Source: http://enocasionesveoreos.blogspot.com/2018/03/
Timestamp: 2019-04-24 13:12:00+00:00

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En ocasiones veo reos (el blog de Derecho Penal de Juan Antonio Frago Amada): marzo 2018
Como viene siendo habitual, traemos en primicia la sentencia 99/2018 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que tampoco es que tenga una gran trascendencia más allá de contemplar una nueva condena a la persona jurídica.
Estamos ante una sociedad unipersonal, de tipo promotora, que es absorbida por otra empresa de la misma señora y que estaba en pérdidas desde tiempo atrás. Lo nuclear del delito, teniendo en cuenta la fiscalidad propia canaria, pasa porque la empresa condenada pasó por un régimen fiscal propio al que no tenía derecho, causando un perjuicio a la Agencia Tributaria de 445.000 €.
Y hasta ahí la sentencia porque, para variar, con un delito fiscal que supera casi 4 veces la cuota mínima de delito (120.000 €), se le impone sólo 2 años de prisión, lo justo para no ingresar en centro penitenciario la señora, pudiendo haberse movido en el rango del año a los cinco años de prisión. Y nuevamente para la reflexión: si en vez de un delito fiscal (víctima la AEAT), estuviéramos hablando de un fraude contra un particular, estafa, por esa misma cantidad de 445.000 €, la pena oscilaría entre los 4 y los 8 años de prisión (250. 2 Cp). Ignoro a qué se espera para que se igualen las penas en el Cp cuando el dinero pertenece a todos y a que los jueces, al menos, usen todo el arco penológico que el Código les ofrece.
Si los lectores recuerdan las sentencias del Tribunal Supremo, en atención a que se debe atender a la culpabilidad propia de la entidad, en la sentencia examinada se despacha con algo tan lacónico como:
“TERCERO.-Del referido delito contra la hacienda pública deben responder como autores los acusados Micaela, Jose Ángel y la entidad AMADORES DUNA S. A., por su intervención directa en su ejecución, en virtud del artículo 28 del Código Penal.”.
(Y encima para personas jurídicas la cita tendría que ser del art. 31 bis Cp y no del 28 Cp).
La reciente STS 476/2018, de 13-I, ponente Excmo. Antonio del Moral García, estima un recurso de la Fiscalía de Castellón contra una sentencia de esta Audiencia.
Ya tratamos la cuestión de la demolición (319. 3 Cp) en este tempranísimo POST hace ya casi seis años, así como en ESTE POST o ESTE OTRO POST.
El caso que se plantea ahora es que la Audiencia de Castellón difiere en el fallo la demolición a resolución de la comunidad autónoma (es decir, por no hacerse cargo de esa específica ejecución, le pasa “la patata caliente” a otra administración). Lógicamente la Fiscalía recurre esta cuestión obteniendo la razón en el Tribunal Supremo.
Veamos los principales pasajes del largo FJ 6º:
“Los jueces a quipus justificar ese pronunciamiento en el párrafo final del fundamento de derecho tercero de la sentencia de la siguiente forma:
«En el presente caso, al margen de que en el plenario no se hizo mención alguna por el Ministerio Fiscal ni por la defensa en cuanto a lo previsto en el citado art. 319.3 CP , consta en las actuaciones que el Sr. Raúl interpuso recurso pidiendo la suspensión de la resolución de la Consellería de Infraestructura Territorial y Medio Ambiente de 2-11-2012, que desestima recurso de alzada contra resolución de 18-05-2012, que ordenaba la restauración de la legalidad en relación con la construcción de la vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable, donde mediante auto de 21 de enero de 2014 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya acordó la suspensión de la resolución impugnada (f. 278 a 280 T. II), habiéndose tramitado expediente de disciplina urbanística a tal efecto, por lo que, desconociendo este Tribunal la concreta extralimitación constructiva a falta de la pericial correspondiente, estando pendiente de disciplina urbanística se tramita con la finalidad de restaurar la legalidad y que, en este concreto supuesto, cabe la posibilidad de que pueda legalizarse al menos parcialmente la obra, es por lo que estimamos que no procede acordar medida alguna sobre la posible demolición de la obra».
La motivación, estando revestida de cierta razonabilidad, no convence pues ensombrece el carácter preferente de la jurisdicción penal y cierra los ojos ante la naturaleza de regla prioritaria que ha de tener la demolición como medida restauradora del orden vulnerado. La regla general es que se acuerde la demolición; la excepción, que se eluda ese pronunciamiento por circunstancias especiales.
Señala el art. 319.3 del CP señala: "en cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe".
Según las SSTS 443/2013, de 22 de mayo , 529/2012, de 21 de junio; 901/2012, de 22 de noviembre y 816/2014, de 24 de noviembre, la demolición es una consecuencia civil, una obligación de hacer, derivada del delito, que conecta con los arts. 109 y ss. CP relativos a la reparación del daño. Esa reparación del daño ocasionado por el delito (arts. 109 , 110 y 112 CP) prevista con carácter general, se revela como algo dotado de todo el sentido.Sin ello la voluntad del infractor prevalecería sobre la de la ley. Tal debe ser la clave de lectura del art. 319.3 CP.
Es cierto que el precepto que analizamos no establece la demolición de forma imperativa. Sin embargo, el "en cualquier caso..." con el que se inicia en relación con el verbo escogido - "podrán"- sólo puede interpretarse en el sentido de que "en cualquier caso" se refiere a los supuestos núm. 1º y núm. 2º: en ambos casos cabe la demolición; esto es, con independencia de la calificación de los suelos sobre los que se hayan realizado las construcciones o edificaciones. Si el texto insiste en exigir motivación, lo que de por sí es un mandato constitucional para cualquier decisión judicial, lo hace porque estima que el automatismo no cabe por el simple dato de que exista delito. Pero el tribunal penal también debe motivar cuando deniegue la solicitud de demolición formulada.
El art. 319.3 no introduce criterio orientador alguno para adoptar una u otra decisión. Han de ponderarse factores como la gravedad del hecho y la naturaleza de la construcción; la proporcionalidad de la medida en relación con el perjuicio que causaría al infractor; comprobar si están implicados sólo intereses económicos, o también derechos fundamentales como el uso de la vivienda propia. Asimismo puede atenderse a la naturaleza de los terrenos en que se lleva a cabo la construcción (especial protección, destinados a usos agrícolas, etc). En principio es suficiente la comisión de un delito contra la ordenación del territorio unido a la permanencia de la obra infractora para acordar la restauración del orden quebrantado a través de la demolición. Lo excepcional será que se aprecien circunstancias que empujen a apartarse de esa regla prioritaria.
Siempre será proporcionada la demolición cuando sea la única vía posible para restaurar el orden quebrantado.
No puede aceptarse la excusa de remitir a una ulterior actuación administrativa la demolición como sugiere la sentencia. Esa opción entraña una no justificada dejación de la propia competencia de los tribunales penales. Además conectaría con la causa que generó, según explícita confesión del legislador, la protección penal: una histórica ineficacia de la administración para proteger adecuadamente ese interés general que representa el valor colectivo de la ordenación del territorio ( STS 901/2012, de 22 de noviembre ).
No sobra traer a colación, como colofón, un rotundo pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Una previsible modificación normativa (se está refiriendo también al campo urbanístico) que pueda afectar a una situación concreta, no es razón para paralizar la ejecución de una sentencia ya firme. La ejecución no puede quedar supeditada a hipotéticas modificaciones ulteriores que son solo futuribles. Es la STC 22/2009, de 26 de enero.
A la STC extensamente transcrita cabe adicionar otras, referidas todas a demolición. A idéntico nivel constitucional pertenece la STC 149/1989, de 22 de septiembre. Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha emanado un nutrido grupo de resoluciones de condena de diversos Estados por los retrasos o negativas de autoridades nacionales a ejecutar órdenes de demolición: SSTEDH de 22 de mayo de 2003 -Kyriatos c Grecia; ó 24 de mayo de 2007 -Paudicio c Italia-, entre otras.
No hay razones para posponer esa decisión que se revela como procedente ni para confiarla a actuaciones administrativas ahora pendientes de una revisión jurisdiccional que, por demás, está paralizada a expensas del resultado de este proceso penal.”.
Dos acuerdos de pleno del TS (Casación e interpretación art. 34 Ley hipotecaria)
Nuevamente gracias a Roberto Guimerá, de la Editorial Sepín, he tenido conocimiento de dos acuerdos de pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal obviamente, de 28-II-2018, con el siguiente contenido:
1.- Cuestión: Recurso de casación contra autos que resuelven jurisdicción:
Conforme a lo establecido en el art. 848 LECrim solo cabe recurso de casación contra autos que acuerden el sobreseimiento por falta de jurisdicción; y no contra los que la afirmen
2.- Cuestión: Interpretación del art. 34 Ley Hipotecaria.
Al amparo del art. 34 LH el adquirente de buena fe que confiado en los datos registrales inscriba su derecho en el Registro de la Propiedad, gozará de protección incluso en supuestos donde la nulidad del título proviene de un ilícito penal.
Este último vuelve a demostrar la importancia de las medidas cautelares. Quien se espere al final del pleito y no haya inscrito la anotación preventiva de pleito penal pendiente, se puede encontrar con una más que desagradable situación.
Otra Audiencia creativa: la de Burgos manda a juicio a dos constructoras por accidente laboral
Hablando de accidentes laborales, debo ir pensando en contratar un seguro, en caso de que siga escribiendo de ese complejo fenómeno que concurre cuando la Administración de Justicia española se pone a escribir de personas jurídicas. Si el martes de la semana pasada colgaba una sentencia de la Audiencia de Pontevedra condenando por delito de apropiación indebida a una constructora, delito claramente fuera de los tipos tasados que el Código recoge, hoy podemos volver a dañar la corteza cerebral al dar lectura al Auto 73/2018, de 19-I-2018, de la Sección 1ª de la Audiencia de Burgos, que recoge un caso muy habitual, por desgracia, que es el de un accidente laboral con responsabilidad penal.
El Juzgado de Instrucción de Briviesca dictó auto de procedimiento abreviado por delito contra los derechos de los trabajadores (tiene toda la pinta del 316 o 317 Cp). La defensa recurrió para que se sobreseyese por la Audiencia, mientras que la acusación particular pidió incluir también a dos empresas. La Audiencia estima el recurso de la acusación, incluyendo a las empresas y desestima el de la defensa.
En primer lugar, hablamos solo de un delito contra los derechos de los trabajadores FJº 3º:
“TERCERO.- En el supuesto objeto de recurso, tras el examen de las diligencias probatorias practicadas, se considera que existen indicios bastantes para imputar al recurrente la comisión de un delito contra la seguridad en el trabajo, resultando que ostentaba la condición de representante de la empresa Movaz Montajes la cual mediante subcontrato con KM Estructuras y Apeos S.L se encargaba de la ejecución de las obras en las que resultó lesionado el trabajador Gonzalo, por lo cual en este momento procesal debe mantenerse la condición de imputado, sin perjuicio del resultado de las pruebas que en el Plenario se practiquen y la valoración de las mismas por el Órgano sentenciador, el cual determinará la posible responsabilidad criminal del ahora recurrente, no siendo este el momento procesal oportuno para entrar en el fondo del asunto, bastando la existencia de indicios.”.
Es decir, claramente estamos ante un delito exclusivamente contra los derechos de los trabajadores y no hay ninguno más. La Audiencia nos dice lo siguiente:
“CUARTO.- En cuanto el recurso formulado por la representación de Gonzalo, entendemos que procederá su estimación en cuanto pretende que se incluyan como imputadas las personas jurídicas, sociedades, que participaron en la ejecución de las obras, es decir Movaz Montajes Servicios y Actividades, así como Grupo Sagredo Gestión SL lo cual se considera admisible puesto que el Código Penal establece en su artículo 31 bis la posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas, como es le caso, por lo cual procederá la estimación del recurso en dicho apartado.”.
Lo cual es una invención digna de Miguel Ángel, porque el 31 bis no está relacionado con ninguno de los artículos 312-318 Cp. Pero no es algo que diga yo, es que el Tribunal Supremo, en la que llamamos la octava sentencia de personas jurídicas (STS de 23-II-2017, ver enlace AQUÍ), claramente dice en su FJº 2º:
“3. El recurrente parte de un planteamiento equivocado. Ya vimos los términos en que la defensa del recurrente planteó sus conclusiones provisionales y definitivas. Además, la entidad Paradela SL. no puede ser acusada por este delito a tenor del art. 31 bis CP. El art. 318 no se remite al art. 31 bis. Lo que hace – mediante una cláusula que está vigente desde la LO 11/2003 y por ello con anterioridad a que se implantase la responsabilidad penal de las personas jurídicas por Lo 5/2010- es permitir la atribución de la pena en tales casos a los administradores y que quepa imponer alguna de las medidas del art. 129 CP a la persona jurídica; pero ésta no puede ser acusada como responsable penal.
De hecho, ha sido frecuente la crítica doctrinal sobre la no inclusión de los delitos contra los derechos de los trabajadores en el listado de delitos en los que cabe opere el art. 31 bis.”.
El Derecho práctico tiene cada vez más tanto de Ciencia como lo que tenía para los romanos rajar un ave y decidir al ver sus vísceras si invadían o no ese día.
Y estas decisiones que se toman con tanta ligereza le van a suponer a empresas internacionalizadas que no puedan acceder a créditos en el extranjero (en EEUU por ejemplo sólo por estar aquí investigadas). Como suelo añadir hacia el final de mis ponencias, los abogados no se deberían reir mucho de estas ocurrencias jurisprudenciales, puesto que un día irán contra el criterio de la Fiscalía, cuando procedería darnos la razón, pero otro día les afectará a su mejor cliente cuando no tendría por qué, como es el caso de este post.

References: artículo 28
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 31