Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S61-05.html
Timestamp: 2014-10-31 15:51:57+00:00

Document:
Lucía Morales Compagnon e Hijos v. Chile, Caso 698/03, Informe No. 61/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 61/05[1]
LUCÍA MORALES COMPAGNON E HIJOS CHILE
5. La petición alega que el 17 de septiembre de 1973, el señor Jorge Ovidio Osorio Zamora, militante socialista y profesor de la Universidad de Chile, fue detenido en su lugar de trabajo por personal de Investigaciones de Chile. De allí fue trasladado a la Cárcel Pública de la Serena donde quedó a disposición de funcionarios militares. En ese lugar fue visitado por su cónyuge en diversas ocasiones. El 16 de octubre de 1973, el peticionario fue ejecutado junto con otras 14 personas en el Regimiento Militar Arica. De acuerdo con la petición, esta ejecución se realizó ordenada por funcionarios de la denominada “Caravana de la Muerte”, cuya jefatura militar informó, a través de la prensa, que “Conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempo de Guerra se ejecutó a las siguientes personas (…) Jorge Ovidio Osorio Zamora y otras 14 personas”. La petición denuncia igualmente que el cadáver del señor Osorio fue inhumado ilegalmente en una fosa común del Cementerio La Serena. 6. Según lo señalado por el peticionario, estos hechos fueron reconocidos por el Estado chileno a través del Informe Oficial de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (“Comisión Rettig”), el cual señaló que las quince ejecuciones habían sido realizadas por funcionarios oficiales al margen de todo proceso legal y que los cuerpos habían sido sepultados de manera clandestina. Aduce el peticionario que sólo hasta 1998, un vez advenido el régimen democrático, se pudo realizar la exhumación de restos de la mencionada fosa común, los cuales permitieron establecer que el señor Osorio había sido torturado antes de ser asesinado. 7. El peticionario alega que estos hechos fueron investigados judicialmente por tribunales militares que no llegaron a ninguna conclusión positiva, dictándose sobreseimiento definitivo de la causa con base en la ley de amnistía. No obstante, señala que a partir de 1998 se comenzaron a interponer querellas contra Augusto Pinochet en la Corte de Apelaciones de Santiago, “logrando hacer avanzar la investigación denominada la Caravana de la Muerte, procesando a un importante número de militares. Dicho proceso se encuentra actualmente en tramitación.
8. En 1997, la esposa y los hijos del señor Osorio Zamora presentaron una demanda por indemnizaciones ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago (Juicio “Morales con Fisco de Chile, Rol 4720-97). El 27 de enero de 1999, el Octavo Juzgado Civil negó la reparación solicitada, aduciendo que conforme a las normas de derecho civil, la acción indemnizatoria estaba prescrita. Los demandantes apelaron dicho fallo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Dicho tribunal, a través de sentencia de 10 de diciembre de 2002, confirmó el fallo de primera instancia. Contra este fallo, los demandantes interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia que fue declarado desierto el 25 de marzo de 2003, por no haberse cumplido con la formalidad en su tramitación consistente en el pago de unas fotocopias. Así, el expediente volvió al tribunal de origen y con fecha 2 de abril de 2003 se dictó la resolución de “cúmplase” que es la última decisión pronunciada en la causa. 9. La señora Morales recibió una pensión de subsistencia (cónyuges) y beneficios de educación y salud a determinados beneficiarios (hijos) hasta el cumplimiento de una determinada edad bajo la Ley 19.123. Los gobiernos constitucionales otorgaron esos beneficios a familiares de las victimas, afirma el peticionario, pero no se puede confundir esas pensiones y beneficios asistenciales y de subsistencia con medidas reales de reparación. 10. El peticionario denuncia que la aplicación de normas de derecho civil, destinadas a regular las relaciones entre particulares, a un conflicto de derecho público reglado por la Constitución y los Tratados Internacionales de derechos humanos es “extraordinariamente erróneo, perjudicial para el interés de las víctimas, sus familiares y violatorio del derecho internacional de los derechos humanos”. Así, al aplicar los jueces estas disposiciones que niegan el derecho a la reparación, ponen al Estado de Chile en una flagrante situación de vulneración de la Convención Americana, puesto que de acuerdo con el artículo 2(1) de ese tratado, los Estados deben adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convención, lo cual no ha ocurrido en la especie. Por tanto, el peticionario solicitó a la Comisión que acogiera la denuncia y declarara que las resoluciones de los tribunales de justicia chilenos, al aplicar las normas de prescripción del derecho civil a la temática de las violaciones de derechos humanos y con ello impedir la justa reparación a los familiares de las víctimas, viola los compromisos asumidos por el Estado de Chile al suscribir la Convención Americana, en particular los derechos consagrados en los artículos 1(1), 2, 8 y 25 de este tratado.
B. Posición del Estado 11. En su respuesta, el Estado manifestó que proporcionaba información a una denuncia referente a hechos ocurridos durante el régimen militar que estuvo en el poder en Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
17. La Comisión, previamente al análisis de la admisibilidad de la denuncia, lo considera necesario aclarar que el peticionario en el presente caso no denunció la ejecución extrajudicial del señor Jorge Ovidio Osorio Zamora, ni una posible violación del artículo 4 de la Convención Americana. El objeto de la denuncia tampoco concierne la investigación penal de esa ejecución extrajudicial. El peticionario cuestiona la negativa de los tribunales chilenos de conceder una indemnización a la señora Morales, sobre todo después del reconocimiento de la responsabilidad estatal por el caso en el “Informe Rettig”, y la compatibilidad de tales decisiones con las obligaciones del Estado bajo la Convención Americana. B. Competencia de la Comisión ratione materiae, ratione personae, ratione temporis, y ratione loci
22. En el presente caso, la totalidad del proceso judicial que constituye el objeto de la denuncia, se desarrolló con posterioridad a la fecha de la ratificación de la Convención Americana. En adición, la Comisión posee competencia ratione temporis, porque las sentencias se dictaron el 27 de enero de 1999, el 25 de marzo de 2003 y el 2 de abril de 2003, fechas en que ya estaba en vigor para el Estado chileno la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en el Convención Americana. 23. La Comisión posee competencia ratione loci, ya que las violaciones de derechos alegadas ocurrieron dentro del territorio de un Estado parte de la Convención Americana. C. Otros requisitos de admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos
25. El artículo 46(1)(b) de la Convención establece que toda petición debe presentarse dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya notificado al peticionario la sentencia definitiva que agota los recursos internos. El peticionario alega que la denegación de justicia se consumó con la sentencia de la Corte Suprema del 25 de marzo de 2003. El peticionario presentó su denuncia ante la Comisión el 3 de septiembre de 2003. La Comisión concluye que la petición se presentó dentro del período establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención. 3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales
26. La Comisión entiende que en lo sustancial la petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y que no es sustancialmente la reproducción de ninguna petición anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional. Por lo tanto se cumplieron también los requisitos establecidos en los 46(1)(c) y 47(d) de la Convención. 4. Caracterización de los hechos alegados
27. La Comisión toma nota de que en la petición se plantean importantes cuestiones referentes a la denegación de justicia por la falta de reparación civil de de los familiares de una víctima de graves violaciones a sus derechos humanos que han sido cobijadas por impunidad penal a través la aplicación de una ley de amnistía que perpetua el incumplimiento del Estado de sus obligaciones de respeto, garantía y adopción de medidas adecuadas a nivel interno. Por tanto, la Comisión concluye que en la denuncia del peticionario se describen actos que, de ser probados, podrían configurar violaciones a los derechos protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones de los artículos 1(1) y 2, por lo cual se han cumplido los requisitos del artículo 47(b). V. CONCLUSIÓN
28. En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, la Comisión concluye que el caso de que se trata cumple los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana y, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
[1] El Comisionado José Zalaquett, de nacionalidad chilena, no participó en las deliberaciones ni en la decisión del caso de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la Comisión. [2] Además el peticionario alegó violación de los artículo 4, 5, 7, 24 y 63(1), los cuales no fueron sustentados por la denuncia. La Comisión decidió durante su 119º periodo de sesiones de abrir este caso, entre otros, por la alegada violación del derecho a garantías judiciales. Como se explica en el párrafo 17 (infra) el meollo de la petición se refiere al rechazo de una reparación judicial y no a la ejecución extrajudicial del señor Osorio. [3] El artículo 30(3) del Reglamento de la Comisión prevé: “El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de dicho plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no concederá prorrogas que excedan de tres meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de información del Estado.” La Comisión debería no tomar en cuenta una respuesta extemporánea del Estado, pero en este caso, por la trascendencia del tema, la tomará en consideración. [4] “Desierto” es un termino jurídico usado en Chile que significa “un recurso que no se sostiene luego en plazo o forma”.

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 46
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 30