la forma en que cada pueblo celebraría y juraría la Constitución. Así, el texto establecía:
25Artículo 7º. En el inmediato dia festivo de recibida la Constitución en los Pueblos, habrá misa solenne de accion de gracias en todos ellos por el suceso felis de estar constituido el estado, pronunciándose por el cura parroco ú otro sacerdote de dignidad un discurso análogo á las circunstancias, en que tambien se recomendará la paz y la obediencia y sumisión á las leyes.
Artículo 8º. Concluida esta ceremonia y citado el pueblo por la autoridad política, se le leerá en la plaza publica la Constitución y la misma autoridad recibirá el juramento prevenido al padre cura alcaldes y municipalidad prestándolo él en manos del regidor mas antiguo. El cura lo recibirá en el acto á los eclesiásticos que no lo hubiesen prestado ante la vicaría. Seguidamente la autoridad política lo tomará al pueblo reunido al efecto.
Artículo 9º. Las tropas que estarán formadas durante el acto que antecede prestarán igual juramento el propio dia ante sus banderas por el orden que practican el de estas.
Artículo 10º. De todos los actos expresos se remitirán certificaciones al despacho del Poder Ejecutivo, y éste los pasará á la Secretaría de la Asamblea Constituyente.
Artículo 11º. Si algun funcionario publico, eclesiástico, civil, de hacienda ó militar reusare prestar el juramento prevenido en este Decreto, por el mismo hecho queda destituido de su destino y debe salir del territorio del Estado [tachado: hasta tanto se halle establecido solidamente el orden constitucional].
Artículo 12º. La formula del juramento será: ‘Jurais por Dios Nuestro Señor y por los Santos Evangelios guardar y cumplir la Constitución política dada por la Asamblea Constituyente del Estado?, añadiendo á los que tengan autoridad’ y hacer guardar y cumplir. A que respondan: Sí juro; y se les repare: Si así hiciereis, Dios os ayude y si no os lo demande31.
26Con tales disposiciones, la Asamblea Constituyente se aseguraba una jura ordenada, festiva y extendida a lo largo y ancho del territorio del Estado. ¿Sucedió tal y como lo señalaba el decreto? No en sus inicios, de los cuales nos ocupamos más adelante, pero luego de que fue controlado el movimiento rebelde en San José y Alajuela, la jura ocurrió conforme a cada punto del decreto entre abril y junio. Incluso, una inspección de algunos casos nos permite constatar qué tipo de imágenes se construyeron acerca del motivo de las juras y qué actitudes se presentaron frente a ellas.
27Quizás uno de los mayores despliegues de fuerzas festivas se dio en Cartago. El Mentor Costarricense publicó una extensa crónica de las fiestas realizadas en esa ciudad el 19 de mayo32. Allí, reunido un grupo de autoridades procedentes de los departamentos de San José, Alajuela y Heredia encabezados por el Vice Jefe de Estado y Jefe en ejercicio, Francisco María Oreamuno, y luego de un pomposo recibimiento, comenzó la celebración que se extendió por cinco días con fiestas populares. Pero la principal demostración, en cuanto a las representaciones del poder, se produjo el 20. Ese día, desde temprano, una misa de acción de gracias expuso, ante “un inmenso Pueblo”, a las autoridades invitadas. Luego, en el edificio municipal, ocurrió la mayor demostración simbólica de lo que significaba la jura. De acuerdo con el cronista del Mentor Costarricense en ese sitio:
28apareció un carro con una joven modesta i hermosa ricamente adornada, i colocada en una nuve con la bandera nacional en su diestra i la Constitución en la izquierda, i este emblema de la libertad i de los principios fué conducido i paseado por las calles entre vivas i aclamaciones del cuantioso concurso á que secundaban las salvas de artillería é infantería, músicas, repiques á vuelo en los Templos, cohetes, i el lucido adorno de la Ciudad con colgaduras, banderas i gallardetes que por todas partes flameaban: este suntuoso paseo concluyó á la una con una mui surtida mesa de aguas, frutas i rosas que estaba preparada en casa de uno de los Señores Representantes de aquel Departamento i allí se disolvieron las fuerzas i el escuadrón que con placer habían hecho los honores debidos á la Constitución i á las Autoridades del Estado33.
29De seguro, el cuadro reseñado debió haber sido atrayente para una buena parte de la población cartaginesa. ¿Qué podían haber pensado quienes lo presenciaron? Si nos guiamos por la percepción que tuvo el anónimo cronista del Mentor Costarricense, cada simbolismo del desfile constitucional tenía una interpretación aparentemente sencilla: una muchacha que podía relacionarse con la Patria, con la institucionalidad política y, en su caso, con un “emblema de la libertad i de los principios”. Por cierto, quizás este fue el mismo cronista que un mes antes, también en el contexto de jura de la Constitución por todo el país, reseñó la fiesta de inauguración de la Universidad de Santo Tomás y la jura de la Constitución en San José entre los días 21 y 25 de abril34 y, ya que eran celebraciones paralelas, entremezcló el discurso sobre la Academia con el discurso sobre lo político. En ese sentido, el cronista celebraba la jura de la Constitución porque había permitido a Costa Rica desarrollar una regeneración de su política en medio “del mayor órden i paz, con instituciones justas i liberales”.
30Pero la crónica sobre las fiestas que se llevaron a cabo en San José va más allá que la de Cartago en dos sentidos. Por un lado, gracias a su pluma, nos es posible advertir la visión que el Dr. Juan de los Santos Madriz, como presbítero encargado de la misa de acción de gracias realizada en la capital, tenía sobre la Constitución, ya que su sermón “breve, pero mui adecuado á las circunstancias, en términos claros i concisos, al alcance de la multitud”, versó sobre “la obligación que tenemos todos los cristianos, de mantener la paz i prestar obediencia á las potestades temporales35”. Es decir, había un interés de parte del clero, y muy seguramente de parte de las autoridades políticas (hay que recordar que Madriz en ese momento era también diputado), porque sus discursos se refirieran con claridad y brevedad al contenido y a la explicación de lo que significaba la jura de la Constitución. Por otro lado, este cronista nos permite observar ligeramente las actitudes de la población. Así, luego de la misa,
31Se colocó entonces un ejemplar de esta [la Constitución], abierta en el capítulo de garantías, encima de un carro elegantemente adornado para el efecto, que tirado por ilustres patricios, fué conducido con el mismo augusto acompañamiento, á la plaza mayor, donde se había levantado un templete ó tablado que ocuparon las Autoridades. La bandera nacional flotaba al pié con su guardia de honor; el pueblo se agolpó en contorno, i las milicias se formaron en los costados de la plaza. Allí fué leida la Constitución desde el principio hasta el fin por el Señor Rafael Ramírez; i el pueblo prorrumpiendo en víctores i aplausos estrepitosos, manifestó que la nueva carta era la espresión de sus sentimientos. Las tropas prestaron juramento desfilando ante el pendon del estado; i regresando la procesión sobre sus pasos se depositó en la casa de Gobierno el paladín de las libertades públicas36”.
32En efecto, las ceremonias desarrolladas tanto en San José como en Cartago, procuraron exponer a la Constitución, con la mayor precisión posible, como la encargada de ordenar y regular la institucionalidad del país a través de sus “garantías”. En el decreto de la jura eso es justo lo que significaba la constitución del Estado. El estilo de procesión que se adoptó para presentar la Constitución, estilo muy similar a las procesiones religiosas, dotó a los desfiles de una cierta sacralidad que fue legitimada por el clero en su sermón. En ese imaginario, la Iglesia y el gobierno se encontraban fundidos y se hacía difícil poder separarlos en sus intereses. El cura, en este caso Juan de los Santos Madriz quien también es político porque ostenta una silla en la Asamblea, insiste en esa relación, mientras que los representantes gubernamentales consienten con esmero esta presentación de lo estatal como sagrado y de lo eclesiástico como estatal. Ser buen cristiano, como en el sermón de Madriz, requería ser buen ciudadano.
33Más expresiva es aún la forma en que se conceptúa al gobierno como “el paladín de las libertades públicas”, mientras que hay un intento claro por hacer pensar que la algarabía de la muchedumbre se debía a que visualizaba en la Carta Magna la expresión de “sus sentimientos”, es decir que estaba escrita con base en su parecer y sentir. Por tanto, se legitimaba la visión de una Asamblea Constituyente que era codificadora de la opinión pública. Más aún; al desarrollarse la jura con alegría y con una gran participación popular, el cronista del Mentor Costarricense señala el tipo de imagen que externaba tal reunión al asegurar que “el regocijo jeneral, la fraternidad i union que se advertían en todos los semblantes, daban á conocer que había principiado una nueva era para Costa-rica, marcada por el desaparecimiento de las rivalidades locales, i la fusion de los partidos37”.
34Aunque por efecto del artículo 10º del decreto que obligaba la jura de la constitución, se recibieron varios reportes de las fiestas desarrolladas en otras villas y pueblos del país, pocas tienen tanta elaboración como las de San José y Cartago38. Aún así, es posible desentrañar en esos reportes los mismos imaginarios acerca de la institucionalidad política que he esbozado arriba. Un caso más periférico permite constatarlo: la jura que se realizó en Santa Cruz en junio de 184439. Lo primero que se revela es que, efectivamente, con el decreto de jura llegó a cada comunidad una copia de la Constitución, que debía ser leída completamente en un lugar público antes de poderse jurar. Lo segundo es que, sin duda, las fiestas en honor de la Carta Magna podían ocasionar una gran efervescencia en la población. Así, a falta de recursos municipales, y a pesar de “la miseria del pueblo”, en Santa Cruz se abrió una suscripción popular con la que se recogieron 70 pesos, suma exitosa que el secretario explicó como efecto del “patriotismo” del pueblo santacruceño. De hecho, de acuerdo con la reseña, el 8 de junio “se formó un paceo por todas las calles con las músicas, echando vivas a la Constitución, al govierno, y al Estado”. Tal y como ocurría en el Valle Central, en Santa Cruz la visión que se tenía del acto de jura es en su relación con la autoridad; por lo tanto el juramento que se hace a la Constitución es a la vez un juramento de fidelidad y respeto a los miembros del poder político tanto local como central. Pero las imágenes son todavía más ricas:
35...el 25 [de junio] y en la mañana del 26 se a prestado en masa voluntariamente el Pueblo á prestar el juramento como se previene; y que estando la tropa reunida, con ocho o dies descargues en cada fucil, se sacó la Constitución vajo palio de la casa de cavildo a la Yglesia con repique solenne, diana de bandas i música de cuerdas, descargues de fuciles y Tedeum. Llegada a la Yglesia se cantó misa y el párroco pronunció un discurso análogo a las circunstancias… Concluida esta se tomó la Constitución en manos del cura y del mismo modo salió de la Yglesia, en cuyo tiempo, se le hicieron dos descargues de fuciles, y se llevó a la casa de la comandancia á sacar la bandera, con la que se condujo al tablado; y puesta en su sitial (previas las formalidades por el juramento) se lelló al pueblo, y leida que les fué, después de pronunciados algunos vivas de alegría, presto el juramento y en seguida de este acto, se pasó con todas las músicas y acompañamiento á casa del señor Manuel Rojas en donde estaba prevenida una mesa de muy buenos licores, aguas frescas y caldos, en donde tan luego como tomó la principal mesa del acompañamiento, se puso todo á discreción del pueblo. Con la tarde, haviendo estado la Constitución todo el dia con su guardia de honor, se sacó al patio con el mismo acompañamiento, tropa i pueblo… A las siete de la noche se comensó á juntar el pueblo para un baile, del que se dió principio a las ocho de la noche, y se concluyó al amanecer la aurora, con una concurrencia que su tamaño dió a conocer la liberalidad y patriotismo del pueblo40.
36El final de la reseña es elocuente: existe una relación entre la participación en las actividades políticas y el reconocimiento de la autoridad. Por tanto, para el secretario de la villa de Santa Cruz, la población del lugar demostraba su patriotismo, entendido este como el respeto a las autoridades estatales, concentrando toda su atención en la fiesta de la jura. En suma, podemos decir que en 1844 se ha avanzado en la representación de la institucionalidad estatal, tanto en su relación con la existencia de una Constitución, como en su simbolismo moderno, o sea un Estado integrado por tres poderes, afianzado en la aceptación de su población del conjunto de reglas que norman el actuar político. No obstante, sigue siendo un Estado aliado del poder religioso, que precisa de sus espacios y sus ritos, así como de la investidura sacerdotal, para legitimar parte de sus propias fiestas. La jura, como momento de revelación de esa relación, es también una forma de educar a la población acerca de lo político. La lectura de la Constitución es solo una parte muy expresiva de eso. Pero también la reunión con objeto de celebrar la institucionalidad, la “integración del Estado”, permite el contacto entre autoridad y pueblo. Finalmente, la comensalía que involucran estas fiestas termina de cerrar un círculo educativo acerca de la representación del poder y sus simbolismos. ¿Podría revelar también este rito la extensión que había tenido hacia 1844 la centralización del poder político? ¿Podría ayudar a comprender las formas en que se podía desconocer el poder y los discursos de rebelión contra ese poder? ¿Podría la jura, finalmente, mostrar la identidad política que existía frente al proyecto estatal en construcción? Algunas respuestas a esas interrogantes pueden ser encontradas en el examen del movimiento que inició en San José, justo en consonancia con la primer jura de la Constitución, el 11 de abril de 1844.
37h4.	Desconocer y reconocer el poder: la rebelión
38	El 11 de abril de 1844, el Vice-Jefe de Estado y Jefe en ejercicio, Francisco María Oreamuno, a través de su Ministro General José María Castro, envió una carta urgente a los miembros de la Asamblea Constituyente. En ella, Oreamuno relataba que:
39En el momento mismo en que el Sr. Vice Jefe se preparaba para pasar a prestar ante ese Alto Cuerpo el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, ha cido informado que las fuerzas de este Departamento [San José] y el de Alajuela se niegan a jurar y obedecer la expresada Constitución. El mismo Comandante General lo ha manifestado así en este Despacho protestando con la mayor firmeza que por su parte no presta el juramento y obediencia indicados. El Gobierno no cuenta con fuerzas ni medios para hacer respetar ni llebar á efecto los acuerdos de la Asamblea Constituyente, ni evitar los graves males que amagan al Estado. En tan criticas sircunstancias el Sr. Vice Jefe se ha resuelto á dejar el mando en este mismo dia y suplica a la Representación del Estado acceda á su separación, en este instante, destinando al ejercicio del Poder Ejecutivo a otra persona que reciva mas prestigio y conocimiento que el que actualmente tiene las riendas del Gobierno siente la desgracia de careser de tan superiores medios y el dolor de no poder en esta vez hacer el mayor bien á su patria41”.
40	De acuerdo con Oreamuno la situación que pasaba el Estado era difícil. Al menos desde su perspectiva no exageraba. La organización del ejército que se había desarrollado durante el segundo periodo de Carrillo en el poder (1838-1842), había convertido a la milicia en un ente fundamental para el sostenimiento del Ejecutivo al centralizarla y afianzarla como un medio de coerción42. Por eso, el desconocimiento de la constitución de parte de las fuerzas de San José y Alajuela ponía en peligro al poder político que la apoyaba y defendía como tal según el discurso de la jura. En ese sentido Oreamuno seguía el juego de los rebeldes porque al renunciar a su puesto se decapitaba por completo la representación del gobierno central. ¿Por qué? Se debe tener presente que un mes antes de la rebelión, José María Alfaro había dejado la jefatura de Estado debido a su mala salud, suplantándolo entonces Francisco María Oreamuno en forma interina43 y si Oreamuno renunciaba se le tornaba difícil a la Asamblea Constituyente encontrar un sustituto legítimo en el estado en que se encontraba. Justamente la respuesta de la Asamblea a la petición del vice Jefe es consecuente con esa idea y por tanto, de acuerdo con un sentido de institucionalidad política moderna, le respondió a Oreamuno en los siguientes términos:
41Que á su juicio dicha exposición [se refiere a la negativa de las autoridades josefinas y alajuelenses por aceptar la Constitución] no presta merito bastante para acceder á los deceos del señor Vice-Gefe; y que por el contrario debe permaneser en el ejercicio del Poder Ejecutivo hasta tanto vuelba á ocuparse de el el Gefe Supremo [José María Alfaro]... Además, la causal expuesta por el Vice Gefe para evadirse de las funciones ejecutivas no esta prevista por la ley y si bien ella es la consecuencia necesaria del temor que le afecta de no poder salvar al Estado de los amagos anárquicos que se entrecosen, la Comision General lleve su resistencia á una extremidad funesta para Costa-rica bien porque el Ejecutivo empleará todos los medios de la prudencia para vencerla y bien porque la Ley y la fuerza moral y física le prestan apoyo para concervar la dignidad de la Ley y el respeto de la autoridad44.
42	Según lo apuntado por la Constituyente, el discurso de defensa del Estado y su legalidad gira en tres ejes. Primero, para acallar los ánimos de los rebeldes y cesar los temores de Oreamuno, la Asamblea considera la sublevación de las autoridades de San José y Alajuela como precaria y sin mérito como para poner en verdadero peligro la institucionalidad. Esto parece fundamental en un momento en que las noticias que derivaban desde la Asamblea podían alentar o desalentar a los insurgentes. No obstante, parecen más importantes las dos siguientes resoluciones. Así, la Asamblea desvirtúa la renuncia de Oreamuno porque, de acuerdo con ella, los argumentos esbozados por vice Jefe para abandonar el poder eran ilegítimos porque no contaban con un respaldo jurídico y porque a él le correspondía asegurar “el respeto de la autoridad”.
43	Pero, por su parte, ¿cuál era el discurso que utilizaban los rebeldes para desconocer la nueva Constitución y negarse a jurarla? De acuerdo con Jorge Francisco Sáenz Carbonell, la Constitución de 1844 es quizá la que mayor elaboración ha tenido en la historia costarricense y también una de las más difíciles de aplicar45. En un primer nivel, la Carta Magna de 1844 pudo poner en alerta a algunos de los grupos de poder ya que una de sus disposiciones consistía en que todos los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) fuesen elegidos popularmente. Además, para poder elegir a los representantes, que debían renovarse cada año por mitades (excepto el Jefe de Estado que conservó su periodo en 4 años), a los Senadores (elegidos cada año por terceras partes) y a los Magistrados (elegidos cada dos años por mitades), la población debía asistir a las urnas varias veces al año46. Por si fuera poco; la Constitución establecía un Poder Ejecutivo sumamente débil frente a un Senado dotado de un poder sin precedentes, cuyo presidente, incluso, a falta del puesto de vice Jefe (eliminado por esta Constitución) suplantaría al Jefe de Estado en sus ausencias temporales47.
44Con seguridad muchas de estas disposiciones preocupaban a una parte de los actores políticos del país. En realidad el Comandante General de las Armas, Antonio Pinto, acusado por el gobierno de ser el instigador de la negación a la jura entre las tropas josefinas y alajuelenses, se había manifestado en contra de la Constitución desde meses atrás48. No obstante, el roce entre Pinto y los constituyentes tenía raíces más personales ya que estos, un mes antes de la jura, habían rechazado una solicitud del comandante en la que pedía que la Asamblea aprobase la forma en que él se había comportado durante el golpe de Estado contra Morazán en septiembre de 184249. Puede ser que la Asamblea haya actuado así porque presumía que el Comandante General ya tenía algunos planes en contra del reconocimiento de la Constitución Política, y un apoyo moral a Pinto en aquel momento, hubiese significado un respaldo a su proceder individual en el pasado y, quizá, una buena herramienta para justificar su proceder futuro. De acuerdo con Lorenzo Montúfar esta negativa resintió al general fuertemente50. Incluso, Cleto González Víquez creía que existía alguna rencilla entre Pinto y algunos políticos (como los Alfaro) que no debe descartarse para entender su oposición a la Constitución51.
45	Muy probablemente todos estos elementos juntos hicieron a Pinto y a algunos hombres cercanos a su persona, convencerse de que, frente a un Ejecutivo débil ante la ausencia de Alfaro, un desconocimiento conjunto entre las tropas de San José y Alajuela daría al traste con la Constitución y promovería una reorganización de la Constituyente y sus integrantes. Así, el 11 de abril, justo cuando Francisco María Oreamuno se disponía a jurar la Carta Magna, Pinto hizo saber al vice Jefe que él no procedería de esa manera porque, según sus palabras, “el pueblo” de la capital y el de Alajuela “se resistían a hacer el juramento52”. Tal argumento está muy relacionado con la idea de que el pueblo, como dueño máximo del poder, podía legalizarlo o ilegalizarlo dependiendo de si sus intereses estaban reflejados o no en la Constitución. Alarmado entonces por el proceder de la Constituyente, Pinto se refugió en el cuartel de San José y desde allí mandó instrucciones al Comandante de la plaza de Alajuela, Florentino Alfaro Zamora (quien era hermano del enfermo Jefe de Estado), para que emprendiera los preparativos de lo que Joaquín Bernardo Calvo, como “Ministro Accidental de la Guerra”, llamó “un golpe mortal á la causa de los principios y del orden público53”. No obstante, el plan de Pinto fracasó en cuestión de 24 horas. ¿Por qué?
46No queda del todo claro a través de la correspondencia oficial por qué en lugar de apoyar a Pinto, como parece era el trato, el comandante de Alajuela se contactó con el gobierno y le reiteró su lealtad al rebelde54. ¿Podría interpretarse este abandono alajuelense a la causa de Pinto como una traición meditada? Es decir, ¿podría haber ocurrido un complot para embarcar al comandante general en una empresa ideada a propósito para sacarlo de la arena política? El comportamiento de Florentino Alfaro sugiere en cierta medida esto y la actitud de Pinto frente a la Constitución desde el momento de su elaboración podría haberlo tachado como un futuro obstáculo al régimen. Sin embargo, esta hipótesis es un tanto débil ya que hay indicios de que efectivamente Pinto gozaba de un apoyo en su proceder por parte de las fuerzas de Alajuela y de que también recibió, en un inicio, el soporte verbal de una parte de los militares de San José. Tales alianzas constatan que sí existía un movimiento sedicioso frente a la jura de la Constitución. No obstante, es posible que desde el principio esta rebelión dependiera de un sostenido empuje de parte de todos los militares josefinos y quizá de un acuerpamiento por parte de la población capitalina. De hecho, como lo señalamos arriba, Pinto recurrió a esa excusa para justificar su rebelión. A su pesar sin embargo, la población se movilizó en contra de su causa, lo cual convirtió su excusa de representar los intereses del pueblo, en una patraña que no se podía sostener.
47¿Qué papel jugó entonces el localismo en este trance? Aunque no queda claro en los documentos que se redactaron sobre el asunto, es muy probable que el movimiento tuviese su origen en Alajuela y contase con un grupo josefino en sus filas. Así por ejemplo, una vez controlado Pinto en San José, y a falta de noticias sobre lo que ocurría en Alajuela, una parte de los vecinos de la capital incentivaron a Francisco María Oreamuno a no esperar una estocada, marchando rápidamente sobre aquel departamento55. Amparados en los anuncios de disturbios que siguieron a las elecciones de junio de 1844, es posible constatar también que en Alajuela podía existir un grupo enfrentado, sino al Estado, por lo menos a la administración de Oreamuno y a la Constitución. En ese sentido, ante los rumores de que Oreamuno, recién electo Jefe de Estado, iba a quitarle las armas a algunas compañías de milicianos, “algunos soldados incluso abandonaron el servicio militar y se marcharon a Alajuela56”. En diciembre de 1844 se acrecentaron estos rumores y se materializaron en informes reales sobre posibles cuartelazos en la capital y reuniones de enemigos al amparo de la noche57.
48Entonces, ¿quiénes habían ideado la rebelión de 1844 y por qué? Todo hace pensar que un gran peso de la responsabilidad del movimiento le correspondió a los Alfaro, tanto a José María como a Florentino, y es claro que Pinto, junto a una parte de políticos josefinos, los apoyaron. De seguro, el propósito principal fue deshacerse de la Constitución. Lo que sí es visible es el recurso del Ejecutivo frente a esta rebelión: deslegitimó desde el principio el movimiento como contrario a la ley separando a Pinto de su cargo y nombrando a José Manuel Quirós como nuevo comandante de San José y a Joaquín Bernardo Calvo como Ministro de la Guerra. Después Francisco María Oreamuno se encargó, rápidamente, de hacer que aquellos que se encontraban de alguna u otra forma relacionados con el Estado procedieran de la misma forma desde todas partes del país58. Este golpe fue fulminante para el movimiento de Pinto ya que lo focalizó e ilegalizó al no contar con un apoyo real de parte de los pueblos. En esas condiciones Florentino Alfaro debió calcular que por el momento la causa estaba perdida y, con el propósito de no perder su puesto, abandonó a Pinto.
49¿Cómo relató el gobierno el acontecimiento y qué tipo de explicaciones dio sobre el procedimiento del Comandante General de San José y el de sus amigos de Alajuela? El informe que hizo Joaquín Bernardo Calvo sobre los hechos permite constatar la insistencia en lo legal e ilegal como fuentes de legitimación59. El movimiento de contención del gobierno es apoyado, según Calvo, por la honradez y la lucha por la tranquilidad, “el sosiego público”, “el respeto debido á la autoridad” y el “imperio de la ley”, lo cual, desde su perspectiva, crea una especie de consenso entre vecinos, pueblos, militares y gobierno frente a los rebeldes. Esto último lo reitera con cuidado al señalar que los pueblos de Cartago, Heredia y Escazú habían manifestado desde el principio su apoyo a la “causa pública”. Pero el documento de Calvo nos revela algo más; nos indica que el movimiento del gobierno que puso en jaque el accionar de Pinto y su plan, consistió en unas milicias poco leales a la comandancia general y, al parecer, más adeptas al gobierno central como tal. De hecho, ni una sola de las juramentaciones de las milicias que se desarrollaron en los siguientes días mostró algún tipo de desobediencia que pudiese expresar descontento con la Constitución, o bien con el Ejecutivo o la Asamblea60. Aunque una posible hipótesis de este proceder del ejército se estime en una identificación entre las tropas y el Ejecutivo, también es viable pensar que el ejército como tal no tenía una autonomía fuerte ni una identidad castrense que amalgamara a sus miembros y que, por tanto, los milicianos eran más bien seguidores de causas promovidas más por los políticos que por los líderes militares61.
50El gobierno se encargó en los siguientes días de llevar adelante las juras conforme al decreto de jura y de evidenciar a través de ellas el consenso que reinaba en la población en torno a lo conveniente de la Constitución. En una carta enviada a los secretarios de la Asamblea Constituyente el 10 de mayo de 1844, Joaquín Bernardo Calvo insistió en esto y además resumió las representaciones del poder provocadas por las juras y la rebelión. De esa forma, informando sobre el estado de Alajuela después de la rebelión de Pinto, Calvo aseguraba que no había ocurrido ningún desmán,
51Al contrario, se ha estrechado la unión de los pueblos, reina en ellos la mas grata armonía y todos de consenso celebran la paz y la confraternidad que por tanto tiempo había deseado el patriotismo. La carta emitida en 9 del pasado mes es el ídolo de los costarricenses: nadie osará hollarla, y la espada del soldado será su más firme apoyo. Si el Ejecutivo se congratula de poderlo anunciar así á la augusta representación del Estado, con la esperanza de que un día podrá tocar en la cumbre de la inmortalidad, marchando á paso firme por el sendero del orden y de los principios62.
52Al parecer, la representación de la Constitución como la depositaria del deseo popular, defendida por la milicia y sustentada por el Ejecutivo, era la imagen que se había cosechado hacia 1844 de la transferencia del poder y de la soberanía.
53	El 3 de mayo de 1844 Antonio Pinto envío una carta a Joaquín Bernardo Calvo en la que le hablaba sobre su carrera militar y los servicios que le había prestado a la Patria, así como su compromiso con el orden y la ley. Con respecto a su fracasada rebelión de abril de ese año, Pinto argumentó que después de emitida la Constitución:
54En tan grandes favores, no vi, sino nuevos motivos mui poderosos que me ligaban á la defensa del gobierno y sostenimiento de la ley. Pero al mismo tiempo calculé que no era yo capaz de sobrellevar por mucho tiempo aquel destino i pensé renunciar de la Comandancia General luego que el Estado estuviera constituido. Desafortunadamente por equivocada interpretación de mis intenciones se creyó el 11 del mes pasado que yo intentaba resistir al gobierno y a la Ley. Me condenaron las apariencias y se me despojó de mi destino y no siéndome mui gratos los cuidados inherentes á él, tampoco me fuera sencible su separación. Protexté desde aquella noche en que se verificó ese acontecimiento al gobierno, delante de los principales vecinos de esta capital retirándome tranquilo a mi casa y no haver novedad alguna por aquel suceso y lo cumplido63.
55	De acuerdo con el artículo 11 del decreto de jura de la Constitución de 1844, si algún funcionario publico, eclesiástico, civil, de hacienda o militar se negara a hacer el juramento quedaría “destituido de su destino” y debía salir del territorio del Estado. Destino en este caso debe ser entendido como el puesto ocupado por aquella persona en la estructura del Estado o bien en la eclesiástica. Eso justamente fue lo que le ocurrió a Pinto; sin embargo, el general topó con suerte ya que su conducta no fue castigada por el gobierno con todo el rigor que el decreto apuntaba.
56La carta de Pinto fue contestada por Calvo unos días después, pero, para la molestia del depuesto general, la respuesta no fue favorable a su causa. En cambio, luego de valorar su historial militar, Calvo le señaló,
57...que el Gobierno ha mirado en usted un honrado costarricense, un buen padre de familia y en otro tiempo un patriota entusiasta que supiera acompañar a los conciudadanos en los grandes apuros de la patria que por estas consideraciones limitó sus providencias el 11 del pasado á las que pudiesen asegurar el cumplimiento de las leyes y la conservación del orden público, ya que por una desgracia no esperada, era este amargado y aquella conculcada: que aunque siente en extremo no poder adelantar su generosidad, tiene sí la satisfacción de protestar á usted que su persona y propiedades están garantizadas por la Constitución y la autoridad del Pueblo y que en tal concepto viva usted tranquilo y felis en el gose de los placeres con que obsequia la vida privada quedando aceptados de buena voluntad los ofrecimientos con que usted favorece al Estado para cuando este los requiera64...”.
58	A través de la respuesta del gobierno, es posible visualizar la forma en que el castigo podía minar el actuar de los empleados civiles y eclesiásticos frente al Estado. Efectivamente Pinto, siendo un militar viejo, con un historial que lo respaldaba y con nexos políticos, se pudo haber convertido en un buen ejemplo de las consecuencias que resultaban de desconocer la autoridad gubernamental, en caso de que el movimiento de rebelión no triunfase. Pero también es posible notar una constante en cuanto a la forma en que se venían resolviendo los conflictos políticos en el país desde la independencia. Así, de los eventos militares que propiciaron levantamientos y escaramuzas entre 1821 y 1844, solamente en pocas ocasiones los líderes de los mismos fueron sentenciados a muerte y fusilados: en 1826 el español José Zamora, en 1835 Francisco Roldán (comandante de la plaza de Cartago) y en 1842 Francisco Morazán. Incluso en varias ocasiones en que otros líderes fueron sentenciados a ser fusilados (como en los fracasados movimientos de mayo de 1839 y de marzo de 1840 contra Carrillo) la pena fue depuesta por el Ejecutivo cambiándola por el destierro65. Es interesante en ese sentido notar que Pinto no fue una excepción a la regla sino la comprobación de la norma: la aplicación del castigo político en esta primera parte del siglo XIX evitó constantemente ser radical. ¿Qué implicaciones tuvo esto en la conformación de la actividad política del país durante las siguientes décadas? Alejados de la perspectiva bucólica que explica el desarrollo de Costa Rica en términos pacifistas casi míticos66, valdría la pena en el futuro prestarle una mayor atención a esta interrogante como problema historiográfico.
591 Es justo anotar aquí la influencia en estas preguntas del estudio de Véronique Hébrard, “Opinión pública y representación en el Congreso Constituyente de Venezuela (1811-1812)”, en: François-Xavier Guerra y Annick Lempérière (et al.), Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX (México: Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Fondo de Cultura Económica, 1998), págs. 196-224.
602 Sobre las fiestas coloniales en Costa Rica, el primer trabajo, aunque en un estilo narrativo y costumbrista, fue escrito por Manuel de Jesús Jiménez, “Fiestas Reales”, Revista de Costa Rica en el Siglo XIX (San José: Tipografía Nacional, 1902), págs. 87-93. Existe sin embargo un estudio más amplio sobre este tema, desarrollado en la década de 1990, pero el acento de ese sigue siendo la descripción: Eva Guevara Salazar y otros, “Vida cotidiana en la Colonia (1680-1821)” (Seminario de Graduación, Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1994). Un reciente acercamiento que continúa por la ruta de la descripción sin profundizar en los sentidos y significados de los ritos, se encuentra en: Guillermo Brenes Tencio, “‘La fidelidad, el amor y el gozo’. La jura del rey Fernando VII (Cartago, 1809)”, Revista de Ciencias Sociales (Costa Rica), Vol. 119, No. 1 (2008), págs. 55-81. Para algunos ejemplos de análisis de la fiesta colonial en Hispanoamérica ver los trabajos reunidos en William H. Beezley, Cheryl English Martin y William E. French, (editores), Rituals of Rule, Rituals of Resistance: Public Celebrations and Popular Culture in Mexico (Wilmington, Delaware: Scholarly Resources, 1994), págs. 1-114; Mariano E. Torres Bautista, “De la fiesta monárquica a la fiesta cívica: el tránsito del poder en Puebla, 1821-1822”, en:Historia Mexicana (Colegio de México), No. 178 (octubre-diciembre de 1995), págs. 221-239; Sarah C. Chambers, From Subjects to Citizens. Honor, Gender, and Politics in Arequipa, Peru 1780-1854 (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1999), págs. 114-120.
613 Margarita Silva, “Las elecciones y las fiestas cívico-electorales en San José, durante la formación del estado nacional en Costa Rica, (1821-1870)” (San José: Tesis de Maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, 1993), págs. 168-171.
624 François-Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas (Madrid: Editorial MAPFRE, 1992), págs. 56-62.
635 François-Xavier Guerra, “De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía”, en: Guerra y Lempérière (et al.), Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas…, págs. 109-139.
646 La forma en que se debía desarrollar el rito de jura en este caso fue establecida por las Cortes el 18 de marzo de 1812 y circuló por toda Hispanoamérica.
657 “Actas Municipales de Cartago. Noviembre de 1812 a Diciembre de 1813”, en: Revista de los Archivos Nacionales (San José), Año XXXIX (1975), págs. 17-21. Debe tenerse en cuenta que en todo momento se respetará la ortografía del texto original.
668 “Actas Municipales de San José. Julio 24 de 1820 a diciembre 20 de 1821”, en: Revista de los Archivos Nacionales (San José), Año XXXIX (1975), pág. 133 y ss.
679 Sobre la jura de la Constitución de Cádiz en 1820 véase Juan Rafael Quesada Camacho, Educación y ciudadanía en Costa Rica de 1810 a 1821. Del crepúsculo colonial al umbral de la modernidad política (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2007), págs. 123-128.
6810 Jordana Dym, “Actas de independencia: de la Capitanía General de Guatemala a la República Federal de Centroamérica”, Marco Palacios (coordinador), Las independencias hispanoamericanas: interpretación 200 años después (Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma, 2009).
6911 “Actas Municipales de San José. Julio 24 de 1820 a Diciembre 20 de 1821”, en: Revista de los Archivos Nacionales (San José), Año XXXIX (1975), págs. 219.
7012 Para una discusión sobre el caso centroamericano en general, véase Jordana Dym, “‘Our pueblos, fractions with no central unity’: municipal sovereignty in Central America, 1808-1821”, en: Hispanic American Historical Review, 86:3, págs. 431-466.
7113 Ricardo Fernández Guardia, La Independencia (San José: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia de Centro América, tercera edición, 1971), pág. 14.
7214 Matilde Cerdas, La Formación del Estado Costarricense (1821-1848) (San José: Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica, Fascículo No. 7, 1994) págs. 12.
7315 Rafael Obregón Loría, Costa Rica en la Independencia y en la Federación (San José: Editorial Costa Rica, 1977), págs. 106.
7416 Iván Molina Jiménez, “El Valle Central de Costa Rica en la independencia”, en: Revista de Historia (San José-Heredia, No. 14 (julio-diciembre de 1986), págs. 85-114. Para un análisis general sobre los intereses económicos, el peso colonial y la estructuración del poder en Centroamérica después de la independencia véase Lowell Gudmunson y Héctor Lindo-Fuentes, Central America, 1821-1871. Liberalism before Liberal Reform (Alabama: The University of Alabama Press, 1995).
7517 Hernán G. Peralta, Agustín de Iturbide y Costa Rica (San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica, 1968), págs. 139-254.
7618 Con respecto a la cultura política y a los proyectos políticos de esta primera etapa republicana, hay algunas insinuaciones interesantes, pero limitadas y necesitadas de profundización, en José Daniel Gil Zúñiga, “Imágenes de la nada. Entre la duda y la ignorancia. Los primeros pasos en la construcción del país”, Revista de Historia (Costa Rica), Nos. 53-54 (enero-diciembre de 2006), págs. 223-242.
7719 Véase como ejemplo Juan Rafael Quesada Camacho, Clarín Patriótico: la guerra contra los filibusteros y la nacionalidad costarricense (Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Colegio de Licenciados y Profesores, 2006).
7820 Silva, “Las elecciones y las fiestas cívico-electorales en San José...”, págs. 67-76.
7921 Clotilde Obregón, Carrillo: una época y un hombre, 1835-1842 (San José: Editorial Costa Rica, 1989), pág. 49.
8022 Ricardo Fernández Guardia, La Guerra de la Liga y la Invasión de Quijano (San José: Librería Atenea, 1950), págs. 19-20. Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR), Serie Congreso, No. 1905 (1835), f. 2.
8123 Manuel de Jesús Jiménez, “La Ambulancia”, en: ídem, Noticias de Antaño (San José: Imprenta Nacional, 1946).
8224 Patricia Vega Jiménez, De la imprenta al periódico. Los inicios de la comunicación impresa en Costa Rica 1821-1850 (San José: Editorial Porvenir, 1995), págs. 89.
8325 Adolfo Blen, El Periodismo en Costa Rica (San José: Editorial Costa Rica, 1983), págs. 27.
8426 Steven Palmer, “Sociedad Anónima, Cultura Oficial: Inventando la Nación en Costa Rica, 1848-1900”, Iván Molina y Steven Palmer (editores), Héroes al Gusto y Libros de Moda. Sociedad y cambio cultural en Costa Rica (1750-1900) (San José: EUNED, 2004), págs. 257-323.
8527 Ricardo Fernández Guardia, Morazán en Costa Rica (San José: Editorial Lehmann, 1943).
8628 Héctor Lindo Fuentes, “Los límites del poder en la era de Barrios”, Arturo Taracena y Jean Piel, Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995), págs. 87-96.
8729 ANCR, Serie Congreso, No. 6383 (6-9 abril de 1844).
88fn30.ANCR, Serie Congreso, No. 6383 (6-9 abril de 1844).
8931 ANCR, Serie Congreso, No. 6383 (6-9 abril de 1844). El subrayado es mío.
9032 “Fiestas Cívicas en Cartago”, Mentor Costarricense, 25 de mayo de 1844, No. 51, págs. 169-171.
9133 “Fiestas Cívicas en Cartago”, Mentor Costarricense, 25 de mayo de 1844, No. 51, pág. 170.
9234 “Fiestas Cívicas”, Mentor Costarricense, 27 de abril de 1844, No. 47, págs. 153-156.
9335 “Fiestas Cívicas en Cartago”, Mentor Costarricense, 25 de mayo de 1844, No. 51, pág. 153.
9436 “Fiestas Cívicas en Cartago”, Mentor Costarricense, 25 de mayo de 1844, No. 51, pág. 154. El resaltado es mío.
9537 “Fiestas Cívicas en Cartago”, Mentor Costarricense, 25 de mayo de 1844, No. 51, pág. 154.
9638 ANCR, Serie Congreso, Nos. 6356, f. 2; 6316, f.2; 6476, f.1; 6326, f.2; 6335, f.2; 6339, 6355, f.2 y 6315, fs. 3-5 (1844). También véanse ANCR, Serie Gobernación, No. 8790 (28 de abril de 1844) y No. 8740 (1º de abril de 1844). Mentor Costarricense, 27 de abril de 1844, No. 47, págs. 153-156; 4 de mayo de 1844, No. 48.
9739 ANCR, Serie Congreso, No. 6326, (septiembre de 1844), f. 2.
9840 ANCR, Serie Congreso, No. 6326, (septiembre de 1844), f. 2.
9941 ANCR, Serie Congreso, No. 6347 (9 de abril-11 de abril de 1844).
10042 Mercedes Muñoz Guillén, El Estado y la abolición del ejército 1914-1949 (San José: Editorial Porvenir, 1990), pág. 15. José Hilario Villalobos y Luz Alba Chacón, Braulio Carrillo en sus Fuentes Documentales, tomo I (San José: Tipografía Nacional, 1998), “Documentos Nos. 115-116-117”, págs. 262-264.
10143 Jorge Francisco Sáenz Carbonell, Francisco María Oreamuno (San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 1994), págs. 40-41.
10244 ANCR, Serie Congreso, No. 6347 (9 de abril-11 de abril de 1844), f. 2.
10345 Sáenz Carbonell, Francisco María Oreamuno…, pág. 49.
10446 Cleto González Víquez, El Sufragio en Costa Rica ante la Historia y la Legislación (San José: Editorial Costa Rica, segunda edición, 1979), pág. 77.
10547 Hernán G. Peralta, Las constituciones de Costa Rica (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1962), págs. 287-324.
10648 Sáenz Carbonell, Francisco María Oreamuno…, pág. 41.
10749 Sáenz Carbonell, Francisco María Oreamuno…, pág. 99, nota 174.
10850 Lorenzo Montúfar, Reseña Histórica de Centro América, Vol. IV (Guatemala: Tipografía de “El Progreso, 1881), pág. 403.
10951 González Víquez, El Sufragio en Costa Rica ante la Historia y la Legislación…, pág. 78.
11052 ANCR, Serie Congreso, No. 6443 (12 de abril de 1844), f. 1.
11153 ANCR, Serie Congreso, No. 6443 (12 de abril de 1844), f. 1.
11254 ANCR, Serie Congreso, No. 6443 (12 de abril de 1844), f. 1.
11355 Rafael Obregón Loría, Hechos Militares y Políticos (Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 1981), pág. 73.
11456 Sáenz Carbonell, Francisco María Oreamuno…, pág. 52.
11557 Sáenz Carbonell, Francisco María Oreamuno…, pág. 53. Obregón Loría, Hechos Militares y Políticos…, pág. 73. ANCR, Serie Congreso, No. 6783 (1844).
11658 Sáenz Carbonell, Francisco María Oreamuno…, págs. 41-42.
11759 ANCR, Serie Congreso, No. 6443 (12 de abril de 1844), f. 1.
11860 ANCR, Serie Congreso, No. 6260 (15 de abril-11 de mayo de 1844), fs. 1-5.
11961 Aunque se refiere a un periodo anterior, esta visión apoyaría la hipótesis de Carmen Fallas cuando señala que para la segunda mitad del siglo XIX el ejército “actúo más como mediador en los conflictos internos de la elite que como supresor de revueltas de las clases subalternas”. Carmen María Fallas Santana, Elite, negocios y política en Costa Rica, 1849-1859 (San José: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2004), pág. 119. Aparentemente, a pesar del empeño de Carrillo y luego de Mora Porras por convertir las milicias en una institución con identidad propia, la mayoría de las veces el ejército no actuó en consecuencia con esa identidad frente a los movimientos que se desarrollaron contra el poder. Empero, disocio de la afirmación de Fallas en dos cosas: primero que ese comportamiento del ejército es posterior a Mora Porras; todo hace pensar que es anterior. Y segundo, que se presente en toda la segunda mitad del siglo XIX. Esta última sentencia debería revisarse con más cuidado tomando en cuenta los esfuerzos de Tomás Guardia en la década de 1870 por promover una despolitización del ejército y su reorganización con la idea de volverlo distinto en su actuar con las elites políticas y más coherente como institución. Véanse James Mahoney, The Legacies of Liberalism. Path Dependence and Political Regimes in Central America (Baltimore: John Hopkins University Press, 2001), pág. 154 y Orlando Salazar, El apogeo de la República Liberal en Costa Rica 1870-1914 (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1998), pág. 29.
12062 ANCR, Serie Congreso, No. 6476 (3-10 de mayo de 1844), f. 1.
12163 ANCR, Serie Congreso, No. 6476 (3-10 de mayo de 1844), f. 3.
12264 ANCR, Serie Congreso, No. 6476 (3-10 de mayo de 1844), f. 5.
12365 Rafael Obregón Loría, Hechos Militares y Políticos (Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 1981), págs. 15-72. Fernández Guardia, La Guerra de la Liga y la Invasión de Quijano ..., pág. 40.
12466 Por ejemplo, como se presenta en Enric Sala, El modelo pacifista de Costa Rica (San José, Costa Rica: Editorial Hidalgo S.A., 2008), págs. 11-190.
David Díaz Arias, « Jura y conjura en el naciente Estado costarricense: las representaciones del poder en la jura de la Constitución de 1844 y la rebelión de las autoridades militares en San José y Alajuela », Boletín AFEHC N°44, publicado el 04 marzo 2010, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id;=2353

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Artículo 12
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