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Timestamp: 2017-05-29 15:12:38+00:00

Document:
Sentencia Penal Nº 38/2012, AP - Madrid, Sec. 16, Rec 432/2011, 23-01-2012 | Iberley
InicioJurisprudencia PenalAP - Madrid2012Cubero Flores, Francisco DavidDesestimaSentencia38/2012432/2011
Sentencia Penal Nº 38/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 16, Rec 432/2011 de 23 de Enero de 2012
Jurisprudencia Sentencia Penal Nº 128/2010, AP - Madrid, Sec. 29, Rec 68/2010, 08-04-2010 Órden: Penal
Num. Sentencia: 128/2010
Num. Recurso: 68/2010
PRIMERO.- Denuncia la parte recurrente la inaplicación de la eximente que, al amparo del art. 20.4 dl C.P ., de legítima defensa propuso en trámite de conclusiones y que se centra sustancialmente en la necesidad racional del medio empleado para defenderse del ataque que, en ese momento sufría y que consistía en que era atacado por Felix con una navaja. La sentencia dictada en la instancia no se pronuncia sobre la circunstancia eximente de la responsabilidad criminal propuesta por la defensa... Sentencia Penal Nº 122/2014, AP - Almeria, Sec. 1, Rec 537/2013, 14-04-2014 Órden: Penal
Num. Sentencia: 122/2014
Num. Recurso: 537/2013
PRIMERO.- Las representaciones procesales de
Edmundo y
Mateo interpusieron sendos recursos de apelación contra la sentencia de instancia, alegando el primero de ellos el error en la apreciación de la prueba para solicitar la revocación con su libre absolución y la condena a
Edmundo y a
Mateo como autores de un delito de lesiones a la pena de tres años de prisión y accesorias, a la indemnización en concepto de responsabilidad civil de 13.600 euros, y a la prohibición de aproxi... Sentencia Penal Nº 885/2014, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 854/2014, 30-12-2014 Órden: Penal
Num. Sentencia: 885/2014
Num. Recurso: 854/2014
Lesiones.- Desestimatoria.-
Sentencia Penal Nº 18/2012, AP - Madrid, Sec. 29, Rec 18/2012, 01-03-2012 Órden: Penal
Num. Sentencia: 18/2012
Num. Recurso: 18/2012
PRIMERO .- Dictada por el
Juzgado de lo Penal 5 de Madrid sentencia en fecha 5 de octubre de 2011 , por la que se condena a D.
Santiago como autor de un delito de lesiones agravadas del
artículo 147.1 º y
148.1º CP , concurriendo la circunstancia eximente incompleta de legítima defensa a la pena de un año de prisión y declarando la prescripción de las faltas de lesiones y de daños por las que venía acusado
Luis Pedro . Se interpone recurso de apelación:
-Por la defensa ... Sentencia Penal Nº 274/2009, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 57/2008, 25-02-2009 Órden: Penal
Num. Recurso: 57/2008
Legítima defensa Órden: Penal
Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agre... Las causas de justificación de un delito Órden: Penal
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Hay que recordar aquí que, los delitos establecen unos márgenes de maniobra entre los que, el... Regulación del delito de lesiones Órden: Penal
D./Dña. [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D./Dña. [NOMBRE_CLIENTE], con la asistencia del/de la Letrado/a Don/Doña [NOM... Recurso de apelación por error en la apreciación de la prueba Fecha última revisión: 16/03/2016 NOTA: Según el art. 846 bis) LECrim: "Pueden interponer el recurso tanto el Ministerio Fiscal como el condenado y las demás partes, dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la sentencia.
La parte que no haya apelado en el plazo indicado podrá formular apelación en e... Escrito de defensa de juicio rápido alegando eximente Fecha última revisión: 10/03/2016 NOTA: Para enjuiciar un hecho bajo la modalidad del procedimiento para el enjuiciamiento rápido, debe tratarse de un delito flagrante; de violencia doméstica; de hurto; de robo; de hurto y robo de uso de vehículos a motor o contra la seguridad del tráfico, y no deberá estar castigado con pena de prisión de más de cinco años.Se presume que su investigación será sencilla, por lo que en un plazo de 15 días el juez convoca acto de plenario para celebrar el juicio.
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Recurso... Escrito de conclusiones definitivas de acusación en procedimiento abreviado Fecha última revisión: 07/03/2016 NOTA: Este escrito puede presentarse, cuando se modifican considerablemente los hechos, o cuando son especialmente complejos.
Caso práctico: Caracteres de la legítima defensa Fecha última revisión: 02/01/2013 ¿Cómo se configura la legítima defensa por parte de la jurisprudencia? ¿Cuál es la doctrina al respecto?
Veremos a continuación la concreción jurisprudencial de este concepto en relación con un caso de tiroteo en el que el recurrente inicia la acción ofensiva aunque luego se retira. En este sentido, el fundamento de derecho segundo de la STS 1725/2003 de 13 de marzo, afirma lo siguiente:
“1) Como es notorio la legítima defensa, exige, para ser apreciada, ya lo sea como eximente comp... Caso práctico: Legítima defensa y animus defendendi Fecha última revisión: 02/01/2013 ¿Cual es la configuración jurisprudencial del animus defendendi?
El animus defendendi es un concepto añadido por la jurisprudencia, que forma parte de los requisitos para al existencia de la legítima defensa. Existen varias sentencias del Tribunal Supremo en el que se trata este concepto. A continuación tomaremos en consideración lo dispuesto por la STS 3803/2003 de 3 de junio, que en su fundamento de derecho cuarto se refiere a este concepto en los siguientes términos:
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Núm. Sentencia: 38/2012 Núm. Recurso: 432/2011
Núm. Cendoj: 28079370162012100010
Encabezamiento AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID SECCION DECIMOSEXTA. Apelacion RP 432-11 Juzgado Penal nº 4 bis de Alcalá de Henares. Juicio Oral 400-07 SENTENCIA Nº 38/12 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID ILTMOS. SRES. DE LA SECCION DECIMOSEXTA D. MIGUEL HIDALGO ABIA ( PRESIDENTE) D. FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES. (Ponente) D. JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTÍN. En Madrid, a veintitrés de Enero de 2012. Vistos por esta Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el juicio Oral 400/07 procedente del Juzgado de lo Penal nº 4 bis de Alcalá de Henares y seguido por un delito de lesiones siendo partes en esta alzada como apelante
Severiano y como apelado el Ministerio Fiscal y
Carlos Daniel habiendo sido designado ponente el Magistrado Sr. FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES.
indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el 17 de Diciembre de 2010 , que contiene los siguientes Hechos Probados:
ÚNICO : Sobre las 21: 30 horas, del día 27 de mayo de dos mil seis, se originó una discusión entre los acusados, don
Severiano y don
Carlos Daniel , en el portal del inmueble sito en la
AVENIDA000 , Nº
NUM000 , de la localidad de Coslada, con ánimo de atentar contra la integridad física del otro, se agredieron mutuamente.
Severiano causó a don
Carlos Daniel lesiones consistentes en fractura de rama mandibular y subcondílea derecha, fractura malar a nivel infraorbitario y arco cigomático, fractura de arco cigomático y trípode malar, fractura de seno maxilar, fractura de paredes mediales y suelo de la órbita derecha. Lesiones por las que precisó dos intervenciones quirúrgicas, que tardaron en curar ciento cincuenta y cinco días, durante los cuales, estuvo impedido para sus ocupaciones habituales, estando siete días hospitalizado y quedando como secuela limitación en las apertura de la articulación temporomandibular en los últimos grados con dolor.
Carlos Daniel causó a don
Severiano lesiones consistentes en contusión en muñeca izquierda que precisó una primera asistencia médica, tardando en curar dieciocho días, durante los cuales no estuvo impedido para sus ocupaciones habituales ".
En la parte dispositiva de la sentencia se establece: FALLO : "Condeno a don
Severiano , como autor de un delito de lesiones, previsto y penado, en el
Art. 147.1 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de nueve meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Condeno a don
Severiano , a abonar a don
Carlos Daniel , la cuantía de doce mil euros (12. 000 € ), por las lesiones causadas, con aplicación de lo dispuesto en el Art. 576 LEC . Condeno a don Carlos Daniel , como autor de una falta de lesiones, prevista y penada, en el
Art. 617.1 del Código Penal , a la pena de dos meses de multa, a razón de una cuota diaria de la pena de dos meses de multa, a razón de una cuota diaria de ocho euros, con responsabilidad personal subsidiaria del
Art. 53 del Código Penal . Condeno a don Carlos Daniel a abonar don Severiano , la cuantía de quinientos cuarenta euros, por las lesiones causadas, con aplicación de lo dispuesto en el
Art. 576 LEC . Condeno a don Severiano y don Carlos Daniel a pagar las costas causadas en esta instancia.".
TERCERO. - Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial el día 10 de Enero de 2012 se formó el correspondiente rollo de apelación y se señaló día para la deliberación.
Hechos Se aceptan y dan por reproducidos íntegramente los que como tales figuran en la sentencia apelada. Fundamentos PRIMERO. - Nos hallamos ante una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 bis de Alcalá de Henares, en cuya virtud se condena al ahora apelante como autor de un delito de lesiones del
artículo 147.1 del C. Penal a la pena de 9 meses de prisión, accesorias, indemnización a favor de Carlos Daniel en la suma de 12.000 € , condenándose en la citada sentencia también al citado Carlos Daniel como autor de una falta de lesiones del
artículo 617 del C. Penal a la pena de multa de dos meses con cuota diaria de 8 €, indemnización a favor de Severiano en la suma de 540 € y costas por mitad.
Frente a dicha sentencia se alza en apelación la representación letrada de
Severiano , sobre la base de los siguientes argumentos a los que daremos respuesta ordenada:
a) Quebrantamiento de forma por defecto en la redacción de los hechos probados de la sentencia lo que ha originado una predeterminación del fallo.
b) Incongruencia omisiva por no haberse pronunciado la sentencia sobre la concurrencia o no de la legítima defensa en el apelante.
c) Error en la apreciación de la prueba.
d) Infracción de ley por no apreciar la eximente de legítima defensa del
artículo 20.4 del C. Penal . e) Infracción de ley en cuanto al cálculo del montante indemnizatorio.
En cuanto al primero de los motivos de impugnación alegados indicaremos que el
artículo 851.1º de la L.E.Crim . , al hilo del recurso de casación, fija como motivo para la misma que "se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo". A su vez reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo ( Sentencias de 12.12.01 ;
de 19.5.04 ;
de 24.5.06 ;
de 15.9.06 ,....) ha establecido los requisitos para la apreciación de dicho quebrantamiento de forma. Para su concurrencia es preciso:
a) Que se trate de expresiones técnicamente jurídicas, que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado;
d) Que suprimidos tales conceptos, dejen el relato histórico sin base.
Proyectada dicha doctrina general sobre el caso que nos ocupa, aprecia este Tribunal que en la redacción de los hechos probados no se han incluido, en modo alguno, términos jurídicos que integren el tipo penal de lesiones del
artículo 147 del C. Penal y por tanto no existe predeterminación del fallo, que es el quebrantamiento de forma alegado en primer lugar por la defensa.
En los hechos probados que se consignan en la sentencia impugnada se habla de una discusión que se originó entre los acusados y que derivó finalmente en que ambos "se agredieron mutuamente". Es evidente que el término "agredir" forma parte del lenguaje popular y no del tipo penal del
artículo 147 del C. Penal , por lo que no existe un término técnico jurídico que predetermine el fallo.
Ciertamente en los hechos probados no se consigna de manera absolutamente precisa como se produjeron las lesiones, pero tal extremo no implica una predeterminación del fallo, en la medida en que , tanto de la propia redacción de hechos probados, como de la misma sentencia en el resto de sus razonamientos, claramente se infiere una relación de causa efecto entre la acción del acusado apelante y el resultado lesivo en la otra persona y ello es lo trascendente a efectos penales.
Por último es lógico que en los hechos probados no se recoja quien de los dos acusados agredió primero, pues tal hecho no consta acreditado y es en suma, el meollo del asunto, pues si se hubiera acreditado quien agredió primero a quien, podría haber concurrido la eximente de legítima defensa completa o incompleta en alguno de ellos y no fue el caso. El primer motivo debe desestimarse. SEGUNDO.- Alega en segundo lugar la parte apelante incongruencia omisiva por no haberse pronunciado la sentencia sobre la concurrencia de la eximente de legítima defensa en el ahora apelante.
sentencia del Tribunal Supremo 23/2001 (RJ 200126), señalaba refiriéndose a la
STS de 28 de diciembre de 2000 (RJ 200010341), que la "incongruencia omisiva" o "fallo corto" constituye un "vicio in iudicando" que tiene como esencia la vulneración por parte del Tribunal del deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte -integrado en el de tutela judicial efectiva- a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada (Sentencias del Tribunal Constitucional 192/87, de 23 de junio [RTC 1987192], 8/1988, de 22 de enero [RTC 19888] y 108/1990, de 7 de junio [RTC 1990108], entre otras, y de esta Sala Segunda de 2 de noviembre de 1990 [RJ 19908507], 19 de octubre de 1992 [RJ 19928346] y 3 de octubre de 1997 [RJ 19976997], entre otras muchas). Indicando que doctrina jurisprudencial estima que son condiciones necesarias para la apreciación de este "vicio in iudicando", las siguientes: 1) que la omisión o silencio verse sobre cuestiones jurídicas y no sobre extremos de hecho, 2) que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; 3) que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; 4) que no consten resueltas en la sentencia, ya de modo directo o expreso, ya de modo indirecto o implícito, siendo admisible este último únicamente cuando la decisión se deduzca manifiestamente de la resolución adoptada respecto de una pretensión incompatible, siempre que el conjunto de la resolución permita conocer sin dificultad la motivación de la decisión implícita, pues en todo caso ha de mantenerse el imperativo de la razonabilidad de la resolución (
SSTS 771/1996, de 5 de febrero [RJ 19961045 ], 263/1996 de 25 de marzo [RJ 19961926 ] o 93/97, de 20 de junio [RJ 19974854])»
STS. 26 de mayo de 2000 (RJ 20006105) señala que la incongruencia omisiva requiere para su estimación,"que se haya omitido en la sentencia en la motivación requerida por los
arts. 120.3 de la Constitución (RCL 1978 2836 ), 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG 188216) y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 19851578, 2635), la respuesta a alguna de las cuestiones de carácter jurídico planteadas por las partes en sus escritos de calificación, pronunciándose asimismo en tal sentido, las
sentencias del TC números 14/84 (RTC 198414 ),
177/85 (RTC 1985177 ),
142/87 (RTC 1987142 ),
69/92 (RTC 199269 ),
169/94 (RTC 1994164 ) y
195/95 (RTC 1995195)".
Asimismo, se ha declarado que no es apreciable la vulneración del derecho fundamental a la Tutela Judicial efectiva cuando el silencio judicial pueda razonablemente interpretarse como una desestimación implícita o tácita, constitucionalmente admitida (
Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 169/1994 ,
91/1995 [RTC 199591 ] y 143/1995 [RTC 1995143]), lo que sucede cuando la resolución dictada en la instancia sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte, es decir, cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos fundamentadores de la respuesta tácita (
Sentencia del Tribunal Constitucional 263/1993 [RTC 1993263] y
Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1997 [RJ 19976295 ], 24 de marzo [RJ 19982356] y 28 de mayo [RJ 19985004] de 1998 , etc).
Proyectada dicha doctrina general sobre el caso que nos ocupa hemos de concluir que el motivo de impugnación debe ser claramente rechazado. Ello es así pues, de una parte en el fundamento jurídico tercero claramente se indica que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y el fundamento jurídico primero , se dedica, casi en su totalidad al análisis exhaustivo de la prueba documental, pericial y sobre todo testifical, practicada, llegando a la conclusión de que no puede acreditarse quién de los dos contendientes inició la agresión. Por tanto sí existe un pronunciamiento implícito, pero claro y extenso , sobre la cuestión de hecho que justificaría la concurrencia de la circunstancia eximente de legítima defensa y es la no acreditación de quien comenzó la agresión. El motivo debe ser desestimado. TERCERO.- Alega en tercer lugar el apelante error en la apreciación de la prueba.
La construcción del recurso de apelación penal como una oportunidad de revisión plena sitúa al órgano judicial revisor en la misma posición en que se encontró el que decidió en primera instancia el valor material probatorio disponible para la fijación de los hechos que se declaran probados y para el tratamiento jurídico del caso.
El juzgador en primera instancia dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de la prueba practicada, en este caso con al inestimable ayuda de la grabación del juicio en formato DVD. Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.
No sucede así en este caso; la alegación del recurrente no pone de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado, de forma correcta y adecuada, la Magistrada del Juzgado de lo Penal, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia.
Así las cosas, la valoración efectuada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez de lo Penal, que, aprovechando las ventajas de la inmediación, es quien puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante el practicadas, debe ser respetada por este Tribunal, que no aprecia en tales valoraciones elementos que demuestren error alguno.
En este sentido, es preciso recordar que, como señalaba la
En concreto la valoración de la prueba ha sido correctamente efectuada por quien redacta la sentencia apelada y no por el hecho de ser juzgadora en primera instancia, sino por la justificación que realiza en su sentencia de dicha valoración , los argumentos que expone para ello y el resultado del juicio oral reflejado en el soporte audiovisual del mismo.
Centra el apelante su alegato en la no apreciación por parte de la juzgadora de instancia de la eximente de legítima defensa concurrente en su cliente. En este sentido el razonamiento de quien dictó la sentencia, es extenso, perfectamente justificado, acertado y lógico. Comparte
esta Sala los argumentos, ya expuestos en multitud de Sentencias del Tribunal Supremo ( de 14.4.05 ;
de 16.11.00 ;
de 20.2.96 , ...) que excluye la legítima defensa en los supuestos de riña mutuamente aceptada, sin que ello sea óbice para que el Juez entre a examinar de manera individualizada cada conducta concreta para no incurrir en soluciones simplistas. La base de fondo sobre dicha tesis del Tribunal Supremo cabe encontrarla en la dificultad para considerar acreditado el primero de los requisitos esenciales de la legítima defensa (
artículo 20.4 del C. Penal ) cual es el de la agresión ilegítima. En la riña mutuamente aceptada suele ser imposible acreditar sencillamente quien comenzó primero la agresión. Pues bien, en el presente caso y como extensa y acertadamente razona la Juez de lo Penal, existe un acometimiento mutuo y de hecho ambos contendientes han sido condenados como autores de una agresión hacia el otro, con diferente calificación jurídica eso sí. Explica la sentencia apelada de manera concreta e individualizada las razones por las que considera que no puede acreditarse legítima defensa, en ninguno de los dos acusados, y dicho razonamiento lo hace sobre la base de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y concretamente las declaraciones del apelante ( el otro acusado no asistió al juicio oral) , la de los testigos que sí asistieron a dicho acto ( un vecino y el hijo del otro acusado) y los partes de lesiones. Desmenuza la Juez el contenido de los partes de lesiones , las declaraciones en el acto del juicio oral, llegando a la conclusión inequívoca de que existe una riña mutuamente aceptada, que ambos se han agredido mutuamente, con un resultado lesivo diferente en ambos casos y condenando en consecuencia a ambos. Como suele ser normal en estos casos cada parte atribuye la iniciativa agresiva a la contraria, pero lo cierto es que el resultado final es el de una agresión mutua, siendo imposible determinar quien comenzó primero la agresión y tan sencillo y esclarecedor argumento es el que expone la Ilma. Sr. Magistrada Juez en la sentencia apelada que debe ser confirmada en todos sus extremos y por los mismos razonamientos empleados que se comparten.
CUARTO.- Alega en cuarto lugar la parte apelante infracción de ley por no aplicar la eximente de legítima defensa del
artículo 20.4 del C. Penal . Como hemos anticipado en el anterior fundamento jurídico uno de los requisitos del
artículo 20.4 del C. Penal para la concurrencia de la eximente de legítima defensa es la agresión ilegítima. Corresponde a la defensa la prueba de los elementos fácticos que sustentan la apreciación de una circunstancia modificativa de la responsabilidad eximente completa o incompleta o atenuante, como incumbe a la acusación la prueba de los elementos de hecho que implican la concurrencia de una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante (
Sentencias del Tribunal Supremo de 3.11.03 ;
2.10.03 ;
15.11.01 , ....entre otras muchas).
En el presente caso y por lo expuesto en el anterior fundamento jurídico , no se ha acreditado la existencia de dicha agresión ilegítima por parte del otro acusado y de ahí que no pueda apreciarse la circunstancia eximente alegada. El motivo no puede prosperar. QUINTO.- Alega finalmente la parte apelante infracción de ley por no aplicación del
artículo 114 del C. Penal que señala la posibilidad de que se modere el montante indemnizatorio si la víctima hubiera contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido.
En verdad y del relato de hechos probados no podemos considerar que la víctima haya contribuído a la producción del daño que ella misma ha sufrido, sino que nos hallamos ante un supuesto diferente y es que cada parte ocasiona daños a la otra. En estos casos no procede una moderación de la indemnización, sino la compensación de la responsabilidad civil de cada uno, de tal modo que al montante indemnizatorio que deberá abonar el apelante al otro acusado, se le restará el importe que el otro acusado deberá abonar al ahora apelante, de tal modo que finalmente el apelante deberá indemnizar a
Carlos Daniel en la suma de 11.460 €, lo que facilitará, entre otras cosas la ejecución de la sentencia al no tener que exigir al Sr. Carlos Daniel el abono de 540 € para luego entregarle 12.000 €. El motivo debe desestimarse.
SEXTO.- No concurren circunstancias que justifiquen la imposición de las costas de este recurso.
Severiano , contra la
sentencia de fecha 17 de Diciembre de 2010 , dictada por el Juzgado Penal nº 4 bis de Alcalá de Henares en el Juicio Oral nº 400-07, confirmando la mencionada resolución. No debemos hacer imposición de las costas de este recurso.
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno. Notifíquese esta resolución a las partes. Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN . Leída y publicada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la suscribieron, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, por ante mí el Secretario de lo que doy fe.-

References: artículo 147
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

artículo 147

artículo 617

artículo 20

artículo 851

artículo 147

artículo 147
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

artículo 20

artículo 20

artículo 20

artículo 114
 resolución