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Estudio 4769/07 – Procuraduría General de la República Antecedentes
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Estudio 4769/07 – Procuraduría General de la República
Con fecha 20 de noviembre de 2007, el ahora recurrente presentó ante la Unidad de enlace de la Procuraduría General de la República (PGR), a través del SISI, solicitud de acceso a la información, con número de folio 0001700213107, por medio de la cual requirió lo siguiente: “Quiero conocer si existen investigaciones entorno a grupos terroristas en México, si hay investigaciones entorno a inversiones económicas o presencia del Hezbolá y el estado que guardan las investigaciones, así como un informe público sobre esta problemática” [sic].
Dentro del rubro denominado “otros datos para facilitar su localización”, el peticionario manifestó: “PGR, SIEDO, CENAPI” [sic].
Como modalidad preferente de entrega el solicitante seleccionó: “Otro medio”.
El día 30 de noviembre de 2007, la Unidad de enlace de la PGR, con fundamento en los artículos 24 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), dio respuesta al requerimiento de información del solicitante, por medio de un documento adjunto en el que se indica lo siguiente:
[…], me permito comunicar a usted que existe una solicitud similar registrada con número de folio 0001700159207 misma que puede consultar en la página del IFAI, a través de la siguiente ruta: […], y aparecerá la notificación del folio requerido, en donde se detalla la respuesta de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
No omito señalar que de conformidad con el artículo 48 de la LFTAIPG que a la letra dice: “Las Unidades de Enlace no estarán obligadas a dar trámite a solicitudes de acceso ofensivas; cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona […]” [sic].
El día 10 de diciembre de 2007, el entonces solicitante interpuso ante este Instituto recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por la PGR a su solicitud de acceso a la información. Como acto recurrido y puntos petitorios manifestó: “Se me envía a una respuesta de reserva, pero parte de la información se colocó en el Sexto Informe de Gobierno de Vicente Fox” [sic]. Asimismo, sometió a juicio del IFAI lo siguiente: “Deseo conocer si existe una versión pública de la información solicitada y conocer los motivos por los cuales se reserva” [sic]. En cuanto a la información solicitada, el ahora recurrente mantuvo la solicitud de acceso a la información en los términos inicialmente planteados.
Con fecha 21de enero de 2008, se recibieron en este Instituto los alegatos de la PGR derivados de la notificación de admisión del presente recurso de revisión. En estos se establece, entre otros, que:
[…] SEGUNDO.- […] Se contesta que no existe un documento con una versión pública de la información que solicita […]. Que en todo caso los motivos de la reserva de la información de la solicitud anterior […], a saber que las averiguaciones previas que inicia un Agente del Ministerio Público de la Federación se encuentran clasificadas como reservadas, máxime que se encuentra en trámite.
TERCERO.- A mayor abundamiento se aclara que las investigaciones que realiza esta PGR las efectúa en razón de la existencia de una averiguación previa, que, en el caso en particular, la indagatoria que se encuentra iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, como ya se expuso anteriormente, es una averiguación previa en trámite, razón por la cual dicha información se encuentra clasificada como reservada […] [sic].
Sobre el particular, la Ponencia del Comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, encomendó a la DGEI realizar una investigación conducente a la búsqueda de información oficial sobre el asunto de la solicitud, que incluya los tipos de informes que elabora la unidad administrativa a cargo de terrorismo y otros.
De conformidad con el artículo 139, párrafo primero, del Código Penal Federal,1 comete delito contra la seguridad de la nación por terrorismo, aquella persona que:
[…] utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
En el marco de este ordenamiento jurídico, la fracción I del artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFDO),2 prevé que el terrorismo es un delito que puede cometerse por miembros de la delincuencia organizada, y de efectuarse en esa forma, según el artículo 3° de la misma legislación, dicho delito será investigado, perseguido, procesado y sancionado conforme a las disposiciones de esa ley. Con respecto a la “investigación de la delincuencia organizada”, una de sus reglas generales, según el artículo 11 de la LFDO, es que en las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere dicho ordenamiento, la investigación debe abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación de las organizaciones presuntamente delictivas. En otro asunto, pero relacionado con lo anterior, sobre la “detención y retención de indiciados”, el artículo 12 de la LFDO establece lo siguiente:
El juez podrá dictar, a solicitud del Ministerio Público de la Federación y tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud, con vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, mismo que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, sin que exceda de noventa días, con el objeto de que el afectado participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo de arraigo.
De la cita anterior se desprende que el arraigo de los inculpados por haber cometido alguno de los delitos considerados en el artículo 2° de la LFDO, tiene un plazo determinado, el cual corresponde al tiempo dedicado a la integración de la averiguación de que se trate, sin que exceda de noventa días. Esto significa que transcurrido ese periodo, se resuelve la situación legal de cualquier indiciado, comprobándose si efectivamente fue un delincuente o no bajo el régimen de la LFDO.
Dilucidado lo anterior, es importante aclarar que la unidad especializada de la PGR encargada de investigar y perseguir los delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la cual ejerce las facultades que la LFDO le confiere (artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica).3 Esta Subprocuraduría cuenta a su vez con unidades especializadas, las cuales conocen sobre los asuntos relacionados con los delitos materia de su competencia, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales propias de la PGR. Una de éstas unidades es la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, la cual conoce, entre otros asuntos, sobre el delito previsto en el artículo 139, párrafo primero, del Código Penal Federal, que como se mencionó párrafos arriba es el de “terrorismo”. Cabe señalar que esta unidad conoce de las investigaciones por delitos de su competencia, aun cuando no hayan sido cometidos por miembros de la delincuencia organizada. Sin embargo, en esos casos, no está facultada para aplicar las disposiciones de la LFDO (artículo 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica).
Una vez definido el ámbito de competencia de la PGR para conocer acerca del asunto de la solicitud de acceso abordada en el presente Estudio, en esta investigación se buscó información relativa a la existencia de informes o investigaciones sobre la presencia de grupos terroristas en México y acerca de inversiones económicas o presencia del Hezbolá en territorio nacional, al interior del portal electrónico de esa procuraduría, por medio del motor de búsqueda Google, con los criterios “terrorismo, terrorista, Hezbolá, investigación, informe, averiguación previa e indagatoria” (combinaciones de estas palabras).
Sin embargo, en esta búsqueda no se encontró, propiamente, un informe o investigación en los que se abordara de forma exclusiva el asunto del requerimiento de acceso. Los únicos resultados obtenidos a través de dicha búsqueda fueron varios boletines, comunicados de prensa, versiones estenográficas de conferencias e informes de actividades en los que se describe el proceso penal al que fueron sometidos presuntos delincuentes por cometer actos de terrorismo. Estos documentos oficiales se pueden dividir en dos tipos: aquéllos que tratan sobre la consignación de terroristas situados en territorio nacional de los cuales su proceso penal ya ha finalizado, y otros en los que se menciona el nombre de presuntos delincuentes (detenidos por su probable participación en actos terroristas), aún cuando su proceso penal todavía no haya causado estado. En el Anexo de este Estudio se pueden consultar estos documentos oficiales, mismos que fueron ordenados de acuerdo a la división antes comentada.
A manera de ejemplo, con el fin de ilustrar aquellos documentos que tratan sobre terroristas internados al interior del país de los cuales su proceso penal ya ha finalizado, entre los boletines encontrados, hubo uno de fecha 17 de abril de 2006, titulado “Libran orden de aprehensión contra tres integrantes del EPR”, en el que se informa que tres presuntos responsables de la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer actos terroristas, después de ser investigados por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO, se acreditó su pertenencia a la organización delictiva identificada como Ejército Popular Revolucionario (EPR), por lo que el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal libró orden de aprehensión en su contra por ser probables responsables del delito antes señalado. Lo trascendente de este boletín para fines del presente Estudio es que su contenido permite advertir que existe información publicada en el portal de la PGR acerca de terroristas situados en territorio nacional, que trata sobre procesos penales que ya han causado estado.
Asimismo, en el Primer Informe de Labores de la PGR, correspondiente a la Administración Pública Federal (APF) vigente, en su sección 5.1.5.1 Terrorismo, se presenta información acerca de terroristas consignados en el país, haciéndose alusión a la resolución de las siguientes indagatorias:4
• El 12 de diciembre de 2006 se inició [Averiguación Previa], poniendo a disposición de esta [Representación Social de la Federación] a: Ramiro Gaona Arias, Daniel Aguirre de la Cruz, Agustín Cano Escalera, Salvador González Ortuño, Alexis Solís Gómez, Marcos Escalera Orozco, Miguel Ángel de Jesús Gómez y Fredi Ortega Duarte, detenidos en Coyuca de Catalán, Gro. Expediente que fue consignado en fecha 15 de diciembre de 2006.
• El 21 de diciembre de 2006 inició la [Averiguación Previa], poniendo a disposición a Gonzalo Revueltas Valladares, Rosalío Mendoza González, Rafael Suárez Ochoa, Higinio Rubio Ayala y/o Ginio Rubio Ayala, Israel García Torres, Rosario Paul Félix Romero, José Isaac Ortega Meza, Noé García Valencia, José Manuel Vejar Posada, Eduardo Mendoza Díaz ó Eudoro Mendoza Díaz, al ser detenidos en Apatzingán, Mich, en el marco del Operativo Michoacán.
• Ángel Humberto Garza Cortés y Julio Alberto García González, presuntos participantes en la balacera registrada en Monterrey, NL, fueron consignados ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, siendo internados en el CEFERESO núm. 1 El Altiplano. Los inculpados fueron consignados por los delitos de delincuencia organizada, colaborar al fomento de actividades de narcotráﬁco, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y posesión de material, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
• El 28 de diciembre de 2006, inicio [Averiguación Previa], poniendo a disposición a Miguel Vega García, El Pareja y a Aurelio Villanueva Torres, El Costeño, detenidos en Morelia, Mich.
[énfasis añadido].
Es importante señalar que la información de la cita previa no aclara de manera particular para el caso de todos los consignados por delitos de violación a la LFDO, si ya han causado estado sus procesos penales. De hecho, esto únicamente se confirma para uno de los casos (“siendo internados en el CEFERESO núm. 1 El Altiplano”), mencionándose para todos los demás detenidos, sólo la fecha en que inició el plazo para la debida integración de sus averiguaciones o indagatorias. Sin embargo, en el párrafo previo a esta cita se indica que la información presentada en ese apartado se refiere a indagatorias resueltas; aclaración de la cual se desprende que todos los procesos penales mencionados en la cita aquí aludida ya han finalizado.
Por otro lado, para ejemplificar el tipo de documentos en los que se menciona el nombre de presuntos delincuentes (relacionados con actos terroristas) de los que su proceso penal todavía no ha causado estado, en esta misma sección del Informe se presenta la siguiente información en la que se describen las acciones emprendidas por la PGR con el fin de investigar distintos intentos de actos terroristas y el origen de los ya perpetrados:
Amenaza terrorista contra instalaciones petroleras
El 14 de febrero de 2007 se publicó en la página de Internet Yahoo Noticias, la nota informativa Al Qaeda insta a atacar instalaciones petroleras de México y Venezuela.
Atento a lo anterior, esta Representación Social, el 15 de febrero de 2007, inició el [Acta Circunstanciada] correspondiente, con el fin de indagar acerca de la amenaza hecha por esa organización terrorista.
El 15 de febrero de 2007 se inició la [Averiguación Previa], por los hechos ocurridos en Aguascalientes donde miembros de la Organización de El Chapo Guzmán, se enfrentaron a policías municipales causando la muerte de cuatro de ellos, siendo más tarde detenidos 10 de los involucrados; derivado de las investigaciones realizadas por el [agente del Ministerio Público de la Federación] se pudo determinar que también estaban involucradas en los hechos otras 11 personas, que después de la medida cautelar de arraigo, se pudo acreditar la probable responsabilidad de los indiciados, siendo consignados ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en Guadalajara, Jal. el día 11 de mayo de 2007, para después dictar en contra de los indiciados el auto de formal prisión. Entre los 21 indiciados hay cinco ex militares, seis policías ministeriales y un policía municipal.
Dentro del marco del Operativo Conjunto Tamaulipas, se cateó el inmueble ubicado en calle 18 de marzo número 1301, colonia Obrera, en Ciudad Madero, Tamaulipas. En su interior se encontraron diversas armas largas y cortas, granadas, lanzagranadas, municiones, equipo y cuatro vehículos blindados, motivo por el cual se ordenó el inicio de la [Averiguación Previa] el 31 de marzo del presente año.
Con motivo de una [Averiguación Previa] iniciada por la PGJ de Chihuahua, por el homicidio del periodista y dueño de la revista Dos Caras una Verdad, la PGR ejerció la facultad de atracción. La línea de investigación actual se desprendió de un video anónimo hecho llegar por la Procuradora de Chihuahua, de donde se desprende la probable responsabilidad de J.L. Gonzalo García García, Pedro Sánchez, Armando Vaca Escobedo, Ramiro Rodríguez García, Armando Carillo, Joaquín Carrillo, Cashitas, Eliseo Ortiz, Enrique Huerta, Chanoc y Bernardo Arándara, en el homicidio del periodista.
El día 18 de junio, se recibió informe de la AFI quien se encuentra dirigiendo sus esfuerzos a la localización de toda la información relacionada con las personas antes citadas, labor que se ha dificultado debido a que no se cuenta con nombres completos de todas las personas.
Explosiones en Oleoductos de PEMEX
Con relación con las recientes explosiones en oleoductos de PEMEX, con fecha 15 de julio de 2007, se recibieron las indagatorias:
• PGR/QRO/QRO-VI/490/2007, iniciada el 10 de julio de 2007, en investigación de los delitos de sabotaje, motín, daño en propiedad ajena y lo que resulte, con motivo de la explosión en los ductos de PEMEX, en el kilómetro 888+931 del tramo Palmillas-Apaseo el Alto, Gto., en las inmediaciones de Ceja de Bravo y Charco Blanco, Corregidora, Qro. Entre las diligencias, destacan:
Inspección ministerial del lugar de los hechos; la recepción de la querella presentada por la representante legal de PEMEX; tarjeta informativa relativa a llamada telefónica anónima en la que refieren a los presuntos responsables; las comparecencias de los mismos, el dictamen en materia química con técnica de espectrofotometría de luz infrarroja que le fue practicado con resultados negativos.
Actas de cateo practicados a los domicilio de los probables responsables en los que se aseguraron 24 cartuchos útiles calibre 9mm y diversa documentación con las siglas FPR.
Informe de peritos en materia de incendios y explosivos, comunicando que por el momento no es posible determinar las causas, así como que se tomaron muestras de tierra y el hallazgo de una pila de teléfono celular.
• PGR/GTO/CEL/6288/2007, iniciada el 5 de julio de 2007, por el delito de Daño en Propiedad Ajena y lo que resulte, con motivo de la explosión en las válvulas de seccionamiento de PEMEX, en Celaya, Gto. Entre las diligencias de relevancia se encuentran:
La querella presentada por el representante legal de PEMEX; inspección ministerial de pintas en un puente vehicular, cercano al lugar de los hechos (que no aluden al Ejército Popular Revolucionario –EPR–) y la intervención de peritos de la Institución que recabaron tierra y agua del cráter por debajo del ducto de 36, así como fragmentos metálicos.
• PGR/GTO/SAL-I/6284/2007, iniciada el 5 de julio de 2007, en investigación de los delitos de daños en propiedad ajena y lo que resulte, con motivo de la explosión en los ductos de PEMEX, ubicados en el kilómetro 1053+300, de la carretera Salamanca Valle de Santiago, en Salamanca, Gto. Entre las diligencias de relevancia se encuentran:
La querella presentada por la representante legal de PEMEX; inspección ocular en el lugar de los hechos, fe ministerial del ducto denominado Santo Domingo, ubicado en el kilómetro 1053+300, de la carretera Salamanca-Morelia; así como la intervención de peritos en materia de incendios y explosivos, así como en materia de mecánica y electricidad.
Los peritos de la institución, a efecto de estar en condiciones de dictaminar, solicitaron entre otras cosas, reportes, planos en Isométrico, hojas de seguridad, reportes de inspección y del sistema de monitoreo de PEMEX, así como de los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo realizados por parte de PEMEX o empresa contratada en el lugar afectado y las especificaciones técnicas y de operación de válvulas de seccionamiento.
Estas tres indagatorias fueron acumuladas a la diversa PGR/SIEDO/UEITA/054/2007, para su perfeccionamiento y su prosecución.
Vía Internet se obtuvieron los supuestos comunicados del EPR y se agregaron a la indagatoria. Se identificó a la persona moral que tiene contratado el servicio sobre la página de Internet SEDEMA, utilizada por los grupos subversivos de toda Latinoamérica; se trata de PRIMA S.A. radicada en Buenos Aires, Argentina; solicitando a INTERPOL se investigue a la persona moral para conocer la identidad de sus socios.
Para agosto de 2007 se tiene previsto recibir siete comparecencias del personal del departamento de vigilancia de los poliductos de PEMEX, a efecto de recabar datos que fueran útiles para la investigación de los hechos.
El 24 de agosto de 2006, el representante legal del diario Por Esto en Cancún, Q. Roo presentó denuncia de hechos con motivo de la detonación de dos granadas de mano en las instalaciones del rotativo, ocurrida el 23 de agosto. En atención a la denuncia, se ejerció facultad de atracción e inició la indagatoria correspondiente.
El 26 de agosto fue detenido y trasladado a la Ciudad de México, Josué David Euan Almeida, El Campeche y/o El Barbas, identificado por un testigo como el causante de la explosión. Se continúa integrando la [Averiguación Previa].
Como puede advertirse, la información de la cita previa tomada del Primer Informe de Labores de la PGR (del año 2007), describe genéricamente los actos perpetrados por presuntos grupos terroristas en México, así como las acciones e investigaciones penales efectuadas por la PGR entorno a estos grupos y sus operaciones. Nótese bien que en distintos párrafos de la cita de arriba se menciona que continúan las indagatorias efectuadas por parte de la PGR para identificar a los responsables de posibles actos terroristas y, sin embargo, se publica esta información al respecto. A manera de ejemplo, en el último párrafo de la cita anterior se indica lo siguiente: “se continúa integrando la averiguación previa” de un presunto terrorista, el cual fue detenido por la sospecha de que él había sido el responsable de detonar dos granadas de mano en las instalaciones del diario Por Esto en Cancún, Quintana Roo. Es importante señalar lo anterior ya que la PGR en su respuesta al requerimiento de información materia del presente Estudio, manifiesta que la información solicitada tiene el carácter de reservada, pues corresponde a información proveniente de las averiguaciones previas de probables delincuentes, las cuales se encuentran en trámite. No obstante dicha declaración, como se observa en el párrafo aquí comentado, existen documentos oficiales elaborados por la procuraduría en los que se menciona el delito y el nombre del presunto delincuente, aún cuando su proceso penal todavía no haya causado estado.
En el mismo sentido, en la página dedicada al delito de “Terrorismo” al interior del sitio electrónico de la PGR se publica la siguiente información sobre presuntos responsables de dicho delito en contra de la seguridad nacional:
La labor que institucionalmente viene realizando nuestro país, se traduce en un esfuerzo coparticipativo de diversas áreas gubernamentales encargadas de la seguridad, por ello para hacer frente directa y rápidamente a esta problemática, se formó un grupo interinstitucional, conformado con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal Preventiva, del CISEN, del CENDRO, de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que analiza periódicamente la información con que se cuenta respecto de grupos como son básicamente el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejercito Popular Revolucionario (EPR) y la escisión de éste, Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR). La finalidad del grupo está enfocada al análisis de información de inteligencia, a fin de detectar oportunamente alguna actuación de grupo u organización dedicada a realizar atentados terroristas.
En este sentido, del caso de las explosiones, las investigaciones dieron como resultado la detención y el ejercicio de la acción penal en contra de Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo Contreras, Sergio Galicia Max y Pablo Alvarado Flores, como probables responsables de la comisión del delito de terrorismo y de acopio de armas, actualmente, estos individuos están siendo procesados.
En esta cita, al igual que en la previa, se mencionan los nombres de actores (organizaciones o individuos) que probablemente son responsables de la comisión del delito de terrorismo, aún cuando los mismos ni siquiera han sido procesados penalmente o su proceso todavía no finaliza. Esta información simplemente confirma que la PGR publica información en Internet sobre presuntos grupos o individuos terroristas, sobre los cuales continúa el plazo para la debida integración de sus averiguaciones previas dentro de su proceso penal.
Cabe señalar que en los otros informes de labores de la procuraduría (que son los seis informes de labores, los cinco informes anuales de gestión y los informes trimestrales de labores, correspondientes a la pasada administración), así como en los Quinto, Sexto y Primer informes de gobierno de la pasada y vigente gestión gubernamental, en su apartado “Procuración de Justicia”, en sus secciones “Resultados de la lucha contra el terrorismo” o “Terrorismo”, se hace referencia únicamente a la participación de miembros de la PGR en eventos internacionales sobre el tema, tales como reuniones oficiales, conferencias, seminarios y talleres; así como a los resultados generales de las operaciones de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SIEDO.5 Es por ello que esta información no representa, propiamente, un informe de las investigaciones hechas a grupos terroristas en México por parte de la procuraduría, sino más bien describe las acciones que la misma entidad ha tomado con el fin de prepararse o prevenir siniestros causados por ese tipo de actores.6 Aparte de los resultados descritos hasta esta parte del Estudio, en la presente investigación no se encontró más información relacionada con investigaciones o informes elaborados por la PGR entorno a grupos terroristas en el territorio nacional.
Finalmente, con respecto a la publicación de información sobre la presencia del grupo fundamentalista islámico Hezbolá en México o inversiones de esta organización terrorista en el país, en el portal de la PGR únicamente se encontró información sobre este asunto en las síntesis realizadas a varias notas periodísticas publicadas en medios comerciales localizadas en la sección “sala de prensa” de este sitio. Por lo anteriormente expuesto dicha información no tiene el carácter de oficial, y por ese motivo no se entró en detalles de su contenido.7

References: artículo 48
 artículo 139
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 139
 resolución