Source: https://cdhzl.org/2015/10/18/controversia-constitucional/
Timestamp: 2019-06-19 09:58:02+00:00

Document:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL | Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
CONSEJO SUPREMO INDIGENA Y
DELEGACION DE SAN FRANCISCO
C. ENRIQUE PEÑA NIETO PRESIDENTE
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
ARMANDO GARCÍA SALAZAR en mi carácter de primer delegado municipal de San Francisco Xochicuatla, municipio de Lerma, Estado de México, elegido mediante votación directa realizada en la Asamblea del pueblo el día …, señalando como domicilio ubicado en …, autorizando para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal, así como recoger cualquier clase de documentos en forma conjunta o separada a las personas Alejandra Peña Velázquez, Bárbara Adriana Vargas Bartolo, Daniel Arturo Santamaría Casiano, Denisse Aribel García Pérez, José Antonio Lara Duque, Itzia Miravete Veraza, Víctor Hugo Domínguez Loera, Janeth Ramírez Vargas, Efraín Flores Gutiérrez, Fabiola Vite Torres, Montserrat Karina Bolaños Soria, Carlos Alberto Sampedro Carreño, ante Usted, con el debido respeto comparecemos con el fin de promover la CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestamos lo siguiente:
I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL ACTOR:
1. DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, representada por Armando García Salazar en su carácter de primer delegado municipal, quien tiene su domicilio en Avenida Hidalgo sin número Centro, Código Postal 52054, Municipio de Lerma, Estado de México. 2) domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones con domicilio en domicilio conocido Calle Tejocote sin número San Francisco Xochicuatla casi esquina con Avenida de los Pinos, Código Postal
II.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS DEMANDADOS:
1. ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, titular del Poder Ejecutivo Federal, quien tiene su domicilio en Avenida Parque Lira sin número, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, México,
III.- TERCEROS INTERESADOS
1. EMPRESA AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A DE C.V. (AUTOVAN) quien tiene domicilios en:1) Calle Nicolás Bravo sur 116, Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México; y, 2) Calle José Vicente Villada 125, 4º piso, Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca
IV.- ARGUMENTACION RESPECTO DE LA PROCEDENCIA:
A) En términos del artículo 9º Bis en sus fracciones I y III de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos encontramos en tiempo para la presente controversia.
B) De conformidad con el inciso h) del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre dos poderes de un mismo Estado.
Para apoyar la facultad para poder presentar controversias constitucionales se tiene la siguiente jurisprudencia:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER.
El análisis sistemático del contenido de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos revela que si bien las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, entre sus fines incluye también de manera relevante el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de aquéllos. En efecto, el título primero consagra las garantías individuales que constituyen una protección a los gobernados contra actos arbitrarios de las autoridades, especialmente las previstas en los artículos 14 y 16, que garantizan el debido proceso y el ajuste del actuar estatal a la competencia establecida en las leyes. Por su parte, los artículos 39, 40, 41 y 49 reconocen los principios de soberanía popular, forma de estado federal, representativo y democrático, así como la división de poderes, fórmulas que persiguen evitar la concentración del poder en entes que no sirvan y dimanen directamente del pueblo, al instituirse precisamente para su beneficio. Por su parte, los numerales 115 y 116 consagran el funcionamiento y las prerrogativas del Municipio Libre como base de la división territorial y organización política y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jurídicas y políticas. Con base en este esquema, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe salvaguardar, siempre se encuentra latente e implícito el pueblo y sus integrantes, por constituir el sentido y razón de ser de las partes orgánica y dogmática de la Constitución, lo que justifica ampliamente que los mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irían en contra del pueblo soberano.
INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS, SINO DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE SU ESFERA REGULADA DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL.
De acuerdo con el criterio prevaleciente en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el interés legítimo, para la promoción de la controversia constitucional por parte de los órganos legitimados en el artículo 105, fracción I, de la Norma Fundamental, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución General, como las garantías institucionales establecidas en su favor, o bien, de otro tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA
De la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, el espectro de su tutela jurídica y su armonización con los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que podrán tener legitimación activa para ejercer la acción constitucional a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la propia Ley Suprema, de manera genérica: la Federación, una entidad federada, un Municipio y Distrito Federal (que corresponden a los niveles de gobierno establecidos en la Constitución Federal); el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, cualesquiera de las Cámaras de éste o la Comisión Permanente (Poderes Federales); los poderes de una misma entidad federada (Poderes Locales); y por último, los órganos de gobierno del Distrito Federal, porque precisamente estos órganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del ámbito competencial que para ellos prevé la Carta Magna. En consecuencia, los órganos derivados, en ningún caso, podrán tener legitimación activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimación pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deberá analizarse ello, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica.
Entendiendo con ello que al pertenecer a las comunidades indígenas reconocidas en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México en su artículo 6 fracción III, los actores se ostentan como defensores derechos humanos y bienestar humano en general.
C) Que en términos de los artículos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe tiene personalidad jurídica para interponer la presente controversia constitucional, ya que lo hace en su carácter de primer delegado de la Delegación de San Francisco Xochicuautla, en contra del titular del Ejecutivo Federal, C. Enrique Peña Nieto.
V.- ACTO QUE SE COMBATE: La presentación de decreto por parte del titular del Ejecutivo Federal por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio la Concepción Municipio de Lerma, Estado de México, emitido el 09 de julio del año en curso.
VI.- LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMEN VIOLADOS:
Los preceptos constituciones violados son 1º , 2º , 4º , 27º de la Contitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los pueblos indígenas reconocidos o que se auto determinen de la misma forma deben tener derecho a decidir en cuanto a tierra y territorio mediante lo establecido en los artículos 2.2 y 7 del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el artículo 2 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos que hace referencia a las comunidades indigenas y el articulo 1 que armonizando con ello la igualdad que yace entre la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
Al realizarse el decreto expropiatorio en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla se violan preceptos constitucionales y preceptos consagrados en instrumentos internacionales como los que se explican a continuación.
DERECHO A LA PROPIEDAD: Consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al encontrarnos frente a una comunidad indígena hay que entender que la relación con la tierra no solo es una cuestión de posesión y producción si no un elemento espiritual y material del que se debe gozar plenamente, esto para preservar su legado cultural para así poder transmitirlo a las generaciones futuras, ya que estos constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y por ende, de su identidad cultural. Con lo anterior podemos señalar que la imposición del decreto además de violar el derecho a la propiedad transgrede la cultura e identidad de la comunidad indígena.
DERECHO A LA VIDA: Consagrado en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es uno de los valores supremos del cual está investido el ser humano y del cual derivan todos los Derechos Humanos que velan por dignificar, proteger, respetar y garantizar el libre desarrollo físico y psíquico de las personas en lo individual y colectivo. Todos los Derechos Humanos reconocidos desprenden del derecho a la vida y la violación a un derecho humano distinto de la vida produciría una afectación indirecta a este mismo, es por ello que señalamos los derechos que proceden para que a nuestro resguardo del Derecho Humano a la vida queden debidamente garantizados y protegidos y de este modo no se incurriría en la afectación que vulnera el estilo de vida y Derechos Humanos de la comunidad indígena.
La vida no solo significa el hecho de vivir sino que uno de los objetivos fundamentales y de mayor prioridad significa el hecho de satisfacer necesidades que permitan la plenitud y dignidad de la vida, así como de alimentación, el resguardo a la integridad personal, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad y el derecho al medio ambiente sano, así como el derecho a la propiedad. Cada uno de estos Derechos Humanos son interdependientes e inviolentables y la sola omisión de protección y garantía pone en riesgo de daño irreparable a la vida.
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO: Consagrado en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, y en los principios 1, 4, 10, 15, 22, 23 y 25 de la Declaración de Rio del Medio Ambiente y Desarrollo. Este derecho se ve violentado por el ecocidio que sufre el bosque de la comunidad indígena otomí, ya que esta obra implicará talar alrededor de un millón de árboles del bosque, que genera la mitad del agua del Río Lerma, por lo que con la afectación programada, se dejarán de producir 250 millones de litros de agua al año (en detrimento del abasto que reciben de este caudal tanto el Valle de Toluca como el Valle de México). Por otro lado, el proyecto carretero romperá el flujo natural de distintas especies animales que habitan el bosque y provocará un detrimento nocivo en la generación de oxigeno proveniente de los árboles del bosque indígena- otomí, afectando con ello el estilo de vida y la salud de la comunidad.
DERECHO HUMANO AL AGUA: Consagrado en la Observación General 15, Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto), (29º período de sesiones 2002), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002). Derecho que se violenta por la destrucción del bosque otomí, ya que este bosque genera el agua que los habitantes de la comunidad indígena consumen y usan para cubrir todas sus necesidades. El agua es un líquido vital para la vida misma y que no solamente constituye el consumo de la comunidad sino que además abastece al valle de México y Toluca, poniendo en una situación de daño irreparable la generación de agua que produce el bosque otomí.
VII.- ANTECEDENTES DE LA NORMA GENERAL O ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:
Esta radica en el decreto realizado por el titular del Ejecutivo Federal por el que se expropian por causa de utilidad pública una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio la Concepción Municipio de Lerma, Estado de México, publicado el 09 de julio del año en curso.
Dicho decreto es contrario a derecho debido a que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1º y 2º armonizada con legislaciones internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en sus artículos 6, 7, 8, 13, y 14, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 8, 11 y 19, de igual manera se manifiesta en el artículo 9 fracción II inciso a y b, 11, 13, 15, 17 y 18 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, en dichos instrumentos legales le otorgan la facultad a las comunidades indígenas para decidir en cuanto a su territorio, sus creencias, instituciones sociales, culturales, espirituales y políticas, etcétera, a través de sus autoridades elegidas mediante usos y costumbres, así la violación que provoca este decreto expropiatorio es que no se realizo una consulta de buena fe, previa, libre, informada y culturalmente adecuada conforme los usos y costumbres de la Comunidad de San Francisco Xochicuautla, lo cual resulta inconstitucional por no aplicar los criterios de convencionalidad en materia de derechos humanos, como lo establece la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN EL CONVENIO 169 Y EN SU ARTICULO 6, que reconoce que la consulta debe ser, LIBRE, PREVIA E INFORMADA, con la finalidad de que la comunidad indígena otorgue consentimiento al Estado para las medidas propuestas en sus territorios, y bajo el mismo sentido, EL ARTICULO 19 DE LA DECLARACION DE LAS NACIONES UINIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS establece que la consulta libre, previa e informada no debe ser un proceso únicamente informativo ni debe ser entendido como un mecanismo empleado para legitimar una decisión o acción anteriormente adoptada por el Estado, y que su sola cumplimentación como requisito formal para que en el fondo no establezca la opinión real, verídica y probable del pueblo indígena pone en riesgo los derechos como se manifiesta en el resultando segundo párrafo segundo, pues no se realizaron las asambleas de fechas 5, 8, 9, 10 y 12 de junio del presente año.
Es notorio que no se sientan las bases para construir un verdadero diálogo y relación de respeto entre el Estado y la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuatla al no consultar a sus instituciones políticas adecuadas que son el consejo supremo indígena y delegación municipal quienes están facultados para pronunciarse y representar a la comunidad en las consultas en materia de propiedad de tierras y territorios.
La consulta de buena fe, previa, libre, informada y culturalmente adecuada sustenta las bases para construir un verdadero diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, mediante el cual se pueda tener acuerdo satisfactorio para las partes, sin generar violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y estableciendo rutas de desarrollo sin afectación de territorios, tierras y recursos naturales, por lo tanto, al no cumplir con los requisitos formales y de validez al omitir la participación de las instituciones indígenas mencionadas se considera nula la actuación del Estado y la consulta; consecuentemente el decreto expedido carece de sustento jurídico para ser emitido.
VIII.- CONCEPTOS DE INVALIDEZ:
El artículo 1 constitucional a partir de la reforma del 2011 garantiza a todas las personas, así como a las comunidades indígenas al pleno acceso a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El reconocimiento expreso de los derechos humanos en la Constitución no solo está limitado a la literalidad sino a su ejercicio efectivo y protegido por las leyes internacionales y locales en las que estos se sustenten; es por ello que tratándose de materia indígena en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce a los pueblos indígenas como órganos autónomos constitucionales y en el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se sustenta el derecho a la autonomía, así como para decidir sobre su libre determinación, asentamiento, usos y costumbres, instituciones sociales, económicas y culturales, así como instituciones políticas; como lo es el caso de la Comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla que han conformado históricamente como sus autoridades máximas a los hoy llamados Consejo Supremo Indígena y Delegación Municipal de San Francisco Xochicuautla integrada por los C. Indígenas: ANTONIO MIGUEL REYES VALDEZ, DOMINGA VILLADA NICOLÁS, JAIME VARGAS GONZÁLEZ, LUCAS MIGUEL HERNÁNDEZ JOSEFA, MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ GARCÍA Y NICOLÁS RAMÍREZ GONZÁLEZ, INTEGRÁNTES DEL CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, AUTORIDAD TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD OTOMÍ SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA; ARMANDO GARCÍA ZALAZAR Y NICOLÁS RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, PRIMER Y TERCER DELEGADOS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, MUNICIPIO DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO instituciones que se encargan de ejecutar los actos acordados en la asamblea general de la comunidad indígena otomí. Dichas instituciones tienen como finalidad representar todos y cada uno de los intereses que satisfagan y beneficien la vida de la comunidad así como sus usos y costumbres.
El sistema jurídico nacional se encuentra armonizado con el sistema internacional de derechos humanos para la aplicación y protección más amplia de derechos que beneficien a las comunidades indígenas, otorgando el reconocimiento a sus instituciones que ancestralmente han constituido, es por ello que el artículo 40 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que dichos pueblos tienen derecho a que se le garanticen y hagan efectivos procedimientos que sean equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias entre el estado y la comunidad indígena otomí. El consejo supremo indígena y la Delegación de San Francisco Xochicuautla al ser organismos autónomos reconocidos por la constitución y en razón de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tienen la facultad de interponer controversias constitucionales por ser las máximas instituciones que representan los intereses de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla cuando se violenten sus derechos, costumbres, tradiciones y normas internacionales de derechos humanos, ya que todos estos conceptos conforman la base de su identidad, dignidad y bienestar.
El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el artículo 2.2, inciso a y b, se asegura que dichos pueblos deben gozar de derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones así como sus instituciones. El artículo 12 del Convenio 169 alude a que la comunidad indígena, tratándose de violaciones a sus derechos puede iniciar procedimientos legales de manera personal o por conducto de sus órganos representativos, en el caso específico de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, lo puede hacer por medio de sus autoridades máximas que son el Consejo Supremo Indígena y la Delegación de San Francisco Xochicuautla. Además de que en el artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se establece el derecho que tienen a preservar, fortalecer y reconocer sus instituciones políticas y jurídicas, así como el derecho a participar en la vida política y cultural de un estado para las decisiones en las que se vean implicados.
Como se ha mencionado con anterioridad la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al señalar la concepción de comunidades indígenas y reconociendo que estas se regirán por usos y costumbres y de igual manera armonizada con los instrumentos legales internacionales, es relevante marcar que como dice el artículo 13 del convenio 169 de la OIT la relación de los pueblos indígenas con la tierra o territorios o con ambos es de especial importancia y se deberá respetar y preservar por los Gobiernos al ser necesarios estos para la pluriculturalidad de un Estado y su riqueza misma, a su vez el 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas que le da derecho a los pueblos indígenas sobre la posesión y control de sus tierras. Aunado a ello el contexto plasmado en el artículo 21 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México que enuncia lo siguiente: “Las comunidades indígenas tienen el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural en el contexto del Plan de Desarrollo del Estado de México.
En la entidad, las comunidades indígenas tienen derecho a participar en la formación de los planes y programas de desarrollo estatal y regional y sectorizados, que tengan aplicación en el territorio de la comunidad.”
Con lo anterior se otorga facultad a las comunidades indígenas, para decidir sobre su tierra y territorio, lo cual contrapone dos facultades, la de los órganos autónomos como son el Consejo Supremo Indígena y la Delegación Municipal de San Francisco Xochicuatla para decidir sobre su tierra y territorio, contra la facultad del titular del Ejecutivo para hacer un decreto expropiatorio, donde en este último no se cumple con las formalidades establecidas en las normas nacionales como en las internacionales por lo que se presume es contrario a derecho como se ha mencionado a lo largo del texto.
No obstante es de gran importancia el hecho de la violación de derechos humanos que se se produce con el decreto expropiatorio. Entendiendo así que las comunidades indígenas tienen un mayor respaldo en las legislaciones nacionales e internacionales para decidir sobre tierra y territorio, así como su forma de explotación, ya que son los pueblos indígenas dotados de autonomía y control sobre sus tierras, quienes a su vez viven de los recursos naturales que explotan de allí como el agua que produce el bosque, de lo contrario; al realizar el proyecto carretero Toluca – Naucalpan que es la “causa de utilidad pública” que arguye el Titular del Ejecutivo Federal como sustento al decreto expropiatorio, donde se talarían miles de árboles. Lo cual lastima a su vez, sus creencias espirituales puesto que dentro de su cosmogonía los recursos naturales, en este caso el agua, que es motivo de una caminata anual en ofrenda y gratitud de los bienes vitales recibidos; y por su parte el Estado se ha comprometido en los instrumentos mencionados a proteger la integridad de las tierras de los pueblos indígenas es por ello que el Ejecutivo debe respetar y fortalecer en ésta situación los derechos de los pueblos indígenas, priorizando y respetando sus tierras para así impulsar el desarrollo digno de la población que el día de hoy se niega a la expropiación de sus tierras y territorios sagrados, que igualmente se ven tutelados en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México en sus artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 55.
Toda vez que somos personas indígenas quienes promovemos este recurso legal solicitamos atentamente se supla la deficiencia de la queja en todo lo que nos favorezca.
Ante ustedes C.C. Ministros de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno:
PRIMERO. Tenernos por presentado ante esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación interponiendo demanda de controversia constitucional contra las autoridades antes mencionadas y contra los actos especificados.
SEGUNDO. Admitida la demanda se emplace a las autoridades demandas y tercero interesado.
TERCERO. De conformidad con el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las fracciones II y III de artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se de vista al Procurador General de la Republica para los efectos legales correspondientes.
CUARTO. En su etapa procesal correspondiente, se declara invalida la presentación por parte del titular del Ejecutivo Federal del Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su Barrio La Concepción, Municipio de Lerma, Estado de México, el pasado 9 de julio del 2015 emitido por el Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto.
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 artículo 6
 Artículo 105
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 artículo 21
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