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Timestamp: 2018-12-12 11:34:12+00:00

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Novedades legislativas | All law
El B.O.E. nº 294 de fecha 6 de diciembre publica la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que desarrolla, entre otros preceptos constitucionales, el artículo 18.4 de la Constitución Española, limitando así el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. La nueva Ley armoniza el régimen legal en la materia con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, y deroga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no obstante, de conformidad con la disposición adicional decimocuarta, la normativa relativa a las excepciones y limitaciones en el ejercicio de los derechos que hubiese entrado en vigor con anterioridad a la fecha de aplicación del reglamento europeo y en particular los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, seguirá vigente en tanto no sea expresamente modificada, sustituida o derogada El texto consta de consta de noventa y siete artículos estructurados en diez títulos, veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dieciséis disposiciones finales, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
garantía de derechos digitales, ley orgánica 3/2018, protección de datos personales
Sentencia 1505/2018 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo
Como no habrá pasado desapercibido al lector, en fecha 18 de octubre de 2018 se publicó la Sentencia 1505/2018 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de fecha 16 de octubre, que declara – con dos votos particulares, uno concurrente y otro disidente – que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha de ser el prestamista, y no el prestatario, debido fundamentalmente a que el mayor interés en que la garantía hipotecaria se inscriba en el registro de la propiedad correspondientes (requisito constitutivo) recae precisamente sobre la entidad bancaria financiadora. Aunque en la misma fecha, el portavoz de CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) argumentó que la cuestión tenía naturaleza tributaria, y no civil-patrimonial, por lo que las reclamaciones de los deudores hipotecarios deberían ser realizadas directamente a las haciendas autonómicas – lo que nos parece jurídicamente dudoso. Sin embargo, un día después, el presidente de la Sala 3ª ha anunciado su propósito de convocar un Pleno jurisdiccional que dirima el siguiente (por orden) recurso pendiente sobre la misma materia, a fin de confirmar o modificar esta línea jurisprudencial. En cualquier caso, la Sentencia 1505/2018 resultaría definitiva y vinculante, cabiendo únicamente contra ella un recurso ordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional, de incierto pronóstico, puesto que el derecho a la seguridad jurídica se contiene en el artículo 9 de la Constitución, y no resulta un derecho o libertad de los recogidos en los artículos 14 al 29.
1505/2018, prestamo, sentencia
Actos jurídicos documentados, hipoteca, hipoteca
El BOE nº287 de fecha 25 de noviembre de 2017 publica el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad..
En virtud de la reforma introducida, los textos afectados pasan a exigir la inclusión en el informe de gestión de las sociedades anónimas, las de responsabilidad limitada y las comanditarias por acciones que, de forma simultánea, tengan la condición de entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y, adicionalmente se consideren empresas grandes, en los términos definidos por la Directiva 2013/34, de información no financiera de naturaleza social y medioambiental.
La inclusión de dicha información en el informe de gestión afectará a las entidades de interés público definidas en el artículo 15 del Reglamento de Auditoría de Cuentas, entre las que figuran bancos, entidades aseguradoras, sociedades cotizadas, gestoras de fondos de inversión y fondos de pensiones, así como, en general, todas las grandes empresas.
El presente Real Decreto-ley modifica, con carácter de urgencia, el artículo 285.2 de la Ley 1/2000 de Sociedades de Capital, confiriéndole la siguiente redacción:
La disposición transitoria única del Real Decreto-ley – utilizada con finalidad de proporcionar una interpretación auténtica, más que de regular un régimen transitorio – señala que únicamente se entenderá que existe disposición contraria cuando tal disposición haya sido introducida en los estatutos con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.
2016, AJD, AJD, AJD, impuestos, IMPUESTOS ESPECIALES, IP, IRPF, IS, ITP, IVA, modificaciones, presupuestos generales del estado, TASAS
La nueva Ley abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado. Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.
Esta nueva Ley sustituye a la veterana Ley 30/1992, conocida por todos los operadores jurídicos. De acuerdo con el marco constitucional , la presente Ley regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa. Incide especialmente en la regulación de la tramitación electrónica de expedientes. La Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
La presente ley cubre la remisión legislativa que hace el artículo 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo. Parte de un principio general favorable al desarrollo amplio de la cooperación jurídica internacional, incluso en ausencia de reciprocidad, pero con la posibilidad de denegación de la cooperación jurídica internacional cuando exista denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla. Se designa al Ministerio de Justicia como autoridad central española.
29/2015, cooperación jurídica internacional
La nueva Ley pretende adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención de títulos jurídicos a los innovadores españoles, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva. La figura del modelo de utilidad se modifica sustancialmente en aspectos como la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección. Por último, se refunden las normas básicas para aplicar las vías europea e internacional de protección de las invenciones.
24/2015, patentes

References: artículo 18
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 285
 artículo 177