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Timestamp: 2019-06-24 13:28:02+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 727/15 de Corte Constitucional, 25 de Noviembre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 589118650
NULIDAD DE MATRIMONIO. EFECTOS EN RELACIÓN CON LOS HIJOS Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 149 (parcial) del Código Civil. Adujo la demandante que la disposición acusada desconoce la Constitución, al prever como sanción de la declaración de nulidad de un matrimonio que los deberes y obligaciones en materia de alimentos y educación de los hijos estarán a cargo del cónyuge culpable. Para ella, esta disposición desconoce la igualdad de derechos y obligaciones que le asisten a los integrantes de la pareja frente a sus hijos. En su criterio, la nulidad de un matrimonio por la culpa de uno de los cónyuges, no puede aparejar el incumplimiento de los deberes como padre o madre del cónyuge inocente. La Corte concluyó que el aparte acusado efectivamente desconoce la Constitución, pues al confundir los efectos de la disolución del vínculo matrimonial como consecuencia de la nulidad, con los deberes paterno-filiales, pone en el mismo plano situaciones muy distintas y por esta vía desconoce la imposibilidad de renunciar a las obligaciones que le asisten a los padres frente a sus hijos, independientemente del vínculo que una a la pareja. Consecuentemente con lo anterior, precisa que cuando se declara la nulidad del matrimonio los dos padres deben contribuir al sostenimiento de los hijos, concurriendo de manera conjunta a su crianza y educación, de acuerdo con los medios económicos de cada uno. INEXEQUIBLE.
Sentencia citada en: 7 sentencias, un artículo doctrinal, 2 noticias
Actor: A. delP.O.G.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, la ciudadana A. delP.O.G., solicita a la Corte que declare la inexequibilidad parcial del artículo 149 del Código Civil.
F.A.C., actuando en nombre y representación de la Nación- Ministerio de Justicia y de Derecho, solicita a la Corte que declare la exequibilidad de la disposición acusada.
L.M.C.N., Defensor delegado para los asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, presenta concepto en el proceso de la referencia solicitando la inexequibilidad del aparte demandado del artículo 149 del Código Civil, considerando que dicha disposición le otorga un carácter sancionatorio a la obligación que le corresponde al ejercicio de la paternidad.
L.K.F.C., actuando en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, intervino en el proceso de la referencia, solicitando a la Corte que declare inexequible el artículo 149 del Código Civil.
El presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, designó al señor J.A.G.C., para elaborar el concepto en nombre de dicha institución, en el que se solicita a la Corte declararse inhibida para dictar sentencia de fondo sobre la demanda formulada contra el artículo 149 (parcial) del Código Civil, y en su defecto, declarar la exequibilidad de la misma.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia encomendó al académico C.F.M., para intervenir en el presente proceso en nombre y representación de la misma.
Los señores Ó.F.B.G., G.M.C., J.P.R., bajo la orientación de C.A.A., emitieron su concepto sobre la demanda de la referencia solicitando a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de la expresión acusada.
4.7. Í.D.M.
La ciudadana I.D.M. interviene en la presente demanda para solicitar a la Corte que se inhiba de pronunciarse sobre la misma considerando que la norma acusada ha sido tácitamente derogada. En su defecto, pide a la Corte que declare la inexequibilidad de la disposición acusada.
La Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia, en los términos del artículo 241.4 de la Constitución, puesto que se trata de la acción pública de inconstitucionalidad contra una disposición contenida en una Ley de la República.
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, afirman en sus intervenciones que la Corte debe declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda formulada contra el artículo 149 del Código Civil, considerando que la misma carece de certeza, suficiencia y claridad.
Con fundamento en lo anterior, la Corte encuentra que, en este caso, la demanda contra el artículo 149 del Código Civil, se sustenta en la violación del derecho a la igualdad de los padres respecto de los deberes y obligaciones que les asisten frente a sus hijos menores de edad, lo cual se traduce, según la actora, el desconocimiento de los artículos 2, 13, 42 y 43 de la Constitución.
Algunos de los intervinientes sugieren que la disposición acusada ha sido derogada tácitamente, pues las nuevas regulaciones en materia de patria potestad y obligaciones de los padres respecto de los hijos, hacen en la práctica imposible aplicar la sanción que se impone en el artículo 149 del Código Civil, consistente en condenar al cónyuge culpable de la declaratoria de nulidad del matrimonio y al pago de alimentos de los hijos comunes.
El artículo 149 del Código Civil regula los efectos que se desprenden del proceso de nulidad del matrimonio para los hijos procreados en el mismo. En este orden de ideas, la primera parte de la disposición señala que los hijos quedarán bajo la patria potestad del padre y serán alimentados por él y por la madre, contribuyendo en la porción determinada de sus bienes que designe el juez[6].
Tal y como lo advierten los intervinientes, una lectura sistemática de las normas en esta materia y el análisis de las progresivas reformas introducidas en el Código Civil en materia de relaciones paterno-filiales, demostrarían que existe una igualdad entre los derechos y los deberes que les asisten a ambos miembros de la pareja respecto de sus hijos.
De este repaso general de las normas que se refieren tanto a la patria potestad como al deber de alimentos a cargo de los padres, algunas de ellas mencionadas por los intervinientes, que consideran que ha operado el fenómeno de la derogatoria tácita de la norma acusada, la Corte concluye que el último aparte del artículo 149 del Código Civil no ha sido tácitamente derogado.
En el presente caso, la demandante acusa el último aparte del artículo 149 del Código Civil en el que se dispone que, en caso de nulidad, el cónyuge culpable será obligado a pagar los gastos de alimentos y educación de los hijos, si tuviera medios para ello.
En este orden de ideas, la Corte deberá resolver si la declaración de nulidad de un matrimonio, que trae como consecuencia el pago de los gastos de alimentos y educación de los hijos a cargo del cónyuge culpable, siempre que éste tuviere los medios para ello, desconoce la Constitución (C.P. art. 4) y, en particular, el derecho a la igualdad entre los miembros de la pareja respecto de las obligaciones y derechos que se desprenden de la paternidad (C.P. art. 13, 42 y 43).
El derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución, representa uno de los cimientos esenciales del Estado social y democrático de derecho y ha sido reconocido en múltiples tratados internacionales ratificados por Colombia como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966 (Arts. 2 y 3), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 1969 (Art. 24), aprobada mediante la Ley 16 de 1972.
Ahora bien, en cuanto al derecho a la igualdad, en el marco de las relaciones familiares, el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce la igualdad de derechos entre los integrantes de la familia y de la pareja, mientras que el artículo 43 consagra la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. De otro lado, el artículo 42 confiere a la pareja la libertad de decidir el número de hijos que quieran tener, pero también le impone a la misma el deber de sostener y educar a sus hijos mientras sean menores de edad o impedidos.
La igualdad reconocida a los padres en las relaciones paterno-filiales y en el ejercicio de la patria potestad, tiene como efecto garantizar el interés superior del niño, que requiere de la presencia, orientación y cuidado de ambos progenitores.
En resumidas cuentas, el régimen constitucional y legal actual garantiza la igualdad entre los miembros de la pareja y respecto de sus deberes y obligaciones como padres. Los instrumentos diseñados por la ley para que los progenitores cumplan su función de garantizar los derechos de sus hijos no emancipados, la patria potestad y los deberes que se derivan de la relación paterno-filial, se dirigen a realizar el interés superior del niño y a asegurar su desarrollo integral y armónico.
El artículo 42 de la Constitución consagra la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y dispone que ésta se conformará por vínculos naturales o jurídicos. Asimismo, dicho artículo constitucional reconoce al legislador un amplio margen de configuración para regular las formas de matrimonio, la edad, la capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo.
Ahora bien, respecto de la cesación de los efectos del matrimonio y sus implicaciones en las relaciones paterno-filiales, es preciso distinguir entre las diferentes modalidades de extinción del vínculo marital.
El artículo 42 de la Constitución dispone que la pareja, no sólo tiene el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener, sino que también tendrá la obligación de sostenerlos y educarlos mientras sean menores de edad o si son impedidos.
Ahora bien, como se señaló en el fundamento jurídico 12, la privación de la patria potestad, no implica que se extingan las demás obligaciones que los padres tienen con los hijos pues el Código ha diferenciado claramente, en los Títulos XII y XIV, las obligaciones que se desprenden de la condición de progenitor y que incluso en algunos casos pueden ser exigidas judicialmente, como en el caso de los procesos de alimentos, de los derechos o facultades que se derivan del ejercicio de la patria potestad[40]. De este modo, en la práctica, la pérdida o suspensión de la patria potestad, afecta las facultades de representación legal, administración y usufructo, pero se mantienen las obligaciones de crianza, cuidado personal y educación que se desprenden del deber paterno-filial[41].
El derecho a los alimentos[43] de los hijos menores de edad, es una de las obligaciones que se desprenden de los deberes paterno-filiales establecidos en la ley, y consiste en la obligación de los padres de garantizar el sostenimiento y la educación de sus hijos.
La obligación de dar alimentos y los derechos que de ella surgen tiene unos medios de protección efectiva, por cuanto el ordenamiento jurídico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la obligación, los alimentos provisionales (arts. 411 a 427 del Código Civil); el concepto de la obligación, las vías judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, (arts. 133 a 159 del Código del Menor), y el trámite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad (arts. 435 a 440 Código de Procedimiento Civil), todo lo cual permite al beneficiario de la prestación alimentaria hacer efectiva su garantía, cuando el obligado elude su responsabilidad”[54].
En resumidas cuentas, la patria potestad y el derecho de alimentos son algunas de las garantías que la Constitución y la ley contemplan para asegurar el desarrollo armónico e integral de los niños. Si bien existe una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado para hacer efectivos los derechos de los niños y adolescentes (art. 10 C.I.A.), es la familia, y en principio los padres, quienes deben asumir “de forma permanente y solidaria” (art. 23 C.I.A.), el cuidado personal de sus hijos.
La demanda que se somete a consideración de la Corte en esta ocasión, plantea la violación de los artículos 4, 13, 42 y 43 de la Constitución como resultado de la regla contenida en el artículo 149 del Código Civil, de acuerdo con la cual, la nulidad del matrimonio que se produzca por la culpa de uno de los cónyuges, conllevará a que el culpable asuma el pago de la educación y de los alimentos de los hijos comunes. Así entonces, la norma acusada estaría desconociendo los deberes que les corresponden a los padres en igualdad de condiciones respecto de sus hijos.
Como se señaló en los fundamentos jurídicos 11 y 12 de la presente sentencia, el régimen constitucional y legal actual reconoce iguales derechos y deberes entre los integrantes de la pareja y con relación a sus hijos. Asimismo, como se anotó en el título referido al matrimonio, de éste se desprenden efectos personales y patrimoniales de diversa índole, pero cuando el vínculo se disuelve, permanecen en general algunas de las obligaciones económicas entre los cónyuges y se mantienen las relaciones paterno-filiales con respecto a los hijos. Este reconocimiento se funda en la proscripción de cualquier distinción entre los integrantes de la pareja en tanto sujetos con plena capacidad jurídica para desarrollar y orientar las relaciones con sus hijos.
De acuerdo con lo anterior, la Corte encuentra que la disposición acusada, al imponer la obligación alimentaria al cónyuge culpable en los casos de nulidad del matrimonio, traslada los efectos de la conducta culpable de una de las partes del vínculo matrimonial al ámbito de las relaciones paterno-filiales, eliminando entonces para una de ellas el deber que primigeniamente corresponde a quienes integran la pareja.
Como se indicó en el fundamento jurídico 7 de la sentencia, las normas constitucionales y legales establecen que ambos padres deben encargarse de sus hijos concurriendo de manera conjunta a su crianza, sostenimiento y educación. Lo cierto es que la intensidad con la que cada uno asuma estas cargas, puede variar en función de sus posibilidades efectivas de realizarlas, pues la obligación alimentaria exige que la persona deudora de los alimentos cuente con los medios económicos para hacerlo. Dejar de considerar tal circunstancia podría implicar la imposición de cargas desproporcionadas al integrante de la pareja que, por diferentes razones, se encuentra en imposibilidad de asumirlas, y una fuente de desprotección para el beneficiario de la prestación.
La obligación alimentaria hace parte de los derechos fundamentales de los niños y si el menor de edad cuenta con sus dos padres, ambos deberán hacerse cargo de la misma, a menos de que alguno de ellos, por ejemplo, no tenga los recursos económicos para sufragarla. Así las cosas, una norma no puede absolver de sus obligaciones paterno-filiales a uno de los padres en procesos relativos al matrimonio, por razones diferentes a la imposibilidad efectiva de asumirlas.
Aunque la disposición que se examina contempla la posibilidad de que si el cónyuge culpable no tiene los medios para sufragar toda la obligación, esta será asumida por el cónyuge que cuente con los recursos para hacerlo, y por ello el sustento del niño no se verá amenazado, en todo caso, para la Corte es claro que de ninguna manera una norma puede prever que se imponga la obligación alimentaria a un padre y no al otro. El vínculo paterno filial es constitucionalmente tan significativo, que las vicisitudes de la relación entre los cónyuges no puede afectar la obligación igual de los padres de concurrir al amparo y protección de los hijos. En otras palabras, los infortunios de la relación, al principio o al final de la misma, no pueden contrariar la decisión constituyente de imponer a los padres un deber igual.
Sin perjuicio de la amplia regulación legal del matrimonio, este aspecto de la responsabilidad asociada a la causal de nulidad o a su motivo, tiene naturaleza más acusadamente contractual. Lo anterior quiere decir que sus efectos civiles se contraen a las órbitas patrimoniales y de otro orden de los contrayentes –res inter alias acta-. La fuente primordial de las obligaciones paterno-filiales, en cambio, es la ley imperativa directamente y, por encima de ella, la misma Constitución. También debe subrayarse que frente a los hijos, la ley establece a cargo de los padres deberes, cuyos sujetos pasivos son precisamente ambos padres. La regla aquí es la igualdad de deberes y cargas, frente a los hijos que son los sujetos activos de derechos que aquellos deben asumir de manera perentoria y con la fuerza jurídica derivada de un régimen de orden público del que no pueden escapar.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte estima que el aparte final del artículo 149 del Código Civil es contrario a la Constitución, en tanto quebranta los artículos 13, 42 y 43 que imponen igualdad entre los miembros de la pareja respecto de las obligaciones y derechos que se desprenden de la paternidad, y por esa vía el artículo 4º Superior y, por consiguiente, lo declarará inexequible.
[9] C-507 de 2004 (M.P.M.J.C.E.).
[10] C-112/00 y C-481/98. M.P.A.M.C..
[24] V.F., Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo Primero. Imprenta París – América. P..
[27] P.B., J.. Manual de Derecho Civil. Personas y Familia. Segunda Edición. Editorial Temis. Bogotá, 1990.
[31] Op. Cit. M.P..
[32] V., F.. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo Primero. Imprenta P.-América, París, 1926.
[34] M.P., J.E.. Derecho Civil Derecho de Familia. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2011.
[42] M.P., J.E.. Derecho Civil. Derecho de Familia. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2011.
[53] Op. Cit. M.P.. P. 595.

References: artículo 149
 artículo 241
 artículo 149
 artículo 149
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 artículo 149
 artículo 241
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
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 artículo 13
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 42
 artículo 42
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 artículo 149
 artículo 149
 artículo 4