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Timestamp: 2017-09-26 19:52:22+00:00

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Sentencia Administrativo Nº 388/2016, TSJ Pais Vasco, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 734/2014, 20-09-2016 | Iberley
Sentencia Administrativo Nº 388/2016, Tribunal Superior de Justicia de Pais Vasco, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 734/2014 de 20 de Septiembre de 2016
Órden: Administrativo Fecha: 17/09/2003 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez Mico, Juan Gonzalo Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 11053/1998
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 563/2009, 28-06-2012
Órden: Administrativo Fecha: 28/06/2012 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martin Timon, Manuel Num. Recurso: 563/2009
Sentencia Administrativo Nº 226/2015, TSJ Baleares, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 242/2014, 31-03-2015
Órden: Administrativo Fecha: 31/03/2015 Tribunal: Tsj Baleares Ponente: Frigola Castillon, Maria Carmen Num. Sentencia: 226/2015 Num. Recurso: 242/2014
Sentencia Administrativo Nº 944/2015, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 9, Rec 150/2015, 18-11-2015
Órden: Administrativo Fecha: 18/11/2015 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: González De Lara Mingo, Sandra María Num. Sentencia: 944/2015 Num. Recurso: 150/2015
Materia IMPUESTO RENTA NO RESIDENTES, R.D.L.5/2004/CONVENIOS/PATRIMONIO : BASE IMPONIBLE Pregunta¿PUEDEN DEDUCIRSE EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LOS CONTRIBUYENTES NO RESIDENTES, POR LOS INMUEBLES DE USO PROPIO SITUADOS EN TERRITORIO ESPAñO...
Resolución de TEAC, 0743/2015/00/00, 09-03-2017
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 09/03/2017
Núm. Resolución: 0743/2015/00/00
Resolución Vinculante de DGT, V4462-16, 18-10-2016
Órgano: Sg De Tributos Locales Fecha: 18/10/2016
Núm. Resolución: V4462-16
Órgano: Sg De Tributos Locales Fecha: 11/02/2010
Núm. Resolución: V0247-10
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 22/12/2016
Núm. Resolución: V5425-16
Ponente: Murgoitio Estefania, Luis Javier
Núm. Sentencia: 388/2016
Núm. Recurso: 734/2014
Núm. Cendoj: 48020330012016100337
Núm. Ecli: ES:TSJPV:2016:2894
Núm. Roj: STSJ PV 2894/2016
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 734/2014
SENTENCIA NÚMERO 388/2016
En Bilbao, a veinte de septiembre de dos mil dieciséis.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la
siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 734/2014 y seguido por el procedimiento
ordinario, en el que se impugna: DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO
ADMINISTRATIVAS INTERPUESTAS ANTE EL T.E.A.F. DE GIPUZKOA CONTRA DESESTIMACIÓN
PRESUNTA PRIMERO Y LUEGO EXPRESA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO POR LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA FRENTE A LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE PASAIA EN RELACIÓN A LA REFERENCIA CATASTRAL 8797143,
RECIBO NÚMERO 12 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO LIQUIDATORIO DE 1-1-12 AL 31-12-12. ¡.
- DEMANDANTE : AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA, representada y dirigida por el ABOGADO
- DEMANDADA : DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, representada por la Procuradora Dª. BEGOÑA
URÍZAR ARANCIBIA y dirigida por el Letrado D. IGNACIO CHACÓN PACHECO.
-OTRA DEMANDADA: AYUNTAMIENTO DE PASAIA, representado por LETRADO DE SU ASESORÍA
PRIMERO.- El día 11-12-2014 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que el ABOGADO DEL ESTADO, actuando en nombre y representación de la AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación económico-administrativa interpuesta frente a la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, -IBI-, con referencia catastral 8797143, recibo nº 12, del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 y frente a la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pasaia de 3 de julio de 2013, que desestimaba la reposición contra aquella.
Dicho recibo asciende a 1.766#21€; quedando registrado dicho recurso con el número 734/2014.
SEGUNDO.- En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en el expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se estimen íntegramente sus pretensiones.
TERCERO .- En los escritos de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal, por ambas demandadas, el dictado de una sentencia por la que se desestime la demanda en su totalidad, interesando además la primera de ellas que se le impongan las costas a la parte actora.
CUARTO.- Por Decreto de 22-10-2015 se fijó como cuantía del presente recurso la de 1.766#21€.
QUINTO .- En los escritos de conclusiones presentados por la demandante y el Ayuntamiento de Pasaia, reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.
SEXTO.- Por resolución de fecha 12-9-2016 se señaló el pasado día 15-9-2016 para la votación y fallo del presente recurso.
SÉPTIMO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.
PRIMERO.- Se formula el presente proceso contencioso administrativo por la Autoridad Portuaria de Pasaia -en adelante APP-, frente a la desestimación presunta de la reclamación económico-administrativa interpuesta frente a la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, -IBI-, con referencia catastral 8797143, recibo nº 12, del periodo de 1º de enero a 31 de Diciembre de 2.012 y frente a la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pasaia de 3 de julio de 2.013, -f. 30-31-, que desestimaba la reposición contra aquella. Dicho recibo asciende a 1.766,21€.
El proceso cuestiona que la recurrente sea sujeto pasivo plenamente obligado al pago de dicha exacción, que corresponde a parcela y a un edificio que, según la actora, sería propiedad de la Capitanía Marítima de Pasaia de la Dirección General de la Marina Mercante y no de la APP, pese a ser la propietaria del terreno cedido para su edificación con cargo a la referida Dirección General, de acuerdo con el Convenio suscrito entre ambas organismos el 26 de Diciembre de 2.001, y cuyas estipulaciones se trascriben.
Para la parte recurrente la liquidación infringe los artículos 1 y 5 de la N.F 12/1989, de 5 de Julio, guipuzcoana del IBI, ya que se fija un valor catastral de 415.726,91€ que incluye tanto el valor del suelo como el de la construcción, y para ajustarse a derecho sería preciso que el incluyera tan solo el valor del suelo cedido que es titularidad de la APP, y no así el del edificio del que no es propietaria y sobre el que no ostenta concesión, derecho de superficie o usufructo.
La representación de la Diputación Foral, -en lo sucesivo DFG-, se opone en base a que el Convenio, en su Estipulación Segunda, toma por objeto la cesión de uso de los terrenos, sin que se identifique esa cesión con un derecho de superficie. Se está ante una simple cesión gratuita y la N.F del IBI, articulo 1.2 , se refiere al gravamen por tres derechos, -de propiedad, superficie y usufructo-, ninguno de los cuales se pactan en dicho convenio. El sujeto pasivo de la finca es por tanto la APP, sin que tenga relevancia tributaria la cesión de uso pactada ante lo que establece el artículo 36.2 de la NFGT de Gipuzkoa.
Por su parte, y brevemente, -f. 110-111-, el Ayuntamiento de Pasaia se adhiere al criterio de la DFG afirmando que, contra lo que sostiene la Abogacía del Estado, sobre el dominio público lo único que cabe es la cesión de uso y no puede otorgarse un derecho de propiedad a otra institución, lo que solo cabría si el bien fuera patrimonial en que se daría el derecho de superficie determinando otro titular y sujeto pasivo del tributo. La Capitanía Marítima solo ostenta el uso, y el inmueble continua siendo dominio público de la Autoridad Portuaria.
Más adelante, se hacen otras fundamentaciones relativas a los principios civilistas en materia de accesión que se añaden en fase de Conclusiones Sucintas. -F. 133 a 145-.
SEGUNDO.- Según la apreciación de esta Sala, sin embargo, la solución a la controversia se encuentra en el propio ámbito del Derecho administrativo y del régimen de bienes de dominio público, de su utilización y de los derechos reales administrativos que sobre él pueden recaer, sin implicar nociones ajenas propias del Derecho privado, (como las de la accesión y el principio 'superfacies solo cedit') , de exclusiva aplicación supletoria en base al artículo 5.4 de la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas .
Partiendo de la base de que, en efecto, el IBI grava los derechos de propiedad, superficie, usufructo y la concesión administrativa , solo esta última puede constituir titulo legitimo para que el beneficiario de la misma pueda ejercer facultades de dominio sobre la obra o edificación que venga autorizado a realizar sobre el terreno de dominio público, y ello no de manera indefinida en el tiempo, sino siempre con sujeción a la reversión de la obra cuando la concesión se extinga. Las demás modalidades de gravamen a que se contrae el IBI, (superficie, usufructo), son plenamente ajenas al régimen de cesión y utilización del dominio público, y ni se dan ni podrían darse en este caso. Todo lo que se acaba de enunciar se deduce del articulado de la LPAP de 2.003, que en particular en su artículo 97 destaca que; '1. El titular de una concesión dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la concesión.
2. Este título otorga a su titular, durante el plazo de validez de la concesión y dentro de los límites establecidos en la presente sección de esta ley, los derechos y obligaciones del propietario'.
De ahí que el concesionario de dominio público resulte sujeto pasivo a efectos del artículo 1.2 de la N.F 12/1.989, tanto respecto del suelo como de las hipotéticas construcciones.
A sensu contrario , si el beneficiario solo cuenta con una autorización de cesión de uso del suelo, faltará necesariamente el titulo preciso (jurídico-administrativo o civil), para apropiarse de la obra (generalmente solo podrán ser instalaciones desmontables al concluir la utilización especial o privativa), y lo que en ningún caso cabe asumir es la idea de que mediante una cesión gratuita y en precario de bienes de dominio público, pueda nadie apropiarse de una obra o edificación no desmontable alzada sobre ellos.
A la pregunta subsiguiente de quien es, en consecuencia, titular a efectos tributarios del edificio de la Capitanía Marítima enclavada en el Puerto de Pasaia, la respuesta solo puede ser que lo es la Autoridad Portuaria por cuanto, por disposición expresa y coherente con lo que se viene argumentando, destaca el artículo 67 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante , aprobado por R.D-Leg 2/2.011, de 5 de setiembre, que; 'Pertenecen al dominio público portuario estatal: a) Los terrenos, obras e instalaciones portuarias fijas de titularidad estatal afectados al servicio de los puertos.
Con ello la obra estatal realizada sobre dominio público portuario se funde e integra en el mismo, como lo hará la construida por el concesionario cuando se produzca la reversión, con la particularidad que esa incorporación del edificio que aloja un servicio o dependencia estatal se produce en origen y no tras extinguirse la tal concesión.
Con ello estamos reafirmando que el inmueble construido para sede de la Capitanía Marítima, -que es de dominio público en cuanto tal, según articulo 5.3 LPAP-, no se puede diferenciar a los efectos tributarios de los demás bienes de dominio público de que la APP responde, ni puede atribuirse a un tercer propietario público mediante la vinculación del mismo con un órgano directivo de la Administración General del Estado que haya convenido con aquella el uso del demanio portuario para los fines de interés público que lo justifiquen, como si los términos de la intervención en el Convenio determinasen dos asignaciones diferentes en orden al dominio público portuario o general del Estado.
Esta conclusión es acorde también con el régimen patrimonial de los organismos integrantes de Puertos del Estado en el T.R 2/2011, y así extractamos de él como indicativos de la autonomía y especialidad del dominio portuario; 'Artículo 42. Patrimonio propio de los organismos portuarios.
'Artículo 43.2. El cambio de afectación de bienes de dominio público estatal a favor de los organismos públicos portuarios, así como la adscripción de nuevos bienes patrimoniales, se efectuará singularmente por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Fomento, salvo cuando estos nuevos bienes procedan de la ejecución por dichos organismos de nuevas obras e instalaciones o sean adquiridos en el desarrollo de sus actividades, o mediante la aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de esta ley.
1. Los bienes de dominio público portuario que resulten innecesarios para el cumplimiento de fines de este carácter podrán ser desafectados por el Ministro de Fomento, a propuesta de Puertos del Estado, previa declaración de innecesariedad por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria e informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre las características físicas de dichos bienes, a efectos de la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Los bienes desafectados se incorporarán al patrimonio de la Autoridad Portuaria, quien podrá proceder a su enajenación, permuta o, en su caso, cesión gratuita previa comunicación a la Dirección General de Patrimonio del Estado . Cuando el valor venal del bien, determinado mediante tasación independiente, sea superior a 3.000.000 de euros y no exceda de 18.000.000 de euros, su enajenación y las condiciones de la misma deberán ser autorizadas, además, por Puertos del Estado, y por el Gobierno cuando sobrepase esta última cantidad.
Sólo se admitirá la cesión gratuita de los bienes desafectados a favor de las Administraciones públicas y para fines de utilidad pública o interés social. Si los bienes cedidos no fueran destinados al uso previsto, o dejaren de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos a la Autoridad Portuaria, teniendo derecho a percibir el valor de los detrimentos o deterioros experimentados. La cesión deberá ser autorizada por Puertos del Estado, previo informe de la Dirección General de Patrimonio del Estado que tendrá carácter vinculante y se entenderá en sentido favorable si transcurre el plazo de un mes sin que sea emitido de forma expresa. Se exceptúa el caso de que el valor del bien exceda de 18.000.000 de euros, en cuyo caso deberá ser autorizada por el Gobierno.
2. La cesión gratuita se regirá por los mismos presupuestos previstos en el artículo anterior y deberá ser autorizada por el Ministro de Fomento, previo informe de la Dirección General de Patrimonio del Estado que tendrá carácter vinculante y se entenderá en sentido favorable si transcurre el plazo de un mes sin que se haya emitido de forma expresa. Se exceptúa el caso de que el valor del bien exceda de 18.000.000 de euros, en cuyo caso deberá ser autorizada por el Gobierno Artículo 73.3 Régimen de utilización del dominio público portuario.
Cuando algún órgano de la Administración General del Estado o cualquier organismo o entidad vinculada o dependiente de la misma requiera la utilización del dominio público portuario, solicitará de la Autoridad Portuaria correspondiente los bienes de dominio público necesarios, quien autorizará dicha utilización siempre que sea compatible con la normal explotación del puerto y durante el tiempo que sea preciso, debiendo suscribir el correspondiente convenio en el que se establecerán las condiciones de la misma, incluyendo las tasas que, en su caso, procedan y los costes que debe asumir aquél.
(....) Cuando sea precisa la utilización del dominio público portuario por las Administraciones de las Comunidades Autónomas , por las entidades que integran la Administración Local o por cualquier organismo o entidad dependiente de cualquiera de ellas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, respecto de aquellas Comunidades Autónomas que prevean en su legislación un régimen similar de utilización de bienes demaniales de su titularidad por la Administración General del Estado o sus organismos públicos para su dedicación a un uso o servicio de su competencia. A falta de dicha previsión, deberán solicitar el otorgamiento de la correspondiente concesión o autorización, de acuerdo con lo establecido en esta ley.
TERCERO.- En conclusión, cualquiera que sea el alcance e interpretación que corresponda dar al acuerdo de 26 de diciembre de 2.001, -f. 36 y 37 de los autos-, y en especial a su Cláusula Cuarta, cuando atribuye a la DGMM, 'de forma expresa y no excluyente, todos los tributos, impuestos y consumos que proporcionalmente y legalmente se le imputen', la sujeción al IBI no queda alterada por dicha convención, que se enclavaría, -acaso más que en los términos del artículo 36 que invoca la DFG-, en el artículo 17.6 de la Norma Foral General Tributaria , cuando indica que; 'Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas .' De esta suerte, procede la desestimación del recurso, sin que dada la peculiaridad del conflicto del que se trata y sus escasas referencias jurisprudenciales, haya lugar a hacer imposición preceptiva de costas del artículo 139.1 LJCA .
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, la Sala emite el siguiente,
DESESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES CONTRA LA DESESTIMACIÓN POR SILENCIO DE LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS FORMULADAS ANTE EL T.E.A. FORAL DE GIPUZKOA FRENTE A LIQUIDACIÓN-RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES EMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE PASAIA SOBRE PARCELA CON REFERENCIA CATASTRAL Nº 8797143, RECIBO 12, DEL PERÍODO DE 1º DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.012, CONFIRMADA POR RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA DE 3 DE JULIO DE 2.013, Y CONFIRMAMOS DICHOS ACTOS, SIN HACER IMPOSICIÓN DE COSTAS.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo y/o ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el cual, en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de TREINTA DÍAS ( artículo 89.1 LJCA ), contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito en el que se dé cumplimiento a los requisitos del artículo 89.2, con remisión a los criterios orientativos recogidos en el apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, asumidos por el Acuerdo de 3 de junio de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Quien pretenda preparar el recurso de casación deberá previamente consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el Banco Santander, con nº 4697 0000 93 0734 14, un depósito de 50 euros , debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso'.
Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de constituir el depósito ( DA 15ª LOPJ ).
Así, por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el Letrado de la Administración de Justicia doy fe en Bilbao, a 20 de septiembre de 2016.

References: Resolución 

Resolución 
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 artículo 89
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