Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410544&fecha=05/10/2015
Timestamp: 2019-11-20 07:37:01+00:00

Document:
a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Sonora.
b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado de Sonora.
a) Los artículos 29 Bis, 100, párrafo segundo y 258, párrafo primero del Código Penal para el Estado de Sonora, y el 187, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, reformados mediante Decreto 64, publicado en el Boletín Oficial del Estado el veintiocho de noviembre de dos mil trece.
b) El artículo 187, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, reformado mediante Decreto 61, publicado en el Boletín Oficial del Estado el dos de diciembre de dos mil trece.
Así, la intención del Constituyente se traduce en que a la Federación le corresponde la creación normativa sustantiva de los delitos de secuestro y de trata de personas, mientras que a las entidades federativas el conocimiento de los ilícitos de secuestro en su modalidad exprés o con el objeto de ejecutar delitos de robo o extorsión, sin que ello signifique que éstas puedan legislar sobre dichas modalidades, pues se encuentran
previstos en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Por su parte, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece en el artículo 2 °, fracción II, que su objeto es establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones.
a) Es cierto el acto reclamado puesto que el Poder Ejecutivo de Sonora publicó las normas cuya invalidez se reclaman, mediante Decreto 61 publicado el dos de diciembre de dos mil trece, en el Boletín Oficial del Estado, número 45, sección II, tomo CXCII.
b) El Poder Ejecutivo de Sonora no tuvo participación alguna en el proceso legislativo hasta la etapa de publicación de las normas reclamadas, pues la iniciativa de ley fue presentada por el propio Congreso local.
c) La constitucionalidad de una ley puede ser cuestionada tanto desde el punto de vista material, como desde el punto de vista formal, es decir; por un lado, que el contenido general de la norma o alguna de sus partes contravenga la Constitución General y, por otro, que el órgano que expide la norma sea incompetente o exista vicio en el procedimiento legislativo.
d) Por otra parte, los preceptos impugnados no contravienen los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 o 133 de la Constitución General, puesto que dichas normas son de materia penal, respecto de la cual tanto la Federación como las entidades federativas poseen facultades para legislar al respecto, correspondiendo al
Congreso de la Unión la determinación de los delitos contra la Federación en términos del artículo 73, fracción XXI, primer párrafo constitucional, lo cual implica que los estados puedan legislar en materia penal dentro de sus ámbitos territoriales, siempre y cuando no se trate de conductas que atenten contra la Federación.
Lo anterior, a pesar del texto del artículo 73, fracción XXI constitucional, pues la intención del legislador no fue federalizar el delito de secuestro o de trata de personas, pues su redacción no es clara en cuanto a si se encuentra vedada a los estados de la Federación la facultad de legislar coexistentemente en relación con la libertad de las personas, lo que deja abierta la posibilidad para que los estados legislen en la materia.
SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, mediante proveído de diez de marzo de dos mil catorce, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los artículos 29 Bis, 100, segundo párrafo y 258, primer párrafo del Código Penal, así como 187, cuarto párrafo del Código de Procedimientos Penales, ambos del Estado de Sonora, fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado el veintiocho de noviembre de dos mil trece, mediante el Decreto 64(1); por su parte, el citado artículo 187, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Penales volvió a reformarse mediante el Decreto 61(2), el cual fue publicado en el Boletín Oficial el dos de diciembre del mismo año.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional(3), el plazo de treinta días para promover la presente acción debe computarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación, por lo que respecto al Decreto 64 el plazo transcurrió del viernes veintinueve de noviembre de dos mil trece al sábado veintinueve de diciembre del mismo año y respecto del Decreto 61 el plazo transcurrió del martes tres de diciembre de dos mil trece al miércoles primero de enero de dos mil catorce, pero al ser inhábil el último día del plazo en ambos casos, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, en términos del artículo 60 antes referido.
TERCERO. Legitimación. A continuación se analizará la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda Jesús Murillo Karam, en su carácter de Procurador General de la República, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento(4).
De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución General(5), el Procurador General de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad y toda vez que plantea la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Código Penal para el Estado de Sonora, así como del Código
de Procedimientos Penales de la misma entidad, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Sirve de apoyo a esta conclusión la jurisprudencia plenaria P./J. 98/2001, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES"(6).
CUARTO. Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo de Sonora hizo valer que debía sobreseerse respecto de él en virtud de que no se le atribuía ningún acto y que la acción de inconstitucionalidad era improcedente en tanto que las normas no son inconstitucionales.
Resulta infundada dicha causa de improcedencia, en virtud de que el artículo 61, fracción II de la Ley de la materia, dispone que en la demanda por la que se ejerce la acción de inconstitucionalidad, deberán señalarse los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas; en tanto que el artículo 64, primer párrafo del mismo cuerpo legal, señala que el Ministro instructor dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción.
También resulta infundada esta causa de improcedencia en virtud de que la revisión de si las normas impugnadas violan o no los preceptos de la Constitución General es una cuestión que deberá ventilarse al resolverse el fondo del asunto, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia plenaria P./J. 36/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE."(7)
3.- Cesación de efectos.
En relación con el artículo 187 del Código de Procedimientos Penales del Estado, de oficio, se advierte que en el Boletín Oficial se publicaron el dieciséis de diciembre de dos mil trece el Decreto 62, el trece de marzo de dos mil catorce el Decreto 97, mediante los cuales se reformó el párrafo cuarto impugnado, a fin de eliminar el tipo de desaparición forzada y posteriormente volverlo a incluir; el nueve de junio de dos mil catorce el Decreto 103 y el cuatro de diciembre del mismo año el Decreto 145, mediante los cuales se reformó, nuevamente, el párrafo cuarto impugnado. No obstante ello, no se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 65, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia(8).
(B. O. 28 noviembre
(B. O. 2 diciembre
(B. O. 16 diciembre
(B. O. 13 marzo
(B. O. 9 de junio de
(B. O. 4 de
Homicidio por culpa, previsto en el artículo 65, tercer párrafo; los supuestos previstos por el artículo 65 Bis; los supuestos previstos en la última parte del primer párrafo y segundo párrafo del artículo 65 Ter; homicidio previsto en el artículo 123; rebelión, previsto en el artículo 124; evasión de presos, previsto en el artículo 134 cuando su comisión sea dolosa; asociación delictuosa, previsto en el artículo 142, tercer párrafo, en el caso de los supuesto (sic) previstos en el cuarto párrafo; violación de correspondencia,
Homicidio por culpa, previsto en el artículo 65, tercer párrafo; los supuestos previstos por el artículo 65 Bis; los supuestos previstos en la última parte del primer párrafo y segundo párrafo del artículo 65 Ter; homicidio previsto en el artículo 123; rebelión, previsto en el artículo 124; terrorismo y financiamiento al terrorismo previstos en el artículo 133 Bis; encubrimiento al terrorismo previsto en el artículo 133 Ter; evasión de presos, previsto en el artículo 134 cuando su comisión sea dolosa; asociación delictuosa, previsto
Homicidio por culpa, previsto en el artículo 65, tercer párrafo; los supuestos previstos por el artículo 65 Bis; los supuestos previstos en la última parte del primer párrafo y segundo párrafo del artículo 65 Ter; homicidio previsto en el artículo 123; rebelión, previsto en el artículo 124; evasión de presos, previsto en el artículo 134 cuando su comisión sea dolosa; asociación delictuosa, previsto en el artículo 142, tercer párrafo, en el caso de los supuestos previstos en el cuarto párrafo; violación de correspondencia, previsto en el
previsto en el segundo párrafo del artículo 152; corrupción de personas menores de edad previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 168; utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía previsto en el artículo 169 Bis 1; tortura, previsto en el artículo 181; abusos deshonestos previstos en el cuarto párrafo del artículo 213
previsto en el segundo párrafo del artículo 152; corrupción de personas menores de edad previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 168; utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía previsto en el artículo 169 Bis 1; tortura, previsto en el artículo 181; desaparición forzada, previsto en los artículos 181 Bis y 181 Bis 3; abusos
en el artículo 142, tercer párrafo, en el caso de los supuesto (sic) previstos en el cuarto párrafo; violación de correspondencia, previsto en el segundo párrafo del artículo 152; corrupción de personas menores de edad previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 168; utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía
segundo párrafo del artículo 152; corrupción de personas menores de edad previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 168; utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía previsto en el artículo 169 Bis 1; tortura, previsto en el artículo 181; Desaparición forzada, previsto en los artículos 181 Bis y 181 Bis 3; abusos deshonestos
únicamente en los supuestos de los párrafos segundo y tercero; violación y las figuras equiparadas, previstas en los artículos 218, 219 y 220; asalto, previsto en el artículo 241; lesiones que ponen en peligro la vida, previsto en el artículo 244, independientemente de las prevenciones establecidas en los artículos 245, 246, 247, 248 y 251; homicidio, previsto en el artículo 252, cuando se den los supuestos previstos en los artículos 256, 257, 258 y 259 párrafo segundo; auxilio o inducción al suicidio, cuando le correspondan las
deshonestos previstos en el cuarto párrafo del artículo 213 únicamente en los supuestos de los párrafos segundo y tercero; violación y las figuras equiparadas, previstas en los artículos 218, 219 y 220; asalto, previsto en el artículo 241; lesiones que ponen en peligro la vida, previsto en el artículo 244, independientemente de las prevenciones establecidas en los artículos 245, 246, 247, 248 y 251; homicidio, previsto en el artículo 252, cuando se den los supuestos previstos en los artículos 256, 257, 258 y 259
previsto en el artículo 169 Bis 1; tortura, previsto en el artículo 181; desaparición forzada, previsto en los artículos 181 Bis y 181 Bis 3; abusos deshonestos previstos en el cuarto párrafo del artículo 213 únicamente en los supuestos de los párrafos segundo y tercero; violación y las figuras equiparadas, previstas en los artículos 218, 219 y 220; asalto, previsto en el artículo 241; lesiones que ponen en peligro la vida, previsto en el artículo 244, independientemente de las prevenciones establecidas en los
previstos en el cuarto párrafo del artículo 213 únicamente en los supuestos de los párrafos segundo y tercero; violación y la (sic) figuras equiparadas, previstas en los artículos 218, 219 y 220; asalto, previsto en el artículo 241; lesiones que ponen en peligro la vida, previsto en el artículo 244, independientemente de las prevenciones establecidas en los artículos 245, 246, 247, 248 y 251; homicidio, previsto en el artículo 252, cuando se den los supuestos previstos en los artículos 256, 257, 258 y 259 párrafo segundo;
sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 264; feminicidio previsto en el artículo 263 Bis 1; aborto sin consentimiento y con violencia, previsto en el artículo 267; abandono de personas, previsto en el artículo 275, cuando le corresponda las sanciones señaladas en los párrafos segundo y tercero del mismo numeral; extorsión, previsto en el artículo 293; privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 294, cuando se da alguno de los supuestos establecidos en el artículo 295; secuestro, previsto en los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299 y 300; trata de
párrafo segundo; auxilio o inducción al suicidio, cuando le correspondan las sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 264; aborto sin consentimiento y con violencia, previsto en el artículo 267; abandono de personas, previsto en el artículo 275, cuando le corresponda las sanciones señaladas en los párrafos segundo y tercero del mismo numeral; extorsión, previsto en el artículo 293; privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 294, cuando se da alguno de los supuestos establecidos en el artículo 295; secuestro, previsto en los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299 y
sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 264; aborto sin consentimiento y con violencia, previsto en el artículo 267; abandono de personas, previsto en el artículo 275, cuando le corresponda las sanciones señaladas en los párrafos segundo y tercero del mismo numeral; extorsión, previsto en el artículo 293; privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 294, cuando se da alguno de los supuestos establecidos en el artículo 295; secuestro, previsto en los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299 y 300; trata de personas previsto en el artículo 301-J; sustracción de
párrafo segundo; auxilio o inducción al suicidio, cuando le correspondan las sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 264; feminicidio previsto en el artículo 263 Bis 1; aborto sin consentimiento y con violencia, previsto en el artículo 267; abandono de personas, previsto en el artículo 275, cuando le corresponda las sanciones señaladas en los párrafos segundo y tercero del mismo numeral; extorsión, previsto en el artículo 293; privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 294, cuando se da alguno de los supuestos establecidos en el artículo 295; secuestro, previsto
artículos 245, 246, 247, 248 y 251; homicidio, previsto en el artículo 252, cuando se den los supuestos previstos en los artículos 256, 257, 258 y 259 párrafo segundo; auxilio o inducción al suicidio, cuando le correspondan las sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 264; feminicidio previsto en el artículo 263 Bis 1; aborto sin consentimiento y con violencia, previsto en el artículo 267; abandono de personas, previsto en el artículo 275, cuando le corresponda las sanciones señaladas en los párrafos segundo y tercero del mismo numeral; extorsión, previsto en el artículo 293;
auxilio o inducción al suicidio, cuando le correspondan las sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 264; feminicidio previsto en el artículo 263 Bis 1; aborto sin consentimiento y con violencia, previsto en el artículo 267; abandono de personas, previsto en el artículo 275, cuando le corresponda las sanciones señaladas en los párrafos segundo y tercero del mismo numeral; extorsión, previsto en el artículo 293; privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 294, cuando se da alguno de los supuestos establecidos en el artículo 295; secuestro, previsto en los artículos 296,
personas previsto en el artículo 301-J; sustracción de menores e incapaces, previsto en el artículo 301-E; robo, previsto en los artículos 308, fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X, XI y XII, excepto lo previsto en el penúltimo párrafo de este artículo, 308 Bis y 308 Bis C; abigeato respecto de ganado bovino, en los términos del artículo 312 y 313 y, respecto de ganado equino, ovino,
300; trata de personas previsto en el artículo 301-J; sustracción de menores e incapaces, previsto en el artículo 301-E; robo, previsto en los artículos 308, fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X, XI y XII, excepto lo previsto en el penúltimo párrafo de este artículo, y 308 Bis; abigeato respecto de ganado bovino, en los términos del artículo 312 y 313 y, respecto de ganado equino, ovino,
menores e incapaces, previsto en el artículo 301-E; robo, previsto en los artículos 308, fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X, XI y XII, excepto lo previsto en el penúltimo párrafo de este artículo, 308 Bis y 308 Bis C; abigeato respecto de ganado bovino, en los términos del artículo 312 y 313 y, respecto de ganado equino, ovino, caprino y porcino, en los términos del párrafo cuarto del
en los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299 y 300; trata de personas previsto en el artículo 301-J; sustracción de menores e incapaces, previsto en el artículo 301-E; robo, previsto en los artículos 308, fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X y XII, excepto lo previsto en el penúltimo párrafo de este artículo, 308 Bis y 308 Bis C; abigeato respecto de ganado bovino, en los
privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 294, cuando se da alguno de los supuestos establecidos en el artículo 295; secuestro, previsto en los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299 y 300; trata de personas previsto en el artículo 301-J; sustracción de menores e incapaces, previsto en el artículo 301-E; robo, previsto en los artículos 308, fracciones I, IV, VII,
297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299 y 300; trata de personas previsto en el artículo 301-J; sustracción de menores e incapaces, previsto en el artículo 301-E; robo, previsto en los artículos 308, fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X y XII, excepto lo previsto en el penúltimo párrafo de este artículo, 308 Bis, 308 Bis C y 309; abigeato, en los términos de los artículos 312, 312
caprino y porcino, en los términos del párrafo cuarto del artículo 312; abuso de confianza, en los casos del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo 320; despojo con intervención de autor intelectual en despoblado, en los términos del artículo 323, párrafo tercero en relación con el cuarto; daños, previsto en el
artículo 312; abuso de confianza, en los casos del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo 320; despojo con intervención de autor intelectual en despoblado, en los términos del artículo 323, párrafo tercero en relación con el cuarto; daños, previsto en el artículo 327, cuando se trata de comisión dolosa;
términos del artículo 312 y 313 y, respecto de ganado equino, ovino, caprino y porcino, en los términos del párrafo cuarto del artículo 312; abuso de confianza, en los casos del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo 320; despojo con intervención de autor intelectual en despoblado, en los términos del artículo
VIII, IX, X y XII, excepto lo previsto en el penúltimo párrafo de este artículo, 308 Bis y 308 Bis C; abigeato respecto de ganado bovino, en los términos del artículo 312 y 313 y, respecto de ganado equino, ovino, caprino y porcino, en los términos del párrafo cuarto del artículo 312; abuso de confianza, en los casos del segundo párrafo del artículo
Bis y 313, respecto de ganado bovino y porcino, y respecto de las especies precisadas en el artículo 312 Bis y, respecto de ganado equino, ovino, caprino y porcino, en los términos del párrafo cuarto del artículo 312; abuso de confianza, en los casos del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo 320; despojo con
artículo 327, cuando se trata de comisión dolosa; encubrimiento, previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 329.
Los delitos señalados en el párrafo anterior también serán considerados como graves aún en los casos de tentativa.
encubrimiento, previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 329.
323, párrafo tercero en relación con el cuarto; daños, previsto en el artículo 327, cuando se trata de comisión dolosa; encubrimiento, previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 329.
317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo 320; despojo con intervención de autor intelectual en despoblado, en los términos del artículo 323, párrafo tercero en relación con el cuarto; daños, previsto en el artículo 327, cuando se trata de comisión dolosa; encubrimiento, previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 329; y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 329 Ter.
intervención de autor intelectual en despoblado, en los términos del artículo 323, párrafo tercero en relación con el cuarto; daños, previsto en el artículo 327, cuando se trata de comisión dolosa; encubrimiento, previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 329.
Asimismo, el quince de junio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 180, mediante el cual se reformó el segundo párrafo, del artículo 100 del Código Penal del Estado de Sonora, a fin de prever que el plazo para ejercer la acción penal tratándose de los delitos de secuestro y de trata de personas será imprescriptible.
Decreto 64 Impugnado
(B. O. 28 de noviembre de 2013)
(B. O. 15 de junio de 2015)
ARTÍCULO 100.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito cometido, incluyendo sus modalidades. Tratándose de los delitos de oficio, dicho plazo nunca será menor de tres años ni mayor de quince y en los delitos de querella nunca será menor de dos años ni mayor de diez.
Como se señaló, no se surte la causa de improcedencia pues si bien el criterio general del Tribunal Pleno consiste en que la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada y esto ocurre cuando dicha norma es reformada, modificada, derogada o abrogada(9), en el caso, no se actualiza el supuesto de improcedencia aludido, ya que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución General en relación con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, este Tribunal puede dar efectos retroactivos a las sentencias de invalidez que dicte en relación con la impugnación de normas legales de naturaleza penal, los cuales tendrán eficacia desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar a todos y cada uno de los individuos directamente implicados en los procesos penales respectivos.
Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 104/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN MATERIA PENAL"(10).
En relación con lo anterior, en diversos precedentes el Tribunal Pleno ha sostenido, esencialmente, que(11):
a) Si bien la regla general es que la declaratoria de invalidez que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación no libera al destinatario de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia durante su vigencia, en materia penal el efecto derogatorio de dicha declaración de invalidez puede retrotraerse al pasado, prevaleciendo los principios generales y disposiciones legales de esa materia.
b) Uno de los principios que rigen en la materia penal obliga a la aplicación de la ley vigente al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma impugnada puede estar reformada, modificada, derogada o abrogada, sigue surtiendo efectos respecto de aquellos casos en los que el delito se cometió bajo su vigencia.
c) Como la norma reformada, modificada, derogada o abrogada aún puede producir efectos jurídicos concretos, no se actualiza el supuesto de improcedencia por cesación de efectos, por lo que la Suprema Corte debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas, a fin de hacer prevalecer la supremacía constitucional y los principios generales y disposiciones legales que rigen en la materia penal.
De acuerdo con lo anterior, la potencial declaratoria de inconstitucionalidad respecto de dicho precepto, en la porción normativa correspondiente (que se analizará en el apartado siguiente), tendrá impacto en los procesos en los que dicha norma haya sido aplicada durante su vigencia, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos y debe analizarse la constitucionalidad de los artículos 187, cuarto párrafo del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora y 100, segundo párrafo del Código Penal del Estado de Sonora(12).
El Procurador sostiene que las normas impugnadas son inconstitucionales en virtud de que el Congreso sonorense carece de competencia para regular aspectos sustanciales en relación con los delitos de secuestro y de trata de personas.
"ARTÍCULO 29 Bis.- Salvo prueba en contrario y para los efectos del artículo 31 BIS, se considera que siempre existe daño moral en los delitos siguientes: corrupción de menores de edad e incapaces, utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad, violación, violencia intrafamiliar, rapto, abusos deshonestos, privación ilegal de libertad, secuestro, trata de personas, homicidio, feminicidio y chantaje."
"ARTÍCULO 100.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito cometido, incluyendo sus modalidades. Tratándose de los delitos de oficio, dicho plazo nunca será menor de tres años ni mayor de quince y en los delitos de querella nunca será menor de dos años ni mayor de diez.
(REFORMADO, B.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2013)
En los delitos de homicidio calificado, feminicidio, secuestro, utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, trata de personas, violación y en el supuesto a que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 213, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término máximo de la pena privativa de la libertad que corresponda al delito cometido."
"ARTÍCULO 258.- Cuando el homicidio sea cometido a propósito de un allanamiento de morada, asalto o secuestro, se sancionará con prisión de veinticinco a cincuenta años. La misma sanción se aplicará cuando el homicidio sea cometido en contra de una persona del sexo masculino a propósito de una violación o derivado de su condición de género.
Al autor de homicidio calificado con premeditación, alevosía o traición, o al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, o a su adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le impondrá la misma pena señalada en el párrafo anterior.
(ADICIONADO, B.O. 20 DE OCTUBRE DE 2005)
(REFORMADO, B.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2002)
Al responsable de cualquier otro homicidio calificado se impondrá de veinte a cincuenta años de prisión."
"ARTÍCULO 187.- En casos urgentes, el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, podrá ordenar, por escrito, la detención de una persona mediante resolución fundada y motivada.
Se considerará caso urgente, cuando se reúnan los siguientes requisitos:
I.- Que se trate de delito grave así calificado por la ley;
II.- Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y
III.- Que no pueda ocurrir ante el Juez a solicitar la orden de aprehensión, por razón de la hora, lugar o la circunstancia de que demostrado el cuerpo del delito existen indicios de que el inculpado intervino y se espera acreditar su probable responsabilidad dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Se califican como delitos graves, los previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Estado de Sonora:
Homicidio por culpa, previsto en el artículo 65, tercer párrafo; los supuestos previstos por el artículo 65 Bis; los supuestos previstos en la última parte del primer párrafo y segundo párrafo del artículo 65 Ter; homicidio previsto en el artículo 123; rebelión, previsto en el artículo 124; evasión de presos, previsto en el artículo 134 cuando su comisión sea dolosa; asociación delictuosa, previsto en el artículo 142, tercer párrafo, en el caso de los supuesto (sic) previstos en el cuarto párrafo; violación de correspondencia, previsto en el segundo párrafo del artículo 152; corrupción de personas menores de edad previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 168; utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía previsto en el artículo 169 Bis 1; tortura, previsto en el artículo 181; abusos deshonestos previstos en el cuarto párrafo del artículo 213 únicamente en los supuestos de los párrafos segundo y tercero; violación y las figuras equiparadas, previstas en los artículos 218, 219 y 220; asalto, previsto en el artículo 241; lesiones que ponen en peligro la vida, previsto en el artículo 244, independientemente de las prevenciones establecidas en los artículos 245, 246, 247, 248 y 251; homicidio, previsto en el artículo 252, cuando se den los supuestos previstos en los artículos 256, 257, 258 y 259 párrafo segundo; auxilio o inducción al suicidio, cuando le correspondan las sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 264; feminicidio previsto en el artículo 263 Bis 1; aborto sin
consentimiento y con violencia, previsto en el artículo 267; abandono de personas, previsto en el artículo 275, cuando le corresponda las sanciones señaladas en los párrafos segundo y tercero del mismo numeral; extorsión, previsto en el artículo 293; privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 294, cuando se da alguno de los supuestos establecidos en el artículo 295; secuestro, previsto en los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299 y 300; trata de personas previsto en el artículo 301-J; sustracción de menores e incapaces, previsto en el artículo 301-E; robo, previsto en los artículos 308, fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X, XI y XII, excepto lo previsto en el penúltimo párrafo de este artículo, 308 Bis y 308 Bis C; abigeato respecto de ganado bovino, en los términos del artículo 312 y 313 y, respecto de ganado equino, ovino, caprino y porcino, en los términos del párrafo cuarto del artículo 312; abuso de confianza, en los casos del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo 320; despojo con intervención de autor intelectual en despoblado, en los términos del artículo 323, párrafo tercero en relación con el cuarto; daños, previsto en el artículo 327, cuando se trata de comisión dolosa; encubrimiento, previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 329.
Los delitos señalados en el párrafo anterior también serán considerados como graves aún en los casos de tentativa."
Cabe señalar que esta disposición ha sido modificada por última ocasión mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de julio de dos mil quince, por lo que es a la luz de este texto que deben estudiarse los conceptos de invalidez, de conformidad con el criterio jurisprudencial P./ J. 12/2002, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE SE HAGAN VALER DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER"(13).
A efecto de estudiar los conceptos de invalidez planteados, cabe señalar que respecto de la competencia para legislar en materia de secuestro y de trata de personas este Tribunal ya se ha pronunciado al analizar normas de diversos estados(14), por lo que enseguida se hará el estudio de manera diferenciada por cada uno de los delitos, atendiendo a dichos precedentes.
El artículo 23(16) prevé, por exclusión, los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre el delito federal de secuestro, previsto en el propio ordenamiento. Al respecto, señala que los delitos previstos en dicha ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente. Fuera de esos casos, serán competentes las autoridades del fuero común.
Por lo que hace a las disposiciones aplicables para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento, el artículo 2o.(17) prevé que serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados.
No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso a) constitucional, el cual prevé que el Congreso de la Unión expedirá la Ley General en materia de Secuestro, que establecerá como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la competencia legislativa de las entidades federativas es residual respecto de la Federación, por lo que, los estados sólo estaban en posibilidad de normas aspectos que no hubieren sido previstos en la citada Ley General.
Cabe aclarar que dicha potestad legislativa de los Estados, ha sido eliminada con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional de ocho de octubre de dos mil trece, conforme con la cual corresponde al Congreso de la Unión expedir la legislación única que regirá en toda la República en materia procedimental
penal, por lo que a partir de ella las entidades únicamente pueden continuar aplicando las normas que en ese momento se encontraran vigentes.
a) El artículo 29 Bis del Código Penal sonorense establece el supuesto de daño moral cuando se trate del delito de secuestro, el cual se encuentra ya regulado en el artículo 8 º de la Ley General en los siguientes términos:
"Artículo 8. En todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos contemplados en esta Ley, deberá contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa con los elementos que las partes le aporten o aquellos que considere procedentes a su juicio, en términos de la ley."
c) El artículo 258 establece una sanción agravada para el delito de homicidio cuando sea cometido a propósito de un secuestro, supuesto punitivo que ya se encuentra previsto en el artículo 10, fracción II, inciso e) de la Ley General respectiva.
"Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:
Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten."
d) Finalmente, el artículo 187 del Código de Procedimientos Penales de la entidad prevé que son delitos graves, entre otros, el de secuestro previsto en los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299 y 300 del Código Penal local, lo cual claramente resulta inconstitucional en tanto que remite a artículos que regulan de manera sustantiva los tipos de secuestro en la entidad, lo que según quedó expuesto previamente les está vedado a las entidades legislativas.
Así, es claro que el Congreso de Sonora invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión al legislar respecto de cuestiones sustantivas sobre el delito de secuestro que se encuentran previstas en la propia Ley General de la materia, por lo que ha lugar a declarar la invalidez de los artículos 29 Bis, 100, segundo párrafo, 258, primer párrafo del Código Penal y 187, cuarto párrafo, del Código de Procedimientos Penales en la porción normativa que dice: "secuestro" y en vía de consecuencia también debe declararse la invalidez de los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299 y 300 del Código Penal de Sonora(18), pues no obstante que no fueron impugnados contienen tipos penales de secuestro, por lo que son inconstitucionales.
Por otra parte, por lo que hace a los delitos en materia de trata de personas, este Pleno se pronunció en el sentido de que al facultarse constitucionalmente al Congreso de la Unión para establecer, mediante una ley general, los tipos y penas en materia de trata de personas, se privó a los Estados de la atribución con la que anteriormente contaban, en términos del artículo 124 constitucional, para legislar en relación con esa materia; manteniendo, sin embargo, facultades para prevenir, investigar y castigar el referido delito conforme al régimen de concurrencia de facultades derivado de lo establecido en la fracción XXI del artículo 73 constitucional.
Ahora, la Ley General correspondiente, al distribuir competencias en el artículo 5(19) estableció que la Federación tendrá atribuciones para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esa ley, cuando se apliquen las reglas de competencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre que se produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero; en términos del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales; el Ministerio Público de la Federación solicite la atracción del asunto; o sean cometidos por la delincuencia organizada. Cuando no se den los supuestos anteriores, el Distrito Federal y los estados serán competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos previstos en esa ley.
Sin embargo, a diferencia de la Ley en materia de secuestro, no hay aplicación de normas locales, el artículo 9(20) de la Ley General en materia de Trata establece que en lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos ahí contenidos, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En estas condiciones, son inconstitucionales las normas impugnadas al regular aspectos relacionados con la materia de trata de personas, por lo que ha lugar a declarar la invalidez de los artículos 29 Bis, 100, segundo párrafo del Código Penal y 187, cuarto párrafo del Código de Procedimientos Penales en la porción normativa que dice: "trata de personas" y en vía de consecuencia también debe declararse la invalidez de los artículos 301-J, 301-K y 301-L que conforman el Título Decimonoveno, Capítulo IV del Código Penal de Sonora(21) denominado Trata de Personas, a que remite el artículo 187, cuarto párrafo, del Código de Procedimientos Penales, pues no obstante que no fueron impugnados contienen el tipo penal de trata de personas y sus sanciones, por lo que son inconstitucionales.
Asimismo, en vía de consecuencia ha lugar a declarar la invalidez del artículo 144 Bis del citado Código Penal(22) en la porción normativa que dice "trata de personas". En relación con este precepto se advierte que se refiere al tipo de delincuencia organizada respecto del cual hay criterio plenario; sin embargo, no ha lugar a pronunciarse al respecto en tanto que no existe concepto de invalidez o causa de pedir al respecto.
También, en vía de consecuencia, debe declararse la invalidez del artículo 142 Bis(23) del Código de Procedimientos Penales de la entidad en su integridad en tanto se regula el daño moral cuando exista condena por el delito de trata de personas previsto en el artículo 301 J del Código Penal local, cuya invalidez ha sido declarada.
Como consecuencia de la invalidez decretada en relación con los dos temas analizados, las porciones impugnadas de los citados preceptos locales quedarían de la siguiente forma:
"ARTÍCULO 29 Bis.- Salvo prueba en contrario y para los efectos del artículo 31 BIS, se considera que siempre existe daño moral en los delitos siguientes: corrupción de menores de edad e incapaces, utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad, violación, violencia intrafamiliar, rapto, abusos deshonestos, privación ilegal de libertad, homicidio, feminicidio y chantaje."
En los delitos de homicidio calificado, feminicidio, utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, violación y en el supuesto a que hace
referencia el párrafo cuarto del artículo 213, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término máximo de la pena privativa de la libertad que corresponda al delito cometido."
"ARTÍCULO 258.- Cuando el homicidio sea cometido a propósito de un allanamiento de morada o asalto, se sancionará con prisión de veinticinco a cincuenta años. La misma sanción se aplicará cuando el homicidio sea cometido en contra de una persona del sexo masculino a propósito de una violación o derivado de su condición de género.
Homicidio por culpa, previsto en el artículo 65, tercer párrafo; los supuestos previstos por el artículo 65 Bis; los supuestos previstos en la última parte del primer párrafo y segundo párrafo del artículo 65 Ter; homicidio previsto en el artículo 123; rebelión, previsto en el artículo 124; evasión de presos, previsto en el artículo 134 cuando su comisión sea dolosa; asociación delictuosa, previsto en el artículo 142, tercer párrafo, en el caso de los supuesto (sic) previstos en el cuarto párrafo; violación de correspondencia, previsto en el segundo párrafo del artículo 152; corrupción de personas menores de edad previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 168; utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía previsto en el artículo 169 Bis 1; tortura, previsto en el artículo 181; abusos deshonestos previstos en el cuarto párrafo del artículo 213 únicamente en los supuestos de los párrafos segundo y tercero; violación y las figuras equiparadas, previstas en los artículos 218, 219 y 220; asalto, previsto en el artículo 241; lesiones que ponen en peligro la vida, previsto en el artículo 244, independientemente de las prevenciones
establecidas en los artículos 245, 246, 247, 248 y 251; homicidio, previsto en el artículo 252, cuando se den los supuestos previstos en los artículos 256, 257, 258 y 259 párrafo segundo; auxilio o inducción al suicidio, cuando le correspondan las sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 264; feminicidio previsto en el artículo 263 Bis 1; aborto sin consentimiento y con violencia, previsto en el artículo 267; abandono de personas, previsto en el artículo 275, cuando le corresponda las sanciones señaladas en los párrafos segundo y tercero del mismo numeral; extorsión, previsto en el artículo 293; privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 294, cuando se da alguno de los supuestos establecidos en el artículo 295; sustracción de menores e incapaces, previsto en el artículo 301-E; robo, previsto en los artículos 308, fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X, XI y XII, excepto lo previsto en el penúltimo párrafo de este artículo, 308 Bis y 308 Bis C; abigeato respecto de ganado bovino, en los términos del artículo 312 y 313 y, respecto de ganado equino, ovino, caprino y porcino, en los términos del párrafo cuarto del artículo 312; abuso de confianza, en los casos del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo 320; despojo con intervención de autor intelectual en despoblado, en los términos del artículo 323, párrafo tercero en relación con el cuarto; daños, previsto en el artículo 327, cuando se trata de comisión dolosa; encubrimiento, previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 329.
SEXTO. Efectos(24). La invalidez de las porciones normativas contenidas en los artículos 29 Bis, 100 y 258 del Código Penal para el Estado de Sonora, y en el 187 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora, en las porciones normativas que dicen "secuestro" surtirá efectos retroactivos a la entrada en vigor de la Ley General en materia de secuestro, debe retrotraerse a la fecha en que ésta comenzó a surtir efectos, esto es, el veintiocho de febrero de dos mil once; y por lo que hace a la porción normativa que dice "trata de personas" surtirá efectos retroactivos al quince de junio de dos mil doce, es decir, el día en que entró en vigor la Ley General para Prevenir, Erradicar y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, pues si bien los preceptos impugnados fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el veintiocho de noviembre de dos mil trece, los preceptos ya regulaban dichas figuras previamente a la entrada en vigor de las respectivas leyes generales.
Por lo que hace a la invalidez de los artículos 144 Bis en la porción normativa que dice "trata de personas" y de los artículos 301-J, 301-K y 301-L del Código Penal para el Estado de Sonora, así como 142 Bis, éste en la porción normativa que dice "trata de personas" del Código de Procedimientos Penales del mismo Estado, surtirá efectos retroactivos al quince de junio de dos mil doce, es decir, el día en que entró en vigor la Ley General para Prevenir, Erradicar y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, pues en la materia que nos ocupa dichos preceptos se expidieron con anterioridad a la reforma constitucional de catorce de julio de dos mil, fecha a partir de la cual los Estados de la República dejaron de tener competencia para legislar respecto del tipo penal del delito de trata de personas, no obstante, la legislación local que se hubiese expedido previamente podría seguirse aplicando hasta en tanto entrara en vigor la ley general correspondiente.
La declaración de invalidez de los preceptos antes señalados surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Sonora.
Cabe precisar que los procesos penales iniciados con fundamento en las normas invalidadas se encuentran viciados de origen, por lo que, previa reposición del procedimiento, se deberá aplicar el tipo penal previsto en la Ley General respectiva, vigente al momento de la comisión de los hechos delictivos; sin que ello
vulnere el principio non bis in ídem, que presupone la existencia de un procedimiento válido y una sentencia firme e inmodificable, ninguno de los cuales se actualiza en el caso referido.
En relación con los procesos penales seguidos por el delito de trata de personas regulado en los preceptos cuya invalidez se declaró con efectos retroactivos, en los que se haya dictado sentencia que ya causó ejecutoria, los jueces valorarán en cada caso concreto la posibilidad de realizar la traslación del tipo y adecuación de la pena, sin que ello vulnere el principio non bis in ídem, en términos del párrafo anterior, tomando en cuenta que tal adecuación constituye un derecho protegido constitucionalmente. Es aplicable, en lo conducente, la tesis jurisprudencial, de rubro: "TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE"(25).
Para el eficaz cumplimiento de esta sentencia también deberá notificarse al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, al Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, a los Tribunales Colegiados Especializados en Materia Penal y Unitarios del Quinto Circuito, a los Tribunales Colegiados y Unitarios del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, a los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Mexicali y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.
SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 29 Bis y 100, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Sonora, así como del artículo 187, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, en las porciones normativas que indican "secuestro" y "trata de personas", publicados en el Boletín Oficial de la entidad el veintiocho de noviembre de dos mil trece y del artículo 258, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Sonora, en la porción normativa que indica "secuestro" y, en vía de consecuencia, se declara la invalidez de los artículos 144 Bis del Código Penal para el Estado de Sonora y de los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299, 300, 301-J, 301-K y 301-L del Código Penal, y el artículo 142 Bis del Código de Procedimientos Penales, ambos del Estado de Sonora; misma que surtirá sus efectos en términos de lo dispuesto en el considerando sexto de la presente sentencia.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los considerandos primero y tercero relativos, respectivamente, a la competencia y a la legitimación.
Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando segundo, relativo a la oportunidad. El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra.
Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz por razones distintas, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I.,
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando cuarto, relativo a las causas de improcedencia. El señor Ministro Franco González Salas votó en contra.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz apartándose de algunas argumentaciones, Luna Ramos, Franco González Salas en contra de consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I. con reservas, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, por lo que ve a la declaración de invalidez de los artículos 29 Bis y 100, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Sonora y 187, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Penales del Estado.
Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz apartándose de algunas argumentaciones, Franco González Salas en contra de consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I. con reservas, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, por lo que ve a la declaración de invalidez del artículo 258, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Sonora. La señora Ministra Luna Ramos votó en contra.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos quien también se pronunció por la extensión de invalidez al artículo 187, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora en su texto reformado mediante los Decretos 62 y 97, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, por lo que ve a la declaración extensiva de invalidez. La señora Ministra Luna Ramos anunció voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando sexto, relativo a los efectos. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos y Franco González Salas votaron en contra.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de veintidós fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con la sentencia de tres de agosto de dos mil quince, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 1/2014. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- México, Distrito Federal, a veintidós de septiembre de dos mil quince.- Rúbrica.
VOTO ACLARATORIO Y PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2014.
Temas: Incompetencia del legislador local para legislar en materia de secuestro y trata de personas; y, efectos de la sentencia dictada.
El Procurador General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad y solicitó la invalidez de las siguientes disposiciones(26):
a) Los artículos 29 Bis, 100 párrafo segundo y 258, párrafo primero del Código Penal para el Estado de Sonora, y el 187, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Penales del mismo Estado, reformados mediante Decreto 64, publicado en el Boletín Oficial del Estado el veintiocho de noviembre de dos mil trece.
En esencia, los conceptos de invalidez hechos valer por el Procurador General de la República, consistían en que el legislador del Estado de Sonora era incompetente para legislar sobre las materias de secuestro y trata de personas, ya que éstas eran competencia del legislador federal.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de tres de agosto de dos mil quince, por unanimidad de once votos, resolvió conforme a los precedentes âparticularmente retomando lo resuelto en la de la acción de inconstitucionalidad 21/2013, fallada el tres de julio de dos mil catorceâ, lo siguiente(27):
a) De conformidad con el artículo 73 fracción XXI de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión es el facultado para legislar en materia de trata de personas y secuestro a través de la expedición de leyes generales que establezcan los supuestos en los que las autoridades locales podrán perseguir los delitos tipificados en dichas leyes, lo que implica que, en este esquema, corresponde a las leyes generales respectivas, establecer los tipos penales y las hipótesis en que deberán ser perseguidos localmente.
b) De este modo, las entidades federativas no pueden legislar en relación con los delitos respectivos, ni tampoco se requiere de una incorporación a los códigos penales locales, precisamente porque desde la Constitución se faculta al Congreso de la Unión a emitir la correspondiente ley general de la materia, misma que permitirá a las autoridades de las entidades federativas conocer de los delitos federales tipificados en ella.
c) Así cada una de las leyes expedidas en las materias, concretan la habilitación constitucional mencionada y establecen los supuestos en los que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre este tipo de delitos federales âsecuestro y trata de personasâ.
d) Por lo que se refiere a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 23(28) prevé, por exclusión, los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre el delito federal de secuestro, previsto en el propio ordenamiento. Al respecto, señala que los delitos previstos en dicha ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente. Fuera de esos casos, serán competentes las autoridades del fueron común.
e) Por lo que hace a las disposiciones aplicables para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento, el artículo 2(29) prevé que serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados.
f) En cuanto a la materia de trata de personas, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Radicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, al distribuir competencias en el artículo 5o.(30) estableció que la Federación tendrá atribuciones para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esa ley, cuando se apliquen las reglas de competencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre que se produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero; en términos del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales; el Ministerio Público de la Federación solicite la atracción del asunto; o sean cometidos por la delincuencia organizada. Cuando no se den los supuestos anteriores, el Distrito Federal y los estados serán competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos previstos en esa ley. Sin embargo, a diferencia de la Ley en materia de secuestro, no hay aplicación de normas locales, ya que el artículo 9o.(31) de la Ley General en materia de Trata establece que en lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos ahí contenidos, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
g) Bajo este esquema, si bien en el precedente citado se afirmaba que en materia de secuestro, las entidades federativas tenían algún margen de regulación de carácter procesal, mientras que en materia de trata no lo tenían, ya al resolver esta acción se precisó que dicha potestad legislativa con la que contaban los Estados en materia de secuestro había sido eliminada, con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional de ocho de octubre de dos mi trece, conforme con la cual corresponde al Congreso de la Unión expedir la legislación única que regirá en toda la República en materia procedimental penal, por lo que a partir de ella las entidades únicamente pueden continuar aplicando las normas que en ese momento se encontraran vigentes.
De este modo se resolvió invalidar las normas impugnadas y extender dicha invalidez a otras, ante la incompetencia del legislador local para regular cuestiones relativas a las materias de secuestro y trata de personas.
III. VOTO ACLARATORIO.
Como ya lo he precisado en precedentes anteriores como en el voto de minoría que formulé en la acción de inconstitucionalidad 21/2013, no concuerdo con el tratamiento diferenciado que se le da a las leyes generales en materia de trata de personas y de secuestro.
De conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución, la facultad legislativa de la Federación es expedir leyes generales. La necesidad de expedir una ley general implica necesariamente que tanto la Federación como los Estados tengan competencia en la materia. La finalidad de una ley de esta naturaleza es establecer las reglas mínimas para lograr una relación de coordinación entre dos órdenes que son, por sí mismos, competentes.
El artículo constitucional antes mencionado dispone que la ley general debe establecer reglas mínimas en relación con cuatro temas en específico, a saber, los tipos penales, las sanciones, y la distribución de competencias y formas de coordinación. Es decir, las bases que debe contener la ley general están estrictamente mencionadas en la Constitución. Todo lo demás, en especial las reglas procesales, eran competencia de la autoridad local, hasta antes de la entrada en vigor de la reforma
constitucional de ocho de octubre de dos mil trece âfacultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de procedimental penal que regirá en toda la República.
Por lo anterior, considero que no hay razón para dar un tratamiento diferente a la materia de trata de personas sólo porque las citadas leyes generales prevean una lista de supletoriedad distinta. La supletoriedad no determina qué ordenamientos han de aplicarse de manera primaria y directa, sino únicamente a qué disposiciones se han de atender en caso de que en el ordenamiento primario no se encuentre regulado algún supuesto. Por tanto, una lista supletoria no determina el mecanismo de aplicación de la legislación procesal.
Debido a que ambas leyes tienen la misma naturaleza de leyes generales, cuando éstas realizan una distribución competencial al ámbito local, presuponen el mismo mecanismo de aplicación de la ley procesal local. Puede ser distinto el criterio que ambas utilicen para el conocimiento y aplicación de las penas, pero dichas diferencias no pueden llegar al extremo de permitir por un lado la emisión de leyes procesales locales y por el otro la obligación de aplicar exclusivamente legislación federal. En ambas cuestiones, en caso de lagunas en la legislación local se aplican supletoriamente los ordenamientos allí enlistados.
Por lo tanto, si bien estoy de acuerdo con la invalidez de las normas impugnadas y su extensión a otras normas, únicamente me aparto de la afirmación que se hace en cuanto al tratamiento diferenciado entre las materias de trata de personas y secuestro en las normas procesales que les resultan aplicables, siendo ésta la materia de mi voto aclaratorio.
IV. VOTO PARTICULAR.
Ahora bien, en cuanto a mi voto particular este se refiere a los efectos de la sentencia precisados en la resolución mayoritaria(32) ya que el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, señalan coincidentemente que las declaraciones de invalidez en este tipo de asuntos, no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables en la materia(33).
En el caso, si bien se invalidaron los artículos impugnados y se extendió su invalidez a otras normas, y en ello concuerdo, lo cierto es que lo conducente era únicamente invalidar las normas provocando una invalidez lisa y llana de las mismas, retrotrayendo los efectos de su invalidez al momento de su publicación en el medio oficial correspondiente al ser normas penales pero de ningún modo, puede considerarse que la posible aplicación que se haya hecho de dichos artículos permita llegar al extremo de fijar efectos concretos respecto de los procesos penales en los que se hayan aplicado las normas invalidadas, ya que estas son cuestiones concretas de aplicación de las normas, que no son materia de análisis en este medio de control constitucional, pues mediante una acción de inconstitucionalidad se analiza, de manera abstracta la constitucionalidad de las normas impugnadas y no las posibilidades de su aplicación en casos concretos.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de cinco fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original del voto aclaratorio y particular formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz en la sentencia de tres de agosto de dos mil quince dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 1/2014. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- México, Distrito Federal, a veintidós de septiembre de dos mil quince.- Rúbrica.
1 Fojas 21 a 24 del expediente.
2 Fojas 17 a 20 del expediente.
4 Fojas 15 y 16 del expediente
5 âArtículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;(...)â.
6 âACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna.â
7 âACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez.â
8 "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.â
9 Este criterio se contiene en las tesis de jurisprudencia P./J. 24/2005 y P./J. 8/2004, de rubros: âACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRAâ y âACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADAâ, respectivamente, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Mayo de 2005; Pág. 782 y [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Marzo de 2004; Pág. 958. respectivamente.
10 El texto de la tesis es el siguiente: âSi se tiene en cuenta, por un lado, que el Máximo Tribunal del país cuenta con amplias facultades para determinar los efectos de las sentencias estimatorias en el marco de las acciones de inconstitucionalidad, conforme a la jurisprudencia P./J. 84/2007, de rubro: âACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS.â y, por otro, que acorde con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos âLa declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.â, es indudable que este Alto Tribunal está en condiciones de dar efectos retroactivos a la sentencia de invalidez que se dicte en relación con normas legales de carácter penal, los cuales tendrán eficacia desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar (y nunca a perjudicar) a todos y cada uno de los individuos directamente implicados en los procesos penales respectivos.â
[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre de 2008; Pág. 587. P./J. 104/2008.
11 Los precedentes son las acciones de inconstitucionalidad: a) 30/2010 y su acumulada 31/2010, resueltas en sesión de 19 de mayo de 2011, por mayoría de 9 votos, votaron en contra los Ministros Cossío Díaz y Franco González Salas; y, b) 33/2011, resuelta en sesión de 12 de febrero de 2013, por mayoría de 8 votos, votaron en contra los Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas y Zaldívar Lelo de Larrea. Cabe aclarar que en dichos precedentes se precisa que este criterio no implica el abandono del diverso adoptado por el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 96/2008, en sesión de 27 de octubre de 2009, en la que sobreseyó dicha acción al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que en ese caso, si bien la norma impugnada se modificó, ello no alteraba las situaciones surgidas bajo la vigencia de una u otra norma, dado que no se modificó el tipo ni la sanción y nada impedía la impugnación del nuevo acto con la oportunidad que determina la ley aplicable, siendo que en los casos resueltos posteriormente -acciones 30/2010 y acumulada 31/2010 y, 33/2011-, si bien los nuevos actos legislativos tampoco alteraron la tipificación de las conductas, sí modificaron las sanciones pecuniarias que debían imponerse, por lo que si se hubiera sobreseído respecto de dichas acciones, las conductas surgidas al amparo de las normas modificadas se juzgarían y se sancionarán conforme a ellas, esto es, de acuerdo con determinados artículos que establecían penas pecuniarias contrarias a la Constitución Federal.
12 En este mismo sentido y bajo las mismas consideraciones se resolvió la acción de inconstitucionalidad 54/2012 el 31 de octubre de 2013.
13 âACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE SE HAGAN VALER DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER. Al ser la acción de inconstitucionalidad un medio de control de la constitucionalidad de normas generales, emitidas por alguno de los órganos que enuncia el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el estudio de los conceptos de invalidez que se hagan valer debe efectuarse a la luz de las disposiciones constitucionales vigentes en el momento de resolver, aun cuando la presentación de la demanda sea anterior a la publicación de reformas o modificaciones a la Norma Fundamental, ya que a nada práctico conduciría examinar la constitucionalidad de la ley impugnada frente a disposiciones que ya dejaron de tener vigencia.â
14 En las acciones de inconstitucionalidad 26/2012 y 21/2013 (trata de personas) resueltas el 21 de mayo de 2013 y 3 de julio de 2014, respectivamente; así como la 36/2012, 56/2012, 54/2012 y 21/2013 (secuestro) resueltas las dos primeras el 21 de mayo de 2013 y las restantes el 31 de octubre de 2013 y 3 de julio de 2014, respectivamente.
15 Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 25/2011 y 36/2012. No es óbice a lo anterior que los citados pronunciamientos sean de 21 de mayo de 2013, esto es, previo a la reforma de dicha fracción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013, en virtud de que la citada reforma no incidió en la modificación a esa competencia legislativa sino que básicamente se previó la facultad para expedir un código procesal penal único.
16 âArtículo 23.- Los delitos previstos en esta Ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.
17 âArtículo 2.- Esta Ley establece los tipos y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados.
18 âArtículo 296.- Comete el delito de secuestro y será sancionado con prisión de quince a cuarenta años, y de cien a cuatrocientos días multa quien, por cualquier medio, prive de la libertad a una persona, con alguno de los siguientes propósitos:
I.- Obtener rescate por su liberación;
II.- Que la autoridad haga, no haga o deje de hacer un acto de cualquier índole;
III. Causar daño o perjuicio al secuestrado o cualquier persona relacionada con éste;
IV.- Obligarla a hacer, no hacer o dejar de hacer un acto de cualquier índole, o para que un tercero haga, no haga o deje de hacer algo.
En todos los casos se impondrá como sanción el decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, considerándose, entre éstos, los vehículos, armas, inmuebles y demás bienes de que se sirvan los responsables para la perpetración del delito de secuestro.
Las mismas penas se impondrán a quién se apodere de un menor de dieciséis años, con el propósito de obtener un lucro, entregándoselo a una persona extraña a éste, o para dedicarlo a la mendicidad.
Artículo 297.- El delito de secuestro a que se refiere el artículo anterior, será calificado y se sancionará con prisión de veinte a cuarenta y cinco años y de doscientos cincuenta a cuatrocientos días multa, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
I.- Se realice en despoblado o en paraje solitario;
II.- Intervenga algún elemento o ex-elemento de cualquier Institución de Seguridad Pública;
III.- Intervengan dos o más personas, en forma directa o indirecta;
IV.- Se realice empleando violencia física o moral innecesaria;
V.- Que la víctima sea menor de dieciséis años o mayor de sesenta, o se trate de mujer embarazada, o que por cualquier otro motivo la víctima esté en situación de desventaja respecto de quien la ejecuta;
VI.- Que al tratarse del delito de secuestro, con alguno de los propósitos a que se refieren las fracciones I, II y IV del artículo 296 de este Código, el agente, en algún momento de su ejecución, haga uso de maltrato o de tormento, o le infiera a la víctima, alguna lesión que deje secuela de índole psicoemocional o de las enunciadas en el penúltimo párrafo del artículo 242 de este Código;
VII.- Que el responsable allane el lugar en que se encuentra la víctima;
VIII.- Que fuere cometido por la persona que tiene a la víctima bajo su custodia, guarda o educación, o aproveche la confianza en él depositada;
IX.- Se haga uso de narcóticos o cualquier sustancia o elemento que anule, disminuya o tienda anular o disminuir la resistencia de la víctima;
X.- Que alguno de los actos encaminados a la perpetración del delito se desarrolle inclusive en otra entidad federativa;
XI.- Que se utilicen instalaciones o bienes gubernamentales, frecuencias, claves o códigos oficiales;
XII.- Que en la comisión del delito participe alguna persona que por su cargo, empleo, puesto o de la confianza en él
depositada, tenga acceso a información o medios que faciliten la perpetración del delito; o
XIII.- El delito fuere cometido en el interior de las instituciones de educación básica, media superior, superior o en sus inmediaciones.
Artículo 297 BIS.- La misma penalidad del artículo anterior se impondrá cuando algún pariente consanguíneo del secuestrado, dentro del segundo grado muera por alteraciones de salud que devinieren como efecto del delito, durante el secuestro o dentro de los siguientes sesenta días de perpetrado éste.
Artículo 297-B.- Si el agente, espontáneamente, libera al secuestrado, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la privación de su libertad, sin lograr alguno de los propósitos del delito y sin que se haya actualizado alguno de los supuestos previstos por los artículos 297, 297 BIS y 297-A, y siempre que no lo haga por causas ajenas a su voluntad, la pena será de uno a seis años de prisión y de veinte a doscientos días multa.
Si en términos de la hipótesis a que se refiere el párrafo anterior se deja libre a la víctima, después de setenta y dos horas de haber sido privada de su libertad y siempre que no exceda de diez días, se impondrá al agente de tres a doce años de prisión y de treinta a trescientos días multa.
Artículo 298.- Se considerará como delito de secuestro, para los efectos de la sanción:
I.- Al que aporte recursos económicos o de cualquier especie o colabore de cualquier manera a la localización de uno o varios actos encaminados a la perpetración del delito de secuestro, ya sean éstos preparatorios unívocos, que se traduzcan en un principio de ejecución, o en la realización total del hecho que la ley señale como delito;
II.- Al que siendo propietario, poseedor, ocupante, arrendatario o usufructuario de una finca o establecimiento, cualquiera que sea su naturaleza, permita su empleo para la realización del delito de secuestro;
III.- Al que por sí, a través de terceros o a nombre de otros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociación o grupo constituido con el propósito de practicar, o que se practique, el delito de secuestro o alguna de las actividades señaladas en este artículo;
IV.- Al que sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado y sin justa causa, revele datos, información, secretos o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo, puesto, o de la confianza en él depositada por cualquier causa, que coadyuven a la realización del delito de secuestro; y
V.- Al que proporcione cualquier medio para facilitar la permanencia en cautiverio del secuestrado.
Artículo 298-A.- Se equipara al delito de secuestro y se sancionará con ocho a veinte años de prisión, al que impida a otro su libertad de actuar, hasta por un término máximo de veinticuatro horas, privándolo de la libertad en contra de su voluntad, en el interior de un vehículo o en otro lugar, con el propósito de obligarlo, por medio de la violencia física o moral, a entregar por sí o a través de un tercero, dinero o cualquier otro objeto, independientemente de su monto. Será delictuoso este proceder aún cuando el agente alegue un adeudo o que el objeto no es del sujeto pasivo o cualquier otra circunstancia similar.
Artículo 299.- A los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública que, teniendo información, evidencias o cualquier otro dato relacionado, directa o indirectamente, con la preparación o comisión del delito de secuestro o sus equiparables, no lo comunique o haga saber, de inmediato, al Ministerio Público, se les impondrá de cinco a quince años de prisión.
Artículo 300.- Se impondrá de tres a nueve años de prisión, a quien, a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza provienen o representan el producto del delito de secuestro, realice cualquier acto jurídico regulado por el derecho común, con el propósito de ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de los bienes de que se trate.â
19 âArtículo 5o.- La Federación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:
20 âArtículo 9 º.- En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esta Ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.â
21 âArtículo 301-J.- Comete el delito de trata de personas quien para sí o para un tercero induzca, procure, promueva, capte, reclute, facilite, traslade, consiga, solicite, ofrezca, mantenga, entregue o reciba a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, al engaño, al abuso de poder, al aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para someterla a explotación o para extraer sus órganos, tejidos o sus componentes
Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de aprovechamiento sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o la mendicidad ajena.
Cuando las conductas anteriores recaigan en una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, se considerará como trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios señalados en el primer párrafo del presente artículo.
Artículo 301-K.- A quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará:
I.- De seis a doce años de prisión y de cien a quinientos días multa;
II.- De nueve a dieciocho años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años;
III.- Las penas de prisión que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad:
a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad;
b) Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad;
c) Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; o
d) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el sujeto pasivo.
Artículo 301 L.- Al que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión del delito de trata de personas, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.
La misma pena se impondrá a quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes a denunciar el delito de trata de personas de cuya comisión tenga noticia.â
22 â(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, B.O. 7 DE ABRIL DE 2008)
Artículo 144 BIS.- Comete el delito de delincuencia organizada quien forme parte de un grupo estructurado de tres o más personas que actúan concertada y jerárquicamente, con el propósito de realizar conductas que, por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado, la comisión de alguno de los delitos siguientes: homicidio, secuestro, utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, trata de personas, abigeato, robo de vehículos de propulsión mecánica y robo a instituciones bancarias.
Cuando el miembro de delincuencia organizada realice o tenga asignadas en ésta, funciones de administración,
dirección o supervisión, la sanción señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más el mínimo y el máximo.â
23 âArtículo 142 BIS.- Cuando un sentenciado sea declarado penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas establecido en el artículo 301-J del Código Penal del Estado de Sonora, el Juez deberá condenarlo también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima. Esta incluirá, por lo menos:
a) Los costos del tratamiento médico y psicológico;
b) Los costos de la terapia y rehabilitación física y ocupacional;
c) Los costos del transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, vivienda provisional y cuidado de personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, así como de quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, que sean necesarios;
d) Los ingresos perdidos;
e) La indemnización por perturbación emocional, dolor y sufrimiento; y
f) Cualquier otra pérdida sufrida por la víctima que haya sido generada por la comisión del delito.â
24 Efectos semejantes se imprimieron en la acción e inconstitucionalidad 26/2012, con una votación mayoritaria de siete votos.
25 âTRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE. El primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Ahora bien, de la interpretación a contrario sensu de tal precepto, se advierte que otorga el derecho al gobernado de que se le aplique retroactivamente la ley penal cuando sea en su beneficio, por lo que si cometió un delito bajo la vigencia de una ley sustantiva con base en la cual se le sentenció y, posteriormente se promulga una nueva que prevé una pena menor para el mismo delito, o el acto considerado por la ley anterior como delito deja de tener tal carácter o se modifican las circunstancias para su persecución, aquél tiene el derecho protegido constitucionalmente a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y, por ende, a que se le reduzca la pena o se le ponga en libertad. Esto es así, porque si el legislador en un nuevo ordenamiento legal dispone que un determinado hecho ilícito merece sancionarse con una pena menor o que no hay motivos para suponer que, a partir de ese momento, el orden social pueda alterarse con un acto anteriormente considerado como delictivo, es inválido que el poder público insista en exigir la ejecución de la sanción como se había impuesto por un hecho que ya no la amerita o que no la merece en tal proporción. Consecuentemente, la traslación del tipo y la adecuación de la pena constituyen un derecho de todo gobernado, que puede ejercer ante la autoridad correspondiente en vía incidental, para que ésta determine si la conducta estimada como delictiva conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión continúa siéndolo en términos del nuevo ordenamiento, esto es, para que analice los elementos que determinaron la configuración del ilícito de acuerdo a su tipificación abrogada frente a la legislación vigente y decida si éstos se mantienen o no y, en su caso, aplicarle la sanción más favorable.â
26 Las reformas al Código de Procedimientos Penales local se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el 28 de noviembre y 2 de diciembre ambos de 2013.
27 Quiero aclarar que manifesté reservas en la manera en la que se computa el plazo para la promoción de esta acción de inconstitucionalidad, si bien estoy de acuerdo en que su promoción fue oportuna, ya he explicado cómo considero debe contarse el plazo para la promoción de este tipo de medio de control constitucional âmi opinión a detalle se puede consultar en el voto que formulé en la diversa acción de inconstitucional 3/2014â. Asimismo quiero aclarar que en cuanto al apartado de causas de improcedencia, en el caso estuve de acuerdo con lo resuelto ya que si bien, el artículo 187 párrafo cuarto del Código de Procedimientos Penales del Estado tuvo modificaciones, no se refirieron a la materia impugnada, ya que solo se incluyó el delito de desaparición forzada, situación que en mi opinión, en nada modifica al sistema procesal previsto.
28 âArtículo 23. Los delitos previstos en esta Ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.
Si de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprende la comisión de alguno de los contemplados en esta Ley, el Ministerio Público del fuero común deberá, a través del acuerdo respectivo, desglosar la averiguación previa correspondiente precisando las constancias o las actuaciones realizadas. Las actuaciones que formen parte del desglose no perderán su validez, aún cuando en su realización se haya aplicado la legislación adjetiva del fuero
común y con posterioridad el Código Federal de Procedimientos Penales.
29 âArtículo 2. Esta Ley establece los tipos y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados.
Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de esta Ley, durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventivaâ.
30 âArtículo 5o.- La Federación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:
31 âArtículo 9o. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esta Ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Públicaâ.
32 Este tema se votó por mayoría de 7 votos, votamos en contra el que suscribe el presente voto y las Ministras Luna Ramos y Sánchez Cordero. Estuvo ausente el Ministro Pérez Dayán.
33 Sobre este punto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 74/97 de rubro: âCONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIAS DECLARATIVAS DE INVALIDEZ DE DISPOSICIONES GENERALES. SÓLO PUEDEN TENER EFECTOS RETROACTIVOS EN MATERIA PENALâ. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI. Septiembre de 1997. Página 548.
âArtículo 105.- ...
âArtículo 45.- Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

References: artículo 187
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 73
 artículo 73
 resolución 
 artículo 187
 artículo 60
 Artículo 105
 artículo 60
 artículo 105
 artículo 61
 artículo 64
 artículo 187
 artículo 19
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 123
 artículo 124
 artículo 134
 artículo 142
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 123
 artículo 124
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 134
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 123
 artículo 124
 artículo 134
 artículo 142
 artículo 152
 artículo 168
 artículo 169
 artículo 181
 artículo 213
 artículo 152
 artículo 168
 artículo 169
 artículo 181
 artículo 142
 artículo 152
 artículo 168
 artículo 152
 artículo 168
 artículo 169
 artículo 181
 artículo 241
 artículo 244
 artículo 252
 artículo 213
 artículo 241
 artículo 244
 artículo 252
 artículo 169
 artículo 181
 artículo 213
 artículo 241
 artículo 244
 artículo 213
 artículo 241
 artículo 244
 artículo 252
 artículo 264
 artículo 263
 artículo 267
 artículo 275
 artículo 293
 artículo 294
 artículo 295
 artículo 264
 artículo 267
 artículo 275
 artículo 293
 artículo 294
 artículo 295
 artículo 264
 artículo 267
 artículo 275
 artículo 293
 artículo 294
 artículo 295
 artículo 301
 artículo 264
 artículo 263
 artículo 267
 artículo 275
 artículo 293
 artículo 294
 artículo 295
 artículo 252
 artículo 264
 artículo 263
 artículo 267
 artículo 275
 artículo 293
 artículo 264
 artículo 263
 artículo 267
 artículo 275
 artículo 293
 artículo 294
 artículo 295
 artículo 301
 artículo 301
 artículo 312
 artículo 301
 artículo 301
 artículo 312
 artículo 301
 artículo 312
 artículo 301
 artículo 301
 artículo 294
 artículo 295
 artículo 301
 artículo 301
 artículo 301
 artículo 301
 artículo 312
 artículo 317
 artículo 320
 artículo 323

artículo 312
 artículo 317
 artículo 320
 artículo 323
 artículo 327
 artículo 312
 artículo 312
 artículo 317
 artículo 320
 artículo 312
 artículo 312
 artículo 312
 artículo 312
 artículo 317
 artículo 320

artículo 327
 artículo 329
 artículo 329
 artículo 327
 artículo 329
 artículo 320
 artículo 323
 artículo 327
 artículo 329
 artículo 329
 artículo 323
 artículo 327
 artículo 329
 artículo 100

ARTÍCULO 100
 artículo 105
 artículo 45
 artículo 31
 artículo 213
 resolución 
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 123
 artículo 124
 artículo 134
 artículo 142
 artículo 152
 artículo 168
 artículo 169
 artículo 181
 artículo 213
 artículo 241
 artículo 244
 artículo 252
 artículo 264
 artículo 263
 artículo 267
 artículo 275
 artículo 293
 artículo 294
 artículo 295
 artículo 301
 artículo 301
 artículo 312
 artículo 312
 artículo 317
 artículo 320
 artículo 323
 artículo 327
 artículo 329
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 73
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 258
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 187
 artículo 124
 artículo 73
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 187
 artículo 144
 artículo 142
 artículo 301
 artículo 31
 artículo 213
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 123
 artículo 124
 artículo 134
 artículo 142
 artículo 152
 artículo 168
 artículo 169
 artículo 181
 artículo 213
 artículo 241
 artículo 244
 artículo 252
 artículo 264
 artículo 263
 artículo 267
 artículo 275
 artículo 293
 artículo 294
 artículo 295
 artículo 301
 artículo 312
 artículo 312
 artículo 317
 artículo 320
 artículo 323
 artículo 327
 artículo 329
 artículo 187
 artículo 258
 artículo 142
 resolución 
 artículo 258
 artículo 187
 artículo 73
 Artículo 73
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 73
 resolución 
 artículo 105
 artículo 45
 Artículo 105
 artículo 105
 resolución 
 artículo 19
 artículo 105
 artículo 19
 artículo 105

Artículo 297
 artículo 296
 artículo 242

Artículo 297

Artículo 297

Artículo 298

Artículo 298

Artículo 299

Artículo 300

Artículo 301

Artículo 301

Artículo 144
 artículo 301
 artículo 14
 artículo 187