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Timestamp: 2018-02-25 23:27:39+00:00

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Sentencia A.P. Cuenca 197/2010 de 2 de noviembre. Arrendamiento de servicios. Obligaciones. Cumplimiento. Reclamación de cantidad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Cuenca 197/2010 de 2 de noviembre
Obligaciones: Cumplimiento. Arrendamiento de servicios: Condena de resarcimiento no al importe a que ascendió la mercancia robada, por no funcionamiento de la alarma de un local, sino el precio del venta al público. Resarcimiento del daño moral o pérdida de expectativa de derecho o pérdida de oportunidad.
SENTENCIA: 00197/2010
Apelación Civil Rollo n.º 37/2010
Juicio Ordinario n.º 20/2009
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de San Clemente
SENTENCIA NUM. 197/2010
Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio Ordinario n.º 20/2009 procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de san Clemente y su Partido, seguidos a instancia de D. Alonso, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª Paloma Cebrián Sánchez y asistidos por el Letrado D. Francisco Javier Sarabia Martínez, contra SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A representada por el la Procuradora de los Tribunales D.ª María Angeles Poves Gallardo y asistida por el Letrado D. Eduardo Ramírez, sobre reclamación de cantidad; venidos a conocimiento de este Tribunal como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A contra la sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve, habiendo sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Casado Delgado, quién expresa el parecer de este Tribunal.
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de San Clemente y su Partido se dictó, en el procedimiento referenciado, sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve, cuyo Fallo es el siguiente tenor:
"Estimo íntegramente la demanda ejercitada por D. Alonso, representado por la Procuradora D.ª Paloma Cebrián Sánchez, contra la mercantil SECURITAS DIRECT, S.A, representada por la Procuradora D.ª María Angeles Poves y, en consecuencia, CONDENO a SECURITAS DIRECT, S.A al pago de la cantidad de 21.488 euros, y al pago del interés legal del dinero que esta cantidad haya devengado desde el día 12 de enero de 2009, fecha de la presentación de la demanda, incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia, para el caso de mora procesal y al pago de las costas causadas".
Segundo.-Notificada las anterior resolución a las partes, Doña María Angeles Poves Gallardo, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil SECURITAS DIRECT ESPEÑA, S.A preparó e interpuso recurso de apelación contra la misma por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando de la Sala "... dicte sentencia por la que, revocando la dictada en la instancia, desestime la demanda rectora y subsidiariamente, aplique la deducción de la indemnización por razones de equidad y daño moral".
Tercero.-Admitido a trámite el recurso de apelación y conferido traslado a la contraparte, por la representación procesal de D. D. Alonso se presentó escrito de oposición al recurso en el que interesó la confirmación de la sentencia de instancia.
Cuarto.-- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, se designó Ponente que recayó en el Magistrado Ilmo. Sr. D. Casado Delgado y se celebró la deliberación, votación y fallo en la audiencia señalada al efecto.
Se aceptan en parte los razonamientos jurídicos contenidos de la resolución recurrida.
Primero.-Se alza el recurrente contra la sentencia dictada en la instancia alegando los siguientes motivos de discrepancia con el pronunciamiento judicial:
a) Como primer motivo del recurso, se sostiene que por la Juzgadora de Instancia se ha incurrido en evidente error por cuánto la base fáctica por la que la Juzgadora considera acreditados los daños resarcibles se residencia en el documento n.º 36 acompañado a la demanda, cuando la parte ahora recurrente si impugnó dicho documento, no en cuento a su autenticidad, sino en cuanto a u contenido al tratarse de una mera hoja de cálculo confeccionado exclusivamente por el actor, y en todo caso se condena a resarcir no el importe a que ascendió la mercancía robada sino el precio de venta al público debiendo, en todo caso, excluirse el IVA y el importe de 1.500 euros correspondiente al dinero existente en caja.
b) Como segundo motivo del recurso se interesa la aplicación de la doctrina relativa al daño causado, que no debe coincidir con el importe de lo robado sino, el daño moral o pérdida de expectativa de derecho o pérdida de oportunidad.
Segundo.-El recurso de apelación merece acogimiento parcial por parte de este Tribunal.
En efecto, debemos convenir que no es objeto de recurso el pronunciamiento judicial por el que la Juzgadora " a quo" consideró acreditado un incumplimiento contractual por parte de la entidad demandada en la medida en que la alarma instalada en el local comercial explotado por el actor no "saltó" cuando se produjo el robo en la madrugada del día 6 de mayo de 2007, tal y como explica y razona profusamente la Juzgadora " a quo" en el segundo fundamento de derecho que, por obvias razones, debe darse por íntegramente reproducido en la presente resolución.
Pues bien, partiendo de lo anteriormente expuesto, llano es afirmar que donde surgen las discrepancias es, precisamente, en la cuantificación de los daños y perjuicios resarcibles. Pues bien, si tenemos en cuenta que nos encontramos en presencia de un incumplimiento contractual de un contrato de arrendamiento de servicios y no propiamente en presencia de un contrato de seguro de robo y/daños, deberá convenirse que la indemnización no puede corresponderse con el importe de lo sustraído, antes al contrario, aún en el supuesto de que la alarma hubiese "saltado" no se podía garantizar, en base a la naturaleza del contrato suscrito entre las partes, que el robo nunca se perpetraría. Asi las cosas, este tribunal considera perfectamente aplicable al supuesto de autos la doctrina emanada de otros tribunales en los que se considera indemnizable el daño moral o pérdida de expectativa de derecho o pérdida de oportunidad pudiendo aplicar los Tribunales la facultad moderadora contemplada normativamente en el artículo 1103 del Código Civil en aquéllos supuestos, como el presente, en el que kla obligación principal ha sido parcialmente incumplida.
Expuesto lo anterior, debe señalarse que este Tribunal no alberga duda alguna respecto de la preexistencia de las cosas sustraídas u ello por cuánto, conforme a las reglas de distribución de la carga de la prueba, la actora -ex artr. 217.2 LEC- ha aportado las facturas de compra de las mercancías y la relación de efectos sustraídos y su correspondiente valoración (precio de compra y precio de venta al público) de la que se confirió traslado a la demandada antes de que ésta rechazara el siniestro. De lo anterior se colige que la parte demandada se ha limitado a negar valor a dicha relación sin aportar elemento probatorio alguno, razón ésta que impide que prospere su pretensión. Por otro lado, no basta con la afirmación genérica de que debe ser excluido el IVA por ser un impuesto esencialmente deducible sino, por el contrario, debe acreditarse que el actor lo puede deducir, lo que no ha acontecido en el presente caso. Y, finalmente, respecto de la preexistencia de los 1.500 euros de la caja registradora, la prueba viene constituida por el interrogatorio del actor como por la testifical depuesta a su instancia.
Así las cosas, sobre la base económica representada por la cantidad reconocida en la sentencia y teniendo en consideración que lo resarcible es el daño moral y/o pérdida de expectativa de ganancia, siendo ésta la pretensión de la actora por cuánto reclama no el coste de compra sino el beneficio que pudiera obtener con su venta, y haciendo uso de la facultad moderadora prevista en el artículo 1103 del Código Civil que diferentes Tribunales sitúan en torno al 50%, procede reducir la cantidad a satisfacer por la entidad demandada, ahora recurrente, a la mitad de lo concedido en la sentencia de instancia, esto es, a la suma de 10.744 euros.
Tercero.-Estimado parcialmente el recurso de apelación, se deja sin efecto el pronunciamiento condenatorio sobre las costas de la instancia contenido en la resolución recurrida, del mismo modo que no se efectúa expreso pronunciamiento condenatorio respecto de las costas procesales de la presente alzada (artículo 398 en relación con el artículo 394 de la LEC).
Que estimando como estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Doña María Angeles Poves Gallardo, Procuradora de los Tribunales y de SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A, contra la sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve dictada por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de los de San Clemente y su Partido en los autos de Juicio Ordinario n.º 20/2009, del que dimana el presente Rollo de Apelación n.º 38/2010, y, en su consecuencia, declaramos que debemos REVOCAR PARCIALMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA, dictando la presente por la que, ESTIMANDO COMO ESTIMAMOS PARCIALMENTE la demanda deducida por D. Alonso contra SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A, condenamos a la demandada a abonar al actor la suma de 10.744 euros y al pago del interés legal del dinero que esta cantidad haya devengado desde el día 12 de enero de 2009, fecha de la presentación de la demanda, incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia de instancia, para el caso de mora procesal; todo ello sin expreso pronunciamiento condenatorio respecto de las costas procesales devengadas en la instancia y en la presente alzada.
Contra la presente sentencia no cabe interpone recurso ordinario alguno.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1103
 artículo 1103
 resolución 
 artículo 394