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Timestamp: 2020-06-06 16:46:12+00:00

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﻿ SENTENCIA T-595 DE JUNIO 19 DE 2008
SENTENCIA T-595 DE 19 DE JUNIO DE 2008
CONTENIDO:DERECHO AL DEBIDO PROCESO. LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES MEDIO APROPIADO PARA RESOLVER SI UN MUNICIPIO ES O NO SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Sentencia T-595 de junio 19 de 2008
Sentencia T-595 de 2008
Ref.: Expediente T-1479060
Acción de tutela de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfandi, contra la tesorería municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca)
Procedencia: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga
Bogotá, D.C., junio diecinueve de dos mil ocho.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente
en la revisión del fallo dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, que revocó el del Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo, dentro de la acción de tutela instaurada por la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfandi, contra la tesorería municipal de Calima El Darién.
El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el ad quem y fue elegido para su revisión en la Sala de Selección Nº 1, el 19 de enero de 2007.
La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfandi, actuando por intermedio de apoderado, presentó acción de tutela contra la tesorería municipal de Calima El Darién, por los hechos que a continuación son resumidos.
Sostiene el accionante que con fundamento en el artículo 7º de la Ley 12 de 1932, la tesorería de Calima El Darién liquidó a cargo de Comfandi el impuesto de espectáculos públicos de los periodos gravables correspondientes a los años 2000 a 2005, al encontrar que es sujeto pasivo de ese gravamen, en razón de la actividad que presta en los establecimientos que funcionan en ese municipio. Además, libró mandamiento de pago y posteriormente ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la citada entidad por la suma de $ 582.177.965,10.
Indica que contra tales determinaciones presentó oportunamente recurso de reconsideración, resuelto desfavorablemente mediante resoluciones 116 y 121 del 17 de marzo de 2006, que confirmaron unos actos “ostensiblemente ilegales”, que violan flagrantemente la Constitución y la ley y que ocasionan perjuicio irremediable a Comfandi, dado que la orden de embargo recae sobre “dineros destinados al pago del subsidio familiar, la educación de los hijos de los afiliados, a los programas de vivienda para estos y el núcleo familiar que de él depende, a la salud de sus afiliados y de sus familias, a la recreación de los mismos”.
Para desvirtuar la calidad de sujeto pasivo del impuesto de espectáculos públicos que atribuye la accionada a Comfandi, aporta copia de decisiones judiciales relacionadas con acciones populares y de tutela, donde se establece que las cajas de compensación familiar no ostentan tal condición, con lo cual también pretende demostrar que las resoluciones cuestionadas constituyen, “vía de hecho administrativa”.
Reconoce disponer de otro medio de defensa que es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la suspensión provisional de los actos administrativos impugnados, pero acude a la tutela porque el embargo de los bienes ha ocasionado grave detrimento a Comfandi, al recaer la medida cautelar sobre recursos de naturaleza parafiscal que deben invertirse en actividades que, a su juicio, tienen “gran connotación social”.
Como soporte de su argumentación invoca la Sentencia T-027 de 2005 (ene. 20), M.P. Clara Inés Vargas Hernández, donde en su criterio esta Corte resolvió un caso semejante en favor de Comfandi, al tutelarle, como mecanismo transitorio, el derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de una orden de embargo dictada en un proceso de jurisdicción coactiva.
En criterio de la accionante “con la vía de hecho en que incurrió el municipio de Calima El Darién se causa un perjuicio irremediable al sistema del subsidio familiar al no poder contar Comfandi con los dineros que se cobró este municipio por la vía coactiva, los cuales son para beneficio de las familias de los trabajadores más pobres”.
Así mismo estima vulnerado el derecho de defensa de Comfandi, por cuanto en el trámite administrativo que dispuso la liquidación del impuesto a espectáculos públicos se omitió suscribir el acta firmada por los visitadores y por el contribuyente o sus representantes, así como “tampoco se tuvo conocimiento si tal diligencia estuvo bajo la responsabilidad de un contador”.
Sostiene, al respecto, que la diligencia de inspección contable se realizó con la intervención de dos peritos que rindieron dictamen cuantificando el impuesto a espectáculos públicos, del cual “no se corrió traslado al contribuyente para ejercer el legítimo derecho de contradicción. Lo cual constituye una muy grave violación al derecho fundamental de defensa”.
C. Contestación de la alcaldía de Calima El Darién.
Estima que tampoco se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la entidad accionante, pues en el trámite de liquidación del impuesto a espectáculos públicos y su posterior cobro por la jurisdicción coactiva, la tesorería municipal se ajustó al estatuto tributario del ente territorial, garantizando en todas las etapas el derecho de defensa y contradicción, lo cual se puede constatar con la presentación de los recursos de reconsideración contra los actos administrativos que liquidaron el impuesto y las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago.
Por esas razones estima que la acción de amparo propuesta es “improcedente y además temeraria”, si se tiene en cuenta que a la accionante se le ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa y en relación con la calidad de sujeto pasivo del impuesto a espectáculos públicos, indica que la Ley 12 de 1932 no exceptúa a Comfandi de su pago, aspecto que se tuvo en cuenta al momento de realizar la correspondiente liquidación por parte de la entidad territorial, lo que demuestra que la entidad demandante está haciendo una interpretación de la Constitución “tergiversada y amañada con el fin de evadir el pago del impuesto denominado espectáculo público, del cual no ha sido exonerado”.
D. Sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo.
En providencia del 16 de agosto de 2006, ese juzgado concedió como mecanismo transitorio el amparo solicitado por Comfandi, al encontrar que el fallo de tutela T-027 de 2005 (ene. 20), M.P. Clara Inés Vargas Hernández de esta corporación es aplicable al caso en revisión, por referirse a hechos similares, “con identidad de las partes accionante y accionada”.
Apoyada en un pronunciamiento del tribunal administrativo seccional, afirma que los recursos de Comfandi son parafiscales y tienen como destino el pago del subsidio familiar y educación, vivienda, recreación, salud, etc., lo cual implica, en su criterio, que estén orientados a aspectos que tienen “connotación social y reivindican las condiciones de vida de la clase trabajadora que se verá gravemente afectada por la decisión”, dado que el embargo de sus recursos coloca a la entidad “en estado de indefensión”.
A su juicio, con fundamento en la citada Sentencia T-027 de 2005 “el municipio de Calima El Darién colige que es el señor alcalde municipal el legitimado para cobrar un impuesto (L. 12/32) y que de acuerdo a la Ley 136 de 1994, puede delegar esa función en su tesorero”.
F. Sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga.
En decisión del 22 de septiembre de 2006, el ad quem revocó el fallo de primera instancia, al considerar, de un lado, que la tutela excepcionalmente procede contra providencias judiciales y actos administrativos y, de otro, que en la referida Sentencia T-027 de 2005 de la Corte Constitucional, el problema jurídico resuelto fue distinto, ya que consistió en determinar si el Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extra-escolar, Imprede, del municipio de Calima El Darién, tenía competencia para liquidar el aforo del impuesto de espectáculos públicos, estableciéndose que dicha función pertenece al alcalde, quien solo puede delegarla en la tesorería municipal.
En relación con la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que también sirvió de sustento a la decisión del a quo, estima que no puede tomarse como pronunciamiento definitivo sobre la exención del pago del impuesto de espectáculos públicos a las cajas de compensación familiar y, por ello, considera que tal decisión no constituye precedente judicial vinculante.
Señala que la alcaldía de Calima El Darién no incurrió en vulneración al debido proceso, pues al realizar el cobro del impuesto ha garantizado el derecho de defensa de la accionante, como se constata con la presentación de los recursos de reconsideración contra los actos administrativos que liquidaron el tributo y el escrito de excepciones a la resolución que libró mandamiento de pago, sin que tampoco exista perjuicio irremediable ya que no se presentó ningún hecho grave que requiriera la urgente protección por vía de acción de tutela, ni siquiera como mecanismo transitorio.
Manifiesta que existe otra vía judicial para reclamar las pretensiones planteadas en la acción de amparo constitucional, que es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, “pues decidir y marcar pautas sobre impuestos, actuaciones administrativas, procedimientos coactivos, validez, efectos y suspensiones de actos administrativos y demás controversias de esta índole, sería invadir un campo u órbita que no es del resorte del juez constitucional, sino que la competencia está radicada exclusivamente en los jueces administrativos”.
Frente al perjuicio irremediable supuestamente ocasionado con el embargo ordenado por la tesorería municipal de Calima El Darién, estima que no existen pruebas suficientes en el expediente “que determinen cuántos afiliados quedarían sin subsidio familiar y por cuánto tiempo, qué programas concretamente en salud, vivienda y educación dejarían de iniciarse”, lo cual tampoco permite vislumbrar una amenaza a derechos fundamentales de los beneficiarios de la entidad demandante.
Finalmente, sostiene que han transcurrido más de cinco meses desde la ejecutoria de los actos administrativos impugnados, sin que la accionante haya presentado la respectiva acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
— Copia del Decreto 56 del 3 de octubre de 2005, dictado por el alcalde municipal de Calima El Darién, por el cual delega en el tesorero del mismo ente territorial la facultad de ejercer el procedimiento administrativo de cobro del impuesto a espectáculos públicos en sede de jurisdicción coactiva (fls. 11 y 12, cdno. 3).
— Copia de las resoluciones 221 a 226 del 2 de diciembre de 2005, por medio de las cuales se efectúa la liquidación del impuesto de espectáculos públicos por la tesorería municipal de Calima El Darién (fls. 16 a 39, cdno. inicial).
— Copia de los recursos de reconsideración y apelación, presentados el 28 de febrero de 2006 por el apoderado de Comfandi, contra las resoluciones 221 a 226 de 2005 (fls. 40 a 63 ib.).
— Copia de las resoluciones 116 a 121 del 17 de marzo de 2006, mediante las cuales la tesorería municipal de Calima El Darién, resolvió los recursos de reconsideración (fls. 64 a 129 ib.).
— Copia de la Resolución 141 del 19 de abril de 2006, “por medio de la cual se libra mandamiento de pago a la Caja de Compensación Familiar del Valle Del Cauca (Comfamiliar Andi con NIT 890303208-5” (fls. 130 a 133 ib.).
— Copia del estatuto tributario del municipio de Calima El Darién, aprobado mediante Acuerdo 36 de 2004 (fls. 134 a 211 ib.).
— Copia de la Sentencia 186 del 22 de julio de 2005, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la acción popular presentada por Édgar Humberto Campos Gómez (fls. 219 a 239 ib.).
— Copia de la Sentencia T-027 de 2005 (ene. 20), M.P. Clara Inés Vargas Hernández, junto con los oficios 115 a 117, correspondientes a su notificación por parte del juez promiscuo municipal de Calima El Darién (fls. 240 a 275 ib.).
— Copia de la Sentencia T2-024 (sic) del 15 de mayo de 2006, dictada por el Juzgado 17 Penal del Circuito de Cali, en la acción de tutela interpuesta por Comfandi, contra la alcaldía y tesorería municipal de Yumbo (fls. 276 a 298 ib.).
— Memorial dirigido al gerente del Banco Agrario de Colombia, mediante el cual se pone en conocimiento el contenido de Auto de Sustanciación 01 del 9 de junio de 2006, dictado por la tesorería municipal de Calima El Darién.
— Copia de la certificación del gerente de la banca empresarial del Banco de Occidente del 21 de junio de 2006, informando el embargo contra Comfandi, por la suma de $ 590’619.544,66 (fls. 300 y 301 ib.).
— Copia de la Sentencia de Tutela 12 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buga, el 13 de julio de 2006 (fls. 310 a 323 ib.).
— Copia del acto administrativo del 1º de junio de 2006, que resuelve las excepciones propuestas por Comfandi, contra el mandamiento de pago dictado en el proceso de jurisdicción coactiva (fls. 73 a 83, cdno. 2).
— Copia del auto de sustanciación del 9 de junio de 2006, “Por medio del cual se liquida el crédito, la sanción por no declarar, intereses moratorios, costos y gastos de un procedimiento de administración coactivo” (fls. 84-91, cdno. 3).
Para mejor proveer, mediante auto del 2 de mayo de 2007 la Sala suspendió los términos para fallar, a fin de acopiar y analizar información adicional solicitada para decidir el presente asunto.
A Comfandi se pidió copia de los estados financieros de los años 2005 y 2006, con el objeto de determinar el total de ingresos y egresos de cada año, exigiéndole también que informara cuál era la cuantía, naturaleza y destinación de la reserva de fácil liquidez, ordenada por el artículo 28 de la Ley 21 de 1982, al momento de realizarse el embargo por parte de la accionada; igualmente se la interrogó sobre la adopción de correctivos urgentes con ocasión de esa medida cautelar, la destinación de la cuenta bancaria embargada, la existencia de otras cuentas al momento del embargo y las obligaciones que no fueron satisfechas a causa de tal determinación.
A la Superintendencia de Subsidio Familiar se solicitó informara si Comfandi le había notificado la gravedad de su situación financiera a raíz del embargo e indicara las pautas sobre los recursos de las cajas de compensación que pueden ser objeto de medidas cautelares.
Al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se pidió información sobre el estado del proceso de nulidad adelantado por la accionante.
1. Comfandi.
Aporta copia de los estados financieros correspondientes al año 2005, aprobados por la asamblea general ordinaria de afiliados realizada el 20 de junio de 2006; en relación con la información contable del 2006, informa que la misma sería sometida a la aprobación de la asamblea general de junio de 2007, razón por la cual remite el balance y estado de resultados a diciembre 31 de 2006, debidamente aprobados por el representante legal, el contador y el revisor fiscal de esa entidad.
En lo que respecta a la reserva de fácil liquidez a que se refiere el artículo 58 de la Ley 21 de 1982, indica que su monto al momento de realizarse el embargo era de $ 776.357.908 y precisa que la medida cautelar representó el 76,1% de ese valor, generando una grave crisis económica en los centros recreativos El Lago y el Vacacional El Lago de Comfandi, teniendo en cuenta que los costos de operación “ascienden en promedio mensual a la suma de $ 546 millones de pesos”.
Alude a las implicaciones del cierre de los establecimientos en mención, situación que finalmente no ocurrió, pues “fue necesario disponer de recursos de administración del 4% destinado para el pago del subsidio familiar monetario, para que el Banco de Occidente el 21 de junio de 2006 los girara a órdenes de la alcaldía municipal de Darién en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario 761269195003 y de esta manera se diera cumplimiento al embargo”. Por último, asegura que la cuenta embargada corresponde tan solo al 4% de los recursos que aportan los empleadores para el pago del subsidio familiar.
2. Superintendencia de Subsidio Familiar.
Asevera que no existen antecedentes de que Comfandi hubiera informado a ese organismo de control sobre el embargo realizado por la tesorería del municipio de Calima El Darién y que tal situación hubiera afectado seriamente su estabilidad financiera. Además, allega concepto emanado de esa superintendencia referente a la naturaleza jurídica de los dineros de las cajas de compensación familiar.
3. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
La secretaría del tribunal informó que en esa corporación está en curso un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 221 a 226 y 116 a 121, dictadas por la tesorería municipal de Calima El Darién, encontrándose en periodo probatorio al momento en que rinde esta información.
4. Alcaldía municipal de Calima El Darién.
Intervino para reiterar que la medida cautelar dictada en el proceso de jurisdicción coactiva no ocasionó perjuicio irremediable a Comfandi y agrega que el juez de instancia no analizó si tal determinación puso en riesgo la situación financiera de la accionante, “cosa que no ocurrió si se tiene en cuenta que el cobro del impuesto de espectáculos públicos es tan solo el 10% del valor cobrado por la accionante en sus centros recreacionales ubicados en jurisdicción del municipio que hoy represento Calima Darién”.
Analizada la situación fáctica y las decisiones proferidas por los jueces de instancia, corresponde en esta oportunidad determinar si la tesorería municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca), vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Comfandi, al liquidar el impuesto a espectáculos públicos y ordenar en sede coactiva el embargo de sus recursos hasta el monto adeudado, ocasionándole un perjuicio irremediable.
También deberá constatar si se vulneró el derecho al debido proceso de la entidad demandante, al no levantarse en debida forma el acta de la diligencia de inspección contable establecida en el artículo 254 del estatuto tributario del municipio de Calima El Darién, contenido en el Acuerdo 36 de 2004 (fls. 134 a 211 ib.), ni al haberse corrido traslado del dictamen rendido por los peritos en la misma diligencia.
Para resolver los anteriores cuestionamientos se recordará que conforme al artículo 86 de la Carta Política, la tutela es una acción de carácter residual y subsidiario (1) que puede ser ejercida ante la vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales, cuando se carece de otro medio de defensa judicial o cuando existiendo este se requiere acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (2) .
Esa especial naturaleza de la acción de tutela le imprime sentido al acceso a la administración de justicia, pues los mecanismos y recursos ordinarios de protección judicial son, en principio, instrumentos legítimos a los que deben acudir las personas para la protección de sus derechos (3) . Por tal razón, se exige que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales a través de la acción de tutela, deba haber agotado previamente los medios ordinarios de defensa regulados en la ley (4) .
El carácter excepcional de la tutela permite asegurar que ella no termine convertida en una instancia adicional al trámite jurisdiccional que reemplace los medios de defensa diseñados por el legislador (5) y que tampoco sea un artilugio empleado por los litigantes (6) para subsanar errores u omisiones de las partes en los procesos judiciales (7) .
La tutela ha sido concebida para “fungir como recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico en materia de protección de derechos fundamentales” (8) , característica que delimita el rol del juez constitucional, quien so pretexto de amparar derechos fundamentales no puede reemplazar a la autoridad competente para resolver el litigio (9) .
Al existir otro medio de defensa idóneo y efectivo, la acción de tutela resulta, entonces, improcedente. Sin embargo, el agotamiento de recursos y mecanismos ordinarios de defensa judicial debe ser examinado en cada caso concreto, ya que la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial no implica automáticamente la improcedencia de la acción de tutela (10) , pues para que el amparo sea viable el juez constitucional debe comprobar que el otro medio de defensa no resulta idóneo para proteger los derechos invocados.
Según la jurisprudencia, el perjuicio irremediable exigido se refiere al “grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables” (11) que neutralicen, cuando ello sea posible, la violación del derecho (12) .
En Sentencia T-225 de 1993 (jun. 15), M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte precisó las características del perjuicio irremediable:
El examen de esas circunstancias debe ser realizado por el juez en forma concurrente. Al respecto, en Sentencia T-972 de 2005 (sep. 23), M.P. Jaime Córdoba Triviño (13) , la Corte precisó lo siguiente:
“En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente en determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio” (14) .
Finalmente conviene precisar que si se cumplen los supuestos analizados el amparo constitucional procederá como mecanismo transitorio, evento en el cual el juez debe señalar en la sentencia que su orden permanecerá vigente solo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado, pudiendo disponer, si lo juzga oportuno, que mientras dure el proceso no se aplique el acto particular enjuiciado respecto de la situación concreta cuya protección se solicita (D. 2591/91, art. 8º).
4. Solución del caso concreto.
Frente a este planteamiento, lo primero que advierte la Sala es que las razones esgrimidas por la peticionaria se orientan a proponer un debate en perspectiva legal, toda vez que en el escrito de tutela expone que el ejercicio de la acción de tutela obedece a que los actos administrativos de liquidación del tributo “son ostensiblemente ilegales por cuanto, como se ha visto, Comfandi no presentó ninguno de los espectáculos definidos en el Decreto Reglamentario 21 de 1971, por lo cual se ha violado flagrantemente la Constitución y la ley y con ello se ha causado un perjuicio irremediable” (no está en negrilla en el texto original), sin incluir argumentos de índole constitucional que hagan viable el amparo solicitado.
Según se analizó, dada su naturaleza residual y subsidiaria, la acción de tutela no es el escenario apropiado para resolver controversias de esta índole, como establecer si Comfandi es o no sujeto pasivo del impuesto a espectáculos públicos, determinación que es del resorte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que actualmente estudia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 221 a 226 y 116 a 121 dictadas por la tesorería municipal de Calima El Darién, en trámite ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 23 y 24, cdno. de revisión).
Al respecto, conviene recordar que por perjuicio irremediable se entiende aquel que resulta del riesgo de lesión al que está sometido un derecho fundamental, por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que por su gravedad y urgencia demanda la inmediata intervención del juez constitucional, para que no pierda el valor subjetivo que representa para su titular y también su valor objetivo, como fundamento axiológico del ordenamiento jurídico.
Los anteriores supuestos no se cumplen en el asunto en revisión, pues de acuerdo con la información requerida por la Sala se ha establecido que la situación generada por el embargo decretado en sede de jurisdicción coactiva, fue conjurada oportunamente por la entidad accionante, al disponer de recursos de administración del 4% destinado para el pago del subsidio familiar monetario, a fin de que el Banco de Occidente los girara a la alcaldía municipal de Darién en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario y de esta manera dar cumplimiento a la medida cautelar.
Igualmente, encuentra la Sala que por expreso mandato del artículo 58 de la Ley 21 de 1982, todas las cajas de compensación familiar del país deben constituir una reserva de fácil liquidez “para atender oportunamente las obligaciones a su cargo”, que para el caso de Comfandi al momento de llevarse a cabo la orden de embargo ordenada por la tesorería municipal de Calima El Darién, ascendía a “$ 776.357.908” (fl. 74, cdno. Corte).
Lo anterior significa que la medida cautelar efectuada representó el 76,1% de esa reserva, situación que permite desvirtuar la existencia de un perjuicio irremediable, pues no se afectó el pago ordinario de los subsidios en favor de los beneficiarios.
Si se hubiera efectuado el embargo de alguna de las cuentas destinadas al pago del subsidio familiar, argumento que fue planteado por la accionante en la respuesta dada con ocasión de las pruebas solicitadas, también existía la posibilidad de realizar un traslado contable para tomar los dineros de la reserva de fácil liquidez u otra operación similar, con el fin de no ocasionar traumatismos en el pago de los subsidios, como en efecto lo hizo la accionante al disponer de recursos de administración del 4% destinado para el pago del subsidio familiar monetario, con el fin de atender el embargo, según se explicó anteriormente.
La inexistencia del perjuicio irremediable igualmente se constata con los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2006, aportados por Comfandi, donde se puede observar que la utilidad de esa vigencia fiscal fue de doce mil trescientos sesenta millones ciento veinte mil pesos ($ 12.360.120.000), lo cual significa que el embargo realizado representó tan solo el 4,77% de la utilidad de la entidad demandante, argumento adicional para denegar el amparo solicitado.
Valga anotar que la peticionaria parte de supuestos que nunca se dieron y que no pueden ser tomados por el juez constitucional como determinantes para conceder la acción de tutela, pues, se repite, la situación se pudo superar por Comfandi con los recursos que se encontraban en la reserva de fácil liquidez.
Del análisis efectuado se puede colegir que el embargo de los recursos de Comfandi, ordenado por la alcaldía de Calima El Darién, a través de la tesorería del mismo municipio, no le ocasionó a esa entidad un perjuicio irremediable, máxime si se tiene en cuenta que con motivo de esa medida cautelar no hubo lugar al cierre de los centros recreativos, ni se generó un déficit presupuestal, tal como lo informa la Superintendencia de Subsidio Familiar, al responder el requerimiento de esta Sala de Revisión.
Finalmente, la demandante argumenta que la sentencia de esta Corte T-027 de 2005 (ene. 20), M.P. Clara Inés Vargas Hernández, constituye precedente jurisprudencial que, como tal, debe ser observado para decidir en la presente ocasión, tal como lo hizo el juez de primera instancia al reconocer el amparo, pues en su criterio allí se estableció que los dineros de Comfandi en ningún caso pueden ser objeto de medidas cautelares decretadas en procesos de jurisdicción coactiva.
Para la Sala, no le asiste razón a la accionante, toda vez que los supuestos de hecho y la ratio decidendi del citado pronunciamiento, son sustancialmente diferentes a los que se presentan en el caso objeto de estudio (15) .
En efecto, el problema jurídico que se analizó en dicha providencia fue el relativo a la competencia en materia de recaudo impositivo del Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extra-escolar, Imprede, del municipio de Calima El Darién, estableciéndose que entre sus funciones, “no se deducen aquellas destinadas a liquidar, determinar, investigar, cobrar y recaudar el impuesto a espectáculos públicos”.
En esa providencia esta corporación señaló que en materia de recaudo forzoso de tributos, la autoridad competente en los entes municipales para ejercer el cobro coactivo es el alcalde y agregó que el legislador únicamente autorizó a esa autoridad para delegar tal función en las tesorerías de las entidades territoriales y no en otras entidades que hagan parte de la estructura jerárquica de la administración municipal, por lo cual concluyó que el Imprede, carecía de competencia para realizar el recaudo del mencionado impuesto, situación que vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la entidad demandante.
El problema jurídico objeto de estudio en el presente caso difiere por completo del resuelto por la Corte en la mencionada Sentencia T-027 de 2005, pues en el asunto que ahora se revisa lo que pretende Comfandi es proteger su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerado por habérsele dado por parte de la tesorería del citado municipio la calidad de sujeto pasivo del impuesto a espectáculos públicos, asunto que tal como se explicó no corresponde resolver al juez constitucional.
En el asunto que se revisa quedó establecido que no existió tal perjuicio, pues no se acreditó que el embargo haya recaído directamente sobre dineros destinados al subsidio familiar y además tampoco afectó la operación de la entidad que, por el contrario, pudo sortear la situación apelando a recursos de administración, habiendo podido acudir también a la reserva de fácil liquidez, que es un fondo obligatorio para todas las cajas de compensación familiar, cuyo valor superaba ampliamente el monto del embargo, medida cautelar que frente a la utilidad obtenida por la entidad demandante en el año 2006, solamente representó el 4,77%.
Finalmente la Sala estima necesario aclarar que la decisión que se adopta en la presente oportunidad es distinta y, por ello, no está en contradicción con la contenida en el Auto 009A de 2008 (ene. 24), M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, donde se declaró la nulidad de todo lo actuado en la consulta de desacato resuelta por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buga, dentro del incidente respectivo, adelantado por Comfandi contra la tesorería del municipio de Calima El Darién, en el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo.
Esa actuación tiene antecedentes en el fallo de tutela dictado por aquel despacho el 13 de junio de 2006, que concedió transitoriamente a Comfandi el amparo de sus derechos fundamentales, vulnerados por la tesorería municipal de Calima El Darién al cobrarle el gravamen de espectáculos públicos a través de actos administrativos diferentes a los enjuiciados en la acción que se decide en esta providencia, sobre los cuales esa autoridad judicial dispuso suspender sus efectos hasta que se produjera la correspondiente decisión de la jurisdicción contencioso administrativa.
En aquella oportunidad y ante el incumplimiento de la tutela, Comfandi tramitó incidente de desacato en el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo, que al ser decidido favorablemente fue remitido para su consulta al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buga que, por su parte, decidió revocarlo por considerar que la negativa del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de suspender provisionalmente los mencionados actos administrativos, significaba que los mismos habían recobrado vigencia, quedando así en pie el cobro del aludido tributo a Comfandi.
A instancias de Comfandi el Tribunal Superior de Buga concedió el amparo solicitado y dejó sin efectos la providencia que resolvió la consulta, decisión que fue impugnada ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, corporación que revocó tal determinación luego de considerar que el Juzgado 3º Civil del Circuito de Buga había actuado dentro de la órbita de su autonomía, al revocar la orden de desacato dictada por el juez de primera instancia.
Seleccionada para revisión, la Corte en el citado Auto 009A de 2008 consideró, entre otras razones, que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buga desbordó sus competencias al revocar el desacato, incurriendo así en causal de nulidad, “porque decidió entender que los efectos de la sentencia de tutela habían terminado, atribución que excede, a todas luces, las facultades que las normas reglamentarias de tutela le han dado a los jueces que conocen de los incidentes de desacato”. En consecuencia, ordenó que dicho despacho decidiera nuevamente la consulta del incidente de desacato sobre la base de los lineamientos allí consignados y aclarando que en todo caso, “se debe limitar a establecer si cumplió o no con lo decidido por el juez de tutela”.
1. LEVANTAR la suspensión de los términos ordenada mediante auto del 2 de mayo de 2007.
2. CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2006 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, que revocó el fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo del 16 de agosto de 2006, en la acción de tutela instaurada por la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfandi, contra la tesorería municipal de Calima El Darién.
Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla—Humberto Antonio Sierra Porto, ausente—Clara Inés Vargas Hernández, con aclaración de voto.
(1) T-827 de 2003 (sep. 18), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(2) T-1225 de 2004 (dic. 7), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-698 de 2004 (jul. 22), M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; SU-1070 de 2003 (nov. 13), M.P. Jaime Córdoba Triviño; SU-544 de 2001 (mayo 24), M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-1670 de 2000 (dic. 5), M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-225 de 1993 (jun. 15), M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(3) T-803 de 2002 (oct. 3), M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(4) T-441 de 2003 (mayo 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-742 de 2002 (sep. 12), M.P. Clara Inés Vargas y T-606 de 2004 (jun. 17), M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, entre otras.
(5) SU-622 de 2001 (jun. 14), M.P. Jaime Araújo Rentería.
(6) C-543 de 1992 (oct. 1º), M.P. José Gregorio Hernández G.; T-567 de 1998 (oct. 7), M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-511 de 2001 (mayo 17), M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-108 de 2003 (feb. 13), M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras.
(7) T-200 de 2004 (mar. 4), M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(8) T-972 de 2005 (sep. 23), M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(9) T-038 de 1997 (ene. 30), M.P. Hernando Herrera Vergara.
(10) T-972 de 2005.
(11) T-161 de 2005 (feb. 24), M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(12) T-1190 de 2004 (nov. 25), M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(13) En el mismo sentido, T-229 de 2006 (mar. 24), M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(14) T-972 de 2005.
(15) Según la jurisprudencia, en el análisis de un caso deben confluir los siguientes elementos para establecer hasta qué punto el precedente es relevante o no: “(i) En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente. (ii) La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante. (iii) Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que ‘cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente’. Estos tres elementos hacen que una sentencia anterior sea vinculante y, en esa medida, que se constituya en un precedente aplicable a un caso concreto. De allí que se pueda definir el precedente aplicable, como aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla —prohibición, orden o autorización— determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes” (Cfr. Sent. T-292 de abr. 6/2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

References: artículo 7
 resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 58
 artículo 254
 artículo 86
 artículo 58