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Timestamp: 2019-12-06 10:50:02+00:00

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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 1 de Septiembre de 2003, M. 983. XXXVII - Jurisprudencia - VLEX 40153725
M. 983. XXXVII.
M., N. c/M.S.S.A. y otros.
CIC Vienen estos autos en queja por la denegatoria del recurso extraordinario federal interpuesto por la actora N.M., contra la sentencia de la Sala III, de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que desestimó la apelación deducida, interpuesta contra la sentencia interlocutoria de fecha 27 de febrero de 2001 del Juzgado Federal N° 2, que rechazó la desacumulación de causas solicitada por la accionante, en la causa sub examine Cv. fs. 32/36 del respectivo cuaderno, 1537, 1510/1534, 1484C.
En la fundamentación del recurso extraordinario, la quejosa arguye que existe sentencia definitiva que habilita dicha vía, por existir el riesgo cierto de que se debilite su estado de salud, razón por la cual denunció la violación a las garantías de defensa, y propiedad aseguradas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, como así también los derechos a la vida y la integridad física previstos por la Convención Americana de los Derechos Humanos Carts. 3 y 4C.
La alzada denegó el recurso extraordinario, con fundamento en que los agravios de la recurrente remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho procesal propias de los magistrados de la causa, y extrañas en consecuencia al remedio del art. 14 de la ley 48, en los términos de la citada normativa.
CIIC En cuanto a los antecedentes del caso, creo conducente poner de resalto que la actora demandó a la empresa Móvil Sar S.A. y/o C.A.G. y/o quien resulte
propietario, guardador, usufructuario o tenedor del automotor marca Renault Trafic, dominio C-1.697.121, modelo 1993, en virtud del accidente ocurrido el 7 de abril de 1995, y les reclamó el pago de una suma de dinero en concepto de daños y perjuicios por la incapacidad total y permanente sufrida como consecuencia del mismo, respecto de la cual responsabilizó a los accionados. Fundó su derecho en los arts. 1113, 1068, 1069, 1078, 1086 y concordantes del Código Civil, doctrina y jurisprudencia aplicables al caso. Citó como tercero a "La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros", en los términos de lo normado por el art.
118 de la ley 17.418 Cv. fs.
83/109C.
La citada en garantía contestó demanda, y opuso defensa de no seguro, por cuanto sostuvo, que el hecho que originó el reclamo no se encontraba amparado por la cobertura otorgada por su parte, por carecer su conductor de licencia habilitante para el manejo de esa categoría de vehículos Cv. fs. 226/237C.
A fs. 271/284 y 306/312, contestaron demanda, M.S.S.A. y C.G., respectivamente cada uno de ellos, quienes negaron los hechos y el derecho invocado. La primera citó como tercero en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires a la Universidad de La Plata y al señor G.R.T.C.. fs. 280 vta.C, como responsables de la locación del automotor de su propiedad, contestando demanda la Universidad a fs. 327/328.
Cabe señalar que, ante la negativa de la aseguradora, la aquí demandada CMóvil Sar S.A.C interpuso demanda contra ésta, la que tramitó ante el Juzgado en lo Comercial N° 26 de Capital Federal Cexpte. N° 101.379/95C, y en el cual la accionada peticionó la acumulación de las actuaciones a la
Procuración General de la Nación presente causa, de conformidad con lo normado por los arts.
188 y 189 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Cv. fs. 186/187 del citado expte.C. La magistrada de primera instancia rechazó el pedido formulado Cv. fs. 193/195 del expediente que corre por cuerdaC. Apelado el decisorio por la demandada, la Sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial resolvió revocar la decisión, ordenando la respectiva acumulación Cv. fs. 424/426C, con fundamento en la existencia de conexidad por el objeto y el título entre ambas acciones, y dispuso su remisión al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 2, que previno Cv. fs. 431/432C.
Conforme surge de estos obrados Cv. fs. 1150C, el magistrado interviniente recepcionó la causa, dispuso su acumulación, y lo hizo saber a las partes. La citada providencia, no fue impugnada, quedando en consecuencia consentida por los litigantes.
A posteriori, la codemandada Móvil Sar S.A. se presentó en quiebra Cv. fs. 1443/1444C, lo que motivó que la actora desistiera de la acción contra la citada empresa, en uso de la opción del art. 133 de la Ley de Concursos y Q., con fundamento en que las actuaciones no fueran atraídas por la quiebra por la demora en el trámite que ello implicaría. A fs. 1461 el juez de grado tuvo a la accionante por desistida de la acción contra Móvil Sar S.A., y por clausurado el período de prueba.
A fs. 1462, la accionante peticionó la desacumulación de la causa sub examine, de la que corría acorallada a ella, a los efectos de que el magistrado interviniente dictara sentencia en estos obrados; éste rechazó el pedido de fs.
1484. Contra dicho decisorio apeló la actora Cv. fs. 1490, 1510/1513C, resolviendo la alzada desestimar el recurso, con
fundamento en la preclusión del decisorio de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de fs. 424/426 del expediente que corre por cuerda C. dispuso la acumulaciónC, y en virtud de lo normado en el art. 496 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Cv. fs. 1537C.
Respecto de dicho pronunciamiento, interpuso la quejosa recurso extraordinario federal, el que denegado, dio lugar a la presente queja Cv. fs. 1538/1544, 1561 y 32/36 del respectivo cuadernoC.
CIIIC La quejosa reprocha arbitrariedad en la sentencia.
Refiere que ésta es inconstitucional porque, a través de argumentos inconducentes y formalistas, privó a su parte del derecho a obtener las sumas que precisa para costear tratamientos urgentes en tiempo hábil, al supeditar el dictado de la sentencia, a la resolución de un pleito acumulado, a su criterio, demorado en forma injustificada, por encontrarse el impulso procesal a cargo de sus deudores.
Refiere que la preclusión aludida por la alzada resulta inexistente, por no haber sido parte en el pleito donde se resolvió la incidencia de acumulación, por lo que no puede atribuírsele el carácter de cosa juzgada; asimismo consideró, que el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que suspendió indefinidamente el dictado de sentencia en la litis, encuadra dentro de las previsiones del art. 496 del código de rito, con lo cual, concluyó, vulneró el a quo derechos y garantías de raigambre constitucional Carts.
17 y 18 de la Constitución NacionalC y arts. 3 y 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Procuración General de la Nación Creo conveniente recordar, ante todo, que uno de los requisitos que hacen a la admisibilidad formal del recurso extraordinario, conforme lo normado por el art. 14 de la ley 48, es que éste haya sido interpuesto contra una sentencia definitiva, esto es, respecto de aquellas decisiones que dirimen la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación. Sin perjuicio de ello, V.E. también ha admitido que cabe dar por cumplido dicho recaudo y hacer excepción a ese principio cuando se trate de una resolución que, sin ser de esa naturaleza, origine al apelante un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (conf. doctrina de Fallos: 298:312; 312:2348, entre muchos).
En tal sentido, considero que cabe reconocer carácter definitivo a la resolución que denegó la desacumulación peticionada por la accionante, desde que la anexión de causas oportunamente decretada por la alzada a pedido de la aseguradora Cv. fs. 424/426 y 186 del expediente 101.379/95 que corre por cuerdaC y consentida por la aquí actora, se constituyó en un impedimento para el progreso de la causa principal, que ya lleva más de tres años de demora por la falta de impulso de su conexa, circunstancia que deja a la quejosa en una situación cercana a la denegatoria de justicia por imposibilidad de obtener un pronunciamiento judicial válido en un tiempo razonable C. que a pesar de ese prolongado lapso, el proceso acumulado ni siquiera ha sido abierto a pruebaC.
En dicho contexto la aludida preclusión utilizada por la alzada como fundamento para el rechazo del pedido articulado por la recurrente, pierde toda virtualidad y resulta de un exceso ritual manifiesto, desde que el supuesto consentimiento tácito de la actora admitiendo la acumulación peticionada en las actuaciones que corren por cuerda, fue, cabe presumir al solo efecto de acelerar y facilitar el trámite de
la causa, y obtener un pronunciamiento más expeditivo en el menor tiempo posible, dadas las condiciones psicofísicas en que se encuentra la accionante, lo que no ocurrió, produciéndose por el contrario una demora injustificable como la ocasionada actualmente.
Tampoco puedo dejar de poner de resalto a V.E. la sugestiva morosidad y falta de impulso de las actuaciones que corren por cuerda, y que impiden la resolución de la presente.
Por otra parte, desde que de los propios dichos de los litigantes se desprende que en este expediente se han producido la totalidad de las probanzas articuladas por la actora y las demandadas en consideración a la defensa de no seguro opuesta por la citada en garantía en ambos juicios, cabe concluir que la desacumulación peticionada no las perjudicaría, ni implicaría que el a quo incurriera en pronunciamientos contradictorios, en especial pues en definitiva se trata del mismo magistrado.
Por lo expuesto, soy de opinión, que de conformidad con las facultades otorgadas por los arts. 15 y 16 de la ley 48, si V.E. lo estima procedente y para evitar una nueva dilación en el trámite, debería avocarse al fondo de la cuestión interpuesta, revocar por los argumentos expuestos la resolución recurrida y ordenar la desacumulación solicitada, a los efectos de salvaguardar el derecho de defensa y debido proceso de las partes.
Buenos Aires, 1° de septiembre de 2003 Es Copia N.E.B.

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