Source: https://argitalpen.ararteko.eus/index.php?id_l=42&id_a=1292&sub_pa=Hezkuntza-premia%20bereziak&leng=cast
Timestamp: 2019-09-19 17:17:12+00:00

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Los derechos de las personas con discapacidad han ocupado siempre un lugar destacado en nuestra institución ya que se trata de un colectivo que se encuentra con grandes obstáculos para el ejercicio de los derechos de los que son titulares. Las numerosas actuaciones que se han seguido desde esta institución a lo largo de estos años han tenido como objetivo prioritario procurar una mayor sensibilización de la sociedad hacia las necesidades reales del colectivo como estrategia para hacer más real y efectivo su derecho a no ser discriminados y a poder disfrutar de las mismas oportunidades.
En el ejercicio del año 2009 destacábamos en este apartado la entrada en vigor el día 3 de mayo de 2008 en el Estado español de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU el día 13 de diciembre de 2006. Así, señalábamos el cambio significativo que suponía la Convención en el tratamiento de la discapacidad ya que se superaba el modelo rehabilitador, inspirándose en las premisas del modelo social. El Tratado traslada formalmente las políticas de inclusión de las personas con discapacidad al ámbito de los derechos fundamentales, resultando necesario por ello abordar de forma transversal los derechos que afectan al colectivo en todas las actuaciones públicas.
Si bien, desde su entrada en vigor la Convención forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, se advierte la necesidad de realizar determinados ajustes y modificaciones sobre diversas normas que afectan al grupo por razones de seguridad jurídica sobre todo, que permitan evitar contradicciones en su aplicación y poder garantizar la efectividad de los derechos que recoge la Convención.
Al respecto, podemos señalar que en el momento del cierre de la redacción de este informe se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de adopción de la normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Las adaptaciones normativas previstas comprenden desde modificaciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, destacando el ajuste de la definición legal de la persona con discapacidad a la recogida en la Convención; en materia de sanidad, donde se incluye la discapacidad como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas administraciones sanitarias; en materia de empleo, donde se prevé el aumento del cupo de reserva de las vacantes en las ofertas de empleo público así como incentivos para promover la contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario.
Confiemos en que dicha norma se apruebe en la presente legislatura dado que ello supondría un éxito importante si se logra que el sistema que inspira la Convención quede recogido de una manera satisfactoria en nuestro ordenamiento jurídico.
Por otra parte, hemos de señalar que la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el Plan para la participación y calidad de vida de las personas con discapacidad en Bizkaia 2010-2013, cuyo objeto se enmarca en mejorar la actuación de las personas, institución y entidades que participan en la atención y promoción de las personas con discapacidad y sus familias en Bizkaia, orientándola progresivamente hacia el modelo de participación.
Finalmente, hemos de significar que el Pleno del Congreso de Diputados ha aprobado una moción por unanimidad por el que se requiere al Gobierno estatal a presentar en el plazo de seis meses una propuesta de modificación del Código Civil y de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (en adelante LPH) para garantizar la accesibilidad de las viviendas y espacios compartidos en las comunidades de vecinos. La iniciativa persigue reformar los artículos 569, 585 y 1936 del Código Civil en tanto que afectan a las servidumbres y pueden dificultar la eliminación de las barreras arquitectónicas. También se pretende modificar la LPH, que en la actualidad impide realizar las obras de eliminación de barreras porque limita el gasto máximo al que está obligada la comunidad que equivale a tres meses de gastos corrientes. Asimismo, se insta a cambiar la necesidad de mayorías entre las comunidades de vecinos para aceptar las reformas.
Las reuniones que desde esta institución se han mantenido con las asociaciones de personas con discapacidad han sido constantes a lo largo del presente ejercicio, bien como consecuencia de la tramitación de las oportunas quejas planteadas, bien porque hemos requerido su colaboración para la realización de los informes extraordinarios propuestos o bien a solicitud de las propias asociaciones.
En este sentido, hemos de referirnos a la reunión mantenida con la Plataforma de Asociaciones de Discapacidad de Álava, integrada por:
- Araba Down, para la plena integración social de las personas con síndrome de Down.
- Arabako Gorrak, asociación de personas sordas de Álava.
- Arazoak, asociación alavesa de autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo.
- ARESBI, asociación alavesa de afectados por espina bífida.
- ASPACE, asociación de parálisis cerebral y afines de Álava.
- ASPASOR, asociación de parálisis cerebral y afines de Álava.
- ATECE, asociación de daño cerebral adquirido de Álava.
- Eginaren Eginez, asociación de personas con discapacidad física de Álava.
- Grupo de Discapacidad.
- Itxaropena, asociación alavesa de personas con baja visión.
En dicho encuentro se trataron temas que afectan al colectivo en general, si bien hubo dos cuestiones sobre los que la citada Plataforma quiso profundizar de una manera particular: el acceso al empleo público de las personas con discapacidad y el acceso a las viviendas de protección oficial de las personas con discapacidad psíquica. Así, desde el Ararteko nos comprometimos a realizar un seguimiento del informe extraordinario que presentamos en el año 2003 sobre la integración laboral de las personas con discapacidad y, en concreto sobre el análisis del grado de cumplimiento de las reservas de cuota establecidas en las ofertas públicas de empleo para garantizar el acceso a las personas con discapacidad. En el informe extraordinario citado se trató de abordar con detalle el alcance de la aplicación de las medidas de promoción de empleo en nuestra Comunidad y compararla con las de otros contextos. Asimismo, se analizó también la calidad del empleo de las personas con discapacidad y, las características de las personas contratadas y de las empresas contratantes, para investigar los factores que favorecen o dificultan la inserción laboral. Con base en todo ello, se proponían las mejoras necesarias para garantizar, en última instancia, una mejor calidad de vida del colectivo.
Por otra parte, hemos de referirnos al encuentro que mantuvimos con la Asociación Euskal Gorrak, formada por 6 asociaciones de personas sordas adultas en la CAPV:
– En Bizkaia están la APSBB (Asociación de personas sordas de Bilbao y Bizkaia) y la ASB (Asociación de personas sordas de Basauri).
– En Gipuzkoa, las ASG-GGE (Asociación de personas sordas de Gipuzkoa) y Gainditzen (Asociación de Personas Sordas de Tolosaldea-Goierri).
– En Álava, se encuentra Arabako Gorrak (Asociación de personas sordas de Álava).
Los problemas que se plantearon por parte del colectivo hacían referencia a las importantes barreras que todavía hoy encuentran para acceder a la comunicación en la mayoría de los ámbitos de la sociedad. En este sentido, entre otras cuestiones nos informaban de la falta de intérpretes de lenguaje de signos en las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional, de las barreras en la comunicación en el ámbito sanitario, así como el incumplimiento por parte del Ente Público Vasco EITB, de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad. La mayoría de estas cuestiones han sido tratadas por parte de esta institución con las administraciones concernidas en el presente ejercicio y de cuyos resultados trataremos de informar en el siguiente apartado.
Por otra parte, hemos de referirnos al compromiso adoptado con la asociación con el fin de adecuar las instalaciones de la institución del Ararteko a las necesidades del colectivo de las personas con discapacidad auditiva, tratando de optimizar la accesibilidad a la comunicación de nuestras oficinas de atención al público mediante la instalación de los correspondiente bucles así como facilitando a las personas responsables de dichas oficinas pautas básicas para mejorar la atención a las personas con discapacidad auditiva.
Asimismo se convocó a una reunión en esta institución a los responsables de las asociaciones de personas con discapacidad física de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, para analizar el contenido de las numerosas quejas que se estaban recibiendo y que hacían referencia a la entrada en vigor el pasado 1 de enero del 2010 de la última modificación que había afectado a la exención por discapacidad en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Abordamos dicha cuestión de una manera sucinta en el apartado siguiente. Al encuentro acudieron los representantes de FEKOOR (Federación de personas con discapacidad física y/orgánica de Bizkaia), ELKARTU (Federación de personas con discapacidad física de Gipuzkoa) y, EGINAREN EGINEZ (Asociación de personas con discapacidad física de Álava), en el que pudieron esgrimir de un modo preciso los motivos por los que mostraban su desacuerdo con la modificación introducida en el citado impuesto.
Finalmente, nos corresponde agradecer la colaboración y participación de las asociaciones referidas, así como de EDEKA (Coordinadora vasca de representantes de personas con discapacidad) y la FUNDACIÓN ONCE en la elaboración del informe extraordinario sobre la accesibilidad del sistema de transporte público de la CAPV. Su aportación ha sido decisiva para la realización de un diagnóstico preciso de la actual situación. De los datos resultantes de la labor de campo realizada, así como de la información facilitada por parte de los operadores y administraciones concernidas, a modo de resumen, podemos señalar que la conclusión final obtenida en el informe, recientemente publicado, ha sido la siguiente:
La accesibilidad universal implica la accesibilidad de los entornos urbanos, de la edificación, de los sistemas de transporte, de la comunicación y de los servicios, que se constituyen en elementos fundamentales para garantizar la igualdad de las personas y el respeto de sus derechos. La accesibilidad universal de los sistemas de transporte posibilita una participación activa en la vida social y económica en igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía.
A su vez, la accesibilidad universal presupone la estrategia de un diseño para todos que implica admitir que es la sociedad en su conjunto la que debe adaptarse a la diversidad de su miembros. Por ello dicha estrategia debe ir dirigida a que las personas con discapacidad dispongan de niveles de movilidad plenos mediante la prestación de un servicio público de transporte con vocación universal, que favorezca el desenvolvimiento autónomo y en condiciones de igualdad de todas las personas.
El marco jurídico en materia de accesibilidad en la CAPV viene determinado por la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad. Las condiciones técnicas que resultan de aplicación en los diferentes ámbitos de intervención definidos por la Ley, se establecen en sus dos decretos de desarrollo: el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación y, el Decreto 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en el transporte.
Desde la entrada en vigor de dicha Ley, han sido importantes los avances que se han producido en la adopción de las condiciones técnicas de accesibilidad en los medios de transporte. No obstante, del diagnóstico realizado en el presente informe permite concluir que, en la actualidad, son muy significativas las carencias que se observan que condicionan su uso de manera universal.
A este respecto podemos señalar que la CAPV dispone de un sistema de transporte ferroviario prácticamente inaccesible. Los datos obtenidos resultan contundentes: en cuanto a la accesibilidad física, el 78% de los entornos peatonales de la infraestructura son inaccesibles; el 78% de las estaciones también lo son, y en el 83% de los casos no se garantiza el recorrido peatonal desde la calle al andén.
Si bien en los últimos años ha sido importante el volumen de intervenciones que se han realizado, así como de las actuaciones que se encuentran en la actualidad en proyecto, las carencias estructurales de accesibilidad del sistema ferroviario siguen siendo muy significativas, por lo que aún se requieren considerables inversiones para garantizar el uso universal de estos servicios.
En cuanto al grado de la accesibilidad de los sistemas por carretera, se puede indicar que la situación de las principales terminales de autobús así como de las paradas en todo el territorio de la comunidad autónoma tampoco resulta satisfactoria. Asimismo, sigue sin alcanzarse la accesibilidad plena de la flota de autobuses que se utiliza para los recorridos interurbanos y de largo recorrido. A estos efectos, resultará determinante el cumplimiento de las condiciones técnicas que se impongan a los operadores durante la progresiva renovación de las concesiones de las líneas regulares de viajeros por carretera que se prevé en breve plazo.
Por último, debemos insistir en la necesidad de que las administraciones locales se impliquen en el acondicionamiento de los itinerarios peatonales y de acceso a las infraestructuras de transporte para que éstos resulten seguros y accesibles.
Hay que tener en cuenta la importancia de garantizar la accesibilidad durante toda la cadena de desplazamiento, desde el origen al destino, independientemente del número de las etapas realizadas y de los modos de transporte empleados.
Las quejas referidas a actuaciones urbanísticas junto con los temas relacionados con los servicios sociales, han conformado las áreas que más destacan en comparación con las quejas formuladas en el resto de materias.
La falta de accesibilidad al medio físico o entorno urbano sigue siendo objeto de reclamación por parte de las personas con discapacidad en esta institución.
A modo de ejemplo queremos traer a colación la queja presentada por una asociación de Bizkaia respecto a las obras de urbanización que se venían ejecutando en la calle Mazarredo de Bilbao. Según informaban en el escrito de queja, inicialmente en dicha obra se había contemplado la instalación de un ascensor que comunicaba la calle Mazarredo con la zona de Abando Ibarra, cumpliendo de esta manera con las previsiones contempladas en la normativa de accesibilidad. No obstante, una vez retirado el vallado de protección habían podido comprobar que no se había instalado ningún ascensor. Puestos en contacto con los responsables de la obra (BILBAO RIA 2000) pudieron confirmar que el ascensor proyectado había sido eliminado al considerar que resultaba suficiente el ascensor que existía en la calle Mazarredo, a la altura de la pasarela Izozaki.
Dicha asociación denunciaba la actuación de BILBAO RIA 2000 en tanto que consideraban que la eliminación del ascensor dentro de unas obras de mejora de la accesibilidad suponía un evidente incumplimiento de la normativa y una limitación en el uso del entorno urbano precisamente de aquellas personas que más problemas de movilidad tienen. Asimismo argumentaban que la existencia del ascensor de la pasarela de Izozaki a unos 500 metros de distancia no era motivo para no cumplir la normativa de accesibilidad, máxime teniendo en cuenta que a menor distancia se encuentran las escaleras de Mazarredo y Guggenheim (190 y 250 metros respectivamente) y no por ello se habían dejado de construir escaleras en las nuevas obras de urbanización de la zona.
La institución del Ararteko viene reclamando de las administraciones públicas y, en especial de los ayuntamientos, un análisis en profundidad de las distintas alternativas para instalar soluciones técnicas dirigidas a resolver los problemas de accesibilidad de los entornos urbanos. Venimos insistiendo sobre la necesidad de primar aquellas instalaciones que puedan ser utilizadas por toda la ciudadanía en condiciones de igualdad, con el fin de hacer efectivo los principios de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas que presenten una discapacidad.
Tras dirigirnos en dichos términos al Ayuntamiento de Bilbao, finalmente se acordó proceder a la instalación del ascensor previsto inicialmente en el proyecto de urbanización aprobado.
Por otra parte, hemos de referirnos a las denuncias que recibimos sobre las dificultades que sufren las personas con movilidad reducida para poder acceder a los edificios de uso público como dependencias municipales, centros cívicos, centros de salud, centros escolares o de servicios sociales.
En el año 2010 se ha inaugurado el nuevo edificio de titularidad municipal La Alhóndiga de Bilbao que alberga numerosos espacios para la actividad física, además de otros servicios destinados al ocio como salas de cine, de exposiciones, bares, restaurantes, etc. Si bien, resulta incuestionable que dicho edificio de nueva construcción debía cumplir con la normativa de accesibilidad en vigor, la Asociación de personas con discapacidad de Bizkaia se dirigió a esta institución denunciando las barreras arquitectónicas detectadas en el parking del edificio.
En este sentido señalaban que en el parking subterráneo del edificio habían podido constatar que los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida estaban perfectamente señalados y ubicados junto a los embarques de los ascensores. No obstante, en la planta de salida a la vía pública en dos de los tres accesos con que cuenta dicho garaje, se habían encontrado con escaleras entre la parada del ascensor y la calle, resultando dichas salidas (a la calle Iparraguirre y a la calle Alameda Urkijo) inaccesibles. La Asociación indicaba que en la visita de inspección realizada habían comprobado que en principio no parecía que hubiera impedimento alguno que condicionara la instalación de los ascensores a cota "0".
En respuesta a la primera petición formulada desde esta institución, el Ayuntamiento de Bilbao argumentaba que el hecho de que los ascensores de la calle Alameda Urquijo y de Iparraguirre no llegaran a la rasante de la calle se debía que al estar protegido el edificio como elemento del Patrimonio Histórico y Artístico se establecía la imposición de mantener las fachadas y primeras crujías del edificio original, cuyos forjados sólo coincidían con la rasante de una de las salidas.
Teniendo en cuenta que el artículo 3.1 c) de la Ley 20 /1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, obliga a que se contemple la paulatina adaptación del patrimonio histórico-artístico de la Comunidad Autónoma del País Vasco a los criterios de accesibilidad marcados por esta ley, y que el ascensor ubicado en la calle Alameda Urquijo coincidía con el rellano existente, nos dirigimos de nuevo a dicha Entidad Local solicitando estudiaran las medidas posibles para solucionar los problemas de accesibilidad detectados en dos de las salidas del parking del edificio.
En respuesta a esta última petición, el Ayuntamiento de Bilbao nos ha informado que la mercantil instaladora de los ascensores ha presentado un proyecto por el que se prevé la adaptación del ascensor que comunica con la calle Alameda Urquijo para poder llegar a la rasante de la misma. Si no resultara viable dicha adaptación se plantearía la instalación de plataformas elevadoras que salvaran dichas escaleras.
Por otro lado, queremos hacer hincapié en que el significado del concepto del diseño para todos afecta también al ocio de las personas con discapacidad y claro ejemplo de la falta del cumplimiento de dicho principio lo observamos a menudo en numerosas instalaciones destinadas al entretenimiento. Se diseña una nueva sala de cine en la que, cumpliendo con lo establecido en la ley para la promoción de la accesibilidad, y, siguiendo los cánones preestablecidos, se disponen en la primera fila de la sala las plazas reservadas para las personas usuarias de sillas de ruedas eliminando todas las butacas. Es evidente que, al hacerlo, se cumple con lo dispuesto en la norma que obliga a una reserva específica en este tipo de recintos, pero debemos ir más allá y, reflexionar sobre esta cuestión en los siguientes términos: por qué las personas con discapacidad no tienen derecho a elegir en condiciones de igualdad la ubicación en la sala o, por qué tampoco pueden acudir o permanecer en la sala con sus acompañantes.
Lo mismo sucede en los campos de fútbol y en los estadios de baloncesto, etc. Recientemente una madre denunciaba ante nuestra institución el hecho de que su hijo de 11 años, usuario de silla de ruedas, gran aficionado del fútbol y del baloncesto, no pudiera sentarse con sus amigos en ninguno de los estadios a los que asiduamente acudía, ya que a las personas usuarias de silla de ruedas se les obliga a espacios habilitados expresamente para ellos.
Los principios de la accesibilidad universal y el diseño para todos requieren un entorno que responda a la diversidad, a las necesidades del conjunto de la ciudadanía y no a una adaptación del medio a necesidades especiales de determinados colectivos.
Accesibilidad de los centros de detención
Un año más hemos de referirnos a la accesibilidad de algunas dependencias generales de comisarías visitadas por una representación de esta institución en el marco de las actuaciones que venimos realizando para comprobar el grado de cumplimiento de las recomendaciones que formulamos en el informe extraordinario "Los calabozos. Centros de detención municipales y de la Ertzaintza".
En los centros de detención visitados en el presente ejercicio, de la Policía Local de Sestao y los de la Ertzaintza de Donostia-San Sebastián y de Arkaute, se ha podido comprobar que tanto los baños como las celdas no se encuentran debidamente adaptadas. Es necesario precisar que el mostrador situado en la zona de atención al público de la comisaría de la policía local de Sestao no resulta accesible para las personas con movilidad reducida.
Por otra parte, se ha podido verificar que en todos los centros inspeccionados se dispone de la posibilidad de acceder a un intérprete de lenguaje se signos. No obstante, dichas comisarías carecen de los sistemas de comunicación necesarios para paliar los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad visual.
Accesibilidad de los centros de baja exigencia
Por último, en lo que se refiere a los recursos sociales queremos apuntar determinadas cuestiones que han sido observadas en las inspecciones realizadas por miembros de esta institución sobre la accesibilidad de los centros de baja exigencia. Así, podemos señalar:
- Centro Hontza, ubicado en la calle Puente San Antón de Bilbao: Sobre la accesibilidad del equipamiento hemos de señalar que si bien se pudo observar que la entrada del edificio resultaba accesible, no había habitaciones y baños adaptados en la instalación. Para acceder a las dependencias donde están las literas existen escaleras y el ascensor que dispone el edificio no puede ser utilizado por las personas usuarias del servicio, por resultar éste un montacargas. Asimismo, el edificio presenta evidentes carencias sobre los sistemas que pudieran paliar los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad visual y auditiva.
- El centro de día Onartu, ubicado en la calle Rekalde de Bilbao: La entrada del centro no resulta accesible y tampoco hay previstas habitaciones y baños adaptados. También carece de todos los sistemas que pudieran paliar los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad visual y auditiva.
- El centro residencial de Betoño de Gasteiz: Este recurso no cumple con las condiciones básicas de accesibilidad. Si bien la entrada al edificio es accesible no dispone de habitaciones y baños adoptados y carece de todos los sistemas que pudieran paliar los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad visual y auditiva.
- El centro Loyola Etxea, ubicado en la calle Calzada Vieja de Ategorrieta de Donostia-San Sebastián: No se cumplen las condiciones de accesibilidad, la entrada al edificio es inaccesible, dispone de una entrada accesible por el garaje del edificio. El centro está estructurado en tres plantas y no se dispone de ascensor. No dispone de habitaciones y baños adoptados y carece de todos los sistemas que pudieran paliar los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad visual y auditiva.
- Centro Neguko Aterpea, ubicado en Zorroaga de Donostia-San Sebastián: Cumple con las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad física, pero no así respecto a la accesibilidad necesaria para las personas con discapacidad auditiva y visual.
- El centro RAIS (Red de apoyo a la inserción sociolaboral), ubicado en la calle San Bartolomé de Donostia-San Sebastián: El edificio fue reformado en el año 2008 cumpliendo con las determinaciones exigidas en la normativa de accesibilidad, no apreciándose a dichos efectos barreras arquitectónicas en la instalación. No obstante carece de todos los sistemas que pudieran paliar los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad visual y auditiva.
En lo que respecta a este apartado seguimos recibiendo quejas que ponen de manifiesto la conveniencia de delimitar hasta donde alcanza la responsabilidad de la Administración educativa cuando se trata de dar respuesta a ciertas necesidades educativas especiales del alumnado que requieren de la atención de profesionales tales como los que prestan cuidados de fisioterapia.
Como es sabido, en el sistema educativo la atención especializada se sitúa entre lo que se denominan "Adaptaciones de acceso al currículo", esto es, está pensada para la adecuada y normal escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, cuando, debido a ellas, pueden ver comprometido su acceso al currículo educativo. De esta manera, cumplido este propósito de ver asegurada una correcta respuesta a tales necesidades educativas de acceso al currículo, la atención de otro tipo de necesidades que también pueda presentar este alumnado queda fuera del ámbito educativo. Así ocurre, por ejemplo, con las necesidades de orden sanitario cuya prestación suele quedar condicionada al hecho de que la rehabilitación esté relacionada directamente con un proceso patológico que esté siendo tratado en el sistema público de salud.
Pero, como decimos, parece que no siempre las familias disponen de una información clara y precisa a este respecto.
Lamentablemente, también se ha repetido quejas referidas a la necesidad de intérpretes de la lengua de signos, recurso éste que, en los casos planteados a modo de queja, resultaba imprescindible para garantizar la plena accesibilidad a enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional.
La favorable reacción de los responsables educativos ha permitido dar una solución satisfactoria a los casos planteados pero creemos que no es de recibo que este tipo de necesidades se repitan año tras año y no estén mínimamente previstas.
IV.3. Función pública
En lo tocante a este apartado, queremos llamar la atención, de manera especial, sobre el establecimiento de posibles cupos o reserva de plazas en favor de las personas con discapacidad. Debemos insistir a este respecto en que el establecimiento de estos posibles cupos debe contar siempre con la necesaria cobertura jurídica y debe ser motivo de una aplicación cabal en cuanto a las posibilidades que suponen, tanto en lo referente al establecimiento de una determinada preferencia en la fase de elección de destinos o la adecuación del puesto de trabajo y del entorno a las necesidades de la persona que lo vaya a desempeñar.
La normativa tributaria recoge beneficios fiscales (exenciones, bonificaciones, reducciones…), con los que pretende, por una parte, compensar el mayor gasto en el que incurren las familias en cuyo seno hay una persona con discapacidad y por otra, atender la menor capacidad económica que afecta a estas familias. Sin embargo, la aplicación de los beneficios existentes no puede quedar condicionada a interpretaciones formalistas, sino que, en todo momento, se debe propugnar interpretaciones finalistas, que permitan a la persona con discapacidad materializar el beneficio, cuando concurren en ella los requisitos sustantivos a los que se condiciona su obtención.
Así, por ejemplo, las normas reguladores del Impuesto sobre el Valor Añadido contemplan un tipo superreducido de IVA del 4% que se aplica, entre otros, a la adquisición de vehículos por personas con discapacidad. No obstante, se trata de un beneficio que requiere su solicitud por parte de la persona adquirente y su reconocimiento previo por la Administración.
Sobre la base de este requisito formal la Hacienda Foral de Gipuzkoa había desestimado la petición de una mujer con una discapacidad del 55%, que había adquirido un vehículo que incorporaba las adaptaciones técnicas que ella precisaba para conducirlo. La reclamante había cursado la solicitud de aplicación del tipo superreducido de IVA (4%) una vez matriculado el vehículo.
Sin embargo, a la fecha de la matriculación del turismo, la afectada cumplía los requisitos sustantivos o configuradores para que le fuese aplicado el tipo superreducido de IVA, pues tenía reconocida la condición de persona con discapacidad, con un porcentaje del 55%, y el vehículo se iba a destinar a su transporte habitual. Por ello solicitamos a esta hacienda foral que revisase el criterio aplicado.
El reconocimiento previo del beneficio por la administración es un requisito formal, que actúa como una condición para que se pueda reconocer la reducción, pero que no impide que la petición tenga lugar con posterioridad al pago del impuesto y a la matriculación del vehículo, siempre que no haya prescrito el derecho a reclamar el ingreso abonado de manera indebida.
Finalmente, la hacienda foral atendió la queja y devolvió a la afectada el importe abonado de manera indebida.
En el marco de la tributación local, se ha de indicar que la imposición de los vehículos continúa siendo la fuente de un número importante de las quejas que promueven las personas con discapacidad. Así a lo largo de 2010 las principales asociaciones de personas con discapacidad y un amplio número de personas particulares con movilidad reducida, nos han expreso su total desacuerdo con la restricción que ha afectado a la exención por discapacidad en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
Tras la última modificación operada en este impuesto a finales de 2009, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2010, esta exención quedó condicionada en los tres Territorios Históricos a que se cumpliesen los siguientes requisitos:
• Que el vehículo, en todo caso, tuviese una potencia fiscal inferior a 14 caballos. De disponer de una pluralidad de vehículos, la solicitud y la exención sólo afecta a uno de ellos.
• Que el turismo estuviese matriculado a nombre de una persona con discapacidad y destinado a su uso exclusivo. Ello con independencia de que el conductor o conductora fuese la propia persona con discapacidad.
• Que la personas con discapacidad se encontrase en estado carencial de movilidad reducida, si el grado de minusvalía reconocido era inferior al 65%. Si este grado era igual o superior al 65% la acreditación del estado carencia de movilidad no era exigible.
La razón que se esgrimió expresamente, al menos, en el caso de la Norma Foral 4/2009, de 23 de diciembre, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, incidía en que se daba una nueva redacción a este artículo, con el objeto de ponderar su aplicación, de forma que sólo fuese aplicable en relación con vehículos turismo y para aquellas personas que padecieran una discapacidad más grave o sufriesen unos problemas de movilidad más graves.
Sin embargo, las y los afectados nos trasladaron su preocupación, porque, dado el tenor de la exención tampoco las personas con graves problemas de movilidad se estaban beneficiando de ella.
Este colectivo mostraba su desacuerdo con la modificación introducida por las siguientes razones:
En primer lugar, porque, no se había informado a las asociaciones que trabajan en la promoción de las personas con discapacidad de la voluntad de modificar el alcance de la exención, ni de los términos en los que pretendía establecerla. Esta circunstancia les había impedido participar y exponer su opinión cualificada, en cuanto a las características que deben reunir los vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad.
Asimismo, mostraban su desconcierto porque la limitación del alcance de la exención no había venido derivada de una modificación normativa en Territorio Común.
En segundo lugar, consideraban insuficiente el límite de 14 caballos fiscales que fijaba la norma foral, para poder acceder a la exención.
Las personas con graves problemas de movilidad o que se desplazan en sillas de ruedas habían adquirido y en muchas ocasiones también habían tenido que adaptar sus vehículos para poder acceder a su interior con la silla de ruedas o las ayudas técnicas que precisaban y para poder conducirlos. Estos vehículos han de disponer de amplio espacio interior y de techos altos, lo que les obliga a tener que optar por una tipología de vehículos: vehículos mixtos adaptables, pequeños furgones o furgonetas, monovolúmenes, etc. cuya potencia fiscal excede de los 14 caballos que establecía como límite máximo las normas forales.
El precedente inmediato, que había estado vigente hasta el 31 diciembre de 2009, no señalaba límite alguno en cuanto a la potencia fiscal del vehículo. Incluso la redacción anterior a esta última reforma, que había estado vigente hasta finales de 2003, fijaba unos límites de potencia fiscal más favorables que los señalados parar 2010, pues permitía, en el caso de los vehículos destinados al transporte de personas con una discapacidad igual o superior al 65%, que la potencia del vehículo no superase los 17 caballos fiscales.
Ante esta situación previa, las personas con discapacidad habían ido adquirido en estos últimos años vehículos que se adaptaban a sus necesidades de transporte y a la normativa que estaba vigente sobre esta exención en cada momento, todo ello en la confianza del mantenimiento de la configuración de esta exención.
Finalmente, plantean que, a la hora de valorar las demandas de movilidad de las personas con discapacidad, se ha de tener presente que, en las familias en las que hay algún miembro con movilidad reducida, lo habitual no suele ser que la familia disponga de varios vehículos, uno destinado al uso exclusivo de la persona con discapacidad y el resto para dar cobertura a las necesidades de movilidad de los demás integrantes de la familia. Por el contrario, lo más normal suele ser que sólo se disponga de un único vehículo, con el que se satisfacen las necesidades de transporte de todos los miembros de la unidad familiar. Por ello, proponían que sus necesidades de transporte se abordaran de una manera similar a la que se tratan las necesidades de desplazamiento de las familias numerosas.
Las tres diputaciones forales defendieron su plena competencia para configurar la exención. No obstante, acordaron revisar su alcance, ya que el colectivo con mayores problemas de movilidad, los y las usuarias de sillas de ruedas, no siempre podía acceder a la exención, a pesar de que éste era el colectivo a quien se quería atender con la nueva regulación.
Con fecha 1 de enero de 2011 han entrado en vigor en Bizkaia la Norma Foral 4/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban medidas tributarias para 2011, en Álava la Norma Foral 15/2010, de 20 de diciembre, de medidas tributarias para el año 2011 y en Gipuzkoa la Norma Foral 3/2010, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Norma Foral 14/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En ellas se ha tomado en consideración la dificultad que tienen las personas con discapacidad que necesitan utilizar sillas de ruedas para su desplazamiento a la hora de adquirir vehículos adaptados y en consecuencia, estos vehículos no se van a ver afectados por el límite de 14 caballos de potencia fiscal.
Así, tras este reajuste, la exención en el IVTM ha quedado delimitada de esta manera:
"e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, matriculados a nombre de personas con discapacidad.
a’) Aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las situaciones descritas en las letras A, B o C del baremo que figura como Anexo III del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración o calificación del grado de discapacidad o que obtengan 7 ó más puntos en las letras D, E, F, G o H del citado baremo.
b’) Aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
A las personas incluidas en las letras a’) y b’) anteriores que se encuentren en situación carencial de movilidad reducida calificada con la letra A en el baremo que figura como Anexo III del mencionado Real Decreto 1971/1999, no les será de aplicación el límite de 14 caballos fiscales, siempre que el vehículo se encuentre adaptado para el uso con silla de ruedas".
En todo caso, se ha de mencionar que la normativa guipuzcoana y la alavesa incorporan un supuesto adicional de exención, respecto de los vehículos cuyos titulares acrediten que tienen a su cargo, por razón de patria potestad, tutela o curatela, a alguna persona con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.
En esta área nos encontramos ante la queja planteada por un usuario afectado de Esclerosis Lateral Amiotrófica en la que cuestionaba la necesidad de un modelo de financiación que no estaba prevista en el catálogo de prestaciones.
Desde el punto de vista jurídico la denegación era correcta, como lo confirmaba la sentencia que desestimó su petición. Teniendo esto presente, la institución del Ararteko consideró que desde otra perspectiva, la de la promoción de la mejora en la atención de las personas con discapacidad y de quienes padecen enfermedades crónicas, los poderes públicos deben tener presente la situación de estos colectivos que, por la singularidad de sus procesos y por la menor prevalencia que en ocasiones tienen esos procesos no son siempre bien atendidos en sus necesidades. Por ello, dimos traslado del problema que nos plantea esta persona al Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, para que pueda ser tenido en cuenta, como Administración que participa en la mencionada Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, donde se hallan representadas las Comunidades Autónomas.
En relación con la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los centros de salud para recibir asistencia sanitaria la Administración nos informó en el 2009 que se había constituido un grupo de trabajo para analizar este problema con las premisas que recoge la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas, y esperaban en breve plazo poder realizar propuestas concretas al respecto. No habiendo obtenido respuesta alguna en dicho sentido, en setiembre del año 2010 nos hemos vuelto a dirigir al Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco con el fin de obtener información suficiente sobre las actuaciones realizadas. Al cierre de la redacción de este informe no se había recibido respuesta alguna a dichos efectos.
En esta área hemos de referirnos a la queja tramitada sobre la atención recibida por una persona en un recurso social para personas con discapacidad física, de titularidad foral. En la repuesta facilitada por el Departamento foral correspondiente a la solicitud planteada desde esta institución, se cuestionaba su competencia inspectora en el caso.
El departamento en cuestión, alegaba que el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, atribuye competencia a las diputaciones en materia de inspección y control sobre los centros y servicios sociales sobre los que la Comunidad Autónoma Vasca ha reguladora los requisitos materiales, funcionales y de personal, únicamente, pero que esa competencia no alcanza sobre aquellos otros servicios sobre los que no existe tal regulación, como son los centros para personas con discapacidad.
En esta institución no compartimos este cuestionamiento y así lo expresamos en nuestro segundo escrito, con argumentos que se citan más adelante. Sin embargo, la Diputación ha reiterado su postura.
Es cierto que la Comunidad Autónoma Vasca carece de dicha regulación y sería deseable que el Gobierno Vasco la aprobara (el Ararteko lo va a solicitar expresamente). Sin embargo, entendemos que eso no debe impedir la actuación de una institución en el sentido de verificar el cumplimiento del respeto a los derechos de las personas usuarias del servicio, así como de los principios, los objetivos y las condiciones establecidas para su prestación. Todos estos aspectos se encuentran recogidos en la Encomienda del Departamento Foral, de gestión del servicio a un instituto de él dependiente. Además, el Reglamento de estructura orgánica de ese instituto otorga al titular del Departamento foral correspondiente la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de la actividad del instituto. Asimismo, la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales otorga competencia inspectora a los órganos forales (art. 41). Todo lo anterior se trasladó al Departamento foral. El expediente se encuentra en tramitación.
Hemos recibido otros casos referentes al reconocimiento del grado de discapacidad. Se mostraba disconformidad con el grado reconocido. Las diputaciones forales valoran el grado de discapacidad, de acuerdo con el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Esta norma establece el baremo o instrumento técnico que se aplica en tales valoraciones, de modo que el resultado es fruto de la aplicación objetiva del instrumento de medición legalmente establecido. Por eso, se trata de una cuestión técnico-médica que queda fuera del alcance de esta institución.
Por otra parte hemos de señalar que se ha iniciado una actuación de oficio sobre un problema que afecta a las personas con discapacidad igual o superior al 65%, en relación con la prestación económica denominada Renta de Garantía de Ingresos.
El Ararteko ha realizado una propuesta al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, en relación con el artículo 9.2.a) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social . En dicha propuesta se solicita que se tenga en cuenta que la persona causante de la asignación por hijo a cargo, mayor de 18 años y con un grado de discapacidad del 65% o más, pueda ser considerada pensionista. Recibimos varias quejas de personas con un elevado grado de discapacidad (superior al 65%), que residían con su familia y era su padre quien percibía dicha asignación. Habían solicitado el "complemento de pensiones" de la RGI pero se les había denegado por no ser titulares de una pensión pública. Este argumento era conforme con la citada ley.
Actualmente, dicho precepto considera unidad de convivencia excepcional a las personas beneficiarias de pensiones públicas "…contributivas o no contributivas de vejez, invalidez o viudedad, junto con su cónyuge o persona unida a ellas por relación permanente análoga a la conyugal y las personas que dependan económicamente de ellas". La asignación por hijo a cargo, si bien es una prestación de la Seguridad Social, no tiene la consideración de pensión. Sin embargo, según la Circular del Departamento de 30 de diciembre de 2008, que se menciona en la circular 1/2009, el Departamento considera que constituyen unidad de convivencia especial las personas que reciben, entre otras, la "Prestación por hijo a cargo discapacitado con un grado superior al 65%, mayor de 23 años, cuando la persona discapacitada sea la titular de la prestación". Se establecen, por tanto, dos condiciones: ser titular de la prestación y tener más de 23 años.
En cuanto a la titularidad, la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 182.2, señala que "También serán beneficiarios de las asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres, los hijos discapacitados mayores de dieciocho años que no hayan sido incapacitados judicialmente y conserven su capacidad de obrar". De acuerdo con esto, estas personas pueden solicitar la titularidad de la prestación. En cuanto a la edad, entendemos que puede ser aplicable el art. 16.d) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que determina tener derecho a la RGI a partir de los 18 años (como en el caso de perceptores de la pensión no contributiva por invalidez).
El problema se plantea con las personas que no pueden ser titulares de la asignación por estar legalmente incapacitadas. En este caso, entendemos que el progenitor titular de la asignación lo es en representación de su hijo o hija con discapacidad, que es el causante y destinatario último de la prestación. Por eso, en este caso debería asignarse el mismo trato que cuando se es titular. Lo contrario supondría una discriminación por la situación de incapacidad legal. Además, entendemos que esta prestación es similar, a estos efectos, a la pensión no contributiva por invalidez, por lo que no debería darse un trato diferente. Aún no tenemos respuesta del departamento.
Por otro lado queremos señalar que en el apartado en el que se tratan las cuestiones referentes a personas mayores se recoge una actuación que desde esta institución se inició de oficio y que obtuvo una respuesta positiva por parte de la Diputación Foral de Álava, esto es, la supresión de la deducción que se aplicaba en la ayuda para la atención a personas dependientes en la familia cuando dicha prestación es recibida por más de una persona en el mismo hogar.
Finalmente, en este apartado es preciso citar un tema que fue puesto en nuestro conocimiento y que hace referencia a que a partir del pasado mes de junio la Organización Nacional de Ciegos ONCE, encargada en liderar y ejecutar los programas de"rehabilitación en movilidad, vida diaria y visual" de las personas afectadas por problemas graves de visión, con carácter general, ha pasado a prestarlo exclusivamente a quienes se encuentran afiliadas a la mencionada organización.
Las condiciones que ha de cumplir una persona para afiliarse a la ONCE, son las siguientes:
• poseer la nacionalidad española;
• disponer en ambos ojos, al menos, de una de las siguientes condiciones visuales: agudeza visual igual o inferior 0,1 (1/10 de la escala de Wecker) obtenida con la mejor corrección óptica posible o un campo visual reducido a 10 grados o menos.
La medida dejaría, por tanto, fuera del acceso al programa de "rehabilitación en movilidad, vida diaria y visual" a las personas inmigrantes, y a todas aquellas cuya discapacidad visual no alcanza los baremos establecidos por la organización referida.
Ello ha motivado la apertura de un expediente de oficio, actualmente en tramitación, con el fin de conocer las medidas que las administraciones han podido poner en marcha para paliar esta falta de atención por parte de la organización estatal.
IV.8. Vivienda
También en el presente ejercicio, hemos recibido quejas de personas con discapacidad que habiendo resultado adjudicatarias de viviendas de protección pública observan que sus viviendas no cumplen con las adaptaciones requeridas por la normativa de accesibilidad. En este año, merece reseñar el caso denunciado por un adjudicatario de una vivienda protegida que, después de transcurridos seis meses de la entrega de la vivienda, seguía sin poder hacer uso del pleno disfrute de la misma, ya que no había sido instalado el ascensor de uso común de la Comunidad de Propietarios. Después de diferentes gestiones practicadas por la institución del Ararteko con la Delegación Territorial de Vivienda en Bizkaia el aparato elevador fue puesto en funcionamiento y resuelta la grave deficiencia denunciada por el promotor de la queja.
Por otra parte, hemos advertido un incremento de consultas y quejas en relación con la documentación que las personas con discapacidad tienen que presentar en el Registro de Solicitantes de Vivienda para poder ser incluidas en el cupo de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida de carácter permanente. En estos supuestos nuestra labor ha consistido en comprobar el estado de tramitación de la solicitud de inscripción en el referido registro y asesorar, cuando ha sido necesario, sobre los documentos acreditativos del tipo de discapacidad que permite la inclusión de las personas demandantes de vivienda protegida en este mecanismo de acceso preferente.
V.1. Si bien desde la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, las normas que la misma recoge resultan vinculantes, por razones de seguridad jurídica y para evitar posibles contradicciones, resulta necesario un ajuste en las materias que recoge y que afectan a diversas disposiciones legales que conforman nuestro ordenamiento jurídico. En todo caso, la labor de esta institución debe ir dirigida a velar por su efectivo cumplimiento, controlando las actuaciones dirigidas por los poderes públicos así como formulando, en su caso, las propuestas que considere precisas para provocar los cambios necesarios para su verdadera implementación en nuestro derecho positivo.
V.2. La accesibilidad al medio físico o entorno urbano y a las edificaciones sigue siendo objeto de numerosas denuncias por parte de las personas con discapacidad en esta institución. Año tras año venimos reclamando de las administraciones públicas y, en especial de los ayuntamientos, un análisis en profundidad de las distintas alternativas para instalar soluciones técnicas dirigidas a resolver los problemas de accesibilidad de los entornos urbanos. Venimos insistiendo sobre la necesidad de primar aquellas instalaciones que puedan ser utilizadas por toda la ciudadanía en condiciones de igualdad, con el fin de hacer efectivo los principios de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas que presenten una discapacidad.
V.3. La educación y la formación en igualdad de oportunidades es otro de los pilares fundamentales del sistema para que las personas con discapacidad puedan integrarse en la sociedad de manera plena y activa. No obstante, la realidad educativa está aún lejos de alcanzar dicho objetivo tal como hemos podido comprobar, por ejemplo, en la tramitación de las reclamaciones presentadas por el colectivo de las personas sordas ante la carencia de intérpretes de lengua de signos en las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional.
V.4. La normativa tributaria recoge beneficios fiscales (exenciones, bonificaciones, reducciones…), con los que pretende, por una parte, compensar el mayor gasto en el que incurren las familias en cuyo seno hay una persona con discapacidad y por otra, atender la menor capacidad económica que afecta a estas familias. Sin embargo, la aplicación de los beneficios existentes a fecha de hoy en numerosas ocasiones queda condicionada a interpretaciones formalistas. Al respecto, consideramos que en todo momento se debe propugnar interpretaciones finalistas que permitan a la persona con discapacidad materializar el beneficio, cuando concurren en ella los requisitos sustantivos a los que se condiciona su obtención.
V.5. En las políticas sociales de nuestra Comunidad se advierte un notable avance en estos últimos años, a pesar de que las personas con discapacidad sigan encontrándose con importantes obstáculos a la hora de acceder a las ayudas y prestaciones demandadas. Hemos podido comprobar que se dan situaciones no previstas en las normas; ausencia de recursos sociales que garanticen una respuesta adecuada ante necesidades específicas del colectivo o la falta de adaptación de las ya existentes.
V.6. Por último queremos señalar que la adopción de las medidas técnicas que garanticen la accesibilidad en la comunicación sigue siendo la asignatura pendiente en la Comunidad Autónoma Vasca. Así lo hemos podido constatar en el estudio realizado sobre la accesibilidad del sistema de transporte público donde se constata la ausencia total de los medios que permitan garantizar la accesibilidad a las personas con dificultades de comunicación. También hemos podido comprobar la falta de medios técnicos que faciliten la información y la comunicación en los lugares donde se encuentran los puntos de atención en los edificios públicos, en el acceso a los recursos educativos, sanitarios y sociales. Por ello, consideramos que resulta decisivo encaminar las actuaciones de los poderes públicos a la implantación de las condiciones de accesibilidad en la comunicación que asegurar que sea real y efectivo el derecho de las personas con discapacidad visual y auditiva a no ser discriminados y a poder disfrutar de las mismas oportunidades.

References: artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 182