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Timestamp: 2018-08-21 08:23:51+00:00

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Constitución de 1901 | Historia de Cuba
Art. 1. El pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y soberano, y adopta, como forma de gobierno, la republicana.
Art. 2. Componen el territorio de la República la isla de Cuba, así como las islas y cayos adyacentes que con ella estaban bajo la soberanía de España hasta la ratificación del tratado de París de 10 de diciembre de 1898.
Art. 3. El territorio de la República se divide en las seis provincias que existen actualmente, y con sus mismos límites, correspondiendo al Consejo Provincial de cada una determinar sus respectivas denominaciones.
Art. 4. La condición de cubano se adquiere por nacimiento o por naturalización.
Art. 5. Son cubanos por nacimiento:
Los nacidos, dentro o fuera del territorio de la República, de padres cubanos.
Los nacidos en el territorio de la República de padres extranjeros, siempre que cumplida la mayor edad, reclamen su inscripción como cubanos, en el Registro correspondiente.
Los nacidos en el extranjero de padres naturales de Cuba que hayan pedido la nacionalidad cubana, siempre que cumplida la mayor edad, redimen su inscripción, como cubanos, en el Registro.
Art. 6. Son cubanos por naturalización:
Los extranjeros que habiendo pertenecido al Ejército Libertador clamen la nacionalidad cubana dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de esta Constitución.
Los extranjeros que establecidos en Cuba antes del 1 de enero de 1899 hayan conservado su domicilio después de dicha fecha, siempre que reclamen la nacionalidad cubana dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de esta Constitución, o, si fueren menores, dentro de un plazo igual desde que alcanzaren la mayoría de edad.
Los extranjeros que, después de cinco años de residencia en el territorio de la República, y no menos de dos desde que declaren su intención de adquirir la nacionalidad cubana, obtengan carta de naturalización con arreglo a las leyes.
Los españoles residentes en el territorio de Cuba el 11 de abril de 1899 que no se hayan inscrito como tales españoles en los Registros correspondientes, hasta igual mes y día de 1900.
Los africanos que hayan sido esclavos en Cuba, y los emancipados comprendidos en el artículo.13 del Tratado de 28 de junio de 1835, celebrado entre España e Inglaterra.
Art. 7. La condición de cubano se pierde.
Por adquirir ciudadanía extranjera.
Por admitir empleo u honores de otro Gobierno sin licencia del Senado.
Por entrar al servicio de las armas de nación extranjera sin la misma licencia.
Por residir el cubano naturalizado cinco años continuos en el país de su nacimiento, a no ser por razón de empleo o comisión del Gobierno de la República.
Art. 8. La condición de cubano podrá recobrarse con arreglo a lo que prescriben las leyes.
Art. 9. Todo Cubano está obligado:
Servir a la Patria con las armas, en los casos y forma que determinen las leyes.
A contribuir para los gastos públicos, en la forma y proporción que dispongan las leyes.
Art. 10. Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos:
En cuanto a la protección de sus personas y bienes.
En cuanto al goce de los derechos garantizados en la Sección 1a. del título siguiente, con excepción de los que en ella se reconoce exclusivamente a los nacionales.
En cuanto al goce de los derechos civiles, en las condiciones y con las limitaciones que establezca la Ley de Extranjería.
En cuanto a la obligación de observar y cumplir las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que están en vigor en la República.
En cuanto a la sumisión a las resoluciones de los tribunales y demás autoridades de la República.
Y en cuanto a la obligación de contribuir a los gastos públicos del Estado, fa provincia y el municipio.
Art. 11. Todos los cubanos son iguales ante la Ley. La República no reconoce fueros, ni privilegios personales.
Art. 12. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, excepto las penales, cuando sean favorables al delincuente o procesado.
Art. 13. Las obligaciones de carácter civil que nazcan de los contratos o de otros actos u omisiones que las produzcan, no podrán ser anuladas, ni alteradas por el Poder Legislativo ni por el Ejecutivo.
Art. 14. No podrá imponerse, en ningún caso, la pena de muerte por delitos de carácter político los cuales serán definidos por la Ley.
Art. 15. Nadie podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las leyes.
Art. 16. Todo detenido será puesto en libertad o entregado al juez o tribunal competente dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.
Art. 17. Toda detención se dejará sin efecto, o se elevara a prisión, dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez o tribunal competente. Dentro del mismo plazo se notificará el interesado la providencia que se dictare.
Art. 18. Nadie podrá ser preso, sino en virtud de mandamiento de juez o tribunal competente. El auto en que se haya dictado el mandamiento se ratificará o repondrá, oído el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la prisión.
Art. 19. Nadie podrá ser procesado ni sentenciado sino por juez o tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que éstas establezcan.
Art. 20. Toda persona detenida o presa sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos en esta Constitución o en las leyes, será puesta en libertad a petición suya o de cualquier ciudadano.
Art. 21. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Art. 22. Es inviolable el secreto de la correspondencia y demás documentos privados, y ni aquélla ni éstos podrán ser ocupados ni examinados sino por disposición de autoridad competente y con las formalidades que prescriban las leyes. En todo caso se guardará secreto respecto de los extremos ajenos al asunto que motive la ocupación o examen.
Art. 23. EI domicilio es inviolable, y, en consecuencia, nadie podrá penetrar de noche en el ajeno sin el consentimiento de su morador, a no ser para auxiliar o socorrer a víctimas de delito o desastre; ni de día, sino en los casos y en la forma determinadas por las leyes.
Art. 24. Nadie podrá ser compelido a mudar de domicilio o residencia sino por mandato de autoridad competente y en los casos prescritos por las leyes.
Art. 26.- Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. La Iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar, en caso alguno, ningún culto.
Art. 30.- Ningún cubano podrá ser expatriado ni a ninguno podrá prohibírsele la entrada en el territorio de la República.
Art. 41.- El territorio en que fueren suspendidas las garantías que se determinan en el artículo anterior se regirá durante la suspensión, por la Ley de Orden Público, dictada de antemano. Pero ni en dicha ley, ni en otra alguna, podrá disponerse la suspensión de más garantías que las ya mencionadas. Tampoco podrá hacerse, durante la suspensión, declaración de nuevos delitos, ni imponerse otras penas que las establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión. Queda prohibido al Poder Ejecutivo el extrañamiento o la deportación de los ciudadanos, sin que pueda desterrarlos a más de ciento veinte kilómetros de su domicilio, ni detenerlos por más de diez días sin hacer entrega de ellos a la autoridad judicial; ni repetir la detención durante el tiempo de la suspensión de garantías. Los detenidos no podrán serlo sino en departamentos especiales de los establecimientos públicos, destinados a la detención de procesados por causa de delitos comunes.
Art. 43.- La soberanía reside en el pueblo de Cuba y de éste dimanan todos los Poderes Públicos.
Art. 45.- El Senado se compondrá de cuatro senadores por provincia, elegidos en cada una, para un periodo de ocho años, por los consejeros provinciales y por doble número de compromisarios, constituidos con aquéllos en Junta Electoral.
Juzgar, constituido en tribunal de justicia, al Presidente de la República, cuando fuere acusado por la Cámara de Representantes, de delito contra la seguridad exterior del Estado, contra el libre funcionamiento de los Poderes Legislativos o Judicial, o de infracción de los preceptos constitucionales.
Juzgar, constituido en tribunal de justicia, a los Secretarios del Despacho, cuando fueren acusados por la Cámara de Representantes, de delito contra la seguridad exterior del Estado, contra el libre funcionamiento de los Poderes Legislativo o Judicial, de infracción de los preceptos constitucionales o de cualquier otro delito de carácter político que las leyes determinen.
Juzgar, constituidos en tribunal de justicia, a los Gobernadores de las provincias, cuando fueren acusados por el Consejo Provincial o por el Presidente de la República, de cualquiera de los delitos expresados en el párrafo anterior.
Aprobar los nombramientos que haga el Presidente de la República, del Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los representantes diplomáticos y agentes consulares de la nación y de los demás funcionarios cuyo nombramiento requiera su aprobación, según las leyes.
Autorizar a los nacionales para admitir empleo u honores de otro Gobierno, o para servirlo con las armas.
Aprobar los tratados que negociare el Presidente de la República con otras naciones.
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, SU COMPROMISO Y ATRIBUCIONES
Ser cubano por nacimiento o naturalizado con ocho años de residencia en la República, contados desde la naturalización.
Art. 50.- Corresponde a la Cámara de Representantes acusar ante el Senado al Presidente de la República y a los Secretarios del Despacho en los casos determinados en los párrafos 1 y 2 del artículo 47, cuando las dos terceras partes del número total de representantes acordarán en sesión secreta la acusación.
Art. 54.- Las Cámaras abrirán y cerrarán sus sesiones en un mismo día, residirán en una misma población y no podrán trasladarse a otro lugar ni suspender sus sesiones por más de tres días sino por acuerdo de ambas. Tampoco podrán comenzar sus sesiones sin la presencia de las dos terceras partes de número total de sus miembros; ni continuarlas sin la mayoría absoluta de ellos.
Art. 55.- Cada Cámara resolverá sobre la validez de la elección de sus respectivos miembros y sobre las renuncias que presenten. Ningún Senador o Representante podrá ser expulsado de la Cámara a que pertenezca sino en virtud de causa previamente determinada y por acuerdo de las dos terceras partes, por lo menos, del número total de sus miembros.
Si fuesen más de dos los que se encontrasen en este caso por haber obtenido dos o más candidatos igual número de votos, elegirá entre todos ellos el Congreso.
El procedimiento establecido en el párrafo anterior se aplicará a tal elección del Vicepresidente de la República. El escrutinio se efectuará con anterioridad a la expiración del término presidencial.
Formar los Códigos y las Leyes de carácter general; determinar el régimen que deba observarse para las elecciones generales, provinciales y municipales; dictar las disposiciones que regulen y organicen cuanto se relacione con la Administración general, la provincial y la municipal: y todas las demás leyes y resoluciones que estimase conveniente sobre cualesquiera otros asuntos de interés público.
Discutir y aprobar los presupuestos de gastos e ingresos del Estado. Dichos gastos e ingresos, con excepción de los que se mencionarán más adelante, se incluirán en presupuestos anuales y sólo regirán durante el año para el cual hubieren sido aprobados. Los gastos del Congreso, los de la Administración de Justicia. Los de intereses conque deben ser cubiertos, tendrán el carácter de permanentes y se incluirán en presupuesto fijo, que regirá mientras no sea reformado por leyes especiales.
Acordar empréstitos, pero con la obligación de votar. Al mismo tiempo, los ingresos permanentes, necesarios para el pago de intereses y amortización. Todo acuerdo sobre empréstitos requiere el voto de las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cuerpo Colegislador.
Acuñar moneda, determinando su patrón, ley, valor y denominación.
Regular el sistema de pesas y medidas.
Dictar disposiciones para el régimen y fomento del comercio interior y exterior.
Regular los servicios de comunicaciones y ferrocarriles, caminos, canales y puertos, creando los que exija la conveniencia pública.
Establecer las contribuciones e impuestos, de carácter nacional, que sean necesarios para las atenciones del Estado.
Fijar las reglas y procedimientos para obtener la naturalización.
Fijar el número de las fuerzas de mar y tierra y determinar su organización.
Declarar la guerra y aprobar los tratados de Paz que el Presidente de la República haya negociado.
Designar, por medio de una ley especial, quién debe ocupar la Presidencia de la República, en el caso de que el Presidente y el Vicepresidente sean destituidos, fallezcan, renuncien o se incapaciten.
DE LA INICIATlVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES, SU SANCIÓN Y PROMULGACIÓN
Art. 62.- Todo proyecto de ley que haya obtenido la aprobación de ambos Cuerpos Colegisladores, y toda resolución de los mismos que haya de ser ejecutada por el Presidente de la República, deberán presentarse a éste para su sanción. Si los aprueba, los autorizará desde luego, devolviéndolos, en otro caso, con las objeciones que hiciere, el cual consignará las referidas objeciones íntegramente en acta, discutiendo de nuevo el proyecto o resolución. Si después de esta discusión dos terceras partes del número total de los miembros del Cuerpo Colegislador votasen en favor del proyecto o resolución, se pasará, con las objeciones del Presidente, al otro Cuerpo, que también lo discutirán y si por igual mayoría lo aprueba, será ley. En todos estos casos las votaciones serán nominales. Si dentro de los últimos diez días de una legislatura se presentare un proyecto de ley al Presidentes de la República, y éste se propusiese utilizar todo el término que al efecto de la sanción, se le concede en el párrafo anterior, comunicará su propósito, en el mismo día, al Congreso, a fin de que permanezca reunido, si lo quisiere, hasta el vencimiento del expresado término. De no hacerlo así el Presidente, se tendrá por sancionado el proyecto y será ley. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por alguno de los Cuerpos Colegisladores podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura.
Art. 64.- El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República.
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.
Ser cubano por nacimiento o naturalización, y en este último caso, haber servido con las armas a Cuba, en sus guerras de Independencia, diez años por lo menos.
Art. 66.- El Presidente de la República será elegido por sufragio de segundo grado, en un solo día, y conforme al procedimiento que establezca la Ley. El cargo durará cuatro años, y nadie podrá ser Presidente en tres periodos consecutivos. Art. 67.- El Presidente jurará y prometerá, ante el tribunal Supremo de Justicia, al tomar posesión de su cargo, desempeñarlo fielmente, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes.
Sancionar y promulgar las leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecutar; dictar, cuando no lo hubiere hecho el Congreso, los reglamentos para la mejor ejecución de las leyes, y expedir, además, los decretos y las órdenes que, para este fin y para cuando incumba al gobierno y administración del Estado creyese convenientes, sin contravenir en ningún caso lo establecido en dichas leyes.
Convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, o solamente al Senado, en los Casos que señala esta Constitución, o cuando, a su juicio, fuere necesario.
Suspender las sesiones del Congreso, cuando tratándose en éste de su suspensión, no hubiere acuerdo acerca de ella entre los Cuerpos Colegisladores.
Presentar al Congreso, al principio de cada Legislatura y siempre que lo estime oportuno, un Mensaje referente a los actos de la Administración, y demostrativo del estado general de la República, y recomendar, además la adopción de leyes y resoluciones que creyese necesarias o útiles.
Presentar al Congreso, en cualquiera de sus Cámaras, y antes del día 15 de noviembre, el Proyecto de los Presupuestos anuales.
Facilitar al Congreso los informes que éste solicitara sobre toda dase de asuntos que no exijan reserva.
Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados con las otras naciones, debiendo someterlos a la aprobación del Senado, sin cuyo requisito no tendrán validez ni obligarán a le República.
Nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, dando cuenta al Congreso.
Nombrar, con la aprobación del Senado, al Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y a los Representantes diplomáticos y Agentes consulares de la República; pudiendo hacer nombramientos interinos de dichos funcionarios, cuando en caso de vacante no esté reunido el Senado.
Nombrar, para el desempeño de los demás cargos instituidos por la Ley, a los funcionarios correspondientes, cuyo nombramiento no esté atribuido a otras Autoridades.
Suspender el ejercicio de los derechos que se enumeran en el artículo 40 de esta Constitución, en los casos y en la forma que se expresan en los artículos 41 y 42.
Suspender los acuerdos de los Consejos Provinciales y de los Ayuntamientos, en los casos y en la forma que determine esta Constitución.
Decretar la suspensión de los Gobernadores de Provincia, en los casos de extralimitación de funciones y de infracción de las leyes, dando cuenta al Senado, según lo que se establezca, para la resolución que corresponda.
Acusar a los Gobernadores de Provincia en los casos expresados en el párrafo 3 del artículo 47.
Indultar a los delincuentes con arreglo a lo que prescriba la Ley, excepto cuando se trate de funcionarios públicos penados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Recibir a los representantes diplomáticos y admitir a los Agentes consulares de las otras naciones.
Disponer como Jefe Supremo, de las fuerzas del mar y tierra de la República. Proveer a la defensa se su territorio, dando cuenta al Congreso, y a la conservación del orden interior. Siempre que hubiere peligro de invasión o cuando alguna rebelión amenazare gravemente la seguridad pública, no estando reunido el Congreso, El Presidente lo convocará sin demora, para la resolución que corresponda.
Art. 79.- Los Secretarios del Despacho serán acusados por la Cámara de Representantes, ante el Senado, en los casos que se mencionan en el Párrafo 2 del artículo 47.
Reunir, además, alguna de las circunstancias siguientes:
Podrán ser también nombrados para los cargos de Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo, siempre que reúnan las condiciones de los números 1, 2, y 3 de este artículo:
Art. 83.- Además de las atribuciones que le estuvieren anteriormente señaladas y de las que en lo sucesivo le Confieran las leyes, corresponden al Tribunal Supremo las siguientes:
Conocer de los recursos de casación.
Dirimir las competencias entre los Tribunales que le sean inmediatamente inferior o no tengan un superior común.
Conocer de los juicios en que litiguen entre si el Estado, las Provincias y los Municipios.
Decidir sobre, la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, cuando fuere objeto de controversia entre partes.
DISPOSICIONES GENERALES ACERCA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Art. 88.- Todos los funcionarios del orden judicial serán personalmente responsables en la forma que determinen las leyes, de toda infracción de la ley que cometieren. Art. 89.- La dotación de los funcionarios del orden judicial no podrá ser alterada sino en periodos mayores de cinco años, y por medio de una Ley. Esta no podrá asignar distintas dotaciones a cargos cuyo grado, categoría y funciones sean iguales. Art. 90.- Los Tribunales de las fuerzas de mar y tierra se regularán por una ley orgánica especial.
Art. 93.- Corresponde a los Consejos Provinciales.
Acordar sobre todos los asuntos que conciernan a la Provincia y que, por la Constitución, por los Tratados o por la Leyes, no correspondan a la competencia general del Estado o a la privativa de los Ayuntamientos.
Acordar empréstitos para obras públicas y de interés provincial; pero votando al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de su interés y amortización. Para que dichos empréstitos puedan realizarse habrán de ser aprobadas por las dos terceras partes de los ayuntamientos de la provincia.
Acusar ante el Senado al gobernador, en los casos, determinados en el párrafo tercero del artículo 47, cuando los dos tercios del número total de los Consejeros Provinciales acordaran, en sesión secreta, la acusación.
Nombrar y remover los empleados provinciales con arreglo a lo que establezcan las leyes.
Art. 95.- Los acuerdos de los Consejos Provinciales serán presentados al Gobernador de la Provincia. Si éste los aprobare, los autorizare con su firma. En otro caso, los devolverá, son sus objeciones, al Consejo, el cual discutirá de nuevo el asunto. Y si después de la segunda discusión, las dos terceras partes del número total de Consejeros votaran en favor del acuerdo, este será ejecutivo. Cuando el gobernador, transcurridos diez días desde la presentación de un acuerdo, no lo devolviese, se tendrá por aprobado y será también ejecutivo.
Cumplir y hacer cumplir, en los extremos que les conciernan, las leyes, decretos y reglamentos de la Nación.
Publicar los acuerdos del Consejo Provincial que tengan fuerza obligatoria, ejecutándolos y haciéndolos ejecutar.
Expedir órdenes y dictar además las instrucciones y reglamentos para la mejor ejecución de los Acuerdos del Consejo Provincial, cuando éste no los hubiere hecho.
Convocar al Consejo Provincial a sesiones extraordinarias cuando, a su juicio, fuere necesario; expresándose en la convocatoria el objeto de las secciones.
Suspender los acuerdos del Consejo Provincial y de los Ayuntamientos, en los casos que determine esta Constitución.
Acordar la suspensión de los Alcaldes en los casos de extralimitación de facultades, violación de la Constitución o de la leyes, infracción de los acuerdos de los Consejos provinciales, o incumplimiento de sus deberes; dando cuenta al Consejo provincial, en los términos que establezcan las leyes.
Nombrar y remover los empleados de sus despachos conforme a lo que establezcan las leyes.
Art. 101.- EI Gobernador recibirá del Tesoro provincial una dotación, que podrá ser alterada en todo tiempo; pero no surtirá efecto la alteración sino después que se verifique nueva elección de Gobernador.
Art. 102.- Por falta, temporal o definitiva, del Gobernador de la Provincia le sustituirá en el ejercicio de su cargo, el Presidente del Consejo Provincial. Si la falta fuere definitiva durará la sustitución hasta que termine el período para que hubiere sido electo el Gobernador.
Art. 114.- Pertenecen Al Estado todos los bienes, existentes en el territorio de la República, que no correspondan a las Provincias o a los Municipios, ni sean individual o colectivamente, de propiedad particular.
Art. 115.- La Constitución no podrá reformarse, total ni parcialmente, sino por acuerdo de las dos terceras partes de número total de los miembros de cada Cuerpo Colegiador. Seis meses después de acordada la reforma, se procederá a convocar una Convención Constituyente, que se limitará a aprobar o desechar la reforma votada por los Cuerpos Colegisladores, los cuales continuarán en el ejercicio de sus funciones con entera independencia de la Convención. Los Delegados a dicha Convención serán elegidos por provincia, en la proporción de uno cada cincuenta mil habitantes, y en la forma que establezcan las leyes.
PRIMERA: La República de Cuba no reconoce más deudas y compromisos que los contraídos legítimamente, en beneficio de la Revolución, por jefes de Cuerpo del Ejército Libertador, después del 24 de febrero de 1895, y con anterioridad al 19 de septiembre del mismo, año fecha en que se promulgó la Constitución de Jimaguayú, y las deudas y compromisos que el Gobierno Revolucionario hubiere contraído posteriormente, por si o por sus legítimos representantes en el extranjero. El Congreso calificará dichas deudas y compromisos, y resolverá sobre el pago de los que fueren legítimos.
Sala de sesiones de la Convención constituyente, en la Habana, a 21 de febrero de 1901. Domingo Méndez Capote, Presidente - Juan Rius Rivera, Primer vicepresidente- José Miguel Gómez, Eudaldo Tamayo - José B. Alemán - José J. Monteagudo - Martin Morúa Delgado - José Luis Robau - Luis Fortún - Manuel R. Silva - Pedro Betancourt - Eliseo Giberga - Joaquín Quilez - Gonzalo de Quesada - Diego Tamayo - Manuel Sanguily - Alejandro Rodríguez - Miguel Gener - Rafael Portuondo - José Femández de Castro - Antonio Bravo -Correoso José N. Ferrer - Juan Gualberto Gómez - Rafael Manduley - Alfredo Zayas- Secretario- Enrique Villuenda, Secretario.
Sala de sesiones de la Convención constituyente, en la Habana, a 21 de Febrero de 1901. Domingo Méndez Capote, Presidente - Juan Rius Rivera, Primer vicepresidente- José Miguel Gómez, Eudaldo Tamayo - José B. Alemán - José J. Monteagudo - Martin Morúa Delgado - José Luis Robau - Luis Fortún - Manuel R. Silva - Pedro Betancourt - Eliseo Giberga - Joaquín Quilez - Gonzalo de Quesada - Diego Tamayo - Manuel Sanguily - Alejandro Rodríguez - Miguel Gener - Rafael Portuondo - José Fernández de Castro - Antonio Bravo -Correoso José N. Ferrer - Juan Gualberto Gómez - Rafael Manduley - Alfredo Zayas- Secretario- Enrique Villuenda, Secretario.

References: artículo 47
 resolución 
 artículo 40
 resolución 
 artículo 47
 resolución 
 artículo 47
 artículo 47