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Timestamp: 2018-02-23 18:08:53+00:00

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INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (2) | Gatopardo
El Tribunal de Cuentas especifica cuáles son las tropelías contra lo ajeno de los señores políticos y financieros; el Congreso de los Diputados da por bueno su dictamen; la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción no sabe/no contesta/no le consta.
Los ciudadanos, ya se sabe, preguntándonos qué parte de la lógica capetovetónica aplicar para comprender que, encima, haya políticos, que puedan cobrar 215.376 € anuales brutos (17.948 € mensuales, 598 € díarios ), con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por dedicarse al noble arte del chanchullo, la cuchufleta, el bodrio, la intriga, la cominería, la sinecura, la vagancia, el contubernio, las canonjías y la mamandurria.
España es el país más rico del mundo: siglos saqueando el erario público, y aún queda botín a repartir.**
Copio a continuación literalmente la segunda parte del INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, publicado por el Tribunal de Cuentas en (PDF) protegido, y escondido en su web, diseñada "como si" estos angelicos quisieran impedir el acceso a los informes, la copia y reproducción, de modo que nadie esté tentado de hacerlo llegar al común de los lectores, y mucho menos los insurrectos de bitácoras con licencia creative commons, partidarios de la libre circulación de la cultura, la información y los datos, que luego van y lo cascan.
Copia desde la pág. 63 hasta la pág. 71:
II.4.5.3. SOBRE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS PARA LA COBERTURA DE LA ASISTENCIA SANITARIA Y DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIAS COMUNES
1. Se ha podido constatar la existencia de una importante disparidad entre las tarifas aplicadas por los distintos proveedores de asistencia sanitaria o de servicios de control y seguimiento de la Incapacidad Temporal de Contingencias Comunes, por la prestación de sus servicios a las Mutuas.
En las tres Mutuas de la muestra principal analizadas: Mutuas números 10.- “UNIVERSAL MUGENAT”, 274.- “IBERMUTUAMUR” y 275.- “FRATERNIDAD MUPRESPA”, se ha verificado la existencia de tarifas sustancialmente diferentes por la prestación de los mismos servicios (llegando a ser del doble o triple), en función del centro o facultativo que los lleve a cabo o de la ubicación geográfica donde se preste la asistencia sanitaria o el correspondiente servicio.
Si bien estas diferencias pudieran explicarse por razones de mercado (oferta y demanda, calidad del servicio, rapidez en la atención, localización geográfica, etc.), el hecho de que los márgenes de actuación para la fijación de estas tarifas sean tan amplios, unido a factores como la ya señalada falta de transparencia y de concurrencia en los procedimientos internos de adjudicación de los contratos, o la adjudicación de éstos a favor de empresas asociadas o vinculadas directa o indirectamente a las Mutuas adjudicadoras, crea un entorno de actuación que posibilita la existencia de tarifas no ajustadas a precios de mercado, lo que resulta contrario al principio de economía que debe presidir la gestión de los fondos públicos
encomendada a las Mutuas.
Por otra parte, las razones expuestas (diferencia de calidad del servicio, de localización geográfica, etc.), no pueden esgrimirse para aquellos supuestos detectados en los que los mismos proveedores facturan por conceptos idénticos, tarifas distintas en función de la Mutua destinataria, como por ejemplo, la estancia en habitación individual en un mismo Centro sanitario que es facturada a la Mutua “FRATERNIDAD MUPRESPA” por un importe superior, en un 53%, al aplicado a la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT”.
Estas fuertes disparidades entre los precios facturados evidencian, cuando menos, la existencia de importantes márgenes comerciales por parte de las sociedades adjudicatarias, posibilitados por las debilidades en los procedimientos de adjudicación de los contratos que se han puesto de manifiesto a lo largo del presente Informe, que terminan repercutiendo en un encarecimiento innecesario de la gestión y que resultan contrarios al principio de economía que debe presidir la ejecución del gasto público (Epígrafe III.5.4.2).
Por tanto, parece conveniente que por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración se estudie la posibilidad de promover la formalización, al menos en aquellos supuestos en los que el volumen de concertación así lo aconsejara, de conciertos de asistencia sanitaria para todo el sector, a suscribir entre todas las Mutuas y los principales proveedores de asistencia sanitaria, lo que eliminaría, por un lado, la existencia de precios tan dispares para un mismo servicio, como los que se han puesto de manifiesto en el presente Informe –llegando incluso a duplicarse o triplicarse el precio abonado por idéntico servicio-; y, por otro, posibilitaría la existencia de precios más ventajosos para las Mutuas y, por tanto, para la Seguridad Social, en función del mayor volumen contratado. Carece de sentido que el patrimonio de la Seguridad Social, que en definitiva es el que financia estos gastos, soporte costes diferentes para un mismo tipo de servicio.
Por último, debe señalarse que, al menos, la Mutua número 275.- “FRATERNIDAD MUPRESPA” en los contratos firmados con terceros para la prestación de los servicios de control y seguimiento de la prestación económica de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes, utiliza un sistema de fijación de tarifas a tanto alzado. De este modo, se aplica un coste fijo individual por cada trabajador que esté en la plantilla de las empresas asociadas destinatarias del servicio. Por tanto, el pago no corresponde a actuaciones efectivamente realizadas sobre trabajadores concretos, sino sobre un colectivo potencial, independientemente del número de personas realmente atendidas, y del tipo de actuación ejercida sobre ellas. Este sistema no favorece el establecimiento, por parte de la Mutua, de un control adecuado del coste real de la prestación que está recibiendo de cada empresa, ni la calidad de las actuaciones realizadas. Si el recurso a la contratación con terceros de los servicios de control y seguimiento de la prestación económica de Incapacidad Temporal presenta, como ya se ha apuntado en el punto 2 de la Conclusión II.4.2, dudas sobre su legalidad, eficacia, o control, la modalidad de facturación a tanto alzado presenta ciertas características que acentúan la afirmación anterior –delegación absoluta de la competencia a la sociedad adjudicataria o inexistente acreditación de la veracidad de los servicios prestados, por ejemplo-.Por todo ello, parece conveniente que el Ministerio de Trabajo e Inmigración estudie la posibilidad de no autorizar la utilización de sistemas de fijación de tarifas a tanto alzado para la contratación con terceros, por las Mutuas, de los servicios de control y seguimiento de la situación de baja médica que da derecho a la percepción de la prestación económica de Incapacidad Temporal, por los trabajadores de las empresas asociadas (Epígrafe III.5.3.2).
2. Este Tribunal de Cuentas ha podido constatar la existencia de un tratamiento dispar por las Mutuas en la prestación de asistencia sanitaria derivada de contingencias profesionales en el extranjero, a los trabajadores desplazados por sus empresas asociadas. Mientras que determinadas Mutuas, como por ejemplo la número 274.- “IBERMUTUAMUR”, se limitan a aplicar el Reglamento (CE) número 883/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, para la prestación de la asistencia sanitaria en los países miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza, o los convenios bilaterales suscritos por España en materia de Seguridad Social con otros países, otras Mutuas ofertan la cobertura de la asistencia sanitaria en el extranjero, con independencia del país en que ésta tenga que prestarse, a través de seguros privados de asistencia de cobertura mundial. Así actúan, por ejemplo, las Mutuas números 151.- “ASEPEYO”, 183.- “MUTUA BALEAR” o 275.- “FRATERNIDAD MUPRESPA”.
Con carácter general, con independencia de la cobertura mundial de la asistencia sanitaria en el extranjero, este tipo de pólizas no hacen referencia alguna a que la cobertura se circunscriba a contingencias profesionales, por lo que la asistencia sanitaria incluye indebidamente los supuestos en los que la contingencia origen sea la enfermedad común o el accidente no
laboral; además, no se precisa la necesidad de que los asegurados sean trabajadores desplazados al extranjero por motivos laborales por parte de las empresas asociadas a la Mutua; y, por último, contemplan otras coberturas que nada tienen que ver con la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social.
Por otro lado, las pólizas de seguros analizadas suponen, en algunos casos, un trato discriminatorio bien a favor de determinadas empresas asociadas (el supuesto de “IBERIA” en la Mutua “FRATERNIDAD MUPRESPA”), o bien a favor de un determinado colectivo de trabajadores (el supuesto de “pilotos” de compañías aéreas en la “MUTUA BALEAR”). Discriminación que va en contra del principio de igualdad que preside la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social (artículo 2.1 de la Ley General de la Seguridad Social).
A mayor abundamiento, estas Mutuas han incumplido el artículo 12 del Reglamento sobre colaboración en la gestión, dado que dichos seguros no han contado con la autorización previa del órgano de dirección y tutela de las Mutuas a pesar de afectar a las prestaciones sanitarias y recuperadoras para las que resulta preceptiva la autorización ministerial.
En consecuencia, este Tribunal de Cuentas considera que los seguros privados de asistencia sanitaria de los trabajadores trasladados al extranjero, suscritos por estas Mutuas, exceden de la cobertura prevista tanto en el referido Reglamento (CE) número 883/2004, para la asistencia sanitaria a prestar en los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza, como de la establecida en los Convenios bilaterales suscritos por España con otros países en materia de Seguridad Social que sí contemplan la cobertura de la asistencia sanitaria.
Por ello, el Ministerio de Trabajo e Inmigración debe instar a las Mutuas números 151.- “ASEPEYO”, 183.- “MUTUA BALEAR” y 275.- “FRATERNIDAD MUPRESPA” a que procedan a la rescisión de los contratos de seguro privados de cobertura mundial de la asistencia sanitaria en el extranjero, con independencia de que, si las necesidades lo justifican, promueva una nueva y actualizada normativa que regule la asistencia sanitaria, tanto de contingencias comunes como profesionales, para los trabajadores desplazados al extranjero al servicio de empresas españolas (Epígrafe III.5.5.1).
Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario que los órganos de control del Ministerio de Trabajo e Inmigración procedan a la revisión de las pólizas de seguro de cobertura mundial de asistencia sanitaria, contratadas tanto por las Mutuas incluidas en la muestra seleccionada como por las restantes Mutuas, al objeto de comprobar su adecuación a la normativa aplicable.
3. Este Tribunal de Cuentas ha podido constatar que, al menos, las Mutuas números 10.- “UNIVERSAL MUGENAT” y 275.- “FRATERNIDAD MUPRESPA” prestan asistencia sanitaria a colectivos que no están incluidos en la acción protectora que dispensan en cuanto Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, posibilidad que puede ser autorizada, con carácter
excepcional, por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –actualmente Ministerio de Trabajo e Inmigración-, de acuerdo con las previsiones del artículo 12.6 del Reglamento sobre colaboración en la gestión.
Esta asistencia sanitaria se presta utilizando diferentes tarifas en función del destinatario al que se dirija, lo que puede suponer, al no quedar suficientemente objetivada la aplicación de la tarifa, un incumplimiento del principio de igualdad que debe presidir la ejecución de los gastos e ingresos públicos. Como ejemplo, se citan a continuación los casos observados:
- La Mutua número 10.- “UNIVERSAL MUGENAT” tiene aprobadas unas tarifas de ingresos aplicables en el caso de que la Mutua prestase con sus medios propios, atención sanitaria a colectivos ajenos a los trabajadores de sus empresas asociadas o a los trabajadores por cuenta propia adheridos. Resulta destacable el hecho de que existen varios grupos de tarifas que se diferencian en función del destinatario de la asistencia: Mutua General de Seguros, prestaciones sanitarias del seguro escolar, compañías de seguros, otras Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social y varios y particulares.
-Igualmente, la Mutua número 275.- “FRATERNIDAD MUPRESPA”, utiliza unas tarifas para facturar por los servicios sanitarios prestados en centros propios, que distinguen entre los distintos tipos de colectivos siguientes: privados, privados por conciertos (empresas asociadas, Mutuas, Compañías de Seguros y otros sujetos con los que se mantenga un acuerdo para la prestación de servicios y cuyo importe es inferior en un 25% a las tarifas de tipo privado), tarifas según Concierto suscrito entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, tarifas según Convenio para accidentes de tráfico, y tarifas para conciertos específicos con la autorización previa de la Subdirección General de Gestión de la propia Mutua. Además, la normativa interna de la Mutua dispone que cuando concurran circunstancias que lo justifiquen la Subdirección General de Gestión podrá efectuar bonificaciones en la tarifa aplicable.
Esta práctica podría estar encubriendo un trato de favor a determinados colectivos tales como trabajadores de empresas asociadas sin derecho a la cobertura de asistencia sanitaria –por tratarse de empresas colaboradoras, de las previstas en el artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social-, directivos de empresas asociadas, etc., lo que puede suponer un
incumplimiento del principio de igualdad y una vulneración de la prohibición de concesión de beneficios económicos de ninguna clase a favor de los empresarios asociados –artículo 5.2 del Reglamento sobre colaboración en la gestión-.
En este sentido, el “Informe de Fiscalización de la contratación suscrita por el Sector Público Estatal durante los ejercicios 1999, 2000 y 2001”, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 25 de marzo de 2004, indicaba que continuaban celebrándose de forma irregular por las Mutuas conciertos para la prestación de sus servicios sanitarios y recuperadores a entidades privadas, a pesar de su carácter excepcional previsto en el artículo 12.6 del Reglamento sobre colaboración en la gestión y de la prohibición de que la actuación de las Mutuas pueda dar lugar a operaciones de lucro mercantil, prevista en el artículo 5.1 de dicho Reglamento.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración debería proceder a verificar las tarifas actuales utilizadas por las Mutuas para la prestación de asistencia sanitaria a colectivos que no están incluidos en la acción protectora que dispensan en cuanto Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, para evitar su utilización discriminatoria entre diversos colectivos.
Asimismo, el Ministerio debe velar por la utilización restrictiva de la posibilidad señalada anteriormente de celebrar conciertos para la utilización de sus instalaciones sanitarias o recuperadoras con entidades privadas, y, en el marco de la autorización administrativa que ha de conceder a las Mutuas “para la utilización de sus medios sanitarios y recuperadores” establecida en el artículo 12.6 del Reglamento sobre colaboración en la gestión, proceder a la aprobación de las tarifas correspondientes –y su actualización anual-, para garantizar que, con los medios de la Seguridad Social, no se realice ningún tipo de trato discriminatorio a empresa o colectivo algunos (Epígrafe III.5.5.2).
4. Las Mutuas dispensan con medios ajenos un elevado porcentaje de la asistencia sanitaria que prestan: más de 472 millones de euros en el ejercicio 2006 y más del 31% de todo el gasto de asistencia sanitaria, tanto de atención primaria como especializada, que gestionan. Y dentro de la asistencia sanitaria derivada de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, prestada con medios ajenos, la mayoría se ejecuta con entidades privadas. Así en el ejercicio 2006, en atención primaria, la concertación con entidades privadas supuso más del 85% del total del gasto realizado por las Mutuas con medios ajenos, y en el supuesto de la atención especializada este índice representó más del 56%.
Sin embargo, este Tribunal de Cuentas ha podido constatar la existencia de recursos propios ociosos en el sector. Así, para las cinco mayores Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social que cuentan con centros sanitarios propios, el índice de ocupación de los mismos en el ejercicio 2006, de acuerdo con la información facilitada al respecto por sus Cuentas Anuales, ha oscilado entre el 67% alcanzado por la Mutua número 275.- “FRATERNIDAD MUPRESPA” y el 44% que sólo ha podido obtener la Mutua 274.- “IBERMUTUAMUR”. Con estos elevados porcentajes de recurso a la concertación de la asistencia sanitaria con entidades privadas ajenas y con estos reducidos niveles de ocupación de los medios propios, resulta especialmente llamativo el escaso recurso a la concertación con otras Mutuas -el 0,70% en atención especializada- provocado por un mal entendido principio de competencia entre ellas. Este sistema es claramente contrario a los principios de economía y eficiencia que deben presidir la gestión económico financiera del Sector Público, según el artículo 31.2 de la Constitución Española.
A este respecto, este Tribunal de Cuentas en su “Informe de Fiscalización de inmuebles en uso por las Mutuas de Accidentes de Trabajo Y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”, aprobado por el Pleno en su sesión de fecha 17 de diciembre de 1998, ya puso de manifiesto la posibilidad de que se estuviera produciendo esta situación: “En los centros de asistencia hospitalaria visitados en esta fiscalización se ha confirmado que el índice de ocupación de las camas es muy bajo, incluso teniendo en cuenta que en la ocupación se incluye la asistencia prestada indebidamente”.
Asimismo, el “Informe de Fiscalización de los Centros Mancomunados de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Ejercicio 1996”, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de junio de 2000, puso de manifiesto el mismo hecho para este tipo de centros: “En los Centros Mancomunados de Mutuas se ha producido una excesiva dotación de medios en relación con la demanda existente”.
En este sentido resulta especialmente destacable, como positiva a juicio de este Tribunal de Cuentas, la modificación promovida por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, operada por el Real Decreto 1765/2007, de 28 de diciembre, por la que se añade un apartado 2 a su artículo 14, redactado del siguiente tenor literal: “con la finalidad de obtener la mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos gestionados, las mutuas podrán establecer entre sí los mecanismos de colaboración y de cooperación que sean necesarios. En tales casos, la modalidad de colaboración adoptada podrá revestir forma mancomunada, en los términos previstos en el artículo 12.2 de este Reglamento, y la puesta en común podrá incluir cuantos instrumentos, medios y servicios sean necesarios en orden a la mayor eficacia de los fines señalados".
El Ministerio de Trabajo e Inmigración debe potenciar la colaboración y cooperación entre las Mutuas para obtener el mayor grado de aprovechamiento de los recursos sanitarios disponibles (Epígrafe III.5.5.3).
II.4.5.4. SOBRE LA CONTRATACIÓN LABORAL
1. El régimen de contratación del personal al servicio de las Mutuas, así como su régimen retributivo, no están sujetos a las normas administrativas reguladoras de esta materia en el Sector Público (Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública y sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, básicamente).
Sin embargo, el carácter de fondos públicos del total de los ingresos de las Mutuas haría aconsejable que el régimen de contratación, en general, del personal destinado a prestar sus servicios en el sector, estuviera sujeto a los principios generales que inspiran el régimen de contratación de los empleados públicos, es decir, a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como al principio general de publicidad.
Este Tribunal de Cuentas ha podido constatar que, en el período objeto de fiscalización, estos principios generales no han sido garantizados en los procesos de contratación de personal desarrollados por las Mutuas (Apartado III.7). El régimen retributivo general del personal al servicio de las Mutuas tampoco se encuentra sujeto a los principios generales que inspiran las retribuciones de los empleados públicos, su determinación y límites cuantitativos (Subapartado III.7.1).
2. En particular, por lo que respecta a las retribuciones del personal sujeto a contratos de alta dirección y del resto del personal que ocupa cargos de responsabilidad, hay que destacar los siguientes aspectos:
En el ejercicio 2006, teniendo en cuenta sólo los datos obtenidos en las ocho Mutuas incluidas en la muestra, se deduce que un total de 237 personas habrían percibido, con cargo a los fondos públicos que gestionan las Mutuas, unas retribuciones íntegras superiores a las abonadas, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, a los altos cargos del Gobierno y de la Administración General del Estado durante dicho ejercicio. En el ejercicio anterior esta cifra se elevó, para las ocho Mutuas analizadas a 220 personas
Este Tribunal de Cuentas ha detectado en las Mutuas analizadas que las retribuciones medias del conjunto de personas que han superado las percibidas por los altos cargos del Gobierno y de la Administración General del Estado, pasaron de 108 mil euros en el año 2005 a 111 mil euros en 2006, cifras muy superiores a las fijadas, en general, por las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado para ambos ejercicios a los altos cargos del Gobierno y de la Administración General del Estado.
Existe una gran disparidad entre las Mutuas analizadas, en cuanto a la retribución máxima percibida por su personal directivo. Hay que destacar la existencia de tres Directores Gerentes que, en el año 2006 y sólo en las ocho Mutuas analizadas, han percibido retribuciones por encima de los 290 mil euros, y que la retribución media de los Directores Gerentes, en estas ocho Mutuas, se ha situado en dicho ejercicio en 225 mil euros.
Por último, es preciso señalar que en los contratos de alta dirección suscritos por las Mutuas con su personal directivo aparecen cláusulas abusivas o contrarias al ordenamiento jurídico, tales como la fijación de retribuciones variables desproporcionadas, la previsión de indemnizaciones por despido superiores a las previstas en el Estatuto de los Trabajadores, o la no exigencia de dedicación exclusiva que sí resulta obligatoria para los altos cargos de la Administración.
La existencia de retribuciones satisfechas con cargo a fondos públicos tan elevadas, así como de incrementos anuales por encima de los fijados para el conjunto de los empleados públicos, son contrarias al principio de economía que, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Constitución Española, debe presidir la programación y ejecución del gasto público (Subapartados III.7.1 y III.7.2).
3. Se ha podido constatar que la Mutua número 10.- “UNIVERSAL MUGENAT” ha satisfecho, con cargo a su patrimonio histórico, un importe de 602.312 euros en el ejercicio 2006 y 462.931 euros en el año 2005, en concepto de retribuciones, a siete y seis empleados de la Mutua, respectivamente, para cada uno de los ejercicios señalados, como complemento de las percibidas por éstos con cargo al patrimonio de la Seguridad Social. Esta forma de proceder, si bien no ha causado un perjuicio directo al patrimonio de la Seguridad Social, ha supuesto un pago improcedente, además de una ocultación al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de las retribuciones íntegras de este personal ya que, en el proceso de elaboración de los respectivos Presupuestos de Gastos de la Mutua, informó a éste, exclusivamente, de las retribuciones a percibir con cargo al patrimonio de la Seguridad Social (Epígrafe III.7.2.3).
No puede olvidarse, en este sentido, que el patrimonio histórico de las Mutuas “se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad”, de acuerdo con las previsiones del artículo 68.4 de la Ley General de la Seguridad Social, y que, por tanto, no pueden reconocerse obligaciones ni materializarse pagos con cargo a este patrimonio, que, aplicados al patrimonio de la Seguridad Social, hubieran constituido una infracción del ordenamiento jurídico.
4. La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 10.- “UNIVERSAL MUGENAT”, ha satisfecho, en concepto de dietas por participación en la Junta Directiva de la Entidad, los importes de 516.533 euros y 595.832 euros, en los ejercicios 2005 y 2006, respectivamente.
De estos importes, 162.461 euros y 171.768 euros, respectivamente, se pueden calificar como improcedentes, por corresponder a dietas por participación en la Comisión Delegada de la Junta Directiva, comisión integrada prácticamente en su totalidad por personal directivo de la Mutua que no forma parte de la Junta Directiva. No obstante, al haber sido satisfechos con cargo al patrimonio privativo de la Mutua, no habrían causado un perjuicio económico directo al patrimonio de la Seguridad Social, si bien podrían haber vulnerado el principio de afectación exclusiva del patrimonio histórico de las Mutuas al cumplimiento de sus fines sociales.
Los importes abonados por la Mutua a los miembros de la Junta Directiva han de considerarse excesivos –entre 3.192 euros y 1.769 euros por cada asistencia, sin perjuicio del reintegro de gastos de desplazamiento y alojamiento en los que pudiera incurrir cada uno de sus miembros-, en relación con los que, de acuerdo con la información facilitada al efecto por el resto de
Mutuas incluidas en la muestra analizada por este Tribunal de Cuentas, se están abonando en el conjunto del sector. Por otra parte, la Mutua “UNIVERSAL MUGENAT” ha satisfecho indebidamente, con cargo al patrimonio de la Seguridad Social, dietas a miembros integrantes de la Junta Directiva, a pesar de no haber asistido a alguna o, incluso, a ninguna de las reuniones mantenidas por este órgano colegiado, por un importe total de 136.750 euros en el conjunto de los años 2005 y 2006.
La Mutua ha utilizado, en los dos ejercicios de análisis, la práctica de abonar indebidamente, con cargo al patrimonio de la Seguridad Social, a todos los integrantes de la Junta Directiva la dieta por su asistencia a la Junta General de la Mutua, participación no retribuible de acuerdo con el Reglamento sobre colaboración en la gestión, por un importe total de 62.769 euros en el conjunto de los dos años analizados, 2005 y 2006.
La suma de ambos importes, 199.519 euros, se ha incluido en la Conclusión II.4.5.11 y en el Anexo I del presente Informe, relativa a aquellos presuntos pagos indebidos que podrían haber originado un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social.
Por su parte, la Mutua “FRATERNIDAD MUPRESPA”, ha abonado dietas de asistencia a dos tipos de órganos de carácter consultivo, no contemplados en el Reglamento sobre colaboración en la gestión, la comisión asesora nacional y las comisiones asesoras regionales, por un importe total de 113.158 euros. Esta cantidad figura incluida en la Conclusión II.4.5.11 y en el Anexo II del presente Informe, relativa a aquellos pagos indebidos que podrían haber originado un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social (Subapartado III.7.7).
5. Durante el período fiscalizado han existido diferencias muy significativas entre los importes abonados en concepto de aportaciones a planes y fondos complementarios de pensiones, por cada una de las Mutuas de la muestra analizada por este Tribunal de Cuentas. Estos planes de pensiones se formalizaron para dar cumplimiento, básicamente, a lo previsto en el Convenio Colectivo general de ámbito estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo, en lo que respecta a la previsión social a favor de los trabajadores incluidos en su ámbito personal de aplicación.
Como ejemplo más significativo de los analizados, hay que citar el Plan de Pensiones de la Mutua número 10.- “UNIVERSAL MUGENAT”. Este Plan fue promovido con fecha de 1 de enero de 1994. Con posterioridad, el 18 de noviembre de 1999, se acordó entre la empresa, representantes del personal y de las organizaciones sindicales, modificar el régimen de aportaciones y prestaciones del Plan de Pensiones, suscribiendo un plan de reequilibrio financiero que contemplaba un pago por un importe total de 12.176.345 de euros, amortizables en 10 años. Consecuencia de la aportación anual, propiamente dicha, y de la amortización correspondiente del plan de reequilibrio financiero, el importe conjunto satisfecho por la Mutua al Plan de Pensiones durante el ejercicio 2005 ascendió a 2.901.457 euros y a 3.090.039 euros en el año 2006.
Del importe total abonado por la Mutua al Plan de Pensiones en el año 2005, hay que destacar que a favor de cuatro directivos de la Mutua, exclusivamente, se realizaron unas aportaciones de 57.000 euros por contribuciones del propio año y un total de 301.777 euros por aportaciones derivadas del plan de reequilibrio financiero. En total, 22 aportaciones superaron los 10.000 euros en el año 2005 y todas ellas se efectuaron a favor de las personas relacionadas con el grupo de sociedades vinculadas a la Mutua, es decir, tanto a favor de los directivos de la Mutua, como a favor de ex trabajadores de la Mutua que, durante el periodo fiscalizado, ocuparon cargos de responsabilidad en las sociedades vinculadas que se detallan en el epígrafe III.4.2.3 del presente Informe.
Para dar una idea de la dimensión económica de las aportaciones señaladas, baste decir que la capitalización individual o el valor actual del plan, a 31 de diciembre de 2005, que alcanzaban las contribuciones realizadas a favor de los cuatro directivos de la Mutua -por los que se realizaron en 2005 las mayores aportaciones, por un total conjunto de más de 358 miles de euros-, oscilaba entre los 736.115 euros, el mayor, y los 514.291 euros, el menor.
Similar relevancia cuantitativa alcanza la aportación que realiza la Mutua número 183.- “MUTUA BALEAR” a favor del plan de pensiones de uno de sus trabajadores con contrato de alta dirección, en el que, entre otros extremos, se pactó un complemento de jubilación a favor de éste, por el que se le garantizaba “hasta su fallecimiento el salario íntegro que tuviera asignado, en cómputo anual, en el año inmediatamente anterior” al que se produjera su jubilación, una vez descontado el importe que le correspondiera por parte de la Seguridad Social.
A pesar de que, con fecha 30 de diciembre de 2004 y a instancias del propio interesado, el complemento de jubilación se redujo a “una renta equivalente al sesenta y cinco por ciento de la retribución”, igualmente una vez descontada la pensión de la Seguridad Social, la capitalización individual o el valor actual del plan a fecha de 31 de diciembre de 2004 ascendía a 745.496 euros y a 917.196 euros en la fecha de jubilación del beneficiario.
En el mismo sentido señalado para las retribuciones del personal directivo, las elevadas aportaciones anuales a Planes de Pensiones con cargo a fondos públicos, así como las desproporcionadas capitalizaciones individuales alcanzadas por éstos, son contrarias al principio constitucional de economía que debe presidir la programación y ejecución del gasto público (Epígrafe III.7.3.1).
Artículo anteríor:
* INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (1)
RAFAEL J.ÁLVAREZ/Madrid . El Mundo, lunes, 6 de julio 2009.
Hacienda sanciona a ocho presidentes de colegios sanitarios por dietas indebidas. Son consejeros de la aseguradora Ama, a la que Economía reclama 2,5 millones
Hacienda: cobraron por reuniones que no existieron del consejo de administración
Ama: se pagan dietas por ir a todo tipo de reuniones, no sólo a las del consejo
Los presidentes de ocho colegios médicos, farmacéuticos y veterinarios, cuatro ex presidentes y otras seis personas han sido sancionados por el Ministerio de Economía con 360.000 euros y obligados a devolver 2,5 millones por el presunto cobro indebido de dietas.
Son los miembros del consejo de administración de la Agrupación Mutual Aseguradora (Ama), que con 270.542 mutualistas es una de las dos grandes aseguradoras españolas para profesionales sanitarios. La entidad lleva un año en conflicto con la Dirección General de Seguros (DGS) por una inspección que reveló irregularidades en la retribución a los consejeros.
Tanto la inspección de la DGS como la sanción que impuso Economía van a ser recurridas por Ama, cuya asamblea general aprobó el 30 de junio que no devuelva euro alguno, «sin perjuicio de los efectos que se derivarán de la decisión que sobre el asunto adopten los tribunales de Justicia».
Pero mientras los jueces deciden, en los documentos de Hacienda se indica que durante cuatro años la cúpula de Ama cobró dietas por ir a reuniones a las que no se presentó o que no existieron.
El «exceso de cobro» -como lo califica la inspección en abril de 2008- fue de 456.498 euros en 2004; 677.436 en 2005; 704.248 en 2006, y 683.031 en 2007. Un total de 2.521.214 euros que Economía pide que los consejeros devuelvan.
En el escrito, de 82 páginas, la inspección desmenuza cuánto dinero cobró de más cada consejero. Las cantidades más importantes corresponden al presidente de Ama, Diego Murillo; al actual secretario, Manuel Sánchez García, y al ex secretario, Manuel Campos.
Economía achaca a Murillo haber cobrado de más 86.000 euros en 2004; 113.000 en 2005; 109.000 en 2006, y 111.000 en 2007.
Sostiene, por ejemplo, que en 2004 existen actas de 14 reuniones pero que Murillo cobró por 193. O que en 2007 hubo 10 citas y el presidente fue retribuido por 62.
A Sánchez García -actual secretario de Ama, que fue presidente del Colegio de Médicos de Salamanca- la inspección le marca un exceso de cobro de unos 340.000 euros en cuatro años. A Campos, ex secretario de esta mutua, le reclama 270.000 euros.
El Ministerio ha multado a estos tres responsables de Ama con 225.000 euros y les ha sancionado con 80 meses de inhabilitación.
De los 15 restantes miembros del consejo de administración de Ama, ocho ocupan altos cargos en distintos colegios profesionales sanitarios y tres son ex presidentes. La inspección asegura que cada uno (excepto tres, que no aparecen en las actas de todos los años) cobró una media de 26.000 euros de más en 2004, 37.000 en 2005, 33.000 en 2006 y 30.000 en 2007. En total, cerca de 126.000 euros en dietas. La multa para estos 11 es de 135.000 euros.
Son Juan Sánchez-Harguindey, presidente del Colegio de Odontólogos de La Coruña; Vicente Alapont, presidente del Colegio de Médicos de Valencia; Ricardo Miranda, presidente del Colegio de Médicos de Cádiz hasta hace siete días; Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos; Francisco Javier Herrera, vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla; Carlos González-Villardell (es citado en 2006y 2007), presidente del Colegio de Médicos de Sevilla; Eduald Bonet i Bonet (en 2007), presidente del Colegio de Médicos de Gerona, y Alberto García Romero (en 2007), presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Economía también cita a Javier Domínguez Vallejo, ex presidente del Colegio de Médicos de Burgos; Enrique López, ex presidente del Colegio de Médicos de Málaga, y Celso Mostacero, ex presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza (este último, en 2006 y 2007).
En el informe, de abril de 2008, la Dirección General de Seguros concluye: «Se han considerado asistencias al consejo situaciones o hechos relacionados con los miembros del consejo de administración que nada tienen que ver con el objeto de la remuneración vía dieta aprobado por la asamblea de Ama antes y después de junio de 2007».
En una carta enviada a la DGS, la dirección de esta aseguradora explicó que el «concepto de asistencias» abarca no sólo acudir «al consejo de administración, sino a cualesquiera otra reunión o acto que requiera su presencia en el entorno del normal funcionamiento de la entidad». Y, como aprobaron en la asamblea del martes, «los consejeros no van a efectuar en ningún caso la pretendida devolución porque ello supondría el reconocimiento unilateral de una previa apropiación indebida».
Dibujo de portada de Gwinet Hudson
11/08/2009 06:45. Editado por Gatopardo enlace permanente. INFORMES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE ESPAÑA
Este informe es viejo ya señor mio. Ud lo encontró, no estaba pues tan "escondido" o lo copio de alguien mas listo? Contesteme, estoy aburrido, de vaciones ya sabe.
Fecha: 11/08/2009 16:17.
Autor: Gatopardo a Diego
He puesto, señor mío, el enlace directo de donde ha sido copiado, cosa que quizás no ha visto al tener los ojos cansados de no leer. Puede comprobar usted que está "protegido" para que no pueda ser copiado y reproducido.
Y como es usted tan inteligente, pruebe a encontrar la fecha del año 2009 de su publicación en la web del tribunal de cuentas, y la de su presentación en el Congreso de Diputados para su aprobación.
Y que conste que lo comprendo: la familia es una de las cosas más grandes, la otra es soportarla.
Fecha: 11/08/2009 16:41.

References: artículo 12
 artículo 12
 artículo 77
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 12
e contrario
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 31
 artículo 68