Source: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/1994/Comunicados%2021-28.htm
Timestamp: 2020-04-06 09:13:42+00:00

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Comunicados 21-28
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos, en el 87º período de sesiones (del 19 al 30 de septiembre de 1994), consideró la situación de los derechos humanos en Haití y decidió aceptar la invitación del Gobierno para efectuar una visita a ese país.
La Comisión efectuará dicha visita del 24 al 27 de octubre de 1994. La Delegación especial de la CIDH estará integrada por las siguientes personas: Prof. Michael Reisman, Presidente de la CIDH; Dr. Patrick Robinson y Prof. Claudio Grossman, Miembros de la Comisión; Dra. Bertha Santoscoy-Noro, especialista en derechos humanos a cargo de Haití, y las Dras. Relinda Eddie, Isabel Ricupero y Meredith Caplan.
El propósito de la visita es seguir observando la situación de los derechos humanos en Haití y evaluar el ejercicio y el respeto de esos derechos conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Haití es parte, y formular las recomendaciones que la Comisión considere necesarias.
En el transcurso de su misión, la Delegación espera entrevistarse con representantes de todos los sectores sociales haitianos para tener una mayor comprensión de la evolución de la situación de los derechos humanos en Haití.
La Comisión estará a disposición de todas las personas que deseen presentar denuncias individuales de violación de los derechos humanos, el martes, 25 de octubre, de las 10:00 a.m. a las 12:00 a.m, en el Hotel Villa Créole.
Al cabo de la visita, la Comisión ofrecerá una conferencia de prensa en el Hotel Holiday Inn, el 27 de octubre a las 9:00 a.m.
Port-au-Prince, 19 de octubre de 1994
En el 87º período de sesiones (del 19 al 30 de septiembre de 1994), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la invitación del Gobierno constitucional de Haití para efectuar una visita destinada a observar la situación de derechos humanos en el país. La observación in situ fue efectuada entre el 24 y el 27 de octubre de 1994.
La delegación especial de la Comisión estuvo integrada por el Profesor Michael Reisman, Presidente de la Comisión; el Sr. Patrick Robinson, el Profesor Claudio Grossman, Miembros de la Comisión; la Dra. Bertha Santoscoy-Noro, especialista en derechos humanos a cargo de Haití, y las Dras. Relinda Eddie, Meredith Caplan e Isabel Ricupero, abogadas. El Sr. Serge Bellegarde se desempeñó como traductor. Las Sras. Gloria Hansen y Cecilia Adriazola prestaron apoyo administrativo y de secretaría.
La visita de la delegación especial de la CIDH, que concluye hoy, fue realizada en el marco del mandato de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Haití es parte.
En el curso de la visita, la Comisión se reunió con el Presidente de la República, Jean Bertrand Aristide, a quien expresó la profunda satisfacción de la Comisión por el restablecimiento del régimen democrático en el país. La Comisión reiteró su interés en continuar la cooperación en relación con todos los asuntos que abarca su mandato.
La Comisión se entrevistó con el Jefe de las Fuerzas Armadas, General Jean Claude Duperval, en relación con los cambios que se están llevando a cabo en ese sector.
La Comisión se reunió también con el Embajador Colin Granderson, Jefe de la misión de la OEA y la ONU, y el Sr. Tiebile Drome, así como con los representantes diplomáticos de los cinco Países Amigos de Haití: Argentina, Canadá, Estados Unidos, Francia y Venezuela. Además, la Comisión se reunió con miembros del Parlamento, con el coordinador de la ex Comisión Presidencial, Padre Antoine Adrien, y con el Alcalde de Port-au-Prince, Sr. Evans Paul.
Asimismo, la Comisión se reunió con representantes de grupos defensores de los derechos humanos, organizaciones comunitarias y dirigentes de los partidos políticos para recabar información sobre la situación de derechos humanos en el país. La Comisión entrevistó a representantes de la prensa oral y escrita, quienes expresaron su opinión sobre la situación de la libertad de prensa en Haití. También se reunió con el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, con representantes sindicales, de la Cámara de Comercio, del sector industrial y de varias organizaciones eclesiásticas.
La Comisión visitó el Centro Penitenciario Nacional de Port-au-Prince y estuvo en las ciudades de Saint-Marc y Gonaives, donde se reunió con las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. La Comisión visitó las prisiones de ambas localidades, recabó información directa sobre la situación jurídica y las condiciones de higiene y nutrición de los reclusos, así como sobre las condiciones carcelarias en general.
En el curso de su estadía en Haití, la Comisión recibió información y numerosas denuncias de víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el régimen dictatorial.
A partir del 19 de septiembre de 1994, fecha de arribo de la Fuerza Multinacional, se inició un proceso de cambios fundamentales en Haití. El cambio es especialmente notable en contraste con la situación observada por la Comisión en el curso de su visita anterior, de mayo de este año. El fin del régimen dictatorial y el retorno del presidente constitucional Jean Bertrand Aristide, son etapas esenciales del proceso encaminado a poner fin al clima general de terror y violación de los derechos humanos que prevalecía en Haití.
Con el regreso del Presidente se han iniciado otros importantes cambios. En Port-au-Prince y en algunas zonas urbanas importantes, la población tiene ahora libertad para expresar su apoyo al régimen constitucional. Han revivido las libertades de expresión, de prensa y de asociación, tras la represión sistemática de la dictadura. La Comisión ha observado una reanudación de la actividad política en muchas zonas del país.
Pese a los importantes progresos registrados, subsisten graves problemas heredados de la dictadura militar.
Una de las tareas más difíciles de la transición a una sociedad civil con cultura constitucional es el desarme de los grupos paramilitares. Durante la dictadura militar, se armaron grupos paramilitares que fueron responsables de muchas violaciones de los derechos humanos. En las semanas previas a la llegada de la Fuerza Multinacional, la dictadura militar declaró públicamente que se proponía distribuir armas a las fuerzas irregulares. Hasta ahora, la Fuerza Multinacional a requisado lo que parece ser una cantidad relativamente pequeña de armas y existen informes de armas ocultas que aún no han sido localizadas.
La Fuerza Multinacional destruyó el armamento pesado del ejército haitiano que se utilizó en el golpe. Sin embargo, las armas y el aparato de la dictadura siguen siendo factores críticos en algunas zonas del país donde la Fuerza Multinacional aún no ha establecido su presencia. La Comisión tiene en su poder pruebas de que prevalece el estado de inseguridad en zonas de Artibonite, en Jacmel, en Petit-Goave y en Desdunes, para poner sólo unos pocos ejemplos. Una de las manifestaciones de inseguridad es el "marronage", así como la persistencia del desplazamiento de personas. En algunos departamentos, los "chefs de section" siguen operando, pese a haber estado involucrados en violaciones de los derechos humanos.
Testigos que comparecieron ante la Comisión y que representan una amplia gama de posiciones y opiniones convinieron que el desarme de los grupos paramilitares es un paso esencial y un requisito previo para el establecimiento de una sociedad civil basada en el imperio del derecho. La Comisión es consciente de las dificultades de hallar las armas ocultas, pero exhorta a redoblar esfuerzos y a la consecución más firme del proceso de desarme. La Comisión observaría que la posesión de armas de fuego está reglamentada en la Constitución, que exige declarar la tenencia de armas a la policía.
Aún no hay una fuerza policial legítima en Haití, como no hay un sistema judicial adecuado y eficiente. El orden público descansa en la presencia de la Fuerza Multinacional. Aunque la moderación y el espíritu de civismo demostrado por el pueblo haitiano han sido hasta ahora ejemplares, la Fuerza Multinacional se ha visto a veces arrastrada a cumplir una función policial ante situaciones graves y urgentes. También se ha creado una situación anómala en la cual conocidos "attaches" y "macoutes" han sido detenidos por la fuerza multinacional y entregados a la policía haitiana, que los ha puesto en libertad. En consecuencia, el sistema todavía no ha podido funcionar de modo de permitir la detención de los implicados en delitos internacionales y crímenes de lesa humanidad.
Es por todos reconocido que el establecimiento de una policía neutral, profesional y eficiente es un paso indispensable. La Comisión ha tomado nota con satisfacción de los planes de crear una academia de policía como medio para capacitar cuadros profesionales. Pero existe una necesidad inmediata de una fuerza policial y un sistema judicial independientes y eficientes. Es, por tanto, esencial que, aparte de los empeños por construir instituciones permanentes, se despliegue de inmediato una fuerza provisional. La misma debe tener legitimidad y satisfacer las necesidades de la población en materia de orden público. El Gobierno haitiano debe aplicar los criterios más rigurosos en la selección del personal policial. Demás está decir que en un sistema constitucional la policía debe estar subordinada a la autoridad civil.
Análogamente, pese a que se están empezando a aplicar planes para reestructurar el poder judicial, existe una necesidad urgente de contar con programas de capacitación para establecer un sistema judicial provisional. Deberá ponerse énfasis en los derechos humanos, la integridad de las personas y la adhesión al Gobierno constitucional y la justicia.
El sistema carcelario que ha heredado el Gobierno constitucional está en crisis. Debería clausurarse la Penitenciaría Nacional, pues está muy por debajo de los estándares internacionales mínimos. Quizá el Gobierno desee invitar a expertos internacionales en sistemas carcelarios para transformar uno de los campamentos militares en una prisión nacional modelo, ya que dichos campamentos ya no serán necesarios en vista de la proyectada reducción de las fuerzas armadas. Se requerirá asistencia internacional, por lo cual la Comisión exhorta a la comunidad internacional a que brinde asistencia en este empeño. La Comisión celebra los planes de transferir la jurisdicción de las prisiones de la órbita militar a la civil. Pero los problemas más urgentes del sistema carcelario deben abordarse de inmediato. En dos de las tres cárceles que visitó la Comisión, los reclusos no reciben alimentos de las autoridades. En la otra, se les proporciona una magra ración diaria. El Estado tiene que alimentar a quienes ha encarcelado.
El Gobierno constitucional ha heredado un sistema carcelario que ha detenido a cientos de personas, en algunos casos hasta por veinte meses, sin haber comparecido ante el juez. Ello constituye una violación de la Convención Americana y de la Constitución de Haití. La Comisión considera urgente el establecimiento de una comisión especial, tan pronto se confirme en el cargo al Ministro de Justicia, para que examine de inmediato la situación de los reclusos.
Es necesario conocer exactamente lo que ocurrió durante la dictadura militar y, en particular, contar con un detalle de las violaciones de los derechos humanos que sufrió el pueblo haitiano, para que Haití pueda reconstruir su sociedad y su gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que, en casos de violaciones de los derechos humanos, el gobierno tiene la obligación de investigar, establecer responsabilidades y publicar sus conclusiones. La inexistencia de procedimientos jurídicos para realizar esta tarea no sólo constituye una violación de la Convención Americana, sino que es también un grave obstáculo para que cicatricen las heridas de la sociedad a través de la verdad y la reconciliación. Hay muchos modelos para cumplir esta obligación, tanto nacionales como internacionales, pero la Comisión no sugiere ninguno en particular. La Comisión reiteraría, no obstante, que la investigación de las violaciones a los derechos humanos es una responsabilidad irrenunciable.
La Comisión espera que el Gobierno haitiano se apresure a establecer por ley un comité nacional de compensación, integrado por juristas haitianos de prestigio, para recibir las denuncias de los haitianos que han sufrido violaciones de sus derechos humanos. Se han efectuado denuncias de que algunos sujetos involucrados o estrechamente vinculados al ejército han confiscado ilegalmente bienes de propiedad privada, derecho amparado también por la Convención Americana. Es preciso escuchar cuanto antes las denuncias y establecer las compensaciones a que esos hechos dieron lugar. Toda nueva comisión, así como el sistema judicial que se establezca, deben usar el creole como idioma de trabajo.
La Comisión quisiera agradecer al Presidente Aristide por la invitación para visitar Haití. La Comisión también quisiera agradecer a las autoridades, organizaciones y particulares que han colaborado con ella durante la visita.
De acuerdo con las funciones que le atribuyen la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión seguirá desarrollando sus actividades de protección y fomento de los derechos humanos en Haití, y ofrece su plena colaboración al Gobierno constitucional de la República de Haití.
Port-au-Prince, 27 de octubre de 1994
Nº 23/94
El día 7 de noviembre de 1994, se inicia la visita que por invitación del Gobierno de la República del Ecuador, realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos, con el objeto de observar la situación de tales derechos en el país.
La Comisión Especial está integrada por el Prof. Michael Reisman, Presidente de la Comisión, Dr. Alvaro Tirado Mejía y Dr. Leo Valladares Lanza, Primer y Segundo Vicepresidentes de la Comisión y el Emb. John Donaldson. La Comisión será asistida durante su visita por el Dr. David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, el Dr. Domingo Acevedo, Asesor Especial de la Comisión, Dra. Elizabeth Abi-Mershed, y las Sras. Gabriela Hageman y Rosario McIntyre.
Durante el curso de la visita que se extenderá hasta el día viernes 11 de noviembre, la Comisión se entrevistará con autoridades del Poder Ejecutivo, representantes del Congreso Nacional y del Poder Judicial, altas autoridades de las Fuerzas Armadas, otras autoridades del Gobierno y de instituciones oficiales, representantes de organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, y otros sectores representativos de la sociedad ecuatoriana. Asimismo, la Comisión visitará varios centros penales de reclusión. Durante su estadía en el Ecuador, la Comisión pretende también desplazarse a la ciudad de Guayaquil y a la Amazonía para tener una visión más amplia de la situación de los derechos humanos.
Como es habitual en estas visitas, la Comisión recibirá denuncias sobre alegadas violaciones a los derechos humanos que presenten las personas interesadas, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. durante su estadía en Quito, en sus oficinas del Hotel Colón.
La visita de la Comisión se realiza de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con lo dispuesto en las normas reglamentarias de la Comisión según las cuales el Gobierno del Ecuador se ha comprometido a otorgar todas las garantías a las personas, grupos y entidades que deseen entrevistarse con la Comisión, así como a prestar todas las facilidades que la Comisión requiera para cumplir con las tareas que demanda la visita.
Al concluir su visita, la Comisión convocará una conferencia de prensa en la Sala de Sesiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Avenida 6 de Diciembre 794, el día viernes 11 de noviembre de 1994.
Quito, 4 de noviembre de 1994
El día de hoy 11 de noviembre de 1994 finalizó la visita que, por invitación del Gobierno del Ecuador, realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de observar la situación de los derechos humanos en este país. Participaron en la visita el Presidente de la Comisión, Profesor W. Michael Reisman; el Primer Vicepresidente, Embajador Alvaro Tirado Mejía; el Segundo Vicepresidente, Dr. Leo Valladares Lanza, y el Embajador John Donaldson, miembro de la Comisión. La Comisión estuvo asistida por el Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, el Dr. Domingo E. Acevedo, Asesor Especial de la Comisión y por la Dra. Elizabeth Abi-Mershed, y las señoras Gabriela Hageman y Rosario McIntyre.
Durante su visita la Comisión se reunió con el Vicepresidente de la República, Dr. Alberto Dahik Garzozi; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Francisco Acosta Yepes y el Presidente de la Sala Constitucional de la misma Corte, Dr. Hugo Ordoñez Espinosa; el Presidente del Congreso Nacional, Dr. Heinz Moeller; el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Galo Leoro Franco; el Ministro de Minas y Energía, Dr. Gustavo Galindo; el Ministro Fiscal General de la Nación, Dr. Fernando Cazares; el Ministro de Defensa Nacional, General José Gallardo Román; el Ministro de Gobierno y Policía, Dr. Marcelo Santos y el Director de Rehabilitación Social de ese Ministerio, Dr. Juan José Páez; el Presidente de la Comisión Permanente sobre Derechos Humanos, Diputado Juan José Castelõs y con otros miembros del Congreso Nacional; y el Comandante General de la Policía Nacional, General Miguel Rocero Barba.
La Comisión también mantuvo reuniones con las representantes de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Hermanas Elsie Monge y Laura Glynn; y con los representantes de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), Drs. Gloria Maira y Javier Mena; el representante del CONAIE, señor Luis Macas; el representante del COICA, señor Valerio Grefa; el representante del CONFENIAE, señor Edmundo Vargas, y representantes del ECUARUNARI, FICI, FOIN y OINAE.
Voceros de otros organismos no gubernamentales, como Acción Ecolológica, Ecociencia, CEDENMA y Fundación Natura dialogaron con la Comisión, al igual que otras personas e instituciones representativas de la sociedad ecuatoriana como la Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos, El Foro de la Niñez, Consejo Latinoamericano de Iglesias, Comité de Ayuda a Refugiados y Desplazados por la Violencia, Fundación Ecuatoriana de Ayuda, Educación y Prevención del SIDA, la Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos VIH-SIDA, Federación Nacional Afro-ecuatoriano, y el Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana.
La Comisión recibió también a familiares de detenidos y de desaparecidos, a representantes de personas que han interpuesto un elevado número de quejas de conformidad con lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a otras personalidades y entidades interesadas en la situación de los derechos humanos en el Ecuador.
En Quito la Comisión visitó los Centros de Rehabilitación número 1 (Penal García Moreno), número 2 (Cárcel de la Calle Ambato), número 3; número 4; y el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres (Cárcel del Inca). En cada uno de las facilidades, la Comisión se reunió con las autoridades y varios detenidos.
Una delegación de la Comisión se trasladó a Guayaquil para tomar conocimiento de la situación de la Penitenciaría del Litoral y de la Cárcel de Mujeres. En esa ciudad la delegación dialogó con el señor Gobernador de la Provincia, doctor Angel Duarte Valverde, con el Presidente de la Corte Suprema, Dr. Cristóbal Orellana y con otras autoridades de la Provincia de Guayas; con representantes del Frente Ecuatoriano de Defensa de Derechos Humanos(FEDHU) y del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
Otra delegación de la Comisión se trasladó a Lago Agrio, Shushufindi y posteriormente a Coca. En los alrededores de estos lugares la delegación inspeccionó una serie de pozos y piscinas de petróleo crudo y sus efectos sobre el medio ambiente local. Asimismo, la delegación se entrevistó con representantes de los pueblos Cofan, Siona-Secoya, Shuar, Achuar, Quichua y Huaorani, y con representantes de diversos grupos, incluyendo el Frente de la Defensa de la Amazonía, la Federación de Comunas, el Parlamento de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (PANIAE), la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNIAE), la Comisión de Derechos Humanos Francisco de Orellana, campesinos de la organización La Delicia y de Primavera, así como con representantes de las Misiones Carmelita y Capuchina.
Las observaciones y contactos realizados en estos días de intensa actividad le han permitido a la Comisión obtener una visión amplia de la situación de los derechos humanos en el Ecuador. Se ha recopilado una abundante y valiosa información que será utilizada para preparar el informe que sobre la visita elaborará la Comisión.
La Comisión fue informada sobre medidas legislativas y administrativas adoptadas y otras en curso de serlo, con el objeto de evitar violaciones de derechos humanos. La Comisión estima que esas medidas deberían ser complementadas con algunas otras que protejan, en forma eficaz, los derechos y garantías consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión está plenamente consciente de los problemas derivados de los ajustes estructurales que producen tensiones sociales. Por otra parte, altos funcionarios del Gobierno informaron a la Comisión sobre el problema que padece la sociedad ecuatoriana como consecuencia del narcotráfico. Virtualmente todas las personas que dialogaron con la Comisión, inclusive funcionarios del Gobierno y miembros del Poder Judicial, consideraron que el desempeño de los tribunales judiciales constituye, por sí mismo, un grave problema y es a su vez la causa de otros problemas que inciden en la aplicación de la Convención Americana.
Durante las visitas a los centros penitenciarios la Comisión pudo constatar que existe, en la mayoría de ellos, un número de internos muy superior a la capacidad con que cuentan esos centros. La Cárcel de Mujeres de Guayaquil, por ejemplo, posee capacidad para 80 internas y en la actualidad se encuentran alojadas 209 internas, además de 70 niños que permanecen encerrados con sus respectivas madres ante la imposibilidad de ser custodiados por otros familiares.
Por otra parte, la Comisión ha observado con interés los experimentos innovadores que se llevan a cabo en la actualidad en algunos centros de rehabilitación de Quito, con los auspicios de personas y fundaciones privadas, y ha solicitado información adicional sobre tales proyectos y sus efectos en la población carcelaria.
Debido a la excesiva demora en el juzgamiento de las personas detenidas y a la ausencia de un adecuado sistema de libertad bajo fianza, más del cincuenta por ciento de la población carcelaria permanece detenida durante períodos excesivamente prolongados de tiempo sin que se determine su culpabilidad o inocencia mediante una sentencia judicial. Esa demora se traduce en una grave injusticia en el caso de las personas que, después de varios años de detención, son declaradas inocentes, así como de quienes permanecen encarceladas durante un período mayor que el que corresponde a la pena máxima que podría aplicarse según la ley a la persona detenida. La Comisión tramita en la actualidad casos en los cuales los reclamantes ya han permanecido detenidos sin sentencia durante un período mayor que el que corresponde a la pena máxima que cabría aplicar al acusado.
Estas demoras constituyen una transgresión manifiesta de la Convención Americana puesto que violan el principio según el cual una persona se presume inocente mientras no se haya probado su culpabilidad, y al mismo tiempo priva a las personas de su libertad sin observar el debido proceso legal.
De acuerdo con la Convención Americana, los jueces tienen la obligación de procesar y juzgar con celeridad a las personas acusadas, o de lo contrario decretar su libertad. El Estado ecuatoriano, de acuerdo con la obligación asumida al ratificar la Convención Americana, es responsable de la violación de esta obligación.
Pero el problema del Poder Judicial trasciende el derecho penal. La Comisión ha recibido información de demoras prolon-gadas en casos sobre derecho de propiedad y en los relacionados con los derechos de las poblaciones indígenas; se han recibido, asimismo, denuncias de corrupción. La eficacia del Poder Judicial en su función de contralor de las fuerzas policiales ha sido criticada por varias personas e instituciones y se han presentado ante la Comisión numerosos casos en los cuales se alega impunidad por parte de miembros de la policía. Los representantes de las poblaciones indígenas que participaron en una audiencia con la Comisión expresaron su falta de confianza en el Poder Judicial.
Un Poder Judicial independiente y eficaz constituye un requisito esencial de un sistema moderno de democracia y, en realidad, de un sistema moderno de libre mercado. Un sistema judicial con esas características representa una parte importante de la legitimidad popular de cualquier sistema moderno de gobierno. De conformidad con la Convención Americana los habitantes de los Estados partes en la Convención tienen derecho a un sistema judicial imparcial e independiente. El artículo 25 de la Convención establece:
La Comisión ha concluido su observación en el Ecuador con ciertas dudas acerca del cumplimiento del Estado ecuatoriano con esta importante obligación.
Otro aspecto relacionado con el problema judicial es el de la falta de defensa de muchos acusados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que se trata en este caso de un derecho fundamental. Sin embargo, la Comisión ha recibido quejas de muchos acusados que no han podido contar con el patrocinio de abogados y ha sido informada que en la jurisdicción de Quito sólo existen cuatro defensores públicos. La Comisión considera que los poderes del Estado ecuatoriano deben propiciar cuanto antes la modificación de la ley orgánica de la Función Judicial, a efecto de subsanar esta falencia. La situación en las zonas rurales es aún más grave. La Comisión considera que esta cuestión puede, y debe, ser remediada con carácter urgente.
Pobladores de las provincias se quejaron ante la Comisión respecto de la existencia de grupos organizados de delincuentes que operan en áreas rurales con la aparente acquiescencia de las autoridades locales.
La contaminación del medio ambiente como resultado de la explotación petrolera ha sido ampliamente difundida en los medios de comunicación del Ecuador y a nivel internacional. La Comisión visitó cinco lugares en el oriente. En uno de esos lugares agua aparentemente limpia se vaciaba en el río. En otro el agua se encontraba en proceso de purificación mediante contrato. En otro, Dureno, no se observó intento alguno por purificar el agua antes de vaciarla en el río. En las instalaciones de Petro Ecuador en Shushufundi Norte, agua altamente contaminada se vaciaba en un río tributario. Si se considera que habrían más de doscientas piscinas en el país y solamente treinta de ellas han sido purificadas, la proporción de piscinas contaminadas es alarmante. La descontaminación es necesaria a fin de rectificar errores que jamás debieron ocurrir. Tanto el Estado como las empresas encargadas de la explotación podrían resultar responsables como consecuencia de estas anomalías.
El Estado no ha adoptado hasta la fecha medida efectiva alguna a fin de solucionar esta cuestión. El agua es vida y en el Oriente las personas beben, se bañan y dan de beber a sus animales en el mismo lugar. En la medida en que el agua afecta adversamente la vida y la salud, la inacción gubernamental podría constituir una violación del Artículo 4 de la Convención. La Comisión insta al Gobierno ecuatoriano a remediar este problema con carácter urgente.
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 27 de la Convención Americana, el gobierno que declare un estado de emergencia debe informar prontamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno ecuatoriano aún no ha cumplido con este requisito, pero la Comisión ha sido informada durante la visita que esta omisión será corregida inmediatamente. Existen criterios internacionales para determinar la legalidad de un estado de emergencia. La Comisión considera pertinente observar que si bien la Convención autoriza la suspensión de determinados derechos, no autoriza en cambio la suspensión del sistema judicial. En este sentido, la Comisión expresa su preocupación por el artículo 3 del Decreto Presidencial sobre el estado de emergencia, porque podría entenderse que autoriza por adelantado la impunidad. En ningún caso el Estado puede suspender las garantías fundamentales "ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos", y es claro que los agentes del Estado que cometieren abusos en desarrollo de las actividades a que se refiere el Decreto Presidencial sobre estado de emergencia deben ser objeto de juzgamiento.
La Convención Americana protege el derecho de las minorías y prohibe la discriminación en contra de ellas. Representantes de minorías religiosas expresaron a la Comisión su profunda preocupación con respecto al proyecto de legislación mediante el cual se impartiría instrucción religiosa que no corresponde a la fe que esas minorías profesan.
Representantes de grupos que protegen los derechos de los homosexuales han indicado a la Comisión que la homosexualidad se considera un delito y que algunos homosexuales han sido encarcelados simplemente en virtud de su orientación sexual. Tal práctica no se compadece con las disposiciones contenidas en varios artículos de la Convención Americana y debe en consecuencia ser modificada.
La CIDH se reunió con representantes de varios grupos de poblaciones indígenas, así como con representantes de la Federación Afro-Ecuatoriana. Las cuestiones de derechos humanos planteadas en los reclamos de las poblaciones indígenas son complejas. En algunas partes del país tales cuestiones se relacionan exclusivamente con las poblaciones indígenas. En otras, ellas son compartidas por los campesinos que poseen un nivel económico de vida comparable al de dichas poblaciones indígenas. La Comisión felicita al Gobierno ecuatoriano por la creación de la Secretaría de Poblaciones Indígenas y Afro-ecuatoriana a nivel de Secretaría de Estado, y considera que es un paso importante, pero que su éxito dependerá en gran medida del apoyo que el Gobierno preste a dicha Secretaría. Los problemas que padecen las poblaciones indígenas se agravan por el defectuoso sistema judicial al que se hizo referencia anteriormente.
La Comisión ha sido informada sobre modalidades de cooperación entre representantes del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Confía en que tal cooperación continuará en reconocimiento a las importantes, y a veces arriesgadas, tareas que cumplen las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos en el Ecuador.
La Comisión desea expresar su reconocimiento al Gobierno del Ecuador por su hospitalidad, las facilidades que le concediera para realizar sus actividades y por la amplia colaboración que prestaron sus autoridades durante la visita, así como al pueblo ecuatoriano por las atenciones brindadas y por el clima de apertura en que la Comisión pudo desarrollar sus labores. Al hacerlo, confía en que las relaciones establecidas se profundicen aún más en el futuro, con miras a lograr la plena vigencia y protección de los derechos humanos a fin de fortalecer la convivencia democrática de que disfruta el pueblo ecuatoriano.
La Comisión desea asimismo destacar el interés demostrado por los medios de comunicación, lo que se tradujo en una extensa cobertura periodística.
Quito, 11 de noviembre de 1994
Nº 25/94
Con el consentimiento del Gobierno de Jamaica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una visita "in situ" a las penitencerias y los centros de detención de ese país, del 7 al 9 de diciembre de 1994. El objetivo de la visita es evaluar las condiciones de detención y todo lo relativo a las condiciones carcelarias, centros de detención y su funcionamiento en ese país.
La delegación de la Comisión estará integrada por el Prof. Michael Reisman, Presidente de la Comisión, el Embajador John Donaldson, Miembro de Comisión, y contará con los servicios de apoyo de la Dra. Edith Márquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva, y las abogadas especialistas en derechos humanos Dra. Relinda Eddie y Dra. Isabel Ricupero. La señora Gloria Hansen prestará servicios administrativos y de secretaría.
Al aceptar la visita, se entiende que, de acuerdo con las reglamentaciones, el Gobierno de Jamaica otorgará a la Comisión garantías de que podrá viajar libremente por el territorio de Jamaica, comunicarse libremente y en privado con quienes suministren información a la Comisión en relación con los temas vinculados a las condiciones carcelarias y la situación de las penitenciarias y los centros de detención, así como respecto de todos los asuntos afines a la cuestión, y de que no se tomará represalia alguna contra las personas que mantengan contacto con la Comisión.
En el curso de esta misión, la Comisión espera mantener reuniones con funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, con representantes de los reclusos y con reclusos, a fin de realizar una evaluación imparcial de las condiciones carcelarias y de los centros de detención en Jamaica.
La Comisión se hospedará en el Hotel Pegasus en Kingston, Jamaica.
Kingston, Jamaica, 5 de diciembre de 1994
Nº 26/94
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH de la OEA) por invitación del Gobierno de Guatemala, realizará una visita "in loco" del 12 al 15 de diciembre de 1994, enviando una Delegación Especial para observar la situación actual de los derechos humanos en ese país, y en seguimiento de su visita previa de marzo de este año cuyos trabajos y conclusiones se resumieron en un informe especial que enfocó especialmente los temas de refugiados y de las comunidades de población en el Ixcán y la Sierra.
La Delegación de la CIDH estará compuesta por el Prof. Claudio Grossman, miembro de la Comisión, quien es Decano de programas de Postgrado en la Facultad de Derecho de la American University en Washington, D.C., Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CIDH y Dr. Osvaldo Kreimer, Especialista Principal de la CIDH y encargo de los asuntos de Guatemala.
La Delegación esta ya tomando contactos previos con distintas autoridades nacionales y representantes de organismos no gubernamentales en la capital y el interior del país en preparación de sus actividades oficiales. Durante su estadía tendrá sus oficinas en el Hotel Princess de la capital, donde recibe peticiones e información. Como corresponde en estos casos el Gobierno ha asegurado el respeto legal y garantías para que no existan represalias para quienes tomen contacto con la Comisión en el cumplimiento de su mandato.
DE LA DELEGACION DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Visita in loco a Guatemala
Del 12 al 15 de diciembre de 1994
Nº 27/94
Hoy, jueves, 15 de diciembre concluyó la visita de una Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala. La visita realizada por invitación del Gobierno, tuvo como propósito observar la situación de los derechos humanos a fin de informar al pleno de la CIDH y en especial, recibir antecedentes sobre casos que actualmente tramita la Comisión originados en peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Guatemala.
La Delegación de la CIDH estuvo integrada por el Prof. Claudio Grossman, Miembro de la Comisión, el Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto y el Dr. Osvaldo Kreimer, Especialista Principal; y contó con el apoyo administrativo de la Sra. Cecilia Adriazola.
En Guatemala la Delegación desarrolló un amplio programa de actividades que incluyó entrevistas con los más diversos sectores tanto gubernamentales como de la sociedad civil. La Comisión fue recibida por el Señor Presidente de la República, Lic. Ramiro De León Carpio; el Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Lic. Oscar Barrios Castillo; la Presidente del Organismo Legislativo, Lcda. Arabella Castro de Comparini; el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, Lic. Gabriel Larios Ochaita; la Ministra de Relaciones Exteriores, Lcda. Gladys Marithza Ruiz de Vielmann; el Ministro de la Defensa Nacional, Gral. de División Mario René Enríquez Morales; el Ministro de Gobernación, Lic. Danilo Parrinello; la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Lcda. Gladys Anabella Morfín; el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Gustavo Hernández Polanco; el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Lic. Mario Guerra Roldán; el Fiscal General de la República, Lic. Ramsés Cuestas Gómez, el Procurador General, Lic. Acisclo Valladares; el Procurador Adjunto de los Derechos Humanos, Lic. Ricardo Alvarado Ortigoza; el Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, Lic. Jorge Cabrera Hurtarte; el Presidente de la Comisión Nacional para la atención a Repatriados Refugiados y Desplazados -CEAR-, Lic. José Mauricio Rodríguez; y el Subdirector Ejecutivo del Fondo Nacional para la Paz, Lic. Danilo Cruz Morales.
La Comisión realizó además viajes a distintos departamentos del interior para imponerse de las condiciones en la Sierra y el Ixcán, (Quiché) de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) y la de los retornados en Los Cimientos y en el área de Cuarto Pueblo. En Coatepeque se informó sobre la situación relativa a los conflictos de la Hacienda San José del Horizonte y otras fincas de ese área y de la Colomba. Observó también la situación en Chajul (el Quiché), en Chupol y tomó contacto con las autoridades militares de distintas bases, entre ellas, Playa Grande y Santa Cruz del Quiché.
La Comisión se reunió igualmente con numerosas personas e instituciones y organizaciones de derechos humanos y recibió testimonios y declaraciones de representantes de grupos religiosos, trabajadores, campesinos, refugiados, indígenas, desplazados, retornados y estudiantes.
La visita de la Comisión se da en un momento de trascendental importancia histórica para el hemisferio. El Domingo 11 recién pasado concluyó la Cumbre de las Américas en Miami, con la participación de treinta y cuatro Jefes de Estado libremente elegidos por sus pueblos, que en la Declaración de Principios de la Cumbre, reafirmaron su compromiso de preservar y fortalecer la democracia y la vinculación entre la democracia y los derechos humanos.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, César Gaviria, recogiendo el espíritu hemisférico, señaló en la Sesión Plenaria de la Cumbre que:
La Comunidad hemisférica ha aceptado la responsabilidad colectiva de defender la vigencia de la democracia y de sus instituciones, de los derechos humanos y del pluralismo en el continente. La pesadilla totalitaria que han vivido muchos de nuestros pueblos será por fin una época superada de la historia. Los golpistas saben que los pueblos del hemisferio no se quedarán solos en la defensa de sus libertades. Y, lo que es más trascendental, en ninguna otra región del planeta vivirán tantos millones de personas bajo el amparo de las libertades individuales y colectivas inherentes al sistema democrático.
II. LOS LOGROS DEL PROCESO DEMOCRATICO EN GUATEMALA Y LA IMPUNIDAD
La CIDH pudo constatar avances del proceso democrático en Guatemala, los que a su vez son amenazados por la persistencia de violaciones a los derechos humanos en un marco de impunidad.
La CIDH valora positivamente la apertura de importantes espacios democráticos de diálogo político en Guatemala. Un componente esencial de los procesos de transición democrática es la creación, expansión y consolidación de espacios de intercambio de ideas, diálogo y tolerancia a nivel de la sociedad civil, cuestión indispensable para avanzar en el respeto y promoción de los derechos humanos. La CIDH presenció en su estadía en Guatemala, la existencia de un debate permanente sobre temas de gobernabilidad del país y la transformación del Estado, el sistema electoral, el servicio militar, el régimen fiscal y tributario, el papel de los partidos políticos, los derechos humanos, la relación entre derechos humanos y el orden y seguridad ciudadanos. La CIDH pudo verificar la participación de los medios de comunicación en el proceso de apertura democrática, en cuanto dichos medios reflejan concepciones, puntos de vistas diferentes y críticas que son fundamentales para cimentar las bases del desarrollo democrático y la protección de los derechos humanos.
La CIDH comprobó además la existencia de un rico proceso de reformas institucionales -como resultado de los nuevos espacios democráticos- que a su vez crea condiciones para impulsar aún más la expansión de la democracia y la protección a los derechos humanos. La CIDH, como lo señalara ya en su visita de septiembre de 1993, valora altamente la creación de la Procuraduría de Derechos Humanos, cuya labor de documentación y observación sobre los derechos humanos es insustituible. La CIDH aprecia además la adopción de nuevas normas en materias penales y procesales y la separación de las funciones de adjudicación, acusación y de representación del Estado que, debidamente implementadas, fortalecerán el estado de derecho en Guatemala.
Invariablemente las más diversas personalidades y grupos de opinión de la vida de Guatemala con que la CIDH se reunió, le expresaron su aspiración de impulsar, expandir y consolidar un régimen político, democrático y viable que satisfaga las necesidades populares, con plena protección a los derechos humanos. La CIDH en este sentido aprecia altamente los valiosos intercambios que tuvo con el Señor Presidente Ramiro De León Carpio y Miembros de su Gobierno, su intención de fortalecer los derechos humanos y la disposición en reconocer las insuficiencias aún existentes en el marco de la transformación democrática de un país con la trágica historia de Guatemala.
Sin perjuicio de los avances señalados, la CIDH expresa su gran preocupación por la subsistencia de serias violaciones a los derechos humanos, que le han sido presentadas, y el marco de impunidad en que éstas ocurren.
La CIDH tramita actualmente casos en que los peticionarios alegan violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a los derechos de asociación, y al proceso debido.
De acuerdo con tratados libremente ratificados por Guatemala, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de proteger un conjunto de derechos internacionalmente reconocidos. Las personas pueden recurrir a la CIDH reclamando la violación de dichos derechos. Otorgando amplias posibilidades procesales, la CIDH se pronuncia sobre la admisibilidad de las peticiones, establece los hechos, intenta acuerdos de solución amistosa y, de no ser éstos posibles, adopta un informe final con recomendaciones.
La CIDH, o el Estado respectivo de no estar de acuerdo con ésta, pueden elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra opción para la CIDH es la publicación de sus informes y su envío a la Asamblea General de la OEA.
Los casos presentados a la CIDH en contra de Guatemala se fundamentan en la convicción de los peticionarios, que existe impunidad para quienes violan los derechos humanos en el marco de gravísimas insuficiencias del sistema judicial y policial. Como consecuencia de tal impunidad, en el caso de denuncias sobre violaciones a los derechos de las personas, no se investigan adecuadamente los hechos denunciados, no se identifica ni se sanciona a los responsables, ni se compensa a las víctimas.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la CIDH en su permanencia en Guatemala recibió denuncias concretas que ilustran la impunidad existente, algunos de los que lleguen a atentar en contra de quienes bregan por el cumplimiento de la ley. A título de ejemplo, la CIDH hace públicas las siguientes:
En el caso del asesinato del Sr. Jorge Carpio Nicolle, primo del Presidente de la República, -caso en que los sindicados principales son miembros de las PACs del municipio de San Pedro de Jocopilas, Departamento del Quiché- el Fiscal, Sr. Abraham Méndez García, ha sido objeto de intimidaciones y acoso directo en vehículos sospechosos, denunciándolo ante el Ministerio Público el 25 de noviembre. En su testimonio solicitado por la CIDH ante la cual el Sr. Fiscal compareció, sostuvo el Fiscal Méndez García que el 15 de noviembre de 1994, en diligencia de reconocimiento judicial en la escena del crimen en el Km. 139 de los Encuentros a Chichicastenango, tres hombres en un pick-up sin identificación, se sintieron con la libertad e impunidad de revisar el interior del vehículo del Sr. Fiscal y sus placas, a pesar de su investidura judicial. Diez días después a las 19:30, en el municipio de Amatitlán, el vehículo que llevaba al Fiscal fue objeto de acoso y bloqueo por un auto Mazda 323 color blanco, mientras que desde una pick-up que se le acercó por la derecha dispararon contra él. Las acciones de hostigamiento han continuado en desprecio abierto a una autoridad del Estado, por individuos que se sienten autorizados para actuar abiertamente en su contra.
La CIDH reconoce el sentido del deber e integridad del Sr. Fiscal Lic. Abraham Méndez García, que a pesar de las intimidaciones, continúa ejerciendo sus funciones. Llamamos al Estado de Guatemala, a sus Jueces, Fiscales y funcionarios en general a promover tal tipo de conducta, a presentarla como ejemplo y a brindar la protección adecuada al Fiscal Méndez García, como asimismo, a todos quienes como él arriesgan su vida en el cumplimiento de su deber.
En otro caso, la CIDH señala además, que el Sr. Oscar Vásquez, testigo de la Comisión en una petición que tramita, fue asesinado junto con su hijo el 11 de septiembre del presente año. En estos días, mientras la delegación de la CIDH estaba en Guatemala, el señor Marvin Vásquez Solorzano, otro hijo del asesinado, fue detenido, golpeado e intimado a desistir de sus intentos de denunciar abusos a la justicia. El Sr. Marvin Vásquez, quien recibiera la visita de la CIDH, se encuentra detenido en el Centro Preventivo de la zona 18, en base a cargos no sustanciados. La CIDH ha adoptado medidas cautelares a su favor y ha informado de esta situación a los más altos niveles del Estado de Guatemala.
La impunidad tiene consecuencias que van aún más allá de los derechos de las víctimas, creando un clima que afecta la seguridad ciudadana, promueve la corrupción y es incompatible con el Estado de Derecho.
La CIDH entiende las dificultades inherentes a una transición democrática en el marco de los serios problemas que por mucho tiempo han afectado a Guatemala. Tampoco ignora el espíritu democrático que anima al Gobierno y a los más amplios sectores de Guatemala. La CIDH anota, sin embargo, que en el marco de las nuevas condiciones y espacios creados en Guatemala, se ha transformado en un desafío democrático ineludible dar cumplimiento cabal a las obligaciones del Estado libremente adquiridas en materia de derechos humanos. La impunidad imperante atenta contra dichas obligaciones. No hay vida democrática con impunidad.
La Delegación de la CIDH, planteará al pleno de la Comisión la necesidad de cooperar con la mayor efectividad posible, con el Gobierno de Guatemala, para reforzar los instrumentos y acciones destinadas a quebrar la impunidad, dentro del marco de su mandato.
III. TEMAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Con ocasión de su visita a Guatemala la CIDH tuvo además la oportunidad de cubrir un conjunto de temas sobre derechos humanos de especial importancia respecto de los cuales se pronuncia a continuación:
1) Considerando la realización de elecciones el próximo año y la centralidad de los procesos electorales en el desarrollo democrático, la CIDH recomienda tomar medidas, en el más corto plazo posible, dirigidas a garantizar y estimular el goce del derecho a la participación política, y para la integridad del proceso electoral. Tales medidas incluyen el desarrollo de un sistema de documentos de identificación confiables; avanzar en la centralización de los Registros Civiles en el Tribunal Supremo Electoral y, otorgando, mientras tanto, a dicho Tribunal facilidades de supervisión de los Registros Municipales; desarrollar programas de educación cívica para asegurar la participación más plena; establecer la sujeción de las fuerzas de seguridad civil al Tribunal Supremo Electoral durante el proceso electoral; asegurar, sin exclusiones, el derecho de los ciudadanos y distintas corrientes de opinión a postularse a cargos públicos, de acuerdo con normas dirigidas a asegurar dicha participación. La CIDH llama a confirmar y mantener la independencia de los organismos de supervisión electoral proveyéndole además de los medios adecuados.
2) La presencia de mecanismos de solución pacífica y legal de conflictos laborales es condición necesaria para una sociedad democrática.
La CIDH constató, sobre la base de las informaciones recibidas sobre conflictos laborales la necesidad de reforzar instituciones como los servicios de vigilancia, mediación y negociación del Ministerio de Trabajo; la justicia laboral y otros organismos judiciales. La Comisión no condona el uso de medidas extralegales para la solución de conflictos y considera que el mejor preventivo de las mismas es el adecuado funcionamiento de aquellas instituciones, que la Comisión ha comprobado son débiles e inefectivas. La CIDH actualmente tramita una gravísima denuncia de asesinato de tres campesinos en la finca La Exacta, como resultado de acciones policiales. Durante esta visita la Comisión recibió informaciones de autoridades nacionales que la primera versión oficial de que los campesinos habrían herido a bala a varios policías, era infundadas. Dentro de ese cuadro preocupante la CIDH conoció de algunos casos ejemplares en que la acción de organismos del Estado con la Procuraduría General han logrado soluciones positivas que deben multiplicarse y profundizarse.
3) El entrenamiento, equipamiento y remuneración adecuadas de la policía, bajo el control de las autoridades civiles, es indispensable para la seguridad que el Estado debe proveer y garantizar a la población. La CIDH tomó conocimiento de distintos planes de reforma considerados por las autoridades con el objeto de crear una policía moderna y eficaz que dé seguridad a la ciudadanía y respete los derechos de la población. La CIDH en su permanencia en Guatemala tuvo la oportunidad de observar la disposición del Gobierno y del Congreso de otorgar recursos mayores a una función respecto de la cual existe un gran consenso que no está dotada eficazmente.
La Comisión verificó que la impunidad imperante surge en buena medida de la ineficacia con que policías, jueces, fiscales y auxiliares de justicia actualmente ejercen sus funciones, esenciales al orden y seguridad general. Medidas positivas como el aumento de recursos a esas entidades, la reforma del procedimiento penal, del Organismo Judicial y la nueva configuración del Ministerio Público se ven afectadas por ataques graves y aún asesinatos de jueces, policías y servidores del orden que tratan de cumplir su deber en el marco de la ley. La CIDH se informó en entrevista con el Presidente de la Corte Suprema de los intentos y avances en la reforma del Poder Judicial, con el propósito de fortalecer la probidad de la función judicial, su servicio al público y el cumplimiento oportuno de los trámites judiciales. En la Declaración de Principios de la Cumbre de Miami, los Jefes de Estado del hemisferio señalaron que "Todos los sectores de la sociedad deben tener acceso a la justicia y afirmamos que la independencia del Poder Judicial constituye un elemento crucial". De acuerdo con tales pronunciamientos la CIDH considera que la función judicial es una piedra angular de los régimenes democráticos, cuya importancia no puede ser exagerada. La culminación exitosa de la reforma judicial, la asignación de recursos adecuados y la constante preocupación de los temas de la justicia serán esenciales para el futuro del estado de derecho y de los derechos humanos en Guatemala.
4) La CIDH valora positivamente la creación y funciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, que ha sido una salvaguardia para los derechos de los guatemaltecos. Para la CIDH la organización autónoma y competencia de la Procuraduría merece el apoyo más amplio. La Comisión expresa su preocupación por el no cumplimiento de recomendaciones del Procurador y llama a la aceptación y cumplimiento de las mismas.
5) La CIDH, tal como lo señalara en su visita anterior en septiembre de 1993, continúa viendo con seria preocupación la "existencia de alrededor de medio millón de personas organizadas militarmente en las PACs (o Comités de Autodefensa Civil), con capacidad de acción armada sin el control efectivo del Estado. Más aún, la Comisión considera necesaria su disolución o su transformación sujetas al marco normativo propia de una sociedad democrática. La experiencia de otros países muestra que, cuando se superan las situaciones de insurgencia que dieron lugar a la creación de ese tipo de organizaciones, las mismas pueden convertirse en un grave obstáculo a la paz interna al ser factores de caos e ilegalidad".
6) La Comisión verificó la situación de las CPR, teniendo en cuenta sus propias recomendaciones en el informe publicado en junio de 1994. La Comisión comprobó un cambio positivo concretado en la ausencia de ataques y destrucción, y en un respeto creciente a las libertades de locomoción, comercio y expresión de sus poblaciones. Según las informaciones entregadas a la CIDH, la normalización de dichas poblaciones civiles avanza progresivamente.
En el área de la Sierra la Comisión recibió algunas denuncias sobre la hostilidad de patrullas de autodefensa y la conducta de algunos efectivos militares. La CIDH representó tales quejas y recibió seguridades de las autoridades militares que los derechos de dichas poblaciones serán respetados.
Los retornados de las zonas visitadas por la CIDH presentaron la situación económica y social existente y lo imperativo de contar con suministros e implementos agrícolas y financieros, como asimismo acceso a educación y salud básica.
La CIDH fue informada de problemas de tierras agravados por inseguridad jurídica inmobiliaria y los desplazamientos de poblaciones ocurridas a causa del conflicto. La CIDH discutió con CEAR, FONAPAZ y COPREDEH los distintos aspectos involucrados en la necesidad de encausar apropiadamente dichos conflictos, de modo de obtener satisfacciones adecuadas a los daños sufridos por las poblaciones correspondientes.
7) La Comisión fue invitada a reunirse con el Consejo Superior Universitario de la USAC. En tal ocasión la Comisión recibió una denuncia sobre los sucesos que culminaron en la muerte de un estudiante con ocasión de protestas por el alza de tarifas de transporte urbano. Tal muerte ocurrió en circunstancias que el conflicto del transporte se encontraba virtualmente solucionado. Según los denunciantes el estudiante, herido de bala, recibió en vida golpes brutales por sus captores. Igualmente la CIDH fue informada de actos de intimidación posteriores en contra de otros participantes en la protesta.
La CIDH tramitará de acuerdo con su Reglamento el caso presentado, que requiere el agotamiento previo de los recursos judiciales internos o la prueba de su ineficacia.
Sin perjuicio de la eventual decisión sobre la admisibilidad de dicho caso, la CIDH se informó de las observaciones y recomendaciones efectuadas tanto por la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría de la Nación. También fue informada que el caso se encuentra pendiente en los Tribunales de Guatemala.
La CIDH recibió también información de que un policía fue herido por fragmentos de plomo y que un número indeterminado de policías habían resultado con contusiones producto de apedramientos. Asimismo se le formularon denuncias de destrucción de propiedad. En el momento oportuno la CIDH rendirá su opinión sobre estos lamentables sucesos.
8) Durante su estadía en Guatemala la CIDH recibió diversas informaciones sobre el proceso de paz y la aspiración generalizada hacia su logro. La CIDH, acorde con la reciente exhortación de los Presidentes del hemisferio, insta a concluir el proceso de paz a la brevedad posible.
La aspiración a la paz ha tomado como una de sus expresiones más concretas la presencia en Guatemala de MINUGUA (Misión de Naciones Unidas para la Verificación de Derechos Humanos), en cumplimiento del trascendental Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado entre el Gobierno y la URNG el 29 de marzo de 1994. MINUGUA se estableció el 29 de noviembre y está procediendo a su despliegue para cubrir el territorio guatemalteco. Por su importante tarea de verificar el cumplimiento del Acuerdo, la CIDH llama a las Partes y a todos los sectores del pueblo guatemalteco a extender su más estrecha colaboración a quienes integran esta importante misión. La CIDH dentro de su mandato, procedió a establecer relaciones directas de cooperación con MINUGUA.
Diversos sectores de la sociedad guatemalteca han señalado que la conclusión exitosa del proceso de paz creará mejores condiciones de promoción y protección de los derechos humanos. La CIDH enfatiza que la ausencia de paz no debe constituirse en un pretexto ni para la impunidad ni para actos violatorios a los tratados de derechos humanos. Los Estados tienen posibilidad real para la mantención del orden público dentro del marco del Estado de Derecho.
La Comisión desea reconocer las facilidades que le brindó el Gobierno que preside el Lic. Ramiro De León Carpio, para el cumplimiento de su misión y agradece a las autoridades, a las personas que contribuyeron con sus valiosos testimonios y a las distintas instituciones representativas de la sociedad guatemalteca, la cooperación, facilidades y hospitalidad con que fue recibida.
Guatemala, 15 de diciembre de 1994
Nº 28/94
Por invitación del Gobierno de Jamaica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a ese país del 7 al 9 de diciembre de 1994 con el fin de evaluar las condiciones de detención y todo lo relacionado con la situación carcelaria, los centros de detención y su funcionamiento en ese país. Hoy, la delegación de la Comisión concluye la visita.
La delegación de la Comisión estuvo integrada por el Prof. Michael Reisman, Presidente de la Comisión, el Embajador John Donaldson, miembro de la Comisión, y los servicios de apoyo estuvieron a cargo de la Dra. Edith Márquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva, y las abogadas y especialistas en derechos humanos Dra. Relinda Eddie y Dra. Isabel Ricupero. La Srta. Gloria Hansen prestó asistencia administrativa y de secretaría.
Dado que se trata de la primera visita de la Comisión a Jamaica, podría ser de utilidad dar una explicación sobre la institución y de su funcionamiento. La Comisión es el principal órgano de la OEA encargado de informar sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el continente. Sus siete miembros, con un mandato de cuatro años, son elegidos por la Asamblea General de la OEA en su carácter personal y no como representantes de los gobiernos. La autoridad de la Comisión emana primordialmente de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso de sus 25 Estados partes, y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el caso de los Estados miembros de la Organización que aún no han ratificado la Convención.
Jamaica ratificó la Convención el 19 de julio de 1978 y, al depositar el correspondiente instrumento de ratificación, el Gobierno de Jamaica reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y estudiar las comunicaciones por las que, en virtud del Artículo 45 de la Convención, un Estado parte alega que en otro se han cometido violaciones a los derechos humanos contenidos en dicho instrumento.
La jurisdicción de la Comisión en materia de peticiones abarca dos categorías de problemas de derechos humanos. Individuos o grupos de individuos que aleguen que se han violado sus derechos humanos, o sus representantes, pueden presentar peticiones ante la Comisión. En los casos en que se trata de un gran número de violaciones graves de los derechos humanos en un país, las peticiones individuales difícilmente resuelvan la cuestión. En tales situaciones, la Comisión puede realizar, por propia iniciativa, el estudio de las presuntas violaciones de los derechos humanos en el país en cuestión.
Toda vez que la Comisión realiza un estudio in situ, se entiende, de acuerdo con las disposiciones pertinentes, que el Gobierno afectado garantiza a la Comisión que puede entrevistar libremente, en privado, a los funcionarios gubernamentales, ciudadanos, grupos no gubernamentales y organizaciones que estime pertinente para evaluar la situación, y que no se tomará represalia alguna contra dichas personas o entidades.
En el curso de su estadía, la delegación de la Comisión contó con la colaboración de los más altos niveles de Gobierno de Jamaica, de sus funcionarios y sus organismos. También brindaron gran ayuda individuos y representantes de organizaciones no gubernamentales preocupados por la población carcelaria, los detenidos y las autoridades penitenciarias.
En la visita, la delegación de la Comisión se reunió con el Honorable Benjamín Claire, Ministro de Estado, Ministro de Relaciones y Comercio Exterior; el Honorable K. D. Knight, Ministro de Seguridad Nacional y Justicia, y el Coronel John Prescod, Comisionado de los institutos penitenciarios.
La Comisión se reunió también con Monseñor Richard Albert, el Sr. Denis Daly, Abogado y Presidente del Consejo de Derechos Humanos de Jamaica, y la Sra. Florizelle O,Connor, Coordinadora del Consejo de Jamaica para los Derechos Humanos.
La delegación visitó los siguientes centros de detención y correccionales: los Centros Correccionales de Adultos de Tower Street (Penitenciaría General), South Camp (Gun Court), St. Catherine y Fort Augusta; el Centro Correccional Juvenil de Rio Cobre, el Centro de Custodia Juvenil de St. Andrew, Half Way Tree y Hunts Bay.
En el curso de esas visitas, la delegación recogió información útil en relación con la población carcelaria y las condiciones correccionales y de detención, así como sobre la situación general de los establecimientos. La Comisión también se informó de las iniciativas emprendidas por el gobierno y de otras alternativas que se están estudiando.
La Convención Americana de Derechos Humanos establece una serie de principios generales en relación con la detención. El Artículo 5 de la Convención especifica algunas de las dimensiones del "derecho a un trato humano", en los siguientes términos:
1. toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, mental y moral.
2. Nadie será sometido a tortura o a un castigo o trato cruel, inhumano o degradante. Todas las personas privadas de su libertad serán tratadas con respeto a la dignidad inherente a la persona humana.
3. El castigo no se extenderá a persona alguna que no sea el delincuente.
4. Los acusados, salvo en circunstancias excepcionales, estarán separados de los condenados y recibirán un tratamiento diferente conforme a su condición de encausados.
5. Los menores objeto de actuaciones penales serán separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, tan rápidamente como sea posible, para que puedan ser tratados de acuerdo con su condición de menores.
6. Los castigos que consistan en la privación de la libertad tendrán el objetivo esencial de reformar y readaptar socialmente a los detenidos.
El Artículo 7, en los párrafos 4, 5, 6 y 7, dispone:
4. Toda persona detenida será informada de las razones de su detención y rápidamente notificada del o los cargos de que se le acusa.
5. Toda persona detenida será llevada rápidamente ante el juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer el poder judicial y tendrá derecho a juicio dentro de un plazo razonable o a ser liberado, sin perjuicio de que se continúen las actuaciones. Su liberación estará sujeta a las garantías de su comparecimiento en el juicio.
6. Toda persona que sea privada de su libertad tendrá derecho a recurrir a la corte competente para que ésta pueda decidir sin demora la legalidad de su arresto o detención y ordenará su liberación si el arresto o la detención no se ajusta a la ley. En los Estados partes cuyas leyes dispongan que quien se considere amenazado con la privación de su libertad tiene derecho a recurrir al tribunal competente para que éste decida la legalidad de dicha amenaza, este recurso no puede restringirse ni derogarse. La parte interesada u otra persona en su nombre tiene derecho a utilizar esos recursos.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limitará las órdenes de la autoridad judicial competente emitidas por incumplimiento de las obligaciones de pensión alimenticia.
El Artículo 8 garantiza la presunción de inocencia y el derecho a un juicio "dentro de un plazo razonable". El Artículo 29 también se refiere a la detención, al requerir que las disposiciones de la Convención sean interpretadas de manera que no se restrinja el goce de los derechos garantizados por otras convenciones, de los derechos inherentes a la persona humana ni de los derechos contemplados en las declaraciones sobre derechos humanos.
Estos diversos derechos convencionales entran en acción en el momento en que la persona es detenida y continúan hasta que recupera su libertad. No debe inferirse que la detención será una experiencia agradable, sino que debe entenderse que esas disposiciones insisten en que no se violarán los derechos garantizados en la Convención y darán lugar a la "reforma y readaptación social de los detenidos".
En el caso de gobiernos que cuentan con recursos limitados, el cumplimiento de las obligaciones que impone la Convención se hace con frecuencia difícil. Al examinar la situación relacionada con las cárceles de Jamaica, la Comisión es perfectamente consciente de las limitaciones financieras en cuyo contexto debe actuar el Gobierno de Jamaica. La ausencia de una red de seguridad social suficiente incrementa las instancias de acciones delictivas. Ello, a su vez, impone una mayor carga a los tribunales e instituciones penitenciarias. La Comisión tomó en cuenta todos estos factores al realizar la evaluación y formular las recomendaciones.
Algunos de los establecimientos carcelarios de Jamaica parecen satisfacer las normas internacionales. Otros presentan algunas características inquietantes, aunque, en conjunto, la Comisión se sintió muy alentada por las medidas que se están adoptando y la actitud manifestada por los Ministros y el Comisionado de establecimientos penitenciarios. Todas las instituciones de la justicia penal sufren la presión de una epidemia de delitos vinculados a la droga, lo que conduce al hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Pero parte del problema de la superpoblación se debe a la presencia de un gran grupo de reclusos que han sido detenidos en custodia a la espera de juicio. Aparte de las cifras, este grupo plantea un agudo problema de derechos humanos, pues está compuesto por individuos privados de su libertad pero que gozan de la presunción de inocencia. Sin embargo, no cuentan con muchas de las recreaciones de que disponen los presos ya condenados. El problema podrá corregirse si se aceleran los juicios y si, de acuerdo con el Artículo 7 (5) de la Convención, se aplica el sistema de fianza para liberar a los acusados, sujeto a cierta forma de seguridad, en tanto esperan juicio, toda vez que ello no plantee una amenaza para la comunidad o la posibilidad de que abandonen la jurisdicción.
La Comisión se siente preocupada por los informes de castigo corporal a los jóvenes, que parecería ser sistemático, aunque no está sujeto a ningún control judicial.
La Comisión se sintió complacida de saber que el plan de instrucción de los funcionarios penitenciarios ahora incluye un capítulo sobre derechos humanos. Se informó a la Comisión que una organización no gubernamental de Jamaica ha realizado seminarios sobre derechos humanos para la policía. La Comisión indicó al Gobierno su voluntad de prestar asistencia en esta importante tarea educativa.
El "objetivo esencial de la reforma y readaptación social de los detenidos" contemplado en el Artículo 5 (6) de la Convención Americana tiene lógica repercusión en los regímenes de sentencia y libertad condicional. Las sentencias prolongadas sin perspectiva de amnistía o reducción de la pena quitarían sentido a la "reforma y readaptación". A su vez, ello agrava la administración y el control de las poblaciones carcelarias, dado que no hay incentivo alguno para el buen comportamiento. Estos principios de la Convención a veces van en contra de opiniones arraigadas en las burocracias judiciales y correccionales. El Gobierno de Jamaica ha denominado ahora "centros correccionales" a las cárceles y algunos funcionarios penitenciarios entrevistados por la Comisión expresaron filosofías correccionales muy progresistas. Pero las políticas de sentencia y libertad condicional tendrán que ser revisadas, proceso que parece haberse iniciado a distintos niveles del gobierno.
La Comisión abriga la esperanza de que se reconozca el interés internacional por asistir, a través de modalidades multilaterales y nacionales, en la tarea correccional y de rehabilitación en los países en desarrollo, y de que se actúe en tal sentido.
La Comisión agradece la colaboración que recibió de las autoridades y diversos sectores de la comunidad de Jamaica, todo lo cual contribuyó al éxito de su misión. La Comisión seguirá estudiando y evaluando las condiciones carcelarias y de detención de Jamaica a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Kingston, Jamaica, 9 de diciembre de 1994

References: artículo 25
 Artículo 4
 Artículo 27
 artículo 3
 Artículo 45
 Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 29
 Artículo 7
 Artículo 5