Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-14975-de-julio-17-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204210e5f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-06-01 18:15:36+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 14975 DE JULIO 17 DE 2005
SENTENCIA 14975 DE 17 DE JULIO DE 2005
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO. EXPEDICIÓN DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN DE TRASPASO DE DOMINIO DE UN VEHÍCULO HURTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:VEHÍCULO AUTOMOTOR, TRADICIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, LICENCIA DE TRÁNSITO, OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE TRÁNSITO, ORGANISMOS DE TRÁNSITO, TRÁMITE EN LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
Sentencia 14975 de julio 7 de 2005
Expediente: 14.975 (R-4168)
Dr. Alter Eduardo Hernández Enríquez
Actores: Luis Ángel Toro Buitrago y otro.
Demandados: Nación - Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Departamento del Tolima e Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Tolima (IDTT).
1. La Sala ya se ha pronunciado en otras oportunidades sobre debates similares al que examina en el presente proceso, es decir, sobre la expedición de licencia y autorización de traspaso de dominio de un vehículo que previamente ha sido hurtado: en la sentencia del ocho de noviembre de 2001, que toma en consideración los diferentes tratamientos que la jurisprudencia había venido dando a estas situaciones, se dijo lo siguiente:
“La inscripción de un vehículo y de cualquier acto de disposición sobre el mismo en el registro automotor no es constitutiva de ningún derecho, es declarativa del mismo y por lo tanto, puede ser desvirtuada a través de medios probatorios.
“No obstante, la certificación oficial de los datos que conste en el registro genera confianza pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos.
“En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares.
“Sin embargo, no debe perderse de vista que en estos actos de registro posterior certificación en los cuales se da fe de una verdad suministrado por un particular y no de un acto que la autoridad que expida la certificación haya debido presenciar, la responsabilidad por la veracidad del dato corresponde al particular que la suministra y si bien es cierto que el Estado debe establecer una medidas de control para evitar que se alleguen datos falsos, también lo es que en aplicación del principio de la buena fe no debe confirmar todo cuanto el particular acredita ante este.
“En síntesis, puede afirmarse que para el Estado el deber de certificación implica responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha incurrido en fallas en la elaboración del registro o en la expedición del certificado, pero no cuando da cuenta de la verdad formal consignada por el particular y se han agotado las medidas de control que el caso concreto exige.
“El mismo desarrollo de ciertas actividades ha generado la necesidad de crear un principio de confianza legítima, el cual se desprende del principio de buena fe, establecido por el artículo 83 de la Carta...
“III. Ahora bien, lo que debe resolverse en este caso es si del hecho de que la administración haya realizado el registro del vehículo objeto de este proceso con fundamento en unos documentos falsos se deriva la obligación de reparar el daño causado como consecuencia del mismo.
“La respuesta a este interrogante debe ser positiva siempre que en el acto de registro las autoridades competentes hubieran incurrido en irregularidad por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes legales. En el caso concreto, sería atribuible a la administración el daño sufrido por el demandante si los documentos apócrifos hubieran sido expedidos por funcionarios de la Dirección de Aduanas o al menos con su complicidad, en ejercicio de sus funciones, o en el supuesto de que la autoridad encargada de realizar la inscripción hubiera omitido el cumplimiento de los controles legales al realizar el acto.
“En relación con el primer supuesto, no obra en el expediente ninguna prueba que permita vincular a los funcionarios de la dirección de aduanas con el hecho. Es decir, que no hay razones para afirmar que en el delito de falsedad intervino ningún funcionario del Estado. El demandante afirmó haber denunciado penalmente por el delito de estafa al señor Manuel Rueda Guzmán, anterior propietario del vehículo, pero no a funcionario alguno...
“En el caso concreto el registro se realizó con fundamento en los documentos que fueron aportados por el propietario del bien y en la factura se autenticó la firma del vendedor, como exige el decreto referido.
“En consecuencias no hubo falla del servicio de la entidad administrativa demandada que cumplió con el deber de controlar los datos consignados en el registro, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. En tales condiciones, el hecho es imputable al particular que incurrió en delito de falsedad y por lo tanto, será este quien deba indemnizar el daño causado al demandante.
“IV. La Sala, en sentencia del 1º de junio de 1995, expediente 10.282, al resolver la demanda de reparación interpuesta por el adquirente de un vehículo que había sido hurtado y matriculado nuevamente con documentos falsos, negó las pretensiones por considerar que no existía relación causal entre la actuación de la administración y el daño aducido por el demandante.
“... no existe fundamento para imputar la responsabilidad a la entidad demandada por los perjuicios que dice haber sufrido el demandante, dado que el daño sufrido no le es imputable por cuanto no fue causado por la acción u omisión de uno de sus agentes. En efecto, el DATT de Nariño se limitó o adelantar un trámite de matrícula de un automotor porque para el efecto el interesado allegó toda la documentación que los reglamentos requieren. No se observa en el trámite ninguna falla, o negligencia de la cual pueda deducirse responsabilidad en contra de esa entidad”.
“No obstante, en providencia del 28 de febrero de 12985(sic), expediente 10.272, al decidir la demanda formulada por el adquirente de un vehículo hurtado y posteriormente registrado en una oficina de tránsito diferente, condenó a la autoridad de tránsito demandada, por considerar que esta había incurrido en fallas que hicieron posible la defraudación. Dijo la Sala:
“Huelga advertir que el hecho generador de la responsabilidad de la administración en el caso de que tratan estas diligencias reviste especial gravedad, en tanto demuestra cómo los funcionario públicos, por acción u omisión, están contribuyendo a que el delito del robo de automotores continúe y se incremente la impunidad.
Del material probatorio se desprende claramente que las distintas dependencias encargadas de llevar el registro automotor, así como de prevenir y sancionar el hurto de esos bienes, no actuaron como les imponía la constitución y la ley. Nada justifica que los funcionarios hubieran asentado la matrícula con base en documentos falsos como son: cédula de ciudadanía, certificado de revisado aduanero, constancia de la aduana interior de Bogotá y factura de compra. Ahora bien, el delito seguramente no se hubiera consumado, en el caso que, recibida la denuncia penal correspondiente, se hubiera dado cuenta en forma inmediata tanto a las dependencias y secciones de la Sijín de la Policía Nacional, como a las oficinas de tránsito de todo el país”.
“Se advierte que aunque los supuestos de hecho son similares, las decisiones son opuestas porque distintas fueron las pruebas que en uno y otro evento se adujeron para acreditar la falla de la administración. En el último evento los funcionarios debieron detectar la falsedad que incluía hasta los documentos de identidad de quien realizó el registro; además, el propietario original del vehículo había formulado la denuncia penal de la cual no se dio información a las oficinas de tránsito para que no se incurriera en la falla que se presentó. Situaciones que no se presentaron en el primer caso, o por lo menos, no se acreditaron en el proceso.
“En el caso concreto, se reitera, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se concluye que las autoridades demandadas obraron de conformidad con el reglamento, sin que les fuera exigible una conducta diferente, como la de constatar la veracidad de los documentos; además, no existía denuncia penal por el hurto del vehículo, pues al parecer no se había incurrido en dicha conducta. En consecuencia, los perjuicios que reclama el actor no se originaron en la actividad de la administración sino en la conducta punible del particular que falsificó los documentos o utilizó los falsificados para obtener la matrícula del vehículo” (se resalta).
En el presente caso, según se deduce de la demanda, la falla del servicio que se imputa a la oficina de tránsito de Melgar, dependencia del IDTT, consiste en haber expedido la licencia, de un automotor hurtado, a quien inicialmente dijo ser su propietario y, posteriormente, autorizar, en dos ocasiones, el traspaso de dominio del vehículo, sin haber detectado la alteración en las placas de identificación del motor y en el chasis, como tampoco haber averiguado, ante otras autoridades, si existía algún reporte de robo del mismo bien. De acuerdo con la jurisprudencia citada es de robo del mismo bien. De acuerdo con la jurisprudencia citada es necesario recurrir a la normatividad que regulaba la expedición de las licencias de tránsito y el traspaso de vehículos al momento de los hechos, con el fin de verificar si se incumplió alguno de los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos respectivos, conforme a las pruebas que obran en el proceso.
2. Con fundamento en las pruebas obrantes dentro del proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
A. El 30 de junio de 1995, María del Rosario Buitrago de Toro adquirió el vehículo Chevrolet Sprint de placas MEK-226; el traspaso se acreditó mediante el formulario único nacional respectivo presentado ante la oficina de tránsito de Melgar, que expidió la respectiva licencia de tránsito; de ambos documentos obra copia auténtica en el expediente. Debe anotarse que se adjuntó el contrato de compraventa del mismo vehículo, del primero de junio de 1995, en el que figura como comprador Luis Ángel Toro Buitrago, el otro demandante en este proceso (fls. 1 y 9, cdno. 3).
El 20 de junio de 1996, en la ciudad de Ibagué, el vehículo fue inmovilizado por la unidad de automotores de la Sijín, cuando era conducido por la demandante. Revisado el vehículo por los técnicos de la Sijín encontraron que el número del motor estaba alterado en una cifra, pues, el que poseía la demandante era G10-436750 y el original G10-430750; lo mismo ocurría con el número de serie y seguridad, que fue encontrado con el número MP94110718 siendo el original MP94110716. Se determinó que el vehículo había sido hurtado en Bogotá, sin que se especificara la fecha, y sus placas originales eran BEV-992. Así lo acreditan el informe de inmovilización del vehículo, suscrito por el jefe de la unidad de automotores de la Sijín y el informe del estudio técnico realizado al mismo (fls. 14 y 17, cdno. 2).
De acuerdo con lo anterior, se encuentra acreditado que María del Rosario Buitrago de Toro perdió el vehículo descrito cuando fue decomisado por el grupo de automotores de la Sijín, por tratarse de un automotor robado, en la fecha señalada anteriormente. Establecido el daño reclamado, es necesario preguntarse si el mismo es imputable a la entidad demandada.
B. La expedición de licencias de tránsito y el traspaso de vehículos estaban regulados, al momento de los hechos, por el Código Nacional de Tránsito, Decreto-Ley 1344 de 1970, modificado por el Decreto 1809 de 1990, y reglamentado por el Acuerdo 51 de 1993 de la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, Intra.
El artículo segundo del código, modificado por el numeral primero del artículo primero del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia de tránsito era el “[d]ocumento público cuya finalidad es autorizar el tránsito de un vehículo por las vías públicas del territorio nacional y sirve para la identificación del mismo”. El artículo 87, modificado por el artículo 1º, numeral 75 del Decreto 1809 de 1990, determinaba que:
“La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente y contendrá los siguientes datos:
“1. Características de identificación del vehículo.
“2. Destinación y clase para el cual fue homologado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.
“3. Nombre del propietario, documento de identidad, domicilio y dirección.
“4. Limitaciones a la propiedad.
“5. Número de placa asignada.
“6. Los demás que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.
“PAR. 1º—Las características que identifican un vehículo son las siguientes: número de motor, número de chasis o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad.
“PAR. 2º—El inventario nacional automotor será llevado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito con base en la información contenida en el registro de que trata el presente artículo. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito establecerá los mecanismos para que la autoridad de tránsito competente suministre la información correspondiente”.
El artículo 92, modificado por el numeral 80 de artículo primero del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia debía ser solicitada por el propietario del vehículo, “de acuerdo con la reglamentación que expida el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito”, Intra. El Acuerdo 51 de 1993, de la junta liquidadora del lntra, que regulaba todos los trámites ante los organismos de tránsito del país, establecía, en el artículo 73, el procedimiento para el registro de vehículos:
“— Cuando se trate de vehículos ensamblados en el país presentarán la certificación original emitida por la empresa ensambladora del vehículo en papel que ella diseñe, en la que conste además de los datos necesarios para la debida identificación del automotor, el número de la declaración de importación, fecha de presentación ante el banco y el número de levante.
“PAR.—El organismo de tránsito expedirá el certificado de movilización a los vehículos último modelo al momento de su registro. Los vehículos que no sean último modelo para efectos de expedirle el certificado de movilización deberán presentar la revisión técnico mecánica efectuada en el diagnosticentro oficial o en su defecto en serviteca particular autorizada por este organismo, previo al registro.
ART. 74.—Una vez efectuado el trámite anterior, el vehículo se registrará asignándole una serie de placa y haciendo entrega de la misma, de la licencia de tránsito y certificado de movilización”.
Respecto del registro inicial del vehículo y la expedición de la licencia de tránsito, obra en el expediente la copia auténtica de la carpeta del vehículo que se encontraba en los archivos de la oficina de tránsito de Melgar, en la que se encuentra el formulario único nacional, del cinco de mayo de 1995, en el que figura como propietario del vehículo Jorge Antonio López; en él se describe un vehículo Chevrolet, sedán, modelo 1995, con número de motor 610-436750 y de chasis MP94110718.
Obra también copia de la factura de venta del primero de marzo de 1995, de Motorcol Ltda., en donde figura como comprador el mismo que se registra como propietario en el formulario citado, con el mismo número de cédula de ciudadanía, de un vehículo de las mismas características; se adjuntó una comunicación en la que se confirma la factura por el gerente de la misma empresa, con firma autenticada. Así mismo, se encuentra un certificado de importación del mismo vehículo suscrito por la división comercial de General Motors - Colmotores S.A., del primero de marzo de 1995, en donde consta el número de la declaración de importación, 26-54402-052702-1, presentado al banco el primero de febrero anterior, con levante número 0030900512 (fls. 43 a 45, cdno. 2).
Al formulario se adjuntó la póliza del seguro obligatorio de accidentes de tránsito a nombre del propietario, expedida por Seguros del Estado, con vigencia hasta el cinco de abril de 1996. Además, constan los comprobantes de pago del impuesto de circulación, la expedición de la matrícula, tarjeta de propiedad, revisión del vehículo y el pago de impuesto de timbre (fls. 35 a 45, cdno. 3).
La asignación de placas se autorizó, el cinco de mayo de 1995, con el número MEK 226 (fl. 39, cdno. 3).
C. De otra parte, el artículo 84 del Acuerdo 51 de 1993 establecía el siguiente trámite para registrar el traspaso de dominio de un vehículo:
“Presentar la solicitud respectiva en el formulario único nacional ante el organismo de tránsito donde esté registrado el vehículo, suscrita por vendedor y comprador, con reconocimiento en cuanto al contenido y firma, con improntas adheridas y protegidas con lámina transparente autoadhesiva acompañada de los documentos que a continuación se relacionan:
g) Cuando es de servicio público, paz y salvo de la empresa donde se encuentra vinculado o afiliado...”.
Del vehículo al que se refiere este proceso se realizó traspaso del primer propietario a José Hugo Orjuela Iglesias, el 23 de mayo de 1995, de acuerdo con el formulario único nacional respectivo, en el que se describe el mismo vehículo y se adjuntan, al respaldo, las improntas de motor y chasis, así como los reconocimientos de contenido y firma vendedor y comprador. Consta, además, copia de la licencia de tránsito del anterior propietario, la póliza de seguro obligatorio de accidentes, el comprobante de pago del impuesto por concepto del traspaso, el pago de retención por traspaso y la autorización del jefe de placas de la oficina de tránsito, del mismo día (fls. 25 a 34, cdno. 3).
En los mismos antecedentes del vehículo, consta el traspaso del vehículo del señor José Hugo Orjuela Iglesias a la señora María del Rosario Buitrago de Toro. En el formulario único nacional, del 30 de junio de 1995, se describe un vehículo de las mismas características, con las mismas placas de identificación, cuyas improntas se encuentran al respaldo del documento, como también el reconocimiento de contenido y firma de las partes. Al mismo, se adjuntó la licencia de tránsito del anterior propietario, el pago de retención por traspaso, el pago del impuesto por el mismo concepto y la póliza de seguro obligatorio de accidentes de tránsito. El jefe de placas autorizó el traspaso el mismo día (fls. 13 a 24, cdno. 3).
Debe agregarse que, el Acuerdo 51 de 1993, establecía en el artículo tercero lo siguiente:
En el artículo sexto del mismo acuerdo, se disponía que los organismos de tránsito contarían con peritos para la revisión técnico mecánica de los vehículos, solamente cuando contaran con los equipos de diagnosticentro oficial. Mediante comunicación del 18 de julio de 1997, el IDTT manifestó que la oficina de Melgar no contaba con equipos de diagnóstico o serviteca oficial, por lo que no tenía asignado perito (fl. 4, cdno. 3).
De acuerdo con la normatividad vigente para el momento de los hechos y las pruebas que obran en el proceso no es posible derivar alguna irregularidad en el procedimiento seguido por la entidad demandada, tanto en la expedición de la licencia de tránsito inicial, como en los dos traspasos de propiedad posteriores. Respecto del registro inicial de vehículo se diligenció completamente el formulario único nacional y se aportaron los documentos requeridos por el artículo 73 del Acuerdo 51 de 1993 y el vehículo fue debidamente identificado, de acuerdo con lo prescrito en el parágrafo primero del artículo 87 del Código Nacional de Tránsito, entonces vigente. Lo mismo se puede afirmar de los dos traspasos de propiedad posteriores, por cuanto los formularios respectivos fueron debidamente diligenciados y se suministraron los documentos requeridos por el artículo 84 del acuerdo citado. En el mismo sentido, de la documentación que obraba en expediente del vehículo en la oficina de tránsito de Melgar, no se puede observar algún tipo de alteración o falsedad que llevara a deducir que se trataba de un vehículo robado.
En efecto, del procedimiento aplicado por la entidad demandada y de los documentos aportados por los particulares que intervinieron en ellos, no llevaba a exigir de la entidad demandada una actuación diferente a la que efectivamente desarrolló; no se determinaba por la ley que se requiriera a otras autoridades la remisión de los antecedentes del vehículo; en efecto, nada conducía a ejercer medidas de control adicionales para establecer la procedencia del vehículo, como tampoco la legislación vigente al momento de los hechos establecía el deber de hacerlo; luego, se cumplieron de manera plena los requisitos exigidos por las normas que regían, en ese momento, este tipo de actuaciones. Se podría argüir que el vehículo debía ser examinado por peritos de la entidad demandada; sin embargo, las normas de registro inicial ni las de traspaso de propiedad lo exigían, por cuanto fue registrado como vehículo último modelo y en ninguna circunstancia lo exigía el traspaso. Además, la oficina de tránsito no contaba con peritos, pues no tenía equipos de diagnóstico mecánico al momento de los hechos y por esa razón el artículo sexto del Acuerdo 51 de 1953 no imponía el cumplimiento de tal requisito.
Se concluye, entonces, que las autoridades de tránsito actuaron de acuerdo con las normas vigentes al momento del hecho sin que pudiera reclamarse de ellas una conducta diferente, ya que no era posible deducir de manera evidente algún tipo de irregularidad o falsedad de los documentos aportados por quienes registraron el vehículo o realizaron el traspaso de propiedad del mismo. Razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.
Debe anotarse que, en el recurso de apelación, no se impugnó la declaración de falta de legitimación por pasiva respecto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el departamento del Tolima. En todo caso, se reitera que la actuación en la que se fundaron las reclamaciones, involucraba únicamente al Instituto de Tránsito y Transporte del Tolima, entidad descentralizada del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; de acuerdo con la Ordenanza 69 de 1978 y el Decreto Ordenanzal 565 de 1993, de la asamblea y el gobernador de ese departamento, respectivamente.
Finalmente, dado que no se observa que la parte actora haya incurrido en conducta dilatorias o temerarias, se revocará la condena en costas impuesta en la misma providencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
CONFÍRMASE la sentencia del 26 de febrero de 1998, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que se declaró la falta de legitimación por pasiva de la Nación - Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el departamento del Tolima y se denegaron las pretensiones contra el Instituto de Tránsito y Transporte del Tolima, IDTT.
REVÓCASE la condena en costas en contra de la parte actora.

References: artículo 83
 artículo 87
 artículo 1
 artículo 92
 artículo 73
 artículo 84
 artículo 73
 artículo 87
 artículo 84
 artículo 171
 artículo 55