Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/08/16/procedencia-de-la-suspension-de-la-asamblea-de-un-club-de-campo-que-resolvio-celebrar-acuerdos-para-efectivizar-transferencias-yo-ventas-de-lotes/
Timestamp: 2018-08-19 00:42:04+00:00

Document:
Procedencia de la suspensión de la asamblea de un club de campo que resolvió celebrar acuerdos para efectivizar transferencias y/o ventas de lotes. – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Blasco Daniel y otros c/ Club de Campo San Diego S.A. s/ incidente art. 250 del Código Procesal
Cita: MJ-JU-M-104711-AR | MJJ104711 | MJJ104711
1.-Las medidas cautelares que tienden a asegurar para el futuro el cumplimiento de una eventual sentencia favorable, requieren del cumplimiento de ciertos requisitos genéricos, consistentes en la demostración sumaria del derecho reclamado en la demanda anticipadamente al pronunciamiento definitivo; de ello participa también la facultad establecida en el art. 252 LS que dispone como requisito de admisibilidad de la medida solicitada, la existencia de motivos graves -con el consecuente peligro en la demora- y la ausencia de perjuicios para terceros.
2.-Las atribuciones judiciales para disponer la suspensión de resoluciones asamblearias, se subordinan a la existencia de motivos de riesgo que deben meritarse en función del perjuicio que podría ocasionar al interés social, que predomina sobre el particular del peticionario.
3.-Para declarar la suspensión de las decisiones asamblearias impugnadas debe encontrarse acreditada una verdadera situación de riesgo, que imponga la necesidad de tal intervención del Estado en los negocios de los particulares.
4.-Si bien no se desconoce la existencia de disenso sobre el alcance que debe darse a la expresión motivos graves” que contiene la LS: 252, mas cualquiera sea la posición que se adopte a ese respecto resulta claro que las facultades que otorga a los magistrados la normativa societaria persigue una doble finalidad, por un lado conjurar el eventual perjuicio individual, que en autos ha sido debidamente invocado y por el otro, evitar la consumación de actos lesivos del interés social, presentándose así dos órbitas de intereses tuteladas, el particular del socio y de la sociedad.
5.-Los motivos graves referidos por la norma del artículo 252 de la ley 19550 deben ser evaluados teniendo en cuenta no solo el eventual perjuicio que podría ocasionar a terceros, sino primordialmente para el interés societario, lo que predomina sobre el particular del accionista impugnante y consecuencia de esa interpretación se aprecia la existencia de las esferas en las que el precepto legal provoca efectos, el socio impugnante, la sociedad y los terceros. Y en esta situación, observando los intereses comprometidos, debe ser decida la cuestión, procediendo con extrema prudencia a fin de salvaguardar adecuadamente a todos ellos.
6.-No escapa a la ley 19550 la posibilidad de que mantener una decisión asamblearia en estado de latencia pueda implicar perjuicio para el ente cuya voluntad se formó en la reunión de socios; pero para conjurar ese estado de situación la legislación impone la prestación de contracautela por los eventuales daños que la medida pueda causar a la sociedad.
7.-Corresponde suspender la ejecución de la decisión asamblearia que resolvió la adecuación del Club de Campo a las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación que regulan los conjuntos inmobiliarios, cuando en el orden del día en base al cual se convocó a la asamblea no se efectuó ninguna aclaración o manifestación que permitiera a los convocados conocer los alcances de la reforma propuesta, la cual incidió particularmente en los porcentajes y mayorías necesarios para la aprobación.
8.-Resulta aplicable la medida cautelar prevista por el artículo 252 de la ley 19550 cuando la redacción del orden del día no fue lo suficientemente clara a efectos de hacer saber a los socios de la demandada los alcances de la adecuación de la sociedad a las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación que refieren a conjuntos inmobiliarios, de manera tal que las decisiones adoptadas en la asamblea impugnada resultaron contrarias a las previsiones estatutarias del ente, en lo que a la toma de decisiones se refiere, lo que constituye un acto de suficiente gravedad para disponer la suspensión de sus efectos.
9.-El orden del día debe ser claro, preciso y completo porque delimita la competencia de la asamblea. Su finalidad no es otra que dar adecuada información a los participantes del acto a efectos de que puedan informarse y prepararse, por lo que constituye una garantía para los accionistas y demás participantes a efectos de posibilitar una adecuada intervención en la deliberación.
10.-Si la asamblea impugnada decidió una modificación estatutaria, su convocatoria y el orden del día debió contener una correcta indicación de los temas que serían tratados y, en particular, la forma en que esas decisiones serían adoptadas puesto que durante la marcha del acto se cambiaron sustancialmente las pautas anteriormente establecidas para la toma de decisiones.
11.-Resulta inaplicable las disposiciones de la ley 25326 , que tiende a la protección de los datos personales, a los contratos de mutuo celebrados con terceros y que instrumentaron préstamos dinerarios con la sociedad aquí demandada, pues tales contratos no pueden considerarse violatorios de aquéllas. La sociedad no pudo desconocer al momento de su celebración que tales operaciones, por su entidad y trascendencia, podían y debían ser informadas a los socios, respecto de quienes no pueden invocarse pactos de confidencialidad, en razón al derecho de información con el que la ley societaria los ampara, toda vez que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces, por lo que la sociedad no puede arrogarse facultades que la pongan en esa posición respecto de sus accionistas. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
Apeló la demandada la resolución copiada a fs. 148/54 que acogió la pretensión cautelar de su contraria y dispuso: (i) la suspensión preventiva de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 28.04.16, (ii) ordenó al directorio que se abstuviera de realizar actos tendientes a la inscripción de la “adecuación estatutaria” y la celebración de acuerdos para efectivizar transferencias y/o ventas de lotes, (iii) decretó una anotación de litis respecto de las tierras objeto del litigio y (iv) ordenó la exhibición de los mutuos celebrados con aportantes de la sociedad.
La recurrente se agravió por considerar que las medidas causan graves perjuicios a su parte, a terceros y atentan contra el interés social.
Sostuvo que los peticionarios no acreditaron la verosimilitud del derecho en que sustentaron su pretensión y que no indicaron ni probaron la existencia de perjuicio concreto. Destacó que el magistrado de primer grado no tuvo en cuenta el carácter de orden público del que gozan las normas que regulan derechos reales. Señaló que, en lo que refiere a la transferencia de lotes, la medida devino abstracta por cuanto los bienes ya fueron transferidos.
Se opuso a la exhibición de documentos que le fue ordenada por resultar contraria a las obligaciones asumidas por las partes en los contratos y violatoria de las leyes 11.638 y 25.326. Finalmente, postuló la insuficiencia de la contracautela dispuesta por el Sr. Juez a quo, en relación al gravamen que le generará la medida.
3.Cabe expresar a modo de advertencia preliminar que el análisis de la cuestión se realizará en el precario marco cognoscitivo que implica el estudio de procedencia de toda medida cautelar.
Por ese motivo, las conclusiones aquí vertidas sólo se expresan con la limitación de las manifestaciones e instrumentos que esta etapa del proceso ofrece y sin que ello importe adelantar opinión sobre la suerte final del litigio.
Efectuada la salvedad que antecede, cabe adentrarse en la materia objeto de agravio.
Las medidas cautelares que tienden a asegurar para el futuro el cumplimiento de una eventual sentencia favorable, requieren del cumplimiento de ciertos requisitos genéricos, consistentes en la demostración sumaria del derecho reclamado en la demanda anticipadamente al pronunciamiento definitivo; de ello participa también la facultad establecida en el art. 252 LS que dispone como requisito de admisibilidad de la medida solicitada, la existencia de motivos graves -con el consecuente peligro en la demora- y la ausencia de perjuicios para terceros (CNCom., esta Sala in re “Poli, Camilo c/ Estampería París SACI”; del 27-7-82; íd. in re “Milrud, Mario c/ The American Rubber Co. SRL”, del 31-10-83; id. in re “Haimovici, Claudio c/ Casa Rubio S.A. s/ sumario s/ inc. de medida cautelar”, del 16-8-94).
Las atribuciones judiciales para disponer la suspensión de resoluciones asamblearias, se subordinan a la existencia de motivos de riesgo que deben meritarse en función del perjuicio que podría ocasionar al interés social, que predomina sobre el particular del peticionario (CNCom., esta Sala, in re “Lareo Pedreira, Claudino y otro c/Justo 1130 S.A. y otro s/ medida precautoria”, del 12.3.99). Así para declarar la suspensión de las decisiones asamblearias impugnadas debe encontrarse acreditada una verdadera situación de riesgo, que imponga la necesidad de tal intervención del Estado en los negocios de los particulares (doctr. art. 114, ley 19.550, in fine; CNCom. esta Sala in re “Arcondo Ignacio G.c/ Tambos del Comahue S.A.”, del 11.09.95).
No se desconoce la existencia de disenso sobre el alcance que debe darse a la expresión “motivos graves” que contiene la LS: 252, mas cualquiera sea la posición que se adopte a ese respecto resulta claro que las facultades que otorga a los magistrados la normativa societaria persigue una doble finalidad, por un lado conjurar el eventual perjuicio individual, que en autos ha sido debidamente invocado y por el otro, evitar la consumación de actos lesivos del interés social, presentándose así dos órbitas de intereses tuteladas, el particular del socio y de la sociedad (CNCom., Sala F, “Forace, Ana María c/ Gevenue Technology de Argentina s/ Ordinario s/ Incidente de Apelación (Art. 250 CPCC)” del 28.12.09).
Los motivos graves referidos por la norma deben ser evaluados teniendo en cuenta no solo el eventual perjuicio que podría ocasionar a terceros, sino primordialmente para el interés societario, lo que predomina sobre el particular del accionista impugnante (Sala B, in re, “Grosman, Hugo c/ Los Arrayanes SA” del 23.09.86).
Consecuencia de esa interpretación se aprecia la existencia de las esferas en las que el precepto legal provoca efectos, el socio impugnante, la sociedad y los terceros. Y en esta situación, observando los intereses comprometidos, debe ser decida la cuestión, procediendo con extrema prudencia a fin de salvaguardar adecuadamente a todos ellos (CNCom., Sala F, in re “Craig, Garry Patrick c/ Panoceánica SACII A y otros s/ Incidente de Apelación -Art. 250 CPCC” del 27.05.10).Por otra parte, no escapa a la ley la posibilidad de que mantener una decisión asamblearia en estado de latencia pueda implicar perjuicio para el ente cuya voluntad se formó en la reunión de socios; pero para conjurar ese estado de situación la legislación impone la prestación de contracautela por los eventuales daños que la medida pueda causar a la sociedad (CNCom, Sala F, in re “Craig, Garry Patrick c/ Panoceanica SACII y Otros s/ Incidente de Apelación Art.250” del 27.05.10).
Los recaudos para la admisibilidad de la medida que fueran indicados precedentemente se aprecian configurados en autos, por lo que la decisión apelada será confirmada.
El orden del día a tratar en la Asamblea, en lo que atañe a la cuestión que motiva la intervención de esta Alzada, era el siguiente:
Punto N° 2: Consideración de la adecuación del estatuto social a las normas sobre Conjuntos Inmobiliarios del Código Civil y Comercial. Reforma de los artículos 1°, 4°, 5°, 7°, 9°, 10°, 13°, 14° y 15°, Punto N° 3: Consideración de la venta y/o transferencia de varios inmuebles a efectos de la conformación de un conjunto inmobiliario anexo al Club de Campo San Diego con el objeto de una futura comercialización de las unidades funcionales resultantes y
Punto N° 4: Consideración de la ratificación de la venta de los lotes que conforman la actual Manzana 78 y autorización al directorio para suscribir la cancelación de hipotecas.
Del acta de la Asamblea copiada a fs. 27/32 resulta que constituido el acto y al tratarse el segundo punto del orden del día se resolvió la adecuación del Club de Campo San Diego a las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación que regulan los “Conjuntos Inmobiliarios”. Esa decisión fue adoptada de acuerdo con las mayorías que prevé el art. 2.060 de la norma referida y no en base a las pautas establecidas en el estatuto social, cuestión que no fue desconocida por el recurrente.
Tal como sostuvo el primer sentenciante, en el orden del día en base al cual se convocó a la asamblea no se efectuó ninguna aclaración o manifestación que permitiera a los convocados conocer los alcances de la reforma propuesta, la cual incidió particularmente en los porcentajes y mayorías necesarios para la aprobación.Tampoco se probó -aunque la demandada sí ofreció hacerlo durante el trámite de la acción principal-, que dicha cuestión hubiera sido debidamente informada en el marco de la reunión previa que se celebró el 17.04.16.
Lo anterior permite concluir que la redacción del orden del día no fue lo suficientemente clara a efectos de hacer saber a los socios de la demandada los alcances de la adecuación de la sociedad a las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación que refieren a conjuntos inmobiliarios.
De lo expuesto y en el marco conceptual propio de toda medida cautelar y sin que ello importe de modo alguno adelantar opinión sobre la suerte final del pleito, se advierte que las decisiones adoptadas en la asamblea impugnada resultaron contrarias a las previsiones estatutarias del ente, en lo que a la toma de decisiones se refiere, lo que constituye un acto de suficiente gravedad para disponer la suspensión de sus efectos (Verón, Alberto, Sociedades Comerciales, T° 2, pág. 1042/43, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2007).
El orden del día debe ser claro, preciso y completo porque delimita la competencia de la asamblea. Su finalidad no es otra que dar adecuada información a los participantes del acto a efectos de que puedan informarse y prepararse, por lo que constituye una garantía para los accionistas y demás participantes a efectos de posibilitar una adecuada intervención en la deliberación (Zaldivar, Manovil, Ragazzi, Rovira; Cuadernos de Derecho Societario, Vol. III, págs. 429 y ss., Ed.Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983).
La asamblea impugnada decidió una modificación estatutaria, por lo que su convocatoria y el orden del día debió contener una correcta indicación de los temas que serían tratados y, en particular, la forma en que esas decisiones serían adoptadas puesto que durante la marcha del acto se cambiaron sustancialmente las pautas anteriormente establecidas para la toma de decisiones.
Los agravios de la quejosa que postulan la abstracción del planteo por la venta de los lotes no pueden ser admitidos.
Véase que solo se indicó que los lotes habrían sido vendidos o transferidos a un fideicomiso, del cual no se precisaron mayores datos ni se aportó prueba documental que acredite dicha operación, cuestión que resulta dirimente a los fines de determinar, como pretendió la recurrente, la existencia de perjuicios a terceros de buena fe.
No obsta a lo expuesto la copia de la escritura de transferencia del lote N° 3 al Fideicomiso San Diego Nuevo, obrante en la causa “Blasco, Daniel y Otros c/ Club de Campo San Diego SA s/ Ordinario s/ Incidente Art. 250 de Club de Campo San Diego SA” identificada con el N° 14834/2016/2, que también se encuentra a estudio en este Sala, puesto que esa operación solo refiere a uno de los lotes. Además, la quejosa sostuvo que la transferencia habría sido realizada el 24.08.16 mientras que la escritura referenciada es el 01.11.16.
El análisis hasta aquí efectuado conlleva a rechazar el recurso tendiente a dejar sin efecto la suspensión de la decisión adoptada en la Asamblea del 28.04.16.
Corresponde ahora adentrarse en el tratamiento de los agravios formulados contra la orden de exhibir los mutuos celebrados por la demandada.
Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, ella no puede ampararse en las disposiciones del art.101 de la ley 11.683 que regula el secreto fiscal, en tanto los alcances de dicha norma solo refieren a la prohibición que pesa sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos para dar a conocer o publicar los datos de las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan ante ese organismo recaudador, por lo que no resulta aplicable al caso de autos, donde los accionistas de una sociedad, puesto que en definitiva de eso trata, pretenden conocer los alcances de las negociaciones celebradas por el ente y otros accionistas y esa documentación se aprecia prima facie necesaria a efectos de constatar la existencia de las limitaciones que impone el art. 248 de la LS para la votación realizada en la Asamblea.
Tampoco puede ser admitido el agravio fundado en la ley 25.326, puesto que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de esa norma la protección que de ella deriva tiene por objeto “la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre”, por lo que la orden de exhibir los contratos de mutuo que instrumentaron préstamos dinerarios con la sociedad aquí demandada no pueden considerarse violatorios de aquéllas.
La sociedad no pudo desconocer al momento de su celebración que tales operaciones, por su entidad y trascendencia, podían y debían ser informadas a los socios, respecto de quienes no pueden invocarse pactos de confidencialidad, en razón al derecho de información con el que la ley societaria los ampara.
Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces, por lo que la quejosa no puede arrogarse facultades que la pongan en esa posición respecto de sus accionistas.
7.Para concluir y en lo que atañe a la contracautela admitida por el Juzgador, se advierte que la decisión que admitió la pretensión cautelar ordenó, de manera previa, un embargo sobre las acciones de los peticionarios de la medida.
La accionada sostuvo que los alcances de la caución deben ser evaluados en orden a los perjuicios que la medida le ocasionará, el que estimó en la suma de $ 47.000.000, en razón de considerar los gastos de mantenimiento del camino de ingreso y el tiempo que durará el proceso principal.
Sin embargo, de la lectura del acta de la decisión impugnada se advierte que las sumas que se obtuvieran por la venta de los lotes y el desarrollo del conjunto inmobiliario no podrían ser destinadas a solventar los gastos corrientes de la sociedad, entre los que deben ser incluidos los correspondientes a la manutención de las vías de ingreso al club (v. fs. 32 vta.).
Frente a lo expuesto, la contracautela fijada por el primer sentenciante, en tanto refiere al porcentual accionario que pertenece a los 12 accionantes que a esa fecha habían promovido y adherido a la acción, se aprecia suficiente.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe poner de resalto que del escrito de inicio resulta que la acción fue promovida por los accionistas Blasco, Vilas, Coto, Ester y Ernesto García, Andrada, Bienatti, Desimone, Müller, Bellora y Reyes. Posteriormente, pero en forma previa al dictado de la cautelar, la accionista Combo SA adhirió a la demanda. Luego, ya dictada la resolución que motivó el recurso en examen, hicieron lo propio los accionistas De la Fuente, Rico y Oliveto.
Sin embargo, el oficio que en copia corre a fs.155 solo ordenó embargar las acciones pertenecientes a Vilas, Coto, Ester García, Bienatti, Desimone y Müller, sin que pueda advertirse motivo alguno por el cual la cautela solo fue prestada por 6 de los 12 accionantes.
Frente a ello, la caución no ha sido debidamente integrada a la fecha, en tanto ella no fue cumplida respecto de la totalidad de las acciones que detentan los peticionarios de la medida, incluidos aquellos que adhirieron posteriormente a la acción.
En razón de lo expuesto, se concederá un plazo de cinco días a efectos de que la totalidad de los accionantes cumplan con la contracautela ordenada por el Sr. Juez a quo, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tener por no cumplimentada la misma y dejar sin efecto las medidas cautelares confirmadas en este decisorio.
En razón de lo hasta aquí expuesto, corresponderá rechazar el recurso de fs. 170, con costas a la demandada por resultar vencida (art. 69 del Cpr.) y con la salvedad expuesta en el punto que antecede.
Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN, y devuélvase al Juzgado de origen.
Oportunamente cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN.
El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana no interviene en virtud de su renuncia que fuera aceptada a partir del 01/03/2017, de conformidad con el Dto. 6/17 del 02/01/2017 y por el Acuerdo 3/17 de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de fecha 22/02/2017.
Tag: ASAMBLEA SOCIAL, CLUBES DE CAMPO Y BARRIOS CERRADOS, IMPUGNACIÓN ASAMBLEARIA, MEDIDAS CAUTELARES SOCIETARIAS, RESOLUCIÓN ASAMBLEARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SUSPENSIÓN DE DECISIÓN ASAMBLEARIA
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References: artículo 252
 artículo 252
 resolución 
in fine
 artículo 1
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
in fine