Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2011/as201121073.htm
Timestamp: 2020-04-01 10:25:20+00:00

Document:
201102-Sala Civil-1-073
Auto Supremo: Nº 73. Sucre: 23 de Febrero de 2011.
Expediente: Nº 138 - 08 - S.
Partes: Bernardino Siñani Cari c/ el Banco Unión S.A
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, de fojas 424 a 427, interpuesto por Bernardino Siñani Cari y Tomasa Mejillones de Siñani, contra el Auto de Vista Nº 392/2008, de fojas 420 a 421, pronunciado el 15 de agosto de 2008, por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre declaración de fraude procesal y otros, seguido por los recurrentes contra el Banco Unión S.A.; la respuesta de fojas 446 y vuelta; la concesión de fojas 447; los antecedentes del proceso; y:
CONSIDERANDO: Que, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, el 1 de febrero de 2008, emitió la Sentencia de fojas 379 a 385, que declaró probada la demanda principal de fojas 212 a 214 vuelta, sobre fraude procesal , nulidad de escritura pública Nº 11 de 6 de enero de 2003, por ilicitud de causa y motivo, acción negatoria, reivindicación y consiguiente cancelación de su inscripción en Derechos Reales , más pago de daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de Sentencia. Como emergencia de ello ordenó la reivindicación, desocupación y entrega del inmueble adjudicado por los demandados Banco Unión S.A., ubicado en la ciudad de El Alto, del Departamento de La Paz, en la avenida Carlos Vega 3056, Villa "16 de Julio", con superficie de 500 m2., otorgando a tal efecto el plazo de tres días para que la parte demandada entregue el inmueble completamente desocupado a favor de los actores, bajo alternativa de librarse mandamiento de desapoderamiento. Igualmente declaró nulo el Instrumento Público Nº 11/2003 de 6 de enero de 2003 y ordenó que por la Oficina de Derechos Reales del Distrito Judicial de La Paz, se proceda a la cancelación de Asiento A-2 de 23 de junio de 2003 y se restituya el gravamen inscrito bajo el Asiento B-1 de 4 de diciembre de 1998, ambos registrados bajo la Matrícula Computarizada 20140100025565. Por otra parte declaró improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho, opuesta por los demandantes contra la demanda reconvencional. Finalmente declaró improbada la excepción perentoria de improcedencia de juicio de fraude procesal de juicio coactivo e improbada la demanda reconvencional por caducidad de derecho.
En grado de apelación deducida por la parte demandada, la Sala Civil Segunda de la corte superior del distrito Judicial de Santa Cruz, el 15 de agosto de 2008, pronunció el Auto de Vista N 392/2008, de fojas 420 a 421, por el cual revocó parcialmente la Sentencia apelada y declaró improbada en su integridad la demanda de fojas 212 a 214 y probada la excepción perentoria de improcedencia de proceso de fraude procesal de juicio coactivo, confirmando en todo lo demás la Sentencia. Sin costas.
Resolución de alzada recurrida en casación por la parte actora, en base a los fundamentos expuestos en el memorial de fojas 424 a 427.
En el marco de esa facultad fiscalizadora, corresponde puntualizar que, como estableció este Tribunal a través de los Autos Supremos 428, de 6 de Diciembre de 2010; y 344, de 8 de Octubre de 2010, el artículo 333 del citado Código establece que, cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas podrá el Juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanaren se la tendrá por no presentada.
No obstante lo que se desprende de la literalidad de la norma transcrita, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsicos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.
El segundo supuesto en que el Juez puede ejercer la facultad de rechazar in limine una demanda, lo constituye aquellos casos en los que la ley excluye la posibilidad de tutela jurídica, o demanda objetivamente improponible; Quedan incluidos, dentro de esta posibilidad todos los casos de obligaciones naturales; además aquellos en los que la ley sustantiva excluye determinadas pretensiones jurídicas, es decir cuando nos encontramos frente a una pretensión inviable de inicio. Por ejemplo, la imposibilidad de demandar la lesión o vicios ocultos, respecto de una venta judicial, supuesto expresamente prohibido por el artículo 1481 del Código Civil; la inadmisibilidad de la acción de desconocimiento de paternidad intentada por el padre en el supuesto de concepción por fecundación artificial con autorización escrita del marido, previsto por el artículo 187 del Código de Familia; la anulabilidad relativa del matrimonio demandada por quienes no son cónyuges legitimados en los casos previstos por los artículos 84, 86, 88 del Código de Familia; la anulabilidad del contrato por incapacidad de una de las partes contratantes, cuando quien demanda dicha anulabilidad es la persona capaz que reclama la incapacidad del prohibido con quien contrató; la usucapión de bienes de propiedad municipal o del Estado, posibilidad expresamente prohibida por el artículo 131 de la Ley de Municipalidades; debiendo aclararse que en este caso, la improponibilidad se da cuando la pretensión de quien demanda la usucapión está expresamente orientada a usucapir un bien que sabe y reconoce que es de propiedad del Estado.
Finalmente, el Juez podrá ejercer la facultad de repulsar in limine una demanda cuando advierta objetivamente la falta de presupuestos de la pretensión; es decir, si los hechos expuestos por el actor no coinciden con el presupuesto de hecho contenido en la norma jurídica que fundamenta la pretensión; ese sería el caso, por ejemplo, de quien demanda usucapión extraordinaria alegando posesión por un tiempo menor el exigido por Ley. O cunado el actor deduce en su demanda pluralidad de pretensiones que resulten contrarias entre sí, salvo el caso de subsidiariedad; nos referimos por ejemplo al supuesto en el que el actor demande la nulidad y anulabilidad de un contrato, supuestos en los que en forma reiterada y uniforme la Corte Suprema se pronunció por la nulidad de la admisión de la demanda; en igual situación nos encontraríamos cuando el actor demande la resolución y al mismo tiempo el cumplimiento de un contrato, aspecto prohibido por el artículo 569-II del Código Civil.
CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo expuesto precedentemente, de la revisión de obrados, se evidencia que el "thema decidendum" en la presente causa, constituye la declaración de fraude procesal en juicio coactivo que el Banco Unión S.A. siguió en contra de los actores Bernardo Siñani Cari y Tomasa Mejillones de Siñani y como consecuencia de ello: la nulidad de la Escritura Pública Nº 111 de 6 de enero de 2003, relativa a la adjudicación judicial de un bien inmueble urbano ubicado en la avenida Carlos Vega Nº 3056, zona "16 de julio" de la ciudad de El alto, que el Juez Segundo de Partido de la ciudad de Santa Cruz otorgó a favor del Banco Unión S.A., como consecuencia del referido proceso coactivo; la cancelación de su inscripción en Derechos Reales; la acción negatoria y la reivindicación del inmueble, más daños y perjuicios.
Que, como se evidencia de lo expuesto la pretensión de la parte actora radica en esencia, en la declaratoria de fraude procesal del juicio coactivo; siendo esa la pretensión principal, corresponde en principio efectuar las siguientes consideraciones de orden legal:
Toda Sentencia debe revestir un carácter irrevocable, por una parte, y por otra, la necesidad de mantener sus efectos, bajo el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada. Sin embargo, cuando la misma es el resultado de una colusión o fraude, la doctrina sostiene que no se puede cerrar el camino de su revisión.
Se entiende por fraude procesal, todo artificio, maquinación, ardid o engaño que la malicia humana puede introducir en el proceso, haciendo víctima del engaño al juzgador, con la finalidad de obtener dolosamente de éste, una Sentencia. Significa entonces, que ha lugar a la revisión del fallo cuando el juzgador ha pronunciado una Sentencia merced de artificios o engaños introducidos en el proceso y que de no haber mediado estas maquinaciones, el pronunciamiento haya sido diferente. Como anota Francisco Ramos Méndez en su tratado sobre Derecho Procesal Civil, tomo II, pág. 759, "la revisión afecta en definitiva a todo el proceso por el que se obtuvo una Sentencia firme, debido a motivos taxativos señalados por la ley que determinan la fraudulencia o novedad del proceso objeto de revisión".
En la legislación boliviana, el recurso de revisión extraordinaria de Sentencia previsto por el artículo 297 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, señala de manera taxativa los casos en los que procede, que no son otros que los enumerados en referido artículo. Así, el caso tercero prevé, que habrá lugar al recurso extraordinario de revisión de una Sentencia ejecutoriada en proceso ordinario, cuando se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado en Sentencia ejecutoriada.
En otras palabras, la acción de declaración de "fraude procesal", prevista en el artículo 297-3) del Código de Procedimiento Civil, consiste en poner, mediante proceso ordinario, en evidencia una "conducta fraudulenta", "un engaño o mala fe" con que se ha actuado en un determinado proceso ordinario para conseguir una Sentencia favorable, con la finalidad de lograr se revise ésta mediante un expreso recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo competente.
En ese marco, se concluye que, el objeto del proceso de fraude procesal se circunscribe a determinar el fraude en virtud al cual el proceso ordinario cuestionado ha sido resuelto, siendo ajeno al fin que persigue esta acción, la consideración y pronunciamiento sobre la legalidad, ilegalidad, corrección o incorrección de las resoluciones dictadas en el proceso de conocimiento, como también ajeno resulta a ese fin la pretensión de anular, por esta vía, el proceso de conocimiento a que se refiera; toda vez que en nuestra economía jurídica no existe la figura de nulidad del proceso por fraude procesal, puesto que tal posibilidad de juicio está legislada bajo el denominativo de revisión extraordinaria de Sentencia que sólo procede para juicios ordinarios ejecutoriados en los cuales se hubieran logrado los fallos en mérito a fraude procesal, circunstancia que no es posible ni aplicable para los juicios ejecutivos, cuya modificación sólo procede a través de demanda en juicio ordinario, en el marco de lo previsto por el artículo 490 del código de Procedimiento Civil.
Que, atendiendo la naturaleza y la teleología de un proceso sobre "fraude procesal", queda claro entonces que a través de ese proceso lo que se pretende es obtener una Sentencia declarativa que viabilice la posterior revisión extraordinaria de la Sentencia ejecutoriada que hubo sido dictada en proceso ordinario; razón por la cual no es posible aplicar dicha previsión a la revisión de un proceso ejecutivo o coactivo, como se pretende en el caso sub lite, toda vez que el único medio a través del cual se puede revisar lo resuelto en esos procesos es por la vía ordinaria en el marco previsto por el artículo 490 del Código Adjetivo de la materia.
De lo expuesto se establece que la pretensión deducida por la parte actora -declaración de fraude procesal en juicio coactivo-, constituye una pretensión o demanda improponible, toda vez que la normativa legal no reconoce esa posibilidad para los juicios coactivos o ejecutivos y reserva esa declaración a fin de viabilizar una posterior revisión de Sentencia ejecutoriada únicamente para los procesos ordinarios. En otras palabra, la pretensión deducida por la parte actora resultaba ser inviable de inicio, por tratarse de una demanda improponible, aspecto que el Juez A quo, como director del proceso, en el marco del artículo 87 del Código de Procedimiento Civil, debió advertir ab initio, pues, estaba en la obligación de analizar la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello debió consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso.
Sin embargo, en el caso sub lite, el Tribunal Ad quem fundamentó su resolución de alzada en las consideraciones expuestas precedentemente, empero, en base a esas consideraciones revocó la Sentencia, cuando lo que le correspondía era declarar la nulidad de obrados, precisamente por haberse tramitado un proceso sobre la base de una pretensión improponible.
Por las razones expuestas se advierte que en el sub lite, en perjuicio de las partes y de la propia administración de justicia, se tramitó un proceso sobre la base de una demanda improponible, cuya pretensión es contraria al orden público y se encuentra fuera de la Ley; aspecto que no fue advertido por el Juez A quo ni por el Tribunal Ad quem; correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los artículos 271- 3) y 275, con relación al artículo 252, todos del Adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 58 -1) de la Ley de Organización Judicial y aplicando lo dispuesto por los artículos 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 216, inclusive, y dispone que el Juez A quo, emita nueva resolución, en estricta observancia de lo previsto por los artículos 3-1), 87 del Código de Procedimiento Civil y a los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

References: Resolución 
 artículo 333
 artículo 1481
 artículo 187
 artículo 131
 resolución 
 artículo 569
 artículo 297
 artículo 297
 artículo 490
 artículo 490
 artículo 87
 resolución 
 artículo 252
 artículo 58