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Timestamp: 2019-08-22 14:14:54+00:00

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STC 47/2011, 12 de Abril de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 275587563
Número de Recurso: 7659-2008
Recurso de amparo 7659-2008. Promovido por don José Luis Mazón Costa respecto a los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitieron su demanda contra la desestimación por silencio de la petición de cese de un Magistrado del Tribunal Constitucional. Supuesta vulneración de los derechos a un juez imparcial, a un proceso con todas las garantías y de petición: exclusión de control jurisdiccional de las decisiones relativas al cese de Magistrados del Tribunal Constitucional; falta de agotamiento porque no se promovió el incidente de nulidad de actuaciones frente a la imposición de la condena en costas; decisión de inadmisión de un recurso contencioso-administrativo que no puede ser elemento objetivo suficiente sobre el que sostener una duda legítima de parcialidad judicial.
STC 047/2011
En el recurso de amparo núm. 7659-2008, promovido por don José Luis Mazón Costa, en su propio nombre y representación, contra el Auto de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2008, por el que se desestima el recurso de súplica contra el Auto de 6 de mayo de 2008, dictado en el recurso ordinario núm. 644-2007, por el que se inadmite la demanda interpuesta contra la desestimación por silencio negativo de la petición dirigida al Pleno del Tribunal Constitucional sobre cese de un Magistrado. Ha comparecido el Abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer de la Sala. I. ANTECEDENTES
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de octubre de 2008, don José Luis Mazón Costa, actuando en su propio nombre y representación, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta Sentencia.
El demandante, mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el 12 de julio de 2007 y dirigido a su Pleno, solicitó que se declarara vacante la plaza de un Magistrado de este Tribunal por una eventual incompatibilidad para el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo.
El demandante interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta o por silencio administrativo de dicha solicitud, que considera un procedimiento reglado administrativamente, dando lugar al recurso ordinario núm. 644-2007, tramitado por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El recurso fue inadmitido por Auto de 6 de mayo de 2008 por falta de jurisdicción, argumentando que los arts. 1.3 a) y 12.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) limitan su competencia a los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial del Tribunal Constitucional. Así, se señala que no cabe incluir dentro de la materia de personal las controversias atinentes al estatuto de los Magistrados, en tanto que repercuten sobre el núcleo de su función institucional, resultando inmunes al control por el orden contencioso-administrativo por exigencias del reforzado valor de su independencia como órgano constitucional y jurisdiccional. A partir de ello, se pone de manifiesto que la pretensión ejercida por el recurrente es inadmisible por falta de jurisdicción, ya que a tenor de los arts. 10.1 l), 19 y 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es el propio Tribunal Constitucional el único órgano competente para resolver sobre las incompatibilidades en que pudieran incurrir sus Magistrados y sobre la concurrencia de las causas legalmente previstas de cese en su puesto.
El demandante interpuso recurso de súplica, alegando incongruencia por error, ya que lo impugnado era la ausencia de toda respuesta por parte del Tribunal Constitucional al cese solicitado y, por tanto, la infracción del art. 12 de la Ley Orgánica del derecho de petición, lo que no es objeto de análisis en el Auto impugnado. Igualmente, se aduce la vulneración del derecho al juez imparcial, argumentando que la omisión de la incongruencia denunciada en el Auto impugnado pone de relieve la pérdida de imparcialidad de los Magistrados autores del Auto, solicitando su abstención “por haber demostrado interés en favorecer al Tribunal Constitucional o en que se salga con la suya”. De ese modo, concluye solicitando “que con abstención de los Magistrados componentes de la formación, se dicte auto estimando el presente recurso de súplica, disponiendo la admisión a trámite del recurso”.
El recurso fue desestimado por Auto de 22 de julio de 2008, con expresa imposición de costas al demandante. En el Auto, con carácter previo, se rechaza la solicitud de abstención, señalando, en primer lugar, que carece de fundamento, ya que, desde el punto de vista procesal la característica propia del recurso de súplica es que lo resuelva la misma Sala que ha dictado la resolución impugnada. Igualmente se señala que la solicitud de abstención se basa en una sospecha de pérdida de imparcialidad infundada y temeraria, cual es la de que la Sala, al acordar de forma ampliamente motivada la inadmisión del recurso, pretendió favorecer al Tribunal Constitucional por razones ajenas a lo estrictamente jurídico. Posteriormente, se rechaza que se haya incurrido en incongruencia por error, destacando que es manifiesto, por un lado, que la pretensión dirigida al Tribunal Constitucional fue el cese de uno de sus Magistrados y, por otro, que lo impugnado ante el Tribunal Supremo fue la desestimación presunta de dicha solicitud. Además, se añade que la invocación del art. 12 de la Ley Orgánica del derecho de petición no cambia estas consideraciones, pues al dirigir su solicitud al Tribunal Constitucional no la caracterizó como un ejercicio del derecho de petición del art. 29 CE y al interponer el recurso contencioso-administrativo también descartó implícitamente esa caracterización al describir la solicitud cursada al Tribunal Constitucional como un procedimiento administrativamente reglado, lo que la sitúa fuera del ámbito del derecho de petición. Por último, se incide en que las alegaciones no desvirtúan la razón por la que se acordó la inadmisión del recurso, referida a la falta de competencia para el enjuiciamiento de los actos del Tribunal Constitucional, que queda limitada a las materias de personal, administración y gestión patrimonial, entre las que no cabe incardinar la pretensión de cese. Se concluye con la imposición de costas al demandante, en aplicación del art. 139.1 LJCA, al apreciarse temeridad y mala fe en su actuación procesal, en primer lugar, por haber suscitado una petición de abstención desprovista del menor fundamento y, en segundo lugar, por no haber aportado ningún argumento dirigido a combatir la ratio decidendi de la resolución impugnada.
El recurrente aduce en su demanda de amparo la vulneración del derecho de petición (art. 29 CE), en relación con el art. 12 de la Ley Orgánica del derecho de petición, en tanto que el Tribunal Constitucional ni acusó recibo de la solicitud, ni tampoco tramitó legalmente la petición que hubiera exigido notificarla al Pleno por parte de la Presidencia. También aduce el recurrente la vulneración del derecho a la imparcialidad judicial (art. 24 CE), insistiendo en que los Magistrados del Tribunal Supremo que dictaron la inadmisión de su recurso, pusieron de manifiesto su pérdida de imparcialidad con dicha resolución. Por último, el recurrente alega que se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al haberse decidido la imposición de costas en un procedimiento que no se rige por el criterio del vencimiento. En virtud de todo ello, solicita la anulación de las resoluciones impugnadas y una indemnización de 3.000 euros.
El conocimiento de este recurso correspondió, por turno de reparto, a la Sección Primera de este Tribunal. La Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta del Tribunal y de su Sección Primera, mediante escrito de 21 de enero de 2009, comunicó su voluntad de abstenerse de intervenir en el presente recurso, por concurrir la causa establecida legalmente en el art. 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) —tener interés directo o indirecto en el procedimiento—. La Sección Primera de este Tribunal, por ATC 70/2009, de 3 de marzo, estimó justificada la abstención formulada.
La Sección Primera de este Tribunal, por providencia de 31 de marzo de 2009, acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, requerir al Tribunal Supremo la remisión de copia testimoniada de las actuaciones y comunicar la resolución al Abogado del Estado para que le sirviera de emplazamiento.
La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 14 de abril de 2009, tuvo por recibidas las actuaciones, por personado al Abogado del Estado y, a tenor del art. 52 LOTC, acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 13 de mayo de 2009, presentó sus alegaciones, solicitando la inadmisión de los diferentes motivos de recurso y, subsidiariamente, su desestimación.
El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 22 de mayo de 2009, interesó la desestimación íntegra del recurso de amparo.
El recurrente, mediante escrito registrado el 21 de mayo de 2009, presentó alegaciones reiterando su solicitud de amparo, si bien, pidiendo que se suprimiera la pretensión de que fuera indemnizado en la cantidad de 3.000 euros y añadiendo otra alternativa por la que se declare que “el Tribunal Constitucional como Administración, a través de la Presidencia, debe dar una respuesta al escrito o solicitud del recurrente cursado ante el mismo, en cumplimiento del derecho de petición del artículo 29 de la CE”.
El Magistrado don Javier Delgado Barrio, mediante escrito de 4 de abril de 2011, comunicó su voluntad de abstenerse de intervenir en el presente recurso por concurrir la causa establecida legalmente en el art. 219.8 LOPJ —tener pleito pendiente con alguna de las partes—. La Sala Primera de este Tribunal, por Auto de 11 de abril de 2011, estimó justificada la abstención formulada.
Por providencia de fecha 7 de abril de 2011, se señaló para deliberación y fallo de la Sentencia el día 12 del mismo mes y año.
El recurrente aduce en su demanda que se ha vulnerado su derecho de petición (art. 29 CE), por no haber recibido respuesta del Tribunal Constitucional a la solicitud de cese de uno de sus Magistrados, y sus derechos a la imparcialidad judicial y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), ya que los Magistrados del Tribunal Supremo que resolvieron su recurso estaban incursos en causa de recusación y ha sido condenado en costas en un procedimiento que no se rige por el criterio del vencimiento.
Con carácter prioritario a cualquier otra cuestión, y teniendo en cuenta el mandato previsto en el art. 4.1 LOTC de que el Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción, es preciso analizar si, como señala el Abogado del Estado, la pretendida actuación omisiva del Tribunal Constitucional, al no pronunciarse sobre la solicitud de cese de uno de sus Magistrados, y la eventual vulneración que ello hubiera producido al recurrente, no puede ser objeto de impugnación ante esta jurisdicción de amparo y, por tanto, debería ser inadmitida. Esta es la tesis en la que, por lo demás, también se basa la decisión del Tribunal Supremo impugnada para sostener la falta de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa respecto de esta cuestión.
En el presente caso, la invocación del derecho de petición (art. 29 CE), que se imputa directamente al Tribunal Constitucional por no haber dado una respuesta a la solicitud de cese de un Magistrado, es evidente que no aparece referida a las vías de amparo reguladas en los arts. 42 y 44 LOTC, sino, en su caso, a la establecida en el art. 43 LOTC. Las dudas se plantean respecto de si la pretensión del recurrente tiene realmente encaje en el art. 43 LOTC.
Ahora bien, como acertadamente señala el Abogado del Estado, en el presente caso y junto con la singular circunstancia de que se trate de un acto del propio Tribunal Constitucional, concurre una segunda circunstancia de especial relevancia a los efectos de determinar la posibilidad del control jurisdiccional de amparo que reclama el recurrente: el acto impugnado aparece referido a la solicitud de cese de un Magistrado de este Tribunal. Por tanto, la cuestión a dilucidar sobre el alcance del control de amparo por la vía del art. 43 LOTC ya no se vincularía sólo al aspecto subjetivo constituido porque el acto emana del Tribunal Constitucional, sino también al especial carácter del acto impugnado. Por tanto, resulta necesario analizar las previsiones constitucionales y de la LOTC para concluir si se trata de actos excluidos del control jurisdiccional de amparo por la vía del art. 43 LOTC.
Con carácter previo, es preciso incidir en que no es extraño a nuestro ordenamiento jurídico —aunque sí ciertamente excepcional atendiendo a la sujeción de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento (art. 9.1 CE), la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de los poderes públicos (art. 9.3. CE)— la existencia de actos de los poderes públicos que, por su especial carácter, están excluidos de un eventual control jurisdiccional tanto por parte de la jurisdicción ordinaria como, en su caso, por la jurisdicción constitucional de amparo. En efecto, este Tribunal ha reiterado que no supone infracción del art. 24.1 CE, desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, la aplicación razonable del motivo legal de inadmisibilidad de la exclusión del control jurisdiccional de determinados actos. Por ejemplo, se ha puesto de manifiesto “que no toda la actuación del Gobierno, cuyas funciones se enuncian en el art. 97 del Texto constitucional, está sujeta al Derecho Administrativo. Es indudable, por ejemplo, que no lo está, en general, la que se refiere a las relaciones con otros órganos constitucionales, como son los actos que regula el título V de la Constitución, o la decisión de enviar a las Cortes un proyecto de Ley, u otras semejantes, a través de las cuales el Gobierno cumple también la función de dirección política que le atribuye el mencionado art. 97 de la Constitución. A este género de actuaciones del Gobierno, diferentes de la actuación administrativa sometida a control judicial, pertenecen las decisiones que otorgan prioridad a unas u otras parcelas de la acción que le corresponde, salvo que tal prioridad resulte obligada en ejecución de lo dispuesto por las leyes” (STC 45/1990, de 15 de marzo, FJ 2, cita recogida posteriormente en la STC 196/1990, de 29 de noviembre, FJ 5, y en la STC 222/2006, de 6 de julio, FJ 9).
En la línea expuesta, y conforme indica el Abogado del Estado, el acto impugnado en este recurso de amparo, referido a la solicitud de cese de un Magistrado de este Tribunal, es uno de esos actos en lo que, en virtud del art. 4.1 LOTC, debe acordarse que queda fuera del control jurisdiccional de amparo dispensable a través de la vía del art. 43 LOTC, al ponerse así de manifiesto en una interpretación sistemática de la Constitución y la Ley Orgánica reguladora de este Tribunal.
En efecto, la independencia e inamovilidad de los miembros del Tribunal Constitucional en el ejercicio de su mandato es una de las garantías expresamente previstas en el art. 159.5 CE. Las eventuales causas de cese de un Magistrado del Tribunal Constitucional tienen una indudable conexión con el ejercicio independiente de la función jurisdiccional de los miembros del Tribunal Constitucional, toda vez que afectan a la conformación misma del órgano y al sistema de equilibrios que para la elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional se establece en los apartados 1 y 3 del art. 159 CE.
Ello implica que se trate de una decisión que si bien no es propiamente jurisdiccional, sin embargo, como sucede con otros asuntos atribuidos por la LOTC a su Pleno —la verificación de cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional o el nombramiento de los que han de integrar cada una de las Salas [arts. 10.1 i) y j) LOTC]— tienen tal grado de vinculación con el ejercicio de la función jurisdiccional que su eventual control, bien por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, bien por el propio Tribunal Constitucional en la vía de amparo prevista en el art. 43 LOTC, supondría una evidente interferencia en la potestad de autoorganización en el ejercicio de las competencias y funciones que, como órgano constitucional, tiene atribuidas en exclusiva dentro del diseño constitucional de distribución de poderes.
En relación con la vulneración que el recurrente imputa a las resoluciones judiciales, debe recordarse que este Tribunal ha reiterado que en los recursos de amparo mixtos la comisión de una lesión constitucional en el transcurso del proceso judicial no impide que el acto administrativo siga siendo el verdadero objeto del proceso de amparo y que, por tanto, cuando la lesión imputada al órgano judicial tenga carácter procesal, por referirse a alguna de las vertientes o dimensiones del art. 24 CE, este Tribunal podrá excluir el enjuiciamiento de las quejas formuladas por el cauce del art. 44 LOTC siempre que, como consecuencia de haberse descartado la inconstitucionalidad del acto administrativo, no resulte ya necesaria la retroacción de las actuaciones (SSTC 40/2008, de 10 de marzo, FJ 3, y 87/2008, de 21 de julio, FJ 1).
En el presente caso, uno de los motivos de amparo planteados por el recurrente es la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) por haber sido condenado en costas en el recurso de súplica. Como acertadamente señalan el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, este motivo de amparo está incurso en la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC]. Este Tribunal ha reiterado que, en aras de la subsidiariedad del amparo, es preciso la promoción del incidente de nulidad de actuaciones en aquellos casos en que resulte legalmente procedente (por todas, STC 63/2009, de 9 de marzo, FJ 2). En el presente caso, la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de modificación de la LOTC, dio una nueva redacción al art. 241.1 LOPJ, estableciendo que quien sea parte legítima o hubiera debido serlo en un procedimiento judicial podrá pedir que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. En atención a ello, éste es uno de esos supuestos en los que, tras la citada reforma del art. 241.1 LOPJ, era indubitada la procedencia de acudir al incidente de nulidad de actuaciones para agotar la vía judicial previa: la lesión constitucional se imputa a la última de las resoluciones judiciales —el Auto de desestimación del recurso de súplica, que fue en el que se impusieron las costas— y frente a dicha resolución no cabía recurso alguno. Por tanto, al no haber interpuesto el recurrente el citado incidente de nulidad de actuaciones, esta causa de amparo está incursa en la causa de inadmisión señalada.
El Abogado del Estado considera que también respecto de la vulneración del derecho a la imparcialidad judicial era preciso haber acudido al incidente de nulidad de actuaciones para un correcto agotamiento de la vía judicial previa. Sin embargo, respecto de esta queja debe descartarse la concurrencia de dicha causa de inadmisión.
Despejada la concurrencia de este óbice procesal y entrando en el fondo de la vulneración aducida del derecho a la imparcialidad judicial (art. 24.2 CE), debe señalarse que es doctrina reiterada de este Tribunal que este derecho condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional, conforme al cual, por estar en juego la confianza que los Tribunales deben inspirar en una sociedad democrática, debe garantizarse a las partes que no concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial. A esos efectos, se viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del Juez con aquéllas, y una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el Juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él. Se ha puntualizando, no obstante, que no basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del Juez surjan en la mente de la parte, sino que lo determinante y decisivo es que las razones para dudar de la imparcialidad judicial, por un lado, queden exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos y, por otro, alcancen una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas (por todas, STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3).
STSJ Islas Baleares , 2 de Octubre de 2000
SAP Cádiz 74/2005, 2 de Junio de 2005

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
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