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El circo de la vida: Agrotoxicos 2
El experimento humano más grande del mundo: Transgénicos, Roundup y Monsanto (Parte I)
Informe especial: agrotóxicos y contaminació
Claudio Lowy - Buenos Aires, 24 de abril de 2011.
Obtener dinero es uno de los principales motivos por los cuales se comete una variada gama de delitos. En el caso de los pesticidas, esto es favorecido por la falta de controles y por el ámbito de impunidad en que estos productos son aplicados trasgrediendo la normativa vigente. Con respecto al control, no conozco ningún caso de inspectores que tomen muestras aleatorias a aviones fumigadores cuando aterrizan o están por despegar; o a una máquina aplicadora terrestre en el momento en que está pulverizando. Esto significa que no se conocen cuáles son los productos y mezclas de productos que realmente se están esparciendo.
03-05-2011 Australia, el extremismo hídrico
Australia es el continente más seco del mundo, produciéndose un gran extremismo climático, con grandes periodos de sequía extrema junto a lluvias torrenciales que provoca grandes catástrofes.
Ante la progresiva escasez de agua, el gobierno australiano está desarrollando desde 2006, unos proyectos para controlar y administrar mejor sus recursos hídricos. Esta iniciativa abarca tanto a científicos de centros estatales como privados, que trabajan en colaboración para combatir el problema de la sequía y señalan al calentamiento global como principal responsable de la situación hídrica en que vive el país.
Desde 1960, la temperatura aumentó un promedio de 0,8º. A la par, sus precipitaciones disminuyeron progresivamente, sobre todo en el sur y oeste de Australia.
Para el científico Tom Hatton, Australia se está secando y los desafíos para administrar el agua son complejos y requieren soluciones multidisciplinares. El estudio de las consecuencias del cambio climático plantea la combinación de opciones para hacer coincidir la demanda de los objetivos ambientales y lograr la aceptación pública de las nuevas estrategias, son alguna de las problemáticas hídricas que deben de resolver los científicos australianos.
Como vemos, en Australia el tema del agua potable es una preocupación nacional debido a su progresiva escasez. Los agricultores y ganaderos son los principales perjudicados, ya que sus ganados y cultivos sufren el impacto de la sequía que ya dura diez años seguidos. En las grandes ciudades australianas también hay una gran alarma, existiendo restricciones en el consumo del agua: lavar un coche, regar un jardín y hasta ducharse son actividades realizadas bajo control con la finalidad de cuidar el agua.
- La cuenca del Murray-Darling
El principal sistema hídrico del país está formado por el Murray-Darling que en su conjunto drena una de las mayores cuencas del mundo y recoge aguas de toda Nueva Gales del Sur al oeste de la Gran Cordillera Divisoria, gran parte del norte del estado de Victoria, el sur de Quesnsland y parte de la Australia Meridional
El río Darling es el más largo del país con un curso propio de 1.485, pero al que habría que unir el sistema hídrico del Culgoa-Balonne-Condamine que le suponen otros 1.372 km., con lo que la longitud del río Darling es de 2.857 km. El río parte desde el norte de Nueva Gales del Sur hasta su confluencia con el río Murray en Wentworth (Nueva Gales del Sur).
El río Murray es uno de los principales ríos de Australia. Su nombre proviene en honor del Secretario de Estado para las Colonias, sir George Murray, que ostentaba el cargo en el momento en el que le descubrieron los europeos. El nombre fue elegido por el explorador Charles Stuart. Fue explorado, en la primera mitad del siglo XIX, por los europeos instalados en el país y desempeño un papel importante por ser navegable para barcos de vapor y permitió el desarrollo de actividades agrícolas.
Nace en Forest Hill, cerca del monte KOSCIUSZKO en los Alpes australianos, a una altitud de 1.800 metros, discurriendo por la vertiente occidental de esta cadena montañosa. Atraviesa las planicies del interior, formando numerosos meandros y separando el estado de Victoria y de Nueva Gales del Sur. Se dirige posteriormente hacia el noroeste y girando hacia el sur, hasta unirse con el río Darling y juntos hacen los 500 km en el estado de Australia Meridional.
En su desembocadura, el Murray-Darling atraviesa el lago Alexandrina, antes de desembocar en el océano Índico cerca de Goolwa.
El caudal del río Murray es escaso, en comparación con otros ríos comparables en extensión y longitud. Además tiene un caudal muy irregular a lo largo del año. Su caudal ronda los 450 m3/año. Su caudal específico es de 0,41litros/segundo/km2 nada comparable con los 6,1 litros/segundo/km2 del río Obi o los30 l/s/km2 del Amazonas.
El río Murray aporta muy poca agua al océano Índico, pues sus aguas sirven para el riego de grandes superficies agrícolas, para el consumo de la ciudad de Adelaida y además sufre una gran evaporación.
Esta poca agua que lleva en su desembocadura tiene tres consecuencias para el medio ambiente:
Produce que su estuario se llene de arena.
Provoca una salinización de los lagos costeros.
Debilita los frágiles ecosistemas del delta.
Como Australia está sufriendo grandes y extremas sequías, ha provocado ya en tres ocasiones que el cauce del río Murray se haya secado. Su régimen hidrológico es de tipo pluvial. Las precipitaciones se van reduciendo progresivamente a lo largo de su recorrido. Además de esta reducción de las precipitaciones, la evaporación aumenta y sobrepasa las aportaciones que le dan las lluvias.
Además de la fuerte evaporación, el Murray pierde mucha agua por las filtraciones. Debido al estancamiento que sufre su recorrido y al aumento de las temperaturas, se provoca que estén creciendo algas que envenenan sus aguas.
La contaminación del agua con el transcurso de los años se ha convertido en un problema de enorme importancia. Entre los contaminantes destacan agentes patógenos, materia orgánica, nutrientes, metales pesados y productos químicos tóxicos provenientes mayoritariamente de la agricultura, sedimentos y sólidos en suspensión, hierro y sales.
En Australia la calidad del agua de sus sistemas hídricos empeora a causa de las actividades humanas que se desarrollan en sus cuencas. Los sedimentos, los nutrientes y los materiales tóxicos al igual que la proliferación de malas hierbas acuáticas afectan a los sistemas hídricos.
Las medidas que se proponen para mejorar la salud de sus sistemas hídricos pasan por la recogida urbana de las aguas pluviales, así como acuerdos con el sector industrial para impedir los vertidos provenientes de sus actividades. Los australianos consideran cada vez a las aguas pluviales como un recurso a recoger y aprovechar en vez de un deshecho que eliminar.
Demografía y agua.
Australia es un país con una gran extensión territorial (7.714220 km2) pero con una población escasa que no llega a los 22 millones de habitantes.
Desde finales del siglo XX los gobiernos australianos han desarrollado una política demográfica expansiva conocida como “big Australia” y su objetivo era un crecimiento de la población hasta los 36 millones de habitantes para el año 2050 y ello facilitaría un mayor desarrollo económico. Esto se conseguiría a través de un aumento de la tasa de natalidad de los australianos y con un proceso regularizado de emigración.
Esto se ha parado en seco a partir de 2006, y ahora el objetivo es asegurar que habrá agua suficiente en el futuro para la población australiana actual.
- La desalinización como alternativa.
Australia se está volcando cada vez más hacia los océanos que la rodean (Pacífico e Índico) para la obtención de agua dulce.
Las cinco ciudades más grandes del país tienen ya previsto un gasto conjunto de unos 9.000 millones de euros para la construcción de plantas desalinizadoras que le aseguren agua dulce para su población.
Para el año 2012, las grandes ciudades australianas obtendrán el 30% del agua que consumen de los océanos. En Perth, Brisbane y Sydney ya están operando plantas desalinizadoras. Se están terminando las de Melbourne y Adelaida. La primera planta desaladora fue la de Perth en el año 2006 y ya se encuentran construyendo una segunda planta.
Este plan de desalinizadoras levantan críticas porque se argumenta que hará aumentar el cambio climático debido a que estas plantas requieren grandes cantidades de energía y propugna otras medidas menos costosas, como una mejor conservación del agua existente, una actualización y conservación de las redes de suministro de agua en las ciudades evitando las pérdidas y un menor consumo industrial y familiar con maquinaria más eficientes. Es decir, plantean trabajar como reducir la demanda en vez de un aumento exponencial de la oferta de agua.
La española Acciona es la que está construyendo la desalinizadora de ADELAIDA (1.000.000 de habitantes), que pretende dar agua al 50% de su población. Su producción será de más de 100.000 millones de litros anuales de agua potable o 300.000 m3 al día.
El sistema que utiliza Acciona en esta desalinizadora es la de la ósmosis inversa. El agua marina es captada del mar a través de una tubería a 1.500 metros mar adentro y de allí es llevada hasta la zona de pretratamiento anterior a la ósmosis inversa. Usan unas membranas de ultrafiltración con la finalidad de mejorar la calidad del agua y asegurar un funcionamiento más estable de la planta.
La ósmosis inversa consiste básicamente en empujar el agua hacia unas membranas a gran presión de forma que llegué al otro lado el agua limpia de impurezas y de sal.
- Sacar agua del viento
Los australianos están desarrollando la idea de extraer agua de la humedad del aire aprovechando la energía eólica como fuente de energía al mismo tiempo. Es el llamado sistema WHISSON
El sistema consiste en refrescar el aire y conseguir agua. No importa cuanta agua se extraiga porque los océanos la reponen inmediatamente. Para evitar el coste de refrigerar el aire, se recurre a un sistema que se parece a un molino de viento, que tiene muchas aspas, cada una tan aerodinámica como el ala de un avión.
Un molino de viento pequeño WHISSON en la azotea de una casa de pueblo o ciudad puede proveer toda el agua necesaria para vivir en ella. Un molino grande sobre un edificio de oficinas o rascacielos puede independizarlo del abastecimiento de agua urbana.
Como vemos, la situación hídrica australiana es extrema y esto origina que tengan que cambiar el modelo de desarrollo económico e incluso demográfico para adaptarse a su realidad hídrica. Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
15.04.11 - Ecuador
Ley orgánica de Economía Solidaria es aprobada en Ecuador
AditalPeriodista de Adital
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó ayer (14) la Ley orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. La ley reconoce y da visibilidad al sector que comprende a trabajadores informales, familiares y pequeños emprendedores y también fortalece las redes de finanzas solidarias como cooperativas de crédito, bancos comunitarios y cajas de ahorro. La estimación es que cerca de 3 millones de personas se beneficiarán con la nueva legislación.
Aprobado con 88 votos, el proyecto, que tiene 175 artículos, establece el marco jurídico y fortalece al sector de la Economía Solidaria del país, comprendido por los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Francisco Velasco, dijo que en el informe de la comisión se realizarán 132 cambios, de los que 83 provienen de la asamblea y 49 de demandas de las organizaciones sociales. Según él, esto demuestra el compromiso que el organismo tiene para atender las necesidades del sector.
Resaltó además que la ley se basa en principios como la prioridad del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales, además de estimular el comercio justo y el consumo ético y responsable. La igualdad de género, el respeto a la identidad cultural, la autogestión, la responsabilidad social y ambiental y la solidaridad también son prácticas resaltadas por este tipo de economía.
Durante el debate de la aprobación de la ley, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, propuso la creación de centros de comercialización de los productos y servicios. También habló sobre la creación de organizaciones comunitarias que regularicen la participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas, comerciales o de servicio que permitan la incorporación y la participación de estos sectores en la dinamización de la economía local.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será la responsable de controlar el sector, orientar y fomentar actividades orientadas hacia el buen vivir y el bien común. Al Estado le cabe elaborar políticas de fomento que promuevan la producción de bienes y servicios, además de conductas sociales y económicas responsables de las personas y organizaciones amparadas por esta ley, que podrá también conceder otros tipos de incentivos y beneficios.
Con esta ley, el gobierno va a incentivar a personas y organizaciones que realicen actividades de desarrollo sustentable establecidos en la Constitución y contribuyan a la conservación y gestión del medio ambiente.
La ley establece que la línea de crédito no podrá ser superior al 10 %, ni el límite individual superior al 2 % del patrimonio técnico calculado en el cierre del ejercicio anual inmediato anterior al de la aprobación de los créditos, y determina la creación del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario como mecanismo complementario.
También se creará el Comité Interinstitucional como ente rector de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Los gobiernos autónomos descentralizados, en el ámbito de sus competencias, las personas y organizaciones amparadas por esta ley podrán participar en la gestión del referido comité, a través de mecanismos de información y de consulta no vinculante.
Con informaciones de Prensa Latina y Oromar Televisión
Las noticias sobre Finanzas Solidarias son producidas con el apoyo del Banco del Nordeste de Brasil (BNB).
Una respuesta agroecológica al problema del monocultivo en la Argentina November 3, 2009 by Filed under: Entrevistas-Interviews Una entrevista al profesor Miguel Altieri, Universidad de California, Berkeley.
(06/26/03) “Lo que salvó al país de la hambruna fue la aparición de la agricultura urbana, los millones de huertos espontáneos que dieron de comer a los argentinos. Esto fue algo muy superior a la soya solidaria transgénica que el gobierno pretendió dar a la población y que después prohibió para los niños”.
Por Fabián Banga Para aquellos que están interesados en la agricultura agroecológica, el nombre de Miguel Altieri no puede pasar desapercibido. Investigador del tema agroecológico desde hace ya décadas y ferviente militante en contra de la producción de trangénicos, el profesor Altieri ha participado en innumerables conferencias, debates académicos y grupos de trabajos graduados directamente relacionados con la agricultura orgánica. El doctor Altieri cuenta con una abultada producción académica, más de 200 artículos y 11 libros forman parte de su amplia bibliografía. Ha impartido clases y seminarios en prácticamente todos los países latinoamericanos y en numerosos establecimientos académicos de Norteamérica y Europa. Nacido en Chile y actualmente residente de la Bahía de San Francisco, desempeña su carrera académica en una pequeña oficina en la Universidad de California at Berkeley, donde continúa su ferviente investigación junto a su esposa ¾quien también es agroecóloga¾, otros investigadores visitantes y una legión de estudiantes que estudian con él. Su clase anual, “agroecology” es bien conocida por su enorme concurrencia; y sus debates, por su acalorada e intransigente posición antineoliberal. Ferviente delator de políticas corporativas de motocultivo, Altieri pertenece a un selecto grupo de intelectuales que en plena confidencia económica de los noventas predecían el colapso del proyecto neoliberal; actitud ésta que le ha generado innumerables aliados y enemigos. Gracias a un intercambio de e-mails, entre Berkeley e Italia ¾lugar donde se encuentra actualmente como investigador visitante para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación¾ hemos podido generar esta entrevista “virtual” que ofrecemos a continuación. Profesor Altieri, para comenzar y aclarar un punto básico ¿qué es la agroecología? Miguel Altieri: La Agroecología es una ciencia que estudia los principios sobre los cuales se debe basar el diseño de una agricultura sustentable; es decir, una agricultura que sea ambientalmente sana, que sea diversificada y que rompa el monocultivo para que así no dependa de insumos agrotóxicos externos que son caros y ecológicamente peligrosos. Pero la construcción de esta nueva agricultura también busca la viabilidad económica y la justicia social. Por esta razón, la agroecología debe complementarse con políticas agrarias que busquen la seguridad alimentariuia, la conservación de los recursos naturales y la eliminación de la pobreza rural; lo que nosotros denominamos una agricultura sustentable. Los beneficios ecológicos y sociales son muy positivos, pero algunos argumentan que no es posible implementar técnicas agroecológicas a gran escala ¿Es verdad esto? ¿Existen ejemplos que contradigan esta argumentación? M.A.: Los principios de la agroecología son aplicables a toda escala. Lo que sucede es que las formas tecnológicas varían de acuerdo a la escala y los medios con los que cuentan los agricultores. La agroecología ha ganado mucha aceptación entre los pequeños agricultores y campesinos pues la diversificación de cultivos, la integración animal, el reciclaje de biomasa y nutriente, está muy en la lógica con la pequeña agricultura. Sin embargo, existen sistemas de larga escala que se manejan agroecológicamente. En viñedos y frutales de California se usan cultivos de cobertura bajo los árboles, los cuales conservan el suelo y el agua, aumentan el contenido de materia orgánica y albergan insectos benéficos que controlan plagas sin necesidad de usar fertilizantes o pesticidas químicos. Hay mucha agricultura a gran escala que se maneja orgánicamente, pero a veces este manejo mantiene el monocultivo y sólo sustituye los insumos. De manera que los agricultores aún son dependientes de insumos externos. La agroecología propone avanzar en la conversión orgánica más allá de la sustitución de insumos quebrando el monocultivo, de manera que la biodiversidad que existe en los sistemas agroecológicos sea la que se encargue de subsidiar la fertilidad del suelo, el control biológico y la producción. Yendo al tema de la biotecnología ¿Cuáles cree usted que son los riesgos más significativos de la producción de semillas biotecnológicamente manipuladas, comúnmente llamados: transgénicos? M.A.: Los cultivos transgénicos, que alcanzan hoy en el mundo más de 58 millones de hectáreas, condenan a los agricultores al monocultivo, a la homogeneidad genética y, por lo tanto, a la vulnerabilidad ecológica de sus sistemas. Además estos cultivos producen impactos ambientales de consecuencias graves, tales como la contaminación genética de variedades locales, la creación de supermalezas al traspasarse el gen resistente al glifosato a malezas emparentadas al cultivo. Otro problema común es la aparición de plagas de lepidópteros resistentes al Bt; como así también los impactos sobre biota del suelo y eliminación de insectos benéficos. Poco se sabe sobre estos impactos pues no hay casi investigación sobre el tema. Primero porque no se financia, y segundo porque los pocos que hacen investigación sobre el tema son sometidos a una verdadera persecución académica por una gran masa de científicos financiados por las multinacionales. Es decir que, según lo que usted nos propone, ¿la influencia del poder económico ha llegado a influenciar hasta la objetividad del trabajo académicos en este campo? M.A.: Ya existen tres casos, uno en Gran Bretaña y dos en los Estados Unidos, donde investigadores universitarios que en forma independiente encontraron que los cultivos transgénicos exhiben impactos ambientales y que publicaron sus resultados en revistas científicas prestigiosas, fueron atacados y acallados por un ejército de científicos de las multinacionales o pagados por estas. En un caso, el científico fue despedido de su institución, en el segundo caso, casi no recibe su promoción, y en el tercero, obligaron a la revista a retractarse públicamente por haber publicado el artículo, lo que significó un gran desprestigio para el investigador. Bajo este escenario desfavorable, son muy pocos los científicos jóvenes que estarían dispuestos a arriesgar su carrera. Este panorama represivo hace que las voces críticas se acallen. Lo trágico es que sólo sabemos lo que buscamos. Si no se motiva una investigación más amplia, en el futuro poco sabremos de los impactos de la biotecnología. Otro problema que incrementa esta realidad adversa, es que las universidades están siendo penetradas por capitales multinacionales. Esto sesga la investigación en favor de la biotecnología a expensas de otros campos del saber, como la agroecología, limitando las opciones de la sociedad para el futuro. Entendiendo que Argentina es uno de los países con mayor implementación de biotecnología en el mundo, ¿Cuál cree usted que serán las consecuencias concretas de esta política? M.A.: Argentina es el segundo productor de soya RR en el mundo. El impacto ya es conocido. El Dr. Walter Pengue, de la Universidad de Buenos Aires, ha reportado que aunque el área de soya RR se ha incrementado sustancialmente, esto ha sido a costa de la pérdida de 60 mil establecimientos agrícolas. Al facilitar el manejo de malezas, la soya RR es una perfecta estrategia de concentración de tierra ya que permite a unos pocos hacerse grandes a expensas de otros. No olvidemos que la soya RR es el punto de entrada de la labranza mínima la cual requiere de uso de glifosato producido por Monsanto, la gran corporación transnacional, y de sembradoras cuyo costo sólo se justifica después de un cierto tamaño de finca. Además, Pengue reporta que el avance de la soya RR se hizo a expensas de más de 400 mil hectáreas de cultivos alimenticios, socavando la seguridad alimentaria del país. Durante la reciente crisis, el país se vio obligado a importar alimentos ya que nacionalmente no había. Pero al no haber divisas, poco se pudo importar. Lo que salvó al país de la hambruna fue la aparición de la agricultura urbana, los millones de huertos espontáneos que dieron de comer a los argentinos. Esto fue algo muy superior a la soya solidaria transgénica que el gobierno pretendió dar a la población y que después prohibió para los niños. Los que lo conocemos de cerca, sabemos que usted, junto a muchos otros intelectuales, predecía el colapso del neoliberalismo. Desde este contexto, ¿piensa usted que las políticas neoliberales, por ejemplo en el ámbito de la agricultura, han fracasado? ¿Qué consecuencias ve usted, por ejemplo, en la desaparición de los pequeños agricultores en los Estados Unidos? M.A.: El modelo neoliberal ha fracasado frente a los campesinos, frente a los consumidores y frente al ambiente. Sólo sobrevive en el norte donde los gobiernos subsidian a sus agricultores. Pero hay que aclarar, que solamente subsidia a los grandes productores. En los Estados Unidos el 10% de los agricultores, los más grandes, capturan más del 60% de todos los subsidios; lo que explica porque más de 200 agricultores por día son expulsados de su actividad vital. Es decir que, según su ejemplo, el neoliberalismo está fracasando inclusive en su propia cuna de origen… M.A.: Absolutamente. Es por eso que, es hora de que nuestros gobiernos aprendan de estos problemas presentes en las grandes potencias y privilegien la agricultura campesina, de pequeña y media escala. Estos sistemas son más productivos, conservan más el ambiente y juegan un papel clave en la soberanía alimentaria. Para esto se deberá enfatizar en los mercados locales y nacionales. Y en este contexto, ¿cómo ve el futuro de la agroecología? ¿Es un buen negocio la producción de productos orgánicos? M.A.: La agroecología hoy en día se ha transformado en la estrategia clave de la producción campesina latinoamericana. Existen en el mundo más de 30 millones de hectáreas manejadas con sistemas agroecológicos y los resultados son espectaculares. Por ejemplo, en zonas marginales con suelos y climas malos, y donde más se concentra la pobreza rural, se ha logrado incrementar producción de cultivos alimenticios en más de 100%. Esta producción no necesariamente debe ser certificada como orgánica pues a veces los costos de la certificación son muy altos. En el sur de Brasil hay experiencias interesantes donde las alcaldías organizan ferias en las que los productos agroecológicos se certifican solidariamente entre los agricultores y los consumidores. Estos productos se venden en las ciudades a veces más baratos que los productos convencionales. En otras ciudades los gobiernos están desarrollando los mercados institucionales donde por ejemplo los agricultores pequeños de la zona se organizan para abastecer a todas las escuelas, hospitales y cárceles, con alimentos sanos y locales. Así se construye una economía y una soberanía alimentaría local. Pero también se están creando negocios muy redituables a gran escala, ¿no es así? Por ejemplo, la importación de productos orgánicos del sur a los Estados Unidos, y vendidos en supermercados norteamericanos que se especializan en la venta de productos saludables y orgánicos ¿Qué opina, profesor, de este fenómeno? ¿Hay posibilidades positivas y redituables en este espacio de consumo en el primer mundo? M.A.: La agricultura orgánica ha sido cooptada por grandes intereses económicos. Por ejemplo en California, dos grandes empresas agrícolas controlan el 50% de todo el ingreso proveniente de la industria orgánica desplazando a pequeños agricultores orgánicos. En muchos lugares la agricultura orgánica comercial está repitiendo los mismos impactos negativos de la agricultura comercial. En América Latina más del 90% de la agricultura orgánica (café, bananos, vinos, frutas, etc.) son para la exportación y no contribuyen para nada con la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Existe la necesidad de rescatar la agricultura orgánica de este modelo industrial de producción que en muchos lugares replica el impacto de la agricultura industrial, privilegiando la producción local para el consumo local. ¿Cómo cree usted que podría ayudar la Argentina en una revolución agroecológica en Latinoamérica? ¿Cuáles serían los beneficios concretos a corto y largo plazo? M.A.: La Argentina debe aprender de su fracaso neoliberal y entender que tiene la posibilidad histórica de cambiar de rumbo en su agricultura. Es importante que el nuevo gobierno abra una discusión publica sobre la visión que el país tiene sobre su agricultura. ¿Quieren seguir con una agricultura industrializada, controlada por multinacionales? ¿Quieren seguir con una agricultura que se basa en monocultivos, transgénicos y herbicidas? ¿Quieren seguir con una agricultura que es dependiente y orientada a la agroexportación? ¿O el pueblo quiere una agricultura más familiar, biodiversa, que produce para los mercados locales alimentos sanos y baratos? ¿No sería mejor una agricultura de pequeña y mediana escala, soberanamente independiente de multinacionales y de insumos químicos/transgénicos caros y ambientalmente peligrosos? La eliminación de los transgénicos le asegurará mercados especiales en Europa y evitará el colapso ambiental que se asociará a esta agricultura homogenizante y a gran escala. Pengue, por ejemplo, reporta que los suelos bajo soya RR han sido totalmente vaciados de nutrientes pues la rotación trigo-soya RR es muy extractora de nutrientes. Esto ha producido una deuda ecológica inmensa que las generaciones futuras deberán pagar. Yo creo que Argentina puede liderar un movimiento clave en América Latina si se concretan algunos cambios fundamentales. Primero, se tienen que crear políticas correctas que apoyen una educación agroecológica en las universidades y una investigación agroecológica en el INTA. Segundo, hay que crear alianzas entre pequeños y medianos agricultores con el gobierno y las organizaciones no-gubernamentales (ONGs). Finalmente, se tienen que crear mercados solidarios-institucionales locales. Argentina debe mirar más a sus vecinos de Brasil y aprender lo que sucede allá y crear alianzas estratégicas con el gigante carioca, ya que allá la voluntad política está favoreciendo a la agroecología como política publica, clave para el desarrollo de una agricultura familiar socialmente justa y ambientalmente sustentable.
Gobierno de Santa Fe: prohíbe sembrar al costado de rutas, fumigar con fosfina y otros en los camiones y vagones, acopiar agroquímicos dentro de los ejidos urbanos
Viernes, 01 de Abril de 2011 09:01 El gobierno prohibió sembrar cereales en las banquinas de las rutas
Lo decidió la provincia de Santa Fe a través de resoluciones que firmaron cinco ministerios. También se impide fumigar con agroquímicos camiones y vagones.La determinación tiene que ver con respetar el "principio de precautorio" de la población. El gobierno de Santa Fe, a través de resoluciones que emitieron cinco ministerios, prohibió el sembrado de cereales y oleaginosas en las banquinas de rutas provinciales y también la fumigación con fosfina y/o cualquier otro tipo de agroquímico a los cargamentos con granos en camiones o vagones. Además, se recomendó a los municipios y comunas que ubiquen fuera de los ejidos urbanos los depósitos de fitosanitarios. Las decisiones surgieron del trabajo desarrollado por el Comité Interministerial de Salud Ambiental que creó el gobernador Hermes Binner el año pasado, mediante el decreto Nº 815. En ese sentido, la fuerte intervención estatal fue el resultado del análisis y estudio que hicieron los ministerios de Salud; de Gobierno y Reforma del Estado; de la Producción; de Trabajo y Seguridad Social; y de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.
"Si bien el trabajo fue en conjunto, cada uno de los ministerios firmó las tres resoluciones por separado para darle mayor fuerza política a las prohibiciones y recomendaciones que se discutieron en el comité", dijo a Diario UNO el secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler. A su vez, agregó que cada determinación tuvo como principal componente respetar "el principio precautorio" de la población. En relación a la primera de las resoluciones, el funcionario explicó que "a fin de avanzar con la recuperación de corredores biológicos de los costados de las banquinas de las rutas provinciales se ha establecido prohibir el uso de las mismas con fines agrícolas". En los considerandos de la norma, se indica que en varios sectores de la provincia los privados usan las tierras fiscales que están a la vera de las rutas para sembrar cereales y oleaginosas, lo cual no sólo es ilegal sino también genera problemas a la naturaleza. Al respecto, la idea es tener "una estrategia alternativa para mitigar impactos negativos, especialmente en el sur provincial que se caracteriza por la escasa disponibilidad de territorio para la conservación de la biodiversidad y las condiciones estructurales y funcionales básicas de los ecosistemas nativos". Al tiempo que se dará comienzo "a un proceso de revalorización del territorio desde una mirada integradora". "La recuperación de los costados de banquinas y caminos como corredores biológicos ofrecen una oportunidad para mejorar la conectividad y facilitar el flujo de las especies, permitiendo más y mejores espacios para su desplazamiento, evitando la pérdida de biodiversidad, rescatando especies nativas y evitando la erosión genética, como también mejorar los flujos de regulación y homeostasis propios de los ecosistemas balanceados o naturales que contribuyen a la conservación de condiciones para la sustentabilidad regional", dice el argumento del gobierno.Intoxicación con fosfina Mackler también contó a Diario UNO que "se concretó la prohibición del tratamiento con fosfina y/o cualquier otro tipo de agroquímicos de los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosas, durante su cargamento en camiones o vagones". Pero también, otro elemento importante en esta resolución es que se establece que "los transportistas tendrán que presentar el formulario único para el transporte en el territorio provincial que tendrá valor de declaración jurada". De esa manera, la provincia -mediante el Comité Interministerial de Salud Ambiental- pretende que no se vuelvan a producir fallecimientos de camioneros como consecuencia de la intoxicación con productos que se utilizan para evitar la aparición de plagas en los granos mientras están en carga. Durante 2010, de hecho, fueron varios los casos que se denunciaron en Santa Fe e incluso algunas organizaciones de transportistas amenazaron con un paro de actividades para que la provincia instrumente controles. "Si bien al momento están en vigencia diferentes normativas que regulan la actividad productiva, muchas veces las mercaderías no presentan óptimas condiciones de comercialización por lo cual se recurre a prácticas de purificación que no cumplen con todos los cuidados afectando la salud y el medio ambiente", reflexionó Mackler. Por último, el secretario de Medio Ambiente dijo que por medio de otra resolución "se recomienda a las autoridades comunales y municipales tener en cuenta en sus planes de urbanización las cuestiones relacionadas con la ubicación fuera de los ejidos urbanos de los locales destinados a depósitos de fitosanitarios, como también todo lo relacionado a la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio o aplicación de tales productos en sus jurisdicciones". El desarrollo de los sistemas productivos en gran parte del territorio provincial se sostiene mediante la utilización de productos fitosanitarios, "pero la mala utilización de los mismos, o la errónea ubicación de sus actividades, desde su elaboración, almacenamiento y uso, conlleva a efectos negativos o impactos ambientales indeseados", remarcó el funcionario del Ministerio de Aguas, Servicios y Medio Ambiente. Frente a esa situación, César Mackler dijo: "Debemos pensar mecanismos que comprendan una atención cabal e integral de la problemática". Por ese motivo, se recomendó a los municipios y comunas que los depósitos fitosanitarios se ubiquen fuera del ejido urbano, cuya línea agronómica debe ser definida por cada administración local.Comité Interministerial El gobierno de la provincia creó el Comité Interministerial de Salud Ambiental con el objetivo de avanzar en la generación de espacios de discusión y toma de decisiones sobre políticas transversales que tienen relación directa con la protección de la salud de la población vinculada a problemáticas ambientales. El comité funciona bajo la coordinación del Ministerio de Salud, siendo integrado además por representantes de los Ministerios de Gobierno y Reforma del Estado, de la Producción, de Trabajo y Seguridad Social, y de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Desde su creación, el comité realizó varios encuentros donde participaron los ministros junto a diversas áreas de las distintas dependencias y en los cuales se plantearon varias líneas de acción y objetivos en el corto, mediano y largo plazo; desde la mediación en conflictos sociales derivados de reclamos por problemáticas ambientales hasta el diseño de políticas que tienen que ver con el manejo adecuado de nuestros recursos y la incidencia de las distintas actividades productivas que se desarrollan en el territorio provincial.Fuente: Diario Uno
Por María Candelaria Schamun, Clarín, Junio 7, 2010 Son alimentos que se elaboran sin utilizar agrotóxicos. Aunque son más caros, cada vez más gente los elige como una alternativa de alimentación más saludable. Ariel Montagnoli abre la heladera y saca un tomate cherry del tamaño de una nuez. “Este es un tomate orgánico. No hay necesidad de lavarlo porque no tiene una gota de pesticida. Lo asombroso es que tiene gusto a tomate”, bromea, mientras lo mira con admiración. Ariel es el encargado de El Rincón Orgánico, un almacén de Palermo donde las aceitunas, la leche, el yogurt, el maracuyá, los vinos, los pollos y todo, absolutamente todo, es 100% orgánico. Es decir, en su producción no se usan agroquímicos. En sus 10 hectáreas en Abasto, partido de La Plata, Eduardo Ciancia cultiva entre otras cosas el tomate cherry que Ariel tiene en sus manos. “Desde el 2003 el mercado tuvo un crecimiento sostenido del 15%”, cuenta. Según un informe del SENASA, en 2009 la superficie destinada a la producción orgánica creció un 10% y alcanzó las 4,4 millones de hectáreas. Lo que significa que la Argentina es el segundo país del mundo en cantidad de hectáreas certificadas para la producción orgánica, detrás de Australia. Ciancia, 44 años, es uno de los 1.864 productores que hay en el país. Empezó hace 20 años como un proyecto ecológico en el Parque Pereyra Iraola. “Combatimos las plagas que atacan a las verduras con predadores, insectos que se las comen o con productos destilados de plantas. Por eso los alimentos orgánicos salen un 20% más caro que los convencionales”, dice. Una de sus clientas es Claudia Carrara, dueña de “Almacén Bio”, en Palermo, el primer restaurante de cocina orgánica en Buenos Aires. “Apuntamos a la alimentación sana, cuidamos mucho el proceso de los alimentos”, dice Carrara, mientras revuelve un jugo de limón con jenjibre. Una de sus últimas innovaciones es la comida viva, por ejemplo una torta de cacao sin cocción o galletitas de semillas de lino que son secadas al sol para que el fuego no mate las propiedades del cereal. En su laboratorio de la calle Warnes experimenta con la última tendencia en alimentación orgánica: “Cocina sin fuego”. Para Gonzalo Roca, presidente del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) la tendencia ya está afirmada en la Argentina. “En 2009 el consumo interno subió un 40%. En noviembre se abrió un puesto en el Mercado Central. Allí se venden frutas y verduras de estación aceite de oliva y vinos, todo orgánico”, cuenta. Ariel, el encargado de El Rincón Orgánico, coincide: “Es una tendencia que está en crecimiento. Los que consumen estos productos buscan sabores y calidad. Un pollo puede costar 25,5 pesos el kilo. Para que sea considerado orgánico tuvo que ser alimentado con granos cosechados sin agroquimicos ni pesticidas”. En el barrio de Chacarita –Lacroze 4171, callejón al fondo– está “El Galpón”. Todos los miércoles y los sábados más de 2.000 personas hacen cola para comprar frutas y verduras libres de agroquímicos y pesticidas. “Es un espacio de economía social. Trabajamos el precio justo, el productor vende sin intermediarios. Son más de 300 familias que viven del mercado que ya nos quedó chico porque más productores se quieren sumar al proyecto. Y en un año creció un 60% la cantidad de compradores”, dice Federico Arce coordinador de la Asociación Mutual Sentimiento. En Palermo Viejo, más de 1.000 personas hacen las compras los viernes y sábados en el Mercado Social Solidario de la calle Bonpland, donde 12 organizaciones sociales ofrecen sus productos agroecológicos. “Lo más destacable es que es trabajo digno y no esclavo. Se basa en el consumo responsable y comercio justo”, dice Claudia Giorgi de la cooperativa La Asamblearia. En total son 28 puestos y se consigue aceite de oliva, yerba, frutas y verduras, conservas, aceitunas y cervezas artesanales sin intermediarios. “Los consumidores entran por los productos orgánicos. Aunque también hay textiles, calzados y cerámica”, explica Giorgi. Silvia Calvino hace 20 años que come comida orgánica. Desde su blog (lasrecetasdesilvia.blogspot.com) enseña a comer sano y rico. Empezó a cocinarle a su padre que tenía problemas de salud, y después lo adoptó como un modo de vida. “Trato de no ingerir alimentos que no sean orgánicos. No soy una fanática, si voy a una cena como lo que hay. Pero siento que la gente está más preocupada por comer sano”, dice. En su heladera hay unos deliciosos tomates cherrys, esos que se cosechan en La Plata y se consiguen en Palermo. Silvia no duda en recomendarlos: dice que son “extremadamente ricos”
¿Qué hay de la especulación financiera? Se dice que la desregulación de los mercados de futuros y de productos básicos (los llamadoscommodities) abrió las puertas a los capitales especulativos y condujo a distorsiones en los procesos de formación de precios. Nuevamente Krugman levanta objeciones y señala que para que los precios corrientes se vean afectados por la especulación en los mercados de futuros (de granos) tiene que existir acaparamiento. Como no existe evidencia de esto en la información sobre inventarios, Krugman desecha la especulación financiera como causa de los aumentos de precios en alimentos.
Tags: Darío Aranda, glifosato, Monsanto, Soja - http://lavaca.org/notas/15-anos-de-soja-la-prueba-del-delito/
glifosato fueron aprobados hace 15 años en un trámite exprés, sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. Por primera vez el expediente de 146 páginas es analizado en clave científica por seis investigadores (por Darío Aranda, especial para lavaca).
El decreto que instaló la soja en la Argentina, el 25 de marzo del 96 (en formato .pdf)
Cuando el periodista se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Agricultura y solicitó “las pruebas que sirvieron para aprobar la soja transgénica”, del otro lado del teléfono se escuchó una risa seguida de un amplio “¿qué?”. Al instante, ya recobrada la compostura, el prensa ministerial prometió que haría todo lo posible y llamaría al redactor. Como era de esperar, nunca hubo llamado de respuesta.
La foja número 1 es un carta, fechada el 3 de enero de 1996, del subsecretario de Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Félix Manuel Cirio, dirigida al presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Vegetal, Carlos Lehmacher. “Tengo el agrado de informarle que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), en su reunión de 21 de septiembre, consideró que en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconvenientes para la comercialización de la semilla”, informa Cirio, pero no se adjunta ninguna nota donde se informe en base a qué estudio la Conabia habría dado el visto bueno.
En el segundo párrafo da un paso más. “En lo concerniente a bioseguridad para consumo humano y/o animal, le adjunto copia de la documentación presentada por la empresa Monsanto ante la Administración de Alimentos y Drogas (FDA)”. Le siguen 106 carillas en inglés, un informe fechado en 1994 y con carátula de la empresa productora de semillas transgénica y glifosato.
La foja 135 es tan breve como contundente: “Autorizase la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”.
Mu, el periódico de lavaca: Narco soja
“Tendencioso, arbitrario y poco científico”
En enero de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual ordenó la creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Seis meses después, trascendió un informe titulado “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”. Seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios y donde fue recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No definió si es inocuo o perjudicial. A pesar de la incertidumbre, la Comisión no cuestionó que se continúe utilizando en el país 200 millones de litros de glifosato al año. En el escrito influyó la mirada del Ministro de Ciencia, Lino Barañao, reconocido funcionario afín a la industria biotecnológica y con pasado laboral en empresas del sector.
Pocos científicos se animaron a opinar en ese momento, temerosos de perder sus becas de trabajo y subsidios estatales.
Profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet, Norma Sánchez, fue una de las pocas científicas que se animó a analizar, y cuestionar, el informe que en 2009 realizó el Ministerio de Salud, Conicet y Ministerio de Ciencia sobre la supuesta inocuidad del glifosato.
“El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados. Las conclusiones son inconsistentes y confusas. Parece ignorar que la ciencia es una construcción social que debe cuestionar aspectos éticos y contribuir a alterar políticas de acción que no conduzcan al bien común”, lamentó la investigadora en 2009.
Cuando en 2010 el periodista la invitó a analizar la resolución de Agricultura que liberó el uso de la soja, no lo dudó. “El expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los resultados en puntos de extrema importancia como la parte de consumo humano, o los tests ecotoxicológicos en ratones, pollos y peces, donde no encuentran ningún problema, corresponden a sus propias investigaciones que figuran en referencias como reportes técnicos de Monsanto. Pero también hay algo engañoso, citan trabajos de científicos, publicados en revistas científicos conocidos, pero que pertenecen al grupo de investigación de Monsanto. Son juez y parte”, denuncia Sánchez.
El expediente asegura la falta de aparición de malezas resistentes al glifosato y la nula toxicidad en vertebrados. “Está bien que para 1996 no había tantos trabajos como ahora, pero esto ya está totalmente demostrado que es falso”, explica Sánchez y adjunta un listado de investigaciones actuales que desmienten a Monsanto. Califica como un “reduccionismo” que los estudios solicitados a Monsanto analicen sólo los efectos de la planta cuando es consumida por humanos y animales: “Esto es recortar el problema. Este cultivo transgénico forma parte de un ‘paquete tecnológico’ que ineludiblemente conlleva al uso de glifosato en grandes cantidades. ¿Y entonces? Aunque la soja fuera totalmente inocua, que hacemos con el glifosato?”.
“Hay innumerables puntos para marcar en el expediente. Un ejemplo grosero se encuentra en el folio 13, donde se reconoce que en algunos experimentos los resultados no le permitieron hacer los análisis estadísticos correspondientes, pero no obstante sacan conclusiones en relación a la calidad nutritiva de la soja transgénica. No dan una sola cita bibliográfica que apoye lo que están diciendo. Mencionan estudios hechos por Monsanto, pero no los citan en bibliografía ni dicen quién los evaluó”, puntualiza.
Sánchez, docente de la cátedra Ecología de Plagas de la UNLP, no tiene dudas de que el expediente “resulta altamente cuestionable por la falta de independencia. La mayor parte de la bibliografía es del grupo de investigación de Monsanto. Lo fundamental pasa por la irresponsabilidad de todo el procedimiento”. La investigadora explica que la Conabia debería haber evaluado la solicitud de permiso a través de estudios multidisciplinarios específicos llevados a cabo tanto localmente como en el exterior, con aplicación del enfoque precautorio, criterios técnicos y en base a conocimientos científicos independientes. “En este caso todo el conocimiento provino de las investigaciones realizadas en Estados Unidos y por investigadores, en su mayor parte, ligados a la empresa interesada”.
“Es el informe oficial de Monsanto”
En 2004, cuando pocos científicos fijaban su mirada en los efectos sanitarios del modelo agropecuario, el médico Alejandro Oliva coordinó una investigación que llevó tres años, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y confirmó la vinculación directa entre malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con el uso y la exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios. El trabajo fue realizado por Oliva junto a su equipo del Hospital Italiano de Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Oliva leyó el expediente pero (de manera cortés) rechazó hacer un análisis punto por punto. Y argumentó por qué: “Este (el expediente) es el informe oficial de Monsanto presentado a la FDA, y que se usó en la aprobación a nivel nacional. Es un documentos respaldado por investigaciones publicadas, por supuesto que por investigadores afines a Monsanto”.
Oliva apunta desde hace años a la necesidad de estudios epidemiológicos en zonas con uso de agroquímicos y también señala las responsabilidades políticas. “El debate alrededor del expediente de aprobación es de irresponsabilidad de gestión política, sin haber ni siquiera traducido el documentos ni pedir dictámenes de expertos”.
“Hay razones para pedir una reevaluación
Oscar Scremin es especialista en neurofisiología, estudia las afecciones que sufre el sistema nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas. Recibido en 1963 en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), era decano de la Facultad de Medicina en 1976. Dictadura militar mediante, tuvo que emigrar. Recaló en la Universidad de California (Estados Unidos), donde es profesor e investigador.
A Scremin le cuesta creer que ese expediente de 146 fojas haya sido una de las bases de la liberación de la soja modificada en laboratorio y del uso masivo de glifosato. “No existe en el expediente una sola palabra referente a la toxicidad del glifosato que necesariamente se utilizaría para obtener las ventajas de resistencia de la soja y vulnerabilidad de casi todas las otras plantas a ese herbicida. Tampoco hay ninguna referencia sobre la reducción de la biodiversidad que obviamente podía resultar, como los hecho han demostrado”, remarca sin salir de su asombró y precisa que los documentos aportados por Monsanto se limitan a describir estudios sobre la proteína que produce el gen de su patente a través de “un número reducido de análisis, con breves estudios, limitados a unas pocas semanas de administración en animales con métodos crudos (peso del animal, pesos de órganos y sobrevida)”.
Scremin apunta al fondo de la cuestión. ”Hay razones para pedir una reevaluación porque se han omitido los efectos potenciales más serios a saber, como el perjuicio ecológico y los efectos sobre la salud humana. Se impone revisar el proceso de registro, prestando especial atención a los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana de todos los herbicidas e insecticidas que se agregan al ‘cocktail’ de agroquímicos que son utilizados en conjunción con la soja”.
Aclara que una reevaluación debe incluir a entidades sin conflictos de intereses económicos, como universidades e instituciones de investigación sin fines de lucro, de Argentina y el exterior. “Existe una abundante bibliografía que va mas allá de los estudios efectuados por Monsanto o por consultores a su servicio y que debiera tenerse en cuenta”, solicita.
En la misma línea se expresan desde hace una década familias rurales y organizaciones ambientales, pero siempre chocaron con la negativa de empresas y funcionarios.
Expediente fantasma
Los estudios base para la aprobación de la soja y el glifosato son el tesoro mejor guardado de los distintos gobiernos nacionales. Carlos Menem dio luz verde, pero todos los gobiernos que le siguieron mantuvieron en secreto cómo fue aprobado el “paquete tecnológico” (semilla y agroquímico) que modificó el modelo agropecuario de Argentina.
En abril de 2009, cuando aún estaba fresco el conflicto por la resolución 125, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer las irregularidades administrativas del expediente, desde la falta de traducción del informe de Monsanto hasta la rapidez de su trámite (81 días). “Se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados”, aseguraba Verbitsky.
La lectura del expediente no deja dudas. La foja 113, fechada el 26 de enero, solicita a Monsanto: “Sería importante disponer de información sobre la respuesta a las consideraciones efectuadas por el FDA “. Firmaba el director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. El 9 de febrero reiteró el pedido (folio 115). Y el 25 de marzo de 1996, Batista envió un fax a las 13.04 a la embajada de Estados Unidos, “Departamento Agrícola”. Solicitó información sobre “inocuidad como alimento” a la FDA. El mismo 25 de marzo, el coordinador del Área Productos Agroindustriales, Julio Pedro Eliseix, escribió a Batista y propuso tres “criterios de evaluación”: “A) Identidad y nutrición. B) Aparición de efectos no deseados: alergenicidad, cancerogénesis, otras toxicidades. C) Se cree conveniente que la empresa garantice un correcto rastreo y recupero de la mercadería” (folio 126).
No hubo respuesta. Ese mismo día, el secretario de Agricultura, Felipe SSolá, firmaba la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de soja transgénica tolerante a glifosato.
“No se puede perder más tiempo”
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, recuerda que en la década del 90 comenzó a recibir en su consultorio niños con malformaciones. Bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos espontáneos. Todos provenían de parajes con uso masivo de agroquímicos. Las historias clínicas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de uso de agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En todos analizó la genética de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. Alertó a otros investigadores e, incluso, a la Legislatura del Chaco, pero no tuvo respuesta.
Recibió el expediente con mezcla de intriga e indignación. “Llama la atención que en un documento de 100 páginas sólo haya una referencia respecto del herbicida glifosato, en la página 14 hablan de la ‘extremadamente baja toxicidad para mamíferos, aves y peces’, y refiere un trabajo de 1989”, detalla Lucero y explica que para analizar la seguridad de un nuevo producto se deben investigar parte por parte todo lo que conlleva el “paquete tecnológico”.
En el expediente la Conabia consigna que “en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconveniente para la comercialización de la semilla transgénica”. Lucero sonríe: “Se les pasó el pequeño detalle que es evaluar desmenuzadamente el herbicida que viene en el ‘paquete’ ya que no puede existir esta semilla sin la ayuda protectora del glifosato. La palabra bioseguridad engloba medir el impacto de todo lo que modificará el escenario con la entrada de una nueva tecnología”.
El expediente da cuenta, en propias palabras de Monsanto, que Estados Unidos clasificó al glifosato como categoría E (sin evidencias de efectos cancerígenos en humanos). “Pareciera que nuestros evaluadores dieron por descontado que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos tiene injerencia directa sobre nuestras políticas ambientales nacionales”, retruca Lucero y recuerda que esa clasificación fue en base a un informe de Gary Williams, quien realizó un extracto de las principales conclusiones de un estudio nunca publicado del Environment Health Laboratory perteneciente a Monsanto. El investigador de la UNNE resalta que la misma Agencia (EPA) explicitó que esas conclusiones no deben tomarse como definitivas ya que el glifosato podría ser cancerígeno bajo ciertas circunstancias. Lucero afirma que urge un debate sincero y reclasificación, sobre todo en base a trabajos científicos que vinculan el producto comercial y el herbicida puro con alteraciones en el material genético, abortos espontáneos y malformaciones embrionarias. “Debemos analizar la situación quince años después de la aplicación masiva de este producto y obrar en consecuencia ante la evidencia científica y epidemiológica, no se puede perder más tiempo”. Equivalencia sustancial
Rubens Onofre Nodari es biólogo molecular. Investigador del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y profesor titular de Postgrado en Recursos Genéticos Vegetales. También llamó la atención sobre la “falta de independencia” de un Estado que toma como propio los informes empresariales. Recordó que ni siquiera la FDA solicitó estudios completos e independientes y precisó que en muchas partes del expediente hay afirmaciones sin fundamento científico o basadas en estudios no publicados.
El doctor en genética de la Universidad de California llama la atención sobre la ausencia de referencia en cuanto al riesgo para el medio ambiente o la salud humana, y recuerda que la comunidad científica de la última década ha demostrado los efectos en la biodiversidad, especialmente acuática, y la vinculación entre herbicidas y cánceres.
Nodari apuntó a la arista quizá más silencia de los transgénicos, y que más duele a la industria semillera mundial. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos nunca aprobó como seguro ningún alimento transgénico. Lo que realizó fue implementar, en la década del 90, el concepto de “equivalencia sustancial”, mediante el cual determina que un producto modificado en laboratorio (en este caso la soja) no necesita pruebas específicas de seguridad. La equivalencia sustancial es un concepto determinado por sectores políticos, no por científicos ni adoptado por la Justicia.
Nodari, que además es miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Científico del Ministerio de Ciencia de Brasil, ejemplificó que la industria transgénica, y los organismos estatales, toman como referencia la similitud de composición e infieren que la seguridad alimentaria es sustancialmente equivalente. “Con la misma comparación, la carne de las vacas locas puede ser tan segura como la carne de vacas sanas, ya que ambos tienen similitud muy elevada en la composición química”, compara el investigador y puntualiza media decena de estudios que exhiben resultados negativos al alimentarse con soja transgénica.
“Desde el Conicet o las universidades podrían haber escuchado”
Walter Pengue es ingeniero agrónomo con especialización en genética vegetal y magíster en Políticas Ambientales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Agroecología, profesor de grado y posgrado de la UBA. “¿Cómo es posible que esta liberación haya residido y se haya apoyado solamente en una recomendación enviada a la Conabia por Félix Cirio en enero de 1996 indicando que no habría problemas comerciales en los productos derivados por esta soja y que se basaba asimismo en otro informe y lo remitía en un estudio sobre la situación de esta soja RR presentado a la EPA por la compañía Monsanto en 1994”, pregunta Pengue, y se indigna: “Es tremendamente pobre el aporte en estudios vinculados a los impactos ambientales y hasta agronómicos derivados de tal liberación”.
Recuerda que hace quince años existían dudas que circulaban en ámbitos académicos, por ejemplo la posible proliferación de malezas resistentes a los agroquímicos. “En lugar de responder a ello, ecólogos o ingenieros agrónomos, algunos biotecnólogos argentinos, muy livianamente indicaban que eso no podría suceder, sin respaldo científico alguno de estos argumentos, más allá de cierta obnubilación y compromiso solo con sus laboratorios, institutos y empresas”, apunta y precisa que esos efectos se dieron rápidamente. En la actualidad existe una decena de malezas resistentes al glifosato, lo cual implica el uso de más herbicida, más efectos secundarios y mayores costos.
Pengue denuncia que el expediente carece de estudios que den cuenta del impacto del herbicida en la salud y el ambiente “a pesar del semejante nivel de volumen liberado” y vuelve a apuntar al ámbito científico: “Desde el Conicet o las mismas universidades podrían haber escuchado y haber avanzado en proyectos de evaluación de impactos. Todo lo contrario hicieron, incluso las cátedras se fueron vaciando de expertos, e incluso algunos fueron comprados y se trasladaron a trabajar en las empresas privadas”. El docente e investigador solicita realizar estudios integrales, donde intervengan desde biólogos moleculares y agrónomos hasta agroecólogos y sociólogos. Y vuelve al inicio del expediente: “El cultivo que más impactos generó de todo tipo en la Argentina contemporánea fue liberado en el país sólo utilizando un informe desarrollado por la empresa interesada. El Estado argentino debiera ser el contralor del bien común de todos y no sólo de los interesados en que un determinado producto llegue al mercado, la madre de todos los motivos de estas discusiones”.
Los derechos ambientales son derechos humanos
Mendoza, 22 de marzo de 2011
Comunicado de la Asamblea Popular por el Agua, con motivo del Día Mundial del Agua
y el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Hace 35 años comenzaba la más sangrienta dictadura en nuestro país. Durante ese período, desaparecieron más de 30.000 personas, se ahondaron las desigualdades sociales, se endeudó el país, y se intentó cerrar los ojos de la comunidad, difundiendo slogans tales como “Los argentinos somos derechos y humanos”.
Malformaciones: habrá quien las cuente ¿y también que las comprenda y decida atacar sus causas?
Por agroquímicos, se creó un Registro de Anomalías Congénitas
Funciona desde el año pasado, recabando datos sobre más de 100 mil nacimientos anuales en 31 hospitales públicos de todo el país. Procura trazar un mapa de esas patologías, asociadas, entre otras causas, a contaminantes ambientales.
En medio de crecientes denuncias por nacimientos con malformaciones vinculadas a la inhalación de agrotóxicos, el Ministerio de Salud de la Nación decidió responder a la problemática con la creación de un Registro Nacional Anomalías Congénitas (RENAC), para prevenir esas patologías y disminuir la morbimortalidad infantil. El RENAC forma parte del Programa Red Nacional de Genética Médica –creado en octubre de 2008– y cuenta en la actualidad con información de 31 hospitales públicos del Noroeste, Noreste, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Capital Federal, abarcando así 111.300 nacimientos anuales, es decir, el 27% de los 417 mil partos del sector público. El objetivo para este año es extenderse primero a los 100 hospitales públicos del país con más de 1000 nacimientos y posteriormente a las clínicas privadas, para tener un mapa completo de las anomalías a nivel nacional. LEER MAS...
Especial: Los peligros de los plaguicidas en Brasil
Radioagência NP presenta una serie especial de siete informes sobre los plaguicidas en Brasil. Los programas abarcan los efectos de los plaguicidas sobre la salud humana (tanto los trabajadores agrícolas y los consumidores de alimentos), el medio ambiente y la agricultura.
Brasil es el primer consumidor mundial de plaguicidas. Más de mil millones de litros de veneno fueron utilizados en las explotaciones agrícolas en 2010, según datos del Sindicato Nacional de la Industria de Productos para la defensa de la Agricultura.
Con la aplicación excesiva de productos químicos en la agricultura del país, el uso de plaguicidas es cada vez menos un problema relacionado específicamente a la producción agrícola y se convierte en un problema de salud pública y conservación de la naturaleza.
El consumo de pesticidas crece de acuerdo a la promoción del modelo agroindustrial, que concentra la tierra y utiliza grandes cantidades de venenos para garantizar la producción a escala industrial.
En este marco, los plaguicidas ahora ocupan el cuarto lugar en el ranking de la intoxicación. Ellos sólo son superadas por las drogas, los accidentes con animales venenosos y productos de limpieza. Estas fórmulas pueden causar problemas de los sistemas neurológico, respiratorio, cardíaco, pulmonar y endocrino, es decir, la producción de hormonas.
Leer y escuchar los programas de la serie especial "Los peligros de los pesticidas en Brasil", producido por Radioagência NP. Programa 01 - Los modelos agrícolas en disputa -Os modelos agrícolas em disputa
Programa 02 - El papel de las grandes empresas en el mercado de los plaguicidas - O papel das grandes empresas no mercado dos agrotóxicos
Programa 03 - El mercado de plaguicidas, la legislación y las irregularidades - Mercado dos agrotóxicos, legislação e irregularidades
Programa 04 - El daño de los plaguicidas para el medio ambiente- Os danos dos agrotóxicos ao meio ambiente
Programa 05 - Impacto de los plaguicidas sobre la salud de los trabajadores agrícolas -Impactos dos agrotóxicos na saúde dos trabalhadores do campo
Programa 06 - Contaminación de los alimentos y la salud pública -Contaminação dos alimentos e a saúde pública
Programa 07 - Una campaña nacional contra el uso de plaguicidas -A campanha nacional contra o uso de agrotóxicos
Coordenação geral: Danilo Augusto.
Reportagens: Danilo Augusto, Jorge Américo, Maria Mello, Pedro Carrano e Raquel Casiraghi.
Revisão de conteúdo: Edilson Dias Moura e Igor Felippe.
Locução: Ana Manuella Chã, Alécio Oliani (vinhetas) e Jorge Américo.
Arte: Aldo Gama e Marina Tavares.
Sonoplastia: Adílson Oliveira e Jorge Mayer.
Miradas alternativas sobre combustibles alternativos: el enfoque de investigadores rosarinos
El Dr. Ing. Sergio Montico es titular de la Cátedra de Manejo de Tierras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Montico y su grupo vienen trabajando con la gestión de la energía en el sector rural desde el año 2004. Durante la Jornada “Aportes para el análisis de la sustentabilidad de los Biocombustibles” que se llevó a cabo el 3 de Noviembre de 2010 en la UNR, Montico manifestó que "resulta sumamente importante analizar la eficiencia energética de los sistemas productivos agropecuarios representativos de la región en diversos escenarios ambientales. La transformación de la producción primaria en biocombustibles, integrados en una cadena agroenergética, es una cuestión controversial" (1).
En tres trabajos elaborados recientemente junto a otros investigadores de su cátedra, Montico se abocó a explorar otros materiales que pudieran usarse para la producción de biocombustibles, cuánta energía se gasta en la producción de biodiésel de soja y como afectan distintas condiciones ambientales a los cultivos (y por ende a los biocombustibles) producidos. Los trabajos mencionados llevan por título “Energía potencialmente obtenible de los rastrojos de cultivos en Argentina”, “Valoración energética del transporte terrestre de la producción de soja en un sector de la pampa húmeda Argentina” y “Eficiencia y balance energético de biodiésel de soja en diferentes condiciones de degradación edáfica en el sur de Santa Fe”. A continuación los comentamos.
Los rastrojos como fuente energética
La dependencia de la matriz energética argentina de los combustibles fósiles hace necesario evaluar otras alternativas. Una de ellas es el redireccionamiento de los rastrojos (tallos, hojas y otros restos vegetales remanentes luego de la cosecha) hacia la producción de biocombustibles. Dado que estos remanentes poscosecha normalmente cumplen funciones en la retención y transmisión del agua, el almacenamiento y reciclado de nutrientes y la reducción de los riesgos de la erosión hídrica y eólica su desvío podría ocasionar potenciales perjuicios ambientales.
Como indican los autores del estudio, el Dr. Montico y el Ing. Agr. Néstor Di Leo, este potencial redireccionamiento afectaría la sustentabilidad de la productividad agropecuaria en general, la conservación de los suelos y la estabilidad de los sistemas de producción poniendo en un peligro aún mayor a determinadas áreas ya de por sí amenazadas.
Por otro lado, existen claras evidencias de la disminución del rendimiento de los cultivos por la eliminación continua de los residuos de cosecha.
Las cuestiones enumeradas afectan especialmente a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires ya que las mismas producirían las tres cuartas partes de la energía obtenida a partir de estos residuos de cosecha. Al mismo tiempo las tres realizarían el mayor aporte energético para procesar los rastrojos y poseen un mayor riesgo de sufrir la degradación de sus suelos.
En base a los puntos expuestos los investigadores concluyen que usar los rastrojos como fuente de materia prima para la producción de bioenergía, exige de un análisis crítico y objetivo dado su indudable impacto sobre los suelos y el medio ambiente.
Biodiésel de soja: ¿cuánta energía se gasta en producirlo?
Un punto interesante que los investigadores Di Leo y Montico se ocuparon de estudiar se enfoca en la cantidad de energía que insume el transporte del poroto de soja que posteriormente va a utilizarse para producir biodiésel. Este planteo es clave al momento de decidir si conviene o no producir biodiésel a partir de soja cuando se considera la movilización de la cosecha desde los lugares de producción hasta la ciudad de Rosario. Un dato llamativo que surge al evaluar el gasto en combustible para transportar la soja producida en la campaña 2008-2009 son las dramáticas diferencias encontradas entre transporte terrestre y ferroviario. Se gastan 220.734.546,36 litros de gasoil cuando se usa transporte automotor contra 74.704.593,59 litros usados al utilizar ferrocarril. Estos valores no son un dato menor, considerando la casi desaparición de ramales ferroviarios que caracteriza a nuestro país. El transporte de la cosecha por tren usa en promedio, entonces, 1/3 del gasoil usado por el transporte automotor considerando las provincias de Córdoba y Santa Fe. Esto será determinante al momento de evaluar la conveniencia de transportar soja para producir biodiésel.
El estado de los suelos incide en la producción de biodiésel a partir de soja
Al considerar la energía que se puede obtener del biodiésel es necesario tener en cuenta el gasto energético pre-industrialización donde se incluyen las etapas de producción de soja, transporte de la cosecha hasta el sitio de procesamiento y su transformación en biodiésel. Con estas consideraciones previas, los investigadores Denoia, Di Leo, Bonel y Montico evaluaron cómo se ve afectada la producción de soja por las lluvias y las condiciones del suelo (sin erosión o con erosión leve o severa). Ambas variables terminarán afectando tanto el balance como el rendimiento energético del biodiesel producido.
Si bien la erosión hídrica afectó los rendimientos simulados, no lo hizo tanto como el régimen de lluvias. En este último caso los investigadores encontraron diferencias sorprendentes con caídas dramáticas en los rendimientos de soja al considerar años secos y distintos grados de erosión del suelo: erosión severa (78,6% de disminución del rendimiento), erosión leve (76,3%) y sin erosión (75%).
El trabajo concluye que la cantidad de energía producida está vinculada estrechamente al régimen de lluvias y en mucho menor medida al grado de erosión hídrica. La máxima producción energética se alcanza en la situación de menor degradación y con el mejor régimen de lluvias. Por otra parte, el balance de energía en el proceso de producción de biodiésel a partir de grano de soja fue negativo cuando se simularon condiciones restrictivas respecto al régimen de lluvias. En conclusión
Si bien en la actualidad se habla de biocombustibles de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación, son, por una cuestión de lógico desarrollo cronológico, los de primera generación aquellos que acaparan la mayor atención y generan las mayores controversias (2).
El estado actual de la investigación en biocombustibles los muestra formando parte de una situación intrincada que solo parece complicarse más a medida que se analiza el tema en mayor profundidad.
Algunas ideas que deberíamos tener en claro, de acuerdo al análisis del Dr. Montico, son (3): Destinar grandes cantidades de maíz y soja para producir etanol y biodiésel acarrea aumento en los precios de cereales lo cual termina produciendo aumentos en otros sectores (abonos, carnes, huevos, productos lácteos).
Todavía cuesta más producir biocombustibles que combustibles fósiles. El estímulo a la producción y el consumo de biocombustibles que se da en los países productores importantes es resultante de las medidas de control de precios aplicadas.
Para algunos autores obtener biocombustibles de maíz, girasol y soja es inviable económica y técnicamente. En estos casos solo tendría sentido el uso de residuos orgánicos.
Por último, es necesario profundizar la investigación en biocombustibles de primera generación hasta tanto se desarrolle la producción de los de segunda y tercera generación. En especial para determinar si los cereales y oleaginosos deben destinarse a la alimentación o a la energía.
Datos tomados del informe The new Biomassters, www.etcgroup.org , próximamente en castellan

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