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Timestamp: 2020-08-09 03:23:37+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 94, de 16/01/2017
cve: DSCD-12-CO-94
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 94
Comparecencias de la señora ministra de Defensa (De Cospedal García), para:
- Informar acerca del dictamen del Consejo de Estado 481/2016, de 24 de octubre. A petición propia. (Número de expediente 214/000019) ... (Página2)
- Informar, tras el informe del Consejo de Estado, sobre las responsabilidades del Ministerio de Defensa en relación con el accidente del Yak-42. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000256) ... (Página2)
- Explicar cómo tiene previsto el Gobierno asumir la responsabilidad patrimonial que le atribuye el informe del Consejo de Estado en relación al accidente del Yak-42. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000259) ... (Página2)
- Que explique qué actuaciones piensa llevar a cabo el Gobierno en relación con el contenido del dictamen del Consejo de Estado que apunta distintas responsabilidades del anterior Ejecutivo del Partido Popular de José María Aznar en las actuaciones que desembocaron en el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000260) ... (Página2)
- Explicar cuáles serán las responsabilidades del Ministerio de Defensa tras el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000265) ... (Página2)
- Explicar las acciones que piensa adoptar el Ministerio de Defensa, visto el dictamen del Consejo de Estado que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente aéreo del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000266) ... (Página2)
El señor PRESIDENTE: Da comienzo la sesión.
Antes de proceder a la tramitación del orden del día, quiero saludar y dar la bienvenida a nuestros invitados, a los familiares de las víctimas del accidente, a quienes saludamos cordialmente y les damos la bienvenida: a los están aquí, en esta sala, y a los que nos siguen por el circuito cerrado de televisión de la Cámara desde otra sala contigua.
El orden del día consiste, como saben sus señorías, en la celebración de las siguientes comparecencias: a petición propia de la ministra de Defensa y a petición de los grupos parlamentarios Socialista, Ciudadanos, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto.
Tiene la palabra, en primer lugar, la ministra de Defensa.
Señorías, señores representantes de la Asociación de Víctimas del Yak-42, muy buenas tardes a todos. Comparezco hoy ante todos ustedes en convocatoria extraordinaria de esta Comisión de Defensa, solicitada por el Gobierno y por algunos grupos parlamentarios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento del Congreso, para informarles acerca del dictamen del Consejo de Estado 481/2016, de 24 de octubre, y sobre las consecuencias del mismo en un procedimiento que se sigue en el ministerio que tengo el honor de dirigir y en relación con sus consecuencias más allá de ese procedimiento.
Ese dictamen es un elemento, como saben sus señorías, preceptivo pero no vinculante del procedimiento de responsabilidad patrimonial 14/2013, resultado a su vez de la acumulación de cinco expedientes incoados a petición de distintos grupos de reclamantes familiares de las víctimas de la tragedia aérea ocurrida el 23 de mayo de 2003 en Trebisonda, Turquía. En esta tragedia, como saben, fallecieron sesenta y dos militares españoles que regresaban de participar en una misión en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán, ISAF, así como trece miembros de la tripulación, doce de ellos ucranianos y uno bielorruso. Permítanme que en este momento inicial de mi comparecencia, y como hice recientemente en privado con algunas de las personas que hoy nos acompañan y otras que nos están viendo internamente por las cámaras de estas Cortes, reitere el apoyo y el compromiso inquebrantable en el recuerdo y en la memoria de las víctimas por parte del Ministerio de Defensa, del Gobierno y de toda la sociedad española.
Un pequeño inciso aclaratorio de mi exposición: voy a seguir de forma general el esquema del dictamen del Consejo de Estado, citas literales del Consejo de Estado incluidas, aunque realizaré algunas alteraciones en el orden por motivos descriptivos. Por tanto, en muchas ocasiones, aunque obviamente estaré yo hablando, lo haré por voz del Consejo de Estado, ya que, como he manifestado públicamente y en privado a los familiares de las víctimas del Yak-42, asumo sus conclusiones como ministra de Defensa.
Como les iba diciendo, el dictamen que nos ocupa trae causa y es parte integrante de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración que arrancó con las reclamaciones presentadas por los familiares de las víctimas en los meses posteriores al trágico suceso. Sobre los cinco procedimientos originales recayeron acuerdos de suspensión en julio y en agosto del año 2004, ya que se estaba a la espera del informe de la Comisión Internacional de Investigación de Accidentes Aéreos. Dicho informe fue recibido en junio del año 2006, pero se optó por mantener la suspensión del procedimiento administrativo en razón de la situación de litispendencia resultante de los procedimientos judiciales en los órdenes civil y penal que se seguían por los mismos hechos. Es decir, la Administración ya en el año 2004 decidió esperar a que los tribunales estableciesen mediante sentencias firmes la verdad jurídica sobre los hechos acaecidos y las responsabilidades civiles y penales que de estos pudieran derivarse antes de entrar a considerar su propia condición en la cuestión planteada. Así, en el ámbito jurisdiccional penal se instruyeron en el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional las diligencias previas 366/2003 en averiguación de las posibles responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido determinadas autoridades militares españolas, concretamente el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor
Conjunto, los tres responsables del transporte de personal a la zona de operaciones y el enlace del Estado Mayor Conjunto ante la Agencia de la OTAN, de nombre Namsa. Este procedimiento finalizó con auto de sobreseimiento de 2 de febrero de 2012, confirmado por otro de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 17 de mayo siguiente.
Siguiendo la cita que hace el propio dictamen del Consejo de Estado de esta resolución judicial, "no fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave las causas ni directas ni indirectas del siniestro, sino la preparación concreta de la tripulación para maniobrar en un aeropuerto de las características citadas, dada la ausencia de concretos programas de formación, así como las condiciones de cansancio y el estrés". Asimismo, y tras entrar a valorar los elementos de la contratación del vuelo, el juzgado concluye negando la existencia de una acción concreta omitida intencional o imprudente por parte de los representantes del Ministerio de Defensa relacionada con el vuelo en sí mismo o de forma colateral. Se interpusieron recursos de apelación frente al pronunciamiento de desestimación en virtud del auto dictado de 17 de mayo de 2012 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se concluía que "los imputados no han llevado a cabo ninguna acción generadora de riesgo no permitido, ni ostentaban ni asumían la condición de garantes de que el resultado no se produjera".
En el mismo ámbito jurisdiccional penal y también en el Juzgado Central de Instrucción número 3 se siguieron las diligencias previas del procedimiento abreviado 295/2004, pieza separada del procedimiento anteriormente referido, en este caso por presunto delito de falsificación de documentos oficiales contra tres miembros del Cuerpo Militar de Sanidad que fueron comisionados al lugar del accidente y participaron en las operaciones de identificación y repatriación de los cadáveres. En este procedimiento recayó sentencia condenatoria motivada por la identificación falsa y errónea -abro y cierro comillas- de los restos mortales de treinta víctimas de la tragedia. La sentencia fue emitida el 16 de mayo de 2009 y declarada firme por otra de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2010, con declaración de responsabilidad civil a favor de los familiares de los fallecidos y con el Ministerio de Defensa como subsidiario de dicha declaración de responsabilidad civil. Este último extremo nunca llegó a producirse al afrontar los condenados las indemnizaciones civiles marcadas.
El tercer elemento del ámbito jurisdiccional es el que tuvo lugar en el ámbito jurisdiccional civil. Así, se siguió juicio ordinario número 127/2004 en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza. El procedimiento fue tramitado a raíz de las reclamaciones de cantidad formuladas por los familiares de sesenta de los militares españoles fallecidos contra Um Air, Busin y Chapman Freeborn, dictándose sentencia definitiva por la Audiencia Provincial de esta misma ciudad, Zaragoza, de fecha 22 de noviembre del año 2010. En el referido procedimiento resultaron condenados solidariamente Um Air, propietaria de la aeronave, y Chapman Freeborn, bróker contratista, al abono de determinadas cantidades indemnizatorias a los familiares reclamantes, así como Busin particularmente en cuatro de los casos. Para la condena se establecía una presunción legal de culpa generadora de la responsabilidad del transportista, salvo que este el transportista probase que él y sus dependientes tomaron las medidas necesarias para evitar el daño, que les fue imposible tomarlas o que la persona lesionada había sido la causante del daño o había contribuido al mismo. Obviamente esto no era así. La compañía aérea demandada no había acreditado que se agotara su diligencia para evitar el siniestro, presumiéndose por tanto la existencia de -abro comillas- "culpa grave y una actuación temeraria de la tripulación" cierro comillas, achacable en último caso a Um Air.
Por lo que respecta a Chapman Freeborn, esta empresa abro comillas "a cambio del correspondiente beneficio económico, asumió frente a los pasajeros del vuelo una posición de garante respecto al correspondiente cumplimiento del servicio de transporte contratado y una obligación de resultado, debiendo responder solidariamente con la compañía aérea que finalmente actuó como porteadora frente a los perjudicados" -cierro comillas-; de ahí, la responsabilidad solidaria entre ambas empresas. La resolución judicial fijó, por lo tanto, diversas cuantías indemnizatorias dependiendo del grado de parentesco, habiendo algunas variaciones particulares derivadas de los escritos y recursos correspondientes. Finalmente, este procedimiento se cerró con sentencia de la Sala primera de lo Civil del Tribunal Supremo de 3 de septiembre del año 2012, que declaró no haber lugar a los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Chapman Freeborn contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 22 de noviembre de 2010.
Una vez considerado completamente finalizado el itinerario judicial del caso, el subdirector general de Recursos e Información Administrativa del Ministerio de Defensa acordó el 11 marzo del año 2013 alzar la suspensión del procedimiento administrativo y reanudar la tramitación del mismo, tramitación de expediente
de responsabilidad patrimonial 14/2013 que acumulaba, como hemos dicho, los cinco originales. Se celebró así con inmediatez el trámite de audiencia en el que los reclamantes, aquí hoy representados, en general abundaron en las alegaciones iniciales del procedimiento pidiendo la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad objetiva de la Administración. A continuación, a partir del 30 abril del año 2014 comenzaron a emitir criterio los diversos centros directivos competentes del ministerio y tanto el instructor de la Subdirección General de Recursos como la Intervención General de la Defensa y la Asesoría Jurídica General coincidieron en que no había responsabilidad patrimonial de la Administración, posturas coincidentes -la del año 2014- he de decir con los informes que emitieron estos mismos órganos del ministerio en los años 2004 y 2006.
Por otra parte, como refleja el dictamen del Consejo de Estado que nos ocupa, se entendía también por parte de los organismos del Ministerio de Defensa que la Administración había puesto en marcha los mecanismos de protección previstos en el ordenamiento: se habían concedido pensiones extraordinarias al amparo de la legislación de clases pasivas, abonado indemnizaciones en concepto de seguro de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa, así como las previstas en el Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre. A pesar de lo desgraciado de los hechos acaecidos, la aplicación del régimen de clases pasivas y las indemnizaciones reconocidas, entre otras medidas puestas en marcha, han sido declaradas adecuadas en el ámbito económico y conformes a derecho por parte del Consejo de Estado.
En este momento procesal, es decir, en el año 2014, es en el que, mediante escrito firmado por el ministro de Defensa, se envía la documentación de todo el expediente al Consejo de Estado para que emita el informe preceptivo previsto en el artículo 142 de la Ley 30/1992. El dictamen preceptivo del Consejo de Estado es aquel que tiene lugar en los expedientes de reclamación patrimonial a la Administración. Es un dictamen preceptivo para el Gobierno y que no tiene carácter vinculante en su seguimiento. El máximo órgano consultivo del Gobierno comienza a estudiar la cuestión, recibiendo adicionalmente los cuadros de datos de las indemnizaciones percibidas por los familiares de las víctimas porque así se solicita por el mismo. Posteriormente, el 30 de marzo de 2015, el Consejo de Estado devuelve el expediente al ministerio y solicita que se incorporen al mismo sucesivas ampliaciones documentales, relativas fundamentalmente a la cadena de subcontrataciones, al informe del teniente coronel don Javier Marino, al abono de las indemnizaciones por los daños morales derivados de la incorrecta identificación de los fallecidos y a las gestiones de la Administración para la repetición de las cantidades anticipadas por el Estado en concepto del seguro que debía haber sido suscrito por el proveedor del vuelo. Además, el Consejo de Estado indica al ministerio que procede abrir otro trámite de audiencia a los reclamantes en el momento en que se pusiera de manifiesto el expediente completo. A lo largo de los meses siguientes se van recopilando y remitiendo por parte del ministerio nuevos informes, aclaraciones y comentarios con total transparencia y rigor, un rigor que es el que pretendo seguir con sus señorías en esta intervención, contándoles exactamente todo lo que nos consta y toda la información de la que disponemos en el ministerio. Y, como no podía ser menos, se atiende a lo solicitado por parte del Consejo de Estado y se completa toda la documentación que se había pedido y de la que se dispone en el departamento ministerial. Una vez incorporada al expediente esta nueva remesa documental, se concede audiencia a los interesados entre el 15 de abril y el 5 de mayo de 2016, que se reafirman íntegramente en sus alegaciones, reforzando o añadiendo elementos como los testimonios y advertencias sobre las condiciones de los vuelos y la errónea planificación de los mismos, entre otros. Finalmente, el expediente completo es remitido por el ministro de Defensa al órgano consultivo -se le entrega por segunda vez al Consejo de Estado-, quien acomete el análisis de la reclamación para su resolución.
El Consejo de Estado divide la tarea en dos partes: por un lado, afronta la cuestión de si hay responsabilidad de la Administración en el siniestro aéreo y, por otro, si deben recibir los familiares de las víctimas mayor reparación por las fallidas, erróneas y falsas identificaciones de los fallecidos. Al abordar la primera de las cuestiones, el Consejo realiza una reflexión completa sobre la imputación de responsabilidad patrimonial a la Administración, descartando primeramente que sea suficiente con que el suceso se haya producido en acto de servicio como elemento definitorio de la imputabilidad. Así, los requisitos establecidos por el Consejo de Estado para declarar la responsabilidad patrimonial serían tres: en primer lugar, la concurrencia de un hecho, acción u omisión que resulte imputable a la Administración o, de otro modo, al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; en segundo lugar, la producción de un daño o perjuicio efectivo evaluable económicamente e individualizado que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar, y, en tercer lugar, la existencia de una relación de causalidad directa e inmediata entre aquel hecho, acción u omisión y el mencionado daño o perjuicio sin intervención de
elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal ni en particular la concurrencia de fuerza mayor. Para la verificación de todos estos requisitos, el Consejo de Estado dice que se han de tener primeramente en cuenta los hechos declarados probados en los órganos de orden jurisdiccional penal, de ahí que haya empezado también por ahí mi exposición, como hace el propio dictamen, subrayando los elementos principales de las resoluciones judiciales. No obstante, el Consejo hace una distinción que será fundamental para concluir su dictamen. El cometido del proceso penal es hallar culpable o exonerar de dicha culpa; sin embargo, la responsabilidad patrimonial de la Administración lo que busca es la reparación de lesiones antijurídicas sufridas con motivo del funcionamiento normal o anormal de las administraciones públicas que los perjudicados no tengan el deber jurídico de soportar. Es una garantía sustancial que tiene un carácter objetivo, no exigiéndose la concurrencia de una conducta dolosa o culposa. La responsabilidad patrimonial encuentra así su fundamento último en una razón de solidaridad. Y para evitar que la responsabilidad patrimonial de la Administración sea un trasunto de un aseguramiento universal por la simple condición de ciudadanía, la jurisprudencia se refiere insistentemente al requisito de relación de causalidad entre el acto y el daño, siempre que la actuación lícita o ilícita de la Administración se produzca en el ámbito de sus funciones propias. Por lo tanto, el siguiente paso del Consejo de Estado es tratar de establecer esta relación de causalidad, para lo cual recurre a una serie de elementos interpretativos a los cuales paso a referirme. En primer lugar, a que las cláusulas del contrato entre Namsa -es decir, la agencia de la OTAN a la que se encargó y a la que se encargaban todos los vuelos- y el Ministerio de Defensa no excluían la sujeción debida de este último -el Ministerio de Defensa- a los principios rectores de la Ley de Contratos y a la Ley 30/1992, como sería el derecho a comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan en su actuación. En segundo lugar, partiendo de estos principios y deberes generales, transversales a toda actividad de la Administración, se puede argumentar que es deber y propósito de la misma -de la Administración- la seguridad y el bienestar de los administrados, de los ciudadanos, y son también principios rectores de la Administración aquellos principios universales que se derivan directamente del carácter democrático de nuestras sociedades. Por tanto, la actuación administrativa normal ha de ser lo más garantista posible, consonante casi con el ideal de los principios y valores fundamentales de nuestra democracia. No en vano el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración se encuentra recogido en el artículo 106.2 de nuestra Constitución.
Dice literalmente el Consejo de Estado -abro comillas-: "En el caso objeto del dictamen opera la garantía institucional de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración pública, pues con motivo de una situación de riesgo específico y objetivo originado en el curso de una actuación de transporte de miembros de las Fuerzas Armadas promovida por la Administración militar en cumplimiento de determinados compromisos internacionales contraídos en el marco de la política de defensa se produjeron lesiones antijurídicas que los perjudicados no tienen el deber jurídico de soportar y deben ser reparados". Cierro comillas.
A partir de aquí, el Consejo de Estado enumera otras circunstancias que, a su juicio, no parecen compatibles con el adecuado cumplimiento de los deberes de vigilancia y supervisión sobre el correcto ejercicio de la prestación del transporte objeto del acuerdo de ventas. Por acuerdo de ventas me refiero al denominado o conocido comúnmente como contrato inicial entre el Ministerio de Defensa y Namsa, que es la agencia de la OTAN. A pesar del evidente esfuerzo valorativo que hace el Consejo de Estado, también les digo que esta penúltima parte del dictamen en ocasiones contrasta -también lo quiero poner en evidencia en esta comparecencia- con lo que los tribunales de justicia han declarado como cosa juzgada. Pero, aun así -y esto es lo realmente importante desde mi punto de vista-, el ministerio asume las conclusiones del dictamen, y creo que esto es lo más importante, lo más relevante, y ha sido declarado por mí previamente y también al principio de esta intervención.
Por último, y para finalizar esta parte de mi intervención relativa al dictamen, en el dictamen del Consejo de Estado se aborda la cuestión de si se ha producido o no la reparación de las lesiones aducidas. No me voy a extender mucho sobre este extremo porque tampoco creo que sea el verdadero objeto de esta comparecencia evaluar las cantidades económicas justamente percibidas por los familiares de las víctimas, pero sí lo es señalar que el Consejo de Estado considera que es ajustado a derecho -abro comillas- "el despliegue resarcitorio derivado de los distintos mecanismos que han operado en el presente caso, que han permitido el abono de las cantidades a cónyuges o parejas de hecho, hijos, padres e incluso hermanos, acordes o por encima del sistema de valoración de los daños y perjuicios". Cierro comillas. Considerando, por tanto, todos los elementos expuestos, el dictamen del
Consejo de Estado con respecto al expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración 14/2013 es que procede desestimar las reclamaciones sometidas a consulta, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, aunque, como he anticipado a sus señorías, la consideración de la existencia de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración que también se contiene en el dictamen sí es asumida por parte de este ministerio, al igual que la parte principal, que es la desestimación de las reclamaciones, no porque se desestimen sino porque ya han sido satisfechas, tal y como reconoce el propio Consejo de Estado.
Voy terminando, para poder después pasar a las preguntas que sea capaz de contestar con las informaciones que hay en el ministerio y de acuerdo con las intervenciones de sus señorías, pero sí les digo que una vez estudiado este dictamen preceptivo es el momento de emitir una resolución que ponga fin al procedimiento administrativo que lo motivó y que comenzó ciertamente hace mucho tiempo, en el año 2004. Esa es la responsabilidad que hoy me corresponde como ministra de Defensa y, aunque no les voy a adelantar todavía el contenido completo de mi resolución -eso es algo que, como ustedes pueden comprender, antes sabrán los propios interesados, los destinatarios de la resolución, hoy aquí presentes ya que me he comprometido con ellos a informarles de la evolución de todo este expediente y de cuantas noticias, acontecimientos nuevos que se pudieran conocer o nueva documentación, si es que la hubiera-, sí les puedo avanzar el sentido de la misma, como acabo de hacer, y es que, siguiendo las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado voy a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración porque esta no solo no acaba en la garantía de los principios y valores fundamentales de nuestro Estado democrático, sino que empieza con ellos. Por ello, y de acuerdo con nuestros principios y valores, tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas, soldados españoles, pedir siempre un justo y digno reconocimiento para ellas y para sus familias, y así lo queremos hacer con este cambio de consideración. Además, tenemos que aprender de las lecciones que se puedan extraer de una tragedia así, se lo debemos a ellos, a los militares fallecidos. En esto sí les puedo decir que el Ministerio de Defensa ha puesto todos los medios para minimizar al máximo los riesgos e intentar que una situación así no se pueda volver a repetir. Ciertamente, nos hemos dotado de mejores cauces para escuchar al personal militar, tanto a través de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Derechos y Deberes como en su desarrollo a través del Real Decreto 176/2014, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de iniciativas y quejas. Además, disponemos hoy de organismos dedicados a atender, estudiar y proponer soluciones a diversas problemáticas, como son el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Observatorio de Vida Militar. Hoy nos hemos dotado de mejores herramientas administrativas, tenemos dos nuevas leyes de régimen jurídico y procedimiento administrativo y tenemos unos mejores mecanismos de supervisión. La propia Alianza Atlántica no es ajena a esta evolución y tanto su propia estructura y funcionamiento como el de sus agencias ha cambiado enormemente para bien. Desde la Cumbre de Lisboa esta tarea se impulsó por un núcleo de países, entre los que se encuentra el nuestro, con una decidida posición garantista a la vez que atlantista. Por último, y entre otros pasos, hemos dotado de los mejores medios a las Fuerzas Armadas gracias a una inversión para su modernización, dentro de lo que nos permiten los tiempos que estamos viviendo. Así, por ejemplo -porque no puedo ser exhaustiva en este momento ni corresponde hacerlo-, se modificaron los Boeing 707 para mejorar la capacidad de transporte estratégico y se adquirieron los T.22 con idéntico menester. Además, recientemente se ha recibido el primer A400M y está en estudio adquirir aviones A330 MRTT cuando la coyuntura económica mejore.
En segundo lugar, siguiendo plenamente las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado y según lo sugerido con respecto a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración, no se volverán a satisfacer las indemnizaciones por entender que ya han sido satisfechas. Se reconoce la responsabilidad patrimonial, que económicamente ya ha sido satisfecha. Este reconocimiento supone para nosotros una reparación moral, de justicia y de dignidad que se debía a los fallecidos. Este Gobierno seguirá tomando las decisiones que sean más adecuadas para que estas trágicas y desgraciadas lecciones no se olviden, para que el injusto sacrificio de muchos no sea vano y estéril y para que al fin y al cabo podamos atender el servicio público que debemos desempeñar con la mayor eficacia, eficiencia, seguridad y calidad, de acuerdo también con los medios que los ciudadanos ponen a nuestra disposición para que todos y digo todos podamos vivir con la mayor tranquilidad posible.
Todos sabemos -y desde luego yo soy muy consciente de ello- que no hay consuelo posible en la muerte de un ser querido, máxime si estamos hablando de un hijo, de un hermano, de un marido, de un padre. Pero me gustaría transmitirles mi intención y el deseo de que la resolución de este procedimiento
administrativo sea por fin elemento de sanación y mitigue al menos parte del dolor. Las víctimas lo merecen, las familias lo necesitan y la sociedad nos lo pide.
A continuación, van a intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios autores de las iniciativas por un tiempo de diez minutos y por el orden en el que se ha solicitado. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente, señora ministra, señorías, representantes de las familias, los que están en esta sala y los que están en otras dependencias del Congreso de los Diputados. Señor presidente, quiero comenzar mi intervención agradeciéndole que después de consultar con todos los grupos, hoy puedan estar presentes en esta Comisión, en esa sala, una representación de los familiares de los fallecidos en la tragedia del Yak-42 el 26 de mayo de 2003. En otras ocasiones se tomaron otras decisiones respecto a su ubicación y, sin embargo, creo que usted y todos acertamos haciendo posible que hoy compartan con nosotros la que es su casa, que es el Congreso de los Diputados.
Hoy estamos aquí para realizar un acto de respeto al Estado de derecho y de higiene democrática. Si casi catorce años después de la trágica muerte de sesenta y dos militares españoles en el siniestro del avión en el que volvían a España, hoy vamos a tratar este asunto, es básicamente por dos motivos: primero, porque ha habido unos familiares de esos militares que durante estos años han luchado por la verdad, por la justicia y por el respeto a la memoria de los fallecidos, y segundo, porque una de las instituciones que configuran nuestro Estado de derecho ha funcionado. En esta sede de nuestro sistema democrático me parece fundamental comenzar diciendo que este debate debe centrarse fundamentalmente en esos dos aspectos: primero, la justicia; el respeto a la dignidad de los que murieron en acto de servicio; la reparación a unos familiares que, al dolor de la pérdida por un ser querido, tuvieron que añadir el sufrimiento infligido por quienes debían haberles dado todo el apoyo; y segundo, la defensa de nuestro Estado de derecho y de nuestra legalidad democrática. Porque, señora ministra, con sus luces y sus sombras, el Estado de derecho y sus instituciones al final terminan funcionando. A pesar de incomprensibles archivos y desistimientos, desestimaciones, las instituciones han ido dando la razón a las víctimas, y hoy estamos aquí por el empeño -siempre dentro de los cauces del Estado de derecho y del respeto a las instituciones- de unos familiares que nunca perdieron la esperanza de hallar la verdad y que desde hace mucho lo que buscan es un reconocimiento de los errores, un desagravio moral y una petición sincera y clara de perdón por parte de aquellos que les ofendieron, mintieron y despreciaron. Esta es una comparecencia política en una sede política, pero añadiríamos ignominia a la ignominia si trasladásemos a la sociedad española la menor sospecha de que cualquiera de los presentes ha tratado de obtener réditos políticos del debate de hoy. Ignominioso sería, señora ministra, que usted pretendiera colgarse una medalla por haber recibido por fin a una representación de las familias de las víctimas o que con su comparecencia usted quisiera ganar puntos, y del mismo modo también sería ignominioso que yo pretendiera sacar provecho o rédito partidista de esta comparecencia. Estoy convencido, al menos por mi parte y, por lo que he oído, también por la suya, de que esto no va a pasar.
En esta sesión no se trata solo de examinar un informe del Consejo de Estado emitido por unanimidad y que usted ha glosado pormenorizadamente; se trata también de la justa reparación que merecen las víctimas y sus familiares. Hoy deberíamos dedicar esta sesión además a restañar parte de las ofensas que se han cometido a nuestra propia dignidad como sociedad. Nos lo exigen las víctimas, por supuesto, pero también nos lo exige nuestro compromiso con la legalidad y con la justicia. Ese compromiso debe empezar por recordar una vez más la tozuda realidad de uno de los hechos más terribles de nuestra historia reciente. Algunos detalles usted los ha relatado. Aunque el término que se usa para describir estos sucesos es el de -entre comillas- accidente (La señora ministra de Defensa, De Cospedal García: Yo no), en aquella tragedia concurrieron circunstancias que tienen poco de accidental, ¿verdad?, en el sentido de imprevisto o inevitable, tal y como reconoce el propio dictamen del Consejo de Estado, porque, desgraciadamente, había habido denuncias y existe la convicción fundada de que si se hubiese actuado de otra manera esta tragedia se podía haber evitado. Hablar del -de nuevo entre comillas- accidente del Yak-42 es una suerte de eufemismo, una manera de maquillar una realidad de infamia y de infames. Sí, señora ministra, lo sucedido en los meses anteriores a la tragedia es impropio de un ministerio cuya obligación era no exponer a mayores peligros a los militares a su cargo que los exigidos por el cumplimiento de la misión que tenían encomendada.
Defender la justicia y la dignidad de quienes fallecieron aquel día nos exige hoy recordar que existían denuncias que hablaban del mal estado de aquellos aviones, cartas de militares que transmitían a sus familiares el temor de subir a aquellos aparatos, evidencias de que la probabilidad de un incidente era real. Defender la justicia y la dignidad de quienes fallecieron en aquel día nos exige hoy recordar que tras la tragedia, la torpeza, la mentira, la absoluta falta de sensibilidad humana se aunaron en el episodio de identificaciones de los fallecidos. Torpeza, mentira y desprecio que continuaron en el trato a unas familias que solo querían -solo querían- que les entregaran los cuerpos de sus seres queridos. Infamia sobre infamia, ese maltrato no se circunscribió a los primeros momentos en los que la tensión podía ser una leve atenuante, sino muy al contrario. La memoria de quienes dieron la vida cuando defendían nuestra seguridad fue continuamente insultada, como lo fueron sus familias. Insulto tras insulto, vejación tras vejación, que ha tenido su último episodio en la indigna despedida del que fue su máximo responsable en el Ministerio de Defensa, el señor Trillo, al que usted no ha mencionado en toda su intervención. La actitud de algunos de los máximos responsables del entonces Ministerio de Defensa se enmarca directamente en un capítulo vergonzante de aquella Historia universal de la infamia, de Borges; en este caso, en versión española y escrita en lugar de con una genial prosa con una arrogancia insultante. Solo como infamia se puede caracterizar el proceso de no identificación, las mentiras, las prisas, la ocultación y, lo que es peor, la defensa numantina de una actuación indefendible por repugnar al comportamiento no ya profesional sino simplemente humano con el que debían conducirse los máximos representantes políticos de las Fuerzas Armadas. A partir de aquel sostenella y no enmendalla con que se ha caracterizado durante catorce años la reacción de algunos dirigentes políticos en relación con el Yak, los mismos dirigentes desenvainaban la espada verbal y agredían a víctimas, abogados, asociaciones y miembros de otros partidos políticos que simplemente pedían -pedimos- verdad, justicia, reparación, responsabilidades.
La indigna actuación del señor Trillo en este caso nos afecta a todos. Por supuesto, afecta a quienes lo han defendido en todos estos años, le dieron un puesto de alta responsabilidad que de ninguna manera merecía; a quienes con sus decisiones, con su voz o con su silencio le han permitido seguir en la vida pública. Afecta a un partido y afecta a aquel Gobierno, pero nos contamina también a todos. La pervivencia del señor Trillo en una de nuestras instituciones es una lacra para el conjunto de la democracia. Su arrogancia y sus muestras de desprecio, un agravio a nuestro Estado de derecho. En esta tragedia el exministro empezó mintiendo y se ha ido despreciando. Su actitud ha sido moralmente torturante para muchas de las familias. Qué desprecio tan gratuito no recordar a las víctimas del Yak-42 el día que se iba, que se despedía de la embajada de España en Londres. Qué forma de zaherir los sentimientos hablar de política y de políticas y no hablar de los fallecidos en aquel terrible accidente que se produjo durante su mandato. Y qué gran oportunidad perdida por el Gobierno, señora ministra, para destituirle. Qué gran oportunidad perdida, qué error no destituirle en lugar de tener que aceptar su cese a petición propia agradeciendo sus servicios, como figura en el "Boletín Oficial del Estado". Si ustedes querían evitar que el señor Trillo interpretase su cese como una humillación, después de tanta soberbia quienes se podrían sentir nuevamente humillados serían los familiares de las víctimas precisamente por la forma de irse del señor Trillo. En todo caso, con ser importante, este debate no puede centrarse en el señor Trillo, debemos trascender a este lamentable exministro y enmendar hacia el futuro todo lo que se ha hecho mal. Ese es el mejor desagravio que podemos hacerle a los muertos y a quienes han defendido su dignidad durante todos estos años. Debemos poner todos los medios para que se diluciden aspectos que aún se desconocen. Usted, después de recibir a las víctimas en el ministerio, habló de una investigación; si hay que investigar, investíguese, porque que todo se aclare es una cuestión de Estado, una materia de consenso general, por las víctimas, insisto, por sus familiares y por nuestra propia salud democrática. Del 2004 al 2012 este tema ha estado judicializado, hoy ya no lo está. A esos procesos judiciales se aportó toda la documentación existente y esos documentos -precisamente esos documentos- han permitido a las víctimas impulsar los procesos y conocer las grandes verdades del Yak de las que hoy ya nadie duda. Pero si hay preguntas sin respuesta, que se aclaren esas preguntas. Estos días, varios medios señalaban algunas incógnitas aún existentes: ¿quién se enriqueció a costa del deficiente transporte? ¿Qué pasó con el seguro que se tenía que haber contratado y no se contrató? ¿Dónde están los contratos de transporte anteriores? ¿Quién ordenó repatriar los cadáveres a toda prisa y por qué motivo y por qué tanta y tan gran incompetencia negligente? No será mi grupo quien se oponga a esa investigación de la que usted habló, después de la trayectoria que nos avala en este tema, pero si la hace, hágala y meta en esa investigación a personas independientes ajenas a su ministerio; si es que lo va a hacer, fije un plazo para las conclusiones y, cuando las tenga, tráigalas al Congreso de los Diputados. Por cierto, hoy también estamos aquí porque
un diario, el periódico El País, dio a conocer el dictamen del Consejo de Estado que usted sí debía conocer y del que nada había dicho. Pero, en fin, bienvenida sea su comparecencia en todo caso, señora ministra. Dicho sea también de paso, cuando al presidente del Gobierno le preguntaron, una vez conocida la noticia a través de ese diario, tiró de argumentario básico y dijo que era una cuestión del pasado resuelta por los tribunales; sinceramente, incomprensible reacción del presidente del Gobierno. Pero lo que hoy le pedimos es que esa investigación, si es que tuviera que existir, no demore más la necesaria resolución a la que está obligado el ministerio tras el dictamen del Consejo de Estado. Por eso la felicito cuando dice que va a dictar una pronta resolución. Es esa resolución la que, al menos, debe contener la reparación moral del Ministerio de Defensa hacia las víctimas y sus familiares. Es en esa resolución donde se deben reconocer los errores y la causalidad que esos errores produjeron, como reconoce el propio Consejo de Estado. En esa resolución también cabría reconocer los graves daños morales causados en el proceso de no identificación e incluso el cruel trato recibido por los familiares durante tanto tiempo.
Hoy, señora ministra, aunque tarde y obligada por la existencia de un dictamen del Consejo de Estado, por la presión de las familias, ha dicho que apoya y comprende inquebrantablemente a las familias de las víctimas. Yo me he quedado sorprendido porque esperaba que usted pidiese perdón y creo que todavía está a tiempo de hacerlo, señora ministra. Casi catorce años...
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, debe ir concluyendo.
El señor HERNANDO VERA: Un minuto y medio más, presidente; muchas gracias.
Casi catorce años después, pero esperaba que lo pidiera y por eso, dado que ha asumido como suyas las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado, le pido que este reconocimiento moral de los errores y los horrores se concrete en los hechos de la resolución que emita el ministerio. Ese será el auténtico gran servicio a las víctimas, a sus familiares, a las Fuerzas Armadas y a España. Por cierto, quiero tener aquí un reconocimiento hacia los miles de hombres y mujeres que integran esas Fuerzas Armadas y especialmente hacia los que están hoy destinados en misiones en el exterior. Señora ministra, emita esa resolución de reconocimiento de errores y mentiras y, cuando lo haga, le pido que el Gobierno -no ya usted que todavía tiene la posibilidad hoy de pedir perdón- no pierda otra gran oportunidad. Le pido que sea el presidente del Gobierno quien venga a la Cámara a exponerlo y también él aproveche para pedir perdón en nombre del Gobierno porque, señora De Cospedal, en aquel Gobierno de mayo de 2003 había dos personas que continúan en el Gobierno de España hoy: una es el señor Montoro y otra es el señor Rajoy, entonces vicepresidente primero del Gobierno. Aquel Gobierno que gestionó con tanta incompetencia aquella tragedia, aquel Gobierno que ascendió y condecoró a altos cargos directamente relacionados con la tragedia y su posterior gestión, y otro Gobierno ya presidido por el señor Rajoy, indultó a altos cargos condenados por la justicia y ese mismo Gobierno nombró a Federico Trillo embajador en Londres. Creo que son motivos más que suficientes para que hoy mi grupo le proponga a usted y a su Gobierno que sea el presidente, el señor Rajoy, con esa resolución en la mano de la que usted ha hablado, quien pida solemnemente disculpas en esta Cámara ante los representantes de la ciudadanía, a las familias de los fallecidos y a las instituciones y así la petición de perdón que hoy usted no ha hecho, pero que puede hacer, será completa. Señora De Cospedal, creemos que es de justicia y es de humanidad.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Rivera.
El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidente. Gracias también a la ministra por su comparecencia y especialmente a los familiares de las víctimas del Yak-42 que hoy aquí nos acompañan. Gracias, como ha dicho un portavoz anterior, al buen criterio y a la generosidad de la Mesa de esta Comisión.
Por suerte, el Estado no es Trillo, por suerte España no es un ministro de ningún Gobierno, por suerte España es un gran país que tiene mecanismos para resarcir, aunque sea tarde y mal, el dolor, que es difícil de resarcir, pero, desde luego, la dignidad a las víctimas, a sus familiares y también al propio país. Con ese informe del Consejo de Estado -al que hemos tenido acceso a través de los medios de comunicación; nos hubiera gustado acceder de manera transparente, ya que forma parte de la democracia, de esos principios de los que hablaba la ministra- es verdad que se cierra un círculo del Estado, pero un círculo doloroso, un círculo demasiado largo, eterno para los familiares y no solo para los familiares, sino
para muchas personas de bien y especialmente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han visto con dolor el paso de estos trece años.
Señora ministra, un accidente siempre puede suceder y por eso es un accidente, pero hay accidentes que se pueden evitar y en ese mismo informe del que usted hablaba hay algunas consideraciones que usted ha omitido o no ha explicado del todo y que yo creo que habría que poner de relevancia. En primer lugar, había información que apuntaba a posibles negligencias en el mantenimiento de esas aeronaves. Había alertas, alarmas que indicaban que se podía evitar o que se podía tomar medidas respecto al uso de ese tipo de contratos y de aeronaves. De hecho, otros países como Suecia, Noruega o Finlandia lo advirtieron y tomaron medidas y no participaron ni tuvieron la misma relación contractual con esas empresas. Con lo cual, si otros países hicieron cosas distintas ante esa información, es que seguramente se podría haber hecho de forma distinta. Alguno dirá que es fácil decirlo ahora, pero cuando uno tiene advertencias, informes técnicos que advierten precisamente de un mal mantenimiento, lo que hay que hacer es ser muy cauto, muy prudente y muy garantista, como usted decía, y evitar que eso se produzca, especialmente en el ámbito aéreo, donde todos sabemos que los accidentes siempre, siempre, suelen ser trágicos y mortales. Por tanto, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no se ha hecho bien y, más allá del lenguaje administrativo, que es muy respetable, porque forma parte del Estado, yo creo que esta comparecencia es también para dar y devolver la dignidad a España como país, a las víctimas y a los familiares en definitiva y a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque creo que ahí es donde está realmente parte del sentido de esta comparecencia. Lamentablemente, no vamos a reparar ni recuperar la vida de ninguno de esos soldados y no vamos seguramente a hacer olvidar el dolor de estos últimos años, pero sí podemos hacerlo o aliviarlo con dignidad, y yo creo, señora ministra, que hoy la dignidad pasa, en primer lugar, por pedir perdón, porque en la vida pedir perdón es sano y es bueno. Además, cuando uno ejerce un cargo político de un Gobierno del mismo color político que el del ministro que estuvo reconforta y reconcilia seguramente a mucha gente con el Gobierno, con la política y con esta Cámara. Reconozco que ustedes nunca dejan de sorprendernos con su falta de humildad y de generosidad. Hoy todos esperábamos, toda España seguramente y especialmente los familiares, que usted abriera esta comparecencia pidiendo simplemente perdón y diciendo que esto no se ha hecho como se tenía que hacer y que el Gobierno va a reparar en lo que pueda todo lo que hicieron mal el entonces Gobierno del Partido Popular y el ministro de turno, pero no lo ha hecho y ha perdido una oportunidad. Es verdad que está a tiempo, pero creo que todo el mundo esperaba esa dignidad, porque la dignidad es de gente grande y la gente grande suele pedir perdón cuando se equivoca. Nadie duda de la grandeza de este país, pero hay que ver si este Gobierno está a la altura y pide perdón, como esperan muchos españoles, no solo los familiares, sino buena parte de la población española.
Hay que hablar también -usted ha apuntado el tema- de investigación. No se trata de volver a investigar lo investigado, sino de que sea una investigación útil para que las familias conozcan la verdad; una investigación de verdad, no de parte ni partidista, no como se hizo en su día, mal y de manera arrogante por parte del ministro Trillo; y además tiene que ser una investigación ágil, porque el dolor de las familias, a pesar de que se está intentando resarcir, no deja de ser dolor cada vez que recordamos esto. Cuanto más rápida, más de verdad y más útil sea esa investigación que usted pretende realizar, seguramente más sentido tendrá; si simplemente vamos a alargar esto o a darle un uso político, estaremos todos de acuerdo, incluso -estoy convencido- las familias de las víctimas, en que no tiene ningún sentido.
Por otro lado, señora ministra, tenemos que encontrar mecanismos para canalizar la opinión, las quejas y en definitiva las advertencias de los perjudicados en este caso: los militares. Usted ha hablado de algunos mecanismos, pero la realidad, por lo que le cuentan a mi grupo y por la información que tenemos los portavoces de Defensa, es que dejan mucho que desear todavía. Hay mucho en lo que avanzar y que mejorar para atender las quejas, las advertencias, las protestas o las reivindicaciones legítimas de nuestros soldados. En esto le pido, ya que es usted la nueva ministra de Defensa, que haga cosas distintas a las que hicieron los ministros anteriores y atienda mejor a esas informaciones, que en definitiva nos pueden ayudar a evitar tragedias.
También tenemos que hablar de transparencia. Nos duele ver cómo algunas de las empresas que fueron protagonistas de estos contratos pueden recibir subvenciones por parte del Estado. Nosotros vamos a proponer una modificación de la Ley de Subvenciones para que las empresas que pueden ser partícipes de una mala gestión en una tragedia como esta no puedan recibir dinero y subvenciones del Estado. Nos parece de sentido común y da igual si el Gobierno es de un partido político o de otro; lo
importante es que las empresas que contrata el Estado y actúan de manera negligente no tengan subvenciones de ningún Gobierno. Es legítimo y es uno de los ejemplos de cosas que pueden cambiar precisamente con esta comparecencia y con esas resoluciones. En definitiva, transparencia y premio y castigo a quien hace las cosas bien y a quien las hace mal, porque desde luego ese accidente se podía haber evitado a nuestro juicio y a juicio de algunos informes de los que estamos hablando.
Finalmente, señora ministra, como le decía, hay algo intangible. La reparación patrimonial queda bien definida en el informe del Consejo de Estado -usted admitía, y estoy de acuerdo, que el informe reconoce esa reparación patrimonial-, pero en la vida hay cosas mucho más importantes, mucho más importantes desde luego que el dinero, y una de ellas sin duda es la dignidad, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Seguramente, si el ministro Trillo y el Gobierno de turno, en el que participaba el actual presidente del Gobierno, hubieran tenido esa empatía, esa humildad y esa capacidad, hubieran reconocido errores, hubieran reparado no solo en lo patrimonial, sino también en lo moral y hubieran devuelto la dignidad y la confianza, porque una de los principios democráticos básicos es la confianza en el Estado, la confianza en las instituciones, la confianza en el ministerio. Durante demasiados años ha habido parte de la población española que precisamente por este caso no ha confiado en el Ministerio de Defensa o ha tenido una contradicción absurda que no merece. Estoy convencido de que ni los soldados ni sus familiares tienen que tener contradicción entre defender a su país, defender a su bandera, defender la libertad y la seguridad y a la vez confiar en el Ministerio de Defensa de turno. Y eso es el momento de repararlo, que vuelvan a confiar en el Ministerio de Defensa, que vuelvan a saber -da igual quién gobierne- que ese es su Gobierno, que vuelvan a saber que el interés partidista o el miedo a que el señor Trillo diga, hable o se enfade no es motivo para no reparar y poner en el lugar que se merecen a las víctimas y a sus familiares. Eso es lo que podemos hacer hoy aquí, reparar eso y eso es lo que usted aun tiene tiempo de realizar en la réplica: dignificar ya no solo a las víctimas sino al país, al Estado, al Gobierno, a España y cerrar ese círculo pidiendo perdón, actuando de manera ágil en esa investigación y volviendo a dar sentido a la protección y a la confianza que merece un ministerio, en este caso un ministerio importante como es el Ministerio de Defensa. Asimismo, debo decirle, ministra -y en eso creo que estaremos de acuerdo- que también hay que demostrar el movimiento con hechos, y ahora lamentablemente no solo hablo de este accidente, sino del apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Digo esto porque espero que en esta Cámara -y lamentablemente hoy no es el día para hablar de ello- en un futuro algunos grupos cambien su dinámica y no criminalicen a nuestros soldados, no hablen siempre, siempre y siempre contra los presupuestos para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no hagan resoluciones contrarias en esa línea, porque los mismos que hoy dicen que hay que invertir más en no sé qué que mantenimientos y en no sé qué aeronaves serán los mismos -ya lo veremos- que después querrán recortar en presupuestos, en sueldos y en apoyo a nuestros servidores públicos. Nosotros no vamos a hacer eso, ministra. Sabe usted que nosotros vamos a cumplir en ese aspecto por compromiso con nuestros servidores públicos y, a diferencia de otros grupos, no lo utilizaremos políticamente cuando convenga y después seamos los primeros en quitar medios materiales y humanos a nuestro ejército a nuestros servidores públicos o a nuestra defensa y nuestra seguridad. Creo que es de recibo decir esto porque se predica también con el ejemplo y con los presupuestos, por lo que espero que ahí también se predique no solo con palabras sino también con hechos y con presupuestos.
Finalmente, como le decía, hay que cerrar ese círculo, un círculo doloroso, un círculo eterno, un círculo que ha durado demasiado porque creo sinceramente que no tenemos que estirar más este asunto políticamente si el Gobierno es capaz de pedir perdón, si el Gobierno es capaz de investigar de manera ágil, verdadera y sobre todo útil y si somos capaces también de tomar medidas como la que decíamos, como las subvenciones, como canalizar mejor la atención a los soldados y también apoyar presupuestariamente que esa labor se haga de manera digna, porque nuestros soldados son servidores públicos y tienen que trabajar de manera digna y de manera segura porque además de que garantizan nuestra seguridad, necesitan seguridad. Ellos son los primeros que necesitan seguridad para poder defendernos. Creo que hay que mirar al futuro, aprender de los errores, cerrar el círculo y mirar hacia el modelo de futuro que queremos de relación con nuestros soldados y con nuestros servidores públicos.
Ministra, el patriotismo no se demuestra solo con una bandera -que también-, no se demuestra solo defendiendo la Constitución -que también-, se demuestra sabiendo estar a la altura y para mí, ministra, estar a la altura hoy es pedir perdón. Estar a la altura hoy es escuchar, es ser humilde y ponerse en el lugar de los familiares y de todos esos soldados que seguro que hoy están muy pendientes de lo que sus Cortes, su Parlamento, su casa están haciendo hoy en esta Cámara. Por tanto, ministra, le pido, no solo
como portavoz de este grupo sino también como ciudadano español, que actúe a la altura de las circunstancias de lo que esperan seguramente la inmensa mayoría de españoles, independientemente del color político o del partido al que voten; dignidad, justicia y reparar el daño.
Finalmente, también le digo, ministra, que en este caso con palabras, no solo con hechos, se demuestra cómo quiere actuar cada grupo y si usted acomete esa petición de perdón que, como le decía antes, es sano y bueno y si el presidente del Gobierno tiene a bien no escaparse de este tipo de debates y actuar como el presidente del Gobierno, creo que todos lo agradeceremos.
El señor PRESIDENTE: Señor Rivera, debe ir concluyendo.
El señor RIVERA DÍAZ: Acabo, presidente; treinta segundos.
A mí me hubiera gustado haber visto a mi presidente del Gobierno asumiendo en primera instancia ese informe del Consejo de Estado y no solo a usted y nueve días después, negando que el señor Trillo se fuera o diciendo que se iba porque acababa el plazo de permanencia en la embajada. Se fue tarde y mal -porque nunca tendría que haber llegado a dedo a la embajada del Reino Unido- y cuando se va ustedes no lo reconocen y encima el presidente del Gobierno pasa palabra cuando le preguntan por este asunto. Agradezco que usted haya venido a esta comparecencia. Espero que le traslade esto al presidente del Gobierno y que volvamos a cerrar ese círculo porque, como les digo, a España se la defiende también con dignidad, con humildad y con capacidad para pedir perdón.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivera. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, señor Iglesias.
Gracias, señora ministra, por comparecer y por ser la primera ministra de Defensa del PP en recibir cinco mil días después de la catástrofe a los familiares de las víctimas. Hoy no nos ocupa un asunto de política ordinaria, nos ocupa una cuestión de Estado; estamos hablando de la mayor catástrofe de nuestras Fuerzas Armadas en tiempos de paz. El asunto que nos ocupa, además, involucra la dignidad de los familiares de sesenta y dos militares fallecidos, y estaremos todos de acuerdo en que defender su dignidad es algo contrario al uso político de su dolor. Por eso voy a ser enormemente sobrio en mi intervención y me voy a limitar a formular preguntas. Solo espero, señora ministra, que anote y conteste a mis preguntas.
Los antecedentes de este asunto los conocemos todos, permítame delimitar el objeto de lo que hoy nos ocupa. En el año 2003 fallecieron sesenta y dos militares españoles en acto de servicio, casi catorce años después no se conoce toda la verdad de lo sucedido, no se ha identificado con claridad a los responsables, no ha existido la necesaria reparación a las víctimas y sus familiares, y no se conocen los mecanismos puestos en marcha por su ministerio para evitar que una situación así se vuelva a repetir.
Preguntas a propósito de la necesidad de que se conozca toda la verdad respecto al vuelo y al trasporte contratado. Le voy a hacer diez preguntas. Sabemos que no se había contratado la prima de seguro obligatoria. Primera pregunta: ¿Por qué no se contrató la prima de seguro obligatoria? ¿Cómo es posible que no hubiera mecanismos de control que garantizaran el cumplimiento de esta premisa básica?
Segunda pregunta, señora ministra: ¿Cómo es posible que mientras nuestros militares viajaban sin seguro, el Ministerio de Defensa suscribiera una póliza de seguros millonaria y exclusiva para altos cargos del ministerio, incluyendo al propio ministro Trillo, con una póliza de 450.000 euros por persona?
Tercera pregunta: ¿Quién era la persona responsable de supervisar el correcto cumplimiento del contrato y de la legislación vigente en materia de seguridad en el Ministerio de Defensa? ¿Puede usted identificar a esa persona, señora ministra?
Sabemos que la caja negra del avión no funcionaba y que los pilotos superaban el número de horas de actividad permitido por nuestra legislación. Cuarta pregunta: ¿Cómo pudo permitirse que el avión despegase con una caja negra que no funcionaba y con los pilotos habiendo superado el número de horas de actividad permitidas?
Quinta pregunta, señora ministra: ¿Puede usted identificar a los mandos responsables de que el vuelo despegase con una caja negra que no funcionaba y con pilotos que superaban las horas de actividad permitidas, puede usted identificar a esas personas? Sabemos también que fallaron los mecanismos de reclamación y queja previos o que fueron directamente desatendidos. El ministro Trillo reconoció la existencia de doce informes internos alertando de los riesgos de estos vuelos pero no se tomaron medidas.
De hecho, sabemos hoy que el señor Trillo mintió en su comparecencia en el Congreso al decir que todas las quejas versaban sobre problemas de retrasos o de condiciones de confortabilidad, y sabemos que Trillo mintió porque el dictamen del Consejo de Estado reconoce al menos que en el informe del teniente coronel de infantería Javier Marino hubo quejas sobre cuestiones relativas a seguridad. El citado dictamen del Consejo de Estado resalta, además, un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad de nuestro ejército en el que se alerta de los altos riesgos que comportaba transportar personal militar en aviones de carga fletados en países de la antigua Unión Soviética. Sabemos, por lo tanto, que el señor Trillo mintió en el Parlamento.
Sexta pregunta, señora ministra: ¿Por qué el Gobierno de España, que contrata el transporte de sus militares, no supervisó el correcto cumplimiento del mismo y las condiciones de seguridad?
Séptima pregunta: ¿Qué protocolos y qué cadena de mando existía para la recepción de dichas quejas y reclamaciones y por qué no funcionó?
Octava pregunta: ¿Cómo fue posible que el Ministerio de Defensa recibiera hasta doce quejas previas sobre la seguridad de esos aviones y no se adoptara ninguna decisión para garantizar la seguridad de nuestros soldados?
Novena pregunta: ¿En qué sentido se han modificado estos protocolos en la actualidad para asegurar que esto no volverá a ocurrir?
Y décima pregunta: ¿Puede usted identificar a los mandos responsables de que estos informes y reclamaciones no fueran tenidos en cuenta?
Preguntas a propósito de los cuarenta y dos vuelos contratados y la cadena de subcontrataciones opacas que habían operado previamente. Cinco preguntas nada más. Sabemos que el vuelo del Yak-42 no fue un caso aislado. La catástrofe se enmarca en un total de cuarenta y dos vuelos similares para el traslado de tropas españolas a Afganistán cuyos contratos, catorce años después, no aparecen. Se ha dicho que esos cuarenta y dos contratos no existen. Estará de acuerdo conmigo, señora ministra, en que resulta extraño que en la cuarta economía del euro puedan desaparecer contratos de vuelos internacionales en misiones de paz. Primera pregunta: al igual que sus predecesores, ¿cree usted que no existen los contratos? ¿Cree que en un Estado de derecho como el nuestro pueden desaparecer misteriosamente cuarenta y dos contratos de vuelos internacionales en misiones de paz? Sabemos que esos contratos son una información clasificada y custodiada en unos armarios de su ministerio que el ministro Bono abrió en compañía de la Guardia Civil. Su custodia era responsabilidad de mandos perfectamente identificables. Segunda pregunta: si efectivamente desaparecieron, ¿puede usted identificar a los mandos políticos y militares responsables de la cadena de custodia de esos contratos? Tercera pregunta: si puede usted identificar a esos mandos, ¿se compromete a informar al Parlamento de sus identidades? Cuarta pregunta: ¿Qué va a hacer usted para encontrar los contratos? Y quinta: si aparecen los contratos, ¿se compromete a hacer pública toda la documentación y no solo la que hasta ahora se ha identificado como disponible?
Preguntas a propósito de las cantidades abonadas por el Ministerio de Defensa para efectuar esos vuelos; solo dos preguntas. Sabemos que el grueso de las cantidades se quedaba en manos de los intermediarios; se han identificado un total de seis intermediarios. Sabemos que de los 149.000 euros pagados por el Yak-42 desde el Ministerio de Defensa a la Namsa, la agencia de la OTAN que usted citaba, solo 36.500 -un 25 %- fueron a parar a la compañía que transportaba a los soldados, Ukrainian Mediterranean Airlines. Según el dictamen del Consejo de Estado, en su página 69, la Administración afirma que desconocía esa cadena de subcontrataciones que, sin embargo, eran de gran trascendencia a la vista de lo que estamos hablando. Primera pregunta: ¿Cómo es posible que el Gobierno pagara 149.000 euros y la empresa que fletó el vuelo solo cobrara 38.500 euros? ¿Cómo es posible que el Gobierno pague un avión a precio de oro y nuestros militares viajen en aviones basura sin garantías mínimas? Segunda pregunta: ¿Qué mecanismos de control y supervisión fallaron para que la Administración desconociera la cadena de subcontrataciones?
Preguntas, señora ministra, a propósito de la responsabilidad del Estado de velar por la seguridad de nuestros compatriotas en acto de servicio. Dos preguntas nada más. Sabemos que el dictamen del Consejo de Estado señala que esta responsabilidad corresponde al Estado y que esta responsabilidad fue desatendida. Sabemos que el Ministerio de Defensa firmó en 2002 un acuerdo con la Agencia de Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN para contratar servicios de transporte aéreo para los militares desplazados en Afganistán y sabemos que el dictamen emitido por el Consejo de Estado en relación con este caso advierte cito literalmente de un desapoderamiento de competencias de seguimiento y control por parte de la Administración militar en relación con este acuerdo. Es más, el dictamen recuerda que la
ley impone a las administraciones públicas el deber de velar por el cumplimiento de los requisitos a través de actividades consistentes en comprobar, verificar, investigar e inspeccionar. Primera pregunta: ¿De qué protocolos y cadenas de mando dependía la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la ley y cuáles fueron las causas por las que la ley no se cumplió? Segunda pregunta: ¿Puede usted identificar qué mandos responsables debían asegurar el cumplimiento de la ley en lo que se refiere a velar por la seguridad de nuestros militares y por qué no lo hicieron?
Preguntas a propósito de la gestión de la catástrofe por parte del Ministerio de Defensa. Cuatro preguntas. Sabemos que Federico Trillo achacó la catástrofe a condiciones meteorológicas y aseguró que el Yak era un avión absolutamente seguro y especialmente diseñado para estas misiones. Se aseguró entonces que los únicos informes que se habían recibido eran sobre aspectos relacionados con retrasos o con el confort de las víctimas. Se afirmó que el tiempo de navegación de los pilotos era legal, cuando no lo era. Se afirmó también que era la Namsa la que debía revisar el estado del avión, cuando en realidad sabemos que España tenía derecho a revisar la nave y el dictamen recuerda los deberes de control y seguimiento que correspondían, como le decía, a la Administración militar. Sabemos que muchos familiares de los militares se enteraron antes de la catástrofe por la radio y la televisión que por el propio Gobierno. Sabemos que España se quedó fuera de la investigación oficial de la catástrofe, pese a que podría haber exigido su presencia directa de acuerdo con el Convenio de Chicago. Sabemos que Javier Jiménez-Ugarte, entonces al frente de la Secretaría General de Política de Defensa, aseguró a los familiares de las víctimas, por una carta en 2004, que el equipo médico español llevó a cabo con todo rigor el proceso de identificación. Y después supimos que los restos se repatriaron sin que se hubieran realizado las autopsias de identificación, sin la documentación necesaria para el traslado y sin certificación de defunción, como ha quedado acreditado en los tribunales que usted citaba, hablando textualmente de identificación falsa y errónea en la sentencia de 2009, confirmada por una sentencia de 2010. Primera pregunta: ¿Qué motivos existen para que España se quedara fuera de la investigación oficial y solo acudiésemos como observadores? Segunda pregunta: ¿Puede usted identificar a los mandos que decidieron que España quedara fuera de la investigación oficial de la catástrofe? Tercera pregunta: ¿Qué mandos tomaron la decisión de trasladar los restos de nuestros militares sin la necesaria autopsia de identificación y la documentación correspondiente? Cuarta pregunta: ¿Qué valoración le merece la actitud de su predecesor, el señor Federico Trillo, intentando activamente ocultar el origen de la catástrofe? ¿Qué consecuencias cree que esto debería tener para esta persona, a su juicio?
Preguntas -y voy terminando-, a propósito de la depuración de responsabilidades y de la necesidad de que se haga justicia. Son solamente cinco. Sabemos lo siguiente: Federico Trillo, entonces ministro, acaba de embajador en Reino Unido. Jiménez-Ugarte, entonces al frente de la Secretaría General de Política de Defensa, acaba de embajador en Suecia. Según el periodista Javier Campo, calificó de antipatriotas a los representantes de la Asociación de las familias en su primer encuentro con ellos en el Ministerio de Defensa. El general Bretón, jefe de gabinete del ministro, fue ascendido a teniente general. El general Beltrán, uno de los firmantes del documento -junto al general Navarro- de aceptación de los restos sin identificar, fue ascendido a teniente general y, posteriormente, destinado a un puesto excepcionalmente bien remunerado: el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra. El general Navarro, principal responsable de las falsas autopsias, fue condecorado por Trillo con la Gran Cruz Militar. El general González-Gallarza, jefe del Estado Mayor del Aire, que envió un mensaje a todas las unidades diciendo -leo textualmente-: quedan prohibidas las declaraciones por el personal de este ejército no expresamente autorizadas sobre el tema del asunto Yak-42, incluyendo las opiniones, comentarios y observaciones en torno a dicho accidente. Se retiró con todos los honores. Primera pregunta: ¿Qué valoración le merece esta sucesión de promociones y premios a los principales responsables de la catástrofe? Segunda pregunta: ¿Considera que el general Beltrán, que coordinó la repatriación de los cadáveres, y el general Navarro, condenado por falsas autopsias, merecían ser premiados y condecorados? Tercera pregunta: a propósito del señor Alberto Martínez Arias, jefe de prensa del señor Trillo, que gestionó la comunicación de la catástrofe y que hoy es el jefe de informativos de Radio Nacional de España: ¿Qué valoración le merece que el señor Martínez sea ahora un alto responsable de la radio pública? Sabemos que el juicio del Yak-42 acaba con tres militares condenados. Ninguno entra en prisión y, además, dos de ellos se libran de la segunda condena, la inhabilitación, porque un Gobierno de Mariano Rajoy les indulta. Cuarta pregunta: ¿Por qué el comandante Ramírez y el capitán Sanz fueron indultados por el Gobierno de Mariano Rajoy? Por último sobre esta cuestión, sabemos que el señor Bárcenas, que fue el responsable de finanzas de su partido durante años, en comparecencia ante el juez Ruz, afirma que los abogados de los
acusados fueron pagados con dinero B que él habría entregado a Trillo. Quinta pregunta: ¿Se pagó con dinero de la caja B del Partido Popular a los abogados de los militares acusados?
Y ya por último, preguntas en lo que respecta a la reparación de los familiares de las víctimas. Primera: ¿Tiene pensado el Ministerio de Defensa organizar algún acto institucional para homenajear a los soldados fallecidos? Segunda: ¿Va a pedir usted públicamente, en nombre del Gobierno, perdón? Tercera: ¿Podemos esperar que el presidente del Gobierno pida perdón? Y última pregunta: ¿Qué protocolos, decisiones, instrucciones o medidas ha adoptado su ministerio para evitar que nunca más, nunca más, se pueda repetir una cadena de negligencias como la que hizo posible el accidente del Yak-42?
Quiero que mis últimas palabras sean de agradecimiento a los familiares. Si no fuera por su tesón, hoy no estaríamos aquí hablando de esta cuestión. Por suerte, gracias a ellos, hoy tenemos la oportunidad de exigir verdad, justicia, reparación y no repetición de lo ocurrido. Con su permiso, y con el debido respeto, voy a entregarle las preguntas por escrito para facilitar sus respuestas.
Muchísimas gracias, señora ministra. (Aplausos).
A continuación, el Grupo Parlamentario Mixto se va a repartir generosamente el tiempo. En primer lugar, va a empezar el señor Bataller, de Compromís.
El señor BATALLER I RUIZ: Muchas gracias.
Señora ministra, nos reconforta que usted haya recibido a los familiares de las víctimas y les haya ofrecido una atención que ellos han valorado como una cierta reparación moral que tanto merecen y por la que tanto han tenido que luchar. Pero han tenido que pasar muchos años, demasiados, ministra, y creemos que los verdaderos responsables políticos del accidente del Yak-42 no han dado todavía la cara ni parece que tengan la intención de hacerlo. El jueves pasado supimos de la petición de relevo, que no dimisión, del exministro de Defensa, Federico Trillo -decía- para no entorpecer la acción del Gobierno. Estas han sido las únicas palabras de su predecesor, señora ministra, sin petición de perdón a las víctimas, sin muestras de arrepentimiento y sin aceptar preguntas: soberbia hasta el último momento. Recordemos que Trillo jamás ha admitido su responsabilidad en la nefasta gestión del accidente, en los tremendos errores en la identificación de los cuerpos, en su negativa a escuchar y sentarse con los familiares de las víctimas y ofrecer explicaciones; una actitud impropia en cualquier sociedad democrática, que lo que demanda aquí es responsabilidad y honorabilidad. Desde el primer día el señor Trillo, su antecesor, quiso pasar página, posiblemente para no resultar perjudicado personalmente, pero también para que su partido, el Partido Popular, no resultase perjudicado en unos momentos en que acababan de celebrarse las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo de 2003, y algunos Gobiernos autonómicos y numerosos ayuntamientos podían pasar a manos de su partido si fructificaban las negociaciones con otras formaciones políticas a las que, evidentemente, no había que colocar en una situación incómoda como potenciales aliados ante un muy feo asunto de Estado. De ahí las prisas.
Pero recordemos también la responsabilidad que tiene el actual presidente del Gobierno, quien poco después de llegar al poder maniobró para que el accidente no le perjudicase políticamente. Recordemos que las diligencias previas abiertas por el Juzgado Central de Instrucción número 3 contra altos cargos del Ministerio de Defensa se cerraron por un auto de sobreseimiento de 2 de febrero de 2012, confirmado por este mismo juzgado el 1 de marzo y nuevamente confirmado en apelación por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por auto de 17 de mayo de 2012. Su jefe, señora De Cospedal, es muy cauteloso y por ello, en es ínterin, tomó dos decisiones importantes para disminuir el seguro impacto negativo que tendría para él una hipotética decisión judicial favorable a continuar la causa penal, decisiones que fueron, como ya sabemos, nombrar embajadores a Federico Trillo y a Jiménez-Ugarte el 30 de marzo de 2012 e indultar a los dos médicos militares condenados por errar en la identificación de treinta de los sesenta y dos fallecidos en Turquía, indulto que llegó poco después el 20 de abril de 2012.
Por todo esto, agradecemos su comparecencia hoy, pero nuestro deseo es que sea también Mariano Rajoy, como máximo responsable del Gobierno además de vicepresidente del Gobierno en la fecha en la que ocurrió el accidente, quien comparezca ante la Cámara para aclarar todos los detalles de este accidente, que podría haberse evitado, como ya se ha puesto de manifiesto, si se hubiera aplicado una mínima diligencia en la vigilancia y en la solvencia técnica y profesional de la compañía aérea que finalmente realizaba los vuelos, así como ofrecer explicaciones sobre los nombramientos e indultos de personas relacionadas con la gestión nefasta de la tragedia. Creemos que es el señor Rajoy quien ha de preocuparse, además, de la reparación del daño moral, asumiendo directamente la responsabilidad del Estado. Pero además el avión
siniestrado fue proporcionado por una empresa subcontratista, a la que se llegó después de un encadenamiento de subcontratas a supuestas aerolíneas con insólitas sedes sociales, en la que se produjo una progresiva reducción del precio, pasándose de un precio inicial de 149.000 euros al de 38.442 dólares que finalmente recibió la aerolínea ucraniana que proporcionó el Yak-42. A la vista de esto, querría...
El señor PRESIDENTE: Señor Bataller, ya sabe que los miembros del Grupo Mixto tienen que hacer un esfuerzo de síntesis adicional.
El señor BATALLER I RUIZ: Simplemente quería hacer unas preguntas muy concretas. La primera: ¿Quién se enriqueció con el Yak-42? La segunda: ¿Cuántas comisiones se pagaron con los cuarenta y dos vuelos similares que se desplegaron entre febrero de 2002 y mayo de 2003? La tercera pregunta: ¿Dónde están los contratos tanto del Yak-42 como de los vuelos anteriores? Cuarta pregunta: ¿Van a pleitear contra Namsa, Chapman Freeborn y quien corresponda para recuperar el dinero que, en ausencia de los debidos seguros, tuvo que abonar el Estado a los familiares de las víctimas? Quinta pregunta: ¿Existen realmente como tales aerolíneas todas aquellas que aparecen en la cadena de subcontratas o son simples empresas pantallas? Y, si es así, ¿quién estaba detrás? Y, en sexto lugar: ¿Se va a proceder a la depuración de responsabilidades políticas? ¿Se va a proceder a pedir perdón a las víctimas? También le quería preguntar, señora Cospedal, si usted, que ostenta diversos cargos, entre ellos el de secretaria general del Partido Popular, puede comprometerse aquí y ahora a velar para que su partido nunca vuelva a depositar su confianza política en el señor Trillo.
A continuación, la señora Nogueras.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Bona tarda. Gràcies, president; gràcies, senyora ministra.
Seré muy breve. En 2003 todos nos conmocionamos con la tragedia del Yak-42, el accidente militar más grave de la historia española reciente, pero lo que sucedió antes, después y hasta el día de hoy ha sido indignante. Ahora, trece años más tarde, el Consejo de Estado reconoce la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el siniestro que costó la vida a sesenta y dos personas. Denunciamos que el entonces ministro de Defensa, Trillo, debería haber sido cesado al instante. Se deberían haber tomado las medidas y responsabilidades políticas que correspondían, pero sobre todo, y como ya han apuntado los demás grupos, se debería haber pedido perdón -él, Rajoy, Aznar, todos los implicados en la toma de decisiones- a todas las familias que han pasado seguramente los años más tristes y más duros de sus vidas.
El Gobierno no hizo lo que debería haber hecho, siendo, una vez más, ejemplo de nada, y ahora, en vez de reconocer que lo hizo mal -muy mal-, vuelven a tomarnos a todos por necios y nos presentan la operación maquillaje. Trillo no debería haber sido premiado con el puesto de embajador en Londres -insisto, después del Yak-42 no es ejemplo de nada-, pero fue premiado, así que la obligación política del Gobierno era cesarlo al segundo de tener el informe del Consejo de Estado. E indudablemente es una tomadura de pelo agradecer los servicios prestados a un responsable público que en los últimos trece años ha servido dolor, mentiras, calumnias y falta de respeto a los que en teoría debería haber protegido y servido.
Un funcionario público, señora ministra, también se gana su puesto de trabajo, igual que la gran mayoría de trabajadores. En el caso de Federico Trillo -del que usted dijo que no se le debería quitar el derecho al trabajo a una persona que tiene un puesto de funcionario público-, el derecho al trabajo no se lo quitamos nosotros, se lo ha fulminado él, que con sus actos ha demostrado que no es digno de representarnos. Y que estemos discutiendo sobre el futuro de Trillo es insultante, porque lo que hay detrás del caso Yak-42 es una gran imprudencia. Frente a graves indicios de riesgo, el Ministerio de Defensa no hizo absolutamente nada. Por eso, deben tomar medidas, también de prevención, y adjudicar responsabilidades. ¿Cómo pretenden que los ciudadanos confíen en las instituciones si estas, en situaciones como las que hoy nos ocupan, no han estado a la altura ni han apelado a lo que debería ser una de nuestras máximas, la excelencia política y el respeto a los ciudadanos?
Su compromiso, señora ministra, es esencial para que prevalezca la verdad, aunque sea casi catorce años después. Queremos que se tomen y que se ejecuten las medidas necesarias. Encuentre el contrato, y no solo el del Yak-42, también los anteriores: Manás, Kabul, Kuwait e Irak. Que los que nos dotan de seguridad trabajen en las condiciones de seguridad necesarias depende de nuestro compromiso.
Señora ministra, muchas gracias por su comparecencia, por su disposición y por sus explicaciones. No puedo pasar por alto la tentación en la que algunos grupos hoy -también algunos que no están representados en esta Comisión- han caído aprovechando su comparecencia, dándose golpes de pecho en defensa del honor de nuestras Fuerzas Armadas. Me refiero a esos mismos grupos que proponen y celebrarían reducir el presupuesto de Defensa -lo hemos visto aquí hace muy poco-; a los que niegan a nuestros soldados participar, por ejemplo, en Barcelona en un salón de la infancia; a los que públicamente piden a nuestros militares que se vayan de algunos territorios de España; a aquellos que jamás han pisado un cuartel, no han ido a ninguna celebración militar, rechazan sistemáticamente venir al desfile del 12 de octubre; o a quienes rompen una fotografía o defienden a quienes rompen una fotografía de nuestro primer soldado, o jalean y defienden a los que queman la bandera de España, esa misma bandera que representan nuestros soldados y que hacen suya asumiendo el riesgo de jugarse sus vidas por defender las nuestras, o incluso a aquellos que se presentan electoralmente en coalición con Bildu. Creo que en sus peticiones no son sinceros, por tanto, no voy a participar en ninguna operación de linchamiento contra nada ni contra nadie. Tampoco creo que sea lo que quiere o lo que recoge y se deduce del informe del Consejo de Estado.
Sí le digo, señora ministra, que la apoyaremos en la búsqueda de las respuestas que eliminen todas las dudas, todos los recelos, todas las preguntas, todos los reproches de los familiares de los fallecidos. Por eso nos parece una actitud no solo acertada, sino debida con todos ellos. Bienvenido, por tanto, ese reconocimiento que usted hoy hace de la responsabilidad patrimonial del Estado en este caso. En todo caso, debemos valorar de forma positiva las medidas finalmente aprobadas por el propio Gobierno en su día y decididas en las distintas instancias judiciales para resarcir económicamente a las víctimas, como así reconoce el propio informe del Consejo. Comparto la reflexión del informe que usted ha recordado aquí y que asume cuando afirma que las sucesivas subcontrataciones no pueden suponer una especie de cadena de exoneración de la responsabilidad de la Administración española hasta el punto de eliminar unas mínimas obligaciones para la comprobación, la verificación, la investigación y la inspección. No creo que el accidente fuera gestionado de la mejor manera, no lo creo, y por eso se depuraron una serie de responsabilidades penales, pero tampoco creo que fuera por mala fe. Seguramente fue porque no se priorizó, poniéndoles en primer lugar, a las víctimas y a los fallecidos. Señora ministra, trabajemos por reparar lo que en justicia debemos reparar, busquemos las respuestas a las preguntas que quedan por contestar y hagámoslo con la cercanía de quien desea honrar la memoria de los fallecidos y mitigar el dolor de sus familiares.
Termino recordando que nuestros sesenta y dos compatriotas, junto con los otros trece fallecidos, murieron en acto de servicio; no lo olvidemos. Por eso y para ellos vaya mi gratitud y la de mi partido e igualmente mi homenaje por su disposición generosa y su sacrificio. A ellos y a sus familias quisiera pedirles perdón; perdón por no estar muchas veces a la altura de su ilusión, de su compromiso y de su profesión, y por olvidar, como recordaba estos días el expresidente Aznar, que España es una tarea de todos, cada uno en su sitio, como lo era el sitio que ocupaban nuestros soldados en esa misión de paz en la lejana Afganistán. Ojalá sirva esta comparecencia, señora ministra, señorías, para mitigar el dolor de las familias por la pérdida de sus seres queridos. Yo creo que sí debe servir, sobre todo si entre todos, hoy y en el futuro, ponemos el acento en el agradecimiento permanente, en el recuerdo a los valores que ellos defendían y que sus compañeros hoy siguen defendiendo y en el respeto a su memoria.
A continuación, van a intervenir los portavoces de los restantes grupos parlamentarios, también por tiempo de diez minutos, de menor a mayor.
En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Rufián.
Intentaré ser breve. Buenas tardes a todos y todas, especialmente buenas tardes a las familias de los sesenta y dos fallecidos en esta canallada que hoy nos ocupa y que se vino a llamar accidente del Yak-42.
Señora ministra, ustedes han tardado catorce años en dar explicaciones en torno a esto y es probable que no las vuelvan a dar en otros catorce años, entre otras cosas, porque haciendo lo que hacen ganan,
sorprendentemente, elecciones y entiendo que esto debe otorgar un sentimiento de impunidad brutal. Así que permítame que aproveche esta intervención para hacerle una serie de preguntas que espero tenga a bien responder en su siguiente intervención. Ciertamente, diez minutos son muy pocos minutos para hablar de esta infamia pero el Grupo de Esquerra Republicana intentará obtener algunas respuestas sobre todo para con las familias. Como han hecho anteriormente algunos de mis compañeros, voy a formular diez preguntas y, con su permiso, empiezo.
Primera pregunta: Señora ministra, ¿tiene usted algo que decirles, catorce años después, a aquellas personas que enterraron o incineraron erróneamente a sus hijos por culpa de una mala identificación de los cadáveres? Una identificación hecha en tres horas y media, una identificación que fue una auténtica chapuza, ordenada por unos auténticos chapuzas. ¿Sabe cómo la calificó su máximo responsable? Autopsias lights, lo dijo sin tapujos, tal cual. ¿Sabe qué fue de ese máximo responsable? Trillo lo condecoró con la Gran Cruz Militar, se llama general Navarro. Señora ministra, ¿cómo cree usted que debe sentirse ante eso alguien que recibió hace catorce años el cadáver de su hijo, de su hermano o de su marido con dos pies distintos, un 43 y un 45? Por ponerle un ejemplo, podría poner bastantes más.
Segunda pregunta. Señora ministra, ¿por qué, tras lo sucedido, el señor Trillo acabó en la Embajada de Londres y no en su casa o, mejor aún, frente a un juez? ¿Qué es lo que sabe el señor Trillo tan relevante que le hace saltar de cargo en cargo, independientemente de lo que hace?
Tercera pregunta. Se han contabilizado hasta catorce quejas de soldados previas al accidente. Señora ministra, ¿por qué esas reclamaciones, en lugar de aprovecharse para mejorar las condiciones de los aviones, se aprovecharon para intentar rebajar aún más el precio del alquiler de los vuelos? Señora ministra, ¿por qué se llevaba a esos chicos en aviones de hojalata a sabiendas?
Cuarta pregunta. Señora ministra, ¿usted volaría en un avión pilotado por dos personas que no han dormido en las últimas veintidós horas? ¿Dejaría que algunos de sus seres queridos o conocidos lo hicieran? Seguramente no. La pregunta es por qué el ministerio permitió impasible que volaran sesenta y dos de sus soldados en esas condiciones, por qué jugaron a la ruleta rusa con la vida de esos chicos.
Quinta pregunta. Al parecer, que ese día volara el Yak-42 costó 149.000 euros, de los que solo 36.500 aproximadamente fueron directamente para la compañía aérea principal. ¿Por qué todavía no se sabe exactamente cómo se repartió ese dinero en la escala de subcontratación? Y lo que es aún más preocupante e interesante, ¿por qué ninguna de esas empresas ha asumido aún responsabilidad penal y económica alguna? Señora ministra, ¿alguien se ha lucrado a costa de la seguridad de sus soldados?
Sexta pregunta. ¿Qué tipo de responsabilidad tuvo en todo eso el broker que participó en la cadena de subcontratación, Chapman Freeborn. ¿Es cierto que exigieron que se les comprara el combustible exclusivamente a ellos? ¿Es cierto que esto tuvo que ver con el empeño de los pilotos de aterrizar en Trabzon después de un primer intento fallido? Y más importante aún y más preocupante, señora ministra, ¿por qué el ministerio permite que esta compañía base su defensa en decir que algunos de los familiares se inventan su relación con los soldados simplemente para conseguir dinero? ¿Por qué lo permiten?
Séptima pregunta. Señora ministra, ¿sabe usted que la caja negra del vuelo del Yak-42 no funcionaba hacía más de un mes? ¿Lo sabía? ¿Cree usted que se puede volar sin caja negra? La respuesta es que no. Se lo pregunto porque seguramente alguien lo sabía. La única duda es quién; y la verdad es que una caja negra en estos momentos sería muy interesante.
Octava pregunta. Señora ministra, ¿es cierto que Bárcenas entregó dinero de la caja B del PP a Trillo? Está declarando en estos momentos y seguramente lo repita.
Novena pregunta. Señora ministra, ¿por qué los diputados que hoy asistimos a su comparecencia no tenemos el informe elaborado por el Consejo de Estado en el que se condena la actuación del señor Trillo y sus secuaces? ¿Por qué? Por supuesto, reclamamos dicho informe, y desde aquí aprovecho para felicitar al periodista de El País, Miguel González, a quien debemos buena parte de la información en torno a esta infamia.
Décima y última pregunta. Señora ministra, ¿usted cree que ser patriota es llevar una pulserita con la bandera de España o intentar evitar estas canalladas? ¿Qué es ser patriota? Porque aquí hay un montón de patriotas que están defendiendo esta canallada.
Desde aquí solo quiero desear que los responsables de esta sinvergonzonería no duerman lo que les quede de vida una sola noche más en paz.
A continuación, el Grupo Parlamentario Vasco, que debería haber intervenido con anterioridad, pero ha sido un pequeño error de esta Presidencia por el que pido disculpas a su señoría. Tiene la palabra el señor Legarda.
En primer lugar, quiero saludar y mostrar nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Trebisonda), hace ya casi catorce años, que nos acompañan hoy aquí como a todos aquellos que no han podido hacerlo.
Han sido catorce años que podríamos calificar como una cadena de despropósitos por parte de la Administración General del Estado, que siempre ha ido a rebufo de los acontecimientos y a contrapelo de las víctimas y sus reclamaciones y de las dimanantes responsabilidades políticas, prevaliéndose para ello de la ocultación de hechos en ocasiones y en otras de la dejación de sus obligaciones; ocultación de hechos, sobre todo, con la incorrecta identificación de las víctimas y dejación de obligaciones -como pone de manifiesto el Consejo de Estado- sobre todo de las de precaución y previsión, que son finalmente la base del informe último del Consejo de Estado y que hoy nos trae aquí.
En este accidente fallecieron setenta y cinco personas, sesenta y dos de ellas militares españoles. Una de las primeras cosas que nos llama la atención es la fecha de emisión del informe, que es el 20 de octubre de 2016, unos días antes del primer intento de la investidura del presidente Rajoy, el 27 de octubre, y del segundo, el 29 de octubre; informe que conocía el Gobierno y que en esas fechas hubiera sido posiblemente una información relevante a efectos de la investidura y que también tiene relevancia respecto al comportamiento del Gobierno respecto al señor Trillo, embajador, y todas las circunstancias de su cese. El Gobierno conocía el contenido y la declaración de un nexo causal de responsabilidad objetiva de la Administración y no ha tenido una consecuencia política. Las responsabilidades políticas creo que son claras en este caso y se ha dejado -digamos entre comillas- escapar la oportunidad de exigir responsabilidades políticas a través de un cese del que en su día fue ministro y a la fecha de emisión del informe era embajador.
Si pasamos a los hechos -decía que el Gobierno ha ido a contrapelo de las circunstancias de las víctimas ocultando hechos-, aquí hemos tenido tres procesos judiciales, uno civil y dos penales, en los cuales -sobre todo en los penales- ha habido una oposición de la Abogacía del Estado, del Gobierno, y en el civil era una reclamación de cantidad de los familiares. Digo a rebufo porque en este mismo caso, viendo cómo iban las cosas, el Gobierno decide adelantar el seguro de accidentes que no tenía suscrito la compañía que finalmente realizó el vuelo y traslado que se accidentó. En los procedimientos penales, que hay dos, hay uno por falsificación de documento público en la identidad de los treinta cadáveres en los informes de necropsia. Y ahí, señora ministra, tengo que contradecirle porque ha afirmado en un pasaje de su intervención que el informe del Consejo de Estado contrasta con la exoneración de responsabilidades que en otros órdenes jurisdiccionales -en el penal- parecen deducirse. Le tengo que decir que -como lo pone de manifiesto el Consejo de Estado- en el fundamento jurídico sexto del Juzgado Central de Instrucción por el cual se sobresee la querella por el delito de imprudencias se dice literalmente que hay una ausencia de responsabilidad penal, pero nunca de cualquiera otra responsabilidad de naturaleza diversa, de la cual hace énfasis el Consejo de Estado en sus páginas 59 y 60. Luego no hay ese contraste, ni una cosa juzgada, porque son dos responsabilidades que tienen una fundamentación distinta: una se basa en la culpa, como todo el derecho penal, en forma de dolo o imprudencia, y la otra se puede sustentar en una responsabilidad objetiva como es este caso. En ambos procedimientos penales, el Estado, como decía, fue a contrapelo de las víctimas porque se opuso a sus pretensiones.
Finalmente, acabamos en la responsabilidad patrimonial, responsabilidad que está paralizada porque hay una litispendencia en dos órdenes jurisdiccionales, en el civil y en el penal, y también por la espera del informe internacional del accidente, pero finalmente lo que se determina con claridad -y usted, efectivamente, lo reconoce- es una responsabilidad objetiva del Estado. Como voy a leer literalmente, en la página 72 del informe, se dice: con carácter ex ante pudieron ser advertidas circunstancias de diversa naturaleza que, tanto individualmente consideradas como a través de una valoración conjunta respetuosa con las exigencias ínsitas en los principios de precaución y previsión, habrían llamado a la adopción por los órganos competentes del Ministerio de Defensa de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría.
¿En qué basa el Consejo de Estado esta conclusión, aunque luego ciertamente determina que no hay consecuencias económicas porque ya estaban indemnizadas por otras vías? Pues las basa en que el contrato que se hizo con la OTAN no desapoderaba al ministerio de sus obligaciones de seguimiento y control, que es lo que siempre se ha venido afirmando por la Administración General del Estado, en que había unos deberes de vigilancia y supervisión sobre el correcto ejercicio de la prestación del transporte y que esta supervisión podía haber sido ex ante, porque tenía conocimiento del transportista, del precio y de la aeronave que se accidentó y que, por tanto, el ministerio podía haber tomado -no sabemos con qué resultado- decisiones propias de una prudente, proporcionada y eficiente supervisión; y también debiera haber estado alertado de la progresiva disminución del precio, como ya se ha señalado: se pagaron 142.000 euros y la empresa que realizó el servicio cobró en euros 31.026. El Consejo de Estado hace constar que la progresiva disminución del precio tenía que haber alertado sobre unas posibles menores condiciones del transportista y la pregunta que siempre ha subyacido, es: si se hubieran dedicado los 149.000 euros a hacer realmente el transporte, ¿la tripulación hubiera estado en la situación en que estaba?, ¿la compañía hubiera sido la que fue?, ¿hubiera tenido el adiestramiento de cabina? En fin, son dudas, un contrafáctico que no podemos saber, pero que sí fundamentan la responsabilidad objetiva. Finalmente, hay una serie de informes; en concreto, se hace énfasis en el del teniente coronel Javier Marino y, aunque se pone en solfa su informe porque no tenía conocimientos técnicos respecto a lo que estaba informando en la parte de la seguridad de la aeronave, sí llamaba -como dice el informe del Consejo de Estado- cuando menos a una comprobación o verificación de la realidad de los hechos, máxime por el incidente que había tenido este mismo avión con un capitán noruego en transporte de tropas también de regreso hacia su país.
En definitiva, creemos que hay una responsabilidad objetiva, que la indemnización económica, como señala el Consejo de Estado, parece que ya está resuelta, que la otra responsabilidad, la civil en el proceso penal de falsificación de documento público que se pedía por el daño moral, por el duelo prolongado, por la falsa identificación de treinta militares, está ya solventada, pero que ello no exime de responsabilidades políticas a las personas que formaban parte del Gobierno en aquel momento, en la medida en que se puedan exigir; ya he señalado que por parte de aquel Gobierno o de los que tuvieron responsabilidad directa, que eran los responsables de Defensa, se ha perdido -desde mi punto de vista aposta- la oportunidad de reprender políticamente al señor Trillo.
Respecto a las responsabilidades a la cadena de mando, hay que entender que no hay objetivamente una responsabilidad penal evidentemente, pero que las circunstancias y el tiempo pasado y la actitud de la Administración General del Estado en este caso tendría que tener consecuencias en aquellas decisiones discrecionales respecto a funcionarios que en el futuro debieran adoptarse.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Tarno.
Gracias, señora ministra, por su comparecencia y por aclararnos diversos temas sobre este asunto en cuestión.
En primer lugar, me gustaría saludar y dar la bienvenida a los familiares de las víctimas de la tragedia del Yak-42 ocurrida el 26 de mayo de 2003. Para mi grupo parlamentario la memoria de las víctimas perdura en el tiempo y es lo que es para nosotros verdaderamente importante. La sociedad española ni olvida ni debe olvidar y recuerda con admiración y cariño a los sesenta y dos soldados fallecidos en acto de servicio y a sus familias. Gracias, una vez más, por su presencia hoy aquí, presencia que ha contado con el beneplácito y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios que forman esta Cámara.
La comparecencia que nos trae hoy aquí a petición de la señora ministra, tras el informe del Consejo de Estado 481/2016, es realmente importante porque después de catorce años el Ministerio de Defensa ha modificado su actitud y su posicionamiento sobre este asunto en virtud de lo expuesto en dicho informe del Consejo de Estado. Eso es realmente por lo que estamos hoy aquí.
La ministra ya ha anunciado que asume el dictamen y reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración y además, inmediatamente después de conocer el informe, ha mantenido una reunión con familiares de las víctimas, un encuentro sincero y afectuoso para transmitir la disposición a seguir
trabajando para ayudar a esclarecer esta tragedia con todos sus claroscuros, decisiones, las dos, que creo que compartimos todos los que estamos hoy aquí y que no solamente compartimos, sino que apoyamos, asumir el dictamen y ese apoyo sincero y real a los familiares de las víctimas.
Por todo eso estamos hoy aquí. Algunos de los que han intervenido quieren debatir sobre hechos y actuaciones, por cierto, ya juzgadas por tribunales de Justicia y debatidas más que suficientemente de forma política en esta Cámara. En cuanto a lo de debatido suficientemente, explicaré ahora por qué. En la VII Legislatura hubo dos comparecencias del ministro, dos interpelaciones, dos mociones, siete preguntas orales y noventa y dos preguntas escritas. En la siguiente, en la VIII Legislatura, hubo una comparecencia en Comisión y una comparecencia en Pleno. Desde el año 2006 no hay por parte de ningún grupo parlamentario ninguna iniciativa de ningún tipo referente a la tragedia del Yak-42 ni en la IX ni en la X ni en la XI ni en la XII, hasta ahora. No se han producido solicitudes de información, ni de comparencias, ni de cualquiera de las que considera el Reglamento, ni por parte del Partido Socialista ni del Partido Nacionalista Vasco ni de Convergència, ahora el PDeCAT, ni de Izquierda Unida ni de Esquerra Republicana de Catalunya ni de Ciudadanos en el año que lo ha podido hacer. Por tanto, ya está más que sustanciado el debate parlamentario porque ningún grupo lo consideró necesario en el respeto a la libertad que tiene cada cual a preguntar o a presentar mociones o iniciativas que considere necesarias, ninguno, hasta el informe del Consejo de Estado, pero es que judicialmente también se ha sustanciado este asunto de manera clara durante al menos tres meses. Están las diligencias previas 366/2003, con los autos de 2 de febrero de 2012 y de 17 de mayo de 2012 de la Audiencia Nacional, y en lo civil, como ha explicado la señora ministra, en el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza, el auto abreviado por el que fueron condenados tres miembros del Cuerpo Militar de Sanidad. Si leen ustedes esos sumarios, van a encontrar respuesta a muchas de las preguntas que algunos miembros de la Comisión han hecho aquí hoy. Por cierto, posiblemente algunas de las respuestas no las saben porque da la sensación de que se han interesado poco por este asunto hasta hace apenas quince días. Dicen que no tienen el informe del Consejo de Estado, yo lo he sacado del "Boletín Oficial del Estado", me lo he bajado de Internet, no es un secreto de Estado, ni muchísimo menos; simplemente es tener interés en conocer y en hacer nuestro trabajo bien. Yo el mío lo hago de forma muy seria, sin intentar hacer demagogia y tratando de buscar la verdad.
Aquí se han hecho muchas preguntas, todas iguales, siguiendo guiones, que parecían que estaban previamente marcados. Pues bien, les diría que leyesen el informe del Consejo de Estado y los sumarios para que viesen que algunas de ellas tienen respuesta. Por ejemplo, se le ha dicho a la señora ministra que hay que tomar medidas. Yo espero que estén tomadas. Desde el 26 de mayo de 2003 han pasado por el ministerio antes que la ministra cuatro ministros y tres de ellos eran socialistas. Me imagino que durante sus ocho años de mandato tomarían algunas de las medidas que hoy se reclaman, porque sería un gravísimo error por parte de la Administración que se tomasen medidas catorce años después por un informe del Consejo de Estado. Me imagino que las medidas se implementarían a lo largo de esos años, aunque entiendo que algunos de ustedes han venido hoy aquí a hacer algo de demagogia. También ha habido muchos jefes de Estado Mayor de la Defensa en esos años y algunos eran muy cercanos a posiciones políticas de otros grupos parlamentarios. ¿Qué hicieron durante el tiempo en que fueron jefes de Estado Mayor? ¿Qué hicieron para averiguar o para solucionar todo eso que ustedes plantean? Porque lo que ustedes plantean trece años después será mucho más difícil de conseguir que un año, dos años, tres años o cuatro años después; los contratos, los seguros, todo lo que ustedes plantean. Han transcurrido trece años. ¿Qué se ha hecho durante ese tiempo o en los ocho años de los señores Bono, Alonso y la señora Chacón, señor Hernando? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué información hay sobre todas las dudas que ustedes tienen o cuando el señor Rodríguez fue jefe de Estado Mayor?
Necesitamos dejar trabajar al ministerio. Creo que la ministra ha acertado plenamente en el camino -creo que lo creemos todos- y lo ha hecho con sinceridad y con un profundo respeto a las víctimas y a sus familiares. Hoy un compañero, un miembro de esta Comisión, hablaba de no sacar rédito electoral de este asunto y tengo que decir, después de oír algunas intervenciones, que eso del rédito electoral me enternece. Se ha visto el comportamiento de algunos. De verdad, les invito a leer lo que dicen algunas sentencias. Yo les puedo leer algunos párrafos de algunas sentencias sobre este asunto. Por ejemplo: El avión Yakovlev 42D, con número de registro UR-42352, siniestrado, propiedad de la compañía Ukrainian Mediterranean Airlines LTD, UM Air, disponía de los equipos que exigen la normativa JAR 25 para operar en la Unión Europea y la FAR 25 de Estados Unidos, así como todos los equipos de navegación y aprobación convencional de certificado de renovabilidad expedido por el Ministerio de Transportes de Ucrania. Esto, por ejemplo, lo recoge el auto de la Audiencia Nacional sobre el asunto.
Aludía el señor Iglesias a la comisión internacional y he de decirle que sí que hubo representantes españoles en la comisión internacional. Esta comisión se constituye de acuerdo con el anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Está integrada por un presidente y cuatro personas más, que son turcos, como así lo establece la normativa. Además de estos, participan miembros acreditados de España en nombre de las víctimas, miembros acreditados de Ucrania como Estado de registro de la aeronave y miembros del Estado de Rusia como país fabricante del avión, tal y como establecen las normas. No es verdad, y lo digo por incidir en las muchas repeticiones de medias verdades que lo que hacen es confundir más. Hablan ustedes de un informe de un teniente coronel en el que dice claramente que va a una misión internacional y asimismo que se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que su mantenimiento es, como mínimo, muy dudoso. Por eso se vuela en aviones tipo Yak, porque no son aviones de carga, son aviones de transporte de pasajeros, que tienen la carga y el pasaje absolutamente separados. Aviones de carga ahora son, por ejemplo, el modernísimo A400M o los Hércules. Todo son, insisto, medias verdades que no favorecen a casi nadie, al revés, todo lo contrario.
Creo que el ministerio ha dado un paso importante, que es el que hay que reconocer aquí catorce años después, cuando ha llegado el informe del Consejo de Estado -que, por cierto, también solicitó otro ministro que sustentaba el Grupo Parlamentario Popular-. Les he escuchado también a todos ustedes hablar de responsabilidades políticas y sobre la necesidad de pedir perdón, de pedir disculpas, y yo creo que cada uno es muy libre de tomar las decisiones que quiera, pero quiero recordarles una cosa. El 30 de junio de 2004, el señor Trillo dijo públicamente al conocer la sentencia condenatoria de tres militares pertenecientes a la sanidad militar: Pido disculpas por el dolor que haya podido causar a las familias del Yak-42. También quiero recordarles que el señor Rajoy el 19 de abril de 2009, preguntado por un ciudadano en un programa de máxima audiencia de la televisión pública, también pidió perdón por el daño que hubieran podido causar a las víctimas del Yak-42. Simplemente quería recordárselo. Aun así, insisto, son afirmaciones de carácter personal en aquel momento tanto del anterior ministro como del señor presidente del Gobierno, que lo dijo en el año 2009, siendo líder de la oposición.
Quiero reiterar mi afecto y el de mi grupo a las víctimas de la tragedia del Yak-42 y a sus familiares. También quiero agradecer a la ministra su rigurosa y seria comparecencia, dando un paso más para cerrar esta tragedia, sobre la que todos queremos conocer la verdad y poder cerrarlo para el bien de todos.
A continuación, para contestar a las intervenciones de los portavoces, tiene la palabra la señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (De Cospedal García): Gracias, señor presidente y gracias también a todos los intervinientes en esta Comisión. También quiero agradecer la paciencia que nuestros más importantes invitados en esta Comisión han demostrado en el seguimiento de la misma y a lo largo de todos estos años. Esperemos que lo que hoy están viviendo les valga para algo, y yo así lo espero. He intentado, aunque no sé si lo he conseguido -pero voy a seguir en esta segunda parte de mi intervención contestando a los portavoces de los grupos parlamentarios-, hacer una intervención lo más rigurosa posible y lo más ajustada posible a los hechos probados, precisamente por una cuestión de respeto, tanto hacia sus señorías, que obviamente se lo merecen, como hacia las familias de los fallecidos en el siniestro del Yak-42 que están aquí, las que nos están siguiendo en el Congreso y las que no han podido estar presentes. El rigor y la seriedad por parte de quien les habla al intentar circunscribirme a los hechos que se han demostrado probados, más allá de apreciaciones subjetivas, que seguro que hay muchas, son la prueba más importante de mi respeto hacia ellas, y desde luego del intento de esta ministra -y así va a ser durante toda la comparecencia- de no querer hacer de esta cuestión de ninguna manera una cuestión de carácter político, porque creo que como muy bien se ha dicho aquí por algún interviniente estamos ante una cuestión de Estado y de responsabilidad patrimonial del Estado y esto es muy importante resaltarlo. En este sentido he de decir, porque se ha aludido por varios de los intervinientes a esta cuestión en concreto, que hay muchas maneras de expresarse: hay personas que lo hacen de una manera y personas que lo hacen de otra, y yo entiendo que una vez transcurridos -pues sí- muchos años, casi catorce años desde que se produjo el trágico acontecimiento, que el Ministerio de Defensa cambie de opinión -y tengo que recordar, porque aquí algunos no lo han querido hacer, pero yo sí tengo que recordar que los dictámenes del Consejo de Estado es preceptivo pedirlos pero no es obligatorio seguirlos- y reconozca
la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad objetiva del Estado sobre el Yak creo que es una cuestión importante. Es una cuestión importante de reconocimiento, de reparación moral -o si se quiere decir de otra manera, lo hago con las palabras de otros, yo no tengo ningún problema, y desde luego entre mis muchos defectos la soberbia no está-, de pedir perdón a los familiares de las víctimas en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del Estado (Aplausos), esta responsabilidad del Estado. Así que lo reitero y lo hago de corazón.
Efectivamente estamos en la casa de todos, que es donde reside la representación de la soberanía nacional, y es muy importante que podamos estar todos. Es muy importante también que tengamos presente que aquí no hemos venido -yo espero que nadie, desde luego yo no, porque se han dicho algunas cosas al respecto-, yo no he venido ni muchísimo menos a colgar medallas a nadie ni a colgármelas yo; hay otros que se ponen medallas por otras cosas, yo desde luego en este caso les puede asegurar que no, y espero que el comportamiento de todos sea exactamente el mismo, porque esta no es una cuestión para hacer demagogia ni para intentar sacar rédito político; es una cuestión de reparación moral a los familiares de los militares españoles que fallecieron trabajando por su país y defendiendo la libertad, que es algo que defendemos en España con toda honra, y el respeto que todos les debemos tiene que estar muy por encima de cualquier rédito electoral.
Voy a empezar la contestación si me permiten, para seguir un poquito el orden, por la intervención del primer portavoz, el portavoz del Partido Socialista, intentando contestar a casi todas las cuestiones que me ha planteado, y respecto a las que me han planteado el resto de los portavoces algunas se darán por contestadas, con el objetivo de ser lo más breve en mi contestación, pero si no están contestadas, las contestaré después en lo que yo pueda contestar, porque lo que no voy a hacer es inventarme contestaciones para sus señorías ni para los familiares. Con ellos tengo el compromiso de buscar la verdad y no voy a hacer una cosa contraria en esta Comisión, como se podrán imaginar.
Primero, yo no he utilizado la expresión accidente y no lo he hecho de manera consciente. Cuando la he utilizado a lo largo de mi intervención ha sido citando literalmente el dictamen del Consejo de Estado. Quiero que quede claro, porque se me reprendió mi posible falta de sensibilidad al utilizar esta palabra en una reunión privada que tuve hace unos días. Admití la sugerencia, la entendí muy bien y nunca la he vuelto a utilizar, y además se la agradezco a quien me la hizo.
En segundo lugar, con relación a las denuncias tengo que hablar aquí de la información de la que dispone el ministerio; no puedo hablar de otra cosa más que de la información que de verdad tenemos. Las denuncias de las que dispone el ministerio son aquellas que constaron por escrito a los representantes del ministerio en aquella época. De acuerdo con los informes que constan en el ministerio y con las denuncias que están registradas, porque se realizaron por escrito, los informes que se tenían en esa fecha por escrito como quejas formales en el año 2004 eran relativas a aviones de transporte de carga. Las que se tienen por escrito eran relativas a aviones de transporte de carga. Se ha dicho aquí -y es verdad-, con independencia de otras consideraciones que no niego, que el Yakolev no es un avión de carga, es un avión de pasajeros. Se ha reiterado en algunas ocasiones el informe de un capitán noruego y en muchas otras ocasiones el informe del teniente coronel Marino. Tengo que decir que el informe del capitán noruego, por los datos que obran en el expediente y en los documentos del ministerio, es posterior al accidente. El informe del teniente coronel Marino se emitió como consecuencia de una misión que realizó este teniente coronel. En el ámbito del informe de esa misión se refiere a las condiciones de transporte para ir y para volver de Kabul. Fue en un avión de carga Ilyushin y volvió en un avión del Ejército del Aire español. En un informe que consta de quince páginas recoge la actividad desarrollada en su misión, y hace referencia también al transporte del avión en el que él fue repito que fue en ese avión de carga con expresiones como que se estaban corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga, y que en la medida de lo posible se debería realizar con aviones de pasajeros contratados, con aviones chárter. ¿Esto quiere decir que no se hubieran tenido que tomar más precauciones? No estoy diciendo eso, porque siempre se puede hacer más. Pero sí quiero decir que a la hora de examinar ese informe por parte del Consejo de Estado, que lo incorpora como parte del cuerpo del dictamen para extraer una conclusión y sin desvirtuar para nada la conclusión, porque yo he dicho desde el primer momento que asumo la responsabilidad objetiva de la Administración, es cierto que había que tener en cuenta que ese informe en concreto no se refería al Yak-42. Quiero dejar ese aspecto claro, con independencia de otros temas que puedan salir. Esto no es que lo diga yo, sino que es lo que figura en el informe.
Yo no digo que no hubiera avisos de familiares o de militares que fallecieron a sus familias: correos particulares, informaciones particulares, y que no se pueda hacer siempre algo más. Yo eso no lo voy a
negar. Lo que estoy diciendo es que el informe del teniente coronel Marino, que figura en el dictamen del Consejo de Estado, y que ayuda al ponente del Consejo de Estado a establecer la relación de causalidad, no se refiere a ese avión en concreto. Eso sí lo tengo que decir porque es la realidad, sin que eso desmerezca la conclusión de la responsabilidad objetiva de la Administración. Por eso ese informe -bueno, supongo que es por eso; no lo puedo decir porque no soy yo la que lo hizo- me imagino que tuvo una consideración determinada en los tribunales a la hora de emitir las sentencias exonerando de responsabilidad penal. Pero esto ya es una conclusión de quien les habla, nada más, pero ese aspecto lo tenía que decir.
Tengo que decir también que en toda la cadena de contratación -a la cual me voy a referir luego- efectivamente, como dice el Consejo de Estado, el hecho de que el Gobierno de España o el Ministerio de Defensa realizara un contrato con Namsa no le debe desapoderar de sus deberes de vigilancia, control o dirección de un contrato. Es verdad que el ministerio tenía el derecho de inspeccionar, no la obligación, pero es verdad que ese derecho existía. ¿Qué entendieron los tribunales para evitar la responsabilidad penal y decir que no había dicha responsabilidad penal? Que no se hizo nada que directamente pusiera en riesgo por acción u omisión. ¿Que se podía haber hecho más? Desde luego que se podía haber hecho más. Y al reconocer la responsabilidad objetiva de la Administración ya se está reconociendo. Y esto es lo que esta ministra, desde el primer día, ha querido trasladar.
En una reunión privada me he referido -y lo vuelvo a reiterar aquí- a que el ministerio hará todo lo posible, y con la dirección de quien les habla, para encontrar todos los documentos y la información que hoy no tengamos, pero tengo la responsabilidad y la obligación de decir -como he dicho también en la reunión privada- que han pasado muchos años, y que hay muchos documentos que nunca antes se habían pedido, nunca; también lo tengo que decir, por ejemplo, los relativos a las cuarenta y dos contrataciones anteriores; nunca antes se habían pedido. Y hoy es muy difícil que podamos encontrarlos. Y tengo que hacer una precisión que creo que es extraordinariamente importante. Con motivo del siniestro, el que era ministro de Defensa con el nuevo Gobierno, después de las elecciones de 2004, pidió información y solicitó los contratos que habían tenido lugar como consecuencia de la contratación del Yak-42, las subcontrataciones que todos conocemos, y que ahora me referiré a ellas. Se pidieron esos contratos y casi todos se tienen, menos alguno que las empresas en cuestión no quisieron dar aduciendo confidencialidad -cosa que tienen derecho a hacer jurídicamente-, pero todo lo demás se tiene, porque en ese momento el entonces ministro designó a un responsable para que viajara a los países correspondientes donde se habían realizado las contrataciones y buscara in situ los contratos.
En relación con los cuarenta y dos contratos que pudo haber con anterioridad, en su día, en aquellas fechas -me estoy refiriendo a 2004- nunca se pidieron, o no consta que se pidieran -voy a decirlo con mayor precisión-, aunque nosotros ahora vamos a intentar encontrarlos. Pero tengo que decir, por la terminología empleada, que es muy importante, que no es que esos contratos hayan estado en el ministerio y hayan desaparecido. ¡Es que nunca han estado! Yo creo que esto es importante aclararlo para que todos lo sepamos; o por lo menos no consta que hayan estado en el ministerio. Si hay personas que dicen que estaban -el señor Iglesias en su intervención ha hecho una mención en este sentido, no sé si ha dicho que estaban en un armario que se forzó, etcétera- y ahora no están, pues los tendrá esa persona, no lo sé. Aquí estoy haciendo una apreciación que no corresponde, porque esos contratos, por la documentación que tenemos y por cómo se realizaban las contrataciones -no había un contrato formal, sino una orden de aceptación del vuelo-, nunca han existido y nunca han estado en el ministerio. No digo que no pudieran estar en el pasado en el organismo de la OTAN correspondiente, en Namsa, o en la agencia de contratación o en el bróker. Vamos a intentar encontrarlos y a ello me he comprometido, pero -eso sí tengo que decirlo- basándome en la documentación y en la historia documental que se tiene, no solo por lo que se tenga hoy. Eso también lo quería decir. Por lo tanto, con vistas a la investigación o la aclaración que podamos realizar he intentado hacer todo lo que he podido para esta comparecencia y para la reunión que tuve anteriormente, y que volveré a tener con los representantes de los familiares de las víctimas; vamos a intentar conocer todo lo que podamos, pero es muy difícil ir más allá en algunos casos de lo que se fue hace trece años con visos de éxito, y también es muy difícil, y a veces imposible, ir más allá de lo que dicen los tribunales en la petición de responsabilidades. Como se ha dicho por algunos de los intervinientes, yo también creo en el Estado de derecho, y por tanto cuando una responsabilidad penal está examinada y enjuiciada hay que respetarlo, porque si no, no viviríamos en un Estado de derecho. Eso también quiero decirlo.
Respecto a todas las preguntas que tienen que ver con el cuánto costo el contrato, quién se enriqueció, así como todas las alusiones que se han realizado por distintos portavoces, también quiero poner de manifiesto en la búsqueda de documentación lo que figura en todos los documentos del Ministerio de Defensa. Figura en un documento dirigido al ministro de Defensa, fechado el 29 de diciembre del año 2004, un año y medio más tarde de la fecha del siniestro, que la factura por el importe del vuelo del Yak-42 no se ha presentado al cobro. En el mismo sentido existe una referencia en un informe del secretario general de Política de Defensa, que fue la autoridad encargada por el entonces ministro para hacer todo el seguimiento de las contrataciones y de lo que había ocurrido, que expresa textualmente lo siguiente: Finalmente debe dejarse constancia que a día de la fecha -estamos hablando de aproximadamente finales del año 2004, aunque no está fechado- no se han pagado los 149.000 euros, precio en el que se había contratado el servicio de transporte del Yak-42 siniestrado. Tampoco Namsa ha presentado tal factura para su pago ni reclamado el mismo.
También quiero informar a sus señorías de que por parte del gabinete técnico de esta ministra el 11 de enero de 2017, hace unos días, hemos realizado una consulta -y por lo tanto un examen concienzudo- en el centro de gestión de pagos extranjeros, dependiente de la Subdirección General de Gestión Económica del ministerio, sobre la existencia de pagos a Namsa relativos al vuelo siniestrado, y no hay constancia alguna de su pago como factura individual o de ningún otro tipo. (Rumores). Asimismo desde el mismo centro de gestión de pagos extranjeros se ha realizado en estas últimas fechas una consulta -esta vez ha sido telefónica, por los tiempos en los que estamos obviamente- al oficial de enlace ante Namsa que ha comunicado verbalmente que, preguntado a Namsa, no existe evidencia documental del cobro de la factura, y que Namsa no había emitido al cobro la factura en cuestión ni tuvo intención de reclamarla. También tengo que decir que este extremo no se ha podido certificar fehacientemente, ya que Namsa en el año 2008 modificó el sistema de gestión de sus bases de datos, y la documentación anterior a esa fecha a corto plazo todavía no está disponible. ¿Qué ocurre en este asunto y que lamentablemente es relativamente sencillo de colegir? Que se había contratado un transporte y el transporte lamentablemente no se llegó a realizar, así que obviamente Namsa no giró la factura al Ministerio de Defensa. Es decir, por lo que parece, por lo que sabemos hoy -y ya digo, a la espera de una certificación oficial de Namsa, que no figura ni ha figurado nunca en el ministerio desde 2004-, esos 149.000 euros son los que habría pagado el Estado español, pero no se llegaron a pagar. Eso parece que es así, según se deduce de la documentación obrante en el ministerio, y como se imaginarán ustedes antes de dar esta información he hecho todas las comprobaciones que he podido, porque el rigor y la seriedad en este tema son muy importantes. Esos 149.000 euros eran el precio por el que se contrataba ese servicio. Eso lo podemos entender todos. No quiero utilizar un símil que pueda parecer una frivolidad, pero si uno realiza el contrato de transporte de un medio material, por ejemplo, entra dentro de la lógica que hasta que no llegue lo que tiene que llegar no se pague. Esto es algo parecido, aunque obviamente no voy a utilizar este símil, pero quiero que se entienda lo que quiero decir.
La cantidad de 149.000 euros de la orden de contratación, que es el mismo precio que Namsa traslada al contratista principal, Chapman Freeborn, según la propia Chapman Freeborn -la empresa bróker que fue condenada solidariamente con la otra empresa a pagar la indemnización a los familiares de las víctimas-, tiene el siguiente desglose: 14.900 euros en concepto de tasas de aterrizaje y handling; 38.700 euros en concepto de combustible y 95.000 euros en concepto de horas de vuelo. Este último concepto implica remuneración de la tripulación, mantenimiento del seguro, entre otros, lo que se puede considerar como el alquiler del avión. Quiero decir que ya desde el inicio, de esos 149.000 euros, que por lo que parece no se llegaron a pagar, pero era el precio que se había fijado en el contrato, habría que restar por los diferentes conceptos el precio del combustible y las tasas de aterrizaje y de handling. No sé si me estoy explicando, pero luego lo podré aclarar un poco mejor, porque este no es un tema fácil. Con posterioridad, y como consecuencia de la averiguación que en el año 2004 se hace acerca de las sucesivas subcontrataciones en el caso del Yak-42, lo que tenemos en el ministerio responde -así parece ser- a lo que hubieran sido sucesivas subcontrataciones, y lo que se habría llegado a pagar si todo se hubiera hecho efectivo, cosa que al final no ocurrió, o al menos el dinero no salió del Estado español, y es lo siguiente. En primer lugar, en el contrato entre Namsa y Chapman Freeborn el precio de contrato por las horas de vuelo, el concepto primero al que me he referido -quitando el transporte, tasas y otros conceptos- era de 95.360 euros. Después hay un contrato entre Chapman Freeborn y Volga Dnepr. El precio del contrato de las horas/vuelo se fija en 84.467 dólares, 71.317 euros, es decir, una diferencia de 24.000 euros, que de acuerdo con la información que hemos podido recabar es el coste del servicio que
así se establecía y de la actuación de las sucesivas compañías. Hay otro contrato entre Volga Dnepr y Adriyatik pero de ese contrato no se tiene el precio. Otro contrato entre Adriyatik y JTR Company SAL por valor de 45.000 euros, con una diferencia con relación al anterior de 25.000 euros, y el último es entre JTR Company SAL y UM Air, que es al final el propietario del avión, con una diferencia de 7.000 euros. Por lo tanto entre el precio de 95.000 euros imputado al contratista principal y los 38.000 euros del último se aprecia una depreciación de 56.938 euros. Parece que esa depreciación se puede deducir como facturación de las gestiones realizadas por cada una de las empresas intermediarias, que se distribuiría entre 24.000 euros cobrados por Chapman y 25.000 distribuidos entre Volga Dnepr y Adriyatik y otros 7.000 facturados por JTR. Esa es la información de la que hoy dispone este ministerio; no estoy haciendo un juicio, estoy diciendo lo que se tiene, y lo que -al menos en esas fechas así era- parece ser el funcionamiento normal del mercado entre empresas que volaban y actuaban como bróker cuando volaban a lugares de conflicto. No lo estoy enjuiciando ni a favor ni en contra, se lo estoy contando a sus señorías. Esto es lo que hoy sabemos, que es algo más de lo que el otro día sabía cuando tuvimos la reunión.
Hay otro asunto importante por la actuación del Estado español, y es que por lo que parece -y es lógico- no existe -porque no se pasó- una factura al cobro de esos servicios que estaban contratados, pero no se habían llegado a pagar porque nuestros hombres no volvieron a casa. No es fácil hablar de estos temas, pero espero poder hacerlo con el mayor rigor posible. Por eso creo que al hablar de enriquecimientos, con el respeto a todo el mundo y sobre todo a algunas personas que hoy están aquí, tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de temas que humanamente tienen una gran influencia en todos; en los familiares de las víctimas desde luego, pero en todos. Efectivamente he comparecido en esta Comisión del Congreso a petición propia y de otros grupos políticos porque se ha conocido un dictamen del Consejo de Estado. En esta comparecencia representantes de varios grupos políticos han hecho alusión no solo el representante y portavoz del Partido Socialista, sino también el del Partido Nacionalista Vasco a una cierta ocultación de ese dictamen. Tengo que decirles que eso no ha sido así, de ninguna manera. Es verdad que el dictamen se emite a finales de octubre del año pasado -el 25 de octubre si no me equivoco, ese dictamen llega al servicio del ministerio al que tiene que llegar, a la Subdirección de Recursos e Información Administrativa, que analiza el dictamen del Consejo de Estado igual que analiza otros informes. Esta ministra toma posesión no sé si el 3 o el 4 de noviembre, apenas una semana después, y es un asunto que no se conoce porque se produce un cambio de autoridades del ministerio y que yo no conozco -sí, lo tengo que decir- hasta que lo veo publicado en la prensa. Después los servicios correspondientes del ministerio me dicen, con total buena fe porque nosotros íbamos a tener que dictar la resolución administrativa porque es nuestra obligación y lo tenemos que hacer en cualquier caso -es decir, el afán de ocultación es cero cuando uno tiene que resolver y para eso pide el dictamen del Consejo de Estado-, que estaban esperando realizar un informe y una propuesta exhaustivos para examinarlos conmigo antes de darme a conocer todo el dictamen. Obviamente, ellos querían dar a conocer el dictamen y lo que creían la asesoría jurídica del ministerio y la subdirección de recursos que teníamos que hacer, es decir, que estaba en periodo de estudio. Y antes de eso y durante esos días -porque estaban próximas a terminar las vacaciones de Navidad, por decirlo de alguna manera, que es cuando, por lo visto, pensaban ponerlo en mi conocimiento con una propuesta de resolución- se produce la aparición de la noticia en el diario El País. Por cierto, en la página web del Consejo de Estado aparece publicado el dictamen; quiero decir con ello que el afán de ocultación es cero. Yo comprendo que para las familias quizá la posición del Estado y del Ministerio de Defensa llegue muy tarde; eso lo entiendo perfectamente, pero esta ministra ha comparecido cuando ha podido comparecer y no antes. Eso también lo tengo que decir.
Con relación a la intervención del portavoz del Grupo Ciudadanos, el señor Rivera, ya le he dicho que comparto que nuestro Estado funciona; claro que funciona. Somos un Estado de derecho; funcionan los tribunales de justicia delimitando responsabilidades penales y civiles, y funciona el Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo de la Administración, al cual el ministerio tenía que pedir informe para emitir la resolución del expediente de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración, pero que no tiene obligación de seguir, también lo tengo que decir. De hecho, si uno lee el dictamen del Consejo de Estado -y espero que se me entienda bien- verá que lo que hace el Consejo de Estado son una serie de argumentaciones y llega a la conclusión de la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración, que yo comparto y que comparte el ministerio, y dice que ya está satisfecha económicamente y por lo tanto, en ese sentido, desestima esas pretensiones, pero la responsabilidad objetiva de la Administración la reconoce. Yo he dicho y repito que asumo las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado. Esto
no quiere decir -y también lo digo con toda franqueza- que yo tenga que asumir absolutamente todo lo que se contiene en ese dictamen. No tengo por qué, como ministra, asumir sus conclusiones. Sí asumo lo más importante que para mí es la reparación moral de las familias en el sentido y en la representación que supone, también desde este punto de vista, que la explicación que les estoy dando aquí en este momento para mí supone desde luego una petición de perdón por parte del Estado por no haber reconocido antes esa posición.
En el dictamen del Consejo de Estado creo que a veces se recogen apreciaciones -no me voy a enfrentar aquí con el Consejo de Estado porque le tengo que pedir muchos dictámenes, como ustedes se pueden imaginar- que a veces no casan muy bien con la realidad jurídica admitida en sentencias en los tribunales. Yo pertenezco al mundo del derecho y para mí lo que digan los tribunales -con todo respeto- tiene valor y lo tengo que admitir. Es verdad que los tribunales reconocen la responsabilidad penal o la civil en su caso y el Consejo de Estado está hablando de la responsabilidad patrimonial, pero el nexo de causalidad que utiliza el Consejo de Estado para la responsabilidad patrimonial objetiva desde mi punto de vista quizá podría haber sido traído más en conjunción con la sentencia. Pero eso no hace al caso, para mí no es lo importante porque el reconocimiento lo vamos a tener igual. Eso sí lo tengo que decir con claridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en relación con el famoso informe del teniente coronel Marino, la interpretación que hace el Consejo de Estado de ese informe para establecer la relación de causalidad no es la más precisa que se podía hacer, con todo el respeto a los dictámenes y al ponente y a quien haya hecho la ponencia. También, a la hora de citar alguna sentencia, el Consejo de Estado cita alguna sentencia que después ha sido anulada. Esto también me llamó la atención. Pero les vuelvo a decir que da igual porque lo más importante está recogido y se asume como propio.
En cuanto a la investigación -a la que también se refería el señor Rivera-, entiéndanme el sentido del término investigación. Les estoy exponiendo con toda claridad lo que tenemos hasta ahora, no sé si vamos a tener muchas más cosas. Lo vamos a seguir intentando y hasta ahora algunas cosas hemos conocido; mi responsabilidad es, primero, tratar de averiguar todo lo que se pueda. Creo que mis predecesores habrán hecho lo propio también; supongo. Porque es verdad que desde el año 2006 no ha habido ninguna iniciativa y que el mantenimiento de la petición de responsabilidad ha sido de los familiares, de la asociación. Esa ha sido la llama que ha estado ahí y lo quiero reconocer aquí. La llama ha sido la de la asociación no la de ningún grupo parlamentario de los que estamos aquí, incluido el mío. Eso es así y lo quiero dejar claro. Ellos han sido los que han estado ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo único que quiero decir es que intentaremos llegar a todas las conclusiones que podamos, pero no sé si vamos a poder llegar a muchas más. Se lo digo honradamente a todos los miembros de esta Comisión. Esto que estoy diciendo ahora hay gente a la que le parecerá fatal; nosotros vamos a buscar todo lo que podamos, pero dudo que algunas cosas que no se encontraron hace trece años ahora se puedan encontrar. Pero lo vamos a intentar. Creo que es muy importante, por eso lo digo y lo hago con claridad, cerrar el círculo y cerrar heridas, y no estar en una actitud de querer alargar los procesos todo lo posible para intentar sacar no sé qué réditos de ningún tipo. Porque además estoy segura -lo sé- de que eso no es lo que quiere la asociación de víctimas. Perdón por arrogarme la facultad de saberlo, pero estoy segura de que no es lo que quieren; quieren saber las cosas, pero no un alargamiento del dolor. Eso nunca se quiere, por razones obvias.
El seguro. Se refería a ello el señor Hernando y también se han referido el señor Iglesias y el señor Rivera. En el contrato que se cerró entre el Ministerio de Defensa y Namsa una de las especificaciones claras que se decía que el Estado español pedía era obviamente el contrato de seguro y en eso estaba incluido el coste, los 149.000. Claro que se pedía. Es verdad que en la última subcontratación se averiguó después que el contrato de seguro no estaba. Eso es verdad, sí. ¿Qué hizo el Estado? Pues, como entendía que el contrato de seguro tenía que estar, asumió la responsabilidad y pagó a los familiares de las víctimas. Lo pagó y, en el mismo acuerdo del Consejo de Ministros en el que se acuerda el pago, se dice también que el Estado repetirá contra aquel que es el responsable del pago; es decir, realizará las acciones oportunas para ir contra el que tenía que pagar, por decirlo de una manera más evidente. ¿Qué ocurrió en este caso? Esta pregunta también salió el otro día y en este caso ocurrió que el acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2003 anticipó a las víctimas el pago del seguro -porque se descubre que el seguro no estaba contratado; aunque tenía que estar en el contrato, efectivamente no estaba- que ascendía a un total de 4,65 millones de dólares. Se recoge igualmente en este acuerdo del Consejo de Ministros un mandato expreso para su recuperación por los medios jurídicos oportunos. A partir de ese momento se iniciaron, en colaboración con Namsa, una serie de actuaciones contra Chapman -que era el bróker responsable, de acuerdo con el contrato, de vigilar que hubiera seguro- para que
esta empresa -Chapman- reembolsara la cantidad anticipada por el Estado español. Estas actuaciones no llegaron a ningún término favorable y desembocaron en un procedimiento de arbitraje internacional entre Namsa y Chapman; se fue a un arbitraje internacional que tuvo lugar en París. El 29 de enero del año 2008 el tribunal de arbitraje dictó un laudo -que por su propia naturaleza es irrecurrible- que rechazaba la reclamación por falta de legitimación suficiente de Namsa; es decir, el tribunal de arbitraje le dijo a Namsa que no estaba legitimado para pedirle a Chapman que le devolviera lo que se había pagado del seguro, porque a Namsa se lo estaba pidiendo el Estado español. Le dijo que no estaba legitimado y, ante eso, hay una nota interior de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, de fecha 31 de enero del año 2008 -les recuerdo que el laudo es de 29 de enero de 2008-, en la que se ofrecen tres alternativas posibles para tratar de recuperar el dinero anticipado por el Estado español: la primera, que el Ministerio de Defensa se persone en el proceso de Zaragoza, de responsabilidad civil, que todavía estaba abierto, alternativa que se entiende por parte de la asesoría jurídica que no es oportuna ni conveniente para no entrar en competencia directa contra las familias y por razones sociales, políticas y mediáticas. Segunda alternativa, que Namsa ejerza la posibilidad reconocida en el laudo -en este laudo se le quita la razón pero se le reconoce esa posibilidad- de recurrir directamente contra Chapman, ya en los tribunales, si bien solo podía hacerlo por los perjuicios sufridos por ella como consecuencia del incumplimiento de contrato que hace Chapman con ella; es decir, no le podía repercutir la cantidad total del seguro, por decirlo de una manera más clara. Y la otra alternativa que se da por la asesoría jurídica es la de las acciones posibles, ya de índole política, ante la OTAN para reclamar a Namsa que le devuelva al Estado español esa cantidad que había anticipado a las víctimas. Sobre esto no existe ninguna constancia en el ministerio de que se haya hecho nada, así de claro. No se ha iniciado ni se inició ninguna actuación para reclamar el dinero que había pagado el Estado español. No lo hemos estudiado con más detenimiento, pero la prescripción opera. La posibilidad de reclamar lo que pagó en su día el Estado español parece muy remota, sobre todo teniendo en cuenta que el procedimiento de Zaragoza terminó y el Estado español no fue parte; quizá hubiera sido la forma más fácil de estar ahí, pero entonces se entendió -y seguro que con un criterio adecuado que no tengo que poner en duda- que no era bueno que el Estado español se personara en el procedimiento, y yo creo que también se haría por tener la mayor consideración con las víctimas. Lo digo porque se ha planteado en esta Comisión si se ha intentado recuperar ese dinero que se pagó y se anticipó por el seguro, y sé que también las víctimas tenían esa duda.
Con relación a las condiciones del vuelo, lo que yo les puedo decir es que, según la documentación que consta en el ministerio -yo no soy una técnica en estas materias como se pueden imaginar- y que constaba entonces, el avión tenía los certificados necesarios para volar. No digo que no hubiera que haber comprobado más, pero los tenía. Y también tenía los certificados la tripulación. Es verdad que se ha hablado aquí de muchas horas de vuelo de la tripulación, pero aquí también tengo que precisar, sin disculpar nada, que era una tripulación dual, es decir que iban dos tripulaciones, y que el tiempo máximo permitido en relación a las horas de vuelo se cumplió, aunque pueda parecer excesivo; pero se cumplió. Con independencia de ello, también el organismo que investigó el accidente refirió el fallo humano y las malas condiciones de la tripulación. Todo eso se pone y se reconoce en el dictamen del Consejo de Estado y lo ha reconocido este ministerio, pero también por clarificar el tema de las horas de vuelo de la tripulación, porque esa documentación también consta. Sí tengo que decir que en todos los informes que hay en el ministerio constan los certificados del vuelo, del avión y de la tripulación de que estaba en las condiciones necesarias para volar.
Con relación al mecanismo para las subcontrataciones, quiero decir que las subcontrataciones ni estaban prohibidas en los contratos iniciales ni son ilegales ni las pone tampoco en cuestión el tribunal ni el Consejo de Estado, eso se hace vinculándolo con la depreciación de los costes. Quiero recordar lo que he referido aquí con relación a la depreciación de costes para ser exactos con las cantidades, en primer lugar, y, en segundo lugar, para que se sepa lo que quedaba en cada sitio. Por supuesto, no me he puesto a averiguar si las empresas existen o no existen. Claro que existirían las empresas, estoy convencida de ello. Algunas de estas empresas, de las primeras, son empresas conocidas y reconocidas en el ámbito del transporte internacional. Esto es así y yo no lo voy a negar. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Y no digo que no se pudiera haber ejercido ese derecho de inspeccionar, que era un derecho, no una obligación, porque había un contrato donde una de las partes tenía esa obligación. Bien es verdad que en una situación de conflicto y en el lugar donde se realizaba el transporte cualquier actuación que hubiera ido a más a más, hubiera sido buena y eso no lo discute nadie.
Obviamente, en cuanto a las intervenciones que se han producido con relación a una persona en concreto, que fue tesorero de mi partido, diciendo no sé qué barbaridades, no voy a hacer alusión a ellas porque me parece ignominioso para las familias que están aquí. Me parece una vergüenza. Por tanto, ese tema voy a darlo por no oído, aunque ustedes estén en su derecho de decirlo; pero me parece una barbaridad.
Sí quiero decirles que desde hace tiempo existe un acuerdo marco de transporte de personal a operaciones. Tenemos, de acuerdo con las responsabilidades del ministerio y del organismo competente, la obligación de asesorar, planear, auxiliar en materia de apoyo logístico, movimiento y transporte, sostenimiento y protección medioambiental. Asimismo, se gestionarán y coordinarán los medios de transporte necesarios para el despliegue, sostenimiento, repliegue y apoyo de las fuerzas asignadas, según las responsabilidades del Mando de Operaciones. Fruto de esta responsabilidad surge la necesidad de contratar con operaciones civiles en el ámbito de personal a desplegar en zonas de operaciones y de ejercicios. Para hacer frente a esta necesidad se desarrolló un acuerdo marco en el ámbito del Ministerio de Defensa para el cual se emiten los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, y tras superar la fase de concurso se falló a favor de Air Europa la asignación de dicho acuerdo. Desde entonces este acuerdo se materializa en la firma de sucesivos contratos para el transporte de personal del ministerio a desplegar en operaciones y en ejercicios. Los acuerdos se firman por dos años, con una posible prórroga de otros dos, siendo el primero de ellos el del año 2005. Por tanto, se utilizan los servicios de una compañía aérea que tiene todas las licencias y certificaciones, y se obliga a que Air Europa, como adjudicataria actual de este servicio, sea la única compañía civil que lo proporcione. Esta es la situación en la que se producen hoy estos traslados de personal en el ámbito civil porque, aunque sea para misiones de paz, no están propiamente en el ámbito del transporte militar.
Son muchas las preguntas que se han trasladado por parte de los señores Iglesias y Rufián y a todas las que he podido contestar con rigor y con conocimiento de datos he contestado. Les tengo que decir que las responsabilidades penales están saldadas como tales porque vivimos en un Estado de Derecho. ¿Y qué puedo decir a los familiares de las víctimas que fueron mal identificadas? Les vuelvo a pedir perdón, claro que sí, en lo que me corresponde como representante del Estado en esta Comisión; del Estado desde aquel momento, porque desde aquel momento y antes también el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Y asimismo tengo que decir que hay una responsabilidad penal que se ha exigido y que se ha cumplido. Una de las personas ha fallecido, como saben muy bien los miembros de esta Comisión, y a las otras que estaban a las órdenes del fallecido se les permitió seguir con la carrera militar. Al fin y a la postre, aunque cumplieron su condena, se les permitió seguir con la carrera militar. Aquí puedo estar en acuerdo o en desacuerdo con la actuación anterior del Gobierno, que asumo, como es lógico; en este momento soy parte del actual Gobierno, pero es verdad que se trataba de personas que cumplían órdenes. Cuando uno conoce la jerarquía militar, eso se entiende; uno hace lo que le dicen. Cumplieron su condena y también lo tengo que decir, porque parece que no la cumplieran, pero lo hicieron.
Para terminar, y en cuanto a la normativa de la Comisión Internacional de Investigación de Accidentes sobre quién tiene que estar presente en esa comisión internacional de investigación, el país en el que ocurre el accidente es siempre el que dirige la investigación, por eso lo hizo Turquía, y participan el Estado de matrícula de la aeronave, el explotador de la aeronave y del diseño y fabricación del avión. Se permite la participación de los Estados que tienen nacionales fallecidos con unas prerrogativas específicas. Pero en cuanto a la citada pregunta, yo no estaba en aquellos momentos en el ministerio y sobre eso no les puedo informar más allá de lo que he dicho.
Quiero terminar como empecé, con independencia de lo que decida el señor presidente de la Comisión, y es reconociendo una vez más la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración en este suceso y reconociendo el deber que tenemos de honrar a nuestros soldados y a nuestras víctimas, y de defender y proteger, y también honrar, a los familiares de las víctimas que tanto han padecido estos años. Quiero asegurarles, en nombre de esta ministra, que por todo lo que hayan podido sufrir por el comportamiento del Estado durante todos estos años, en el sentido de lo que se hizo inicialmente pero también del no reconocimiento anterior de esa responsabilidad objetiva, esta ministra les pide perdón.
El señor PRESIDENTE: En consideración al carácter excepcional de esta comparecencia, voy a abrir un turno de réplica que ruego a sus señorías que sea breve. Lo haremos por el orden en el que lo hemos hecho hasta ahora.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente. Seré muy breve.
Señora ministra, me alegro y valoro que en esta segunda oportunidad usted haya pedido perdón. ¿Y sabe por qué lo ha tenido que hacer? Lo ha tenido que hacer porque hasta ahora ni sus antecesores del Partido Popular ni los máximos dirigentes del Partido Popular lo habían hecho con la solemnidad con que usted lo ha hecho, y eso es así porque las víctimas se lo han venido reclamando durante todo este tiempo. Por eso usted, catorce años después, ha tenido que pedir perdón en esta Cámara con esa solemnidad, y yo me alegro y lo valoro.
Insisto, nuestro grupo propone que cuando se produzca esa resolución en base a ese dictamen que usted asume, que sea el presidente del Gobierno el que con una declaración, solemne también, lo haga en esta Cámara y pida disculpas y pida perdón por las implicaciones y por formar parte de aquel Gobierno. En todo caso, hoy sí se ha dado un paso, un paso importante, en este cambio de actitud de su Gobierno respecto a la que tuvo aquel Gobierno del que formó parte Federico Trillo, al que usted sigue sin nombrar, aunque hoy haya dicho que algunos militares actuaron en virtud de una cadena de mando de la que el máximo responsable era el señor Trillo.
El señor RIVERA DÍAZ: Seré muy breve también, presidente.
Señora ministra, como ha visto y comprobado, pedir perdón es sano, es bueno. ¡Qué bien le sienta a este país que nadie tenga mayoría absoluta! Qué bien le sienta porque la arrogancia se convierte en cesión y porque el diálogo sucede a la supremacía de nadie. Creo que esto es importante porque hoy la ministra del Partido Popular pide perdón en esta Cámara catorce años después de que un ministro del Partido Popular no lo hiciera siendo el máximo responsable y esquivara toda responsabilidad sobre esto. Creo que eso sí que es cerrar un círculo; un círculo, ministra, que podríamos haber evitado porque, fíjese, si el señor Trillo, ministro en aquel momento con mayoría absoluta del Partido Popular, hubiera pedido perdón, hubiera investigado de manera ágil y responsable, y hubiera reconocido la responsabilidad patrimonial del Estado sin que tuviera que venir el Consejo de Estado a reconocerlo, seguramente se hubiera evitado muchísimo dolor no solo a las víctimas y a sus familiares en este caso, sino seguramente a muchísimas personas de las Fuerzas Armadas. Así que más vale tarde que nunca, más vale, aunque no sea con mayoría absoluta, en una Cámara como es el Congreso, en la casa de todos, y sobre todo, señora ministra, creo que esto demuestra también que pedir perdón, que pedir disculpas, aunque sea a la segunda, aunque sea catorce años después, siempre es mejor que no lo que hizo uno de sus compañeros de partido. Ya que usted es la secretaria general del Partido Popular, durante nueve años ha estado al frente de la Secretaría General del Partido Popular, si esto sirve para que en otros ámbitos la arrogancia pase al diálogo, para que la prepotencia se vea sucedida de la capacidad de llegar a acuerdos, creo que será bueno para España y para la recuperación de la confianza de los ciudadanos. Así que bienvenida sea la petición de perdón, creo que las víctimas se lo merecen y los familiares, como usted decía -la cito si me lo permite-, lo necesitaban.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivera.
Señora ministra, yo también le agradezco que haya pedido perdón en nombre del Gobierno catorce años después. Espero que esta petición de perdón sea extensible al presidente del Gobierno y que escuchemos también al señor Mariano Rajoy pedir perdón. Le agradezco además que comparezca aquí y que haya tratado de responder a algunas preguntas; hay que tener agallas para hacerlo y no todos los miembros de su Gobierno ni de Gobiernos anteriores han tenido las agallas de venir a esta Comisión, enfrentarse a las preguntas y además en presencia de los familiares de las víctimas. Eso merece mi
agradecimiento. Merece un agradecimiento también que el Ministerio de Defensa cambie de opinión y reconozca la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero aquí terminan los agradecimientos, y no espere por nuestra parte una voluntad de pasar página como han planteado los portavoces de sus aliados de Gobierno. Nosotros pensamos que pedir perdón está bien, pero sus respuestas a algunas preguntas que siguen siendo fundamentales no han sido satisfactorias y no basta a día de hoy pedir perdón. En particular me ha llamado la atención lo que usted señalaba a propósito de los cuarenta y dos contratos. Señalaba usted que al parecer nunca estuvieron en el Ministerio de Defensa o no se sabe si estuvieron en el Ministerio de Defensa. Si no estuvieron nunca, ¿cómo se puede hacer el seguimiento de unos contratos que firma el Ministerio de Defensa? Creo que esta es una laguna grave, y quiero pensar que a día de hoy cuando el Ministerio de Defensa firma un contrato para transportar a los militares de nuestra patria tiene en su poder al menos alguna copia de los contratos para poder hacer el seguimiento y no hacer, con todos los respetos, el ridículo en un tribunal de arbitraje internacional que quita la razón a la agencia con la que tenía que trabajar nuestro país y que después nuestro país no pleitea, presentando como aceptable en la cuarta economía del euro que el Estado asuma la responsabilidad patrimonial porque en un contrato para hacer volar un avión con sesenta y dos militares españoles no hay una póliza de seguro. Esto no puede volver a ocurrir y es normal que los familiares de las víctimas exijan garantías de que esto no pueda volver a ocurrir.
Está muy bien que ustedes asuman el dictamen del Consejo de Estado, pero no se puede asumir a medias. No puede hacer usted en su intervención una constante apelación a que el dictamen no es de cumplimiento obligatorio. El dictamen se acepta o no se acepta, no se puede aceptar solo una parte de los elementos del dictamen y después sembrar dudas sobre la rigurosidad de los otros elementos de ese dictamen. Y con ánimo constructivo le hago una serie de propuestas, de medidas que podemos tomar ahora que creo humildemente que van en el espíritu de lo que los familiares de las víctimas están planteando. La primera: hay que tomar medidas para depurar responsabilidades políticas; esto va más allá de las resoluciones judiciales. Es una humillación a España que el señor Federico Trillo haya sido ministro nombrado por este Gobierno; no se puede consentir que este señor ocupe nunca más un cargo público después de que ustedes reconocen la responsabilidad del Gobierno en una gestión digamos como mínimo negligente. Es inaceptable que los que ha quedado demostrado que son responsables en la cadena de mando puedan seguir disfrutando de premios, de condecoraciones, u ocupando cargos públicos de nombramiento gubernamental; es inaceptable que el jefe de prensa del señor Federico Trillo sea hoy jefe de informativos de la radio pública de este país.
La siguiente propuesta que le hago es crear una comisión de investigación para aclarar las cuestiones que quedan pendientes, y es que es evidente que quedan pendientes porque usted acaba de reconocer que no puede responder a todas las preguntas que le hemos formulado. Bueno, creemos una comisión aunque sea catorce años después, que atienda a las demandas de los familiares de las víctimas y que por fin esa comisión pueda investigar dónde están los contratos y quién o quiénes eran los responsables de custodiarlos o supervisarlos.
El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, debe finalizar.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Entiendo que haya podido prescribir la responsabilidad penal, pero al menos este país tiene derecho a saber ciertas cosas.
Por último, es necesario dotar presupuestariamente y con profesionales especializados la unidad de apoyo para las familias, para que esto nunca más vuelva a ocurrir.
Señora De Cospedal, valoro su petición de perdón y me gustaría que esto abriera una nueva época, pero me gustaría también que pidiera perdón el presidente del Gobierno.
Después de esta comparecencia aún me quedan algunos interrogantes y algunas preguntas que no se han respondido. Usted no me ha dicho si volveremos a ver al señor Trillo en la política activa y me hubiera gustado tener un compromiso de que esto no vamos a tener que soportarlo. Como digo, también quedan muchos interrogantes que espero que vayan siendo desvelados, sobre todo en lo relativo a la
repetición de las cantidades que se abonaron por ese seguro que finalmente no llegó a concertarse. No sé si finalmente cuando se abonó la cantidad de 75.000 euros a cada una de las víctimas no se les pidió una cesión de acciones que hubiera permitido seguir la cadena de reclamaciones. No sé cómo quedó exactamente esto, pero en cualquier caso es una cuestión importante. Y sobre todo creo que queda por responder aquí lo más obvio, lo que cualquier persona que nos esté viendo en su casa en la televisión se preguntará: ¿cómo es posible que se produjesen cuarenta y dos vuelos desde febrero de 2002 antes del accidente del Yak-42 y que estos vuelos no bastaran para comprobar que se estaba trasladando a personas en aviones cochambrosos, tripulados por gente que despedía escasa fiabilidad? Esto es lo obvio. Podemos darle las envolturas jurídicas que queramos, pero esto es lo que la gente sigue sin entender. Deseo que nunca más se vuelva a producir una tragedia como esta y que se sigan depurando las responsabilidades que aún quedan pendientes.
Intervendré muy brevemente, aún quedando cuestiones pendientes, para congratularnos por estos primeros pasos para la satisfacción moral que ahora empieza a darse a los familiares de los fallecidos en aquel luctuoso hecho de hace ahora casi catorce años.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Rufián.
Intervendré brevemente. Casi este turno de réplica sería más conveniente para los familiares que para nosotros, para ver qué les ha parecido la intervención de la ministra, pero haré varios apuntes. Uno, la verdad es que se ha pedido perdón -bienvenido sea-, pero casi casi como si esto de lo que estamos hablando fuera una travesura, un incidente aislado o un despiste, cuando estamos frente a soldados que en su momento se llegaron a despedir vía mail de sus familiares ante el aspecto de los aviones que cogían. Dos, no sabemos si el señor Trillo volverá a acceder a algún tipo de cargo; seguramente sí. Tres, lo de la caja B del PP no lo digo yo, lo dice el juez Ruz. Lo dice un juez, es decir, no es un invento de nadie. Y, cuatro, simplemente quiero decir para acabar que espero que nunca más la incompetencia de un Gobierno tape actuaciones tan miserables como esta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rufián.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Tarno.
Gracias, señora ministra. Ha vuelto a ser en su intervención exhaustiva, rigurosa, precisa y ha aclarado dudas e incertidumbres. Hoy sabemos que nadie solicitó los cuarenta y dos contratos anteriores. Hoy sabemos que nadie decidió reclamar a la compañía Chapman el seguro y hoy también sabemos que hasta el día de la fecha nadie había pedido perdón en nombre del Estado y nadie había asumido la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado. Hoy usted ha dado un paso al frente, ha asumido dicha responsabilidad patrimonial del Estado, ha pedido perdón en nombre del Estado y eso le honra. Mi grupo y yo mismo nos sumamos a esa petición de perdón, como parte del Estado que somos. Por eso, una vez más, gracias por las aclaraciones; hoy todos sabemos un poco más qué es lo que pasó esos días, y ojalá que siga usted trabajando para que sepamos mucho más. Han pasado catorce años y ha tenido que venir usted a ofrecer información. Yo invito a todos los miembros de la Comisión que se lean las comparecencias de otros ministros sobre este asunto, y si lo que hicieron es política o información rigurosa y exhaustiva como ha hecho hoy la señora ministra.
Tiene la palabra, si así lo desea, la señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (De Cospedal García): Presidente, intervendré muy brevemente. Agradezco a todos los portavoces sus intervenciones y también el tono de las mismas. Reitero lo que ya he dicho, que es el compromiso -porque creo que no hay nada oscuro, y lo digo sinceramente- de encontrar toda la información que podamos, si se puede encontrar. Otra cosa es que se pretenda hacer una auditoría de toda la vida del Ministerio de Defensa, porque, claro, podríamos remontarnos hasta el año que quisiéramos, pero no solo con este tipo de actuaciones, sino con muchas. Muchas veces en la actividad administrativa -y no quiero utilizar el lenguaje administrativo que he tenido que usar en mi intervención porque quería ser rigurosa- y en la contratación internacional el contrato físico no existe porque hay un acuerdo marco general y, a partir de ahí, se van haciendo encargos, y es muy fácil que eso haya ocurrido así en los contratos anteriores. No obstante, ese compromiso de búsqueda lo mantengo.
Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, sobre todo, a los familiares que nos han acompañado por su paciencia y por su actitud. Gracias. (Aplausos).
Reiterando el agradecimiento a nuestros invitados, a la señora ministra y a todas sus señorías, se levanta la sesión.

References: artículo 61
 resolución 
 resolución 
 artículo 142
 artículo 106
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 Real Decreto 
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