Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.cl/vid/pablo-andres-forcelledo-parada-708339549
Timestamp: 2020-07-08 15:12:00+00:00

Document:
Causa nº 1378/2018 (Queja). Resolución nº 22 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 9 de Abril de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 708339549
Movimiento: ACOGIDO RECURSO DE QUEJA (M)
Rol de Ingreso: 1378/2018
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 409-2017 - C.A. de Temuco
Rol de Ingreso en Primer Instancia: O-90-2017 - 1º JUZGADO DE LETRAS DE ANGOL
Santiago, nueve de abril de dos mil dieciocho. Visto y teniendo presente:
Que don E.C.D., abogado, en representación de don P.A.F.P., demandante en los autos laborales Rit O-90-2017, del Primer Juzgado de Letras de Angol, deduce recurso de queja en contra de los integrantes de una de las salas de la Corte de Apelaciones de Temuco, ministra señora Adriana Cecilia Aravena López, ministra suplente señora María Georgina Gutiérrez Aravena y abogada integrante señora Hellen Teresita Pacheco Cornejo, pues por resolución de diecinueve de enero pasado confirmaron aquella que acogió la excepción opuesta por la demandada y declaró prescrita la acción de cobro de prestaciones.
Luego de reproducir la resolución de segundo grado, señala que el criterio que contiene priva al actor del legítimo derecho a demandar sus pretensiones y que sean resueltas conforme a la prueba que rindan las partes, porque se concluyó que el plazo que tenía para reclamar debía contarse desde la fecha de la renuncia presentada en marzo de 2016 y no desde la del término de los servicios, ocurrido el 7 de abril de 2017, al interpretar erróneamente las normas sobre prescripción del derecho común y el inciso tercero del artículo 510 del Código del Trabajo, pues no se consideró que dedujo una demanda declarativa de existencia de la relación laboral y de nulidad del despido.
Solicita, en definitiva, que se revoque la sentencia apelada, rechazándose la excepción de prescripción deducida por la demandada, con costas. No solicita aplicar sanciones a las magistradas, pues lo que interesa es que exista seguridad jurídica y amparo en los derechos de los trabajadores que son traspasados a contratas y luego son despedidos sin la posibilidad de accionar respecto de sus derechos laborales.
Que las recurridas informaron que se trata de un asunto de interpretación de ley y que optaron por la que consideraron aplicable conforme a derecho, por lo que estiman que no existe falta o abuso, ni menos que sea grave en los términos que exige el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales.
Al efecto, expresaron que entre las partes no hubo discusión acerca de que la modalidad de contratación vigente entre el mes de abril de 2012 y el 28 de febrero de 2016, fue a honorarios, período por el cual se demandó se declarara la existencia de relación laboral, y que el correspondiente al comprendido entre el 1 de marzo de 2016 y el 7 de abril de 2017, fue a contrata. Por otra parte, indicaron que el actor pretendía que se considerara que la relación laboral finalizó el 7 de abril de 2017, esto es, en la fecha en que se puso término a su contrata en calidad de funcionario público. Por lo anterior, estimaron que para los efectos de las obligaciones vigentes en el período en que el actor se desempeñó a contrata no era posible que se rigiera tanto por el Estatuto Administrativo como por el Código del Trabajo, puesto que implicaba superponer dos estatutos jurídicos diferentes a una misma situación, lo que resultaba incoherente jurídicamente, por lo que coligieron que el razonamiento acertado era aquél manifestado en la sentencia apelada.
Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, nominado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y su acápite primero, que lleva el nombre de “Las facultades disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.
Que, en consecuencia, para que proceda el recurso de queja es menester que los jueces hayan dictado una resolución cometiendo falta o abuso grave, esto es, de mucha entidad o importancia, único contexto que autoriza aplicarles una sanción disciplinaria que debería imponerse si se lo acoge. Según la doctrina, con dicha forma de concebir el referido recurso “…se recoge el interés del Ejecutivo y de la Suprema de limitar la procedencia (sólo para abusos o faltas graves), poniendo fin a la utilización del recurso de queja para combatir el simple error judicial y las diferencias de criterio jurídico…” (B.A., J.M., El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40).
Por lo tanto, se puede concluir que no es un medio que permita refutar cualquier discrepancia jurídica o errores que un juez haya cometido en el ejercicio de la labor jurisdiccional. Dicha postura es la que esta Corte ha adoptado de manera invariable, según consta, entre otras, en las sentencias dictadas en los autos número de Rol 10.243-11, 1.701-2013 y 3.924-2013 de 11 de enero de 2012, y de 23 de marzo y 28 de agosto, ambas de 2013, respectivamente.
Que esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura, entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (M.M.R. y C.M.M., Los recursos procesales, Editorial Jurídica, Santiago, año 2010, p. 387).
En este sentido es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir “faltas o abusos graves” cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia”, y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia (B.A., J.M., El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a la tutela judicial...

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 510
 artículo 545
 artículo 545
 resolución 
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 artículo 545