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Timestamp: 2020-05-26 04:36:12+00:00

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Test 2019 LAJ PI
Convocatorias anteriores Examen Letrados de la Administración de Justicia Promoción Interna (OEP 2017+2018)
Test 2019 de la oposición LAJ PI
Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Letrados de la Administración de Justicia Promoción Interna del año 2019
Este test fué realizado de manera oficial en la fecha 2019-07-21
Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de LAJ PI de 2019
Tema 18, Derecho Penal - LAJ PI
1. Cometen delito de manipulación genética según el artículo 159 del Código Penal:
a. Los que con la finalidad de eliminar taras o enfermedades graves manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo.
b. Los que fecunden óvulos humanos sin el consentimiento de la mujer o habiéndose obtenido por violencia, intimidación o engaño.
c. Las tres conductas son constitutivas del delito de manipulación genética.
d. Los que utilicen la ingeniería genética para practicar reproducción asistida a la mujer.
2. Los delitos del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitada de especial protección, contemplados en los artículo 226 y 227 del Código Penal:
a. Sólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representación.
b. Para su persecución no será necesario ni la denuncia de la persona agraviada ni de su representación.
c. Se perseguirán de oficio por el Ministerio Fiscal.
d. Se podrán perseguir mediante acción popular previa consignación de fianza.
3. ¿Qué circunstancia de las que a continuación se mencionan implica que la pena de la prostitución del artículo 187.1 del Código Penal se aplique en su mitad superior?
a. Que el culpable ejecutare el hecho con alevosía.
b. Que el culpable cometiera el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
c. Que el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.
d. Que el culpable sea reincidente.
4. De acuerdo con el artículo 238 del Código Penal, cuál de las siguientes circunstancias permite que se tipifique un delito como robo con fuerza en las cosas:
b. Que se cometa en casa habitada.
c. Que se cometa con violencia o intimidación en las personas.
d. Que se cometa haciendo uso de llaves falsas.
Tema 28, Derecho Penal - LAJ PI
5. Cuál de las siguientes circunstancias específicas agravan la pena de maltrato a los animales del art. 337.2 apartado segundo del Código Penal:
a. Que los hechos se hubieran realizado en la vía pública.
b. Que haya reincidencia.
c. Que el culpable tenga carácter de autoridad.
d. Que hubiera mediado ensañamiento.
6. De acuerdo con el artículo 163 del Código Penal, el particular que encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cinco a ocho años:
a. Si el encierro o detención ha durado más de doce días.
b. Si el encierro o detención ha durado más de diez días.
c. Si el encierro o detención ha durado más de cinco días.
d. Si el encierro o detención ha durado más de quince días.
Tema 1, Derecho Mercantil - LAJ PI
7. Según el artículo 9 del Código de Comercio, el consentimiento para obligar los bienes propios del cónyuge del comerciante:
a. Se presumirá cuando al contraer matrimonio se hallare uno de los cónyuges ejerciendo el comercio y lo continuare sin oposición del otro.
b. Se presumirá salvo que en capitulaciones matrimoniales se haya pactado expresamente lo contrario.
c. Ha de ser expreso en cada caso.
d. Requiere, en todo caso, autorización judicial.
8. Según resulta de lo establecido en el artículo 2 del Código de Comercio, los usos del comercio observados generalmente en cada plaza:
a. Se aplican supletoriamente, en defecto de las disposiciones del Código de Comercio.
b. Se aplican en defecto de ley y costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
c. Se aplican, imperativamente, a los actos de comercio celebrados en la plaza de que se trate.
d. Se aplican con preferencia a cualquier otra fuente del Derecho Mercantil.
Tema 3, Derecho Mercantil - LAJ PI
9. Según el artículo 30.1 del Código de Comercio, el deber de los empresarios de conservar los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, se extiende durante:
a. Cinco años, a partir del cierre de la hoja registral en el Registro Mercantil.
b. Tres años, a partir del cierre del ejercicio fiscal al que se refiere la documentación.
c. Cinco años, a contar desde la última operación de comercio realizada.
d. Seis años, a partir del último asiento realizado en los libros.
10. Indique cuál de los siguientes sujetos o cosas no puede ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil (artículo 16 del Código de Comercio):
a. El empresario individual.
b. Una Sociedad Civil profesional.
c. Una agrupación de interés económico.
d. El buque perteneciente al naviero.
11. Según el artículo 19.1 del Código de Comercio, la inscripción en el Registro Mercantil:
a. Es obligatoria para todos los empresarios, cualquiera que sea su naturaleza.
b. Solamente puede practicarse en virtud de documento público.
c. Es siempre potestativa, pero los actos no inscritos no pueden perjudicar a terceros.
d. Es potestativa para los empresarios individuales, con excepción del naviero.
12. Según el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital:
a. Las sociedades de capital pueden fijar libremente su domicilio en cualquier lugar dentro del territorio de la Unión Europea.
b. Las sociedades de capital deben fijar su domicilio en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación.
c. Las sociedades de capital deben fijar su domicilio en la misma localidad en la que se otorga su escritura de constitución.
d. Las sociedades de capital pueden fijar libremente su domicilio en cualquier lugar del territorio nacional, pero no en el extranjero.
13. Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Sociedades de Capital, salvo disposición contraria de los estatutos, la competencia para acordar la creación, supresión o traslado de sucursales corresponde:
a. A la junta general de accionistas de la sociedad.
b. Al órgano de administración de la sociedad.
c. Al Presidente del Consejo de Administración de la sociedad.
d. Al director de la sucursal que se crea, suprime o traslada.
14. A tenor de lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Capital, las prestaciones accesorias establecidas en los estatutos de las sociedades de capital:
a. Son esencialmente gratuitas.
b. En ningún caso pueden integrar el capital social.
c. Han de ser siempre retribuidas, fijándose la retribución como mención necesaria en los estatutos.
d. Integran el capital social y deben ser objeto de valoración pericial en la misma forma que las aportaciones no dinerarias.
15. Según resulta del artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital, el ámbito del poder de representación en las sociedades de capital se extenderá:
a. A todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos y cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros.
b. A los actos expresamente previstos en los apoderamientos inscritos en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil, incluso cuando no estén comprendidos en el objeto social fijado en los estatutos.
c. A todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos y, asimismo, a los actos expresamente previstos en los apoderamientos inscritos en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil, incluso aunque no estén comprendidos en el objeto social fijado en los estatutos.
d. A todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos, si bien podrán establecerse limitaciones a las facultades representativas de los administradores, que serán oponibles a terceros desde su inscripción en el Registro Mercantil.
16. A tenor de lo establecido en el artículo 241 bis de la Ley de Sociedades de Capital:
a. La acción individual de responsabilidad contra los administradores prescribe a los cuatro años, a contar desde la fecha de adopción del acuerdo del que se deriva la responsabilidad.
b. La acción social de responsabilidad contra los administradores prescribirá a los cinco años, a contar desde el día en que la junta general hubiera sido informada por los administradores de la adopción del acuerdo del que se deriva la responsabilidad.
c. La acción de responsabilidad social contra los administradores prescribirá a los tres años y la individual a los cinco, en ambos casos a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse.
d. La acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse.
17. Según lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Sociedades de Capital, en las sociedades de responsabilidad limitada:
a. Son nulas cualesquiera cláusulas estatutarias que limiten la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actor inter vivos.
b. Son nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos.
c. Se puede establecer cualquier limitación o prohibición de la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos, siempre que sea acordada por unanimidad de todos los socios.
d. Son nulas, en todo caso, las cláusulas estatutarias que prohíban la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos.
18. Según resulta de lo establecido en el artículo 381 de la Ley de Sociedades de capital, en los supuestos de liquidación de sociedades anónimas, la facultad de solicitar del Secretario Judicial (en la actualidad Letrado de la Administración de Justicia) o del Registrador Mercantil del domicilio social, la designación de un interventor que fiscalice las operaciones de liquidación corresponde a:
a. Los accionistas que representen la vigésima parte del capital social.
b. Los administradores de la sociedad cuyos cargos permanezcan en vigor.
c. El Gobierno, por razones de interés público que deberá acreditar ante el Secretario Judicial (en la actualidad Letrado de la Administración de Justicia) o el Registrador Mercantil del domicilio social.
d. Los liquidadores cuyo nombramiento haya sido debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
Tema 10, Derecho Mercantil - LAJ PI
19. En los contratos sujetos a la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, el plazo establecido en su artículo 9 para el ejercicio de la facultad de desistimiento del contrato por parte del consumidor es el siguiente:
a. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.
b. Dentro de los siete días hábiles siguientes a la entrega del bien.
c. Dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato.
d. Dentro del mes siguiente a la recepción de la oferta posteriormente aceptada.
Tema 11, Derecho Mercantil - LAJ PI
20. Según el artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual la duración de los derechos de explotación de una obra es la siguiente:
a. Toda la vida del autor y hasta la muerte o declaración de fallecimiento del último de sus herederos directos.
b. Toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración del fallecimiento.
c. Toda la vida del autor y cincuenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
d. Cincuenta años desde su primera publicación.
21. ¿A qué tipo de contrato de seguro se refiere la siguiente definición legal?: el contrato por el que el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites establecidos en la Ley o en el contrato:
a. Seguro de responsabilidad civil.
b. Reaseguro.
c. Seguro de caución.
d. Seguro de crédito.
22. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiarla y del Cheque:
a. El endoso parcial de la letra de cambio equivale a un endoso en blanco.
b. El endoso en blanco es nulo de pleno derecho.
c. El endoso de la letra de cambio puede quedar sujeto a condición suspensiva, pero no resolutoria.
d. El endoso de la letra de cambio debe ser total, puro y simple.
Tema 17, Derecho Mercantil - LAJ PI
23. Según el artículo 113 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, en el expediente de jurisdicción voluntaria para la exhibición de los libros de las personas obligadas a llevar contabilidad, la competencia corresponde:
a. Al Juzgado que corresponda, según las reglas generales de competencia objetiva y territorial de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
b. Al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del solicitante de la exhibición.
c. Al Juzgado de lo Mercantil del domicilio del solicitante de la exhibición.
d. Al Juzgado de lo Mercantil del domicilio de la persona obligada a la exhibición, o del establecimiento a cuya contabilidad se refieran los libros y documentos de cuya exhibición se trate.
24. El expediente de jurisdicción voluntaria para el nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor de una entidad, se resuelve (artículo 123 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria):
a. Por medio de sentencia del Juez.
b. Por medio de decreto del Letrado de la Administración de Justicia.
c. Por medio de auto del Juez.
d. Por medio de requerimiento del Letrado de la Administración de Justicia.
Tema 2, Derecho Administrativo - LAJ PI
25. De conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una entidad de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financia mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrolla actividades prestacionales, de gestión de servicios 0 de producción de bienes de interés público, susceptible de contraprestación, es:
a. Una sociedad mercantil estatal.
b. Una entidad pública empresarial.
c. Un consorcio.
26. Conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector ~ Público, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción; las infracciones muy graves prescribirán a:
a. Los dos años.
b. Los cinco años.
c. Los tres años.
27. Según el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando un órgano de la Unión Europea hubiera Impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento:
a. El órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo imponer una sanción más grave, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
b. El órgano competente para resolver no debe tenerla en cuenta a efectos de graduar la sanción a imponer.
c. El órgano competente para resolver podrá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
d. El órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
28. De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos administrativos:
a. En todo caso, tendrán que ir precedidos de las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
b. Deberán ir precedidos de una reclamación judicial previa.
c. Podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
d. No podrán acumularse a otros procedimientos con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, aun cuando sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el mismo.
29. Con arreglo al artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el caso de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:
a. La indemnización procedente no es susceptible de compensación.
b. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
c. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, en el único caso de que resulte más adecuado para el interesado.
d. La indemnización procedente podrá sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad en el único caso de que resulte más adecuado para el interesado.
30. Conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál de los siguientes sujetos está obligado, en todo caso, a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:
b. Los representantes de los menores de edad.
31. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta de resolución expresa en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen:
a. Dará lugar a que se entiendan desestimadas las pretensiones de los interesados.
b. Dará lugar a que se entiendan estimadas las pretensiones de los interesados.
c. Interrumpirá el cómputo de plazo para resolver y notificar la resolución.
d. Producirá la caducidad.
32. Acorde con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 0 Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días:
a. Se entiende que éstos son hábiles excluyéndose del cómputo únicamente los sábados y domingos.
b. Se entiende que éstos son hábiles incluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
c. Se entiende que éstos son hábiles excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
d. Se entiende que éstos son hábiles excluyéndose únicamente del cómputo los domingos y los declarados festivos.
33. De conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medíos electrónicos se entenderán practicadas:
a. En el momento de su aceptación expresa por el destinatario.
b. Al tercer día de que se produzca el acceso a su contenido.
c. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
d. Al día siguiente en que se produzca el acceso a su contenido.
34. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá:
a. A los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
b. A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
c. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
d. A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
35. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a. Los interesados tienen el deber de aportar cualquier documento reclamado por la Administración actuante que obre en su poder.
b. La Administración podrá exigir a los interesados aportar los documentos necesarios, aun cuando se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.
c. Los interesados tienen el deber de aportar los documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, de no hacerlo, podrán imponerse multas coercitivas hasta su aportación.
d. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.
36. Según el artículo 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento:
a. Transcurridos seis meses.
b. Transcurridos tres meses.
c. Transcurrido un año.
d. Transcurrido un mes.
37. El artículo 5.1. de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, dispone que "las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo" son:
a. Personas jurídicas públicas.
b. Sociedades mercantiles estatales.
c. Órganos administrativos.
d. Consorcios.
38. El artículo 40.2 de la Constitución Española:
a. Reconoce el derecho a la promoción a través del trabajo como un principio rector de la política social y económica.
b. Garantiza el derecho a la negociación colectiva como una libertad pública.
c. Encomienda a los poderes públicos, como un principio rector de la política social y económica, el fomento de una política que garantice la formación y la readaptación profesionales.
d. Reconoce el derecho al trabajo y a la libre elección de la profesión u oficio como un derecho fundamental.
39. En virtud de lo establecido en el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores:
a. Los trabajadores no pueden disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario.
b. Los trabajadores no pueden disponer válidamente, después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales o reglamentarias o por convenio colectivo.
c. Pueden disponer válidamente por escrito, después de su adquisición, siempre que medie una compensación justa, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario.
d. Los trabajadores no pueden disponer válidamente, antes de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales o reglamentarias.
Tema 2, Derecho del Trabajo y Seguridad Social -...
40. Según el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores:
a. El convenio colectivo de empresa solo tiene preferencia aplicativa con respecto al convenio de rama o sector, si así lo establece este último.
b. El convenio colectivo de empresa tiene, en algunas materias, prioridad aplicativa respecto del convenio colectivo de rama o sector, y puede negociarse en cualquier momento de la vigencia del convenio colectivo de ámbito superior.
c. El convenio colectivo de empresa no tiene, en ningún caso, prioridad aplicativa con respecto al convenio colectivo de rama o sector.
d. El convenio colectivo de empresa tiene, en algunas materias, prioridad aplicativa respecto del convenio colectivo de rama o sector, pero solo si se negocia antes de que entre en vigor el convenio colectivo de ámbito superior.
41. En el contrato de trabajo a tiempo parcial:
a. El trabajador puede rechazar la propuesta de conversión de su contrato de trabajo a tiempo parcial en uno a tiempo completo, pues esa conversión tiene siempre carácter voluntario para él y no se puede imponer de forma unilateral.
b. Si el trabajador rechaza la propuesta de conversión del contrato en uno a tiempo completo, el empresario puede modificar sustancialmente, de forma unilateral, las condiciones de trabajo para convertirlo en un contrato a tiempo completo.
c. El trabajador no puede rechazar la propuesta de conversión del contrato en uno a tiempo completo, porque es una prerrogativa del empresario.
d. Si el trabajador rechaza la propuesta de conversión del contrato en uno a tiempo completo, el empresario puede extinguir, por esa causa, la relación jurídica.
42. La duración del contrato de trabajo en prácticas:
a. No puede exceder de dos años, pero puede ampliarse a tres años, mediante convenio colectivo sectorial, siempre que se justifique en función de las necesidades organizativas o productivas de las empresas.
b. No puede ser inferior a seis meses, ni exceder de tres años.
c. No puede ser inferior a seis meses, ni exceder de dos años.
d. No puede ser inferior a seis meses, ni exceder de un año.
Tema 4, Derecho del Trabajo y Seguridad Social -...
43. Conforme al artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial abona a los trabajadores el importe de los salarios debidos por insolvencia o concurso del empresario, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan:
a. Hasta un límite del resultado de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte ~ proporcional de las pagas extraordinarias. por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de .g> ciento veinte días.
b. Hasta un límite del resultado de multiplicar _el triple del salario mínimo interprofesional diario, excluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento cincuenta días.
c. Hasta un límite del resultado de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, excluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento cincuenta días.
d. Hasta un límite del resultado de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte g proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de 0 ciento veinte dlas.
44. El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores señala que:
a. El número de horas extraordinarias no puede ser superior a ochenta al año, sin que se computen, en ese límite, las horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, ni las horas extraordinarias que se hayan compensado mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.
b. El número de horas extraordinarias no puede ser superior a noventa al año, sin que se computen, en ese límite, las horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, ni las horas extraordinarias que se hayan compensado mediante descanso dentro de los seis meses siguientes a su realización.
c. El número de horas extraordinarias no puede ser superior a ochenta al año, computándose también, en ese límite, las horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.
d. El número de horas extraordinarias no puede ser superior a noventa al año, computándose también, en ese límite, las que se hayan compensado mediante descanso dentro de los seis meses siguientes a su realización.
45. Las faltas laborales muy graves que justifican el despido disciplinario prescriben:
a. A los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo, caso a los seis meses de haberse cometido.
b. A los veinte días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo, caso a los seis meses de haberse cometido.
c. A los veinte días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo, caso a los doce meses de haberse cometido.
d. A los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo, caso a los doce meses de haberse cometido.
46. De conformidad con el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, en caso de despido por razones disciplinarias:
a. El plazo para ejercitar la acción de despido es de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubiera producido el despido. Dicho plazo es de caducidad a todos los efectos.
b. El plazo para ejercitar la acción de despido es de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubiera producido el despido. Dicho plazo es de caducidad a todos los efectos.
c. El plazo para presentar la acción de despido es de veinte días hábiles, a contar desde el día en que se produce el despido. Dicho plazo es de caducidad a todos los efectos.
d. El plazo para ejercitar la acción de despido es de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubiera producido el despido. Dicho plazo es de prescripción.
47. Según lo previsto en los artículo 55 y 56 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el despido, el trabajador tiene derecho a los salarios de tramitación:
a. En caso de que el despido sea nulo, o bien en caso de que sea improcedente y se opte por la readmisión.
b. Solo en caso de que el despido sea nulo.
c. Siempre que el despido sea nulo o improcedente.
d. Solo en caso de que el despido sea improcedente, haya o no readmisión.
48. Tienen la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma:
a. Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia, expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados del personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.
b. Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia, expresada en la obtención de, al menos, el 10 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.
c. Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia, expresada en la obtención de, al menos, el 10 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.
d. Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia, expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.
Tema 7, Derecho del Trabajo y Seguridad Social -...
49. Conforme a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, el ejercicio del derecho de huelga, cuando esta es legal, produce como efecto:
a. La suspensión del contrato de trabajo, sin derecho al salario y sin la obligación de cotizar a la seguridad social, con la situación de alta especial en la seguridad social.
b. La suspensión del contrato de trabajo, sin derecho al salario y sin la obligación de cotizar a la seguridad social, con la situación de baja, a todos los efectos, en la seguridad social.
c. La suspensión del contrato de trabajo, con mantenimiento de la obligación de cotizar a la seguridad social.
d. La suspensión del contrato de trabajo, con derecho del trabajador a percibir las prestaciones por desempleo.
50. Según el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ¿cuál de las siguientes prestaciones tienen un nivel contributivo y no contributivo?:
a. Incapacidad permanente, jubilación y desempleo.
b. Incapacidad temporal, jubilación y desempleo.
c. Maternidad, paternidad y desempleo.
51. Diga cuál de los siguientes tratados internacionales recoge en su artículo 20 la prohibición de la propaganda a favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia:
a. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
b. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965.
c. La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952.
d. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
52. En el supuesto de que un Juez Único del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere inadmisible o acuerde archivar una demanda individual, sin necesidad de proceder a un examen complementario, la decisión será, según el artículo 27 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de 1950:
a. Irrecurrible y por tanto definitiva.
b. Recurrible ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
c. Recurrible ante un Comité de dicho Tribunal.
d. Recurrible ante la Sala correspondiente de ese Tribunal.
53. El principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea significa:
a. Que la Unión Europea puede intervenir en ámbitos que no sean de su competencia exclusiva cuando los objetivos de la acción pretendida no puedan alcanzarse por los Estados miembros.
b. Que la Unión Europea podrá intervenir en los ámbitos de su exclusiva competencia con preferencia sobre los Estados miembros.
c. Que la Unión Europea podrá intervenir en los ámbitos competencia exclusiva de los Estados miembros para conseguir los objetivos básicos fijados por el derecho originario de la Unión.
d. Que la Unión Europea podrá intervenir en todo los ámbitos competenciales para garantizar el cumplimiento de sus fines.
54. ¿Cuántos jueces componen el Tribunal de Justicia comprendido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
a. Un juez por cada Estado miembro.
b. Es un número que puede variar ya que es proporcional al número de diputados de cada Estado.
c. Depende, ya que su número es proporcional a la población del Estado que les designa por lo que puede variar cada seis años que es cuando han de renovarse.
d. Un mínimo de dos jueces por cada Estado miembro, para que puedan sustituirse.
55. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolverá que una petición de decisión prejudicial se tramite mediante el procedimiento de urgencia...
a. Tanto sobre la base de una solicitud debidamente motivada del peticionario de la decisión como excepcionalmente de oficio.
b. No existe tal procedimiento prejudicial de urgencia.
c. Únicamente a petición de parte, al ser una justicia rogada.
d. Únicamente de oficio, pues con causas tasadas.
56. La Ley 18/2011 de 5 de julio, Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia, se aplica a las relaciones que la Administración de Justicia mantiene ...
a. Únicamente con los profesionales, y con las Administraciones que pertenezcan al ámbito territorial en el que estén transferidas las competencias en materia de Justicia.
b. Con los ciudadanos y los profesionales exclusivamente.
c. Con los profesionales exclusivamente.
d. Tanto con los ciudadanos, como con los profesionales que actúen en su ámbito, asi como con el resto de Administraciones y organismos públicos.
57. La sede judicial electrónica creada por la Administración competente asumirá las funciones de las subsedes judiciales electrónicas...
a. En el caso de que exista un único Servicio de recepción de escritos, registro y reparto.
d. Sólo cuando el titular de la sede judicial electrónica sea el Ministerio de Justicia.
Tema 2, Organización y estructura de la Administ...
58. Conforme al artículo 3 del RD 1065/2015, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, los sistemas electrónicos de información y comunicación dejarán constancia de...
a. Únicamente de la recepción de las presentaciones y de las comunicaciones, pero no de las notificaciones que no les afecta este sistema.
b. Un extracto del contenido de los documentos, para sustituir su contenido íntegro y así ahorrar recursos electrónicos.
c. La transmisión y recepción de las presentaciones y de las comunicaciones y notificaciones, siendo un deber hacerlo.
d. Únicamente de la transmisión de las presentaciones y de las comunicaciones, pero no de las notificaciones que no les afecta este sistema.
59. El principio de legalidad en Derecho Penal que como garantía criminal consagra el artículo 1 del Código Penal implica:
a. Que para considerar un hecho como delictivo es necesario que una ley lo haya descrito previamente como tal.
b. Que es necesario que exista una sentencia que así lo declare para considerar que un tipo de conducta es delictiva.
c. Que no se pueden imponer al autor de un delito penas no previstas con anterioridad.
d. Que el Gobierno no puede acordar el indulto de personas condenadas por hechos delictivos descritos en el Código Penal.
60. La interpretación auténtica del Derecho Penal es la que se realiza:
a. Por las Cortes Generales respecto del Código Penal y las leyes penales promulgadas con anterioridad.
b. Por los Tribunales y el Ministerio Fiscal en cada juicio en concreto.
c. Por los Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional ordinaria.
d. Por la doctrina científica más autorizada, siempre que haya sido convenientemente publicada.
Tema 2, Derecho Penal - LAJ PI
61. Según los artículos 13 y 33 del Código Penal, son delitos menos graves entre otros:
a. Aquellos a los que se impone la pena de prisión de 3 meses a 5 años o inhabilitación hasta 5 años.
b. Aquellos a los que se impone la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor Y ciclomotores por tiempo de 3 meses a 1 año.
c. Aquellos a los que se impone la pena de prisión superior a 5 años o inhabilitación absoluta.
d. Aquellos a los que se impone la pena de prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
62. Conforme al artículo 7 del Código Penal, los delitos se consideran cometidos a los efectos de aplicar la ley penal adecuada en el tiempo:
a. Cuando el sujeto activo ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar.
b. Cuando la víctima del delito presenta denuncia ante la autoridad competente o sus agentes.
c. Cuando el sujeto activo del delito toma la decisión interna de cometerlo.
d. Cuando se produce el inicio de la investigación judicial del delito.
63. En la teoría de la imputación objetiva, para que surja la responsabilidad penal de una persona es necesario:
a. Que el resultado haya sido buscado por el autor con independencia de que traiga causa de su acción.
b. Que se trate de un resultado delictivo grave.
c. Que existiendo relación de causalidad entre la acción y el resultado este pueda ser objetivamente atribuido al autor de la acción.
d. Que exista una relación causal entre los actos del autor y el resultado delictivo, sin otros requisitos.
64. Conforme al artículo 14 del Código Penal, el error de prohibición determina:
a. La exclusión de la responsabilidad criminal cuando sea invencible y la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados al delito si se trata de un error vencible.
b. La atenuación de la pena del delito en todos los casos en los que se aprecie.
c. La exclusión de la responsabilidad criminal siempre que concurra.
d. Es irrelevante para determinar la responsabilidad penal y la pena correspondiente.
65. El artículo 12 del Código Penal determina que se castigarán como delitos imprudentes:
a. Las conductas que generen riesgos socialmente rechazados.
b. Las conductas que se correspondan con tipos penales dolosos y tengan regulación administrativa específica al margen del Código Penal.
c. Todas las conductas que se correspondan con tipos penales dolosos.
d. Todas las conductas expresamente determinadas por el Código Penal como tales.
Tema 6, Derecho Penal - LAJ PI
66. Está exento de responsabilidad criminal por obrar en el ejercicio de legítima defensa el que actúa:
a. Ante una agresión ilegítima previa, empleando un medio racionalmente necesario y mediando una provocación suficiente por parte del ofensor.
b. Empleando cualquier medio para su defensa y habiendo provocado antes la legítima actuación del ofensor.
c. Ante una agresión previa legítima ocasionada por la provocación anterior de quien se defiende.
d. Ante una actuación de quien con su conducta no comete delito, pero desafía a quien se defiende.
67. Conforme al artículo 20.1º del Código Penal, para que se produzca la eximente de trastorno mental transitorio es precisa una pertubación mental:
a. Intensa y pasajera, causada de forma exógena e inmediata que impide al sujeto conocer la ilicitud de su conducta u orientar su actividad conforme a ese conocimiento.
b. Intensa y causada por una enfermedad mental de carácter permanente que impide al sujeto conocer que actúa ilícitamente.
c. Puntual y promovida por el sujeto con la finalidad de inhibir completamente su voluntad.
d. Leve y continuada que ocasiona en el sujeto dificultad para comprender la ilicitud de su conducta.
Tema 8, Derecho Penal - LAJ PI
68. Según el articulo 21.5ª del Código Penal, debe considerarse circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal la reparación por el culpable de los daños causados a la víctima o la disminución de sus efectos que deberá producirse:
a. Una vez firme la sentencia y cuando todavía no se haya iniciado la ejecución judicial de la misma.
b. A la finalización del juicio oral en el procedimiento y antes de que se dicte sentencia.
c. En cualquier momento del procedimiento con anterioridad al acto del juicio oral.
d. Antes de que se inicie el procedimiento penal por delito.
69. Conforme establece el artículo 16 del Código Penal, estará exento de responsabilidad penal por el delito intentado:
a. El que obligado por las circunstancias intente impedir la consumación del delito.
b. El que evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si estos fueran constitutivos de otro delito.
c. El que da principio a la ejecución del delito, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.
d. El que se limite a facilitar los medios para la comisión del delito.
70. Según establece el artículo 17.1 del Código Penal, existirá conspiración:
a. Cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.
b. Cuando ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, se expongan ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor.
d. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
71. El artículo 29 del Código Penal, determina que son cómplices del delito:
a. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
b. Los que realizan el hecho conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.
c. Los que, no hallándose comprendidos en ninguno de los supuestos del artículo 28 del Código Penal, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
d. Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
Tema 11, Derecho Penal - LAJ PI
72. Tal y como indica el artículo 74.1 del Código Penal, el delito continuado requiere:
a. Que se realicen una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos.
b. Que se ejecute un plan preconcebido o se aproveche idéntica ocasión.
c. Que se infrinja el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza.
d. Que concurran todas las circunstancias anteriores.
73. Conforme al artículo 33.2 del Código Penal, es pena grave :
a. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.
b. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.
c. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.
d. Las inhabilitaciones hasta cinco años.
74. Según recoge el artículo 35 del Código Penal, tiene la consideración de pena privativa de libertad:
a. Los trabajos en beneficio de la comunidad.
b. La localización temporal.
d. La privación de derechos.
Tema 13, Derecho Penal - LAJ PI
75. De conformidad con lo establecido en el artículo 49.6 del Código Penal, los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y, en todo caso, si el penado:
a. Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
b. Si el penado faltara del trabajo por causa justificada.
c. Se opusiera o incumpliera U!Ja vez las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación, referidas al desarrollo de la misma.
d. Se ausenta del trabajo durante una jornada laboral, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
76. Según dispone el artículo 127 quater del Código Penal, es posible proceder al decomiso de los efectos y ganancias que hayan sido transferidos a terceras personas:
a. Exclusivamente cuando el tercero, titular de los mismos, los hubiera adquirido ante fedatario público.
b. Cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
c. En ningún caso pueden decomisarse los efectos y ganancias transferidos a terceras personas.
d. Cuando una persona diligente hubiera tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen lícito.
77. Tal y como establece el artículo 89 del Código Penal, la expulsión del territorio español de un ciudadano de la Unión Europea, como sustitución a la pena de prisión impuesta, solamente procederá:
a. Cuando hubiera sido condenado a una pena inferior a 9 meses de multa.
b. Cuando hubiera sido condenado a una pena de prisión inferior a un año.
c. Cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales .
d. Cuando hubiese sido condenado por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
78. De conformidad con lo establecido en el artículo 96.2 del Código Penal, indique cuál de las siguientes medidas de seguridad se considera privativa de libertad:
b. Privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
d. Internamiento en centro de deshabituación.
79. Según el artículo 75 del Código Penal, en principio y con carácter general, cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado:
a. Se deberán conmutar, en todo caso y por medio del indulto, las penas impuestas más recientemente.
b. Se suspenderá la ejecución de todas ellas y se concederá al penado la libertad condicional.
c. Se cumplirán únicamente las más graves, dejando en suspenso las menos graves.
d. Se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible.
80. De acuerdo con lo recogido en el artículo 136 del Código Penal, los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a Instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hay transcurrido sin haber vuelto a delinquir:
a. Un plazo de dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
b. Un plazo de diez años para las penas menos graves.
c. Un plazo de un año para las penas leves.
d. Un plazo de tres años para las restantes penas menos graves inferiores a cinco años.
81. Según establece el artículo 130 del Código Penal, es causa de extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas:
b. La absorción.
d. La disolución siempre que no sea encubierta o aparente.
82. En los delitos sobre la ordenación del territorio del artículo 319 del Código Penal, además de contemplarse las correspondientes penas, se establece una cláusula en el apartado 3 por la que los Jueces y Tribunales:
a. Sólo podrán conceder, en cualquier caso, las indemnizaciones debidas al perjudicado y a terceros de buena fe sin afectar la realidad física alterada.
b. Podrán ordenar, en cualquier caso, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
c. Podrán ordenar, en cualquier caso, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, que siempre correrá a cargo de la Administración competente, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
d. En ningún caso podrán ordenar la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada dado que es una facultad de la Administración competente.
83. ¿Cuál de los siguientes hechos está contemplado dentro del tipo del delito de estragos del artículo 346 del Código Penal?:
a. La venta al público de comestibles nocivos y corrompidos.
b. El vertido de productos químicos que causen daños sustanciales al equilibrio de sistemas naturales.
c. La explosión que cause la destrucción de una estación comportando un peligro para la vida o integridad de las personas.
d. El incendio que afecte a bienes de valor histórico especialmente relevantes.
84. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es una agravante del delito contra la salud pública del artículo 368 del Código Penal sobre drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas?:
a. Emplear drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que causen grave daño a la salud.
b. Ejecutar actos de cultivo de sustancias estupefacientes además de hacer labores de tráfico del artículo 368 del Código Penal.
c. Ejecutar las labores de tráfico del artículo 368 del Código Penal por medio del contrabando.
d. Utilizar a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos para cometer el delito en sí mismo.
85. El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se niegue a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia:
a. Comete un delito contra la seguridad vial del artículo 383 del Código Penal.
b. Comete un delito de desobediencia grave a la autoridad del artículo 556 del Código Penal solamente si hubiere cometido previamente una infracción de tráfico o estuviere involucrado en un accidente.
c. Comete un delito de desobediencia a la autoridad del artículo 556 del Código Penal.
d. Comete un delito de desobediencia grave a la autoridad del artículo 556 del Código Penal solamente si presentase síntomas de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
86. Comete delito leve de distribución de sellos o efectos timbrados de conformidad con el artículo 389 del Código Penal:
a. El adquirente de buena fe que, conociendo su falsedad, los distribuyera si el valor aparente de los sellos no excediera de 1000 euros.
b. El adquiriente de buena fe que, conociendo su falsedad, los distribuyera si el valor aparente de los sellos no excediera de 500 euros.
c. El adquiriente de mala fe que los distribuyera si el valor aparente de los sellos no excediera de 400 euros.
d. El adquiriente de buena fe que, conociendo su falsedad, los distribuyera si el valor aparente de los sellos no excediera de 400 euros.
87. Conforme al artículo 443.2 del Código Penal, cuál de las siguientes conductas está castigada como un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función:
a. La autoridad o funcionario público que promoviere, dirigiere u organizare el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público.
b. La autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada.
c. El funcionario de Instituciones Penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guarda.
d. La autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.
88. ¿En qué caso incurre un Juez o Magistrado en un delito de prevaricación del artículo 446 del Código Penal?:
a. Cuando retarde maliciosamente la tramitación de un procedimiento judicial.
b. Cuando dicte, a sabiendas, una sentencia o resolución injusta.
c. Cuando dicte una sentencia o resolución que aplique de forma errónea el Derecho.
d. Cuando dicte una sentencia o resolución fuera del plazo legalmente establecido.
89. Según el artículo 462 del Código Penal, el que habiendo prestado falso testimonio en causa criminal se retracte en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate sin haberse producido privación de libertad:
a. Se le impondrá la misma pena que la contemplada para el delito de falso testimonio del artículo 458°del Código { Penal sin importar que se hubiese retractado.
b. Será castigado con la pena en su mitad inferior a la correspondiente al delito de falso testimonio del artículo 458 del Código Penal inferior en grado.
c. Será castigado con la pena inferior en grado a la correspondiente al delito de falso testimonio del artículo 458 del Código Penal inferior en grado.
d. Quedará exento de pena.
90. ¿Cuál de los siguientes supuestos no está contemplado como uno de los fines del delito de rebelión tipificado en el artículo 472 del Código Penal?:
a. Impedir que los miembros del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.
b. Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
c. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
d. Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o a la Reina o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.
91. El delito de atentado a la autoridad se castiga en el artículo 550.2 del Código Penal:
a. Con las penas de prisión de uno a tres años y multa de dos a diez meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a un año en los demás casos.
b. Con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
c. Con las penas de prisión de tres a ocho años y multa de seis a catorce meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a cuatro años en los demás casos.
d. Con las penas de prisión de dos a seis años y multa de cuatro a doce meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a cuatro años en los demás casos.
92. En los delitos de terrorismo ¿qué consecuencias tiene para el responsable el arrepentimiento activo de conformidad con el artículo 579 bis del Código Penal?
a. La imposición de la pena señalada por la Ley para el delito de que se trate sin importar si hubo o no arrepentimiento.
b. La extinción de responsabilidad civil derivada del delito mediante resolución motivada.
c. La extinción de responsabilidad penal.
d. La imposición de la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito de que se trate.
93. ¿Cuál de las siguientes es una medida de libertad vigilada regulada en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores?:
a. La residencia de la persona en un centro, pudiendo realizar fuera del mismo alguna o alguna~ de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida.
b. El seguimiento de la actividad de la persona por el profesional encargado ayudándole a superar los factores que determinaron la infracción cometida, siguiendo las pautas socio-educativas impuestas conforme el programa aprobado por el Juez de Menores y manteniendo las entrevistas establecidas en el programa.
c. La asistencia de la persona a un centro de día a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.
d. La convivencia de la persona con una familia distinta la suya, seleccionada para orientarle en su proceso de socialización durante el período de tiempo establecido por el Juez.
94. De conformidad con el artículo 145.3 del Código Penal, el que produzca el aborto de una mujer con su consentimiento, fuera de los casos establecidos en la Ley, será castigado con la pena que le corresponda en su mitad superior, cuando la conducta se lleve a cabo a partir de:
a. La vigésima semana de gestación.
b. La vigésimo tercera semana de gestación.
c. La vigésimo segunda semana de gestación.
d. La vigésimo cuarta semana de gestación.
95. Conforme al artículo 163.4 del Código Penal, el particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con:
a. Quedará exento de responsabilidad penal salvo la responsabilidad civil que pudiera corresponderle.
b. Pena de multa de uno a tres meses.
c. Pena de multa de tres a seis meses.
d. Pena de prisión de seis meses.
96. Según dispone el artículo 169.1° del Código Penal, en el delito de amenazas el culpable será castigado con la pena de:
a. Prisión de seis a nueve años, si se hubiera hecho la amenaza exigiendo una cantidad o impuesto alguna condición, aunque no sea ilícita y el culpable hubiera conseguido su propósito.
b. Prisión de uno a cinco años, si se hubiera hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo alguna condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiera conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.
c. Prisión de uno a cinco años, si se hubiera hecho la amenaza exigiendo una cantidad o impuesto cualquier condición, aunque sea ilícita y el culpable hubiera conseguido su propósito.
d. Prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o impuesto cualquier condición, aunque no sea ilícita y el culpable hubiera conseguido su propósito.
97. De acuerdo con el artículo 140.1 del Código Penal, cuál de las siguientes circunstancias permite imponer la pena de prisión permanente revisable en el delito de asesinato:
a. Cuando el delito se hubiera cometido por quien perteneciera a un grupo u organización criminal.
b. Cuando los hechos se realizaran por la actuación conjunta de dos o más personas.
c. Cuando se cometiera con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
d. Cuando se realizara por precio, recompensa o promesa.
98. Según el artículo 143.3 del Código Penal, si la cooperación al suicidio llegara hasta el punto de ejecutar la muerte, la pena a imponer será:
a. Prisión de uno a seis meses.
b. Prisión permanente revisable de uno a tres años.
c. Prisión de seis a diez años.
d. Multa de tres a seis meses.
99. Conforme al artículo 205 del Código Penal, se considera calumnia:
a. La imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
b. La imputación de una acción que lesione la dignidad de otra persona.
c. La imputación de unos hechos no constitutivos de delito con temerario desprecio hacia la verdad.
d. La imputación de unos hechos inmorales que no sean delitos.
100. Según el artículo 179 del Código Penal, el responsable de violación seré castigado cuando la agresión sexual consista en:
a. El acceso carnal por vía vaginal y anal, pero no por vía bucal ni cuando consista en la introducción de miembros corporales u objetos por la primera vía.
b. El acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías.
c. La reiteración de tocamientos reiterados que no conlleven acceso carnal.
d. Únicamente el acceso carnal por vía vaginal.

References: artículo 159
 artículo 226
 artículo 187
 artículo 238
 artículo 163
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 19
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 86
 artículo 234
 artículo 241
 artículo 108
 artículo 381
 artículo 9
 artículo 26
 artículo 15
 artículo 113
 artículo 103
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 54
 resolución 
 artículo 34
 artículo 14
 artículo 25
 resolución 
 artículo 30
 artículo 43
 artículo 67
 artículo 28
 artículo 95
 artículo 5
 artículo 40
 artículo 3
 artículo 84
 artículo 33
 artículo 35
 artículo 59
 Real Decreto 
 artículo 55
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 27
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 20
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 74
 artículo 33
 artículo 35
 artículo 49
 artículo 127
 artículo 89
 artículo 96
 artículo 75
 artículo 136
 artículo 130
 artículo 319
 artículo 346
 artículo 368
 artículo 368
 artículo 368
 artículo 383
 artículo 556
 artículo 556
 artículo 556
 artículo 389
 artículo 443
 artículo 446
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 462
 artículo 458
 artículo 458
 artículo 458
 artículo 472
 resolución 
 artículo 550
 artículo 579
 resolución 
 artículo 7
 artículo 145
 artículo 163
 artículo 169
 artículo 140
 artículo 143
 artículo 205
 artículo 179