Source: http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/recadacion/procedemento/como-actuar-tras-recibir-unha-liquidacion-da-administracion
Timestamp: 2019-05-25 05:22:14+00:00

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Cómo actuar tras recibir una liquidación de la Administración - Axencia Tributaria de Galicia
Una vez practicada la notificación de una liquidación, se inicia el periodo voluntario de ingreso de la deuda tributaria o del ingreso de derecho público de que se trate.
El pago de la deuda puede realizarse a través de:
La Oficina Virtual Tributaria.
El pago en período voluntario (artículo 62.2 de la Ley General Tributaria) deberá hacerse:
Iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio (artículo 62.5 de la Ley general tributaria), el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:
Podrá pagar, dependiendo de los casos, con los siguientes medios:
En efectivo en las Entidades colaboradoras de la recaudación de forma presencial.
Con certificado digital podrá pagar accediendo a la Oficina Virtual Tributaria de alguna de las tres siguientes formas:
Presencial con Número de Referencia Completo (NRC)
Mediante cargo en cuenta
Con tarjeta (sólo personas físicas).
El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de los siguientes recargos (artículo 28 de la Ley General Tributaria:
Recargo ejecutivo: 5% Cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio
Recargo de apremio reducido: 10% Cuando se pague la deuda más el recargo antes del fin del plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.
Recargo de apremio ordinario: 20% Cuando se satisfaga la deuda una vez superado el plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.
(Artículos 222 a 225 Ley General Tributaria)
El recurso de reposición procede, en principio, contra todos los actos de la Administración susceptibles de reclamación económico-administrativa.
El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso. En el cómputo del plazo anterior no se incluirá el periodo concedido para efectuar alegaciones a los titulares de derechos afectados a los que se refiere el artículo 232-3 de la Ley General Tributaria, ni el empleado por otros órganos de la Administración para remitir los datos o informes que se soliciten. Los periodos no incluidos en el cómputo del plazo por las circunstancias anteriores no podrán exceder de dos meses.
(Artículos 226 y siguientes Ley General Tributaria)
En el caso de reclamación económico administrativa que impugne actos de gestión, inspección o recaudación de los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Galicia y de los recargos que ésta establezca sobre tributos del Estado, es decir relativos a los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, patrimonio, impuesto sobre hidrocarburos, impuesto sobre la renta de las personas físicas o tributación sobre el juego, el órgano competente para conocer y resolver será el tribunal económico administrativo regional de Galicia, órgano de la Administración General del Estado.
En el caso de reclamación económico-administrativa que impugne actos relativos a los impuestos de contaminación atmosférica, canon de saneamiento, daño medioambiental aguas embalsadas, canon eólico, tasas y precios, multas y sanciones administrativas y demás ingresos de derecho público, el órgano competente para conocer y resolver será la Junta Superior de Hacienda, órgano de la Administración de la Comunidad Autónomas de Galicia.
La reclamación debe interponerse en el plazo de un mes, contado desde el siguiente al de la notificación del acto que se reclama. El escrito de interposición se dirigirá al órgano administrativo que haya dictado el acto reclamable que lo remitirá al tribunal competente en el plazo de un mes junto con el expediente correspondiente, al que se podrá incorporar un informe si se considera conveniente.
Por regla general, los actos dictados por la Administración son inmediatamente ejecutivos desde el momento en que se dicten y, una vez notificados, el obligado al pago tiene que proceder a su ingreso en los plazos legalmente previstos, sin que la mera interposición de un recurso de reposición o de una reclamación económico-administrativa suspenda, por si sola, la ejecución del acto impugnado.
Sin embargo, se puede obtener la suspensión del ingreso en los siguientes casos:
Al interponer recurso de reposición o reclamación económico administrativa solicitando la suspensión en la forma legalmente prevista.
Por la mera interposición de recurso de reposición o reclamación económico administrativa en el caso de sanciones tributarias.
Por la tasación pericial contradictoria (en los casos en que proceda).
Una vez sea acordada la suspensión, podrá extender sus efectos a la vía económico-administrativa siempre que se extienda el alcance de las garantías aportadas. También podrán extenderse los efectos a la vía contencioso administrativa debiendo además solicitarse la suspensión ante el órgano judicial y comunicar la interposición del recurso, con solicitud de suspensión, al órgano administrativo.
Una vez resuelto el recurso, reclamación o la tasación pericial contradictoria, se exigirán junto a la liquidación que en definitiva proceda los intereses de demora devengados durante todo el tiempo que haya durado la suspensión.
Supuestos de solicitud de suspensión en vía de recurso de reposición
Suspensión automática con garantías tasadas (artículo 224.1 de la Ley General Tributaria).
Fianza personal y solidaria de dos contribuyentes de reconocida solvencia para deudas inferiores a 1.500 €, en el caso de tributos cedidos (Orden de 15.12.2005), o inferiores a 601,01 €, en el caso de tributos propios o ingresos de derecho público (Orden de 25.10.1996).
Suspensión sin garantías cuando al dictar el acto se incurriera en error aritmético, material o de hecho (artículo 224.3 de la Ley General Tributaria).
La solicitud de suspensión se presentará ante el órgano que dictó el acto, que será el competente para tramitarla y resolverla (artículo. 25.4 del Reglamento de revisión en vía administrativa).
La solicitud de suspensión debe ir necesariamente acompañada del documento en que se formalice la garantía, que será una de las previstas legalmente, constituida a favor del órgano que dictó el acto impugnado. La falta de ese documento provoca el archivo de la solicitud, así como que la solicitud no tenga efectos suspensivos. (artículo. 25.5 del Reglamento de revisión en vía administrativa).
Supuestos de solicitud de suspensión en vía de reclamación económico administrativa
Suspensión automática con garantías tasadas (artículo. 233.1 y 2 de la Ley General Tributaria y artículo 43 del Reglamento de revisión en vía administrativa). En este caso es competente el órgano de recaudación.
Suspensión con prestación de otras garantías distintas (artículo. 233.1 y 2 de la Ley General Tributaria y artículos 44 y45 del Reglamento de revisión en vía administrativa): En este caso es competente el órgano de recaudación y requiere que no se pueden aportar las garantías tasadas de la suspensión automática.
Suspensión sin garantías, de forma total o parcial (artículo. 233.4 y 5 de la Ley General Tributaria y artículo 46 y 47 del Reglamento de revisión en vía administrativa): En este caso es competente el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia (para tributos cedidos) o la Junta Superior de Hacienda (para tributos propios y demás ingresos de derecho público) y existen tres supuestos:
Que concurran perjuicios de imposible o difícil reparación.
Que se incurriera en error aritmético, material o de hecho (no es necesario aportar garantías pero si es necesaria una nueva solicitud).
Actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida y la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
En los supuestos 1º e 2º, la solicitud de suspensión, junto con una copia de la reclamación económico administrativa, deberá dirigirse al órgano que dictó el acto objeto de la reclamación y deberán acompañarse los documentos que justifiquen la formalización de la garantía (para el supuesto de garantías tasadas ) y la documentación que acredite la imposibilidad de aportar las garantías previstas para la suspensión automática y la naturaleza y características de las garantías que se ofrecen, los bienes y derechos sobre los que se debe constituir y la valoración de los mismos realizada por perito con titulación suficiente (para el supuesto de otras garantías).
En el supuesto 3º la solicitud se dirigirá al órgano económico administrativo y deberá acreditar necesariamente que el acto podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o debe justificar la concurrencia del error, aritmético, material o de hecho.
La garantía abarca el importe del acto, los intereses de demora por la suspensión y los recargos que pudiesen proceder (artículo 222.1 y 233.1 de la Ley General Tributaria y artículo 25.3 y 41.1 del Reglamento de revisión en vía administrativa).
Cuando el recurso no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la parte recurrida, quedando obligado el recurrente a ingresar la cantidad restante (artículo 224.4 de la Ley General Tributaria).
Cuando la garantía consista en dinero o valores públicos, los intereses de demora por la suspensión serán los correspondientes a 1 mes. Cuando la garantía tiene efectos en la vía económico-administrativa además cubrirán otros 6 meses (procedimiento abreviado ante órganos unipersonales), 1 ano (procedimiento general en única instancia) o 2 anos (procedimiento general susceptible de recurso de alzada ordinario).
Cuando la garantía consista en aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal.
Procedimiento para el reembolso del coste de garantías
(Artículo 33 Ley General Tributaria y artículos 72 y siguientes Reglamento de revisión en vía administrativa).
Cuando un acto o deuda haya sido declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, el interesado tendrá derecho al reembolso del coste de las garantías aportadas para la suspensión de la ejecutividad de dicho acto o deuda o para aplazarlo o fraccionarlo. Si la sentencia o resolución lo declara solo parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las garantías.
Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración tributaria abonará el interés legal vigente a lo largo del período en el que se devengue sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés legal se devengará desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.
(Artículo 135 Ley General Tributaria)
(Artículo 44 y siguientes Reglamento General de Recaudación)
La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento ha de dirigirse al órgano competente de la recaudación, en los siguientes plazos:
Si la deuda se halla en período voluntario de pago, antes de que éste finalice, y si se trata de declaración-liquidación o autoliquidación, dentro de los plazos señalados para su presentación e ingreso por las normas propias de cada tributo.
Si la deuda está en período ejecutivo, en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá, necesariamente, los siguientes datos:
Identificación completa del solicitante o, en su caso, de la persona que lo represente.
Identificación de la deuda indicando su importe, concepto y fecha de finalización de ingreso voluntario.
Como regla general, el solicitante debe ofrecer garantía en forma de aval solidario de una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, acompañando a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento la siguiente documentación:
Compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de certificado de seguro de caución,
Los documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a efectos de notificación.
En su caso, solicitud de compensación durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento con los créditos que puedan reconocerse a su favor durante el mismo período de tiempo.
Si se justifica que no es posible obtener un aval, podrá prestarse alguna de las siguientes garantías:
Prenda con o sin desplazamiento.
Fianza personal o solidaria.
Cualquier otra que se estime suficiente.
Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, se aportará, junto a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y a los documentos a que se refiere en, la siguiente documentación:
Cuando se solicite la dispensa total o parcial de garantía, se aportará junto a la solicitud, además de los documentos a que se refiere las letras b), c) y d) anteriores la siguiente documentación:
Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se hubiese presentado en período voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en período voluntario y aquel no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio.
La garantía debe formalizarse en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación del acuerdo de concesión y, si transcurre dicho plazo sin que se formalice la garantía, queda sin efecto el acuerdo de concesión exigiéndose la deuda por la vía de apremio, si ha concluido el plazo voluntario de ingreso o la continuación del procedimiento de apremio si el aplazamiento o fraccionamiento se solicitó en periodo ejecutivo.
La garantía deberá cubrir el importe de la deuda en periodo voluntario más los intereses de demora más un 25 % de la suma de ambas partidas.
Cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la garantía deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo, los intereses de demora, más un 5% de la suma de ambas partidas.
Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria, actualmente la Orden HAP/347/2016, de 11 de marzo por la que se eleva a 30.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de deudas derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades Autónomas y la Orden de 15 de marzo de 2016 reguladora de aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas que corresponde a ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Galicia que establece dicha cuantía en 30.000 euros, teniendo en cuenta que para el cálculo de dicha cantidad deberán computarse todas las deudas pendientes tanto en periodo voluntario, como en periodo ejecutivo, asimismo deberán computarse además los aplazamientos y fraccionamientos no resueltos, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas.
En todo caso, las cantidades aplazadas o fraccionadas devengarán intereses de demora.
(Artículos 32 y 221 de la Ley General Tributaria)
El derecho a la devolución prescribe a los 4 años (para deudas tributarias) o a los 5 años (para deudas no tributarias) desde el día en que se realizó el ingreso indebido, si bien dicho plazo se interrumpe por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo dirigido a obtener la devolución, o por cualquier acto de la Administración en que se reconozca su existencia.
(Artículos 71 y siguientes Ley General Tributaria)
Con los créditos reconocidos por acto administrativo firme a que tengan derecho los sujetos pasivos en virtud de ingresos indebidos.
Identificación de la deuda y del crédito reconocido.
Certificación de la oficina de contabilidad del organismo gestor del gasto, en la que se refleje la existencia del crédito reconocido y que el mismo no ha sido pagado.
La resolución que se dicte sobre la compensación es reclamable en vía económico-administrativa, previo recurso de reposición, si el interesado decide interponerlo.

References: artículo 62
 artículo 62
 resolución 
 artículo 232
 artículo 43
 artículo 46
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
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