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Timestamp: 2020-01-22 01:41:11+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 379, de 28/11/2001
Año 2001 VII Legislatura Núm. 379
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ-CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
celebrada el miércoles, 28 de noviembre de 2001
- Relativa al establecimiento de medidas para la extensivización de la ganadería. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 16 1/000993.) . . . (Página 12426)
- Relativa al plan de recuperación de la merluza. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000854.) . . .
(Página 12431)
- Relativa al plan de recuperación de la merluza. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000915.) . . . (Página 12431)
- Para la erradicación de la pesca ilegal no regulada y no documentada. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000823.) . . . (Página 12436)
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- Relativa a la elaboración de un plan de acción contra la pesca ilegal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000911.) . . . (Página 12436)
- Relativa a la virosis agrícola en la provincia de Almería.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000885.) . . . (Página 12440)
- Relativa a las medidas a tomar ante la crisis del sector del aceite de orujo de oliva. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000946.) . . . (Página 12442)
- Sobre aplicación de la modulación de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) al campo español, contemplada en el reglamento horizontal de las ayudas 2000, al objeto de incrementar el presupuesto destinado a financiar los programas de desarrollo rural.
(Número de expediente 161/000050.) . . . (Página 12445)
- Proyecto de ley por la que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles (procedente del Real Decreto-ley 8/2001, de 6 de abril) (Número de expediente 121/0000038.) . . . (Página 12446)
- Proyecto de ley de modificación de la ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.
(Número de expediente 121/000044.) . . . (Página 12446)
- Proyecto de ley por la que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles (procedente del Real Decreto-ley 8/2001, de 6 de abril. (Número de expediente 121/000038.) . . . (Página 12446)
(Número de expediente 121/000044.) . . . (Página 12450)
(Número de expediente 161/000993.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión número 26, de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la que se van a tratar una serie de proposiciones no de ley, finalizando con el debate sobre unos proyectos de ley.
Les quiero anunciar, antes de iniciar los debates, que las votaciones se realizarán después de las doce y media, tal como viene indicado en las observaciones del orden del día, así como en las notificaciones que se han realizado. Por tanto, las votaciones no serán nunca antes de las doce y media.
También les quisiera anunciar, y se lo indicaré a la hora de las votaciones, que la Comisión de Agricultura de mañana, con la comparecencia del ministro de la Presidencia, se adelantará una hora, es decir, será a las cinco de la tarde. No obstante, se lo volveré a indicar a lo largo de la mañana.
Iniciamos, por tanto, el debate de la primera proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 1, relativa al establecimiento de medidas para la extensivización de la ganadería, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra su portavoz el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Esta proposición, que tiene entrada, como se puede ver, el 27 de septiembre, ha tenido un largo recorrido en esta Comisión, y según ha ido pasando el tiempo ha ganado en actualidad. Si ya tenía muchísima actualidad cuando se redactó, ahora la tiene aún más, porque es una proposición no de ley que va a una cuestión de fondo, como es la la ordenación del sector ganadero.
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Hace muy poco hemos tenido ocasión de que el ministro de Agricultura, señor Arias Cañete, nos informe sobre la intención por parte del Gobierno de hacer una ordenación del sector del vacuno de carne. Es cierto que en el transcurso del debate se puso de relieve que, tal como está orientada todavía esta reforma, era de una gran endeblez porque no atacaba los problemas de fondo, como es la relación que tiene que existir entre las producciones ganaderas y el medio natural. Es prácticamente imposible abordar una reforma del sector ganadero en profundidad sin tener en cuenta los distintos ecosistemas productivos dentro del Estado español. Y lo que es más, hay ecosistemas que tienen una situación enormemente delicada porque son prácticamente únicos en el mundo, España junto con Portugal disponen de la mayor parte de ellos, aunque también se extienden por el sur de Italia y por islas del Mediterráneo. Me estoy refiriendo al ecosistema dehesa. Se necesita rápidamente un reglamento europeo que permita que se pueda garantizar el futuro de este ecosistema, por un lado, y que, además, puedan tener un aprovechamiento idóneo las distintas especies pascícolas que, como ustedes saben, van desde el porcino, las montaneras de bellota, pasando por el vacuno de carne, ovejas de raza autóctona fundamentalmente la oveja merina y, por tanto, afecta prácticamente a todo los sectores ganaderos.
Tenemos otros ecosistemas muy importantes en el norte y es muy importante que se legisle sobre ellos. Hay que darse cuenta de que una de las bases que tenemos de la producción de vacas madres en el sistema del norte, prados de la zona gallega, de la zona de la cornisa cantábrica, zona pirináica, estriba, entre otras cosas, en el sistema de segar la hierba de las praderas y después meterla en los silos. Todo el mundo sabe que allí las praderas se denominan por el número de cortes. Hay praderas que tienen ocho o nueve cortes al año y hay otras de dos cortes al año. Según los tratamientos que se pueden hacer, el número de cortes puede variar y, además, en profundidad. Todo el mundo conoce también los problemas de agotamiento y la necesidad de regenerar estas praderas que, en definitiva, necesitan también un tratamiento ad hoc. Lo que queremos decir con la proposición no de ley es que si queremos hacer en profundidad una reforma ganadera tenemos que hablar de los sistemas agrarios y cómo éstos se sujetan a la tierra.
Tenemos que decir que quedamos un tanto perplejos, e incluso le puedo decir que entristecidos, cuando el señor ministro de Agricultura, con una frivolidad digna de otra causa o más bien de no tenerla nunca, al hacerle consideraciones de esta misma naturaleza, las calificó de reformas de laboratorio. Dijo que no podía ser, que estábamos hablando de unas reformas de laboratorio y que, por tanto, aquello iba a ser muy complicado. Cuando hablaba, me recordó que en la Edad Media a la peritonitis se le llamaba cólico miserere y al final acaba muriéndose el paciente. Nosotros lo que no queremos es que se muera el paciente. Estamos tratando de producir alimentos naturales en un mercado que lo demanda. Después de lo ocurrido en Doha, en Qatar, con la organización común de mercado, tenemos una situación muchísimo peor que la que teníamos antes. Es decir, que la orientación hacia unas ganaderías que estén más sujetas al territorio es una necesidad obligada para producir alimentos naturales unidos a la tierra. Fíjense que después de la encefalopatía espongiforme bovina hemos tenido que prohibir la utilización en los piensos de las harinas animales y todavía no hay una respuesta, por parte del Gobierno, a cómo sustituir las proteínas de las harinas animales.
En esta proposición no de ley decimos claramente cuál es nuestra iniciativa a este respecto, cómo pretendemos un incremento de la superficie de alfalfa, de regadío, de las leguminosas proteicas y como queremos que en el secano haya también un incremento muy sustancial de los cultivos de leguminosas con el objeto de que toda esta proteína que ahora mismo tenemos que importar directamente a través de la soja de Estados Unidos, o de otros países como Brasil, en gran parte la podamos producir en el Estado español. Por tanto, se va enmarcando en hacer una ganadería competitiva, en conseguir que nuestro sistemas agrarios optimicen sus producciones, en dar a algunos de nuestros regadíos una vocación que a veces no tienen y que se encuentra dificultad para ciertas alternativas. No quiero recordar ahora mismo ciertas expansiones del cultivo del arroz en sitios de tierras que no eran aptas para ello, con el incremento que eso lleva de un coste de agua en tierras que podían ser utilizadas precisamente para producir esta proteína vegetal que necesitamos. Ha habido antes orientaciones que han permitido el desarrollo de cultivos pascícolas desde el regadío de carácter intensivo, como es el caso de la alfalfa. Esas medidas están todas ellas acordes con la normativa comunitaria y, por tanto, pueden volverse a poner en marcha.
Quisiera decir a SS.SS. que no podemos intentar eludir las responsabilidades que pueda tener el Gobierno amparado en el burladero de las competencias. Tengo que recordar aquí que el ordenamiento general de la economía es una competencia que la Constitución asigna al Estado y que éste no puede hacer, de ninguna forma, dejación de ella. Hay que respetar escrupulosamente la competencia de cada comunidad autónoma, pero no puede haber 17 tratamientos diferentes respecto a los ecosistemas naturales. Los ecosistemas naturales necesitan unas normativas comunes, necesitan unas normativas muy amplias que permitan después, eso sí, que cada comunidad autónoma desarrolle de una manera singularizada. Iríamos a más, porque en alguno de nuestros ecosistemas necesitamos incluso reglamentos comunitarios.
El sistema de la dehesa está totalmente huérfano de un reglamento comunitario porque este tratamiento
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excede a lo que es España. Hay dehesa en Portugal, en Italia, en Grecia y, por tanto, es un ecosistema mediterráneo y necesitamos un reglamento. Quiero decir al respecto que territorios con mucho menor peso económico, con una singularidad distinta, pero no mayor, y con una importancia económica muchísimo menor, han tenido un tratamiento reglamentario específico por parte de la Unión Europea. Estoy recordando, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los territorios del norte de Suecia y de Finlandia con lo que es el tratamiento de la Laponia, de la tundra y de los sistemas ganaderos específicos de esa zona. Si en la Unión Europea ha merecido el detalle, y con razón, en esos territorios se ha debido a que el ministro de Agricultura sueco y el ministro de Agricultura finlandés han sido capaces de llevar al ánimo de los otros ministros de la Unión Europea la importancia de considerar estos territorios. Del sistema dehesa no va a hablar nunca el ministro sueco ni el ministro finlandés, pero sí debiera hablar el ministro de Agricultura español, que es el que tiene en su territorio, aproximadamente, el 73 ó el 74 por ciento de la dehesa de Europa. Es también importante en Portugal, en algunas zonas de Italia y en Grecia. Es decir, le corresponde a nuestro ministro pedir y demandar reglamentos que permitan asegurar algunos ecosistemas, como el ecosistema dehesa, que tiene en estos momentos una situación delicada respecto a la conservación del mismo.
De igual forma quisiera aclarar, porque siempre se hace jugando a un maniqueísmo digno de mejor causa, una antinomia entre lo que es la ganadería extensiva y la ganadería intensiva. El favorecer la ganadería extensiva, el que los ecosistemas naturales que tenemos se definan y se busque la optimización ganadera de los mismos, no significa que la ganadería intensiva tenga que quedar preterida. No quiere decir que estemos en contra de las instalaciones de cebo intensivo del porcino o del ganado aviar, de lo que es nuestra ganadería industrializada. Son dos campos distintos y lo decimos claramente en la motivación de la proposición no de ley. Las ganaderías industrializadas son una realidad económica que genera riqueza y numerosos puestos de trabajo. Lo decimos y lo defendemos.
Por tanto, no se trata de unas ganaderías contra otras, sino de buscar armónicamente el desarrollo de ambas, cada una en su campo.
Sin embargo, no podemos olvidar el marco económico en el que estamos ni podemos olvidar lo ocurrido en Doha con la Organización Mundial de Comercio, ni podemos olvidar la propia evolución a que está obligada la PAC, ni podemos olvidar las sensibilidades medioambientales que hay, por un lado, y respecto a la seguridad alimentaria, por otro.
Todos aquellos sistemas ganaderos que están unidos al territorio en los cuales la proporción de pasto natural, el tratamiento que se da, el modo de vida que tiene este ganado por estar en contacto directo con la naturaleza, ofrecen unas garantías que en otros casos son más difíciles de conseguir, no digo que sean imposibles, pero sí son mucho más difíciles de conseguir.
Esta proposición no de ley que propone el Grupo Socialista quiere llevar al ánimo del Gobierno que se inicie un estudio con detenimiento para empezar a dar respuesta a los problemas que aquí planteamos. Es una proposición de política de fondo. Quedaríamos muy defraudados si al final el Gobierno se embarcara en una pura política mediática, con tres escuálidos decretos que ya les dijimos en su momento que no nos merecían más allá de la consideración de una simple orden ministerial, para intentar zanjar algo tan necesario como es la reforma en profundidad de nuestro sector ganadero. Hay aquí dos cuestiones de principio, las intenciones y los recursos económicos. Si los recursos económicos no existen, las intenciones no se podrán llevar a cabo, pero por lo menos tengamos intenciones y hagamos un programa, que después veremos de dónde salen los recursos económicos, pero al menos sabremos lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer y, después, qué recursos necesitamos para ello.
El Partido Popular y el Gobierno van a encontrar en el Grupo Socialista un grupo muy receptivo a todas las sugerencias que se hagan. Es decir, queremos buscar un amplio consenso porque queremos resolver un problema de fondo y de futuro. Lo que hagamos ahora va a tener trascendencia en los próximos lustros, e incluso en las próximas décadas, y los daños que se deriven por lo que dejemos de hacer también serán nuestra responsabilidad. Por eso, señor presidente, señores del Grupo Popular, hemos presentado esta proposición no de ley para abrir un amplísimo debate sobre cómo tiene que evolucionar nuestro sector ganadero, qué medidas tenemos que hacer con detenimiento a la luz y en el nuevo marco en que estamos, tanto en el comunitario como en el internacional, fijado por la Organización Mundial de Comercio como marco sanitario por los sucesos habidos y la sensibilidad que se ha despertado sobre la seguridad alimentaria, así como la inseguridad existente, que por cierto compartimos, por la sensibilidad de carácter medioambiental respecto a la conservación del medio, de los ecosistemas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz señor Companys.
El señor COMPANYS SANTFELIÚ: He estado escuchando con mucha atención la propuesta que ha hecho el señor Amarillo en nombre del Grupo Socialista. Ha tocado un tema sobre el que nuestro grupo parlamentario tiene mucha sensibilidad. Hemos hablado en diferentes ocasiones de la competitividad, de la capacidad de ser competitivos sin renunciar a la calidad. Seguramente que uno de los problemas que nos ha llevado aquí, el de la EEB, ha sido básicamente por esa
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voluntad de ser competitivos, pero se ha bajado la calidad de los alimentos. Ese es un problema que nada tiene que ver con el que se plantea.
En el Estado español, el 80 ó el 90 por ciento de la ganadería se alimenta a base de piensos. Asimilar en este momento que el pastoreo da seguridad alimentaria y que los piensos no lo dan, es echarse piedras sobre su tejado, aparte de que no es cierto. No podemos estar a favor de esta propuesta y sí a favor de su filosofía. Hay caminos abiertos para que el sector apueste por la calidad y por el pastoreo y la adecuación al territorio, pero eso no se puede hacer a través de una ley de bases donde se regulen las labores que se pueden hacer en los prados, las que son obligatorias, las que son voluntarias, la tipificación de prados por el Estado español, por el Ministerio de Agricultura, y enviando a la Guardia Civil para ver si los agricultores labran o no los prados, ni la aplicación de la ordenación general de la economía. Es para ponerse a reír. Es una trampa que hacemos para aplicar competencias donde no las tenemos.
Estaríamos de acuerdo en que habría que potenciar tipos de ganaderías que se acerquen más a la producción natural, pero eso hay que hacerlo a través de otros mecanismos que ya están funcionando en algunas comunidades autónomas. ¿Qué hay que hacer acciones para proteger el medio natural? Efectivamente, hay que hacerlas, pero eso también se hace a través de otros mecanismos. Hay los planes de protección de zonas de montaña donde quedan regulados los tipos de acciones que se pueden hacer. En Cataluña se llaman peins, y en aquellas zonas se puede hacer un tipo de cultivos y no otros cultivos, por tanto ya existe. Si usted cree que en Extremadura hay que proteger la dehesa, lo que tiene que hacer el Gobierno de Extremadura es sacar unas normativas que regulen los usos de la dehesa para que se mantengan en las condiciones más naturales posibles, pero no hacer una ley a nivel de Estado para que el ministerio vaya por el territorio ordenando los recursos pascícolas y comprobando si realmente la gente está labrando o no, si establece labores reguladas o si hace labores voluntarias.
Yo creo que esto está fuera de contexto.
Hay otro tema que se ha puesto encima de la mesa y que también hemos discutido en diferentes ocasiones, que es el déficit de proteína vegetal, que se va a producir en el momento en que se prohíba el uso de proteínas animales en los piensos. Entonces habrá un déficit, que seguramente se tendrá que salvar importando más soja de Estados Unidos, con lo que no estamos de acuerdo y tendríamos que ver qué se puede hacer para solucionar a nivel de la Unión Europea. En este caso lo que hay que hacer es modificar las normativas comunitarias.
Usted dice: vamos a incrementar en 100.000 hectáreas la superficie de alfalfa. En ese momento la de alfalfa tiene unos límites de producción y estamos ya en una zona de penalización ¿Quiere que se penalice más y las ayudas para la producción de alfalfa no lleguen? No es ese el camino. Efectivamente, estamos de acuerdo en que haya más alfalfa, siempre que se suban las cuotas de producción que la Unión Europea ha dado al Estado español. Lo mismo pasaría con otras leguminosas. Estamos de acuerdo en que hay un camino importante, que es la producción natural. A través de las denominaciones de calidad, a través del etiquetaje, (en este momento el etiquetaje está pensado, sobre todo, para dar información sanitaria a la persona que va a comprar) es importante saber dónde se ha alimentado, en qué matadero ha sido sacrificado, pero creo que lo más importante es saber en qué dehesa o en qué zona se ha criado y qué tipo de alimentación ha tenido.
La filosofía podría ser buena, pero yo creo que se han equivocado del sitio donde se ha presentado y es una magnífica propuesta para hacer en algún parlamento autonómico, por ejemplo, en el caso de Extremadura. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario, señor presidente, va a votar en contra de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz el señor Mateos.
El señor MATEOS YUSTE: Con esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista se pretende demostrar -eso ha pretendido en su exposición el señor Amarillo-, que se produciría una mayor seguridad alimentaria mediante el fomento de la ganadería extensiva.
Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos, así lo ha puesto de manifiesto también el portavoz de Convergència i Unió, que sin duda es un planteamiento erróneo y, aunque desde mi grupo también compartimos plenamente el objetivo, estamos convencidos de que la seguridad alimentaria no se logra con la extensivización de la ganadería. Puede ocurrir que al señor Amarillo le haya traicionado el subconsciente y se situe todavía en el ámbito de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, cuya responsabilidad ha tenido durante largo tiempo, pero no hay que olvidar que estamos en el Parlamento nacional.
El señor Amarillo, que es muy dado a los chascarrillos, ha utilizado la palabra burladero para decir que el ministro de Agricultura y el Gobierno del Partido Popular se esconden detrás de esa parte que forma el ámbito de las plazas de toros. Debiera de saber el señor Amarillo que eso no se ajusta a la realidad y está muy reciente la comparecencia del señor ministro de Agricultura el día 8 de este mismo mes de noviembre, quedando claro durante dicha comparecencia, como no podía ser de otra manera, que el ministro y el Gobierno del Partido Popular han sido absolutamente sensibles a la preocupación que los consumidores españoles manifiestanpor la seguridad de los alimentos que consumen.
En este contexto, el programa elaborado por el ministerio, que explicó durante dicha comparecencia el ministro de Agricultura, se materializaba en varias disposiciones normativas. A pesar de que el señor Amarillo diga que podían despacharse simplemente con una orden ministerial, sin duda alguna la solución del problema necesita de medidas más amplias que las que el Grupo Socialista nos propone hoy.
Este programa se basaba en tres líneas fundamentales: no fomentar crecimientos desordenados de la producción; apostar por técnicas y modos de producción que supongan una mejora de la imagen del sector, para que vuelva a existir una confianza entre los productores y los consumidores; y apostar por políticas que apoyen este cambio de orientación, aprovechando los instrumentos que nos permite tanto la legislación nacional como la legislación autonómica.
El programa del Ministerio de Agricultura busca premiar aquellas producciones que vayan más allá de lo que exige la normativa vigente.
No basta solamente con subvencionar por el hecho de que exista una explotación. Concretamente, el objetivo es premiar aquellas ganaderías que sean más sanas y seguras. Se trata de explotaciones con la máxima calificación sanitaria, que participen, como muy bien decía el portavoz de Convergència i Unió, en programas de etiquetado facultativo, que sean explotaciones más respetuosas con el medio ambiente, que reduzcan su densidad ganadera y que estén situadas también en zonas desfavorecidas, -hablaba de temas ecológicos- y en consecuencia no limitarse exclusivamente a subvencionar por el hecho de ya existir esa explotación. El programa también prevé impedir el acceso a las ayudas comunitarias a aquellos ganaderos que contravengan la legislación vigente en materia de sanidad animal y seguridad alimentaria, promoviendo el uso de buenas prácticas, con independencia del modelo productivo utilizado.
También quedó claro a lo largo de la exposición el día 8 de noviembre que el programa tiene previsto el desarrollo de una disposición específica mediante la cual quedarán ordenadas y tipificadas las explotaciones de ganado bovino en España. Quiero recordar a SS.SS.
que este programa que el Gobierno está terminando de consensuar con las comunidades autónomas contempla medidas estructurales a más largo plazo, con el fin de lograr explotaciones ganaderas de vacuno que sean verdaderamente competitivas.
Entrando en el detalle concreto de los puntos que conforman la proposición no de ley del Grupo Socialista, desde mi grupo tenemos que hacer algunas consideraciones. En cuanto a tipificación de los recursos pactables que propone en su punto 1, conviene señalar que la definición de una carga ganadera llevada a su máximo nivel de desagregación, esto es, a nivel de municipio, no aportaría más a las medidas que ya se llevan a cabo para conservar los recursos pactables. Por el contrario, ese nivel de definición llevado a la esfera comunitaria nos privaría de un importante volumen de ayuda en el sector bovino que ahora percibe nuestro país por el hecho de que la carga ganadera máxima está establecida a nivel de la Unión Europea, y podríamos tener el ejemplo más claro en el Reino Unido.
Respecto a los puntos 2 al 5 de la proposición no de ley, es preciso señalar que la vinculación de las ayudas comunitarias al respecto de determinadas prácticas agrícolas compatibles con el medio ambiente ha sido una de las consecuencias de los acuerdos de la Agenda 2000, que próximamente se materializará mediante una disposición normativa de ámbito nacional, lo cual incentivará más aún a nuestros agricultores y ganaderos a observar determinadas prácticas en su modo de producción para cobrar las ayudas que hasta ahora venían percibiendo por el sólo hecho de la existencia de la explotación.
Por otra parte, como ya hemos dicho, las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Agricultura en el ámbito del sector ganadero, y muy especialmente en el del bovino, están encaminadas al fomento de las buenas prácticas, de tal modo que las ayudas comunitarias no se perciban únicamente, como he dicho antes, por ejercer la actividad ganadera, sino que sea por llevarla a cabo con estándares de calidad por encima de los convencionales. De esa manera, el ganadero que supere estos estándares podrá percibir unas ayudas más cuantiosas.
Finalmente, por lo que respecta a los puntos 6 y 7 de la proposición no de ley, le recuerdo a S.S. que no es posible establecer un plan de fomento nacional de cultivos proteicos, por ser incompatible -y creo que S.S. ha pretendido recordarlo al inicio de su exposición- con la regulación comunitaria sobre esta materia. Asimismo le recuerdo que la postura que está manteniendo el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, en el grupo de trabajo del Consejo que está discutiendo el posible fomento de la producción de cultivos ricos en proteínas dentro de la Unión Europea es clara y contundente: primero, apoyo al mantenimiento de una ayuda específica a las oleaginosas; segundo, incremento del número de las leguminosas de grano actualmente apoyado en cuatro nuevas especies; tercero, incremento entre el 10 y el 25 por ciento de la cantidad máxima garantizada de forrajes deshidratados; cuarto, apoyo del uso de la retirada de cultivo para la producción de proteaginosas en el marco del sistema de ayuda a los cultivos herbáceos.
Por todo lo expuesto, señoría, mi grupo parlamentario va a votar en contra de la proposición no de ley, por incompatible e incoherente con el marco jurídico competencial europeo y español y porque asimismo la mayor parte de su contenido ya está legislado o está en vías de desarrollo y está siendo discutido en los foros europeos pertinentes.
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- RELATIVA AL PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MERLUZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000854.)
- RELATIVA AL PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MERLUZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000915.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate conjunto de las proposiciones no de ley que figuran con los números 2 y 3, relativas a la recuperación de la merluza.
En primer lugar interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Vázquez, en nombre del Bloque Nacionalista Galego.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Traemos hoy una cuestión concreta, pero importante, que afecta a nuestra flota pesquera. Yo quiero empezar diciendo que estamos delante de un problema para una flota muy importante, con presencia histórica en caladeros internacionales, y que no vamos a descubrir la pólvora si decimos que tiene presencia en esos caladeros porque, si no, no podría existir, una flota que en general se encuentra cada vez con mayores dificultades, no ya para aumentar esa presencia, sino incluso para mantenerla. Después curiosamente vamos a hablar de unas proposiciones no de ley que presenta el Grupo Popular, sobre la pesca ilegal y las banderas de conveniencia, que guardan alguna relación con esta cuestión.
Hay unas dificultades derivadas del cambio del contexto internacional que no se pueden negar. Los países ribereños desean cada vez más ser dueños de sus propios recursos y también hay problemas derivados de la política concreta practicada por la Unión Europea y el Gobierno español, una política que en estos últimos años no tuvo en cuenta los intereses de la que es aún la primera potencia pesquera. Hay un reparto inadecuado -y eso lo vuelvo a decir- de los papeles a jugar por los distintos territorios de la Unión en este nuevo marco económico y político, y es indudable que en ese reparto del papel económico existen territorios, hoy llamados regiones de la Unión Europea, a quienes globalmente no se les consideran sus potencialidades, sus especialidades productivas, sus sectores económicos propios, a partir de los que podrían desarrollarse, y que, por tanto, en lo fundamental, de una manera general, nadie puede negar que están saliendo perjudicados de las actuales circunstancias que los rodean. Los perjuicios son mayores que los beneficios y, por consiguiente, seguimos asistiendo al mantenimiento de situaciones de un desarrollo relativo inferior a la media comunitaria o incluso española, y después de la aplicación durante muchos años de estas políticas no se produce un acercamiento entre estos territorios más subdesarrollados, entre comillas, y los más avanzados.
Eso pasa con una comunidad autónoma como es Galicia. Recientemente, para que SS.SS. se den cuenta de que estas no son las afirmaciones del Bloque Nacionalista Galego -siempre ellos tan radicales y tan extremistas-, el informe del Consejo Económico y Social de Galicia acaba de certificar esta realidad en la que tanto llevamos insistiendo. Por cierto tampoco es un Consejo Económico y Social sospechoso de veleidades nacionalistas. En este esquema general hay que enmarcar el problema pesquero, y tan verdad es esto que estamos diciendo que el propio Gobierno, según nos decía recientemente en comparecencia el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, está proponiendo una modificación de la política pesquera común en un sentido radicalmente contrario a la que venía aplicando hasta el momento.
Hoy, digo, hablamos de este aspecto concreto que guarda relación con este problema general, y es el problema de la pesca de la merluza por nuestra flota en aguas comunitarias. Es evidente para todos que, en líneas generales, en los últimos años se fue reduciendo nuestra presencia en aguas comunitarias, al tiempo que hubo flagrantes incumplimientos por otras flotas europeas, sin que eso tuviese la menor consecuencia sancionadora, a pesar de que se anunciaron este tipo de sanciones y en el tema de los cupos de captura se fueron reduciendo más o menos año tras año, en principio como una medida proteccionista y sin resolver problemas de fondo sobre los que todo el mundo viene alertando -capturas incidentales, etcétera.
Ante esta situación, ¿qué nueva propuesta nos hace inicialmente la Unión Europea? En principio, medidas que, de no variarse, caminan claramente hacia la discriminación de nuestra flota, como determinadas medidas relativas a mallas, a duración de mareas, etcétera, que -miren ustedes por dónde, qué casualidad- afectarían fundamentalmente a nuestros pesqueros y no a los de otros Estados miembros. Dice en su exposición de motivos el Grupo Popular que no hay una discriminación por nacionalidad. Pues no la habrá intencionalmente, pero en la práctica resulta que las medidas, de aplicarse tal cual las proponen, van a afectar a nuestra flota y no a otras. Por tanto, lo que creemos es que hace falta una decidida acción del Gobierno para evitar que se concreten esas hipótesis de trabajo que hoy se están barajando a nivel comunitario.
Yo no voy a insistir, porque creo que ya estamos todos de acuerdo -el único problema es llevarlo a la práctica-, en la necesidad de que las decisiones que tome la Unión ante estas cuestiones se basen, entre otros, en criterios científicos serios que permitan mantener la actividad pesquera y, al tiempo, conservar los recursos, que sean informes serios y contrastados, porque a veces asistimos a propuestas de recortes de TAC
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que no tenían una sustentación científica mínimamente contrastada.
Aparte de ello, asistimos año tras año a una especie de baile de cifras no justificable desde mi punto de vista, lo mismo se proponen recortes del 50, el 60 ó el 70 por ciento, para luego acabar en otro recorte distinto, o incluso ahora parece que hay propuestas de aumentar el TAC sin que esto parezca que tenga ninguna fundamentación científica; es decir, no se sabe muy bien en base a qué se proponen determinados recortes, si por criterios políticos o científicos.
Francamente, esto habría que arreglarlo y empezar a hacer esos informes de manera que, como digo, sean serios.
En todo caso, esta proposición no de ley pretendía traer a la Cámara el debate sobre esta nueva amenaza que se cierne sobre nuestra flota, especialmente en el tema concreto del que estamos hablando hoy de la merluza, y que se adoptase una resolución al respecto. Nuestra proposición no de ley -y voy concluyendo, señor presidente-, dice literalmente lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: en primer lugar, realizar al máximo nivel -por tanto, hablamos aquí de presión política-, ante las autoridades comunitarias, cuantas gestiones sean precisas para impedir la puesta en práctica en sus términos actuales del Plan de recuperación de la merluza en aguas comunitarias; y en segundo lugar, realizar asimismo gestiones al máximo nivel ante los órganos de decisión de la Unión Europea para que cualquier plan destinado a la recuperación de la merluza se base cuando menos en los siguientes criterios: estudios científicos rigurosos sobre el estado del stock de la merluza y previsión de evolución futura; en segundo lugar, trato no discriminatorio para nuestra flota en las medidas a adoptar para la recuperación de la especie -y con eso lo que queremos decir es que las medidas deben ser iguales para todos los Estados miembros- y, en tercer lugar, medidas sociales y económicas de acompañamiento en el caso de ser necesaria una limitación de las capturas.
A mí me parece que este punto es muy importante. Nosotros no negamos que si hay informes científicos que aconsejen reducciones de espacios temporales de la pesca se lleven adelante, y en ese caso la Unión lo que tiene que prever es que esa disminución de las posibilidades de pesca en un tiempo o en un espacio determinado sean acompañadas de las medidas económicas para que impidan un perjuicio económico muy importante al sector.
Si me permite, señor presidente, como el Grupo Popular acaba de despacharse presentando una enmienda a nuestra proposición no de ley que es literalmente su propuesto aprovecho para pronunciarme sobre esta cuestión y así abreviamos el tiempo. Lo voy a decir con toda seriedad. El Partido Popular presenta una enmienda a nuestra proposición no de ley que es el texto literal de su proposición no de ley. Se trata de una proposición no de ley sustancialmente igual a la propuesta por el Bloque Nacionalista Galego presentada en el Congreso -esto no es porque tenga ni mayor ni menor importancia, pero conviene decirlo- cinco semanas después de la nuestra, con un punto tercero que a nosotros nos parece peor redactado que lo que nosotros proponemos.
Si lo que quiere con esta enmienda el Grupo Popular es que salga aprobada exclusivamente su propuesta, tengo que decir con tristeza que lo único que pretende escenificar es su mayoría y su capacidad de aplicar el rodillo, de negar la posibilidad de que otros grupos de la Cámara puedan ver aprobada alguna iniciativa. Vuelvo a decir que puede hacerlo, para eso tiene mayoría absoluta en esta Cámara, pero así transformamos, dicho con todo respeto, esta Cámara casi en un esperpento, y desde luego se escenifica un modo de concebir la política parlamentaria poco edificante.
No voy a aceptar la enmienda del Partido Popular porque creemos que es absolutamente superflua, no enmienda nada sino que tiene esa finalidad política de la que hablaba, de que no se apruebe una proposición del Bloque Nacionalista Galego, que por cierto se ajusta a las necesidades y demandas del sector, está bien planteada y casi coincide en sus términos con la que presenta el propio Grupo Popular.
Por tanto, insisto, señor presidente, en que no la vamos a aceptar, vamos a pedir que la nuestra se someta a votación en sus propios términos y que el Grupo Popular vote lo que quiera. Quiero decir también que puede votarla negativamente, es muy libre de hacerlo, pero no dejará de ser más que una manifestación de sectarismo político.
El señor PRESIDENTE: A continuación va a intervenir el Grupo Parlamentario Popular para la defensa de su proposición no de ley y también para la defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: En primer lugar, quisiera empezar esta intervención dando mi enhorabuena y la felicitación del Grupo Parlamentario Popular a la delegación española de pesca en la persona de su ministro, que ayer obtuvo resultados mucho más que satisfactorios, yo diría casi históricos, en los objetivos españoles dentro del panorama europeo de la pesca, como no podía ser de otra forma, de manera coherente con lo que había venido defendiendo el Gobierno español en los últimos tiempos.
Con respecto a las proposiciones no de ley que hoy debatimos, quiero decir al señor Vázquez que, haciendo uso de las atribuciones que nos concede el Reglamento, si hubiera esperado al turno correspondiente habría sabido cuál era la posición del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a su proposición no de ley y también a la enmienda que hemos presentado, pero como sus condiciones adivinatorias nos han clarificado su postura,
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me voy a abstener también por raciocinio de tiempo a insistir en un tema que ya está claro por su parte. Por la nuestra debo decir que, evidentemente, en los mecanismos de funcionamiento del grupo parlamentario se ha colado esta enmienda que en cualquier caso es la transcripción literal de nuestra proposición no de ley, que era lo que pretendíamos debatir, y la única enmienda que mantenemos es la que afecta a la parte expositiva de nuestra proposición no de ley, que en su momento defenderé.
Quiero empezar diciendo que no es nada nuevo que los stock de merluza están en franca recesión, los datos así lo indican. No voy a entrar en debates estériles a estas alturas. Lo que es verdad es que es necesario, como ha sido reconocido no sólo por los mecanismos de control e informe de la Unión Europea, sino también por los propios pescadores aunque parezca que nosotros no salimos del Parlamento también lo hacemos alguna vez y también hablamos con ellos alguna vez y con los armadores, la adopción de medidas, porque ellos son los que saben de primera mano las dificultades que tienen para lograr el total admisible de capturas en lo que se refiere a la pesquería de la merluza.
Es por ello también, porque son oídos en los foros correspondientes, a través de sus representantes, por lo que el Consejo ha decidido adoptar una serie de medidas con respecto a la pesquería de la merluza. Estas medidas van acompañadas de medidas técnicas, medidas de control, de recogida de datos, de cerrar las pesquerías, que dicho así suena excesivamente grave. Si nosotros accediéramos al cierre de estas pesquerías, aunque supuestamente fuese por el control de la pesca que se está dando en presencia notable de juveniles cometeríamos un error imperdonable, y no es este el caso. Lo que la delegación española está defendiendo (por cierto no sólo en solitario, sino acompañada de otros países, en este caso formando piña común con el Reino Unido, Irlanda e incluso Francia) es evitar esa competencia desleal derivada del uso de otras artes de pesca, de las pescas ocasionales y de otras embarcaciones con otro tipo de enmalle, etcétera, y al mismo tiempo tratar de evitar la competencia que en beneficio propio podrían utilizar los países propietarios de esos bancos. Como la merluza en sí misma es una pesquería llamada asociada, porque va acompañada de otras especies que se capturan, como decía el ponente, ocasionalmente, lo que se propone es que no suponga el 20 por ciento del total de las capturas de esos buques, que son concretamente los de menos de doce metros de eslora y cuya faena se prolongue por un máximo de un día, pero en cualquier caso no va a suponer ni el 5 por ciento del total admisible de capturas de la merluza.
Si bien tenemos que admitir, y lo hacemos, que la flota europea en estos momentos es desproporcionada con respecto al stock, que ha bajado en los últimos doce años de casi 200.000 toneladas de presencia de genitores de merluza a poquito más de cien mil. Esos son datos verídicos. Lo que tenemos que admitir por sentido común, por raciocinio, si se quiere aplicar la palabra, es que el stock baja y que la reducción es un hecho no discutible, con lo cual en los últimos años venimos demostrando en todas las comparecencias del Gobierno y de los cargos públicos del ministerio que hay que dar la batalla objetiva, pero en base a resultados que sean capaces de conjugar estos dos elementos: la hipotética reestructuración de la flota con la reducción inexorable en este momento del stock de merluza. Nuestra obligación es esa y no renunciamos a ella, sino que estamos tomando las determinaciones que hay que tomar en un asunto tan grave como este para poder racionalizar la presencia de pesqueros en estos bancos. Es muy claro, y nosotros somos los primeros en decirlo, y en esta sede parlamentaria lo decimos claramente hoy también, que no se pueden cerrar todas las pesquerías, esto sería un atentado contra el sentido común, pero también es verdad que no se puede hacer la vista gorda ni decir que todo el monte es orégano para que se pesque toda la merluza que uno quiera, porque entonces estaríamos hablando del cierre de las pesquerías por falta de pesca.
En las medidas que inicialmente se han adoptado antes de transformarlas en texto legislativo para protección de los alevines de merluza, se han delimitado a las de veda en el golfo de Vizcaya, así como al sur y al oeste de otro de los caladeros importantes de merluza que es el de Irlanda. Entre estas medidas el aumento del enmalle de las redes de 100 milímetros a 120 es algo que nosotros estamos dispuestos a defender, es más, a exigirlo a la Comisión como uno de los cumplimientos insalvables. Se ha creado un sistema de control en las zonas de restricción mediante la presencia de observadores en los barcos que hacen pesca by-catch de la merluza, haciendo que las merluzas sean desembarcadas en los puertos señalados específicamente para ello. Queremos que estos datos científicos que aporta el Consejo sobre las pesquerías sean objetivos y adaptados a la realidad; no olvidemos que también tiene parte importante en ello, como colaborador, el Instituto Español de Oceanografía, y además disponemos de datos objetivos en sede parlamentaria que se pueden comprobar y que tienen una fidelidad total. Por eso presentamos nuestra proposición no de ley.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley -no una enmienda- en la que reconoce que, siguiendo los consejos del Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca, se ha tomado la decisión de reducir el total admisible de capturas, y por tanto las cuotas de estas especies, y de iniciar el plan de recuperación.
Defendemos el plan de recuperación, pero defenderemos en la Comisión y exigiremos en ella que sea debatido profundamente y analizado sobre la base de datos objetivos aportados por todos los organismos competentes en la toma de decisiones. Este
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plan de recuperación que, como decimos en nuestra proposición, se presentará de forma inmediata -aún no se aplica, por tanto-, ha venido precedido por estas medidas que se han puesto en práctica con carácter urgente y que modifican determinadas técnicas en cuanto a mallas y zonas de pesca.
El Gobierno español ha mostrado su oposición a este reglamento, pero no sólo su oposición -de ahí la enmienda que presentamos a nuestro propio texto en su parte expositiva-, sino que ha interpuesto un recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ya que el texto exceptúa del incremento de malla de arrastre a los buques de menos de 12 metros cuya faena tenga la duración máxima de un día.
Por todo ello, señor presidente, presentamos esta proposición no de ley, con la enmienda que acabo de mencionar, que es lo que mantenemos hoy ante esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Fariñas, quiero hacerles una advertencia a usted y a su grupo: la exposición de motivos no es un texto que se someta a votación. Por tanto, se entiende que presentan una corrección de errores o una mejora de la redacción. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar sus posiciones? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Por una vez que teníamos una preocupación compartida, el portavoz popular ha querido provocarnos planteando como un gran éxito el acuerdo de Bruselas, que para nosotros es un gran fracaso, puesto que no se consigue modificar el reglamento de ayudas a la flota afectada por Marruecos; pero de eso hablaremos en otro momento.
El Grupo Popular, aunque comparte el planteamiento de fondo, se está poniendo la venda delante de los ojos consciente o inconscientemente para evitar un futuro fracaso. Todos estamos de acuerdo en cuanto al problema que plantea la crisis de los caladeros, pero no está claro todavía que la crisis sea irreversible -aunque parece que el Gobierno de España ya lo acepta- y que tengamos que tomar medidas. Su postura viene motivada en parte por la aceptación de la crisis como un hecho científico irreversible, y así no tendría que dar la batalla por el mantenimiento de unas condiciones de pesca; por mi parte, coincido con el BNG en que las condiciones han sido claramente discriminatorias para España. Valoramos positivamente la propuesta que hace aquí el Partido Popular, pero pensamos que habría que complementarla con la del BNG.
Nos preocupa el problema de la merluza porque España es un país pescador de esta especie y, además, tiene el mejor mercado del mundo para él. El plan de emergencia, que termina el 31 de diciembre, discrimina a España, y a Galicia como primera flota presente allí. Es grave que ahora se pretenda implementar un plan a cinco años que también discrimine a la flota española; es inaceptable para nosotros. El argumento de crisis del caladero es discutible; el ICEX dice que efectivamente existe una crisis de caladero; el Comité Científico y Técnico de la Unión Europea discrepa, y hay muchos armadores que también discrepan -usted ha hablado de algunos, pero aquellos con los que nosotros hablamos discrepan. Entre otras cosas, se plantea que los estudios son dudosos, que se hacen a través de la evolución de las capturas, pero no in situ; los armadores argumentan que el rendimiento por unidad pesquera, manteniendo el mismo tipo de barco y la misma tecnología, no ha disminuido en los últimos 10 años, de modo que no se puede hablar tan alegremente de crisis dentro del sector. Por ello, creemos que sería conveniente que España discutiese la crisis dentro de la Unión Europea y que fijara una posición limitando el impacto de la misma o la aplicación de medidas hasta que se determine objetivamente la crisis del caladero.
Quiero recordar a esta Comisión que Francia se opuso a la reducción de TAC y cuotas para el año 2000, y España no. En este momento, España debería defender la permanencia de nuestra flota hasta que hubiera un dictamen objetivo al respecto. En todo caso, si hay problemas de recursos, debe haber vedas zonales, pero para todos -en este momento, no las hay para todos- , y paros biológicos temporales.
Estamos claramente en desacuerdo con que una crisis supuesta o real en el caladero de la merluza se tome como argumento para el desguace de una parte importante de la flota española. De haber crisis en el caladero, ésta puede paliarse con paros biológicos temporales, y no con medidas definitivas. Llevamos demasiado tiempo desguazando nuestra flota, lo contrario de lo que hacen otros países comunitarios, y la crisis temporal de un caladero no debe llevar aparejada la medida de desguace definitivo de una parte importante de nuestro flota. Pensamos, pues, que la medida, si hay que tomarla, pase por vedas y paros biológicos y que hay que adoptar -como se dice en las dos propuestas- medidas sociales y económicas para que este paro temporal no repercuta negativamente sobre los trabajadores afectados y para que pasado un tiempo se pueda recuperar la actividad plena en ese caladero.
Resumo, para nosotros no está claro el tema de la crisis del caladero, debe determinarse con estudios científicos más rigurosos.
En todo caso, de tomarse medidas estas deben ser para todos y en modo alguno deben conllevar un recorte definitivo de la flota española sino paros temporales, con indemnizaciones a los trabajadores afectados, para que posteriormente podamos recuperar la actividad en ese caladero.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo ParlamentarioVasco, tiene la palabra el señor Txueka.
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El señor MALDONADO GILI: Señor presidente, he pedido la palabra.
El señor TXUEKA ISASTI: ¿Cómo pedís la palabra si vosotros no tenéis merluza?
El señor PRESIDENTE: Perdón, no le había visto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: No tenemos merluza pero somos solidarios con la merluza y con las zonas donde hay merluza. No hablaremos mucho de merluza, no por lo que decía el portavoz del PNV de que en Cataluña no hay merluza, porque como saben ustedes en Cataluña no tenemos pesca de altura sino de bajura, pero a nuestro Grupo, por su talante solidario, sensible y responsable, cualquier tema que pueda afectar a algún sector social le preocupa como a todos.
Decía que no hablaría de merluza sino de consenso. Mi compañero, el señor Companys, y yo estábamos mirando el enunciado de esta proposición no de ley y curiosamente hemos visto que coincide con el de la segunda, dice: Relativa al plan de recuperación de merluza.
Autor, Grupo Parlamentario Mixto. La proposición número 3, dice: Relativa al plan de recuperación de merluza. Autor, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. De salida, un profano diría: ¿cómo es que las dos dicen lo mismo? Es verdad que el enunciado varía, pero este es un tema de Estado en el que creo que no se debe poner nadie medallas políticas porque de lo que se trata es de que el sector consiga recuperar las especies, en este caso la merluza.
En la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca se habla muchísimo de la crisis de la pesca. Hablábamos del tratado con Marruecos, hemos hablado a menudo de armadores, de pescadores, de sectores con crisis permanentes. Creo que si palabra consenso siempre es buena política y socialmente hoy aquí lo es más. Sería conveniente llegar a un acuerdo entre el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular; a pesar de las diferencias políticas que, como dicen en Galicia, haberlas haylas y aunque fuera una excepción, nuestro grupo pediría un esfuerzo entre ambos. El portavoz socialista ha hecho una valoración positiva de la proposición no de ley del Partido Popular. Yo diría que esto no es ningún hermanamiento político, pero si el primer partido de la oposición valora positivamente la proposición no de ley del Partido Popular y define como muy buena la del Bloque Nacionalista Galego, nuestro grupo, que tiene fama en esto, tiende puentes al diálogo y al consenso. ¿Por qué no? Aún están a tiempo de refundirlas y aceptar un acuerdo. ¿Cuál vamos a aceptar, la menos buena, la mejor sin otras aportaciones positivas? Si hay dos proposiciones no de ley parecidas, casi iguales, hagan un esfuerzo y lleguen a un consenso. Nosotros avanzamos que lógicamente votaremos favorablemente las dos, porque el punto y la coma no nos dan motivos para votar una sí y otra no. Votaremos favorablemente porque somos partidarios de cualquier plan de recuperación de especies marinas, en este caso de la merluza, porque es bueno para el sector, pero pedimos que de una vez por todas se haga un esfuerzo de imaginación, de generosidad política para llegar a un consenso y que se puedan refundir las dos para que haya una sola propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Tras la broma que he dirigido al señor Maldonado -a quien sí reconozco su preocupación social y sobre todo que son ustedes grandes consumidores del producto, evidentemente-, quiero iniciar mi intervención recordando que la batería de propuestas derivadas de la gran preocupación por la merluza presentadas en esta legislatura la inició el Partido Nacionalista Vasco cuando en el Pleno celebrado el 27 de junio se aprobó una serie de medidas. Me alegro muchísimo de la presentación de estas dos proposiciones no de ley y en la propuesta aprobada en su día ya planteábamos el impulso decidido a la elaboración de un plan de medidas urgentes para la recuperación integral del stock de la merluza; una serie de medidas que, como ustedes saben, se tomaron en la Unión Europea y que supusieron una rebaja del cupo de capturas hasta las 21.000 toneladas para la flota del Estado español.
Sinceramente, nosotros creemos que la evaluación que se realizó el año pasado estaba reflejando el peor de los escenarios posibles debido a la falta de información proveniente de la distribución del stock. En línea con esto, debo decir que la evaluación resultante real ha cambiado sustancialmente. Tanto es así que en estos momentos la organización CIEM ha propuesto ya que se eleve la cuota de capturas a las 30.000 toneladas para el año que viene, porque, no nos engañemos, las capturas reales del año 2000 van a ser aproximadamente un 53 por ciento superiores a las pronosticadas en el modelo que se hizo para dicho año y la biomasa de reproductores del año 2001, en lugar de bajar a 83.000 toneladas, como eran las previsiones y como se pronosticaba en el modelo del año 2000, ahora se estima en 109.000 toneladas. Quiero recordar también que en aquella proposición el Partido Nacionalista Vasco planteaba que la realización, el estudio y probablemente la posterior gestión, con todas las conversaciones sobre la materia que se debieran tener, se realizaran englobando en una misma zona de pesca aquellas especies que constituyeran un único stock. Tanto es así que la organización citada anteriormente, la CIEM, lo considera como una unidad de gestión y cualquier distribución de los TAX por áreas de mar en estos momentos, como se sabe, no se hace de acuerdo con los datos
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científicos, sino, diría, en prejuicio de derechos, en su caso, administrativo-políticos.
Respecto a la proposición no de ley presentada por el BNG, con todas las consideraciones respecto a la proposición no de ley presentada por el Partido Popular, que compartimos -porque en estos momentos sí estimamos que hay una pequeña carrera por colgarse medallas en un tema en el que básicamente creo que todo el mundo está de acuerdo- la vamos a aceptar porque incluye una cuestión, desde nuestro punto de vista muy interesante y es que, normalmente, cuando se plantean actuaciones de este tipo, la serie de medidas sociales y económicas de acompañamiento, en caso de ser necesarias las limitaciones de capturas, aunque se especifican siempre muy genéricamente, después en la práctica suelen ser de difícil resolución. Como prueba de lo que digo cuando planteamos nuestra proposición y se aceptó -además creo recordar que por unanimidad- en el Pleno a continuación la gran mayoría el sector se dirigió al secretario general de Pesca Marítima para que se subvencionase la realización de una parada biológica de toda la flota. Era una medida importante, en corresponsabilidad con las medidas técnicas de la recuperación del stock que había propuesto la Comisión Europea. Pues bien, el resultado de toda esa actuación fue que la secretaría general optó por no impulsar ni coordinar la citada parada. A modo de anécdota y para que conste, diré que sólo los armadores vascos, la flota vasca, realizó un paro biológico voluntario de toda su flota. Quiero decir aquí que en estos momentos la flota vasca supone cerca de un tercio de toda la flota de la merluza, con aproximadamente 54 embarcaciones, y que dicha parada biológica se produjo entre el 15 de julio y el 15 de octubre, indudablemente financiada en su totalidad por el Gobierno vasco. Por todo ello y sobre la base de que se siga manteniendo la preocupación de este Congreso por temas importantes, sobre todo para los que tengamos flotas ribereñas en estas pesquerías, vamos a apoyar la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego y le decimos al Partido Popular que tampoco pasa nada porque aprobemos la primera proposición, que es idéntica a la que ustedes han presentado, y no incurramos en una pequeña no carrera sino carrerilla de medallas en esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Si no hay acuerdo someteremos a votación las dos proposiciones no de ley. No obstante, tenemos tiempo hasta las 12:30 de que puedan consensuar.
- PARA LA ERRADICACIÓN DE LA PESCA ILEGAL NO REGULADA Y NO DOCUMENTADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000823.) - RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA PESCA ILEGAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000911.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate conjunto de las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día con los números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la erradicación de la pesca ilegal no regulada y no documentada. Para la defensa de estas dos proposiciones no de ley, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Con carácter previo y respondiendo a las manifestaciones del portavoz socialista, querría decirle que, después de la gran responsabilidad del Gobierno Socialista en la pérdida masiva de embarcaciones en el caladero de Marruecos y en la aceptación de que el acuerdo que finalizaba en el año 1999 era el último, no nos debe extrañar ahora que no reconozcan que las ventajas obtenidas ayer palian las consecuencias negativas... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les rogaría silencio para que podamos escuchar al portavoz del Grupo Popular.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: ...que para el sector provocó el anterior Gobierno socialista. Reitero las felicitaciones al Gobierno y al sector por el acuerdo alcanzado ayer en la Unión Europea.
Efectivamente, señor presidente, unificamos las dos proposiciones no de ley sobre erradicación de la pesca ilegal y sobre la elaboración de un plan de acción contra esta pesca ilegal por ser complementarias y dirigidas al mismo fin. En lo que se refiere a la pesca ilegal, habría que contemplar dos apartados distintos. Uno es la pesca ilegal dentro de nuestras aguas hecha por embarcaciones que no tienen licencia para ejercer la actividad, por las que ejercen dicha actividad con artes prohibidas o con motores de potencia superior a la autorizada o por barcos artesanales que aparte de no estar registrados, tampoco están controladas sus artes. Existe también una pesca deportiva no reglamentada que conlleva unos efectos altamente perniciosos para la conservación de las especies y para la seguridad de la vida humana al producirse en un marco no regulado. No hay un control veterinario, no hay un control de salubridad ni de tamaño de las especies, no hay un control de mercado ni etiquetado, están fuera de control económico, no está sometida la pesca a un régimen de venta o subasta en lonjas, no hay una normas de seguridad en el trabajo al no estar dada de alta en la Seguridad Social la tripulación, no hay protección laboral ni médica ni de jubilación. En fin, todo esto hace que sea una competencia desleal frente al armador responsable y, además, provoca una pesca irresponsable que no
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tiene en cuenta el desarrollo sostenible y el equilibrio en la seguridad alimentaria y en la protección del medio ambiente. Por ello, para la erradicación de esta pesca en nuestras aguas, se ha llegado a acuerdos con la Armada, con la Guardia Civil y con comunidades autónomas. Hace poco este diputado citaba los efectos magníficos, aceptados por el sector, de la colaboración entre la Comunidad auTónoma de Andalucía, el ministerio y el Seprona para el control del caladero suratlántico.
Otra dimensión del problema es la pesca ilegal a nivel internacional, siempre identificada con banderas de conveniencia, que actúan habitualmente en aguas internacionales, incluso en zonas económicas exclusivas de algunos Estados, en las cuales, al ser aguas internacionales y no existir jurisdicción de ningún Estado, se aprovechan de esa falta de jurisdicción. Además, la jurisdicción de estos Estados de bandera muchas veces no tienen los medios ni la legislación ni la intención de ejercer un efectivo control. Esto produce un triple efecto negativo, porque, por una parte origina una reducción en los stocks de peces y una notable competencia desleal en el mercado; en orden a la tripulación, al igual que ocurría en el caladero nacional, tiene los inconvenientes de no estar dado de alta en la Seguridad Social, no existe una seguridad en el trabajo y hay unos riesgos laborales muy elevados y esta actividad perjudica la imagen de nuestros pescadores españoles, de los que no todos, ni muchísimo menos, actúan de esta manera. Precisamente España tiene una legislación realmente avanzada en esta materia que nos permite exigir a los buques que prueben el origen de las capturas a la hora de desembarcar en España, de modo que en estos momentos se puede afirmar que este tipo de desembarco no se produce en nuestro país sino en los de nuestro entorno. La Ley de pesca del Estado, 3/2000, aprobada recientemente, introdujo una tipificación de este tipo de actividad para las empresas y capitanes que participen en la pesca ilegal a través de banderas de conveniencia. Lo que nos falta es completar el círculo para lograr que esta aplicación de la normativa a nivel nacional se extienda al resto de países de nuestro entorno. Así, de cara a la presidencia española, tenemos la intención de que la lucha contra la pesca ilegal forme parte primordial de la acción de España y la Comisión ya ha anunciado que va a presentar un plan de acción contra la pesca ilegal, que esperemos se apruebe durante la presidencia española y sea seguido por el resto de los Estados miembros. La FAO también ha aprobado un plan de acción internacional contra la pesca ilegal que queremos impulsar. España debe continuar liderando, en la Unión Europea y en los foros internacionales la lucha contra la pesca ilegal, por lo que presentamos estas proposiciones no de ley, cuyo texto refundido leo y pasaré a la Mesa posteriormente: El Congreso de los diputados insta al Gobierno a elaborar un plan de acción contra la pesca ilegal no documentada y no regulada, así como de las banderas de conveniencia, que comprenda un mayor control en la mar de las actividades de pesca cooperando con otros países con esta finalidad para el ejercicio de la responsabilidad por parte del Estado del pabellón, la restricción del acceso a los puertos y mercados para los productos obtenidos ilegalmente y sin respetar las normas de conservación, así como todas aquellas medidas que contribuyan a un mayor respeto de las normas internacionales de conservación de los recursos pesqueros y al ejercicio de una pesca responsable.
El señor PRESIDENTE: ¿ Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Es un placer venir a esta Comisión, porque uno siempre aprende cosas nuevas. Entre las cosas nuevas que hemos aprendido hoy es que un tratado del año 1999 con Marruecos impide negociar en el año 2001 un buen reglamento en la Unión Europea.
Sumaremos el aprendizaje y seguiremos aprendiendo.
Yo quería decirles hoy que es una satisfacción poder votar que sí a esta propuesta. Espero que tomen nota y a ver cuando ustedes votan que sí a alguna propuesta de la oposición. Nosotros coincidimos en que la pesca ilegal no regulada y no documentada es un fenómeno negativo y preocupante. En aguas nacionales no tenemos disculpa, pues la Ley de pesca prevé este fenómeno y se trata de una cuestión de control de mercados y de sanciones y no debiera haber problemas. En todo caso, el control de mercados y las sanciones deben ir acompañadas de medidas de tipo social en algunos casos para evitar el problema; en otros casos, cuando es claramente piratería, sólo quedan medidas de tipo sancionador y de control de mercados. El problema es más serio -así se planteó y lo compartimos- en aguas internacionales, donde la pesca ilegal está íntimamente relacionada con las banderas de conveniencia instauradas en países que normalmente están fuera de las organizaciones regionales de pesca, que tienen unas normas laborales sobre seguridad en el mar, estado físico de los buques e inclusive de carácter sanitario que están bastante lejos de lo permisible internacionalmente para la pesca legal. España es una potencia mundial, la primera potencia pesquera de la Unión Europea, y por ello es lógico que el Gobierno español encabece la lucha por la erradicación de las banderas de conveniencia. Esto debe centrarse fundamentalmente en el control del comercio, porque si controlamos el negocio que existe en torno a esto, evitaremos la proliferación de banderas de conveniencia. Si no hubiera negocio, no habría banderas de conveniencia. El problema está en el negocio, y tenemos que ser claros: a un intermediario comercializador alemán le es indiferente de dónde venga la
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pesca; a nosotros no, porque nosotros también somos comercializadores y consumidores, pero también somos pescadores, por lo que para nosotros esta es una cuestión fundamental.
Existen en la práctica ejemplos de éxito en las organizaciones regionales de pesca y este fenómeno casi siempre se da en países que permanecen al margen de las organizaciones regionales de pesca.
Tenemos, por ejemplo, el caso del ICCAT para el atún rojo, para cuya comercialización hay un control estos momentos, sobre la base de un documento estadístico, y que permitió una reducción muy importante de las descargas de pesca ilegal. Está el caso de Camelar para los recursos vivos de la Antártida y hay también un documento estadístico de protección del róbalo que hizo disminuir la pesca ilegal de esta especie de manera muy importante. Los mecanismos de control de mercado son positivos y hay que realizar una acción política fuerte para luchar por la erradicación de las banderas de conveniencia a través del control de los mercados y de la intensificación de la inspección, que pensamos que es una cuestión que está aún pendiente en la Unión Europea.
Nosotros queremos que quede claro que si el Gobierno de España emprende una acción decidida en este sentido, va a contar con el apoyo del Grupo Socialista para exigir al resto de los países que entren en los organismos regionales de pesca y de esta manera evitar la proliferación de las banderas de conveniencia. Pensamos además que es el momento de emprender esta campaña porque estudios recientes del ICCAT han demostrado en concreto en lo referente al pez espada que no eran los españoles los depredadores, sino que eran otros países. Por ello pensamos que es el momento, porque una campaña contra la pesca ilegal podría ser también una campaña de imagen de carácter internacional que permitiera contrarrestar la idea de que los pescadores españoles son también piratas del mar. Esto no es cierto, lo que se demuestra cuando se contrasta cuáles son los países de procedencia de las descargas que fueron interceptadas como ilegales o provenientes de barcos que faenaban fundamentalmente en aguas internacionales de manera no legal o no regulada. Pensamos, pues, que esta iniciativa es positiva en estos momentos, pero no quisiéramos quedarnos en hablar de la misma en esta Cámara, sino que el Gobierno tomara las medidas internas y sobre todo en este caso externas para que la pesca ilegal deje de ser un negocio en pocos años y de este modo la erradiquemos, porque, repito, si la pesca ilegal sigue proliferando, es porque hoy día sigue siendo un buen negocio para los armadores que la practican. A través del control de mercados y de la comercialización e inspección en el mar, tenemos que controlar y erradicar ese tipo de pesca y para ello, señores, si el Gobierno de España emprende esta acción de manera decidida, va a contar con nuestro apoyo. Hoy vamos a apoyar aquí esta proposición no de ley, esperando que detrás de ella exista una voluntad clara de cumplir lo que aquí se apruebe.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz, el señor Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Hace unos minutos me llamaba un compañero en la puerta consensuador porque en mi anterior intervención he planteado un intenso debate sobre el consenso. Espero que ahora el mismo no me llame criticador, porque lógicamente mi intervención será muy diferente de la anterior, ya que aquí intentaremos llevar el agua a nuestro molino, como partido nacionalista que somos y como partido al que preocupa todo aquello que pueda tener incidencia, como decíamos anteriormente, en el Estado, pero básicamente nosotros nos debemos a quien representamos, en este caso al pueblo de Cataluña.
Esta es una iniciativa que, como ha dicho el portavoz socialista, valoramos y a favor de la cual votaremos, pero nos preocupan también otros aspectos de la pesca ilegal. Cualquier iniciativa de un gobierno para ilegalizar actividades fraudulentas, en este caso para luchar contra la pesca ilegal, ha de ser apoyada por lógica. Nuestro grupo lo hará. Sabiendo que la propone el grupo mayoritario del Congreso esta proposición no de ley se aprobará. Creemos que esta proposición no de ley debe circunscribirse a una homogeneización de las normas a nivel europeo. El portavoz del Grupo Popular ha dicho que van a aprovechar la presidencia de España en la Unión Europea para producir esta homogeneización. El señor Aznar y el Gobierno tendrán que hacer muchas horas extras en la presidencia europea, porque en cualquier intervención que oímos últimamente se habla de que la presidencia de España comportará tal o cual acuerdo, tal o cual solución. Ojalá, que Dios les escuche, pero tendrán mucho trabajo. Incluso oíamos ayer al ministro Trillo que sobre cuestiones de defensa decía: ahora que vamos a tener la presidencia de Europa, haremos esto o aquello. Pues, bienvenido. Esperamos que así sea y que no quede en agua de borrajas. Confiamos en que Europa nos escuche, porque poco nos escuchó con ocasión de la renovación del tratado de pesca con Marruecos, cuando tuvimos la sensación de abandono y de poco apoyo al sector pesquero con ocasión de la no renovación del tratado de pesca. Por tanto nosotros entendemos que es bueno luchar contra las embarcaciones que practican la pesca ilegal y creemos que hay que facilitar instrumentos legales para ello, pero no sabemos si hubiera existido el mismo consenso entre PP y PSOE si se hubiera introducido algún aspecto de los que yo voy a exponer a continuación, porque muchas veces vemos aquí propuestas, proposiciones no de ley y leyes que no tienen en cuenta a las comunidades autónomas ni recogen déficit históricos
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reivindicados por los gobiernos autonómicas y no hay por tanto la sensibilidad autonómica que tendría que haber. Por tanto, no sé si el consenso que me huelo va a existir entre el Partido Socialista y el PP se daría si hubiéramos podido introducir lo que a nosotros nos preocupa, esto es, alargar estas normas para luchar contra la ilegalidad en el sector de la pesca dando más control a las comunidades autónomas, en este caso a Cataluña, entre otras.
Cataluña fue pionera en su día en vedas biológicas, vedas que de alguna forma se cumplen con el consenso del sector pesquero catalán teniendo efectos muy importantes, pero casualmente nos encontramos con que son objeto de boicot por parte de barcos de otras comunidades, limítrofes y no limítrofes, e incluso por parte de embarcaciones de otros países. Ustedes saben que Cataluña limita con Francia y que está cerca de otros países europeos. Así, nos encontramos con que en Tarragona, por ejemplo, existe una veda biológica histórica que es respetada por todas sus cofradías de pescadores y por las embarcaciones del resto de la comunidad, pero curiosamente otras embarcaciones pertenecientes a otros lugares del Estado o de Europa no la respetan. Esto es pesca ilegal, porque si está prohibido pescar en una zona, quien lleva a cabo una actividad pesquera en la misma está realizando una actividad ilegal, está cometiendo fraude de ley. Cataluña no tiene instrumentos, como no los tienen otras autonomías, para regular esta actividad pesquera ilegal.
Loamos y aplaudimos esta propuesta de erradicación de la pesca ilegal generalizada y agradecemos una vez más el consenso que se huele entre los dos partidos mayoritarios, el de la oposición y el del Gobierno, pero recabamos una vez más instrumentos para las autonomías. La Ley de Pesca se aprobó recientemente dejó abierta una ventana para la Administración única. Tengo que decir que en aquel momento, con la sensibilidad del Ministerio y de la Dirección General de Pesca, hubo la posibilidad de dejar abierta una ventanilla para la Administración única, ventanilla que nos permitiría tener instrumentos para luchar contra la pesca ilegal, una pesca que no sólo perjudica a los pescadores que en su momento respetan la veda sino también a las especies. Hace un momento hablábamos de planes para recuperar la merluza. Pues bien, nosotros creemos que si se hacen planes de veda y otros países practican la pesca ilegal trasladándose a cualquier sitio del Estado, la misma incidencia, el mismo perjuicio y los mismos problemas se pueden causar en zonas que territorialmente no son tan amplias, zonas que pueden ser más localizadas, como por ejemplo una comunidad autónoma. ¿Por qué mi explicación? Para que conste una vez más que necesitamos sensibilidad autonómica, consenso político e instrumentos, en este caso para que los pescadores catalanes puedan llevar a cabo sus esfuerzos de veda, de respeto, de recuperación de las especies, pero también para que el Gobierno catalán tenga la posibilidad de contar con instrumentos y para que se traspase de una vez por todas la competencia en estos temas.
El señor PRESIDENTE: Por último, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su portavoz, el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Parece que esta Comisión tiene marcha, porque me acaban de facilitar un texto refundido. El Grupo Popular ha presentado dos iniciativas para erradicar la pesca ilegal, algo confusas en su redacción, que abarcan dos ámbitos: la pesca en aguas propias y en aguas internacionales. Nosotros coincidimos con la necesidad de poner fin a las prácticas de pesca ilegal y a las llamadas banderas de conveniencia, en primer lugar porque es una demanda, un clamor del propio sector desde hace mucho tiempo y además porque es evidente que ese tipo de pesca supone una competencia desleal y, para más inri, dificulta el control sobre las capturas y supone un mayor peligro para los adecuados controles de los recursos.
Quiero decir con toda cordialidad y respeto, señor presidente, que tampoco se puede desconocer que algunas de las personas -por cierto, en las proposiciones no de ley se las califica de individuos- que actúan bajo esta cobertura lo hacen desde diversas perspectivas. Hay quien es un auténtico pirata sin más, que actúa en el ámbito de la pesca como lo haría en cualquier otro sector económico, y luego -esto hay que decirlo, sin que ello justifique ni cambie nuestra posición sobre la necesidad de regular este tipo de actividad o de prohibirla- algunos barcos que hoy están bajo banderas de conveniencia o realizando pesca ilegal resulta que fueron expulsados de caladeros tradicionales sin posibilidad de reubicación. Esto lo digo solamente para constatar que aun cuando el Grupo Popular, mayoritario en esta Cámara, afirma constantemente que la no renovación de acuerdos de pesca o que los acuerdos de pesca que se renuevan en malas condiciones no suponen ningún problema, luego vemos en la práctica que sí, porque tampoco podemos desconocer que hay muchos marineros, patronos de pesca gallegos que inevitablemente tienen que trabajar en estos barcos de banderas de conveniencia porque no tienen otro sitio donde hacerlo. (El señor Mantilla Rodríguez: ¡Mentira!) Señor Mantilla, la mentira siempre es discutible. Lo harán entonces por vicio. La cosa es así, lo cual, vuelvo a decir, no justifica nada y, efectivamente, es necesario acabar con este tipo de prácticas.
Nosotros vamos a votar a favor de estas proposiciones no de ley y, puesto que hoy estamos hablando de modos de funcionar en esta Cámara, lo vamos a hacer a pesar de que el Grupo Popular llama al Gobierno a actuar en determinados campos para resolver esta cuestión y no siguiendo la práctica habitual del Partido Popular, que tiene tendencia a votar en contra de proposiciones
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de la oposición -en estos últimos días ha votado en contra de varias del Bloque Nacionalista Galego- argumentando que el Gobierno ya está en ello. Pues nosotros vamos a hacer lo contrario, a pesar de que el Gobierno esté ya en ello, porque se supone que el Grupo Popular no va a decir lo contrario. Nosotros vamos a tener otra actitud en consonancia con lo que supone este Parlamento.
En cualquier caso, señor presidente, a nosotros nos parece bien que se actúe en foros internacionales y que se pida rigor en la aplicación de la normativa española, pero también quiero decir que no deja de causar cierta sorpresa que el Grupo Popular reconozca que hoy no se está aplicando con rigor esa legislación. Esto debe ser así porque, por poner un caso reciente, hace uno o dos años, no recuerdo exactamente, la flota espadera tuvo un problema de precios muy serio con la introducción en los mercados del pez espada procedente de barcos de banderas de conveniencia y en aquel momento fue el propio sector el que tuvo que batallar para evitar esto y no tuvo mucho apoyo de la Administración, más bien ninguno. Esperemos por tanto que a partir de ahora se adopten medidas serias y concretas que impidan estas prácticas. Efectivamente, algunas de ellas ya se pueden tomar con la legislación que está en vigor. Basta con aplicarla con el rigor que demanda la propia iniciativa del Grupo Popular.
Concluyo, señor presidente, diciendo que votaremos favorablemente estas proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Se les ha repartido un texto transaccionado que quiero que lean, porque es el que va a ser sometido a votación, incluyendo en el mismo una frase sobre la colaboración con las comunidades autónomas, que se ubicará en el punto correspondiente.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000885.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición que figura en el orden del día como número 6, relativa a la virosis agrícola en la provincia de Almería, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz, señor Contreras Pérez.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señorías, el campo almeriense atraviesa en los últimos años una situación compleja, que ha producido desazón e incertidumbre entre los agricultores, ya que hay muchos problemas derivados de la escasez de agua y del alto endeudamiento de los agricultores. El último año esta incertidumbre se ha incrementado como consecuencia de unas enfermedades víricas producidas por dos virus de reciente aparición en la provincia de Almería; me estoy refiriendo al virus del mosaico del pepino dulce (PepMV) y al virus de la vena amarilla del pepino (CVYV). Este último afecta fundamentalmente a las cucurbitáceas, se transmite a través de la mosca blanca y no está descrito en España ni en la Unión Europea; se sospecha que procede de Oriente Medio. Si a esto añadimos que la población de la mosca blanca está cifrada en varios cientos de millones en la producción hortícola de Almería, podemos entender el grave perjuicio que ha causado este virus, junto con el insecto vector, en la producción agrícola de pepino, sandía, melón y calabacín.
El virus del mosaico del pepino dulce -el PepMV- afecta fundamentalmente al tomate y procede probablemente de la Región de Murcia, donde últimamente ha habido importantes pérdidas como consecuencia de este virus y de insectos vectores. El CVYV fue detectado por primera vez a primeros de noviembre del año 2000, en la producción de otoño, exactamente en la de pepino, por el Laboratorio de Sanidad Vegetal. Inmediatamente, la Delegación Provincial de Agricultura estableció el plan de control fitosanitario por sospechas de virosis y dio instrucciones a todas las organizaciones sindicales, a las alhóndigas, a las empresas productoras hortícolas y a los ayuntamientos para tratar de erradicar esta plaga que se estaba extendiendo por la agricultura de la provincia de Almería. El virus se detecta en cultivos de primavera, fundamentalmente en sandía y melón, a finales de abril de 2001, con lo cual la alarma cundió de forma importante entre todos los agricultores. Nuevamente se remiten instrucciones a las empresas de comercialización hortofrutícola, a las alhóndigas, a ASAJA, a UPA, a COAG, a COESPAL y a los ayuntamientos insistiendo en cuáles son las medidas de control y de lucha contra este virus. La Junta de Andalucía llegó incluso -estando fuera de sus competencias- a hacer una limpieza cero en todo el campo como forma de prevención y de control de la extensión de estas plagas por virus. Con menos intensidad, el PepMV también ha afectado al tomate, pero la extensión y las pérdidas debidas a este virus han sido mucho menores, tanto en territorio como en cantidad económica, pues solamente ha afectado a Antas y a Roquetas de Mar y en una cantidad en torno a las 100 ó 200 hectáreas. La afección por el otro virus ha sido muy superior, pues está entre las 3.000 y las 4.000 hectáreas y las pérdidas se han estimado -depende de quién lo haya hecho- entre los 4.000 y los 8.000 millones de pesetas. ¿Qué es lo que pretendemos con esta proposición no de ley? No pretendemos que se haga una excepción en la provincia de Almería, sino que se lleve a cabo algo similar a lo que se ha hecho en la Región de Murcia para suplir en alguna medida las pérdidas de los cultivadores del tomate, que se centraban fundamentalmente en los municipios de Lorca, Águilas, Mazarrón y Cartagena. Esto se hizo mediante la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 26 de abril de 2001,
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BOE 110, de 8 de mayo. El ministerio, como consecuencia de los daños producidos por los virus del bronceado del tomate (TSWV), del virus rizado amarillo del tomate (TYLCV), del virus del mosaico del pepino dulce (PepMV) -el mismo que ha incidido sobre la producción en Almería-, así como de la enfermedad denominada marchitez del tomate, dictó una orden de ayuda a los agricultores, que se traduce en bonificaciones a los tipos de interés en los préstamos, estableciendo una cuantía máxima de las ayudas a los agricultores de 1.500 millones de pesetas -en la orden, originalmente, por un error aparecía 1.500.000- y 4 millones por hectárea. En este contexto es en el que nosotros pedimos que, en colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, se establezca una orden similar para ayudar, mediante bonificaciones en tipos de interés, a los agricultores que han tenido pérdidas, fundamentalmente en la sandía y en el pepino; ya he dicho que en el tomate, la extensión de este perjuicio en Almería ha sido sensiblemente menor.
Hay una enmienda del Grupo Popular que nos encantaría poder aceptar, pero se refiere exclusivamente a los cultivadores de tomate, y los que han tenido pérdidas en Almería no han sido los cultivadores de tomate sino los de pepino y sandía. Por esta razón, lamentándolo mucho, no la podemos aceptar.
El señor PRESIDENTE: A continuación intervendrá el Grupo Popular para fijar la posición sobre esta proposición no de ley y para defender su enmienda. Tiene la palabra la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular comparte, como no podría ser de otra manera, la preocupación del señor Contreras por el futuro de la agricultura en Almería. La agricultura es el motor económico de esta provincia. La virosis es un problema que hay que afrontar con valentía desde luego, como ya se afrontó el de la escasez hídrica, por cierto, sin el apoyo de su grupo parlamentario, señor Contreras. No obstante, antes de fijar la posición de mi grupo en relación con esta proposición no de ley, creo necesario precisar algunas cuestiones importantes.
Concretamente, en el primer punto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se solicita para la provincia de Almería el mismo trato que para la comunidad murciana ante un problema vírico similar. Esto parece sugerir que el portavoz socialista intuye la posibilidad de un tratamiento discriminatorio de una comunidad en relación con otra, quizás en el convencimiento de que, al ser gobernadas por fuerzas políticas de diferente ideología, se prima la del mismo signo político del Gobierno de la nación - comunidad murciana- en detrimento de la gobernada por el Partido Socialista. Nada más lejos de la realidad. La realidad es otra. Como sabe el portavoz socialista, la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 26 de abril de este año, por la que se establecen ayudas a productores de tomates de determinados ámbitos territoriales de la comunidad murciana, venía condicionada por imperativo comunitario a la previa existencia de un plan de prevención, control y erradicación de las enfermedades establecido por la comunidad autónoma; plan éste que hasta el día de hoy es inexistente en la comunidad autónoma andaluza. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cambio, para alegría de los murcianos, aprobó en marzo de 1998 una orden mediante la cual se adoptaron una serie de medidas fitosanitarias obligatorias en las comarcas productoras de tomate, que afectaban en particular a las actuaciones que debían desarrollar los agricultores para evitar este problema. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en junio de este año y ante un problema vírico importante en Andalucía propuso como única medida de choque para poner freno a la proliferación de virus en Almería quemar millones de kilos de residuos agrícolas. Solamente en el Campo de Dalías se acumulaban unas 500.000 toneladas de residuos. Esto se hizo en unas condiciones que según denunciaron ecologistas y técnicos, podrían tener la consideración de chapuza regional cercana a un atentado ecológico.
Resultado de esta propuesta fue una más que grandiosa noche de San Juan por la cantidad y calidad de las hogueras ante el sopor del jefe de bomberos y otras autoridades de Almería. Finalmente y ante el clamor en contra de esta medida, se optó por llevar a cabo una limpieza del campo, retirando los residuos agrícolas a vertederos o plantas de tratamiento. Por tanto, señor portavoz, este grupo parlamentario se congratula de que, por fin, hayan traído a debate una iniciativa de este tipo, puesto que dejan entrever que van tomando conciencia del problema grave vírico de provincias como la de Almería y que quizá esté cerca el establecimiento por la Junta de Andalucía de planes adecuados de prevención y control de las enfermedades de origen vírico como las que estamos considerando, momento en el cual aquí nos encontrará, ya que, si no, es imposible acceder a su petición por imperativo comunitario.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en esta proposición no de ley? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señoras y señores diputados, muy rápidamente vamos a posicionarnos en lo que hace referencia a la virosis que en este momento está sufriendo la provincia de Almería.
Oída la intervención del portavoz del Grupo Socialista, uno llega a la conclusión de que, en efecto, hay que ser prácticamente experto en cálculo algebraico para enterarsede qué van los virus, porque con esas nomenclaturas
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es harto complejo, pero, en fin, entramos en el tema.
Hay una reflexión que quiero hacer al respecto y que he hecho en otras ocasiones, que creo que es el nudo gordiano básico para resolver el problema y es que en este momento no hay un control claro de la sanidad de los productos vegetales sobre todo en las fronteras externas de la Unión Europea. En este momento nos encontramos, por ejemplo, con que uno de los virus sobre el que se ha hablado aquí nunca se había visto en el Estado español y procede de Oriente Medio.
Tenemos un problema añadido, que es la falta de control desde el punto de vista sanitario y también del movimiento del material vegetal. Este es un tema donde lógicamente el Estado y la Unión Europea tienen competencias y tendrían que poner los mecanismos adecuados en las fronteras externas para evitar que de una forma tan sencilla, sin ningún tipo de control al respecto, vengan al Estado español esos problemas.
Por lo que hace referencia a la aplicación de una serie de propuestas que afectan a una comunidad autónoma y no a otra, quiero hacer sólo una reflexión. Efectivamente, la división provincial es muy reciente, en algunas comunidades autónomas aún lo es más, y las plagas y las enfermedades no entienden de límites territoriales sino de límites de carácter ambiental. Por tanto, no sería de recibo que a dos problemas similares no les diesen tratamientos parecidos. He visto que el Partido Popular ha presentado una enmienda y entiendo que sería bueno que en un tema tan claro como éste también se pudiese aprobar por unanimidad la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Parece ser que el portavoz del Grupo Socialista ha dicho que no se admitiría la enmienda a no ser que se cambiase por parte de la portavoz Popular. Como no se ha cambiado, votaremos la proposición no de ley en sus propios términos.
(Número de expediente 161/000946.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 7, relativa a las medidas a tomar ante la crisis del sector del aceite de orujo de oliva, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra su portavoz, el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: La proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista pretende empezar a resolver el problema creado con la producción del aceite de orujo de oliva y que trae causa, como todos conocemos, de la detección en el primer semestre del año 2001 de hidrocarburos policíclicos, concretamente el benzopireno, en este aceite y el Ministerio de Agricultura inicia conversaciones y negociaciones con el sector para buscar una solución a este asunto. A finales de junio el tema estaba bastante maduro y el acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero de manera sorpresiva, sin contar con nadie, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y con el estilo con que la señora Villalobos actúa en estos casos, el día 3 de julio, decreta, insisto, de manera unilateral, innecesaria, irresponsable y desproporcionada la red de alerta alimentaria respecto al aceite de orujo. Lógicamente esto crea una alarma social y mete a este sector del aceite de oliva en una crisis brutal de la cual ni siquiera ha recuperado, sino que no ha empezado a recuperarse. El único responsable de esta situación es el Gobierno, porque esta medida se toma sin existir ninguna crisis alimentaria, tal como prevé la ley, sin existir ningún riesgo inminente para la salud de los consumidores, tal y como exige la ley, sin que se incumpla normativa alguna ni española ni de la Unión Europea ni internacional -porque no la había- y, como suele actuar el Partido Popular, sin contar para nada con las comunidades autónomas competentes en materia, que se limitan a recibir el día 4 por la mañana un fax. ¿En qué situación estamos? Cuatro meses después de esta medida y a escasamente una semana de que comience la campaña de la aceituna, el mercado del aceite de orujo está radicalmente paralizado y no existe ninguna motivación, ningún incentivo, ninguna razón de mercado que haga que los industriales extractores de orujo se pongan a fabricar un producto, con unos costes, que, a su vez, no tiene mercado. Eso va contra cualquier lógica. Por tanto, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En las campañas anteriores, en el sector del aceite de oliva no solamente se retiraba el alperujo, que es un producto bastante contaminante y difícil de eliminar, por las industrias extractoras y productoras de aceite de orujo, sino que si bien era una pequeña cantidad, suponía 4.000 millones de pesetas, es decir que el sector del aceite de oliva no solamente no pagaba nada por la retirada y tratamiento del producto sino que ingresaba en torno a 4.000 millones de pesetas. La situación actual es que no se sabe lo que va a pasar, pero, en cualquier caso, las extractoras de aceite de orujo van a cobrar tanto por retirar este producto como por el transporte y el tratamiento. El coste de esta broma de doña Celia Villalobos para el sector va a ser de en torno a 10.000 ó 12.000 millones de pesetas. Digo el coste meramente en términos cuantitativos, porque tenemos un sector que mueve en torno a 15.000 ó 20.000 millones de pesetas, que da 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos cuyo futuro ahora mismo está lastrado. Siendo importantes el problema económico y el problema de empleo -tiene la dimensión y la importancia que tienen, ni más ni menos que eso- también lo es y probablemente no lo valoramos bien,
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que una campaña de aceite como la de este año va a producir en España 4 millones de toneladas de alperujo, que hay que eliminar. Es un tema medioambiental de primera magnitud.
El Gobierno ciertamente, a última hora, hace escasamente 10 ó 15 días, ha tomado tres medidas que no sirven para resolver el problema ni ahora ni después. La primera es cambiar de depósito las 30.000 toneladas que se intervinieron en julio -que es lo que había en remanente del sector-, es decir, llevárselas de las extractoras para que puedan trabajar este año y meterlas en los depósitos del patrimonio comunal olivarero, pero, cuidado, sigue habiendo las mismas 30.000 toneladas, sigue habiendo las mismas 80.000 toneladas que se van a producir este año y el mercado sigue paralizado. Por tanto es un cambio que consiste en decir de este piso me mudo al otro para dejar vacío este por si me hace falta. En segundo lugar ha abierto una línea de crédito de 5.000 millones de pesetas con unos intereses rebajados a través del ICO; es una medida, sin lugar a dudas, positiva, pero claramente insuficiente para la tarea que nos ocupa. Cuando el problema lo crea el Gobierno y se hunde un sector, no se pone ni una peseta de subvención para ayudar a esta industria.
No digo qué cuantía, pero pido la misma agilidad que se tuvo en el mes de julio, también de manera casual, con los toros de lidia en las corridas de toros. No sé por qué razón, si de alguna manera influye la connivencia o familiaridad del ministro de Agricultura con intereses de esta naturaleza, lo que sí digo es que entonces la reacción fue inmediata, en 15 días, y ahora nada.
La tercera medida es una campaña de promoción, que no es nada especial. No digo que no sea positivo, digo que junto con la campaña que obligatoriamente hay que hacer con carácter general del aceite de oliva, toda vez que una parte de los fondos comunitarios de la Unión Europea preceptivamente se dedican a promoción y comercialización, en ese contexto se incluye también el aceite de orujo, cuando el aceite de orujo tiene una problemática específica, delimitada y que en nuestra opinión necesita un tratamiento específico y delimitado.
La proposición no de ley que nosotros presentamos pretende poner en marcha, si el Gobierno lo estimara conveniente, cuatro líneas de trabajo. En primer lugar, confeccionar un plan de modernización y adaptación del sector que garantice con las mejores condiciones posibles el futuro, tanto del sector como del aceite de orujo como de los consumidores. Y no hablamos siquiera de cómo se financia, decimos que se ponga en marcha, ya veremos cómo se financia. Ahora bien, que se ponga en marcha sentándose alrededor de una mesa el Gobierno, el sector y las comunidades autónomas afectadas que son productoras, de manera especial Andalucía, lógicamente, porque produce en torno al 85 por ciento del aceite que se produce en España y también del residuo.
En segundo lugar, habilitar una línea de financiación (porque la de los 5.000 es insuficiente) que permita poner en marcha estas medidas y financiar los excedentes en un mercado paralizado, con 30.000 toneladas bloqueadas de la campaña pasada y con una producción de 80.000 ó 90.000 para esta campaña 2001-2002. Eso no lo absorbería el mercado en condiciones normales y tampoco lo va a absorber en condiciones excepcionales, cuando el mercado está brutalmente paralizado. Por tanto, algo habrá que hacer con ese tema.
En tercer lugar, y nos parece una iniciativa importante, solicitar a la Unión Europea que se incluya el aceite de orujo de oliva entre los productos que se entregan a países terceros dentro del marco del programa de ayuda alimentaria. Quiero dejar claro, de manera nítida y rotunda, que no estamos proponiendo lo que hizo el ministro cuando surgió el problema de las vacas locas, no decimos que el aceite bloqueado y que tiene problemas de benzopireno se le dé a países del Tercer Mundo, nada más lejos de nuestra intención; lo que decimos es que el aceite de orujo que no tiene salida en el mercado y controlado de acuerdo con la legislación vigente ya aprobada en España se incluya en la ayuda alimentaria, porque es un producto de alta calidad y sin ningún problema para la salud.
En cuarto lugar, realizar una campaña específica, de promoción del aceite de orujo y que vaya dirigida a solucionar el problema que ha tenido este aceite, que es un problema de cuestionar su influencia en la salud de los consumidores, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad.
En quinto y último lugar, he añadido una enmienda porque hace quince días se ha producido una situación que a mí me parece importante. La Junta de Andalucía, preocupada con este tema porque, insisto, el 85 por ciento, algo más de 3 millones de toneladas, del alperujo se produce en Andalucía, ha estado haciendo las gestiones oportunas ante la, a nuestro juicio, parálisis del Ministerio de Agricultura, para intentar resolver el problema. Se ha llegado a un acuerdo que puede ser importante entre la Junta de Andalucía y el sector. Por el sector han estado las cooperativas agrarias, AMEO, que representa al sector del aceite de orujo, las propias organizaciones agrarias, en este caso UPA y COAG, y los fabricantes de piensos.
Mientras que de manera coyuntural no se recupere el mercado alimentario del aceite de orujo, sería combeniente dedicar este producto a usos alternativos, concretamente a la fabricación de piensos para animales, es decir, que el aceite de orujo sea un componente más de estos piensos que se fabrican porque tendría, desde el punto de vista proteínico, una alta rentabilidad. Lo han aceptado los fabricantes de piensos y la dificultad estriba en que producir un kilo de aceite de orujo con la rentabilidad de mercado para los industriales está en torno a 100 ó 110 pesetas por kilo, los fabricantes de piensos estarían dispuestos a pagar en torno a 60 ó 65
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pesetas por kilo de aceite de orujo para incluirlos en sus piensos, por tanto, hay un desfase de en torno a 40 pesetas. Lo que se plantea en este acuerdo es pedir una ayuda conyuntural -insisto; mientras se recupera el consumo alimentario- a la Unión Europea para que podamos salir de esta situación que en cualquier caso necesita un medio plazo.
La propuesta que se hace en este quinto punto, que incluyo como enmienda porque ha surgido después de la propia elaboración de la proposición no de ley, es pedir al Gobierno de España que apoye esta iniciativa, que puede paliar de manera importante la situación, mientras que con los otros cuatro puntos impulsamos el que a medio plazo se pueda recuperar de manera razonable y vuelva a su estado primigenio, antes de que doña Celia Villalobos nos metiera en este túnel, el consumo alimentario del aceite de orujo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) , tiene la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Nuestro grupo parlamentario ha hecho en diversas ocasiones aportaciones y propuestas en torno al problema del orujo. Nos reafirmamos en lo que hemos dicho en anteriores ocasiones porque continúa estando vigente en ese momento.
Hemos tenido diferentes contactos con el propio sector y por lo tanto conocemos la realidad, y en este momento el sector está inmerso en un proceso de modernización y de adaptación a las nuevas normativas de concentración de benzopireno del producto. El propio sector ha dicho en diferentes ocasiones que efectivamente los costes eran absorbibles y por tanto ese no era el problema.
Había dos problemas. Un problema es que en este momento tenemos una normativa sobre la concentración de benzopirenos que sólo se aplica en el aceite de oliva, y no se aplica en otros productos alimenticios, limitación que sólo se da en el Estado español, con lo cual se produce una situación ambivalente con respecto a la producción de otros países. Pero ese no es el tema básico. El tema básico en ese momento es que, debido a la crisis que se originó en un momento determinado, se ha producido un problema de estocage importante por la caída de ventas, ése es el problema grave en este momento, y ese problema, que ya es grave en sí, se ve aumentado porque en este momento estamos entrando ya en la cosecha de aceitunas y por tanto tendremos más producción de orujo y habrá un problema para ver dónde se resitúa. Ese es el problema capital que tiene el sector, ver qué hacemos con ese producto que está almacenado, teniendo en cuenta que se va a producir más. Además la gente que se dedica a la elaboración del orujo está haciendo una acción de carácter medioambiental muy importante, porque si eso no existiese, ¿qué haríamos con el orujo? El orujo no se puede tirar, es un producto contaminante, y por tanto hay que ver el problema no sólo desde el punto de vista alimentario, sino también medioambiental que produciría el uso inadecuado del mismo.
Nosotros vamos a pedir la votación separada de la proposición no de ley, sobre todo porque creemos que el punto 3 es una aportación importantísima. Aunque el Gobierno haga todo lo posible, en este momento instamos al Gobierno a que potencie el punto número 3, dejando bien claro también, en la línea de la intervención del Grupo Socialista, que no se trata de sacar productos de mala calidad, hay que sacar productos que esté demostrado que son consumibles y que no tienen ningún problema. En esta línea, nosotros votaríamos a favor del punto 3 de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Contreras.
El señor CONTRERAS LINARES: Señorías, en primer lugar, quiero recomponer un poco la naturaleza de la moción, que no digo que sea demasiado compleja. Empiezo por la motivación. Cierto es que aquí se votan acuerdos y no motivaciones, pero si se hace una intervención con una carga política, en el legítimo derecho de los que aquí estamos, también puede hacerla el portavoz del Grupo Popular.
Hablamos de alarma social cuando se toma una medida destinada a proteger la salud pública, y tenemos que escuchar eso con cierta sorna o por lo menos con cierta preocupación. En el Grupo Popular creemos que prima, por encima de cualquier otra consideración, la de la salud pública. Cuando eso está en peligro se toman por quien puede y de forma responsable, no irresponsable, las medidas que hay que tomar. Si hace veinte años alguien hubiera tomado una medida similar en el Reino Unido cuando se detectó el primer caso de vaca loca, quizá ahora estaríamos hablando de otros problemas. Se tiene que reconocer, aunque imagino que cosas que son tan obvias puedan llevar a la sonrisa, o al menos al rictus o a la mueca de sonrisa en algunas señorías, que yo respeto, pero desde luego al final la historia pone a cada uno en su sitio. No se puede decir por ello que el Gobierno es irresponsable. Yo creo que hay una regla que no está escrita pero que sabemos que funciona así: la que no suele ser responsable es la oposición. El Gobierno tiene una responsabilidad, da cuenta de ella y la oposición puede decir lo que quiera en su legítimo derecho; algunas veces incluso, aparte de las labores de controlar al Gobierno, puede plantear esto diciendo que la situación está muy mal y que con sus recetas pronto entraríamos en el reino de Jauja, sea el problema que sea y sea la circunstancia sobrevenida que sea. Esto sabemos que es así, es una regla no escrita pero que en todo caso parece que tiene funcionamiento
asegurado durante largos años. Y no voy a decir nada sobre cómo se debe componer en el futuro la mayoría y la oposición, pero afirmo que esa forma de hacer las cosas parece que tiene el futuro asegurado durante largos años. También se habla de la inexistencia de un marco estable. Hay un marco estable que es la normativa comunitaria y la Orden ministerial de 25 de julio del año 2001.
Vamos ahora a entrar en los puntos de la proposición no de ley en donde se habla del plan de modernización. La proposición trae causa de la próxima campaña que está a punto de empezar, y es fácil comprender, aunque explícitamente no se diga, que sería muy difícil tener ese plan de modernización redactado para esta campaña. Entiendo que tampoco pide eso, pero le hago ver la discrepancia que se aprecia en el texto con lo que realmente se quiere decir. También es muy propio de la oposición decir: veremos luego cómo se financia eso.
Creemos que eso tendríamos que verlo lo primero.
Pasando al segundo punto, sobre la línea de financiación, quiero decir que existe una línea de financiación, concretamente la que se contiene en el Reglamento 1257 del año 1999 del consejo sobre la ayuda al desarrollo rural, del FEOGA, desarrollada en España por el Real Decreto 117/2001, de 9 de febrero. Con los criterios que en él se fijan las comunidades autónomas atenderán y gestionarán las ayudas a la inversión cofinanciadas por el FEOGA. Además existe la posibilidad de percibir ayudas nacionales a través de las líneas fijadas para ello, como la relativa a incentivos económicos regionales y otras que pudieran crearse.
En cuanto al tercer punto, suscribo la interpretación punto por punto del señor Companys, creo que es acertada, aunque eso se debería de hacer a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no habría mayor problema en llegar a un acuerdo de aquí hasta la votación.
El señor portavoz del Partido Socialista me ha comunicado personalmente la enmienda que añaden. Igual está en la documentación que está en la mesa, pero no la he recogido, no tengo ahora mismo datos para pronunciarme. Conozco de primera mano el asunto, soy de Molina de Segura, donde hace mucho tiempo en las zonas de campo de las pedanías de esa ciudad estaban las almazaras y el piñuelo se utilizaba para alimentar al ganado. No tendría inconveniente en aceptar esa enmienda, pero tiene que permitirme no anunciar en este momento el sentido de la votación. Supongo que cuando el presidente someta a votación esta proposición no de ley podremos pronunciarnos con todas las consecuencias.
En cuanto a la campaña de promoción -me refiero al punto cuarto-, se está llevando a cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con una dotación de 173 millones, en colaboración con las comunidades autónomas.
Quiero terminar con una cosa que no quiero que se me quede en el tintero, y que no tiene nada que ver con la proposición, pero se deduce de las palabras del portavoz socialista y queda en el aire siempre que hay una intervención y una forma de hacer las cosas.
Resulta que cuando el Gobierno toma alguna medida, que hasta asombrosamente le parece bien a la oposición, automáticamente se deja entrever que es porque hay alguien que está relacionado o que tiene que ver con algún ministro. Le quiero decir que no porque a mí me parezca bien la propuesta número tres, en el sentido que ha dicho el señor Companys de asegurar las condiciones higiénico-sanitarias de ese producto para que se pueda destinar a esas campañas de alimentación, se nos puede acusar de tener algún interés por el mundo. Lo que no puede ser es que automáticamente cualquier decisión del Gobierno se presente como algo que atiende al interés particular y no al interés general. Sabemos qué gobiernos de España, y no sólo el nacional sino también los autonómicos y en los ayuntamientos, han gobernado para sus amigos y cuándo han entendido si esos amigos realmente representaban los intereses generales o no. Yo sé que es imposible que se me haga caso en la petición que voy a hacer, cada uno es libre de hacer lo que quiera y la historia nos juzga a todos, pero creo que va siendo hora de evitar que sobre cualquier actuación se tienda siempre el mismo velo.
El señor PRESIDENTE: A efectos de la votación les quiero comentar que por un lado votaremos los puntos 1, 2, 4 y 5 y por otro lado el punto 3.
El señor CONTRERAS LINARES: Pedimos votación separada del punto 5.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: No tendríamos inconveniente en votar los puntos 3 y 5 conjuntamente.
(Número de expediente 161/000050.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8 del orden del día, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. No está aquí su portavoz y, al no tener posibilidad de presentación y defensa, se da por decaído.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO- LEY 8/2001, DE 6 DE ABRIL). (Número de expediente 121/000038.)
(Número de expediente 121/000044.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, a los puntos que figuran con los números 9 y 10, ratificación de la ponencia designada para informar iniciativas legislativas. ¿Se aprueba dicha ratificación? (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Entramos a continuación en el punto 11: proyecto de ley por la que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles, y lo hacemos con la defensa de las enmiendas.
En primer lugar, defenderá las enmiendas el portavoz del Grupo Mixto (Bloque Nacionalista Galego), señor Vázquez, que figuran con los números 9 a 12. Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Presentamos una enmienda al artículo 2.2, donde en esencia proponemos que la fabricación de piensos para animales de producción en condiciones no permitidas por la normativa vigente, cuando dicho incumplimiento produzca un riesgo para la salud animal cambie su calificación y pase de grave a muy grave, porque para nosotros directa o indirectamente ese riesgo para la salud animal en muchos casos está relacionada también con los riesgos para la salud humana y, por tanto, esto debería ser objeto de la máxima sanción posible. La siguiente enmienda está en coherencia con la anterior y, en consecuencia, se explica por sí misma.
También proponemos graduar las sanciones en lo que se refiere a la obstrucción de la actuación inspectora. Proponemos que se califique una obstrucción a la actuación inspectora y de control de las administraciones como grave cuando se emplee fuerza, coacción o violencia y si concurriese reincidencia en la misma. Es nuestra intención que este tipo de sanciones tengan una gradación y atiendan al criterio de proporcionalidad,como ocurre en otros ámbitos sancionadores. Hay que tener en cuenta que las infracciones graves se sancionan con entre 500.000 y 10 millones de pesetas, y después se redondea por los euros. Nos parece un poco excesivo, de entrada, aplicar esta multa a una obstrucción.
En la enmienda siguiente proponemos, en coherencia con la anterior, que la simple obstrucción se califique como falta leve, puesto que ya está suficientemente gravada. Se trata de graduar la obstrucción a la acción inspectora en función de su gravedad.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), números 13 a 16.
Tiene la palabra su portavoz, señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: A este proyecto de ley lo rodea el discurso y la lamentable realidad que hemos vivido y seguiremos viviendo en relación con el famoso mal de las vacas locas. Esta es, de entrada, la forma más expresiva de que dispongo para evocar un largo debate sobre la situación crítica que padece el mundode la seguridad alimentaria, y seguramente la manera más indicada de justificar que es tiempo de aunar esfuerzos y de apoyar cuantas medidas puedan contribuir a poner orden y esperanza en la superación de esta coyuntura.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha propuesto cuatro enmiendas, todas ellas en el mismo sentido. No se entendería el rechazo de plano a un proyecto de ley que intenta mejorar el régimen sancionador administrativo que incide sobre la seguridad alimentaria. La oportunidad de hacer cosas desde los poderes públicos no admite demoras y, en cualquier caso, lo demanda la ciudadanía.
Queremos criticar -y es una cuestión tan oportuna como cualquier otra- que volvamos a desenvolvernos sin orden y sin cooperación eficaz dentro de los poderes públicos, con un talante exclusivamente centralista y en la creencia errónea de que únicamente el Estado soluciona los problemas. Me refiero a que hubiera sido preferible que este proyecto de ley fuera fruto de nuevos consensos alcanzados tras la efectiva puesta en funcionamiento del foro de la nueva Agencia Española para la Seguridad Alimentaria. Entre otras razones, porque en ese foro, y con la participación ordenada de los sectores y de las administraciones públicas, es donde se debería haber
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constatado realmente si es preciso abordar las cuestiones que plantea el proyecto que nos ocupa y con qué dimensión técnica. Como el proceder formal de este Gobierno no casa mucho con los consensos autonómicos, nos encontramos una vez más ante una compleja situación desde el punto de vista competencial, que produce cierto hartazgo, por el desprecio con que se ha tratado demasiadas veces ya esta óptica, y preocupación por la sensación de falta de voluntad real para abordar los problemas de fondo.
Queda claro, en primer lugar, que el debate no está en la existencia o no de un régimen sancionador administrativo; este existe y, de hecho, se describe parcialmente en la exposición de motivos del proyecto de ley. Existen leyes estatales, y también leyes autonómicas, que inciden sobre la materia; pero, ¿dónde y cuándo se ha hecho un debate entre el Estado y las comunidades autónomas para analizar si el panorama normativo es suficiente o no, si tiene lagunas o no o si es preciso completarlo y reforzarlo para hacer frente a las crisis recientes de seguridad alimentaria? Me han informado de que en ninguna parte.
Este proyecto de ley no se pronuncia sobre su incidencia en el ordenamiento jurídico vigente, tendremos que averiguarlo a golpe de futuros conflictos. En segundo lugar, hay que volver a dejar claro que la Constitución no le atribuye al Estado una competencia sectorial administrativa en materia de agricultura y ganadería; le permite intervenir desde la función planificadora de la ordenación general de la economía, extremo desde el que no hay manera de justificar lo que hace este proyecto de ley. Además, tanto por seguridad jurídica -al dejar indeterminado cuándo le corresponde sancionar a la Administración del Estado- como por razón de una mínima coherencia en la distribución de funciones entre los distintos departamentos ministeriales, no se puede justificar esta solución.
Entendemos que el Estado debe regular contenidos básicos desde el título de sanidad, así como ejercer el bloque de acción administrativa en lo relativo a sanidad y comercio exterior; pero entenderíamos mucho más que el Estado compartiera con las comunidades autónomas que hayan asumido las competencias de agricultura, ganadería, sanidad e interior y protección de los consumidores y usuarios, las preocupaciones y necesidades que existan en su caso para articular cualquier reforma en el panorama normativo vigente.
Quede claro que corresponde a las comunidades autónomas, y no al Estado, decidir la mayor parte de las actualizaciones normativas que en este caso sean necesarias; además, el Estado, como es sabido -lo ha proclamado la jurisprudencia constitucional-, ni puede ni debe decidirlas con carácter supletorio.
Por todo lo expuesto -y termino, señor presidente-, creemos que el criterio más oportuno ante este proyecto de ley es sencillamente el de apoyar su existencia en el ordenamiento, si bien corrigiendo con rigor tanto el título competencial estatal que le sirve de habilitación como las deficiencias técnicas que el mismo plantea para su aplicación futura por los poderes públicos titulares de la potestad sancionadora. Por ello, las cuatro enmiendas que ha propuesto el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) van en esta doble dirección; la enmienda al artículo 6 -potestad sancionadora- y la enmienda al artículo 8, así como las disposiciones adicionales únicas -títulos competenciales- y el antepenúltimo párrafo de la exposición de motivos que hemos propuestos enmendar.
El Partido Popular nos ha propuesto una enmienda transaccional al artículo 6, que supongo que presentará el portavoz en su exposición, y, aun entrando en cierta contradicción con el discurso mantenido, en aras de ese mejor entendimiento que solicitamos del Estado y que por nuestra parte ofrecemos, la vamos a aceptar.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) números 4 a 6. Tiene la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Nuestra enmienda número 3 ya se aceptó en la ponencia y, por tanto, ya está incorporada en el dictamen. Trataba de evitar que a un ganadero se le impusiese una sanción por falta muy grave por el uso de sustancias prohibidas en un pienso cuando, por defectos de etiquetado, las hubiese suministrado sin conocimiento de su existencia. Era una enmienda muy clara y agradezco que se incorporara por la ponencia.
Quedan vivas las enmiendas números 4 y 5. Las dos tratan de ceñir el alcance de las infracciones y sanciones a lo dispuesto por el artículo 1 del proyecto de ley, evitando así actuar contra otras infracciones previstas en otras normas. No obstante, señor presidente, señoras y señores diputados, quiero hacer una aportación: en la enmienda número 5 hay un error en la redacción. Cuando dice que afecta a la letra h) del artículo 2.2, debería decir: a la letra h) y a la letra i) del artículo 2.2. Es un error de carácter técnico y, con él, se suprimiría un inciso en varios artículos y el mismo inciso quedaría en otro artículo distinto. Supongo que el Grupo Popular no tendrá inconveniente en que, a la hora de votar el artículo 5, hablemos de la letra h) y de la letra i).
Nos queda otra enmienda, la número 6 a la disposición adicional única, que seguimos manteniendo. El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un mecanismo, que parece ser que ha tenido el soporte del Partido Socialista, por el cual quiere aplicar el artículo 149.1.16.a de la Constitución, artículo que regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles. Con ello hace una lectura en que no pensaron los legisladores; yo podría pensar en ese artículo para hacer que todos los españoles
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tuviesen el mismo sueldo o para que el PER se aplicase en todas las provincias del Estado español, pero esa no era la voluntad del legislador en su momento. Incluso el ministro de Agricultura, en su comparecencia del otro día sobre el tema del lino, dejó muy claro cuáles eran las competencias y cómo se tenían que aplicar las normas de carácter básico. Por tanto, me reafirmo en mi discurso, repetido en diferentes ocasiones, de que coincidimos con lo expresado por el ministro en dicha comparecencia. No se puede estar haciendo referencia siempre a aquellos temas en los que el Ministerio de Agricultura no tiene competencias, no se puede estar hablando siempre del mismo artículo de la Constitución. De todas formas, en la misma línea de la intervención de mi compañero del Grupo Parlamentario Vasco, diré que hay una voluntad de consenso, independientemente de que no podamos estar de acuerdo en ese tema. Creo que se ha avanzado desde la propuesta que se hizo en su momento; me parece que queda mucho más ceñido al objeto de la ley. Mantendremos esa enmienda, pero votaremos a favor del conjunto de la ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Desde que empezó el problema de la EEB mantuvimos que no tenía mucho sentido ir tomando medidas con retraso, desgraciadamente, si a la vez éstas no se acompañaban al menos de dos condiciones básicas. La primera, poner recursos. Seguimos sin recursos, seguimos sin una infraestructura medioambiental adaptada al problema y a las necesidades de intervención que tiene el problema.
La segunda, un régimen de sanciones adaptado también a las medidas que se vayan tomando. Pensamos que este real decreto básicamente se enfrenta a los problemas derivados del plan de intervención en relación con la EEB, pero hay dos cuestiones que nos parece que podrían mejorar el texto, y voy a intentar ceñirme exactamente a las dos enmiendas que hemos presentado.
Una de ellas textualmente señala que la no retirada de cadáveres de explotación, cuando la Administración haya establecido un servicio regulado por la misma, sea calificado como una infracción. ¿Por qué este añadido? Lo estamos viendo en la realidad. Se puede hacer un régimen sancionador perfecto, del que no escape ninguna situación que sea perseguible, pero si no se tienen los medios para hacer las cosas correctamente, sobre todo en una materia como esta que afecta a la seguridad alimentaria, que afecta a la sanidad humana, no sirve absolutamente de nada. Pensamos que esa contradicción debe ser resuelta en este real decreto. No sé si hay una prevención con respecto a lo que eso significa a la hora de votar a favor o no de esta enmienda, pero hacemos una apelación al sentido común y a que se entienda que no se le puede pedir a la gente que haga cosas para las que no hay medios, en este caso infraestructura pública, que permita efectivamente cumplir con una obligación como ésta.
La otra enmienda es una precisión y tiene que ver con el régimen sancionador en cuanto a las multas, a la cuantía de las sanciones.
Pensamos que en las infracciones leves que se refieran a explotaciones, grandes o pequeñas, en muchos casos pequeñas explotaciones, es mucho más práctico poner un régimen sancionador que se adapte a la realidad y que permita que sea operativo, que se pueda intervenir sobre las pautas de comportamiento de los ganaderos, que no poner un tipo de sanciones que esté fuera de la realidad, sobre todo de la realidad económica sobre la que se quiere influir.
Estas son las dos cuestiones que nosotros proponemos como mejora de este real decreto. En cualquier caso existe -y partimos de esa idea central- la necesidad de que podamos contar en el país con un régimen sancionador que se adapte a las medidas que se han ido tomando desde hace poco más de un año.
El señor PRESIDENTE: Aprovechando la intervención del señor Cuadrado, me van a permitir una disquisición como presidente. Ustedes saben que a lo largo del articulado de este proyecto de ley figura la denominación decreto-ley. Los servicios jurídicos de la Cámara, lógicamente, a la hora de publicar tendrán que cambiar decreto-ley por ley. Creo que no hay ningún inconveniente en que los servicios jurídicos de la Cámara adapten la realidad de este decretoley que, como usted ha dicho, pasa a ser un proyecto de ley.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Señor presidente, contestaré por el orden de intervención.
Por lo que respecta al Grupo Mixto, no admitimos la enmienda número 9 por lo siguiente. La letra h) del artículo 2.2 tipifica como infracción muy grave la fabricación de piensos para la alimentación de animales de producción que contengan proteínas animales elaboradas que hayan sido expresamente prohibidas. Este precepto, y otros que se encuentran en relación directa con el mismo, tratan de graduar la gravedad de la infracción dando un tratamiento cualificado al supuesto de utilización de proteínas de origen animal, que es el taxativamente prohibido por la norma comunitaria.
Respecto a la enmienda número 11, del Grupo Mixto, diré que también la norma distingue entre obstrucción, a la que se califica de grave, y falta de colaboración, que indudablemente es una práctica obstruc tiva
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de la labor inspectora, pero a la que por su menor trascendencia se califica de leve. Para ello no hace falta más que ver el texto en lo que respecta al apartado 4 de este artículo 2, en su letra e), donde se tipifica como infracción leve la falta de colaboración con la actuación inspectora y de control de las administraciones públicas.
Por tanto, rechazamos también dicha enmienda.
Por lo que respecta a las enmiendas del Grupo Vasco, en cuanto a la enmienda 13 al artículo 6, después de haber oído atentamente a su representante, tengo que decirle que compartimos algunos de los argumentos pero que no hay que olvidar lo siguiente. En cuanto al ejercicio de las competencias que corresponden a cada Administración, en el marco de las actuaciones que se están realizando para la erradicación de la encefalopatía espongiforme bovina, cada una de ellas ejerce esas competencias de la siguiente manera. La Unión Europea adopta la normativa correspondiente, le corresponde la adopción de la normativa correspondiente, así como la cofinanciación de las medidas de intervención de mercado y de parte del coste de los test laboratoriales y la realización de controles y auditorías en los Estados miembros mediante misiones de inspección de la oficina alimentaria y veterinaria de Dublín. En lo que respecta a la Administración general del Estado, tiene la obligación de coordinar las actuaciones de todas las comunidades autónomas, así como ordenar la economía en el sector afectado mediante la aprobación de la normativa básica -subrayo lo de normativa básica- que se considere necesaria, que es precisamente lo que se está haciendo en este momento. Dentro de la coordinación hay que señalar las funciones de los laboratorios nacionales de referencia, de acuerdo con los actos jurídicos de la Unión Europea, y garantizar en todo el territorio nacional un nivel de aplicación homogéneo de la normativa de carácter básico en materia que sea competencia tanto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como del Ministerio de Sanidad y Consumo. Además, corresponde a la Administración general del Estado la competencia respecto a las medidas de intervención de mercados, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, y su gestión está encomendada a un gran número de comunidades autónomas, ejerciendo su coordinación el Fondo Español de Garantía Agraria del Ministerio de Agricultura. En lo que respecta a las comunidades autónomas, por supuesto éstas deben ejecutar las medidas adoptadas y controlar la adecuada aplicación de las mismas, así como desarrollar y adecuar en su ámbito territorial las normas para su correcta aplicación. Por ello, y dadas sus competencias, son las administraciones responsables del control en sus territorios del cumplimiento de las normas dirigidas a garantizar la sanidad humana, la sanidad animal y el medio ambiente. Por eso es por lo que hemos propuesto la enmienda transaccional, y agradezco al representante del Grupo Vasco que la admita. Se mantendría todo el texto del artículo 6, pero añadiendo al principio un nuevo párrafo, por lo que el artículo 6 quedaría redactado de la siguiente manera: El ejercicio de la potestad sancionadora, en aplicación de la presente ley, corresponderá a los órganos competentes de las comunidades autónomas y a la Administración general del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias. A continuación, todo el texto que figura en el proyecto de ley.
En cuanto a la enmienda número 14, que habla de la supresión completa del artículo 8 del texto, no la admitimos porque la redacción de este precepto, según consta en la norma, respeta los principios del derecho sancionador, tal y como aparecen recogidos en la Ley 30/1992.
Al contrario de lo que sostiene el Partido Nacionalista Vasco, puede resolver dudas interpretativas que pudieran suscitarse en la tramitación del expediente sancionador al amparo de esta norma. El artículo 8 habla de cuestiones elementales que deja muy claras, como son la responsabilidades por las acciones u omisiones tipificadas en este real decreto que se convierte en ley, como ha dicho el presidente, las sanciones que se imponen a distintos sujetos y que no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente. Hay un principio general de derecho que dice que lo que abunda no daña y, desde luego, este artículo no sobra, por lo que entendemos no debe suprimirse. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado del tanto de culpa al ministerio fiscal, etcétera; lo mismo que, de no apreciarse la existencia de este delito o falta, el órgano administrativo competente continuará el expediente sancionador. Entendemos que este artículo 8 califica perfectamente situaciones que se pueden dar y que puede resolver dudas interpretativas de forma clara.
En lo que respecta a la enmienda número 15, que se propone modificar la redacción de la disposición adicional única con un nuevo texto, nosotros debemos rechazarla pues la norma no alude a la regla 10.a del artículo 149.1 de la Constitución, ya que no se pretende ni regular ni afectar la política comercial exterior del Estado, sino la sanitaria a través de la regla 16.a, que alude a la sanidad exterior; ámbito que se trata de salvaguardar dotándolo del adecuado dispositivo jurídico sancionador.
La enmienda número 16 pretende sustituir el antepenúltimo párrafo de la exposición de motivos por otro texto. La rechazamos por lo siguiente. Si bien es cierto que el Consejo de Estado ha señalado que bastaría para lograr el efecto que se persigue con invocar la regla 16.a
del artículo 149.1, el Tribunal Constitucional, en las sentencias que se citan, ha señalado que, en cualquier caso, toda norma sancionadora autonómica habrá deatenerse a lo dispuesto en el artículo 149.1.1.a de la
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Constitución, de modo que no podrá introducir tipos ni prever sanciones que difieran sin fundamento razonable de los ya recogidos en la normativa válida para todo el territorio. Por este motivo, parece no sólo conveniente, sino necesario, aludir al artículo 149.1.1.a que justifica la medida en cuanto al establecimiento de un sistema de infracciones y sanciones básico para todo el territorio nacional.
En lo que respecta a las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, estamos totalmente de acuerdo en aceptar las enmiendas 4 y 5, con la adición de la letra i), porque si no sería un contrasentido. Es decir, la enmienda 5, de Convergència i Unió, suprime en la letra h) un párrafo -lo mismo que en la enmienda 4 con la letra g)-, por lo que se entendería igual en el caso de la letra i). Estamos totalmente de acuerdo con la justificación que ha dado el representante de Convergència i Unió.
No podemos admitir la enmienda número 6 no podemos admitirla porque la norma estatal, al decir que propone una nueva redacción de la disposición adicional única, no suple el posible vacío legislativo de las comunidades autónomas en el campo del derecho sancionador por incumplimiento de la normativa vigente sobre prevención y erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles, sino que, fundamentada en los títulos competenciales del Estado, como son las reglas 1.a y 16.a del artículo 149.1 de la Constitución, fija las normas básicas que, con unidad de criterio para todo el territorio nacional, permitan a las comunidades autónomas bien su aplicación directa bien su adaptación mediante normas propias, que deberán, en todo caso, atenerse a las determinaciones de la norma sancionadora estatal, sin introducir divergencias cualitativas sustanciales, según tiene establecido el Tribunal Constitucional en abundante y reiterada jurisprudencia. Por no ser reiterativo ni cansar a SS.SS, simplemente haré referencia a las sentencias 87/1985, 42/1987, 133/1999 y, finalmente, a la 276/2000, entre otras, que amparan todo lo que acabo de decir.
Finalmente, en lo que respecta a las enmiendas del Grupo Socialista, tampoco las vamos a admitir por lo siguiente. La enmienda número 1 al artículo 2.3 i) bis nuevo propone la adición de un nuevo apartado que diría: «La no retirada de cadáveres de explotación cuando la Administración haya establecido un servicio regulado para la misma.» Nosotros entendemos que la retirada de cadáveres de bovinos, ovinos y caprinos de cualquier edad, considerados legalmente materiales de riesgo, es una obligación establecida en la normativa específica sobre tratamiento de materias de riesgo previa a su destrucción impuesta por razones de orden zoosanitario que, una elemental política de prevención, no debe exceptuar en ningún caso. Desde luego, está recogida perfectísimamente en el Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, y en el Real Decreto 221/2001, de 2 de marzo del presente año, que lo modifica. Entendemos que está perfectamente recogido y es una obligación establecida en una normativa específica que ya existe.
Por lo tanto, no hay ninguna contradicción y no se puede alegar, como se ha hecho, que no hay recursos, etcétera, porque los hay.
En cuanto a la enmienda número 2, tampoco la admitimos porque pretende modificar el artículo 3.1 c). La enmienda dice que en caso de infracciones leves se aplicará una multa de 16.638 a 491.158 pesetas, con su correspondiente traducción en euros. No la admitimos porque el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto-ley de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles permite la graduación de las sanciones atendiendo las circunstancias del responsable, grado de culpa, etcétera. Por lo tanto, en nuestra opinión, resulta innecesaria la modificación propuesta.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate sobre este proyecto de ley, pasamos a continuación al punto número 12, que es el proyecto de ley de modificación de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.
Por el grupo enmendante de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, el señor Companys, para defender esas enmiendas o retirarlas.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: El Grupo Catalán de Convergència i Unió participó activamente en la aprobación de la ley en su momento y ahora presentaba una serie de enmiendas que entendemos que son de interés. Sin embargo, debido a una serie de circunstancias y contactos que hemos tenido con el propio sector e independientemente de que, desde el punto de vista legal y competencial, creamos que se debería mantener, tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo con el propio sector, sobre todo porque las mayorías son las que son y porque no tienen ninguna posibilidad de prosperar. Por tanto, las vamos a retirar.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Vasco, (EAJ-PNV), tiene la palabra su portavoz el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI : Sencillamente, quiero decir que vamos a apoyar esta ley a la que, lógicamente, no hemos presentado enmiendas, ya que las modificaciones que se proponen mediante el proyecto de ley objeto de consulta tiene un alcance limitado y, dado
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que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la distribución competencial ha dejado claras las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, entendemos que esta ley lo recoge adecuadamente. Con mayor motivo votaremos favorablemente porque las enmiendas que ha presentado el grupo de Convergència i Unió han sido retiradas, con lo cual, nuestro consenso es total.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Quiero agradecer al diputado de Convergència i Unió el que haya procedido a retirar estas enmiendas que quedaban vivas, así como los argumentos que acaba de realizar el señor Txueka sobre el régimen competencial y la Ley del régimen jurídico, donde se establece la protección de las obtenciones vegetales.
Les recuerdo sucintamente, por aquello de no pasar con pena y sin gloria por esta Comisión, que esta ley estableció un sistema de protección de los derechos de los obtentores que tiene un impacto muy positivo para la economía nacional, ya que estimula la investigación del sector privado, incrementa los recursos que se añaden a este tipo de investigación, facilita el acceso de los agricultores a nuevas tecnologías, aumenta la competitividad de nuestra agricultura y en definitiva lo que hace es mejorar la renta de los agricultores.
Tal como se debatió en fase de ponencia la Ley 7/2000, se vio claramente que era una transposición de los acuerdos internacionales de la OPFH, que existían desde el año 1961 aunque se había hecho alguna transposición vía decreto. Dos razones fundamentales llevaron a la presentación de esta ley, una de ellas, la adaptación de la norma nacional al marco jurídico internacional y posteriormente el hecho de la adopción por la Unión Europea de un marco único de la protección de las obtenciones vegetales. El rápido avance en cuanto a las invenciones biotecnológicas y de ingeniería genética ha hecho que a través de esta ley se pusiera en orden y se asumieran nuevos retos que están planteando el sector privado y también el público para la investigación con nuevas variedades. Hay que destacar de esta norma la exención que se aplica a los agricultores para que puedan beneficiarse de las producciones obtenidas en sus explotaciones y también que aporta un nuevo sistema en cuanto a la reglamentación para la seguridad y la garantía de todas las partes implicadas.
La modificación de esta ley, esta minirreforma, por llamarla de alguna manera, se produce como resultado de la reunión de la comisión bilateral de cooperación entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas, en la que se reconoce que las obtenciones vegetales gozan de un régimen jurídico semejante al de la propiedad industrial. La ley habilita en el procedimiento al ministerio para que sea el que en definitiva dé la patente o la concesión de los títulos de obtención y también habilita al Estado para establecer un régimen unitario, proyectándose las competencias de ejecución en las comunidades autónomas. Se ha reconocido, lógicamente, en este proceso la competencia para ejercer la tramitación de los procedimientos para la concesión de los títulos de obtención vegetal, así como también se habilita el mecanismo de coordinación entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas. También quiero manifestar que se ha aceptado una enmienda, la presentada por el Grupo Socialista al artículo 48.1, por la que entendemos que se mejoran las garantías, preservando los intereses tanto de la Administración como de los agricultores y los usuarios.
Para terminar diré que la ley es, desde nuestro punto de vista, un soporte normativo a una obtenibilidad básica en el desarrollo de la agricultura porque mantiene varios principios, como son el de sostenibilidad, el de adecuación de los cultivos a nuestros campos, el de competitividad, el de productividad, el de respeto al medio ambiente y el de la seguridad alimentaria. Además, respecto a la importancia de esta ley, hay que destacar que en los últimos años el volumen total de semilla certificada por el Ministerio de Agricultura ha ascendido a 250.000 toneladas, lo cual nos da pie para pensar que es un sector dinámico y que tiene una relación directa no solamente con los agricultores sino también con la producción final desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Intervengo solamente a los efectos de decir que el Grupo Socialista va a votar a favor de este proyecto de ley, una vez que ha sido admitida una enmienda que creo que cubre una laguna fundamental que había en el proyecto inicial.
El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos hasta las doce y media, hora a la que, como hemos anunciado, iniciaremos las votaciones. (Pausa.) Señorías, vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, votamos la proposición no de ley relativa al establecimiento de medidas para la extensivización de la ganadería, del Grupo Parlamentario Socialista, en los términos en los que ha sido presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, dos.
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A continuación, votamos el texto, que ha sido transaccionado, correspondiente a las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día con los números 2 y 3. Como ha sido presentado a la Mesa en este momento, lo voy a leer. Tiene dos puntos. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: Uno: Defender en los foros comunitarios que el plan de recuperación de la merluza se establezca teniendo en cuenta los siguientes criterios: base científica suficiente, sean realmente efectivos para el fin perseguido, exijan un nivel de esfuerzo equitativo para todas las flotas que participan en la pesquería y contemplen medidas sociales y económicas de acompañamiento de ser necesario establecer limitación de las capturas. Dos: Incrementar los esfuerzos del Estado en materia de investigación científica para tener un mayor conocimiento de la situación y evolución del stock de merluza en aguas comunitarias.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, hay una frase en el primero que no suena bien. (Un señor diputado: Es que está escrito en gallego.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: No sé si autorizarían, teniendo presente el espíritu, que se mejore la redacción y la sintaxis, y que se vote el texto que nos han presentado los dos grupos, que refleja el espíritu de las dos proposiciones no de ley.
El señor TXUEKA ISASTI: De acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Agradeciendo su confianza, pasamos a la votación.
Quisiera anunciarles también que esta proposición no de ley que hemos votado ha sido fruto del consenso del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego y Partido Popular. (Rumores.-Un señor diputado: Sin apuntarse medallas.) Pasamos a votar el texto transaccionado de las proposiciones que figuran en el orden del día con los números 4 y 5. Hay un texto que conocen todos ustedes y en cuya redacción se estableció una mejora que venía a decir en una parte del texto: en colaboración con las comunidades autónomas.
A continuación, pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que figura en el orden del día con el número 6, relativa a la virosis agrícola en la provincia de Almería.
(El señor Contreras Pérez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Hay una enmienda.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda, pero creo que fue rechazada por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra para que nos lo pueda explicar.
El señor CONTRERAS PÉREZ: En la presentación de estas enmiendas, la portavoz confundía los tomates con los pepinos. No podemos aceptarla simplemente por esa razón. (Rumores.-La señora Espinosa López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Como parece que hay una explicación, señoría, tiene la palabra.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Señor presidente, esta portavoz, como es de El Ejido, no puede confundir los tomates y los pepinos. Esta portavoz, como ha cogido tomates y pepinos, es imposible que los confunda.
Señor Contreras, por favor, absténgase de estas tonterías.( Rumores.- Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señora Espinosa, por favor, no vamos a entrar en un turno de debate.
El señor CONTRERAS PÉREZ: La enmienda dice lo que dice y la proposición no de ley dice lo que dice.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que se han explicado correctamente.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Lo que no se puede decir es si se dicen tonterías o no. Yo no he dicho que nadie diga tonterías, he dicho que hay una confusión que puedo demostrar si se me concede la palabra.
(Rumores.- Un señor diputado: Hay mucho ignorante.)
El señor PRESIDENTE: No vamos a iniciar un debate, porque estamos en el turno de votaciones. Cada grupo ha fijado ya sus posiciones.
Quiero pedir a la señora Espinosa que retire la palabra tontería, para que no figure en el «Diario de Sesiones». (Rumores.-Protestas.) Señorías, estamos en un turno de votaciones.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Sí; la cambio por demagogia.
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El señor PRESIDENTE: De acuerdo. (Rumores.) A continuación, pasamos a votar esta proposición no de ley, en los términos en los que ha sido planteada por el Grupo Socialista.
A continuación, pasamos a votar la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al aceite de orujo de oliva. La vamos a votar en dos bloques.
En primer lugar, votamos los puntos 1, 2 y 4.
A continuación, pasamos a votar los puntos números 3 y 5, haciéndoles la precisión de que el texto ha sido modificado por los portavoces, añadiendo simplemente el inciso «una ayuda por la Unión Europea», en el punto número 5.
A continuación, pasamos a los proyectos de ley.
En primer lugar, proyecto de ley relativo al sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes bovinas. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.) Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Quiero dejar constancia, ya que no pude hacerlo en el debate, de que las enmiendas números 7 y 9, que había presentado mi grupo a este proyecto, han sido aceptadas textualmente en el trámite de ponencia. Quiero manifestar nuestro agradecimiento a la ponencia y decir que mi grupo votará favorablemente este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar, en primer lugar, las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, enmiendas números 9 a 12.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
En primer lugar, la enmienda que ha sido transaccionada, que figura con el número 13, en los términos de la transacción.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas del mismo grupo, números 14 a 16, puesto que la número 13 la hemos votado anteriormente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 21; abstenciones, 13.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) En primer lugar, enmiendas números 4 y 5, haciendo advertencia que en la número 5 hay una corrección técnica, tal como ha quedado reflejado en el debate.
A continuación, pasamos a votar la enmienda del mismo grupo parlamentario, que figura con el número 6.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que figuran con los números 1 y 2.
Antes de pasar a la siguiente votación, quisiera hacer referencia a lo que he dicho anteriormente. Los servicios jurídicos de la Cámara se encargarán de sustituir donde figura «el presente decreto-ley» por «la presente ley». ¿Están todos de acuerdo? (Asentimiento.) Se aprueba por asentimiento y los servicios jurídicos de la Cámara mejorarán el texto.
Pasamos a continuación a votar el resto del informe de la ley que no ha sido afectado por las enmiendas.
Pasamos a continuación a votar el informe, tal como ha salido de la ponencia, del régimen jurídico de la protección
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de las obtenciones vegetales, que no tiene ninguna enmienda.
Antes de levantar la sesión, les comunico -ya se lo he transmitido anteriormente- que la Comisión de mañana jueves empezará una hora antes, a las cinco de la tarde.

References: e contrario
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 149
 real decreto 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 8
 real decreto 
 artículo 8
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 48