Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520360.html
Timestamp: 2019-03-23 16:59:06+00:00

Document:
as201521360
Auto Supremo: 360/2015 - L
Sucre: 2 de junio 2015.
Expediente: LP – 43 – 10 - S
Partes: Nicanor Hidalgo Vargas. c/ Gabino Rosales Poma y Laura Saravia de
Proceso: Ordinarización de proceso ejecutivo.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 269 a 273 vta., en contra del Auto de Vista Nº S-416/09 de 21 de diciembre de 2009, cursante a fs. 264 a 265 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de ordinarización de proceso ejecutivo seguido por Nicanor Hidalgo Vargas contra Gabino Rosales Poma y Laura Saravia de Rosales; la respuesta al recurso de fs. 276 a 280; el auto de concesión de fs. 281; los antecedentes del proceso; y:
Nicanor Hidalgo Vargas, amparado en el art. 28-I y II de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, demanda de fs. 1 a 4 y de fs. 10, señalando que el Auto de Vista Nº 508/99 de 29 de septiembre de 1999, se emitió después de 3 años 7 meses y un día computados desde el sorteo de 28 de febrero de 1996, en lugar de los 30 días previstos por el art. 204-III del Código de Procedimiento Civil, dentro del proceso ejecutivo seguido por el demandante contra Gabino Rosales Poma y Laura Saravia de Rosales, sobre cobro de un crédito de $us.10.000 concedido mediante escritura pública Nº 310/88 de 23 de agosto de 1988 con la garantía hipotecaria del inmueble de la calle Mariano Colodro Nº 2202 zona Alto Tejar de la ciudad de La Paz, inscrito bajo la Partida Nº 01001859 y el crédito bajo la Partida Nº 4002056 de 14 de octubre de 1988. El indicado Auto de Vista revocó la Sentencia de 9 de marzo de 1995 dictada por el Juzgado Noveno de Partido en lo Civil y declara probada la excepción de prescripción por haberse intentado la acción ejecutiva después de 5 años de contraída la obligación, no obstante, se ha producido prueba literal donde consta la declaración de la co-ejecutada en la Policía que expresa haber cancelado $us. 2.000 a cuenta de capital quedando un saldo de $us.8.000 e intereses, declaración que fue respaldada con el documento privado de 10 de julio de 1992 a lo que debe añadirse los recibos de pago de intereses irregulares desde 1988 hasta 1991. De dicha prueba se infiere que no operó la prescripción extintiva o liberatoria por lo siguiente: 1º Porque la co-ejecutada el 22 de junio de 1994, reconoció la existencia de un saldo de capital de $us.8.000; 2º Dicho reconocimiento borra el tiempo transcurrido entre el vencimiento del plazo de la escritura pública 310/88 y la citación con la acción ejecutiva y el Auto intimatorio del proceso ejecutivo; 3º A partir del reconocimiento de saldo de capital se computa un nuevo periodo de tiempo de 5 años para la prescripción extintiva o liberatoria, todo ello en previsión de los arts. 1500, 1505 y 1506 del Código Civil. El Vocal relator no valoró la prueba puesta a su alcance aunque sí salvó sus derechos para la vía correspondiente por lo que pide se declare judicialmente no haber operado la prescripción extintiva o liberatoria del crédito, la nulidad del Auto de Vista Nº 508/99 por inobservancia de los precipitados arts., el pago de daños y perjuicios declarando el crédito ahora de $us.8.000 e intereses convencionales, aclarando que se trata de una demanda de ordinarización o de proceso ordinario posterior al ejecutivo de acuerdo al art. 28 de la Ley 1760.
Gabino Rosales Poma y Laura Saravia de Rosales, de fs. 28 a 30 vta., responden y reconvienen por daños y perjuicios manifestando que dentro del proceso ejecutivo instaurado por el actor plantearon excepción de prescripción de la acción al haber transcurrido más de seis años desde el 23 de agosto de 1988 fecha del documento de préstamo, a la fecha de la acción ejecutiva habiéndose declarado en Sentencia probada la demanda en base a una errónea valoración de antecedentes como la excepción de prescripción debidamente formulada ni haber demostrado el actor la interrupción de dicha prescripción ya que cuando fueron citados en la Policía el 22 de junio de 1994 luego de haber transcurrido mas de seis años, hecho que no puede significar interrupción de la prescripción ya que se trata apenas de un indicio policial sobre el cual, no obstante, se basó la mencionada Sentencia, de ahí que su fundamento es erróneo e ilegal. En apelación, sin embargo, se revocó dicha Sentencia declarando probada la excepción de prescripción cuyo argumento de que fue intentada la acción después de más de cinco años de contraída la obligación habiéndose operado la prescripción al tenor del art. 1507 y 1492 del Código Civil, acusando a la Juez inferior de errónea valoración de la prueba. El acreedor demandante se olvidó mas de cinco años ejercitar sus derechos ingresando a la previsión del art. 1507 antedicho, aspecto que ha sido demostrado a través de la excepción de prescripción, y se apoya en el hecho de que fueron citados en la Policía pero supuestamente este hecho habría acontecido el 22 de junio de 1994, o sea después de la fecha del documento de crédito y después de operada la prescripción.
Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 426/2008 de 23 de diciembre de 2008, de fs. 241 a 244 vta., declaró improbada la demanda, y probada la demanda reconvencional de daños y perjuicios disponiendo no modificar el fallo por el cual se revoca la sentencia dictada en el proceso ejecutivo por estar plenamente probada la prescripción de la acción, menos determinar la nulidad del Auto de Vista Nº 508/99, los daños y perjuicios reconvenidos por los demandados deberán ser probados y cuantificados en ejecución de sentencia.
En grado de apelación, la Corte Superior del Distrito de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista Nº S-416/09 de 21 de diciembre de 2009, revoco la Sentencia y en consecuencia declara probada la demanda dejando sin efecto y sin valor alguno el Auto de Vista Nº 508/99 de 29 de septiembre de 1999 dictado dentro del proceso ejecutivo seguido por Nicanor Hidalgo Vargas contra Gabino Rosales Poma y Laura Saravia de Rosales, declarando plenamente vigente el crédito de $us.8.000 mas intereses, gastos y costas, e Improbada la acción reconvencional de daños y perjuicios, consiguientemente se declara firme y subsistente la Sentencia Nº 78/95 de 9 de marzo de 1995 en el saldo adeudado de $us.8.000 por haberse acreditado el pago de $us.2.000 por parte de los ejecutados; resolución contra la cual la parte demandada recurre de casación en el fondo y en la forma.
1º Acusan de aplicación indebida del art. 1505 del Código Civil, de acuerdo al art. 253-1) del Procedimiento Civil, por lo siguiente:
A.- La declaración de fs. 116 se prestó el 29 de junio de 1994, es decir, cuando la obligación estaba prescrita ya que conforme a la escritura de préstamo 310/1998 de 23 de agosto de 1998, el plazo para la prescripción se inicia el 17 de octubre de 1988, las acciones judiciales se iniciaron el 3 de octubre de 1994, notificándoseles el 6 de enero de 1995, es decir, después de haber transcurrido más de 5 años de contraída la obligación, operándose la prescripción conforme refiere el art. 1507 del Código Civil.
B.- Respecto al documento de fs. 128 de 10 de julio de 1992, firmado entre Laura de Rosales, éste refiere aspectos no relativos al proceso, expresa obligaciones de sumas diferentes a la obligación contraída mediante escritura pública Nº 310/88.
2º Acusan la aplicación indebida del art. 1320 del Código Civil porque ilegalmente se afirma que la disidencia ha estado fundamentada en los arts. 1505 y 1506 del Código Civil, que no tuvieron en cuenta que la acción ejecutiva se habría iniciado el 11 de octubre de 1994 dentro del plazo de 5 años, y que no existe prescripción.
3º Alegan error de hecho en la apreciación de las pruebas violando el art. 397 del procedimiento civil, porque afirman que el término de prescripción fue interrumpido el 10 de julio de 1992, porque en ese momento Laura Saravia de Rosales cancela la suma de $us.2.000 y reconoce que el saldo de $us.8.000 no pudo cumplir, sin embargo, el documento de fs. 128 no expresa esos extremos sino que los esposos Rosales Saravia declaran en la fecha que son deudores de Nicanor Hidalgo de $us.23.800, estableciéndose que los intereses solo se pagará de $us.8.000 desde la fecha y que el saldo de $us.21.000 será cancelado en un tiempo; por tanto, dicho documento ha sido apreciado erradamente porque no se reconoció adeudar al demandante la suma de $us.8.000.
4º Señalan que erradamente afirman que de su parte no hubiesen presentado ninguna prueba pero no revisan antecedentes en la que se hace referencia a su prueba de fs. 65-70, fs. 230-237.
Indican que a través del Auto de Vista recurrido se ha otorgado más de lo pedido por el demandante en apelación dictando un fallo extra-petitum ya que el apelante solo ha pedido se revoque la Sentencia y declare probada la demanda modificando el Auto de Vista 508/99, sin embargo, se ha dejado sin efecto y sin valor dicho Auto de Vista declarándose firme y subsistente la Sentencia 78/95 en el saldo de $us.8.000 por haberse acreditado el pago de $us.2.000; de ahí la violación de las formas esenciales del proceso.
En base a sus antecedentes, pide casar el Auto de Vista declarando improbada la demanda y probada la demanda reconvencional, o en su defecto, anular obrados hasta el vicio mas antiguo.
En su agravio acusan señalando que el Auto de Vista es extra petita debido a que no se circunscribe a la apelación formulada por el contrario quien pide se revoque la Sentencia y se declare probada la demanda modificando el Auto de Vista Nº 508/99 empero, deciden aspectos no pretendidos puesto que dejan sin efecto y sin valor legal el Auto de Vista 508/99 y se declara firme y subsistente la Sentencia Nº 78/95 en el saldo de $us.8.000 por haberse acreditado el pago de $us.2.000 por los ejecutados, otorgándose más de lo pretendido. Efectivamente, la parte resolutiva del Auto de Vista recurrido, a tiempo de revocar la Sentencia declarando probada la demanda, dispone dejar sin efecto ni valor legal el Auto de Vista Nº 508/99 de 29 de septiembre de 1999, dictado dentro del proceso ejecutivo seguido por Nicanor Hidalgo Vargas contra los recurrentes, y en ese sentido ha declarado plenamente vigente el crédito de $us.8.000 más intereses gastos y costas del proceso. Y declarando improbada la acción reconvencional ha dejado firme y subsistente la Sentencia Nº 78/95 de 9 de marzo de 1995, en el saldo de $us.8.000 por haberse acreditado el pago de $us.2.000.
El parágrafo II del art. 115 de la Constitución Política del Estado, preceptúa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de la motivación y fundamentación que debe existir en las resoluciones judiciales, y dentro de la motivación se encuentra el elemento de la congruencia. Devis Echandía (“Teoría General del Proceso” Tomo 1; pág. 49) define a la congruencia como “El principio normativo que exige la identidad entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el Juez en la Sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes”. Tarigo (“Lecciones de Derecho Procesal Civil” Tomo 2; pág. 186) por su parte, coloca la congruencia dentro de los requisitos formales de la Sentencia, entendiendo a la misma como la correspondencia entre la pretensión y la Sentencia. Este autor, citando a Guasp, refiere a la congruencia como “…una relación entre dos términos: uno de los cuales es la Sentencia misma, y más concretamente, su fallo o parte dispositiva, y otro el objeto procesal en sentido riguroso; la pretensión procesal y la oposición a la misma en cuanto la delimita o acota, teniendo en cuenta todos los elementos individualizantes de tal objeto: los sujetos que en el figuran, la materia sobre que recae y el título que jurídicamente lo perfila…”. Barrios De Angelis (“Introducción al proceso” pág. 135), refiere a la misma como “…la conformidad existente entre el objeto del proceso y la sentencia que se pronuncia sobre el mismo”. En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 190 del procedimiento civil señala: “La Sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad de las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado”; el tercer enunciado de esta disposiciones señala claramente el principio de congruencia, es decir, el pronunciamiento limitado a los términos en que fueron demandados, esa correspondencia entre la pretensión y la Sentencia. La comprensión de este principio parte de la comparación y la debida armonía entre los actos de las partes y la Sentencia, cuyo resultado determinará que esta última aparezca como justificada o causada. La congruencia se encuentra íntimamente ligada al principio dispositivo, por tanto, los límites de la decisión (resolución) han de encuadrarse en las pretensiones deducidas por las partes. El art. 192 de la norma precedentemente citada, señala que la sentencia se compone de una parte considerativa que describe los hechos, el derecho, el análisis y evaluación de la prueba y la cita de las leyes en que se funda, y de una parte resolutiva con decisiones positivas y precisas sobre la demanda o reconvención o excepciones, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente.
De los aspectos relacionados, se tiene que en el caso de Autos, Nicanor Hidalgo Vargas, a tiempo de apelar de la Sentencia (fs. 248-250), en su petitorio solicitó se revoque la misma y se declare probada la demanda modificándose el Auto de Vista Nº 508/99 de 29 de septiembre de 1999.
La decisión del Ad quem confluyó efectivamente en revocar la Sentencia declarando probada la demanda ordinaria y dejando sin efecto ni valor el Auto de Vista Nº 508/99 (dictado en el proceso ejecutivo mismo que revocó la Sentencia Nº 78/95 y declaró probada la excepción de prescripción), sin embargo, de manera congruente y coherente con lo resuelto hasta ese párrafo, a continuación declara improbada la demanda reconvencional y consecuentemente dispone dejar firme y subsistente dicha Sentencia Nº 78/95 dictada dentro del proceso ejecutivo, en vista de que si no estaría dispuesta esa última parte, la resolución (Auto de Vista recurrido) sería inconclusa en los términos de lo que se está resolviendo pues si el Tribunal de Alzada ha dispuesto dejar sin efecto ni valor legal aquel Auto de Vista que revocó la Sentencia, ambos pronunciados en el proceso ejecutivo, lógicamente está constreñido a esclarecer entonces la forma en que debe quedar la Sentencia precisamente para evitar la incongruencia en la resolución y ésta pueda ser aplicada en los hechos.
Por lo dicho, se concluye que no se ha sustentado el reclamo mediante el recurso de forma deviniendo éste en infundado.
En su primer agravio acusan de aplicación indebida del art. 1505 del Código Civil, debido que: El Tribunal de Apelación considera que se hubiese interrumpido el término de la prescripción con la declaración informativa policial de fs. 116 prestada por Laura Hortencia Saravia de Rosales en la que reconoce el 22 de junio de 1992 tener un saldo deudor de $us.8.000 a Nicanor Hidalgo, y el documento privado de fs. 128 de 10 de julio de 1992, por la cual Laura de Rosales ratificaría la deuda de $us.8.000 cancelando la suma de $us.2.000, empero, soslayan que dicha declaración fue prestada el 29 de junio de 1994 (cuando la obligación ya había prescrito) tomando en cuenta que de acuerdo a la escritura de préstamo Nº 310/88 de 23 de agosto de 1988, el plazo para la prescripción se inició el 17 de octubre de 1988, las acciones judiciales se iniciaron el 3 de octubre de 1994 con las que se les notificó el 6 de enero de 1995, es decir, después de más de 5 años de contraída la obligación, habiéndose operado la prescripción conforme el art. 1507 de la precitada norma. Dicha declaración no puede ser considerada ni judicial ni extrajudicial ni aplicarse retroactivamente, por tanto no tiene efectos jurídicos. El documento de fs. 128 de 10 de julio de 1992, refiere aspectos no relativos al proceso por expresar sumas diferentes a la obligación contraída.
Para entrar a resolver el presente cuestionamiento, debemos partir de los siguientes hechos y supuestos procedimentales:
Nicanor Hidalgo Vargas, el 3 de diciembre de 1999, conforme la constancia de
recepción de fs. 4, demanda la nulidad del Auto de Vista de proceso ejecutivo (fs. 1-4), señalando que ha seguido proceso ejecutivo en contra de Gabino Rosales Poma y Laura Saravia de Rosales, por un crédito de $us.10.000 concedido mediante escritura pública Nº 310/88 de 23 de agosto de 1988 con la garantía hipotecaria del inmueble que se detalla. Señala que el Auto de Vista Nº 508/99 de 29 de septiembre de 1999, emitido después de 3 años 7 meses y un día computados desde el sorteo, revocó la Sentencia Nº 78 de 9 de marzo de 1995 y declaró probada la excepción de prescripción con el argumento de haberse intentado la acción ejecutiva después de 5 años de contraída, no obstante, indica, de la prueba producida consta la declaración de la co-ejecutada en la Policía expresando haber cancelado $us.2.000 quedando un saldo de $us.8.000 e intereses, declaración que fue respaldada con el documento privado de 10 de julio de 1992, pruebas de las cuales se infiere no haberse operado la prescripción. Con esos antecedentes, solicita la nulidad del Auto de Vista referido así como el pago de daños y perjuicios. En cumplimiento de la providencia de fs. 4, el demandante aclara en fs. 10, que demanda la ordinarización o proceso ordinario posterior al ejecutivo en virtud del art. 28 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar.
De la revisión de las piezas del proceso ejecutivo de fs. 89 a 157 que en copias
legalizadas cursan en el proceso, se tiene:
La Escritura Pública Nº 310/88 de 23 de agosto de 1988, sobre préstamo
hipotecario en dólares americanos celebrado entre Gabino Rosales Poma y Laura Saravia de Rosales y Nicanor Hidalgo, por la suma de $us.10.000 documento en el cual se establece que los primeros de los nombrados declaran recibir del segundo de los nombrados, la indicada suma en calidad de préstamo con el interés del 3% mensual y por el término de dos meses computables a partir de la fecha, garantizándose el mismo especialmente con la primera hipoteca de la casa Nº 2.202 de la calle Mariano Colodro, zona Alto Tejar de la ciudad de La Paz, señalando que con la sola notificación con la Sentencia ésta quedará plenamente ejecutoriada sin lugar a reclamación posterior.
La demanda ejecutiva de fs. 93, a instancia de Nicanor Hidalgo Vargas
seguido contra Gabino Rosales Poma y Laura Saravia de Rosales, interpuesta el 11 de octubre de 1994, conforme a la constancia de recepción de la misma.
La declaración informativa policial prestada por Laura Hortencia Saravia de
Rosales de fs. 116, en fecha 29 de junio de 1994, donde refiere: “En fecha 17 de agosto de 1988 juntamente mi esposo…hemos adquirido un préstamo de dinero…por $us.10.000…y en fecha 10 de julio de 1992…le llevé $us.2.000 para descontar al capital…una vez recibido los dos mil dólares me dijo que debía cancelar los intereses de $us.8.000…dándome una suma total de $us.21.600… que debía cancelar en corto tiempo…”.
El documento privado de 10 de julio de 1992 de fs. 128, por el que se
Hace constar la declaración de los esposos Gabino Rosales y Sra., como deudores de Nicanor Hidalgo Vargas de $us.23.800 señalando que sólo se pagará intereses sobre la suma de $us.8.000 estableciendo que en esa fecha Nicanor Hidalgo Vargas recibió $us.2.000 quedando un saldo de $us.21.600.
La Sentencia Nº 78/95 de 9 de marzo de 1995 de fs. 108-109, declaró
probada la demanda e improbada la excepción opuesta por no haber justificado plenamente el art. 507 del Código de Procedimiento Civil.
El Auto de Vista Nº 508/99 de 29 de septiembre de 1999 de fs. 144-144 vta.,
revocó la Sentencia declarando probada la excepción de prescripción.
El Auto de Vista recurrido (fs. 264-265) dentro del presente proceso, ha
determinado revocar la Sentencia declarando probada la demanda dejando sin efecto el Auto de Vista Nº 508/99 dictado dentro del proceso ejecutivo, e improbada la acción reconvencional declarando firme y subsistente la Sentencia Nº 78/95 (del proceso ejecutivo).
La Sentencia, que tiene carácter formal y no material, dictada en el proceso ejecutivo, es susceptible de revisión o modificación mediante un proceso de conocimiento de naturaleza amplia que pretende llegar a la verdad sobre un acto jurídico, determinar su validez o invalidez, su legalidad o ilegalidad, y así establecer los derechos y obligaciones de las partes. En ese contexto, el parágrafo I del art. 490 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el art. 28 de la Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997 (Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar), establece que: “Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior”, y si bien la norma no señala en qué casos es viable esta ordinarización, es decir, en qué casos procede la revisión de la Sentencia, sobre la base de una interpretación amplia aceptada por este Tribunal Supremo de Justicia, el proceso ordinario sirve para que el ejecutado pruebe la inexistencia de la obligación que resulte del título que sirvió de base a la ejecución, o de lo contrario, para que el actor demuestre la inexistencia del hecho alegado por el ejecutado.
En ese marco precedentemente referido, debe señalarse que entre los modos de extinción de las obligaciones se encuentra la prescripción conforme establece el art. 351 Num. 7) del Código Civil. De conformidad con ello, el parágrafo I del art. 1492 de la citada norma, señala que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que prevé la ley, siendo que, de acuerdo al art. 1493 del mismo Compilado, la prescripción comienza a correr o se computa desde que el derecho puede hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. Así, en virtud del art. 1507 de la norma indicada, los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción cuando durante cinco años no se ha ejercido el derecho de exigir el cumplimiento de tales obligaciones. Al contrario, la prescripción se interrumpe o suspende cuando ocurre una de las causas previstas en la ley, es decir, cuando ocurre un acontecimiento que irrumpe el lapso de tiempo que ya ha transcurrido comenzando un nuevo computo después de la interrupción. Al respecto, las causas que interrumpen la prescripción están señaladas en el art. 1503 del Código Civil, que son una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba el derecho, o por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor, deduciéndose de este precepto que quien está facultado para interrumpir la prescripción es el titular del derecho, el acreedor o quien está legitimado para el efecto. Empero, conforme al art. 1505 de la misma norma “La prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga aquel contra quien el derecho puede hacerse valer…”, caso específico en el que la prescripción puede ser interrumpida por el reconocimiento del derecho que haga el deudor.
En el sub lite, conforme al cómputo del plazo establecido según el art. 1493 del Código Civil, la prescripción efectivamente comenzó a correr desde el 17 de octubre de 1988, fecha en la que se dio por finalizado el término otorgado en la cláusula primera de la minuta de préstamo hipotecario en dólares americanos, siendo que este plazo debía concluir el 17 de octubre de 1993, y con él fenecer o extinguirse el derecho patrimonial del acreedor en la forma que establece el art. 1507 de la citada norma, y siempre que ese plazo para la prescripción no se hubiera interrumpido.
De la revisión de los antecedentes cursantes en el proceso, se tiene que paralelamente a la emisión de la Sentencia Nº 78/95 de 9 de marzo de 1995, el entonces ejecutante Nicanor Hidalgo Vargas, hace la presentación del memorial de fs. 131, adjuntando a éste “prueba con juramento” haciendo mención a las copias obtenidas de la Policía Técnica Judicial indicando que éstas respaldan la interrupción producida el 10 de julio de 1992, respondiendo la Juez de la causa mediante providencia de la misma fecha de fs. 131 vta., que debe estar a la Sentencia de fs. 19-20. Tras de ello, se evidencia el memorial de apelación de Gabino Rosales Poma y Laura Saravia de Rosales de fs. 134 a 135, la respuesta de fs. 137 a 139, y con ello, la providencia de concesión de la alzada de fs. 139 vta. Ahora bien, se evidencia que la entonces Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito de La Paz, mediante su Auto de Vista Nº 508/99 que revocó la Sentencia y declaró probada la excepción de prescripción, soslayó referirse a los documentos presentados posteriormente, argumentando únicamente que la acción ejecutiva se intentó después de transcurrido más de cinco años de contraída la obligación, eludiendo abrir un plazo probatorio, conforme establece el art. 233 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, para recepcionar la prueba que en primera instancia no se recibió por causas que no eran imputables al ejecutante, y no obstante de ser una facultad potestativa del Tribunal, tenía la mínima obligación de pronunciarse sobre dicha prueba en su resolución, empero, ninguno de estos aspectos fueron cumplidos por los miembros de la mencionada Sala Civil Segunda.
De la revisión de los documentos ofrecidos con posterioridad por el ejecutante, resulta que mediante el documento privado de fs. 128 celebrado entre Laura Saravia de Rosales con Nicanor Hidalgo Vargas en fecha 10 de julio de 1992, la codeudora procedió a reconocer, en su nombre y en el de su esposo, señalando que son deudores de Nicanor Hidalgo Vargas, y si bien en ese documento se anotó que en esa fecha se adeuda un saldo de $us.21.600 se tuvo a bien aclarar que se iba a pagar intereses únicamente por $us.8.000 haciendo constar que el acreedor recibía en esa fecha la suma de $us.2.000, denotándose de ello haberse convenido respecto del préstamo original de $us.10.000 celebrado el 17 de agosto de 1988, siendo ese contexto en el que se celebró el mencionado documento privado, extremo que podemos vislumbrar conforme a la interpretación establecida en el art. 510-II del Código Civil, que establece que para determinar la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento de éstos y las circunstancias del contrato, de donde se tiene que ambas partes tuvieron por intención dejar aclarado y establecido el quantum o monto del saldo que se adeuda más intereses a generarse de ese saldo. Por consiguiente, esa declaración efectuada por la codeudora no significa sino el reconocimiento expreso de la deuda, efectuado en el marco del art. 1505 primera parte del Código Civil. Consecuentemente, la prescripción que venía corriendo desde el 17 de octubre de 1988, fue suspendida con la suscripción del mencionado documento privado, y a partir de esa fecha, 10 de julio de 1992, ha comenzado un nuevo plazo o cómputo para la prescripción, en virtud del art. 1506 de la precitada norma. En ese sentido, la declaración informativa policial prestada por Laura Hortencia Saravia de Rosales de fs. 116, efectuada el 29 de junio de 1994, simplemente ha ratificado los extremos anotados en el documento privado de fs. 128, hecho que además no ha sido negado por los demandados reconvencionistas, en su memorial de oposición y formulación de demanda reconvencional (fs. 28-30 vta.).
En su segundo agravio acusan la aplicación indebida del art. 1320 del Código Civil, señalando que el Tribunal Ad quem elucubra la disidencia de uno de los Vocales de la Sala señalando que dicha disidencia les da la presunción de que la misma estaría fundamentada en lo dispuesto por los arts. 1505 y 1506 del Código Civil, pero no se conoce la disidencia porque no está transcrita en el Auto de Vista, de su parte también podrían presumir que tal disidencia podría estar orientada a una nulidad de obrados.
De una lectura exhaustiva de la resolución recurrida, podemos advertir que la determinación de fondo no está justificada específicamente en aquel voto disidente de uno de los miembros de la Sala Civil Segunda de entonces, sino que principalmente dicha resolución se ha sustentado en los documentos de fs. 116 y 128 que fueron arrimados al proceso ejecutivo tras la emisión de la sentencia. Efectivamente, los de Alzada presumen que la disidencia se habría originado porque en ésta se habría considerado que la prescripción fue interrumpida en la fecha de elaboración del documento de fs. 128, en el entendido de que es una presunción que lleva carácter de certeza teniendo en cuenta que el Auto de Vista de entonces, dispuso por declarar probada la excepción de prescripción sin haberse percatado menos analizado los documentos de fs. 116 y sobre todo el de fs. 128 que fueron parte del proceso ejecutivo.
En el tercer agravio acusan error de hecho en la apreciación de las pruebas, este punto fue analizado en el primero a cuyo efecto debemos remitirnos.
Por el cuarto y último agravio se refieren a la afirmación errada del Tribunal de Alzada al señalar que los reconvinientes no hubiesen aportado ninguna prueba, no obstante, lo aparejado de fs. 65 a 70, y de fs. 230 a 237. Los documentos de fs. 230 a 237 al ser reproducciones simples no hacen la fe exigida por el art. 1311.I del Código Civil, y la prueba de fs. 65 a 70 se trata de la misma prueba que la otra parte en litigio también ha adjuntado para hace valer sus propias pretensiones.
Por los motivos precedentemente señalados, se llega a concluir que no se ha demostrado la aplicación indebida de los arts. 1505 y 1320 del Código Civil, y la violación del art. 397 del Procedimiento Civil, correspondiendo a este Tribual de Máxima Jurisdicción emitir resolución en aplicación del art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41 y 42 de la Ley del Órgano Judicial, y en aplicación de lo previsto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto contra el Auto de Vista Nº S-416/09 de 21 de diciembre de 2009, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de nulidad del Auto de Vista de proceso ejecutivo seguido por Nicanor Hidalgo Vargas contra los recurrentes. Con costas.

References: resolución 
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