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Timestamp: 2020-01-20 17:05:39+00:00

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C-998 de 2004
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020046191CC-SENTENCIAC998200412/10/2004CC-SENTENCIA_C_998__2004_12/10/2004200461912004Sentencia C-998/04 CASACION- Finalidad SENTENCIA -Concepto ERROR IN IUDICANDO- Significado ERROR IN PROCEDENDO- Significado CASACION PENAL- No se discute la responsabilidad del procesado sino el cumplimiento por el juez de la ley al emitir el fallo CASACION PENAL- Procedencia de la s entencia de reemplazo DEBIDO PROCESO -Principios fundamentales DEBIDO PROCESO PENAL- Garantías PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA- Consagración en instrumentos internacionales IMPUGNACION DE SENTENCIA CONDENATORIA -Definición ACCION DE REVISION EN PROCESO PENAL -Procedencia ACCION DE REVISION EN PROCESO PENAL- Naturaleza UNIDAD NORMATIVA- Eventos en que procede de manera excepcional UNIDAD NORMATIVA- Procedencia de integración por relación inescindible con el resto de la disposición CASACION E INSTANCIA -Distinción/ CASACION PENAL RESPECTO DEL PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS -Actuación del juez de casación La actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de sus competencias en materia de casación, cuando casa la sentencia y está llamada a remplazarla por una nueva decisión que atienda el ordenamiento jurídico, no puede asimilarse a una nueva instancia, frente a la cual cabría el recurso de apelación que el actor echa de menos en la hipótesis a que él alude. Al respecto, no sobra precisar que la mención que se ha hecho en la jurisprudencia de la Corporación a la actuación que cumple el juez de casación como superior del juez de instancia en relación con el respeto del principio de reformatio in pejus no pueden interpretarse en el sentido de dar a la actuación del juez de casación en esas circunstancias el carácter de una nueva instancia con todas sus consecuencias y dentro de ella la posibilidad de apelar la decisión de reemplazo que este profiera en caso de casar la sentencia, pues es claro que quien adopta dicha decisión de sustitución es el juez de casación, en ejercicio de sus funciones como tal en materia de control de legalidad de la sentencia que ha sido proferida por el juez de segunda instancia y no un juez de instancia. IMPUGNACION DE SENTENCIA CONDENATORIA- Tanto la acción de revisión como la acción de tutela constituyen mecanismos de impugnación de las decisiones judiciales PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA -No es absoluto Dado que la actuación que adelanta el juez de casación cuando casa la sentencia de segunda instancia y dicta una nueva ajustada a la ley no constituye una nueva instancia debe enfatizarse que el artículo 31 superior mal puede considerarse conculcado en este caso como lo pretende el actor. No sobra agregar que por lo demás el actor parte de un entendimiento incompleto del mandato contenido en el referido artículo 31 superior, pues si bien dicho artículo señala que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, precisa de manera inmediata que ello será así, "salvo las excepciones que consagre la ley" lo que significa claramente que el Constituyente no estableció un principio absoluto en esta materia y dejó al legislador la posibilidad de que en ejercicio de su potestad de configuración estableciera aquellos casos en los que sin perjuicio del respeto de todas las garantías ligadas al debido proceso (art. 29 C.P.) solo se profiriera una decisión de instancia. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y CASACION PENAL- Imposibilidad de impugnar sentencia condenatoria /JUEZ DE INSTANCIA Y JUEZ DE CASACION -Distinción/ SENTENCIA CONDENATORIA POR JUEZ DE INSTANCIA Y JUEZ DE CASACION -Distinción en razones en que se fundamenta Esta Corporación ha señalado de manera reiterada que en desarrollo del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones fácticas que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles. Para la Corte es claro que no es comparable la actuación ante los jueces de instancia, que la actuación ante el juez de casación. Tanto la finalidad de dichas actuaciones, como los fundamentos de las decisiones que allí se adoptan son diferentes. Mediante la Casación no se vuelve a juzgar al procesado cuya situación jurídica ya fue definida por los jueces de instancia, sino la legalidad del fallo, es decir si la decisión fue dictada con la estricta observancia del ordenamiento legal y constitucional. Las razones en que se fundamenta la sentencia condenatoria en uno y otro caso, también son diferentes. Mientras que en el caso de las decisiones de instancia ella surge de la valoración de los hechos y de la conducta de los particulares frente a las normas penales, en el otro ella surge de la valoración hecha a la actuación del juez. Cabe reiterar que tampoco los jueces ante los que se actúa son los mismos. En un caso se trata del juez de instancia, en tanto que en el otro se trata de el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en los penal. Así frente a los supuestos planteados por el actor, la Corte constata que las disposiciones atacadas no solo establecen en este caso tratamiento diferente a situaciones distintas, sino que responden a los criterios establecidos por esta Corporación para justificar la diferenciación que el legislador hace en ciertas circunstancias atendiendo elementos objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad constitucional legítima. CASACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA -Descartar su procedencia desconocería los derechos a la igualdad y de acceso a la administración de justicia /CASACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA -Solicitud Si, se accediera a la petición hecha por el actor en el sentido de descartar la procedencia de la casación en las circunstancias que él invoca y por tanto no se permitiera al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la víctima, o a los perjudicados con el hecho punible solicitar la casación de la sentencia absolutoria con el fin de que se corrija un eventual desconocimiento de la Constitución y la Ley, se estaría no solo desconociendo el derecho a la igualdad de dichos intervinientes en el proceso penal sino su derecho al acceso a la administración de justicia en perjuicio de los derechos del estado, de la sociedad, de la victima o de los eventuales perjudicados con el hecho punible y con grave detrimento de los derechos a la verdad a la justicia y a la reparación. DEBIDO PROCESO PENAL- No se predica solo respecto de los derechos de acusado sino de todos los intervinientes del proceso Referencia: expediente D-5135
Álvaro Francisco Rojas GonzálezCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 205 (parcial) de la Ley 600 de 2000, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.D5135Identificadores20020046192true68095Versión original20046192Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 205 (parcial) de la Ley 600 de 2000, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
Dado que la actuación que adelanta el juez de casación cuando casa la sentencia de segunda instancia y dicta una nueva ajustada a la ley no constituye una nueva instancia debe enfatizarse que el artículo 31 superior mal puede considerarse conculcado en este caso como lo pretende el actor. No sobra agregar que por lo demás el actor parte de un entendimiento incompleto del mandato contenido en el referido artículo 31 superior, pues si bien dicho artículo señala que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, precisa de manera inmediata que ello será así, "salvo las excepciones que consagre la ley" lo que significa claramente que el Constituyente no estableció un principio absoluto en esta materia y dejó al legislador la posibilidad de que en ejercicio de su potestad de configuración estableciera aquellos casos en los que sin perjuicio del respeto de todas las garantías ligadas al debido proceso (art. 29 C.P.) solo se profiriera una decisión de instancia.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 205 (parcial) de la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Álvaro Francisco Rojas González presentó demanda contra el artículo 205 (parcial) de la Ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
" LEY 600 DE 2000"
Artículo 205. Procedencia de la casación.La casación procede contra las sentencias(ejecutoriadas)[1] proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aún cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.
3.1 El actor afirma que el artículo 29 constitucional de manera explícita y perentoria establece el derecho fundamental de impugnar la sentencia condenatoria. Precisa que el derecho referido: "…se establece en forma separada, y por consiguiente no hay forma de ignorarlo y también es claro que no se restringe con condición o limitación alguna. No es posible argumentar que el derecho de impugnación se ejerce si se sigue un debido proceso público o si se tiene la oportunidad de presentar y controvertir pruebas; si el constituyente lo hubiese pensado así, no habría usado la redacción que usó expresándolo en forma separada, destacada e individual".
Considera que el deseo del Constituyente al establecer el derecho de los sindicados a impugnar la sentencia condenatoria sin ninguna condición o excepción surge al concordar el artículo 29 con el artículo 31 constitucional que prevé el derecho a apelar cualquier sentencia salvo las excepciones que establezca la Ley, ya que "si el Constituyente hubiese pensado en posibles excepciones al derecho del sindicado de impugnar la sentencia condenatoria, con el artículo 31 hubiera sido suficiente, dado que entonces el derecho a impugnar la sentencia sería solo un caso particular del establecido en él, siendo en consecuencia evidente que la intención del Constituyente era no condicionar en forma alguna el derecho de impugnación del sindicado".
Precisa que en el caso considerado se profiere "una primera y única sentencia condenatoria en la cual se advierte explícitamente que no se la puede impugnar…".
Afirma que en esas circunstancias ni la acción de revisión ni la acción de tutela constituyen "una forma de ejercer el derecho a impugnar la sentencia condenatoria" porque estas acciones solo proceden "en casos muy particulares y específicos en tanto que el derecho vulnerado no tiene ninguna condición para su ejercicio. Al respecto cita apartes de la sentencia C-252 de 2001.
3.2 De otra parte el actor señala que con las expresiones acusadas se vulnera el artículo 13 superior, por cuanto se establece, en su criterio, un trato discriminatorio para el sindicado que ha sido absuelto en primera y segunda instancia y condenado en casación y a quien se le niega el derecho de impugnar la única sentencia condenatoria proferida en su contra, mientras que a los sindicados que han sido condenados en una o ambas instancias dicho derecho sí se les reconoce, "de forma tal que frente al derecho fundamental de impugnar la sentencia condenatoria es preferible ser condenado a ser absuelto en la primera y segunda instancia".
En el mismo orden de ideas considera vulnerado el artículo 2° superior, en la medida en que en estas circunstancias "las autoridades judiciales no solo no garantizan la efectividad de los principios, derechos y deberes previstos en la Constitución sino que por el contrario los quebrantan".
3.4 Afirma finalmente que siendo claro que en la hipótesis que se analiza la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal- profiere una sentencia que no puede ser impugnada con lo que se vulnera la Constitución, y que en las mismas circunstancias obligar a dicha corporación a i) reproducir simplemente la sentencia absolutoria ó a ii) no dictar sentencia, quebrantaría igualmente en su criterio el debido proceso, solo cabe -para respetar los mandatos superiores invocados-, que se declare la constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas en el entendido que "en los procesos penales no viciados de nulidad en los que se ha proferido sentencia absolutoria en primera y segunda instancia no procede el recurso de casación".
El interviniente recuerda que: "…Como se infiere del tenor literal del artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, la casación propende, entre otros, por la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal, y por la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada…".
Aduce que el actor restringe su censura "a la hipótesis de la absolución en primera y segunda instancia sin concurrencia de nulidades, como si fuera esta la única motivación que justifica la casación. Aseveración errada, si se tiene en cuenta el amplio espectro de supuestos que encuadran dentro de las causales primera y segunda del artículo 207 del Código de Procedimiento Civil". Al respecto cita un aparte de la sentencia C-228 de 2002.
Recuerda que la Corte Suprema de Justicia ha precisado al respecto que "el recurso extraordinario de casación, a diferencia de los ordinarios que se ejercen en las instancias tiene finalidades específicas determinadas en la ley y circunscritas a que con los cuestionamientos sobre la legalidad de las sentencias, pretenda la reparación de los agravios inferidos a las partes en el respectivo fallo, la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en el proceso y unificar la jurisprudencia, lo cual debe hacerse únicamente con base y por los motivos expresamente previstos en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, pues no cualquier clase de inconformidad con la sentencia es susceptible de ser recurrida por esta vía…".
Finalmente aduce que el legislador ha establecido de manera expresa y salvo excepciones taxativas, el principio de no agravación cuando se trate de sentencias condenatorias (art. 215 CPP), sin prohibición alguna cuando se trate de sentencias absolutorias, situación que resulta apenas coherente con los fines de la casación, pues extender la aplicación del principio referido a fallos absolutorios, "atentaría contra la institución procesal misma, en la medida en que devendría en ineficaz la competencia de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la efectividad del derecho material."
En ese sentido afirma que la casación es un recurso extraordinario, que tiene esencialmente una función sistémica, por lo que no debe confundirse con una tercera instancia o con un mecanismo para enfrentar errores judiciales, de forma tal que en materia de casación la regla general es la improcedencia del recurso y la excepción es su procedencia en los casos previstos en la Ley. Afirma así mismo que "la ley puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, haya una restricción al acceso a la justicia, ya que para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias…" Al respecto cita las sentencias C-058 de 1996, C-684 de 1996 y C-1046 de 2000.
Advierte que la petición del actor en el sentido de proferir un fallo condicionado no es viable, dado que: "…llevaría en esencia al desconocimiento de otras garantías que también son fundamentales y constitucionales en desmedro de otros sujetos procesales, por lo que consideramos que la demanda no puede prosperar, sobre supuestos tan particulares y violatorios de otros derechos…".
Precisa en este sentido que no podría regularse la casación en beneficio de una parte y en desmedro de otra, porque "esa circunstancia implicaría consecuentemente la vulneración de varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la igualdad."
Señala que el examen que realiza la Corte Suprema al avocar el conocimiento de las demandas de casación es limitado, debido a las causales previstas en la ley procesal como por la naturaleza de la misma acción, de forma tal que si esa Corporación modifica las sentencias absolutorias previas, no lo hace teniendo como referente los hechos objeto de juzgamiento, sino verificando la existencia de errores que vicien la decisión tomada, errores que pueden serin iudicando ó in procedendo.
En ese sentido afirma que:"…si la Corte en el ejercicio de su potestad como Tribunal de Casación observa que se han vulnerado tanto las garantías sustanciales como las procesales, no puede hacer caso omiso de las mismas, por lo que deberá entrar a decidir de conformidad con la ley aplicable al caso. Pero nótese que no se trata de un nuevo debate sobre los hechos o las circunstancias fácticas que dieron origen al proceso penal, como sí ocurre en los recursos de instancia, sino que el derrotero de su decisión es la salvaguardia de la Ley…". Al respecto cita un aparte de la sentencia de marzo 3 de 1975 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Señala además que:"…Los principios que orientan la tarea del tribunal de casación, parten de la presunción de acierto y la legalidad de las sentencias proferidas por los tribunales de instancia. En este sentido, si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sustituye la decisión, solo podrá hacerlo con la suficiente argumentación que evidencie que los funcionarios de instancia realizaron un juicio inadecuado…".
Advierte que"…permitir la procedencia de recursos contra las decisiones incorporadas en la sentencia de casación sería extender ad infinitum los alcances tanto del proceso penal como del recurso de casación. Con razón ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia y la doctrina que las decisiones de la misma hacen tránsito a cosa juzgada, por lo que elevar el derecho de impugnación a las providencias proferidas por esta sería legitimar una cadena interminable de discusiones que culminarían en el mayor de los casos en decisiones de prescripción…".
Precisa que la impugnación a que alude el artículo 29 superior no se limita a un tipo de recurso en particular, sino que el ejercicio del derecho allí previsto se manifiesta en cualquiera de los recursos que prevé la Ley, bien sean ordinarios o extraordinarios. En este sentido advierte que"…el demandante excluye la procedencia de la acción de revisión y de tutela como mecanismos de impugnación, situación que a la luz de la propia interpretación constitucional, no es de recibo, puesto que la Corte Constitucional ha señalado que el derecho de impugnación contemplado en el artículo 29 no se limita a uno u otro recurso, por lo que en los casos de las sentencias condenatorias proferidas por la Corte Suprema de Justicia si bien no procede el recurso de apelación, es perfectamente viable la impugnación de dicha decisión a través de los restantes mecanismos contemplados en la Ley…".
Aduce que no es válida la afirmación del actor en el sentido de que se vulnere la Constitución por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia estudie la legalidad de un fallo de segunda instancia, que ha absuelto a un sindicado, toda vez que "si el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria determina que el juez de instancia tomó una decisión desconociendo la Constitución y la Ley, es deber de ese tribunal casar la sentencia pronunciándose de fondo sobre el asunto que ocupa su atención".
Considera que la norma acusada no vulnera el derecho a la igualdad, toda vez que la restricción impuesta por la norma, en el sentido que quienes han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia no pueden interponer recursos -dado que contra las providencias proferidas por ese tribunal no procede recurso alguno-, no es irrazonable, ni discriminatoria. Afirma que "por el contrario, el hecho de que sea ese máximo tribunal quien deba proferir el fallo se constituye en una garantía a favor del procesado".
Finalmente estima que: "…se vulneraría el derecho a la igualdad, si no se le permitiera al Ministerio Público, al Fiscal, a la víctima o a los perjudicados con el hecho punible interponer el recurso extraordinario de casación, con el fin de que se corrija una decisión emitida con desconocimiento de la Constitución y la Ley, en perjuicio de los derechos del Estado, de la sociedad, de la víctima y de los perjudicados, en detrimento de los derechos a la verdad, a la justicia y reparación…".
La Corte ha explicado que la Casación, como medio de impugnación extraordinario, es una institución jurídica destinada a hacer efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso[2]. Su finalidad ha dicho la Corporación "esmás de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo"[3].
"La sentencia, en cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada por una autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no sólo debe cumplir los requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que constituye un juicio lógico y axiológico destinado a resolver una situación controversial, en armonía con la Constitución y la ley. Dicha providencia no es, entonces, un simple acto formal sino el producto del análisis conceptual, probatorio, sustantivo y procesal, de unos hechos sobre los cuales versa el proceso, y de las normas constitucionales y legales aplicables al caso concreto.
Tal acto, entonces, puede contener errores de juicio o de actividad, que los doctrinantes denominan errores in iudicando y errores in procedendo. Es decir, "que la voluntad concreta de la ley proclamada por el juez como existente en su sentencia, no coincida con la voluntadefectiva de la ley (sentencia injusta), porque, aún habiéndose desarrollado de un modo regular los actos exteriores que constituyen el proceso (inmune, así, de errores in procedendo), el juez haya incurrido en error durante el desarrollo de su actividad intelectual, de modo que el defecto inherente a una de las premisas lógicas haya repercutido necesariamente sobre la conclusión. En este caso, en el que la injusticia de la sentencia se deriva de un error ocurrido en el razonamiento que el juez lleva a cabo en la fase de decisión, los autores modernos hablan de un 'vicio de juicio' que la doctrina más antigua llamaba un 'error in iudicando'." [5]
Los errores in procedendo, por el contrario, nacen de la "inejecución de la ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecuciónin omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohibe (injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe: esta inejecución de la ley procesal, constituye en el proceso una irregularidad, que los autores modernos llaman un vicio deactividad o un defecto de construcción y que la doctrina del derecho común llama un errorin procedendo."[6]"[7]
Pero, como la sentencia de segunda instancia fue destruida, se hace indispensable ahora su reemplazo, pues sólo queda entonces en vigor la de primera instancia. Para dictar la sentencia sustitutiva de la que fue casada, es decir para volver a examinar la conducta que fue objeto de juzgamiento en la primera instancia, se realiza entonces un iudicium rescisorium, propio del juez ad quem. Esa función, en algunos países, como en Francia o en Italia, se cumple por un Tribunal de igual jerarquía al que profirió la sentencia de segundo grado que se destruyó en casación, tribunal éste al que se envía el proceso por la Corte de Casación para que profiera ese fallo, lo que se conoce como el reenvío del proceso, para que se dicte una nueva sentencia de segunda instancia. En Colombia, finalizada la casación con el iudicium rescindens, la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación, asume entonces una función adicional, la de proferir el iudicium rescisorium, es decir, la de dictar la sentencia de reemplazo o sustitutiva de la que fue destruida por la prosperidad de la casación[11]. Cabe recordar que al respecto el artículo 217 de la Ley 600 de 2000 establece que cuando la Corte Suprema de Justicia aceptare como demostrada alguna de las causales[12] propuestas procederá así: i) Si la causal aceptada fuere la primera -a saber cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial-; la segunda -a saber cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación; o la de nulidad cuando ésta afecte exclusivamente la sentencia demandada, casará el fallo y dictará el que deba reemplazarlo ii) Si la causal aceptada fuere la tercera, -a saber, cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad-, declarará en qué estado queda el proceso y dispondrá que se envíe al funcionario competente para que proceda de acuerdo a lo resuelto por la Corte.
En el mismo orden de ideas cabe recordar que conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de la Carta, en plena armonía con el artículo 29 de la misma y para hacer efectiva la garantía constitucional al debido proceso, "toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley". Lo que significa, entonces, que los procesos han de ser de dos instancias, a menos que la propia Constitución o la ley dispongan que la tramitación de algunos de ellos sea de única instancia, como ocurre por ejemplo en el juzgamiento de altos funcionarios del Estado por la Corte Suprema de Justicia o en aquellos casos en que, por razón de la cuantía así se disponga por el legislador.
"(E) principio de la doble instancia (CP art. 31) no reviste un carácter absoluto, pues no hace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso, ya que la procedencia de la apelación puede ser determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio referido a la respectiva parte[14]. En ese orden de ideas, la ley puede consagrar excepciones a la doble instancia, salvo cuando se trata de sentencias penales condenatorias o de fallos de tutela, los cuales siempre podrán ser impugnados, según los artículos 29 y 86 de la Carta.[15] Esto significa que en materia penal, la Constitución ordena que todos los procesos sean de doble instancia, con la única excepción de aquellos casos en donde la propia Carta establece fueros especiales, que implican un juicio penal de única instancia, como es el caso de los congresistas, que son investigados y juzgados en única instancias por la Corte Suprema de Justicia. En estos fueros especiales, la garantía del debido proceso es lograda por el hecho mismo de que esos funcionarios son investigados penalmente por la más alta corporación judicial de la justicia ordinaria[16].
Al respecto la Corte en la Sentencia C-142 de 1993 donde examinó la constitucionalidad de diversas normas de procedimiento penal mediante las cuales se regulaba el juzgamiento en única instancia de determinados ciudadanos[17], y frente a las cuales se solicitaba la declaratoria de inexequibilidad "en cuanto la competencia en única instancia dada a la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia desembocara en un fallo condenatorio, pues de producirse una sentencia absolutoria no habría problema en que el juzgamiento fuera en única instancia"[18], hizo las siguientes precisiones que resultan pertinentes para el caso que se analiza en el presente proceso.
"Como se ha visto, el artículo 29 de la Constitución establece que quien sea sindicado tiene, entre otros derechos, el de"impugnar la sentencia condenatoria". ( la negrilla no es del texto).
Lo anterior nos lleva a definir qué se entiende por" impugnar la sentencia".
Hay que decir esto porque, como se verá, en el procedimiento penal colombiano existen diversos medios de impugnación de las sentencias"[19].
"Está, en primer lugar, la acción de revisión. Esta procede, al decir del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:
Puede, en consecuencia, concluírse quecon la acción de revisión se cumple la exigencia de la Constitución relativa a la posibilidad de impugnar las sentencias condenatorias.
Según la legislación anterior, la acción de revisión era un verdadero recurso, pues se denominaba "recurso extraordinario de revisión".Y, no tenía, como no tiene hoy, límite de tiempo para su interposición.
En alguna oportunidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, vigente el anterior Código de Procedimiento Penal, consideró que el recurso extraordinario de revisión, no era tal, sino una verdadera acción. Doctrina convertida hoy en legislación positiva. Pero, sea recurso o acción, para los efectos de este fallo lo mismo da, pues el resultado es igual, ya que indudablemente es un mecanismo de impugnación de la sentencia."[20]
En efecto, siguiendo los argumentos expuestos por la Corte en la Sentencia C-543 de 1992 y reiteradas en posteriores pronunciamientos, cuando las actuaciones de las autoridades judiciales -incluida la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a que alude el actor-, se adelantan en abierto desconocimiento de la Constitución o las leyes, no pueden ser consideradas como compatibles con el debido proceso y, por tanto, garantizadoras de los derechos fundamentales de quienes se encuentran incursos en una situación jurídica concreta. En esos casos, se configura una "vía de hecho", pues el proceder del operador jurídico "es más el resultado de una valoración subjetiva, caprichosa e infundada del asunto sometido a examen, que una consecuencia necesaria de la apreciación probatoria y de la aplicación concreta de la ley sustancial y procesal."[23] En esas circunstancias, se justifica entonces la intervención del juez constitucional, en aras de lograr, a través de la tutela, la protección o el restablecimiento de los derechos afectados con la acción ilegítima de la autoridad[24].
Cabe precisar que durante el trámite del presente proceso fue expedida la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", del 31 de agosto de 2004, publicada en el diario oficial Año CXL N°45.658 del primero de septiembre de 2004.
El artículo 533 de dicha ley sobre "Derogatoria y vigencia" establece:
"El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política[26] continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.
Los artículos 531 y 532 del presente código[27], entrarán en vigencia a partir de su publicación".
Es decir que a pesar de la expedición de un nuevo Código de Procedimiento Penal, las normas contenidas en la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal" para la fecha en que se profiere la presente sentencia no han perdido vigencia y procede por tanto que la Corte se pronuncie sobre los cargos formulados en el presente proceso en contra del artículo 205 de la Ley 600 de 2000.
Ahora bien, el capítulo IX del Título V sobre "actuación procesal" de la Ley 600 de 2000 regula la Casación y concretamente su procedencia (art. 205), sus fines, (art. 206)[28], causales (art. 207)[29], cuantía (art. 208)[30], legitimación (art. 209)[31], oportunidad (art. 210)[32], traslado a los no demandantes (art. 211)[33], requisitos formales (art. 212)[34], calificación de la demanda (art. 213)[35], principio de no agravación (art. 215)[36], limitación de la casación a determinadas causales (art. 216)[37], decisión (art. 217)[38] y término para decidir (art. 218 )[39]
En efecto, de llegar a declararse inexequibles las expresiones acusadas[43] el texto restante, a saber "aún cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad", carecería de sentido por lo que es claro que en el presente caso procede que la Corte se pronuncie sobre el conjunto del primer inciso del artículo 206 de la Ley 600 de 2000.
No sobra agregar que por lo demás el actor parte de un entendimiento incompleto del mandato contenido en el referido artículo 31 superior, pues si bien dicho artículo señala que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, precisa de manera inmediata que ello será así, "salvo las excepciones que consagre la ley" lo que significa claramente que el Constituyente no estableció un principio absoluto en esta materia[49] y dejó al legislador la posibilidad de que en ejercicio de su potestad de configuración estableciera aquellos casos en los que sin perjuicio del respeto de todas las garantías ligadas al debido proceso (art. 29 C.P.) solo se profiriera una decisión de instancia[50].
Para el actor en el presente caso se vulnera el artículo 13 superior, por cuanto se establece en su criterio un trato discriminatorio para el sindicado que ha sido absuelto en primera y segunda instancia y condenado en casación y a quien se le niega el derecho de impugnar la única sentencia condenatoria proferida en su contra, mientras, que a los sindicados que han sido condenados en una o ambas instancias dicho derecho si se les reconoce, y en este sentido afirma que "frente al derecho fundamental de impugnar la sentencia condenatoria es preferible ser condenado a ser absuelto en la primera y segunda instancia".
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Exequible por el cargo analizado (inciso 1 ) Artículo 205 LEY_600_2000_24/07/2000
[1]La expresión "ejecutoriadas" fue declarada inexequible en la sentencia C-252 de 2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz A.V. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.
[2]Sentencia C-252/01 M.P. Carlos Gaviria Díaz A.V. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver entre otras las sentencias C-586/92 M.P. Fabio Morón Díaz, C-1065/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C- 668/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernandez A.V. de los Magistrados Jaime Araujo Rentaría, Manuel José Cepeda Espinosa y Álvaro Tafur Galvis.
[3] Al respecto ha dicho la Corte que" Un análisis histórico y normativo muestra que el tribunal de casación no surgió para corregir todos los eventuales errores judiciales sino que su función es, si se quiere, más de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo, por lo cual ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como "nomofilaquia"[3]. ¿Qué significa eso Que para la definición de las controversias judiciales concretas el ordenamiento prevé las instancias, mientras que el papel de la Corte Suprema, como tribunal de casación, es primariamente asegurar la coherencia del ordenamiento legal, gracias a la unificación de los criterios de interpretación de la ley, para de esa manera, lograr la realización del derecho objetivo y asegurar el respeto a los principios de legalidad y de igualdad. Por eso, la casación no es una tercera instancia para enmendar cualquier yerro ocurrido en las instancias, sino un recurso extraordinario que pretende lograr la mayor coherencia posible del sistema legal, al lograr el respeto del derecho objetivo y una mayor uniformidad en la interpretación de las leyes por los funcionarios judiciales. Esto no significa obviamente que la reparación de la eventual injusticia de un caso concreto no tenga ninguna relevancia en la casación sino que, en cierta medida, y como lo ha resaltado Piero Calamandrei, este recurso extraordinario pone el interés que tiene el particular en que se corrija el agravio en su contra al servicio de la protección de la coherencia sistémica del ordenamiento. Así, el individuo tiene interés en atacar una sentencia ilegal o contraria a la jurisprudencia, a fin de evitar una decisión que le es desfavorable, y de esa manera, su actuación permite que el tribunal de casación anule la decisión contraria al derecho objetivo, y asegure así el respeto al ordenamiento." Sentencia C-1065/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[4]Ver S.V. de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis a la sentencia C-252/01 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[5]Morales Medina Hernando. Técnica de Casación Civil.
[7]Sentencia C-252/01 M.P. Carlos Gaviria Díaz A.V. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.
[8]Sentencia C-252/01 M.P. Carlos Gaviria Díaz A.V. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.
[9]Sentencia T-1625/00 M.P. Martha Sáchica de Montcaleano
[10]En este sentido ver entre otras las sentencias C-586/92 M.P. Fabio Morón Díaz, C-1065/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-252/01 M.P. Carlos Gaviria Díaz A.V. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis., C-261/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra C- 668/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernández A.V. de los Magistrados Jaime Araujo Rentaría, Manuel José Cepeda Espinosa y Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia cabe recordar por ejemplo el Auto, Sala de Casación Civil, 17 de febrero de 1992, expediente 3573, Sentencia de la Sala de Casación Laboral expediente 16747 del 10 de abril de 2002 M.P. ISAURA VARGAS, sentencia de la Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Doctor JORGE ENRIQUE VALENCIA M. Aprobado Acta No.79 Santa fe de Bogotá, D.C. julio diecinueve (19) de mil novecientos noventa y cuatro (1994) Sentencia dentro del proceso 17255, Sala de Casación Penal, MAGISTRADO PONENTE ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON Aprobado: Acta No.201 Bogotá, D.C. diecinueve (19) de diciembre de dos mil uno (2001). Sentencia del proceso 12442 Sala de Casación Penal Aprobado Acta No. 35 Magistrado Ponente: Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL Santa fe de Bogotá, D.C., diez de abril de mil novecientos noventa y siete, Sentencia del proceso 12350, SALA DE CASACION PENAL Magistrado Ponente Dr. JORGE E. CORDOBA POVEDA Aprobado acta No. 50 Santa fe de Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).
[11]Ver S.V. de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis a la sentencia C-252/01 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[12]&$ARTICULO 207. CAUSALES. En materia penal la casación procede por los siguientes motivos:
[13]Ver, entre otras las sentencias T-082/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-951/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[14]Ver sentencia C-153 de 1995. M.P.
[15]Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-005 de 1993, C-019 de 1993, C-345 de 1993, C-017 de 1996.
[16]Sentencia C-040/02 M.P Manuel José Cepeda Espinosa. Ver en el mismo sentido la sentencia C-154/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[17]Las normas demandadas en ese proceso eran las siguientes:
[18]Ver Sentencia C-142/93 M.P. Jorge Arango Mejía.
[19]Sentencia C-142/03 M.P. Jorge Arango Mejía.
[20]Sentencia C-142/03 M.P. Jorge Arango Mejía.
[21]Sentencia T-1169/2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[22]Sentencia T-567 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[23]Sentencia ibídem
[24]Sentencia SU-1553/2000.
[25]Ver al respecto las sentencias T-678/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-728/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-082/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil, SU-062/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynett,SU-1153/00 M.P. Jairo Charry Rivas, SU/047/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, T-474/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero.
[26]ARTÍCULO 235.- Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
[27]Artículo 531. Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.
[28]ARTICULO 206. FINES DE LA CASACION. La casación debe tener por fines la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal, la unificación de la jurisprudencia nacional y además la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada.
[29]&$ARTICULO 207. CAUSALES. En materia penal la casación procede por los siguientes motivos:
[30]&$ARTICULO 208. CUANTIA. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos.
[31]&$ARTICULO 209. LEGITIMACION. La demanda de casación podrá ser presentada por el Fiscal, el Ministerio Público, el Defensor y los demás sujetos procesales. Estos últimos podrán hacerlo directamente, si fueren abogados titulados y autorizados legalmente para ejercer la profesión.
[32]&$ARTICULO 210. OPORTUNIDAD.
[33]&$ARTICULO 211. TRASLADO A LOS NO DEMANDANTES. Presentada la demanda se surtirá traslado a los no demandantes por el término común de quince (15) días para que presenten sus alegatos.
[34]&$ARTICULO 212. REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA. La demanda de casación deberá contener:
[35]&$ARTICULO 213. CALIFICACION DE LA DEMANDA. Si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos se inadmitirá y se devolverá el expediente al despacho de origen. En caso contrario se surtirá traslado al Procurador delegado en lo penal por un término de veinte (20) días para que obligatoriamente emita concepto.
[36]&$ARTICULO 215. PRINCIPIO DE NO AGRAVACION. Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el Fiscal, el Ministerio Público o la parte civil, cuando tuviere interés, la hubieren demandado.
[37]&$ARTICULO 216. LIMITACION DE LA CASACION. En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas a las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Pero tratándose de la causal prevista en el numeral tercero del artículo 220, la Corte deberá declararla de oficio. Igualmente podrá casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales.
[38]&$ARTICULO 217. DECISION. Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas procederá así:
[39]&$ARTICULO 218. TERMINO PARA DECIDIR. El magistrado ponente tendrá treinta (30) días para registrar el proyecto y la sala decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes.
[40]La expresión "ejecutoriadas" fue declarada inexequible en la sentencia C-252 de 2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis
[41]Ver, entre otras las C-221/97, C-320/97 y C-204/01 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C- 010/01M.P. Fabio Morón Díaz , C-173/01 y C-514/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-813/01 M.P. Jaime Araujo Rentería, C-1031/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-251/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett y Clara Inés Vargas Hernández, C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-642/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[42]Al respecto ha dicho la Corte : "Ahora bien, en determinados casos, la Corte debe estudiar una proposición normativa que fue acusada por un ciudadano, pero frente a la cual resulta materialmente imposible pronunciarse sobre su exequibilidad o inexequibilidad sin analizar globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ella forma parte. En estos eventos, y con el fin de evitar un pronunciamiento inhibitorio, es válido que la Corte proceda a integrar la unidad normativa, siempre y cuando ello sea estrictamente necesario para examinar en debida forma las acusaciones formuladas en la demanda.
La unidad normativa no opera entonces exclusivamente en los fallos de inexequibilidad, lo cual explica que esta Corporación, en varias decisiones, haya extendido los efectos de una decisión de constitucionalidad a contenidos normativos que no habían sido formalmente demandados por el actor, pero cuyo examen era indispensable para poder pronunciarse de fondo sobre las disposiciones acusadas. Así, frente a una acusación parcial del artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, la Corte concluyó que "aunque es sólo una expresión la acusada de inconstitucional, dado que ella sólo es inteligible dentro del precepto íntegro de que forma parte, y en vista de que las consideraciones que atrás quedan consignadas se refieren a la norma en su integridad, sobre ésta versará el pronunciamiento de exequibilidad.[42]" Igualmente, frente a una demanda parcial del artículo 495 del estatuto procesal civil, la Corte concluyó que era necesario analizar la totalidad de la disposición, pues no sólo "el aparte demandado constituye una unidad jurídica o un todo inescindible en relación con el texto integral de dicha norma" sino que, además, "de declararse la inexequibilidad del referido segmento normativo la norma quedaría incompleta, sin sentido, porque básicamente éste es parte importante y esencial de la regulación que el legislador quiso hacer"[42].
[43]Los apartes subrayados son los que demanda el actor Artículo 205. Procedencia de la casación.La casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aún cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.
[44] Al respecto por ejemplo la Corte en la Sentencia T-082/02 M.P. Rodrigo escobar Gil dijo lo siguiente: "Cabe precisar que la garantía constitucional de la no reformatio in pejus es aplicable no solo al juez de segunda instancia que conoce del recurso de apelación, sino también a la autoridad judicial a quien se le asigna la función de ejercer el control de legalidad de las decisiones judiciales, esto es, al tribunal de casación. Esta Corporación, al interpretar el alcance del inciso segundo del artículo 31 de la Constitución Política, ha sido enfática en señalar que la prohibición según la cual "el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único", se extiende también a la labor desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, pues dicha institución, cuando opta por casar una decisión y dictar la respectiva sentencia sustitutiva, funge como tribunal de instancia y se convierte en Juez "superior", siendo este último la autoridad a la que hace expresa referencia la norma constitucional citada
La vinculación de la Corte Suprema de Justicia a la prohibición de la reforma peyorativa, no pretende deslegitimar o hacer inoperante su función como tribunal de casación. En realidad, lo ha dicho esta Corporación, lo que se persigue con la incorporación del precitado principio al trámite de casación, es hacer plenamente efectivas las garantías constitucionales que son aplicables al proceso de configuración de la pena, concretamente, cuando la Corte Suprema adquiere competencia para proferir un nuevo fallo.." Sentencia T-082/02 M.P. Rodrigo escobar Gil. En el mismo sentido ver, entre otras las sentencias T-474 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-1553/00, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[45]Sentencia C-142/93 M.P. Jorge Arango Mejía.
[46]Afirmación sustentada a su vez, como se verá, en una lectura incompleta y errónea del artículo 31 superior.
[47]&$ARTICULO 220. PROCEDENCIA. La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:
[48]Ver al respecto las sentencias T-678/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-728/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-082/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil, SU-062/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynett,SU-1153/00 M.P. Jairo Charry Rivas, SU/047/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, T-474/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero.
[49]Ver entre otras, las sentenciasC-040/02 M.P Manuel José Cepeda Espinosay C-154/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[50]No sobra precisar de otra parte que tampoco toma en cuenta el actor que en el mismo artículo 31 en su segundo inciso se establece que en esta materia el superior no podrá agravar la pena impuesta "cuando el condenado sea apelante único" , lo que significa que en aquellos casos en los que la apelación sea interpuesta además o solamente por los otros intervinientes en el proceso el principio de reformatio in pejus -que el actor de alguna manera alega igualmente como vulnerado- no opera y menos aún en la hipótesis que el invoca en la que de los que se trata es de una decisión absolutoria frente a la cual serán los demás intervinientes en el proceso quienes tendrán interés en la impugnación de la misma.
[51]Vid. T-02 de 1992 y T-230 de 1994, entre muchas otras.
[52]Sentencia C-252/01 M.P. Carlos Gaviria Díaz A.V. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.
[53]Ver entre otras las sentencias C-530 de 1993 M. P. Alejandro Martínez Caballero, C-412/01 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-586/01 y C-233/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-742/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, con aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería. Sobre ese tema puede encontrarse así mismo un completo recuento en la sentencia C-093 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero .
[54]Ver Sentencia C-228/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. En dicha sentencia se hicieron las siguientes consideraciones que resulta pertinente recordar "(t)anto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia-no restringida exclusivamente a una reparación económica- fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las victimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.
[55]Ver, entre otras, las Sentencias C-648/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y y C-154/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[56]ART. 211. C.P.C. Traslado a los no demandantes. Presentada la demanda se surtirá traslado a los no demandantes por el término común de quince (15) días para que presenten sus alegatos.
[57]CSJ, Cas. Penal, Sent. jul. 4/2002, Rad. 16831, M.P. Hernán Galán Castellanos
[58]Sentencia C-252/01 M.P. Carlos Gaviria Díaz A. V. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver , entre otras, la sentencia C-871 /03. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[59]Sentencia SU-1553/2000.

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