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Timestamp: 2018-08-14 06:53:00+00:00

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﻿ SENTENCIA C-101 DE FEBRERO 8 DE 2005
SENTENCIA C-101 DE 08 DE FEBRERO DE 2005
CONTENIDO:ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS CONDICIONALES. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 1134 DEL CÓDIGO CIVIL. DESCONOCE EL PRINCIPIO A LA IGUALDAD Y A LA PROHIBICIÓN DE ESTABLECER DISCRIMINACIONES POR RAZONES DE GÉNERO.
TEMAS ESPECÍFICOS:IGUALDAD DE SEXOS, ASIGNACIÓN TESTAMENTARIA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO, JUSTICIA DE GÉNERO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:400 DE ABRIL DE 2005, PG.569
Sentencia C-101 de febrero 8 de 2005
LA CONDICIÓN DE NO CASARSE ES INCONSTITUCIONAL EN EL CASO DEL ART. 1134 DEL CÓDIGO CIVIL
Sentencia C-101 de 2005
Ref.: Expediente D-5342
Demandante: Karin Irina Kuhfeldt Salazar.
ART. 1134.—Los artículos precedentes no se oponen a que se provea a la subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión periódica”.
Karin Irina Kuhfeldt Salazar, considera que la norma acusada del Código Civil resulta violatoria de los artículos 1º, 16, 13, 42 y 43 de la Constitución Política, por las razones que pasan a explicarse:
1. Existe vulneración del derecho a la igualdad por razones de género, porque condicionar el goce de un usufructo, uso, habitación o pensión periódica a una mujer para que permanezca soltera o viuda y no al hombre, no encuentra un fin constitucional. A su juicio, la norma cuestionada busca presionar a la mujer para que no contraiga matrimonio, bien sea por primera vez, ya nuevamente. Aduce que resulta claro que la norma va dirigida exclusivamente a la mujer y, agrega que si dicha disposición tuviera una finalidad constitucional, tendría que estar dirigida tanto al hombre como a la mujer. Por ello, considera que no se entiende el objeto de la norma pues se puede partir de dos hipótesis: o es discriminatoria respecto del hombre porque no le permite beneficiarse económicamente de asignaciones testamentarias condicionales relativas a su estado civil; o, es discriminatoria contra la mujer porque la presiona económicamente para que no contraiga nupcias. En ambas hipótesis, el artículo demandado es inconstitucional pues “el género no es un criterio relevante para establecer diferente trato en la primera ni en la segunda hipótesis”.
Expresa la demandante que para la época en que se expidió la norma (1873), era previsible que en la mente del legislador la segunda hipótesis fuera la determinante para la expedición de la misma, dada la cultura machista reinante en la época. Sugiere que la tesis de la cual se pudo haber partido fue la siguiente: “como la mujer es inferior y débil, a diferencia del hombre, y en consecuencia no puede trabajar ni proveer a su subsistencia, toleremos dejarle una platica para que sobreviva la pobre, pero a condición de que no se case”. Fin, que por su puesto aduce la actora no se adecua con ninguna finalidad superior y, por el contrario, vulnera otros objetivos constitucionales como son: la igualdad de derechos entre hombre y mujer, y la prohibición de establecer discriminaciones entre ellos.
Después de destacar los artículos precedentes a los que se refiere la disposición acusada, esto es, el 1132 y 1133 del Código Civil, deduce la actora que la regla general es la prohibición al testador de establecer como condición el no casarse o permanecer en estado de viudez, válida para hombres y mujeres con las excepciones contempladas en las dos normas citadas. En cambio, añade, que el artículo demandado introduce una excepción a la prohibición de condicionar la herencia o legado, al hecho de no casarse aplicable solo a las mujeres, de suerte que los hombres permanecen en la regla general. Señala la demandante que “Se aprecia claramente el deseo de chantajear a la mujer, y solo a ella, para que no contraiga matrimonio (...) En el fondo hay un ánimo de posesión simbólica sobre la mujer; el testador le fija una tarifa de salida a la mujer del reino de sus deseos, en tiempos en los que él ya estará muerto”.
Expresa la actora que si bien la norma acusada no tiene un fin constitucional, ello haría innecesario el estudio de la adecuación del medio y de la proporcionalidad entre lo uno y lo otro, como pasos del test de igualdad. Con todo, añade que esos pasos tampoco se superan al examinar la norma cuestionada. En efecto, aduce que si el fin no es legítimo mal podría ser adecuado el medio utilizado. Agrega que todo medio adecuado para dejar a un asignatario de herencia o legado debe ser tal al mismo tiempo para el hombre y para la mujer, pues de lo contrario resulta inadecuado. Por otra parte, considera que sancionar a una mujer con la disminución o pérdida de su herencia o legado, por el solo hecho de contraer nupcias, no guarda ninguna relación de proporcionalidad. De hecho, el bien jurídico sacrificado —la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a decidir sobre el estado civil y el de conformar una familia—, es más importante que el interés jurídico aparentemente asegurado, como es el derecho a testar con condiciones, en desarrollo de los derechos consagrados en los artículos 62, 58 y 16 de la Carta Política.
3. La disposición demandada desconoce los artículos 5º y 42 de la Constitución Política, porque desestimula la constitución autónoma y libre de una familia por parte de la mujer, al coaccionarla con dinero para que no contraiga matrimonio.
El Procurador General de la Nación en concepto 3662 de 22 de septiembre de 2004, considera que la disposición acusada es exequible bajo el entendido que el derecho a que se provea a la subsistencia de la mujer se extienda también a los hombres y se produzcan para estos los mismos efectos que la norma contempla para las mujeres. Para apoyar su conclusión, argumenta lo siguiente:
Una vez se refiere a las asignaciones condicionales, la vista fiscal destaca el hecho de que la aceptación o repudiación de la herencia no ocurren en ningún caso de pleno derecho, sino que se trata de un acto que requiere inequívocamente de la declaración de voluntad del asignatario, pues es un negocio jurídico unilateral, y su consecuencia es hacer suya la herencia que se ha deferido con todas las condiciones o términos impuestos por el testador, o repudiarla pues a nadie se le obliga a adquirir derechos que no quiere adquirir. Así las cosas, aduce que la norma que se examina acoge los artículos 16 y 18 de la Carta Política “porque la mujer beneficiaria de la asignación testamentaria condicional tiene la facultad de ejercer su derecho para aceptar o repudiar, y aun aceptando la asignación, si así lo decide, puede contraer matrimonio en cualquier momento”.
Finalmente, manifiesta el Procurador General de la Nación que “El artículo 1134 del Código Civil, no es contrario a los principios constitucionales del libre desarrollo de la personalidad y de protección de la familia, entendiendo que el testador puede disponer de la cuarta de libre disposición como a bien tenga, de manera que la imposición de una condición mediante la cual la mujer pierde los derechos contenidos en la asignación, por el hecho de casarse no lesiona las libertades de la asignataria, por lo que se solicitará a esa corporación declarar la exequibilidad del artículo 1134 del Código Civil”.
2. El asunto jurídico-constitucional que se estudia.
Para responder esos cuestionamientos, pasa entonces la Corte a examinar si la disposición acusada consagra una discriminación en razón al sexo y, si la misma constituye una restricción arbitraria al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a conformar una familia.
3.1. El artículo 13 de la Carta Política, en su inciso primero, recoge el principio general según el cual “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Por su parte, el artículo 43 superior, declara que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y añade que aquella no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación, sino que por el contrario recibirá del Estado especial apoyo cuando sea cabeza de familia.
En el análisis del derecho a la igualdad la Corte ha sostenido que este resulta infringido, cuando por ejemplo, se encuentra de por medio una clasificación de las que la jurisprudencia ha denominado sospechosa, que son, categorías que “(i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales” (1) .
Ahora, si bien se señaló que los criterios indicados en el inciso primero del artículo 13 de la Constitución Política, deben ser considerados sospechosos, no solo porque están explícitamente señalados en el texto de la Carta, sino porque se encuentran históricamente asociados a prácticas discriminatorias, es importante recordar que, como lo ha sostenido la Corte, la práctica de una categoría de las denominadas sospechosa, no significa que el juez constitucional deba en forma mecánica proceder a retirarla del ordenamiento jurídico, por cuanto el inciso segundo del artículo 13 superior dispone que el “Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. En ese orden de ideas, no es lo mismo que una medida legislativa utilice esos criterios para profundizar las desigualdades, que para corregir las discriminaciones históricamente existentes. Por ello, como la Corte lo ha indicado, “no siempre que se utilicen criterios distintivos como el sexo, existe un tratamiento discriminatorio”, pues se “autoriza, dentro de un principio de protección, la toma de medidas positivas, dirigidas a corregir desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida ya a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales” (2) .
Es lo que se ha denominado por la doctrina constitucional como acciones afirmativas, en virtud de las cuales el legislador puede a acudir a las categorías sospechosas, no para profundizar las desigualdades, sino para aminorar los efectos negativos de las prácticas sociales que tradicionalmente han ubicado a esas personas o grupos en situaciones de inferioridad y desventaja (3) . Dentro de ese contexto, el escrutinio jurídico-constitucional de la medida legislativa, deberá consultar la finalidad buscada por la norma, pues lo que se pretende es reducir la discriminación existente. De ahí, que la Corte haya sostenido que “[l]as acciones afirmativas están sometidas a una prueba intermedia del respeto a la igualdad, en virtud de la cual es legítimo aquel trato diferente que está ligado de manera sustantiva con la obtención de una finalidad constitucionalmente importante” (4) .
No es para nadie desconocida la histórica discriminación que ha padecido la mujer en la mayoría de las sociedades anteriores y contemporáneas, en donde el paradigma de lo humano, ha sido construido alrededor del varón. La Corte al examinar la constitucionalidad del artículo 140, numeral 7º, del Código Civil, mediante el cual se declaraba la nulidad del matrimonio y, por ende sin efectos, cuando era celebrado entre una mujer adúltera y su cómplice, realizó unas breves anotaciones sobre dicha discriminación, y sobre la relevancia que a través del tiempo ha sido otorgada a los hombres en todos los ámbitos de la vida (social, familiar, cultural). Así, expresó lo siguiente:
“Es a él a quien se le atribuyen características socialmente valoradas como la racionalidad, la fuerza, el coraje, por oposición a la mujer a quien se caracteriza como irracional, débil, sumisa (5) . Tal dicotomía en la construcción del género o, en otras palabras, los diferentes roles y estereotipos que culturalmente se han asignado al hombre y a la mujer, no han hecho nada distinto que generar una enorme brecha entre los sexos que, a su vez, ha dado lugar a la discriminación de esta última en los más variados campos. En especial, este trato diferente ha relegado a la mujer al espacio de lo privado, al de la fiel esposa, aquella que debe guardar sumisión frente al marido, “quien debe liberar al ciudadano de las preocupaciones y tareas del ámbito privado (el de naturaleza) para que este pueda dedicarse al ámbito de lo público (el de la cultura)”.
“Toda la educación de las mujeres debe estar referida a los hombres... Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarles de pequeños, cuidarles cuando sean mayores, aconsejarles, consolarles, hacerles la vida agradable y dulce: esos son deberes de todos los tiempos y lo que ha de enseñárseles desde la infancia”.
Kierkegaard, padre del existencialismo, en el ”Diario de un seductor”, sostuvo:
“La esencia de la mujer viene indicada justamente como gracia, expresión que nos recuerda la vida vegetativa; ella es como una flor, gusta decir a los poetas, y por último lo que en ellas hay de espiritual tiene algo de vegetativo. Entra en los límites de la naturaleza y es, por esto, libre más bien estéticamente. En un sentido más profundo, es liberada por medio del hombre” (6) .
“El defecto fundamental del carácter femenino es que no tiene sentido de la justicia. Ello es debido al hecho mencionado de que las mujeres son deficientes en los poderes de razonar y deliberar” (7) .
De acuerdo con estos pensadores la individualidad y la autonomía eran connotaciones predicables solo del sexo masculino, y la mujer, por tanto, solo debía ajustarse al lugar que “la naturaleza” (principalmente por sus atributos biológicos) le había reservado: tener hijos, criarlos, cuidar al marido y a toda la familia, ocuparse de la casa. De esta manera se fue constituyendo una especie de “contrato social”, donde cada quien ocupaba el espacio que le era destinado, con el agravante de que aquél que correspondía a las mujeres estaba subvalorado” (8) .
En efecto, hasta 1922 las mujeres no podían ser testigos porque se desconfiaba de su manera de percibir, de recordar y de relatar lo percibido, es decir, carecían de capacidad de razonamiento y deliberación; mediante la Ley 8ª de 1922 se les permitió ser testigos. Solamente hasta el año de 1932 con la expedición de la Ley 28 de ese año, se les confirió a las mujeres casadas capacidad civil plena, porque antes de la expedición de esa ley eran tratadas como menores de edad y, en consecuencia, no podían ejercer actos de disposición y administración de sus bienes sino por intermedio de su cónyuge, que era su representante legal. En la Constitución de 1886 solo los colombianos varones mayores de 21 años eran ciudadanos, no obstante, la reforma constitucional de 1945 otorgó la ciudadanía a la mujer pero de manera restringida, pues podían ser nombradas para desempeñar cargos de autoridad, pero no podían ejercer sus derechos políticos como el de elegir y ser elegidas popularmente. Con posterioridad el Acto Legislativo 03 de 1954, confirió a las mujeres el derecho al voto. El plebiscito de 1º de diciembre de 1957, otorgó a la mujer mayor de 21 años el derecho a elegir y ser elegida, y en adelante tuvieron los mismos derechos políticos de los hombres. La Ley 75 de 1968, les permitió a las mujeres ejercer la patria potestad sobre sus hijos, antes reservada solo al padre. En esa misma ley, se les permitió ser tutoras y curadoras. El Decreto 2820 de 1974, reformó el Código Civil en varias de sus disposiciones para eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el matrimonio. La Ley 2ª de 1976, al regular el divorcio para el matrimonio civil, estableció que las relaciones sexuales extramatrimoniales de cualquiera de los cónyuges sería causal de divorcio, pues antes de esa ley era distinto, como quiera que para el hombre constituían causal de amancebamiento con una mujer, mientras que para la mujer era causal cualquier relación sexual extramatrimonial. Finalmente, la Constitución de 1991 consagró la igualdad total entre el hombre y la mujer, y ordenó a la ley adoptar normas que hagan efectiva la igualdad de las mujeres en la administración pública (C.P., art. 40).
Precisamente, esta corporación al examinar el Proyecto de Ley Estatutaria 62 Senado y 158 de 1998 Cámara “por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos de poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”, recordó cómo la Corte ha identificado normas que consagraban conductas discriminatorias que constituían una vulneración del derecho a la igualdad, como por ejemplo, “el consagrar una causal de nulidad del matrimonio que solo se predica de la mujer; el negar de plano a la población femenina el acceso a la única escuela de cadetes del país; que una entidad de seguridad social permita a los hombres, y no a las mujeres, afiliar a sus cónyuges; el exigir que el matrimonio se celebre exclusivamente en el domicilio de la mujer; que a esta se le prohíba trabajar en horarios nocturnos. En todos estos eventos, la Corte ha concluido que las diferencias en el trato, lejos de ser razonables y proporcionadas, perpetúan estereotipos culturales y, en general, una idea vitanda y contraria a la Constitución, de que la mujer es inferior al hombre” (9) . Siguiendo esa línea de pensamiento, se declaró la inconstitucionalidad parcial de los artículos 1852 del Código Civil y 906, numeral 1º, del Código de Comercio, que establecían la nulidad del contrato de venta entre cónyuges no divorciados. En esa oportunidad, sostuvo la Corte lo siguiente: “Como ya se vio, la ratio juris de la nulidad que se instituye por las normas legales mencionadas respecto de las compraventas celebradas entre cónyuges no divorciados, según se desprende de su evolución histórica, tiene como fundamentos: primero, la necesidad de evitar que entre cónyuges se lleven a cabo donaciones irrevocables, ocultas tras la apariencia de una compraventa; segundo, la necesidad de establecer por ley esa prohibición, como un medio de protección a la mujer casada, sometida a la potestad marital y, por consiguiente, a la incapacidad relativa que, así, se trasforma en incapacidad absoluta; y por último, como norma de carácter preventivo para precaver la comisión de fraudes por uno de los cónyuges en contra de terceros.
Ello significa, entonces, que ninguna de las tres razones a que se ha hecho mención puede subsistir para legitimar la sanción de nulidad a los contratos celebrados entre cónyuges no divorciados (...) Además, si conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional se consagra ‘la igualdad de derechos y deberes de la pareja’, resulta obvio que no podría tener existencia en nuestro régimen jurídico de hoy la potestad marital, la cual, como se sabe, aun antes de promulgada la Constitución de 1991, fue abolida en nuestro ordenamiento positivo en cuanto hace a los bienes de la mujer, por la Ley 28 de 1932 que le dio plena capacidad civil para disponer y administrar los de su propiedad, sin limitación de ninguna especie; y en cuanto hace a la mujer casada, el Decreto 2820 de 1974, estableció que en las relaciones familiares ella se encuentra en pie de igualdad con el hombre” (10) .
“Aunque considerándolas en general inconvenientes y hasta contrarias a la naturaleza las condiciones de no casarse o de permanecer en estado de viudedad, la ley las acepta por tiempo limitado subordinado a la edad de la persona a quien se prohíbe el matrimonio o a la situación personal de tener el asignatario condicional hijo o hijos del anterior matrimonio; y en estos dos casos de excepción en que da valor a la condición, no se desentiende de la situación particular en que la mujer que carece de bienes pudiera encontrarse.
Se reconoce este derecho a la mujer no al hombre, porque es ella la que puede encontrarse en situación de necesitar esta ayuda para su subsistencia si no tiene bienes propios; el hombre generalmente los tendrá dadas nuestras costumbres sociales, especialmente a la época en que fue promulgado el Código Civil en que la mujer no encontraba ocupaciones, ni trabajo personal, y vivía consagrada a los quehaceres domésticos, particularmente si era casada y tenía hijos que criar y cuidar” (11) (negrilla fuera de texto).
“El código se preocupa de otra condición especial en los artículos 1074 y 1075, los cuales determinan que por regla general se tendrán por no escritas las condiciones impuestas al asignatario de no contraer matrimonio o permanecer en estado de viudedad...
1. Se puede establecer como condición que un menor no contraiga matrimonio antes de los 21 años o una edad menor (art. 1074);
2. Se puede imponer la exigencia de permanecer en estado de viudedad, si el asignatario tiene uno o más hijos del anterior matrimonio, al momento de deferírsele la asignación (art. 1075);
3. Se puede proveer a la subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o habitación, o una pensión periódica (art. 1076). En realidad, en este caso, no hay tanto una condición de no contraer matrimonio, como el deseo de favorecer a la mujer mientras carezca de marido para socorrerla;
4. Vale la condición de no casarse con una persona determinada (art. 1077)...” (12) .
En el Código Civil Francés, en cuanto a las modalidades y cargas a que pueden estar sujetas las asignaciones testamentarias, se rigen por lo dispuesto para las liberalidades del testador en el artículo 900 de esa obra, relativo a las condiciones ilícitas, inmorales e imposibles. Así, como lo manifiesta Louis Josserand, la jurisprudencia de esa legislación para establecer la diferencia entre lo que es lícito o ilícito, moral o inmoral, acude a las razones o los móviles de la condición o carga impuesta por el testador y, según estas sean criticables o correctas, tolerables o inadmisibles, se decide por el juez si la condición o la carga, son también lícitas o ilícitas.
Comenta el citado autor que “En lo que concierne a la condición, la aplicación más conocida de estas directivas se ha hecho por la jurisprudencia a la cláusula de viudez, más generalmente en las cláusulas prohibitivas del matrimonio o de nuevo matrimonio; su valor jurídico es función de las razones, de los móviles que han determinado al disponente a insertarlas en su testamento; válidas si se justifican por el interés de la legataria, por el afecto del disponente a su familia personal, por motivos serios y legítimos, son por el contrario repudiadas como contrarias a las buenas costumbres cuando han sido inspiradas al testador por motivos reprensibles, por un sentimiento póstumo de celos o por malevolencia” (13) .
La doctrina colombiana, también ha desarrollado el tema de la asignación que se deja a favor de la viuda o soltera mientras no contraiga matrimonio. Así, en la obra de Hernando Carrizosa Pardo, se expresa que es permitido “dejar a una soltera o viuda la asignación de un derecho de usufructo, uso o habitación, o una pensión periódica para proveer a su subsistencia mientras permanezca viuda o soltera. Esto es equipolente a consentir la validez de la condición de no casarse, pero refiriéndola a una mujer soltera o viuda, y a una asignación de la especie de las mencionadas. El fundamento de esta excepción es palpable, porque el disponente no solo no intenta abusar de su derecho de testar, entrabando el matrimonio, sino que su propósito es asegurar a ciertas personas que por razón de su estado y sexo no pueden ganarse fácilmente la vida, una decorosa o necesaria subsistencia. No hay abuso, sino uso inobjetable del derecho” (14) .
Así mismo, en una revisión del trabajo de Fernando Vélez, se encontró que al desarrollar el artículo 1134 del Código Civil, expresó lo siguiente:
“Si la condición correspondiente tiene por objeto que una persona permanezca soltera o viuda, la asignación valdrá como pura o simple, pues si así no valiese no se fomentaría el matrimonio, que debe ser otro de los objetos de la ley.
Esta regla, que es la base del asunto, tiene las excepciones que hemos visto, porque de ellas no resulta ningún mal social. Además, puede considerarse como excepción la del artículo 1.134 en virtud del cual un testador puede proveer a la subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera o viuda, dejándole un derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión periódica...
En suma, la ley lo que permite es que el testador pueda disponer que antes de que una mujer se case o se vuelva a casar, vaya recibiendo, en esta o en la otra forma, con qué sostenerse o con qué hacer una parte de sus gastos.
Y permite esto, porque la ley supone que cuando la mujer se casa, no le es indispensable auxilio ajeno, puesto que su marido debe suministrarle lo que necesite. De aquí que el artículo citado no sea un obstáculo al matrimonio, porque si con este pierde la mujer la asignación, también es cierto que puede ganar un apoyo más seguro y que indudablemente le agrada más, pues parece que las mujeres no vacilan entre una pensión y un marido; si no estamos equivocados prefieren el último por razones que ellas se saben y que no hay para qué mencionar.
Dicho artículo se refiere expresamente a las mujeres, y por lo mismo, puede decirse que no es aplicable a los varones, en conformidad con el artículo 33. Pero de que no sea aplicable a estos ¿qué resulta en cuanto a la validez o ineficacia de la asignación, es decir, del usufructo, del uso, de la habitación o de la pensión?
Bien se comprende que si a un hombre se le deja una de estas cosas mientras permanezca soltero, se le presente un inconveniente para que se case, y es el de que la perdería justamente cuando le era más necesaria, porque se aumentaban sus gastos con los de su mujer y de la familia. Valiendo, pues, aquellos derechos de la misma manera que respecto de la mujer, podrían ser causa de que el asignatario no se casare aunque quisiese, por no perderlos. De esto puede deducirse que el objeto del testador al establecerlos era lograr que el asignatario permaneciese soltero. Este objeto es contrario a lo dispuesto en los artículos anteriores al 1.134, y por consiguiente, no debe ser aceptable” (15) (resaltado fuera de texto).
3.4. Para la Corte resulta claro que las razones que se tuvieron en cuenta por los legisladores de la época en la cual se expidió la norma que se cuestiona, resultan constitucionalmente inadmisibles en un ordenamiento constitucional que reconoce la igualdad entre los sexos (C.P., arts. 13 y 43), en tanto perpetúan estereotipos de la mujer, afortunadamente superados. La explicación de una medida legislativa como la que se examina, radicaba en el estereotipo social reinante en la época en que fue concebida, de no reconocer a la mujer como sujeto pleno de derechos y de obligaciones, y, eventualmente, como fuente de ingreso para el sostenimiento de su familia.
No existen en la actualidad motivos constitucionalmente válidos que permitan admitir una diferencia de trato como la referida en la norma demandada, respecto del otorgado a los hombres a quienes no se les impone la misma condición, pues ello no solo constituye un acto discriminatorio que viola el derecho fundamental a la igualdad, sino que desconoce la especial protección que el Estado debe brindar a la mujer para garantizar la igualdad real y efectiva de derechos. A la luz del actual ordenamiento constitucional, el sexo no puede ser un criterio de diferenciación entre individuos puestos en una misma situación, como puede ser la necesidad de obtener una herencia o legado con la que puedan proveer a su subsistencia.
La condición impuesta a la mujer en el artículo 1134 que se examina, pudo haber tenido lógica en una época social y económica eminentemente patriarcal, en la cual como se vio, “el paradigma de lo humano”, se construía alrededor del varón, y la mujer sencillamente era vista como un elemento de adorno cuya función en la vida era servir y hacer feliz al hombre. De ahí, que ella no pudiera acceder al conocimiento y a la educación, de suerte que pudiera prepararse para afrontar las vicisitudes de la vida en forma independiente de la del hombre. Superada esa época, la norma lejos de perseguir una finalidad constitucionalmente admisible, lo que hace es perpetuar la histórica discriminación a la que se ha visto sometida la mujer.
4. Vulneración de los derechos a la libertad personal.
4.1. Ya esta Corte, al examinar una norma que consagraba beneficios para las hijas célibes de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, expresó que
“Toda persona en ejercicio de su libertad, debe poder optar sin coacciones y de manera ajena a estímulos establecidos por el legislador, entre contraer matrimonio o permanecer en la soltería.
La Constitución Política garantiza a todas las personas el derecho a conformar una familia, por la decisión libre de contraer matrimonio, o la voluntad responsable de conformarla. Por ello, como lo ha sostenido la Corte, cualquier intromisión de la ley en una decisión que, como esa, corresponde al fuero interno del individuo, constituye una injerencia indebida y arbitraria en su libertad de autodeterminarse según sus principios y convicciones.
“La decisión de optar entre el estado civil de casado, separado o divorciado, así como la relativa a la escogencia entre la opción matrimonial y la unión permanente, corresponde única y exclusivamente a la pareja, tal como resulta del artículo 42 de la Carta Política. Ni el Estado ni los particulares pueden interferir en las determinaciones que las personas adopten en esa materia, según sus propias necesidades y conveniencias” (17) .
4.2. Indiscutiblemente, la condición impuesta en una asignación testamentaria no constituye una obligación o una prohibición y, en ese sentido, el asignatario puede optar por cumplirla o no, dependiendo de su voluntad, pero, en esta oportunidad al parecer de la Corte, esa decisión no resulta completamente libre, ajena de presiones, pues ello puede llevar al asignatario a disuadirlo de contraer matrimonio, en primeras o segundas nupcias, ante la posibilidad del desmedro patrimonial que esa decisión le puede acarrear. Y entonces, surge la pregunta: ¿la decisión así tomada se encuentra libre de coacciones y ajena por completo a la injerencia que post mortem, ejerce el testador en la libertad del asignatario? Considera la Corte que no. El libre desarrollo de la personalidad lo que busca precisamente es que la persona, hombre o mujer, pueda tomar decisiones que permitirán el desarrollo de su vida, libremente, sin interferencias de ninguna índole. La decisión de permanecer soltero o en estado de viudez, solo debe ser tomada por la persona en ejercicio de su derecho a decidir, y esa decisión no podrá ser libre si existe una presión de índole patrimonial que puede determinar el curso de su vida.
La condición de permanecer en estado de soltería o de viudedad, ya sea para la mujer o para el hombre establecida por el testador en la asignación testamentaria, le resta libertad a la decisión del asignatario, pues permite una intromisión en su vida, independientemente de las razones altruistas o no que llevaron al testador a condicionar la asignación en ese sentido, y ello, le quita validez constitucional a una asignación así impuesta. La opción de casarse y conformar una familia, hace parte del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Es una de esas decisiones trascendentales de las personas, que determinarán su forma de vida, de ahí, que ella no pueda estar sujeta a condiciones que limiten o restrinjan el ejercicio libre y autónomo de esa opción.
En el caso sub iudice, si bien no se trata de un derecho legal que se haya consolidado, pues se está ante una asignación testamentaria que puede o no ser aceptada, lo cierto es que esa última voluntad del testador sí configura una intromisión indebida en la vida del asignatario. En el presente caso entran en conflicto el principio de la autonomía de la voluntad del testador y el derecho del asignatario a contraer libremente matrimonio en primeras o en segundas nupcias, se trata entonces de sopesar dos derechos: la libertad de testar con las limitaciones impuestas por la ley, y la libertad para contraer matrimonio, el uno de carácter patrimonial y el otro no. Aquí lo que se encuentra en juego es la libertad personal del asignatario, que no puede quedar atada, ni de manera directa ni de manera indirecta a la voluntad del testador en un acto de disposición patrimonial. Es claro para la Corte que el principio de la autonomía aplicado a los actos jurídicos patrimoniales, encuentra como límite necesario la Constitución Política y los tratados internacionales sobre los derechos humanos a ella incorporados por ministerio del artículo 93 de la Carta. Así, por ejemplo, la Declaración universal de los derechos del hombre, en su artículo 16, establece que “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”. Por su parte, la Convención americana sobre derechos humanos, establece en el artículo 17 que
“Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que estas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención”.
Magistrados: Jaime Araújo Rentería, Presidente—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil, (con salvamento de voto)—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.
(1) Sentencia C-481 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Cfr. T-098 de 1994, C-112 de 2000, C-093 de 2001.
(2) Cfr. C-410 de 1994, C-082 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(3) Cfr. C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-112 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(4) Sentencia C-112 de 2000 ya citada.
(5) Alda Facio Montejo explica con precisión las implicaciones de la asignación de roles. Al respecto señala que “el que se atribuyan características dicotómicas a cada uno de los sexos, tal vez no sería tan grave si las características con que se define a uno y otro sexo no gozaran de distinto valor, no legitimaran la subordinación del sexo femenino, y no construyeran lo masculino como el referente de todo lo humano”. Alda Facio Montejo. “El principio de igualdad ante la ley”. En el contexto de una política para la eliminación de la discriminación sexual en: “Avances en la construcción jurídica de la igualdad para las mujeres colombianas”. Santafé de Bogotá, Defensoría del Pueblo, 1995.
(6) Kierkegaard, S. “Diario de un seductor”. Madrid, Guadarrama, 1975.
(7) Arthur Schopenhauer. On woman. En: R. Agonito. “History of ideas on women”. Nueva York, Putnam, 1977. Sobre el sexismo en la filosofía puede verse, por ejemplo: Celia Amorós. “Hacia una crítica de la razón patriarcal”. Barcelona, Antropos, 1985.
(8) Sentencia C-082 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(9) Cfr. C-082 de 1999, T-624 de 1995, T-098 de 1994, C-112 de 2000, C-622 de 1997, T-326 de 1995, T-026 de 1996, C-309 de 1996, C-410 de 1996.
(10) Sentencia C-068 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(11) Explicaciones del Derecho Civil chileno y comparado. Volumen II. “De la sucesión por causa de muerte”. Luis Claro Solar. Editorial Jurídica de Chile. Pág. 420.
(12) Derecho sucesorio. Explicaciones de clases revisadas por el profesor. Cuarta edición actualizada. Editorial Jurídica de Chile. Págs. 222 y 223.
(13) Louis Josserand. Derecho Civil. Tomo III. Volumen III. “Liberalidades”. Pág. 188. Se puede consultar también “Curso elemental de Derecho Civil”. Ambrosio Colin. H. Capitant. Tomo 7. Pág. 419.
(14) Hernando Carrizosa Pardo. “Las sucesiones”. Cuarta edición. Ediciones Lerner. Pág. 296.
(15) Femando Vélez. “Derecho civil colombiano”. Segunda edición. Imprenta París América. París. págs. 262 y 263.
(17) Sentencia T-543 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Así mismo, se pueden consultar la sentencias C-588 de 1992, ya citada, C-182 de 1997 y C-480 de 1998.
(18) Cfr. C-306 de 1996, C-879 de 1999, C-1050 de 2000, C-1440 de 2000.
EXTRACTOS: «Apoyado en el concepto de la doctrina nacional y extranjera, en buena parte citada en la propia sentencia, considero que, en contraposición a la opinión mayoritaria, la norma acusada no se inspira en el propósito de desconocer a la mujer como sujeto de derechos y obligaciones. Tanto en el contexto histórico en el que la norma fue expedida como en el actual, dicha preceptiva tiene un claro sentido proteccionista, inspirado en la necesidad de contrarrestar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a la población femenina en una posición desfavorable frente al hombre, materializado, en este caso, en permitir que el testador otorgue una asistencia económica a la mujer que por diversas circunstancias se encuentra sola y sin apoyo, como es el caso de la mujer cabeza de familia, y que no esta en capacidad de proveer para sí misma y para sus descendientes unas condiciones mínimas de subsistencia digna.
“Se reconoce este derecho a la mujer no al hombre, porque es ella la que puede encontrarse en situación de necesitar esta ayuda para su subsistencia si no tiene bienes propios; el hombre generalmente los tendrá dadas nuestras costumbres sociales, especialmente a la época en que fue promulgado el Código Civil en que la mujer no encontraba ocupaciones, ni trabajo personal, y vivía consagrada a los quehaceres domésticos, particularmente si era casada y tenía hijos que criar y cuidar” (1) .
“Se puede proveer a la subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o habitación, o una pensión periódica (art. 1076). En realidad, en este caso, no hay tanto una condición de no contraer matrimonio, como el deseo de favorecer a la mujer mientras carezca de marido para socorrerla...” (2) .
“El fundamento de esta excepción es palpable, porque el disponente no solo no intenta abusar de su derecho de testar, entrabando el matrimonio, sino que su propósito es asegurar a ciertas personas que por razón de su estado y sexo no pueden ganarse fácilmente la vida, una decorosa o necesaria subsistencia. No hay abuso, sino uso inobjetable del derecho” (3) .
Así entendida, la asignación testamentaria a favor de la mujer soltera o viuda, no funge como una regulación odiosa y discriminatoria. Es, como ha quedado expresado, una medida de apoyo que busca aminorar y amortizar su carga económica, compatible a su vez con la situación de exclusión y marginamiento que sobre el sexo femenino ha existido a través de los tiempos y que aún hoy persiste, y que resulta particularmente notable en el campo laboral donde las posibilidades de la mujer para acceder a un empleo o al mercado de trabajo, si bien no son mulas, son todavía precarias.
Este tribunal constitucional ha venido avalando medidas legislativas que, basadas en un tratamiento diferencial por razones de género y de sexo, están dirigidas a proteger a la mujer en los distintos escenarios de la vida social, económica y política. Así, por ejemplo, en la sentencia C-410 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), la Corte Constitucional consideró que la diferencia fijada por la Ley 100 de 1993 respecto a la edad de jubilación entre hombres (60 años) y mujeres (55 años), no viola el principio de igualdad, pues se trata de una medida de protección tomada en favor del sexo femenino, justificada principalmente en la menguada posición social de la mujer. Se manifestó en el fallo que “la previsión de una edad diferente, menor en la mujer, para acceder a la pensión de vejez y a la pensión sanción, así como para otros efectos pensionales, es una medida que precisamente, toma en consideración fenómenos sociales anómalos con un indudable propósito corrector o compensador que se acomoda muy bien a la normativa constitucional que lejos de ser contrariada resulta realizada”. Con ese mismo criterio, en la sentencia C-371 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), este tribunal avaló el Proyecto de Ley Estatutaria 62 de 1998 Senado y 158 de 1998 Cámara, “por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”. En especial, consideró que se ajustaban a la Constitución Política las disposiciones de dicho ordenamiento que exigían que un mínimo del 30% de los cargos del máximo nivel decisorio en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, fueran ocupados por mujeres.
Frente a la asignación testamentaria prevista en el artículo 1134 del Código Civil, cabe reiterar que esta constituía una clara medida de protección, amparada en una realidad social que aún hoy persiste, como es la desigualdad de la mujer en el campo laboral y de oportunidades de trabajo, que le impiden afrontar de manera integral el cúmulo de sus obligaciones y responsabilidades familiares, sociales y comerciales. Desde este punto de vista, la norma ha debido ser evaluada por el juez constitucional con el mismo criterio de interpretación con que fueron juzgadas disposiciones legales que, como las citadas anteriormente, también contemplaban medidas de ese tipo que buscaban favorecer intereses concretos de la mujer.
Cabe agregar que la decisión de declarar inexequible el precitado artículo 1134 del Código Civil, sobre la base de que el mismo desconocía el derecho a la autonomía y libertad personal de la mujer, contradice el precedente jurisprudencial que en relación las asignaciones testamentarias condicionadas había fijado la Corte en la sentencia C-660 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Con motivo del juicio inconstitucionalidad efectuado al artículo 1135 del Código Civil, el cual prevé una asignación testamentaria a favor de quien cumpla la condición de casarse o no casarse con una persona determinada, o abrace un estado o profesión cualquiera, en dicho fallo la Corte precisó que la facultad del testador para fijar asignaciones testamentarias condicionadas, respecto de la cuarta de mejoras y de libre disposición, encuentra fundamento en dos garantías constitucionales, a saber: el derecho de propiedad (C.P., art. 58) y la autonomía privada de la voluntad, esta última, deducida del derecho de libertad y libre desarrollo de la personalidad (C.P., arts. 13 y 16).
Sobre esa base, sostuvo que las condiciones testamentarias contenidas en la ley civil, por antonomasia, no tienen la connotación de obligatoria o prohibitivas, ya que el asignatario no está en el deber de cumplirlas ni se encuentra impedido de realizarlas, contemplando tan solo el estado de las cosas que deben sucederse para que produzcan efectos jurídicos; es decir, para que aquel pueda ser beneficiario de las mismas. Juzgó el tribunal, que cuando una persona acepta una asignación testamentaria condicional, se autolimita voluntariamente y lo hace en virtud de su derecho de libertad, por lo que solo a ella le corresponde decidir si cumple o no la condición impuesta por el testador para hacerse acreedor a los beneficios económicos.
En ese orden de ideas, concluyó esta corporación que las asignaciones testamentarias condicionadas —particularmente las relacionadas con el estado civil—, por ese solo hecho, en nada comprometen la libertad ni inciden en la voluntad del heredero o legatario y, en consecuencia, son legítimas a luz de la Constitución Política. En punto al tema, se lee en algunos apartes de la providencia citada:
En conclusión, ni la posibilidad de elegir libremente estado civil con persona determinada, ni la de optar por una determinada profesión u oficio, se restringen a causa de la norma demandada, pues como ya se anotó, el deseo que manifiesta el de cujus a través de la condición de que suceda o deje de suceder cierto hecho, no es una prescripción de carácter obligatorio que se le imponga al asignatario y le impida actuar en el sentido que su voluntad le determine (...).
Según lo expresado en el punto 5.1 de esta providencia, las condiciones que contempla el artículo 1135 del Código Civil no constituyen una violación a la libertad del asignatario. En efecto, en el momento en que una persona acepta una asignación testamentaria condicional se autolimita voluntariamente, en ejercicio de su derecho de libertad. Entonces, solo él tendrá que decidir si cumple o no la condición impuesta por el testador para obtener los beneficios económicos que de allí se derivan (...).
En este orden de ideas, concluye la Corte que el testador puede disponer de la cuarta de libre disposición como a bien tenga, de manera que la imposición de una condición, mediante la cual le exija al presunto beneficiario casarse o no con determinada persona, o abrazar un determinado estado o profesión, no lesiona las libertades del asignatario ni viola el derecho a la igualdad. Y lo mismo sucede con la cuarta de mejoras en relación con los descendientes. Entender lo contrario, implicaría desconocer las restringidas facultades y derechos de las que goza el de cujus, en desarrollo de su derecho de propiedad y de su autonomía de la voluntad”.
En virtud de lo expuesto, resulta evidente que con la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 1134 del Código Civil, la Corte no solo desconoció el verdadero alcance del precepto y de los derechos constitucionales que se juzgan afectados, sino también un pronunciamiento previo en el que la propia corporación ya había avalado medidas similares a la juzgada en este caso».
(1) Luis Claro Solar. Explicaciones del derecho civil chileno y comparado. Volumen II. De la sucesión por causa de muerte. Editorial Jurídica de Chile, pág. 420.
(2) Manuel Somarriva Undurraga. Derecho sucesorio. Cuarta Edición Actualizada. Editorial Jurídica de Chile, págs. 222 y 223.
(3) Herrando Carrizosa Pardo. Las sucesiones. Cuarta Edición. Ediciones Lerner, pág. 296.

References: ARTÍCULO 1134
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 artículo 13
 artículo 43
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 artículo 1135
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