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Timestamp: 2020-01-23 21:24:28+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 95, de 21/12/2004
Año 2004 VIII Legislatura
Comisiones. Núm. 95
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CARLES ALFRED GASOLIBA I BàHM
celebrada el martes, 21 de diciembre de 2004
Comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular, del Secretario de Estado de Economía, Excmo. Sr. D. David Vegara Figueras, para informar acerca de las medidas concretas de supervisión adicional de los conglomerados financieros que tiene previsto implantar el Gobierno en desarrollo del Proyecto de Ley regulador de esta materia. (Número de expediente 713/000006).
--De D. Javier Sánchez-Simón Muñoz (GPP):
Sobre las medidas previstas por el Gobierno para alcanzar las previsiones macroeconómicas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 con respecto del incremento de la productividad por ocupado. (Número de expediente 681/000040).
Sobre las previsiones contempladas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 con respecto al precio del barril de petróleo. (Número de expediente 681/000041).
Sobre las medidas previstas por el Gobierno para alcanzar las previsiones macroeconómicas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 con respecto del incremento de inversiones en bienes de equipo. (Número de expediente 681/000042).
--De Dª María del Mar Angulo Martínez (GPP), sobre las medidas previstas por el Gobierno para mantener el ritmo de crecimiento de la demanda interna. (Número de expediente 681/000114).
--De D. Javier Sánchez-Simón Muñoz (GPP), sobre las medidas previstas por el Gobierno para alcanzar las previsiones macroeconómicas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 con respecto al incremento de las exportaciones en el año 2004. (Número de expediente 681/000142).
--De D. Nicolás Fernández Cucurull (GPP), sobre las actuaciones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en relación con las propuestas contenidas en el estudio sobre el sector comercial en la Ciudad de Ceuta, realizado por encargo de dicho Ministerio. (Número de expediente 681/000152).
Dictaminar el Proyecto de Ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. (Número de expediente 621/000006).
--COMPARECENCIA, A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, DEL SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA, PARA INFORMAR ACERCA DE LAS MEDIDAS CONCRETAS DE SUPERVISION ADICIONAL DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS QUE TIENE PREVISTO IMPLANTAR EL GOBIERNO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE LEY REGULADOR DE ESTA MATERIA (713/000006).
El señor PRESIDENTE: Comienza la reunión de la comisión con motivo de la comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para formular una serie de cuestiones al señor secretario de Estado de Economía, don David Vegara, a quien damos la bienvenida una vez más y agradecemos su buena disposición para estar con nosotros.
Tal y como está establecido, en primer lugar daré la palabra al señor secretario de Estado para hacer la primera intervención, la intervención siguiente corresponderá al grupo proponente y después al resto de los grupos de menor a mayor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Vegara Figueras): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco como secretario de Estado de Economía ante esta comisión con objeto de informar de las medidas concretas de supervisión adicional de los conglomerados financieros que se van a implantar como consecuencia de la transposición de la directiva de conglomerados financieros.
Dado que se trata de una materia de naturaleza eminentemente técnica, me van a permitir que comience con una introducción, quizá algo extensa pero creo que imprescindible, sobre la necesidad de establecer una supervisión adicional y los antecedentes en nuestra regulación de la misma, para pasar a continuación a referirme a los principios que establece la directiva y finalizar informando de los contenidos del proyecto de ley y de sus líneas maestras.
Puede empezarse diciendo que la experiencia internacional acumulada a lo largo de muchos años ha puesto de manifiesto la necesidad de someter a las entidades financieras a un régimen especial de supervisión administrativa que, en general, es mucho más intenso que el que se establece sobre otros sectores económicos. Esto es así por dos razones fundamentales. Por un lado, las entidades financieras captan recursos entre un público muy amplio que carece en la mayor parte de los casos de los datos necesarios para evaluar la solvencia de las entidades en las que depositan fundamentalmente sus ahorros. Un primer objetivo de la supervisión pública consiste, por tanto, en paliar los efectos de esta carencia de información o esta asimetría, si me permiten, y en facilitar la confianza en las mismas entidades. Por otra parte, existe la posibilidad de que la incapacidad de una entidad financiera para hacer frente a sus obligaciones provoque una cadena de incumplimientos que pueda afectar al sistema financiero, a la oferta de crédito y a los sistemas de pagos; es el llamado riesgo sistémico, como bien conocen sus señorías. La reducción de la probabilidad de que se materialice este riesgo sistémico es el otro gran objetivo de la regulación y supervisión prudencial de las entidades financieras.
En Europa la tradición supervisora se ha basado en el principio de que la actividad bancaria y de valores debía tratarse de forma separada de la actividad aseguradora aunque todas estas actividades fuesen desarrolladas por un mismo grupo económico. Este principio se fundamenta en la diferente naturaleza de los riesgos inherentes a dichos negocios y ha dado lugar a que en muchos países, como en el nuestro, las autoridades de supervisión sean también diferentes. No obstante, el dinamismo del sector financiero ha llevado a la superación de las barreras sectoriales --si me permiten la expresión-- y a la proliferación de los conglomerados financieros o grupos que prestan toda la gama de servicios financieros en los ámbitos bancario, de valores y de seguros; de esta forma se aprovechan economías de escala, se compensa la reducción de los márgenes financieros o de intermediación y se potencian negocios con mayor valor añadido. La proliferación de estos grupos formados por empresas sometidas a diferentes regímenes de regulación y supervisión representa una realidad nueva que demanda necesariamente una perspectiva horizontal, de coordinación. La intensificación de los vínculos entre los tres sectores financieros tradicionales puede propiciar la aparición de nuevos riesgos o al menos aumentar los existentes; por ello es preciso adoptar una regulación prudencial adecuada y proporcional a dichos riesgos. Surge así el concepto de conglomerado financiero como un grupo de empresas en el que la actividad financiera es predominante y en el que se integran de forma simultánea entidades
de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras.
Los referentes normativos de la regulación que estamos tramitando sobre conglomerados financieros son dos: en primer lugar, la ley vigente en materia de grupos financieros intersectoriales y, en segundo lugar, como bien conocen sus señorías, la directiva de conglomerados financieros. En nuestro ordenamiento viene operando desde el año 1992 un sistema de supervisión de los grupos que desarrollan los tres tipos de negocio financiero que recibieron en su momento la denominación de grupos mixtos no consolidables, y que podrían encajar perfectamente en el concepto de conglomerado financiero en el sentido amplio. Este sistema de supervisión --al que me referiré posteriormente-- fue introducido por la Ley 13/1992, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras. El segundo referente de la regulación en proyecto de los conglomerados financieros es la propia directiva, insisto, de conglomerados financieros que se pretende transponer. Los objetivos de la directiva son muy similares --debe decirse-- a los que tuvo en cuenta nuestra regulación 10 años antes. Paso a detenerme brevemente, si les parece, en los antecedentes de nuestra regulación.
Como acabo de señalar, en el año 1992 se introdujo en el ordenamiento jurídico español un sistema de supervisión sobre los denominados grupos mixtos no consolidables. La Ley 13/1992 tenía por objeto transponer una serie de directivas que establecían, entre otros aspectos, la obligación de disponer de recursos propios suficientes para los grupos de entidades bancarias a nivel consolidado, pero la ley, nuestra ley, fue más allá del objeto de estas directivas y extendió el principio de suficiencia de recursos propios sobre la base consolidada a los grupos de empresas de servicios de inversión y a los grupos de entidades aseguradoras, lo que, de hecho, supuso anticipar en varios años las exigencias comunitarias en esta materia. De esta forma se establecía la obligación de determinación de los recursos propios sobre la base consolidada a todos los grupos homogéneos --entrecomillados, si quieren-- de entidades financieras. Pero lo que fue verdaderamente novedoso en la Ley 13/1992 fue el establecimiento de un sistema de supervisión prudencial conjunta para los grupos que desarrollasen simultáneamente el negocio de banca-valores y el de seguros, como se suelen agrupar, es decir, para los grupos heterogéneos, si me permiten la expresión, de entidades financieras o, en la terminología de la ley precisamente, grupos mixtos no consolidables.
Como he señalado al principio, la tradición comunitaria ha establecido el tratamiento separado de la actividad bancaria y de valores, por un lado, y de la aseguradora por el otro. Esta separación afecta no solamente al ámbito supervisor sino también al contable de manera que la normativa vigente establece la no consolidación de los estados contables de ambas actividades. Por ello, ya en la Ley 13/1992, para definir la suficiencia de recursos propios de los --otra vez-- grupos mixtos no consolidables, se estableció una especie de consolidación de alcance limitado, lo que supone un adelante de nuestra legislación --insisto-- no solo a la directiva de conglomerados financieros sino también, en este caso, a las nuevas normas internacionales de contabilidad, que van a requerir, como bien saben sus señorías, la consolidación contable de todos los negocios de un mismo grupo, sin excepción y con independencia de las actividades de cada una de las sociedades.
Las reglas especiales de vigilancia que estableció la Ley 13/1992 para los grupos mixtos no consolidables consisten en un conjunto de requisitos de solvencia adicionales a los establecidos en el marco sectorial, sea individual o consolidado, la designación de la autoridad supervisora encargada de vigilar su cumplimiento y el establecimiento de un procedimiento de cooperación entre autoridades supervisoras para adoptar, en su caso, las medidas que se consideran oportunas o necesarias.
A continuación voy a referirme brevemente, manteniendo el esquema que he anunciado al principio, a la directiva de conglomerados.
El Plan de Acción de Servicios Financieros, que aprobó la Unión Europea en 1999, establece la necesidad de una directiva de conglomerados financieros para asegurar la estabilidad de los mercados financieros europeos. Este es su principal objetivo. La directiva está basada en la recomendación del foro conjunto del G.-10, del Grupo de los Diez, sobre conglomerados financieros, por lo que puede decirse que se apoya en un planteamiento que se ha aceptado a escala internacional. Por otra parte, la necesidad de la directiva fue remarcada, como es conocido, por el informe sobre estabilidad financiera, el informe Brauer, que fue presentado por el Comité Económico y Financiero y aprobado en el Consejo del Ecofín, en mayo del año 2000.
En la tramitación de la directiva, la Comisión Europea constató que el marco jurídico para la supervisión de las entidades europeas era incompleto. Así, mientras existía una normativa suficiente y satisfactoria para los grupos homogéneos de entidades financieras, los grupos heterogéneos carecían de un cuerpo normativo completo, detectándose, además, la existencia de notables lagunas e importantes incoherencias entre las diferentes normas, en este caso sectoriales.
Durante la tramitación parlamentaria también se justificó la directiva en la necesidad de incrementar la confianza en las normas prudenciales y de supervisión, que se han visto últimamente mermadas a nivel internacional por acontecimientos como los escándalos contables: Enron, Parmalat, etcétera, o la presión que, como es bien conocido, tuvieron que sufrir las entidades financieras tras los tristes atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La directiva fue finalmente aprobada el 16 de diciembre del año 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea el 11 de febrero de 2003, estableciéndose que debe aplicarse por los Estados miembros a la supervisión de las cuentas de los ejercicios que comiencen en el año 2005.
El objetivo principal de la directiva consiste, como ya he dicho, en el establecimiento de un régimen de supervisión adicional aplicable a los conglomerados financieros. No obstante, también tiene un objetivo secundario que consiste en avanzar hacia una mayor coherencia entre las distintas legislaciones sectoriales aplicables a los grupos
homogéneos de manera que se impida el llamado arbitraje regulatorio. En este punto, si bien no se pretende una armonización completa, sí se persigue, al menos, eliminar algunas de las incoherencias más importantes.
Finalmente, voy a referirme al contenido del proyecto de ley que nos ocupa y a sus principales líneas maestras. Los trabajos de la transposición de la directiva, como es práctica habitual en nuestro ordenamiento jurídico, se han dividido en dos en función, obviamente, del rango legal requerido: el proyecto de ley, que se encuentra en fase parlamentaria, y el reglamento de desarrollo del que se está elaborando un primer borrador o un borrador antes de su sometimiento al trámite de audiencia pública. Debo señalar que en la redacción final del proyecto de ley se han respetado todos los criterios manifestados por el Consejo de Estado en su dictamen del 29 de junio del presente año.
Si me permiten, a continuación voy a desarrollar el contenido de la normativa en proyecto en relación con la supervisión adicional que se establece para los conglomerados financieros. Para ello, voy a referirme, en primer lugar, a la definición, en segundo lugar, a los elementos de la supervisión adicional y, por último, a las autoridades competentes para el ejercicio de la supervisión. Debo señalar, de entrada, que el objetivo es el establecimiento de un régimen de supervisión adicional al que ya se aplica para las entidades individuales y para los grupos homogéneos. El adjetivo adicional pretende destacar que este nuevo régimen no sustituye ni altera los ya establecidos que existen a nivel individual o consolidado.
La primera tarea no podía ser otra que la de definir con precisión el ámbito de aplicación de la nueva normativa. La idea subyacente es limitar el alcance del nuevo régimen de supervisión a aquellos casos en los que realmente sea necesario por presentar riesgos que no habían sido objeto de tratamiento adecuado en las, en este caso, legislaciones sectoriales.
El concepto de conglomerado financiero viene delimitado por tres notas características. En primer lugar, es un grupo económico en el que al menos una entidad pertenece al sector de los seguros y al menos otra al sector bancario o de los servicios de inversión. En segundo lugar, debe desarrollar una actividad predominantemente financiera. Por último, la actividad intersectorial, esto es, de banca--valores por un lado y de seguros por otro, debe ser significativa. Si les parece a sus señorías, veamos por separado estas tres notas características.
Un conglomerado financiero es, ante todo, un grupo económico en el que al menos una entidad pertenezca al sector seguros y al menos otra al sector bancario o a los servicios de inversión. Por lo tanto, como cuestión previa, debe concretarse el significado de grupo a efectos de la nueva normativa.
En este sentido, se entiende que pertenecen al mismo grupo las entidades que o bien constituyen una unidad de decisión en los términos establecidos por nuestra legislación --Ley del Mercado de Valores o Código de Comercio, en su artículo 42--, o bien mantienen una participación que cree una vinculación duradera, la cual se presume cuando se posea al menos el 20 por ciento del capital o de los derechos de voto.
Debo destacar que esta definición de grupo económico se realiza a efectos de la aplicación de la normativa de conglomerados financieros, de acuerdo con la directiva. Este grupo económico es más amplio que el que se define por el Código de Comercio a efectos de la consolidación contable, que, como es bien sabido, solo tiene en cuenta las relaciones matriz-filial.
La segunda característica que se exige para que estemos ante un conglomerado financiero es que la actividad del grupo sea predominantemente financiera, como he dicho, ya que solo es en este caso cuando se presentarán los riesgos que justifican el establecimiento de una supervisión adicional. Se entiende que la actividad de un grupo es predominantemente financiera cuando se cumplen dos supuestos: en primer lugar, cuando la entidad dominante del grupo sea una entidad regulada, es decir, una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión, una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, una entidad gestora de fondos de pensiones o una entidad aseguradora; en segundo lugar, en el caso de que la entidad dominante no sea una entidad regulada, se exige que el cociente entre el balance total de las entidades del sector financiero, sean reguladas o no, y el balance total del grupo sea superior al 40 por ciento, aunque se establecen posibles excepciones a este criterio. En este segundo caso se exige además que al menos una de las filiales del grupo sea una entidad regulada.
La tercera y última característica definitoria de los conglomerados financieros es que tanto la actividad aseguradora, por un lado, como la actividad de banca de valores, por otro, sean significativas. Debo remarcar que a estos efectos se agrupan en una sola las actividades bancarias y de servicios de inversión y se exige que tanto esta actividad agrupada de banca de valores como la actividad aseguradora sean significativas.
Para la verificación de este requisito se ha establecido una fórmula compleja, que tiene en cuenta la relación entre el balance y los requisitos de solvencia de cada uno de los dos sectores con la del total del sector financiero. Si esta relación es superior al 10 por ciento para cada uno de los sectores, se considera que la actividad intersectorial es significativa.
Ahora bien, este requisito por sí solo no tendría en cuenta el riesgo sistémico, puesto que la aparición de los riesgos puede responder a la propia dimensión del negocio, sin necesidad de ponerla en relación con el resto de la actividad financiera. Así, una entidad de escasa relevancia en el contexto de un grupo, sin embargo, podría gozar de una gran importancia en el contexto de un mercado, con capacidad suficiente para desestabilizarlo.
Es por ello que la directiva incluyó la siguiente regla: cuando el sector financiero más pequeño --es decir, bien sea el de banca de valores, bien sea el de seguros-- presente un balance total --en este sentido, parcial, pero total en la actividad-- superior a los 6.000 millones de euros, se considera que su actividad también es significativa.
Existe una serie de previsiones complementarias que tratan de ofrecer a los supervisores un margen de flexibilidad
suficiente, que no voy a enumerar, si les parece bien, por razones de tiempo.
No obstante, en este punto me gustaría hacer un inciso para exponer cómo se encaja la normativa sobre conglomerados financieros con la de los grupos mixtos no consolidables ya presente en la legislación española.
Como he destacado antes, en España se viene aplicando desde el año 1992 un régimen de supervisión a grupos que en lo sustancial vienen a ser conglomerados financieros por presentar la nota básica de actividad intersectorial heterogénea. Además, casi todos los grupos financieros españoles de importancia son grupos mixtos no consolidables, por lo que están sometidos a esta supervisión específica.
Ahora bien, de aplicarse a estos grupos el requisito de diversificación sectorial en los términos definidos por la directiva, ya sea mediante el umbral del 10 por ciento, ya sea mediante el umbral de los 6.000 millones de euros, la mayoría de estos grupos mixtos no consolidables españoles no podrían ser considerados conglomerados financieros desde la perspectiva de la directiva dado el reducido peso relativo del sector asegurador en el conjunto de nuestro sistema financiero y en el conjunto de la actividad de estos actuales grupos mixtos no consolidables.
La consecuencia inmediata de este hecho es que casi 30 grupos financieros españoles pasarían a quedar desprovistos de un nivel de supervisión prudencial que viene funcionando, en nuestra opinión, de modo satisfactorio durante los últimos años.
Para superar esta dificultad y de acuerdo con el criterio del Consejo de Estado, se ha establecido la posibilidad de que el Gobierno aplique todos o algunos de los aspectos de la supervisión adicional a aquellos grupos que no tengan una actividad intersectorial significativa. De esta forma, se podrá mantener un esquema de supervisión para los que hoy día son grupos mixtos no consolidables pero que no son conglomerados financieros por no cumplir los umbrales del 10 por ciento o de los 6.000 millones de euros.
Una vez delimitado el concepto de conglomerado financiero, voy a referirme a los elementos de esta supervisión adicional, que son fundamentalmente cuatro: primero, la adecuación de capital; en segundo lugar, la concentración de riesgos; en tercer lugar, las operaciones intragrupo y, finalmente, los mecanismos de control interno y sistemas de gestión de riesgo.
Respecto a la adecuación del capital, debe recordarse que las legislaciones sectoriales determinan el volumen mínimo de recursos propios del que deben disponer las entidades financieras en función de su actividad, así como los elementos de los recursos que resultan admisibles a estos efectos.
La normativa en proyecto que estamos examinando requiere además que se disponga de fondos propios suficientes a nivel del conglomerado financiero, al objeto de evitar el doble cómputo del capital dentro del mismo. Para ello, se establecen tres métodos alternativos, que conducen a resultados similares, y se admite también cualquier combinación de los mismos. La determinación de los requerimientos exigibles se realiza mediante la aplicación de las reglas sectoriales a las entidades reguladas del conglomerado financiero.
El segundo elemento de supervisión adicional se refiere a la concentración de riesgos. Se entiende por concentración de riesgos cualquier exposición que pueda dar lugar a pérdidas soportadas por las entidades de un conglomerado financiero y que tenga importancia suficiente para comprometer la solvencia o la situación financiera de las entidades reguladas del grupo. Estas exposiciones pueden derivarse de riesgos de crédito, riesgos de inversión, riesgos de seguro, riesgos de mercado, etcétera, o de una combinación múltiple de todos ellos.
Dado que aún no existe una doctrina completa en esta materia, la directiva presenta unos objetivos relativamente modestos, que se fundamentan en dos pilares: en primer lugar, el pilar informativo, es decir, la obligación por parte de los conglomerados de informar al supervisor de cualquier concentración de riesgo significativa, si bien no se define cuándo nos encontramos ante una concentración de riesgos significativa; en segundo lugar, la directiva permite que los Estados miembros establezcan límites cuantitativos y requisitos cualitativos a las concentraciones de riesgos, lo que en nuestro ordenamiento se hará por la vía reglamentaria.
El tercer elemento de supervisión adicional se refiere a las operaciones intragrupo. Como conocen sus señorías, se consideran operaciones intragrupo aquellas que relacionan directa o indirectamente para el cumplimiento de una obligación a las entidades de un conglomerado financiero entre sí o con cualquier persona física o jurídica estrechamente vinculada.
En este caso, el esquema regulador es muy semejante al anterior. Se establece la obligación de informar al supervisor de las operaciones intragrupo significativas y se habilita al Gobierno para fijar límites cuantitativos o requisitos cualitativos, como, por ejemplo, el establecimiento de políticas específicas de control interno.
El último elemento de la supervisión adicional son los mecanismos de control interno y los sistemas de gestión de riesgos. De acuerdo con la directiva, el control interno debe incluir, por una parte, mecanismos relativos a la adecuación del capital que permitan identificar y calcular los riesgos asumidos y establecer una relación entre estos y los recursos propios de las entidades. Por otra parte, deben establecerse procedimientos adecuados de información y contabilidad que permitan identificar y controlar las operaciones intragrupo y las concentraciones de riesgo.
En cuanto a los sistemas de gestión de riesgos, según la directiva, incluirán, en primer lugar, una dirección y gestión sanas que aseguren una revisión periódica de las estrategias y tácticas seguidas en materia de riesgos. En segundo lugar, unas políticas de adecuación de capital que delimiten el impacto de las estrategias comerciales sobre la gestión del riesgo y los recursos propios exigibles y, finalmente, unos procedimientos que garanticen una perfecta integración de los sistemas de control de riesgos en la organización.
El último aspecto al que me gustaría referirme en esta comparecencia es el relativo a las autoridades que deben
ejercer la supervisión. En la supervisión de un conglomerado financiero pueden concurrir una pluralidad de autoridades supervisoras, más aún si el conglomerado financiero desarrolla su actividad en varios Estados miembros de la Unión Europea. Por ello, es necesario regular la figura del coordinador, que será la autoridad responsable de la coordinación y del ejercicio de la supervisión adicional.
En el caso de que la entidad dominante del conglomerado financiero sea una entidad regulada, el coordinador será la autoridad a quien corresponda la supervisión de esta entidad. En caso contrario, se establecen varios criterios que, en definitiva, pretenden que la función de coordinación o de coordinador sea ejercida por aquella autoridad encargada de supervisar la entidad más importante del grupo.
Otro aspecto fundamental en el ejercicio de la supervisión viene determinado por la necesidad de reforzar la cooperación entre todos los supervisores de un conglomerado financiero. Este deber general de cooperación se concreta en el intercambio de información entre autoridades y en el deber de consulta entre autoridades antes de autorizar cambios accionariales u organizativos o antes de adoptar medidas excepcionales o de imponer sanciones.
En el caso de conglomerados financieros cuya empresa matriz radique fuera de la Unión Europea se prevé la posibilidad de eximir a estos conglomerados siempre que en el país de origen exista un régimen de supervisión adicional equivalente al nuestro. Para determinar la posibilidad de equivalencia --y concluyo-- la directiva crea un Comité de Conglomerados Financieros en el que estarán presentes los Estados miembros de la Unión Europea. Si se determina la no equivalencia será entonces aplicable un régimen de supervisión análogo al previsto por la propio directiva.
Nada más y muchas gracias, señor presidente, señorías. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición.
Tiene la palabra el senador Sánchez-Simón, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor SANCHEZ-SIMON MUÑOZ: Muy buenos días.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor secretario de Estado de Economía y agradecer también las palabras con las que nos ha explicado el proyecto de ley de conglomerados financieros, porque ha sido lo suficientemente pedagógico a la hora de explicar cada uno de los objetivos que persigue esta norma.
Nosotros pedimos esta comparecencia en el mes de octubre cuando tuvo entrada este proyecto de ley y por una serie de razones que voy a señalar brevemente. En primer lugar, nos sorprendió el proyecto de ley porque se trataba de la transposición inmediata de una serie de directivas, transposición que no requería una especial urgencia, pues el proyecto de ley es una copia casi literal, mejor dicho, del contenido de la última de ellas.
En ese sentido nos extrañaba mucho de que muy al comienzo de legislatura se estuviesen tomando decisiones en esta materia, pues el contenido del mismo no aportaba excesivas novedades a nuestro sistema jurídico. Me explico. En esta ley ya se reconoce que partimos de una situación no excesivamente complicada. Tenemos una situación de consolidación de grupos no consolidables o una cuasi consolidación de grupos no consolidables, como muy bien ha explicado el secretario de Estado.
La ley no recoge los criterios específicos de control. Lo único que recoge como criterio específico de control es la figura del coordinador, una figura importante, pero no recoge criterios específicos de control, sino --como muy bien ha dicho el secretario de Estado de Economía y me gustaría que en su segunda intervención profundizase en ello-- que el Reglamento es el que establecerá los requisitos cualitativos y cuantitativos a que hace referencia el proyecto de ley.
El proyecto de ley recoge una serie de deficiencias importantes, es decir, es un proyecto de ley hecho deprisa y corriendo. Muchas enmiendas que se han presentado en el Congreso de los Diputados lo han confirmado.
Son enmiendas que tratan de hacer correcciones estrictamente no digamos técnicas, sino en algunos casos hasta gramaticales de las que se recogen en ese proyecto de ley. Para eso están las Cámaras legislativas evidentemente. Pero es un proyecto de ley en el que nosotros imaginábamos que había gato encerrado. Y ese gato encerrado no podía ser otro que el que fuese un proyecto de ley percha, es decir, que de este proyecto de ley se colgase alguna norma que en el desarrollo del debate parlamentario tendríamos que encontrarla.
Al principio las posibilidades que había podrían ser dos o incluso tres.
Una primera, la necesidad vital que tenía el Partido Socialista y que tenía el Gobierno de la nación de intervenir en la economía a través de la intervención en determinado tipo de empresas. Esa intervención se iba a tener que traducir en una serie de elementos adicionales que no estaban específicamente señalados en las directivas comunitarias, sino que mediante la aplicación de las directivas comunitarias algo iba a ocurrir.
Además, el propio proyecto lo prevé desde el momento en que no establece las medidas concretas. Lo deja --como señalé antes-- a lo que establezca el Reglamento.
En segundo lugar, ¿qué es lo que podía señalarse? Pues que a través del proyecto de ley y de alguna disposición adicional se estableciese algún tipo de mecanismo que propiciase algún sistema de previsión de sustituciones de determinados cargos en nuestro sistema financiero. No se establecía en ese momento nada, con lo cual nada había que hacer, pero estaba la sospecha, esos famosos diez negritos de los que se hablaba por ahí; por algún sitio tendría que aparecer Agatha Christie recogiendo a alguno de ellos.
La tercera de las sospechas se ha confirmado en las enmiendas presentadas por el propio Partido Socialista, por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, respecto de la modificación de las cajas de ahorro. Sabíamos que tenía que haber algo y ahí estaba. El proyecto de ley se utiliza para reforzar o incrementar control en las cajas de ahorros cuya fundación haya sido promovida por la Iglesia Católica y, en concreto, lo que se perseguía
y lo que se persigue es el control de las cajas de ahorro de Andalucía.
Eso pretenden las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados.
En ese sentido, aparte de explicar de primerísima mano el significado que tenía este proyecto de ley y que brillantemente lo ha puesto de manifiesto el secretario de Estado, sí nos interesaba saber qué medidas se iban a colgar en esta percha que era el proyecto de ley.
El desarrollo de los acontecimientos temporales, fundamentalmente las dificultades a la hora de plantearse el calendario cuando estaba realizándose el debate presupuestario en el Congreso de los Diputados y en el Senado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado han ocasionado el retraso necesario de esta comparecencia. Pero ahora ya tenemos esos elementos confirmados --como digo-- en las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados.
En ese sentido, me ratifico en lo que preveía en la comparecencia. Le agradezco muchísimo --y se lo digo sinceramente-- que nos haya dicho cuáles son los distintos elementos que persigue este proyecto de ley, pues lo ha explicado usted con gran claridad, pero todavía no sabemos cuáles son esas medidas concretas que el Gobierno está barajando algunas de las cuales previsiblemente tendrían que haber estado incorporadas a la ley. La ley no establece ni siquiera un marco, sino una previsión de actuación por parte del Gobierno en algo tan importante como las actividades mixtas, pero todas ellas dentro del sistema financiero. Son pocas las empresas que actúan en el sistema financiero español en las tres actividades como conglomerado financiero: seguros, valores y banca.
En muchas de ellas no sería en principio de aplicación la directiva, y con esta ley sí lo va a ser, como usted muy bien ha explicado. Por otra parte, se requiere la máxima transparencia por parte del Gobierno para saber cuáles son las medidas concretas que se le van a dispensar.
Señoría, le agradezco sus comentarios, aunque lamentablemente no puedo estar de acuerdo con todos ellos.
Voy a intentar responder a sus preguntas. Desde una perspectiva general, ha formulado cuatro comentarios. El primero se refiere a la rapidez con la que hemos abordado este proyecto y he de decirle, señoría, que ésta es simplemente la consecuencia de que el plazo de transposición que establece la directiva en su artículo 32 finalizaba el 11 de agosto de 2004. Desde nuestra llegada al Gobierno nos encontramos con la necesidad de acelerar la tramitación de este proyecto entre otras razones porque, como ya he comentado, la entrada en vigor se establecía para los ejercicios que comenzasen en el año 2005. Por tanto, es bastante razonable que hayamos intentado abordar esta cuestión tan pronto como fuera posible.
No tengo excusa para justificar errores gramaticales que pudieran aparecer en el proyecto presentado por la Secretaría de Estado de Economía. Voy a intentar que no vuelva a ocurrir, aunque me temo que es algo que nunca se puede prometer. Es, sin duda, un aspecto mejorable, y si desde la perspectiva de la técnica jurídica hay aspectos mejorables, bienvenida sea la contribución de las dos Cámaras que, como usted mismo ha dicho, también están para esto.
En cuanto a las medidas concretas en el Reglamento que deberían figurar en la ley, supongo que es una discusión que se ha producido y que se producirá en la elaboración de cada ley. Nosotros tenemos el firme convencimiento de que hemos respetado escrupulosamente aquello que debería figurar en la ley, y que respetaremos, con la máxima transparencia e información en el momento de su discusión, las materias incluidas en el Reglamento, entre otras cosas, porque, como he intentado explicar en mi exposición, la legislación española en esta materia, si me permiten la expresión, estaba avanzada a la directiva que estamos transponiendo y, por tanto, con esta ley de conglomerados financieros estamos intentando combinar la transposición de esta directiva y su encaje en el sistema que teníamos en nuestro país, insisto, más avanzado, sin rebajar los niveles de supervisión que, gracias a todos, a los supervisores, a los reguladores, al Congreso, al Senado, etcétera, han dado razonablemente buenos resultados durante tantos años en materia de regulación y supervisión, tanto en empresas de servicios de inversión, como en banca o empresas de seguros.
Finalmente, usted identifica la verdadera razón por la cual impulsamos este proyecto de ley, que no es ni más ni menos que la sustitución de determinados cargos en el sistema financiero; se ha referido usted a los diez negritos, no es este el momento, pero me gustaría hablar con usted y que me explicara exactamente quiénes son, porque es la primera vez que oigo esta expresión, aunque no digo que no sea acertada desde la perspectiva de la esgrima política.
No puedo estar más en contra de esta afirmación entre otras cosas porque, insisto, por un lado, en cuanto al calendario establecido, la presentación de esta iniciativa legislativa se justifica plenamente y, por otro, el ajuste en el marco del sistema establecido en nuestro país es fácil, si me permiten la expresión, o que puede llevarse a cabo de una manera razonablemente tranquila dado los altos estándares de los que disponemos en materia de supervisión en el sector financiero en España.
Presentar un proyecto de ley simplemente para que un grupo parlamentario pueda tener una iniciativa con la presentación de una o dos enmiendas para conseguir algo que, por otra parte, parece razonable, como es tratar a todos los que son iguales por igual, no es un actuación propia de este Gobierno y, por tanto, no puedo estar más que en desacuerdo con esta afirmación.
El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces.
Voy a intervenir simplemente para dar las gracias y la bienvenida al señor secretario de Estado de Economía a esta comisión. Hoy tenemos algo más de tiempo porque en su anterior comparecencia hubo bastante precipitación por las circunstancias que todos recordamos. Quiero agradecerle su esfuerzo para comparecer en estas fechas, antes de finalizar el año, para dar cumplimiento a las diferentes demandas planteadas.
Su exposición sobre los conglomerados financieros nos ha parecido correcta. Estamos en gran parte de acuerdo con lo que ustedes proponen en este proyecto de ley y, aunque algo tendremos que decir en su momento en aspectos puntuales referidos a las entidades financieras, bancos, cajas de ahorros, a las aseguradoras y a los mercados de valores, consideramos muy oportuno el proyecto y, en consecuencia, en líneas generales, contarán con nuestra colaboración para que el mismo sea adecuado.
Nada más e insisto en agradecerle su presencia. Muchas gracias.
¿Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Gastón.
La señora GASTON MENAL: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario permítanme agradecer al señor secretario de Estado su presencia en esta comisión y además, la claridad en la exposición del texto legislativo.
Primero, quiero remarcar, como muy bien ha dicho el señor Vegara, que este proyecto de ley no es más que la transposición de una directiva comunitaria, concretamente la 2002/87, de 16 de diciembre de 2002, y dada la exhaustiva explicación a la que hemos asistido por parte del señor Vegara, me voy a limitar en mi intervención a resaltar aquello que nuestro grupo considera lo fundamental de la aprobación de este proyecto de ley.
Podría resumirlo en dos puntos: en primer lugar, la necesidad de prevención, y, en segundo lugar, la necesidad de adaptación. Nos ha explicado muy bien todos los antecedes de este proyecto de ley y nosotros consideramos que la verdadera importancia del mismo radica en el contexto en el cual nos situamos, y me refiero tanto al contexto temporal como al de pertenencia a la Unión Europea y la modernización legislativa que ello conlleva.
Respecto al contexto temporal, tal y como nos ha explicado el señor secretario de Estado, la propia dinámica evolutiva de las entidades financieras ha desembocado en una realidad muy compleja; han surgido unos grupos con una composición que abarca el ámbito bancario, el ámbito de inversión o de valores y de seguros; composición que, si bien es beneficiosa a estos grupos, como muy bien ha dicho el señor Vegara, por aprovechar economías de escala, por compensar reducción de márgenes de intermediación o por potenciar negocios que les puedan favorecer un mayor valor añadido y una mayor demanda potencial, lo que provocan es aumentar la demanda comunitaria y hacer necesario el tratamiento de forma separada de las distintas actividades, abarcando la regulación contable y también la supervisión.
La justificación o la necesidad de prevención, como también ha explicado el señor secretario de Estado, consiste en reducir al máximo la probabilidad de un fallo sistémico, que una serie de incumplimientos por parte de estas entidades afectase al sistema monetario, a la oferta crediticia y a los sistemas de pagos.
--Nuestro grupo considera que en este punto radica lo verdaderamente importante en la aprobación de este proyecto legislativo, este primer objetivo del proyecto de ley, añadido a la alineación de la normativa con la normativa comunitaria, la necesidad de adaptación, como he dicho en un primer momento.
Igualmente, si bien esa transposición de la directiva comunitaria, como muy bien ha explicado, tiene sus antecedentes en el año 1992, el Gobierno de aquel momento ya aprobó una serie de normativas, que dotaban de mayores instrumentos de control a las instituciones y las autoridades financieras de supervisión. Así, se aprobaron en su momento unas normas de vigilancia específicas aplicables a lo que en su día se denominaron grupos mixtos no consolidables que no son, ni más ni menos, que el antecedente de los actuales conglomerados financieros. Esto enmarca el objeto de la ley, como viene recogido en su artículo 1º y, sin discusión, consideramos que este punto es el relevante.
Quisiera también hacer referencia al título del propio proyecto de ley, en el que si bien la parte precedente es la relevante, no debemos olvidarnos de la coletilla que viene y que reza literalmente: por la que se modifican otras leyes del sector financiero. Consideramos que para conseguir aquello que pretendemos es inevitable --de lo contrario sería imposible conseguirlo-- la modificación de normativas afectas.
El resto del texto, como muy bien ha expuesto el señor Vegara, viene simplemente a desarrollar la consecución de este objetivo; insisto, lo verdaderamente importante para nosotros. Podría esquematizarlo en cuatro puntos muy breves: el primero, la definición de conglomerado financiero o el ámbito de aplicación de la ley; la distribución de competencias entre supervisores con la creación de la figura del coordinador; la relación del conjunto de elementos de supervisión adicional --que muy bien nos ha explicado el señor Vegara--, y el régimen al que han de someterse las entidades españolas cuya matriz se sitúa en un Estado no comunitario y que formen con ella un conglomerado financiero. Debo destacar también, como ya ha sido citado, que en su artículo quinto viene regulada la cooperación entre las autoridades competentes y también define las potestades establecidas en la regulación.
Debo indicar que desde nuestro grupo valoramos muy positivamente la importancia que se le da a este proyecto de ley, a esta transposición de una directiva, importancia sobre todo avalada por la solicitud de comparecencia del señor secretario de Estado.
Para finalizar, y de forma muy breve, me gustaría, más que hacer un breve comentario, simplemente explicar la pretensión que como grupo parlamentario teníamos al presentar y defender una serie de enmiendas que han sido objeto de alusión por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular que me ha precedido en el uso de la palabra. Me explicaré.
El pasado día 15, en la Comisión del Congreso tuvo lugar el debate de la defensa de enmiendas de este proyecto de ley. Algunas de ellas, como bien ha señalado el señor Sánchez-Simón, en su opinión eran simplemente correcciones gramaticales; otras son mejoras técnicas que consideramos que contribuyen al mayor entendimiento del proyecto legislativo.
La enmienda más conflictiva, según el Grupo Parlamentario Popular, es de adición, añade una segunda disposición adicional. Como muy bien ha señalado, se refiere a las cajas denominadas de fundación eclesiástica.
Como he indicado al comienzo de mi intervención, simplemente pretendo explicar la pretensión que teníamos como grupo parlamentario con la presentación de esta enmienda. Pretendemos con ella responder a una singularidad de régimen jurídico de las comunidades autónomas que inexplicablemente, a nuestro entender, bajo el Gobierno del Partido Popular se introdujo en la Ley 44/2002, de fecha 22 de noviembre, por la que se eximía a unas determinadas cajas de lo que era la legislación general en cuanto a las competencias transferidas a las comunidades autónomas, algo que no tenía mucho sentido. Sin embargo, desde nuestro grupo consideramos que esta enmienda, como bien ha señalado el señor secretario de Estado, es un asunto menor; lo verdaderamente importante es la aprobación del conjunto del proyecto de ley. En todo caso, consideramos que la importancia es para las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia.
Una segunda pretensión en la defensa de estas enmiendas es la homologación de todas las cajas en los ámbitos en los que hay competencias, pero cabe señalar que en absoluto se altera el carácter específico de los representantes de las entidades fundadoras. No es entendible para nosotros en este momento --como no lo fue en el momento de la aprobación de la ley anteriormente citada-- que en una comunidad autónoma sea una caja la que decida quién es el órgano supervisor. Por lo tanto, la enmienda presentada y aprobada en la Comisión de Economía lo único que pretendía era restablecer el esquema competencial vigente con anterioridad a la citada Ley 44/2002.
Para finalizar, debo insistir en que para nosotros este asunto, al que ustedes le dan tanta importancia --lo digo tanto por las palabras que he escuchado del señor portavoz Sánchez-Simón como por lo que he leído en el propio «Diario de Sesiones» de la Comisión del Congreso--, es un asunto menor, y lo realmente importante para nuestro grupo --pese a que los antecedentes legislativos en nuestro país se acercaban mucho a lo que comprende el desarrollo de la directiva comunitaria--, lo importante, como digo, es que los conglomerados financieros tengan una supervisión adecuada para evitar problemas muy graves que nos ha dado tanto la experiencia internacional como la propia experiencia española.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Sánchez-Simón.
El señor SANCHEZ-SIMON MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a mencionar dos cuestiones muy breves que para mí concretamente son bastante importantes. En primer lugar, señor secretario de Estado, le agradecería que después de estas intervenciones nos indicase cuáles son las medidas concretas de supervisión adicional, porque el motivo de la comparecencia era conocer las medidas concretas, ya que no se especificaban en el proyecto de ley, y siguen sin estar claras después de salir del Congreso de los Diputados y no las ha expresado. Ha afirmado que el Gobierno las aprobará en el reglamento, pero quisiéramos tener un anuncio, pues se trataba de esto.
En segundo lugar, en cuanto a los temas menores, voy a hacer una pequeña reflexión e intentaré ser muy breve. Este proyecto de ley es un proyecto bastante vacío; efectivamente, recoge la transposición de una directiva comunitaria a una situación como es la española en la que teníamos ya nuestros propios mecanismos de supervisión adicional. La única novedad real que recoge es la figura del coordinador, porque el resto, tal y como era el proyecto de ley, no aporta nada nuevo, salvo la posibilidad de que el Gobierno haga lo que estime oportuno, porque va a tener un ámbito normativo lo suficientemente vago como para establecer esas medidas concretas de supervisión adicional.
Por otra parte, no es que sea una insistencia nuestra o una consideración nuestra acerca de lo mayor o lo menor. Lo que sí está claro es que la principal enmienda que introduce el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados es precisamente modificar la normativa legalmente vigente para establecer la posibilidad de que la Junta de Andalucía establezca un control pleno acerca de una determinada caja andaluza. Será un tema menor o mayor, pero es la principal enmienda que se introduce. La cuestión no es que estemos hablando acerca de las medidas concretas de supervisión adicional --que nada ha dicho el señor secretario de Estado sobre esta cuestión--, ni acerca de si la transposición de la normativa se tendría que haber producido en 2004 o no. Lo que está claro es que esta ley se ha utilizado claramente como una percha: y es el control que quiere ejercer el Partido Socialista a través de la Junta Andalucía sobre una determinada entidad financiera de la forma más meridiana, de la forma más --quisiera encontrar la palabra adecuada y quiero ser también cortés con todos los presentes-- decidida, de forma absolutamente eufemística, acerca de lo que era una pretensión de determinados miembros del actual Gobierno
que fueron miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que querían que su primera intervención en el Gobierno fuese precisamente someter al control a las cajas de ahorros andaluzas, y lo van a conseguir; lo conseguirán pero con publicidad, lo conseguirán con una aclaración específica de cuáles son los fines que persiguen y lo conseguirán con el control por parte de este grupo parlamentario --como lo ha hecho en el Congreso de los Diputados-- acerca de cuáles son los verdaderos fines que se persiguen.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Vegara Figueras): Les doy las gracias por sus intervenciones.
Intentaré responder a su señoría sobre las medidas concretas de supervisión adicional. Efectivamente, se prevé, como no puede ser de otra forma, que en el marco del desarrollo reglamentario se determine la utilización de parámetros de estructura de ingresos y actividades fuera de balance para completar o sustituir en el balance total o en la definición de conglomerado financiero; criterios para determinar las entidades financieras que deben incluirse para calcular la adecuación de capital; el establecimiento de límites cuantitativos y requisitos para las concentraciones de riesgos y para las operaciones intragrupo, etcétera. Esta es precisamente la materia que estamos abordando con el desarrollo del borrador de reglamento, y no se preocupe su señoría que va a estar en información pública cuando tenga que estarlo y va a haber el tiempo suficiente. Ahora bien, la intención no es tanto la de establecer mecanismos de supervisión adicional --entiendo que usted subraya la palabra adicional con mucha vehemencia--, sino fundamentalmente encajar la normativa que hasta ahora tenemos en nuestro país con la nueva directiva. Ese es el objetivo fundamental de la ley y, por tanto, será objeto fundamental de su reglamento, como no puede ser de otra manera, porque partimos de un diagnóstico que creo que es correcto, y es que el fundamento de estas medidas de superficie de los grupos mixtos no consolidables ha sido satisfactorio y, por tanto, no se trata tanto de cambiarlas, sino de adecuar, insisto, los conglomerados financieros en el marco de estos grupos mixtos no consolidables o viceversa.
Su insistencia en el tema de una caja de ahorros andaluza encontrará en mí la misma respuesta, y es que si usted afirma que este es el principal objeto de la iniciativa legislativa, yo lo niego porque, por un lado, no tendría mucho sentido y, por otro, es una enmienda que también podría haberse puesto en otras iniciativas legislativas. Por tanto, no puede determinarse una relación causa-efecto en este sentido, entre otras cosas porque no la hay.
CONTESTACION DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--DE DON JAVIER SANCHEZ-SIMON MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR:
SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ALCANZAR LAS PREVISIONES MACROECONOMICAS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005 CON RESPECTO AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD POR OCUPADO (681/000040).
SOBRE LAS PREVISIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005 CON RESPECTO AL PRECIO DEL BARRIL DE PETROLEO (681/000041).
SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ALCANZAR LAS PREVISIONES MACROECONOMICAS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005 CON RESPECTO DEL INCREMENTO DE INVERSIONES EN BIENES DE EQUIPO (680/000042).
SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ALCANZAR LAS PREVISIONES MACROECONOMICAS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005 CON RESPECTO AL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES EN EL AÑO 2004 (680/000142).
El señor PRESIDENTE: Continuamos esta sesión con una serie de preguntas.
Les pido a sus señorías que me ayuden a poder satisfacerlas en media hora, si es posible, porque luego tenemos la reunión de ponencia y, como saben sus señorías, a las doce tenemos que tratar otro tema que interesa al señor secretario de Estado, que es el proyecto de ley de tasas.
Hay cuatro preguntas del senador Sánchez-Simón, y entiendo que se podrían acumular porque hacen referencia a elementos que prefiguran el cuadro macroeconómico de los presupuestos. (El señor Sánchez-Simón Muñoz hace gestos afirmativos.) Estas preguntas se presentaron antes de la discusión del proyecto de ley de presupuestos en el Senado y, por eficacia parlamentaria, creímos que se podían tratar en el debate de presupuestos, pero independientemente del debate de los mismos. No fue posible y, por lo tanto, están vigentes para su tratamiento.
Tiene la palabra el señor Sánchez-Simón.
El señor SANCHEZ-SIMON MUÑOZ: Estimo muy razonable la consideración de la Presidencia y, aunque sea
estrictamente formal, voy a exponer cuáles son esas cuatro preguntas.
En primer lugar, le pregunto sobre las medidas previstas por el Gobierno para alcanzar las previsiones macroeconómicas para el año 2005 con respecto al incremento de la productividad por ocupado; en segundo lugar, sobre las medidas previstas para incrementar las inversiones en bienes de equipo; en tercer lugar, sobre las medidas previstas para incrementar las exportaciones en el año 2005 como elemento macroeconómico considerado en la memoria del proyecto de ley, y en cuarto lugar, le formulo otra pregunta no tanto sobre las previsiones, porque están recogidas, sino sobre las consecuencias de la modificación de la previsión contenida en la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 respecto al precio del barril de petróleo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Vegara Figueras): Gracias, señor presidente.
No quiero reinterpretar o interpretar su pregunta, por lo que intentaré responder concretamente a lo formulado, pero entiendo que detrás de las preguntas, o muy en paralelo, hay algo así como verosimilitud de las hipótesis en términos de crecimiento de las distintas variables macroeconómicas en los Presupuestos Generales del Estado.
En este contexto, querría empezar recordando algo que es bastante obvio, evidente y conocido, y es que la formulación o establecimiento del llamado escenario o cuadro macroeconómico que sustenta las proyecciones presupuestarias de cada año, en particular de este año 2004 referido a los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, se elabora alrededor del mes de junio. En el mes de junio disponemos de información relativa al primer trimestre, en términos de contabilidad nacional, aparte, obviamente, de alguna información adicional de carácter mensual, como pueden ser afiliaciones a la Seguridad Social, etcétera.
En este marco, nuestra previsión de crecimiento de la economía española para el año 2005, a las alturas de junio del año 2004, como he dicho, se estimaba en un crecimiento para el mismo año 2004 del 2,8 por ciento y del 3 por ciento en el año 2005. A estas alturas, diciembre del año 2004, es evidente que disponemos de bastante más información, en particular dos trimestres completos más de contabilidad nacional, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y, por tanto, la mitad de todo un año más de información de lo que disponíamos en el momento de elaboración de los presupuestos o, al menos, del cuadro macroeconómico que sustenta los Presupuestos Generales del Estado.
En el contexto actual, con los datos ya conocidos y con toda la información que de forma permanente se va publicando, tenemos una visión bastante precisa del año 2004, como no podía ser de otra forma.
Por un lado tenemos que, respecto a la visión que se tenía en junio, el consumo final nacional, tanto en hogares como en administraciones públicas, está creciendo a tasas muy parecidas. Establecíamos una previsión del 3,4 por ciento, y posiblemente quizá termine una décima por encima. En segundo lugar, hay que destacar que la formación bruta de capital que estimábamos que podía tener un crecimiento del 3,8 por ciento en el año 2004, posiblemente va a terminar más cerca del 5 por ciento gracias, en buena medida --e intentaré responder simultáneamente a una de las preguntas concretas que me ha formulado--, a la inversión en bienes de equipo y otros productos. La inversión en bienes de equipo, en la contabilidad nacional del tercer trimestre, saben ustedes que estaba expandiéndose a una tasa interanual del 9,8 por ciento, después de tres años de un comportamiento muy discreto y de incluso crecimientos interanuales negativos en el primer trimestre del año, --0,4 ó 4 por ciento a 9,8 por ciento--, lo que nos da una cierta confianza para una expansión notable de la inversión en bienes de equipo en el próximo año y, desde una perspectiva más general, tener cierta confianza, que no seguridad, en que la economía española va a tener en el año 2005 un mejor comportamiento que en el año 2004, fundamentalmente porque sería algo sorprendente una desaceleración de la economía española en un contexto de aceleración de la inversión en bienes de equipo. Eso no es algo que suela observarse; no digo que sea imposible, pero sería francamente sorprendente.
En este contexto, la demanda interna posiblemente cerrará el año 2004 más cerca del 4 por ciento que del 3,5 previsto en el escenario macroeconómico y, por tanto, con un crecimiento más que notable de la demanda interna y de lo que eso significa en términos de confianza de las familias españolas, de los empresarios en materia de inversión, a la que ya me he referido, etcétera. Ciertamente este mejor comportamiento de la demanda interna viene compensado por un comportamiento algo más expansivo de la contribución negativa del sector exterior, lo que posiblemente haga que el dato de crecimiento que se publicará a lo largo de los primeros meses del 2005 esté más cerca del 2,6 por ciento que del 2,8 por ciento estimado a principios de año. Esto es así, y el vicepresidente segundo y ministro de Economía del Gobierno ha anunciado ya, en la actualización del programa de estabilidad que debemos presentar la próxima semana en Bruselas, que la tasa de crecimiento prevista para la economía española en el año 2005 será del 2,9 por ciento.
Es cierto que este 2,9 por ciento se produce en el contexto de un incremento muy significativo de los precios del crudo. Como sus señorías saben, las actualizaciones de los programas de estabilidad se realizan sobre la base de unos predeterminados supuestos comunes que establece la Comisión Europea a la hora de determinar un marco general de previsión del crecimiento de la economía mundial, del tipo de cambio euro--dólar, del precio del crudo, etcétera.
En el marco de actualización del programa de estabilidad que, insisto, estamos cerrando esta semana, las hipótesis del precio del crudo que se exigen incorporar por parte de la Comisión están en los 45 dólares por barril, y con un tipo de cambio del euro de 1,24. Este valor se sitúa significativamente por encima del que teníamos previsto en el escenario que sustentaba a los presupuestos para el 2005, que era de 33,5 dólares.
Ciertamente uno no puede evaluar sólo
el impacto del aumento del crudo y quedarse con un menor crecimiento por culpa del mismo, que es un efecto negativo sobre la economía española --y en esto ya he insistido numerosas veces--, pero obviamente debemos incorporar toda la información que teníamos en junio, es decir, la referida al primer trimestre. Así, la demanda interna es más fuerte, la economía española va mejor de lo que habíamos anticipado desde la perspectiva de esa demanda interna, y aunque quizá el próximo año no lleguemos al 3 por ciento, tenemos un escenario central del 2,9 por ciento.
Y ésta es fundamentalmente, señorías, la descripción general que tenía que hacer.
Tiene la palabra el senador Sánchez-Simón.
Señor secretario de Estado, nos ha dado un dato de previsión que considero bastante malo: el dato del precio del barril de petróleo que se está manejando, que es de 45 dólares por barril con un cambio dólar-euro de 1,24. Así pues, actualizo la pregunta que le hice en su momento, es decir, cómo iba a repercutir eso en nuestra previsión macro-económica.
Aunque siempre es muy agradable oírle hablar, a pesar de que no siempre sea agradable lo que nos cuenta, he de decirle que nosotros no estamos realizando un servicio de estudio de una entidad financiera, sino que estamos aquí para conocer cuáles son las medidas concretas que tiene previsto poner en marcha el Gobierno o conocer hacia qué lado se va a inclinar éste respecto de los elementos que pueden compensar esos datos negativos sobre la prospectiva económica española, y también europea.
Se trata, pues, de saber cómo se van a introducir los elementos necesarios para mejorar la competencia, cómo se va a llevar a cabo la mejora de la competitividad y cómo se van a introducir elementos recuperadores de las previsiones de exportación. Ustedes plantean un saldo negativo entre importaciones y exportaciones, y el dato es que las exportaciones españolas van a crecer de una forma tremenda. Parece que ello se debe en parte a la reducción del tipo de cambio del euro sobre el dólar, pues eso es lo único que puedo deducir de lo que usted ha señalado, pero decía usted también que no se correspondía con las previsiones que tenían en el proyecto de ley de presupuestos.
También ha dicho usted que se van a incrementar la competitividad y la productividad de la economía española aumentado las inversiones en infraestructuras, pero resulta que en la liquidación de presupuestos que se nos facilitó en la comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos la ejecución presupuestaria de 2004 en inversión en capital había experimentado un fuerte frenazo.
En definitiva, señor secretario de Estado, queremos oír cuáles son las líneas claras de actuación que va a tener el Gobierno para resolver los problemas concretos de nuestra economía, las medidas que se ajusten a la realidad económica y a las necesidades de nuestros sectores, porque lo cierto es que vemos en todas sus intervenciones dos cosas importantes. En primer lugar, dentro de esa crítica hacia el pasado reciente y dentro de esa ruptura con él, ustedes se han encargado de introducir medidas, deseos o reflexiones sobre determinados motores que impulsan nuestra economía, como es la construcción, que tratan de perjudicarla, tanto en lo que se refiere a vivienda como a infraestructuras, paralizando, por un lado, la ejecución presupuestaria, y por otro, inquietando al sector con las manifestaciones de la señora ministra de Vivienda, algo que muchas veces ni siquiera consigue porque no se le hace demasiado caso. En segundo lugar, y en materia de mejora de la actividad exterior, poco se hace en cuanto a decisiones económicas, algo que ciertamente también viene condicionado por el tipo de cambio y por otra serie de elementos, pero en lo que se refiere a decisiones políticas, este Gobierno no está mostrando muchos éxitos en materia de política exterior y de apertura de mercado, sino que más bien está consiguiendo que nuestros socios consumidores de productos españoles se pongan en contra de las posiciones políticas españolas o viceversa, y no sé cómo se va a poder recuperar.
Por lo que se refiere al desarrollo de esas medidas que se demandan por parte de todos los foros que analizan las perspectivas y prospectivas económicas españolas, como es el incremento de competencia, el Gobierno va precisamente en el sentido contrario. Así pues, sólo me cabe hacer dos reflexiones: en primer lugar, que en materia presupuestaria ustedes tienen más moral que aquel delantero del Alcoyano, que después de sacar un córner salía corriendo para rematar de cabeza, y en segundo lugar, que tienen o han tenido ustedes falta de credibilidad en lo que se refiere a la discusión de los Presupuestos Generales del Estado, algo que ha tenido una clara traducción en esta Cámara, donde por primera vez en la historia ha salido adelante un veto apoyado por el Grupo Parlamentario Popular, mayoritario en esta Cámara, y por otros grupos parlamentarios que efectuaron reflexiones muy parecidas, en algunos casos, a las que antes he formulado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Vegara Figueras): Señor presidente, señorías, voy a intentar responder a algunas de las cuestiones que se han planteado.
Creo que en mi intervención anterior pude detallar lo que entendemos son los tres pilares de la política económica del Gobierno, y que pasan por la estabilidad presupuestaria, el impulso a la productividad y la transparencia y la calidad del marco regulador. Como ahora repetiría exactamente lo mismo que antes, creo que es mejor ahorrarles el tener que volver a oírlo.
Dice usted que no nos preocupa la competencia. Pues bien, como ya es público, estamos preparando un borrador del libro blanco de defensa de la competencia en España
que va a modificar sustancialmente la articulación de esa materia, en el que se propone, por supuesto, la fusión del servicio de defensa de la competencia y el tribunal, aunque manteniendo la debida separación entre la actividad fiscal y la del juez, y se articula en una nueva ley todo lo que hemos aprendido sobre la defensa de la competencia durante los últimos 15 años en España, desde la ley de 1989, actualmente vigente, incorporando la nueva regulación de Bruselas sobre este ámbito y articulando una mejor relación con las comunidades autónomas, campo en el que todavía tenemos mucho trabajo por delante.
Usted ha manifestado que existe un parón en las infraestructuras. En este sentido, creo que hoy mismo el presidente de Seopan ha afirmado que octubre ha sido un mes buenísimo ya que la actividad en ese sector ha aumentado un 17 por ciento. En cualquier caso, aunque no dispongo en este momento de esos datos, creo que la percepción sobre ese tema no se corresponde con su afirmación. Puede que haya habido una ejecución algo menor, como anticipó el secretario de Estado de Hacienda en el Congreso, si no recuerdo mal, aunque también dijo que en noviembre y diciembre se recuperaría. Por tanto, como un dato no hace serie, como nosotros decimos, no hay que extraer conclusiones aceleradas sobre esa cuestión.
También ha hecho usted referencia al sector de la construcción y al sector exterior. Pues bien, en primer lugar, los datos no indican que el sector de la construcción esté desacelerándose, como algunos incluso parece que desearían, cosa que yo no alcanzo a comprender, ni mucho menos que estemos a punto de la hecatombe. Lo que nosotros hemos puesto de manifiesto, y seguimos plenamente convencidos de ello, es que el modelo seguido, que ha creado empleo, que ha permitido crecer, etcétera, no es sostenible a largo plazo, y creo que eso lo compartimos todos. Se ha dicho que durante unos años ha dado buenos resultados. Efectivamente, eso no se lo habrán oído negar al secretario de Estado; pero como economista puedo sustentar técnicamente, insisto, que no es un modelo sostenible a largo plazo en función de las tasas de crecimiento observadas durante los últimos seis años. Por tanto, no se trata de que tengamos ninguna animadversión hacia el sector de la construcción, sino que simplemente afirmamos que entre inversión en bienes de equipo, desarrollo de la investigación, inversión en investigación, desarrollo, innovación y construcción, creemos que el futuro está más en lo primero que en lo segundo, aunque sin quitar relevancia, por supuesto, al sector de la construcción, que la tiene, y mucha, en este país, tanto en términos de valor añadido bruto como en términos de empleo, etcétera. Por ello, lo que hay que hacer es establecer, de forma pausada, tranquila, y con una estrategia clara y bien definida a largo plazo, un cambio de modelo.
Ustedes exigen --e insisto en la esgrima política, que me parece más que lícito-- resultados a corto plazo. Pero yo debo contestarle lo que ya le he dicho: ese modelo y esa política no tienen resultados a corto plazo, por mucho que queramos. ¡Ya me gustaría a mí que la productividad dependiera de un real decreto-ley!, porque ya lo hubiéramos aprobado.
Pero, como es lógico, eso no es posible.
Y en cuanto al sector exterior, hay varios elementos de discusión sobre la mesa. En primer lugar, es necesario saber que existe un efecto claro de demanda interna que nadie puede negar, ya que la nuestra está creciendo al 4,5 por ciento, mientras que la de los países más directamente competidores está creciendo muy poco e incluso decreciendo en algunos casos. Ese efecto diferencial es importantísimo para el deterioro que se ha producido. No obstante, tampoco puede negarse que hay un problema a largo plazo debido a las soluciones que se deben articular, que pasan otra vez por el impulso de la productividad y la ganancia de competitividad de las empresas españolas, pero también a largo plazo en el sentido históricamente acumulado, por lo que no se trata de la manifestación de un fenómeno que apareciese en la economía española el 15 de marzo debido al cambio de Gobierno.
También ha hablado su señoría del veto de los presupuestos en el Senado y de que eso implica una falta de credibilidad. Yo no establecería una correlación tan clara entre ambas cuestiones. Es cierto que los presupuestos se han vetado en el Senado, pero eso no es sino la manifestación de lo que decidieron los ciudadanos el 14 de marzo, y es que en el Senado ustedes estuvieran a cuatro votos de la mayoría absoluta y pudieran ejercer un control mucho más estricto. Sobre eso no puedo opinar; me parece perfecto. Pero, tras haberse vetado aquí, los presupuestos han vuelto al Congreso, donde están siguiendo el procedimiento que deben seguir. Punto y final de la discusión para nosotros. ¿Que eso indica una falta de credibilidad? Nosotros no lo entendemos así, ya que los presupuestos van a ser aprobados. Precisamente antes de eso la última agencia de «rating», que aún no nos había dado la triple A, nos la ha concedido dando un mensaje clarísimo de confianza en la economía española, en primer lugar, pero también en la política económica del Gobierno. Por tanto, no puedo aceptar la falta de credibilidad de la que usted habla, al menos según yo entiendo ese concepto.
--DE DOÑA MARIA DEL MAR ANGULO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA MANTENER EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA (681/000114).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de la senadora doña María del Mar Angulo.
La señora ANGULO MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Esta pregunta de alguna manera enlaza con las ya formuladas por el portavoz de mi grupo.
Hace unos minutos se ha hablado de la demanda interna. A ese respecto, he de decirle que el escenario macroeconómico que acompaña a los presupuestos para 2005, sobre el que el secretario de Estado no comparte que
exista falta de credibilidad, ha sido cuestionado no sólo por la oposición, sino también por organismos nacionales e internacionales y por numerosos autores y foros de reflexión. Y en ese escenario macroeconómico ustedes plantean una suave desaceleración de la demanda interna, que pasaría del 3,5 al 3,4 por ciento, aunque especialmente acusada en el consumo y el sector de la construcción, un sector éste que tanto en inversión residencial como en obra civil ha tenido un fuerte impacto en el crecimiento.
Además, durante los meses que llevamos de Gobierno socialista ustedes se han pronunciado en reiteradas ocasiones, y hoy su señoría lo ha vuelto a hacer, en el sentido de que el crecimiento dependa menos de la demanda interna y más de la productividad y del comercio exterior. Pues bien, en un momento fundamental de nuestra economía no vemos ni un solo indicio de ese nuevo modelo económico, aunque hay que decir que hace unos minutos hemos oído que no tiene resultados a corto plazo. Creo que es la primera noticia concreto que de él tenemos. Por otro lado, la contribución externa alcanza cotas negativas cada vez más preocupantes, por lo que entendemos que hoy por hoy es precisamente la demanda interna el principal motor de nuestra economía.
Por ello, queremos saber qué medidas tiene previstas el Gobierno para mantener el ritmo de crecimiento de nuestra demanda interna.
Señoría, no le sorprenda que le responda en términos parecidos a los de mi intervención anterior, porque contradecirse es malo.
Con los datos que tenemos en estos momentos, posiblemente la demanda interna se mantenga por sí sola. Decía usted que teníamos prevista una desaceleración de la construcción. Eso es cierto según los datos del mes de junio, pero no es menos cierto que los datos que hemos tenido en los dos trimestres adicionales, para los cuales disponemos de la contabilidad nacional trimestral, siguen mostrando un sector de la construcción con un dinamismo muy significativo. Por tanto, es posible --lo estamos acabando de evaluar en el marco, insisto, de la presentación de la actualización del programa de estabilidad-- que revisemos algo al alza la contribución del sector de la construcción en el año 2005.
Dice usted que ésta es la primera noticia concreta que tienen del modelo económico y que no va a tener resultados a corto plazo. Esto es algo en lo que he insistido tantas veces que, francamente, no quiero volver sobre lo mismo, porque es un mensaje de responsabilidad política ante los ciudadanos: no prometer lo que no puede cumplirse, ni aparecer como el hada madrina con la varita mágica que tiene la solución a todos los problemas, ni dar a entender que para cada uno de los agregados macroeconómicos que conforman el PIB uno tiene unas llavecitas que según las va moviendo se van ajustando. No, esto es una economía de mercado y, por tanto, la intervención del sector público debe articularse sobre la base de diversas pero no directas intervenciones, y una es dotar al país de un marco de estabilidad macroeconómica. Claramente estamos en esa línea e, insisto, la subida de nuestro «rating» por parte de una de las empresas más importantes es una señal en este sentido: no se le suele subir el «rating» a un país que está inmerso en el caos económico, ni mucho menos. Este es un primer campo.
La estabilidad presupuestaria es un compromiso de este Gobierno. A pesar del rechazo de los presupuestos en el Senado --que ya se ha subrayado--, yo tengo confianza en que éstos se van a aprobar, si no recuerdo mal, mañana en el Congreso. De forma progresiva y en el marco de la unidad de impulso de la productividad, de nuestras discusiones, intercambios y preparaciones con todos los ministerios, vamos a ir articulando poco a poco las políticas que nos permitan en el medio plazo el impulso de la productividad; hemos abordado decididamente unos cuantos temas no fáciles en estos meses --llámese Izar, llámese Plan Nacional de Asignaciones, Protocolo de Kioto, etcétera--, y nosotros tenemos confianza en la economía española, tanto en su desarrollo en el año 2004 como en el año 2005. Por tanto, ¿medidas concretas para el mantenimiento de la demanda interna, como por ejemplo aumento del gasto público, que es una fórmula de mantenimiento de la demanda interna? No, no más allá de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado del año 2005.
Señor secretario de Estado, nosotros preguntábamos concretamente por las medidas previstas para mantener el ritmo de crecimiento. Es cierto que hay una serie de riesgos que provienen del exterior, como puede ser el precio del barril del petróleo, y en ese sentido ya se han pronunciado responsables del ministerio diciendo que unos precios más altos de lo previsto podrían tener consecuencias en la inflación y en un menor crecimiento del producto interior bruto, precisamente por esa reducción en la demanda interna; como le decía antes, la previsión que hace el Gobierno del precio del barril de petróleo está 11 dólares por debajo de la previsión que hacen el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo. También ha hablado el Gobierno de la posibilidad de un alza en los tipos de interés y las repercusiones que tendría en esa demanda interna. El Banco Central Europeo ha descartado esa posibilidad por el momento, pero ha señalado que va a estar vigilante ante las tensiones inflacionistas.
Nosotros echamos de menos precisamente eso, que el Gobierno adopte medidas. Si no me equivoco, usted ha hablado de la estabilidad macroeconómica y no nos ha concretado mucho más; estabilidad macroeconómica
que, por otra parte, es una de las grandes incertidumbres económicas en esta legislatura --en cualquier caso, tendremos oportunidad de volver a hablar sobre esto--. Pero no nos ha hablado de políticas para reducir la inflación; inflación que el Gobierno sigue observando y que sigue deteriorando la renta familiar y la competitividad. No nos ha hablado de políticas que sigan garantizando los elevados niveles de creación de empleo de los últimos años. Parece que en el nuevo modelo económico esa creación de empleo ha pasado a tener un papel secundario y, sin embargo, ha sido uno de los grandes propulsores de la demanda interna y del crecimiento. A este respecto, me gustaría comentar las palabras del Gobernador del Banco de España en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos hace unas semanas, quien decía que es muy importante que el crecimiento de la productividad no perjudique la creación de empleo, es decir, que las dos cosas crezcan simultáneamente. Y él decía: Esto es posible.
Como comentaba antes mi portavoz, falta la decisión o la voluntad del Gobierno de afrontar esas reformas estructurales que están siendo reclamadas en cualquier análisis sobre la economía reciente de nuestro país. Faltan auténticas políticas de contención del gasto público, de ahí mi comentario sobre la incertidumbre acerca de la estabilidad presupuestaria y la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, entiendo que necesitamos que el Gobierno concrete qué políticas a corto plazo se van a adoptar desde el Ministerio de Economía, que es el encargado de diseñar y de impulsar esas políticas, para que, a falta de una mayor competitividad exterior --que también se está viendo deteriorada--, esa demanda interna mantenga sus niveles, mantenga su ritmo de crecimiento, puesto que, como le he dicho en la primera intervención, hoy por hoy sigue siendo el principal motor de nuestra economía.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Vegara Figueras): Muchas gracias, señor presidente, señoría.
Efectivamente, las previsiones no sé si del Fondo y del Banco Central Europeo, pero al menos sí de la Comisión o al menos las hipótesis sobre las que se exige a los países elaborar la actualización del programa de estabilidad, están 11 dólares por encima de lo previsto --como su señoría ha dicho--, alrededor de los 45, y usted dice que esto significaría mucho menos crecimiento. He intentado justificar por qué en todo caso la revisión no va a ir más allá de una décima. No va a ir más allá de una décima fundamentalmente porque, siendo cierto que el aumento del precio del crudo no es una buena noticia para la economía española, no es que lo digan altos responsables del Gobierno, es que esto debe decirlo cualquier persona sensata --si me permiten la expresión--, porque siendo un «input» energético fundamental, si aumenta nuestra factura energética y nosotros no somos productores de energía estamos ante una transferencia de renta al exterior y, por tanto, no son buenas noticias. Esto es indiscutible.
Pinta usted también un panorama no sólo de altos niveles de precio del crudo, sino también alzas de los tipos de interés y repercusiones sobre la demanda interna. Es verdad que los mercados de futuros en los mercados de tipos de interés descuentan ligerísimas subidas de tipos de interés y que el precio del crudo está más alto de lo que se había anticipado --de estos 33,5 dólares-- en el escenario macroeconómico, pero he insistido ya suficientemente en que todos los datos que tenemos desde que elaboramos esos presupuestos, desde que elaboramos este escenario macroeconómico, nos han sorprendido positivamente, sobre todo en términos de demanda interna, de comportamiento de la inversión, de la expansión de la inversión en bienes de equipo, del mantenimiento del consumo de las familias, del notable --insisto-- dinamismo del sector de la construcción, etcétera. Y si bien es cierto que el precio del petróleo va a estar por encima, ahora se podría argumentar que quizá no será tanto como 45 dólares porque el mercado de futuros, por ejemplo, esta última semana ha estado en una media de 39 dólares prácticamente para todo 2005.
Quiero decir con esto que con la volatilidad que tenemos en los mercados de crudo es difícil de establecer; la comisión vino a decir 45 dólares posiblemente cerca de los máximos del crudo.
Nos exigen ustedes otra vez --y lo entiendo perfectamente porque es una de nuestras preocupaciones fundamentales-- políticas para reducir la inflación y que no pase a un papel secundario la creación de empleo.
Nosotros no tenemos ninguna intención de que la creación de empleo pase a un papel secundario, en absoluto, es más, por las cifras, después de una pequeña desaceleración del 2,6 al 2,3 en el segundo trimestre --estoy hablando de ocupados en la EPA-- ha vuelto a acelerarse en el tercer trimestre hasta el 2,5. La tasa de paro ha pasado del 11,4 del primer trimestre al 10,5 en el tercer trimestre. Les puedo dar la información más en tiempo real: en octubre y noviembre, en datos de afiliación a la Seguridad Social vuelve a acelerarse por tercer trimestre consecutivo la variación interanual en la afiliación, del 2,6 en el segundo trimestre al 2,7 en el tercero y hasta el 2,9 en el cuarto trimestre. El paro registrado, después de tres años de no observar incrementos interanuales negativos ha bajado un 1,05 por ciento según el último dato disponible.
En fin, no parece --insisto-- que la creación de empleo esté sufriendo en absoluto, más bien todo lo contrario, afortunadamente para todos, y estoy convencido de que es un motivo de satisfacción general.
Lo que nosotros hemos puesto de manifiesto, y repito que estamos muy convencidos de ello, es que el crecimiento de la economía española no solo debe sustentarse en la creación de empleo, que, por supuesto debe hacerlo, sino también en la expansión de la productividad, porque eso es lo que, punto uno, es el conductor del crecimiento de la renta a largo plazo de los países, y, punto dos, está detrás de la competitividad de nuestras empresas y, por tanto,
de abordar soluciones con una perspectiva de largo plazo de los problemas o de las disfunciones que pudiera tener nuestro sector exterior.
Finalmente, me preguntaba usted sobre reformas estructurales en el mercado de trabajo. Hemos abierto un proceso de diálogo muy serio con los sindicatos y las patronales en el marco del acuerdo de la declaración firmada en verano, que está en marcha, y siempre insistimos en que nosotros no predefinimos dónde debe terminar el diálogo social, porque entonces no le llamaríamos diálogo; le llamaríamos otra cosa, pero no diálogo. Esto va a tardar unas semanas o unos meses, porque los procesos de diálogo se sustentan sobre las conversaciones y éstas duran tiempo.
Ya insistió antes un poco en cuestiones relativas a la competencia.
En mercados de capital o mercados financieros hemos comentado ya asuntos relativos a mejoras en la Ley Reguladora del Mercado Hipotecario o en un avance en la ley de capital-riesgo, etcétera. Por encargo del presidente del Gobierno estamos preparando un plan de fomento empresarial para los primeros meses del año 2005. Creo que tenemos un conjunto de medidas en marcha que, sin buscar el bombo y platillo del corto plazo, intentarán --insisto-- abordar este problema por lo menos complejo y que solo se puede abordar con una visión responsable y de largo plazo de la economía española, que es el impulso de la producción.
En materia de inflación, lamento no traer los datos exactos, pero creo recordar que el diferencial de inflación entre el año 1999 y el año 2003, a mediados o principios de 2004, entre España y la zona euro, fue de 1,1 puntos. Estamos prácticamente en estos niveles, por tanto, no es que de repente haya llegado el nuevo Gobierno y haya sufrido un cambio monumental, lo cual no quiere decir --repito-- que no le demos al problema la importancia que tiene, pero creo que no es correcto transmitir o intentar transmitir, como se intenta hacer en algunos casos, que esto ha cambiado la vida de la economía española desde la llegada de este nuevo Gobierno, porque, en términos de inflación, por ejemplo, el diferencial está muy cerca de la media de la última legislatura.
--DE DON NICOLAS FERNANDEZ CUCURULL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO SOBRE EL SECTOR COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CEUTA, REALIZADO POR ENCARGO DE DICHO MINISTERIO (681/000152).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta del senador Nicolás Fernández Cucurull.
El señor FERNANDEZ CUCURULL: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor secretario de Estado.
Mi pregunta, a diferencia de las de mis compañeros, no va en la línea macroeconómica; es algo mucho más modesto y concreto, pero no menos importante, porque estamos en la Cámara territorial.
A lo largo del año 2003, a petición de la Ciudad Autónoma de Ceuta y por encargo del por entonces Ministerio de Economía, se llevó a cabo la realización de un estudio sobre la mejora competitiva del sector comercial en Ceuta. Dicho estudio tenía su causa en una situación de dificultad que atraviesa un sector que es, con mucho, la principal fuente de actividad y empleo en la ciudad, como usted sabe.
Las causas de esa situación son complejas y excedería el tiempo de esta pregunta tratar de reflejarlas. Están en el estudio y, por tanto, me remito a él. Por eso mi pregunta, señor secretario de Estado, va enfocada a las consecuencias prácticas de ese estudio. El plan de actuación que éste propone prevé acciones que deben ser acometidas por los empresarios, acciones que deben ser acometidas por el Gobierno autónomo, y acciones que deben ser acometidas por el Gobierno de la nación. Mi pregunta está relacionada con estas últimas: ¿cuáles son las actuaciones que tiene previstas el Gobierno de la nación en relación con las propuestas contenidas en el citado estudio y que se encuadran en el ámbito de su responsabilidad? Muchas gracias.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Vegara Figueras): Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Siempre que ustedes me lo pidan, estaré en esa Casa respondiendo a todas las preguntas que pueda. En este caso concreto, lamento no aportar mucha información porque, como bien sabe su señoría, a raíz de la formación del nuevo Gobierno hubo el Real Decreto 553/2004, del 17 de abril, que vino a reestructurar los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado, de tal forma que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio asumió algunas de las competencias atribuidas al anterior Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Por tanto, correspondería al secretario de Estado de Turismo y Comercio responder e informar sobre la presente iniciativa, que lo haría muchísimo mejor que yo.
La información que nosotros hemos podido recoger, porque a pesar de no ser nuestra competencia directa es nuestra obligación, es que, efectivamente, hubo un estudio del mercado de abastos, que fue realizado por Mercasa en el año 2002; que respecto a las conclusiones del estudio se consideraba la necesidad de modernizar y adecuar el tejido comercial ceutí de apoyar la mejora empresarial en el comercio; que para ello se recomendaban una serie de actuaciones para realizar por la Ciudad Autónoma de Ceuta, estimándose sus costes y sus posibles fuentes de financiación;
que estas actuaciones debían ser realizadas, al menos, por la propia ciudad, independientemente de que fueran cofinanciadas por otras fuentes, entre las que se destacaba el Feder y el Fondo Social Europeo, dadas las especiales condiciones con que cuenta Ceuta para acceder a ellas; y que la actuación más significativa, que es la creación del centro comercial abierto, podía ser cofinanciada por el actual Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio, aunque debo poner de manifiesto que en el estudio realizado por la ciudad, por encargo --insisto-- del anterior Ministerio de Economía, no suponía ningún compromiso de financiación por parte de éste. Esta es la información con la que contamos, sin menoscabo de que, sin demora, le transmita al secretario de Estado de Turismo y Comercio sus preocupaciones relativas al asunto.
Tiene la palabra el senador don Nicolás Fernández.
El señor FERNANDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, el hecho de formularle a usted la pregunta ha sido consecuencia de que fue el Ministerio de Economía el que realizó el estudio, pero recojo el guante y le volveré a hacer la pregunta al secretario de Estado correspondiente para que me la responda con más datos, sin perjuicio de que le agradezca su respuesta.
Tengo que empezar recordándole que sus compañeros de Ceuta, durante la campaña electoral de marzo, asumieron una serie de compromisos por escrito --si quiere le puedo dar la copia-- entre los que figuraba que pondrían en marcha medidas concretas en seis meses para resolver la crisis económica de Ceuta. Los seis meses han pasado de sobra, y debe ser que, como las medidas concretas eran inconcretas, no se ha puesto ninguna en marcha, pero no perdemos la esperanza todavía.
Como sabe sin duda, el plan de actuaciones que prevé el informe hace una estimación del coste de las medidas propuestas del orden de los 24,5 millones de euros, y, además, establece un reparto de responsabilidades que, a grandes rasgos, corresponderían un 60 por ciento al Gobierno de la nación, un 30 por ciento al gobierno autónomo y un 10 por ciento a los propios comerciantes. Lo cierto es que, hasta ahora, mientras el Gobierno de la ciudad ha puesto en marcha las medidas que le corresponden, fundamentalmente mejoras urbanísticas destinadas a la creación del centro comercial abierto que usted ya ha señalado y una propuesta al Ministerio de Economía y Hacienda sobre reforma de la imposición local, del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, de la Administración central, lo cierto es que aún no se sabe nada.
Por otra parte, tengo noticia de una reciente visita del delegado del Gobierno en Ceuta y de sus asesores al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en este caso, en el que se vino a decir, poco más o menos, que el estudio no vale para nada. Al respecto, sí me gustaría recordarle al Gobierno que el estudio fue realizado por una empresa independiente, que tiene el aval del Consejo Económico y Social de Ceuta, donde están presentes, por supuesto, todos los interlocutores económicos y sociales, y que el Gobierno de la ciudad, a la vista del informe favorable emitido por el Consejo Económico y Social de la ciudad, lo ha asumido en su integridad. Yo creo sinceramente, y estoy seguro de que usted estará de acuerdo conmigo, que no se debe aplicar en esto una política sectaria, es decir, que los representantes del Gobierno de la nación en Ceuta consideren que están en posesión exclusiva de la verdad y que todo lo que no sea una propuesta suya carece de valor. Tenemos que trabajar sobre los hechos. Es más, en su memoria correspondiente al ejercicio 2004, el Consejo Económico y Social de Ceuta insiste en la necesidad de poner en marcha a la mayor brevedad las propuestas contenidas en el informe.
Yo le rogaría, señor Secretario de Estado, en nombre de los ceutíes, que se pusiera manos a la obra, usted o el ministerio al que corresponda, con carácter inmediato y en la medida en que sea de su competencia en todo lo que hace referencia, por ejemplo, a las mejoras del modelo económico fiscal, al asunto del transporte de mercancías y a los trámites y gestiones aduaneras, asuntos todos ellos que contemplaba el informe.
Para finalizar, señor secretario de Estado, le quiero comentar un aspecto puntual muy relacionada con la cuestión que nos ocupa y a la que usted ha hecho mención. El anterior Plan Marco de Comercio, ahora Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio, tiene un problema desde nuestro punto de vista pues reserva muy poca cantidad para proyectos singulares. Ceuta lo ha expresado siempre que ha tenido ocasión pues ha sido partidaria de una reserva para proyectos singulares, teniendo en cuenta de que el reparto territorial en función del territorio de la población supone que al final la parte que le corresponde a Ceuta es muy exigua y no da para hacer un proyecto de importancia. En este año, y teniendo en cuenta eso que acabo de decirle, la cantidad que se había asignado a Ceuta había sido muy exigua, hasta el punto de que el Gobierno de Ceuta renunció a favor del de Melilla para que por lo menos el de Melilla pudiera hacer alguna actuación de cierta importancia, con el compromiso de que el próximo año se estudiaría la aprobación de un proyecto singular para Ceuta que en este caso permitiría la continuidad de las actuaciones tendentes a la puesta en marcha de ese centro comercial abierto, al que usted ha hecho mención. Por tanto, yo le pido que traslade al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el cumplimiento de ese compromiso en el próximo ejercicio.
En definitiva, señor secretario de Estado, puesto que la mayor parte de las medidas contempladas en el informe son responsabilidad de Gobierno, es necesario que con urgencia se pongan en marcha las mismas porque la situación que atraviesa el sector comercial así lo requiere y porque lo demandan todos los interlocutores económicos y sociales de la ciudad.
Señoría, vaya por delante que no puedo más que estar de acuerdo con lo referido y no sólo en este caso, sino en general con lo que es política sectaria. Por otro lado, no soy conocedor desgraciadamente --si me permiten utilizar una expresión utilizada en la mili-- del conducto reglamentario, pero no dude de que le transmitiré al secretario de Estado sus preocupaciones y le pediré que se ponga en contacto cuando lo tengan a bien.
Le agradecemos su intervención, su reiterada disponibilidad para estar en esta comisión y, dadas las fechas, le deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
Interrumpimos la comisión por tiempo de diez minutos y a los ponentes del proyecto de ley de tasas les pido que se queden para tratarlo ahora.
--DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE TASAS Y DE BENEFICIOS FISCALES DE ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERES PUBLICO (621/000006).
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir el proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.
A este proyecto se ha presentado una propuesta de veto por parte del Grupo Parlamentario Popular, y para defenderlo tiene la palabra el señor Iglesias.
El señor IGLESIAS GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en este caso para expresar nuestra profunda disconformidad con la forma en que se ha presentado este proyecto de ley y con el fondo que se explicita en el mismo.
Quiero decir que el actual Gobierno, respaldado por el Grupo Parlamentario Socialista, nos prometió transparencia para no incurrir, según el Gobierno, en errores pretéritos como la supresión de la ley de acompañamiento o ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, para permitir una mayor transparencia en las cuentas públicas. La realidad es bien distinta, señorías, nos hemos encontrado con que el Gobierno, que propugna a los cuatro vientos transparencia en las cuentas públicas, lo que hace es meternos --si me permiten la expresión-- gato por liebre e introducirla de una manera directa en los Presupuestos Generales del Estado, a través de las disposiciones adicionales del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y a través de esta ley --que, por cierto, nos ha sorprendido porque va a ser la última vez, de acuerdo con el Gobierno, que vamos a ver este proyecto de ley en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, punto al que me referiré posteriormente--, decía que a través de estas dos fórmulas el Gobierno mete con calzador la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, llamada ley de acompañamiento, en los Presupuestos Generales del Estado.
Nos ha sorprendido igualmente que se hayan mezclado churras con merinas.
No tiene nada que ver la modificación de las tasas con los beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. Lo repetiré mañana en el Pleno si esta propuesta de veto queda viva, pero lo digo ahora, señorías, el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a retirar el veto si suprimimos el Título I de la referida ley, es decir, el título que se refiere a la modificación de tasas, que es con el que no estamos de acuerdo, y respaldar sin paliativos, con la propuesta realizada por el Gobierno y las enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados, los beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. Es decir, que una ley importante de modificación de tasas, que es una ley heterogénea, que es una ley inconexa, que no tiene mucho que ver lo que se plantea en un artículo con lo que se plantea en el siguiente, que es una ley claramente de sustitución de la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, es incompatible, desde nuestro punto de vista, y, si me permiten, desde las recomendaciones parlamentarias, unirla a los beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público porque no tiene absolutamente nada que ver, como decía anteriormente. Por eso, el Gobierno, como tiene necesidad --como el mismo ministro, señor Solbes, reconocía en el Congreso de los Diputados--, se ha visto forzado a suprimir la ley de acompañamiento, se ha visto forzado a introducir esta nueva ley de tasas, cuyo objetivo último, en definitiva, es que la primera iniciativa tributaria que viene a esta Cámara promovida por el Gobierno incremente moderada o notablemente un elenco importante de tasas que afectan a sectores importantes de nuestra economía. Y es, señorías, en lo que el Grupo Parlamentario Popular está en rotundo desacuerdo. Podríamos estar de acuerdo en algunas cuestiones muy concretas, por ejemplo, en la propuesta del Gobierno para que se modifiquen los tacógrafos de los camioneros --estamos absolutamente de acuerdo--, pero en la parte más importante de este proyecto, que propone una modificación sustancial de incremento de tasas, incluso de funcionamiento del sector y que tendría unas implicaciones importantes en los sectores claves de la economía española, estamos en un rotundo y absoluto desacuerdo. Esta ley es para incrementar la presión tributaria vía modificación de tasas; con este eufemismo, lo primero que hace el Gobierno en materia tributaria es incrementar la presión tributaria en España.
Quisiera someramente señalar que los sectores más afectados serían el sector farmacéutico, para el cual el Gobierno propone incrementos de tasas que en algunos casos superan la increíble cifra del 400 por ciento --que es absolutamente incomprensible--; que, además, si lo unimos a la disposición cuadragésimo octava de los Presupuestos Generales del Estado, que obliga a aplicar unos descuentos o «rappels» por las compras de medicamentos o productos similares, tenemos como resultado que el sector farmacéutico, desde nuestro punto de vista, va a
perder competitividad, va a detraer de la financiación que tiene este sector dinámico, desde el punto de vista de la inversión de I+D, investigación y desarrollo, decía que va a detraer importantes recursos destinados a investigación y desarrollo y, en definitiva, es un sector que se ve seriamente perjudicado por la propuesta del Gobierno, un sector del que el Grupo Parlamentario Popular quiere hacer una enconada defensa para que no se aprueben los preceptos referidos al mismo.
Igualmente, el sector aéreo no se encuentra bien tratado, desde nuestro punto de vista, en este proyecto de ley. El Gobierno propone un incremento del 3 por ciento en un sector largamente machacado en los últimos años por las situaciones coyunturales de la presión del combustible de los mercados del crudo y por las distintas situaciones que se han producido a nivel internacional y que han ocasionado un incremento en los seguros que, señorías, han repercutido directamente en los precios del billete, y estamos convencidos de que nuestra propuesta --que no es la propuesta de máximos-- de que se incremente un 1 por ciento redundaría absolutamente en beneficio de todos.
Asimismo, el sector de las telecomunicaciones es vapuleado en este proyecto de ley, en el que se establece que la exención fijada en la Ley de Telecomunicaciones de un 75 por ciento se cambia por parte del Gobierno en ese proyecto de ley y se establece que no será de un 75 por ciento sino de hasta un 75 por ciento, con lo que el Gobierno tendrá en su mano anualmente en los presupuestos subir y bajar a su antojo este porcentaje sin el correspondiente debate parlamentario y que ustedes propugnaban como transparente en las distintas Cámaras legislativas de España el que este sector pueda disponer de una normativa --o al menos de un procedimiento ordinario legislativo-- que es lo que deseamos todos.
Sin lugar a dudas, lo que más sorprende es que hoy nace este proyecto de ley en esta Cámara y mañana puede morir en esta Cámara, porque, señorías, será la última vez que aparezca por el Senado, por el Congreso de los Diputados, ya que en su artículo decimocuarto se establece --me van a permitir la licencia de leerselo textualmente--: «Las leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar la cuantía de las tasas.». Es decir, el Gobierno no se quiere complicar más la vida, al Gobierno le resulta incómodo traer a las Cámaras este proyecto de ley --que nos parece que no es el método-- de modificación de tasas, ya que la transparencia se vería reflejada con una tramitación ordinaria en las distintas Cámaras de las distintas modificaciones de los proyectos de ley establecidos en esta modificación de tasas. Pero, en todo caso, podría ser --si me permiten-- un mal menor comparado con este artículo decimocuarto por el que se establece que este año es el primero y el último en el que recibiremos en esta Cámara el proyecto de modificación de tasas estatales.
--Por lo tanto, nos parece grave el que, primero, bajo el prisma de la transparencia diga el ministro que se ha visto forzado a incluir este Título I del proyecto de ley de modificación de tasas y beneficios fiscales; Título I referido, como hemos dicho anteriormente, a la modificación de tasas. Seguidamente, en el artículo decimocuarto se establece de una manera casi oculta --en una esquinita--, incluso físicamente en el proyecto de ley remitido por el Congreso este artículo que señala que el Gobierno ya no nos va a volver a remitir este proyecto de ley a esta Cámara porque lo hará directamente a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Así pues, señorías, este veto que defiendo hoy en esta Comisión de Economía es una buena muestra de que el Gobierno no tiene las ideas claras en materia económica; de que el Gobierno, en función de los intereses de distintos ministerios, nos remite un proyecto de ley heterogéneo, dispar, inconexo, que no redunda en beneficio de los ciudadanos --ya que propone incrementos importantes de tasas-- ni en beneficio de la transparencia, ya que este proyecto de ley tendría que haber sido debatido artículo por artículo a lo largo del período legislativo próximo y, en todo caso, es una engañifa más en materia económica del propio Gobierno del Partido Socialista.
Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular veta este proyecto de ley y, señorías, una vez más vuelvo a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para retirar este veto si se eliminara la modificación de tasas propuesta en este proyecto de ley y quedaran para aprobación --con lo que estaríamos totalmente de acuerdo-- los beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.
Muchas gracias, señorías. Espero obtener su comprensión después de haber desgranado de una manera, en todo caso, sucinta, cuáles son las premisas que desde el Grupo Parlamentario Popular ponemos encima de la mesa y cuáles son los razonamientos que nos hacen pensar que el veto es una buena manera de decir al Gobierno que éste no es el buen camino.
Para un turno en contra, tiene la palabra la senadora Durán Fraguas.
La señora DURAN FRAGUAS: Gracias, señor presidente; gracias, senador Iglesias, por el tono de su intervención.
Evidentemente, entiendo que quiera usted ahora decirnos que retirarían el veto si nosotros eliminásemos el Título I del proyecto referente a tasas dejando el Título II porque, si no, sería absolutamente incongruente con sus propios intereses. En el Título II, que es el que regula los beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés, está entre otros la celebración de «Salamanca 2005, Plaza Mayor de Europa», que ustedes tenían especial interés. Como decía anteriormente el señor secretario de Estado, por esgrima política entiendo que haga usted este intento pero, evidentemente, el proyecto de ley es el que es y ustedes presentan una enmienda a la totalidad. La totalidad significa todo, por lo tanto, lo que ustedes deberían haber hecho es presentar una enmienda parcial al Título I del proyecto de ley y no una propuesta de veto, porque conocían el contenido del proyecto.
Antes de entrar directamente en el turno en contra de esta enmienda a la totalidad que, por supuesto, vamos a rechazar, quiero dejar claro una cosa. En el Título I estamos hablando de tasas, y quiero recordarles que la tasa es un tributo, pero de ninguna manera es un impuesto. Las tasas se devengan por un aprovechamiento exclusivo o por un aprovisionamiento especial de dominio público, o bien porque se realiza en régimen de derecho público una actividad o se presta un servicio que se refiere, afecta o beneficia a alguien. Como lógica consecuencia de lo que es una tasa, en la Ley de tasas del año 1989 existe un artículo que dice que la tasa tenderá a cubrir el coste de servicio o la actividad que constituya imponible, que es lo que nuestro grupo político y este Gobierno quiere hacer, es decir, acercar las tasas a los costes que realmente tienen los servicios que se prestan.
Además, quiero aclarar que si un servicio genera déficit, habrá que cubrirlo con impuestos, y los impuestos sí los paga todo el mundo, por lo que al final lo que hacemos es transferir la carga impositiva a los sectores más desfavorecidos, y no a los que tienen un servicio, que a lo mejor sí se lo pueden pagar. Eso para empezar.
El Grupo Parlamentario Popular nos presenta una enmienda a la totalidad --ya vemos que no es total-- que, según figura en el escrito de interposición y en la defensa que ha hecho el senador Iglesias, tiene cuatro puntos importantes que después pasaré a detallar.
De una forma general quiero dejar claro que nuestro proyecto no sólo recoge incrementos de las cuantías de las tasas, sino también regulaciones de otras que no tienen repercusión alguna en la recaudación y afectan a aspectos de gestión, liquidación y recaudación de las mismas.
Esta enmienda a la totalidad tampoco hace referencia a que, efectivamente, algunas tasas suben, pero al mismo tiempo se reducen o suprimen otras, como es el caso de las tasas catastrales, en las que se elimina la tasa de inscripción catastral.
Además, la argumentación de la enmienda no hace referencia alguna a otras regulaciones que se recogen en el proyecto --como bien decía el senador Iglesias, porque se han dado cuenta de que eso jugaba en su contra-- que son los beneficios fiscales que se conceden a determinados acontecimientos de excepcional interés público.
Por tanto, les repito que ustedes deberían haber presentado una enmienda parcial al Título I del proyecto, si es que realmente están de acuerdo con el Título II.
Pasando al examen detallado de la enmienda, en el primer punto objetan ustedes que el proyecto está orientado básicamente a incrementar el importe de numerosas tasas, aumentando con ello los tributos. No es cierto, señorías. El proyecto aumenta la cuantía de determinadas tasas, pero a la vez regula otras sin incrementos de cuantía. Por ejemplo, hay preceptos relativos a la tasa de seguridad en el transporte ferroviario de viajeros que no conlleva incremento de cuantía. También --se les ha olvidado citarlo-- hay alguna tasa que se suprime, como la descripción catastral, por cierto, una tasa que ustedes introdujeron en la ley de acompañamiento del año 1996, que se empezó a aplicar en 1997 y que produjo unos efectos absolutamente perversos. Como todos ustedes saben, esa tasa ha inducido a muchos promotores, en el momento de dar alta de nuevas unidades catastrales, a ahorrarse la tasa, no declarando el importe de las citadas unidades y provocando enormes retrasos en la actualización del catastro urbano. En nuestra opinión, fue una tasa desafortunada y su supresión, ahora, un acierto importante.
En segundo lugar, argumentan ustedes que este proyecto, unido a la ley de presupuestos, es una auténtica ley de acompañamiento, y ponen en cuestión la transparencia de nuestro Gobierno.
Para empezar, le diré que esta ley se tramita con absoluta independencia de la ley de presupuestos. De hecho, hoy estamos debatiendo una enmienda a la totalidad cuando todos ustedes saben lo que pasó en el trámite parlamentario en el Senado de la ley de presupuestos. Además, no tiene ningún sentido venderla como una ley de acompañamiento. Esta ley tiene veinte artículos, una disposición final primera, tres adicionales, una derogatoria y una final. Hagamos memoria: La ley de acompañamiento de 2003 tenía 136 artículos, 44 disposiciones adicionales, ocho transitorias y 19 finales, lo que suponía 119 páginas del «Boletín Oficial del Estado».
Además, nuestra ley no modifica, como hacía la que estamos citando, es decir, su última ley de acompañamiento, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, la Ley de Autonomía del Banco de España y un largo etcétera que forma parte de las 110 disposiciones legales que modificó su última ley de acompañamiento.
En materia de tasas específicamente, si volvemos un poco la vista atrás, veremos que esta ley es muy modesta. En el año 2003 ustedes crearon 24 tasas nuevas. Es fácil ver las diferencias entre su ley de acompañamiento y ésta que ahora presentamos.
Respecto a la transparencia, sólo le mencionaré un detalle. La ley de acompañamiento se creó con quien es ahora vicepresidente del Gobierno, y ahora, en defensa de la transparencia que nosotros defendemos, decidimos suprimirla.
Por cierto, una ley es buena o mala según el uso que se haga de ella. En estos ocho años ustedes han hecho un uso pésimo de la misma, hasta el punto de crear un auténtico caos jurídico, ya que nadie era capaz de seguir lo que modifican sus leyes de acompañamiento.
El tercer motivo que ustedes aluden es que no se sigue un criterio coherente respecto al incremento de las tasas. Lo que es incoherente es pensar que las tasas se tienen que modificar todas en la misma cuantía, cuando obviamente los costes de prestación de los distintos servicios se modifican de forma muy diferente. Por ejemplo, no podemos comparar --y usted hacía referencia expresa a eso-- la seguridad aeroportuaria, que tiene equipos cada vez más sofisticados, con una amortización inmediata, con lo cual los costes están ligados a inversiones y, por lo tanto, son mucho más altos, con las tasas
de acreditación catastral, donde el elemento fundamental para calcular la cuantía es el personal que allí presta servicios.
En general, y sin entrar en el análisis detallado de las enmiendas, que queda para después si es que este veto no prospera, aclaramos que las cuantías que se han fijado en algún caso no cubren el coste total del servicio, como exige la ley de tasas, porque el Gobierno y nuestro grupo político ha sido sensible a la situación de determinados sectores, fijando incrementos moderados.
Por último, hablan ustedes de la habilitación que esta ley hace a las futuras leyes de Presupuestos Generales del Estado, y ustedes fundamentan que es la primera y la última vez que vamos a ver esta ley en esta Cámara. Lo que ahí se dice es que se puedan modificar las cuantías de las tasas, no --lo que es importante-- los elementos definitorios de las mismas. Por lo tanto, están ustedes faltando a la verdad. La ley autoriza a modificar la cuantía, pero no los elementos definitorios de la misma.
Además, la inclusión de la previsión de modificación en una ley sustantiva, como es la de este proyecto, cumple escrupulosamente con lo establecido y lo que se exige en el artículo 134.7 de nuestra Constitución.
Por todo ello, votaremos en contra de esta enmienda a la totalidad.
El señor PRESIDENTE: Según el Reglamento, está previsto otro turno a favor y otro en contra, pero me indican que no van a hacer uso del mismo.
En consecuencia, abrimos un turno para que los grupos parlamentarios se pronuncien.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular.
Agradezco a su señoría el tono, que intenta ser constructivo y que intenta denodadamente, como es su papel y es lógico, defender al Gobierno que apoya, en el sentido estricto del término.
Sin entrar en un debate pormenorizado sobre lo que usted ha dicho, quiero manifestar que esta ley es producto de una ingeniería presupuestaria más, propuesta por el Gobierno socialista.
El Gobierno socialista, como usted ha reconocido, fue el que, en la persona del ministro y vicepresidente económico, señor Solbes, propuso --si no recuerdo mal en 1993, quizá 1994-- la famosa ley de acompañamiento, que fue utilizada por los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular para, legítimamente en aquel momento, introducir ese tipo de modificaciones.
Estamos de acuerdo con usted en que en un momento u otro ese invento que el Gobierno socialista puso en marcha durante aquella época se tiene que ir terminando, o al menos debemos ser congruentes los grupos mayoritarios de esta Cámara para reconducir el debate.
Señoría, lo que quiero decir es que ustedes, con el término de transparencia, venían a decirnos que cada modificación, en este caso de tasas o de cualquier otra índole, iba a tener, a lo largo de un año, de los meses hábiles del proceso del año legislativo, una tramitación absolutamente independiente de las leyes de acompañamiento que se proponían anteriormente o de esta ley de acompañamiento, que lo es. En estos momentos estamos viendo que hay modificaciones sustanciales de algunas leyes, como la de comunicaciones, la del medicamento o la del sector aéreo.
Así pues, usted argumenta que hay una tramitación independiente de los Presupuestos Generales del Estado y ha hecho de ello una defensa a ultranza para que esta ley no sea vetada. Y yo le respondo que hasta puedo estar medianamente de acuerdo con usted, pero va a ser la última vez. Ha caído usted en su propia trampa. Su señoría nos dice que la transparencia está demostrada en este caso porque tiene una tramitación independiente de los Presupuestos Generales del Estado. Visto así, eso es cierto, aunque nosotros entendemos que es una ley de acompañamiento II, como pasa con las películas de Hollywood.
Esta va a ser la última vez que se va a ver como un proyecto de ley independiente, ni siquiera va a ser un proyecto de ley anejo a los Presupuestos Generales del Estado, pues lo que se propone en el artículo decimocuarto de este proyecto de ley es que, si esta ley llega a aprobarse en el Congreso de los Diputados, a partir del año que viene quede subsumido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del 2006 y siguientes.
Señoría, permítame que le diga con toda sinceridad que ha caído usted en su propia trampa. Invente y proponga otro tipo de argumentaciones, porque ésta concretamente no vale. No vale que me diga usted que este proyecto de ley que hoy tramitamos es independiente de los Presupuestos Generales del Estado, y a partir del año que viene, y de acuerdo con este proyecto de ley, se encuentre incluido en ellos. Señoría, esto no vale; si no apoya usted esta enmienda de veto, su argumentación queda absolutamente fuera de juego, queda sin contenido y queda demostrado que no es coherente en su conjunto.
Quiero decir que me parece muy bien la diferencia que ha hecho usted entre tributos e impuestos. Todos sabemos cuál es la definición de la tasa, pero incluso estando completamente de acuerdo con su definición de tasa --¡faltaría más!--, no lo estamos con que en muchos casos de los que propone este proyecto de ley la tasa actualmente en vigor no cubra el servicio. Así pues, existe una diferencia que tendríamos que demostrar uno u otro grupo a través de posteriores preguntas formuladas al Gobierno para saber, por ejemplo, si en el caso de AENA, y con una publicación eventual de los datos financieros de ingresos y gastos a partir del año que viene --hay una enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que va en ese sentido--, cubre o no el servicio.
Sé que el señor Solbes se empeñó en decir que uno de los componentes del déficit oculto del Partido Popular era precisamente AENA. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, pues entendemos que en estos momentos AENA tiene superávit. Así pues, no podemos estar de acuerdo con el incremento propuesto por el Gobierno del 3 por ciento, sino que pensamos que ese incremento debería ser más modesto, del 1 por ciento y en todo caso por debajo de la inflación. Le he expuesto este caso concreto para explicitarle la coherencia y la razón de algunas de las enmiendas que proponemos.
Nosotros defendemos esta enmienda de veto que se basa no sólo en el fondo de las cuestiones que nos han planteado, sino también en la forma. Esto no es lo que nos han prometido, no existe esa transparencia de la que el Gobierno y el vicepresidente de Economía querían hacer gala. Lo que ustedes nos presentan es una ley de modificación de tasas que sustituye claramente en alguno de sus aspectos a la anterior ley de acompañamiento.
Y vuelvo a decir que al propio ministro se le escapó en el Congreso de los Diputados que se veía forzado a presentar esta ley de modificación de tasas. ¡Claro que se ha visto forzado a hacerlo! Y es que quiere seguir haciendo uso de lo que antes llamaban ley de acompañamiento y ahora se llama ley de modificación de tasas o disposiciones adicionales en el proyecto de ley de presupuestos, que no hacen otra cosa que subsumir todos los preceptos que se defendían en la anterior ley de acompañamiento.
Podemos estar de acuerdo con que en algún momento había --y permítanme que utilice esta expresión-- que meterle mano entre los grupos de ésta y de la otra Cámara para tratar de lograr esa transparencia propugnada por ustedes. Pero éste, repito, no es el camino a nuestro juicio para emprender las acciones económicas que quiere llevar a cabo el Gobierno, y no lo es ni desde un punto de vista parlamentario, ni desde el punto de vista de los sectores afectados, ni desde ningún otro punto de vista, motivo por el que me veo obligado a defender una vez más la enmienda de veto propuesta.
A efectos de la votación de la enmienda de veto ruego a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios faciliten a esta Presidencia la lista de las sustituciones de los señores senadores.
(Pausa.) Procedemos, pues, a la votación.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de veto.
Pasamos, pues, a la defensa de las enmiendas al articulado. Si a sus señorías le parece oportuno, se hará una defensa conjunta de las mismas por parte de los grupos parlamentarios, que intervendrán según el orden de su publicación.
Por tanto, para defender las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Durán Fraguas.
La señora DURAN FRAGUAS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero aclarar que todas nuestras enmiendas son de carácter técnico.
La enmienda número 1 propone un nuevo apartado tres en el artículo primero del proyecto de ley, de forma que se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 73, que quedará redactado en los siguientes términos: «6.El incumplimiento por las empresas ferroviarias de la obligación de pago de los cánones por utilización de infraestructuras ferroviarias, faculta al administrador de estas infraestructuras para denegar o dejar en suspenso su derecho a la utilización de las infraestructuras, estaciones, terminales e instalaciones, previa comunicación al Ministerio de Fomento.» Ya decíamos en la justificación de esta enmienda que nos parece conveniente que la legislación aplicable al sector ferroviario contemple la posibilidad de que el administrador pueda denegar o suspender el derecho a la utilización de las mismas por aquellos operadores que incumplan su obligación de pago de los cánones devengados como consecuencia de dicha utilización.
Está fundamentado en lo establecido en el artículo 8 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, aplicable a este tipo de tributos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. En ella se cita que el principio de reserva de la ley tributaria alcanzaría tanto al establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias como a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto de la eficacia de los actos y negocios jurídicos, por lo que su regulación habrá de efectuarse por una norma con rango de ley.
Esta posibilidad no se contempla en la Ley del Sector Ferroviario, al contrario de lo que sucede en relación con los precios privados, previstos en los artículos 78 y 79 de la citada norma, como contraprestación por los servicios adicionales, complementarios y auxiliares que oferte el futuro Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Como consecuencia de lo anterior, resulta necesaria la introducción en el proyecto de Ley de Modificación de Tasas y de reconocimiento de acontecimientos de excepcional interés público de la modificación del artículo 73 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, motivo por el que presentamos la enmienda número 1.
La enmienda número 2 propone una nueva redacción del artículo duodécimo, apartado cinco. Dice así: «Cinco.La cuantía de la tasa será la obtenida por la fórmula: Tasa (E) = 641,12 + 441,15 K, siendo K la longitud (en kilómetros) de la línea a replantear.» Presentamos la enmienda porque, como ustedes pueden comprobar, hay un error de transcripción en la citada fórmula.
Nuestra enmienda número 3 afecta al artículo decimotercero.I del citado proyecto de ley, que corresponde, como sus señorías saben, a la tasa por prestación de servicios de control metrológico. En la tabla donde se recoge cada una de las especificaciones de la citada tasa se han encontrado una serie de errores que es necesario corregir, para lo cual aportamos en la enmienda la tabla que se adjunta. En la misma se han aplicado diversos criterios de adecuación; se redefinen los rangos para las células de carga, obviándose así la duplicidad de tasa a un mismo valor nominal de carga. Por ejemplo, teníamos el valor 20 en dos sitios distintos, con lo cual no quedaba claro qué tasa habría que aplicar, y así en cada uno de los cambios de rango.
Se han corregido todos los signos de <= que figuran en los contadores de agua y gas por los que resultan correctos, que además son la anotación matemática que habitualmente se usa.
También se ha incorporado el signo <_ que figura en el boletín remitido y no el de < que figuraba en el proyecto publicado en el boletín del Senado para los sistemas de medida instalados en camiones.
Por último, han sido adecuados los signos en el caso de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, estableciéndose así la coherencia de los rangos de medida que se fijan en los mismos, y se ha eliminado, en los casos en que corresponde, la preposición «de» que inducía a error.
Ese es el fundamento de nuestra tercera enmienda.
Si les parece, haríamos un turno de defensa de las enmiendas por cada grupo, después se expresarían los portavoces de los grupos parlamentarios, y por último pasaríamos a la votación.
Tiene la palabra el senador Iglesias, para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
De una forma breve, tengo que decir que presentamos quince enmiendas al articulado, de las cuales hemos retirado una; por tanto, quedan vivas catorce, aunque no me referiré a todas ellas, sino sólo a las que creemos que son más importantes o con mayor incidencia, por la repercusión que pueden tener en la economía española, en ciertos sectores clave para el desarrollo económico de nuestro país.
En primer lugar, presentamos una enmienda al artículo octavo, sobre tasas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA. Hemos retirado la enmienda de supresión de este artículo, dejando viva la enmienda en la que se propone el incremento del 1 por ciento --es decir, menor que la inflación prevista-- de las tres tasas que recibe AENA en función del tráfico aéreo y de la seguridad aeroportuaria.
Creemos que el incremento propuesto por el Gobierno del 3 por ciento, un punto más que la inflación prevista, restaría competitividad a un sector, como dije en la enmienda de veto, que necesita ser al menos tenido en cuenta por el Gobierno a la hora de incrementar sus tasas, y a pesar de que el vicepresidente del Gobierno, señor Solbes, asegure que no tendrá una incidencia importante en el sector turístico, desde nuestro grupo parlamentario creemos que tendría un impacto claro en el precio del billete, que además sería repercutido directamente al ciudadano, a los usuarios de los aviones, y también un impacto claro en el sector turístico, ya que el sector aéreo ha estado muy presionado por las circunstancias internacionales que antes expresé, y que no repito de nuevo.
Tampoco estamos de acuerdo en que, como dice la exposición de motivos, esta propuesta obedezca al equilibrio que se quiere encontrar entre ingresos y gastos, ya que desde nuestro punto de vista AENA tiene en estos momentos un superávit en sus cuentas de gestión.
Me refiero ahora a la enmienda presentada al artículo noveno, sobre tasas del Ministerio de Sanidad y Consumo de la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios. Creemos que es absolutamente desproporcionado el incremento propuesto por el Gobierno en su conjunto. Algunas tasas suben el 6 por ciento, que podría ser un incremento moderado, pero es intolerable que otras superen el 300 e incluso el 400 por ciento de incremento, en un sector clave para nuestra economía, para la investigación y el desarrollo en España, y que no merece en ningún caso que se le penalice con incrementos desorbitados, exorbitantes, que no conducen a otra cosa más que a no considerar este sector como dinámico, como importante para la economía española.
Además, esta enmienda está absolutamente entroncada con la número 21, presentada también por nuestro grupo, en la que proponemos --que es la última publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado-- la supresión de la disposición adicional cuadragésimo octava del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Nosotros no estamos de acuerdo con el sistema de introducir, a través de disposiciones adicionales en los presupuestos generales, enmiendas que afectan a sectores importantes, como es el caso, y esta disposición supone la otra cara de la ausencia de la ley de acompañamiento, la otra cara de la transparencia que propugna el Gobierno del Partido Socialista. No se puede penalizar una vez más al sector, ya no sólo con el incremento de las tasas de hasta un 400 por ciento, sino además con «rapples», con descuentos, que por las bravas y por decreto ley propone el Gobierno, ya que en todo caso es una política intervencionista desconocida en España en otros sectores y que no conduce a nada bueno, sino a reducir la investigación y el desarrollo en este sector tan dinámico.
Me voy a referir ahora a la enmienda al artículo undécimo, en la que proponemos la supresión del apartado Uno, que se refiere a las tasas de reserva del dominio público radioeléctrico. El Gobierno quiere modificar una exención que figuraba en la Ley de Telecomunicaciones --aquí estamos modificando una ley, señorías, que es lo que hacía la ley de acompañamiento y es lo que también hace esta Ley de Tasas--, que se establecía en un 75 por
ciento, y dejarla en hasta un 75 por ciento. Con ello, el Gobierno una vez más --lo hace en los Presupuestos Generales del Estado, ya que no dispone de la ley de acompañamiento-- podrá modificar todos los años, a conveniencia, en el sector de las telecomunicaciones esta tasa, incrementándola si lo desea hasta un 400 por ciento, en caso de que la exención de hasta un 75 por ciento sea el 0,01 por ciento, por ejemplo.
En nuestra opinión eso sería una exageración, además de una medida de control del sector de las telecomunicaciones por parte del Gobierno. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular recomienda no jugar con ese tipo de propuestas que no conducen sino a la incertidumbre en importantes sectores económicos de la sociedad española y no tienen ningún sentido.
En resumen, pedimos el apoyo tanto a éstas como al resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado para que se puedan debatir en el Congreso, con la esperanza de que sean aprobadas y, ya que nuestro veto no ha prosperado, al menos se modifique en aspectos sustanciales esta ley, que entendemos no cumple con ninguno de los parámetros de trasparencia propugnados por el Gobierno del Partido Socialista.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Mendoza.
El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente. Intervendré muy brevemente.
Con nuestras dos primeras enmiendas, las números 18 y 19, tratamos de disminuir las consecuencias de la doble insularidad en lo que a los costos de diferentes tasas en puertos y aeropuertos se refiere.
Y en cuanto a la número 20, se presenta en coherencia con los criterios manejados en la Ley sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con objeto de que las tasas de los alcoholes estén por debajo del precio medio en la península.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mendoza.
A continuación, el senador Fernández Fernández, vicepresidente primero de la comisión, me va a sustituir para que yo pueda defender las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario. (El señor vicepresidente, Fernández Fernández, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Fernández): Como usted ha dicho, señoría, tiene la palabra para la defensa de las enmiendas de Convergència i Unió.
El señor GASOLIBA I BàHM: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos presentado una serie de enmiendas, algunas de las cuales recomiendo que voten a favor porque en el caso de ser aprobadas mejorarían claramente este proyecto de ley.
Dos de ellas tratan de la capacidad de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en el ámbito de este proyecto de ley. Así, con la enmienda número 22 se pretende garantizar la participación de las comunidades autónomas que así lo soliciten en las tareas de gestión catastral. Como ustedes saben, muchas comunidades autónomas tienen competencias exclusivas tanto en materia de impuestos de transmisión patrimonial como en la planificación y gestión del territorio; por tanto, en buena lógica eso debería tener su traslación a esta ley.
Otra de nuestras enmiendas también hace referencia a la capacidad de las comunidades autónomas en materia de corporaciones públicas.
Por otro lado, y como ya he anunciado en ponencia, hemos retirado las enmiendas números 23 y 24 en favor de la número 11, del Grupo Popular, enmiendas todas ellas relacionadas con un importante tema que en nuestra opinión tiene trascendencia económica en el sector turístico, decisivo para la economía española.
Dado el nivel de competencia de nuestro sector turístico en el ámbito internacional, y teniendo en cuenta que una parte importante de él depende del transporte aéreo y de que éste se facilite sobre todo en los principales aeropuertos de conexión con las zonas turísticas, creemos que las tasas que presenta el proyecto de ley no son las adecuadas. Por tanto, apoyamos el incremento del 1 por ciento que se ha presentado en la enmienda del Grupo Popular, retirando, como digo, las nuestras.
También presentamos una enmienda en nuestra opinión de especial importancia, por lo que espero reciba el apoyo de todos los grupos, ya que se refiere a las bonificaciones en las tasas de centros públicos de educación superior para aquellas personas que tengan un grado elevado de discapacidad, igual o superior al 33 por ciento. Creo que la enmienda debe merecer el apoyo de la comisión por la dimensión social que tiene este tema.
Antes se ha aludido --yo mismo lo he hecho-- a las tasas aeroportuarias.
Pues bien, hay un aspecto importante para poderlas evaluar, en función de la transparencia a la que se ha comprometido el Gobierno actual, como es el conocimiento del coste real de los servicios prestados por los aeropuertos. La enmienda número 31 hace referencia a esa propuesta, que obligaría a AENA a dar a conocer anualmente el coste real de los servicios prestados en los aeropuertos. Por tanto, en virtud del artículo 115 del Reglamento propongo modificar el texto, eliminando la expresión: «... individualizado por cada una de las tasas aeroportuarias recaudadas y por cada aeropuerto.» Como digo, propongo eliminar esa expresión, con lo que el texto quedaría así: AENA publicará anualmente el coste real de los servicios prestados en los aeropuertos. En esta publicación se justificará, en los términos anteriores, el principio de equivalencia entre la tasa y el coste del servicio o actividad que constituye su hecho imponible.
El objetivo de esta enmienda es, tanto la transparencia que hemos de exigir a las empresas, como poder evaluar el nivel de ingresos en los aeropuertos y conocer el grado de justificación que existe para elevar o no las tasas aeroportuarias.
Finalmente, la enmienda número 32 se refiere a la Ley del Medicamento, a la que, como saben sus señorías, nuestro grupo siempre se ha opuesto. En dicha ley se introduce un tipo de tasa o impuesto que en nuestra opinión es muy negativo para el propio sector farmacéutico y para las actividades de investigación y desarrollo que en él mantienen importantes empresas, plenamente españolas.
Por otro lado, también nos parece muy importante la enmienda citada ya que no consideramos que sea procedente incluir en esa medida al sector de productos sanitarios. Por tanto, debería eliminarse ese efecto, que no correspondería al ámbito que contempla la Ley de Medicamento y, con ello, las tasas o gravámenes que se contemplan en este proyecto de ley.
Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? El señor Maqueda tiene la palabra.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Nuestro grupo considera adecuada la ley en su conjunto, no obstante, planteamos una serie de modificaciones en las enmiendas presentadas. Algunas tasas, en concreto las que se refieren a los temas aeroportuarios, AENA, nos parecen oportunas dado el consenso que se ha producido entre el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Popular. En cuanto a las enmiendas presentadas por Coalición Canaria, nos parecen adecuadas las números 18 y 19, relativas a las tasas de vuelos, sin embargo, nos abstenemos en la número 20. En relación con el resto de las enmiendas, diré que unas las apoyamos y otras no, pero fijaremos nuestra posición en la votación. Estamos prácticamente de acuerdo con el conjunto que se ha comentado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Maqueda.
Vuelvo a pedir al vicepresidente primero, el senador Javier Fernández, que me sustituya para poder manifestar como portavoz la posición de mi grupo sobre las enmiendas presentadas por los otros grupos. (El señor vicepresidente, Fernández Fernández, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Fernández): Tiene la palabra el senador Gasòliba.
Señorías, de las tres enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista estamos a favor de las números 2 y 3 y en duda sobre la número 1. Por lo tanto, en la comisión votaremos en contra, pero lo expongo hoy para poder estudiarlo hasta la votación en Pleno. No acabamos de ver claro que a una empresa concesionaria por no pagar un canon se la suspenda en su actividad, de manera que el servicio público que se ha comprometido a ejercer quede interrumpido, con lo cual, por ejemplo, en el caso de transportes de viajeros podríamos perjudicar a muchos ciudadanos. Este es el aspecto que no vemos claro. Creemos que hay otros medios legales y jurídicos para poder reclamar y debe haber, cuando hay unas concesiones, unas garantías suficientes para que no fuesen los perjudicados los ciudadanos en el caso de transportes de viajeros, y en el caso del transporte de mercancías se podría estrangular la actividad de algunas empresas. Por consiguiente, confieso que no veo clara esta propuesta por los efectos que puede tener.
En relación con las enmiendas números 3 y 4, confío en el planteamiento que hace el Grupo Parlamentario Socialista al tratarse de una corrección técnica.
Con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, ya he expresado que apoyamos, respecto a tasas aeroportuarias, la enmienda que hace referencia al incremento del uno por ciento, así como las propuestas de incremento en especialidades farmacéuticas, ya que va en la línea que ha defendido el Grupo Catalán de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados y que se deriva, insisto, de nuestra posición absolutamente contraria tanto a la Ley del Medicamento como a este, para nosotros inaceptable, gravamen a la industria farmacéutica.
Asimismo, expresamos nuestro apoyo a un tema de fondo: la supresión de las modificaciones de tasas que se pueden llevar a cabo en la ley de presupuestos. Nosotros creemos que va en contra de la transparencia y del propio compromiso del Gobierno cuando éste justificó la eliminación de la ley de acompañamiento. En el debate de presupuestos ya denunciamos la parte que hacía referencia a la arrogación para establecer los criterios y objetivos del plan de estabilidad y, en consonancia con los mismos criterios, apoyaremos la que hace referencia a la supresión del artículo 11, apartado 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Fernández): Gracias, señor Gasòliba.
¿Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la palabra la senadora Durán.
La señora DURAN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.
Voy a establecer nuestro sentido de voto en la comisión. En principio, no vamos a apoyar ninguna de las enmiendas del resto de los grupos. Tampoco voy a entrar a detallar ahora los motivos, pero sí me gustaría hacer referencia a algunos aspectos.
En lo que se refiere a las enmiendas de Coalición Canaria, quiero dejar claro en la Comisión que el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo en el fondo de determinadas
cuestiones, pero entendemos que no es ésta la ley donde se pueden solucionar los problemas de fondo que ahí se plantean.
Respecto de algunas que se han tratado aquí, me gustaría mencionar en cuanto a AENA que está claro que el Partido Socialista y el Partido Popular difieren en buen grado, hasta el punto que donde ustedes ven superávit, nosotros tenemos un probado déficit. Es extraño, ¿cómo en el mismo tema unos pueden ver superávit y otros déficit? Seguramente tenemos que hablar de esto porque algo raro está pasando. En todo caso, sí me gustaría aclarar que está probado que AENA tiene déficit y que las tasas aeroportuarias que se exigen en España son sensiblemente inferiores a las de otros aeropuertos extranjeros, incluso de un 70 por ciento menos. Es un dato que debemos tener en cuenta.
Me gustaría hacer referencia también a la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, con la que estamos de acuerdo en el fondo. Establece bonificaciones en tasas de centros públicos de educación superior a favor de personas discapacitadas. Evidentemente, en el fondo de la cuestión estamos totalmente de acuerdo, pero la competencia normativa respecto a la totalidad de los centros públicos de educación superior corresponde, después del proceso de transferencias, a las comunidades autónomas, que ya tienen establecidas tasas o precios públicos por la prestación de esos servicios. En ese caso la legislación estatal no puede establecer bonificaciones o modificar regulaciones que corresponden a otras administraciones.
Por último, hay varias enmiendas relativas a los «rappel» en la industria de medicamentos. Así, se solicita la supresión de la disposición adicional cuadragésimo octava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado sobre descuentos en venta de medicamentos, y a este respecto quiero puntualizar que técnicamente no se puede suprimir en un proyecto de ley una disposición adicional de otro proyecto de ley. Lo contenido en esa disposición se trata de una figura conocida, como bien se dijo aquí, como rappel de venta y existen numerosos precedentes de esos rappel.
Quiero insistir en que no se trata ni de un tributo ni de una prestación patrimonial de carácter público, por lo que no le es de aplicación la prohibición de creación establecida en el artículo 134.7 de la Constitución Española. Por nuestra parte, nada más respecto al resto de las enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Durán.
Tiene la palabra el senador Iglesias, por el Grupo Parlamentario Popular.
Empiezo por las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Nos oponemos a la enmienda número 1 y hacemos nuestro el razonamiento que ha hecho el señor presidente como portavoz en la comisión del Grupo de Convergència i Unió.
Nos vamos a abstener en las enmiendas números 2 y 3 que, aparentemente, tienen un carácter estrictamente técnico, por lo que no tendríamos ninguna objeción a que pudieran salir adelante si ese fuera el caso.
Respecto a las enmiendas presentadas por Coalición Canaria, el Grupo Parlamentario Popular apoyará las números 18 y 19, referidas en un caso a que haya desgravaciones o reducción de tasas de hasta un 25 por ciento en la tarifa de aterrizaje, y en otro a bonificaciones de un 75 por ciento en la cuantía de la tasa de los aeropuertos cuando estos vuelos sean interinsulares en las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias. Y, en un principio, nos abstendremos en la enmienda número 20, referida a la disposición adicional del impuesto de la cerveza en Canarias.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, quiero agradecer en primer lugar la buena disposición y comprensión que ha habido con mi interlocutor, el señor Gasòliba, para hacer un intercambio de enmiendas que enriquezca la ley, que redunde en mejorar sustancialmente la ley que salga de esta Cámara, pues aun cuando no estamos de acuerdo en la forma hemos enmendado ampliamente el articulado para mejorarla. Por lo tanto, agradezco el apoyo a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular por parte de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. He de decir que en este último caso también he encontrado un interlocutor razonable, con el que poder llegar a puntos de encuentro que, sin que desvirtúen en ningún caso los incrementos razonables --semejantes al IPC en algunos casos, incluso en sectores como el aéreo por debajo del IPC, el uno por ciento, según el acuerdo al que hemos llegado los tres grupos--, se puedan hacer de manera ordenada, razonable y no con incrementos exorbitantes del 400 por ciento. Y sigo con las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Vamos a apoyar la enmienda número 25, que hace referencia a la exención de tasas por aprovechamientos especiales de algunos organismos y entidades de carácter público o semipúblico. Apoyaremos también la enmienda número 29, por la que se suprimirían las tasas de centros públicos de educación superior para las personas discapacitadas con un grado de discapacidad superior o igual al 33 por ciento. Y nos abstendremos en la enmienda número 27, que establece reducciones de tasas aeroportuarias hasta un 30 por ciento en horas valle. Daremos nuestro apoyo a la enmienda número 31, que se refiere a la disposición adicional de las tasas aeroportuarias en el sentido de publicar anualmente el coste real de los servicios prestados. Señora portavoz del grupo municipal socialista (Risas.--Una señora senadora del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Municipal también!), ha dicho usted que tiene claramente un déficit. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el mío propio tienen interés en saber si tiene déficit, porque nosotros creemos que no lo tiene, sino que tiene superávit, y con esa enmienda que propone la publicación
anual de ingresos y gastos de AENA sabríamos si tiene o no tiene déficit.
No recuerdo si el señor Gasòliba ha hecho esa modificación...
El señor PRESIDENTE: Sí, la he hecho pública y en el momento de votar la volveremos a leer.
El señor IGLESIAS GARCIA: Finalmente, apoyaremos la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que propone una nueva disposición adicional referida a la modificación de la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Aunque esto es una parte de lo que nosotros quisiéramos --nosotros pedimos la supresión de la disposición adicional cuadragésimo octava--, apoyamos el que se excluyan en todo caso algunos de los productos establecidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Sin más, agradecemos a los grupos parlamentarios que apoyan las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular su comprensión en orden a que podamos mejorar esta enrevesada ley para dar cumplida respuesta a lo que los ciudadanos nos piden y algunos sectores importantes de la economía nos solicitan.
El señor PRESIDENTE: Señorías, muchas gracias.
Terminado el turno de portavoces, pasamos a las votaciones, que se producirán según la lista por artículos y enmiendas que figura al final de la publicación de enmiendas del Boletín del Senado.
A la exposición de motivos hay cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que iremos votando una por una.
Votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular número 5.
Enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Popular.
Votamos la enmienda número 7, a la exposición de motivos, también del Grupo Parlamentario Popular.
Al artículo primero se ha presentado la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 14.
Al artículo tercero, enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Popular.
También al artículo tercero, votamos la enmienda número 22 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 11; abstenciones, 12.
Votamos la enmienda número nueve, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo cuarto.
Al artículo octavo se había presentado la enmienda número 10 del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido retirada. Por tanto, votamos la enmienda número 11, también del Grupo Parlamentario Popular.
Votamos la enmienda número 18 del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Votamos la enmienda número 19, también del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Las enmiendas números 23 y 24 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió han sido retiradas.
Al artículo noveno se ha presentado la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Popular, que votamos en este momento.
Al artículo décimo se ha presentado la enmienda número 13 del Grupo Parlamentario Popular, que pasamos a votar.
Votamos la enmienda número 14 del Grupo Parlamentario Popular, también al artículo décimo.
Al artículo undécimo se ha presentado la enmienda número 15 del Grupo Parlamentario Popular. Votamos dicha enmienda.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 2 al artículo duodécimo, que votamos a continuación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; abstenciones, 12.
Al artículo decimotercero se ha presentado la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario Socialista, que pasamos a votar.
Al artículo decimotercero bis nuevo se ha presentado la enmienda número 25 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que votamos a continuación.
Votamos la enmienda número 26 al mismo artículo, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 11; abstenciones, 13.
Al mismo artículo se ha presentado la enmienda número 27, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que votamos a continuación.
Pasamos a votar la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo decimocuarto.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado la enmienda número 17 a la disposición adicional primera, que votamos a continuación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 11; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda aprobada.
Se propone una nueva disposición adicional en la enmienda número 20 del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, que procedemos a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 10; abstenciones, 14.
Como disposición adicional nueva, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado la enmienda número 21.
Como disposición adicional nueva, votamos la enmienda 28, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Votamos la enmienda 29 como disposición adicional nueva, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Votamos la enmienda 30, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, como disposición adicional nueva.
Votamos la enmienda 31. Se ha anunciado que, en virtud del artículo 115, se proponía una modificación que significa eliminar de la enmienda la expresión: individualizado por cada una de las tasas aeroportuarias recaudadas y por cada aeropuerto. Esta expresión quedaría eliminada. Se vota el resto.
Finalmente, queda la enmienda 32 como disposición adicional nueva, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
¿Quién va a presentar el dictamen de la comisión? (Varios señores senadores: Que sea el señor presidente.) Muchas gracias. Lo presentaré yo. Como he visto que es muy complicado esto de presentar el dictamen de la comisión, acepto gustoso el esfuerzo que me supondrá. (Risas.) Antes de terminar, recuerdo a los miembros de esta comisión que pasado mañana, a las nueve, tenemos la comparecencia del presidente de la SEPI, el señor Martínez Robles, y, a continuación, la del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, el señor Miguel Angel Fernández Ordóñez.

References: artículo 42
 artículo 32
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 134
 artículo 73
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 73
 artículo 115
 artículo 11
 artículo 134
 artículo 115