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Timestamp: 2017-06-27 19:01:21+00:00

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Ricardo Corrales Melgarejo: 2011
TRUJILLO – NOVIEMBRE 2011TEMA 1Prórroga de la competencia territorial en el proceso contencioso administrativo. ¿Puede ser prorrogable la competencia territorial en el proceso contencioso administrativo? Primera Ponencia: 23 VOTOSLa competencia territorial en el Proceso Contencioso Administrativo puede ser prorrogable cuando la entidad administrativa demandada a pesar de tener su domicilio o sede principal en la cuidad de Lima, en notificada en la dependencia administrativa de ésta en otras ciudades y la actuación de impugnación se ha suscitado en su domicilio principal. Segunda Ponencia: 15 VOTOSLa competencia territorial en el Proceso Contencioso Administrativo es improrrogable, cuando la entidad administrativa demandada a pesar de tener su domicilio o sede principal en la ciudad de Lima, es notificada en la dependencia administrativa de ésta en otras ciudades y la actuación objeto de impugnación se ha suscitado en su domicilio principal. Tercera Ponencia: 28 VOTOSLa competencia territorial en el Proceso Contencioso Administrativo es improrrogable, sin embargo, interpretando extensivamente el domicilio del demandado a que alude el artículo 10 de la Ley que regula dicho proceso, es competente el juez, cuando la entidad administrativa demandada a pesar de tener su domicilio o sede principal en la ciudad de Lima, es notificada en la dependencia administrativa de ésta en otras ciudades. TEMA 2Contenido de la pretensión procesal en la impugnación de una inactividad de la administración cuando la vía administrativa ha quedado agotado pro haber operado el silencio administrativo negativo. ¿Cuándo la actuación administrativa impugnada es por una inactividad de la administración, si la vía administrativa quedo agotada por haberse producido el silencio administrativo negativo, en la demanda además de solicitarse el reconocimiento o restablecimiento de un derecho conculcado ¿Debe de pedirse como pretensión principal se declare nula “la resolución ficta denegatoria”? Primera Ponencia: 4 VOTOSDebe necesariamente solicitarse además se declare nula “la resolución ficta denegatoria”. Segunda Ponencia: 21 VOTOSSólo debe solicitarse el reconocimiento o restablecimiento de un derecho, en tanto que no existe ninguna resolución o acto administrativo ficto denegatorio. Tercera Ponencia: 31 VOTOSBastará con solicitar el reconocimiento o restablecimiento de un derecho, pues el juez debe aplicar los principios que rigen en el Procedimiento Contencioso Administrativo, como son el favorecimiento del proceso y la suplencia de oficio, estando implícito en este reconocimiento la declaración de nulidad de la resolución ficta, pero debe pronunciarse si lo piden. TEMA 3Vía procesal en que debe tramitarse las pretensiones de nulidad de prescripción adquisitiva de dominio declaradas en sede administrativa (COFOPRI, PETT, Municipalidades) o en sede notarial. ¿En que vía debe tramitarse la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio declarada en sede administrativa o en sede notarial? Primera Ponencia: 11 VOTOSLas pretensiones de Nulidad de Prescripción Adquisitiva de Dominio declaradas en sede administrativa (COFOPRI, PETT, Municipalidades) o e sede Notarial, deben tramitarse en la vía del Proceso Contencioso Administrativo. Segunda Ponencia: 16 VOTOSLas pretensiones de Nulidad de Prescripción Adquisitiva de Dominio declaradas en sede administrativa (COFOPRI, PETT, Municipalidades) o e sede Notarial, deben sustanciarse en la vía ordinaria por el proceso de conocimiento como nulidad de acto jurídico.
Tercera Ponencia: 28 VOTOSLas pretensiones de Nulidad de Prescripción Adquisitiva de Dominio declaradas en sede administrativa (COFOPRI, PETT, Municipalidades), deben tramitarse en la vía del Proceso Contencioso Administrativo, con excepción de la pretensión de nulidad del procedimiento seguido en sede notarial, que se tramitará en la vía civil como nulidad de acto jurídico. TEMA 4:La legitimidad para obrar cuando la demandada es la administración pública.
¿La legitimidad para obrar pasiva en el proceso contencioso administrativo cuando el administrado demanda la invalidez o ineficacia de una actuación administrativa, corresponde a todos los órganos o unidades administrativas que emitieron las resoluciones objeto de impugnación, o sólo contra el órgano o unidad administrativa que emitió la resolución en última instancia? Primera Ponencia: 3 VOTOSCuando el administrado ejerce la acción contencioso administrativa, pretendiendo la invalidez o ineficacia de una actuación administrativa, corresponde la impugnación contra todos los órganos o unidades administrativas que emitieron las resoluciones objeto de impugnación. Segunda Ponencia: 4 VOTOSCuando el administrado ejerce la acción contencioso administrativa, pretendiendo la invalidez o ineficacia de una actuación administrativa, corresponde la impugnación contra el órganos o unidad administrativa que emitió la resolución en última instancia. Tercera Ponencia: 36 VOTOSCuando el administrado ejerce la acción contencioso administrativa, pretendiendo la invalidez o ineficacia de una actuación administrativa, corresponde la impugnación contra la entidad administrativa que emitió en última instancia la resolución cuestionada. Trujillo, 18 y 19 de noviembre de 2011.﻿
Aún sin perspectiva para asegurarlo como dato histórico, Luigi Ferrajoli será el jurista más importante del primer cuarto del siglo XXI. En cualquier caso, hoy es el jurista vivo más trascendente. Fue juez y sobre la relación entre justicia y prensa tiene una tesis: los procesos paralelos. Ferrajoli sostiene que los medios de comunicación masiva violan sistemáticamente el patrón ético cuando informan sobre los procesos judiciales en trámite, al extremo de producir procesos paralelos. Considera que el poder político y económico –detrás de los medios de comunicación– predispone al público a creer anticipadamente cuál es la decisión ‘correcta’. Así, se informa que el juez X está a punto de resolver y que el fallo debe ser A, salvo que aquel sea torpe o corrupto.Sería una ingenuidad extrema pensar que los periodistas no conocen las consecuencias que su ‘anticipo’ produce en el resultado del caso, en el juez y en la opinión social sobre el sistema judicial. Son absolutamente conscientes del poder que ejercen al enjuiciar previamente al juez. Pero, ¿saben también que cometen una inmoralidad?Jamás se va a conocer una foto o una filmación de un proceso en trámite en el common law, sistema jurídico vigente en Inglaterra, sus colonias y ex colonias. A lo mucho se publica un dibujo. Por lo demás, los periodistas no adelantan opinión a pesar de la evidencia que tengan, cometerían un delito.En el Perú, los jueces temen a los periodistas y estos no respetan a aquellos por ignorancia o por dolo. En ocasiones el abogado patrocinante de una parte completa su honorario con una manifestación pública de sus argumentos –“convenientemente preparada por profesionales de la opinión”– para convencer, ¿a quién? A todos y a nadie, en realidad para desestabilizar al juez.Por eso no extraña que los casos judiciales emblemáticos se conviertan cotidianamente en portada. Los exabruptos de los protagonistas son la carnada de la noticia que hoy irrumpe, impacta y vende, porque agravia, hasta que mañana queda sepultada por otro escándalo. Es irrelevante que se confirme que la primicia de ayer fue una infamia, eso no se publica porque la verdad no vende, salvo que contenga otro escándalo. Esta ruptura feroz y constante con los parámetros éticos sobre la información judicial es uno de los temas más serios que el gremio periodístico debe resolver o siquiera tratar.En una revista semanal muy leída, un periodista experimentado informó en su columna sobre una futura decisión judicial. Al nombrar a los jueces del tribunal supremo que resolverá el caso, identificó puntualmente al juez ponente, llamado así porque ha sido elegido para redactar el proyecto de resolución que será discutido con sus otros colegas. Sin embargo, la elección del ponente y su nombre es un acto reservado. No lo conocen –ni deben conocerlo– las partes ni sus abogados. Que se logre filtrar ese nombre es algo turbio, oscuro, torvo. Por si acaso, decir que es frecuente o un ‘lugar común’ que ello ocurra sería solo una demostración de cinismo.Sin prueba no es posible afirmar que el dato filtrado es un acto de corrupción. Y como tampoco puede ser un acto de sagacidad periodística, estamos ante un periodista que ignora los parámetros éticos de su profesión. Se escribe en un medio de comunicación para compartir denuncias y esperanzas. Sin embargo, afirmar o negar un hecho en un medio masivo implica asumir una responsabilidad que, en sus consecuencias, es ilimitada pero, en sus fundamentos éticos, es objetiva y precisa. Si es un hecho, se debe tener un margen de seguridad; si es una opinión, debe estar razonablemente fundada. Siempre será mejor el artículo que no se escribió, si no se avizora lo que este puede producir.Finalmente, aunque se está mejorando, es un hecho que las cosas no están bien en el Poder Judicial, pero no es poca la responsabilidad que tiene el periodismo de esa situación.
¿Teniendo en cuenta que la pretensión de otorgamiento es una acción creditoria y no una acción real, está sujeta a un plazo prescriptorio? ¿Hasta dónde llega la ejecución de la sentencia favorable?

References: artículo 10
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