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Timestamp: 2018-12-14 02:02:18+00:00

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﻿ Sentencia 2009-00091 de noviembre 20 de 2014
SENTENCIA 2009-00091 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:REGISTRO – FACULTAD DE FISCALIZACIÓN. EL REGISTRO CONSTITUYE UN INSTRUMENTO DE FISCALIZACIÓN PARA POSIBILITAR CRUCES Y CONFRONTACIONES OFICIALES CON LOS QUE PUEDE DETECTARSE LAS DIFERENTES IRREGULARIDADES O INEXACTITUDES EN QUE INCURREN LOS CONTRIBUYENTES Y/O DECLARANTES A LA HORA DE DETERMINAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA SUSTANCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DIAN, FACULTAD DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN, REGISTRO COMERCIAL, REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL, FACULTADES DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA, REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Sentencia 2009-00091 de noviembre 20 de 2014
Ref.: 050012331000200900091 01
Número Interno 19922
Grupo Fonda S.A., contra la DIAN
Corresponde a la Sala proveer sobre la legalidad de los actos administrativos que determinaron el impuesto sobre la renta a cargo del demandante por el año 2003.
En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer la validez de las pruebas en las que se fundamentaron los actos demandados, de cara al procedimiento de recaudación de las mismas en la diligencia de registro practicada el 3 de marzo de 2004, en la Carrera 49 Nº 52-141, segundo piso de la ciudad de Medellín.
Para ello se observa:
Naturaleza del registro en el contexto de la facultad de fiscalización
Reproduciendo un querer avistado desde el artículo 30 de la Ley 57 de 1977, el artículo 684 del ET dotó a la Administración de Impuestos de amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, mediante la realización de todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, eso sí, brindándole al contribuyente la oportunidad de aclarar todas las dudas u omisiones que conduzcan a una correcta determinación fiscal.
En ese sentido, y a modo meramente enunciativo —que no restrictivo—, dicha norma autorizó la verificación de la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando se considerara necesario; el desarrollo de investigaciones convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados; la citación o requerimiento del contribuyente o de terceros para rendir informes o contestar interrogatorios; la exigencia de documentos que registren las operaciones realizadas por contribuyentes o terceros, cuando deban llevar libros registrados y estén obligados a llevar contabilidad, y la exhibición y examen parcial de tales libros con sus respectivos comprobantes.
Como expresión de tales potestades, el legislador tributario facultó a la Administración para registrar las oficinas o establecimientos de los contribuyentes, responsables o terceros que posean los documentos contables de aquellos, para disponer de los mismos con su retención y aseguramiento, con el fin de conservar intacto su contenido y evitar que se maquille, altere, oculte o destruya.
Se trata de una operación inmediata, instantánea y coercitiva, que se materializa en una búsqueda o, si se quiere, inspección física minuciosa, cuidadosa y diligente, en los sitios legalmente señalados, para encontrar todo tipo de material con alcance probatorio, que pudiera estar oculto, y realizar sobre él los estudios detallados y necesarios para el debido control de los tributos, su correcta fiscalización y la efectiva y eficiente recaudación de los mismos.
Desde ese punto de vista, el registro constituye un importantísimo instrumento de fiscalización para posibilitar cruces y confrontaciones oficiales con los que pueden detectarse las diferentes irregularidades o inexactitudes en que incurren los contribuyentes y/o declarantes a la hora de determinar la obligación tributaria sustancial, y medio idóneo para satisfacer el deber de cumplir con los cargos e inversiones del Estado.
Lo dicho hasta aquí pone de presente el connatural perfil probatorio del registro, como espacio en el que pueden recolectarse todo tipo de pruebas que, en criterio de quien lo realiza, tengan plena relevancia para la investigación fiscal previamente avistada. No existe ninguna restricción en cuanto al medio a utilizar, ni al individual criterio de utilidad que asista a la Administración.
De allí que el legislador lo haya incluido en la regulación de los diferentes medios probatorios tributarios, sin más condicionamientos expresos que su decreto mediante acto administrativo motivado, notificado en momento inmediatamente anterior al inicio de la diligencia y no recurrible, según se lee en la norma correspondiente, esto es, el artículo 779-1 del ET, adicionado por el artículo 2º de la Ley 383 de 1997:
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá ordenar mediante resolución motivada, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus documentos contables o sus archivos, siempre que no coincida con su casa de habitación, en el caso de personas naturales.
Parágrafo 2º. La providencia que ordena el registro de que trata el presente artículo será notificado en el momento de practicarse la diligencia a quien se encuentre en el lugar, y contra la misma no procede recurso alguno.”
El juicio de constitucionalidad del artículo 779-1 del E.T. contexto y requisitos de la diligencia de registro que dicha norma autoriza
La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad del artículo 779-1 del ET frente a la protección constitucional de los derechos a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, por parte de una autoridad administrativa carente de funciones judiciales; el exceso del poder reglado de la Administración en relación con las medidas de conservación de la prueba y la violación del derecho de defensa por la improcedencia de recursos contra la orden de registro.
En ese escenario, la Sentencia C-055 de 1999 destacó el papel activo que le corresponde asumir a los poderes públicos frente al individuo porque, en el marco del Estado Social, no solo deben respetar las esferas de libertad de la persona, sino adelantar estrategias sociales y económicas para solucionar necesidades comunitarias con acciones concretas que, en materia tributaria, se acompasan con el deber de contribuir al financiamiento de los gastos estatales.
Para influir en el cumplimiento de ese deber, el Estado fue dotado de poderes dirigidos a la imposición, inspección, investigación y sanción, así como de obligaciones principalísimas, como la de lograr la eficiencia en la recaudación, con prácticas que además de facilitar la obediencia de los deberes fiscales por parte de los contribuyentes, potencien la lucha contra el fraude fiscal.
El registro resulta ser una de las manifestaciones de dichos poderes, con los que se legitima la organización de un sistema y un procedimiento para percibir ingresos y regular gastos requeridos para cumplir fines estatales, dado que la filosofía de la investigación tributaria es la de evidenciar el cabal cumplimiento del deber de tributar.
En ese sentido, dijo la Corte que “el registro está planteado como un instrumento que se dirige a verificar la conducta del contribuyente, esto es, a facilitar la búsqueda de la prueba que permite la comprobación de la declaración tributaria en los libros y documentos del contribuyente, pues es allí en donde se plasma su realidad económica.”. De acuerdo con ello, los funcionarios administrativos encargados de velar por la estricta recaudación de las rentas públicas y de hacer efectivo el cobro de las deudas tributarias, pueden adelantar la diligencia.
De todas maneras, el juez constitucional reconoció que el poder tributario también es una facultad reglada del Estado que se somete a límites formales y materiales en los que encuentra legitimación, de modo que las facultades de comprobación e investigación del órgano administrativo de recaudación no pueden tomarse como absolutas para desconocer derechos y garantías constitucionales.
De allí que el ejercicio de la facultad de registro presuponga la existencia de un acto administrativo motivado que justifique la diligencia, con la explicación de las razones del allanamiento; que recaiga sobre documentos relevantes en la investigación fiscal y que pueda practicarse en oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus documentos contables o sus archivos.
Igualmente, observó la Corte: “... es razonable que la autoridad que adelanta el procedimiento administrativo, que es quien conoce la especial situación del contribuyente, analice con detenimiento si el allanamiento es indispensable, por lo cual la orden administrativa se justificaría en defensa del interés general que se concreta en el registro como mecanismo ágil y eficiente para adelantar la investigación tributaria.”
Así mismo, “las intromisiones al lugar de trabajo y a los establecimientos del comerciante deben obedecer a razones que se encuentren claramente vinculadas a las funciones legales de la DIAN para combatir el incumplimiento de las obligaciones tributarias.”; por eso el ámbito material del registro debe estar directamente vinculado al objeto de la investigación tributaria y este, a su vez, asociarse a datos económicos necesarios y directamente relacionados con la declaración e investigación.
De igual forma, aunque el artículo 779-1 del ET atribuye facultades discrecionales a la autoridad administrativa, para decidir con un margen de apreciación mayor que en los casos de facultades estrictamente regladas, la autoridad debe ceñirse a los parámetros y límites legal y constitucionalmente señalados. No existen pues facultades arbitrarias u omnímodas del funcionario.
Finalmente, la sentencia descartó la violación del derecho de contradicción respecto de las pruebas recaudadas en la diligencia de registro, pues “basta examinar las oportunidades procesales que otorgan los artículos 703 y 720 del Estatuto Tributario, para concluir que el sujeto pasivo de la investigación tributaria puede aportar el material probatorio suficiente para desvirtuar las pruebas que con ocasión al registro la administración recolectó en su contra.”
La perspectiva constitucional que acaba de ilustrarse permite advertir que la facultad de registro solo se puede limitar cuando entra en conflicto con derechos de terceros o con la defensa de intereses superiores del ordenamiento.
La incautación de libros de contabilidad y demás documentos privados con incidencia directa en las investigaciones tributarias, o que se relacionen con la inspección, vigilancia e intervención del Estado, no se oponen a esos intereses superiores sino que, por el contrario, los salvaguardan en cuanto garantizan el efectivo cumplimiento del deber constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones estatales.
Tal aprehensión corresponde a una medida claramente dirigida a asegurar las pruebas documentales encontradas en la diligencia, para evitar su alteración, destrucción o pérdida. Así mismo, la recepción de declaraciones juramentadas constituye un medio probatorio que el funcionario administrativo puede utilizar cuando lo estima pertinente y conducente al momento de realizar el registro, en orden a obtener relatos espontáneos —que no prediseñados— sobre la verdad real de los hechos investigados, por parte de quienes, por sus particulares calidades, se estimen directos conocedores de los mismos.
Las únicas limitaciones para esas medidas están referidas a que desarrollen las facultades de fiscalización ordenadas por el acto motivado y a que se dirijan específicamente a evitar que las pruebas obtenidas se alteren, oculten o destruyan, vía aseguramiento. Legalmente no se previó un procedimiento específico para asegurar las pruebas, pero la retención e incautación de documentos implica, per se, su protección y es una medida necesaria para evitar que se oculten o destruyan.
Más allá del procedimiento autónomo que envuelve la facultad legal de registro(1), en dicha diligencia siempre deben protegerse los derechos y garantías de los administrados(2).
La demandante, dedicada al expendio, a la mesa, de comidas preparadas en restaurantes, es contribuyente del impuesto sobre la renta desde el 27 de agosto de 2002 y responsable de impuesto a las ventas desde el 1º de septiembre del mismo año.
En el asunto in examine, la diligencia de registro fue ordenada por la Resolución Nº 83110010049 del 3 de marzo de 2004, ante la necesidad que puso de presente un análisis preliminar llevado a cabo por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, de “establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, constatar la realidad económica – tributaria del contribuyente o contribuyentes que resulten involucrados, obtener las pruebas necesarias para iniciar el correspondiente proceso administrativo tributario de encontrarse comprobada alguna irregularidad o inconsistencia.”
Según acta de la misma fecha, en dicha dirección funciona el restaurante Agua Clara, perteneciente a la sociedad Inveragua S.A., y en desarrollo de la diligencia de registro se recibieron las declaraciones juramentadas del auxiliar contable Luis Fredy Rincón González, del revisor fiscal suplente Luis Carlos Flórez Martínez y del digitador de contabildad Oswaldo Pérez Balvin (fl. 14, c. 2).
Tales declaraciones fueron rendidas bajo la gravedad de juramento y con los apremios de ley.
Así mismo, la respectiva acta de aseguramiento de pruebas muestra que se retiraron temporalmente fólderes y documentos sueltos identificados en la relación anexa de los folios 15 a 21 del c. 2 (60 carpetas de la caja Nº 1, 61 de la caja Nº 2 y 54 de la caja Nº 3), entre los que se encuentran carpetas de ingresos de reembolso con facturas “tirillas de máquina registradora”, reportes de ingresos y egresos, estados de resultados, auxiliares contables, auxiliares contables físicos y digitales y oficios de la sociedad investigada.
De igual forma, el ingeniero de sistemas comisionado por la Administración verificó información existente en los computadores inspeccionados, que involucraba a otras sociedades con el mismo objeto social de Inveragua S.A. (servicio de restaurante y expendio de comidas), entre las que se encontraba la aquí demandante(3). Tal información se extrajo en disquetes (fl. 24, c. 2).
Igualmente, en los folios 208 a 210 del c. 2 aparece oficio del revisor fiscal, Juan Gonzalo Montoya, dirigido a los accionistas de los restaurantes Agua Clara, Hacienda Real, Fonda del Pasajero y Fonda de la Plazuela S.A. Lemon, en el que se lee:
“De acuerdo con la determinación tomada por la Asamblea de Accionistas se constituyeron las nuevas sociedades y se dieron las directrices para el nuevo manejo contable y fiscal de estas, en la búsqueda de disminución de riesgos de tipo legal con respecto al manejo que se le venía dando a las declaraciones de IVA.
Las nuevas medidas contemplaban un manejo fiscal más transparente y real tanto de las ventas como de los impuestos descontables, lo cual se logrará repartiendo las ventas a declarar, parte por la sociedad y parte utilizando la figura del régimen simplificado por medio de personas naturales, lo cual implica no pagar IVA por las ventas declaradas por las personas naturales.
Basado en lo anterior y de acuerdo a un análisis de la estructura de cada negocio, se determinaron los topes mínimos de ventas a declarar de las sociedades y se hizo la proyección de IVA que debían cancelar.
El análisis efectuado arrojó las siguientes cifras mensuales:
Para manejar la anterior estructura se requiere:
• Separación de contabilidades
• Creación legal de la figura de las personas naturales que subarriendan parte de los establecimientos
• Un manejo contable y fiscal muy organizado de los ingresos y gastos
• Conciencia de pago
Por otra parte quiero observar que según los resultados arrojados por los negocios, de no ser, porque están evadiendo la totalidad del IVA, estos no estarían generando los resultados que se muestran, se observa que los informes administrativos que se presentan muestran el total de las ventas incluido el IVA, lo cual es un error, ya que parte de esas ventas se declararon fiscalmente y se debe registrar el IVA por aparte de la venta, si se hace el ejercicio de restar el IVA generado de las ventas declaradas de acuerdo con las tirillas fiscales, a agosto 31 las sociedades darían los siguientes resultados acumulados:
Lo anterior nos muestra que estamos generando una utilidad a costa de la evasión total del IVA, lo que nos indica que los negocios no están mostrando la rentabilidad real, y considero que antes de seguir buscando maniobras para buscar la forma de aumentar las utilidades evadiendo las cargas impositivas que el gobierno impone debemos examinar exhaustivamente si el problema lo tenemos en nuestra estructura de costos y gastos.
Entre los documentos asegurados figuran también estados de resultados de la sociedad Inversiones Fonter Ltda., que reflejan las ventas realizadas en el restaurante “la Fonda de Pasajero”, del Grupo Fonda S.A., concincidentes (sic) con la contabilidad digitalizada, y respaldados en comprobantes de resumen denominados “informe fiscal de ventas diarias”, a nombre del mencionado restaurante (registradoras 1 y 2) y en documentos facturados a nombre de Pablo Ángel Jiménez, Juan Gonzalo Ángel y Jaime Alberto Ángel como personas del régimen simplificado, no obstante que solo el segundo de ellos apareció efectivamente inscrito en dicho régimen, pero desde el 22 de agosto de 2003.
Es decir, los estados de resultados de Inversiones Fonter son los que consolidan las ventas oficiales declaradas por la aquí accionante (se registran como “bar gravadas”) y las no declaradas (se registran como “bar no gravadas” y “charcutería”)(4).
Según las confrontaciones y verificaciones documentales de rigor, los registros contables de la demandante, grabados en disquetes, son los de su contabilidad oficial e ingresos declarados, y los grabados en los disquetes de Inversiones Fonter Ltda., corresponden a ingresos no declarados que coinciden con los valores registrados en los comprobantes de resumen mencionados en párrafo anterior.
Incidencias probatorias en el asunto in examine
La legislación tributaria sujeta la adopción de las decisiones administrativas fiscales al marco de los hechos probados en las actuaciones dentro de las cuales se profieran, mediante los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos (ET Art. 742).
Tal sujeción expresa claramente el postulado de “necesidad de la prueba”, también previsto para el procedimiento general (Código de Procedimiento Civil Art. 174), y al cual la doctrina procesal se ha referido como “regla técnica de procedimiento” predicada del derecho probatorio(5), constitutiva del presupuesto de las decisiones judiciales que conllevan la resolución de circunstancias que requieran formar el convencimiento del juez o de las autoridades administrativas por medios externos.
El mérito probatorio de los medios idóneos en las actuaciones fiscales depende de que ellos formen parte de la declaración, de que se alleguen en desarrollo de las facultades de fiscalización e investigación, junto con las respuestas al requerimiento especial y a su ampliación o con los recursos que se interpongan, o de que se hubieren practicado de oficio u obtenido por un convenio internacional de intercambio de información para fines de control tributario, o por envío de un gobierno o entidad extranjera, de oficio o a solicitud de la administración colombiana (ET art. 744).
Sin duda alguna, la información extraída de los documentos asegurados en la diligencia de registro realizada por la Administración, endosó automáticamente a la demandante la carga de la prueba para demeritar el contenido de aquellos, en el marco del principio previsto en el artículo 177 del CPC, conforme con el cual, “incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
De allí que en los eventos en que no existan pruebas el juez deba proferir un fallo en contra de quien tenía la carga de aportarlas, máxime en asuntos fiscales materializados a través de actos que se presumen legales y en los que se traslada a los contribuyentes el deber de desvirtuar esa presunción, por medios conducentes, pertinentes y útiles.
Desde esa perspectiva, la oposición a las pruebas practicadas en la diligencia de registro implicaba la presentación de medios fehacientes y contundentes para dejarlas infundadas, lo cual no ocurrió en el sub lite.
En efecto, el demandante se limitó a cuestionar el decreto y la valoración de dichas pruebas, por razones que atañen a la práctica de ellas mismas y de las cuales, de paso sea anotar, no proviene invalidez alguna sobre cada medio probatorio individualmente considerado. La alzada no ofreció ningún elemento definitivo para restarle credibilidad a ese contenido probatorio, de cara al esclarecimiento de los hechos fiscalmente relevantes.
En todo caso, para fines aclaratorios, y de acuerdo con lo explicado en apartes anteriores de esta providencia, la Sala encuentra legítimo el aseguramiento de los documentos examinados a la luz del artículo 683 del ET, como medida apta, idónea, y en todo procedente, para fiscalizar la situación tributaria de todas las empresas respecto de las cuales se encontró información contable.
Así mismo, se recuerda que el artículo 750 ibídem permite tener como testimonios los hechos consignados en informaciones rendidas bajo juramento, como las que reposan en los folios 211 a 219 del c. 2, ante las oficinas de impuestos, entendiendo que ellos se sujetaron a los principios de publicidad y contradicción, cuando el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión se notificaron al demandante.
Finalmente y al margen del tipo de medio probatorio, la condición profesional y funcional de quien suscribe los oficios de revisoría fiscal asegurados, y estimados en la investigación, permite advertir en ellos afirmaciones lo suficientemente serias y creíbles en el contexto de la investigación, para incidir con alcance determinante en la etapa gubernativa correspondiente. Por lo demás, tales afirmaciones también pudieron cuestionarse en la respuesta al requerimiento especial y en el recurso de reconsideración impetrado contra la liquidación oficial de revisión acusada.
En todo caso, el artículo 198 del CPC(6) validaba la confesión de todo tipo de mandatario de una persona, mientras esté en ejercicio de sus funciones, en lo relacionado con actos y contratos comprendidos dentro de sus facultades para obligar al representante o mandante.
El conjunto de pruebas traído a colación a lo largo de esta considerativa, le restaron sustento a la presunción de veracidad de la declaración tributaria, que en sí misma es desvirtuable y no perenne en el tiempo, como parece entenderlo la parte actora.
Lógicamente, cuando esa presunción se desvirtúa, el declarante asume la carga de la prueba para atacar los medios probatorios que la demeritaron. Es decir, la autoridad tributaria tiene la carga de comprobar la realidad de los hechos que el contribuyente declara en su denuncio rentístico, endosándole a aquel la carga de controvertir esa labor comprobatoria de la autoridad fiscal. Ello, por supuesto, sin perjuicio de que en el proceso judicial puedan mejorarse las pruebas aportadas en sede administrativa, como ya lo ha aceptado la Sala.
De contera, ante el rechazo total o parcial de costos, gastos y deducciones, el contribuyente que los declara para disminuir su base gravable de renta, debe suministrar las pruebas que descarten esa decisión administrativa.
Bien dijo la Sala en asunto similar al que ahora se discute(7):
“Las declaraciones tributarias están cobijadas por la presunción de veracidad, presunción legal que puede ser desvirtuada, lo que hizo la Administración en los actos administrativos, con fundamento en las pruebas recaudadas en la investigación que adelantó y de la que concluyó que el contribuyente había omitido declarar la totalidad de los ingresos recibidos en la vigencia fiscal 2003.
En consecuencia, el denuncio rentístico quedó desprovisto de la presunción de legalidad que lo cobijaba, a que hace referencia la apelante y, por lo tanto, la carga de la prueba no recaía ya sobre la Administración, sino sobre la contribuyente, con el fin de desvirtuar las glosas efectuadas en los actos administrativos.
Lo anterior evidencia que la demandante no asumió la carga de la prueba que la misma norma citada le impone, carga que por efectos de los planteamientos de la misma Administración se invirtió automáticamente y quedó en cabeza suya, debiendo proceder a rebatir los reparos hechos por la entidad a su declaración, con respaldo, a su vez, en las pruebas que demostraran que el ente oficial no tenía razón en las glosas propuestas en el requerimiento especial y confirmadas en la liquidación oficial practicada.
Entonces el planteamiento apropiado para el presente debate no es si la DIAN desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración, como erróneamente afirma la apelante, sino si el Grupo Junin S.A. demostró que sus ingresos reales fueron los efectivamente declarados.”
Basta lo dicho hasta aquí para confirmar la sentencia apelada, en cuanto los argumentos de la alzada no desvirtuaron la presunción de legalidad de los actos demandados.
1. CONFÍRMASE la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 28 de junio de 2012, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el Grupo Fonda S.A. contra la DIAN.
2. Reconócese personería para actuar como apoderada de la DIAN, a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, en los términos y para los fines del poder visible en el folio 215 de este cuaderno.
1 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 16 de julio de 2009. Exp. 16653. C.P. doctora Martha Teresa Briceño de Valencia.
2 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 11 de octubre de 2012, exp. 18559. C.P Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez
3 Grupo Junín S. A., Hacienda Real, Inversiones Fonter, Grupo Estilo S. A., Comercial Monara, Ángel Franco S. A., Santiago ángel Jiménez, Sweet Lemon Parque de los Deseos.
4 Folios 28 a 37, 44 a 70 del c. 2
5 Tal tesis sostiene que los principios informadores del derecho probatorio como parte del derecho procesal, son los mismos que cumplen para este una labor orientadora, a saber: publicidad, eventualidad, economía procesal, igualdad e imparcialidad, caracterizados por su carácter absoluto una vez adoptados y la imposibilidad de predicar contrarios. Por su parte, las reglas técnicas son herramientas, en veces contradictorias, que el legislador puede emplear de acuerdo con las condiciones sociales, culturales y económicas de un determinado país, por ejemplo, la contradicción, no oficiosidad o carga de la prueba, necesidad, comunidad o unidad de la misma y la intermediación; las reglas técnicas opuestas que el legislador puede optar por desarrollar total o parcialmente, son la no contradicción, oficiosidad, no necesidad ni comunidad, la individualidad y la mediación (López Blanco. Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Pruebas. Segunda edición. Tomo 3, Dupré editores. Bogotá D. C. 2008. P. 33-35)
6 Modificado por el artículo 194 del CGP
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 16 de octubre de 2014, exp. 19847, C. P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

References: artículo 30
 artículo 684
 artículo 779
 artículo 2
 resolución 
 artículo 779
 artículo 779
 artículo 779
 Resolución 
 resolución 
 artículo 177
 artículo 683
 artículo 750
 artículo 198
 artículo 194