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Timestamp: 2019-10-21 08:16:07+00:00

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﻿ DECRETO 1818 DE 1998
DECRETO 1818 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:DESCONGESTIÓN DE LA JUSTICIA. SE ADOPTA EL ESTATUTO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORGANISMOS COMERCIALES, PROCEDIMIENTO LABORAL
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1103 DE SEPTIEMBRE 30 DE 1998, PG. 721
DIARIO OFICIAL N°:43380 DE SEPTIEMBRE 7 DE 1998
“Por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 166 de la Ley 446 de 1998, y
Que la Ley 446 de 1998 en su artículo 166 facultó al Gobierno Nacional para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de dicha ley, compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes;
Que el presente decreto se expide sin cambiar la redacción, ni contenido de las normas antes citadas,
Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos
“Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley” (C.P., art. 116, inc. 4º).
Ley 270 de 1996 “estatutaria de la administración de justicia”
“ART. 8º—Alternatividad. La ley podrá establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por éstos servicios”.
3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad”.
De la conciliación ordinaria
ART. 1º—Definición. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador (L. 446/98, art. 64).
ART. 2º—Asuntos conciliables. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquéllos que expresamente determine la ley (L. 446/98, art. 65).
ART. 3º—Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo (L. 446/98, art. 66).
ART. 4º—Clases. La conciliación podrá ser judicial o extrajudicial. La conciliación extrajudicial será institucional cuando se realice en los centros de conciliación; administrativa cuando se realice ante autoridades administrativas en cumplimiento de sus funciones conciliatorias; y en equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad según lo previsto en esta ley.
PAR. 1º—El Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) meses siguientes a la sanción de la presente ley, expedirá el reglamento mediante el cual se categorizan los centros de conciliación extrajudicial, con el propósito de que únicamente aquéllos de primera categoría puedan adelantar la conciliación contencioso administrativa.
PAR. 2º—Mientras el Gobierno Nacional expide el reglamento de que trata el parágrafo anterior, los centros de conciliación y arbitramento institucional de las asociaciones profesionales, gremiales y de las cámaras de comercio podrán seguir realizando las conciliaciones contencioso administrativas (L. 446/98, art. 67).
ART. 5º—Conciliación sobre inmueble arrendado. Los centros de conciliación podrán solicitar a la autoridad judicial que comisione a los inspectores de Policía para realizar la diligencia de entrega de un bien arrendado, cuando exista incumplimiento de un acta de conciliación con un acta al respecto (L. 446/98, art. 69).
ART. 6º—En los centros se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación.
La conciliación prevista en materias laboral, de familia, civil, contencioso administrativa, comercial, agraria y policiva podrá surtirse válidamente ante un centro de conciliación autorizado o ante el funcionario público que conoce del asunto en cuestión, cuando éste no sea parte. Para los efectos de la conciliación en materia policiva sólo podrá tener lugar en aquéllas materias que de conformidad con la legislación vigente admitan tal mecanismo.
La diligencia de conciliación surtida ante un centro debidamente autorizado, suple la establecida en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, pero no las demás diligencias previas previstas en la misma, para cuya evacuación deberá citar el juez (art. 77 de la L. 446/98 que modifica el inc. 2º del art. 75 de la L. 23/91).
ART. 7º—Conciliadores en materias laboral y de familia. Para que un centro de conciliación pueda ejercer su función en materias laboral y de familia, deberá tener conciliadores autorizados para ello por la dirección general de prevención y conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, quienes deberán acreditar capacitación especializada en la materia en la que van a actuar como conciliadores (L. 446/98, art. 98).
ART. 8º—Creación. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán crear centros de conciliación, previa autorización de la dirección general de prevención y conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho.
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollada con la metodología que para el efecto disponga el Ministerio de Justicia y del Derecho.
PAR.—Los centros de conciliación que se encuentren funcionando con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un plazo de seis (6) meses para adecuarse a los requerimientos de la misma (L. 446/98, art. 91 que Modifica el art. 66 de la L. 23/91).
ART. 9º—Centros de conciliación de carácter universitario. Las facultades de ciencias humanas y sociales podrán organizar sus centros de conciliación, en tanto cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior (L. 446/98, art. 92).
ART. 10.—Obligaciones de los centros de conciliación. Los centros de conciliación deberán cumplir las siguientes obligaciones:
PAR.—La dirección general de prevención y conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, tendrá funciones de control, inspección y vigilancia para velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo. El Gobierno Nacional expedirá el reglamento correspondiente (L. 446/98, art. 93).
ART. 11.—Centros de conciliación de facultades de derecho. Las facultades de derecho podrán organizar su propio centro de conciliación.
Dichos centros de conciliación deberán conocer de todas aquellas materias a que se refiere el artículo 66 de la presente ley, sin limitarse a los asuntos de competencia de los consultorios jurídicos (L. 446/98, art. 95).
ART. 12.—Tarifas. Los centros de conciliación deberán fijar anualmente sus tarifas dentro del marco que para el efecto determine el Ministerio de Justicia y del Derecho. Sin embargo, los centros de conciliación organizados en las universidades, en los términos de esta ley, prestarán gratuitamente sus servicios (L. 446/98, art. 96 que modifica el art. 72, de la L. 23/91).
ART. 13.—Sanciones. La dirección general de prevención y conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez comprobada la infracción a la Ley o a sus reglamentos, podrá imponer a los centros de conciliación, mediante resolución motivada cualquiera de las siguientes sanciones:
c) Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término de seis (6) meses, y
PAR.—Cuando a un centro de conciliación se le haya revocado la autorización de funcionamiento, sus representantes legales o administradores quedarán inhabilitados para solicitar nuevamente dicha autorización, por un término de cinco (5) años (art. 94 de la L. 446/98, que modifica el art. 67 de la L. 23/91).
ART. 14.—Calidades del conciliador. El conciliador deberá ser ciudadano en ejercicio, quien podrá conciliar en derecho o en equidad. Para el primer caso, el conciliador deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trate de centros de conciliación de facultades de derecho.
Los estudiantes de último año de sicología, trabajo social, sicopedagogía y comunicación social, podrán hacer sus prácticas en los centros de conciliación, apoyando la labor del conciliador y el desarrollo de las audiencias. Para el efecto celebrará convenios con las respectivas facultades (art. 99 de la L. 446/98, que modifica el art. 73 de la L. 23/91).
ART. 15.—Inhabilidad especial. Quien actúe como conciliador quedará inhabilitado para actuar en cualquier proceso judicial o arbitral relacionados con el conflicto y objeto de la conciliación, ya sea como árbitro, asesor o apoderado de una de las partes.
Los centros de conciliación no podrán intervenir en casos en los cuales se encuentren directamente interesados los centros o sus miembros (art. 97 de la L. 446/98, que modifica el art. 74 de la L. 23/91).
ART. 16.—La conciliación tendrá carácter confidencial. Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso subsiguiente cuando éste tenga lugar.
A la conciliación las partes podrán concurrir con o sin apoderado (L. 23/91, art. 76).
ART. 17.—Impedimentos y recusaciones. Los conciliadores están impedidos y son recusables por las mismas causales previstas en el Código de Procedimiento Civil. El director del centro decidirá sobre ellas (L. 446/98, art. 100).
ART. 18.—En la audiencia, el conciliador interrogará a las partes para determinar con claridad los hechos alegados y las pretensiones que en ellos se fundamentan, para proceder a proponer fórmulas de avenimiento que las partes pueden acoger o no (L. 23/91, art. 79).
ART. 19.—Inasistencia. Si alguna de las partes no comparece a la audiencia a la que fue citada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si el citante o el citado no comparecen a la segunda audiencia de conciliación y no justifica su inasistencia, su conducta podrá considerarse como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos. El conciliador expedirá al interesado la constancia de imposibilidad de conciliación.
Esta disposición no se aplicará en materias laboral, policiva y de familia (art. 78 de la L. 446/98, que crea el art. 79A en la L. 23/91).
ART. 20.—El procedimiento de conciliación concluye:
b) Con la suscripción de un acta en la que las partes y el conciliador dejan constancia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio (L. 23/91, art. 80).
ART. 21.—Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio no habrá lugar al proceso respectivo, si el acuerdo fuere parcial, quedará constancia de ello en el acta y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio solamente las diferencias no conciliadas (L. 23/91, art. 81).
ART. 22.—Oportunidad. En los procesos en que no se haya proferido sentencia de primera o única instancia, y que versen total o parcialmente sobre materias susceptibles de conciliación, habrá por lo menos una oportunidad de conciliación, aun cuando se encuentre concluida la etapa probatoria.
Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictará un auto declarando terminado el proceso; en caso contrario, el proceso continuará respecto de lo no conciliado (L. 446/98, art. 101).
Conciliación en materia civil
ART. 23.—Procedencia, contenido y trámite. Cuando se trate de procesos ordinarios y abreviados, salvo norma en contrario, luego de contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere; el juez citará a demandantes y demandados para que personalmente concurran, con o sin apoderado, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de las excepciones previas y fijación del litigio.
La audiencia se sujetará a las siguientes reglas:
PAR. 1º—Señalamiento de fecha y hora. Cuando no se propusieren excepciones previas, el juez señalará para la audiencia el décimo día siguiente al vencimiento del traslado de la demanda principal y de la de reconvención si la hubiere. Si se proponen dichas excepciones se procederá de la siguiente manera:
a) Si se trata de excepciones que no requieran la práctica de pruebas distintas de la presentación de documentos, para la audiencia se señalará el décimo día siguiente al de la fecha del auto que las decida, si no pone fin al proceso, y
b) Si las excepciones propuestas requieren la práctica de otras pruebas, la audiencia se celebrará el décimo día siguiente al del vencimiento del término para practicarlas.
El auto que señale fecha y hora para la audiencia, no tendrá recursos.
PAR. 2º—Iniciación. 1. Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará el quinto día siguiente para celebrarla, por auto que no tendrá recursos, sin que pueda haber otro aplazamiento.
1.(sic) Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer en la nueva fecha, o de que se encuentra domiciliada en el exterior, ésta se celebrará con su apoderado, quien tendrá facultad para conciliar, admitir hechos y desistir.
2. Excepto en los casos contemplados en el numeral anterior, si alguno de los demandantes o demandados no concurre, su conducta se considerará como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito, según fuere el caso.
3. Tanto a la parte como al apoderado que no concurran a la audiencia, o se retiren antes de su finalización, se les impondrá multa por valor de cinco a diez salarios mínimos mensuales, excepto en los casos contemplados en el numeral 1º.
Aunque ninguna de las partes ni sus apoderados concurran, la audiencia se efectuará para resolver las excepciones previas pendientes, y adoptar las medidas de saneamiento y demás que el juez considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.
4. Si alguno de los demandantes o demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. El auto que apruebe la conciliación implicará la autorización a éste para celebrarla, cuando sea necesaria de conformidad con la ley. Cuando una de las partes está representada por curador ad litem, éste concurrirá para efectos distintos de la conciliación y de la admisión de hechos perjudiciales a aquélla; si no asiste se le impondrá la multa establecida en el numeral 3º anterior.
5. La audiencia tendrá una duración de tres horas, salvo que antes se termine el objeto de la misma, vencidas las cuales podrá suspenderse por una sola vez para reanudarla al quinto día siguiente.
PAR. 3º—Modificado artículo 9º del Decreto 2651 de 1991: “Interrogatorio de las partes y solicitud adicional de pruebas. Las partes absolverán bajo juramento los interrogatorios que se formulen recíprocamente o que el juez estime conveniente efectuar, acerca de los hechos relacionados con las excepciones previas pendientes o con el litigio objeto del proceso.
PAR. 4º—Resolución de las excepciones previas. En caso de no lograrse la conciliación o si ésta fuere parcial en cuanto a las partes o al litigio, se procederá en la misma audiencia a resolver las excepciones previas que estuvieren pendientes, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 99, por auto que sólo tendrá reposición.
PAR. 5º—Saneamiento del proceso. El juez deberá adoptar las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.
PAR. 6º—Fijación de hechos, pretensiones y excepciones de mérito. A continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales declarará probados mediante auto en que, además, señalará las pruebas pedidas que desecha por versar sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que quedan excluidas como resultado de la conciliación parcial.
Igualmente, si lo considera necesario, requerirá a las partes para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito (art. 101 del CPC., modificado por el art. 1º, num. 51 del D. 2282/89).
ART. 24.—Procesos de ejecución. En los procesos de ejecución la audiencia de conciliación deberá surtirse cuando se presenten excepciones de mérito. Tendrá lugar una vez vencido el traslado a que se refiere el primer inciso del artículo 510 o el primer inciso del artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, según el caso.
El proceso terminará cuando se cumpla la obligación tal como quedó conciliado dentro del término acordado, y se dará aplicación al artículo 537 del Código de Procedimiento Civil. En caso de incumplimiento de lo conciliado, el proceso continuará respecto del título ejecutivo inicial (L. 446/98, art. 102).
ART. 25.—Sanciones por inasistencia. La inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o a la contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en el proceso:
El auto que resuelve sobra la solicitud de justificación o que imponga una sanción, es apelable en el efecto diferido (L. 446/98, art. 103).
ART. 26.—Conciliación. En los eventos previstos en el artículo 28, el imputado y el perjudicado podrán acudir en cualquier momento del proceso, por sí o por medio de apoderado, ante un funcionario judicial de conocimiento o ante los centros de conciliación o conciliadores en equidad de que tratan los artículos 66 y 82 de la Ley 23 de 1991. Los acuerdos que allí se logren se presentarán ante el funcionario que está conociendo del trámite contravencional para que de decrete la extinción de la acción (L. 228/95, art. 30).
ART. 27.—Conciliación durante la etapa de la investigación previa o del proceso. A solicitud del imputado o procesado y/o los titulares de la acción civil, el funcionario judicial podrá disponer en cualquier tiempo la celebración de audiencia de conciliación, en los delitos que admitan desistimiento y en los casos previstos en el artículo 39 de este código. En todos los casos, cuando no se hubiere hecho solicitud, en la resolución de apertura de la investigación, el funcionario señalará fecha y hora para la celebración de audiencia de conciliación, que se llevará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes.
PAR.—Límite de las audiencias. No se podrán realizar más de dos audiencias de conciliación, ni admitirse suspensión o prórroga del término para cumplir o garantizar el cumplimiento del acuerdo (art. 38 del CPP., modificado por el art. 6º de la L. 81/93).
Conciliación en materia de familia
ART. 28.—Procedibilidad. La conciliación deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial, ante el juez de familia, el defensor de familia, el comisario de familia, o en su defecto, ante el juez promiscuo municipal de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I del presente título.
Los jueces de familia, los defensores de familia y los comisarios de familia, podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4º del artículo 277 del Código del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de 1991 (L. 446/98, art. 88).
ART. 29.—Medidas provisionales. Si fuere urgente, las autoridades a que se refiere el artículo anterior, exceptuando los centros de conciliación, podrán adoptar hasta por treinta (30) días, en caso de riesgo o violencia familiar, o de amenaza o violación de los derechos fundamentales constitucionales de la familia o sus integrantes, las medidas cautelares previstas en la ley y que consideren necesarias, las cuales para su mantenimiento deberán ser refrendadas por el juez de familia.
PAR.—Si quien adelanta el trámite conciliatorio es un centro de conciliación, podrá solicitar al juez competente la toma de las medidas señaladas en el presente artículo (L. 446/98, art. 89).
ART. 30.—Podrá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial, o durante el trámite de éste, la conciliación ante el defensor de familia competente, en los siguientes asuntos:
PAR. 2º—Estas facultades se entienden sin perjuicio de las atribuciones concedidas por la ley a los notarios (L. 23/91, art. 47).
ART. 31.—De lograrse la conciliación se levantará constancia de ella en acta. En cuanto corresponda a las obligaciones alimentarias entre los cónyuges, los descendientes y los ascendientes, prestarán mérito ejecutivo, y serán exigibles por el proceso ejecutivo de mínima cuantía en caso de incumplimiento (L. 23/91, art. 49).
ART. 32.—Si la conciliación comprende el cumplimiento de la obligación alimentaria respecto de menores, el defensor podrá adoptar las medidas cautelares señaladas en los ordinales 1º y 2º del artículo 153 del Código del Menor, dará aviso a las autoridades de emigración competentes para que el obligado no se ausente del país sin prestar garantía suficiente de cumplir dicha obligación, y de ser necesario en el caso del ordinal dos del artículo citado, acudir al juez de familia competente para la práctica de las medidas cautelares sobre los bienes del alimentante (L. 23/91, art. 50).
ART. 33.—Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 277 del Código del Menor, si la conciliación fracasa, las medidas cautelares así adoptadas se mantendrán hasta la iniciación del proceso, y durante el curso del mismo si no son modificadas por el juez, siempre que el proceso correspondiente se promueva dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la audiencia. De lo contrario cesarán sus efectos (L. 23/91, art. 51).
ART. 34.—En caso de que la conciliación fracase y se inicie el respectivo proceso, de la audiencia establecida en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y en las demás normas concordantes de este mismo estatuto, se excluirá la actuación concerniente a aquélla y el juez se ocupará únicamente de los demás aspectos a que se refiere, a menos que las partes de consumo manifiesten su voluntad de conciliar (L. 23/91, art. 52).
ART. 35.—La solicitud de conciliación suspende la caducidad e interrumpe la prescripción, según el caso, si el solicitante concurre a la audiencia dispuesta por el defensor de familia; y tendrá el mismo efecto si el proceso judicial se promueve dentro de los tres meses siguientes a la fecha del fracaso de la conciliación por cualquier causa (L. 23/91, art. 53).
Conciliación en materia de alimentos que se deben a menores de edad
ART. 36.—En caso de incumplimiento de la obligación alimentaria para con un menor, cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado, podrán provocar la conciliación ante el defensor de familia, los jueces competentes, el comisario de familia, o el inspector de los corregimientos de la residencia del menor, o éstos de oficio. En la conciliación se determinará la cuantía de la obligación alimentaria, el lugar y forma de su cumplimiento, la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, sus garantías y demás aspectos que se estimen necesarios.
El acta de conciliación y el auto que la apruebe, prestarán mérito ejecutivo mediante el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía ante los jueces de familia o municipales, conforme a la competencia señalada en la ley (Código del Menor, art. 136).
ART. 37.—Si citada en dos oportunidades la persona señalada como obligada a suministrar alimentos al menor no compareciere, habiéndosele dado a conocer el contenido de la petición, o si fracasare la conciliación, el funcionario fijará prudencial y provisionalmente los alimentos.
El auto que señale la cuota provisional prestará mérito ejecutivo (Código del Menor, art. 137).
ART. 38.—Al ofrecimiento verbal o escrito de fijación o revisión de alimentos debidos a menores se aplicará, si hubiere acuerdo entre las partes, lo dispuesto en el artículo 136 y si es rechazada la oferta, lo ordenado por el artículo 137. En este último caso, el funcionario tomará en cuenta de su decisión los términos de la oferta y los informes y pruebas presentadas por el oferente para sustentar su propuesta (Código del Menor, art. 138).
Conciliación en materia laboral
ART. 39.—Requisito de procedibilidad. La conciliación es requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción en asuntos laborales, de acuerdo con lo establecido en la presente ley (L. 446/98, art. 68).
(Nota: Véase Sentencia C-160 de 1999 de la Corte Constitucional).
ART. 40.—Procedibilidad. La conciliación en materia laboral deberá intentarse ante las autoridades administrativas del trabajo o ante los centros de conciliación, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I del Título I de la parte tercera de la ley, “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia” (art. 82 de la L. 446/98, que modificó el art. 26 de la L. 23/91).
ART. 41.—Oportunidad del intento de conciliación. La conciliación podrá intentarse en cualquier tiempo, antes o después de presentarse la demanda (CPL, art. 19).
ART. 42.—La audiencia de conciliación podrá ser solicitada por el empleador o el trabajador, quienes pueden participar por sí o por medio de apoderado. Las personas jurídicas deberán determinar su representación legal de acuerdo con las normas que rigen la materia (L. 23/91, art. 24).
ART. 43.—Deberá intentarse la conciliación ante las autoridades administrativas del trabajo antes de la presentación de la demanda. Con todo, una vez iniciado el proceso y en cualquier estado de este, las partes, cuando hayan logrado las bases de un posible acuerdo, podrán de mutuo acuerdo solicitar al juez de conocimiento que se practique audiencia especial de conciliación de acuerdo con el Código de Procedimiento Laboral (L. 23/91, art. 25).
ART. 44.—Conciliación antes del juicio. La persona que tenga interés en conciliar una diferencia, podrá solicitar verbalmente, antes de proponer demanda, que el juez competente o el inspector del trabajo haga la correspondiente citación, señalando día y hora con tal fin.
Al iniciarse la audiencia, el funcionario, sin avanzar ningún concepto, interrogará a los interesados, acerca de los hechos que originan la diferencia, para determinar con la mayor precisión posible los derechos y obligaciones de ellos y los invitará a un acuerdo amigable, pudiendo proponer fórmulas al efecto. Si se llegare a un acuerdo se procederá como se dispone en el artículo 78 de este decreto.
Si no hubiere acuerdo, o si este fuere parcial, se dejarán a salvo los derechos del interesado para promover demanda (CPL, art. 20).
ART. 45.—Casos en que no es necesaria la audiencia de conciliación. Cuando se presenta demanda y ya se hubiere intentado conciliar la controversia, no será necesario efectuar audiencia de conciliación antes de adelantar el juicio, salvo que las partes, de común acuerdo, lo soliciten. En este caso se procederá como se dispone en los artículos 77 a 79, en lo pertinente (CPL, art. 21).
ART. 46.—Obligaciones del funcionario. El funcionario ante quien se trámite la conciliación administrativa tendrá las siguientes obligaciones:
7. Levantar el acta de la audiencia de conciliación.
(art. 83 de la L. 446/98, que modificó el art. 28 de la L. 23/91).
ART. 47.—Citación. El funcionario ante quien se tramite la conciliación administrativa citará a las partes a través de un documento que deberá contener al menos lo siguiente:
(art. 84 de la L. 446/98, que modificó el art. 29 de la L. 23/91).
ART. 48.—Inasistencia. Se presumirá que son ciertos los hechos en los cuales el actor basa sus pretensiones cuando el demandado ante la jurisdicción laboral haya sido citado con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y no comparezca a la audiencia a la que se le citó.
La inasistencia injustificada de una de las partes a la audiencia de conciliación, obliga al inspector de trabajo a consignar expresamente este hecho en el acta, para los efectos establecidos en el artículo 69 de la presente ley (art. 85 de la L. 446/98, que modifica el art. 32 de la L. 23/91).
ART. 49.—Acta de conciliación. Del acuerdo logrado se dejará constancia en el acta de conciliación, que deberá contener los extremos de la relación laboral, las sumas líquidas y el concepto al que corresponden y en especial el término fijado para su cumplimiento.
El acuerdo deberá ser aprobado por el inspector de trabajo, por medio de auto que no es susceptible de recursos (art. 86 de la L. 446/98, que modificó el art. 34 de la L. 23/91).
ART. 50.—Si subsiste una o varias de las diferencias se dejará constancia de lo acordado y de lo no arreglado, en los términos del artículo anterior.
En lo no acordado las partes podrán, si es su voluntad, acudir a la justicia ordinaria laboral para que se defina la controversia (L. 23/91, art. 35).
ART. 51.—Agotamiento de la conciliación administrativa. Cuando el funcionario determine que el asunto no es susceptible de conciliación expedirá al solicitante una certificación en la que se hará constar este hecho con la expresa mención de que este documento suple la obligación de acompañar copia auténtica del acta que da fe del agotamiento de la conciliación administrativa (art. 87 de la L. 446/98, que modificó el art. 42 de la L. 23/91).
ART. 52.—Conciliación durante el juicio. También podrá efectuarse la conciliación en cualquiera de las instancias, siempre que las partes, de común acuerdo, lo soliciten (CPL, art. 22).
ART. 53.—Falta de ánimo conciliatorio. Se entenderá que no hay ánimo de conciliación cuando cualquiera de las partes o ambas no concurrieren a la audiencia respectiva, y si ya se hubiera propuesto demanda, no será necesario nuevo señalamiento con tal fin (CPL, art. 24).
ART. 54.—Acta de conciliación. En el día y hora “señalados” el juez invitará a las partes a que, en su presencia y bajo su vigilancia, procuren conciliar sus diferencias. Si se llegare a un acuerdo se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente, tendrá fuerza de cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del plazo que él señale. Si el acuerdo fuere parcial, se ejecutará en la misma forma, en lo pertinente, y las pretensiones pendientes se tramitarán por el procedimiento de instancia (CPL, art. 78).
ART. 55.—Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación. En cualquier momento en que las partes manifiesten o el juez considere que el acuerdo no es posible, declarará clausurada la conciliación. Acto seguido y en audiencia de trámite decretará las pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día y hora para nueva audiencia de trámite, que habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de dichas pruebas (CPL, art. 79).
ART. 56.—Asuntos susceptibles de conciliación. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
PAR. 2º—No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario (art. 70 de la L. 446/98 que modifica el art. 59 de la L. 23/91).
ART. 57.—Revocatoria directa. Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo logrado (art. 71 de la L. 446/98 que modifica el art. 62 de la L. 23/91).
ART. 58.—Sanciones. La inasistencia injustificada de las partes o sus apoderados a la audiencia de conciliación o la negativa, igualmente injustificada, a discutir las propuestas formuladas, se sancionará con multa hasta de diez (10) salarios mínimos mensuales legales a favor del Consejo Superior de la Judicatura que será impuesta, en la prejudicial, por el agente del Ministerio Público, y en la judicial, por el juez, sala, sección o subsección respectiva (art. 74 de la L. 446/98 que modifica el art. 64 de la L. 23/91).
ART. 59.—Conclusión del procedimiento conciliatorio. El acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestarán mérito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada.
Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago y moratorios después de este último.
PAR.—Será obligatorio la asistencia e intervención del agente del Ministerio Público a las audiencias de conciliación judicial (art. 72 de la L. 446/98 que modifica el art. 65 de la L. 23/91).
(Nota: Véase Sentencia C-188 de 1999 de la Corte Constitucional).
ART. 60.—Competencia. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio corresponde a la sala, sección o subsección de que forme parte el magistrado que actúe como sustanciador, contra dicho auto procede recurso de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en los de única.
PAR.—Lograda la conciliación prejudicial, el acta que la contenga será suscrita por las partes y, por el agente del Ministerio Público y se remitirá, a más tardar, al día siguiente, al juez o corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable (art. 73 de la L. 446/98 que crea el art. 65A de la L. 23/91).
ART. 61.—Pruebas. En desarrollo de la audiencia de conciliación el juez de oficio, o a petición del Ministerio Público, decretará las pruebas necesarias para establecer los presupuestos de hecho y de derecho del acuerdo conciliatorio. Las pruebas tendrán que ser practicadas dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de conciliación. En las audiencias de conciliación prejudicial este término se entiende incluido dentro del término de suspensión de la caducidad (L. 446/98, art. 76).
ART. 62.—Solicitud. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes individual o conjuntamente podrán formular solicitud de conciliación prejudicial, al agente del Ministerio Público asignado al juez o corporación que fuere competente para conocer de aquéllas. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones.
Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud, el agente del Ministerio Público, de encontrarla procedente, citará a los interesados, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la citación, concurran a la audiencia de conciliación el día y la hora que señale. Con todo, sin perjuicio de lo previsto en esta ley en relación con los términos de caducidad de la acción, las partes podrán pedirle al agente del Ministerio Público que señale una nueva fecha (art. 80 de la L. 446/98 que modifica el art. 60 de la L. 23/91).
ART. 63.—Procedibilidad. La conciliación administrativa prejudicial sólo tendrá lugar cuando no procediere la vía gubernativa o cuando ésta estuviere agotada.
PAR. 2º—No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado (art. 81 de la L. 446/98 que modifica el art. 61 de la L. 23/91).
ART. 64.—Homologación. Los trámites de conciliación en materia contencioso administrativa que se surtan ante centros de conciliación autorizados por el gobierno en los términos de esta ley, deberán ser comunicados al Procurador Judicial acreditado ante el tribunal contencioso administrativo de la sede donde funciona el centro de conciliación, quien podrá acudir e intervenir durante el trámite conciliatorio si lo estima pertinente.
Si el procurador no asiste a la audiencia, el centro deberá enviarle el acta de conciliación y, si no está conforme con el acuerdo conciliatorio, dentro de los cinco (5) días siguientes a su comunicación, deberá solicitar la homologación judicial, cuyo trámite será el previsto para las conciliaciones prejudiciales ante los agentes del Ministerio Público (L. 446/98, art. 79).
ART. 65.—Impedimentos y recusaciones de los agentes del Ministerio Público ante esta jurisdicción. Las causales de recusación y de impedimento señaladas en el artículo 160 de este código, también son aplicables a los agentes del Ministerio Público cuando actúen ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (art. 53 de la L. 446/98, que modificó el art. 161 del CCA).
ART. 66.—Solicitud. La audiencia de conciliación judicial procederá a solicitud de cualquiera de las partes y se celebrará vencido el término probatorio. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar su celebración en cualquier estado del proceso.
En segunda instancia la audiencia de conciliación podrá ser promovida por cualquiera de las partes antes de que se profiera el fallo (L. 446/98, art. 104).
ART. 67.—Efectos de la conciliación administrativa. Lo pagado por una entidad pública como resultado de una conciliación debidamente aprobada y aceptada por el servidor o ex servidor público que hubiere sido llamado al proceso, permitirá que aquélla repita total o parcialmente contra éste.
La conciliación aprobada, producirá la terminación del proceso en lo conciliado por las partes que la acepten. Si la condición fuere parcial, el proceso continuará para dirimir los aspectos no comprendidos en éste. Si el tercero vinculado no consintiere en lo conciliado, el proceso continuará entre la entidad pública y aquél (L. 446/98, art. 105).
Conciliación en asuntos agrarios
ART. 68.—Clases de audiencias. En los procesos ordinarios y en especial de deslinde y amojonamiento habrá dos clases de audiencias:
a) De conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y decreto de pruebas, de que trata el artículo 45 de este estatuto, y
b) La de práctica de pruebas.
En los demás procesos, salvo disposición en contrario, se celebrará audiencia de conciliación en lugar de la prevista en la letra a) de este artículo.
La audiencia en los procesos verbales se sujetará a lo dispuesto en el artículo 69 de este decreto (D. 2303/89, art. 31).
ART. 69.—Si el contrato termina por uno cualquiera de los motivos a que se refieren los literales c) y d) del artículo 14 sin que en tal oportunidad haya entrado en producción el cultivo, se liquidará ésta conforme a las siguientes normas:
b) Si no hubiere acuerdo, mediante el procedimiento de conciliación señalado por el Decreto 291 de 1957, se establecerá el valor del cultivo, teniendo en cuenta la extensión plantada, clase de cultivos, su estado actual y los posibles rendimientos de la explotación, para determinar, previa deducción de los aportes de las partes, el valor de las utilidades a repartir, y
c) Salvo estipulación contractual, el aparcero o sus herederos tendrán derecho al diez por ciento (10%) de las utilidades establecidas y al no reintegro del anticipo como contraprestación por el valor de las labores ejecutadas en el fundo y los cultivos plantados (L. 6ª/75, art. 19).
ART. 70.—Publicidad de las audiencias. A menos que exista causa justificativa, las audiencias serán públicas (D. 2303/89, art. 32).
ART. 71.—Conciliación antes del juicio. Antes de que se presente la demanda, podrá ser solicitada la conciliación, por escrito o verbalmente, por la persona interesada, ante un juez agrario o, en los casos autorizados por la ley, ante el funcionario administrativo competente, quien hará la citación correspondiente, señalando día y hora con tal fin (D. 2303/89, art. 36).
ART. 72.—Representación de incapaces. Si el demandante, el demandado o alguno de quienes hayan de figurar como tales en el proceso fuere incapaz, tendrá facultad para celebrar la conciliación su representante legal.
El auto que aprueba la conciliación implicará la autorización a dicho representante para conciliar, cuando sea necesaria de conformidad con la ley (D. 2303/89, art. 42).
ART. 73.—Conciliación por entidades públicas. Los representantes de la Nación, departamentos, intendencias, comisarías, municipios y Distrito Especial de Bogotá, no podrán conciliar controversias de naturaleza agraria sin autorización del Gobierno Nacional, gobernador, intendente, comisario o alcalde, según el caso (D. 2303/89, art. 43).
ART. 74.—Improcedencia de la conciliación. No podrá efectuarse la conciliación en los casos que no sea legalmente procedente la transacción, excepto cuando se trate de beneficiarios del amparo de pobreza.
Tampoco procederá la conciliación en los procesos de expropiación ni cuando se ejerzan acciones populares.
Los curadores ad litem no tendrán facultad para conciliar (D. 2303/89, art. 44).
ART. 75.—Concentración de audiencias y diligencias. Cuando fueren previsibles varias audiencias o diligencias, el juez señalará de una vez fechas continuas para realizarlas. Salvo que exista causa justificativa, ninguna audiencia ni diligencia podrá aplazarse o diferirse o suspenderse por más de una vez para día diferente de aquél que fue inicialmente señalado (D. 2303/89, art. 33).
ART. 76.—Acta de audiencia. El secretario extenderá un acta sobre lo actuado u ocurrido durante la audiencia, la cual será firmada por el juez, las partes y aquél (D. 2303/89, art. 34).
ART. 77.—Obligatoriedad y oportunidad de la conciliación. En todo proceso declarativo de índole agrario, salvo disposición en contrario, deberá el juez procurar la conciliación de la controversia, una vez contestada la demanda.
También podrá efectuarse la conciliación a petición de las partes, de común acuerdo, en cualquier etapa del proceso (D. 2303/89, art. 35).
ART. 78.—Trámite. Al iniciarse la audiencia, el funcionario, sin avanzar ningún concepto, interrogará a los interesados acerca de los hechos que originen la diferencia con el fin de determinar con la mayor precisión posible los derechos y obligaciones de ellos, y enseguida los exhortará para que procuren un acuerdo amigable, pudiendo proponer las fórmulas de avenimiento que estime equitativas.
El funcionario no aprobara acuerdo alguno que lesione derechos de personas incapaces o amparadas por pobres.
Si se llegare a un acuerdo, se dejará constancia de sus términos en acta redactada por el funcionario, quien luego de hacer un resumen de los hechos y de las obligaciones de los interesados, dejará constancia de las obligaciones contraídas por las partes.
Si la conciliación está conforme a la ley, será aprobada por el correspondiente funcionario, quien firmara el acta, junto con su secretario y las partes. A cada una de éstas se expedirá copia del acta (D. 2303/89, art. 37).
ART. 79.—Efectos de la conciliación. La conciliación tendrá efectos de cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del término que se hubiere señalado.
Vencido dicho término, el acta en que conste la conciliación prestará mérito ejecutivo (D. 2303/89, art. 38).
ART. 80.—Conciliación parcial. Si el acuerdo fuere parcial, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior, y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio las diferencias no conciliadas (D. 2303/89, art. 39).
ART. 81.—Falta de ánimo conciliatorio. Se entenderá que no hay ánimo conciliatorio cuando cualquiera de las partes no concurriere a la respectiva audiencia (D. 2303/89, art. 40).
ART. 82.—Fracaso del intento de conciliación. En cualquier momento en que una de las partes manifieste al funcionario que el acuerdo no es posible, aquél dará por terminado el intento de conciliación y declarará ésta fracasada, en un acta en que consignará previamente las pretensiones de las partes, los hechos que las fundamentan y las pruebas aportadas por ellas.
El acta será firmada por las personas indicadas en el artículo 37 de este decreto (D. 2303/89, art. 41).
ART. 83.—Procedencia, contenido y trámite. En los procesos ordinarios y en el especial de deslinde y amojonamiento, luego de contestada la demanda o la reconvención, si fuere el caso, el juez señalará para dentro de los tres (3) días siguientes, fecha y hora a fin de que las partes concurran personalmente asistidas o no de apoderado, a una audiencia en la cual se intentará conciliar las diferencias existentes entre ellas, se tramitarán y decidirán las excepciones previas, se tomarán las medidas de saneamiento necesarias para evitar nulidad y sentencias inhibitorias y se decretarán las pruebas del proceso.
Además de las reglas contenidas en los artículos 32 a 44 de este decreto, en cuanto fuere pertinente, se aplicarán a la audiencia las siguientes:
1. Si alguna de las partes no concurre a la audiencia o se retira antes de que finalice, su conducta se considerará como indicio grave en su contra y se aplicarán a ella o a su apoderado, según el caso, las multas previstas en el Código de Procedimiento Civil, a menos que previamente justifiquen aquélla con prueba siquiera sumaria.
En este caso se señalará la fecha disponible más próxima para iniciar o continuar la audiencia, sin que sea admisible otra suspensión o un nuevo aplazamiento, a menos que se dé el caso previsto en el numeral 4º de este artículo.
2. La audiencia se efectuará aunque ninguna de las partes o sus apoderados concurran, salvo justificación conforme a lo previsto en el numeral 1º de este artículo, para resolver excepciones previas, adoptar las medidas de saneamiento que el juez considere necesarias y decretar pruebas.
3. En caso de no lograrse la conciliación o si ésta fuere parcial, el juez procederá a resolver las excepciones previas que hubieren sido propuestas oportunamente, para lo cual practicará las pruebas del caso.
4. Si faltaren pruebas que el juez considere necesarias para tomar las decisiones a que se refiere el numeral anterior, se citará para una nueva audiencia que deberá tener lugar dentro de los tres (3) días siguientes, con el fin de practicar las que hubieren sido pedidas y decretadas.
5. Decididas las excepciones previas, el juez requerirá a las partes para que determinen los hechos en que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se declararán probados mediante auto que se dictará en la misma audiencia.
6. El demandante podrá solicitar en la audiencia pruebas relacionadas con las excepciones de mérito del demandado y éste con las que haya propuesto aquél en la contestación de la reconvención.
7. En el auto a que se refiere el numeral 5º de esta artículo se indicarán las pruebas pedidas que se tomen innecesarias por versar sobre tales hechos y las pretensiones y excepciones que quedaren eliminadas como resultado de la conciliación parcial que se hubiere logrado.
8. En la misma providencia a que se refieren los numerales 5º y 7º, el juez decretará las pruebas pedidas por las partes y las que considere útiles o necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Señalará igualmente las fechas en que deban celebrarse audiencias necesarias para practicarlas, de conformidad con lo previsto en los artículos 33 y 48 de este decreto.
Si no fuere posible decretar tales pruebas en la audiencia, el juez lo hará dentro de los tres (3) días siguientes (D. 2303/89, art. 45).
ART. 84.—En los eventos a que se refiere el artículo anterior las partes podrán conciliar sus intereses en el momento de ocurrencia de los hechos, o durante la actuación contravencional.
En tales casos se extenderá un acta que suscribirán las partes y el funcionario que partícipe en la conciliación, la cual tiene calidad de cosa juzgada, y presta mérito ejecutivo El Intra elaborará el correspondiente formato de acta.
La conciliación pone fin a la actuación contravencional (art. 19 de la L. 23/91, que modifica el art. 251 Código Nacional de Tránsito Terrestre).
Conciliación en las acciones de grupo
ART. 85.—Diligencia de conciliación. De oficio el juez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término que tienen los miembros del grupo demandante para solicitar su exclusión del mismo, deberá convocar a una diligencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes, que constará por escrito.
En la diligencia podrá participar el defensor del pueblo o su delegado, para servir de mediador y facilitar el acuerdo; si el defensor hubiere presentado la demanda, dicha función corresponderá al Procurador General de la Nación o su delegado, quién obrará con plena autonomía. En la audiencia también podrán intervenir los apoderados de las partes.
El juez ordenará la publicación del acuerdo de conciliación en un medio de comunicación de amplia circulación nacional (L. 472/98, art. 61).
ART. 86.—Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de Jurisdicción Ordinaria de las ciudades sede de éstos y los jueces primeros del mayor nivel jerárquico en los demás municipios del país, elegirán conciliadores en equidad de listas que presenten para su consideración las organizaciones cívicas de los correspondientes barrios, corregimientos y veredas que la conforman.
La selección de los candidatos se hará con la colaboración de la dirección general de prevención y conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho y deberá atender a un proceso de formación de aquellas comunidades que propongan la elección de estos conciliadores (art. 106 de la L. 446/98 que modifica el inc. 2º del art. 82 de la L. 23/91).
ART. 87.—El ejercicio de las funciones de conciliador en equidad se realizará en forma gratuita, teniendo en cuenta que el nombramiento constituye especial reconocimiento al ciudadano de connotadas calidades (L. 23/91, art. 83).
ART. 88.—La Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, deberá prestar asesoría técnica y operativa a los conciliadores en equidad.
3. Cuando trámite asuntos contrarios a su competencia.
(art. 107 de la L. 446/98 que modifica el art. 84 de la L. 23/91).
ART. 89.—Los conciliadores en equidad podrán actuar en todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación (L. 23/91 art. 85).
ART. 90.—El procedimiento para la conciliación en equidad deberá regirse por principios de informalidad y celeridad que orienten a las partes para que logren un arreglo amigable (art. 108 de la L. 446/98 que modifica el art. 86 de la L. 23/91).
ART. 91.—Del resultado del procedimiento, las partes y el conciliador levantarán un acta en la cual conste el acuerdo. Esta acta tendrá carácter de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo en lo que haya sido objeto de conciliación (art. 109 de la L. 446/98 que modifica el art. 87 de la L. 23/91).
ART. 92.—Copia del nombramiento. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad, remitirá copia de los nombramientos efectuados a la dirección general de prevención y conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho (L. 446/98, art. 110).
ART. 93.—Los conciliadores en equidad deberán llevar un archivo de las actas de las audiencias realizadas.
Las partes podrán pedir copias de dichas actas, las cuales se presumen auténticas (L. 23/91, art. 89).
Conciliación por reclamos en la prestación de servicios turísticos
ART. 94.—Reclamos por servicios incumplidos. Toda queja o denuncia sobre el incumplimiento de los servicios ofrecidos deberá dirigirse por escrito, a elección del turista, a la asociación gremial a la cual esta afiliado el prestador de servicios turísticos contra quien se reclame o ante el director operativo del Ministerio de Desarrollo Económico dentro de los 45 días siguientes a la ocurrencia del hecho denunciado, acompañada de los documentos originales o fotocopias simples que sirvan de respaldo a la queja presentada.
PAR.—La intervención de la asociación gremial ante la cual se haya presentado la denuncia terminará con la diligencia de conciliación. Si ésta no se logra la asociación gremial dará traslado de los documentos pertinentes al director operativo del Ministerio de Desarrollo Económico para que se inicie la investigación del caso. La intervención de la asociación da lugar a la suspensión del término a que se refiere el inciso primero de este artículo (L. 300/96, art. 67).
ART. 95.—1. Cualquier Estado contratante o nacional de un Estado contratante que quiera incoar un procedimiento de conciliación, dirigirá, a tal efecto, una solicitud escrita al secretario general quien enviará copia de la misma a la otra parte.
3. El secretario general registrará la solicitud salvo que, de la información contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicción del centro. Notificará inmediatamente a las partes el acto de registro de la solicitud, o su denegación (art. 28, de la L. 267/96, por la cual se aprueba la “convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).
ART. 96.—1. Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo 28, se procederá lo antes posible a la constitución de la comisión de conciliación (en lo sucesivo llamada la comisión).
2. a) La comisión se compondrá de un conciliador único o de un número impar de conciliadores, nombrados según lo acuerden las partes.
b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de conciliadores y el modo de nombrarlos, la comisión se constituirá con tres conciliadores designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá la comisión, de común acuerdo (art. 29 de la L. 267/96, por la cual se aprueba la “convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).
ART. 97.—Si la comisión no llegare a constituirse dentro de los 90 días siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro, hecho por el secretario general conforme al apartado (3) del artículo 28, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el presidente, a petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas partes, deberá nombrar el conciliador o los conciliadores que aún no hubieren sido designados (art. 30 de la L. 267/96, por la cual se aprueba la “convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).
ART. 98.—1. Los conciliadores nombrados podrán no pertenecer a la lista de conciliadores, salvo en el caso de que los nombre el presidente conforme al artículo 30.
2. Todo conciliador que no sea nombrado de la lista de conciliadores deberá reunir las cualidades expresadas en el aportado (1) del artículo 14 (art. 31 de la L. 267/96, por la cual se aprueba la “convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).
ART. 99.—1. La comisión resolverá sobre su propia competencia.
2. Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites de la jurisdicción del centro, o que por otras razones la comisión no es competente para oírla, se considerará por la comisión, la que determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la cuestión (art. 32 de la L. 267/96, por la cual se aprueba la “convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).
ART. 100.—Todo procedimiento de conciliación deberá tramitarse según las disposiciones de esta sección y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de conformidad con las reglas de conciliación vigentes en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la conciliación. Toda cuestión de procedimiento no prevista en esta sección, en las reglas de conciliación o en las demás reglas acordadas por las partes, será resuelta por la comisión (art. 33 de la L. 267/96, por la cual se aprueba la “convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).
ART. 101.—1. La comisión deberá dilucidar los puntos controvertidos por las partes y esforzarse por lograr la avenencia entre ellas, en condiciones aceptables para ambas. A este fin, la comisión podrá, en cualquier estado del procedimiento y tantas veces como sea oportuno, proponer a las partes fórmulas de avenencia. Las partes colaborarán de buena fe en la comisión al objeto de posibilitarle el cumplimiento de sus fines y prestarán a sus recomendaciones, la máxima consideración.
2. Si las partes llegaren a un acuerdo, la comisión levantará un acta haciéndolo constar y anotando los puntos controvertidos. Si en cualquier estado del procedimiento la comisión estima que no hay probabilidades de lograr un acuerdo entre las partes, declarará concluso el procedimiento redactará un acta, haciendo constar que la controversia fue sometida a conciliación sin lograrse la avenencia. Si una parte no compareciere o no participare en el procedimiento la comisión lo hará constar así en el acta, declarando igualmente concluso el procedimiento (art. 34 de la L. 267/96, por la cual se aprueba la “convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).
ART. 102.—Salvo que las partes acuerden otra cosa, ninguna de ellas podrá invocar, en cualquier otro procedimiento, ya sea arbitral o judicial o ante cualquier otra autoridad, las consideraciones, declaraciones, admisión de hechos u ofertas de avenencia, hechas por la otra parte dentro del procedimiento de conciliación, o el informe o las recomendaciones propuestas por la comisión (art. 35 de la L. 267/96, por la cual se aprueba la “convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).
Conciliación para la indemnización de perjuicios causados a víctimas de la violación a los derechos humanos, en virtud de decisiones de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos
ART. 103.—El Gobierno Nacional deberá pagar, previa realización del trámite de que trata la presente ley, las indemnizaciones de perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado, o llegaren a declararse, en decisiones expresas de los órganos internacionales de derechos humanos que más adelante se señalan (L. 288/96, art. 1º).
ART. 104.—Para los efectos de la presente ley solamente se podrán celebrar conciliaciones o incidentes de liquidación de perjuicios respecto de aquéllos casos de violaciones de derechos humanos en relación con los cuales se cumplan los siguientes requisitos:
PAR. 4º—Habrá lugar al trámite de que trata la presente ley incluso si hubieren caducado las acciones previstas en el derecho interno para efectos de obtener la indemnización de perjuicios por hechos violatorios de los derechos humanos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en este artículo (L. 288/96, art. 2º).
ART. 105.—Si el comité emite concepto favorable al cumplimiento de la decisión del órgano internacional, el Gobierno Nacional solicitará la audiencia de conciliación ante el agente del Ministerio Público adscrito al tribunal contencioso administrativo que sería competente, de acuerdo con el derecho interno, para dirimir la controversia objeto de la conciliación, en un término que no exceda los treinta (30) días.
El defensor del pueblo será convocado al trámite de la conciliación (L. 288/96, art. 3º).
ART. 106.—La entidad pública a la cual haya estado vinculado el servidor público responsable de los respectivos hechos, procederá a determinar de común acuerdo con las personas que hayan demostrado legitimo interés, y basada en los medios de prueba que obren en la actuación, el monto de la indemnización de los perjuicios.
En todo caso, sólo podrán reconocerse indemnizaciones por los perjuicios debidamente probados y que tengan nexo de causalidad con los hechos objeto de la decisión del órgano internacional (L. 288/96, art. 4º).
ART. 107.—La conciliación de que trata la presente ley también podrá adelantarse dentro del proceso contencioso administrativo iniciado para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de los mismos hechos a que se refiere la decisión del órgano internacional de derechos humanos, aún cuando hubiere precluido en el mismo la oportunidad para realizar la conciliación (L. 288/96, art. 5º).
ART. 108.—Para efectos de la indemnización de los perjuicios que serán objeto de la conciliación, se tendrán como pruebas, entre otras, las que consten en procesos judiciales, administrativos o disciplinarios internos y, en especial, las valoradas por el órgano internacional para expedir la correspondiente decisión (L. 288/96, art. 6º).
ART. 109.—Si se lograre acuerdo, las partes suscribirán un acta en que se lo hará constar y que refrendará el agente del Ministerio Público. Dicha acta se enviará inmediatamente al respectivo tribunal contencioso administrativo para que el magistrado a quien le corresponda por reparto decida si la conciliación resulta lesiva a los intereses patrimoniales del Estado, o si puede hallarse viciada de nulidad. En cualquiera de ambos casos, el magistrado dictará providencia motivada en que así lo declare (L. 288/96, art. 7º).
ART. 110.—El auto aprobatorio de la conciliación tendrá los alcances de un crédito judicialmente reconocido y efectos de cosa juzgada y, por ende, pondrá fin a todo proceso que se haya iniciado contra el Estado por los beneficiarios de la indemnización en relación con los hechos materia de la conciliación (L. 288/96, art. 8º).
ART. 111.—En los aspectos del trámite conciliatorio no previstos en la presente ley, se dará aplicación a la Ley 23 de 1991 y a las demás disposiciones legales y reglamentarias que regulen la conciliación (L. 288/96, art. 9º).
ART. 112.—Si se produjere una providencia que declare un acuerdo de conciliación como lesivo a los intereses patrimoniales del Estado o viciado de nulidad, los interesados podrán:
(L. 288/96, art. 10).
ART. 113.—Si no se llegare a un acuerdo luego del trámite de conciliación, los interesados podrán acudir ante el tribunal contencioso administrativo competente, al trámite de liquidación de perjuicios por la vía incidental, según lo previsto en los artículos 135 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En el trámite de dicho incidente podrá recurrirse al procedimiento de arbitraje.
La decisión sobre el incidente de regulación de perjuicios se adoptará por el tribunal en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo y será susceptible de los recursos de ley (L. 288/96, art. 11).
ART. 114.—Las indemnizaciones que se paguen o efectúen de acuerdo con lo previsto en esta ley, darán lugar al ejercicio de la acción de repetición de que trata el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política (L. 288/96, art. 12).
ART. 115.—Definición y modalidades. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.
PAR.—En la cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes indicarán el tipo de arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en derecho.
(art. 111 de la L. 446/98 que modifica el art. 1º del D. 2279/89).
ART. 116.—Clases. El arbitraje podrá ser independiente, institucional o legal. El arbitraje independiente es aquel en que las partes acuerdan autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto, institucional, aquel en el que las partes se someten a un procedimiento establecido por el centro de arbitraje; y, legal cuando a falta de dicho acuerdo, el arbitraje, se realice conforme a las disposiciones legales vigentes (art. 112, de la L.446/98 que modifica el art. 90 de la L. 23/91).
ART. 117.—Pacto arbitral. Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces (L. 446/98, art. 115 que modifica el D. 2279/89, art. 2º).
ART. 118.—Cláusula compromisoria. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo, a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral.
PAR.—La cláusula compromisoria es autónoma con respecto de la existencia y la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente (L. 446/98, art. 116 que crea el D. 2289/89, art. 2A).
ART. 119.—Compromiso. El compromiso es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso podrá estar contenido en cualquier documento como telegramas, télex, fax u otro medio semejante.
c) La indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En este caso las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquél.
(L. 446/98, art. 117 que modifica el D. 2279/89, art. 3º).
ART. 120.—La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del contrato, para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato al que se refiere (D. 2279/89, art. 4º).
ART. 121.—(Nulo)*. Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en derecho, en conciencia o fundados en principios técnicos. Si nada se estipula, el fallo será en derecho.
Cuando el laudo deba proferirse en conciencia, los árbitros podrán conciliar pretensiones opuestas (D. 2279/89, art. 6º).
*(Nota: Declarado nulo por la Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia 5191 de 1999, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa).
ART. 122.—Árbitros. Las partes conjuntamente nombrarán y determinarán el número de árbitros, o delegarán tal labor en un tercero, total o parcialmente. En todo caso el número de árbitros será siempre impar. Si nada se dice a este respecto los árbitros serán tres (3), salvo en las cuestiones de menor cuantía en cuyo caso el arbitro será uno solo.
Cuando se trate de arbitraje en derecho, las partes deberán comparecer al proceso arbitral por medio de abogado inscrito, a menos que se trate de asuntos exceptuados por la ley (L. 446/98, art. 118 que modifica el D. 2279/89, art. 7º).
ART. 123.—Los procesos arbitrales son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales y de menor cuantía los demás; en estos últimos no se requiere de abogado y salvo acuerdo en contrario de las partes, el arbitro será único. Los que no versen sobre derechos patrimoniales, se asimilan a los de mayor cuantía (D. 2651/91, art. 12).
ART. 124.—Creación. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán crear centros de arbitraje, previa autorización de la dirección de conciliación y prevención del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para que dicha autorización sea otorgada se requiere:
PAR.—Los centros de arbitraje que se encuentren funcionando con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un plazo de seis meses para adecuarse a los requerimientos de la misma (L. 446/98, art. 113 que modifica L. 23/91, art. 91).
ART. 125.—Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, que deberá contener:
g) Forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades (L. 23/91, art. 93).
ART. 126.—(Nulo).* Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria no se señalare el término para la duración del proceso, éste será de seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de trámite.
El término podrá prorrogarse hasta seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. A este término se adicionarán al término los días en que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso (D. 2279/89, art. 19).
ART. 127.—La solicitud de convocatoria deberá reunir todos los requisitos exigidos por la ley para la demanda y se dirigirá al centro de arbitraje indicado en el numeral 1º del artículo 15 de este decreto (D. 2651/91, art. 13).
ART. 128.—Si el asunto es de menor cuantía o no versa sobre derechos patrimoniales, habrá lugar al amparo de pobreza en los términos previstos en el Código de Procedimiento Civil, y podrá ser total o parcial; si hay lugar a la designación de apoderado, ésta se hará a la suerte entre los abogados incluidos en la lista de árbitros del respectivo centro de conciliación (D. 2651/91, art. 14).
ART. 129.—Para la integración del tribunal de arbitramento se procederá así:
1. La solicitud de convocatoria se dirigirá por cualquiera que las partes o por ambas al centro de arbitraje acordado y a falta de éste a uno del lugar del domicilio de la otra parte, y si fuere esta plural o tuviere varios domicilios al de cualquiera de ellos a elección de quien convoca al tribunal. Si el centro de conciliación rechaza la solicitud, el Ministerio de Justicia indicará a qué centro le corresponde.
5. Antes de la instalación del tribunal las partes de común acuerdo pueden remplazar total o parcialmente a los árbitros.
6. De la misma forma prevista en este artículo se procederá siempre que sea necesario designar un reemplazo (D. 2651/91, art. 15 Modificado en L. 446/98, art. 119, nums. 3º y 4º).
ART. 130.—Impedimentos y recusaciones. Los árbitros están impedidos y son recusables por las mismas causales previstas en el Código de Procedimiento Civil para los jueces.
Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por causales sobrevinientes a la designación. Los nombrados por el juez o por un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) días siguientes a la designación del árbitro (art. 12 del D. 2279/89, Modificado en el inc. 2º por el art. 120 de la L. 446/98).
ART. 131.—El nombramiento de los árbitros y el del secretario se hará de las listas del centro de arbitraje. Los árbitros y el secretario deberán aceptar la designación, so pena de ser excluidos de la lista del centro (L. 23/91, art. 95).
ART. 132.—Las partes determinarán libremente el lugar donde debe funcionar el tribunal; a falta de acuerdo el mismo tribunal lo determinará (D. 2279/89, art. 11).
ART. 133.—Siempre que exista o sobrevenga causal de impedimento, el arbitro deberá ponerla en conocimiento de los demás y se abstendrá, mientras tanto, de aceptar el nombramiento o de continuar conociendo del asunto.
La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por causales sobrevinientes a la instalación del tribunal, deberá manifestarlo dentro de los cinco días siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la causal, por escrito presentado ante el secretario del tribunal. Del escrito se correrá traslado al árbitro recusado para que dentro de los cinco días siguientes manifieste su aceptación o rechazo (D. 2279/89, art. 13).
ART. 134.—Si el arbitro rechaza expresamente la recusación, o si en tiempo hábil no hace uso del traslado, los demás la aceptarán o negarán por auto motivado que será notificado a las partes en la audiencia que para el efecto se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del traslado para el árbitro recusado.
Aceptada la causal de impedimento o recusación, los demás árbitros lo declararán separado del conocimiento del negocio y comunicarán el hecho a quien hizo el nombramiento para que proceda a reemplazarlo. En caso de que éste no lo haga dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la aceptación de la causal, el juez civil del circuito del lugar decidirá a solicitud de los demás árbitros. Contra esta providencia no procede recurso alguno (D. 2279/89, art. 14).
ART. 135.— (Nulo).* Si al decidirse sobre el impedimento o recusación de uno de los árbitros hay empate, o si el árbitro es único, las diligencias serán enviadas al juez civil del circuito del lugar donde funcione el tribunal de arbitramento para que decida de plano. Contra esta providencia no procede recurso alguno (D. 2279/89, art. 15).
(Nota: Suspendido provisionalmente por la Sección Primera del Consejo de Estado en auto del 28 de octubre de 1999. Expediente 5826. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
*(Nota: Declarado nulo por la Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia 5826 de 2000, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
ART. 136.— (Nulo).* Cuando todos los árbitros o la mayoría de ellos se declaren impedidos o fueren recusados, el expediente se remitirá al juez civil del circuito para que decida de plano.
Si el impedimento o la recusación se declaran infundados, el juez devolverá el expediente al tribunal de arbitramento para que continúe su actuación (D. 2279/89, art. 16).
ART. 137.—El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en que el árbitro se declare impedido, acepte la recusación o se inicie el trámite de la misma, hasta cuando sea resuelta y sin que se afecte la validez de los actos surtidos con anterioridad.
El tiempo que demande el trámite de la recusación, la sustitución del árbitro impedido o recusado, la provisión del inhabilitado o fallecido, se descontará del término señalado a los árbitros para que pronuncien su laudo (D. 2279/89, art. 17).
ART. 138.—(Nulo)* Cuando se trate del arbitramento en derecho, las partes deberán comparecer al proceso arbitral por medio de abogado titulado, a menos que se trate de asuntos exceptuados por la ley. La constitución de apoderado implica la facultad para notificarse de todas las providencias (D. 2279/89, art. 26).
ART. 139.—Los árbitros deberán informar a quien los designó, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación si aceptan o no el cargo. Si guardan silencio se entenderá que no aceptan.
El árbitro que no acepte, renuncie, fallezca o quede inhabilitado, será reemplazado en la forma señalada para su nombramiento (D. 2279/89, art. 10).
ART. 140.—Aceptados los cargos por todos los árbitros, se instalará el tribunal en el lugar que adopte conforme al presente decreto; acto seguido elegirá un presidente de su seno y un secretario distinto de ellos, quien tomará posesión ante el presidente (D. 2279/89, art. 20).
ART. 141.—Trámite inicial. Previo a la instalación del tribunal de arbitramento, se procederá así:
PAR.—Estos trámites deberán surtirse ante el director del centro de arbitraje, sin perjuicio de que pueda delegar estas funciones (L. 446/98, art. 121).
ART. 142.—Instalación del tribunal. Para la instalación del tribunal se procederá así:
1. Una vez cumplidos todos los trámites para la instalación del tribunal e integrado este y fracasada la conciliación a que se refiere el artículo anterior de la presente ley, o si ésta fuere parcial, el centro de arbitraje fijará fecha y hora para su instalación, que se notificará a los árbitros y a las partes, salvo que éstos hubieren sido notificados por estrados.
4. La objeción a la fijación de honorarios y gastos deberá formularse mediante recurso de reposición, que se resolverá allí mismo (L. 446/98, art. 122).
ART. 143.—Ejecutoriada la providencia que define lo relativo a honorarios y gastos, se entregará el expediente al secretario del tribunal de arbitramento para que prosiga la actuación (D. 2279/89, art. 21).
ART. 144.—En firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte consignará, dentro de los diez (10) días siguientes lo que a ella corresponda. El depósito se hará a nombre del presidente del tribunal, quien abrirá una cuenta especial.
Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquélla podrá hacerlo por ésta dentro de los cinco días siguientes, pudiendo solicitar su reembolso inmediato. Si éste no se produce podrá el acreedor obtener el recaudo por la vía ejecutiva ante las autoridades jurisdiccionales comunes, en trámite independiente al del arbitramento. Para tal efecto bastará presentar la correspondiente certificación expedida por el presidente del tribunal, con la firma del secretario, y en la ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la de pago.
Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si ésta no se realizare, el tribunal declarará mediante auto concluidas sus funciones y se extinguirán los efectos del compromiso, o los de la cláusula compromisoria para este caso, quedando las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria (art. 22, D. 2279/89, modificado en sus incs. 3º y 4º por el art. 105 de la L. 23/91).
ART. 145.—Oportunidad para la consignación de gastos y honorarios. Una vez el tribunal se declare competente y efectuada la consignación a que se refiere el artículo anterior se entregará a cada uno de los árbitros y al secretario la mitad de los honorarios y el resto quedará depositado en la cuenta abierta para el efecto. El presidente distribuirá el saldo una vez terminado el arbitraje por voluntad de las partes, o por ejecutoria del laudo o de la providencia que lo declare, corrija o complemente (art. 123 de la L. 446/98 que modifica el art. 23 del D. 2279/89).
ART. 146.—Si del asunto objeto de arbitraje, estuviere conociendo la justicia ordinaria, el tribunal solicitará al respectivo despacho judicial, copia del expediente.
El proceso judicial se reanudará si la actuación de la justicia arbitral no concluye con laudo ejecutoriado. Para este efecto, el presidente del tribunal comunicará al despacho respectivo el resultado de la actuación (D. 2279/89, art. 24).
ART. 147.—Primera audiencia de trámite. La primera audiencia de tramite se desarrollará así:
PAR.—Si el tribunal decide que no es competente, se extinguirán definitivamente los efectos del pacto arbitral (L. 446/98, art. 124).
ART. 148.—Cuando por iniciativa de las partes, nuevas cuestiones aumentaren en forma apreciable el objeto del litigio, el tribunal podrá adicionar proporcionalmente la suma decretada para gastos y honorarios, y aplicará lo dispuesto para la fijación inicial. Efectuada la nueva consignación, el tribunal señalará fecha y hora para continuar la audiencia, si fuere el caso (D. 2279/89, art. 28).
ART. 149.—Cuando por la naturaleza de la situación jurídica debatida en el proceso, el laudo genere efectos de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral, el tribunal ordenará la citación personal de todas ellas para que adhieren al arbitramento. La notificación personal de la providencia que así lo ordene, se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su expedición.
Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral dentro de los diez (10) días siguientes. En caso contrario se declararan extinguidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria para dicho caso, y los árbitros reintegrarán los honorarios y gastos en la forma prevista para el caso de declararse la incompetencia del tribunal.
Si los citados adhieren al pacto arbitral, el tribunal fijara la contribución que a ellos corresponda en los honorarios y gastos generales (art. 30 del D. 2279/89, modificado en su inc. 2º por el art. 109 de la L. 23/91, y modificado en el inc. 3º del art. 126 de la L. 446/98).
ART. 150.—Intervención de terceros. La intervención de terceros en el proceso arbitral se someterá a lo previsto a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la cantidad a cargo del tercero por concepto de honorarios y gastos del tribunal, mediante providencia susceptible de recurso de reposición, la cual deberá ser consignada dentro de los diez (10) días siguientes. Si el tercero no consigna oportunamente el proceso continuará y se decidirá sin su intervención.
(art. 127 de la L. 446/98, que crea el art. 30A del D. 2279/89).
ART. 151.—El tribunal de arbitramento realizará las audiencias que considere necesarias, con o sin participación de las partes; en pleno decretará y practicará las pruebas solicitadas y las que oficiosamente considere pertinentes.
El tribunal tendrá respecto de las pruebas, las mismas facultades y obligaciones que se señalan al juez en el Código de Procedimiento Civil. Las providencias que decreten pruebas no admiten recurso alguno; las que las nieguen son susceptibles del recurso de reposición (D. 2279/89, art. 31).
ART. 152.—En el proceso arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrán decretarse medidas cautelares con sujeción a las reglas que a continuación se indican:
a) La inscripción del proceso en cuanto a los bienes sujetos a registro, para lo cual se librará oficio al registrador en que conste el objeto del proceso, el nombre de las partes y las circunstancias que sirvan para identificar los inmuebles y demás bienes. Este registro no excluye los bienes del comercio, pero quienes los adquieran con posterioridad estarán sujetos a los efectos del laudo arbitral.
Si el laudo fuere favorable a quien solicitó la medida, en el se ordenará la cancelación de los actos de disposición y administración efectuados después de la inscripción del proceso, siempre que se demuestre que la propiedad subsiste en cabeza de la parte contra quien se decretó la medida, o de un causahabiente suyo.
Si el tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará automáticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo o de la providencia del tribunal superior que decida definitivamente el recurso de anulación. El registrador, a solicitud de parte, procederá a cancelarla;
b) El secuestro de los bienes muebles. La diligencia podrá practicarse en el curso del proceso a petición de una de las partes; para este fin, el interesado deberá prestar caución que garantice los perjuicios que puedan causarse.
PAR.—El tribunal podrá durante el proceso, a solicitud de terceros afectados, levantar de plano las anteriores medidas, previo traslado por tres (3) días a las partes. Si hubiere hechos qué probar, con la petición o dentro del traslado, se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos (art. 32 del D. 2279/89, modificado en su inc. 4º, lit. a) por el art. 110 de la L. 23/91).
ART. 153.—Práctica de pruebas en el arbitraje. Para la práctica de pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil, se dará aplicación a las reglas contenidas en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la presente ley, y 21 y 23 del Decreto 2651 de 1991 (L. 446/98, art. 125).
ART. 154.—Concluida la instrucción del proceso, el tribunal oirá las alegaciones de las partes, que no podrán exceder de una (1) hora cada una; señalará fecha y hora para audiencia de fallo, en la cual el secretario leerá en voz alta las consideraciones más relevantes del laudo y su parte resolutiva. A cada parte se entregará copia auténtica del mismo.
En el mismo laudo se hará la liquidación de costas y de cualquier otra condena (D. 2279/89, art. 33)
ART. 155.—En todo proceso las partes de común acuerdo pueden, antes de que se dicte sentencia de primera o única instancia o laudo arbitral, realizar los siguientes actos probatorios:
4. (Nulo)* Presentar documento en el cual conste los puntos y hechos objeto de una inspección judicial; En este caso se incorporará al expediente, y suplirá esta prueba. El escrito deberá autenticarse como se dispone para la presentación de la demanda.
5. (Nulo)* Solicitar, salvo que alguna de las partes esté representada por curador ad litem, que la inspección judicial se practique por la persona que ellas determinen.
Si se trata de documentos que estén en poder de un tercero o provenientes de este, éstos deberán presentarse autenticados y acompañados de un escrito, autenticado en la forma como se dispone para la demanda, en el cual conste expresamente la aquiescencia del tercero para su aportación.
Las pruebas aportadas en la forma mencionada en este artículo, serán apreciadas por el juez en la respectiva decisión tal como lo dispone el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y en todo caso el juez podrá dar aplicación al artículo 179 del Código de Procedimiento Civil (D. 2651/91, art. 21).
*(Nota: Los numerales 4º y 5º fueron declarados nulos por la Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia 5191 de 1999, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa).
ART. 156.—Cuando en interrogatorio de parte el absolvente o en declaración de tercero el declarante manifieste que el conocimiento de los hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de ésta y explicar la razón de su conocimiento. En este caso el juez, si lo considera conveniente, citará de oficio a esa persona aun cuando se haya vencido el término probatorio (D. 2651/91, art. 23).
ART. 157.—La parte o el testigo al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; éstos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio y no como documentos. Así mismo el testigo podrá reconocer documentos durante la declaración (D. 2651/91, art. 24).
ART. 158.—El laudo se acordará por mayoría de votos y será firmado por todos los árbitros, aún por quienes hayan salvado el voto y por el secretario; si alguno se negare, perderá el saldo de honorarios que le corresponda, el cual se devolverá a las partes.
El árbitro disidente consignará en escrito separado los motivos de su discrepancia (D. 2279/89, art. 34).
ART. 159.—En el laudo se ordenará que previa su inscripción en lo que respecta a bienes sujetos a registro, se protocolice el expediente por el presidente en una notaría del círculo que corresponda al lugar en donde funcionó el tribunal.
Interpuesto recurso de anulación contra el laudo, el expediente será remitido al tribunal superior del distrito judicial que corresponda a la sede del tribunal de arbitramento y el expediente se protocolizará tan sólo cuando quede en firme el fallo del tribunal superior (D. 2279/89, art. 35 modificado en su inc. 3º, por el art. 111, L. 23/91, a su vez derogado por el art. 167 de la L. 446/98).
ART. 160.—El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal de arbitramento de oficio o a solicitud presentada por una de las partes dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del mismo, en los casos y con las condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil (D. 2279/89, art. 36).
ART. 161.—Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito presentado ante el presidente del tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.
El recurso se surtirá ante el tribunal superior del distrito judicial que corresponda a la sede del tribunal de arbitramento, para lo cual el secretario enviará el escrito junto con el expediente (D. 2279/89, art. 37).
ART. 162.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
(art. 36, —inc. 5º— de la L. 446/98, que modifica el art. 128 del CCA).
ART. 163.—Son causales de anulación del laudo las siguientes:
3. (Nulo)* No haberse hecho las notificaciones en la forma prevista en este decreto, salvo que de la actuación procesal se deduzca que el interesado conoció o debió conocer la providencia.
8. Haberse recaído el leudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido.
*(Nota: El numeral 3º fue declarado nulo por la Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia 5191 de 1999, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa).
ART. 164.—Rechazo. El tribunal superior rechazará de plano el recurso de anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en el artículo anterior.
PAR.—Si no sustenta el recurso el tribunal lo declarará desierto (art. 128 de la L. 446/98, que modifica el art. 39 del D. 2279/89).
ART. 165.—Recurso de anulación. Vencido el término de los traslados, el secretario, al día siguiente, pasará el expediente al despacho para que se dicte sentencia, la cual deberá proferirse en el termino de tres (3) meses. En la misma se liquidarán las costas y condenas a cargo de las partes, con arreglo a lo previsto para los procesos civiles.
Si el recurso de nulidad prospera con fundamento en las causales 2ª, 4ª, 5ª ó 6ª del citado artículo 38, los árbitros no tendrán derecho a la segunda mitad de los honorarios.
PAR. 2º—De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria, conforme a las reglas generales (art. 129 de la L. 446/98, que modifica el art. 40 del D. 2279/89).
ART. 166.—El laudo arbitral y la sentencia del tribunal superior en su caso, son susceptibles del recurso extraordinario de revisión por los motivos y trámites señalados en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, no podrá alegarse indebida representación o falta de notificación por quien tuvo oportunidad de interponer el recurso de anulación.
Son competentes para conocer del recurso de revisión contra el laudo arbitral, el tribunal superior del distrito judicial del lugar correspondiente a la sede del tribunal de arbitramento; y contra la sentencia del tribunal superior que decide el recurso de anotación, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (D. 2279/89, art. 41).
ART. 167.—El tribunal cesará en sus funciones:
5. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga (D. 2279/89, art. 43).
ART. 168.—Terminado el proceso, el presidente del tribunal deberá hacer la liquidación final de los gastos; entregará a los árbitros y al secretario la segunda mitad de sus honorarios, cubrirá los gastos pendientes y, previa cuenta razonada, devolverá el saldo a las partes.
Los árbitros y el secretario no tendrán derecho a la segunda mitad de sus honorarios cuando el tribunal cese en sus funciones por expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga, sin haberse expedido el laudo (D. 2279/89, art. 44).
ART. 169.—El árbitro que deje de asistir por dos veces sin causa justificada, quedará relevado de su cargo, y estará obligado a devolver al presidente del tribunal, dentro de los cinco (5) días siguientes, la totalidad de la suma recibida incrementada en un veinticinco por ciento (25%) que quedará a su disposición para cancelar los honorarios del árbitro sustituto y para devolver a las partes de conformidad con las cuentas finales. Los árbitros restantes darán aviso a quien designó al árbitro que incurra en la conducta mencionada para que de inmediato lo reemplace.
En caso de renuncia, o remoción por ausencia justificada, se procederá a su reemplazo en la forma indicada, y el árbitro deberá devolver al presidente del tribunal la totalidad de la suma recibida por concepto de honorarios (art. 18 del D. 2279/89, modificado por el art. 102 de la L. 23/91).
ART. 170.—Habrá lugar a arbitramento técnico cuando las partes convengan someter a la decisión de expertos en una ciencia o arte las controversias susceptibles de transacción que entre ellas se susciten.
Las materias respectivas y el alcance de las facultades de los árbitros se expresarán en el pacto arbitral (D. 2279/89, art. 46).
ART. 171.—A la terminación de la concesión, deben revertir a la entidad concedente todos los bienes señalados en el contrato para tal fin, mediante el reconocimiento y pago al concesionario del valor de salvamento de las instalaciones para los casos contemplados en los contratos respectivos, determinados por peritos designados, uno por cada una de las partes, y un tercero de común acuerdo entre los dos anteriores.
Si una de las partes no acepta el dictamen pericial, la situación se resolverá mediante un tribunal de arbitramento que emita el fallo en derecho. Su integración y funcionamiento se hará conforme a las normas vigentes en la ley de contratación pública (L. 143/94, art. 65).
ART. 172.—Arbitramento voluntario. Los patrones y los trabajadores podrán estipular que las controversias que surjan entre ellos por razón de sus relaciones de trabajo sean dirimidas por arbitradores (CPL, art. 130).
ART. 173.—Cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria deberá hacerse constar siempre por escrito, bien en el contrato individual, en el contrato sindical, en la convención colectiva, o en cualquier otro documento otorgado posteriormente (CPL, art. 131).
ART. 174.—Designación de árbitros. Las partes podrán designar uno o varios árbitros, como a bien lo tengan, y comprometer en corporaciones nacionales de cualquier clase.
Si la parte obligada a nombrar árbitro no lo hiciere o se mostrare renuente, el juez del lugar, previo requerimiento de tres días, procederá a designarlo (CPL, art. 132).
ART. 175.—Reemplazo de árbitros. En caso de falta o impedimento de alguno de los árbitros, se procederá a reemplazarlo en la misma forma en que se hizo la designación. Si una de las partes se mostrare renuente a reemplazar al árbitro que le corresponde, los dos restantes, previo requerimiento a la parte renuente con un termino de tres días, procederán a hacer tal designación (CPL, art. 133).
ART. 176.—Audiencia. El árbitro o los árbitros señalarán día y hora para oír a las partes, examinar los testigos que presenten, enterarse de los documentos que exhiban y de las razones que aleguen (CPL, art. 134).
ART. 177.—Término para fallar. Los árbitros proferirán el fallo dentro del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal. Las partes podrán ampliar este plazo (CPL, art. 135).
ART. 178.—Forma del fallo. El laudo se extenderá a continuación de lo actuado y deberá acomodarse en lo posible a las sentencias que dictan los jueces en los juicios del trabajo (CPL, art. 136).
ART. 179.—Existencia del litigio. Cuando fuere el caso, se aplicará el artículo 1219 del Código Judicial (CPL, art. 137).
ART. 180.—Honorarios y gestos. Los honorarios del tribunal se pagarán por partes iguales, salvo que los interesados acuerden otra forma de pago (CPL, art. 138).
ART. 181.—Procedencia del arbitramento. 1. Serán sometidos a arbitramento obligatorio:
a) Los conflictos colectivos del trabajo que se presenten en los servicios públicos y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo o por conciliación, y
2. Los conflictos colectivos en otras empresas podrán ser sometidos a arbitramento voluntario por acuerdo de las partes (CST, art. 452).
ART. 182.—Constitución de los tribunales de arbitramento. El tribunal de arbitramento obligatorio se compondrá de tres miembros, designados así: uno por la empresa, otro por el sindicato o sindicatos a que están afiliados más de la mitad de los trabajadores, o en defecto de estos por los trabajadores, en asamblea general, y el tercero de común acuerdo por dichos dos árbitros. En caso de que los dos árbitros no se pongan de acuerdo para elegir el tercero, dentro de las 48 horas siguientes a su posesión, dicho árbitro será designado por el Ministerio del Trabajo de lista integrada por la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia integrará dicha lista para períodos de dos años con doscientos ciudadanos colombianos, residentes en los distintos departamentos del país, que sean abogados titulados especialistas en derecho laboral o expertos en la situación económica y social del país y de reconocida honorabilidad (CST, art. 453).
ART. 183.—Personas que no pueden ser árbitros. 1. No pueden ser miembros de tribunales de arbitramento las personas que directa o indirectamente hubieren intervenido en representación de las partes en los períodos o etapas de arreglo directo o de conciliación.
2. Esta prohibición se hace extensiva a los empleados, representantes, apoderados o abogados permanentes de las partes, y en general a toda persona ligada a ellas por cualquier vínculo de dependencia (CST, art. 454).
ART. 184.—Tribunales voluntarios. 1. El arbitramento voluntario se regula por lo dispuesto en los capítulos VI, VII y VIII del presente título, pero el árbitro tercero será designado por los de las partes, y a falta de acuerdo, por el Ministerio del Trabajo.
2. Cuando una diferencia se someta a la decisión de un tribunal de arbitramento voluntario, no puede haber suspensión colectiva del trabajo (CST, art. 455).
ART. 185.—Quórum. Los tribunales de arbitramento de que trata este capítulo no puede deliberar sino con la asistencia plena de sus miembros (CST, art. 456).
ART. 186.—Facultades del tribunal. Los tribunales de arbitramento de que trata este capítulo pueden solicitar de las partes o de sus representantes, todas las informaciones y datos que estimen necesarios para ilustrar su juicio, ordenar inspecciones oculares, interrogar a las partes y recibir declaraciones (CST, art. 457).
ART. 187.—Decisión. Los árbitros deben decidir sobre los puntos respecto de los cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en las etapas de arreglo directo y de conciliación, y su fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Nacional, por las leyes o por normas convencionales vigentes (CST, art. 458).
ART. 188.—Término para fallar. Los árbitros proferirán el fallo dentro del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal. Las partes podrán ampliar este plazo (CST, art. 459).
ART. 189.—Notificación. El fallo arbitral se notificará a las partes personalmente o por medio de comunicación escrita (CST, art. 460).
ART. 190.—Efecto jurídico y vigencia de los fallos. 1. El fallo arbitral pone fin al conflicto y tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo.
3. No puede haber suspensión colectiva del trabajo durante el tiempo en que rija el fallo arbitral (CST, art. 461).
ART. 191.—Procedimiento establecido en convenciones colectivas. Cuando en una convención colectiva las partes estipulen el establecimiento de tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente, se estará a los términos de la convención, en todo lo relacionado con su constitución, competencia y procedimiento para la decisión de las controversias correspondientes y solo a falta de disposición especial se aplicarán las normas del presente capítulo (CPL, art. 139).
ART. 192.—Mérito del laudo. El fallo arbitral se notificará personalmente a las partes, hará tránsito a cosa juzgada y solo será susceptible del recurso de homologación de que trata el artículo siguiente (CPL, art. 140).
ART. 193.—Recurso de homologación. Establécese un recurso extraordinario de homologación para ante el respectivo tribunal seccional del trabajo, contra los laudos arbitrales de que tratan los artículos anteriores.
Este recurso deberá interponerse por cualquiera de las partes dentro de los tres días siguientes a la notificación del laudo, y si así sucede, el proceso se enviará original al tribunal seccional respectivo, dentro de los dos que siguen (CPL, art. 141).
ART. 194.—Trámite. Recibido el expediente en el tribunal y efectuado el reparto, el magistrado sustanciador presentará proyecto de sentencia dentro de diez días y el tribunal resolverá dentro de los diez días siguientes. Si el lando se ajustare a los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria y no afectare derechos o facultades reconocidos por la Constitución, por las leyes o por normas convencionales a cualquiera de las partes, el tribunal lo homologará. En caso contrario, lo anulará y dictará la providencia que lo reemplace. Contra estas decisiones del tribunal seccional no habrá recurso alguno (CPL, art. 142).
ART. 195.—Homologación de laudos de tribunales especiales. El laudo que profiera un tribunal especial de arbitramento, cuando el arbitraje fuere de carácter obligatorio, será remitido, con todos sus antecedentes al tribunal supremo del trabajo, para su homologación, a solicitud de una de las partes o de ambas, presentada dentro de los tres días siguientes al de su notificación. El tribunal, dentro del término de cinco días, verificar. la regularidad del leudo y lo declarara exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó, o lo anulará en caso contrario.
Si el tribunal hallare que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria, devolverá el expediente a los árbitros, con el fin de que se pronuncien sobre ellas, señalándoles plazo al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la homologación de lo ya decidido (CPL, art. 143).
ART. 196.—Criterios determinantes. Será internacional el arbitraje cuando las partes así lo hubieren pactado, siempre que además se cumpla con cualquiera de los siguientes eventos:
2. Que el lugar de cumplimiento de aquella parte sustancial de las obligaciones directamente vinculada con el objeto del litigio, se encuentre situada fuera del Estado en el cual las partes tienen su domicilio principal.
3. Cuando el lugar del arbitraje se encuentra fuera del Estado en que las partes tienen sus domicilios, siempre que se hubiere pactado tal enventualidad en el pacto arbitral.
PAR.—En el evento de que aun existiendo pacto arbitral alguna de las partes decida demandar su pretensión ante la justicia ordinaria, la parte demandada podrá proponer la excepción de falta de jurisdicción con sólo acreditar la existencia del pacto arbitral (L. 315/96, art. 1º).
ART. 197.—Normatividad aplicable al arbitramento internacional. El arbitraje internacional se regirá en todas sus partes de acuerdo con las normas de la presente ley, en particular por las disposiciones de los tratados, convenciones, protocolo y demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre las reglas que sobre el particular se establecen en el Código de Procedimiento Civil. En todo caso, las partes son libres de determinar la norma sustancial aplicable conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el litigio. También podrán directamente o mediante referencia a un reglamento de arbitraje, determinar todo lo concerniente al procedimiento arbitral incluyendo la convocatoria, la constitución, la tramitación, el idioma, la designación y nacionalidad de los árbitros, así como la sede del tribunal, la cual podrá estar en Colombia o en un país extranjero (L. 315/96, art. 2º, L. 39/90, art. 1º aprobatoria de la “Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras”, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitramento comercial el 10 de junio de 1958).
ART. 198.—Laudo arbitral extranjero. Concepto. Es extranjero todo laudo arbitral que se profiera por un tribunal cuya sede se encuentra fuera del territorio nacional (L. 315/96, art. 3º).
ART. 199.—1. La jurisdicción del centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado contratante acreditados ante el centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.
2. Se entenderá como “nacional de otro Estado contratante”:
a) Toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del artículo 28 o en el apartado (3) del artículo 36, la nacionalidad de un Estado contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, y
4. Los Estados contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al centro la clase o clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción. El secretario general transmitirá inmediatamente dicha notificación a todos los Estados contratantes. Esta notificación no se entenderá que constituye el consentimiento a que se refiere el apartado (1) anterior (L. 267/96, art. 25).
ART. 200.—Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje conforme a este convenio se considerará como consentimiento a dicho arbitraje con exclusión de cualquier otro recurso. Un Estado contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este convenio (L. 267/96, art. 26).
ART. 201.—1. Ningún Estado contratante concederá protección diplomática ni promoverá reclamación internacional respecto de cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado contratante hayan consentido en someter o hayan sometido a arbitraje conforme a este convenio, salvo que este último Estado contratante no haya acatado el laudo dictado en tal diferencia o haya dejado de cumplirlo.
2. A los efectos de este artículo, no se considerará como protección diplomática las gestiones diplomáticas informales que tengan como único fin facilitar la resolución de la diferencia (L. 267/96, art. 27).
ART. 202.—1. Cualquier Estado contratante o nacional de un Estado contratante que quiera incoar un procedimiento de arbitraje, dirigirá, a tal efecto, una solicitud escrita al secretario general quien enviará copia de la misma a la otra parte.
3. El secretario general registrará la solicitud salvo que, de la información contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicción del centro. Notificará inmediatamente a las partes el acto de registro de la solicitud, o su denegación (L. 267/96, art. 36).
ART. 203.—1. Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo 36, se procederá lo antes posible a la constitución del tribunal de arbitraje, (en lo sucesivo llamado el tribunal).
2. a) El tribunal se compondrá de un árbitro único o de un número impar de árbitros, nombrados según lo acuerden las partes, y
b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de árbitros y el modo de nombrarlos, el tribunal se constituirá con tres árbitros designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el tribunal, de común acuerdo (L. 267/96, art. 37).
ART. 204.—Si el tribunal no llegare a constituirse dentro de los 90 días siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro, hecho por el secretario general conforme al apartado (3) del artículo 36, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el presidente, a petición de cualquiera de éstas y, en lo posible previa consulta a ambas partes, deberá nombrar el árbitro o los árbitros que aún no hubieren sido designados. Los árbitros nombrados por el presidente conforme a este artículo no podrán ser nacionales del Estado contratante parte en la diferencia, o del Estado contratante cuyo nacional sea parte en la diferencia (L. 267/96, art. 38).
ART. 205.—La mayoría de los árbitros no podrán tener la nacionalidad del Estado contratante parte en la diferencia, ni la del Estado a que pertenezca el nacional del otro Estado contratante. La limitación anterior no será aplicable cuando ambas partes, de común acuerdo, designen el árbitro único o cada uno de los miembros del tribunal (L. 267/96, art. 39).
ART. 206.—1. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros, salvo en el caso de que los nombre el presidente conforme al artículo 38.
2. Todo árbitro que no sea nombrado de la lista de árbitros deberá reunir las cualidades expresadas en el apartado (1) del artículo 14 (L. 267/96, art. 40).
ART. 207.—1. El tribunal resolverá sobre su propia competencia.
2. Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites de la jurisdicción del centro, o que por otras razones el tribunal no es competente para oírla, se considerará por el tribunal, el que determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la cuestión (L. 267/96, art. 41).
ART. 208.—1. El tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables.
3. Las disposiciones de los precedentes apartados de este artículo no impedirán al tribunal, si las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia ex aequo et bono (L. 267/96, art. 42).
ART. 209.—Salvo que las partes acuerden otra cosa, el tribunal, en cualquier momento del procedimiento, podrá, si lo estima necesario:
a) solicitar de las partes la aportación de documentos o de cualquier otro medio de prueba, y
b) trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y practicar en él las diligencias de prueba que considere pertinentes (L. 267/96, art. 43).
ART. 210.—Todo procedimiento de arbitraje deberá tramitarse según las disposiciones de esta sección y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de conformidad con las reglas de arbitraje vigentes en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento al arbitraje. Cualquier cuestión de procedimiento no prevista en esta sección, en las reglas de arbitraje o en las demás reglas acordadas por las partes, será resuelta por el tribunal (L. 267/96, art. 44).
ART. 211.—1. El que una parte no comparezca en el procedimiento o no haga uso de su derecho, no supondrá la admisión de los hechos alegados por la otra parte ni allanamiento a sus pretensiones.
2. Si una parte dejare de comparecer o no hiciere uso de su derecho, podrá la otra parte, en cualquier estado del procedimiento, instar del tribunal que resuelva los puntos controvertidos y dicte el laudo. Antes de dictar laudo el tribunal, previa notificación, concederá un período de gracia a la parte que no haya comparecido o no haya hecho uso de sus derechos, salvo que este convencido que dicha parte no tiene intenciones de hacerlo (L. 267/96, art. 45).
ART. 212.—Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal deberá, a petición de una de ellas, resolver las demandas incidentales adicionales o reconvencionales que se relacionen directamente con la diferencia, siempre que estén dentro de los limites del consentimiento de las partes y caigan además dentro de la jurisdicción del centro (L. 267/96, art. 46).
ART. 213.—Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal, si considera que las circunstancias así lo requieren, podrá recomendar la adopción de aquellas medidas provisionales que considere necesarias para salvaguardar los respectivos derechos de las partes (L. 267/96, art. 47).
ART. 214.—1. El tribunal decidirá todas las cuestiones por mayoría de votos de todos sus miembros.
5. El centro no publicará el laudo sin consentimiento de las partes (L. 267/96, art. 48).
ART. 215.—1. El secretario general procederá a la inmediata remisión a cada parte de una copia certificada del laudo. Este se entenderá dictado en la fecha en que tenga lugar dicha remisión.
2. A requerimiento de una de las partes, instado dentro de los 45 días después de la fecha del laudo, el tribunal podrá, previa notificación a la otra parte, decidir cualquier punto que haya omitido resolver en dicho laudo y rectificar los errores materiales, aritméticos o similares del mismo. La decisión constituirá parte del laudo y se notificará en igual forma que este. Los plazos establecidos en el apartado (2) del artículo 51 y apartado (2) del artículo 52 se computarán desde la fecha en que se dicte la decisión (L. 267/96, art. 49).
ART. 216.—1. Si surgiere una diferencia entre las partes acerca del sentido o alcance del laudo, cualquiera de ellas podrá solicitar su aclaración mediante escrito dirigido al secretario general.
2. De ser posible, la solicitud deberá someterse al mismo tribunal que dictó el laudo, si no lo fuere, se constituirá un nuevo tribunal de conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de este capítulo. Si el tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la aclaración (L. 267/96, art. 50).
ART. 217.—1. Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito dirigido al secretario general, la revisión del laudo, fundada en el descubrimiento de algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el tribunal y por la parte que inste la revisión y que el desconocimiento de ésta no se deba a su propia negligencia.
2. La petición de revisión deberá presentarse dentro de los 90 días siguientes al día en que fue descubierto el hecho, y, en todo caso, dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.
4. Si el tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la revisión. Si la parte pidiere la suspensión de la ejecución del laudo en su solicitud, la ejecución se suspenderá provisionalmente hasta que el tribunal decida sobre dicha petición (L. 267/96, art. 51).
ART. 218.—1. Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al secretario general fundado en una o más de las siguientes causas:
a) Que el tribunal se hubiere constituido incorrectamente;
b) Que el tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades;
c) Que hubiere habido corrupción de algún miembro del tribunal;
d) Que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento, y
e) Que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 120 días a contar desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la prevista en la letra (c) del apartado (1) de este artículo, el referido plazo de 120 días comenzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.
3. Al recibo de la petición, el presidente procederá a la inmediata constitución de una comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de la lista de árbitros. Ninguno de los miembros de la comisión podrá haber pertenecido al tribunal que dictó el laudo, ni ser de la misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho tribunal; no podrá tener la nacionalidad del Estado que sea parte en la diferencia ni la del Estado a que pertenezca el nacional que también sea parte en ella, ni haber sido designado para integrar la lista de árbitros por cualquiera de aquellos Estados ni haber actuado como conciliador en la misma diferencia. Esta comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o parcial del laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado 1.
4. Las disposiciones de los artículos 41, 45, 48, 49, 53 y 54 y de los capítulos Vl y Vll se aplicarán, mutatis matandis, al procedimiento que se tramite ante la comisión.
6. Si el laudo fuere anulado, la diferencia será sometida, a petición de cualquiera de las partes, a la decisión de un nuevo tribunal que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de este capítulo (L. 267/96, art. 52).
ART. 219.—1. El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos, salvo en la medida en que se suspenda su ejecución, de acuerdo con lo establecido en las correspondientes cláusulas de este convenio.
2. A los fines previstos en esta sección, el término “laudos” incluirá cualquier decisión que aclare, revise o anule el laudo, según los artículos 50, 51 ó 52 (L. 267/96, art. 53).
ART. 220.—1. Todo Estado contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. El Estado contratante que se rija por una constitución federal podrá hacer que se ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y podrá disponer que dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las sentencias firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los Estados que lo integran.
2. La parte qué inste el reconocimiento o ejecución del leudo en los territorios de un Estado contratante deberá presentar, ante los tribunales competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados contratantes a este efecto una copia del mismo, debidamente certificada por el secretario general. La designación de tales tribunales o autoridades y cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será notificada por los Estados contratantes al secretario general.
3. El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se pretenda (L. 267/96, art. 54).
ART. 221.—Nada de lo dispuesto en el artículo 54 se interpretará como derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero (L. 267/96, art. 55).
ART. 222.—Contratos de arrendamiento. Las controversias surgidas entre las partes por la razón de la existencia, interpretación, desarrollo o terminación de contratos de arrendamiento podrán solucionarse a través de la justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden las condenas en los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria (L. 446/96, art. 114).
ART. 223.—Definición. La amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, el Estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural (L. 446/98, art. 130).
ART. 224.—Efectos. La decisión del amigable componedor producirá los efectos legales relativos a la transacción (L. 446/98, art. 131).
ART. 225.—Designación. Las partes podrán nombrar al amigable componedor directamente o delegar en un tercero la designación. El tercero delegado por las partes para nombrar al amigable componedor puede ser una persona natural o jurídica (L. 446/98 art. 132).
ART. 226.—De la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.
Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción (L. 80/93, art. 68, inc. 1º y 2º).
ART. 227.—De la improcedencia de prohibir la utilización de los mecanismos de solución directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales.
Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato estatal (L. 80/93, art. 69).
ART. 228.—De la cláusula compromisoria. En los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación.
En los contratos con personas extranjeras y en los que incluyan financiamiento a largo plazo, sistemas de pago mediante la explotación del objeto construido u operación de bienes para la prestación de un servicio público, podrá pactarse que las diferencias surgidas del contrato sean sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento designado por un organismo internacional (L. 80/93, art. 70).
ART. 229.—Del compromiso. Cuando en el contrato no se hubiere pactado cláusula compromisoria, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la suscripción de un compromiso para la convocatoria de un tribunal de arbitramento a fin de resolver las diferencias presentadas por razón de la celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación.
En el documento de compromiso que se suscriba se señalarán la materia objeto del arbitramento, la designación de los árbitros, el lugar de funcionamiento del tribunal y la forma de proveer los costos del mismo (L. 80/93, art. 71).
ART. 230.—Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito presentado ante el tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.
El trámite y efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes sobre la materia (L. 80/93, art. 72).
ART. 231.—Del arbitramento o pericia técnicos. Las partes podrán pactar que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio de expertos designados directamente por ellas o que se sometan al parecer de un organismo consultivo del gobierno, al de una asociación profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior. La decisión adoptada será definitiva (L. 80/93, art. 74).
ART. 232.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 7 de septiembre de 1998.

References: artículo 166
 artículo 166
 resolución 
 artículo 101
 artículo 66
 resolución 
 artículo 9
 artículo 99
 artículo 510
 artículo 545
 artículo 537
 artículo 101
 artículo 28
 artículo 39
 resolución 
 artículo 277
 artículo 47
 artículo 153
 artículo 277
 artículo 101
 artículo 136
 artículo 137
 artículo 78
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 160
 artículo 45
 artículo 69
 artículo 14
 artículo 37
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 30
 artículo 14
 artículo 90
 artículo 15
 artículo 174
 artículo 179
 artículo 38
 artículo 1219
 artículo 28
 artículo 36
 resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 38
 artículo 14
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 54
 artículo 2