Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A148-09.htm
Timestamp: 2017-11-24 03:46:52+00:00

Document:
A148-09
Auto 148/09
COSA JUZGADA RELATIVA-Requisitos
COSA JUZGADA RELATIVA EXPLICITA-Configuración
RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Existencia de cosa juzgada constitucional
Referencia: expediente D-7646
Recurso de súplica presentado contra el auto del 4 de marzo, proferido por la magistrada Clara Elena Reales Gutiérrez, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por Nixon Torres Cárcamo
1.1. El ciudadano Nixon Torres Cárcamo presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del literal f. del artículo 2º del Decreto ley 254 de 2000. La norma acusada, subrayándose el aparte demandado, es la siguiente:
“ARTÍCULO 2º-Iniciación del proceso de liquidación. El proceso de liquidación se inicia una vez ordenada la supresión o disolución de una de las entidades a las cuales se refiere el artículo 1º del presente decreto. El acto que ordene la supresión o liquidación dispondrá lo relacionado con las situaciones a que se refiere el parágrafo primero del artículo 52 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, en dicho acto o posteriormente, podrá disponerse que la liquidación sea realizada por otra entidad estatal que tenga dicho objeto. Igualmente podrá establecerse que la liquidación se realice por una entidad fiduciaria contratada para tal fin o contratarse con una de dichas entidades la administración y enajenación de los activos.
g) La adopción inmediata de las medidas necesarias para asegurar la conservación y fidelidad de todos los archivos de la entidad y, en particular, de aquéllos que puedan influir en la determinación de obligaciones a cargo de la misma”
1.2. Una vez repartido el expediente en la Sala Plena de esta Corporación, correspondió su sustanciación a la magistrada Clara Elena Reales Gutiérrez, quien mediante Auto del 4 de julio de 2008 resolvió rechazar la demanda, en razón de la existencia de cosa juzgada constitucional. Para sustentar esta conclusión, indicó lo siguiente:
“2) Que, en concepto del libelista, la norma demandada ya había sido enjuiciada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-280 de 2007 (M.P. Humberto Sierra Porto). No obstante, estima que en ella no se “estipuló la cosa juzgada Constitucional absoluta”. Por lo tanto, plantea que la disposición acusada debe volverse a enjuiciar por las siguientes dos razones.
En primer lugar, porque viola el artículo 55 de la Carta. A su juicio, la norma infringe el derecho a la negociación colectiva “[a]l someter a los trabajadores de las entidades públicas del orden nacional en proceso de liquidación, a que no puedan promover la discusión de mejores condiciones laborales ante el proceso liquidatorio, por existir restricción a los representantes legales de estas entidades de no celebrar pactos o convenciones colectivas”. De ese modo –afirma el ciudadano- se vulnera “el derecho de negociación colectiva como derecho de los trabajadores que tienen supeditada su estabilidad laboral a la finalización real y efectiva del proceso liquidatorio”.
En segundo lugar, porque viola el Convenio No. 154 de la OIT, incorporado al bloque de constitucionalidad por el artículo 93 de la Constitución, tal y como se dispuso en la Sentencia C-466 de 2008 (M.P. Jaime Araújo Rentería). Esto sería así, según el actor, porque “la negociación colectiva no está siendo posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplica el Convenio No. 154, al establecer una limitación a la negociación colectiva en los proceso de liquidación de entidades públicas de orden nacional, donde los trabajadores no pueden suscribir convenciones o pactos que signifiquen el mejoramiento de sus condiciones laborales, por lo menos durante el tiempo que perdure el proceso de liquidación”. Además, porque “[c]on esta limitación a la negociación colectiva en los proceso de liquidación no está fomentando el establecimiento de reglas de procedimientos que incluyan el acordar mejores condiciones laborales entre las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores”.
3) Que el artículo 243 del Estatuto Superior establece: “[l]os fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”;
4) Que el Decreto 2067 de 1991 –‘por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional’-, en su artículo 6º, inciso 4°, preceptúa: “Se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada”;
5) Que en la Sentencia C-280 de 2007 (M.P. Humberto Sierra Porto) la Corte resolvió una demanda interpuesta exactamente por el mismo actor, justamente contra el mismo artículo, por violación de los artículos 55 y 93 de la Constitución, en concordancia este último con el Convenio 154 de la OIT.
El problema jurídico correspondiente, planteado y decidido en aquella ocasión, fue expuesto así por la Corte Constitucional: “ii) el literal acusado restringe de manera desproporcionada, hasta el punto de anularlos, los derechos constitucionales de negociación colectiva y de asociación sindical consagrados en distintas disposiciones constitucionales y en el Convenio 154 de la OIT”.
La Corte Constitucional consideró que si bien con la norma demandada se introducía una limitación al derecho de negociación colectiva, la Constitución no prohibía cualquier clase de limitación, sino sólo aquellas que resultaran desproporcionadas. Dijo, al respecto: “el precepto acusado prohíbe al representante legal de la entidad en proceso de liquidación realizar cualquier tipo de actividades que impliquen la celebración de pactos o convenciones colectivas o cualquier otro acto que no esté dirigido a la liquidación de la entidad, de esta prohibición resulta una limitación del derecho de negociación sindical porque los trabajadores durante proceso de liquidación no podrían adelantar gestiones para celebrar convenciones o pactos colectivos al carecer de una contraparte legalmente autorizada para tales efectos.
Ciertamente las convenciones colectivas rigen los contratos de trabajo mientras la relación laboral subsista. De ahí, que en un proceso de liquidación de una entidad u organismo administrativo nacional, la convención que se encuentre vigente al momento de la liquidación del organismo, debe ser aplicada hasta la terminación del proceso de liquidación, caso en el cual lógicamente se dan por terminados los contratos de trabajo ante la desaparición de la entidad, sin que se pueda colegir, como lo hace el demandante, una vigencia indeterminada de la misma aun en el evento de la disolución y liquidación de una entidad, pues, como lo expresa la vista fiscal eso contradice toda lógica, como quiera que terminadas las relaciones laborales a consecuencia de la disolución y posterior liquidación de una entidad, pierden vigencia las normas convencionales que regían las mismas[1].
De las razones anteriormente expuestas se infiere que la restricción al derecho de negociación colectiva resultante de la prohibición consignada en el precepto acusado está constitucionalmente justificada en aras de preservar los fines que persigue los procesos de liquidación y disolución de las entidades públicas del orden nacional, por tal razón esta Corporación declarará exequible el literal f) del artículo 2 del Decreto Ley 254 de 2000”.
Por las anteriores razones, la Corte adoptó la siguiente decisión: “PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE el literal f del artículo 2 del Decreto 254 de 2000, respecto de los cargos examinados en la presente decisión”.
6) Que, como se ve, en la Sentencia C-280 de 2007, la Corte enjuició y desestimó los cargos por supuesta violación del derecho a la negociación colectiva, tal y como lo definen y especifican la Carta Constitucional y el Convenio 154 de la OIT.
En la demanda de la referencia, se plantean exactamente los mismos cargos, por el mismo ciudadano, contra la misma disposición normativa que ya fue declarada exequible, y que se encuentra amparada, por ello mismo, por los efectos de la cosa juzgada constitucional.”
1.3. Según la constancia emitida por la Secretaría General de la Corte, el anterior proveído fue notificado por medio del estado número 35 del 6 de marzo de 2009. Del mismo modo, se señaló que dentro del término de ejecutoria del proveído, que corrió los días 9, 10 y 11 de marzo del mismo año, el actor interpuso recurso de súplica ante el rechazo de la demanda.
Mediante escrito radicado en esta Corporación el 9 de marzo, el demandante indica que en este caso no era predicable la cosa juzgada constitucional, puesto que, de conformidad con la parte resolutiva de la sentencia C-280/07, sus efectos eran de cosa juzgada relativa. Esto implica, a su juicio, que pueda estudiarse nuevamente la exequibilidad de la norma, más aún cuando el fallo C-466/08, dispuso que el Convenio 154 de la OIT hace parte del bloque de constitucionalidad.
Falta de concurrencia de los requisitos para la comprobación de la cosa juzgada relativa
Esta previsión constitucional, a su vez, toma la forma de una restricción a la actividad de la Corte. Ello en tanto una vez este Tribunal se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de una norma jurídica, pierde prima facie la competencia para pronunciarse nuevamente sobre el tópico, salvo la condición anteriormente descrita. Tal limitación justifica lo previsto en el inciso final del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, según el cual se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparados por una sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada.
2. No obstante, la jurisprudencia de la Corte ha previsto determinados supuestos en los que los efectos de la cosa juzgada carecen de carácter absoluto. En estos eventos, la vigencia del principio de supremacía constitucional (Art. 4º C.P), que incorpora la necesidad que la totalidad del ordenamiento jurídico se ajuste a las disposiciones de la Carta Política; permite que la Corte se pronuncie sobre la disposición legal respecto de la cual ya ha existido un pronunciamiento, pero éste se ha circunscrito a determinados problemas jurídico – constitucionales.
3. Uno de estos supuestos es el de la cosa juzgada relativa. Para la jurisprudencia, este fenómeno concurre cuando la Corte restringe el análisis de constitucionalidad de la norma a la materia que fundamentó el concepto de la violación. Esta restricción implica que puedan promoverse nuevas demandas de inconstitucionalidad, a condición que versen sobre problemas jurídicos distintos a los que en su momento tuvo en cuenta este Tribunal.
El mismo precedente contempla la posibilidad que la cosa juzgada constitucional relativa, se compruebe de modo explícito o implícito. El primero se presenta cuando ““...la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el futuro..”[2], es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada “...mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta...”[3].”[4]
La segunda modalidad se acredita en los eventos en que “cuando la Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación, “...en tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma, pero bajo el entendido que sólo se ha analizado determinados cargos...” [5]. Así mismo, se configura esta modalidad de cosa juzgada relativa, cuando la corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad, igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad; así sostuvo que se presenta cuando: “... el análisis de la Corte está claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada..”[6].”[7]
4. El demandante sostiene que lo decidido en la sentencia C-280/07 constituye cosa juzgada relativa, lo que permite que la Corte se pronuncie sobre el problema jurídico propuesto en su libelo. En criterio de la Sala, esta conclusión es inexacta, puesto que si bien la parte resolutiva del citado fallo prevé una fórmula propia de la cosa juzgada constitucional relativa explícita, la materia de esa decisión es idéntica a la contenida en la demanda de la referencia, lo que implica la imposibilidad que esta Tribunal se pronuncie nuevamente sobre esa controversia.
En efecto, en la citada decisión la Corte resolvió la problemática generada por la presunta incompatibilidad entre el precepto acusado y el derecho constitucional a la negociación colectiva, y decidió que la limitación fijada por dicha normatividad resultaba acorde con la Carta Política. Para arribar esta conclusión la Corte tuvo en cuenta, entre otros criterios, que el precepto acusado no contradecía las disposiciones contenidas en el Convenio 154 de la OIT, en razón de que (i) el instrumento internacional no conlleva una prohibición absoluta a que los Estados limiten el derecho a la negociación colectiva, sino que sólo estableció que dichas restricciones respondan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales son cumplidos por la norma acusada; y (ii) el precepto “no establece una medida de fomento del derecho de negociación colectiva, por lo tanto con su expedición no se infringió el artículo 8º del citado tratado, el cual establece que este tipo de medidas no podrán concebirse o aplicarse de tal forma que obstaculicen la libertad de negociación colectiva”.
Analizado lo anterior, se advierte que el problema jurídico propuesto por la demanda de la referencia fue debidamente resuelto por la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-280/07. Igualmente, el análisis realizado por esta Corporación en dicho fallo, incorporó las previsiones del Convenio 154 de la OIT dentro del parámetro de control de constitucionalidad de la norma acusada. Por ende, carece de sustento la argumentación efectuada por el ciudadano Torres Cárcamo, en el sentido que las consideraciones realizadas en el fallo C-466/08 modifican los efectos de cosa juzgada constitucional de la decisión C-280/07.
5. Con base en estas consideraciones, la Sala concluye que los argumentos presentados por la magistrada sustanciadora en la providencia suplicada, demuestran fehacientemente que para el asunto de la referencia operó la cosa juzgada constitucional. Ello debido a la identidad de normas acusadas y de problemas jurídicos contenidos en la sentencia C-280/07 y en la demanda propuesta por el ciudadano Torres Cárcamo. En consecuencia, la decisión recurrida será confirmada por la Corte.
CONFIRMAR el Auto del 4 de marzo de 2009, proferido por la Magistrada Clara Elena Reales Gutiérrez, que rechazó la demanda formulada por Nixon Torres Cárcamo en contra del literal f. del artículo 2º del Decreto ley 254 de 2000.
[1] Sentencia C-902 de 2003.
[2] Sentencia C - 492 de 2000.
[3] Sentencia C - 478 de 1998.
[4] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-774/01 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[5] Sentencia C - 478 de 1998.
[6] Auto 131 de 2000.
[7] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-774/01.

References: artículo 2
 artículo 1
 artículo 52
 artículo 55
 artículo 93
 artículo 243
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 2