Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-3-abril-2017-direccion-general-registros-notariado-recurso-interpuesto-contra-nota-calificacion-extendida-registrador-mercantil-bienes-muebles-iii-valencia-suspende-inscripcion-escrituras-elevacion-publico-acuerdos-sociales-25112097
Timestamp: 2017-04-23 12:00:29+00:00

Document:
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles III de Valencia, por la que se suspende la inscripción de unas escrituras de elevación a público de acuerdos sociales. | Iberley
InicioResoluciones 2017
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles III de Valencia, por la que se suspende la inscripción de unas escrituras de elevación a público de acuerdos sociales., - Boletín Oficial del Estado, de 19 de Abril de 2017
Jurisprudencia Sentencia Civil Nº 618/2012, AP - Pontevedra, Sec. 1, Rec 770/2012, 29-11-2012 Órden: Civil
Num. Sentencia: 618/2012
Num. Recurso: 770/2012
Sentencia Civil Nº 21/2013, AP - Madrid, Sec. 28, Rec 715/2011, 25-01-2013 Órden: Civil
Num. Sentencia: 21/2013
PRIMERO.- Constituyen precedentes de conveniente mención para la adecuada comprensión de las claves del litigio, y en definitiva del presente recurso, los siguientes:
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Valentín , el cese de los miembros de su consejo de administración y el nombramiento de nuevos consejeros. De acuerdo con el acta notarial de dic... Sentencia Civil Nº 747/2014, AP - Murcia, Sec. 4, Rec 882/2014, 26-12-2014 Órden: Civil
Moreno Millan, Carlos
Num. Recurso: 882/2014
Sentencia Civil Nº 126/2011, AP - Madrid, Sec. 28, Rec 339/2010, 12-04-2011 Órden: Civil
Esteban , como accionistas titulares del 5,25% del capital social, interesaban que se declarase la nulidad e ineficacia de la junta general de CUEVALOSA, S.A. celebrada el 20 de Junio de 2006, por defecto en su convocatoria y, subsidiariamente, en su constitución, y, consecuentemente, la de todos los acuerdos sociales adoptados en ella; subsidiariamente, que se declarase la nulidad e ineficacia de los acuerdos sociales adopta... Sentencia Civil Nº 162/2016, JM Murcia, Sec. 2, Rec 137/2014, 30-06-2016 Órden: Civil
Num. Sentencia: 162/2016
Num. Recurso: 137/2014
No encontrada materia1-00107
La disolución de las sociedades Órden: Mercantil
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contra la cancelación de todos los asientos registrales de
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En el recurso interpuesto por don J. P. M., como representante
persona física de la sociedad «Regesta Regum,
S.L.», que a su vez es administradora de la sociedad
«Urbem, S.A.», contra la nota de calificación
extendida por el registrador Mercantil y de Bienes Muebles III de
Valencia, don Carlos Javier Orts Calabuig, por la que se suspende
la inscripción de unas escrituras de elevación a
público de acuerdos sociales.
Por el notario de Valencia, don Javier Máximo
Juárez González, se autorizó, el día 21
de julio de 2016, escritura de elevación a público de
acuerdo adoptado por la sociedad «Urbem, S.A.», en
concurso de acreedores, en su junta general de fecha 30 de junio de
2016. De la certificación unida a la escritura
pública resulta únicamente el acuerdo quinto del
orden del día por el que se reelige como administrador
único de la sociedad a la entidad «Regesta Regum,
S.L.», ejerciendo sus facultades por medio de la persona
física recurrente. Dicha escritura fue objeto de
calificación negativa que no fue objeto de recurso.
La anterior escritura pública fue presentada nuevamente
junto con el acta notarial autorizada por el notario de Valencia,
don Javier Máximo Juárez González, en fecha 28
de junio de 2016, de cuya diligencia, de fecha 30 de junio de 2016,
relativa a la junta a que se refiere la escritura a que se ha hecho
referencia, resulta que uno de los asistentes a la junta lleva a
cabo determinadas reservas de acciones y protestas. Su protesta se
refiere a la convocatoria, constitución y accionariado de la
sociedad. El socio afirma que ni el accionariado ni su porcentaje
de participación es el que propone el secretario de la
junta, sino el que resulta de determinadas sentencias judiciales,
lo que vicia de nulidad la convocatoria, la composición de
la junta y los acuerdos que se adopten. Con su voto y protesta en
contra se designa presidente de la junta quien «autoriza la
asistencia a la junta de los asistentes invitados, sin que se
manifieste oposición alguna». Con su voto y protesta
en contra se lleva a cabo el desarrollo del orden del día y
la votación de los distintos puntos que lo integran.
Por escritura autorizada por el notario de Valencia, don Javier
Máximo Juárez González, en fecha 14 de
noviembre de 2016, la administradora concursal de la sociedad
«Urbem, S.A.» así como de la sociedad
«Regesta Regum, S.L.», doña B. D. I.,
compareció y otorgó que, en su calidad de
administradora concursal de «Urbem, S.A.» complementa
con su intervención la elevación a público
llevada a cabo en la escritura de fecha 21 de julio de 2016, y que,
como administradora concursal de la sociedad «Regesta Regum,
S.L.», en régimen de intervención, manifiesta
su conformidad con el nombramiento de la misma como administradora
única de «Urbem, S.A.» así como de la
designación de don J. P. M. como persona física
representante para el ejercicio del cargo.
Presentado el referido conjunto documental en el Registro
Mercantil de Valencia, fue objeto de la siguiente nota de
calificación: «Carlos Javier Orts Calabuig,
Registrador Mercantil de Valencia Mercantil, previo el consiguiente
examen y calificación, de conformidad con los
artículos 18 del Código de Comercio y 6 del
Reglamento del Registro Mercantil, he resuelto no practicar la
inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y
fundamentos de Derecho: Hechos Diario/Asiento: 849/1079 F.
presentación: 22/11/2016 Entrada: 1/2016/34131,0 Sociedad:
Urbem Sociedad Anónima Hoja: V-13345 Autorizante:
Juárez González Javier Máximo Protocolo:
2016/1345 de 21/07/2016 Fundamentos de Derecho (defectos): -
Calificación conjunta de las escrituras otorgadas en
Valencia los días 21 de julio de 2016 y 14 de noviembre de
2016, ante su notario D. Javier Máximo Juárez
González, N.ºS 1345 y 1949 de protocolo, del acta
notarial autorizada en Valencia el día 28 de junio de 2016
por el mismo notario, n.º 1136 de protocolo (con vista de las
escrituras otorgadas en Valencia los días 1 de marzo de 2016
y 14 de noviembre de 2016, ante su notario D. Javier Máximo
Juárez González, N.ºS 332 y 1950 de protocolo,
del acta notarial autorizada en Valencia el día 14 de enero
de 2016 por el mismo notario, n.º 48 de protocolo, y de la
escritura de rectificación y aclaración de la
relacionada acta, otorgada en Valencia el día 7 de junio de
2016 ante el mismo notario, n.º 999 de protocolo)- Conforme al
artículo 10-2 del Reglamento del Registro Mercantil (R.D.
1784/1996, de 19 de julio), al existir documentos pendientes de
despacho, presentados bajo el asiento 1184 del Diario 849, a los
cuales se les han atribuido defectos que impiden su
inscripción, se suspende la calificación de los
precedentes títulos hasta la caducidad de aquel asiento de
presentación, o en su caso, la inscripción de dichos
documentos previos, adoleciendo no obstante los presentes,
mencionados en el apartado hechos, de los siguientes defectos:
Consideraciones previas a los defectos que siguen: - La
Dirección General de los Registros y del Notariado ante
situaciones de conflicto entre socios que se traducen en contenidos
documentales contradictorios que no permiten comprobar si ha
logrado determinado acuerdo, ha rechazado la inscripción a
fin de evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en
cuanto institución encaminada a la publicidad de situaciones
jurídicas ciertas - a través de un procedimiento en
el que no juega el principio de contradicción- y cuya
realidad y legalidad haya sido comprobada, en el ámbito que
le es propio, por el trámite de la calificación
registral, y no a la resolución de las diferencias entre los
socios, que sólo a los tribunales corresponde. Así lo
ha puesto de manifiesto en Resoluciones de 13 de febrero y 15 de
julio de 1998, 29 de octubre de 1999, 28 de abril de 2000, 31 de
marzo de 2003 y 6 de julio de 2004. De otro lado, también
tiene declarado en una dilatadísima doctrina (por todas, la
RDGRN de 29 de noviembre de 2012) que corresponde al Presidente de
la junta realizar la declaración sobre la válida
constitución de la junta, lo que implica que previamente ha
adoptado una decisión, cuando existe reclamación de
reconocimiento de la condición de socio y que la mera
oposición a su decisión no puede desvirtuar la misma.
Finalmente, la Dirección General ha perfilado, o concretado
incluso, cuándo el Registrador no está vinculado por
la declaración del Presidente sobre la válida
constitución de la junta en determinados supuestos.
Así ocurre cuando existen juntas contradictorias (RDGRN de
20 de diciembre de 2012) o cuando existen dos listas de asistentes
(RDGRN de 29 de octubre de 1999) o dos Libros Registros diferentes
(RDGRN de 13 de febrero de 1998), circunstancias todas ellas que
impiden tener por debidamente realizada la declaración de
válida constitución de la junta . Así lo
señala la RDGRN de 5 de agosto de 2013 y sobre estas
consideraciones cabe señalar los siguientes motivos de
suspensión de la inscripción solicitada: 1.- No
consta cumplido el artículo 102-1-2º del RRM relativo a
la necesaria constancia en el acta notarial de la
declaración del Presidente de estar válidamente
constituida la junta y del número de socios con derecho a
voto que concurren personalmente o representados y de su
participación en el capital social. Defecto de
carácter suspensivo. 2.- Según se desprende del acta
notarial autorizada por el Notario de Valencia, don Javier
Máximo Juárez González, en fecha 21 de julio
de 2016, número 2016/1345 de protocolo, se han confeccionado
dos listas de asistentes, una por D. J. P. M. en
representación de Regesta Regum S.L. , y otra por el Sr. N.
en nombre y representación de Inversiones Mebru S.A. , que
difieren notablemente y tal es el supuesto señalado por la
RDGRN de 5 de agosto de 2013 y 29 de octubre de 1.999, en lo que el
registrador debe suspender la inscripción solicitada
evitando así la desnaturalización del Registro
Mercantil encaminada a la publicidad de situaciones
jurídicas ciertas. Defecto de carácter suspensivo. Es
de advertir que según consta en el otorgan tercero de la
escritura 2016/1950 de protocolo, relativa a la
rectificación y complemento de la escritura 2016/332 de
protocolo en la que se elevan a público los acuerdos de la
Junta General de fecha 15 de enero de 2.016, se desiste de
solicitar la inscripción del acuerdo sexto de
modificación del artículo 11 de los estatutos
sociales, por lo que es perfectamente admisible, conforme al
artículo 63 RRM y concordantes del Reglamento Hipotecario
que es subsidiariamente aplicable conforme a lo señalado en
el artículo 80 RRM, sin perjuicio de haber sido tal acuerdo
objeto de calificación negativa en el punto 6 de la nota de
calificación puesta al pie de la escritura otorgada el 1 de
marzo de 2.016, número 332 de protocolo ante D. Javier
Máximo Juárez González; desistimiento que
también debe apreciarse respecto de la escritura 2016/1949
autorizada por el mismo Notario que complementa la escritura
otorgada en fecha 21 de julio de 2.016, ante el mismo autorizante,
número 2016/1345 de protocolo, dado que el acuerdo cuarto
adoptado en la Junta General de 30 de junio de 2016 contenido en el
acta notarial número 2016/1136 de protocolo, contiene el
acuerdo de creación de página web corporativa y
modificación del artículo 11º de los estatutos
sociales, al existir una mutua condicionalidad entre ambos
títulos inscribibles. Igualmente se advierte que una vez
caducado el asiento de presentación de los presentes
documentos, si tuvieren una reentrada en el ejercicio 2016
otorgándoseles nuevo asiento, si no constare efectuado el
depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio de
2.015, se procedería al cierre provisional de la hoja en los
términos indicados en el artículo 378 del RRM. Se han
cumplido en su integridad los trámites previstos en el
artículo 18 del Código de Comercio y 6 y 15 del
Reglamento del Registro Mercantil. Asimismo, como ha manifestado la
reiteradamente, no puede desconocerse a tales efectos la
independencia que tiene cada Registrador al ejercitar su
función calificadora bajo su propia exclusiva
responsabilidad conforme al citado art. 18 del Código de
Comercio (RDGRN de 5 de julio de 2.011). Sin perjuicio de proceder
a la subsanación de los defectos señalados y obtener
la inscripción del documento, En relación con la
presente calificación: (...) Valencia, a 7 de Diciembre de
2016 El registrador».
Contra la anterior nota de calificación, don J. P. M.,
como representante persona física de la sociedad
«Regesta Regum, S.L.», que a su vez es administradora
de la sociedad «Urbem, S.A.», interpuso recurso el
día 10 de enero de 2017 en virtud de escrito en el que
alega, resumidamente, lo siguiente: Primero.- Que de la lectura del
acta notarial no se desprende la confección de dos listas de
asistentes, sino la confección de una lista llevada a cabo
por el secretario de la junta seguida de unas manifestaciones de un
socio en las que afirma quienes son los socios de la sociedad, pero
que no supone una lista alternativa, sino una relación de
nombres mediante los que manifiesta su disconformidad con el
resultado de determinadas actuaciones jurisdiccionales. La lista
confeccionada por el secretario es coincidente con las
confeccionadas en juntas anteriores donde se adoptaron acuerdos
válidos; lo que ocurre es que el socio que tiene impugnadas
determinadas ampliaciones manifiesta qué ocurriría si
estas prosperasen modificándose la composición del
capital social; Que, el mismo socio, hechas sus reservas y
protestas, acepta la continuación de la junta general, vota
en contra de los acuerdos y hace las manifestaciones que considera
oportunas, y Que, en definitiva, no existen dos listas de
accionistas sino una sola que ha recibido alegaciones del socio
disconforme, lo que no es lo mismo; Segundo.- Que no es acertada la
manifestación de que el supuesto de hecho se identifica con
el señalado en las Resoluciones de la Dirección
General de los Registros y Notariado de 5 de agosto de 2013 y 29 de
octubre de 1999; Que, en este supuesto, se pretendía la
eficacia de dos listas diferentes, se nombraban dos presidentes
diferentes y administradores distintos, es decir, acuerdos
contradictorios, lo que no ocurre en el presente caso en el que
existen unos acuerdos adoptados con la protesta de un socio, pero
nada más; Que, cualquier manifestación en contra de
un accionista, no puede impedir el regular acceso de los acuerdos
societarios al Registro Mercantil, pues ello supondría una
especie de medida cautelar extrajudicial que no compete a los
registradores mercantiles; Que es cierto que es preciso evitar la
desnaturalización del Registro Mercantil, pero no lo es
menos que impedir la inscripción de un acuerdo en base a la
mera manifestación de uno de los socios sobre el contenido
de la lista de asistentes, sería privar a la sociedad y sus
socios de las garantías previstas en la Ley, como ocurre en
el supuesto de hecho, y Que en la propia Resolución de 5 de
agosto de 2013 se plantea un supuesto similar en el que el
cuestionamiento de la composición de la lista de asistentes
no impide la inscripción, y Tercero.- Que es cierto que la
Notariado afirma que el registrador no siempre está
vinculado por la declaración del presidente de la junta,
pero para que así sea, es preciso que de los hechos resulte
una patente falta de legalidad, como cuando existen juntas
contradictorias, listas de asistentes diferentes o libros registros
distintos. Fuera de estos supuestos, hay que estar a la
declaración del presidente de la junta sobre su
válida constitución, como reconoce la propia
Resolución citada que se refiere al mismo supuesto en el que
la existencia de una contienda judicial sobre la condición
de socio no impide la inscripción; Que será el juez,
en su caso, el que mediante las medidas cautelares que estime
precisas, suspenda o modere la eficacia de los acuerdos sociales
impugnados, ya que el registrador no puede erigirse en solucionador
de conflictos, algo que es ajeno a su función como ha
afirmado la propia Dirección General de los Registros y
Notariado, y Que la inscripción del acuerdo adoptado no
impide la reacción de quienes se consideren con derecho a
cuestionar la validez del nombramiento cuya inscripción se
El registrador emitió informe el día 31 de enero
de 2017, ratificándose en su calificación, y
resulta que, notificado el notario autorizante, no realizó
Vistos los artículos 91, 93, 102, 104, 105, 106, 112,
159, 179, 188, 191, 192, 198, 199 y 203 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 97, 98 y 102 del
Reglamento del Registro Mercantil, y las Resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de
junio de 1990, 9 de enero de 1991, 28 de diciembre de 1992, 9 de
enero, 13 de febrero y 25 de julio de 1998, 29 de octubre de 1999,
28 de abril de 2000 31 de marzo de 2003, 26 de febrero de 2004, 11
de octubre de 2005, 26 de noviembre de 2007, 29 de noviembre de
2012, 5 de agosto de 2013, 4 de marzo de 2014 y 13 de junio y 24 de
1. Dados los términos de la decisión emitida por
el registrador Mercantil, que por un lado afirma la
suspensión de la calificación en tanto no caduquen
los asientos de presentación de títulos anteriores
calificados con defectos y que, por otro, señala defectos a
la documentación presentada abriendo período de
recurso como consta en su pie, esta Dirección General
procede a resolver en función de la calificación
emitida sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de
la existencia de asientos anteriores vigentes y cuyo resultado y
consecuencias no se prejuzga.
Además, es preciso señalar que el recurso se
limita expresamente al segundo de los defectos señalados por
el registrador Mercantil delimitando así lo que constituye
el objeto de la presente (artículo 326 de la Ley
Hipotecaria).
Hechas las advertencias anteriores, mediante la escritura cuya
calificación es objeto del presente recurso se eleva a
público determinado acuerdo adoptado por la junta general de
la sociedad, de entre los distintos que formaron parte del
desarrollo del orden del día contenido en la convocatoria.
Junto a la escritura se presenta a calificación el acta
notarial de dicha junta general, en la que constan, entre otros
extremos, las siguientes circunstancias: a) el secretario de la
junta, predeterminado por los estatutos, manifiesta que los socios
asistentes, y que conforman el 100 % del capital social, son
determinadas personas físicas y jurídicas debidamente
identificadas; b) consta a continuación la protesta y
oposición de un socio que, en base a determinadas decisiones
judiciales que no constan en el expediente, afirma que la
composición del capital social es distinta, que la
convocatoria de la junta es nula de pleno derecho y que los
acuerdos que se adopten son igualmente nulos de pleno derecho como
nula es la propia constitución de la junta, y c) el
secretario de la junta rechaza las afirmaciones del socio, se
procede a la elección de presidente, y se lleva a cabo el
desarrollo de la junta mediante la discusión y voto sobre
los puntos que constituyen el orden del día. En cada uno de
ellos el socio manifiesta protesta afirmando la nulidad de lo
actuado, reserva acciones y emite su voto en contra.
El registrador suspende la inscripción solicitada porque,
a su juicio y a la vista del contenido del acta, existen dos listas
de asistentes por lo que debe suspender la inscripción
jurídicas ciertas
2. Esta Dirección General ha tenido ocasión de
recordar cómo se lleva a cabo en las sociedades de capital
la formación de la voluntad social (vid. Resoluciones de 5
de agosto de 2013 y 24 de octubre de 2016 que, referidas a una
sociedad de responsabilidad limitada, expresan una doctrina
aplicable ahora a las anónimas). De acuerdo a nuestro
ordenamiento jurídico, la formación de la voluntad
social de las sociedades de capital se lleva a cabo mediante la
adopción de acuerdos en junta general (artículo 159
de la Ley de Sociedades de Capital), acuerdos que se adoptan con
las mayorías establecidas mediante la emisión del
voto por cada socio (artículos 198 y siguientes y 201).
Todos los socios tienen derecho a asistir a las juntas
(artículo 179) y, salvo excepciones, a emitir un voto por
cada participación o acción de que sean titulares
(artículo 188). Es por tanto la titularidad la que
determina, en principio, la legitimación para asistir a la
junta y emitir el voto (artículos 91 y 93), por lo que debe
ser acreditada frente a la sociedad por quien reclame el ejercicio
de los derechos inherentes a la misma. Al efecto, el órgano
de administración tiene encomendada la llevanza del libro
registro de socios (artículo 105.1) en el que han de constar
las sucesivas titularidades de las participaciones (artículo
104.1) con la finalidad de reconocer como socios a los que en
él constan como tales (artículo 104.2). En las
sociedades anónimas se está a sus propias normas
reguladoras en el supuesto de acciones nominativas (artículo
116), o representadas por anotaciones en cuenta (artículo
118.3).
Por otra parte, se atribuye a la mesa de la junta la
formación de la lista de asistentes (artículos 191,
192 y 193), para lo que debe emitir una opinión cuando
existan reclamaciones de titularidad que no resulten de sus
registros y que pueden ser tanto estimatorias como desestimatorias
(como ocurre a la hora de apreciar la existencia de
representación de socios u otras circunstancias similares).
Esta Dirección General tiene declarado en una
dilatadísima doctrina (vid., por todas, la Resolución
de 29 de noviembre de 2012) que corresponde al presidente realizar
la declaración sobre la válida constitución de
la junta, lo que implica que previamente ha adoptado una
decisión cuando existe reclamación de reconocimiento
de la condición de socio, declaración frente a la que
pueden hacerse reservas o protestas (artículo 102.1.3.ª
del Reglamento del Registro Mercantil). Asimismo, compete al
presidente la declaración sobre los resultados de las
votaciones, frente a la que también pueden hacerse
manifestaciones cuya constancia en acta se puede solicitar
(artículo 102.1.4ª del citado Reglamento).
No obstante, según reiterada doctrina de este Centro
Directivo, debe reconocerse que aun cuando en principio el
presidente de la junta es la persona llamada a declarar
válidamente constituida la misma, determinando qué
socios asisten a ella presentes o representados y cuál es su
participación en el capital social, así como
proclamar el resultado de las votaciones de suerte que las
manifestaciones u observaciones de los asistentes recogidas en la
propia acta no pueden tener a efectos registrales el mismo valor
que aquéllas, ello no significa que tales declaraciones del
presidente deban, por la sola calidad de quien las formula,
vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que
éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno
de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando
totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en
el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los
acuerdos (cfr. Resoluciones de 9 enero 1991, 13 de febrero de 1998,
31 de marzo de 2003 y 5 de agosto de 2013). De esta doctrina
resulta claramente que el registrador no queda vinculado siempre y
en todo caso por la actuación del presidente cuando la
declaración de éste resulta contradicha por la
documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil
en términos tales que aquella no puede mantenerse.
Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una
situación de conflicto tal que resulte patente la falta de
legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así
ocurre cuando existen juntas contradictorias (Resolución de
20 de diciembre de 2012), o cuando existen dos listas de asistentes
diferentes (Resolución de 29 de octubre de 1999) o dos
Libros Registros diferentes (Resolución de 13 de febrero de
1998), o cuando del acta notarial de junta general resulta
patentemente la arbitrariedad en la privación del derecho de
voto (Resolución de 24 de octubre de 2016), circunstancias
todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la
declaración de válida constitución de la
junta. Pero fuera de estos u otros supuestos semejantes hay que
estar a la declaración del presidente de la junta que es el
órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes
tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto.
La mera oposición de uno o varios socios a las decisiones
de la mesa no desvirtúa las consideraciones anteriores sin
perjuicio de que aquél que se sienta perjudicado acuda al
ejercicio de las acciones previstas en el ordenamiento. Lo
contrario significaría desvirtuar un procedimiento, como el
del Registro Mercantil, que está basado en gran medida en
las declaraciones de voluntad y de verdad emitidas por las personas
a quienes el ordenamiento les atribuye, bajo su responsabilidad,
esta obligación. Como ha reiterado este Centro Directivo es
ajeno al procedimiento registral la resolución de contiendas
entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los
tribunales de Justicia (por todas, Resolución de 26 de
noviembre de 2007). En consecuencia, la mera existencia de una
contienda judicial sobre la condición de socio no puede
impedir la inscripción de los acuerdos adoptados en una
junta general salvo que concurran condiciones tales que cuestionen
el mero hecho de la celebración de la Junta o de su
celebración en los términos previstos por el
ordenamiento y sin perjuicio de que quien se sienta perjudicado
ejercite las acciones pertinentes y solicite el reflejo de su
ejercicio en la hoja de la sociedad.
3. A la luz de las consideraciones anteriores el recurso debe
prosperar por cuanto el supuesto de hecho no presenta ninguna
excepcionalidad que permita tener por inválidamente adoptado
el acuerdo cuya inscripción se solicita.
La mera oposición de un socio a las declaraciones que
lleva a cabo la mesa sobre la constitución del capital
social no constituye causa suficiente para estimarlo, sin perjuicio
de las acciones que al socio corresponden en defensa de su
posición jurídica.
Tampoco su oposición constituye un supuesto de doble
lista de asistentes. El socio que protesta se limita a afirmar que
la composición del accionariado es distinta de la que afirma
la mesa de la junta, pero ello no constituye, sin más, la
existencia de una lista de socios distinta a la propuesta.
Téngase en cuenta que de ser así bastaría
afirmar la existencia de un socio no reconocido por la mesa para
tener por existente una lista alternativa de socios e invalidar, a
efectos registrales, los acuerdos adoptados por la junta.
No hay pues en el supuesto de hecho doble lista de asistentes ni
con ello las consecuencias que de tal situación
podrían derivarse (doble elección de miembros de la
mesa, dobles votaciones, acuerdos contradictorios sobre el mismo o
diferente orden del día...).
Como afirmara la Resolución de 26 de noviembre de 2007:
«(...) accediendo a la inscripción cuya
práctica es objeto de debate en el presente recurso no se
impediría la adecuada reacción de quienes se
consideren con derecho a cuestionar la validez del nombramiento de
que se trata, mediante la correspondiente acción de
impugnación de los acuerdos cuya inscripción se ha
solicitado, por defecto de constitución de la Junta que los
adoptó, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales (cfr.
artículos 115 y siguientes de la Ley de Sociedades
Anónimas), pudiendo hacerse constar en el Registro tanto la
demanda de impugnación como la resolución firme que
ordene la suspensión de los acuerdos, a través de la
correspondiente anotación preventiva (cfr. artículos
121 de la Ley de Sociedades Anónimas y 94.10, 155 y 157 del
Reglamento del Registro Mercantil)».
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado
estimar el recurso y revocar la nota de calificación del
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden
recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la
provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde
su notificación, siendo de aplicación las normas del
juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición
adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de
diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley
Madrid, 3 de abril de 2017.- El Director General de los
Gálligo.

References: Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 326
 Resolución 
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 42

artículo 10
 resolución 
 artículo 102
 artículo 11

artículo 63
 artículo 80
 artículo 11
 artículo 378

artículo 18
 Resolución 

Resolución 
 Real Decreto

 Resolución

 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución