Source: http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=52397&legiid=485
Timestamp: 2018-01-17 15:21:35+00:00

Document:
REFLEXIONES EN TORNO A POSTERGACIÓN DE SESIÓN ESPECIAL SOBRE CODELCO
MODIFICACIÓN DE LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE MULTAS
MODIFICACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REFLEXIONES SOBRE REFORMAS TRIBUTARIA Y EDUCACIONAL Y AL SISTEMA BINOMINAL
INVESTIGACIÓN DE AUTORIDADES FISCALIZADORAS POR TRÁFICO DE INFORMACIÓN RESPECTO DE ENFERMO TERMINAL DE CÁNCER. OFICIOS
Sesión 34ª, en miércoles 23 de julio de 2014
(De 16:18 a17:39)
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 29ª y 30ª, ordinarias, en 8 y 9 de julio, respectivamente; 31ª, extraordinaria, y 32ª, ordinaria, ambas en 15 de julio del año en curso, que no han sido observadas.
Nueve de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los tres primeros retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
2.- Proyecto de ley que crea el administrador provisional y el administrador de cierre de instituciones de educación superior, y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales (boletín Nº 9.333-04).
Con los otros seis retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de los asuntos que se enuncian a continuación:
3.- Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia, y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 9.365-04).
4.- Proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales para permitir que personas con capacidades especiales puedan ser nombradas en los cargos de juez o de notario (boletín N° 9.372-07).
6.- Proyecto de ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de género (boletín N° 8.924-07).
Comunica que aprobó con enmiendas el proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11) (con urgencia calificada de "simple").
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Ossandón, acerca del estado de mantención de la red de colectores de aguas lluvias de la Región Metropolitana, posibles puntos de anegamiento y plan de acciones de mitigación previsto por esa Secretaría de Estado.
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia, y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 9.365-04) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de San Vicente y las Granadinas", suscrito en Kingstown el 30 de noviembre de 2012 (boletín Nº 9.164-10).
De los Senadores señora Allende y señores De Urresti, Letelier, Montes y Rossi, mediante la cual se da inicio a un proyecto que modifica la ley N° 20.000 con el objeto de despenalizar el autocultivo, cosecha, porte o consumo, regulados a escala individual, de plantas vegetales del género Cannabis cuando esas conductas se funden en razones de índole personal, terapéutica o espiritual (boletín N° 9.470-07).
Moción de los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Prokurica y Quinteros con la que proponen un proyecto que modifica la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, para ampliar los fines del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
De los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Horvath, Prokurica y Quinteros, con el cual le solicitan al señor Ministro de Educación que se exijan condiciones laborales mínimas a las empresas que postulen a la licitación del Programa de Alimentación Escolar y que se declare el 22 de octubre Día de la Trabajadora Manipuladora de Alimentos (boletín Nº S 1.687-12).
De los Senadores señores Chahuán y Bianchi, mediante el cual le piden a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que cree una dirección nacional de puertos, como órgano dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (boletín Nº S 1.688-12).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ayer se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Laboral con el fin de otorgarles permiso a las trabajadoras y a los trabajadores para efectuarse mamografías y exámenes de próstata.
Sin embargo, quedó pendiente el establecimiento de plazo para formular indicaciones.
Se trata de una iniciativa bastante sencilla y que se aprobó unánimemente.
Por consiguiente, propongo fijar para aquel efecto el lunes 4 de agosto, a las 12.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, ¡usted fue más rápido que nuestra capacidad para seguirla...!
Efectivamente, el proyecto de que Su Señoría hizo mención -lo discutimos largamente ayer- se aprobó por unanimidad. Sin embargo, es de artículo único. Entonces, si nadie pidiera plazo para presentar indicaciones, correspondería que lo aprobáramos también en particular.
El señor BIANCHI.- ¡No!
El señor PIZARRO.- Porque todos estamos de acuerdo con el texto que se despachó en general. De modo que es perfectamente posible proceder como planteo, salvo -reitero- que algún Senador necesite -como dicen algunos- una segunda opinión, lo que les gusta mucho. Pero, en fin.
El señor COLOMA.- ¡La vida es así¿!
El señor PIZARRO.- Yo lo sé: ¡la vida es dura¿!
Pero -insisto- ahora podríamos aprobar la iniciativa en particular.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, ayer hubo oposición para eso. Y si se mantiene, corresponde, reglamentariamente, fijar plazo para formular indicaciones.
La Mesa sugirió un término mínimo: las 12 del lunes 4 de agosto, a vuelta de la semana regional. Ello permitirá que quienes lo deseen planteen sus observaciones.
En todo caso, ya se tomó acuerdo al respecto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Los autores de la moción que dio origen al proyecto incluido en el primer lugar de la tabla, Honorables señores Tuma y García, se pusieron de acuerdo para solicitar que la iniciativa no se trate hoy, pues, por circunstancias personales, el Senador señor García, quien quería estar presente en su debate, debió ausentarse.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, retiraremos del Orden del Día el asunto consignado con el número 1.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Está pidiendo la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Lo que deseo expresar, señora Presidenta, incluso lo escribí, por razones de prudencia.
Como todos sabemos, hoy deberíamos estar participando en una sesión especial sobre Codelco.
Anoche, a mi regreso de Antofagasta, me enteré de que se había suspendido.
No quiero entrar a cuestionar atribuciones que están perfectamente establecidas, pero yo habría esperado que, por ser Presidente de la Comisión de Minería y Energía, se me informara que se estaba tomando esa decisión. Incluso, me habría gustado más todavía que me hubiesen consultado sobre la conveniencia de la postergación. Y tengo las razones.
Primero, desconozco los motivos de la postergación. Pero quiero reparar en que la resolución causó desconcierto y malestar no solo entre los miembros de la Comisión de Minería y Energía, sino además entre los dirigentes del cobre, de todas las divisiones de Codelco, que se aprestaban a participar, por razones obvias, en la referida sesión especial.
Los dirigentes me expresaron esta mañana, durante una reunión que sostuvimos, que sienten que el Senado y el Gobierno no les están dando la debida urgencia a los problemas de Codelco; por lo menos lo sienten así.
Yo les reiteré nuestro compromiso, como Senadores, con el desarrollo estratégico de Codelco y de los trabajadores. Asimismo, especialmente, con el financiamiento de los proyectos estructurales, pero también con el de aquellos que tienen impacto local.
Los sindicatos -me lo informaron- se declararon en estado de movilización y están convocando a un encuentro nacional para analizar los acontecimientos de la empresa, en medio de una desconfianza con respecto al proceder de los Poderes del Estado.
Por eso, hago presente en la Sala esa observación.
Pero, más allá de la etiqueta que a mi entender debería existir entre nosotros o, incluso, de los sentimientos de los dirigentes sindicales, quiero dejar constancia expresa de mi preocupación por el rol del Senado en los asuntos de interés nacional.
Cuando la Comisión de Minería y Energía solicitó la sesión especial en comento, nos movía el afán de crear un hecho político: dar a los trabajadores del cobre, al Gobierno y a la opinión pública una señal de nuestra voluntad de respaldar a la empresa en estos momentos difíciles y en que requiere inversiones importantes.
El hecho de que el Senado de alguna manera se haya restado y haya acordado una postergación hasta el 13 de agosto, a mi entender, le quita toda relevancia a la sesión especial, porque se transforma meramente en una reunión informativa. Y el Senado está no solo para ser informado: también está presente para ser un espacio donde se negocia, se discute y se analiza.
Tengo la sensación de que alguien está cocinando en estos momentos, con otros cocineros, a quienes no conozco; en una cocina que no es el Congreso, una estrategia de desarrollo para Codelco de cuyo contenido vamos a enterarnos probablemente por la prensa.
Yo reclamo para esta Alta Corporación una oportunidad para participar en la solución de un problema de este tipo, que es absolutamente relevante, estratégica, y que debe adoptarse de cara al país.
Para eso está el Senado de la República.
Sé de nuestras escasas facultades. Empero, me parece que contribuir nosotros mismos a debilitarlas es un flaco favor al Gobierno y al Parlamento.
No cuestiono -repito- las atribuciones, sino la forma y el fondo. El cariño es el mismo, pero cuidado con las confianzas, porque se debilitan rápido.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Está inscrito el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, en primer lugar, ante el punto que se acaba de plantear, debo decir que, según nuestro Reglamento, todos los Senadores debemos ser miembros de algún Comité.
Yo, como representante de la zona minera donde se ubica la División de Codelco que está poniendo más el hombro para sacar adelante a esta empresa, soy de los mayormente interesados en la definición de políticas de capitalización serias y responsables. Quiero, pues, que sobre el particular haya una jornada relevante.
Con todo respeto, debo decir que existieron diferentes motivos en el debate habido sobre la materia en la Comisión de Minería, órgano que llevó inicialmente la discusión, por lo cual le expreso mi agradecimiento y mi felicitación.
Empero, algunas bancadas plantearon la importancia de tener tiempo para preparar un planteamiento sustantivo, quizás muy coincidente con lo que dijo el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Por ende, lo que va a pasar con la principal empresa de nuestro país será un debate de largo alcance. Y, como algunos de nosotros queremos que en la sesión pertinente participen no solo el Ministro de Hacienda y la Ministra de Minería sino también el Ministro de Defensa para que los recursos que van a la Defensa Nacional sean parte de la discusión, consideramos que esa reunión debe prepararse en mejor forma.
Lo planteo para que no haya inquietudes o no se debiliten confianzas sin los fundamentos necesarios y para que se entienda que si algunos quisimos que la sesión especial se celebrara en otra oportunidad fue precisamente para darle mayor robustez.
Nuestra bancada se declaró partidaria de generar una discusión en mejores condiciones, y yo he querido socializar el porqué de esa decisión.
En particular, yo deseo que vengan al debate pertinente los dirigentes sindicales de mi Región; también, los ingenieros, pues quiero la capitalización de Codelco ¡ahora!
Muchos estamos en contra de aquellas fuerzas que, con debilidades o con titubeos, recientemente o en el pasado, han planteado más bien la privatización de Codelco. Y nosotros no queremos esto.
Por consiguiente, deseamos una sesión robusta, para plantear la importancia de la capitalización de dicha empresa, que es de todos los chilenos.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Hay varios Senadores inscritos. Sin embargo, creo que este no es un tema para seguir interviniendo y polemizando.
Efectivamente, se trata de una decisión que nació de la Comisión de Minería.
Sin embargo, no es primera vez que ese órgano adopta acuerdos sobre la materia. Varias veces, por unanimidad, le hemos hecho presente al Gobierno la necesidad no solo de capitalizar Codelco -se ha invitado a las autoridades del sector-, sino de hacerlo plurianualmente, para que dicha empresa no esté obligada cada a año, como ocurre ahora, a mirarle la cara al Ministro de Hacienda, pues eso la debilita en sus proyecciones.
Además, todos sabemos que a Codelco no se le permite reinvertir de manera importante, pues los recursos pasan a ser la caja general del Fisco, lo que no ocurre con las empresas competidoras privadas.
En consecuencia, existen muchas razones por las cuales todos estamos comprometidos con un proceso. Y por lo mismo nos planteamos la posibilidad de esperar, para, después de todo lo que se ha levantado, ampliar la discusión y tener señales claras sobre los compromisos que debe haber en términos de financiamiento, capitalización plurianual y otras materias, incluso, como planteó un jefe de bancada, el financiamiento de la Defensa Nacional por la vía de la Ley Reservada del Cobre.
En resumen, no se acordó suprimir la sesión especial a que se había convocado, sino postergar su realización hasta el 13 de agosto. Y fue un acuerdo unánime de Comités.
Por consiguiente, ahora debemos tener clara aquella fecha, para que quienes deseen hacerlo asistan a la reunión en que analizaremos, entre otros desafíos de Codelco, sus proyectos estructurales, su capitalización, los compromisos del Estado, el financiamiento plurianual.
Como país, hemos de asumir esos desafíos, que nos importan a todos.
Es cuanto puedo informar, particularmente al Honorable señor Guillier, quien manifestó su inquietud ante la decisión que el Senado tomó sobre el particular.
Su Señoría no estaba presente cuando la unanimidad de los Comités adoptó el acuerdo pertinente.
Quizás faltó la delicadeza -obviamente, es una cuestión propia de secretaría- de avisarle al señor Presidente de la Comisión de Minería. Podemos asumirlo. Sinceramente, lamento que no se haya tenido el gesto de comunicarle de manera especial lo resuelto, pues -reitero- la idea de celebrar una sesión especial sobre la materia nació precisamente en dicho órgano técnico.
Considero que las razones están claras. Y hoy lo que más nos interesa es que prosperen las conversaciones encaminadas a lograr una buena decisión, sobre todo con respecto a la capitalización de Codelco, lo que debe importar a todos los Senadores y no solo a quienes integran la Comisión de Minería y Energía.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero saludar a una delegación que se halla presente en las tribunas.
Se trata de alumnos de la Tufts University insertos en un programa de intercambio con la Universidad de Chile.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, me referiré a la Cuenta.
La Mesa declaró inadmisible una moción -y efectivamente lo es- con la que se inicia un proyecto que modifica la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Pido que se oficie al Ejecutivo para solicitar su patrocinio.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, así se hará.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, por mi parte, tampoco quiero dejar pasar lo expresado por el señor Presidente de la Comisión de Minería. La verdad es que me adhiero plenamente a lo que manifestó, y solo agregaré dos elementos.
De lo que se trataba era que, precisamente en medio de una negociación que se está efectuando en este minuto, se obtuviera el respaldo político, transversal, del Senado a la capitalización de Codelco. Y ese era el objeto de la sesión especial que se iba a celebrar hoy.
Lo más probable, tal como lo expuso el Honorable señor Guillier, es que el 13 de agosto próximo nos informemos de la cuestión por la prensa, cuando las decisiones ya estén tomadas. Las cosas tienen una oportunidad, y esta era justamente la del día de hoy.
¿Y por qué planteo el punto, señora Presidenta? Porque el resto de los Senadores no tiene por qué conocer el detalle de lo que ocurre en una Comisión técnica. El origen de la solicitud de sesión especial se encuentra en una unanimidad de pareceres registrada en una de ellas. De tal manera que, independientemente de cuál sea la materia, solicito que en el futuro se tenga presente que cuando un órgano especializado, por la unanimidad de sus miembros, pide una sesión especial, significa que hay argumentos poderosos, valederos, para celebrarla en esa ocasión y no en otra.
Y deseo exponer un segundo matiz que me preocupa respecto del caso de Codelco.
Aquí se han requerido sesiones reservadas de la Comisión, y, en realidad, si se considera el contenido de ellas, se observa que no tiene nada de reservado. Entonces, destaco la conveniencia de que todo el proceso de capitalización y de la sesión especial sea lo más trasparente posible, para hacerlo de cara a la opinión pública, a los dirigentes, porque creo que se hallan en juego cosas demasiado importantes para el país. Un porcentaje relevante de los ingresos fiscales proviene de Codelco. Por lo tanto, son fundamentales las decisiones que tendremos que adoptar en las próximas semanas.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, creo que aquí hay un tema de fondo y otro de forma. Lo dije ayer.
Pertenezco a esta Corporación hace muchos años. Nunca me había visto sorprendido por el hecho de que un acuerdo tomado en una Comisión por unanimidad se revirtiera por un acuerdo de Comités y sin avisarles a los miembros del órgano técnico. Ninguno de estos últimos, excepto usted, señora Presidenta, supo de la suspensión hasta que la determinación se había tomado.
Creo que eso no es bueno entre nosotros. Aunque pertenezcamos a partidos políticos distintos, aquí hay un fair play, un cierto respeto, de alguna manera, por las definiciones a que es preciso llegar.
Como usted misma lo ha dicho, señora Presidenta, en la Comisión de Minería muchas veces hemos enviado propuestas en nombre de todos sus integrantes. A todos nos inspira el mejor interés en la situación de Codelco.
En cuanto al fondo, también creo, como lo han planteado los señores Senadores miembros de la Comisión que me han antecedido en el uso de la palabra, que las cosas tienen valor en su minuto. Hace siete meses le hicimos un planteamiento a mi Gobierno respecto de la capitalización, del presupuesto plurianual, proyecto que presenté personalmente y que fue declarado inadmisible, y que algunos aparecen hoy día apoyando. Me alegro mucho de eso, pero fue una propuesta del órgano técnico.
En verdad, señora Presidenta, pienso que la sesión especial revestía una gran importancia, porque es ahora cuando se están decidiendo cuántos son los recursos que se le van a entregar a Codelco.
Mas este no es un tema particular. He defendido a la División Salvador, como muchos otros parlamentarios, porque creemos en una Empresa que debe seguir existiendo como estatal, que debe seguir entregando recursos a las arcas fiscales; pero, además, porque en este minuto está pasando por una situación muy compleja, ante reformas que se requieren y que necesitan recursos ahora.
El planteamiento que hemos hecho respecto del fondo soberano obedece a que es mejor negocio para el país tener las platas invertidas en la minería. Por eso mismo, nos habría gustado, en relación con la propuesta completa, haber discutido la cuestión hoy, no el 13 de agosto próximo, frente a la posibilidad de revertir, a nuestro juicio, una decisión que puede ser fatal, no solo para Codelco, sino también para todos los chilenos. En efecto, de no tomarse ahora las decisiones de financiar cambios estructurales, los recursos que Codelco entrega, tal como aparece en un informe acompañado por mi Honorable colega Orpis en la Comisión de Minería, se van a reducir en un 30 o un 40 por ciento. ¡Ese es un hecho muy grave!
Estamos frente a gobiernos -y no hago referencia al actual- que permanentemente le reducen recursos a la empresa más importante de Chile. Solo el 12 por ciento de las utilidades de Codelco son reinvertidas en ella, en circunstancia de que en las empresas privadas se llega al 50 por ciento.
Lamentablemente, la sesión especial se había fijado para hoy en la mañana y no se celebró por una situación que desconozco. Y, por lo demás, cuando me la han contado, no la comparto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Como ya se señaló, vamos a continuar con la presente sesión. Tomamos en consideración lo que se ha expuesto.
Medió, en efecto, una iniciativa de la Comisión de Minería -es lo último que expondré sobre el particular-, pero la idea pasó después a los Comités, que reafirmaron la necesidad planteada y, por lo mismo, tomaron una decisión unánime. Así que, en ese sentido, no ha habido ninguna falta al Reglamento. Al contrario.
Se han formulado, eso sí, planteamientos sobre la materia, en particular por el Presidente del órgano técnico.
Más aún, como integrante de este último y plenamente consciente de la cuestión, soy una de las que más han estado planteando reiteradamente -junto con los otros miembros, por supuesto- la necesidad de capitalización de Codelco y de asegurar su financiamiento.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme a lo acordado, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 36 de la ley N° 18.290, de Tránsito, en la forma que indica, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar el artículo 36 (actual artículo 42) de la Ley de Tránsito, en lo referente a la inscripción de dominio de un vehículo y de las transferencias que se efectúen.
La enmienda consiste en imponer al notario u otro ministro de fe que autorice una compraventa la obligación de requerir del vendedor, además de certificado del Registro de Vehículos Motorizados, la presentación de un Certificado del Registro de Multas del Tránsito no Pagadas, al momento de la celebración del contrato, y solicitar la inscripción a costa del adquirente.
La Comisión deja constancia de que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, acordó proponer a la Sala que lo discuta solo en general.
El órgano técnico aprobó, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores García-Huidobro, Girardi, Letelier y Ossandón, la idea de legislar
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, como Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, quisiera referirme a algunos aspectos del proyecto.
Este último se inició, en el año 2005, en una moción de los Diputados señores Barros, Hernández y Kast y de los entonces Diputados señores Álvarez, Bauer, Correa, Forni, García-Huidobro -este último actual Senador integrante del órgano técnico de esta Corporación-, Recondo y Von Mühlenbrock.
La idea matriz es evitar que el adquirente de un vehículo usado deba pagar las multas del dueño anterior. Para cumplir con esta finalidad, es necesario modificar el antiguo artículo 36 (actual artículo 42) de la Ley de Tránsito, en relación con la inscripción de dominio y de las transferencias que se efectúen.
La enmienda consiste en imponer al notario u otro ministro de fe que autorice la compraventa la obligación de requerir del vendedor la presentación de un Certificado del Registro de Multas del Tránsito No Pagadas al momento de la celebración del contrato.
Además, se declaran inoponibles al comprador las multas empadronadas que no figuren en el certificado emitido por el Registro de Multas al momento de la transferencia y que aparezcan con posterioridad gravando al vehículo, de modo que la responsabilidad sobre ellas quedará radicada en el anterior propietario o vendedor.
Cabe señalar que varias entidades concurrieron especialmente invitadas a exponer sus puntos de vista: el Servicio de Registro Civil e Identificación, por intermedio de su Directora Nacional y su asesora; la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, y la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile (CAVEM), representada por su Presidente.
El proyecto se compone de un artículo único que introduce en concreto, a través de dos incisos, las siguientes modificaciones al actual artículo 42 de la Ley de Tránsito (antiguo artículo 36):
a) En primer lugar, se propone reemplazar el inciso quinto por otro, que establece, en los casos en que el título traslaticio de dominio sea autorizado por un notario u otro ministro de fe, que este deberá requerir del vendedor un Certificado del Registro de Multas del Tránsito No Pagadas, al momento de la celebración del contrato, y solicitar la inscripción a costa del adquirente.
b) En segundo término, se agrega un inciso sexto, nuevo, en virtud del cual se declaran inoponibles al comprador las multas empadronadas que no figuren en el certificado emitido por el Registro de Multas al momento de la transferencia y aparezcan con posterioridad gravando al vehículo, de modo que la responsabilidad sobre ellas quedará radicada en el anterior propietario o vendedor.
La iniciativa, tal como mis colegas la tienen en sus escritorios, fue acogida por unanimidad en la Comisión. Por ello, deseamos que la Sala la apruebe en general a fin de que podamos hacerle ajustes en particular y despacharla lo más prontamente posible como ley de la República.
Creo que así corregiremos una injusticia manifiesta, la cual afecta, muchas veces, a una persona que compra un vehículo y pide el certificado, pero después se encuentra, por atrasos del sistema, con numerosas multas no inscritas que ignoraba y que tiene que pagar en el momento de renovar su permiso de circulación al año siguiente.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, los objetivos del proyecto de ley consisten en que se exija, al momento de la celebración del contrato de compraventa de un vehículo, el respectivo Certificado del Registro de Multas de Tránsito No Pagadas y en que se hagan inoponibles al comprador aquellas que no figuren o se incorporen con posterioridad.
Efectivamente, hoy por hoy no se puede asegurar que toda la información sobre multas no pagadas esté disponible para las partes al suscribir el contrato, lo que provoca con frecuencia problemas al adquirente, quien debe cancelar las anteriores de las cuales no tenía noticia ni modo de conocer.
Como señalé en una intervención anterior, el sistema del Registro se creó justamente para asegurar el pago de las multas de tránsito empadronadas, es decir, aquellas originadas en partes que no se cursan presencialmente mediante una citación personal del infractor.
El propósito perseguido se logra condicionando la renovación del permiso de circulación al pago de las multas que figuren en el Registro, norma contenida en la ley N° 18.287, sobre Procedimiento ante Juzgados de Policía Local, cuyo artículo 24 determina que "Mientras la anotación esté vigente, no podrá renovarse el permiso de circulación del vehículo afectado".
En consecuencia, si se pretende obtener efectos prácticos, la iniciativa debe complementarse con una enmienda a la citada disposición. De otra manera, los municipios podrían seguir cobrando las multas aun cuando se consideraran inoponibles al comprador.
Termino insistiendo, una vez más, en que normas como las del proyecto, bien inspiradas, tal como aquella que disminuye el plazo de prescripción de las mismas multas y que tuvimos ocasión de debatir en una sesión anterior, provocan un efecto concreto en la disminución de los recursos disponibles por parte de los municipios y no vienen acompañadas de las medidas compensatorias pertinentes, lo que ha reclamado tantas veces la Asociación de Municipalidades.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, quiero manifestar también una preocupación. La iniciativa en debate fue enviada hace prácticamente ocho años desde la Cámara de Diputados. Millones de automovilistas tienen que renovar hoy día sus permisos de circulación. Muchos de ellos han comprado su vehículo y solicitado el certificado de multas empadronadas hasta ese momento. Si hay alguna, la pagan. Si no la hay, llevan a cabo inmediatamente, como corresponde, el trámite en la notaría y después la inscripción. Pero luego pueden encontrarse con la tremenda sorpresa -y les ha ocurrido posiblemente a varios de los presentes- de que aparecen partes que si no se cancelan en el momento de la renovación del permiso de circulación impiden verificarla. Y menos si se trata de uno correspondiente a Puerto Montt, otro a Arica y otro a La Cisterna, y la diligencia se está efectuando en Coyhaique, por ejemplo.
Por lo tanto, de ninguna manera se pretende -y deseo darle la explicación a mi Honorable colega Quinteros- disminuir los recursos que podrían ingresar a los municipios. El objetivo es que el pago le corresponda a quien fue el anterior dueño del vehículo, no a quien lo adquirió de buena fe teniendo en cuenta el certificado que decía que no se registraban multas empadronadas.
Creo que lo anterior va a solucionar, en justicia, una situación que eventualmente afecta a millones de chilenos y posiblemente a miles de ellos en la realidad.
Deseo reconocer la utilidad que prestó, tanto en la Cámara de Diputados como acá, el informe de los jueces de policía local, así como también los aportes de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile y de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile. Todos estuvieron de acuerdo con la idea matriz del proyecto, con el fin de que resulte algo bastante distinto de lo que sucede en el día de hoy.
Insisto en que resulta muy incómoda la cancelación de una multa en las condiciones actuales -puede mediar una injusticia, porque, muchas veces, se ignora la existencia de partes empadronados-, por lo cual la idea es que se persiga a quien corresponde y no al nuevo adquirente del vehículo.
Ese es el objetivo al que se apunta, en palabras sencillas.
Agradezco y valoro que el Presidente de la Comisión de Transportes, con el apoyo de todos los miembros del órgano técnico -veo también aquí al Senador señor Girardi-, haya puesto el asunto en tabla, lo que permitirá dar una solución en justicia.
Reitero que la iniciativa no importará menores recursos públicos, sino solo que pagará quien corresponde y no un tercero sin responsabilidad en ello.
Pido fijar un plazo razonable para la presentación de indicaciones, con el fin de que podamos pronunciarnos en particular en la Sala.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, la cuestión de los partes empadronados se plantea por un aspecto práctico, ya que resulta imposible individualizar a quien va conduciendo.
En estricto rigor, las multas no deberían seguir al vehículo, sino que tienen que ser pagadas por los responsables. En consecuencia, estimo que el proyecto de ley se enfoca en un sentido correcto. Porque lo que se pretende, en definitiva, es que ellas efectivamente sean canceladas por quienes han cometido, como personas, la infracción. En tal sentido, creo que hay que perfeccionar la redacción de la norma en la discusión particular.
Pero, al revés de lo que se ha planteado acá, lo anterior no significa que se produzca un impacto en los recursos municipales. Estoy seguro de que quien desee vender un vehículo será diligente y pagará la multa, porque, de lo contrario, no podrá transferirlo. Muchas veces el trámite de la transferencia es la oportunidad para que respondan aquellos que efectivamente cometieron las infracciones.
Por cierto, el propósito del adquirente de un vehículo es comprarlo libre de gravámenes, salvo que esté dispuesto a asumir esa carga.
Por lo tanto, considero que el proyecto se halla orientado en el sentido correcto, en cuanto a que efectivamente responda quien cometió la infracción y no el adquirente del vehículo, quien busca otro propósito: comprar un vehículo libre de todo gravamen, incluyendo las multas.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, en marzo de cada año miles de propietarios de vehículos motorizados realizan la renovación de sus permisos de circulación en sus respectivas comunas. Sin embargo, muchos se encuentran en ese momento con la sorpresa de que tienen multas impagas que fueron cursadas en lugares que nunca han recorrido. ¿Por qué? Porque han comprado un vehículo cuyo usuario anterior recibió esas multas.
El objetivo del proyecto, tal como lo han planteado los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, es establecer un sentido de justicia. Porque no me parece posible que, por un problema de burocracia o de lentitud en el envío de los antecedentes, se cargue con una multa a quien no ha cometido la infracción.
El Reglamento del Registro de Multas del Tránsito no pagadas -contenido en el decreto supremo N° 152, del año 2000, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones-, en su artículo 3°, letra e), indica que se proporcionará "la información necesaria a las Municipalidades que les permita verificar que sólo emitirán el permiso de circulación, una vez que no existan deudas originadas en multas de tránsito asociadas al vehículo en cuestión".
En algunas ocasiones, aparecen multas muy antiguas, porque la ley otorga un plazo de 3 años a los juzgados de policía local para informarlas. Esas multas deben caducar y el responsable ser el causante de la infracción.
Los partes empadronados, o sea, cursados sin la presencia del denunciado, se han transformado en un verdadero dolor de cabeza para los dueños de vehículos. En muchas oportunidades, el afectado ni siquiera ha tomado conocimiento de ellos o, como lo decía recién, nunca ha circulado por las comunas donde se cursaron. Por lo tanto, desconoce absolutamente el incumplimiento de la ley.
Este proyecto tiene por objeto modificar el artículo 36 (actual artículo 42) de la Ley de Tránsito, en relación con la inscripción del dominio de un vehículo y de las transferencias que se hagan de él.
Asimismo, persigue imponer al notario u otro ministro de fe que autorice la compraventa de un vehículo la obligación de requerir del vendedor, además del certificado del Registro de Vehículos Motorizados, la presentación de un certificado del Registro de Multas del Tránsito no pagadas al momento de la celebración del contrato y solicitar la inscripción a costa del adquirente.
Por otra parte, se declaran inoponibles al comprador las multas empadronadas que no figuren en el certificado emitido por el Registro de Multas, de tal manera de liberar al nuevo dueño de esa responsabilidad.
En cuanto a la preocupación que han manifestado algunos señores Senadores respecto de la recaudación fiscal, hay que leer en el informe lo expresado por la Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Claudia Gallardo, quien indicó que la situación de este proyecto "no representa un menoscabo para el interés fiscal, por cuanto lo que hace es recoger lo que ya hacen los Juzgados de Policía Local. En efecto, los jueces liberan del pago al propietario que prueba que, al tiempo de la compra del vehículo, las multas no estaban publicadas en el Registro".
Pero la cuestión descrita anteriormente, señora Presidenta, en la práctica también establece una sanción, que es perder tiempo, estar horas y días esperando poder tramitar tales multas, de lo cual no se salva nadie que se encuentre con esta sorpresa.
Creo que el proyecto va en la línea correcta.
El Senador García-Huidobro me decía que presentó uno igual.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Es este mismo.
El señor PROKURICA.- Como sea, lo felicito, igual que al ex Diputado Rodrigo Álvarez, por haber suscrito esta iniciativa.
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, anuncio que vamos a apoyar el proyecto que nos ocupa, porque -ya lo han reiterado los colegas que me han precedido en el uso de la palabra- muchas veces cuando uno compra un vehículo usado no sabe, efectivamente, si tiene o no multas. De hecho, si uno consulta en la página web del Servicio de Registro Civil e Identificación (consultas registros en línea/multas de tránsito no pagadas), la misma publicación se encarga de señalar que la información se encuentra actualizada al 30 de noviembre de 2013. Es decir, ni el propio Registro Civil es capaz de entregar una versión del registro de multas que esté al día.
Entonces, en el caso de la persona que va a comprar un vehículo, existen seis a siete meses de desfase en los datos de que dispone respecto de lo que efectivamente ha ido ocurriendo en los juzgados de policía local.
Solo me gustaría hacer dos observaciones al proyecto.
En primer lugar, no le veo mayor relevancia al inciso quinto que reemplaza al actual, porque exigir que el notario pida un certificado del Registro de Multas del Tránsito no pagadas no tiene ninguna aplicación práctica, pues quien está adquiriendo un vehículo obviamente le pide a la persona que se lo vende la entrega del certificado de multas.
Además, el hecho de que aparezcan multas en el certificado emitido por el Registro Civil no impide la venta del vehículo. A mi entender, el conocimiento está dado, desde ya, por el propio comprador, quien sabe de la existencia de los partes empadronados.
Y el segundo tema tiene que ver con una cuestión de aplicación práctica.
Efectivamente, como muy bien lo dijo el Senador Quinteros, la ley N° 18.827, sobre Procedimientos ante Juzgados de Policía Local, hace aplicable la prohibición de renovar la patente mientras no estén pagadas las multas. Por lo tanto, la persona que no pueda renovar el permiso de circulación de su vehículo -trámite que muchas veces se realiza los últimos días del período- deberá seguir un procedimiento ante el juzgado de policía local respectivo.
Por eso, en la discusión particular sería bueno establecer alguna fórmula que permita que el Registro Civil comunique a los municipios la fecha efectiva en que se han efectuado las transferencias, para que, a través de los sistemas computacionales que hoy se utilizan, se pueda discriminar y evitarle a aquel contribuyente que ha adquirido un vehículo usado con patente antigua tener que seguir un procedimiento ante un juzgado de policía local, que todos sabemos que son bastante engorrosos. Dependiendo de la municipalidad que a uno le toque, el trámite será rápido o no.
Termino señalando que considero que el proyecto es positivo, pues resolverá un problema que afecta a miles de chilenos que compran vehículos usados al no existir en nuestro país un sistema actualizado de registro de multas.
En lo que atañe al Registro Civil, me ha tocado conocer casos de gente que ha comprado un vehículo y que a los dos años de haberlo adquirido recién ingresan las multas, porque las mismas municipalidades y sus juzgados de policía local muchas veces no se hallan en línea y no las informan oportunamente, por lo que al final las multas se transforman en una carga adicional para quien adquiere un vehículo usado.
Por eso, el proyecto viene a corregir una distorsión que se produce en esta materia.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Moreira, quien se acaba de inscribir para fundamentar el voto.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, no necesito cinco minutos para fundamentar mi voto, que sería positivo, pues me encuentro pareado con el Senador Montes.
Solo quiero decir que a veces iniciativas legales de este tipo, a pesar de ser de detalle, no constituir grandes instrumentos legislativos y no merecer gran discusión, se demoran mucho tiempo en el Congreso.
Yo me quedo con las palabras del Presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, quien expresó que "esta situación, que afecta a la adquisición de vehículos usados, se refiere a los denominados "partes empadronados" y el desconocimiento de buena fe, por parte del adquirente de un vehículo, en relación a la existencia de estas multas".
Creo importante señalar que el proyecto de alguna manera regulariza una situación que es simple, pero muy importante para la gente que se ve involucrada en el problema. Obviamente, la buena fe no basta. Con esto, se da solución a un tema ciudadano. Y eso es lo que yo valoro.
Estos son temas ciudadanos, del diario vivir, como el que le toca experimentar a miles y miles de chilenos que hoy tienen la posibilidad de adquirir un vehículo de segunda mano.
--Se aprueba en general el proyecto (17 votos a favor y 2 pareos) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 11 de agosto.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
No votaron, por estar pareados, los señores Moreira y Tuma.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores Navarro, Quinteros y Letelier.
Boletín N° 9174-04
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el tercer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la planta de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y otorga facultades que indica, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.174-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 25ª, en 17 de junio de 2014.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 33ª, en 22 de julio de 2014.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo principal del proyecto es eliminar las rigideces de la actual planta de personal de la JUNJI, de manera que ella sea representativa de las nuevas exigencias funcionarias, permitiendo que los cargos directivos sean un reflejo permanente de la gestión que están desarrollando los funcionarios y que las denominaciones de los mismos no se encuentren establecidas por ley.
La Comisión de Educación discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Rossi, Quintana e Ignacio Walker.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 9 a 11 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
¿Algún miembro de la Comisión de Educación desea actuar como informante?
Senador Ignacio Walker, le ofrezco la palabra.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, esta iniciativa, aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Educación, responde a un anhelo largamente acariciado y trabajado por los funcionarios y dirigentes de la JUNJI, entidad que cumple una función muy importante en esta materia.
Recordemos que estamos en un plan, no digo como Gobierno, sino como país, para tratar de fortalecer la educación parvularia en Chile. Tenemos un muy ambicioso compromiso gubernativo para construir 5 mil 700 salas cuna y jardines infantiles en el cuatrienio que le corresponde a la actual Administración y de este modo incorporar a la educación a 134 mil niños y las niñas de entre cero y cuatro años.
Ya hablamos de educación parvularia como un proceso dentro de la educación continua.
De esos 5 mil 700 establecimientos, 4 mil 500 son salas cuna, y 1.200, jardines infantiles, con una inversión de 450 millones de dólares.
Esto no genera grandes titulares, porque no hay conflicto, los "peques" no marchan y no se toman los jardines ni las salas cuna. Pero esta es una prioridad absoluta en la educación chilena.
Hoy, la matrícula solo alcanza al 17 por ciento de los niños y niñas de entre cero y cuatro años. Y tenemos el ambicioso objetivo de llegar al 30 por ciento.
En tal contexto, obviamente que una de las motivaciones principales de las "tías" de los jardines, de las salas cuna, de quienes trabajan en la JUNJI es tratar de tener un desempeño acorde con su dignidad como personas, como funcionarias, como trabajadoras.
Este proyecto se viene puliendo desde hace varios meses y, básicamente, apunta a mejorar y homologar al personal de la institución, así como a eliminar los dos últimos grados de ingreso, que eran prácticamente indignos. Así, el acuerdo para favorecer a los funcionarios que laboran en la entidad -abnegados funcionarios, y sobre todo funcionarias, porque la gran mayoría son mujeres- que a fines del año pasado involucraba un gasto de 400 millones de pesos, hoy ha llegado a un monto de 3 mil millones de pesos.
Hay bastante que hacer en esta materia.
Tenemos JUNJI; tenemos INTEGRA -que, recordemos, es una fundación privada-; tenemos mucho personal abnegado, con bajas remuneraciones, a veces en condiciones laborales muy precarias, que trabaja en la educación parvularia.
Por lo tanto, nosotros celebramos que el Gobierno haya llegado a un entendimiento con los trabajadores, funcionarios y dirigentes de las organizaciones representativas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, razón por la cual los miembros de la Comisión de Educación hemos aprobado este proyecto de ley y esperamos que la Sala haga otro tanto.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a abrir la votación.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, según datos del Ministerio de Educación, el 50 por ciento de los niños que no asiste a kínder pertenece a los hogares más vulnerables de nuestro país. Por lo mismo, existe gran preocupación por reparar ese problema.
El 80 por ciento del desarrollo intelectual, social y emocional se alcanza en la primera infancia. En la actualidad, más de 70 mil niños a lo largo de todo Chile no asisten a kínder o prekínder. Y un niño que pasa por la etapa parvularia alcanza un mejor SIMCE (hasta 14 puntos más).
Esto quiere decir, señora Presidenta, que la principal falencia de la educación chilena se halla justamente en este nivel. Lo que ocurre es que se trata de un grupo que no marcha, que no se toma colegios y que no tiene poder de presión.
Sin lugar a dudas, los primeros años de vida son claves en el desarrollo de los niños y los más determinantes para su desempeño futuro. La intervención temprana de la educación resulta fundamental para potenciar dicho desarrollo y para corregir las grandes desigualdades que se originan desde la cuna. Está demostrado que los efectos de la educación no solo dependen de su calidad y cobertura, sino también, y de manera esencial, de cuán temprana sea la intervención.
Señora Presidenta, si queremos corregir las grandes desigualdades que tenemos en nuestro país -como dicen todos nuestros discursos-, resulta esencial poner el foco en la educación preescolar. Sin embargo, nuestro país aún tiene un largo camino por recorrer en esta materia.
Según datos del Ministerio, "la cobertura en educación parvularia en el rango etario de tres a cuatro años solo alcanza el 51 por ciento, 15 puntos bajo el promedio de la OECD, en contraste con la educación superior, de la cual tanto hablamos, donde Chile, en los jóvenes, supera en cobertura incluso al promedio de este exclusivo grupo de países desarrollados" con el que nos gusta compararnos.
El objetivo de este proyecto es eliminar las rigideces de la actual planta de personal de la JUNJI, de manera que ella sea representativa de las nuevas exigencias funcionarias, permitiendo que los cargos directivos sean un reflejo permanente de la gestión que están desarrollando los funcionarios y que las denominaciones de los mismos no se encuentren establecidas por ley.
En ese contexto, se faculta a Su Excelencia la Presidenta de la República para que, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, efectúe las adecuaciones necesarias a la planta de la referida institución. Esta es la fórmula que históricamente se ha utilizado en Chile: facultar al Primer Mandatario a fin de que, mediante una normativa con rango legal (un DFL), regule las plantas.
Señora Presidenta, esta iniciativa permitirá que los profesionales que se desempeñan en los jardines infantiles de la JUNJI accedan a los mejores grados y, por ende, a mejores remuneraciones. Muchos de quienes se desempeñan en este nivel de la educación chilena ganan sueldos muy bajos y ponen todo su corazón para salir adelante. Sin embargo, como señaló ante la Comisión de Educación la propia Vicepresidenta Ejecutiva de la institución, Desirée López de Maturana, la presente iniciativa favorecerá al 91 por ciento de los funcionarios.
Además, estamos frente a un proyecto que es fruto de un acuerdo entre la asociación gremial de los trabajadores de la JUNJI y el Gobierno del Presidente Piñera. Y me alegro mucho que ahora sea apoyado también por la Administración de la Presidenta Bachelet.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, el proyecto, en su primera parte, modifica la ley N° 19.184, que fija la planta de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Y lo hace suprimiendo en la planta de Técnicos los dos escalafones en que esta se divide internamente: a saber, el de Informática y Contadores y el de Técnicos en Educación Parvularia.
Además, la iniciativa establece una facultad para ajustar y determinar un nuevo tope a la carrera funcionaria de los técnicos en educación parvularia.
Por cierto, para nosotros es una buena noticia el que se mejoren las condiciones laborales y económicas de estas trabajadoras y de estos trabajadores.
En la segunda parte, el proyecto contiene una serie de artículos transitorios.
El primero de ellos otorga facultades a la Presidenta de la República para regular -tal cual lo señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra- varias materias vía decreto con fuerza de ley.
En relación con aquellos aspectos que quedan entregados al Ejecutivo, el mensaje reza lo siguiente: "Adicionalmente, se permite ajustar las plantas del personal administrativo y auxiliar, principalmente para corregir las diferencias con las demás instituciones a las que JUNJI puede asimilarse".
Señora Presidenta, no me queda claro ese párrafo del mensaje. No sé si se trata de una declaración de muy buenas intenciones o si efectivamente es el antecedente de un cambio esperado y absolutamente necesario.
En lo personal, esperaba que en la iniciativa se hubiese recogido aquel sentido anhelo que muchas veces hemos planteado respecto a la conveniencia de asimilar las condiciones de quienes trabajan directamente desde la JUNJI y de los que lo hacen en la modalidad de jardines vía transferencia de fondos -los ya conocidos "VTF"-, o en otra. Estos se ven tan afectados como los anteriores con las actuales deficiencias del sistema.
Me reuní con varias de esas trabajadoras en diferentes oportunidades y escuché sus preocupaciones. Así que aspiro a que se pueda abrir un espacio en tal sentido y se dé lugar de verdad a una petición que formulamos tanto al ex Presidente de la República como a la actual Primera Mandataria. Por ejemplo, espero que se realice el pago, vía transferencia de fondos de la JUNJI, de la asignación de zonas extremas para las trabajadoras de las corporaciones municipales que se desempeñan en jardines infantiles. Este es un enorme anhelo.
No obstante, en el articulado de la iniciativa aquello no está consignado de manera expresa, ¡no lo está! Por eso, deseo que se aclare la incorporación de ese vital tema.
Desgraciadamente, no hay nadie aquí del Ejecutivo. Me hubiese encantado oír un pronunciamiento sobre la situación que afecta no solo a las trabajadoras de este importante organismo, como es la JUNJI, sino también a quienes se encuentran bajo la figura de los jardines vía VTF. Porque sería necesario contar en esta parte a lo menos con una indicación.
Con respecto a otras materias previstas en el proyecto, creo que es imperioso aumentar el número de profesionales para mejorar la gestión y el rendimiento de los párvulos, por cuanto esta etapa de desarrollo de una persona es primordial en su formación. Es precisamente en este período donde se debe impulsar e incentivar a los infantes para permitirles el mejor desarrollo posible en su vida adulta.
Ahora bien, en el artículo segundo transitorio se establecen ciertas limitaciones a la habilitación del artículo anterior.
Por su parte, el artículo tercero transitorio se ocupa del mayor gasto fiscal que representará la ejecución de esta ley en proyecto, el que, obviamente, nos parece del todo necesario.
Hay un último tema, señora Presidenta, al que deseo referirme, pese a que no forma parte de esta iniciativa.
Cuando uno conoce a las funcionarias y a los funcionarios de la JUNJI y conversa con todos ellos, ve la enorme e importante labor que desarrollan.
En tal sentido, es dable pensar que estas personas -fundamentalmente, mujeres-, quienes han estado toda una vida en actividad con niños menores, han tenido que realizar esfuerzos especiales, trabajar muchas veces en el suelo, cargarlos, levantarlos, jugar con ellos, recrearlos, permanecer de rodillas, etcétera.
Eso implica una serie de condiciones físicas que hacen que el suyo, más allá del estrés propio de la actividad y del resguardo que dichas criaturas merecen, sea un trabajo realmente pesado. Y uno desearía que en este tipo de labor se tuviera particular consideración en materia de jubilación.
Por eso, debiera darse la figura del beneficio de un año de cotizaciones por cada cinco, de forma tal de lograr que estas mujeres, que han entregado toda una vida profesional, laboral, al cuidado de niños -esto ya es una enorme responsabilidad, más todo lo que implica la actividad en sí-, reciban al final de su vida profesional un reconocimiento por parte del Estado, pues se trata de personas que forman jóvenes para su futuro en sus primeros años de vida; es decir, que exista una consideración especial para ellas al momento de jubilarse.
Voy a votar favorablemente la iniciativa, pero dejo en claro que, en mi opinión, es muy muy relevante lo que acabamos de señalar con respecto a la situación que ocurre -a lo menos en mi Región, la de Magallanes- con los jardines vía VTF, que se encuentran demasiado desprotegidos.
Por consiguiente, nos alegramos de este proyecto de ley, que en algo protege a quienes están en la JUNJI.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Hay señores Senadores presentes que todavía no se han pronunciado. Les ruego -en especial al Honorable señor Orpis- que lo hagan.
Senador señor Espina, ¿va a votar? Estoy segura de que usted apoyará esta iniciativa que ayudará a mejorar la rigidez en la planta de la JUNJI, y de que lo hará con mucho gusto.
El señor ESPINA.- Voto de inmediato, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Pregunte de nuevo, por favor, señor Secretario.
--Se aprueba en general el proyecto (17 votos a favor y 3 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, Coloma, Espina, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
No votaron, por estar pareados, la señora Goic y los señores Moreira y Tuma.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa sugiere fijar como plazo para formular indicaciones el lunes 4 de agosto, a las 12.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que la aprobación en particular de la iniciativa será unánime, ya que no presenta mayor dificultad. Pero igual debe pasar a la Comisión de Hacienda porque, evidentemente, existen gastos de por medio. Y ojalá que vuelva lo más rápido posible a la Sala para que podamos despacharla pronto, pues constituye un largo anhelo de todas las trabajadoras de la JUNJI.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Han llegado a la Mesa dos peticiones de oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se le dará curso en la forma reglamentaria.
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole información concerniente a CONECTIVIDAD, RECURSOS ASIGNADOS, EMPRESAS PARTICIPANTES Y BASES DE LICITACIÓN CONTEMPLADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTA NAHUELBUTA, EN COMUNA DE LOS ÁNGELES y al señor Alcalde de Lota, requiriéndole antecedentes sobre PROYECTOS URBANÍSTICOS y DE DESCONTAMINACIÓN EN SECTOR LA CONCHILLA.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En Incidentes, los Comités Partido Por la Democracia y Partido Demócrata Cristiano, no intervendrán.
En el tiempo del Comité Partido Renovación Nacional, tiene la palabra al Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, solo quiero aprovechar este minuto para preguntar -no estoy claro si ello se definió- si se fijó plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Tránsito.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Sí, hasta el lunes 11 de agosto, a las 12, Su Señoría.
El señor OSSANDÓN.- Gracias, señor Presidente.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Por su parte, los Comités Partido Socialista e Independientes y Partido MAS tampoco harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Partido Unión Demócrata Independiente e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, tengo una confusión. ¿De cuántos minutos dispongo?
El señor TUMA (Vicepresidente).- De catorce, Su Señoría.
El señor MOREIRA.- Muchas gracias.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en la Cámara de Diputados siempre ocupábamos la hora de Incidentes no solo para pedir oficios; a veces, era una buena oportunidad para poder reflexionar de alguna manera y analizar en forma simple e inmediata algunos hechos que ocurrían en el país.
Hace algunos días vivimos acá todo un proceso: la votación en general de la reforma tributaria, la cual -según sosteníamos algunos- se estaba cayendo a pedazos y no era necesario firmar ningún protocolo.
Lo importante será ver de qué manera el Gobierno de la Nueva Mayoría inicia el proceso de presentación de indicaciones que contengan los acuerdos a que llegó con la Oposición, la cual, a mi juicio, deberá ser muy rigurosa al respecto.
Por otro lado, todas las semanas nos damos cuenta de lo que pasa en Chile con la reforma educacional. Acerca de esta hemos sido bastante claros en el sentido de que, más allá de sus objetivos, lo que el país necesita es que siga existiendo la libertad de los padres y apoderados para elegir; la libertad de educación; que la enseñanza sea de mejor calidad; y, por supuesto, que haya menos segregación.
De eso se trata. Ese es el objetivo mayor.
Sin embargo, se ha producido una situación que no tiene solución: la forma en que a veces se expresan los Secretarios de Estado. Por ejemplo, la utilizada por el Ministro Eyzaguirre en sus declaraciones, ha sido bastante desafortunada, porque no solo confunde a nivel político, sino que genera muy malas expectativas en cuanto a lo que ocurrirá con esta reforma educacional.
Nosotros demandamos en forma clara y directa que el Gobierno, señor Presidente, de una vez por todas, clarifique no únicamente en qué se gastará lo recaudado por la reforma tributaria, sino cuáles fueron las razones para no dejar amarrado lo relativo a la educación.
En la reforma educacional todos queremos participar, precisamente, para potenciar la educación pública y, también, para buscar las mejores alternativas, porque la enseñanza particular subvencionada ha sido un aporte, y si existen abusos, la ley puede sancionar a los infractores.
Asimismo, durante esta semana se hizo presente un asunto que me llama mucho la atención: el esfuerzo e interés de la Nueva Mayoría por apoyar una modificación al sistema binominal.
Señora Presidenta, a veces uno no tiene la oportunidad o no dispone del tiempo necesario para precisar las discusiones sobre las reformas políticas planteadas. Así que en la hora de Incidentes, en la que todos los televidentes, desde Arica a Magallanes, nos ven -ahora se está transmitiendo-, podemos tener un contacto directo con ellos para comunicar nuestro pensamiento acerca de este tipo de materias.
Debo señalar que, al rayar la cancha, es posible entender, unos más y otros menos, que el sistema binominal le dio mucha estabilidad a nuestro país. Para algunos se agotó, para otros cumplió un ciclo. Pero no logramos comprender que la Nueva Mayoría, que ganó su mayor cantidad de adhesión en las calles legítimamente y la puede volver a perder ahí mismo en esta oportunidad, muestre tanto interés por confeccionarse un traje a la medida con el Gobierno, a propósito del cambio al sistema binominal.
Los televidentes que se encuentran en sus casas viendo el canal de televisión del Senado se preguntarán: ¿Para qué necesitamos 35 Diputados y 12 Senadores más? ¿Cuál es el objetivo?
¡Si una representatividad superior se puede alcanzar a través de un mecanismo proporcional o mayoritario! No es necesario ese aumento de parlamentarios, no por la mayor carga fiscal, sino porque el país hoy día precisa buenas leyes, que, de una u otra manera, mejoren el crecimiento, el desarrollo, la generación de empleo, en lugar de modificar el sistema binominal.
En otras palabras, lo que hoy desea la Nueva Mayoría es perpetuarse. En el pasado nunca les gustó el término "vitalicio", pero ahora, con esta reforma al binominal, quieren transformar al Parlamento en una institución vitalicia por una o dos décadas y que, si pierden el Gobierno, sigan siendo mayoría en el Congreso Nacional.
Por eso, señor Presidente, quiero manifestar que me siento muy contento de estar con todos ustedes aquí. Porque ello me va a permitir, de cierta forma, mostrar algunas destrezas personales, como la consecuencia política. La consecuencia política implica que uno tenga que llegar siempre hasta el final no solo en la lucha por sus principios y valores, sino en todo lo que significan aspectos legislativos inconvenientes para el país.
Hemos hablado de la reforma educacional, de la reforma tributaria, de la reforma al sistema binominal, y vamos a seguir hablando de cuanta cosa exista, pues hasta los temas valóricos que nos dividen se encuentran encima de la mesa, y pareciera que al Gobierno le interesara aprobarlo todo este año y el próximo.
Por último, aparte de señalar que estoy muy contento en este lugar y por poder comunicarme con todo Chile a través de nuestra señal televisiva, quiero anunciar que continuaré manteniendo mi línea, mi consecuencia, mi lealtad y mi lucha por las cosas que considero justas.
La Región de Los Lagos es un incentivo permanente para mí, pero también lo es el país en su totalidad. Y próximamente tendremos novedades sobre otros importantes desafíos que deberemos emprender en nombre de la UDI, un Partido que se abre; un Partido distinto; un Partido que quiere marcar la diferencia con el pasado, y un Partido que volverá a ser lo que siempre fue: ¡un Partido con mucha influencia y con un arraigo popular que mantendrá a futuro!
El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Independientes y Partido MAS, tiene la palabra el Senador señor Bianchi por cinco minutos.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, reza un dicho popular que hay ocasiones en que la realidad supera la ficción. Por eso, deseo denunciar un hecho que estimo debe ser reprochado y, de ser necesario, investigado, con el objeto de que se establezcan las responsabilidades y las eventuales sanciones que correspondan.
Antes de dar lectura al documento que traigo preparado para esta hora de Incidentes, debo señalar que cuento con el respaldo de la familia de la persona afectada, que me solicitó personalmente, por mi cercanía con sus integrantes, a quienes conozco de toda una vida, hacer pública una situación que, de ser cierta, afectaría a miles y miles de personas.
Hace unas semanas me correspondió conocer el caso de don Manuel Víctor Mancilla Rojel (que en paz descanse), RUT: 7.796.625-0, fallecido el 14 de julio del 2014 a causa de un cáncer.
El señor Mancilla Rojel, al momento de ser informado de que estaba desahuciado por una enfermedad en grado terminal y con una proyección de vida de un mes, tenía un fondo de pensiones del orden de 21 millones 700 mil pesos.
La familia nos comunicó que esta persona se encontraba en su domicilio, en la comuna de Punta Arenas, donde vivía con su madre -a quien conozco de toda una vida-, de 85 años, cuando fue sacada el día 8 de julio del 2014 y trasladada por un vendedor de la Compañía de Seguros CorpVida para llevarla a sus oficinas comerciales.
Allí, y a solo días -para ser específico, a una semana- de que se produjera su fallecimiento, debió firmar un contrato de ¡renta vitalicia!, cuyo número de póliza es 642997-A.
Para llevar a cabo esta maniobra, no se tuvo la más mínima compasión con el delicado estado de salud en que se encontraba don Manuel Mancilla, es decir, con quimioterapia y con medicamentos para aliviar el dolor, que es terrible en esta enfermedad, como la morfina y los antidepresivos, pues se trataba de un paciente con un cáncer terminal diagnosticado.
Nos parece que no reviste mayor análisis el daño que se llevó a cabo y, aún más, el objetivo de menoscabar la pensión de don Manuel, castigándose los montos.
Es incomprensible que exista una institución como CorpVida, que carezca de códigos morales de humanización y que solo vele por sus estándares comerciales.
La molestia y la rabia de la familia, que hago propias en esta oportunidad, han motivado que esta recurra a todas las instancias posibles (judiciales y públicas) para denunciar estos repudiables hechos.
Acciones como las que he detallado constituyen dolo y estafa, por lo que la familia, en forma correcta, solicitó la resciliación del contrato de renta vitalicia, para dejarlo sin efecto, y la restitución del monto total correspondiente, que son 21.739.179 pesos.
Señor Presidente, no se debe ni puede seguir aceptando la ocurrencia de este tipo de acciones, ejecutadas sobre la base de estándares financieros y procedimientos amorales. No es admisible que en menos de un mes se haya realizado un negocio con una persona moribunda.
Claramente, aquí se saltaron todo orden de ética. No cabe otra conclusión cuando una persona con cáncer terminal es embaucada y estafada.
Sin duda, existen responsables por el cruce de información confidencial y reservada sobre el estado de salud de las personas. Tal tema es extremadamente delicado. Por lo mismo, creo que lo expuesto no debe ser un caso aislado.
Por lo anterior -y sin perjuicio de que, según entiendo, la compañía CorpVida accedió a dejar sin efecto la póliza y restituyó el total de los fondos-, estimo que estas acciones deben ser investigadas por las autoridades fiscalizadoras.
En consecuencia, solicito que se oficie a la Superintendencia de Pensiones, a la Superintendencia de Salud y a la Superintendencia de Valores y Seguros, para que se pronuncien sobre estos hechos y se inicien las investigaciones correspondientes a fin de responder ¡cómo es posible que se dé este tráfico de información privada en forma privilegiada entre organismos de salud y empresas privadas, como sucedió en este caso con una corredora de seguros!
Asimismo, pido que informen sobre otras denuncias de similares características y el resultado de esos procesos.
También requiero enviar copia de la presente intervención a las Ministras del Trabajo y de Salud, con la finalidad de que tomen conocimiento de este tipo de acciones y comuniquen si saben de otras denuncias de similar índole.
Señor Presidente, hablé acerca de este asunto hoy día con la Ministra del Trabajo. Le hice presente todo el detalle de la situación descrita.
Nos parece un hecho grave. Por eso, en mi condición de Senador, pero más aún en una calidad humana, tomé la decisión -así me lo ha pedido la familia- de hacer público el problema referido.
Se logró resarcir el grave efecto económico que afectaba a la familia de don Manuel Mancilla. Pero las horas y los días de angustia que vivieron sus integrantes no se devuelven con nada. Y nos preocupa que lo mismo pueda ocurrir en muchos otros casos en nuestro país.
--Se levantó a las 17:39.

References: resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 42
 artículo 36
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 36
 artículo 24
 artículo 3
 artículo 36
 artículo 42