Source: https://jurisprudencia.cladem.org/uruguay/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_Contra_La_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:38:04+00:00

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No se observan recomendaciones
El Comité examinó el informe inicial del Uruguay (CEDAW/C/5/Add.27 y Amend.1) en sus sesiones 107a. y 113a., celebradas los días 17 y 22 de febrero de 1988, respectivamente (CEDAW/C/SR.107 y 113).
Los miembros del Comité acogieron con agrado la declaración introductoria de la representante del Gobierno y la felicitaron por su muy detallada exposición, que había llenado muchas de las lagunas del informe. Observaron que el Uruguay había concedido a la mujer en 1932 el derecho de voto, y que había sido uno de los primeros países latinoamericanos en hacerlo. Los miembros del Comité habían estudiado el primer informe preparado por el Gobierno (CEDAW/C/5/Add.27, de 24 de junio de 1985) pero muchos no habían recibido aún la versión actualizada de ese documento (CEDAW/C/5/Add.27/Amend.1, de diciembre de 1987) a que se había referido la representante del Gobierno. Esa era una circunstancia lamentable, pues muchos de los miembros se referirían inevitablemente a los problemas mencionados en el primer informe de 1985, los cuales tal vez ya estuviesen resueltos en 1987.
Se señaló que la situación descrita en el informe se refería concretamente a los aspectos legislativos de la igualdad, pero que se proporcionaba muy poca información sobre la situación de hecho de la mujer en el Uruguay. En los futuros informes debería suministrarse información estadística actualizada y más completa, desglosada por sexo. En la actualidad no había manera de establecer comparaciones ni de conocer realmente la situación de la mujer en el Uruguay, ya que los datos que se habían proporcionado no estaban actualizados ni completos. Del informe se desprendía que el Uruguay tenía una legislación muy avanzada y digna de encomio, pero las expertas deseaban que se hubiera proporcionado más información sobre la aplicación de las leyes. No se hacía referencia a actitudes tradicionales como el machismo, a pautas culturales ni a factores históricos. Se expresó admiración por las mujeres uruguayas que habían luchado contra la dictadura militar y habían sido torturadas o habían desaparecido. Se preguntó qué había sido de ellas. Además, en el informe, no se mencionaban los cambios que debían haberse producido a raíz del reemplazo de la dictadura militar por la democracia; en efecto, según el informe, no había mujeres en el parlamento y la participación de la mujer en los partidos políticos parecía, en comparación con sus actividades anteriores, muy reducida. Se preguntó cuáles eran los planes del Instituto de la Mujer para las próximas elecciones en el Uruguay, y si esos planes consistirían en movilizar a la población y a las mujeres para que se presentaran como candidatas. A ese respecto se preguntó cuál era el presupuesto del recientemente creado Instituto de la Mujer, en qué se diferenciaba éste de la Sala de la Mujer y si el Instituto se dedicaría únicamente a estudiar la legislación o si trataría de fomentar a nivel de la opinión pública el conocimiento de las cuestiones relacionadas con la mujer.
Las expertas formularon luego comentarios sobre la declaración que figuraba en el informe del Uruguay según la cual no existía discriminación por motivos de sexo en el país. El Comité dijo que deseaba saber lo que el Gobierno del Uruguay entendía por discriminación. Extrañaba a las expertas que en el informe se dijera, en relación con el artículo 5 de la Convención, que no existían prejuicios ni prácticas consuetudinarias de discriminación entre los sexos.
Se observó que la Presidenta de la Suprema Corte y la Ministra de Educación eran mujeres y que había muchas mujeres periodistas. Se pidieron explicaciones sobre el sistema electoral del Uruguay. Asimismo, se preguntó si había guarderías para los hijos de las mujeres de zonas urbanas y rurales, y cuáles eran las posibilidades de acceso a ellas, y se pidieron datos sobre la labor que realizaban los medios de información para eliminar los estereotipos fundados en el sexo, sobre los estadísticas sobre empleo y sobre la participación de la mujer en los sindicatos.
Se hizo referencia al artículo 488 de la ley laboral del Uruguay y se preguntó si esa disposición podía aplicarse a cualquier artículo de la Convención, como por ejemplo, el artículo 2. En relación con el artículo 8 de la Constitución del Uruguay, en que se declaraba que todas las personas eran iguales ante la ley, se preguntó cómo se aplicaba ese principio y si las mujeres podían entablar demanda por discriminación sexual. Además, se pidieron aclaraciones sobre la referencia en dicho artículo a la expresión “talentos y virtudes”, y sobre la forma en que ese concepto afectaba a la mujer. Se señaló que la Constitución regulaba las relaciones entre el Gobierno y los ciudadanos, y se preguntó si también regulaba las relaciones entre los propios ciudadanos.
Se recabó más información sobre la difusión y la publicación de la Convención por el Gobierno, y se preguntó si había sido traducida y distribuida entre los grupos de mujeres y otros sectores de la población. A ese respecto, también se preguntó si las organizaciones de mujeres tenían alguna clase de participación en la preparación de los informes del Estado parte.
Se observó que la legislación promulgada para proteger a las trabajadoras se refería únicamente a la protección de la maternidad. Se preguntó por qué se había aludido al artículo 4 de la Convención al informarse sobre las distintas medidas legislativas de protección en que se prohibían ciertos tipos de trabajo para la mujer, y cómo podía considerarse que dichas medidas promovían la igualdad de facto cuando, en realidad, eran discriminatorias. Sin duda, había trabajadoras que no tenían hijos y mujeres que no tenía un empleo remunerado pero que sí tenían hijos. Se preguntó cuál era el criterio o la actitud general en materia de protección de la maternidad.
Las expertas cuestionaron la declaración contenida en el artículo 43 de la Constitución, en que se preveía que la “delincuencia infantil estará sometida a un régimen especial en que se dará participación a la mujer”. Preguntaron si ello significaba que, a juicio del Gobierno, la mujer y los niños eran factores inseparables.
Se pidieron aclaraciones sobre el significado del artículo 41 de la Constitución, especialmente en lo relativo al subsidio pagado a los progenitores con muchos hijos a cargo.
También se pidió que se aclarara si la responsabilidad en materia de trabajos domésticos y crianza de los hijos era compartida equitativamente por la mujer y el hombre. Se tenía entendido que el Uruguay era predominantemente un país católico romano; así pues, se pidió información sobre la repercusión de la Iglesia en la promoción de la mujer. Algunas expertas indicaron que debía haber habido un período de transición al pasarse de la dictadura militar al gobierno democrático, lo que también debía haber influido sobre la situación de la mujer, pues en general las dictaduras militares preconizaban la superioridad masculina. También resultaba difícil creer que las prácticas tradicionales en cuanto a las funciones propias de cada sexo hubieran desaparecido totalmente. Por consiguiente, las expertas pidieron explicaciones más amplias acerca del modo en que se estaba aplicando el artículo 5 de la Convención.
Se preguntó si el Instituto de la Mujer había elaborado estrategias para eliminar los estereotipos patriarcales mediante campañas de radio y televisión, y si se había tomado alguna otra medida práctica a ese respecto.
En relación con los problemas sociales que favorecían los actos de violencia contra la mujer, y las sanciones que penaban esos actos, se preguntó cuántas personas habían sido sentenciadas por violación, agresión o actos de violencia, agresión o actos de violencia física, o por participación en actividades de explotación de la mujer mediante la prostitución. Se preguntó además por qué se mencionaba a los funcionarios policiales en relación con el delito de proxenetismo. Las expertas señalaron que las leyes sobre prostitución habían sido promulgadas en 1927 y preguntaron si se habían promulgado nuevas leyes o si se había registrado una disminución de la práctica de la prostitución. Se observó que la tasa de alfabetización entre las mujeres era óptima. Las expertas preguntaron, además, qué podía hacer la mujer para tener influencia en el proceso de toma de decisiones políticas, puesto que no había mujeres en el Parlamento; como podía la mujer aumentar su participación en la formulación de políticas y cuál era la proporción de hombres y mujeres en la Suprema Corte y en el sistema judicial en general.2
Se preguntó si se habían investigado las causas de disminución del porcentaje de mujeres que ingresaban a los establecimientos de enseñanza superior, y si la elección por la mujer de profesiones tradicionalmente femeninas causaba alguna inquietud.
Se señaló que la limitación del trabajo de mujeres y jóvenes menores de 18 años dejaba el camino expedito a la discriminación, y una experta preguntó si se preveía revisar algunos de los artículos correspondientes de la Constitución.
Se preguntó si la mujer se inscribía regularmente para obtener empleo, o si existía desempleo oculto entre las mujeres. También se preguntó en qué medida el hombre y la mujer realizaban tareas iguales y si se había aplicado, y de qué manera, el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor. También se pidió información sobre el uso de planes de evaluación del trabajo en que no se tuvieran en cuenta consideraciones basadas en el sexo.
Aunque en el informe se indicaban los ingresos medios, no se proporcionaban datos sobre los sueldos efectivos, por lo que se pidió más información sobre la remuneración efectiva del hombre y de la mujer, por ocupaciones. Otra pregunta se relacionó con la inconstitucionalidad de los incentivos de contratación y se pidió una explicación al respecto, ya que otras diferencias que redundaban en detrimento de la mujer, como distinta edad de jubilación, no se consideraban inconstitucionales. Se preguntó si era obligatorio que la mujer se jubilara con menor edad que el hombre y cuál era la diferencia entre las pensiones que recibían el hombre y la mujer. Las expertas tomaron nota con agrado de que el Gobierno del Uruguay había denunciado la Convención No. 89 de la OIT, que prohibía el trabajo nocturno de la mujer.3
Se pidió información sobre los problemas de planificación de la familia, la disponibilidad de servicios de aborto y la política del Gobierno al respecto, así como sobre las tasas de mortalidad de madres y niños. También se observó que el artículo 116 del Código Civil contenía una disposición discriminatoria en el plano social que merecía un examen más a fondo, y se preguntó si se proyectaba revisar ese artículo.4
También se pidió información sobre la situación especial de las mujeres de edad, y se preguntó si se había identificado a algún grupo de mujeres, por ejemplo las impedidas, como grupo desfavorecido.
Se observó que la edad mínima para contraer matrimonio era de apenas 12 años para la mujer y 14 para el hombre. Ello daba la posibilidad de contraer matrimonio a una edad muy temprana; se preguntó si se había considerado la posibilidad de revisar ese requisito. También se señaló que la mujer podía obtener el divorcio expresando su voluntad en tal sentido sobre la base de las causales de divorcio previstas en el artículo 187 del Código Civil. Se preguntó si ese era un privilegio de la mujer, lo cual era apropiado, especialmente si se estaba buscando fomentar la igualdad.
2º Observaciones finales sobre el segundo y tercer informe presentados por el Estado adoptadas el 24 de enero de 2002.5
El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero combinados del Uruguay (CEDAW/C/URY/2-3) en sus sesiones 541ª y 542ª, celebradas el 24 de enero de 2002 (véase CEDAW/C/SR.541 y 542).
Al Comité le preocupa que, pese a la vigencia de la Ley 16.045, de junio de 1989 por la que se prohíbe la discriminación por razón de sexo, que no se haya incorporado la Convención en la legislación nacional. Lamenta, en particular, que el artículo 1 de la Convención en que se define “la discriminación contra la mujer”, no sea parte de la legislación uruguaya.
El Comité recomienda que el Estado parte siga estudiando la posibilidad de incorporar la Convención en su legislación nacional. Señala, en particular, la importancia de que se incorpore el artículo 1 de la Convención y pide que el Estado parte, en su próximo informe periódico, haga referencia a los progresos realizados a ese respecto, incluso facilitando información sobre si se ha invocado la Convención ante los tribunales nacionales.7
El Comité expresa su preocupación por el escaso uso que hacen las mujeres uruguayas de los recursos judiciales existentes para la protección y el disfrute de sus derechos, incluyendo el recurso de amparo.
El Comité expresa su preocupación con el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer que en su calidad de mecanismo nacional para el adelanto de la mujer no tiene en realidad poder para iniciar y aplicar medidas normativas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer. Preocupa al Comité que el mecanismo nacional tal vez no cuente con suficientes recursos financieros y humanos.
El Comité recomienda que el Estado parte defina claramente los mandatos de las distintas instituciones y comisiones y el nivel de interacción entre ellas. El Comité alienta al Estado parte a que asigne al mecanismo nacional los recursos humanos y financieros necesarios para velar por la aplicación efectiva de las políticas y programas gubernamentales relativos a la igualdad de género. El Comité recomienda la inmediata adopción de un plan de igualdad de oportunidades, que permita proporcionar una base jurídica sólida al Programa Nacional de la Mujer. Asimismo, alienta al Gobierno a que incorpore la perspectiva de género en todos los ministerios y a que establezca mecanismos para evaluar sus efectos. 8
El Comité expresa su preocupación por la persistencia de los estereotipos relacionados con el papel de la mujer en la familia y en la sociedad, y por actitudes y comportamientos profundamente arraigados sobre la superioridad de los hombres en las esferas de la vida pública y privada. Al Comité le preocupa que, la escasa importancia prestada por el Estado parte a este problema coadyuve en la persistencia de tales estereotipos, impidiendo así la plena aplicación de la Convención.
El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas para eliminar los estereotipos en la sociedad uruguaya. Particularmente, el Comité insta al Estado parte a encaminar sus esfuerzos a aumentar la participación de la mujer en todas las esferas y puestos de toma de decisiones, y a que los hombres compartan las responsabilidades de la familia. El Comité insta al Estado parte a que aumente sus programas de creación de conciencia, así como a que adopte medidas para cambiar las actitudes y percepciones estereotipadas sobre la función y la responsabilidad de mujeres y hombres.9
El Comité expresa su preocupación por que, si bien se han realizado esfuerzos, no se aplica un enfoque integral a la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer, en particular la violencia en el hogar, los delitos cometidos por razones de honor o la sanción de los autores. El Comité observa que, a pesar de las medidas legislativas adoptadas, en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana la violencia contra la mujer, y particularmente la violencia doméstica, sigue siendo un grave problema en Uruguay.
Recordando su Recomendación General 19 sobre la violencia contra la mujer, el Comité insta al Estado parte a que evalúe las repercusiones de las actuales medidas en materia jurídica, de políticas y de programas para encarar las distintas formas de violencia contra la mujer, así como a la pronta adopción de una ley específica contra la violencia doméstica que incorpore medidas de prevención, sanción de los autores y protección de las víctimas. Teniendo presente que ha de tenerse en cuenta las causas profundas de la violencia contra la mujer, en especial que se investigue la violencia en el hogar, a fin de mejorar la eficacia de la legislación, las políticas y los programas encaminados a combatir dicha violencia, el Comité también recomienda al Estado parte que prosiga con los programas de capacitación y sensibilización para el poder judicial, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y los integrantes de las profesiones jurídica y sanitaria, así como medidas de sensibilización para que en la sociedad no se tolere ninguna forma de violencia contra la mujer. El Comité alienta al Estado parte a que refuerce la colaboración que mantiene con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales sobre la violencia contra la mujer. También recomienda que la asignación de créditos presupuestarios esté en consonancia con la alta prioridad que debería asignarse a la lucha contra ese tipo de violencia. 10
El Comité expresa su preocupación por la persistencia, en el Código Penal actual, de varias disposiciones discriminatorias contra la mujer. Al Comité le preocupa el artículo 116, en virtud del cual se prevé la reducción de la condena cuando el violador se casa con su víctima. También le preocupa el artículo 328, según el cual “la protección del honor del culpable, del esposo o de un pariente cercano” puede ser un factor atenuante de condena en casos de aborto inducido.
El Comité exhorta al Estado parte a que procure derogar con carácter prioritario esas disposiciones del Código Penal a fin de alinear el Código con lo dispuesto en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y sus recomendaciones generales, en particular la 19 sobre la violencia contra la mujer y la 24 sobre el artículo 12 – la mujer y la salud.11
El Comité observa que a pesar del alto grado de educación de las mujeres en el Uruguay y su alta participación en el mundo laboral, esto no se refleja ni en su situación laboral ni en sus condiciones de trabajo, en especial en materia salarial en el sector privado. Asimismo, preocupa al Comité el alto índice de mujeres cuyo trabajo se concreta en el sector servicios y en especial los servicios personales, tradicionalmente mal remunerados.
El Comité recomienda al Estado parte que, tanto en el sector público como en el privado, procure hacer respetar estrictamente las leyes laborales y tome medidas para eliminar la discriminación en el empleo, en pensiones, y en materia de diferenciación salarial en el sector privado, así como que se incentive la presencia de mujeres en sectores considerados tradicionalmente masculinos.12
Para el Comité es motivo de preocupación el bajo índice de participación de la mujer en la política y la administración gubernamental, en particular en puestos de toma de decisiones.13
El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas y a que aplique estrategias amplias, entre ellas medidas especiales temporales, de conformidad con el párrafo 1, del artículo 4, de la Convención, con objeto de fomentar una mayor participación de la mujer en la vida pública, en particular en el proceso de toma de decisiones, y promover el cambio de actitudes y percepciones, tanto de las mujeres como de los hombres, en cuanto a sus respectivos papeles en el hogar, la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto. En particular, el Comité recomienda que el Estado parte tenga en cuenta las recomendaciones generales 21, relativa a la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares y 23 relativa a la mujer en la vida pública, que fortalezca e intensifique las medidas dirigidas a crear conciencia de la importancia del papel, las actividades y las contribuciones múltiples de la mujer en la comunidad y en la familia y que, en general, promueva la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.14
El Comité observa con preocupación la alta tasa de embarazos de adolescentes y en particular que un elevado número de ellas se encuentran en los primeros años de su adolescencia. También toma nota de la elevada tasa de defunciones relacionadas con el aborto en la adolescencia.
El Comité recomienda que el Estado parte examine la situación de la población adolescente con prioridad y exhorta al Gobierno a adoptar medidas para que se presten servicios efectivos de salud reproductiva y sexual y se preste atención a las necesidades de información de los adolescentes, incluso mediante la aplicación de programas y políticas conducentes a incrementar los conocimientos sobre los distintos tipos de anticonceptivos y su disponibilidad, en el entendimiento de que la planificación de la familia es responsabilidad de ambos integrantes de la pareja. El Comité pide al Estado parte que en el próximo informe periódico se incluya información sobre los efectos de los programas para limitar y prevenir los embarazos en la adolescencia.15
El Comité expresa su preocupación por la persistencia en el Código Civil de normas discriminatorias contra la mujer, incluidas las relativas al matrimonio precoz.
El Comité insta al Estado parte a que promueva activamente la eliminación de las disposiciones jurídicas discriminatorias que todavía existen, en particular en el Código Civil en relación con la familia, y a que se logre la compatibilización de la legislación uruguaya con la Convención, en particular con el párrafo 2 del artículo 16, relativo a la edad mínima para contraer matrimonio.
Al Comité le preocupa el limitado conocimiento que existe, incluso entre el personal jurídico y los funcionarios encargados de aplicar la ley, de las disposiciones de la Convención y de los procedimientos disponibles en virtud de su Protocolo Facultativo.
El Comité recomienda que se pongan en marcha programas educativos sobre la Convención, el Protocolo Facultativo y los derechos de la mujer, destinados en particular a los funcionarios de la judicatura, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los abogados. El Comité también recomienda que se adopten medidas para aumentar el número de mujeres que ocupan altos cargos en la judicatura y los órganos encargados de hacer cumplir la ley.
Al Comité le preocupa que en el informe no figure información sobre la situación de las minorías en el Estado parte, y en particular sobre la situación de la mujer negra.
El Comité pide que el Estado parte facilite información en su próximo informe periódico sobre la situación de las mujeres pertenecientes a minorías.
Es motivo de inquietud para el Comité que en el informe no figure información sobre la aplicación en el Estado parte de la Plataforma de Acción de Beijing.
El Comité recomienda que, cuando proceda, el Estado parte cumpla los compromisos expresados en la Plataforma de Acción. En particular, recomienda la inmediata aprobación de un plan de igualdad de oportunidades que imprima al Programa nacional para la mujer una sólida base jurídica. También alienta al Estado parte a que incorpore una perspectiva de género en todos los ministerios y a que establezca procedimientos para evaluar los efectos de esa incorporación.16
El Comité solicita al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en su próximo informe periódico, en virtud del artículo 18 de la Convención. Asimismo insta al Estado parte a que la preparación de sus futuros informes se realice de conformidad con las directrices del Comité, que proporcione no sólo una descripción del marco jurídico, sino también información suficiente y fundamentada en datos estadísticos que permitan conocer no sólo la situación jurídica de las mujeres sino también la situación real, incluidos los obstáculos que se plantean.
El Comité insta al Gobierno a que acepte lo antes posible la enmienda al párrafo 1, del artículo 20, de la Convención, relativo al tiempo de reunión del Comité.
El Comité solicita al Estado parte que difunda ampliamente en el Uruguay estas observaciones finales y que apoye su debate público, a fin de poner en conocimiento de los políticos y de los administradores gubernamentales, de las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de las cuestiones de la mujer, y del público en general las medidas que es necesario adoptar para velar por la igualdad de jure y de facto de la mujer. Pide también al Gobierno que continúe difundiendo ampliamente y, en particular, a las organizaciones de derechos humanos y cuestiones de la mujer, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
3º Observaciones finales sobre los informes del cuarto al séptimo presentados por el Estado adoptadas el 23 de octubre de 2008.17
El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto, sexto y séptimo combinados del Uruguay (CEDAW/C/URY/7) en sus sesiones 856ª y 857ª, celebradas el 23 de octubre de 2008 (véanse CEDAW/C/SR.856 y CEDAW/C/SR.857). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/URY/Q/7 y las respuestas del Uruguay figuran en el documento CEDAW/C/URY/Q/7/Add.1.
El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité exhorta al Estado parte a que centre en esas esferas sus actividades de aplicación y a que, en su próximo informe periódico, indique las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. El Comité exhorta al Estado parte a que transmita las presentes observaciones finales a todos los ministerios pertinentes y al Parlamento a fin de asegurar su plena aplicación.
Al tiempo que reafirma que incumbe al Gobierno la responsabilidad primordial de cumplir plenamente las obligaciones que el Estado parte ha contraído en virtud de la Convención y especialmente de rendir cuentas al respecto, el Comité destaca que la Convención es vinculante para todos los poderes públicos e invita al Estado parte a que aliente a su parlamento nacional a que, de conformidad con su reglamento y cuando proceda, adopte las medidas necesarias en lo que respecta a la aplicación de las presentes observaciones finales y el próximo proceso de presentación de informes del Gobierno con arreglo a la Convención.
Situación jurídica de la Convención y definición de discriminación
Si bien observa que la Constitución consagra el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, al Comité le sigue preocupando la ausencia de una incorporación directa y clara en el derecho interno de la Convención y de una definición específica de la discriminación contra la mujer de conformidad con el artículo 1 de la Convención. Lamenta en particular que la Ley No. 18.104 de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, recientemente aprobada, no incorpore esa definición. Recuerda que la ausencia de una disposición específica con una definición de la discriminación contra la mujer que abarque la discriminación directa e indirecta en el ámbito público y el privado, constituye un impedimento para la plena aplicación de la Convención en el Estado parte.
El Comité exhorta al Estado parte a que adopte medidas urgentes para incorporar plenamente en el derecho interno la Convención y la definición de discriminación contra la mujer, como figura en el artículo 1 de la Convención, e informe sobre los progresos conseguidos a este respecto en su próximo informe periódico.
Si bien encomia el establecimiento de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo para hacer frente a las denuncias de acoso sexual en el trabajo, el Comité lamenta el escaso conocimiento de la Convención y el Protocolo Facultativo en el Uruguay. También lamenta la ausencia general de información sobre los recursos jurídicos existentes para la protección y el disfrute de los derechos de la mujer y el uso de esos recursos.
El Comité recomienda que se realicen campañas de concienciación y capacitación para los magistrados y los profesionales del derecho. Reitera su recomendación anterior (A/57/38, primera parte, párr. 189) de que el Estado parte facilite mayor información en su próximo informe periódico sobre los mecanismos y procedimientos de que disponen las mujeres para proteger y promover sus derechos.
Medidas especiales de carácter temporal (párrafo 1 del artículo 4)
El Comité lamenta que no existan medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de hecho entre el hombre y la mujer y mejorar la situación de los derechos de la mujer en el Estado parte, en particular por lo que respecta a la mujer en el lugar de trabajo y la participación de la mujer en la política.
El Comité insta al Estado parte a que adopte y aplique, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, medidas especiales de carácter temporal, centrándose en las esferas del empleo de la mujer y la participación de la mujer en la vida pública.
El Comité observa el importante papel desempeñado por el INAMU en el adelanto de la igualdad de género y los derechos de la mujer en el Uruguay y acoge con beneplácito el aumento de los recursos humanos y financieros asignados al Instituto y la ampliación progresiva de su cobertura territorial. Sin embargo, al Comité le sigue preocupando que la capacidad del INAMU para realizar su mandato de forma efectiva se vea limitada por su falta de autonomía institucional y porque la contribución estatal a su presupuesto es insuficiente. La limitada cobertura territorial del Instituto también es motivo de preocupación para el Comité.
El Comité recomienda que el Estado parte asegure que el INAMU disfrute de mayor autonomía y tenga un presupuesto adecuado e independiente para desempeñar su mandato de manera efectiva y sostenible. También se debería garantizar la presencia del Instituto en todo el territorio del Uruguay.
El Comité observa con preocupación que determinadas disposiciones del Código Penal, en particular las que figuran en el título X, denominado “Delitos contra las buenas costumbres y el orden de familia”, discriminan contra la mujer al conservar conceptos como el pudor, la honestidad y el escándalo público en la tipificación de los delitos sexuales. El Comité lamenta que el proyecto de reforma del Código Penal presentado al Senado en septiembre de 2005 todavía no se haya aprobado.
El Comité insta al Estado parte a que acelere el proceso de aprobación del proyecto de reforma del Código Penal y derogue sin demora esos artículos del Código Penal a fin de que el Código sea conforme con la Convención y las recomendaciones generales 19 y 24 del Comité.
Estereotipos, prácticas culturales
Si bien celebra las actividades de capacitación y sensibilización introducidas por el Estado parte para los profesionales de los medios de comunicación y del sistema educativo sobre el tema concreto de la violencia contra la mujer, al Comité le sigue preocupando la persistencia de estereotipos relativos al papel de la mujer en la familia y la sociedad y actitudes y conductas profundamente arraigadas basadas en la supuesta superioridad del hombre en la esfera pública y privada.
Siguiendo su anterior recomendación (A/57/38, primera parte, párr. 193), el Comité insta al Estado parte a adoptar medidas urgentes para eliminar los estereotipos en la sociedad uruguaya, en particular fortaleciendo sus campañas de sensibilización dirigidas a los profesionales de los medios de comunicación y del sistema educativo, haciéndolas extensivas a los encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios del sistema judicial.
El Comité encomia las diversas medidas legislativas y normativas adoptadas por el Estado parte para hacer frente a la violencia en el hogar. No obstante, lamenta la falta de información sobre las repercusiones efectivas de esas medidas y los vacíos existentes en la recolección de datos sobre todas las formas y manifestaciones de violencia contra la mujer. El Comité lamenta además la falta de servicios de apoyo para las víctimas de la violencia en el hogar, entre ellos albergues y servicios de asesoramiento.
El Comité alienta al Estado parte a que estudie los efectos y la eficacia de sus mecanismos para hacer frente a la violencia en el hogar y establezca un sistema para la recolección periódica de datos estadísticos sobre la violencia doméstica, desglosados por sexo y tipo de violencia y por la relación de los agresores con las víctimas. El Estado parte debería establecer albergues y centros de crisis accesibles para las mujeres víctimas de la violencia y garantizar que si una víctima acepta reconciliarse con el agresor, se proporcionen servicios de asesoramiento a éste y a la víctima y se supervise la situación para prevenir nuevos malos tratos. Se deberían ofrecer capacitación y programas de sensibilización al personal judicial, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los profesionales del derecho y la salud. El Comité alienta además al Estado parte a que refuerce su colaboración con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en lo que respecta a la violencia contra la mujer.
El Comité observa con aprecio que la Ley No. 17.938 de enero de 2006 abolió el artículo 116 del Código Penal y el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales los cargos por delito de violación se anulaban si el agresor contraía matrimonio con la víctima. Sin embargo, lamenta que el Estado parte no haya tipificado como delito la violación en el matrimonio.
El Comité recomienda que el Estado parte tipifique como delito la violación en el matrimonio, definida sobre la base de la ausencia de consentimiento de la esposa.
Si bien observa que se crearon cuatro juzgados especializados de familia en el departamento de Montevideo, que tratan predominantemente casos de violencia en el hogar, el Comité observa con preocupación que esos juzgados están saturados de trabajo y que únicamente un 4% de los casos de violencia doméstica son posteriormente remitidos a la vía penal.
El Comité recomienda que el Estado parte asigne recursos financieros y humanos suficientes a los juzgados de familia para garantizar su funcionamiento adecuado. Alienta al Estado parte a que aumente el número de juzgados de familia, especialmente fuera de la capital, para lograr una plena cobertura judicial en todo el territorio del Estado.
Si bien acoge con agrado la participación del Estado parte en el plan de acción del MERCOSUR para la lucha contra la trata de personas de 2006 y el plan nacional de acción para la erradicación de la explotación sexual comercial y no comercial de 2007, el Comité está profundamente preocupado por la persistencia de la trata de mujeres y niñas desde y hacia el Estado parte con fines de explotación sexual. Lamenta que no existan datos oficiales ni estadísticas y que no se hayan realizado estudios para evaluar la incidencia de este fenómeno. El Comité está igualmente preocupado por la falta de medidas suficientes y eficaces para combatir la trata de seres humanos.
El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus actividades de lucha contra la trata de mujeres y niñas, estudie su alcance, causas, consecuencias y fines y recopile información de manera sistemática con miras a formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización de los culpables y medidas para la protección y rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la sociedad. Además, recomienda que el Estado parte lleve a cabo campañas de concienciación a nivel nacional dirigidas a las mujeres y las niñas sobre los riesgos y las consecuencias de la trata y capacite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de migración y de fronteras sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas. El Comité solicita al Estado parte que realice un seguimiento minucioso del efecto de las medidas adoptadas y proporcione información sobre los resultados conseguidos.
Si bien observa que el Estado parte ha puesto en marcha iniciativas para promover la participación de la mujer en la vida pública, al Comité le preocupa que la mujer siga estando insuficientemente representada en la vida política y pública y que el número de mujeres representadas en el Parlamento haya disminuido del 11,5% al 10,8% en las elecciones celebradas en 2004.
El Comité insta al Estado parte a que atienda a su recomendación anterior (A/57/38, primera parte, párr. 201) de que adopte medidas apropiadas y aplique estrategias amplias, incluidas medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, con objeto de fomentar una mayor participación de la mujer en la vida pública, en particular en el proceso de toma de decisiones, y promover el cambio de actitudes y percepciones, tanto de las mujeres como de los hombres, en cuanto a sus respectivos papeles en el hogar, la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto. El Comité exhorta al Estado parte a que acelere la aprobación de proyectos de ley sobre cuotas y sobre partidos políticos. Alienta al Estado parte a que proporcione programas de capacitación para las mujeres, incluidas las mujeres indígenas y de ascendencia africana, con el propósito de fortalecer su papel en los puestos de toma de decisión de la sociedad.
Si bien observa que en el Estado parte la enseñanza primaria es universal, al Comité le preocupa la elevada tasa actual de repetición que se registra entre las niñas en la escuela primaria y las elevadas tasas de abandono escolar en la enseñanza secundaria, especialmente entre las mujeres del medio rural y las de africana.
El Comité alienta al Estado parte a que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, para reducir y eliminar las elevadas tasas de abandono escolar y de repetición de las niñas en la enseñanza primaria y secundaria y que ofrezcan incentivos para que los padres envíen a sus hijas a la escuela.
El Comité observa con preocupación que, pese a su alto nivel educativo, las mujeres uruguayas sigan sujetas a tasas más elevadas de subempleo y desempleo, en particular en las zonas rurales, y que las mujeres estén segregadas en sectores laborales en los que predominan salarios bajos. Además, al Comité le preocupa la persistencia de una importante brecha salarial en el sector privado, así como que no se entienda suficientemente el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor. Lamenta que el Estado parte haya señalado que no existe ningún programa nacional orientado a combatir la discriminación contra la mujer en el empleo por lo que no es posible analizar el impacto en indicadores específicos de desempleo, niveles salariales y brecha de salario entre mujeres y hombres.
El Comité reitera su recomendación (A/57/38, primera parte, párr. 199) de que el Estado parte adopte medidas para eliminar la discriminación en el empleo y la segregación laboral. El Comité insta al Estado parte a que promulgue una legislación apropiada para garantizar el principio de “igual remuneración por trabajo de igual valor”, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo d) del artículo 11 de la Convención. El Estado parte deberá incluir en su próximo informe periódico datos desglosados por sexo sobre los sueldos, las pensiones y los derechos en materia de seguridad social.
Si bien acoge con agrado la aprobación de la Ley de Servicio Doméstico, el Comité observa con preocupación que no se haya realizado un estudio para evaluar su repercusión. Al Comité le preocupa también que un elevado porcentaje de las trabajadoras domésticas estén excluidas del sistema de seguridad social del Estado parte.
El Comité exhorta al Estado parte a que vele por la aplicación efectiva de la Ley de Servicio Doméstico y proporcione información sobre su aplicación en su próximo informe periódico. El Estado parte también deberá asegurar la regularización de la situación de las trabajadoras domésticas en lo que respecta a la seguridad social.
El Comité sigue preocupado por la elevada tasa de embarazos entre las adolescentes y mujeres jóvenes. También sigue preocupado por la elevada incidencia de la mortalidad materna, fundamentalmente debido a la práctica de abortos en condiciones de riesgo. El Comité lamenta que no se hayan elaborado estrategias para reducir la mortalidad materna y que las políticas de salud materna no incluyan la atención a las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo.
El Comité recomienda que el Estado parte adopte y aplique medidas eficaces para prevenir la práctica de abortos en condiciones de riesgo y sus efectos sobre la salud de la mujer y la mortalidad materna. Exhorta al Estado parte a que fortalezca los programas de educación sexual y fomente una cobertura de calidad por parte de los medios de información y los servicios de salud reproductiva con miras a asegurar que las mujeres y los hombres puedan tomar conscientemente decisiones sobre el número de hijos que tendrán y el intervalo entre los nacimientos.
Al Comité le preocupa el reciente aumento de la prevalencia del VIH/SIDA entre las mujeres uruguayas y la falta de un plan estratégico nacional para hacer frente a este problema, así como de medidas para atender a las mujeres y las niñas infectadas por el VIH/SIDA.
El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas amplias para luchar contra la pandemia del VIH/SIDA, tome enérgicas medidas preventivas y garantice que no se discrimine a las mujeres y las niñas infectadas y que éstas reciban la asistencia que corresponda.
Al Comité le preocupa la situación de las mujeres de las zonas rurales en el Uruguay, las cuales se hallan sujetas a niveles más elevados de pobreza, sueldos más bajos, mayores tasas de desempleo y subempleo y tasas de abandono escolar más elevadas que la población de las zonas urbanas. El Comité está especialmente preocupado por el hecho de que no haya ninguna institución pública ni ninguna política que se ocupe de las mujeres de las zonas rurales, en particular en lo que respecta al empleo, la salud y la educación.
El Comité pide al Estado parte que proporcione más información y datos sobre la situación de las mujeres de las zonas rurales en su próximo informe periódico. El Comité recomienda al Estado parte que elabore políticas y programas integrales destinados a empoderar económicamente a las mujeres de las zonas rurales, facilitándoles el acceso a la capacitación, los recursos de producción y el capital, así como a los servicios de salud y la seguridad social.
Mujeres pertenecientes a minorías
El Comité lamenta que no se haya proporcionado suficiente información sobre la situación de las mujeres indígenas y de ascendencia africana en el Estado parte, quienes se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza y padecen múltiples formas de discriminación por motivos de género y origen étnico. El Comité lamenta asimismo la falta de medidas proactivas para promover los derechos de las mujeres pertenecientes a minorías.
El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas eficaces, en particular medidas especiales de carácter temporal, para eliminar la discriminación contra las mujeres pertenecientes a minorías. Exhorta al Estado parte a que reconozca la contribución a la economía de las mujeres pertenecientes a minorías mediante la recopilación de datos desglosados por sexo sobre la producción rural y a que asegure la incorporación de la perspectiva de género en todos los programas de desarrollo, con atención especial a las mujeres pertenecientes a minorías que viven en zonas rurales. El Comité reitera su petición anterior (A/57/38, primera parte, párr. 209) de que el Estado parte incluya información sobre la situación de las mujeres pertenecientes a minorías en su próximo informe periódico.
El Comité está profundamente preocupado por el hecho de que el Código Civil siga conteniendo disposiciones discriminatorias contra la mujer en lo que respecta a la familia y el matrimonio, en particular las relativas a la edad mínima para contraer matrimonio, la prohibición de que las mujeres viudas o divorciadas se puedan volver a casar durante un período de 300 días, a contar desde la fecha del fallecimiento de su esposo o la fecha de su divorcio, y la privación de la pensión alimenticia a las mujeres que lleven una “vida desarreglada”. El Comité lamenta que no se hayan modificado las disposiciones del Código de la niñez y la adolescencia relativas a la edad mínima para contraer matrimonio, que sigue siendo muy baja, 12 años de edad en el caso de las niñas y 14 en el de los niños, en contravención del párrafo 2 del artículo 16 de la Convención.
De conformidad con la recomendación anterior del Comité (A/57/38, primera parte, párr. 205) y la recomendación del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/URY/CO/2, párr. 26), se exhorta al Estado parte a que elimine la disposiciones jurídicas discriminatorias sobre cuestiones relacionadas con la familia y el matrimonio con el fin de ajustar su legislación a la Convención. En particular, el Estado parte debería elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años de edad tanto para hombres como para mujeres, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 16 de la Convención, la recomendación general 21 del Comité y el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Si bien observa con agrado la aprobación del Código de la niñez y la adolescencia, que contiene varias disposiciones para combatir la discriminación, al Comité le preocupa que en dicho Código se siga manteniendo la diferenciación y estigmatización de los niños nacidos fuera del matrimonio.
Atendiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/URY/CO/2, párr. 28), el Comité alienta al Estado parte a que elimine sin demora la discriminación contra los niños nacidos fuera del matrimonio. Insta al Estado parte a que, en su próximo informe, incluya datos sobre la situación de las madres solteras con hijos nacidos fuera del matrimonio y las medidas adoptadas para garantizar la protección de sus derechos.
Si bien observa que en los anexos del informe se proporciona una cantidad considerable de información, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que el informe no contenga suficientes datos estadísticos desglosados por sexo.
El Comité recomienda al Estado parte que reúna y analice datos desglosados por sexo y le insta a incluir dichos datos y estadísticas en el texto de su próximo informe, en lugar de hacerlo en los anexos.
Seguimiento de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing
El Comité insta al Estado parte a que, en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención, aplique plenamente la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que fortalecen las disposiciones de la Convención, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité también hace hincapié en que la plena y efectiva aplicación de la Convención es indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Comité pide que se incorpore una perspectiva de género y se tengan en cuenta expresamente las disposiciones de la Convención en todas las actividades encaminadas a la consecución de esos Objetivos y solicita al Estado parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité pide que se difundan ampliamente en el Uruguay las presentes observaciones finales para que la población, y en particular los funcionarios públicos a nivel federal, provincial y territorial, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, conozca las medidas adoptadas a fin de lograr la igualdad de hecho y de derecho de la mujer, así como otras medidas que es preciso adoptar en ese sentido. El Comité pide al Estado parte que siga incrementando la difusión, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, de la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, dedicado al tema “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
El Comité observa que la adhesión del Uruguay a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos19 contribuye a que las mujeres puedan gozar en mayor medida de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. En consecuencia, el Comité alienta al Gobierno del Uruguay a que ratifique los tratados en los que todavía no es parte, a saber, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El Comité alienta al Estado parte a que acepte, lo antes posible, la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativa a la duración de las reuniones del Comité.
4º Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Uruguay.20
El Comité examinó los informes periódicos octavo y noveno combinados del Uruguay (CEDAW/C/URY/8-9) en sus sesiones 1417ª y 1418ª, celebradas el 14 de julio de 2016 (véanse CEDAW/C/SR.1417 y 1418). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/URY/Q/8-9 y las respuestas del Uruguay figuran en el documento CEDAW/C/URY/Q/8-9/Add.1.
C. Principales esferas de preocupación y recomendaciones21
El Comité destaca la función decisiva que desempeña el poder legislativo para velar por la plena aplicación de la Convención (véase la declaración del Comité sobre su relación con los parlamentarios, aprobada en su 45º período de sesiones, en 2010). Invita al parlamento a que, de conformidad con su mandato, adopte las medidas necesarias para dar aplicación a las presentes observaciones finales desde el momento actual hasta el próximo período de presentación de informes con arreglo a la Convención.
El Comité encomia al Estado parte por haber adoptado medidas importantes para promover la igualdad racial con respecto a las manifestaciones históricas de discriminación hacia la población afrouruguaya y acoge con beneplácito el hecho de que el Estado parte haya reconocido a este sector de la población en el último censo. Sin embargo, estas medidas no han eliminado el problema, de modo que sigue existiendo una discriminación interseccional de facto hacia las mujeres afrouruguayas que puede observarse en el desproporcionado nivel de exclusión educativa, embarazos precoces, salarios más bajos y dificultades respecto de la incorporación a la fuerza de trabajo, así como en el menor grado de participación en la vida pública y política.
El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas contra la discriminación en favor de las mujeres afrouruguayas según lo establecido por la Ley núm. 19.122 y el Decreto núm. 144/014, como por ejemplo, las siguientes:
Fortalecer las campañas de sensibilización continuas sobre el racismo hacia las mujeres afrouruguayas;
Establecer medidas especiales de carácter temporal para aumentar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales y la participación política;
Supervisar y coordinar de forma activa las respuestas del Estado orientadas a eliminar la discriminación sistémica, y hacer un seguimiento de dichas respuestas.
El Comité observa que la Convención prevalece sobre la legislación nacional del Uruguay y forma parte del marco legislativo nacional que pueden invocar y aplicar directamente los tribunales. El Comité encomia las iniciativas del Estado parte dirigidas a capacitar a las autoridades públicas en lo tocante a las normas internacionales consagradas en la Convención, aunque observa con preocupación:
Las limitaciones de los conocimientos y la sensibilización con respecto a la Convención entre los funcionarios públicos y los jueces de primera instancia, como pone de manifiesto la escasez de referencias a la Convención en las decisiones judiciales;
La escasa visibilidad de la Convención y su Protocolo Facultativo, que limita la concienciación de las mujeres acerca de su derecho a vivir sin discriminación, y de los mecanismos disponibles para exigir que se protejan sus derechos en virtud de la Convención;
La persistencia de un marco jurídico que contiene disposiciones discriminatorias contra la mujer, en particular el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal;
La aplicación dispar de la legislación contra la discriminación por razón de género en todo el país.
Refuerce las medidas para difundir, entre parlamentarios y funcionarios gubernamentales, la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité, e intensifique las actividades de creación de capacidad en curso entre el sistema judicial y los profesionales de la Justicia sobre la forma de invocar o aplicar directamente la Convención en los procesos judiciales;
Adopte una estrategia para mejorar la sensibilización de la mujer acerca de sus derechos y los medios para invocarlos en el marco de la Convención, con la participación de todas las partes interesadas pertinentes, como las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, los sindicatos y las instituciones académicas;
Enmiende la legislación para eliminar la discriminación por razón de género, especialmente el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y apruebe mecanismos para analizar y modificar de forma periódica la legislación y las disposiciones discriminatorias contra la mujer;
Introduzca indicadores para hacer un seguimiento de la aplicación de la legislación y las políticas públicas que tienen por objeto eliminar la discriminación por razón de género en todo el país.
El Comité observa que el Estado parte ha establecido tribunales de familia especializados con competencia para juzgar los casos de violencia doméstica, así como equipos consultivos multidisciplinarios y oficinas de ombudsman, que proporcionan asesoramiento y recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con la violencia doméstica. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por la persistencia de obstáculos estructurales en el sistema de justicia que impiden a las mujeres obtener acceso a la justicia y obtener compensación, a saber:
La duración y la complejidad de los procesos judiciales en los tribunales de familia, y la duplicación de procedimientos entre jurisdicciones;
La disponibilidad y accesibilidad limitadas de tribunales de familia especializados en las zonas rurales y fronterizas;
La falta de un mecanismo de denuncia concreto en los casos relacionados con todas las formas de discriminación por razón de género;
El limitado acceso de las mujeres a la asistencia letrada y la información acerca de las vías de recurso judicial de las que disponen;
Los prejuicios existentes en los fallos judiciales, que dan lugar a una falta de protección de las mujeres que denuncian casos ante los tribunales, así como los limitados conocimientos especializados entre los fiscales y los agentes de policía con respecto a los derechos de la mujer;
La falta de recursos humanos y financieros de la institución nacional de derechos humanos y la Oficina del Ombudsman.
El Comité, en consonancia con su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de la mujer a la justicia, exhorta al Estado a que:
Examine y simplifique los procedimientos ante los tribunales de familia especializados que deben seguir las mujeres que buscan protección judicial, principalmente en los casos de violencia por razón de género, proporcione vías de recurso directo a los tribunales penales a las mujeres que son víctimas de la violencia y acelere la comunicación entre las demandantes y los órganos judiciales;
Amplíe la cobertura de los tribunales de familia especializados en todo el territorio del Estado parte, en particular en las zonas rurales y las zonas fronterizas, y garantice la continuidad de los programas de creación de capacidad para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como los jueces y los fiscales, en materia de derechos humanos de la mujer e igualdad de género;
Cree vías de recurso efectivas, entre ellas la capacidad de presentar denuncias ante las autoridades administrativas y los recursos cuasijudiciales, para las mujeres que han sufrido discriminación por razón de sexo y género;
Consiga que todas las mujeres que han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos y que acuden a la justicia reciban asistencia letrada que tenga en cuenta las cuestiones de género;
Establezca un mecanismo para recabar información sobre la jurisprudencia en todos los niveles del sistema judicial, con el fin de supervisar la efectividad de la aplicación de la ley en relación con las denuncias presentadas por mujeres, en particular las relativas a la violencia y a otras formas de discriminación;
Se cerciore de que la institución nacional de derechos humanos y la Oficina del Ombudsman cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir sus mandatos de manera eficaz.
El Comité acoge con beneplácito la función del Instituto Nacional de las Mujeres y las numerosas iniciativas que ha llevado a cabo, en particular las asignaciones presupuestarias para la igualdad de género. También observa que existen órganos que contribuyen a la aplicación del programa de igualdad de género, como el Consejo Nacional de Género y las comisiones que se ocupan de estas cuestiones en el seno del Gobierno, los comités de calidad y las redes de género. No obstante, el Comité está preocupado por las siguientes cuestiones:
La falta de autonomía institucional del Instituto Nacional de las Mujeres, como señalaba el Comité en sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/URY/CO/7, párr. 15), dado que el Instituto sigue siendo una dirección dentro del Ministerio de Desarrollo Social;
La superposición entre los consejos y comisiones de género en los ministerios y las entidades públicas descentralizadas, lo que obstaculiza la coherencia en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y los presupuestos en los niveles nacional, subnacional y local;
La participación dispar de las organizaciones de mujeres en las iniciativas de las oficinas públicas para el adelanto de la mujer, en particular a nivel local.
**Estudie la posibilidad de elevar el rango del Instituto Nacional de las Mujeres al nivel ministerial, con autoridad para coordinar directamente todas las estrategias y políticas públicas para la igualdad de género y garantizar los recursos financieros adecuados y un mandato para la aplicación de los programas para el adelanto de la mujer, incluida la elaboración de presupuestos con perspectiva de género con las dependencias de género pertinentes en el plano subnacional;
**Mejore la coordinación entre el Instituto Nacional de las Mujeres como principal entidad y las comisiones de género, y fortalezca los mecanismos de supervisión de la aplicación de la legislación y las políticas públicas para el adelanto de la mujer, especialmente en los planos nacional, subnacional y local;
Garantice la participación activa de las organizaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, como las instituciones académicas, los institutos de investigación, los sindicatos, las organizaciones de mujeres afrouruguayas y las organizaciones de mujeres con discapacidad, en la aplicación de políticas públicas que promuevan el adelanto de la mujer.
El Comité celebra las medidas adoptadas por el Estado parte para eliminar los estereotipos de género discriminatorios, incluida la legislación para combatir la discriminación contra las personas lesbianas, transgénero, transexuales e intersexuales, así como la homofobia, pero sigue preocupado por las siguientes cuestiones:
La persistencia de actitudes patriarcales y estereotipos discriminatorios acerca de las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, que perpetúan la violencia y la discriminación contra la mujer en esferas como la educación, el empleo y la salud;
El uso generalizado de estereotipos de género en los medios de comunicación, a pesar de la adopción por el canal de televisión nacional de un código de ética para hacer un seguimiento de las prácticas discriminatorias;
Los prejuicios racistas y la exclusión social que sufren las mujeres afrouruguayas pese a la existencia de leyes generales destinadas a luchar contra la discriminación racial.
Elabore una estrategia amplia destinada a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar las actitudes patriarcales y estereotipadas basadas en el género en relación con el papel y la responsabilidad de las mujeres y los hombres en la familia, en el sistema educativo, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general;
Desarrolle la capacidad de los empleados de los medios de comunicación públicos y privados en materia de igualdad de género a fin de evitar los estereotipos de género discriminatorios en los medios de comunicación;
Diseñe estrategias nacionales que tengan por objeto aumentar la sensibilización sobre la discriminación contra las mujeres afrouruguayas y cree líneas de acción concretas dentro del programa de igualdad de género, con el fin de identificar el estigma contra la mujer sobre la base de las distintas formas interrelacionadas de discriminación.
El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte de conformidad con el plan de acción por una Vida libre de Violencia de Género, para el período 2016-2019, así como el programa integral de lucha contra la violencia de género. También acoge con beneplácito la creación de la oficina nacional de violencia doméstica y de género en el seno del Ministerio del Interior, además del establecimiento de 47 dependencias especializadas en la lucha contra estas formas de violencia. El Comité encomia la aplicación por el Estado parte del dispositivo electrónico de tobilleras como medida para la protección de la mujer, pero le siguen preocupando las siguientes cuestiones:
La elevada prevalencia de la violencia doméstica contra la mujer, que abarca violencia psicológica, física y sexual, el aumento del feminicidio y la falta de reconocimiento jurídico de ciertas formas de violencia contra la mujer, como el feminicidio y la violación conyugal;
Las disposiciones discriminatorias del Código Penal, como los conceptos patriarcales de “honestidad”, “honra” y “escándalo público”, que impiden el enjuiciamiento de algunas formas de violencia sexual contra la mujer;
El bajo número de enjuiciamientos y condenas en los casos de violencia contra la mujer, en particular en casos de feminicidio y asesinatos de mujeres transgénero, y la demora en el enjuiciamiento de la violencia por razón de género;
La falta de información desglosada sobre el número de casos comunicados de violencia contra la mujer, salvo los casos de violencia doméstica;
La remisión de casos de violencia contra la mujer a procedimientos de mediación en contra de la prohibición general de la mediación en los casos de violencia doméstica, según lo ratificado por el Tribunal Supremo;
La escasa información sobre el acceso a los servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de la violencia, como tratamiento médico, asesoramiento psicológico, asistencia letrada, apoyo financiero y centros de acogida en todo el territorio del Estado parte, habida cuenta de las mujeres en situaciones desfavorables, especialmente las mujeres afrouruguayas y las mujeres con discapacidad.
Aplique y financie adecuadamente estrategias y programas nacionales para prevenir y combatir la violencia doméstica contra la mujer, por ejemplo, actividades de sensibilización sobre el carácter penal de la violencia contra la mujer, y acelere la reforma del Código Penal y la aprobación de una ley amplia que tipifique todas las formas de violencia contra la mujer, de manera que la reforma legislativa reconozca el feminicidio y la violación conyugal como delitos penales;
Derogue las disposiciones del Código Penal que incluyen los conceptos patriarcales de “honestidad”, “honra” y “escándalo público” como elementos de los delitos penales que afectan a las mujeres;
Diseñe una estrategia para simplificar los procesos penales para el enjuiciamiento con carácter prioritario de los casos de violencia por razón de género, establezca plazos razonables para fundamentar dichos casos a fin de exigir responsabilidades a los autores, y proporcione directrices a los fiscales y agentes de policía sobre técnicas de investigación que tengan en cuenta las cuestiones de género y sobre el uso apropiado del testimonio de las mujeres en los casos de violencia contra mujeres y niñas;
Ponga en práctica un sistema nacional para recopilar información exhaustiva sobre todas las formas de violencia contra la mujer;
Vele por que se otorgue una prioridad clara a los procedimientos civiles y los procesos penales respecto a la mediación u otros procedimientos alternativos de solución de controversias en los casos de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica;
Establezca mecanismos de seguimiento para evaluar la accesibilidad a los servicios de protección y asistencia a las víctimas de la violencia por razón de género, en particular para los grupos desfavorecidos de mujeres, como las mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidad y las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
El Comité, recordando su recomendación general núm. 30 (2013) sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, recomienda al Estado parte que adopte una estrategia para enjuiciar y castigar debidamente a los autores de violaciones de los derechos humanos de la mujer durante el régimen de facto . También recomienda que el Estado parte adopte medidas para facilitar una pronta reparación, en particular las compensaciones y las reparaciones simbólicas, para las mujeres que han sido víctimas de esas violaciones.
El Comité toma nota de la creación de comités institucionales en el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de las Mujeres para hacer frente a la trata de personas y de la elaboración de un plan nacional de acción en esta materia, además de las directrices para la protección y asistencia a las víctimas de la trata. No obstante, preocupa al Comité lo siguiente:
El hecho de que el Estado parte sea un país de tránsito y destino de la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas;
La falta de información sobre las medidas adoptadas para identificar, evitar y enjuiciar los casos de trata con fines de explotación laboral y el número de enjuiciamientos y condenas en los casos de trata de personas.
Apruebe un marco nacional más amplio para luchar contra la trata de mujeres y niñas;
Establezca un sistema para reunir datos, desglosados por edad, origen étnico y situación socioeconómica, sobre la trata de mujeres y niñas, que permita identificar las lagunas en el marco nacional para combatir la trata de personas; y prosiga con las iniciativas dirigidas a evitar y enjuiciar los casos de trata, así como a fortalecer la cooperación bilateral, regional e internacional para prevenir la trata, entre otras vías, mediante el intercambio de información con otros países de la región y la armonización de los procedimientos jurídicos para enjuiciar a los responsables de la trata.
El Comité observa que el Estado parte reconoce el trabajo sexual (Ley núm. 17.515 de 4 de julio de 2002) y ha establecido un registro nacional de trabajadores sexuales, gestionado por el Ministerio del Interior. No obstante, el Comité está preocupado por la falta de programas para apoyar a las mujeres que desean abandonar el trabajo sexual.
El Comité recomienda, además, que el Estado parte cree programas de ayuda, por ejemplo, oportunidades alternativas de generación de ingresos, para las mujeres que deseen abandonar el trabajo sexual.
El Comité sigue preocupado por la insuficiente representación de la mujer en la vida política y pública, en particular en el parlamento y en los puestos de adopción de decisiones de alto nivel en el Gobierno, así como por la ausencia de medidas destinadas a promover y apoyar a las mujeres candidatas a los órganos electivos. Uruguay se encuentra por debajo del promedio regional en cuanto a los datos sobre la participación política de la mujer en el parlamento. El Comité lamenta que la Ley núm. 18.476 de 3 de abril de 2009, que establece una participación política igualitaria entre mujeres y hombres en los órganos electivos, se haya aplicado solo una vez durante las elecciones de 2014. El Comité también está preocupado por la escasa representación de la mujer en el Tribunal Supremo y en el servicio diplomático.
Adopte medidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, como cuotas reglamentarias para el nombramiento o la designación de mujeres como candidatas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité en esta materia, y haga un seguimiento de los progresos realizados;
Considere la posibilidad de aprobar un sistema de paridad de géneros para que la mujer esté representada en la vida política y pública, por ejemplo, mediante una enmienda de la ley electoral;
Cree programas específicos de formación y orientación sobre técnicas de liderazgo y negociación para las mujeres candidatas.
El Comité encomia al Estado parte acerca de la legislación que protege a las mujeres contra la discriminación por motivos de nacionalidad, aunque está preocupado por la falta de una legislación sobre la determinación de la condición de apátrida y su protección, la cual vele por que las mujeres apátridas que no sean refugiadas gocen de igualdad de acceso a la documentación y a los servicios básicos.
El Comité recomienda que el Estado parte apruebe una legislación sobre la determinación de la condición de las mujeres apátridas que no sean refugiadas, para proteger sus derechos humanos y reducir su riesgo de discriminación, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, así como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961. También recomienda que el Estado parte adopte medidas para permitir el acceso a la documentación a estas mujeres y facilitarles acceso a los servicios básicos y oportunidades de reasentamiento, y que apruebe un sistema para reunir datos sobre las mujeres apátridas.
El Comité acoge con beneplácito los logros realizados en relación con el acceso de la mujer a todos los niveles de la enseñanza y observa que el número de mujeres que completan la enseñanza secundaria superior es un 30,7% mayor que el de hombres. También señala que las mujeres constituyen el 60% de todos los estudiantes universitarios. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación por:
La alta tasa de deserción escolar entre las niñas en la educación formal, principalmente debido a los embarazos precoces, en especial en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas. Las adolescentes afrouruguayas se ven afectadas de manera desproporcionada y hay una falta de información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a esta situación;
La concentración constante de las mujeres en esferas tradicionalmente dominadas por mujeres, como la enseñanza;
La escasa representación de la mujer en puestos académicos de alto nivel;
Las deficiencias en la educación adecuada a la edad sobre la salud sexual y reproductiva, y los derechos conexos;
La falta de medidas para aumentar el acceso a la educación para las mujeres afrodescendientes.
Aplique estrategias eficaces para hacer frente a la elevada tasa de embarazos precoces y de deserción escolar y adopte medidas, como la concesión de becas, para asegurar la retención y facilitar la reincorporación de las madres jóvenes a la escuela, especialmente para las mujeres y niñas afrodescendientes y de zonas rurales, y mujeres que viven en zonas urbanas desfavorecidas, con un seguimiento activo hasta y durante la educación terciaria;
Intensifique las actividades de orientación profesional para alentar a las mujeres a seguir trayectorias profesionales no tradicionales y aumentar la sensibilización acerca de la igualdad de género por parte del personal docente en todos los niveles del sistema educativo;
Promueva medidas concretas, incluidas, medidas especiales de carácter temporal, para mejorar la representación de las mujeres en los puestos decisorios en las instituciones académicas y aumentar el número de profesoras en las universidades;
Realice evaluaciones periódicas de la educación sexual en el sistema educativo nacional con el objetivo de garantizar una educación adecuada a la edad en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos;
Dé prioridad a las medidas destinadas a facilitar el acceso a la educación de las mujeres afrouruguayas, como la asignación de cuotas a nivel universitario, y realice un seguimiento periódico de los progresos.
El Comité celebra la creciente integración de la mujer en el mercado de trabajo estructurado. Observa también que en la esfera de los conocimientos científicos el número de mujeres duplica al de hombres. El Comité encomia al Estado parte por la aprobación de un sistema nacional de cuidados, que puede ayudar a hacer frente a la carga tradicionalmente desproporcionada del trabajo no remunerado de la mujer. No obstante, el Comité está preocupado por las siguientes cuestiones:
Las mayores tasas de desempleo y autoempleo entre las mujeres (las tasas de empleo de las mujeres son aproximadamente un 20% inferiores que las de los hombres) y el hecho de que el desempleo afecte especialmente a las mujeres afrodescendientes;
La desigualdad salarial por razón de género, que afecta a las mujeres con mayor nivel educativo, en particular en el sector privado;
La representación excesiva de las mujeres afrouruguayas en el sector de trabajo doméstico (una de cada cuatro personas que realizan tareas domésticas) y la falta de protección efectiva para las trabajadoras migrantes del servicio doméstico;
La menor acumulación de aportaciones a la seguridad social por parte de las mujeres empleadas en el sector doméstico y de cuidados;
El reducido porcentaje de hombres que hacen uso de la licencia de paternidad, a pesar de que la legislación contempla el derecho a la licencia de paternidad en todos los sectores de empleo.
Diseñe y aplique de manera efectiva estrategias y metas con plazos concretos para fomentar el acceso de la mujer, especialmente de las mujeres afrouruguayas, a distintos tipos de empleos estructurados:
Aplique el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y establezca un sistema para informar sobre las buenas prácticas encaminadas a eliminar la desigualdad salarial por razón de género y promover el acceso de la mujer a los puestos decisorios, en particular mediante la promoción preferencial de la mujer y la capacitación sobre competencias de liderazgo para las mujeres en todas las esferas de la economía;
Aumente la sensibilización pública acerca de los derechos de las trabajadoras domésticas, garantizando la cobertura nacional y el acceso a información sobre los mecanismos de denuncia;
Desarrolle una campaña nacional para promover la afiliación y las aportaciones periódicas al sistema de seguridad social por parte de los empleadores de trabajadores domésticos y de cuidados, y para sensibilizar a las mujeres acerca de la seguridad social;
Lleve a cabo campañas públicas entre los empleadores públicos y privados que proporcionen información a los hombres sobre la importancia de tomar la licencia de paternidad y compartir las responsabilidades de los cuidados.
El Comité encomia al Estado parte por reducir drásticamente la mortalidad materna, así como por ampliar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, aunque le preocupa que dicho acceso siga siendo limitado en las zonas rurales. También observa con preocupación el uso generalizado de la objeción de conciencia entre los profesionales médicos, lo que limita el acceso a los servicios de aborto sin riesgo garantizados por ley. El Comité también expresa su preocupación por la elevada tasa de embarazos precoces, especialmente entre las mujeres afrouruguayas y las que viven en zonas rurales y zonas urbanas desfavorecidas.
Evalúe la disponibilidad en todo el país de servicios de salud sexual y reproductiva a fin de detectar las provincias y los municipios subatendidos, y de garantizar una financiación adecuada;
Adopte medidas para asegurar que las mujeres tengan acceso al aborto legal y cuidados posteriores, e incorpore requisitos de justificación más estrictos para evitar el uso indiscriminado por parte de los profesionales médicos de su derecho de objeción de conciencia ante la realización de un aborto;
Imparta educación escolar adecuada a la edad sobre salud sexual y reproductiva y garantice el acceso asequible a los servicios de asesoramiento e información sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y los niños adolescentes, realice campañas de sensibilización sobre los métodos anticonceptivos modernos y aumente el acceso a anticonceptivos seguros y asequibles;
El Comité encomia al Estado parte por haber llevado a cabo, en 2011, su primer censo agropecuario con una perspectiva de género. Acoge con beneplácito los programas destinados a aumentar la capacidad de las mujeres rurales para dedicarse a actividades comerciales, los programas para garantizar el acceso a servicios energéticos de alta calidad y la capacitación de la mujer rural en la construcción de tecnologías sencillas. No obstante, el Comité observa con preocupación:
La baja tasa de empleo entre las mujeres rurales (solo el 37% de la fuerza de trabajo rural);
El acceso limitado de las mujeres rurales al título de propiedad sobre las tierras (solo el 11,6% de todas las mujeres son propietarias de tierras) y su falta de participación en los procesos de adopción de decisiones sobre el uso de la tierra y los medios de producción;
Las lagunas en la protección social que afectan a las mujeres rurales, especialmente en las esferas de la educación, la atención sanitaria, las condiciones de vida y la seguridad social.
Redoble sus esfuerzos para promover oportunidades de generación de ingresos para las mujeres rurales y fomentar el emprendimiento de estas mujeres;
Vele por que las mujeres rurales tengan acceso a la tierra en pie de igualdad con los hombres, mediante campañas de sensibilización acerca de la importancia del acceso a la tierra como factor de desarrollo;
Garantice que las mujeres rurales disfruten de igualdad de acceso a los servicios básicos y la protección social.
El Comité observa que el Estado parte ha aprobado programas para la inclusión social o el reasentamiento de refugiados y apátridas de origen colombiano y sirio, aunque le preocupa la situación de las mujeres migrantes y refugiadas, que corren el riesgo de ser víctimas de la violencia y la trata.
A la luz de su recomendación general núm. 32 (2014) sobre las dimensiones de género de la condición de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres, el Comité recomienda que el Estado parte proteja a las mujeres refugiadas y apátridas contra la violencia sexual y la trata, y que sancione adecuadamente a los autores de estos delitos. Recomienda que el Estado parte adopte los protocolos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados por los que se rige el proceso de determinación de la condición de refugiado desde una perspectiva que tiene en cuenta las cuestiones de género, respetando plenamente los derechos procesales de las mujeres que necesitan protección internacional, entre otras cosas, mediante entrevistas realizadas por entrevistadoras e intérpretes que sean mujeres.
Al Comité le preocupa la falta de información desglosada sobre la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad en todas las esferas abarcadas por la Convención, en particular, el acceso a la justicia, la violencia contra la mujer, la vida política y pública, la educación, el empleo, la atención sanitaria y el empoderamiento económico.
El Comité recomienda que el Estado parte elabore un sistema de reunión de datos y lleve a cabo evaluaciones de la situación de las mujeres con discapacidad en todas las esferas abarcadas por la Convención, en particular en lo que respecta a la violencia contra la mujer, la educación, el empleo y la atención sanitaria. También recomienda al Estado parte que incluya la participación de las organizaciones de mujeres con discapacidad en la labor del Instituto Nacional de las Mujeres.
El Comité está preocupado por las condiciones inadecuadas de las mujeres detenidas con sus hijos y por el proceso de reubicación de estas mujeres en la “Unidad 5” del Instituto Nacional de Rehabilitación, en la ciudad de Montevideo, lo que deja a este grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad. También le preocupan los informes acerca de mujeres encarceladas en centros concebidos para hombres, donde la mayoría de los funcionarios penitenciarios también son hombres.
El Comité, recordando las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), recomienda al Estado parte que adopte las medidas apropiadas para los hijos de las mujeres detenidas, como la aplicación de medidas alternativas a la detención, habida cuenta del interés superior del niño. También recomienda que el Estado parte refuerce la vigilancia de las mujeres en los centros de detención a fin de evitar las violaciones de los derechos humanos y garantice la disponibilidad de servicios de asesoramiento jurídico y vías de recurso eficaces.
El Comité está preocupado por el hecho de que el matrimonio a los 16 años de edad sea legal en el Estado parte. También observa la falta de sensibilización con respecto a los derechos en los casos de disolución del matrimonio, especialmente en cuanto al reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado en la distribución de los bienes conyugales, y las diferentes consecuencias económicas del matrimonio frente a la unión de hecho (concubina).
Enmiende su legislación para prohibir rotundamente los matrimonios precoces y garantizar que las niñas y los niños menores de 18 años no contraigan matrimonio, salvo en circunstancias definidas de manera rigurosa con la autorización de un tribunal y con el consentimiento de ambos cónyuges;
Vele por que la evaluación de las responsabilidades parentales de las niñas y los niños se guíe por el principio del interés superior del niño y su derecho a que sus opiniones se tengan plenamente en cuenta;
**Garantice la igualdad en la distribución de los bienes comunes entre ambos cónyuges tras la disolución de un matrimonio o una unión de hecho (concubinato), adopte todas las medidas necesarias para velar por que las mujeres que contraigan matrimonio o inicien una unión de hecho (concubinato) sean conscientes de las consecuencias económicas que entrañan estas situaciones, en consonancia con la recomendación general núm. 29
del Comité relativa al artículo 16 de la Convención (consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución), y garantice que el trabajo doméstico no remunerado se tome debidamente en cuenta en el momento de la distribución de los bienes comunes.**
El Comité insta al Estado parte a que incorpore una perspectiva de género, de conformidad con las disposiciones de la Convención, en todo el proceso de aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El Comité solicita al Estado parte que las presentes observaciones finales se difundan de manera oportuna, en el idioma oficial del Estado parte, a las instituciones estatales competentes en todos los niveles (nacional, regional y local), en particular al Gobierno, los ministerios, el parlamento y el poder judicial, para hacer posible su plena aplicación.
El Comité solicita al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo de dos años, información detallada sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones que figuran en los párrafos 20 a) y f) y 32 a) y c).
Suplemento N. 38 (A 43/38), Febrero de 1988↩
En el año 2002 se promulgó la Ley N° 17.515 que define la prostitución como un trabajo a partir de los 18 años de edad. Se le reconocen al trabajador y la trabajadora sexuales beneficios sociales como la jubilación. Mediante esta Ley se controla y regula el ejercicio de la prostitución a través fundamentalmente de un control sanitario obligatorio mensual. Además, por Decreto N° 480/003 del 20/11/03 estos trabajadores/as están obligados a comunicar el traslado de una localidad a otra.↩
En el año 2002 se promulgó la Ley N° 17.515 que define la prostitución como un trabajo a partir de los 18 años de edad. Se le reconocen al trabajador y la trabajadora sexuales beneficios sociales como la jubilación. Mediante esta Ley se controla y regula el ejercicio de la prostitución a través fundamentalmente de un control sanitario obligatorio mensual. Además, por Decreto N° 480/003 del 20/11/03 estos trabajadores/as están obligados a comunicar el traslado de una localidad a otra. la edad mínima de jubilación por edad avanzada fue aumentada de 65 a 70 para las mujeres, equiparándolas así con los hombres. Por la misma ley se otorgó el derecho a recibir pensiones de sobrevivencia a los hombres viudos, ya que estaba limitado solo a las mujeres viudas. Eliminó además la pensión de sobrevivencia para las hijas solteras mayores de 45 años que demostraran que se habían dedicado al cuidado de sus padres o hermanos.↩
Fue derogado por Ley N° 17.938 de 29/12/005.↩
Suplemento No. 38 (A/57/38) - (14 de enero a 1° de febrero de 2002)↩
La ley N° 17.817 de agosto de 2004 referida a la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, trae una definición de discriminación en su artículo 2: “A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” . Esta definición no incluye la esfera de la vida privada.↩
Por Ley N° 17.866 de 21/3/2005 el Instituto de la Mujer y la Familia que estaba en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, pasa a llamarse Instituto Nacional de la Mujeres (INAMU) dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Cuenta con más recursos financieros y humanos. Entre los financieros se cuenta la asignación de una partida presupuestal sustancialmente superior a las anteriores y además los provenientes de la cooperación internacional para financiar programas. En el año 2006 se elaboró por parte del INAMU el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, aprobado por Decreto N° 184/007 de 15/5/007, según lo dispuesto por el art. 3 de la Ley N° 18.104 de marzo de 2000 “Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres en la República”. Esta ley partió de un proyecto de ley elaborado por INAMU y elevado al Poder Ejecutivo en setiembre del 2005. En el mismo año el INAMU promovió mecanismos de género y desarrollo de acciones en diversos ministerios y entes estatales: Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Instituto Nacional de Estadísticas, Intendencias Municipales.↩
Se han creado y presentado este año en el canal oficial y alguno privado algunos spots sobre la Violencia Doméstica dirigidos a distintos públicos con artistas jóvenes reconocidos. En el plan de Igualdad de Derechos y Oportunidades se menciona el tema y se diseñan algunas acciones.↩
Se promulgó la Ley Nº 17.514 de Violencia Doméstica el 2 de julio de 2002. En lo que refiere a la sensibilización y capacitación de los jueces y las juezas en el año 2006 se han realizado capacitaciones por parte del INAMU con fondos del BIRF, para integrantes del Poder Judicial en el interior y en capital. Estas han sido insuficientes limitándose solamente a la violencia doméstica. La misma ley dispone la creación de un Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia doméstica integrado por un representante de distintos ministerios, Instituto Nacional de las Mujeres que lo preside, Congreso de Intendentes, Administración Nacional de Educación Pública, Instituto del Niño y del Adolescente, la sociedad civil, entre otros. El Consejo Nacional Consultivo elaboró el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004-2010 aprobado por el Poder Ejecutivo el 10/6/2004 que se ha comenzado a implementar a través de capacitaciones a los operadores del sistema público y asesoramiento a las víctimas. Se han instalado Comisiones Departamentales de Lucha contra la VD en varios departamentos. Se ha realizado capacitación de los operadores del sistema público, con énfasis en el sistema judicial, policial y de salud. Ha sido bajo la responsabilidad del INAMU en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de las Instituciones de justicia en materia de Género para un Desarrollo Equitativo”. En el 2006 se creó el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad en el Ministerio del Interior. Se publicó en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP) una Guía de Procedimientos para la atención a la violencia doméstica en el primer nivel de atención de salud. Reglamentación de la Ley de Violencia Doméstica contra la Mujer para el Sector Salud bajo decreto presidencial (20065). Se estableció obligatoriedad en las instituciones de salud de atender VD. También se Implementó un formulario con preguntas sobre la posible existencia de VD a las usuarias que debe ser aplicado por los equipos de salud adjuntando los datos a la historia clínica de las mujeres mayores de 15 años.↩
El art. 116 del Código Penal fue derogado por Ley N° 17.938 aprobada el 29/12/05. Esta ley derogó además el art. 23 del Código del Proceso Penal. En cambio el art. 328 del Código Penal persiste. Respecto a la violencia doméstica se promulgó la Ley Nº 17.514. Si bien han existido diversos proyectos de ley en las pasadas y actual legislatura, no se ha derogado aún la Ley N° 9.763 del año 1938 que define al aborto como delito en cualquier circunstancia y condición. En el 2004 el MSP aprobó la Ordenanza N° 369 que contiene medidas sanitarias para reducir la incidencia del aborto inseguro. 2005 se crea en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP) el Programa Nacional Salud de la Mujer y Género. En planificación familiar existe el Programa de Salud Integral de la Mujer (SIM) que depende del MSP que brinda acceso gratuito a una canasta de métodos anticonceptivos reversibles. En la órbita de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) existe el Programa Integral de Atención a la Salud de la Mujer (PAIM) que asesora en anticoncepción y tiene canasta de métodos anticonceptivos. 16/12/2006 el MSP recordó a los médicos de los servicios de salud a través de un comunicado, que según el Dec. Nº 258/992 que en la esterilización femenina y masculina no hay ninguna exigencia al consentimiento de tercera persona alguna. Ley 17.242 aprobada el 20/6/2000 declara de interés público la prevención de cánceres genito mamarios y establece que las trabajadoras de la actividad privada y las funcionarias públicas tendrán derecho a un día al año de licencia especial con goce de sueldo para realizar exámenes de Papanicolaou y/o radiografía mamaria. Ordenanza Ministerial 402 de 2006 establece la gratuidad de los estudios↩
El 15 de noviembre del 2006 se aprobó la Ley N° 18.065 de Trabajo Doméstico que reconoció los derechos laborales a los y las trabajadoras del servicio doméstico.↩
No se ha podido aprobar el proyecto de ley de Cuotas que consagra la aplicación de una cuota mínima de un tercio de candidato/as de un sexo en todas las listas electorales partidarias internas y legislativas, tanto nacionales como departamentales. En la legislatura pasada se consideró y no se llegó a las mayorías necesarias. En esta legislatura fue nuevamente presentado y está por ser considerado.↩
En el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, aprobado por Decreto N° 184/007 de 15/5/007, en el LEI 10 “Desarrollo de Medidas que contribuyan a una Distribución Equitativa de la Responsabilidades Familiares” se establecen como acciones: _ Promover estudios que cuantifique y visibilicen el aporte del trabajo no remunerado de las mujeres. _ Desarrollar acciones de sensibilización que tiendan a la valoración de las tareas y responsabilidades en el ámbito doméstico, su reparto equitativo y la promoción de paternidades responsables. _ Fomentar cambios en la legislación para que mujeres y hombres puedan disfrutar de licencia para el cuidado de los/as hijos/as de manera igualitaria. _ Aumentar y mejorar los servicios estatales de cuidado (niños/as, enfermos/as, discapacitados / as, ancianos/as. _ Adecuar el funcionamiento de los servicios estatales a las necesidades de hombres y mujeres para una distribución equitativa de las responsabilidades familiares. El cronograma planteado se extiende hasta el 2011.↩
En el año 2004 se creó el Subcomponente 1.4 “Modelo Integral de prevención del embarazo precoz” del Programa Infancia y Familia (INFAMILIa.. En el año 2005 y 2006 se inauguraron Espacios de Salud Adolescente (MSP) con INFAMILIA. En el 2005 se crea en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP) el Programa Nacional Salud de la Mujer y Género. En lo que refiere a la planificación familiar existe el Programa de Salud Integral de la Mujer (SIM) que depende del MSP y que brinda acceso gratuito a una canasta de métodos anticonceptivos reversibles. En la órbita de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) existe el Programa Integral de Atención a la Salud de la Mujer (PAIM) que asesora en anticoncepción y tiene canasta de métodos anticonceptivos.↩
El Plan existe y está en ejecución: es el “Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos”. Se ha trabajado para incorporar la perspectiva de género en los Ministerios.↩
CEDAW/C/URY/CO/7 - 14 de noviembre de 2008↩
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.↩
CEDAW/C/URY/CO/8-9, 25 de julio de 2016↩

References: artículo 5
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 artículo 4
 artículo 43
 artículo 41
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