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Timestamp: 2018-12-14 08:09:32+00:00

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José Barea | Reggio's Weblog
Déficit en las pensiones, de José Barea en Cinco Días
Posted in Economía by reggio on 14 febrero, 2009
En 1995 la Seguridad Social se encontraba en déficit ya que las cotizaciones sociales no eran suficientes para atender al pago de las pensiones, de las prestaciones de asistencia social y de parte del gasto de asistencia sanitaria, ya que otra parte corría a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. Para hacer frente a los pagos por prestaciones a cargo de la Seguridad Social, la Tesorería de dicho sistema tuvo que recurrir a préstamos de entidades financieras.
Posted in Economía by reggio on 31 enero, 2009
Presumíamos de ser uno de los mejores países de la Unión Europea en cuanto a la situación de nuestras finanzas públicas: un superávit presupuestario que en 2007 alcanzaba el 2,2% del producto interior bruto (PIB) y deuda pública de sólo el 36,2% del PIB. En dicho año se percibía el inicio de la crisis real de la economía española que afectaba al sector de la construcción de vivienda y la crisis financiera originada por las hipotecas subprime de Estados Unidos que empezaba a repercutir en todo el mundo.
Control de fondos públicos, de José Barea en Cinco Días
Posted in Economía by reggio on 25 octubre, 2008
La crisis financiera mundial originada en EE UU en el segundo semestre del pasado año, a consecuencia de la crisis de las hipotecas subprime, ha creado una fuerte desconfianza en los mercados financieros, donde nadie presta a nadie. El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE, de 7 de octubre, acordó las líneas generales de actuación coordinada entre los Estados miembros para preservar la estabilidad del sistema financiero, que deben ajustarse a los principios de intervención limitada en el tiempo, protección de los intereses de los contribuyentes y respeto a las reglas del mercado interior europeo. Con base en lo expuesto, el Gobierno español ha tomado los siguientes acuerdos:
Real Decreto de 10 de octubre sobre elevación a 100.000 euros de los importes garantizados de los depósitos en entidades de crédito, cuya garantía anterior era de 20.000 euros. La reserva para hacer frente a este compromiso está en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, constituida por aportaciones de dichas entidades. Parece lógico que al elevarse la cuantía garantizada, la reserva del citado fondo se aumente, pero el decreto nada dice sobre tal cuestión. Es necesario que inmediatamente se aclare esto, pues si es el Estado el que asume tal obligación, se necesitará norma con rango de ley.
Real Decreto-Ley del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros con la finalidad de apoyar la oferta de crédito a la actividad productiva de empresas y a los particulares. El fondo se nutre con financiación presupuestaria por un importe de 30.000 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 50.000 millones, a cuyo efecto se concede al Presupuesto en vigor un crédito extraordinario por importe de 10.000 millones de euros, ampliable hasta un importe de 30.000 millones, que se financiará con deuda pública.
En el proceso de tramitación en las Cortes Generales del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 se requerirá habilitar los créditos necesarios para completar la financiación de la dotación máxima del fondo prevista en el decreto-ley. Para la administración, gestión y dirección del fondo se crea un consejo rector y una comisión ejecutiva, enumerándose en el citado decreto-ley las funciones de los mismos. El régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control del mencionado fondo se ajustará a lo dispuesto en el número 2 del artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ya que esta ley es aplicable a todos los fondos carentes de personalidad jurídica, cuya dotación se efectúa mayoritariamente desde los Presupuestos Generales del Estado.
El artículo 27 de la Ley General Presupuestaria (LGP) dispone que los créditos presupuestarios de la Administración general del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos o por las modificaciones realizadas conforme a la LGP.
Como ya hemos dicho anteriormente, el real decreto-ley que crea el fondo para la adquisición de activos financieros establece, en su artículo 1, que su finalidad es apoyar la oferta de crédito a la actividad productiva de empresas y a los particulares; por tanto el control de los fondos públicos concedido al citado fondo por el crédito extraordinario habilitado en el propio real decreto-ley que crea el fondo debe basarse en la finalidad asignada al fondo.
El artículo 5 del real decreto-ley que crea el fondo establece que la Intervención General de la Administración del Estado controlará el mismo a través de la auditoría pública en los términos previstos en la LGP. Esta ley establece tres modalidades de auditoría pública (artículo 164): la de regularidad contable, la de cumplimiento y la operativa, si bien la Intervención General podrá determinar la realización de auditoría en los que se combine objetivos de las tres modalidades. Estimo que la auditoría operativa y la de cumplimiento constituyen conjuntamente las más adecuadas para verificar la finalidad del fondo que ya hemos expuesto con anterioridad.
A mi juicio, a dicho informe deberá adjuntarse el informe de la auditoría pública y el informe emitido por los interventores sobre las inversiones del fondo referidos anteriormente. Por último, estimo que no es conforme a lo establecido en la LGP lo dispuesto en los números 3 y 4 del artículo 2 del repetido decreto-ley, referente a los rendimientos de los activos financieros en que se hayan materializado las dotaciones del fondo y a la imputación a las dotaciones del mismo de los gastos que ocasione su gestión.
Real decreto-ley en relación con el plan de acción concertada de los países de la zona euro, en virtud del cual se autoriza el otorgamiento de avales del Estado a las operaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España a partir de la entrada en vigor del decreto-ley. Para el año 2008 se podrán conceder avales con tal finalidad hasta un importe de 100.000 millones de euros y su concesión se efectuará de acuerdo con los requisitos señalados en la ley.
El artículo 2 del decreto-ley autoriza, con carácter excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2009, la adquisición de títulos emitidos por las entidades de crédito que necesiten reforzar sus recursos propios, incluyendo participaciones preferentes y cuotas participativas. Los acuerdos de adquisición se adoptarán previo informe del Banco de España; nada se dice sobre el control de esta operación que debe estar sometida a la LGP. Al no habilitar crédito para tal operación, es de suponer que en el trámite parlamentario del proyecto de Presupuestos para 2009 se incluirá la oportuna dotación.
Mensajes de los Presupuestos, de José Barea en Cinco Días
Posted in Política by reggio on 11 octubre, 2008
El primer mensaje que recibimos de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 es que el crecimiento del gasto no financiero, una vez consolidados los presupuestos de los organismos que lo integran, crecen el 5% con respecto a los del año anterior: tasa superior a la prevista para el PIB a precios de mercado del 3,5%. Tal decisión no parece muy aconsejable en una época de fuerte crisis, camino de la recesión, como la que estamos atravesando, que continuará en el próximo año, acompañada de una aguda crisis financiera a nivel mundial, que está ocasionando una fuerte restricción crediticia de las instituciones financieras españolas. Tal política nada tiene que ver con la austeridad presupuestaria que preconiza el Gobierno, que da lugar a un déficit de la Administración central del 1,5% del PIB.
El segundo mensaje es que el principio de estabilidad presupuestaria, que es básico en el Tratado de la Unión, queda roto, ya que sin contar la Seguridad Social, el déficit público de la Administración central, autonómica y local se estima para el próximo año en el 2,7% del PIB, cercano al límite máximo del 3% fijado en el Tratado. En cuanto al superávit de la Seguridad Social, hemos de decir que no depende de decisiones del Gobierno, sino principalmente de la demografía. A partir del 2015, en que el envejecimiento de la población se acentúa, el sistema de pensiones públicas no será sostenible y entrará en déficit, si antes no se efectúan reformas estructurales. Por otra parte, parece exagerada la estimación de superávit de la Seguridad Social para 2009 (0,8% del PIB), cuando las afiliaciones están cayendo, el paro aumentando y el número de pensionistas y la pensión media subiendo.
El tercer mensaje que emana de los Presupuestos es que los gastos sociales van a resolver la crisis que estamos teniendo. En la página 99 del Informe Económico y Financiero se dice que ‘los Presupuestos para 2009 seguirán priorizando la inversión productiva para garantizar el crecimiento futuro y mantendrán el gasto social para apoyar a los ciudadanos más perjudicados’. Analicemos con las cifras del Presupuesto esta afirmación.
Los Presupuestos consolidados para 2009 aumentan con respecto a los de 2008 en las dotaciones asignadas a operaciones corrientes, operaciones de capital y activos financieros en 15.374,01 millones de euros, éste es el margen que tiene el Gobierno para asignar nuevos recursos a las políticas de gasto. Dicha asignación aparece para 2008 y 2009 en el cuadro de la página 138 del Informe Económico y Financiero. De los 15.374,01 millones de euros citados, corresponden a los servicios públicos básicos 181,65 millones de euros (el 1,18%); al gasto social, 15.063,16 millones de euros (el 97,98%); las actuaciones de carácter económico experimentan una reducción de 656,98 millones de euros, el -4,27% del aumento del total del gasto, y a las actuaciones de carácter general le corresponden 786,16 millones de euros, el 5,11%.
En resumen, del aumento en las políticas de gasto, casi el 98% corresponden al gasto social, las políticas que contribuyen al cambio del modelo de desarrollo (educación, infraestructuras, e I+D+i) apenas participan del aumento de la tarta o inclusive se reducen sus dotaciones.
Si del cuadro de políticas de gasto se eliminan las dotaciones del capítulo VIII, activos financieros, incluyendo sólo las de operaciones corrientes y las de capital, la participación en el aumento de las dotaciones a distribuir entre las políticas de gasto experimentan una ligera variación: servicios públicos básicos 0,10%, gastos sociales 94,60%, actividades de carácter económico -0,30% y actividades de carácter general 5,60%. Como puede observarse, a los gastos sociales corresponde también en este supuesto la casi totalidad del aumento del gasto.
El cuarto mensaje es que, para salir de la crisis, se hubiera requerido un fuerte aumento de las dotaciones en capital humano, físico y tecnológico, y lo que se desprende del Presupuesto consolidado para 2009 es lo contrario: los gastos corrientes aumentan a una tasa doble que los gastos de capital.
Un quinto mensaje es que los gastos de personal van a aumentar a una tasa (5,6%) superior a la del IPC, quizás para recuperar el diferencial de inflación habido en el corriente año, entre la real y la prevista. Que los incrementos de salarios se liguen con la inflación da lugar a efectos económicos conocidos de segunda ronda, introduciendo una espiral inflacionista en todo el proceso productivo. Además, es un mal ejemplo para la Administración autonómica y local, así como para la negociación de los convenios colectivos.
El sexto mensaje es que si bien las operaciones de capital tienen una tasa de aumento del 2,6%, las inversiones reales directas del Estado, organismos autónomos administrativos y Seguridad Social disminuyen en el 2,7%, las transferencias de capital a sociedades estatales y entidades públicas empresariales aumentan en el 10%.
Un último mensaje se desprende de los Presupuestos en relación con la distribución territorial de la inversión real en 2009, relativa al sector público estatal y es que frecuentemente dicha distribución aparece más ligada a criterios políticos que a análisis económicos. En efecto, en los estatutos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña e Islas Baleares se incluyen determinados criterios para establecer, de forma permanente o temporal, el volumen de la inversión total que el Estado ha de destinar al territorio de la comunidad respectiva. De ellas, cuatro tienen Gobierno del PSOE y una del PP. Para el resto de las comunidades, el Informe Económico Financiero no explicita los criterios que han servido de base para localizar los proyectos de inversión en cada comunidad (análisis coste-beneficio, coste-eficacia, coste-eficiencia, etcétera).
Las infraestructuras son bienes de capital, generalmente de naturaleza pública, de difícil sustitución, que sustentan la estructura productiva y facilitan la distribución y el consumo, tanto privado como público, como la actividad humana en la sociedad. Según la OCDE, forman parte del stock de capital las carreteras, autopistas, infraestructuras hidráulicas, estructuras urbanas, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Otros autores incluyen las construcciones y equipamientos de sanidad y educación, así como las actividades culturales y recreativas.
En 2001, la OCDE revisó la metodología empleada. En sus nuevos manuales distingue entre el capital riqueza y el capital productivo. Las nuevas estimaciones toman en consideración 15 tipos de activos, de los cuales cuatro pertenecen al grupo de las infraestructuras (carreteras, autopistas de peaje, infraestructuras hidráulicas y ferrocarriles) y tres al sector de las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC): software, hardware y telecomunicaciones. Tanto la elasticidad con relación al PIB de las infraestructuras y de las TIC son altas, pero las de estas últimas son inclusive más elevadas, y tanto unas como otras tienen un efecto positivo sobre el crecimiento de la economía.
Por ello es preocupante que cuando la inversión real del sector público estatal asciende según los Presupuestos a 31.482 millones de euros, su distribución territorial y sectorial se efectúa con criterios políticos, sin que se realicen los oportunos análisis sobre su influencia en el PIB nacional y regional. En este campo de análisis de proyectos de inversión, la Administración central del Estado se ha deteriorado.
Administración y productividad, de José Barea en Cinco Días
Posted in Economía, Política by reggio on 27 septiembre, 2008
De la crisis en la que está inmersa la economía española sólo se saldrá si aumentamos la productividad, que haría posible incrementar nuestras exportaciones a otros países, que sustituyeran a la fuerte caída de la demanda interna que estamos padeciendo, con el doloroso efecto sobre el paro. Sin embargo nadie se ha preocupado de lo que hay que hacer para aumentar la productividad del principal agente económico de la nación: la Administración pública, que maneja casi el 40% del PIB de nuestra economía. A ello va dedicado este artículo.
La modernización de la Administración debe ir dirigida a incrementar la eficiencia en la producción de los servicios colectivos. Las dos líneas de pensamiento que hoy se debaten para conseguir dicha eficiencia, y por tanto incrementar la productividad, son: un nuevo modelo de Administración pública y la introducción de criterios de mercado en su funcionamiento.
Una nueva organización y un nuevo sistema de dirección de la producción son los pilares sobre los que hay que asentar la modernización de la Administración (El problema de la eficiencia del sector público en España, J. Barea y A. Gómez Ciria. IEE 1994). La organización que se propone se asienta en un principio básico: la separación absoluta entre los órganos encargados de la elaboración de las políticas públicas -departamentos ministeriales a nivel central, consejerías a nivel de comunidades autónomas y concejalías a nivel de ayuntamientos- y los centros encargados de producir los servicios colectivos.
El número de los órganos públicos, y por tanto de los funcionarios que los rellenan, ha ido creciendo con el tiempo. Sin ir más lejos, este año, con una fuerte crisis económica, se han aumentado de manera espectacular, tanto el número de ministerios como de secretarías de Estado, sin explicación alguna que lo justificara. La separación a que nos hemos referido es coherente con la distinción entre los dos tipos de funciones que realizan las Administraciones: la normativa de gobierno y la de gerenciar la producción.
El proceso de elaboración de las políticas públicas debería terminar con una evaluación ex ante de la política en cuestión, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la equidad. En el Estado, dicha evaluación debe ser realizada conjuntamente por el órgano que tendrá a su cargo la elaboración y la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, y debería ser adjuntado al proyecto de ley que se remita a las Cortes. En el Congreso debería crearse un Servicio de Evaluación de Políticas Públicas que tendría a su cargo el informe sobre dichas políticas, que se entregaría tanto a los diputados como a los senadores. En el campo de la producción de servicios colectivos, la Administración debe actuar de forma gerencial, maximizando el excedente entre inputs y outputs, como lo hace un centro privado que puede producir, como en el caso de la sanidad y de la educación, el mismo servicio que el centro público.
Y si el proceso productivo de los centros privados está sujeto al Derecho privado, cuando la Administración realiza dicho proceso en sus centros (hospitales, universidades, escuelas), la regulación jurídica debe ser la misma: el Derecho privado. Sujetarla al Derecho administrativo es hacer ineficientes a los centros públicos que producen servicios colectivos.
En cuanto a la introducción de criterios de mercado en la producción de servicios públicos, se ha desarrollado un debate alrededor de las ventajas y los inconvenientes de privatización de la producción de determinados servicios, aunque la financiación continúa siendo pública. Todas las experiencias realizadas de privatización de la producción han finalizado con importante reducción de costes, manteniendo o mejorando el nivel de calidad de los servicios. La creación de mercados mixtos competitivos entre el sector público y el sector privado funciona con éxito en varios países que los han implantado.
Los centros de responsabilidad, que serían los encargados de producir los servicios colectivos, constituyen la verdadera armazón de la organización que se propone para hacer eficiente la Administración pública. No son las direcciones generales ni los organismos autónomos, sino cada hospital, cada instituto de enseñanza media, etcétera, es decir, cada centro que produce un servicio no de mercado. Estos centros de responsabilidad deberían funcionar como verdaderas empresas que producen servicios colectivos, combinando factores de la producción.
La organización como instrumento de eficiencia debe adquirir en la Administración pública un papel tan destacado como en la empresa privada. En la Administración pública, la teoría de la organización prácticamente puede considerarse inexistente. Es inconcebible que la empresa más grande del país, que produce miles de tipos diferentes de servicios, en miles y miles de centros productivos extendidos por todo el país, no se haya preocupado de su organización.
En cuanto a la gestión, la fijación de objetivos constituye el punto clave de todo el proceso de planificación, programación y presupuestación. La ejecución de los presupuestos de los centros de responsabilidad, ejecutores de las políticas públicas, corresponderá a los mismos, en virtud de la autonomía de gestión que deben tener dichos centros. La delegación de facultades ha de ir acompañada de un cambio de mentalidad de los directivos de los centros de responsabilidad. El jefe debe actuar como un verdadero gerente, su preocupación se desplazará hacia los resultados de la gestión: objetivos, costes y calidad de los servicios. Su mentalidad será empresarial, distinta de la burocrática y formalista imperante hoy en la Administración pública, trasladando su preocupación del proceso al producto.
La Agencia de Evaluación de Políticas Públicas debería analizar cada año dos o tres políticas que se estén efectuando, para ver si cumplen los objetivos que justificaron su aprobación y si se realizan con eficacia, eficiencia y equidad. El informe sería público, para que los ciudadanos, que son los que las financian, conozcan cómo se aplican sus impuestos, enviándose, una vez conocido por el Gobierno, a las Cortes y al Tribunal de Cuentas. Este último debería constituir una sección para el análisis de las citadas evaluaciones de las políticas públicas; el informe que emita se enviará a todos los consejeros. Si del informe de la Agencia de Evaluación se desprende que la política pública no tiene ya razón de ser, el Gobierno debería acordar dar por finalizada la misma, evitando así los frecuentes comentarios de que si difícil es entrar en el presupuesto, más difícil aún es la expulsión del mismo.
¿Adónde van las finanzas públicas?, de José Barea en Cinco Días
Posted in Economía, Política by reggio on 22 septiembre, 2008
Para intentar vislumbrar por dónde puede ir el proyecto de Presupuesto del Estado para 2009 es necesario analizar el entorno económico en el cual dicho Presupuesto va a desenvolverse.
Para el próximo año, Funcas ha previsto que continuará la caída de la actividad económica, situando el crecimiento del PIB español en el -0,5%, con una tasa de paro de 14,8% (en 2008, del 11,3%) y un déficit público del -2,4% (0,6% en 2008). Con este entorno macroeconómico de Funcas, la política pública manifestada por el presidente del Gobierno es que no sólo no habrá ni un solo recorte en las prestaciones de la protección social, sino que inclusive algunas de ellas tendrán una subida por encima del índice de precios al consumo.
En cuanto a medidas para impulsar la salida de la crisis, considera el Gobierno que las adoptadas son suficientes. En el periodo de recesión en que nos encontramos, creo que debe primar la eficiencia a través de medidas que aumenten la productividad, pues sin ella la política de aumento de los gastos sociales no será sostenible. Pero la ganancia de productividad sólo se conseguirá a través de medidas de ajuste que a veces son dolorosas y, como dice el profesor Schiller, los políticos prefieren que las generaciones presentes, que son las que votan, cobren sus pensiones, reciban la sanidad gratuitamente y puedan disfrutar de otros servicios gratuitos, imponiendo cargas a futuras generaciones a través de los déficit, cuya financiación se efectuará con los impuestos que pagarán estos últimos.
El problema que tiene la economía española es que la demanda interna de vivienda y de consumo experimentaba tan altas tasas de crecimiento que el ahorro interno era incapaz de financiar, y hubo que acudir a préstamos del exterior. Pero esto se ha acabado, tanto por causas internas como externas, y el problema es que si queremos salir de la crisis, que el paro no siga aumentando y se recupere el crecimiento del PIB, no queda otro camino que sustituir la disminución de la demanda interna que hemos tenido por un aumento de la demanda exterior.
Pero esto no se resuelve por decreto, sino por una mejora en la eficiencia de los procesos productivos y de los factores de la producción, que hará posible una mejora de la productividad y, por tanto, que seamos competitivos frente a otros países, aumentando las exportaciones y disminuyendo las importaciones, pero no por caída del crecimiento, sino por incremento de la productividad.
La mejora de la productividad puede conseguirse tanto con medidas que no incidan en el Presupuesto como con decisiones que sí tienen repercusiones presupuestarias. Entre las primeras podemos citar: la reforma del mercado de trabajo y la liberalización de los mercados de bienes y servicios.
Con relación a la primera, el Gobierno ha dicho que se estará a lo que acuerden los agentes sociales (sindicatos y empresarios), lo cual quiere decir que nada se conseguirá respecto a sustituir que los salarios se indexen con la inflación por una relación con la productividad de cada empresa, es decir, interesar a los trabajadores en el aumento de la productividad.
También la rebaja del coste del despido al nivel de la media comunitaria dará lugar a un incremento de la contratación de trabajadores fijos, ya que las empresas estarían interesadas en la mejora de la formación de sus trabajadores, lo que incidiría en un aumento de la productividad, sin que afectara al Presupuesto. La liberalización de los mercados de bienes y servicios aumentaría la competencia y por tanto la productividad, eliminando las trabas de 17 mercados regionales creados por las comunidades autónomas.
Las medidas que aumentan la productividad, pero que tienen incidencia presupuestaria, son las inversiones en educación, investigación, desarrollo e innovación, que a juicio de la Comisión Europea deben aumentarse. Nuestra educación es de calidad ínfima, como han puesto de manifiesto los informes PISA de la OCDE y el más reciente, que sitúa a España a la cola de los países de la OCDE. Los alumnos españoles son incapaces de transformar información en conocimiento, éste en innovación y ésta en crecimiento, y en la economía moderna tal posibilidad depende del capital humano y del capital tecnológico, pero es necesario que la gestión de estos factores se efectúe con eficiencia. La reforma de todo el proceso productivo de la educación y de la I+D+i y su conexión con las necesidades de las empresas es imprescindible, justificaría una fuerte asignación de recursos a estas partidas.
Por último, la reforma de la Administración pública, con el objetivo de ganar eficiencia, debe ser una tarea inmediata, suprimiendo estructuras administrativas desorbitadas y el crecimiento continuo de funcionarios. Un fuerte ajuste en el gasto de funcionamiento de los servicios públicos es necesario (personal y compra de bienes y servicios corrientes) y en subvenciones, que últimamente han proliferado sin justificación alguna.
Un Presupuesto expansivo para ayudar a salir de la crisis tiene sentido; sin embargo, que el Presupuesto tenga un fuerte déficit para aumentar de forma descontrolada el gasto social no haría más que agravar los problemas.
El coste de la crisis, de José Barea en Cinco Días
Posted in Economía by reggio on 13 septiembre, 2008
En este artículo se pretende efectuar una aproximación al coste que la actual crisis económica va a suponer para la economía española en el periodo 2008-2010. La base que nos ha servido para dicho cálculo son las previsiones efectuadas por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), las efectuadas por el Gobierno cuando se elaboró el Presupuesto para 2008 y la tasa de crecimiento potencial de la economía española.
Partiendo de tal información, el coste de bienestar para los españoles medido por el menor crecimiento de la economía española es para el corriente año de 23.100 millones de euros (tasa de crecimiento del 3,3% prevista por el Gobierno frente al 1,1,% de Funcas) y para el conjunto del trienio de 78.600 millones de euros, teniendo en cuenta las previsiones para 2009-2010 de Funcas, la Comisión Europea de noviembre de 2007 y la tasa potencial de crecimiento de nuestra economía (3%).
Tan fuerte caída de la actividad económica, 7,2 puntos del PIB previsto, incluida la recesión esperada en el segundo semestre de 2008, da lugar a un fuerte crecimiento del paro, que se prevé por Funcas que alcance tasas del 11,3% en 2008, del 14,6% en 2009 y del 16% en 2010, el doble que en 2007, lo que supone más de 3,5 millones de personas. Es el coste más doloroso de la crisis, pues afecta directamente a las personas, existiendo miles de familias en que todos los potencialmente activos se encuentran en paro.
Las consecuencias económicas para las finanzas del Estado están ya llamando a la puerta; el crédito previsto para el pago de la prestación de desempleo está a punto de agotarse y el Estado tendrá que transferir al Instituto Nacional de Empleo los fondos necesarios, que incidirá en un aumento del déficit público (4.000 millones de euros). Precisamente, Funcas ha estimado que el déficit del conjunto de las Administraciones públicas será, en porcentaje del PIB, del -0,6% en 2008, del -2,4% en 2009 y del -3% en 2010, lo que supondrá un aumento de la deuda (o una reducción de activos financieros), con el consiguiente aumento de la carga financiera y, en su caso, una deducción de los ingresos financieros derivados de los activos financieros que se enajenan.
La previsión de que en 2010 el déficit público alcance el 3% del PIB dará lugar a una fuerte advertencia de la Comisión Europea para que se adopten las medidas fiscales necesarias (en gastos y/o en ingresos) para tratar de situarlos por debajo del límite máximo de déficit público autorizado en el Tratado de la Unión Europea. Otro coste de la crisis, ya que en 2007 nos encontrábamos en superávit.
La caída de la actividad económica, con el consiguiente aumento del paro, incidirá fuertemente en el consumo de los hogares, que en el presente año sólo crecerá el 1%, experimentando una caída del -0,4% en 2009, para empezar en 2010 la recuperación con un crecimiento del 1,3%. Otro coste de la crisis.
Otro componente de la demanda interna, la formación bruta de capital fijo (inversión) va a tener un comportamiento desastroso en el trienio 2008-2010, ya que en estos años sus tasas de crecimiento serán negativas: -2% en 2008, -6,6% en 2009, y -0,5% en 2010. La construcción residencial continuará su derrumbe, con crecimientos negativos en los tres años: en 2008 del -9,3%, en 2009 del -17,8% y del -11,1% en 2010, lo que explica la fuerte subida del paro, aunque he de decir que los demás sectores de la economía española son también generadores de paro: agricultura, industria y servicios.
Dentro de la inversión es preocupante el comportamiento del sector equipo y otros productos que en 2008 sólo va a crecer el 0,5%, con una fuerte caída en 2009, en el que se prevé un crecimiento negativo del -5,5%, que repuntará en 2010 con una tasa de aumento de sólo el 2,6%. Hay que tener en cuenta que en 2007 la tasa de crecimiento de equipos y otros productos fue del 11,6%. Es éste otro de los costes de la crisis de la economía española.
Llega el momento de preguntarnos si nuestra crisis es consecuencia de la crisis financiera originada en Estados Unidos como consecuencia de las hipotecas subprime, como ha dicho el presidente del Gobierno, o si por el contrario son causas internas derivadas de nuestro modelo productivo. A mi entender son estas últimas las que han dado lugar a la situación en que nos encontramos. La necesidad de financiación de la economía española alcanzó en 2003 el 3% del PIB, sólo cuatro años más tarde llegó al 10% del PIB como consecuencia de un desarrollo basado en la demanda interna: vivienda y consumo. Como el ahorro interno no era suficiente para financiar tal demanda, las empresas y las instituciones financieras acudieron a préstamos del exterior.
El crecimiento desequilibrado de la economía española y la pérdida de competitividad originado por dicho modelo de desarrollo ha dado lugar a que los prestamistas empezaran a dudar de la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento. Esta percepción dio lugar a que desde mediados del pasado año empezaran a notarse ya síntomas de comienzo de crisis en la economía española, comenzando las dificultades para endeudarse con el exterior.
Cierto es que la crisis financiera global iniciada en Estados Unidos y la desconfianza que ha originado, ya que nadie presta a nadie, está influyendo en España, si cabe con más intensidad que en otros países, a consecuencia del derrumbe de nuestro mercado inmobiliario y del fuerte monto de las titulizaciones hipotecarias colocadas en los mercados financieros mundiales. Pero el origen de la crisis, como ya he dicho, se encuentra en nuestro modelo de crecimiento y el fuerte endeudamiento exterior necesario para su funcionamiento. Y no olvidemos la inflación, que se sitúa en el entorno del 5%.
La falta de reformas estructurales necesarias para cambiar el modelo productivo hará que la crisis sea larga, pues el Gobierno no parece decidido a acometerlas; recordemos que Japón estuvo 10 años con crecimiento plano. Varios artículos he escrito sobre esta cuestión, el último ha sido en este mismo diario el 30 de agosto, con el título: Cuánto durará la crisis.
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References: Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2