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Timestamp: 2019-10-18 01:37:53+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 295, de 07/04/2014
Sesión celebrada el lunes, 7 de abril de 2014
– Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.
(Núm. exp. 621/000066)
Se abre la sesión a las doce y treinta minutos.
Antes de entrar en el orden del día vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión celebrada el 29 de enero de 2014. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada.
El único punto del orden del día es dictaminar el Proyecto de Ley general de telecomunicaciones, con número de expediente 521/000066. El procedimiento, aunque todos ustedes lo conocen, de conformidad con los artículos 114 a 116, será el siguiente: debatiremos primero las propuestas de veto; finalizado este debate tendrán lugar las votaciones subsiguientes, y en caso de que no se hubiese aprobado ningún veto se defenderán las enmiendas, que a continuación serán sometidas a votación.
El informe de la ponencia, por lo que me han dicho, es el proyecto remitido por el Congreso de los Diputados más la adición de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, números 406 a 413.
Al proyecto de ley se han presentado 3 vetos y 448 enmiendas. Los vetos son los siguientes: número 1, de los senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; número 2, de los senadores don Jordi Guillot Miravet y don Joan Saura Laporta, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya; número 3, de los senadores doña Mónica Almiñana Riqué, don Francisco Boya Alós, don Rafel Bruguera Batalla, don Carlos Martí Jufresa, don José Montilla Aguilera, don Joan Sabaté Borràs y doña María Jesús Sequera García, igualmente del Grupo Parlamentario Entesa.
Sin más, pasamos al debate de los vetos. Para la defensa del veto número 1, tiene la palabra don Jesús Iglesias Fernández, por tiempo máximo de diez minutos.
En efecto, intervengo para defender el veto número 1, que parte de entender que estamos ante un proyecto de ley que se ha elaborado de espaldas a las exigencias de la salud pública y al riesgo que se deriva de los fenómenos de contaminación radioeléctrica y radiomagnética, que tienen consecuencias capaces de generar cáncer.
Compartimos la necesidad de propiciar el acceso a las redes de telecomunicaciones como un elemento fundamental para el desarrollo de nuestro país, pero a la vez afirmamos que esta búsqueda de generalizar el acceso a las redes de telecomunicación no se puede plantear ignorando el mantenimiento de garantías sanitarias y medioambientales imprescindibles y ha de hacerse con escrupuloso respeto a las competencias de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Por lo tanto, rechazamos este proyecto, además de por las razones de carácter de salud y medioambientales, a las que he hecho referencia al inicio de mi intervención, porque en el contenido del proyecto se llega a un situación que va un paso más allá, en el caso de las competencias municipales, de lo ya planteado con la reforma del régimen local. Esta reforma, en lo sustancial no afectaba a las competencias de ordenación urbanística, y este Proyecto de Ley de telecomunicaciones entra a saco en esas competencias en lo que guarda relación con la extensión de las redes de telecomunicaciones en la instalación de infraestructuras. No se trata ya, en mi opinión, de una invasión de competencias. En otros proyectos hemos podido comprobar que la Administración central entraba en la regulación, más allá de las competencias básicas que en algunos casos pudiera tener, de materias que eran competencia claramente de comunidades autónomas o de ayuntamientos; en este caso, estamos ante la desaparición de esas competencias para propiciar y facilitar la actividad de las empresas de telecomunicaciones y, en consecuencia, el desarrollo de esas redes. Ocurre con las competencias urbanísticas de los ayuntamientos y ocurre también con las competencias de ordenación del territorio de las comunidades autónomas.
Este proyecto de ley, frente a discrepancias claras entre lo que las empresas de telecomunicación puedan plantear como necesidades básicas para el desarrollo de sus redes y la actitud que desde el ámbito de las comunidades autónomas o desde los ayuntamientos se pueda querer adoptar frente a esos planteamientos, sitúa al Ministerio de Industria o, más arriba incluso, al Consejo de Ministros, como árbitro, que, además, tal como define las reglas del juego este proyecto de ley, va a ser un árbitro proclive a propiciar esa extensión de las redes y, por lo tanto, contrario a que las comunidades autónomas o los ayuntamientos puedan establecer criterios y normativas que, desde la perspectiva medioambiental o desde la perspectiva del ejercicio de esas competencias al servicio del desarrollo de las ciudades o de la protección del territorio, pudieran decidir.
Igualmente, se reconoce un derecho directo al uso y ocupación del dominio público por encima de la normativa reguladora de este domino público o de la propiedad pública de ayuntamientos y comunidades autónomas. Y se reconoce a las empresas de telecomunicación la condición de beneficiarios en el mecanismo expropiatorio en relación con la propiedad privada. Es decir, este proyecto de ley va a permitir que las infraestructuras de telecomunicaciones se puedan establecer allá donde las empresas de telecomunicaciones decidan contra la voluntad de los ayuntamientos, contra la voluntad o la normativa de las comunidades autónomas, contra la voluntad incluso de los propietarios privados que en una comunidad de propietarios tomen la decisión de no aceptar la oferta de una empresa de telecomunicaciones para que una infraestructura de estas características se sitúe en su tejado. Será la expropiación forzosa la que dé cobertura a la voluntad y al deseo de esa empresa de telecomunicaciones frente a los vecinos, lo que, por otra parte, se va a traducir seguramente en que en la negociación —que la lógica lleva a pensar que se plantearía siempre antes de acudir al mecanismo expropiatorio— las empresas de telecomunicaciones de sitúan en una posición inicial ya de fuerza frente a las comunidad de propietarios; incluso las cantidades que como compensación vienen abonando hasta ahora a aquellas comunidades que lo han aceptado de buena gana, por las leyes del mercado, con esta posición de fuerza, en las futuras negociaciones se verán reducidas también.
Para la defensa del veto número 2, tiene la palabra el senador Montilla.
Doy por defendido el veto número 2, de los senadores Guillot y Saura.
Para la defensa del veto número 3, tiene la palabra igualmente el senador Montilla.
El señor MONTILLA AGUILERA: En este caso intervengo para anunciar la retirada del veto. Fundamentalmente las razones que motivaban nuestro veto tienen que ver con aspectos relativos a la reducción de la independencia y de las competencias del organismo regulador, por un lado, y a la posible colisión con directivas comunitarias y también con aspectos relativos a la invasión de competencias de las administraciones públicas, de comunidades autónomas y corporaciones locales, y a una concepción que pensamos que tenía que ser un poco más ambiciosa en todo lo relativo al despliegue de redes o la protección del consumidor.
Ciertamente en el trámite en el Congreso la ley se mejoró sustancialmente, y aquí —después tendremos ocasión de debatirlo— hay una predisposición a aceptar una serie de enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios que yo creo que también mejorarán la ley. No obstante, seguiremos hablando de aquí al Pleno. Precisamente por estas razones, entre otras, los senadores socialistas del Grupo Parlamentario de la Entesa retiramos el veto.
¿Hay turno en contra? (Pausa.)
La senadora Azuara tiene la palabra.
La señora AZUARA NAVARRO: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Como bien ha expuesto el senador Montilla, hoy nos encontramos ante el debate de un proyecto de ley que reúne un amplio consenso entre todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, y en nuestro caso deseo y espero que obtenga también ese consenso mayoritario en esta Cámara.
Aquí en el Senado, como bien ha reconocido el senador Montilla, estamos contribuyendo con nuestros esfuerzos a trabajar con el resto de los grupos parlamentarios para avanzar en la línea de conseguir la máxima participación y colaboración de todas las fuerzas políticas, con el fin de obtener una ley lo más consensuada posible y, lo que es más importante, conseguir una Ley general de telecomunicaciones que sirva de palanca para el desarrollo no solo del sector de las TIC, sino de la propia economía española.
Antes de pasar a contestar a los portavoces de los grupos que han presentado y defendido sus vetos en esta comisión, en este caso el Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario de la Entesa, y
posicionar posteriormente el voto del Grupo Parlamentario Popular, quisiera hablar un poco de la propia Ley general de telecomunicaciones que hoy llega a la última fase de tramitación parlamentaria aquí en el Senado.
En primer lugar me gustaría felicitar al ministro de Industria, Energía y Turismo y a todo el equipo de don Víctor Calvo-Sotelo, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, por la forma en que han elaborado esta ley y por los acuerdos que han alcanzado con todos los agentes implicados desde el comienzo de su tramitación y mucho antes de llegar al debate parlamentario en las Cortes Generales. Cabe destacar que nada más aprobarse el anteproyecto en el Consejo de Ministros se llevó a cabo un trámite de audiencia pública a través del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, solicitando los informes pertinentes a los siguientes organismos: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Consejo General del Poder Judicial, Agencia Española de Protección de Datos y Consejo Económico y Social; un consejo asesor al que todos los entes implicados en el sector de las telecomunicaciones pudieron aportar, cada uno desde su foco legítimo de interés, valoraciones, ideas, propuestas y todas las alegaciones que consideraron necesarias para la mejora del propio texto del anteproyecto de ley. De esta forma las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las asociaciones empresariales y asociaciones de usuarios, los operadores de comunicaciones y prestadores de servicios, y también los colegios profesionales y sindicatos, pudieron intervenir en su elaboración, dando lugar a una norma que ha sido bien valorada y apreciada desde distintos ámbitos. Es por ello que debemos destacar el trabajo y el esfuerzo del ministerio y de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones, al abordar una reforma tan importante contando con una amplia y constructiva participación de los distintos agentes del sector y sumando esfuerzos para lograr el mayor consenso posible en su tramitación legislativa.
En segundo lugar me gustaría comentar resumidamente cuáles son los objetivos que persigue el proyecto de ley y reflexionar sobre la necesidad de introducir cambios estructurales significativos en estos momentos de coyuntura económica. El sector de las telecomunicaciones, como hemos dicho muchas veces, representa una fuente de ampliación de actividad económica y creación de empleo en nuestro país. Al mismo tiempo los servicios de telecomunicaciones constituyen un impulso esencial para la economía productiva y resultan indispensables en la vida cotidiana de los ciudadanos. Todos estamos conectados a Internet, todos estamos metidos dentro de las redes sociales mediante nuestros terminales móviles, tabletas y demás dispositivos, y a la vez generamos y recibimos contenidos digitales, y los usamos no solo en beneficio de la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también como un bien para la economía y para el crecimiento del PIB.
Actualmente en España el sector de las telecomunicaciones se encuentra en un momento de renovación tecnológica importante, sobre todo en lo que se refiere a sus infraestructuras. Es por esto por lo que no debemos quedarnos rezagados, ni a la cola de los países más desarrollados. Por estas razones tanto el Gobierno como el Partido Popular consideramos necesaria la elaboración de esta ley, pues el impulso que inyectemos al sector de las telecomunicaciones es lo que nos permitirá afianzar nuestra economía a la mayor brevedad posible.
Dada la brevedad de mis antecesores en la defensa de los vetos, yo también voy a comentar resumidamente los grandes objetivos que pretende esta ley: por un lado, introducir reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, que se traduzca en que los operadores tengan más facilidad en el despliegue de sus redes de nueva generación, tanto móviles como fijas, y en la prestación de sus servicios. Y por otro lado, mejorar la oferta de servicios innovadores para los ciudadanos y las empresas, servicios cada vez con mayor cobertura, más innovadores, de mayor calidad y a unos precios más asequibles, lo cual redundará en unas mejores condiciones de competitividad y productividad de la economía de nuestro país. La consecución de estos dos objetivos se acomete a través de reformas que se pueden resumir en cuatro grandes grupos: impulso de la competencia y mejora de los servicios a los usuarios, promover la unidad de mercado, simplificación administrativa en los trámites que tienen que realizar los operadores para el despliegue de sus redes, y finalmente, con el mismo objetivo, se han introducido nuevos mecanismos de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. El Grupo Parlamentario Popular considera que estas medidas que incorpora el texto suponen una clara apuesta por el sector de las telecomunicaciones y valora muy positivamente el proyecto de ley como un gran instrumento para el desarrollo de nuestra recuperación económica y la defensa de los consumidores y usuarios.
En relación con los vetos números 1 y 2 —agradezco al Grupo Parlamentario de la Entesa la retirada del veto número 3—, resumiré brevemente varios aspectos que ha tratado en su exposición el portavoz de Izquierda Unida.
En principio, el proyecto de Ley general de telecomunicaciones no afecta en ningún caso ni a las competencias autonómicas ni a las competencias municipales, sino que se limita a establecer diversas fórmulas de colaboración y coordinación entre las administraciones públicas, evitando así las famosas duplicidades. Entendemos que esto permitirá aprovechar las sinergias, conseguir ahorros adicionales y reducir las cargas administrativas que soportan los ciudadanos y, evidentemente, las empresas.
Además, al contrario de lo que ha comentado el senador Iglesias, el proyecto de ley precisamente incorpora nuevas medidas de protección de la salud, puesto que refuerza el principio de precaución acogido por la normativa comunitaria y nacional y establece límites de exposición a los campos electromagnéticos. De hecho, el proyecto prevé la creación de la comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud, cuya labor será asesorar a las administraciones públicas y a la industria e informar a la ciudadanía sobre las medidas aprobadas en materia de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, y sobre todo realizar los controles a los que son sometidas las instalaciones generadoras de dichas emisiones.
Es por esto, señorías, que el proyecto de ley recoge medidas tendentes a satisfacer la demanda ciudadana de recibir más información acerca de los posibles efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud, que serán incorporados bien en prensa o en televisión o en otros medios de comunicación.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de los dos vetos.
Intervengo brevemente para hacer alguna consideración en relación con lo manifestado por la portavoz del Grupo Popular.
Nosotros entendemos que es cierto, y lo afirmaba en la defensa del veto, que resulta imprescindible para nuestro país que se propicie el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, que es una herramienta, un instrumento fundamental, pero no pensamos que la forma adecuada en la que se debe afrontar este despliegue de las redes sea la concesión con carácter absoluto a las empresas de telefonía —que aunque aquí hablemos de mercado, son muy pocas, es un oligopolio aún más estrecho que el eléctrico— de la toma de decisiones que son estratégicas, en las que, por lo tanto, es imprescindible mantener niveles de competencia de las administraciones públicas que garanticen la prioridad del interés general sobre el interés legítimo de estas empresas, pero que responden a los intereses de sus accionistas, no a otros, no al desarrollo de este país, ni tan siquiera en el ámbito en el que se mueven.
Sobremanera pensamos que es necesario mantener esas competencias cuando el proyecto de ley, con un nuevo uso alternativo del lenguaje, bajo el epígrafe de instrumentos de colaboración entre administraciones, lo que hace, insisto, una vez más, es prescindir de las competencias de ordenación del territorio y de planificación urbanística de ayuntamientos y comunidades autónomas, supeditándolas a las decisiones de estas empresas de telefonía, ubicando al Ministerio de Industria y al Consejo de Ministros como último recurso que sirva como elemento para imponer las necesidades de despliegue de estas redes por parte de las empresas sobre el rechazo o el intento de establecer condicionantes por parte de las administraciones locales y autonómicas. Eso no es compartir competencias; eso es, por un lado, devaluar, insisto, hasta prácticamente la extinción, esas competencias en lo que afecte a la materia de telecomunicaciones y, en último extremo, colocar a la Administración central, a la Administración del Estado como último recurso en la decisión de cuáles han de ser las ubicaciones, el recorrido y el trazado de estas redes.
Pensamos, además, que por más que se insista en que en el proyecto de ley se introducen criterios de protección del derecho a la salud, lo cierto es que las menciones a tal derecho en este proyecto de ley son anecdóticas, cuando entendemos que debería ser uno de los condicionantes fundamentales del proyecto, y en ningún caso hay garantía de respeto a esa protección al derecho a la salud cuando se concede a estas empresas de telefonía facultades tan amplias en la definición y decisión de cuáles son sus necesidades y en la forma en que han de afrontarse, hasta tal punto que en la definición de cuáles han de ser los criterios prioritarios, en la concreción de la ubicación de infraestructuras y en el tendido o
trazado de las redes, en ningún caso se hace referencia a la salud; se habla de condicionantes tecnológicos y económicos. Obviamente, si la tecnología y la economía van a ser las que determinen las decisiones que en materia de desarrollo de las telecomunicaciones se van a adoptar, la salud inevitablemente va a padecer.
¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones del señor Anasagasti Olabeaga). No hace uso de la palabra.
¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones del señor Montilla Aguilera.) No hace uso de la palabra.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegaciones del señor Alturo Lloan.) No hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gil.
Buenos días. También en aras a la brevedad y para seguir la estela de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, quisiera subrayar algunas cuestiones que para mi grupo, el Grupo Socialista, son importantes respecto a este proyecto de ley.
Nosotros creemos que el carácter estratégico de la Ley general de telecomunicaciones está, desde luego, fuera de toda discusión y no solo en lo que se refiere al despliegue de las redes, al factor económico y a la incidencia positiva que creemos puede tener en el empleo, y que la va a tener, sino porque también contribuirá a algo muy importante, a una mayor cohesión social en nuestro país, un aspecto que consideramos absolutamente determinante.
Esta ley tiene que facilitar, y creo que lo va a hacer, el ejercicio de derechos esenciales para los ciudadanos, como el derecho a la información, el fomento de la igualdad de oportunidades, así como a la accesibilidad universal a estos servicios de los que estamos hablando, por no hablar de las mejoras para la cohesión territorial, tan importantes para algunas de las señorías que nos encontramos en esta sala y que venimos de territorios con una marcada pluralidad, en donde la brecha digital todavía se deja sentir y que imposibilita que muchos ciudadanos tengan acceso a las tecnologías de la información.
Por tanto, este proyecto de ley debe establecer un modelo sostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y del empleo y desde el punto de vista territorial.
Ha dicho ya algún portavoz que es verdad que en el Congreso se ha hecho un trabajo importante, que mi grupo quiere poner en valor, y se han incorporado 53 enmiendas de este grupo. El proyecto de ley que hoy llega a esta Cámara, al Senado, en nada tiene que ver, poco se parece al proyecto que por el mes de octubre presentó el Gobierno; creo que se ha producido un avance importante. Pero mi grupo, haciendo buenas las facultades que tiene esta Cámara para mejorar los proyectos de ley, va a intentar sacar adelante un buen número de enmiendas, en total presentamos 67, para mejorar este proyecto de ley en función de estos objetivos o de áreas que he comentado.
A pesar de estas mejoras, el Grupo Socialista considera que este no es precisamente el proyecto de ley que hubiera hecho, pero el consenso es lo que tiene, hay algunas cuestiones que de momento se han quedado fuera y en las que a nosotros nos gustaría ser más ambiciosos, aspectos como la neutralidad en la red, un control de regulación del mercado por parte del Estado y organismos como la CNMC. Y en este punto sí quiero hacer un inciso. Me gustaría que constara en acta la voluntad, el deseo de este grupo de que se mantuviera la literalidad de los acuerdos que en esta materia hemos alcanzado en el Congreso en lo que se refiere a algunas enmiendas importantes que tienen que ver con el regulador, con la CNMC, y que no me resisto a citar: las números 162, 163, 183, 120, 122 y 128. Hacemos un llamamiento a que se mantenga la literalidad de los acuerdos alcanzados en el Congreso; y sobre todo quiero subrayar nuestro deseo a través de nuestras enmiendas de que se profundice en la universalización de la banda ancha y en concreto se tenga muy en cuenta su extensión al mundo rural.
Pero, como decía, a pesar de las mejoras —que creo que conviene poner en valor— que se han introducido en su trámite en el Congreso, nuestro grupo mantiene un número importante de enmiendas que esperamos sean tenidas en cuenta y sean incorporadas finalmente a este proyecto de ley para que entre todos, y en aras a ese consenso al que hacía alusión la portavoz del Grupo Popular, consigamos
hacer que este sea un proyecto de ley mejor para el desarrollo de las tecnologías de la información en nuestro país.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Azuara.
La señora AZUARA NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Quiero ser breve debido a las aportaciones que ha hecho el resto de portavoces a este debate en comisión.
Reitero parte de la exposición que he mantenido anteriormente. Quiero exponer de nuevo que el Proyecto de Ley general de telecomunicaciones no prioriza en ningún caso los derechos de los operadores en detrimento de la salud de los ciudadanos o de las competencias autonómicas y locales, sino que, muy al contrario, pretende convertirse en un elemento valioso para que el despliegue de las nuevas redes se realice mediante fórmulas de cooperación y coordinación directamente entre las administraciones.
En cuanto a la intervención de mi compañero, el senador Gil, no le quepa la menor duda de que seguiremos trabajando en esta Cámara para que el texto que resulte de la tramitación parlamentaria en el Senado sea lo más consensuado posible.
Seguiremos trabajando en los acuerdos que ya se iniciaron en el Congreso de los Diputados, y pueden ustedes contar con nuestra plena disposición para seguir dialogando a fin de conseguir muchos acuerdos y consensos.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de los diferentes vetos por el orden en que se ha producido el debate.
En primer lugar, votamos el veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 15; abstenciones, 7.
Votamos el veto número 2, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
El veto número 3, también del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, ha sido retirado.
Pasamos al debate de las enmiendas por orden de presentación.
Tiene la palabra el senador don Enrique Iglesias Fernández para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, números 1 a 85.
Doy por defendidas todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, y me centraré exclusivamente y de forma muy sintética en la argumentación de las enmiendas que hemos formulado el senador Mariscal y yo mismo.
Esas 85 enmiendas se pueden agrupar en 5 bloques. El primer bloque aspira a introducir en el proyecto de ley de forma destacada, como condicionante del desarrollo de la red de telecomunicaciones, el respeto al medioambiente y la salvaguarda del derecho a la salud, y para ello planteamos que se adopten las medidas contenidas en la Resolución 1815 del Consejo de Europa, que las redes sean evaluadas desde la perspectiva medioambiental, que se cree un fondo nacional para la investigación de los efectos de los campos magnéticos no ionizantes, que se priorice también el acceso a red pública en comunicación por cable, e igualmente aspiramos a que se establezca la obligatoriedad de un etiquetado claro de los niveles de emisión de los aparatos de telecomunicaciones, y que se ponga en marcha un mecanismo de superación del Real Decreto 1066/2001 mediante un acuerdo de los ministerios de Industria y Sanidad y Servicios Sociales.
El segundo bloque, en coherencia con el veto, busca mantener las competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas en relación con el urbanismo y la ordenación del territorio en lo que se ve afectado por este proyecto de ley. Por ello, en primer lugar, hemos enmendado para que se permita a las administraciones públicas la instalación y explotación de redes públicas sin que tengan que constituir sociedades, que lo puedan hacer de forma directa, sobremanera porque precisamente la reforma del régimen local dificulta la creación de nuevas sociedades públicas y su mantenimiento. Igualmente, introducimos una enmienda para definir el concepto de autoprestación, en este caso, porque creemos que la actual redacción del proyecto de ley va a significar obstáculos para las redes internas de telecomunicación de las administraciones públicas. Presentamos enmienda para que el acceso de las operadoras a las infraestructuras de las que son titulares las administraciones públicas deba estar sometido a autorización de la Administración pública titular de esta infraestructura. Por tanto, también enmendamos para que se suprima el reconocimiento directo de un derecho al uso compartido de las redes públicas; creemos además que es necesario mantener el respeto a la normativa patrimonial en relación con el uso del dominio público y de las propiedades que en otro régimen tengan las administraciones públicas.
Enmendamos para que sea posible que las administraciones públicas establezcan condicionantes al desarrollo de estas redes por razones de salud pública medioambiental, defensa nacional, ordenación del territorio o urbanística. Suprimimos el artículo 29, en tanto en cuanto en este se refleja el derecho de ocupación de la propiedad privada como beneficiaria del procedimiento expropiatorio. Suprimimos también el párrafo segundo del artículo 34, en tanto en cuanto reconoce como equipamiento básico las redes públicas, y corresponde a comunidades autónomas y ayuntamientos definir qué son los equipamientos básicos. Mantenemos que la normativa de ordenación del territorio, del planeamiento urbanístico, pueda fijar itinerarios y ubicación de infraestructuras de telecomunicaciones.
Enmendamos para que la Administración territorial competente pueda exigir proyectos firmados por técnicos en la materia que garanticen la seguridad de las instalaciones que se están realizando y el cumplimiento de los máximos de emisión y, por tanto, el respeto al medio ambiente y a la salud pública. Suprimimos los párrafos cuarto y quinto del artículo 35; en concreto en el párrafo cuarto se establece la prevalencia del Consejo de Ministros autorizando ubicaciones e itinerarios de infraestructuras, y en el quinto se introduce un informe preceptivo del ministerio para adoptar medidas cautelares de supresión de estas instalaciones. Y suprimimos la disposición final tercera por la que se elimina la exigencia de licencia de obras para el desarrollo de estas infraestructuras.
Un tercer bloque hace referencia a los derechos de los usuarios. Apostamos por garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de acceso a una conexión a la red pública de comunicación que permita comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad garantizada en sentido descendente de más de 6 megabits y no de más de 1, como establece el proyecto. En coherencia con lo defendido cuando en el antepenúltimo Pleno debatimos el Proyecto de Ley de protección al consumidor, introducimos mediante enmienda el derecho a que el consumidor tenga una factura en papel y obtenga una copia del contrato en la modalidad que determine. Igualmente, que los contratos de permanencia no puedan ser superiores a 24 meses, y que se establezca la obligación por parte de las empresas operadoras de ofertar un contrato de permanencia de solo 12 meses.
Un paquete muy amplio de enmiendas busca el reconocimiento de los consumidores con discapacidad, y para ello presentamos varias enmiendas con objeto de que no se produzcan fenómenos de discriminación en el acceso a las telecomunicaciones. Planteamos que se fijen las condiciones básicas de acceso a la comunicación electrónica por estas personas, que se introduzca el uso del lenguaje de signos, o que se acote una porción del espacio radioeléctrico para emitir contenidos de televisión accesible.
Un cuarto bloque modificaría el régimen sancionador.
Y, para ir concluyendo, en el quinto bloque introducimos 2 enmiendas que buscan garantizar el mantenimiento de los servicios de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro, tanto radiofónica como de televisión, mientras no se desarrolle el reglamento para la concesión de licencias; estos operadores no son culpables de que no se haya desarrollado en los plazos previstos este procedimiento de concesión de licencias y, por tanto, entendemos que sería injusto, como prevé expresamente la ley, que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones pudiera interceptar las emisiones radiofónicas o televisivas de estos operadores; por contra, queremos que de forma expresa se autorice el mantenimiento de su actividad con carácter provisional hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de los mecanismos de concesión de licencias.
¿Y las enmiendas números 86 a 88, de los senadores Quintero y Zerolo?
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas.
¿Igualmente da por defendidas las enmiendas números 89 a 119 de la senadora doña Ester Capela y Ferré?
A continuación, pasamos a las enmiendas números 344 a 405, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
El senador Anasagasti tiene la palabra.
Pasamos, entonces, al grupo de enmiendas números 187 a 343, del Grupo Parlamentario Entesa.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.
Para la defensa de las enmiendas números 414 a 448, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.
Voy a darlas todas por defendidas. Simplemente intervengo para manifestar que las enmiendas agrupadas hacen referencia a cuatro bloques: el primer bloque es de tipo competencial, puesto que hacen referencia a las administraciones autonómicas y locales. Consideramos que las enmiendas que hemos presentado son muy importantes, puesto que para el despliegue de redes y toda la cuestión que se plantea en el proyecto de ley relativa al incremento de la eficacia en el mundo de las telecomunicaciones y en la comunicación electrónica es imprescindible la colaboración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Otro bloque de enmiendas hace referencia a la regulación y, en concreto, al regulador, a la CNMC. Entendemos que tiene que contener las competencias propias de la regulación y las que hacen referencia al regulador para que realmente no haya una interferencia y tengamos un regulador totalmente independiente, con sus atribuciones, como se planteó en su momento, y que no se efectúe ahora el traspaso de competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Ministerio de Industria, Energía y Turismo; por tanto, aquí tenemos un paquete de enmiendas importante que va en esta línea.
Otro bloque hace referencia a la protección de datos, que consideramos clave en el mundo en que nos movemos. Finalmente, hay otro bloque relativo a enmiendas de carácter general.
Por tanto, vamos a pedir al Grupo Popular que negocie estas enmiendas, al igual que hizo en el Congreso, y que en el Senado podamos avanzar y llegar a acuerdos.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.
Intervengo para dar por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que tienen mucho que ver, fundamentalmente, con la protección del consumidor, con asuntos competenciales y con la neutralidad de la red.
Independientemente de dar por defendidas todas las enmiendas, me gustaría insistir en la importancia que tiene para el Grupo Parlamentario Socialista mantener la literalidad de los acuerdos a los que se llegó en el Congreso, a los que antes han hecho referencia ambos portavoces, concretamente en lo que se refiere a las enmiendas números 120, 122, 128, 162, 163 y 183, que fueron ya pactadas en el Congreso, y no se sabe muy bien por qué no se introdujeron en el texto definitivo que remitieron al Senado.
Debo advertir previamente que se va a presentar a la Mesa una enmienda transaccional. En cuanto esté firmada por todos, la Presidencia comunicará a los portavoces si se presenta y el sentido que tiene.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Nicolás.
Quiero comenzar reiterando lo que ya ha dicho mi compañera, la senadora Azuara, que esta es una ley que empezó a tramitarse hace más de un año y que ha tenido un proceso muy participativo, no solamente a nivel de partidos políticos y de grupos parlamentarios en el Congreso, sino a nivel de todos aquellos actores implicados en el desarrollo de una ley que, como se ha dicho, es de vital importancia en el crecimiento del empleo y en el desarrollo y actualización de todo lo que tiene que ver con tecnología y con innovación en las telecomunicaciones.
Aunque ya se ha dicho que se han aprobado en ponencia, quiero que conste en el Diario de Sesiones que parte de las 8 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado dan cumplida respuesta a algunas de las principales reivindicaciones de los grupos parlamentarios en el Senado: por una parte, hemos introducido mejoras técnicas en algunas definiciones para adaptarlas a directivas europeas que están en tramitación en Europa y, por otra, se ha considerado una propuesta de la FEMP, algo a lo que todos los grupos han hecho referencia, en relación con el despliegue de redes por fachadas o aéreos para que se produzca de una manera más ordenada desde el punto de vista urbanístico, es decir, en todo aquello en lo que pudiera haber colisión con las competencias de los entes locales. Con estas enmiendas hemos pretendido también minimizar la repercusión de esos despliegues y que, en el caso de que sean despliegues por vía área, se utilicen los lugares donde ya existen cables, y en las fachadas, siempre que sea posible, que se utilicen infraestructuras ya establecidas, algo que es obvio pero que con estas enmiendas queremos que quede absolutamente claro.
Otro asunto que ha preocupado mucho y sobre el que versan muchas de las enmiendas de los grupos parlamentarios en el Senado es el relativo a las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de la CNMC. Efectivamente, esta ley regula en muchos de sus artículos aspectos que tienen mucho que ver con este organismo regulador y, tras las conversaciones con la CNMC, se ha producido un cambio con respecto a las competencias en lo que atañe a la cláusula residual; por tanto, tal y como queda ahora la ley —y con esto quedan contestadas todas las enmiendas relativas a este organismo— todo aquello que no esté asignado en ley a algún organismo, incluso al propio ministerio —como dice nuestra enmienda número 409— será competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y no del Ministerio de Industria. Quería hacer esta brevísima referencia a nuestras enmiendas porque, como digo, dan respuesta a algunas de las preocupaciones de los grupos parlamentarios; grupos parlamentarios a los que, en nombre de todos y, por supuesto, del Gobierno, hemos de agradecer la importante labor que han hecho con la presentación de más de 400 enmiendas, después del intenso debate que se produjo en el Congreso.
Como decía al principio, señor presidente, vamos a aprobar una serie de enmiendas de los diferentes grupos y en mi intervención, que intentaré que sea muy breve, desde luego, iré contestando por el orden en el que ya han intervenido, y diré las que vamos a apoyar y por qué vamos a rechazar el resto.
Al Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, en concreto en cuanto a la enmienda número 1 al artículo 2, les diré que este artículo está dedicado a la configuración de las telecomunicaciones como servicio de interés general, y no es el precepto indicado para hacer referencia a lo que proponen en ella. Las medidas de protección de la salud —algo que preocupa mucho a Izquierda Unida— se encuentran recogidas en la normativa sectorial correspondiente, que es el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. En ese Real Decreto ya se tiene en cuenta el principio de precaución o cautela según quedó expuesto en la sentencia de 19 de abril de 2006, del Tribunal Supremo.
Este grupo también tiene mucho interés en aludir expresamente a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ha presentado varias enmiendas referidas a ello. La
referencia a la Convención sobre personas con discapacidad no encaja en el contenido del artículo 2 que enmiendan, porque este precepto es copia directa de la directiva marco que, precisamente, desarrolla estos derechos de las personas con discapacidad.
Nosotros defendemos que se debe mantener el control de los operadores de las Administraciones públicas para evitar, precisamente, la distorsión de la competencia. Por tanto, rechazamos todas las enmiendas que van en sentido contrario a lo que acabo de decir.
También presentan enmiendas referidas al impacto medioambiental. Concretamente la enmienda número 16, al artículo 10.1, añade la expresión: «desde el aspecto del impacto medioambiental» en relación con la información que se pueda solicitar. La ley trata de tener información suficiente para evaluar la integridad y la seguridad de las propias redes, no su impacto sobre otros bienes protegidos.
En cuanto a elevar la velocidad —aunque no se ha hecho mucho hincapié— no se puede ampliar la velocidad mínima en banda ancha del servicio universal de telecomunicaciones. Esta ley da cumplida respuesta a los objetivos de la Agenda Digital para Europa y a su traslado a la Agenda Digital Española. Y, sobre todo, no se debe confundir universalización con servicio universal.
En cuanto al artículo 25, todas las enmiendas al artículo 25 no proceden porque es una trasposición de la directiva comunitaria y no vamos a apoyarlas porque no se puede modificar.
También hay algunas observaciones en cuanto a la creación de registros autonómicos de prestadores de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. El régimen jurídico de los servicios audiovisuales comunitarios sin ánimo de lucro se encuentra recogido en otra ley, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual y, por lo tanto, no hay nada que regular en la ley que ahora hacemos.
Vamos a aceptar dos enmiendas del Grupo Mixto: la enmienda número 76, de Izquierda Unida, y la enmienda número 117, de Esquerra, a la disposición transitoria segunda, para ampliar de seis meses a un año el plazo de adaptación de los operadores controlados por las administraciones públicas para ajustarse a lo dispuesto en el artículo 9.
El resto de enmiendas quedarían rechazadas.
En cuanto a las enmiendas del siguiente grupo que ha intervenido, la Entesa, sobre la disposición adicional cuarta, debo decir que las autoridades nacionales de reglamentación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el propio ministerio, deben respetar la Ley Orgánica de protección de datos. No podemos aceptar enmiendas a este proyecto de ley que vayan en contra de lo ya regulado en esta ley que, como todo el mundo sabe, también es una ley muy debatida, una ley muy técnica, que garantiza esa protección de los datos de todos los consumidores tan afectados en materia de telecomunicaciones.
La disposición adicional sexta viene a reforzar las potestades sancionadoras, ya que aumenta la cuantía de las sanciones. Se han rebajado algunas faltas de muy graves a graves y en contraposición, le ley lo que hace es aumentar la cuantía de las sanciones para asegurar el cumplimiento de la ley en el apartado de sanciones.
De la Entesa, señor presidente, aceptamos las enmiendas números 252, 256, 258, 264 y 335.
De CiU, aceptamos dos enmiendas y vamos a transaccionar una de ellas. En general, en cuanto a las enmiendas que han presentado, debo decirles que uno de los objetivos del proyecto de ley es, precisamente, evitar que las administraciones públicas, al configurar sus propios operadores, sostenidos con fondos públicos, distorsionen un mercado que es libre y competitivo. Por lo tanto, no aceptamos las enmiendas que van en ese sentido. No está previsto en la ley —y así va a seguir siendo— que el coste de la prestación del servicio universal de telecomunicaciones pueda estar sostenido con fondos públicos.
Consideramos que todas las características relacionadas con la implantación territorial deben ser uniformes en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Pues, sencillamente, y como es obvio, porque las telecomunicaciones, señorías, son competencia exclusiva del Estado. En este sentido, rechazamos las diferentes enmiendas que van en contra de este principio, como la 429, la 434, y algunas más.
Sí vamos a aceptar dos enmiendas de CiU, las números 422 y 439. Le enmienda número 422 solicita que se incluya también la obligación de pedir informes a la Administración territorial competente, además del informe de la CNMC, y la enmienda número 439 se refiere a esas funciones de la Comisión Nacional que están claramente identificadas en el proyecto y que, al final, después de toda la tramitación estoy segura de que conseguiremos —como, además, ya ha dicho el Gobierno— una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia más fuerte, con unas funciones más claras, mejor definidas y, en definitiva, con más recursos para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores.
En cuanto a las enmiendas del PNV, vamos a aceptar la enmienda número 401, que atañe a la disposición transitoria segunda, en el mismo sentido de otras enmiendas ya aceptadas de otros grupos, que establece un período transitorio de un año en lugar de 6 meses para la adaptación de los operadores.
Y por lo que se refiere a las demás enmiendas, las vamos a rechazar, por diferentes motivos. Muy brevemente, diré que esta Ley general de telecomunicaciones regula redes públicas y no redes privadas de telecomunicaciones. Regula todo un mercado nacional de telecomunicaciones en función de unas competencias que, como también he dicho, son exclusivas del Estado.
La enmienda número 378 creo que debería retirarse, porque la parte resolutiva que se pide ya ha sido incorporada en la redacción saliente del Congreso. Si no se retira, votaremos en contra, porque, como digo, ya está incorporada.
En el proyecto de ley se ha llevado a cabo una reordenación de las infracciones para adecuarlas mejor a su gravedad. Como he dicho antes, muchas infracciones muy graves pasan a ser calificadas como graves —se rebaja esa calificación de grave— y como contrapunto a esto y a las mayores facilidades y ámbitos de actuación que tienen los operadores en el despliegue de sus redes y en la prestación de servicios, este proyecto de ley viene a reforzar las potestades de inspección y sanción, por lo que se ha elevado la cuantía de las sanciones.
Y ya para finalizar, al Grupo Socialista, que ha dado por defendidas sus enmiendas, le diré que efectivamente se había hablado de 6 enmiendas que íbamos a apoyar o a transaccionar. Parece ser que vamos a dejar en stand by las números 162 y 163 para ver con tranquilidad en el Pleno cómo quedan estas 2 enmiendas y si las transaccionamos o las aprobamos. Parece ser que algunas conversaciones no se han cerrado en su momento y hoy han surgido aquí una serie de dudas que van a quedar pendientes, pero sí vamos a aceptar cuatro enmiendas, las números 120, 122, 128 y 183. Estas enmiendas afectan a las disposiciones adicionales cuarta y sexta y a la disposición transitoria segunda. El resto de enmiendas las vamos rechazar por una serie de motivos. Por un lado, en lo que se refiere a la disposición adicional quinta.2., porque los usuarios ya figuran y se mencionan expresamente como miembros del Catsi, incluyendo a las personas con discapacidad a través de su organización más representativa, que, como todo el mundo sabe, es el Cermi —el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad—, que, además, ha tenido muchas y fructíferas conversaciones con los representantes del ministerio, y muchas de las propuestas que ha hecho a este proyecto de ley han quedado incorporadas, como no podía ser de otra manera, para la accesibilidad de personas discapacitadas al mundo de las telecomunicaciones.
Vamos a rechazar lo que pretende modificar, vía enmienda, el Partido Socialista en lo que respecta a la disposición final cuarta, porque la redacción de esta disposición ha sido pactada con el Ministerio de Interior. Además, me remito al visto bueno que ha dado el propio Consejo de Estado. Lo mismo para las enmiendas 135, 136 y 133.
Quiero decir respecto a la supresión del artículo 21 del proyecto que el Grupo Parlamentario Popular entiende que este artículo debe permanecer, ya que la conservación de los números no solo es un derecho de los usuarios, sino que también es un recurso que debe ser protegido al ser escaso y competitivo para los operadores.
Por mi parte, nada más. He hecho una exposición rápida y breve porque no he podido entrar en el fondo de todas y cada una de las argumentaciones, como me hubiera gustado, de cada una de las enmiendas que rechazamos.
En definitiva, señor presidente, señorías, con la aprobación de las enmiendas a las que he hecho referencia y las transacciones a las que hemos llegado, mejoramos todavía más un texto muy técnico pero que, a pesar de ese tecnicismo, viene a proteger y a dar cumplida respuesta a las expectativas de todos los sectores implicados, por supuesto, también a los ciudadanos, que, en última instancia, van a ser los beneficiarios de una de las reformas más importantes que está llevando a cabo el Gobierno de España en los últimos tiempos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nicolás.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha realizado diferentes consideraciones en relación con las enmiendas que hemos presentado.
Efectivamente, las que guardan relación con la técnica legislativa. Si los proyectos elaborados por el Gobierno que han llegado a esta Cámara se hubieran caracterizado por su exquisitez en el respeto a la técnica legislativa y no hubieran sido un constante ejemplo de introducir contenidos que no han guardado la más mínima relación con el enunciado del proyecto, yo asumiría humildemente las consideraciones que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha realizado. Por citar solo el último ejemplo: que la ley general de consumidores se haya convertido en rehén de una disposición —no recuerdo ahora si transitoria o adicional— en la que se fijaba una modificación de la tarifa eléctrica es la mejor expresión de esa falta de respeto a la técnica legislativa. En consecuencia, me permitirá la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que, con el máximo respeto a sus consideraciones, mantenga la posibilidad de que nuestras enmiendas encuentren encaje con la misma legitimidad que otros planteamientos del Grupo Popular o del Gobierno en este Proyecto de Ley general de telecomunicaciones.
Segunda consideración. Es cierto que algunas de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha incorporado, concretamente la 406 y la 409, resuelven de forma parcial alguna de las preocupaciones que dieron lugar a diferentes enmiendas de este grupo, pero lo hacen de forma parcial e insuficiente. El asunto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sí está mejor resuelto, pero que en una enmienda al artículo 34, que incorpora un nuevo párrafo quinto, se llegue a una redacción más propia de una ordenanza municipal que de un texto legislativo, me parece que es la mejor expresión y la mejor manera de comprobar que de verdad este proyecto de ley suplanta competencias propias de los ayuntamientos, por más que reconozca que los contenidos que aquí se reflejan —insisto, más propios de una ordenanza municipal que de un texto legislativo— supongan un pequeño avance en tanto en cuanto acotan las posibilidades de despliegue aéreo de las redes, invitando al reciclaje y aprovechamiento de instalaciones anteriores y ratificando el respeto por los edificios que cuentan con algún tipo de valor como patrimonio histórico artístico, aunque a mí me sigue suscitando la misma duda que el texto inicial del proyecto. Al hablar con carácter individual de edificaciones del patrimonio histórico artístico, una interpretación rigurosa del texto, tanto en otras referencias que aparecen en el proyecto como en esta enmienda, llevaría a excluir los cascos históricos y solo mantendría un nivel de protección para las edificaciones individualmente consideradas, lo cual nos parece bastante peligroso.
Entiendo, tras la intervención de la senadora del Grupo Parlamentario Popular, que nos aceptan la enmienda 401 y que hay también una transaccional sobre la enmienda 354.
¿Es correcto? (Asentimiento).
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el senador Montilla. (Denegaciones).
El señor ALTURO LLOAN: Muy brevemente.
Intervengo para hacer constar que hemos avanzado. De las dos enmiendas que se han aceptado, una es de ámbito competencial. Considero muy importante que se tenga que consultar a las comunidades autónomas para exigir determinados servicios ante determinadas necesidades. La otra hace referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en tanto en cuanto les otorga competencias residuales, que, aunque no están definidas y no están expresamente mencionadas en el desarrollo de esta ley, esta les posibilita poder realizarlas.
Finalmente quisiera señalar que quedan todavía paquetes de enmiendas importantes. Desde hoy hasta el día en que tenga lugar el debate en el Pleno, creo que vale la pena que hagamos esfuerzos
importantes. Quiero recordar que esta Comisión de Industria del Senado siempre se ha caracterizado en estos términos precisamente por llegar a consensos, para cumplir con la Agenda Digital Europea. Ha sido una comisión proactiva, que ha elaborado propuestas que luego el Gobierno las ha aceptado, propuestas de colaboración en sentido positivo.
Por lo tanto, yo pido también que podamos llegar a estos consensos, a estos acuerdos, ya que esta es una ley técnica que repercute tanto en la economía de nuestro país y en el ámbito de cualquier especialidad al ser transversal —es decir, lo que estamos hablando afecta de manera transversal a todas las especialidades—. Deseamos que podamos llegar a acuerdos y al máximo consenso posible entre todas las fuerzas políticas.
Simplemente quiero poner en valor y manifestar que nos damos por enterados de la incorporación de 4 enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista, las números 120, 122, 128 y 183, consideramos que es un paso adelante, pero seguimos echando de menos algunas cuestiones importantes. Antes el senador Manchado ha apuntado algunas, como el tema de la neutralidad en la red. Creo que faltan garantías efectivas para lograrlo. Vamos a seguir peleando por ello. Pero sobre todo se recogen algunas cuestiones que hacen referencia a los derechos de los usuarios. Creemos que esta ley ha de anteponer el interés general y el interés de los usuarios a cualquier otro.
Ya adelanto que vamos a mantener vivas nuestras enmiendas de cara al Pleno a fin de que se garantice suficientemente la libre competencia en este sector.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Azuara.
La señora AZUARA NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de pasar la palabra a mi compañera, la senadora Nicolás, quiero verificar que es cierto que hemos presentado una transaccional junto al Grupo Parlamentario Vasco. Hace referencia a la enmienda 354 que han planteado y ha sido presentada al resto de grupos políticos para que sean conocedores del texto.
Senadora Nicolás, tiene la palabra.
La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco, por supuesto, y en primer lugar, el tono en el que los grupos parlamentarios han hecho sus intervenciones; un tono constructivo, un tono de reconocimiento del trabajo hecho.
Por nuestra parte he de decir que de cara al debate en el Pleno vamos a seguir trabajando para alcanzar nuevos acuerdos que mejoren aún más este texto. Se trata de un texto normativo cuyo único interés es regular el mercado de las telecomunicaciones, cuya competencia es exclusiva del Estado, pero lo que nosotros queremos, el ministerio quiere y, por supuesto, el resto de las administraciones demandan es que exista la necesaria coordinación entre el ministerio, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones se haga con las mayores garantías y nos permita colocarnos como país a la cabeza en el ámbito europeo, aunque todavía nos quedan cosas por hacer, pero de eso se trata, en definitiva, de que este proyecto, que traspone directivas comunitarias —y no solamente las ya aprobadas, también algunas en tramitación—, se aprueba para dar todas las garantías en cuanto a derecho comunitario se refiere, pero también tiene en cuenta las particularidades de los diferentes territorios. Pensamos que consigue también incidir en rebajar, disminuir y eliminar en la medida de lo posible la brecha digital que actualmente existe entre los diferentes territorios, pues se consigue la velocidad de conexión que todo el mundo requiere. Asimismo da cumplida respuesta a ese compromiso del Gobierno con la Agenda 2020 en materia digital y de comunicaciones, un objetivo a cumplir que todos tenemos en el horizonte.
Reitero en nombre de mi grupo nuestro agradecimiento por el trabajo realizado y las diferentes aportaciones, así como la disposición a seguir trabajando de aquí al Pleno para mejorar este proyecto de ley. Damos por leída la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Vasco, una enmienda que, en aras de lo que acabo de decir, viene a dar cumplida respuesta a estas reivindicaciones, ya que las administraciones territoriales tienen mucho que decir y mucho que aportar, y en ese sentido vamos a seguir trabajando.
Oídas las explicaciones de los portavoces, y con el fin de ordenar las votaciones, voy a suspender dos minutos la sesión.
Ruego a los miembros de la ponencia que se acerquen a la mesa.
Continuamos la sesión con la votación del informe de la ponencia, con la incorporación que ha hecho suya la ponencia de las siguientes enmiendas: la número 76, del Grupo Parlamentario Mixto; la enmienda 117, del Grupo Parlamentario Mixto; enmienda 120 del Grupo Parlamentario Socialista; enmienda 122, del Grupo Parlamentario Socialista; enmienda 128, del Grupo Parlamentario Socialista; enmienda 183, del Grupo Parlamentario Socialista; enmienda 252, del Grupo Parlamentario Entesa; enmienda 256, del Grupo Parlamentario Entesa; enmienda 258, del Grupo Parlamentario Entesa; enmienda 264, del Grupo Parlamentario Entesa; enmienda 335, del Grupo Parlamentario Entesa; enmienda 401, del Grupo Parlamentario Vasco; enmienda 422, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; enmienda 439, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y la enmienda transaccional ya conocida por todos los grupos y formulada en base a la 354, del Grupo Parlamentario Vasco.
El resto de las enmiendas presentadas, si los grupos lo estiman conveniente, quedan vivas para el Pleno, una vez que se presente en tiempo y forma el correspondiente escrito.
Comienza la votación del informe de la ponencia con todas las incorporaciones de enmiendas citadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 1; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el informe de la ponencia con las incorporaciones descritas.
En consecuencia, queda dictaminado por la Comisión de Industria, Energía y Turismo el Proyecto de Ley general de telecomunicaciones.
Siguiente punto: corresponde designar a la persona que va a presentar en el Pleno el dictamen de la comisión. (Varios señores y señoras senadores: El presidente.)
Muchas gracias por su confianza. Seré digno de la comisión.
Todos los portavoces saben el tiempo del que disponen para presentar los votos particulares, no más allá de la tarde de mañana. Por tanto, ya saben el contenido de lo que tienen que presentar.

References: Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 29
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 21
 artículo 34