Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500034.html
Timestamp: 2019-03-18 22:01:36+00:00

Document:
se201500034
SENTENCIA: 34/2015.
EXPEDIENTE Nº: 617/2012.
Pronunciada en el proceso contencioso-administrativo seguido por la Empresa Metalúrgica Vinto representada por Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0460/2012 de 2 de julio de 2012 dictada por Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fs. 23 a 28, contestación de fs. 62 a 66, el memorial de fs. 97 a 99 presentado por el tercero interesado y los antecedentes de emisión de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO I: Que el representante legal de Vinto, Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, en su demanda señala que el 19 de octubre de 2011, la empresa que representa fue notificada con la Resolución Administrativa CEDEIM 23-00876-11 dictada por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, determinando que la devolución impositiva que corresponde a Vinto por el Impuesto al Valor Agregado por el periodo fiscal diciembre de 2010, asciende a la suma de Bs. 13.838.615 de un monto solicitado de Bs. 15.964.844; reducción que no corresponde en razón a que erróneamente se efectuó un descuento al considerar que no se demostró el pago del 87% de las facturas 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521 y 524, emitidas por COMIBOL-Empresa Minera Huanuni, aseveración que es falsa.
Expresa que la indicada resolución de la administración tributaria fue parcialmente revocada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, cuando en Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 00192/2012 de 5 de marzo de 2012, dispuso dejar sin efecto el reparo de Bs. 2.126.229 correspondiente al crédito fiscal de facturas superiores a 50.000 UFV’s; declarando en consecuencia, como importe sujeto a devolución la suma de Bs. 15.964.844.
Sin embargo, ante el recurso jerárquico planteado por la Administración Tributaria, se emite la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0460/2012, mediante la cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria determinó revocar totalmente la resolución de la alzada, en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la depuración de crédito fiscal parcial por medios fehacientes de pago por el importe de Bs. 2.126.229, por las facturas 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521 y 524, como no sujeto a devolución, de modo que se mantuvo como importe sujeto a devolución un total de Bs. 13.838.615 (Trece millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos quince 00/100 Bolivianos), conforme la determinación de la Administración Tributaria.
Sostiene que fue incorrecta la ratificación de crédito fiscal depurado sobre las facturas 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521 y 524, con los siguientes argumentos:
1.- Que la AGIT ratifica lo determinado por el SIN Oruro, por cuanto no reconoce la diferencia del crédito fiscal dentro el 87% de lo efectivamente pagado y demostrado con medios fehacientes de pago, reclamada en el recurso de alzada, determinación que no corresponde a la verdad por cuanto la misma Resolución de Recurso Jerárquico refiere en el punto iii del análisis de cada una de las factura observadas, que la Empresa Metalúrgica Vinto, en el proceso de verificación presentó el Reporte Determinación del Importe Facturado Nºs 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521 y 524, en los que expone el registro detallado de los Lotes que corresponderían a los importes facturados y sus medios de pagos, de los que se evidencia, en las columnas Valor de la Factura “cifras” que coinciden con el importe efectivamente facturado en las notas fiscales citadas, reportes donde también se detallan los medios fehacientes de pago por las operaciones, considerando las columnas correspondientes, cuyos resultados coinciden con el porcentaje de los importes facturados en las notas fiscales antes señaladas, de los cuales la E.M.V. ha retenido y empozado la Regalía Minera, por la compra de concentrados a COMIBOL, consiguientemente el crédito fiscal observado por ellas, no asciende a la suma total de Bs. 2.126.229, sino a la suma total de Bs. 1.740.409.60, conforme tiene demostrado en los cuadros con los que interpuso su alzada, en los que se puede evidenciar que existe una diferencia de Bs. 385,819.04 dentro del 87% de lo efectivamente pagado y demostrado, deducciones o retenciones y empoces respaldadas con las liquidaciones adjuntas por los concentrados de Estaño que se constituyen en medios fehacientes de pago, por lo que no correspondía respaldarlas con formularios que acrediten la retención señalada y empoce respectivo a la entidad recaudadora como medio fehaciente de pago, menos adjuntar la Resolución Administrativa emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia que acredite esta condición al momento de exportar, documentos que además, no fueron requeridos por el SIN Oruro, quien en aplicación del art. 1 de la Ley Nº 3787, que dispone la sustitución del Título VIII del Libro Primero de la Ley Nº 1777 de 17 de marzo de 1997, al ser una entidad del Estado, debió descontar la parte correspondiente a la regalía minera.
2.- Por otra parte, hace suyos los argumentos de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0192/2012, en la que se reconoció que los medios de pago revisados por la administración tributaria si bien no respaldan la totalidad de la compra, ello no implica que las transacciones no se hubieran realizado o que se realizaron parcialmente, consiguientemente sólo se tendrían dos opciones, depurar completamente las facturas observadas o reconocer el total del crédito fiscal que generan las mismas, pero no tomar en cuenta en la medida de su cancelación, porque no existe norma legal que respalde ese procedimiento, contraviniendo el principio de legalidad.
Por lo expuesto, solicita que se declare probada la demanda.
CONSIDERANDO II: Que la autoridad demandada mediante memorial cursante a fs. 62 a 66, responde en forma negativa señalando que no obstante que la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0460/2012 de 2 de julio de 2012, está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, le corresponde remarcar y precisar lo siguiente:
El art. 12. III del DS Nº 27874, que modifica el art. 37 del DS Nº 27310, dispone que cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importes mayores a 50.000 UFV’s, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables, con medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente, asimismo el art. 70 num. 4 de la Ley Nº 2492 (CTb), establece como obligación del sujeto pasivo el respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas.
En cuanto a las facturas observadas por la Administración Tributaria, señala que en el proceso de verificación la Empresa Metalúrgica Vinto presentó el Reporte “Determinación del Importe Facturado” en el que expuso el registro detallado de los Lotes que corresponderían al importe facturado y sus medios de pago, observándose que las cifras consignadas coinciden con el importe efectivamente facturado en las notas fiscales. A continuación detalló los medios fehacientes de pago por la operación, considerando las columnas “Liquidación Provisional $us. “Líquido Pagable Final” y “RM”, sin embargo en la sumatoria de la segunda columna existen diferencias sin respaldo de medios de pago respecto al importe facturado, además en la casilla “RM” existen montos que corresponden a las retenciones efectuadas por la EMV al proveedor por concepto de Regalía Minera, no obstante estas operaciones no fueron respaldadas con los formularios oficiales que acrediten la retención y empoce a la entidad recaudadora para ser considerado como un medio de pago, requisito señalado en el art. 21 del DS Nº 29577, que establece que las empresas de fundición y refinación de minerales y metales están obligadas a la retención y empoce de la Regalía Minera de sus proveedores de minerales en formulario oficial habilitado al efecto, hasta el quince del mes siguiente a aquel en que se efectuó la retención.
Hace constar también que la acción contencioso administrativa es un proceso que tiene la naturaleza de juicio ordinario de puro derecho, por lo que no corresponde la presentación de prueba alguna que no hubiera sido considerada en las etapas administrativas o en la de impugnación tributaria conforme los procedimientos y plazos establecidos en el Código Tributario boliviano.
Por lo expuesto pide se declare improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la resolución impugnada.
CONSIDERANDO III: Que la presente controversia se centra en determinar si se depuró correctamente o no crédito fiscal emergente de las facturas 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521 y 524, que por tener monto superior a UFV’s 50.000, fueron sujetas a verificación de medios fehacientes de pago.
Establecida la controversia se pasa a resolver:
Las normas que regulan la materia y que se encontraban vigentes en el momento de la presentación de la solicitud de devolución impositiva, concretamente el art. 37 del DS Nº 27310, modificado por el DS Nº 27874, señala que: “cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importes mayores a CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables, a través de medios fehacientes de pago para que la administración tributaria reconozca el crédito correspondiente”.
El DS Nº 29577, de 21 de mayo de 2008, en su art. 21 establece: “Las empresas de fundición y refinación de minerales y metales que no incluyan en su proceso productivo actividades de explotación minera propia están obligadas a la retención y empoce de la RM de sus proveedores de minerales en formulario oficial habilitado al efecto, hasta el quince (15 del mes siguiente a aquel en que se efectuó la retención. Esta condición deberá ser demostrada al momento de exportar a través de una certificación otorgada mediante Resolución Administrativa por el Ministerio de Minería y Metalurgia en base a reglamentación específica”.
La empresa demandante aduce que la AGIT al ratificar lo determinado por el SIN, efectuó un injustificado descuento, pues no reconoció la diferencia del crédito fiscal dentro del 87% de lo efectivamente pagado y demostrado, suma que pide le sea devuelta por una incorrecta valoración del medio fehaciente de prueba y de las retenciones por concepto de regalía minera, retenciones y empoces que afirma están respaldados con las liquidaciones adjuntas por los concentrados de estaño y que se constituyen en medios fehacientes de pago, por lo que no correspondía que esa deducción fuera respaldada con los formularios oficiales que acrediten la retención señalada y el empoce respectivo a la entidad recaudadora como un medio fehaciente de pago. Al respecto, este argumento de la empresa demandante es inadmisible a la luz de las normas que reglamentan la devolución impositiva en análisis, porque el art. 37 del DS Nº 27310, modificado por el DS Nº 27874, es claro al señalar que todas las compras por importes mayores a 50.000 UFV, deben ser respaldadas con medios fehacientes de pago, asimismo en cuanto a la regalía minera no es posible suponer la aplicación de la ley sino que también debió demostrarse el efectivo empoce de las sumas retenidas en la cuenta de la entidad recaudadora mediante la presentación del formulario correspondiente conforme prevé el art. 21 del DS Nº 29577 de 21 de mayo de 2008, que dispuso que las empresas de fundición y refinación de minerales y metales están obligadas a la retención y empoce de la Regalía Minera de sus proveedores de minerales en formulario oficial habilitado al efecto, hasta el quince del mes siguiente a aquel en que se efectuó la retención.
Por consiguiente, al haberse observado en las facturas 516, 517, 518, 520, 521 y 524, en relación a los medios fehacientes de pago, que no demuestran el 100% del pago total del importe facturado de las compras, la depuración efectuada fue correcta, pues debió haber presentado los documentos que de manera fehaciente acrediten las compras realizadas a la Corporación Minera de Bolivia-Empresa Minera Huanuni, conforme señala la normativa; por lo que al haberse verificado que las mencionadas facturas no cuentan con los medios fehacientes de pago que respalden totalmente las compras efectuadas, se determinó la depuración de crédito fiscal parcial.
Que es necesario considerar que la presentación de una solicitud de devolución impositiva conlleva el deber ineludible de respaldar con información fehaciente los gastos efectuados por el exportador y que son objeto de devolución, siendo en consecuencia, responsabilidad del interesado acreditar en todos los casos con la documentación pertinente y legalmente establecida, resultando entonces, que la inobservancia de la normativa de cumplimiento obligatorio es únicamente atribuible a la responsabilidad del interesado.
Ahora bien, en cuanto a que la normativa no contempla la figura que respalda la observación parcial de una factura, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la resolución impugnada señaló que la Administración Tributaria pudo haber observado el total de cada una de las facturas, sin embargo, al haber verificado la compra-venta de mineral y su pago por lotes, observó sólo una parte de ellas, debido a que sólo evidenció los medios fehacientes de pago de los lotes que le fueron presentados e identificados, situación aceptada por la Empresa Metalúrgica Vinto al indicar que los medios de pago no respaldan el total de la compra, por lo que en cumplimiento del art. 63. II de la Ley Nº 2341, referido a que en ningún caso podrá agravarse la situación inicial del recurrente, sólo se refirió a las pretensiones que fueron formuladas; en consecuencia se tiene que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no hizo otra cosa aplicar el principio de non reformatio in peius, recogido en el parágrafo II del art. 63 de la Ley Nº 2341 (LPA), que establece: “La resolución se referirá siempre a las pretensiones formulados por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravase su situación inicial como consecuencia exclusiva de su propio recurso”.
Con respecto a la documental que cursa a fs. 18 a 22 que la empresa demandante adjuntó a la demanda contencioso administrativa, y que fuera observada por la entidad demandada en el memorial de contestación, se tiene que dichos documentos al no haber sido presentados o discutidos en sede administrativa no pueden ser objeto de valoración en la presente acción contencioso administrativa, porque por mandato expreso del art. 780 del Código de Procedimiento Civil, se tramita como proceso ordinario de puro derecho, en razón de que no se discute el reconocimiento o desconocimiento de ningún derecho o situación que no haya sido argumentada y presentada en sede administrativa, de donde resulta que la sentencia que se pronuncia, se refiere exclusivamente a declarar la legalidad y legitimidad del acto impugnado o en su caso, su revocatoria por haberse conculcado las normas que rigen a la administración.
Por lo argumentado, se concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, obró correctamente, al igual que la administración tributaria.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0460/2012 de 2 de julio de 2012, dictada por Autoridad General de Impugnación Tributaria.

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