Source: https://www.anticorrupcion.eu/news/instan-al-defensor-del-pueblo-a-que-presente-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-el-decreto-que-modifica-la-patria-potestad/
Timestamp: 2019-06-25 12:13:59+00:00

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Instan al Defensor del Pueblo a que presente recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que modifica la patria potestad - Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción
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Nunca se había modificado el Código Civil por decreto, pero es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en el mes de agosto -para que pase inadvertido- con el fin de dar competencias a las asistentas sociales de los Ayuntamientos para decidir sobre la custodia de los hijos, de forma que no es preciso una decisión judicial. Se genera una total inseguridad jurídica además de suplantar a los jueces, en un ataque al Poder Judicial. La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción ha remitido escrito al Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán instándole a presentar recurso de inconstitucionalidad.
Otra vía es la presentación de un recurso a través de un grupo político con 50 diputados. Vox ha anunciado que derogará este decreto, pero en el momento actual carece de representación.
Ante la gravedad de este hecho, y para la mejor información de los lectores, reproducimos íntegro el escrito presentado por la AECC en la oficina del Defensor del Pueblo:
Que por medio del presente escrito, y en uso de la legitimación que a la Institución que preside le confieren los artículos 162.a.a), 32. Uno de la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y 29 de la LO 3/1981, de 6 de abril del Defensor del Pueblo, venimos a solicitarle que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 9/2018, aprobado el pasado 3 de Agosto de 2018, para introducir ‘medidas urgentes’ de desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género.
Primera.- Se publicó en el BOE en plenas vacaciones estivales, con el objeto de pasar lo más desapercibido posible, utilizando un decreto ley para modificar una normal esencial, nuestro Código Civil; hecho insólito y único desde la aprobación de nuestra Constitución de 1978.
Segunda.- Se utiliza por parte del Gobierno ese instrumento legislativo para alterar aspectos básicos de la Patria Potestad.
Tercera.- Invade competencias de la Ley de colegios profesionales 2/1974 e invalida sus Estatutos y Códigos deontológicos, dado que suprime a la figura del padre en el consentimiento que tienen que hacer ambos progenitores para que un menor sea explorado por un psicólogo faltando la autorización o mandato Judicial expreso para ello.
Cuarto.- Remitiéndonos al exhaustivo y acertado análisis que realiza la Letrada Doña Verónica del Carpio en la página
https://elotroblogdeveronicadelcarpio.com/2018/08/08/inconstitucionalidad-parcial-del-real-decreto-ley-9-2018-de-3-de-agosto-de-medidas-urgentes-para-el-desarrollo-del-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero/ indica textualmente lo siguiente:
Absolutamente ningún objetivo o materia faculta ni a ningún Gobierno ni a ningún legislador a vulnerar principios esenciales de la Constitución y del Estado de Derecho, por muy loable y compartible que sean el objetivo y la materia, y la lucha contra la violencia de género no es una excepción porque no existe ni debe existir ninguna excepción. Deber social irrenunciable de quienes somos juristas es poner de manifiesto esas vulneraciones si entendemos que concurren conforme a nuestro leal saber y entender, sean cuales sean la tendencia ideológica del Gobierno y la materia y el objetivo de la norma, y aunque compartamos los objetivos de la norma e incluso, precisamente, porque los compartimos. El Gobierno del Sr. Sánchez-Castejón, del PSOE, ha aprobado el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha de 4 de agosto de 2018, sábado, con entrada en vigor del día siguiente, enlace a BOE (https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf), y entiendo que al hacerlo así, por real decreto-ley y con ese contenido, el Gobierno ha cometido un error jurídico de alcance constitucional en perjuicio, además, de los propios objetivos que persigue.
Por otra parte, la patria potestad no solo se regula en el Código Civil, sino también, en parte, por normativa autonómica. Hay diversas Comunidades autónomas con competencia en materia de regulación de relaciones paterno filiales, con diverso alcance, y con exclusión de la normativa estatal, enumeración indicativa aquí (https://www.iberley.es/temas/relaciones-paterno-filiales-territorios-derecho-civil-propio-59608). Una cosa es que la diversa regulación resultante de cambios normativos se haga por las Cortes, para el territorio español en el que en esta materia tiene competencia, y otra distinta que por mero real decreto-ley el Gobierno haya dado lugar a la paradójica situación de que en esa materia concreta de menores víctima de violencia directamente o en la persona de un progenitor haya dos regulaciones y dos tipos de víctimas, las sometidas a la normativa estatal y las sometidas a la normativa autonómica allá donde existan, y que siguen como antes.
El Real Decreto-Ley 9/2018 consta de un extenso artículo único, una disposición adicional única, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Las vulneraciones de inconstitucionalidad se refieren a infracción del artículo 86 de la Constitución, enlace a ese artículo 86 aquí(http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=86&tipo=2).
Ambos requisitos han de concurrir en un real decreto-ley, y la falta de cualquiera de ellos lo convierte en inconstitucional y mucho me temo que, conforme a mi leal saber y entender no concurre ninguno de los dos, como explico a continuación.
El propio Código Civil, que abarca tantas materias, de Derecho de Familia y de muchos otros campos normativos, jamás ha sido modificado por real decreto-ley desde la Constitución. En este enlace al BOE(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20170629&tn=6) y en este otro enlace a una web de recopilación normativa (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20170629&tn=6) incluyo el largo listado de modificaciones del Código Civil desde la Constitución, con las normas que han dado lugar a esa modificación, ninguna de las cuales es un RDL.
No debe inducir a error que, en periodo preconstitucional, es decir, antes de la Constitución en diciembre de 1978, dos veces se modificó por real decreto-ley el Código Civil desde que se aprobó la versión inicial en 1889: una hace 90 años, en 1928, enlace (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1928-465), y otra en noviembre de 1978, enlace (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-28627). En ambos casos se trata de unos reales decretos leyes en modo alguno jurídicamente equiparables a los reales decretos-leyes de ahora porque correspondían a otro contexto constitucional y tenían otra regulación constitucional completamente diferente. Es mera coincidencia de nombre entre instituciones distintas.
Voy a mencionar, además, que en algún caso en los que se han regulado por real decreto-ley materias que en principio afectan a Derecho Privado, había un componente importante especial, la necesidad de transponer una directiva en plazo y, además, la oposición, PSOE incluido, criticó el abuso del real decreto-ley, y el Congreso acordó tramitarlo como proyecto de ley por la necesidad de poder mejorar el texto. Voy a citar el caso del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de Mediación en Asuntos Civiles y mercantiles. dictado por el Gobierno del Sr. Rajoy, del Partido Popular, enlace a tramitación parlamentaria aquí
(http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/PL_023.PDF#%5B%7B%22num%22%3A82%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C794%5D)
A estas causas de exclusión por razón de la materia hay que añadir la contemplada en el artículo 81.1 de la Constitución, cuando se trate de materia de ley orgánica, enlace aquí.(http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=81&tipo=2)
Obsérvese que, entre otras materias, el artículo 86 de la Constitución excluye expresamente de la posibilidad de real decreto ley si afecta a “los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I”. Vayamos al Título I de la Constitución “De los derechos y deberes fundamentales”, enlace aquí. (http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=55&tipo=2)
Y como la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 9/2018 afecta a estos temas de lleno, porque afecta al núcleo, la patria potestad, es inconstitucional por razón de la materia.
Por mencionar sin excesivos matices datos jurisprudenciales, en palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional 199/2015, de 24 de septiembre de 2015, enlace aquí,(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11713) “[…] este Tribunal ha exigido que, cuando se denuncia la vulneración del presupuesto de hecho habilitante respecto, no de la totalidad de un decreto-ley, sino únicamente en relación con uno o alguno de sus preceptos, ha de analizarse la concurrencia de la necesaria justificación ad casum de la «extraordinaria y urgente necesidad» en relación con los preceptos concretamente impugnados (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6; 170/2012, de 4 de octubre, FJ 5, y 29/2015, de 19 de febrero, FJ 3)”o la importante sentencia reciente 61/2018, de 7 de junio, enlace aquí. (http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25681)
Primero, una reflexión en general, sobre las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, enlace aquí. (http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/Pacto_de_estado_contra_la_violencia_de_genero.pdf)
Se dice en el Preámbulo que “La protección de los menores, hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género constituye uno de los ejes del Pacto de Estado que exige una respuesta más urgente”, que se debe por tanto modificar el artículo 156 del Código Civil. Sorprende el razonamiento. Si en efecto lo más urgente es lo relativo a menores, ¿por qué no se han incluido otras cuestiones de modificación del Código Civil a las que también hacían referencia las propuestas del Pacto de Estado, enlace aquí(http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/Pacto_de_estado_contra_la_violencia_de_genero.pdf), como, por ejemplo, las nº 144, 145 y 146?
la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2011, de 17 de marzo, enlace aquí, (http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6813) en un caso en que el precepto del real decreto-ley en realidad se limitaba en su alcance a posibilitar los acuerdos previstos entre Estado y Comunidades Autónomas, sin imponer su conclusión
y la sentencia del Tribunal Constitucional 199/2015, de 24 de septiembre de 2015, enlace aquí(http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24623)
en lo que respecta, concretamente, al famoso intento de encomendar la llevanza del Registro Civil a los registradores mercantiles, que intentó por real decreto-ley el Gobierno del Sr. Rajoy, del Partido Popular, siendo ministro de Justicia el Sr. Gallardón. En este último caso “el contenido y aplicación concreta del nuevo sistema de llevanza del Registro Civil quedan condicionados a un futuro desarrollo normativo del decreto-ley” y “se condiciona la efectividad del cambio de régimen de llevanza a la aprobación de las pertinentes modificaciones”.
En este sentido, también la abogada de familia Doña Isabel Winkels, de manera muy acertada indica también que ‘un simple informe de los servicios sociales sea suficiente para conferir la condición de víctima de violencia de género, saltándose el control judicial por las bravas’…la consecuencia es que la pareja o expareja pasa a ser calificado de agresor por la vía de los hechos, en claro atentado de la presunción de inocencia.
Desde esta Asociación, volvemos a recordar el gravísimo y perjudicial efecto que están teniendo los informes confeccionados tanto por los equipos psicosociales alegales y adscritos (funcionalmente dependientes del juzgador) en los juzgados de familia y de los equipos de los servicios sociales, que sin prueba alguna, confeccionan informes manifiestamente tergiversados y manipulados para beneficiar a uno de los progenitores, normalmente la madre, causando un daño irreparable a los menores y a la relación paterno filial entre los menores y el padre perjudicado por el informes tergiversados.
Quinto: Se vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, al existir una clara discriminación por razón de sexo y orientación sexual. Los hombres y los no heterosexuales no podrán acogerse a este mecanismo de protección en caso de sufrir violencia por parte de su pareja.
Sexto: Se vulnera el artículo 24 de la Constitución Española sobre el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.
Séptimo: Se vulnera el artículo 18 de la Constitución Española, al entender que se vulnera la propia imagen del demandado o progenitor varón y del resto de hombres de este país ya que se autoriza a hacer un informe a los servicios sociales y ‘entidades privadas’ acreditadas, permitiendo devaluar la imagen del padre de manera sistemática, sin conocerlo siquiera, por medio de opiniones y valoraciones sin prueba ni fundamento alguno. Este informe podrá utilizarse en contra del padre y por extensión de sus hijos en un procedimiento.
Octavo: Vulneración del artículo 26 de la Constitución Española, al convertir los Servicios Sociales y la entidades privadas en Tribunales de Honor de defensa de las mujeres, sin proceso alguno con relación al padre, el cual tiene vetada cualquier intervención. Estos informes servirán para preconstituir prueba ‘falsa’ , sin nungún mecanismo de control judicial, vulnerando el derecho a la defensa del progenitor varón.
Noveno: Vulneración de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, al menos en los siguientes artículos:
Artículo 1: sobre el derecho a la dignidad humana.
Artículo 2: sobre el derecho a la integridad psíquica dado que este Real Decreto generá un miedo evidente en cualquier padre de ser acusado falsamente en juicio de maltratador.
Artículo 7: sobre el derecho a la vida privada al invadir las competencias de los progenitores.
Artículo 20: sobre el derecho a la igualdad, ya que se prohíbe toda discriminación por razón entre otras de sexo…
Artículo 24: Sobre el derecho de los niños a tener contacto con su padre y su madre.
Artículo 47: sobre el derecho a un juez predeterminado por la ley, imparcial, dado que estos servicios sociales y entidades privadas, carecerán de imparcialidad alguna al dar solo apoyo a una parte de la población por razón de sexo y a la otra parte no.
Artículo 48 : sobre el derecho de defensa y a la presunción de inocencia.
AL DEFENSOR DEL PUEBLO SOLICITAMOS, que teniendo por presentado este escrito, lo admita y en su virtud acceda a lo solicitado procediendo a la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 9/2018, de 3 de Agosto.
En Madrid a 16 de Agosto de 2018
Don Manuel Romeral Frías Don Eugenio Martín Closas

References: artículo 86
 artículo 86
 artículo 81
 artículo 86
 real decreto 
 artículo 156
 artículo 14
 artículo 24
 artículo 18
 artículo 26

Artículo 1

Artículo 2
 Real Decreto 

Artículo 7

Artículo 20

Artículo 24

Artículo 47

Artículo 48
 Real Decreto