Source: http://www.cortearbitral.com/reglamento/
Timestamp: 2020-04-02 09:30:43+00:00

Document:
Reglamento – Corte Arbitral Española
Corte Arbitral Española (en lo sucesivo, la Corte), administrará los arbitrajes en las controversias que se le sometan, sean de ámbito interno o internacional, con sujeción a la legislación vigente sobre la materia en la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje y a lo dispuesto en el presente Reglamento.
La Corte calificará la naturaleza interna o internacional de la controversia de acuerdo con la legislación vigente al presentarse la solicitud de arbitraje.
1. La sumisión a la Corte se entenderá realizada por previsión de la partes en convenio arbitral anterior, o por acuerdo específico de ambas, o solicitud formulada por escrito, télex, fax, u otro medio de telecomunicación electrónico, telemático o de clase semejante, de una de ellas, aceptada en cualquiera de estas formas por la otra parte, e implicará, además de la encomienda de la administración del arbitraje y de la expresa declaración de obligarse a cumplir las decisiones interlocutorias y el laudo final, el compromiso de adoptar una actitud procesal de buena fe, con abstención, durante el procedimiento arbitral, de toda conducta que pueda dificultar u obstruir su desarrollo o frustrar o menoscabar la efectividad del laudo.
2. La Corte no aceptará la administración de aquellos arbitrajes en los que concurran circunstancias que permitan inferir que su intervención no es solicitada en concordancia con los principios de ética profesional que han inspirado su constitución.
El procedimiento arbitral se sujetará a los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad de las partes.
1. Las partes podrán fijar libremente el número de Árbitros, siempre que sea impar. Si las partes no lo hubiesen fijado, la Corte designará un solo Árbitro
2. El arbitraje se entenderá de derecho si las partes no disponen otra cosa.
3. En el arbitraje con un solo Árbitro, si las partes no han designado árbitro en virtud de su convenio arbitral o no existiese acuerdo a ese respecto, será la Corte quien lo designará.
4. En el caso de tres Árbitros, de hacer uso ambas partes del procedimiento de la facultad de que disponen para que el conjunto de los que ocupen igual situación procesal designe a uno de ellos, siempre perteneciente a la lista correspondiente de la Corte, los dos Árbitros elegidos por este procedimiento designarán, de entre la misma lista, al tercero, quien actuará como Presidente del Tribunal Arbitral. Si una parte no nombrase al Árbitro dentro de los quince días siguientes al requerimiento para que lo haga, la designación del Árbitro se hará por la Corte. Igualmente se actuará cuando los Árbitros designados no consigan ponerse de acuerdo para la designación del tercero dentro de los quince días contados desde la última aceptación.
5. En el arbitraje con más de tres Árbitros, todos serán nombrados por el Presidente de la Corte a petición de cualquiera de las partes.
6. En el arbitraje internacional, salvo que las partes dispongan otra cosa, el sistema de nombramiento será el mismo establecido anteriormente para los arbitrajes internos.
La Corte realizará, en su caso, la encomienda arbitral, la designación del Árbitro o Árbitros, o la confirmación de los designados previamente por las partes y resolverá, en su caso, todo lo relativo a sus sustituciones y a la interpretación de las reglas de procedimiento, ya sean generales o específicas para un arbitraje concreto, o cuando las partes o el Árbitro o Árbitros se la demanden. Todo ello de acuerdo con la legislación vigente en materia de arbitraje y con los Estatutos de la Corte. Las decisiones de la Corte sobre nombramiento, confirmación, recusación o sustitución de un Árbitro serán firmes.
La Secretaría de los arbitrajes administrados por la Corte corresponderá al Secretario de la misma, en los términos y con la salvedad del artículo 46.e) de sus Estatutos.
Salvo que las partes acuerden otra cosa, incumbe al Árbitro, con carácter general: la ordenación y el desarrollo del procedimiento con arreglo a los principios generales de la Ley de Arbitraje y las normas del presente Reglamento; la determinación del lugar e idioma de éste; la fijación de plazos, preclusivos o prorrogables y su posible variación, atendidas las circunstancias del caso, considerándose que dichos términos son de cinco días, de no indicarse otra cosa.
1. Las comunicaciones entre las partes y el Árbitro con la Corte se harán del modo determinado en las normas dictadas por el Secretario para el arbitraje de que se trate, o las que éste dispusiere con posterioridad a poder ser oyendo a las partes. Las partes podrán, no obstante, acordar lo que estimen pertinente sobre notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos.
2. De todo escrito o documento original que se presente en la Corte se acompañarán tantas copias como partes personadas en el arbitraje, más una para cada Árbitro y otra para la Secretaría de la Corte. También podrá exigir la Corte, atendidas las circunstancias del caso, una copia en soporte digital.
3. En su primer escrito, cada parte deberá designar una dirección a efectos de comunicaciones y notificaciones. Todas las que durante el arbitraje deban dirigirse a esa parte se enviarán a dicha dirección, entendiéndose bien realizadas las que se practiquen en ella, hasta tanto no conste en el expediente la variación de la misma, en escrito dirigido a la Corte por la parte o partes afectadas por el cambio.
4. Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en que haya sido entregada personalmente al destinatario, o en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o en cualquier dirección postal o electrónica designada, al efecto, por el interesado. Será válida la notificación o comunicación realizada por cualquier medio, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos dejando constancia de su remisión y recepción. En el supuesto de que no se descubra, tras una indagación razonable, ninguno de estos lugares, se considerará recibida el día en que haya sido entregada o intentada su entrega, por correo certificado o cualquier otro medio que deje constancia, en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario.
5. Corresponde al solicitante del arbitraje informar a la Corte sobre los datos enumerados en el apartado anterior, relativos a la parte demandada, de los que tenga conocimiento, hasta que ésta se persone o designe una dirección para notificaciones y comunicaciones.
Plazos y su cómputo
1. Los plazos establecidos en este Reglamento se computarán desde el día siguiente al de recepción de la notificación o comunicación. Si el último día de plazo fuera festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación, se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente.
2. Cuando dentro de un plazo haya de presentarse un escrito, el plazo se entenderá cumplido si el escrito se remite dentro de aquél, aunque la recepción se produzca con posterioridad.
3. Los plazos establecidos por días se computarán por días naturales, salvo el Árbitro junto con las partes establezcan otra cosa; los señalados por meses se computarán de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente al del inicio del cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
4. Salvo acuerdo expreso en contrario de las partes, los plazos establecidos en este Reglamento son, atendidas las circunstancias del caso, susceptibles de modificación, ampliación, reducción o suspensión por la Corte, hasta la constitución del Tribunal Arbitral, y por los Árbitros desde ese momento. Se exceptúa el plazo para dictar laudo que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32.2 de este Reglamento, sólo puede prorrogarse por acuerdo expreso de las partes.
5. La Corte y los Árbitros velarán en todo momento para que los plazos se cumplan de forma efectiva y procurarán evitar dilaciones.
6. Se declara inhábil el mes de agosto de cada año salvo que las partes de común acuerdo soliciten su habilitación.
1. El procedimiento arbitral dará comienzo con la presentación de la solicitud de arbitraje ante la Corte. La Corte dejará constancia de la fecha de presentación.
a) El nombre completo, dirección y demás datos relevantes para la identificación y contacto de la parte o partes demandantes y de la parte o partes demandadas. En particular, deberá indicar las direcciones a las que deberán dirigirse las comunicaciones a todas las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.
b) El nombre completo, dirección y demás datos relevantes para la identificación y contacto de la persona que vaya a representar al demandante en el arbitraje.
c) Una breve descripción de la controversia
e) El acto, contrato o negocio jurídico del que deriva la controversia o con el que ésta guarde relación.
g) La indicación sobre el número de Árbitros, el idioma y el lugar del arbitraje.
3. La solicitud de arbitraje podrá también contener la indicación de las normas aplicables al fondo de la controversia.
4. A la solicitud de arbitraje deberán acompañarse, al menos, los siguientes documentos:
b) Copia de los contratos, en su caso, de los que traiga causa la controversia.
c) Documentación acreditativa de la representación del demandante.
5. Si la solicitud de arbitraje estuviera incompleta, o las copias o anexos no se presentaren en el número requerido, o no se acompañare, la Corte podrá fijar un plazo no superior a 10 días para que el demandante subsane el defecto.
6. Recibida la solicitud de arbitraje con todos sus documentos y copias; subsanados, en su caso, los defectos de que adoleciere, la Secretaría de la Corte dará traslado de la solicitud a las demás partes del procedimiento.
7. El traslado de la solicitud de arbitraje al demandado o demandados podrá hacerse, por el orden que designe el demandante, en uno de los siguientes domicilios:
a) El que como del demandado se haya fijado, en su caso, en el convenio arbitral.
b) El que el solicitante del arbitraje señale como propio del demandado en la fecha de la solicitud.
c) El que se deduzca de números de teléfono, fax o similares.
d) El que aparezca en el padrón municipal o conste oficialmente a otros efectos.
e) El que se deduzca de registros oficiales o comunicaciones de carácter oficial.
f) Aquél en que el demandado desarrolle cualquier actividad profesional o laboral.
La Corte señalará la cuantía provisional de la controversia y exigirá las provisiones correspondientes para la administración del arbitraje, honorarios del Árbitro o Árbitros y gastos del procedimiento. El pago de dichas provisiones deberá justificarse por las partes al tiempo de presentar sus escritos de alegaciones.
1. El demandado o demandados responderán a la solicitud de arbitraje en el plazo de quince días desde su recepción.
a) El nombre completo del demandado; su dirección y demás datos relevantes para su identificación y contacto; en particular, designará a la persona y dirección a la que deberán dirigirse las comunicaciones y notificaciones que deban hacerse durante el arbitraje.
b) El nombre completo, dirección y demás datos relevantes para la identificación y contacto de las personas que vayan a representar al demandado en el arbitraje.
c) Unas breves alegaciones sobre la descripción de la controversia efectuada por el demandante.
d) Su posición sobre las peticiones del demandante.
f) Su posición sobre las indicaciones del demandante acerca del número de Árbitros, el idioma y el lugar del arbitraje.
g) Su posición sobre las normas aplicables al fondo de la controversia, si la cuestión se hubiera suscitado por el demandante.
3. A la respuesta a la solicitud de arbitraje deberá acompañase el documento acreditativo, en su caso, de la representación de la parte demandada en el arbitraje.
4. Si la respuesta a la solicitud de arbitraje estuviese incompleta o defectuosa se actuará en la forma prevista en el apartado 5 del artículo 11. Si dicha respuesta no adoleciere de defectos la Corte remitirá una copia al demandante.
5. La falta de presentación de la respuesta a la solicitud de arbitraje dentro del plazo concedido no suspenderá el procedimiento.
1. Si una parte presentara una solicitud de arbitraje relativa a una cuestión jurídica respecto de la cual existiera ya un proceso arbitral regido por el presente Reglamento, y pendiente entre las mismas partes en esta Corte, ésta última, o en su caso, el Árbitro o Tribunal Arbitral podrán, a petición de cualquiera de ellas, acumular la solicitud al procedimiento pendiente. La Corte tendrá en cuenta, entre otros extremos, la naturaleza de las nuevas reclamaciones, su conexión con las formuladas en el proceso ya incoado y el estado en que se hallen las actuaciones. En los casos en que la Corte decida acumular la nueva solicitud a un procedimiento pendiente con Tribunal Arbitral ya constituido, se presumirá que las partes renuncian con respecto a la nueva solicitud, al derecho que les corresponde de nombrar Árbitros. La decisión de la Corte sobre la acumulación será firme.
2. Los Árbitros podrán, a petición de cualquiera de las partes, y oídas todas ellas, admitir la intervención de uno o más terceros como partes en el arbitraje, siempre que se acredite su interés en la cuestión arbitrable.
3. En ambos supuestos de acumulación o de intervención, la Corte o los Árbitros fijarán los nuevos plazos para llevar a término el procedimiento arbitral.
1. La Corte fijará el importe de la provisión de fondos para las costas del arbitraje, incluidos los impuestos que le sean de aplicación.
2. Durante el procedimiento arbitral la Corte, de oficio, o a petición de los Árbitros, podrá solicitar provisiones de fondos adicionales a las partes.
3. En los supuestos en que por formularse reconvención, o por cualquier otra causa, fuese necesario solicitar el pago de provisiones de fondos a las partes en diferentes momentos, corresponde en exclusiva a la Corte determinar la asignación de los pagos realizados a las provisiones de fondos.
4. Salvo acuerdo en contrario de las partes corresponde, en principio, al demandante y al demandado el pago por partes iguales de estas provisiones.
5. Si en cualquier momento del arbitraje, las provisiones requeridas no se abonaran íntegramente, la Corte requerirá a la parte deudora para que realice el pago pendiente en el plazo de diez días. Si el pago no se realizase en ese plazo, la Corte lo pondrá en conocimiento de la otra parte con el fin de que, si lo considera oportuno, pueda realizar el pago pendiente en el plazo de diez días. Si ninguna de las partes realizara el pago pendiente, la Corte podrá, discrecionalmente, rehusar la administración del arbitraje o la realización de la actuación a cuyo fin se solicitó la provisión pendiente. En el caso de que rehusara el arbitraje y una vez deducida la cantidad que corresponda por gastos de administración y, en su caso, honorarios de Árbitros, la Corte reembolsará a cada parte la cantidad que hubiera depositado en exceso.
6. En el supuesto de que una de las partes abonase provisiones solicitadas a la contraria, en el laudo se hará constar el crédito que aquélla ostenta contra ésta.
Tramitación del arbitraje
Con la aceptación de la administración del arbitraje la Corte, designará el Árbitro o Árbitros que correspondan, o confirmará la designación realizada por las partes, notificándolo a los Árbitros y a las partes.
1. Designados los Árbitros, éstos, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de su designación, comunicarán a la Corte su aceptación. En el escrito aceptando su designación, el Árbitro deberá revelar todas las circunstancias personales, profesionales o comerciales que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia en relación con las partes y la controversia.
2. La aceptación del Árbitro o Árbitros será comunicada por la Corte a las partes, quienes, en el plazo de 15 días podrán manifestar, por escrito, la aceptación de aquéllos o, en su caso, su recusación. La no presentación de escrito alguno en dicho plazo equivale a la aceptación de los Árbitros.
3. No obstante lo anterior, las partes podrán recusar al Árbitro o Árbitros, en cualquier momento del procedimiento anterior al laudo, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que dé lugar a dudas sobre su imparcialidad o independencia.
4. La recusación de los Árbitros se ajustará a lo dispuesto sobre la materia en la vigente Ley de Arbitraje.
1. En el caso de que el Árbitro o alguno de los Árbitros designados no acepte su nombramiento, o se abstenga, o acepte su recusación, la Corte procederá a nombrar sustituto o sustitutos, y lo comunicará a los restantes Árbitros que hubieran aceptado y a todas las partes, reproduciéndose los trámites del artículo 17.
2. Si por otros motivos hubiese que designar un nuevo Árbitro, la Corte actuará en la forma establecida en el apartado anterior.
3. Nombrado el sustituto o sustitutos, los Árbitros, previa audiencia de las partes, decidirán si ha lugar a repetir actuaciones ya practicadas.
1. Transcurrido el plazo establecido en el artículo 17.2, el Árbitro o el Tribunal Arbitral determinará, conforme a lo pedido por las partes, o, en otro caso, por decisión propia, el lugar e idioma del arbitraje, y concederá al solicitante o solicitantes un plazo común de hasta quince días para presentar sus alegaciones. En ellas se deberán hacer constar, de manera definitiva, la identificación del arbitraje y de las partes y la justificación de haber efectuado la provisión de fondos. Si no se acreditase, se actuará en la forma prevista en el artículo 15.5. Relacionarán, asimismo, los hechos y fundamentos jurídicos de su pretensión, así como los documentos que aporten y las pruebas que interesen, con las sugerencias oportunas para su práctica, y formularán con precisión y claridad lo que demandan.
2. Si, en sus alegaciones, la parte solicitante del arbitraje modificara el contenido o la cuantía de las pretensiones puestas de manifiesto en la solicitud de arbitraje, la Corte podrá exigir a las partes una provisión complementaria, cuya falta de pago dará lugar a las consecuencias previstas en el artículo 15.5 de este Reglamento.
3. El solicitante del arbitraje acompañará a sus alegaciones los dictámenes periciales de que intente valerse, sin perjuicio de la facultad de los Árbitros de nombrar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, uno o más Peritos.
4. Todo Perito, una vez presentado su dictamen, deberá participar, cuando lo solicite cualquiera de las partes o lo considere necesario el Árbitro, en una audiencia en que las partes y el Árbitro o Árbitros puedan interrogarle sobre el contenido de su dictamen.
1. Del escrito o escritos presentados se dará traslado a las otras partes para que, en el plazo que el Árbitro señale, o en el de quince días comunes, de no indicar otro, puedan presentar su contestación, la cual deberá ajustarse en todo a lo dispuesto en el artículo anterior. Si la parte o partes demandadas no presentan con su escrito de alegaciones el justificante de haber efectuado la provisión de fondos solicitada, se actuará en la forma prevista en el artículo 15.5.
2. Alegada que sea una excepción procesal o la declinatoria de jurisdicción, el Árbitro procederá a oír sobre este extremo, por plazo de cinco días, a las demás partes personadas en el arbitraje; y a la vista de lo alegado, si estimara aquélla, por resultar evidente su concurrencia de los escritos y documentos presentados, el Árbitro dictará resolución declarando concluso el procedimiento para laudo y dará a las partes un plazo de tres días para la cuantificación de honorarios a que se refiere el artículo 37 de este Reglamento. Posteriormente, y en el plazo de los diez días siguientes, dictará laudo, dando fin al procedimiento arbitral. En otro caso, seguirá el procedimiento por los trámites establecidos en este Reglamento y resolverá sobre las excepciones en el laudo que ponga fin al arbitraje. Todo ello, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 22 de este Reglamento.
3. Si la parte demandada formulara reconvención, se exigirá a las partes la provisión correspondiente a la cuantía de aquélla, que deberá depositarse en el plazo de diez días desde el requerimiento efectuado al efecto y, una vez depositada, se dará traslado del escrito de alegaciones y reconvención a la solicitante del arbitraje para que, en plazo de diez días, alegue lo que a su derecho convenga. Si el demandado reconviniente no constituye la referida provisión de fondos se actuará en la forma prevista en el artículo 15.5 de este Reglamento. En la misma forma se actuará si es el solicitante del arbitraje quien no deposita la provisión correspondiente a la reconvención.
1. Si en el escrito de demanda, contestación a la misma, reconvención y contestación a la reconvención se plantease la incompetencia del Árbitro, la nulidad, inexistencia o caducidad del convenio, el Árbitro resolverá sobre estas cuestiones mediante laudo parcial en el plazo diez días
2. Si el Árbitro en el laudo parcial procede a estimar la declaración de incompetencia, la nulidad, inexistencia o caducidad del convenio dejarán expedita la vía jurisdiccional con cierre del procedimiento. En este supuesto, si las causas que dan lugar al cierre del procedimiento no hubieran sido alegadas por las partes, el laudo que lo cierre no contendrá, salvo acuerdo previo de las partes, condena en costas de ninguna de ellas. Si tales causas hubieran sido alegadas por alguna de las partes, el Árbitro, antes de dictar la resolución que ponga fin al procedimiento arbitral, concederá a aquéllas un plazo de tres días, a efectos de la cuantificación de honorarios prevista en el artículo 37 de este Reglamento.
El Árbitro proveerá sobre las pruebas propuestas en un plazo no superior a cinco días, disponiendo las particularidades de ordenación y lugar de las que estime pertinentes o acordare por sí. Así lo hará saber a las partes por sí o a través del Secretario. En cada caso se determinará sobre quién recae los costes para la realización material de las pruebas y sobre el deber de aportar los testigos y los peritos a la comparecencia correspondiente.
1. El período probatorio tendrá una duración máxima de sesenta días. Las partes podrán asistir a las pruebas que se practiquen.
2. La práctica de pruebas se desarrollará sobre la base del principio de que cada parte tiene derecho a conocer con razonable anticipación las pruebas en que la otra parte basa sus alegaciones.
3. En cualquier momento de las actuaciones, los Árbitros podrán recabar de las partes documentos u otras pruebas, cuya aportación habrá de efectuarse dentro del plazo que se señale al efecto.
4. Si un medio de prueba estuviese en poder o bajo el control de una parte, y ésta rehusara injustificadamente presentarla o dar acceso a ella, lo Árbitros podrán extraer de esa conducta las conclusiones que estimen procedentes sobre los hechos objeto de prueba.
5. Los Árbitros valorarán la prueba libremente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
1. A los efectos del presente Reglamento, tendrá la consideración de testigo toda persona que, sin ser parte en el arbitraje, preste declaración sobre cualquier cuestión de hecho que se plantee en el mismo.
2. Los Árbitros podrán disponer que los testigos presten declaración por escrito, sin perjuicio de que pueda disponerse además un interrogatorio ante los Árbitros y en presencia de las partes, en forma oral o por algún medio de comunicación que haga innecesaria su presencia. La declaración oral del testigo habrá de llevarse a cabo siempre que lo requiera una de las partes y así lo acuerden los Árbitros, o bien por iniciativa de éstos.
3. Si un testigo llamado a comparecer en una audiencia para interrogatorio no compareciera sin acreditar causa justa, los Árbitros podrán tener en cuenta este hecho en su valoración de la prueba.
5. Las actuaciones orales serán recogidas en acta o por grabación; en este segundo caso los costes de la grabación correrán a cargo de la parte proponente, y una vez producida la grabación quedará bajo la custodia del Secretario, entregándose posteriormente a las partes y a los Árbitros copia de la misma.
1. Los Árbitros, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de las partes, y tras consultar a éstas, podrán nombrar uno o más Peritos, que deberán ser y permanecer independientes de las partes, e imparciales durante el curso del arbitraje, para que dictaminen sobre cuestiones concretas.
2. Los Árbitros estarán asimismo facultados para requerir a cualquiera de las partes para que pongan a disposición de los Peritos información relevante o cualesquiera documentos, cosas o pruebas que deban examinar.
4. Presentado su dictamen por el Perito o Peritos, nombrados por las partes o por los Árbitros, éstos, si lo consideran oportuno, de oficio o a instancias de todas o una de las partes, podrán acordar que dichos Peritos comparezcan en una audiencia en la que las partes y los Árbitros podrán interrogarles sobre el contenido de su dictamen.
6. Los honorarios y gastos de todo Perito nombrado por el Árbitro o Tribunal Arbitral se considerarán gastos del arbitraje que deberán ser abonados por la partes., sin perjuicio de lo que se decida sobre la condena en costas.
7. Tanto la convocatoria como desplazamiento, y los gastos derivados de ello, de todo testigo y perito nombrado por las partes correrá a cargo de la parte que los haya propuesto.
Concluida la prueba, el Árbitro señalará un período común a las partes, que no excederá de quince días, en el cual podrán examinar y valorar críticamente, por escrito, los resultados de aquélla, formulando a continuación sus conclusiones. El Tribunal Arbitral podrá sustituir el trámite de conclusiones escritas por conclusiones orales en una audiencia, ya por propia iniciativa o a solicitud de alguna de las partes. El Tribunal deberá acordar las conclusiones orales en una audiencia si así lo solicitan todas las partes.
El Árbitro podrá acordar, para mejor proveer, la práctica de las pruebas que estime convenientes. Una vez practicadas, el Árbitro concederá a las partes un plazo común de cinco días para que resuman y valoren el resultado.
En los arbitrajes de equidad, el Árbitro podrá concentrar el procedimiento regulado en los artículos anteriores y acortar sus plazos, respetando a tal fin las sugerencias de las partes en cuanto las estime compatibles con el correcto desempeño de su cometido arbitral específico.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los Árbitros podrán, a instancia de cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias, ponderando las circunstancias del caso y, en particular, la apariencia de buen derecho, el riesgo en la demora y las consecuencias que puedan derivarse de su adopción o de su desestimación. La medida deberá ser proporcional al fin perseguido y lo menos gravosa posible para alcanzarlo.
2. Los Árbitros podrán exigir caución suficiente al solicitante, en la forma que estimen conveniente.
3. Los Árbitros resolverán sobre las medidas solicitadas, previa audiencia de todas las partes interesadas.
4. La concesión o denegación de medidas cautelares tendrá lugar mediante laudo parcial, al que serán de aplicación las normas sobre anulación y ejecución forzosa de los laudos.
Terminación del procedimiento arbitral
Hasta el momento de emitirse el laudo, las partes podrán convenir una transacción que resuelva la controversia, en cuyo caso el Árbitro o Árbitros darán por concluso el procedimiento, redactando el correspondiente laudo homologado en los términos convenidos por las partes, si ambas lo solicitan y el Árbitro o Árbitros no encuentran motivos para oponerse.
1. El procedimiento ordinario concluye con la emisión del laudo por el Árbitro o el Tribunal Arbitral.
2. Si las partes no hubieran dispuesto otra cosa, los Árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguiente a la fecha de presentación de la contestación o de expiración del plazo para presentarla, o, en su caso, desde la contestación a la reconvención o de la expiración del plazo para contestarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los Árbitros por un plazo no superior a dos meses mediante decisión motivada.
3. La expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo determinará la terminación de las actuaciones arbitrales y el cese de los Árbitros. No obstante, no afectará a la eficacia del convenio arbitral, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los Árbitros.
4. Los Árbitros decidirán la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estimen necesarios. Todo laudo se considerará pronunciado en el lugar del arbitraje y en la fecha que en él se haga constar.
5. Todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los Árbitros, quienes podrán expresar su parecer discrepante. Cuando haya más de un Árbitro, bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del Colegio Arbitral o sólo la de su Presidente, siempre que se manifiesten las razones de la falta de una o más firmas. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que el laudo consta por escrito cuando de su contenido y firmas quede constancia y sean accesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.
6. El laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de este Reglamento.
7. El laudo o laudos parciales darán respuesta a la controversia, tal y como quedó fijada por las partes, pudiendo resolver las cuestiones concretamente suscitadas y aquellas otras íntimamente vinculadas a ellas que sean su consecuencia lógica y obligada.
8. Con sujeción a lo acordado por las partes, los Árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los Árbitros y, en su caso, los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la Corte y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral. También se hará constar en el laudo, en su caso, el derecho de crédito a que se refiere el artículo 15.6 de este Reglamento.
9. Los Árbitros notificarán el laudo a las partes en la forma y el plazo que éstas hayan acordado o, en su defecto, mediante entrega a cada una de ellas de un ejemplar firmado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 de este mismo artículo, dentro del mismo plazo establecido en el apartado 2, también de este artículo.
10. El laudo solo podrá ser protocolizado notarialmente, y a costa de la parte que lo solicite.
El procedimiento arbitral podrá también finalizar:
1. Cuando el demandante desista de su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y los Árbitros le reconozcan un interés legítimo en obtener una solución definitiva del litigio.
2. Cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.
3. Cuando los Árbitros comprueben que la prosecución de las actuaciones resulta innecesaria o imposible.
1. Sin perjuicio de las aclaraciones, correcciones y complementos que puedan solicitarse del laudo y a las que se refiere la vigente Ley de Arbitraje, sólo cabrá contra el laudo ejercitarse la acción de anulación por los motivos y en los términos previstos en la citada Ley de Arbitraje.
2. Sin perjuicio de lo anterior la partes podrán solicitar la revisión del laudo por las causas y el procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El laudo es de obligado cumplimiento para las partes y produce efectos de cosa juzgada.
La solicitud de corrección, aclaración, complemento y extralimitación del laudo se regirá por lo dispuesto en la vigente Ley de Arbitraje.
El laudo sólo podrá hacerse público con el consentimiento de todas las partes.
Honorarios, costas y gastos
El Árbitro o el Tribunal Arbitral fijarán en el laudo las costas del arbitraje a que se refiere la Ley de Arbitraje, con arreglo a los siguientes criterios:
1. La cuantificación de la tasa de apertura, registro y administración del procedimiento se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los aranceles de la Corte.
2. La cuantificación de los honorarios del Árbitro o de los Árbitros se realizará en base a criterios razonables que tendrán en cuenta la cuantía del asunto, su complejidad y el tiempo dedicado por los Árbitros, aplicando los aranceles de la Corte.
3. La cuantificación de los honorarios de los Abogados de las partes, si éstas lo solicitasen con anterioridad a la resolución declarando concluso para laudo el procedimiento, se realizará, igualmente, en base a criterios razonables, que tengan en cuenta la cuantía, trascendencia o complejidad del tema, la dedicación de esos Abogados al litigio arbitral y los criterios orientadores de honorarios del Colegio de Abogados del lugar del arbitraje.
4. Los gastos correspondientes a las pruebas practicadas y los demás gastos de procedimiento se cuantificarán en función del importe de las respectivas facturas.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, adoptado en cualquier momento del procedimiento arbitral, el Árbitro único o el Tribunal Arbitral podrá, bien imponer a una de las partes la totalidad de las costas, bien prorratear cada uno de los elementos de estas costas entre las partes, si decide que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
2. Si el Tribunal Arbitral condenara al abono de la totalidad o de una parte de las costas del arbitraje a litigante distinto del que hubiera hecho la pertinente provisión de fondos, el laudo reconocerá a éste el crédito contra aquél, señalando su cuantía conforme a lo dispuesto en el artículo 15.6 de este Reglamento.
3. Cualquier condena en costas será motivada, tanto en lo concerniente a la cuantificación de los importes respectivos, como en lo relativo a la imposición y prorrateo de los mismos.
4. Si una de las partes se allanare a la pretensión de la contraria, antes de contradecirla, o desistiere de la suya antes de ser contradicha por la parte contraria, no procederá la imposición de costas, salvo que el Árbitro, razonándolo debidamente, apreciare mala fe en la que se allane o desista.
5. Si el allanamiento o el desistimiento se produjeren tras la oposición de la parte contraria, el Árbitro decidirá libre y motivadamente sobre las costas, teniendo en cuenta los mismos criterios que este Reglamento establece, para el supuesto de que el arbitraje hubiese finalizado por laudo. Si el desistimiento o allanamiento que pusieren fin al arbitraje fuesen de común acuerdo, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes.
1. Corresponderá a la Corte la custodia y conservación del expediente arbitral, una vez dictado el laudo.
2. Transcurrido un año desde la emisión del laudo, y previo aviso a las partes o a sus representantes para que en el plazo de quince días puedan solicitar el desglose y entrega, a su costa, de los documentos por ella presentados, cesará la obligación de conservación del expediente y sus documentos, a excepción de una copia del laudo y de las decisiones y comunicaciones de la Corte relativas al procedimiento, que se conservarán en el archivo habilitado por la Corte al efecto.
3. Mientras esté en vigor la obligación de la Corte de custodia y conservación del expediente arbitral, cualquiera de las partes podrá solicitar el desglose y entrega, a su costa, de los documentos originales que hubiera aportado.
El presente Reglamento se aplicará a los arbitrajes cuya solicitud sea registrada de entrada en la Corte a partir del 1 de Julio de 2015.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de este Reglamento continuarán rigiéndose, hasta su total finalización, por el Reglamento anterior
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References: artículo 46
 artículo 32
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 resolución 
 artículo 37
 artículo 22
 artículo 15
 resolución 
 artículo 37
 artículo 31
 artículo 15
 resolución 
 artículo 15