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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 013 del 14/01/2005
Dictamen : 013 del 14/01/2005
Consultante: Federico Carrillo Z.
C-013-2005
Federico Carrillo Z.
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me es grato referirme al oficio N° DM-170-2004 de fecha 10 de febrero del 2004, suscrito por el entonces señor Ministro de Hacienda Alberto Dent Zeledón, recibido en esta Procuraduría el día 13 del mismo mes y asignado a la suscrita hasta el día 11 de enero del 2005, dando respuesta en los siguientes términos:
I- ASUNTO PLANTEADO:
Se solicita que esta Procuraduría General de la República rinda el dictamen a que hace referencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública con el fin de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de “la resolución número RES-AUT-DGA-106-2000 de las trece horas del dieciséis de marzo del dos mil, así como de los actos administrativos derivados de la misma, a saber: RES-DIV-REG-1080-2000 de las trece horas del cinco de setiembre del dos mil dos, RES-DIV-REG-203-2001 de las diez horas del trece de marzo del dos mil uno, RES-DIV-REG-599-2001 de las catorce horas del tres de agosto del dos mil uno, RES-DIV-REG-739-2001 de las ocho horas del veinticinco de setiembre del dos mil uno y RES-DIV-REG-907-2001 de las diez horas quince minutos del veintiséis de octubre del dos mil uno (...)”.
Para tales efectos se nos remitió el respectivo expediente administrativo, que consta de 117 folios y no de 118 folios como erróneamente señala la misiva, levantado con ocasión del procedimiento ordinario administrativo seguido al señor XXX.
declarado previamente que el acto es lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza (artículos 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Empero, dicha regla conoce una excepción, establecida en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública. A su tenor, queda la Administración autorizada a declarar, en la vía administrativa y sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad, la nulidad de un acto declaratorio de derechos, cuando la misma, además de ser absoluta, sea evidente y manifiesta. Aún así y también en garantía del administrado, en el procedimiento respectivo subsiste la intervención de
un órgano ajeno al autor del acto en cuestión: la Procuraduría General de la República. Su actuación en estas hipótesis, se plasma mediante la
emisión de un dictamen vinculante, que reviste la naturaleza de un acto
de control preventivo de legalidad; lo anterior, en el tanto que dicho dictamen, que ha de rendirse antes de dictar el acto final del procedimiento, debe ser favorable a la pretensión anulatoria de la Administración, en el sentido de acreditar que en la especie los vicios del acto son efectivamente de tal magnitud". (Dictamen Nº C-080-94 del 17 de mayo de 1994).
La potestad anulatoria con que cuenta la Administración para llevar a cabo el procedimiento que se establece en el numeral 173 debe ejercitarse dentro del plazo cuatrienal a que hace referencia el inciso 5) de dicho artículo. Valga acotar que, es un plazo de caducidad y no de prescripción, por lo cual resulta ininterrumpible. De ahí que:
Por consiguiente, esta Procuraduría se encuentra imposibilitada para rendir el dictamen preceptivo a que alude el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública al haber caducado el plazo.
Por otra parte, en torno a los actos administrativos derivados de la citada resolución del 16 de marzo del 2000 y que se mencionan en el oficio que se nos remite tampoco es posible rendir el dictamen favorable solicitado, toda vez que además de ser actos accesorios de la citada resolución dichos actos no fueron debidamente intimados al señor XXX como se ampliará más adelante.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, es de rigor señalar, además, los vicios que fueron encontrados en el expediente y que se detallan para que sean observados en casos futuros.
III- VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO
A) INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LA INTIMACION.
Mediante acuerdo N° DM-021 de fecha 6 de diciembre del 2002 y resolución N° 709-2003 de las 10:30 horas del 25 de agosto del 2003 se nombra al órgano director del procedimiento tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la resolución N° RES-AUT-DGA-106-2000 de las 13:00 horas del 16 de marzo del 2000 así como “de los actos derivados de esa autorización, entre otros, la resolución N° RES-DIV-REG-907-2001, de las diez horas con quince minutos del día veintiséis de octubre del dos mil uno, donde se conoce de la última solicitud presentada por el señor XXX de desinscripción como Asistente de Agente de Aduanas del Agente Independiente Adolfo Fallas Segura, e inscripción como asistente de la Agencia Aduanal Servicios de Correduría Aduanera S.A.” (Folios 52 a 55 y 77).
Como puede observarse, el órgano decisor solamente individualizó un acto derivado de la resolución del 16 de marzo del 2000. Por su parte, el órgano director en su primera resolución y por medio de la cual se le intimó al señor XXX estableció que el procedimiento era para “declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la resolución número RES-AUT-DGA-106-2000 de las trece horas del dieciséis de marzo del dos mil, emitida por la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, que autoriza al señor XXX a ejercer como Asistente de Agente de Aduanas, así como de los actos derivados de esa autorización.” (El destacado en negrita es del original). (Folio 78).
Bajo este contexto, al señor XXX no se le detallaron ni se le individualizaron los actos derivados de la aplicación positiva de la autorización como Asistente de Agente de Aduanas, aún y cuando sea manifiesta su relación. Sobre el particular, en un caso similar al que nos ocupa, esta Procuraduría General de la República dictaminó lo siguiente:
“ (...) si en el acto de apertura de un procedimiento administrativo se indicó que el procedimiento era tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un determinado acto administrativo, no se puede dictar una resolución final en la que se establezca la nulidad de otros actos, aún y cuando, sea manifiesta su relación, porque sobre estos no ha existido intimación ni imputación.” (El destacado no es del original). (Dictamen N° C-055-2000 del 20 de marzo del 2000).
“a) Principio de intimación: consiste en el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento del funcionario la acusación formal. La instrucción de los cargos tiene que hacerse mediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos que se le imputan y sus consecuencias jurídicas. b) Principio de imputación: es el derecho a una acusación formal, debe el juzgador individualizar al acusado, describir en detalle, en forma precisa y de manera clara el hecho que se le imputa. Debe también realizarse una clara calificación legal del hecho, estableciendo las bases jurídicas de la acusación y la concreta pretensión punitiva. Así el imputado podrá defenderse de un supuesto hecho punible o sancionatorio como en este caso, y no de simples conjeturas o suposiciones.” (Voto N° 632-99 de las 10:48 horas del 29 de enero de 1999. En sentido similar, véase los votos N° 2253-98 de las 13:03 horas del 27 de marzo y el N° 2376-98 de 1 de abril ambos de 1998).
“IV. El principio de intimación pretende garantizar dos aspectos: a) que a la persona investigada, se le comuniquen de manera exacta los hechos que dan origen al proceso que se interesa, con la finalidad de que pueda proveer a su defensa, y b) que en el pronunciamiento de fondo se de una identidad entre lo intimado y lo resuelto.”. (Voto N° 955-95 de las 10:30 horas del 17 de febrero de 1995). (El subrayado no es del original).
Por consiguiente, deviene indispensable que desde su inicio el afectado tenga pleno conocimiento del acto o de los actos que se pretende su declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta y que conste fehacientemente en el expediente.
A) EN TORNO A LA COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA.
Aunado a lo anterior, también téngase presente que si bien en la resolución N° ODP-002-2003, de las 14:00 horas del 16 de octubre del 2003, en el resultando XX el órgano director establece que “en el día y hora indicado para la comparecencia, el señor XXX no se presentó a la misma, ni justificó las razones de su ausencia.” ; no obstante en el expediente remitido no consta el acta respectiva la cual debía levantarse a tenor de los numerales 270 y 313 de la Ley General de la Administración Pública; esto como garantía del correcto desarrollo del proceso.
B) FOTOCOPIAS SIN CERTIFICAR.
Existen diversos documentos que son simples fotocopias no certificadas como en Derecho corresponde, verbigracia folios 73 y 74 y 94 a 97.
Así, si bien existe libertad de prueba dentro del procedimiento administrativo, la Administración y los interesados, deben velar porque éstas sean emitidas de la forma más veraz posible. De ahí que, estudiar el asunto con simples fotocopias, puede inducir a cometer errores a la hora de valorar los hechos del caso (tómese en cuenta la diferencia, en cuanto a su valor probatorio, entre los documentos públicos y privados –artículos 369, 370 y 379 del Código Procesal Civil–)”. (Dictamen N° C-060-2001 del 6 de marzo del 2001).
La Procuraduría General de la República ha sido conteste en afirmar que “(…) conforma parte de la garantía constitucional citada [el debido proceso] el orden en la tramitación del procedimiento." (Véase al respecto, verbigracia opinión jurídica N ° O.J. 060-98 del 15 de julio de 1998, y los dictámenes números C-210-00 del 4 de setiembre y C-290-2000 del 20 de noviembre ambos del año 2000).
Por último, es imperioso mencionar que se tenga presente que si dentro del desarrollo del procedimiento administrativo se patentiza algún tipo de violación a los principios del debido proceso, la Administración debe anular el respectivo acto (verbigracia comparecencia oral y privada), así como las actuaciones y resoluciones posteriores, fase procesal a la que se debe retrotraer dicho procedimiento, en virtud de que el “incumplimiento total o parcial de las pautas ordenatorias del procedimiento administrativo acarrea sanciones jurídicas reparatorias de la antijuricidad en procura de la salvaguarda de la sanidad del derecho.” (DROMI, José Roberto, El Procedimiento Administrativo, Madrid, Editorial del Instituto de Estudio de la Administración Local, 1986, p. 59).
De conformidad con las consideraciones expuestas, no resulta posible para esta Procuraduría rendir el dictamen favorable a que alude el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, en torno a la resolución N° RES-AUT-DGA-106-2000 de fecha 16 de marzo del 2000 al haber operado el plazo cuatrienal previsto en el inciso 5) de dicha norma. Por lo anterior, tampoco es posible rendir el dictamen favorable que se solicita respecto a los actos administrativos derivados de la citada resolución por ser éstos actos accesorios de aquella, y no haberse intimado debidamente.
Del señor Ministro de Hacienda, deferentemente suscribe,
Adjunto el expediente que nos fuera remitido.

References: artículo 173
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