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﻿ Sentencia 2004-01302 de abril 8 de 2010
SENTENCIA 2004-01302 DE 08 DE ABRIL DE 2010
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN MORATORIA. PROCEDENCIA DE SANCIÓN MORATORIA EN LOS EVENTOS EN QUE LA ADMINISTRACIÓN NO SE PRONUNCIE O LO HAGA TARDÍAMENTE, FRENTE A LA SOLICITUD DEL PAGO DE AUXILIO DE CESANTÍA. PROCEDENCIA DE RETENCIÓN LEGAL DE CESANTÍAS DEFINITIVAS
TEMAS ESPECÍFICOS:AUXILIO DE CESANTÍAS, PAGO DE CESANTÍAS, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, RETENCIÓN DE CESANTÍAS
Sentencia 2004-01302 de abril 8 de 2010
Ref.: 730012331000200401302 02
Nº Interno 1872-07
Jorge Eleazar Devia Arias contra la Contraloría municipal de Ibagué
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 27 de julio de 2007 del Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que reconocieron al actor las cesantías definitivas sin la sanción moratoria de que trata el parágrafo único del artículo 2º de la Ley 244 de 1995.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, debe la Sala precisar si se ajustan o no a derecho los actos administrativos por medio de los cuales se ordenó la liquidación y pago al actor del auxilio de cesantías sin la sanción moratoria al considerar que las mismas se encontraban retenidas bajo los supuestos del artículo 3º del Decreto 2712 de 1999.
Como se observa, la indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 es una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley.
La sanción moratoria se contabiliza a partir de la firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas, vale decir, cuando no se interpongan recursos contra el mismo, cuando se renuncie expresamente a ellos o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (CCA, art. 62).
“ART. 3º—Retención y pérdida del auxilio de cesantía. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden territorial destituidos por faltas disciplinarias que puedan llegar a constituirse en delito contra la administración pública, de conformidad con el libro segundo, título III del Código Penal, no podrán recibir el auxilio de cesantía mientras no se les dicte resolución de preclusión de la instrucción, o auto de cesación de todo procedimiento, o sentencia absolutoria”.
— Mediante comunicación calendada 12 de febrero de 2001, el señor Jorge Eleazar Devia Arias solicitó a la Contraloría Municipal de Ibagué el reconocimiento y pago de sus salarios, así como de las cesantías y demás prestaciones sociales (fl. 24), la cual se reiteró el 6 de junio del mismo año (fls. 26-30).
— La Contralora municipal de Ibagué el 20 de septiembre de 2001 responde que solamente queda pendiente de pago el auxilio de cesantía, teniendo en cuenta las previsiones del artículo 3º del Decreto 2712 de 1999 (fls. 31 y 32).
— Mediante fallo proferido el 12 de mayo de 2003 por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Ibagué se tuteló el derecho fundamental de petición al actor, disponiéndose además:
“(…) En consecuencia, ordenar a la señora Contralora municipal de Ibagué, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda, si aún no lo ha hecho, a resolver en uno u otro sentido, es decir, reconociendo o negando la solicitud de reconocimiento de cesantías solicitada por el peticionario Devia Arias” (fls. 273-278).
— En cumplimiento a la decisión del juez constitucional, a través de la Resolución 109 del 27 de mayo de 2003 se reconocieron las cesantías al actor por valor de $ 13.352.001, quedando condicionado el pago a la presentación de la constancia exigida por el artículo 3º del Decreto 2712 de 1999 (fls. 40-46).
— La Resolución 002 del 5 de enero de 2005 resolvió el recurso de reposición contra el anterior acto administrativo ordenando, entre otros, el pago de las cesantías al demandante, teniendo en cuenta “lo dispuesto por el Juzgado Primero de Familia de Ibagué en cuanto a practicar los descuentos ordenados por concepto de alimentos de un menor, conforme se expuso en la parte motiva de esta decisión” (fls. 61-67).
3.2. Retención del pago de las cesantías.
El Decreto 1045 de 1978 en su artículo 42 previó la posibilidad de que la administración pudiera retener las cesantías de los empleados públicos cuando estos hubieren sido “destituidos por faltas disciplinarias que puedan llegar a constituir peculado, concusión, cohecho o negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, (…) mientras no se les dicte auto de cesación de todo procedimiento, auto de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria”.
Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2712 de 1999 que en su artículo 3º previó medidas para proteger a la administración, permitiéndole efectuar la retención de las cesantías del servidor que es destituido como consecuencia de un proceso disciplinario cuando su conducta pueda llegar a constituir alguno de los tipos penales contemplados en el título XV del Código Penal, de los delitos contra la administración pública.
La razón de ser del precitado artículo 3º fue expuesta por la Sección Segunda de esta corporación al pronunciarse sobre la demanda de nulidad que contra el mismo presentara quien funge como actor en el caso de autos, exponiendo lo siguiente:
“Constituye una medida razonable que se mantenga en suspenso el pago del auxilio de cesantía a determinados servidores públicos cuando haya elementos de juicio para creer que han cometido delitos contra la administración pública. La administración debe contar con medios para resarcir en algo la lesión producida a sus bienes, en caso de infracción penal, con mayor razón cuando el ejercicio de la facultad ocurre luego de haberse dictado medida de destitución por la comisión de faltas disciplinarias que puedan llegar a constituir delito contra la administración pública. Esto es, la administración adopta una medida sobre la base del agotamiento previo de un proceso disciplinario que, se entiende, ha sido adelantado con las garantías debidas.
Según el artículo 209 de la Constitución la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”(3) (resalta la Sala).
De acuerdo con lo anterior, el fin de la norma es preservar el interés general cuando la conducta del funcionario afecta el erario público pues, de esta manera, la administración puede contar con mecanismos jurídicos para asegurar que parte de lo que le fue sustraído ilegalmente retorne al patrimonio del Estado, porque al empleador estatal no solo le asiste el derecho a defender el patrimonio público sino que, correlativamente, tiene el deber legal de hacerlo para garantizar la moralidad administrativa.
Además de lo ya dicho, considera la Sala que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no se requiere que se adelante el proceso penal inmediatamente por los hechos que dieron origen a la sanción disciplinaria de destitución sino que resulta suficiente, para que la administración pueda válida y jurídicamente retener las cesantías del trabajador, que los hechos por los cuales fue destituidose consideren como uno de los delitos previstos en el capítulo XV del C.P., porque del tenor literal del mencionado artículo 3º del Decreto 2712 de 1999 se desprende que los servidores públicos no podrán recibir el auxilio de cesantía cuando han sido “destituidos por faltas disciplinariaspor faltas disciplinarias que puedan llegar a constituirse en delito contra la administración pública”.
La medida cautelar de retención de las cesantías busca precaver o prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas o los bienes, o sobre los medios de prueba mientras se inicia el proceso penal porque, como se explicó anteriormente, se trata de preservar el erario. Por consiguiente, no resulta aplicable lo expuesto por la legislación y la jurisprudencia respecto a la retención de la referida prestación social para el caso de los trabajadores privados, porque el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que “el patrono podrá abstenerse de efectuar el pago correspondiente hasta que la justicia decida”, facultad que no tiene el empleador estatal cuando se ven involucrados dineros que pertenecen al Estado.
“PRIMERO: Destituir al doctor Jorge Eleazar Devia Arias, identificado con C.C. Nº 5.921.733 de Guamo, en su condición de Contralor municipal de Ibagué, al hallarlo responsable disciplinariamente de los hechos y conductas puntualizadas en los numerales 1º, 2º, 3º y 5º del auto de cargos formulado dentro de las presentes diligencias”.
Dentro de la dosimetría consideró la Procuraduría que “(…) su arbitraria decisión de disponer las masivas insubsistencias de empleados de la Contraloría le cuestan a la entidad más de $ 500 millones de pesos, que se suman a la quiebra del organismo de control”.
“OCTAVO: Remitir fotocopia de esta decisión a la unidad de delitos contra la administración pública de la Fiscalía para los fines que estime pertinentes en el proceso que allí cursa por los mismos hechos aquí pesquisados” (fl. 112).
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia al encontrar probado que al actor se le liquidaron y pagaron sus cesantías dentro de los términos señalados por los artículos 1º y 2º de la Ley 244 de 1995, esto es, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la Resolución 109 del 27 de mayo de 2003, razón por la cual no hay lugar a ordenar la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retraso. Igualmente, se comparte el argumento del a quo que estimó que la constancia proferida por la jefe secretaria común de la unidad de delitos contra la administración pública y justicia de la Fiscalía seccional del Tolima no constituye medida de “resolución de preclusión de la instrucción, o auto de cesación de todo procedimiento, o sentencia absolutoria” que exige el Decreto 2712 de 1999 para ordenar el pago de las cesantías retenidas; sin embargo, como dicha circunstancia no fue objeto del proceso no se efectuará ningún pronunciamiento en este sentido.
(1) Modificada por la Ley 1071 de 2006.
(2) Sentencia del 28 de septiembre de 2006, radicación 23001-23-31-000-2000-00433-01(8308-05) C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado. Actor: Carmen Isabel Beltrán Ramírez. En el mismo sentido se pronunció la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia 2777-04 del 27 de marzo de 2007, C.P. Jesús María Lemus Bustamante y la Sección Segunda en Sentencia 4597-01 del 22 de enero de 2004, C.P. Tarcisio Cáceres Toro.
(3) Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 17 de noviembre de 2005. Radicación 11001-03-25-000-2003-00441-01(6175-03). C.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante.

References: artículo 2
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 42
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 209
 artículo 3
 artículo 250
 Resolución