Source: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/normativa/libertad.htm
Timestamp: 2017-07-20 20:32:06+00:00

Document:
Universidad Complutense de Madrid Libertad Condicional
Foros - Colaboraciones
1. Legalidad del artículo 60 del antiguo Reglamento Penitenciario
2. Por enfermedad grave e incurable
2.1 Sentencia del Tribunal Constitucional 48/1996, de 26
2.2 Régimen legal
2.3 Por enfermedad grave (Resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid):
2.3.1 Necesidad de que se trate de enfermedad muy grave
con padecimientos incurables
2.3.2 Procede pese a la mala conducta, por tratarse de enfermedad grave con padecimientos incurables
2.3.3 Por enfermedad grave con padecimientos incurables
2.3.4 Por enfermedad grave con padecimientos incurables
2.3.5 Por enfermedad grave con padecimientos incurables
2.3.6 Por enfermedad grave con padecimientos incurables:
3. Denegación por no dar garantías de hacer vida honrada
4. Adelantamiento a las dos terceras partes a presos condenados por el antiguo Código Penal
4.1 Posibilidad legal
4.2 Competencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
5. Aprobación por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria sin el expediente administrativo
1. Legalidad del artículo 60 del antiguo Reglamento Penitenciario. Sentencia del Tribunal Constitucional 325/94 de 12 de diciembre:
“Una de las razones en que se intenta
basar el error judicial que se dice cometido por el Juez de Vigilancia Penitenciaria es el mero hecho de haber aplicado la norma reglamentaria pertinente al caso, que se tacha de ilegalidad. El enjuiciamiento directo e indirecto de las disposiciones
generales con rango inferior a la Ley se atribuye exclusivamente por la Orgánica
del Poder Judicial, con base en la Constitución [artículo 106
y 153 c)], a lo contencioso-administrativo, que en ningún momento
se ha pronunciado hasta ahora sobre tal cuestión, lo que desde tal
perspectiva hace presumir en principio la legalidad del Reglamento entero. Ahora bien, es cierto también que la circunstancia de no haber sido impugnado directamente en esa vía, no impide a todos los Jueces y Tribunales
dejar de aplicar los reglamentos o disposiciones contrarias a la Constitución,
a la ley o al principio de jerarquía normativa, como dice la actual
Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 6), de cuya norma
fue precursora el artículo 7 de la que con carácter provisional
se promulgó en 1870 y rigió durante ciento quince años.
Es evidente que el Juez, primero y luego el Tribunal Supremo no han tenido
la menor duda sobre la legalidad del artículo 60 del Reglamento Penitenciario.”
“Una vez llegados a esta conclusión,
que a su vez es punto de partida para el resto del razonamiento jurídico,
la cuestión se polariza en la interpretación de tal precepto
reglamentario. No nos toca terciar en la relación que, en el plano
de la legalidad, puedan mantener el Código Penal (artículo
98) y el Reglamento Penitenciario (artículo 60) a la hora de conceder
la libertad condicional en virtud de cuatro circunstancias, a una de las
cuales se da prevalencia absoluta respecto de las restantes, por tratarse
de un enfermo muy grave con un padecimiento incurable, en la expresión
genérica de la norma aplicada, que en el caso concreto era la situación
terminal del interno por causa del Sida. Tal conclusión no le parece
al Tribunal Supremo absurda, ilógica o carente manifiestamente de
la fundamentación adecuada, tachas que en virtud de su doctrina legal
configuran el concepto de error judicial. La Sala Segunda da por buena esa
interpretación del Juez, sin asumirla, por ser una entre otras posibles,
precedida por otra parte de la propuesta al respecto de la Administración
Penitenciaria, el diagnostico médico al respecto y el dictamen favorable
del Fiscal. Por otra parte, la Sentencia de la Sala Segunda no hace sino
aplicar a este caso la doctrina jurisprudencial, ya abundante, que configura
el concepto de error judicial en función de su naturaleza intrínseca
y delimita sus efectos, sin separarse un punto de los criterios utilizados en otros casos”. 2. Por enfermedad grave e incurable 2.1 Sentencia del Tribunal Constitucional 48/1996, de 26 de marzo
“El equilibrio entre el derecho
a la vida, unido indisolublemente por su consistencia ontológica a
la dignidad de la persona como profesión de fe en el hombre, que lleva en si todos los demás y el de la gente a su seguridad, mediante la segregación temporal en cumplimiento de las penas privativas de libertad, con su doble función retributiva y profiláctica o preventiva, es la finalidad que pretende conseguir la norma reglamentaria en cuestión, incorporada hoy al Código Penal. La puesta en libertad condicional de quienes padezcan una enfermedad muy grave y además incurable tiene su fundamento en el riesgo cierto para su vida y su integridad fisica, su salud en suma pueda suponer la permanencia en el recinto carcelario. Por consiguiente,
no exige la existencia de un peligro inminente o inmediato ni tampoco significa
que cualquier dolencia irreversible provoque el paso al tercer grado penitenciario,
si no se dieren las otras circunstancias antes indicadas además de
las previstas en el Código Penal, entre ellas, como aquí
ocurre, la menor peligrosidad de los así libertos por su misma
capacidad disminuida. En definitiva, no pietatis causa sino por criterios
enraizados en la justicia como resultado de conjugar los valores constitucionales
implicados en esta situación limite, insoluble con otra guisa.”
“La Audiencia que denegó la liberación
anticipada porque “la estancia en prisión” no constituye “
un peligro seguro para la vida”, hace decir a la norma interpretada lo que
no dice, creando un requisito obstativo, un impedimento más,
donde no existe. Está claro que la excarcelación no puede garantizar la sanidad de un mal incurable según diagnostico pero permite una mejoría relativa y una evolución más lenta, con menos ocasiones de episodios agudos, no sólo por el tratamiento
Médico, que también podría recibir en la cárcel,
sino por el cambio de ambiente que coadyuva positivamente por la unidad
psicosomática del ser humano, mientras que la permanencia en el establecimiento
penitenciario ha de incidir negativamente en la misma medida. Lo dicho pone
de manifiesto que la lectura restrictiva del precepto reglamentario hecha
por la Audiencia Provincial más allá de su texto introduce
un factor de riesgo para la integridad física y aun para la vida del
ya enfermo”. “El mismo juicio, desde la perspectiva
constitucional que nos es propia, merece el otro razonamiento utilizado
como soporte para denegar la libertad condicional. “ En la mano del
interno- añade a su final el Auto- esta aliviar su enfermedad, optando
por someterse a una intervención quirúrgica, la cual podrá
ser realizada por un médico de la confianza del propio interno o
de sus familiares, con la adopción de las correspondientes medidas
cautelares personales”. Paradójicamente, donde se hubiera necesitado
un argumento jurídico, se cuela de rondón una opinión
profana sobre un tema médico, ni siquiera compartida por todos los
peritos en el arte. El derecho a la integridad física y moral no consiste
en que se imponga a alguien una asistencia médica en contra de su
voluntad, cualquiera que fueren los motivos de esa negativa (sentencia del
Tribunal Constitucional 120/90), que, por otra parte, es razonable en este
caso si se toman en cuenta las discrepancias entre los especialistas sobre
la conveniencia de la operación, cuya eficacia ponen en duda varios
de ellos. La decisión de permitir una agresión de esa envergadura
aunque con finalidad curativa es personalisima y libérrima, formando
parte inescindible de la protección de la salud como expresión
del derecho a la vida.”. 2.2 Régimen
legal: Los requisitos para acceder a la libertad condicional por aplicación de los artículos 92 del Código Penal y 196.2 del Reglamento Penitenciario son: a) Enfermedad grave con padecimientos incurables. No se puede interpretar enfermo
grave e incurable con estado preagónico. El artículo 196.2
del Reglamento Penitenciario está pensado esencialmente para los enfermos
terminales. Sin embargo, el concepto de enfermo terminal no debe ser interpretado
tan restrictivamente que pueda llegar a confundirse con enfermo agónico
o cercano a la muerte. Ni la letra, ni el espíritu, ni la finalidad,
ni la sistemática de los artículos 196.2 del Reglamento Penitenciario
y 92 del Código Penal autorizan esa interpretación. Este requisito no se puede equiparar a que esté a punto de morir en situación
agonizante (autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao de 24 de enero de 1997 y 26 de mayo de 1997). Se puede equiparar, como señala
el auto de Audiencia Provincial, Sección 5ª, de Madrid de 16
de diciembre de 1997 a “vivir en libertad esa última etapa de la vida que puede incluso tener larga duración; un vivir que es también
convivir -el hombre como ser social desde los filósofos griegos-
en definitiva sentir la vida como convivencia y dependencia absoluta de otros. Pero además, la concesión de este beneficio enlaza directamente con bienes y derechos constitucionalmente consagrados, lo que permite no dilatarlos
hasta las fases terminales de la enfermedad; así, el derecho a la
vida y a la integridad física (artículo 15 de la Constitución). Como es sabido, el SIDA no es tanto mortal en sí mismo, cuanto por facilitar infecciones o enfermedades oportunistas que en principio son de más fácil contagio en lugares de obligada convivencia colectiva, y más si el estado sanitario medio de los internos -muy frecuentemente de los más débiles socialmente, marginados, toxicómanos- es inferior al de las personas libres”. Podemos poner en relación este requisito
con la asimilación de la concesión para septuagenarios y enfermos
graves. Como afirma el auto del Tribunal Supremo de 19 de agosto de 1988,
el citado precepto contempla los supuestos en que los reclusos “bien causa
de su edad avanzada, bien a causa de un padecimiento grave de pronóstico fatal, se encuentra ya en periodo terminal de su vida”. De manera que el Tribunal
Supremo interpreta ambas situaciones como similares. Es evidente que una
persona septuagenaria no se encuentra en peligro inminente de muerte, por
lo que no hay que exigirle esa condición al enfermo muy grave con
padecimientos incurables, pues su fundamentación es la misma: que
la privación de libertad no aumente sus efectos aflictivos en el periodo
más o menos largo -pero incontestablemente terminal- de su vida.
En este sentido la sentencia de 12 de septiembre
de 1992 la Sala Segunda del Tribunal Supremo declaró: “En todo caso,
la postura que adoptó el Magistrado Juez de Vigilancia Penitenciaria
aparece conforme con el tenor literal del precepto (el SIDA ya desarrollado
con pronóstico de fallecimiento a corto plazo cumple, sin duda, los
dos requisitos exigidos, pues se trata de una enfermedad que es, al tiempo
muy grave e incurable) y también parece acorde con la finalidad humanitaria
de tal forma que permitiría adelantar la excarcelación a algún
momento anterior al de la muerte inminente, pues quizás debiera entenderse
que no es el propósito de este artículo del Reglamento al que
puedan sacarse de la prisión a los enfermos sólo para que mueran
fuera de la cárcel, pareciendo, por el contrario, lo más adecuado
al espíritu de esta disposición el que pudieran permanecer
en libertad alguna temporada anterior al momento del fallecimiento”. Y como
también expone el auto de la Audiencia Provincial Sección 5ª
de 26 de febrero de 1998, “la ley no busca la libertad de los agonizantes,
pues a ellos les está vedado por esencia el hacer vida en libertad.
Sobrevivir agónicamente no es vivir, no es vivir en convivencia, no
permite una suficiente capacidad de autodeterminación en muchos casos
como para hablar de libertad”. b) Clasificación en tercer grado En este sentido no es un impedimento para acceder a la libertad condicional que no esté clasificado en tercer
grado, ya que la constatación de la existencia de una enfermedad grave
con padecimientos incurables, en el sentido ya indicado, vacia de contenido las previsiones legales referentes a aspectos, tales como el historial delictivo del interno, o la duración de la pena impuesta. El fundamento del adelantamiento
de la libertad condicional para los enfermos incurables, ciertamente, debe
prescindir de estos elementos valorativos no sólo por no guardar relación
alguna con la finalidad perseguida por el beneficio, sino también
porque puede introducir elementos encubiertos de discriminación intolerables.
De la misma manera que es posible el otorgamiento
de la libertad condicional por el Juez de Vigilancia sin la existencia de previo expediente administrativo, la necesidad de la previa clasificación
en tercer grado puede ser provocada con los mismos efectos por la autoridad
judicial. Hasta tal punto esto es así que, la VIII Reunión
de Jueces de Vigilancia Penitenciaria, aprobaron el criterio de que en “los supuestos de aplicación urgente de la libertad condicional por razón de enfermedad grave e incurable, no hallándose el interno clasificado en tercer grado, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar dicha progresión de grado sin propuesta previa del establecimiento, en el mismo auto en que se conceda a aquel el beneficio de la libertad condicional”.
c) Buena conducta d) Pronóstico de reinserción social El nuevo Código Penal establece
la necesidad de que conste un pronóstico individualizado y favorable
de reinserción social, emitido por los expertos que el Juez de Vigilancia
estimare convenientes. Para el presente supuesto, resulta superfluo el pronóstico favorable de reinserción, teniendo en cuenta que nos hayamos ante un
enfermo grave. Por el contrario será necesario que quede suficientemente cubiertas las necesidades sanitarias y asistenciales del enfermo. En cuanto a la necesidad de garantizar que la libertad condicional no suponga un riesgo intolerable contra la seguridad ciudadana, cabe la concesión del beneficio condicionado al cumplimiento de determinadas conductas, tal y como las prevé el artículo 105 del nuevo Código Penal. En concreto, la medida 105.e, establece la custodia familiar: "El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia , quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia".
otorga a los condenados a prisión la protección general de
todos sus derechos que no estén limitados por el fallo condenatorio.
El art. 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria con exquisito respeto al mandato constitucional establece que la Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y la salud de los internos.
El principio de humanidad y el respeto
a la dignidad de la persona son criterios de interpretación de la
norma. Nadie ha puesto en duda el fundamento humanitario de los beneficios
que comprende el artículo 92 del Código Penal. No obstante,
a pesar de su reconocimiento como principio jurídico-ético
de nuestro sistema penal, no siempre ha sido bien entendido como criterio
de interpretación teleológico-objetivo de resultados extensivos
favorecedores de la supresión de contradicciones internas del ordenamiento.
Al declarar la Constitución en su artículo 10.1 que la dignidad
de la persona y el libre desarrollo de su personalidad constituyen uno de
los fundamentos del orden político y de la paz social, se está
reconociendo el principio liberal, presupuesto de la negación de las
penas inhumanas (artículo 15 de la de la Constitución) por
el cual cada hombre y consiguientemente también el condenado, no debe
ser tratado nunca como medio o cosa, sino siempre como fin o persona, lo
que implica una limitación fundamental a la calidad y cantidad de
la pena. El principio de personalidad de la pena,
reconocido, al menos, implícitamente en el artículo 25 de
la Constitución, resulta en su integridad siempre de muy difícil
cumplimiento en cuanto que también terceros inocentes se ven afectados
por la prisión del condenado. Pero como expone el auto de la Audiencia
Provincial de Madrid, Sección 5ª, de fecha 16 de diciembre de 1997, “esa afectación es singularmente dura cuando, como en el caso de la madre del interno, la privación de su presencia actual se presenta como prólogo de su definitiva ausencia”. Entonces la pena ya no cumple la
finalidad de resocialización del penado. El Tribunal Constitucional
en su sentencia 325/1994 de 12 de diciembre, considera que “a la hora de
conceder la libertad condicional en virtud de cuatro circunstancias, a una
de las cuales se le da prevalencia absoluta respecto de las restantes, por
tratarse de enfermo muy grave con padecimiento incurable, en la extensión
que se considere adecuada”. En este mismo sentido la Memoria anual de la
Fiscalía General del Estado de 1991, señaló que “las
penas privativas de libertad ya no pueden cumplir su fin primordial de procurar
la reinserción social del penado”. El periodo terminal de la vida,
es un concepto indeterminado en cuanto a su duración que puede ser
más o menos largo. Mas desde una perspectiva jurídica, una
vez que se dé la situación de gravedad e irreversibilidad del
padecimiento, habrá que atender, además, a otros referentes,
entre las que destacan no sólo las referentes a las estimaciones del
tiempo de supervivencia, sino también, cualquiera que sea éste,
las condiciones de su existencia, en cuanto a una mayor o menor autonomía
física y psíquica que acrediten una situación de notoria
deficiencia e insoportable inferioridad respecto del resto de reclusos de
tal manera que carezca de sentido, con carácter definitivo, la programación
de un tratamiento rehabilitador o resocializador, respondiendo su permanencia
en prisión a consideraciones exclusivamente aflictivas y retributivas”.
Por ello, parece absurdo orientar la ejecución
de la pena a la reinserción y la rehabilitación, es decir,
a la convivencia responsable en libertad, si esa libertad ha de durar las
pocas horas o días que mediaran entre la excarcelación y la
muerte, como manifiesta el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 5ª, de 16 de diciembre de 1997). 2.3 Por enfermedad grave (Resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid): 2.3.1 Necesidad de que se trate de enfermedad muy grave con padecimientos incurables: “La enfermedad no reúne los requisitos de muy grave e incurable sino que siendo grave no presenta en la
actualidad caracteres que hagan pensar, a corto o medio plazo, en un fatal desenlace o incapacidad del penado para llevar una vida normal en prisión”
(auto 865/96 de fecha 29 de noviembre de 1996 ) 2.3.2 Procede pese a la mala conducta, por tratarse de enfermedad grave con padecimientos incurables: “Los informes médicos referentes
al interno recurrente que se han ido emitiendo desde octubre de 1996 ponen
de manifiesto un deterioro psicofísico importante y un pronóstico
malo a corto plazo. Así se indica en el primero que consta en el
expediente, que procede del servicio médico del centro penitenciario,
y en los sucesivos emitidos por el médico forense en fechas 17.12.97,
7.1.97 y 21.2.97, todos ellos coincidentes en la gravedad de la enfermedad
y en el mal pronóstico a corto plazo, siendo este dato determinante
para que el Ministerio Fiscal informara el 20.12.96 en el sentido de no oponerse a la libertad condicional del interno, aún constando la mala conducta observada por el mismo que refiere el informe de la Junta de Tratamiento, si bien en contradicción con la propuesta del mismo centro en la que se indica, aunque ciertamente en lo que parece un impreso-tipo, que la conducta del interno es buena. Pero es que a pesar de tal dato negativo, lo verdaderamente determinante para acceder a la libertad condicional es el estado de salud del penado, grave e irreversible, con una evolución progresiva desfavorable constatada por los mencionados informes, y que ha motivado que haya sido ingresado
recientemente en un centro hospitalario y después de esto excarcelado.
Por tanto, existían motivos suficientes para haber concedido la libertad
condicional cuando se propuso, pues a pesar de que en los informes médicos
se mantiene la posibilidad para delinquir por la capacidad ambulatoria del
enfermo, lo cierto es que la gravedad de la enfermedad padecida y la probable
evolución de la misma eran suficiente para aconsejar entonces tal
medida y no dilatarla hasta que la muerte fuera inminente, permitiendo de
aquella forma que tanto el interno como las personas de su entorno más cercano pudieran disfrutar de un periodo de tiempo de convivencia antes de que el deterioro fuera total” (auto 156/98 de fecha 13 de febrero de 1998).
2.3.3 Por enfermedad grave con padecimientos incurables:
“La progresión a tercer grado y la aplicación de la libertad condicional se solicitan en base a
la misma causa: la existencia de una enfermedad grave con padecimientos incurables. En el presente caso el interno sufre las siguientes enfermedades : HIV positivo conocido desde 1990, trombopenia asociada al mismo, candidiasis orofaringea, trombosis pulmonar diagnosticada por cultivo en septiembre de 1994, hepatopatia por virus B y C con aumento mantenido de las transaminasas, de suerte que los servicios médicos consideran que se trata de un enfermo de SIDA con muy mal pronóstico a corto, medio plazo lo que le será susceptible
de aplicación del artículo 104 del Reglamento en informe emitido
en 23-4-97. El informe del director de la prisión recogiendo los datos
médicos incluye que el preso padece VIH estadio IV y que su pronóstico
es grave a un mes y muy grave a cuatro meses vista contados desde abril.
El informe de la trabajadora social de 8 de mayo de 1997 hace referencia
al buen apoyo y a la buena acogida familiar, a la pertenencia de la madre
a una asociación de lucha contra la droga, así como a que el
interno es toxicómano pero en la actualidad no muestra síntomas
de consumo. En fin, los datos relativos a las penas que cumple son los siguientes
: penas impuestas :8 años, 11 meses y 28 días. Inicia el cumplimiento
el 10.12.93, cumple tres cuartas partes en Julio de 1998 y la totalidad de
la pena en enero del 2000 (lo que es revelador de la obtención de
importantes redenciones.) Por otra parte, se considera en su contra
el fracaso en su tratamiento de desintoxicación y la ausencia de
disfrute de permisos de salida, así como una alegada multireincidencia
que no resulta del expediente y que más parece referirse a una plural
actividad delictiva, si bien el número de ingresos en prisión
es elevado -ocho- su conducta en la misma no es mala pues ni tiene
sanciones, ni recompensas y ha participado en las actividades de la escuela
y del taller de mecánica. Son estos datos que, si se prescinde de
las enfermedades que padece, serían insuficientes para acordar la
progresión a tercer grado pues no se revelan especiales avances en
la reinserción ni es conveniente el régimen de semilibertad
inherente al mismo sin una cierta preparación a través de los
permisos. “Pero lo esencial es que el expediente
contiene los suficientes datos como para pronunciarse sobre la progresión
a tercer grado y la libertad condicional y que la resolución en un sentido u otro dependerá del concepto mismo de si estamos en presencia de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Al respecto ha de
decirse que existe también un informe médico-forense de 10
de junio de 1997 que concluye afirmando que en opinión del facultativo “el informado no presenta enfermedad que se prevea con un desarrollo fatal a corto medio plazo, salvo complicaciones”. No consta que el médico forense hiciera otras exploraciones o análisis complementarios aunque se deduce de su informe que tuvo a la vista los dictámenes de los servicios
médicos de la prisión y que se reunió con el interno
cuyo aspecto externo describe como consciente, orientado, asintomático y con aparente buen estado general. “Debe pues analizarse si estamos en presencia
de un enfermedad muy grave y con padecimientos incurables, esto es la suficiencia
del cumplimiento de este requisito para acordar la progresión al
tercer grado y la liberta condicional . Al respecto ha de decirse que esa
progresión y esa libertad podrían darse sin más especiales
requisitos en el plazo de unos pocos meses (menos de siete), simplemente
con una conducta positiva y un buen uso de algún permiso penitenciario
previo. Es decir que su eventual anticipación, por su limitada extensión
temporal, no supone un beneficio singularísimo o especialmente extraordinario.
“Pues bien la concesión de esas ventajas o beneficios en razón de la presencia de las enfermedades
descritas dependerá en buena parte del concepto y contenido que se atribuya a esa circunstancia o causa de concesión. “El contenido mínimo que debe darse
a esa causa de enfermedad muy grave y con padecimientos incurables a la
hora de decidir sobre la progresión de grado y la libertad condicional
incluiría el derecho a morir y a agonizar o premorir fuera de prisión.
Pero si se coteja con otras causas de concesión y particularmente
con la de edad avanzada -mayores de 70 años - se observará
que ese contenido mínimo no se corresponde con el propósito
de la norma (artículo 104 y 196 del Reglamento Penitenciario, en lo
que ahora se resuelve, refrendada por el artículo 92 del Código
Penal), sino también se extiende a vivir en libertad esa última
etapa de la vida que puede incluso tener una larga duración, un vivir
en libertad que es también convivir - el hombre como ser social desde los filósofos griegos- en definitiva sentir la vida como convivencia o interdependencia y no como supervivencia y dependencia absoluta de otros.
“Pero es que además la concesión
de estos beneficios enlaza directamente con bienes y derechos constitucionalmente
consagrados lo que permite no dilatarlos hasta las fases terminales de la enfermedad . “En positivo, con el derecho a la vida
y a la integridad física (artículo 15 de la Constitución)
pues, como es sabido, el SIDA no esta tanto mortal en si cuanto por facilitar
infecciones o enfermedades oportunistas que en principio son de más
fácil contagio en lugares de obligada convivencia colectiva y más
si el estado sanitario medio de los internos -muy frecuente los más
débiles socialmente, marginados, toxicómanos -es inferior
al de las personas libres. “Igualmente enlaza con la proscripción
constitucional de penas inhumanas y no se trata aquí de filosofar
sobre la dureza de las penas privativas de libertad, sino de constatar que una pena en principio no reputada inhumana pueda tornarse tal si se añade pena a la pena, esto es, lo que la norma busca es una suerte de efecto sustitutivo de la prisión por la enfermedad pues el efecto acumulativo de ambos sufrimientos -la privación de libertad y la enfermedad grave e incurable- tornaría inhumana, por cruel, la ejecución de la pena.
“También, negativamente, es absurdo
orientar la ejecución de la pena a la reinserción y la rehabilitación,
es decir a la convivencia responsable en libertad (artículo 25 de
la Constitución) se esa libertad ha de durar las pocas horas o días
que mediaran entre la excarcelación y la muerte. “En fin, el principio de personalidad de
la pena, reconocido, al menos, implícitamente en el artículo
25 de la Constitución, resulta en su integridad siempre de muy difícil
por la prisión del condenado; pero esa afectación es singularmente
dura cuando, como en el caso de la madre del interno, la privación
de su presencia actual se presenta como prólogo de su definitiva
ausencia. “Por todo ello, acreditada la presencia
de al menos una enfermedad muy grave y con padecimientos incurables
y, aunque el pronóstico no sea fatal a corto o medio plazo, se cumple
los requisitos para acordar la progresión a tercer grado y la concesión
de la libertad condicional” (auto 1288/97 de fecha 16 de diciembre de 1997).
2.3.4 Por enfermedad grave con padecimientos incurables: “El interno ha solicitado, además
de la progresión de grado, la libertad condicional. La cita del artículo104 del Reglamento Penitenciario en su recurso supone que el recurrente lo que pide es salir de la prisión. Esa petición se incorpora al recurso contra la denegación de progresión, siendo petición que
se reitera en el recurso de reforma y subsidiario de apelación. Debe,
en el presente auto, resolverse sobre dicha pretensión. “La progresión a tercer grado y
la aplicación de la libertad condicional se solicitan en base a la misma causa: la existencia de una enfermedad grave con padecimientos incurable. El interno sufre las siguientes enfermedades : VIH positivo, conocido desde 1989, hepatopatía por virus B y C, tuberculosis pulmonar en 1991, (correctamente
tratado durante un año). En la última analítica destacan
206 CD4 (octubre de 1996 presentando un índice Karnofsky de 90. Se
encuentra en tratamiento actual con DDI. Con los datos anteriores, y según
el informe médico de 21 de noviembre de 1996 (folio 7), se llega a
la conclusión de que se trata de una infección por VIH estadio
C2 con importantes inmunodepresión lo que hace pensar en un pronóstico
malo a corto plazo. El pronóstico a seis meses vista, a contar desde
el 21 de noviembre de 1996 en que se estableció el diagnóstico, es grave. “El informe de la trabajadora social, de
5 de Diciembre de 1996, señala la inexistencia de antecedentes penales
y toxicofílos en los miembros de la familia de origen del interno.
En cuanto a la familia adquirida, su esposa tiene trabajo en Telemarketing
donde también trabaja su hija mayor. Sus otros dos hijos se encuentran
escolarizados. La vinculación familiar es muy positiva con todos los
miembros de su familia, en especial con la esposa e hijos. En dicho informe
se hace también referencia al buen apoyo y acogida familiar ante un
eventual permiso o libertad condicional anticipada. También se hace
referencia a la condición de toxicómano del interno si bien
expone no consumir en la actualidad. Los datos relativos a las penas que
cumple son los siguientes : condena total de 55-12-6. Tiene previsto el cumplimiento
de las ¾ partes para el año 2015. “Consta en su contra, condenas de evasión
en ingreso anterior (año 85 no reincorporación de permiso
al Centro Penitenciario de Segovia), otro más reciente que tuvo lugar en el presente ingreso. El 21.12.93 se evadió del CIS Victoria Kent, estando en tercer grado (fue progresado en Julio de 1992). Reingresó
el 18.1.95, habiendo cometido hechos delictivos en Mayo del 94 por los que ha sido recientemente condenado. Fue regresado a segundo grado en Abril de 1995 y no ha vuelto a disfrutar permisos. “Consta aprobada baja en redención
con efectos de 21.12.93 “Ya en el mes de Mayo de 1996, los servicios médicos del Centro aportaron informes a los efectos de posible aplicación de lo previsto en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario a al Junta de Tratamiento, no pudiendo ser valorado al tener el interno decretado prisión preventiva en causa ya penada. Al final del proceso aludido, recuperó el interno la clasificación en segundo grado con efectos de 25.10.96 “Son estos datos de por sí negativos
para acordar una progresión a tercer grado no resultando conveniente
un régimen de semilibertad (inherente a su concesión) para
quien no se ha preparado al mismo a través de los permisos. “Sin embargo la petición
de progresión a tercer grado y de libertad condicional tienen su fundamento en la presencia de una enfermedad grave y con padecimiento incurables. Por lo tanto habrá de establecerse si estamos en presencia de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Existe un informe médico forense de 18.2.1997 en el que consta: “en el momento actual, el informado está consciente, orientado, con buen estado de nutrición, buen estado general [...] Dados los antecedentes penales del informado [...] en mi opinión
el pronóstico a corto-medio plazo es bueno salvo complicaciones”
“En el presente caso, la progresión
al tercer grado y la libertad condicional suponen un beneficio singularísimo
y extraordinario puesto que esa progresión y libertad, sin especiales
requisitos, tardarían aún mucho en llegar. “Por lo tanto para atender a la solicitud
del apelante habrá de valorarse la presencia de las enfermedades
que padece, al ser éstas el fundamento único de una eventual
admisión de lo solicitado. Para ello habrá de determinarse
el concepto y contenido que se atribuya a esa circunstancia o causa de concesión.
“El contenido mínimo que debe darse
a esa causa de “enfermedad muy grave y con padecimientos incurables” incluiría
el derecho a morir y a agonizar o premorir fuera de la prisión. De todos modos y si se coteja con otras causas de concesión y particularmente
con la edad avanzada (mayores de 70 años) se observará que
ese contenido mínimo no se corresponde con el propósito de
la norma (artículos 104 y 196 del Reglamento Penitenciario, refrendada
por el 92 del Código Penal) sino que también se extiende a
vivir en libertad esa última etapa de la vida que puede incluso tener
una larga duración. Por otro lado es de destacar que, en el presente
caso, los Servicios Médicos del Centro Penitenciario Madrid IV, en
mayo de 1996, aportaron un informe a los efectos de posible aplicación
de lo previsto en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario a
la Junta de Tratamiento. “Por otra parte la concesión de
estos beneficios enlaza directamente con bienes y derechos constitucionalmente
consagrados lo que permite no dilatarlos hasta las fases terminales de el enfermedad. “El interno goza de apoyo familiar en todos
los sentidos lo que redundará en un mejor estado sanitario del mismo.
Por otra parte, es un hecho que la privación de libertad supone que,
no sólo el penado sino, terceros inocentes se vean afectados por ella,
en este caso la familia y sobre todos sus hijos, cuya privación de
su presencia actual presenta como prólogo de su definitiva ausencia.
“Por todo ello, acreditada la presencia
al menos de un enfermedad grave y con padecimientos incurables y, aunque
el pronóstico no sea fatal a corto o medio plazo, se cumplen los requisitos para acordar la progresión a tercer grado y la concesión de la libertad condicional” (auto 68/98 de fecha 16 de enero de 1998). 2.3.5 Por enfermedad grave con padecimientos incurables: “Si bien la resolución administrativa
inicial y los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que se impugnan,
hacen referencia a la denegación de la progresión al tercer
grado, es lo cierto que la pretensión del interno era doble: progresión
a dicho grado y concesión de la libertad condicional. Por tanto,
en congruencia, la resolución ha de resolver sobre ambas pretensiones.
El interno tiene 38 años de edad con nueve ingresos en prisión
desde 1981. Actualmente, tras haber quebrantado en una ocasión la
libertad condicional cumple causa por cuatro delitos de robo con intimidación
o robo con fuerza. La totalidad de las penas a cumplir es de 10 años,
7 meses y 15 días. En prisión ininterrumpida desde el 8.10.94,
tiene previsto el cumplimiento de las tres cuartas partes con redención
de condenas para noviembre de 1999. Es un interno con antecedentes
toxicofílicos sin que conste la superación de su problema con
las drogas. Actualmente no observa mala conducta y cuenta con apoyo familiar
caso de ser excarcelado en libertad condicional . “Asimismo sus antecedentes familiares son:
padre fallecido en 1982 por suicidio. La madre trabaja desde hace 16 años
en labores por limpieza. Tiene dos hermanos, el varón fallecido en
1996 por VIH, tras estar internado en el propio Centro Madrid IV. Con la
hermana y la madre mantiene comunicaciones normales. La madre está
dispuesta a acogerlo en el domicilio y darle el apoyo necesario. Carece de
experiencia profesional y ha trabajado en períodos cortos con carácter
temporal. Es consumidor de droga desde los 18 años y es politoxicómano.
La vivienda de la madre lo es en propiedad y aparentemente reúne condiciones
de habitabilidad. “El preso solicita la progresión
de grado y la libertad condicional, ofreciendo hacer vida honrada en libertad,
ya que está gravemente enfermo. Los informes recibidos de la prisión
refieren las siguientes enfermedades e incidencias médicas : Infección
por VIH estadio B-3, con pronóstico muy grave a seis meses vista
verificado hace más de 14 meses (26.11.96), candidiasis oral de repetición, tuberculosis no bacilifera, Hepatitis C y hepatopatía crónica, herida por arma blanca en hemitórax izquierdo. Según el informe médico al interno son susceptibles de aplicación los artículo 104.4. y 196 del Reglamento Penitenciario. Con este informe coinciden el médico
forense en su informe de 11 de marzo de 1997, si bien en uno posterior de
8 de abril de 1997 se afirma que la enfermedad no impide al preso capacidad
para relacionarse con el mundo exterior fuera de su ambiente familiar y por
tanto, aunque limitada, existe capacidad para delinquir. “El interno, aparentemente, ha dejado en
algún momento de tomar la medicación adecuada a su enfermedad,
si bien desde abril de 1997 sigue el tratamiento y coopera con los servicios
médicos del centro para que otros internos lo sigan (informe 25.4.1997)
“A la vista de estos informes el Fiscal ha informado favorablemente la libertad condicional (dictamen 13.3.1996)
si bien posteriormente lo hizo desfavorablemente aunque solicitando un seguimiento en la información mediante reconocimientos periódicos por si era preciso cambiar de criterio. “Los artículos 104.4 y 196 del Reglamento
Penitenciario establecen la posibilidad de progresión al tercer
grado y concesión de la libertad condicional cuando un interno padezca
una enfermedad muy grave con sufrimientos incurables. Las razones de estas
normas pueden en síntesis encontrase en el respeto a la vida y a la
integridad física y moral como derechos fundamentales más fácilmente
vulnerables en prisión que fuera de ella, en la prohibición constitucional de penas inhumanas que, aunque no sean en abstracto reputadas como tales en nuestra cultura, pueden en concreto y en ejecución, devenir
tales si el sufrimiento inherente a la enfermedad supone un añadido o carga adicional al que supone la pena tal que el cumplimiento de ésta lleve al preso (y a terceros, muchas veces) a simas de dolor. Ciertamente la ley, tanto el Código Penal derogado como el vigente exigen además de la presencia de la enfermedad unas ciertas garantías de hacer vida honrada en libertad (texto refundido de 1973) que se concretan en un pronóstico individualizado y favorable a dicha vida honrada (Código de 1995). Pero este requisito debe analizarse, si bien siempre con prudencia, también con elasticidad. Pues en un tierra como la nuestra más proclive a buscar culpables que a buscar soluciones, el miedo al error siempre posible en ese pronóstico podría tener tales efectos paralizantes que jamás nadie arriesgara el vaticinio salvo en los supuestos de enfermedades en fases tan avanzadas y tan terriblemente incapacitantes en que pudieran afirmarse la imposibilidad física de delinquir. Y ello sería tanto como reducir el beneficio de libertad condicional al derecho a sobrevivir (si acaso) y a agonizar y morir, como si la vida en libertad, por condicional que sea ésta, fuera un concepto compatible con tan pobres extremos y no se extendiera a la capacidad de convivencia, de dar, además de recibir y de integrarse lo más plenamente posible en la sociedad a la que siempre se afirma que el preso no ha dejado de pertenecer.
“Así pues, si en el presente momento
la presencia de enfermedades gravísimas y con sufrimientos incurables
es patente, el preso ha cumplido 38 años - hecho cronológico
que como es sabido debilita por sí sólo la tendencia a delinquir
- su capacidad criminal aunque persista (cabría preguntarse en quien
no) está atenuada, el pronóstico de vida no es muy largo y el ambiente familiar es de acogida y responsabilización, el riesgo
de acordar la libertad condicional es asumible y sobre todo es preferible
al riesgo, sino es ya lesión, de estar sometiendo a un preso a una
pena que por sus circunstancias es inhumano que cumpla. Pues sólo
la función retributiva de la pena puede explicar la presencia en prisión hasta la preagonía y esa retribución sumada a la enfermedad sería cruel, y carece de sentido orientar a la reinserción
a quien sólo hubiera de salir de prisión para agonizar y morir. Puede, sin embargo, añadirse a la condición general de no delinquir durante la libertad, la cautela de acordar que quede bajo custodia familiar ofrecida por el interno y por su madre, pero debe estimarse el recurso.” AUTO
71/98 16.1.98 2.3.6 Por enfermedad grave con padecimientos incurables: “Pese al tenor de las resoluciones judiciales y la previa administrativa, relativas exclusivamente a la denegación
de progresión a tercer grado del preso ahora apelante es lo cierto
que éste también solicita la libertad condicional con cita
expresa de los artículo 92 del Código Penal y 196 del Reglamento
Penitenciario. Deba pues resolverse también sobre esta pretensión.
“El interno tiene 42 años de edad. Cumple condena por delitos violentos contra la propiedad con una extensión de 16 años 10 meses y dos días y, en virtud de las redenciones ganadas, tras iniciar el cumplimiento el 14-2-92, habrá cumplido las tres cuartas partes en marzo de 1998. Cuenta con apoyo familiar, no ha disfrutado de permisos de salida y se dice que sufre una drogodependencia
no superada. Su situación clínica es la siguientes : HIV positivo desde 1992, último análisis conocido arrojaba un total de 54 CD4 (lo normal son ochocientas), padece trombopenia asociada a VIH, Heaptopatia crónica por virus b, Delta y c y candidiasis orofaringea de repetición. El índice de Kanofsky es de 80 (actividad normal con esfuerzo) y su pronóstico a un mes vista y a seis meses vista era muy grave en marzo de 1997. “La drogodependencia no superada es un
juicio de valor de la Administración previsiblemente fundado en la observación directa pues no constan sanciones por tenencia o consumo de estupefacientes. En todo caso en un régimen de sujeción
especial del administrado a la Administración, no puede atribuirse
exclusivamente al interno la responsabilidad de una eventual permanencia
en el consumo. Pero lo esencial es valorar no tanto el origen o la posible
causa de agravación de sus enfermedades sino la trascendencia de éstas
en orden a la eventual aplicación de los artículos 104-4 y
196 del vigente Reglamento Penitenciario. “Como es sabido la enfermedad conocida
como SIDA no es tanto mortal en si cuanto, principalmente, por debilitar
de tal suerte la capacidad de defensa del organismo que multiplica el riesgo
de infecciones comunes que un organismo sano está en condiciones
de rechazar y otro debilitado por VIH o rechaza con mayor dificultad o no
es capaz de superar. En ese sentido la presencia en un centro carcelario,
de gran concentración humana, con un porcentaje importante de también
afectados por el retrovirus y en el que, según informes oficiales,
es posible seguir consumiendo drogas al margen cautelas higiénicas
elementales, no es en principio la fórmula más indicada para
preservar la salud del enfermo. “Este argumento es positivo a conceder
la libertad condicional por causa de enfermedad grave en cuanto que enlaza
directamente con el derecho a la integridad física (a la salud) consagrado como fundamental por el artículo 15 de la Constitución, e incluso con el derecho a la vida que es esencialmente el derecho a conservarla durante el tiempo posible, a no perderla cuando aún no es hora, y que proclama igual norma constitucional. “De otra parte el repetido artículo
15 de la Constitución prohibe las penas inhumanas. Mandato que se
dirige a todos los poderes públicos: al legislador que no puede establecerlas en la ley y a la Administración y a los jueces que han de velar porque una pena, aún considerada en nuestro estadio cultural como humana en
abstracto, se torna inhumana en su ejecución. Y esto puede ocurrir si al sufrimiento inherente a la privación de libertad se suman otros que pueden llevar al ser humano al límite de su capacidad de resistencia cuando no traspasarlo. En el presente caso la privación de libertad ha sido lo suficientemente prolongada y la conducta y capacidad de redención lo bastante buenas como para que las tres cuartas partes de la condena se cumplan en pocos días, aparecen presentes varias enfermedades muy graves
que hoy por hoy no tienen cura. Se cumplen pues lo requisitos de los artículos
104 y 196 del Reglamento Penitenciario. Ciertamente cabe, como hipótesis,
que la salud del enfermo haya mejorado con alguno de los modernos tratamientos,
pero el Tribunal ha de atenerse no a un juicio hipotético o de posibilidad,
sino a los datos que como ciertos obran en el expediente. “El Código Penal derogado, conforme
al cual fue condenado el hoy apelante, exigía además unas
ciertas garantías de que el preso hiciera vida honrada en libertad,
requisito que la nueva ley ha endurecido exigiendo un pronóstico individualizado y favorable de hacer vida honrada en libertad, pronóstico del que cabe
igualmente pronosticar que su obtención no será fácil si sólo se valoran los riesgos siempre existentes de volver a delinquir , más si persiste y se acentúa la tendencia a desplazar o al menos, a hacer compartir la responsabilidad por hechos de terceros al autor de dicho pronóstico cuya tendencia natural siempre será la de
evitar ese juicio de reproche, quizá con la excepción de los
supuestos extremos en que pueda afirmarse que la enfermedad ha traído como consecuencia la incapacidad física para delinquir. Pero evidentemente la ley no busca la libertad de los agonizantes, pues a ellos les está casi vedado por esencia el hacer vida en libertad. Sobrevivir agónicamente no es vivir, no es vivir en convivencia, no permite una suficiente capacidad de autodeterminación en muchos casos como para hablar de libertad. En el presente caso, si el preso ha de cumplir en pocos días tres cuartas
partes de la pena, sus enfermedades son tan graves como requerir un tratamiento
severo hasta donde sea tolerable por el penado, éste cuenta con apoyo
familiar y tiene más de cuarenta años las posibilidades razonables
de que haga vida honrada son elevadas. Debe pues estimarse el recurso y concederse
la progresión a tercer grado de tratamiento y la libertad condicional”
(auto 222/98 de fecha 26 de febrero de 1998). 3. Denegación por no dar garantías de hacer vida honrada. Sentencia del Tribunal Constitucional 79/1998, de 1 de abril: El objeto del recurso de amparo
es la decisión del Juez de Vigilancia Penitenciaria 4 de Barcelona,
ratificada por la Audiencia Provincial, de denegar el beneficio de libertad
condicional (por edad, con base en el artículo 60 del antiguo Reglamento
Penitenciario) por no estar acreditado que el interno ofrezca garantías
de hacer vida honrada en libertad. La Audiencia Provincial razonaba que si
bien había elementos que, desde un plano objetivo, abonaban la tesis
de un vida honrada (apoyo familiar, edad, recursos económicos)
sin embargo, desde el plano subjetivo, no se percibía en el interno,
porque nada decía el informe del Centro, que existiera una motivación
a un cambio de conducta, lo que se consideraba exigible atendiendo a su
dilatada trayectoria delictiva (estafas, falsificaciones, apropiaciones
indebidas). El Ministerio Fiscal, ante el Tribunal
Constitucional, solicitó la estimación del recurso por estimar
insuficiente la motivación de las resoluciones judiciales, al no
establecerse “una relación de causalidad bastante y suficiente entre
los antecedentes y la previsión de futuro de llevar una vida honrada
en libertad, entendida como previsión racional de no reincidir en
delitos”. El Tribunal deniega el amparo con base en la siguiente fundamentación: “En modo alguno puede entenderse como arbitraria
o infundada la decisión de los órganos judiciales de denegar
la concesión de la libertad condicional en el presente caso, por estimar
que la Administración Penitenciaria no había ofrecido datos
suficientes en su propuesta, en orden a acreditar debidamente la concurrencia
de todos y cada uno de los requisitos para la concesión del beneficio
de la libertad condicional, y muy especialmente el de las garantías de hacer vida honrada en libertad, máxime tratándose de un supuesto
de libertad anticipada por razón de edad, y habida cuenta de la finalidad
resocializadora de la institución”. Y la pregunta que surge tras leer la sentencia
es: ¿Qué culpa tiene el recurrente de que el Centro no recogiera
datos en su informe/propuesta del Centro acerca de las garantías
de hacer vida honrada en libertad? Realizando el Centro una propuesta que
no es vinculante, si el Juez de Vigilancia Penitenciaria considera que hay aspectos que no quedan cubiertos en el informe penitenciario puede y debe solicitar que se le ilustre sobre los mismos, en lugar de ampararse en la falta de información, de la que no es responsable el interno, para denegar la libertad condicional. 4. Adelantamiento a
las dos terceras partes a presos condenados por el antiguo Código Penal
4.1 Posibilidad legal Cuando la sentencia se hace firme, comienza la fase de ejecución. En esta fase las normas a aplicar no son las sustantivas respecto de supuestos de hecho -tipos delictivos- y consecuencias
jurídicas -penas- sino relativas exclusivamente a la ejecución
de las condenas ya impuestas en virtud de uno u otro Código (auto
del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla-León núm.1
de fecha 9 de octubre de 1996). La Disposición Transitoria 2 del Código Penal de 1995 se centra exclusivamente a determinar cual es la ley más favorable teniendo en cuenta "las penas que correspondería al hecho enjuiciado con las normas completas de uno u otro código", es decir, normas que tienden a la determinación correspondiente de un delito con la nueva regulación, pero que no incluyen las normas relativas a la ejecución de penas y las normas relativas a la libertad condicional pueden considerarse como normas penitenciarias aunque aparezcan en el Código Penal. Es decir, que al quedar regulada la libertad condicional en el
Código Penal, lo único que ha hecho es trasladarle las normas existentes en el Reglamento Penitenciario, a fin de salvaguardar el principio de jerarquía que había sido vulnerado continuamente en aras de la prevalencia del principio de humanidad de las penas (auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao de 26.05.1997). De aquí que los
tres primeros preceptos mencionados (artículos 90 a 93 del Código Penal) supondrían la progresión al 4º grado de tratamiento (auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao de 26 de mayo de 1997),
a salvo, claro está de lo referente a la redención de penas
que expresamente se excluye a quienes se les aplique el nuevo texto punitivo,
expresión que muestra claramente la voluntad del legislador, y que
no se contiene, en cambio, respecto de la libertad condicional (Autos del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao de fechas 11.10.1996 y 26 de
mayo de 1997). Por ello, cuando una persona haya sido
condenada por el Código Penal derogado, razón por la que habrá disfrutado del beneficio de la redención de penas por el trabajo, y
éstas hayan sido aprobadas por el Juez de Vigilancia, habrá consolidado una nueva situación penitenciaria que es perfectamente compatible con la nueva aplicación del art. 91 del nuevo Código Penal (adelantamiento de la libertad condicional a las 2/3 partes de la condena).
No se trata de examinar qué ley
es la más favorable para determinar la ley aplicable a los hechos
probados, pues la condena ya ha sido impuesta, y se encuentra en fase de
ejecución. Llegados a esta fase, en muchos casos, una vez examinada
la posibilidad de acomodación al nuevo Código Penal, se mantuvo
el cumplimiento por las normas del Código Penal derogado porque resultaban
más beneficiosas. De manera que, con independencia de la naturaleza
jurídica que quiera darse a la redención de penas por el trabajo,
su aprobación por el Juez de Vigilancia una vez cumplidos los requisitos
legales, genera una nueva situación penitenciaria -calificada como
irreversible por la sentencia del Tribunal Constitucional 174/89 que incide
sobre el cumplimiento penal como si se tratara de una pena distinta, en cuanto
a su duración, a la que inicialmente fue impuesta. Y esta nueva situación
penitenciaria, una vez que ha sido plenamente consolidada, es compatible,
según afirma el Tribunal Supremo en sentencia de 18 de julio de 1996,
con la aplicación del nuevo Código Penal, pues la prohibición
sobre redenciones de penas ha de entenderse únicamente referida al
momento posterior a la entrada en vigor del nuevo Código Penal.
Si el legislador entiende que a partir
del año 1995 los penados que por motivos de buen comportamiento,
participación en actividades, siempre que cumplan los requisitos legales
pueden adelantar su libertad condicional, no parece acorde con los principios
que informan la aplicación de las leyes penales en el tiempo -retroactividad
de las leyes favorables- ni, por tanto, con los motivos política-criminal que han informado la decisión del legislador, que las personas cuya condena no se haya acomodado a la normativa del Código Penal de 1995, no puedan gozar de dichos beneficios. No acceder a esta interpretación sería pervertir el mecanismo de la retroactividad de lo favorable que
es el principio rector en la materia penal de derecho transitorio (Auto de
la Audiencia Provincial de Ciudad Real, rollo apelación 12/96, Auto
de la Audiencia Provincial de San Sebastián rollo apelación 6015/96). No cabe duda que el adelantamiento de la libertad condicional a las 2/3 partes de cumplimiento es una norma más favorable al penado que la concesión de las 3/4 partes de la condena. A tenor de la Disposición Transitoria
1ª del Código Penal de 1995 “los delitos y faltas cometidos
hasta el día de la entrada en vigor de este código se juzgarán
conforme al cuerpo legal y demás leyes especiales que se derogan.
Una vez que entre en vigor el presente código penal, si las disposiciones
del mismo son más favorables para el reo, se aplicarán éstas).
Por ello, la norma exige la aplicación de la más favorable;
ello significa que no se trata de comparar en bloque una y otra norma a
efectos de aplicación de uno u otro texto legal, sino que, en sede
de ejecución se aplique la norma que más favorable. En este
caso es la del adelantamiento de la libertad condicional a las 2/3 partes.
No existe ya posibilidad de incompatibilidad
entre el adelantamiento de la libertad condicional con el adelantamiento
previsto en los arts. 256, 257 y Disposición Transitoria 2ª del
Reglamento Penitenciario de 1981, porque estos han quedado expresamente derogados
por el Reglamento Penitenciario de 1996. El Juez de Vigilancia Penitenciaria es
el competente para la concesión de este beneficio de adelantamiento
de la libertad condicional a pesar de que la cárcel señale
que solamente se puede conceder a propuesta del Equipo de Tratamiento. El artículo 91 del Código
Penal establece que “excepcionalmente cumplidas las circunstancias 1 y 3 del apartado 1 del artículo anterior, el Juez de Vigilancia Penitenciaria
podrá conceder la libertad condicional a los sentenciados a penas
privativas de libertad que hayan extinguido las dos terceras partes de su
condena, siempre que merezcan dicho beneficio por haber desarrollado continuamente
actividades laborales, culturales y ocupacionales”. Por ello, el órgano
competente para la concesión de este beneficio es el Juzgado de Vigilancia,
sin perjuicio de los informes que pida a la cárcel; el único
requisito es que lo “merezca” por el desarrollo continuo de actividades.
El Reglamento Penitenciario se limita a
ejecutar una Ley Orgánica, pero no puede imponer más requisitos
que los que aquella determine, en la medida en que los añadidos limiten o impidan el derecho del recluso. De seguir la tesis que mantienen algunas Juntas de Tratamiento respecto de la obligación inexcusable de que sea este órgano administrativo quien proponga el adelantamiento, el Juzgado de Vigilancia quedaría excluido de una decisión que el Código Penal le atribuye. Ello supondría una clara infracción del art. 91 del Código Penal, del 76.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y lo que es más importante, de los arts. 24.1 y 117.2 de la Constitución, como afirma el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
núm. 3 de Madrid de fecha 23.06.1997). 4.2 Competencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: El artículo 91 del Código
El Juez de Vigilancia Penitenciaria es el competente para la concesión
del beneficio de adelantamiento de la libertad condicional a pesar de que
la Administración Penitenciaria interprete que solamente se puede
conceder a propuesta del Equipo de Tratamiento. El Reglamento Penitenciario se limita a
que los que aquella determine, en la medida en que los añadidos limiten o impidan el derecho del interno. De seguir la tesis que mantienen algunas Juntas de Tratamiento respecto de la obligación inexcusable de que sea este órgano administrativo quien proponga el adelantamiento, el Juzgado de Vigilancia quedaría excluido de una decisión que el Código Penal le atribuye. Ello supondría una clara infracción del art. 91 del Código Penal, del 76.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y lo que es más importante, de los arts. 24.1 y 117.2 de la Constitución (auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Madrid de 23 de junio de 1997). 5.
Aprobación por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria sin el expediente
administrativo: Esta petición tiene fundamento en los criterios asumidos por los Jueces de Vigilancia en 1994. En este sentido el criterio número 57 establece que cuando en el expediente personal del interno que obre en el Juzgado de Vigilancia figuran los datos necesarios suficientes para comprobar la concurrencia de los requisitos
legales, el Juez puede autorizar directamente la libertad condicional, sin necesidad del expediente administrativo. ©THEORIA - PROYECTO CRÍTICO DE CIENCIAS SOCIALES - GRUPO DE INVESTIGACIÓN UCM

References: artículo 60
 artículo 60
 artículo 7
 artículo 60
 artículo 196
 artículo 105
 artículo 92
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 104
 resolución 
 artículo 92
 artículo
25
 artículo104
 artículo 104
 artículo 104
 resolución 
 resolución 
 artículo 104
 artículo 92
 artículo 15
 artículo
15
 artículo 60
 artículo 91
 artículo 91