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Timestamp: 2019-06-18 07:10:46+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 352 DE JULIO 4 DE 2018
RESOLUCIÓN 352 DE 04 DE JULIO DE 2018
CONTENIDO:AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. FIJA LOS CRITERIOS PARA EVALUAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LAS SOLICITUDES DE CONTRATO DE CONCESIÓN, CESIÓN DE DERECHO Y CESIÓN DE ÁREAS DE QUE TRATA LA LEY 1753 DE 2015. DEROGA LA RESOLUCIÓN 831 DE 2015.
TEMAS ESPECÍFICOS:MINERÍA, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONCESIÓN MINERA, ÁREA DE CONCESIÓN MINERA, CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA, PROCEDIMIENTO EN LA MINERÍA, CLASES DE CONTRATO DE CONCESIÓN, CONTRATO DE CONCESIÓN, CESIÓN DE DERECHOS, AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL N°:50645 DE JULIO 5 DE 2018
RESOLUCIÓN 352 DE 2018
“Por la cual se fijan los criterios para evaluar la capacidad económica de las solicitudes de contrato de concesión, cesión de derecho y cesión de áreas de que trata el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015, se deroga la Resolución 831 del 27 de noviembre de 2015 y se dictan otras disposiciones”.
La Presidenta de la Agencia Nacional de Minería,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las contempladas en los artículos 78 y 92 de la Ley 489 de 1998, el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015, los artículos 3º y 10 del Decreto-Ley 4134 de 2011, y
Que la Constitución Política, en su artículo 209 establece que la administración pública estará al servicio del interés general y se desarrollará con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Que artículo 317 de la Ley 685 de 2001 —Código de Minas— establece que se entenderá por autoridad minera o concedente, el Ministerio de Minas y Energía o en su defecto a la autoridad nacional, que de conformidad con la organización de la administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga a su cargo la administración de los recursos mineros, la promoción de los aspectos atinentes a la industria minera, la administración del recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas señaladas en este código, con el fin de desarrollar las funciones de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, fiscalización y vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras.
Que mediante el Decreto-Ley 4134 de 2011 el Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de Minería, ANM, con el objeto de administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos mineros cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.
Que los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 4º del mismo decreto, establecen que la Agencia Nacional de Minería ejerce las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional, en ejercicio de las cuales deberá promover, celebrar, administrar y hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros, para la exploración y explotación de minerales de propiedad del Estado, así como recaudar y distribuir las regalías producto de la explotación de los recursos minerales al sistema general de regalías.
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1666 del 21 de octubre de 2016, “por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la clasificación minera”.
Que el artículo 17 del Código de Minas dispone que la capacidad legal para formular propuesta de concesión se regula por las disposiciones generales sobre contratación estatal. Dicha capacidad, si se refiere a personas jurídicas, públicas o privadas, requiere que en su objeto se hallen incluidas, expresa y específicamente, la exploración y explotación mineras.
Que el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” dispuso como obligación de la Autoridad Minera Nacional previo al otorgamiento de títulos mineros, cesiones de derechos y de áreas requerir a los interesados acreditar la capacidad económica para la exploración, explotación, desarrollo y ejecución del proyecto minero.
Que a efectos de contar con criterios uniformes que permitan evaluar la capacidad económica del proponente para la ejecución del proyecto minero, se hace necesario fijar los criterios para la acreditación de este requisito por parte de los interesados, en el marco de las nuevas solicitudes de contratos de concesión minera, las cesiones de derechos y las cesiones de áreas de que trata el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015, teniendo en cuenta la clasificación de la minería.
ART. 1º—Objetivo. La presente resolución tiene como objetivo fijar los criterios a aplicarse por parte de la autoridad minera para determinar el cumplimiento de la capacidad económica dentro de los trámites de: (i) evaluación de propuestas de contratos de concesión, (ii) cesión de derechos y, (iii) cesiones de áreas.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica para las personas naturales o jurídicas que presenten propuestas de contrato de concesión, cesión de derechos y cesión de áreas. Igualmente regula la forma en la cual la autoridad minera deberá evaluar la información aportada por los interesados a efectos de acreditar la capacidad económica, en el ámbito de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015.
PAR.—Los beneficiarios de áreas de reserva especial que deriven su contrato de un proceso de formalización, no requerirán acreditar su capacidad económica en el marco de estos procesos, salvo en casos de cesión del contrato.
ART. 3º—Capacidad económica. A efectos de la presente resolución se entiende por capacidad económica el cumplimiento de los requisitos que deberán cumplir los interesados en la celebración de un contrato de concesión minera; cesión de derechos y cesión de áreas en los términos del artículo anterior, para acreditar que cuentan con los recursos económicos para adelantar el proyecto minero que pretenden desarrollar.
ART. 4º—Documentación a aportar para acreditar la capacidad económica. Con independencia del tipo de minería que se trate, todos los interesados en la celebración de un contrato de concesión minera, en la cesión de derechos, o en la cesión de áreas, deberán, al momento de la radicación de la solicitud correspondiente, aportar ante la autoridad minera, junto con los demás documentos técnicos y jurídicos que se requieran según el caso, los siguientes documentos, en medio físico o digital:
A. Persona natural del régimen simplificado.
A.1. Declaración de renta en caso de que el solicitante esté obligado a presentarla, según el estatuto tributario y el registro único tributario, RUT, deberá allegar la declaración de renta correspondiente al periodo fiscal anterior a la radicación de la solicitud de contrato de concesión o cesión debidamente presentada.
A.2. Certificación de ingresos. Acreditar los ingresos necesarios para desarrollar el proyecto minero mediante certificación de ingresos expedida por un contador público titulado, quien deberá acompañarla con fotocopia simple de la matrícula profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. En dicha certificación debe constar la actividad generadora y la cuantía anual o mensual de los mismos.
A.3. Extractos bancarios de los últimos tres (3) meses anteriores a la presentación de la documentación ante la autoridad minera. Los estados de cuentas emitidos por entidades del sector solidario deberán corresponder a entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
A.4. Registró único tributario, RUT, actualizado con fecha de expedición no superior a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta o cesión.
B. Persona natural del régimen común obligada a llevar contabilidad y persona jurídica.
B.1. Estados financieros certificados y/o dictaminados de conformidad con lo establecido en el Decreto 2649 de 1993 o demás normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen, acompañados de la matrícula profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores; correspondientes al periodo fiscal anterior a solicitud de contrato de concesión o cesión.
En el caso de las personas jurídicas que se encuentren en situación de subordinación o control de conformidad con la legislación nacional, podrán acreditar la capacidad económica con la presentación de los estados financieros de la matriz o controlante.
De igual forma, las personas jurídicas podrán acreditar la capacidad económica con la presentación de los estados financieros certificados y/o dictaminados de sus accionistas, sean estas empresas privadas o listadas en bolsa. En ambos casos, la persona jurídica solicitante deberá presentar comunicación formal de quien está acreditando la capacidad económica, en la que se indique el vínculo con la solicitante y autorizando la presentación de sus estados financieros. En dicha comunicación se deberá indicar los trámites de solicitud de contratos de concesión o cesiones que respalda.
B.2. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad con una vigencia no mayor a treinta (30) días.
B.3. Declaración de renta correspondiente al último periodo fiscal declarado con respecto a la fecha de la radicación de la solicitud de contrato de concesión o cesión debidamente presentada.
B.4. Registro único tributario, RUT, actualizado con fecha de expedición no superior a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta o cesión.
PAR. 1º—Cuando la constitución de la persona jurídica coincida con el año de presentación de la solicitud, el interesado, presentará la información contable a partir de la fecha de la misma. No obstante lo anterior, debe cumplir con los criterios establecidos en el presente artículo.
PAR. 2º—La ANM analizará la información presentada por el interesado y, en caso de encontrar inconsistencias o diferencias procederá, mediante requerimiento, a solicitar las aclaraciones que permitan un adecuado análisis de la misma.
PAR. 3º—Los documentos expedidos en el extranjero deben someterse a los requisitos establecidos en el artículo 480 del Código de Comercio, salvo los públicos que provengan de países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, aprobada mediante la Ley 455 de 1998, caso en el cual requieren de apostilla, en los términos de aquella.
PAR. 4º—Será causal de declaratoria de desistimiento de la propuesta de contrato de concesión o de la cesión, la falta de documentos requeridos para la evaluación de la capacidad económica establecidos en el presente artículo. Cuando concurran dos (2) o más proponentes o cesionarios, dicho desistimiento se aplicará a quienes no presenten la documentación.
PAR. 5º—Los proponentes o cedentes que presenten propuestas de contratos de concesión o solicitudes de cesión de derechos y obligaciones o de áreas, podrán adjuntar estados financieros con cortes trimestrales intermedios, esto es, posteriores al 31 de diciembre del año anterior, los cuales deberán estar debidamente certificados y/o dictaminados. Sin embargo, es obligatorio adjuntar los estados financieros certificados y/o dictaminados del año inmediatamente anterior como requisito para la determinación de la capacidad económica a la que se refiere la presente disposición.
ART. 5º—Criterios para evaluar la capacidad económica. La autoridad minera evaluará el requisito de capacidad económica con fundamento en la información presentada por el solicitante, y de conformidad con los criterios que se determinan en el presente artículo de acuerdo a la clase de minería.
En el caso de solicitud de contrato de concesión, la capacidad económica se medirá frente a la inversión que deba realizar cada uno de los proponentes de conformidad con el estimativo de la inversión económica aprobada en el programa mínimo exploratorio (formato A) o documento que lo sustituya, la cual no podrá ser inferior a los montos establecidos por la autoridad minera como inversión mínima.
En el caso de cesión de derechos o cesión de áreas, la capacidad económica se medirá frente a la inversión futura que deba asumir cada cesionario de conformidad con el programa mínimo exploratorio (formato A), programa de trabajos e inversiones, PTI, o programa de trabajos y obras, PTO, que haya informado el cedente y se calculará frente al porcentaje que se pretenda ceder.
1. Pequeña minería. Aquellas propuestas de contratos de concesión y cesiones de derecho o de áreas que se clasifiquen dentro de estos rangos según el artículo 1º, numerales 2.2.5.1.5.4 y 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1666 de 2016, se evaluarán de la siguiente manera:
A. En el caso de persona natural perteneciente al régimen simplificado y no obligada a llevar libros de contabilidad, se analizará un indicador de suficiencia financiera definido en los términos de la siguiente fórmula:
Suficiencia financiera = (ingresos * capacidad de endeudamiento) / Inversión en el periodo exploratorio, etapa de construcción y montaje o explotación
i) Los ingresos corresponden a la cifra reportada según el literal A.2 del artículo 4º.
ii) La capacidad de endeudamiento corresponde al porcentaje de endeudamiento de la industria minera reportada por la Superintendencia de Sociedades observada en las empresas con ventas inferiores a 500 smlmv y que para el año 2017 equivale a 38%.
iii) Inversión en el periodo exploratorio corresponde a la cifra consignada en “total inversión periodo exploratorio” en el formato A de los términos de referencia adjuntos a la solicitud de propuesta de contrato de concesión o la inversión faltante que deba realizar el solicitante de conformidad con el programa de trabajos y obras o programa de trabajos e inversiones, según el caso, en la etapa de construcción y montaje o explotación para las cesiones, certificada por el cedente.
En el evento antes descrito se entenderá que se ha acreditado la capacidad económica cuando el indicador de suficiencia financiera señalado anteriormente sea igual o superior a 0,6.
B. En caso de tratarse de persona natural del régimen común obligada a llevar libros de contabilidad o de persona jurídica, se analizará y verificará, de acuerdo con la información reportada, como indicador de suficiencia financiera el cumplimiento de los siguientes conceptos:
i) Liquidez = activo corriente/(pasivo corriente + inversión), debe ser igual o mayor a 0,50.
ii) Nivel de endeudamiento = (pasivo total + inversión)/activo total, debe ser menor o igual a 70%.
iii) Patrimonio = activo total - pasivo total, debe ser igual o mayor a la inversión en el periodo exploratorio consignada y aprobada por el técnico en el formato A, o la inversión faltante que deba realizar el solicitante de conformidad con el programa de trabajos y obras o programa de trabajos e inversiones, según el caso, en la etapa de construcción y montaje o explotación para las cesiones.
C. En el caso de solicitud de cesión de derechos o cesión de áreas se utilizarán las fórmulas establecidas en el presente artículo.
2. Mediana minería. Los solicitantes de contratos de concesión y cesionarios que se clasifiquen dentro de estos rangos según el artículo 1º, numerales 2.2.5.1.5.4 y 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1666 de 2016:
A. En el caso de persona natural del régimen simplificado no obligada a llevar libros de contabilidad, se analizará un indicador de suficiencia financiera definido en los términos de la siguiente fórmula:
Suficiencia financiera = (ingresos * capacidad de endeudamiento)/de la inversión en el periodo exploratorio, etapa de construcción y montaje o explotación.
En el evento antes descrito se entenderá que se ha acreditado la capacidad económica cuando el indicador de suficiencia financiera señalado anteriormente sea igual o superior a 1,0.
B. En caso de tratarse de persona natural del régimen común obligada a llevar libros de contabilidad o de persona jurídica, se analizará y verificará de acuerdo con la información reportada, como indicador de suficiencia financiera el cumplimiento de los siguientes conceptos:
i) Liquidez = activo corriente/(pasivo corriente + inversión), debe ser igual o mayor a 0,54.
ii) Nivel de endeudamiento = (pasivo total + inversión)/activo total, debe ser menor o igual a 65%.
3. Gran minería. Los solicitantes de contratos de concesión y cesionarios que se clasifiquen dentro de estos rangos según el artículo 1º, numerales 2.2.5.1.5.4 y 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1666 de 2016 deberán acreditar la siguiente capacidad económica según su calidad:
A. En el caso de persona natural perteneciente al régimen simplificado no obligada a llevar libros de contabilidad, se analizará un indicador de suficiencia financiera definido en los términos de la siguiente fórmula:
Suficiencia financiera = (ingresos * capacidad de endeudamiento)/inversión en el periodo exploratorio, etapa de construcción y montaje o explotación
iii) Inversión en el periodo exploratorio corresponde a la cifra consignada en “total inversión periodo exploratorio” en el formato A de los términos de referencia adjuntos a la solicitud de propuesta de contrato de concesión, o la inversión faltante que deba realizar el solicitante de conformidad con el programa de trabajos y obras o programa de trabajos e inversiones, según el caso, en la etapa de construcción y montaje o explotación para las cesiones, certificada por el cedente.
En el evento antes descrito se entenderá que ha acreditado la capacidad económica cuando el indicador de suficiencia financiera señalado anteriormente sea igual o superior a 1,4.
B. En caso de tratarse de persona natural perteneciente al régimen común obligada a llevar libros de contabilidad o de persona jurídica, se analizará y verificará de acuerdo con la información reportada, como indicador de suficiencia financiera el cumplimiento de los siguientes conceptos:
i) Liquidez = activo corriente/(pasivo corriente + inversión), debe ser igual o mayor a 0,60.
ii) Nivel de endeudamiento = (pasivo total + inversión)/activo total, debe ser menor o igual a 60%.
PAR. 1º—Los proponentes o cesionarios que no cumplan con los requisitos señalados anteriormente total o parcialmente, podrán acreditar la capacidad económica (total o faltante) a través de un aval financiero para lo cual podrá usar una o más de las siguientes alternativas: i) garantía bancaria, ii) carta de crédito, iii) aval bancario o iv) cupo de crédito. En dichos documentos se deberá señalar el beneficiario, el valor, el plazo y la destinación de los recursos para el proyecto minero. Este debe garantizar que el proponente o cesionario dispondrá de los recursos suficientes para asegurar la ejecución del proyecto minero de acuerdo con el programa mínimo de exploración o para desarrollar las inversiones pendientes de ejecutar según lo informado en el PTO presentado por el cedente.
PAR. 2º—Los proponentes o cesionarios podrán optar por garantizar los recursos del proyecto minero y cumplir con la suficiencia financiera, tratándose de un contrato de concesión o de una cesión, utilizando simultáneamente sus propios recursos y el aval financiero.
PAR. 3º—En caso de concurrir dos o más personas, naturales o jurídicas, en un trámite de contrato de concesión o cesión, cada una de ellas deberá cumplir, según sea su clasificación, con el indicador de suficiencia financiera establecido en los literales A y/o B del presente artículo. La Agencia Nacional de Minería, ANM, continuará de oficio con el trámite de contrato de concesión o cesión con los proponentes o cesionarios que cumplan con la capacidad económica exigida en la presente resolución.
PAR. 4º—Se entenderá que el proponente o cesionario cumple con la capacidad financiera cuando cumple con dos de los indicadores, haciéndose obligatorio el indicador de patrimonio para todos los casos.
ART. 6º—Capacidad económica remanente. En el evento en que un solicitante presente más de una propuesta de contrato de concesión; para el análisis de la capacidad económica se descontará de la misma, las obligaciones de inversión que tenga frente a las propuestas presentadas con anterioridad así como las inversiones en títulos mineros vigentes, y se deberá demostrar que además de cumplir con el artículo 5º de la presente resolución, cuenta con la capacidad financiera remanente para garantizar la realización de las actividades de exploración de cada una de las propuestas presentadas y de las de exploración según el PTO o PTI.
En consecuencia, para la evaluación de propuestas de contratos de concesión, se considerará la capacidad económica remanente así:
A. En el caso de persona natural perteneciente al régimen simplificado, se analizará y verificará la capacidad económica remanente en los términos de la siguiente fórmula:
Indicador de suficiencia financiera remanente: ((ingresos * capacidad de endeudamiento (50%) + saldo promedio) - (la sumatoria de la inversión en el período exploratorio de todas las propuestas + la sumatoria de la inversión faltante por ejecutare(sic) en el periodo de explotación de todos los títulos)) > Cero (0).
B. En caso de tratarse de persona natural perteneciente al régimen común obligada a llevar libros de contabilidad o de persona jurídica, se analizará y verificará la capacidad económica remanente en los términos de la siguiente fórmula:
Patrimonio = ((activos totales - pasivos totales) - la sumatoria de la inversión en el período exploratorio de todas las propuestas + la sumatoria de la inversión faltante por ejecutare en el periodo de explotación de todos los títulos)) > cero (0).
PAR.—Las personas que pretendan soportar la capacidad económica remanente a través de un aval financiero en los términos del artículo 5º de la presente resolución, a este aval se le descontarán las obligaciones de inversión que tenga frente a las propuestas de contrato presentadas con anterioridad, y el resultado deberá cubrir el total de las inversiones que se pretenden respaldar o deberá presentar un nuevo aval financiero independiente del ya presentado para la nueva solicitud.
ART. 7º—Requerimientos. La autoridad minera podrá requerir al interesado para que ajuste la solicitud en el término máximo de un mes, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, podrá requerir a los interesados en caso de no cumplir con los indicadores establecidos en el artículo 5º de la presente resolución, para que soporte la capacidad económica conforme a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 5º de la presente resolución.
ART. 8º—Transición. La presente resolución se aplicará para la evaluación de la capacidad económica de las solicitudes de contrato de concesión o cesión de derechos o de áreas que no hayan sido resueltas mediante acto administrativo en firme. En estos casos la autoridad minera requerirá a los interesados para que ajusten su solicitud de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución.
ART. 9º—Vigencia y derogatorias. La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 831 de 2015.
Dada en Bogotá, D.C., a 4 de julio de 2018.

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