Source: https://es.scribd.com/doc/18569698/5/LA-SITUACION-JURIDICA-DE-LAS-TIERRAS-MAPUCHE
Timestamp: 2016-05-03 20:20:52+00:00

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a) Marco jurídico e institucional chileno sobre los reclamos de tierras indígenas
El marco jurídico e institucional chileno que regula las tierras indígenas está establecido, principalmente,
por la Ley 19.253 de octubre de 1993, y subsidiariamente por la normativa general chilena.
La adopción de una legislación que reconociera los derechos de los pueblos indígenas y se formulara
con la activa participación de las organizaciones y comunidades indígenas, era una exigencia del
movimiento indígena a inicios de la transición chilena, y como temática fue incorporado a la agenda del
primer gobierno electo a fines de 1989.
Los pueblos indígenas de Chile presentaron una completa propuesta legislativa elaborada después de
varios congresos a través de todo el país, que culminaron en un Congreso Nacional de Pueblos
Indígenas en enero de 1991, en la ciudad de Temuco, donde se entregó al Ejecutivo la propuesta
indígena, con el mandato expreso de que fuese presentada al Parlamento. La propuesta indígena
contemplaba normas expresas dirigidas a la protección de los recursos naturales indígenas. Se proponía
establecer “normas de excepción al Código de Aguas de modo que los derechos sobre éstas no sean
separados del derecho sobre las tierras indígenas”. También se propusieron modificaciones legales que
establecían la exclusividad indígena en la administración y concesión de recursos del subsuelo. Las
comunidades lafkenche incluyeron normas dirigidas a garantizar la utilización y explotación exclusiva de
los recursos lacustres, fluviales y marítimos colindantes con las tierras indígenas, hasta dos km. aguas
adentro. Asimismo el Proyecto de ley elaborado por los indígenas contemplaba la creación de una
entidad nueva, los “territorios de desarrollo indígenas”, definidos como espacios sociales, demográficos,
ecológicos, culturales fundamentales para la existencia y desarrollo de los pueblos indígenas. En dichos
“territorios indígenas” las comunidades tendrían derechos de participación en la toma de decisiones
sobre planes, proyectos y programas de desarrollo que localizarán en tales territorios, y el derecho a
CHILE– La otra transición chilena:
derechos del pueblo mapuche, política penal y protesta social en un Estado democrático
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oponerse a dichos proyectos y a participar de los beneficios de las actividades de explotación de
recursos de esos territorios39
Sin embargo, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Parlamento, en Octubre de 1991 fue
sustantivamente diferente al propuesto por los indígenas40
. Además, el proyecto del Ejecutivo fue objeto
de nuevas alteraciones en el proceso parlamentario. El resultado fue la Ley 19.253 que “Establece
normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena”.
Por sus contenidos y fundamentos, la Ley 19.253 es uno de los últimos casos de legislaciones del largo
ciclo de normas indigenistas latinoamericanas inspiradas en la ideología del Congreso de Pátzcuaro, y
propias de otro ciclo histórico. La Ley 19.253 no trata de derechos indígenas. Legisla sobre las
obligaciones estatales de protección y desarrollo de las “etnias” indígenas, en nombre del interés
nacional. En otras palabras, el sujeto de derecho de la ley es el Estado, y el objeto sobre el cual se
legisla son los indígenas, sus tierras, culturas y comunidades41
La Ley 19.253 sólo reconoce a los sujetos indígenas como individuos. El estatuto no reconoce a las
comunidades indígenas de acuerdo a su derecho consuetudinario y como entidades autónomas al
Estado, sino que las asimila al estatuto de “juntas de vecinos”, permitiendo la paradojal constitución de
más de una “comunidad indígena” legal allí donde existe una comunidad histórica. El Estado no
reconoce sino que “constituye” a las comunidades indígenas. Y dichas comunidades legales son, a
efectos jurídicos, sujetos individuales. Además, la Ley 19.253 prohíbe expresamente la representación
colectiva de comunidades indígenas, ya sea como federación u otra forma. Para fines supracomunitarios
o sólo permite asociatividad individual en “asociaciones indígenas”. En suma, no solo no se reconocen
los pueblos indígenas, sino que se impide cualquier posibilidad legal de su representación colectiva42
En materia de derechos culturales, la Ley 19.253 establece en su artículo 7, que las culturas indígenas
“forman parte del patrimonio de la Nación chilena”, lo que jurídicamente tiene un sentido inequívoco e
insólito de acuerdo a los estándares internacionales.
En cuanto a la promoción del desarrollo, la Ley 19.253 establece tres instrumentos de política pública: la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), un Fondo de Desarrollo administrado por
CONADI, y una figura administrativa-territorial: las Áreas de Desarrollo Indígena. Dicha figura
consistente en espacios de focalización de las intervenciones del Estado y bajo control de éste, trastocó
los objetivos de autogestión indígena que se buscaban con la propuesta original de Territorios de
Desarrollo Indígena. Consecuentemente con la filosofía general de la Ley, no se define el desarrollo
como un derecho, ni se permite la autogestión indígena, quedando todo bajo control estatal. Tal
orientación se ha replicado en la implementación de un megaproyecto de cooperación con recursos de
crédito del Banco Interamericano (BID), ascendentes a 80 millones US$, y puesto en marcha en el 2001,
al mismo tiempo de los hechos de que trata el presente informe.
Lo más avanzado de la Ley 19.253 se ubica en los derechos de participación, al establecer en su
artículo 34 una obligación expresa de los servicios de la administración del Estado de “escuchar y
considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley”, cuando traten materias de
ingerencia indígena. Norma que los organismos públicos chilenos no aplican. Otra forma de consulta
indígena es la participación de ocho personas indígenas en el Consejo Nacional de la CONADI, electas
en elecciones universales de cada etnia. El Consejo Nacional de CONADI es su instancia directiva y la
integran cinco subsecretarios de Estado, tres representantes del Presidente de la República y los ocho
consejeros indígenas.
Vid., Informe Final del Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, (Temuco, enero 1991) Santiago, Ediciones CEPI, 1991.
Toledo, Víctor, "Todas las aguas. El subsuelo, las riberas, las tierras. Notas acerca de la (des)protección de los
derechos indígenas sobre sus Recursos Naturales y contribución a una política pública de defensa”. Anuario LIWEN Nº 3, (1997).
Consejo de Todas las Tierras, El pueblo Mapuche. Su Territorio y sus Derechos, Imprenta Kolping, Temuco 1997.
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En la crucial materia de tierras y recursos, la Ley 19.253 estableció un estatuto limitado de
reconocimiento y protección de tierras indígenas, y desconoce derechos sobre recursos. Solo para el
caso de los pueblos andinos del norte de Chile, reconoció derechos ancestrales sobre sus aguas.
Tal situación de desprotección de los recursos naturales indígenas es paradoxal en el contexto de un
modelo económico primario exportador como el chileno, donde los recursos indígenas están expuestos,
a múltiples presiones43
b) El estatuto de las tierras indígenas y los recursos naturales
La Ley 19.253 recogió la doctrina que postula que las tierras indígenas serían solo aquellas que
proceden de diversos títulos otorgados por el Estado desde el siglo XIX. Solo dichas tierras gozan de
protección y podrían ser reclamadas en casos de usurpación. Con dicha definición legal quedan
excluidas las tierras mapuche que no fueron reconocidas en los títulos de merced, las denominadas
“tierras antiguas”.
Para las tierras indígenas, así definidas restrictivamente, se establece un estatuto de protección en
nombre del interés nacional, contenido en los Títulos I y II de la Ley 19.253. Dicho estatuto consiste en
un conjunto de medidas que establecen: a) la obligación estatal de velar por la integridad ecológica de
las tierras indígenas y propender a su ampliación; b) un mercado de tierras restringido a miembros de la
misma “etnia” y la prohibición de venta a terceros no indígenas, c) la prohibición de gravámenes,
embargo y adquisición por prescripción; d) limitaciones al arriendo de tierras individuales, y prohibición
de arriendo en el caso de tierras comunitarias; e) prohibición de división predial, en el caso de tierras
mapuche, procedentes de títulos de merced, si las hijuelas resultantes tienen superficies inferiores a 3
hectáreas; f) la creación de un Fondo de Tierras para adquisición de predios y resolución vía mercado de
las reclamaciones de tierras. No obstante el sentido general del estatuto de protección y los
fundamentos de éste, la ley 19.253 creó la equívoca figura de la “permuta” de tierra indígena.
La Ley 19.253, para abordar los problemas de restitución y “ampliación” de tierras y aguas indígenas,
crea un “Fondo de Tierras y Aguas” (FTAI), el cual tiene un presupuesto anual asignado en un ítem
especial de la Ley General de Presupuesto de Chile. En materia de tierras el Fondo opera a través de
dos mecanismos establecidos en el artículo 20 de la Ley 19.253 a) subsidio a la compra de tierras, y b)
compra directa de “tierras en conflicto”. También la Ley 19.253 contempla mecanismos de traspaso legal
de las tierras en posesión indígena y que están inscritas a nombre del Fisco. En materia de aguas,
CONADI creó un pequeño programa de adquisición de derechos de aguas, e inscripción de los mismos.
En suma, sólo el suelo indígena está protegido por la Ley 19.253 con un estatuto especial que regula su
propiedad. Los restantes recursos naturales, el subsuelo, las aguas, riberas, son definidos legalmente
como de dominio Estatal o bienes de uso público, sujetos a los regímenes legales comunes de
concesión de cada uno de ellos, como concesiones mineras, derechos de aguas, concesiones de
acuicultura, cada uno regulado por un respectivo aparato jurídico común, sin reconocimiento de
derechos indígenas de propiedad, uso o acceso44
. Otro tanto ocurre con la biodiversidad, recursos
genéticos, y conocimientos tradicionales indígenas, los cuales están desprotegidos y regulados por la
legislación general de Propiedad Industrial45
No obstante la insuficiencia e inadecuación de la Ley 19.253 para proteger derechos territoriales
indígenas en un contexto de modelo primario, dicha norma constituye una excepción en la trayectoria
legislativa republicana chilena, y ha permitido canalizar algunos recursos económicos hacia las
Coordinación de Identidades Territoriales Mapuche Informe a CIDH. Situación de los Derechos Humanos del Pueblo
Mapuche (Marzo, 2005).
Huenchuan, Sandra “Propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenasObjetos y enfoques de protección”, Revista
Austral de Ciencias Sociales, Universidad Austral, Valdivia Volumen 8 (2005).
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comunidades y personas indígenas y ha insertado la temática indígena dentro de las políticas
gubernamentales, como políticas sociales. El débil estatuto de protección de las tierras indígenas, no
obstante su trasgresión por parte del propio Estado y corporaciones privadas, ha permitido dar visibilidad
a la temática. Desde 1993 se han hecho reiterados intentos por parte de sectores oficiales y
empresariales, para modificar la Ley 19.253 en dirección a derogar el estatuto de protección de las
tierras indígenas. Las organizaciones indígenas conocen las debilidades de la Ley 19.253, y saben que
plantear su modificación, en las actuales condiciones puede significar un resultado aún peor46
c) Los límites del reconocimiento de los derechos indígenas sobre tierras y recursos naturales
en Chile, frente al estándar internacional
Los derechos del pueblo mapuche sobre sus tierras y recursos naturales se encuentran desprotegidos
en el ordenamiento jurídico chileno, y los fundamentos de los derechos propietarios indígenas basados
en la posesión, uso y derecho consuetudinario son desconocidos. La legislación chilena no solo no
recogió los planteamientos mapuche, sino que se ubica muy por debajo de los estándares
internacionales, obligatorios para el Estado chileno.
Como es conocido, en las últimas décadas, fruto de las movilizaciones y abogacía indígena, los
derechos propietarios indígenas sobre sus tierras y recursos han alcanzado importantes grados de
reconocimiento, tanto en legislaciones nacionales como en el derecho internacional, cristalizándose en
un conjunto de principios y estándares jurídicos básicos que dan forma a una “norma internacional del
derecho de propiedad indígena sobre las tierras”47
. De acuerdo a la norma internacional “los pueblos
indígenas tienen derechos de propiedad sobre las tierras y los recursos naturales basados en sus
propios patrones tradicionales y ancestrales de uso y ocupación”48
Se trata, de un derecho de propiedad
sui generis, basado en el derecho consuetudinario indígena y que tiene un fundamento cultural e
histórico y no solo económico; derecho de propiedad caracterizado por ser inalienable, imprescriptible, e
Particularmente decisiva ha sido la jurisprudencia y doctrina elaborada en el sistema interamericano de
Derechos Humanos. Diversas comunidades indígenas de América, han recurrido ante la Comisión y la
Corte Interamericana para reclamar sus derechos. Y ambas instancias, a propósito de esos casos han
interpretado la Convención y desarrollado una doctrina y jurisprudencia favorable a los derechos de los
pueblos indígenas, en materia de derechos propietarios sobre sus tierras y recursos naturales, derecho
de participación política, derechos culturales, sociales y económicos. Son las sentencias ejemplares de
los casos Comunidad Awas Tingni vs Nicaragua (2001), Comunidad Yakye Axa vs Paraguay (2005),
Comunidad Moiwana vs Suriname (2005) YATAMA vs Nicaragua (2005). A lo cual se suma los informes
de la Comisión Interamericana en los casos Dann (2002) y Belize (2003).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sistematizado la doctrina internacional acerca
de los derechos de propiedad indígena postulando que:
los principios jurídicos internacionales generales aplicables en el contexto de los derechos
humanos de los indígenas incluyen:
“Declaración de Asamblea Mapuche contra la modificación del Artículo 17 de la Ley Indígena”, (Temuco, septiembre de
Rodríguez-Pinero, Luis “El Caso Awas Tingni y la norma internacional de derecho de propiedad indígena”, en Fernando
M. Mariño y Daniel J. Oliva, eds., Avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, Madrid, Editorial Dykinson,
Williams, Robert Jr. Memorial Amicus Curiae, presentado por el CNCAI en el caso de la Comunidad de Awas Tingni.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Nº 11.577, Universidad de Arizona, 2000.
Anaya, James, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Madrid, Ed. Trotta, 2005; Anaya, J. y R. A.Williams,
Jr “The Protection of Indigenous Peoples' Rights Over Lands and Natural Resources Under the Inter-American Human Rights
System” Harvard Human. Rights Journal Vol. 33. (2001)
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- el derecho de los pueblos indígenas al reconocimiento legal de sus formas y modalidades
variadas y específicas de control, propiedad, uso y usufructo de los territorios y bienes;
- el reconocimiento de su derecho de propiedad y posesión con respecto a tierras, territorios y
recursos que han ocupado históricamente; y
- en los casos en que los derechos de propiedad y uso de los pueblos indígenas deriven de
derechos previamente existentes a la creación de sus Estados, el reconocimiento por los
Estados de los títulos permanentes e inalienables de los pueblos indígenas y a que ese título
sea modificado únicamente por consentimiento mutuo entre el Estado y el pueblo indígena
respectivo cuando tengan pleno conocimiento y apreciación de la naturaleza o los atributos de
ese bien. Esto también implica el derecho a una justa indemnización en caso de que esos
derechos de propiedad y uso sean perdidos irrevocablemente.”50
En definitiva ha decantado un conjunto de principios centrales, que dan forma a una norma de derecho
consuetudinario internacional, que obliga a los Estados, y viene a reforzar los fundamentos de la
exigencia de los indígenas por el cumplimiento del deber de reconocimiento y protección de esos
derechos, y el cumplimiento de la obligación de restitución de las tierras usurpadas, indemnización o
El Estado chileno es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual se encuentra
ratificada y vigente, por tanto forma parte del bloque de constitucionalidad del Estado de acuerdo al
artículo 5(2) de la Constitución Política chilena. Chile reconoció la competencia de la Corte
Interamericana en la interpretación de la Convención Americana, por tanto la jurisprudencia de la Corte
es vinculante para Chile.
Sin embargo, los obstáculos al reconocimiento de los derechos mapuche no solo se ubican en las
resistencias de grupos de interés, sino también en los anclajes del indigenismo chileno, que hasta el
presente sigue sosteniendo la doctrina de que las tierras mapuche fueron declaradas fiscales en el
siglo XIX, y de que los derechos propietarios indígenas emanan de actos del Estado. Tal
predicamento, a pesar de la evidencia de derecho internacional y la actualidad de los reclamos
mapuche sobre sus tierras antiguas fue reiterado por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato
en su recomendación Nº 9.
d) Límites del Fondo de Tierras y Aguas51
De acuerdo a los balances oficiales, tras diez años de aplicación de la política de tierras indígenas
definida en la Ley 19.253, los resultados son discretos52
. La “entrega” de tierras no esta acompañada
de programas de autodesarrollo; e incluso el largo proceso de “postulación” muchas veces implica
quiebres comunitarios. Al mismo tiempo, se sigue reproduciendo la fragmentación territorial del
archipiélago mapuche, sin lograr soluciones de continuidad espacial, que hagan sustentables a las
entidades mapuche en el nuevo modelo regional53
Por otro lado, uno de los efectos más indeseados, pero previsible, es la espiral de especulación en el
mercado de tierras, en que los detentadores de las tierras reclamadas terminan siendo los principales
beneficiarios del Fondo de Tierras en tanto los precios de las tierras que demandan los mapuche se
han quintuplicado; de este modo se anula el efecto de incremento del presupuesto del Fondo de
Tierras, que ha seguido la curva de los conflictos. El resultado es un Fondo de tierras desbordado por
CIDH Mary y Carrie Dann, Caso 11.140 (Estados Unidos), Informe No. 75/02, decisión sobre el fondo de 27 de diciembre
de 2002, OEA/Ser./L/V/II.114 Doc. 5 rev. (2003)
Basado en Toledo, Victor “Las Tierras que consideran como suyas’. Reclamaciones mapuche en la transición chilena”.
Asuntos Indígenas 4/2004, IWGIA, Copenhagen, (2005).
Ministerio de Hacienda-DIPRES: Evaluación en Profundidad del Fondo de tierras y Aguas Indígenas, Santiago 2001.
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la demanda mapuche y desfinanciado por los especuladores. Finalmente, la política de tierras tiende a
hacer ingobernable por la exclusión a priori de las reclamaciones de tierras antiguas, no incluidas en
títulos, empuja a las comunidades a un camino de presión y movilización, para ser considerados; en
algunos casos lograron su objetivo, lo que introdujo nueva presión sobre el Fondo de Tierras54
El presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas (FTAI) se resume en el siguiente cuadro:
CUADRO 1: PRESUPUESTO FTAI Y VARIACION ANUAL 1994-2005
Valores nominales y actualizados a octubre 2005.
3.288.432
3.733.890
5.048.590
6.187.723
5.150.006
7.421.706
8.836.988
11.332.605
12.909.463
13.665.920
15.167.478
14.106.017
15.225.899
14.215.485
15.181.296
13.789.252
14.376.983
14.935.637
15.547.998
Fuente: DIPRES. V.Toledo. “Balance de la política de tierras 1994-2005”.
Como puede apreciarse, la tendencia al incremento del presupuesto del Fondo de Tierras se produce
en el período 1998-2001, correspondiente al ciclo de movilizaciones mapuche por sus tierras. Esa
tendencia se estanca en el 2002 una vez que comienza a aplicarse políticas de superávit estructural y,
al mismo, tiempo política penal55
A pesar de los incrementos nominales en el presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas, su poder
adquisitivo se ve afectado severamente por el exponencial incremento del precio de las tierras que el
propio mecanismo del Fondo de Tierras generó. En definitiva el poder adquisitivo del Fondo de tierras,
pese a su aumento, se ha mantenido sin mayores incrementos reales, pues opera en un mercado
especulativo e inflacionario. Eso explica la paradoja de que las tierras compradas de acuerdo al
Articulo 20 letra B en el año 2004, sean casi similares en cantidad a las tierras compradas en el años
1994, pero con un presupuesto cinco veces mayor en el 200456
Toledo, Víctor, “Balance de la política de tierras indígenas 1994-2005”, Documento de Trabajo, Centro de Políticas
Públicas y Derechos Indígenas, Santiago, 2005.
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La caída del poder comprador del FTAI, se aprecia en el siguiente cuadro de tierras adquiridas entre
CUADRO 2. FTAI - COMPRA DE TIERRAS 1994-2005
Art.20ª
Art.20b
3.044,98
4.276,69
5.672,69
4.700,30
7.021,05
3.425,14
6.525,14
64.452,52
86.328,52
Fuente: DIPRES. V. Toledo, “Balance de la política de tierras indígenas 1994-2005”
Como puede observarse, pese al notorio incremento nominal del presupuesto entre 1998 y 2001 que
muestra el cuadro anterior de presupuesto, la tabla de compra de tierras muestra una muy discreta alza.
Si se observan los años 1994, 1998, 2002, la cantidad de tierras en conflicto (art. 20b) adquiridas son
muy similares (casi 6.000 hectáreas cada año), pero con presupuestos muy distintos (3 mil, 6 mil y 14 mil
e) Situación de las “tierras antiguas” y nuevos discursos territoriales
Como se ha señalado, la legislación chilena y la política indigenista, restaron viabilidad institucional a las
reclamaciones mapuche por sus tierras ancestrales, que no fueron reconocidas por la Comisión
Radicadora de Indígenas, que operó en la región sur de Chile entre los años 1883-1929. Tierras que la
memoria colectiva de las comunidades mapuche aun conserva como sus “tierras antiguas”. La citada
Comisión escrituró 2.932 Títulos de Merced, reconociendo sólo 515.594,17 hectáreas, radicando a
83.280 personas, en circunstancias que las posesiones superaban los 3 millones de hectáreas en un
territorio de más de 10 millones de hectáreas de superficie. De esas tierras los mapuche fueron
desalojados militarmente, y despojados, por el Estado y particulares. El Estado dispuso de esas tierras
por vía de diversos actos, tales como remates, concesiones, colonias, constitución de parques
nacionales, y los particulares hicieron ocupación de facto violenta, utilizando diversos modos de
apropiación fraudulenta. Tales tierras pasaron a formar parte de una propiedad inscrita no indígena, cuya
certidumbre jurídica ha estado siempre en entredicho. 57
Con especial vehemencia los mapuche instalaron su memoria de las tierras antiguas en dos momentos a
fines del siglo XX, en 1970 y en 1990 y 1997. En cada ocasión han irrumpido las movilizaciones
indígenas, reclamando la restitución de sus tierras antiguas, fundando tal reclamo en su derecho
consuetudinario, la condición de ser posesiones ancestrales tal como lo establece la memoria colectiva
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III. EL CONFLICTO SOBRE LAS TIERRAS MAPUCHE: LOS LÍMITES DEL
DERECHO Y LA PROTESTA SOCIAL
Las reivindicaciones de tierras por parte del pueblo mapuche, incluyendo en muchos casos
reivindicaciones de tierras antiguas de las que fueron despojadas por medios ilegítimos en el pasado,
constituyen el fermento de la situación de conflictividad social que atraviesa el sur de Chile durante la
última década, el denominado “conflicto mapuche”58
. Con independencia de su rigor o conveniencia, la
expresión “conflicto mapuche”, inicialmente acuñada por los medios de comunicación social,
constituye hoy en día un marco conceptual plenamente asumido por las autoridades chilenas en el
diseño de las políticas públicas relativas al pueblo mapuche en el sur del país.
¿Qué se entiende por la expresión “conflicto mapuche”? Un senador se refería en 2002 a esta
situación de “conflicto” en una comisión oficial del Senado de la República en los términos siguientes:
Desde hace algún tiempo, en las Regiones VIII y IX vienen sucediéndose múltiples hechos de
violencia que ocurren básicamente en los sectores rurales, caracterizados por ocupaciones y
tomas ilegales de predios, incendios intencionales de cosechas y plantaciones, destrucción de
maquinarias, galpones y viviendas, atentados en contra de la vida y la integridad física de los
agricultores, campesinos, trabajadores del transporte, etc., cometidos por grupos organizados
que habitualmente actúan encapuchados y utilizan como pretexto para ello reivindicaciones de
tierra a favor de Comunidades Mapuches y la conformación de un Estado o Nación autónoma,
con territorio propio y derecho a su libre determinación (…) [L]as acciones de violencia de
estos grupos organizados, que vienen ocurriendo desde hace años, es fomentada, respaldada
e inducida por entidades y organizaciones nacionales y extranjeras…que inciden a la comisión
de hechos delictuales e incluso publican manuales de guerrilla urbana, inteligencia de combate
y manuales de terrorismo59
Esta descripción que mezcla hechos e interpretaciones, es síntoma de la altísima conflictividad social
que hizo eclosión en los sectores rurales de las regiones VIII y X de Chile a partir de finales de la
década de los noventa, con su fase más crítica en el periodo comprendido entre los años 2001-2004.
Esta situación de conflictividad se plasmó en un elevadísimo número de acciones de protesta social
muchas de las cuales incurrieron en quebrantamientos del orden público y de la legislación vigente,
protagonizadas en su gran mayoría por personas de origen mapuche.
La descripción anterior recoge sin embargo una serie de importantes imprecisiones fácticas,
imprecisiones más o menos inconscientes que han contribuido a generar una situación de alarma
social y presión mediática determinantes en la definición de la política penal chilena en reacción ante
el denominado “conflicto mapuche”. Las acciones de protesta social violenta no han sido orientadas
contra la vida y la integridad física de las personas, y en ningún caso han incurrido en pérdidas
humanas. Las únicas pérdidas humanas a lamentar en el contexto del “conflicto” están relacionadas
con acciones de contención por parte de las fuerzas de orden público, en circunstancias que en
determinados casos arrojan serias dudas sobre la legalidad de la actuación por parte de integrantes de
estas fuerzas, como en el caso de la muerte del joven Alex Lemún en 2002. En ningún caso se ha
podido determinar la veracidad de las graves alegaciones de conexiones entre las diversas
organizaciones mapuche con redes y grupos terroristas de ámbito nacional o internacional, ni que las
acciones de protesta social en el contexto del “conflicto mapuche” respondan a las pautas de
actuación de este tipo de redes y organizaciones. En ningún caso la protesta social mapuche se ha
Se trata de una denominación equivoca, por cuanto los conflictos por tierras en el sur de Chile, involucran, al igual que
todo conflicto, a mas de una parte, en este caso a las comunidades mapuche, a los empresarios agrícolas y forestales que se
asentaron en su territorio ancestral, y al Estado chileno, que con su legalidad y política publica ha avalado la apropiación de tierras
y recursos naturales de los mapuche.
Vid. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el encargo que le hiciera
el Senado respecto del conflicto mapuche en relación con el orden público y la seguridad ciudadana en determinadas regiones.
Boletín Nº S 680-12 (2003).
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vinculado con un intento de secesión violenta del Estado chileno, por más que la estatalidad propia
pueda ser un objetivo político de sectores muy minoritarios de la red organizativa del pueblo mapuche.
Construido sobre estas imprecisiones, y magnificado por el debate político y por los medios de
comunicación de masas, este tipo de discurso han contribuido a generar un clima de opinión pública
en Chile que vincula la protesta social mapuche a la idea de terrorismo, conectando así la
conflictividad social en las comunidades mapuche con una de las amenazas centrales para la paz y la
seguridad a nivel global. La asociación, implícita o explícita, de la idea de terrorismo con el “conflicto
mapuche” contrasta con la posición formal asumida por el gobierno chileno, que ha negado la
existencia del terrorismo en Chile, una afirmación que de hecho podría afectar la buena imagen
internacional del país en términos de gobernabilidad política y prosperidad económica. Sin embargo,
como se analiza en el siguiente capítulo, las alegaciones de terrorismo han definido una política penal
que tiene como componente central la aplicación de la legislación terrorista vigente, llevando en
algunos casos a vulnerar garantías básicas de las personas supuestamente responsables de actos
ilícitos asociados a la protesta social mapuche.
La asociación de la situación de conflictividad social en el Sur de Chile con la idea del terrorismo tiende
también a desviar de la discusión pública la reflexión sobre las verdaderas causas de esta
conflictividad. Las acciones de protesta en el ámbito social mapuche, incluyendo sus formas más
agudas, están vinculadas directamente a reivindicaciones o defensa de tierras por parte de
comunidades indígenas. Estas reivindicaciones no son sólo “pretexto” para las protestas, sino que son
precisamente el origen de las mismas. Estas reivindicaciones son además reivindicaciones legítimas
de derechos que el sistema internacional reconoce a los pueblos indígenas sobre sus tierras y
territorios y en principios plenamente asumidos por el régimen internacional de derechos indígenas,
incluyendo los principios de territorialidad y libre determinación.
En la medida en que la protesta social del pueblo mapuche se asocia a una reivindicación de derechos
humanos, la persecución penal de determinados actos asociados a esta protesta presenta una
dimensión que atañe a la protección de los defensores de derechos humanos, sin perjuicio de los
deberes que corresponden al Estado de preservar el orden público y el respeto a la legalidad. En este
sentido, cabe recordar la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por
la Asamblea general de la ONU en 1998, que reconoce el derecho de toda persona o colectivo a
“promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto
en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos”60
, y a la protección frente a “toda
violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción
arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”61
derechos se encuentran igualmente proclamados por la resolución sobre Defensores de Derechos
Humanos en las Américas, adoptada por la Asamblea General OEA en 200262
Las reivindicaciones de tierra mapuche, y la situación de alta conflictividad social que acompaña a las
mismas, hunde sus raíces en las dinámicas históricas y presentes de desposesión de las tierras
tradicionalmente pertenecientes al pueblo mapuche, dinámicas que han conducido a una de las
situaciones más críticas de fragmentación y mengua de tierras indígenas en el contexto
latinoamericano contemporáneo. Esta situación es uno de los factores fundamentales de la pobreza,
exclusión social y migración forzada que aquejan en la actualidad a los miembros del pueblo mapuche
Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, Res. AG 53/144 (9 de diciembre de 1998), arts. 1; 12.2.
Ibid., art. 12.2.
Resolución AG/RES 1842 (XXXII-O/02) (4 de junio de 2002), art. 3 (exhortando a los Estados miembros de la OEA a
intensificar “sus esfuerzos para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la libertad
de los [defensores de los derechos humanos”, de acuerdo con su legislación nacional y de conformidad con los principios y
normas reconocidos internacionalmente).
FIDH/ PÁGINA 20
A diferencia de muchos otros países, la desposesión de las tierras indígenas en el Sur de Chile no es
sólo un producto del despojo colonial, sino que deriva en la mayoría de los casos del funcionamiento
de mecanismos jurídicos promovidos por el Estado chileno hasta el umbral mismo de la transición
democrática en el país. El marco jurídico e institucional sobre los derechos indígenas definido a
principios de la transición democrática y todavía operativo en Chile, se ha mostrado claramente
insuficiente para reparar las consecuencias de la desposesión de las tierras, incluyendo los legados
recientes del régimen militar. Asimismo, este marco se ha mostrado ineficaz a la hora de frenar o
amortiguar los distintos procesos que actualmente inciden en la integridad y la sostenibilidad
económica y ecológica de los territorios indígenas. A ello se le une la puesta en marcha de políticas
públicas, incluyendo el fomento a la economía forestal de exportación, el estímulo a la industria
turística o la construcción de infraestructuras, que han entrado en conflicto con los objetivos de respeto
a la integridad cultural, participación, protección de tierras y desarrollo de los pueblos indígenas
consagrados en la legislación chilena, objetivos que en muchas ocasiones se han visto marginados.
La protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios presenta
dificultades y retos que no pueden obviarse. En muchos casos, la protección de estos derechos debe
conjugarse con el respeto a los derechos legítimos adquiridos por terceros, con políticas públicas de
interés general, o con procesos socioeconómicos que superan el ámbito de actuación institucional de
los Estados. Estas consideraciones no son óbice sin embargo para que los Estados pongan en
práctica políticas que hagan efectivos los derechos reconocidos internacionalmente a los pueblos
indígenas, en un marco de diálogo y consulta con los pueblos indígenas. El caso del Sur de Chile
ejemplifica como las limitaciones de los mecanismos para el reconocimiento y protección de los
derechos humanos indígenas puede generar una situación de alta conflictividad social.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la solución al denominado “conflicto mapuche” no
puede basarse en mecanismos de política penal ni en simplificaciones conceptuales ajenas a este
contexto, sino que precisan de cambios sustantivos en la normatividad e institucionalidad vigentes que
acerquen a Chile a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas.
conflicto mapuche by Julián Andrés García Sanhueza1,3K viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
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References: artículo 7

artículo 34
 resolución 
 artículo 20
sui generis
 Artículo 17

artículo 5
 resolución 

Resolución