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Timestamp: 2019-05-24 08:47:23+00:00

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Se abre la sesión a las once horas.
La señora VICEPRESIDENTA (Jiménez García): Se abre la sesión. Buenos días. Vamos a iniciar la Comisión de Economía y Competitividad convocada para este día 26 de marzo.
Como punto previo al orden del día, y de conformidad con el artículo 71.4 del Reglamento del Senado, se somete a la consideración de los miembros de la comisión una alteración del orden del día, de tal forma que la pregunta del senador Saura Laporta, que figuraba en tercer lugar, se formulará en penúltimo lugar; y la pregunta del senador Medina Tomé, que figuraba en segundo lugar, se formulará la última de todas ellas.
¿Están todos ustedes de acuerdo? (Asentimiento.)
A continuación, procederemos a aprobar el acta de la sesión anterior.
¿Desean hacer alguna alegación?
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)
Pregunta sobre el número de afectados por participaciones preferentes suscritas por las cajas de ahorros gallegas e importe aproximado de las mismas. (681/000142)
AUTOR: FIDALGO AREDA, MIGUEL (GPS).
La señora VICEPRESIDENTA (Jiménez García): El punto primero del orden del día es la contestación del Gobierno a las preguntas.
Doy la bienvenida al señor secretario de Estado de Economía, don Fernando Jiménez Latorre.
Para formular su pregunta, tiene la palabra el senador Fidalgo Areda, del Grupo Socialista.
El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señora presidenta.
Señor secretario de Estado, traigo una pregunta reconvertida porque fue contestada parcialmente, y tengo que decir que de forma muy insatisfactoria, ya que no se daba respuesta a algunas cuestiones planteadas, como el número de afectados, etcétera, ante una cuestión de completa actualidad.
En Galicia ―que es la zona a la que se ciñe la pregunta―, una operación desastrosa hizo que en un país que contaba con dos cajas y varios bancos, después de la gestión de unidad del señor Núñez Feijóo, contemos con cero cajas y cero bancos, y con unas entidades que probablemente se estén preparando para que otros grupos más potentes tengan más negocio, aunque las empresas y familias dispongan de menos crédito y los gallegos cuenten con menores servicios.
En este momento en Galicia están afectados por preferentes aproximadamente 43 000 ciudadanos ahorradores, más los 100 000 ciudadanos afectados por subordinadas. Personas que creían que tenían unos depósitos seguros, que por distintas técnicas se los han captado para invertir en operaciones ruinosas fuera de la comunidad autónoma de Galicia y que les han llevado a la ruina. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y el Gobierno se ha dedicado a salvar a las entidades dejando absolutamente abandonados a estos ahorradores. Unos ahorradores que han sido utilizados, en concreto en Galicia en período electoral, prometiéndoles soluciones que no llegan. Un Gobierno que es capaz de encontrar 100 000 millones de euros para salvar los grandes agujeros de la gran banca, que tiene 9500 millones para ayudar a Novagalicia Banco para entregárselo en el futuro a algún grupo, y que es incapaz de encontrar 903 millones para los ahorradores que han sido engañados con este timo de las preferentes. Por lo tanto, es necesario hacer todo lo posible para devolver esos ahorros a estas familias, a los 43 000 ahorradores con preferentes y a los 100 000 con obligaciones subordinadas de Galicia, que son personas humildes, trabajadoras, que han estado trabajando en la emigración, en el mar, en la agricultura, para ahorrar a lo largo de cuarenta o cincuenta años y con ello asegurar unos ciertos ingresos y sobrevivir a la vejez.
No es admisible la solución del Gobierno, no son admisibles las quitas salvajes en el caso de las preferentes, que se anuncian de hasta un 43%, y con una segunda quita, el canje de títulos, que viene a ser la versión moderna de las estampitas. Una solución que no se puede admitir que la den los mismos bancos que crearon el timo. Una solución que no está en el mercado porque en este momento en el caso de Novagalicia Banco, el FROB, el Gobierno como accionista mayoritario es el mercado. Por consiguiente no hay mercado, el Gobierno es el único mercado y es quien consuma esa estafa y, por lo tanto, no puede gestionar la solución. No puede reírse de los afectados, rebajarles su dinero a la mitad, decirles que lo van a cobrar el año que viene y el resto en siete años, en estampitas que no se sabe qué valor van a tener. No es admisible. Yo le quiero reiterar en nombre de los afectados que conozco que no se va a admitir ninguna solución que no sea recuperar todo el dinero y que lo recuperen todos los estafados. Lo contrario generaría una frustración que no es soportable. No se puede seguir humillando a los ciudadanos afectados, ni vejarlos, ni tratarlos como si fueran revolucionarios. Son personas de 70, de 80 años, que a su edad no tienen que pelearse con los antidisturbios y cada día andar en manifestación. Es el Gobierno quien tiene que dar las soluciones que reclaman todas las administraciones públicas de Galicia, incluido el Parlamento de Galicia, que acordó hace unos días solicitar que no se hagan quitas, que se recupere la totalidad de los ahorros, asesorar y prestar asesoramiento a los afectados, pedir todos los medios necesarios para que los mecanismos de arbitraje funcionen a fin de recuperar todo el dinero y que se actúe con criterios conocidos y públicos. Y llegado el caso, si hubiera que responder por parte del Estado, el Estado como responsable civil de esta operación también sería justo que arbitrase los medios, en forma de indemnización o como sea. Por eso demandamos al Gobierno hoy que se comprometa a salvar a los estafados que son víctimas. Creo que la primera obligación del Estado es salvarlos, y en estos días de Semana Santa le pido que acaben por fin con el vía crucis y la crucifixión que están pasando estos ahorradores.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Economía.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA y apoyo a la empresa (Jiménez Latorre): Gracias, señor presidente.
El Gobierno es muy consciente de la situación creada por la comercialización masiva de productos de capital complejos entre pequeños ahorradores. Y el Gobierno ha estado en todo momento comprometido para evitar que se produzca una comercialización de este tipo en el futuro, buscando fórmulas que den una solución que compatibilice la mejor respuesta a los afectados con el necesario cumplimiento de la normativa comunitaria de ayudas de Estado y los planes de reestructuración y resolución, aprobados por la Comisión Europea, y el respeto de los principios de la menor carga al contribuyente en los procesos de saneamiento y reestructuración de las entidades bancarias.
Consciente de esta problemática que, por otra parte, es heredada en la medida en que la comercialización masiva de estos productos se produjo en el pasado, se aprobó el Real Decreto Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que fue tramitado parlamentariamente como Ley 9/2012, de 14 de noviembre, introduciendo una disposición adicional decimotercera de medidas adicionales de protección del inversor. Se trata de desincentivar la comercialización masiva de estos productos introduciendo un requisito de participación de inversores mayoritarios del 50% en las emisiones; es decir, el 50% de las emisiones de este producto deben estar suscritas por inversores profesionales, inversores especializados, lo que garantiza la seguridad y la consistencia de las emisiones. Además, exige una compra mínima de 100 000 euros en el caso de las entidades no cotizadas y de 25 000 euros en el caso de las cotizadas. Adicionalmente, se incrementan los controles que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la comercialización de estos productos, exigiéndose a los suscriptores minoristas que escriban de puño y letra que han sido advertidos de la complejidad del producto y de su no idoneidad para su adquisición.
Posteriormente, el Real Decreto Ley 6/2013, de 22 de mayo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, introdujo dos iniciativas también relacionadas con el problema de la comercialización en tramo minorista de estos productos complejos de capital. Por una parte, se creó la comisión de arbitrajes, la cual trata de hacer un seguimiento, trata de hacer propuestas de criterios para agilizar los arbitrajes, trata de establecer también una prelación o un trámite de mayor rapidez para los colectivos más vulnerables y la posibilidad de fijar criterios para que las entidades que se someten a arbitraje sigan estos criterios de resolución de los casos de mala praxis en la comercialización. Esta comisión estará presidida por la presidenta de la CNMV y vicepresidida por el Banco de España, de forma que el Parlamento estará debidamente informado de los avances en los procesos de arbitraje y, en su caso, hará las propuestas que estime oportunas tanto al Parlamento como al Gobierno.
Otro aspecto importante de este real decreto ley fue el otorgar al Fondo de Garantía de Depósitos la capacidad de dar liquidez a las acciones de entidades que no cotizan en bolsa, con objeto de evitar una penalización adicional al hibridista que se convierte en accionista, consecuencia de los procesos de canje que han de realizarse en cumplimiento de los planes de reestructuración aprobados por la Unión Europea. Esta posibilidad de crear un mercado para unas acciones que no cotizan y que no tienen perspectivas de cotizar, de acuerdo con los planes de reestructuración aprobados en la Unión Europea, se harán a precio de mercado, de forma que será un valorador independiente el que determine el precio al que se ha de realizar esa adquisición, que, repito, la hará de forma voluntaria el titular de la acción y habrá de cumplir, por tanto, con los criterios de reparto de carga, ayudas de Estado y no transferencias al sector privado que establece la Unión Europea.
En lo que se refiere a número de titulares de instrumentos híbridos, la situación de Novacaixagalicia es la siguiente: estamos hablando, antes de los arbitrajes, de 85 000 titulares minoristas de instrumentos híbridos de capital por un importe total de 1819 millones de euros, que se desglosa en 38 500 titulares de participaciones preferentes por un importe de 903 millones de euros, 5800 titulares de deuda subordinada perpetua por un importe de 58 millones de euros, y 41 000 titulares de deuda subordinada con vencimiento por un importe total de 857 millones de euros. Han de tener en cuenta que hay varios titulares que son a su vez titulares de distintos instrumentos, con lo cual el número de afectados total es inferior a esos 85 000 millones que mencionaba al principio. Si tenemos en cuenta la participación de inversores mayoristas o de inversores institucionales en este tipo de instrumentos, llegamos a la cifra de 2374 millones de euros de instrumentos híbridos de capital de esta entidad. Si bien las entidades podían hacer canjes por acciones en la medida en que querían dar una salida pronta a esta situación de liquidez de inversiones previas realizadas, en el caso de las entidades que recibían apoyo público esto no lo podían hacer de acuerdo con la normativa europea, y por eso se ha tenido que esperar a la aprobación de los planes de reestructuración para llevar a cabo los canjes en cuestión. La comisión ha sido muy estricta en la aceptación de los canjes; se ha negociado de la mejor manera posible y se ha conseguido que los canjes sean lo más generosos posibles en la medida en que se convertía al titular de estos instrumentos en accionista y, en consecuencia, con eso se aligeraba de forma importante la carga que finalmente el contribuyente tendría que soportar para sanear la entidad.
Dentro de las normas y los preferentes comunitarios, hay toda una prelación de cómo se debe soportar la carga de esos apoyos públicos, empezando, en primer lugar, por los accionistas; a continuación, los titulares de preferentes; después, los titulares de deuda subordinada perpetua; y, por último, los titulares de deuda subordinada a vencimiento. Este principio es muy estricto en la Unión Europea, basta con mencionar, por ejemplo, el rescate de la entidad holandesa SNS Reaal, la cuarta entidad bancaria y de seguros del país, donde los titulares de instrumentos híbridos de capital soportaron el 100% de la pérdida del valor de sus títulos.
En lo que respecta al resultado final de los canjes, en cumplimiento de los planes de reestructuración y ya con las cuentas auditadas del año pasado, los recortes que sufrirán los titulares de estos instrumentos son: del 43% para los titulares de participaciones preferentes, del 41% para los tenedores de deuda subordinada; en el caso del Banco Gallego, estos recortes serán del 50% y del 39% respectivamente. Quiero indicar que se trata de recortes medios por instrumento. Cada instrumento tiene sus características en la medida en que se tiene en cuenta el tipo de interés de la emisión y, por tanto, incluso dentro de las preferentes habrá recortes distintos; estoy hablando, por tanto, de recortes medios. Y en el caso de la deuda subordinada a vencimiento, los tenedores tendrán opción de canjearla bien por acciones del banco, previo descuento correspondiente sobre el nominal, o bien canjearla por bonos o depósitos bancarios con el mismo vencimiento y con un previo descuento del nominal del 1,5% por mes hasta la fecha del vencimiento del título en cuestión. Ello hace que el recorte medio estimado para esta categoría de títulos esté en torno al 22% para el caso de Novacaixagalicia y del 11% para el caso del Banco Gallego. En conjunto, el porcentaje medio de los instrumentos híbridos de capital, el recorte que en término medio soportarán los titulares de estos instrumentos en Novacaixagalicia está en torno al 33%.
En definitiva, aquí se ha optado por tres iniciativas. La primera, salvar a la entidad. La entidad tenía unas necesidades de capital muy significativas que ponían en evidencia la inviabilidad de su negocio. Era importante salvar a la entidad y garantizar su permanencia en el mercado. La segunda, para los casos en los que la comercialización fuese más cuestionable se establece un procedimiento rápido y ágil de arbitraje para permitir la recuperación de la totalidad del importe invertido por los ahorradores. Y la tercera es, en la medida en que se aplican los criterios de reparto de la carga de los planes de reestructuración para evitar o tratar de minimizar el coste para el contribuyente en el proceso de saneamiento, permitir también una solución de liquidez a aquellos que lo deseen y que prefieran esa liquidez a precio de mercado en lugar de esperar a la eventual enajenación de la entidad para obtener la liquidez de la participación en la nueva entidad adquirente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jiménez Latorre.
Para réplica, tiene la palabra el senador Fidalgo.
El señor FIDALGO AREDA: Señor secretario de Estado, evidentemente no hablamos de lo mismo. No estamos hablando de un problema de inversores que hayan tenido mala suerte en su apuesta por una inversión, estamos hablando de ahorradores estafados bajo figuras disfrazadas de inversiones; por lo tanto, no son inversores, son señores mayores que han ahorrado lo poco que han podido ahorrar —50 euros al mes o lo que sea— para tener en la vejez una tranquilidad. Personas que a sus ochenta años tienen que estar manifestándose todos los días y que sienten una gran frustración porque a este problema no se le da solución.
No busque disculpas ni escapatorias. Ni es un problema de la Unión Europea, que ve bien el arbitraje y la posible indemnización del Estado, etcétera, ni del pasado. En Galicia, en este caso concreto las preferentes se detectan por los ahorradores cuando les dejan de pagar los intereses y van a la entidad y no pueden recuperar su dinero. Por cierto, ha jugado mucho a favor de esta operación el forzar una fusión inviable por parte del señor Feijoo en Galicia, que se ha dedicado mucho a intentar salvar la entidad —dice él—, pero ningún esfuerzo en salvar a los estafados. Somos capaces de buscar 9000 millones para la entidad y no encontramos 900 millones para los estafados. Por lo tanto, no hablamos de problemas financieros de inversores ni de una operación financiera.
No sé cómo decirlo, pero los ahorradores estafados no van admitir ninguna quita, que se les rebaje el dinero al 50% y que luego el restante 50% se les dé en papel a siete años, ni canjes ni cosas por el estilo. Quieren una solución para recuperar sus ahorros, como, por cierto, los ha recuperado una pequeña parte a través del arbitraje, pues de los 60 000, aproximadamente 14 000 han recuperado una pequeña parte. Es verdad que más bien en período electoral que ahora que está absolutamente congelado. Hay vías para resolverlo y el Gobierno debería aplicarse porque tiene mecanismos, poder y potencialidad para ello, y, además, en concreto, Caja Galicia es del Gobierno, que es el FROB, y es el accionista mayoritario de esta entidad. Por lo tanto, no nos hable de soluciones a un problema financiero, háblenos de soluciones a personas que han sido engañadas. Evidentemente, la frustración que estamos creando con dilatar una solución que habrá que tomar algún día de una forma o de otra está poniendo en riesgo serio la convivencia en Galicia y la paz social que todos merecemos y que merece también, incluso, el propio sistema financiero gallego.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fidalgo.
Les rogaría a todos cierta moderación en el uso de calificativos que tienen trascendencia jurídica; es decir, cuando hablamos de estafa, la estafa tiene un contenido jurídico que mientras no está demostrada no existe. Se puede hablar de engaños. Hay terminología política que permite que tengamos la libertad de expresión adecuada y correspondiente a la Cámara, y hay otra terminología que tiene trascendencia jurídica que yo creo que excede de esa capacidad de libertad. Simplemente pido moderación en el uso de este tipo de expresiones.
El señor FIDALGO AREDA: Señor presidente, no le admito la corrección en una cuestión que atañe a representados míos, ya que tengo la obligación de expresar aquí fielmente el sentir que tienen.
El señor PRESIDENTE: Sí, senador Fidalgo, usted puede expresar el sentir que pueda tener alguna persona, pero en aras de un entendimiento parlamentario lo que tiene trascendencia jurídica, tiene transcendencia jurídica, y lo que no debe tener transcendencia jurídica, no hay que dársela. Simplemente, le pido moderación en las expresiones, de forma que no vayan más allá de la libertad de expresión que debemos tener en las propias Cámaras. Perdón por esta interrupción.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (Jiménez Latorre): Gracias, presidente.
En esa misma línea, efectivamente, el organismo que vigila el cumplimiento de la comercialización de este tipo de productos es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La comisión ha hecho su seguimiento y ha hecho su valoración; cuando ha identificado casos de mala práctica, los ha sancionado. Lo que ha hecho con el arbitraje es un esfuerzo muy significativo para dar una solución rápida cuando ha habido una mala práctica en la comercialización de estos productos; para dar en los casos más llamativos, bien sea por la edad del titular, por su nivel cultural, por su nivel de renta, una solución rápida para la recuperación de esa inversión, asumiendo la entidad todo el coste de la pérdida que debe soportar para sanear la entidad financiera. Todo esto debe hacerse dentro de la normativa europea de ayudas de Estado —ahí hay unos límites—, con independencia de si consideramos que es el contribuyente y no el titular de un instrumento de capital el que debe soportar las pérdidas de las inversiones; esa es una cuestión en la que la Unión Europea y la ortodoxia, respecto de los saneamientos bancarios, están claramente a favor de que no sea el contribuyente el que deba soportar esos costes, y esos son los equilibrios que se han alcanzado.
El Gobierno es muy consciente de este problema y ha tratado de poner en práctica cuantos instrumentos están disponibles dentro de la normativa europea para dar la mejor solución a los casos más llamativos. Y no estamos hablando de siete años; a lo mejor la confusión de los siete años viene dada por el hecho de que es al sistema financiero al que se le está pidiendo que también soporte y ayude a solucionar la ausencia de un mercado para los preferentistas que se han convertido en accionistas de entidades que no cotizan, estos sí que deberán hacer una aportación extraordinaria al Fondo de Garantía de Depósitos durante siete años; pero el preferentista que quiera recuperar la liquidez de sus acciones podrá hacerlo de forma inmediata. Por tanto, se da una solución que si la comparamos, como he comentado, con las soluciones en el caso holandés y otros Estados miembros, es satisfactoria para la magnitud de los problemas a los que se enfrentaba el banco en cuestión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Pregunta sobre si considera el Gobierno que las políticas de ajustes drásticos que está adoptando conducen al crecimiento económico y a la generación de empleo. (681/000268)
Autor: MARRA DOMÍNGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES (GPS)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta de la senadora Marra Domínguez, que tiene la palabra para su formulación.
Esta pregunta es en relación con las políticas de ajuste que está adoptando el Gobierno y si estas conducen al crecimiento económico y a la generación de empleo.
Quiero señalar algo que es conocido por todos: a lo largo de 2012 han sido numerosas las políticas del Gobierno que han supuesto ajustes drásticos, tanto en políticas sociales, en educación, en becas, incrementos de tasas, etcétera, y ahora todo esto se está trasladando a la Xunta de Galicia. Hemos oído recientemente que el Gobierno de la Xunta de Galicia va a reducir las ayudas a comedores escolares, en concreto les va a quitar gran parte de esas ayudas y va a imponer un tupper, además, un tupper discriminatorio: por lo visto van a hacer que los niños que lleven tupper coman aparte. Por lo tanto, aún más políticas drásticas y de ajuste: en sanidad, con copagos. En la Comunidad Valenciana hemos visto recientemente un informe en el que se pone de manifiesto que habrían sido muchas las muertes que se podrían haber evitado si no tuviese un sistema de privatización de la sanidad.
También en políticas básicas para generar crecimiento económico y estímulo de crecimiento. El objetivo que ha tenido el Gobierno a lo largo de este año, como bien se ha señalado, es la consolidación fiscal, esto es, la reducción del déficit público, por cierto, un déficit público que no ha alcanzado los objetivos que en un principio tenía el Gobierno, esto es, al final se ha quedado en un 6,7%, tal como ha señalado el Gobierno y, teniendo en cuenta el rescate bancario, se ha ido a cerca de un 10%. Reitero que este dato, a pesar de que el Gobierno dice que no es consolidado y a pesar de que, como bien señala, las condiciones para devolverlo van a ser distintas, sí que es un déficit y, por lo tanto, se debe tener en cuenta, además de que va a recaer sobre todos los españoles.
A la vista de esto, los resultados que hemos podido ver a lo largo de este año en relación con las políticas que ha adoptado el Gobierno son realmente desastrosos. Me quiero ceñir al empleo y a las perspectivas de crecimiento.
En relación con el empleo, como ya se ha podido constatar en los datos que hemos visto recientemente de la EPA, en 2012 se han perdido 850 000 empleos −700 000 parados más−. La cifra de paro está en 5 965 400 desempleados, con una tasa de desempleo del 26,02%. Se trata del incremento más elevado nunca habido en la historia −más de tres puntos porcentuales−, con 258 700 hogares más en desempleo y la tasa de jóvenes desempleados es desorbitada −un 55%-; cerca de un millón de desempleados. Por lo tanto, los resultados no podrían ser más desastrosos.
Podríamos decir exactamente lo mismo en cuanto al crecimiento, porque el Gobierno, en lugar de apostar por políticas de crecimiento, con estos recortes drásticos lo que ha hecho es ahondar más en esta recesión. En el año 2012 se ha producido un decrecimiento del 1,4% del PIB, pero las estimaciones para el 2013 la verdad es que no son nada buenas. De hecho, el Gobierno ha estimado que el decrecimiento será del 0,5%, pero todos los expertos señalan que esto no es real porque nos iremos a un decrecimiento del 1,3 ó 1,5% −1,3 en el mejor de los casos−. Por lo tanto, todas las previsiones y todos los ajustes han dado claramente como consecuencia una política desastrosa por parte del Gobierno. Por ello le pedimos desde aquí que tiene que rectificar, y la primera rectificación que hemos visto −parece que el Gobierno ya se ha dado cuenta de ello, tuve ocasión de señalárselo aquí al secretario de Estado en la Comisión de Presupuestos en 2012− se refiere al marco macroeconómico, que parece que no era ni el correcto ni el realista. De hecho, parece que ahora el Gobierno va a rectificar, y una de las preguntas que quiero ya plantear es por dónde va a ir esta rectificación, es decir, si sabe ya cuál va a ser la nueva tasa de crecimiento que va a considerar −porque la cifra del 0,5% queda descartada−. Por lo tanto, quisiera saber cuál es ese nuevo marco macroeconómico tanto en tasa de crecimiento como en tasa de desempleo, que lógicamente va a dar lugar a una reestructuración del presupuesto. Quisiera saber cuáles van a ser los nuevos ajustes a que va a dar lugar este nuevo marco macroeconómico y, como consecuencia, el nuevo ajuste que se va a dar en los presupuestos para el año 2013.
Poco más que decir porque parece que el Gobierno sigue empeñado en esa idea de seguir con la consolidación fiscal, con la reducción del déficit, sin llevar a cabo una flexibilización de este déficit presupuestario −que es lo que se está pidiendo en toda España, pero también a nivel de la mayoría de los expertos en economía−, y, por lo tanto, que se apueste por políticas de crecimiento porque, créame, sin crecimiento no es posible generar empleo, y para ello es necesario apostar por políticas de crecimiento que generen un mayor consumo, una mayor inversión, una reactivación de la economía y que, por lo tanto, sea posible un mayor crecimiento económico.
Para la contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (Jiménez Latorre): Muchas gracias, presidente.
Efectivamente, la economía española parte de unos desequilibrios muy significativos en lo que se refiere a deuda privada, endeudamiento externo, deuda pública, desequilibrio exterior; por tanto, es necesario proceder a la corrección de esos desequilibrios. Estamos hablando de niveles muy significativos, de una deuda externa del 90% del PIB frente al 30% que se considera el nivel máximo razonable o de estabilidad dentro de la Unión Europea. Se trata de desequilibrios que en buena medida responden a un proceso de fuerte expansión del crédito; a una fuerte inversión en la canalización de ese crédito hacia el sector inmobiliario; a una fuerte expansión del sector inmobiliario, con una fuerte subida del precio inmobiliario, a una burbuja en los precios inmobiliarios; a un exceso del gasto privado, que favorecía también una espiral de precios y un progresivo deterioro de la competitividad externa de la economía; así como a un fuerte crecimiento del endeudamiento privado, alcanzando niveles en 2010 en torno al 220% del PIB.
Esta financiación y estos desequilibrios financieros no son sostenibles. Bajo el escudo de la Unión Económica y Monetaria se ignoró la magnitud de estos desequilibrios, y tan pronto las dudas vinieron al mercado sobre la capacidad del sector público y del sector privado de hacer frente a la reestructuración de sus deudas y a sus necesidades de financiación, se produjo un vuelco en la apreciación del mercado, una fuerte volatilidad en los mercados y un deterioro significativo en la calificación crediticia no solamente del Estado, sino también de las entidades privadas, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de restaurar la confianza de los mercados a través del saneamiento de las cuentas tanto públicas como privadas.
En el caso de las cuentas públicas quiero destacar que partíamos de una situación relativamente saneada, concretamente de un 36% del PIB de deuda pública en 2007, alcanzando una cifra en torno al 85% del PIB en 2012. Con este fuerte ritmo de crecimiento de la deuda, las dudas sobre la sostenibilidad están servidas. Es necesario invertir estas tendencias de forma que los mercados crean en nuestra capacidad para hacer frente a nuestras deudas y podamos seguir financiándonos.
Por eso se tomaron medidas de ajuste en el sector público en lo que se refiere a la corrección de las cuentas públicas y por eso también, dentro del sector privado, se está produciendo un proceso de desapalancamiento que tampoco favorece el crecimiento en la medida en que a menor crédito, menor financiación de la inversión y, en consecuencia, menor crecimiento. Por esto es necesario sanear las cuentas financieras del sector público y del sector privado, para conseguir una base para el crecimiento y la financiación de la economía.
Los ajustes que se han ido consiguiendo son significativos. Hemos pasado de un déficit público en torno al 9% el año pasado a una cifra en torno al 6,7% este año −una reducción de dos puntos y medio aproximadamente de PIB− en un contexto de fuerte caída de la actividad, de recesión económica, lo cual revela que hemos hecho un esfuerzo muy significativo, esfuerzo que no está exento de costes. Efectivamente, estamos viviendo una fase de caída de la actividad −a menor gasto también menor actividad en el corto plazo−, pero la inversa no necesariamente se cumple. Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, en 2009, cuando se adoptó una política fiscal tremendamente expansiva, pasándose de un déficit del 4,5 al 11,2% y, sin embargo, el PIB cayó en torno a un 3,7%.
El importante saneamiento de las cuentas públicas a todos los niveles de la Administración, tanto de la del Estado como de las de las comunidades autónomas y corporaciones locales, ha tenido muy buena acogida en los mercados. Estas dudas sobre nuestra capacidad para poner en orden nuestras cuentas y hacer frente a nuestras deudas se han ido disipando. Hemos pasado de una prima de riesgo −que el año pasado llegó a estar en torno a 630 puntos básicos− a una cifra que se sitúa en el momento actual en torno a los 350 puntos básicos. El Tesoro está financiando de forma adecuada estas fuertes necesidades a las que tiene que hacer frente a lo largo de este año y los organismos internacionales han reconocido el importante esfuerzo realizado. Los mercados están reconociendo esa capacidad para adaptarnos y hacer frente a los retos que tenemos por delante, y, aunque los datos reales todavía no se han observado, los mercados normalmente se adelantan y estamos observando una importante entrada de capital extranjero y una vuelta a la confianza en nuestra capacidad para crecer y para hacer frente a nuestras obligaciones.
Dentro del sector privado también se están produciendo ajustes importantes en los niveles de deuda. El endeudamiento privado ha pasado de suponer el 227% del PIB al 210% y, dentro del sector exterior, se están haciendo correcciones importantes. Hemos visto cómo en los últimos meses del año la cuenta corriente terminaba con saldos positivos, cómo para el año que viene estimamos cerrar la balanza de pagos por cuenta corriente con saldos positivos, cómo la exportación está teniendo un buen comportamiento. De alguna forma estamos recuperando la competitividad perdida en los años anteriores de fuerte expansión del crédito y esto está permitiendo sentar las bases para ir disminuyendo nuestro endeudamiento externo.
Estos ajustes, en lo que se refiere a las políticas de gasto, han ido acompañados de reformas estructurales importantes, tanto en el sistema financiero como en el mercado de trabajo y en el mercado de productos, que están contribuyendo a la recuperación de la confianza y de la competitividad. Podemos hablar de si efectivamente la magnitud y la intensidad de los ajustes deben ser tan considerables como la realizada este año y si de cara al futuro se puede hacer de una forma más atemperada. Existe cierto debate dentro de la Unión Europea sobre el plazo en el que se ha de conseguir el restablecimiento de las cuentas públicas a una situación próxima al equilibrio, es la discusión que tiene lugar en este momento.
Nosotros tendremos que elaborar nuestro programa de estabilidad a lo largo del mes que viene y ahí vendrán recogidas nuestras previsiones económicas. Podemos decir por lo que se refiere al grado de cumplimiento de las previsiones pasadas que para este año estimábamos que el PIB iba a caer en torno a un punto y medio −y todo el mundo nos criticó por ser excesivamente optimistas− y a nivel internacional existía un elevado número de estimaciones que señalaban una caída sensiblemente por encima de esa cifra, pero al final hemos terminado con una caída del 1,4% del PIB. Para el año que viene tomaremos toda la información disponible para hacer nuestro cuadro macroeconómico. En todo caso, yo creo que sí hemos dejado atrás lo peor del ajuste. Los datos que van llegando a lo largo de este primer trimestre del año indican que, siendo todavía negativos, no van a tener la misma intensidad que en el cuarto trimestre del año anterior, con lo cual yo creo que ya estamos invirtiendo esa tendencia en la caída de la actividad, de forma que, a partir de la segunda mitad del año, ya estemos en ritmos neutros y aproximándonos a cifras positivas de crecimiento. Esperamos que para este año no sean necesarias medidas adicionales de corrección del déficit como las adoptadas el año pasado, buena parte de ellas inciden sobre las cuentas de este año, con lo cual podremos continuar mejorando nuestros saldos presupuestarios sin medidas adicionales, lo cual permitirá que las medidas de ajuste no ahoguen la recuperación económica que estamos perfilando.
Para réplica, tiene la palabra la senadora Marra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Seré breve porque claramente discrepamos.
Nosotros consideramos que ya se deberían haber flexibilizado esas medidas de consolidación fiscal. Sí es necesario equilibrar esas cuentas públicas, eso es cierto, lo que pasa es que la forma en que se está haciendo no es la adecuada, y de hecho se está viendo. Con los ajustes drásticos que en este momento estamos sufriendo en la economía, la pobreza que está viviendo este país está llegando a límites extremos. No se puede querer conseguir, únicamente y a toda costa, la consolidación fiscal y reducir el déficit sin tener en cuenta las consecuencias que esto está teniendo en la economía y su repercusión en la sociedad.
Por lo tanto, es necesario que el Gobierno flexibilice de una vez ese déficit −es necesario, es urgente−, y es urgente también que emprenda políticas de crecimiento. De hecho, yo pensaba que de esta última cumbre europea a la que acudió el señor Rajoy saldrían ya algunas medidas para estimular el crecimiento económico en toda Europa, es algo que yo entendía que ya se debería estar exigiendo en toda Europa, pero no parece que haya sido así y nuevamente volvemos hacia atrás, a las medidas de austeridad y a no apostar por el crecimiento y por la creación de empleo. Yo considero que así va mal el Gobierno. Mientras el Gobierno no apueste por políticas de crecimiento y por una mayor flexibilización en las políticas del déficit no será posible generar empleo y crecer en esta economía. Eso es lo que, en principio, yo considero necesario.
Además, el Gobierno tampoco está considerando que el mayor problema que tienen las cuentas públicas es de ingresos y no tanto de gastos. Los ingresos han caído de una manera desproporcionada a lo largo de este año y, por lo tanto, hay que favorecer ese incremento de ingresos. Y esto se hace también a través políticas de crecimiento. Solo con políticas de crecimiento que estimulen la inversión en la economía y apostando más por la I+D, por la educación y por la inversión en los sectores productivos acabaremos creciendo y generando empleo, es la única manera.
Finalmente, quiero apuntar un único matiz en relación con la deuda pública. Parece –y el secretario de Estado lo ha reconocido- que la deuda pública ha aumentado este año en 14 puntos porcentuales −solo en lo que va de año−, es decir, estamos en un 85% de deuda pública, y una gran parte de los presupuestos de este año se los come el pago de esos intereses de la deuda pública. Y las previsiones no son buenas, porque se prevé llegar a un 100% de deuda pública al finalizar este año. Por lo tanto la previsión no es nada buena. Yo creo que es el momento de rectificar y de apostar por políticas de crecimiento y de flexibilizar la consolidación fiscal.
Para dúplica, tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (Jiménez Latorre): Muchas gracias, señor presidente.
Hay límites y flexibilidades que uno no se las puede permitir. Todos recordamos las tensiones en los mercados el año pasado y todos debemos ser conscientes de que pertenecemos a un club en el que existen unas reglas del juego y unas normas y unos objetivos y procedimientos que cumplir. Por tanto, debemos ser conscientes de la magnitud de los desequilibrios de los que partimos y, dentro de este marco, conseguir su corrección de la mejor forma posible. En este sentido, yo creo que lo que se ha hecho ha tenido un impacto positivo en los mercados y en nuestros socios comerciales, y estamos demostrando que, pese a la magnitud del reto que tenemos delante, nuestra determinación es hacerle frente.
Efectivamente, en lo que se refiere al nivel de endeudamiento ha habido un aumento importante este año −buena parte se debe a medidas de un solo efecto−. Estamos hablando, por ejemplo, del Plan de pago a proveedores, de la deuda comercial acumulada en los años anteriores al 2012. Había un importante problema de impago a proveedores de los servicios públicos, tanto en comunidades autónomas como en ayuntamientos, y había que darle solución, porque tenía además una incidencia importante en el tejido empresarial y, en consecuencia, en sus decisiones de inversión, crecimiento y empleo. Se hizo ese Plan de pago a proveedores, que supone la mayor operación de préstamos sindicados en la historia de este país; esto supuso tres puntos adicionales de deuda, al convertir deuda comercial, que no computa como déficit público, en deuda pública. Y luego la otra parte importante también se refiere al saneamiento del sistema bancario. Estamos hablando otra vez de en torno a los cuatro puntos de deuda pública lo que ha sido la financiación de la recapitalización y reestructuración del sistema financiero. Era importante disipar las dudas sobre la capacidad del sistema para hacer frente a una situación económica un poco desfavorable. Es importante que el sistema financiero recupere la confianza también en los mercados para poder financiarse y a su vez cumplir su función, que no es otra que la de financiar a la economía, y, por tanto, financiar el crecimiento; y los otros siete puntos son por la propia dinámica del déficit. Efectivamente, a mayor deuda, a mayor carga de intereses, mayor dificultad para poder hacer política de gasto social, lo cual demuestra en consecuencia la necesidad de ajustar cuanto antes el todavía elevado nivel de déficit público.
Las reformas estructurales son importantes para recuperar la competitividad perdida. Las exportaciones están teniendo un comportamiento muy favorable. La inversión extranjera también está siendo atraída por esta mejora de la competitividad de nuestras empresas, lo cual a su vez también está teniendo un impacto positivo sobre el empleo. Estimular la inversión con políticas de crecimiento, tiene que ir por esa vía: debe ser el sector exterior el que empiece estimulando la inversión porque ahí es donde están teniendo éxito las ventas y, en consecuencia, por ahí pueden surgir nuevas necesidades de inversión y aumento de la capacidad.
El resto, lo que es la demanda doméstica, sigue bastante débil y, por tanto, habrá que esperar todavía cierto tiempo hasta que esa recuperación de la inversión asociada a la exportación se traduzca también en las variables domésticas y empiece a recuperarse la demanda doméstica.
Pregunta sobre la opinión que le merece al Gobierno y las medidas que adoptará en relación con la situación en la que se encuentra Novagalicia Banco (NCG), teniendo en cuenta los planes de la Comisión Europea.
(Núm. exp. 681/000607)
Autor: MARRA DOMÍNGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES (GPS).
Pregunta sobre las medidas a adoptar por el Gobierno ante la posibilidad de que la Comisión Europea exija la reducción de la plantilla del personal de Novagalicia Banco (NCG).
(Núm. exp. 681/000608)
El señor PRESIDENTE: Las dos preguntas siguientes, que corresponden a la senadora Marra, se refieren a cuestiones que afectan a la misma entidad, Novagalicia Banco. Quizá pueda formularlas de forma conjunta. Seremos flexibles en cuanto a los tiempos, tal y como lo hemos sido hasta ahora.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: En tal caso, tiene usted la palabra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
El pasado 28 de noviembre del 2012 la Comisión Europea aprobó el plan de reestructuración de las entidades financieras nacionalizadas, las del grupo 1, entre las que se encuentra Novacaixagalicia Banco. En el comunicado de la Comisión Europea se establecía que el futuro de estas entidades pasaba por la venta y la desaparición antes de que se concluyese el periodo de reestructuración de cinco años. En caso de no proceder a la venta, las autoridades españolas presentarían un plan de resolución ordenada. Con ello la Comisión Europea ponía fin a un proceso calamitoso de fusión entre las dos cajas gallegas, entre Caixa Galicia y Caixanova, una fusión propiciada por la Xunta de Galicia –al frente el señor Núñez Feijóo- que encargó una due diligence a una auditoría externa para avalar la viabilidad de la fusión y forzar así el proceso. Un documento que decía que la nueva entidad lograría beneficios el primer año con unos costes de reestructuración de 485 millones de euros y que se amortizaría en el 2013 según la consejera de Hacienda en aquella época, la señora Marta Fernández Currás, hoy secretaria de Hacienda en el Gobierno de España.
La auditoría, que nunca vio la luz ni se remitió al Parlamento de Galicia y que costó un millón de euros, pagado con fondos públicos, sí sirvió para impulsar esa fusión. Una fusión de hecho anunciada por el señor Núñez Feijóo en un acto con los máximos responsables de las dos cajas hace aproximadamente dos años y medio. Una fusión que, reitero, forzó el señor Núñez Feijóo con una solvencia prometida; y una fusión que fue un fracaso porque, tras llevarse a cabo, Novacaixagalicia fue nacionalizada por el FROB, se estableció un valor económico con un importe negativo de la entidad de 3091 millones de euros, y se especificaba en el proceso de recapitalización que se destruirían miles de puestos de trabajo, se cerrarían cientos de oficinas, teniendo que realizarse inyecciones masivas de capital próximas a los 10 000 millones de euros, sin olvidar el durísimo impacto sobre la obra social y cultural de las antiguas cajas y el cierre de crédito a miles y miles de pequeños empresarios de Galicia.
En ese proceso de rescate la entidad financiera gallega tendría que hacer frente a una reducción de su red de oficinas de entorno a un 50% y de su tamaño en un 60%, lo que conllevaría y está conllevando despidos masivos en la entidad. De hecho, los activos totales de Novacaixagalicia Banco deberían pasar de 72 129 millones en 2011 a cerca de 30 000 ó 40 000 al cierre del 2017; la mayor reducción en préstamos a la clientela, así como la reducción en oficinas, que pasarían de 1222 oficinas a 400 ó 500, y la plantilla se reduciría de 9842 a cerca de 3000 ó 4000 empleados.
Respecto a las cajas de ahorro fundadoras, las fundacionales y otros accionistas, asumirían una pérdida completa de los derechos económicos en las entidades, lo que supondría prácticamente la desaparición de la ingente obra social y cultural que se venía realizando por parte de las cajas. Un dato: en el caso de Novacaixagalicia, en el año 2012 tenía un presupuesto de 35 millones de euros para obra social, principalmente para auxiliar a miles de ciudadanos a través del mantenimiento de asociaciones de emergencia social, banco de alimentos, comedores, etcétera, por cierto, un presupuesto que depende de la participación, de ese 6,8% que tiene la Caixa en Novacaixagalicia Banco, y si esa participación desaparece, lógicamente desaparecerá la obra social. En principio está presupuestada en 176 millones de euros, que es el compromiso de inversión que se tendría hasta 2016.
Y la primera pregunta que planteo aquí es qué va a ocurrir con esa obra social. Es decir, como bien se establece en el plan de reestructuración, la fundación desaparecería y sería absorbida por el banco; por tanto, la obra social también desaparecería. Quiero saber si el Gobierno, como propietario del banco, de Novacaixagalicia Banco, va a garantizar esos 176 millones de euros que tiene comprometidos de inversión hasta 2016. Asimismo quisiera saber cuál es el futuro que ve el Gobierno en la fundación para garantizar su obra social.
En cuanto a los tenedores de participaciones preferentes y subordinadas, algo que ya se ha planteado aquí, las pérdidas suponen claramente, a pesar de lo que diga el señor presidente, una estafa, porque realmente han sido pequeños ahorradores los que están siendo estafados, y de hecho se puede ver claramente: estos pequeños ahorradores se manifiestan en multitud de actos de los que en muchos casos son expulsados y ni siquiera se les permite hablar, ahorradores que tienen todos sus ahorros, todos sus pequeños ahorros en preferentes y en subordinadas.
Nosotros no vamos a permitir ni estos quites ni estos canjes que se están haciendo y, por supuesto, tampoco vamos a permitir una segunda quita, porque, de acuerdo con los planes del Gobierno −es decir, hasta ahora− tanto preferentes como subordinadas pasarán a ser acciones. Lo que sí pediríamos al Gobierno es que esas acciones se pudieran cambiar por el valor nominal de la acción, porque sería un abuso aún mayor permitir una segunda quita a estos tenedores de preferentes y subordinadas. Por tanto, la solución sería –y lo reitero- la devolución íntegra de esos ahorros a esos miles de personas ahorradoras que −repito− se encuentran en una situación realmente triste, viéndose prácticamente al final de su vida sin sus ahorros que tanto sudor y lágrimas les ha costado alcanzar a lo largo de la misma.
Finalmente quisiera plantear una última cuestión en relación con el plan de reestructuración: las duras condiciones que se están imponiendo para los despidos, la reducción de salarios y la reducción de oficinas. Quisiera saber si el Gobierno tiene un seguimiento de todo este proceso.
Termino. Hemos oído que el FROB está avanzando, que presentará un plan estratégico para la entidad con las líneas de actuación. Quisiéramos que también nos hablara brevemente de cuál es ese plan estratégico que va a avanzar el Gobierno con respecto a la entidad Novacaixagalicia Banco.
Quiero aclararle que antes no pretendía hacer ni siquiera una llamada al orden, he hecho una consideración de carácter político en el bien entendido de que la cortesía parlamentaria nos debe llevar también a utilizar las expresiones que sean más correctas y más adecuadas al tenor de nuestras intervenciones. Por ello digo simplemente que cuando algo tiene trascendencia jurídica conviene, para no equivocar a nadie, que se utilice solo en los casos en que la haya. No corresponde a este presidente tampoco calificar el contenido jurídico de una expresión o no, simplemente hago esta consideración. Si lo hubiese considerado más grave habría hecho una llamada al orden, que no ha sido el caso.
Señor secretario de Estado, tiene la palabra para contestar, por favor.
En esa misma línea, yo creo que tampoco deberíamos crear una falsa expectativa sobre lo que se va a permitir o lo que no se va a permitir. Existe normativa estricta de ayudas de Estado; la Unión Europea va a estar vigilando cuál es ese mecanismo de creación de mercado que se va a dotar para estas acciones; si efectivamente el precio de adquisición no es un precio de mercado, se va a considerar que es una transferencia al sector privado, que es una ayuda de Estado, y en consecuencia estará sujeta a autorización, y sabiendo lo que piensa la Comisión sobre esta cuestión, obviamente, no la va a aprobar. Por tanto, esa adquisición tiene que ser a precios de mercado y no es bueno crear una falsa expectativa de que va a ser a otro precio.
Tengamos en cuenta también que la Comisión Europea está muy vigilante de todo el proceso de reparto de cargas. Ahí se aprobó un mecanismo de reparto de cargas más generoso que el habitual en la medida en que en lugar de restituir al titular del híbrido de capital de una aportación de liquidez se le hacía accionista de la entidad, y por tanto esto fue lo que justificó un menor recorte del que establecían los precedentes y las normas de la Unión Europea. Pero por la puerta de atrás no podemos hacer que, efectivamente, se le restituya en liquidez con un recorte equivalente al de conversión en accionista. La Comisión va a vigilar esto muy de cerca y no conviene crear una falsa expectativa de que se pueda hacer a un precio que no sea de mercado.
En lo que se refiere al proceso de fusión de las cajas, si funcionó o no funcionó, posiblemente el origen de las debilidades de las cajas fue lo que justificó buscar las sinergias y tratar de conseguir una situación más sólida a través de la fusión. Bien por la calidad crediticia de la cartera bien por el deterioro de la situación económica, las necesidades de capital son las que son y quisiera dar algunas grandes cifras de estas necesidades de capital. Estamos hablando de unas necesidades de capital en el escenario estresado estimado por Oliver Wyman en todo el ejercicio de la aplicación del Memorando de Entendimiento para la financiación por parte la Unión Europea de estos planes de reestructuración de 7176 millones de euros para esta entidad, necesidades de capitales adicionales tras haber recibido por parte de FROB 1 la cantidad de 1162 millones, que se convirtieron en capital, y de FROB 2 de 2465 millones. Pese a estas aportaciones de capital, a 31 de diciembre del año pasado la entidad cierra con un patrimonio neto negativo −según han estimado los evaluadores independientes que se han contratado en todo el proceso de reestructuración− de 3091 millones, luego es una entidad que no es que valga cero, es que vale 3091 millones en negativo. Por tanto, el valor de las acciones de los antiguos accionistas no es que sea nulo, es que es negativo, con lo cual, efectivamente, las cajas pierden su participación en la entidad y la realización de obra social a través del banco tendrán que buscarla por vías alternativas. Tienen la fundación, si la fundación tiene recursos, si la fundación puede seguir haciendo actividad de obra social, bienvenida sea, y si no los Gobiernos autonómicos −el gallego, igual que el resto− tendrán que hacer frente a la obra social a través del presupuesto al haber perdido el instrumento de las cajas.
El objeto de la participación pública en estas entidades es transitorio; dentro de la aplicación de los planes de reestructuración hay cinco años para que estas entidades que están en procesos de resolución ordenada bien entren en la órbita de una entidad que garantice su viabilidad en un proyecto más amplio, bien han de liquidarse. Mientras tanto el plan es cumplir con los requisitos establecidos en los planes de reestructuración de Bruselas, como no puede ser de otra forma, esto es, reducir costes, deshacerse de la parte de los negocios que no son rentables y tratar de garantizar la viabilidad de las entidades.
Los principios de ayudas de Estado lo que persiguen es que las ayudas sean de una sola vez y por tanto la necesidad de acompañar a las aportaciones de capital los planes de reestructuración; dentro de estos planes de reestructuración −como ha mencionado su señoría− están los ajustes de plantilla, los ajustes de oficinas y el deshacerse de las partes de negocio que son accesorias. Yo destacaría que, efectivamente, lo importante es que gracias a este saneamiento y a esta reestructuración de la entidad se salvan puestos de trabajo; tras el cumplimiento de los planes de ajuste, estamos hablando de en torno a 3300 empleos que se han salvado en una entidad que con estas necesidades de capital tiene unas necesidades de apoyo público en torno a 9052 millones de euros, lo que representa alrededor del 12,3% del activo de la entidad a diciembre de 2010. Una entidad que necesita tal magnitud de apoyo público para sobrevivir tiene su viabilidad más que cuestionada, además estas necesidades de capital público están calculadas contando con la aportación de la participación privada −estamos hablando de titulares de híbridos de capital que aportarán en torno a 1107 millones a la entidad− a pesar de todo esos 9000 millones adicionales de apoyo público, y adicionalmente todo el proceso de saneamiento de la entidad a través de la transferencia de los activos más problemáticos a la Sareb, que supuso una transferencia de activos en valor bruto en torno a 10 400 millones de euros y en valor neto en torno a 5100.
En definitiva, no solamente se ha conseguido mantener y garantizar este número de 3300 puestos de trabajo, sino además devolver a la entidad a una senda de rentabilidad y a una senda que permita continuar cumpliendo su función de financiación de la economía. Los datos que vamos teniendo de este mes son positivos y, por ejemplo, la financiación que concedió a familias y empresas en enero de este año estuvo en torno a 500 millones de euros. Por tanto, entendemos que el proceso de reestructuración de Nova Caixa Galicia, al igual que el de los demás, ha permitido disipar las dudas sobre la entidad y ha permitido restablecer la entidad en una senda que permita cumplir su función de financiar a la economía. Para el futuro el calendario está marcado por los planes de reestructuración; la idea es mantener, preservar el valor de la entidad y conseguir la gestión más profesional y más eficiente posible, de forma que la entidad pueda enajenarse tan pronto el mercado esté en una situación de mayor apetito y sea mejor momento para la venta −hay tiempo para ello, la Comisión nos daba hasta cinco años−, y con esa enajenación tratar de recuperar buena parte de los fondos públicos que se han invertido en la entidad, de forma que volvamos a tratar de minimizar para el contribuyente el coste del saneamiento de esta entidad, igual que el del resto que han recibido apoyo público.
Muy brevemente. A la vista de lo que he oído al secretario de Economía me voy con una gran incertidumbre, ya que, según lo que me está diciendo, está todo en el aire. Estamos nuevamente hablando de que vamos a esperar, vamos a ver cómo avanza, cómo evoluciona la entidad, pero la verdad es que no se están asegurando aquí determinadas cuestiones que son clave.
Hace referencia a la obra social. Yo quiero entender que el Gobierno tiene alternativas para garantizar la obra social. Es decir, el FROB es el que ha nacionalizado esta entidad, por lo tanto, es el que tiene esta entidad y puede decidir preservar la obra social; puede decidir quedarse con una parte de este banco y seguir manteniendo la obra social. Así pues, es una decisión del Gobierno, si el Gobierno no quiere tomarla… Bien.
La entidad tiene unos criterios de viabilidad que, lógicamente, tienen que mantenerse, pero −reitero− hay que anteponer la obra social y hay que anteponer los despidos masivos que se están realizando en la entidad. Los cerca de 9000 trabajadores que tenía la entidad antes de todo este proceso se van quedar, como bien ha señalado el secretario de Economía, en 3300 −quiero entender−. Este es un gran volumen de personas perfectamente capacitadas, muchas de ellas con 55 e incluso con menos años, que se están mandando al desempleo, lo que no me parece una forma correcta de llevar a cabo este proceso de restructuración de la entidad.
Por último, me vuelvo a quedar otra vez con las preferentes y con las subordinadas. Nuevamente el Gobierno no está garantizando que a estos pequeños ahorradores se les devuelva todo lo que han ahorrado en esas preferentes. Yo creo que tiene que ser una obligación de este Gobierno, al igual que se está haciendo en toda Europa −como se ha visto en el caso de Chipre− con aquellos pequeños ahorradores que tienen depósitos de menos de 100 000 euros, a los que se les está garantizado todo el dinero. Aquí estamos hablando de preferentes, de subordinadas, en las que el ahorro ronda esas cantidades y el Gobierno no está garantizado la totalidad del ahorro. Por lo tanto, el Gobierno debe tratar de diferenciar cuanto antes qué es ahorro y qué es inversión. En nuestro caso, el caso de Galicia, la gran mayoría son pequeños ahorradores −la mayoría de ellos personas de avanzada edad− que tienen todos sus ahorros en preferentes o subordinadas, a los que se dejaría prácticamente sin nada. No creo que sea ético, por parte del Gobierno, que se quiera salvar a esta entidad a costa de esos pequeños ahorradores, porque yo creo que el Gobierno tiene a su disposición todas las medidas para que se garanticen esos ahorros a estos preferentistas y a estos tenedores de subordinadas.
El secretario de Estado tiene la palabra para dúplica.
Efectivamente, los despidos que se han realizado son significativos. Vuelvo a poner en relación la magnitud del apoyo público que ha recibido la entidad. Una entidad −y esta es la percepción de la Unión Europea, es la percepción del mercado, es la percepción de cualquier analista objetivo− que necesita ese volumen de recursos públicos para sobrevivir es una entidad no viable. No obstante, se ha conseguido una solución alternativa que, obviamente, requiere un adelgazamiento importante de la entidad; adelgazamiento que, en lo que se refiere a puestos de trabajo, se ha conseguido de forma consensuada, negociada y satisfactoria con los agentes sociales y con una conflictividad laboral muy pequeña. Yo creo que esto hay que ponerlo en valor. También hay que poner en valor que, efectivamente, los trabajadores que permanecen en la entidad han hecho un esfuerzo; se ha minimizado el coste laboral que imponían los planes de Bruselas, en la medida en que también los trabajadores que se mantienen en la entidad asumen sacrificios, por ejemplo, con la apertura de oficinas con horario de tarde y con moderación salarial. Por tanto, es una solución consensuada, no cabe duda de que dolorosa, pero la situación de la entidad era la que era y la alternativa era significativamente peor.
Respecto a la comparación de depositantes con titulares de instrumentos híbridos de capital, la comparación no es válida. Efectivamente, los depósitos son sagrados y ahí no cabe la posibilidad de hacer que el depositante corra con parte del coste del saneamiento de la entidad.
Y −vuelvo a repetir− por lo que se refiere a los titulares de instrumentos híbridos, hemos conseguido el mejor acuerdo posible con la Unión Europea en lo que a recortes se refiere; hemos puesto en marcha los mecanismos de arbitraje para los casos más llamativos y para los colectivos más desfavorecidos que hayan podido adquirir estos títulos sin ser realmente conscientes de los riesgos que asumían. Esos son los equilibrios que hemos tenido que conseguir. Nos tenemos que mover dentro de los márgenes de las restricciones presupuestarias y de la normativa europea.
Respecto al mantenimiento de la obra social, el objeto de la entidad es garantizar su solvencia, garantizar su continuidad y permitir la recuperación de buena parte de los recursos públicos invertidos en la entidad.
Damos por concluida la contestación a estas preguntas.
PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LOS ABUSOS DEL SISTEMA ESPAÑOL DE DESAHUCIOS, SEGÚN DENUNCIA UN GRUPO DE SEIS MAGISTRADOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
(Núm. exp. 681/000534)
AUTOR: SAURA LAPORTA, JOAN (GPEPC)
El señor PRESIDENTE: Al inicio de la comisión se ha informado de una alteración del orden del día a petición de los senadores Medina Tomé y Saura Laporta.
El senador Saura no se ha incorporado todavía a la comisión.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, presidente.
Los sustituyo yo; creía que ya se había puesto en conocimiento de la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Senador Guillot, en principio, en las comisiones no están autorizadas las sustituciones en las preguntas; si actúa como grupo, sí. Por tanto, decaería la pregunta. Esto es lo que marca el Reglamento.
¿El secretario de Estado tendría inconveniente en contestar?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (Jiménez Latorre): Yo estoy en manos del presidente.
El señor PRESIDENTE: Excepcionalmente en el Pleno sí que se autorizó la sustitución, pero es un acuerdo de Pleno que no se ha extendido a las comisiones.
Cierto es también que como es la primera reunión en la que tenemos contestación a preguntas y que quien les habla ahora es culpable de la demora en que estas preguntas se contesten −culpable en parte, la otra parte la tiene mi enfermedad−, si el secretario de Estado no tiene inconveniente, procederíamos a dar contestación a esta pregunta.
Eso sí, agradecería a quienes quedan, tanto al senador Guillot como al senador Medina, que se ajustasen un poco más a los tiempos, por intentar seguir el orden del día establecido.
Entonces, hacemos la excepción y el senador Guillot tiene la palabra.
Agradezco la deferencia de la Mesa y del Gobierno, sobre todo porque voy a hablar de una cuestión importante, una cuestión dura que causa sufrimiento social y, desde la corrección parlamentaria, no me pienso andar con demasiadas chiquitas.
En primer lugar, cuando hablo de desahucios me refiero a aquella gente que está perdiendo ahora su vivienda familiar, a deudores de buena fe, y todos ellos por causas económicas y sociales derivadas de la crisis.
En segundo lugar, expreso mi opinión de que nada para mí puede ser más violento, o pocas cosas pueden ser más violentas, desde un punto de vista social, que echar a una familia de su vivienda, y no encuentro mayor indefensión si esto se realiza por una Ley de 1946, con la existencia de cláusulas abusivas que nadie ha sabido ver hasta que un Tribunal de Justicia europeo nos lo ha dicho, por la codicia de nuestros banqueros, por la complicidad de nuestros Gobiernos y todo esto siempre llevado a cabo mediante el apoyo y la coerción del Estado.
Me dirijo también a un Gobierno que cuando quiere ha demostrado que tiene una agilidad y una velocidad legislativa encomiable. Después de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, que ha detectado cláusulas abusivas, frente a una realidad de 280 desahucios de media diarios, desconociendo cuál es la tipología de contratos y la disparidad de criterios que puede haber entre los jueces, por un elemental principio de preocupación y en aras del interés social, la pregunta es si el Gobierno estaría dispuesto a decretar una moratoria de los desahucios hasta que se aclare la situación legal después del fallo del Tribunal de Justicia europeo y todo el panorama legal de las viviendas, hipotecas, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.
Quisiera destacar la cultura de pago que existe en España. Los préstamos hipotecarios se pagan de una forma importante a pesar de la crisis en la que vivimos. La morosidad es relativamente baja, en torno al 3%, a pesar de la crisis prolongada y profunda en la que vivimos. Asimismo, quiero destacar que el sistema hipotecario ha permitido la financiación de un volumen ingente de adquisiciones de viviendas por parte de los ciudadanos y que es necesario preservar que, tan pronto la recuperación económica aflore, tengamos un sistema financiero y un sistema de financiación hipotecaria que permita la financiación de la adquisición de viviendas por aquellos que quieran hacerlo por la vía financiera.
El Gobierno es perfectamente consciente y muy sensible a la situación sobrevenida en los casos de mayor indefensión. La intención del Gobierno −y ahí están todas sus iniciativas− es restablecer las bases para la recuperación económica y para dar soluciones a los colectivos más necesitados. En este sentido se aprobó el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el que se establecían determinados mecanismos para evitar que se llegase al desahucio. El desahucio es la fase final de todo un proceso de negociación con el prestatario en la medida en la que también para el prestamista el desahucio es la última solución, ya que para el banco no es deseable terminar siendo propietario de las viviendas.
Se estableció un código de buenas prácticas entre las entidades que partían de la reestructuración de la deuda para permitir que el deudor pudiese hacer frente a la misma, así como la reducción del tipo de interés durante cuatro años y la ampliación del plazo de automatización. Si a pesar de todo ello el prestatario no podía hacer frente a sus deudas, se incluía la posibilidad de la dación en pago de forma que con la dación de la vivienda quedaba ya exonerado de sus deudas pendientes. En este caso la entidad se vería obligada a la aceptación de la dación en pago. Adicionalmente, se limitaba el interés moratorio y se tomaban otras medidas para facilitar el procedimiento de ejecución extrajudicial.
Posteriormente al Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, profundiza en el marco de la protección de estos deudores. Por un lado, introduce la suspensión inmediata durante dos años de lo que jurídicamente se conoce como lanzamiento, la fase final del desahucio y, por otro, con la creación de un fondo social de viviendas de alquiler a precios razonables para aquellas personas que hubiesen perdido su casa.
Al final, en la participación de este fondo se aportaron 6000 viviendas. Las viviendas están a disposición de las familias que hayan sido objeto de desalojo por impago de préstamo hipotecario y se beneficiarán de unas rentas que oscilan entre 150 y 400 euros al mes, con el límite máximo del 30% de sus ingresos, para hacer frente a estos alquileres más ventajosos. Actualmente está en tramitación parlamentaria el proyecto de ley. Además, coincidiendo con la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, el 12 de febrero, el Congreso tomó en consideración la proposición no de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de desahucios y de alquiler social, procedente de una iniciativa popular, lo cual demuestra que se reconoce la preocupación ciudadana por estas cuestiones y que se tiene interés en dar la solución más adecuada.
Por otra parte, el 14 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia en la que analizaba la normativa española de crédito hipotecario. Lo importante de esta sentencia es que no invalida en absoluto la legislación hipotecaria, sino que cuestiona la ejecutividad de la garantía hipotecaria y su compatibilidad con la normativa de protección del consumidor. Por tanto, es necesario introducir unas incidencias en el proceso de ejecución hipotecaria para que el prestatario pueda hacer valer la existencia de cláusulas abusivas en los contratos. Existe un plazo de enmiendas a este proyecto de ley que está en tramitación presupuestaria que vence hoy. Hoy, por tanto, se habrán de presentar las enmiendas necesarias para dar cumplimiento a esta sentencia que −como digo− afecta exclusivamente a cuestiones procesales.
En definitiva, como decía al principio, se trata de conseguir un equilibrio razonable entre el mantenimiento de la cultura de pago y la capacidad del sistema financiero de satisfacer las necesidades de financiación de los ciudadanos. Si efectivamente se opta por un sistema en el que la dación en pago se vaya a aplicar, el riesgo y los costes de este sistema se habrán de repercutir en la financiación a las familias y, en consecuencia, ese es el equilibrio que habrá de valorar el legislador sobre cual es la situación más conveniente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Latorre.
Para réplica, tiene la palabra el senador Guillot.
Le agradezco que me haya contado toda la tramitación parlamentaria, pero usted no ha respondido aún. Mire, la calidad de nuestro sistema financiero es nada. Es un sistema financiero pendiente de una reforma. El sistema financiero, al igual que el inmobiliario, no tiene ninguna cultura de pago, hecho que nos está costando una fortuna al conjunto de los españoles, a todos esos españoles que decimos que no a los desahucios. Usted todavía no me ha contestado, no sobre lo que harán o lo que han hecho, sino si mientras tanto se produce un desahucio, qué van a hacer. Yo le propongo que hagan una moratoria hasta que no salga la nueva legislación, hasta que no se aclare toda esta situación. Hagan una moratoria.
Usted me habla del código de buenas prácticas: un desastre. El fondo social de viviendas: 6000. Estas 6000 viviendas dan para los desahucios de 22 días porque la media de desahucios que hay en España es de 280 al día. Llevamos 400 000 desde el año 2008. Esta es la realidad; y usted no me puede contar esta retahíla de cosas, de pasos. Políticamente tiene que decirnos qué hay que hacer frente a esto. Y déjese de culturas de pago. Insisto en que los primeros que rompen la cultura de pago son nuestro sistema financiero e inmobiliario. Colóquese por una vez, si puede, en la piel de la gente que pierde las viviendas. Ustedes ni tienen razón, y la verdad, ni tienen corazón. Pienso que la actitud de este Gobierno es despiadada frente a este drama social. No lo entiendo. No entiendo cómo ustedes no se conmueven mínimamente, cómo no son capaces de aplicar una moratoria, aunque sea temporal, frente a este drama social. No lo puedo entender y más cuando hay un interrogante que abre la sentencia del Tribunal de Justicia europeo. Y mucho más cuando todos desconocemos cuántos contratos, cuántas hipotecas contemplan o no cláusulas abusivas. Frente a ello, reaccionen y hagan algo tan sencillo −insisto− como esta moratoria. Se lo digo de verdad y con toda claridad.
Le expreso mi más profunda crítica a lo que hasta ahora ha venido haciendo el Gobierno, así como mi oposición a que aún hoy en día ustedes sigan en esta actitud pasiva. Pero también le expreso mi total desprecio si se siguen produciendo desahucios en España, porque ustedes son incapaces de reaccionar cuando ahora tienen no solo una excusa, sino un instrumento que les brinda la Unión Europea
La moratoria en la ejecución y la cultura del pago, la estabilidad del sistema financiero, está todo relacionado. Es muy fácil ponerse al frente de la manifestación en favor de los más afectados y de los más perjudicados, es muy fácil y yo me pondría el primero. Si no hubiese restricciones y si no hubiese implicaciones, obviamente lo haría como usted.
La experiencia en otros países sobre la incidencia en la morosidad consecuencia de iniciativas de este tipo es un motivo muy importante de preocupación. Aquí estamos con una morosidad muy baja, en una situación económica muy adversa, que en buena medida se explica por el sistema de ejecución hipotecaria que tenemos. Por otra parte, la financiación de las entidades a través de las cédulas hipotecarias también ha permitido resolver sus necesidades de financiación. Por tanto, el sistema tiene unas reglas de juego y no hay que olvidarlo, porque ya hemos visto las implicaciones presupuestarias de lo que es el saneamiento del sistema, y no podemos dejar que el sistema quiebre. En consecuencia, no pueden ignorarse los efectos de una acción inadecuada.
En lo que respecta a cláusulas abusivas, ya se han hecho algunas propuestas de cambio en la ley en lo que se refiere al número de impagos antes de proceder a la ejecución, en lo que se refiere a los tipos de interés moratorios, y habrán de hacerse en línea con lo que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo que se refiere a la determinación de la deuda pendiente, e igualmente habrá de hacerse en cuanto a la capacidad de invocación del prestatario de las cláusulas abusivas. Esto se va a hacer de la forma más rápida posible y, por tanto, aclarará que el prestatario podrá invocar, en un plazo breve, porque, como recordaba el principio, el plazo de enmiendas a la ley vence hoy; luego la ley pasará por el Senado y podrá entrar en vigor en aproximadamente un mes. Por tanto, no es tanta la incertidumbre que establece el Tribunal de Justicia. Es limitado el cambio procesal que se ha de hacer. Además, los jueces pueden aplicarlo de forma directa. Esperamos que con eso disminuya la incertidumbre que pueda existir consecuencia de la sentencia y la indefensión que pueda tener el prestatario con la antigua normativa. Creemos que esa es la forma más responsable -desde luego, no más popular- de proceder para conseguir la estabilidad del sistema financiero y atender a los casos más llamativos.
Muchas gracias. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, la regulación de las preguntas dice que primero se formula la pregunta y después la contestación del Gobierno. No hay intervenciones del resto de los grupos ni de ningún senador, salvo que sea por alusiones, y aquí no se ha aludido a nadie.
Estoy convencido de que enriqueceríamos mucho argumentalmente el debate si todos tuviésemos algo que aportar. Pero no vamos a romper la dinámica del Reglamento ni en un sentido ni en otro. Teniendo en cuenta que, además, el siguiente compareciente, el secretario de Estado de Comercio, está esperando ya, agradecería a todos que respetásemos lo que está reglamentado.
Senador Utrera, le digo lo que hay, que respetemos lo que está reglamentado. Si es una cuestión de orden, puede exponerla. Si es una cuestión argumental, no tendrá la palabra.
El señor UTRERA MORA: Señor presidente, si me permite, un minuto, porque se ha suscitado un debate en el que se han utilizado dos adjetivos que entiendo generalizables al Gobierno y también a mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular. Los términos que se han utilizado son el profundo desprecio que se siente por el Gobierno y, al mismo tiempo, atribuirle que no tiene corazón. Se refiere al Gobierno y, por tanto, también al grupo que sustenta al Gobierno.
Me gustaría aclarar respecto a estos dos adjetivos, en primer lugar, que el desprecio en este sentido es recíproco, puesto que durante muchos años no se ha hecho nada ni por el Partido Socialista ni por Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: Senador Utrera…
El señor UTRERA MORA: Y en cuanto al corazón, yo diría que quizás nosotros tengamos el corazón algo mermado, dentro de la bonhomía socialista, pero ellos lo que no tienen es cabeza, porque durante años se ha ido a peor.
El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, no se trata de establecer un debate. Esta Presidencia antes ha hecho una consideración de carácter político. Ni siquiera ha hecho una llamada al orden porque creía que no competía hacerlo. Creo que el debate parlamentario puede ser suficientemente rico siendo respetuosos con todo el mundo. Mientras no haya calificaciones jurídicas que infrinjan o que rompan la dinámica parlamentaria, creo que hay que dejar que cada cual se exprese todo lo política y poéticamente que quiera, insisto, mientras no incidan en la dignidad de los parlamentarios. (El señor Guillot Miravet pide la palabra.)
Tiene la palabra el senador Guillot, con mucha brevedad.
El señor GUILLOT MIRAVET: Solo para aclarar una cuestión. Digamos que ni corazón, ni razón, ni conocimiento. Porque es que yo no soy de Esquerra Republicana ni soy del Partido Socialista. Por tanto, añado que ni conocimiento.
El señor PRESIDENTE: Quedará aclarado en el Diario de Sesiones. (El señor Lerma Blasco pide la palabra.)
Tiene la palabra el senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Efectivamente, creo que en esto el señor presidente tiene toda la razón del mundo, y especialmente cuando escuchamos al Senador Utrera, para librarse de sus responsabilidades, acusar al Partido Socialista, que no estaba en este debate de momento. Me parece que su intervención está totalmente fuera de lugar y, desde luego, si sostiene esas palabras, también intervendré contestándole.
El señor PRESIDENTE: Señorías, creo que el presidente ha aclarado los términos en los que se está produciendo un debate cordial y que podemos seguir en estos mismos términos.
PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE LA SOLUCIÓN A LA CRISIS ESTÁ EN EL EURO Y EN LA UNIÓN EUROPEA.
(Núm. exp.681/000276)
AUTOR: MEDINA TOMÉ, GREGORIO RAMÓN (GPS) .
El señor PRESIDENTE: Terminamos con la pregunta del senador Medina Tomé, quien tiene la palabra para formularla.
El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor Jiménez, y gracias por su presencia.
Señorías, señor Jiménez, en mayo de 2010 dicen que el entonces coordinador de Política Económica del Partido Popular, el señor Montoro, tentó a la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados para que votara en contra del paquete de medidas presentado entonces por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros!, dicen que dijo el señor Montoro, pensando, quizás con todo su derecho, más en los intereses del Partido Popular que en los del país.
En julio de 2011, el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno de España por el Partido Popular, el señor Rajoy, sentenció –y esto cuando la prima de riesgo estaba en los 375 puntos-: España tiene solución porque el Partido Popular está a punto de gobernar, atribuyendo el aumento de la prima de riesgo española a la desconfianza de los mercados en el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. El problema y la solución para los dirigentes del PP estaba dentro, el único responsable de la crisis entonces era el Gobierno socialista y el malvado José Luis Rodríguez Zapatero, y la única solución posible pasaba por la llegada al poder del presidente Rajoy. Pero hete aquí que una vez en el Gobierno, el 1 de junio de 2012, el ahora ministro de Hacienda y Administraciones Públicas afirmó que la solución a la crisis de España se llama euro y Unión Europea. La prima de riesgo superaba entonces los 540 puntos.
Señorías, señor Jiménez, todos compartimos que para salir de esta es necesario un euro y una Europa más fuerte, ¿pero a qué precio pretendemos esa fortaleza?, ¿a qué precio saldremos de la crisis? Por ello, señor Jiménez, le pregunto: ¿Considera el Gobierno que la solución a esta crisis está en el euro y en la Unión Europea, y no en cambiar el rumbo de las políticas que mantiene el Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Medina.
Todos los motivos de la pertenencia de España a las instituciones europeas y todos los argumentos a favor de la integración económica y monetaria de España con sus socios europeos que justificaron la entrada en la Unión Europea en el 1986 y la entrada en el euro en el 1999 siguen en vigor. Todo lo que es conseguir una mayor estabilidad en el diseño de las políticas económicas, todo lo que es conseguir una mayor estabilidad en los niveles de precios, todo lo que es seguir avanzando en la integración económica para aprovechar las economías de pertenecer a un mercado más amplio, todo lo que se refiere a las ventajas de pertenecer a una unión monetaria, lo que supone compartir una moneda única, una capacidad de financiación en igualdad de condiciones con nuestros principales socios económicos y comerciales, todo eso sigue siendo aplicable. Yo creo que España está mucho mejor dentro del proyecto europeo que fuera de él.
El problema es que la crisis ha puesto de manifiesto que también el proyecto europeo tiene debilidades. Por tanto, lo que hay que hacer es reforzar el marco institucional del proyecto europeo. La solución no es estar fuera del proyecto europeo, sino avanzar en los procesos de integración y de coordinación de las políticas económicas dentro de la Unión Europea y reforzar sus instituciones.
Estas son las iniciativas que están teniendo lugar dentro de la Unión Europea, con el refuerzo de la coordinación de las políticas fiscales, de las políticas económicas, con todas las iniciativas conocidas como el fiscal pact, y con las iniciativas relativas al reconocimiento en el refuerzo de la supervisión bancaria única. Aquí se está avanzando de forma importante para que el sistema financiero también sea único, tenga un único supervisor, un sistema único de gestión de crisis y un sistema único de multilateralizar los riesgos en los que puedan caer las entidades.
Se está avanzando de forma rápida. Se es consciente de que es importante disipar todas las dudas que hay o que pudiera haber sobre la irreversibilidad del euro. En este sentido, mencionaré también las iniciativas que está teniendo el Banco Central Europeo, con el anuncio a mediados del año pasado, en julio, de que iba a tomar todas las medidas necesarias para disipar esas dudas sobre la irreversibilidad del euro, y luego el lanzamiento del programa de compras ilimitadas de deuda soberana en los mercados secundarios. Todo ello son evidencias de que, efectivamente, se han identificado debilidades institucionales en el marco institucional europeo y están en marcha las reformas necesarias.
He de mencionar también la cuestión de la supervisión macroprudencial. Buena parte de los problemas que tenemos nosotros y otras economías son que al abrigo de la protección de la pertenencia al euro se han acumulado unos desequilibrios financieros muy significativos. La supervisión macroprudencial pretende alertar de esos desequilibrios financieros que eran fáciles de alertar en la medida en que estábamos en años de crecimiento del crédito por encima del 20%, desequilibrios de la cuenta corriente muy por encima de los que habitualmente fijaban el límite de la capacidad de crecimiento de la economía, de forma que con estos mecanismos de supervisión macroprudencial no volvamos a incurrir en los errores de que se acumulen hasta que lleguen a una situación como la actual, en la que la corrección plantea unos sacrificios muy significativos.
Y poco más. Tan solo añadir que la salida del euro, obviamente, tendría unos costes que hacen que no sea una alternativa planteable; costes en lo que se refiere a la fuerte pérdida del valor de la moneda que vendría a suplir al euro, al consecuente incremento de la carga de endeudamiento que supondría tener que pagar en euros teniendo como contrapartida una moneda nacional más débil, problemas de financiación en la medida en que al estar fuera del escudo del euro los costes financieros serían más altos, no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. En definitiva, una serie de costes que hacen que no quepa duda de que la alternativa de estar fuera es mucho peor que la de estar dentro.
La solución, por tanto, no es estar fuera del euro, sino avanzar en la integración económica y corregir las debilidades que se han puesto de manifiesto y que nos han llevado a una situación con unos desequilibrios excesivos.
Senador Medina, tiene la palabra.
El señor MEDINA TOMÉ: Señor Jiménez, nadie ha planteado la salida del euro. Lo único que estamos discutiendo aquí es si aparte del euro y de la Unión Europea se puede hacer algo más. Porque hay dos cuestiones. La primera, con relación a Europa, convendremos todos en que los acontecimientos recientes reclaman la existencia y la presencia de otra Europa distinta, más humana y más política. Una Europa que no piense solo en hacer caja, sino que haga reformas que vayan en beneficio de los más débiles. Y en España algo habrá que hacer, porque, señor Jiménez –y permítame que repita una frase en negativo ya dicha en este país-, España no va bien. La mejoría es a peor.
Y ahora hablaremos de números, si tengo tiempo –espero que el señor presidente me lo dé-. Voy a hablar de números, números que deberían hacer reflexionar al Gobierno para tender puentes, para buscar consensos, en definitiva, para cambiar el rumbo. Porque después de quince meses en el Gobierno es hora de hacer balance, y voy a procurar hacerlo. Conceptos que había en 2011 y que hay en la actualidad. Con relación al PIB, en 2011, con la economía creciendo, el 0,4%; en la actualidad, en recesión, -1,4%. Déficit del Estado, 9,4%; en la actualidad, -10%, y la crisis castigando a aquellas comunidades autónomas que más han reducido el déficit. La deuda pública, que estaba en el 69%, ahora está en el 84%, la mayor subida en un solo año y el mayor nivel de deuda de España. El IPC, que estaba en el 2,4% en 2011, ya está en el 2,9%. El empleo: tasa de paro, en 2011, 22,85%; en la actualidad, 26,02%, y subiendo; la mayor de toda la serie. Número de parados: en 2011, 5 273 600; en la actualidad, 5 965 400, y destruyéndose 850.000 empleos. Mercado laboral: en 2013 se comienza destruyendo 8500 empleos al día. Suspensión de pagos: en torno a 9000 sociedades se declararon en concurso en 2012; un incremento del 24% con relación a 2011. Expedientes de regulación de empleo: con relación a 2011 el incremento fue del 56%; se han autorizado más de 33 000 expedientes, viéndose afectados 452 000 trabajadores, un incremento del 31,5%. Seguridad Social: 2012 se cierra con el déficit más alto de su historia, cerca de un punto del PIB, -10 131 millones de euros; en 2011, 0,1%. Salida de capitales: 73 393 millones de euros en 2011; ya vamos por más del doble: 179 200 millones de euros.
Algo más que creer en el euro y en Europa debemos hacer, señor Jiménez. Porque hay un concepto que no he podido cuantificar: la desesperación de la sociedad española, pues esta necesita alguna luz que la alumbre. Y yo voy a poner alguna. Voy a recordar aquí algunas propuestas del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el debate sobre el estado de la nación, porque siempre nos están reprochando que no ofrecemos nada.
El señor PRESIDENTE: Senador Medina, cíñase a la pregunta.
El señor MEDINA TOMÉ: Termino. Primero. El Grupo Parlamentario Socialista propone un gran acuerdo nacional para ser más fuertes en Europa y hacer más fuerte a Europa, por el empleo y la cohesión social, así como por una reforma fiscal para que fluya el crédito.
La mano tendida, señor Jiménez. Pero, como usted bien sabe, igual que dos no pelean si uno no quiere, dos no se sientan si uno no quiere. Así que, gracias por su respuesta y esperemos que estas humildes propuestas que el Grupo Parlamentario Socialista pone sobre la mesa sean atendidas y escuchadas por el Gobierno porque, insisto, España no va bien.
Gracias, señor Jiménez.
Para cerrar las intervenciones de preguntas, tiene la palabra el secretario de Estado.
Otra Europa. Europa sí es sensible a los retos que tiene, sí es sensible a las dificultades que están soportando algunos países para hacer frente a sus fuertes desequilibrios y está prestando una particular atención a esa cuestión. Las políticas de rigor presupuestario han de compatibilizarse también con la recuperación económica y ese es un debate en el que está inmersa Europa en este momento. Entiendo que en ese foro se ha de conseguir que el compromiso con la consolidación fiscal no se cuestione, pero la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria puede dilatarse en el tiempo en cierta medida, aunque está claro que existe un calendario para cumplir con la corrección de los desequilibrios.
Me decía que los datos van a peor, pero depende de lo que se mire. Partimos de una situación con unos desequilibrios de tal magnitud que su corrección es difícil en términos de producción y empleo. Así, si miramos los datos de producción y empleo se aprecia que seguimos en recesión y malamente se puede crear empleo en esa situación.
No obstante, por lo que se refiere a las cuentas exteriores, la recuperación de la competitividad y la corrección del desequilibrio externo sí están anticipando el cambio en la evolución del ciclo. Tradicionalmente, el déficit en la cuenta corriente ha anticipado los cambios de ciclo y, cuando pasábamos a tener superávit, se iniciaban las recuperaciones económicas; en los últimos meses hemos experimentado un superávit en la cuenta corriente, estimamos que habrá superávit el año próximo y la competitividad se ha recuperado de forma importante, lo que son buenas noticias.
Por lo que se refiere a la percepción de los inversores extranjeros, como decía al inicio de la sesión, los mercados normalmente se adelantan a los datos reales, que anticipan que estamos todavía en la fase de recesión, pero los datos reales nos van indicando que la recesión se está moderando, de forma que podemos prever que saldremos de esta situación de recesión en la segunda mitad del año que viene. Lógicamente, los datos reales y principalmente los datos de empleo tardan algo más en llegar; pero no creo que el IPC sea un problema porque el actual nivel de IPC está muy influido por decisiones administrativas como la subida de impuestos, el incremento de coste de determinados servicios públicos que se traslada al consumidor ―pero por ahí no hay preocupación― y, por tanto, el IPC se va a ir moderando a lo largo del año.
Ha habido un incremento importante de la deuda pública por las razones que explicaba anteriormente ―plan de pago a proveedores, saneamiento del sistema financiero y elevado nivel de déficit― y ese es un motivo adicional para seguir avanzando en los esfuerzos de consolidación fiscal.
Creo que no es fácil hacer frente a los fuertes desequilibrios que sufrimos, que es costoso, pero no queda alternativa, vamos por buen camino y esa es la percepción de los inversores y de los organismos internacionales, aparte de la del Gobierno.
También quiero dar las gracias a todos los intervinientes y, en especial, cómo no, al señor secretario de Estado.
Como les decía antes, la demora en la contestación a las preguntas no ha venido tanto originada por acordar una fecha con el Gobierno como por las ausencias reiteradas de este presidente y, además, por la recarga de trabajo de la ponencia constituida en el seno de esta comisión, que ocupaba casi todas las fechas libres que teníamos y que podían coincidir con la disponibilidad de los miembros del Gobierno.
En cualquier caso, estamos muy agradecidos por su comparecencia, por sus respuestas, y ojalá podamos contar pronto con su presencia. Ya ve que esta Cámara tiene el mismo interés por trabajar por los españoles que el que pueda tener el Congreso de los Diputados y que también planteamos iniciativas. En este sentido, nos tendrá en la mejor disposición parlamentaria para conocer sus propuestas y debatir sobre ellas.
Vamos a hacer una pausa de un minuto para despedir al señor secretario de Estado. (Pausa.)
Comparecencia del Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz Ponce, ante la Comisión de Economía y Competitividad, para presentar la Memoria de Actividad del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) 2011, así como para dar cuenta de la ejecución anual del Fondo y hacer balance sobre las actuaciones del mismo. (713/000216)
Comparecencia del Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz Ponce, ante la Comisión de Economía y Competitividad, para presentar la Memoria de Actividad del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) correspondiente a los años 2011 y 2012, dar cuenta de las ejecuciones anuales del Fondo y hacer balance sobre las actuaciones del mismo.
(Núm. exp. 713/000396)
Comparecencia del Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz Ponce, ante la Comisión de Economía y Competitividad, para presentar la Memoria anual de operaciones, proyectos y actividades autorizadas con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).
(Núm. exp. 713/000236)
El señor PRESIDENTE: Quiero dar la bienvenida en nombre de todos al señor secretario de Estado de Comercio y agradecerle su buena disposición, que lleva manifestando desde hace meses, porque realmente solicitó comparecer ante esta comisión para dar cuenta del Fiem del año 2011, que juntamos ahora con el de 2012.
Este retraso se ha debido a las mismas razones que expresaba anteriormente: a la falta de disposición de esta Presidencia y al largo trabajo de la ponencia de I+D+i de pymes, que se ha desarrollado a lo largo de muchísimas jornadas, no sé si llegan ya a las cincuenta jornadas de trabajo ―como comentaba anteriormente con la señora letrada―, lo que también limitaba nuestra capacidad de convocatoria.
En cualquier caso, al final hemos podido encajar esta fecha para que nos dé cuenta de las memorias de los Fiem 2011 y 2012, así como de la comparecencia solicitada para los mismos efectos por el senador Guillot.
Sin más, cedo la palabra al señor secretario de Estado de Comercio, don Jaime García-Legaz, para que desarrolle su exposición durante el tiempo que estime oportuno.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO (García-Legaz Ponce): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 11/2010, del 28 de junio, del Fiem, se han elaborado y presentado las memorias de actividad correspondientes a los años 2011 y 2012. En ambas memorias se plasman los esfuerzos por consolidar este nuevo instrumento financiero y obtener de él la mayor eficiencia en el logro de su objetivo: dinamizar la economía española y generar empleo a través del fomento y el apoyo financiero a la internacionalización de la empresa.
Las memorias recogen en detalle todas las operaciones aprobadas con cargo al Fiem en 2011 y 2012, y creo que constituyen un buen ejemplo de transparencia. Las memorias incluyen información detallada sobre proyectos, empresas adjudicatarias, importe de los contratos y condiciones financieras de todas y cada una de las operaciones.
En las memorias se describe, en primer lugar, el lanzamiento del instrumento en 2011 como resultado de la transformación del esquema de apoyo oficial a la internacionalización. Esta transformación supuso un importante ajuste a partir de la larga experiencia acumulada y, al mismo tiempo, un alineamiento con los procesos seguidos en los países de nuestro entorno.
En el primer año de funcionamiento del Fiem se sentaron sus bases y, frente a este comienzo, el año 2012 ha sido el de su plena consolidación. En este año 2012 se ha producido el desarrollo efectivo de las nuevas modalidades de financiación comercial y de inversión, y el objetivo para este año 2013 es potenciar estas nuevas modalidades de forma que, poco a poco, el Fiem pase a ser un fondo autosostenible, minimice el coste presupuestario del instrumento y maximice el efecto arrastre de la financiación sobre las exportaciones y sobre la creación de empleo.
Señorías, para contextualizar la ejecución del Fiem en estos dos años me voy a referir de forma muy sucinta a la coyuntura del sector exterior para analizar el papel del Fiem en ese marco de instrumentos de apoyo financiero a la exportación y la inversión.
En un contexto como el actual, caracterizado por una competencia muy dura en los mercados internacionales y una coyuntura recesiva en los principales mercados de nuestro entorno, el comportamiento de nuestro sector exterior sigue ofreciendo notas brillantes en la economía española, y es uno de los signos más esperanzadores de posibilidades de recuperación de la actividad económica y del empleo.
El comportamiento del sector exterior y las previsiones que existen sobre la aportación del sector exterior al crecimiento ponen de manifiesto también que las ganancias de cuota de mercado que se están produciendo en muchos mercados las están consiguiendo nuestras empresas gracias a mejoras de competitividad, y sobre la base de la moderación de costes y de incrementos de productividad. El último dato disponible del INE refleja que en 2012 España ganó un 3,2% en productividad respecto a 2011. Junto a ello se produce también un hecho muy positivo, que es el incremento del número de empresas exportadoras. En 2012 alcanzaron el número de 136 973, un 11,4% más que el año anterior, y, lo que es más importante, también aumenta el número de empresas que exportan con carácter regular y permanente, que se incrementaron en 2012 un 2,9%, frente a las caídas que se produjeron en los años 2009, 2010 y 2011.
Señorías, en 2012 las exportaciones españolas experimentaron una tasa de crecimiento positiva del 3,8%, a pesar de la enorme debilidad de la demanda en la zona euro y de la mayoría de nuestros mercados receptores. La dificultad del entorno en el que nos movemos resulta evidente si comparamos el crecimiento de nuestras ventas al exterior con el del conjunto de la zona euro o con el de potencias exportadoras como Alemania, Francia o Japón; países todos en los que las exportaciones crecieron en 2012 por debajo de las exportaciones españolas. El comportamiento positivo de las exportaciones, junto con una caída de las importaciones, asociada a la debilidad de la demanda interna, pero también a un proceso de sustitución de importaciones por productos nacionales, ha permitido reducir el déficit comercial un 33,6%. Es de destacar que el superávit comercial con la Unión Europea y con la zona euro se ha triplicado en 2012 respecto a 2011, alcanzando 12 571 millones de euros y 7723 millones de euros respectivamente.
También desde el punto de vista sectorial podemos ofrecer buenos resultados. Hay sectores muy intensivos en capital y que pertenecen a aquellos denominados de demanda fuerte, que han experimentado crecimientos muy considerables: transporte ferroviario crece un 21%; maquinaria para la industria crece el 12%; motores, otro ejemplo, un 12,8% de incremento.
Desde el punto de vista de la diversificación geográfica, la evolución de nuestro sector exterior es también positiva, reduciendo el exceso de concentración tradicional de nuestra exportación en el mercado comunitario, con datos de 2012 se reflejan crecimientos de las ventas extracomunitarias cercanas al 14%, con crecimientos muy relevantes como el aumento del 30,6% de las exportaciones a África, de casi el 15% de las ventas a América Latina, el 13,5% a América del Norte o casi el 12% a Asia. Como consecuencia de esa diversificación de nuestro patrón exportador, hemos conseguido que el peso de las exportaciones a la Unión Europea se haya reducido al 62%. Veníamos de tasas sobre el total de exportaciones cercanas al 75%, cuando comenzó la crisis.
Todo ello ha permitido cosechar en 2012, a partir de un dato de déficit de la balanza por cuenta corriente muy abultado cuando se inició la crisis, un déficit de apenas el 0,8% sobre el PIB, lo cual se traduce, al mismo tiempo, en una evolución con signo positivo desde el mes de agosto; es decir, desde el mes de agosto España ya tiene superávit de la balanza por cuenta corriente, y esto es una señal de autosuficiencia financiera. España no necesita ya pedir dinero prestado nuevo al resto del mundo desde el pasado mes de agosto, y esto es una señal sin duda muy positiva para los mercados internacionales.
Los últimos datos disponibles reflejan también que la tendencia sigue siendo positiva en 2013. De acuerdo con los datos del mes de enero —los últimos disponibles— las exportaciones españolas han acelerado su crecimiento, y siguen avanzando, un 7,9%, frente al mismo mes de 2012. También con datos de enero vemos que la diversificación de los mercados de destino avanza y que son las regiones geográficas de Asia, con un crecimiento del 43,8%, África, con un 16,6%, América Latina, con un 15,1%, quienes siguen tirando principalmente de nuestra exportación.
En definitiva, señorías, aun siendo consciente de las dificultades de la coyuntura actual, el sector exterior español y, por tanto, nuestras empresas internacionalizadas se están comportando de forma más que satisfactoria, como lo pone de manifiesto, insisto, el crecimiento de exportaciones, reducción del déficit comercial, mejora de la tasa de cobertura, diversificación del patrón geográfico en las exportaciones y aumento de las ventas de sectores intensivos en capital y tecnología.
Sin embargo, señorías, para que las exportaciones sigan comportándose de forma positiva necesitamos reforzar el área de la financiación. La financiación es probablemente el problema más importante que tiene nuestro sector exterior en estos momentos. Sin acceso a la financiación nuestras empresas no pueden competir y el crédito es siempre la contraparte de cualquier operación de comercio exterior. Sin acceso al crédito los exportadores tendrán muy difícil mantener o mejorar los buenos resultados logrados en 2012, y esta es una de las razones que justifican, entre otras, la reforma del sistema financiero y también el proceso de ajuste fiscal que esta llevando a cabo el Gobierno. Ambas reformas son clave para que el crédito vuelva a fluir hacia las empresas productivas.
Hace apenas un mes el presidente del Gobierno anunció un conjunto de medidas de gran calado para mejorar la financiación de la empresa española, y a todas esas medidas es necesario añadirle los múltiples instrumentos de apoyo a la financiación a la exportación de los que dispone el Ministerio de Economía y Competitividad, así como el empuje dado a la coordinación entre los distintos agentes, no solamente de la Administración General del Estado, sino también de comunidades autónomas.
Señorías, dentro de los instrumentos de apoyo a la financiación a la exportación, el Fondo de internacionalización de la empresa española, el Fiem, es uno de los más destacables. Es un instrumento de financiación directa que contempla la posibilidad de cofinanciar proyectos, por un lado, con el resto de instrumentos de financiación directa existentes y, por otro, con banca comercial con cobertura de Cesce. Así, dentro del esquema de instrumentos de apoyo oficial a la exportación puede decirse que el Fiem, siendo un instrumento de financiación directa, constituye un puente entre las dos grandes vertientes ya descritas.
El Fiem fue creado por la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española, y fue completada mediante real decreto de diciembre de ese mismo año. Este instrumento aparece ya a principios de 2013 como un instrumento plenamente consolidado dentro de nuestro sistema de apoyo financiero a las exportaciones y a las inversiones. Si analizamos su evolución desde su creación observamos que en el primer año, en 2011, la ejecución presupuestaria efectiva fue de casi 90 millones de euros, un porcentaje de ejecución del 18%; en 2012 el Fiem ha dado un salto cualitativo y cuantitativo, de tal manera que la ejecución del fondo se ha elevado a 474,4 millones de euros, es decir, un 94,9% de aprobaciones sobre el techo asignado en los Presupuestos Generales del Estado. Este hecho o dato objetivo pone de manifiesto la importancia que se le está dando a este instrumento en el Ministerio de Economía, y su ejecución en casi un 95% muestra la implicación de las empresas en la utilización efectiva del fondo.
En este último ejercicio el Fiem ha respondido a los compromisos fijados en las líneas orientativas, que asignaban al Fiem, por tanto, la tarea de contribuir a dinamizar la economía española en un contexto de restricción financiera. En estos 2 años el Fiem ha perseguido este fin de apoyo a la internacionalización de la empresa y contribución del sector exterior al crecimiento, dirigiendo su funcionamiento a los objetivos estratégicos establecidos en las líneas orientativas, que tienen como puntos más destacables la necesidad de maximizar el efecto arrastre exportador desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de las operaciones financieras, así como la promoción de proyectos futuros vinculados a las operaciones inicialmente financiadas, en particular para la modalidad Evatic, es decir, la línea de estudios de viabilidad, asistencias técnicas, ingenierías y consultorías.
El segundo punto central de esas líneas sería la catalización de la máxima financiación proveniente de otras fuentes para los contratos adjudicados a empresas españolas en el exterior. Es decir, se trata de evitar que operaciones importantes para las empresas españolas fuera de España no salgan adelante por falta de financiación, porque hayan sido capaces de conseguir financiación en el mercado y, aun no por el volumen suficiente, sin embargo, la participación del Fiem consigue completar la financiación e igualmente completar contratos que son muy importantes. Insisto, es fundamental prestar atención al efecto arrastre sobre el sector exportador. Lo que nos interesa es que todos estos contratos generen actividad y empleo en España al máximo nivel posible, además de contribuir al proceso de internacionalización.
El Fiem ha seguido también las pautas marcadas por las líneas orientativas geográficas, que se complementan con las líneas sectoriales que marcaban los sectores prioritarios para el Fiem, destacando aquellos que tengan mayor valor añadido o mayor componente tecnológico español. Hay otros dos mandatos adicionales, junto con las orientaciones de carácter geográfico y sectorial, que son el análisis riguroso de las garantías ofrecidas al permitirse la aprobación de operaciones de financiación con garantías distintas de las soberanas y, por otro lado, tratar de impulsar la participación de las pymes en los procesos de internacionalización como beneficiarias de este instrumento.
Señorías, a continuación voy a referirme a las principales operaciones de financiación reembolsable aprobadas en 2011 y 2012. En el año 2011 se aprobaron los siguientes créditos concesionales con cargo al Fiem: un crédito a la República de Ghana, por importe de 7,9 millones de euros, para un proyecto de desarrollo de la irrigación y de las aguas subterráneas, que correspondía a una de las prioridades marcadas en el vigente Programa de Cooperación Financiera entre España y Ghana. La empresa adjudicataria fue Incatema Consulting. Dos créditos al Gobierno de la República de Kenia, el primero de ellos por importe de 19,9 millones de euros para un proyecto de parques eólicos. El proyecto fue adjudicado, mediante licitación restringida a empresas españolas, a la UTE formada por Iberdrola y Gamesa. El segundo proyecto fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación restringida a empresas españolas, a la UTE formada por Eduinter y Fluitecnik. Este segundo crédito fue por importe de 9,9 millones de euros para un proyecto de electrificación solar. El contenido del proyecto se había determinado en el vigente Programa de Cooperación Financiera entre España y Kenia. La tercera operación fue un crédito al Gobierno de la República de Cabo Verde, por importe de 4,9 millones de euros, para un proyecto de balizamiento marítimo. Fue adjudicado por un procedimiento de licitación restringida entre empresas españolas a la empresa La Maquinista Valenciana. Y ese proyecto también se había determinado en el Programa de Cooperación Financiera entre España y Cabo Verde. Y, finalmente, un crédito al Gobierno de la República Popular China, por importe de 25,2 millones de euros, para un proyecto de simuladores de vuelo. La empresa adjudicataria fue Indra Sistemas por adjudicación directa.
Por lo que respecta al año 2012 se aprobaron ya tanto operaciones concesionales como operaciones comerciales, en términos de la OCDE, con cargo al Fiem. Los créditos concesionales fueron los siguientes: un crédito a la República de Kenia para financiar el proyecto Línea de Transmisión del Parque Eólico del Lago Turkana, por importe de 55 millones de euros, adjudicado mediante licitación internacional a la empresa Isolux. Crédito a la República de Cabo Verde para un proyecto de diseño, suministro, construcción y puesta en marcha de una infraestructura de red de frío en el puerto de Mindelo, por importe de 12,7 millones. Crédito al Gobierno del Reino de Marruecos para financiar un proyecto llave en mano para la señalización de la estación de Casa−Port, en Casablanca, y ampliación de las nuevas vías por importe de 3,3 millones de euros, ganado en licitación internacional por la empresa española Eliop Seinalia. Y, por último, crédito al Gobierno de la República de Indonesia, por importe de 12,4 millones de euros, para el proyecto de suministros de elementos prefabricados para puentes metálicos de celosía, incluyendo otros elementos de apoyo como ingeniería de detalle y asistencia técnica, adjudicado a la empresa Centunion. El proyecto ha servido para relanzar el Programa de Cooperación Financiera entre España e Indonesia y fue adjudicado mediante licitación.
Además de estas operaciones de perfil tradicional, en 2012 destacan los siguientes créditos en condiciones comerciales con referencia OCDE: crédito al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por importe de 50 millones de euros, para el proyecto de rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas, que se encontraba en ejecución por parte de un consorcio de empresas españolas, con el fin de que el consorcio español pudiera completar este proyecto. Esta es una operación compleja que arranca en diciembre de 2008. La Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado de Cesce aprobó la cobertura de crédito del contrato de rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas, con un contrato firmado entre dicho Metro y la UTE española CSM, UTE liderada por la empresa CAF. Y con dicha cobertura el Estado asumió un riesgo máximo de hasta 283 millones de euros, siendo el crédito garantizado por el Metro de Caracas. Durante 2012, y en vista de los retrasos en el cobro de certificaciones emitidas que se venían produciendo, se decidió la transformación de la financiación provista en un primer momento a través de la modalidad de crédito suministrador con cobertura de Cesce a la entidad contratante Metro de Caracas, por un crédito comprador en la cuantía necesaria que permita que, una vez satisfechos los importes pendientes de pago, se concluya el proyecto, esta vez con garantía soberana de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, hemos conseguido mejorar las garantías sustituyendo una financiación con garantías privadas por una financiación con garantía soberana. La segunda operación es un crédito a la Sociedad Concesionaria del Gaseoducto de Morelos, en México, por importe de 50 millones de dólares de Estados Unidos, para la financiación bajo la modalidad de Project Finance de un proyecto de importe superior a 200 millones de euros y cofinanciado con un banco mexicano. El proyecto fue objeto de licitación internacional de la que resultaron adjudicatarios los promotores españoles Elecnor y Enagás. La valoración del riesgo del cliente final, según las agencias especializadas, es equiparable al riesgo soberano de México. La siguiente operación es un crédito por importe de 1 788 000 euros para financiar la ampliación de la almazara y la construcción de una planta de envasado de aceite en Portugal, para la empresa Olival Fonte Dos Frades, S.A., dependiente del Grupo De Prado, una pyme española referente a nivel mundial en su sector. Este crédito además permite un efecto arrastre a través de los equipos destinados a la inversión, así como la obra civil, ya que todos esos equipos y trabajos serán realizados por empresas residentes en España. Habrá hasta 8 empresas suministradoras. También se ha concedido un crédito a la Sociedad Concesionaria del Parque Eólico de Maldonado, Uruguay, República del Sur S.A., bajo la modalidad de Project Finance por importe de 50 millones de dólares de Estados Unidos. Los promotores finales españoles son Maldonado Renovables y Alarde como promotor técnico, que resultaron adjudicatarios en licitación internacional. Se trata de un proyecto de construcción y explotación durante 20 años de un parque eólico con una capacidad de 50 megavatios, que se cofinanciará con un banco uruguayo. Este proyecto es quizás un buen ejemplo para exponer qué es lo que conseguimos con este instrumento. Ha habido proyectos similares a estos, realizados por empresas españolas sin financiación española, que se han traducido en que los aerogeneradores no se fabricaban en España porque la financiación provenía de otros países, entre otros de Estados Unidos. Al haber incorporado la financiación española y exigido el efecto arrastre hemos conseguido que todos los aerogeneradores que se vayan a montar en este parque eólico, en lugar de ser suministrados por Gamesa Estados Unidos, sean suministrados por Gamesa España, con lo cual la creación de empleo y la generación de actividad se producen en nuestro país. También se ha concedido un crédito a la empresa residente en Arabia Saudita Sadara Chemical Company, bajo la modalidad de Project Finance por un importe máximo de 300 millones de dólares de Estados Unidos, que se destinarán a financiar la construcción bajo la modalidad llave en mano de 3 plantas petroquímicas. Los contratos firmados por los promotores, Dow Chemical y Saudi Arabia Oil Company, sumarán 20 000 millones de dólares. La financiación española se dedicará a todos los bienes y servicios españoles incorporados en el contrato firmado entre Sadara y la empresa española Técnicas Reunidas. Hasta 26 empresas españolas, la mayoría de ellas pymes, se van a beneficiar indirectamente al ser subcontratistas de este gran proyecto de Técnicas Reunidas.
Junto a las operaciones ya mencionadas, faltaría añadir las operaciones no reembolsables de la línea para estudios de viabilidad, asistencias técnicas, ingenierías y consultorías, Evatic, que, promoviendo y complementando la función del Fiem, financió 18 operaciones en 2011 y 10 hasta mediados del 2012. A partir de ese momento y teniendo en cuenta las restricciones que se imponen para asegurar los cumplimientos de objetivo de déficit público, la Secretaría de Estado de Comercio ha trabajado activamente para conseguir alternativas de financiación para este tipo de operaciones en favor de un sector que ha demostrado ser punta de lanza de la internacionalización, generando oportunidades para otras empresas. De esta forma, el Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2012 autorizó la creación de la nueva línea Evatic Reembolsable, dotado con 20 millones de euros, en el seno del propio instrumento Fiem.
En resumen, señorías, y para ir concluyendo, por lo que se refiere a la actividad del Fiem podemos comprobar cómo en 2012 la ejecución del Fiem muestra unas aprobaciones más de cinco veces superiores a las que se registraron en 2011, con un protagonismo indiscutible de las operaciones en condiciones comerciales OCDE.
En cualquier caso, la relevancia del instrumento no se recoge en su totalidad analizando simplemente los importes aprobados, sino teniendo en cuenta el elevadísimo efecto arrastre que sobre las exportaciones e inversiones españolas genera el poder disponer de esta financiación.
Señorías, para concluir mi intervención me voy a referir muy brevemente a las perspectivas del Fiem durante 2013.
Por lo que se refiere al contexto comercial internacional, la OMC prevé que este año el comercio mundial de mercancías crezca un 3,7%, por encima de la tasa de 2012 pero aún por debajo de la media de los últimos 20 años, que es el 4,5%. Así pues, el comercio mundial se irá recuperando paulatinamente, pero cabe esperar que la tasa de crecimiento de la zona euro siga siendo baja en relación con el resto de los mercados mundiales, particularmente mercados emergentes.
En cualquier caso, desde el punto de vista del Fiem, lo relevante no es tanto la evolución del comercio agregado sino el de determinados sectores y mercados, así como el de la inversión internacional.
En el año 2013, el Fiem seguirá respondiendo a la demanda de financiación de las empresas españolas en el contexto de restricción financiera que sufren en el ámbito de la internacionalización y en el que deben hacer frente a competidores con mayor acceso al crédito y con crédito en mejores condiciones, de tal forma que este fondo debe seguir actuando de manera coordinada con el conjunto de instrumentos de apoyo financiero oficial a la exportación para seguir mejorando las opciones que tienen nuestras empresas exportadoras en el mercado global.
La consolidación del Fiem en su articulación como crédito comprador directo o como instrumento de apoyo a la inversión complementario a la financiación privada permitirá evitar en cierta medida esa escasez de recursos.
Señorías, finalmente, el Fiem será capaz de acompañar el proceso de consolidación de esa base exportadora española, fortaleciendo la tendencia hacia el incremento en el número y tipo de empresas que directa o indirectamente se financien con el Fiem, en particular las empresas de tamaño mediano y pequeño. Estamos convencidos de que el Fiem, con una utilización efectiva elevada, contribuirá al crecimiento en el exterior de nuestras empresas y al efecto positivo del sector exterior no solamente sobre las cuentas exteriores de España sino también sobre la propia actividad económica y el empleo.
Para conocimiento de todos, el debate se organiza de la forma siguiente: A continuación, el senador Guillot, quien propuso en su momento la comparecencia del secretario de Estado, hará uso de la palabra inicialmente por un tiempo de diez minutos; después, el resto de los portavoces de los grupos parlamentarios que quieran intervenir podrán hacer uso de la palabra también por un tiempo máximo de diez minutos; con posterioridad, intervendrá en turno de réplica el secretario de Estado y cabe todavía una dúplica de todos los grupos que quieran intervenir para, finalmente, cerrar la comparecencia en todo caso el secretario de Estado en representación del Gobierno.
Hecha esta aclaración, tiene la palabra el senador Guillot.
Bienvenido, señor García-Legaz, a esta comisión y agradezco su intervención. Yo también hago una valoración positiva de cuál ha sido la evolución de nuestras exportaciones. No voy a repetir los datos que usted ha dado porque son coincidentes, pero lo que sí valoro positivamente es la evolución no tanto del volumen como la diversificación por regiones del mundo, por sectores.
Una primera pregunta sería: ¿qué ha pasado y qué medidas piensa tomar el Gobierno de aquellos productos que se han vendido menos que en 2012? Me refiero a material de transporte para buques, los equipos de telecomunicaciones, la electrónica de consumo y los automóviles y las motos. Pero, con todo, aparte de preguntarle sobre esta cuestión, insisto en que en una economía globalizada la capacidad de internacionalización de nuestras empresas creo que es un objetivo estratégico.
Mi intervención se basaría sobre todo en saber cuáles son los límites y condicionantes en las exportaciones y, a partir de aquí, cómo superarlas teniendo también en cuenta la intervención del Gobierno. En el 2011 solo exportaban el 3,4% de nuestras empresas. Se habla de que aproximadamente hay unas 36 000 y el objetivo es llegar a 100 000, objetivo complicado porque con el tejido empresarial español cada vez cuesta más incrementar la incorporación de muchas de nuestras empresas al sector exterior.
Las exportaciones representan hoy por hoy solo un 40% del consumo privado y del gasto público, es decir, que son un gran instrumento para combatir la crisis, para la creación de empleo, para crear riqueza, pero evidentemente no son el único instrumento a desarrollar.
Nuestras exportaciones han crecido por el descenso o la disminución de los costes laborales, pero eso también tiene un límite, los costes laborales unitarios tienen un límite y, si no somos capaces de incorporar elementos de mayor competitividad y de mayor calidad, estamos hablando de pan para hoy y hambre para mañana. Y nuestras exportaciones, a raíz de lo que he dicho anteriormente, también son prisioneras de un modelo productivo y de un modelo de competitividad que, hoy por hoy, se basa exclusivamente en la reducción de los costes laborales.
¿Qué límites tienen nuestras exportaciones? ¿Tienen márgenes bajos? Por un lado, se demanda una gran cantidad de importaciones y, por otro, hay una excesiva dependencia energética que también va muy ligado a la eficiencia energética que tiene España. Usted lo ha señalado, hay una dificultad de acceso a crédito y, además, a un crédito caro, el Fiem ayuda un poco en este sentido pero no suple por completo dicha dificultad, y el tejido de nuestras pymes genera también una dificultad de cultura empresarial. Haré solo una referencia. No sé si hay alguna estadística de cuántos de nuestros empresarios de pymes hablan inglés, seguramente nos llevaríamos una sorpresa por su escaso número y este es un elemento de mucha importancia de cara a poder intervenir en el mundo. Y, hoy, somos una economía en la que este sector aún es muy dependiente del turismo.
Frente a esto, a nuestras empresas les falta información, falta preparación del personal de las empresas para operar en mercados internacionales, hay dificultades para localizar mercados que sean potenciales clientes y hay dificultades de acceso a créditos –y usted también hacía referencia a ello− a pesar de la tan cacareada reforma financiera.
El Gobierno ¿qué ha hecho? En el 2011, la partida presupuestaria del Fiem era de 316 millones de euros y en el 2013 son 199,5. Es verdad que en 2011, 2012 y 2013 se han autorizado las operaciones con cargo a Fiem hasta un límite de 500 millones. Hay también, y afecta a nuestra capacidad exportadora y a nuestra capacidad de intervención económica en el exterior, una debilidad del cuerpo diplomático. Nuestra diplomacia comercial es débil. No tenemos una inteligencia competitiva que hoy en día convendría asegurar con una labor estratégica en nuestras delegaciones diplomáticas; no disponemos de servicios de consultorías y su saneamiento y que sean conocidos y accesibles especialmente para las pymes.
Tampoco disponemos del apoyo necesario a las empresas para poder preparar y desarrollar sus salidas a los mercados exteriores. Hay una escasa capacidad de protección de las inversiones al exterior –solo hay que ver lo que pasa en Bolivia o en Argentina- y no hay una política –ya sé que la Unión Europea y la OMC lo dificultan mucho- de subvenciones y de desgravaciones. Frente a esto, no solo tiene que haber una confianza en la capacidad de nuestras empresas y reconocer la necesidad que tienen de abrirse a los mercados exteriores sino que también hay que valorar cuáles son los límites y los condicionantes para poder implementar toda una serie de medidas que ayuden a la consecución de este objetivo; insisto, estoy hablando sobre todo de lo que sería el tejido de las pequeñas y medianas empresas.
Por último, la opción de cuál es nuestro modelo productivo −antes he hecho referencia a esto−. Para mí uno de los grandes errores de este Gobierno es la apuesta casi en exclusiva por una competitividad que se reduce a la disminución de los costes laborales unitarios. No hay apuestas decididas, reflejadas claramente a nivel presupuestario, por modelos de mayor calidad y, a partir de aquí, intentar ganar mayor valor añadido, solo hay que ver la evolución de los presupuestos en investigación, desarrollo e innovación o el escaso esfuerzo que hace el Gobierno en lo que se refiere a eficiencia energética. Por ello le planteo si a partir de estos razonamientos el Gobierno piensa desarrollar en todos estos aspectos algún tipo de iniciativa.
Para finalizar, nuestra intervención en el exterior, nuestra capacidad de exportación, de invertir fuera exige, especialmente en países en vías de desarrollo, una especial responsabilidad social por parte de las empresas. Me gustaría conocer cuál es la capacidad de intervención que desarrolla el Gobierno en el cumplimiento de esta responsabilidad social corporativa.

References: artículo 71
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 Real Decreto 
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 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 9
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