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Timestamp: 2017-09-26 04:06:44+00:00

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Todas conferencias ok ctp
PLAN DE DESARROLLO "CON USTED HACEM... by YOLANDASILVA11 140912 views
, Política Infancia y Adolescencia at Política Infancia y Adolescencia
1. Desafíos para el presente Conferencias “Primera infancia y conflicto armado en Colombia” Compiladora Elsa Castañeda Bernal Autores Álvaro Francisco Córdoba Caviedes Ana Lucía Sanín Jiménez Asociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida Blanca Inés Jiménez Zuluaga Catalina Cuartas Escarria Ivonne Leadith Díaz Pérez María Cristina Escobar María Cristina Palacio Valencia María Eugenia Montoya Montoya Maritza López de la Roche Paula Andrea Ila Yolanda Reyes
2. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educaciónla Ciencia y la Cultura – OEICarrera 9 No. 76 -27Teléfono 346 9300www.oei.org.es / www.oei.org.comÁlvaro Marchesi UllastresSecretario GeneralAngel Martín PeccisRepresentante Regional en BogotáElsa Castañeda BernalDirectora IDIE Primera Infancia y Derechos de la NiñezPatricia Bojacá SantiagoEspecialista IDIE Primera Infancia y Derechos de la NiñezElsa Castañeda BernalCompiladoraÁlvaro Francisco Córdoba CaviedesAna Lucía Sanín JiménezAsociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de VidaBlanca Inés Jiménez ZuluagaCatalina Cuartas EscarriaIvonne Leadith Díaz PérezMaría Cristina EscobarMaría Cristina Palacio ValenciaMaría Eugenia Montoya MontoyaMaritza López de la RochePaula Andrea IlaYolanda ReyesAutoresCarlos David Ramírez ChávesFotografía de portadaSonia Nadezhda TruqueCorrección de estiloSigma Editores Ltda.Desarrollo Editorial e ImpresiónLos conceptos y opiniones de los artículos son de exclusiva responsabilidadde los autores y no comprometen la política institucional de la OEI.ISBN: 978-958-8658-03-6
3. Desafíos para el presente Conferencias “Primera infancia y conflicto armado en Colombia” Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C, 2009 Diplomado “Abordaje de las afectaciones de las violencias en la primera infancia” Programa Buen Comienzo Medellín, 2010 Autores Álvaro Francisco Córdoba Caviedes Ana Lucía Sanín Jiménez Asociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida Blanca Inés Jiménez Zuluaga Catalina Cuartas Escarria Ivonne Leadith Díaz Pérez María Cristina Escobar María Cristina Palacio Valencia María Eugenia Montoya Montoya Maritza López de la Roche Paula Andrea Ila Yolanda Reyes Instituto Iberoamericano de Primera Infancia y Derechos de la Niñez – IDIE –Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura – OEI –
4. (…) Siempre me pareció trágico el destino de ciertos hombres que equivocaron su camino, que perdieron la posibilidad de dirigir la Historia, o su propio Destino. “Desquite” era uno de esos: era uno de los colombianos que más valía: 160 mil pesos. (…) ¿Quién era en verdad? Su filosofía, por llamarla así, eran la violencia y la muerte. Me habría gustado preguntarle en qué escuela se la enseñaron. El habría dicho: yo no tuve escuela, la aprendí en la violencia a los 17 años. Allá hice mis primeras letras, mejor dicho mis primeras armas. Con razón…se había hecho guerrillero siendo casi un niño. No para matar sino para que no lo mataran, para defender su derecho a vivir, que, en su tiempo, era la única causa que quedaba por defender en Colombia: la vida.En adelante, este hombre, o mejor, este niño, no tendrá más ley que el asesinato. Su patria, su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino, le dan una psicología de asesino. Seguirá matando hasta el fin, porque es lo único que sabe: matar para vivir (no vivir para matar). Solo le enseñaron esta lección amarga y mortal, y la hará una filosofía aplicable a todos los actos de su existencia. El terror ha devenido su naturaleza, y todos sabemos que no es fácil luchar contra el Destino. El crimen fue su conocimiento, en adelante sólo podrá pensar en términos de sangre. (…) Gonzalo Arango, 1993
5. Contenido Prólogo 7 Elsa Castañeda Bernal1. Reparación integral y primera infancia: principio de solidaridad 9 o responsabilidad del Estado Álvaro Francisco Córdoba Caviedes2. Algunos elementos claves para la aplicación de la justicia restaurativa en la infancia 43 Ivonne Leadith Díaz Pérez3. Las afectaciones de los niños y las niñas en primera infancia desde un enfoque 55 de derechos humanos: prácticas y desafíos Paula Andrea Ila4. El trauma y la angustia en niños que han vivido experiencias violentas 89 Ana Lucía Sanín Jiménez5. Enfoque diferencial para la atencion de la primera infancia en el contexto 105 del conflicto armado Maria Eugenia Montoya Montoya6. Familia, enlaces intergeneracionales y orden de las violencias 111 María Cristina Palacio Valencia7. Familia, niñez y juventud en el conflicto armado en la comuna 13 129 de la ciudad de Medellín: 1978- 2006 Blanca Inés Jiménez Zuluaga8. Representaciones sociales de “la guerra” construidas por niños colombianos 149 urbanos y rurales Maritza López de la Roche
6. 9. Las nuevas generaciones crecen como “públicos” de los 175 medios y del conflicto armado que llega a través de las pantallas Maritza López de la Roche10. Para nombrar los agujeros negros: ¿literatura en tiempos de guerra? 189 Yolanda Reyes11. Resiliencia 197 Asociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida12. Niños, niñas, adolescentes y sus familias afectados por conflicto 221 armado residentes en Bogotá. Reflexiones desde la práctica María Cristina Escobar13. La primera infancia en la guerra 229 Catalina Cuartas Escarria
7. PrólogoTeniendo presente que el conflicto armado ha sido una constante en lahistoria social y política de los últimos cincuenta años del país y que susconsecuencias se extienden a lo largo de varias generaciones de colom-bianas y colombianos, el IDIE en Primera Infancia y Derechos de la Niñez, [1]además de diseñar y poner en marcha el proyecto Re Creo [1] , asumió El proyecto Re Creo surgela tarea de sensibilizar e interesar a otros profesionales, programas de formación en el 2007 como una deacadémica, equipos de investigación e instituciones y organizaciones de carácter las líneas de trabajo del IDIE de Primera Infancia ypúblico y privado que tradicionalmente no se han ocupado de la relación entre Derechos de la Niñez deconflicto armado y primera infancia para que esta problemática empezara a hacer la OEI, bajo el siguiente objetivo: “Apoyar al gobiernoparte de sus intereses y acciones personales, profesionales e investigativas. nacional y a los gobiernos En este contexto surge el estudio Colombia: huellas del conflicto en la locales para la cualificaciónprimera infancia (2009), donde se resalta, entre otros resultados, la escasa de los proyectos, programas e iniciativas dirigidas a losproducción de conocimiento académico sobre los impactos del conflicto menores de 6 años expuestosarmado en los menores de seis años y la ausencia de políticas y programas al conflicto armado, anacionales o locales orientados a trabajar de manera diferencial sobre las través de la producción de conocimiento, la formaciónafectaciones generadas por la guerra en estas poblaciones. de talento humano y la El debate académico y político que se generó en torno al estudio, puso intervención en terreno paraen evidencia la necesidad de emprender acciones sistemáticas sobre el tema el restablecimiento de los vínculos sociales y afectivosen cuestión, para lo cual la Organización de Estados Iberoamericanos para resquebrajados por la guerra.”la Educación, la Ciencia y la Cultura –OEI–, a través de su Instituto de (Castañeda, 2007: 10).desarrollo e innovación educativa –IDIE– en Primera Infancia y Derechos [2]de la Niñez, se propuso sensibilizar tanto a la comunidad académica sobre Convenio de de Asociación y Cooperación No. 3188la importancia de adelantar estudios en esta línea, como a la sociedad en celebrado entre la Secretaríageneral, especialmente a los servidores públicos, profesionales de ciencias Distrital de Integraciónhumanas y sociales y agentes educativos que atienden a la primera infancia, Social –SDIS- y diez y nueve instituciones ypara generar condiciones orientadas a detectar y reparar los impactos del organizaciones públicas yconflicto armado en los pequeñitos. privadas, del nivel distrital, nacional e internacional entre Aprovechando el escenario técnico que brindó el Convenio por la ellas la OEI a través de su IDIEInclusión social de la primera infancia [2], durante el segundo semestre Iberoamericano de Primeradel 2009 se realizó en Bogotá el ciclo de conferencias: “Primera Infancia Infancia y Derechos de la Niñez.y Conflicto Armado”, en asocio con el Instituto de Estudios Socialesy Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana. A partir de PRÓLOGO 7
8. clarificar las características del conflicto armado en el país y sus implica- ciones jurídicas y administrativas, se abordaron temas relacionados con la reparación integral, la familia, los medios de comunicación, el lugar del arte, el juego y la literatura y de otras propuestas de acción como sanadoras de los efectos del conflicto armado y la violencia social en nuestros niños y niñas más pequeños. [3] Convenio No. 010-2009 La amplia acogida a la convocatoria por parte de estudiantes y profe- suscrito entre la Alcaldía de sionales de disciplinas afines a la economía, ciencias políticas y artes, así Medellín y la Organización como de disciplinas con tradición de trabajo en primera infancia, agentes de Estados Iberoamericanos –OEI-, para apoyar la educativas y servidoras y servidores públicos, se reflejó en la asistencia de implementación del más de 560 personas, de las que se certificaron 195 que asistieron a seis de Programa Buen Comienzo cualificando y ejecutando las ocho conferencias programadas. el plan de formación a Valiéndose del interés que despertó en Bogotá el ciclo de conferencias agentes educativos para la y en cumplimiento del objeto del Convenio suscrito entre la Alcaldía atención integral a la primera infancia y desarrollando el de Medellín y la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI- [3], se sistema de información, acordó formalizar el proceso de sensibilización y formación a través del monitoreo y evaluación del Diplomado “Abordaje de las Afectaciones de las Violencias en la Primera programa en perspectiva de la consolidación de la política Infancia”. Además de los temas de conflicto armado, desarrollados en pública local de primera Bogotá, se incluyeron otros relacionadas con la violencia social y política infancia. que se vive en Medellín [4] y que impide habilitar a los menores de seis [4] años para el ejercicio de sus derechos. Así, durante el 2010 a través de la El diplomado se organizó en cuatro módulos a saber: Universidad CES, el Programa Buen Comienzo y la OEI se certificaron (i) derechos y reparación 192 profesionales y agentes educativas articuladas al Aula Taller de primera integral en la atención a la infancia. primera infancia afectada por las violencias; (ii) primera La presente publicación compila los escritos que apoyaron el ciclo infancia, afectaciones de las de conferencias de Bogotá y el diplomado de Medellín, organizados de violencias en el desarrollo y la acuerdo con la lógica como fueron estructurados los contenidos de los dos cultura; (iii) enfoques para la atención a la primera infancia eventos: derechos y reparación integral, familia, medios de comunicación afectada por violencias; y enfoques y estrategias de intervención. Esperamos con su divulgación herramientas pedagógicas para la atención a la primera llegar a nuevas audiencias y continuar el camino de la sensibilización para infancia afectada por la investigación y la acción que nos lleve a enfrentar el gran desafío del violencias. presente: romper a través de los niños y las niñas menores de seis años el círculo perverso de odios y rencores que por generaciones ha sido el caldo de cultivo para las venganzas y retaliaciones que sostienen en lo más intimo de la subjetividad de los colombianos y colombianas, el conflicto armado. Elsa Castañeda Bernal Directora IDIE Iberoamericano de Primera Infancia y Derechos de la Niñez8 CICLO DE CONFERENCIAS “PRIMERA INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”
9. Reparación integral y primera infancia: principio de solidaridad o responsabilidad del EstadoÁlvaro Francisco Córdoba Caviedes [5]introduCCiónHemos cumplido ya 4 años de vigencia de la Ley 975 de 2005 o Ley deJusticia y Paz con resultados realmente negativos y me atrevería a decirdeplorables con respecto a las víctimas, y en sentido amplio frente a losobjetivos que dicha ley se trazaba como era el de “facilitar los procesos de pazy la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de gruposarmados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, [5]la justicia y la reparación”. No existe en la actualidad ningún estudio serio y Candidato a Doctor enfundado que demuestre lo contrario, más allá de algunos logros puntuales Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina,y algunos beneficios particulares que han obtenido las pocas víctimas que Abogado, Universidadhan tenido acceso a este proceso y han podido intervenir en el mismo. Externado de Colombia,Es obvio que existen voces oficiales que pretenden ver lo contrario justi- Especialista en Ética y Derechos Humanos deficando estos pésimos resultados a partir de análisis ahistóricos de otras la Universidad del Valle.experiencias internacionales que son valoradas sin tener presente sus Actualmente se desempeñapropios contextos y con la única intensión de justificar y más aún avalar como Coordinador Área de Intervención Legal de lalos pobres resultados alcanzados dentro de este mal llamado proceso de Consultoría para los DerechosJusticia y Paz, pero más aún la impunidad campante que sigue reinando en y el Desplazamiento –nuestra realidad nacional. CODHES; Coordinador del Centro de Atención a Hoy se muestra como gran logro de Justicia y Paz lo único para Víctimas de las Violenciasmostrar, es decir, que los perpetradores de todos estos perversos crímenes y Graves Violaciones a los Derechos Humanos –han confesado 21 mil delitos, según lo informaron varios medios de CAVIDH-, de la Secretaríacomunicación, aunque según las cifras oficiales de la Fiscalía se trata de Distrital de Gobierno, Alcaldía26.054 hechos enunciados en las versiones libres, de los cuales únicamente Mayor de Bogotá.se han confesado 9.968, lo que significa que estaría por confesarse o confir- REPARACIÓN INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD O RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 9
10. marse 16.086 delitos. Pero aceptando como número significativo los 26 mil delitos enunciados, no se entiende el por qué de tanta algarabía y tanto parte positivo, pues por una parte se debe recordar que esa confesión de delitos era el compromiso principal que tenían que cumplir los paramili- tares que se sometieran a la Ley 975, lo cual estipula expresamente la citada Ley en sus artículos 10, 11 y 17: ¤ “ARTÍCULO 17. VERSIÓN LIBRE Y CONFESIÓN. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento. En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delic- tivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, y la fecha de su ingreso al grupo. La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suminis- trada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.” ¤ Así mismo, es oportuno hacer claridad en el sentido de que la cifra de los 26 delitos enunciados, recordando que son únicamente 9.968 los confesados, resulta una cifra mínima frente al inmenso número de crímenes atribuidos a estos grupos en los últimos 20 años, según lo corroboran estudios serios de organizaciones civiles, órganos internacionales e incluso instituciones públicas como órganos de control y las autoridades judiciales.10 CICLO DE CONFERENCIAS “PRIMERA INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”
11. ¤ Por otra parte, según las cifras de la fiscalía en el reciente informe presentado por el ex fiscal Mario Iguarán, en su rendición de cuentas, las víctimas registradas en justicia y 1 paz suman un total de 219.818 víctimas, de las cuales sólo 35.771 han sido relacionadas en los delitos enunciados por los paramilitares, lo que constituye el 16 %, y sólo 27.042 (12%) han participado en las versiones libres. Son cifras que de plano descalifican este proceso y permiten concluir que de esa manera es imposible garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y sólo con relación a las 219.818 víctimas registradas en Justicia y Paz. Que no decir frente a las casi un millón de víctimas que se les atribuye a estos grupos incluyendo el crimen de desplazamiento forzado.¤ Del número total de hechos delictivos enunciados en las versiones libres por parte de los postulados a Justicia y Paz, existen 2.133 víctimas niños La fiscalía en sus informes oficiales no hace mención del posible número de niños y niñas dentro del total de víctimas registradas, y menos aún hace una referencia a la edad posible de los niños y niñas víctimas, así que es difícil determinar cuántos de ellos pertenecen a la primera infancia.¤ En este sentido, el balance positivo que se pretenda hacer no puede estar relacionado con el número de hechos delictivos confesados o enunciados por estos criminales de guerra y de lesa humanidad, pues lo fundamental sería que podamos reconstruir primero las historias de vida de esas miles de víctimas ofendidas, mutiladas, desplazadas y desaparecidas forzadamente, despojadas de sus bienes y de su honra, reclutadas ilícitamente, abusadas sexualmente, prostituidas forzadamente, y asesinadas y ocultadas en fosas comunes. Además, la cuestión sería preguntarse sobre la suerte actual de esas miles de víctimas que han sobrevivido a este horror y que hoy siguen afectadas en su vida, honra y bienes, y siguen cargando con la estigmatización, la pobreza, la persecución y el miedo como consecuencia de esa violencia indiscriminada y cometida en su contra o contra sus seres amados. Hoy siguen siendo víctimas del desconocimiento de sus afectaciones y sin posibilidades reales de que puedan ser efectivamente reparadas tal como lo exige la normatividad y la jurisprudencia nacional e internacional vigente y aplicable en Colombia. REPARACIÓN INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD O RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 11
12. ¤ Sin embargo, en esta oportunidad no pretendo hacer una análisis de este proceso que ya muchos estudios de seguimiento y evaluación ha ocasionado, siendo el último el realizado recientemente por la GTZ con ocasión de los 4 años de vigencia de la Ley 975 de 2005, y que en honor a la verdad, poco o nada vienen contribuyendo para lograr los cambios requeridos, que en síntesis se traducen en la VOLUNTAD POLÍTICA para crear la estructura de transición adecuada y necesaria, que garantice una aplicación correcta y oportuna del contenido de la misma Ley 975, que en mi opinión, después de la Sentencia 370 de 2006, por la cual se realizó el estudio de constitucionalidad de este texto jurídico, no sólo no es negativa, sino que, según lo afirmó el mismo Jefe de Fiscales de la Corte Penal Internacional, Ocampo de aplicarse correctamente y conforme a lo determinado por la Corte Constitucional, habrá contribuido eficazmente no sólo a la reducción de la impunidad sino también como modelo a seguir en materia de justicia transicional. ¤ Lo importante de hacer referencia a este proceso es porque a partir de su implementación se tornó más común hablar de las víctimas como sujetos de derechos, y precisamente en contextos de violencia como el de Colombia, y en relación a eventuales procesos de negociación política y de paz. Así mismo, en el contexto de este proceso se hicieron familiares en diferentes contextos expresiones tales como verdad, justicia y reparación, o la expresión que de alguna manera encierra todas las anteriores, es decir, REPARACIÓN INTEGRAL. reParaCión de las víCtimas Como fundamento de la justiCia de transiCión reParaCión integral Conflicto armado interno En Colombia existe un conflicto armado interno con una antigüedad de aproximadamente cinco décadas y un ascendente proceso de degradación, reflejado principalmente en la utilización de tácticas e instrumentos de guerra prohibidos por el Derecho de Gentes a través de su historia, y más concretamente por los Convenios de la Haya relacionados con la conducción de las hostilidades bélicas y por los convenios de Ginebra de 1949, dentro de los cuales se destaca su Protocolo Adicional II, aplicable12 CICLO DE CONFERENCIAS “PRIMERA INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”
13. a los conflictos armados de carácter no internacional (Ratificados porColombia mediante la Ley 5 de 1960 y Ley 171 de 1994, respectivamente). Así mismo, en su último informe anual sobre la situación de los 1derechos humanos en Colombia, correspondiente al año 2008 y que fuerapresentado el 19 de Febrero de 2009, la Alta Comisionada de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos reconoce que Colombia continúainmersa en un conflicto armado interno complejo y de múltiples facetas,cuyo efecto sobre los derechos humanos representa un desafío permanentepara el Estado y su población. Las violaciones de los derechos humanose infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por losgrupos guerrilleros y la Fuerza Pública, así como las actividades de losotros grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con las subyacentesdificultades estructurales, como la inequitativa distribución de la riqueza,la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad ylas dificultades para el acceso efectivo a la justicia siguen condicionando elgoce integral de los derechos humanos [6]. [6] Ya en varias ocasiones y en diferentes informes, instancias internacio- NACIONES UNIDAS, Informe anual de la Alta Comisionadanales tanto de las Naciones Unidas como del sistema Interamericano se de las Naciones Unidas parareitera esta posición de calificar al conflicto armado interno en Colombia los Derechos Humanos sobrecomo causa sobresaliente en la grave crisis humanitaria, razón por la cual la situación de los derechos humanos en Colombia,igualmente se ha instado a buscar una solución negociada para consolidar Oficina en Colombia del Altouna paz estable y duradera y poder superar así las innumerables violaciones Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechosa los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se Humanos, 19 de Febrero deproducen como consecuencia de esta confrontación [7]. 2009, párrafo 6. [7]Definición de reparación integral “142. La Alta Comisionada urge a cada uno de los•	Reparación integral de víctimas de crímenes atroces grupos armados ilegales aLa reparación integral de las víctimas de crímenes atroces encuentra su poner en práctica, cuantofuente o título en el deber estatal de reparar el daño ocasionado por tales antes, un cese efectivo de hostilidades, correspondidocrímenes. Este deber incluye la indemnización de los daños y perjuicios por el Gobierno. Exhorta,sufridos con motivo del crimen, así como mecanismos individuales de además, que con urgenciarehabilitación y restitución, y medidas de satisfacción de alcance general. se inicien diálogos y negociaciones entre el Todos estos mecanismos tienen el propósito de que los efectos de los Gobierno y los gruposcrímenes atroces desaparezcan, tanto para restablecer la dignidad de las armados ilegales quevíctimas como para garantizar que los mismos no volverán a tener lugar. permitan la superación del conflicto armado interno El deber de reparar integralmente a las víctimas reposa en cabeza del y el logro de una pazEstado, incluso cuando los crímenes atroces no han sido cometidos por sus duradera. Los diálogos yagentes. Por ello, si bien es posible y deseable que busque que las víctimas las negociaciones deberánsean reparadas por los perpetradores, en caso de que ello sea insuficiente REPARACIÓN INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD O RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 13
14. o inadecuado para lograr la reparación, el Estado mantiene la responsabi- lidad de garantizar que esta será satisfecha de manera integral. Así, a diferencia de lo que sucede con la política social e incluso con la atención humanitaria, las reparaciones se enfocan en el pasado, y en particular en el restablecimiento de situaciones anteriores (2). Sin embargo, esto no significa que las reparaciones no miren hacia el futuro, pues justa- mente se enfocan en el pasado, pero con el propósito de construir un futuro mejor, no sólo a través de la asignación de responsabilidades y del reconocimiento de derechos negados durante mucho tiempo, sino también a través de la reconstrucción de la confianza cívica y de lazos de solidaridad entre los diferentes actores sociales(3), y de la contribución a la finalización de una cultura de impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos(4). Así mismo, sobre este tema, es pertinente citar un documento inédito de Tatiana Rincón Covelli, titulado “La posición de la víctima en el procedimiento de esclarecimiento judicial regulado por la ley 975 de 2005” presentado con ocasión del Foro Jurídico convocado por Fescol y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dentro del cual abordó con claridad este tema. priorizar, desde sus inicios, el derecho internacional “El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario y los derechos internacional humanitario y el derecho penal internacional han humanos. En cuanto a las reconocido a la víctima derechos específicos: los derechos a la verdad, negociaciones exhorta al Gobierno y al Congreso a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición de las viola- que establezcan, cuanto ciones padecidas. antes, un marco jurídico con El reconocimiento de estos derechos implica el reconocimiento del mecanismos adecuados que reconozcan y garanticen derecho de la víctima a los mecanismos y procedimientos que garan- plenamente los derechos a ticen, en forma plena, efectiva y en un tiempo razonable, el ejercicio la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. El y satisfacción de los mismos. Es decir, no se pueden reconocer los marco jurídico debe tomar derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no en cuenta debidamente la repetición sin reconocer, -- como una condición de posibilidad del situación de la mujer y de las minorías étnicas. Naciones real ejercicio de dichos derechos, el derecho a recursos y procedi- Unidas, Informe de la Alta mientos adecuados y efectivos. Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2004, Comisión En este sentido, y conforme al derecho internacional de los derechos de Derechos Humanos, 61 humanos, los Estados tienen la obligación constitucional o legal de período de sesiones, Tema otorgar un recurso accesible, efectivo y viable conforme al cual las 3 del programa provisional, documento E/CN.4/2005/10, víctimas puedan procurarse el reconocimiento y restablecimiento 28 de febrero de 2005. de sus derechos [8]. Y como ha sido señalado constantemente por14 CICLO DE CONFERENCIAS “PRIMERA INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”
15. la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, “esos procedimientos nodeben ser meras formalidades que, lejos de permitir la realización de 1tales derechos, diluyan en el tiempo toda posibilidad de éxito en suafirmación, reconocimiento o ejercicio”. [9] [8]La Corte Constitucional colombiana ha reconocido igualmente Al respecto, ONU. Consejo Económico y Social. Conjuntolos derechos de las víctimas de todo delito a la verdad, la justicia, de principios actualizado parala reparación integral y la no repetición [10]. De acuerdo con la ya la protección y la promociónpacífica jurisprudencia de la Corte Constitucional, las víctimas de los derechos humanos mediante la lucha contra latienen derecho al reconocimiento, ejercicio, protección y satisfacción impunidad. E/CN.4/2005/102/de estos derechos en el proceso penal [11]. En este sentido, y como Add.1, 8 de febrero de 2005.ha dicho también la Corte Constitucional, las víctimas tienen un [9]derecho al proceso penal [12]. Cfr. CIDH. Informe No.1/07. Caso 11.878. Admisibilidad.El reconocimiento del derecho de las víctimas al proceso penal, Azucena Ferry Echaverrycomo un recurso adecuado, para lograr la satisfacción de los derechos y otros. Nicaragua. 27 dea la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, no febrero de 2007, párr. 35.inhabilita a las víctimas para lograr la satisfacción de los derechos [10] Corte Constitucional,a la verdad, a la reparación y a la no repetición también por otras Sentencia C-228 de 2002.vías. El Conjunto de Principios actualizado de Naciones Unidas para [11]la protección y la promoción de los derechos humanos mediante Al respecto, Cortela lucha contra la impunidad, prevé, al respecto, la posibilidad de Constitucional, Sentenciafuncionamiento de Comisiones de la Verdad como instancias comple- C-228 de 2002; Sentencia C-591 de 2005; Sentenciamentarias nunca sustitutivas- de los procesos judiciales- y prevé C-454 de 2006; Sentenciatambién en relación con el derecho a la reparación- la posibilidad de C-370 de 2006; Sentencia 209 de 2007.la vía civil o la vía administrativa, e, igualmente, la posibilidad deprogramas de reparación basados en medidas legislativas o adminis- [12] Al respecto, Sentencia C-370trativas [13]. de 2006.Ahora bien, cuando las víctimas acuden al proceso penal como [13]el recurso adecuado para ejercer el conjunto de sus derechos, este Cfr. Conjunto de principiosrecurso judicial debe garantizar la plena satisfacción de los mismos. actualizado para la protección y la promociónPor tanto, el proceso penal no puede convertirse en un obstáculo de de los derechos humanosla garantía de esos derechos. De ser esta la situación, se estaría vulne- mediante la lucha contra larando el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo. impunidad, principios 6 a 13, y principio 32. Sobre el carácter complementario de las Comisiones de la Verdad, puede verse también Corte IDH. Caso Zambrano Vélez. Sentencia de 4 de julio de 2007, párr. 129. REPARACIÓN INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD O RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 15
16. resPonsabilidad del estado dereCho a la justiCia: un dereCho ColeCtivo y un deber del estado La obligación de los Estados de castigar los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos no se puede negociar ni exonerar por razones de interés político. Un Estado que prohíja la impunidad es un Estado que patrocina la injusticia, como certeramente lo expresó la misión de observación sobre los casos Bousquet, Papo y Touvier en Francia, “un Estado democrático no puede substraerse a sus responsabilidades ante la injusticia, sin poner en tela de juicio su propia legitimidad.” Esta obligación en cabeza del Estado ha sido reiteradamente reconocida por los diferentes organismos internacionales de derechos humanos quienes en sus diversos pronunciamientos (declaraciones, pactos, resoluciones, informes, etc.), han sido categóricos al sostener que les corres- ponde a los Estados adelantar, mediante todos los medios que tengan a su alcance, las investigaciones respectivas con miras a judicializar y sancionar a todos aquellos que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De manera particular citemos lo dicho por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual mediante Resolución 1999/34 del 26 de abril de 1999, proferida en su 55a sesión, subraya “la importancia de adoptar todas las medidas posibles y necesarias para que respondan ante la justicia los autores de violaciones de los derechos humanos y del derecho humani- tario internacional, e insta a los Estados a que actúen respetando las debidas garantías procesales.”[14] Resolución la Comisión de Derechos Humanos sostiene que “Consciente de que el fenómeno de la impunidad afecta a todas las esferas de la sociedad, reconoce que exigir responsabilidades a los autores de violaciones graves de los derechos humanos es uno de los elementos esenciales de toda reparación eficaz para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y un factor clave para conseguir un sistema de justicia justo y equitativo y, en definitiva, la reconci- liación y la estabilidad en un Estado.” [15] [14] Comisión de Derechos ¤ Informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas, Louis Humanos - ONU, Resolución Joinet, acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de de la Comisión de Derechos violaciones de derechos en aplicación de la decisión 1996/119 de Humanos 1999/34, www. unhchr.ch/spanish. la Subcomisión. [15] Ibid. Este deber incondicional del Estado se consagra igualmente como un derecho de las víctimas a la justicia, reconocido por los principios para la16 CICLO DE CONFERENCIAS “PRIMERA INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”
17. protección y la promoción de los derechos humanos mediante la luchacontra la impunidad, de las Naciones Unidas. 1 “Principio 20. Deberes de los Estados en el ámbito de la adminis- tración de la justicia. La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones...”[16] ¤ Comisión Interamericana en su Informe No. 136/99, rendido el 22 de diciembre de 1999, dentro del Caso 10.488, relacionado con el asesinato de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría.Igual posición ha asumido en el ámbito americano la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos, quien a partir de hechos concretos ocurridosen algunos países de su jurisdicción ha expresado su total rechazo a leyes deimpunidad y por el contrario ha recordado a los Países Miembros, funda-mentándose en la Convención Americana de los Derechos Humanosde 1988, o Pacto de San José de Costa Rica, su irrestricta obligación deinvestigar y sancionar eficazmente a los responsables de estos crímenes yde garantizar a las víctimas, de manera efectiva y no aparente, el colectivoderecho a la verdad y a la justicia. Dada la importancia internacional que significó este informe de laComisión Interamericana, así como lo relevante de su posición para eltema de análisis, considero oportuno hacer una cita extensa de los apartesmás sobresalientes del informe: “2. El deber de investigar y sancionar (artículo 1(1) de la Convención Americana). 170. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la obligación asumida por los Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención prevista en el artículo 1(1) de la Convención significa: El deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental [16] y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el Compilación de instrumentos ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar internacionales, op. cit., pp. jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como conse- 145-146. cuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar REPARACIÓN INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD O RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 17
18. toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.” [17] Sobre el derecho a una efectiva y real justicia de las víctimas y sus familias en cabeza del Estado, manifestó la Comisión: “3. El derecho a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva (artículos 8(1) y 25 de la Convención). 191. Según tal criterio interpre- tativo, la Corte estableció que el artículo 8(1) comprende el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales. Dichas garantías judiciales consisten en una investigación efectiva, el procesamiento de los responsables de los ilícitos, la imposición de las sanciones pertinentes y la indemnización de los daños y perjuicios que hubieren sufrido los familiares. 193. La Corte Interamericana ha interpretado esta disposición estable- ciendo que según la Convención Americana, los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser substanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8(1)), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1). 196. Empero, para que la investigación que el Estado está obligado a garan- tizar sea efectiva, es condición fundamental que sea emprendida de buena fe, de manera diligente, exhaustiva e imparcial, y esté orientada a explorar todas las líneas investigativas posibles que permitan la identificación de los autores del delito, para su posterior juzgamiento y sanción.” [18] Sin embargo, es prioritario reconocer que igualmente le corresponde a la sociedad misma hacer todo cuanto esté a su alcance para impedir que los crímenes y los vejámenes cometidos contra miembros individuales y colec- [17] Comisión Interamericana de tivos de su seno queden en el olvido e impunes. Citando nuevamente a Derechos Humanos, Informe Javier Giraldo, observamos que en ocasiones han sido precisamente las No. 136/99 Caso 10.488 Ignacio Ellacuría y otros, acciones emprendidas desde la sociedad las que han permitido desen- www.cidh.oas.org. trañar la verdad y confrontar la barbarie: “En el campo de la Justicia que [18] es el más obstruido en todos estos procesos, si bien la sociedad no puede erigirse Ibid. como instancia de justicia alternativa, sí puede impulsar y presionar la aplicación de los principios jurídicos, ejercer el derecho de denuncia, recurrir a las instancias18 CICLO DE CONFERENCIAS “PRIMERA INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”
19. internacionales garantes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ycrear tribunales de opinión, donde las situaciones concretas se confronten trans-parentemente y ante la opinión pública con la aplicación debida de los principios 1del Derecho Internacional. Tal fue la experiencia tenida en 12 países latinoame-ricanos, entre 1989 y 1991, con la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblossobre la impunidad de crímenes de lesa humanidad en América Latina.” [19] Cuando se trata de violaciones que tienen carácter de crímenes delesa humanidad, el derecho de las víctimas frente al Estado no se agotaen la obtención de una compensación pecuniaria, sino que requiere unareparación integral que incluye primeramente y como parte del derecho ala justicia, el conocimiento de la verdad. El derecho a la verdad es parte, entonces, de un más amplio derechoa la justicia que tienen las víctimas de este tipo de crímenes. Para sermás específicos, las obligaciones del Estado que nacen de estos crímenesson cuádruples: obligación de investigar y dar a conocer los hechos quese puedan establecer fehacientemente (verdad); obligación de procesar ycastigar a los responsables (justicia); obligación de reparar integralmentelos daños morales y materiales ocasionados (reparación); y obligación deextirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepa han cometido,ordenado o tolerado estos abusos (creación de fuerzas de seguridad dignasde un Estado democrático). Estas obligaciones no son alternativas unas alas otras, ni son optativas; el Estado responsable debe cumplir cada una deellas en la medida de sus posibilidades y de buena fe. [20] Este irrenunciable derecho a la verdad en cabeza de las víctimas ha sidoigualmente calificado como un derecho colectivo por parte de las instanciasinternacionales de promoción y defensa de los derechos humanos. Así loreconoce de manera expresa la Comisión Interamericana en el ya citadoinforme sobre el caso del sacerdote Ignacio Ellacuría: [19] “224. El derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que Giraldo, Javier, “Impunidad y permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el democracia...”, op. cit. desarrollo de los sistemas democráticos y a la vez un derecho parti- [20] cular para los familiares de las víctimas, que permite una forma Méndez, Juan E) “Derecho a la verdad frente a las graves de reparación, en particular, en los casos de aplicación de leyes de violaciones a los derechos amnistía. La Convención Americana protege el derecho a acceder y a humanos”, en Abregú, Martín y Courtis, Christian (comp.) recibir información en su artículo 13. (1996), La aplicación de los tratados sobre derechos 226. Además de los familiares de las víctimas directamente afectados humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Cels. por una violación de los derechos humanos, también es titular del derecho a ser debidamente informada la sociedad en general. Como REPARACIÓN INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD O RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 19
20. ha sostenido la CIDH con respecto a la amnistía decretada mediante el decreto 486 de 1993: Independientemente del problema de las eventuales responsabilidades --las que, en todo caso, deberán ser siempre individuales y establecidas después de un debido proceso por un tribunal preexistente que utilice para la sanción la ley existente al momento de la comisión del delito-- …toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos (...) Tal acceso a la verdad, supone no coartar la libertad de expresión…” 228. Forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias especí- ficas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y escla- recimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones.” [21] ¤ Louis Joinet, acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de derechos en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión. Para concluir este punto, y para reafirmar la postura de que el derecho a la justicia, así como sus complementos del derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, deben considerarse derechos colectivos en tanto que afectan no sólo a quienes los padecen directamente o a sus familiares sino también a la sociedad de la que hacen parte, y más aún a la humanidad entera, es pertinente citar algunos apartes del Informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas, Louis Joinet, acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de derechos en aplicación de la [21] decisión 1996/119 de la Subcomisión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe “A. El derecho de saber. 17. No se trata solamente del derecho No. 136/9..., op. cit. individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es20 CICLO DE CONFERENCIAS “PRIMERA INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”
21. también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del Estado, el “deber de la memoria” a 1 fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el conoci- miento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo. B. El derecho a la justicia. 1. El derecho a un recurso justo y eficaz. 26. Implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su opresor sea juzgado, obteniendo su reparación. Como se subraya en el preámbulo de la Estructura de principios, no existe reconciliación justa y durable sin que sea aportada una respuesta efectiva a los deseos de justicia; el perdón, acto privado, supone, en tanto que factor de reconciliación, que la víctima conozca al autor de las violaciones cometidas contra ella y el opresor esté en condiciones de manifestar su arrepentimiento; en efecto, para que el perdón pueda ser concedido, es necesario que sea solicitado.” [22] El problema del castigo, del perdón y de la reconciliación, de ninguna manera es un problema privado entre víctimas y victimarios. Lo que se ha violado, no solamente es el alma y cuerpo de la víctima, son los [22] derechos de todos nosotros los que se violan en un individuo violado. Joinet, Louis - Comisión de Derechos Humanos, Informe “El delincuente es llevado a la corte penal, no porque ha dañado a determi- final del Relator Especial nadas personas, tal como en el caso de la justicia civil, sino porque su delito acerca de la cuestión de la pone en peligro la comunidad como entidad entera,(...)” anotó Hannah impunidad de los autores de violaciones de los Arendt en relación al proceso de Nüremberg [23]. derechos humanos (derechos civiles y políticos) E/CN.4/ Sub.2/1997/20/Rev.1, www. unhchr.ch/spanish.afeCtaCiones de los niños y niñas en Primera [23]infanCia en el marCo del ConfliCto armado Citado en Rainer Huhle, “De Nüremberg a La Haya:Con frecuencia no se piensa que los niños y niñas son directamente los crímenes de derechos humanos ante la justicia:afectados por hechos de violencia atribuidos al conflicto armado interno, problemas, avances ypese a las evidencias contrarias que sobre dicha problemática se presentan perpectivas”, en Ko´aga Roñe´eta se, 1997.de manera reiterativa en los numerosos y diversos estudios y análisisque sobre las afectaciones generadas por el conflicto armado realizan los REPARACIÓN INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD O RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 21
22. órganos de control en Colombia, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y organismos internacionales bien sea del Sistema Interamericano o de las Naciones Unidas. Las guerras o conflictos armados, sean internacionales (entre Estados o países), o se trate de conflictos de carácter no internacional (Ver apartado 3.2) [24], siempre generan daños directos e indirectos contra los niños y niñas, que entendidos desde la perspectiva de la garantía de derechos constituyen primordialmente violaciones a sus derechos humanos y funda- mentales. Las afectaciones en torno a los niños y las niñas se producen como consecuencia de crímenes cometidos contra sus padres, familiares y personas cercanas, que los conducen a la horfandad, el desplazamiento y sus nefastas consecuencias, así como de forma directa cuando son víctimas de vulneraciones de sus derechos a la familia, educación, salud, vida, libertad e integridad personal, entre otros. Sin embargo, varios estudios e investigaciones reconocen que esta violencia sigue oculta y los datos estadísticos que sobre la misma puedan existir no sólo son precarios y parciales, sino muchas veces contradictorios. No existe un seguimiento periódico y minucioso de los hechos de violencia cometidos contra niños y niñas en el marco del conflicto armado. Los entes estatales a quienes les corresponde por mandato legal la atención de la niñez, como es el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no tienen construido el problema de la niñez afectada por el conflicto de manera compleja y diferencial, limitándose en este campo generalmente a las problemáticas más visibles derivadas de la vinculación de niños y niñas a los grupos armados y el desplazamiento forzado. Es sorprendente que el ICBF no conciba un tratamiento diferenciado para los niños y las niñas víctimas de delitos comunes o de violencia intrafamiliar y aquellos afectados como consecuencia de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno. El principal aporte que hace la experta del Secretario General de las Naciones Unidas, Graca Machel, en su Informe sobre “Las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños” (1996) consiste precisamente en este reconocimiento de que los niños y las niñas, aún sin ser sujetos activos de los conflictos armados, resultan sus principales afectados y víctimas, siendo igualmente dicha violencia invisibilizada, desconocida y, peor aún, negada. En el Informe se señala: [24] “1. Millones de niños se ven envueltos en conflictos de los que no Cf. pp. 92-93. son simplemente testigos sino, el objetivo. Algunos caen víctimas de un ataque indiscriminado contra civiles; otros mueren como parte de22 CICLO DE CONFERENCIAS “PRIMERA INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”
23. un genocidio calculado. Otros niños sufren los efectos de la violencia sexual o las múltiples privaciones propias de los conflictos armados, que los exponen al hambre o a las enfermedades. ( ). 1 29. Los conflictos armados en las comunidades y entre ellas ocasionan niveles masivos de destrucción, tanto física como humana, moral y cultural. Causan la muerte o lesiones de muchos niños y muchos otros crecen sin poder satisfacer sus necesidades materiales y emocio- nales, incluidas las estructuras que dan significado a la vida social y cultural. La trama de la sociedad - sus hogares, escuelas, sistemas de salud e instituciones religiosas - queda totalmente destruida. 30. La guerra viola todos los derechos del niño: el derecho a la vida, el derecho a estar con su familia y con su comunidad, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo de la personalidad y el derecho a ser formado y protegido. Muchos de los conflictos de la actualidad duran durante toda la “infancia”, lo que significa que desde el nacimiento hasta el principio de la edad adulta los niños experimentarán múltiples agresiones que se irán acumulando. El resquebrajamiento de la red social y de las relaciones primarias que sirven de apoyo al desarrollo físico, emocional, moral, cognoscitivo y social de los niños durante tanto tiempo puede tener consecuencias físicas y psicológicas profundas. 31. En numerosos casos, los efectos de los conflictos armados en la vida de los niños son invisibles. El origen de los problemas de muchos niños afectados por los conflictos permanece oculto. Tal vez vivan apartados del público, en instituciones o, como sucede en el caso de miles de niños que están solos y han quedado huérfanos, se convierten en niños de la calle o en víctimas de la prostitución. Los niños que han perdido a sus padres suelen experimentar humilla- ciones, rechazo y discriminación. Durante años, tal vez sufren en silencio y su autoestima se desintegra. Su inseguridad y temor son inconmensurables.” [25] [25] NACIONES UNIDAS, Las repercusiones de losLa Defensoría del Pueblo, en su ejercicio de la Magistratura Moral en conflictos armados sobre losmateria de derechos humanos y DIH, respecto de la situación de los niños niños, Informe de la expertay niñas ha sostenido en su informe sobre el año 2007: del Secretario General de las Naciones Unidas, Graca “El conflicto armado incrementa el riesgo de que el ejercicio de los Machel, presentado en virtud derechos humanos de la niñez y la adolescencia colombiana experi- de la Resolución 48/157, 26 de mente graves vulneraciones. En su calidad de población civil están agosto de 1996. expuestos a ser víctimas de: amenazas, masacres, homicidios, desapa- REPARACIÓN INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD O RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 23
24. riciones, torturas, ataques indiscriminados, accidentes e incidentes por minas antipersonal o armas de uso convencional, enfrenta- mientos armados, restricciones a la circulación de bienes e insumos indispensables para su supervivencia, entre otras acciones calificadas como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, e inclusive como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.”[26] En ese sentido, y con relación a la afectación de los derechos humanos de los niños y las niñas por razón del conflicto armado interno, la Defen- soría del Pueblo afirma que “( ) se hace necesario emprender acciones por parte del Estado, tendientes a la recuperación de los niños y las niñas víctimas de la confrontación armada en atención a que la vida les cambia por completo: el impacto emocional que soportan dificulta su desarrollo armónico e integral; dejan atrás a sus seres queridos y todo su entorno socializador, tienen reducido acceso a los servicios básicos; su educación es afectada considerablemente; la reacción social limita la forma como deben socializarse en un entorno adecuado”.[27] Por otra parte, la Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre el muy alto el número de niños y niñas reclutados ilícitamente en los grupos armados ilegales. “Efectivamente, diferentes estudios realizados en los últimos años han señalado que puede haber entre 6.000 (UNICEF) y 11.000 (Human Right Watch) niños, niñas y jóvenes vinculados con los distintos grupos alzados en armas al margen de la ley. El reclutamiento ilícito, utilizado de manera recurrente como estrategia de guerra y como forma de sometimiento de la población civil, afecta especialmente a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad y, por este motivo, los adolescentes, los niños y las niñas son generalmente víctimas comunes de esta práctica”. [28] Otra de las más graves consecuencias del conflicto armado interno [26] colombiano es el desplazamiento forzado, que repercute directamente en la DEFENSORIA DEL PUEBLO, Décimo Quinto informe población civil, a la que se le obliga a abandonar intempestivamente su lugar del Defensor del Pueblo al de origen en la búsqueda de condiciones mínimas de seguridad personal y Congreso de la República. familiar. En efecto, y aunque las cifras de personas desplazadas varían entre Enero – diciembre 2007, Bogotá, 2008, p.165. 1.500.000 y 3.100.000 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- sostuvo que como consecuencia del conflicto armado, se han [27] Ibídem, p.165 desplazado cerca de 1.100.000 niños y niñas. Igualmente, se ha establecido [28] que “cerca del 58 % de los desplazados internos son mujeres, al tiempo que Ibídem, pp.165-166. el 55 % tienen menos 18 años”. Para la Defensoría del Pueblo, los niños y niñas resultan ser los más afectados por el fenómeno del desplazamiento24 CICLO DE CONFERENCIAS “PRIMERA INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”
25. debido a su particular vulnerabilidad: “Particularmente se ven expuestosa violencia sexual, trabajo infantil (inclusive en sus peores formas) mendi-cidad, utilización en cultivos ilícitos, el reclutamiento por grupos armados [29] Ibídem, pp.165-166. 1al margen de la ley, la delincuencia juvenil, la situación en la calle etc. Es [30]por ello que en la política de atención a la población desplazada se deberá Según se expone en el Autointensificar al trabajo tendiente a que los derechos de los niños y niñas sea 251 de 2008, “En la sentencia T-025 de 2004, la Corteun asunto de máxima prioridad”. [29] Constitucional declaró la Frente a este preocupante reconocimiento de la afectación mayoritaria existencia de un estado dede los niños y de las niñas a causa del conflicto armado, se pronunció la cosas inconstitucional en el campo del desplazamientoCorte Constitucional de Colombia en el Auto 251 del 6 de octubre de forzado en el país, e2008, mediante el cual el alto tribunal hace seguimiento al cumplimiento impartió varias órdenesde la Sentencia T-025 de 2004, en la cual declaró el estado de cosas incons- complejas encaminadas a asegurar su superación, ytitucionales frente a la situación del desplazamiento forzado que afecta a a avanzar hacia la garantíamiles de colombianos y colombianas. [30] De manera tajante y con una del goce efectivo de losactitud de exhortación prioritaria a las autoridades competentes y a las derechos fundamentales de los desplazados. Segúnpolíticas estatales, la Corte realiza un estudio minucioso de lo que califica se constató en el Auto 218como “Situación constitucionalmente inadmisible y apremiante de los de 2006, y según lo hanniños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado en el país”. reconocido posteriormente diversas autoridadesPara la Corte Constitucional: gubernamentales ante “Los niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de despla- la Corte Constitucional -en particular durante la zamiento forzado son las víctimas más débiles e indefensas del audiencia pública realizada conjunto de la población desplazada por el conflicto armado en el en febrero de 2008 ante país, y al mismo tiempo, son duramente golpeados por crímenes y esta Corporación-, el estado de cosas inconstitucional condiciones estructurales de existencia que escapan por completo persiste en la actualidad, y tanto a su control y su responsabilidad como a su capacidad de conlleva la continuidad de la resistir o de responder, marcándolos de por vida al incidir negativa- violación masiva, sistemática, profunda y persistente de mente sobre su proceso de desarrollo individual”.[31] los derechos fundamentales de millones de personasComo se ha mostrado, la situación de los derechos humanos de los niños en el territorio nacional victimizadas por estey las niñas en Colombia sigue evidenciando una gravedad preocupante, complejo fenómeno”. CORTEa pesar de ello aún no existe un consenso acabado acerca del fenómeno CONSTITUCIONAL, Auto 251 de 6 de octubre de 2008.que sea compartido socialmente, y que propenda a su vez por la implemen- Magistrado Ponente Manueltación de medidas y políticas públicas efectivas y prioritarias en procura de José Cepeda Espinosa.su tratamiento prioritario. [31] La delicada situación planteada que involucra a los niños y las niñas CORTE CONSTITUCIONAL,en Colombia señala un problema complejo que la sociedad colom- Auto 251 de 6 de octubre de 2008. Magistrado Ponentebiana padece y que la afecta no sólo como consecuencia de la situación Manuel José Cepedade conflicto armado interno, que como señalamos agudiza el abuso y el Espinosa.maltrato con relación a la población infantil, dando lugar a fenómenos REPARACIÓN INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD O RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 25
26. como la prostitución forzada, el reclutamiento ilícito, las lesiones por minas antipersonales, entre otros. Es muy importante llamar la atención sobre el hecho que la violencia intrafamiliar y la violencia sexual contra los niños y las niñas tiene lugar en el seno de las familias colombianas, sin mediar el agravante del conflicto armado interno, lo cual estaría mostrando un síntoma de la sociedad que requiere el abordaje de las tramas psicosociales junto con las realidades socio-económicas para comprender la repetición de comportamientos sociales e individuales que perjudican a los niños y las niñas. Cabe aclarar que cuando decimos “síntoma de la sociedad” no consideramos que se trata de una singularidad de la sociedad colom- biana, por el contrario, las marcas de patriarcalismo, sexismo, adultismo, discriminación, entre otros, y la consecuente configuración de una “cultura de maltrato” tal como lo definen especialistas de la psiquiatría y psicología- se presentan en otras sociedades occidentales, manifestándose particularmente en las realidades sociales de los países latinoamericanos. Para una mejor comprensión de lo que debe entenderse como afecta- ciones y de sus implicaciones directas respecto de la primera infancia, en primer lugar, es necesario considerar los tipos de victimización de niños y niñas relacionadas con el conflicto armado y en segundo lugar, lo que la legislación nacional e internacional entiende por víctimas y algunas de sus clasificaciones, teniendo en cuenta este concepto con relación a los conflictos armados, o respecto de lo que la doctrina nacional e internacional califica como graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. las víCtimas y los daños oCasionados El concepto de víctima Desde la psicología, el concepto de víctima ha tenido diversas transfor- maciones, son numerosas las definiciones existentes alrededor de este concepto. De este modo, se pasó de considerar a la víctima como aquel sujeto pasivo sobre quien recaía la acción del delito, hasta la concepción [32] más reciente donde la víctima es considerada un actor participativo e Beristain, Antonio, La construcción criminológica incidente en el acto criminal, es decir, ha ido evolucionando esta concep- de la realidad jurídico- tualización hacia el entendimiento de una actividad dinámica y no de penal, Eguzkilore, Cuaderno del Instituto Vasco de pasividad como originalmente se ofrecía. [32] Criminología, No. 8, San Víctima es la persona que ha sufrido lesión o daño físico o mental, Sebastián, 1994, pp. 105.114. una pérdida o daño material, o cualquier otro perjuicio social, como resultado de una acción que: a) Esté en violación con las leyes Penales26 CICLO DE CONFERENCIAS “PRIMERA INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”
27. Nacionales; b) Es un crimen catalogado bajo la Ley Internacional o c) Constituye una violación a las normas de los derechos humanos internacionalmente reconocidos que protegen la vida, la libertad y 1 la seguridad personal, o d) Constituye un abuso de poder ejercido por personas que en razón de su posición política, económica o social, ya sean oficiales políticos, agentes o empleados del Estado o entidades comerciales, estén fuera del alcance de la ley o que, aunque no estén realmente proscritos por las leyes nacionales o internacio- nales, causan daños físicos, psicológicos o económicos, comparables a los causados por los abusos de poder, constituyendo de esta forma un delito dentro de la ley internacional o una violación de las normas internacionalmente reconocidas de los derechos humanos y crea serias necesidades en sus víctimas similares a las causadas por violación de estas normas. [33]En el Derecho InternacionalEn el Derecho Internacional existen principios que reconocen dos defini-ciones de víctima relativas a delitos y abusos de poder así como principiosque estipulan especialmente los derechos de las víctimas de violaciones delas normas internacionales de derechos humanos y del DIH. Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abusos de poder. (Resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU, 29 de noviembre de 1985). A.-Las víctimas de delitos. 1. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independiente- mente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares [33] o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima Newman, Elías(1984.), directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para Victimología, Editorial asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. (…). Universidad, Buenos Aires. (Negrillas por fuera del texto). REPARACIÓN INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD O RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 27
PLAN DE DESARROLLO "CON USTED HACEMOS MAS POR EL CAQUETÁ 2016-2019"
YOLANDASILVA11

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 13
 Resolución