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Timestamp: 2020-02-29 00:03:23+00:00

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﻿ SENTENCIA T-1238 DE DICIEMBRE 11 DE 2008
SENTENCIA T-1238 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:REINTEGRO LABORAL DEL PRE PENSIONADO. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DEL TRABAJADOR PRÓXIMO A PENSIONARSE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EN REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA, AL CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN EL RETÉN SOCIAL PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REINTEGRO LABORAL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, RETÉN SOCIAL
Sentencia T-1238 de diciembre 11 de 2008
Sentencia T-1238 de 2008
Ref.: Expedientes T-1’952.506, T-1’987.754, 1’987.759, T-1’994.038
Peticionarias: Ana Esperanza Vélez Rodríguez, Myriam Leonor García Velasco, María Florinda Salamanca Niño y Adriana Cristina Ángel Patiño.
Bogota D.C., once de diciembre de dos mil ocho.
Dice la demandante que la empresa social del Estado le desconoció el derecho a permanecer vinculada mientras se surtía el proceso de liquidación. Dice que la estabilidad laboral reforzada es de origen constitucional y debe protegerse; que su condición de prepensionada la ubica en esa franja de personas protegidas; que la decisión de la empresa afecta su mínimo vital, teniendo en cuenta los gastos que debe hacer para mantener a su familia, que se vulneró su derecho al debido proceso por cuanto la supresión del cargo exigía que se la reubicara en otro, y que la convención colectiva es aplicable en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional (Sent. C-349/2004)
En memorial del 7 de mayo de 2008, la abogada Magdalena Sabogal de Urrego, en representación de Fiduagraria S.A., sociedad encargada de la liquidación de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, dio contestación a la demanda. Señaló que la tutela es mecanismo improcedente para obtener el reintegro laboral o el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales; indicó que la peticionaria no se enfrenta —o no lo demostró— a un perjuicio irremediable por razón de su desvinculación de la empresa, más todavía cuando recibió una indemnización superior a los 60 millones de pesos y tiene en su haber 3 inmuebles y un vehículo; que la convención colectiva de trabajo suscrita con el ISS no es aplicable a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento; que la ESE no tiene a su cargo la prestación de servicios de salud, por lo que no puede vincular personal destinado a esas labores; que los actos de supresión de la entidad se presumen válidos y son demandables ante la jurisdicción administrativa; que la demandante no presentó los recursos contra la decisión que no le concedió la calidad de prepensionada; que la demandante no ha cumplido la edad para quedar cobijada por el régimen de transición.
Fiduagraria S.A. impugnó la decisión en memorial del 25 de marzo de 2008. Se ratificó en que la acción de tutela no es el medio idóneo para obtener el reintegro de la demandante ni para garantizar el pago de las prestaciones y salarios dejados de percibir; que la ESE Luis Carlos Galán no puede adelantar tareas distintas a las tendientes a su liquidación, por lo que no es posible que preste servicios médicos a posibles usuarios: la empresa simplemente no tiene funciones para realizar en materia de salud; que la demandante no afronta un perjuicio irremediable porque recibió una indemnización superior a los 62 millones de pesos; que en la liquidación de la empresa se han seguido los lineamientos legales y se han cumplido las directrices administrativa; que la protección a las personas próximas a pensionarse se extendió hasta el 24 de julio de 2007, tal como lo indicó la Sentencia T-993 de 2007, por lo que no existía obligación legal de incluir a la peticionaria en el retén social, y que de cualquier manera ésta no cumplía con la edad requerida para se(sic) incluida.
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, es competente para revisar los fallos de tutela de los asuntos acumulados en este proceso.
Las demandantes solicitan por vía de tutela que el juez de conocimiento ordene su reintegro a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento —en liquidación— y disponga el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. Sostienen que por tener la calidad de personas próximas a pensionarse, no podían ser desvinculadas sino hasta que culminara el proceso de liquidación de la empresa.
“En este orden de ideas, las pretensiones que están dirigidas, por ejemplo, a obtener el pago de salarios, el reconocimiento de prestaciones sociales, el reconocimiento o reliquidación de pensiones, la sustitución patronal, el reintegro de trabajadores y, en fin, todas aquellas prestaciones que derivan su causa jurídica de la existencia de una relación laboral previa, en principio, no están llamadas a prosperar por vía de la acción de tutela, en consideración al criterio de subsidiaridad que reviste la protección constitucional”. (Sent. T-768/ 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería) (resaltado fuera del original).
Esta jurisprudencia advierte que la tutela es, en principio, un medio inadecuado para elevar pretensiones de orden laboral, pues, por disposición de la Constitución Política, este es un mecanismo residual de protección judicial. En ese sentido, los asociados deben acudir en primera instancia a la jurisdicción ordinaria para ventilar los asuntos que ponen en riesgo sus garantías constitucionales. Sobre el particular, la Corte sostuvo:
“(…) la paulatina sustitución de los mecanismos ordinarios de protección de derechos y de solución de controversias por el uso indiscriminado e irresponsable de la acción de tutela entraña (i) que se desfigure el papel institucional de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, (ii) que se niegue el papel primordial que debe cumplir el juez ordinario en idéntica tarea, como quiera que es sobre todo éste quien tiene el deber constitucional de garantizar el principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2º Superior) (1) y (iii) que se abran las puertas para desconocer el derecho al debido proceso de las partes en contienda, mediante el desplazamiento de la garantía reforzada en qué consisten los procedimientos ordinarios ante la subversión del juez natural (juez especializado) y la transformación de los procesos ordinarios que son por regla general procesos de conocimiento (no sumarios)”. (Sent. T- 514/2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
“Como lo ha indicado esta corporación, por perjuicio irremediable debe entenderse “(..) aquel daño que puede sufrir un bien de alta significación objetiva protegido por el orden jurídico, siempre y cuando sea inminente, grave, requiera la adopción de medidas urgentes y, por lo tanto, impostergables y que se trate de la afectación directa o indirecta de un derecho constitucional fundamental y no de otros como los subjetivos, personales, reales o de crédito y los económicos y sociales, para los que existen vías judiciales ordinarias (2) ”. Si no concurren los anteriores supuestos y no se ha demostrado la inminente configuración del perjuicio irremediable, la acción de tutela no será procedente cuando existen medios jurisdiccionales alternativos para la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados, pues el juez de tutela no puede suplantar a los jueces naturales de los diferentes asuntos”. (Sent. T-1496/2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).
“C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.
“De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio”. (Sent. T-225/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
Ciertamente, de acuerdo con la sentencia de unificación SU-389 de 2005 (3) , la tutela es el mecanismo judicial procedente para aplicar las normas del retén social porque éstas tienen como objetivo el amparo de personas puestas en condiciones especiales de vulnerabilidad, en el marco de procesos de reestructuración de entidades públicas. Así lo entendió la Corte al señalar.
“Estas sub reglas, en virtud de todo lo expuesto, son igualmente extensivas a la situación de los padres cabeza de familia que hayan sido desvinculados de sus cargos desconociendo que son beneficiarios del retén social previsto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, siempre y cuando se advierta que su situación se adecua efectivamente al supuesto de hecho de la citada disposición legal y a los criterios enunciados en este fallo”. (Sent. SU-389/2005, M.P. Jaime Araujo Rentería).
“Ciertamente, la panorámica general del caso le revela a la Sala que la afrenta irremediable se cierne contra el derecho a adquirir una pensión, de un individuo que estaba en vía inequívoca de adquirirla. Y aunque para los fines de su reconocimiento sería posible acudir a la jurisdicción ordinaria, es previsible que para cuando se produzca el fallo judicial la entidad suprimida haya sido plenamente liquidada y la peticionaria no encuentre a quién reclamar su derecho pensional vitalicio. También es previsible que en las circunstancias actuales de la demandante, la misma vea limitadas sus posibilidades reales de conseguir un empleo que le permita completar la edad para pensionarse, que de cualquier manera no sería la consagrada en la convención colectiva de trabajo”. (Sent. T-009/2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
“Aunque en este punto es evidente que es al legislador al que le corresponde determinar quiénes están más cerca o más lejos de adquirir el derecho a la pensión, también lo es que, una vez se establece la diferencia, los principios de proporcionalidad, razonabilidad e igualdad imponen un tratamiento más benigno para quienes más cerca están de pensionarse. De allí que se justifique que sus expectativas de adquisición sean protegidas con mayor rigor que las comunes, y que se les permita pensionarse de conformidad con el régimen al cual inicialmente se acogieron. No obstante, ¿en qué consiste esta especial consideración que el legislador debe tener por quienes están próximos a pensionarse? Para determinar el alcance de la misma esta Sala considera útil adentrarse un poco en la jurisprudencia constitucional pertinente”. (T-009/2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
5. Los derechos de los prepensionados en el retén social.
Con el fin de renovar y modernizar la estructura de la administración pública —concretamente de la rama ejecutiva—, el legislador expidió la Ley 790 de 2002. Consciente de que el proceso de renovación implicaría la eliminación de ciertas entidades, el legislador diseñó un plan de protección para las personas que podrían resultar altamente perjudicadas por dichas medidas. El legislador creó el retén social, un dispositivo que impedía desvincular durante la reestructuración de dichas entidades a i) las madres cabeza de familia sin alternativa económica, ii) las personas con limitación física, mental, visual o auditiva y iii) los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos de edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de dicha ley (4) . El texto de la norma es el siguiente.
“Ello porque el hecho de que el término de 3 años se cuente a partir de la fecha de promulgación de la Ley 790 de 2002 es una condición claramente modificada por el Plan Nacional de Desarrollo —812/2003—, pues ésta última prolongó la vigencia del retén social a todo el plan de renovación de la administración pública, no ya al que fue objeto de regulación transitoria por parte de la Ley 790.
“Así las cosas, para la Sala es claro que la protección que las autoridades deben dar a las personas próximas a pensionarse debe extenderse durante todo el proceso de renovación de la entidad que ha sido objeto de liquidación o reestructuración dentro del plan de renovación de la administración nacional, tal como ha ocurrido con las madres y padres cabeza de familia sin alternativa económica y las personas discapacitadas”. (Sentencia T-009/2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) (resaltado por fuera del original).
“De acuerdo a lo anterior, la protección del retén social para las personas próximas a pensionarse debe extenderse durante todo el proceso de renovación de la administración pública, que al haber sido extendido por la Ley 812 de 2003 termina en el momento en que dicha ley expiró, es decir hasta el 24 de julio de 2007”. (Sent. T-993/2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
6. Derechos de los prepensionados en la liquidación de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.
“Los beneficios consagrados en el capítulo 2 de la Ley 790 de 2002, se aplicarán a los servidores públicos retirados del servicio en desarrollo del programa de renovación de la administración pública del orden nacional, a partir del 1º de septiembre de 2002 y hasta el 31 de enero de 2004”.
Efectivamente, el encabezado del Decreto 3202 de 3007, por el que se liquida la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento dispone: “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y de conformidad con el Decreto-Ley 254 de 2000 y la Ley 1105 de 2006, y CONSIDERANDO…”.
“ART. 4º—Los servidores públicos en condición de padre o madre cabeza de familia sin alternativa económica, discapacitados, pensionables y embarazadas, se mantendrán temporalmente en la planta de cargos mientras conserven la condición que les otorga el reunir el supuesto de hecho que generó el beneficio. Extinguida la condición de beneficiario por circunstancias sobrevinientes, el cargo quedará automáticamente suprimido”.
Además, en respuesta expedida a esta misma Sala de Revisión por el Departamento Nacional de Planeación, en el proceso correspondiente al expediente T-1’968.373, dicha dependencia informó a la Corte que la supresión y liquidación de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento sí había sido liquidada en el marco del programa de renovación de la administración pública, “de conformidad con los lineamientos definidos por el Presidente de la República en la directiva 10 del 20 de agosto de 2002”, lo cual despeja toda duda sobre la aplicación del retén social.
7. El debate sobre la aplicación de la convención colectiva a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.
“En este contexto, la norma, al dejar por fuera tales derechos, menoscaba las garantías laborales protegidas por el artículo 53 de la Carta Política, al tiempo que desconoce la protección de los derechos adquiridos conforme a las leyes civiles y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico”. (Sent. C-314/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
“Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico”. (Sent. C-314/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
“No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos, conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-314 de 2004”. (Sent. C-349/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
Con todo, la jurisprudencia fue enfática en afirmar que la vigencia de dichos derechos, beneficios y garantías estaba sujeta de la vigencia de la convención colectiva. En los fallos citados la Corte fue enfática al advertir que la vinculación automática de los trabajadores oficiales a las ESE que surgieron producto de la escisión del ISS pretendía “asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador – trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso (5) ”.
Y en la cita de la sentencia precedente, la Corte había dicho que como “la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico (6) ”.
Con todo, el Código Sustantivo del Trabajo establece en su artículo 478 que si la convención colectiva no es denunciada antes de que se cumpla el término de vencimiento, la misma se entenderá legalmente prorrogada por términos de 6 meses. La disposición legal dispone, entonces, que la falta de denuncia de la convención extiende indefinidamente —por lapsos de 6 meses y hasta que se denuncie o se suscriba otra convención— los derechos, beneficios y garantías que en ella se consigna. Al respecto dice la norma:
ART. 478.—Prórroga automática. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación.
“ART. 479.—Modificado por el artículo 14 del Decreto 616 de 1954 - Denuncia. 1. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las partes, o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el inspector de trabajo del lugar, y en su defecto ante el alcalde, funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho funcionario, y las copias serán destinadas para el Departamento Nacional del Trabajo y para el denunciante de la convención.
“Los efectos de la denuncia de la convención colectiva son diferentes según provengan de una u otra parte, o si provienen de ambas partes simultáneamente: la posición jurisprudencial contempla las siguientes soluciones (CSJ, Cas. Laboral, Sent. nov. 22/84):
b) Cuando la denuncia es hecha por ambas partes trae como consecuencia que la negociación del pliego de peticiones no está sujeta a lo que anteriormente se haya pactado por las partes. En estos casos las partes en conflicto quedan en libertad de señalar nuevas condiciones de trabajo; y, respecto de los árbitros, éstos gozan de la misma amplitud, y;
c) Si la denuncia es hecha solamente por el patrono, la convención colectiva continúa vigente, con las prórrogas legales, porque no pudiendo presentar los patronos pliegos de peticiones, no tienen la facultad de iniciar un conflicto colectivo que culmine con otra convención colectiva o con el fallo de un tribunal de arbitramento obligatorio. No es posible entonces que los patronos inicien el conflicto colectivo, pero sí están facultados para presentar sus puntos de vista en la denuncia de la convención, cuando el conflicto es planteado por los trabajadores” (CSJ, Sala de Casación Laboral, sent. nov. 22/84).
“De tal manera que los efectos de la denuncia sobre la convención denunciada son limitados: primero, no le resta eficacia jurídica a lo pactado, ya que la convención continua vigente; segundo, la vigencia de la convención denunciada no tiene término legal fijo; tercero, la continuidad de la convención está supeditada a que se firme una nueva convención, lo cual supone un nuevo acuerdo entre las partes en lugar de la imposición unilateral de condiciones laborales diferentes”. (Sent. C-1050/2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
“En consecuencia, los efectos de la denuncia de la convención colectiva por parte del empleador se entienden, en relación con los cargos de la demanda y la norma demandada, limitados a la manifestación unilateral de desacuerdo sobre su continuidad, siendo los trabajadores quienes determinan si dan inicio al conflicto colectivo mediante la presentación del respectivo pliego de peticiones”. (Sent. C-1050/2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Ahora bien, la liquidadora de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento advierte en respuesta al auto de pruebas de la Sala de Revisión del 19 de noviembre de 2008 que la ESE demandada no tiene convención laboral suscrita con ningún sindicato, pues nunca ha firmado este tipo de pacto con ningún trabajador. Señala que la convención existente fue acordada entre el ISS y el sindicato de la empresa —Sintraseguridadsocial—, pero que las decisiones allí adoptadas no pueden serle extendibles a la nueva ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, empresa que ni siquiera había empezado a existir cuando entró en vigencia la convención (exp. T-1’952.506, fls. 26 y 27, cdno. 1).
En efecto, de conformidad con el fallo citado, la generación de derechos convencionales está ligada a la pérdida de vigencia de la convención, pero es claro que no existe prueba en el expediente que demuestre que tal convención ha dejado de regir. El hecho mismo de que haya sido denunciada (la denuncia más reciente fue el pasado abr. 21/2008) demuestra que la misma ha conservado vigencia a pesar de haberse pactado inicialmente hasta el 31 de octubre de 2004.
“En la legislación colombiana, se estableció la sustitución patronal desde 1935 (D. 652, art. 27 de tal año), reglamentario de la Ley 10 de 1934, que dijo: ‘Para los efectos de la ley que se reglamenta, se considerará como una misma empresa, la que haya conservado en sus líneas generales el mismo giro del negocio u ocupaciones con las variaciones naturales del progreso, ensanche o disminución, aun cuando hubiere cambiado de nombre, patrono o dueño’. Posteriormente, el inciso 3º del artículo 8º de la Ley 6ª de 1945 estatuyó que la sola sustitución del patrono no extingue los contratos de trabajo. Esta ley fue desarrollada por el Decreto 2127 de 1945 que en su artículo 53 definió la sustitución de patronos como ‘toda mutación del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración sea por muerte del primitivo dueño, o por enajenación a cualquier título, o por transformación de la sociedad empresaria o por contrato de administración delegada o por otras causas análogas’. Posteriormente se expidió la Ley 64 de 1946 en el mismo sentido. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 67 indicó que ‘Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones en el giro de sus actividades o negocios’, y es perentoria la determinación del artículo 68: ‘La sola sustitución de patronos no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes’. El profesor Guillermo González Charry al comentar este artículo dice que ‘El artículo 68 establece, siguiendo este criterio, que la sola sustitución de patronos no extingue, suspende o modifica los contratos de trabajo existentes; es decir, que lo que se ha querido establecer es una desconexión completa entre la suerte de los trabajadores y las operaciones financieras o mercantiles que puedan ocurrir en relación con la empresa. No siendo parte en la negociación, los trabajadores tampoco pueden ser sus víctimas’. (Derecho del Trabajo, pag. 231).
“‘Así entendido, uno de los derechos que se cede o que es susceptible de traspaso por la sustitución, es el de comparecer al juicio; y por consiguiente, si al momento en que se haga la sustitución hay litigios pendientes en los cuales esté comprometida la entidad económica, y de cuyas resultas pueda sobrevenir un compromiso para ella, el nuevo patrono puede y debe hacerse parte en el juicio; si no lo hace (porque los jueces no están obligados a notificarle el curso del juicio cuando se opera una sustitución patronal), no será ello culpa de la cuestión procesal, ni lo será del trabajador, sino, simplemente, porque la ley no prevé esa notificación especial. Pero como quien está comprometido de todas maneras en las responsabilidades o en las presuntas obligaciones a que ha dado lugar el juicio es la empresa y no personalmente el patrono, es lógico entender que al sobrevenir un fallo, el trabajador pueda ejecutar al patrono sustituto, puesto que en el fondo lo que persigue es que los bienes económicos que constituyen el patrimonio de la empresa, vengan a responderle de las prestaciones sociales y de los salarios que se causaron por motivo del contrato de trabajo’.
“Este criterio cobra mayor fuerza cuando se trata de obligaciones de hacer, que son imposibles de cumplir por el antiguo empleador, y que, por el contrario, la facticidad de su cumplimiento sólo podría concretarla la nueva empresa. De manera que hay igual pensamiento de la doctrina con lo que la Corte Constitucional ha dicho a este aspecto”. (Sent. T-395/2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
“El análisis de los elementos que componen esa situación fáctica, lleva a la Sala a concluir que el pacto celebrado entre la empresa cuya supresión y liquidación se había ordenado y los representantes de los trabajadores, en cuanto a que no operaba la figura de la sustitución patronal respecto de aquella sociedad cuya constitución estaba en ciernes, desconocía la realidad fáctica que se estaba consolidando y que se materializó posteriormente, demostrativa justamente de la sustitución patronal que se negaba en el mencionado acuerdo, pues obsérvese que aparejada a la supresión y liquidación de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, se ordenó la creación de otra que habría de ejecutar varias de actividades o negocios que cumplía aquella (servicios de acueducto y alcantarillado)”. (Sent. T-406/2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández) (resaltado por fuera del original).
Desde la perspectiva indicada, esta Sala puede afirmar que el cambio de empleador no impidió que la convención colectiva de trabajo suscrita con el ISS dejara de ser fuente de derechos para el trabajador —como lo dijo la Sent. C-314/2004, por lo menos hasta que dicha convención conserve su vigencia—, y que el cumplimiento de sus cláusulas sea exigido en ese entretanto al nuevo empleador.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que la convención colectiva suscrita entre el ISS y Sintraseguridad social se encuentra todavía vigente. Por ello debe determinarse ahora si en virtud del artículo 98 de dicha convención, las demandantes cumplían con la condición de prepensionadas.
“El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el período que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales (…)”.
Para el análisis de los casos concretos, la Sala tendrá en cuenta si las demandantes cumplen con los requisitos previamente indicados. Si el cumplimiento de dichos requisitos se habría logrado dentro de los 3 años siguientes a la fecha de liquidación de la empresa —ago. 24/2007— debe concluirse que la demandante tenía la calidad de prepensionada y merecía no ser desvinculada de la institución mientras ésta no desapareciera definitivamente.
No obstante, antes de proceder al análisis de los casos concretos, esta Sala debe advertir que —recientemente— la Sala Primera de Revisión de tutelas de la Corte, en providencia T-1166 de 2008, resolvió un proceso acumulado de ex trabajadoras de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento que expusieron por vía de tutela casos similares a lo que aquí serán objeto de estudio. La Sala Primera sustentó la decisión de amparar el derecho fundamental de las peticionarias en argumentos similares a los expuestos en esta providencia.
En oficio del 18 de septiembre de 2007, mediante el cual se respondió el derecho de petición a la demandante, la apoderada especial del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento negó la inclusión de Ana Esperanza Vélez Rodríguez al retén social por cuanto no cumplía con el tiempo y la edad requeridos por la convención para poder ser considerada como prepensionada (fl. 38, cdno. 4).
De conformidad con esta norma, el tiempo total de servicio prestado por la demandante en las distintas entidades fue de 19 años, 1 mes y 20 días para el 18 de septiembre de 2007, lo que significa que para la fecha de liquidación de la entidad —ago. 24/2007— la peticionaria requería menos de 3 años para cumplir con el requisito de 20 años de servicios.
La ESE Luis Carlos Galán Sarmiento respondió el derecho de petición de inclusión en el retén social de la demandante mediante oficio del 2 de abril de 2008 (fl. 6, cdno. 2). En la respuesta aseguró que la demandante no tenía derecho a la protección del retén social porque, a la fecha de dicha comunicación —abr. 2/2008—, contaba 51 años de edad, pero 17 años y 6 meses de servicios.
De la respuesta de la entidad se tiene entonces que, a 2 de abril de 2008, la demandante contaba 17 años y 6 meses de servicios. No obstante, si para esa fecha la demandante tenía esos años y meses de servicio, es claro que a 24 de agosto de 2007 —fecha de liquidación de la empresa—, es decir 8 meses antes, la demandante tenía 16 años y 10 meses de tiempo de servicio, lo que significa que le faltaban más de 3 años para adquirir el tiempo de servicio necesario para jubilarse. A pesar de ello, la demandante adujo en la demanda que cumplía con 20 años de servicios, pero que algunos no figuran porque no se hicieron los aportes respectivos.
En la respuesta remitida a esta Sala, oficio CTH 12195 del 25 de noviembre de 2008, la coordinadora jurídica y asesora de la ESE, María Victoria López, se limitó a señalar que la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y el sindicato, que vencía el 31 de octubre de 2004, no le era aplicable a la empresa en liquidación, por lo que tampoco la misma había denunciado o negociado convención alguna, pues con dicha empresa nunca existió ni existe convención colectiva de trabajo (exp. T-1’952.506, fls. 26 y 27, cdno. 1).
En atención a lo anterior, dado que para la fecha de esta sentencia no se tenía certificación que señalara con exactitud el tiempo total de servicio de la peticionaria, la Sala, ateniéndose a las pruebas aportadas al proceso, encuentra que en el expediente figuran dos certificaciones laborales del Instituto de Seguros Sociales donde consta que la demandante entró a trabajar a la entidad el 26 de septiembre de 1990 (fls. 29 y 30, cdno. 3). La certificación da cuenta del paso de la empleada del ISS a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, por lo que puede inferirse que la funcionaria trabajó sin solución de continuidad desde aquella fecha. Si la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento fue liquidada el 24 de agosto de 2007 y la demandante ingresó al ISS el 26 de septiembre de 1990, según la certificación a que se ha hecho referencia, el cálculo indica que para la fecha de liquidación aquella no había completado 17 años de servicio a la entidad. Efectivamente, le faltaba un mes para completar los 17 años de servicios.
Ahora bien, la demandante dice que entró a trabajar el 3 de julio de 1987, pero de las pruebas aportadas al proceso, concretamente de la planilla de afiliación a la seguridad social (fls. 10, reverso, y 11, cdno. 3) se tiene que su ingreso a la Caja Seccional de Cundinamarca del Seguro Social fue en octubre de 1990. No obstante, a folios 31 y 32 del mismo cuaderno aparecen dos comunicaciones, una de ellas expedida por el Jefe de Información y Registro del Instituto de Seguros Sociales, en donde consta que la demandante trabajó como encuestadora del ISS, “funcionaria” de la entidad, dice el informe del folio 31, durante 3 meses, entre julio y septiembre de 1987. Igualmente, aparece una certificación en la que consta que la peticionaria trabajó como supernumeraria en meses distintos entre el año 1987 y junio de 1990, como ayudante de servicios generales y aseadora (fl. 34, cdno. 3).
De conformidad con el oficio del 21 de mayo de 2008, mediante el cual la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento contestó el derecho de petición de la demandante para que fuera incluida en el retén social, ésta cumplía con 18 años, 8 meses y 6 días laborados y 49 años de edad (fl. 27, cdno. 2).
Es claro que 9 meses antes, para la fecha de liquidación de la empresa por el Decreto 3202 de 2007 —ago. 24/2007— a la demandante le faltaban menos de 3 años para cumplir con el requisito de tiempo de servicio y edad. En efecto, para tal fecha la demandante tenía casi 18 años de servicios y 48 años y 4 meses aproximadamente (nació el abr. 25/59), lo cual la cataloga como prepensionada.
El 19 de septiembre de 2007 la liquidadora de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento informó a Adriana Ángel Patiño que a esa fecha contaba 18 años, 7 meses y 11 días de servicios a la entidad y tenía 47 años (fl. 88, cdno. 2).
9. Habilitación para adelantar el cruce de cuentas y compensaciones.
10. Petición sobre declaración del estado de cosas inconstitucional y de los efectos inter comunis de la decisión.
En relación con la solicitud del presidente de Sintraseguridadsocial, esta Sala advierte que la jurisprudencia constitucional ha admitido la declaración de un estado de cosas inconstitucional cuando se verifican las siguientes circunstancias fácticas: “Dentro de los factores valorados por la Corte para definir si existe un estado de cosas inconstitucional, cabe destacar los siguientes: (i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas (7) ; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos (8) ; (ii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado (9) ; (iii) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos (10) . (iv) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante (11) ; (v) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial (12) ”.
1. LEVANTAR la suspensión de los términos, decretada en este proceso mediante auto del 19 de noviembre de 2008.
2. En el expediente T-1’952.506, REVOCAR la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 29 de mayo de 2008 que a su vez revocó la sentencia del 26 de marzo de 2008, proferida en primera instancia por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de Ana Esperanza Vélez Rodríguez.
3. ORDENAR a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación y a Fiduagraria S.A. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, reintegre a Ana Esperanza Vélez Rodríguez a un cargo igual o equivalente al que desempeñaba al momento de la liquidación de la empresa, y le pague los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que estuvo cesante, previo cruce de cuentas o compensaciones con la indemnización recibida con motivo de la desvinculación. El reintegro durará hasta cuando se reconozca la pensión de jubilación o vejez o se dé el último acto de liquidación de la entidad, lo que ocurra primero.
4. En el expediente T-1’987.754, REVOCAR la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 8 de julio de 2008, mediante la cual se confirmó la sentencia del 27 de mayo de 2008 del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de Myriam Leonor García Velasco.
5. ORDENAR a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación y a Fiduagraria S.A. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, reintegre a Myriam Leonor García Velasco a un cargo igual o equivalente al que desempeñaba al momento de la liquidación de la empresa, y le pague los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que estuvo cesante, previo cruce de cuentas o compensaciones con la indemnización recibida con motivo de la desvinculación. El reintegro durará hasta cuando se reconozca la pensión de jubilación o vejez o se dé el último acto de liquidación de la entidad, lo que ocurra primero.
6. En el expediente T-1’987.759, REVOCAR la sentencia del 14 de julio de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la providencia del 20 de junio de 2008 del Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá por la cual se denegó la protección solicitada y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de María Florinda Salamanca Niño.
7. ORDENAR a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación y a Fiduagraria S.A. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, reintegre a María Florinda Salamanca Niño a un cargo igual o equivalente al que desempeñaba al momento de la liquidación de la empresa, y le pague los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que estuvo cesante, previo cruce de cuentas o compensaciones con la indemnización recibida con motivo de la desvinculación. El reintegro durará hasta cuando se reconozca la pensión de jubilación o vejez o se dé el último acto de liquidación de la entidad, lo que ocurra primero.
8. En el expediente T-1’994.038, REVOCAR la providencia del 18 de julio de 2008 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la decisión del 6 de junio de 2008 dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá mediante la cual se denegó la protección solicitada y, en su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales de Adriana Cristina Ángel Patiño.
9. ORDENAR a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación y a Fiduagraria S.A. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, reintegre a Adriana Cristina Ángel Patiño a un cargo igual o equivalente al que desempeñaba al momento de la liquidación de la empresa, y le pague los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que estuvo cesante, previo cruce de cuentas o compensaciones con la indemnización recibida con motivo de la desvinculación. El reintegro durará hasta cuando se reconozca la pensión de jubilación o vejez o se dé el último acto de liquidación de la entidad, lo que ocurra primero.
10. Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(2) ST-056 de 1994, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(4) “…la política del ‘retén social’ deberá aplicarse en los procesos de reforma: se garantizará la estabilidad laboral de las madres solteras cabeza de familia, los discapacitados y los servidores próximos a ser pensionados. Igualmente, se establecerá y reglamentará un sistema de bonificación para la rehabilitación de los servidores del Estado cuyo cargo sea suprimido como consecuencia del proceso de reforma de la administración pública.” Diario Oficial 44907, del 21 de agosto de 2002, pág. 2.
(5) Sentencia C-349 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(6) Sentencia C-314 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(7) Por ejemplo en la Sentencia SU-559 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la Corte declaró un estado de cosas inconstitucional por la omisión de dos municipios de afiliar a los docentes a su cargo al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a pesar de que se hacían los descuentos respectivos de los salarios devengados para el pago de dichos aportes, al encontrar que la vulneración a muchos maestros de todo el país. Dijo la Corte: “30. De acuerdo a lo expuesto, la situación planteada por los actores tiene que examinarse desde una doble perspectiva. De una parte, se trata de un problema general que afecta a un número significativo de docentes en el país y cuyas causas se relacionan con la ejecución desordenada e irracional de la política educativa. De otra parte, la acción de tutela compromete a dos municipios que por falta de recursos no han dado cumplimiento efectivo a sus obligaciones frente a los educadores que han instaurado la acción de tutela”.
(8) Por ejemplo, en la Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró el estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento y las condiciones indignas de reclusión en las distintas cárceles colombianas, dijo la Corte: “Asimismo, como se vio en el aparte acerca del hacinamiento desde una perspectiva histórica, el fenómeno de la congestión carcelaria ha sido recurrente, e incluso han existido períodos en los que la sobrepoblación ha alcanzado grados mucho más extremos que el actual. A pesar de ello no se percibe de parte del Estado el diseño de políticas destinadas a evitar situaciones como la actual. Del análisis histórico surge la conclusión de que la actitud del Estado ante estas situaciones es siempre reactiva, es decir que solamente ha actuado en este campo cuando se encuentra en presencia de circunstancias explosivas, como la actual. En esas circunstancias ha recurrido tanto a la despenalización o la rebaja de penas, como a la construcción apurada de centros de reclusión”.
(9) Por ejemplo, en la Sentencia T-068 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la que se declaró un estado de cosas inconstitucional por la mora habitual de Caja Nacional de Previsión en resolver las peticiones presentadas por jubilados. La Corte dijo: “8. Así mismo, como se constató en la inspección judicial, la acción de tutela es prácticamente un requisito para que se resuelva la solicitud dentro del término legal, la cual genera un procedimiento administrativo paralelo que produce un desgaste del aparato judicial y una tergiversación del objetivo de la acción de tutela, lo cual afecta gravemente el interés general y el interés particular de quienes vienen siendo afectados de manera directa por la ineficiencia de la Caja Nacional de Previsión, pese a que se aprecia una superación en comparación con el caos anterior, de todas maneras tratándose de jubilados el esfuerzo estatal debe ser el máximo”.
(10) Por ejemplo en la Sentencia T-1695 de 2000, M.P. Marta Victoria Sáchica Méndez, en donde la Corte declaró la continuidad del estado de cosas inconstitucional por la falta de convocatoria al concurso para el nombramiento de notarios, la Corte señala que la falta de una disposición que permitiera la convocatoria a un concurso general de méritos hacia que el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, continuara. Dijo la Corte: “En este orden, cabe concluir, que si bien la convocatoria efectuada por el Acuerdo 9 de 1999 no vulnera frente a los demás aspirantes el derecho a la igualdad de los actores para acceder al cargo de notario en los circuitos para los cuales se abrió el concurso, lo cierto es que sí restringió la igualdad de oportunidades de los aspirantes al no incluir todas las plazas notariales, en abierto desconocimiento del precepto constitucional, lo que sin duda configura una vulneración de un derecho fundamental, que persistirá en tanto no se realice un concurso de méritos en las condiciones establecidas por la Carta Política y reiteradas por la jurisprudencia constitucional. (...) Por lo anterior, y reconocida la continuidad del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde la Sentencia SU-250 de 1998, al no poner en funcionamiento la carrera notarial, que si bien se trató de subsanar por el órgano competente al convocar el concurso de méritos de que trata esta providencia, el mismo no se hizo conforme a la Constitución, pues debía haber incluido todas las plazas de notario existentes en el país y garantizar no sólo las mismas oportunidades para todos los participantes, sino aplicación plena de los preceptos constitucionales. Así las cosas, el restablecimiento de los derechos fundamentales de los actores y la observancia del ordenamiento superior sólo puede producirse cuando la provisión de los cargos de notario se realice mediante la celebración de un concurso de méritos abierto y público que tenga como objeto cumplir el mandato constitucional tantas veces reseñado. Para el efecto, no basta entonces, la simple suspensión del proceso de concurso, hecho que ya se produjo, pues el estado de cosas inconstitucional persiste, lo que exige que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en un término razonable, convoque a un concurso general y abierto para conformar las listas de elegibles a la totalidad de los cargos de notario público en el país, tal como habrá de ordenarse en esta providencia”.
(11) Por ejemplo, en la Sentencia T-068 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, la Corte dijo: “De acuerdo con estadísticas que presenta la misma entidad demandada, durante los años 1995, 1996 y 1997 se instauraron cerca de 14.086 acciones de tutela en contra de la Caja Nacional de Previsión y, si se realiza un cotejo con la totalidad de expedientes de tutela que se remitieron para eventual revisión a esta corporación en esos años (aprox. 94000), se observa como casi un 16% de todas la tutelas del país se dirigen contra esa entidad. Esto significa que existe un problema estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa, lo cual se considera un inconveniente general que afecta a un número significativo de personas que buscan obtener prestaciones económicas a las que consideran tener derecho”. Igualmente, en la Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte dijo lo siguiente: “53. En las sentencias SU-559 de 1997 y T-068 de 1998 esta corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general —en tanto que afectan a multitud de personas—, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional”.
(12) En la misma Sentencia T-068 de 1998, se dijo: “10. Por todo lo anterior, esta Sala de Revisión concluye que la situación presentada en la entidad demandada produce un estado de cosas inconstitucional, lo cual no sólo afecta derechos individuales tendientes a viabilizar las pretensiones, a través de tutela, sino también afecta a todo el aparato jurisdiccional que se congestiona y lo afecta en la efectividad del cumplimiento oportuno de sus obligaciones”.

References: artículo 12
 artículo 189
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 478
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 53
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 98
 artículo 36