Source: https://issuu.com/marjorie07julio66/docs/protocoloarmas-207201110035
Timestamp: 2017-12-12 10:44:35+00:00

Document:
Guia prevencion de violencia by Marjorie Acuña - issuu
Ministerio de Justicia – Gobierno de Costa Rica
GUÍA GENERAL DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CON ARMAS EN CENTROS EDUCATIVOS Vinculación de la prevención de la violencia juvenil con el PLAN NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA PAZ SOCIAL: POR UN PAIS SIN MIEDO
1. Introducción 1.1 Escenarios y actores de la violencia
3. Norma general
4.2 Las armas
5. Factores de riesgo para la violencia juvenil
6. Guía de intervención
7. Elementos básicos para la custodia de un arma de fuego
8. Consejos prácticos para la atención inmediata de una persona menor de edad
9. Directorio telefónico de emergencia
El Gobierno impulsó con el liderazgo del Ministerio de Justicia, la creación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social (CONAPAZ), con el objetivo de investigar, planificar, coordinar y evaluar las políticas y acciones que se realicen en materia de prevención de las principales manifestaciones de violencia y de criminalidad en el país.1 Estos esfuerzos también están acompañados por el denominado Comité Consultivo Nacional Interdisciplinario para el Control de la Proliferación y el Tráfico Ilícito de Armas Ligeras y sus Municiones, conformado por representantes de los siguientes Ministerios: Seguridad Pública, Justicia, Educación, Salud, Hacienda y la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Ministerio de la Presidencia. Estas Instituciones reciben el apoyo técnico y financiero de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD- con el fin de promover iniciativas que regulen y restrinjan la portación y tenencia de armas de fuego en manos de particulares. Este Comité Consultivo también propone acciones para desarrollar iniciativas interinstitucionales para la prevención de la violencia. En términos generales, la nueva política gubernamental en materia de prevención de la violencia por armas en los centros educativos, debe verse enmarcada como un componente importante del Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social. En relación con el fenómeno de la violencia juvenil, su abordaje debe contemplar el acompañamiento adecuado y el compromiso de las autoridades escolares y colegiales de cada centro educativo, quienes deben necesariamente, apoyarse en la participación activa de las organizaciones estudiantiles dentro de un proyecto amplio de prevención general de la violencia. Esta Guía General de Intervención, desarrolla un documento sencillo que pretende servir de consulta para las autoridades de los centros educativos, ofreciendo una secuencia lógica de acciones útiles que permitan atender el fenómeno de la violencia juvenil, con énfasis especial, a la generada por cualquier tipo de armas. En este tipo de situaciones, el papel del personal docente y administrativo siempre debe ser el de convertirse en actores responsables para la toma efectiva de decisiones que permitan mantener a la población estudiantil segura de la violencia con armas, y por sobre todo, proponer iniciativas tendientes a prevenir que los estudiantes recurran a éstas para dirimir sus diferencias. Estas acciones están encaminadas al desarrollo de una cultura general de paz por encima de la cultura de violencia que se desarrolla en la sociedad y se reproduce en algunos centros educativos. Adicionalmente, los centros de enseñanza independientemente de su naturaleza, pública o privada, también deben tomar medidas educativas para la prevención de los conflictos, su tratamiento y la promoción de la paz escolar. Para ello, deben organizarse, sensibilizar a la comunidad estudiantil y establecer procedimientos de mediación para la resolución de conflictos dentro del centro de educación, potencializando la convivencia estudiantil. 1
Creada por Decreto Ejecutivo N. 33149-J 3
Este abordaje de la prevención de la violencia generada por armas en los sectores estudiantiles, debe ser multilineal y contar con la participación del personal docente y administrativo en otras dimensiones, por ejemplo, en la detección de los factores de riesgo y construcción de los posibles escenarios que pueden generar algún tipo de violencia con armas dentro del centro. La violencia escolar o colegial presenta muchas caras y no se limita a una relación entre pares, como podríamos suponer: estudiante contra estudiante. En los centros educativos, la violencia también se presenta de los docentes a los estudiantes y viceversa. Y si miramos con detenimiento, la relación entre los y las docentes es generalmente tensa y que decir entre docentes y directivas o entre el personal administrativo (secretarias, auxiliares, conserjes, guardas) y la población estudiantil.2 1.1 Escenarios y actores de la violencia3 Podemos encontrarnos con los siguientes escenarios y actores de violencia. A. De profesor a estudiante, algunos estudios han señalado que en países desarrollados al menos un 2% de los estudiantes en edad colegial decían haber sido amenazados, intimidados o humillados por su propio profesor. En nuestro país, las autoridades nacionales reciben en promedio, 35 denuncias por trimestre en este sentido.4 B. De estudiante a profesor, la mayoría de los estudiantes que acosan a los profesores, lo desgastan con murmullos e insultos, provocando cansancio y desmotivación y en muchos casos, las palabras han pasado a los hechos. En otros casos, los estudiantes han ocasionado daños directos a la propiedad del docente e incluso, contra la misma integridad física del educador (a). C. De padre a profesor, suele ser común cuando un docente aplica algún mecanismo sancionatorio contra la persona menor de edad y termina en una discusión con los padres y madres de familia. D. De estudiante a estudiante, este es el detonante de la alarma social, alcanzando el impacto máximo cuando existe de por medio, un acto violento de un joven contra otro. Existen situaciones aisladas, originadas al calor de un evento y otras que persisten durante el año escolar. Estas últimas, son llamadas también “matonismo escolar” y sucede cuando un estudiante es acosado de manera repetitiva por parte de uno o más estudiantes. E. De padres y madres de familia al estudiante: conocida también como violencia intrafamiliar. Es el tipo de violencia que en mayor medida afecta la familia costarricense y que ocupa un lugar preferente en la atención de los tipos de violencia porque se engendra en el propio corazón de la sociedad: la familia.
Bernal Acevedo, Fabiola. Fundación Pedagógica Nuestramérica (2006) Olwues, Dan (2006) 4 Departamento de Protección de los Derechos. MEP. 2008 3
La violencia intrafamiliar afecta directamente el desarrollo de los niños, las niñas y jóvenes y repercute en la capacidad de éste para socializarse con normalidad en el entorno educativo. Es posible incluso, que los jóvenes reciban algún tipo de agresión directamente de su padre, madre o tutor en el propio centro educativo. El reto para las autoridades educativas se enfoca en la búsqueda e implementación de la mejor estrategia para prevenir las diferentes manifestaciones de la violencia escolar. Los países más adelantados en esta materia, han constituido en cada centro educativo, un observatorio de la violencia. El objetivo de este observatorio es abordar el problema desde el propio colegio a través de la técnica de la mediación entre los estudiantes, antes de aplicar el carácter sancionador de los reglamentos escolares y colegiales.
2. Justificación Durante los últimos años, las autoridades educativas costarricenses han reportado el uso de armas por parte de las y los estudiantes para resolver sus diferencias. En respuesta a estas situaciones, se ha elaborado la presente Guía General, que tiene como objetivo atender los incidentes dentro de los centros educativos, aunque también han sido frecuentes los altercados armados fuera del centro de enseñanza por parte de estudiantes. Este tema ha sido de la máxima preocupación de las autoridades educativas quienes han documentado desde el año 2002, cifras sobre la violencia escolar y colegial, advirtiendo primeramente que muchos incidentes entre estudiantes no han formado parte de los registros disciplinarios. Así por ejemplo, los datos oficiales promedian 439 agresiones diarias en los centros educativos del país, un total de 88 000 agresiones al año. De éstas, alrededor de 84 000 fueron desarrolladas entre pares de estudiantes y otras 4 000 entre estudiantes y docentes. 5 Los casos documentados de violencia escolar y colegial, se han distribuido porcentualmente entre los niveles del sistema educativo resultando que solo en el nivel de preescolar, se registran anualmente más de 10 500 incidentes, esto es un 13% de los casos. Primaria registra cerca de 53 000 casos anuales para un 63 % del total y la secundaria más de 20 000 casos para un total del 24 %. Considerando la población estudiantil en cada nivel, todos los casos logran promediarse en una agresión - debidamente reportada - por cada 10 estudiantes. La violencia en los centros educativos presenta niveles diferenciados dentro de mismo centro de estudios, así por ejemplo, el 34% de los casos reportados se suscitaron en los pasillos, el 26% dentro de un aula, el 7% en el comedor, un 4% en los baños, otro 4% en el gimnasio de la institución y el resto en diversas áreas de uso común. 5
Departamento de Estadísticas. MEP 5
En el mundo, la violencia juvenil se ha convertido en un problema de salud pública que ocupa la atención de numerosas oficinas estatales y organizaciones sociales. Este fenómeno no es exclusivo de la sociedad costarricense y en otras realidades ha tomado dimensiones elevadas. Así por ejemplo, solo en los Estados Unidos, se registran en promedio más de 400 000 estudiantes de entre los 10 y los 19 años de edad lesionados por algún tipo de violencia. 1 de cada 28 de estos lesionados requirió de los servicios hospitalarios. (CDC)6 En una encuesta realizada en esa nación entre alumnos de bachillerato, más de un tercio de los encuestados respondieron que habían participado en una pelea en los últimos 12 meses; 4% de ellos resultaron con lesiones tan graves que tuvieron que ser atendidos por un médico. (CDC 2002). Estos mismos datos arrojan que más del 6% de los alumnos de bachillerato encuestados habían estado en posesión de armas durante los 30 días anteriores a la encuesta. En promedio, el 82% de las víctimas de homicidios entre 15 y 19 años de edad murieron por armas de fuego. (CDC 2002). En nuestro país, el fenómeno de la violencia juvenil también ha aumentado en los últimos años, lo que se ha visto reflejado en los datos documentados que llevan las autoridades del sector educativo.7 En relación al tipo de agresión, ha predominado la verbal, en un promedio de 59.4%, la física en un 39%, la escrita en un 12.9%. Se reportan también un 12,7% de casos de robos y un 9,4% de destrucción de materiales. Ha llamado la atención de las autoridades, que del total de las agresiones registradas, el 36.2 % se da fuera de la institución, lo que evidencia que la violencia juvenil es un fenómeno social que repercute en los centros educativos y no a la inversa, como aún lo creen, algunos sectores. La condición propia del entorno social en donde se ubique el centro de educación, podría en determinadas circunstancias, aumentar la tensión dentro de las instalaciones y ello supone, un aumento en la probabilidad de que la violencia social, motive a algunos jóvenes a portar armas para defenderse de la violencia del entorno. Esto lo han manifestado los mismos estudiantes a directores y profesores que participaron en la elaboración de esta guía. El fenómeno de la violencia viene arraigado en la cultura desde los primeros años, y a esta realidad se le agrega, que las armas se muestran a menudo en los medios de comunicación como glamorosas y que repetidamente, en medios como la televisión o incluso los video juegos, la consecuencia de disparar un arma de fuego no se representa tan seriamente ya que los niños y jóvenes a menudo ven a los 6
CDC. National Center for Injury Prevention and Control. EU
Estos datos toman como base la encuesta de matricula final que realizó el MEP en el año 2002 y posteriores actualizaciones. 6
actores, que les han disparado, vivos en otras películas. Las pistolas de juguete pueden añadir a la percepción de un niño o niña que las pistolas reales, al igual que las pistolas de juguete, son inofensivas y divertidas. Sin embargo, también debe considerarse que los jóvenes conocen de la peligrosidad de las armas de fuego y, en algunos casos, la sola portación de un arma, connota la búsqueda de reconocimiento, sobre todo en aquellos jóvenes que están fracasando en la inserción social. Sobre sanciones disciplinarias, el informe del Departamento de Estadística del MEP registra en promedio 5 300 expulsiones anuales de las cuales, más de 5 000 fueron temporales. De las expulsiones definitivas el 70,9% corresponden a estudiantes que cursaban secundaria y el 25.1% en primaria. Los datos oficiales alertan sobre un nuevo fenómeno de relación creciente, entre los problemas de violencia y la expulsión temprana del sistema educativo. El Organismo de Investigación Judicial –OIJ-, también viene recibiendo denuncias de situaciones de violencia en los centros educativos y desde el año 2003 registra en promedio 8 denuncias mensuales. Por ello, en el marco del Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, se complementa esta Guía para Centros Educativos con dos programas: un programa nacional de intercambio de juguetes bélicos por suministros de utilidad educativa para las y los niños y jóvenes, y otro, para la recepción de armas de fuego que ilegalmente, portan predominantemente las personas adultas.8 El riesgo de violencia juvenil con algún tipo de arma, aumenta rápidamente en varias circunstancias, por ejemplo, con el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas y con la disponibilidad de éstas en su entorno, ya sea dentro de su propio hogar, en la de algún familiar cercano o en la de sus amigos. Además, debe reconocerse que la creatividad e imaginación tienen su cuota de responsabilidad en la utilización de objetos comunes como armas o en la transformación de ellos para este fin.9 También hay jóvenes con problemas emocionales y de comportamiento que presentan más riesgo de usar armas contra otros o contra sí mismos. Por ello, y en el ejercicio de una responsabilidad social, las madres, los padres y el centro educativo,
Datos oficiales señalan que en Costa Rica más de 131 mil personas afirman haber adquirido un arma de fuego para su defensa propia, sin embargo, únicamente 91 mil se encuentran legalmente inscritas. 9 La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Costa Rica realizada en el año 2000, por el IAFA, determinó que un 37% de los jóvenes estudiantes opinaban que el principal tema que debía atender el sistema educativo era la formación de valores y para el 17,5% era la atención del tráfico de drogas dentro de los centros educativos. Para ese mismo año, el 10% de los menores de 12 años, el 28% entre los 13 y 15 años y el 35% entre los 16 y 18 años ya habían probado alguna bebida alcohólica. Estos datos los corrobora el BID en el estudio “Desafíos de la Seguridad Ciudadana” (2008) en donde señala que al 39% de los jóvenes les “han ofrecido alguna vez drogas…” y que un 8% de quienes desertan del sistema educativo es por algún vicio.7
les deben brindar una educación con información de calidad que les permitan tomar decisiones racionales. Claro está, que existen rasgos específicos en la personalidad de algunos jóvenes que la sola sensibilización general sobre las consecuencias de la violencia podría resultarle insuficiente. Si atendemos a esta dimensión del fenómeno de la violencia, resulta evidente que no se trata solo de erradicar ciertos “actos”, sino de modificar el sentido que estos tienen dentro de los grupos escolares y juveniles, y es la dificultad de hacer algo sobre este punto lo que a veces alienta excesivamente la solución represiva, normativa, jurídica o penal, que aunque legítima, no cambia la cultura, los valores ni los sentidos, sino que doblega voluntades.10 Las y los docentes, así como el personal administrativo de los centros de enseñanza, deben ser conscientes de la situación de riesgo que implica un alumno armado y estar atentos cuando un joven presume tener un arma o sabe adonde conseguirla con relativa facilidad. Esta Guía, impulsada por las instituciones públicas rectoras de la prevención de la violencia, implica el desarrollo de una organización estructurada dentro de cada centro educativo. Esta organización tiene como finalidad, elaborar las medidas de prevención necesarias que contengan los riesgos de la violencia juvenil, acordes, al contexto socio cultural del lugar en donde se ubique el centro. 3. Norma general11 En el año 1990, el país asumió un compromiso con las personas menores de edad, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, que constituye el instrumento internacional de derechos humanos que reconoce a estas personas como sujetos de derechos. Este instrumento internacional inspira la construcción de un marco jurídico nacional de los derechos de la niñez y la adolescencia, basado en la doctrina de protección integral. Esto lo podemos constatar en el texto del Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley N. 7576). En la Convención, se consagran cuatro principios generales, con el objetivo de ayudar a su interpretación y servir de orientadores en la construcción de programas. Uno de estos principios es el Interés Superior de la persona menor de edad. Este concepto jurídico, se entenderá que para cada niño o adolescente en los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, se buscará siempre que dentro de los muchos intereses que puedan estar en juego en determinada circunstancia, debe prevalecer el que beneficie de mejor forma al joven.12
García Peñafiel, Mauricio (2007) Ley de Justicia Penal Juvenil - Ley 7576 comentada por la Defensoría de los Habitantes. 2007 12 Seda, Edson (1995) 8 11
En el caso específico de las armas, el artículo 7, inciso b) de la Ley de Armas y Explosivos, Ley N. 7530, indica que no podrán portar armas de ninguna clase, la persona menor de 18 años, salvo los casos señalados en el artículo 64 de la misma Ley. El artículo 64 indica que las personas mayores de 14 años, podrán usar armas de cacería y de tiro al blanco, exclusivamente para la práctica de esos deportes, siempre y cuando los acompañe un adulto. Esta Ley y su Reglamento describen el procedimiento a seguir para el comiso y decomiso de las armas, así como también establecen las sanciones aplicables por las infracciones que se cometan a la Ley. La Ley de Justicia Penal Juvenil, señala que al igual que con otras infracciones, si el estudiante es mayor de 12 años se le aplicará las sanciones que indica esa Ley y si es menor de 12 años, se refiere al Patronato Nacional de la Infancia. Además reconoce que cualquier sanción aplicable a personas entre los 12 y los 18 años no cumplidos, solamente puede ser adoptada si la persona es declarada culpable. Verificada la comisión del delito o la participación de la persona menor de edad en un hecho delictivo, el Juez Penal Juvenil podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones, según lo señala el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. a) Sanciones socio-educativas. Se fijan las siguientes: 1.- Amonestación y advertencia. 2.- Libertad asistida. 3.- Prestación de servicios a la comunidad. 4.- Reparación de los daños a la víctima. b) Órdenes de orientación y supervisión. 1.- Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 2.- Abandonar el trato con determinadas personas. 3.- Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados. 4.- Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio. 5.- Adquirir trabajo. 6.- Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito. 7.- Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas. c) Sanciones privativas de libertad. Se fijan las siguientes: 1.- Internamiento domiciliario. 2.- Internamiento durante tiempo libre. 3.- Internamiento en centros especializados. La legislación penal juvenil también determina que al aplicar una sanción se debe tomar en cuenta la historia de vida de la persona menor de edad, la comprobación del acto delictivo o su participación en éste, la capacidad para cumplir la sanción, la edad y sus circunstancias personales, familiares y sociales, así como los esfuerzos por reparar los daños.
Esta legislación parte de los principios señalados en Capítulo II del Título I de la misma Ley, dentro de los cuales se citan las garantías básicas, la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y los principios rectores: justicia especializada, legalidad, lesividad, racionalidad, proporcionalidad, privacidad y confidencialidad de la información concerniente al caso.
4. Definiciones útiles 4.1 La violencia La violencia puede definirse como una fuerza física, en forma real o de amenaza, ejercida por un individuo que causa una lesión física o sicológica o la muerte a sí mismo o a otro, o que muy probablemente dé lugar a estas consecuencias. En la violencia juvenil pueden verse involucrados como víctima o perpetrador un joven o en el peor de los casos, ambos.13 Violencia también se define como el uso de la fuerza para hacer o conseguir algo. Característica de lo que es brusco, violento o muy fuerte. Sinónimo de brutalidad y furia. 14 Violencia también es aquella acción u omisión que mediante el uso de la fuerza o el poder lesionan la integridad de las personas.15 La investigación escandinava y anglosajona ha situado como factores claves de la violencia los conceptos de “Mobbing” y el “Bullying”, conceptos que aluden al matonaje y al acoso y hostigamiento respectivamente, del que son víctimas un número importante de estudiantes en las escuelas y colegios y que por lo general, las actuaciones están fuera del control de los adultos como profesores o personal administrativo. Este tipo de violencia escolar y colegial “invisible o silenciosa”, genera víctimas de hostigamiento estudiantil que no solo sufren su experiencia escolar, sino que también están en riesgo de pasar a otro acto violento de modo inesperado y excesivo.16 Una de las primeras dificultades que enfrenta quién analiza los fenómenos de violencia en la escuela, es la imprecisión en el lenguaje. No se debe considerar dentro de la misma categoría: un insulto, un episodio de vandalismo; una agresión física con un arma u otras. “Existe una clara tendencia en la opinión pública y tal vez entre muchos profesores, quienes, son los principales creadores de opinión sobre la enseñanza y los centros escolares a «meter todo en el mismo saco» y a entender, de manera
CDC. (2001). National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention. En: www.cdc.gov/ncipc/wisqars 14
Diccionario Santillana. México. 1997 Defensa de los Niños Internacional. DNI. 2004 16 García Peñafiel, Mauricio (2007) 15
simplista, que se trata de manifestaciones distintas de un mismo sustrato violento que caracterizaría a los niños y jóvenes de hoy. (Moreno Olmedilla 2000) Es por ello, que autores como Moreno Olmedilla prefieren denominar comportamiento o conducta antisocial en las escuelas lo que comúnmente llamamos violencia escolar puesto que divide este fenómeno en seis categorías de comportamiento antisocial: A: Interrupción en las aulas B: Problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado) C: Maltrato entre compañeros («bullying») D: Vandalismo y daños materiales E: Violencia física (agresiones, extorsiones) F: Acoso sexual La interrupción en las aulas es la preocupación más directa y la fuente de malestar más importante de los docentes. Su consecuencia fuera del aula es mínima por lo que generalmente no llama la atención en el tratamiento de este tema. No obstante, puede ser éste fenómeno el que más interfiere con el aprendizaje de la gran mayoría de los alumnos en los centros. Los problemas de disciplina, suponen un paso más en lo que se ha denominado interrupción en el aula. Se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia que pueden desestabilizar por completo la vida cotidiana en el aula y que puede tomar características multidireccionales. El término «bullying», se emplea en la literatura especializada para denominar los procesos de intimidación y victimización entre iguales, esto es, entre estudiantes, compañeros de aula o del mismo centro escolar (Ortega y Mora-Merchán, 1997). Se trata de procesos en los que uno o más alumnos acosan e intimidan a otro a través de insultos, rumores, apodos o aislamiento social. Si bien no incluye la violencia física, este maltrato intimidatorio puede tener lugar a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias devastadoras para la víctima quien a lo largo de este periodo puede sentir la necesidad de “hacer algo” .17 El vandalismo y la agresión física son ya estrictamente fenómenos de violencia; en el primer caso, contra las cosas; en el segundo, contra las personas. Ambos son los que más impacto tienen sobre las comunidades estudiantiles.
Información tomada de la página electrónica de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. APSE. www.apse.or.cr 11
El acoso sexual es muchas veces un fenómeno de comportamiento antisocial “oculto”. Este acoso también es considerado por algunos especialistas como un tipo de “bullyng” al que se le suman acosos con otras connotaciones como los de carácter racista. 4.2 Las armas Las armas se definen en términos muy generales como el objeto o instrumento para atacar o defenderse.18 Existen las llamadas armas blancas, que son los objetos que tienen filo o punta como los puñales y los cuchillos. Dada la creatividad del ser humano, un objeto común y accesible a cualquier persona, puede convertirse en un arma como por ejemplo el pico de un compás, la punta y el filo de una tijera o la punta de un lapicero, entre otras. Existen también las denominadas armas de fuego, que son instrumentos con los que se dispara una materia explosiva, como la pólvora. Uno de los asuntos que ocupa la atención del Comité Consultivo Nacional para el Control de las Armas de Fuego, es la posibilidad que éstas lleguen con relativa facilidad a los centros educativos. Preocupan fundamentalmente las llamadas armas pequeñas o ligeras como el revólver o la pistola y por supuesto, las armas de fabricación casera. 19
o Revolver: Arma de fuego de un cilindro que va girando al disparar las balas que lleva adentro, por lo general 5 ó 6 balas.
Cilindro para las balas
Disparador Foto con fines ilustrativos
Diccionario Santillana. México 1997 Estudios gubernamentales señalan que poseer un arma de fuego aumenta en 2,7 veces el riego de muerte violenta. La mitad de los homicidios en el mundo se cometen con un arma de fuego, en Costa Rica ese porcentaje es del 60%. La mayoría de las muertes y lesiones por armas ocurren por riñas entre conocidos. Durante los años 2002 al 2006, se duplicó la importación de armas. 12 19
o Pistola: Arma de fuego pequeña que se puede utilizar con una sola mano. La capacidad máxima de munición son 15 balas por cada cargador.
Disparador Cargador Foto con fines ilustrativos
También es posible encontrar armas hechizas o caseras elaboradas ingeniosamente con material de desecho, partes de tubo, resortes e hierros y con diferentes capacidades como las que logran disparar una bala una única vez hasta las que imitan a un arma de fuego convencional. o Munición / bala: Son los proyectiles que disparan las armas de fuego.20
5. Factores de riesgo para la violencia juvenil Entre los factores de riesgo responsables de la violencia juvenil se encuentran los siguientes:21 Individuales      
Historia de agresión temprana Creencias que apoyan la violencia Conductas antisociales tales como producir incendios y tratar a los animales con crueldad Uso de alcohol y otras drogas Participación en conductas criminales graves aún cuando no necesariamente sean violentas Baja autoestima
Diccionario Santillana. México. 1997
Thornton TN , Craft CA, Dahlberg LL, Lynch BS, Baer K. Best Practices of Youth Violence Prevention: A Sourcebook for Community Action. Atlanta : National Center for Injury Prevention and Control; 2000.
Familiares     
Escaso control o supervisión de los niños y jóvenes. Ambiente de violencia en la familia Uso de drogas o alcohol por parte del padre o madre. Lazos afectivos débiles con la familia Condiciones de pobreza
Amigos / Centro de educación   
Asociación a pares con conducta de alto riesgo o problemática Poco compromiso con la escuela o colegio Fracaso académico
Ambientales 
Acceso a algún tipo de arma, principalmente de fuego.
Vecindario / Comunidad  
Pobreza y limitadas oportunidades económicas Ambiente de violencia
Múltiples factores de discriminación, también se combinan en nuestros centros educativos que generan situaciones violentas entre pares, principalmente entre los estudiantes, pero también entre éstos y el cuerpo docente o entre el mismo grupo de profesionales. Entre ellos destacan los siguientes: 22      
Discriminación por lugar de procedencia Discriminación por aspecto físico Conflictividad en las vivencias sexuales Discriminación por preferencias deportivas Discriminación por rendimiento académico Discriminación hacia las personas con discapacidad Relaciones de poder por grupo etáreo y género
Bernal Acevedo, Fabiola. Fundación Pedagógica Nuestramérica (2006) / Porras Jiménez, Ingrid (DNI) III Simposio Universitario Violencia y Juventud. 14
6. Guía de intervención para atender la violencia con armas 1. Cada Centro Educativo debe conformar un Comité Interno que se denominará Comité para la atención y prevención de la violencia con armas (en lo sucesivo el Comité), de naturaleza propositiva y preventiva, y cuya función será atender el fenómeno de la violencia en cada centro educativo. El Comité, estará presidido por el director (a) del centro educativo y lo conformará además, un equipo interdisciplinario de atención psicosocial – según las posibilidades de cada centro de educación – y dos representantes del Gobierno Estudiantil. De conformidad al principio de coordinación y dada la naturaleza del tema, se deberá incluir en las reuniones de trabajo del Comité, al Jefe Policial de la zona o a quien éste delegue. 2.
El Comité, debe reunirse periódicamente y sus principales funciones son:
2.1 Proponer y ejecutar un plan anual de prevención y sensibilización de la violencia con armas para el centro educativo que incorpore la participación efectiva de la comunidad estudiantil y del personal docente y administrativo. Para tal efecto, el Ministerio de Educación Pública procurará el asesoramiento correspondiente. 2.2 Atender, mientras se hacen presentes las autoridades correspondientes, de manera ordenada y en estricto apego a las directrices internas emitidas por el Ministerio de Educación Pública, cualquier incidente de violencia con armas que se presente dentro del centro educativo o, en las inmediaciones más próximas al Centro siempre y cuando, esté involucrado algún miembro de la comunidad estudiantil. 2.3 Proponer procesos internos que permitan atender dentro de sus competencias, los incidentes con armas en donde estén involucrados estudiantes y/o docentes. 2.4 Desarrollar e implementar un Observatorio de la Violencia Escolar, con el fin de advertir a tiempo lo que está sucediendo dentro del centro de educación. Este observatorio puede constituirse como un grupo de trabajo multilineal; docentes y estudiantes, que se encarguen periódicamente de recopilar y analizar las incidencias habidas dentro de la institución por violencia estudiantil. 2.5 Llevar un libro de actas debidamente numerado en donde consten los acuerdos del Comité, el Plan de trabajo anual y un resumen del trabajo desarrollado por el Observatorio de la Violencia Escolar, principalmente el referido a la violencia con algún tipo de arma. 2.6 Comunicar a la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos del Estudiante del Ministerio de Educación Pública cualquier incidencia habida con armas dentro del centro educativo. 3. Cuando la Dirección del centro educativo reciba información relacionada con un incidente de violencia con armas dentro de las instalaciones o en sus proximidades (que involucre a un estudiante), lo deberá comunicar de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1, quien valorará en conjunto con la autoridad policial más cercana los pasos a seguir de conformidad al escenario y a las características que se estén 15
dando en el momento. Se entenderá que en ausencia del Director (a) del centro, se encuentra a cargo otro funcionario de jerarquía según el organigrama institucional. Según el Manual de Códigos Policiales del Sistema de Emergencias 9-1-1, el operador solicitará la siguiente información: 123456-
¿Qué sucede? ¿Dónde? (Escena del incidente, especifique) ¿Tipo de arma de fuego o blanca? Características de las personas participantes ¿Hay heridos, cuántos? especifique Información adicional
4. Adicionalmente a las reuniones de trabajo y de seguimiento que deben efectuarse de manera periódica, el Comité debe activarse cuando se desarrolle un incidente con armas dentro del centro educativo, constituyéndose en un órgano asesor del Director en la toma de decisiones. 5. Ante sospecha razonable y/o una vez confirmada la situación por la autoridad correspondiente, el Comité debe llamar a los padres y madres de familia, tutores o responsables del estudiante a quienes se les debe solicitar que se presenten con brevedad al centro educativo. Este proceso debe ser previamente organizado por cada Comité delegando responsabilidades. En caso de no ser posible la localización del responsable de la persona menor de edad o ante la imposibilidad de éste para presentarse al Centro, debe dejarse constancia mediante nota escrita en el expediente del estudiante. 6. El personal docente y administrativo, de conformidad con las directrices del Ministerio de Educación Pública, no debe efectuar revisión alguna tendiente a confirmar la existencia de armas dentro del centro u otro tipo de acción que pueda poner en riesgo la integridad de la comunidad estudiantil. Esta tarea es de responsabilidad única de la autoridad policial. 7. En el caso de que un arma sea entregada por algún miembro de la comunidad estudiantil al personal docente o administrativo, ésta debe mantenerse en custodia mientras se apersonan las autoridades policiales correspondientes. En caso de armas de fuego, se sugiere atender las recomendaciones básicas para su custodia incluidas en el apartado N.7 de esta guía. (Página 18) 8. La evacuación parcial o total del centro educativo en caso de un incidente con armas únicamente se llevará a cabo previa instrucción de la autoridad policial correspondiente. El Comité debe atender también las directrices institucionales para incluir dentro del Plan de Prevención de Riesgos Institucional, la evacuación ordenada y sistemática del Centro Educativo por violencia con armas. 9. A los educadores, padres y madres de familia se les debe informar que en caso de algún incidente con armas, la autoridad policial actuará conforme dicta la Ley y en los casos en que sea necesario, bajo la dirección funcional directa del Ministerio Público.
10. El personal docente y administrativo está en la obligación de cooperar dentro de la naturaleza de las funciones de cada colaborador, en los requerimientos que soliciten las autoridades competentes que atiendan la situación. 11. Cuando las circunstancias lo permitan, el Comité debe procurar la mayor discrecionalidad posible en la atención de los estudiantes involucrados en el incidente, guardando la privacidad de los hechos y la confidencialidad de la información. 12. El Director debe exigir a las autoridades policiales correspondientes copia de toda la documentación oficial que se tramite para la atención del incidente dentro del centro educativo. 13. Cuando el estudiante sea menor de edad, se debe notificar con brevedad todos los detalles del evento, mediante un informe escrito dirigido a la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos con copia al Departamento de Protección, ambos del Ministerio de Educación Pública y a la oficina local correspondiente del Patronato Nacional de la Infancia, de conformidad al Artículo 43 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 14. En todo el procedimiento se deben respetar los derechos y garantías fundamentales de las personas menores de edad. Para la atención del estudiante, especialmente si es menor de edad, se sugiere atender los consejos prácticos para su atención inmediata incluidos en el apartado N.8 de esta guía. (Página 19) 15. El Comité debe procurar la atención psicosocial de los estudiantes involucrados y afectados por la incidencia. Esta atención debe realizarse dentro del ámbito de competencias y responsabilidades propias a los miembros que lo formen. Esta atención debe incluir prácticas de sensibilización a la comunidad estudiantil sobre el fenómeno de la violencia con armas. 16. Los directores de los centros educativos que no cuenten con un equipo de atención psicosocial deben procurar la conformación de un equipo de apoyo básico constituido por profesores, personal colaborador y ellos inclusive y será su función, la de coordinar con otras instituciones la atención especial que requiera, en estas condiciones, un estudiante. 17. El Comité debe permanecer activo durante todo el año escolar y posterior a cada evento que requiera de la intervención policial, debe evaluar la presente guía de actuación para proponerle mejoras, las cuales deben ser comunicadas a la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos con copia al Departamento de Protección ambos, del Ministerio de Educación Pública.
7. Elementos básicos para la custodia de un arma de fuego Estos consejos se entenderán útiles en el contexto posible de que un arma de fuego pueda ser hallada dentro del centro educativo o que un miembro de la comunidad estudiantil la traslade a la custodia temporal del personal docente o administrativo. o Llame de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1 y facilíteles la información que requieran.
o No toque el arma, déjela en el lugar en que se encuentre.
o No permita que nadie más toque el arma, sobre todo si se desconoce su funcionamiento.
o Siempre suponga que el arma está cargada. páginas N. 12 y N. 13)
(Ver fotos ilustrativas de las
o Retire a los estudiantes del entorno inmediato.
o Mantenga el arma bajo la vista de un adulto mientras se apersonan las autoridades policiales.
8. Consejos prácticos para la atención inmediata de una persona menor de edad Para garantizar un buen manejo de la situación es importante atender y tratar al estudiante con respeto, inteligencia y calma. Para ello tome en cuenta las siguientes recomendaciones: o Nunca lo deje solo
o Debe ser abordado y atendido por el equipo interdisciplinario organizado por el Comité.
o Manténgalo en calma, mientras llega al centro educativo el padre de familia o encargado.
o Diríjasele de manera cortés y pausada, asegurándose que está comprendiendo la gravedad de la situación.
o No someta al estudiante a presión, ni le grite, ni amenace.
o Procure que se mantenga en un espacio adecuado para policial pueda actuar con discreción.
o Posterior al evento debe procurársele un seguimiento psicosocial dentro del marco de las competencias del centro educativo y de ser necesario, debe ser remitido a otros servicios especiales.
9. Directorio de trabajo
o Despacho del Ministro de Educación
2256-8132
o Dirección de Promoción y Protección de los Derechos. MEP
2256-7011
o Departamento de Protección de los Derechos. MEP
2256-7011 Ext. 287 2256-4152
o Fiscalía Penal Juvenil
2295-3000 / 2295-3959
27550362 Ext. 7362
2437 0345 Ext. 2108
2494 5865
2445 7181 Ext. 5022
2401 0340 Ext. 5140
2277 0335 Ext. 2265 / 2279
2550 0355 Ext. 6024
2556 0560 / 2556 4939
2630 0424 Ext. 5824
Aguirre y Parrita
2777 0173
o Patronato Nacional de la Infancia
2523-0800 / 2257 3051 2257-3212
Oficinas regionales del Patronato Nacional de la Infancia: Región de Alajuela
2758-0621 2758-1131 2758-7429
Región de Cartago
Región de Heredia Región Pacífico Central
2238-3010
2664-4179
2258-6793 2461-0656
Oficinas del Patronato Nacional de la Infancia Oficina Local
2433-3417
2433-5350
2282-6126
2282-4209
2221-9122
2256-6652
2221-1212
2222-8905
2773-4869
2783-5813
2283-6263
Heredia Sur
2282-9696
2282-7704
2258-2439
2257-2544
2258-4875
2222-4872
2766-6920
2443-0889
2222-6141 2777-2119
2219-1730 2775-2153
2283-9179
2225-5371
2280-6200 2494-1478
2261-2598 2265-1501
2450-0339 2685-4611
2685-6540
2661-4424 2416-7117
Lista Interna del Centro Educativo
Por un país sin miedo
Realización Marcelo Solano Ortiz para la Fundación Friedrich Ebert Oficina en Costa Rica – fesamericacentral con la colaboración del Ministerio de Justicia y Gracia (MJG), el Ministerio de Educación (MEP) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Guia prevencion de violencia
Prevencion sobre el uso de armas
marjorie07julio66

References: resolución 
 artículo 7
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 121
 Artículo 43