Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/11/registro-oficial-14-de-noviembre-del-2000
Timestamp: 2020-07-13 21:37:04+00:00

Document:
Registro Oficial. 14 de NOVIEMBRE del 2000
\n 22-559 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Ley para\n la Premoción de la Inversión y Participación\n Ciudadana
\n 22-560 Proyecto de Ley de\n Fondo de Pensiones de los servidores y trabaiadores del Sistema\n de Telecomunicaciones Nacional "CANACIET"
\n 22-561 Proyecto de Ley de\n Reforma a la Ley de Vacunas
\n 22-562 Proyecto de Ley de Reforma a la Ley General\n de Seguros
\n Modifícase el Reglamento Orgánico\n Funcional,\n publicado en el Registro Oficial No. 309 de 29 de octubre de\n 1999
\n 155 Delégase al señor\n economista Francisco Rendón Pantaleón, Subsecretario\n General de Finanzes, para que asista a las sesiones del Directorio\n de Autoridad Portuaria de Guayaquil, desde el 20 de octubre al\n 10 de noviembre del presente año
\n Reajústase, revísanse y/o niéganse Ios reajustes\n de precios de venta a farmacia y al público en todo el\n territorio nacional de los productos farmacéuticos elaborados\n por las siguientes empresas:
\n 07l-DDE Quifatex S.A.
\n 072-DDE Laboratorios Farmacéuticas\n Bagó S.A
\n 073-DDE Acromax
\n 074-DDE Hoeschst Eteco S.A.
\n O69 Emítese el mecanismo\n para la recaudación y entrega a la CORPEI de las cuotas\n redimibles establecidas en el literal e) del artículo\n 22 de la LEXI, respecto a la contribución del 0.5 por\n mil del valor FOB de las exportaciones de petróleo y sus\n derivados
\n 040 Apruébase un incremento de hasta\n el 50% en los sueldos básicos vigentes, de los servidores\n que laboran en forma permanente en la Bienal Internacional de\n Pintura
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n 338-2000 Olga María Maisincho en contra\n de Miguel Suquillo Muzo y otro
\n 339-2000 Jéssica Priscila\n Rodríguez Piedrahita en contra de Víctor Manuel\n Cabrera Toala y otros
\n 341-2000 Rubén Angel\n Toledo Pacheco en contra de Hugo Efraín Luna Castillo\n
\n 342-2000 Asesoría Jurídica\n y Servicios Integrados Aserjuri en contra de Pacifictel S.A.\n y otro
\n 343-2000 Hilda Urquiza Andrade\n en contra de Ernesto Vélez Zambrano
\n 350-2000 Efraín Alvino\n Cuenca Cuenca en contra de Juan Humberto Rosales Villalta
\n 352-2000 Max Geovanny Palacios\n Alvarado en contra de Fraacisco Alcívar Buele
\n 353-2000 María Liduvina\n Plaza en contra de Maria Natividad Roche
\n 354-2000 Luis Carrasco Velástegui\n en contra de José Masabanda Egües
\n 355-2000 Martha Cecilia Janeta\n Aguagallo y otros en contra de Etelvina Bulla Lozada
\n Cantón Bolívar:\n De estabilidad y promoción del servidor público\n \n \n
NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE\n TERRESTRE Y LEY PARA LA PROMOCION DE INVERSION Y PARTICIPACION\n CIUDADANA".
CODIGO: 22 - 559.
AUSPICIO: REGINA GORDILLO CORDOVA.
INGRESO: 24 - 10 - 99.
COMISION: DE LO ECONOMICO, AGRARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
\n A COMISION: 25 - 10 - 99.
La Cruz Roja Ecuatoriana es una institución de servicio\n social, creada con la finalidad de prevenir y aliviar el sufrimiento\n de la humanidad en cualquier circunstancia y, que tiende a proteger\n la vida y la salud humana.
Es fundamental reformar la Ley de Tránsito y Transporte\n Terrestre en lo atinente a la forma de distribución de\n las multas establecidas en el Art. 129, así como el Art.\n 159 de la Ley para la Promoción de la Inversión\n y Participación Ciudadana, con el fin de conseguir recursos\n provenientes de los nuevos montos de las multas, para incrementar\n el presupuesto de la Cruz Roja Ecuatoriana y por ende de las\n juntas provinciales de la Región Amazónica.
Las juntas provinciales de la Cruz Roja en la Región\n Amazónica, no cuentan con recursos económicos que\n les permita cumplir con lo más elemental de sus objetivos\n de servicio y auxilio a la comunidad.
NOMBRE: "LEY DE FONDO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES\n Y TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL "CANACIET"
CODIGO: 22 - 560.
AUSPICIO: JAIME LEON ROMERO.
INGRESO: 30 - 10 - 99.
\n A COMISION: 31 - 10 - 99.
La Caja Nacional de Cesantía de los Servidores y Trabajadores\n del Sistema de Telecomunicaciones Nacional "CANACIET",\n fue creada con el objeto de otorgar prestaciones que permitan\n a sus asegurados, el pago de un seguro de cesantía y mantener\n un adecuado nivel de vida, al presentarse los eventos de la vejez\n y la invalidez o cesación en el trabajo.
Es necesario actualizar el sistema de prestaciones de la CANACIET,\n ajustándolo a la nueva estructura de gestión de\n las telecomunicaciones en el país.
La Ley de Modernización provocó, entre los años\n 1993 y 1996, la salida de 2.227 trabajadores de EMETEL que se\n acogieron a la salida voluntaria, lo que puso en riesgo la existencia\n de la caja ya que el sistema financiero de la CANACIET, "mal\n llamado de solidaridad", no contempla salidas masivas ni\n un adecuado esquema de capitalización.
NOMBRE: "DE REFORMA A LA LEY DE\n VACUNAS".
CODIGO: 22 - 561.
AUSPICIO: GILBERTO VACA GARCIA.
INGRESO: 01 - 11 - 2000.
\n A COMISION: 06 - 11 - 2000.
Es deber del Estado garantizar que toda la población\n susceptible se encuentre protegida contra enfermedades prevenibles\n por vacunación. El mantenimiento de cobertura epidemiológicamente\n útiles, disminuyen las tasas de incidencia de las enfermedades\n prevenibles por vacunación.
Es necesaria la provisión de los biológicos\n que actualmente se encuentran dentro del esquema de vacunación,\n para asegurar la continuidad del Programa Ampliado de Inmunizaciones.\n Es importante introducir vacunas para prevenir la morbi - mortalidad\n infantil, que cobran víctimas en la población.
En diferentes foros nacionales e internacionales, el país\n se ha comprometido en conjunto con otros países americanos,\n al control, erradicación y eliminación de las enfermedades\n inmunoprevenibles.
NOMBRE: "DE REFORMA A LA LEY GENERAL\n DE SEGUROS".
CODIGO: 22 - 562.
AUSPICIO: JUAN MANUEL FUERTES.
La Ley General de Seguros adolece de un vacío legal\n respecto a la determinación de indemnizaciones a favor\n de los usuarios asegurados.
Es obligación de la entidad de control, la Superintendencia\n de Bancos, establecer el monto de las indemnizaciones que debe\n pagar la compañía de seguros y obligarla a que\n cumpla cuando se presenta reclamación por parte del usuario\n asegurado.
El proyecto tiende a evitar la mala práctica de las\n compañías de seguros, obligando a la instancia\n administrativa y ente de control, Superintendencia de Bancos,\n a determinar el valor de las indemnizaciones a que tiene derecho\n el asegurado usuario y a prohibir a las compañías\n de seguros la consignación cuando ya han sido requeridas\n para el pago, pues caso contrario serán objeto de liquidación\n forzosa.
N0 0034
Nelson Murgueytio Peflaherrera
\n MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Que, mediante Acuerdo Ministerial N 00020, publicado en el\n Registro Oficial N0 124 de 20 de julio del 2000, se expidió\n las normas generales para la aprobación de estatutos,\n reconocimiento, intervención, disolución y liquidación\n de organización pro - vivienda;
Que, es necesario modificar el contenido del acuerdo de aprobación\n de estatutos; y,
En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Art. 179\n de la Constitución Política de la República\n del Ecuador, a los ministros de Estado les corresponde expedir\n las normas, acuerdos y resoluciones que requieran la gestión\n ministerial,
Art. 1. - Modificar el quinto considerando en el sentido de\n que el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de\n Desarrollo Urbano y Vivienda, fue publicado en el Registro Oficial\n N0 309 de 29 de octubre de 1999.
Art. 2. - En todo lo demás el Acuerdo N0 00020 de 20\n de julio del 2000, se mantiene en los mismos términos.
Dado y firmado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a 5 de octubre del 2000.
f) Nelson Murgueytio Peñaherrera, Ministerio de Desarrollo\n Urbano y Vivienda.
f) Valeria Jhayya, Secretaria General.
Fecha: 27 - 10 - 2000.
ARTICULO UNICO. - Delegar al señor Econ. Francisco\n Rendón Pantaleón, Subsecretario General de Finanzas,\n para que me represente en las sesiones del Directorio de Autoridad\n Portuaria de Guayaquil, durante el período comprendido\n entre el 20 de octubre al 10 de noviembre del presente año.
Comuníquese. - Quito, 30 de octubre del 2000.
Quito, 30 de octubre del 2000.
No. 071\n - DDE
Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial\n No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional\n de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano,\n integrado por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca y Salud Pública;
Que con el Acuerdo No. 990211 publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Turismo, se encuentra delegado por el titular de esta\n Cartera de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales\n que devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;
Que el 3, 7, 9 y 17 de febrero del 2000, la empresa QUIFATEX\n SA., presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 164 productos;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero del\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa QUIFATEX\n SA.;
Que la solicitud de reajuste de precios en 144 productos cumple\n con lo dispuesto en el Acuerdo No. 6A - DDE del 3 de febrero\n del 2000, y en 20 no cumple con el referido acuerdo por lo siguiente:\n para los ítems 53, 67, 146 y 157 los registros sanitarios\n se encuentran caducados, de los ítems 32, 53, 58, 59,\n 60, 61, 62, 63, 64, 65, 85, 86, 113, 134, 158, 159 y 160 para\n el cálculo de reajuste no considera los índices\n de inflación posteriores a la emisión de los respectivos\n acuerdos interministeriales que sirvieron de base para el reajuste\n y del ítem 157 sus precios no han sido fijados de conformidad\n con el Decreto 1076; y,
(Anexo14NOT1;6)
Art. 3. - Suspender y archivar las solicitudes de reajuste\n de precios ingresadas el 3, 7 y 9 de febrero del 2000, a pedido\n de la empresa QUIFATEX S.A.
No. 072\n - DDE
Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n far-macias, droguerías y boticas, que comercialicen los\n medica-mentos a precios que no sean los oficialmente autorizados;
Que con el Acuerdo No. 990211 publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca se encuentra delegado por el titular de esta Cartera\n de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que\n devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;
Que el 3 de febrero del 2000, la empresa LABORATORIOS FARMACEUTICOS\n BAGO SA., presentó al Ministerio de Comercio Exterior,\n Industrialización y Pesca, una solicitud de fijación\n de precios de 3 productos importados;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero del\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa LABORATORIOS\n FARMACEUTICOS BAGO SA.;
Que la solicitud de fijación de precios no cumple con\n el literal c) del Art. 2. ni con el Art. 9 del Decreto 1076 porque\n para el cálculo del porcentaje de gastos operativos del\n 100,18% que aplica a los productos, incluye en esos gastos las\n unidades bonificadas que se entregan a las distribuidoras y farmacias,\n con lo cual el margen de utilidad de éstas últimas\n es más alto que el 25%; no especifica si la pérdida\n en cambio es por inventarios o por pasivos; no presenta el Estado\n de Pérdidas y Ganancias de 1999 entregado a la Superintendencia\n de Compañías; y,
Art. 1. - Negar la fijación de los precios máximos\n de venta a farmacia y al público en todo el territorio\n nacional, de los siguientes productos de la empresa LABORATORIOS\n FARMACEUTICOS BAGO S.A.:
(Anexo 14NOT7)
No. 073\n - DDE
LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR,\n INDUSTRIALIZACION Y PESCA.
Que con el Acuerdo .No. 990211 publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, se encuentra delegado por el titular de esta Cartera\n de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que\n devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;
Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3\n de febrero de 2000, se emitió una resolución de\n carácter general para el reajuste de precios de Medicamentos\n de Uso Humano;
Que el 7 de febrero del 2000, la empresa ACROMAX, presentó\n al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 71 productos\n importados;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero del\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa ACROMAX;
Que la solicitud de reajuste de precios para 70 productos\n cumple con lo establecido en el Acuerdo Interministerial No.\n 6 A - DDE del 3 de febrero de 2000, a excepción de 1 producto\n por cuanto el Registro Sanitario se encuentra caducado; y,
Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional,\n de los siguientes productos de la empresa ACROMAX:
(Anexo 14NOT8;9)
No. 074\n - DDE
Que con el Acuerdo No. 990211 publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, se encuentra delegado por el titular de esta Cartera\n de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que\n devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;
Que el 3 de febrero del 2000, la empresa HOECHST ETECO SA.\n presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de fijación de 1 producto importado\n y de revisión de precios de 2 productos importados;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero de\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa HOECHST\n ETECO S.A.;
Que la solicitud de fijación de precios cumple con\n los requisitos establecidos en el articulo 2 del Decreto 1076;
Que la solicitud de revisión de precios no cumple con\n lo establecido en el literal c) del articulo 3 del Decreto 1076\n por cuanto el tipo de cambio es mayor a 19.960 y los precios\n indexados están calculados a enero del 2000; y,
Art. 1. - Fijar los precios máximos de venta a farmacia\n y al público en todo el territorio nacional del siguiente\n producto de la empresa HOECHST ETECO SA.:
(Anexo 14NOT10)
N0 069
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACION\n DE LAS CUOTAS REDIMIBLES A FAVOR DE LA CORPORACION DE PROMOCION\n DE EXPORTACIONES E INVERSIONES "CORPEI", DE LOS EXPORTADORES\n PRIVADOS DE PETROLEO
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 82 de 9 de\n junio de 1997 se publicó la Ley de Comercio Exterior e\n Inversiones LEXI, cuyo objeto es normar y promover el comercio\n exterior y la inversión directa, incrementar la competitividad\n de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de\n los recursos productivos del país y propender a su desarrollo\n sostenible, e integrar la economía ecuatoriana con la\n internacional y contribuir a la elevación del bienestar\n de la población;
Que, el articulo 10 de la LEXI crea el Consejo de Comercio\n Exterior e Inversiones, COMEXI, al cual, en uso de las atribuciones\n contempladas en el artículo 11 de la LEXI, le corresponde\n expedir las normas para la ejecución y el desarrollo de\n las políticas de comercio exterior e impulsar los mecanismos\n necesarios para obtener y canalizar los recursos financieros\n nacionales e internacionales para llevar adelante el desarrollo\n del comercio exterior y las inversiones;
Que, en atención a lo dispuesto por el artículo\n 18 de la LEXI, se crea la Corporación de Promoción\n de Exportaciones e Inversiones CORPEI, la cual tiene a su cargo\n en forma directa el diseño y ejecución de la promoción\n no financiera de las exportaciones e inversiones tanto en el\n país como en el exterior;
Que, de conformidad con el artículo 22, literal e)\n de la LEXI, la CORPEI contará para su financiamiento,\n entre otros recursos, con las contribuciones en cuotas redimibles\n del 0.50 por mil (cero punto cincuenta por mil) sobre el valor\n FOB de las exportaciones de petróleo y sus derivados;
Que, dichas cuotas son redimibles y serán entregadas\n por los exportadores de bienes y servicios al momento de la venta\n de las divisas, y por los importadores de mercaderías\n y servicios a la presentación del documento único\n de importación en los bancos y entidades financieras del\n país en que se instrumenten las referidas transacciones,\n quienes acreditarán diariamente los valores correspondientes\n en las cuentas, que para tal efecto abrirá en dichas instituciones\n financieras la Corporación de Promoción de Exportaciones\n e Inversiones, CORPEI;
Que, de conformidad con el artículo 2 del Libro II,\n Sección VII, de la Codificación de Regulaciones\n de la Junta Monetaria, los exportadores privados de petróleo\n no estaban obligados a entregar las divisas provenientes de sus\n exportaciones al Banco Central del Ecuador; de igual manera,\n el Banco Central del Ecuador, en su Regulación N0 083.2000\n de fecha 16 de mayo del 2000 no contempla la obligatoriedad de\n ingresar las divisas provenientes de sus exportaciones para los\n exportadores privados de petróleo;
Que, en virtud de lo anterior, no existe un mecanismo automático\n del pago de la cuota CORPEI para las petroleras privadas, ya\n que ellas no están obligadas al ingreso de divisas al\n país, razón por la cual, y a efectos de que las\n empresas privadas exportadoras de petróleo puedan cumplir\n con la indicada contribución, es necesario la expedición\n de un mecanismo que viabilice dicho pago; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Comercio\n Exterior e Inversiones,
EMITIR EL SIGUIENTE MECANISMO PARA LA RECAUDACION Y ENTREGA\n A LA CORPEI DE LAS CUOTAS REDIMIBLES ESTABLECIDAS EN EL LITERAL\n e) DEL ARTICULO 22 DE LA LEXI, RESPECTO A LA CONTRIBUCION DEL\n 0.50 POR MIL (CERO PUNTO CINCUENTA POR MIL) DEL VALOR FOB DE\n LAS EXPORTACIONES DE PETROLEO Y SUS DERIVADOS.
1. - Los exportadores privados de petróleo deberán\n pagar la cuota redimible del 0.50 por mil del valor FOB de las\n exportaciones, en el plazo de cuarenta y cinco días calendario,\n contados a partir del último día de cada mes en\n que hayan realizado exportaciones.
2. - El pago se lo realizará en la cuenta de la institución\n financiera que designe la CORPEI, presentando el "Cupón\n de Cuota Redimible - Sector Petrolero Privado".
3. - El formulario "Cupón de Cuota Redimible -\n Sector Petrolero Privado" será proporcionado por\n la CORPEI a través del banco privado que designe y contendrá\n los espacios para que la siguiente información sea llenada:\n ciudad, fecha de pago, nombre de la empresa, numero de RUC, fecha\n de embarque, número de barriles exportados, valor FOB\n de exportación, valor de la cuota CORPEI. Para el caso\n de las empresas que tengan contratos de campos marginales, la\n información con respecto al número de barriles\n y valor FOB deberá corresponder a lo que se hace referencia\n en el punto 5.
4. - Una vez realizado el pago, los exportadores de petróleo\n que acumulen $ 500 dólares en cupones de Cuota Redimible\n Sector Petrolero Privado, podrán canjear dichos cupones\n por un certificado que será redimido a los 10 años.\n Para dicho efecto presentarán en cualquiera de las oficinas\n de la CORPEI la copia del cupón o cupones con la leyenda\n APORTANTE sellada por el banco, las copias de las facturas correspondientes,\n y de los conocimientos de embarque.
5. - En el caso de las empresas petroleras privadas que tengan\n contratos de campos marginales, el pago de la contribución\n será hecho por las exportaciones de petróleo crudo\n que corresponda a su participación en el excedente sobre\n la curva base de producción.
6. - Para el cálculo de los montos adeudados a la CORPEI\n por la cuota redimible del 0.50 por mil del valor FOB de las\n exportaciones, se tomará como base las exportaciones realizadas\n desde el 1 de enero de 1998 hasta el fin de mes en que fueran\n aprobadas estas normas. Para el caso de las empresas que modificaron\n sus contratos de prestación de servicios a contratos de\n participación, el monto adeudado se determinará\n tomando en consideración las exportaciones realizadas\n desde la fecha efectiva de dichos contratos modificados hasta\n el fin de mes en que fueran aprobadas estas normas, siempre y\n cuando la fecha de modificación sea posterior al 1 de\n enero de 1998. Para este pago no se deberá considerar\n ningún tipo de multa, interés o recargo.
7. - El pago de los montos adeudados, se deberá realizar\n en un plazo máximo de 30 días, contados a partir\n de la publicación en el Registro Oficial de la presente\n resolución.
Certifico que el texto que antecede fue aprobado de manera\n unánime por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones,\n en sesión ordinaria llevada a cabo el miércoles\n 1 de noviembre del 2000.
f) Eco. Milton Cevallos Rodríguez, Subsecretario de\n Comercio Exterior e Integración del MICIP, Secretario\n del COMEXI.
Que, la Bienal Internacional de Pintura, fue creada con Ley\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial N0 697 de 17\n de mayo de 1995;
Que, la Bienal Internacional no ha aplicado los incrementos\n aprobados por el CONAREM, en las remuneraciones de sus servidores;
Art. 1. - Aprobar un incremento de hasta el 50% en los sueldos\n básicos vigentes de los servidores que laboran en forma\n permanente en la Bienal Internacional de Pintura.
Art. 2. - La presente resolución regirá a partir\n del 1 de julio del 2000, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
f.) Ab. Martin Insua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos, miembro del CONAREM.
No. 338\n - 2000
En el juicio ordinario No. 211 - 98\n (Recurso de casación) que, por nulidad de contrato de\n compraventa, sigue Olga María Maisincho en contra de Miguel\n Suquillo Muzo y el I. Municipio de Lago Agrio, se ha dictado\n lo siguiente:
Quito, 5 de septiembre del 2000; las 08h45.
VISTOS: Olga María Maisincho interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Sala única de la H. Corte\n Superior de Justicia de Nueva Loja, confirmatoria de la de primer\n nivel que rechaza la demanda, dentro del juicio ordinario que,\n por nulidad de contrato de compraventa de un inmueble, sigue\n la recurrente en contra de Miguel Suquillo Muzo y el I. Municipio\n de Lago Agrio. Dicho recurso es concedido, por lo que el proceso\n sube a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia; habiéndose\n radicada la competencia por el sorteo de ley en esta Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil, y terminado la etapa de sustanciación\n de este proceso de casación, para resolver se considera:\n PRIMERO: Conforme lo ha declarado esta Sala en múltiples\n resoluciones, la actividad del organismo jurisdiccional de casación\n se mueve, de igual modo que en una instancia, por el impulso\n de la voluntad del recurrente; y es él quien en los motivos\n que en el recurso cristaliza, condiciona la actividad del Tribunal\n y señala de antemano los límites que no pueden\n ser rebasados. Dado el carácter de extraordinario del\n recurso, por la limitación de los medios de que es lícito\n valerse al utilizarlo e interponer el recurso de casación,\n el artículo 6 de la referida ley, constituye norma formularia\n a la que es indispensable ajustar el escrito en el que interponga\n el recurso, lo cual responde a la necesidad de que se señale\n de modo preciso los términos dentro de los que se ha de\n plantear el litigio entre el recurrente y la sentencia que por\n su medio se combate; siendo, por lo tanto, el recurso de casación\n eminentemente dispositivo, el Tribunal de Casación no\n tiene la facultad para de oficio entrar a conocer sobre causales\n de vicios de la sentencia o auto impugnado que no han sido expresamente\n señalados clara y matemáticamente por el recurrente.\n En tal virtud, esta Sala se limitará a analizar la acusación\n de la recurrente de que la sentencia de última instancia\n infringe las normas contenidas en los artículos 103, 104,\n 105, 119, 120, 121, 169 y 278 del Código de Procedimiento\n Civil; artículos 1510, 1725, 1726 del Código Civil,\n así como el cargo de que el fallo del Tribunal ad quem\n incurre en los vicios previstos por las causales primera, tercera\n y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación.\n -SEGUNDO: En orden lógico, le toca a esta Sala resolver\n el cargo de que la sentencia dictada por el Tribunal de última\n instancia ha incurrido en la causal cuarta del artículo\n 3 de la Ley de Casación. Para fundamentar esta acusación,\n la recurrente dice: "Se ha violado expresamente las normas\n contenidas en el Código de Procedimiento Civil, que informan\n y determinan el proceso ordinario y que no se puede sentenciar\n lo que no es motivo de la controversia: Arts. 278, 120; y, 103,\n 104 y 105 de la norma invocada. Se resuelve un asunto no controvertido,\n siendo obligación del juzgador, resolver única\n y exclusivamente lo que fue materia de la controversia, es decir,\n la demanda y las excepciones propuestas por el demandado. En\n ninguna de las excepciones propuestas, ni en la denominada reconvención,\n consta, lo que precisamente, se resuelve, infringiendo expresamente\n los Arts. 120 y 121 del Código de Procedimiento Civil..."\n más adelante agrega: "d) Los fundamentos en que se\n apoya el recurso: Reitero señores Ministros, que fundamento\n este mi recurso de casación, en las normas que no han\n sido aplicadas en debida forma y al haberse, pasado por alto\n las mismas, ha influido en la parte dispositiva de la sentencia,\n pues se pretende resolver una demanda de nulidad de contrato,\n con argumentaciones que no tienen razón de ser, pues la\n nulidad como institución jurídica, es de derecho\n público y está sobre los intereses privados y particulares,\n que en forma torcida han influido en los considerandos de la\n sentencia y las causales en que fundamento mi recurso, que han\n quedado debidamente determinadas.". De la simple lectura\n aparece que esta acusación carece de la debida precisión,\n pues la recurrente debía determinar con toda claridad\n cuál ha sido el punto de la litis que el Tribunal ad quem\n ha resuelto no obstante no haber sido materia del controvertido,\n se limita a señalar generalidades; ahora bien, si la parte\n no especifica en debida forma el cargo, no le es posible al Tribunal\n de Casación suplir la omisión, pues al ser la casación\n un recurso eminentemente técnico en que al juzgador le\n está vedado rebasar los limites que el recurrente haya\n fijado en su escrito de interposición, por lo que se rechaza\n esta acusación por carecer del debido sustento jurídico.\n - TERCERO: La recurrente también acusa al fallo del Tribunal\n de última instancia de incurrir en la causal tercera del\n artículo 3 de la Ley de Casación, y expresa: "En\n la contestación al traslado con el recurso de segunda\n instancia, la parte demandada que comparece a contestar el recurso,\n nada dice de los fundamentos expuestos en mi apelación,\n con lo que se entiende ejecutoriada en todas sus partes la sentencia\n del Juez a quo, y consta de autos, que se adhiere a la apelación\n sin especificar, ni fundamentar lo que será materia de\n la prueba en segunda instancia, por lo que se ha violentado lo\n expresamente ordenado en el Art. 120 y Art. 121 del Código\n de Procedimiento Civil, así como los Arts. 119 y 125 de\n la norma ya invocada.' Al respecto, se anota: La causal tercera\n impone al recurrente la obligación de señalar específicamente\n la norma relativa a la valoración de la prueba que considera\n infringida, explicando en qué consiste la infracción,\n y de qué manera se inaplicó una norma de carácter\n sustantivo, la cual igualmente debe ser concretamente señalada,\n ya que la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación\n dice que el recurso puede fundamentarse cuando en la sentencia\n de última instancia exista "Aplicación indebida,\n falta de aplicación o errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia\n o auto.". El Magistrado colombiano Humberto Murcia Bailén\n (Recurso de Casación Civil, ediciones Librería\n El Foro de Justicia, Bogotá, 1983, P. 356) indica que\n el error en que puede incurrir el juzgador al valorar la prueba\n se da "cuando luego de darla por existente materialmente\n en el proceso, pasa a ponderarla o a sopesarla en la balanza\n de la ley y en esta actividad interpreta desacertadamente las\n normas legales regulativas de su valoración. De ahí\n que la doctrina hable de "vicio de valoración probatoria\n ; en la especie, la recurrente no ha señalado con precisión\n el error que estima se ha cometido al momento de valorar la prueba,\n limitándose a señalar que "la parte demandada\n que comparece a contestar el recurso, nada dice de los fundamentos\n expuestos en mi apelación, con lo que, se entiende ejecutoriada\n en todas sus partes, la sentencia del Juez a quo, y consta de\n autos, que se adhiere a la apelación sin especificar ni\n fundamentar, lo que será materia de la prueba en segunda\n instancia, por lo que, se ha violentado lo expresamente ordenado\n en el Art. 120 y Art. 121 del Código de Procedimiento\n Civil, así como los Arts. 119 y 125 de la norma ya invocada".\n Como se puede apreciar de la sola lectura, este cargo no tiene\n relación alguna con la causal tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación, ya que la explícita determinación\n de los puntos a los que se contrae el recurso de apelación\n en el proceso ordinario a la que está obligado el recurrente\n en razón de lo que dispone el artículo 417 del\n Código de Procedimiento Civil, nada tiene que ver Con\n las normas legales relativas a la valoración de la prueba,\n por lo que al no tener este cargo relación con la causal\n tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, se\n lo rechaza por carecer del debido sustento jurídico. -\n CUARTO: Otro de los cargos realizados por la recurrente dice:\n "Consta de autos, que ¡ni demanda, consiste en la\n petición de nulidad del contrato de compraventa constante\n de la escritura pública suscrita entre la I. Municipalidad\n de Lago Agrio, por intermedio de sus representantes legales y\n el señor Miguel Suquillo Muzo y fundamenté mi demanda,\n en la propia resolución de la Municipalidad, en la que\n se afirma: «...por habérsela legalizado con documentos\n falseados a la verdad, perjudicando a la señora María\n Olga Maisincho...». Por consiguiente, se ha violado lo\n que expresamente dispone el Art. 169 del Código de Procedimiento\n Civil, que desecha en la sentencia, lo que la ley obliga a tener\n como instrumento público, la declaración del propio\n Municipio, que he invocado.". El artículo 169 del\n Código de Procedimiento Civil dice: "Hacen fe y constituyen\n prueba todos los instrumentos públicos, o sea todos los\n instrumentos autorizados en debida forma por las personas encargadas\n de los asuntos correspondientes a su cargo.... El instrumento\n público agregado al juicio dentro del término de\n prueba, con orden judicial y notificación a la parte contraria,\n constituye prueba legalmente actuada, aunque las copias se las\n haya obtenido fuera de dicho juicio.". La recurrente afirma\n que el Tribunal ad quem ha trasgredido esta norma por cuanto\n no ha considerado a la resolución de la Municipalidad\n de Lago Agrio "como un documento público" y\n no lo ha incorporado en tal calidad al proceso; sin embargo,\n la recurrente pretende con esta argumentación que el Tribunal\n de Casación realice una nueva revisión de los hechos,\n para determinar cuáles fueron los criterios que adoptó\n el Tribunal de última instancia al valorar esta prueba\n legalmente incorporada al proceso (fojas 188 - 196 del cuaderno\n de primer nivel) para dictar su resolución; sin embargo,\n y como lo ha reiterado esta Sala en múltiples resoluciones,\n no se encuentra en la esfera de los poderes del Tribunal de Casación\n el revalorar la prueba, ni juzgar los motivos que formaron la\n convicción del Tribunal de última instancia. Por\n ello, el recurso de casación es improcedente cuando se\n discuten las conclusiones de hecho del Tribunal ad quem, y se\n formula una distinta valoración de las pruebas que sirven\n de base a la sentencia, o se discute la simple eficacia probatoria\n de los elementos de convicción utilizados por el Tribunal\n de última instancia, o se intenta una consideración\n crítica relativa a la falta de correspondenci

References: resolución 
 artículo 11
 artículo 22
 artículo 2
 resolución 
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 417
 artículo 3
 resolución 
 artículo 169
 resolución