Source: https://tc.vlex.es/vid/2002-p-f-230611
Timestamp: 2019-11-13 07:04:03+00:00

Document:
STC 172/2004, 18 de Octubre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 230611
STC 172/2004, 18 de Octubre de 2004
Número de Recurso: 965-2002
Recurso de amparo 965-2002. Promovido por don Ignacio P.F. en relación con las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Social de Madrid que desestimaron su demanda contra el Ministerio de Asuntos Exteriores por despido del Consulado de España en Montevideo. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): Sentencia desestimatoria en aplicación del Derecho extranjero, probado e identificado
Sentencia citada en: 472 sentencias, 6 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 965-2002, promovido por don Ignacio P.F., representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Peris Álvarez y asistido por el Abogado don Agustín Cámara Cervigón, contra las Sentencias 294/2000 del Juzgado de lo Social núm. 37 de Madrid, de 11 de julio de 2000, dictada en autos 298-2000 en materia de despido, que desestimó la demanda formulada por el actor contra el Ministerio de Asuntos Exteriores, y 160/2001, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 de febrero de 2001, que desestimó el recurso de suplicación 5687-2000 interpuesto contra la resolución anterior. Ha sido parte el Abogado del Estado, en la representación que ostenta. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 21 de febrero de 2002, don Luis Peris Álvarez, en nombre y representación de don Ignacio P.F., presentó recurso de amparo contra las resoluciones del encabezamiento.
Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo relevantes para la resolución del recurso son, en síntesis, los siguientes:
El demandante, Sr. P.F., de nacionalidad española, siendo residente en Montevideo (Uruguay) fue contratado verbalmente en dicha ciudad el 1 de febrero de 1983 por el Cónsul General de España en esa capital, para prestar servicios en dicho Consulado como subalterno E-4, pasando a partir del 1 de febrero de 1988 a la categoría de auxiliar D-4, en concurso de promoción.
El demandante figura afiliado al sindicato español Unión General de Trabajadores (UGT), existiendo certificación del Secretario de la Federación del Exterior de la Federación de Servicios Públicos del mencionado sindicato (FSP-UGT) en el sentido de que dicho demandante ostenta el cargo de delegado sindical de UGT en la Administración pública española en Uruguay desde 1985.
El 31 de marzo de 2000 se participó por el Consulado de España en Montevideo al demandante que por el Ministerio de Asuntos Exteriores se había procedido a comunicar a la UGT la decisión de rescindir su relación laboral, dándole trámite de audiencia y suspendiéndole, entre tanto, de empleo y sueldo. Dicho trámite fue cumplimentado por el sindicato mediante escrito presentado en el Ministerio el 7 de abril de 2000. Los hechos tienen su origen en la tramitación de un pasaporte español en el Consulado de España en Montevideo el día 8 de febrero de 2000, recibiéndose una información el día 12 de febrero siguiente en el sentido de que dicho pasaporte se había documentado de forma ilegal. Realizadas ciertas averiguaciones por personal del Consulado en los Registros Civiles de Montevideo y de Rivera se observaron, efectivamente, determinadas irregularidades en la tramitación del pasaporte, que fueron puestas en conocimiento del Cónsul General, quien el 8 de marzo de 2000 remitió nota informativa al Ministerio de Asuntos Exteriores, que ordenó desplazarse a Montevideo al Subdirector General de Personal a fin de efectuar averiguaciones, tomar declaraciones al personal y redactar los informes correspondientes, lo que éste efectuó los días 16 y 17 de marzo siguientes.
Con fecha 12 de abril de 2000, el Cónsul General de España en Montevideo notificó al demandante la carta de despido, que debía surtir efectos desde esa misma fecha. En la carta se señalaba lo siguiente:
Por la presente le comunico que con efectos de hoy, queda rescindida la relación laboral que mantiene con este Consulado, por los hechos que se señalan a continuación, tal y como impone la vigente legislación uruguaya:
-Tras una investigación realizada en el Consulado, se ha comprobado que los documentos aportados por el Sr. Núñez Moreira son falsos.
Para que estos documentos no levantasen sospechas, al ser contrastados con los obrantes en el Consulado, Vd. alteró, previamente, el 8 de febrero de 2000, las fichas de Registro de Matrícula, atribuyendo la paternidad del Sr. Álvaro Adrián Núñez Moreira, al ciudadano español D. José Núñez Vázquez, cuando en realidad su padre es el ciudadano uruguayo D. Álvaro Núñez Pereira. Usted alteró la ficha original del ciudadano español D. José Núñez Vázquez, para que el ordenador no pudiese 'encontrarla'. Además creó una nueva segunda ficha, lo que viene probado por el número de confección otorgado automáticamente por el ordenador, con los datos que convenían al caso. Asimismo, en la ficha original alteró los datos.
-Su implicación en el asunto viene además confirmada por los siguientes extremos:
1. Pese a encontrarse de vacaciones en Punta del Este, se presentó en el Consulado para ayudar al Sr. Núñez Moreira y estuvo presente en todos los trámites que realizó el mismo, colaborando en la redacción de las solicitudes. Finalizadas estas gestiones, abandonó el Consulado no regresando mientras duraron sus vacaciones.
2. Usted ya sabía con anterioridad que el Sr. Núñez Moreira presentaría su documentación el 8 de febrero de 2000. La instalación del programa de contabilidad para el año 2000, fue una excusa para justificar su presencia.
3. Usted, como encargado de la informática del Consulado, tiene en su despacho el ordenador central desde el que puede acceder a todos los periféricos de todas las secciones del Consulado.
4. En su despacho se han realizado transacciones relacionadas con el mundo del fútbol, como Vd. reconoce en su declaración de 17 de marzo de 2000 ante el Subdirector General de Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores.
5. En esta misma declaración reconoce como de su letra los números que constan en el encabezamiento de la solicitud de inscripción en el Registro de Matrícula y en la solicitud de pasaporte del Sr. Núñez Moreira. Asimismo reconoce que realizó la inscripción en el registro de Matrícula y que presentó al Sr. Núñez Moreira en la Sección del Registro Civil.
6. Usted entregó al Sr. Núñez Moreira la partida de nacimiento del ciudadano español José Núñez Vázquez, para que la presentase posteriormente en el Registro Civil del Consulado.
Todo ello supone una falta muy grave de deslealtad y abuso de confianza en el desempeño de sus funciones, por lo que se da por concluida la relación laboral mantenida con Vd. de conformidad con lo previsto en la legislación uruguaya.
En la Sentencia de 11 de julio de 2000 del Juzgado de lo Social núm. 37 de Madrid constan igualmente como probados los siguientes hechos relativos a los motivos aducidos en la carta de despido:
El día 8-2-2000 pasadas las 13 horas (se atiende al público hasta las 13:30 h.) se presentó en el Consulado Español en Montevideo Álvaro Adrián Núñez Moreira -actualmente futbolista del Club Deportivo Numancia (de España)- con persona no identificada y el demandante, presentando el Sr. Núñez documental para tramitar su inscripción de nacimiento y obtención de pasaporte, interesándosele en la Sección de Registro Civil por el empleado Sr. García de Arenas fotocopia del pasaporte del padre que -supuestamente- se llamaba José Núñez Vázquez, contestando el interesado que hacía mucho que no se trataba con él y no disponía de tal fotocopia, comprobando el empleado que a José Núñez Vázquez se le había concedido pasaporte en el Consulado y que figuraba inscrito en el Registro de Nacionales, por lo que al venir presentado el interesado por el demandante, y dado el resto de la documentación presentada se aceptó la documentación inscribiendo los datos en el ordenador de la Sección de Registro Civil, sin pasar al Libro de Nacimientos los datos dado que iban a cerrar la oficina al público y, al venir acompañado el interesado por el demandante -dada la premura expresada de obtención del pasaporte porque decía viajaría a España el día siguiente- se le toman las fotografías, el demandante ayuda al interesado a rellenar los impresos de solicitud y realizó dicho demandante igualmente el alta en el Registro de Matrícula y preparó el pasaporte del interesado, pidiendo al empleado Sr. Reyes que le diera número de libreta de pasaportes y desde la terminal del ordenador del demandante este transmitió la orden a la impresora del Sr. Reyes de imprimir el pasaporte para el interesado, pasaporte que se pasa a la firma del Cónsul General, y se lleva dicho interesado, retomando el demandante sus vacaciones.
Con motivo de denuncia verbal ante el Consulado, se practicaron averiguaciones, que dio como resultado según el expediente aportado, que el interesado al que se expidió el pasaporte no es hijo de José Núñez Vázquez (español), sino de Álvaro Núñez Pereira uruguayo, aparte de otras discordancias con la documental que presentó, constando alterada en el Registro de Matrícula del Consulado la ficha informática de José Núñez Vázquez, cambiándose en la ficha original la fecha de nacimiento y borrado el número de matrícula antiguo para que el ordenador no lo pueda encontrar por la fecha y número indicados.
Al ser suspendido de empleo y sueldo el demandante el 31-3-2000 hasta el despido comunicado el 12-4-2000, se procedió a separar los efectos personales del actor de los oficiales en el despacho que ocupaba los últimos años, levantándose acta de documentos, se intervinieron las computadoras que venía utilizando -como encargado de informática- cambiándose las contraseñas y cambiando llaves de acceso al Consulado, descubriéndose por la documentación encontrada y declaración de empleada, los vínculos futbolísticos del demandante y utilización indebida de locales del Consulado para menesteres relacionados con dicho deporte, contratación de jugadores, etc, y operaciones de entorno comercial sin relación alguna con su actividad como trabajador del Consulado".
Por oficio de 24 de abril de 2000, el Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores remitió al Fiscal General del Estado documentación relativa a la posible comisión de delitos en la irregular tramitación de recuperación de la nacionalidad del ciudadano uruguayo don Álvaro Adrián Núñez Moreira, jugador de fútbol profesional del Club Deportivo Numancia, refiriendo que en la tramitación participó el demandante, lo que se contestó por dicha Fiscalía en oficio de 5 de mayo de 2000 comunicando que se daba traslado al Fiscal de la Audiencia Nacional a efectos oportunos.
Tras haber planteado el demandante, el 18 de abril de 2000, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores reclamación previa a la vía judicial por despido, sin que conste haber recaído resolución al efecto, presentó demanda por despido el 11 de mayo de 2000, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de lo Social núm. 37 de Madrid que, en Sentencia de 11 de julio de 2000, tras rechazar la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por la parte demandada, desestimó la demanda por despido, declarando la procedencia del mismo. En la Sentencia el Juez, tras estimar probados los hechos constitutivos del despido, por notorio abuso de confianza, concluyó que tanto si se aplica la normativa uruguaya de la que aportó algunos documentos el demandado en su ramo documental (no así el demandante) y de la que se deduce que caso de estar justificado el despido no ha lugar a indemnización, como si, estimando que no está suficientemente probada conforme exige el art. 12 del Código civil, se aplica la legislación laboral española, debe llegarse a la conclusión de que el despido del actor es procedente por incumplimiento grave y culpable previsto en el art. 54.2 d) del Estatuto de los trabajadores. Rechazó también el Juez la objeción planteada por el demandante relativa a que, siendo delegado sindical de UGT, no se habría seguido correctamente la tramitación del expediente disciplinario, por entender que no ha quedado acreditado que le conste al demandado tal condición, más allá de la de mero militante del sindicato, a quien por otra parte se dio audiencia sobre lo imputado, y porque siendo indiscutible que el contrato de trabajo entre las partes se celebró en Uruguay verbalmente, es inaplicable la legislación laboral española, por imperativo de lo dispuesto en el art. 1.4 del Estatuto de los trabajadores.
La Sentencia del Juzgado de lo Social fue recurrida por el demandante en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el recurso, entre otros motivos relativos a la revisión de los hechos probados y al examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, se alegó por el recurrente la vulneración del art. 24 CE por falta de motivación y fundamentación en la Sentencia de instancia en relación con la decisión de considerar de oficio aplicable la legislación uruguaya, siendo así que ninguna de las partes -demandante y demandado- alegaron en momento alguno la aplicación del Derecho de Uruguay, ni fue acreditada en el juicio la existencia de la legislación solicitada, la vigencia de la misma y su aplicación al caso litigioso, por lo que no habiendo quedado probado en forma alguna el Derecho extranjero con la suficiente claridad o seguridad, lo procedente es aplicar la legislación española, según criterio unánime y pacífico de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La Sala, en Sentencia de 20 de febrero de 2001, desestimó el recurso de suplicación confirmando la Sentencia de instancia. Por lo que se refiere a los motivos de recurso anteriormente señalados, la Sala negó que el juzgador de instancia hubiera decidido de oficio la aplicación de la legislación uruguaya, pues a ella se refería en dos ocasiones la carta de despido, habiéndose ratificado en ella -y, por tanto, en la normativa aplicable- el Abogado del Estado en el acto del juicio oral, "y si cierto es que en la sentencia no se indica precepto concreto al folio 238 figura la Ley 12.597 de 30 de diciembre de 1958 en cuyo art. 10 se establece que no hay derecho a indemnización en los despidos en que se dé incumplimiento del trabajador y la deslealtad así lo considera el Tribunal de Apelaciones en su sentencia núm. 67 de 5 de mayo de 1986 como consta al folio 256".
Contra la citada Sentencia presentó el recurrente recurso de casación para la unificación de doctrina, que fue inadmitido por Auto de 10 de enero de 2002 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Por lo que al presente recurso de amparo interesa, el Auto inadmite el recurso en lo relativo a la pretendida aplicación indebida del Derecho extranjero por entender inexistente la identidad que requiere la contradicción entre la Sentencia recurrida y la aportada como contraste, dado que "mientras en la sentencia recurrida la Sala confirma la aplicación de la Ley Uruguaya al quedar -a su juicio- probado el derecho extranjero, dichas circunstancias no concurren en la sentencia referencial, en la que ante la falta de prueba del derecho extranjero, se aplica la legislación nacional".
En la demanda de amparo se denuncia la vulneración del art. 24 CE, que garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Dicha vulneración se imputa a las Sentencias de 11 de julio de 2000 del Juzgado de lo Social núm. 37 de Madrid y de 20 de febrero de 2001 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por la aplicación a la relación laboral de la legislación laboral uruguaya, cuando el criterio jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo ante idénticos presupuestos fácticos es el de aplicar la legislación española. En tanto que las resoluciones judiciales se apartan de esta línea jurisprudencial deberían haber ofrecido un plus de motivación, siendo como es fundamental para el actor la aplicación de la legislación española, dado que ha invocado que en el despido no se han seguido los cauces formales exigidos por su condición de representante sindical. En tales condiciones, puede concluirse que la decisión del juzgador obedece a un mero voluntarismo.
Por la falta de acreditación de dicha normativa en el expediente. Con independencia de la cuestión de quién ha de soportar la prueba de la legislación uruguaya, es insoslayable que dicha legislación ha de quedar suficientemente acreditada en autos, lo que no ha ocurrido en el presente caso, por lo que debería haberse aplicado la doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que establece que cuando a los Tribunales españoles no les sea posible fundamentar con seguridad absoluta la aplicación del Derecho extranjero habrán de juzgar y fallar según el Derecho patrio.
Por la falta de mención de qué norma se ha aplicado, para poder combatirla en el recurso de suplicación. El derecho fundamental del art. 24 CE exige una verdadera motivación de la resolución judicial, no bastando con dar una respuesta expresa a las pretensiones de las partes, sino que dicha respuesta debe estar suficientemente motivada.
Por providencia de 6 de noviembre de 2003, la Sala Segunda de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda. En esta providencia se dispuso también que, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se dirigiese atenta comunicación a las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 1212-2001 y al recurso de suplicación núm. 5687-2000, e, igualmente, que se dirigiese atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 37 de los de Madrid a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos núm. 298-2000, debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
Habiendo comparecido el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, mediante escrito registrado el 11 de noviembre de 2003 y remitidas las actuaciones a las que se ha hecho mención anteriormente, por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda de 12 de febrero de 2004 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 26 de febrero de 2004, interesó de este Tribunal la denegación del amparo, por entender que las resoluciones impugnadas no han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del actor.
El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el día 10 de marzo de 2004, en el que solicitó la denegación del amparo pretendido.
El demandante de amparo presentó también, a través de su representación procesal, escrito de alegaciones, registrado en este Tribunal el día 12 de marzo de 2004, en el que ratificó todo lo expuesto en la demanda de amparo.
Por providencia de 14 de octubre de 2004 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año.
La presente demanda de amparo se dirige contra las Sentencias de 11 de julio de 2000 del Juzgado de lo Social núm. 37 de Madrid y de 20 de febrero de 2001 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimaron la demanda por despido formulada por el actor contra el Ministerio de Asuntos Exteriores, por considerar procedente el despido conforme a la legislación uruguaya, que declararon aplicable al caso.
Antes de entrar a analizar si realmente se ha vulnerado en el presente caso el derecho a la tutela judicial efectiva, como afirma el recurrente, debemos analizar la objeción de carácter procesal articulada por el Abogado del Estado, en cuyo escrito se hace referencia, como ya se ha indicado, a la causa de inadmisibilidad de la demanda por falta de invocación formal en la vía judicial previa del derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la vulneración, hubiere lugar a ello. De confirmarse esta circunstancia la presente demanda de amparo quedaría incursa en la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) del mismo texto legal.
Invocado en el presente recuro de amparo el derecho fundamental reconocido a todas las personas en el art. 24.1 CE "a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", debemos comenzar por recordar que, como este Tribunal viene afirmando de manera constante, el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de los litigantes a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, que también puede ser de inadmisión si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; y 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras muchas). Asimismo, hemos dicho que la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos (por todas, SSTC 163/2000, de 12 de junio, FJ 3; y 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 4). También es doctrina reiterada la de que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos (SSTC 112/1996, de 24 de junio, FJ 2; y 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6).
Una segunda consideración general ha de efectuarse antes de descender al análisis detallado de la resolución judicial impugnada. Como acabamos de señalar, el demandante de amparo sitúa la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva en la decisión del órgano judicial, que califica de inmotivada, voluntarista e irracional, de aplicar al caso de autos el Derecho uruguayo, siendo así que, a su juicio, ni tal Derecho era el aplicable, ni resultó probado, ni aparece suficientemente identificado mediante la cita de la concreta norma aplicada. Pues bien, de modo previo a la consideración de estas cuestiones conviene recordar que este Tribunal ha debido ocuparse en los últimos años, hasta en cuatro ocasiones, de diferentes problemas derivados de la relación entre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la alegación y prueba del Derecho extranjero: SSTC 10/2000, de 17 de enero; 155/2001, de 2 de julio; 33/2002, de 11 de febrero; y 29/2004, de 4 de marzo. Los asuntos abordados en dichas Sentencias, aun compartiendo una problemática jurídica común, guardan todos significativas diferencias entre sí y, sin duda alguna, con el que ahora se examina.
Denuncia el demandante de amparo, en primer lugar, la decisión de las resoluciones judiciales consideradas de declarar aplicable a su relación laboral la legislación uruguaya, cuando el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo y del mismo Tribunal Superior de Justicia, ante idénticos presupuestos fácticos, es el de aplicar la legislación española. Por ello -según el aquí recurrente- al apartarse las resoluciones judiciales de esta jurisprudencia, deberían haber tenido un plus de motivación del cambio de criterio y de la privación de un derecho constitucional, en cuya ausencia concluye que la decisión del juzgador obedece a un mero voluntarismo.
En segundo lugar, alega el demandante que las resoluciones recurridas se han apartado de forma voluntarista e irrazonable, causándole grave indefensión, de los criterios jurisprudenciales y normativos relativos a la necesidad de juzgar y fallar según el Derecho patrio cuando no haya quedado suficientemente probada la aplicación del Derecho extranjero.
Nuevamente en el ámbito de la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales denuncia el demandante, en tercer y último lugar, la falta de mención en la Sentencia de la norma (del Derecho uruguayo) aplicada, para poder combatirla en el recurso de suplicación. Sin embargo, como señala el Ministerio Fiscal, esta denuncia no se corresponde con la realidad, toda vez que en el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia de instancia se alude expresamente al ramo de prueba de la parte demandada, señalando que de la ley uruguaya se han aportado algunos documentos, y si bien es cierto que en la Sentencia no se indica precepto concreto, no es menos cierto, como aclara la Sentencia de suplicación, que la legislación y la jurisprudencia aplicadas figuran suficientemente identificadas en las actuaciones, constando igualmente en las resoluciones judiciales los elementos de juicio sobre los que las mismas basaron su decisión, lo que, como ya hemos señalado con anterioridad, satisface, desde la óptica de la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, de acuerdo con nuestra doctrina. Es claro que el demandante pudo combatir la Sentencia de instancia en su recurso de suplicación con conocimiento pleno de las razones por las que su demanda había sido desestimada.
Desestimar la demanda de amparo promovida por don Ignacio P.F..
SAN 61/2002, 14 de Octubre de 2002
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