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Timestamp: 2019-03-23 15:26:12+00:00

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CONGRESO IBEROAMÉRICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
MESA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
SEVILLA, DICIEMBRE/2003
DE SUJECIÓN ESPECIAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES. ALGUNOS
APUNTES SOBRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS.
1. CENTROS PENITENCIARIOS Y SUJECIÓN ESPECIAL
La doctrina de las relaciones de sujeción especial, cuyo origen histórico
habría que situarlo en la Alemania del siglo XIX (LABAND, JELLINEK, MAYER..), y
que en los últimos años está siendo objeto de especial atención en nuestro
país, fue objeto de severas críticas, desde diferentes disciplinas, a la hora de
su acrítica traslación al ámbito penitenciario por el Tribunal Constitucional1. Las
razones son varias. Una de ellas, que en el momento de su adopción por el
AltoTribunal ya llevaba mucho tiempo cuestionada, allí incluso donde tuvo su
nacimiento; referencia inexcusable en este punto sería la sentencia del
Bundesverfassungsgericht Alemán de 14 de marzo de 1972, por todos
conocida. Otra, la verdaderamente determinante, porque nos encontramos ante
una construcción que sería innecesaria en nuestro ordenamiento al efecto de
articular los peculiares contornos de la relación penitenciaria. Ésta, cabría
dibujarla con exclusividad apelando sin más al artículo 25.2 de nuestra norma
suprema, que, tras señalar, como primera provisión, la vigencia de los
derechos fundamentales en el seno de esa relación (más allá de imprecisiones
técnicas sobre su ámbito subjetivo, en las que no entraremos), determina que
se encontrarían sujetos a una triple limitación. Estas, provendrían del contenido
del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
Nuestro Tribunal Constitucional, ya desde sus primeros años (STC
74/85), ha declarado que los internos en centros penitenciarios se integran en
una institución preexistente que proyectaría su autoridad sobre aquellos,
adquiriendo el estatus específico de individuos sujetos a un poder público que
no sería el que, con carácter general, existiría sobre el común de los
ciudadanos, al tratarse de una relación de sujeción especial en la que
Sobre las relaciones de sujeción especial, puede verse, LASAGABASTER HERRARTE, I., (1994) Las
relaciones de sujeción especial, Cívitas, Madrid; LÓPEZ BENÍTEZ, M., (1994) Naturaleza y presupuestos
constitucionales de las relaciones especiales de sujeción, Cívitas, Madrid. Específicamente, para el ámbito
penitenciario, RIVERA BEIRAS, I., (2000) “La doctrina de las relaciones de sujeción especial en el ámbito
penitenciario (la zona del “no derecho)”, Legalidad constitucional y relaciones penitenciarias de especial
sujeción, Bosch, Barcelona; MAPELLI CAFFARENA, B., (1993) “Las relaciones especiales de sujeción y el
sistema penitenciario”, Estudios Penales y Criminológicos (XVI), Santiago de Compostela.
Sino que lo hace. como un mandato al legislador en orden a orientar la política penal y penitenciaria. Edisofer S. B. SAPENA GRAU. R. dicha devaluación derivaría de su confusión entre los fines de la pena y los derechos que tiene el condenado. Concretamente. sin ser su única finalidad. Bosch. F. MAPELLI CAFFARENA. Madrid. por tanto. donde se abordó el secreto de las comunicaciones del recluso. por todas. en cualquier caso. al corresponder a la Administración Penitenciaria la retención y custodia de los reclusos. defender que se pueda hablar de una devaluación de las previsiones del artículo 25. la STC 2/87).L.. los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional”. Cedecs. Dicho colectivo. para resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes penales. Todo lo anteriormente dicho habría de contemplarse con el telón de fondo de la (pretendida) reeducación y reinserción social de los reclusos de la que nos habla la norma suprema. no se perfila conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. 36/37. pág.acontecería una relativización de la reserva de ley. es de destacar que se ha evitado conscientemente la plasmación de esa terminología en sede normativa. (1996) Curso de Derecho Penitenciario. sin ánimo exhaustivo. Barcelona. por tanto. sino la excepción. 24. GARCÍA ALBERO. Barcelona. qué duda cabe. Ello sería consecuencia del carácter insuprimible de la potestad reglamentaria en ese ámbito. Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales. En todo caso. también. sobre la base del valor preferente de dichos derechos. es significativo que durante la elaboración del Reglamento Penitenciario del 96 (en donde se encontraba contenida primigeniamente en el artículo 5 del Anteproyecto).. (1998) Seguridad y disciplina penitenciaria.M. al considerarla poco conveniente al tratarse de una locución creada en su origen histórico para 2 Para A. se optó por su no inclusión en el texto definitivo.. necesaria y proporcional con el fin perseguido: debe velarse por la seguridad y buen orden regimental del centro penitenciario.. Un estudio jurídico.. habrá de ser justificada. su eventual configuración como tal derecho supondría para este autor un “revulsivo para la actuación de la administración penitenciaria que se vería compelida a poner en funcionamiento verdaderos programas de tratamiento”. Véase. específicamente la “correspondencia entre presos dentro del mismo establecimiento”). En el bienentendido de que esa acotación o restricción no habrá de ser la norma. Mas es claro que su delimitación concreta. en orden a determinar en concreto las previsiones legislativas abstractas sobre las conductas identificables como antijurídicas (ver. por ejemplo. que. pág.como un derecho fundamental del recluso. su restricción. pág. TAMARIT SUMALLA. y aunque plasmada dicha relación de sujeción especial de manera recurrente en la doctrina del Alto Tribunal (la última ocasión en la reciente STC 169/03. (1994) “El sistema penitenciario. J. TÉLLEZ AGUILERA. mas que serviría de parámetro. Tal configuración habría permitido a un sector de la doctrina. puede ser objeto de limitaciones en sus derechos constitucionales que no serían de aplicación a ciudadanos comunes.2 del texto constitucional2. 40 2 .
24. se entiende. la limitación de los derechos fundamentales de ciertos súbditos y la ausencia de tutela judicial de determinados actos administrativos3. Sentado lo anterior. plausible. no ha permitido dibujar de manera más ajustada los perfiles concretos de esta relación de sujeción especial. entre las más controvertidas. Entre las materias más analizadas por aquél se encontrarían. De cualquier forma. ahora lejana. Ello resulta especialmente comprensible. la organización del trabajo. sus comunicaciones íntimas.797/95 emitido por la Comisión Permanente el 11 de enero de 1996. más de un centenar largo de ellas desde aquella. las sanciones disciplinarias o la intervención de las comunicaciones.en el momento en que el interno lo entrega a la Administración penitenciaria (puesto que) es la única solución posible para no colocar al interno en una condición de desigualdad ante la ley (art. de manera lógica.131/95/2. y como ya vimos. los permisos de salida. como poco. por ejemplo. habría que citar sin duda las sentencias sobre la alimentación forzosa de los reclusos en determinadas circunstancias acerca de las que tanto se ha escrito. nos encontraríamos ante una construcción que. e incluso la propia finalidad de la pena.. cuando con su sola invocación podrían fundamentarse restricciones que de otra manera serían de difícil sustento. “(. como ya hemos reseñado. pág. cuando han transcurrido más de diez años.. 14 CE) ya que de no ser así dispondría de un plazo menor al legal” (STC 29/81. todavía se sigue escribiendo. Aunque no puede negarse que este defecto parece tornarse en virtud.) el escrito se ha presentado –a los efectos legales. TÉLLEZ AGUILERA. para la óptica de la Administración Penitenciaria. y.. pues. Recordemos. al hilo de un recurso de amparo interpuesto a raíz una sanción disciplinaria impuesta por la Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario (STC 74/85). no resultaría necesaria. 3 . STC 29/81. Esta extensa jurisprudencia. A. cit. todavía habría que aguardar casi un lustro para que configurara la relación penitenciaria como una relación de sujeción especial. FFJJ 5 y 6). aunque también otras múltiples como la clasificación de los internos.. más aún. que debía entenderse que. cómo se señaló entonces. en todo caso. debemos destacar que han sido muchas y variadas las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional sobre el ámbito penitenciario en estos años. la asistencia letrada en los procedimientos sancionadores. sobre presentación de escritos (a efectos de computo de plazos) en el centro penitenciario4. a la que el propio Tribunal tildará en ocasiones de imprecisa..justificar tres privilegios de la Administración regia: la relajación del principio de legalidad. la posibilidad de disponer de ordenador en la propia celda. 4 Recordemos.. cfr. algunas de las afirmaciones más polémicas y discutidas de las 3 Ver Dictamen 3. en primer lugar. Su utilidad sería manifiesta desde esa perspectiva.
L. núm. En la presente comunicación haremos referencia a uno de los derechos del interno que indudablemente se ha de ver más afectado por la privación de libertad. Vol. 143/94. es esencialmente abierto. Como señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 20/92. 4 . 2. ni concebible la existencia en dignidad que a todos quiere asegurar la norma fundamental.J. 134/99. entre otras. Lo ha hecho en todo caso desde una formulación amplia. y se encuentra vinculado de manera inmediata y directa con el respeto de su dignidad como persona. 231/88. DIMENSIONES DEL DERECHO A LA INTIMIDAD. Aranzadi. su personalidad. Harvard Law Review. 115/00 y 83/02). y que no es preciso traer a colación ahora). Aquéllas se han dibujado en función de las diferentes amenazas frente a las que se ha de articular la protección de este derecho. dentro de su carácter personalísimo y su ligazón a la propia 5 6 W ARREN.decisiones de los presos del GRAPO antes reseñadas. siendo necesario para mantener una calidad mínima de vida humana (véanse.. 151/97. que es la intimidad. MIERES MIERES. BRANDEIS. hard cases make bad law. (1890) “The right to privacy”. sin ánimo exhaustivo. IV. recogido en el artículo 18 de nuestra norma suprema. Éste ámbito se protege tanto respecto de los poderes públicos como de los particulares. el derecho a la intimidad. 5. Garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y el conocimiento de los demás es el objeto de este derecho que ahora tratamos. las SSTC 73/82. dinámico y de delimitación casuística. S. sin este derecho no sería realizable. Dentro de su amplia jurisprudencia en esta materia el Tribunal Constitucional ha ido perfilando diferentes dimensiones dentro de ese derecho de difícil definición. no definido constitucionalmente y de doble proyección.. pág. 23. 110/84.. Ahora bien. 197/91. y que quizá sean una buena muestra de esa sentencia tantas veces apuntada en el mundo anglosajón. (2002) Intimidad personal y familiar. pues “¿Qué hay de común entre el acoso sexual ambiental (STC 224/99) y la divulgación por un medio de comunicación de que un arquitecto padece SIDA (STC 20/92)? o ¿Qué relación existe entre las inmisiones de ruidos evitables insoportables en el propio domicilio (STC 119/01) y las indagaciones o investigaciones sobre partes íntimas del cuerpo (STC 37/89)?”6. no en vano el concepto de intimidad como señala la doctrina (más allá de esa referencia clásica al estudio de W ARREN y BRANDEIS que habitualmente sirve de pórtico en los estudios sobre esta materia5. L.
tras apuntarse que la actividad penitenciaria habrá de ejercerse respetando la personalidad de los internos y los derechos e intereses legítimos de los mismos no afectados por la condena.7 de su Reglamento). 45. sin perjuicio de las medidas exigidas por la ordenada vida en prisión”. sería una de las consecuencias más dolorosas de esa privación apuntada. 5 . que los internos tendrán derecho “a que se preserve su dignidad. y su lógica interacción con otros derechos. 3. esta afección de la intimidad. el alojamiento preferente en celdas individuales. de esta forma. de manera genérica. entendido como aquel conjunto de normas jurídicas reguladoras de la ejecución de las penas privativas de libertad.existencia del individuo. habrá de verse más afectado por esta privación de libertad. así. al considerar necesario establecer una previsión expresa. sino incluso necesitadas de autorización (STC 89/87).6. la protección de datos personales o el propio procedimiento de ingreso (véanse los artículos 19 y 51 de la Ley Penitenciaria y 4. También se recoge con relación a cuestiones puntuales en el devenir de la relación jurídico-penitenciaria sobre las que habría una cierta prevención. en primer lugar. La eventual limitación. que se vería reducida casi al ámbito de la vida interior. 6 a 9.b. no es ajeno a las consecuencias que la pérdida de libertad conlleva en el derecho a la intimidad del recluso. así. las comunicaciones ordinarias y especiales. lógicamente. lo que resulta cierto es que. muchas de las actuaciones que de manera ordinaria se considerarían privadas e íntimas. lógicamente deberá encontrarse justificada y realizarse en circunstancias adecuadas y proporcionadas con su finalidad. 15. obvio es señalar que no se trata de un derecho absoluto. No en vano. siendo inexcusable apuntar por último. se encontrarían no sólo expuestas al público. así como su intimidad.2. puesto que podrían incidir de manera directa en dicho derecho. como ya dijimos supra. en palabras del Tribunal Constitucional. el carácter cambiante y evolutivo de este concepto. Éste se contempla. señalándose que los internos tendrán derecho a que se preserve su intimidad. podemos leer en el artículo 4 del Reglamento Penitenciario. sea en otras diversas. nos encontramos ante uno de los derechos que. no obstante. Sea en estas concretas cuestiones. LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL El derecho penitenciario.
teóricamente) bien por las concretas dimensiones de la celda de que se trate. o con la asistencia médica obligatoria. así. y dentro del amplio abanico de supuestos que podríamos estudiar. comenzando por el propio reducto físico en el que el interno habrá de desenvolverse durante gran parte del tiempo. per se. o de la propia petición del interno en este sentido. por tanto.) o de la garantía a la inviolabilidad del domicilio el derecho a poseer o disfrutar de un domicilio o espacio físico en el que desenvolver la vida privada y familiar. para. No podría hablarse. adolecería de un esfuerzo teorizador sobre la eventual emergencia de este derecho subjetivo de las propias previsiones del artículo 18 de nuestra norma suprema. pueda alojarse a más de un interno por celda. Por más que. Sin entrar a valorar el hecho de que la práctica ha determinado que lo que se configura como una eventual limitación meramente temporal. Señala en este sentido DUQUE VILLANUEVA que “(. la celda. analizar otras cuestiones en las que puede verse afectado con mayor intensidad aquel derecho. lo único cierto es que esa compartición. tampoco creo que pueda inferirse como contenido del citado derecho fundamental en el 6 .Tras apuntar esto. en las comunicaciones del recluso. bien por un incremento temporal de la población penitenciaria. Para un sector doctrinal. La sensibilidad que parecen denotar las previsiones de la normativa penitenciaria respecto de la intimidad del recluso con relación al principio celular (vimos con anterioridad cómo se establece con carácter general que cada interno ocupara una celda individual) no impide que. como se apunta. PRINCIPIO CELULAR.. a partir de ahí. idea que fue señalada con claridad por aquél cuando conoció de esta cuestión en su sentencia 195/95. Ello sin hablar de lo previsto para establecimientos especiales o de régimen abierto. de un derecho subjetivo del recluso a la celda individualizada. sobre la base de las previsiones de la Ley General Penitenciaria. determina la existencia de la relación jurídico penitenciaria. el resultado final sería exactamente el mismo: inexistencia de tal derecho.) al igual que no cabe inferir del contenido del derecho a la intimidad (. respecto del derecho a la intimidad. en ocasiones (esto. pueda consagrarse de manera cuasi-permanente a causa de la masificación de los centros penitenciarios. abordaremos ahora únicamente aquellos en los que el Tribunal Constitucional ha debido entrar a valorar las implicaciones que. con la aplicación de medidas de seguridad interior.. Lo haremos. siguiendo un orden lógico. no implica a criterio del Tribunal Constitucional la vulneración de la intimidad del recluso. escalonadamente. la argumentación del Tribunal en este punto.
pág. cacheos (incluyendo el eventual desnudo integral durante la sustanciación de los mismos). en su capítulo VIII se determina que este tipo de medidas pueden consistir en la observación de los internos. SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. se permitirá la presencia del interno. en el Reglamento Penitenciario (tras la reforma del 96) son objeto de tratamiento cuidadoso. aunque sin dar a este criterio naturaleza de norma escrita”8.)”7.C. J. 7 . Perfiles del derecho constitucional a la vida privada y familiar. controles e intervenciones. de cualquier forma. que exige la preservación del orden y la seguridad en el centro penitenciario. No podemos olvidar. Si bien en la Ley General Penitenciaria estas cuestiones se encuentran un tanto dispersas y con falta de sistematización.. así como en registros. requisas. tanto en las causas que pueden originarlas como en el procedimiento que ha de seguirse. CACHEOS CON DESNUDO INTEGRAL No es preciso explicar ahora la necesidad de la existencia de medidas de seguridad en los centros penitenciarios. Cuadernos de Derecho Judicial. sin poder extender al ámbito penitenciario. así se ha defendido desde el Defensor del Pueblo. 122. que. (1996) “El derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito penitenciario”. cabría abogar cuando menos por la presencia del recluso durante dichos registros.. los recuentos de la población reclusa. así.ámbito penitenciario el derecho de los internos a alojarse en celdas individuales (. -artículos 63 a 72 del citado Reglamento-. 8 Informe del Defensor del Pueblo (2002). presos y penados. pág. vinculado al principio celular. aunque sus recomendaciones en esta línea no han sido atendidas. Resultaría posible apuntar aquí (no olvidemos la amplitud del concepto constitucional de domicilio) que. 7 DUQUE VILLANUEVA. lógicamente. las exigencias de los registros domiciliarios. no en vano con motivo de tal registro quedaría afectado el derecho a la intimidad. 217. Unas y otras se encuentran especialmente detallados. es la lógica consecuencia de las propias funciones de las instituciones penitenciarias. Madrid. por más que desde la Administración se haya señalado que “cuando ello sea compatible con la seguridad y el buen orden del régimen. se encontrarían sin duda los eventuales registros en las celdas. retención y custodia de los detenidos. Únicamente sería necesario apuntar en qué pueden consistir y en qué medida pueden afectar a la intimidad del recluso.
Hasta ese momento. la eventual afección de la integridad física por su aplicación (véase.J. F. a partir de las respuestas que desde la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios se remitieron al Defensor del Pueblo ante sus recomendaciones en la materia10. (1997) “Intervenciones corporales y derechos fundamentales”. véase. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA. L. desde la perspectiva del derecho a la intimidad únicamente lo han sido los cacheos con desnudo integral. en alguna ocasión. Debió aguardarse al Reglamento del 96 para su previsión. por una u otra causa a conocimiento del Tribunal Constitucional. el Reglamento determina (más allá de las previsiones contempladas para la modalidad de vida en departamentos 9 Sobre la intimidad corporal. Como es sabido. debe verse acompañada de la necesidad concreta e individualizada de la medida. bien del ingreso de un recluso procedente de otro centro penitenciario.Muchas de ellas han llegado. este tipo de cacheos no fueron contemplados de manera específica en la Ley General Penitenciaria del 79. sino cultural. como así se comprueba tanto del estudio de las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria como (desde otra perspectiva). la existencia de esa previsión genérica había permitido a la Administración penitenciaria justificar la evidente falta de unidad de criterio sobre estas prácticas en los centros penitenciarios. sobre la genérica alegación de que con las comunicaciones especiales (en el caso del cacheo por ingreso en el centro penitenciario la justificación sería mucho más clara) nos encontraríamos ante el cauce ordinario en orden a la introducción en el centro tanto de estupefacientes como de objetos peligrosos.. nº 14. nº 20/21.. que.. Estaríamos aquí ante un supuesto de intimidad corporal (ver STC 207/96) que formaría parte de la intimidad personal. (1997) “La Intimidad corporal en la jurisprudencia constitucional”. plasmó normativamente la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en una sentencia dictada dos años antes (STC 57/94). Ahora bien. si bien cierto.. ITURRALDE SESMA. no existiría así una identidad entre el ámbito de la intimidad corporal y la realidad física del cuerpo humano9. realizados bien con ocasión de la celebración de comunicaciones especiales. DÍAZ REVORIO. por ejemplo. de manera plausible. Todo ello. así. debiendo tenerse presente que su ámbito constitucionalmente protegido no sería una entidad física. Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol. Poder Judicial. RODRÍGUEZ RAMOS. devaluada”. J. nº 20/21. argumento que. 8 . (1989) “La intimidad corporal. Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol. En su redacción actual. que apenas hacía (y hace) una genérica reseña a la realización de eventuales registros y cacheos en la persona de los internos dentro del respeto a la dignidad de la persona. V. la STC 35/96).
como doctrina que cabría aplicar a las diferentes medidas de registro personal. contra su voluntad.) incluso encontrándose en una relación de sujeción especial (. la respuesta ofrecida a la Recomendación 60/1994. añadiéndose en los supuestos en que. respecto a quien imparte la orden durante las flexiones. en lugar cerrado y sin la presencia de otros internos. Madrid. que dicho acto “(.especiales) que. se exigía la práctica de flexiones ante el funcionario. al exhibir o exponer el cuerpo en movimiento. encontrándose justificadas aquéllas cuando se produzca una situación en el centro en donde existan amenazas. Han sido varias las ocasiones en que el Tribunal Constitucional ha conocido de la aplicación de estas medidas.) una persona.. habilitadas en sede legal. sobre el derecho a la intimidad de los reclusos en donde se apuntaba la existencia de criterios sustancialmente distintos en la realización de estos cacheos en los centros penitenciarios. el leit motiv de la ratio decidendi ha sido el siguiente: “(. y esta limitación se lleva a cabo en circunstancias adecuadas y proporcionadas con su finalidad (. la más reciente.. en la STC 218/0212. 9 . si bien ha de recordarse que no es éste un derecho de carácter absoluto. 11 Con relación a la forma y exigencias de realización de los cacheos. 229 a 235... no puede verse en la situación de exponer y exhibir su cuerpo desnudo ante otra persona. págs. pues ello quebrantaría su intimidad corporal. por ejemplo. Y ha de repararse (. (2001) Manual de ejecución penitenciaria. la primera de ellas en la STC 57/94. Colex. (2ª edición). En todas ellas.) que por la posición inhabitual e inferior del cuerpo. junto a la desnudez. habría que reseñar lo siguiente: resultan necesarias en determinadas ocasiones. sino que puede verse limitado cuando existe la necesaria justificación. y que únicamente se realizará por “motivos de seguridad concretos y específicos”.C. -por todas. del referido cacheo deberá formularse parte escrito dirigido al jefe de servicios por los funcionarios que lo hubieren realizado11. RÍOS MARTÍN. véase.. J.. STC 57/94-. el (eventual) cacheo con desnudo integral del recluso. si existen “razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del centro”.)”. por el 10 Véase. En líneas generales.)”.) acrecienta la quiebra de la intimidad corporal que la misma situación de desnudez provoca. deberá llevarse a cabo por funcionarios del mismo sexo. el objetivo pretendido con tales medidas es la protección de la seguridad y orden interno de un centro penitenciario.. ello entraña una situación susceptible de causar mayor postración o sufrimiento psíquico a quien la sufre (.
Revista General de Derecho. Más aún. lo cierto es que la práctica nos muestra una aplicación casi sistemática de esta medida de seguridad. únicamente sean aplicadas en supuestos específicos. 35/96 deberá prevenirse razonablemente que “el riesgo queda cortado mediante la observancia de las precauciones precisas para la inocuidad de aquella. 10 . caso McFeeley y otros v.T. los intervalos de aplicación suficientes.C.. el Alto Tribunal se apoyaría aquí en la doctrina de la Comisión Europea de Derechos Humanos. nº 2. según las técnicas internacionalmente experimentadas y admitidas”. con graves amenazas de su orden interno y su seguridad por el comportamiento de los reclusos. más allá de lo que prescribirían las exigencias de seguridad u orden regimental del centro penitenciario14. no debiendo limitarlo más allá de lo estrictamente razonable. de manera subsidiaria. en todo caso. De cualquier modo. tales como la utilización de aparatos idóneos. Mas sin perder de vista que la aplicación de estos. que inciden de manera directa en la intimidad del interno. en los últimos tiempos. una mera invocación de protección de los intereses públicos. por tanto. como la analizada por aquél. en donde se consideró que medidas de registro personal. de carácter electrónico. conforme a la regla de proporcionalidad de los sacrificios debe existir una adecuada ponderación entre la medida y el derecho a la intimidad de los reclusos. Y. que el nivel de radiación sea adecuado y controlado. ni una genérica reseña de que son este tipo de comunicaciones el medio habitual de introducir sustancias u objetos en la prisión. Muchos son los centros penitenciarios que se sirven. de 25 de noviembre”. REVIRIEGO PICÓN. como panacea de cualquier intervención. y más concretamente en su Decisión de 15 de mayo de 1980. Reino Unido-. para el caso de que no sea posible aplicar otros instrumentos menos restrictivos respecto del derecho a la intimidad. con adecuada motivación y con criterios de excepcionalidad y proporcionalidad. 12 Sobre esta sentencia. 218/2002. (2003) “Intimidad corporal y cacheos con desnudo integral tras las comunicaciones íntimas de los reclusos a la luz de la S.C. Se exige de esta forma que este tipo de medidas. habitualmente. y acentuando los problemas de seguridad. etc.comportamiento de los reclusos. F. constituían un medio necesario en los casos en que existieran situaciones excepcionales en el centro penitenciario. lógicamente. y especialmente de la que ahora nos ocupamos.T. pues han de emplearse los medios que lesionen en menor medida dicho derecho. 13 Como argumentó el Tribunal Constitucional en la S. del orden y seguridad apuntados. así la integridad física del interno13. no bastaría. donde el incremento continuo de internos en los centros penitenciarios está produciendo la saturación de los mismos. de una genérica idea de protección de seguridad. agravando con claridad las carencias en infraestructuras penitenciarias. podría implicar la afección de otros derechos.
El carácter excepcional y subsidiario de la medida se transforma por arte de esa laxa invocación de las razones de seguridad reseñada. también ha sido destacada desde los propios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. destacaría esencialmente la necesidad de que este tipo de medidas fueran comunicadas de manera inmediata a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. se vienen realizando desde tiempo atrás. especificándose en dicha comunicación las circunstancias de excepcionalidad y proporcionalidad que concurrirían en cada caso concreto. 11 . con independencia de este acto. desde esta misma institución.. en contra de la norma. para la evitación de otros casos de introducción de objetos o sustancias en los centros penitenciarios y no específicamente por quien es objeto de esta medida”. dentro la importante labor que desempeña en este ámbito a través de las quejas que recibe y las visitas periódicas que gira a los centros penitenciarios. y CABRERA CABRERA. en consecuencia. en una medida casi ordinaria. idoneidad y proporcionalidad de la medida”15. J. el Informe de 3 de octubre de 2002 insista en que la medida de cacheo puede aplicarse para la prevención general. Para finalizar este apartado. pudiendo resaltarse que en la última reunión celebrada por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria se ha acordado por unanimidad oficiar a los Centros Penitenciarios para que. a partir de este momento. P. (1999) Cuadernos de Derecho Penitenciario. Tanto la prevención frente a los cacheos con desnudo integral como la necesidad de que hubiera de producirse esta comunicación. correspondiente al año 2002. es necesario apuntar igualmente las implicaciones que respecto de la misma puede revestir la 14 Véanse los datos que sobre esta cuestión ofrecen RÍOS MARTÍN. en su trabajo “La cárcel: descripción de una realidad”. y resulta absolutamente sorprendente que. es decir. ASISTENCIA MÉDICA FORZOSA Sin abandonar el concepto de intimidad corporal. dicha comunicación se produzca en orden a valorar la “necesidad. 31/32. el parte ya habría debido ser preceptivamente elaborado conforme a las previsiones del Reglamento Penitenciario. Dicha actuación no implicaría una pérdida de agilidad o eficacia de las actuaciones.J. Se insta a las Administraciones Penitenciarias a que por vía de instrucción requieran a las Direcciones de los Centros Penitenciarios para que se proceda a la dación de cuenta a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria de los cacheos con desnudo integral practicados a los internos”. Entre ellas. (2003) Cuadernos de Derecho Penitenciario. su remisión. Sólo se precisaría. 15 El acuerdo aprobado en la XII reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria fue el siguiente “59. nº 11. nº 5. págs. resaltando que “la información estadística elaborada por la propia Administración demuestra una aplicación ilegal del registro con desnudo integral. en tanto que.C. cabe apuntar las recomendaciones que. así se ha puesto de manifiesto en el último Informe del Defensor del Pueblo.
. en las que el Alto Tribunal. como el reconocimiento de que en esta materia la situación del penado o del interno no ha de sufrir restricción alguna de sus derechos respecto a la situación de cualquier otro ciudadano en libertad”. al caracterizarse ésta como la “inmunidad frente a toda indagación o pesquisa que sobre el cuerpo quisiera imponerse contra la voluntad de la persona”. el Tribunal fue parco en sus reflexiones con relación al derecho a la intimidad. en el mismo sentido. por último. de las polémicas sentencias sobre los GRAPO. En estas sentencias. con argumentaciones ciertamente discutibles16. consideración que. hubo de analizar la licitud constitucional de una resolución judicial que ordenaba a la Administración penitenciaria alimentar a varios reclusos en huelga de hambre. goza de los mismos derechos y libertades que cualquier otro ciudadano. por su parte.E. de todos conocidas. ninguna relación de supremacía especial – tampoco la penitenciaria. ni por la finalidad. aun cuando dirigida a cuidar la salud o salvar la vida de quienes la soportan. en relación a su vida y salud y como enfermo. “la obligación de la Administración Penitenciaria de velar por la vida y la salud de los internos no puede ser entendida como justificativa del establecimiento de un límite adicional a los derechos fundamentales del penado. Hablamos. No consideró que la alimentación forzosa fuera atentatoria de la intimidad corporal. 17 DUQUE VILLANUEVA.2 C. en este caso no autoriza a utilizar la fuerza para cumplir un deber cuyos beneficiarios rechazan exonerando del mismo a la Administración”. sostuvo la vulneración de la libertad personal del recluso por causa de dicha alimentación forzosa. apuntaría que. en otro voto particular a la misma sentencia. Cuadernos de Derecho Judicial. cuestión que entendería que no concurre en este supuesto. destacando que. 25. cuando su vida se encontrara en peligro como consecuencia de dicha actitud. y por ello ha de reconocérsele el mismo grado de voluntariedad en relación con la asistencia médica y sanitaria”. también a la luz del art.. aún en contra de su voluntad. La intimidad personal no se vería así afectada ni por las partes del cuerpo sobre las que se actúa.pueden justificar una coacción como la que ahora se denuncia que.C. pero ello no autoriza a los poderes públicos a utilizar cualquier medio y. podría calificarse de discutible. en concreto. anadiendo que “el silencio de la Ley (en este punto) sólo puede ser interpretado. paradigmáticas en la determinación de la relación de sujeción especial en el ámbito penitenciario. Es interesante apuntar. que es en estas resoluciones donde el Tribunal Constitucional caracteriza por primera vez lo impreciso de la distinción entre la relación de sujeción especial y general en el ámbito 16 Como señalaría RODRÍGUEZ-PIÑERO. afecta al núcleo esencial de la libertad personal y de la autonomía de la voluntad del individuo. ajena en todo caso a la adquisición de conocimiento alguno sobre el cuerpo. como así ha puesto de manifiesto un sector de la doctrina17. ni por los medios a emplear.asistencia médica obligatoria. J. el cual. LEGUINA VILLA. consistente en tomar por sí solo las decisiones que mejor convengan a uno mismo. “no estando en juego derechos fundamentales de terceras personas ni bienes o valores constitucionales que sea necesario preservar a toda costa. Perfiles del derecho constitucional a la vida privada y familiar. sin daño o menoscabo de los demás (. cuando menos. 12 . en su voto particular discrepante a la primera de estas sentencias (STC 120/1990). (1996) “El derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito penitenciario”.. Igualmente interesante será su crítica al argumento defendido en la sentencia que parece reconducir la esencia de la cuestión al fin perseguido con la huelga de hambre. “La Administración ha de cumplir ciertamente dicho deber de cuidado y los internos tienen derecho a exigir aquel cumplimiento.)”. claro está. Madrid.
El principal problema que han planteado desde su previsión no ha sido otro que su ámbito subjetivo. heterosexuales. Madrid. En su momento.de 27 de abril de 2000 (nº 535/2000. rec.D. respecto del origen de la relación. dicha referencia se terminó difuminando en la más amplia reseña al desarrollo integral de la personalidad18. la posibilidad de su realización en el caso de internos en establecimientos penitenciarios diferentes u otros de ese tenor. cuando señalaba que dichas relaciones debían ser “amorosas. aunque con relación a un ámbito muy diferente. 3476 y ss. alegaciones fiables y susceptibles de verificarse. podemos apuntar la concepción de C. su introducción. las personas que podrían participar en las mismas dentro de los “límites de credibilidad” del concepto de allegado19. En todo caso. GARCÍA VALDÉS a principios de la década de los ochenta. de hecho. Es obvio reseñar la importancia de los vis a vis o comunicaciones especiales del recluso. COMUNICACIONES ESPECIALES. La aplicación de determinadas medidas de seguridad interior. verificada por el R. También lo ha sido su propia configuración. con carácter previo o posterior a las comunicaciones especiales. Durante la propia tramitación del texto constitucional estuvo presente dicha cuestión. los debates moralistas –ya superados-. de 25 de agosto de 1978. 20 Por citar algún ejemplo. 19 13 . pág. a título de ejemplo. a título de ejemplo. la 61/90. Esto es. nº 44. siendo compatibles dichas comunicaciones íntimas tanto con las 18 Diario de Sesiones del Senado. a día de hoy. no ha sido el único asunto del que ha debido conocer el Tribunal Constitucional con relación al derecho a la intimidad personal y familiar del recluso respecto de este tipo de comunicaciones. parece oportuno traer a colación que se pretendió incluir el ejercicio de la sexualidad como derecho del recluso en el contenido del que terminaría siendo artículo 25. fue calificada de “proceso revolucionario en las cárceles”. el Auto de la A. y.penitenciario.P. recuérdese. Sobre esta cuestión. de Madrid –secc. (2ª edición). 2273/77. 46/2000) en donde se apuntaba que si bien “corresponde a los internos decidir quienes son sus allegados íntimos” el “único límite a la credibilidad de su manifestación viene dado precisamente por un límite razonable del número de los depositarios de ese afecto singularmente próximo”. págs. cabría convenir que con relación al concepto de allegado se estará a lo manifestado por el interno en tanto que el número de los así calificados fuere razonablemente reducido. (1982) Comentarios a la legislación penitenciaria española. 4ª. antes de ello únicamente lo había hecho en una sentencia de ese mismo año. y muy significativamente las de carácter íntimo. y que el interno formule. En última instancia. acerca de si la relación admitida debía ser únicamente la heterosexual20. 178. véase. estables y continuadas”.
1 CE. aquellas medidas que la reduzcan más allá de lo que la ordenada vida de la prisión requiere. siquiera sea al precio.. en el sentido de acarrear sufrimiento de especial intensidad o provocar una sensación de envilecimiento. precisamente por exigencias de lo dispuesto en el art. conclusiones y acuerdos aprobados (nº 26 a 33) en la XII Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria celebrada en Madrid.)”. “(. protege.. no un imperativo derivado del derecho fundamental a la intimidad (. se señalaría también en la sentencia que tampoco cabría hablar de un trato inhumano o degradante. el Tribunal señalaría lo siguiente: “(. ¿cuáles serían sus implicaciones con relación a estas comunicaciones? ¿en qué medida cabría calificarlas como tal derecho? La respuesta del Tribunal Constitucional a estas cuestiones fue clara.) Se pueden. expuestas al público e incluso necesitadas de autorización muchas actuaciones que normalmente se consideran privadas e íntimas (. considerar ilegítimas. COMUNICACIONES. para continuar señalando que. seguramente doloroso. A mayor abundamiento. en enero de 2003. al abordar la presunta afección de los derechos a la integridad física y moral y a la intimidad por causa de la restricción del derecho al disfrute de las comunicaciones especiales en determinados supuestos –penados clasificados en primer grado e internos a los que se hubiere aplicado el régimen especial previsto en la Ley penitenciaria-. y partiendo de que la privación sexual forma parte de la privación de libertad. una de las consecuencias más dolorosas de la pérdida de la libertad es la reducción de lo íntimo casi al ámbito de la vida interior. afortunadamente. han de desarrollarse. pero esa condición no se da en la restricción o privación temporal de las relaciones íntimas con personas en libertad. y el nuestro. por el contrario. sin agravarla de forma especial.distintas opciones sexuales de los internos. en condiciones que salvaguarden la dignidad de las personas implicadas (con el mayor respeto a la intimidad). como con el hecho de que los dos miembros de una pareja se encontraren en prisión21.. es la intimidad misma. La autorización para la comunicación íntima restaura circunstancialmente para el recluso un ámbito provisional de intimidad. Ahora bien. USO DE EUSKERA 21 Véanse los criterios de actuación. no las acciones privadas e íntimas de los hombres. 18. Sin duda. cuando son autorizadas. quedando.)” (STC 89/87). (2003) Cuadernos de Derecho 14 . más allá de todo ello. tal vez. relaciones que. pero esa restauración episódica es resultado de una concesión del legislador. de verse en la dura necesidad de solicitarla. En la STC 89/87. y partiendo del dato cierto de que la sexualidad pertenece al ámbito de la intimidad.) lo que el Derecho puede proteger.. como violación de la intimidad y por eso también degradantes.
que provoca que su eventual restricción. puedan comunicarse de manera periódica con sus familiares. refiere la posibilidad de que los internos.. Madrid. o la reciente STC 169/03. habilita la comunicación con profesionales acreditados en lo relacionado con su actividad. con la salvedad de que se encuentren en situación de incomunicación judicial. que las abordó desde una perspectiva hasta el momento poco explorada. En primer lugar. cabe destacar cómo la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge en sus artículos 51 a 53 el régimen de comunicaciones de los internos en centros penitenciarios de una manera amplia. ésta es mucho mayor en los establecimientos penitenciarios “puesto que en definitiva es su único medio de contacto con el mundo exterior. 170/96. amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria. etc. 175/97. Estudios jurídicos. Por más que desde la perspectiva del secreto a las comunicaciones en el ámbito penitenciario existe una muy amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional (cabría destacar aquí ejemplificativamente las SSTC 73/83.Derivando ahora de lo particular a lo general. deba ser rodeada de las máximas garantías22. 183/94. pág. 23 Véase. GARRIDO GUZMÁN. Por último. 15 ..). (II). de forma oral o escrita. ALHAMBRA PEÑA Destaca que si bien respecto a la persona en libertad estos derechos tienen trascendencia. Precisa la Ley para estas comunicaciones que su celebración habrá de hacerse respetando al máximo la intimidad (concepto cuya concreción dividiría a la doctrina23). Comentarios a la Legislación Penal. (1986) “Comunicaciones y visitas”. Cuerpo de Secretarios Judiciales. cuando su presencia hubiera sido reclamada previamente. de septiembre pasado. “comunicaciones entre reclusos”). 102. 192/02. y al abordar las comunicaciones con abogados o procuradores. con los asistentes sociales y con sacerdotes o ministros de su religión. destaca que (más allá de las exigencias de departamentos apropiados para su celebración) no podrán ser suspendidas o intervenidas excepto por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo. y con independencia de la estrecha vinculación del derecho a la intimidad con las eventuales restricciones Penitenciario. 200/97. (Tomo VI. (2000) “Medidas restrictivas de los derechos fundamentales de los internos”. 22 E. dada la trascendencia de las mismas en dicho ámbito. del interés del tratamiento o de la existencia de razones de seguridad. L. Volumen II). M. Editorial Revista de Derecho Privado. En segundo lugar. COBO DEL ROSAL. no teniendo mayores restricciones que las que derivasen del buen orden del establecimiento. de modo que cualquier restricción de este derecho fundamental supone una injerencia que me atrevo a calificar de más gravosa y de mayores consecuencias”. nº 11. lógicamente. Este hecho no sorprende. con la sociedad. (Dir. -donde marcaría la pauta el concreto interlocutor-..
Tecnos. ”las restricciones impuestas por razones de seguridad. no podemos perder de vista el carácter formal del concepto de secreto del artículo 18. esto es. que el uso de una lengua desconocida por los funcionarios del establecimiento puede atentar a algún interés constitucionalmente protegido”. A estos efectos. Casi un cuarto de siglo después de la aprobación de la Ley General Penitenciaria. terminará destacando que si bien la comunicación familiar no sería en ningún caso un derecho absoluto. MARTÍNEZ ESCAMILLA. cuya referente no era otro que la prevalencia de los derechos fundamentales y el respeto a la dignidad humana en este ámbito. parece de interés citar igualmente las sentencias del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción sobre los sistemas de grabación permanente en locutorios (St.INTIMIDAD Y REFORMAS PENITENCIARIAS. Tras estas reflexiones. (2000) La suspensión e intervención de las comunicaciones del preso. necesidad y proporcionalidad. que estimó el amparo interpuesto por un recluso al que no se permitió utilizar el euskera en la comunicación telefónica con sus familiares. de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento no son aplicables a las comunicaciones telefónicas de un interno con su familia. 24 En otro orden de cosas. el derecho efectivamente vulnerado fue la intimidad. al conceder la autorización condicionada. mención necesaria en este punto serían las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Detenidos que habían sido aprobadas seis años antes por el Consejo de Europa. nº 4/95. comunicaciones del recluso. con ese telón de fondo. no resultaría absolutamente determinante el grado de tratamiento en que se pudiera encontrar el recluso. Supuso nuestra incorporación a los modernos movimientos de reforma penitenciaria.3 de nuestra norma suprema25. Madrid. 25 Sobre esta concreta cuestión.. resaltar su trascendencia parece poco menos que tópico. de 7 de julio). que no se habrían cumplido en el caso analizado. como es sabido. en la lengua propia. en este caso familiar. y que. nacional o extranjera. Señalará el Tribunal aquí que las limitaciones establecidas por la Ley penitenciaria. M. salvo que se razone. Esto nos lleva a abordar únicamente una sentencia en la que. serían revisadas posteriormente a finales de la década de los ochenta. del recluso. su eventual limitación o condicionamiento debe venir precedido de una ponderación de valores en la que se respete las exigencias precisas de idoneidad. 4. Hacemos referencia concretamente al supuesto conocido por la STC 201/97. de 28 de junio y 6/95.a las mismas24. 16 .
Por más que de un tiempo a esta parte se haya querido profundizar en esa idea humanizadora. por supuesto. una referencia expresa al derecho a la intimidad personal y familiar del recluso. creencias religiosas. políticos. Inmediatamente a continuación de esta previsión se configuraría el conjunto de derechos y obligaciones recíprocas entre la Administración y el interno. que determinaría su relación jurídica: respeto de la personalidad humana. sino dentro del conjunto del sistema penal. la retención y custodia de los reclusos. opinión política. de los derechos e intereses no afectados por la condena sin distinción alguna por raza. como vemos. salvo que fueran incompatibles con el objeto de la detención o el cumplimiento de la condena. en el ámbito penitenciario. claro está. Sería el Reglamento Penitenciario (especialmente tras la reforma del 96) el que incidiría con mucho mayor énfasis en la importancia de este derecho. mejor dicho. aunque en genérico. de la posibilidad de ejercitar los derechos civiles. es en nuestro ordenamiento fundamento del orden político y de la paz social. condición social o cualesquiera otra de análoga naturaleza. ahora resaltada. no olvidemos.Se pretendía comenzar a dar sentido así a los principios de reeducación y reinserción social hacia los que habían de orientarse las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad. protegido incluso. estaría vinculado de manera directa con la dignidad de la persona. aunque se entendería incluida. sí se haría con relación a dos cuestiones puntuales. el principio celular y la celebración de las comunicaciones. En todo caso. sin exclusión del derecho de sufragio. integridad y salud de los internos. como así se consagró en el apartado segundo del artículo 25 de nuestra norma suprema. Dicha acentuación. deriva sin duda de la difícil disociación entre la humanización de las penas. económicos y culturales. con la búsqueda de penas alternativas a la prisión. como la intimidad. que. No contempló la Ley del 79. divisa del tratamiento penitenciario moderno y el necesario respeto de un derecho que. todavía con mucho mayor sentido. sin olvidar. haciendo un uso más limitado del encarcelamiento (se 17 . estos principios fueron el pórtico de la propia Ley al señalarlos como fines primordiales de estas medidas. en la genérica referencia al mantenimiento de los derechos. no ya únicamente en el seno del sistema penitenciario. Entre ellos haría reseña especial. Precisamente. y en concreto del derecho a la vida. así como el derecho a ser designado por su propio nombre o no ser sometido a malos tratos de palabra u obra. sociales. o.
verse satisfechas. únicamente sería preciso hacer efectiva en la práctica lo que la propia normativa penitenciaria consagra. 26 A efectos comparativos sobre la situación en Europa en este punto puede verse el Informe sobre los Derechos Fundamentales en la Unión Europea en 2002 elaborado por la Comisión de Derechos y 18 . El principio celular. reseñar que en el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2002 se señala que sólo ocho centros de un total de setenta y siete no superan el 100% de la ocupación operativa (dos internos por celda)26. no está de menos reseñar esa propuesta doctrinal de consagrar el principio de celda individual para los internos clasificados en primer y segundo grado de tratamiento. En la actualidad. al hilo de este punto. 50. ha aumentado.594 en 2001.. Si bien a priori pudiera parecernos que hablar de intimidad en el ámbito penitenciario es hablar de un mito. Ésta. O también. por el contrario. continuando con esta medida de seguridad. ello no ha redundado. En ocasiones. Los datos son suficientemente clarificadores. que ésta se felicitaba porque gracias a la puesta en marcha entonces de dos nuevos centros penitenciarios se había posibilitado que la tasa de ocupación en las prisiones se mantuviera únicamente en un 106%. Hasta tal punto parece haberse asumido esta masificación como una suerte de déficit estructural. un ecógrafo por ejemplo. en una disminución de la población reclusa. según datos del Ministerio del Interior es de 53. ni parece presumible que lo haga. que la apelación a la reeducación y resocialización aplicada a este mismo campo. a mayor abundamiento. se nos ocurre. mayor si cabe. como podemos observar. habiéndose incrementado sensiblemente.entiende la prisión como última ratio).537 en 2002 o 46. reservando exclusivamente la celda compartida o los dormitorios colectivos para internos clasificados en tercer grado. dicho derecho. ya desde un primer momento. con poco. respecto de los años anteriores. que hiciera lo propio con la regla de la subsidiariedad. que de criterio general (recordemos el tenor del artículo 19 de la Ley General Penitenciaria) parece tornarse en excepción en infinidad de ocasiones. o.937 internos en el año en curso. parece lógico afirmar que las propias infraestructuras condicionan así. la preferencia por el uso de instrumentos electrónicos. la población reclusa. Ello con las lógicas consecuencias que la masificación de los centros penitenciarios provoca en la intimidad del recluso. hacer lo propio con la efectiva consagración de los principios de proporcionalidad y necesidad en los cacheos con desnudo integral. etc. y. lo cierto es que algunas de sus manifestaciones podrían. que podemos llegar a leer en un reciente Informe de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. a la vista de los mismos.
Libertades de los Ciudadanos. se trataría de una notificación que no implicaría una menor eficacia de las actuaciones y que permitiría cotejar de manera cierta la necesidad. del Parlamento Europeo. una posibilidad la encontraríamos en la necesidad de notificarles desde el centro penitenciario la práctica de cacheos con desnudo integral ya que. reduciendo al mínimo las repercusiones perjudiciales de la reclusión sobre la base de principios como la congruencia y la proporcionalidad. quizá fuera preciso repensar algunos extremos de la normativa penitenciaria a la luz de las recomendaciones que se realizan desde el Defensor del Pueblo (cuya actuación en este campo está siendo de indudable valor). Si bien cabría citar otra serie de cuestiones que permitirían atenuar la indudable afección de la intimidad en el ámbito penitenciario hasta el punto menos restrictivo posible. 19 . incluso en este ámbito. “justice cannot stop at the prison gate”).En otras ocasiones. la conveniencia de que los reclusos se encontraran presentes durante el registro de sus celdas. idoneidad y proporcionalidad de la medida evitando eventuales abusos (recordemos que ésta ha sido también una petición que se viene haciendo desde tiempo atrás desde muy diferentes instancias). como. lo que pareciera proceder es la necesidad de una mayor integración de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria. O incluso en otras. creemos que los ejemplos referidos son una buena muestra de hacia donde debe caminar nuestro sistema penitenciario. y ha servido de elemento correctivo de las desviaciones producidas en tal régimen (sirviéndonos de la conocida expresión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Campbell y Fell v. Reino Unido. y ello sin desatender la seguridad y buen orden regimental del centro penitenciario. por ejemplo. Justicia y Asuntos Interiores. como vimos. figura que ha supuesto desde su creación un elemento dinamizador en orden a hacer efectivos dichos derechos en los centros penitenciarios. haciendo bueno el valor preferente de los derechos fundamentales.
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