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SECRETARÍA DE ESTADO MINISTERIO ACTIVO. activo. 2013, pensión. jubilación y el - PDF
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Adolfo Espejo Hernández
1 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDADD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REAL DECRETO LEY 5/2013, DE 15 DE MARZO, DE MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTINUIDAD DE LA VIDA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE MAYOR EDAD Y PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. El día 16 de marzo de 2013 se ha publicado en el BOE el Real Decreto ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. El Real Decreto ley, que ha entrado en vigor el día 17 de marzo de 2013, implanta diversas medidas en el ámbito de la compatibilidad entre vida activa y pensión, la jubilación anticipada, la jubilación parcial, la lucha contra el fraude y las políticas de empleo. A efectos informativos y por lo que se refiere a las competencias de este Instituto, se recogen a continuación los aspectos más relevantes del contenido de la nueva norma. 1. COMPATIBILIDAD ENTRE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y EL TRABAJO. El Real Decreto ley introduce en el capítulo I (artículos 1 al 4) una nueva regulación sobre la compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta ajena o propia, para favorecer el alargamiento de la vida activa. Esta posibilidad, restringida hasta ahora a la jubilación flexible, a la jubilación parcial y a la compatibilidad de la pensión con trabajos por cuenta propia que reporten ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, permitirá que los trabajadores que han accedido a la jubilación al alcanzar la edad ordinaria y real que en cada caso resulte de aplicación, puedan compatibilizar el empleo a tiempo completoo o parcial con el cobro del 50 por 100 de la pensión. El objetivo de esta norma es implantar medidas que faciliten la prolongación en la actividad de las personas, más allá del cumplimiento de la edad de acceso PADRE DAMIÁN MADRID TEL.: FAX:2 ordinario a la pensión de jubilación. La finalidad es eliminar las fuertes rigideces que presenta el actual ordenamiento de la Seguridad Social, las cuales están constituyendo un freno a la potenciación de la presencia más activa de los trabajadores de más edad en la sociedad. Para alcanzar los objetivos indicados anteriormente, se lleva a cabo una modificación sustancial de la actual regulación de la compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación y la realización de una actividad, en los términos siguientes: a) Ámbito de aplicación El régimen jurídico aplicable a esta compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, afecta a la modalidad de jubilación ordinaria, cualquiera que sea el régimen del sistema de la Seguridad Social en el que se cause, salvo el de Clases pasivas, que se rige por su legislación específica. El desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en cualquier Administración Pública es incompatible con la percepción de la pensión de jubilación. El desarrollo de la actividad debe llevarse a cabo en el ámbito del sector privado, sin que se aplique al ámbito del sector público, debido a las reglas específicas de incompatibilidad propias de este ámbito. Por consiguiente, en el caso de los funcionarios integrados en el Régimen General que causen la jubilación ordinaria no podrían compatibilizar el cobro de la pensión con un trabajo en el sector público. La nueva regulación será independiente de otras figuras que tienen como finalidad el favorecimiento de la prolongación de la vida activa, como es el caso de la jubilación demorada, la jubilación flexible o la exoneración de cotizaciones, en este último caso cuando los trabajadores con 65 o más años acrediten un período de cotización equivalente al que permite alcanzar los derechos máximos de la pensión de jubilación. b) Requisitos 23 Se permite la compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación y la realización de una actividad, sea por cuenta ajena o por cuenta propia, siempre que se acceda a la pensión de jubilación una vez cumplida la edad que corresponda en cada caso, sin tener en cuenta bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran corresponder. Para que exista compatibilidad, además de acreditar la edad de acceso ordinario a la jubilación, es necesario que el interesado acredite tener cubierto el período de cotización requerido para tener derecho a la percepción del 100% de la base reguladora de la pensión. El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial, sea cual sea la duración de la jornada. c) Cuantía de la pensión La compatibilidad de la pensión con cualquier trabajo permite la percepción del 50 por 100 de la pensión que le corresponde al interesado en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, en su caso, el límite máximo de pensión pública, o bien, del 50 por 100 del importe que se esté percibiendo, sin contar el complemento por mínimos si lo hubiere, cuando se inicie la situación de compatibilidad con el trabajo. La pensión causada se revaloriza como cualquier otra pensión del sistema y el conjunto de la pensión y las revalorizaciones es el que se reducirá en un 50 por 100, en tanto se mantenga el trabajo compatible. La pensión, en consecuencia, no perderá poder adquisitivo y se recuperará en su integridad al dejar la actividad compatible. Conviene destacar que, durante la situación de compatibilidad de la pensión con el trabajo, no podrán percibirse complementos para pensiones inferiores a la mínima, con independencia de los ingresos obtenidos por el trabajo compatible. d) Condición de pensionista 34 El beneficiario de la pensión que compatibiliza su percepción con el trabajo tiene la consideración de pensionista de la Seguridad Social a todos los efectos (condición de asegurado para asistencia sanitaria, prestaciones farmacéuticas, etc.). e) Cotización Durante la realización del trabajo compatible con la pensión, (que dé lugar a su inclusión en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social), se cotizará por incapacidad temporal y por contingencias profesionales. Además, existirá una cotización especial de solidaridad del 8 por 100, que no será computable para prestaciones. De ello se deduce, por tanto, que por razón del trabajo que se esté desempeñando, durante la situación de compatibilidad únicamente podrá causarse el subsidio de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia, y las prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia, derivadas en ambos casos de contingencias profesionales. f) Mantenimiento del empleo durante la percepción de la pensión de jubilación compatible con el trabajo. El Real Decreto ley 5/2013 establece también, en la disposición adicional primera, unos requisitos que deben cumplir las empresas en las que se compatibilice el trabajo con el disfrute de la pensión de jubilación. Estos requisitos básicamente consisten en: No haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los 6 meses anteriores a la compatibilidad. La limitación afecta a extinciones laborales que sean posteriores al 17 de marzo de 2013 y para la cobertura de puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción. El puesto de trabajo del pensionista, en consecuencia, no podrá recaer en un puesto de trabajo afectado por estas limitaciones. Durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, la empresa está obligada a mantener el nivel de empleo existente antes de iniciarse la compatibilidad entre pensión y trabajo. Dicho nivel de empleo es 45 el cociente que resulte de dividir entre 90 la suma de los trabajadores en alta en la empresa en los 90 días inmediatamente anteriores al inicio de la situación de compatibilidad. Sin embargo, en el cómputo del nivel de empleo no se tienen en cuenta las extinciones del contrato de trabajo ocasionadas por: causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. El Real Decreto ley no contempla las posibles consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento de las mencionadas obligaciones por parte de la empresa, pero cabe deducir que tal supuesto podría conllevar la presumible actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por posible infracción de normas laborales y de Seguridad Social. 2. CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE ANTICIPACIÓN EN EL ACCESO A LA MISMA. El apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, había dejado en suspenso, durante tres meses, la aplicación del apartado 3 del artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), en la redacción dada por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en los supuestos de aplicación de coeficientes reductores por anticipación de la edad de jubilación y, por consiguiente, el cálculo de la cuantía de la pensión en tales casos continuaba rigiéndose por lo establecido en la legislación vigente a 31 de diciembre de6 El Real Decreto ley 5/2013 ha modificado de nuevo el artículo y, además, ha añadido un apartado 4. De todo ello resulta que, cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquellos se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización. Una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación. BR % (meses cotizados) % (coeficiente reductor) = P LM (0,5% Nº trim.) Es decir, la pensión inicialmente es el resultado de aplicar a la base reguladora tanto el porcentaje según tiempo cotizado a lo largo de toda la vida laboral, como el coeficiente reductor que corresponda. Ahora bien, dicha pensión debe ser igual o inferior al límite máximo de pensiones menos un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre que se anticipe la jubilación. Este cálculo es aplicable a todos los regímenes del sistema. Con ello la Ley pretende corregir un efecto indeseado que se viene observando en la práctica y que se traduce en que se producen jubilaciones anticipadas cuyo resultado final es obtener la misma cuantía de pensión que si se produjera la jubilación a la edad ordinaria. Con esta regulación se da cumplimiento a la Recomendación 12 del Pacto de Toledo, en la cual la Comisión considera y constata que la jubilación anticipada se ha convertido, básicamente, en una fórmula de regulación de empleo y es una situación que, a juicio de la Comisión, debe modificarse. En consonancia con ello, la norma trata de evitar que se produzcan jubilaciones anticipadas planificadas y cuyo resultado final es obtener la misma cuantía de pensión que si se produjera la jubilación a la edad ordinaria, con el consiguiente desequilibrio financiero que ello provoca en el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Se pretende evitar que una persona con inferior base de cotización pudiera generar una pensión de importe superior a la que le correspondería a otra, con bases de cotización superiores, lo cual iría en contra de la aplicación de los principios de proporcionalidad, contribución y 67 equidad, principios que resultan reforzados por las medidas incorporadas en la Ley. Con relación a la redacción dada por la Ley 27/2011 al artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social, el Real Decreto ley 5/2013 introduce dos excepciones en la aplicación del coeficiente del 0,50 por 100, ya que este no recaerá ni sobre las jubilaciones causadas desde la condición mutualista, ni sobre las jubilaciones anticipadas que provengan de grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o se refieran a personas con discapacidad (artículo 161 bis.1). 3. MODIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA El apartado 1 de la disposición adicional primera del Real Decreto ley 29/2012, de 28 de diciembre, había dejado en suspenso, durante tres meses, la aplicación del apartado 2 del artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 27/2011 y, por consiguiente, la regulación de las modalidades de acceso anticipado a la jubilación y el cálculo de su cuantía debía regirse por lo establecido en la legislación vigente a 31 de diciembre de 2012, salvo en lo que se refería a las referencias a la edad de jubilación ordinaria. En consecuencia, debía entenderse asimismo suspendida la aplicación del apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. El Real Decreto ley 5/2013 ha modificado de nuevo el apartado 2 del artículo 161 bis, introduciendo cambios legales en la redacción dada por la Ley 27/2011, tanto en los requisitos de acceso a las modalidades de jubilación anticipada, como en los coeficientes reductores aplicables. En todo caso, la modificación legal sigue la recomendación 12 del Pacto de Toledo, que considera y constata que la jubilación anticipada se ha convertido, 78 básicamente, en una fórmula de regulación de empleo, por lo que su formulación legal debe cambiar, reservando el acceso anticipado a la pensión de jubilación para los casos en que se acrediten largas carreras de cotización. Por ello, siguiendo los criterios recogidos en el Acuerdo social y económico, y con independencia de la modalidad de jubilación anticipada como consecuencia de la rebaja de la edad mínima, por la aplicación de coeficientes reductores de la edad (apartado 1 del artículo 161 bis) por la realización de actividades penosas, tóxicas, etc. o por discapacidad, la Ley establece dos fórmulas adicionales de anticipación de la pensión de jubilación con coeficientes reductores de la cuantía: una, la que deriva del cese no voluntario del trabajador en su actividad y otra, la que deriva del cese voluntario. 1ª) JUBILACIÓN ANTICIPADA DERIVADA DEL CESE EN EL TRABAJO POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA LIBRE VOLUNTAD DEL TRABAJADOR. Los requisitos exigidos son: - Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación (sin bonificaciones). - Inscripción en las oficinas de empleo durante un plazo de, al menos, 6 meses, como demandante de empleo. - Periodo mínimo de cotización efectiva de 33 años. Sin pagas extras, pero computando, en su caso, el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, hasta un máximo de un año. - Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo deben ser las siguientes: El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo). El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores). 89 En ambos casos de despido será necesario, además, que el trabajador acredite mediante transferencia bancaria recibida o documentación equivalente haber percibido la indemnización derivada de la extinción del contrato o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva. La extinción del contrato por resolución judicial (artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal). La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante. La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral (artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores). La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de la violencia de género también da acceso a esta modalidad de jubilación anticipada. 2ª) ACCESO ANTICIPADO A LA JUBILACIÓN POR VOLUNTAD DEL INTERESADO Los requisitos exigidos son: - Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación (sin bonificaciones). - Periodo mínimo de cotización efectiva de 35 años. Sin pagas extras, pero computando, en su caso, el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, hasta un máximo de un año. - Además de lo anterior, el importe de la pensión ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada. 910 Se trata de impedir que, por vía de la jubilación voluntariamente anticipada, se obtengan complementos por mínimos. Esta 2ª modalidad de jubilación voluntaria anticipada es aplicable a todos los regímenes del sistema. APLICACIÓN DE COEFICIENTES REDUCTORES EN AMBAS MODALIDADES Tanto en el caso de que la jubilación anticipada derive del cese por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, como cuando derive de la voluntad del interesado, la cuantía de la pensión se ve minorada por la aplicación de coeficientes reductores. La pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte, de los siguientes coeficientes: JUBILACIÓN ANTICIPADA Coeficientes reductores PERIODO DE COTIZACIÓN NO VOLUNTARIA COEFICIENTES VOLUNTARIA Inferior a 38 años y 6 meses 1,875 por por 100 Igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses Igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses Igual o superior a 44 años y 6 meses 1,750 por 100 1,875 por 100 1,625 por 100 1,750 por 100 1,500 por 100 1,625 por11 En términos anuales, esta reducción equivale a un 7,5 por 100; 7 por 100; 6,5 por 100 y 6 por 100, en la jubilación no voluntaria y a un 8 por 100; 7,5 por 100; 7 por 100 y 6,5 por 100, en la jubilación voluntaria. Además, para ambas modalidades de jubilación anticipada, deben tenerse en cuenta dos cuestiones: Para determinar la edad legal de jubilación se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicación. Para el cómputo de los periodos de cotización se tomarán periodos completos, sin que se equipare a un periodo la fracción del mismo. 4. MODIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN PARCIAL También el apartado 1 de la disposición adicional primera del Real Decreto ley 29/2012, de 28 de diciembre, había dejado en suspenso, durante tres meses, la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 27/2011, y, por consiguiente, la regulación de la jubilación parcial debía regirse por lo establecido en la legislación vigente a 31 de diciembre de 2012, salvo en lo que se refería a las referencias a la edad de jubilación ordinaria. El Real Decreto ley 5/2013 ha modificado de nuevo los referidos apartados 1 y 2 del artículo 166 y la disposición transitoria 22ª de la Ley General de la Seguridad Social, introduciendo cambios legales en la redacción dada por la Ley 27/2011, tanto en relación con los requisitos de acceso a la jubilación parcial, como en la aplicación determinadas normas transitorias de la misma. De todo ello, resultan las siguientes modificaciones: A) JUBILACIÓN PARCIAL SIN CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE RELEVO: 1112 SUSTITUCIÓN DE LA REFERENCIA A LA EDAD DE 65 AÑOS. Se mantiene la posibilidad de acceso a la jubilación parcial sin la necesidad de celebrar simultáneamente un contrato de relevo para quienes hayan alcanzado la edad de jubilación que en cada caso resulte de aplicación, que ha quedado situada entre 65 y 67 años, según los supuestos, y aplicada de forma paulatina. REDUCCIÓN DE JORNADA. La reducción de jornada se sitúa entre un mínimo de un 25 por 100 y un máximo del 50 por 100 (antes 75 por 100). B) JUBILACIÓN PARCIAL CON CONTRATO DE RELEVO: REQUISITO DE EDAD. La exigencia del requisito de edad referida al jubilado parcial se aplicará de forma gradual, desde el año 2013 al 2027, en función de los periodos cotizados en el momento del hecho causante. Como mínimo, deberán acreditarse 33 años de cotización para acceder a la jubilación parcial, en lugar de 30 como hasta ahora. La escala de edad exigible se inicia en el año 2013 a los 61 años y 1 mes, si se tienen 33 años y 3 meses o más cotizados, y a los 61 años y 2 meses, si se tienen 33 años cotizados, y va aumentando en los siguientes términos: Año del hecho causante Edad exigida según períodos cotizados en el momento del hecho causante Edad exigida con 33 años cotizados en el momento del hecho causante y 1 mes 33 años y 3 meses o más 61 y 2 meses y 2 meses 33 años y 6 meses o más 61 y 4 meses y 3 meses 33 años y 9 meses o más 61 y 6 meses y 4 meses 34 años o más 61 y 8 meses y 5 meses 34 años y 3 meses o más 61 y 10 meses y 6 meses 34 años y 6 meses o más 62 años y 8 meses 34 años y 9 meses o más 62 y 4 meses y 10 meses 35 años o más 62 y 8 meses años 35 años y 3 meses o más 63 años y 2 meses 35 años y 6 meses o más 63 y 4 meses y 4 meses 35 años y 9 meses o más 63 y 8 meses y 6 meses 36 años o más 64 años y 8 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 4 meses 1213 y 10 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 8 meses 2027 y siguientes 63 años 36 años y 6 meses 65 años Se mantiene la excepción para los trabajadores con la condición mutualista, que podrán acceder a la jubilación parcial a la edad de 60 años, como en la actualidad. REDUCCIÓN DE JORNADA. La reducción de jornada se sitúa ahora entre un mínimo de un 25 por 100 y un máximo del 50 por 100 (antes 75 por 100), o del 75 por 100 (antes 85 por 100) si el trabajador relevista es contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida, siempre que se acrediten los demás requisitos. PERIODO MÍNIMO DE COTIZACIÓN. Se exigen 33 años cotizados en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. Se computará el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite de un año. En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el período de cotización exigido será de 25 años. CORRESPONDENCIA DE BASES ENTRE EL TRABAJADOR RELEVISTA Y EL JUBILADO PARCIAL. En los casos en que la jubilación parcial precisa de la celebración simultánea de un contrato de relevo, deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por 100 del promedio de las bases de cotización correspondientes a los 6 últimos meses del periodo de base reguladora de la pensión de jubilación parcial. Hasta ahora, de acuerdo con el artículo 12.7.d) del Estatuto de los Trabajadores (que también se modifica) el puesto de trabajo del relevista podía ser el mismo del trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente. Y en los supuestos en que, debido a los 1314 requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo que fuese a desarrollar el relevista no pudiera ser el mismo o uno similar que el del jubilado parcial, debía existir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos. Sin embargo, la indefinición del grupo profesional o la categoría equivalente y la proliferación de grupos, categorías o puestos de trabajo y los sistemas de promoción profesional que se pactan en convenios o acuerdos colectivos, unido también a la indeterminación de los requerimientos específicos de ciertos trabajos, conllevaba en numerosas ocasiones la inseguridad jurídica de poder considerar relevista idóneo a una determinada persona. Por ello, la nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores contempla la simplificación de este requisito, de modo que, en todos los supuestos, el puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido y deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social (art.12.7.d del Estatuto de los Trabajadores). En definitiva, la idoneidad del trabajador relevista vendrá determinada por la referida correspondencia de bases de cotización entre las de este y las del jubilado parcial, en el porcentaje señalado anteriormente. DURACIÓN DEL CONTRATO DE RELEVO. La duración del contrato de relevo será igual al tiempo que le falte al jubilado parcial para alcanzar la edad de jubilación ordinaria que, en cada caso, resulte de aplicación. No obstante, si el contrato de relevo tiene carácter indefinido y a tiempo completo, deberá mantenerse al menos durante el tiempo que le falte al jubilado parcial para alcanzar la edad de jubilación ordinaria y dos años más. En caso de extinguirse el contrato de relevo antes de agotarse dicha duración, el empresario está obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos términos y por el tiempo restante. En caso de incumplimiento del empresario de las obligaciones relativas al contrato de relevo, sería responsable de la pensión percibida por el jubilado parcial. 1415 COTIZACIÓN DURANTE LA JUBILACIÓN PARCIAL. Durante el periodo de disfrute de la pensión de jubilación parcial, la empresa y el trabajador habrán de cotizar por la base de cotización que, en su caso, hubiere correspondido de seguir trabajando este a jornada completa. La obligación impuesta en la letra g) del artículo de la Ley General de la Seguridad Social en materia de cotización se aplicará también de forma gradual, según lo indicado en la nueva disposición transitoria 22ª, comenzando en el año 2013, en el que la base de cotización será equivalente al 50 por 100 de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa y, a partir del 2014, por cada año transcurrido se incrementará un 5 por 100 más hasta alcanzar el 100 por 100 el 1 de enero del año 2023: AÑO PORCENTAJE BASE DE COTIZACIÓN En ningún caso el porcentaje de base de cotización fijado para cada ejercicio podrá resultar inferior al porcentaje de actividad laboral efectivamente realizada. APLICACIÓN DE LA JUBILACIÓN PARCIAL A LOS SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS. 1516 El apartado 5 de la disposición final primera del Real Decreto ley 5/2013 introduce la disposición adicional sexagésima cuarta en la Ley General de la Seguridad Social, por la que se establece que podrán acogerse a la jubilación parcial los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre que estén incluidos en el sistema de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, que reduzcan su jornada y derechos económicos en las condiciones previstas en el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores y cumplan los requisitos establecidos en el artículo de la Ley General de la Seguridad Social, cuando la cooperativa concierte con un socio de duración determinada de la misma o con un desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de trabajo, de la jornada dejada vacante por el socio que se jubila parcialmente, con las mismas condiciones establecidas para la celebración de un contrato de relevo. Se equipara por vía legal para el colectivo de socios de cooperativas el régimen de acceso a la pensión de jubilación parcial previsto para los trabajadores por cuenta ajena, si bien dicha equiparación ya venía aplicándose en la práctica administrativa (RJ 207/2006 y RJ 90/2012, añadidos al Criterio de Régimen Jurídico 9/2002). 5. NORMAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN El artículo 8 del Real Decreto ley 5/2013, de 15 de marzo, da nueva redacción al apartado 2 de la disposición final 12ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Los cambios introducidos se centran principalmente en los siguientes aspectos: a) La aplicación de la regulación de la pensión de jubilación, vigente antes del 1 de enero de 2013, se cerrará definitivamente el 31 de diciembre de La redacción anterior de la mencionada disposición final 12ª había dejado abierta indefinidamente la posibilidad de la aplicación de la regulación anterior a la Ley 27/2011. b) La regulación de la pensión de jubilación, vigente antes del 1 de enero de 2013, se aplicará a: 1617 Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1 de abril de 2013, si con posterioridad a esta fecha no vuelven a quedar incluidas en un régimen del sistema. Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito y/o acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados o suscritos con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de Cuando la aplicación de la legislación anterior tiene su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición indispensable que tales acuerdos se registren debidamente en el INSS hasta el día 15 de abril de 2013, plazo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, que también ha sido modificado por la disposición final quinta del Real Decretoley 5/2013. Para una correcta interpretación de las referidas normas transitorias en materia de jubilación y la determinación de la legislación aplicable, teniendo en cuenta la normativa que se ha sucedido desde la entrada en vigor de la Ley 27/2011, se pueden efectuar las siguientes consideraciones: En todos los casos, deben tenerse en cuenta la fecha de la extinción de la relación laboral y la del hecho causante de la jubilación y, en esta última fecha además, la norma vigente en ese momento. 1718 Así, cabría distinguir los hechos causantes anteriores al 1 de enero de 2013; los comprendidos entre el 1 de enero de 2013 y el 16 de marzo de 2013; los comprendidos entre el 17 de marzo de 2013 y el 31 de marzo de 2013 y, finalmente, los posteriores a 1 de abril de El Real Decreto ley 5/2013 ha entrado en vigor el 17 de marzo de 2013, por lo que esta fecha marcará los efectos de la disposición final 12ª.2. De igual modo, el Real Decreto ley 5/2013 marca el inicio de la nueva regulación de las jubilaciones anticipadas y de las jubilaciones parciales no afectadas por la disposición final 12ª.2. En ningún caso cabe la aplicación de la legislación anterior a la Ley 27/2011 más allá del 31 de diciembre de Esta legislación se aplicará tanto a los acuerdos suscritos antes del 2 de agosto de 2011, debidamente comunicados, como a los suscritos antes del 1 de abril de 2013 y registrados hasta el 15 de abril de En las instrucciones remitidas por la Subdirección General de Gestión de Prestaciones se detalla el estado de situación de los procedimientos informáticos e IRIS, determinando la legislación aplicable según la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación. 6. REQUISITO DE ESTAR AL CORRIENTE La disposición final primera, apartado cuatro, del Real Decreto ley 5/2013 ha modificado la disposición adicional 39ª de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 27/2011, añadiendo ahora un nuevo apartado 3. A través de esta modificación se facilita la constatación del requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones en el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de las cotizaciones, simplificando la labor de los solicitantes de prestaciones en el cumplimiento de la documentación exigida, de manera que las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los dos meses previos a aquél, cuyo 1819 ingreso aún no conste como tal en los sistemas de información de la Seguridad Social, se presumirán ingresadas sin necesidad de que el interesado lo tenga que acreditar documentalmente. En estos supuestos, se revisarán, con periodicidad anual, todas las pensiones reconocidas durante el ejercicio inmediato anterior bajo la presunción de situación de estar al corriente para verificar el ingreso puntual y efectivo de esas cotizaciones y, si no es así, se procederá inmediatamente a la suspensión del pago de la pensión, aplicándose las mensualidades retenidas a la amortización de las cuotas adeudadas hasta su total extinción, rehabilitándose el pago de la pensión a partir de ese momento. Estas actuaciones se llevarán a cabo siempre que el trabajador acredite el periodo mínimo de cotización exigible, sin computar el periodo de tres meses antes indicado. 7. CÓMPUTO DE LOS RENDIMIENTOS DEL PENSIONISTA PARA DETERMINAR EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DEL COMPLEMENTO POR MÍNIMOS. La disposición final segunda del Real Decreto ley 5/2013 modifica, con efectos de 1 de enero de 2013, los artículos 6.2 y 7.1.a) del Real Decreto ley 29/2012, de 28 de diciembre. La modificación del apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto ley 29/2012 tiene por objeto adecuar la regulación del cómputo de los rendimientos del pensionista a efectos de determinar el derecho al reconocimiento de los complementos por mínimos a lo establecido en el artículo 47.uno, primer párrafo, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como al artículo 50 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que ha entrado en vigor el 1 de enero de Asimismo, se trata de corregir la expresión no excedan de 7.063,07 euros al año que erróneamente se recogía en el artículo 6.2 del Real Decreto ley 29/2012 por la de cuando los mismos excedan de 7.063,07 euros al año, por cuanto la incompatibilidad de la percepción del complemento por mínimos se 1920 produce cuando los rendimientos computables que percibe el pensionista exceden de dicha cuantía. La modificación de la letra a) del apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto ley 29/2012 tiene por objeto adecuar su contenido a lo establecido en la letra a) del artículo 47.Dos, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en el sentido de precisar que, para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo, las pensiones reconocidas por otro Estado se computan en los mismos términos que las pensiones internas a cargo de un régimen público de previsión social. 8. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL Y PARA LOS EXPEDIENTES LIQUIDATORIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO 928/1998, DE 14 DE MAYO. La disposición final sexta modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del referido Reglamento con objeto de incorporar en su punto 2º, relativo a las competencias sancionadoras de las direcciones provinciales del INSS, la referencia al apartado 14 del artículo 22 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (TRLISOS). Dicho apartado 14, que tipifica una infracción consistente en: Dar ocupación, habiendo comunicado el alta en la Seguridad Social, a trabajadores, solicitantes o beneficiarios de pensiones u otras prestaciones periódicas de Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, fue introducido en el TRLISOS por el artículo cuarto, apartado cuatro, de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Se trata de una modificación de carácter técnico. 20 Mostrar más
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