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Análisis crítico de la irracional ley 20.000 o ley de drogas
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Posted by admin on 26 mayo, 2013 in Opinión | 7458 Views | 8 Responses
No puedo, por una deformación profesional, sino explicar parte de mi descontento con la irracional política de drogas desde un punto de vista legal. Por lo mismo, realizare un análisis crítico de la ley 20.000 o ley de drogas, partiendo por un somero y simple análisis de la norma penal.
Desde una perspectiva formal la norma penal tiene un supuesto de hecho: el delito, y una consecuencia jurídica: pena, medida de seguridad y/o consecuencia accesoria. La gravedad y alcance de la sanción penal en la vida de las personas a quienes se aplica, hace que este tipo de sanción solo sea aplicable a los actos que atenten contra valores de la mayor relevancia para la sociedad, los que se denominan bienes jurídicos.
Analizaremos la ley 20.000 desde este triple punto de vista: el supuesto de hecho, la sanción penal y el bien jurídico protegido.
Desde el punto de vista del supuesto de hecho, la ley 20.000, tipifica un abrumador y absurdo número de conductas prohibidas, por lo que usted debe saber que por ley no puede: elaborar, fabricar, transformar, preparar o extraer sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud. Tampoco puede: producir, fabricar, elaborar, distribuir, transportar, comercializar, importar, exportar, poseer o tener precursores de sustancias químicas destinadas a la preparación de drogas. Ni se le ocurra: transportar, guardar o portar pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas o de materias primas que sirvan para obtenerlas. Ni mucho menos: adquirir, transferir, suministrar o facilitar pequeñas cantidades de drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro. Tampoco puede: sembrar, plantar, cultivar o cosechar especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.
Y si usted está encargado de un local comercial, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional u otros abiertos al público, no se le ocurra tolerar o permitir el tráfico o consumo de drogas en dichos locales.
Como se puede percibir con facilidad, la descripción de los supuestos de hecho de la ley 20.000 abarcan prácticamente todas las conductas imaginables relacionadas con las denominadas drogas, tal vez se les escapó prohibirnos mirar una planta de marihuana. Es importante decir que en las descripciones de hechos punibles en los delitos no relacionados con drogas, se requiere precisión y justeza, no el extenso catálogo que la fiebre prohibicionista lleva a norma penal, contrariando los principios que rigen el derecho penal en el mundo civilizado. Pero aún más, lo que resulta absolutamente absurdo, es que todos los actos preparatorios del delito, como sembrar, cosechar, portar, sean sancionados penalmente y el consumo privado no concertado, es decir, el resultado final, no sea punible.
Respecto de las penas, el catálogo de la ley 20.000 es igualmente amplio en ese aspecto, existiendo penas que van desde las multas hasta el presidio mayor en su grado máximo (por aplicación del artículo 19º). Desde el punto de vista de las penas, para el legislador chileno el delito de abuso sexual (artículo 366º C.P.) es equivalente a portar pequeñas cantidades de marihuana (artículo 4º).
Tampoco permite la ley 20.000 la calificación de delito en grado de tentativa o frustrado, pues presume que el delito esta consumado, poniendo al condenado en la parte alta de la pena a aplicar, desde el punto de vista del grado de ejecución del delito.
Asimismo, al momento de determinar las penas, el condenado por ley 20.000 carece de la posibilidad de reparar el mal causado como forma de atenuar su responsabilidad penal, a diferencia del resto de los ciudadanos condenados por la comisión de un delito, así como también, no tiene acceso a todos los beneficios de cumplimiento extra carcelario de las penas.
Para no quedarse cortos en las aberraciones jurídicas, además nuestros parlamentarios crearon la figura de la cooperación eficaz, o en otras palabras, soplonaje, lo que en sí mismo es éticamente cuestionable, pero que además se presta para una serie de irregularidades, como la “fabricación de atenuantes del artículo 22º”, es decir, la creación de una falsa atenuante basada en esta institución de la cooperación eficaz. Funciona así: una persona acusa a un consumidor de traficante, entrega datos al Fiscal y a las policías y el consumidor que tiene su planta pasa a convertirse en traficante para que el “soplón” salga en libertad. Esta institución jurídica cuestionable, suele ser utilizada por grandes traficantes que delatan a sus distribuidores finales u otros micro traficantes para obtener rebaja de hasta 2 grados en su pena. O, peor aún, derechamente contratan a personas que se dejen atrapar con drogas, a cambio de dinero, para obtener así la atenuante del artículo 22º rebajando sus condenas. Esto se conoce como “punto rojo”.
Asimismo, las noticias nos han hecho saber de procesos judiciales en donde se acusa a policías de montajes destinados al cobro de dinero a personas ligadas a microtráfico (a propósito de los denominados agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes) a cambio de no proceder policialmente contra ellos. La institucionalidad creada a propósito de las entregas vigiladas o controladas, terminan creando verdaderas organizaciones criminales en las policías. En otros países, se ha creado una espiral que parte con la policía antinarcóticos, para luego pasar a las unidades policiales (policía de la policía) y fiscales encargados de vigilar y perseguir los actos de corrupción policial asociados a drogas, para terminar con el ejército en las calles, desatando verdaderas guerras, como en la situación existente en México y Brasil o en el reciente pasado Colombiano.
También debemos sumar la existencia de testigos protegidos que bajo anonimato incriminan a consumidores no problemáticos, generando una locura prohibicionista que trasforma a un consumidor en “delincuente”. Muchas veces estos testigos anónimos no son sino vecinos que resuelven así sus disputas por conflictos vecinales o micro traficantes que se sacan competencia de encima.
De igual modo, el artículo 39º crea la posibilidad de aumentar en 5 días la detención de una persona imputada por delitos de la ley 20.000, tratamiento jurídico distinto a la generalidad de los delitos de nuestro catálogo penal.
Uno esperaría que en un Estado de Derecho la normativa más importante, es decir, la Constitución Política de la República, protegiera a sus ciudadanos de los absurdos recién comentados.
La verdad es que formalmente es así, por lo menos en el caso de lo establecido en el artículo 19 º numeral 3, que establece el derecho de las personas a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, establece que:
“Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida”.
Sin embargo, el artículo 61 de la ley 20.000 establece la prohibición de ejercer cargos públicos a los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en dicha ley. Con esto se restringe y perturba la intervención del abogado de confianza del imputado.
Es decir la norma es inconstitucional, pero se sigue aplicando sin restricciones, afectando el derecho a defensa letrada consagrada en la Constitución.
Asimismo y más grave aún, en el referido artículo 19 º numeral 3 inciso final, que como dijimos se establece el derecho de las personas a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, establece que:
“Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”
Esto en doctrina penal esto se conoce como el principio penal más básico, esto es, el principio Nulla pena sine lege o principio de legalidad de las penas.
Una consecuencia directa de este principio, es la prohibición de las denominadas “Leyes penales en blanco”, lo cual tiene justificación histórica en el hecho de que las autoridades políticas, a su solo arbitrio, podían emitir una resolución administrativa que significara encarcelar a una persona, lo cual constituía una fuente de arbitrariedad suprema de los gobernantes.
Sin embargo, el artículo 63 de la ley 20.000 remite a un reglamento, norma de rango inferior a la ley, que depende exclusivamente del uso de las potestades del poder ejecutivo, para definir: “las sustancias y especies vegetales a que se refieren los artículos 1º, 2º, 5º y 8º de la ley 20.000.
Esto es absolutamente inconstitucional, poniendo a las personas a merced de la arbitrariedad y uso político de sanciones penales. El Estado de Chile es responsable de esta aberración jurídica.
Respecto del bien jurídico protegido, en el caso de los delitos de hurto y robo, el bien jurídico protegido es la propiedad. En el caso de los delitos de homicidio el bien jurídico protegido es la vida. En el caso de los delitos contemplados en la ley 20.000, el bien jurídico protegido es la “Salud Pública”.
Pues bien, analicemos la justificación del bien jurídico protegido por los delitos contemplado en la ley 20.000 a la luz de las estadísticas.
En Chile, el alcohol y el tabaco producen la mayor cantidad de muertes por año, 15 mil cada uno, pero para el Estado no son drogas que deban prohibirse. Al contrario, existe una poderosa industria desarrollada en torno a estas sustancias.
Según los datos del Ministerio de Salud el año 2008 murieron cerca de 12.000 personas por consumo excesivo de sal.
En cambio, el registro histórico en estas materias contempla 0 muertes al año por uso de cannabis.
Asimismo, las drogas más adictivas en Chile son en este orden, la pasta base, el tabaco, el alcohol y las benzodiazepinas y/o tranquilizantes. A pesar de esto, la mayoría de las personas a las que se les pregunta sobre sus propios consumos dicen orgullosamente no haber consumido jamás drogas, a pesar de llevar en muchos casos años tomando benzodiazepinas, y hablando con desprecio de los ‘delincuentes drogadictos’.
Con estos datos, cabe preguntarse: ¿Por qué un problema de salud pública es asumido por un organismo político como el Conace, que depende del Ministerio del Interior y no por un organismo técnico dependiente del Ministerio de Salud?
El CONACE en su accionar, en vez de desarrollar programas de asistencia médica a los consumidores problemáticos (la minoría de los consumidores de drogas), se dedica a la promoción de la política criminal del Estado y la promoción de la abstinencia total de parte de los consumidores, como vía única, cuando la historia enseña que “por los siglos de los siglos” las denominadas drogas han estado presente en la vida de los seres humanos.
Si el problema de las drogas es un problema de salud pública, se esperaría que se consultara a los expertos en temas médicos para orientar las políticas de drogas. Un experto en el tema, el psiquiatra Juan Pérez Franco, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Chile, opina lo siguiente: “vivir en una sociedad sin consumo de sustancias psicoactivas es una utopía. Los programas que aborden el tema desde la abstinencia total, o que busquen la erradicación del consumo, probablemente vayan descaminados y pierdan recursos en un objetivo imposible”.
Así dadas las cosas, es difícil creer que el bien jurídico protegido por los delitos de la ley 20.000, tienen una justificación racional, cierta y justa.
En el país el principal problema que causan las drogas no son su consumo y las conductas asociadas a ello, el principal y más grave problema que causan las drogas es la política criminal que se aplica para controlar su provisión y consumo.
A diciembre del año 2012 recién pasado, estudios del propio Conace revelan que el 97 % de los chilenos no han usado drogas en el último mes y el 75 % de los que han usado drogas las han abandonado. Sin embargo, cada año son detenidas 80.000 personas de las cuales el 12% son por consumo, el 67% por tenencia y el 17% tráfico de drogas.
Además, el asunto de las drogas es un tema esencialmente juvenil ya que el 65% de los usuarios son menores de 25 años y el 68% de los detenidos por infracciones a la ley de drogas también son menores de esa edad. La principal causa de esta sobre reacción penal es la utilización del artículo 4º de la ley 20.000, que creó el delito de porte de drogas, el cual causa el 67% de los detenidos y ha multiplicado por cuatro su número desde el 2006 de 20.000 a 80.000 personas en la actualidad.
En Chile el delito de robo con fuerza recibe 200.000 denuncias por año, en cambio las denuncias por infracciones a la ley 20.000 no alcanzan a ser 2.000 por año. Sin embargo, como dijimos, son detenidas 80.000 personas por infracciones a la ley 20.000 y por el delito de robo con fuerza, son detenidas anualmente 17.000 personas.
Algo huele mal en la política criminal del Estado de Chile y no es el olor a marihuana.
Señala Antonio Escohotado, al respecto: “Una droga no es sólo una sustancia química, sino algo esencialmente determinado por un rótulo ideológico y ciertas condiciones de acceso a su consumo. Hasta 1910, los usuarios norteamericanos de opiáceos naturales eran personas de la segunda y tercera edad, casi todas integradas en el plano familiar y profesional, ajenas a incidentes delictivos; en 1980, gran parte de estos usuarios son adolescentes, que dejan de cumplir todas las expectativas familiares y profesionales, cuyo vicio justifica un porcentaje muy alto de los delitos cometidos anualmente. ¿Será que los opiáceos cambiaron, o cambiaron los sistemas de acceso a estas sustancias? La realidad sociológica en materia de drogas es una consecuencia, y no una premisa, de su status legal”.
La historia Universal nos enseña que los principales efectos perniciosos de las denominadas drogas, provienen de la prohibición misma. Hoy en día amplios sectores más pobre de Chile, viven en sus poblaciones una realidad de armas y violencia extrema, eso no sería posible si no existieran mafias con poder de financiar una gran cantidad de armas y carreras delictivas para jóvenes que dejan de estudiar y de hacer esfuerzos por integrarse socialmente.
Los atropellos a los derechos de las personas, la violencia y corrupción asociadas a las redes de tráfico de drogas son directa consecuencia de la prohibición, la evidencia a esta altura de la historia es indesmentible, pero el negocio de los propios traficantes, el de quienes lavan el dinero de estos y el de los políticos que sacan provecho del discurso prohibicionista, parece ser más importante que la vida, la libertad y la paz.
Dadas así las circunstancias, solo cabe organizarse en resistencia activa como nosotros lo hacemos ahora. Yo los invito a la desobediencia civil y la movilización permanente por la defensa de nuestros derechos. A no bajar los brazos y a defender en todos los espacios nuestra posición, argumentos, tenemos de sobra.
Libertad para María…..
Georgos khaled, abogado, remomoran@gmail.com
Posted in Opinión | Tagged cannabis, Chile, Ley 20.000, Ley de Drogas

References: artículo 19
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 39
 artículo 19
 artículo 61
 artículo 19
 resolución 
 artículo 63
 artículo 4