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Timestamp: 2019-10-19 04:40:14+00:00

Document:
CREACIÓN DE EMPRESA NACIONAL DEL LITIO. PROYECTO DE ACUERDO
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA DE VALDIVIA EN PROCESO DE ACREDITACIÓN DE "CIUDAD HUMEDAL". PROYECTO DE ACUERDO
SUPRESIÓN DE IMPEDIMENTO DE SEGUNDAS NUPCIAS
SOLICITUD DE INTERVENTOR PARA SENAME DE REGIÓN DEL BIOBÍO Y CREACIÓN DE COMISIÓN DE VERDAD Y REPARACIÓN. OFICIO
INCORPORACIÓN DE MATERIAS SOBRE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD A COMISIÓN ESPECIAL DE INFANCIA
REFLEXIONES SOBRE NECESIDAD DE ELIMINACIÓN DE MÁQUINAS DE AZAR
COMPLEJA SITUACIÓN DE PEQUEÑA MINERÍA EN REGIÓN DE ATACAMA. OFICIOS
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Economía, Fomento y Turismo, señor José Ramón Valente Vias, y de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe.
El señor MONTES (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 57ª y 58ª, ordinarias, en 9 y 10 de octubre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Con ambos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que crea el Consejo Fiscal Autónomo (boletín N° 11.777-05).
2.- El que modifica disposiciones sobre subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros (boletín N° 12.097-15).
-Artículo 196 ter, incisos primero, parte final, y segundo, parte primera, de la ley N° 18.290.
-Artículo 8° de la ley N° 19.519; artículo 483 del Código Procesal Penal, y artículos 45 y 561, inciso segundo, del Código Orgánico de Tribunales vigente a octubre de 1973.
-Del Senador señor Elizalde, sobre la licitación de la Ruta 5, tramo Talca-Chillán, y los proyectos de embalses para la Región del Maule.
-Del Senador señor De Urresti, relativos al estado de pago de la empresa que se señala por las obras paralizadas del camino Itropulli-San Pedro, Región de Los Ríos; a la situación laboral de los trabajadores de la referida empresa; a la presentación de la Junta Vecinal Rural de San Pedro, por la revocación de la apertura de un camino público; y a proyectos de servicios de agua potable rural de la Región de Los Ríos.
-Del Senador señor Lagos, referido a la paralización de la construcción del embalse de Catemu.
-Del Senador señor Castro, concerniente a la denegación del derecho de defensa que le asiste a un funcionario de la Dirección de Vialidad.
-De la Senadora señora Allende, en relación con las regularizaciones de los derechos de aguas de la provincia de Petorca.
-Del Senador señor Quinteros, respecto del estado de los caminos rurales y secundarios de la provincia de Chiloé.
Contesta el acuerdo del Senado por el que se solicita modificar la ley N° 19.542 para hacer posible la incidencia en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía y de los gobiernos regionales y comunales en la actividad portuaria, así como formas de financiamiento regionales y comunales que permitan la distribución de los frutos de dicha actividad económica (boletín N° S 2.002-12).
En atención a requerimiento de la Senadora señora Provoste, adjunta datos sobre el incentivo al retiro para profesores y asistentes de la educación otorgado en los años 2016 y 2017.
-De la Senadora señora Provoste, referente a la normativa que regula la labor de los psicopedagogos.
-Del Senador señor Guillier, acerca del proyecto de reposición de la Escuela D-48, Presidente Balmaceda, de Calama.
-De la Senadora señora Allende, para informar sobre las fiscalizaciones realizadas a la Compañía General de Electricidad.
-Del Senador señor De Urresti, en cuanto a las medidas adoptadas para que un sector de la comuna de La Unión pueda tener acceso a la electricidad.
Da respuesta a consulta efectuada en nombre del Senador señor Sandoval sobre las alternativas de regularización de terrenos a las que puede acceder la persona que se señala de la comuna de Río Ibáñez.
Del señor Alcalde de la comuna de Penco:
Contesta petición del Senador señor Navarro en relación con el plan maestro de aguas lluvias de esa localidad.
Informe Complementario del Segundo Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo por obra o faena (boletín N° 7.691-13).
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Provoste, Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón y señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Guillier, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens y Soria, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República la creación de la Empresa Nacional del Litio, encargada de la exploración y explotación del litio y de ejercer el rol de controlador de todos los proyectos mineros productivos en los salares de Chile (boletín N° S 2.022-12).
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y señores Araya, Bianchi, Castro, Elizalde, Galilea, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Prohens, Quintana y Soria, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que instruya a los señores Ministros de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente que se presente la candidatura de la ciudad de Valdivia al proceso de acreditación de "Ciudad Humedal", conforme al marco establecido en la COP11, y se remita al Comité Asesor Independiente dentro del plazo fijado en la Convención de Ramsar (boletín N° S 2.023-12).
Si le parece a la Sala, se pondrán en votación inmediatamente los dos proyectos de acuerdo.
Boletín N° s2022-12
El señor MONTES (Presidente).- El primer proyecto de acuerdo ha sido presentado por los Senadores señoras Provoste, Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón y señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Guillier, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.022-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 61ª, en 17 de octubre de 2018.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la creación de la Empresa Nacional del Litio, encargada de la exploración y explotación del litio y de ejercer el rol de controladora de todos los proyectos mineros productivos en los salares de Chile.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos favorables y 5 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, Castro, De Urresti, Elizalde, Huenchumilla, Latorre, Montes, Prohens y Pugh.
Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Coloma, García-Huidobro, Moreira y Sandoval.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Chahuán y Ossandón.
El señor MONTES (Presidente).- El siguiente proyecto de acuerdo fue presentado por los Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y señores Araya, Bianchi, Castro, Elizalde, Galilea, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Prohens, Quintana y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.023-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La finalidad de este proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que instruya a los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente que se presente la candidatura de la ciudad de Valdivia al proceso de acreditación de "Ciudad Humedal", conforme al marco establecido en la COP11, y se remita al Comité Asesor Independiente dentro del plazo fijado en la Convención de Ramsar.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (19 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, Castro, De Urresti, Elizalde, García, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Prohens y Pugh.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y el señor Sandoval.
Boletín N° 10785-03
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "discusión inmediata".
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Allamand, De Urresti, Moreira y de los entonces Senadores señores Tuma y Zaldívar):
Economía: sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018.
Sesiones 87ª, en 7 de marzo de 2017 (se aprueba en general); 85ª, en 24 de enero de 2018 (se aprueba en particular).
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Este proyecto inició su discusión en el Senado y en el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas a su texto.
La Comisión de Economía, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde, Galilea y Harboe), aprobó cuatro enmiendas, consistentes en la incorporación en el artículo 1° de un numeral 1 y un numeral 4, nuevos; en la introducción del epígrafe "Disposiciones Transitorias", y en la incorporación de un nuevo artículo tercero transitorio.
Por la misma unanimidad precedentemente consignada rechazó siete modificaciones, recaídas en los numerales 1 y 2 (que pasarían a ser 2 y 3, respectivamente) del artículo 1°; en la incorporación de los nuevos artículos 2° y 3° permanentes; en la sustitución del artículo transitorio por un artículo primero transitorio, y en la introducción de un artículo segundo transitorio y un artículo cuarto transitorio, nuevos.
Finalmente, por votación dividida, rechazó la supresión del artículo 2° permanente del proyecto. Votaron en contra de la modificación los Senadores señora Rincón y señores Elizalde y Harboe. Se pronunciaron a favor de la enmienda los Senadores señores Galilea y Durana.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben el texto aprobado por el Senado, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y las proposiciones que efectúa la Comisión de Economía al respecto.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión las enmiendas de la Cámara de Diputados.
A continuación intervendrá la Presidenta de la Comisión de Economía, Senadora señora Rincón. Después le daremos la palabra al señor Ministro para que explique el contexto.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Ministro, bienvenido a esta sesión.
Nos habría gustado tenerlo aquí ayer en el debate que hubo sobre el litio. Esperamos tener otra oportunidad para contar con su presencia.
Antes de darle la palabra, quiero decir que la idea sería votar el informe completo en un solo acto, con excepción del punto en que hubo 3 votos contra 2.
El señor VALENTE (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Seré muy breve, señor Presidente.
Primero, deseo expresar mi agradecimiento por la tramitación que ha recibido este proyecto tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
La verdad es que el debate ha enriquecido el articulado, pues hemos podido llegar a acuerdos transversales muy interesantes. Y, finalmente, es probable el trámite de Comisión Mixta, lo que nos permitiría arribar a un acuerdo importantísimo para efectos de dignificar el trabajo de las pymes.
La Senadora Rincón ya dio una buena cuenta sobre lo que es hoy esta iniciativa.
Por tanto, solo quiero decirles que, desde el punto de vista del Gobierno, es sobremanera significativo que los pequeños y medianos emprendedores tengan en nuestro país una cancha pareja con respecto a las grandes empresas.
Obviamente, la circunstancia de contar con ese capital de trabajo de manera relativamente rápida es un factor que puede hacer una gran diferencia para las pymes en cuanto al emparejamiento de la cancha.
Si hay algo que diferencia a dos personas que tienen un buen proyecto es el acceso o la falta de acceso a capital.
En este caso estamos dando acceso a capital de trabajo y al mercado financiero a más de un millón de pymes en condiciones mucho mejores que las actuales.
En tal sentido, este proyecto reviste gran importancia y, por tanto, es muy esperado.
En cuanto idea, esta iniciativa lleva más de 15 años de discusión. Pero hoy día estamos muy cerca de concretar una buena solución y de darle una alegría al millón de pymes que recibirán el beneficio pertinente.
Agradezco de nuevo lo que ha sido la tramitación hasta ahora, y espero que sigamos con la misma visión y con igual ánimo en el eventual trámite de Comisión Mixta.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, estamos muy contentos por lo que sucede con este proyecto, cuyo origen fue una moción que presentamos con los Senadores Allamand, De Urresti, Andrés Zaldívar y Tuma.
Independiente de las diferencias que hayamos podido tener en materias económica y política, creo que esta iniciativa unió a todos los sectores, lo que nos alegra sobremanera.
Y un agradecimiento para el Ejecutivo, que activó la tramitación al poner urgencia para el despacho de la ley en proyecto.
En cuanto al articulado, señor Presidente, debo señalar que se han hecho a la iniciativa importantes cambios -se refirió a ellos la Presidenta de la Comisión- que vale la pena destacar.
Se modificó el artículo 2° al objeto de rebajar el plazo para el pago de la factura: de los 60 días establecidos originalmente en el proyecto, a 30 días.
Eso constituye un avance esencial.
Sin embargo, señor Presidente, ello se debe complementar agregando que el plazo es de días corridos, y además, que es para el pago efectivo, pero no para documentar un pago futuro.
Creo que también son relevantes la modificación que incorpora un artículo 2°, nuevo, y la que introduce un artículo segundo transitorio en cuanto a lograr paulatinamente que la guía de despacho sea, al igual que la factura, un documento electrónico.
No obstante, otras enmiendas merecen un reparo o un nuevo debate en Comisión Mixta.
La discusión en torno al Estado, el que no puede abstenerse u omitirse de su rol ejemplar, y el pago a sus proveedores es de la mayor relevancia.
Actualmente, el Estado es mal pagador. Algunas de sus áreas, como salud y municipios, no son buenas pagadoras.
Entonces, considero que la misma exigencia que le estamos haciendo a la empresa privada debemos imponérsela al Estado.
Ahora, señor Presidente, quiero destacar tanto la preocupación del señor Ministro por este proyecto como el hecho de que entre sus autores figuremos Senadores del actual Gobierno.
En relación con el pago oportuno por parte del Estado, reitero que los plazos deben regularizarse cuanto antes.
Durante la discusión nosotros pedimos someterlo a las nuevas normas dentro de dos o tres años. Lamentablemente, no tuvimos el apoyo necesario. Pero se trata de un cambio que debe venir.
El Estado tiene que dar el mejor ejemplo. Si les estamos pidiendo a los privados ser buenos pagadores, también debemos hacerle tal exigencia al Estado.
Ahora, para incorporarse a la nueva modalidad es importante el tiempo.
Así que esperamos que en el futuro, una vez que comience a regir la ley en proyecto, podamos incorporar al Estado.
Pese a todo, es destacable que, habiendo llegado la discusión a este punto, exista consenso transversal de los mundos político y empresarial en cuanto a la imperiosa necesidad de regular esta materia y a la forma de hacerlo.
La cadena de pagos es enorme y compleja. En Chile se emiten más de un millón de facturas todos los días; es decir, estamos hablando de 30 millones de facturas mensuales.
Se realiza una cantidad inmensa de transacciones, de distinto tipo, y algunas, de mucha complejidad.
Debió existir una solución natural a este
problema sin necesidad de regulación, porque tanto a los dueños de las compañías como a sus proveedores, sobre todo a los pequeños, les interesa que se les pague a tiempo.
Ello no ocurrió, y fue necesaria la intervención del Parlamento para lograr que el pago oportuno de las facturas fuera tema de debate y, finalmente, motivo de acuerdo en la sociedad chilena.
El momento en que se discute la necesidad, oportunidad y vigencia del Congreso Nacional sirve para reivindicar el rol que cumplen los parlamentarios en la vida de nuestro país.
Creo que esta es una muestra más de preocupación por nuestras pymes para que reciban los pagos oportunamente.
Reitero mi gratitud al Gobierno del Presidente Piñera por haberle dado celeridad a este proyecto, con el concurso de todos los parlamentarios, tanto oficialistas cuanto opositores.
Independiente de si es necesaria una Comisión Mixta, dados los cambios mayores realizados en la Cámara de Diputados y la recomendación hecha por la Comisión de Economía del Senado, estamos muy cerca de una ley cuyo objetivo será regular la materia y acabar con los abusos que se cometen en el proceso de pago de las facturas.
Sabemos perfectamente que grandes empresas de nuestro país, algunas de propiedad de emprendedores muy conocidos, a veces demoran el pago hasta 120 días.
¡Para qué nombrarlas ahora!
Señor Presidente, reitero nuestra complacencia. Y, considerando que hoy día tenemos cierta transversalidad ante proyectos de esta naturaleza, espero que sigamos apoyando a nuestras pymes, que son las que dan el 90 por ciento del empleo en Chile.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de darle la palabra al Senador señor Elizalde, debo decir que se ha solicitado abrir la votación.
Al respecto, cabe aclarar que se trata de una sola votación, porque la de mayoría tiene que ver con un artículo que también iría a Comisión Mixta.
El señor GARCÍA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Si es para plantear una cuestión de Reglamento, puede intervenir, señor Senador.
El señor GARCÍA.- Su Señoría señaló que existiría una solo votación, para que el proyecto fuera a Comisión Mixta.
Sin embargo, yo tenía entendido que había que, por un lado, aprobar el artículo 1°, en su numeral 4, y el artículo tercero transitorio; y por otro, rechazar los demás.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene razón, señor Senador. Pero sucede que vamos a votar el texto de la Comisión, donde hay artículos aprobados y artículos rechazados en función de un acuerdo para remitir el proyecto a Comisión Mixta.
El señor GARCÍA.- Pero la votación es una sola.
El señor MONTES (Presidente).- Una sola, pues el pronunciamiento es sobre el informe.
El señor GARCÍA.- Okay.
El señor MONTES (Presidente).- En votación el informe de la Comisión de Economía.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, quiero valorar esta iniciativa, que se halla en tercer trámite constitucional. Ahora estamos votando el informe de la Comisión de Economía con el objeto de que, si se aprueba, el proyecto quede radicado en una Comisión Mixta a fin de que analice ciertos aspectos fundamentales para perfeccionar el articulado.
Me parece valioso el apoyo del Gobierno a través tanto de la urgencia que hizo presente cuanto del acompañamiento realizado a la tramitación legislativa por el Ministro de Economía, quien esta tarde se encuentra en la Sala del Senado.
Sin duda, se trata de una iniciativa fundamental para evitar el abuso que las grandes empresas cometen contra los emprendedores chicos al, aprovechando su posición de mercado, dilatar y postergar el pago oportuno de facturas o de saldos insolutos.
La normativa que nos ocupa pretende equiparar la cancha y, sobre todo, generar certezas para los pequeños y medianos empresarios acerca de cuándo se concretará el pago efectivo.
Sabemos que las condiciones de negociación no son las mismas. Por tanto, ellas son establecidas por los grandes empresarios, quienes fijan un tiempo extremadamente largo para pagar, lo que afecta la liquidez de los pequeños y medianos emprendedores e incluso puede dañar la salud financiera de sus empresas.
De ahí la necesidad de tener una disposición que fije un plazo máximo de pago. De este modo se contribuye a la certeza -elemento fundamental para saber cuándo se va a contar con el ingreso- y se evita todo tipo de abuso en la materia.
Sin lugar a dudas, en torno a esta iniciativa se ha generado un acuerdo bastante transversal.
De hecho, presentaron la moción pertinente Senadores de distintas coaliciones.
En todo caso, lo importante es que aprobemos en breve este proyecto.
Ahora, el trámite a Comisión Mixta obedece a que en algunas situaciones no hubo acuerdo o a que existe voluntad para perfeccionar normas que fueron modificadas en la Cámara de Diputados. Ello, sin perjuicio de que muchos preceptos se enmendaron de tal forma que quedaron mejor estructurados que los que despachó el Senado en el primer trámite constitucional.
En todo caso, la idea es que la Comisión Mixta analice en su mérito los cambios, para efectos de despachar un texto mejor.
Señor Presidente, ya se ha señalado aquí que el plazo original que fijaba el proyecto para el pago era de 60 días. La Cámara de Diputados lo redujo a 30. No obstante, al hacer la modificación no se dispuso que se trata de días corridos. Por tanto, la forma de contabilizar los días podría generar algún tipo de controversia en la interpretación.
De ahí la necesidad de establecer claramente tanto el plazo de 30 días cuanto la forma como él se va a contabilizar.
Entonces, la modificación pertinente de la Cámara de Diputados se rechazó en la Comisión de Economía, no porque se esté en contra de la reducción del plazo, sino porque se debe precisar la forma como él será calculado.
Reitero que el Senado debe pronunciarse sobre lo que despachó la Cámara y que cualquier divergencia obliga a enviar el proyecto a Comisión Mixta.
De otro lado, señor Presidente, resulta necesario precisar el plazo en que se va a incorporar el sector público.
Sobre el particular, es importante despejar un prejuicio: no todo el Estado es un mal pagador; no todo el sector público es un mal pagador.
Los representantes de la pequeña y mediana empresas señalaron en la Comisión que algunos sectores del Estado son muy rápidos y eficientes en términos de sus plazos de pago.
Empero, tenemos un desafío significativo en salud y en el ámbito municipal.
Por eso, la norma respectiva debe consignar un plazo de transición para que el Estado se incorpore a la ley en proyecto. Ello, al objeto de que se posibilite la modernización de los procedimientos internos para de alguna forma acoplarlos a los nuevos plazos que se plantean.
El período de la transición, pues, tiene que ser razonablemente corto pero suficientemente realista, de modo que la normativa de remplazo se concrete cuanto antes, se pueda cumplir y no sea letra muerta.
A ese respecto tenemos un desafío enorme.
Además, se ha de establecer el período de transición para el cumplimiento efectivo de los 30 días. Porque también se aprobó una norma que señala que durante el primer tiempo se podrán aplicar 60 días, y después, 30.
No hubo acuerdo en esa materia. Por tanto, se está planteando que vaya a Comisión Mixta para efectos de disponer cuál será la transición en términos de la norma que se va aplicar durante el primer tiempo, para luego avanzar hacia la norma definitiva, que establece el plazo de 30 días. Y, a este respecto, reitero lo que dije anteriormente: deben ser días corridos, precisión que no se hace en la modificación aprobada por la Cámara de Diputados.
Hay otros preceptos perfectibles, los cuales irán asimismo a Comisión Mixta.
No existió una diferencia sustantiva acerca de lo que aprobó la Cámara de Diputados, aunque sí ciertos reparos en aspectos de redacción que es necesario mejorar.
De ahí la importancia de que se pueda constituir una Comisión Mixta, para que la normativa quede de la mejor forma posible.
Reitero que el espíritu de la norma de prontopago o de pago oportuno es muy relevante al objeto de impedir situaciones de abuso; de evitar incertezas en las pequeñas y medianas empresas, y de dar garantías de funcionamiento de mercado que permitan equiparar la cancha para aquellos a quienes, sin duda, les cuesta más desarrollar sus actividades económicas.
De ahí la importancia de aprobar esta iniciativa.
Por eso, voy a votar favorablemente el informe de la Comisión de Economía, para que en la Comisión Mixta podamos perfeccionar el proyecto y lograr que se haga realidad lo antes posible.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin duda, la micro y la pequeña empresas son el motor de nuestro país. Es precisamente esa gente que se atreve a emprender para poder vencer lo imposible, la que da la característica de lo que Chile ha alcanzado.
Se habla de un millón de pymes. Sin embargo, son muchas las familias que están relacionadas.
Dentro de ese ámbito quiero destacar a las que quizás les cuesta más emprender: las mujeres. No hay nada más difícil que les otorguen un crédito. ¿Por qué? Porque ya hay un riesgo natural.
En este sentido, el capital de trabajo de que puede disponer un emprendedor es fundamental, ya que le permitirá contar con la caja necesaria para enfrentar los desafíos y con la viabilidad económica para superar el proceso.
Emprender es complicado. Por eso, el Gobierno se tiene que preocupar de generar la mejor instancia para ello y no solo alabar el proyecto de ley y a los Senadores señores Allamand, De Urresti y Moreira, aquí presentes, así como a algunos que lo fueron anteriormente, por haber puesto en el debate la esencia de lo que significa emparejar la cancha.
La disparidad del poder de negociación entre grandes y pequeños es brutal. ¿Por qué? Porque, obviamente, algunos acceden a dinero que incluso les resulta más barato que a estos últimos. Por lo tanto, el traspaso del riesgo a los más grandes es justo, ya que pueden hacer algo mejor, de alguna manera.
Y ello también es justo para los que quieren emprender, para los que se atreven, para los capaces de salir adelante por sus medios. Eso es lo que busca la iniciativa.
Evidentemente, el Estado es parte del sistema y debe ser igualmente un buen pagador. Cabe proponer -y es parte de su modernización- que ojalá se puedan considerar, dentro de los programas de mejoramiento de la gestión (PMG), aquellas de sus instituciones que presenten esa característica.
Porque los días de pago se miden. Este quizás es uno de los elementos importantes de la transformación digital a que está siendo sometido el Estado. Cuando decimos que el ochenta por ciento de los trámites se van a digitalizar, estamos haciendo referencia también a los de pago, que permiten saber quiénes realmente los están cumpliendo y en forma oportuna.
La modernización tributaria asimismo contribuye. ¿Por qué? Porque van a estar integrados más documentos, como la guía de despacho electrónica.
Es necesario, entonces, construir un sistema que haga posible contar con una sociedad digital segura y justa, que dé acceso a un capital y que las personas puedan disponer de este y recuperarlo rápidamente. Porque precisamente de eso se trata: de que pueda volver y de que los emprendedores lo utilicen para seguir adelante.
El desafío en la actualidad es ser capaces de sobrevivir en un mundo globalizado. Tenemos que competir no solo en el mercado local, sino también en ese ámbito. Y el ejemplo de este Congreso preocupado justamente del motor social y económico del país da cuenta clara de las prioridades.
No puede haber algo más noble, en consecuencia, que tratar de que la iniciativa llegue al mejor puerto, lo que les permitirá a todos estos empresarios, con un esfuerzo digno, con un trabajo honesto, lograr el anhelado sueño de alcanzar su meta, que alguna vez consiste en una mejor educación para sus hijos. Porque muchos ni siquiera piensan en ellos mismos, sino en las generaciones que siguen.
Hoy enfrentamos la responsabilidad, por lo tanto, de perfeccionar el articulado de manera de superar las deficiencias y lo que no resulta claro: son días corridos o hábiles; en qué momento el Estado participará completamente. Por eso, es importante corregirlo con indicaciones y realizar el esfuerzo y el trabajo necesarios.
No queda sino alabar a los autores del proyecto, a quienes determinarán que todas estas familias dependientes de ingresos que se van recibiendo todos los meses dispongan de recursos en forma temprana. El pronto pago constituye, sin duda, una de las grandes iniciativas, la cual hará posible -no abrigo ninguna duda- que más gente se atreva a emprender. Eso tiene que ocurrir: en un ecosistema en que las personas ven que otros pueden, así se convencen.
La forma de sacar al país adelante es que todos puedan participar. Tienen que existir reglas claras, pero lo más importante es que se apliquen. Y este es el desafío: cómo verificar que los compromisos de pago efectivamente se cumplan en las fechas previstas.
Dicho lo anterior, voto de forma que la iniciativa pueda seguir adelante.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, me parece muy bien que el proyecto haya generado un consenso transversal.
Los Senadores señores Allamand y Moreira y el que habla, autores de la moción, nos encontramos presentes, pero quiero brindar un reconocimiento a Eugenio Tuma, un gran impulsor de la pequeña empresa, de la competitividad, y quien colaboró mucho en este tipo de iniciativas, particularmente en la que nos ocupa. Estimo importante destacar la contribución de exparlamentarios, como es el caso de Eugenio, respecto del cual el reconocimiento es doble.
A mi juicio, conviene que se vaya generando un consenso en cuanto a la relevancia de un sistema de cancelación oportuno. La iniciativa, cuando la presentamos y discutimos, buscaba precisamente que se recortaran los plazos; que se estableciera un procedimiento adecuado para los pagos a la pequeña y la mediana empresas. Hoy día, desgraciadamente, las grandes empresas se han convertido en verdaderas entidades financieras que trabajan con la plata de los pequeños proveedores. Y ya el pago no es a veinte, treinta, sesenta, ochenta días, sino incluso a ciento ochenta o más.
Entonces, el pequeño proveedor tiene que recurrir a la banca, muchas veces informal. Conocemos los intereses leoninos que hoy día se cobran. En definitiva, la utilidad es consumida, absorbida, por ese otro sector, y no por el pequeño y mediano empresario que pone sus productos, intermedia y tiene que contar con un capital o, en definitiva, con un crédito que termina comiendo sus utilidades..
Es preciso dejar de lado, de una vez por todas, el temor reverencial de las autoridades a las grandes empresas y entender que nos encontramos ante una mala práctica, ante una situación en la cual se abusa de las más pequeñas. Porque el grande es capaz de acceder a buenos créditos en la banca, pero no el pequeño, que muchas veces termina pagando intereses leoninos -insisto- o incluso en el sistema informal, con créditos para solventar la diferencia de pago que se le retiene, en definitiva.
Es un par de cosas que estimo importantes consignar a la hora de la discusión en la Comisión Mixta.
En estos proyectos, las autoridades y el Gobierno siempre tienen la tentación de colocar letra chica, de contemplar una cláusula de escape. Es lo que se ha intentado en el artículo 2º quáter, el cual expresa:
"Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley N° 19.886, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto.".
Cuando establecemos salvedades, cuando empezamos a enumerar instituciones que quedarán exceptuadas de los treinta días, se comienza a burlar el espíritu de la ley, el de quienes impulsamos la idea. Entonces, me gustaría que el señor Ministro explicara la situación.
No soy integrante de la Comisión de Economía, pero existe la voluntad de excluir algunas entidades, empresas o sectores respecto del pago.
La cuestión tiene que quedar clara. Hoy día no hay razón, sobre todo con los soportes digitales, para no cancelar conforme al plazo. Este simplemente es excedido para trabajar el dinero y, en definitiva, traspasarles el costo financiero a otros. Creo que eso es inadmisible.
Aprovechando que el titular de la Cartera se encuentra en la Sala -no lo habíamos visto acá en estos seis meses-, le solicito informar.
¡Sé que estuvo un poco "pedido" en los últimos cambios de gabinete, pero pasó agosto...!
Dicho lo anterior, también sería importante aclarar lo atinente a la responsabilidad administrativa. Porque me parece bien el establecimiento de una disposición, pero se contempla un conjunto de normas en la materia. Y no sé si ello habrá sido considerado en la discusión particular, pero el artículo 2º quinquies introducido por la Cámara de Diputados determina:
"Si no se efectuare el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo precedente, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, de acuerdo a la legislación vigente, pudieran corresponder, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° bis.".
Se trata de saber cómo eso opera, porque, en definitiva, ¿en quién recaerá la responsabilidad administrativa? ¿En el funcionario de contabilidad? ¿En el que emite el cheque? ¿O en la autoridad que no toma la decisión?
Es importante precisar que la responsabilidad es política, de la jefatura, sin perjuicio de otras que puedan concurrir. Me parece importante establecerlo.
Reitero que la iniciativa la presentamos con los colegas ya mencionados y que cabe resaltar especialmente al ex Senador señor Eugenio Tuma, quien fue un gran defensor de las pequeñas y las medianas empresas y es el autor intelectual del texto, que nos invitó a firmar. Como nobleza obliga, le dirijo un reconocimiento.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero simplemente hacer una reflexión más general. Porque estuve leyendo los antecedentes y llevamos ¡quince años! en la búsqueda de alguna fórmula que permita generar condiciones de trabajo razonables para la pequeña y la mediana empresas.
Han existido el sello Pro Pyme, Chile Paga, el Código de Pago Oportuno a mis Proveedores y muchos proyectos apuntando en la misma línea, y, por angas o por mangas, todos han ido quedando en la irrelevancia o en una discusión permanente, nunca resuelta por problemas técnicos.
Debo reconocer que me tocó saber más del articulado porque tuve que remplazar a un Senador que no pudo concurrir a la Comisión de Economía por un período. Pude imponerme a fondo de cómo las políticas públicas, bien o mal diseñadas, son decisivas para la amplitud o estrechez del emprendimiento.
Por eso es que me involucré. Vi cómo podíamos generar certeza en la fecha de pago; prevenir descuentos arbitrarios, que son aquellos que, conforme a volúmenes teóricos, establecimientos, amistades, generan grandes distorsiones finales, y evitar costos financieros a la pequeña y la mediana empresas en cuanto a cobros establecidos respecto de una fecha determinada y que no ocurrían. El reclamo significaba dejar de ser proveedor del comprador, que solía ser muy importante. Este es un problema que parecía insoluble, en un momento dado, porque me daba cuenta de que se mezclaban elementos que al final eran irresistibles.
En consecuencia, valoro y subrayo el esfuerzo hecho en una etapa por la Comisión de Economía del Senado; los aportes, bien importantes, de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y el gran trabajo del Ministro de la Cartera, quien fue decisivo al jugarse por un concepto que resulta muy razonable al considerarlo hoy día, pero que no lo era tanto conforme a una perspectiva en el tiempo, en cuanto a la fijación de treinta días como plazo, término exigente, pero muy determinante a la hora de tomar decisiones.
Respecto del acompañamiento de consecuencias perceptibles a la lógica del pronto pago, la más importante de todas es la invariabilidad de la factura, pero, sobre todo, el hecho de que se empiecen a generar intereses a partir del día número 31, en la generalidad de los casos. Obviamente, no se acarrearía una pérdida patrimonial para el dueño del documento, quien podría incorporarlo al mercado financiero.
De verdad pienso que esta es una gran fórmula. Pudo haber falta de voluntad o dificultades conceptuales para la implementación, pero, desde el punto de vista legal, un plazo de 30 días corridos para el pago efectivo y que no dependa de la mera voluntad del deudor es notablemente relevante cuando se trata de insuflar mecanismos de competencia y transparencia para romper barreras de entrada en un mercado que suele plantear precisamente estos inconvenientes.
¿Dónde se encuentra la clave? En esto último. A mí me ha tocado recientemente participar en algunas reuniones con personas de mi edad -o sea, no tan jóvenes, pero tampoco provectas- que realizan distintas actividades y que han expuesto lo difícil que para la misma generación sería emprender si tuviera treinta años, porque hoy día las barreras de entrada son brutales en materia financiera, de garantías, de seguridad del pago.
Bueno, eso es lo que una sociedad tiene que asumir, escuchar y modificar. Y para eso se requieren proyectos disruptivos en lo positivo y que cambien las reglas del juego. Ello lo hace la iniciativa que nos ocupa y establece nuevos modelos de políticas públicas, los cuales son de sentido común.
Nada me gusta más que las leyes que presentan esta última característica. "¿Sabe, señor? Usted emite una factura y hay un plazo de 30 días". Si no, se caerá en mora, correrán intereses y operará una forma de defender a quien confió en que iban a cancelarle en un momento determinado, y no a 120 o 180 días, so pena de dejar de ser proveedor, que es lo más delicado. Entonces, se contemplan, desde una perspectiva legal, nuevas condiciones de pago que permiten, obviamente, una competencia mucho más leal, lo que es muy importante, a mi juicio.
Adicionalmente, lo del crédito del IVA es toda una modificación. Ojalá se pueda incorporar, porque creo que ahí también está un poco la clave. Lo hemos conversado con distintos medios. Si habrá un efecto en el IVA, ello sería mucho más potente en lo relativo al plazo de pago.
No sé bien qué va a pasar en la Comisión Mixta.
Me acuerdo que cuando me tocó reemplazar en el órgano técnico había problemas complejos respecto del Estado, particularmente en el mundo de la salud y el municipal, donde se registra más retraso. Por lo menos, ahí nos exhibieron una lista bien dramática. Cuando se dice que en un servicio público pagan a dos años, no sé quién, como empresario, puede proveerlo si no cuenta con una "espalda" gigantesca. En la práctica, las opciones se van decidiendo conforme a este último factor y no a las condiciones de mercado existentes en la sociedad.
Así que entiendo que se aprobará la proposición del informe para que en la Comisión Mixta se genere lo necesario.
Pero estimo que hoy día estamos dando un paso decisivo, y quiero subrayarlo. Al final del túnel se ve la luz. Creo que lo hecho por las Comisiones de Economía de ambas ramas del Congreso y el impulso dado por el Ministerio han sido elementos decisivos para poder considerar un antes y un después en el ámbito de la pequeña y la mediana empresas. Y eso no puede ser sino una muy buena noticia.
En consecuencia, votamos a favor con entusiasmo, conforme a la lógica de que pronto vendrán, de verdad, tiempos mejores para muchos pequeños y medianos empresarios que han anhelado una política de este tipo. Me parece que, con el acuerdo de todos -porque es algo transversal-, vamos a llegar a un resultado sumamente positivo.
El señor MONTES (Presidente).- Saludo a la delegación del colegio San Pedro, de Molina, invitada por el Honorable señor Elizalde.
Bienvenida al Senado de la República.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, junto a celebrar la iniciativa, al igual que todos los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, también debemos recordar que ha habido varias sobre el particular, y la verdad es que ninguna ha dado el resultado que hubiéramos querido.
Si las micro y pequeñas empresas son en Chile el ochenta o el noventa por ciento, su aporte al producto interno bruto es bien bajo, respecto de las grandes. Ello se vincula con la competitividad, la cual, como bien lo dijo quien me precedió, no tiene que ver solo con normativas vinculadas al pago, sino también con nuestra capacidad de generar políticas públicas que se hagan cargo de aspectos tales como crédito, infraestructura y capital de trabajo, entre otros.
En este sentido, el capital de trabajo pareciera ser una piedra de tope, entendiendo que, además, a las micro y pequeñas empresas se les aplican las tasas más altas de interés bancario, porque son sujetos de riesgo. Por lo tanto, en caso de que otras empresas estén al debe con ellas, les es mucho más difícil seguir adelante.
¿A qué me refiero, específicamente? Al Estado de Chile, que, a través de Mercado Público, es un gran comprador de productos y servicios. El 90 por ciento de los clientes de ChileCompra hoy día son micro y pequeños empresarios. Son alrededor de 120 mil proveedores. Hay 858 organismos del Estado que les compran. Se generan alrededor de 2 millones de órdenes de compra de municipalidades, servicios públicos, etcétera.
Pero, como todos sabemos -lo dijo el Senador De Urresti hace un rato-, el problema muchas veces no es la falta de liquidez de las instituciones públicas, sino una burocracia que ahoga el pago, y lamentablemente no son solo 30, ni 60, ni 90, sino, a veces hasta 120 días los que los micro y pequeños empresarios deben esperar para obtener la retribución por un trabajo y un servicio que claramente ya está entregado.
En ese contexto, también manifiesto mi interés en que este proyecto involucre algún tipo de sanciones para aquellos servicios públicos que, teniendo disponibilidad presupuestaria, no estén cumpliendo con la normativa. Porque, de no ser así, toda esta legislación no tendría sentido.
Para las pequeñas comunas de regiones como la que yo represento, el municipio, junto con el hospital y los colegios, son los mayores clientes. Por lo tanto, el Estado pasa a ser un dinamizador de la economía local.
En consecuencia, la iniciativa que nos ocupa da en el blanco respecto a una de las grandes problemáticas de liquidez que tienen las micro y pequeñas empresas de comunas donde el número de comerciantes muchas veces no supera los quinientos, como es el caso del 50 por ciento de las que integran la Región de La Araucanía.
Felicito por la iniciativa a los Senadores que la presentaron, y espero que sus disposiciones se hagan realidad, por el bien y la sobrevivencia de muchas pequeñas empresas que, con mucho esfuerzo, todavía mantienen más del 70 por ciento de los empleos del país.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, vamos a aprobar el informe de la Comisión de Economía.
Es importante destacar que este proyecto ha sido largamente discutido y analizado en nuestro Senado, y particularmente en esa Comisión.
Como bien se ha señalado acá, se trata de una moción. Quiero recordar que en su autoría participaron los Senadores Allamand, De Urresti, Moreira, presentes en esta sesión, y los entonces Senadores Tuma y Andrés Zaldívar.
El objetivo del proyecto siempre fue establecer normas especiales en materia de plazos y procedimientos de pago a las micro y pequeñas empresas.
¿Por qué se planteaba esto? Por una razón muy sencilla: las micro y pequeñas empresas siempre enfrentan problemas de financiamiento, siempre están faltas de caja. A ellas les cuesta disponer de los flujos necesarios para desarrollar su actividad, comercializar sus productos y, a la vez, recibir el pago en las fechas en que corresponde, de manera de seguir trabajando, invirtiendo o reinvirtiendo en el giro natural de cada una.
Pero ¿qué pasa? Objetivamente, se produce un abuso manifiesto, sobre todo, por parte de clientes a quienes esas pequeñas y medianas empresas comercializan sus productos, ya que las condiciones de pago siempre resultan leoninas.
En la práctica, esto se transforma en un abuso, porque los clientes de esos pequeños empresarios, lisa y llanamente, les pagan a 45, 60, 90, 120 días, con lo cual utilizan ese crédito en su beneficio, perjudicando a la empresa que les vende o provee de bienes.
Por lo tanto, buscamos establecer una legislación especial, particular, lo que fue muy discutido. En realidad, esta iniciativa tiene sus pros; la idea es muy buena, es positiva; pero su implementación choca con la realidad que rige en el funcionamiento de una economía de libre mercado como la que tenemos, donde se debe garantizar una competencia leal para que no se generen abusos, sobre todo, por parte de empresas en que, en la práctica, el proveedor, más que vender, entrega en concesión sus productos hasta que el distribuidor o el retail o el supermercado, dependiendo del tipo de producto de que se trate, los vende y comercializa.
Esta iniciativa de ley busca que exista un trato justo y que la venta o el servicio prestado se pague lo antes posible.
Es evidente que en una relación comercial las condiciones las fijan tanto el vendedor como el comprador, o el deudor y el acreedor. Y no siempre se pueden establecer obligaciones de contratos, porque eso muchas veces puede perjudicar al propio pequeño empresario o vendedor que, en determinado momento, por razones de competencia, puede encontrarse en condiciones que le permitan otorgarle un tratamiento especial o particular al comprador.
Por lo tanto, no se trata de llegar y establecer una norma que obligue a unos a pagar en determinado tiempo, debido a que lo más probable es que, frente a una obligación de ese tipo, el comprador busque a otro proveedor, dejando sin pan ni pedazo a quien aspira a participar en esos mercados.
En la tramitación del proyecto se ha buscado establecer una norma que obligue a pagar oportunamente a todos los deudores y no solo a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que esto, más que beneficiarlas, provocaría un desincentivo al momento de contratar con ellas. De ahí que se puso especial énfasis en la importancia de legislar con los mismos criterios para todos los deudores.
Los objetivos planteados por el proyecto de ley, como sostuve en un principio, son desincentivar las malas prácticas comerciales que perjudican especialmente a las pequeñas y medianas empresas cuando operan como proveedoras y, además, promover el desarrollo de estas últimas.
La iniciativa contiene algunos puntos fundamentales: fija plazos máximos de pago, considera intereses por mora y establece el derecho de cobrar una comisión fija de recuperación de pagos en función del monto total adeudado, lo que, en la práctica, es una indemnización de perjuicio. También se busca hacer extensiva la obligación de pago oportuno a los organismos públicos regidos por la ley N° 19.886 que contraigan en virtud de la celebración de contratos de suministro o prestación de servicios. Asimismo, se regulan las consecuencias de no pagar oportunamente y se crea la responsabilidad administrativa de los funcionarios que no cumplan con dicha obligación.
Señor Presidente, el proyecto aborda bien el problema, aunque hay cosas que acordar en la Comisión Mixta que se forme al efecto. Pero el mayor drama de los proveedores en nuestro país, en lo relativo a los servicios públicos, se presenta en el ámbito de la salud y de los municipios.
Siempre se sostiene que a la larga el Estado es el peor pagador, por las distintas situaciones que se generan cada vez que un proveedor debe ir y exigir el cumplimiento de los contratos. Hay burocracia, hay endeudamiento endémico en el sector Salud, y lo mismo sucede en los municipios: no hay ninguno que no esté atrasado en los pagos a sus proveedores y, claramente, eso perjudica fuertemente a estos últimos. A veces, los lleva incluso a la quiebra. Y lo mismo ocurre con el sector privado.
Por consiguiente, nos parece que ha habido avances en esta materia y el rechazo que hoy día hace el Senado a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados puede posibilitar alcanzar un acuerdo sobre cómo se va a implementar esta iniciativa de ley, sea en materia de plazos, de gradualidad, sea en los tiempos y formas establecidos para que se cumpla con un pago oportuno. Lo más complicado, sin duda, será establecer obligaciones para que el sector Salud y las municipalidades puedan cumplir con los requerimientos contemplados en esta normativa. Para eso se va a requerir un tiempo de adaptación y de gradualidad, como he dicho, a objeto de que en definitiva, una vez que esté en plena aplicación la ley, ellos puedan también formar parte de un sistema de pago oportuno y justo para los proveedores.
Felicito a quienes han trabajado en esta última etapa en la Comisión de Economía. Entiendo que hay más o menos un punto de acuerdo con el propio equipo del Ministerio de Economía. Y ojalá que en la Comisión Mixta que se conforme una vez rechazadas algunas de estas enmiendas podamos tener un acuerdo que vaya en beneficio de las pequeñas y medianas empresas.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, creo que la finalidad de este proyecto es indiscutible en el sentido de que trata de proteger a las pequeñas y medianas empresas de los posibles abusos de que pueden ser objeto por parte de las empresas más grandes con las cuales contratan. De tal manera que ese propósito está fuera de toda duda.
Pero yo tengo una inquietud que quiero plantear, porque no vaya a ser cosa que con un proyecto que tiene una buena intención generemos una expectativa que después se traduzca en un problema.
No estoy impugnando la iniciativa, sino simplemente planteando una duda. Es la siguiente.
Estoy cierto de que el Estado puede dictar una norma que lo obligue a él y a sus organismos a pagar de una determinada manera los servicios y los contratos que celebre con los particulares. Por tanto, si se considera una disposición que diga que las municipalidades o los organismos deben pagar dentro de tal fecha, pienso que eso es perfectamente posible.
Mi pregunta es: ¿puede el Estado a través de una ley obligar a un particular que está celebrando un contrato de compraventa a que el precio lo pague en un cierto plazo?
Porque, en la Constitución que cada uno de nosotros tiene en sus pupitres se halla establecido un sistema de economía de mercado en que las partes cuentan con la más amplia libertad de contratación. En consecuencia, a mí me parece que una ley no podría obligar a un particular para que en ese contrato de compraventa se estipulara un precio que tuviera que pagarse dentro de un determinado plazo.
Yo planteo esta duda.
Por lo demás, la norma que estamos aprobando va a formar parte de una ley que se refiere a la forma como se transfieren las facturas que están obligados a dar algunos contribuyentes y al modo como esas facturas llegan a tener mérito ejecutivo para su cobro en el evento de que haya un incumplimiento de pago.
Señor Presidente, estoy a favor de este proyecto, pero me parece que aquí tenemos un problema, porque si esta normativa se promulga, los proveedores o los contratantes grandes, en relación con los medianos o con los chicos, pueden decir: "Mire, a mí ninguna ley me puede obligar a pagar dentro de un determinado plazo". Porque esto forma parte de la economía que tiene el país. Me guste o no me guste, está estipulado en la Constitución un cierto orden público económico que señala que las partes tienen la más absoluta libertad para contratar. Por lo tanto, no puede ser obligatoria por ley una cosa que tiene que ver con la voluntad, la autonomía en la libre celebración de los contratos que regula no solo el Código Civil, sino también el Código de Comercio.
Señor Presidente, planteo esa inquietud. Como he dicho, respecto del Estado no tengo ningún inconveniente. Pero, en lo referente a los particulares, me surge esa duda.
--Se aprueba el informe de la Comisión de Economía, que rechaza algunas de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (34 votos afirmativos), y el proyecto pasa a Comisión Mixta.
Votaron las señoras Allende, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
¿Habría acuerdo para que pasen a integrar la Comisión Mixta los miembros de la Comisión de Economía?
Boletín N° 11126-07
El señor MONTES (Presidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua los cuerpos legales que indica en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.126-07 y 11.522-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo principal de esta iniciativa es eliminar los impedimentos que afectan a la mujer cuyo matrimonio ha sido disuelto o declarado nulo y que pretende contraer nuevas nupcias.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Ebensperger y señores De Urresti, Galilea, Harboe y Huenchumilla.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 16 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Ofrezco la palabra al Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, esta iniciativa refunde en un solo texto dos mociones, ya aprobadas por la Cámara de Diputados, que modifican el Código Civil y la ley N° 20.830, que crea el Acuerdo de Unión Civil.
Durante su estudio, la Comisión escuchó a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá, y al Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel, quienes apoyaron este proyecto.
Su propósito es reducir los plazos desde los cuales se presume de derecho la época de la concepción y la paternidad, los que disminuyen de 180 a 168 días cabales. Para lograr ese objetivo se modifican dos normas del Código Civil: por una parte, el artículo 76 (que establece la presunción de fecha en que se produce la concepción de un hijo o hija), y por otra, el artículo 184 (que regula la determinación de la filiación y la presunción de paternidad).
Asimismo, y fundamentalmente, esta iniciativa deroga los artículos 128 y 129 del Código Civil y el artículo 11 de la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil, disposiciones que impiden a las mujeres contraer nuevas nupcias o acuerdos de unión civil antes de cumplirse los 270 días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad del matrimonio o término del acuerdo de unión civil.
Como consecuencia de lo anterior, también se elimina el impedimento de celebrar matrimonios o acuerdos de unión civil que en esta materia se impone a los oficiales del Registro Civil.
Finalmente, se estatuye que, en todos aquellos casos en que la madre celebre matrimonios o acuerdos de unión civil sucesivos, se presumirá vínculo filial con el primer cónyuge o conviviente si el hijo o hija nace dentro de los 300 días contados desde la disolución, separación judicial o expiración, según corresponda, y dentro de los 168 días desde la celebración del segundo. En estos casos se presumirá vínculo filial con el segundo cónyuge o conviviente si el hijo o hija nace después de 168 días de la celebración del segundo.
En la discusión en general de este proyecto, la Comisión escuchó al Ejecutivo, quien se manifestó totalmente de acuerdo con esta, porque busca avanzar hacia una sociedad en la que hombres y mujeres sean reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones.
Asimismo, se tuvo presente que los avances en la medicina permiten determinar la paternidad de un hijo o hija sin tener que recurrir a plazos y presunciones que resultaban atendibles en el siglo antepasado, cuando se aprobó nuestro Código Civil.
Además, se tuvo en cuenta que los artículos 128 del Código Civil y 11 de la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil establecen un impedimento que solo afecta a las mujeres, lo que constituye una discriminación arbitraria y que no se justifica en la actualidad.
Hoy resulta evidente lo inadecuado de las disposiciones previamente citadas, pues se trata de normas claramente discriminatorias en contra de la mujer y cuyo único fundamento es la necesidad de evitar la confusión de paternidades, cuestión que en estos tiempos es prácticamente imposible a la luz de los avances científicos y de las pruebas biológicas que se aplican en nuestro país cuando se requiere de ellas para determinar la filiación de una persona. Me refiero al examen de ADN.
Por estas razones y demás antecedentes que figuran en el informe correspondiente, la Comisión de Constitución acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobar en general el proyecto de ley, sin perjuicio de que durante su discusión particular se introduzcan las enmiendas que sean necesarias.
A continuación, tiene la palabra la Honorable señora Allende. Luego se la ofreceré a la señora Ministra.
El señor PIZARRO.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente? Tengo que asistir a una Subcomisión de Presupuestos que empezaba a funcionar a las 5. Y me interesa aprobar este proyecto. ¿Es posible?
El señor MONTES (Presidente).- Sí. ¡Nos interesa mucho conocer su punto de vista y su experiencia en esta materia...!
El señor PIZARRO.- Solamente quiero votar, señor Presidente, ¡aunque sé que usted está muy preocupado porque se encuentra por tercera o cuarta vez en una situación como la que aborda el proyecto...!
El señor MONTES (Presidente).- Por lo tanto, en votación la idea de legislar.
El señor MONTES (Presidente).- Le voy a dar la palabra a la Senadora señora Allende, quien también nos puede ilustrar con su sabiduría en esta materia.
La señora ALLENDE.- ¡Absolutamente! ¡Tengo amplia experiencia...!
Señor Presidente, junto con saludar a la señora Ministra, que nos acompaña, me parece muy importante que el Gobierno comparta el espíritu de la iniciativa que se somete a nuestra consideración, la que nace de dos mociones diferentes. Una la presentaron los Diputados Matías Walker y Nicolás Monckeberg (hoy Ministro), y la otra las Diputadas Cariola, Fernández y Vallejo, la ex Diputada Pascal y los Diputados Gutiérrez, Jackson y Teillier y los ex Diputados Aguiló, Andrade y Carmona.
Como ya explicó el Presidente de la Comisión de Constitución, el proyecto tiene por objeto modificar los artículos 128 y 129 del Código Civil.
En primer lugar, quiero señalar que conseguir una ley de divorcio para Chile fue una larguísima tarea. Quienes fuimos autores de la moción (diez Diputados de la época) fuimos acusados de divorcistas, antifamilia, etcétera, etcétera. Hubo una enorme cantidad de calificativos insólitos. Cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta de que contar con una legislación que permitiera el divorcio con disolución de vínculo -nuestro país fue prácticamente el último en tener una ley sobre la materia- vino a facilitarles la vida a muchas parejas que finalmente pudieron regularizar su vida, dejando de lado la ficción de las nulidades a la cual hizo referencia el señor Presidente. Y reconocemos que sí, que efectivamente no había otro camino, en su momento, que recurrir a la nulidad como forma para disolver el vínculo y contraer nuevamente matrimonio.
Pese a todo lo anterior, hoy siguen vigentes los artículos 128 y 129 del Código Civil, el primero de los cuales dispone que, "Cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto, o (no habiendo señales de preñez) antes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad".
Se trata de una disposición que tiene más de 150 años y que claramente tenía la intención de aclarar la identidad y la paternidad de un hijo. Data de la mitad del siglo XIX. Y resulta insólito que a estas alturas todavía existan normas como esta, que no solo constituyen rezagos, sino que además atentan contra el trato igualitario que merecemos las mujeres. ¡Es de una absoluta y total discriminación hacia las mujeres! Un hombre, una vez que se declara la nulidad de su matrimonio, puede casarse al día siguiente si lo quiere.
¡Así es como está concebido el sistema!
Aquello no solo es una discriminación contra las mujeres; significa también no entender que hoy es posible confirmar la paternidad, con un 99 por ciento de certeza, a través de la prueba de ADN, lo que elimina cualquier eventual incertidumbre.
Por lo tanto, reitero mis felicitaciones al Gobierno, representado por la señora Ministra, por haber patrocinado las mociones para modificar una situación que no tiene ningún sentido y que además transgrede una serie de principios y normas internacionales. Por ejemplo, el principio constitucional de igualdad ante la ley de hombres y mujeres y la Convención CEDAW. Por cierto, en la nueva Comisión de Igualdad de Género hemos pedido tratar este instrumento, que el Parlamento se ha negado a aprobar. Llevamos casi veinte años, si no me equivoco, esperando su tramitación. Y lo lamento profundamente, porque debió haber sido enviada a esa Comisión, donde estoy segura de que hubiese comenzado a discutirse con bastante celeridad.
La CEDAW declara que es discriminatoria toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar los derechos de las mujeres sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer.
Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su artículo 16, que los hombres y las mujeres "disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio".
Por eso, señor Presidente, es un gran paso que finalmente eliminemos, como lo propone este proyecto de ley, los artículos 128 y 129 del Código Civil.
Es más, estas normas no solo impedían a la mujer contraer matrimonio y la obligaban a esperar 270 días para evitar, como ya hemos indicado, dudas respecto de la paternidad de un hijo, sino que incluso, si no quería quedar sujeta a esta prohibición, no le bastaba acreditar ante el Registro Civil que no estaba embarazada: además debía solicitar autorización judicial, debiendo para ello contratar, obviamente, asesoría jurídica y esperar los resultados de dicha gestión, lo cual implica un menoscabo, una discriminación, perturbaciones psicológicas y gastos.
Por eso, señor Presidente, ya es hora de terminar con este tipo de discriminaciones.
Hoy, en la Comisión de Igualdad de Género hemos aprobado la idea de legislar respecto de una iniciativa que busca erradicar el acoso callejero. Tenemos un compromiso con la agenda de género, en la cual se avanzó en el Gobierno anterior y que esperamos que el actual siga impulsando, para terminar con situaciones odiosas que no tienen ninguna justificación y que lo único que logran es menoscabar a la mujer y no darle verdadera igualdad de oportunidades.
Por consiguiente, hago un llamado a la Sala para rápidamente dar curso, tramitar y acabar con normas que no tienen ninguna justificación en los tiempos actuales. Así que deben derogarse los artículos 128 y 129 del Código Civil, porque son completamente innecesarios, incluyendo la sanción para el oficial del Registro Civil que permita el matrimonio de una mujer en las condiciones descritas.
Además de toda la discriminación, también se presume, en el fondo, que la mujer desea engañar. La hipótesis parte de la base de un eventual engaño suyo frente a una supuesta dificultad para identificar la paternidad de un hijo.
Por todas estas razones, señor Presidente, voy a votar a favor, haciendo un llamado a todos mis colegas para avanzar en legislaciones de este tipo, de modo que las mujeres nunca más tengamos que sufrir humillaciones como las que aún persisten en un Código Civil de más de 150 años.
El señor MONTES (Presidente).- Saludo al club del adulto mayor Villa Jamaica, de La Cruz, que nos visita en este Congreso Nacional.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, informe que se va a constituir la Comisión del Adulto Mayor.
El señor MONTES (Presidente).- El Senador Sandoval me pide que les informe que se va a constituir la Comisión del Adulto Mayor en el Senado.
El señor MONTES (Presidente).- ¡Hay varios que son incumbentes y están inhabilitados...!
El señor MONTES (Presidente).- A continuación, tiene la palabra la señora Ministra.
Esta es una de las iniciativas que estaban contempladas en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y, tal como lo han indicado el Senador Huenchumilla y la Senadora Isabel Allende, tiene por objeto derogar una de las discriminaciones más simbólicas que conserva nuestra legislación, por cuanto dispone una responsabilidad únicamente sobre la mujer, fundada en la duda respecto de la filiación de un hijo frente a un eventual embarazo.
El proyecto, básicamente, suprime el impedimento para contraer segundas nupcias que pesa solo sobre las mujeres que están embarazadas o, no habiendo señales de embarazo, antes de que se cumplan los 270 días desde la disolución del vínculo anterior, ya sea por nulidad matrimonial, por sentencia de divorcio o por viudez.
La iniciativa contempla también una nueva presunción de paternidad para solucionar eventuales problemas de confusión en caso de matrimonios sucesivos. Para esto, establece un nuevo artículo 184 bis en el Código Civil. Es bien importante este punto, que fue resuelto a través de una indicación de varios Diputados, en el primer trámite constitucional, la cual pretende resguardar que todos los niños y niñas nazcan en Chile con los derechos que derivan de una filiación ya reconocida, aun cuando esta pueda ser luego objeto de una reclamación en un juicio de paternidad.
Asimismo, el proyecto suprime el impedimento de siguientes nupcias para el caso de la mujer que quiera contraer matrimonio luego de haber expirado el acuerdo de unión civil mediante la derogación del artículo 11 de la ley Nº 20.830, que creó el Acuerdo de Unión Civil.
Finalmente, se reduce el plazo mínimo para la presunción de la fecha de la concepción que contempla el artículo 76 del Código Civil, de 180 a 168 días.
Esta es una iniciativa que refunde mociones de Diputados de Chile Vamos, de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio. Lo menciono porque, justamente por la evidente discriminación arbitraria que plantea el impedimento para las mujeres, el texto fue aprobado por unanimidad hace dos meses, en su primer trámite constitucional, en la Cámara de Diputados. Nos parece un dato relevante de resaltar.
Estamos frente a un proyecto de ley que está fundado en la igualdad ante la ley que nuestra Constitución garantiza a todas las personas.
Y también está fundado -es bien importante tenerlo presente por si aún pudiera haber alguna duda- en la práctica, toda vez que, en el evento de que existiera confusión de la paternidad -que por supuesto podría darse-, se aplicaría la prueba biológica, vigente en nuestro país desde hace 20 años y regulada por la ley Nº 19.585, que consagró la libertad de investigación de la filiación, cuyo resultado es irrefutable en prácticamente el 99 por ciento de los casos.
Señor Presidente, además de la desigualdad ante la ley que implica y su inutilidad práctica, ya mencionadas por la Senadora Isabel Allende, estamos frente a una norma que de frentón ofende a las mujeres, porque presume que hay engaño o mala fe al momento de contraer un segundo matrimonio.
Como Gobierno, y especialmente como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, asumimos un compromiso sólido no solo con la agenda de equidad de género, con las políticas públicas que se vienen implementando sobre la materia desde hace muchos años y con otras a través de las cuales estamos innovando en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sino también para cerrar todas las brechas que nuestra legislación todavía conserva y que lesionan la dignidad de las mujeres. Nos parece algo muy central. Pueden ser normas muy breves en su letra, pero muy profundas y muy simbólicas para las chilenas.
Desde ya, agradecemos el respaldo que las Senadoras y los Senadores le den a esta iniciativa, que a nuestro juicio constituye una importante señal. Hay mociones que se remontan a por lo menos 24 o 25 años en la Cámara de Diputados y en el Senado y nos parece que ha llegado el momento de terminar con disposiciones que no tienen ninguna justificación ni desde el punto de vista constitucional ni desde el punto de vista práctico.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A usted, señora Ministra.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, solo deseo reafirmar lo que ya han señalado los colegas y la señora Ministra en cuanto a que estamos ante una norma del Código Civil -creo que debe de haber nacido con Andrés Bello y tener cerca de 200 años- absolutamente anacrónica y discriminatoria.
Por eso, me alegro mucho de que dos mociones presentadas hace bastante tiempo se hayan podido refundir y el pleno de la Cámara de Diputados les haya dado luz verde por 144 votos a favor.
Además de anacrónicas, estamos frente a disposiciones profundamente discriminatorias al pretender que no exista perjuicio para el marido, garantizando que la novia, al casarse en segundas nupcias, no está embarazada. Se trata, pues, de resguardar la dignidad de los varones. Por eso son absolutamente discriminatorias y dañan la dignidad de las mujeres.
Fuera de lo anterior, no están a tono con los tiempos. Hoy, avanzado el siglo XXI, existiendo el examen de ADN y una serie de adelantos científicos y tecnológicos, no tiene ningún sentido tratar de evitar la confusión de paternidades a través de estas normas.
Por eso, señor Presidente, me alegra mucho su derogación y espero que aprobemos en general el proyecto, esperando que las indicaciones nos permitan avanzar muy rápidamente. Resulta hasta bochornoso tener que tramitar la eliminación de normas que discriminan tan profundamente a las mujeres y que datan de hace 200 años. Y quizás más bochornoso sería saber que ellas son aplicadas por los jueces. Habría que investigarlo. Porque está bien que aún existan, pero sería más bochornoso que ellos no reflexionaran acerca de lo anacrónicas y profundamente discriminatorias que resultan dichas disposiciones.
Sería bueno enviar una señal a los tribunales y al servicio encargado de realizar los matrimonios, ya que lo establecido, de verdad, no tiene ningún sentido. La existencia de los artículos 128 y 129 del Código Civil, dentro de una república que ya tiene más de 200 años y avanzado el siglo XXI, con todas las innovaciones científicas y tecnológicas como el examen de ADN, para evitar un perjuicio a los varones y poniendo en duda que cuando una mujer se casa lo hace libre de cualquier sospecha sobre la paternidad de su hijo, resulta bochornosa.
Por eso, señor Presidente, votaré a favor, confiando en que podamos tramitar rápido el proyecto y tener la ley promulgada a la brevedad.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, ciertamente, voy a aprobar la idea de legislar.
La única razón por la cual pedí la palabra es porque creo que nos ha tomado muchos años, no digo ir "desmantelando", porque tal vez es una expresión fea, pero sí ir poniendo al día nuestro ordenamiento jurídico para erradicar discriminaciones que tenemos desde muy antiguo en nuestro Código Civil y en nuestro Código Penal.
Me parece que la Senadora Allende y la Ministra Plá hicieron referencia a que las legislaciones en Chile tenían una mirada distinta respecto a las facultades y derechos que se le otorgaban a la mujer casada en materia de administración de bienes. No olvidemos que existía la potestad marital, por lo que la mujer, una vez casada, quedaba completamente incapacitada para administrar sus bienes. La separación de bienes en el Código Civil, tal como la conocemos ahora, data de mediados de la década de los cuarenta. Y la mujer tampoco tenía derecho a voto.
Eso era lo que existía. Y este proyecto, que cambia algunas normas, viene a hacerse cargo de algo que también era muy injusto, que tal vez tenía una explicación en la época, que era el "plazo de viudez", llamado así aunque la mujer no hubiera enviudado.
En definitiva, a la mujer se le impedía contraer matrimonio hasta los doscientos setenta días siguientes al fallecimiento del marido. ¿Por qué? Porque en el Código se establecía que un hijo nacido dentro del nuevo matrimonio se reputaba de pleno derecho concebido dentro de él.
Entonces, se contemplaban esos plazos de viudez bajo el concepto de que la viuda no podía contraer matrimonio inmediatamente, porque si nacía un hijo en segundas nupcias necesariamente se reputaría que era del nuevo marido.
Señalo todo esto para explicar que ese evidente grado de discriminación habrá de ser considerado dentro de algún contexto, pero que hoy día no se justifica de ninguna manera.
De forma un poco coloquial, el artículo 102 establecía que en el matrimonio los cónyuges se debían fidelidad. Pues bien, la infidelidad estaba sancionada como delito: el adulterio. Pero la forma en que se caracterizaba y se tipificaba para el varón era completamente distinta que para la mujer casada, al punto que en el caso de esta bastaba con tener una relación con alguien que no fuera su marido para que se configurara el delito. Y respecto al varón con quien ella cometía la infidelidad, ese hombre cometía adulterio en la medida que supiera que era casada. ¡Si no lo sabía no cometía delito!
Además, en el caso del marido, según el Código Penal, el adulterio se cometía -como bien me acota la Senadora Muñoz- solamente cuando tuviera manceba en el hogar o yaciera con otra mujer fuera del matrimonio. ¡Sin embargo, ello debía ser con escándalo, porque si no era con escándalo tampoco cometía adulterio!
Me podrán explicar que esto obedece al contexto histórico, y lo entiendo. Pero en cuanto a la norma del plazo de viudez, nos hemos retrasado en unos 15 a 20 años para eliminarla. Y no solo por la existencia del examen de ADN. Habría que haberla eliminado antes, porque no se aplicaba respecto al marido.
Entonces, solamente traté de dar un contexto histórico, y decir que apruebo esto con muchas ganas.
Para aquellos que estudiamos Derecho en la Universidad de Chile estos eran temas recurrentes, que pasaban medio colados. Algunos comentábamos "qué injusto", pero ahí quedábamos.
Yo estudié el año 1982, una época donde era poco lo que se podía hablar con el Poder Legislativo, que estaba bastante más restringido que ahora. Pero, bueno, hoy día tenemos el Parlamento.
Por tanto, concurro humilde y modestamente con mi voto favorable a este proyecto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Gobierno nos presenta un texto que comprende a dos proyectos refundidos. Y por lo menos tengo claridad sobre el primero, que pertenece al ex Diputado Nicolás Monckeberg, actual Ministro del Trabajo, y al Diputado Matías Walker. Fue ingresado el 2 de marzo del 2017, y busca derogar los artículos 128 y 129 del Código Civil.
A nuestro juicio, ello resulta incompleto, toda vez que el artículo 130 contemplaba también, a propósito de este impedimento, restricciones.
Es por eso que el 10 de julio del 2017 ingresé una nueva iniciativa al Senado, que pasó a la Comisión de Constitución, que se ha convertido en el cementerio de los proyectos de ley iniciados en mociones, porque vaya que resulta difícil que entre cuatrocientas iniciativas los proyectos de los Senadores puedan tener acogida, a pesar de contar con un brillante y extraordinario Presidente, el Senador Huenchumilla.
Reiteradamente, por mucho tiempo, insistimos para que esta iniciativa de ley (ingresada el 10 de julio del 2017), que es más completa que el proyecto de los Diputados Monckeberg y Walker, porque este no suprimía el artículo 130 del Código Civil, fuera revisada.
Muy bien, ha llegado una iniciativa refundida que ignora las iniciativas presentadas por el Senado.
Esto debiera ser parte de un proceso interno, a fin de ordenar el debate, porque hoy día el Gobierno nos lleva a seguir manteniendo la figura de los días.
Señor Presidente, a mi juicio, habría que derogar los tres artículos del Código de Bello que he señalado (así se acabaría el tema de los días), y establecer claramente el examen de ADN como una norma única. De lo contrario, alguien tendrá que tomar el calendario y empezar a contar los días.
No estuve presente durante la intervención del Ejecutivo, pero está claro que mantener los ciento sesenta y ocho días cabales se presta para confusiones.
¿Qué significa "cabales"? ¿Un día? ¿Veinticuatro horas?
¿Qué día se tomará como inicio de la "separación cabal"? ¿O sea, en cuyo período no hay unión carnal?
Entonces, la separación por "ciento sesenta y ocho días cabales" solo se va a prestar para dudas permanentes. Por lo tanto, yo apelo y abogo por la actualización del Código, que significa derogar los artículos 128, 129 y 130, y eliminar la figura de los "días cabales".
En este sentido, el artículo 184 bis nuevamente huele a salones coloniales, pues dice: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 188, en todos aquellos casos en que la madre celebre matrimonios o acuerdos de unión civil sucesivos, se presumirá vínculo filial con el primer cónyuge o conviviente si el hijo nace dentro de los trescientos días contados desde la disolución, separación judicial o expiración", ¡como si no pudiera haber unión carnal después de la separación de ese tipo...!
Señor Presidente, esta es una mera fantasía, porque estos instrumentos legales respecto de la disolución, separación judicial o expiración nada hablan de la reconciliación, nada hablan de la posibilidad de yacer, independientemente de estas figuras legales.
El único elemento que puede determinar la paternidad es el examen de ADN.
Si nosotros mantenemos una precisión de días, la verdad es que estamos poniendo dos alternativas para probar la paternidad o el vínculo filial, y solo una se basa en la ciencia, que es la prueba que exigen los tribunales.
No sé si los tribunales exigirán la norma de contabilizar "los trescientos días contados desde la disolución, separación judicial o expiración", según corresponda dentro de los ciento sesenta y ocho días después de la celebración del segundo vínculo.
En consecuencia, voy a apelar a través de una indicación para la derogación del artículo 130 y la eliminación del conteo de calendario para establecer la paternidad o la filiación.
Está claro que actualmente ningún juez va a decir: "Usted demuéstreme que a partir de la disolución del vínculo va a contar trescientos días para saber".
¡Eso no es prueba de nada a estas alturas, señor Presidente!
¡No prueba si ha habido unión carnal para la procreación de un hijo!
¡Lo único que establece la paternidad de manera certera y clara es el examen de ADN!
Si introducimos esto estaremos incorporando el uso de un calendario para probar la paternidad. Todo indica que eso era posible cuando se hizo el Código de Bello, pero no en nuestros tiempos.
Lo que sucede es que a muchos penalistas no les gusta la modernización del Código Civil, y quieren mantenerse apegados a la tradición.
Pero está claro, señor Presidente, que hay artículos como estos que no tienen cabida en un sistema judicial que ya no apela a esta norma. Salvo que los abogados presentes me dijeran que efectivamente todavía se puede recurrir a las disposiciones del Código Civil para la demostración del vínculo filial.
Yo siento que no, que la exigencia de los tribunales respecto a la paternidad se hace con la prueba de ADN. Y esta prueba opera en doble sentido: cuando el marido se la exige a la mujer o cuando la mujer se la exige al marido, independientemente del sexo.
Opera para la ratificación del vínculo, y hay procesos judiciales que así lo demuestran, algunos muy famosos, de animadores de televisión, o de quienes no apelaron a los trescientos días porque ya había pasado bastante tiempo desde la procreación del hijo cuya paternidad era reclamada, o si el reconocimiento era reclamado por el hijo.
Entonces, yo espero que definitivamente podamos lograr una actualización definitiva del Código Civil, en que la figura del conteo de calendario no sea la que determine el vínculo filial ni nada que tenga que ver con la paternidad.
Y apelo, señor Presidente, a que el proyecto de ley que trabajamos arduamente con mi equipo jurídico, que eliminaba los tres artículos del Código Civil, 128, 129 y 130, sea el que se aplique y que no nos compliquemos la vida con el conteo de calendario.
Tal vez para algunos el método de abstinencia con el calendario en la mano sea mucho mejor que el condón u otro método anticonceptivo. Pero, a estas alturas, seguir con el calendario para demostrar la paternidad solo nos retrotrae a tiempos pasados y complejiza más la tarea judicial.
¡Simplifiquemos la tarea judicial!
¡Simplifiquemos el sentido de la verdad, porque el conteo natural, de calendario, no garantiza absolutamente nada!
Voy a hacer presente lo antes señalado a través de indicaciones, ya que el actual Ejecutivo y el anterior no han tenido la delicadeza de admitir si otras normas, presentadas por los parlamentarios, son mejores que las incorporadas por el Gobierno, y a veces los regalones son colocados en primera instancia.
No es la primera vez que me pasa, señor Presidente, que, luego de haber trabajado con ardor en una iniciativa, no conseguimos que se discuta por ser minoría en este Senado, pues las bancadas mayoritarias del duopolio al interior de esta Corporación son potentes y siempre operan para favorecer determinadas iniciativas.
Espero que esto sirva de lección, que nos respetemos mutuamente. ¡Valoricemos el trabajo de los propios Senadores! Para eso nos pagan y nos ponen asesores: ¡para elaborar proyectos de ley!
Ojalá que el Gobierno entienda que debe hacer una revisión exhaustiva de las iniciativas que se tramitan al interior del Congreso a fin de que, cuando se refundan, no solo se recojan las presentadas por sus regalones o sus amigos, sino el conjunto de las ingresadas por los Senadores, pues ello posibilitará valorizar su trabajo.
Por cierto, creo que en este caso -si no, abramos el debate- el proyecto de mi autoría resolvía el problema de fondo y no incorporaba más dudas, más incertidumbre, como hace la iniciativa del Gobierno.
Por eso me voy a abstener, aun cuando comparto la idea matriz.
Creo que el texto que se somete a nuestra consideración no es el más apropiado y, por ello, quiero dejar constancia de la presentación de mi proyecto y de sus contenidos, que he tenido a bien expresar en esta intervención.
El Senado tiene la oportunidad de clarificar una situación que se ha arrastrado durante siglos -no días ni años: ¡siglos!- y ojalá lo podamos hacer bien.
Por lo anterior, espero poder debatir en la Comisión respectiva los alcances de esta iniciativa, que tal vez ignoro en mi condición de no abogado, en torno a la mejor fórmula jurídica para resolver este tema.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, no sé si necesariamente la palabra adecuada sea "alegría" frente a este proyecto de ley, pues más bien pienso en cuánto ha tardado la justicia. Porque en el mundo y en el país en que vivimos, en el cual hacemos un esfuerzo cotidiano por aportar lo mejor de cada una de nosotras, resulta claramente doloroso reconocer que Chile no es todo lo justo y lo equitativo que las mujeres quisiéramos.
¡Hay desigualdad de oportunidades en el acceso al mundo laboral!
¡Hay desigualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso a remuneraciones justas!
Hace pocas sesiones la Ministra de la Mujer nos señalaba en la Comisión Especial de Equidad de Género del Senado la manera en que Chile ha ido avanzando en la disminución de ciertas brechas entre hombres y mujeres, como el acceso a la educación.
Sin embargo, las brechas que existen para las mujeres siguen representando una situación dramática: a igual nivel de estudios, a igual trabajo, las remuneraciones no son las mismas.
Tenemos una desigualdad enorme en la carga de trabajo al interior de las propias familias.
Tenemos dificultades en el acceso a espacios de liderazgo en la política.
Recordaba el Senador Lagos Weber cuánto les costó a las generaciones anteriores conquistar el derecho a voto y cuánto nos ha costado a nosotras conquistar el derecho a ser elegidas.
Cuando discutimos en el Parlamento -en ese entonces yo era Diputada- la Ley de Cuotas para asegurar la integración de un número determinado de mujeres en las listas para las próximas elecciones, qué fácil era encontrar a muchos de nuestros compañeros varones diciendo: "¡Esto es una locura! ¡Jamás vamos a encontrar mujeres para llenar los cupos!".
Sin embargo, hoy día vemos cómo, a partir de esa iniciativa, hay nuevas y buenas mujeres aportando en estos espacios en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, frente a la tramitación de este proyecto de ley, no puedo más que reafirmar lo complejo y lo difícil que es para las mujeres recibir un trato justo en nuestra sociedad.
Y lo digo, señor Presidente, porque todavía hay numerosas mujeres que, a pesar de ser mayores, van a pedir un certificado al Registro Civil y se encuentran con la siguiente frase a partir de la descripción de sus datos personales: "Trabajo: labores propias del sexo".
¡Y eso les ocurre a muchas mujeres de una edad mayor simplemente por el hecho de ser mujeres!
En consecuencia, creemos que también es importante que con esta iniciativa eliminemos ciertas barreras de discriminación, pues su objetivo es avanzar un poco en justicia para las mujeres. Porque si nosotros entendemos que contraer matrimonio es un derecho, no puede haber uno que sea objeto de una condición diferente, tal como la ley vigente les impone a las mujeres en el caso de las segundas oportunidades.
Señor Presidente, yo soy casada y he tenido una sola oportunidad. Pero hay otras mujeres que han buscado y tenido una segunda posibilidad que no pueden estar sujetas a una discriminación como la que les impone la actual legislación.
Voy a concurrir con mi voto favorable a la aprobación de la iniciativa en debate, manifestando que nos queda bastante camino por avanzar para hacer realidad que lo mejor que cada una de nosotras aporta a la construcción de nuestra sociedad sea también reconocido en justicia y de la misma forma que los aportes de los hombres.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, claramente las mujeres no somos una minoría, sino que representamos a la mitad de la población. Y a lo largo de nuestra historia hemos tenido mucho camino que recorrer.
El derecho a la educación lo alcanzamos a través de la promulgación del Decreto Amunátegui en 1877, que fue el instrumento legal a través del cual se abrieron las puertas de la universidad a las mujeres.
El reconocimiento de nuestra ciudadanía solo fue posible a partir del trabajo mancomunado de organizaciones feministas y movimientos de mujeres que exigieron igualdad de derechos, tras lo cual finalmente se establecieron las condiciones necesarias para que se promulgara la ley que autorizó el voto político amplio para las mujeres en 1949.
Y hay un hecho más reciente: el derecho al reconocimiento de nuestros hijos e hijas en igualdad de condiciones mediante la Ley de Filiación de 1998, cuerpo legal que hoy día cumple veinte años desde su promulgación y que puso fin a la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos, como si la maternidad tuviera dos caras.
Cito estos ejemplos, porque obviamente los desafíos de hoy no son los de ayer.
Hoy día tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento del Informe de Género, Educación y Trabajo, de Comunidad Mujer, a partir del cual queda claro que hemos conseguido una serie de avances, sobre todo en temas legales.
Sin embargo, todavía hay muchos contrastes y nuevos desafíos.
Por ello, para empezar a abordar los desafíos en materia de equidad de género de cara al siglo XXI, lo primero que tenemos que hacer es enviar a la papelera de reciclaje determinados preceptos legales como el que modifica el presente proyecto con el objeto de suprimir el impedimento de segundas nupcias para las mujeres, precisamente porque se trata de normas discriminatorias y anacrónicas.
La iniciativa que se ha presentado tiene por finalidad eliminar una figura que condiciona la calidad de vida de las mujeres y la imagen de ellas en Chile.
Por las razones señaladas, concurriré con mi voto favorable a la idea de legislar.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto relevante.
Lo vimos cuando en plena campaña presidencial fue anunciado dentro del Programa de Gobierno presentado por el Presidente Piñera. Además, cuando el 23 de mayo del año en curso se dio a conocer al país la Agenda Mujer, el mismo Primer Mandatario recordó que dentro de aquella se incluiría una materia que estaba en su Programa: la iniciativa de ley que hoy día estamos discutiendo y votando.
Por lo tanto, me parece conveniente relevar hoy día la decisión política que se ha tomado para avanzar en esta materia, puesto que si nos encontramos en esta discusión es porque alguien tuvo la iniciativa política de impulsarla.
Asimismo, la Ministra Isabel Plá ha trabajado intensamente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para que la decisión política del Presidente de la República tenga una expresión el día de hoy.
Ojalá la presente iniciativa reciba un respaldo político importante, para decirle al país que estamos dispuestos a trabajar intensamente en superar todas aquellas materias en que se discrimina a la mujer.
Todos debemos hacer ese esfuerzo, el conjunto de la sociedad, a través de disposiciones claras, de normas de transparencia, de indicaciones relevantes, pero, sobre todo, con la voluntad política de avanzar sin ningún distingo con el objeto de despejar de nuestro ordenamiento jurídico todas las normas que le impidan a la mujer alcanzar la igualdad frente al hombre.
Tenemos muchos desafíos por delante, pues hay muchas dificultades que no están resueltas.
Esperamos que el país se desarrolle y progrese para que exista igualdad de remuneraciones, igualdad de oportunidades en el mundo laboral, igualdad de oportunidades en el ámbito académico, igualdad de oportunidades sin importar si la mujer vive en un sector rural o en uno urbano, o si reside en provincia o en la Capital.
Son tantos los desafíos por enfrentar y superar que me alegra que se haya propuesto esta enmienda concreta, específica, que busca eliminar una discriminación, una desigualdad de nuestro Código Civil. Es lo que hoy día estamos haciendo.
Quiero hacerme cargo, sí, de lo que planteó el Senador señor Navarro con relación al artículo 130 del referido cuerpo legal. Él habría presentado un proyecto para derogar dicha disposición y el actual Gobierno -según él- no lo habría apoyado ni asumido como propio.
Deseo decirle al señor Senador que debiera tener una mayor coordinación con sus compañeros de ruta, porque esa misma propuesta se discutió en la Cámara de Diputados y fue el Diputado comunista Guillermo Teillier, con quien usted parece que conversa asiduamente, quien presentó una indicación para mantener el referido precepto.
La razón es muy simple: no solo está lo relativo al impedimento para las segundas nupcias, sino también otros derechos que uno debe proteger.
Uno de esos derechos es garantizar que no exista confusión de paternidad respecto del niño recién nacido. Eso es lo que resguarda el artículo 130, específicamente su inciso primero. La iniciativa que nos ocupa solo deroga el segundo. Si elimináramos todo el precepto, sin duda estaríamos cometiendo un hecho injusto con ese niño o esa niña que nace, existiendo confusión de paternidad.
Tal como plantea el colega Navarro, el mecanismo biológico, el examen de ADN, tiene que ser realizado por orden judicial. Por tanto, implica un período de incertidumbre, etapa que dejaría a ese recién nacido sin derecho a alimentos, sin derecho al cuidado personal.
En consecuencia, es dable que esa disposición legal se mantenga. Hay que considerar cuál es el bien jurídico que queremos proteger.
Por lo mismo, espero que el señor Senador cambie su abstención por un voto a favor. La explicación es la que acabo de entregar.
Puede consultar al Diputado Teillier, con quien -reitero- creo que usted conversa asiduamente.
El presente proyecto recoge no solamente la decisión política del Presidente Piñera, sino también el trabajo de varios parlamentarios -como lo ha refrendado aquí la Ministra señora Plá-, de distintos colores políticos, todos los cuales han contribuido a que hoy día aprobemos esta iniciativa, ojalá unánimemente.
Sin duda, este es un avance para el país.
Puede que nos hayamos demorado, pero al final se manifestó una voluntad política para dar este paso.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, me parece muy importante este proyecto de ley que hoy día estamos votando, porque, en alguna medida, constituye un paso más para eliminar la permanente discriminación que existe respecto de las mujeres.
En el siglo XIX, cuando se dictó nuestro Código Civil, los medios de que disponía la ciencia para determinar la paternidad eran completamente distintos de los que existen hoy, razón por la cual entonces se estableció una norma de presunción de paternidad cuando había matrimonio. Hablo de los hijos concebidos dentro del vínculo matrimonial.
Muchas normas del Código Civil originario, a la luz del siglo XXI, parecen absurdas. Establecían discriminaciones francamente inaceptables contra las mujeres.
Tales disposiciones, dados los avances de la ciencia, no tienen sentido. De ahí la necesidad de actualizar nuestra legislación a los tiempos modernos. Es un paso civilizatorio fundamental para que la forma como está regulada esta materia no establezca un distingo entre hombres y mujeres. Ello, por cierto, sin dejar de fijar normas adecuadas para determinar la filiación de los hijos.
Ha habido reformas importantes en este ámbito, pero esta es una de las que estaban pendientes. Por eso es necesario aprobar esta iniciativa, independiente de que sea perfectible en su debate en particular.
Si queremos construir una sociedad sin discriminaciones, debemos establecer un marco jurídico que garantice que el modo en que se regule a los hombres y a las mujeres sea el mismo.
Y hay que aprovechar, obviamente, los avances de la ciencia en esta materia para evitar discriminaciones que, a la luz de los tiempos modernos, parecen, francamente, absurdas y anacrónicas.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, voy a votar afirmativamente. Es claro todo lo que han dicho.
Pero quiero leer un texto que encontramos sobre la historia.
Dice: "La extensión del voto a las mujeres fue motivo de debate desde la década de 1920. Sin embargo, la oposición de los partidos anticlericales y de izquierda, debido a la tendencia conservadora del electorado femenino, retardó por varias décadas más la concesión de ese derecho. En 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales, y recién en 1949 se concedió el derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias.".
¡Tómense esa los de enfrente...!
El señor NAVARRO.- ¿De Wikipedia...?
El señor ELIZALDE.- ¡Eso es mentira! ¡Absolutamente falso!
¡Es lo que podríamos denominar "posverdad histórica"!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se agradece el aporte "histórico".
--Se aprueba el proyecto en general (28 votos) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 12 de noviembre.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, García-Huidobro, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, dado el quorum que requiere el siguiente proyecto de la tabla, sugiero tratar a continuación la iniciativa signada con el número 4 del Orden del Día.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para eximir a los vehículos de los Cuerpos de Bomberos y otros vehículos de emergencia del cumplimiento de las condiciones técnicas que indica, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Su principal objetivo es modificar la Ley de Tránsito, a fin de adecuar las exigencias legales relativas a las características técnicas y pesos máximos permitidos respecto de los vehículos pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos, en consideración, al menos, a la necesidad de la apropiada y oportuna intervención en el auxilio de incendios y otros siniestros en los que deben participar, atendiendo, asimismo, a sus especiales características funcionales y a su flujo de circulación.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja constancia de que acordó proponer a la Sala discutir solo en general este proyecto de ley, no obstante ser de artículo único.
Aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Navarro, Chahuán, García-Huidobro y Letelier.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 17 y 18 del primer informe de la Comisión.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación de inmediato y se llamará a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que están en las distintas Subcomisiones de Presupuestos.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que presido, acogió en general este proyecto de ley, originado en moción de los Diputados señora Carvajal y señores Berger, Bobadilla, Galleguillos, Mellado, Monsalve, Ortiz, Rathgeb, Santana y Vidal, todos integrantes de la Comisión permanente de Bomberos de la Cámara Baja.
El objetivo de la iniciativa es eximir de la revisión técnica a los vehículos de bomberos, que, por ser carros especiales o altamente especializados, no cumplen a plenitud las exigencias técnicas reguladas en la Ley de Tránsito. Debido a esta situación, a lo menos cuarenta cuerpos de bomberos, en diversas partes del país, han tenido dificultades a la hora de someter a tal revisión sus vehículos de trabajo.
Por ello, el proyecto en cuestión establece lo siguiente: "En el caso específico de los vehículos pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos, las características técnicas y pesos máximos permitidos deberán considerar a lo menos la necesidad de su adecuada y oportuna intervención en el auxilio de incendios y otros siniestros, sus especiales características funcionales y su flujo de circulación.".
Ningún vehículo de bomberos tiene un peso superior a las 45 toneladas. Por lo tanto, todos cumplen a plenitud con el peso por eje exigido, incluso los carros con escaleras telescópicas, que son de mayor envergadura.
El problema está dado, señor Presidente, por los vehículos que portan escaleras que sobrepasan la línea del parachoques delantero o del parachoques trasero, considerando que, además, llevan mangueras u otros tipos de artefactos o elementos necesarios para combatir los incendios.
Del mismo modo, en lugares apartados, particularmente en sectores rurales, Bomberos tiene vehículos que, por su año, pueden ser considerados reliquias. Pero muchos de ellos todavía están en actividad, ya que dicha institución, dado que es un cuerpo voluntario, no posee los recursos suficientes para renovarlos.
Por otro lado, la función de Bomberos implica que sus carros transiten no de forma permanente por las vías públicas, sino de manera extraordinaria. Ello quedó demostrado a plenitud en febrero del año pasado, durante los incendios forestales, ocasión en que los cuerpos de bomberos de todo Chile se movilizaron y pusieron a disposición todo su capital humano y técnico para desplegarse en las zonas arrasadas por los incendios.
La pregunta es si los cuerpos de bomberos han logrado que el Estado les reembolse los montos por las pérdidas de implementos, particularmente de mangueras y otros elementos afectados durante tales incendios. Espero que ello haya sido posible.
La Comisión de Transportes recibió a don Miguel Reyes, Presidente Nacional Honorario de Bomberos, quien hizo una larga exposición sobre la condición de los carros bomba a lo largo de todo el país. Señaló, incluso, que algunos vehículos de dicha institución fueron multados por carabineros -eso es lamentable- por no tener la revisión técnica al día.
Señor Presidente, tan increíble como eso era cuando a los vehículos de emergencias no se les permitía pasar en las plazas de peaje, no se levantaban las barreras, si los conductores no tenían dinero para pagar. Esto ya ha sido superado, y hoy día todos los vehículos de emergencias pueden pasar sin trabas por los peajes de Chile, cargándose el gasto después a la cuenta de la institución correspondiente.
Sin embargo, como el cumplimiento de las condiciones técnicas es una dificultad, en la presente iniciativa se propone introducir una modificación a la ley Nº 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, del 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que busca intercalar en el artículo 78 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente: "Quedarán exceptuados de lo dispuesto en el inciso anterior los vehículos pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos.".
Además, se agrega un artículo transitorio, del siguiente tenor: "Lo preceptuado en el numeral 1 del artículo único entrará en vigencia el primer día del sexto mes después de publicada la presente ley en el Diario Oficial, plazo en el que se deberán dictar los reglamentos relativos a los nuevos criterios especiales de pesaje y dimensiones de los vehículos pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos.".
Hago presente a la Sala que siempre hemos aprobado por unanimidad los proyectos de ley que beneficien a Bomberos, intentando resarcir todo el esfuerzo de su voluntariado.
Hemos consultado al Ministerio del ramo y también a Carabineros, y nos señalaron que deben hacer cumplir lo que la ley establece, aunque, debido a la excepcionalidad del tránsito por las vías públicas y privadas de los carros de bomberos, entienden que la incidencia del diferencial de las estructuras de estos vehículos no va a causar ningún problema de tránsito ni generará algún tipo de riesgo.
Por lo tanto, la excepción planteada en relación con la revisión técnica de los carros de bomberos, en mi opinión, debiera llevar aparejada la gratuidad de ella. Cobrarle por la revisión técnica a esta institución, que es un voluntariado y presta un servicio de emergencia, es un tema que en algún momento debemos revisar. En todo caso, no es materia de esta iniciativa.
Este proyecto de ley, originado en una moción en la Cámara de Diputados, da cuenta de lo que he sostenido.
A la Comisión de Transportes asistieron también los Diputados Rathgeb, Ortiz y Galleguillos, quienes hablaron de la existencia de la Comisión permanente de Bomberos de la Cámara Baja, cuyo primer Presidente fue el entonces Diputado Jorge Ulloa, actual Intendente del Biobío y bombero. Él la integró junto a otros Diputados también voluntarios de la institución. No sé si son activos u honorarios, ¡pero bomberos al fin!
Aquí, en el Senado, también hay miembros del Cuerpo de Bomberos. Tenemos el honor de contar entre ellos -y lo digo con la mayor seriedad- al Senador Lagos Weber. Él cumple su entrenamiento y hace las guardias respectivas, al igual que todo bombero, lo que demuestra que este voluntariado no exime a nadie, sin importar si es una autoridad o un ciudadano común. En Bomberos rige el principio de igualdad: todos realizan guardia, todos se someten al adiestramiento y a la preparación correspondientes.
Por eso la Comisión de Transportes aprobó este proyecto en general por unanimidad.
El señor BIANCHI (Presidente).- ¿Necesita más tiempo, Su Señoría?
El señor NAVARRO.- Solo un minuto, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay problema.
El señor NAVARRO.- Reitero que la Comisión aprobó la idea de legislar de forma unánime y acordó solicitar a la Sala que proceda de igual modo.
El señor BIANCHI (Presidente).- ¡Ya veo para qué quería usted los últimos segundos...!
Señor Senador, solo falta que vote.
--Se aprueba en general el proyecto (14 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Elizalde, Latorre, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.
Se abstuvo la señora Órdenes.
El señor BIANCHI (Presidente).- Senador señor Navarro, como Presidente de la Comisión de Transportes, le comunico que en este momento no se puede fijar el plazo para la presentación de indicaciones, pues no hay quorum en la Sala para adoptar acuerdos.
Por lo tanto, resolveremos ese punto en la próxima sesión.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Han llegado a la Mesa dos peticiones de oficios.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, pidiéndole diversos antecedentes respecto de PROYECTO "REMODELACIÓN DE MUELLE BARÓN", COMUNA DE VALPARAÍSO.
Al señor Ministro de Hacienda y a la señora Ministra de Educación, solicitándoles INCORPORACIÓN EN PRESUPUESTO 2019 DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ESCUELA BÁSICA BERNARDO O'HIGGINS DE PORVENIR.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido País Progresista e Independientes.
Imagino que va a intervenir usted, Senador señor Navarro.
Como en muchas ocasiones, utilizaré también el tiempo del Comité PPD, que me ha cedido la Senadora Órdenes. Agradezco su voluntad por concederme ese tiempo.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el sábado 13 de octubre cuatro jóvenes -tres menores de edad y uno de 18 años- del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado del SENAME en Coronel ingirieron vidrio molido.
El pasado lunes feriado me hice presente en ese recinto, conversé con ellos, junto a personal de la Dirección Nacional del SENAME, y con todos los directivos que administran dicho centro.
Uno de los jóvenes -el de 18 años- no sabe leer ni escribir. Está haciendo un curso de mecánica automotriz, pero la lentitud de los procesos que los ayudan a obtener los beneficios propios del cumplimiento de la condena fue el detonante de la protesta.
Señor Presidente, me hice presente para conocer directamente las condiciones en que viven y son atendidos los jóvenes y niños por parte de Gendarmería, que está encargada del perímetro exterior. No hay gendarmes presentes al interior de estos centros, sino en la parte de afuera. Y, en verdad, son impactantes la precariedad, la destrucción, el abandono en que se encuentran estas dependencias.
En 1999 concurrí a la inauguración de este centro. En esos años el destino inicial que había pedido el Ministerio de Justicia era Punta de Parra, pero la comunidad de Tomé, como ocurre también en muchos lugares, se opuso tenazmente a que el recinto se construyera ahí, que es una localidad de desarrollo turístico que no estaba dentro de los parámetros de las zonas de desarrollo que la comuna se había fijado, que eran zonas de expansión, zonas de camping, zonas de atractivo turístico cercanas a la playa. Finalmente, se trasladó a Coronel, muy cerca del baipás y del peaje de Coronel, y se inauguró en 1999.
Hace aproximadamente ocho años -llevaba la mitad de mi primer período de Senador- visitamos el centro por las mismas condiciones, denuncias y acciones de riesgo vital para los jóvenes. Pero pasados ocho años, señor Presidente, aquellas no solo no se resolvieron, sino que se agravaron.
Por ello, solicité al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, que se designara un interventor para el SENAME en la Región del Biobío. Este Servicio no tiene director regional desde hace casi un año. Ha sido declarado desierto el concurso. Al parecer, nadie quiere asumir la enorme responsabilidad que significa hacerse cargo de una institucionalidad que está cambiando o, más bien dicho, que ha fracasado en su administración y cuidado de los niños.
En el centro mencionado pudimos conversar con los trabajadores del SENAME, con los gendarmes, y en verdad tenemos un problema estructural, ¡estructural! Esto no es responsabilidad ni de los funcionarios, ni de Gendarmería. ¡Aquí hay responsabilidad de los gobiernos de manera sucesiva, señor Presidente!
En el centro de Coronel hay 61 internos y más de 210 funcionarios. Los costos por cada joven interno alcanzan casi los 5 millones de pesos mensuales. Y el grado de ausentismo en el SENAME sigue siendo elevadísimo: ¡hay un 25 por ciento de ausentismo por licencias laborales, por estrés, por fatiga, por diversos motivos! De los 4 mil funcionarios del SENAME, ¡mil no asisten cada día a sus tareas producto de una licencia laboral!
Y esa es una situación de falla estructural, señor Presidente.
El trabajo en el SENAME, lamentablemente -y lo digo con dolor-, provoca daño no solo en los niños, sino también en sus funcionarios.
Los anuncios del Gobierno de una reforma profunda de esta institución traen aparejada una gran incertidumbre respecto de los miles de funcionarios. Por eso, creo que esta reforma del SENAME, su reestructuración, debe ser objeto de una discusión mucho más amplia y no solo en el seno de esa entidad.
Hay cifras que siguen impactando y que dan cuenta de que el Parlamento y la Comisión Especial de Niños, Niñas y Adolescentes del Senado, o de protección de los derechos de la niñez, tienen que actuar.
El Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, hace pocas horas señaló que hay 50 mil personas en la cárcel, de las cuales el 43 por ciento -¡el 43 por ciento, señor Presidente!- pasó por el SENAME. Los datos que yo tengo de mi Región son mucho más graves y alarmantes: no es el 43 por ciento; la cifra supera el 56, el 60 por ciento. Y los grados de efectividad en el proceso de reinserción o rehabilitación no exceden el 21, el 22 por ciento.
Es decir, ¡el SENAME solo rescata al 22 por ciento de los niños para insertarlos en la sociedad! Esto significa que de cada 100 niños, 78 van directamente a la calle.
Y digámoslo con dolor, señor Presidente, sin ningún sesgo de estigmatización: si las cifras indican que sobre el 60 por ciento de los actuales condenados en las cárceles de Chile han pasado por el SENAME, ¡estamos frente a un fracaso estructural de la institución que debió preservar, cuidar, rescatar a esos niños!
¡El 60 por ciento de los presos condenados en las cárceles de Chile pasó por el SENAME! ¿Qué aprendió? ¿Qué trato recibió? ¿Qué oportunidad en la vida les dimos a esos niños?
Nos dicen del centro del SENAME tanto de Valparaíso como de Concepción que esos jóvenes pueden estar ahí uno, dos años; que cuando cumplen los 18 años deben irse -o sea, ya no hay acogida para los mayores de 18 años-, y que son los tíos, los funcionarios los que deben pasarles plata para la micro a fin de que puedan volver a su antigua población, donde la única alternativa para sobrevivir, señor Presidente, es entrar en el círculo de la delincuencia.
Uno de los jóvenes estaba en el centro de Coronel porque había quebrantado su libertad vigilada. Y le pregunté: "¿Y qué hiciste?". Me dijo: "Recibí una bala de rebote". ¡Tenía incrustada una bala en una de sus piernas! ¿De qué calibre? Calibre 38. Ello había sucedido en una población de la provincia de Concepción, en la Región del Biobío.
¡Ese es el destino que les espera, señor Presidente!
Por eso, el Ministro Alfredo Moreno es asertivo al señalar que más del 50 por ciento de esos jóvenes vuelve a delinquir dentro de un año -es una escuela- y que el 70 por ciento vuelve a delinquir dentro de tres años.
¡Me quedé corto, señor Presidente! No es el 60 por ciento. Es un Ministro informado, que tiene estudios a la mano, quien lo señala. Lo mencionó en una entrevista del 19 de julio de este año en el programa Trío de la Radio Agricultura.
Por ello, señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro de Justicia y ex Senador, Hernán Larraín, para que asuma la petición que le hice personalmente en esta Sala el día de ayer -acordamos una conversación, una reunión de trabajo-. Le manifesté que el SENAME de la Región del Biobío requiere un interventor, no un concurso de Alta Dirección Pública para un director regional de la institución, por cuanto los intentos de suicidio en los diversos centros de la Región siguen siendo pan de cada día.
Además, los recursos -mil 100 millones- para reparar el centro de Coronel están a punto de perderse, según dijeron los consejeros regionales del gobierno de la Región del Biobío. La licitación se declaró desierta. El monto destinado es de mil 100 millones. La más cercana de las propuestas alcanzó los mil 400 millones. Y se está trabajando en una segunda licitación, que no alcanza a ser asignada con recursos del 2018, por lo que se van a perder esos fondos.
Y planteo otra situación más, señor Presidente.
La contadora de uno de los hogares infantiles del SENAME en Concepción gastó 104 millones de pesos en el casino. Ella padece ludopatía. Así lo ha señalado la familia. ¡Pero se gastó 104 millones de pesos que pertenecían a uno de los hogares para acoger a los niños más vulnerables de mi Región! ¡No hubo ninguna fiscalización que pudiera detectar que estaba gastando la plata del SENAME, los recursos de los niños vulnerables, en el juego, que la tiene dominada! Es una persona que está enferma.
Por tanto, yo demando del SENAME no solo castigo, sino también asistencia. La ludopatía, lamentablemente, es una enfermedad que crece en Chile, que es preciso saber atacarla a tiempo. Y queda demostrado que nadie está libre de ella.
Por todo lo anterior, señor Presidente, solicito al Ministro de Justicia el nombramiento de un interventor. Además, creo necesaria una comisión de verdad y reparación debido al daño causado por el Estado a los niños del SENAME. Insisto: ¡una comisión de verdad y reparación y una reparación a los niños vulnerados por el Estado!
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ya que me he referido a la situación de la infancia, solicito que la Comisión Especial de Niñas, Niños y Adolescentes del Senado se haga cargo también de los temas relativos a los adultos mayores y a las personas en condición de discapacidad, porque son sectores vulnerables que deben tener un trato legislativo permanente en esta Corporación.
Queremos cederle algunos minutos del Comité PPD al Senador Soria.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ya se ocupó ese tiempo, Su Señoría. Fue traspasado al Senador señor Navarro.
Pero creo que no habría ningún problema en darle después la palabra al Senador señor Soria.
Los Comités Partido Evópoli, Partido Revolución Democrática, Partido Unión Demócrata Independiente, Partido Renovación Nacional e Independientes y Partido Socialista no harán uso de sus tiempos.
El Senador señor Navarro ocupó los minutos que le cedió el Comité Partido Por la Democracia e Independientes. No obstante, vamos a dar excepcionalmente un tiempo para que intervenga el Senador señor Soria.
¿Cuántos minutos necesita? ¿Tres?
El señor SORIA.- Señor Presidente, menos de un minuto
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Menos de un minuto!
El señor SORIA.- Señor Presidente, quiero apoyar lo que plantea el Senador Navarro. Es un problema más que gravísimo lo que señala respecto de los niños, que va aparejado con algo que tocamos -no sé cuándo se verá- y que cuadra con lo que él dice: que en Chile tenemos en cada población un garito, para que el hombre que vende el pan aproveche de decirle al padre de familia, o a la madre, ¡o al hijo que le sacó la plata al papá o a la mamá! que se juegue unas moneditas en las 700 mil máquinas de juegos de azar clandestinas que hay, según escuché en esta Sala. Y no existe en Chile ninguna ley que las permita, por lo que he buscado.
O sea, aquí, en Chile, suceden cosas en que todos nos hacemos los lesos ¡Y ese es el resultado! ¡Que el SENAME está podrido!
El señor SORIA.- ¡Pero es una nación podrida! No son los del SENAME ni los chicos. ¡Somos también nosotros, los que estamos aquí, que no tomamos los temas y, a veces, los dejamos fríamente, como esto del juego!
¡En el mundo entero no es así!
¡Hay que empezar a salir de la frontera!
¡Y los chilenos, que nos creemos tan ingleses, ordenaditos!
He estado ya ocho meses escuchando acá, aprendiendo, porque vengo a aprender. Yo no he estado en la carrera política del Senado ni de la Cámara de Diputados, sino desde hace 50 años como alcalde de Iquique. Era otra mi manera; yo era el que manejaba el circo allá.
Ahora tengo que sumarme a lo que son las leyes de la nación. Pero voy viendo que respecto de las leyes nosotros estamos fallando muy fuertemente, como en cosas que podemos tratar.
Yo escuché a un alcalde -entre paréntesis- que habló en televisión y dijo que era ilegal que existieran las máquinas.
Y aquí yo, el tontito, propuse el otro día que cuando el proyecto se votara y se tocara ellas no volvieran a existir.
Yo escuché decir a este caballero -alcalde de la zona de Santiago- que había hecho estudios jurídicos, que era totalmente ilegal el uso de las máquinas y que se podían botar en un minuto.
También oí aquí que alguien señaló que la policía no se la podía en Chile, porque eran como 700 mil máquinas ya instaladas. Bueno, hay que sacar 700 mil camiones y en un día las sacamos de a una. Yo tengo experiencia en manejar una ciudad, así que puedo ayudar, si me lo propone el Senado.
Y entrego un apoyo total al Senador Navarro y sus luchas .
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Estamos todos apoyando al Senador señor Navarro en esa lucha.
Finalmente, en el tiempo del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, quiero mandarles un afectuoso saludo a los dirigentes y las dirigentas de las diferentes asociaciones mineras de la Región de Atacama, también de la Región de Coquimbo y, en general, a los pequeños mineros y mineras de nuestro país.
Ayer se dieron cita en la capital de la Región de Atacama para manifestarse con fuerza.
La pequeña minería ha sido parte de la historia de nuestro país y, particularmente, de la historia de la Región de Atacama. Son innumerables sus aportes y contribuciones.
Sin embargo, señor Presidente, hoy enfrentan momentos de mucha dificultad. Esto llevó a los pequeños mineros a movilizarse, desde distintos puntos de la Región de Atacama y también desde otras regiones de nuestro país. Se movilizaron con la esperanza de que sus demandas fueran escuchadas y acogidas.
Por eso, en el día de hoy solicito que se oficie al Ministro de Minería, al Vicepresidente de la ENAMI y a cada uno de los directores de la Empresa Nacional de Minería con el propósito de que las peticiones planteadas por los dirigentes no solo sean respondidas, sino que también acogidas.
Solicito que ellos nos informen en qué trámite se encuentra el reglamento de la Ley de Estabilización del Precio del Cobre. Además, que nos señalen quiénes han sido los representantes de los pequeños mineros en la elaboración de ese reglamento, indicando sus nombres y dando cuenta de las actas en que conste la participación de ellos.
De la misma forma, señor Presidente, queremos sumarnos a las voces de los pequeños mineros, que señalan que parte de las dificultades que ellos atraviesan tiene que ver no solo con el precio del cobre. Agregan que ciertos problemas pueden enfrentarse con algunas medidas de la Empresa Nacional de Minería en favor de una actividad ancestral y tan importante para el desarrollo económico de nuestra región.
Señor Presidente, me refiero a la rebaja en el precio del ácido, a la eliminación del sobrestock que se les cobra a los pequeños mineros.
¡Es increíble pasar por las plantas de ENAMI y ver las canchas desabastecidas! Sin embargo, cuando uno ve a final de mes la liquidación de los pequeños mineros, en cada una de ellas hay un cobro que se les hace por sobrestock de las canchas. ¡Sin embargo, las canchas están desabastecidas!
Del mismo modo, queremos solicitarle al Gobierno que se pronuncie respecto de los costos de maquila que deben enfrentar nuestros pequeños mineros, expresados en las tarifas de compra de minerales, de manera que se eliminen todos aquellos cobros excesivos a la pequeña minería.
El sector minero no debe asumir las deficiencias de gestiones que no han estado a la altura de estos desafíos.
Por lo tanto, creemos que la rebaja de la maquila, la rebaja en el precio del ácido, la eliminación de los cobros de sobrestock son medidas de justicia hacia un sector que ha sido tan importante para el desarrollo de nuestro país.
La función principal de la Empresa Nacional de Minería es apoyar a los pequeños mineros. Y, por lo tanto, nos gustaría ver una decisión concreta de traspasar propiedad minera de ENAMI a los pequeños productores mineros de nuestro país.
Toda mi solidaridad para los pequeños mineros de nuestro país.

References: artículo 483
 artículo 1
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 artículo 2
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 artículo 76
 artículo 184
 artículo 11
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