Source: http://www.argenpress.info/2014_09_30_archive.html
Timestamp: 2017-02-27 13:38:20+00:00

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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: 09/30/14
Discutir en términos teológicos sobre la existencia o no existencia de dios es lo más alejado de la intención de este escrito. De hecho esa discusión ya se ha encarado en innumerables ocasiones y con el más estricto rigor; poco aportaría, por tanto, volver sobre lo mismo. Por otro lado, dar argumentos convincentes afirmando o negando su existencia nos lleva a discusiones bizantinas. Pero podemos abordar el problema en forma elíptica: si existe o no…. sólo dios lo sabrá (si se digna existir), mas resulta interesante ver que en toda cultura hay alguna idea al respecto. Y eso mismo nos puede comenzar a dar alguna clave.
En una investigación realizada en una universidad argentina (país de tradición católica) se preguntó a los 150 integrantes de un grupo de muestra cómo representaban a dios. El 92 % de los encuestados lo refirió como un anciano varón, incluso de larga barba. Pero un tutsi africano o un sioux norteamericano no darían esa respuesta (y también tienen dioses, y no son atrasados ni estúpidos, aunque nuestro racismo occidental así nos los pueda presentar).
Valga citar en relación a esa pregunta lo que decía el anarquista ruso Bakunin a fines del siglo XIX: "El ser humano creó a Dios y luego se arrodilló frente a él. Quien sabe si también se inclinará en breve frente a la máquina, frente al <robot>". Es decir: la idea, la representación que cada colectivo tiene de dios varía mucho, infinitamente: Zeus, Alá, el dios Kosi de las selvas congoleñas, el Odín nórdico, Jehová, Buda, el dios perro Upuaut del antiguo Egipto, la serpiente emplumada Quetzalcóatl, el dios hindú del trueno y del relámpago Indra, el dios taoista Yuan Sih T'ein Tsun…. La lista puede extenderse casi hasta el infinito, y es más que pertinente la acotación de Bakunin (¿qué nuevas representaciones habrá?: ¿la tarjeta de crédito?, ¿el automóvil?, ¿la computadora? En Argentina se fundó recientemente la religión "maradoniana". Diego Armando Maradona, además de futbolista y ahora director técnico, ¿es también un dios entonces?)
Esta babel de dioses nos alerta sobre lo difícil de explicar quién (o quiénes) es (o son). Hasta ahora, desde que se conoce que hay civilización humana, hay adoración de algo sobrehumano: desde el hilozoísmo más ancestral hasta los dioses monoteístas modernos, desde el panteísmo hasta los códigos de ética más severos. Es quizá huero preguntar si existen todas estas "figuras". Obviamente las ideas/representaciones de lo sobrenatural han divergido muchísimo en las distintas culturas por lo que, como mínimo, podríamos decir que no existe un solo dios. Lo que es palmario es que los seres humanos (finitos, mortales, que nos angustiamos, que padecemos la cotidianeidad del hambre, del miedo, del frío, del enamoramiento y la gastritis), en todo tiempo y lugar -al menos hasta ahora- hemos necesitado de estas ideaciones que nos ayudan en el día a día.
"Hace tiempo se creía que fenómenos como la vida, la inteligencia o el pensamiento, por ejemplo, sólo podían explicarse por una intervención sobrenatural. Pero la ciencia ha demostrado que no existen los milagros, y que los fenómenos naturales pueden ser explicados por leyes físicas." (…) "La naturaleza es fría e impersonal. En ese sentido, creo que la física nos da una explicación más satisfactoria del mundo que la religión, porque las leyes de esta última son tan rígidas que si las cambiamos apenas un poquito, obtenemos respuestas incongruentes", decía Steven Weimberg, Premio Nobel de Física 1979. Dicho en otros términos: en el mundo conceptual moderno no hay lugar para el milagro, para el misterio. Hasta ahora, en milenios de proceso civilizatorio, los seres humanos nos hemos encontrado que hay muchas cosas inexplicables (que angustian, que atemorizan); y a falta de un pensamiento matemático-racional el misterio, lo sobrenatural, lo mágico, los dioses -y también los demonios- ocuparon el lugar del que hoy los desplazan los conceptos que forja la ciencia.
Discutir si las cosas arrojadas al aire caen al piso por obra de la voluntad divina o por la ley de la gravitación universal nos puede llevar a un laberinto; pero no hay duda que para la vida práctica la segunda explicación es más útil. Los vehículos que pueden remontar vuelo (los aviones y helicópteros, los transbordadores espaciales, las estaciones orbitales) fueron posibles a partir de Newton, yendo más allá de Jehová, de Quetzalcóatl o de Indra. De igual manera: ¿qué explica -y permite actuar en consecuencia- más y mejor respecto, por ejemplo, a la compulsión adictiva de un drogadicto, o un deliro psicótico: la idea de un castigo divino o su historia personal a partir de la clave del inconsciente?
Y aquí se plantea un nuevo interrogante: si bien es cierto que la ciencia moderna -occidental-, producto de un proyecto antropocéntrico y racional, abre la posibilidad de un mayor y más confortable conocimiento y manejo del mundo, ¿por qué la idea de dios (o dioses, y en general el pensamiento mágico) permanece tan arraigada? Es ahí donde entran a jugar las otras dos dimensiones que apuntábamos en el título del trabajo: las religiones y las iglesias.
La presencia de lo sobrenatural se materializa a través de su institucionalización en la forma de religión (que es un cuerpo orgánico, sistematizado, con una lógica interna); y a su vez esta termina por consolidarse en una institución (en general jerárquica, cerrada, con una fuerte presencia social) que se conoce con el nombre de iglesia. Salvando las diferencias de presentación, en todas las culturas aparecen estos dispositivos. Hasta incluso podría decirse que la creencia, en su sentido más estricto, es algo de orden privado, personal: se cree, se tiene una relación espiritual, se vivencia un dios (o varios) tanto como se puede creer en cualquier ámbito de lo sobrenatural, de lo místico, de lo inexplicable (las brujas, los duendes o los visitantes extraterrestres). Eso vale para la vida cotidiana, es individual. Otra cosa son las religiones y las instituciones religiosas.
Queda fuera de discusión si los seres humanos podemos prescindir de la esfera mágica, sobrenatural: también los científicos de la NASA pueden ser supersticiosos, usar amuletos y rezar para que no fallen sus misiones (además de usar super computadoras, por supuesto). La incertidumbre, la angustia de cada individuo de la especie humana, sus miedos y sus aspiraciones, eso es lo que define a un ser humano justamente como tal, diferenciándolo de un animal o de un robot. Y esa esfera seguirá estando ahí, más allá de los conceptos matematizables con que la podamos manejar. Ante lo inexplicable, ahí seguirá estando el pensamiento mágico.
Las religiones, ya como doctrina, y sus órganos sociales de poder: las iglesias, juegan otro papel en la dinámica humana. Las religiones unen, ligan (eso significa etimológicamente el término, proveniente del verbo latino religare). Las religiones dan homogeneidad a un colectivo, a una masa, por lo que entra a tallar ahí, entonces, la lógica del poder. Las iglesias -cualquier iglesia- se constituyen como organizaciones de poder social; la separación del Estado y de la Iglesia es una noción moderna. En la historia hemos asistido mucho más (y todavía seguimos asistiendo) a sociedades teocráticas, donde la religión es la fuente de poder misma. "Las religiones no son más que un conjunto de supersticiones útiles para mantener bajo control a los pueblos ignorantes", decía nada menos que un religioso, el italiano Giordano Bruno (religioso sui generis, por cierto, cuya honestidad intelectual le condenó a la pira de la Inquisición). Lo que queremos destacar es que un religioso crítico podía ver con claridad lo que en verdad significa la institución religiosa: un dispositivo de poder, de control social en definitiva. Es eso lo que le permitirá a un librepensador como Voltaire decir que "la religión existe desde que el primer hipócrita encontró al primer imbécil". Es decir: hay una compleja construcción de poderío social en el hecho religioso en tanto institución, en tanto relación entre los humanos de a pie, donde lo común es esa mezcla de "hipócritas" e "imbéciles", entre otras especies de nuestra variada fauna humana.
En Occidente, lugar de nacimiento de la ciencia moderna, la iglesia católica ha perdido mucho del poder que la acompañó por quince siglos. Hoy día, desde el surgimiento de la ciencia y el capitalismo y cada vez con mayor fuerza, los nuevos dioses (el dinero, el consumismo, la tecnología) van quitándole protagonismo a Deus Pater. Si bien la Santa Sede no salió de escena, sin dudas no está en crecimiento. La reforma protestante dividió las aguas en Europa, el Vaticano ya no pone y quita monarcas como en el medioevo y sus decisiones no tienen el mismo peso que los nuevos centros de poder: las empresas multinacionales, las bolsas de valores, el Pentágono. Hoy por hoy -fenómeno que podemos encontrar no sólo en Occidente además- ante un enfermo grave se pueden prender velas para invocar las fuerzas celestiales, pero al mismo tiempo se consulta al médico y se le suministran medicamentos químicos. ¿En qué cree más la gente? Seguramente en las dos cosas.
Dada la variedad tan profunda de experiencias culturales de la humanidad, no podríamos generalizar y decir que en todos lados sucede lo mismo, más allá de la preconizada globalización planetaria que nos inunda. Pero es cierto que hay tendencias: la ciencia moderna llegó para quedarse, y ha transformado la vida en un proceso sin retorno. Si bien nada hace pensar que el fenómeno místico esté por terminarse -quizá nunca se extinga, más allá del avance tecnológico, porque nunca se extinguirá la fascinación por el misterio, por lo desconocido- las religiones y las iglesias no marcan el ritmo del desarrollo mundial. De todos modos en los últimos años del siglo XX asistimos a un renacer de los fundamentalismos religiosos. ¿Retornan los dioses?
Si tal como dijimos las iglesias representan la estructura terrenal, la institucionalización de la esfera espiritual de los humanos, el fenómeno de su fortalecimiento como organizaciones mundanas en estas pasadas décadas nos abre preguntas no tanto teológicas sino, en todo caso, políticas y sociales. Donde vemos con mayor claridad este despertar es en el Islam y en las nuevas iglesias neoprotestantes, especialmente difundidas en Latinoamérica. Religiones e iglesias que, en su versión fundamentalista, terminan despreocupándose de lo terrenal poniendo el acento en un más allá concebido como paraíso.
Todo hace pensar que se manipula ahí la vena religiosa: ante la pobreza, el agobio, la exclusión histórica de grandes masas populares, la religión cumple el papel de bálsamo. ¿No habrá en estos fundamentalismos agendas políticas de los centros de poder que buscan ese compromiso total de feligreses y su olvido de los problemas terrenales? ¿No es un poco llamativo que en un mundo de avances científico-técnicos se incentiven conductas sociales fanáticas, sectarias, antitolerantes, que van en contra de los derechos humanos tenidos por universales y como pasos de mejoramiento en la humanidad? ¿No era el ecumenismo un avance en el espíritu intereclesial hacia la segunda mitad del pasado siglo, en búsqueda del respeto hacia toda creencia, en nuestra casa común el planeta Tierra?
¿Han querido los dioses esta intolerancia y este fanatismo, o hay poderes muy terrenales -con abultadas cuentas bancarias y usuarios de la más moderna tecnología, con bombas inteligentes y armas nucleares- que se favorecen de este fundamentalismo espiritual? Por otro lado, si dios (o los dioses) existen: ¿podrían estar de acuerdo con guerras en su nombre?
Esta última pregunta nos retrotrae a la primera: ¿dios existe? En nombre de los dioses -cualquiera sea- se han cometido las peores crueldades a lo largo de la historia: guerras, saqueos, sacrificios humanos, torturas, las Cruzadas, la conquista de América. Si dios (o los dioses) no fueran, como dijo Bakunin, "una creación humana", ¿por qué no se ponen de acuerdo y nos ahorran tantos, pero tantos, tantísimos sufrimientos a los mortales?
Brasil: Lazos indisolubles
Bruno Perón Loureiro (BARÓMETRO INTERNACIONAL, especial para ARGENPRESS.info)
Cuando leo las principales noticias sobre Brasil, quedo impresionado con la manera como los medios de comunicación (des)informan sobre la coyuntura macroeconómica de nuestro país. El escenario más preocupante es el de recesión, que acompañaría a la inflación que ya flagela nuestra economía y que ningún político ni ministro podrá esconder de los brasileros.
Es más que evidente que los precios de los productos están altísimos y continúan subiendo en Brasil, que sus industrias tienen pérdidas en competitividad, y que la hinchazón de la Maquinaria enreda el desarrollo del sector productivo en Brasil. Todavía nuestros jóvenes sueñan con la admisión en concursos públicos en vez de dar alas a la creatividad emprendedora que los haga promover a nuestras industrias.
En las circunstancias de incertidumbre económica y política en que estamos viviendo, el aumento de la burocracia es la piedra en el zapato de los empresarios innovadores, de la gente de ideas y de los pocos que contribuyen a generar riquezas en Brasil. Mientras tanto, la mentalidad “concursera” inherente a nuestra cultura reduce el aliento de jóvenes esperanzadores y nos convierte en soldados chupadores de pezones, los de la Maquinaria.
Para dificultar todavía más esta situación, la batalla que se libra entre los candidatos a la Presidencia de Brasil es casi la de quien será el próximo títere que fingirá que gobierna. Ahora, si los candidatos de la izquierda radical no se fatigan de denunciar que el gobierno brasilero tiene lazos indisolubles con banqueros e inversionistas extranjeros, no estoy convencido de que el próximo presidente(a) romperá tales lazos por más persuasivos que los candidatos(as) a la Presidencia parezcan en sus campañas.
Ni los discursos a favor de prácticas sustentables de desarrollo me suenan como una tentativa bien intencionada de corregir los caminos macroeconómicos tortuosos en Brasil. Tenemos que agregar tecnología e innovación a lo que hacemos. Sólo así dejaríamos de ser trabajadores intermediarios que apenas compran por diez y venden por veinte, pero que no agregan tecnología. Para eso es preciso instruir a nuestros jóvenes y darles la libertad de expresar su creatividad a favor del Brasil.
No es por azar que muchos jóvenes agotan sus sueños en presidios. Estos serían la culminación de la falta de libertad que ellos ya tenían antes de estar presos, una vez que la Maquinaria asfixia sus anhelos. La Maquinaria les da educación inadecuada, los convierte al consumismo al que la televisión los induce y todavía los reprime cuando ellos se vuelven en contra de esa sociedad que deforma a los recién nacidos.
Es preciso dar otro impulso a las esperanzas que los trabajadores tienen en Brasil a fin de no apostar todas las fichas a los políticos ni a las personas que ganan mensualmente 15 mil Reales para vivir en Brasilia. Las propuestas de quien conoce bien a Brasil están distantes de ser mesiánicas y milagrosas. Ellas afectarán las conciencias de los seres que, como usted lector, asumen el trabajo porque éste es dignificante y no solamente porque es obligatorio para sobrevivir.
En este viaje de descubrimientos, hemos visto que Brasil es un país acogedor donde su gente está dispuesta a rectificar sus equivocaciones, errores y engaños. Así, millares de extranjeros han apostado su vida a Brasil, que es un laboratorio de convergencias étnicas e instituciones trasplantadas donde se avizora la promesa de un modelo civilizatorio.
Hasta que Brasil se consolide en el mundo como una nación fuerte y ejemplar, sin que para eso tenga que espiar o se imponga a los demás (como los forajidos Estados Unidos) tenemos que preservar el bien. Por lo tanto una de nuestras tareas es pensar la manera de promover modos de trabajo que realicen nuestra creatividad y generen riquezas para Brasil.
La casa brasilera está embrujada por la inflación, la inseguridad y la negligencia en relación a los jóvenes. Aunque se haya hablado cada vez más sobre economía y sustentabilidad, es preciso rever nuestro modelo de desarrollo para que la Maquinaria promueva las industrias nacionales e incentive a los jóvenes a liberar su creatividad latente.
El resultado puede ser glorioso para todos los brasileros.
Despertar paraguayo
Argentina: Las cuestiones de la energía
LA DEUDA ETERNA (especial para ARGENPRESS.info)
Entrevistamos en al Dr. Félix Herrero, economista, abogado y especialista en energía, sobre las consecuencias del fracking, el acuerdo con Chevron y las cuestiones del petróleo.
Proyecto para una nueva Ley de Hidrocarburos: Para Rigane, significa "más garantías para las grandes corporaciones”
La Olla.TV habló con José Rigane, secretario Adjunto de la CTA Nacional, Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA-CTA), sobre el proyecto de Ley de Hidrocarburos que el Gobierno envió al Senado luego de lograr el consenso de los gobernadores de las provincias petroleras.
La iniciativa busca modificar la Ley 17.319, de 1961, con el objetivo de incentivar las inversiones petroleras. Sin embargo, Rigane indica que no se trata de una ley que garantice la soberanía de los argentinos “no sólo sobre sus recursos naturales y energéticos sino que además es una ley que no resuelve el problema del acceso a la energía por parte del conjunto de los usuario de nuestro país”.
“Es una ley que defiende los intereses de los gobernadores de las 10 provincias que tiene petróleo y gas, defiende los intereses del CEO que representa YPF, una YPF que no es integral, estatal y pública, y menos una sociedad de estado. Es una sociedad anónima y por lo tanto lo que se está defendiendo son los intereses y la rentabilidad de cada parte, garantizadas sobre la base de generar las mejores condiciones para que se incorporen los grupos multinacionales a la explotación de los hidrocarburos no convencionales y en particular lo que está en la formación geológica en Neuquén: Vaca Muerta”.
Por otro lado, Rigane recordó que al haberse aprobado en el 2006 la Ley “corta” de hidrocarburos, que transfiere a las provincias petroleras los permisos y las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgados en cada distrito y que fue promovida por el kirchnerismo, “se le dio una facultad a las provincias que nunca antes tuvieron”.
De esta manera, indica que si bien las provincias que tienen petróleo “es lógico que tengan intervención en la renta de dichos recursos”, no es lógico que sean ellos los que negocien directamente o establezcan contratos directamente con las empresa petroleras multinacionales, ya que “no hay equiparación de poder para ponerle limite a esa voracidad”.
Asimismo, si bien el proyecto acorta la renta de las provincias petroleras y marca limites como el ’acarreo’ o los impuestos bajo una política hidrocarburífera un poco más federal de la que hoy existe, Rigane señala que el objetivo principal de la nueva ley “sigue siendo seducir al capital privado, principalmente extranjero, para explotar Vaca Muerta y desarrollar los no convencionales en el país. Y para que esto suceda necesitan de un nuevo marco legal que favorezca y otorgue enormes garantías a las grandes corporaciones mundiales de la energía para que inviertan en la Argentina”.
“No es cierto que va a haber control, no es cierto que va a haber resguardo del medio ambiente y menos aún que el fracking como método es una panacea, cuando precisamente es un método de extracción que está cuestionado en más de un lugar en el mundo”.
Rigane explicó la ley lo que establece son pautas, que tienen que ver, por ejemplo, con la ampliación de los años de concesión. En lo convencional era por 25 años, ahora va a ser por 35 y si uno a eso le suma la ampliación, estamos entregando los recursos por 50 o 60 años”.
Así, volvió a enfatizar en que no es una Ley que resguarde los intereses del pueblo. “Mucho mejor sería que se decidiera en un plebiscito, qué tipo de ley quieren los argentinos en función de la explotación del petróleo y sobre todo en particular de los no convencionales”.
“Es un proyecto de ley que trata de habilitar las mejores condiciones para los grupos multinacionales. El ejemplo más claro lo tenemos con Chevron, que fue expulsada de Ecuador y nosotros la recibimos con los brazos abiertos”, dijo y dio otros detalles: “Por otro lado, esta ley lo que trata de resolver es precisamente que la inversión mínima esté en el orden de los 250 millones de dólares, ya con eso se puede comenzar a desarrollar la exploración y la explotación, pero con libre disponibilidad de los recursos y de las divisas a partir del 5to año. Con lo cual se le da una libertad y una posibilidad a los grupos multinacionales que van atentar con nuestra riqueza y sobre todo con la posibilidad cierta de recuperar el autoabastecimiento”.
Finalmente Rigane indicó que “lo primero que habría que impulsar es resolver que YPF sea íntegramente estatal, lo segundo es dejar de exportar petróleo, gas y cualquier tipo de combustible, sobre todo petróleo crudo, y lo tercero es general sobre la base de una política de recuperación del patrimonio nacional a manos del pueblo la integración regional pero sobre la base de los intereses y las necesidades de los pueblos y no de los gobiernos y menos de las empresas multinacionales. En realidad el planteo es consultar al pueblo. Pero hay temor de consultar al pueblo y es el que va a sufrir las consecuencias o beneficios de esta política y de este proyecto de ley”.
Reforma de la Ley de Hidrocarburos: Loteo con beneficios
Hoy comenzará a tratarse en el Congreso de la Nación el proyecto de reforma de la Ley 17.319 de Hidrocarburos que impulsan el Gobierno Nacional y la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). En resumidas cuentas, el objetivo es dinamizar el mercado hidrocarburífero a través de la estandarización de la legislación y los contratos para atraer la inversión externa. Una receta que marca continuidades con otras políticas iniciadas en la década de los ’90, sostenidas en los años siguientes, y con lasreformas promovidas por el Departamento de Estado de EE.UU. en Este de Europa para viabilizar la explotación de yacimientos de gas y petróleo de esquistos.
Uno de los cambios más profundos que propone el proyecto llega bajo el discurso de la competitividad, una palabra muy de moda en las olas neoliberales de los años ’90. Es bajo este paradigma que, de aprobarse la reforma tal cual llegó al Congreso, los Estados provinciales y el nacional quedarán impedidos de crear áreas de reserva y adjudicarlas a las empresas que controlan (GyP, Enarsa, Pampetrol, etc.); también se pone fin al sistema de acarreo -que permitía asociarse a proyectos sin realizar una inversión inicial de capital. De esta manera, a dichas empresas se les exigen los mismos requisitos que a las privadas, lo que implica en la práctica profundizar las asimetrías frente a las grandes compañías. Por otro lado, la aprobación e implementación de reforma de la Ley de Hidrocarburos con Enarsa significaría firmar su defunción ya que las áreas offshore que controla serán revertidas a Secretaría de Energía de Nación para nuevas licitaciones “competitivas”.
Es decir, no sólo no se descarta de plano la transferencia del dominio de los hidrocarburos y control de la industria por parte del Estado Nacional, con participación de las provincias, sino que allana aún más el camino al sector privado. Si bien la iniciativa recibió algunas críticas de representantes de empresas transnacionales, que reprochan que sólo YPF participara de la discusión, el proyecto responde a las demandas del sector que, hasta el momento, dosificó al extremo las inversiones a la espera de mayores beneficios. El texto en ciernes mantiene el modelo de concesiones y, en ese aspecto, sólo modifica los plazos de los períodos de exploración y explotación, según se trate de bloques convencionales, offshore o no convencionales; con respecto al último tipo de yacimientos, se le asigna un tipo de concesión particular y, en sintonía con las modificaciones que introdujo el acuerdo YPF-Chevron, se le confiere un plazo de explotación inicial de 35 años. Por otra parte, quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa –cinco por concesionario-, “sincerando” una situación de abierta irregularidad en la que se encontraban las principales compañías y, en definitiva, legalizando los procesos de concentración oligopólica. Asimismo, en otro guiño al sector, se pone un techo a las regalías (hasta 18%) y, reduce del 50% al 25% la tasa de acumulación del canon que la concesionara paga en caso de prórroga durante etapa de exploración.
Por otra parte, este proyecto pone de manifiesto la volatilidad de los discursos que pronosticaban, en el corto plazo, lograr la soberanía hidrocarburífera y el autoabastecimiento a partir de la explotación masiva de Vaca Muerta y otras formaciones de esquistos. En un nuevo intento de incrementar los niveles de extracción de gas y petróleo, el Estado renuncia a otra porción de la renta petrolera, al poner un techo, e incluso permite reducir, el cobro de regalías, esta vez, a fin de estimular los proyectos de recuperación terciaria y el desarrollo de yacimientos offshore y de crudos ultra pesados -el nuevo actor no convencional cuyo potencial conocido al momento se sitúa en la provincia de Mendoza, cercana al Área Protegida de Llancanelo.
Seguridad jurídica para el inversor
No sólo se incorporan ventajas otorgadas a las petroleras a través de los decretos 927 y 929 de 2013 -como la reducción y/o eliminación de aranceles aduaneros a la importación de bienes e insumos estratégicos para el desarrollo de proyectos y la libre disponibilidad sobre un porcentaje de la producción, que permite vender a precio internacional y liquidar las utilidades obtenidas en casa matriz- sino que además reduce los requisitos para acceder a ellas y las amplía. En adelante pueden acceder los proyectos de inversión superiores a 250 millones de dólares -el decreto 929 establecía un piso de mil millones de dólares-, y en el caso de offshore, habilita la exportación de hasta el 60% de lo extraído -mientras que para el resto de los proyectos el tope es el 20%. Las ventajas que otorgarían a estos proyectos –que posibilitaría a las empresas una rápida maximización de las ganancias y recuperación de la inversión- revela las expectativas que el Gobierno deposita en una acelerada puesta en explotación de la plataforma continentalante la falta de resultados en Vaca Muerta.
Asimismo, para hacer frente al lento despegue de los no convencionales, los proyectos que soliciten concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en vigencia de la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las regalías durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto. Salvo YPF y Chevron en Loma Campana, el resto de las compañías con proyectos en Vaca Muerta -como Shell, Total, ExxonMobil y Petrobras- han perforado pero no iniciado la explotación en gran escala por lo que serían tentadas con esta reforma.
Además de transformar en ley los decretos 927 y 929, firmados pocos días antes de concretarse el convenio con Chevron, el proyecto consolida a la Responsabilidad Social Empresaria como mecanismo de intervención en el espacio público, gestión del conflicto social y satisfacción de demandas populares en las regiones petroleras; un elemento que asomó con mucha fuerza en el acuerdo firmado entre la provincia de Neuquén e YPF para la explotación de esquistos en Loma Campana. De esta manera se dota a las petroleras de una herramienta para la construcción de consensos y se quita al Estado y las poblaciones el poder de decisión sobre los destinos de la renta. Por último, otra forma de transferencia de renta, o de “otorgar beneficios”, que contempla la reforma es el compromiso del Estado Nacional de financiar obras infraestructuraestratégicas para el desarrollo de los proyectos. Esto podría implicar al país un incremento de la deuda externa, como sucede actualmente con los créditos del BID para transformar a Añelo en base de operaciones para la explotación de Vaca Muerta.
Autoabastecimiento, en sentido amplio
En suma, estos movimientos llevan a status de ley nacional elementos presentes en contratos y decretos que sustentaron el avance de los no convencionales de manera caótica y en un vacío jurídico significativo. Como se decía al principio y en elanálisis de los primeros borradores puestos en discusión, el proyecto apunta a la uniformización del marco jurídico –administrativo (pliego licitatorio modelo), ambiental y fiscal- en pos de la competitividad global más que en función de necesidades y ajustado a procesos de decisión interno. En este sentido, el debate, la legislación y la dinámica territorial hidrocarburífera continúa siendo marcado a fuego por las urgencias y necesidades del sector privado y, en menor medida, de la población. La maximización de utilidades para los inversores no sólo se obtiene a partir de transferencias económicas sino también con la negación al pueblo de derechos que “entorpezcan” el ágil funcionamiento de la industria. Un ejemplo de esto puede ser la no aplicación del derecho indígena, que está totalmente ausente en este proyecto de reforma de la ley. En esta línea, YPF juega su rol ambiguo. Por un lado, opera y presiona por una reforma que la beneficie en tanto “empresa de los argentinos”. Por otro, niega acceso a información clave, como los acuerdos que firma con otras compañías, por ser una “empresa privada orientada a generar valor para sus accionistas”.
El autoabastecimiento continúa siendo una consigna que no se discute -no importa para qué fin se persigue este objetivo-, sólo se sabe a quién le adjudicaron la responsabilidad de cumplirlo, que paradójicamente es el mismo sector corporativo que nos llevó a esta situación.
Oficialismo y la ‘opo’ coinciden: Argentina está ‘desendeudada’
En el debate que propició la Universidad Di Tella, la semana pasada, el ex ministro de De la Rúa y ex candidato a Presidente, López Murphy, hizo algunas afirmaciones que echan luz adicional sobre algunos puntos, aparentemente oscuros, de la realidad de Argentina.
La más significativa fue la que minimizó la envergadura de la deuda externa en el desarrollo de la crisis actual. Luego de haber asegurado que el único aporte positivo que le reconocía al gobernó era la tarjeta SUBE, coincidió con el oficialismo en calcular la deuda externa en un 22% del PBI, una bagatela. Esta subestimación de la hipoteca internacional de Argentina reconoce, ‘sotto voce’, una coincidencia estratégica, pues admite un éxito contundente de la política de ‘desendeudamiento’, el núcleo del relato oficial. Javier González Fraga, el ex ladero de Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez, ha ido más lejos aún, cuando imputa a los K un ‘exceso’ en la mentada reducción de la deuda externa (Buenos Aires Herald, 21.9; Ámbito 26.9). Estamos, entonces, ante un éxito que no tiene precedentes: pasar de una deuda del 60% del PBI, hasta 2001, o del 140%, en 2002, a otra del 22%, sin la necesidad de contraer la economía a un estado de subsistencia (como ocurrió con el dictador de Rumania, Ceaucescu, que la redujo a cero, a costa de una hambruna excepcional).
La caracterización de López Murphy la comparte toda la ‘opo’, sin excepción. Lejos de llevar el país a una nueva bancarrota, los K habrían puesto a Argentina en la ‘pole position’ de un despegue. La montaña de críticas que recibió el oficialismo desde que canceló por adelantado la deuda con el FMI, se derrumba con estrépito. No hablemos ya de la estatización de las AFJP, que permitieron al gobierno meter la mano en las arcas de la Anses, o de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que dieron vía libre al saqueo de las reservas internacionales. La aceptación del punto de vista fundamental del gobierno, por parte de sus adversarios, explica por qué, a diferencia de lo que ocurrió con Alfonsín o De la Rua, el reclamo de que “que el gobierno termine su mandato en diciembre de 2015”, es unánime. López Murphy fue muy claro: el descontrol financiero y los problemas de deuda con los ‘fondos buitres’ no obedecen a una estrategia equivocada sino a la “impericia negociadora” del gobierno, o en palabras de muchos otros, a “mala praxis”. Apenas un tirón de orejas.
Dado que el PBI de 2014 es un magro u$s 480 mil millones, aquel 22% de la deuda externa representarían la módico suma de u$s100 mil millones. Esa valuación se referencia en un dólar de poco más de ocho pesos, o sea a un PBI del orden de los 5 billones de pesos. La ‘década ganada’, habría aportado así un crecimiento modesto del 30% del PBI. A un tipo de cambio de $ 14, en cambio, como se perfila en este de nuevo agitado fin de año, ese PBI se encogería a u$s400 mil millones, lo cual haría subir la relación deuda/PBI al 25%.
Ahora bien, ¿por qué el ministerio de Economía cifró la deuda pública de la sola administración central, en octubre de 2013, en u$s 210 mil millones (la mayor parte en dólares), o sea el doble de la que admiten López Murphy y los aplaudidores de última hora del ‘desendeudamiento’? El 80% de esa deuda pública está registrada en dólares. Esa deuda llega ahora a los u$s 250 mil millones, en parte por la nueva deuda con Repsol, Club de Paris y litigantes en el Ciadi. Esos u$s 250 mil millones representan ya bastante más que el 50% del PBI, medido a $8.40 el dólar, y a más del 60% del PBI, a un dólar que se descuenta a $14, por lo menos. Es que la deuda pública incluye los pasivos del gobierno con la Anses, el Banco Nación y el Banco Central, algo que los López Murphy, la ‘opo’ y los economistas K excluyen, con el argumento de que sería una deuda doméstica, aunque se encuentre en divisas. Si a esta deuda añadimos la de las provincias y el llamado cupón del PBI (que no es registrado como deuda), deberíamos añadir otros u$s 30 a 40 mil millones. Con una deuda externa privada de u$s 60 mil millones, el endeudamiento externo global se eleva a u$s 350 mil millones, más del 70% respecto al PBI (a $8.40) y a más del 80% (a $14). Sería un error subestimar la deuda privada en dólares, luego de que se llevara puestos a Mastellone y Pescarmona (y, según algunos, a Donnelley).
Para los K y la ‘opo’, la deuda externa es solamente aquella contraída con acreedores con residencia en el extranjero. Excluyen, por medio de este procedimiento arbitrario a los títulos públicos en dólares en poder de la burguesía nacional, por un lado, y en las alforjas de las entidades públicas, por el otro, en especial a la Anses y al Banco Central. La exclusión obedece al criterio de que serían deudas renegociables ‘ad infinitum’. El mismo criterio, sin embargo, acaba de adoptar el vilipendiado Griesa, que calificó a la deuda en dólares bajo legislación argentina como “doméstica”. Si el presupuesto de la renegociación indefinida tiene algún sentido, significa que la han mandado a fondo perdido, en perjuicio de esas entidades públicas
La posibilidad de una refinanciación indefinida, que asegure el pago indefinido de una deuda que crecerá también en forma indefinida, está dada por la baja tasa de interés, circunstancial, de los préstamos a nivel internacional – que va ¡de menos cero! a no más del 2 por ciento. Como la media de la deuda pública de Argentina ofrece una tasa de retorno de arriba del 15% (porque paga una tasa de interés elevada y su cotización presente es inferior a la par), reinvertir las acreencias en esta deuda e incluso acrecentarlas es un negoción. Pero indefinida o no, la deuda en moneda extranjera es una deuda externa, porque importa la nominación de esa deuda y no la residencia del acreedor; la moneda de pago hay que buscarla en el mercado internacional, no se emite en el país deudor. Bastaría una reversión de la tasa internacional para que el presupuesto de la refinanciación indefinida se vaya al diablo.
La línea común de los K y la ‘opo’ es, en el momento actual, resolver el litigio con los ‘buitres’ para salir a buscar plata afuera para pagar vencimientos e intereses que son impagables en ausencia de un mayor endeudamiento. Es lo que se hizo con el Club de París y Repsol; los ‘buitres’ han dicho que quieren lo mismo para ellos. Ha habido cuatro intentos para arreglar con los ‘buitres’; el último involucra al super buitre Georgie Soros. El ‘desendeudamiento’ no ha reducido la deuda, la ha incrementado; lo único que se ha hecho es cambiar al titular – del acreedor externo por la Anses y el Banco Central. Se ha pagado a los buitres de afuera y de adentro con divisas de la Anses y el Banco Central, básicamente. No debe sorprender, en estas condiciones, que el 70% de los jubilados no pueda salir de una remuneración que es el tercio de la canasta familiar, que se extienda y aumente el impuesto a los salarios y que la moneda haya perdido valor en forma acelerada. El desprecio por la deuda externa con actores públicos, delata la intención, en última instancia, de ‘defoltear’ la deuda con ellos.
El ‘desendeudamiento’ que hoy concita el acuerdo del arco político del ‘establishment’, es una política mundial de todo el capital financiero desde 2009. Para hacer frente a lo que se caracteriza como un ‘balance sheet recession’ (una recesión provocada por el endeudamiento privado), los bancos centrales comenzaron a emitir moneda y a comprar deuda pública y privada. La finalidad fue rescatar a bancos y empresas quebrados y permitir un refinanciamiento de deudas a tasas de interés inferiores a las que fueron contraídas. La contrapartida fue el endeudamiento de los estados y los bancos centrales. Al cabo de cinco años de ‘desendeudamiento’ en casi todos los países, el endeudamiento internacional es más alto que nunca, en especial en China y Japón, cuyos ratios deuda-PBI son del 250 por ciento.
La crisis actual ha puesto de manifiesto la endeblez de la caracterización oficialista de López Murphy. La Anses, por ejemplo, ha salido de nuevo a vender títulos para aquietar la suba del dólar en la Bolsa, mediante el canje de activos en dólares por pesos. Como el organismo no informa sus operaciones ni estados contables sobre una base regular, no pueden estimarse las pérdidas en que ha incurrido. El Banco Central, por su lado, con letras intransferibles (innegociables) del Tesoro, por u$s70 mil millones, ha perdido capacidad de regular la circulación monetaria sin recurrir a deudas con los bancos locales, que alcanzan los $200 mil millones – a un tasa de interés aproximada del 30 por ciento. Por eso el Tesoro ha debido salir él mismo a cumplir esa función con una colocación de $10 mil millones, a una tasa de interés del 23%, pero móvil, que nunca será menos y que tampoco tiene techo. Estas deudas ‘regulatorias’, más sus intereses, representan el valor total de las reservas internacionales y cerca de la mitad de los u$s70 mil millones en letras intransferibles, que oficialistas y ‘opos’ pretenden ‘defoltear’. El ‘defol’ a los activos del Banco Central, para pagar la deuda externa con ‘desendeudamiento’, no es un almuerzo gratuito.
Como se observa, no es cierto que el uso de las reservas para pagar deuda exterior sea inocuo o se limite a un hecho consumado. La contrapartida del uso de reservas es la emisión de moneda, cuya magnitud ha alcanzado niveles tan altos que obligan al BCRA a contraer deuda con la banca local para absorber circulante, esto a una tasa del 30% anual, o sea $60 mil millones, por ahora. Esa deuda y sus intereses ya representan la mitad de los u$s70 mil millones acumulados como contrapartida del pago de deuda externa. Lo que el gobierno dice que es inocuo, porque no lo va a pagar, lo está pagando el Banco Central.
En torno a la letra intransferible por ese monto, se perpetran además estafas colosales, que pagan los trabajadores. Es que el oficialismo y la ‘opo’ ignoran las letras por u$s70 millones cuando se trata de determinar la deuda externa o simplemente pública, pero las tienen en cuenta cuando una devaluación sube su valor en pesos y genera una utilidad puramente contable al Banco Central. En esta circunstancia, el gobierno se lleva la ’utilidad’, que el Banco paga con emisión de moneda, porque esa utilidad no existe realmente. El presupuesto de 2015 prevé sacar $80 mediante este procedimiento, lo que implica una continua devaluación externa e interna del peso.
Lo mismo ocurre con la Anses, porque su fondo de sustentabilidad no es inmune a las crisis. Las suspensiones y despidos reducen las contribuciones previsionales, mientras que el rendimiento del fondo debe resentirse como consecuencia de la caída de las ganancias de las empresas donde invierte el excedente recaudatorio. Estas y otras variables condicionan la capacidad de refinanciamiento indefinido de la deuda pública, y refuerza la política de jubilaciones de miseria, con la consecuente rebelión social. Para mantener incólume el Fondo de Rentabilidad de la Anses, sería necesario que las actuales remuneraciones se mantengan por un período larguísimo.
La amortización de la deuda (vencimiento de capital e intereses) es un flujo financiero, por eso debe ser comparada con el saldo de la cuenta corriente con el exterior y con la cuenta de capitales, no con el PBI – que representa el valor agregado anual de bienes y servicios, no un saldo líquido. Ese saldo exterior ha quedado reducido a la nada, de modo que no puede financiar el servicio integral de la deuda (por ejemplo, ya se habla de renegociar el vencimiento del Boden 2015). El uso de las reservas del Banco Central remedia esta situación solamente por un tiempo, a un costo financiero y social elevadísimo. Las reservas representan un crédito del país sobre el exterior; o sea un derecho del país sobre bienes que se producen en el exterior. Entregar ese crédito externo a cambio de una reducción de la deuda externa, no modifica la deuda neta.
La devaluación externa del peso es mucho más que una declaración de ‘defol’. Es un paso adicional al pedido de quiebra, porque establece el remate de los bienes destinados a saldar lascuentas con los acreedores. Esos bienes son los activos del país afectados por la devaluación y por sobre todo los ingresos de asalariados, monotributistas y jubilados. Se beneficiarían los ‘buitres’ que vendrían a comprar activos a precios de pichincha, del mismo modo que la burguesía nacional, que tiene en su poder el 60% de la deuda privada en divisas. López Murphy finalizó, precisamente, su disertación, asegurando la inevitabilidad de la devaluación – una conclusión curiosa por parte de quien la deuda externa es una bagatela y no enfrenta, por lo tanto, ningún problema financiero internacional.
En definitiva, al oficialismo y sus adversarios del mismo ‘establishment’ no los separa una divergencia estratégica; por el contrario es la estrategia de salida lo que los une.
El nuevo Código Civil es un manifiesto neoliberal perfecto
Liliana Parada (ACTA)
El tratamiento del Código Civil (im)previsto para esta semana, es un hecho de profunda irresponsabilidad por parte del Gobierno nacional. No se puede someter a los nuevos diputados a votar nada menos que un Código sobre el cual no tienen ningún conocimiento, ni tampoco a aquellos que aunque vengan del 2011 no han participado en la Comisión Bicameral y sólo se les da una semana para decidir y votar.
Sabido es que este Código viene con un par de modificaciones que la ciudadanía está esperando, como son algunas cuestiones de familia, pero el resto es un manifiesto neoliberal perfecto.
La mercantilización del derecho es el sello de esta unificación de los Códigos Civil y Comercial que, lejos de traer soluciones a los argentinos, sólo va a generar una cantidad de lagunas jurídicas, con mayores costos para los justiciables y, sin lugar a dudas, en perjuicio de la clase trabajadora.
Desde el Gobierno, no conformes con el castigo que implica para la gente la inflación, va a sancionar una norma donde abre la brecha a mayor deslaborización y precariedad laboral, habilitando formas de contratación que permiten el fraude laboral.
La vivienda, un ambiente sano, el derecho al agua potable, el acceso oportuno a una justicia justa, son los grandes ausentes de una legislación disfrazada de modernidad.
Con la sanción de este Código, el kirchnerismo deja en claro que la profundización del modelo del que tanto se ufanan no es otra que la profundización del modelo menemista.
Por eso sería bueno que la sociedad en este proceso observara no sólo al oficialismo, cuyas intenciones ya son inocultables, sino también cómo van actuar los opositores “presidenciables”, ya que si lo acompañan son más de lo mismo y si no lo hacen deben comprometer su derogación inmediata en el caso de asumir la próxima Presidencia de la Nación, y aprobar las leyes de matrimonio, adopción y fertilización asistida que tiene proyectos que hace años duermen el sueño de los justos en los cajones de la gestión K.
Liliana Parada es Diputada nacional (MC), fue integrante de la Comisión Bicameral para la Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial.
Criminalización de la protesta social: La represión como contracara del ajuste. Ya son 4000 los procesados
Nicolás Tauber Sanz (ACTA)
Los militantes de nuestra central son uno de los blancos sobre los cuales se descarga la criminalización de la protesta social, que no es otra cosa que una estrategia política, impulsada desde el Gobierno nacional, que presenta ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes.
Es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y control social.
Los informes confeccionados en 2012 por el Observatorio de Derecho Social y los organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, arrojaron el dato de 3800 causas abiertas contra compañeros de distintas organizaciones y lugares del país. Estos dos informes realizados sin ayuda estatal de ningún tipo no alcanzaron a la totalidad de los casos existentes en el país, pero demostraron que el número de 4000 procesados que se ha transformado en una consigna se queda corto.
Para darnos una idea de la magnitud de esta política represiva de criminalizar la protesta tengamos en cuenta que mientras hay más de 4000 compañeros procesados por luchar, hay 850 procesados por el genocidio dictatorial.
Desde el 2003 tenemos 29 personas asesinadas en ocasión de protesta o por ser militantes. 24 de ellos fueron asesinados desde el 2010.
El Gobierno nacional impulsa esta política de criminalización como lo demuestra la sanción de la ley antiterrorista, los proyectos que impulsa para “reglamentar las manifestaciones públicas” y el hecho de que son sus fiscales los que abren causas contra los compañeros ante cada lucha.
No hay lucha que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los que protagonizaron esa lucha.
El 31 % de las causas de criminalización son abiertas con motivo de luchas sindicales (huelgas) y contra trabajadores ocupados.
Esta política represiva se utiliza en todo el país y no golpea sólo al movimiento obrero sino que se descarga contra los pueblos originarios, ambientalistas, desocupados, estudiantes, todos los colectivos que salen a reclamar por sus derechos.
Desde la CTA venimos denunciando y enfrentado los avances represivos, articulando nuestra lucha con los organismos de derechos humanos existentes en cada lugar.
Tanto las patronales como los distintos gobiernos utilizan el derecho penal para reprimir la organización y las acciones que llevan adelante los trabajadores.
Por esta razón se organizó el Encuentro Nacional de Abogados sobre 2 ejes fundamentales: huelga y criminalización de la protesta. La finalidad del Encuentro era fortalecer la formación jurídica de los abogados de CTA, y coordinar nuestra tarea.
Participaron compañeros abogados de Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La Pampa y Córdoba. Los compañeros de cada provincia contaron la situación represiva que se vive en cada lugar.
En el NEA la situación es crítica. La represión se descarga con brutalidad sobre los pueblos originarios, existiendo varios casos de asesinatos de caciques o integrantes de las comunidades en los últimos años. Esta represión y asesinatos son acompañadas con la apertura de causas contra los compañeros que son reprimidos o los compañeros de quienes son asesinados.
En Formosa en este momento existen 5 integrantes de la comunidad Wichi presos. Les arman causas y los acusan de delitos cada vez más graves para que el Juez de la causa tenga alguna excusa para denegar la excarcelación. Resulta normal en la provincia de Insfrán la actuación de grupos parapoliciales contra las comunidades indígenas.
Esto que vemos en Formosa: acusaciones cada vez más graves, compañeros detenidos, y actuación de grupos parapoliciales y/o patotas, es una constante que se repite con distinta intensidad en muchos lugares del país.
En Chaco se ha elevado a juicio oral la causa armada contra Víctor López y otros 30 originarios de la Federación Nacional Campesina acusados de usurpar sus propias tierras ancestrales. En estos últimos meses la situación represiva se ha agravado hasta ser una de las peores en todo el país. Las razias buscando dirigentes políticos, sociales o sindicales, que se tienen que vivir escondidos, las torturas contra compañeros detenidos, las detenciones por decenas ante cada movilización, son sólo algunas de las gravísimas situaciones que se están viviendo ahora mismo en el Chaco.
En Misiones tienen en la mira a la CTA y la CCC. A los hechos represivos contra acampes o manifestaciones llevadas a cabo por trabajadores y desocupados, se le suma una persecución sistemática contra los trabajadores del Mercado Central de Posadas. Diego Silveira (delegado), Rubén Ortiz y otros compañeros son objeto de seguimientos, se les arman causas y se los detiene sin ningún motivo.
El año pasado detuvieron a Silveira y lo golpearon salvajemente hasta dejarlo irreconocible. Luego lo pasearon por Posadas a la vista de todos para que sirva de escarmiento.
Comprobados los tormentos y efectuada la denuncia la Justicia de Misiones hace dormir el expediente. Esta conducta de no tramitar las denuncias realizadas ante los golpes y torturas de la policía son una constante a nivel nacional.
En Salta se modificó el Código Procesal Penal dándole más potestades a la Policía. Se hacen razias y se detiene a cientos de jóvenes, encontrándose abarrotados los penales de la provincia.
Frente a la lucha de los obreros azucareros la criminalización está a la orden del día. A Mariano Cuenca, Sec. Gral. Del Sindicato del Ingenio San Isidro le abrieron 38 causas penales.
Pero no sólo el Secretario General del Sindicato es criminalizado, también el abogado Dr. Wasneider tiene varias causas penales abiertas por defender a los trabajadores del azúcar.
La persecución que sufre el Dr. Wasneider es el más grave pero no el único caso de criminalización o persecución a los abogados que ponen su profesión al servicio del pueblo. Es una constante en el interior del país la utilización de los tribunales de disciplina de los colegios profesionales en donde se amenaza a los compañeros con retirarles sus matrículas y de esta forma atentar en forma directa contra su herramienta de trabajo. También hemos sufrido allanamientos ilegales en nuestros estudios jurídicos, así como seguimientos y otras formas de vigilancia. En Tucumán la nota característica es la realización de tareas de inteligencia ilegal sobre las organizaciones populares. Esta información de inteligencia es utilizada (parcialmente) para acusar penalmente a los militantes. Las denuncias judiciales sobre estas tareas de inteligencia no son investigadas por los tribunales.
En Neuquén el colectivo que es más golpeado por la criminalización son los pueblos originarios. Aquí hay una rica experiencia, de la cual debemos aprender, ya que se ha logrado instalar en las facultades y colegio de abogado la discusión respecto de temas jurídicos que hacen a la ampliación y defensa de los derechos.
En Chubut la violencia policial contra la juventud es gravísima. Son comunes los asesinatos y violaciones de pibes jóvenes a manos de la policía provincial.
En Entre Ríos a la apertura de causas contra trabajadores en lucha (28 trabajadores de APJ GAS procesados) se suma una nueva ordenanza en Paraná que amplía los servicios declarados como esenciales. En San Juan la herramienta más utilizada contra la protesta es la apertura de sumarios administrativos que ponen en peligro el trabajo de los compañeros.
En La Pampa la lucha llevada a cabo por la recientemente formada intersindical tuvo como respuesta la apertura de una nueva causa penal contra los compañeros.
En Mar del Plata hace un mes una patota golpeó salvajemente a compañeros de la CTA, desfigurándole la cara a uno de los compañeros. En Buenos Aires, se logró el sobreseimiento de los compañeros de ATE Educación. Todavía quedan muchísimas causas abiertas, como las abiertas contra los compañeros de ASOMA en La Plata.
En Córdoba se reformó el Código de Faltas para utilizarlo contra los que protestan, existen muchos casos de criminalización. Siguen presos los 5 vecinos de Corral de Bustos que fueron condenados a 7 años en el marco de una causa armada para escarmentar al pueblo de la provincia luego de la pueblada del 2006.
Los presos de ATE Río Gallegos
En el encuentro se analizó la grave situación que el movimiento popular de Santa Cruz. Allí están detenidos desde octubre de 2013,los trabajadores de ATE Ernesto Apendino, Diego Reyes, Juan Vera, Alberto Arteaga y Patricia Benítez.
En una causa armada, se los acusa sin que existan pruebas de incendiar un edificio público. La realidad es que los compañeros eran activos militantes sindicales y participaban de las manifestaciones exigiendo subas de salario que permitan equiparar al menos lo que se pierde por la inflación. La causa fue elevada a juicio y al momento del Encuentro se encontraba pendiente de resolución el pedido de excarcelación, el cual luego fue denegado, lo cual significa que los trabajadores seguirán presos hasta la realización del juicio oral.
El repaso de la situación existente en las distintas provincias permitió confirmar que la criminalización de la protesta es una política que se lleva adelante en todo el país. La situación se ha agravado, ya existen condenados por protestar: los vecinos de Corral de Bustos, los dirigentes de Quebracho, Marcolín chofer de la Línea 60.
Tenemos actualmente presos: en Formosa los 5 integrantes de la comunidad Wichi y en Santa Cruz los 5 trabajadores de ATE Río Gallegos. Se utilizan cada vez delitos más graves al acusar, a fin de obstaculizar la excarcelación del compañero detenido, y al mismo tiempo se los acusa de delitos que parecen no tener una motivación política (lesiones en riña, tentativa de homicidio, extorsión, etc).
No sólo se utiliza el derecho penal como herramienta represiva, también se utilizan los sumarios administrativos, juicios de desafuero, procesos ante los tribunales de disciplina contra abogados militantes, son sólo algunas de las caras de la criminalización.
La represión es utilizada diariamente contra el movimiento popular, teniendo como saldo la existencia de detenidos y heridos. Esta política se da en el marco de un avance generalizado sobre las libertades democráticas de la población:
1.- Implementación del sistema SIBIOS de seguridad biométrica. 2.- Creación de nuevas policías locales. 3.- Sanción de la ley antiterrorista. 4.- Militarización de la seguridad (Gendarmería y prefectura cumpliendo funciones policiales). 5.- Utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. 6.- Realización de tareas de inteligencia ilegal sobre militantes y organizaciones. 7.- Designaciones de Milani y Berni al frente del Ejercito y del Ministerio de Seguridad de la Nación respectivamente. 8.- Endurecimiento de penas, reformas procesales para hacer más difícil obtener la libertad mientras duran los juicios. 9.- La negativa a abrir los archivos de la dictadura. 10.- La desaparición impune de Julio López, Luciano Arruga y Daniel Solano.
Dada la gravedad de la situación es que los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia impulsan un proyecto de ley que cierre todas las causas penales del país abiertas con motivo de protestas sociales y/o pertenecer a organizaciones populares. Esta es la herramienta jurídica y política que permitiría terminar con la persecución que sufren miles de compañeros.
A fin de denunciar esta situación ante todas las autoridades nacionales e internacionales necesitamos conocer exactamente cual es la situación de todas las provincias. Para lograrlo decidimos comenzar a hacer un relevamiento de casos que nos permita actualizar el último informe sobre criminalización. Se acordó también continuar trabajando para coordinar cada vez más el trabajo de todos los abogados y profundizar el trabajo en Universidades, Colegios de Abogados, etc., a fin de que se conozcan nuestras posiciones y poder trabajar en los distintos lugares donde se nuclean abogados. Realizar actividades de formación a fin de poder encontrarnos preparados para afrontar las situaciones que la realidad nos impone.
Esta política tiene como objetivo impedir la libertad sindical para así hacer pagar los costos de la crisis a los trabajadores y el pueblo. Lograr frenar la escalada represiva y la criminalización no es una tarea de los abogados. Exige que todos los compañeros de la CTA tomemos como prioritario luchar contra esta política para hacer realidad que la libertad y la organización sindical llegue a todos los lugares de trabajo y que la crisis no la paguen los trabajadores ni el pueblo.
Artículo publicado en el Periódico de la CTA Nº 105, correspondiente al mes de septiembre de 2014.
No criminalizarás al usuario
Alexis Torrijos estuvo seis meses preso en Santiago del Estero porque Gendarmería le encontró 15 gramos de marihuana. Como no pudieron probar comercialización, salió. Los jueces se basaron en la jurisprudencia del Fallo Arriola, que consideró inconstitucional la persecución al consumidor. Hace pocos días detuvieron a tres adolescentes porque estaban regando una planta de marihuana, en Chaco y los acusaron de infringir la Ley de Estupefacientes. Ni despenalización ni legalización, el objetivo de Juan Carlos Molina, titular de la Sedronar -Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico-, es terminar con la criminalización del usuario.
“Con la legislación actual no estamos agarrando a los grandes narcotraficantes sino a los perejiles”, dijo Juan Carlos Molina, en la radio Nacional Rock. Molina enviará proyectos de ley al Congreso para modificar tres de los artículos de la Ley de drogas (23.737) y cambiar el enfoque punitivista sobre el consumo de drogas.
“Hay que sacarle a la policía esto de que se la agarran con el más débil: nunca agarran a los que consumen en el boliche de Costanera Norte, siempre caen en cana los pibes de la villas”, agregó. Se trata de cambiar la práctica policial de detener jóvenes que tienen droga para consumo personal. Cuando los casos se judicializan, los jueces los liberan basándose en la jurisprudencia del Fallo Arriola de 2009 en el que se consideró inconstitucional la persecución penal de quien consume drogas sin perjudicar a terceros. Por ese fallo liberaron a Alexis Torrijos en junio de este año: lo habían encontrado con 15 gramos de marihuana y lo habían procesado “por infringir la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes”. Estuvo preso seis meses: tres en el Núcleo 59 y tres en Colonia Pinto. Después la justicia dictaminó que eran para consumo personal y no pudieron probar comercialización.
Las detenciones “al voleo” y la posterior liberación generan un costo de 1200 millones de pesos al año. Los mecanismos institucionales (policía, fiscalía, juzgado) funcionan sin coordinación ni objetivos comunes. Ese dinero podría dedicarse a investigar el narcotráfico: “no se los está deteniendo (a los capos), nuestras cárceles están llenas de perejiles”, dijo Molina. El titular de la Sedronar explicó que hay que redireccionar los recursos hacia un enfoque de salud: es decir, que aquellos que tienen un consumo problemático de drogas, tengan asistencia. “El consumo adictivo es un problema que se debe abordar desde la salud y no como una cuestión penal”, agregó.
Durante la segunda quincena de julio, Federico Delgado -a cargo de la Fiscalía Federal Nº6- hizo un estudio sobre todos los casos que recibió. De las 277 causas relevadas, el 73% de las detenciones es por infracción a la ley de drogas. La cantidad de detenciones por tenencia de estupefacientes para consumo personal (175 en 145 causas) muestran la “selectividad policial”. Más de la mitad de las personas con sustancias para consumo personal fueron detenidas por usar marihuana o cocaína en la vía pública, el 45,5% por “actitud sospechosa” y el 1,5% por otro delito a partir del cual la policía le encontró droga.
“Hay un estereotipo de peligrosidad armado que funciona para la policía”, dijo Allende.
Los partes policiales siempre empiezan más o menos de la misma forma: un masculino camina por la estación de tren, la plaza o una esquina oscura en “actitud sospechosa”. Cuando el pibe se cruza con un policía, pega media vuelta y trata de escapar. El oficial lo persigue, lo requisa, le encuentra un cigarrillo de marihuana y lo detiene. El final también es común: las causas por tenencia de estupefacientes para consumo personal terminan archivadas.
Los artículos que se proponen modificar son el 5, el 14 y el 16 de la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes 23.737 y regular la publicidad de drogas legales. “Hoy el alcohol es un terrible problema y nos quieren vender que el consumo es responsable”, dijo Molina. La publicidad, dijo, quiere reflejar un “mundo mágico donde todo se soluciona con una pastilla”.
Artículo 5 / Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de dos millones doscientos cincuenta mil a ciento ochenta y siete millones quinientos mil australes el que siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación; Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes; Comercie con estupefacientes o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte; Comercie con plantas o sus semillas; Entregue, suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará reclusión o prisión de tres a doce años.
Lo que pretenden, con la modificación, es que “se transparente” lo que ya sucede de hecho. Los que caen, son los pibes que venden en las villas.
Artículo 14 / Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de ciento doce mil quinientos a dos millones doscientos cincuenta mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes.
“No puede ir en cana al que encontraron con dos porros en el bolsillo o con una bochita de èsto o un sintético”, dijo Molina.
Artículo 16 / Cuando el condenado por cualquier delito dependiera física o psíquicamente de estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una medida de seguridad curativa que consistirá en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a estos fines.
“Yo habilitaría el consumo de todo y haría buenos centros, porque es la única forma que tenemos de combatir al narcotráfico”, dijo Molina.
Criminalización de la protesta social: Marcos Wolman fue citado a indagatoria por participar de la Marcha de los Jubilados
Como es de público conocimiento, todos los días miércoles, desde hace mas de 22 años, 1173 miércoles de los jubilados nos reunimos los jubilados y pensionados en el Congreso de la Nación Argentina, a fin de reclamar por nuestros derechos.
"El día miércoles 23 de abril de 2014, se cumplieron 1150 miércoles ininterrumpidos. Esta fecha también fue una jornada nacional para alcanzar el millón de firmas con el objeto de avalar el proyecto de nueva ley de Previsión Social (expediente 2802-D-2014), presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, por un conjunto de diputados, algunos de los cuales estuvieron presentes en la fecha mencionada.
En este sentido, informamos que a partir de dicha jornada, fue citado a indagatoria Marcos Wolman, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, para el día 1 de octubre a las 10 horas en la sede de la Fiscalía Unidad Fiscal Sudeste. Equipo E, sito en Bartolomé Mitre 1735 4to piso, en tanto se pretende imputarle el corte de calle Rivadavia entre Combate de los Pozos y Entre Ríos el día 23 de abril de 2014.
La citación es realizada por el Sr. Fiscal -Dr Juan Rozas- del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rechazamos esta imputación, cuyo objetivo es pretender poner trabas o impedir el derecho de los jubilados y pensionados de peticionar ante las autoridades parlamentarias, en este caso exigiendo el tratamiento de un proyecto de ley.
Los Jubilados y Pensionados estaremos presentes. Llamamos a acompañar en la lucha por nuestros derechos y específicamente en esta oportunidad por los de Marcos Wolman quien es víctima de persecución.
Los esperamos el 1 de octubre del corriente año a las 10 horas en Bartolomé Mitre 1735 4to piso".
Los huesos de Paula Perassi
Siempre la justicia corre el blanco…como cuando querés tirar con un rifle de aire comprimido. Acá alguien mueve la culata para que el tiro, entonces, siempre salga errado, fallado. El juez de la causa, Eduardo Filloco, me dio a entender que mi hija era una loquita y el fiscal me dijo que no se podía investigar si la celda del mensaje que me llegó para el día del padre un año después del secuestro de mi hija es de San Lorenzo o de otro lugar…Recién ahora, después de tres años se van a allanar las oficinas de Telecom en Buenos Aires para saber de dónde vinieron esos mensajes que venían del número del teléfono celular de mi hija. Ahora pusieron una recompensa de solamente 200 mil pesos para que alguien aporte datos sobre el destino de Paula. Es una cifra que fácilmente puede ser pagada por el poder político y económico que está detrás de su desaparición. Un dinero que, en realidad, puede servir para presionar más que para aclarar. En la Municipalidad de San Lorenzo y en el interior de la Unidad Regional XVII de policía se sabe qué le hicieron a Paula, quiénes fueron sus secuestradores y posteriores matadores…pero como siempre digo, cuando el poder y el dinero se juntan, la verdad se calla…lo mío ya está, se los dije al ministro de seguridad de la provincia. Lo único que les pido es que aparezcan los huesos de mi hija. Para poder decirle a mis nietos que ella está en un lugar y que puedan visitarla cuando lo necesiten. Ellos, mis nietos, están bien pero el más chiquito siempre me pregunta cuando vuelvo de hacer averiguaciones para saber dónde está su mamá, por qué no la traigo ya que la fui a buscar…Ojalá que no haya más casos como el de Paula…
Así le habló Alberto Perassi a cientos de adolescentes del ex cordón industrial de la zona norte del Gran Rosario, entre Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y San Lorenzo, la ciudad histórica, donde el general guaraní parió el proyecto de liberación para la patria grande, un lugar donde existiera la igualdad y la justicia para las grandes mayorías. La misma región que en los años sesenta y setenta había sido considerada como el segundo conglomerado industrial más importante de América del Sur después del de San Pablo.
Hoy, esa geografía es, por sobre todas las cosas, la plataforma de exportación de las multinacionales sojeras y los arrabales por donde la prostitución infantil, el negocio del narcotráfico y los cargamentos en negro de cereal se funden en el gran río de dinero por donde pasa el 80 por ciento de las exportaciones argentinas.
Hace años que el juez provincial Eduardo Filloco siempre aparece mencionado como una pieza fundamental en las desesperadas búsquedas de justicia de parte de las familias que buscan justicia para sus hijas desaparecidas o asesinadas o para sus hijos muertos por accidentes laborales que nunca son responsabilidad de las grandes empresas que facturan miles de pesos por minuto.
Hace años que la Unidad Regional XVII, la jefatura de la policía provincial para el departamento San Lorenzo, parece ser el centro de refugio de distintos nidos de corrupción más cercano a la producción de inseguridad que de seguridad para el pueblo y los hijos del pueblo.
Hace años que la unidad de acción entre los nichos oscuros de la política se mantiene inalterable con los delincuentes de guante blanco que manejan los hilos de la actividad económica. Por eso Alberto Perassi sostiene que cuando “el poder se junta con el dinero la verdad se calla”.
Hace años que la ausencia de una política de transformación en la provincia, vigente tanto en el socialismo como en el peronismo, le hace decir a padres desesperados que, por lo menos, le devuelvan los huesos de sus hijas.
Por eso una dulce niña, en la mañana del viernes 26 de septiembre, en el hermoso auditorio del Centro Cultural de San Lorenzo, con la mirada incendiada por la emoción, la pena y la bronca que despierta el relato de Alberto Perassi, levantó la mano y le deseó toda la suerte del mundo para que pudiera encontrar a su hija y un poco de justicia.
Paula Perassi desapareció el domingo 18 de septiembre de 2011 cuando salió de su casa para buscar unas tareas para uno de sus hijos. Nunca más volvió. Su búsqueda llevó a la Justicia hasta un empresario de Puerto San Martín y amante de la joven, con quien presuntamente esperaba un hijo. El hombre fue procesado junto a un empleado suyo, pero ambos lograron el desprocesamiento. Detrás de ellos, un policía corrupto con relaciones con el poder político regional y el dinero del empresario de marras.
La historia de un femicidio impune, uno de los tantos en la Argentina crepuscular del tercer milenio.
Pero a pesar de semejante construcción de injusticia, allí está Alberto Perassi conmoviendo a la pibada para que esté alerta de la mafiosa matriz que quiere reducir a las chicas a simples objetos de consumo descartables. Allí está Alberto pidiendo por los huesos de su hija Paula y repitiendo que “cuando el poder y el dinero se encuentran, la verdad se calla”.
Fuentes: Diarios regionales del Gran Rosario; entrevistas personales del autor de la nota a Alberto Perassi.
El pacto Francisco y Cristina: mujeres presas por abortar
El precio de la buena relación del Papa Francisco y Cristina Fernandez les toca pagarlo a las mujeres que son privadas del derecho a decidir sobre su cuerpo y si son pobres su destino puede ser un riesgoso aborto clandestino sin condiciones mínimas y hasta la cárcel, como la sufrenMelisa Fusiman de Bariloche y Susana Elsa Díaz y sus compañeras, Claudia Guaraná Maria Cuellar de Calilegua, Jujuy
En el día internacional por la despenalización del aborto: ¡Libertad a las mujeres de Calilegua y Bariloche, presas por abortar!
Desde Mujeres ¡Ahora es Cuando! nos sumamos a esta jornada de lucha porque reivindicamos nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Por eso continuamos exigiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
Ratificamos este reclamo pocos después de que Cristina viajara a Roma para jurarle al “Santo Padre” que cambiará el código civil para favorecer los dictados reaccionarios de la Iglesia y que continuará boicoteando cualquier posibilidad de legislar a favor del aborto.
Esto sucede mientras miles de trabajadoras y mujeres pobres se ven obligadas a abortar de manera clandestina y en las peores condiciones de seguridad e higiene, sufriendo terribles mutilaciones, la muerte e incluso la cárcel y la persecución de la justicia, siendo rehenes de una institución que mira para otro lado cuando esta práctica la realizan las mujeres de los ricos en clínicas lujosas.
Este pacto reaccionario de Kristina con Bergoglio lo están sufriendo tres mujeres de Calilegua -Jujuy- que fueron encarceladas por ayudar a una compañera a interrumpir su embarazo. Algo parecido acontece con Melisa Fusiman, que fue detenida en Bariloche, bajo el cargo de asesinato agravado por el vínculo.
Susana Elsa Díaz y sus compañeras, Claudia Guaraná y Maria Cuellar -trabajadoras municipales con salarios de $250.- han sido imputadas por “asesinato doblemente agravado por el vínculo y alevosía”, pudiendo ser condenadas a cadena perpetua.
Susana y Melisa Fusiman, quienes tuvieron que recurrir al aborto clandestino -como anualmente lo hacen más de 500 mil mujeres- fueron denunciadas por personal médico cuando acudieron al hospital por asistencia.
Ellas, como miles de mujeres trabajadoras y pobres fueron al hospital luego de emplear los métodos que tenían a su alcance: las agujas, la zonda, las pastillas o la comadrona del barrio. Otras, temiendo el maltrato en los hospitales, esperan hasta que la infección se generalice, fallecen o quedan lastimadas.
Luego de diez años de gobierno kirchnerista esta realidad continúa agravándose debido a las tremendas consecuencias de la escalada inflacionaria, la recesión, los despidos, las suspensiones, la destrucción de la salud y la escuela pública.
Por todo esto, aquí y en el Encuentro de Mujeres de Salta tenemos que profundizar la lucha por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, relacionando esto con la lucha por la libertad de las mujeres de Calilegua y Bariloche y el cese de las persecuciones a todas mujeres que han decidido interrumpir sus embarazos.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones feministas, de izquierda y democráticas a organizar juntas esta gran campaña, que debe ser nacional e internacional.
ABAJO LA REFORMA DEL CODIGO CIVIL
LIBERTAD A LAS MUJERES DE CALILEUA Y BARILOCHE POR ABORTAR
ABORTO LIBRE, SEGURO Y GRATUITO YA
Pedro Caro (COPENOA)
“Quiero pan”. Un niño wichí de 11 años baleado por un policía en el pueblo formoseño Ingeniero Juárez está luchando por su vida y tiene hambre en un hospital público. El contexto de este ataque policial es aterrador: testigos de la localidad denuncian asesinatos en serie de no menos que 17 chicos indígenas, en parte asesinados por la policía. A esto se suman asesinatos de personas mayores, violaciones sistemáticas de niñas, muertes dudosas en hospitales y tráfico de órganos; una violencia morbosa que se replica en todo el noroeste del país. Por Stefan Biskamp, corresponsal alemán para América Latina, para ANRed / Imágenes: comunidad wichí de Ingeniero Juárez.
El niño Wichí de 11 años Nazareno Chávez se encuentra todavía en el Hospital de la Madre y el Niño de Formosa Capital, a unos 500 kilómetros de su comunidad en Ingeniero Juárez. Los huesos de su rodilla de izquierda fueron astilladas por una bala de plomo de un policía hace más que tres semanas. Su situación es precaria. Cuenta el referente de comunidades Wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, quién visito a Nazareno recién: “El chico apenas podía hablar. Me dijo: Quiero pan, ¿tenes algo de pan? Su boca estaba seca y sus ojos lleno de dolor. Es un niño que no sabe porqué le pegaron. Perdió mucha sangre y su herida es muy grave. Ahora no parece que vuelva a caminar, todavía no está recuperando.”
La herida de Nazareno es producto de una verdadera cacería de niños realizada por policías provinciales en la tarde del viernes 21 de Marzo, como ya se pudo documentar. Un grupo de niños se había sentado tranquilamente en la vereda frente a la Plaza Juan Domingo Perón cuando efectivos bajando de un patrullero dispararon a los chicos y los siguieron disparando con balas de goma y de plomo por una distancia de más que 100 metros. El resultado fue tres niños heridos, dos de ellos por bala de plomo, lo más grave Nazareno.
“Es muy triste ver las lágrimas en los ojos de la madre, porque su hijo casi murió y está luchando por su vida”, dice Santillán. Critica a las instituciones por ocultar la gravedad de la herida. “Los políticos dicen, que Nazareno está bien, pero no es así. Nadie investiga, ni los médicos dieron explicación. Les pregunte si hay un resumen médico, pero me dijeron que no hay.“ Cuando la madre Ana Chávez, acompañado por el referente, quería denunciar el crimen en la comisaría de Ingeniero Juárez: “ellos no aceptaron la denuncia. Ni nos atendieron.”
Recientemente, el hospital pidió a la madre Chávez el carnet de vacunas de su hijo. Por eso, tuvo que volver a su casa, un viaje de unos mil kilómetros en total que solo pudo pagar con donaciones de una organización humanitaria. Lo mismo pasa con la comida en el hospital: “Lo que más bronca me da, es que el hospital no les da de comer, ni a los acompañantes y ni al herido, la comida se la tienen que comprar”.
En toda su crueldad la cacería de niños en Ingeniero Juárez es parte de una violencia generalizada contra los pueblos originarios especialmente en las provincias Formosa, Chaco y Salta. Es aparentemente un fenómeno creciente. Como dice el ex cura de la teología de la liberación Patricio Doyle, quién vivió 20 años hasta mediados de los 90´ con los Wichí: “Esto no había cuando yo estaba.”
Al contrario de los originarios de la Patagonia, como los Mapuche, pueblos como los Wichí del noroeste no fueron asesinados sino esclavizados en el siglo XIX, porque los grandes ingenios necesitaban una mano de obra barata. “Fue la iglesia quien los quebró, no la fuerza armada”, dice Doyle. Explica que los misionarios quebraron su autoestima enseñándoles “que toda su cultura era mal” y así los esclavizaron. Sufrieron un genocidio silencioso durante el siglo XX. “El Impenetrable fue un cementerio de proyectos de desarrollo”, remarca.
Pero en los últimos tiempos en lugar de la demanda de esclavos, creció la demanda de tierra para la explotación de recursos naturales, especialmente para extender la frontera del sistema agro-exportador transgénico – un sistema agropecuario casi sin mano de obra. El originario no se necesita más y en esta lucha territorial se repite la masacre en el sur del siglo XIX. Por eso los ataques violentos contra las comunidades Wichí en Ingeniero Juárez y de los Qom en La Primavera, Riacho de Oro, Pampa del Indio y una multitud de otras en la región..
Así se puede entender, por qué el crimen policial contra el niño Nazareno y sus amigos tiene un contexto aún más aterrador. Según testigos, son 17 los asesinatos de chicos Wichí – no incluyendo los asesinatos de personas grandes – a manos de integrantes de instituciones estadales o por sus protegidos. Estos números dan cuenta de lo sucedido: desde el año 2000 sólo en Ingeniero Juárez, con 19 mil habitantes, se trata de un patrón de crímenes contra los jóvenes originarios que según testimonios de vecinos se repite allí, en otras localidades de las Provincias de Formosa, Chaco y Salta. En ningún caso de Ingeniero Juárez hubo un juicio, la mayoría de los asesinatos ni siquiera fueron investigados oficialmente, algunos de ellos se supone que fueron cometidos directamente por integrantes de la policía. En general, tampoco hubo denuncias de familiares por miedo a la represión y “porque acá en Juárez no toman la denuncia” – la misma experiencia que tuvo la madre de Nazareno –, aunque, como dicen los vecinos, “sabemos quiénes son que los matan”.
Por ejemplo, un joven Wichí se encontró muerto en un basural. “Sabemos que los que lo mataron y torturaron son policías y la causa quedo en la nada”, dice un referente. “Luego encontramos un chico todo esqueleto, le sacaron toda la piel y de eso no hubo justicia tampoco. Otro chico fue yendo para un paraje y sabemos quiénes lo mataron, porque tienen muchas vacas y entonces son políticos”, dice un vecino. Hace tres años una mujer joven fue violada. “La chica la mataron, le sacaron los dientes. El hospital dice que murió por deshidratación, pero como va a morir por deshidratación, teniendo así la boca y sin dientes, con todos los moretones. El tobillo estaba torcido y se veía que peleó con su agresor.” El asesino fue “uno de los dirigentes de acá de Juárez”.
En el año pasado asesinaron a Víctor “Oli” Segundo, el número 17 de los asesinatos de chicos Wichí en Ingeniero Juárez, un crimen morboso que se podría reconstruir de manera precisa con nuevos testimonios, aunque el sistema judicial cerró el caso. El joven, supuestamente de 16 años (no tenía DNI), fue golpeado brutalmente el 22 de Junio. Según testigos el asesino fue el dueño criollo de un comercio y la razón del acto había sido el hecho que el Wichí Olivero se había sentado en la vereda del local criollo.
“No sé cómo, pero Oli salió del barrio”, cuenta la referente de la comunidad Barrio Belgrano, Ercilia Agüero. “Se dice que le mandaron a comprar algo ahí en ese negocio, pero cuando le mandaron ellos pensaron que el chico se había ido a su casa, pero luego él no aparecía. Dos días estuvo desaparecido, al tercer día lo encontraron a 50 metros de ese negocio en una chacra, como un perro muerto”.
El joven fue desfigurado por golpes y encontrado sin ropa, lo que impidió identificarlo. Fue declarado fallecido y llevado al cementerio. Allá el encargado se dio cuenta que Víctor Segundo todavía estaba vivo, significa que el joven había sufrido – “como un perro tirado en la chacra” – dos días de agonía antes de detectarlo. Entonces fue traslado a la terapia intensiva de un hospital de Formosa Capital, donde murió. Solo cuando volvió su cuerpo, cosido como un matambre como se puede ver en las fotos tomadas, su identidad fue revelada y sus familiares, preparando el cuerpo para el funeral, detectaron que fue vaciado.
Unas semanas antes de estos hechos una mujer fue violada y golpeada por criollos de la localidad. Fue atacada en un galpón abandonado del ferrocarril y murió en el hospital, caso que tampoco fue resuelto por la justicia. Estos crimines están acompañados por muertos dudosos en hospitales. En una cantidad de comunidades hay denuncias de personas trasladadas a los hospitales de las capitales provinciales de Formosa y de Chaco que volvieron muertos con falta de unos órganos.
El supuesto asesino del joven Víctor Segundo, a quien miembros de la comunidad Wichí acusan de participar también en violaciones de mujeres Wichí, hoy en día está suelto y en libertad. Un hecho inédito, especialmente en el contexto de los linchamientos de las últimas semanas, es lo que paso, después de que las comunidades se dieron cuenta del asesinato. Unas mil personas se juntaron para reclamar justicia y fueron al lugar del asesinato. Dice un testigo: “Ellos llevaron al negociante y la señora, pero después la gente se frenó un poco. Pensaba que por fin va a haber justicia. Entonces les entregaron a la policía.”
Mientras que en el barrio porteño Palermo un ladrón que robó un reloj marca Rolex de una turista casi es linchado, unos mil vecinos de un joven asesinado bestialmente se resisten a ajusticiarlo y entregan al supuesto asesino para que el estado haga justicia. Pero en lugar de cumplir con su función, el sistema judicial liberó al comerciante y ahora está persiguiendo a los manifestantes acusándolos de robo en banda y en poblado. Entre los imputados se encuentran personas que probadamente no estaban en la manifestación, como una mujer que ese día estaba internada en un hospital. Otros imputados estaban, con testigos, en el campo afuera del pueblo. La comunidad Wichí decidió no atender las audiencias judiciales en el pueblo de Las Lomitas, unos 200 kilómetros de Ingeniero Juárez. No tenían los recursos para viajar “y tenemos miedo”, dice un imputado: “pensamos si vamos, nos pueden encerrar, y la gente se puso de acuerdo de no ir. Ahora estamos como en rebeldía. Pero si lo va a buscar la policía a una persona no la dejamos que se la lleven.”
El caso Víctor Segundo es emblemático, como lo es la herida del niño Nazareno Chávez, por su crueldad. Ambos son casos que exponen la perversión social donde las jóvenes y niñas originarias son golpeadas y violadas casi a diario. De hecho, existe un verbo que da cuenta de esta práctica en el noroeste argentino: se dice “vamos a chinear” cuando unos criollos buscan una chica indígena para violarla.
Pero los casos de Olivar y Nazareno también demuestran, cómo las instituciones del estado están involucradas directamente en los crímenes: la policía, el sistema judicial y el de salud y el poder ejecutivo. El estado no está ausente en este juego violento, está bien presente y es un participante activo en crímenes organizados como el tráfico de órganos. Recientemente un médico que atendió a un paciente Wichí refirió el caso de un paciente que le comentó sobre una operación de apéndice que le practicaron en un hospital público.
Cuando el médico pregunto dónde estaba su cicatriz, el paciente la mostró. El médico sorprendido constató que se encontraba en la espalda justo encima del riñón.
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References: sui generis
 resolución 
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Artículo 14

Artículo 16