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Timestamp: 2020-01-22 21:32:44+00:00

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Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá, para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales. Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá, para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá, para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales
Con fecha 2 de junio de 2017 se ha suscrito el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales.
Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales
a 2 de junio de 2017.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.o 2) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 9 de diciembre de 2013, mediante Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Sr. don Ángel Garrido García, nombrado por Decreto 26/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. doña Cristina Cifuentes Cuencas, actuando por delegación de la misma (Decreto 24/2017, de 6 de abril), en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 41.a) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y en aplicación del criterio 4.1 del Acuerdo, de 16 de octubre de 2003, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se aprueban los criterios de coordinación de la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
El Rector de la Universidad de Alcalá, don Fernando Galván Reula, en nombre y representación de esta, en virtud de su nombramiento por Decreto 26/2014, de 13 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, publicado en el Boletín Oficial de dicha Comunidad el día 17 de marzo de 2014; y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por los Estatutos de la citada Universidad, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 260, de 31 de octubre de 2003), y modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, del citado Consejo de Gobierno (BOCM núm. 35, de 10 de febrero de 2012).
Cuarto. El Real Decreto 600/2002, de 1 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia establece en su anexo B).1.b) que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad de Madrid, corresponde a la citada Comunidad. Además el apartado C).1 del citado anexo establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad de Madrid.
Quinto. A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de Gobierno, el de la Administración a quién corresponda la titularidad del inmueble y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Sexto. El artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que, en relación con la Administración de Justicia, corresponde a la Comunidad ejercer las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno de la Nación y cuantas competencias le atribuye el título IV de dicho Estatuto de Autonomía. Asimismo, con arreglo al Decreto 25/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y al Decreto 192/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, corresponde a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno el ejercicio de las competencias en materia de Administración de Justicia, entre ellas la dirección, gestión e inspección en materia de provisión de medios materiales, económicos y personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Séptimo. Uno de los fines de la Universidad de Alcalá es el de la preparación académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Décimo. El presente convenio se ajusta al modelo de Convenio Practicum aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Dicha colaboración se concreta en que el alumnado que cursa estudios en la Universidad de Alcalá, pueda realizar prácticas externas en juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid de conformidad con las siguientes
1. Constituye el objeto del presente convenio la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el alumnado matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado y/o máster que imparte la Universidad de Alcalá y siempre de titulaciones relacionadas con profesionales de la Administración de Justicia, en los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid.
2. Por un lado la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid se compromete a permitir la realización de las prácticas externas objeto del presente convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales.
3. Por otro lado la Universidad de Alcalá se compromete a que la persona o personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de los siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universidad que sea de aplicación:
a) Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo expedido por la Universidad de Alcalá que certifique su actividad como tutor/a de estudiantes en prácticas.
4. La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad en su caso, el convenio quedará suspendido, en tanto persistan estas situaciones o, en su caso extinguido sin que sea preciso denuncia previa en este sentido y sin derecho a reclamación alguna por parte de la Universidad de Alcalá o concesión de indemnización o compensación a su favor.
3. El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las prácticas externas de la Universidad de Alcalá.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad de Alcalá, realizándose en horario compatible con el de los juzgados o tribunales, en ambos casos, a establecer por la persona responsable de los mismos en función del mejor funcionamiento del órgano jurisdiccional.
5. El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid quedan eximidos de cualquier responsabilidad respecto al alumnado del curso, cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. En ningún caso, se entenderá que entre las partes se establecen relaciones contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo cubriendo así necesidades ordinarias de la Administración de Justicia en detrimento de personal público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid no están obligados a realizar contraprestación económica alguna.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la realización de las prácticas externas a que se refiere el presente convenio será asumida, exclusivamente por la Universidad de Alcalá.
La Universidad de Alcalá emitirá un documento acreditativo a la persona o personas que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada en el programa de prácticas externas.
Todos los afectados por el presente convenio, devendrán obligados por las disposiciones y exigencias establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y resto de normativa de desarrollo.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente Convenio, la Universidad de Alcalá se compromete a destacar en su Memoria anual y en cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la colaboración prestada, por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y los tribunales y juzgados afectados.
1. Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en el presente Convenio, se crea una Comisión de seguimiento paritaria integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y un/a representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid que forma parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La Comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la Comisión de seguimiento se valorará la incorporación de nuevos anexos de titulación, de entre las impartidas por la Universidad de Alcalá, en desarrollo del Plan Bolonia y según lo establecido en el objeto del convenio, que una vez consensuados por la comisión y firmados por las partes, se incorporarán al convenio.
1. El presente convenio de colaboración tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su firma, y será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del convenio.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público al amparo de lo dispuesto en su artículo 4.1.C). No obstante, los principios de dicho texto sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse y no se resolvieran por la comisión de seguimiento a que se refiere la cláusula octava, como establece el artículo 4.2 del mismo texto legal.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las instituciones que representan, suscriben el presente Convenio por cuadruplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados al principio.–
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.–
P.D.F (Decreto 24/2017,de 6 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid), el Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido García.–
El Rector de la Universidad de Alcalá,

References: Resolución 

Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 585
 artículo 41
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 49
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4