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Timestamp: 2018-05-23 17:18:12+00:00

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ASÍ ES EL CÓDIGO DE MINAS by Carolina Ospina Trujillo - issuu
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Hernán José Martínez Torres Ministro
La minería colombiana es uno de los principales pilares de la economía nacional. En este sentido, nos hemos propuesto una visión para el año 2019, que se concentra fundamentalmente, en incrementar el producto interno bruto minero, hasta lograr que esté por encima del promedio latinoamericano. Alcanzar el anterior reto en un país que trabaja incansablemente por incrementar su desarrollo y fortalecer su capital social, requiere de políticas con alto sentido estratégico y de un régimen jurídico claro, preciso y acorde con los principales dinamizadores de la inversión minera, que garantice que ésta se realice con un gran compromiso en cuanto a la responsabilidad social y ambiental se refiere.
Silvana Giamo Chávez Viceministra Andrés Ruíz Rodríguez Secretario General .
Beatriz Duque Montoya Directora de Minas EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO NACIONAL .
En esta cartilla, parte de la Colección "Nuestra Colombia Minera" se encontrarán importantes orientaciones para que todos los públicos interesados en la minería, se acerquen de una forma sencilla a las disposiciones que tanto el gobierno como el Congreso de la República han fijado, a través del Código de Minas, para facilitar el desarrollo empresarial legal de una minería responsable.
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL QUINDÍO .
Luis Fernando Velásquez Echeverri Director Ejecutivo .
Hernán José Martinez Torres Ministro de Minas y Energía
Bogotá, Colombia. Enero de 2009.
Colombia Minera Desarrollo Responsable
Más allá de la marca y de su importante significado, Colombia Minera, Desarrollo Responsable es la representación iconográfica de un gran y meticuloso trabajo que ha adelantado el Ministerio de Minas y Energía, en función de tres componentes fundamentales de la política minera:
1. Mejorar la Productividad y la Competitividad. 2. Promocionar los atributos de la minería colombiana y de la diversidad de las regiones en las que se desempeña.
3. Administrar eficientemente el recurso minero.
Colombia Minera, Desarrollo Responsable, sintetiza en una sola imagen y en un concepto claro y directo, la filosofía central de la política minera colombiana. En este sentido, la imagen o ícono que se ha adoptado nacionalmente, como marca, para proyectar la minería de nuestro país, materializa en el casco la importancia de la seguridad en el trabajo diario y las operaciones mineras; la lámpara que se proyecta desde el casco en tres halos con el tricolor nacional que iluminan los territorios mineros que se proyectan al mundo; el verde, representa el interés prioritario del país por la protección y responsabilidad en el manejo ambiental en cada una de las etapas del ciclo minero, es decir, desde la prospección hasta el cierre de cualquier unidad minera del País; finalmente, la imagen representa una gran Colombia Minera, cimentada siempre en un desarrollo responsable, bajo las directrices de una institucionalidad minera comprometida y propositiva, liderada siempre con rigor y cuidado por el Ministerio de Minas y Energía.
Estos tres componentes se articulan estratégicamente en diversos programas entre los cuales se destacan:
Los Distritos Mineros. En ellos se materializan todos los lineamientos para que la institucionalidad pública y privada, así como las asociaciones de productores, las empresas prestadoras de servicios, la academia y los desarrolladores con alta tecnología, operen bajo un Modelo de Gestión que permita garantizar procesos participativos frente a la planeación y prospección de los emprendimientos mineros, así como la gestión conjunta de proyectos que contribuyan a que las oportunidades del negocio minero, brinden el crecimiento económico y social, con los cuidados ambientales y la seguridad requerida.
Frente a la administración del recurso minero, el Ministerio como máxima autoridad viene propiciando mejoras de carácter tecnológico, de fiscalización, de articulación institucional y de seguimiento y evaluación a las Autoridades Mineras Delegadas, como son Ingeominas y algunas gobernaciones del País, motivando la estandarización y el incremento en metas de eficiencia y eficacia.
El enfoque Para comprender y aprovechar adecuadamente las normativas del Código de Minas, es importante conocer las principales premisas en las que se fundamenta el enfoque minero de nuestro país. Dichas premisas son:
2 Premisa 1.
La minería es prioridad estatal para el desarrollo económico del País Para incrementar la participación de Colombia en los presupuestos mundiales de inversión minera, el Ministerio ha fortalecido la presencia del País en los eventos mineros de mayor reconocimiento e importancia nacional e internacional, realizando presentaciones integrales y directas de todos los avances en cuanto a seguridad, mejoramiento de infraestructura, fortalecimiento empresarial y planificación de la competitividad territorial, entre otros.
Estas son sólo algunas de las diversas estrategias que se han implementado para garantizar por parte del Estado Colombiano un negocio minero en condiciones seguras y equitativas para todos. Para conocer detalles de las mismas, se pueden consultar las páginas www.minminas.gov.co / www.simco.gov.co / www.distritosminer os.gov.co
“La M e inte inería e rés s s de u ocial ”. tilidad pú blica
Esto se materializa en el siguiente concepto: “La Minería es de utilidad pública e interés social”. Lo anterior parte de que los minerales presentes en el suelo y en el subsuelo representan una oportunidad para obtener beneficios económicos para el Estado, las comunidades y los particulares. Es por ello que en las zonas en las que haya presencia de minerales y en las cuales el Estado encuentre una oportunidad estratégica para el desarrollo, éste podrá anteponer el bien común al bien individual. (ver más artículo 58 CP y artículo 13, Capítulo I CM).
Premisa 4.
El Estado es propietario del recurso minero y actúa como promotor, regulador y facilitador
Beneficios económicos para el Estado:
Acorde con el espíritu del artículo 2º. de la Constitución Política, el Estado determina su dedicación en pleno, a favorecer en condiciones de equidad, competitividad y sostenibilidad para el libre desarrollo de la economía de nuestro País, siguiendo respetuosamente los acuerdos internacionales.
“La M para inería es g al s co e munid nerador d e ben ades. eficio s
De esta forma el Estado ha definido su actuación al interior del negocio minero, como propietario del recurso presente en el suelo y en el subsuelo, independientemente de a quién pertenezca el terreno y su interés es alcanzar el desempeño rentable, seguro, transparente y altamente generador de beneficios para los territorios, sus comunidades y el País. Por lo tanto, el Estado no se concibe a sí mismo como operador de los negocios mineros, dejando este espacio a los terceros que respeten y sigan la normatividad nacional. (Ver política pública minera, www.minminas.gov.co, artículo 5º, Capítulo I CM).
En términos generales el Estado percibe las siguientes contraprestaciones: ·La regalía que es la contraprestación obligatoria de toda explotación de los recursos naturales no renovables de propiedad estatal, que se fija mediante un porcentaje, fijo o progresivo del producto bruto explotado y que paga el propietario del título de concesión. (Ver más artículo 227, Capítulo XXII CM).1 Pago s por e o regalia l uso s del r al porpie ecurs tario s del o.
·El canon superficiario que es una contraprestación pagadera por quien tenga la propiedad o posesión de los terrenos sobre los cuales se desarrolle la exploración, montaje y construcción de una unidad minera. El canon se determina sobre un precio en salarios mínimos por hectárea y por año, según reglamentación específica. (Ver artículo 230, capítulo XXII CM).
Premisa 5. El vínculo legal entre el Estado y los terceros para la operación Minera:
Premisa 3. Valoración y protección de la integridad cultural: Tan importante como el interés económico y la propiedad de los minerales del suelo y del subsuelo, es el respeto y cuidado por la integridad cultural, social y económica de las comunidades y grupos étnicos que ocupan real y tradicionalmente el área objeto del aprovechamiento minero. (Ver más artículo 121, capitulo XIV CM). Esto demarca la importancia para el Estado de garantizar que la minería se desarrolle armónicamente en los territorios. Aspecto además, que fundamenta profundamente, la creación del Modelo de Gestión de los Distritos Mineros, que surge como impacto tras la implementación del nuevo Código de Minas.
La forma mediante la cual se formaliza legalmente la relación entre el Estado y el tercero que adelante las operaciones mineras, se da mediante un contrato de concesión minera.
idad tegr n i a or l d. a eto p Resp comunid a l e d
El contrato de concesión se realiza para efectuar, por cuenta y riesgo de un tercero, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal, que puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en el Código. Este contrato es Expl o diferente a los contratos de obra pública y al de concesión de por t tación m erce i or s. nerad e servicio público. (Ver más capítulos V, VI y VIII CM). l est
Premisa 6. Regímenes especiales de la minería en Colombia: Existen casos especiales en el marco de los cuales, el Estado Colombiano, contempla consideraciones diferentes a las fijadas, a través de los contratos de concesión con particulares, que son: Caso P s explaogosesopreecial por teació galieas pa l uson de s alrpa la dell rrecu orpaieuto ecurrsso m tarriioaz có o. iner s dinel de o. terre no
·Autorizaciones temporales
para la explotación de minerales para la construcción de vías públicas. Esta autorización puede otorgarla la autoridad nacional minera o su delegataria, a entes territoriales o sus contratistas, para la reparación, mantenimiento, construcción y mejoras de las vías públicas nacionales, departamentales o municipales, mientras dure su ejecución. (Ver más artículo 116 capítulo XIII).
·Derecho de prelación de grupos indígenas:
La explotación de minerales en suelos
2de comunidades índigenas.
Este derecho aplica a comunidades indígenas, según las disposiciones de la Ley 21 de 1991, cuyo asentamiento, se de sobre el suelo y el subsuelo objeto del interés de aprovechamiento minero. La prelación consiste entonces, en que dichas comunidades podrán, así un tercero lo haya solicitado, operar una concesión minera, a título colectivo. En caso de que dicha comunidad no esté interesada en realizarlo, participará a través de sus representantes en las determinaciones de la autoridad minera, con relación a los análisis sociales y técnicos de una propuesta de un particular. Además la autoridad indígena señalará, dentro de la zona indígena, los lugares que no pueden ser objeto de exploraciones o explotaciones mineras, por su especial significado cultural, social y económico para la comunidad o grupo aborigen, de acuerdo con sus creencias, usos y costumbres.(Ver más capítulo XIV).
la explotación de minerales para la construcción de vías públicas
·Minería ocasional: Es la minería que se realiza sin la necesidad de que medie un contrato de concesión minera y se caracteriza por ser una minería puntual en el tiempo, para usos específicos como el consumo de los propietarios de un predio en obras y reparaciones de sus viviendas e instalaciones; dicha explotación en todo caso deberá garantizar el cuidado ambiental. En el caso de la producción de arcillas y materiales de construcción, conocidas como minerales industriales, su aprovechamiento entrará en la categoría de minería ocasional, cuando se realice con herramientas e implementos simples de uso manual, accionados por la fuerza humana y cuya cantidad extraída no sobrepase 250 toneladas anuales.
Las obras y trabajos mineros que se realicen por particulares, se deberán ejecutar respetando y protegiendo los valores que constituyan su identidad cultural.
Existen casos especiales en el marco de los cuales, el Estado Colombiano, contempla consideraciones diferentes a las fijadas, a través de los contratos de concesión con particulares, que son:
para la explotación de minerales para la construcción de vías públicas. Esta autorización puede otorgarla la autoridad nacional minera o su delegataria, a entes territoriales o sus contratistas, para la reparación, mantenimiento, construcción y mejoras de las vías públicas nacionales, departamentales o municipales, mientras dure su ejecución. (Ver más artículo 116 capítulo XIII). ·Derecho de prelación de grupos indígenas: Este derecho aplica a comunidades indígenas, según las disposiciones de la Ley 21 de 1991, cuyo asentamiento, se de sobre el suelo y el subsuelo objeto del interés de aprovechamiento minero. La prelación consiste entonces, en que dichas comunidades podrán, así un tercero
·Barequeo: es una actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales, que se caracteriza por el lavado de arenas por medios manuales, sin ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objetivo de separar metales y piedras preciosas. Se puede efectuar previa autorización del alcalde municipal y en caso de presencia de otras operaciones de titulares mineros, deberá darse a 300 metros de la misma; también tiene restricciones según los lugares no permitidos en el plan de ordenamiento territorial, en las zonas excluibles de la minería y en las zonas de minería restringida. (Ver más capítulo XVI CM y artículos 34 y 35 capítulo III CM). ·Espacios marinos jurisdiccionales: Cuando la minería se realiza en el suelo y subsuelo del mar territorial, su zona contigua, o la zona económica exclusiva, deberá solicitarse concepto previo de la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional. La participación del Estado en la exploración y explotación de minerales en aguas internacionales, se rige por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y el país, podrá participar a través de convenios de cooperación con otros estados o por contrato de representación con particulares nacionales o extranjeros.
El Código de Minas 1
El Código de Minas regula las relaciones entre los organismos y entidades del Estado y de los particulares entre sí, sobre las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los recursos no renovables que se encuentren en el suelo o subsuelo, así sean de propiedad de la nación o privada. (Ver más artículo 2º, capítulo I CM)
En él, el Estado Colombiano fija las políticas para el sector minero, propicia la definición de planes y proyectos de apoyo a la minería y cumple con la función básica de hacerle seguimiento al cumplimiento, por parte de los beneficiarios de los títulos mineros que conceda, de las obligaciones emanadas de tales títulos. Las labores mineras están referidas a un preciso concepto de unidades de explotación técnica, económica y ambientalmente sostenibles, independientemente del tamaño del proyecto minero que se vaya a ejecutar. El Código de Minas modificó el desarrollo de la minería en general, el Ministerio de Minas y Energía (MME) y el Congreso de la República, expidieron las normas que regulan la ejecución de las actividades mineras. Estas normas se conocieron en 1998, como el Código de Minas, bajo la figura del Decreto - Ley 2655 y en el año 2001, se ajustaron en el marco de la Ley 685, respondiendo a “…la necesidad de delimitar claramente las competencias del sector público y privado; de establecer reglas de juego transparentes y estables para los inversionistas nacionales y extranjeros; y de poner en marcha mecanismos que desarrollan la dimensión socioeconómica de la minería informal.
El Código representa la confiabilidad de los mineros particulares en el Estado Colombiano y es su máximo baluarte jurídico para garantizar el equilibrio en dicha relación.
Las ventajas del Código de Minas aprobado mediante la Ley 685 de 2001: ·El señalamiento temporal de zonas en las cuales se identifiquen proyectos mineros que contribuyan a solucionar dificultades de carácter social, especialmente frente a explotadores informales y la aplicación de normas que contemplan beneficios especiales para formas de trabajo minero ejecutadas mediante esquemas asociativos.
·La creación del Consejo Asesor de Política y Normatividad Minera como escenario de concertación entre el Estado y el sector empresarial. ·El establecimiento del Sistema Nacional de Información Minera para capturar y luego suministrar toda clase de información de interés para el sector minero. La vigencia futura de los contratos de concesión minera por un término inicial de treinta años, con posibilidades de: prórroga por idéntico lapso y prelación frente a terceros para realizar un nuevo contrato.
La sustitución de ocho alternativas de contratación, que existían en el anterior Código de Minas (decreto 2655/88), por el único sistema de contrato de concesión. El mayor nivel de transparencia y objetividad en vínculo entre los inversionistas privados y la autoridad minera. La aplicación del principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” que respeta el orden del momento en el que se radica una solicitud para un título minero, evitando conflictos y juicios subjetivos.
La superficie permitida a los nuevos contratos de concesión fijada en hasta diez mil hectáreas, contemplándose la perspectiva de integración de áreas que faciliten un racional desarrollo de los trabajos mineros. El Código de Minas incluye un conjunto de herramientas jurídicas que le permiten a las instituciones públicas correspondientes poner en marcha programas de eficaces de apoyo para las unidades mineras de pequeña y mediana escala.
Se previó tanto el trámite simultáneo de los títulos jurídicos mineros, como la incorporación del componente ambiental en el contrato de concesión minera, estableciendo el compromiso a cargo de de los empresarios mineros de realizar una gestión ambiental que contribuya a la preservación y defensa del entorno natural en todo el ciclo minero, incluido el cierre y abandono de las minas.
·La inclusión de algunos estímulos de orden económico. ·El derecho fundamental a la participación en las decisiones relacionadas con la explotación de los recursos naturales dentro de las zonas mineras indígenas, de comunidades negras, mixtas y conjuntas declaradas por el estado, compromete a los empresarios mineros, no sólo a realizar explotaciones técnicas en estas zonas con aprovechamiento racional del recurso minero y bajo condiciones aceptables de seguridad e higiene minera, sino también a tener en cuenta las decisiones en temas sociales, ambientales y del uso del suelo, que estas comunidades han tomado por tradición.
En Conclusión, la ley 685 de 2001 - Código de Minas, responde a los desafíos de la modernidad y la globalización; simplifica los trámites para el otorgamiento de títulos mineros, da mayor estabilidad y consistencia a los contratos de explotación; compagina el desarrollo minero con la sustentabilidad ambiental, evitando la depredación; promueve, fomenta y apoya el crecimiento de las comunidades y asociaciones mineras, con criterios empresariales y competitivos, estimulando la asociatividad, la solidaridad y el respeto a las tradiciones, prelaciones y costumbres de los grupos étnicos.
Competencias de la institucionalidad pública en la minería colombiana, según las disposiciones del Código de Minas La Autoridad Minera Nacional: es aquella que tiene a su cargo las competencias de la administración de los recursos mineros, la promoción de los aspectos relativos a la industria minera y la administración del recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas señaladas en el Código, que implican la titulación, registro, asistencia técnica, fomento, fiscalización y vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras.
so, recur l. l e d leg a tación Explo nciamiento e n dilig con u
Asiste ncia T funcio écnica,s o b nes y obliga re las ciones .
En Colombia, quien encabeza estas funciones según las disposiciones de la organización de la administración pública, es el Ministerio de Minas y Energía que como Autoridad Minera Nacional, podrá efectuar, a la luz de la normatividad, delegaciones internas o externas de sus funciones, bien sea a través de sus propias dependencias centrales, regionales o locales ó, previa reglamentación, de forma temporal, permanente u ocasional, en los gobernadores y alcaldes de ciudades capitales de un departamento. (Ver más artículos 317-320; 326, capítulo XXVIII CM; 327 capítulo XXIX).
Com unid a
d, be por l neficiad a a mi nerí a .
Los entes territoriales, que según la Ley 136 de 1994 están representados por las gobernaciones y las alcaldías municipales, en particular, estás últimas tienen importantes responsabilidades asociadas a:
Sujetarse a la información geológico-minera disponible, en sus municipios, así como a lo dispuesto en el Código de Minas con relación a las zonas de reservas especiales y a las zonas excluibles de la minería, para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. (artículo 38 capítulo 3 CM).
Promover la inscripción de personas que ejerzan el barequeo y resolver los conflictos entre los barequeros y los propietarios de títulos y terrenos en la zona de explotación. También debe controlar que no se realice esta actividad según lo dispuesto en el Código de Minas (Ver más artículos 156 y 157 capítulo XVI).
El ente territorial, como contratante de las vías públicas, deberá informar a la autoridad minera, sobre la construcción de dichas obras y esta autoridad a su vez informará sobre la existencia y ubicación de las canteras y minas de materiales de construcción del área de influencia de tales vías, amparadas en títulos mineros vigentes. (Ver más artículo 120, capítulo XVIII).
Zonas excluible de la minería.
· Control del Barequeo Ilegal.
Decomisar minerales que se transporten y movilicen sin amparo de facturas o constancia de las minas que acrediten su procedencia. (Ver más artículo 161, capítulo XVI).
Informar a la Autoridad Minera, de las irregularidades frente a la procedencia de los minerales decomisados y estar presto a los avisos de la comunidad y entidades policivas. (Ver más artículo 164, capítulo XVI).
Canalizar las solicitudes de caución de los titulares mineros y los propietarios, poseedores o tenedores de los predios donde se realicen labores de prospección. (Ver más artículo 41, capítulo IV).
Una vez el alcalde ordene la estimación del monto de la caución, deberá señalarla a los cinco días siguientes. La decisión podrá ser apelable ante el Gobernador del departamento correspondiente. , capítulo XXV y 313-314 capítulo XXIV).
Comprobar los daños y perjuicios para su inmediato resarcimiento a petición de los terceros afectados por un proceso de prospección y suspender la labor de quienes adelanten dichos trabajos y estudios, de no cubrir el valor correspondiente en los predios afectados. (Ver más artículo 44, capítulo IV).
Decomiso de minerales sin factura. Perjuicios, en los recursos naturales.
Participar y acordar con los concesionarios la realización, con recursos de éstos, de obras e instalaciones mineras, fuera del área de concesión, de beneficio comunitario y aplicarlas como anticipos o deducibles de los impuestos municipales a que haya lugar, según las condiciones de compatibilidad tributaria. (Ver más artículo 256, capítulo XXIV).
Suspender la explotación de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. (Ver más artículo 306, capítulo XVII).
Entregar la notificación al causante de la querella para solicitud de amparo administrativo, en el domicilio correspondiente o mediante aviso fijado en el lugar de los trabajos mineros, ó edicto fijado por dos días en la alcaldía. (Ver más artículo 310, capítulo XXVII).
Suspender la diligencia de desalojo, en el caso de que las partes posean título minero e informar a la Autoridad Minera, para su intervención y aclaración jurídica ante los beneficiarios interesados. (Ver más artículo 311, capítulo XXVII).
Llevar el Registro Minero Nacional, en caso de obtener la delegación correspondiente por parte de la Autoridad Minera (Ver más artículo 327, capítulo XXIX).
Carolina Ospina Trujillo
ASÍ ES EL CÓDIGO DE MINAS
Cartilla publicada por el Ministerio de Minas y Energía (MME) de Colombia con el animo de acercar a la ciudadanía a las disposiciones que el...
comunicadorsocialperiodista

References: artículo 58
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 227
 artículo 230
 artículo 121
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 2
 artículo 120
 artículo 161
 artículo 164
 artículo 41
 artículo 44
 artículo 256
 artículo 306
 artículo 310
 artículo 311
 artículo 327