Source: https://de.scribd.com/document/421901678/04-El-Derecho-Humano-Al-Agua-y-El-Saneamiento-en-M
Timestamp: 2020-05-29 20:54:50+00:00

Document:
04- El Derecho Humano Al Agua y El Saneamiento en M | Derechos humanos | México
Cuaderno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento.
speichern04- El Derecho Humano Al Agua y El Saneamiento en ... für später speichern
Sistematización de normas en materia ambiental
Plan de Mejoramiento Etica
Derechos humanos en Colombi1.docx
El derecho humano al agua y el saneamiento en México
Diana L. Ponce Nava T.
Q010.113
Ponce Nava T., Diana L., autor, autor de prefacio
D473d
El derecho humano al agua y el saneamiento en México : normas y jurisprudencia / Diana
L. Ponce Nava T. ; [presentación Ministro Luis María Aguilar Morales ; prólogo Leticia Bonifaz Alfonzo ; prefacio Diana L. Ponce Nava T.].-- Primera edición. -- Ciudad de México, México :
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018. 1 recurso en línea (232 páginas). -- (Serie derechos humanos ; 4)
ISBN 978-607-552-066-7
1. Protección de los Derechos Humanos – Derecho interno – Instrumentos internacionales – México 2. Derecho al agua – Saneamiento ambiental – Legislación – Jurisprudencia 3. Organismos protectores de los Derechos Humanos I. Aguilar Morales, Luis María, 1949- , escritor de prólogo II. Bonifaz Alfonzo, Leticia, escritor de prólogo III. título IV. serie
LC KGF3003
El derecho humano al agua y el saneamiento en México. Normas y jurisprudencia, primera edición. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos. Serie: Derechos Humanos. Número 4. Textos de divulgación. SERIE DERECHOS HUMANOS 2018. TOMO 4 PDF ISBN 978-607-552-066-7
© D.R. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018. Serie Derechos Humanos Número 4. Pino Suárez No. 2, Col. Centro C.P. 06060, Ciudad de México.
Primera edición digital: noviembre de 2018.
Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos.
Autora: Diana L. Ponce Nava T. Especialista en Derecho Ambiental.
Coordinación editorial: Leyla Valentina Méndez de la Paz Pérez.
Revisión y corrección: Diana Suárez Galán.
La edición y el diseño de esta obra estuvieron al cuidado de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Apoyo en el diseño y formación editorial: Angélica Heredia Galicia y Elizabeth Marín Calderón.
Primera Sala Ministra Norma Lucía Piña Hernández
Ministro José Ramón Cossío Díaz Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Segunda Sala Ministro Eduardo Medina Mora Icaza
Ministro José Fernando Franco González Salas Ministro Javier Laynez Potisek Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos Ministro Alberto Pérez Dayán
Presentación Ministro Luis María Aguilar Morales
Prólogo Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo
Directora General de Estudios, Promoción
Prefacio Mtra. Diana L. Ponce Nava T. Especialista en Derecho Ambiental
Capítulo I. Marco legal internacional
I.1 Tratados Internacionales de los que México es Estado parte en los que se establece el derecho al agua y el saneamiento
I.1.1 Convenio III de Ginebra relativo al Trato de los Prisio- neros de Guerra. DOF del 23 de junio de 1953
I.1.2 Convenio IV de Ginebra relativo a la Protección de Per- sonas Civiles en Tiempos de Guerra. DOF del 23 de junio de 1953
I.1.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. DOF del 12 de mayo de 1981
I.1.4 Convención sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. DOF del 12 de mayo de
I.1.5 Convenio Internacional del Trabajo No. 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo. DOF del 13 de abril de
I.1.6 Convención sobre los Derechos del Niño. DOF del 25 de enero de 1991
I.1.7 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". DOF del 1o. de septiembre de 1998
I.1.8 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. DOF del 2 de mayo de 2008
I.2 Instrumentos Internacionales no vinculantes en los que se con- sagra el derecho al agua y el saneamiento
I.2.1 Resolución de la Asamblea general 217 a (III). Decla- ración Universal de los Derechos del Hombre (DU). 10 de diciembre de 1948
I.2.2 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Septiembre de 1955
I.2.3 Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. 16 de junio de 1972
I.2.4 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.
I.2.5 Reglas de las Naciones Unidas para la Proteccion de los Menores Privados de Libertad. 14 de diciembre de
I.2.6 Resolución de la Asamblea General 46/94. Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad.
I.2.7 Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible. Conferencia Internacional sobre Agua y Desa- rrollo Sostenible. Enero de 1992
I.2.8 Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
I.2.9 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/54/175. El derecho al desarrollo. Diciem- bre de 1999
I.2.10 Observación General Número 14, "El Derecho al
disfrute del más alto nivel posible la salud". Agosto de
I.2.11 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 55/2. Declaración del Milenio. 8 de septiembre de
I.2.12 Informe "Relación entre el Disfrute de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la promoción del ejer- cicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento". 25 de junio de 2002
I.2.13 Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. Septiembre de 2002
I.2.14 Observación General Número 15. "El derecho al agua". Noviembre de 2002
I.2.15 Directrices Voluntarias en Apoyo a la Realización Pro- gresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional. Noviembre de 2004
I.2.16 Decisión del Consejo de Derechos Humanos 2/104. Los derechos humanos y el acceso al agua. 27 de noviem- bre de 2006
I.2.17 Resolución del Consejo de Derechos Humanos 7/22. Los derechos humanos y el acceso al agua potable y el sa- neamiento. 28 de marzo de 2008
I.2.18 Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/ RES/12/8 sobre los derechos humanos y el acceso al agua potable y al saneamiento. 12 de octubre de 2009
I.2.19 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/64/292 sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. 28 de julio de 2010
I.2.20 Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/ RES/15/9. Los derechos humanos y el acceso al agua po- table y el saneamiento. 30 de septiembre de 2010
I.2.21 Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/ RES/16/2. El derecho humano al agua potable y el sa- neamiento. 24 de marzo de 2011
I.2.22 Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/ RES/18/1. el derecho humano al agua potable y el sa-
neamiento. 28 de septiembre de 2011
I.2.23 Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/ 21/2. El derecho humano al agua potable y el saneamiento. 27 de septiembre de 2012
I.2.24 Resolución del Consejo de Derechos Humanos 24/18. El derecho humano al agua potable y el saneamiento. 27 de septiembre de 2013
I.2.25 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/68/157. El derecho humano al agua pota- ble y el saneamiento. 18 de diciembre de 2013
I.2.26 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: La agenda
para el desarrollo sostenible. 25 de septiembre de
I.2.27 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 70/169. 17 de diciembre de 2015
Capítulo II. Marco legal nacional del derecho humano al agua y el saneamiento en México
II.1 Disposiciones Constitucionales
II.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF del 5 de febrero de 1917
II.1.2 Reforma al párrafo sexto del artículo 27 constitucio- nal. DOF del 9 de noviembre de 1940
II.1.3 Reforma a la fracción XXIX del artículo 73 constitucio- nal. DOF del 24 de octubre de 1942
II.1.4 Reforma al párrafo quinto del artículo 27 constitucio- nal. DOF del 21 de abril de 1945
II.1.5 Reforma al artículo 73 constitucional. DOF del 10 de febrero de 1949
II.1.6 Reforma al artículo 115 constitucional. DOF del 3 de febrero 1983
II.1.7 Reforma al artículo 115 constitucional. DOF del 23 de diciembre de 1999
II.1.8 Reforma al artículo 4o. constitucional. DOF del 8 de febrero de 2012
II.2 Disposiciones Reglamentarias de la Constitución
II.2.1 Ley Federal sobre Uso y Aprovechamiento de las Aguas Públicas sujetas al Dominio de la Federación. DOF del 11 de julio de 1917
II.2.2 Ley sobre Irrigación con Aguas Federales. DOF del 9 de enero de 1926
II.2.3 Ley de Aguas de Propiedad Nacional. DOF del 6 de agosto de 1929
II.2.4 Ley de Aguas de Propiedad Nacional. DOF del 31 de agosto de 1934
II.2.5 Ley de Conservación del Suelo y Agua. DOF del 6 de julio de 1946
II.2.6 Ley de Riegos. DOF del 31 de diciembre de 1946
II.2.7 Ley Reglamentaria del Párrafo Quinto del Artículo
Constitucional en Materia de Aguas del Subsuelo. DOF
del 3 de enero de 1948
II.2.8 Ley Federal de Ingeniería Sanitaria. DOF del 3 de enero de 1948
II.2.9 Ley Reglamentaria del Párrafo Quinto del Artículo
del 31 de diciembre de 1956
II.2.10 Ley de Cooperación para Dotación de Agua Potable
los Municipios. DOF del 29 de diciembre de 1956
II.2.11 Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contami- nación Ambiental. DOF del 23 de marzo de 1971
II.2.12 Ley Federal de Aguas. DOF del 11 de enero de
II.2.13 Ley Federal de Protección al Ambiente. DOF del 11 de enero de 1982
II.2.14 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
Ambiente. DOF del 28 de enero de 1988
II.2.15 Ley de Aguas Nacionales. DOF del 1o. de diciembre de 1992
Capítulo III. Marco institucional del derecho humano al agua potable y el saneamiento en México
III.1 Comisión Nacional de Irrigación y Fondo Nacional de Irriga- ción. DOF del 9 de enero de 1926
III.2 Secretaría de Agricultura y Fomento y Comisión Nacional de Irrigación. DOF del 6 de agosto de 1929
III.3 Secretaría de Agricultura y Fomento, Comisión Nacional de Irrigación y Procuraduría de Aguas. DOF del 31 de agosto de
III.4 Dirección General de Ingeniería Sanitaria. DOF del 18 de julio de 1944
III.5 Secretaría de Agricultura y Fomento. DOF del 6 de julio de
III.6 Secretaría de Recursos Hidráulicos (SARH). DOF del 21 de diciembre de 1946
III.7 Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. DOF del 24 de diciembre de 1958
III.8 Comisión del Plan Nacional Hidráulico. DOF del 6 de mayo de 1976
III.9 Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). DOF del 29 de diciembre de 1976
III.10 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). DOF del 7 de agosto de 1986
III.11 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). DOF del 16 de enero de 1989
III.12 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Organismos de Cuenca. DOF del 1o. de diciembre de 1992
III.13 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). DOF del 30 de octubre de 2001
Capítulo IV. La jurisprudencia en materia del derecho humano al agua y saneamiento
IV.1 Quinta Época
IV.2 Sexta Época
IV.3 Séptima Época
IV.4 Octava Época
IV.5 Novena Época
IV.6 Décima Época
E l derecho humano al agua y el saneamiento en México, es el volu- men 4 de la Serie Derechos Humanos, y se refiere al acceso, dispo-
sición y saneamiento del agua, tanto para el consumo personal como doméstico, para conocer su alcance, la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó la colaboración de una especialista en el tema, la Mtra. Diana Ponce.
En este Alto Tribunal, se han auspiciado investigaciones especia- lizadas, reuniones de análisis o reflexión, y eventos en colaboración con organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas nacio- nales e internacionales, sobre temas de derechos humanos con la fina- lidad de promover su respeto, difundir su contenido y aportar elementos útiles a las y los impartidores de justicia para garantizarlos.
En ellas se han abordado aspectos que comprenden la evolución y desarrollo de los derechos de quienes se pueden ubicar en alguna situa- ción de vulnerabilidad o desventaja social, como pueden ser: mujeres;
niñas, niños y adolescentes; personas con orientación sexual diferente a la heterosexual; personas con discapacidad; migrantes o personas suje- tas de protección internacional; personas mayores; o personas, comu- nidades o pueblos indígenas, afromexicanas o negras. Y se contemplan los impactos de la discriminación múltiple.
En el estudio sobre el derecho humano al agua, se incluye la sis- tematización de toda la normatividad internacional y nacional que se ha emitido, las instituciones gubernamentales mexicanas creadas para su atención y contiene una compilación completa de toda la juris- prudencia del Poder Judicial de la Federación desde de la Quinta Época, que data de 1917, hasta su reconocimiento pleno como dere- cho humano, en la actual Décima Época.
En este transcurso se aprecia la evolución del tema que, en un principio fue considerado un elemento natural susceptible de apropia- ción, luego como un recurso administrado por el Estado hasta su actual reconocimiento pleno como derecho humano.
Está ordenado de forma cronológica, para su fácil consulta, con- tiene la referencia de las fuentes de origen para quienes deseen abun- dar en el contenido de cada etapa y además del rubro, se incluye la dirección electrónica de toda la jurisprudencia para que pueda ser consultada directamente en línea.
Su contenido está dirigido a todo público, por tratarse de un tema de interés general, también será de utilidad a las y los especialistas que profundizan en temas ambientales y servirá como herramienta de con- sulta ágil para el foro jurídico.
La reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, trans- formó al sistema jurídico. Los nuevos mecanismos de interpretación nos imponen complejos retos en la tarea de garantizar equidad y justicia a quienes más lo necesitan. Este documento aporta elementos especiali- zados que pueden ser de utilidad para afrontarlos.
La emisión de esta Serie Derechos Humanos, reitera el compromiso de acercar información especializada a todas las personas, porque es necesario que se conozcan los derechos para exigir su cumplimiento o, para que en su caso, puedan presentar agravios ante los tribunales por las acciones u omisiones que los afecten.
Esta iniciativa refleja la dedicación para promover y difundir con tesón los derechos humanos, los criterios, argumentos e interpretacio- nes de las resoluciones de la Suprema Corte, con una visión vanguar-
dista y profesional que ha abierto una ruta de comunicación incluyente
y respetuosa a toda la sociedad.
Les invito a utilizar el libro El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento, como una herramienta de trabajo, para profundizar en
su contenido y al hacerlo exigible, aportar elementos que contribuyan
a su progresividad.
Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
E ste trabajo aborda el tema del derecho humano al agua y saneamien- to en México, desde distintas perspectivas, ya sea como un elemento
natural, como un recurso administrado por el Estado, o como un derecho humano consagrado en nuestra Constitución Federal. El libro está diri- gido a personal de la carrera judicial, a litigantes, académicos, estudiantes y al público interesado en el estudio de los Derechos Humanos.
Garantizar el derecho al acceso al agua y saneamiento requiere realizar acciones por parte del Estado para que todas las personas puedan ejercerlo en condiciones de igualdad, pues le corresponde ase- gurar que sea accesible física y económicamente sin discriminación alguna, lo que implica llevarla a los sectores más vulnerables y margi- nados de la sociedad, por ello los Estados deben tomar las medidas necesarias para que en cualquier parte del territorio mexicano se pueda disponer del líquido vital, para satisfacer sus necesidades básicas.
Sin duda, el derecho humano al agua se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un ambiente sano.
Este derecho humano tiene su origen en el derecho internacional, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue refrendado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura- les de 1966, que dio un fuerte impulso a su desarrollo al reconocer el derecho a tener un nivel de vida adecuado.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo 2,100 millones de personas carecen de acceso al agua potable, 4,500 millones carecen de saneamiento seguro, lo que trae como consecuen- cia enfermedades y muerte prematura. 1 La falta de saneamiento del agua produce enfermedades como diarrea, fiebre tifoidea, cólera, disentería y poliomielitis; por diarrea, más de 502,000 personas fallecen al año por utilizar agua en mal estado, a esta cifra se suma la muerte de 361,000 niñas y niños menores de 5 años a causa del agua insalubre, éstas son muertes prevenibles.
Es más grave cuando la falta de agua potable afecta a mujeres y niñas que viven en comunidades indígenas o en zonas rurales. En Amé-
18 rica Latina las mujeres, por la asignación de los roles de género, son las responsables de gestionar el agua, tanto para uso doméstico como para el uso comunitario, son ellas las que recorren durante varias horas al día largos trayectos para obtener el líquido, y llegan a trasladar en promedio entre 15 y 20 litros de agua diariamente; esto las lleva a enfrentar graves problemas de salud, por lo que son las más perjudi- cadas por la falta de acceso al líquido vital.
Para tener un panorama general sobre el derecho humano al agua, este libro tiene cuatro capítulos: El primero contiene la génesis del dere- cho humano al agua potable y saneamiento, cuya fuente es el derecho internacional, ya sea en declaraciones o documentos no vinculantes, tratados y convenios sobre el tema. Veremos su evolución y también su aplicación en el derecho internacional humanitario.
1 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/es/
En el segundo capítulo se aborda el marco legal en México a partir de la promulgación de la Constitución de 1917, hasta el recono- cimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento, en el ar- tículo 4o. Constitucional de 2012; en este recorrido podemos ver su evolución en las siete reformas constitucionales de nuestra Carta Magna:
Antes de ser considerado como derecho humano fundamental, fue regu- lado como recurso natural administrado por el estado conforme al artícu-
lo 27 Constitucional, la nación tiene la soberanía originaria sobre tierras
y aguas nacionales; en posteriores reformas se otorgó competencia al
Ejecutivo Federal para administrar dicho recurso y esta función fue poco
a poco delegada a los municipios como parte del servicio público hasta
llegar a su reconocimiento actual como un derecho humano fundamental.
El tercer capítulo se refiere al marco institucional del derecho huma-
no al agua, es decir, a las instituciones que se han creado en el Ejecu-
tivo Federal para administrarla, a través de diversas secretarías como
la Secretaría de Agricultura y Fomento, la Secretaría de Comunicaciones
y Obras, la Secretaría de Guerra y Marina, la Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos o la Secretaría de Obras Públicas y Asentamien- tos Humanos, hasta llegar en 1989 a la creación de la Comisión Nacio-
nal del Agua, encargada de la planeación, gestión, ejecución, evaluación
e inspección y vigilancia en materia hidráulica a nivel federal.
Y lo más novedoso, se encuentra en el último capítulo, en el que
se anotan los rubros de 468 tesis jurisprudenciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación, organizadas por Épocas, las que se podrán consultar a través de las direcciones electrónicas específicas que se ano- tan en cada una de ellas, desde la Quinta Época que data de 1921, hasta a la Décima Época.
Con el reconocimiento del derecho humano al agua el Estado Mexi- cano se encuentra obligado a garantizarlo plenamente. Y ahora, con la reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, cualquier ciuda- dano puede exigir ante las instancias correspondientes el acceso, dispo- sición y saneamiento del agua, tanto para consumo personal como
doméstico, con los requisitos de ser suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Conforme al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, existen 9 indicadores para medir la pobreza, entre ellos se encuentran los servicios básicos que debe tener una vivienda: agua potable; dre- naje; electricidad; y combustible para cocinar. Sin embargo, esto no es una realidad, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los más de 32 millones de hogares que existen en el país, solo el 93% reciben agua dentro de su propiedad, por lo que el 7% (2, 085,208) lo tiene que conseguir por otros medios.
En la actualidad uno de los problemas que enfrentamos es la difi- cultad que tiene el Estado para garantizar los derechos sociales, econó- micos y culturales debido a que para su cumplimiento se requiere de una organización institucional más amplia para ejecutar otros derechos. Además, la falta de presupuesto e infraestructura, conlleva a que no pue- dan ser proporcionados de manera inmediata.
Para garantizar el ejercicio del derecho humano al agua y al sa- neamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó las directrices mínimas que todos los organismos públicos responsables de prestar el servicio deben cumplir conforme a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, en la resolución de la inconformidad No. 49/2014.
El desarrollo institucional para garantizar plenamente este dere- cho, ha iniciado, por lo que les presentamos éste documento como un avance sobre los detalles de la progresividad del derecho humano al agua, para aportar elementos que lo hagan realidad en cualquier rincón del territorio mexicano.
Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos
E ste estudio analiza la forma en que se ha regulado el derecho huma- no al agua para facilitar su difusión y promoción. Es una compila-
ción y sistematización jerárquica y cronológica de todos los instrumentos legales, internacionales y nacionales que conforman el marco normativo jurídico en México, desde la promulgación de la Constitución de 1917, a los que se suma la interpretación jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación a partir de la Quinta Época hasta octubre de 2016.
Desde el siglo XX se ha generado el marco jurídico respecto del aprovechamiento, protección y preservación del agua. Su evolución permite identificar el tratamiento del tema como: elemento natural, insumo para la producción o servicio público, hasta su consideración actual como derecho humano básico.
Comprende cuatro capítulos:
I. Marco Legal Internacional
IV. La Jurisprudencia en la materia
El CAPÍTULO I MARCO LEGAL INTERNACIONAL explica la génesis del derecho humano al agua y el saneamiento. Se fundamenta en la De- claración Universal de los Derechos Humanos que lo incluye como parte de los derechos económicos y sociales a un nivel de vida adecuado.
En este apartado se encuentran treinta y, seis instrumentos norma- tivos, tanto Tratados internacionales ocho, como Declaraciones y otros instrumentos no vinculantes veintiocho. Contiene la identificación de reglas asociadas al derecho humanitario y el desarrollo de los dere- chos humanos que progresivamente incluyen los derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
En la década de los setenta, se identifican los temas ambientales, que no incluyen aún el derecho humano al agua, como la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972 que estableció el com- promiso de preservar los elementos naturales de la tierra para las gene- raciones presentes y futuras.
Hacia fines del siglo XX, el derecho al agua se vincula al derecho, al desarrollo, a una vida digna para todas las personas en el planeta y a la salud, porque el agua (limpia y potable) y las condiciones sani- tarias adecuadas son determinantes para lograr el más alto nivel posi- ble de salud física y mental.
En el siglo XXI, se reconoce el derecho humano al agua de manera expresa como un derecho comunitario y de solidaridad, y también como parte del debate sobre su carácter de bien económico.
En 2002, la Observación General Núm. 15, del Comité de Dere- chos Económicos, Sociales y Culturales, define el derecho humano al agua como un derecho de todas las personas a contar con agua sufi-
ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
En el CAPÍTULO II. MARCO LEGAL NACIONAL DEL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO EN MÉXICO, se iden- tifican las disposiciones legales contenidas en la Constitución de 1917 con siete reformas, la última en 2012, que incluye el derecho humano al agua y el saneamiento en el artículo 4o. constitucional.
En el artículo 27, el texto promulgado estableció la soberanía del Estado sobre las tierras y aguas del territorio nacional y describió el catá- logo de aguas nacionales. Cabe destacar que México se adelantó a las reglas del derecho internacional, ya que fue hasta 1963 que en el seno de la ONU se adoptó el principio de la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales. 2
En la reforma de 1942 se otorgaron facultades al Congreso Fede- ral para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explota- ción del agua, entre otros recursos naturales. Más tarde, a través de la reforma de 1945, se otorgaron atribuciones al Ejecutivo Federal para re- glamentar la extracción y utilización del agua del subsuelo, cuando la tecnología hizo accesible su aprovechamiento.
Hacia finales del siglo XX, se establecieron las atribuciones de los municipios para proveer agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. En este contexto, el agua tiene la connotación de ser un servicio público.
En el año 2012, se armonizó el texto constitucional con los compro- misos internacionales aceptados por México para reconocer el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano básico.
2 Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962, "Soberanía permanente sobre los recursos naturales. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx
En la legislación reglamentaria también se estableció la soberanía de la Nación sobre las aguas nacionales, a través del concepto de propiedad originaria. La legislación hidráulica en el período posrevolu- cionario consideró tres ejes: la irrigación, el abasto y la electricidad.
Se estableció el catálogo de aguas propiedad de la Nación, inclu- yendo cauces, vasos y zonas marítimas y ribereñas, y el orden de pre- ferencia para su aprovechamiento. Por la importancia del uso del agua para irrigación, con el fin de mejorar la producción agrícola, en 1946 se expidió la Ley de Riegos y posteriormente la respectiva a las aguas del subsuelo.
Más tarde, el uso del agua como parte de los servicios públicos, generó una ley para regular la cobertura de agua potable y alcantari- llado, con la intervención financiera y técnica del gobierno federal y se delimitaron las atribuciones de las autoridades locales, que empezaron a imponer cobros de derechos por la prestación de estos servicios.
En la década de los setenta, en consonancia con las tendencias
24 internacionales, se adoptaron leyes para prevenir y controlar la conta- minación ambiental en general, y del agua en particular. El objetivo de las primeras leyes que atendieron los temas de contaminación, era de salubridad pública, aunque su contenido rebasaba esa materia.
La proliferación de leyes en materia hidráulica, llevó al Congreso mexicano a promulgar la Ley Federal de Aguas en 1972, con la finali- dad de unificar y adaptar la legislación hidráulica a las necesidades de la época.
Posteriormente en la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982 se incluyó la conservación, protección, preservación, mejoramiento y restauración del ambiente y los recursos que lo integran, así como la prevención y control de la contaminación. Dicha ley fue abrogada cuando se emitió La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec- ción al Ambiente (LGEEPA) de 1988, que regula de manera integral los aspectos ambientales de todos los elementos naturales.
Finalmente, en 1992 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales, reformada en 2004, vigente hasta la fecha, que regula de manera inte- gral la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas sujetas a la jurisdicción nacional, así como su distribución y control y la preservación de su cantidad y calidad para lograr el desarrollo integral sustentable.
En el CAPITULO III MARCO INSTITUCIONAL DEL DERECHO HU­ MANO AL AGUA Y EL SANEAMIENTO EN MÉXICO, se explican las diver- sas instituciones creadas para la gestión del agua.
En el período posrevolucionario, se crearon dependencias guber- namentales con atribuciones y competencias para promover la irriga- ción, el abasto y la electricidad. La Comisión Nacional de Irrigación y el Fondo Nacional de Irrigación, se creó por mandato de la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales de 1926; dicha comisión elaboró y eje- cutó un programa sistemático de diseño de distritos de riego que existen hasta nuestros días.
En 1929 se creó la Secretaría de Agricultura y Fomento; se ratifi- caron las atribuciones de la Comisión Nacional de Irrigación y se otor- garon atribuciones también a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y a la Secretaría de Marina, así como al Departamento de Salu- bridad Pública. Por un corto periodo existió la Procuraduría de Aguas y la Dirección General de Ingeniería Sanitaria. La creación y operación de estas instituciones mostró la necesidad de especialización institucional para atender la gestión hidráulica en México.
En 1976 se creó la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, que se transformó en el actual Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se creó en 1989, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambien- te y Recursos Naturales que concentra todas las atribuciones en materia de planeación, gestión, ejecución, evaluación e inspección y vigilancia en materia hidráulica a nivel federal.
En el CAPITULO IV: LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA DEL DERE­ CHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO, se compilan y sistematizan cuatrocientas sesenta y ocho tesis jurisprudenciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación desde la Quinta Época hasta la Décima. Se observa que las tesis jurisprudenciales interpretan disposiciones consti- tucionales y leyes reglamentarias. A partir del 2011, también se interpre- tan los postulados de tratados internacionales que conforman el marco jurídico en la materia.
En la Quinta Época, 3 se identificaron doscientas nueve tesis juris- prudenciales que se refieren de manera predominante, a la propiedad de la Nación sobre las aguas. Reflejan también controversias relativas
a su uso y destino; se reconoce el uso preferencial del agua potable y el
uso de aguas para riego, respetando los derechos de los ejidos. También
se precisa el alcance de la atribución de las autoridades para cobrar
el servicio de agua potable, y la obligación de los dueños de inmuebles
urbanos de proveer servicio de drenaje a los arrendatarios.
26 En las veintidós tesis de la Sexta Época, 4 la temática principal sigue siendo el uso del agua y la obligación de pagar derechos por el acceso al agua potable; además se observan resoluciones sobre el uso de pozos artesianos, lo que tiene que ver con la disponibilidad de tecnología de perforación que hizo más fácil acceder a las aguas del subsuelo cuya propiedad originaria es de la Nación.
En la Séptima Época, 5 se ubicaron cuarenta y seis tesis jurispru- denciales que reflejan controversias sobre uso del agua en las dotacio- nes agrarias, con sistemas de riego y sobre el acceso al agua a través de pozos artesianos. Vale la pena resaltar que en 1981 se encontró la primera tesis jurisprudencial relativa al control de la contaminación del agua, en consonancia con la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1971.
3 Del 1o. de junio de 1917 al 30 de junio de 1957.
4 Del 1o. de julio de 1957 al 15 de diciembre de 1968.
5 Del 1o. de enero de 1969 al 14 de enero de 1988.
En la Octava Época, 6 se identificaron cuarenta y dos tesis jurispru- denciales en las que el tema predominante fue la constitucionalidad del cobro de derechos por extracción del agua del subsuelo; se ratificó que las aguas del subsuelo son bienes del dominio público con carácter ina- lienable e imprescriptible y se reconoció la atribución de las autoridades de limitar la extracción de aguas a través de pozos en la cuenca del Valle de México, por la escasez del recurso. También, se estableció la constitucionalidad de las tarifas diferenciales aplicadas al servicio del agua potable.
Son noventa tesis las de la Novena Época 7 en las que destacan la legalidad de las tarifas diferenciales por los servicios de agua potable y drenaje, y confirman que los cobros de derechos de agua por autori- dades estatales no son violatorios de la Constitución, aunque en algunos casos se estableció que las cuotas establecidas por el servicio de agua potable y drenaje violaban los principios de proporcionalidad y equi- dad tributarias.
También se determinó que el servicio de agua potable y alcanta- rillado es de orden público y debe asegurarse la prestación uniforme, permanente y continua a los usuarios. Se confirmó la legalidad del cobro de derechos por descargas de agua a la red de drenaje, impuesto tanto por las autoridades federales como por las autoridades locales.
En el año 2006, se declaró que una norma ambiental del Distrito Federal que regulaba algunos aspectos de aguas del subsuelo invadía la esfera competencial federal establecida en el Artículo 27 constitucio- nal, y se confirmó que las autoridades estatales y municipales están facultadas para intervenir en la regulación del agua, siempre que res- peten las facultades reservadas a la federación.
La Décima Época, incluye cincuenta y nueve tesis jurisprudencia- les a partir del 4 de octubre de 2011. Los temas reflejan delimitación de
6 Del 15 de enero de 1988 al 3 de febrero de 1995.
7 Entre el 4 de febrero de 1995 y el 3 de octubre de 2011.
atribuciones de autoridades federales y locales para ejercer actos de ins- pección y vigilancia, así como el cobro de multas. Además, se reiteró la competencia de la CONAGUA para imponer y cobrar multas.
Después de la Reforma al artículo 4o. constitucional 2012, se emitieron dos tesis jurisprudenciales en la que se reconoce el derecho humano al agua, protegido en el ámbito internacional, nacional y esta- tal. Y en 2014 se emitieron dos más en las que se establece que el derecho de acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequi- ble. Alcanza a las personas privadas de la libertad, internas en centros de reclusión. Este estudio abarca hasta el mes de octubre de 2016.
Mtra. Diana L. Ponce Nava T. Especialista en Derecho Ambiental
I.1.1 CONVENIO III DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DE LOS PRISIO­ NEROS DE GUERRA. DOF DEL 23 DE JUNIO DE 1953
E ste tratado sobre derecho humanitario fue aprobado por la comu- nidad de naciones el 12 de agosto de 1949. En el artículo 20 se
menciona genéricamente que el país que tenga prisioneros de guerra bajo su custodia, deberá proveerles agua potable y alimentos en canti- dad suficiente. El artículo 26 establece que la ración diaria de alimentos proporcionados habrá de ser suficiente en cantidad, calidad y varie- dad para mantener a los prisioneros en buen estado de salud, y que se les suministrará suficiente agua potable. El artículo 29 indica que habrán de cumplirse reglas higiénicas básicas y que se proporcionará agua y jabón suficiente para el aseo corporal diario y el lavado de ropa. Final- mente, el artículo 49 señala que en los traslados de los prisioneros de
guerra, deberá proporcionárseles agua potable y alimentos suficientes para mantenerlos en buen estado de salud. 8
LINK:http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4615226
&fecha=23/06/1953&cod_diario=198314
I.1.2 CONVENIO IV DE GINEBRA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE PERSONAS CIVILES EN TIEMPOS DE GUERRA. DOF DEL 23 DE JUNIO DE 1953
Este tratado internacional fue aprobado el 12 de agosto de 1949. En su artículo 85 se establecen las normas de higiene a cumplirse en los luga- res de internamiento y en sus instalaciones sanitarias, además de pro- porcionar a las personas suficiente agua y jabón para el aseo diario y el lavado de ropa. En el artículo 89 relativo a la alimentación de los internados, se indica que se les debe proveer de agua potable sufi- ciente. En el artículo 127, finalmente, se señala que en el traslado de los internos deberán contar con agua potable y alimentos en cantidad, calidad y variedad suficientes para mantener un buen estado de salud.
LINK:http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamiento
Detalle.aspx?IdOrd=89658&TPub=6
I.1.3 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIA­ LES Y CULTURALES. DOF DEL 12 DE MAYO DE 1981
Este tratado fue aprobado en el seno de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966. México se adhirió a este Pacto con una Declara- ción Interpretativa al artículo 8, señalando lo siguiente:
Al adherirse al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, el Gobierno de México lo hace en el enten- dimiento de que el Artículo 8 del aludido Pacto se aplicará en la
8 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4615226&fecha=23/06/1953
&cod_diario=198314
República Mexicana dentro de las modalidades y conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias.
En este Pacto no reconoce de manera explícita el derecho humano al agua, sin embargo, en su artículo 11 en el párrafo 1 al reconocer el derecho de toda persona a nivel de vida adecuado, se incluye este de- recho porque es una de las condiciones fundamentales para la supervi- vencia.
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una me- jora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
LINK:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4646611
&fecha=12/05/1981
Esta Convención fue adoptada el 18 de diciembre de 1979. En su ar- tículo 14, párrafo 2, inciso h), estipula que los Estados Parte tendrán en cuenta los problemas especiales que enfrenta la mujer rural y la impor- tancia del papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia. Los Estados Parte considerarán el trabajo que las mujeres rea- lizan fuera de los sectores monetarios de la economía, tomando todas las medidas apropiadas para aplicar las disposiciones de la Conven- ción, en especial aquéllas dirigidas a eliminar la discriminación contra las mujeres y en particular, asegurarán el goce de condiciones de vida
adecuadas, particularmente en las esferas de vivienda, servicios sani- tarios, electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comu- nicaciones. De la redacción del artículo se infiere que el agua debe ser apta para el consumo.
LINK:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4646605
I.1.5 CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO NO. 161 SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO. DOF DEL 13 DE ABRIL DE 1987
Este Convenio fue adoptado el 26 de junio de 1985, durante la Septua- gésima Primera Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, Suiza. Se estipula en el artículo 5, inciso b), que los servicios de salud en el trabajo deberán asegurar que, entre otras funciones, las instalaciones sanitarias sean ade- cuadas y apropiadas.
34 LINK:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4648891
&fecha=13/04/1987
Este instrumento internacional fue aprobado el 20 de noviembre de 1989. En el artículo 24, primer párrafo de esta Convención, se reconoce el derecho de los menores al disfrute del más alto nivel posible de salud, así como a servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabi- litación de la salud. Los Estados Parte se obligan a realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar que ningún niño sea privado de su derecho a disfrutar de servicios sanitarios. En el mismo artículo 24, párrafo segundo, inciso c, se establece que los Estados Parte adopta- rán las medidas apropiadas para combatir las enfermedades y la malnu- trición en el marco de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, considerando los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. Además de reconocer el acceso al agua como parte del derecho a la salud de los menores, se establece que el agua debe de ser potable y salubre.
LINK:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4701290
&fecha=25/01/1991
I.1.7 PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SO­ BRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓ­ MICOS, SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR". DOF DEL 1o. DE SEPTIEMBRE DE 1998
Este instrumento internacional fue adoptado el 17 de noviembre de 1988. En el artículo 10, párrafo primero, se reconoce que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En el párrafo segundo, inciso a, los Estados Parte se comprometen en otras obligaciones, a garantizar la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sani- taria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de una comunidad. Así pues, se observa que aunque el derecho al agua potable no está expresamente mencionado, este derecho está asociado al disfrute del más alto nivel de vida y a los servicios sanitarios.
Es destacable que en el artículo 11 de este Protocolo, el primer párrafo establece el derecho a un medio ambiente sano y se elabora ese derecho al añadir que toda persona debe también gozar de servi- cios públicos básicos. En este caso, el derecho al agua está también implícito en el goce y disfrute de un medio ambiente sano y a los servicios sanitarios correspondientes.
LINK:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4891682
&fecha=01/09/1998
I.1.8 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DOF DEL 2 DE MAYO DE 2008
Esta Convención fue aprobada el 13 de diciembre de 2006. El artículo 28 relativo al nivel de vida adecuado y protección social, refiere en su párrafo 2, inciso a), que los Estados reconocen el derecho de las per- sonas con discapacidad a la protección social y adoptarán las me- didas pertinentes para proteger y promover su ejercicio, entre ellas, asegurándoles el acceso en condiciones de igualdad a servicios de agua potable a precios asequibles para atender las necesidades rela- cionadas con su discapacidad.
LINK:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=
i.2 instruMentos internaCionales no vinCulantes en los que se Consagra el derecho al agua y el saneamiento
I.2.1 RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 217 A (III). DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE (DU). 10 DE DICIEMBRE DE
L a protección internacional de los derechos humanos encuentra sus orígenes en la aprobación de la Declaración Universal de Derechos
del Hombre, el 10 de diciembre de 1948 (aprobada por 48 votos a favor, ninguno en contra y sólo 8 abstenciones) por la Asamblea Gene- ral de la ONU. En sus 30 artículos y un preámbulo la DU representa el primer instrumento internacional que contiene un catálogo integral de derechos y libertades fundamentales con alcance y pretensión de univer- salidad adoptado por la comunidad internacional a nivel mundial.
La DU abarca en su catálogo derechos civiles y políticos (artículos 2-21), como derechos económicos y sociales (artículos 22-28), estableciendo deberes de abstención y obligaciones de no hacer
por parte de los Estados, así como deberes de acción o prestación, lo mismo que deberes de los individuos frente a la comunidad.
El artículo 3 proclama el derecho a la vida y el artículo 25 esta- blece el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesa- rios. Se considera que estos dos principios reconocen de manera implícita el derecho humano al agua, o expresado de otra forma, el derecho al agua implica un prerrequisito para el cumplimiento efectivo de otros derechos humanos.
Los derechos humanos en la DU fueron generalizados, planteando su carácter interdependiente e indivisible, siendo indispensables para el desarrollo individual y colectivo, representando el germen de derechos como el derecho al agua potable.
En cuanto a su naturaleza jurídica, la DU es un instrumento inter- nacional adoptado como una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y por tanto, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (artículos 10-14), tiene el alcance de una reco- mendación. La resoluciones declaratorias de las organizaciones internacionales tienen un valor jurídico diferenciado o distinto, el cual depende no sólo del órgano que las emite sino sobre todo de su contenido, de forma tal que, si bien no crean obligacio- nes jurídicas, en ocasiones tienen un carácter materialmente legislativo, en el sentido de que constituyen un reconocimiento o confirmación de que ciertas prácticas o principios son normas con- suetudinarias o principios generales del derecho, y en esto pue- den llegar a tener un "valor jurídico de prueba plena" o constituir presunciones juris et de jure de que tal norma o principio perte- nece al derecho internacional positivo.
La DU forma parte del marco jurídico mexicano en virtud de haber- se aprobado por nuestro país. Su observancia es obligatoria para todos los órganos del Estado Mexicano.
LINK: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/217(III)
Estas reglas fueron adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, cele- brado en Ginebra en 1955.
En el párrafo 12 de estas reglas se señaló que los reclusos deberán contar con instalaciones sanitarias adecuadas, mientras que el párrafo 13 especificó que las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas según lo requiera la higiene general. En el párrafo 15 se estipula que se exigirá a los reclusos tener aseo personal, para lo cual dispondrán de agua y artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.
En el párrafo 20, inciso 2), se establece que todo recluso deberá tener la posibilidad de acceder a agua potable cuando la necesite.
LINK:http://appweb.cndh.org.mx/derechoagua/archivos/contenido/
CPEUM/_D1.pdf
Esta declaración fue aprobada en la Conferencia de las Naciones Uni- das sobre el Medio Humano. Este instrumento internacional refiere en su Principio 1, que el hombre –a diferencia del lenguaje más moderno que se refiere a todas las personas– tiene derecho fundamental a la liber- tad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
Sin mencionar específicamente el derecho humano al agua, en esta Declaración se asocian indisolublemente los beneficios del desarrollo
para todos los pueblos, con la necesidad de evitar los efectos nocivos para
la salud física, mental y social del hombre, en el medio ambiente creado
por él. En ese contexto, en el párrafo preambular 3 se insta a observar las pruebas del daño causado en muchas regiones de la tierra y los ni- veles peligrosos de contaminación del agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos.
En el mismo sentido, en el Principio 2 de la Declaración de Esto-
colmo, señala que los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire,
el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente de muestras repre-
sentativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Así pues, la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables se asocia a los derechos que deben considerarse de manera conjunta para lograr el derecho a la vida y la dignidad humana.
LINK:http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/
40 INST%2005.pdf
Esta Conferencia fue celebrada en Mar del Plata, Argentina, del 14 al 25 de marzo de 1977, atendiendo por primera vez el tema del agua
a nivel global. Se estableció lo siguiente:
Todos los pueblos, cualquiera que sea su estado de desarrollo y sus condiciones sociales y económicas, tienen el derecho de dis- poner de agua potable en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas. Es de reconocimiento universal que la dispo- nibilidad de dicho elemento por parte del hombre, es imprescin- dible para la vida y para su desarrollo integral como individuo o como integrante del cuerpo social. (ONU. Informe de la Confe- rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, 14 a 25 de marzo de 1977, Documento E/CONF.70/29)
En esta conferencia se reconocieron las graves consecuencias para la salud que provoca la falta de acceso al agua potable para consumo y el saneamiento, además de la necesidad de cubrir las nece- sidades básicas de los pobres en materia de agua.
LINK: http://archivo.cepal.org/pdfs/1978/S7800152.pdf
I.2.5 REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD. 14 DE DICIEMBRE DE 1990
Estas reglas fueron negociadas y adoptadas en el seno de las Naciones Unidas, y en el Apartado D, sobre "Medio físico y alojamiento", párrafo 37, se señala que como parte de las reglas mínimas aceptables de alimentación, dieta, higiene y salud, "…todo menor deberá disponer en todo momento de agua limpia y potable"
Como puede observarse, en este instrumento internacional que sigue la tendencia de asociar el derecho al agua potable a otros dere- chos básicos, como son el derecho a la salud y a la alimentación.
LINK: https://www.unicef.org/panama/spanish/about_8042.htm
I.2.6 RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 46/94. PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS A FAVOR DE LAS PERSONAS DE EDAD. 16 DE DICIEMBRE DE 1991.
En el párrafo 1 de esta Resolución, con vistas a generar mejores condi- ciones para los adultos mayores, los países miembros de la organización establecieron que las personas de edad deberán tener acceso a alimen- tación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, me- diante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia. Así pues, se sigue la tendencia de considerar el derecho al agua asociado de manera indisoluble a otros derechos necesarios para tener una vida digna.
LINK: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/46/94
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-
year-of-older-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-
en-favor-de-las-personas-de-edad.html
I.2.7 DECLARACIÓN DE DUBLÍN SOBRE EL AGUA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE AGUA Y DESA­ RROLLO SOSTENIBLE. ENERO DE 1992
Del 26 al 31 de enero de 1992 se llevó a cabo la Conferencia Interna- cional sobre Agua y Desarrollo Sostenible. En la Declaración de Dublín se adoptaron los siguientes principios rectores: primero: el agua dulce es un recurso finito y vulnerable; segundo: el aprovechamiento y gestión del agua debe considerar la participación de todos los usuarios; tercero: la mujer desempeña un papel fundamental en la gestión y protección del agua.
En esta Declaración, no se habló del derecho humano al agua, pero fue la primera declaración internacional en la que se reconoció, en el cuarto principio, el valor económico del agua en todos sus usos y la exigencia de que el recurso debería ser reconocido como un bien económico.
CPEUM/E1.pdf
I.2.8 PRINCIPIOS RECTORES DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS. 11 DE FEBRERO DE 1998
En su 54o. período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU deliberó sobre el problema de los desplazamientos internos que afectaban en ese momento, a más de 25 millones de personas.
Al respecto, habiéndose preparado una compilación y análisis de las normas jurídicas aplicables a las necesidades y derechos de los desplazados internos y a los derechos y obligaciones correspondientes de los Estados y la comunidad internacional en cuanto a su protección
y asistencia, se adoptaron treinta principios relativos al trato que debe darse a las personas víctimas de desplazamientos internos. 9
En el principio 18, referente al derecho a un nivel de vida ade- cuado y las condiciones de seguridad que deben proveerse a los desplazados internos, se establece la obligación de las autoridades
competentes de suministrar como mínimo y sin discriminación, en el párrafo 2, inciso a, agua potable y en el párrafo d, servicios médicos
y de saneamiento indispensables.
LINK:http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/
Documentos/BDL/2001/0022
I.2.9 RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS A/RES/54/175. EL DERECHO AL DESARROLLO. DICIEMBRE DE 1999
Esta resolución fue adoptada en diciembre de 1999 por la Asamblea General, reafirmando el compromiso de los Estados con el derecho al desarrollo. En el parágrafo 12 se reafirman los derechos a la alimen- tación y a un agua pura son derechos humanos fundamentales y su promoción constituye un imperativo moral tanto para los gobiernos na- cionales como para la comunidad internacional. 10
Como puede observarse, la tendencia en la ONU fue a seguir fortaleciendo el vínculo entre el derecho al agua y otros derechos que permiten una calidad de vida digna a todas las personas en el planeta.
LINKS: http://research.un.org/es/docs/ga/quick/regular/54
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/
175&referer=http://&Lang=E
9 ONU. Documento E/CN.4/1998/53/Add.2* del 11 de febrero de 1998. http://appweb. cndh.org.mx/derechoagua/archivos/contenido/CPEUM/_D4.pdf. Última consulta el 29 de agosto de 2016 a las 9:30 horas. http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documen-
tos/html/informes/onu/resdi/E-CN-4-1998-53-ADD-2.html
10 ONU. A/RES/54/175. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ 54/175&referer=http://&Lang=E. Última consulta el 29 de agosto de 2016 a las 10:28 horas
I.2.10 OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 14, "EL DERECHO AL DIS­ FRUTE DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE LA SALUD". AGOSTO DE 2000
Este instrumento internacional se deriva del Pacto Internacional de Dere- chos Económicos, Sociales y Culturales. El Artículo 12 del Pacto esta- blece el derecho a la salud como el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. En su Observación General núm. 14, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que el derecho
a la salud es un derecho inclusivo que debe considerar los principales
factores determinantes de la salud, como son el acceso al agua limpia
y potable y condiciones sanitarias adecuadas.
LINK:http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.
I.2.11 RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 55/2. DECLARACIÓN DEL MILENIO. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2000
44 La Asamblea General de la ONU declaró el 5 de septiembre de 2000, al inicio de su período de sesiones, el inicio de la Cumbre del Milenio, con la participación de representantes de 191 países, entre ellos México. Se reafirmó el compromiso de los pueblos para lograr un mundo más próspero, pacífico y justo, organizados en el seno de la ONU y cum- pliendo con su carta constitutiva.
Uno de los Objetivos del Milenio (ODM), dentro del tema III, párra- fo 19, que se refiere al desarrollo y la erradicación de la pobreza, fue:
…Reducir a la mitad, para el 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre; igualmente, para esa misma fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo
Dentro del tema IV, artículo 23 que trata sobre la protección del entorno común, se estableció la necesidad de:
fin a la exploración insostenible de los recursos hídri-
cos formulando estrategias de ordenación de esos recursos en los planos regional, nacional y local, que promuevan un acceso equitativo y un abastecimiento adecuado
LINK: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/2
I.2.12 INFORME "RELACIÓN ENTRE EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y LA PROMOCIÓN DEL EJER­ CICIO DEL DERECHO A DISPONER DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO". 25 DE JUNIO DE 2002
Mediante la Resolución 2001/2, la Subcomisión de Promoción y Pro- tección de los Derechos Humanos, de la entonces Comisión de Dere- chos Humanos de la ONU, solicitó al señor El Hadji Guissé, Relator Especial sobre el derecho al agua, elaborar un informe en la materia. El informe en cuestión fue revisado por la Subcomisión y adoptado como documento oficial.
En este estudio se reconoce el carácter de bien económico del agua, pero establece que es un bien ecológico relacionado con los derechos comunitarios y de solidaridad, así como con los derechos humanos individuales. Se establece que el derecho al agua es junto con el derecho a la alimentación, el sustrato mismo del derecho a la vida.
En el párrafo 19 de este informe se define el derecho a disponer de agua de la siguiente manera:
…el derecho que tiene cada persona a disponer de la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades fundamenta- les…se refiere al acceso que debe tener una familia a servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas ser- vidas administradas por órganos públicos o privados.
LINK: http://www.cetim.ch/legacy/es/documents/rap-2004-20-esp.pdf
Este instrumento internacional fue la Declaración Política aprobada por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, reunida del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002.
En el Principio 13 de este instrumento, se vincula la privación de una vida digna de millones de seres humanos con la contaminación del aire, el agua y los mares, que hace más vulnerables a las personas, en particular en los países en desarrollo.
En el Principio 18, se conecta la universalidad de la dignidad
humana como centro de atención de la Cumbre de Johannesburgo y el compromiso a aumentar el acceso a los servicios básicos, entre ellos,
el suministro de agua potable, el saneamiento, la vivienda adecuada, la
energía, la atención a la salud, la seguridad alimentaria y la protec- ción de la biodiversidad.
Así pues, sin mencionar en específico el derecho humano al agua
y al saneamiento, en esta Declaración se vuelve a establecer la rela-
ción estrecha que existe entre la calidad ambiental y la posibilidad de una vida digna para los seres humanos en el planeta.
LINK:http://www.cepal.org/rio20/noticias/paginas/6/43766/WSSD_
Informe.ESP.pdf
Además de la Declaración sobre Desarrollo Sostenible, se adoptó el Plan de Aplicación de las Decisiones de la propia Cumbre, el cual, en su tema II, relativo a la erradicación de la pobreza, indicó que en alineación con los Objetivos del Milenio, debía aumentar el acceso al saneamiento para mejorar la salud de los seres humanos y reducir la mor- talidad de los lactantes y menores de edad. Como parte del Plan se acordó también reducir para 2015 la mitad del porcentaje de las per- sonan que carezcan de acceso al saneamiento básico.
LINK: http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/doconf.htm
Este instrumento se deriva del Pacto Internacional de Derechos Econó- micos, Sociales y Culturales. Aunque no menciona específicamente el derecho humano al agua, a partir de los derechos a la vida digna y a
la salud, establecido en los artículos 11 y 12 del Pacto mencionado, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desarrolló y aprobó la Observación General núm. 15, que establece que el agua es un recurso natural y un bien público fundamental para la vida y la salud, y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.
En la Observación General núm. 15 el derecho humano al agua
se asocia de manera indisoluble el derecho al más alto nivel posible de salud, al derecho a la vivienda y derecho a la alimentación, por lo que estos derechos deben considerarse de manera conjunta con los derechos
a la vida y a la dignidad humana.
Este documento es muy importante porque define las característi- cas y los alcances del derecho humano al agua, señalando que "…es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico".
Vale la pena resaltar que el Comité considera al agua como un bien social y cultural, y no como un bien económico. También se reco-
nocen derechos procedimentales, tal como lo es el principio de acceso relacionado al derecho al agua, es decir, las personas deben poder solicitar, recibir y difundir cualquier tipo de información relativa al agua,
a los servicios de agua; las personas deben poder incidir en los pro-
cesos de decisión que afecten sus derechos; también deben tener dis- ponibles mecanismos administrativos y judiciales de solución de controversias.
La Observación General núm. 15 menciona en especial la atención a personas en condición de vulnerabilidad, incluyendo:
• Personas en zonas rurales y urbanas desfavorecidas
• Personas de pueblos indígenas
• Personas de comunidades nómadas y errantes
• Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y repa- triados
• Presos y detenidos, así como reclusos
• Grupos con dificultades físicas, como personas de edad, disca- pacitados, víctimas de desastres naturales
• Personas que viven en zonas propensas a desastres, áridas, semiá- ridas o en pequeñas islas.
48 Las obligaciones de los Estados, se pueden resumir en tres:
• Obligación de respetar: Los Estados deben abstenerse de injerir de manera directa o indirecta en el ejercicio del derecho al agua, absteniéndose de cualquier actividad o conducta que restrinja el acceso al agua.
• Obligación de proteger: Los Estados deben impedir que terceros obstaculicen, limiten o menoscaben el ejercicio, goce o disfrute del derecho al agua potable. Como parte de esta obligación, los Estados deben reconocer el derecho al agua en su marco jurídico interno, proveyendo la aplicación de leyes, estrategias y planes de acción para que el agua sea asequible a todos.
• Obligación de cumplir: Los Estados deben facilitar, promover y garantizar el derecho al agua
LINK:http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/
I.2.15 DIRECTRICES VOLUNTARIAS EN APOYO A LA REALIZACIÓN PROGRESIVA DEL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL. NOVIEMBRE DE 2004
Este informe fue aprobado por el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés –Food and Agriculture Organization–), en su 127o. pe- ríodo de sesiones. El objetivo de estas Directrices voluntarias es propor- cionar orientación práctica a los Estados respecto de sus esfuerzos para lograr progresivamente el ejercicio del derecho a una alimenta- ción adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y así alcanzar los objetivos del Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Alimentación.
La directriz 3.6 establece que en sus estrategias de reducción de la pobreza, los Estados deben conceder prioridad a la prestación de ser- vicios básicos a los más pobres garantizando el acceso universal a, entre otros, el agua potable y un saneamiento adecuado. Asimismo, la directriz 8 relativa a acceso a los recursos y bienes, indica en su pará- grafo 8.1 la obligación de los Estados de respetar y proteger los dere- chos individuales, entre ellos, los que se refieren al agua.
Por último, en la directriz 8C, sobre el agua, en su parágrafo 8.11, se establece que el agua en cantidad y calidad suficientes es fundamental para la vida y la salud, por lo que los Estados deberían esforzarse para mejorar el acceso a los recursos hídricos y promover su uso sostenible; en este mismo parágrafo se insta a los Estados a hacer una distribución eficaz entre los usuarios, satisfaciendo las necesidad humanas básicas y logrando un equilibrio entre la necesidad de proteger los ecosistemas, y las necesidades domésticas, industriales y agrícolas.
CPEUM/_D5.pdf
I.2.16 DECISIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 2/104. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ACCESO AL AGUA. 27 DE NOVIEM­ BRE DE 2006
En esta decisión de su 31a. Sesión, el Consejo solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llevar a cabo un estudio sobre el alcance y contenido de las obligaciones relacionadas con el acceso equitativo al agua y el saneamiento, según se estipula en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
LINK: http://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/HRC_decision
2-104_sp.pdf
I.2.17 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 7/22. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO. 28 DE MARZO DE 2008
En su 41a. Sesión, el Consejo de Derechos Humanos decidió nombrar,
50 por un período de tres años, a un experto independiente sobre la cues- tión de las obligaciones en materia de derechos humanos, relaciona- das con el acceso al agua potable y el saneamiento.
LINK: http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_
I.2.18 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS A/HRC/RES/12/8 SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO. 12 DE OCTUBRE DE 2009
En su 12o. período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la Resolución en comento, recibiendo el primer informe de la experta independiente y exhortando a los Estados a hacer frente al pro- blema de la falta de saneamiento en todos los niveles y a incluir el sa- neamiento de manera adecuada en las estrategias de reducción de la pobreza y los planes de desarrollo nacionales.
Debe observarse que en esta Resolución, se pone atención espe- cial al problema del saneamiento, como parte de los derechos humanos relacionados con el derecho al agua.
CPEUM/_D9.pdf
En su Sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General de la ONU reconoció por primera vez, el derecho humano al agua y al saneamiento.
Esta resolución de las Naciones Unidas reconoce oficialmente el derecho humano al agua y al saneamiento y hace énfasis en el vínculo indisoluble entre el acceso al agua potable y al saneamiento en condi- ciones equitativas para todas las personas, y el disfrute de todos los derechos humanos. La Resolución urge a los Estados y a la organiza- ciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a apoyar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a suministrar servicios de agua potable y saneamiento seguros, limpios, accesibles y asequibles para todos.
LINK: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/292
I.2.20 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS A/HRC/RES/15/9. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
En su 15o. período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos adoptó esta resolución que confirma que el derecho al agua potable y al saneamiento es legalmente vinculante para los Estados. Afirma que tal derecho se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y se encuentra indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posi-
ble de salud física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana. También exhorta a los Estados a desarrollar herramientas y mecanismos apropiados para alcanzar progresivamente el completo cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el acceso seguro al agua potable y al saneamiento, incluidas aquellas zonas actualmente sin servicio o con un servicio insuficiente.
CPEUM/_D11.pdf.
I.2.21 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS A/HRC/RES/16/2. EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO. 24 DE MARZO DE 2011
En su 16o. período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos deci- dió prorrogar el mandato de la actual titular del mandato como Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento por un período de tres años y la alienta a prestar especial atención a las soluciones prácticas en relación con el ejercicio de dicho derecho, si-
52 guiendo los criterios de disponibilidad, calidad, accesibilidad física, asequibilidad y aceptabilidad.
CPEUM/_D12.pdf
I.2.22 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS A/HRC/RES/18/1. EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Esta resolución fue aprobada en el 18o. período de sesiones del Conse- jo de Derechos Humanos. Se afirma el reconocimiento del derecho hu- mano al agua potable y el saneamiento por la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, así como la consideración de que el derecho humano al agua potable y el saneamiento se deriva del dere- cho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana;
Se aprobó el tercer informe de la Relatora Especial sobre el dere- cho humano al agua potable y el saneamiento, y en particular los avances en la recopilación de buenas prácticas y las consultas amplias, transpa- rentes e incluyentes. De igual forma, retoma lo dispuesto por la Declara- ción y el Programa de Acción de Viena al reafirmar la importancia de los planes de acción nacional que dicho documento establece, en la promo- ción y protección de los derechos humanos, y en particular del derecho humano al agua potable y el saneamiento.
LINK:http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/
CONSEJO%20DE%20DERECHOS%20HUMANOS%202011%20Resolu-
cion-SPANISH.pdf
I.2.23 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS A/HRC/21/2. EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y EL SA­ NEAMIENTO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Esta resolución fue aprobada en el 21o. período de sesiones. El Con- sejo tomó nota del cuarto informe anual de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; también se ex- horta a los Estados a priorizar la financiación de servicios de agua po- table y saneamiento, prestando especial atención a la ampliación de su acceso a los sectores que carecen de ellos o tienen un acceso insuficiente, incluidas medidas dirigidas a identificar a las personas más margina- das, excluidas y desfavorecidas.
CPEUM/_D14.pdf
Aprobada en el 24o. período de sesiones. El Consejo de Derechos Humanos exhorta a los Estados a que integren el derecho humano al
agua potable y el saneamiento y los principios de igualdad y no discri- minación en la agenda para el desarrollo después de 2015. También se incorpora el principio de sostenibilidad proponiendo que el agua debe estar progresivamente a disposición de las generaciones presentes y futuras, sin discriminación, y que la prestación de servicios en la actuali- dad debe salvaguardar la capacidad para hacer realidad el derecho humano al agua potable y el saneamiento en el futuro.
CPEUM/_D15.pdf
I.2.25 RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS A/RES/68/157. EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO. 18 DE DICIEMBRE DE 2013
En su 68o. período de sesiones, la Asamblea General reafirma el con- tenido de la resolución 24/18 del Consejo de Derechos Humanos en el sentido de que el derecho al agua potable y el saneamiento es un
54 derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de los derechos humanos y reconoce la necesidad de incluir el derecho huma- no al agua potable y el saneamiento en la elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015, en particular al definir metas, objetivos e indicadores concretos.
LINK: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/157
I.2.26 RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS A/RES/70/1. TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO: LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Aprobada en el 70o. período de sesiones, es una resolución con la que se adopta una nueva agenda universal conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Objetivo 6 es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. En particular, los Estados se comprometen a lograr hacia el año 2030:
• el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio ase- quible para todos
• el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equi- tativos, con especial atención a las necesidades de las mujeres, las niñas y las personas vulnerables
• la reducción de la contaminación eliminando el vertimiento y mini- mizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos
• el uso eficiente de los recursos hídricos de todos los sectores
• la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles
• la protección y restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, montañas, humedales, ríos, acuíferos y lagos.
• la ampliación de la cooperación internacional
• la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.
LINK: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
Esta resolución se aprobó en el 70o. período de sesiones. Se hace por primera vez una distinción entre el derecho humano al agua y el dere- cho humano al saneamiento, considerándose necesario potenciar el derecho al saneamiento y contribuir a su consecución de manera más efectiva. Otro aspecto es el impacto de género, porque se estima que la falta de acceso servicios adecuados de saneamiento afecta particular- mente a las mujeres y a las niñas.
LINK: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/169
II.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI­ CANOS. DOF DEL 5 DE FEBRERO DE 1917
E n 1917, se estableció en el Artículo 27, párrafo primero, que la pro- piedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites
del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación.
En el párrafo quinto del mismo artículo 27, se eleva a rango cons- titucional por primera vez en la historia, la descripción pormenorizada del catálogo de las aguas que se consideraban nacionales. El texto a la letra decía lo siguiente:
Son también propiedad de la Nación las aguas de los mares terri- toriales en la extensión y términos que fija el Derecho Interna- cional; las de las lagunas y esteros de las playas; las de los lagos inferiores de formación natural, que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos principales o arroyos afluentes
desde el punto en que brota la primera agua permanente hasta su desembocadura, ya sea que corran al mar o que crucen dos o más Estados; las de las corrientes intermitentes que atraviesen dos o más Estados en su rama principal; las aguas de los ríos,
arroyos o barrancos, cuando sirvan de límite al territorio nacional
o al de los Estados; las aguas que se extraigan de las minas; y los
causes, lechos o riberas de los lagos y corrientes anteriores en la extensión que fije la ley. Cualquiera otra corriente de agua no in- cluida en la enumeración anterior, se considerará como parte integrante de la propiedad privada que atraviese; pero el apro- vechamiento de las aguas, cuando su curso pase de una finca a otra, se considerará como de utilidad pública y quedará sujeta
a las disposiciones que dicten los Estados.
En el párrafo sexto del mismo artículo 27 constitucional se estable- ció el dominio de la Nación, inalienable e imprescriptible sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de la jurisdicción nacional. Se señaló también como facultad del Ejecutivo Federal el concesionarlas a los particulares y a las sociedades constituidas conforme a las leyes mexi- canas. El texto a la letra decía lo siguiente:
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el domi- nio de la Nación es inalienable a imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regu- lares para la explotación de los elementos de que se trata, y se cumplan con los requisitos que prevengan las leyes.
En la fracción XVII del artículo 73 constitucional, se otorgaron atri- buciones al Congreso para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
LINK: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig
_05feb1917.pdf
agua y II. el Marco
II.1.2 REFORMA AL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIO­ NAL. DOF DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1940
El párrafo sexto del artículo 27 constitucional mantiene el dominio de la Nación sobre las tierras y aguas bajo la jurisdicción de México como inalienable e imprescriptible.
Sin referirse al agua, se adicionan unas líneas al párrafo sexto que se indican que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones.
LINKS: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1940&month=11&day=9 https://www.insp.mx/transparencia/XIV/leyes_federales/refcns/pdfsrcs
/27.pdf
II.1.3 REFORMA A LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 73 CONSTITU­ CIONAL. DOF DEL 24 DE OCTUBRE DE 1942
En la fracción XXIX, párrafo 2o., del artículo 73 constitucional se otor- gan facultades al Congreso Federal para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales com- prendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27, entre ellos, las aguas nacionales.
LINKS: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1942&month=10&day=24
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4544048&fecha=
24/10/1942&cod_diario=194089
http:/dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=194089&pagina=
6&seccion=0
II.1.4 REFORMA AL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 27 CONSTITU­ CIONAL. DOF DEL 21 DE ABRIL DE 1945
En el DOF del 21 de abril de 1945 se reformó el párrafo quinto del artículo 27 constitucional para incluir las aguas del subsuelo; se dispuso
que pueden ser alumbradas y susceptibles de apropiación por el dueño del terreno. Se establece también que en el caso de que lo exija el inte- rés público, el Ejecutivo Federal reglamentará su extracción y utilización. A la letra, se estableció lo siguiente:
Son también propiedad de la Nación las aguas de los mares terri-
toriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes
o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o
esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes
o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce
de aquéllas, en toda su extensión o en parte de ella, sirva de límite
el territorio nacional o a dos entidades federativas; o cuando pase
de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas
o riberas estén cruzadas por línea divisoria de dos o más entida-
des o entre la república y un país vecino, cuando el límite de las 62 riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o la repú- blica con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alum- bradas mediante obras artificiales, y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público, o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su ex- tracción y utilización, aún establecer zonas vedadas, al igual que para demás aguas de propiedad nacional. Cualquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que encuentren sus depósitos, el aprove- chamiento de esta agua se considerará de utilidad, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.
LINKS: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1945&month=4&day=21
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4517568&fecha=
21/04/1945&cod_diario=192422
https://www.insp.mx/transparencia/XIV/leyes_federales/refcns/pdfs-
rcs/27.pdf
Se incluyen en la fracción XXIX atribuciones para el Congreso Federal para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional, entre los que se incluyen a las aguas nacionales.
LINK:http://dof.gob.mx/index.php?year=1949&month=2&day=10&print=
true?print=true
Como parte de una reforma administrativa descentralizadora, se reformó la fracción III, fracción a) del artículo 115, se asignaron el servicio de agua y alcantarillado a los municipios, con el concurso de los estados cuando fuere necesario. El objetivo era fomentar la autosuficiencia del agua y alcantarillado. Se trataba también de sustituir la erogación directa de recursos fiscales o subsidios por el otorgamiento de organis- mos dependientes de los gobiernos locales.
LINK: http://dof.gob.mx/index.php?year=1983&month=2&day=3&print= true?print=true
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4794121&fecha=03/02/
Desde su promulgación en 1917, la Constitución señaló en el artículo 115 que el municipio libre es la base de la división territorial, así como
la organización política y administrativa de las entidades federativas. En 1999, se reformó la fracción III, en su inciso a), para encargar a los mu- nicipios los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
LINK: http://dof.gob.mx/index.php?year=1999&month=12&day=23&print= true?print=true
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4958409&fecha=
23/12/1999&cod_diario=148825
Con este decreto se reformó el párrafo quinto y se adicionó un párrafo sexto, recorriéndose en su orden los párrafos subsiguientes. Se alineó el texto constitucional a los compromisos internacionales adoptados por México en diversos foros internacionales desde 1992 y en adelan- te, para reconocer el derecho al agua y el saneamiento como un dere-
64 cho humano básico.
El párrafo sexto añadido, consagra el derecho al agua y el sa- neamiento. Con esta reforma se califican las características que debe tener el agua a la que tienen derecho de acceso para uso doméstico todas las personas en México; dichas características son suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado debe garantizar este derecho humano, definiendo las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y susten- table de los recursos hídricos, con la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía.
LINKS: http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5232952&fecha=
8/02/2012&cod_diario=244788
E ste decreto fue expedido por el Presidente Venustiano Carranza, para establecer una renta federal sobre el uso y aprovechamiento
de las aguas públicas, sujetas al dominio de la federación, entendida como una contribución obligatoria para todos los concesionarios de aguas federales a partir de la firma del contrato-concesión. En la prác- tica, los concesionarios se negaron a pagar el nuevo impuesto argumen- tando que todavía había ingobernabilidad y sufrían ataques de los grupos revolucionarios. Las empresas que utilizaban energía hidroeléctrica pre- sionaron al Gobierno Federal para derogar el mencionado decreto y que se respetaran las concesiones otorgadas durante el gobierno de Porfirio Díaz. En el DOF del 26 de octubre de 1917 se publicó una circular aclaratoria de la ley del 6 de julio de 1917, señalando que el impuesto establecido por la ley recaía sobre todos los usuarios de aguas federales.
En el DOF del 22 de enero de 1918 se extendió por dos años más la aplicación de los plazos de pago del impuesto federal establecido en el artículo 2 de la misma ley.
LINK:http://siaps.colmex.mx/documentos/legislacion/Evolucion%20de%-
20la%20legislacion%20de%20aguas%20en%20Mexico.pdf
La legislación hidráulica en el período posrevolucionario consideró tres ejes: la irrigación, el abasto y la electricidad. El Presidente Plutarco Elías Calles decretó esta ley, reglamentaria del artículo 27 constitucional, que declaró de utilidad pública la irrigación de las propiedades agrícolas privadas que usaran aguas de jurisdicción federal. Estableció modali- dades para la construcción de obras de irrigación y pago de las mismas, así como para la conservación de dichas obras y la mejor distribución de las aguas aprovechables. En el artículo 3 de esta ley se creó la Comisión Nacional de Irrigación.
Aunque se reguló el aprovechamiento de las aguas para irriga- ción de tierras agrícolas, la ley consideraba que podía haber otros apro- vechamientos, por los cuáles habría que hacer los pagos correspondientes.
Esta ley dio lugar a una paulatina centralización de la gestión del agua, desarticulando mercados locales de agua donde pueblos y par- ticulares la vendían e intercambiaban.
LINKS: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1926&month=1&day=9
http://siaps.colmex.mx/documentos/legislacion/Evolucion%20de%20
la%20legislacion%20de%20aguas%20en%20Mexico.pdf
II.2.3 LEY DE AGUAS DE PROPIEDAD NACIONAL. DOF DEL 6 DE AGOS­ TO DE 1929
Esta ley abrogó la Ley de Aguas de Jurisdicción Federal de 1910. Esta- bleció un amplio catálogo de definiciones de aguas consideradas pro-
piedad de la Nación, acorde con el párrafo quinto del artículo 27 constitucional; definió el régimen de propiedad nacional de las aguas, cauces, vasos y zonas marítimas y ribereñas, señalando que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible.
Estableció términos y conceptos que facilitan la interpretación de la ley: reguló cambios de curso de las corrientes y sus consecuencias; previó la exención de la zona federal en los límites de las poblaciones; estableció la posibilidad de decretar vedas absolutas o relativas cuando fueran objeto de proyectos de irrigación y previó la posibilidad de sus- pender trámites de concesión por el agotamiento de los recursos en las corrientes.
Se estableció que el uso y aprovechamiento de las aguas de pro- piedad nacional por medios manuales, era libre. También estableció la posibilidad para el dueño de cualquier terreno de alumbrar y apropiar- se libremente de las aguas existentes debajo de su finca, por medio de pozos o galerías, siempre que no se afectasen aguas de propiedad nacional.
Se establecieron también las bases para el fomento de las obras de riego que propiciaran el desarrollo agrícola nacional.
El artículo 18 de esta ley determinó el siguiente orden de preferen-
cia en las solicitudes de aprovechamiento de las aguas:
Para usos domésticos de los habitantes de poblados, cualquiera que sea el carácter e importancia de éstos y para abrevadero de ganados.
Para servicios públicos de poblaciones, abastecimientos de ferro- carriles y demás sistemas de transportes.
Para usos industriales distintos de la producción de fuerza hidráulica.
Para riego, teniendo derecho de preferencia las zonas ribereñas colindantes con la corriente o depósito de que se solicite el agua,
y las pequeñas propiedades o zonas colonizadas.
Para producción de fuerza.
Para lavado y entarquinamiento de terrenos.
En el DOF del 30 de enero de 1930, se publicó una fe de erratas
En el DOF del 11 de enero de 1934, se indicó que los Estados y Municipios no podrían establecer ni percibir impuestos o contribucio- nes de ninguna naturaleza sobre el uso y aprovechamiento de las aguas referidas en la ley.
En el DOF del 2 de agosto de 1934, se reformó la ley para consi- derar como aprovechamientos de aguas hechos por la Nación, aquéllos requeridos para los servicios públicos y domésticos de las poblaciones, siempre que fuesen los ayuntamientos los que administrasen las aguas directamente y sin intermediarios. A su vez, los ayuntamientos autori- zados para usar aguas de propiedad nacional, estuvieron facultados para contratar con particulares la administración de dichos servicios.
Hubo dos intentos sin éxito para sustituir a la Ley de Aguas de Propiedad Nacionales de 1929. Primero, la Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1946 que nunca tuvo vigencia porque condicionó su vigen- cia a la expedición de un reglamento. La segunda, denominada Ley de Aguas de Jurisdicción Federal de 1960 tampoco tuvo vigencia porque no llegó a ser promulgada y ni publicada por el Poder Ejecutivo.
LINK: http://siaps.colmex.mx/documentos/legislacion/Evolucion%20de%
Esta ley fue promulgada por el Presidente Abelardo Rodríguez, ratifi- cando que la Nación, representada por los poderes federales, tenía la soberanía y dominio sobre las aguas.
Se derogó la Ley de Aguas de Propiedad Nacional publicada en el DOF el 6 de agosto de 1929 así como sus tres reformas y estuvo vigente más de 37 años.
Al igual que la ley que abrogó, esta nueva ley definió el régimen
de propiedad nacional de las aguas, cauces, vasos y zonas marítimas y ribereñas, señalando que el dominio de la Nación es inalienable e
Sin grandes innovaciones, se aclaró que la propiedad nacional no se perdía por la construcción de obras artificiales, estableció causas de extinción y amplió las causas de caducidad. Instituyó también las juntas de agua e incluyó las reservas de agua para generación de energía eléctrica.
Al igual que en la ley previa, se confirmó el libre el uso y aprove- chamiento por medios manuales de las aguas de propiedad nacional, así como para el abrevadero, baños y lavaderos.
La ley facultó al Poder Ejecutivo de la Unión para reglamentar y regularizar los aprovechamientos de las aguas nacionales para usos domésticos, servicios públicos e industriales, para riego, producción de fuerza, lavado y entarquinamiento de terrenos, así como la expedición de disposiciones relativas y policía y vigilancia sobre la materia.
Se ampliaron también los criterios a aplicar en el orden de prefe- rencia para el uso de aguas. El artículo 21 estableció lo siguiente:
I. Usos domésticos, servicios públicos, baños y abrevadero de ganados;
II. Abastecimiento de ferrocarriles y demás medios de transporte;
III. Usos industriales distintos de la producción de fuerza motriz;
IV. Riego de terrenos en el orden que sigue:
a) Los que no excedan de 150 hectáreas;
b) Zonas que estén colonizadas o en proceso de colonización;
c) Terrenos que pertenezcan a diversos propietarios organiza- dos en sociedades de usuarios, en los términos de esta Ley;
d) Predios no comprendidos en los anteriores, y
e) Riego de tierras mediante el cobro de cuotas a los usua- rios. Los casos comprendidos en varios de los incisos ante-
riores, se regirán por el inciso que establezca mejor prefe- rencia.
V. Producción de fuerza motriz, en el orden siguiente:
a) Aprovechamiento que haga la Comisión Federal de Electri- cidad, de acuerdo con lo que prescribe el Decreto de 29 de diciembre de 1933;
b) Servicios públicos de las poblaciones, cuando el aprove- chamiento lo hagan las autoridades municipales;
c) Servicios propios de los solicitantes, cuando estén constitui- dos en sociedades cooperativas;
d) Servicios propios de los solicitantes no comprendidos en el inciso anterior;
e) Prestación de servicios a terceros mediante el cobro de cuotas;
VI. Lavado y entarquinamiento de terrenos, y
VII. Otros usos.
Adicionalmente, la ley estableció reglas para tramitar permisos de construcción de obras destinadas al aprovechamiento de aguas naciona- les, con condiciones particulares para cada caso. También estableció la figura de concesiones definitivas para amparar el uso y aprove- chamiento de las aguas de propiedad nacional.
En el DOF del 19 de octubre de 1934 se publicó una fe de erra- tas. En el DOF del 13 de enero de 1942 se reformaron las disposicio- nes relativas a concesiones para uso y aprovechamiento de aguas con fines de generación de energía eléctrica, las cuales debían ser reguladas por la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento.
En el DOF del 26 de diciembre de 1949 se reformó la ley para establecer que los terrenos ganados a un cauce o vaso, se considerarían como terrenos nacionales. En el DOF del 5 de enero de 1952, se reformó nuevamente el artículo 6 o permitiendo la desecación parcial o total de un vaso de propiedad nacional, e indicando que dichos terrenos serían nacionales y perderían su carácter de inalienables.
LINKS: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1934&month=8&day=31
Esta ley tuvo como objeto fomentar, proteger y reglamentar la conser- vación de los recursos de suelos y aguas, básicos para la agricultura nacional. Se sujetaron a esta ley y su reglamento a los ejidos, la propie- dad agrícola privada y los terrenos nacionales.
Esta ley estableció los Distritos de Conservación de Suelos, en los distritos nacionales de riego y en las regiones que por el estado de avan- ce de la erosión o deforestación se requiriese atención inmediata.
LINKS: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1946&month=7&day=6
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4585960&fecha=
6/07/1946&cod_diario=196661
Fue expedida por el Presidente Miguel Alemán Valdés para entrar en vigor al día siguiente de su publicación. Esta ley derogó la Ley sobre la Irrigación con Aguas Federales de 1926. Amplió la regulación de obras
de riego, institucionalizó los distritos de riego fomentando la construcción y operación en dichos distritos que se formasen con las tierras de ejidos, la propiedad agrícola privada o los terrenos de propiedad nacional.
LINK: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1946&month=12&day=31
II.2.7 LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE AGUAS DEL SUBSUELO. DOF DEL 3 DE ENERO DE 1948
Reguló la reforma constitucional al párrafo quinto del artículo 27 de 1945, conteniendo 15 artículos y otorgando libertad de alumbramien- to y aprovechamiento de aguas del subsuelo, excepto en los casos establecidos por el orden público o en caso de afectar a otros apro- vechamientos.
En el marco de esta ley, se emitieron la mayoría de las zonas de 72 veda y reglamentadas de aguas del subsuelo que aún hoy día siguen en vigor. Se consigna la obligación de dar aviso a la autoridad. La auto- ridad a su vez puede imponer vedas o determinar normas prohibitivas para el aprovechamiento del agua en zonas vedadas.
Tuvo una reforma publicada en el DOF del 31 de diciembre de 1956. En esta reforma, se regularon las aguas del subsuelo en cual- quier estado físico que se encuentren y declara de interés público el agua que tenga más de 80º C, reservándola para su uso a la Comisión Federal de Electricidad.
En las zonas de veda se estableció el requerimiento de un permiso, excepto para usos domésticos.
LINKS: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1948&month=1&day=3
Promulgada por el Presidente Miguel Alemán, esta ley introdujo la obli- gación para los nuevos centros de población de contar con la aproba- ción de la Secretaría de Recursos Hidráulicos –creada en 1946–, en lo relativo a obras de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
Se declaró de utilidad pública la planeación, proyección y ejecu- ción de obras de agua potable en toda la República, dando origen a un importante crecimiento en la cobertura de agua potable y alcantarillado, con la intervención financiera y técnica del gobierno federal.
II.2.9 LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE AGUAS DEL SUBSUELO. DOF DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1956
Esta ley derogó la del mismo nombre del 3 de enero de 1948, aumen- tando su contenido de 15 a 22 artículos. Se regularon las aguas del subsuelo en cualquier estado físico y declaró de interés público el agua con más de 80º C, reservándola para su uso a la Comisión Federal de Electricidad.
Al igual que en la ley predecesora, se estableció que correspon- día a la Secretaría de Recursos Hidráulicos llevar un registro de los usua- rios y concesionarios de aguas del subsuelo. Se señaló también que en las zonas de veda era necesario contar con un permiso, excepto para usos domésticos.
LINK: http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4628562&
fecha=31/12/1956&cod_diario=199051
II.2.10 LEY DE COOPERACIÓN PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS. DOF DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1956
Esta ley estableció que el Gobierno Federal coadyuvaba con las auto- ridades locales para dotar de mejores servicios a todas las comunidades.
Se estableció la posibilidad de financiar con fondos federales hasta en un 50% de la inversión cuando se tratara de una población de menos de 30,000 habitantes, y de un tercio de la inversión para pobla- ciones mayores. También se estableció que las aportaciones de los municipios se podían hacer con trabajo o mediante créditos.
En el marco de esta ley se originaron las juntas federales de agua potable y alcantarillado, los sistemas de administración directa, los comi- tés municipales de agua y otros organismos, susceptibles de realizarse con convenios para el desarrollo de obras y servicios hidráulicos entre la Federación y los municipios.
LINKS: http://dof.gob.mx/index.php?year=1956&month=12&day=29& print=true?print=true
http://siaps.colmex.mx/documentos/legislacion/Evolucion%20de%20la%
20legislacion%20de%20aguas%20en%20Mexico.pdf
II.2.11 LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINA­ CIÓN AMBIENTAL. DOF DEL 23 DE MARZO DE 1971
Esta fue la primera ley en materia de contaminación y tenía serias defi- ciencias técnico-jurídicas. Su fundamento constitucional no era sólido, ya que la reforma al artículo 73 fracción XVI que incluía la lucha contra la contaminación como facultad del Consejo de Salubridad General, publicada en el DOF del 6 de julio de 1971 clasificaba a este orde- namiento como uno de salubridad general, pero su objeto rebasaba con mucho la materia de salubridad.
En el marco de esta ley se publicó el Reglamento para el Control y Prevención de la Contaminación de las Aguas, en el DOF del 29 de marzo de 1973. Este reglamento fue el primero en ocuparse del tema de la contaminación, pero tuvo poca influencia y aplicación.
LINK: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1971&month=3&day=23
II.2.12 LEY FEDERAL DE AGUAS. DOF DEL 11 DE ENERO DE 1972
Aprobada por el Congreso Federal el 30 de diciembre de 1971, fue publicada en el DOF del 11 de enero de 1972 y entró en vigor el 26 de enero de 1972
Esta ley abrogó la Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1934, la Ley Federal de Ingeniería Sanitaria de 1947; la Ley de Cooperación para Dotación de Agua Potable de los Municipios de 1956, así como la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Aguas del Subsuelo de 1956.
Buscaba regular la explotación y aprovechamiento de las aguas propiedad de la Nación. Esta ley unificó y adaptó la legislación hidráu- lica a las necesidades de la época.
En materia de riego, tuvo como idea central estimular una mayor producción del campo mexicano, fomentando el uso armónico y equi- tativo de los recursos hidráulicos propiedad de la Nación, para producir más alimentos, abastecer de productos agropecuarios a la industria nacional y eventualmente al mercado internacional.
Se constituyeron los distritos de riego, limitando los derechos de riego de pequeños propietarios y colonos de nuevos distritos a una super- ficie máxima de 20 hectáreas por usuario, en concordancia con las disposiciones de la Ley Federal de Reforma Agraria, con severas san- ciones por violaciones a la ley.
Se constituyeron también las unidades de riego para el desarrollo rural, con objeto de proporcionar a las comunidades rurales de servi- cios de agua para uso doméstico, de riego, pecuario, piscícola, recrea- tivo o industrial.
Se establecieron procedimientos para que los gobiernos de los estados, territorios y ayuntamientos tuvieran asignación de volúmenes a agua necesarios, señalándose las formas de cooperación técnica y eco- nómica entre las autoridades locales y la Secretaría de Recursos Hidráu- licos en la realización de obras de captación, conducción y distribución de aguas.
Se reconoció la creciente importancia de las aguas subterráneas como fuente de abastecimiento para todos los usos, ratificando su carác- ter de aguas de propiedad nacional y estableciendo un nuevo tratamien- to jurídico fundado en el principio general de la prevalencia de los intereses de usos colectivos del agua sobre los intereses y usos particu-
76 lares. Estableció el requisito de instalar medidores.
Limitó las concesiones a 50 años y se dio prioridad a los usos domésticos y urbanos sobre los agrarios e industriales. Consideró las aguas del subsuelo como de propiedad nacional.
Esta ley fue reformada mediante publicación en el DOF del 13 de enero de 1986. Sin cambiar la estructura de la ley, hizo cinco reformas principales: planeación del aprovechamiento y la conservación del agua, su administración, la protección de acuíferos, el abastecimiento de agua en bloque a poblaciones y cuotas de agua.
LINKS: http://dof.gob.mx/index.php?year=1972&month=1&day=11&print= true?print=true
Con la publicación de esta ley se derogó su predecesora, la Ley Fede- ral para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. Su objeto, establecido en el artículo 1o., reformado en 1984 fue por una parte, la conservación, protección, preservación, mejoramiento y restauración del ambiente y los recursos que lo integran. Por otra parte, el objeto incluyó la prevención y control de los contaminantes y las causas que los originan.
Igual que la ley predecesora, las atribuciones del Congreso Fede- ral para emitirla estuvieron cuestionadas, ya que en su contenido, esta ley monopolizó prácticamente todas las facultades en materia ambiental, excediéndose los límites de las facultades de la Federación en esta materia. Este hecho tuvo una importancia más teórica que práctica durante la vigencia de esta ley.
Con la aplicación de esta ley se empezó a entender, poco a poco, que el ambiente está interrelacionado con todo, así que al tratar de intervenir en los recursos naturales de manera sectorial, es decir, en las aguas marinas, las aguas no marítimas, el suelo, la energía térmica, el ruido y las vibraciones, todo se encuentra interconectado. Adicionalmen- te, se entendió que es prácticamente imposible desvincular la regula- ción, el uso y la gestión de los recursos naturales, de la protección de la salud humana.
LINKS: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1982&month=1&day=11
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4709428&fecha=
II.2.14 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. DOF DEL 28 DE ENERO DE 1988
Entró en vigor el 1o. de marzo de 1988, y ha sido objeto de más de 60 reformas. Consta de 194 artículos divididos en seis títulos.
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer las bases para definir los principios de la política ecológica general, así como regular los instrumentos para su aplicación; el ordenamiento ecológico; la preservación, restauración y mejoramien- to del ambiente; la protección de las áreas naturales y la flora y fauna silvestre y acuática; el aprovechamiento racional de los elementos natu- rales de manera que sea compatible la obtención de beneficios econó- micos con el equilibrio de los ecosistemas; la prevención y el control de la contaminación del aire, aguas y suelo; la concurrencia del gobierno federal, estatal y municipal en la materia; así como la coordinación entre el poder público y la sociedad en las materias de la propia LGEEPA.
La LGEEPA establece las atribuciones de la SEMARNAT y la coor- dinación entre las dependencias y las entidades de la administración pública federal. También establece la política ecológica y sus instrumen- tos y el aprovechamiento racional a través de concesiones, permisos o autorizaciones de los elementos naturales, específicamente el agua y los ecosistemas acuáticos.
Permite el establecimiento de vedas de agua del subsuelo, suspen- siones, la operación y administración de sistemas de agua potable y alcantarillado y en las políticas y programas para la protección de espe- cies acuáticas.
Contempla también, como parte de la protección al ambiente, la prevención y el control de la contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos y la participación social, así como medidas de control, segu- ridad y sanciones administrativas.
En específico, los artículos 88 a 97 contienen disposiciones en materia de aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos.
LINK: http://dof.gob.mx/index.php?year=1988&month=1&day=28&print= true?print=true
Esta ley que en principio tenía 124 artículos, fue sustancialmente cam- biada en 2004 con la reforma de 114 artículos, adición de 66 artícu- los y derogación de 2 artículos.
Las disposiciones de esta ley reglamentaria del artículo 27 cons- titucional son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.
Postuló principios fundamentales para la gestión integrada del agua, la planeación y programación hidráulica, la mayor participa- ción de los usuarios de agua y la seguridad jurídica de los derechos de uso y aprovechamiento. Hizo también un reconocimiento explícito del principio de que la cuenca junto con los acuíferos, constituyen la unidad de gestión de los recursos hídricos.
Se ratificó a la Comisión Nacional del Agua como órgano des- concentrado y como principal autoridad en materia hídrica. Se prevé su funcionamiento en dos niveles: el nivel nacional y el nivel regional hidrológico administrativo, a través de los organismos de cuenca.
Se fortalece a la cuenca como unidad de gestión, promoviendo la descentralización y mejoramiento de la gestión a través de organismos de cuenca y de los consejos con la participación de los estados, el Distrito Federal y los municipios.
Se crearon los organismos de cuenca como instancias regionales gubernamentales para ejercer la autoridad en materia y gestión inte- grada del agua.
Se ratifica la existencia y se fortalecen las atribuciones del Instituto Mexicano del Agua (IMTA).
Se establecen como principios para sustentar la política hídrica, la gestión integrada por cuenca, el valor económico, social y ambiental del agua, el agua como asunto de seguridad nacional, el principio del que contamina paga; que los usuarios que hagan uso eficiente del agua tendrán derecho a incentivo económicos, el derecho a la información y el fomento de la cultura ambiental y del agua.
Corrigió algunos errores respecto de las causas de utilidad pública de las concesiones. Primero: precisa de manera más adecuada las causas de utilidad pública, estableciendo un mejor derecho de los gober- nados frente a posibles abusos o arbitrariedades. Segundo: Suprime el catálogo rígido que establecía usos de las aguas en la ley anterior, some- tiendo la prelación de las decisiones a los Consejos de Cuencas. Tercero:
Corrige los plazos de las concesiones. La Ley de Aguas de 1910 decía que las concesiones para riego eran perpetuas o eternas; la ley de 1934 establecía un plazo máximo de 50 años, atentando contra la eco- nomía nacional, pues si un centro de producción agrícola había existido 50 años, no debía extinguirse dicho centro de producción; ahora se puede renovar cuantas veces sea necesario.
Se confieren facultades relativas a las asociaciones de usuarios, quienes son los más interesados en el manejo adecuado, económico y
provechoso de las aguas que utilizan. Simplifica trámites para el otor- gamiento de concesiones, combatiendo el lento proceso administrativo
Se instituye el Registro Público de Derechos de Agua, que facilita
el control de las aguas a la autoridad y da una mayor certeza jurídica
a los usuarios. Suprimió la limitación de 20 ha en el uso de las aguas para riego, que regulaba la Ley Federal de Aguas.
Modifica las reglas respecto del drenaje de las aguas de tierras agrícolas. Se prevé la creación de distritos de drenaje que no funciona- ron de manera adecuada.
Establece las bases para que cuando proceda, se entregue la admi- nistración de los distritos de riego a los usuarios. Se abandona la posi- ción estatista y paternalista, debiendo ser los usuarios quienes en su interés, logren una mejor administración.
Amplía la regulación del agua para la industria, acuacultura y turismo. Estos usos estaban marginados en las leyes anteriores.
Regula específicamente la ecología, estableciendo reglas para la prevención y combate de la contaminación de las aguas. Contiene nor- mas claras para la preservación de los recursos hidráulicos, tanto super- ficiales como subterráneos. También posibilita la concesión a los particulares de los sistemas de riego.
LINK:http://dof.gob.mx/index.php?year=1992&month=12&day=1&print=
III.1 CoMisión naCional de irrigaCión y fondo naCional de irrigaCión. doF del 9 de enero de 1926
A l finalizar el período revolucionario, se vio la necesidad de con- tar con una dependencia gubernamental que se encargara de
propiciar el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola de México, abasteciendo de agua a las zonas agrícolas del país, para lo cual se creó la Comisión Nacional de Irrigación y el Fondo Nacional de Irrigación.
Creada por el artículo 3 de la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales de 1926, la Comisión Nacional de Irrigación fue fundada el 27 de enero de 1926 y disuelta el 1o. de enero de 1947. Fue un órga- no administrativo que dependió directamente de la Secretaría de Agri- cultura y Fomento.
Al mando de la Comisión Nacional de Irrigación, durante 20 años el Gobierno Federal elaboró y ejecutó un programa sistemático de diseño y creación de distritos de riego, acompañando el reparto agrario entre grupos campesinos organizados bajo la figura de ejidos. Se construyó infraestructura hidráulica consistente en presas, canales, bordos y pozos.
Hacia 1940 se habían constituido 112 distritos con una superficie de riego de 2,956,032 hectáreas.
Durante 20 años, esta Comisión fomentó las obras para irrigación en México. La CNI fue sustituida por la Secretaría de Recursos Hidráu- licos en 1947.
http://aguaparatodos.org.mx/wp-content/uploads/Leyes-de-aguas-
nacionales-y-sus-reformas-1910-1992.pdf
E n la Ley de Aguas de Propiedad Nacional publicada en esta fecha,
se definen las competencias de los órganos del Estado encargados
de la aplicación de la propia ley.
La mayoría de las facultades le correspondían a la Secretaría de Agricultura y Fomento, que eran ejecutadas principalmente a través de la mencionada Comisión de Irrigación. La Secretaría de Agricultura y Fomento estaba facultada para intervenir en las declaraciones de ribera zona federal. También fue la encargada de reglamentar las con- cesiones para abasto de agua potable a los poblados que requirieran ese servicio.
En materia de navegación, las competencias correspondían a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y a la Secretaría de Marina le correspondía la reglamentación y regularización de los bienes nacionales para asegurar su seguridad y defensa.
El Departamento de Salubridad Pública tenía encomendado dictar disposiciones sanitarias en materia de aguas.
Dado que los gobiernos locales y la iniciativa privada, los cuales eran concesionarios del agua no lograron establecer un servicio óptimo de agua potable, el Gobierno Federal se convirtió en la única instancia con recursos para resolver las crisis de abasto de agua potable en poblados y ciudades. El fortalecimiento del Gobierno Federal ocasionó el debilitamiento de los gobiernos locales y de los ayuntamientos en materia de gestión del agua potable.
LINKS:http://aguaparatodos.org.mx/wp-content/uploads/Leyes-de-aguas-
iii.3 seCretaría de agriCultura y foMento, CoMisión naCional de irrigaCión y ProCuraduría de aguas. doF del 31 de agosto de 1934
E sta ley derogó la Ley de Aguas de Propiedad Nacional publicada en el DOF el 6 de agosto de 1929 así como sus tres reformas.
El Poder Ejecutivo Federal ejerció sus atribuciones a través de la Secretaría de Agricultura y Fomento, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría de Guerra y Marina. Adicionalmente, se establecieron atribuciones para la Comisión Nacional de Irrigación, consistentes en opinar sobre el aprovechamiento aguas de propiedad nacional en riego de predios de particulares.
El artículo 121 creó también una Procuraduría de Aguas que tendría a cargo asesorar y representar gratuitamente a los campesinos de cortos recursos y los agricultores e industriales en pequeño, con el fin de que pudiesen obtener con facilidad el uso de las aguas de pro- piedad nacional.
LINK: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1934&month=8&day=31
E sta Dirección General se creó como dependencia adscrita a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, para desarrollar y ejecutar
proyectos y obras de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
LINK: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_
044_12feb47_ima.pdf
iii.5 seCretaría de agriCultura y foMento. doF del 6 de julio de 1946
A través de la Ley de Conservación del Suelo y Agua, se otorgaron atribuciones al Secretario de Agricultura y Fomento, quien era ade-
más el Presidente de la Comisión Nacional de Irrigación, de promover y reglamentar los trabajos y medidas para realizar el objeto de esta ley, en particular, en los distritos de conservación del suelo, en los distritos de riego, en las zonas forestales, en los ejidos, en las zonas agrícolas y ganaderas donde existieran predios particulares.
http://siaps.colmex.mx/documentos/legislacion/Evolucion%20de%20la%20
legislacion%20de%20aguas%20en%20Mexico.pdf
A través del artículo 10 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado se creó la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Se redis-
tribuyeron competencias, fusionando a la Secretaría de Agricultura con la recién creada Secretaría de Recursos Hidráulicos. Se le otorgaron atri- buciones sustantivas para ordenar el uso de los recursos hidráulicos en el desarrollo nacional. Esta ley derogó a la Ley de Secretarías y Depar- tamentos de Estado del 30 de diciembre de 1939.
En la Ley Reglamentaria del Párrafo Quinto del Artículo 27 Cons- titucional en Materia de Aguas del Subsuelo, se estableció que corres- pondía a la Secretaría de Recursos Hidráulicos llevar un registro de los usuarios y concesionarios de aguas del subsuelo.
LINKS: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1946&month=12&day=21
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/71/doc/
S e realizó otra redistribución de atribuciones. A la SRE le otorgaron atribuciones sobre aguas internacionales. A la Secretaría de Ma- rina se le otorgaron atribuciones sobre navegación y obras portuarias. La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas adquirió funciones de construcción de infraestructura para distribución de agua potable.
Esta ley derogó a la Ley de Secretarías y Departamentos de Esta- do de 1946, así como su reglamento.
LINKS: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1958&month=12&day=24
S e creó como órgano desconcentrado, primero de la Secretaría de
Recursos Hidráulicos y luego de la Secretaría de Agricultura y Re-
cursos Hidráulicos. Esta Comisión tuvo un papel relevante en los esfuer- zos de planeación hídrica nacional y se transformó en 1986, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
LINKS: http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4844742&fecha=
http://siaps.colmex.mx/documentos/
legislacion/Evolucion%20de%20la%20legislacion%20de%20aguas%20
en%20Mexico.pdf
6/05/1976&cod_diario=208414
A través de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se creó la SARH, distribuyéndose competencias entre diversas secretarías
y el Departamento de Pesca. Se transfirieron funciones a la SAHOP en materia de agua potable.
LINKS: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1976&month=12&day=29
iii.10 instituto MexiCano de t e C nología del a gua (iMta). doF del 7 de agosto de 1986
C reado mediante decreto presidencial el IMTA se instauró a partir de la transformación de la Comisión del Plan Nacional Hidráulico.
Con la reforma de 2004 a la Ley de Aguas Nacionales, se le dan atribu- ciones de investigar, desarrollar, adoptar y transferir tecnología, así como preparar recursos humanos calificados.
LINKS: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4804200&fecha=
http://dof.gob.mx/index.php?year=1986&month=8&day=7&print=
L a CONAGUA se creó mediante decreto presidencial y se incorporó a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. En el mismo decre- to se suprimen las obsoletas juntas de agua que habían sido instituidas en la Ley de Aguas de Propiedad Nacional del 31 de agosto de 1934, mismas que no habían tenido ninguna utilidad ni eficiencia.
El Presidente Carlos Salinas de Gortari creó la CONAGUA como un organismo federal desconcentrado de la Secretaría de Recursos Hidráu- licos, con atribuciones de máxima autoridad hídrica, constituido como órgano superior de carácter técnico, normativo y consultivo de la Fede- ración, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, inclu- yendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.
En la Ley de Aguas Nacionales publicada en el DOF del 1o. de diciembre de 1992, se ratificó la existencia de la Comisión Nacional del Agua, dándole atribuciones como autoridad única del agua en materia federal.
LINK: http://dof.gob.mx/index.php?year=1989&month=1&day=16&print= true?print=true
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4802816&fecha=
16/01/1989&cod_diario=206724
iii.12 CoMisión naCional de agua (CONAGUA) y organisMos de CuenCa. doF del 1o. de diciembre de 1992
C on la publicación de la Ley de Aguas Nacionales de esta fecha, se ratifica la existencia de la CONAGUA como un órgano admi-
nistrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con atribuciones en materia de gestión integrada de los recur- sos hídricos, incluyendo los aspectos técnicos, normativos y consultivos, así como la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico. La CONAGUA se organiza a nivel regional, a través de organismos de cuenca.
iii.13 instituto MexiCano de teCnología del agua (IMTA). doF 30 de octubre de 2001
S u antecesora Comisión del Plan Nacional Hidráulico, creada en 1975, y el propio IMTA, creado en 1986, fueron organismos desconcentrados.
En la Ley de Aguas Nacionales publicada en el DOF del 1o. de diciembre de 1992, se ratifica la existencia del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, dándole atribuciones para realizar investigación, así como desarrollar, adaptar y transferir tecnología.
En 2001, a través de su instrumento de creación y su estatuto orgánico, se convierte en un organismo público descentralizado secto- rizado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En la reforma de 1994 a la Ley de Aguas Nacionales, se estable- ce que tiene por objeto realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos
humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.
LINK: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=760175&fecha=
• Agosto de 1921
Registro No. 287 311 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo IX; Pág. 342
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/287/287311.pdf
• Septiembre de 1921
Registro No. 287 366 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo IX; Pág. 495
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/287/287366.pdf
• Junio de 1922
Registro No. 287 129 OBRAS DE IRRIGACIÓN. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo X; Pág. 1036
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/287/287129.pdf
• Febrero de 1923
Registro No. 286 056 OBRAS DE IRRIGACIÓN Y CASERÍOS. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XII; Pág. 378
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/286/286056.pdf
• Marzo de 1924
Registro No. 810 035 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XIV; Pág. 967
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/810/810035.pdf
No. 285 059 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XIV; Pág. 967
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/285/285059.pdf
• Abril de 1924
Registro No. 285 141 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XIV; Pág. 1175
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/285/285141.pdf
• Octubre de 1924
Registro No. 284 527 AGUA POTABLE Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XV; Pág. 965
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/284/284527.pdf
• Febrero-Mayo de 1925
Registro No. 279 560 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XVI; Pág. 235
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/279/279560.pdf
al agua y en saneamiento
IV. humano
• Julio de 1925
Registro No. 283 637 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XVII; Pág. 290
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/283/283637.pdf
• Octubre de 1925
Registro No. 283 327 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XVII; Pág. 942
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/283/283327.pdf
Registro No. 283 918 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XVII; Pág. 929
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/283/283918.pdf
• Diciembre de 1925
Registro No. 284 184 TIERRAS DE RIEGO. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XVII; Pág. 1490
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/284/284184.pdf
• Marzo de 1926
Registro No. 283 221 DESAGÜES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XVIII; Pág. 689
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/283/283221.pdf
• Julio de 1926
Registro No. 282 424 OBRAS DE IRRIGACIÓN. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XIX; Pág. 97
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/282/282424.pdf
• Agosto de 1926
Registro No. 282 569 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XIX; Pág. 388
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/282/282569.pdf
Registro No. 282 556 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XIX; Pág. 363
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/282/282556.pdf
• Septiembre de 1926
Registro No. 282 604 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XIX; Pág. 468
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/282/282604.pdf
• Octubre de 1926
Registro No. 282 739 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XIX; Pág. 783
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/282/282739.pdf
Registro No. 282 753 DOTACIÓN DE AGUAS. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XIX; Pág. 817
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/282/282753.pdf
• Marzo de 1927
Registro No. 282 106 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XX; Pág. 548
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/282/282106.pdf
• Agosto de 1927
Registro No. 281 343 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XXI; Pág. 428
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/281/281343.pdf
• Marzo de 1928
Registro No. 280 179 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XXII; Pág. 520
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/280/280179.pdf
• Abril de 1928
Registro No. 280 356 AGUAS. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XXII; Pág. 943
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/280/280356.pdf
• Octubre de 1928
Registro No. 280 571 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XXIV; Pág. 408
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/280/280571.pdf
• Noviembre de 1928
Registro No. 280 680 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XXIV; Pág. 652
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/280/280680.pdf
• Abril de 1929
Registro No. 338 669 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo XXV; Pág. 2029
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/338/338669.pdf
• Mayo de 1929
Registro No. 338 370 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVI; Pág. 294
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/338/338370.pdf
• Octubre de 1929
Registro No. 314 976 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVII; Pág. 993
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/314/314976.pdf
Registro No. 338 242 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVII; Pág. 775
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/338/338242.pdf
• Febrero de 1930
Registro No. 338 079 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVIII; Pág. 692
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/338/338079.pdf
• Abril de 1930
Registro No. 338 168 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVIII; Pág. 1861
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/338/338168.pdf
• Septiembre de 1930
Registro No. 337 790 AGUAS, APROVECHAMIENTO DE LAS. Localización: [TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo XXX; Pág. 559
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/337/337790.pdf
Registro No. 337 763 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo XXX; Pág. 235
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/337/337763.pdf
Registro No. 337 791 AGUAS, DOTACIÓN DE. Localización: [TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo XXX; Pág. 560
LINK: http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/337/337791.pdf
• Noviembre de 1930
Registro No. 337 852 AGUAS NACIONALES. Localización: [TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 73
 artículo 27
 artículo 73
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 4
 artículo 36
 resolución 
 artículo 4
 artículo 27
 Resolución 
 Artículo 27
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 26
 artículo 29
 artículo 49
 artículo 85
 artículo 89
 artículo 127
 artículo 8
 Artículo 8
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 28
 RESOLUCIÓN 
 artículo 3
 artículo 25
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Artículo 12
 RESOLUCIÓN 
 artículo 23
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 73
 ARTÍCULO 27
 artículo 27
 ARTÍCULO 73
 artículo 73
 artículo 27
 ARTÍCULO 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 27
 artículo 18
 artículo 21
 artículo 6
 ARTÍCULO 27
 artículo 27
 ARTÍCULO 27
 artículo 73
 Artículo 27
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 121
 artículo 10
 Artículo 27