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Timestamp: 2018-09-24 02:28:10+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2012-00074/46925 DE NOVIEMBRE 22 DE 2017
SENTENCIA 2012-00074 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:LA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA SE EXAMINA EN SI TODO LO PEDIDO EN LA DEMANDA FUE CONCEDIDO O NEGADO CON ARGUMENTOS RAZONABLES. LA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA EN UNA DEMANDA EN EL QUE SE PRETENDE UN ERROR JUDICIAL, NO SE DETERMINA POR LA CORRESPONDENCIA DE LAS NORMAS QUE SE CITAN EN LA PROVIDENCIA QUE SE ACUSA DE SER CONTENTIVA DEL ERROR Y LAS NORMAS QUE INVOCA EL JUEZ EN EL FALLO EN EL QUE DETERMINA SI EXISTE O NO EXISTE TAL ERROR. LA CONGRUENCIA SE EXAMINA EN SI TODO LO PEDIDO EN LA DEMANDA FUE CONCEDIDO O NEGADO CON ARGUMENTOS RAZONABLESO SI SE CONCEDIERON ASPECTOS POR FUERA DE LOS SOLICITADO EN LA DEMANDA. EN EL CASO EN CONCRETO, SE SOLICITÓ QUE SE DECLARARA EL ERROR JUDICIAL POR ERRORES DE INTERPRETACIÓN Y ERRORES DE HECHO, Y SE CONCLUYÓ QUE EL DEMANDANTE NO CUMPLIÓ SU CARGA PROCESAL QUE TENÍA DE DEMOSTRAR QUE LA SENTENCIA ACUSADA HUBIESE INTERPRETADO LAS NORMAS DE MANERA ERRÓNEATAMPOCO ESTÁ DEMOSTRADO QUE LA SENTENCIA A LA CUAL SE LE IMPUTA ERROR JUDICIAL CAREZCA DE UNA ARGUMENTACIÓN RAZONABLE, NI HAY INADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA, PORQUE LOS DOCUMENTOS NO CONSTITUYEN PRUEBAS Y NO FUERON TENIDAS EN CUENTA COMO FUNDAMENTO DEL FALLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, CONGRUENCIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, ERROR DEL JUEZ
Sentencia 2012-00074/46925 noviembre 22 de 2017
Rad.: 25000233600020120007401 (46925)
Actores: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Contenido: Descriptor: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones, porque no se configuró el daño alegado. Restrictor: Legitimación en la causa –por activa y pasiva–. Caducidad del medio de control. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad del Estado por daños derivados de la Administración de Justicia. Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional.
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación toda vez que de conformidad con la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(15).
La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(16) o, en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante Jorge Eliécer Cuervo Cuervo, quien fungió como demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirieron las providencias que él considera como contentivas de error judicial. Esta persona, en la condición aducida, se encuentra legitimado en la causa por activa.
Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación –Rama Judicial–, frente a lo cual debe tenerse presente, que el proceso judicial en que se alega que ocurrieron los supuestos errores judiciales que dieron lugar a esta acción, fue de conocimiento en primera instancia por el Juzgado 9º Administrativo de Descongestión de Bogotá, y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, en razón de lo cual, la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados en el numeral 2º, literal i) del artículo 164 del CPACA, que dispone que “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(17), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código aplicable para la presentación de la demanda(18). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(19).
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación error judicial, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que se acusa como contentiva del error judicial, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(20).
En el caso concreto, la Sala observa que el demandante alega que la sentencia del 17 de marzo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” incurrió en un error jurisdiccional, la cual quedó ejecutoriada el día 14 de abril de 2011(21); asimismo, se tiene que el 08 de mayo de 2012 radicó solicitud de conciliación extrajudicial, audiencia que se llevó a cabo el 28 de junio de 2012 y la procuraduría judicial expidió constancia el 09 de julio de 2012(22); por lo que la actora contaba hasta el 15 de junio de 2013 para presentar la demanda de reparación directa, lo cual tuvo lugar el 18 de julio de 2012, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 2º, literal i) del artículo 164 del C.P.C.A.
El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante en su escrito de apelación oportunamente presentado, conforme a lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso. Por lo cual, la Sala procederá a analizar sí en la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” proferida el 17 de marzo de 2011 incurrió en un error jurisdiccional, el cual le generó un daño antijurídico al señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo; o si por el contrario, como lo declaró el a quo la misma se encuentra ajustada a derecho.
Para resolver lo pertinente, la Sala en primer lugar reseñará las pruebas que obran en el expediente; a continuación examinará los presupuestos para configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado; luego se analizará la responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia y finalmente se realizará el análisis del caso concreto.
Copia de la sentencia del 26 de marzo de 2010 proferida por el Juzgado 9º Administrativo de Descongestión de Bogotá(23) proferida dentro del proceso con radicado Nº 11001333102320070072301 en el que fungió como demandante el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual declaró configurado el silencio administrativo negativo respecto de la petición formulada por señor Cuervo Cuervo, el 12 de junio de 2007 ante el Ministerio de Defensa Nacional y negó las pretensiones de la demanda, pues en el caso bajo estudio era necesario que se demostrara la existencia de un acto del Gobierno mediante el cual se determinara las zonas o que a juicio del concejo de ministros se establezca si existen las condiciones que determinen la medida para su reconocimiento; lo anterior con fundamento en una sentencia del Consejo de Estado Nº 924-03.
En esta misma providencia se resaltó que el actor, en la petición que incoó ante el Ministerio solicitó que se ordenara, a quien correspondiera, preparar el proyecto para la expedición de la resolución del Gobierno, que establece el artículo 181 del Decreto 2337 de 1971; para el reconocimiento del tiempo doble; y que, sin embargo, en sede judicial, contradictoriamente, consideraba que tal acto administrativo era innecesario.
Copia de la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”(24) del 17 de marzo de 2011 proferida dentro del proceso con Radicado 11001333102320070072301 en el que fungió como demandante el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional; en la cual resolvió confirmar la sentencia del 26 de mayo de 2010 mediante la cual el Juzgado Noveno Administrativo negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Como primera medida es preciso analizar el tiempo doble de servicios.
Ahora bien, el actor ingresó a la Fuerza Aérea el 25 de enero de 1971 y fue retirado el 5 de junio de 1985 mediante Resolución 085 de 5 de junio de 1985, así mismo es de caso notar que al demandante se le reconoció como tiempo doble el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 1971 y 29 de diciembre de 1973 a través de la Resolución 1386 de 12 de julio de 1974, pero queda en discusión el reconocimiento de los lapsos que corresponden a: (i) 29 de junio de 1975 a 22 de junio de 1976 y (ii) de 7 de octubre de 1976 a 9 junio de 1982.
(i) Lapso comprendido entre el 29 de junio de 1975 al 22 de junio de 1976: En este periodo se encontraba vigente el Decreto 2340 de 1971 por medio del cual se reorganizó la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Policía, el mencionado decreto estableció que el tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior se computaría doble en las zonas que determinara el Gobierno a juicio del Consejo de Ministros.
Por consiguiente, como para época solicitada ya existía la exigencia del Concepto del Concejo de Ministros sobre la justificación del reconocimiento del tiempo doble y al no haber existido pronunciamiento gubernamental sobre ese aspecto concretado en un decreto ejecutivo, no hay lugar a que se produzca tal prerrogativa aun cuando se hubiera presentado la conmoción interior y el actor hubiere servido a la Fuerza Aérea en tal periodo.
(ii) Lapso comprendido entre el 7 de octubre de 1976 y el 9 de junio de 1982: En este periodo aún se encontraba vigente el Decreto 2340 de 1971, hasta el 15 de marzo de 1977 fecha en la cual fue derogado mediante el Decreto 609 de 1977 que reorganizó la carrera de las Fuerzas Armadas nuevamente.
En ese orden de ideas, en el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 1976 y el 15 de marzo de 1977 no hubo reconocimiento de tiempo doble por las razones explicadas en el numeral anterior, al no mediar pronunciamiento gubernativo de por medio por parte del Concejo de Ministros, ahora bien, con la expedición del Decreto 609 de 1977 se previó que no se reconocería tiempo doble para ningún efecto.
Es así como el lapso comprendido entre el 15 de marzo de 1977 y el 9 de junio de 1982, no es susceptible de ser reconocido, no porque no medie concepto previo del Concejo de Ministros sino porque desde la expedición del Decreto 609 de 1977 no procede el reconocimiento de ningún tiempo doble.
Por consiguiente, el actor no demostró conforme a la ley y a la jurisprudencia el derecho a que se le tengan como tiempos dobles para el reajuste e incremento de su asignación de retiro los demás periodos señalados y pretendidos diferentes a los que le fueron reconocidos, por tal sus pretensiones no pueden ser acogidas.
En ese orden de ideas, esta corporación prohíja los argumentos del a quo, toda vez que en el presente caso no existe prueba que el organismo mencionado se haya pronunciado sobre la viabilidad para el reconocimiento de tiempo doble de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional durante los requisitos exigidos por la ley para obtener esta prerrogativa, mal podría esta corporación acceder a las pretensiones de la demanda.
Copia de la Sentencia C-917 del 18 de noviembre de 1999 expedida por la Corte Constitucional mediante la cual se declaró inhibida para proferir sentencia de mérito con las partes acusadas de los artículos 181 del Decreto 2337 de 1971, 155 del Decreto 2238 de 1971 y 99 del Decreto 2340 de 1971(25).
Copia de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” del 27 de febrero de 1997 proferida dentro del proceso Nº 28832 en el que fungió como demandante el señor Carlos Julio Cholo Canon y como demandada la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional(26).
El daño comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(29) y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(30), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.
“(…) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(31).
Esto es sin duda, un aporte dado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(42). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(43). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(44).
Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba delimitarse la responsabilidad extracontractual del Estado(51), sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede en primera medida la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(52), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho; en caso de no poder aplicarse dicha motivación, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(…) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas –a manera de recetario– un específico título de imputación (…)”(53).
La garantía de la tutela judicial efectiva vincula a los tribunales internacionales, tanto en el orden universal, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; como en el orden regional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, pese a que se establece en principio una inmunidad diplomática y en sus votos, pero únicamente respecto de los miembros que conforman estos tribunales; pero no de la institución misma, que está vinculada a un régimen de responsabilidad derivada de sus procedimientos y decisiones. De suerte que si en ejercicio de esta actividad judicial internacional se incurre en actos u omisiones que vulneren los elementos que conforman el acceso efectivo a la administración de justicia, el organismo tendrá que responder por los daños que de tales actos u omisiones se deriven(54).
Una vez entra en vigencia la constitución de 1991, pueden advertirse dos épocas: una primera en que a la cláusula prevista por el artículo 90 de la Constitución se le dio una aplicación jurisprudencial en materia de daños derivados por la actividad judicial, en la que, en aplicación de las hipótesis previstas en el artículo 414 del entonces vigente código de procedimiento penal, se asoció como un mismo supuesto la privación injusta de la libertad y el error judicial(55); y un segundo periodo que comienza con la expedición de la ley 270 de 1996, normatividad que especificó como fundamentos de la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional tres hipótesis: la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Por cuanto en el sub judice se acusa al Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de haber incurrido en error judicial al proferir unas decisiones en las que se incurrió en una indebida interpretación normativa, probatoria y jurisprudencial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo incoó en contra del Ministerio de Defensa; la Sala estima oportuno examinar los contornos dogmáticos del error judicial como criterio de imputación de responsabilidad.
El artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error jurisdiccional como aquel “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Y esta corporación lo ha definido como el error que se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, es decir, aquellas resoluciones judiciales mediante las cuales se interpreta y aplica el derecho(56).
Asimismo, la Sala ha establecido que el error jurisdiccional como título de imputación de responsabilidad del Estado se presenta siempre que “una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado(57)”.
Se afirma que por error judicial “ha de entenderse la lesión definitiva cierta, presente o futura, determinada o determinable, anormal a un derecho a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está en el deber de soportar”(58)
Ahora bien, siendo el error una categoría proveniente de la teoría general del derecho es oportuno precisar que este se distingue de la ignorancia del funcionario judicial, en la medida en que en aquél se presenta un falseamiento de la realidad; mientras que en ésta se verifica la carencia absoluta de conocimiento sobre una determinada realidad(59).
En este orden de ideas útil es determinar que dicho error puede ser de diversos tipos: un error de hecho, que implica una equivoca percepción respecto de las personas, respecto de la naturaleza de la decisión judicial, en cuanto al objeto de la decisión y a los motivos de la misma. De otra parte, el error puede ser derecho, el que se concreta en “cuatro modalidades específicas: violación directa del orden positivo; falsa interpretación del orden positivo; errónea interpretación del orden positivo; y violación por aplicación indebida del orden positivo”(60).
Adicionalmente, según el artículo 67 de la misma ley, para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error jurisdiccional es necesario que concurran los siguientes requisitos(61): (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme(62).
En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que las condiciones necesarias “para estructurar el error jurisdiccional que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado (…) son las siguientes”(63):
“d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución –auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla–, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador(64)”(65).
En reiterados pronunciamientos la Sala ha reconocido que en algunas oportunidades el juez sólo dispone de la “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables(66). Así las cosas, en esta última hipótesis, el juicio de responsabilidad no puede reputar como daño antijurídico la consecuencia adversa a los intereses de una de las partes como consecuencia de la decisión judicial fundada en argumentos racionales(67). En este sentido, se ha sostenido que:
“… el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables –en cuanto correctamente justificadas– pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento –una justificación o argumentación jurídicamente atendible– pueden considerarse incursas en error judicial”(68).
Por último, la Subsección estima pertinente reiterar que si bien la Corte Constitucional en la sentencia de control de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia asimiló el concepto “error jurisdiccional” al de “vía de hecho”(69), dicha identificación semántica resulta impropia. Así, tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional únicamente será determinante la contravención al ordenamiento jurídico contenida en una providencia judicial(70), y no la conducta “subjetiva, caprichosa y arbitraria” del operador jurídico(71).
Para realizar el análisis del caso concreto la Sala, en primer lugar, se ocupará de resolver cada uno de los dos cargos en que se funda el recurso de apelación, esto es, la incongruencia del fallo de primera de la sentencia impugnada; y el error de hecho en la valoración de los documentos obrantes; realizado lo cual, determinará si están acreditados los errores de derecho y de hecho que el demandante le endilga a la providencia que dio lugar a este proceso.
6.1. Incongruencia entre lo decidido y la fijación del litigio.
Alega el recurrente que el tribunal de primera instancia en el momento de fijar el litigio manifestó que el error judicial a estudiar se concretaría en el fallo proferido por la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 17 de marzo de 2011, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; y no del fallo emitido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá; y que, pese a ello, al resolver en primera instancia este medio de control de reparación directa, en el momento de tomar la decisión, la Sección Tercera de ese Tribunal se refirió a normas completamente diversas a las que citó el fallo La Sección Segunda del Tribunal del Cundinamarca.
Este cargo no está llamado a prosperar, toda vez que la congruencia de la sentencia en una demanda en el que se pretende un error judicial, no se determina por la correspondencia de las normas que se citan en la providencia que se acusa de ser contentiva del error y las normas que invoca el juez en el fallo en el que determina si existe o no existe tal error. La congruencia se examina en si todo lo pedido en la demanda fue concedido o negado con argumentos razonables; o si se concedieron aspectos por fuera de los solicitado en la demanda. En el caso de autos, se solicitó que se declarara el error judicial por errores de interpretación y errores de hecho, y de manera absolutamente congruente la Sección Tercera del Tribunal de Cundinamarca, en la sentencia objeto del recurso de apelación que aquí se resuelve, afirmó que tales errores no estaban acreditados.
En efecto, en relación con la indebida interpretación del artículo 47 de la Ley 2ª de 1945(72) y del artículo 181 del Decreto 2337 de 1971(73), es claro que dicha normativa establece el reconocimiento del tiempo doble cuando se haya determinado en el país la conmoción exterior o el estado de sitio; asimismo, esa misma legislación establecía como requisito adicional que dicho tiempo se reconocería como doble, cuando se prestara el servicio en la zona afecta, la cual sería delimitada por el consejo de ministros. Al respecto, contrario a lo esgrimido por la parte demandante, se tiene que las autoridades judiciales demandadas, interpretaron la norma conforme al caso que se estaba estudiando dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que el actor incoó contra el Ministerio de Defensa, conforme se explicará más adelante.
6.2. Error de hecho en la valoración de documentos.
A este respecto aduce el apoderado de la parte recurrente: i) que el Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión incurrió en una interpretación errónea del material probatorio. ii) Desconocimiento por parte de la Sección Segunda del Tribunal de Cundinamarca de otro material probatorio; iii) señaló que dichas autoridades judiciales interpretaron de manera errónea la jurisprudencia, sentencia de la Corte Constitucional C-917 de 1999 y la del 27 de marzo de 1997 proferida por el Tribunal Administrativo y la hoja de servicios del Agente Carlos Julio Merchán en la cual se evidencia el cumplimiento de una orden judicial mediante la cual se le ordenó el reconocimiento del tiempo doble, por parte del Consejo de Estado) iv) y que fundaron la decisión en Decretos que sólo le eran aplicables a la fuerza pública (decretos 2340 de 1971; Decreto 609 de 1977 y Decreto 612 de 1977).
Para efectos de resolver sobre este cargo, la Sala procede a examinar cada una de las consideraciones hechas por la Sección Tercera del Tribunal de Cundinamarca en la sentencia objeto de presente recurso de apelación, así:
6.21. Sobre el análisis erróneo de los documentos que obraban dentro del expediente, una indebida interpretación de la jurisprudencia y el desconocimiento del material probatorio.
Al respecto la Sala observa que el magistrado ponente del fallo que aquí se revisa, se ocupó de ello a partir del minuto 49:50 al minuto 56:30 de la videograbación, se refirió a cada una de ellas, en los siguientes términos:
6.2.1.1. Sobre La Indebida interpretación del material probatorio, en primer lugar determina que tal material hace relación a la decisión del juzgado de primera instancia, como se había determinado en la etapa de fijación de litigio, tal decisión no formaba parte del tema decidendum. Y además, la ratio decidendi, nada tuvo que ver con el alcance interpretativo que ese juzgado le dio a esos documentos.
6.2.1.2 A propósito de desconocimiento del material probatorio obrante en el expediente, estableció que no es un material probatorio, sino que se trata de las sentencias de constitucionalidad, de una copia de unos servicios policiales de personas diversas al actor; documentos respecto de los cuales no se puede configurar un error de hecho por falta de valoración; y en segundo lugar, que aun si fuesen material probatorio, el mismo fue aportado en forma extemporánea y por lo tanto no debía ser valorado.
6.2.3 En cuanto atañe a la Indebida interpretación de la jurisprudencia invocada, el Tribunal de Cundinamarca admite que en la providencia se hace relación a algunos antecedentes jurisprudenciales; pero que los mismos no constituyen la ratio decidendi. El fundamento de la decisión está en el estudio la Sección Tercera del Tribunal de Cundinamarca hizo de cada periodo reclamado por el demandante. En el primer periodo, se negó el reconocimiento del tiempo doble porque no se cumplía el requisito del concepto del Consejo de Ministros; y en el segundo periodo, porque en virtud del Decreto 609 de 1997 no era procedente. Si bien en esta última afirmación existe una imprecisión toda vez que dicho decreto operaba para los agentes de la policía y no para miembros de las fuerzas militares, como lo es el demandante; lo cierto es que tal equívoco resulta inane, como quiera que en la sentencia acusada de contener el error judicial, la Sección Segunda del Tribunal de Cundinamarca en dicha providencia realizó un análisis de la evolución normativa así: se pronunció respecto de lo establecido en la Ley 2ª de 1945 artículo 47 el cual estableció como requisito sólo que estuviera turbado el orden público hasta su restablecimiento; asimismo, señaló que el Decreto Legislativo 749 de 1955 (74) determinó unos requisitos para que se reconociera el tiempo doble; seguidamente, se pronunció con relación a lo dispuesto en el Decreto 501 de 1955(75) que también establecía que el tiempo doble solo se reconocería cuando estuviese prestando servicio en la zona determinada con la afectación de turbación del orden público; además indicó que la Ley 126 de 1959(76); posteriormente, trajo a colación los Decretos 3071(77), 3072(78) y 3187(79) de 1968 en estos tres decretos se encuentra que se realizaron modificaciones tanto de la Fuerzas Militares como la pública, esta última también en lo que se refiere a los agentes, en las tres se evidencia que se les reconocería el tiempo doble con ciertos requisitos que fue la esta es la ratio, y en ella ni el Tribunal de primera instancia ni esta Sala no encuentra alguna argumentación arbitraria o irrazonable.
6.2.4 A propósito del argumento según el cual el fallo apelado se pronunció sobre pretensión distinta a las demandadas; el Tribunal determina que se trató de un error mecanográfico del juzgado 9 administrativo, cometido al referirse a una “prima de actividad” que nada tenía que ver con el tema a decidir; pero precisa que ello no fue determinante para la toma de la decisión por parte de la Sección Segunda del Tribunal del Cundinamarca, al resolver en segunda instancia la acción de nulidad y restablecimiento.
Ahora bien, examinado el contenido de la sentencia objeto del recurso que aquí se resuelve, esta Sala concluye, de manera consonante con el tribunal de primera instancia, que el demandante no cumplió su carga procesal que tenía de demostrar la sentencia de la Corte Constitucional hubiese interpretado las normas con las que el pretendía el reconocimiento del tiempo doble en su condición de suboficial técnico primero de la Fuerza Aérea, en el sentido afirmado en la demanda; tampoco está demostrado que la sentencia a la cual se le imputa error judicial carezca de una argumentación razonable, ni hay inadecuada valoración probatoria, porque los documentos no constituyen pruebas y no fueron tenidas en cuenta como fundamento del fallo; lo que el fallo de segunda instancia analizó en la sentencia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento en que negó parcialmente las pretensiones, fue la legislación que regulaba el reconocimiento del tiempo doble a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los miembros de la Policía Nacional, en cada uno de los periodos reclamados por el demandante.
Concretamente se observa que, en cuanto tiene que ver con los miembros de las Fuerzas Armadas, el Decreto 3187 de 1968, en su artículo 92 determinó que, para el reconocimiento del tiempo doble en tiempo de guerra internacional o conmoción interior, en las zonas previamente determinadas por el Gobierno, tal reconocimiento dependía de la discrecionalidad del Consejo de Ministros, cuando a juicio de ese Consejo de Ministros se justificaba tal medida. Requisito que también fue exigido posteriormente, en el artículo 181 del Decreto 2337 de 1971, que reorganizó la carrera de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. Ante la claridad de esas normas, es evidente que en la sentencia acusada no se incurrió en error judicial alguno.
Ahora, si bien es cierto el tribunal concluyó su argumentación con la mención de algunos decretos modificatorios de la carrera de agentes de la Policía Nacional, es claro para la Sala, que también estudió los aplicables para el actor, esto es, los de las Fuerzas Militares; por lo expuesto, se evidencia, que la parte actora está dando una lectura aislada a la normativa enunciada por la autoridad judicial demandada, toda vez que de la lectura en conjunto se puede inferir que para el reconocimiento del tiempo doble existían varios requisitos, entre ellos, el concepto de los ministros, quienes delimitaban la zona donde se encontraba turbado el orden público, como ese concepto no se dio en el caso del demandante no había lugar al reconocimiento de lo pretendido. Por lo anterior, es evidente que no se encuentra configurado el error judicial alegado por la parte demandante, pues la decisión del 17 de marzo de 2011 se fundó en una interpretación razonable de la normativa aplicable al caso bajo estudio.
Por otra parte, en lo que respecta a que no tuvo en cuenta las providencias aportadas como lo eran las sentencia de la Corte Constitucional C-917 de 1999 y la del 27 de marzo de 1997 proferida por el Tribunal Administrativo, también debe tenerse presente que es claro para la Sala que bajo el principio de autonomía e independencia de los jueces, ellos determinan qué providencia es o no aplicable al caso que este en su estudio, por lo que no puede pretender la parte actora que en sede de este medio de control se analice de nuevo si era o no vinculante la jurisprudencia que aportó dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En conclusión, no encuentra la Sala configurados los errores judiciales de derecho y de hecho alegados por la parte demandante; además, se resalta que este medio de control no está establecido para que se realice de nuevo un estudio de lo debatido al interior del proceso de nulidad y restablecimiento, pues no se puede tener como una tercera instancia; de otra parte, de las pruebas allegadas a este medio de control, no se puede inferir que la decisión que se cuestiona hubiese sido arbitraria, caprichosa o violatoria al debido proceso, por lo que la Sala confirmará la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.
1. CONFIRMESE la sentencia del 25 de febrero 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, pero por las razones expuestas en esta providencia.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 9 de diciembre de 2010, Exp. 39085, C. P. Ruth Stella Correa; auto de 21 de octubre de 2009, Exp. 36913, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; y auto de 28 de marzo de 2012, Exp. 42864, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
17 ARTÍCULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
18 Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M. P. Delio Gómez Leyva.
19 Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M. P. Ruth Stella Correa Palacio.
20 Consejo de Estado, auto de 15 de septiembre de 2016, Rad. 57.284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
21 Folio 8 del C. 2.
22 Folio 1 del C. 2.
23 Folios 23-29 del C. 2.
24 Folios 9-22 del C. 2.
25 Folios 30-38 del C. 2.
26 Folios 40-51 del C. 2.
27 “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada –en especial en el artículo 16– los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004, Sentencia C-037 de 2003.
28 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes: 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”.
36 “(…) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (…) Se parte, en acuerdo con C. Thibierge cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple amenaza del daño, con la condición de que éste último sea suficientemente grave” (…) La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (…) La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. Henao, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª editorial, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp. 194, 196 y 203.
41 Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p. 7.
42 Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p. 7.
43 Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, Expediente 14170.
45 El principio de proporcionalidad se compone de tres sub- principios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer sub principio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p. 62.
47 Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación –afirma Habermas– los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p. 259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, p. 430.
49 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob., cit., p. 204.
50 “(…) el tema de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las administraciones públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de derecho”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, ob., cit., p. 308.
51 Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, Expediente 21515; de 23 de agosto de 2012, Expediente: 23492.
52 Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p. 211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no “parezcan” excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la administración”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, ob., cit., p. 311.
54 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015.
55 Una reseña de las decisiones del Consejo de Estado que contiene este sincretismo entre error y privación injusta de la libertad puede ser consultada en Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, cit. pág. 22.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, Expediente 16271.
58 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer - Carias de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015, pág. 105.
59 Ibídem. Pág. 110 y ss.
60 Ibídem, pág. 115.
61 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2011, Expediente 22322.
62 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 1997, Expediente 10285; 27 de abril de 2006, Expediente 14837; y 13 de agosto de 2008, Expediente 17412.
63 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 14837 y 23 de abril de 2008, Expediente 16271.
64 Reyes Monterreal, José María. La Responsabilidad del Estado por Error y Anormal Funcionamiento de la Administración de Justicia. Editorial Colex. Madrid. 1995. Página 24”.
65 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 14837.
66 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008 Expediente 17650.
67 Alexy, Robert. Teoría de la argumentación. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 1997.
68 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente: 15776 y 14 de agosto de 2008, Expediente 16594.
69 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. Al respecto, se señaló en esta providencia: “Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas –según los criterios que establezca la ley–, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho””.
70 En este sentido, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 10 de mayo de 2001, Expediente 12719.
71 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, Expediente 17650. “Esta diferencia, resulta fundamental, para efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos”.
72 “Artículo 47. El tiempo de servicio en guerra, desde la fecha en que se declare turbado el orden público, hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computa doble para todos los efectos, con excepción del de ascensos.
PARÁGRAFO. Para el cómputo de que trata el presente artículo, es condición indispensable que la prestación del servicio se efectúe dentro de la zona afectada”.
73 “Artículo 181.Tiempo doble. El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros si las condiciones justifican la medida desde la fecha en que se establezca el estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca la normalidad se computará como tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales”.
74 “Por el cual se establecen las condiciones para el cómputo doble de servicio del personal de las Fuerzas Armadas”.
“Artículo 1º. Durante el presente estado de sitio, a partir del primero (1º) de abril de 1955, el Ministerio de Guerra únicamente liquidará tiempo doble de servicio al personal de las Fuerzas Armadas que esté cumpliendo comisiones de orden público en las regiones que determine el Gobierno, previo concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Guerra.
Artículo 2º. En los términos del presente Decreto quedan modificadas o suspendidas todas las disposiciones legales que le sean contrarias” (subraya y negrita de la Sala).
75 “Por medio del cual se reorganiza la carrera profesional de Suboficiales de las Fuerzas Militares y Marinería de la Armada Nacional”.
“Artículo 144. El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, desde la fecha en que se declare turbado el orden público hasta la expedición del decreto por el cual se declare restablecida la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio para efecto de: asignaciones de retiro, pensiones e indemnizaciones por invalidez o por muerte, para auxilio de cesantía y prima de servicios.
El tiempo de servicio de guerra internacional, fuera de las fronteras patrias, cuando no haya habido lugar a turbación del orden público, también se computará doble en la forma establecida anteriormente, desde que se entre al teatro de operaciones hasta su salida de él.
Parágrafo 1º. Para el cómputo de que trata el presente artículo es indispensable que la prestación del servicio se efectúe dentro de la zona afectada”.
76 “Por la cual se reorganiza la carrera de Oficiales de las Fuerzas Militares”.
Parágrafo 2º. Quedan exceptuados de este cómputo los dos últimos años de permanencia en las Escuelas de Formación de Oficiales y las fraccione que se liquiden por este concepto”.
77 “Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”.
“Artículo 158. El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros si las condiciones justifican la medida, desde la fecha en que se establezca el Estado de Sitio por turbación del orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales”.
“Artículo 167. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Ley 126 de 1959, decretos 501 de 1955, 325 de 1959, 3208 de 1965, 1668 de 1996 y demás disposiciones que le sean contrarias, con excepción de las normas que regulan lo relativo a las reservas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares contenidas en los capítulos VI de la Ley 126 de 1959 y III del Decreto 501 de 1955”.
78 “Por el cual se reorganiza la Carrera de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”.
“Artículo 136. El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior en las zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros si las condiciones justifican la medida, desde la fecha en que se establezca el Estado de Sitio por perturbación del orden público hasta la expedición del decreto por el cual se establezca la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio para efecto de prestaciones sociales”.
79 “Por el cual se reorganiza la carrera profesional de los Agentes de la Policía Nacional”.

References: artículo 164
 artículo 21
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 328
 resolución 
 artículo 181
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 90
 artículo 414
 artículo 66
 artículo 67
 resolución 
 artículo 47
 artículo 181
 artículo 47
 artículo 92
 artículo 181
 ARTÍCULO 21
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 86

Artículo 2