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Timestamp: 2018-09-20 18:46:38+00:00

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Ley 8220 - Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos en Costa Rica
"> Ley 8220
Ley 8220 de Costa Rica - Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos
Ley # 8220 - Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos
Artículo 1°- Ámbito de aplicación. La presente Ley es aplicable a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas. Se exceptúan de su aplicación los trámites y procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional.
Artículo 2°- Presentación única de documentos. La información que presenta un administrado ante una entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública, no podrá ser requerida de nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro en esa misma entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá solicitar al administrado, información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean.
Artículo 3°- Respeto de competencias. La Administración no podrá cuestionar ni revisar los permisos o las autorizaciones firmes emitidos por otras entidades u órganos, salvo lo relativo al régimen de nulidades. Únicamente podrá solicitarle al administrado, copia certificada de la resolución final de un determinado trámite. Tampoco podrán solicitársele requisitos o información que aún se encuentren en proceso de conocimiento o resolución por otra entidad u órgano administrativo; a lo sumo, el administrado deberá presentar una certificación de que el trámite está en proceso.
Artículo 4°- Publicidad de los trámites y sujeción a la ley. Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al administrado deberá:
a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. b) Estar publicado en el diario oficial La Gaceta junto con el procedimiento a seguir, los instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes y estar ubicado en un lugar visible dentro de la institución. Asimismo, en un diario de circulación nacional deberá publicarse un aviso referido a dicha publicación.
(Este artículo 4, fue reformado por el artículo 1, de la Ley N.º 8990, de 27 de setiembre de 2011. Publicada en el Alcance Digital N.º 72 de La Gaceta N.º 189, de 3 de octubre de 2011.)
Artículo 5°- Obligación de informar sobre el trámite. Todo funcionario, entidad u órgano público estará obligado a proveerle al administrado información sobre los trámites y requisitos que se realicen en la respectiva unidad administrativa o dependencia. Para estos efectos, no podrá exigirle la presencia física al administrado, salvo en los casos en que la ley expresamente lo requiera.
Para garantizar uniformidad en los trámites e informar debidamente al administrado, las entidades o los órganos públicos, además, expondrán en un lugar visible y divulgarán por medios electrónicos, cuando estén a su alcance, los trámites que efectúan y los requisitos que solicitan, apegados al artículo 4 de esta ley. (Este artículo 5, fue reformado por el artículo 1, de la Ley N.º 8990, de 27 de setiembre de 2011. Publicada en el Alcance Digital N.º 72 de La Gaceta N.º 189, de 3 de octubre de 2011.)
Artículo 6°- Plazo y calificación únicos. La Administración tendrá el deber de resolver el trámite siempre dentro del plazo legal o reglamentario dado. La entidad, el órgano o el funcionario de la Administración deberá verificar la información presentada por el administrado y prevenirle, por una única vez y por escrito, que complete los requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información. La prevención debe ser realizada por la Administración como un todo, válida para los funcionarios, y no se podrán solicitar nuevos requisitos o señalar nuevos defectos que no fueron prevenidos oportunamente, aun cuando sea otro funcionario el que lo califique por segunda vez.
La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la Administración y otorgará al interesado hasta diez días hábiles para completar o aclarar; transcurridos estos continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver. (Este artículo 6, fue reformado por el artículo 1, de la Ley N.º 8990, de 27 de setiembre de 2011. Publicada en el Alcance Digital N.º 72 de La Gaceta N.º 189, de 3 de octubre de 2011.)
Artículo 7°- Procedimiento para aplicar el silencio positivo. Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración, sin que esta se haya pronunciado, se tendrán por aprobadas. Para la aplicación del silencio positivo bastará con que el administrado presente a la Administración una declaración jurada, debidamente autenticada, haciendo constar que ha cumplido con todos los requisitos necesarios para el otorgamiento de los permisos, las licencias o las autorizaciones y que la Administración no resolvió dentro del plazo correspondiente.
Cuando sea procedente, la Administración aplicará el procedimiento de nulidad en sede administrativa regulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o iniciará un proceso judicial de lesividad para demostrar que los requisitos correspondientes no fueron cumplidos. (Este artículo 7, fue reformado por el artículo 1, de la Ley N.º 8990, de 27 de setiembre de 2011. Publicada en el Alcance Digital N.º 72 de La Gaceta N.º 189, de 3 de octubre de 2011.)
Artículo 8°- Procedimiento de coordinación inter-institucional. La entidad u órgano de la Administración Pública que para resolver requiera fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o cualquier información que emita o posea otra entidad u órgano público, deberá coordinar con esta su obtención por los medios a su alcance, para no solicitarla al administrado.
Artículo 9°- Trámite ante una única instancia administrativa. Ningún administrado deberá acudir a más de una instancia, entidad u órgano público, para la solicitud de un mismo trámite o requisito, que persiga la misma finalidad. Las diferentes entidades u órganos de la Administración Pública que, por ley, están encargados de conocer sobre un trámite o requisito cuyo fin es común, complementario o idéntico, deberán llegar a un acuerdo para establecer un trámite único y compartido, así como la precedencia y competencia institucional.
Artículo 10.- Responsabilidad de la Administración y el funcionario. El administrado podrá exigir responsabilidad tanto a la Administración Pública como al funcionario público y a su superior jerárquico, por el incumplimiento de las disposiciones y los principios de esta ley.
a) No aceptar la presentación única de documentos o exigir más requisitos de los establecidos en la ley, los decretos ejecutivos o los reglamentos, conforme lo establecido en la ley. b) No respetar las competencias. c) No dar publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley. d) No informar de forma clara y completa a las personas interesadas sobre el trámite. e) No resolver ni calificar las peticiones, gestiones, solicitudes y demás documentos dentro del plazo establecido para cada uno de esos trámites en la Ley General de la Administración Pública o en ley especial. f) Incumplir el procedimiento del silencio positivo. g) Incumplir el procedimiento de coordinación institucional e interinstitucional. h) Irrespetar el trámite ante única instancia administrativa. i) Rechazar los documentos expedidos válidamente por otros órganos, entes o instituciones del Estado en el ejercicio de su propia competencia. j) No realizar la evaluación costo-beneficio de la regulación, cuando corresponda. k) No acatar los criterios realizados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y los principios de mejora regulatoria. Se excluyen los casos en que el criterio del MEIC no sea vinculante.
En aplicación del inciso i) anterior, cuando un funcionario considere que algún documento expedido por otra institución pueda presentar vicios susceptibles de producir una nulidad, así lo comunicará a la institución que lo emitió, y contará
con un plazo perentorio de ocho días hábiles para comprobar los vicios, transcurrido dicho plazo sin tener respuesta tendrá la obligación de aceptar la validez del documento, siempre y cuando este no sea anulado de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI, título VI, libro I de la Ley General de la Administración Pública, N.º 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas.
ii) Suspensión sin goce de salario o remuneración de cualquier clase o forma de ocho días a un mes, ante el segundo incumplimiento. iii) Despido sin responsabilidad patronal, para los casos de tres o más incumplimientos.
Las instituciones del Estado en las que el régimen disciplinario está regulado por ley o normativa especial, se ajustarán a dicha regulación específica para el trámite del procedimiento y la aplicación de las sanciones correspondientes. (Este artículo 10, fue reformado por el artículo 1, de la Ley N.º 8990, de 27 de setiembre de 2011. Publicada en el Alcance Digital N.º 72 de La Gaceta N.º 189, de 3 de octubre de 2011.)
Artículo 11.- Rectoría. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, será el órgano rector en materia de simplificación de trámites y mejora regulatoria y, como tal, deberá velar por el cumplimiento de esta ley.
Cada ente autónomo, semiautónomo o con autonomía universitaria establecerá sus programas de mejora regulatoria y designará a sus oficiales de simplificación de trámites, y tendrá como referente los criterios que en esta materia emita el órgano rector. (Este artículo 11, fue adicionado por el artículo 2, de la Ley N.º 8990, de 27 de setiembre de 2011. Publicada en el Alcance Digital N.º 72 de La Gaceta N.º 189, de 3 de octubre de 2011.)
Artículo 12.- Evaluación costo o beneficio. Las instituciones señaladas en el artículo 1 de la presente ley están obligadas a realizar una evaluación costo- beneficio antes de emitir cualquier nueva regulación o reformar las existentes, cuando establezcan trámites, requisitos y procedimientos que deba cumplir el administrado ante la Administración y, en todo momento, velarán por que tales regulaciones cumplan, en todos sus alcances, con la presente ley y los principios de la mejora regulatoria que establezca el reglamento a esta ley.
(Este artículo 12, fue adicionado por el artículo 2, de la Ley N.º 8990, de 27 de setiembre de 2011. Publicada en el Alcance Digital N.º 72 de La Gaceta N.º 189, de 3 de octubre de 2011.)
Artículo 13.- Criterio del órgano rector. El criterio que emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, sobre los trámites existentes cubiertos por esta ley, así como sobre la emisión de nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites requeridos a los ciudadanos, tendrá carácter vinculante para la Administración Pública central.
Cuando los entes autónomos, semiautónomos o con autonomía universitaria emitan nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites requeridos a los ciudadanos, consultarán al órgano rector la conformidad de estas con los principios y objetivos de la mejora y simplificación de los trámites y a la Ley N.° 8220 y su reglamento. EI criterio que vierta el órgano rector para estos casos será con carácter de recomendación. (Este artículo 13, fue adicionado por el artículo 2, de la Ley N.º 8990, de 27 de setiembre de 2011. Publicada en el Alcance Digital N.º 72 de La Gaceta N.º 189, de 3 de octubre de 2011.)
Artículo 14.- Los criterios que emita la Dirección de Mejora Regulatoria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley, deberán circunscribirse a la simplificación de trámites. Se prohíbe el ejercicio de esta potestad para interferir o modificar las competencias de otros órganos de la Administración Pública. (Este artículo 14, fue adicionado por el artículo 2, de la Ley N.º 8990, de 27 de setiembre de 2011. Publicada en el Alcance Digital N.º 72 de La Gaceta N.º 189, de 3 de octubre de 2011.)
Transitorio único.- Todos los órganos y las entidades públicas deberán remitir los documentos referidos en el artículo 4° de la presente Ley, dentro del plazo de tres meses calendario contados a partir de su publicación, para ser publicados en La Gaceta.
Transitorio.- Todos los órganos y las entidades públicas deberán ajustar sus requisitos a lo establecido en el artículo 4 de la presente ley, dentro del plazo de seis meses contados a partir de su entrada en vigencia. (Este transitorio, fue adicionado por el artículo 2, de la Ley N.º 8990, de 27 de setiembre de 2011. Publicada en el Alcance Digital N.º 72 de La Gaceta N.º 189, de 3 de octubre de 2011.)
Asamblea Legislativa.- San José, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil dos.
Vanessa de Paúl Castro Mora, Everardo Rodríguez Bastos,
Primera Secretaria. Segundo Secretario.
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil dos.
Ministro de Economía, Industria y Comercio, Danilo Chaverri Soto.
Ministro de la Presidencia, Gilberto Barrantes Rodríguez;
_____________________________________________________________ Actualizada al: 26-10-2011 Sanción: 04-03-2002 Publicación: 11-03-2002 La Gaceta N.º 49 Alcance N.º 22 Rige: 11-03-2002

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 resolución 
 resolución 

Artículo 4
 artículo 4
 artículo 1

Artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 1

Artículo 6
 resolución 
 artículo 6
 artículo 1

Artículo 7
 resolución 
 artículo 173
 artículo 7
 artículo 1

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 10
 artículo 1

Artículo 11
 artículo 11
 artículo 2

Artículo 12
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 2

Artículo 13
 artículo 13
 artículo 2

Artículo 14
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2