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Timestamp: 2018-11-18 01:14:01+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2018-13371
Documento BOE-A-2018-13371
«BOE» núm. 238, de 2 de octubre de 2018, páginas 95182 a 95187 (6 págs.)
BOE-A-2018-13371
En el recurso interpuesto por don R. L. L., abogado, en nombre y representación de doña R. K., contra la calificación del registrador de la Propiedad de Cebreros, don Francisco Javier Álvarez de Mon y Pan de Soraluce, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.
Mediante escritura de compraventa autorizada por el notario de Madrid don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, el día 13 de febrero de 2018, con el número 378 de protocolo, doña R. K., de nacionalidad belga, adquirió el pleno dominio de determinada finca. En la misma escritura se expresaba que doña R. K. está «casada bajo el régimen legal de comunidad establecido en la Ley Belga (en cuyo territorio tuvo lugar la primera residencia habitual común posterior el matrimonio) con Don M. B. (…)»; el notario autorizante añadía que doña R. K. manifestaba que «(…) se encuentra en procedimiento de separación o divorcio y que el dinero con el que adquiere la finca objeto de la presente escritura es privativo suyo, sin que me acredite a mí, el Notario, debiendo ratificar su esposo, de lo que yo, el Notario, advierto». Y, en las estipulaciones, se expresaba que la compradora adquiría la finca con carácter privativo. Interesa hacer constar que en la referida escritura se formalizaba la compraventa de una sola finca por la única compradora, y ésta solicitaba la inscripción parcial para el caso de calificación registral negativa.
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Cebreros, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Previa calificación registral de la escritura otorgada el 13 de febrero de 2018, ante Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, Notario de Madrid, n.º de protocolo 378/2018, presentada telemáticamente el 14/02/2018 bajo el asiento 1759 del Diario 88, y una vez inscrito el título previo de herencia con fecha 27 de abril de 2018, se extiende la siguiente nota de calificación: En la citada escritura comparece Doña R. K., como parte compradora, en la cual manifiesta que está casada bajo el régimen legal de comunidad establecido en la Ley Belga, con don M. B., que se encuentra en procedimiento de separación o divorcio y que el dinero con el que adquiere la finca objeto de la escritura es privativo suyo, sin que se acredite lo expresado ante el Notario, siendo, por tanto, necesaria la ratificación del esposo de la compradora, tal y como advierte el Notario autorizante de la referida escritura; por lo que se suspende la inscripción solicitada hasta la subsanación del defecto expresado, de conformidad con el art. 1259 del Código Civil y art. 18 de la Ley Hipotecaria.
Cebreros, 7 de mayo de 2018. El Registrador (firma ilegible). Fdo. Javier Álvarez de Mon y Pan de Soraluce».
Contra la anterior nota de calificación, don R. L. L., abogado, en nombre y representación de doña R. K., interpuso recurso el día 11 de junio de 2018 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«La recurrente, como consta en la escritura de compraventa está en fase de divorcio contencioso de su marido. Por lo tanto, al encontrase en medio de un proceso de divorcio su marido (que ha sido perfectamente identificado en la escritura) nunca va a ir por «voluntad» propia a acudir a una notaría y declarar que el dinero con el que la recurrente está comprando, ha comprado, la finca es privativos de ella.
El procedimiento judicial de divorcio (y liquidación de la sociedad de gananciales) dura entre 2 años y 10 años.
La nota de calificación aquí impugnada supone -de facto- que la recurrente no puede comprar nada hasta que se complete su divorcio. Pese a que la recurrente ha sido totalmente clara con su situación matrimonial y procesal no puede ser «sancionada» con el bloqueo de la inscripción en el Registro de la Propiedad.
No se puede bloquear el acceso al registro de la propiedad de la recurrente durante los próximos 10 años que puede durar su litigio con su marido, por las siguientes razones:
1. La recurrente no tiene limitada su capacidad de obrar, no está incapacitada a falta de la voluntad de su esposo. El esposo de la recurrente no completa la capacidad de obrar de la recurrente porque la recurrente dispone plenamente de sus derechos.
2. La inscripción podrá realizarse siempre como presuntivamente ganancial, sin perjuicio de que la recurrente pueda desmontar -con posterioridad- la citada presunción de diferentes maneras: una, por declaración formal de su marido y, dos, por resolución judicial de divorcio y liquidación de la sociedad de gananciales que así lo diga. Pero no se le puede denegar su derecho constitucional al pleno ejercicio de sus derechos sin necesidad del concurso de su marido.
3. La Nota de Calificación aquí impugnada en los términos en que está redactada está limitando los derechos de la recurrente por ser mujer casada. Por estar en fase de divorcio y no poder contar con la buena fe y voluntad de su marido.
4. La prohibición de que la compraventa acceda al Registro, siquiera como presuntivamente ganancial, puede acarrear graves daños y perjuicios a la recurrente toda vez de que, aunque ella ya ha pagado y comprado la finca, se le niega la inscripción. Como se le niega la inscripción formalmente la finca sigue a nombre de los vendedores y por lo tanto puede ser embargada, vuelta a vender o hipotecada puesto que los titulares registrales siguen siendo los vendedores.
5. Ni siquiera el Código civil (en adelante CC) impone la nulidad radical por la falta de consentimiento del cónyuge. Así dice que son anulables los contratos celebrados por uno solo de los cónyuges cuando el consentimiento del otro sea necesario conforme a la legislación aplicable (ejemplo, Art. 1.320 o 1376-78 CC). Y prácticamente, la única excepción, es la de disponer a título gratuito en la que el propio ordenamiento sancione la falta de consentimiento del consorte con la nulidad radical (Art. 1.322.2.º CC).
6. La Nota aquí impugnada olvida que las sanciones como la nulidad, o las limitaciones de derechos son de interpretación restrictiva. Así, la propia Ley 30/1992 (La Ley 3279/1992) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ) trata de minimizar las consecuencias de la irregularidad de los actos administrativos en aras de un principio general de eficacia de la Administración, para ello regula figuras como la convalidación de actos administrativos anulables, subsanando los vicios que tengan. También regula el mismo texto legal otras figuras como es la conversión de los actos administrativos. Técnica mediante la cual un acto inválido es susceptible de producir efectos válidos diferentes a los previstos por el órgano administrativo que lo emitió, por ejemplo, la autorización de una licencia para edificar hasta cierta altura en un ámbito territorial determinado que se hubiera anulado por sobrepasar el límite establecido en una norma general podría tener efectos como autorización hasta el límite que la ordenanza reguladora permite».
El registrador de la propiedad emitió informe el día 29 de junio de 2018 y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 3, 18 y 38 de la Ley Hipotecaria; 9 -apartados 1, 2 y 3-, 10.1, 12 -apartados 1, 4 y 6- y 1324 del Código Civil; 53 de la Ley del Notariado; 77 de la Ley del Registro Civil; Reglamento (UE) n.º 2016/1103, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales; 51.6.ª y 9.ª, 92 y 95 del Reglamento Hipotecario; 159 y 168.4 del Reglamento Notarial, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de enero de 1983, 28 de noviembre de 1988, 21 de mayo de 1998, 5 de marzo y 18 de octubre de 1999, 7 de diciembre de 2000, 13 de octubre y 19 de diciembre de 2003, 10 de enero y 4 y 12 de febrero de 2004, 14 de febrero y 10 de octubre de 2005, 11 de octubre de 2006, 15 de junio de 2009, 5 de marzo de 2010, 20 de diciembre de 2011, 13 de agosto de 2014, 2 de febrero, 25 de julio y 31 de agosto de 2017 y 2 de abril y 7 de septiembre de 2018.
1. En la escritura de compraventa cuya calificación ha sido impugnada se expresa que la compradora está «casada bajo el régimen legal de comunidad establecido en la Ley Belga (en cuyo territorio tuvo lugar la primera residencia habitual común posterior el matrimonio) (…)»; doña R. K. manifiesta que se encuentra en procedimiento de separación o divorcio, que el dinero invertido es privativo suyo y que adquiere la finca con carácter privativo.
2. Como ha puesto de relieve reiteradamente este Centro Directivo, a las relaciones patrimoniales entre cónyuges es de aplicación la norma de conflicto establecida en la ley estatal. Esta norma actualmente está constituida por los apartados 2 y 3 del artículo 9 del Código Civil, como especialidad respecto de lo establecido en el apartado 1 del mismo artículo.
Sin embargo, debe tenerse presente la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 2016/1103, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales en el que España participa entre diecisiete Estados miembros y que será aplicable a partir del día 29 de enero de 2019, conforme a la tradicional diferencia entre entrada en vigor y aplicación, momentos a los que se refiere el artículo 70 de la norma europea.
Este Reglamento establece con carácter universal, es decir aunque la norma de conflicto conduzca a la aplicación del Derecho de un tercer estado -sin posibilidad de reenvío, por el contrario al reglamento (UE) n.º 650/2012- distintas reglas de conflicto para los matrimonios que se contraigan con posterioridad al 19 de enero de 2019, sin perjuicio de las disposiciones transitorias, establecidas en el artículo 69 las cuales como recordó la Resolución de 13 agosto de 2014 de esta Dirección General, podrán ser consideradas tras la entrada en aplicación del Reglamento, pero no antes.
3. También, recientemente, ha puesto de relieve este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 25 de julio y 31 de agosto de 2017 y 2 de abril de 2018) que «(…) tanto registradores de la Propiedad como notarios, complementariamente, desempeñan un papel fundamental en la seguridad jurídica preventiva, por lo que el instrumento público así como la inscripción deben procurar reflejar de forma cierta todas aquellas circunstancias referentes a la capacidad de los otorgantes, como edad o circunstancias modificativas de la capacidad, estado civil, nacionalidad, vecindad civil, o régimen económico matrimonial que incidan de presente o de futuro en la validez del negocio jurídico o de la relación jurídico real constituida (…)».
De un lado, el artículo 159 del Reglamento Notarial no hace distinción alguna, por lo que el autorizante debe indagar la situación de los otorgantes a fin de averiguar si existen capítulos o contrato matrimonial entre ellos para proceder, tal y como exige dicho precepto, testimoniando, en su caso, los aspectos particulares que puedan ser relevantes al efecto. Como expresó este Centro Directivo en Resolución de 15 de junio de 2009, con criterio reiterado por otras posteriores (5 de marzo de 2010 y 20 de diciembre de 2011), «(…) si bien es cierto que en muchos casos no es tarea sencilla el determinar cuál es el régimen legal supletorio, es necesario que el Notario, en cumplimiento de su deber genérico de control de legalidad de los actos y negocios que autoriza, a la hora de redactar el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes -que deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico-, despliegue la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos. En tal sentido, establece el artículo 159 del Reglamento Notarial que si dicho régimen fuere el legal bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de que el Notario, tras haber informado y asesorado en Derecho a los otorgantes, y con base en las manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos como su nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos –cfr. artículos 9.2 y 16.3 del Código Civil–), concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal circunstancia –el carácter legal de dicho régimen– al recoger la manifestación de los otorgantes en el instrumento público de que se trate». Por lo demás, una vez realizada por el notario autorizante dicha labor de precisión del carácter legal del régimen económico matrimonial (derivado de la aplicación de las normas que disciplinan los posibles conflictos de Derecho interregional –o, como en este caso, de Derecho internacional privado–, desvaneciendo así toda posible duda sobre el origen legal o convencional de dicho régimen), no puede el registrador exigir más especificaciones sobre las razones en que se funda su aplicación, pues según el artículo 159 del Reglamento Notarial, «bastará la declaración del otorgante», entendiendo este Centro Directivo, como ha quedado expuesto, que dicha manifestación se recogerá por el notario, bajo su responsabilidad, tras haber informado y asesorado en Derecho a dicho otorgante (vid. Resoluciones de 20 de diciembre de 2011 y 7 de septiembre de 2018).
4. En el presente caso el notario ha precisado la ley material aplicable, al expresar que el régimen económico matrimonial es el legal de comunidad establecido en la ley belga, extremo que no cuestiona el registrador, pero éste se limita a exigir la ratificación por parte del cónyuge de la adquirente, si bien tampoco expresa que dicha ratificación sea necesaria según la ley belga (resulta evidente que no son aplicables los artículos 1324 del Código Civil ni el 95 del Reglamento Hipotecario sobre inscripción como privativo del bien adquirido por la esposa mediante la compraventa calificada). Y, a falta de prueba del derecho belga o manifestación por el registrador sobre su conocimiento, ningún obstáculo existe para que –habida cuenta de la solicitud de inscripción parcial expresada en la escritura por la única compradora– la finca adquirida se inscriba, no como presuntivamente ganancial –como presupone el recurrente en su escrito de impugnación– (lo que procedería de ser aplicable el Código Civil español), sino con sujeción a su régimen matrimonial, especificando que éste es el legal supletorio, de comunidad, vigente en Bélgica (artículo 92 del Reglamento Hipotecario).

References: resolución 
 artículo 9
 artículo 70
 artículo 69
 Resolución 
 artículo 159
 Resolución 
 artículo 159
 artículo 159