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Aarón Quintero Salazar
1 BOLETÍN OFICIAL DEL IV LEGISLATURA NÚM. 122 Fascículo I 2 de junio de 1999 PARLAMENTO DE CANARIAS Nota a la edición electrónica: Este BOPC tiene dos fascículos. Para ver el fascículo II pulse aquí S U M A R I O INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS IACG-3 Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias ejercicio Página 2 INFORME DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS IACG-3 Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias ejercicio (Registro de Entrada núm. 242, de 17/2/99.) PRESIDENCIA La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia: 7- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS: DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS De fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias ejercicio Acuerdo: En conformidad con lo previsto en el artículo 19.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Resolución de la Presidencia del Parlamento, de 28 de febrero de 1991, por la que se dictan normas de procedimiento en relación con los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento. De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de Cuentas. En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento. En la Sede del Parlamento, a 25 de febrero de EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.2 Núm. 122 Fascículo I / 2 2 de junio de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EJERCICIO 1995 ÍNDICE PRIMERA PARTE CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN GENERAL Justificación Objetivos Alcance. Metodología y trabajo realizado Limitaciones al alcance Marco jurídico-presupuestario... 7 CAPÍTULO II: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES... 7 A) En relación con la Comunidad Autónoma... 7 B) En relación con las empresas públicas SEGUNDA PARTE CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL CAPÍTULO I: CONTENIDO DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN Requisitos legales Documentación recibida Conclusiones CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN Y SISTEMA CONTABLE Organización administrativa Sistema contable CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Análisis presupuestario Análisis de los gastos y pasivos financieros Análisis realizado en la Consejería de Política Territorial en relación a las inversiones y transferencias de capital concedidas a GESPLAN, S.A Análisis realizado en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes Análisis realizado en la Consejería de Política Territorial Análisis sobre habilitaciones de pago Análisis realizado en la Dirección General de Patrimonio y Contratación Análisis general sobre inversiones CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Análisis presupuestario Análisis Dirección General de Tributos CAPÍTULO V: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CAPÍTULO VI: GASTOS PLURIANUALES CAPÍTULO VII: AVALES CAPÍTULO VIII: OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS CAPÍTULO IX: PATRIMONIO...57 CAPÍTULO X: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS CAPÍTULO XI: DEUDORES A 31 DE DICIEMBRE DE CAPÍTULO XII: CONVALIDACIONES Y DISCREPANCIAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO CAPÍTULO XIII: MUNICIPALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN CAPÍTULO XIV: ESTUDIO SOBRE LA PRESUPUESTACIÓN POR PROGRAMAS CAPÍTULO XV: ESCENARIOS DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA CAPÍTULO XVI: ANÁLISIS DE LOS INFORMES REALIZADOS POR LAS INTERVENCIONES DELEGADAS EN VIRTUD ART. 14, REGLAMENTO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA TERCERA PARTE CUENTA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Antecedentes Organización del SCS Sistema contable y presentación de las cuentas Servicios transferidos CAPÍTULO II: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPÍTULO III: PRESUPUESTO INICIAL DE 1995 Y SUS MODIFICACIONES CAPÍTULO IV: LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS...73 CAPÍTULO V: LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS...74 CAPÍTULO VI: EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS... 753 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 2 de junio de 1999 Núm. 122 Fascículo I / 3 CUARTA PARTE 2.- Conclusiones CUENTA DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Introducción QUINTA PARTE CUENTA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN...76 CAPÍTULO II.- SOCIEDADES MERCANTILES Y COMPOSICIÓN CAPITAL SOCIAL Sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma Composición del capital social a 31 de diciembre de Vinculación de las sociedades mercantiles con la Administración autonómica CAPÍTULO III.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL Constitución y objeto social de las sociedades mercantiles Tipos de actividad CAPÍTULO IV.- INFORMES DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Dictamen-opinión sobre los estados financieros de cada sociedad mercantil CAPÍTULO V.- ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS Análisis global del balance Análisis global de la cuenta de pérdidas y ganancias CAPÍTULO VI.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS Subvenciones y transferencias concedidas a as sociedades mercantiles Conclusión CAPÍTULO VII.- CONTINGENCIAS FISCALES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Contingencias fiscales Procedimientos judiciales y otras contingencias jurídicas con terceros CAPÍTULO VIII.- PLANTILLA Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Organigrama y plantilla Consejo de Administración CAPÍTULO IX.- ENTES PÚBLICOS Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias Consejo Económico y Social4 Núm. 122 Fascículo I / 4 2 de junio de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias PRIMERA PARTE CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN GENERAL Justificación. En virtud del artículo 1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, a este órgano le corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, del que forman parte, entre otros, la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos, empresas públicas y cuantas entidades estén participadas por los anteriores, según el artículo 2 de la misma ley. En cumplimiento del artículo 9 de la ley y del acuerdo del Pleno de la Audiencia de Cuentas de 8 de febrero de 1996, por el que se aprueba el Programa de Actuaciones del ejercicio, se ha procedido al examen y comprobación, por delegación del Parlamento, de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente al ejercicio Según establece el artículo 95 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el artículo 132 de la Ley General Presupuestaria, la Cuenta General debe incluir, entre otras: a) Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma. b) Cuenta de los organismos autónomos administrativos. c) Cuenta de los organismos autónomos industriales, comerciales, financieros y análogos. d) Cuenta de las empresas públicas. Dentro del plazo establecido por el artículo 96 de la Ley de la Hacienda Pública, conforme a la modificación efectuada por la disposición adicional cuarta de la Ley 4/89 para la presentación de la Cuenta General ante la Audiencia de Cuentas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma ha remitido la Cuenta de la Administración General (que tuvo entrada en este órgano el día 5 de junio de 1996), en la que se encuentra integrada la Cuenta del Servicio Canario de Salud, tal como preveía el artículo 29.1 de la Ley 14/1994, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para La Cuenta de las empresas públicas se recibió en febrero de No consta la fecha exacta de remisión por parte de la Intervención General, ya que no se acompañó escrito de remisión. El informe, que se presenta bajo el título de Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, 1995, se divide en seis partes: - 1ª parte: contiene la introducción general y las conclusiones y recomendaciones generales. - 2ª parte: Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma. - 3ª parte: Cuenta del Servicio Canario de Salud (SCS). - 4ª parte: Cuenta de los organismos autónomos administrativos siguientes: - Instituto Canario de Administración Pública (ICAP). - Instituto Canario de Estadística (ISTAC). - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM). - Instituto Canario de la Mujer (ICM). - Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). Así como la Cuenta del Organismo autónomo de carácter comercial: - Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH). - 5ª parte: Cuenta de las empresas públicas - 6ª parte: contiene los anexos y cuadros, así como las alegaciones presentadas por la Comunidad Autónoma Objetivos. Los objetivos de la actuación fiscalizadora que da origen al presente informe viene condicionada por el artículo 6 de la LAC, al establecer que, en el ejercicio de su fiscalización, la Audiencia de Cuentas de Canarias controlará el efectivo sometimiento de la actividad económico-financiera de los entes que integran el sector público canario a los principios de legalidad, de eficacia y de economía. La verificación de los principios de eficacia, eficiencia y economía está muy limitada, en especial los dos últimos, al no facilitar la Comunidad Autónoma los datos necesarios sobre el coste de los servicios públicos y la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos, tal como establece el artículo 86.1 de la Ley de la Hacienda Pública. Pese a ello, el objetivo básico de la fiscalización llevada a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma es el de obtener evidencia suficiente para emitir opinión sobre los siguientes aspectos: a) La adecuación de la información económico-financiera presentada a los principios contables que le son de aplicación. b) El sometimiento de la actividad económico-financiera a la legislación vigente. c) El grado de cumplimiento de los objetivos previstos en los programas presupuestarios. d) La racionalidad en la ejecución del gasto público conforme a los principios de eficiencia y economía. Asimismo, en cumplimiento del artículo 18 de la LAC, el informe recoge las medidas que se proponen para la mejora de la gestión económica y financiera, en el apartado de recomendaciones generales que se incluye en el Capítulo Alcance, metodología y trabajo realizado. El trabajo de fiscalización se ha llevado a cabo mediante la aplicación de los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público y de las técnicas y procedimientos habituales en auditoría y ha consistido, por tanto, en la revisión de los procedimientos admi-5 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 2 de junio de 1999 Núm. 122 Fascículo I / 5 nistrativos y de control interno, realización de pruebas en base a muestreo y examen de los documentos, registros y antecedentes que se han considerado necesarios en cada circunstancia de acuerdo con los objetivos de la fiscalización, con el Programa de Actuaciones y con los programas de trabajo establecidos previamente. Respecto a la Cuenta de la Administración General, se ha incidido especialmente en el estudio de los procedimientos y actuaciones que se llevan a cabo en materia de provisión de fondos a las habilitaciones de pago, así como de las transferencias corrientes e inversiones. Además, se han efectuado fiscalizaciones específicas en la Consejería de Política Territorial, sobre las actuaciones realizadas a través de GESPLAN, y en la Dirección General de Infraestructura Educativa, en la Dirección General de Patrimonio y Contratación y en diversas habilitaciones de pago, así como verificaciones puntuales en aquellos casos que se consideraron necesarios. Para el análisis de la eficacia, se incluye, también por primera vez, un análisis del presupuesto por programas, incidiendo en determinados programas presupuestarios, tal como se señala en el informe. Asimismo, se ha verificado la presupuestación, las modificaciones y el estado de ejecución a 31 de diciembre. Por lo que se refiere a las empresas públicas, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: a) El análisis y comprobación de las cuentas anuales de las empresas y de otra documentación complementaria solicitada a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, así como otra información solicitada del Registro Mercantil para constatar determinada documentación de las mismas, con el objeto de realizar una revisión formal de dicha documentación, realizada en la sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias. b) El análisis y comprobación de la Cuenta de las empresas públicas, en las que se incluyen las cuentas de la sociedades mercantiles, así como las correspondientes a la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales, que conjuntamente como el Consejo Económico y Social son objeto de este informe. c) Las verificaciones in situ llevadas a cabo en GESTUR TFE y NAVINTE sobre determinados aspectos, a los cuales se hace mención a lo largo del informe Limitaciones al alcance. Los objetivos y el alcance de la fiscalización se han visto limitados por cuanto el plazo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 4/89 para el examen y comprobación de la Cuenta General de la CAC, de tres meses a partir de la fecha en que se haya presentado, constituye una limitación importante en el alcance de la fiscalización y se considera insuficiente para la elaboración del informe con el contenido previsto en la planificación previa. En cuanto a las empresas públicas, las limitaciones al alcance han sido motivadas fundamentalmente por no haber podido contar con la documentación que aparece en el siguiente cuadro:6 Núm. 122 Fascículo I / 6 2 de junio de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias T IT S A P R OE XCA C.C.C. H E CANS A S AT U R N O S OF E S A IT E CAN GE P CAN C.C.B. C.C.B. TF-SUR MPMAS-GC GR AN T E CAN GAVIS A GR E CAS A ICID Balance de S ituación Cuenta de Pérdidas y Ganancias Memoria Informe de Ges tión Certificado del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales X X X X Depósito de las Cuentas Anuales e Informe de ges tión en el R egis - tro Mercantil X X X X X S ubvenciones con cargo a los presupues tos Generales de la CAC para 1995 a) Orden de Conces ión X Organigrama de la empres a Miembros del Cons ejo de Adminis tración Plantilla X Litigios X X X X Informe de Auditoría Independiente Declaración y liquidación del Impues to de S ociedades X Copia del acuerdo de la Junta General referente a la modificación del Capital S ocial X E s tatutos Vigentes X Convenios X X X X Informes es peciales de cumplimiento X (*) (*) R emitido alegaciones de la empres a y contes tación por la Intervención General, pero no el informe definitivo.7 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 2 de junio de 1999 Núm. 122 Fascículo I / Marco jurídico-presupuestario. La gestión económico-financiera, contable y presupuestaria de la CAC en el ejercicio 1995 estuvo sujeta a lo dispuesto en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en la Ley 14/1994, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 1995, así como en las diversas leyes, decretos, órdenes, circulares y normas de procedimiento específico que resulten aplicables. De éstas podemos destacar las siguientes: - Decreto 126/1986, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Interventora. - Decreto 40/1987, de 7 de abril, para la implantación de un nuevo sistema de información contable y reestructuración de la Función de la Ordenación de pagos. - Decreto 157/1993, de 14 de mayo, por el que se establece el régimen de gestión de las transferencias. - Orden de 17 de diciembre de 1987, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Presupuestaria del Gasto Público. - Orden de 25 de abril de 1988, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula la operativa y tramitación a seguir en la ejecución del Presupuestos de Gastos. - Orden de 17 de febrero de 1995, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con la gestión presupuestaria. - Orden de 25 de febrero de 1993, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de Ingresos y Pagos de la Comunidad Autónoma de Canarias. - Orden de 16 de mayo de 1994, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se determina la estructura de las cuentas a rendir por las empresas públicas y demás Entes que conforman el sector público de la CAC. La Ley General Presupuestaria y otras normas estatales se consideran supletorias en lo no previsto en las disposiciones de la CAC. Asimismo, es de aplicación a la actividad de la CAC la Ley 4/89, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias y, con carácter supletorio, la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Principales novedades de la Ley de Presupuestos para La Ley de Presupuestos para 1995 se ajusta, en esencia, al contenido de los ejercicios anteriores, con una importante novedad: la introducción de un nuevo título en el que se relacionan las normas reguladoras del régimen presupuestario y contable del Servicio Canario de Salud. Otra novedad estructural del texto se encuentra en la inclusión en el título de la Gestión Presupuestaria de las normas sobre el Presupuesto de las Universidades Canarias, así como de la ejecución de su plan de infraestructuras. Igualmente se insertan en este título las normas referidas a la gestión económica del Consejo Escolar de Canarias. Estas normas estaban antes como disposiciones adicionales. Se da nueva redacción a la ejecución de las previsiones de la Ley 16/1985, de 25 de febrero, en relación con las inversiones para el fomento del patrimonio cultural. Se incluye en una disposición adicional una nueva redacción del artículo 52 de la Ley 7/1984, en relación con las subvenciones. Respecto de las Operaciones Financieras destaca la introducción como operación de crédito, susceptible de ser avalada por la Comunidad Autónoma de Canarias, las que realicen las corporaciones locales para financiar proyectos de inversión de abastecimiento, saneamiento, alcantarillado y adquisición de suelo para construcción de viviendas de promoción pública y autoconstrucción. En materia de créditos ampliables, se reestructuran y sistematizan las redacciones de gran parte de los vigentes en ejercicios pasados y se da entrada a los específicos inherentes a las transferencias del INSALUD y a los destinados a cubrir los gastos de atención a pensionistas, de centros asistenciales dependientes de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Por último, por una disposición adicional se establece la supresión del organismo autónomo de carácter comercial, Organismo Canario de Juegos y Apuestas. CAPÍTULO II: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES Al ser éste el primer informe que incluye la parte correspondiente a la Cuenta de las empresas públicas, en cumplimiento del dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias del 29 de octubre de 1996 (BOP nº 125, del 12 de noviembre), las conclusiones y recomendaciones de este capítulo se presentan separadamente las referidas a la Comunidad Autónoma de las de las empresas. A) EN RELACIÓN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 1.- Opinión/Conclusiones. El análisis de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma se ha basado en las Normas de Auditoría generalmente aceptadas, que incluyen el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de la normativa legal, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. En base a ellos, la representación razonable de la actividad económico-financiera llevada a cabo en el ejercicio 1995 queda condicionada a las recomendaciones recogidas en los siguientes apartados: * Auditoría financiera: - No se presenta estado contable de la situación y variación del patrimonio. - Defectos en el área de gastos plurianuales. - Contabilizaciones en el capítulo de inversiones que corresponden a gastos de personal y a compras de bienes corrientes y servicios. - El apartado d) de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 3/1993, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de8 Núm. 122 Fascículo I / 8 2 de junio de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias Canarias para 1994, obliga a la Comunidad Autónoma a tener previstos los recursos presupuestarios precisos para hacer frente al abono de los intereses y amortización del capital, por lo que, de hecho, asume el pago de las deudas de las universidades, aunque ni formal ni jurídicamente se haya producido una subrogación en la posición del prestatario. Las consecuencias de esta situación en las que, por una parte avala formalmente las deudas y al mismo tiempo afronta el pago de las mismas, genera efectos contradictorios en relación a las respectivas relaciones jurídicas, la del deudor y la del avalista, que deberían subsanarse. - La estimación realizada al fijar el remanente de tesorería para dotar el presupuesto de ingresos en el ejercicio siguiente excede con mucho de su efectividad real, dando lugar a una clara sobrevaloración del propio remanente. - Se ha realizado una operación de crédito formalizada el 27 de diciembre, de la cual no se dispuso, con el único objetivo de incrementar los derechos reconocidos y así disminuir el déficit presupuestario. * Auditoría de legalidad: - Numerosos expedientes con defectos convalidados por Consejo de Gobierno. - Abuso de la contratación directa o del procedimiento negociado. - Excesivo uso de las subvenciones específicas sin promover la concurrencia. - Incumplimiento de los informes favorables condicionados realizados por la Intervención General (artículo 95 LGP). * Auditoría operativa: - Inexistencia de los medios idóneos para un seguimiento óptimo de los programas presupuestarios. 2.- Seguimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores. El Parlamento de Canarias, en relación con los informes de la Audiencia de Cuentas sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, ha aprobado las siguientes resoluciones: - Resolución de 24 de abril de 1993, en relación con los informes de la Audiencia de Cuentas sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondientes a los ejercicios 1990 y 1991 (BOC nº 61, de 17 de mayo de 1995). - Resolución de 29 de marzo de 1995, en relación con el informe de la Audiencia de Cuentas sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 1992 (BOC nº 61, de 17 de mayo de 1995). En la Resolución de 24 de abril de 1993 se insta al Gobierno de Canarias a poner en práctica las recomendaciones de fondo indicadas en el informe de la Audiencia de Cuentas. En la Resolución de 29 de marzo de 1995 se requiere al Gobierno de Canarias a poner en práctica aquellas recomendaciones generales realizadas por la Audiencia de Cuentas, sin contenido de actuaciones políticas o normativas, puestas de manifiesto en los informes, que aún no han sido cumplidas o sobre las cuales el Gobierno no ha presentado alegaciones que imposibiliten materialmente su cumplimiento. La Audiencia de Cuentas ha realizado un seguimiento de las recomendaciones más importantes realizadas en ejercicios anteriores para comprobar el grado de cumplimiento de estas resoluciones parlamentarias. Hay que destacar que dichas recomendaciones se han agrupado en diversos bloques a fin de facilitar su comprensión. * Existencias, inmovilizado, deudores, acreedores y patrimonio. 1.- La Comunidad Autónoma Canaria no presenta valorados los bienes y derechos señalados en el artículo 20 del Decreto 133/1988 (Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma Canaria). La Dirección General de Patrimonio y Contratación debe cumplir con la normativa que le es de aplicación, para así, cuando en un futuro próximo se lleve a cabo lo establecido en el Decreto 40/1987, sobre la implantación de la Contabilidad Financiera, se tengan los datos actualizados sobre la situación patrimonial de la Comunidad Autónoma Canaria. Asimismo, es recomendable una mayor coordinación entre la Dirección General de Patrimonio y las distintas consejerías, que evite las deficiencias observadas. Cumplimiento parcial: Observaciones: en los últimos ejercicios y en relación con los bienes inmuebles se ha obtenido una valoración estimativa de los mismos. A su vez se ha realizado un completo y exhaustivo inventario de los bienes muebles de carácter histórico-artístico. Se pretende conseguir la completa valoración de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma Canaria cuando entre el nuevo plan informático contable de la Comunidad Autónoma (Previsión 1 de enero de 1999). 2.- Deben darse de baja pendientes de cobro y pendientes de pago prescritos. Se observan acreedores de la Comunidad Autónoma desde Asimismo, deben realizarse los estudios necesarios para poder determinar la conveniencia de depurar y regularizar todos aquellos importes que se estimen oportunos de las rúbricas de operaciones extrapresupuestarias, así como definir cada una de ellas de forma que aporten un conocimiento completo del concepto al que responden. Asimismo, deben aplicarse al presupuesto los conceptos que, por su naturaleza, sólo deban aparecer transitoriamente contabilizados como operaciones extrapresupuestarias. De igual manera, deben tomarse medidas para la depuración de saldos antiguos sin movimiento. Cumplimiento parcial: Observaciones: durante el presente ejercicio se han dado de baja por prescripción Mp. (ver cuadro nº 54), así como se ha depurado 132 Mp. de operaciones extrapresupuestarias (ver Capítulo VIII), sin embargo todavía se observan partidas pendientes de regularización con importes significativos. 3.- Los recargos abonados a la Seguridad Social por atrasos en la liquidación de las cuotas representan cifras importantes. De esta cantidad el porcentaje mayor corresponde a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Cumplimiento parcial: Observaciones: aun cuando en los últimos años se ha venido disminuyendo esta cifra, es necesario insistir en que hay que agilizar los trámites administrativos que eliminen estos desajustes en la liquidación de cuotas.9 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 2 de junio de 1999 Núm. 122 Fascículo I / 9 * Presupuestación y contabilidad. 4.- Los expedientes de convalidaciones de gastos por el Consejo de Gobierno responden en su mayor parte a un funcionamiento irregular de los órganos administrativos, que debe ser corregido al objeto de adecuar su comportamiento a criterios de estricta legalidad. A su vez, en cuanto al procedimiento deberán unificarse en la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda la remisión al Consejo de Gobierno de dichos expedientes, ya que frecuentemente son remitidos por las distintas consejerías. Cumplimiento nulo. Observaciones: se observa como ejercicio tras ejercicio se convalidan idénticos expedientes (transporte escolar,...) A su vez, el incumplimiento de los informes condicionados a la subsanación de determinados defectos realizados por la Intervención General (artículo 98.2 de la Ley General Presupuestaria) es muy frecuente (ver Capítulo XII). 5.- Diferenciar en la Cuenta General, en la forma que la Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público considere más oportuna, aquellos gastos que sean financiados en todo o parte por transferencias comunitarias. Hay que señalar que la relación de proyectos subvencionados con fondos europeos ha sido solicitada reiteradamente por esta Audiencia de Cuentas sin que hasta la fecha se haya remitido la misma. Cumplimiento nulo. 6.- Limitar el procedimiento de pago a justificar a los gastos en los que no se pueda aportar la documentación justificativa antes de formular la propuesta de pago. Es necesario en estas cuentas que se cumpla el artículo 79 de la Ley General Presupuestaria, relativa al establecimiento por parte de cada consejero de las normas que regulen la expedición de ordenes de pago a justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos, determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables. El carácter urgente que puedan revestir determinados pagos, tales como los relativos a indemnizaciones por aluminosis, obras declaradas de emergencia y expropiaciones, no justifican por si su ejecución bajo la modalidad a justificar si no se dan además los supuestos exigidos por el artículo ya citado de la Ley General Presupuestaria. Debe significarse además las alteraciones de caja que producirían en las competencias que tiene atribuidas la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Constituyen asimismo un sistema que vendría a desvirtuar la municipalización de los proyectos de inversión. Cumplimiento parcial. Observaciones: el importe tramitado por este procedimiento se ha reducido notablemente durante 1995 en relación al ejercicio de Contemplar en el PICCAC, en la modalidad de pagos a justificar, la inclusión del perceptor real del pago, o lo que es lo mismo, el destinatario último de dicho pago. Cumplimiento nulo. 8.- Deberá desarrollarse la clasificación orgánica del presupuesto de gastos al nivel de los centros adscritos a determinadas secciones, especialmente las Consejerías de Educación, Cultura y Deportes y Sanidad y Servicios Sociales. La contabilidad de la Comunidad Autónoma canaria deberá facilitar la información de dichas unidades como verdaderos centros independientes de gastos. Cumplimiento nulo. 9.- Tener en cuenta los principios contables a la hora de recoger los movimientos económicos motivados por los pasivos financieros, contabilizando los gastos plurianuales por estos conceptos. La Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias no recoge los gastos de intereses, comisiones y amortizaciones a pagar en futuros ejercicios. Cumplimiento nulo Sería aconsejable que la normativa en relación a las transferencias de crédito estuviera mejor definida. Existe un elevado número de excepciones a los principios establecidos, que en la práctica dificulta su control. Cumplimiento nulo. Observaciones: en la práctica inclusive se ha tenido que realizar informes por la Intervención General relativos a la aclaración de determinados aspectos (informe 9 de julio de 1996 relativo a competencia para la aprobación de expedientes de reajuste de anualidades) Es necesario agilizar los pagos a las empresas contratadas por obras y suministros; en un gran porcentaje de los expedientes de liquidación provisional se observa que los abonos se efectúan con posterioridad a los nueve meses siguientes a la fecha de la recepción provisional, lo que podría conllevar intereses de demora, según determina el artículo 172 del RGCE, con el consiguiente quebranto a las arcas de la Comunidad Autónoma canaria. El pendiente de pago se considera excesivo originando graves perjuicios a los terceros contratantes. Cumplimiento nulo 12.- Introducir medidas conducentes a una ejecución planificada a lo largo del ejercicio presupuestario. Actualmente, el presupuesto se ejecuta prácticamente en el segundo semestre (evidenciando, por tanto, carencia de previsión), origina bloqueos en el funcionamiento normal de determinados servicios, particularmente las oficinas presupuestarias, intervenciones delegadas e Intervención General Cumplimiento nulo Perfeccionar la imputación por municipio de los expedientes de inversión y transferencias de capital. Hasta la fecha el gran porcentaje de excepciones imposibilita un estudio fiable basándose en la utilización de dichos datos. Cumplimiento nulo. Observaciones: por parte de la Consejería de Economía y Hacienda se ha elaborado un informe sobre la distribución territorial del gasto correspondiente al período Este informe presenta unos datos más territorializados que los que recoge la Cuenta General, por lo que es perfectamente viable realizar una mayor territorialización (ver Capítulo XIII) El presupuesto de la Comunidad Autónoma canaria aprobado por el Parlamento se desvirtúa a lo largo del ejercicio debido a las numerosas transferencias de créditos (44.606,97 Mp) motivadas por una deficiente presupuestación. Cumplimiento nulo.10 Núm. 122 Fascículo I / 10 2 de junio de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 15.- El programa presupuestario 121-C Gastos diversos e imprevistos de la sección presupuestaria Diversas consejerías presenta al 31 de diciembre de 1995, Mp. de obligaciones reconocidas, debiéndose ceñirse a los gastos de dicha naturaleza y que no tengan ubicación en los respectivos programas. Cumplimiento nulo Se contabilizaron 4.932,15 Mp. en el artículo 64 del presupuesto de gastos (gastos de inversiones de carácter inmaterial), muchos de los cuales no se corresponden con la propia naturaleza del gasto, debiéndose contabilizar en el subconcepto correspondiente. Cumplimiento nulo Las conciliaciones bancarias deben ser enviadas a la Intervención Delegada para su fiscalización. Por parte de la Dirección General del Tesoro se debe agilizar la conciliación definitiva de las mismas. Cumplimiento nulo La presupuestación sigue siendo deficiente. Siguen produciéndose ampliaciones de crédito en las nóminas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Durante 1995 esta cifra asciende a 2.847,37 Mp. Cumplimiento nulo Las obras derivadas de los convenios suscritos entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con los municipios de la Comunidad Autónoma canaria para la realización de obras de reforma, ampliación y mejora en centros escolares siguen sin realizarse en plazo, lo que obliga a tener que incorporarse al presupuesto del año siguiente. Cumplimiento correcto. Observaciones: durante 1995 la ejecución del Convenio RAM con Ayuntamientos ha sido del 85%, ejecutándose 778 Mp. de un presupuesto definitivo de 915 Mp Las justificaciones de los importes concedidos a justificar se presentan a las intervenciones en muchas ocasiones fuera de plazo. Las cuentas justificativas de estos gastos cuando son reparados (con frecuencia) no pueden ser objeto de control por parte de las Intervenciones Delegadas ya que muchas de ellas son aprobadas por el propio gestor y no se les notifica de ello. Cumplimiento nulo 21.- Se tramitan numerosos gastos plurianuales que no se inician en el propio ejercicio presupuestario, incumpliendo lo establecido por el artículo 61 de la Ley General Presupuestaria. Cumplimiento parcial. Observaciones: este hecho deriva de que, una vez aprobadas las anualidades correspondientes para el proyecto de inversión, no coincide con las contabilizadas en el ejercicio corriente Al verificar la imputación de los gastos plurianuales, se observa su inclusión vía modificaciones de crédito y no en el propio texto de la Ley de Presupuestos. Cumplimiento nulo. * Cuentas y gastos financieros La concesión de avales de la Comunidad Autónoma ha de ser más rigurosa, no puede utilizarse como una vía alternativa a las subvenciones. Durante los últimos años la Comunidad Autónoma está teniendo que hacer frente a una serie de gastos motivados por sentencias judiciales a favor de las entidades financieras, sin que exista en estos casos un paralelo análisis de la responsabilidad que pudiera derivarse de dichos expedientes. Otro claro ejemplo de ello han sido los avales concedidos al sector tomatero en los últimos años los cuales se han reconvertido en subvenciones. Cumplimiento parcial. Observaciones: durante 1995 la Comunidad Autónoma sólo ha concedido un nuevo aval, en concreto a VISOCAN por Mp. (ver cuadro nº 48); el resto de avales autorizados (196 Mp.) corresponden a renovación de avales concedidos anteriormente Se consideran insuficientes los medios que actualmente se utilizan en orden a la pública concurrencia en las operaciones de endeudamiento. Deberá procederse a su publicación en los diarios oficiales de la Comunidad Autónoma, Estado y Comunidad Europea. Cumplimiento correcto. Observaciones: se ha verificado la publicación de las futuras operaciones financieras en el BOE Sería más beneficioso para la Comunidad Autónoma canaria si la colocación de los fondos en entidades bancarias estuviera regida por el sistema concurso, tal como se hace con los pagos efectuados a la Seguridad Social y a la Administración Tributaria. Cumplimiento nulo. * Gestión de personal y nóminas Centralizar la gestión de personal y unificar la política retributiva existente en la Comunidad Autónoma Canaria en relación al personal funcionario. Actualmente existe disparidad de niveles (grupo específico y complemento de destino) para la realización de idénticas tareas. Prácticamente cada consejería, y dentro de ella, cada dirección general, posee niveles diferentes, lo que ha originado un abanico de 167 retribuciones diferentes entre los cinco grupos de funcionarios. Cumplimiento nulo Realizar un estudio pormenorizado de las plantillas y funciones de cada servicio que presenta la Administración de la Comunidad Autónoma, con objeto de llevar a cabo una correcta planificación en materia de personal, estableciéndose un sistema de control que garantice la racionalidad en el reparto de los recursos humanos en función de las necesidades de cada dependencia y de la cualificación del personal, ya que actualmente el control ejercido sobre las diversas relaciones de puestos de trabajo no es adecuado, al existir baja cualificación del personal en algunos centros en relación con las tareas a desempeñar, y el inadecuado reparto de los efectivos humanos, al existir dependencias con sobrecarga de trabajo y poco personal y por contra, sobredotación en otros casos. Cumplimiento nulo Adecuar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al artículo 67.2 de la Ley 2/87 de la Función Pública Canaria, al existir un elevado número de personal laboral desempeñando tareas destinadas exclusivamente a funcionarios de carrera. Cumplimiento nulo. Observaciones: tal y como se comenta en el presente informe (Capítulo III, ap. 8º) durante 1995 se ha continuado contratando personal laboral eventual (generalmente con cargo a inversiones) que vienen desarrollando funciones de gestión.11 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 2 de junio de 1999 Núm. 122 Fascículo I / En las contrataciones de personal deberán observarse escrupulosamente las exigencias de la Ley 2/87, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria y la normativa aplicable al personal laboral. Cumplimiento nulo. Observaciones: durante 1995 se han reconocido obligaciones por 119 Mp. derivados de litigios con personal funcionario y laboral derivados de contratos realizados verbalmente, de despidos improcedentes, etc. Incluso se ha observado como personal contratado por empresas públicas de la Comunidad Autónoma (GESPLAN), que en la práctica realizan funciones para la propia consejería han sido reconocidos como personal fijo de la Comunidad Autónoma por la Administración de Justicia No se cumplen los plazos previstos para la entrada de las nóminas en las intervenciones delegadas. Este problema es más grave en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. De igual forma siguen produciéndose defectos en la gestión de las nóminas de los centros privados concertados. Actualmente (y por problemas de celeridad) no están sometidas a fiscalización previa, sino que su fiscalización se realiza a través de auditorías periódicas que reflejan numerosos defectos, no obstante su conocimiento a lo largo de varios años no ha dado lugar a su subsanación. Cumplimiento nulo Los abonos en concepto de atrasos de las nóminas del personal docente representan cifras significativas, lo que supone (además de importantes desviaciones presupuestarias y el pago de recargos a la Seguridad Social) que la gestión y tramitación de los partes de alteración de nómina no sea la correcta, ya que se observa una demora considerable entre el momento en que se produce el hecho que determina una variación económica y el momento en que tal variación surte sus efectos en nómina. Cumplimiento parcial. Observaciones: se ha mejorado notablemente durante el ejercicio Limitar la situación actual del personal docente que presta servicios en la Comunidad Autónoma y en otras Administraciones en comisión de servicio, los cuales representan un sobrecoste para el presupuesto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Cumplimiento nulo * Contratación Evitar la situación actual en las adjudicaciones con predominio absoluto de la contratación directa. Esta situación se deriva de varias circunstancias: - Se declaran obras de reconocida urgencia surgidas como consecuencia de necesidades apremiantes que demandan una pronta ejecución para utilizar la contratación directa. Analizados con posterioridad diversos expedientes se ha podido constatar que no queda acreditada, a la vista de la ejecución de los proyectos, la urgencia de los mismos. Las actuaciones indicadas vienen a constituir una grave alteración de la contratación administrativa por cuanto se opera sobre los procedimientos de adjudicación al introducir una causa no justificada con posterioridad. En ocasiones, incluso se justifica la contratación directa en base a la imposibilidad de promover concurrencia, observándose sin embargo en los expedientes la existencia de varias ofertas. - Fraccionamiento de determinadas obras para poder acogerse a la contratación directa, adjudicándose posteriormente las diversas fases al mismo contratista. Como se indicó anteriormente, estas actuaciones alteran sustancialmente el sistema de la contratación administrativa y pueden ocasionar perjuicios a la Hacienda de la Comunidad Autónoma. Cumplimiento nulo Se considera excesivo el importe que representan los estudios y trabajos técnicos (subconcepto ). La mayor parte de este gasto puede ser ahorrado, ya que se trata de abonar estudios en muchos casos ya realizados. En aquellos casos en que se utiliza para contratar trabajos específicos, concretos y no habituales hay que señalar que gran parte de este trabajo puede ser realizado por el personal del departamento, sin tener que recurrir a profesionales independientes, llevándose a efecto algunas contrataciones sin cumplir escrupulosamente los principios que deben observarse para la contratación en la Administración pública. A su vez, en determinados departamentos de la Comunidad Autónoma, las personas sujetas a contratación específica superan en número a funcionarios y laborales, situación que no parece muy adecuada para el funcionamiento normal del departamento. Igualmente se observan contratos de trabajo específicos y concretos no habituales, que se incluyen como gastos del Capítulo VI, inversiones reales, cuando deben contabilizarse en su gran mayoría en el subconcepto correspondiente del Capítulo II. De igual manera, es necesario que, por parte de la Dirección General de Patrimonio, se elabore un archivobiblioteca con todos los informes y estudios solicitados o subvencionados por los órganos gestores de la Comunidad Autónoma. Se debe tener en cuenta este archivo para no contratar o subvencionar reiteradas veces estudios con el mismo fin. Cumplimiento nulo Se establecen unos plazos de ejecución en los Pliegos de Cláusulas Administrativas que no se ajustan a la realidad para obviar la tramitación de expedientes de gastos plurianuales, existiendo de esta forma disparidad entre el informe de Supervisión y la Resolución del Órgano de Contratación e incumpliendo el artículo 61 de la Ley General Presupuestaria. Se incumple asimismo el artículo 63 de la Ley General Presupuestaria, al no existir crédito suficiente para dar cobertura a obligaciones sobrevenidas (revisiones de precios, modificados ya ejecutados, liquidaciones de obra, pago de expropiaciones,...). En diversos expedientes de obras se producen continuos reajustes de anualidades, al objeto de adecuar la financiación de las obras al marco presupuestario existente. Ello origina en muchas ocasiones que se produzcan ralentizaciones de las obras originándose un mayor coste. Para algunas empresas les es más rentable continuar con el ritmo de ejecución de la obra que tenían pactado contractualmente, negándose a suscribir un reajuste de su programa de trabajo, para adaptarlo a la nueva financiación. Las operaciones de reajuste que por falta de consignación retrasaran el abono de las certifi-12 Núm. 122 Fascículo I / 12 2 de junio de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias caciones de obra ya realizadas, darán lugar además a la reclamación de intereses de demora por parte de los contratistas. En estos casos deben implantarse las medidas correctoras oportunas que permitan posibilitar la ejecución de dichas obras sin que ello represente vulneración del régimen legal vigente. Cumplimiento nulo 36.- Se utiliza en exceso la vía de los contratos menores (contratos de obra cuya cuantía no supera los 5 Mp. y los de suministro y de asistencia con empresas consultoras y de servicios que no superen los 1'2 Mp.) regulada en el artículo 13.2 de la Ley 14/94, de Presupuestos Generales para 1995, al posibilitar la misma su ausencia de fiscalización. El sistema de fraccionar los contratos de obra con el objeto de disminuir su importe y acogerse al tratamiento de los contratos menores deberá ser completamente erradicado. La utilización de esta vía (contratos menores), deberá limitarse para casos muy concretos, observándose, por el contrario, una tendencia ascendente en los últimos ejercicios. Cumplimiento nulo En orden a los contratos de suministros resultaría muy conveniente normalizar su preparación y adjudicación a través de la creación de un Servicio Central de Suministros o Junta Central de Compras. Se deberá potenciar de igual modo el funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (potestad establecida en el art. 10.3, de la Ley 13/95). Cumplimiento nulo El incremento del importe de los proyectos como consecuencia de las liquidaciones provisionales se acerca, en su mayoría, al límite permitido del 10% del precio del contrato. Es necesario que estas modificaciones se controlen por la propia Administración de manera que se compruebe que corresponden a obras realmente realizadas. Cumplimiento nulo Reiteradamente se han puesto de manifiesto los problemas que origina el actual uso del sistema de fiscalización limitada, particularmente en orden a las dificultades que encuentran las Intervenciones Delegadas en numerosos expedientes de contratación, en los que, por citar algunos ejemplos, los interesados no se encuentran al día en sus obligaciones tributarias o de la Seguridad Social o no poseen la capacidad técnica exigida en los pliegos de cláusulas administrativas y sin embargo no se dispone de medios para producir efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes. Cumplimiento nulo Las competencias de la Consejería de Política Territorial se desvirtúan notablemente al realizarse sus funciones a través de la empresa pública GESPLAN, S.A. Cumplimiento nulo. * Transferencias corrientes y de capital Los principios de publicidad, objetividad y concurrencia establecidos en el artículo 9 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, de concesión de ayudas y subvenciones y en el art. 81 de la Ley General Presupuestaria, no se cumplen en la concesión de subvenciones específicas. Cumplimiento nulo En materia de subvenciones no constan en los expedientes que haya existido una baremación de los criterios objetivos que tuvieron que servir de base para adoptar la resolución de concesión. Se conceden subvenciones sin haberse justificado con anterioridad otras otorgadas para la misma finalidad. Cumplimiento nulo Limitar el uso de las subvenciones específicas (concedidas por el titular del departamento) en favor de las concedidas por convocatoria pública. Estas subvenciones no cumplen el Decreto 6/95, de 27 de enero, regulador del Régimen General de Ayudas y Subvenciones de la Comunidad Autónoma, conculcándose los principios de legalidad y seguridad jurídica que en todo procedimiento administrativo deben estar presentes. Estos principios también se incumplen al no publicarse en el BOC la convocatoria pública anual, lo que vulnera el art. 9 del citado decreto. Cumplimiento nulo Es necesario que los plazos establecidos para justificar las subvenciones sean consecuentes con la actividad que deberá realizarse. En algunos casos se conceden con fecha 30 de diciembre y se establece el plazo hasta fin de año (un sólo día), siendo necesario conceder la correspondiente prórroga. De igual forma, también es muy común que los plazos se incumplan reiteradamente sin que la presentación fuera de plazo origine ningún efecto administrativo de tipo penalizante. Cumplimiento nulo Se han concedido subvenciones sin reunir los requisitos exigidos en la orden de convocatoria, infringiéndose lo dispuesto en el artículo 8 c) del Decreto 31/93, el cual establece que las ayudas y subvenciones no pueden exceder en su cuantía del coste o de la actividad a desarrollar por el beneficiario. También se han observado subvenciones concedidas a personas no recogidas en el acta de la comisión seleccionadora. Estas irregularidades se han originado por la fiscalización previa recogida en la disposición adicional tercera del Decreto 31/93, que determina que las ayudas y subvenciones otorgadas por la Comunidad Autónoma mediante convocatoria pública se limita a comprobar exclusivamente la existencia de crédito en primer lugar; de obligaciones generadas por órgano competente en segundo; y por último informe del servicio jurídico del Gobierno de Canarias de las bases de la convocatoria. En la Dirección General de Ordenación Educativa y en la Consejería de Política Territorial el porcentaje de defectos alcanza el 100%, originado en algunos casos que un gran número de subvenciones presentan tales irregularidades que originan que muchos de ellos sean nulos de pleno derecho. Durante 1994 este sistema de fiscalización incluso se ha posibilitado en el control de las transferencias corrientes, lo que ha originado un incremento de irregularidades en la gestión diaria del ejecutivo canario. Incluso, el Decreto 186/95 permite como justificaciones de las subvenciones concedidas por el ICFEM para la realización de acciones de Formación Profesional Ocupacional una simple certificación expedida por el ente o particular subvencionado en el13 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 2 de junio de 1999 Núm. 122 Fascículo I / 13 que conste haberse realizado la actividad para la que fue concedida, con lo que el control de estos fondos públicos por parte de la Comunidad Autónoma canaria con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos para los que fueron concedidos prácticamente desaparece. Por tanto, en la práctica este sistema cuyo fin primordial era agilizar los trámites administrativos al disminuir los controles efectuados por las respectivas intervenciones se ha manifestado ineficaz, al propiciar un detrimento notable del control de legalidad. Deberá suprimirse este sistema de fiscalización, al menos para aquellos gestores que ejercicio tras ejercicio incumplen la legislación aplicable. Por todo ello, debería restablecerse el sistema anterior al Decreto 31/93, de fiscalización plena, ya que la limitación de la fiscalización previa establecida en el artículo 95 de la Ley General Presupuestaria a través de la Ley de Presupuestos Generales para 1988 ha posibilitado en su aplicación que un gran número de expedientes presenten defectos o irregularidades, sin que las intervenciones tengan medios de producir efectos suspensivos en los expedientes. Resulta conveniente destacar como en estos expedientes de subvenciones no se producen alegaciones, por las consejerías afectadas, a los informes de fiscalización plena realizados por las Intervenciones Delegadas con posterioridad a los de fiscalización limitada, de conformidad con lo establecido en el punto 5 del artículo 95 de la LGP, ni se cumplimentan en consecuencia las observaciones formuladas, ni se aportan los documentos solicitados. Esto provoca que los órganos gestores no sean más exigentes en el cumplimiento de la legalidad, y pone en cuestión el sistema de fiscalización limitada. Cumplimiento parcial. Observaciones: la disposición adicional segunda de Decreto 6/95 modifica el régimen de fiscalización previa, dada la variación que ha supuesto la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Presupuestos para 1995 (Ley 14/94) en el artículo 52 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria. Dicha modificación representa desde el punto de vista del control un mayor rigor para las subvenciones sometidas a fiscalización previa dada la ampliación de requisitos a cumplimentar en dichos expedientes. * Otros El Plan de disposición de fondos debe ser aprobado al inicio del ejercicio, para que así se cumpla con la finalidad establecida en el artículo 51 de la Ley de Hacienda Pública Canaria. Cumplimiento nulo Es recomendable que se regulen los procedimientos internos a desarrollar dentro de las competencias de la Dirección General del Tesoro, en evitación de prácticas discrecionales. A su vez, por parte de la Intervención General se debe hacer un seguimiento estricto en el control de los fondos y los métodos de pago del tesoro, tendente a conseguir una mejor transparencia y optimización de los depósitos de fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cumplimiento nulo. 3.- Recomendaciones generales. APARTADO A) En este apartado se señalan las recomendaciones que se consideran procedentes en el ejercicio de 1995, y que, habiendo sido formuladas en informes de ejercicios anteriores no han sido debidamente cumplimentadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. * Presupuestación y contabilidad. 1.- Los expedientes de convalidaciones de gastos por el Consejo de Gobierno responden en su mayor parte a un funcionamiento irregular de los órganos administrativos, que debe ser corregido al objeto de adecuar su comportamiento a criterios de estricta legalidad. A su vez, en cuanto al procedimiento deberán unificarse en la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda la remisión al Consejo de Gobierno de dichos expedientes, ya que frecuentemente son remitidos por las distintas consejerías. 2.- Diferenciar en la Cuenta General, en la forma que la Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público considere más oportuna, aquellos gastos que sean financiados en todo o parte por transferencias comunitarias. Hay que señalar que la relación de proyectos subvencionados con fondos europeos ha sido solicitada reiteradamente por esta Audiencia de Cuentas sin que hasta la fecha se haya remitido la misma. 3.- Deberá desarrollarse la clasificación orgánica del presupuesto de gastos al nivel de los centros adscritos a determinadas secciones, especialmente las Consejerías de Educación, Cultura y Deportes y Sanidad y Servicios Sociales. La contabilidad de la Comunidad Autónoma canaria deberá facilitar la información de dichas unidades como verdaderos centros independientes de gastos. 4.- Tener en cuenta los principios contables a la hora de recoger los movimientos económicos motivados por los pasivos financieros, contabilizando los gastos plurianuales por estos conceptos. La Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias no recoge los gastos de intereses, comisiones y amortizaciones a pagar en futuros ejercicios. 5.- Sería aconsejable que la normativa en relación a las transferencias de crédito estuviera mejor definida. Existe un elevado número de excepciones a los principios establecidos, que en la práctica dificulta su control. 6.- Es necesario agilizar los pagos a las empresas contratadas por obras y suministros; en un gran porcentaje de los expedientes de liquidación provisional se observa que los abonos se efectúan con posterioridad a los nueve meses siguientes a la fecha de la recepción provisional, lo que podría conllevar intereses de demora, según determina el artículo 172 del RGCE, con el consiguiente quebranto a las arcas de la Comunidad Autónoma canaria. El pendiente de pago se considera excesivo originando graves perjuicios a los terceros contratantes. 7.- Introducir medidas conducentes a una ejecución planificada a lo largo del ejercicio presupuestario. Actualmente, el presupuesto se ejecuta prácticamente en el segundo semestre (evidenciando, por tanto, carencia de previsión), origina bloqueos en el funcionamiento normal14 Núm. 122 Fascículo I / 14 2 de junio de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias de determinados servicios, particularmente las oficinas presupuestarias, intervenciones delegadas e Intervención General 8.- Perfeccionar la imputación por municipio de los expedientes de inversión y transferencias de capital. Hasta la fecha el gran porcentaje de excepciones imposibilita un estudio fiable basándose en la utilización de dichos datos. 9.- El presupuesto de la Comunidad Autónoma canaria aprobado por el Parlamento se desvirtúa a lo largo del ejercicio debido a las transferencias de créditos (44.606,97 Mp) motivadas en gran parte por la reorganización administrativa realizada en el ejercicio 1995 y por operaciones efectuadas en el Capítulo I de la Sección Diversas consejerías El programa presupuestario 121-C Gastos diversos e imprevistos de la sección presupuestaria Diversas Consejerías presenta al 31 de diciembre de 1995, Mp. de obligaciones reconocidas, debiéndose ceñirse a los gastos de dicha naturaleza y que no tengan ubicación en los respectivos programas Se contabilizaron 4.932'15 Mp. en el artículo 64 del presupuesto de gastos (gastos de inversiones de carácter inmaterial), muchos de los cuales no se corresponden con la propia naturaleza del gasto, debiéndose contabilizar en el subconcepto correspondiente Las conciliaciones bancarias deben ser enviadas a la Intervención Delegada para su fiscalización. Por parte de la Dirección General del Tesoro se debe agilizar la conciliación definitiva de las mismas La presupuestación sigue siendo deficiente. Siguen produciéndose ampliaciones de crédito en las nóminas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Durante 1995 esta cifra asciende a 2.847'37 Mp Las justificaciones de los importes concedidos a justificar se presentan a las intervenciones en muchas ocasiones fuera de plazo. Las cuentas justificativas de estos gastos cuando son reparados (con frecuencia) no pueden ser objeto de control por parte de las intervenciones delegadas ya que muchas de ellas son aprobadas por el propio gestor y no se les notifica de ello. En todo caso, la Intervención cuidará de salvaguardar los derechos de la Hacienda Pública, interesando del órgano competente en materia de Tesoro la adopción de medidas necesarias en el supuesto de no corregirse las anomalías o defectos por él informados, como así mismo de su traslado a la Audiencia de Cuentas Al verificar la imputación de los gastos plurianuales, se observa su inclusión vía modificaciones de créditos y no en el propio texto de la Ley de Presupuestos. * Cuentas y gastos financieros Sería más beneficioso para la Comunidad Autónoma canaria si la colocación de los fondos en entidades bancarias estuviera regida por el sistema concurso, tal como se hace con los pagos efectuados a la Seguridad Social y a la Administración Tributaria. * Gestión de personal y nóminas Tender a unificar la política retributiva existente en la Comunidad Autónoma canaria en relación al personal funcionario. Actualmente existe disparidad de niveles (grupo específico y complemento de destino) para la realización de idénticas tareas. Prácticamente cada consejería, y dentro de ella, cada dirección general, posee niveles diferentes, lo que ha originado un abanico de 167 retribuciones diferentes entre los cinco grupos de funcionarios Realizar un estudio pormenorizado de las plantillas y funciones de cada servicio que presenta la Administración de la Comunidad Autónoma, con objeto de llevar a cabo una correcta planificación en materia de personal, estableciéndose un sistema de control que garantice la racionalidad en el reparto de los recursos humanos en función de las necesidades de cada dependencia y de la cualificación del personal, ya que actualmente el control ejercido sobre las diversas relaciones de puestos de trabajo no es adecuado, al existir baja cualificación del personal en algunos centros en relación con las tareas a desempeñar, y el inadecuado reparto de los efectivos humanos, al existir dependencias con sobrecarga de trabajo y poco personal y por contra, sobredotación en otros casos Adecuar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al artículo 67.2 de la Ley 2/87, de la Función Pública Canaria, al existir un elevado número de personal laboral desempeñando tareas destinadas exclusivamente a funcionarios de carrera En las contrataciones de personal deberán observarse escrupulosamente las exigencias de la Ley 2/87, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria y la normativa aplicable al personal laboral No se cumplen los plazos previstos para la entrada de las nóminas en las intervenciones delegadas. Este problema es más grave en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. De igual forma siguen produciéndose defectos en la gestión de las nóminas de los centros privados concertados. Actualmente (y por problemas de celeridad) no están sometidas a fiscalización previa, sino que su fiscalización se realiza a través de auditorías periódicas que reflejan numerosos defectos, no obstante su conocimiento a lo largo de varios años no ha dado lugar a su subsanación Limitar la situación actual del personal docente que presta servicios en la Comunidad Autónoma y en otras administraciones en comisión de servicio, los cuales representan un sobrecoste para el presupuesto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. * Contratación Evitar la situación actual en las adjudicaciones con predominio absoluto de la contratación directa o procedimiento negociado. Esta situación se deriva de varias circunstancias: - Se declaran obras de reconocida urgencia surgidas como consecuencia de necesidades apremiantes que demandan una pronta ejecución para utilizar la contratación directa. Analizados con posterioridad diversos expedientes se ha podido constatar que no queda acreditada, a la vista de la ejecución de los proyectos, la urgencia de los mismos. Las actuaciones indicadas vienen a constituir una grave alteración de la contratación administrativa por cuanto se opera sobre los procedimientos de adjudi-15 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 2 de junio de 1999 Núm. 122 Fascículo I / 15 cación al introducir una causa no justificada con posterioridad. En ocasiones, incluso se justifica la contratación directa en base a la imposibilidad de promover concurrencia, observándose sin embargo en los expedientes la existencia de varias ofertas. - Fraccionamiento de determinadas obras para poder acogerse a la contratación directa, adjudicándose posteriormente las diversas fases al mismo contratista. Como se indicó anteriormente, estas actuaciones alteran sustancialmente el sistema de la contratación administrativa y pueden ocasionar perjuicios a la Hacienda de la Comunidad Autónoma Se considera excesivo el importe que representan los estudios y trabajos técnicos (subconcepto ). La mayor parte de este gasto puede ser ahorrado, ya que se trata de abonar estudios en muchos casos ya realizados. En aquellos casos en que se utiliza para contratar trabajos específicos, concretos y no habituales hay que señalar que gran parte de este trabajo puede ser realizado por el personal del departamento, sin tener que recurrir a profesionales independientes, llevándose a efecto algunas contrataciones sin cumplir escrupulosamente los principios que deben observarse para la contratación en la Administración pública. Igualmente, se observan contratos de trabajo específicos y concretos no habituales, que se incluyen como gastos del Capítulo VI, inversiones reales, cuando deben contabilizarse en su gran mayoría en el subconcepto correspondiente del Capítulo II. De igual manera, es necesario que, por parte de la Dirección General de Patrimonio, se elabore un archivo-biblioteca con todos los informes y estudios solicitados o subvencionados por los órganos gestores de la Comunidad Autónoma. Se debe tener en cuenta este archivo para no contratar o subvencionar reiteradas veces estudios con el mismo fin Se establecen unos plazos de ejecución en los Pliegos de Cláusulas Administrativas que no se ajustan a la realidad para obviar la tramitación de expedientes de gastos plurianuales, existiendo de esta forma disparidad entre el informe de Supervisión y la Resolución del Órgano de Contratación e incumpliendo el artículo 61 de la Ley General Presupuestaria. Se incumple asimismo el artículo 63 de la Ley General Presupuestaria, al no existir crédito suficiente para dar cobertura a obligaciones sobrevenidas (revisiones de precios, modificados ya ejecutados, liquidaciones de obra, pago de expropiaciones,...). En diversos expedientes de obras se producen continuos reajustes de anualidades, al objeto de adecuar la financiación de las obras al marco presupuestario existente. Ello origina en muchas ocasiones que se produzcan ralentizaciones de las obras originándose un mayor coste. Para algunas empresas les es más rentable continuar con el ritmo de ejecución de la obra que tenían pactado contractualmente, negándose a suscribir un reajuste de su programa de trabajo, para adaptarlo a la nueva financiación. Las operaciones de reajuste que por falta de consignación retrasaran el abono de las certificaciones de obra ya realizadas, darán lugar además a la reclamación de intereses de demora por parte de los contratistas. En estos casos deben implantarse las medidas correctoras oportunas que permitan posibilitar la ejecución de dichas obras sin que ello represente vulneración del régimen legal vigente Se utiliza en exceso la vía de los contratos menores (contratos de obra cuya cuantía no supera los 5 Mp. y los de suministro y de asistencia con empresas consultoras y de servicios que no superen los 1,2 Mp.) regulada en el artículo 13.2 de la Ley 14/94, de Presupuestos Generales para 1995, al posibilitar la misma su ausencia de fiscalización. El sistema de fraccionar los contratos de obra con el objeto de disminuir su importe y acogerse al tratamiento de los contratos menores deberá ser completamente erradicado. La utilización de esta vía (contratos menores), deberá limitarse para casos muy concretos, observándose, por el contrario, una tendencia ascendente en los últimos ejercicios En orden a los contratos de suministros resultaría muy conveniente normalizar su preparación y adjudicación a través de la creación de un Servicio Central de Suministros o Junta Central de Compras. Se deberá potenciar de igual modo el funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (potestad establecida en el art. 10.3, de la Ley 13/95) El incremento del importe de los proyectos como consecuencia de las liquidaciones provisionales se acerca, en su mayoría, al límite permitido del 10% del precio del contrato. Es necesario que estas modificaciones se controlen por la propia Administración de manera que se compruebe que corresponden a obras realmente realizadas Reiteradamente se han puesto de manifiesto los problemas que origina el actual uso del sistema de fiscalización limitada, particularmente en orden a las dificultades que encuentran las Intervenciones Delegadas en numerosos expedientes de contratación, en los que, por citar algunos ejemplos, los interesados no se encuentran al día en sus obligaciones tributarias o de la Seguridad Social o no poseen la capacidad técnica exigida en los pliegos de cláusulas administrativas y sin embargo no se dispone de medios para producir efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes Las competencias de la Consejería de Política Territorial se desvirtúan notablemente al realizarse sus funciones a través de la empresa pública GESPLAN, S.A. * Transferencias corrientes y de capital Los principios de publicidad, objetividad y concurrencia establecidos en el artículo 9 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, de concesión de ayudas y subvenciones y en el artículo 81 de la Ley General Presupuestaria no se cumplen en las subvenciones específicas reguladas en el artículo 52 de la Ley 7/1984, de la Hacienda Pública Canaria En materia de subvenciones no constan en los expedientes que haya existido una baremación de los criterios objetivos que tuvieron que servir de base para adoptar la resolución de concesión. Se conceden subvenciones sin haberse justificado con anterioridad otras otorgadas para la misma finalidad Limitar el uso de las subvenciones específicas (concedidas por el titular del departamento) a favor de las concedidas por convocatoria pública.16 Núm. 122 Fascículo I / 16 2 de junio de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 34.- Es necesario que los plazos establecidos para justificar las subvenciones sean consecuentes con la actividad que deberá realizarse. En algunos casos se conceden con fecha 30 de diciembre y se establece el plazo hasta fin de año (un sólo día), siendo necesario conceder la correspondiente prórroga. De igual forma, también es muy común que los plazos se incumplan reiteradamente sin que la presentación fuera de plazo origine ningún efecto administrativo de tipo penalizante El Plan de disposición de fondos debe ser aprobado al inicio del ejercicio, para que así se cumpla con la finalidad establecida en el artículo 51 de la Ley de Hacienda Pública Canaria Es recomendable que se regulen los procedimientos internos a desarrollar dentro de las competencias de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en evitación de prácticas discrecionales. A su vez, por parte de la Intervención General se debe hacer un seguimiento estricto en el control de los fondos y los métodos de pago del tesoro, tendente a conseguir una mejor transparencia y optimización de los depósitos de fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias. APARTADO B) Las recomendaciones que se expresan a continuación se formulan por primera vez como consecuencia de la fiscalización del ejercicio de * Gestión de personal y nóminas Cumplir con el art de la Ley de Función Pública (Ley 2/87, de 30 de marzo), que establece como sistema normal de provisión de puestos de trabajo el concurso, así como con diversas sentencias entre las que hay que destacar la del Tribunal Supremo del 10 de abril de 1996, en relación al recurso de apelación 3141/1992 interpuesto por el Gobierno Autónomo de Canarias; en referencia a la utilización del sistema de libre designación para ocupar las plazas de funcionarios de rango superior, como las Jefaturas de Servicio, que en ciertos casos, implicaría un uso inadecuado de las facultades de la Administración, pudiendo generar un cierto margen de arbitrariedad Eliminar contratación de personal laboral por diversas empresas públicas (SOFESA, GESPLAN,...) con el fin de realizar tareas eminentemente de gestión para la Consejería de la que depende dicha empresa, que deberían encomendarse a los funcionarios a ellas adscritos. * Transferencias corrientes y de capital Realizar un mayor control a los centros colaboradores que reciben subvenciones del ICFEM para la realización de cursos de formación, ya que los sistemas actuales no permiten verificar correctamente que las subvenciones concedidas se han aplicado a los fines previstos en sus concesiones, tal y como también ha manifestado recientemente la Comisión Europea. Actualmente, y debido al Decreto 186/95 muchas subvenciones se otorgan sin necesidad de justificarse posteriormente En el otorgamiento de subvenciones se deberá proceder a fijar con mayor concreción y rigor los requisitos que figuran en las bases de la convocatoria, al objeto de atemperar la concesión de las mismas a los criterios objetivos del interés general, autolimitando con elementos reglados el uso de las facultades discrecionales de que dispone la Administración. Este es el sentido que debe deducirse de la sentencia 610/96 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación a las subvenciones otorgadas por la Consejería de Trabajo y Función Pública. * Contratación Potenciar y mejorar la supervisión de los proyectos de contratación, con el objeto de verificar exhaustivamente los proyectos elaborados y de vigilar el correcto cumplimiento de los mismos (artículo 128, Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas), a fin de lograr una mayor claridad y una mejor calidad técnica que determine un control más eficaz de las contrataciones y evite variaciones importantes de los proyectos. Esta función debe ser realizada por personal funcionario de la Administración y no encomendado a personal ajeno mediante contratos, de forma que la propia Administración pueda realizar un seguimiento continuo de los mismos. * Presupuestación y contabilidad Formalizar debidamente (específicamente en los supuestos de modificaciones de contratos de obra) las deudas reconocidas con contratistas sin cobertura presupuestaria, acreditando los extremos que han dado lugar a las mismas dentro de las previsiones de la legislación vigente. A finales del ejercicio 1995 la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas presenta una deuda de Mp., de los cuales Mp. se cubrían con los presupuestos del ejercicio 1996, quedando 500 Mp. para las siguientes anualidades. A esta cifra hay que añadirle las cantidades resultantes que se encuentran ejecutadas y pendientes de abono por incrementos en el precio final de obra derivados de incidencias tales como revisiones de precios, liquidaciones de obras, Mejorar la presupuestación, en especial en lo referente a la sección 05 Deuda Pública y a los gastos de sustituciones en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes Deberá darse una aplicación presupuestaria para cada préstamo. Cada operación de crédito deberá contabilizarse en un subconcepto económico propio, al contrario de lo que se ha hecho en 1995 donde se han agrupado en sólo dos subconceptos (uno para amortizaciones 91126, y otro para gastos financieros ) los gastos de ocho préstamos refinanciados en 1994 lo que dificulta su seguimiento contable Homogeneizar los datos contables que figuran en la cuenta de Deuda Pública (anexo a la Cuenta General), con los que se obtienen del análisis de la propia Cuenta Realizar los ajustes necesarios por errores de contabilización en los subconceptos y Resolver acerca de la operación de crédito y en su caso anular el pendiente de cobro por Mp. cuya contabilización se ha realizado mediante resolución del Consejero de Economía y Hacienda.17 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 2 de junio de 1999 Núm. 122 Fascículo I / Contabilizar como endeudamiento de la Comunidad Autónoma las cantidades dispuestas por las universidades canarias para el Plan de Inversiones Limitar el endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que supera contablemente el límite cifrado con la Secretaría de Estado de Hacienda Realizar los ajustes contables en el programa 442-A Medio Ambiente y Protección Civil que se señalan en el Capítulo III-V Proceder a retener por IRPF en concepto de dietas para aquellas cuantías que estipula la Ley del Impuesto Proceder a depurar los gastos contabilizados como inversiones a través del concepto 640 Gastos de Carácter inmaterial dado que no responden a gastos de inversiones Depurar del capítulo de inversiones los gastos de personal que deben contabilizarse en el Capítulo I, y que asciendan al menos a 559 Mp Adecuar la presupuestación de los créditos con carácter ampliable que se señalan en las Leyes de Presupuestos a los gastos reales, a fin de evitar el déficit presupuestario que origina el abuso de tal técnica presupuestaria, y que en 1995 ascendió a Mp No pueden conceptuarse como créditos ampliables aquellos que no figuran con saldos iniciales en la propia Ley de Presupuestos Por parte de la Dirección General de Presupuestos, Planificación y Gasto Público deberá establecerse un mayor rigor a la hora de contabilizar PILAs de gastos plurianuales manteniéndose el mismo código durante toda la vida del mismo Limitar, por principio de prudencia, la utilización de la técnica contable de consignación inicial en el Presupuesto de ingresos de la totalidad del Remanente de Tesorería del ejercicio que finaliza Se incumplen las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma desde 1992 que imponen un seguimiento de la ejecución de los programas presupuestarios, como así mismo la orden de Economía y Hacienda de 18 de mayo de 1992, sin que la Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público coordine los informes de seguimiento de los Centro Gestores (que no se han realizado), ni la Intervención General elabore el oportuno informe de gestión en que concrete su opinión acerca del cumplimiento de los objetivos y adecuación a la realidad de los programas presupuestarios. B) EN RELACIÓN CON LA EMPRESAS PÚBLICAS 1.- Conclusiones y recomendaciones. De la fiscalización llevada a cabo sobre la Cuenta de las empresas públicas, expuesta en la parte 5ª de este informe, pueden extraerse las siguientes conclusiones generales: 1.- Esta Institución ha tenido algunas limitaciones, a la hora de poder contar con las cuentas y documentación complementaria correspondiente al ejercicio 1995 de las sociedades mercantiles que a 31 de diciembre tienen la consideración de empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas limitaciones se pueden sintetizar en las siguientes: 2.- Con respecto a la documentación solicitada, ésta se ha recibido de forma intermitente, entre julio de 1996 y abril de 1997, fecha en que se recibió la última documentación, dificultando con ello la culminación de este informe. 3.- Con respecto a SOGAPYME, no se incluye en la Cuenta de las empresas públicas, por considerarse que no hay poder de decisión en la citada Sociedad, debido a que la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma es en calidad de socio protector. Por otra parte, en abril de 1997, se remite parte de la documentación solicitada, sin que conste el certificado de aprobación de las cuentas anuales y el depósito de las mismas, en el Registro Mercantil, según petición de esta Audiencia de Cuentas a dicho registro. Por lo expuesto anteriormente, se ha procedido a su no inclusión en este informe a todos los efectos, debido a la importancia de estas limitaciones. La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, deberá potenciar los procedimientos, mecanismos, así como dotar los recursos necesarios en su caso, que garanticen que tales sociedades remitan a la Intervención General en el tiempo y forma preceptuado, las cuentas que han de integrar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, así como la documentación complementaria a remitir. 4.- A 31 de diciembre de 1995, las sociedades mercantiles pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Canarias, ascendías a veinticinco, incluida SOGAPYME. 5.- En las veinticuatro sociedades mercantiles objeto de este informe, la Administración de la Comunidad Autónoma participa directamente en VISOCAN, TITSA, GESTUR TFE, GESTUR LPA, NAVINTE, PROSA, PROEXCA, MERCOCANARIAS, SOCAEM, CCC, HECANSA, SATURNO, GRAFCAN, SOFESA, GESPLAN, ITECAN, GRANTECAN, GAVISA, URGENCIAS SANITARIAS 061, S.A. y GRECASA. Asimismo, participa exclusivamente de forma indirecta en GEPCAN, CCB TF-SUR, CCB MPMAS-GC e ICID, a través de sus otras sociedades mercantiles. 6.- La sociedad mercantil NAVINTE se encuentra participada de forma directa y minoritaria por la Administración e indirectamente, a través de la sociedad mercantil GESTUR TFE, lo que ha originado que la participación total de la Administración sea mayoritaria. 7.- Durante el ejercicio 1995, se constituyen dos sociedades mercantiles, GRECASA e ICID, concretándose la participación indirecta de la Administración a través de la sociedad mercantil SOFESA, cuyo capital social pertenece íntegramente a la Comunidad Autónoma. 8.- La Administración de la Comunidad Autónoma participa minoritariamente, bien de forma directa o a través de sus otras sociedades mercantiles, en las empresas siguientes: MUNDO ABORIGEN, S.A.; NAVES INDUSTRIALES DE LAS PALMAS, S.A.; CANARIAS UNIVERSAL, S.A.; GARAJES POLÍGONO PADRE ANCHIETA, SAL; POLÍGONO GRANADILLA PARQUE TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.; SOCIEDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE CANARIAS, S.A.; ASOCIACIÓN MIX- TA COMPENSACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA; SOCIEDAD DE GARANTÍAS DE CANARIAS, SGR.18 Núm. 122 Fascículo I / 18 2 de junio de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 9.- La Administración de la Comunidad Autónoma posee la totalidad del capital social en catorce de las sociedades mercantiles, bien de forma directa o indirecta A través de la participación directa de la Administración en sus sociedades mercantiles, e indirecta a través de sus otras empresas públicas, e incluso su participación minoritaria en otras sociedades mercantiles, se ha podido determinar, con todos los cruces pertinentes y atendiendo a cada proporción de participación, el porcentaje total en que participa la Administración de la Comunidad Autónoma en cada una de las empresas públicas, expresado en el cuadro relacionado en el Capítulo II El capital social suscrito para las veinticuatro sociedades mercantiles asciende a miles de pesetas, de las cuales la Administración de la Comunidad Autónoma participa en un 90'86%, siendo la participación directa de miles de pesetas, y la participación indirecta de miles de pesetas Respecto a las variaciones del capital social originadas en el ejercicio, podemos concluir lo siguiente: La Junta General de Accionistas de GESTUR LPA, acordó una ampliación del capital social en 300 millones de pesetas, con lo que la cifra del mismo se sitúa en miles de pesetas La Junta General de Accionistas de MERCOCANARIAS, acordó una ampliación de capital social en 170 millones de pesetas, con lo que el total de la cifra de capital social se sitúa en miles de pesetas Se amplía el capital social de GEPCAN en 2 millones de pesetas, totalmente suscrito por GAVISA, y desembolsado en un 50% La Junta General de Accionistas de CCB MPMAS-GC, acordó aumentar el capital social, mediante la suscripción de acciones por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por importe de 323'5 millones de pesetas, realizándose mediante aportación de bien inmueble, el cual se encuentra pendiente de inscripción y no se ha justificado documentalmente el estado de cargas a que pudiera estar sujeto la finca. Posteriormente, en período de alegaciones, la Intervención General establece que se encuentra sin cargas a fecha 6 de diciembre de Se producen variaciones en el capital social de GRECASA, empresa constituida en el ejercicio 1995, con un capital social de 10 millones de pesetas. La Junta General, acuerda en el mismo ampliar el capital social en 40,2 millones de pesetas, con lo que a final del ejercicio dicho capital asciende a 50'2 millones de pesetas La Junta General de SOCAEM, acordó aumentar el capital social en 301 millones de pesetas. No obstante, no figura registrado contablemente, a 31 de diciembre de 1995 como capital suscrito, sino como aportaciones de los socios para compensación de pérdidas, puesto que hasta el 26 de enero de 1996, no se eleva a público la formalización del acuerdo social de ampliación de capital La empresa MERCOCANARIAS, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y su patrimonio, opta por aumentar el capital social durante el ejercicio Sin embargo, como consecuencia de las pérdidas obtenidas al finalizar el mismo, se ve inmersa en las previsiones establecidas en el artículo de la LSA. Se recomienda, cumplir con las medidas que establece dicho artículo, con el fin de evitar que la Empresa se encuentre inmersa en causa de disolución Una vez analizado el objeto social de cada una de las sociedades mercantiles, se ha procedido a la agrupación de las mismas según el tipo de actividad que ejercen, teniendo en cuenta la afinidad o concurrencia en el ámbito o sector en el que lo desarrollan. De esta forma, se puede obtener el siguiente cuadro para las veinticuatro sociedades mercantiles pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma, a 31 de diciembre de 1995.19 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 2 de junio de 1999 Núm. 122 Fascículo I / 19 ACT IVIDADES SE DEPENDE CAPIT AL SOCIAL % PARTICIPACION CONST IT UYE ORGANICAME NT E A DE LA ADMON. E N D E (en miles de ptas.) D E L A C.A.C. P laneamiento, urbanización, promoción, contrucción, venta de V.P.O., etc. VIS OCAN 1977 Obras P úblicas, Vda. y Aguas GE S T U R T F E 1979 Obras P úblicas, Vda. y Aguas ,73.- GE S T U R L P A 1979 Obras P úblicas, Vda. y Aguas ,47.- NAVINT E 1980 Obras P úblicas, Vda. y Aguas ,15.- P R OS A 1984 Obras P úblicas, Vda. y Aguas ,31.- GR AFCAN 1989 P olítica T erritorial ,09.- GE S PLAN 1991 P olítica T erritorial GAVIS A 1994 Obras P úblicas, Vda. y Aguas ,53.- F omento de la actividad económica en divers os campos como el de la exportación, comercialización de productos a- groalimentarios de Canarias, nuevas tecnologías, fomento del des arrollo indus trial, etc. P R OE XCA 1985 Indus tria y Comercio ,33.- ME R COCANAR IAS 1986 Agricultura, Pesca y Alimentación C.C.C Indus tria y Comercio S OF E S A 1991 E conomía y H acienda IT E CAN 1992 Indus tria y Comercio GR ANT E CAN 1994 E ducación, Cultura y Deportes ICID 1995 E conomía y H acienda T rans porte colectivo de viajeros urbano e interurbano en T enerife. T IT S A 1978 T uris mo y T rans portes Actividades para la creación y mejora del ocio, culturales y formación docente S OCAE M 1987 E ducación, Cultura y Deportes H E CANS A 1989 T uris mo y T rans portes S AT U R NO 1989 T uris mo y T rans portes C.C.B. T F -S U R 1993 T uris mo y T rans portes C.C.B. MP MAS -GC 1993 T uris mo y T rans portes ,01.- P res tar garantías a favor de s us s ocios y as es oramiento GE P CAN 1993 Obras P úblicas, Vda., y Aguas ,37 Coordinación regional de las urgencias sanitarias U R GE NCIAS S ANIT AR IAS 061, S.A S anidad y Cons umo Colaboración en la ges tión de los órganos de recaudación de la Cons ejería de E conomía y H acienda GR E CAS A 1995 E conomía y H acienda20 Núm. 122 Fascículo I / 20 2 de junio de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 15.- De los informes de Auditoría Independiente o informes de Control Financiero realizados por la propia Intervención General, para las veinticuatro sociedades mercantiles, nueve tienen opinión favorable, catorce tienen salvedades o incertidumbres, y MERCOCANARIAS, tiene opinión negativa, al igual que en el ejercicio anterior Se ha procedido a confeccionar el balance de situación y el estado de ingresos y gastos agregados a 31 de diciembre de 1995, para las veinticuatro sociedades mercantiles, según los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias remitidas para cada una de ellas. BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO DEL EJERCICIO 1995 (en miles de ptas.) ACTIVO % PASIVO % Accionistas por desembolsos no exigidos Fondos propios Inmo vilizado Ingresos a distribuir en varios ejercicios Acciones propias Provisiones para riesgos y gastos Deudores a l/p Acreedores a l/p Gastos a distribuir en varios ejercicios Acreedores a c/p Activo circulante TOTAL TOTAL INGRESOS Y GASTOS AGREGADOS DEL EJERCICIO 1995 (en miles de ptas.) INGRESOS % GASTOS % Propios de la explotación Consumos de explotación y otros gastos Subvenciones de explotación De personal Financieros Dot. para amortizaciones Otros ingresos extraordinar Variación de las provisiones Subvenciones de capital transferidas Financieros Extraordinarios Impuesto sobre sociedades (33.027).- (0 11) TOTAL TOTAL Pérdidas del ejercicio 1995 = ingresos-gastos = = miles ptas Comparando los balances de situación agregados de los ejercicios 1994 y 1995, el incremento de la cifra total de activo y pasivo durante el ejercicio 1995, para el mismo número de empresas existentes en dichos ejercicios, se eleva a miles de pesetas, lo que supone un incremento del 21'9% En lo que respecta a los estados financieros agregados para el ejercicio 1995, se puede extraer las siguientes conclusiones generales, puestas de manifiesto en el Capítulo V de este informe, en el análisis de cada una de las partidas que lo integran El total de la cifra de activo y pasivo para el conjunto de las veinticuatro sociedades mercantiles asciende a millones de pesetas, de las cuales destacan VISOCAN y TITSA, con y millones de pesetas, respectivamente El balance de situación agregado, presenta un Fondo de Maniobra de millones de pesetas, o lo que es lo mismo el pasivo fijo financia la totalidad del activo fijo y el 35'27% del activo circulante. Este fondo de maniobra es positivo, excepto en MERCOCANARIAS y GRECASA Las deudas con entidades de crédito a corto y largo plazo, ascienden para el conjunto de las sociedades mercantiles a millones de pesetas, lo que representa el 9'27% del total del pasivo agregado Para las veinticuatro empresas objeto de este informe, se observa como para el conjunto de las mismas se obtienen unas pérdidas de 442 millones de pesetas, mientras que en el ejercicio anterior el beneficio obtenido asciende a 368 millones de pesetas, para las veintidós empresas consideradas, es decir, sin incluir a GRECASA e ICID, que se constituyen en el ejercicio En el Capítulo V de este informe, se realiza un análisis pormenorizado, para cada una de las empresas, de los resultados obtenidos y su evolución con respecto a los del ejercicio anterior En el Capítulo V se ponen de manifiesto determinadas salvedades e incertidumbres, así como determinadas incidencias relacionadas con lo registrado en los Mostrar más
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