Source: http://justiciapenaladolescente.blogspot.com/2009/03/
Timestamp: 2017-12-13 03:32:23+00:00

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Justicia Penal Adolescente: Un blog sobre el sistema penal juvenil: marzo 2009
Notable fallo de la Corte Suprema: Revoca fallo de Corte de Temuco y da lugar a sustitución
Con una redacción muy lúcida de parte del Ministro Jaime Rodríguez, la Corte Suprema acogió el amparo interpuesto por la defensa de un joven contra la insólita decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que -como comentamos anteriormente- negó lugar a la sustitución acertadamente decretada por el juez de control de ejecución, el juez de Nueva Imperial.
La Corte Suprema ha reafirmado la especialidad del sistema penal adolescente, ha perfilado muy acertadamente una nueva institución como la sustitución, y lo contundente del fallo (uno de los mejores del nuevo sistema) plantea nuevamente dudas sobre la situación de los jóvenes infractores en la Araucanía, región que triplica la tasa nacional de encarcelamiento.
Tanto el argumento del fiscal como el del fallo de la Corte no eran parte de ningún debate en la academia ni entre los actores de las instituciones del nuevo sistema, fue una pura singularidad ocurrente que pudo significar consecuencias penosas para los jóvenes de la novena región. Una muestra en apoyo de este duro juicio: Ninguna corte del país, en los oficios remitidos a la Suprema sobre oscuridades en la interpretación de la ley mencionó este tema. La defensoría escogió correctamente su estrategia para debatir este punto y el fallo claramente recoge su posición, por lo que sólo sabe felicitar a los defensores responsables
La razón en que fundó su insólita resolución (de paupérrimas 4 líneas) la Corte de Temuco fue que le pareció "claro" que el art. 53 no cubría a los mayores de 18 años que estaban en un recinto de Gendarmería como titulares de ese derecho, según planteó - equivocadamente- la peculiar tesis del fiscal de la Araucanía. mezlando las reglas del art. 56 sobre traslado de condenados mayores de 18 años y 6 meses.
Nuestro máximo tribunal, por el contrario, acogiendo el fundado alegato del defensor penal público Claudio Fierro, estimó:
"Que el propósito perseguido por el legislador de la Ley Nº 20.084 consistió en asegurar a jóvenes imputados por delitos una serie de garantías fundamentales de carácter material y procesal. Como se anticipó, esta ley no crea una suerte de texto penal de los adolescentes, salvo en asuntos muy acotados, lo que hace es construir un marco legal cuyo objeto es morigerar las sanciones generales, para luego proceder a efectuar una conversión de la naturaleza de la pena correspondiente a cada caso y, por último, velar por la ejecución en los términos más favorables para la integración social del infractor."
"6.- Que el ámbito de aplicación de la Ley N° 20.084, según ordena su artículo 1°, se extiende a la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, al procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, a la determinación de las sanciones procedentes y, por último, a la forma de ejecución de éstas.
En consonancia con ello, el artículo 3° del aludido texto fija como destinatarios de sus disposiciones a quienes al momento en que se hubiere dado principio de ejecución al delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años, quienes, para efectos de esa ley, se consideraran adolescentes.
No es efectivo, como planteó en Ministerio Público en estrados, aplicar al caso de marras exclusivamente el artículo 56 de la legislación en estudio, muy por el contrario, tal precepto reconoce la plena aplicación de toda la normativa de la Ley N° 20.084 a los jóvenes que se encuentran en la hipótesis que ese artículo prevé, cuando dice “ En caso que el imputado o condenado por una infracción a la ley penal fuere mayor de dieciocho años o los cumpliere durante la ejecución de cualquiera de las sanciones contempladas en esta ley o durante la tramitación del procedimiento, continuará sometido a las normas de esta ley hasta el término de éste.” De ello se sigue que esta nueva normativa siempre es aplicable al infractor adolescente, hasta la total ejecución de la sentencia, aún cuando a esa data ya haya alcanzado la mayoría de edad.
9°.- Que, en consecuencia, el proceder de los recurridos ha vulnerado expresas normas legales, constitucionales y tratados internacionales ratificados y vigentes, amenazándose en forma concreta la libertad personal del joven infractor mediante el libramiento de la orden de detención expedida en cumplimiento de la resolución cuestionada de la Corte de Apelaciones de Temuco."
"Santiago, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.
3°.- Que el propósito perseguido por el legislador de la Ley Nº 20.084 consistió en asegurar a jóvenes imputados por delitos una serie de garantías fundamentales de carácter material y procesal. Como se anticipó, esta ley no crea una suerte de texto penal de los adolescentes, salvo en asuntos muy acotados, lo que hace es construir un marco legal cuyo objeto es morigerar las sanciones generales, para luego proceder a efectuar una conversión de la naturaleza de la pena correspondiente a cada caso y, por último, velar por la ejecución en los términos más favorables para la integración social del infractor.
4°.- Que en el caso en análisis, el joven Guillermo Andrés Cuevas Milla, en cuyo favor se recurre, fue juzgado y condenado al alero de la Ley N° 20.084, de modo tal que de acuerdo a lo que estatuyen los artículos 1° y 3°, de su texto, su situación procesal queda sujeta íntegramente a sus normas, hasta la completa y total ejecución de la sanción que le fue impuesta.
5°.- Que la Corte de Apelaciones de Temuco, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución del Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, en su calidad de tribunal de ejecución de la sanción, que sustituyó el castigo originalmente impuesto al adolescente infractor de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social a internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, en carácter condicional, declaró inaplicable el artículo 53 de la Ley N° 20.084, que estimó reservado a los menores que estén cumpliendo una pena en calidad de adolescentes, es decir, manteniendo su condición de menor de edad.
9°.- Que, en consecuencia, el proceder de los recurridos ha vulnerado expresas normas legales, constitucionales y tratados internacionales ratificados y vigentes, amenazándose en forma concreta la libertad personal del joven infractor mediante el libramiento de la orden de detención expedida en cumplimiento de la resolución cuestionada de la Corte de Apelaciones de Temuco.
I.- SE REVOCA la sentencia de once de marzo de dos mil nueve, escrita de fojas 16 a 20 y, en su lugar, SE ACOGE el recurso de amparo deducido en la presentación de fojas 1 a 8, por el defensor penal público Marcelo Andrés Pizarro Quezada en representación del adolescente condenado Guillermo Andrés Cuevas Milla, manteniéndose vigente la resolución pronunciada por el Tribunal de Garantía de Nueva Imperial en la audiencia del veintiuno de enero de dos mil nueve que sustituyó la sanción originalmente impuesta al amparado de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social por la de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social de manera condicional.
II.- Déjase sin efecto la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco de tres de febrero de dos mil nueve, en autos Rol N° 92-2009 RPP.
III.- Dejáse sin efecto la orden de detención despachada por el Tribunal de Garantía de Nueva Imperial contra el amparado Guillermo Andrés Cuevas Milla. Despáchese de inmediato las contraórdenes correspondientes.
Se previene que los Ministros señores Rodríguez y Künsemüller concurren al acogimiento de la acción de amparo deducida, considerando que sin perjuicio del efecto relativo de las sentencias y habiendo suscrito el fallo dictado con fecha cinco de febrero del año en curso, Rol N° 899-09, que declaró inadmisible un recurso de amparo, invocado en estrados por el Ministerio Público, modifican en esta sede dicha opinión, en atención a la jerarquía y finalidad del recurso previsto en el artículo 21 de la Carta Fundamental, destinado a cautelar de modo amplio y a toda persona el derecho a la libertad y seguridad individual, el que -como lo ha sostenido razonadamente y en varios pronunciamientos esta sala- no puede quedar al margen de la protección del ordenamiento jurídico por cuestiones formales; a esto cabe agregar que la legislación especial aplicable a la situación materia del amparo deducido en autos, tiene como fin esencial otorgar a los adolescentes responsables de delito, un estatuto propio, distinto al de los adultos, entre cuyos principios fundamentales, limitadores del ius puniendi, destaca el que caracteriza a la privación de libertad como último recurso, en concordancia con los objetivos de reinserción de los menores trazados por el legislador. Atendidas las particulares circunstancias de este caso -expuestas en los considerandos precedentes- que evidencian claras infracciones a la Ley N° 20.084, generadoras de una perturbación arbitraria de bienes jurídicos personalísimos, protegidos por la acción constitucional deducida, ésta debe ser acogida.
Redacción del Ministro señor Rodríguez y de la prevención el Ministro señor Künsemüller.
Rol N° 1809-09.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sr. Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y Carlos Künsemüller L. No firma el Ministro Sr. Ballesteros, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.
Autorizada por la Secretaria de esta Corte Suprema Sra. Rosa María Pinto Egusquiza."
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134 sustituciones
134 jóvenes condenados por diversos delitos lograron en 2008 que los tribunales sustituyeran sus penas por otras más favorables. Tal como Aarón Vásquez, culpable del homicidio del ciclista Alejandro Inostroza, 4 lo hicieron para estudiar.
Fuente: El Mercurio (que no dice de dónde saca su estadística)
Tribunal de Copiapó modificó condena de Aarón Vásquez a régimen semi cerrado
"El Tribunal de Garantía de Copiapó resolvió sustituir de régimen cerrado a semi cerrado la condena de Aarón Vásquez, homicida del ciclista Alejandro Inostroza a quien golpeó con un bate de béisbol en la cabeza en 2006.
Tras escuchar los argumentos tanto de la defensa como de la fiscalía, la jueza con dedicación exclusiva a la Ley Penal Juvenil Fresia Ainol Moncada, resolvió "dar lugar a la sustitución de pena de régimen cerrado a semi cerrado por el resto de la condena que le quede por cumplir".
En virtud de la resolución, que será ejecutoriada en 5 días más, Vásquez tendrá la posibilidad de salir a la calle con mayor frecuencia. Según explicaron en el Servicio Nacional de Menores (Sename), esto implica que Vásquez pasará a un centro donde deberá permanecer entre las 22.00 y las 7.00 horas.
Durante el día, el joven deberá desarrollar un plan de intervención individual elaborado por profesionales del Sename, que tendrá que ser aprobado por el tribunal. Dicho plan puede incluir, por ejemplo, educación y terapia, y su cumplimiento debe ser supervisado por un delegado.
Sename: Medida busca favorecer reinserción
Respecto de la modificación de la condena de Aarón Vázquez, el director del Sename, Eugenio San Martín, indicó que la Ley Penal Juvenil establece la posibilidad de sustituir una pena "siempre y cuando ésta favorezca el proceso de reinserción social del joven infractor y que los antecedentes del caso lo ameriten".
"La sustitución de condena es uno de los derechos reconocidos en la Ley Penal Juvenil y busca favorecer la reinserción social del joven infractor. Ello no significa, eso sí, que el adolescente no siga con un plan de intervención tendiente a responsabilizarlo de los delitos cometidos y rehabilitarlo para la sociedad", recalcó.
San Martín añadió que la variable educacional fue lo que más pesó en la decisión del Tribunal de Copiapó, "toda vez que el régimen cerrado hace incompatible que el joven pueda continuar sus estudios, uno de los aspectos relevantes establecidos en la propia Ley Juvenil".
"Entendemos que el caso de Aarón es de alta connotación pública, pero para nosotros se trata de un joven que tiene los mismos derechos y los mismos deberes que todos los otros jóvenes internos en nuestros centros", señaló la autoridad.
Actualización: Así lo informa hoy (25 de marzo) la página del poder judicial:
"El Tribunal de Garantía de Copiapó acordó sustituir la medida de internación en régimen cerrado del joven Aarón Vásquez Muñoz, condenado a 7 años de internación en ese tipo de recintos por el homicidio de Alejandro Inostroza Villarroel, ocurrido el 28 de octubre de 2006, en la Región Metropolitana.
La jueza Fresia Ainol Mondaca, especialista en Reforma Penal Adolescente del tribunal, acogió la solicitud de la defensa del joven condenado, la que planteó el tema argumentando el precepto previsto en el artículo 23 de la Ley 20.084, de Responsabilidad Penal Adolescente, que determina que se puede sustituir la pena de internación en régimen cerrado, una vez que se cumplan al menos dos años de cumplimiento efectivo de la condena.
La magistrada Ainol Mondaca apoyó su decisión en un informe emitido por el Centro de Internación del Servicio Nacional de Menores de Copiapó respecto del comportamiento de Vásquez en ese recinto.
“Después de valorar los antecedentes allegados a esta audiencia por el representante del centro cerrado, este tribunal estima que se han cumplido los fines preventivos y resocializadores de la pena tal como se señalaron en el Plan de Intervención Personalizado, al haber participado el sancionado en actividades socioeducativas, de formación para la vida laboral y de desarrollo personal; sin embargo tratándose de un joven egresado de enseñanza media no ha sido posible garantizar la continuidad de sus estudios, por la naturaleza de la sanción impuesta y por no existir en esta comuna oferta educativa que permita al joven continuar estudios mientras permanece en dicho centro”, asegura la resolución.
La determinación de la jueza Ainol Mondaca, quien invocó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Derechos del Niño y la Constitución Política, señala: “ 1- Se sustituye condicionalmente la pena impuesta a que fuera condenado Aarón Vásquez Muñoz, ya individualizado, por la sanción privativa de libertad en régimen semi cerrado, con programa de reinserción social, por el tiempo que falte para cumplir la sanción a que fuere condenado.
2- Si el joven no cumpliere con la sanción impuesta podrá revocársele su cumplimiento ordenándose la continuación de la sanción originalmente impuesta por el tiempo que faltare”.
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Eduardo Morales: "Hay que dejar de mandar a la cárcel a jóvenes que no lo merecen"
Eduardo Morales, Defensor Regional de Valparaíso, ha hecho varias salidas comunicacionales, muy lúcidas y documentadas, enfatizando los análisis del informe estadístico que la Defensoría entregó en el verano sobre responsabilidad penal adolescente. Este aprecio el 9 de marzo en La Estrella de Valparaíso:
"Un informe estadístico del primer año de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Responsabilidad Adolescente, dio a conocer la Defensoría Penal Pública.
El jefe regional del organismo, Eduardo Morales Espinosa, dijo que el estudio abarca entre junio de 2007 y junio de 2008. Sobre las conclusiones, el abogado destaca que comparativamente crecieron mayoritariamente las causas judiciales de adultos que de las adolescentes.
“Se derriba un mito que los jóvenes son peligrosos y vinculados a la delincuencia. No es así, quienes dicen eso y desconfían de los jóvenes están equivocados, no se ha mirado primero la viga en el ojo propio”. Para la autoridad, el informe hace pensar en futuras modificaciones legales, donde la principal sería restringir el uso de la internación provisoria. Del total de imputados, cerca de un 9% queda con esta medida cautelar. De este porcentaje un 89% los imputados no son condenados al terminar su caso a penas privativas de libertad, y estuvieron recluidos en vano. “Nos interesa no mandar a los jóvenes a una Universidad del Delito, hay que evitar el encarcelamiento. Es más fácil que un joven vaya a prisión preventiva que un adulto, y eso se ha traducido en una sobrepoblación de los centros con no condenados. En los adolescentes se nos da un panorama similar al anterior a la Reforma con los adultos, más presos esperando condena que presos condenados. Es un llamado de alerta y un problema del sistema. Hay que dejar de mandar a la cárcel a jóvenes que no se lo merecen”, enfatiza. Morales reflexiona sobre lo prejuiciosa de nuestra sociedad, con mucho temor a ser víctimas de un delito.
“Eso nos lleva a pensar equivocadamente que la única forma de enfrentarlos es a través de la represión, pero hay que combinarlo con prevención y rehabilitación, especialmente en el caso de los jóvenes.
Poner un menor de 18 años tras las rejas durante 5 ó 10 años es mandarlo al basurero. Esa no es la idea, sino que la pena vaya acompañada de rehabilitación y se transforme en alguien capaz de convivir y aportar a la sociedad”.
Etiquetas: eduardo morales
Corte de Apelaciones de San Miguel revisa casos de jóvenes en huelga de hambre
La presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ministra Lya Cabello, se encuentra revisando los casos de 23 internados en la sección juvenil del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, quienes iniciaron el lunes 16 de marzo una huelga de hambre en protesta en contra del Juzgado de Garantía de Puente Alto, por lo que consideran una ausencia de concesión de beneficios contemplados en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Los internos en huelga son todos mayores de edad, cinco de ellos tienen 18 años, y solicitan que el Juzgado respectivo les otorgue beneficios como la sustitución de condena, la sustitución condicional de las medidas privativas de libertad y la remisión de condena. Todos los implicados están siendo sometidos a constantes chequeos médicos.
La Corte de Apelaciones de San Miguel como organismo superior del Juzgado de Garantía de Puente Alto, junto con revisar la situación de estos reclusos está planificando una visita al centro para analizar los casos con los propios jóvenes.
Uruguay: ONGs piden investigar malos tratos en correccionales de menores
El Comité de Derechos del Niño de Uruguay reclamó hoy [9 de marzo] que se investiguen "posibles malos tratos" en los centros de internamiento de menores del Instituto Nacional Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ).
El coordinador de ese grupo que engloba a varias ONGs, Luis Pedernera, señaló a Efe que corresponde a las "administraciones del Estado" y al "Poder Judicial" llevar a cabo esta investigación, para "hacer transparente una situación que es sospechosa".
El comité había denunciado previamente en un comunicado que los adolescentes internos en centros del INTERJ, dependiente del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), viven en una "condición inhumana".
Según ese comunicado, los menores privados de libertad están involucrados en "redes de poder internas" y padecen "formas de sometimiento graves".
De este modo, el comité se sumó a las denuncias realizadas ayer por Unicef, que advirtió de que los dos centros de máxima seguridad del INTERJ ("Piedras" y "Ser", del complejo Colonia Berro) "no reúnen las garantías mínimas" de edificación y sanitarias "ni cuentan con actividades educativas".
La consultora de Unicef Susana Falca dijo hoy a Efe que ambos establecimientos son "de tipo carcelario" y carecen de actividades educativas o recreativas para los menores, quienes "pasan 23 horas al día encerrados".
"Un centro donde se trabaja con adolescentes en conflicto con la ley debe reunir otras características, como que no predominen las rejas, que no haya celdas sino dormitorios y que existan lugares de convivencia común", agregó Falca.
La asesora de Unicef mostró su "preocupación" por el "uso excesivo de la privación de libertad" para sancionar a los menores infractores y recordó que la Convención de Derechos del Niño apuesta por dar preferencia a otras medidas, como "la reparación de daños, el servicio a la comunidad y la libertad asistida".
En este sentido, Pedernera destacó la conveniencia de recurrir al internamiento como "último recurso" y aseguró que el INTERJ afronta un problema "estructural" que emerge "cíclicamente".
"No se ha contribuido a reducir la violencia que las situaciones de privación de libertad generan", opinó Pedernera, quien insistió en que "hay respuestas (del Estado) que no se pueden dilatar".
Según el coordinador del Comité de Derechos del Niño, "cuando hay nombres de funcionarios o trabajadores implicados en posibles malos tratos, la primera medida debe ser preservar la integridad física de los adolescentes", cuya voz, apostilló, "es la que menos aparece en el debate surgido tras los últimos acontecimientos".
La polémica surgió por la dimisión la pasada semana del hasta entonces director del INTERJ, el padre Mateo Méndez, quien dejó su cargo a raíz de los recientes motines de adolescentes en varios centros de acogida de Montevideo, uno de los cuales finalizó con la fuga de veinte menores.
En respuesta a las denuncias de las ONGs, el presidente interino del INAU, Jorge Ferrando, dijo hoy a la radio El Espectador que "las críticas generales no ayudan cuando se hace todo lo posible para mejorar".
Ferrando admitió que los centros del INTERJ padecen "carencias", pero subrayó que ha habido "importantes avances" en las condiciones de los hogares y la asistencia sanitaria.
Consideró además que en la mayoría de los países suramericanos la situación de los centros de internamiento de menores es "igual o peor" que en Uruguay.
Otra mirada en El País Digital:
INAU: Juez propone guardia externa para evitar fugas
Justicia. Reclaman que se acaten órdenes de internación
El juez de Adolescentes, Alejandro Guido, plantea que la Colonia Berro tenga un cerco perimetral infranqueable que evite las fugas de menores. El fiscal Gustavo Zubía apoyó el planteo y reclamó que el Estado cumpla lo ordenado por los jueces.
"Es un tema de sentido común", dijo Guido ayer a El País. El magistrado le planteó el tema a un asesor de seguridad del cura Mateo Méndez cuando estaba al frente del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj). Pero esa persona dejó el puesto junto a Méndez y la medida del cerco perimetral no se concretó.
Guido sostuvo que los internos en la Colonia Berro pueden tener libertad de movimiento, pero también debe haber un sistema de doble o triple perímetro y con garitas, con policías y no militares como en las cárceles. "Que se organice con un experto de seguridad para que el perímetro sea infranqueable y con eso se terminan los problemas de las fugas", expresó. "Una cerca perimetral impide fugas, hay que colocar garitas policiales cada tantos metros y tener bien iluminados los lugares para ver lo que pasa de noche. Son medidas que se toman con un asesor de seguridad", explicó el juez.
El juez puso como ejemplo el caso de un menor que en la Noche de las Luces en diciembre de 2008 hirió a otro adolescente en el cuello. Fue detenido y trasladado a la Berro, de donde se fugó, cometió un rapiña, fue detenido nuevamente y se volvió a fugar.
Guido dijo que aguarda conocer si las nuevas autoridades del INAU quieren conversar con los jueces de adolescentes y que si lo hacen reiterará este planteo de un cerco perimetral.
"¿Por qué no se escapan del Comcar ni del penal de Libertad? No es porque no quieran. Cada tanto se escapa alguno por una estratagema, pero no todos los días se están escapando permanentemente. Porque hay un cerco perimetral que se los impide", concluyó.
El fiscal Zubía dijo que "por supuesto" coincide "absolutamente" con la propuesta de Guido de instalar un cerco perimetral en la Colonia Berro para evitar las fugas. "Pero no importa cuál sea la mecánica, el INAU debe cumplir con lo ordenado por los jueces, tienen que acabarse estas fugas", afirmó.
"Hay que poner la casa en orden. No podemos soportar el criterio de que antes de que un menor haga un motín prefiero que se fugue como planteó el padre Mateo, porque eso propicia que la fuga sea permanente", añadió Zubía.
El fiscal es partidario de hacer "importantes modificaciones" al Código de la Niñez y la Adolescencia, "pero en lo empírico el número de fugas es muy elevado". Indicó que en el mes de enero, entre 45% y 50% de los jóvenes procesados se había fugado ese mismo mes. "Han habido casos de personas que se fugan tres o cuatro veces por año, es una recarga de la Justicia, la Policía y del número de víctimas y tira por tierra cualquier idea de rehabilitación", concluyó.
Blancos acuerdan estrategia por INAU
Los diputados blancos limaron sus diferencias de estrategia y, en reunión de bancada, Alianza Nacional y Unidad Nacional (UNA) acordaron ayer que -antes de promover una interpelación a Marina Arismendi y una comisión investigadora sobre el tema INAU- escucharán sus explicaciones, el jueves 19, cuando la ministra asista a la comisión de Población. Si las explicaciones no convencen, concretarán la interpelación y la diputada interpelante será Sandra Etcheverry. También respaldarán un pedido de instalación de comisión investigadora planteado por el Partido Colorado, dijo a El País el nuevo presidente de la bancada, Sergio Botana.
En la reunión de la bancada, el diputado herrerista Pablo Abdala admitió que fueron claras "las diferencias de estrategia" la semana pasada, cuando Etcheverry planteó la interpelación y los herreristas pidieron tiempo. Pero "ahora coincidimos en el camino", indicó. Los dos sectores están de acuerdo en esperar y escuchar las explicaciones, aunque "las condiciones estarían dadas para interpelarla ya", dijo Abdala.
El diputado indicó que se debería "haber descabezado" a todo el directorio del INAU y no sólo "mover una pieza por otra para que siga todo como está".
Votaron venia a Castro
La Cámara de Senadores votó ayer por mayoría (25 en 27 presentes) la venia para que la diputada frenteamplista Nora Castro asuma la presidencia del Instituto Nacional del Niño y del Adolescente (INAU). La senadora frenteamplista Margarita Percovich mocionó para que el asunto fuera considerado con carácter de grave y urgente y la también frenteamplista Lucía Topolansky hizo el informe. Los dos senadores que no votaron la venia fueron los nacionalistas Luis Alberto Heber y Enrique Antía. Castro renunció ayer a la diputación."
Discurso del Presidente de la Corte Suprema (fragmento sobre Responsabilidad Penal Adolescente)
Hay un merecido reconocimiento al trabajo del juzgado de garantía de San Bernardo y sala especializada.
"3.-RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.-
Existe actualizada información estadística sobre la detención, formalización y aplicación de medidas a adolescentes partícipes en hechos delictuales, además del análisis detallado de estos datos y su cotejo con la situación anterior a la ley N°20.084, de 2007.
En los aspectos correctivos del régimen establecido por este cuerpo legal, las estadísticas dan cuenta de que las Policías, el Ministerio Público, la Defensoría y los tribunales han cumplido sus funciones; los últimos, juzgando a los imputados y controlando la ejecución de las medidas que aplican.
Pero, en una perspectiva más amplia y considerando la delincuencia juvenil como un grave problema social, puede sostenerse que cada detención, formalización o condena de un adolescente no representa un logro, sino una derrota en su debida protección y desarrollo integral. Por lo mismo, un resultado positivo en este campo sería una baja sensible de los indicadores de medidas punitivas en la aplicación de la ley de responsabilidad penal adolescente.
A nuestro juicio, la llave para conseguir el buen éxito de un sistema en que participan actores con roles diferentes, es su coordinación. Y podemos señalar en abono de esta idea la interesante experiencia que desarrolló la Corte de San Miguel en San Bernardo y Puente Alto, precisamente mediante el esfuerzo integrado de todos los tribunales, servicios y entidades de esas comunas. A lo que se sumaron las acciones de difusión que organizó el mismo tribunal a través de obras teatrales, en que intervinieron jueces como actores.
Más allá de los datos de detenciones y medidas aplicadas a adolescentes, debemos insistir en que los tribunales cumplen una parte específica de un sistema que debería descansar no sólo en la protección y castigo de los jóvenes que delinquen, sino más bien en la prevención y especialmente rehabilitación, tareas que están a cargo de otros organismos y entidades."
El subcomisario del condado de King, Seattle, Paul Shene golpea a una niña detenida de 15 años
Más detalles de la agresión (asalto en cuarto grado, en jerga leguleya gringa) en seattlepi.com

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 56
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 23