Source: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5864/7773
Timestamp: 2019-11-20 14:20:18+00:00

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También en América se cuenta con un doble marco para los derechos humanos, como sucedió en el mundo y en Europa, específicamente.18 La Declaración Americana incorporó detalladamente tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, pero la Convención de 1969 se refirió a éstos en forma somera, apenas para apuntar el rumbo y establecer el carácter progresivo19 de los llamados derechos de segunda generación.20 É stos quedaron acogidos en el protocolo de San Salvador,21 que contiene un buen catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, pero reduce su "justiciabilidad" a sólo dos categorías: derecho a la educación y derecho de asociación sindical.22
Otro protocolo a la Convención se ha propuesto —siguiendo, también aquí, la técnica adoptada en el orden mundial y en el plano europeo— para abolir la pena de muerte.23 En la Conferencia que produjo la Convención Americana hubo un movimiento en este sentido, que entonces no logró el consenso necesario para la inmediata abolición.24 La jurisprudencia interamericana ha señalado, invariablemente, el carácter fuertemente restrictivo de las disposiciones de la Convención de 1969 relativas a la pena capital.25 É sta se halla en retirada, tanto en las normas como en la práctica, pero aún no se ha alcanzado la supresión completa. La subsistencia de esta sanción constituye una intensa paradoja dentro del régimen general de los derechos humanos.
Me parece pertinente mencionar aquí, asimismo, el convenio contra el terrorismo.31 No se trata, desde luego, de un instrumento sobre derechos humanos, pero dispone con claridad que la batalla contra esa gravísima expresión de una delincuencia inaceptable se debe desarrollar con respeto a esos derechos.32 La superación del falso dilema "derechos humanos-seguridad pública"33 —que conduce a una encrucijada: más seguridad y menos libertad—,34 a propósito de la acción de los Estados contra el terrorismo —y otros crímenes— , ha sido materia de frecuente consideración por parte de la jurisprudencia interamericana.35 É sta ha señalado, desde luego, que su competencia se extiende a los asuntos concernientes a derechos humanos y no abarca resoluciones de carácter penal a propósito de delitos y responsabilidades individuales, cuyo conocimiento incumbe a los tribunales nacionales.36
Constituye un error, a mi juicio, reducir el alcance del sistema interamericano de protección de los derechos humanos solamente a los dos órganos internacionales que actúan aquí: la Comisión y la Corte interamericanas. He manifestado en otras oportunidades — y reitero ahora— que el auténtico sistema interamericano al que nos referimos es mucho más que esos dos organismos, y debe reconocerse su amplio carácter y su compleja integración si verdaderamente queremos que prosperen y se consoliden el respeto y la tutela de los derechos humanos en el espacio que nos concierne38 .
tienen una dimensión tanto individual como social. Su desarrollo progresivo se debe medir, en el criterio de este Tribunal, en función de la creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a la seguridad social y a la pensión en particular (nota: en el caso sub judice venía a cuentas un tema de pensión: reducción de ésta, en perjuicio de algunos beneficiarios con percepciones pensionarias superiores a la media de los pensionados en el país), sobre el conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social, y no en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no necesariamente representativos de la situación general prevaleciente.142
Me permitiré recordar ahora algunas consideraciones que he expuesto en otros trabajos.163 Por supuesto, el futuro de la jurisdicción interamericana y de todo lo que é sta entraña se halla estrechamente vinculado a los desarrollos que el porvenir aporte en torno a la democracia y los derechos humanos, tanto en los países de nuestra América164 como en el mundo entero. Son la circunstancia en la que se desenvuelve esa jurisdicción, que no opera al margen de ella. El propio sistema interamericano de protección de los derechos humanos constituye una obra inconclusa, siempre en marcha. Por otra parte, es indispensable que el sistema se mantenga "en guardia" frente a los vientos adversos que pudieran mellarlo.165
1 Entre las grandes constancias históricas figuran el artículo 2o. de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de 1776 ("para garantizar (los derechos inalienables) se instituyen entre los hombres los gobiernos". En el orden americano, el primordial Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, declaró: "La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas" (artículo 24). 1
2 Cfr. Häberle, Peter, El Estado constitucional, trad. de Héctor Fix-Fierro, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, p. 115. 2
3 Cfr. Bobbio, Norberto, L´età dei diritti, Turín, Einaudi Tascabile, 1997, pp. 17 y ss.; "Presente y futuro de los derechos humanos", Anuario de Derechos Humanos 1981, Madrid, 1982, p. 10, y El problema de la guerra y las vías de la paz, trad. de Jorge de Binaghi, España, Gedisa, 1982, p. 130. 3
4 Cfr. Maier, Julio, Derecho procesal penal, 2a. ed., Buenos Aires, Ed. del Puerto, 1996, t. I, p. 183. 4
5 En la Resolución XI —"Declaración de México"— de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz (1945) se manifestó: que "la Comunidad Americana mantiene los siguientes principios esenciales como normativos de las relaciones entre los Estados que la componen" (énfasis agregado): "12. El fin del Estado es la felicidad del hombre dentro de la sociedad. Deben armonizarse los intereses de la colectividad con los derechos del individuo. El hombre americano no concibe vivir sin justicia". Texto en: Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz. México, 1945, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2003. 5
6 Cfr. Sepúlveda, César, "El panorama de los derechos humanos en América Latina. Actualidad y perspectivas", en Sepúlveda, César, Estudios sobre derecho internacional y derechos humanos, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2000, pp. 41-44. 6
7 Para un panorama sobre esta materia, me remito al desarrollo que hago en Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, así como en La Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Porrúa, 2008. 7
8 Acerca de este panorama de protección, cfr. Buergenthal, Thomas y Kiss, Alexander, La protection internationale des Droits de l´Homme, Kehl-Strasbourg-Arlington, N. P. Engel, 1991. Igualmente, cfr. una revisión colectiva en Varios, Similitudes y divergencias entre los sistemas de protección regional de los derechos humanos. El caso de América y Europa, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2000. 8
9 En efecto, la Declaración Universal fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, en tanto que la Americana lo fue por Resolución XXX de la Novena Conferencia Internacional Americana el 2 de mayo de 1948, fecha del "Acta Final". 9
10 En este sentido se produjo la Resolución XL, acerca de la "Protección internacional de los derechos esenciales del hombre". El delegado de Uruguay, Adolfo Varela, propuso que se emitiera una "nueva Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer". Cfr. Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, cit., nota 5, pp. 344 y 345. 10
11 Eduardo Jiménez de Aréchaga se refiere a la "homogeneidad fundamental y básica" que existía en América, "ya que las cartas fundamentales de todos nuestros Estados coinciden en sus definiciones y comulgan en un credo común de amparo al individuo". "Prólogo", a García Bauer, Carlos, Los derechos humanos. Preocupación universal, Guatemala, Universidad de San Carlos, 1960, p. 9. 11
12 Cfr. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969. Actas y documentos, Washington, D. C., Secretaría General-Organización de los Estados Americanos (OEA/Ser.K/XVI/1.2), 1978. 12
13 Daniel O´Donnell señala que esta expresión es un aporte de la Corte Interamericana, que aparece en la OC-16/99 sobre información del derecho a la asistencia consular. Cfr. Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Bogotá, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004, pp. 57 y ss. 13
14 A título de principios, que los Estados reafirman. Entre los doce principios que figuran en la Carta se encuentra el siguiente (sub j): "Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo". En el precepto que expone los principios reafirmados por los Estados americanos, éstos "proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo" (artículo 3, l). 14
15 El 26 de septiembre de 1949, el Consejo Interamericano de Jurisconsultos señaló que Declaración "no crea una obligación jurídica contractual, pero señala una orientación bien definida en el sentido de la protección internacional de los derechos fundamentales de la persona humana". En este sentido, también García Bauer, Carlos, Los derechos humanos, preocupación universal, cit., nota 11, p. 113. De otro parecer fue el expresidente de la Comisión Interamericana, Gabino Fraga. Cfr. "Protección internacional de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana en el ámbito americano", en Varios, Veinte años de evolución de los derechos humanos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1974, p. 597. La Corte Interamericana ha reconocido el enlace entre la Carta de la OEA y la Declaración Interamericana, y por tanto la fuerza vinculante de ésta. Cfr. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, párr. 45. 15
16 En 1959, el Consejo Interamericano de Jurisconsultos presentó un proyecto, emanado de una comisión presidida por Carlos García Bauer, en la que participó destacadamente Eduardo Jiménez de Aréchaga. En el mismo año hubo proyectos de Uruguay y Chile. 16
17 Sobre la amplitud del concepto, cfr. El derecho a la información sobre la asistencia consular. Opinión consultiva OC-16/99 del 1o. de octubre de 1999, párr. 115. 17
18 En el plano mundial, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966, y en el europeo, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 1950, y Carta Social Europea, de 1961. 18
19 El artículo 20 de la Convención obliga a los Estados a adoptar providencias "para lograr progresivamente la plena efectividad" de esos derechos, derivados de las normas aportadas por el Protocolo de Buenos Aires a la Carta de la OEA. 19
20 La referencia a generaciones de derechos no implica por fuerza diferencias jerárquicas entre éstos, sino que obedece a la "presentación en la escena" de la historia. Sobre este concepto, cfr., entre otros, Bidart Campos, Germán F., Teoría general de los derechos humanos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1989, pp. 195 y ss. Asimismo, Rey Cantor, Ernesto y Rodríguez Ruiz, María Carolina, Las generaciones de derechos humanos. Libertad-Igualdad-Fraternidad, 5a. ed., Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada-Grupo Editorial Ibáñez, 2007. 20
21 El Protocolo de San Salvador, del 17 de noviembre de 1988, ha sido suscrito por 19 Estados y cuenta con 13 ratificaciones (diciembre de 2007). 21
22 En los términos del artículo 19.6 del Protocolo, son "justiciables" las violaciones al párrafo a) del artículo 8o. ("derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar asociaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección"), y al artículo 13 (derecho a la educación). 22
23 El Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte fue suscrito el 8 de junio de 1990. Han firmado diez Estados, y ratificado ocho (diciembre de 2007). Por lo que toca a los planos europeo y mundial, el propósito abolicionista quedó establecido en el Protocolo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 1983, y en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1989. 23
24 Cfr. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, cit., nota 12, p. 467. 24
25 Así, en concepto de la Corte el artículo 4o. del Pacto de San José, sobre el derecho a la vida, "revela una inequívoca tendencia limitativa del ámbito de (la) pena (de muerte), sea en su imposición, sea en su aplicación". En "esta materia —sigue diciendo el tribunal—, la Convención expresa una clara nota de progresividad, consistente en que, sin llegar a decidir la abolición de la pena de muerte, adopta las disposiciones requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión final", Restricciones a la pena de muerte (artículos 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos) . Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983, párrs. 52 y 57. 25
26 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1985, firmada por 20 Estados y ratificada por 16 (diciembre de 2007). 26
27 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, del 9 de junio de 1994, suscrita por 16 Estados y ratificada por 13 (diciembre de 2007). 27
28 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará"), del 9 de junio de 1994, suscrita por 26 Estados y ratificada por 32 (diciembre de 2007). Sobre la perspectiva de género en la tutela interamericana y, en general, la presencia de la mujer en la atención de los organismos internacionales del área, cfr. Varios, Los derechos humanos de las mujeres: fortaleciendo su promoción y protección internacional. De la formación a la acción, San José, Costa Rica, IIDH-CEJIL, 2004; Pinto, Mónica, "Cuestiones de género y acceso al sistema internacional de derechos humanos", en Varios, Acceso a la justicia como garantía de igualdad. Instituciones, actores y experiencias comparadas, Buenos Aires, Biblos, 2006, pp. 189 y ss., así como las consideraciones que expongo en "Los derechos de las mujeres y la jurisdicción interamericana de derechos humanos", exposición en la Universidad del País Vasco, San Sebastián, 25 de mayo de 2007 (en prensa). 28
29 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, del 7 de junio de 1999, suscrita por 20 Estados y ratificada por 17 (diciembre de 2007). 29
30 A este respecto, es ilustrativa la jurisprudencia de la Corte sobre desaparición forzada, que ocupó la atención de ese tribunal desde los primeros casos sometidos a su conocimiento. Cfr. la señera resolución de fondo del Caso Velásquez Rodríguez (Honduras), sentencia del 29 de julio de 1988. 30
31 Convención Interamericana contra el Terrorismo, del 3 de junio de 2002, suscrita por 29 Estados y ratificada por 23 (diciembre de 2007). 31
32 Cfr. artículo 15 de dicha Convención, bajo el epígrafe "Derechos humanos", así como la AG/RES.1906 (XXXII-0/02) "Derechos humanos y terrorismo": dispuso "reafirmar que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con pleno respeto a la ley, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas para preservar el Estado de derecho, las libertades y los valores democráticos en el Hemisferio" (1); y "corroborar el deber de los Estados miembros de garantizar que todas las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo se ajusten a las obligaciones del derecho internacional" (2). 32
33 Acerca de la disyuntiva entre control de la criminalidad y garantías procesales (due process), cfr. Delmas-Marty, Mireille (dir.), Procesos penales de Europa (Alemania, Inglaterra y País de Gales, Bélgica, Francia, Italia) , trad. de Pablo Morenilla Allard, Zaragoza, España, Eijus, 2000, pp. 40 y 41. 33
34 Como en el título de la obra de Mark Sidel, More Secure and Less Free. Antiterrorism Policy & Civil Liberties after September 11, Ann Abor, The University of Michigan Press, 2004. 34
35 En torno a esta materia, cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre terrorismo y derechos humanos, Washington, D. C., Secretaría General-Organización de los Estados Americanos, 2002. 35
36 Así, por ejemplo, desde las primeras sentencias: Caso Velásquez Rodríguez (Honduras), sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 134; Caso Suárez Rosero (Ecuador), sentencia del 12 de noviembre de 1997, párr. 37, y Caso Castillo Petruzzi y otros (Perú), sentencia del 30 de mayo de 1999, párrs. 88-90. 36
37 Cfr. Moreno Pino, Ismael, Orígenes y evolución del sistema interamericano, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1977. El autor analiza el sistema como "acuerdo regional" o como "organismo regional", id., pp. 89 y ss. 37
38 Cfr. García Ramírez, Sergio, La jurisdicción interamericana de derechos humanos. Estudios, México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal-Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, pp. 77 y ss. y 293 y ss., y La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 33 y ss. 38
39 Explícitamente, el Preámbulo del Convenio europeo de 1950 se refiere a la resolución de los Estados de "tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal". 39
40 Cfr. García Ramírez, La Corte Interamericana, cit., nota 7, esp. pp. 227 y ss. También, "Actualidad y perspectivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en Becerra Ramírez, Manuel (coord.), La Corte Interamericana de Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, pp. XXXVI y ss. 40
41 En Argentina, la reforma constitucional de 1994 elevó al rango de la Constitución los tratados de derechos humanos. Cfr. Vanossi, Jorge R., "Los tratados internacionales ante la reforma de 1994", en Abregú, Martín y Curtis, Christian (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales, 1997; Ayala Corao, Carlos, "La jerarquía de los tratados de derechos humanos", en Méndez, Juan y Cox, Francisco (eds.), El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998, pp. 137 y ss., y La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias, Querétaro, Fundap, 2003.41
42 En este sentido, cfr. las Constituciones de Venezuela (artículo 23) y Colombia (artículo 93). Sobre la recepción constitucional en general, cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "El derecho internacional de los derechos humanos en las Constituciones latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en Fix-Zamudio, Héctor, Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1993, esp. pp. 449 y ss. 42
43 Por ejemplo, Ley 27775, de Perú, que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales internacionales, y Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, de México (2004). 43
44 Cfr. Flores Mena, Rubén Jaime, "La cultura de los derechos humanos. Asignatura pendiente en el ámbito jurídico-formativo local", La armonización de los tratados internacionales de derechos humanos en México, México, Secretaría de Relaciones Exteriores-Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos, 2005, pp. 253 y ss. 44
45 Cfr. García-Sayán, Diego, "Una viva interacción: Corte interamericana y tribunales internos", en Varios, La Corte Interamericana de Derechos Humanos: un cuarto de siglo. 1979-2004, San José, Costa Rica, Corte IDH, 2005, pp. 323 y ss. Asimismo, García Ramírez, Sergio, "Recepción de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Derecho interno", exposición en el XIV Encuentro de Presidentes y Magistrados de los Tribunales Constitucionales y Salas Constitucionales de América Latina (Lima, Perú, agosto de 2007), en prensa en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Montevideo, 2007; Carmona Tinoco, Jorge Ulises, "La aplicación judicial de los tratados internacionales de los derechos humanos", en Méndez Silva, Ricardo (coord.), Derecho internacional de los derechos humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM-Universidad Central de Chile-Universidad Externado de Colombia-Facultad de Derecho de la Universidad Complutense-Universidad de Lima-Fundación de Derecho Público de Venezuela, 2002, pp. 181-209. 45
46 Cfr. García Ramírez, La Corte Interamericana, cit., nota 7, esp. p. 169. Este tribunal, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Fundación Konrad Adenauer editan la revista Diálogo Jurisprudencial (México, núms. 1 y 2, correspondientes a 2006 y 2007, respectivamente), en la que se informa sobre sentencias nacionales que acogen el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH. 46
47 Sobre control de convencionalidad por parte de los tribunales internos, aplicando a los actos domésticos las normas del instrumento internacional, cfr. los pronunciamientos de la Corte Interamericana en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) (Perú), sentencia del 24 de noviembre de 2006, párr. 128, y en el Caso Almonacid Arellano y otros (Chile), sentencia del 26 de septiembre de 2006, párr. 124. 47
48 El artículo 74.2 previó que la Convención entraría en vigor cuando once Estados depositaran los correspondientes instrumentos de ratificación o adhesión. Los Estados cuya incorporación —por haber hecho el depósito correspondiente antes del 18 de julio de 1978 o en esta misma fecha— permitió la vigencia de la CADH fueron: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, República Dominicana y Venezuela. 48
49 Cfr. Enhancing Canada´s Role in the OAS. Canadian Adherence to the American Convention on Human Rights. Report of the Standing Senate Committee on Human Rights, Ottawa, The Senate, mayo de 2003, pp. 58 y ss. (consultable en http://www.Parl.gc.ca/ 37/2/parlbus/commbus/senate/com-e/huma-e/rep-e/rep04may03-e.htm). 49
50 Sobre este punto existe una declaración interpretativa de México, al tiempo de adherirse a la Convención (depositada el 24 de marzo de 1981): "Con respecto al párrafo 1 del artículo 4o. (México) considera que la expresión `en general´, usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida `a partir del momento de la concepción´, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados". 50
51 Cfr. El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982, párrs. 29 y ss. 51
52 Cfr. mi reseña sobre este asunto en "Una controversia sobre la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en García Ramírez, Sergio, Estudios jurídicos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, pp. 389 y ss., y La jurisdicción internacional. Derechos humanos y justicia penal, México, Porrúa, 2003, pp. 269 y ss. 52
53 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores) (Panamá) , Competencia, sentencia del 28 de noviembre de 2003, párrs. 59 y 239. 53
54 Son partes en la CADH: Barbados, Dominica, Grenada, Jamaica y Suriname. Han reconocido la competencia contenciosa de la Corte: Barbados y Suriname. En esta relación no me refiero a Haití y República Dominicana, que forman parte del Caribe, geográficamente, pero cuentan con una tradición jurídica diferente a la que informa el ordenamiento de la mayoría de los Estados caribeños (situación en la que también se halla, por cierto, Suriname). 54
55 El 26 de mayo de 1998, Trinidad y Tobago notificó al secretario general de la OEA su resolución de denunciar la Convención Americana. La denuncia entró en vigor un año después de la fecha de notificación. 55
56 La Corte Interamericana ha examinado este tema. Cfr. Caso Hilaire (Trinidad y Tobago) . Excepciones preliminares, sentencia del 10 de septiembre de 2001, párrs. 819 y ss. (en el mismo sentido, cfr. las sentencias de excepciones preliminares de los Casos Constantine y otros y Benjamin y otros).56
57 Cfr. Jackman, Oliver, "Living Memory of the Inter-American System of Human Rights", en Varios Autores, La Corte Interamericana, cit., nota 45, pp. 151 y ss.; y Fraser, Auro, "From Forgotten through Friction to the Future: The Evolving Relationship of the Anglophone Caribbean and the Inter-American System of Human Rights", Revista IIDH, San José, Costa Rica, núm. 43, enero-junio de 2006, pp. 207 y ss. 57
58 Así, en el Preámbulo y en el capítulo II de la Carta Democrática Interamericana, del 11 de septiembre de 2001. 58
59 Entre las numerosas revisiones acerca del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el marco de la OEA, que plantean modificaciones relevantes, cfr. los trabajos publicados en la Revista IIDH, San José, Costa Rica, edición especial, núms. 30-31, 2001, sobre "Fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos". 59
60 Sobre la participación de organizaciones no gubernamentales en este campo, cfr., entre otros, Buergenthal y Kiss, La protection internationale, cit., nota 8, pp. 155 y ss.; Krsticevic, Viviana, "El papel de las ONG en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Trámite de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en Varios, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI. Memoria del Seminario. Noviembre de 1999, Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001, t. I, p. 409; y "Desafíos de la comunidad de derechos humanos de cara a la Asamblea General de la OEA", Revista IIDH, San José, Costa Rica, núms. 30-31, 2001, pp. 245 y ss.; Cuéllar, Roberto, "Participación de la sociedad civil y sistema interamericano de derechos humanos en contexto", El sistema interamericano de protección, cit., supra, t. I, pp. 349; Rodríguez Brignardello, J. Hugo, "OEA y participación de la sociedad civil. Entre un modelo para armar y otra posibilidad perdida", Revista CEJIL, San José, Costa Rica, diciembre de 2005, pp. 27 y ss., y Páez Ramírez, Manuel Y., "El papel de la sociedad civil en el desarrollo de la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos", en Varios, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos y los países andinos, Lima, Comisión Andina de Juristas-Fundación Konrad Adenauer, 2006, pp. 149-150. 60
61 Cfr. mi apreciación en La jurisdicción interamericana, cit., nota 38, pp. 79 y 80 y 295, y La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 39 y 40. 61
62 El Estado —indica la Corte IDH— "tiene el deber particular de proteger a aquellas personas que trabajen en organizaciones no gubernamentales, así como a otros grupos o individuos que trabajen en favor de la defensa de los derechos humanos, ya que el trabajo que éstas realizan constituye un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los derechos de las personas bajo su jurisdicción". Caso Guerrero Gallucci y Martínez Barrios (Venezuela). Medidas provisionales, resolución del 4 de julio de 2006, considerando séptimo. Asimismo, cfr. Caso de la Fundación de Antropología Forense (Guatemala) . Medidas Urgentes, resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 21 de abril de 2006, considerando noveno, y Caso del Internado Judicial de Monagas "La Pica" (Venezuela) . Medidas Provisionales, resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de febrero de 2006, considerando décimo cuarto. 62
63 Cfr. García Ramírez, "Ombudsman y tutela interamericana de derechos humanos", Derechos humanos. Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, México, año 1, núm. 3, 2006, pp. 53 y ss.; La jurisdicción interamericana, cit., nota 38, pp. 80, y La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 41 y 42. 63
64 En torno a los antecedentes de la cuestión, cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Posibilidad del ombudsman en el derecho constitucional latinoamericano", en Fix-Zamudio, Héctor, Justicia constitucional, ombudsman, cit., nota 42, pp. 403 y ss., y "Avances y perspectivas de la protección procesal de los derechos humanos en Latinoamérica", en Fix-Zamudio, Héctor, Protección jurídica de los derechos humanos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1999, esp. pp. 447 y ss. 64
65 Por ejemplo, en la segunda audiencia pública correspondiente al procedimiento para la adopción de la opinión consultiva OC-18/03, acerca de Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados compareció y expuso su posición el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos. Sobre el papel del amicus curiae, cuya importancia es creciente y debiera aumentar, cfr. Moyer, Charles, "The Role of amicus curiae in the Inter-American Court of Human Rights", en Varios Autores, La Corte Interamericana Estudios, cit., nota 45, pp. 119 y ss. 65
66 Cfr. García Ramírez, La jurisdicción interamericana, cit., nota 38, pp. 80 y 295-296, y La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 41-42. 66
67 Cfr. Santoscoy, Bertha, La Commission Interaméricaine des Droits de l´Homme et le développement de sa compétence par le système des pétitions individuelles, Ginebra, Publications de l´Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, 1995, y Sepúlveda, César, "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1960-1981) y "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Un cuarto de siglo de evolución y empeños", en Sepúlveda, César, Estudios sobre derecho internacional, cit., nota 6, pp. 75 y ss. y 113 y ss.; y Faúndez Ledesma, Héctor, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Aspectos institucionales y procesales, 3a. ed., San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Autoridad Noruega para el Desarrollo Internacional-Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2004, pp. 34 y ss. 67
68 La Corte ha señalado que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) . Opinión consultiva OC-19/05, del 28 de noviembre de 2005, punto 1 de la opinión. 68
69 La Corte Interamericana ha manifestado que en virtud del principio de buena fe consagrado en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, si un Estado suscribe una convención de derechos humanos "tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos". Caso Loayza Tamayo (Perú), sentencia del 17 de septiembre de 1997, párr. 80. 69
71 Sobre la posición de México en la Conferencia, que inicialmente consideró prematura la constitución de la Corte y posteriormente aceptó el establecimiento del tribunal, en la inteligencia de que su jurisdicción sería subsidiaria, Cfr. García Ramírez, La jurisdicción interamericana, cit., nota 38, pp. 29 y ss., y La jurisdicción internacional, cit., nota 52, pp. 56 y ss. 71
72 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "El sistema americano de protección de los derechos humanos", en Fix-Zamudio, Héctor, Protección jurídica, cit., nota 64, pp. 271 y ss.; y Zovatto, Daniel, "Antecedentes de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en Varios, La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios y documentos, San José, Costa Rica, Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-Unión Europea, 1999, pp. 249 y ss. 72
73 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Memoria de la instalación, San José, Costa Rica, Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- OEA-Unión Europea, 1998, reproducida en Varios Autores, La Corte Interamericana, cit., nota 45, pp. 415 y ss. 73
74 En torno a la primera etapa del Tribunal, cfr. Buergenthal, Thomas, "Recordando los inicios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Revista IIDH, San José, Costa Rica, núm. 39, enero-junio de 2004, pp. 11 y ss. 74
75 Para una crítica al régimen procesal interamericano de derechos humanos (considerando la situación del ordenamiento en la época de fundación de la Corte), cfr. el discurso del presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, en la ceremonia de instalación de la Corte. Cfr. Corte Interamericana, Memoria, cit., nota 73, pp. 20 y 21. Igualmente, cfr. Alcalá-Zamora, Niceto, "La protección procesal internacional de los derechos humanos", en Varios Autores, Veinte años de evolución de los derechos humanos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1974, pp. 277 y ss. 75
76 Sobre estas atribuciones, a título de facultades jurisdiccionales, cfr. García Ramírez, La jurisdicción interamericana, cit., nota 38, pp. 87 y ss. y 128 y ss., y La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 51 y ss. y 116 y ss. 76
77 La función consultiva constituye un "método judicial alterno" para la protección de los derechos humanos y un servicio que la Corte presta, "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos", Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-3/83, del 8 de septiembre de 1983, párr. 43. 77
78 En torno a la función consultiva, cfr. Ventura Robles, Manuel y Zovatto Garreto, Daniel, La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Madrid, Civitas, 1989; Buergenthal, Thomas, "The advisory practice of the Inter-American Human Rights Court", en Varios Autores, La Corte, cit., nota 45, pp. 27 y ss. Nikken, Pedro, "La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en Varios Autores, El sistema interamericano de protección, cit., nota 60, t. I, pp. 161 y ss.; Pacheco Gómez, Máximo, "La competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en id., pp. 71 y ss.; Pasqualucci, Jo M., The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 29 y ss.; García Ramírez, Sergio, "Estudio introductorio: La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OC-18/2003", en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-18/2003, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2004, pp. 9 y ss. 78
79 El Tribunal Europeo puede opinar acerca de "cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio (europeo) y de sus Protocolos" (artículo 47.1 del Convenio), pero sus opiniones "no podrán referirse ni a cuestiones que guarden relación con el contenido o la extensión de los derechos y libertades definidos en el título I del Convenio y en sus protocolos, ni a las demás cuestiones de las que el Tribunal o el Comité de Ministros pudieran conocer de resultas de la presentación de un recurso previsto por el Convenio" (artículo 47.2 idem). Este último precepto señala que "el Tribunal podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Ministros" (del Consejo de Europa). El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de 1945, faculta a ésta para atender solicitudes de "cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma" (artículo 65). La "Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica" (artículo 96.1); y agrega que "los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán igualmente solicitar a la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades" (artículo 96.2). 79
80 Informes de la Comisión Interamericana de Derehos Humanos (artículo 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-15/97 del 14 de noviembre de 1997, párrs. 25-26. 80
81 Cfr. Faúndez Ledesma, El sistema interamericano, cit., nota 47, pp. 989 y ss. Alonso Gómez Robledo atribuye a las opiniones de la Corte "force de droit en lo general". Cfr. Derechos humanos en el sistema interamericano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, 2000, p. 46. 81
82 En este sentido, la Sala Constitucional (Sala IV) de la Corte Suprema de Costa Rica, Acción de inconstitucionalidad no. 412-S-90, sentencia del 13 de noviembre de 1985.82
83 "Los Estados miembros de la Organización [de los Estados Americanos] podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires" (artículo 64.1). Sobre el alcance de esta norma son fundamentales las primeras opiniones consultivas de la Corte, a saber: Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) , opinión consultiva OC-1/82, del 24 de septiembre de 1982, y El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-2/82, del 24 de septiembre de 1982. 83
84 "La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales" (artículo 64.2). 84
85 Pueden formular consultas en el ámbito de sus atribuciones los órganos mencionados en el capítulo X de la Carta de la OEA: Asamblea General, Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, consejos (Consejo Permanente, Consejo Interamericano Económico y Social y Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura), Comitér Jurídico Interamericano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría General, conferencias especializadas y organismos especializados. 85
86 El carácter vinculante de las resoluciones de la Corte se establece en la Convención Americana (artículos 62 y 68.1) y ha sido ampliamente reconocido por los órganos de la OEA en numerosos pronunciamientos; por todos, cfr. AG/RES.2291 (XXXVII- 0/07) y AG/RES.2292 (XXXVII-0/07), del 5 de junio de 2007. 86
87 Cfr. Cançado Trindade, Antônio A., "Informe: bases para un proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para fortalecer su mecanismo de protección", El sistema interamericano de protección, cit., nota 60, t. II, p. 47. 87
88 En torno a esta cuestión cfr. mi Voto en el Caso del penal Miguel Castro Castro (Perú), sentencia del 5 de noviembre de 2006, en La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 584 y ss. 88
89 En este sentido, por lo que toca a los Convenios de Ginebra, de 1949, cfr. Caso Las Palmeras. Excepciones preliminares (Colombia), sentencia del 4 de febrero de 2000, párr. 33. Asimismo, Caso Masacre Plan de Sánchez (Guatemala), sentencia del 29 de abril de 2004, párr. 51, en lo que respecta a las disposiciones internacionales en materia de genocidio. 89
90 Sobre este tema, cfr. García Ramírez, Sergio, "El acceso de la víctima a la jurisdicción internacional sobre derechos humanos", Revista IIDH, San José, Costa Rica, núms. 32-33, julio 2000-junio 2001, pp. 223 y ss. Para un examen detallado de la materia, cfr. Cançado Trindade, Antônio, "The Emancipation of the Individual from his own State: The Historical Recovery of the Human Person as Subject of the Law of Nations", Varios, La Corte Interamericana, cit., nota 45, pp. 159 y ss. 90
91 "Sólo los Estados parte (en la CADH) y la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte" (artículo 61.1). 91
92 El Reglamento de 1991, reformado en 1993 y 1995, señaló: "La Corte podrá invitar a las personas mencionadas en el artículo 22.2 de este Reglamento (`abogados representantes por el denunciante original, por la presunta víctima o por familiares de ésta´ que asistan a los delegados de la Comisión en un caso ante la Corte) designados a que presenten alegatos en relación con la aplicación del artículo 63.1 de la Convención" (reparaciones). Conforme al Reglamento de 1996, "En la etapa de reparaciones los representantes de las víctimas o de sus familiares podrán presentar sus propios argumentos y pruebas en forma autónoma". 92
93 Bajo el Reglamento de 2000, reformado en 2003, "la expresión `partes en el caso´ significa la víctima o la presunta víctima, el Estado y, sólo procesalmente, la Comisión" (artículo 2.23); y "Después de admitida la demanda, las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados podrán presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma durante todo el proceso" (artículo 23.1). 93
94 Cfr., por ejemplo, Nikken, Pedro, "Perfeccionar el sistema interamericano de derechos humanos sin reformar el Pacto de San José", en Méndez y Cox (eds.), El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, cit., nota 41, p. 559, pp. 25 y ss.; y Buergenthal, Thomas y Cassel, Douglass, "The future of the Inter-American Human Rights System", id., p. 559. 94
95 Acerca del incremento notable en la emisión de sentencias por parte de la Corte Interamericana (que en sólo un cuatrienio dictó más de la mitad de las expedidas en un cuarto de siglo) y de la abreviación de tiempo en el procedimiento contencioso, producto de las normas reglamentarias y de las prácticas judiciales, cfr. las estadísticas en Varios Autores, La Corte Interamericana, cit., nota 45, pp. 483 y ss., y mis comentarios acerca de los progresos alcanzados en ese cuatrienio, en La Corte Interamericana, cit., nota 7, esp. pp. 158-161. 95
96 Para un examen comparativo sobre esta materia, cfr. Arias Ramírez, Bernal, "Las medidas provisionales y cautelares en los sistemas universal y regionales de protección de los derechos humanos", Revista IIDH, San José, Costa Rica, núm. 43, enero-junio de 2006, pp. 79 y ss. 96
97 "En casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá estimar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión" (artículo 63.2). Sobre esta materia, cfr. Rey Cantor, Ernesto y Rey Anaya, Ángela Margarita, Medidas provisionales y medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentación de Sergio García Ramírez, Bogotá, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Temis-Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2005. Asimismo, García Ramírez, "Las medidas provisionales en la jurisdicción interamericana", La jurisdicción interamericana, cit., nota 38, pp. 239 y ss. 97
98 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros (Trinidad y Tobago). Fondo, reparaciones y costas, sentencia del 21 de junio de 2002, párrs. 27 y 197-200. 98
99 Al respecto, cfr. la resolución de la Corte sobre el Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II (Venezuela), del 8 de febrero de 2008, párrs. (considerativos) 7 y 8. En mi Voto razonado expreso que "aquí se plantea más un punto de énfasis que un asunto de esencia. En efecto, creo que en todo caso hay un propósito tutelar (protección de derechos humanos) y cautelar (preservación de la materia del enjuiciamiento)", párr. 9. 99
100 "La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos" (artículo 65). 100
101 Cfr. Londoño Lázaro, María Carmelina, "El cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana: dilemas y retos", en Varios, El sistema interamericano de protección, cit., nota 60, pp. 113 y ss. 101
102 Cfr. García Ramírez, La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 168-169. 102
103 Sobre la trascendencia (recepción o implementación o cumplimiento) de los pronunciamientos de la Corte Interamericana, así como de la Comisión Interamericana, en el orden interno, cfr. noticia y comentarios recientes en Abramovich, Víctor, Bovino, Alberto y Courtis, Christian (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, Buenos Aires, Editores del Puerto-Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- Canadian International Development Agency, 2007, y el panorama que suministra Viviana Krsticevic, "Reflexiones sobre la ejecución de las decisiones del sistema interamericano de protección de derechos Humanos", en Varios Autores, Implementación de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos. Jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales, San José, Costa Rica, CEJIL, 2007, pp. 15 y ss. 103
104 Cfr. Hitters, Juan Carlos y Fappiano, Ó scar, Derecho internacional de los derechos humanos, Buenos Aires, EDIAR, 2007, t. I, vol. 1, pp. 686-688. Igualmente, cfr. Úbeda de Torres, Amaya, Democracia y derechos humanos en Europa y América. Estudio comparado de los sistemas europeo e interamericano de protección de los derechos humanos, Madrid, Reus, 2007, pp. 77 y ss. 104
105 Cfr., por ejemplo, los panoramas que se proporcionan en Medina Quiroga, Cecilia, La Convención Americana: teoría y jurisprudencia. Vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial, San José, Costa Rica, Universidad de Chile-Facultad de Derecho-Centro de Derechos Humanos, 2003; Abreu Burelli, Alirio, "Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en Varios Autores, La Corte Interamericana, cit., nota 45, pp. 87 y ss., y García Ramírez, Sergio, "Algunos criterios recientes de la jurisdicción interamericana de derechos humanos", Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, núm. 1, julio- diciembre de 1999, pp. 123 y ss. (reproducido en La jurisdicción internacional, cit., nota 52, pp. 175 y ss.), "Temas en la reciente jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos", Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Madrid, núm. 6, 2003, pp. 651 y ss. (reproducido en id., pp. 209 y ss), "Desarrollo y criterios de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos", Anuario Iberoamericano, cit., supra, 2007 (reproducido en La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 233 y ss.), y "Cuestiones de la jurisdicción interamericana de derechos humanos", Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, año VII, 2008, pp. 202 y ss. (www.corteidh.or.cr).105
106 Sobre esta cuestión en el orden interamericano, cfr., Aguiar Anguiano, Asdrúbal, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, Caracas, Monte Ávila Editores-Universidad Católica Andrés Bello, 1997, esp. pp. 190 y ss. 106
107 Desde las primeras sentencias, la Corte adoptó el principio pro homine (o pro persona) y sostuvo la interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez (Honduras). Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987, párr. 30. En torno a la interpretación en el ámbito de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos, cfr. Medina Quiroga, La Convención Americana, cit., nota 105, pp. 4 y ss. 107
108 Como aportaciones útiles para la presentación y sistematización de esta materia, que permita el manejo de la jurisprudencia interamericana por parte de quienes la estudian o aplican, me permitiré mencionar — entre otras publicaciones, cuyo número aumenta—, los "Criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (1979-2004)" acogidos en Varios, La Corte Interamericana, cit., nota 45, pp. 517 y ss., y García Ramírez, Sergio (coord.), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006 (dos vols., tercer volumen en prensa). 108
109 Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela (Colombia), sentencia del 11 de mayo de 2007, párrs. 67-68. 109
110 En cuanto a la obligación de respeto, cfr. Caso Velásquez Rodríguez (Honduras), sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 165. 110
111 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez (Honduras), sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 166. Cfr., igualmente, Medina Quiroga, Cecilia, La Convención Americana, cit., nota 105, pp. 11 y ss. De la misma autora, cfr. "Las obligaciones de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos", en Varios Autores, La Corte Interamericana, cit., nota 45, esp. pp. 242 y ss. 111
112 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez (Honduras), sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 166. 112
113 Ibidem, párr. 172. 113
114 En diversas sentencias, la Corte ha considerado que el Estado es responsable por la conducta violatoria en que incurren miembros de ciertos grupos —patrullas, autodefensas, paramilitares— que actúan con la aquiescencia, colaboración o tolerancia de agentes del poder público. Al respecto, cfr., entre otros, Caso Blake (Guatemala), sentencia del 24 de enero de 1998, párrs. 75-78; Caso de los 19 Comerciantes (Colombia), sentencia del 5 de julio de 2004, párrs. 124-125 y 134-141; Caso de la Masacre de Mapiripán (Colombia), sentencia del 15 de septiembre de 2005, párrs. 110-112 y 116-123; Caso de las Masacres de Ituango (Colombia), sentencia del 1o. de julio de 2006, párrs. 130-137. 114
115 Cfr. Caso de los `Niños de la Calle´ (Villagrán Morales y otros) (Guatemala), sentencia del 19 de noviembre de 1999, párr. 144. Cfr. mi Voto razonado en el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa (Paraguay), sentencia del 28 de febrero de 2006. 115
116 Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa (Paraguay), sentencia del 29 de marzo de 2006, párrs. 176-178. 116
117 Cfr. Ollarves Irazábal, Jesús, Ius cogens en el derecho internacional contemporáneo, Caracas, Instituto de Derecho Público-Universidad Central de Venezuela, 2005, pp. 394 y ss. Este autor considera que "el aporte de este órgano interamericano de protección de los derechos humanos, en referencia a la noción de jus cogens, consiste en reafirmar el carácter vinculante y superior de esta categoría del derecho internacional y la responsabilidad de los Estados como principio de derecho internacional", id., p. 116. 117
118 Cfr. Caso Maritza Urrutia (Guatemala), sentencia del 27 de noviembre de 2003, párr. 92; Caso Caesar (Trinidad y Tobago), sentencia del 11 de marzo de 2005. 118
119 Cfr. Caso Cantoral Benavides (Perú), sentencia del 18 de agosto de 2000, párrs. 100-102. 119
120 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango (Colombia), sentencia del 1o. de julio de 2006, párr. 269120
121 Cfr. Caso Gangaram Panday (Suriname), sentencia del 21 de enero de 1994, párr. 47. 121
122 Cfr. García Ramírez, Sergio, "Panorama del debido proceso (adjetivo) penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana", Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2006, Montevideo, Konrad Adenauer Stiftung, año 12, 2006, t. II, pp. 1126 y ss., reproducido en La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 345 y ss. 122
123 Cfr. Méndez, Juan, "El acceso a la justicia, un enfoque desde los derechos humanos", en Varios, Acceso a la justicia y equidad. Estudio en siete países de América Latina, San José, Costa Rica, Banco Interamericano de Desarrollo-Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2000, pp. 15 y ss. 123
124 Cfr. El derecho a la información sobre la asistencia consular. Opinión consultiva OC-16/99, cit., nota 17. 124
125 Cfr. García Ramírez, Sergio y Gonza, Alejandra, "La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)", Revista de Derecho Público, Buenos Aires, 2006-2, pp. 459 y ss. Hay edición actualizada (al final de 2007), publicada bajo el mismo título, por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2007. 125
126 Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 71; Caso Herrera Ulloa (Costa Rica), sentencia del 2 de julio de 2004, párrs. 117-119. 126
127 Cfr. Caso Ricardo Canese (Paraguay), sentencia del 31 de agosto de 2004, párrs. 88-94. 127
128 Cfr. Caso Ivcher Bronstein (Perú), sentencia del 6 de febrero de 2001, párr. 163. 128
129 Cfr. Caso López Álvarez (Honduras), sentencia del 1o. de febrero de 2006, párrs. 169 y 172-174. 129
130 Cfr. Caso Claude Reyes (Chile), sentencia del 19 de septiembre de 2006, párrs. 86-87. 130
131 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs. Panamá) (Panamá), sentencia del 2 de febrero de 2001, párrs. 166 y 171. Asimismo, cfr. Caso Huilca Tecse (Perú), sentencia del 3 de marzo de 2005, párr. 78. 131
132 La Corte expuso extensamente su criterio en torno a esta materia en Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. 132
133 Cfr. mi trabajo "Jurisdicción para menores de edad que infringen la ley penal. Criterios de la jurisdicción interamericana y reforma constitucional", Derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, México, Secretaría de Relaciones Exteriores-Comisión Europea, 2006, pp. 51 y ss. 133
134 Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico (República Dominicana), sentencia del 8 de septiembre del 2005, párr. 134. 134
135 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni (Nicaragua), sentencia del 31 de agosto de 2001, párrs. 145-153. 135
136 Cfr. Mackay, Fergus, Los derechos de los pueblos indígenas en el sistema internacional. Una fuente instrumental para las organizaciones indígenas, Lima, Asociación Pro Derechos Humanos-Federación Internacional de Derechos Humanos, 1999, pp. 53-55. 136
137 Ha sido relevante la resolución de la Corte en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni (Nicaragua), sentencia del 1o. de febrero de 2000, párrs. 142 y ss. Cfr. mi Voto razonado en Temas de la jurisprudencia, cit., nota 162, pp. 153, y "Dos temas recurrentes: debido proceso y derechos de indígenas", La jurisdicción interamericana, cit., nota 38, pp. 276 y ss. Además, González Volio, Lorena, "Los pueblos indígenas y el ejercicio de los derechos políticos de acuerdo a la Convención Americana. El Caso Yatama contra Nicaragua", Revista IIDH, San José, Costa Rica, núm. 41, enero-junio de 2005, pp. 317 y ss., y Ramírez, Andrés D., "El caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay", en id., pp. 347. 137
138 Cfr. Caso Tibi (Ecuador), sentencia del 7 de septiembre de 2004, párr. 218. 138
139 La Corte ha considerado que el caso del desplazamiento forzado en el interior de un Estado puede ser analizado en los términos del artículo 22 CADH. El desplazamiento trasciende, sin embargo, el marco de dicho precepto e implica un menoscabo de las condiciones de vida digna. Cfr. Caso de las Masacres de Ituango (Colombia), sentencia del 1o. de julio de 2006, párrs. 207 y 234. 139
140 Cfr. Caso Yatama (Nicaragua), sentencia del 23 de junio de 2005, párrs. 218-220. En mi Voto razonado sobre este caso me refiero, entre otras cosas, a las diversas categorías de violaciones con las que se han vulnerado derechos de integrantes de comunidades indígenas: eliminación, exclusión y contención. A esta última categoría corresponden las restricciones consideradas en el Caso Yatama.140
141 El tema ha sido ampliamente examinado por la doctrina en torno al sistema interamericano y su posible desenvolvimiento inmediato. Cfr. García Ramírez, Sergio, "Protección jurisdiccional internacional de los derechos económicos, sociales y culturales", Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, núm. 9, julio-diciembre de 2003, pp. 127-157; en Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD-Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos (CECDH), Estudios sobre derechos humanos, San Salvador, FESPAD Ediciones, 2004, pp. 453-485; y en Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Construyendo una agenda para la justiciabilidad de los derechos sociales, San José, Costa Rica, CEJIL, 2004, pp. 87-113; Urquilla, Carlos Rafael, "Los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la reforma al sistema interamericano de protección de los derechos humanos", Revista IIDH, San José, Costa Rica, núms. 30-31, 2001; Ventura Robles, Manuel, "Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales", Revista IIDH, San José, Costa Rica, núm. 40, julio-diciembre de 2004, pp. 107 y ss.; Pinto, Mónica, "Los derechos económicos, sociales y culturales y su protección en el sistema universal y en el sistema interamericano", Revista IIDH, San José, Costa Rica, núm. 40, julio-diciembre de 2004, pp. 25 y ss.; Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Trotta, 2002; los estudios de Courtis ("La protección de los derechos económicos, sociales y culturales a través del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos"), Denise Hauser ("La protección de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre"), Simon Walker ("Nuevos desafíos en la protección internacional de los derechos humanos. Un protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales") y Magdalena Sepúlveda Carmona ("La supuesta dicotomía entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales a la luz de la evolución del derecho internacional de los derechos"), Protección internacional de derechos humanos. Nuevos desafíos, México, Porrúa-Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2005; y Chávez Sánchez, Odalinda, "Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales", en González Martín, Nuria y Chávez Sánchez, Odalinda, Dos temas torales para los derechos humanos: acciones positivas y justiciabilidad de los derechos sociales, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2008, pp. 115 y ss. 141
142 Caso "Cinco pensionistas" (Perú), sentencia del 28 de febrero de 2003, párr. 147. Cfr. mi Voto razonado en este caso, reproducido en Temas de la jurisprudencia, cit., nota 162, pp. 167-169. 142
143 Cfr. El habeas corpus bajo suspensión de garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, y Garantías judiciales en estados de emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. 143
144 Cfr. La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. 144
145 Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (artículos 1o. y 2o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-14/94, del 9 de diciembre de 1994. 145
146 Cfr. Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-12/91, del 6 de diciembre de 1991. 146
147 Para una consideración crítica sobre la jurisprudencia de la Corte, cfr. Dulitzky, Ariel E., "El principio de igualdad y no discriminación. Claroscuros de la jurisprudencia interamericana", Anuario de Derechos Humanos, Santiago de Chile, 2007, pp. 15 y ss. 147
148 Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión consultiva OC-4/84, del 19 de enero de 1984, párr. 55. 148
149 Cfr. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión consultiva OC-18/03, del 17 de septiembre de 2003, párr. 101. Sobre el ius cogens y la no discriminación, cfr. Ollarves Irazábal, Ius cogens, cit., nota 117, pp. 355 y ss. 149
150 Cfr. Condición jurídica y derechos de los migrantes, cit., nota 65, párrs. 169-172. Véase mi "Estudio introductorio", Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-18/03, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2004, pp. 9 y ss. 150
151 Cfr. Varios Autores, Migraciones y derechos humanos, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004; Bustamante, Jorge A., Migración internacional y derechos humanos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, esp. pp. 115 y ss., y Olea Rodríguez, Helena, "Derechos humanos y migraciones. Un nuevo lente para un viejo fenómeno", Anuario de Derechos Humanos, cit., nota 147, pp. 197 y ss.. 151
152 Cfr. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica, cit., nota 152, párrs. 56-58; El derecho a la información sobre la asistencia consular, cit., nota 17, párrs. 119-123; Condición jurídica y derechos humanos del niño, cit., nota 132, párrs. 46 y 53-55. 152
153 El tratamiento de las reparaciones constituye un tema diferencial entre los sistemas europeo y americano. En éste, a través de "sentencias complejas", se condena a reparaciones que van más allá de la indemnización económica y no remiten la solución del punto a la normativa doméstica. Cfr. Londoño Lázaro, María Carmelina, "Las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos con perspectiva comparada", International Law. Revista Colombiana de Derecho Internacional, núm. 5, junio de 2005, pp. 406 y ss. 153
154 "Ninguna parte (del artículo 63.1) — señaló la Corte— hace mención ni condiciona las disposiciones de la Corte a la eficacia de los instrumentos de reparación existentes en el derecho interno del Estado parte responsable de la infracción, de manera que aquélla no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo". Caso Velásquez Rodríguez (Honduras). Indemnización compensatoria, sentencia del 21 de julio de 1989, párr. 30. 154
155 Desde las primeras sentencias reparatorias del Tribunal se hizo ver que "la obligación contenida en el artículo 63.1 de la Convención es de derecho internacional y éste rige todo sus aspectos como, por ejemplo, su extensión, sus modalidades, sus beneficiarios, etcétera. Por ello, la sentencia impondrá obligaciones de derecho internacional que no pueden ser modificadas ni suspendidas en su cumplimiento por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno". Caso Aloeboetoe y otros (Suriname). Reparaciones, sentencia del 10 de septiembre de 1993, párr. 44. 155
156 Sobre la estructura de las resoluciones de la Corte, cfr. García Ramírez, Sergio, "La protección de derechos y libertades en el Sistema Jurisdiccional Interamericano. El amparo internacional", La jurisdicción interamericana, cit., nota 38, pp. 155 y 156. 156
157 Me remito a lo que expongo en mi trabajo "La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones", en Varios, La Corte Interamericana, cit., nota 45, pp. 1 y ss., transcrito en La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 271 y ss. Asimismo, cfr. García Ramírez, Sergio, Los derechos humanos y la jurisdicción, cit., nota 7, pp. 145 y ss. 157
158 Caso Garrido Baigorria (Argentina). Reparaciones, sentencia del 27 de agosto de 1998, párr. 41. 158
159 Caso Hermanas Serrano Cruz (El Salvador), sentencia del 1o. de marzo de 2005, párr. 138. 159
160 Cfr. Caso "La última tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros vs. Chile) (Chile), sentencia del 5 de febrero de 2001, párrs. 89-90 y res. 3-4. 160
161 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros (Perú), sentencia del 30 de mayo de 1999, párr. 221. En torno a debido proceso y ne bis in idem, Cfr. mi Voto en el Caso La Cantuta (Perú), sentencia del 29 de noviembre de 2006, transcrito en La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 603 y 604. 161
162 Al respecto, cfr. mi estudio "Dos temas de la jurisprudencia interamericana: `proyecto de vida´ y amnistía", La jurisdicción internacional, cit., nota 52, pp. 258 y ss., así como las sentencias —que establecieron el criterio de la Corte sobre esta materia, posteriormente reiterado en otras resoluciones— correspondientes a los Casos Loayza Tamayo (Perú). Reparaciones, sentencia del 7 de noviembre de 1998, párrs. 168 y ss.; Castillo Páez (Perú). Reparaciones, sentencia del 27 de noviembre de 1998, párrs. 103 y ss. y Barrios Altos (Perú). (Chumbipuma Aguirre y otros) , sentencia del 14 de marzo de 2001, párrs. 41 y ss. Asimismo, cfr. mi Voto razonado en este último caso, transcrito en García Ramírez, Sergio, Temas de la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. Votos particulares, Guadalajara, ITESO-Universidad Iberoamericana (Mé xico y Puebla)- Universidad Autó noma de Guanajuato, 2005, pp. 71 y ss. Igualmente, véase la sentencia de interpretación de la Corte relativa al Caso Barrios Altos, del 3 de septiembre de 2001, párrs. 17 y ss. También, Amnistía vs. Derechos Humanos, Lima, Defensoría del Pueblo, 2001, y el estudio de Domingo García Belaúnde sobre la sentencia del Caso Barrios Altos, sus problemas e implicaciones, "Amnistía y derechos humanos (a propósito de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso `Barrios Altos´), en García Belaúnde, Domingo (coord.), Constitucionalismo y derechos humanos, Lima, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección Peruana)-Ed. Juridica Grijley, 2002, pp. 117 y ss. En torno a un caso reciente en el que la Corte IDH aborda nuevamente los problemas de impunidad, cfr. el punto de vista de José Zalaquett, que contiene consideraciones críticas sobre el pronunciamiento de la Corte: "El Caso Almonacid. La noción de una obligación imperativa de derecho internacional de enjuiciar ciertos crímenes y la jurisprudencia interamericana sobre leyes de impunidad", Anuario de Derechos Humanos, cit., nota 147, pp. 183 y ss. 162
163 Así, "El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos", en García Ramírez (coord.), Jurisprudencia de la Corte, cit., nota 108, t. I, pp. 1073 y ss., La jurisdicción interamericana, cit., nota 38, pp. 47 y ss. y108 y ss., y La Corte Interamericana, cit., nota 7, pp. 93 y ss. y 138 y ss. Cfr., asimismo, Cançado Trindade, Antônio y Ventura Robles, Manuel, El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Corte IDH-ACNUR, 2003. 163
164 El movimiento hacia la democracia favoreció la recepción de los derechos humanos provenientes del orden internacional, y ésta, a su vez, se ha proyectado a favor de la democracia. Abramovich, que comenta los hechos de la última década en el tema que nos ocupa, pone en relieve su impacto en las instituciones y el sistema legal de la República Argentina. Al respecto, señala que "incorporó nuevos derechos y garantías al sistema constitucional; contribuyó a insertar plenamente al país en un sistema de justicia internacional de derechos humanos; impuso cambios en la administración de justicia; determinó la necesidad de repensar la organización federal; favoreció la creación de una nueva institucionalidad pública encargada de diseñar e implementar políticas de gobierno específicas de derechos humanos; y contribuyó a la consolidación de una disciplina académica que discutió y favoreció la aplicación de esos estándares y principios en los distintos campos del derecho público y privado". "Introducción", en Varios, La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, cit., nota 103, p. III. 164
165 Es relevante el examen colectivo sobre las etapas y los problemas del sistema, que un distinguido grupo de expertos lleva adelante en el "Simposio: una revisión crítica del sistema interamericano de derechos humanos: pasado, presente y futuro", Anuario de Derechos Humanos, cit., nota 147, pp. 53 y ss. 165

References: artículo 2
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 artículo 64
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 artículo 19
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 4
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 artículo 74
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 artículo 31
 artículo 22
 artículo 63
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