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Timestamp: 2018-10-19 01:08:25+00:00

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El acto administrativo - Apuntes de Administración de Empresas - Docsity
Apuntes Administración de Empresas
marinacterrasa 11 de enero de 2018
El acto administrativo, Apuntes de Administración de Empresas. Universitat de les Illes Balears (UIB)
Administración de Empresas,Derecho
Prof. Aina Salom
Asignatura: Organitzacio i activitats de les AAPP, Profesor: Aina Salom, Carrera: Doble Grau: ADE + Dret, Universidad: UIB
TEMA 10 EL ACTO ADMINISTRATIVO
TEMA	II.-	EL	ACTO	ADMINISTRATIVO:	CONCEPTO,	CLASES	Y	ELEMENTOS.	MOTIVACIÓN	Y	NOTIFICACION.	EFICACIA	Y	VALIDEZ	DE	LOS	ACTOS	ADMINISTRATIVOS.	REVISIÓN	DE	LOS	ACTOS	ADMINISTRATIVOS:	DE	OFICIO	Y	EN	VIA	DE	RECURSO	ADMINISTRATIVO
EL	ACTO	ADMINISTRATIVO:	CONCEPTO,	CLASES	Y	ELEMENTOS
EL	ACTO	ADMINISTRATIVO.
En	términos	generales,	puede	hablarse	de	dos	grandes	categorías	de	actos	administrativos	de	la	Administración	Pública:
-	Los	actos	Administrativos	sometidos	a	Derecho	Común:	la	Administración	actúa	como	cualquier	otro	sujeto	de	derecho,	sus	actos	no	son	administrativos,	sino	civiles,	mercantiles,	laborales,	etc.
-	Los	actos	de	la	Administración	sometidos	al	Derecho	Administrativo	son	los	auténticos	actos	administrativos.
En	cuanto	al	CONCEPTO	de	acto	administrativo,	Zanobini	los	señala	que	es	acto	administrativo	cualquier	declaración	de	voluntad,	de	deseo,	de	juicio	o	de	conocimiento,	realizada	por	un	sujeto	de	la	Administración	Publica	en	el	ejercicio	de	la	potestad	administrativa,	distinta	de	la	potestad	reglamentaria.
En	todo	caso	quedan	excluidos	del	concepto	de	acto	administrativo:
a)	Las	meras	operaciones	materiales	realizadas	por	la	Administración	como	es	el	caso	de	indemnizar	perjuicios	causados.
b)	Los	actos	no	emanados	de	la	Administración	strictu	sensu.
c)	Los	actos	sometidos	al	régimen	jurídico	privado,	que	están	sometidos	a	jurisdicción
En	relación	con	los	CARACTERES	más	acusados	del	acto	administrativo	pueden	señalarse	los	siguientes:
-	La	legitimidad:	el	acto	debe	emanar	de	la	legítima	autoridad,	obrando	dentro	de	la	esfera	de	la	competencia	y	ajustándose	a	normas	de	carácter	general	establecidas	para	que	pueda	considerarse	como	verdadero	acto	administrativo	(Art.	34	LPAC).
-	La	oportunidad:	la	Administración	pondera	la	conveniencia	de	actuar	o	no,	según	las	diversas	circunstancias	que	puedan	influir	en	cada	caso,	a	fin	de	que	dicha	actuación	resulte	la	más	eficaz	y	conveniente	al	interés	público.
-	La	revocabilidad:	el	acto	administrativo	puede	ser	modificado	o	anulado,	si	así	lo	demandan	las	circunstancias,	de	modo	que	si	la	Administración	considera	que	no	ha	lugar	a	seguir	manteniendo	una	disposición,	puede	revocar	el	acto.
-	La	ejecutoriedad:	los	actos	administrativos	pueden	llevarse	a	cumplimiento	por	la	misma	Administración	de	la	que	emanan	en	acción	directa.	En	nuestro	Derecho,	la	Ley	39/2015,	LPAC	establece	en	su	art.	98.1	que	los	actos	de	las	administraciones	públicas	sujetos	a	Derecho	Administrativo	serán	inmediatamente	ejecutivos	salvo	que,	entre	otros	aspectos,	se	produzca	la	suspensión	de	la	ejecución	del	acto	o	una	disposición	establezca	lo	contrario.
En	cuanto	a	los	ELEMENTOS	DEL	ACTO	ADMINISTRATIVO,	González	Pérez	los	define	como	aquellas	circunstancias	o	conjunto	de	circunstancias	que	deben	darse	en	un	acto	para	que	produzca	todos	sus	efectos,	es	decir,	para	que	el	acto	no	resulte	inválido,	o	válido	pero	irregular.
a)	COMPETENCIA:	es	el	elemento	subjetivo	del	acto	administrativo	(arts.	8	y	9	de	la	Ley	40/2015	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público).
Por	definición	el	acto	administrativo	debe	ser	dictado	por	un	sujeto	de	la	Administración	Pública.	En	este	sentido	el	art.	1	de	la	Ley	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Contenciosa	Administrativa	determina	que	se	entenderá	por	Administración	Pública:	la	AGE,	las	de	las	CCAA,	las	Entidades	Locales	que	integran	la	Administración	Local	y	las	Entidades	de	Derecho	Público	que	sean	dependientes	o	estén	vinculadas	al	Estado,	las	CCAA	o	a	las	Entidades	Locales.
Los	distintos	sujetos	de	la	Administración	Pública	actúan	a	su	vez	a	través	de	órganos	y	en	este	punto	es	donde	se	sitúa	y	aparece	el	requisito	de	la	<<competencia>>,	pues	para	la	validez	del	acto	administrativo,	es	necesario	que	el	mismo	emane	de	un	órgano	que	tenga	competencia	para	ello.	Así,	según	el	art.	34	de	la	LPAC,	<<los	actos	administrativos	se	producirán	por	órgano	competente>>.	La	competencia	es	definida	por	D’Alessio	como	la	medida	de	la	potestad	que	pertenece	a	cada	órgano>>,	distinguiendo	tres	tipos:	territorial,	funcional	(o	por	razón	de	la	materia)	y	jerárquica.	Las	consecuencias	que	derivan	de	la	vulneración	del	requisito	de	la	competencia	varían	según	el	tipo	de	incompetencia:
-	Se	considera	incompetencia	absoluta	la	vulneración	de	las	competencias	territorial	y	funcional.	Los	actos	dictados	por	órganos	incompetentes	por	razón	del	territorio	o	de	la	materia	adolecen	de	nulidad	absoluta:	son	radicalmente	nulos	o	nulos	de	pleno	derecho.	Así	lo	considera	la	LRJSP	39/2015	en	sus	art.47.
-	Se	considera	incompetencia	relativa	la	vulneración	de	la	competencia	jerárquica,	en	consecuencia	los	actos	dictados	por	órganos	así	incompetentes	no	son	nulos	de	pleno	derecho,	sino	actos	relativamente	nulos	o	anulables.
Por	otro	lado,	la	Ley	40/2015,	LRJSP	establece	en	sus	arts.	8	y	siguientes	una	serie	de	normas	sobre	la	competencia	de	los	órganos	administrativos.	Entre	ellas	destacan:
a)	Irrenunciabilidad	de	la	competencia.
b)	Desconcentración	de	competencias.
c)	Órgano	que	se	entiende	que	es	competente	en	cada	caso:	en	todo	caso	se	entiende	que	la	facultad	para	instruir	y	resolver	los	expedientes	corresponde	a	los	órganos	inferiores	competentes	por	razón	de	la	materia	y	del	territorio.	En	caso	de	existir	más	de	un	órgano	inferior	competente,	la	facultad	para	instruir	y	resolver	corresponderá	al	superior	jerárquico	común.
d)	Delegación	de	competencias,	regulada	en	el	art.	9	de	la	LRJSP.
b)	EL	FIN	DEL	ACTO	ADMINISTRATIVO	(ART.	48	LRPAC)
La	Administración	ha	de	someterse,	en	todo	caso,	a	una	especie	de	regla	de	conducta:	la	necesidad	de	perseguir	el	interés	público	en	cada	una	de	sus	actuaciones.	Así	lo	establece	la	CE	en	su	art.	106.1	al	determinar	que	los	Tribunales	controlarán	el	sometimiento	de	la	actuación	administrativa	a	fines	que	al	justifican.	Ello	significa	que	el	acto	administrativo	deberá	enderezarse	al	logro	de	aquella	finalidad	que	determinó	el	otorgamiento	de	la	potestad	ejercitada.	Si	no	concurre	así,	el	acto	estará	viciado	de	<<desviación	de	poder>>,	vicio	legal	que	consiste	en	el	ejercicio	de	potestades	administrativas	para	fines	distintos	de	los	fijados	en	el	ordenamiento	jurídico	(art.	70	LJCA).	En	este	sentido	el	art.	48	de	la	LPAC	declara	que	son	anulables	los	actos	de	la	Administración	que	incurran	en	desviación	de	poder.
c)	CONTENIDO	DEL	ACTO	ADMINISTRATIVO.
Según	Garrido	Falla	entendemos	por	contenido	u	objeto	del	acto	administrativo	el	efecto	práctico	que	con	dicho	acto	se	pretende	obtener.	De	la	clasificación	de	Garrido	Falla	y	Entrena	Cuesta,	se	deducen	cuatro	partes	del	contenido	del	acto	administrativo:
-	El	contenido	esencial:	aquel	sin	el	cual	el	acto	no	tiene	existencia.
-	El	contenido	natural:	el	que	necesariamente	forma	parte	del	acto	administrativo	y	sirve	para	individualizarlo	respecto	de	los	demás.
-	El	contenido	implícito:	aquellas	cláusulas	no	expresas,	pero	que	hay	que	entender	incluidas	en	el	acto	porque	el	ordenamiento	jurídico	las	supone	en	todos	los	de	la	misma	especie.
-	El	contenido	eventual	o	accidental:	es	el	integrado	por	aquellas	cláusulas	que	el	órgano	administrativo	puede	introducir	en	el	acto,	dirigidas	a	modificar,	generalmente,	restringiendo	sus	efectos,	el	contenido	esencial	del	acto.	Estas	son	las	cláusulas	accesorias	del	acto	jurídico;	en	particular	la	condición	(hecho	futuro	e	incierto	el	cual	se	hace	depender	la	eficacia	de	un	acto	administrativo),	término	(día	desde	el	cual	debe	tener	eficacia	el	acto	o	desde	el	cual	la	eficacia	debe	cesar)	y	el	modo	(carga	impuesta	a	la	persona	a	favor	de	la	cual	se	dicta	el	acto	administrativo).
El	contenido	del	acto	administrativo	deberá	ser	según	el	art.	34	LPAC	determinado	y	adecuado	a	los	fines	de	aquellos.	Pero	además	se	exigen	los	siguientes	requisitos:	que	sea	posible	y	lícito,	es	decir,	ajustado	a	lo	dispuesto	en	el	ordenamiento	jurídico	(art.	47	LPAC).	Mientras	que	son	anulables	los	actos	que	incurran	en	cualquier	infracción	del	ordenamiento	jurídico,	incluso	la	desviación	de	poder.
Finalmente	en	cuanto	a	las	CLASES	DE	ACTOS	ADMINISTRATIVOS,	la	doctrina	suele	clasificar	los	actos	administrativos,	atendiendo	a	los	siguientes	criterios:
a)	Por	la	extensión	de	sus	efectos:	ACTOS	GENERALES	Y	CONCRETOS.	Se	entiende	por	acto	administrativo	general,	aquella	declaración	de	la	Administración	Pública	que	mira	abstractamente	a	una	pluralidad	de	personas	y	por	acto	concreto	la	misma	declaración	cuando	mira	a	una	o	más	personas	o	casos	individualmente	determinados	o	determinables.	b)	Por	la	posibilidad	de	su	fiscalización	por	la	jurisdicción	contencioso-	administrativa:	IMPUGNABLES	O	INIMPUGNABLES.
Esta	clasificación	carece	de	validez	apriorística	y	universal	siendo	necesario	conocer	el	Derecho	positivo	vigente	en	cada	país	en	un	momento	determinado	para	poder	aplicarla	correctamente.
En	principio,	todos	los	actos	administrativos	son	impugnables,	primero	en	vía	administrativa	y	después	en	la	contenciosa.	Cuando	ya	no	es	susceptible	de	recurso	alguno	(salvo	el	de	revisión),	el	acto	se	convierte	en	firme.	La	firmeza	del	acto	se	produce:
-	Porque	ya	se	han	utilizado	todas	las	posibilidades	de	impugnación	existentes,	o
-	Porque	se	han	dejado	transcurrir	los	plazos	para	interponer	los	recursos	posibles.
c)	Por	razón	de	las	facultades	utilizadas	al	dictarlos:	ACTOS	DISCRECIONALES	Y	REGLADOS.
La	discrecionalidad	no	es	un	concepto	tan	amplio	como	a	primera	vista	pudiera	parecer,	ya	que	para	poder	hablar	de	esta	clase	de	actividad	es	necesario	que	se	den	los	siguientes	supuestos	que	señala	Garrido	Falla:
-	Que	se	dé	ausencia	de	reglamentación	legal	en	una	determinada	materia.
-	Que	en	relación	con	esa	materia	no	sobre	sobre	la	actuación	administrativa	un	principio	prohibitivo.
-	Que	de	la	estructura	lógica	de	la	norma	no	se	desprenda	una	posibilidad	de	elección	administrativa	o	atribución	de	discrecionalidad.
La	característica	de	los	actos	discrecionales,	cuando	se	dan	los	supuestos	anteriores,	radica	en	que	los	Tribunales	no	pueden	subrogarse	en	la	apreciación	de	los	criterios	técnicos	tenidos	en	cuenta	por	la	Administración	al	elegir.	Pero	ello	no	quiere	decir	que	dichos	actos	estén	excluidos	de	la	fiscalización	contencioso-administrativa,	ya	que	todos	los	actos	administrativos	tienen	por	lo	menos	una	nota	discrecional,	la	iniciativa	y	un	elemento	reglado,	los	fines.	En	cuanto	a	los	actos	reglados	son	aquellos	que	están	expresamente	regulados	y	determinados	por	el	principio	de	legalidad	o	sumisión	a	la	ley.
d)	Por	razón	de	los	sujetos	intervinientes:	SIMPLES	Y	COMPLEJOS,	UNILATERALES	Y	PLURILATERALES.
Se	entiende	por	acto	administrativo	simple,	según	Garrido	Falla,	aquel	en	cuya	emisión	intervienen	un	solo	órgano	administrativo;	acto	complejo,	en	cambio,	aquel	que	se	produce	por	la	intervención	de	dos	o	más	órganos	administrativos.	Garrido	Falla	excluye	del	concepto	de	actos	complejos	como	dudosos:	los	actos	de	los	organismos	colegiados	en	los	que	la	voluntad	administrativa	es	única,	los	actos	que	se	integran	en	un	expediente	o	procedimiento	administrativo	y	los	actos	sujetos	a	aprobación	por	un	organismo	superior.	En	cuanto	a	los	actos	unilaterales	y	plurilaterales,	esta	clasificación	responde	al	criterio	de	los	sujetos	participantes	en	la	emisión	del	acto.	Los	actos	unilaterales	son	aquellos	actos	jurídicos	que,	siendo	obra	exclusiva	de	agentes	administrativos,	son	imputables	a	una	única	persona	pública,	y	los	plurilaterales	son	aquellos	que	crean	normas	que	rigen	relaciones	mutuas	entre	sus	actores;	o	sea,	que	estatuyen	los	derechos	y	obligaciones	de	los	unos	respecto	de	los	otros.	En	otros	términos,	son	actos	que	crean	normas	que	tienen	por	objeto	a	sus	propios	autores.
e)	Por	la	forma	de	producción	del	acto	administrativo:	EXPRESO,	TÁCITO	O
PRESUNTO.	Los	actos	expresos	son	aquellos	en	los	que	existe	una	clara	e	inequívoca	exteriorización	de	la	declaración	de	voluntad,	de	juicio,	de	deseo,	etc.	En	los	actos	tácitos	falta	esta	manifestación	pero	ante	la	conducta	administrativa	se	presume	racionalmente	la	existencia	de	una	voluntad	que	produce	efectos	jurídicos.	En	el	acto	presunto	no	existe	ni	una	manifestación	concreta	administrativa	ni	una	conducta	a	la	que	se	pueda	atribuir	un	determinado	valor	o	sentido	en	virtud	de	una	interpretación	racional.	El	significado	de	esta	conducta	lo	fija	de	forma	expresa	el	ordenamiento	jurídico.
f)	Por	razón	de	los	efectos	jurídicos	de	su	contenido:	DEFINITIVOS,	RESOLUTORIOS	Y	DE	TRÁMITE.
En	un	procedimiento	administrativo	hay	una	resolución	final	que	es	la	que	decide	sobre	el	fondo	del	asunto,	y	para	llegar	a	ella	deben	pasarse	fases	distintas	con	intervención	de	órganos	y	personas	diversas	con	actos	también	diferentes.	Estos	actos	previos	a	la	resolución	son	los	que	la	ley	llama	actos	de	trámite,	que	son	actos	instrumentales	de	las	resoluciones	pues	las	preparan	y	las	hacen	posibles.	Entre	este	tipo	de	actos	la	doctrina	considera	los	dictámenes	o	consultas	y	las	propuestas.	Por	acto	definitivo	o	resolutorio	podemos	entender	aquel	en	el	que	la	voluntad	administrativa	adquiere	forma	definitiva.	No	todos	los	actos	definitivos	ponen	fin	a	la	vía	administrativa,	sino	solo	aquellos	contra	los	que	no	cabe	recurso	administrativo	ordinario.	El	art.	114	LPAC	establece	que	ponen	fin	a	la	vía	administrativa,	entre	otros:	las	resoluciones	de	los	recursos	de	alzada,	las	resoluciones	de	los	órganos	administrativos	que	carezcan	de	superior	jerárquico,	salvo	que	la	ley	establezca	lo	contrario,	los	acuerdos,	pactos,	convenios	o	contratos	que	tengan	la	consideración	de	finalizadores	del	procedimiento.	Por	su	parte,	el	art.	114.2	LPAC	establece	que	en	ámbito	estatal	ponen	fin	a	la	vía	administrativa,	entre	otros:	los	actos	administrativos	de	los	miembros	y	órganos	del	Gobierno	o	los	emanados	de	los	Ministros	y	Secretarios	de	Estado	en	el	ejercicio	de	las	competencias	que	tienen	atribuidas	los	órganos	de	los	que	son	titulares.
MOTIVACIÓN	Y	NOTIFICACIÓN.
En	relación	con	la	MOTIVACIÓN,	la	ley	impone	en	un	número	importante	de	supuestos	la	obligación	de	motivar	sus	actos	(art.	35	LPAC),	esto	es,	de	hacer	públicos	mediante	una	declaración	formal,	los	motivos	de	hecho	y	de	derecho	en	función	de	los	cuales	ha	determinado	sus	actos.	En	este	sentido,	puede	decirse	que	en	el	acto	administrativo	los	motivos	están	siempre,	y	necesariamente,	incorporados	a	la	causa.
Al	respecto	parece	conveniente	resaltar	ya	que	la	regla	general	en	nuestro	Derecho	es	el	carácter	meramente	facultativo	de	dicha	<<motivación>>,	salvo	en	los	supuestos	expresamente	señalados	en	el	art.	35	LPAC,	entre	los	que	podemos	citar:	a)	Los	actos	que	limiten	derechos	subjetivos	o	intereses	legítimos.
b)	Los	actos	que	resuelvan	procedimientos	de	revisión	de	oficio	de	disposiciones	o	actos	administrativos,	recursos	administrativos	y	procedimientos	de	arbitraje	y	los	que	declaren	su	inadmisión.	c)	Los	actos	que	se	separen	del	criterio	seguido	en	actuaciones	precedentes	o	del	dictamen	de	órganos	consultivos.
d)	Los	acuerdos	de	suspensión	de	actos,	cualquiera	que	sea	el	motivo	de	ésta,	así	como	la	adopción	de	medidas	provisionales	previstas	en	el	artículo	56.
En	relación	con	la	NOTIFACIÓN	hacer	referencia	al	contenido	y	plazos,	asíel	art.	40.1	y	2	de	la	LPAC	establecen	que	el	órgano	que	dicte	las	resoluciones	y	actos	administrativos	los	notificará	a	los	interesados	cuyos	derechos	e	intereses	sean	afectados	por	aquéllos.	Toda	notificación	deberá	ser	cursada	dentro	del	plazo	de	diez	días	a	partir	de	la	fecha	en	que	el	acto	haya	sido	dictado,	y	deberá	contener	el	texto	íntegro	de	la	resolución,	con	indicación	de	si	pone	fin	o	no	a	la	vía	administrativa,	la	expresión	de	los	recursos	que	procedan,	en	su	caso,	en	vía	administrativa	y	judicial,	el
órgano	ante	el	que	hubieran	de	presentarse	y	el	plazo	para	interponerlos,	sin	perjuicio	de	que	los	interesados	puedan	ejercitar,	en	su	caso,	cualquier	otro	que	estimen	procedente.
En	relación	con	las	CONDICIONES	GENERALES	DE	LA	NOTIFICACIÓN,	el	art.	41	de	la	LPAC	establece	que	las	notificaciones	se	practicarán	preferentemente	por	medios	electrónicos	y,	en	todo	caso,	cuando	el	interesado	resulte	obligado	a	recibirlas	por	esta	vía.	Todo	ello	salvo	que	la	notificación	se	realice	con	ocasión	de	la	comparecencia	espontánea	del	interesado	o	su	representante	en	las	oficinas	de	asistencia	en	materia	de	registro	y	solicite	la	comunicación	o	notificación	personal	en	ese	momento	o	cuando	sea	necesario	practicarla	por	entrega	directa	de	un	empleado	público	de	la	Administración	notificante.	Las	notificaciones	serán	válidas	siempre	que	permitan	tener	constancia	de	su	envío	o	puesta	a	disposición,	de	la	recepción	o	acceso	por	el	interesado	o	su	representante,	de	sus	fechas	y	horas,	del	contenido	íntegro,	y	de	la	identidad	fidedigna	del	remitente	y	destinatario	de	la	misma.	La	acreditación	de	la	notificación	efectuada	se	incorporará	al	expediente.
Se	podrá	establecer	la	obligación	de	practicar	electrónicamente	las	notificaciones	para	determinados	procedimientos	y	para	ciertos	colectivos.	No	se	efectuarán	por	medios	electrónicos	notificaciones	en	las	que	el	acto	a	notificar	vaya	acompañado	de	elementos	que	no	sean	susceptibles	de	conversión	en	formato	electrónico	o	las	que	contengan	medios	de	pago	a	favor	de	los	obligados.	En	los	procedimientos	iniciados	a	solicitud	del	interesado,	se	practicará	por	el	medio	señalado	al	efecto	por	aquel.	En	relación	con	la	PRÁCTICA	DE	LAS	NOTIFICACIONES	EN	PAPEL,	el	art.	42	LPAC	dispone	que	deberán	ser	puestas	a	disposición	del	interesado	en	la	sede	electrónica	de	la	Administración	u	Organismo	actuante	para	que	pueda	acceder	al	contenido	de	las	mismas	de	forma	voluntaria.	Cuando	la	notificación	se	practique	en	el	domicilio	del	interesado,	de	no	hallarse	presente	éste	en	el	momento	de	entregarse	la	notificación,	podrá	hacerse	cargo	de	la	misma	cualquier	persona	mayor	de	catorce	años	que	se	encuentre	en	el	domicilio	y	haga	constar	su	identidad.	Si	nadie	se	hiciera	cargo	de	la	notificación,	se	hará	constar	esta	circunstancia	en	el	expediente.
En	cuanto	a	la	PRÁCTICA	DE	LAS	NOTIFICACIONES	POR	MEDIOS	ELECTRÓNICOS,	el	art.	43	dispone	que	se	practicarán	mediante	comparecencia	en	la	sede	electrónica	de	la	Administración	u	Organismo	actuante,	a	través	de	la	dirección	electrónica	habilitada	única	o	mediante	ambos	sistemas,	según	disponga	cada	Administración	u	Organismo.	A	los	efectos	previstos	en	este	artículo,	se	entiende	por	comparecencia	en	la	sede	electrónica,	el	acceso	por	el	interesado	o	su	representante	debidamente	identificado	al	contenido	de	la	notificación.	Cuando	la	notificación	por	medios	electrónicos	sea	de	carácter	obligatorio,	o	haya	sido	expresamente	elegida	por	el	interesado,	se	entenderá	rechazada	cuando	hayan	transcurrido	diez	días	naturales	desde	la	puesta	a	disposición	de	la	notificación	sin	que	se	acceda	a	su	contenido.	Se	entenderá	cumplida	la	obligación	a	la	que	se	refiere	el	artículo	40.4	con	la	puesta	a	disposición	de	la	notificación	en	la	sede	electrónica	de	la	Administración	u	Organismo	actuante	o	en	la	dirección	electrónica	habilitada	única.	Los	interesados	podrán	acceder	a	las	notificaciones	desde	el	Punto	de	Acceso	General	electrónico	de	la	Administración,	que	funcionará	como	un	portal	de	acceso.
Cuando	no	se	cumplen	los	requisitos	anteriormente	señalados	en	cuanto	a	contenido,	plazo,	condiciones	y	práctica	de	la	notificación	esta	será	considerada	como	NOTIFICACIÓN	DEFECTUOSA.	Esta	no	produce	efectos	y,	en	consecuencia	el	acto	o	resolución	notificado,	tampoco	podrá	producirlos	en	contra	del	interesado,	ya	que	la	notificación	demora	el	comienzo	de	la	eficacia	del	acto	o	resolución.	En	consecuencia,	no	empezarán	a	contar	los	plazos	para	interponer	recursos,	ni	el	interesado	quedará	obligado	por	el	acto	notificado.	El	art.	40.3	LPAC	admite	que	las	notificaciones	que,	conteniendo	el	texto	íntegro	del	acto,	omitiesen	alguno	de	los	demás	requisitos	previstos	en	el	apartado	anterior,	surtirán	efecto	a	partir	de	la	fecha	en	que	el	interesado	realice	actuaciones	que	supongan	el	conocimiento	del	contenido	y	alcance	de	la	resolución	o	acto	objeto	de	la	notificación,	o	interponga	cualquier	recurso	que	proceda.	Esto	implica	que	es	suficiente	una	manifestación	tácita	para	subsanar	los	defectos	de	la	notificación.
Para	terminar,	el	art.	44	habla	de	la	notificación	infructuosa,	señalando	que:	Cuando	los	interesados	en	un	procedimiento	sean	desconocidos,	se	ignore	el	lugar	de	la	notificación	o	bien,	intentada	ésta,	no	se	hubiese	podido	practicar,	la	notificación	se	hará	por	medio	de	un	anuncio	publicado	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Finalmente	hacer	referencia	a	la	LA	PUBLICACIÓN	DE	LOS	ACTOS	ADMINISTRATIVOS.
El	art.	45.1	de	la	Ley	39/2015	LPAC	señala	que	los	actos	administrativos	serán	objeto	de	publicación	cuando	así	lo	establezcan	las	normas	reguladoras	de	cada	procedimiento	o	cuando	lo	aconsejen	razones	de	interés	público	apreciadas	por	el	órgano	competente.	En	todo	caso,	los	actos	administrativos	serán	objeto	de	publicación,	surtiendo	ésta	los	efectos	de	la	notificación,	en	los	siguientes	casos:
a)	Cuando	el	acto	tenga	por	destinatario	a	una	pluralidad	indeterminada	de	personas	o	cuando	la	Administración	estime	que	la	notificación	efectuada	a	un	solo	interesado	es	insuficiente	para	garantizar	la	notificación	a	todos,	siendo,	en	este	último	caso,	adicional	a	la	individualmente	realizada.
b)	Cuando	se	trate	de	actos	integrantes	de	un	procedimiento	selectivo	o	de	concurrencia	competitiva	de	cualquier	tipo.	En	este	caso,	la	convocatoria	del	procedimiento	deberá	indicar	el	medio	donde	se	efectuarán	las	sucesivas	publicaciones,	careciendo	de	validez	las	que	se	lleven	a	cabo	en	lugares	distintos.
El	art.	40.2	ordena	que	la	publicación	de	un	acto	deberá	contener	los	mismos	elementos	que	hemos	comentado	en	el	apartado	anterior	respecto	de	las	notificaciones.	Este	artículo	está	en	línea	con	el	principio	de	eficacia	en	la	actuación	administrativa	del	art.	103.1	CE	y	de	celeridad	que	rige	la	ordenación	del	procedimiento	de	elaboración	de	los	actos	administrativos	(Art.	72	LPAC).	La	publicación	de	los	actos	se	realizará	en	el	diario	oficial	que	corresponda,	según	cual	sea	la	Administración	de	la	que	proceda	el	acto	a	notificar.
Si	el	órgano	competente	apreciase	que	la	notificación	por	medio	de	anuncios	o	la	publicación	de	un	acto	lesiona	derechos	o	intereses	legítimos,	se	limitará	a	publicar	en	el	Diario	oficial	que	corresponda	una	somera	indicación	del	contenido	del	acto	y	del
lugar	donde	los	interesados	podrán	comparecer,	en	el	plazo	que	se	establezca,	para	conocimiento	del	contenido	íntegro	del	mencionado	acto	y	constancia	de	tal	conocimiento.
LA	EFICACIA	Y	VALIDEZ	DE	LOS	ACTOS	ADMINISTRATIVOS
Un	acto	administrativo	se	perfecciona	una	vez	que	está	constituido	por	el	conjunto	de	elementos	subjetivos,	objetivos	y	formales	que	condicionan	su	validez.	No	obstante	lo	anterior,	tanto	los	actos	válidos	como	los	viciados	producen	los	efectos	jurídicos	por	ellos	pretendidos,	en	la	medida	que	el	art.	39	de	la	LPAC	establece	la	presunción	de	validez.	La	jurisprudencia	del	TS	ha	interpretado	el	principio	de	presunción	de	validez	en	el	sentido	de	que	la	carga	de	accionar,	de	recurrir	para	destruir	aquella	presunción,	corresponde	al	administrado.
En	cuanto	al	momento	en	que	comienza	la	eficacia	del	acto	administrativo,	en	el	art.	39.1	LPAC,	estatuye	que	producirán	efectos	desde	la	fecha	en	que	se	dicten,	salvo	que	en	ellos	se	disponga	otra	cosa.
García	Enterría	comenta	tal	inciso	señalando	que	el	propio	acto	puede,	en	consecuencia,	aplazar	el	comienzo	de	sus	efectos,	sometiéndole	a	un	plazo,	o	bien	condicionar	la	producción	de	los	mismos	a	un	evento	futuro,	todo	ello	ene	l	marco	de	las	normas	aplicables	en	cada	caso.	Este	privilegio	se	conoce	con	el	nombre	de	autotutela	declarativa,	es	decir,	se	presume	que	el	acto	es	válido	y	por	eso	produce	efectos	desde	que	se	dicta.
Esta	presunción	de	validez	otorga	al	acto	plenos	efectos.	Es	la	denominada	ejecutividad	del	acto	administrativo,	en	virtud	del	cual	cuando	este	se	dicte	puede	y	debe	ser	llevado	a	la	práctica.	Junto	a	ella,	se	ha	distinguido	la	ejecutoriedad,	ejecución	forzosa	o	acción	de	oficio,	regulada	en	los	arts.	97	a	105	de	la	LPAC.	El	art.	97	dispone	que	las	Administraciones	Públicas	no	iniciarán	ninguna	actuación	material	de	ejecución	de	resoluciones	que	limite	derechos	de	los	particulares	sin	que	previamente	haya	sido	adoptada	la	resolución	que	le	sirva	de	fundamento	jurídico	y	que	el	órgano	que	ordene	un	acto	de	ejecución	material	de	resoluciones	estará	obligado	a	notificar	al	particular	interesado	la	resolución	que	autorice	la	actuación	administrativa.
El	art.	98	de	la	LPAC	dispone	que	los	actos	de	las	Administraciones	Públicas	sujetos	al	Derecho	Administrativo	serán	inmediatamente	ejecutivos,	salvo	que:
a)	Se	produzca	la	suspensión	de	la	ejecución	del	acto.
b)	Se	trate	de	una	resolución	de	un	procedimiento	de	naturaleza	sancionadora	contra	la	que	quepa	algún	recurso	en	vía	administrativa,	incluido	el	potestativo	de	reposición.
c)	Una	disposición	establezca	lo	contrario.
d)	Se	necesite	aprobación	o	autorización	superior.
El	art.	99	de	la	LPAC	establece	que	las	Administraciones	Públicas,	a	través	de	sus	órganos	competentes	en	cada	caso,	podrán	proceder,	previo	apercibimiento,	a	la	ejecución	forzosa	de	los	actos	administrativos,	salvo	en	los	supuestos	en	que	se	suspenda	la	ejecución	de	acuerdo	con	la	Ley,	o	cuando	la	Constitución	o	la	Ley	exijan	la	intervención	de	un	órgano	judicial,	ejemplo	de	ello	es	la	entrada	en	el	domicilio	del	administrado	previsto	en	el	art.	100.3	LPAC.	El	art.	105	contiene	una	prohibición	al	señalar	que	no	se	admitirán	a	trámite	acciones	posesorias	contra	las	actuaciones	de	los	órganos	administrativos.
Las	normas	y	actos	dictados	por	los	órganos	de	las	Administraciones	Públicas	en	el	ejercicio	de	su	propia	competencia	deberán	ser	observadas	por	el	resto	de	órganos	administrativos	aunque	pertenezcan	a	otra	administración.
El	art.	39.1	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	de	Procedimiento	Administrativo	Común	(LPAC),	establece	que	los	actos	de	las	Administraciones	Públicas	sujetos	al	Derecho	Administrativo	se	presumirán	válidos	y	producirán	efectos	desde	la	fecha	en	que	se	dicten,	salvo	que	en	ellos	se	disponga	otra	cosa,	es	decir,	se	parte	de	una	presunción	de	validez	de	los	actos	administrativos,	de	donde	se	deriva	su	ejecutividad	y,	en	su	caso,	ejecución	forzosa.
Esta	presunción	es	iuris	tantum,	es	decir,	que	admite	prueba	en	contrario	a	través	de	la	interposición	del	correspondiente	recurso	administrativo	y,	en	su	caso,	contencioso- administrativo,	por	el	particular	afectado	por	el	acto	que	entiende	ilegal,	pudiéndose	producir,	en	los	supuestos	previstos	en	el	art.	117	de	la	LPAC,	la	suspensión	de	los	efectos	del	acto.
Cuando	el	acto	administrativo	adolezca	de	vicios	o	no	se	ajuste	exactamente	a	lo	que	el	ordenamiento	jurídico	determina	en	cada	caso,	nos	podemos	encontrar	ante	los	siguientes	supuestos:	la	nulidad	absoluta	o	de	pleno	derecho	del	acto	administrativo,	la	nulidad	relativa	o	anulabilidad	del	mismo	y	la	irregularidad	del	acto.	La	anulabilidad	es	la	regla	general,	frente	a	la	nulidad	de	pleno	derecho	que	es	la	excepción.
En	cuanto	a	la	validez	de	las	disposiciones	generales,	se	sanciona	con	la	nulidad	la	vulneración	de	los	principios	de	jerarquía	normativa,	de	reserva	de	ley	y	de	irretroactividad	de	las	disposiciones	sancionadoras	no	favorables.
En	cuanto	a	los	supuestos	de	NULIDAD	ABSOLUTA	O	DE	PLENO	DERECHO,	el	art.	47.1	de	la	LPAC	establece	que	los	actos	de	las	Administraciones	Públicas	son	nulos	de	pleno	derecho	en	los	siguientes	casos:
a)	Los	que	lesionen	los	derechos	y	libertades	susceptibles	de	amparo	constitucional.
La	nulidad	radical	se	reserva	para	los	actos	que	lesionen	el	contenido	de	los	derechos	y	libertades	susceptibles	de	amparo	constitucional,	esto	es,	los	reconocidos	en	el	art.	14,
Sección	1a	del	Capítulo	Segundo	del	Título	I	y	el	art.	30	de	la	Constitución,	este	último,	por	lo	que	se	refiere	a	la	objeción	de	conciencia.
b)	Los	dictados	por	órgano	manifiestamente	incompetente	por	razón	de	la	materia	o	del	territorio.
La	incompetencia	será	manifiesta	cuando	sea	notoria,	evidente	y	aparezca	de	manera	clara,	sin	que	exija	esfuerzo	dialéctico	alguno	su	comprobación	por	saltar	a	primera	vista.	El	Consejo	de	Estado	en	diversos	dictámenes	ha	señalado	que	la	incompetencia	manifiesta	no	es	solo	la	que	aparece	de	modo	claro	y	patente,	sino	también	la	incompetencia	grave	que	afecta	al	orden	público	que,	por	esa	razón,	se	presenta	con	carácter	de	evidencia.	García	Enterría	y	T.R.	Fernández	advierten	que	dentro	el	concepto	de	competencia	ha	de	incluirse	la	falta	de	potestad	porque	la	competencia	es	la	medida	de	la	potestad	atribuida	a	cada	órgano.	La	potestad	ha	de	haber	sido	atribuida	previamente	por	una	norma,	por	lo	que	si	esa	norma	previa	habilitante	falta,	si	ha	perdido	vigencia	o	si	es	inaplicable	en	caso	concreto,	el	órgano	administrativo	implicado	en	el	mismo	será	manifiestamente	incompetente	para	actuar.
c)	Actos	que	tengan	un	contenido	imposible.	La	imposibilidad	ha	de	ser	física	o	material,	pero	no	la	imposibilidad	legal,	pues	de	admitirse	esta	última	podría	llegarse	a	considerar	nulo	de	pleno	derecho	todo	acto	que	fuera	contra	una	ley.	Con	este	precepto	se	viene	a	aplicar	en	el	ámbito	jurídico-	administrativo	un	principio	general	ya	recogido	en	el	CC	(art.	1.272),	prohibitivo	de	que	puedan	ser	objeto	de	contrato	las	cosas	o	servicios	imposibles.
d)	Actos	que	sean	constitutivos	de	infracción	penal	o	se	dicten	como	consecuencia	de	esta.
Por	tratarse	de	cuestiones	de	carácter	prejudicial	penal,	tiene	que	haber	una	previa	sentencia	penal	condenatoria	por	delito,	aunque	admitiendo	algunos	supuestos	de	excepción,	como	cuando	el	autor	de	un	delito	muere	antes	de	que	se	dicte	sentencia,	o	es	inimputable	o	no	sea	habido.
e)	Actos	dictados	prescindiendo	total	y	absolutamente	del	procedimiento	legalmente	establecido.
En	este	supuestos	se	han	de	comprender	no	solo	los	casos	que,	efectivamente,	se	ha	prescindido	de	todo	procedimiento,	sino	también	aquellos	que:	la	Administración	ha	observado	un	procedimiento	pero,	<<no	el	concreto	procedimiento	previsto	en	la	ley	para	ese	supuesto>>	y	cuando	se	emplea	el	procedimiento	legalmente	establecido,	pero	se	omiten	los	trámites	sustanciales	del	mismo.
f)	Actos	dictados	prescindiendo	de	las	normas	que	contienen	las	reglas	esenciales	para	la	formación	de	la	voluntad	de	los	órganos	colegiados.
No	todos	los	defectos	apreciados	en	el	funcionamiento	de	los	órganos	colegiados	originan	la	nulidad	radical	de	los	acuerdos	adoptados	por	aquellos,	sino	solo	los	que	se	tomen	prescindiendo	de	las	reglas	esenciales	para	la	formación	de	su	voluntad.	La
jurisprudencia	siempre	ha	venido	considerando	así	las	reglas	que	se	contienen	en	el	art.	17	de	la	Ley	40/2015,	LRJSP,	esto	es,	la	composición	del	órgano,	convocatoria	y	determinación	del	orden	del	día,	quórum	de	asistencia	y	votación.
g)	Actos	expresos	o	presuntos	contrarios	al	ordenamiento	jurídico	por	los	que	se	adquieren	facultades	o	derechos	cuando	se	carezca	de	los	requisitos	esenciales	para	su	adquisición.
La	doctrina	ha	señalado	que	la	extensión	de	este	sistema	a	todos	los	actos	administrativos	(expresos	y	presuntos)	parece	peligrosa;	puesto	que	su	objeto	son	los	actos	favorables	al	administrado	la	consecuencia	no	es	otra	que	habilitar	a	la	Administración	para	que	pueda	proceder	a	su	revocación	sin	límite	temporal	alguno.	Si	el	precepto	se	refiriese	únicamente	a	los	actos	presuntos	podríamos	suponer	que	se	trata	de	poner	freno	a	los	efectos	del	silencio	administrativo	positivo,	sin	embargo,	al	no	ser	así,	debemos	entender	que	la	nulidad	radical	se	reserva	para	todos	los	actos	que	otorgan	derechos	faltando	los	más	elementales	presupuestos	para	su	adquisición.	La	delimitación	de	cuales	sean	esos	requisitos	esenciales	para	la	adquisición	de	un	derecho	y	su	diferenciación	de	aquellos	otros	no	esenciales	pero	también	necesarios	para	su	adquisición	es	algo	que	se	presta	difícilmente	a	la	formulación	de	reglas	generales	y	que	se	irá	perfilando	con	los	ejemplos	que	ofrezca	la	variada	casuística	del	foro.
f)	Acto	cuya	nulidad	se	establezca	expresamente	en	una	disposición	con	rango	de	Ley.
Unas	veces	tales	declaraciones	de	nulidad	se	contienen	en	normas	con	rango	de	ley,	pero	en	otras	ocasiones	se	establecen	en	normas	reglamentarias.	En	la	LPAC	tales	declaraciones	de	nulidad	impuestas	por	normas	reglamentarias	están	excluidas,	a	no	ser	que	se	trate	de	reproducción	o	complemento	de	lo	establecido	en	la	ley	que	desarrollen	o	que	esta	última	determine	los	supuestos	esenciales	para	la	adquisición	de	un	derecho	y	su	reglamento	sancione	con	la	nulidad	los	casos	en	que	el	mismo	se	haya	obtenido	con	su	omisión.
En	cuanto	a	los	SUPUESTOS	DE	ANULABILIDAD,	el	art.	48	de	la	LPAC	establece	que	son	anulables	los	actos	de	la	Administración	que	incurran	en	cualquier	infracción	del	ordenamiento	jurídico,	incluso	la	desviación	de	poder.	No	obstante,	el	defecto	de	forma	sólo	determinará	la	anulabilidad	cuando	el	acto	carezca	de	los	requisitos	formales	indispensables	para	alcanzar	su	fin	o	dé	lugar	a	la	indefensión	de	los	interesados.	La	realización	de	actuaciones	administrativas	fuera	del	tiempo	establecido	para	ellas	sólo	implicará	la	anulabilidad	del	acto	cuando	así	lo	imponga	la	naturaleza	del	término	o	plazo.	En	relación	con	el	plazo	de	ejercicio	de	la	acción	de	anulabilidad	y	la	prescripción	del	derecho	material,	el	art.	48	de	la	LPA	de	1958	que	es	el	antecedente	inmediato	actual	del	art.	48.1	de	la	LPAC,	prescribía	que	la	anulación	tendría	lugar	<<utilizando	los	medios	de	fiscalización	que	se	regulan	en	el	Título	V>>,	esto	es	por	la	revisión	de	oficio	por	la	Administración	o	por	el	ejercicio	con	éxito	por	los	administrados	de	los	recursos	administrativos	pertinentes	o	del	recurso	contencioso- administrativo.	En	interpretación	de	este	precepto	la	jurisprudencia	exigió	a	los	administrados	en	un	primer	momento	el	ejercicio	de	dichos	medios	de	impugnación	en
los	plazos	establecidos	por	la	ley,	entendiendo	que	el	acto	anulable	no	impugnado	en	tiempo	oportuno	quedaba	firme	y	no	podía	volver	a	intentarse	su	anulación,	en	virtud	del	art.	28	de	la	LJCA.	Sin	embargo,	existe	jurisprudencia	más	matizada	que	considera	que	cuando	la	ley	otorga	a	los	interesados	un	plazo	determinado	para	el	ejercicio	de	un	derecho,	su	denegación	por	la	Administración	no	impide	su	posterior	petición,	aunque	el	acto	denegatorio	haya	quedado	firme,	siempre	que	se	realice	antes	de	transcurrido	el	plazo	legalmente	concedido.
En	cuando	a	la	desviación	de	poder	como	supuesto	de	anulabilidad,	la	LPAC	mantiene	la	desviación	de	poder	como	causa	de	anulabilidad	no	obstante	la	crítica	que	la	doctrina	ha	realizado	de	tal	caracterización.	Como	observa	T.R	Fernández,	no	es	lo	mismo	en	la	desviación	de	poder,	que	el	fin	perseguido	sea	realmente	un	fin	público,	aunque	diferente	del	fijado	por	la	norma,	que	sea	un	fin	privado	del	agente.	En	este	último	caso	hay	mucho	más	que	una	desviación	de	poder	ya	que	se	produce	una	apropiación	de	la	organización	y	de	sus	instrumentos	por	el	agente	en	su	exclusivo	beneficio	particular	y	cuya	depuración	no	puede	quedar	al	arbitrio	del	particular	concretamente	afectado	por	el	acto	producido.
En	cuanto	a	los	vicios	de	forma,	solo	determinarán	la	anulabilidad	cuando	el	acto	carezca	de	los	requisitos	formales	indispensables	para	alcanzar	su	fin	o	dé	lugar	a	la	indefensión	de	los	interesados	(art.	48.2	LPAC).	Este	precepto	se	refiere	a	las	infracciones	procedimentales	cometidas	durante	la	tramitación	del	procedimiento	durante	la	tramitación	del	procedimiento	para	la	elaboración	del	acto	administrativo.	Ahora	bien,	la	jurisprudencia	del	TS	ha	venido	reduciendo	progresivamente	los	supuestos	en	que	la	infracción	del	procedimiento	puede	tener	eficacia	invalidatoria	del	acto	administrativo.	Y	así,	entre	otros	aspectos,	ha	declarado	que	solo	es	procedente	la	anulación	de	un	acto	en	el	supuesto	de	que	las	infracciones	procedimentales	cometidas	en	su	elaboración	supongan	una	disminución	efectiva,	real	y	trascendente	de	garantías,	incidiendo	en	la	resolución	de	fondo,	de	forma	que	puedan	alterar	su	sentido,	no	siendo	posible	por	el	Tribunal	averiguar	si	la	decisión	contenida	en	tal	acto	es	conforme	a	derecho	o	no.
Por	último,	cabe	señalar	que	los	actos	anulables,	a	diferencia	de	lo	que	sucede	con	los	actos	nulos	de	pleno	derecho,	pueden	ser	convalidados	por	la	Administración,	subsanando	los	vicios	que	adolezcan,	tal	y	como	establece	el	art.	52	LPAC.	Es	importante	señalar	las	DIFERENCIAS	ENTRE	LA	NULIDAD	ABSOLUTA	Y	LA	NULIDAD	RELATIVA	O	ANULABILIDAD:
a)	En	la	nulidad	absoluta	el	vicio	que	la	provoca	tiene	una	trascendencia	erga	omnes,	por	lo	que	cualquier	persona	puede	impugnar	el	acto	y	los	propios	Tribunales,	aunque	no	se	alegue	este	vicio,	si	lo	detectan	deben	declararlo.	En	cambio,	en	los	supuestos	de	anulabilidad,	el	interesado	ha	de	presentar	contra	el	acto	que	entiende	ilegal	los	recursos	procedentes	ya	que	si	no	lo	hace	el	acto	queda	firme	e	inatacable.
b)	En	la	nulidad	absoluta,	los	efectos	de	la	declaración	se	retrotraen	al	momento	en	que	se	dictó	el	acto,	es	decir,	tiene	dicha	declaración	efectos	ex
tunc,	mientras	que	en	la	anulabilidad,	los	efectos	de	la	declaración	de	nulidad	del	acto	se	producen	ex	nunc,	desde	el	momento	en	que	se	lleva	a	efecto,	manteniéndose,	por	lo	tanto,	todos	los	efectos	o	consecuencias	del	acto	surgido	desde	que	se	dictó	hasta	que	es	objeto	de	anulación.
c)	El	acto	nulo	de	pleno	derecho	no	puede	ser	sanado	por	confirmación	o	prescripción.	El	acto	anulable	sí	puede	ser	sanado	y,	así,	transcurrido	el	plazo	para	el	ejercicio	de	la	correspondiente	acción	sin	ejercitarla,	el	vicio	de	que	adoleciera	queda	purgado.
En	cuanto	a	la	IRREGULARIDAD	DEL	ACTO,	se	produce	cuando	el	acto	presente	un	vicio	que	no	le	hace	incurrir	en	nulidad	absoluta	ni	en	anulabilidad.	Ha	de	tratarse,	por	lo	tanto,	de	un	vicio	de	carácter	secundario	que	no	invalida	el	acto.
REVISIÓN	DE	LOS	ACTOS	ADMINISTRATIVOS	:	DE	OFICIO	Y	EN	VIA	DE	RECURSO	ADMINISTRATIVO.
El	art.	111	de	la	LPAC	establece	que	en	el	ámbito	estatal,	serán	competentes	para	la	revisión	de	oficio	de	las	disposiciones	y	los	actos	administrativos	nulos	y	anulables:
a)	El	Consejo	de	Ministros,	respecto	de	sus	propios	actos	y	disposiciones	y	de	los	actos	y	disposiciones	dictados	por	los	Ministros.
b)	En	la	Administración	General	del	Estado:	1.	Los	Ministros,	respecto	de	los	actos	y	disposiciones	de	los	Secretarios	de	Estado	y	de	los	dictados	por	órganos	directivos	de	su	Departamento	no	dependientes	de	una	Secretaría	de	Estado.	2.	Los	Secretarios	de	Estado,	respecto	de	los	actos	y	disposiciones	dictados	por	los	órganos	directivos	de	ellos	dependientes.	c)	En	los	Organismos	públicos	y	entidades	derecho	público	vinculados	o	dependientes	de	la	Administración	General	del	Estado:	1.	Los	órganos	a	los	que	estén	adscritos	los	Organismos	públicos	y	entidades	de	derecho	público,	respecto	de	los	actos	y	disposiciones	dictados	por	el	máximo	órgano	rector	de	éstos.	2.	Los	máximos	órganos	rectores	de	los	Organismos	públicos	y	entidades	de	derecho	público,	respecto	de	los	actos	y	disposiciones	dictados	por	los	órganos	de	ellos	dependientes.
En	cuanto	a	la	revisión	de	oficio	de	los	actos	nulos	de	pleno	derecho,	el	art.	106	LPAC	dispone	que	las	Administraciones	Públicas,	en	cualquier	momento,	por	iniciativa	propia	o	a	solicitud	de	interesado,	y	previo	dictamen	favorable	del	Consejo	de	Estado	u	órgano	consultivo	equivalente	de	la	Comunidad	Autónoma,	si	lo	hubiere,	declararán	de	oficio	la	nulidad	de	los	actos	administrativos	que	hayan	puesto	fin	a	la	vía	administrativa	o	que	no	hayan	sido	recurridos	en	plazo,	en	los	supuestos	previstos	en	el	artículo	47.1.
Asimismo,	en	cualquier	momento,	las	Administraciones	Públicas	de	oficio,	y	previo	dictamen	favorable	del	Consejo	de	Estado	u	órgano	consultivo	equivalente	de	la	Comunidad	Autónoma	si	lo	hubiere,	podrán	declarar	la	nulidad	de	las	disposiciones	administrativas	en	los	supuestos	previstos	en	el	artículo	47.2.	El	órgano	competente	para	la	revisión	de	oficio	podrá	acordar	motivadamente	la	inadmisión	a	trámite	de	las	solicitudes	formuladas	por	los	interesados,	sin	necesidad	de	recabar	Dictamen	del	Consejo	de	Estado	u	órgano	consultivo	de	la	Comunidad	Autónoma,	cuando	las	mismas	no	se	basen	en	alguna	de	las	causas	de	nulidad	del	artículo	47.1	o	carezcan	manifiestamente	de	fundamento,	así	como	en	el	supuesto	de	que	se	hubieran	desestimado	en	cuanto	al	fondo	otras	solicitudes	sustancialmente	iguales.	Se	podrán	establecer	indemnizaciones	que	proceda	dar	a	los	interesados.	Si	el	procedimiento	de	ha	iniciado	de	oficio	la	caducidad	se	producirá	a	los	6	meses	sin	haberse	dictado	resolución	y	si	se	ha	iniciado	a	instancia	de	parte	se	podrá	entender	desestimada	por	silencio	administrativo.
En	cuanto	a	la	revisión	de	oficio	de	actos	anulables,	el	art.	107	LPAC	dispone	que	las	Administraciones	Públicas	podrán	impugnar	ante	el	orden	jurisdiccional	contencioso-	administrativo	los	actos	favorables	para	los	interesados	que	sean	anulables	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	48,	previa	su	declaración	de	lesividad	para	el	interés	público.	Esta	deberá	producirse	antes	de	transcurridos	4	años	desde	que	se	dictó	el	acto	administrativo.	Transcurridos	6	meses	sin	que	se	haya	declarado	la	lesividad	una	vez	iniciado	el	procedimiento	se	producirá	su	caducidad.	Si	el	acto	proviene	de	la	AGE	o	de	las	CCAA	la	declaración	de	lesividad	se	producirá	por	el	órgano	competente.	En	caso	de	que	sea	dictado	por	una	Entidad	Local	está	será	declarado	por	el	Pleno	de	la	Corporación.
El	art.	108	LPAC	dispone	que	iniciado	el	procedimiento	de	revisión	de	oficio,	el	órgano	competente	para	declarar	la	nulidad	o	lesividad,	podrá	suspender	la	ejecución	del	acto,	cuando	ésta	pudiera	causar	perjuicios	de	imposible	o	difícil	reparación.	En	cuanto	a	los	límites	a	las	facultades	de	revisión	de	oficio,	el	art.	110	LPAC	dispone	que	las	facultades	de	revisión	no	podrán	ser	ejercidas	cuando	por	prescripción	de	acciones,	por	el	tiempo	transcurrido	o	por	otras	circunstancias,	su	ejercicio	resulte	contrario	a	la	equidad,	a	la	buena	fe,	al	derecho	de	los	particulares	o	a	las	leyes.
En	cuanto	a	la	revocación,	el	art.	109.1	LPAC	dispone	que	las	Administraciones	Públicas	podrán	revocar,	mientras	no	haya	transcurrido	el	plazo	de	prescripción,	sus	actos	de	gravamen	o	desfavorables,	siempre	que	tal	revocación	no	constituya	dispensa	o	exención	no	permitida	por	las	leyes,	ni	sea	contraria	al	principio	de	igualdad,	al	interés	público	o	al	ordenamiento	jurídico.
Y,	por	último,	debemos	referirnos	a	la	corrección	de	errores	materiales	y	aritméticos.	En	este	sentido	el	art.	109.2	LPAC	dispone	que	las	Administraciones	Públicas	podrán,	asimismo,	rectificar	en	cualquier	momento,	de	oficio	o	a	instancia	de	los	interesados,	los	errores	materiales,	de	hecho	o	aritméticos	existentes	en	sus	actos.	Sin	embargo,	la	pura	rectificación	material	de	errores	de	hecho	o	aritméticos	no	implica	una	revocación	del	acto	en	términos	jurídicos.	El	problema	de	esta	posibilidad	de	corrección	radica	en	determinar	las	fronteras	entre	error	de	hecho	y	el	error	de	derecho.	Tanto	la	doctrina	como	el	TS	y	el	Consejo	de	Estado	niegan	el	carácter	de
error	de	hecho	siempre	que	su	apreciación	implica	un	juicio	valorativo	o	exige	una	operación	de	calificación	jurídica.
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