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Timestamp: 2018-03-21 01:14:38+00:00

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Pedimos a la Administración que responda a un vecino sobre el cobro del "canon de finca" de gas | Defensor del Pueblo Andaluz
Pedimos a la Administración que responda a un vecino sobre el cobro del "canon de finca" de gas
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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 17/3392 dirigida a Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, Delegación Territorial en Sevilla
Recomendamos a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla dar respuesta al escrito presentado por la parte afectada, relacionado con el cobro del canon de finca de gas.
I. Con fecha 14 de junio de 2017 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por la Asociación (...), en representación de su asociado (...), a través de la cual nos exponían lo siguiente:
-Que con fecha 13/02/2015 se formuló reclamación y denuncia contra Gas Natural relacionada con el cobro del “canon de finca”, habiéndose tramitado expediente (...).
-Que con fecha 10/11/2015 se formularon alegaciones a la respuesta ofrecida por la empresa y, con fecha 5/01/2016, cumplimentaron el trámite de subsanación documental requerido por el Departamento de Energía.
-Que la respuesta obtenida a diferentes peticiones de información sobre el estado de tramitación del expediente es que se encontraba pendiente de resolución (escritos del Departamento de Energía registrados de salida con fechas 9/06/2016 y 30/01/2017).
-Que a pesar del tiempo transcurrido dicha resolución aún no se había producido.
Debemos aclarar que a la solicitud de la parte promotora de queja -presentada con fecha 13 de febrero de 2015- le resulta de aplicación el régimen jurídico de procedimiento y obligación de responder determinado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, establece la obligación de la Administración de dictar en todos los procedimientos resolución expresa sobre el fondo del asunto y notificar la misma, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.
Debe añadirse que el apartado 7 del artículo 42 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que «El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.
Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. En sus relaciones con la ciudadanía, las Administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se formula a esa Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, la siguiente
RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte afectada con fecha 13 de febrero de 2015.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 resolución 
 artículo 3
 artículo 29