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Timestamp: 2017-08-23 02:12:10+00:00

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DERECHO Y PROCESO: enero 2017
La competencia. Concepto y clasificaciones
La palabra competencia tiene su origen etimológico en el latín “competere” que significa corresponder o pertenecer. A su turno y, desde un punto de vista jurídico, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española precisa que la competencia es la atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Así las cosas, podemos sostener que la competencia es el poder y deber que tiene cada tribunal para resolver, con efecto de cosa juzgada y en forma exclusiva y excluyente, los conflictos jurídicos relevantes sometidos a su conocimiento. En los términos de lo sostenido por Carnelutti en su libro Sistema de Derecho Procesal Civil, diremos que la competencia es la extensión de poder que pertenece o corresponde a cada juez en comparación con los demás.
Usualmente decimos que la Jurisdicción constituye el poder-deber del Estado de administrar justicia y ésta es indivisible. Sin embargo, dada la extensión territorial de los Estados y la multiplicidad de conflictos jurídicos que han de conocer los tribunales, se hace necesario entregar a cada juez el conocimiento específico de un asunto sin que otro magistrado pueda entrar al conocimiento de aquél una vez que la causa ya se radicó en el primero. Por eso decimos que la competencia es exclusiva de un juez y excluyente respecto de cualquier otro.
Eduardo Couture al referirse a la relación jurisdicción - competencia en su obra Fundamentos del Derecho Procesal Civil señala que la competencia es una medida de jurisdicción. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer en un determinado asunto. Añade que un juez competente es, al mismo tiempo, juez con jurisdicción, pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin competencia. Concluye afirmando que la competencia es el fragmento de jurisdicción atribuido a un juez.
El artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales define a la competencia señalando que es “la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”.
A esta definición legal habría que añadir que la competencia no sólo es una facultad del Estado, sino que, como en el caso de la jurisdicción, constituye también una obligación de éste conforme el principio de inexcusabilidad contenido la Carta Fundamental y en el artículo 10 inciso 2° del Código Orgánico de Tribunales.
Se ha cuestionado la definición del artículo 108, asimismo, porque sólo se refiere al momento jurisdiccional del conocimiento, omitiendo la fase de juzgamiento y de la ejecución. Este es el motivo que nos ha llevado a proponer, al inicio de este capítulo, una definición propia que incorpora, además, las nociones de “resolver con efecto de cosa juzgada”, con lo que, se incorpora a la definición dada los tres momentos de la jurisdicción, tomando para ello en consideración que, uno de los efectos de la cosa juzgada es, precisamente, la ejecución de la resolución firme o ejecutoriada.
El último reparo que merece la definición de competencia proporcionada por el artículo 108 citado es que, en sentido estricto, la atribución de competencia a un cierto juez puede emanar no sólo de la ley. En efecto, la competencia de un juez puede también emanar de la voluntad de las partes como en la prórroga de competencia y en la cláusula compromisoria (que ya analizaremos con motivo de los jueces árbitros), así como también puede provenir de otro tribunal, como, por ejemplo, cuando un tribunal superior de justicia resuelve una contienda de competencia y asigna el conflicto a un juez que originalmente se había considerado incompetente para conocer de él.
Principales Clasificaciones de la Competencia
1.- Competencia Contenciosa y no Contenciosa
La competencia contenciosa es aquella que tiene un juez en el contexto de un proceso para que conozca, juzgue y ejecute el conflicto jurídico existente entre las partes. La competencia voluntaria, en cambio, es aquella que la ley entrega a un tribunal a fin de que emita un pronunciamiento respecto de la petición del solicitante, sin que exista por ello, una controversia entre partes. El punto relevante en esta clasificación radica en determinar la naturaleza jurisdiccional o meramente administrativa de la competencia voluntaria. En este punto, nos remitimos a lo expresado con motivo de las actuaciones judiciales no contenciosas.
En términos generales, la competencia no contenciosa es propia de conflictos de naturaleza civil. En materia criminal, en cambio, la intervención del juez oral en lo penal siempre supone la existencia de un conflicto, pues su competencia arranca de la controversia planteada en el auto de apertura de juicio oral.
Sin embargo, también en lo penal el juez de garantía puede conocer, a menudo, de materias en las que bien puede sostenerse la inexistencia de un conflicto, encuadrando dichas materias, por tanto, dentro de la denominada competencia no contenciosa. Así por ejemplo, la aprobación de la facultad de no inicio de la investigación contenida en el artículo 168 del Código Procesal Penal o la comunicación del principio de oportunidad del artículo 170 de ese mismo cuerpo legal.
2.- Competencia Absoluta, Relativa y Específica
La competencia absoluta es el conjunto de reglas que determinan el tipo y la jerarquía del tribunal que la ley ordena que conozca de un determinado asunto. Conforme a estas reglas, en consecuencia, podremos determinar si el tribunal que debe conocer es uno constitucional, ordinario, extraordinario, especial o arbitral y, si entre estos existen tribunales de diversa graduación o jerarquía, conforme a estas mismas reglas se podrá precisar cuál de estos tribunales habrá de conocer del asunto. Los factores para determinar la competencia absoluta, como veremos más adelante, son la materia del asunto, la cuantía del mismo y el fuero personal.
La competencia relativa, en cambio, es aquella que tiene por finalidad precisar qué tribunal dentro de un tipo o jerarquía es el que debe conocer del asunto determinado a objeto de que sea resuelto por ese tribunal. La existencia de la competencia relativa presume, pues, haberse ya determinado la competencia absoluta.
En efecto, sucede que muchas veces con la sola aplicación de las reglas de competencia absoluta no basta para determinar el tribunal competente, ya que pueden existir varios que reúnen los requisitos legales. Habrá de aplicarse las reglas de la competencia relativa, entonces, cuyo factor es el territorio. Así, por ejemplo, si en la plaza de armas de Santiago de Chile se comete un homicidio, conforme a las reglas de competencia absoluta tendremos muchos tribunales de garantía en condiciones de conocer del respectivo control de la detención del imputado ( todos los tribunales del Santiago metropolitano) Será conforme a las reglas de competencia relativa, pues, que determinaremos que el tribunal competente será uno: el que la ley le ha asignado competencia dentro del territorio de la comuna de Santiago Centro.
Cabe señalar en otro orden de ideas, finalmente, que las normas de competencia absoluta son de orden público y, por lo mismo, son irrenunciables. Las de competencia relativa, en cambio, pueden ser renunciadas por las partes conforme a la denominada prórroga de competencia.
La competencia específica, por último, es aquella que faculta a un tribunal determinado para conocer, juzgar y ejecutar lo resuelto con sujeción estricta a los parámetros fijados por las partes mediante las pretensiones y contra pretensiones que conforman la controversia. A esta clase de competencia también nos referiremos más adelante.
3.- Competencia Natural y Prorrogada
Cuando la ley procesal ha señalado el tribunal competente para conocer de un determinado asunto hablamos de competencia natural. La competencia prorrogada, en cambio, es aquella que le otorgan las partes a un tribunal que no es naturalmente competente para conocer de un asunto, no obstante lo será, conforme a la renuncia o prórroga expresa o tácita de la competencia natural realizada por los litigantes.
La regla general en el derecho procesal chileno es la competencia natural. Veremos con motivo de la prórroga de la competencia, sin embargo, que existen casos en los que ésta tiene perfecta cabida en el sistema nacional. En materia civil analizaremos, entre otras, la renuncia del demandado a la oposición de la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal y, en materia procesal penal, analizaremos el caso del procedimiento abreviado de los artículos 406, 408 y 409 del Código Procesal Penal con el propósito de precisar si éste es o no un caso de prórroga de la competencia.
4.- Competencia Propia y Delegada
La competencia propia es equivalente a la natural y, en consecuencia, corresponde a aquella entregada por la ley procesal a un determinado tribunal. La distinción más bien está dada por la de competencia delegada que es aquella que se configura cuando un tribunal con competencia natural faculta a otro con la finalidad específica de que éste realice ciertas actuaciones judiciales por encargo del primero.
La finalidad de la competencia delegada es resolver ciertos inconvenientes prácticos que, a veces, se producen durante la tramitación de un proceso y que entorpecen la labor del tribunal que delega su competencia. Así por ejemplo, si debe notificarse de un requerimiento a una persona que vive en un lugar diverso a aquél donde tiene asiento el tribunal de garantía, será necesario delegar competencia al tribunal pertinente a fin de que éste practique la diligencia y luego comunique al delegante el resultado de la notificación.
En materia civil la competencia delegada está tratada a propósito de los denominados exhortos, cuyo fundamento legal se encuentra en el artículo 70 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El artículo 70 de la citada norma indica que todas las actuaciones necesarias para la formación del proceso se practicarán por el tribunal que conozca de la causa, salvo los casos en que se encomienden expresamente por la ley a los secretarios u otros ministros de fe, o en que se permita al tribunal delegar sus funciones, o en que las actuaciones hayan de practicarse fuera del lugar en que se sigue el juicio.
En materia penal la competencia delegada se encuentra reglada en el artículo 20 del Código Procesal Penal que indica que cuando un tribunal debiere requerir de otro la realización de una diligencia dentro del territorio jurisdiccional de éste, le dirigirá directamente la solicitud, sin más menciones que la indicación de los antecedentes necesarios para la cabal comprensión.
5.- Competencia de Única, Primera o Segunda Instancia
Esta distinción tiene su fundamento en el principio de la doble instancia que constituye una de las garantías del justo y racional procedimiento a que se refiere la Constitución Política de la República. Recordemos que el concepto de instancia se asocia al recurso de apelación en cuanto precaución destinada a evitar en lo posible el riesgo de error judicial.
Así pues, la competencia de única instancia es aquella que opera cuando la sentencia definitiva o interlocutoria pronunciada por el juez no es susceptible del recurso de apelación. Ello sucede, habitualmente, en asuntos controvertidos que la ley considera de poca importancia, por lo que, la competencia termina o se agota al dictarse dicha sentencia.
La competencia es de primera instancia, en cambio, cuando la sentencia puede ser apelada y, de segunda instancia, cuando el tribunal de segunda instancia o ad quem conoce del asunto por la vía de la apelación deducida en contra de una resolución pronunciada por el juez de primera instancia.
La explicación expuesta queda palmariamente de manifiesto a partir del artículo 188 del Código Orgánico de Tribunales cuando expresa que la competencia de que se halla revestido un tribunal puede ser o para fallar un asunto en una sola instancia, de modo que la sentencia sea inapelable; o para fallarlo en primera instancia, de manera que la sentencia quede sujeta al recurso de apelación.

References: resolución 
 artículo 108
 artículo 10
 artículo 108
 resolución 
 artículo 108
 artículo 168
 artículo 170
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 20
 resolución 
 artículo 188