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Timestamp: 2020-08-08 18:25:00+00:00

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Lunes 02 de Junio de 2014 18:41
DON JUAN CARLOS DE BORBÓN Y DE BORBÓN, primer hijo de Don Juan de Borbón y Battenberg y de Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleáns, nació el 5 de enero de 1938 en Roma. Fue bautizado en la iglesia del palacio magistral de la Soberana Orden Militar de Malta por el entonces secretario de Estado del Vaticano, cardenal Eugenio Pacelli, quien un año después sería investido Papa con el nombre de Pío XII.
Antes de trasladarse a España en el año 1948, como consecuencia del pacto establecido entre su padre y el general Franco, su infancia discurrió en Roma, Lausana y Estoril. En estas dos últimas ciudades inició sus estudios preparatorios de Bachillerato, que completaría en Madrid y San Sebastián.
Al acabar dichos estudios, Don Juan Carlos inició su preparación castrense bajo la tutela del general Martínez de Campos, duque de la Torre, asistido por otros militares de relevante biografía. Entre ellos cabe destacar a Nicolás Cotoner (quien tras ser Jefe de la Casa del Príncipe Juan Carlos, y acceder éste la Corona de España, sería nombrado primer Jefe de la Casa Civil de Su Majestad El Rey), Emilio García-Conde (que llegaría a ser Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire) y Joaquín Valenzuela (que pasaría a ser caballero mutilado permanente tras el atentado etarra que sufrió el 7 de mayo de 1981, cuando ocupaba la jefatura del Cuarto Militar del Rey).
La biografía militar de Don Juan Carlos de Borbón comienza al ingresar en el servicio el 14 de julio de 1955. A partir de ese hito, permaneció dos años en la Academia General Militar de Zaragoza hasta alcanzar el empleo de alférez de Infantería. A continuación, en 1957, se trasladó a la Escuela Naval Militar de Marín, realizando su primer viaje de prácticas por el continente americano a bordo del buque escuela ‘Juan Sebastián Elcano’. Finalizado este periodo de formación específica en la Armada, y alcanzado el grado de alférez de Corbeta, el 16 de julio de 1958 abandonó la Escuela Naval para pasar, en septiembre de ese mismo año, a la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), donde obtuvo el título de piloto militar.
El 10 de diciembre de 1959 recibió simultáneamente sus despachos de teniente de Infantería, alférez de Fragata y teniente de Aviación. Ocho años después, en 1967, ascendió a capitán de Infantería, obteniendo más tarde, en 1969, el titulo de piloto de helicópteros del Ejército del Aire.
Una vez concluida su formación militar, Don Juan Carlos cursó estudios de Derecho Político e Internacional, Economía y Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid (1960-61). En su formación global fue asistido por profesores de gran talla intelectual como Enrique Fuentes Quintana, Pedro Laín Entralgo, Torcuato Fernández-Miranda, Segismundo Royo-Villanova, Carlos Ruiz del Castillo, Martín de Riquer… Una tutela docente de incuestionable altura en la que también figuraron algunos destacados miembros del Opus Dei, como Florentino Pérez Embid, Laureano López Rodó, Antonio Fontán y, sobre todo, el profesor Ángel López-Amo, fallecido en accidente de tráfico el 20 de diciembre de 1956 en Washington, donde había acudido a pronunciar unas conferencias.
En esa misma época, Don Juan Carlos realizó diversos viajes de estudio por España con objeto de conocer en detalle sus distintas regiones. El 14 de mayo de 1962 contrajo matrimonio en Atenas con la princesa Sofía Schleswig-Holstein Sönderburg-Glücksburg (la confusión histórico-biográfica de sus apellidos se saldó cuando en su identidad legal española adoptó el nombre de Sofía de Grecia), hija de los reyes Pablo I y Federica de Grecia, ceremonia en la que, curiosamente, estuvo presente como invitado excepcional el entonces capitán Emilio Alonso Manglano, quien más tarde, tras los sucesos del 23-F, sería puesto al frente del CESID con el respaldo personal de aquel mismo consorte ya convertido en Rey de España.
De la unión matrimonial entre Don Juan Carlos y Doña Sofía nacieron en Madrid las infantas Doña Elena (el 20 de diciembre de 1963) y Doña Cristina (el 13 de junio de 1965) y el infante Don Felipe, heredero de la Corona, alumbramiento que tuvo lugar el 30 de enero de 1968.
En virtud de la Ley de Sucesión de 26 de julio de 1947, Su Excelencia el Generalísimo propuso a Don Juan Carlos de Borbón y de Borbón como su sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey ante las Cortes Españolas, en su sesión plenaria extraordinaria del 22 de julio de 1969, siendo aprobada en ese mismo acto la Ley 62/1969, “por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado”. Esta nueva Ley de Sucesión, publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, establecía que “al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la Corona en la persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón”.
En la mañana de ese mismo 23 de junio de 1969, Don Juan Carlos aceptó la sucesión en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela. Ya por la tarde, en otro acto ante el pleno extraordinario de las Cortes Españolas, uniformado como capitán de Infantería, juró “en nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino”, recibiendo el título de Príncipe de España. Dos días después fue ascendido, por decreto, a general de brigada de los Ejércitos de Tierra y Aire y a contralmirante de la Armada, atribuyéndosele los honores de Capitán General. A partir de entonces ocupó en todos los actos oficiales el puesto inmediato al Jefe del Estado.
El 2 de noviembre de 1975, ejerciendo por segunda vez la Jefatura del Estado de forma interina en razón de la enfermedad padecida por su titular, Francisco Franco, el Príncipe de España (que desde ese nombramiento ya ostentaba el grado de general) se desplazó a El Aaiún, girando una visita oficial a los territorios del todavía Sahara español. Aquel gesto fortaleció su relación con el estamento militar, moralmente afectado por la amenaza de la ‘Marcha Verde’ que había impulsado el Gobierno marroquí aprovechando la agonía del Jefe del Estado.
Tras la muerte del Caudillo, ocurrida el 20 de noviembre de 1975, el Príncipe de España fue proclamado Rey, con el nombre de Juan Carlos I, ante el Pleno conjunto de las Cortes y del Consejo del Reino celebrado el 22 de noviembre de 1975. A continuación, en ese mismo acto, el rey prestó nuevo juramento a las siete Leyes Fundamentales, pronunciando tras ello su primer ‘Discurso de la Corona’, que fue ya de corte ‘aperturista’.
El inmediato 27 de noviembre, Don Juan Carlos de Borbón fue exaltado al trono, en una ceremonia de unción denominada ‘Misa del Espíritu Santo’ (comparable a una coronación) celebrada en la histórica iglesia madrileña de San Jerónimo el Real.
El mismo 22 de noviembre, nada más ser proclamado Rey, y habiendo asumido en consecuencia el mando supremo de las Fuerzas Armadas (autoridad militar que en la legalidad del ordenamiento precedente fue efectiva hasta que en 1978 entró en vigor la Constitución), envió este mensaje a sus tres ejércitos:
Especial significado tuvo también para el entorno de la milicia el párrafo de elogio y agradecimiento con el que distinguió la figura de Franco en el denominado ‘Discurso de la Corona’, pronunciado ante las Cortes Españolas y el Consejo del Reino tras ser proclamado rey y prestar juramento al ideario jurídico-normativo del franquismo (las siete leyes fundamentales). En él afirmaba literalmente:
Además, otro gesto político-militar del Rey de España, entonces jefe no constitucional pero efectivo de sus Fuerzas Armadas, consistió en la firma de un inmediato Real Decreto (3.269/1975) que reiteraba su demostración de afecto al Generalísimo, y por el que se le colocaba permanentemente en el primer puesto de todos los escalafones militares. Algo que hoy no deja de ser curioso en relación con el desmantelamiento de la simbología franquista que, con más o menos intensidad, han perseguido desde entonces todas las fuerzas políticas. Su texto establecía:
Después de estos pronunciamientos, la expresión más evidente de su liderazgo militar quizás fuera la del mensaje televisivo que dirigió al pueblo español con motivo del golpe del 23-F, cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero todavía mantenía secuestrado a los miembros del Consejo de Ministros y a los propios diputados en el hemiciclo del Congreso. Entonces lanzó un breve pero medido parlamento que, con independencia de cualquier otro tipo de consideraciones, no dejaba dudas de su autoridad sobre el estamento castrense:
"Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades Civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse, deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor".
En relación con su influencia militar, y al margen de otras interpretaciones políticas, el contenido de su alocución no podía entenderse en modo alguno como contradictorio o incoherente con una decisión, anterior o posterior, a favor de la ‘solución Armada’, sobre todo por parte del observador perspicaz. De hecho, quedaba claro que la JUJEM y las autoridades civiles habían recibido la orden real de "mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente", marco en el que, en todo caso, se pretendía desenvolver el general Armada, quien tras su primer encuentro con Tejero, y con el mensaje del Monarca ya emitido por TVE, insistió fallidamente en volver por segunda vez al Congreso de los Diputados para reiterar su encubierta propuesta golpista.
En cualquier caso, toda aquella evidente ascendencia del Rey sobre las Fuerzas Armadas, ciertamente discutible a partir del Estado constitucional, quizás tenga una difícil continuidad en la figura del Príncipe Heredero, Don Felipe de Borbón, sobre todo si prosperase alguna de las iniciativas que, impulsadas por distintas razones y fuerzas políticas, afloran cada vez con mayor naturalidad para reformar la Carta Magna. Uno de sus contenidos menos convincente es el que, precisamente, deposita el mando supremo de las Fuerzas Armadas en manos del Rey.
Porque, en efecto, al ostentar la Corona de España, y a tenor de lo establecido en el artículo 62 de su Constitución, también corresponde a Juan Carlos I “el mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Pero no estando al mismo tiempo su persona sujeta a responsabilidad alguna según el artículo 56.3 de la misma Carta Magna (lo que exige que todos sus actos como jefe del Estado deban ser refrendados), se produce una evidente incoherencia legal que, a su vez, incide en la inconsecuencia original de las Reales Ordenanzas (de 1978), cuyos artículos 77 y 79 determinaron claramente que la caracterización del mando reside en su capacidad para decidir y en la responsabilidad derivada del mismo. Y ello con independencia de que ambos artículos estén actualmente derogados y confusamente redefinidos sin rango de ley en el artículo 55 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero.
Parece de cualquier forma evidente que, en la concordancia de toda la normativa vigente, el Monarca no podría ser mando supremo de las Fuerzas Armadas, ni éste titular de mando ser, al mismo tiempo, Rey de España.
El mando militar es indivisible y plenamente responsable, pero el Rey es irresponsable y sus actos (salvo los que afecten al gobierno de la Casa Real) requieren un refrendo responsable ajeno a su persona. Dicho de otra forma, quien no es responsable no puede mandar. Por eso, durante el 23-F, cuando la autoridad militar del Rey estaba mucho más reconocida, fue patético ver como los capitanes generales se ponían, finalmente, a las órdenes incondicionales de su mando supremo, en un tema desde luego delicado pero que tenía una respuesta democrática inequívoca. Aunque no menos chocante para esa misma sensibilidad democrática fuera ver al propio Rey lanzando sus órdenes militares, por fortuna de reconducción constitucional, a la cúpula de nuestros ejércitos en la oscura madrugada del 24 de febrero de 1981.
Y prueba de toda esta incoherente situación, se tuvo incluso con el pronunciamiento del Tribunal Supremo al fallar en casación las sentencias definitivas para los encausados del 23-F. En él, y para deslegitimar el pretexto de ‘obediencia al Monarca’ que esgrimían los acusados (pero que también hubiera podido expresarse como ‘obediencia militar debida al mando’), se manifestaba: “Con el debido respeto al Rey, y aceptando, por supuesto, la inmunidad que concede al Rey la Constitución, si tales órdenes del Rey hubieran existido, no hubieran excusado de ningún modo a los procesados, pues tales órdenes no entran dentro de las facultades de Su Majestad el Rey y siendo manifiestamente ilegales no tendrían por que haber sido obedecidas”.
Por otra parte, el juramento impuesto al Rey en su propia proclamación para que guarde y haga guardar la Constitución, así como la reiteración de su condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas recogida en su momento en el artículo segundo de la primitiva Ley 85/1978, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, ignorante de la potestad que sobre aquellas ha de tener el poder ejecutivo y derogado también de forma poco ortodoxa por el Real Decreto 96/2009, aconsejan en efecto un desarrollo que clarifique y perfeccione el Título II de la Constitución Española dedicado a la Corona. Desde luego, legitimada de forma muy distinta al régimen franquista.
Esta iniciativa legislativa, incomprensiblemente pendiente desde 1978, como recordó con gran sensatez y oportunidad el profesor Julián Marías en la conferencia magistral que pronunció en el Congreso de los Diputados al celebrarse el vigésimo aniversario de la propia Constitución (y que la Secretaría General del Congreso de los Diputados guardó sin editar), es otro de los aspectos que, a fuerza de ser coherentes con el Estado de Derecho, tendría que contemplarse de algún modo en una revisión democrática de los Servicios de Inteligencia.
De hecho, en agosto de 1991 ya se encendieron las alarmas rojas del ordenamiento institucional español con ocasión del Seminario sobre Servicios de Inteligencia celebrado en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de San Lorenzo de El Escorial. Justo cuando el entonces director del CESID, el general Alonso Manglano, resaltó públicamente su dependencia directa, como tal, de la Presidencia del Gobierno y del Ministro de Defensa, pero añadiendo a renglón seguido “y, naturalmente, de Su Majestad el Rey” (El País, 29/08/1991).
Aquel desliz produjo una gran inquietud en los medios políticos y judiciales. Lo cierto es que, disparada ya la polémica sobre las reiteradas actuaciones ilegales del CESID, el mismo Alonso Manglano podría haber dado a entender, seguramente de forma involuntaria, el conocimiento que tendría de todo ello la propia Jefatura del Estado. De sus palabras se colegía que podía existir una cierta connivencia del Monarca con la polémica trayectoria vital de los Servicios de Inteligencia y con sus desviaciones institucionales, admitiéndose que ese conocimiento regio intramuros del sistema otorgaba, por sí mismo, al menos un ‘enterado’ de sus grandes operaciones...
A partir de aquella revelación, los analistas más agudos se pudieron plantear cuestiones tan inconvenientes para la Corona como estas: ¿Era creíble entonces que en La Zarzuela se hubieran ignorado, por ejemplo, los tejemanejes del CESID durante el intento desestabilizador del 23-F, cuando dos de sus hombres más comprometido, el comandante Cortina y el general Armada, gozaban entonces de una especial relación personal con Su Majestad...? ¿Y se podía creer también que el Jefe del Estado, de quien el director del CESID reconocía depender en directo, desconocía toda la basura interna descubierta a raíz del ‘caso Perote’ y exhibida con toda crudeza en los juzgados civiles y militares y en los medios de comunicación...? ¿O es que la dirección del CESID practicaba con el Rey la deslealtad de informarle parcialmente, sólo de lo que más le convenía...?
Nueve años más tarde, en julio del año 2000, un nuevo evento de la misma naturaleza, enmarcado también en los mismos Cursos de Verano de la Universidad Complutense con el título ‘Seguridad y Democracia’, de nuevo auspiciado por el CESID y con idéntica proyección de imagen política y socialmente negativa, vino a reafirmar tan controvertida cuestión. Entonces, el general Aurelio Madrigal, en esos momentos secretario general del CESID, reiteró la indiscreción previa del general Alonso Manglano, dando carta de naturaleza a la información clasificada que dicho organismo facilitaba al rey Juan Carlos y llevando a uno de los alumnos a espetarle públicamente “¿a título de qué?”. El fondo de la pregunta pretendía evidentemente que el CESID racionalizara tan extraña relación, desde luego no contemplada en el vigente ordenamiento constitucional.
Pero aquel destacado representante de los Servicios de Inteligencia, tampoco supo justificar tan confusa connivencia, bien reconociendo en Juan Carlos I su condición de Jefe del Estado o bien porque fuera Capitán General de los tres Ejércitos, limitándose a manifestar que la información se enviaba al Rey “como institución”...
Claro está que, manteniéndose a ultranza como se ha mantenido la naturaleza militarista y militarizada de nuestros Servicios de Inteligencia, la torpeza política de implicar a la Corona en su controvertida historia, o, peor aún, la de propiciar la sospecha de que la más alta magistratura del Estado pudiera injerirse inconstitucionalmente en su gobernación, encuentra cierto apoyo en el hecho de que, junto a la propia Jefatura del Estado, Su Majestad el Rey ostente también el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, así lo establece la Constitución Española, y aunque la sociedad civil pueda entender que esa compatibilidad es una secuela inoperante y pactada en el pragmatismo de la transición política, o acaso una herencia inevitable del franquismo, su visualización en el ámbito militar es muy distinta. Ello sin olvidar que desde su creación, y durante casi un cuarto de siglo, el máximo nivel directivo del CESID siempre estuvo ocupado por miembros del generalato (salvo en los primeros años del mandato de Alonso Manglano).
Y la evidencia palpable de este reconocimiento, desde luego estremecedora en un Estado de Derecho, la encontramos en la propia biografía autorizada de Juan Carlos I escrita por José Luís de Vilallonga (El Rey, Plaza & Janés, 1993). En ella se nos recuerda que durante la ronda de conversaciones telefónicas mantenidas por Su Majestad con los capitanes generales para contrastar sus posiciones ante el golpe militar, todos coincidían terriblemente en una misma afirmación: estaban a las órdenes del Rey “para lo que sea”. Es decir, los generales renegaban de su propia dignidad y raciocinio para convertirse en demócratas o golpistas según le conviniera al mando supremo ‘simbólico’ de las Fuerzas Armadas... La triste realidad es que la institución militar estaba con el Monarca... pero también para conculcar el Estado de Derecho si éste se lo pedía.
Al margen de las dos circunstancias capitales ya comentadas, la condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas ostentada por el Rey y su vinculación con los Servicios de Inteligencia, existen otros aspectos, sin duda menores, que también afectan a la Jefatura del Estado en los ámbitos de Defensa y Seguridad. Entre ellos, habría que considerar la incongruente presidencia que Su Majestad, como monarca no gobernante, haya venido ejerciendo al frente de la Junta de Defensa Nacional, hoy diluida en el nuevo formato del Consejo de Defensa Nacional establecido en la Ley Orgánica 5/2005, y otros aspectos técnicamente no resueltos en el orden funcional de la propia Corona, como los honores y distinciones afectos a la figura de su Heredero que están sometidos a la discrecionalidad del gobierno de turno…
Por otra parte, y junto a su especial relación con el estamento militar, también es de destacar la singular proximidad del rey Juan Carlos con el entorno del Opus Dei, incluso en su dimensión no-militar. Sin necesidad de profundizar en el tema, la apreciación más significativa de esta circunstancia se tiene en el mismo momento en que por iniciativa del general Franco se instaura una nueva monarquía personalizada en la figura de Don Juan Carlos de Borbón, hijo mayor del legítimo heredero de la última dinastía que había reinado en España. Entonces, como ha recogido Jesús Ynfante en su abundante producción literaria sobre el Opus Dei, todos los puestos clave de su círculo más inmediato fueron copados por miembros de dicha organización: Nicolás Cotoner, jefe de la Casa del Rey; Alfonso Armada, jefe de la Secretaría; Fernando Poole, ayudante y luego jefe del Cuarto Militar; Fernando Gutiérrez, jefe de prensa; Laura Hurtado de Mendoza, secretaria personal de Doña Sofía; Federico Suárez, confesor real…
Aún más, diversos historiadores del momento reconocieron la influencia ejercida por otro prohombre del Opus Dei, Laureano López Rodó, para que, previamente, el almirante Carrero Blanco aceptase e impulsase de forma decisiva la figura de don Juan Carlos como heredero político de Franco y sucesor en la Jefatura del Estado. Y ello con independencia de que otro significado miembro de la misma organización, el ya citado Ángel López-Amo, catedrático de Historia del Derecho excedente y autor del libro titulado La Monarquía de la reforma social, fuera uno de los preceptores con mayor ascendencia sobre el futuro monarca y quien le presentó personalmente a su fundador, hoy San Josemaría Escrivá de Balaguer.
Por último, este perfil biográfico de Su Majestad, aunque proyectado básicamente sobre el entorno de la Defensa y la Seguridad, tendría que recoger también las incógnitas relativas a los actuales atributos reales que, considerando una eventual reforma de la vigente Carta Magna en sus aspectos originales más sobrepasados por la realidad y el sentimiento social, podrían tener o no continuidad en la línea sucesoria de la Corona.
El 2 de junio de 2014, Don Juan Carlos dio por concluido su reinado al abdicar la Corona de España, solicitando del Gobierno y de las Cortes Generales instruir las medidas sucesorias necesarias “conforme a las previsiones constitucionales”, lo que en el caso concreto de abdicación exige la aprobación de una ley orgánica. Y sin aducir razón específica al respecto.
Una decisión verdaderamente trascendente tomada en medio de una legislatura marcada por una grave crisis económica, necesitada de grandes reformas estructurales e institucionales para salvaguardar la estabilidad del sistema político, con la sociedad española alarmada por las amenazas de secesionismo en Cataluña y el País Vasco, en una entorno de corrupción política y de deterioro inédito de la política nacional… Y, por supuesto, tras un importante rechazo social a la propia Institución Monárquica debido a comportamientos poco edificantes de Su Majestad y de otros miembros de la Familia Real.
El mensaje oficial de la abdicación de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, fue el siguiente:
FJM (Actualizado 02/06/2014)

References: Real Decreto 
 artículo 62
 artículo 56
 artículo 55
 Real Decreto 
 Real Decreto