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Timestamp: 2017-03-29 07:12:49+00:00

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la defensa de la memoria histórica Texto completo del debate sobre la proposición no de ley relativa a la anulación del Consejo de Guerra Sumarísimo a que fue sometido el Presidente de Cataluña Lluís Companys
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la anulación del Consejo de Guerra Sumarísimo a que fue sometido el Presidente de Cataluña Lluís Companys. (Número de expediente 162/000071.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto II del orden del día: proposiciones no de ley. (Rumores.) Señorías, esto parece la huida de Egipto. (pausa.) ¡Qué barbaridad! Les rogaría, señorías, que abandonen el hemiciclo, los que quieran hacerlo, rápidamente y en silencio. (Continúan los rumores.-Pausa.) ¡Señorías, por favor, guarden silencio, guarden silencio! No voy a dar la palabra a ningún parlamentario hasta que no haya un mínimo de decoro y de silencio en la Cámara. Y no se quejen si terminamos a la una o a las dos de la mañana. En las entradas y salidas del hemiciclo se pierden a veces hasta 10 y 15 minutos de tiempo. Les interesa un cierto orden, va en beneficio de todos, porque alguna vez les tocará intervenir el primero o el último, alguna vez les tocará a ustedes hacerlo. (pausa.) Continuamos con el orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, relativa a la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido el presidente de Cataluña Lluís Companys. Tiene la palabra el señor Tardá. El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías. .. (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del “Diario de Sesiones”, dice lo siguiente: Per respecte a una persona, Lluís Companys, afusellada per servir els seus idelas de llibertat i de justicia, els prego que no considerin aquesta moció un assumpte de tramit; per respecte a Lluís Companys, afusellat per haver estat ministre de la República espanyola, els prego que valorin la transcesdencia historica del que plantegem; per respecte al president Companys, afusellat per haver estat president de Catalunya, els prego que tinguin present que tot un poble, tota una nació, la catalana, esta esperant la reparació historica que aquesta proposició no de llei pro posa.) Traduzco: Por respeto a una persona fusilada por servir a sus ideales de libertad y justicia, Lluís Companys, les ruego que no consideren esta moción un asunto de trámite; por respeto a Lluís Companys, fusilado por haber sido ministro de la República española, les ruego que valoren la trascendencia histórica de esta proposición; por respeto al president Companys, fusilado por haber sido presidente de Cataluña, les ruego que tengan presente que todo un pueblo, toda una nación, la catalana, está esperando la reparación histórica que esta proposición no de ley propone. La reparación histórica que pedimos no es un acto extemporáneo, es una asignatura pendiente de la transición, como muy bien ha quedado de manifiesto a través de los centenares de ayuntamientos catalanes que han proclamado ya a través de la Asociació pro memoria als inmmolats de Catalunya la anulación de todas las causas sumarísimas; pero por encima de todo la proposición de Esquerra Republicana plantea la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado español bajo la dictadura del general Franco. Una casualidad de la historia quiso que el 15 de octubre de 1977, en el mismo día en que se celebraba el 33 aniversario del fusilamiento del president Companys, se publicara una ley de amnistía que en realidad era una ley de punto final; una ley que establecía la impunidad de todos los sufrimientos causados a centenares de miles de personas (torturadas, maltratadas, desnutridas) que habían pasado por las cárceles franquistas; la impunidad de las vejaciones, discriminaciones y humillaciones que habían padecido a lo largo de 40 años millones de familias republicanas; la impunidad de los autores de más de 200.000 fusilamientos; la impunidad del intento de genocidio de Cataluña, de la disolución de sus instituciones nacionales y de la persecución, hasta casi la desaparición, de su lengua. La impunidad de los crímenes contra la humanidad convierte al Estado español en una excepción europea. Sólo en la excepción española los nombres de las calles ensalzan a los aliados de Hitler y Musolini; sólo en la excepción española grandes personajes históricos como el reverenciado Manuel Azaña son excluidos del nomenclator de calles y no tienen ningún monumento dedicado a su persona en la capital de su Estado; sólo en la excepción española continúa el culto al fascismo, el culto al ideólogo de la Falange Española, del partido fascista español, José Antonio Primo de Rivera; sólo en la excepción española se rinde culto al desalmado que firmó 200.000 penas de muerte, el general Franco; sólo en la excepción antidemocrática española se mantiene abierta una obra faraónica que costó la vida y la cárcel a miles de presos republicanos, el Valle de los Caídos, la vergüenza de la Europa democrática. Esa impunidad contradice toda la legislación internacional de respeto y protección de los derechos humanos que las Naciones Unidas han establecido desde el triunfo de la democracia sobre el fascismo y el nazismo. El horror, en forma de guerras, genocidio, asesinatos en masa, campos de concentración, torturas, tratos inhumanos, destierros, represión, que las ideologías fascista y nacionalsocialista esparció por todos los rincones de Europa, desde su nacimiento hasta su derrota en 1945, provocó la firme decisión de todos los demócratas del mundo de que todos estos hechos no deberían repetirse jamás. Para conseguir este objetivo se instituyó un sistema legal internacional para perseguir todos los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Los juicios de Nuremberg representaron la primera aplicación de la legalidad internacional democrática que declaró imprescriptibles los actos criminales contra la paz y los derechos humanos. El paso del tiempo nos impide cumplir la legislación internacional sobre derechos humanos y juzgar los crímenes del franquismo, pero estamos a tiempo de cumplir la otra vertiente de la justicia democrática: la reparación de las víctimas, la reparación solemne y oficial de la memoria de las víctimas, porque no eran militares rebeldes, sino defensores de la legalidad republicana; porque no eran criminales, sino defensores de la libertad y de los más notables ideales; porque no eran bandoleros, sino representantes antifascistas, muchos de ellos ciudadanos elegidos democráticamente; porque nada debilita más nuestra sociedad que la desmemoria, la manipulación de la historia y la falta de conciencia de la barbarie totalitaria. Sin embargo, nuestra proposición no de ley insta a la reparación de una sola víctima, Lluís Companys, uno solo entre los 200.000 fusilados. La razón es que se trata de una víctima condenada no por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Representaba la lucha por la justicia social, que como abogado laboralista postuló en la defensa del ejercicio del derecho de huelga cuando ésta era juzgada como delito de rebelión militar; representaba a los centenares de miles de luchadores por la libertad que defendían la República como la forma más perfecta de la democracia, y fue fusilado por haber formado parte del Gobierno de la República española; representaba, por encima de todo, como presidente de Catalunya al pueblo catalán. Por ello fue reclamado a la Gestapo por el general Franco, trasladado a Madrid, torturado... El señor PRESIDENTE: Señor Tardá, me dicen que teniendo los micrófonos tan bajos no se le oye bien. Levántelas, por favor. No se preocupe que recupera su tiempo. El señor TARDÁ I COMA: Muchas gracias. Decía que fue torturado y fusilado en Montjui'c, fortaleza históricamente ligada a la opresión militar de la capital catalana. Por esta representación el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana insta a la reparación de esta única víctima, porque es el fusilado de mayor rango institucional elegido democráticamente y porque representa a todos los fusilados por la dictadura, porque simboliza al pueblo catalán y sintetiza la opresión que ha sufrido en nuestro pueblo en los últimos siglos. Nuestra proposición insta a la anulación del consejo de guerra que lo condenó, a la rehabilitación pública de su honor y, sobre todo, requiere a las instituciones del Estado español a que pidan públicamente perdón a sus descendientes y familiares y al pueblo de Catalunya representado por sus instituciones democráticas nacionales. Esta demanda de perdón público no es gratuita, responde a la lógica de la muerte y del dolor, la lógica que ha llevado a las Naciones Unidas a negar la impunidad de los crímenes contra la humanidad, la muerte y el dolor, que de no repararse se enquista en resentimiento y odio. Porque ha aprendido esta lección de dolor y de muerte de la historia, la República Federal Alemana fue capaz de asumir los errores del nazismo en las formas más generosas de perdón para con sus conciudadanos inmolados y para los pueblos de las naciones ocupadas. Sin ningún reparo el Estado alemán pidió perdón al pueblo de Guernica, porque sus dirigentes eran conscientes de que para reforzar la amistad entre los pueblos vasco y alemán tal actitud era esencial. El Estado español no ha querido pedir nunca perdón por todo el mal infligido al pueblo vasco. Quizás por aquella falta de remordimiento público el cuadro de Guernica se ha convertido en uno de los símbolos de los vascos, de su dolor histórico. Pues bien, el fusilamiento del president Companys se ha convertido en el Guernica de los catalanes, se ha convertido en el símbolo de que fuimos un pueblo vencido por el fascismo y el ejército anticonstitucional; el fusilamiento del president Companys continuará siendo símbolo de la derrota de Cataluña hasta que no se haya reparado su condena por un consejo de guerra; el fusi1amiento del president Companys será el símbolo del dolor incurable de los catalanes hasta que un solemne acto de desagravio en el castillo de Montjui'c, con la presencia de las instituciones representativas del Estado y del pueblo de Cataluña, no selle la reconciliación, sin vencedores ni vencidos, entre nuestros respectivos pueblos; el fusilamiento del president Companys será el símbolo de que el Estado español continua creyendo que tiene el derecho de conquista sobre Cataluña hasta que sus instituciones más representativas no pidan perdón por su muerte. Seiscientos mil electores catalanes han querido que en el Congreso de los Diputados vuelva a haber un grupo par1amentario republicano, un grupo parlamentario que tiene una memoria histórica estrechamente ligada a los dolores comunes de todos los republicanos de las naciones ibéricas, el dolor de las mismas balas fascistas, de las mismas torturas, de las mismas cárceles, de las mismas humillaciones. Estos lazos históricos de dolor compartido fundamentan el objetivo de convertir la anulación de la causa sumarísima de Lluís Companys en la primera de las miles y miles que deben sucederse de los ciudadanos y ciudadanas víctimas de todos los pueblos y naciones del Estado español. (El señor Padilla Carballada pronuncia palabras que no se perciben.) También del PP. La legislatura comenzó con la lectura de una de las palabras más dignas que se ha oído en esta Cámara, unas palabras que corresponden al testamento de otro fusilado, de un jefe militar fusilado por sus compañeros insurrecto s, abuelo del actual presidente del Gobierno español. En su testamento dejó escrito un pensamiento común a tantos otros textos escritos por personas condenadas a muerte: que cuando sea oportuno se vindique también mi nombre. Pues bien, han transcurrido 25 años desde la aprobación de la Constitución que instituyó una nueva legalidad y que permitió la reintegración del Estado español en la Europa democrática. Lo que en aquellos años no fue posible hoy día se ha convertido en una urgencia. Compartimos con el pueblo vasco el anhelo común de reparar el honor de sus víctimas por la libertad, por ello agradecemos la solidaridad de los diputados nacionalistas vascos; compartimos con Acción Gallega el anhelo común de reparar el honor de sus víctimas por la libertad, por ello agradecemos la solidaridad de los diputados nacionalistas gallegos; y por supuesto enaltecemos públicamente el apoyo de Convergencia i Unió y de Iniciativa per Catalunya, que, como no podía ser de otra manera, dada su condición de coalición nacionalista catalana los primeros y de formación nacional catalana los segundos, darán su voto favorable a nuestra proposición; y, porque sentimos como nuestro el dolor de centenares de miles de demócratas españoles y sabemos que comparten nuestra voluntad de que todo lo que contiene nuestra proposición persigue el mismo objetivo para con sus conciudadanos víctimas del fascismo, agradecemos la solidaridad de Izquierda Unida. Por la trascendencia histórica que para nosotros adquieren nuestras demandas, consideramos que no debemos aceptar ninguna enmienda, las unas, aunque compartiéndolas parcialmente, por considerar que restarían singularización a la personalidad de Lluís Companys, las otras, las del Grupo Socialista, porque creemos que desnaturalizan nuestras reivindicaciones. Pedimos, no obstante, al Grupo Socialista -y acabo- consecuencia y valentía para encabezar la reparación demandada. Ustedes, el Grupo Socialista, deben de iniciar el camino recorrido por las democracias europeas que también padecieron el infortunio de un pasado totalitario, y que sin titubeos han pedido perdón a sus conciudadanos víctimas del Estado fascista o nacional socialista. Ustedes deberían encabezar de una vez por todas la superación del franquismo, aquella etapa histórica que la derecha aquí representada por un partido político que tiene como presidente fundador a un ex ministro del genocida Franco se resiste a dejar atrás. Déjenme que les recuerde las últimas palabras pronunciadas por nuestro presidente instantes antes de caer abatido: Mateu un home honrat! Per Catalunya! (Aplausos.)- -El señor Padilla Carballada: ¿Quién defendió la República? -El señor Tardá i Coma: Uno. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tarda. Por favor, no establezcan coloquios entre ustedes. Entramos en el turno de defensa de las enmiendas; en primer lugar, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, señor Herrera. El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente. Diputados, diputadas, nuestro grupo ha presentado enmienda porque comparte con el de Esquerra la necesidad de recuperar la memoria histórica, y es sin duda la memoria histórica -y más aún en una sociedad marcada por más de 40 años de dictadura del franquismo-- el mejor de los antídotos contra cualquier tentación de autoritarismo. De hecho, recientemente el Parlament de Cataluña instaba al Govern de la Generalitat a trasladar al Gobierno español la necesidad de conservar los expedientes incluidos contra los represaliados en la guerra y la posguerra consiguiente. Hemos aprobado en este pleno un texto relativo al reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y del franquismo y, de hecho, se ha creado una comisión interministerial para la recuperación de la memoria histórica. La proposición del Grupo de Esquerra nos lleva a discutir sobre el juicio y el fusilamiento del president Companys, el president de la Generalitat, dicho sea aparte, y sin quitarle ningún mérito, president no electo pero con toda la legitimidad del mundo. Este sin duda fue un ejemplo más en el que no el Estado español sino los golpistas aniquilaron a instituciones democráticas y a sus representantes. En este sentido nuestro punto de vista es que la principal cuenta pendiente es una condena sin paliativos al golpe de Estado del 18 de julio, que es de donde sale, de donde deriva, de donde en definitiva nacen todas las muertes y asesinatos de un régimen ilegítimo y golpista. Es a partir de aquí que creemos que el Estado siempre es responsable de lo que se ha hecho con anterioridad, pero creemos que la responsabilidad en cualquier caso es jurídica y no política. A nosotros nos corresponde hacer justicia, pero creemos que lo que hay que asumir no es precisamente los crímenes de un régimen totalitario, sino hacer justicia y sin duda condenarlo. Para nosotros lo más grave de la muerte de Companys es que singulariza en ella lo que significó un intento de genocidio por parte del régimen franquista de lo que fue la cultura y las instituciones catalanas. Hay otros ejemplos, el de Grimau, sin ir más lejos, que es uno de los ejemplos que singulariza el asesinato de lo que fue un dirigente, un militante del Partido Comunista, como asesinaron a tantos y tantos comunistas; o el ejemplo de Delgado y de Granado que ha salido recientemente en los medios de comunicación como una sentencia que no se puede revisar; como el asesinato y la expresión de los que fueren militantes anarquistas, que también el régimen dictatorial de Francisco Franco acabó fusilando y asesinando. Companys sin duda es un caso más que personaliza la aniquilación, el intento de genocidio de la cultura catalana y de sus instituciones. Es por todo ello que queremos justicia con Companys, pero sobre todo deseamos que se haga justicia con lo que fue al fm y al cabo el intento de genocidio hacia demócratas y hacia determinadas culturas. En este caso nosotros creemos que la mejor forma -lo sabe el amigo Tardá porque además lo hemos podido discutir en múltiples ocasiones y también hoy viniendo en el avión- no es el perdón; para nosotros la mejor forma es la condena. Queremos un reconocimiento, por tanto, de la recuperación de la memoria histórica; en segundo lugar, justicia, y justicia para nosotros es que haya una asunción de las tropelías del régimen legítimo de Franco desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista económico, con un resarcimiento moral y económico. Creemos que no es cuestión nuestra el hecho de pedir perdón desde un Estado que en ningún caso puede asumir que haya continuidad histórica entre el franquismo y la nueva etapa. En tercer lugar, para nosotros es fundamental una cuestión: la construcción de una política de gestión de la memoria, una política que permita el desarrollo de una democracia con pilares mucho más sólidos, con un fondo para la recuperación de la memoria histórica que tenga traslación presupuestaria. Lo cierto y lo anómalo es que en nuestra sociedad continuamos viendo estatuas de Franco y calles que no se deberían llamar como se llaman. Para ello es necesario que este fondo de recuperación de la memoria histórica, que esta gestión de la memoria sea una realidad de forma inmediata. Es por todo ello que nuestro grupo ha trasladado las siguientes enmiendas que para nosotros son fundamentales, y se las trasladábamos también al señor Tardá en el día de hoy. En primer lugar, de acuerdo con los dos puntos primeros que apoyamos de la proposición no de ley de Esquerra Republicana, deseamos que haya una condena pública por el fusilamiento de Companys y por la persecución de las instituciones y la cultura catalana; en segundo lugar -aquí modificaría la enmienda que hemos planteado, porque creo que ha habido un error al transcribirlo--, que se modifiquen los trámites necesarios no tanto para la revisión como para la nulidad de las sentencias de los juicios políticos, no reconociendo legitimidad a los mismos. Para nosotros eso significa hacer justicia: que haya un proceso de nulidad por parte del Gobierno español de todos aquellos juicios de carácter político que se vieron. El ejemplo lo tenemos en Alemania sin ir más lejos, donde ha habido un proceso de nulidad de las sentencias del Tercer Reich, especialmente en materias políticas. Para la revisión de las sentencias y la anulación de los consejos de guerra hay margen y tiene que haber voluntad política, y nuestras enmiendas van en este sentido. Las comparaciones tampoco valen en todos los casos. Cuando hablamos de la Alemania nazi y del perdón asumido por Schroeder estamos hablando de una Alemania que en su día asumió como propio lo que fueron unos disparates absolutos, y creemos que ese perdón era necesario y merecido. La verdad es que nosotros estamos por la condena más clara y más explícita. Queremos que se haga justicia, con resarcimiento moral y económico. Demandamos al Gobierno para que haga gestos que supongan la puesta en práctica de una recuperación de la memoria histórica que signifique, en definitiva, avances sustanciales y una democracia mucho más sólida. No asumimos que haya continuidad histórica, y es por ello por lo que le hemos planteado al Grupo de Esquerra Republicana una serie de enmiendas que lo que hacen es mejorar la proposición, que significan un compromiso con la memoria de Companys, un compromiso con lo que mostró Companys como un ejemplo clarísimo de intento de aniquilación de las instituciones y de la cultura catalana y, por supuesto, instrumentos para construir una memoria histórica que haga de nuestra democracia una democracia más sólida que la que hoy tenemos. Gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera. Para la defensa de su enmienda, Grupo Parlamentario Popular, señor Fernández Díaz. El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente. Señorías, con todo respeto les diré, señores Tardá y Herrera, que me ha entristecido profundamente escucharles. Con todo respeto, con el espíritu con el que ustedes se han pronunciado hoy desde la tribuna no se hubiera aprobado la Constitución de 1978, porque en esa Constitución, que como toda obra humana es perfectible -faltaría más-, ante todo y sobre todo una generación de españoles decidió contener el dolor, contener legítimas reivindicaciones y dar rienda suelta a la magnanimidad y al perdón, precisamente porque queríamos desterrar de nuestra historia colectiva la tragedia de lo que ha sido el siglo XIX y una parte muy sustancial del XX, que tiene como paradigma de lo que estoy diciendo la tragedia de la guerra civil de 1936-1939. Les vaya decir una cosa: es mucho más fácil dar rienda suelta al rencor que hacer fluir la generosidad y el perdón, ténganlo muy presente, por eso no me extraña -y lo constato con dolor- que Esquerra Republicana no votara la Constitución de 1978 y que 26 años después siga estando contra ella. Esa Constitución, señorías, llamada por todos con indudable acierto la Constitución de la concordia, intentó poner punto final a un trágico pasado de enfrentamiento civil entre los españoles: guerras civiles, pronunciamientos, dictaduras; en suma, regímenes políticos o sistemas basados en la imposición violenta de ideologías o formas de Gobierno habían sido hasta entonces el negro balance padecido por la inmensa mayoría del pueblo español, como si nuestro sino histórico fuera el del fracaso colectivo. Por fortuna en 1978 una generación de españoles, recordando el lamento de Manuel Azaña, cuando abrumado por la tragedia de la guerra civil pronuncióaquellas dramáticas palabras (desgraciadamente por parte de algunos como hemos visto hace muy poco caídas en el olvido): paz, piedad y perdón, decidieron no volver a cometer los viejos errores, mirar hacia delante y apostar con un generoso impulso de reconciliación por un nuevo sistema democrático para que nunca más hubiera dos Españas irreductiblemente enfrentadas. Los portavoces de los principales grupos políticos dejaron en las Cortes Constituyentes testimonios concluyentes de este espíritu de concordia nacional, que no es ocioso recordar en este momento. Señorías, lo que les acabo de decir no es mío, aunque lo hago mío y en mi persona mi grupo parlamentario. Les tengo que decir que reflejan en su literalidad el comienzo de la proposición no de ley que el 20 de noviembre del año 2002 la Comisión Constitucional de esta Cámara aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. En ella todos los grupos parlamentarios decidieron, entre otras cosas, aprobar a continuación lo siguiente en el segundo de sus tres apartados en la parte dispositiva de la misma: El Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia. Asimismo en su apartado tercero la citada proposición no de ley, unánimemente votada por todos los grupos de la Cámara, instaba a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados por la Guerra Civil y sus secuelas y la posguerra y la represión correspondiente que pudiera llevarse a cabo en este sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones, pero evitando en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil. Insisto, señorías, que estoy citando lo que todos los grupos de la Cámara aprobamos en la pasada legislatura. La mayoría de los diputados aquí presentes estaremos de acuerdo en que la intervención de SS.SS. nada tiene que ver, ni en el espíritu ni en la letra, con lo que hace escasamente año y medio todos los grupos de esta Cámara firmábamos. Esa fecha, 20 de noviembre, no es ociosa. En este Congreso, el Grupo Parlamentario Popular tenía mayoría absoluta; teníamos 183 diputados. Frente a determinadas afirmaciones y juicios de intenciones la fuerza de los hechos se impone; en aras del consenso, en aras de la concordia, en aras de nuestra convivencia democrática no usamos de nuestra mayoría absoluta en aquel momento para torpedear lo que de legítimo, positivo y razonable pudieran tener las propuestas de diversos grupos parlamentarios, para que en aquella sesión, que muchos han calificado después de histórica, se sacara del debate político la guerra civil y sus secuelas con ese espíritu con el que ustedes han venido hoy aquí, para así, todos juntos, encontramos nuevamente en lo mejor del espíritu constitucional. Aquí muertos y heridos de la guerra civil y dramas personales los tenemos todos, y decidimos en el año 1978 dejarlo aparte, renunciando todos a dolores, heridas muy legítimas y muy profundas. No estamos dispuestos muchos a que 26 años después vengan ustedes aquí a enarbolar incluso nobles banderas de una manera tan lamentable. Qué duda cabe que esa resolución no pretendía ni es una renuncia a ningún legítimo derecho invocado o reclamado, como se dice en la citada resolución, por las familias de los afectados, por las dramáticas consecuencias de nuestra trágica guerra civil. Digo yo aquí y ahora que esa resolución no es punto final de nada, salvo de una cosa que dice la misma resolución; es punto final para remover la herida de la confrontación civil. Eso lo dice la resolución que firmamos todos hace menos de dos años en esta Cámara. Así las cosas, no les sorprenderá a SS.SS. que nuestro grupo parlamentario, que firmó aquella resolución y que quiere cumplirla, lo que haga es pedir a SS.SS. que sean coherentes con lo que firmaron hace menos de dos años y que actuemos en consecuencia hoy aquí; no lo digo a título de inventario. En un debate conexo con este que se celebró en esta Cámara hace menos de tres meses, el día 1 de junio, consta en el «Diario de Sesiones» lo siguiente, que dijo uno de los intervinientes en nombre de su grupo parlamentario, y cito literalmente: Señorías, ha llegado el momento del cambio. La derecha reaccionaria que nos ha gobernado ya no tiene potestad para frenar este tipo de iniciativas. Hoy hemos de volver a demostrar que la mayoría parlamentaria ha cambiado, como lo hacemos prácticamente cada semana. Esto lo decía un portavoz de un grupo parlamentario de esta Cámara desde esta tribuna el día 1 de junio en un debate que tiene una conexión muy directa con lo que nos trae hoy aquí. ¿Este es el concepto del honor a la palabra dada y a los pactos y acuerdos parlamentarios con los que hemos de acercamos todos a estas cuestiones? Convendremos, señorías, que la confianza mutua, la lealtad recíproca, el honor a la palabra dada es fundamental para que desde la discrepancia nos respetemos, por lo menos lo suficiente para poder seguir pactando y mirándonos a los ojos en el futuro. Y digo yo: ¿es coherente con esa resolución unánime de la Comisión Constitucional la iniciativa de Esquerra Republicana que estamos debatiendo? Iba a citar algunos puntos que contiene la exposición de motivos, pero con todos los respetos creo que lo que se ha dicho desde esta tribuna me ahorra comentarIo. Simplemente tengo que decir que nuestro grupo no está dispuesto a apoyar una injusticia histórica como la que significa que se diga en la exposición de motivos que la mayoría de los dirigentes de la transición política en España no mantuvieron una actitud fundamentada en la justicia y el derecho sobre crímenes contra la humanidad. Señores de Esquerra, que ustedes no votaran la Constitución no les legitima para lanzar ese insulto sobre la mayoría de dirigentes que protagonizaron la transición política en nuestro país y que dio como fruto la Constitución vigente. En definitiva, la diferencia entre la iniciativa de Esquerra y la resolución unánime de la Comisión Constitucional de esta Cámara es la existente entre quienes quieren mirar hacia lo peor de nuestro pasado colectivo para hurgar en la herida, y quien tiene la voluntad de, sin negar la existencia de esa herida, ayudar a que cicatrice. Señorías, señor presidente, mi grupo parlamentario, en coherencia con lo que he afirmado hasta aquí, ha presentado una enmienda que pretende reconducir la iniciativa presentada al espíritu y la letra de la resolución que reiteradamente vengo citando en mi intervención. Tenemos también que considerar a esos efectos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado en los últimos años diversas iniciativas con la finalidad de rehabilitar la figura y el mensaje del presidente Lluís Companys, incluso declarando el día 15 de octubre, fecha de su fusilamiento, cada año como el día del president Companys. Por ello, y teniendo en cuenta además que el Castillo de Montjuic, al que se alude en esa iniciativa, ya fue cedido a la ciudad por Ley de 1960 --que quede eso muy claro, cuando ahora se ha prometido la cesión del Castillo de Montjuic a la ciudad de Barcelona, proponemos que el Gobierno, más que ocupar el castillo, siquiera sea temporalmente, se sume al homenaje que, en su caso y con ocasión de esa festividad instaurada por el Parlamento de Cataluña, puedan organizar la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Por último, respecto a la anulación del consejo de guerra a que fue sometido Lluís Companys, hago mías literalmente las palabras del portavoz socialista, señor Jáuregui, según constan en el «Diario de Sesiones» de 1 de junio pasado, correspondiente a ese debate conexo con el actual al que me referí con anterioridad. Decía el señor Jáuregui: La imposibilidad jurídica de establecer una revisión de los actos jurídicos del pasado es una realidad. Sencillamente, la Ley de Amnistía de 1977 no permite que revisemos las sentencias del franquismo. Lo ha dicho el Tribunal Supremo reiteradas veces y lo ha dicho recientemente el Tribunal Constitucional. La amnistía justamente implica la imposibilidad de una reversión jurídica de todo el conjunto de actos jurídicos y resoluciones judiciales que se pudieran adoptar durante la dictadura. Esa es la esencia de aquel acuerdo de concordia y de transición, que no es de olvido pero sí de perdón. Antes de concluir, termino como empecé, señores Tardá y Herrera, que intervinieron antes que yo desde esta tribuna: reflexionen acerca del camino equivocado que, a nuestro juicio, ustedes pretenden que andemos los demás. Desde las bancadas del Grupo Popular antes se citó al general Batet. Una guerra civil da lugar a muchísimas contradicciones. Ustedes saben que el general Batet fue fusilado por Franco, y era capitán general de Cataluña el 6 de octubre de 1934. Defendió la legalidad republicana contra el president Companys, que la había alterado y violado claramente. Por tanto, vamos a tratar estos temas con mucha prudencia y sobre todo con mucha generosidad. Concluyo, señorías, con palabras del diputado de nuestro grupo señor Atencia, portavoz nuestro en el debate del año 2000 y en los que con posterioridad se han ido produciendo. Nosotros, el Grupo Popular, queremos cerrar y culminar estos debates en beneficio de todos, en beneficio de las víctimas, de los familiares, pero en beneficio sobre todo de las próximas generaciones. No queremos legar a nuestros hijos y a nuestros nietos el odio que llevaría a una nueva confrontación civil, yeso exige, como he dicho, algo más difícil que recordar el rencor e inclusive legítimas reivindicaciones, que es la capacidad del perdón y la capacidad del olvido también. Estamos dispuestos a reconocer que debe rehabilitarse la figura del presidente Companys, pero todo ello no para remover viejas heridas sino en beneficio de una convivencia pacífica de las futuras generaciones de españoles, desde el espíritu de integración de nuestra Constitución y de nuestra democracia, que ustedes no votaron y siguen sin votar en este año. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Femández Díaz. Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Femández por el Grupo Parlamentario Socialista. El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, cada 15 de octubre los catalanes tenemos una cita individual y colectiva con uno de los momentos más dolorosos de nuestro pasado: la cita con el recuerdo del fusilamiento del presidente Lluís Companys. Ciertamente, la restauración de la Generalitat y el retorno del president Tarradellas supusieron un acto de reparación histórica que ha tenido continuidad con la progresiva recuperación de la normalidad del autogobiemo en el marco del desarrollo del Estado de las autonomías. Pero no podemos dejar de reconocer que la normalidad de hoy tiene una deuda con el sacrificio de Companys y con el testimonio vital que nos ofreció con su muerte. Honrar a Companys, señorías, ha de comenzar por comprender su dimensión de hombre comprometido con el tiempo que le tocó vivir, el de las esperanzas, pasiones y odios que caracterizaron Cataluña, España y Europa durante el siglo XX. En Cataluña, señorías, se honra a Companys por su fidelidad al país, pero también se le honra por su calidad humana, llevada al límite cuando se despreocupó de su seguridad en el París ocupado por los nazis para proteger a su hijo enfermo, hasta que fue detenido por la Gestapo y entregado a los franquistas como consecuencia de las gestiones del Conde de Mayalde. La vida de Companys atraviesa buena parte de la historia de Cataluña y España durante la primera mitad del siglo pasado. Es el Companys abogado, periodista y político, el amigo de Salvador Seguí y de Francesc Lairet, el de la Unió de Rebassaires, el del Partit Republica Catala, el concejal del Ayuntamiento de Barcelona, el de Esquerra Republicana, el diputado a Cortes, el ministro de la República, el president de la Generalitat, el del Visca Espanya a Madrid, el que intenta salvar institución y personas en medio del drama de la guerra civil, hasta llegar al Companys que con su muerte se convierte en símbolo de la Cataluña vencida, de la República española derrotada, de la Europa amenazada por el auge de los totalitarismos. La democracia española, desde su nacimiento hasta el año 1993 -la fecha no parece casual-, ha ido desplegando un abanico de leyes, decretos y asignaciones presupuestarias dirigidas a reparar, en la medida de lo posible, la dignidad de los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil o que padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Sin embargo, de unos años a esta parte es cuando de las propias entrañas de la sociedad española ha surgido con fuerza y determinación la necesidad de afrontar una recuperación de la memoria histórica de quienes sufrieron primero la derrota, después la represión y, por último, el olvido. Todas las sociedades, tarde o temprano, señorías, tienen que enfrentarse con su pasado; suelen hacerlo a la segunda o tercera generación, cuando ese diálogo cara a cara con el pasado no supone peligro para la estabilidad y la convivencia. La transición española no fue capaz de hacer llegar la luz a algunas de las zonas más oscuras y dolorosas de nuestro pasado; pero la transición no puede ser entendida ni como una obra virtuosa y perfecta, susceptible de ser exportada por todo el orbe --en algún momento se ha caído en esta tentación-, ni, en el extremo opuesto, como un simple ejercicio acomodaticio de amnesia colectiva. La transición ha sido un éxito para una sociedad como la nuestra, que parecía condenada a no conocer una convivencia en paz, libertad y progreso. Pero ciertamente también nos dejó asignaturas pendientes que afrontar. Los socialistas reivindicamos una recuperación consensuada de nuestra memoria histórica. El nuestro no es un deseo de venganza sino una voluntad de restablecer el equilibrio en la memoria histórica que deshaga la injusticia que supone el reconocimiento de las víctimas que lucharon en el bando sublevado frente al silencio que rodea a las que lucharon alIado de la legalidad constitucional de la Segunda República. Y lo hacemos desde el convencimiento de que la recuperación de la memoria histórica de la guerra civil y la dictadura tiene que ser un fructífero instrumento que fortalezca el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978, desde el convencimiento -si me permiten- de que la recuperación de dicha memoria forma parte de la pedagogía democrática que hemos de cultivar en nuestro país. En ese sentido, el Grupo Socialista da especial relevancia a la resolución aprobada por unanimidad el 20 de noviembre de 2002 en la Comisión Constitucional de esta Cámara en la que se condena el totalitarismo, la represión franquista y se aboga por la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos como única forma civilizada de convivencia. Esta declaración institucional, que condena la lucha fratricida durante la guerra civil y el régimen dictatorial que la siguió, ni podía ni puede ser interpretada, a juicio del Grupo Socialista, como un punto y final sobre aquellos hechos. Así, el Pleno de esta Cámara aprobó el pasado 1 de junio, con el apoyo de todos los grupos a excepción del Popular, que se abstuvo, una resolución en la que, tras reiterar la anterior de la Comisión Constitucional, instaba al Gobierno -en síntesis- a realizar un estudio de carácter general que sistematice los derechos reconocidos por la legislación estatal y autonómica a las víctimas de la guerra civil y a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista y a elaborar un informe sobre el estado de la cuestión en tomo a las reparaciones morales, sociales y económicas de los daños ocasionados a las personas con motivo de la guerra civil, de la represión efectuada por el régimen franquista y también de los acaecidos durante la transición. Asimismo, se instó al Gobierno a remitir a esta Cámara un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas que sufrieron daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades políticas durante la transición. Para dar cumplimiento a los contenidos de la citada proposición no de ley, el Gobierno, a través del Real Decreto 1891/2004, del 10 de septiembre, creó la Comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra y del franquismo. Es en este contexto, señorías, el de una comisión interministerial de alto nivel que tiene unos objetivos precisos fijados por esta Cámara, en el que cabe analizar la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Cataluña que nos ocupa en esta sesión; una iniciativa, vaya por delante, a la que los socialistas nos hemos acercado desde la proximidad a un Lluís Companys con el que el conjunto de las izquierdas españolas de su tiempo compartieron esperanzas y decepciones, alegrías y sufrimientos que la muerte, en muchos casos, trasladó a sus hijos, familiares y amigos. Precisamente es esta proximidad, esta cercanía que nace no sólo de la razón sino también del corazón, la que explica que la enmienda que el Grupo Socialista ha realizado comience afirmando la voluntad del Congreso de los Diputados de reconocer públicamente la honorable y respetable figura humana, política e institucional de Lluís Companys, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, fusilado por la dictadura franquista en el castillo de Montjuich el 15 de octubre de 1940. Es el reconocimiento que merece, señorías, quien murió dignamente representando a su pueblo y al frente de una institución republicana. Nuestra enmienda incorpora la realización de un solemne acto de homenaje y desagravio por parte del Estado a través de la colaboración del Gobierno con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, y concibe este acto como una actuación específica de la comisión intenninisterial que he citado anterionnente. Al hacerlo así, incardinamos coherentemente esta iniciativa en el actual estadio de desarrollo institucional de la recuperación de la memoria histórica en nuestro país y conseguimos el necesario equilibrio entre el reconocimiento de la singularidad de la figura de Lluís Companys y la de todos aquellos que compartieron unos mismos ideales y un mismo destino. Este acto ha de simbolizar, a nuestro juicio, además la voluntad de la sociedad catalana y española de mirar hacia atrás sin ira y hacia adelante con ilusión y esperanza, porque, a nuestro juicio, plantear en el marco del objetivo compartido la recuperación de la memoria histórica y la demanda de perdón por parte de las instituciones del Estado es un camino que no nos lleva a ninguna parte. En primer lugar, porque instituciones del Estado lo son todas, desde esta Cámara hasta un ayuntamiento, pasando por el Gobierno o por la propia Generalitat de Cataluña. En segundo lugar, porque a nuestro juicio la democracia española ha asumido, y todavía lo va a hacer más en el futuro, el reconocimiento de los daños morales y materiales que se ocasionaron a las víctimas de la guerra y la posterior represión del bando vencedor. Pero de ahí a inferir que la democracia española es culpable, pues sin culpa no hay petición de perdón, de las suciedades del franquismo hay una distancia que los socialistas no vamos a recorrer. La democracia española ni es ni puede sentirse heredera del Estado surgido de la guerra civil y consagrado en las leyes fundamentales. El franquismo en España, señorías, no consolidó su hegemonía gracias a una amplia mayoría social y a un sólido respaldo electoral; para vencer en España necesitó el apoyo decisivo del nazismo y del fascismo, la debilidad de las propias democracias europeas, tres años de guerra y cuarenta de represión. Los socialistas somos herederos de la Constitución de Cádiz, de La Gloriosa, de la Segunda República y del primero de mayo. A lo largo de nuestra dilatada historia hemos cometido aciertos y errores, pero el papel que asumimos durante la guerra civil y la posterior dictadura fue el de víctimas, señor Tardá, no el de culpables. Finalmente, nuestra enmienda insta al Gobierno a que el infonne sobre los derechos reconocidos a las víctimas de la guerra civil y a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista que ha de realizar la comisión intenninisterial incluya un estudio jurídico sobre la anulación de los fallos injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la legislación franquista. Somos conscientes de las dificultades inherentes a la revisión de sentencias firmes, en tanto en cuanto constituye una derogación del principio de cosa juzgada que es una exigencia del principio constitucional de la seguridad jurídica. Sin embargo, creemos que ha llegado el momento de explorar todas las posibilidades que en esta dirección nos ofrece el actual marco constitucional, en coherencia además con la proposición no de ley relativa a la anulación de juicios sumarísimos de la dictadura franquista que el Grupo Socialista presentó durante la anterior legislatura y que fue rechazada por este Pleno en su sesión de 10 de septiembre de 2003. Afrontar este tema de fonna global es, sin duda alguna, la mejor manera de afrontar la anulación del consejo sumarísimo al que fue sometido Lluís Companys. En este sentido -y este es el contenido de nuestra enmienda-la hemos presentado y la defiendo ante ustedes desde la convicción de que es una aportación constructiva orientada a unir y no a dividir. El Grupo Socialista ha trabajado y va a seguir trabaj ando en esta dirección, señorías, pero pennítanme anunciarles que en el caso de que nuestras aportaciones sean rechazadas -tal como apuntaba la intervención del representante de Esquerra Republicana de Catalunya-, las presentaremos inmediatamente en el Registro de la Cámara en fonna de proposición no de ley. Porque la memoria de Companys y su manera de entender el compromiso político se merece más capacidad de diálogo y acuerdo por parte de todos nosotros. Señorías, el régimen franquista asesinó al presidente legítimo de la Generalitat de Catalunya única y exclusivamente por el hecho de serlo. La actitud de Companys ante el pelotón de fusilamiento cuando les pidió que dispararan sin rencor y murióal grito de: Per Catalunya, nos señaló a todos el camino para superar el espíritu de la guerra y preparar el de la reconciliación; el mismo camino que nos apuntó un socialista vasco, periodista, director de El socialista, diputado y ministro de la República, Julián Zugazagoitia, cuando afirmó: Preferir pasar por cobarde, ser tenido por renegado, escéptico, traidor, egoísta, todo me parecerá soportable antes de envenenar con un legado de odio la conciencia virgen de las nuevas generaciones españolas. Julián Zugazagoitia fue ejecutado junto con Francisco Cruz Salido contra las tapias del cementerio del Este de Madrid el 9 de noviembre de 1940. Companys, Zugazagoitia, Cruz Salido y hasta una docena más de republicanos y demócratas españoles que habían sido reclamados por la policía franquista y entregados a las fuerzas de ocupación alemanas en Francia, compartieron los calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol durante el mes de septiembre de 1940. Compartieron hermanados con dignidad y entereza aquellos trágicos momentos, de la misma manera que habían compartido ilusionados la esperanza de un futuro mejor en aquel ya lejano 14 de abril. Companys, señorías, convirtió en testimonio vital la conmovedora petición hecha por Azaña en un discurso en el Consell de Cent del Ayuntament de Barcelona el 18 de julio de 1938: la petición de paz, piedad y perdón. Por eso el Grupo Socialista, al honrar hoy su memoria a través de nuestra aportación a este debate parlamentario, quiere honrar a todos aquellos que, víctimas del fascismo, han sido también después víctimas del olvido. Gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Consumidos los turnos de defensa de enmiendas, procedemos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. Señora Barkos. La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente. Nos sumamos, como no podía ser de otra manera, a la proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya, a lo que entendemos un intento pero también deseo de que la restitución de la figura del president Companys sea además, por qué no, el inicio de un camino de restitución de la figura de todas y cada una de las personas que sufrieron y que hoy siguen sufriendo -y a quienes no se les puede pedir, y menos desde esta Cámara, el olvido- el peso del golpe de Estado de 1936, de la posterior guerra y de la dictadura franquista. Por supuesto, votaremos a favor. Gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos. A continuación, señora Lasagabaster. La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, en nombre de Eusko Alkartasuna, y como no podía ser de otra manera, quiero decir que vamos a votar a favor de esta proposición, que nos parece muy razonable, muy en el momento. Ya va siendo hora de que iniciemos este tipo de actuaciones claras y contundentes para evitar lo que ha sido un olvido de demasiados años. Creemos que debe ser anulado ese juicio sumarísimo, y lo hacemos por respeto al president Companys y por respeto también a Cataluña. Estuve en el debate de la transaccional que señalaba el 20 de noviembre de 2002, como muchos de los portavoces de esta Cámara, y desde luego no comparto en ningún caso la interpretación que hace el portavoz del Grupo Popular sobre lo que fue aquella transaccional. En ningún caso esa transaccional impide sino que, al revés, lo que hacía era animar al reconocimiento social, moral y económico de las personas que demasiado tiempo habían estado en el olvido y sobre todo de una persona que en aquel momento representaba a todo el pueblo de Cataluña. Por tanto, en ningún caso comparto esa interpretación y, muy al contrario, creo que estas son las iniciativas que inspiraban aquella resolución. Muchas gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster. Su turno, señor Labordeta. El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente. Naturalmente, vamos a apoyar también la proposición no de ley de Esquerra Republicana relativa a la reivindicación de la persona de Lluís Companys, porque pensamos que sirve para reivindicar a todas aquellas personas que fueron fusiladas o asesinadas posteriormente a la guerra civil. El portavoz del Grupo Popular ha pensado que deberíamos olvidar la guerra civil. Yo creo que la guerra civil es un acto para olvidar porque efectivamente en ese momento todos los españoles hicieron verdaderas barbaridades por un odio de siglos acumulados. Pero lo más terrible de esta guerra civil no fue la guerra en sí, sino los 40 años de represión en los que se asesinaba con una impunidad terrible. El caso del señor Companys es fundamental, pero tenemos el caso de Granados y de Joaquín Delgado, que fueron fusilados también en juicio sumarísimo, cuando después han aparecido las dos personas que habían atentado -no había ninguna prueba contra ellos, pero se hizo y se fusiló-, o el caso último de Puig Antich en Barcelona en 1975. El franquismo llegó matando y se marchó matando, y eso es lo que no debemos olvidar los españoles. Estamos de acuerdo en olvidar la guerra civil, pero no olvidar la impunidad de un franquismo que llegó matando y se marchó matando, y muchos de los nombres de aquellas personas que estaban produciendo esos juicios sumarísimos están todavía en las calles de las ciudades y de los pueblos españoles. Sin embargo, muchas de aquellas otras personas que defendieron la libertad y la democracia y que murieron en el exilio, en la impunidad y en la vergüenza, como el general Rojo, por ejemplo, que vino a España y fue machacado en sus últimos años, no tiene ni una calle ni media en esta España democrática. Es ahí donde tenemos que incidir, no en el odio ni en el olvido, sino en reivindicar a todas aquellas personas que estuvieron luchando por defender la democracia, que perdieron la vida por defenderla, y no en la guerra civil, sino en los años posteriores, que es lo peor que tuvo el franquismo, que fue una dictadura de 40 años que nos sometió a muchos a una situación bastante triste. Nada más. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta. Su turno, señor Rodríguez. El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Para un nacionalista gallego es un motivo de especial orgullo y de especial juicio sobre nuestra historia dar un apoyo entusiasta a esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. A pesar de que podamos tener muchísimos matices interpretativos respecto a su contenido en cuanto a algunos juicios de valor, coincidimos en algo que para nosotros es fundamental, y es la recuperación de la historia, pero de la historia en sus términos reales y no solamente una especie de piadosa reintegración con el pasado, olvidando cuáles fueron las dialécticas políticas reales. En este aspecto, Companys fue un elemento fundamental para que Cataluña --exactamente igual que en el caso de Euskadi- no cayese en manos de los alzados militarmente. Es curioso -y voy a recurrir a las palabras de un nacionalista gallego, Castelao, en su Sempre en Galiza- que cuando el gobierno republicano estaba ya en Valencia en retirada dice: (Continúa su intervención en gallego, cuyo texto, que entrega a la Redacción del «Diario de Sesiones», dice lo siguiente: «Ninguén se lembraba de que Cataluña se salvara do pronunciamento militar porque as forzas de Orden Público dependían da Generalitat (...) E cando surdeu o «puch» de maio en Barcelona -reprimido exclusivamente polas forzas da Generalitat- decían os bravos homes da retagarda política: ¡Hay que fuxilar a Companys! ¡Hay que anular os estatutos! A xenreira contra Cataluña i Euzkadi rillábase no ambente cortesán de Valencia». El señor diputado continúa su intervención en castellano.) Si repito estas palabras de nuestro compatriota desde el exilio, que no fue asesinado porque estaba en Madrid en el momento del alzamiento -aunque sí fue asesinado su compañero, Alexandro Bóveda, del cual estamos aún esperando la recuperación de su memoria histórica, cuando menos el reconocimiento a su familia de cómo fue ese juicio sumarísimo-, esto indica que en el Estado español hay algo muy claro, que es que la democracia se asienta siempre en la diferencia, en el pluralismo y en un descarnado espíritu de respeto por el carácter plurinacional del Estado. Y volviendo al bando republicano, en el año 1938, cuando Castelao escribía aquellas palabras, Negrín, sin embargo, a pesar de todo, decía: No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España, por su grandeza y para su grandeza. No hay más que una nación, España. Creo, señorías, que va siendo hora de que asumamos todos que España es plural desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista cultural y lingüístico y que Companys representa simbólicamente uno de los pueblos que constituyen el Estado español. Por lo tanto, que se haga un esfuerzo no solamente por la recuperación de su memoria histórica, sino también por darle toda la dignidad simbólica que merece yo creo que es algo mínimo en un contexto democrático. Y lo digo desde la perspectiva de quienes no tuvimos precisamente políticos nacionalistas que llegasen a gobernar, pero, a pesar de todo, aun sin gobernar, solamente por hacer el Estatuto de Galicia, solamente por estudiar la balanza fiscal de Galicia con el Estado, a pesar de su catolicismo, solamente por acompañar a los nacionalistas en la campaña de concienciación del pueblo gallego, fueron también fusilados. Esto hay que decírselo a la sociedad del Estado español. No es revancha, no es tener falta de piedad sino poner las cosas en su sitio y va siendo hora de que todos las pongamos. Nada más. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Esteban. El señor ESTEBAN BRAVO: (Comienza su intervención en euskera, cuyo texto, que entrega a la Redacción del «Diario de Sesiones», dice lo siguiente: Lenehengo ta behin, ERC'K aurkezten dauan Companys lehendakariari buruzko salo honetan euzko alderdi jeltzalearen izenen eskuhartzea niretzat benetan ohorea dala adierazo gura doto El señor diputado continúa su intervención en castellano.) En primer lugar me gustaría reseñar que es un honor para mí tomar la palabra en nombre del Grupo Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, con motivo de la proposición que presenta Esquerra Republicana de Catalunya para hablar de una gran personalidad para Cataluña pero una persona muy importante también para los vascos, para los vascos en general y para el Partido Nacionalista Vasco en particular, porque al presidente Companys le unía una amistad profunda, sobre todo en los últimos años, con el lehendakari Aguirre, con el presidente Aguirre. Cuando se produce la derrota del ejército republicano y el Gobierno catalán y el presidente Companys tienen que cruzar la frontera e ir al exilio, el presidente Aguirre acude a acompañarle. Esa unión y ese trato con Cataluña había comenzado antes, cuando, una vez ocupada Euskadi por las tropas franquistas, el Gobierno vasco crea una delegación en Barcelona y es acogido maravillosamente por los catalanes y por el Gobierno de la Generalitat. Era una amistad cuyos orígenes no provenían de afinidades nacionalistas, porque Companys es quizá una de las muchas personas a las que, a base de represión y de palos de sus adversarios políticos, les hicieron descubrir poco a poco y cada vez más su nacionalidad, su nacionalismo. Fundó Unión de Rabassaires; fundó el Partido Republicano Catalán, en el que su centro de afanes políticos era básicamente la izquierda y el pensamiento de izquierdas. En marzo de 1931 es el representante en la conferencia de Esquerra, de la que salió ERC. Él representaba a los sectores que hacían más hincapié en el mensaje de izquierdas. Poco esperaba Aguirre, tampoco Companys, que poco después de cruzar aquella frontera el presidente catalán sería capturado. Mientras Aguirre tiene un periplo europeo que le acaba llevando a Estados Unidos y que queda relatado en un libro que se titula De Gemika a Nueva York, pasando por Berlín, el president Companys fue capturado aprovechando una circunstancia personal. Fue detenido a traición aprovechando que su hijo, enfermo, se encontraba en la Francia ocupada por Alemania y aprovechando también que la connivencia entre el régimen franquista y el régimen nazi era absoluta. Poco esperaban Aguirre y Companys que fuera capturado a impulsos de Lequerica, una persona que en ese momento era embajador en París y había sido alcalde franquista en Bilbao. Fue su obsesión y su empeño el que llevó a esa detención. Poco esperaban que con el pase de la frontera la entrega sería en territorio vasco, en Hendaya-Irún, las dos localidades vascas a ambos lados de la frontera, y que el 15 de octubre, a las seis de la mañana, en el foso de Santa Eulalia, un día nublado, el president Companys, que iba fumando, acompañado por un piquete de ejecución, y llegando al lugar en que iba a ser fusilado, con tranquilidad, preguntó dónde debía colocarse. Negó con un gesto la posibilidad de que le vendaran los ojos, miró al pelotón de fusilamiento, con traje blanco, con un pañuelo blanco en la chaqueta, con zapatillas, porque no podía llevar zapatos después de las torturas a las que había sido sometido en Madrid, tras ser capturado. En ese momento se descalzó y gritando: per Catalunya, fue fusilado. Es curioso que el teniente que mandaba aquel pelotón, instintivamente cogiera el pañuelo de Companys y lo intentara guardar, porque la actitud de aquel hombre le había impresionado. Desgraciadamente para él, un capitán de la Guardia Civil se dio cuenta y fue enviado a un tribunal de honor, siendo expulsado del Ejército. Companys tenía 59 años y era la persona número 2.761 fusilada en Cataluña después del final de la guerra. Companys fue un ejemplo para su pueblo y una persona importante, porque el 14 abril proclama la República catalana y es un líder en el cambio en las instituciones, hasta entonces de la Monarquía y a partir de entonces de la República en Cataluña; una persona de carácter no violento y afable. Hay una anécdota. Precisamente después de proclamar la República, va desde el edificio del Ayuntamiento al de la Generalitat, que está enfrente, para requerir al presidente de la Diputación de Barcelona que dejara su cargo. En un acto quijotesco muy de la época, el presidente de la Diputación le dice que sin violencia no se va a ir de allí. Companys le pone la mano en el hombro y le dice: ¿ Vale con esta violencia? Sí. Pues adelante. Digo esto porque fue una persona que incluso en el alzamiento del 34 hizo proclamas y llamamientos por la radio instando al no derramamiento de sangre y a deponer las armas en el momento en que se vio que aquello no iba a ninguna parte. Una persona que ya antes había dado muestras de humanidad. El propio general Queipo de Llano, en una charla, señaló: Companys ha dejado salir de Barcelona a más de 5.000 hombres de derechas, lo cual ha de aminorar sin duda la responsabilidad que pesa sobre él. Esa responsabilidad no fue disminuida, porque se le condena a muerte, después de ser capturado a traición, en un consejo de guerra del que ahora hemos sabido más detalles gracias a la aparición hace poco tiempo de su abogado defensor, un abogado defensor de oficio, un capitán de artillería, Colubí, una persona a la que le conmutan la pena por haberse alzado en armas y es entregado en un canje al ejército franquista. Él combate en la batalla del Ebro y después entra con Franco en Barcelona y le toca defender a Companys; en 1947 se exila a Venezuela. Él dice: A mí me tocaba cubrir las apariencias para que el proceso de Companys pareciera legal, cuando todos sabíamos que aquello respondía a una orden concreta de Franco para que fuera fusilado. En unas pocas horas tuve que redactar el escrito de defensa. Fui a ver a Companys: Usted me conmutó la pena, haré todo lo que pueda para salvarle la vida. Alegó esos gestos de Companys en su momento, pero no sirvieron de nada. Tampoco ese relato de Queipo de Llano que he mencionado antes. Fue condenado curiosamente por adhesión a rebelión militar. Es curioso que precisamente en el proceso del general Batet que les he mencionado antes, que fue el que reprimió el levantamiento de 1934, muchos defensores no querían aceptar a personas que querían designarles, pero hubo un coronel mallorquín, miembro de la Real Academia de la Historia, que aceptó y citó el Código de Justicia Militar vigente, que decía literalmente: Incurren en delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra la República. Companys, por lo que fue detenido, por lo que fue condenado, por lo que fue asesinado, porque esa es la palabra, no fue por alzarse en armas contra la República. Tampoco fue posible la conmutación de la pena, porque ya en enero del año 1940 la Presidencia del Gobierno franquista mandó una circular señalando que había ciertas responsabilidades en las que no procedía elevar conmutación de penas: grandes delitos y jefes de gobierno -jefes de gobierno de la República de Euskadi y Cataluña, que eran los únicos a los que se les podía aplicar- No hubo mucha humanidad en ese acto. Por todo lo anterior, creemos que es justa y lógica la pretensión de la proposición hecha por Esquerra Republicana en este día: anulación del consejo. Por muchas dificultades jurídicas que haya, se han realizado cosas más difíciles. Por no entrar en vericueto s más delicados, afirmaría que tenemos leyes, como la que regula las distintas modalidades de referéndum o la orgánica del Tribunal Constitucional, que han modificado de facto lo que dice la Constitución. Estoy seguro de que, si se quisiera, se podría buscar el camino para la anulación de ese consejo de guerra. El solemne acto en el castillo de Montjuic me parece algo de lo más apropiado, y la solicitud de perdón, también. Es cierto que el Gobierno fascista rompió con la legalidad republicana anterior, pero que todos sepamos -y se repite una y otra vez- lo que hubo aquí posteriormente fue un proceso de reforma del Estado en el que de esa manera se dotó de un continuo jurídico con los gobiernos posteriores. De hecho, se heredó todo: la legislación anterior, las estructuras anteriores, judiciales, policiales, etcétera. Por tanto, de acuerdo, no tiene nada que ver con el régimen franquista anterior, pero sí hay un continuo jurídico entre unos y otros, incluida la sucesión de la Jefatura del Estado, que por cierto se produjo antes de que finalizara el régimen franquista y el advenimiento de la democracia. No nos vale tampoco esa consideración -enseguida acabo, señor presidente- de que en la Constitución de 1978 una generación decidió el perdón, que hubo generosidad y perdón. En la realización de la Constitución española no hubo una libertad total para llegar al punto en que se llegó. Con un ejército golpista, que lo demostró al poco tiempo; con unas estructuras del Estado que ya sabían que no cabían en Europa, pero que no estaban dispuestas a desmantelarse sin violencia; generosidad, si la hubo, y la hubo, fue de la parte que estuvo con la República; de los otros, nada, porque siguieron en el sillón, siguieron en los mismos lugares que ocupaban y, encima, legitimados por el nuevo ordenamiento. Fue una especie de blanqueo legal de moneda falsa a través del cambio de régimen con continuo en el anterior. Por tanto, de lo que supuso la Constitución y de los acuerdos a los que se llegó habría que hablar muy largo y muy tendido, porque no todos estaban en situación de igualdad. Por último, me gustaría fmalizar leyendo unas palabras del diario del conde de Güell, alcalde de Barcelona, monárquico, durante la Monarquía refiriéndose a Companys que dice: Companys presidió y gobernó Cataluña en las horas más tristes y amargas de su historia. Dios y la historia juzgarán su vida. Nosotros, catalanes -y yo añado: nosotros, vascos también- y vascos jamás olvidaremos su muerte. Votaremos a favor, por supuesto que sí. Estaremos en Montjuic cuando se haga el homenaje porque tarde o temprano, no sé si dentro de pocos meses o dentro de unos años, se hará ese homenaje y estaremos allí presentes. Honor al president Companys per Cataluña. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: A continuación por Convergencia i Unió, tiene la palabra el señor Maldonado. El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, difícilmente para un nacionalista catalán, como es el caso del diputado que les habla, puede existir una intervención más llena de sentimiento patriótico que el tema que hoy nos ocupa, por muchas razones, pero sobre todo por lo que significa de recuperación histórica de la dignidad de un pueblo. La proposición no de ley que hoy debatimos no es una reparación sólo a la familia de Lluís Companys, que sí lo es, ni es una reparación al Gobierno de Cataluña, que sí lo es, sino que es una reparación al honor de todo el pueblo catalán que vio como su presidente, el president de la Generalitat de Catalunya, era sometido a un humillante proceso que se inicia con la detención el 13 de agosto de 1939 por parte de la Gestapo. A partir de aquí cárcel en Francia, cárcel en España, torturas, consejo de guerra sumarísimo y finalmente fusilamiento en el castillo de Monjuic, por cierto, edificio que sigue sin ser devuelto a la ciudad de Barcelona a pesar de las muchas promesas, y según ha dicho el portavoz del Partido Popular desde el año 1960. Pues lejos me lo pone, don Menda. Decía que no es una reparación sólo a la familia, ni es una reparación al Gobierno de Cataluña que sí lo es, sino que es una reparación al honor del pueblo catalán. Es una reparación a una persona, a la imagen, a la figura, que fue ejecutada tan solo por ser presidente de Cataluña, sólo por ser presidente de los catalanes, tan solo por haber luchado desde su responsabilidad contra el ejército franquista, del general Franco, que se había levantado contra el poder legalmente establecido de la República. Desde aquellos hechos acontecidos, desde aquella guerra civil y fratricida ha pasado mucho tiempo. España ha recuperado la democracia. España ha recuperado las instituciones democráticas. Hemos tenido diversos gobiernos democráticos, de todos los colores, de centro, UCD; de izquierda, PSOE; de derechas, Partido Popular, pero ninguno ha hecho nada motu proprio. Y así, casi 30 años después de la muerte del dictador, el consejo de guerra sumarísimo contra Lluís Companys sigue vigente. Nadie ha podido, ni nadie ha querido, desde el Estado cicatrizar unas heridas que duelen profundamente al pueblo catalán. Hoy debatimos una proposición no de ley que tan sólo pide pasar hoja en un tema que se debería haber hecho hace muchos años. Esta petición llega tarde, muy tarde y llega desde Cataluña, cuando debería haber sido antes y desde España. Hechos como los que ha provocado esta proposición no de ley nos hace preguntamos muchas veces a los catalanes por qué nos cuesta tanto recuperar aquello que históricamente nos han usurpado, a veces por las armas, a veces utilizando tan sólo artilugios jurídicos. Recordemos, por ejemplo, lo que tuvo que luchar Cataluña, en este caso todos los partidos democráticos, para tener el Estatut de Cataluña. Veremos ahora lo que costará poder tener un nuevo estatut. También es fácil acordamos de la lucha permanente de la Generalitat de Cataluña para recuperar las competencias de nuestro país o la lengua catalana, que ha sido reconocida después de una lucha permanente -aún ahora, en este hemiciclo, se nos niega la posibilidad de hablar en catalán-, o los papeles de Salamanca, botín requisado durante la Guerra Civil, que siguen sin ser devueltos a Cataluña. Y podríamos seguir con un largo etcétera de temas que demuestran la permanente lucha de Cataluña para recuperar su identidad y sus derechos históricos. Yo pregunto: ¿Por qué nos duelen prendas en un tema como éste? Otros países y otras instituciones de otros países ya han pedido perdón por atrocidades cometidas antaño. Alemania pidió perdón por los crímenes nazis, por el holocausto; Estados Unidos pidió perdón por la bomba de Hiroshima; la Iglesia también ha pedido perdón por errores cometidos en su momento. ¿Por qué no en la muerte de Lluís Companys? ¿Qué impide pedir perdón por la muerte del presidente de Cataluña? España tiene la oportunidad histórica no sólo de anular el consejo sumarísimo de Lluís Companys, puede también pedir perdón, perdón por lo que hicieron aquéllos que no creían ni en la libertad ni en la democracia. Sería un paso importante en este Estado en el cual, poco a poco, hemos ido dando muestras de memoria histórica. Sería un paso positivo. Aquí mismo, en este hemiciclo, no hace mucho, se aprobó una iniciativa parlamentaria que reconocía los derechos de los que habían luchado en el bando perdedor, los soldados republicanos. Ahora, podemos reconocer públicamente el grave error cometido en un demócrata que amaba Cataluña y que amaba la libertad, y que también fue perdedor. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco decía que Lluís Companys, antes de ser ejecutado, se descalzó. Es cierto. Y no lo hizo porque sí, no lo hizo instintivamente. Un hombre, que iba a morir segundos después, quería morir tocando su tierra con los pies. Era un hombre que amaba profundamente a Cataluña y quería morir tocando la tierra catalana. Era un hombre que amaba Cataluña y la libertad. Ahora tenemos una gran oportunidad, desde este hemiciclo que representa a todos los españoles, que es la de limpiar unánimemente el nombre y la figura manchada de Lluís Companys, un hombre que dio lo más preciado para cualquier persona como es su vida. Yo he venido aquí con un discurso preparado, pero después de leer la proposición no de ley desafortunadamente he tenido que ir enmendando mi escrito. Sabía lo que votaría el Partido Popular, lógicamente, no me extrañaba; me ha entristecido oír al portavoz socialista, porque la verdad es que puedo ver en el horizonte que esta proposición no de ley tiene un futuro complicado. Yo decía en mi escrito: Hoy, la familia de Lluís Companys sabrá que se restituye el honor a quien nunca se le debería haber quitado. He tenido que enmendar la plana y decir: Hoy, la familia de Lluís Companys puede ver cómo se restituye el honor, veremos. Yo decía: Hoy, el Gobierno de Cataluña verá cómo uno de sus presidentes, condenado y fusilado, recupera la dignidad institucional que le fue usurpada. He tenido que tachar verá y he puesto puede ver. Lo veremos. Yo decía: Hoy, todos los catalanes sentirán con emoción cómo se anula un consejo de guerra sumarísimo a un hombre que representaba a todos los catalanes. He tachado sentirán y he puesto pueden sentir, veremos. Y decía: Y esto será posible con el voto afirmativo de todas sus señorías. He tachado y he puesto: Sólo será posible con el voto de sus señorías. Como no podía ser de otra forma, anuncio el voto afirmativo y entusiasta de Convergencia i Unió. Estoy preocupado después de oír al portavoz socialista, preocupado porque hace pocas semanas yo hablaba de selecciones nacionales deportivas y decía que PSOE y PP eran el mismo equipo con diferentes camisetas, pero aquello era jugar, era hacer deporte. Desafortunadamente intuyo que en el tema de Lluís Companys será el mismo equipo con diferentes camisetas. Esto no es jugar, esto es para llorar, esto es para entristecemos. Al menos en Catalunya hoy habrá mucha gente triste. Por tanto, señorías, esperamos in extremis, una expresión deportiva, poder ganar este partido, que es el de la libertad y el de la dignidad. Sin duda votar afirmativamente esta proposición no de ley no es un acto de dignidad ni tan sólo un acto democrático, es un acto de justicia digna y democrática. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado. En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, si he entendido bien, mantiene la posición que dijo aquí sobre la tribuna, ¿no? (Asentimiento.) El grupo proponente no acepta ninguna de las enmiendas. (El señor Fernández Díaz pide la palabra.) Dígame, señor Femández. El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: He entendido que el señor Tardá desde la tribuna decía que no a la enmienda socialista, pero no he escuchado nada en relación con nuestra enmienda. Una mínima cortesía parlamentaria, señor Tardá, obliga a que diga algo. Y conste que la misma es enormemente respetuosa y considerada con la figura del presidente Companys y no merecía el trato que usted le ha dado y ni siquiera. . . El señor PRESIDENTE: Señor Femández, por favor, no. El señor Tardá ha dicho que no aceptaba ninguna de las enmiendas. Yo lo he entendido así. Incluso para que no haya malos entendidos entre nosotros le he preguntado si mantenía la posición que dijo aquí en el pupitre y él me la confirmó con un gesto. Así pues, se votará en su integralidad la propuesta de Esquerra Republicana. Gracias. Fuente: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Pleno y Diputación Permanente - Año 2004, VIII Legislatura, Núm. 34 - 28 de septiembre de 2004.
Texto completo del debate sobre la memoria histórica y las víctimas del franquismo celebrado el 01jun04 ante el pleno del Congreso de los Diputados. Índice: Presentación y defensa de diversas Proposiciones No de Ley (PNL) sobre las víctimas del franquismo. Intervención del diputado ERKOREKA GERVASIO en defensa de la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Vasco Intervención de la diputada LASAGABASTER OLAZÁBAL en defensa de la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Mixto Intervención del diputado RODRÍGUEZ SÁNCHEZ , del Grupo Parlamentario Mixto Defensa de las enmiendas a las Proposiciones No de Ley. Intervención del diputado TARDÁ I COMA , del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya Intervención de la diputada NAVARRO CASILLAS del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds Intervención del diputado ATENCIA ROBLEDO del Grupo Parlamentario Popular Intervención del diputado JÁUREGUI ATONDO del Grupo Parlamentario Socialista Turno de fijación de posiciones. Intervención del diputado RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ del Grupo de Coalición Canaria Intervención del diputado XUCLÀ I COSTA del Grupo Parlamentario Catalán Cuestiones previas a la votación: Intervenciones de Atencia Robledo, Jáuregui Atondo, Lasagabaster Olazábal y Uría Etxebarría Votación - DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL, DEL FRANQUISMO y DE QUIENES DEFENDIERON LA DEMOCRACIA Y LUCHARON POR EL RESTABLECIMIENTO DE LAS LIBERTADES DURANTE LA TRANSICIÓN. (Número de expediente 162/000080.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE RECONOCIMIENTO Y AYUDAS A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO. (Número de expediente 162/000024.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A LA REPARACIÓN MORAL A TODAS LAS PERSONAS QUE FUERON REPRESALIADAS DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA, Y AL RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN DE QUIENES PARTICIPARON EN LA LUCHA Y RESISTENCIA ANTIFRANQUISTA PARA LA INSTAURACIÓN DE UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000041.) El señor PRESIDENTE: Entramos en los puntos 3, 4 Y 5, que se van a debatir de una forma acumulada. Son tres proposiciones de ley que la Mesa y la Junta de Portavoces estuvieron de acuerdo en acumular, porque trataban básicamente del mismo objeto: la del Grupo Vasco relativa al reconocimiento de las víctimas de la guerra civil, del franquismo y de quienes defendieron la democracia y lucharon por el restablecimiento de las libertades durante la transición; la del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, sobre reconocimiento y ayudas a las víctimas del franquismo; y la del Grupo Mixto, señora Fernández y señor Rodríguez, relativa a la reparación moral a todas las personas que fueron represaliadas durante la dictadura franquista, y al reconocimiento de la importante contribución de quienes participaron en la lucha y resistencia antifranquista para la instauración de un régimen democrático en el Estado español.
Para la defensa de su proposición no de ley , por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka . Sabe que el turno es de diez minutos.
El señor ERKOREKA GERVASIO : Gracias, señor presidente.
La amnesia, tanto la individual como la colectiva, o es una patología, un desarreglo de la personalidad, o algo mucho peor, es un pretexto, es una coartada para no reconocer ni corregir los errores en los que eventualmente hubiera podido incurrirse en el pasado. En el Estado español, como se sabe, la transición política a la democracia se cimentó en la desmemoria, se asentó en el olvido y fue sin duda la prudencia la que aconsejó que esto fuera así, una prudencia condicionada en parte por el temor al sable, pero animada al mismo tiempo por la firme determinación de no poner en el camino hacia la libertad más obstáculos que aquellos que fueran imprescindibles. Pero hoy, medio siglo después, podemos decir que carecen de sentido las cautelas que entonces impusieron una actitud tan precavida. La sociedad lo percibe -nosotros lo creemos asícon claridad y probablemente por ello durante los últimos años estamos asistiendo a un saludable despertar del interés por recuperar la memoria colectiva. Los ciudadanos no dejan de explorar nuevas fórmulas para dirigir una mirada crítica al pasado, no con un afán meramente especulativo ni con ánimo de revancha, sino con la firme determinación de hacer justicia, de hacer justicia, primero, con las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista, cuyas vidas fueron truncadas, cuyo recuerdo fue cruelmente prohibido y cuyo honor quiso ser mancillado, a veces incluso con éxito, y segundo, en la construcción del futuro colectiva, en la búsqueda de un nuevo orden en el que un cabal conocimiento de los excesos, de las demasías, de las brutalidades cometidas en el pasado permitan fijar con nitidez la línea que en ningún momento podrá volver a franquearse en la convivencia futura.
Durante la VII Legislatura se presentaron muchas iniciativas tendentes a recuperar la memoria histórica, iniciativas que perseguían evaluar críticamente el pasado político reciente y reparar moral y económicamente a las víctimas de la guerra civil y a todos aquellos que durante los 40 años subsiguientes padecieron la represión del franquismo. Muchas de ellas sucumbieron, como es sabido, a la negativa rotunda que el Grupo Popular impuso absolutamente a lo largo de la pasada legislatura, pero finalmente, el 26 de noviembre del año 2002, la Comisión Constitucional consiguió aprobar por unanimidad una resolución que afirmaba un reconocimiento moral claro a todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como a cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista.
Pues bien, la proposición no de ley que tengo el honor de defender aspira a entroncar con esta resolución de la Comisión Constitucional. N o se sitúa al margen de la misma ni pretende desconocerla ni ignorarla, sino que sólo aspira a impulsar desde el Congreso de los Diputados una serie de medidas que contribuirán a dar relieve a esta resolución, a darle entidad y auténtico sentido. Quieren dotar a esta resolución de un contenido real y efectivo, más allá de las proclamaciones de principios que contiene la misma. Hubo entre nosotros, entre los diputados quiero decir, quien consideró que aquella resolución ponía definitivamente fin a todo lo que tenía que ver con la recuperación de la memoria histórica y la reparación moral y económica de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Hubo, insisto, quien defendió que con aquella resolución se liquidaba definitivamente este debate, pero no es así. La Resolución de 26 de noviembre del año 2002 ponía fin a una etapa, es cierto, pero al mismo tiempo abría una nueva, inauguraba un nuevo período en el que todas las instituciones públicas quedaban emplazadas por parte del Congreso de los Diputados a apoyar todas aquellas iniciativas que se formulasen por los interesados o por sus familiares en relación con las materias a las que se refería la misma. Su texto es inequívoco cuando afirma literalmente: Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleven a cabo en tal sentido reciban el apoyo de las instituciones. No hay, pues, señorías, duda alguna a este respecto. Y los afectados y sus familias no dejan de presentar iniciativas y de formular reclamaciones a los poderes públicos en reivindicación de su pleno reconocimiento y de medidas simbólicas y económicas que les hagan justicia. El tiempo, ellos lo saben, sobre todo los directamente afectados, corre inexorablemente y su avanzada edad les hace ser conscientes de que sólo actuando con rapidez lograrán en vida que la democracia salde de una vez la deuda de gratitud que tiene contraída con ellos. Pues bien, de la intensa labor que vienen llevando a cabo los afectados y sus familiares, dan cuenta también los trabajos del Defensor del Pueblo. Durante los últimos años el Alto Comisionado parlamentario acostumbra a incluir en su informe anual un apartado específico en el que, bajo un epígrafe que siempre se titula: Prestaciones derivadas de la guerra civil, se registran resumidamente las miles de quejas, individuales unas y colectivas otras, que gentes de los más diversos colectivos de víctimas de la guerra civil y del franquismo vienen formulando para la mejora de las prestaciones públicas de las que ya disfrutan o para, en su caso, el establecimiento de otras nuevas. El Defensor del Pueblo viene haciendo llamamientos reiterados a los poderes públicos para que no den por finalizado el esfuerzo desarrollado para compensar a los que resultaron más perjudicados por la guerra civil y por la ausencia de libertades en las décadas posteriores. Incluso ha llegado a formular alguna recomendación a este respecto. Quisiera destacar, por ejemplo, una que planteó el año 2001, dirigida al Ministerio de Hacienda, en la que requería al Gobierno para que llevara a cabo una revisión general de la legislación vigente en este tema, revisando sistemáticamente todas las prestaciones que están aprobadas o, en su caso, proponiendo la creación de otras alternativas para cubrir situaciones que no estuvieran adecuadamente cubiertas. La recomendación, como se sabe, fue rechazada por el Ministerio de Hacienda en aquel momento, por considerar que las prestaciones a las que se refería la recomendación del Defensor del Pueblo estaban suficientemente cubiertas.
Hoy, señorías, nos encontramos ante un Gobierno diferente. Un Gobierno sustentado por un grupo parlamentario que en la legislatura precedente apoyó sin reservas todas las iniciativas que se presentaron en esta Cámara en relación con estas materias. Un Gobierno que ha de ser -al menos así creemos nosotros- más sensible a las recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo, a las que acabo de referirme. Por ello el punto primero de nuestra proposición no de ley pretende instar al Gobierno a que lleve a cabo esta revisión general de la legislación de amnistía a la que se negó rotundamente el Ejecutivo anterior. No es -así lo creemos- una reclamación desmesurada o fuera de lugar; es lo mínimo que cabe exigir a este Gobierno, si quiere -y creemos que es así- desmarcarse de la actitud cerrada e incluso hostil que el Partido Popular ha mantenido en estos temas durante la legislatura precedente. Pedimos, por tanto, un estudio de la situación que permita identificar las lagunas e insuficiencias de las que sin duda adolece la conocida como legislación de amnistía y un compromiso firme de establecer, antes de que sea demasiado tarde -para muchos que han ido quedando en el camino ya lo es-, un marco de prestaciones y compensaciones acorde con la dignidad que se ha de reconocer a quienes mantuvieron viva durante el franquismo la llama de la libertad y contribuyeron decisivamente a la restauración democrática. Es mucho lo que la democracia les debe y sin su satisfacción nunca se harán plenamente efectivos los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
El segundo punto de la proposición trae causa también de la resolución de la Comisión Constitucional de 26 de noviembre del año 2002. Una de las principales tareas a las que se han entregado los afectados y sus familias durante los últimos años es la de la recuperación de la verdad, una verdad que durante décadas ha permanecido soterrada o bien oculta por el miedo o por un manto institucional que la negaba, cuando no la perseguía con saña. Pero la recuperación de la verdad, señor presidente, exige gozar de un mínimo de libertad para acceder a las fuentes en las que se contiene y hoy todavía existen resabios del pasado que miran con prevención e incluso con hostilidad este tipo de investigaciones como si fueran iniciativas impulsadas por organizaciones clandestinas y no lo que son: un intento de recuperar la verdad avalado por la más alta instancia política del Estado, por este mismo Congreso de los Diputados.
Hace unos meses yo mismo tuve ocasión de denunciar en esta tribuna los obstáculos con los que algunos investigadores se enfrentaban, en aquel momento, a la hora de consultar los fondos documentales de algunos establecimientos penitenciarios. Hoy, afortunadamente, aquellos obstáculos han sido removidos, ha costado pero se ha conseguido, aunque lamentablemente haya tenido que ser como consecuencia de la denuncia que aquí presentamos. Pero todavía existen baluartes inaccesibles. Algunos jueces, muy celosos de su autoridad jurisdiccional, se siguen resistiendo a permitir el acceso de los investigadores al Registro Civil. Tengo en mi poder copia de un escrito que un juez de Vizcaya remite a la sección correspondiente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi negando por enésima vez el acceso al Registro Civil para llevar a cabo este tipo de investigaciones, diciendo literalmente: Los datos existentes en el Registro no son públicos y no se les va a facilitar ni el acceso ni información alguna. Así reza literalmente el oficio que ha recibido la Sociedad de Ciencias Aranzadi del juez en cuestión. Esperamos que, aprobada esta proposición no de ley -confiamos en que lo sea-, este tipo de situaciones desaparezca definitivamente.
Finalmente, el texto de la proposición no de ley exige en su punto tercero rendir tributo de justicia y reconocimiento a quienes durante la transición murieron o sufrieron daños físicos o psicofísicos con ocasión del ejercicio de algún derecho fundamental o en reclamación de su reconocimiento. Es una reivindicación histórica de este grupo que hasta la fecha no ha encontrado satisfacción, aunque en la pasada legislatura ha gozado de la comprensión del grupo parlamentario que ahora sostiene al Gobierno; es una causa justa que el Grupo Socialista ha compartido, nos consta que también comparte durante esta legislatura y que esperamos que lo siga haciendo en los próximos tiempos.
Se trata de reconocer y compensar a las víctimas del tardofranquismo, aquellas que padecieron los efectos del franquismo cuando este ya había desaparecido formalmente, aunque sus pautas de actuación seguían inspirando la actuación de no pocas unidades de los aparatos del Estado.
Existe una enmienda transaccional del Grupo Socialista que se ha convertido, por razones obvias, en referencia en la tramitación de esta proposición no de ley. Esta enmienda hace suyos los postulados de esta proposición no de ley que acabo de defender y propone una redacción alternativa que, a nuestro juicio, mejora técnicamente los contenidos de la misma. Por tanto, anuncio la aceptación de esta enmienda transaccional, que, insisto, consideramos que mejora técnicamente la propuesta, sin alterar sus contenidos; al contrario, profundiza en los planteamientos que nosotros defendemos. Es una enmienda que aceptaremos y no hago referencia a las demás porque, por razones que todos comprendemos, es la enmienda que se convierte en referencia en esta tramitación.
A continuación, para la defensa de su proposición no de ley , tiene la palabra, la señora Lasagabaster , del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene cinco minutos la señora Lasagabaster y luego tendrá cinco minutos el señor Rodríguez, también del Grupo Parlamentario Mixto, por este orden.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL : Gracias, señora presidenta.
Señorías, presento ante esta Cámara una iniciativa cuyo objetivo no es otro que conseguir hacer justicia. Este ha sido el leitmotiv, el objetivo central de todas las intervenciones e iniciativas que he presentado en esta Cámara en los últimos tiempos y de todas las intervenciones que he realizado respecto de otras iniciativas. Así lo decía también en el último debate de la moción que presenté el pasado 14 de octubre de 2003. Decía claramente: Si hoy no sale, seguiremos. Y aquí estamos. Estamos aquí para hacer justicia respecto de muchísimas personas que durante años y años vieron vulnerados sus más elementales derechos y libertades fundamentales. Lo he dicho siempre, esta no es una iniciativa de partido ni partidista, ni tampoco es una iniciativa contra ningún partido, es una iniciativa de justicia. Queremos devolver la dignidad a las víctimas y sobre todo -desgraciadamente ellos ya no están- a sus familiares, a los familiares de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. Queremos su reconocimiento moral, social y económico, y queremos recuperar la memoria histórica individual y colectiva de lo que pasó. Hay muchas actuaciones que hay que realizar y probablemente el listado no pueda ser ni tan siquiera exhaustivo hoy. Hemos hablado muchas veces de la importancia de los datos, del acceso a la documentación. Aquí se han señalado las dificultades que hemos tenido que sobrellevar, sobre todo los familiares y organizaciones, para acceder a documentación, a los archivos públicos y privados de fundaciones como la Fundación Franco, que no permitía ni tan siquiera el acceso y están subvencionadas. Queremos un plan de ayudas económicas, mas allá del que ya han realizado las administraciones autonómicas. Queremos que los familiares puedan recuperar, y para eso hay que obtener información y hay que dotar de ayuda, los restos mortales de sus seres más queridos, de los desaparecidos, de los fusilados, de los ejecutados durante la guerra civil y el franquismo. Queremos devolver la dignidad con mejora de pensiones asistenciales y asistencia sanitaria a tantas y tantas personas que hoy no es que vivan, hoy malviven. Hablamos de los niños de la guerra u otra serie de personas que tienen una mala situación económica y para las cuales la urgencia es imperativa hoy. Hablamos de suprimir subvenciones a fundaciones que se emparentan mucho más con dictadores y nada con la democracia, y todos saben a quién me refiero. Hablamos también de la apertura de esa ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, para que ampare a las víctimas de la represión policial. Hablamos también de revisiones de juicios sumarios y causas judiciales sumarísimas, para llevar a su anulación. Y todo esto ni siquiera es exhaustivo. Hay muchas más cosas para hacer. Nuestra filosofía ha sido siempre la de actuar en concreto, con urgencia y rápido. Esto fue lo que nos llevó a admitir la transacción, sobre la base de las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo de Izquierda Unida y la de Eusko Alkartasuna el 20 de noviembre de 2002, actuando paso a paso. Y hoy lo vamos hacer otra vez. Pero, ojo, en ningún caso ponemos punto final a nada. Con estas iniciativas y la que hoy aprobemos como enmienda transaccional, seguiremos haciendo muchas cosas que quedarán pendientes.
¿Qué presentamos entre todos, después de conversaciones a las que espero todo el mundo se una con su voto? Iniciativas que permitan este reconocimiento moral, social y económico. Que sepamos cuál es la situación de todas estas personas, de sus familiares, qué es lo que las distintas administraciones han hecho a lo largo de este tiempo y qué tenemos que hacer. Es evidente que el tiempo apremia. Cualquier tiempo que sea más allá de lo que se establece como finales de año, sería un error, por no decir una injusticia. Pero también queremos, como decía antes, que en esa transacción se ampare esta amplitud de esa ley a esas víctimas del exceso de represión policial en lo que se llamaba tardofranquismo. Hablamos de los cinco obreros asesinados en las puertas de la iglesia de Gazteiz. Hablamos de otras víctimas de manifestaciones. Hablamos de todas estas personas a las cuales hay que hacer justicia. Lo mismo que el acceso a los documentos de las personas que quieren saber más de ellos y más de sus familias. El acceso a las fundaciones, a los ficheros públicos y privados, lo reitero para que no quede ninguna duda. Y también la dotación de medios materiales y humanos para que esto pueda ser posible. Nos quedan más cosas. Pero, como les decía antes, seguiremos.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ : Gracias, señora presidenta.
Un exiliado, por tanto, estaba evocando los sufrimientos de todos aquellos que habían quedado dentro de la cadena y de la cárcel del Estado español franquista. Da igual que se trate, aunque sea con más intensidad, del periodo 1936-1939, que del periodo 1939-1977. Las características son comunes: exiliados, encarcelados, huidos, asesinados, desterrados, depurados y torturados. Pero tenemos que hacer especial mención en estos momentos a aquellos asesinados y desaparecidos o bien en juicios que fueron una auténtica farsa, o incluso paseados en las cunetas. En muchos cementerios de Galicia duermen los últimos mártires de la libertad en número incontable, decía Castelao, y entre ellos en concreto una de las personas que había elaborado el estatuto de autonomía que fue plebiscitado el 28 de junio de 1936, en concreto Alexandre Bóveda, al que aún hoy la mayoría de las instituciones niegan la rehabilitación de su memoria en Galicia, y en particular incluso el Parlamento de nuestro país. Un hombre pacífico, dialogante, de confesionalidad católica, que fue asesinado solamente por el delito de ser adicto al régimen republicano, que era exclusivamente el régimen constitucional y legal establecido.
Señorías, pensamos que hay tantas familias, asociaciones e incluso la última generación que puede informar directamente de lo que pasó, que desde el punto de vista político institucional es el momento de que ayudemos precisamente a acabar con una situación que se basaba en la vergüenza, en el silencio y en el miedo. Por tanto, pensamos que la iniciativa que hoy se va a aprobar es oportuna y por fin va a llegar a buen término desde el punto de vista práctico. La represión no fue solamente en la etapa a que nos referimos de la guerra civil y los momentos inmediatamente posteriores, pero esta represión no impidió que se restaurase la oposición al régimen franquista y para nosotros hay fechas especialmente importantes, una simbólica fundamental: los sucesos, clave desde el punto de vista democrático, que indujeron a la ruptura, a la transición de la actual democracia, que fue la movilización obrera de 1972 en Ferrol. Un 10 de marzo, en que precisamente por movilizarse en defensa de los derechos de manifestación, de las libertades de información y de las libertades sindicales, fueron asesinados dos obreros, Amador y Daniel, en el Puente Das Pías, con una serie de heridos, más de veinte, con la aplicación de un estado de excepción en la ciudad durante más de diez días, que incluso llevaron a Santiago Carrillo a reconocer que había sido uno de los elementos fulcrales y fundamentales de oposición al régimen en aquel momento histórico. Digo esto porque es inevitable que recuperemos también el pasado inmediato y me gustaría leerles rápidamente la homilía que en aquel momento, con permiso del Obispo de Ferrol, el señor Araujo, se leyó en todas las iglesias: Creemos que despedir a los representantes de los obreros precisamente por el capital y en plenas deliberaciones es algo tan injusto en sí mismo que no se puede admitir ni debe repetirse más. Ante la muerte de nuestros hermanos sólo oímos la voz del Sinaí: no matarás. Deseamos y pedimos con toda la fuerza de nuestra palabra y de nuestra vida que esas muertes sean las últimas, que los responsables del poder político y económico creen los cauces adecuados de diálogo y participación que hasta ahora no se ha hecho, busquen otros medios de custodia del orden público, eliminen el miedo de la gente con la restauración plena de la confianza y la tranquilidad de la conciencia. Los enterrados, todos los mártires enterrados en este momento, lo fueron en unas condiciones de excepcionalidad e incluso el propio párroco que fue encargado de decir la homilía fue multado por la autoridad política con 250.000 pesetas, como lo fueron cantidad de personas civiles y eclesiásticas de toda la comarca en aquel momento histórico, llegando el señor López Bravo a denunciar al obispo de Mondoñedo-Ferrol ante la Santa Sede.
Decimos todo esto, señorías, porque es importante que se den cuenta hasta qué extremo la contribución para que hubiese democracia en el Estado español fue múltiple, plural e inestimable y no puede ser en absoluto olvidada. Lo decimos desde nuestra convicción de que hay que restaurar la verdad y de que es hora de que el régimen democrático no solamente sea democrático formalmente sino que asuma esa parte del pasado como algo consustancial a su estructura ya su idiosincrasia, para que no se pueda pensar que lo único que se hizo fue un maquillaje democrático pero a través de las personas que controlaron, usurparon y decidieron los momentos más negros de la historia de España en aquellos años, desde el año 1936 hasta el año 1977.
Acabo, señora presidenta, diciendo que nuestra iniciativa fue sensiblemente mejorada con la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y en especial queremos hacer hincapié en ese proyecto de ley de solidaridad con las víctimas que sufrieron daños personales para que este proyecto establezca ayudas económicas, aunque se perciban de una sola vez, y que afecte a todas aquellas causas que ocurrieron entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Y también en especial a que, desde el punto de vista público y privado, se tenga la mejor disponibilidad para buscar cuantos documentos sean necesarios para encontrar, entre otras muchas, las fosas de todos esos asesinados. Acabo con un dato, señora presidenta, para que se den cuenta de la gravedad del problema. En un lugar como Ferrol y la comarca fueron asesinados entre 1936 y 1940, 715 personas. Creo que sus familias, aún hoy vivas, y muchas de las personas que comprobaron este tipo de terror tienen derecho a buscar a sus familiares donde puedan estar anónimamente sepultados y en otros casos restaurar la dignidad de su memoria.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas presentadas a estas proposiciones no de ley. En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Tardá .
El señor TARDÁ I COMA : Señora presidenta, señorías.
Hace tan sólo unos días, en el paraninfo de la Universidad de Barcelona, en la apertura de un homenaje tardío a los supervivientes catalanes del campo de exterminio de Mauthausen, el intelectual y ex ministro de Cultura socialista del Gobierno español, antiguo deportado en un campo nazi, Jorge Semprún, manifestó con dolor hasta qué punto durante la transición se cayó en el error de confundir amnistía con amnesia y perdón con olvido. Ciertamente, los dirigentes de los pueblos del Estado español, tanto los que habían formado parte del franquismo como los que habían participado en la lucha contra la dictadura, optaron por el olvido. En nombre de la estabilidad política obviaron los derechos humanos proclamados por Naciones Unidas, que establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y no pueden quedar impunes. En nombre de cerrar heridas históricas permitieron que centenares de miles de familias republicanas continuaran padeciendo injusticias y el terror interiorizado y silenciado durante décadas -terror, repito, creado en centenares de miles de familias, especialmente en las mujeres, madres, esposas e hijas de vencidos- hizo que una gran parte de estas familias no se atreviesen ni a hablar de su tragedia a sus hijos y nietos.
El comportamiento de la mayoría de dirigentes de la transición, con todo respeto, en este aspecto ha sido frustrante. No han tenido una actitud fundamentada en la justicia y el derecho sobre crímenes contra la humanidad sino que han ido dando una respuesta aislada ante cada una de las peticiones de los pocos sectores organizados que han reclamado justicia. Por ejemplo, se aceptaron las reivindicaciones de los derechos pasivos de ex militares y ex funcionarios de la República, se compensó primero el patrimonio inmobiliario expropiado a los sindicatos y mucho más tarde el patrimonio incautado a los partidos políticos, pero queda mucho y de forma urgente por hacer.
Las nuevas generaciones del Estado español, cultas y educadas en los valores democráticos, se han convertido en la voz que ha ido supliendo la cada vez más debilitada, por razones de número, salud de los supervivientes republicanos y los demócratas que padecieron tortura, cárcel o muerte por parte de la dictadura. Corresponderá, pues, a la historia juzgar los comportamientos de unos y otros, pero por lo que respecta a la problemática que suscita esa intervención, les recuerdo que el 20 de noviembre del 2002 el Congreso de los Diputados aprobó una resolución en la que, además de condenar el golpe militar del año 1936, se declara el reconocimiento moral hacia todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, etcétera. No obstante, como señalaba el Defensor del Pueblo en su informe anual, a finales del 2003, esta histórica resolución no ha tenido la repercusión que precisa su observancia, particularmente en lo que concierne a la revisión de los juicios sumarios realizados durante la dictadura, puesto que el Tribunal Supremo ha seguido rechazando las peticiones que se le han presentado en ese sentido. Ell 10 de septiembre del año 2003, el Grupo Parlamentario Socialista presentó ante el Congreso una proposición no de ley relativa a la anulación de los juicios sumarísimos militares que se llevaron a cabo durante la dictadura franquista. Dicha propuesta, defendida por la señora Valcarce García, fue rechazada por el Partido Popular. Porque algo habrá dejado de hacerse o se habrá ejecutado de manera incorrecta cuando miles de ciudadanos antifascistas, muchos de ellos al final de sus vidas, todavía no han sido reparados ni moral ni económicamente, o se ven inmersos en laberínticos procesos administrativos y burocráticos para acceder a ellos y les provoca desazón y desengaño, como es el caso de aquellos ciudadanos a los cuales no se les da credibilidad por la falta de documentación. Porque algo habrá dejado de hacerse o se habrá ejecutado de manera incorrecta cuando en la España del siglo XXI un monumento que ensalza la figura de un genocida y el ideario fascista construido con el dolor y la muerte de los legítimos defensores de la Constitución republicana, como es el Valle de los Caídos, se ha convertido en lugar de peregrinación de los totalitarios y escarnio de la cultura de la paz y la convivencia. Porque algo no se habrá hecho bien o habrá dejado de hacerse cuando un ministro como el señor Caldera toma posesión de un ministerio aquí y ahora, en el año 2004, sin hacer desmontar la estatua ecuestre del dictador que preside la entrada de su ministerio. ¿Sería posible este hecho en la Alemania actual respecto al genocida Adolf Hitler? Porque algo no se habrá hecho correctamente o habrá dejado de hacerse cuando hoy día todavía los familiares de las personas asesinadas por la dictadura no pueden acceder a las causas judiciales con la finalidad de poder pleitear en favor del honor de sus seres queridos a los cuales se les atribuye a veces la condición de bandidos. Porque algo habrá dejado de hacerse o se habrá ejecutado de manera incorrecta si por parte del Estado todavía no se ha pedido perdón por las decenas de miles de luchadores por la libertad que sufrieron torturas en las comisarías, presidio en las cárceles franquistas o fueron asesinados por el ejército español, como el presidente de nuestro país Lluis Companys, o el asesinato de sindicalistas como Joan Peiró, de ideólogos como Pesset, de luchadores como Julián Grimau, Francisco Granado, Joaquín Delgado, Salvador Puig Antich o el siempre recordado Juan Paredes Manot, fusilado en nuestra Cataluña por la Guardia Civil. En este sentido, déjenme que les informe de hasta qué punto estamos ante una reivindicación que se ajusta al sentir más profundo del pueblo de Cataluña que la Associació pro memoria d'inmolats per la llibertat de Catalunya, a favor de la reclamación ante el Gobierno español para que se promulgue una ley a fin de que sean anulados los juicios sumarísimos militares que se llevaron a cabo durante la dictadura franquista, no una amnistia, ya que ello sería reconocer la popularidad y sería imperdonable, ha recogido la adhesión de cien ayuntamientos de Cataluña, los más poblados, entre los cuales se encuentra nuestra capital, Barcelona, y las cuatro diputaciones. Cien ciudades de Cataluña, repito, las más pobladas, piden que se revisen las causas sumarias y sumarísimas que condujeron a la muerte a tantos luchadores antifascistas.
Ha llegado, pues, el momento definitivo de revisar los juicios sumarios y sumarísimos, de la identificación y entierro de todos los cadáveres encontrados en las fosas de la vergüenza, del reconocimiento de las guerrillas antifranquistas, de la multiplicación de los actos de catarsis reconciliadora en los ayuntamientos, en los parlamentos autonómicos, en los órganos del Estado central, en las Fuerzas Armadas, entre la jerarquía de la Iglesia y la masonería, en la Administración de Justicia. Ha llegado también el momento de la reparación económica, de la reconciliación del Estado central con las nacionalidades, del reconocimiento del intento de genocidio, de la recuperación y conservación de los penales y campos de concentración, de la revisión de los conceptos históricos en los planes de estudio, en las programaciones de las escuelas militares, de la revisión de los callejeros de ciudades y pueblos con una norma general de prohibición de ensalzamiento del franquismo, la normalización de la memoria republicana, etcétera. Han pasado 25 años desde la aprobación de la Constitución del año 1978 que instituyó una nueva legalidad y que permitió la reintegración del Estado español en la Europa democrática. Ha llegado el momento, pues, de que España abandone la cultura del olvido y deje de ser la excepción en la cultura europea de la memoria histórica que tiene el objetivo de grabar, en la conciencia de las sucesivas nuevas generaciones, el nunca más ante la barbarie de los crímenes contra la humanidad.
Esquerra Republicana ha presentado dos enmiendas, una de las cuales dice: Proceder a la revisión de las causas judiciales sumarias y sumarísimas instruidas sin ningún tipo de garantía democrática bajo la dictadura, con la finalidad de ser anuladas y así restaurar la dignidad y el honor de los ciudadanos que padecieron tortura, privación de libertad o muerte por luchar por las libertades democráticas. La otra enmienda dice: Proceder al estudio de modificación de la ley que otorga la nacionalidad española a aquellas personas nacidas en otros Estados como consecuencia del exilio de sus padres que así lo desearan.
La enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista debe contextualizarse en el análisis que hemos realizado. Por ello, nos parece demasiado generalista, poco ambiciosa e injusta respecto a la no admisión de las necesidades de proceder a la revisión de las causas judiciales. Aun así, votaremos a favor, pero ya anunciamos que esperamos discutir pronto la propuesta de Esquerra Republicana de proceder a la anulación del juicio que llevó al asesinato de nuestro presidente Lluis Companys. El mismo señor Bono nos sorprendió manifestando su posición favorable, resolución que debe abrir la puerta a la posterior revisión de todas las causas de los ciudadanos inmolados por la libertad. En Cataluña nunca aceptaremos la no revisión y la no posterior anulación de los sumarios que condenaron a nuestros padres a la miseria.
Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la señora Navarro .
La señora NAVARRO CASILLAS : Muchas gracias.
Nos encontramos ante tres proposiciones no de ley que plantean cuestiones similares, con matices propios, pero todas ellas oportunas y complementarias. La verdad es que después de las intervenciones que se han sucedido poco queda por decir, pero algo tendremos que manifestar para exigir ese reconocimiento y apoyo a los represaliados, a los encarcelados, a los asesinados, a los desaparecidos y también, por supuesto, a aquellos que sufrieron el exilio y el extrañamiento; en definitiva, el justo reconocimiento que todos aquellos que defendieron la democracia y lucharon por el restablecimiento de las libertades merecen.
Mediante las iniciativas presentadas se pretende saldar, por fin, una deuda histórica con los máximos valedores de la democracia. El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds se suma, como es natural, a ello; eso sí, a pesar de que dicho reconocimiento no se hizo coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de nuestra Constitución española. Debería haberse hecho incluso antes, pero recordemos que en esa celebración no formó parte de los actos oficiales de conmemoración el homenaje a los luchadores por las libertades promovido por todas las fuerzas políticas excepto el Partido Popular, sin que ni siquiera se permitiera a los homenajeados estar en este hemiciclo en los escaños donde nosotros nos sentamos. Bien, más vale tarde que nunca, señorías. Hoy nos sentimos optimistas esperando que por fin se empiece a trabajar, de verdad, por esa recuperación moral y económica de las víctimas de la dictadura franquista. Y digo trabajar de verdad porque esa resolución, que tanto se cita y que efectivamente se aprobó por unanimidad, no ha implicado una verdadera acción ni ha implicado un trabajo por parte del Gobierno, yeso hay que denunciarlo. Pero no lo digo yo sino el informe anual del Defensor del Pueblo de finales de 2003, que dice: Esta histórica resolución parlamentaria no ha tenido la repercusión que precisa su observancia de parte de las instituciones del Estado. Repito que el Defensor del Pueblo es quien lo dice, señorías. Lo cierto es que el retraso, al que hacía mención, en abordar la reparación ha llevado al desamparo a las familias de las víctimas que no pueden recuperar los restos de sus familiares de forma legítima y con los honores que correspondería; al desamparo de los denominados niños de la guerra, que ya no son tan niños; a la falta de acción en cuanto a la recuperación de las fosas de enterramiento. En fin, son acciones que muchos ya no podrán ver, pero -vuelvo a decirlomás vale tarde que nunca y desde ahora tenemos que trabajar por el desagravio hacia todas las víctimas. Hay mucho, mucho trabajo por hacer y este Parlamento debe dar hoy ese primer paso de compromiso firme de trabajo por ello y por ellos. Hemos de adoptar las medidas necesarias para devolver al pueblo su historia y reconocer la contribución de aquellos que lucharon por el régimen democrático y de derechos que hoy, más o menos, disfrutamos. Lucharon por acabar con la dictadura franquista llevando a cabo una resistencia heroica que les condujo a la muerte y al exilio. Como muchos de nosotros sabemos, conocer bien nuestro pasado es un requisito para consolidar la democracia; es un paso que ningún Gobierno ha abordado de forma decidida hasta la fecha, constituyendo así el llamado modelo español de impunidad, basado en la desmemoria, en la dejación y en la impunidad.
Señorías, ha llegado el momento del cambio. La derecha reaccionaria que nos ha gobernado ya no tiene potestad para frenar este tipo de iniciativas ni -y esto es lo fundamental- el trabajo de reconocimiento y acción que ha de cumplir el Gobierno para recuperar nuestra memoria. Destaco el término acción porque, como ya he comentado, es muy fácil aprobar iniciativas pero lo importante es llevarlas a cabo después, que el Gobierno lleve a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a los mandatos parlamentarios, lo cual, según el Defensor del Pueblo y todas las asociaciones que se han constituido en defensa de la memoria histórica, está claro que no se ha hecho. Hoy hemos de volver a demostrar que la mayoría parlamentaria ha cambiado, como lo hacemos ya prácticamente cada semana, y por ello no vamos a tolerar que el dinero de los impuestos de los ciudadanos se destine ni a la Fundación Francisco Franco ni a la Fundación División Azul, como hacía el Gobierno anterior, ambas muy lejos de cualquier contenido democrático. En este camino de recuperación de la memoria histórica que empezamos a andar se encuentra también la iniciativa presentada por el Grupo de Izquierda Verde, por el Grupo de Esquerra Republicana y por el Grupo Mixto de creación de un libro blanco en el seno de una comisión no permanente para la recuperación de la memoria histórica. En esta línea de trabajo y propuestas, Izquierda Verde apoya, por supuesto, esta iniciativa y además aporta las dos enmiendas de adición cuyo contenido pretende destacar el reconocimiento a un colectivo olvidado y sin ningún derecho hasta la fecha; es decir, las decenas de miles de presos que durante la dictadura franquista fueron explotados laboralmente, sometidos a trabajos forzados, cuyo más triste símbolo es el famoso Valle de los Caídos, aunque por desgracia hay cientos de valles de los caídos a lo largo de toda España. En definitiva, compartimos la idea de que ha llegado el momento del cambio y de la cohesión política, pero cohesión desde la pluralidad y con respeto a nuestra memoria, como se hace en toda Europa.
Para finalizar, no quiero abandonar la tribuna sin decir que, por supuesto, no pretendemos abrir viejas heridas sino cerrarlas, es decir, hacer la casa más habitable. Recordemos que un pueblo que no conoce su pasado puede repetir los mismos errores en el futuro. Recuperemos nuestra memoria y reconozcamos a los luchadores y defensores de la democracia su papel fundamental.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Atencia .
El señor ATENCIA ROBLEDO : Con la venia, señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado enmiendas con el mismo tenor a cada una de las tres iniciativas que de forma agrupada se debaten esta tarde en esta sesión plenaria. El Grupo Parlamentario Popular afronta el debate que hoy nos ocupa con el mismo espíritu con que los españoles y las fuerzas democráticas afrontaron en su momento el pacto constitucional y el conjunto de decisiones que desde la recuperación de las libertades democráticas se han tomado por los distintos gobiernos y por distintas mayorías parlamentarias en nuestro país; y con el mismo espíritu de las dos pasadas legislaturas de mayoría del Partido Popular afrontamos los debates que sobre las víctimas de la guerra civil y del franquismo se han celebrado en esta Cámara: con espíritu constructivo, responsable y coherente y con voluntad de consenso y con voluntad de concordia; con el mismo consenso que impregnó la Constitución y las decisiones que en esta materia se han tomado entre todos en las Cortes Generales de nuestra democracia, y con la voluntad de consenso y de concordia que animó a los constituyentes y que todos reiteramos en aquella sesión, calificada por muchos de histórica, de la Comisión Constitucional de esta Cámara el 20 de noviembre de 2002. Señorías, como ustedes saben el pacto constitucional representó reconocer e igualar derechos, restañar situaciones injustas, compensar daños, cerrar heridas y mirar hacia adelante para seguir juntos todos los españoles en libertad y en democracia nuestro camino como pueblo.
Supongo que todos estaremos de acuerdo en que la sociedad española mira al futuro, y lo hace gracias al gran cambio que se ha producido en nuestro país en los últimos 25 años, lo cual ha sido posible, sin duda, gracias a la Constitución de 1978, la Constitución de la concordia, y gracias a la democracia española que han permitido el libre juego político, la alternancia, la estabilidad democrática y el progreso de los españoles. Señorías, hace 25 años decidimos integrar en nuestra Constitución y en nuestra democracia a todos los españoles que habían sido víctimas de la guerra civil, del exilio o de la represión del régimen franquista. Así, las disposiciones legales y normativas que tras la recuperación de las libertades se dictaron en la que yo calificaría -y creo que estaríamos todos de acuerdo ejemplar transición democrática, con distintos gobiernos y mayorías, bien de la Unión del Centro Democrático o del Partido Socialista, estaban animadas por estos espíritus de concordia y de reconciliación y tenían por objetivo, por finalidad, paliar las consecuencias de la guerra civil y de las situaciones discriminatorias e injustas producidas con posterioridad a la misma, integrando en nuestra Constitución y en nuestra democracia a todos. Se empezó, como ustedes recordarán, por la amnistía de octubre de 1977, donde se puso de manifiesto la voluntad de entendimiento basada en el perdón y en el olvido. Es muy ilustrativo, señorías, la lectura de los debates parlamentarios de esta ley que yo he hecho recientemente y animo a quienes no lo hayan hecho a que lo hagan. Desde esta Ley de Amnistía, que es la piedra angular de toda la legislación que se fue aprobando en los años posteriores, hasta la disposición adicional decimoctava de la Ley de Presupuestos de 1990 se dictaron un conjunto variado de disposiciones que posteriormente fueron interpretadas, completadas y ampliadas por los tribunales de justicia en distintas resoluciones e incluso por el Tribunal Constitucional. Por otra parte, las Cortes Generales, en especial en las dos últimas legislaturas con mayoría -insisto- del Partido Popular, han realizado numerosos pronunciamientos públicos de reconocimiento y de rehabilitación política y, entre ellos, el último fue el que se produjo en esa sesión del 20 de noviembre de 2002 de la Comisión Constitucional de esta Cámara.
En la pasada legislatura algunos grupos parlamentarios plantearon diversas iniciativas, un número importante de iniciativas que estaban pendientes de debatir y que tenían que ver con momentos y circunstancias tan dolorosas de nuestra historia como la guerra civil y sus secuelas. Y por consenso, recordando, recuperando y revitalizando el espíritu que animó a nuestros constituyentes, alcanzamos un gran acuerdo político que representó un cierre político a todas estas cuestiones, como quedó constancia por lo que manifestamos en aquella sesión los portavoces de los principales grupos parlamentarios y como quedó constancia por parte de uno de sus impulsores, con otros relevantes miembros de mi grupo parlamentario, que no fue un mero testigo sino garante de ese acuerdo y que es don Alfonso Guerra, diputado constituyente y presidente de la Comisión Constitucional. Como garante de ese acuerdo estála palabra, en la que creemos, del señor Guerra. Creemos en el valor de la palabra dada, señor Guerra, no permita que nadie la dilapide porque forma parte de su propio patrimonio, que nosotros respetamos profundamente. Con aquella resolución histórica de esta Cámara, a la que contribuyeron muchos de sus ilustres miembros, además de hacer condena expresa de la violencia para imponer ideas y de reiterar la conveniencia de mantener el espíritu de reconciliación y de concordia que presidió la elaboración de la Constitución y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia, se reafirmó el reconocimiento moral de cuantos hombres y mujeres fueron víctimas de la guerra civil y de cuantos sufrieron la represión franquista y el exilio. Además, señorías, en el punto tercero de esa resolución expresamente se hace una re afirmación de todas las víctimas de la guerra civil, de la represión franquista, y también, señor Erkoreka, en esa resolución se pide expresamente la implicación de las instituciones, pero evitando en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil. Por tanto estamos absolutamente de acuerdo. Pero estos reconocimientos se hicieron, como saben SS. SS., desde la integración, desde el consenso, desde la normalidad de una democracia consolidada en España y de nuestros 25 años de Constitución. N o era un reconocimiento desde la confrontación sino desde la integración, y así lo convinimos y así lo quiere la sociedad española que mira al futuro y no quiere volver a repetir ninguno de los errores del pasado. Aquella resolución fue un punto de encuentro de todas las fuerzas políticas de esta Cámara de aquel día y para siempre. Acordamos sacar del debate político la guerra civil y sus secuelas, con el espíritu, insisto, de consenso, de reconciliación y de concordia con que se abordóla elaboración de la Constitución. Creo sinceramente, señorías, que todos hicimos un buen servicio a la sociedad española con nuestra decisión, con nuestro acuerdo y con nuestra resolución, que significaba poner fin al debate político sobre estas cuestiones, cerrarlo y culminarlo, como manifestaron junto a este diputado los portavoces de los grupos de la Cámara y de forma especial los señores López Garrido y López de Lerma, éste último hoy no nos acompaña. Se produjo un cierre político y este grupo lo mantiene. Pero, señorías, al margen del cierre político que se produjo aquel día, hay cuestiones de aquella resolución que están resueltas, pero otras requerirán completar su desarrollo o requerirán alguna decisión o estudio o impulso por parte del Gobierno. Por ello, nuestro grupo parlamentario ha presentado enmiendas a estas iniciativas en ese sentido. En primer lugar, para reafirmar el espíritu y la letra, en su integridad, de aquella resolución de 20 de noviembre de 2002 y el pleno reconocimiento moral a todos los hombres y mujeres víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. Además, ratificando dicha resolución se hacen dos mandatos al Gobierno: Uno, que en el plazo de seis meses adopte cuantas medidas sean necesarias para completar ese desarrollo y culminación de los mandatos que estaban en aquella resolución; y otro, que en el plazo de seis meses revise con carácter general los derechos reconocidos en la legislación vigente y los casos pendientes de reparación moral para tomar las medidas, en ese periodo, que estime oportunas. Entendemos que es un mandato amplio en el que cabe todo tipo de decisiones, que está apoyado en la propia decisión del 20 de noviembre del 2002. Por último, añadimos otro conjunto de iniciativas que se refieren a facilitar lo que ya la ley permite, autoriza y garantiza, que es el acceso a todo tipo de archivos, documentos, etcétera; pero si hubiese algún obstáculo que remover se hace un mandato expreso al Gobierno, tanto en lo que se refiere a archivos públicos como el acceso a archivos de fundaciones privadas con las que hay convenios de la Administración General del Estado. Esta iniciativa es plenamente coherente con lo que acordamos, es coherente con el cierre político que acordamos en el año 2002 y además está a la altura de las necesidades y circunstancias de la sociedad española.
Señorías, intervengo en un momento del debate defendiendo una enmienda y no he tenido la oportunidad de fijar mi posición sobre la enmienda que aún no ha sido presentada por parte del Grupo Socialista y que ya han anunciado algunos grupos que van a aceptar. No han dicho las razones por las que rechazan la nuestra y quisiera hacer algún comentario.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muy brevemente, por favor, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con toda brevedad, señora presidenta, pero hay tres iniciativas acumuladas y tengo que fijar posición sobre una enmienda que aún no se ha defendido. Encuentro cierta indefensión pero trato de salvarla. Parece que se va a someter a votación una iniciativa del Grupo Socialista y mi grupo parlamentario insiste en la voluntad de que esta cuestión se trate con consenso, con acuerdo y con transacción. Parar alcanzar acuerdo, consenso y transacción es preciso casar las iniciativas de cada uno. En cualquier caso, quisiera hacer algunos comentarios sobre la iniciativa del Grupo Socialista en la que podemos coincidir. Muchas de las cosas que plantea el Grupo Socialista son obvias porque están implícitas en la resolución del año 2002. La referencia puntual a un aspecto concreto de esa resolución no está mal, pero creo que la misma, con su exposición de motivos y con cada uno de sus puntos, forma parte de un instrumento fundamental para aplicar en lo que nos movemos, y pienso que no hay que hacer nuevas interpretaciones sobre algo que está suficientemente resuelto en un documento consensuado. Señorías, al Grupo Popular no le parece que tal y como se dice en el punto segundo de la iniciativa del Grupo Socialista haya víctimas de la represión de la transición política. N o sé si es un error de redacción que se introduce en el propio texto de la iniciativa, como se da a entender en ese apartado. Señorías, la dictadura termina cuando termina y el camino a la democracia empieza cuando empieza. N o reabramos debates cerrados y bien cerrados. No sabemos qué se quiere poner en cuestión. Si es un error de redacción subsánese; si se quiere plantear otra cosa que se diga abiertamente, pero eso no tiene nada que ver con lo que hemos debatido hasta ahora. La verdad es que la resolución del Grupo Socialista podía hacer referencia directamente a la aprobada en la Comisión Constitucional, que faculta perfectamente al Gobierno para adoptar las medidas de desarrollo de aquella resolución política. Y no hace falta ni tan siquiera instar al Gobierno a elaborar talo cual ley, tiene facultad para hacerla y si el Grupo Socialista lo propone no tenemos nada en contra. No somos partidarios, en ningún caso, de interpretar nuevamente lo que está acordado y bien acordado con amplio consenso, por unanimidad, en el año 2002, y se hizo de forma solemne y de forma, insisto, unánime. En nuestra enmienda damos un mandato al Gobierno para que desarrolle o complemente lo que está realizado. El Grupo Socialista encorseta más. En cualquier caso, no entendemos que sea necesario que venga nada a esta Cámara cuando el propio Gobierno podría hacerla y hay un Gobierno legítimamente establecido que debe actuar en función de esos parámetros. Esperamos la respuesta del Grupo Socialista, y con esto termino, señora presidenta, agradeciendo su benevolencia. En el Grupo Popular queremos una resolución por consenso, resolución que reitere solemnemente desde el Pleno de este Congreso de los Diputados lo que aprobamos hace casi dos años en la Comisión Constitucional y que representaba una culminación, un cierre con credibilidad del debate parlamentario sobre cuestiones tristes de nuestra historia común, sacando del debate político la guerra civil y todas sus secuelas. Y queremos cerrar y culminar el debate de nuevo, como manifesté en aquella ocasión, en noviembre de 2002, en beneficio de todos, en beneficio de las víctimas, en beneficio de las futuras generaciones y todo ello desde el espíritu de integración de nuestra Constitución y de nuestra democracia.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Atencia. Finalmente, para la defensa de la última enmienda presentada, tiene la palabra el señor Jáuregui por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor JÁUREGUI ATONDO : Señora presidenta, señorías, abordamos nuevamente un debate esencial, diría yo, en la política española, que es el debate de nuestra guerra civil, la represión del régimen franquista, las compensaciones a las víctimas de la guerra y de la transición.
Quiero empezar diciendo que nuestro grupo comparte el espíritu que late en las tres proposiciones no de ley que dan origen a este debate, un espíritu que quiere rescatar la historia silenciada, un espíritu reivindicativo de nuestra memoria histórica, porque somos conscientes de que no es posible construir el futuro sobre el olvido, porque ningún pueblo puede proyectar el futuro borrando artificiosa y yo diría que además inútilmente su pasado.
Nuestro grupo acepta, y cabe inclusive una referencia autocrítica a nuestros años anteriores, que en general el tratamiento que hemos ido dando en la política española -y el protagonismo que nuestro partido ha tenido ha sido mayor que el de otros- a estos trágicos hechos ha estado impregnado de una prudencia y de una discreción quizás excesiva. Conscientes de las particularísimas circunstancias en que hicimos la transición a la democracia, durante muchos años hemos corrido un tupido velo sobre el pasado. A pesar de que, como nos decía Alfonso Guerra -a quien yo sí vaya citar con autoridad- en una intervención el famoso 20 de noviembre que luego recordaremos, no había ningún pacto de silencio que comprometiera a los constituyentes, sin embargo ha habido una parte de historia silenciada; a pesar de que no había ningún compromiso en la transición democrática, es verdad que ha habido zonas opacas y oscuras de nuestro pasado.
Hemos sido generosos con la responsabilidad del pasado franquista, pero a veces lo hemos hecho ocultando o atenuando las enormes injusticias que produjo. Muchas veces hemos confundido, como decía Semprún, perdón con olvido, y sin embargo, junto a nosotros, en nuestras mismas casas, había muestras vivas de lo cruel y de lo brutal que fue la guerra y testimonios directos de los sufrimientos producidos por la represión posterior del régimen franquista.
Son muchas las voces que se elevan desde hace tiempo en el pensamiento y en la historia en España reclamando esa superación casi de amnesia colectiva de nuestro pasado, voces que exigen una mirada franca y autocrítica a nuestra historia, no sólo para reivindicar la verdad, no sólo para compensar a los que la sufrieron, sino para proyectada en positivo sobre nuestra realidad social y cultural enriqueciendo nuestro acervo y nuestros fundamentos de la convivencia democrática.
Yo creo que, como diría Gabriel Celaya, ya es hora de paseamos a cuerpo. Han pasado casi setenta años desde aquel desastre, casi treinta desde que murió Franco, y es hora de mirar al pasado de frente y de desnudado y obtener para el futuro todas las enseñanzas y todas las consecuencias que tenemos que extraer de él. Es hora de que nos paseemos a cuerpo y que miremos nuestra realidad sin excepciones, sin zonas opacas y oscuras, sin temores, sin amenazas, pero también, señorías, sin odios, sin pretensiones vengativas, sin actitudes sectarias, sin trasladar a esta Cámara, por ejemplo, o a nuestro presente viejas divisiones que la sociedad española de hoy no admitiría por maniqueas, también quizás por falsas.
Nuestro grupo reivindica así una recuperación consensuada de nuestra memoria histórica, como lo han hecho -y se ha citado aquí- otros países en circunstancia semejantes. Recordar Mainhausen y el genocidio nazi no abre heridas en el pueblo alemán, lo hace más sabio, lo hace más consciente de sus riesgos, lo hace más fuerte, lo hace más firme en sus convicciones democráticas. Pues de la misma manera, señorías, honrar y reconocer a quienes fueron fusilados o encarcelados después de la guerra del 36 no divide ya a los españoles; recordar que el Valle de los Caídos, como decía la representante de Izquierda Unida, lo hicieron republicanos condenados a trabajos forzosos no ofende a nadie, hace grande una verdad oculta; reclamar el derecho a la verdad, recordar el exilio no hacen ya sangrar la vieja herida española. Las heridas cicatrizan con el aire de la verdad, con el oxígeno del reconocimiento histórico y social, las heridas curan con la justicia y con la compensación, no con el olvido y con la ocultación. Recordar todo esto vertebra en torno a esos hechos una memoria que hace a los españoles de hoy más tolerantes y más civilizados que los de ayer. Es esa recuperación consensuada de la memoria lo que inspira la propuesta socialista que -como se ha dicho- pretende equilibrar las proposiciones no de ley y que inicia precisamente en el frontispicio de su planteamiento la reivindicación de un gran acuerdo, de un consenso unánime -muy importante, es verdadalcanzado en la Comisión Constitucional el 20 de noviembre por todos los grupos políticos de la Cámara y que hoy no puede ser sino ratificado y solemnizado en esta Cámara. Esa es la intención del Grupo Socialista, porque queremos un acuerdo unánime del Pleno esta tarde y se inicia precisamente reafirmando aquel acuerdo y solenmnizándolo en la Cámara que simboliza -si ustedes quieren- el espíritu de concordia de nuestra Constitución y el espíritu de reconocimiento, de tolerancia, de aceptación del diferente, de reconocimiento de la otredad, que mejor que yo expresaron aquellos versos de Machado cuando decía aquello de: El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Esa expresión de la alteridad, del otro, ese reconocimiento de que frente a nosotros hay otro que piensa diferente, tan importante en la historia de España, preside también en nuestra proposición no de ley el comienzo de una resolución que queremos unánime y que incorpora además tres grandes ideas, porque hay que actualizar aquel acuerdo, señor Atencia, y hay que dar respuesta a nuevas demandas que están ahí, que se expresan con presencias que yo saludo aquí hoy de tantos y tantos viejos republicanos y de tantas organizaciones que quieren conocer la verdad, que quieren reclamar el honor que se les negó tanto tiempo. Esa aceptación reclama aceptar tres grandes ideas que, lo quiero señalar, configuran nuestra alternativa.
En primer lugar, un compromiso para que el Gobierno sistematice, aclare todas las disposiciones legales que reconocen derechos de las víctimas y que han ido configurando un régimen de compensación a los perjudicados, a las víctimas de la guerra y de la dictadura franquista. Queremos que el Gobierno determine qué es lo que falta o qué es lo que hay que mejorar. Pero, por favor, señorías, no crean ustedes que de pronto nos colocamos ex nava para atender a las víctimas del franquismo. Es una idea falsa. Desde el año 1978, comenzando por la Ley de Amnistía, hasta el año 1993 -repito, hasta el año 1993, por algo lo digo- los gobiernos de España han ido estableciendo diferentes leyes y decretos e implementaciones presupuestarias para compensar y establecer, por ejemplo, el reconocimiento de la graduación militar de los republicanos, pensiones y asistencia social y sanitaria a viudas y huérfanos de la Guerra Civil, pensiones a ex combatientes de la República, pensiones a mutilados civiles de la guerra, indemnización a quienes sufrieron tres años de cárcel o más, pensiones a emigrantes y exiliados, e inclusive más normas de las comunidades autónomas. Esto no se hace hoy, esto lo llevamos haciendo mucho tiempo, señorías. Sólo hay que ordenado, hay que ver qué falta y qué más podemos hacer y cómo mejoramos esas prestaciones. Ese compromiso lo asume el Grupo Socialista y mandata al Gobierno para que elabore un informe que desbroce esta fronda normativa y lo comunique a la Cámara, y en un debate posterior, al que yo les emplazo a todos ustedes, elevemos a Pleno propuestas de mejora, propuestas que se añadan al conjunto de prestaciones que hemos venido haciendo en esta materia.
Segundo, en esta cuestión el Partido Socialista propone de una manera formal y solemne reconocer lo que no se hizo en la legislatura anterior, que es la necesidad de elaborar una ley que compense a aquellas personas que, en el ejercicio de derechos y libertades públicas prohibidas por el franquismo y luego reconocidas por la Constitución, sufrieron daño personal o muerte, para que haya una compensación, un reconocimiento y un honor que merecen. Es un clamor unánime en la opinión pública española y lo era en esta Cámara, excepto para el Partido Popular, la necesidad de regular, puesto que la Ley de Víctimas del Terrorismo estableció una indemnización para las personas que sufrieron daño o muerte por el terrorismo, que por circunstancias semejantes también compensáramos a las víctimas de la dictadura en la transición que habían sufrido daño en el ejercicio de derechos que después nuestra Constitución reconoció. Son efectivamente, como se ha dicho, seis los muertos en Vitoria, dos en Ferrol, en Granada obreros de la construcción, estudiantes en Madrid, en Elda, en Tarragona, muchos, no sé si centenares, pero seguramente casi centenares de víctimas mortales y desde luego miles de otro tipo de víctimas que han sufrido represión, y porque hay una deuda de justicia para con ellos, por su contribución a la lucha contra la libertad, reclaman una compensación de la democracia española, y la vamos a hacer. El Partido Socialista se compromete a que el Gobierno elabore una ley en ese sentido.
Por último, la enmienda del Partido Socialista propone, señorías, que facilitemos el acceso a los datos históricos. Hay miles de personas que están todavía reclamando documentos certificativos de su prisión; hay montones de personas que están reclamando expedientes que no obtienen de su historia, de sus juicios, de sus sentencias. Hay un derecho a la verdad que esas personas reclaman y que tenemos que materializar. Hay que rememorar y proyectar en positivo, como decíamos al principio, a la cultura social de nuestro país lo ocurrido en la guerra y en la represión franquista; hacer transversal esa enseñanza; enriquecer nuestro acervo cultural e histórico con esos hechos, porque nos hará precisamente más fuertes democráticamente frente a lo que sucedió en aquella horrible guerra.
Éste es, señoras y señores diputados, y con esto acabo, nuestro punto de equilibrio, yo diría un punto de equilibrio de justicia y de mesura, que sabe lo que es posible y lo que no. Permítanme que les diga, por ejemplo, la dificultad, por no decir la imposibilidad jurídica, de establecer una revisión de los actos jurídicos del pasado. Sencillamente, señorías, la Ley de Amnistía no permite que revisemos las sentencias del franquismo. Lo ha dicho el Tribunal Supremo reiteradas veces, lo acaba de decir el Constitucional. La amnistía justamente implica la imposibilidad de una reversión jurídica de todo el conjunto de actos jurídicos y resoluciones judiciales que se pudieron adoptar durante la dictadura. Esa es la esencia de aquel acuerdo de concordia y de transición, de perdón pero no de olvido. Cuidado, señor Atencia, ahí nos equivocamos, y déjeme que le diga por eso que la palabra del señor Guerra en estas cosas está en esta propuesta de resolución, no en el uso que usted ha hecho de su figura en su intervención que, en mi opinión, ha sido un uso indebido de su persona.
Termino, señorías, pidiéndoles un esfuerzo de consenso para que hoy la propuesta de enmienda que presentamos reciba el apoyo unánime de la Cámara. Les quiero decir, señores del PP, que esta es una propuesta que se ha hecho con la intención de que ustedes la suscriban. Es verdad que yo la he negociado, lógicamente, con los grupos proponentes y también con usted, señor Atencia, y tengo que decides que no sería entendible que en el desarrollo de una resolución unánime como la que adoptamos el 20 de noviembre hoy no brille también la unanimidad. Nadie puede entender que el Partido Popular quede fuera de esta reivindicación, tiene que estar junto a nosotros, la Cámara tiene que estar unida. El texto que hemos presentado es la consecuencia lógica de esa propuesta que he dicho antes y es la que equilibra justicia con la mejora del tratamiento de las víctimas, con la rememoración y la reivindicación de ese pasado en libertad, con esa mirada libre y fresca que reivindicamos a nuestra guerra y a la represión franquista y también con el deseo de mantener el consenso, pero de hacer justicia con los que todavía en algunos aspectos no se ha hecho.
Yo les pido a todos, señoras y señores, un esfuerzo de voluntad política por conseguir este consenso, porque sinceramente esta es una cuestión que responde al espíritu de concordia de nuestra Constitución. Adenauer, aquel viejo político alemán, solía decir que todos vivimos bajo el mismo cielo aunque todos tenemos horizontes diferentes. Es verdad, son legítimas las posiciones políticas de matiz, pero el cielo protector, el consenso básico de esta reivindicación es de todos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Pique ras): Muchas gracias, señor Jáuregui. Para finalizar, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rodríguez .
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ : Señorías, poco se puede añadir a este debate, un debate que ha sido explícito y constructivo. Tan sólo vaya hacer una referencia al valor que tiene para los ciudadanos comunes, no solamente para las víctimas y para sus familias, la recuperación de la historia, de esa parte negra de nuestro país. No sólo es un derecho de las víctimas y de sus familias, sino también de las nuevas generaciones conocer con precisión esa etapa de nuestra historia y por ello creo que es perfectamente compatible con el espíritu que ha conformado el Estado democrático actual esta enmienda transaccional, la cual recoge en esencia las reclamaciones de los sectores afectados y reconcilia a la sociedad española consigo misma. También quiero manifestar que sería una mala tarde, a pesar de los argumentos que se han expuesto, si no saliéramos de aquí con una propuesta aprobada por unanimidad. Sinceramente, las diferencias que existen en estos momentos son de matiz, por lo que hago un llamamiento al Grupo Popular para que se sume a esta enmienda transaccional que recoge lo esencial de la posición que él mismo manifestó en esa Comisión Constitucional del año 2002 y que lo que hace es complementarla, mejorarla y, en definitiva, completarla. Sería un éxito para la democracia española, para la memoria histórica de nuestro país que esta proposición no de ley se aprobase hoy por unanimidad en esta Cámara, puesto que ello contribuiría a consolidar la unidad y el respeto a la diversidad de opiniones que esta tarde se han dado aquí. Así pues, anuncio que mi grupo va a votar a favor de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez. Finalmente, también para fijar posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Xuclà .
El señor XUCLÀ I COSTA : Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) para fijar posición ante estas tres iniciativas, ante las enmiendas presentadas y ante una incipiente posibilidad de consenso en tomo a las mismas. Han pasado muchos años, muchos lustras, muchos decenios desde la guerra civil española y han pasado también muchos años, muchos lustras y muchos decenios desde los episodios de represión de los 40 años de la dictadura franquista, incluso han pasado decenios desde los acontecimientos represivos y sanguinarios que salpicaron a una transición que no fue tan pacífica e incruenta como a veces nos hemos repetido todos. Durante 25 años de democracia todos nos hemos repetido una verdad pactada más que una verdad exacta, una verdad consecuencia de una amnesia selectiva, una verdad que no es completa, una verdad con silencios. De hecho, esta fue una de las decisiones tácitas de la transición, pero hoy, tras el cuarto de siglo que ha transcurrido desde entonces, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) cree que ya es hora de, con exactitud y asepsia, sin ánimo de resentimiento ni afán de venganza, incluso con motivación pedagógica, calibrar los hechos de la guerra civil, de la represión franquista y de los gobiernos preconstitucionales de la transición. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) ha sido protagonista en la anterior y en la actual legislatura de varias iniciativas en el mismo sentido de las que esta tarde son objeto de discusión. Todas ellas no son suficientes para cerrar la historia y la búsqueda de la verdad. En este sentido permítanme hacer una breve referencia al amplio nivel de consenso con el que se trataron estos temas en la anterior legislatura, así como expresar una cierta sorpresa sobre algunas iniciativas. No me refiero a estas tres proposiciones no de ley, sino a algunas iniciativas de carácter político anunciadas la semana pasada sin el mismo nivel de consenso.
Anuncio el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) a la enmienda transaccional del Grupo Socialista y, si es posible, con la incorporación de las aportaciones del Partido Popular. Nuestro voto será favorable a lo que la diputada Lasagabaster denominaba aportaciones paso a paso y en este tema siempre hay nuevas aportaciones que hacer. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) quiere poner sobre la mesa del debate de esta tarde tres temas más que serán objeto de iniciativa en el futuro. La enmienda del Grupo Socialista a la proposición no de ley hace referencia a la necesidad de elaborar un informe sobre los derechos de los represaliados. Señorías, no estamos ante una cuestión de forma, también estamos ante una cuestión de fondo. Proponemos hoy y propondremos en el futuro un informe no sobre los derechos de los represaliados, sino sobre los hechos acaecidos durante y después de la guerra civil en relación con las víctimas y los desaparecidos en dicho período. Alguien podrá preguntar si estoy planteando una comisión de la verdad. Pues, en cierta medida, sí; estoy planteando la necesidad de que historiadores, juristas, personas independientes, con capacidad y calidad, aporten nueva verdad a los largos silencios de estos últimos 25 años, sin revanchismos, con asepsia, sin tener que incomodar absolutamente a nadie. Es más, sólo se puede interpretar como algún tipo de prejuicio que a alguien, después de 25 años de democracia, le pudiera incomodar esta búsqueda de la verdad. De hecho, de forma fragmentada, esta búsqueda de la verdad, esta revisión, este ajuste, este calibrar la verdad sobre los acontecimientos de hace 70 años o 30 años se está produciendo; se está produciendo en el mundo de la universidad y se está produciendo con muchas iniciativas de carácter local. Estamos ante un proceso que yo diría imparable y ante el que tendríamos que coadyuvar desde el Congreso de los Diputados con un planteamiento de revisión y ajuste del conjunto de la historia de España. Josep Benet, historiador, en el prólogo de su último libro Domenec La torre, assesinat per catalanista, que fue candidato del PSUC, el referente del Partido Comunista en Cataluña en las elecciones autonómicas del año 1980, pero que también es un católico practicante, nos invita en este prólogo a revisarlo todo. Por utilizar una expresión nueva en el ámbito de la historiografía, nos invita a revisitarlo todo; a revisitar las 35.000 personas que unos dicen que están en fosas comunes o las 100.000 personas que dicen otros; revisitarlo todo en nombre de la verdad y de la luz.
La segunda iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) pretende afrontar las sentencias durante y después de la guerra civil mediante procedimientos de anulación, tanto de oficio como a instancia de parte, de todas las sentencias o resoluciones dictadas durante y después de la guerra civil en juicios sumarios por juzgados, tribunales u otros órganos, fundadas en motivos políticos, sociales o ideológicos, con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. (Rumores.)
Por favor señorías, un poco de respeto por la persona que está interviniendo en último lugar por cuanto ustedes han sido respetados en el turno de cada uno de sus grupos parlamentarios. Estamos a punto de acabar y un poco de respeto me parece lo mínimo.
Soy conocedor de las sentencias del Tribunal Supremo y de la sentencia del Tribunal Constitucional a la que hacía referencia el señor Jáuregui, que consolida una doctrina de lo jurídicamente firme, de las sentencias firmes. Como se dice en estos casos, respetamos las sentencias, pero no las compartimos; no las podemos compartir desde un punto de vista jurídico. En los fundamentos de derecho apreciamos más buena intención política, más la intención de zanjar un aspecto político que argumentos jurídicos concluyentes. Estas sentencias nos dicen que estamos ante cosa juzgada. Yo creo que el Tribunal Constitucional nos invita a pasar página, pero ¿se pueden dar por buenas las sentencias de juicios sumarísimos sin garantías y por motivos políticos? ¿Se puede dar por pacífica, buena y ajustada a derecho la sentencia de muerte del presidente de Cataluña Lluís Companys? Para hacer un paralelismo y para invitar a la reflexión a SS.SS., ¿se podría dar por buena una sentencia que condena a muerte al presidente democráticamente elegido de la República española, condenado y sentenciado con la colaboración de los nazis? ¿Se puede dar por bueno esto sin una revisión, sin afrontar jurídica y también políticamente este tema? Muchos ayuntamientos catalanes, las cuatro diputaciones, están insistiendo en esa línea y también será objeto de trabajo por parte del Grupo Parlamentario Catalán.
Finalmente, la tercera y última aportación a este debate y a esta línea de trabajo para el futuro es la exención definitiva del IRPF de las ayudas a los ex presos políticos del franquismo que conceden gobiernos autonómicos y concretamente el Gobierno de la Generalitat. En estos momentos están exentas del IRPF las ayudas concedidas por el Gobierno central, pero no lo están las concedidas por los ejecutivos autonómicos. Es evidente que estamos ante una falta de sensibilidad hacia las víctimas de la represión del franquismo. Hemos presentado una proposición no de ley ante la Comisión de Economía y Hacienda y espero que la podamos debatir y acordar en las próximas semanas.
Termino, señora presidenta. Señorías, al ser el último portavoz que interviene, y ante la inminente votación, quiero apelar al consenso que se produjo el 20 de noviembre del año 2002. Quiero subrayar que hoy, mediante el texto transaccionado, incluso mediante las aportaciones del Grupo Popular, lo único que hacemos es elevar al Pleno una declaración de alto calado político. Quiero apelar, en nombre de todos los grupos parlamentarios que hemos anunciado nuestro voto afirmativo, a la sensibilidad, a la necesidad de que dentro de pocos minutos se apruebe por unanimidad una resolución sobre un tema tan importante y tan sensible. Señor Atencia, señorías del grupo del Partido Popular, es muy importante que dentro de pocos minutos, en un mensaje de futuro y de reconciliación, absolutamente todos los votos del tablero sean votos afirmativos.
La señora VICEPRESIDENTA ( Chacón Piqueras ): Muchas gracias, señor Xuclà.
Para el turno de aceptación o rechazo de enmiendas entiendo que, de conformidad con lo expresado en el debate, los grupos proponentes, tanto el Grupo Vasco como el Grupo Parlamentario Mixto, han aceptado una única enmienda y, por tanto, que en los puntos 3, 4 y 5 vamos a votar únicamente la enmienda presentada por Grupo Parlamentario Socialista, en este caso enmienda de sustitución. Por tanto, este será el único texto que votemos. ¿Es así? (Asentimiento.)
El señor ATENCIA ROBLEDO : Para una aclaración previa a la votación, y una cuestión de orden.
El señor Jáuregui me había planteado una cuestión, y simplemente quisiera decir que no creo que en el acuerdo del año 2002 se pretendiese hacer una equiparación, ni un proceso revisorio de la transición política a la democracia. Precisamente por eso, señora presidenta, es la única razón por la que he hecho referencia a la posición de garante del señor Guerra.
En segundo lugar, señoras presidenta, el Grupo Parlamentario Popular, salvo que oyéramos algo por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que no es autor de una enmienda transaccional sino de una simple enmienda -aquí no ha habido transacción sobre enmienda- salvo que tengan algo que decir, quisiera guardarme para un momento posterior la posibilidad de plantear una cuestión de orden en cuanto al sistema de votación, pero no sé si el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la palabra.
El señor JÁUREGUI ATONDO : Señora presidenta, no sé si entiendo bien al señor Atencia, pero interpreto que la referencia a una frase que hay en el punto 2 de nuestra enmienda, que a él le parece que no concuerda, creo haber entendido que esta era su aportación con el espíritu y con el contenido de la resolución adoptada el 20 de noviembre, y es la que se refiere a los hechos que también se produjeron durante la transición a la democracia. Es esta la frase que a él le parece que no procede incluir en este apartado 2, y quiero decirle simplemente que la única interpretación posible de esa frase es la que viene a continuación en el apartado 3, porque en el apartado 3 de la propuesta que presentamos como enmienda se establece cuál es la intención de la compensación a lo que llamamos lo que se hubiera podido producir durante la transición a la democracia, que es el período circunscrito desde el l. o de enero de 1968 hasta la fecha de la amnistía en 1977, con objeto de regular un proyecto de ley compensatorio de esas personas que hubieran sufrido daños personales por defender derechos que luego fueron reconocidos. Esta es la idea. Querría pedirle al señor Atencia que interpretara la clarificación que le hago en torno a esta frase que es limitativa de ese con tenido, y una vez clarificado en estos términos, que pudiéramos votar todos el conjunto de la enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras):Muchas gracias, señor Jáuregui. (El señor Atenda Robledo pide la palabra.)
Señor Atencia, hemos abierto este turno para ver si somos capaces de votar finalmente todos de forma conjunta este texto. Estamos simplemente en el rechazo o aceptación de enmiendas. Si es esa la voluntad de su intervención, le daría otro mínimo turno, pero como usted sabe estamos ya fuera.
El señor ATENCIA ROBLEDO : Gracias, señora presidenta, por su benevolencia, pero se trata de ver si podemos aclarar la votación en el debate, que creo es importante.
Señor Jáuregui, lo mejor sería retirar de ahí ese apartado, porque esto no está en relación con el apartado 3. Se habla expresamente de la represión en la transición a la democracia, y ahí es donde está el fallo. Se habla de represión en el franquismo y se equipara esa situación, creo que por una mala redacción, con el mayor respeto. Por tanto, si S.S. lo retira, estaríamos todos de acuerdo. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Atencia, creo que están claras las posiciones. Me pide uno de los proponentes la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL : Gracias, señora presidenta.
No sé si he entendido mal el desarrollo parlamentario en la tramitación de este tipo de iniciativas, pero a mi entender corresponde a los autores de la iniciativa determinar si aceptan o no la enmienda. Me parece estupendamente ilustrativo cuál es el contenido del debate y no tengo ningún inconveniente en que cada uno de los grupos parlamentarios sigan explicando qué entienden por la enmienda. En todo caso me atrevo a decir que los distintos grupos parlamentarios que han presentado esas iniciativas son los que tienen que decidir si aceptan o no en su literalidad el contenido de la enmienda que se nos ha presentado. Más allá de ello, con todo respeto, abrimos todos los debates que ustedes quieran, pero algo tendremos que decir.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora Lasagabaster, lleva usted toda la razón. He cedido el turno pensando que íbamos a acabar en un texto conjunto, y me ha parecido que todos ustedes estarían de acuerdo en ese siguiente turno que daba. Por supuesto son ustedes, los grupos que han hecho la propuesta, los únicos que tienen que aceptar o rechazar enmiendas. (La señora Uría Etxebarría pide la palabra.)
La señora URÍA ETXEBARRÍA : Señora presidenta, la lealtad a los términos del debate existe como valor parlamentario. Creo que de la intervención del representante de mi grupo, el señor Erkoreka, ha quedado claro que nuestra iniciativa la considerábamos negociada con el Grupo Socialista, y me permitirá el señor Atencia le diga que las transacciones no siempre se hacen en el mismo momento de la intervención en el Pleno, sino que algunas llevan días, y este ha sido el caso. Ha habido una negociación de días y mi formación política acepta la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, que ha sido efectivamente negociada entre las dos formaciones políticas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, me parece que están claras las cosas. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra.)
El señor JÁUREGUI ATONDO : Señora presidenta, sólo quiero confirmar que la enmienda que hemos presentado lo es a las tres proposiciones no de ley, pero quiero decir bien claro que responde sustancialmente al conjunto de las peticiones que había expresado la proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco y en tanto talla he negociado efectivamente con el resto de las proposiciones y tampoco soy dueño ahora como para modificar su contenido. Señor Atencia, le repito: la delimitación del contenido de esa expresión que preocupa a su grupo y que no quiero que le preocupe, es la que procede en el número 3 de la proposición no de ley, con lo cual no debiera haber ningún tipo de disonancia ni de preocupación política por su parte.
Creo que las cosas están claras. Los dos grupos proponentes han aceptado una única enmienda, que ha sido la del Grupo Parlamentario Socialista, y por tanto si les parece procederemos conjuntamente a la votación de esa enmienda en los puntos 3, 4 Y 5. (El señor Atencia Robledo pide la palabra.)
El señor ATENCIA ROBLEDO : Señora presidenta, una cuestión de orden, para plantear que la votación se produzca de forma separada, por una parte los puntos 1,3 y 4 Y separadamente el 2. (Rumores.) Eso es lo que nuestro grupo solicita, de acuerdo con la costumbre parlamentaria y en aras al buen talante en esta Cámara. (Continúan los rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Atencia, si me permite le recordaré que cuando se acepta una enmienda, en este caso de sustitución, no se puede votar separadamente. Lo único que preguntaba es si querían ustedes que votáramos separadamente las tres proposiciones no de ley con la misma enmienda de sustitución. Si los grupos proponentes deciden que no es necesario, señorías, procederíamos inmediatamente a realizar dos votaciones, la del punto 2, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y seguidamente una enmienda de sustitución a los puntos 3, 4 Y 5, que respondían a las tres proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Mixto. Si están de acuerdo, señorías, procedemos a la votación.
El señor JÁUREGUI ATONDO : Señora presidenta, creo que existe una concepción absolutamente integrada del texto. El texto es un conjunto de proposiciones que forman un bloque.
Estamos, por tanto, señorías, en la fase de votación de las proposiciones no de ley. Votamos, en primer lugar, el punto 2 del orden del día, que corresponde a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre política económica.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 174; en contra, seis; abstenciones, 121.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Queda aprobada la proposición no de ley. (Aplausos.)

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