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Timestamp: 2019-01-20 05:57:21+00:00

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﻿ Sentencia C-741 de diciembre 2 de 2015
SENTENCIA C-741 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES CON DISCAPACIDAD MENTAL O GRAVE ANOMALÍA FÍSICA PARA DAR EN ADOPCIÓN. SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL NUMERAL 3º (PARCIAL) DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1098 DE 2006, POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. PARA LA CORTE, LA EXPRESIÓN “CUANDO LO AQUEJA UNA ENFERMEDAD MENTAL O GRAVE ANOMALÍA FÍSICA CERTIFICADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES” SE DEBE ENTENDER ASÍ: SOLO SE DARÁ POR ESTABLECIDA LA FALTA DEL PADRE O LA MADRE, O DE QUIENES DETENTEN LA PATRIA POTESTAD, CUANDO LA VALORACIÓN REALIZADA POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES CONCLUYA LA IMPOSIBILIDAD PARA OTORGAR UN CONSENTIMIENTO VÁLIDO E IDÓNEO LEGAL Y CONSTITUCIONALMENTE. DE MANERA QUE NO SE SALTEN ASPECTOS CONSTITUCIONALES TRASCENDENTALES COMO EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA FAMILIA Y A NO SER SEPARADA DE ELLOS, LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LA PREVALENCIA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, LOS REQUISITOS DEL CONSENTIMIENTO PARA DAR EN ADOPCIÓN Y, LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE DISCAPACIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PÚBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD, DERECHO A TENER UNA FAMILIA, ADOPCIÓN, EFECTOS DE LA ADOPCIÓN, PROCEDENCIA DE LA ADOPCIÓN, PROHIBICIONES EN LA ADOPCIÓN, SUJETOS DE LA ADOPCIÓN, TRÁMITE DE LA ADOPCIÓN, ADOPCIÓN DE MENOR DE EDAD INDÍGENA, CONSENTIMIENTO, FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO, DISCAPACIDAD, INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA, INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, PROTECCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD, PERSONA CON DISCAPACIDAD, PERSONA CON INCAPACIDAD FÍSICA, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD, ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR, INTERVINIENTES EN LA ADOPCIÓN, PADRE DE FAMILIA, PROTECCIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA
Sentencia C-741 de diciembre 2 de 2015
Ref.: Expediente D-10813
Demanda de inconstitucionalidad, contra el artículo 66 numeral 3º (parcial) de la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia”.
Actor: Jean Paul Cuervo Díaz
Los adolescentes deberán recibir apoyo psicosocial especializado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que puedan permanecer con su hijo o hija, o para otorgar el consentimiento libre e informado. El consentimiento del padre o madre menor de dieciocho (18) años tendrá validez si se manifiesta con el lleno de los requisitos establecidos en el presente artículo. En este caso estarán asistidos por sus padres, o personas que los tengan bajo su cuidado y por el Ministerio Público”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la expresión acusada hace parte de una Ley, en este caso, del artículo 66 inciso 3º (parcial) de la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
2. Asunto preliminar: la necesidad de integración normativa.
De manera preliminar la Corte debe determinar si en este caso procede la integración normativa con el resto del enunciado normativo contenido en el inciso 3º del artículo 66 de la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia”.
En reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que la integración por unidad normativa tiene carácter excepcional, y procede cuando es necesario con el fin de evitar que el fallo sea inhibitorio o inocuo, en aquellos casos cuando (i) la expresión demandada carece de un contenido normativo completo, claro o unívoco; (ii) se trate de un enunciado normativo que se encuentre en conexión directa, íntima e inescindible con otras expresiones u otras normas de manera que no se pueda realizar el estudio de constitucionalidad sin abordar el análisis de aquellas otras; y (c) (sic) resulte imprescindible para que la decisión de la Corte no resulte inocua porque la expresión o disposición se replica en otros enunciados o preceptos no acusados(1).
3.1 El problema jurídico al que se enfrenta la Corte en esta oportunidad, y una vez realizada la integración de unidad normativa entre las expresiones “sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental” y “o grave anomalía psíquica certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” contenidas en el inciso 3º (parcial) del artículo 66 de la Ley 1098 de 2006, es si este enunciado normativo es inconstitucional por desconocer los artículos 5º, 13, 42 y 44 CP, en razón a que el Legislador frente a los efectos del consentimiento hace equivaler a la falta del padre o de la madre, el que a uno de estos lo aqueje una enfermedad mental o una grave anomalía psíquica, sin tener en cuenta aspectos constitucionales trascendentales como el derecho fundamental a la familia y a no ser separado de ella, los derechos de los niños, la prevalencia del interés superior del menor, los requisitos del consentimiento para dar en adopción, y los derechos de las personas en estado de discapacidad.
3.2 Por tanto, a efectos de resolver este complejo problema jurídico, la Corte se referirá brevemente a los siguientes temas: (i) la protección constitucional de la familia y a no ser separado de ella; (ii) los derechos de los niños y el interés superior del menor; (iii) la adopción como mecanismo de protección del menor; (iv) los requisitos del consentimiento válido civilmente e idóneo constitucionalmente para dar en adopción; (v) la protección constitucional de las personas en situación de discapacidad; para con base en ello (vii) entrar a analizar la constitucionalidad del enunciado normativo acusado.
4. La protección constitucional de la familia.
Así el concepto de familia protegido en la jurisprudencia constitucional ha sufrido una evolución, de manera que esta Corporación ha señalado que la Constitución “consagra inequívocamente dos formas de constituir una familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos”(2), lo que implica el reconocimiento de su diverso origen y conformación tanto en el matrimonio, como en la uniones maritales de hecho(3), como en diferentes tipos de vínculos jurídicos, y tipos de familia(4).
En este sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha puesto de relieve que la protección de la honra, la dignidad y la intimidad de la familia, apareja la protección de su autonomía o autodeterminación y auto-regulación, de manera que la intervención del Estado es de carácter excepcional, en aquellos casos en que la misma resulte necesaria con el fin de garantizar los derechos fundamentales y constitucionales de la familia y de sus miembros como institución fundamental de la sociedad, especialmente cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, como los menores de edad(5).
De esta manera, el ordenamiento constitucional reconoce la facultad de auto-configuración de la familia, ya que “[e]s en su interior donde se define la forma de vida a seguir, el tipo de formación y educación de los hijos, las rutinas y costumbres en el hogar, la distribución de deberes y responsabilidades, entre muchos otros. Si bien esto envuelve una gran responsabilidad, y por tanto un gran riesgo, el ordenamiento superior parte de un principio de confianza, y de la proyección de la autonomía individual en la vida familiar, de modo que únicamente cuando se desvirtúa de manera clara e inequívoca este principio y se pone en riesgo el interés superior del niño o los derechos de algún otro miembro, resulta legítima la mediación del Estado”(6).
Así las cosas, de conformidad con el mandato superior del artículo 42 CP, es en cabeza de los padres de familia, principalmente, en quienes radica la facultad de autonomía o autorregulación en la conformación de la familia. Es por esta razón que el artículo 14 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en armonía con el artículo 42 y 44 CP mencionados, dispone que la protección de los derechos de los niños recae principalmente en la familia y en los padres quienes tienen la patria potestad. Esto conlleva la obligación de orientación, cuidado y acompañamientos de los padres a sus hijos(7), sin perjuicio del principio de corresponsabilidad que implica la concurrencia de la sociedad y del Estado(8). En desarrollo de esta derecho de autorregulación de la familia y de la responsabilidad parental, los padres tienen la facultad para determinar las personas que se insertan al grupo familiar, como en el caso de los hijos adoptados(9).
La jurisprudencia de esta Corte ha amparado el derecho de los niños a no ser separados de su familia, en casos de ausencias temporales de los padres y teniendo en cuenta la prevalencia del deber de la familia en la satisfacción de los derechos de los menores, así como la facultad de los padres para determinar la conformación del núcleo familiar, de manera que la decisión de extraerlos del hogar debe estar precedida de un examen minucioso y riguroso que pusiese en evidencia la afectación objetiva de su bienestar, desde una perspectiva sicológica, afectiva, intelectual, emocional y material(10).
5. Los derechos de los niños y el interés superior del menor.
Igualmente, determina que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Así, esta Corte ha sostenido en múltiples oportunidades que una de las principales implicaciones de este mandato superior, es el principio de preservación del interés superior del menor, cuyo alcance normativo ha sido desarrollado en múltiples ocasiones por la jurisprudencia constitucional(11).
De otra parte, este principio ha sido consagrado ampliamente por instrumentos de derecho internacional. Entre estos instrumentos internacionales se destaca la Convención sobre los Derechos del Niño(12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(13), y el Principio 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño(14), e igualmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948(15). Dentro del conjunto de derechos fundamentales y prevalecientes de los niños, surgidos de los tratados internacionales ratificados por Colombia, se destacan, entre otros, para el caso que nos ocupa, el derecho a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos “en la medida de lo posible” (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 7-1).
En este sentido, el Constituyente incorporó expresamente al ordenamiento interno los mandatos protectivos (sic) de la infancia de los tratados internacionales ratificados por Colombia, de conformidad con lo que establece el artículo 93 Superior, y esta Corte ha realizado una interpretación del alcance de este principio a la luz de dichos instrumentos internacionales(16). Igualmente, este principio ha sido establecido en el ordenamiento jurídico interno por los artículos 6º, 8º, y 9º de la Ley de la Infancia y la Adolescencia(17).
Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que el contenido normativo de la prevalencia del interés superior del menor consiste en múltiples aspectos: (i) en el artículo 44 de la Carta ya mencionado, se enumeran expresamente algunos de los derechos fundamentales prevalecientes de los niños; (ii) sin embargo, los derechos de los niños no se agotan en esa enumeración, sino que el mismo mandato superior consagra que los niños gozarán también de los derechos consagrados en los tratados internacionales, a los cuales ya se hizo también alusión, y en las leyes internas; (iii) al menor se le debe otorgar un trato preferente; (iv) el menor tiene el status de sujetos de protección constitucional reforzada, lo cual le otorga un carácter superior y prevaleciente de sus derechos e intereses; (v) el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un desarrollo integral a nivel físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético, a lo cual deben propender tanto la familia, como la sociedad y el Estado; (vi) se debe fomentar la plena evolución de la personalidad del niño, teniendo en cuenta para ello las condiciones, aptitudes y limitaciones particulares; (vii) es deber promover el que los niños se conviertan en ciudadanos autónomos, independientes y útiles a la sociedad; (viii) la protección del menor frente a riesgos prohibidos, entre otros, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes (C.P., art. 12); la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas (C.P., art. 17), cualquier forma de violencia intrafamiliar (CP., art. 42), toda forma de abandono, violencia física o moral, abuso sexual, explotación económica (C.P., art. 44); y cualquier trabajo riesgoso (C.P., art. 44)(18).
Es de mencionar, que el principio de la prevalencia del interés superior del menor ha sido aplicado por este Tribunal en casos concretos en múltiples sentencias de tutela, en donde se han protegido toda la pléyade de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, resaltando que este principio debe aplicarse en cada caso en particular atendiendo a consideraciones tanto fácticas como jurídicas con el fin de promover el bienestar infantil(19).
6. La adopción como forma de protección del menor en el marco de la prevalencia de sus intereses.
6.1 La característica esencial de la adopción, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 1098 de 2006(20), es la protección de los menores, bajo la vigilancia del Estado, en cuanto a través de esta figura se establece y consolida de manera irrevocable una relación paterno-filial que sustituye las relaciones filiales naturales(21). Esta disposición debe ser interpretada en armonía con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por Colombia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 93 CP(22).
En los instrumentos internacionales se le confiere un lugar principal a la protección de los intereses prevalentes de la niñez(23). Es en este contexto que la figura jurídica de la adopción debe interpretarse como una herramienta subsidiaria que se utiliza para la protección del interés de los niños, niñas y adolescentes, adoptada por encima inclusive del interés de quienes aspiran a ser sus padres adoptantes(24).
En este sentido, la adopción implica como consecuencia jurídica fundamental la extinción definitiva del parentesco de consanguinidad con la familia original, y de contera, la adquisición de todos los derechos y obligaciones propios entre padres e hijos, según lo dispuesto por el artículo 64(25) de la misma normativa(26).
Así las cosas, uno de los presupuestos de todos los casos de adopción es que no exista o no haya existido nunca uno o los dos vínculos paterno-filiales naturales, bien sea por causas naturales, por la voluntad de los padres, o por la declaratoria de adoptabilidad por parte del Estado, de manera que la adopción viene a suplir o sustituir el vacío de familia del menor(27).
Respecto a la manifestación de voluntad de los padres naturales para que obre la adopción, según lo dispuesto por el artículo 66 ahora demandado, esta implica la abolición del vínculo paterno-filial natural. Igual ocurre cuando la adopción se origina en una declaratoria de adoptabilidad a través de un acto estatal, de acuerdo con el artículo 108(28) del Código de Infancia y Adolescencia, mediante cuyo acto se extingue el parentesco entre el padre o madre biológica y el hijo(29).
Es de poner de relieve que la concepción de la adopción como medida de protección del menor fue plasmada en la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y de la Adolescencia y ha sido desarrollada de manera profusa por la jurisprudencia constitucional(30), de manera que esta Corte ha insistido “en el carácter eminentemente protector del proceso de adopción, encaminado a asegurar el interés superior de la niñez, el cual, debe servir de criterio de interpretación de todas las normas aplicables en la materia”(31).
La jurisprudencia ha definido la adopción como “un instituto jurídico por medio del cual se genera una familia en el estricto sentido del término, como la conformada con base en nexos de sangre. Los lazos entre los padres y las madres adoptantes y los hijos y las hijas adoptivos generan, pues, los mismos derechos y deberes que los que origina la familia biológica. Así, la persona que opta por la adopción, se encuentra en la obligación de prodigar a su hija adoptiva o a su hijo adoptivo el cuidado y la asistencia indispensable para garantizar la debida protección del interés superior de la niñez, en los términos en que lo ordena la Constitución, la jurisprudencia constitucional y el Código de la Infancia y la Adolescencia”(32).
Como consecuencia de la adopción, los padres y madres adoptantes contraen la obligación de proteger y garantizar todos los derechos fundamentales, constitucionales y legales de los niños, niñas y adolescentes, debiendo otorgar el cuidado y la asistencia, la educación, el apoyo, el amor, y la provisión necesaria para su bienestar y desarrollo integral, en condiciones de igualdad con los demás hijos/as —art.42 CP—(33).
6.2 En relación con el derecho a tener una familia, ya sea biológica o a través de la adopción, la Corte ha examinado la forma como opera el principio de prevalencia del interés superior del menor. De conformidad con ese derecho, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una familia y a no ser separados de ella, para garantizar el recibir amor y cuidado para poder desarrollarse en forma plena, integral y armónica(34). En este sentido, este Tribunal ha resaltado la trascendencia del derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, lo que garantiza la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes —art.44 CP—, al ser parte o miembros de un núcleo familiar(35).
Así, ha precisado que la adopción debe surtirse en el contexto del interés superior del menor, el cual obliga a las autoridades competentes o a los particulares responsables a tomar decisiones respecto del bienestar del niño, niña o adolescente, y por tanto, abstenerse de desmejorar las condiciones en las cuales se encuentran(36). Igualmente, ha afirmado que constituye una vulneración a este principio el separarlos abrupta e intempestivamente de un hogar con el cual han desarrollado vínculos afectivos legítimos, así se trate de un hogar sustituto(37).
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corte ha enfatizado que las circunstancias y razones que afecten el bienestar del menor deben ser de tal gravedad, como “[…] (a) la existencia de claros riesgos para la vida, la integridad o la salud del menor, (b) los antecedentes de abuso físico, sexual o psicológico en la familia, y (c) en general todas las circunstancias frente a las cuales el artículo 44 de la Carta ordena proteger a los niños: “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”(38).
Se ha clasificado un segundo grupo de causas de menor entidad que pueden constituir motivos de peso para adoptar una medida de protección que separe a un menor de su familia, como “todos aquellos hechos o situaciones que pueden constituir indicadores fuertes sobre la ineptitud de un cierto grupo familiar, pero que también pueden estar justificados por consideraciones en pro del menor, dadas las circunstancias del caso en concreto: por ejemplo, el hecho de haber entregado al niño en adopción o de haber delegado el cuidado diario de un menor de edad en personas distintas de sus padres”(39).
(i) El equilibrio con los derechos de los menores con los de sus padres. A este respecto, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que “Es necesario preservar un equilibrio entre los derechos del niño y los de los padres; pero cuando quiera que dicho equilibrio se altere, y se presente un conflicto entre los derechos de los padres y los del menor que no pueda resolverse mediante la armonización en el caso concreto, la solución deberá ser la que mejor satisfaga el interés superior del menor. De allí que los derechos e intereses de los padres únicamente puedan ser antepuestos a los del niño cuando ello satisfaga su interés prevaleciente, y que en igual sentido, únicamente se pueda dar primacía a los derechos e intereses de los niños frente a los de sus padres si tal solución efectivamente materializa su interés superior”(40)(negrillas de la Corte).
Se debe poner de relieve que el principio del interés superior del menor es de suma importancia a la hora de alcanzar un equilibrio entre la protección de los derechos de los niños y los de sus parientes, sobre la base de la prevalencia de los derechos del menor, lo cual no significa que esta prevalencia tenga un carácter excluyente o absoluto(41). En este sentido, este Tribunal ha precisado que en aquellas situaciones en que se deba establecer cuál es la opción más favorable para un menor en particular, se deben tener en cuenta necesariamente los derechos e intereses de las personas vinculadas con tal niño, niña o adolescente, en especial los de sus padres, biológicos, adoptivos o de crianza. Aquí resulta pertinente resaltar que siempre que se presente un conflicto irresoluble entre los derechos de los padres y los del niño, la solución deberá ser la que mejor satisfaga el interés superior del menor(42).
(ii) La necesidad de razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en las relaciones paterno/materno-filiales. Estas razones no pueden obedecer por ejemplo al hecho de que el niño, niña o adolescente pueda estar en mejores condiciones económicas. Por el contrario, debe tratarse de razones fundadas en el bienestar y desarrollo pleno e integral del menor que justifiquen las medidas de protección que tengan como efecto separarle de su familia biológica. Una intervención por parte del Estado que no siga estos parámetros orientados por el interés superior del menor “equivaldría a efectuar una discriminación irrazonable […] en cuanto a la garantía de su derecho a tener una familia y a no ser separados de ella – un trato frontalmente violatorio de los artículos 13 y 44 de la Carta”(43).
De esta manera, la Corte ha identificado algunas circunstancias cuya verificación no es suficiente en sí misma para justificar una decisión de separar al menor de su familia biológica, como la pobreza, falta de educación, cuando alguno de sus integrantes ha mentido ante las autoridades con el fin de recuperar al menor, o cuando alguno de los padres o familiares tiene mal carácter, sin existir abuso del menor o violencia intrafamiliar. Aunque a excepción de la primera, aunada a otras causales, puede contribuir a la toma de decisión de adopción por parte de las autoridades competentes(44).
7. El consentimiento para dar en adopción.
En relación con los requisitos del consentimiento para dar en adopción, la jurisprudencia constitucional ha sostenido, a partir del concepto de persona moral y jurídica, que goza de los atributos de dignidad y autonomía, y de conformidad con las garantías constitucionales que deben caracterizar una sociedad constitucional y democrática, que toda persona tiene derecho a tomar las decisiones que le afecten, o por lo menos a participar en el proceso para adoptarlas, a manifestar libremente su voluntad como parte del legítimo ejercicio y goce de sus derechos fundamentales, constitucionales y legales(45).
Igualmente ha señalado que para la manifestación de esta voluntad son necesarias ciertas condiciones como la información y la aptitud, para tener como válido el consentimiento, como ocurre en el ámbito médico, los derechos políticos, y el derecho penitenciario, entre otros(46).
Por lo demás, esta Corte ha identificado casos en los cuales el consentimiento no solo ha de ser informado, sino también cualificado, dado el grado de afectación de la persona, como respecto de decisiones sobre la definición de la sexualidad(47) o para proteger el libre ejercicio de los derechos reproductivos de una mujer que tiene problemas mentales(48), o en el caso que nos ocupa, el consentimiento para dar en adopción(49).
Las situaciones que exigen un consentimiento válido son aquellas en que “(i) se requiere que una persona tome una decisión, manifestando libre y autónomamente su voluntad, (ii) se encuentran en juego valores, principios o derechos constitucionales de gran importancia, (iii) no es posible comprender adecuadamente las dimensiones, alcances riesgos y consecuencias de la decisión y sus alternativas, sin contar con información específica (en muchas ocasiones técnica) y (iv) la capacidad emocional, física o sicológica de la persona que va a decidir puede verse afectada y llevarla a tomar decisiones que, por fuera de ese estado anímico y físico, nunca adoptaría”(50).
En cuanto al consentimiento para adoptar, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que se trata de una manifestación de voluntad que es protegida especialmente con el cumplimiento de los criterios de un consentimiento válido. En este sentido, ha sostenido que la decisión de “dar en adopción” es un caso en el que: “(i) alguien debe tomar libre y autónomamente un decisión; (ii) que afecta de manera considerable los derechos prevalentes de un menor —en especial su derecho a tener una familia— e incide en los derechos de los padres biológicos o de los responsables del menor; (iii) que requiere información técnica y precisa sobre los alcances jurídicos tanto de la decisión de dar en adopción como de la adopción misma y de las eventuales consecuencias sicológicas y prácticas; y (iv) que debe tomarse considerando ante todo el interés superior del menor”(51).El consentimiento para la adopción es una decisión que les atañe directamente y los (sic) afecta permanentemente a los padres que la toman. Por tanto, este consentimiento para adoptar no se puede sustituir. En este sentido, la Corte ha determinado que este tipo de consentimiento debe ser cualificado e idóneo, esto es, debe ser apto, asesorado e informado(52).
(i) En cuanto al consentimiento informado para dar en adopción, la jurisprudencia de este Tribunal ha fijado los siguientes parámetros: (a) se trata de uno de los requisitos legales como medida de protección en la adopción de un menor, para garantizar los derechos consagrados en el artículo 44, C.P.; (b) se debe tener claro que con base en dicho consentimiento se va a tomar una decisión que afecta a la vida de un menor, de conformidad con el interés superior del menor, el cual se tomará en cuenta por encima de cualquier otra consideración (art. 44, C.P.); (c) las normas que regulan el consentimiento para dar en adopción son de orden público, lo que implica que los principios que ella contempla son irrenunciables, y que esta norma prevalece y debe ser aplicada con preferencia sobre otras Leyes; y (e) (sic) finalmente, los Tratados y Convenios internacionales ratificados y aprobados por Colombia “relacionados con el menor” deben servir de guía tanto para interpretar como para aplicar el consentimiento para la adopción, de conformidad con los artículos 93 y 44 de la Constitución Política(53).
De esta manera la Corte ha establecido que el consentimiento amplio y debidamente informado implica como mínimo los siguientes requisitos: “(a) que su consentimiento debe ser otorgado libremente, sin estar bajo ningún tipo de fuerza, coacción, engaño o presión indebida; (b) que existe la posibilidad de que el menor se dé en adopción internacional; (c) que todo tipo de relación o vínculo legal y familiar con la familia biológica, o con quienes ejercen la patria potestad desaparecerá irrevocablemente; (d) que el menor o la menor adquirirá una relación legal y familiar de manera permanente e irrevocable con su familia, la familia adoptiva; (e) que la familia adoptiva decidirá la suerte del menor de ahora en adelante independientemente de lo que consideren los padres biológicos, aun si los padres adoptivos, por ejemplo, se separan; (f) las consecuencias afectivas, emocionales y sicológicas para ella y para el menor; (g) cuáles son los plazos y los términos dentro de los que se puede revocar el consentimiento, y cuándo se torna irrevocable distinguiendo claramente entre la revocabilidad del consentimiento dentro del término legal de un mes y la irrevocabilidad de la adopción misma; (h) que todas las dudas e inquietudes que tenga puede formularlas, y todas deben ser claramente absueltas; (i) que la decisión de considerar que la adopción es lo mejor para el interés superior del menor, debe tomarse una vez se hayan ofrecido y considerado planes y programas que representen una alternativa de solución; (j) que tiene derecho a recibir el consejo y guía adecuados en especial sicológica, para tomar la decisión, así como también que puede seguir teniendo acceso a dicha guía y consejo; y (k) que no existe una obligación de dar el consentimiento en ese preciso momento puesto que puede darlo posteriormente”(54). Igualmente, la información debe ser “suministrada en un lenguaje y de una forma que sea inteligible para quien está considerando la posibilidad de dar en adopción”(55).
Por consiguiente, el consentimiento debe darse bajo la premisa de una amplia información, de manera que no es suficiente con dar la información, sino que debe brindarse toda la información que sea necesaria y hacerlo de la mejor forma posible, “teniendo en cuenta las condiciones y capacidades de la persona que la recibe”(56).En consecuencia, no se trata de la cantidad de información, sino de la cualificación de la misma, de manera que no puede tratarse de una “[…] información sucinta, general, vaga, superficial o excesivamente básica. Es preciso dar toda aquella información que sea relevante y pertinente para lograr una cabal compresión de la institución del consentimiento para dar en adopción y, por supuesto, de la institución de la adopción misma. En especial, es relevante y pertinente que se informe acerca de las consecuencias jurídicas de dicho consentimiento […]”. “También lo es que se informe sobre las alternativas a la adopción y el apoyo que eventualmente puede exigir la madre o los padres […]” “[…] con el fin de que la madre, o quien ejerza la patria potestad, pueda comprender realmente el significado y las implicaciones concretas y precisas de su decisión. Adicionalmente se debe dar toda aquella información que se requiera en el caso concreto y deben responderse todas las preguntas que se formulen”(57). De otra parte, para que una persona pueda ser amplia y debidamente informada debe brindársele un tiempo de reflexión.
(ii) El consentimiento debe ser asesorado. Esto significa que no se trata de un mero acto formal, sino que “quienes ejercen la patria potestad debe ser plenamente conscientes de lo que están haciendo, de los alcances de su decisión y sus efectos”(58).
El requisito de un consentimiento debida y convenientemente asesorado encuentra fundamento en el artículo 4º de la Convención de la Haya, de manera que los padres o quien ejerza la patria potestad deben ser aconsejados y guiados, a fin de que comprendan a cabalidad la dimensión, alcance y consecuencias de dicha decisión, para poder hablar de un consentimiento pleno. Por consiguiente, la asesoría debe ser completa, adecuada y oportuna, debe poner en evidencia las alternativas y opciones, constituir una ayuda para la reflexión. El consentimiento, además de libre e informado, debe estar libre también de la “presión social, de la presión económica, de la ignorancia o de la desesperación transitoria”.
Así las cosas, los parámetros para un consentimiento apto son: “(1) que no puede ser en el momento del parto; (2) que se le haya informado previamente que a raíz del embarazo y del parto, puede estar en un estado emocional capaz de perturbar severamente su decisión y de distorsionar su apreciación sobre las consecuencias jurídicas subsiguientes y las implicaciones prácticas próximas y remotas; (3) que se le haya informado que cuenta con tiempo para poder reflexionar; (4) que se le advierta que si pasados los días siguientes al parto decide dar el consentimiento en dicho estado, este será irrevocable después de un mes —esto en un lenguaje inteligible para los no abogados—; y (5) que en todo caso se tendrá la posibilidad de ver al menor durante el período que otorga la Ley para revocar el consentimiento, en caso de haberlo dado. Los funcionarios competentes tienen el deber de asegurarse que la madre se encuentre en una situación emocional que le permita dar un consentimiento apto”(59).
(iv) Adicionalmente, un consentimiento para dar en adopción no puede darse a cambio de un beneficio económico. Esta prohibición es desarrollo de los valores y principios de la dignidad humana y la protección prevalente del interés superior del menor; del artículo 44 de la Constitución Política que de manera expresa señala que todo menor será protegido contra toda forma de “venta” o “explotación económica”; y del artículo 4º literal (c) de La Convención de la Haya de 1993 que establece para la adopción que el consentimiento no haya sido obtenido mediante pago o compensación de clase alguna(60).
“Concretamente, el consentimiento para dar en adopción debe, además de ser libre de vicios, es decir, exento de error, fuerza y dolo: reunir los siguientes requisitos: (i) ser apto, esto es, otorgado en un momento en cual la persona se encontraba en un estado anímico y emocional estable, fuera de alteraciones físicas o psicológicas o plenamente consciente de ellas, […] y luego de haber tenido acceso al menor(61); (ii) ser amplia y debidamente informado, para lo cual los funcionarios competentes deben brindar toda la información necesaria para que quien va a dar en adopción pueda comprender plenamente el significado y las implicaciones concretas y precisas de su decisión […] Para ello es preciso que se emplee un lenguaje claro e inteligible para la persona en cada caso y se le dé oportunidad de reflexionar y formular inquietudes al respecto; (iii) ser convenientemente asesorado, lo que implica que los funcionarios además de brindar información a la persona, deben ayudarle a usarla, y en general, acompañarla en la toma de la decisión en especial respecto de las consecuencias jurídicas y prácticas de su acto y de las circunstancias en que está emitiendo su consentimiento así como de las alternativas que tiene a su alcance; y (iv) el consentimiento no puede darse en contraprestación de un beneficio económico”(62)(énfasis de la Sala).
(vi) Finalmente, en relación con el mínimo debido proceso en el trámite del consentimiento de dar en adopción y para lo que importa al presente estudio de constitucionalidad, es de resaltar que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el mismo “debe ser humano y sensible a la dignidad de las personas involucradas”, de conformidad con el principio de dignidad (art. 1, C.P.); […] (ii) conlleva la notificación de la iniciación del proceso de medida de protección; (iii) debe prever un momento en el que se dé amplia y debida información; (iv) posteriormente, otro momento para manifestar el consentimiento; y (v) algún tipo de advertencia antes del vencimiento del término para revocar el consentimiento”(63).
8. La protección de las personas en estado de discapacidad en normas de derecho internacional y en la Constitución Política.
8.1 Los derechos de las personas con limitaciones o con discapacidad han sido reconocidos por múltiples tratados internacionales, como (i) la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (1971), (ii) la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975); (ii) (sic) las Normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (de carácter no vinculante, adoptadas en 1993); (iii) la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la OEA en 1999, e incorporada al derecho interno por Ley 762 de 2002; (iv) la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, (v) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (vi) el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, estos últimos suscritos ambos en 1966; (vii) la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, (v) (sic) la Convención sobre los Derechos del Niño(64) que cobija a los niños con discapacidad.
Especial relevancia reviste la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, aprobada mediante la Ley 1346 de 2009 y revisada mediante la Sentencia C-293 de 2010(65), en donde la Corte adelantó el análisis material sobre el contenido de este instrumento internacional(66).
Es importante resaltar que la Convención consagra la obligación de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (resalta la Sala). Y define como destinatarios de las disposiciones del tratado a todas aquellas personas que “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” (énfasis de la Corte).
El artículo 4º de la Convención enumera y desarrolla los principales compromisos que los Estados miembros asumen a favor de las personas con discapacidad, con el propósito de asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de tales personas. Dentro de tales compromisos se destacan: i) promover y llevar a cabo los cambios o las adiciones legislativas y/o reglamentarias que resulten necesarias para remover las barreras culturales, normativas o de cualquier otro tipo, que al momento de entrar en vigencia la Convención obstruyan el real ejercicio de tales derechos; ii) abstenerse de cualquier acto o práctica de discriminación, o que resulte contrario al propósito de la Convención, y de tomar las medidas pertinentes para que ninguna persona u organización privada los ejecute; iii) promover la investigación, la formación profesional y las demás acciones necesarias para el diseño e implementación, con consulta y participación de las personas discapacitadas, de políticas públicas conducentes a la plena efectividad de sus derechos; iv) proporcionar a la población discapacitada información adecuada y suficiente sobre la disponibilidad de mecanismos diseñados para mejorar sus condiciones de movilidad, y en general, la plena accesibilidad a los bienes y servicios que disfruta la generalidad de la población. El mismo artículo consagra en su numeral 2º el compromiso de los Estados miembros para garantizar la progresiva ampliación del disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional(67).
Con la CDPD se modificó el entendimiento de la discapacidad hacia el paradigma del modelo social. Esta Corte ha establecido que “Esta concepción se basa en admitir que la discapacidad no es un asunto que se derive exclusivamente de las particularidades físicas o mentales del individuo, sino que también tiene un importante concurso en la misma las barreras que impone el entorno, de diferente índole, las cuales impiden que la persona con discapacidad pueda ejercer adecuadamente sus derechos y posiciones jurídicas”(68).
8.2 En el ámbito interno, la Constitución Política de 1991 consagra en múltiples disposiciones —artículos 13, 47, 54 y 68— la especial protección de que gozan las personas con limitaciones o con discapacidad, y la jurisprudencia constitucional ha tenido la oportunidad de referirse ampliamente al tema de la protección de los derechos de personas con limitaciones o con discapacidad.
La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en relación con la marginación de que son víctimas las personas con limitaciones o con discapacidad, reconociendo que dicha marginación ha sido una constante histórica y ha tenido unas características singulares debido a particulares características de esta población(69). Es así como ha reconocido las diferentes barreras y disímiles obstáculos de todo orden, jurídicos, socioeconómicos, políticos y culturales que han tenido que padecer las personas con limitaciones o con discapacidad en nuestra sociedad, los cuales se originan igualmente en problemas estructurales de todo orden(70).
Especial atención les ha merecido a la Corte la garantía de la igualdad y de la no discriminación a las personas con limitaciones o con discapacidad, el cual ha sido reconocido y garantizado en innumerables oportunidades(71). En cuanto a la necesaria eliminación de la discriminación y la garantía de la igualdad real y efectiva de esta población, se ha insistido en que las personas con limitaciones o con discapacidad, deben gozar de la plenitud de los derechos que la Constitución reconoce a todas las personas, sin que puedan ser discriminadas en razón de su particular condición de discapacidad. Existen dos tipos de situaciones que constituyen actos discriminatorios contra las personas con limitaciones o con discapacidad: (i) de un lado, toda acción que anule o restringa los derechos, libertades y oportunidades de estas personas; y (ii) de otro lado, toda omisión injustificada respecto de las obligaciones de adoptar medidas afirmativas para garantizar los derechos de estas personas, lo cual apareja como consecuencia, la exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad, y por tanto constituye una discriminación(72). A este respecto, la Corte ha protegido diversos casos, como los de la población sorda y su derecho a una educación especial, integración social e inserción laboral(73).
En cuanto a la protección de la igualdad y no discriminación, las distinciones que establezca el Legislador entre las personas con fundamento en el criterio de discapacidad, constituyen prima facie diferenciaciones sospechosas de discriminación, de tal manera que “[e]n principio, las distinciones que introduzca la Ley entre las personas basándose en el criterio de discapacidad se tienen como sospechosas de un ánimo de exclusión. La discapacidad, así como el sexo, la raza, la opinión política o filosófica, la religión o el origen nacional, es un criterio de clasificación que tradicionalmente ha conllevado la exclusión y marginación de un grupo de personas”(74).
Esta Corporación ha garantizado en múltiples oportunidades toda la gama de derechos fundamentales de las personas con limitaciones o con discapacidad, y por tanto ha protegido los derechos “a la vida e integridad personal(75); a la igualdad y la no discriminación(76); al libre desarrollo de la personalidad(77); a la locomoción, en especial en relación con la accesibilidad a espacios públicos y privados(78), al debido proceso(79); a la libertad religiosa(80); al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada(81); a la salud y a la seguridad social(82); a la educación(83); a la personalidad jurídica(84); los derechos sexuales y reproductivos(85); y a la participación ciudadana(86)”(87).
1. El actor considera que la expresión demandada “sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental” del inciso 3º (parcial) del artículo 66 de la Ley 1098 de 2006 es inconstitucional por desconocer los artículos 5º, 13, 42 y 44 CP, por cuanto el Legislador frente a los efectos del consentimiento toma como falta del padre o de la madre, el que a uno de estos lo aqueje una enfermedad mental, sin tener en cuenta que esta enfermedad pueda ser temporal y pueda tener un tratamiento que conlleve la curación.
La Corte encontró necesario realizar una integración normativa entre la expresión demandada “sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental” y la expresión “o grave anomalía psíquica certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” contenido en el mismo inciso 3º del artículo 66 acusado.
(i) El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social —DAPS—, solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del aparte tercero del artículo 66 de la Ley 1098 de 2006, diciendo que a efectos del consentimiento para la adopción, se entenderá la falta del padre o la madre con una enfermedad mental, cuando la valoración realizada por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, concluya su imposibilidad para otorgar un consentimiento válido.
2.2 Las intervenciones en favor de la inexequibilidad fueron presentadas por la Universidad de los Andes —PAIIS—, y las intervenciones amicus curiae presentadas por la Clínica Jurídica de Personas con Discapacidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú; la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau” de la Universidad Nacional de Mar del Plata – Argentina; la Defensoría General de la Nación Argentina; y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) de Argentina, que coadyuvaron la demanda y la intervención presentada por la Universidad de los Andes —PAIIS—.
Estos intervinientes coinciden en afirmar que la disposición acusada infringe derechos humanos de las personas con discapacidad vigentes en el derecho colombiano, y se encuentra en contravía de las disposiciones consagradas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente de los artículos 1º, 5º, 10, 12, 14, 15 y 23 de esa Convención —CDPD—, la cual forma parte del bloque de constitucionalidad, según lo consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política colombiana.
4. Alcance normativo de la expresión demandada.
El inciso segundo establece que la idoneidad constitucional del consentimiento para la adopción se determina cuando ha sido dado de manera debida y ampliamente informado, asesorado y tiene aptitud para otorgarlo. En cuanto a la aptitud establece que esta se tiene a partir de un mes después del día del parto.
El artículo 64 prevé los efectos jurídicos de la adopción, entre los cuales se encuentra que (i) el adoptante y adoptivo adquieren los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo; (ii) establece el parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos; (iv) (sic) el otorgar los apellidos de los adoptantes; y (v) que el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad.
El artículo 65, respecto de las acciones de reclamación, consagra que nadie podrá ejercer acción alguna para establecer la filiación de consanguinidad del adoptivo, ni reconocerle como hijo, sin perjuicio, que el propio adoptivo pueda promover en cualquier tiempo acciones de reclamación del estado civil que le corresponda respecto de sus padres biológicos, con el único fin de demostrar que quienes pasaban como sus padres al momento de la adopción, no lo eran en realidad, lo cual no extinguirá los efectos de la adopción, salvo decisión judicial que la ordene y previo el consentimiento del adoptivo, y salvaguardando el derecho a que el adoptante deba ser oído en el proceso.
5. La exequibilidad condicionada de la expresión demandada.
Para la Corte está de por medio la exigencia de lograr una ponderación o equilibrio entre la garantía de los derechos de los niños, orientada ante todo por el criterio primordial de la prevalencia del interés superior del menor, elemento que debe incorporarse como eje central del análisis constitucional, así como el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, de conformidad con los artículos 42 y 44 CP; y los derechos de los padres, en este caso, de aquellos que se encuentran en situación de discapacidad, especialmente del derecho a la igualdad —art.13 CP— y los derechos específicos de esta población, de conformidad con el artículo 47 CP, y los tratados internacionales sobre la materia, en particular la Convención sobre los Derechos de las Personas en Estado de Discapacidad —CDPD—.
La Sala advierte que el artículo 66 establece las reglas sobre el consentimiento válido e idóneo legal y constitucionalmente que pueden otorgar los padres para la adopción a sus hijos o hijas menores de edad. Para ello establece una serie de reglas, y en el inciso demandado consagra que se entenderá la falta del padre o la madre para otorgar el consentimiento no solo cuando ha fallecido, sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental o una grave anomalía psíquica. De esta manera, debe armonizarse la disposición legal acusada con los mandatos constitucionales, el derecho internacional y la jurisprudencia de esta Corte en materia de protección de la familia, los derechos de los niños y el interés superior del menor, los requisitos del consentimiento para la adopción y la garantía y protección del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables eliminando toda barrera o formas de discriminación por razón de la condición de discapacidad, entendido desde el modelo social adoptado por esta Corporación, tal y como se expuso en los apartados 4 a 8 de la parte considerativa de esta providencia judicial.
Así las cosas, este Tribunal evidencia problemas constitucionales con la interpretación de la expresión demandada respecto de (i) la protección constitucional de la familia y el derecho a no ser separado de ella —arts. 42 CP; (ii) los derechos de los niños y la prevalencia del interés superior del menor —art.44 CP—; (iii) la adopción como mecanismo de protección del menor; (iv) los requisitos del consentimiento válido e idóneo legal y constitucionalmente para dar en adopción; y (v) la protección constitucional de las personas en situación de discapacidad, en este caso de los padres que van a dar en adopción —arts. 5º, 13 y 47 CP—; por las siguientes razones:
(i) El inciso demandado señala dos situaciones en las que el consentimiento para dar en adopción no es necesario, la primera, es la falta de los padres, cuando estos hayan fallecido; y la segunda, cuando los aqueje una enfermedad mental o una grave anomalía psíquica, las cuales deben ser certificadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
(ii) La Sala advierte que la norma acusada niega la posibilidad de otorgar consentimiento frente a la adopción a toda persona que padezca una enfermedad mental o grave anomalía psíquica, sin realizar distinciones sobre la clase de discapacidad de que se trata, de si es una enfermedad mental relativa o absoluta, curable o incurable, o de qué tipo de grave anomalía psíquica se habla, y sobre todo sin realizar precisiones sobre la capacidad mental y jurídica de estas personas, que aun padeciendo estas discapacidades, pueden realizar una manifestación de voluntad válida civilmente e idónea constitucionalmente para la adopción de sus hijos/as, de manera que puedan otorgar un consentimiento para la adopción con el lleno de los requisitos de Ley, esto es, libre, voluntario, informado, asesorado, apto, y exento de error, fuerza y dolo, y con objeto y causa lícitos.
(iv) Respecto del derecho a la protección de la familia —art.42 CP—, deben recordarse las reglas expuestas en el numeral 4 de este fallo, en cuanto al claro y expreso reconocimiento y protección de esta institución por parte de la Constitución como el núcleo fundamental de la sociedad; la concepción amplia de la misma que ha desarrollado la jurisprudencia de esta Corporación; y los derechos que se le deben garantizar como (a) la honra, la dignidad y la intimidad, derechos que tienen un carácter de inviolable; (b) la igualdad de derechos y deberes en las relaciones familiares y el respeto recíproco de todos sus integrantes; (c) la proscripción de cualquier forma de violencia intrafamiliar; (d) la igualdad de derechos y deberes de todos los hijos; (e) la autonomía de la pareja para decidir libre y responsablemente el número de hijos; (f) la obligación de los padres de sostener y educar a los hijos mientras sean menores o impedidos; y (g) el derecho a no ser separado de la familia.
(v) Con relación a los derechos de los niños y la prevalencia del interés superior del menor —art. 44 CP—, que fueron tratados en el apartado 5 de esta providencia, la Sala reitera que el mandato superior consagra un catálogo enunciativo, mas no taxativo de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y, adicionalmente prevé que los niños gozarán de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las Leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Principio 2º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de conformidad con el artículo 93 Superior.
Por ello, el principio de la prevalencia del interés superior del menor es un claro mandato constitucional y de derecho internacional, cuyo alcance normativo ha sido desarrollado en múltiples oportunidades por la jurisprudencia de este Tribunal tanto en decisiones de control abstracto como concreto de constitucionalidad; y a nivel interno se consagra en los artículos 6º, 8º y 9º del Código de la Infancia y la Adolescencia.
En este contexto, es de suma importancia insistir en que la adopción debe necesariamente surtirse en aras de garantizar el interés superior del menor, esto es, el bienestar del niño, niña o adolescente, y en que la separación de su familia natural o biológica debe darse por graves razones que afecten el bienestar integral de los niñ@s (sic) tales como (a) la existencia de claros riesgos para la vida, la integridad o la salud del menor, (b) los antecedentes de abuso físico, sexual o psicológico en la familia, y (c) en general todas las circunstancias frente a las cuales el artículo 44 de la Carta ordena proteger a los niños.
Pero también se observa que la norma como está redactada no realiza matices respecto de la enfermedad mental o grave anomalía psíquica de los padres, que impida el otorgamiento de un consentimiento válido e idóneo para la adopción, ni respecto de la posible grave afectación de los derechos de los niños y del principio de prevalencia del interés superior del menor a causa de esta situación. Esta disposición así formulada puede implicar el desconocimiento de los derechos de los menores, como el derecho a no ser separado de su familia —art. 44 CP—; a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos “en la medida de lo posible”, como lo consagra el artículo 7-1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; o el derecho sobre el respeto al hogar y a la familia para las personas en estado de discapacidad, establecido en el artículo 23 de la CDPC, en donde se reconocen los derechos (a) a la paternidad y la maternidad, decidiendo libremente cuándo ser madres o padres; (b) a tener hijos/as, la tutela y custodia de ellos/as; (c) a la asistencia para el ejercicio de la parentalidad por parte del Estado; (d) a no privar a una persona del ejercicio de su parentalidad por motivos de discapacidad; y (e) a la primacía del interés superior del menor en toda decisión.
Así, la norma puede atentar contra el derecho de los niños/as a no ser separados de sus padres o madres por motivo de discapacidad de estos, y por ello, debe atenderse la Observación General del Comité sobre los Derechos del Niño Nº 14 de 2013, párrafos 61 y 63, donde se afirma que “Dada la gravedad de los efectos en el niño de que lo separen de sus padres, dicha medida solo debería aplicarse como último recurso, por ejemplo, cuanto el niño esté en peligro de sufrir un daño inminente o cuando sea necesario por otro motivo; la separación no debería llevarse a cabo si se puede proteger al niño de un modo que se inmiscuya menos en la familia. Antes de recurrir a la separación, el Estado debe proporcionar apoyo a los padres para que cumplan con sus responsabilidades parentales y restablecer o aumentar la capacidad de la familia para cuidar del niño […]” “Del mismo modo, los niños no se separarán de sus padres en razón de una discapacidad del menor o de sus padres. La separación ha de barajarse solo en los casos en que la asistencia que la familia requiere para preservar la unidad familiar no es suficientemente eficaz para evitar el riesgo de descuido o abandono del niño o un riesgo para la seguridad del niño” (resalta la Sala).
Por tanto, esta Corte coincide con el criterio del Comité especializado en infancia de la ONU y con varias de las intervenciones presentadas respecto de que el interés superior de un niño se puede vulnerar si se lo separa de sus padres o madres con motivo de la discapacidad de estos/as, siempre y cuando no se encuentren en juego los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la prevalencia del interés superior del menor.
En consecuencia, resulta claro que de conformidad con el interés superior del menor existe tanto un derecho de los niños a no ser separados de sus padres y madres por motivos de discapacidad de estos, como el derecho de los padres o de quienes detentan la patria potestad a no ser privados/as de la convivencia familiar con base a la misma causa, salvo en aquellos casos extremos en que se demuestre la afectación o vulneración de los derechos de los menores, en cuyo caso, como ya se ha insistido, debe prevalecer el principio del interés superior del menor.
(ix) Respecto de los derechos de los personas en estado de discapacidad, tema que fue desarrollado en el numeral 8 de la parte motiva de este pronunciamiento, y en este caso en particular de los padres en estado de discapacidad por sufrir de enfermedad mental o de graves anomalías psíquicas, y en cuanto a la posibilidad de que estos puedan dar un consentimiento válido civilmente e idóneo constitucionalmente con el lleno de los requisitos de Ley, para esta Corporación es claro, en primer lugar, que la norma acusada puede llegar a desconocer el derecho a la igualdad de las personas en estado de discapacidad —arts. 5º, 13 y 47— y la CDPD que obliga al Estado colombiano a promover y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente, aludiendo directamente a aquellas personas que padezcan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, de manera que se deben remover las diversas barreras que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas.
En el mismo sentido, la Sala coincide con las intervenciones de Dejusticia, de PAIIS, y los conceptos amicus curiae, pues constata que de conformidad con la Constitución y la CDPD la norma terminaría desconociendo que al Estado le asiste la obligación de garantizar a las personas con discapacidad derechos, tales como (a) el reconocimiento de personalidad jurídica y capacidad jurídica, en igualdad de condiciones con las demás personas y en todos los ámbitos de la vida; (b) el deber de implementar medidas para lograr la inclusión social de estas personas; y (c) la obligación de adoptar e implementar medidas y ajustes razonables para garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica de esta población. Estas obligaciones serían violadas por el Estado colombiano con la disposición acusada, ya que esta da por sobreentendida la falencia de los padres cuando los mismos tienen una enfermedad mental o grave anomalía psíquica, razón por la cual no sería necesario solicitar el consentimiento de los padres para la adopción de niños, niñas y adolescentes.
En cuanto a los conceptos de personalidad jurídica y capacidad jurídica advierte esta Sala que la norma no diferencia entre estas categorías, desconociendo con ello los lineamientos internacionales en la materia determinados por el Comité de la ONU encargado de interpretar y aplicar la CDCD que en su Observación General Nº 1 las ha diferenciado. Por lo anterior, la norma omitiría el reconocimiento de los padres con discapacidad mental o grave anomalía psíquica como personas iguales ante la Ley. Acerca de la capacidad jurídica, el artículo 12 de la Convención establece que a ninguna persona se la puede privar tanto de la titularidad como del ejercicio de todos los derechos, en igualdad de condiciones con las demás personas; y que en caso de ser necesario, la persona podrá solicitarle al Estado los apoyos y salvaguardias que le permitan ejercer este derecho, y se proscribe la exclusión. Por tanto, el precepto acusado contrariaría el artículo 12 de la Convención que no permite negar la capacidad jurídica de ese modo discriminatorio, sino que exige, se proporcione apoyo en su ejercicio.
Para esta Corporación es claro que el papel del Estado en estos casos no debe ser discriminatorio, ni excluyente, sino por el contrario de promoción y de apoyo a los padres que se encuentran en estado de discapacidad para que puedan desarrollar idóneamente esta función y derecho parental. Lo anterior de conformidad con la Constitución Política, la jurisprudencia de esta Corte y las disposiciones de derecho internacional, especialmente de la —CDPD— (sic) que otorga a los derechos de las personas con discapacidad una protección especial y obliga a los Estados a adoptar un modelo social, que remueva todas las barreras sociales y adopte las medidas positivas necesarias para propender por la inclusión de las personas en estado de discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad.
(xi) En igual sentido, el enunciado normativo demandado no se encontraría a tono con la jurisprudencia de esta Corte respecto del concepto de “idoneidad física”(88) para la adopción, frente al cual esta Corporación ha sostenido que debe evaluarse de manera integral y holística con miras a determinar la capacidad para el ejercicio del derecho y la función parental, y que se debe acudir a ayudas técnicas y apoyos para superar las barreras que impone el entorno a una persona con discapacidad para ejercer dicha función.
(xii) No obstante que la Corte considera que la norma parcialmente demandada, tal como está formulada por el legislador, terminaría afectando la protección de la institución de la familia y el derecho a no ser separado de ella —art. 42 CP—, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la prevalencia del interés superior del menor —art. 44 CP—, así como los requisitos para el consentimiento en adopción, ya que configuraría un trato desigual y discriminatorio para las personas en estado de discapacidad en razón de la misma —arts. 5º y 13 CP—, y desconocería por tanto los derechos de los padres que se encuentran en situación de discapacidad —art. 47 CP—; en virtud de los principios pro legislatore y de conservación del derecho, y en concordancia con casi la totalidad de los intervinientes y la Vista Fiscal, esta Corporación encuentra que debe excluirse del ordenamiento jurídico la interpretación que se ha expuesto en este estudio sobre el precepto acusado, pues resulta abiertamente contraria a la Constitución.
Concluye entonces la Sala, al hacer un ejercicio de ponderación, que el consentimiento de los padres con discapacidad por enfermedad mental o grave anomalía psíquica para dar en adopción resultaría proporcional y razonable frente a los derechos fundamentales de los niños y la prevalencia del interés superior del menor, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales que vinculan a Colombia, así como respecto de los derechos de los padres con este tipo de discapacidades, de conformidad con la Constitución y el sistema integral de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, si se tiene en consideración que: (a) no es el concepto de enfermedad, deficiencia o minusvalía mental o psíquica la causa preponderante para determinar la posibilidad de otorgar un consentimiento válido; (b) ese consentimiento solo cobrará validez con la acreditación de los requisitos establecidos por la propia Ley respecto de la manifestación de voluntad; (c) no resulta ser determinante la condición de tener una enfermedad mental parcial o curable, sino la concepción de la personalidad jurídica de la persona con discapacidad, los apoyos que se le brinden, y el que con ello pueda otorgar un consentimiento válido e idóneo; (d) resulta necesario que el Estado adopte los ajustes razonables y los apoyos necesarios para el acto de consentimiento, y es el Defensor de Familia quien primordialmente debe brindarlos; (e) el acto se debe celebrar a través de la obligación del Estado como garante, rodeando de salvaguardias al mismo; (f) debe evaluarse la afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la prevalencia del interés superior del menor, así como la idoneidad de los padres o de quienes detenten la patria potestad para ejercer la función parental; y (g) debe valorarse durante el proceso administrativo y en cada caso concreto el ejercicio de la patria potestad, que en principio es ejercida por ambos padres, teniendo en cuenta aquellos casos en que solo uno de ellos se encuentre afectado por enfermedad mental o grave anomalía psíquica.
Por estas razones, se condicionará la exequibilidad de la norma incorporando en ella el entendimiento del alcance normativo ajustado a la Constitución en cuanto a la protección de los derechos de la familia y a no ser separado de ella —art. 42 CP—, los derechos de los niños y la prevalencia del interés superior del menor —art. 44 CP—, así como de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, y demás derechos de las personas en estado de discapacidad —arts. 5º, 13 y 47 CP—. De esta manera, la expresión demandada debe interpretarse en el sentido que para el otorgamiento del consentimiento de los padres o de quienes detenten la patria potestad y se encuentren en situación de discapacidad por razones de enfermedad mental o graves anomalías psíquicas determinadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Estado debe partir de (a) reconocer la personalidad y capacidad jurídica de estas personas; (b) realizar los ajustes requeridos y brindar los apoyos necesarios para la adopción de estas decisiones; (c) evaluar la afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del interés superior del menor; (d) la idoneidad de los padres o de quienes detenten la patria potestad para ejercer la función parental; (e) reconocer la patria potestad en cada caso en concreto, teniendo en cuenta aquellas situaciones en que solo uno de los padres se encuentra en condición de discapacidad; y (f) el proceso administrativo debe llevarse a cabo sin perjuicio de las facultades constituciones y legales de los jueces de familia para dictar la sentencia de adopción. Por tanto, solo una vez surtido este proceso administrativo se podrá dar por establecida la falta de los padres cuando la valoración que realice el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictamine la imposibilidad para otorgar un consentimiento con el lleno de los requisitos constitucionales y legales.
1 Ver Sentencias C-055 de 2010, C-879 de 2011, C-889 de 2012, C-1017 de 2012 y C-579 de 2013, entre otras.
2 Cfr. Sentencia C-595 de 1996.
3 Cfr. Sentencia C-821 de 2005.
4 Ver Sentencia C-577 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, A.V. y S.V. María Victoria Calle Correa; A.V. Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva.
5 Ver Sentencia SU-617 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; A.V. Luis Ernesto Vargas, Gloria Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio; A.V. y S.P.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
6 Sentencia SU-617 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; A.V. Luis Ernesto Vargas, Gloria Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio; A.V. y S.P.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
7 El artículo 14 de la Ley 1098 de 2006 dispone al respecto: “La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre asegurarse que los niños, niñas y adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos”.
8 Sentencia SU-617 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; A.V. Luis Ernesto Vargas, Gloria Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio; A.V. y S.P.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10 Ver Sentencia T-041 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Sentencia SU-617 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; A.V. Luis Ernesto Vargas, Gloria Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio; A.V. y S.P.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Ver, entre otras, las sentencias T-979 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-514 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, y T-408 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
12 La Convención dispone en su artículo 3-1 que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; y en el artículo 3-2, establece que “los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
13 El Pacto dispone en su artículo 24-1 que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”, en el mismo sentido que el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, y que el artículo 10-3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ordena: “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”.
14 La Declaración dispone que los niños gozarán de especial protección, y serán provistos de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y sana, y en condiciones de libertad y dignidad; para ello, precisa la Declaración, las autoridades tomarán en cuenta, al momento de adoptar las medidas pertinentes, el interés superior del menor como su principal criterio de orientación.
15 Esta Declaración consagra en su artículo 25-2 que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales”, y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
16 Ver, Sentencia C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa, entre otras.
17 Ley 1098 de 2006, artículo 6º. Reglas de interpretación y aplicación. Las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. ║ La enunciación de los derechos y garantías contenidos en dichas normas, no debe entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas. ║ Artículo 8º. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. ║ Artículo 9º. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. ║ En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.
18 Ver Sentencia C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
19 Sentencia T-408 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
20 Artículo 66:“la adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza”.
21 Ver Sentencia SU-617 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; A.V. Luis Ernesto Vargas, Gloria Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio; A.V. y S.P.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22 Ver Sentencia C-543 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
23 Al respecto ver el Preámbulo al Convenio de La Haya relativo a la protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.
24 Sobre los pronunciamientos efectuados por la Corte Constitucional en relación con la naturaleza jurídica de la adopción ver las sentencias C-562 de 1995, T-881 de 2001, entre otras.
25 El artículo 64 dispone expresamente que como consecuencia de la adopción “adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo […] [y] el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad […]”.
28 El artículo 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que la resolución que declara la adoptabilidad produce la terminación de la patria potestad del niño, la cual debe ser inscrita en el correspondiente registro civil.
30 Ver sentencias C-041 de 1994; C-459 de 1995; C-468 de 2009, entre otras.
31 Sentencia C-543 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
34 Ver Sentencia C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
35 Ver Sentencia T-587 de 1998 y C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
36 Ver por ejemplo la sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-715 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
37 Ver la Sentencia T-278 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara, y C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
40 Ver sentencias T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
41 Sentencia T-408 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
42 Ver sentencias T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
46 Al respecto las sentencias C-656 de 96, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
47 Ver Sentencia SU-337 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
48 Consultar las Sentencias T-850 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-248 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
49 Sentencia T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
53 Sentencia T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
58 Sentencia T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
59 Sentencia T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
60 Sentencia T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
61 Como se indicó, los parámetros que se han de tener en cuenta para establecer si la madre se encuentra en condiciones o no de dar un consentimiento apto son: (1) no puede ser en el momento del parto; (2) que se le haya informado previamente que a raíz del embarazo y del parto, puede estar en un estado emocional capaz de perturbar severamente su decisión y de distorsionar su apreciación sobre las consecuencias jurídicas subsiguientes y las implicaciones prácticas próximas y remotas; (3) que se le haya informado que cuenta con tiempo para poder reflexionar; (4) que se le advierta que si pasados los días siguientes al parto decide dar el consentimiento en dicho estado, este será irrevocable después de un mes —esto en un lenguaje inteligible para los no abogados—; y (5) que en todo caso se tendrá la posibilidad de ver al menor durante el período que otorga la Ley para revocar el consentimiento, en caso de haberlo dado.
62 Sentencia T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
64 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991.
65 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
66 Ver Sentencia C- 824 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
68 Sentencia C-066 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
69 Ver Sentencias T-207 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
70 Sentencia T-397 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
71 Ver Sentencia T-288 de 1995, y C-983 de 2002, entre muchas otras.
72 Ver las Sentencias C-401 de 2003, C-174 de 2004, C-804 de 2009, y C-640 de 2010. Ver también las Sentencias T- 826 de 2004, T-288 de 1995 y T-378 de 1997. Ver igualmente el Auto 06 de 2009.
73 Ver Sentencia C-128 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
74 Sentencia C-156 de 2004.
75 Entre otras, las sentencias T-560 de 2007 y T-003 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería.
76 Ver las sentencias T-1118 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-984 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto, T-061 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-989 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-1070 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1639 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-559 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-1015 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-984 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto, T-1639 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-285de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-595 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-276 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-285 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas, C-410 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-823 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
77 Consultar Sentencia T-473 de 2003 M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras.
78 Ver las sentencias T-1639 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-285 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-595 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-276 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-285 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas, C-410 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-823 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
79 Al respecto las sentencias T-1103 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-1103 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.
80 Entre otras la Sentencia T-473 de 2003 M.P. Jaime Araujo Rentería.
81 Entre otras, las sentencias T-090 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-602 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-531 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-661 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-1031 de 2005 M.P. Humberto Sierra Porto.
82 Entre otras, las sentencias T-321 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-282 de 2006 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-179 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-282 de 2006 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-061 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-1070 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-518 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-816 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas.
83 Entre otras, las sentencias T-170 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-984 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto, T-884 de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto, C-559 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-886 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-792 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-443 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-440 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería.
84 Entre otras, la Sentencia T-909 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería.
85 Entre otras las sentencias T-850 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-492 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-988 de 2007 M.P. Antonio Sierra Porto.
86 Ver la Sentencia T-473 de 2003 M.P. Jaime Araujo Rentaría, entre otras.
87 Ver Sentencia C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
88 Ver Sentencia C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

References: ARTÍCULO 66
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