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Timestamp: 2017-05-26 01:41:48+00:00

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Análisis Jurídicos | UMT - Unión de Militares de Tropa
Category: Análisis Jurídicos
Las condenas por delito doloso de los MTM ya no significaran la expulsion inmediata de las FAS
Análisis Jurídicos sin comentarios	El 5 de marzo de 2015 entró en vigor la nueva LO 8/2014 de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y ha supuesto importantes modificaciones, una de ellas se encuentra contenida la Disposición Final Cuarta que modifica el artículo 10.2 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, quedando redactado:
“2. Este compromiso se resolverá por alguna de las siguientes causas:
Por la imposición de condena por delito doloso y teniendo en consideración el tipo de delito y la pena impuesta, podrá también resolverse el compromiso,previa tramitación de un expediente administrativo con audiencia del interesado.”
La anterior ley preveía que una condena por delito doloso suponía de forma automática la resolución del compromiso con las Fuerzas Armadas en el caso de militares de complemento y militares de tropa y marinería profesionales.
Ahora, esta decisión es discrecional, previa incoación de un expediente administrativo con audiencia al interesado, en el que queda condicionado a la consideración del tipo de delito y la pena, se elimina el automatismo pero ello no significa que vaya a darse.
Para aquellos compromisos de expulsión, que estén en tramitación, por aplicación de la retroactividad de disposición más favorable, le será aplicable, sin embargo para aquellos que ya se han resuelto, la ley no prevé cauces de revisión, que podrá en su caso ser instado mediante el oportuno recurso y atendidas las especiales circunstancias de cada caso.
Pilar Hernandez, letrada PH Abogados
La nueva LORDFAS interpretada por un juridico militar
Análisis Jurídicos 1 comentario	La nueva Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que entrará en vigor el próximo 5 de marzo, es una simple puesta al día de la anterior Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, que, a su vez, reformó la que por aquel entonces si fue novedosa e importantísima Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, que supuso, hace treinta años, un cambio trascendental en el régimen sancionador castrense lastrado por el viejo, anacrónico e inaplicable, por resultar contrario a la Constitución, Código de Justicia Militar de 1945 al que derogó.
El mantenimiento del arresto, acordado por los dos grupos parlamentarios mayoritarios, para todo tipo de faltas y singularmente para las leves, es uno de los aspectos más polémicos de la nueva Ley y cuenta con la oposición frontal de las asociaciones profesionales mayoritarias.
El preámbulo de la nueva Ley funda el mantenimiento de la sanción de arresto para las faltas leves, en el artículo 25.3 de la Constitución que, a sensu contrario, permite a la Administración militar la imposición de sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Destaca, su indiscutible eficacia para restablecer la disciplina y en la existencia de arrestos o privaciones de libertad como sanciones por faltas leves, en la inmensa mayoría de los sistemas disciplinarios militares de los países de nuestro ámbito sociocultural o pertenecientes a la Alianza Atlántica.
Ambos fundamentos son absolutamente falaces o, cuando menos, muy discutibles. Si bien el proyecto de ley socialista no aportaba en el preámbulo razonamiento de interés alguno acerca de la supresión de la sanción de arresto para las faltas leves, el de la vigente Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, dictada en la anterior legislatura con mayoría socialista, que suprimió las sanciones de arresto para todo tipo de faltas en dicho Cuerpo, en cambio, justifica esta supresión para “ encontrar un equilibrio correcto entre los instrumentos que el Cuerpo de la Guardia Civil precisa para el mantenimiento de un modelo disciplinario eficiente y actual, con la supresión de determinadas figuras jurídicas cuya aplicación, en circunstancias ordinarias, resultan desfasadas, difícilmente justificables y excesivamente gravosas para los miembros de la Guardia Civil”.
En éste contexto se situaba “la supresión de la figura del arresto del cuadro de sanciones disciplinarias, quedando limitada la eventual aplicación de esta figura sancionadora, típica del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, para los supuestos en que se lleven a cabo misiones de naturaleza militar o cuando el personal del Cuerpo se integre en Unidades Militares “.
El arresto en la Guardia Civil se consideró una figura jurídica desfasada, difícilmente justificable y excesivamente gravosa y, en cambio, para los componentes de las Fuerzas Armadas se estima su indiscutible eficacia para restablecer la disciplina, no porque sus componentes sean más indisciplinados, sino porque el “arresto” dice la Ley ( la de la Guardia Civil) es la “sanción típica” del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y, parece ser ha de ser preservada, pese a que guardias civiles y militares, integrados en Cuerpos y escalas de naturaleza militar, tienen un régimen de derechos y obligaciones muy similares, diferenciándose únicamente por las misiones que realizan unos y otros.
En los últimos treinta años, desde la promulgación de la primera Ley disciplinaria de la democracia a la que antes hemos hecho referencia, una vez desaparecido el servicio militar obligatorio. Con su profesionalización, las Fuerzas Armadas han demostrado un extraordinario grado de madurez y competencia, con un concepto de la disciplina basado en el convencimiento y no en el temor al castigo y la represión.
En el caso del arresto para las faltas leves, no comprendemos que para reprimir unos hechos “leves” exista una sanción que cercene el derecho fundamental a la libertad personal.
El arresto cabría, como así ocurre en muchos países de nuestro entorno, en supuestos excepcionales: conflicto armado, guerra, misiones internacionales, o para mantener el orden dentro de la unidad o a bordo de buque de guerra, en casos de graves indisciplinas siempre relacionadas con el servicio. La detención podría ser acordada conforme a la legislación procesal aplicable, durante el plazo máximo de duración de setenta y dos horas, con puesta inmediata a disposición de la autoridad judicial.
Los ciudadanos de uniforme, los militares, deberían tener un régimen sancionador absolutamente asimilable al de cualquier otro colectivo de servidores públicos. Así ocurre en los distintos cuerpos policiales y últimamente en la Guardia Civil que sigue siendo un Cuerpo altamente disciplinado, sin que haya supuesto merma alguna para su eficacia y el desempeño de sus cometidos la desaparición de la sanción de arresto tras la entrada en vigor de la mencionada Ley Orgánica 12/2007.
El ejercicio del mando, la disciplina, la jerarquía, la subordinación y la unidad, son valores instrumentales que han de evolucionar como evoluciona la sociedad en su conjunto y que no pueden definirse de la manera como se hacía en épocas pasadas en relación a unas Fuerzas Armadas no profesionales.
El senador Abad Benedicto (Grupo socialista), una vez cerrado el pacto con el Grupo Popular sobre la nueva ley disciplinaria de las Fuerzas Armadas, afirmó lo siguiente:
“Seguro que nosotros hubiésemos hecho un proyecto más avanzado en muchas cuestiones. Por ejemplo, no hubiésemos mantenido el arresto por falta leve, ya que es una sanción que se impone a una conducta levemente incorrecta, pero la sanción que se impone es grave, la privacidad de libertad, aunque en este caso algo camuflada, valga la expresión. No obstante, esta ley acota su alcance y existe un control judicial hábeas corpus, a diferencia de lo que ocurre hoy, en que los arrestos se imponen sin intervención judicial, lo que viene a chocar frontalmente con los principios fundamentales del Estado de derecho”.
Vamos a ver en que consiste ese “camuflaje” de la privación de libertad (el arresto), esa red mimética extendida para escamotear la regulación del arresto en la nueva ley, e intentar obviar, reducir o acallar el clamor de las asociaciones profesionales y de muchos militares de a pié, que piden la desaparición, al menos, del arresto por falta leve.
I. La vieja distinción terminológica.
El primer brochazo de trazo grueso para el “camuflaje”, lo da el artículo 15 de la ley cuando persiste, en definir al arresto por falta leve como una “restricción“ de libertad, para diferenciarlo del de “privación” para las faltas graves o muy graves, afirmando que su cumplimiento será “sin perjuicio del servicio”.
Este concepto de la “restricción” de libertad aplicado al arresto para las faltas leves, y el de “privación” para las graves o muy graves, ya viene en las leyes disciplinarias anteriores y está tomado de varias sentencias del Tribunal Constitucional, que a su vez la recogieron de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (para no aburrir en exceso, sólo citaré la más importante, de 8 de junio de 1976, el llamado caso Engel y otros).
De otra parte, el Tribunal Constitucional en sentencia de 18.10.2010, recaída sobre la anterior ley disciplinaria de la Guardia Civil, y que determinó la inconstitucionalidad de los arrestos para la Guardia Civil, por hechos realizados en funciones policiales y de seguridad ciudadana, confirmó su doctrina sobre el arresto domiciliario, negando que sea una simple restricción de la libertad, sino una verdadera privación de aquella ( también SSTC 31/1985, de 5 de marzo, FJ 3º y 14/1999, de 22 de febrero, FJ 9º), pues, dice, que entre la libertad y la detención no existen zonas intermedias (STC 61/1995, de 19 de marzo, FJ 4º).
Dijo también que ese carácter de pena privativa de libertad (el arresto domiciliario), no lo pierde ni siquiera en el caso que se imponga sin perjuicio del servicio, porque la persona no recupera su situación de libertad por una autorización para acudir a su trabajo habitual, pues conforme a la STC 56/1997, de 17 de marzo, “ es algo que se compadece con dificultad con los presupuestos de un orden político que se comprende a sí mismo como un régimen de libertades ( art. 10 CE )”.
Hubiese sido clarificador, a mi juicio, que el legislador hubiese llamado realmente a las cosas por su nombre, definiendo al arresto, para todo tipo de faltas y sin perjuicio de las condiciones de su cumplimiento, como privación de libertad, sin complejo ni camuflaje alguno, pues dicha sanción, aunque sea privativa de libertad, como ha establecido el propio Tribunal Constitucional, es plenamente constitucional por aplicación del artículo 25.3 de la CE., al imponerse por la administración militar, en sentido formal, y material, pues los hechos sancionados se han desarrollado en ejercicio de funciones militares.
Creo que la “restricción” de libertad es un eufemismo legal; es “privación” de libertad en cualquier caso.
II. Otra vez los calabozos.
El siguiente camuflaje, que expresa de nuevo la mala conciencia del legislador, como una especie de remordimiento por mantener el arresto, está en el mismo artículo 15 al establecer que para la sanción de arresto por falta leve, “Esta restricción de libertad implica que el lugar del cumplimiento no puede ser una celda o similar”, resucitando un término, sin mencionarlo expresamente, el de los denostados “calabozos”, sustituido por el más políticamente correcto de “celda o similar”.
Diré para los más jóvenes, que los calabozos eran los lugares de internamiento, para todo tipo de faltas disciplinarias durante la vigencia del Código de Justicia Militar de 1945. El precepto hace una especie de recordatorio indigno, como dando un tirón de orejas a los mandos, cuando estos siniestros lugares de cumplimiento de los arrestos desaparecieron absolutamente de las unidades militares, con el empeño decidido del primer gobierno socialista, tras la entrada en vigor de la primera ley disciplinaria de las Fuerzas Armadas.
III. La pretendida intervención judicial.
Mala conciencia. Para intentar remediar la imposición del arresto sin intervención de autoridad judicial alguna, tienden sobre el arresto una red mimética que, como el mago saca de la chistera un conejo, crea el gran invento (artículo 60.1, párrafo 2º):
Que la ejecutividad inmediata, el cumplimiento, de la sanción o medida cautelar de arresto, se entenderá “sin perjuicio” de que el sancionado pueda instar el procedimiento de “Habeas Corpus” ( Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo) ante el Juez Togado Militar Territorial competente.
Estupefacción absoluta al comprobar que la gran novedad viene funcionando en el ámbito disciplinario castrense, más mal que bien, desde la promulgación de esa ley de “Habeas Corpus” en el año 1984( treinta años).
Este procedimiento del “Habeas Corpus” establece que la legalidad de una detención sea supervisada o revisada por la autoridad judicial, pero con limitaciones para el Juez. La jurisprudencia establece que es un procedimiento en el que el Juez, no puede entrar a conocer de cuestiones de fondo sobre legalidad ordinaria o incluso aspectos relativos a los Derechos Fundamentales que se vean afectados por la sanción, cuyo conocimiento corresponde –en el caso de las sanciones disciplinarias militares– a los órganos judiciales militares competentes, a través del procedimiento contencioso-disciplinario establecido en la Ley Procesal Militar.
Es decir, el Juez Togado tiene un campo de actuación muy limitado, pues no puede entrometerse en materias de legalidad “ordinaria” o “constitucional”, propias de los Tribunales Militares Territoriales o Central en los contenciosos disciplinarios.
Por éste motivo el Tribunal Constitucional dice que es un procedimiento de “cognición limitada”. Entonces ¿para que sirve?
Nos preguntábamos en la entrada anterior, sobre que podría o no hacer un Juez Togado ante la interposición de un Habeas Corpus por un arrestado por falta leve, una vez entre en vigor la nueva ley disciplinaria, pues el artículo 22.3 de la misma establece lo siguiente:
Si lo leéis otra vez, pacientes lectores, os preguntareis ¿ puede existir alguna falta disciplinaria, aún leve, que no afecte a la disciplina o a las reglas esenciales del comportamiento de los militares? La única respuesta posible, a mi juicio, es negativa.
Ha ocurrido que el legislador, además del bien jurídico de la disciplina, ha incluido en éste artículo otros como la “jerarquía”, “la subordinación”, o la “eficacia en el servicio”, englobados bajo la fórmula del incumplimiento de las “reglas esenciales que definen el comportamiento” de los militares. De esta manera “camufla” el mantenimiento de la sanción de arresto para las faltas leves, con una limitación inexistente o de imposible cumplimiento, pues puede imponerse la sanción de arresto a mi juicio por cualquier falta leve.
Es decir, toda conducta sancionable por falta leve, quedaría incluida en la pócima mágica del artículo 22.3., de lo contrario, no sería sancionable.
¿Qué puede hacer el Juez Togado ante esta regulación de la ley disciplinaria, ante un “habeas corpus?
Lo que ha venido haciendo en los últimos treinta años.
Como la potestad del mando militar de imponer sanciones privativas de libertad, como los arrestos, cuya constitucionalidad no combatimos, sin la participación inmediata de la autoridad judicial, debe considerarse una posibilidad excepcional, justificada por la especial naturaleza y función de la Administración militar y las Fuerzas Armadas, dentro de la regla general de intervención judicial, el Juez Togado deberá valorar la cobertura legal del arresto, la conformidad o no a Derecho de la situación de privación de libertad sometida a su consideración (y sólo eso, como luego veremos).
Cuando se trate de flagrantes y burdas vulneraciones de la ley como la sanción de plano, que es la impuesta manifiestamente sin seguir el procedimiento establecido; la claramente desproporcionada o arbitraria; la dictada por autoridad manifiestamente incompetente; o la que vulnera las condiciones de la detención o arresto; deberán decretar la inmediata puesta en libertad del arrestado, estimando el recurso interpuesto.
Deberán velar porque la resolución sancionadora esté no sólo motivada, como establece el artículo que comentamos, sino “suficientemente” motivada, teniendo en cuenta que al afectar a un derecho fundamental, la libertad personal, esta motivación deberá ser “reforzada”; es decir, no basta con cualquier fórmula estereotipada o minutada, tan habituales en resoluciones sancionadoras por falta leve, pues en caso contrario el precepto quedaría absolutamente vacío de contenido, en contra de su finalidad que no es otra que la de limitar, la imposición del arresto por falta leve.
Aquí acaba la potestad del Juez Togado. Otra cosa es la revisión del acto administrativo en que consiste la resolución sancionadora, que corresponde a los Tribunales Militares Territoriales o Central (caso que el mando militar superior al que impone la sanción desestime el recurso administrativo previsto en la ley).
Esta separación de funciones no exonera totalmente a dicho Juez del hábeas corpus de su obligación de analizar, si bien de modo provisional, el presupuesto material que justifica la medida que implica una carencia de libertad.
Es decir, el “camuflaje legal”, o dicho en términos jurídicos, la disparatada regulación legal a la que hemos hecho referencia, llevará al arrestado a interponer dos o tres recursos:
Primero el “Habeas Corpus”; segundo, aunque prospere el primero, el recurso administrativo ante el mando correspondiente; y, tercero, el contencioso disciplinario para anular administrativamente la sanción impuesta, caso que el mando superior que revise la sanción la confirme.
Cualquier sanción de arresto por falta leve merecería ser recurrida ante el Juez Togado competente, por vulnerar el derecho fundamental a la libertad personal por incumplimiento de lo dispuesto en la ley.
Mi consejo es recurrir cuando se de cualquiera de las circunstancias a las que hemos hecho referencia, y confiar que los Jueces Togados, espléndidos juristas, hagan justicia con una integradora interpretación de la ley, fundamentalmente del comentado artículo 22.3, para no dejarlo vacío de contenido, acorde con la realidad social de nuestras Fuerzas Armadas y ajustada a los límites que la ley establece para la imposición de tan grave sanción (de procedimiento, circunstancias de cumplimiento de la sanción… antes mencionados).
En cualquier caso, una vez adoptada por el legislador la decisión de mantener la sanción de arresto para las faltas leves, a mi juicio equivocada, se perdió la oportunidad de establecer unos auténticos límites a la imposición de tan grave sanción, siempre vinculados al perjuicio del servicio, y un procedimiento ordinario de control jurisdiccional rápido y eficaz ante los órganos de la jurisdicción militar.
Análisis Jurídicos sin comentarios	LEY ORGÁNICA 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007.
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Análisis Jurídicos sin comentarios	El viernes 31 de enero se aprobó por el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar, el siguiente paso consiste en su remisión al Consejo de Estado para su estudio, para posteriormente seguir la correspondiente tramitación parlamentaria necesaria para su aprobación definitiva. La principal novedad es la reducción del número de artículos de 197 pasa a 88, se divide en disposiciones generales, tipificación de losdelitos y sus correspondientes penas. En este anteproyecto se presta especial atención a que se entiende por delito militar, concretando como tal todas aquellas conductas que infrinjan bienes jurídicos estricta o esencialmente militares que aparezcan incriminados en la legislación penal común, siempre que sean cualificados por la condición militar del autor y, además, por su especial afección a los intereses, al servicio y a la eficacia de la organización castrense. Los principales delitos que parecen incluirse en este código serían, Contra la defensa y seguridad nacionales: traición militar y espionaje, revelación de secretos, incumplimiento de bandos militares y disposiciones comunes, delitos contra centinela, autoridad militar, fuerza armada y policía militar, y los de ultrajes a España e injurias a la organización militar. Delitos contra la disciplina,sedición militar, insulto a superior y desobediencia , abuso de autoridad, agresión sexual, (este delito se incluye por primera vez), trato humillante, amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así como los atentados a la intimidad, dignidad personal y en el trabajo y los actos discriminatorios. Delitos contra el patrimonio en el ámbito militar, aquí se remite a los tipos previstos en el Código Penal civil, entre ellos se contemplan los delitos de hurto, robo, apropiación indebida, daños cometidos por un militar en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos, así como los cometidos por un militar en instalaciones militares, buques, aeronaves, campamentos o durante ejercicios, cuando afecten al servicio o vulneren las reglas de comportamiento de los militares. Delitos contra los deberes del servicio, cobardía, deslealtad, delitos contra el deber de presencia y prestación del servicio, delitos contra los deberes del mando, quebrantamiento del servicio, omisión del deber de socorro y delitos contra la eficacia del servicio. Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas por los militares, otorgando protección penal a estos derechos y libertades. Delitos contra la Administración de la Justicia Militar, que se refieren a aquellas acciones u omisiones cometidas en relación con los delitos y procedimientos militares o respecto a los órganos judiciales militares.En relación con las penas las principales novedades que parecen incluirse son,Se incorpora la pena de multa de dos a seis meses para algunos delitos, se procede a la adecuación de las mismas a las del Código Penal civil procediendo a su simplificación, Por otro ladose faculta a los Tribunales castrenses para reducir la pena mínima de prisión de tres meses y un día en la rebaja de la misma en uno o dos grados cuando corresponda, aplicando las reglas del Código Penal, sin que en ningún caso pueda ser inferior a dos meses y un día, de esta manera se diferencia de la sanción máxima de dos meses de arresto prevista en el régimen disciplinario militar. También se les confiere la facultad de aplicar las formas sustitutivas de ejecución de las penas privativas de libertad a los penados que no tengan la condición militar y les habilita para aplicar las medidas de seguridad y consecuencias accesorias previstas en el Código Penal. Se contempla la sustitución de la pena común de trabajos en beneficio de la comunidad, por una pena corta privativa de libertad. Para ello también se faculta a los tribunales militares en el caso de que la imposición de la pena de multa comporte riesgo para el mantenimiento de la disciplina.El viernes 31 de enero se aprobó por el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar, el siguiente paso consiste en su remisión al Consejo de Estado para su estudio, para posteriormente seguir la correspondiente tramitación parlamentaria necesaria para su aprobación definitiva.La principal novedad es la reducción del número de artículos de 197 pasa a 88, se divide en disposiciones generales, tipificación de losdelitos y sus correspondientes penas.
En este anteproyecto se presta especial atención a que se entiende por delito militar, concretando como tal todas aquellas conductas que infrinjan bienes jurídicos estricta o esencialmente militares que aparezcan incriminados en la legislación penal común, siempre que sean cualificados por la condición militar del autor y, además, por su especial afección a los intereses, al servicio y a la eficacia de la organización castrense. Los principales delitos que parecen incluirse en este código serían,
1.Contra la defensa y seguridad nacionales: traición militar y espionaje, revelación de secretos, incumplimiento de bandos militares y disposiciones comunes, delitos contra centinela, autoridad militar, fuerza armada y policía militar, y los de ultrajes a España e injurias a la organización militar.
2.Delitos contra la disciplina,sedición militar, insulto a superior y desobediencia , abuso de autoridad, agresión sexual, (este delito se incluye por primera vez),trato humillante, amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así como los atentados a la intimidad, dignidad personal y en el trabajo y los actos discriminatorios.
3.Delitos contra el patrimonio en el ámbito militar, aquí se remite alos tipos previstos en el Código Penal civil, entre ellos se contemplan los delitos de hurto, robo, apropiación indebida, daños cometidos por un militar en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos, así como los cometidos por un militar en instalaciones militares, buques, aeronaves, campamentos o durante ejercicios, cuando afecten al servicio o vulneren las reglas de comportamiento de los militares.
4.Delitos contra los deberes del servicio, cobardía, deslealtad, delitos contra el deber de presencia y prestación del servicio, delitos contra los deberes del mando, quebrantamiento del servicio, omisión del deber de socorro y delitos contra la eficacia del servicio.
5.Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas por los militares, otorgando protección penal a estos derechos y libertades.
6.Delitos contra la Administración de la Justicia Militar, que se refieren a aquellas acciones u omisiones cometidas en relación con los delitos y procedimientos militares o respecto a los órganos judiciales militares. En relación con las penas las principales novedades que parecen incluirse son,Se incorpora la pena de multa de dos a seis meses para algunos delitos, se procede a la adecuación de las mismas a las del Código Penal civil procediendo a su simplificación, Por otro ladose faculta a los Tribunales castrenses para reducir la pena mínima de prisión de tres meses y un día en la rebaja de la misma en uno o dos grados cuando corresponda, aplicando las reglas del Código Penal, sin que en ningún caso pueda ser inferior a dos meses y un día, de esta manera sediferencia de la sanción máxima de dos meses de arresto prevista en el régimen disciplinario militar. También se les confiere la facultad de aplicar las formas sustitutivas de ejecución de las penas privativas de libertad a los penados que no tengan la condición militar y les habilita para aplicar las medidas de seguridad y consecuencias accesorias previstas en el Código Penal. Se contempla la sustitución de la pena común de trabajos en beneficio de la comunidad, por una pena corta privativa de libertad. Para ello también se faculta a los tribunales militares en el caso de que la imposición de la pena de multa comporte riesgo para el mantenimiento de la disciplina
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 resolución 
 artículo 25
 artículo 15
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 resolución 
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