Source: https://it.scribd.com/document/94986573/La-Constitucion-de-1991-y-la-emboscada-neoliberal
Timestamp: 2020-01-23 07:17:55+00:00

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La Constitución de 1991 y la emboscada neoliberal | Constitución | Estado (política)
En el presente artículo, el autor aborda la Constitución de 1991 desde una visión anti-neoliberal y destaca lo que a su juicio ha sido desarrollado para causar males a la sociedad colombiana. La presentación nos dice sobre que va a tratar todo el escrito: "escarba su raigambre neoliberal, que –entre otros aspectos– le abrió camino a las privatizaciones y su secuela desnacionalizadora, a la conversión de los derechos ciudadanos en negocio para enriquecer a unos cuantos oligopolios y a la precarización del trabajo."
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La Constitución Económica Es El Conjunto de Reglas de Juego Claras en Mate
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Juan Ahumada Farietta
Abogado, asesor sindical, miembro de Cedetrabajo, seccional Manizales.
La Constitución de 1991 ha sido objeto de alabanzas por parte de la mayoría de analistas. No obstante, algunos han encontrado diversos motivos para criticarla. Entre ellos Juan Ahumada, quien escarba su raigambre neoliberal, que –entre otros aspectos– le abrió camino a las privatizaciones y su secuela desnacionalizadora, a la conversión de los derechos ciudadanos en negocio para enriquecer a unos cuantos oligopolios y a la precarización del trabajo. Deslinde
“En Colombia jamás ha existido el Estado de Derecho. Mucho menos el Estado Social de Derecho”. Carlos Gaviria Díaz (1)
L a Constitución de 1991 fue promo- vida como un gran pacto social de paz, pluralista y democrático-par-
ticipativo, que pondría fin a la corrupción secular y a la violencia rediviva en los años 80; que modernizaría la economía; que incluiría a las regiones olvidadas
y a las minorías discriminadas en las
decisiones políticas y en los beneficios
del Estado, y haría inexpugnables los derechos humanos. Se soñaba con que
el Estado de Derecho por fin arribaría, a
contrapelo de la tradición presidencialista. Al concepto tradicional se le enriqueció
con el agregado de la Constitución de Weimar (2), para quedar finalmente como Estado Social de Derecho. A dos décadas de promulgada, el balance muestra un intenso rojo en la columna de promesas, lo cual ya debe generar dudas entre quienes la califican de enorme progreso. La realidad muestra que la corrupción se ha introducido en los mismos textos legales, como quedó en evidencia con las normas de Agro Ingreso Seguro (AIS), la salud e innumerables casos más. La economía nacional, lejos de modernizarse, en parte ha sido arruinada por la apertura económica y en parte ha pasado a manos del capital extranjero, y lo poco que aún sobrevive será aplastado con los TLC y la reducción unilateral de aranceles por parte del gobierno Santos, con sus secuelas de desempleo, miseria y
Se bendijeron los tres arietes principales de la política neoliberal:
las privatizaciones, la apertura económica y la flexibilización laboral.
descomposición social. Las regiones y las minorías descubrieron que la descentrali- zación se aplicó a las responsabilidades, pero no a los recursos. Los resaltados derechos humanos cuanto más se invocan más se violan, y la sarracina continúa. La concentración del poder en el ejecutivo fue tanta que César Gaviria, a propósito de las dos décadas de promul- gación de la Constitución de 1991, calificó de excesivas las atribuciones otorgadas, señalando como prueba los usos y abusos de Uribe Vélez (3). Los debates del Con- greso fueron sustituidos por los desayunos en el Palacio de Nariño, cuyo inquilino maneja los auxilios que otrora manipu- laban los congresistas, concentrando en él el clientelismo. El Estado Social quedó caricaturizado con los índices crecientes de concentración de la riqueza, de la miseria, de la pobreza, del desempleo y de la desnutrición. En conjunto, bajo las luces de la Consti- tución de 1991, se aplicó el ideario neolibe- ral dictado por las agencias internacionales de crédito y los Estados Unidos, con sus lesivas políticas de apertura de nuestra economía a los capitales y mercancías extranjeras, de venta a menosprecio del patrimonio estatal y de conversión en vulgares negocios de los otrora servicios sociales a cargo del Estado, mediante las mil y una formas de privatización y de envilecimiento de la mano de obra. Algunos insisten en que la Carta de
1991 fue desfigurada por las sucesivas reformas. Sin negar que todas y cada una de las reformas han empeorado el marco constitucional, en especial la que aprobó la reelección, se cuestiona la Ley de Leyes misma, al haber sido declaradas exequibles las hoy impopulares leyes la- borales, de seguridad social, de servicios públicos domiciliarios, tributarias y demás de clara raigambre neoliberal, incluidas muchas normas anteriores, como la Ley 50 de 1990 y las de descentralización, que vienen desde los 80 acompañadas por el predominio de los regresivos impuestos indirectos. Conviene recordar que la Asamblea Constituyente tomó como eje de discusión
y reprodujo en su mayor parte el texto
propuesto por César Gaviria Trujillo (4). El proyecto presidencial se reprodujo casi en su integridad, y sólo le añadieron –como remiendo y anzuelo– las justas peticiones aisladas de algunos sectores sociales, como las que consagraron tardíamente algunos derechos de las negritudes y de los indí- genas. En la redacción final se bendijeron los tres arietes principales de la política neoliberal: las privatizaciones, la apertura económica y la flexibilización laboral, y por supuesto, no fueron estos los únicos asuntos que quedaron reglados conforme
a los mandatos del capitalismo salvaje.
La consagración de las privatizaciones
Se usa el término privatizar en el sentido genérico, pues los gobernantes niegan lo que están haciendo, en la misma medida en que van revelando sus lesivos efectos sociales. Pero la entrega al capital privado –como negocio– de un servicio, una acti- vidad o una empresa estatal, ha tomado muchas formas, aparte de la venta franca de una empresa rentable. Son múltiples los casos en que se liquida una empresa
monopólica estatal, entregándole el mer- cado a los privados; o se “democratiza” la empresa convirtiéndola en sociedad anónima; o se entrega la administración
a accionistas privados minoritarios; o
se le da forma de negocio a lo que no lo era, pagando la administración privada;
o se “tercerizan” las actividades propias
de un ente estatal, como la interventoría
y la auditoría; o se marchita la empresa
para sacarla del mercado. Desde luego, se combinan todas las posibilidades. La privatización es la forma en que se abrieron puertas al capital financie- ro internacional, dándole refugio a sus inversiones especulativas, ante la caída general de las tasas de ganancia en el mundo por el reconocido exceso de ca- pacidad instalada, en la década de los 90 (5). Por esta vía los linces financieros no sólo lograron tasas de ganancias más altas, sino que se apropiaron a menosprecio del ahorro y trabajo de varias generaciones
Privatización del patrimonio
Precedida por una campaña mediática, que implantó la idea de que todo lo es- tatal es corrupto e ineficiente, en el texto constitucional se decretó que el Estado colombiano no puede poseer monopolios (6) y que la libre competencia es un dere- cho constitucional (7). Esto condujo a la entrega de parte del mercado e inclusive de la infraestructura, de la telefonía, la energía eléctrica y de los oleoductos a los competidores privados, por regla extranjeros (8). A lo anterior se sumó el artículo 365 (9), en el que el Estado se reservó la re- gulación, el control y la vigilancia de los servicios públicos domiciliarios, pero que abrió el portillo a entregar el fruto del ahorro y del trabajo de varias generaciones
de colombianos, al introducir que éstos podrán ser prestados por particulares. Se advierte que tales actividades –por su naturaleza– desde el principio constitu- yen monopolios, sólo que ahora bajo el control privado. La propiedad privada supone la bús- queda de ganancia y el monopolio viene acompañado por la fijación arbitraria de precios y otros abusos, a lo cual nuestros neoliberales le agregaron, en el caso de los servicios públicos, la determinación de las tarifas por ley, con la garantía de exorbitantes ganancias mínimas. En la reciente experiencia del referendo que buscaba la consagración del mínimo vital de agua como derecho fundamental, los promotores descubrieron que cualquier propuesta al respecto, para ser eficiente, debe ser acompañada e incluso precedida por la derogatoria de los artículos 333, 365 y 336. La política privatizadora se apuntaló concentrando en el Presidente la facultad de suprimir, fusionar y modificar estruc- turas de las entidades estatales (10). Esto se coronó con el mandato del artículo 60, en el cual se impuso, bajo el eufemismo de “democratizar la propiedad” (11), la conversión de las propiedades del Estado en empresas por acciones, la forma de pro- piedad preferida por el capital financiero internacional, para manipular el ahorro social. Esa fue la apertura principal.
Bajo las luces de la Constitución de 1991, se aplicó el ideario neoliberal dictado por las agencias internacionales de crédito y los Estados Unidos.
DESLINDE No. 49
Se impuso, bajo el eufemismo de “democratizar la propiedad”, la conversión de las propiedades del Estado en empresas por acciones, la forma de propiedad preferida por el capital financiero internacional.
La privatización abarcó hasta el control fiscal, para cuya detección basta, mediante el comando de búsqueda, rastrear en el texto constitucional el estribillo “podrá contratar con particulares control, méto- dos y funciones”, el cual se halla varias veces en el articulado que regla los entes de control, entes territoriales y entidades descentralizadas.
La conversión de los servicios sociales en negocios
Nuestra Constitución se distingue por la generosa enumeración de derechos fundamentales, lo cual definieron sus promotores en algo así como el “Final de la historia” en la evolución del Derecho, a partir de cuya consagración sólo se re- querirían ajustes puntuales o la remoción del funcionario incapaz. La lectura atenta desnuda la demagogia de la formulación por parte de quienes manejaban el conjunto del proyecto, no –obviamente– de las personalidades y los representantes de sectores sociales expoliados y maltratados históricamente, que se concentraron sólo en su petición especial. Los dueños de la emboscada
aplicaron al dedillo aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”. El crecimiento de la cobertura del derecho a la seguridad social quedó con- dicionado a la participación de los parti- culares (12). El derecho a la salud quedó limitado primero por la descentralización, con la obvia limitación de recursos, y a la participación de los particulares (13). En
la educación la gratuidad quedó sólo para
quien no pueda pagar, pero más adelante se instituye que para quienes no puedan pagar habrá créditos, es decir, se paga o se paga (14). Entre los artículos curiosos está el 50 (15), donde, para lograr el aplauso
del público, se otorga salud gratuita a todo niño menor de un año, pero cuya lectura, al revés, dice que los mayores de un año tendrán que pagar. Bajo esta inspiración, ¿a quién puede extrañar que la leyes laborales, de salud, de reforma universitaria, de servicios públicos y otras de la misma laya, que transforman en negocios los servicios sociales, hayan sido declaradas acordes con los mandatos constitucionales? (16)
La apertura financiera y de mercados
En el Capítulo 8 del Título VI, que regula las relaciones internacionales, se ordena la integración y tal estribillo se
repite decenas de veces (17). El contenido de la palabreja “integración” depende del contexto, y a estas alturas ya nuestros gobernantes habían firmado el “Consenso de Santafé” en el que la directriz de los imperios y sus agencias internacionales de crédito –abrir los mercados de bienes
y finanzas– estaba trazada. Esto fue por
los tiempos en que Bush padre empezó la estrategia norteamericana de crear un solo mercado desde Alaska hasta la Patagonia.
La estrategia globalizadora se reforzó
cuando a la tradicional función del Con- greso de aprobar los tratados internacio- nales, se adicionó la posibilidad de que en éstos el Estado pudiera transferir sus atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o conso- lidar la integración económica con otros Estados. Es bajo esta norma, por ejemplo, que nos sometemos a las decisiones de la OMC y que aceptamos la creación en los TLC de tribunales privados donde las transnacionales pueden demandar a Colombia si no se les garantiza la “segu- ridad inversionista”, cediendo con ello nuestro país la potestad de administrar justicia (18). Como justificación adicional se intro- dujeron los derechos del consumidor, cuya satisfacción se esgrimió, por los apóstoles del neoliberalismo, como justificación para la importación masiva de productos agro- pecuarios e industriales, y César Gaviria en su discurso de posesión argumentó que la modernización llegaría si sometíamos a los empresarios nacionales “a los gélidos vientos de la libre competencia”, preludio de la destrucción de los mecanismos de protección del mercado nacional. El señor Hommes interpretó, conforme al breviario neoliberal, que la seguridad alimentaria no consiste en la garantía de que el país produzca sus alimentos, sino en ponerlos al alcance del consumidor “lo más barato posible”, no importa de dónde vengan.
La flexibilización laboral, tercer arie- te de las políticas neoliberales, quedó consagrada en varios artículos de la Ley de Leyes, pero algunos constituyentes y representantes sindicales se ilusionaron sólo con el articulado en el capítulo de derechos, en especial el referido al esta- tuto del trabajo.
Mas la aparente generosidad de los principios mínimos del proyectado es- tatuto, a la luz de los cuales se dictan las sentencias de constitucional, introdujo restricciones. Si el trabajo se debe retribuir sólo de conformidad con la cantidad y la calidad, y debe corresponder a los criterios de vital y móvil, entonces el pago de horas extras y dominicales, y otras prestaciones no tienen protección. Por ello no hubo discrepancia de los jueces constitucionales con la Ley 50 y sus sucesivas reformas (19). Por ello le dieron la bendición a la semana de 36 horas, sin consideración a la hora o día de trabajo. Por ello justificaron los recortes a las horas extras y al inicio de la noche por ley. Igual sucede con la ostentosa formu- lación de la igualdad de oportunidades, a cuya luz se redujeron las tablas in- demnizatorias por despido injusto, se consagraron los contratos a término fijo
y se restringió la acción de reintegro,
pues en la lectura, desde la otra orilla, se interpretó que la estabilidad convertía a los trabajadores en perezosos ineficientes, que le quitaban la oportunidad de trabajar
a las nuevas generaciones y espantaban a
los inversionistas con sus “privilegios”. Además, la flexibilización laboral se
halla regada en toda la Constitución. Está en el mandato de que los salarios y pres- taciones de los empleados públicos (20),
y de que las pensiones y las cesantías de
todos los trabajadores, los regula la ley.
Institutos todos que eliminan el derecho de negociación colectiva, rimbomban- temente proclamado en el artículo 55.
Está, igualmente, la flexibilización en las facultades extraordinarias del Presidente para fusionar, suprimir y etcétera las enti- dades estatales, con los correspondientes despidos masivos y cambios de régimen laboral que se han derivado de la apli- cación de esas potestades, facultad que fue extendida a alcaldes y gobernadores. La flexibilización se manifiesta hasta en el derecho a la personalidad jurídica, bajo el cual se firman contratos civiles
y las órdenes de prestación de servicios, donde el trabajador de hecho adjunta a su firma el RUT que le expide la DIAN
que lo asimila a un empresario priva-
do, con lo que pierde las prestaciones y garantías derivadas de la contratación laboral directa. Pero el mayor revolcón laboral lo provocó la apertura de mercados, dis- parada por la reducción de los aranceles del 45% al 15% promedio, aprobado por el presidente César Gaviria, que generó la subsiguiente invasión de mercaderías foráneas y la ruina de buena parte del agro y la industria nacionales, orien- tación que hoy profundiza Santos al reducir las tarifas de aduana del 15% al 5% promedio. No hay peor estímulo para la rebaja de salarios y la violación de derechos que el desempleo creciente, que obliga a los asalariados a aceptar las condiciones más inicuas, incluso inferiores a las definidas como mínimas en las mezquinas leyes.
Los demócratas ante la Constitución de 1991
Las perlas neoliberales son innume- rables en el texto constitucional. A título de ejemplo, y con la idea de estimular su detección, señalemos dos: al definir el Banco de la República, se le consagró más como agencia del FMI que como entidad estatal, pues le da como misión
la concepción monetarista de garantizar la estabilidad cambiaria y le entrega el monopolio del manejo monetario, al punto de que una de sus misiones autónomas es
“prestarle” dinero al Estado, arrebatándole
a éste el manejo de la moneda según la
conveniencia nacional (21). También se dejó sembrada la posibilidad de que alcaldes
y gobernadores negocien directamente
deuda externa, lo cual, además de ayudar
a la revaluación, ha dado lugar a todo tipo
de corruptelas (22). En el debate sobre la Constitución de 1991 entre los demócratas, están quienes reclaman su restitución original, hasta quienes piensan que un país distinto sólo es posible bajo un nuevo orden consti- tucional, pasando por los que critican aspectos de la misma, como el contenido económico neoliberal. Esta diversidad de opiniones condujo, en la definición del Ideario de Unidad del Polo, a la fórmula de transacción “Abogamos por un régimen político que haga realidad el Estado Social de Derecho, (…) así como las libertades y garantías democráticas consagradas en la
Constitución de 1991” y en los Estatutos
a acordar “la defensa del espíritu demo-
crático de la Constitución de 1991 y del Estado Social de Derecho”. Es evidente que quien escribe estas líneas se ubica entre quienes consideran la Carta vigente, en su conjunto, como el derrotero neoliberal. Entonces, ¿por qué avalar la fórmula polista? Porque los demócratas deben hacer uso de cualquier resquicio legal para airear sus puntos de vista, y las masas deben hacer lo mismo para respaldar sus reclamos. En nuestro país, desde los primeros tiempos de la República, se mantiene la tradición de darle un aire civilista y democrático a la normatividad que en la práctica siempre ha beneficiado al círculo económico del poder. Por ello es inevitable que las li- bertades civiles y los derechos sociales se
El mayor revolcón laboral lo provocó la apertura de mercados, disparada por la reducción de los aranceles del 45% al 15% promedio, aprobado por el presidente César Gaviria, orientación que hoy profundiza Santos al reducir las tarifas de aduana del 15% al 5% promedio.
consagren, así sea con recortes, modula- ciones y desviaciones. Entonces, si la Carta consagra formal- mente el Estado de Derecho, es legítimo reclamar que los gobernantes tengan su poder sometido a la ley. Si la Carta introduce el concepto de Estado Social, es legítimo reclamar que se atiendan los derechos económicos y sociales del pueblo. Si la Carta proclama la Soberanía
Nacional, es legítimo exigir que se respete
el mandato. Si la Carta estipula derechos
democráticos, es legítimo reclamarlos y
ejercerlos. Si la acción de tutela sirve para defender a las gentes, es legítimo usarla
y defenderla. Esta actitud no implica
renunciar a cambiar, de raíz, los males que nos aquejan, en busca de una patria democrática, próspera y soberana. Vale la pena resaltar que el contenido neoliberal de la Constitución fue develado por el ojo avizor de Francisco Mosquera Sánchez, quien sin deslumbrarse con los fastos del constituyente, en 1990 escribió un texto premonitorio que invitamos a
leer (23).
1. Conferencia dictada por el precandidato en la Universidad de Manizales, durante el
último proceso de escogencia de candidato presidencial del Polo.
2. Constitución de Weimar. Constitución alemana aprobada en 1919, la cual, junto con la
Constitución de México de 1917, introdujo en la norma superior el constitucionalismo social, con su Estado de bienestar y su reconocimiento a los derechos de los trabajadores. Paralela
a la Constitución mexicana y previa a la alemana, se dio la revolución rusa, cuyo eje fueron precisamente estos derechos.
3. El marco constitucional incluye la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara
4. El proyecto de Constitución de César Gaviria, a su vez, es copia –en lo esencial– del
presentado por Virgilio Barco en la fracasada reforma Constitucional, vía Congreso, hundida
por el tema de la extradición.
5. “En la práctica, con la tecnología que hay actualmente podríamos producir entre 30 y 40%
más de bienes y servicios de los que se producen hoy”. (Der Spiegel. Summa 92, marzo 1995).
6. CPN Artículo 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico,
con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.
7. CPN Art, 333. … La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
8. La excepción plasmada con los monopolios rentísticos hoy es prácticamente inútil, pues
las loterías y las licoreras han sido conducidas a la quiebra y, por lo tanto, declaradas inefi-
cientes, con la ayuda de las toleradas apuestas ilegales y de la importación legal e ilegal de licores, por lo que la salvedad constitucional actualmente es inútil.
9. CPN Artículo 365. Los servicios públicos… podrán ser prestados por el Estado, directa
o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
10. CPN Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe
del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 15) Suprimir o fusionar entidades u orga- nismos administrativos nacionales de conformidad con la ley. 16) Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley
11.CPN Artículo 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad… Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomara las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria…
12. CPN Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público… Se garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. (…) El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. (…) La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.
13. CPN Artículo 49. … Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación
de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Asímismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y deter- minar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
14. CPN Artículo 67. La educación es un derecho… La educación será gratuita en las institu-
ciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administra- ción de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.
CPN Artículo 69. El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.
15. CPN Artículo 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de
protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las insti- tuciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.
16. Constituye una excepción la Ley 115 de 1993, resultado de la movilización de los do- centes, lo que enseña que el derecho, sin perder su carácter general de clase, puede reflejar parcialmente la lucha de los de abajo.
17. CPN Artículo 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
CPN Artículo 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y, especialmente, con los países de América Latina y del Caribe, mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organis- mos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones.
18. CPN Artículo150. Numeral 16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno cele-
bre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados
podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.
19. CPN Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; (…) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos
y discutibles…
20. CPN Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones: Numeral 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los ob- jetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
21. CPN Artículo 372. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad mo-
netaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley… El Congreso
dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones
y las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá los estatutos del Banco en los que
se determinen, entre otros aspectos, (…) las reglas para la constitución de sus reservas, entre ellas (…) las de estabilización cambiaria y monetaria.
Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la
aprobación unánime de la junta directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares.
22. CPN Artículo 364. El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades
territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia.
23. Francisco Mosquera. No participamos en la Constituyente. (http://www.moir.org.co/NO-
PARTICIPAMOS-DE-LA.html).
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 artículo 60
 artículo 55
 Artículo 336
 Artículo 365
 Artículo 189
 Artículo 60
 Artículo 48
 Artículo 49
 Artículo 67
 Artículo 69
 Artículo 50
 Artículo 226
 Artículo 227
 Artículo150
 Artículo 53
 Artículo 150
 Artículo 372
 Artículo 364