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Timestamp: 2020-02-25 13:05:40+00:00

Document:
C-962 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020045329CC-SENTENCIAC962200321/10/2003CC-SENTENCIA_C_962__2003_21/10/2003200453292003SENTENCIA C-962/03 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO -Aprobación presidencial /CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO -Trámite del proyecto de ley en Senado y Cámara CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO -Suscripción CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO -Constitucionalidad por ausencia de vicios de forma CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO -Marco general DELINCUENCIA ORGANIZADA INTERNACIONAL -Concepto CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO -Desarrolla los principios de derecho internacional adoptados por la Constitución PREVENCION Y REPRESION DE DIVERSAS CONDUCTAS DELICTUALES -Necesidad de los Estados de actuar conjuntamente CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO -Finalidad CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL -Examen material /CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL -Contenido /CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL -Ambito de aplicación /CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL -Responsabilidad de personas jurídicas en la comisión de delitos CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL -Proceso, características del fallo y grado de sanciones /CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL -Decomiso e incautación de bienes producto del delito /CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL -Jurisdicción encargada de conocer de los delitos tipificados /CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL -Solicitud de extradición /CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL -Prevención, investigación y penalización de los delitos internacionales PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS CONVENCION INTERNACIONAL -Interpretación para su aplicación con sujeción estricta a la Constitución CONVENCION INTERNACIONAL -Interpretación y aplicación no puede desconocer el bloque de constitucionalidad CONVENCION INTERNACIONAL -Decomiso e incautación de bienes solo podrá realizarse de conformidad con las normas jurídicas colombianas CONVENCION INTERNACIONAL -Reglas para interpretar la asistencia judicial reciproca PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y CONTRADICCION DEL PROCESO -Objeto PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA -Alcance PRINCIPIO NON BIS IN IDEM -Finalidad de la prohibición /PRINCIPIO NON BIS IN IDEM -Prohibición no excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones DEBIDO PROCESO PUBLICO -Reserva de identidad de funcionario DEBIDO PROCESO PUBLICO -Reserva de identidad de testigo CONVENCION -Cooperación en materia de cumplimiento de la ley está sometida al ordenamiento jurídico interno ACUERDOS SIMPLIFICADOS -Control constitucional TRATADO INTERNACIONAL -Obligación internacional del Estado TRATADO INTERNACIONAL -Expresión de la voluntad del Estado TRATADO INTERNACIONAL -Competencia del Presidente para manifestar su consentimiento internacional CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL -Celebración sobre bases de equidad y reciprocidad CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO -Constitucionalidad Referencia: expediente LAT-234
CONSTITUCIONALIDADAlfredo Beltrán SierraCONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD de la ley 800 de marzo 13 de 2003, "Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).LAT234Identificadores20020045330true66928Versión original20045330Identificadores
Norma demandada: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD de la ley 800 de marzo 13 de 2003, "Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
REVISIÓN constitucional de la ley 800 de marzo 13 de 2003, "Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo señalado en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, envió fotocopia auténtica de la ley número 800 de marzo de 2003, "Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
Penalización de la participación en un grupo delictivoorganizado
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 November 2000, the original of which is deposited with the SecretarynoneGeneral of the United Nations.
For the SecretarynoneGeneral,
(UndernoneSecretarynoneGeneral
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de nonnonerefoulement consagrado en dichos instrumentos.
- Concepto de"Grupo delictivo organizado" el propósito de dicho grupo y el número de delitos que han de cometerse para que la conducta sea punible (literal a artículo 2).
El Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Justicia y del Derecho en nombre del Gobierno Nacional, presentó ante la Secretaría General del Senado de la República, el proyecto de ley por medio del cual se solicitaba aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000). Proyecto de ley radicado el 12 de agosto de 2001, bajo el número 134/01.
La Conferencia Ministerial sobre Crimen Organizado Transnacionak tuvo lugar en Nápoles, Italia, del 21 a 23 de Noviembre de 1994, por invitación del gobierno italiano. Los 142 Estados unánimemente aprobaron "La Declaración Política de Nápoles y el Plan de Acción Global contra el Crimen Organizado Transnacional", que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 49/1599 de 23 de diciembre de 1994. Luego, la resolución 1995/11 de 24 de julio de 1995 del ECOSOC instó al Secretario General a iniciar el proceso de opiniones de los Gobiernos sobre una Convención sobre crimen organizado transnacional.
"Luego de un largo proceso de concientización, rige en el concierto internacional un propósito cada vez más fuerte hacia la integración armónica entre las distintas naciones del orbe, el cual en la actualidad supera notablemente los intereses relacionados con materias de corte estrictamente económico, para atender otra clase de preocupaciones que demandan la atención de los Estados frente a asuntos igualmente necesarios para la estabilidad de sus sistemas y la consecución del bienestar general y la prosperidad de sus pueblos, como ocurre con la defensa de los derechos humanos, el restablecimiento de una paz mundial, la protección del medio ambiente y, particularmente, con la lucha contra la delincuencia organizada, dando paso a un despliegue mancomunado de los Estados de toda su fuerza coercitiva y sancionatoria, con miras a combatir la delincuencia organizada, la actividad antijurídica y antisocial, sin fronteras estatales que obstaculicen dicha acción, como bien lo señaló una de las intervinientes en este proceso.
"En efecto, la comisión cada vez más creciente de los delitos, el grado de especialidad que muestran, la posibilidad de sus autores para eludir las distintas formas de represión y sanción, al igual que la capacidad de trascender en sus efectos más allá de los límites nacionales, para abarcar campos sociales, políticos y económicos, bien por la naturaleza del delito o por la nacionalidad de quienes los realizan, han sido presupuestos determinantes para que los Estados unan sus esfuerzos y contrarresten las actividades delictivas, en forma paralela a las actuaciones que por su parte realiza cada Estado dentro de esa lucha, de manera que se asegure un marco de cooperación judicial destinado a generar un contexto permanente y satisfactorio de relaciones de apoyo y acción conjunta con identidad de fin, que logre al mismo tiempo distribuir las responsabilidades que a cada uno de ellos corresponde en este tema y, especialmente, con respecto a la comunidad internacional". (Corte Constitucional, sentencia C-187 de 1999).
El Protocolo, consta de veinte artículos, contenidos en cuatro capítulos así, el capítulo primero, se refiere a las "disposiciones generales" en particular define conceptos centrales del tratado como por ejemplo qué se entiende por trata de personas, y por niño, se establece el ámbito de aplicación y la penalización de las conductas.
"Dada su naturaleza y la finalidad filosófico - jurídica, que cumple el proceso en la sociedad, como instrumento para garantizar la pacífica convivencia entre los asociados, se hace indispensable que él se tramite conforme a unas reglas mínimas que permitan a las partes, en igualdad de condiciones y de oportunidades, concurrir y actuar en el debate judicial.
Esa es la razón por la cual para evitar así mismo la arbitrariedad en las decisiones del Estado, el proceso ha de organizarse conforme a unos principios generales, que constituyen lo que la doctrina universal conoce como el "debido proceso".
"Supuesto indispensable de ello (de una aplicación justa de las leyes) es la presunción de inocencia de todo individuo mientras no se cumpla el requisito de desvirtuarla, demostrándole su culpabilidad con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas, dentro de un esquema que asegure las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones en su caso."[4]
"Esta prohibición del doble enjuiciamiento, o principio del non bis in ídem, busca evitar que las personas estén sujetas a investigaciones permanentes por un mismo acto. Esta Corte ha reconocido además que en el constitucionalismo colombiano, este principio no se restringe al ámbito penal sino que "se hace extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio del cual forman parte las categorías del derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético - disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los Congresistas)"[5]. Por consiguiente, el demandante tiene razón en que esta garantía se proyecta en el ámbito disciplinario.
Sin embargo, la prohibición del doble enjuiciamiento no excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas finalidades. Esta Corte ha precisado que el non bis in ídem veda es que exista una doble sanción, cuando hay identidad de sujetos, acciones, fundamentos normativos y finalidad y alcances de la sanción".
"[s]i se priva al sindicado del conocimiento de la identidad del funcionario a cuyo cargo se encuentra la instrucción o el juzgamiento, aún cuando existieran causales para recusarlo si no se declara impedido, el sindicado se vería impedido para plantear siquiera la recusación y, así, se expondría a que su causa fuera instruida por alguien que careciera de la indispensable condición de la imparcialidad que constituye una de las garantías mínimas a que se tiene derecho en un Estado Democrático, conquista esta que en la historia de la humanidad constituye pilar fundamental del debido proceso, no sólo para contener eventuales abusos en contra de los justiciables, sino, así mismo, para que la transparencia de las actuaciones de estos gane para las decisiones judiciales confiabilidad y respetabilidad en el marco social en que ellas se produzcan.
"Es evidente que cuando se ignora la identidad de la persona que rinde una declaración en contra del sindicado se mengua de manera protuberante y ostensible la garantía constitucional del debido proceso público, en la medida en que se desconoce por completo el principio de publicidad y contradicción de la prueba, al imposibilitarse el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para dudar de su imparcialidad[6].
6.6. El artículo 26 de la Convención en cuanto a las medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, incluye en su numeral tercero la disposición según la cual "cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención". Del propio texto acabado de transcribir, se observa que la concesión de inmunidad judicial a que él se refiere no es imperativa, sino a penas constituye una posibilidad de prevención legislativa para el efecto, por una parte; y, por otra parte, tal posibilidad podría hacerse realidad por los estados a quienes el convenio que aquí se analiza obligue, solo si ello resulta posible "de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno". Ello significa entonces que en la medida en que esa disposición no es imperativa y se encuentra sujeta al Derecho Interno, no viola por si misma la Constitución Colombiana.
6.7. Con respecto a la Cooperación en materia de cumplimiento de la ley a la cual se refiere el artículo 27 de la Convención y la posibilidad para los Estados "de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos", como todas las demás normas del Convenio objeto de control se encuentra sometida al ordenamiento jurídico interno, tal cual se prevé en el mismo Convenio. Ello significa que los acuerdos bilaterales o multilaterales para llevar a cabo la cooperación directa entre autoridades del Estado Colombiano con otros Estados, necesariamente ha de sujetarse al artículo 224 de la Constitución, es decir, que no puede eludirse ni la aprobación por el Congreso de la República, ni el control por la Corte Constitucional, ni afectarse en manera alguna la atribución del Presidente de la República para dirigir, como Jefe del Estado, las relaciones internacionales de Colombia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 224 y 189 numeral 2 de la Constitución. Al respecto ha señalado la Corte:
"Anteriormente esta Corporación no admitía su competencia para conocer acerca de la constitucionalidad de los denominados "Acuerdos Simplificados", al considerar que estos regían con la sola firma o el canje de los respectivos instrumentos, razón por la cual no se encontraban sometidos a control constitucional. A partir de lo expresado en la sentencia C-400 de 1998 (MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero), dichos Acuerdos están sometidos a la exigencia según la cual, para que el consentimiento pueda ser prestado por el representante colombiano, debe haberse aprobado el tratado por el Congreso y verificada su constitucionalidad por la Corte Constitucional.
En conclusión, se observa que la "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" y "el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional", se ajusta en su integridad a la Constitución Política, y el mismo se celebró sobre bases de equidad, y reciprocidad como lo establece el artículo 150, numeral 16 de la Constitución.
DECLARAREXEQUIBLESla Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional" adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000). Así como la ley 800 de marzo 13 de 2003que las aprueba.
Exequible LEY_800_2003_13/03/2003
[1]Puede Consultarse para el desarrollo histórico The United Nations and Crime Prevention - Seeking security and Justice for All; Internacional Revió and Criminal Plicy, Nros 47 and 48. Organized Crime, Editors M-Cherif Bassiouni -Eduardo Vetere, Transnational Publishers, In Ardsley, New York, 1998.
[2]Ver Leonid I.Fituni, CIS: Organizaed Crime and Its Internacional Activities (1993); Michael D.Lyman, Organizad Crime (1997).
[3]Sentencia T-1012 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[4]Sent. C-053 op. cit.
[5]Sentencia C-554 de 2001.MP Clara Inés Vargas Hernández. Fundamento 3.3.
[6]Sentencia C-392 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

References: artículo 241
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 224
 artículo 150