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Timestamp: 2019-01-17 09:16:23+00:00

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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA REFORMA DEL RECURSO DE APELACIÓN PENAL presuncion de inocencia
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA REFORMA DEL RECUR...
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA REFORMA DEL
Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. LA VULNERACIÓN DE LA
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO OBJETO DEL RECURSO. EL
NUEVO ÁMBITO DE LA APELACIÓN. 1. Introducción.
2. La presunción de inocencia en apelación: alcance del
recurso y de las posibilidades revisoras del
órgano ad quem. 2.1. Las distintas facetas del derecho a la
presunción de inocencia. 2.2. Control de la
presunción de inocencia como regla probatoria. 2.3. Control
de la presunción de inocencia como regla de
juicio. 3. Consecuencias de la nueva regulación: la ausencia
de recurso frente a las sentencias
absolutorias. 3.1. Introducción. 3.2. El origen de la reforma:
una errónea interpretación de la STC
167/2002, de 18 de septiembre y del principio de inmediación.
3.3. La grabación de las actuaciones como
solución a la falta de inmediación: la reforma del art. 743
LECrim. III. REFORMAS
PROCEDIMENTALES. ESPECIAL REFERENCIA A LA ADHESIÓN A
LA APELACIÓN. IV.
Actualmente se encuentra en curso la esperada reforma del
penal, dirigida a generalizar la doble instancia y a poner fin a
la reiterada vulneración
del art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos por parte de
España1, tal y como en varias ocasiones ha señalado el
de la ONU2. Además, hay prácticamente unanimidad en que
1 Precepto éste de imposible cumplimiento por nuestro país
en los casos de aforamientos, dada la
inexistencia de un órgano jurisdiccional superior al TS. Por
ello, al igual que otros países, España debió
formular la oportuna Reserva al art. 14.5 PIDCP. En este
sentido, MORENO CATENA, V., “La
apelación penal. Un derecho fundamental”, en Actualidad
Jurídica Aranzadi, núm. 615, 2004, disponible
en http://www.westlaw.es.
2 Concretamente, en su Dictamen de 20 de julio de 2000
(caso Gómez Vázquez c. España), al que han
seguido los Dictámenes de 30 de julio de 2003 (caso Semey c.
España), de 7 de agosto de 2003 (caso
Sineiro Fernández c. España), de 1 de noviembre de 2004
(caso Alba Cabriada c. España) y de 29 de
marzo de 2005 (caso Martínez Fernández c. España). El
Comité de Derechos Humanos de la ONU carece
de facultades jurisdiccionales, tal y como ha señalado el TS en
los autos de 14 de diciembre de 2001 y de
recursos, que sólo establece la posibilidad de recurrir en
apelación determinado tipo de
sentencias (concretamente las dictadas por los órganos
unipersonales), no garantiza
adecuadamente el derecho de todo condenado a que su caso
sea revisado por un tribunal
superior a aquél que dictó la sentencia condenatoria3.
Ciertamente, frente a las
sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias
Provinciales para los delitos
más graves, no cabe interponer recurso de apelación, por lo
que, como puede apreciarse,
se da la paradoja de que la garantía del derecho a recurrir es
a la gravedad de la pena4. En efecto, el único recurso que
puede interponerse frente a
estas resoluciones es el de casación que, por lo limitado de
sus motivos y, en
consecuencia, de las facultades revisoras del TS, no es un
mecanismo apropiado para
actuar como una segunda instancia, pues el derecho al
recurso implica no sólo la
revisión del juicio normativo, sino también de los aspectos
fácticos de la resolución a
través de un examen de la motivación y de la valoración de la
prueba plasmada en la
misma5. Y ello a pesar de la constante jurisprudencia que
nuestro TC mantiene en el
sentido de considerar que el recurso de casación garantiza el
derecho a la doble
instancia, basándose en una interpretación amplia de los
motivos para interponer el
16 de febrero de 2004 y el TC en la sentencia 70/2002, de 3
de abril, tras la lectura de los arts. 41 y 42 del
PIDCP. No obstante, posee una autoridad moral innegable
para los países firmantes del Pacto. Y no sólo
eso. Como ha señalado el TC en la reciente sentencia de 26
de mayo de 2006 (relativa al caso Gómez
Vázquez), “el que los Dictámenes del Comité no sean
resoluciones judiciales, no tengan fuerza ejecutoria
directa y no resulte posible su equiparación con las
Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, no implica que carezcan de todo efecto interno en
la medida en que declaran la infracción de
un derecho reconocido en el Pacto y que, de conformidad con
la Constitución, el Pacto no sólo forma
parte de nuestro Derecho interno, conforme al art. 96.1 CE,
sino que además, y por lo que aquí interesa,
las normas relativas a los derechos fundamentales y
libertades públicas contenidas en la Constitución
deben interpretarse de conformidad con los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España (art. 10.2 CE); interpretación
que no puede prescindir de la que, a su vez,
llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos
mismos tratados y acuerdos internacionales
(STC 81/1989, de 8 de mayo, FJ 2)” (FJ 5º).
3 Se ha afirmado por algún autor que si España ratificase el
Protocolo Adicional 7 al CEDH, sería de
aplicación su art. 2.2, según el cual cabe excluir del derecho
al recurso las sentencias que resuelvan
infracciones menores. En este sentido, GARBERÍ LLOBREGAT,
J., “Apuntes para la urgente reforma de
la segunda instancia penal”, en Actualidad Jurídica Aranzadi,
núm. 647, 2004 (disponible en
http://www.westlaw.es), apartado III.1.D.
4 MORENO CATENA, V., “La apelación penal…”, ob. cit.
5 Vid., por todos, MORENO CATENA, V., “La apelación
penal…”, ob. cit.
recurso6. En particular, el TC entiende que cabe realizar una
revisión exhaustiva del
juicio fáctico invocando, bien el art. 849.2 LECrim (error en la
prueba), bien el art. 852 LECrim (infracción de precepto
constitucional), alegando
directamente la vulneración de la presunción de inocencia:
“existe una asimilación funcional entre el recurso de casación
a la revisión de la declaración de culpabilidad y la pena
art. 14.5 PIDCP, siempre que se realice una interpretación
amplia de las
posibilidades de revisión en sede casacional y que el derecho
en el Pacto se interprete no como el derecho a una segunda
instancia con
repetición íntegra del juicio, sino como el derecho a que un
Superior controle la corrección del juicio realizado en primera
revisando la correcta aplicación de las reglas que han
declaración de culpabilidad y la imposición de la pena, en el
concreto. Reglas entre las que se encuentran, desde luego,
rigen el proceso penal y lo configuran como un proceso justo,
las garantías; las que inspiran el principio de presunción de
de 3 de abril (FJ 7º). 9 ARMENTA DEU. en Cuadernos de Derecho Judicial. ha hecho desaparecer sus límites8 y ha desvirtuado la principal función que está llamado a cumplir. Como bien puede apreciarse. Además. 72. p. p. lo cierto es que la previsión formal de un recurso contra una sentencia . en Revista Jurídica de Catalunya. de 3 de abril (FJ 7º). núm. T.. de 27 de marzo (FJ 2º) y 341/2005. 2005. 2003. “El recurso de apelación penal ante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. 70. XV (Constitución y garantías penales). T.. Consecuencias prácticas de la nueva doctrina constitucional sobre la revisión fáctica en las sentencias de apelación penal”.. Más recientemente. p. 7 STC 70/2002. 8 CONDE PUMPIDO TOURÓN. de 26 de septiembre (FJ 2º). C. núm. ratifican esta doctrina. “El derecho a la doble instancia penal: presente y futuro. 1. “El recurso de apelación…”.. a pesar de esta configuración extensiva del recurso de casación y de la diferente naturaleza del derecho al recurso en el orden civil y en el 6 Es fundamental al respecto la STC 70/2002. de 24 de abril (FJ 5º) y los AaTC 89/2006. las SsTC 136/2006. consistente en la unificación de doctrina9. cit. 18. 3 orden penal10. llevada a la práctica por el TS. 91/2006. de 27 de marzo (FJ 2º).las reglas de la lógica y la experiencia conforme a las cuales han de realizarse las inferencias que permiten considerar un hecho como probado”7. esta doctrina sobre el alcance del recurso de casación. ob. de 8 de mayo (FJ 3º) y 116/2006. La evolución del alcance de la casación puede verse en ARMENTA DEU.
que da el primer paso hacia la generalización de la doble instancia penal con una reforma de carácter orgánico: esta ley modifica el art. Y esto es lo que . Este cambio tiene como punto de partida la LO 19/2003 de 23 de diciembre. hasta tanto no se regulase de forma específica el nuevo recurso de apelación. Pero este cambio normativo no podía realizarse aisladamente. puesto que el recurso que se establezca ha de permitir una revisión exhaustiva del fondo de asunto resuelto en primera instancia. es manifiestamente irregular. La situación descrita. pero no fue hasta el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 20 de julio de 2000 cuando comenzó a gestarse la necesidad de llevar a cabo un cambio legislativo que acomodase nuestro ordenamiento procesal a las exigencias del PIDCP. en particular. generada por sucesivas reformas parciales. 64 bis LOPJ con el fin de atribuir competencia para conocer del recurso de apelación a las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ11 y a la Sala de Apelación de lo Penal de la AN frente a las sentencias dictadas en primera instancia por las AP y por la Sala de lo Penal de la AN respectivamente12. lo que sólo es posible a través del recurso de apelación. pues no existía al tiempo una regulación procesal específica del recurso de apelación del que debían conocer tales órganos.condenatoria no es suficiente para dar cumplimiento al PIDCP. de modo que la aplicación práctica de esta reforma competencial quedaría en suspenso hasta tanto no se modificase la LECrim y. 73 LOPJ e introduce un nuevo art.
pues no es un órgano superior a la Sala de lo Penal. de modo que se dé entrada a la posibilidad de utilizar este mismo mecanismo para recurrir las sentencias dictadas en primera instancia por las AP y por la AN.. que el de la libertad personal. 14. 11 Sería conveniente. “Apuntes para la urgente reforma…”. disponible para el legislador. un único procedimiento de apelación cualquiera que sea la sentencia objeto de recurso (con exclusión de la apelación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Jurado. que se rige por los arts. 41. p. de 19 de junio de 2006. en Estudios de Derecho Judicial. . “El alcanzable mito de la segunda instancia penal”. pues. GARBERÍ LLOBREGAT. L. ROMÁN PUERTA. su reconocimiento en la LEC es mucho más amplio que en el orden penal. dado el enorme número de apelaciones de las que tendrán que conocer los TSJ.. núm. 790 y ss LECrim)13. 2004.5 PIDCP. lo que ha llevado a concluir GARBERÍ LLOBREGAT que el sistema de protección de la propiedad es mucho más completo.. “La segunda instancia penal y el recurso de unificación de doctrina. cit. 12 GARBERÍ LLOBREGAT considera que la nueva Sala de Apelación de la AN no cumple las exigencias del art.10 A pesar de que en el proceso civil se trata de un derecho de configuración legal y. 58 (Las reformas procesales). Perspectivas de futuro”. 846 bis a) y ss LECrim). 1. por tanto. paradójicamente. en La Ley. Habrá. 6507. 4 actualmente está en marcha: la reforma de las normas que reglamentan el recurso de apelación para el procedimiento abreviado (arts. que se creara en estos Tribunales Salas de lo Penal orgánicamente separadas de las Salas de lo Civil. ob. p. apartado I. En este sentido. núm. J.
EL NUEVO ÁMBITO DEL RECURSO DE APELACIÓN. 976. . objeto central de este trabajo. la reforma del recurso de apelación va acompañada de una profunda revisión del recurso de casación dirigida a reconducirlo a su función de interpretación normativa. En segundo lugar. y al contemplar como motivo del recurso la aparición de hechos nuevos. 5 1. II. La vulneración de la presunción de inocencia como objeto del recurso. lo que plantea no pocos interrogantes. al dar entrada a la posibilidad de denunciar la vulneración de la presunción de inocencia en sustitución del error en la valoración de la prueba.2 LECrim. 13 De aplicación también a la apelación de las sentencias dictadas en los juicios de faltas en virtud de lo dispuesto en el art. entre las que cabe destacar especialmente la nueva regulación re la adhesión a la apelación. Es evidente que la decisión del legislador de acompasar ambas reformas viene motivada por el hecho de que sólo un cambio del recurso de apelación en el sentido apuntado posibilita que el recurso de casación retome su originaria naturaleza. lo que limita de forma importante el ámbito del recurso. y como no podía ser de otro modo. La reforma del recurso de apelación.Además. afecta a dos aspectos fundamentales del mismo que serán objeto de análisis a continuación: en primer lugar. se introducen ciertas modificaciones procedimentales como consecuencia de las anteriores previsiones y de la nueva dimensión del recurso de apelación. se introducen dos importantes modificaciones en relación con los motivos que cabe aducir para ejercitar el recurso.
En efecto. se mantienen intactos los tradicionales motivos consistentes en el quebrantamiento de las normas y garantías procesales y en la infracción de precepto constitucional o legal (dirigidos a la revisión de los errores jurídicos del juicio previo. a mi juicio. y en segundo lugar. el proyecto de ley suprime el error en la valoración de la prueba y lo sustituye por una referencia a la más genérica infracción del derecho a la presunción de inocencia. Introducción. la intención no es la de llevar a cabo un cambio meramente nominal. La principal novedad que cabe destacar de la reforma de la apelación es la que afecta a los motivos a través de los cuales puede canalizarse el recurso. por lo que no es necesario que se contemple como un motivo autónomo que reste contenido a este último. mientras que el error en la apreciación de las pruebas (dirigido a la revisión del juicio fáctico de la sentencia) deja paso a la infracción del derecho a la presunción de inocencia. porque la vulneración de la presunción de inocencia es un motivo de apelación que tradicionalmente se viene alegando a través de la infracción de garantías procesales. modificando sustancialmente el alcance del . No obstante. el error en la valoración de la prueba es un motivo al amparo del cual se puede realizar una completa revisión de la valoración de la prueba. De este modo. con invocación directa o no del derecho a la presunción de inocencia. Se trata de un cambio.1.1. sino que se va mucho más allá. Además. ya sea in iudicando). ya sea in procedendo. un tanto innecesario por varios motivos: en primer lugar.
2. Como quiera que sea. de naturaleza eminentemente procesal. El derecho a la presunción de inocencia goza de una relevancia jurídica tal que ha llevado a considerarla el eje fundamental sobre el que ha de girar el proceso penal en un Estado garantista. En efecto. cuál puede ser su repercusión en apelación. lejos de tener un significado unívoco.recurso en el sentido de hacer desaparecer el recurso frente a sentencias absolutorias.1. La presunción de inocencia en apelación: alcance del recurso y de las posibilidades revisoras del órgano ad quem . su principal finalidad es limitar la actuación del Estado en el ejercicio del ius puniendi. este derecho fundamental. 6 conviene recordar muy brevemente cuál es el contenido procesal del derecho a la presunción de inocencia. Para centrar el estudio del nuevo objeto del recurso es necesario hacer una serie de consideraciones preliminares que nos ayuden a establecer cuál es el alcance del derecho a la presunción de inocencia y. actuando en defensa de la libertad del acusado. por tanto. 1. En efecto. la presunción de inocencia viene a sustituir al error en la valoración de la prueba y es necesario poner de manifiesto cuál será el alcance de la capacidad de revisión del material fáctico de la que goza el órgano ad quem. proyecta hoy su influencia sobre el proceso penal desde . Para ello. como después se verá. Pero ésta no es más que una caracterización muy genérica de la presunción de inocencia. 1. Las distintas facetas del derecho a la presunción de inocencia.2.
. 14 Al respecto. con más detalle.perspectivas muy variadas. con razón. en consecuencia. M. la presunción de inocencia impide. la presunción de inocencia se configura como un verdadero derecho subjetivo del imputado que. al menos. preventiva o de impulso de la fase de investigación. pp. garantiza que la finalidad propia de la imposición de este tipo de medidas tenga exclusivamente naturaleza cautelar. a la tutela del inocente. garantiza –en el marco de un completo entramado de garantíasque las actuaciones estén orientadas únicamente al castigo del culpable y. cumple una función informadora del proceso. la complejidad de su contenido ha llevado a calificarlo. Como regla de tratamiento del imputado. FERNÁNDEZ LÓPEZ. De hecho. Madrid. es decir. nunca represiva. la aplicación de medidas que supongan la equiparación del imputado al culpable y. la piedra angular sobre la que . Ed. ha de recibir el trato de inocente a lo largo de todo el procedimiento y hasta que éste finalice mediante sentencia firme. como un “macroderecho” o “derecho poliédrico”. En tercer lugar. como es sabido. Este derecho constituye. pues. 117 y ss. Prueba y presunción de inocencia. 2005. Iustel. legitimando así el proceso penal en su conjunto desde un punto de vista constitucional. 7 En segundo lugar. cuatro manifestaciones del mismo14: en primer lugar. en particular. la presunción de inocencia es también una regla que impone una serie de requisitos a la actividad probatoria para que pueda fundamentar una sentencia de condena. puesto que cabe identificar. en su virtud.
gravita la prueba en el proceso penal. con los de carácter personal y con la prueba indiciaria. deberá dictar sentencia absolutoria. Control de la presunción de inocencia como regla probatoria.2. sobre las que va a incidir la revisión de la . ha de ser una actividad probatoria de cargo –o de signo objetivamente incriminatorio. esto es. las que aquí nos interesan son las dos últimas. en particular. igualmente. 8 Aunque éstas son todas las facetas del derecho a la presunción de inocencia. 2. requisito éste que ha sido detalladamente especificado por el Tribunal Constitucional en relación con algunos medios de prueba. suministrada por la acusación en el acto del juicio oral – salvo en algunos casos. La presunción de inocencia constituye una regla de juicio aplicable por el órgano jurisdiccional en la situación de “hecho incierto”. La cuarta y última de las manifestaciones del derecho a la presunción de inocencia se refiere a su papel como regla de juicio o regla de la carga de la prueba material aplicable en el proceso penal ante situaciones de insuficiencia probatoria. puesto que condiciona el modo en el que ésta ha de llevarse a cabo: ha de tratarse de una mínima o suficiente actividad probatoria. en virtud de la presunción de inocencia. en los que se justifica la práctica de prueba anticipada o preconstituiday respetuosa con las garantías procesales y los derechos fundamentales. cuando no tenga pruebas convincentes más allá de toda duda razonable de la culpabilidad del acusado.
como se ha visto. Esta revisión debe abarcar los siguientes aspectos: a) Existencia de actividad probatoria: entendida en el sentido de actuaciones procesales destinadas a obtener el convencimiento judicial sobre la existencia de los hechos. por la otra. por una parte. en último término. Desde esta perspectiva. que la prueba obrante en autos puede considerarse objetivamente incriminatoria. Como regla probatoria. es una labor que corresponde fiscalizar en primer término a los órganos de apelación. incluso la relación de causalidad. qué duda cabe. El control del cumplimiento de todas estas exigencias corresponde. pues. que pueda entenderse de cargo. en alusión a la necesidad de que dicha actividad procesal pueda fundar un fallo condenatorio. y. al Tribunal Constitucional pero. la presunción de inocencia impone una serie de requisitos a la actividad probatoria para que pueda actuar como fundamento de una sentencia condenatoria. la participación del acusado. suministrada por la acusación. practicada en el juicio oral y que haya sido obtenida respetando todas las garantías legales y constitucionales. . En apelación deberá constatarse. así como las circunstancias concurrentes en el mismo (…).sentencia por el órgano ad quem. a lo que el Tribunal Constitucional ha añadido el requisito de que se trate de una actividad probatoria suficiente. b) Existencia de prueba de cargo: Por tal ha de entenderse aquélla “encaminada a fijar el hecho incriminado que en tal aspecto constituye el delito. es necesario que exista una actividad probatoria suficiente. con las demás características subjetivas y la imputabilidad”15.
de 14 de febrero (FJ 4º). una declaración autoinculpatoria o contradictoria y. capacidad para desvirtuar la presunción de inocencia. d) Actividad probatoria practicada en el juicio oral: Sólo las actuaciones llevadas a cabo en el juicio oral tienen naturaleza probatoria y. el órgano de apelación tendrá que controlar que ésta reúna todos los requisitos para que pueda ser considerada como tal y. 729.c) Actividad probatoria practicada por la acusación: La presunción de inocencia permite al acusado mantener una actitud probatoria pasiva. supuesto éste mucho menos frecuente pero posible en la práctica. 2) intervención del juez del instrucción o. de la policía judicial.2º LECrim. que en virtud del principio de adquisición procesal la prueba de cargo puede provenir del acusado. No obstante. por tanto. deberá tener en cuenta dos cuestiones: 15 STC 33/2000. por tanto. No obstante. sino únicamente su resultado (como puede ser. 9 en primer lugar. puesto que ha de ser la acusación quien demuestre la culpabilidad y así lo ha de constatar el órgano en cargado de resolver el recurso de apelación. 3) . pues una vez aportada al proceso no importa quién la ha introducido. pues sólo ellas reúnen las garantías procesales inherentes al principio de contradicción. por ejemplo. dada la posibilidad de que se practique en determinados casos prueba anticipada. en caso de urgencia. gozar de valor probatorio16: 1) imposibilidad de reproducción en el juicio oral. por tanto. que la prueba puede provenir también del propio órgano jurisdiccional en virtud de las previsiones del art. en segundo lugar. que constituya un indicio de culpabilidad) y.
por todas las SsTC 209/2001. conocida como 16 Vid. es necesario que el órgano ad quem compruebe que no se han valorado actos de prueba que vulneren derechos fundamentales y. 17 Como se explica claramente en la STS 58/2003. 10 teoría de la conexión de antijuridicidad. La labor en este terreno del órgano que conozca del recurso de apelación es especialmente relevante y compleja desde la STC 81/1998. e) Prueba practicada con respeto de las garantías procesales y de los derechos fundamentales. de 22 de abril (FJ 3º). ha de practicarse en el juicio oral. de 22 de octubre (FJ 4º) y 94/2002. de 2 de abril.2 LECrim. salvo excepciones.práctica del acto de prueba con posibilidad de contradicción y 4) que la prueba así practicada sea introducida en el juicio oral a través de la lectura de documentos o de la reproducción videográfica cuando se den las condiciones del art. de 22 de enero (FJ 3º). La prueba ha de practicarse con todas las garantías y por ello. 777. Además. en la que el TC traslada la teoría penalista de la imputación objetiva al ámbito de la prueba prohibida17. la teoría de la imputación objetiva consiste en que la antijuridicidad de una acción no deriva únicamente de su resultado. por tanto. sino también de la creación de un riesgo prohibido y de que se produzca una lesión real de un bien jurídico. que constituyan supuestos de prueba prohibida. Ésta implica que para privar de valor probatorio a una prueba lícita derivada de una prueba prohibida no es suficiente con que se produzca una relación causalnatural entre la prueba prohibida y la prueba lícita (la .
se prive de valor a la prueba refleja. 18 Para ello habrá que atender. Este doble examen. La segunda manifestación. según el TC. consiste en que las necesidades de tutela del derecho fundamental infringido con la prueba prohibida exijan que. lo cual puede producirse.conocida como prueba refleja o indirecta). además. Es necesario. sino que es una labor encomendada a los órganos jurisdiccionales ordinarios y. pues de lo contrario se estarían incentivando violaciones de derechos fundamentales18. hubiera sido imposible lograr la prueba refleja sin vulneración alguna de derechos fundamentales. que presenta dos manifestaciones: la primera. de carácter externo. constituye un juicio de experiencia que no le corresponde realizar a él. de modo que ha de darse una necesaria relación de dependencia entre prueba prohibida y prueba refleja o indirecta. por ejemplo. por tanto. que esta última se obtenga gracias a la información que a su vez se obtuvo con la vulneración de derechos fundamentales. entre otros datos. Esta relación ha de medirse en atención a la calidad de la información obtenida a partir de la prueba prohibida para determinar si. además. efectivamente. en supuestos en los que la actuación se realice sin . debe ser objeto de revisión en apelación19. es la que se produce cuando la prueba refleja sólo podía obtenerse a partir de la vulneración de derechos fundamentales. que se produzca la llamada conexión de antijuridicidad. de carácter interno. a la entidad de la vulneración que ha provocado la prueba directa y a la existencia de dolo o culpa grave en las personas encargadas de llevar a cabo la actuación probatoria. esto es.
precisamente una vez que se ha . sino un juicio de experiencia acerca del grado de conexión que determina la pertinencia o impertinencia de la prueba cuestionada que corresponde. Vid. un hecho.autorización judicial o con falta manifiesta de motivación. limitándose nuestro control a la comprobación de la razonabilidad del mismo. en sí misma. de 2 de abril (FJ 6º). 138/2001. las SsTC 81/1998.3. de 30 de enero: “la valoración acerca de si se ha roto o no el nexo entre una prueba y otra no es. y a anular la Sentencia condenatoria. cuando no ha habido un pronunciamiento previo de los órganos de la jurisdicción ordinaria sobre la posible conexión existente entre las pruebas viciadas por la vulneración del derecho fundamental y el resto de la prueba practicada. de 18 de junio (FJ 8º) y 22/2003. Control de la presunción de inocencia como regla de juicio. de modo que ha venido a sustituir en el campo probatorio al principio latino in dubio pro reo20. En efecto. La presunción de inocencia es también una regla de juicio que conduce a absolver al acusado cuando su culpabilidad no haya sido demostrada más allá de toda duda razonable. retrotrayendo las actuaciones. a diferencia de su faceta de regla probatoria. este Tribunal como regla general se ha limitado a declarar la vulneración del derecho sustantivo al secreto de las comunicaciones o a la inviolabilidad del domicilio. de 10 de febrero (FFJJ 10º y 11º). a los Jueces y Tribunales ordinarios. 19 Especialmente clara en este sentido es la STC 26/2006.2. en principio. Por ello. para que fueran los órganos judiciales los que resolvieran acerca de la existencia o no de conexión de antijuridicidad entre las pruebas rechazadas y las restantes y 11 1. como regla de juicio entra en juego en un momento posterior. en sí misma no afectada por ese vicio.
que la resolución judicial sea motivada y. subsisten dudas razonables acerca de su culpabilidad21. de 24 de octubre (FJ 7º). 120.verificado que las exigencias de la presunción de inocencia como regla probatoria se han cumplido. STC 259/2005. pues no se puede condenar al acusado si. tras la valoración del material probatorio. Sólo entonces es posible determinar si la prueba de cargo practicada con todas las garantías es suficiente o no para condenar al acusado. En idéntico sentido. pues sólo de este modo será posible establecer si el órgano a quo se ha apartado de ellos para llegar al resultado probatorio. que existan unos criterios que clarifiquen en qué consiste la valoración racional de la prueba. . No se trata con ello de establecer un sistema de prueba tasada en el que los jueces se encuentren vinculados por el valor que se otorga a determinados medios de prueba. se trata únicamente de explicitar los criterios a los que debe sobre la suficiencia de estas últimas para sustentar la condena (…).3 CE) y. Pero esta actividad valorativa sólo podrá ser fiscalizada en vía de recurso cuando se den dos condiciones: en primer lugar. Su ámbito de aplicación está íntimamente relacionado con la libre valoración de la prueba. salvo en supuestos en los que la claridad meridiana de los datos aportados al proceso de amparo y de los que se desprenden de las resoluciones judiciales le permiten ejercer directamente su control sin necesidad de reenvío (…)” (FJ 11º). por tanto. en segundo lugar. que exprese con claridad las razones por las cuales el órgano jurisdiccional ha valorado la prueba en un determinado sentido (art. por el contrario.
Al respecto. en especial en el ámbito anglosajón. suele alegarse la falta de inmediación como motivo fundamental para la imposibilidad de fiscalizar la valoración de la prueba practicada en primera instancia. FERNÁNDEZ LÓPEZ. Prueba…. ob. con detalle.. vid. véase FERNÁNDEZ LÓPEZ. controlar el grado de cumplimiento de la presunción de inocencia. Y sólo a través de la motivación de la sentencia puede el órgano ad quem llegar a conocer las razones que justifican la declaración de hechos probados y. A pesar del significativo cambio que en los últimos años se ha producido en relación con la necesidad de objetivar la valoración de la prueba y convertirla en una actividad fiscalizable por otros órganos jurisdiccionales distintos al de instancia. M. cit. 201 a 204.. y sobre los intentos de clarificación del mismo.. En efecto. 161 a 192. 12 ajustarse la valoración de la prueba para que pueda considerarse racional. En efecto. pp. 21 El concepto de duda razonable es manifiestamente indeterminado. pero dentro de los cuales los jueces ejercen su facultad libremente. Prueba…. lo está en todo caso a las reglas del pensamiento racional.20 Al respecto.. M. ob. cit. en definitiva. pero ello no implica que el juez no se encuentre sometido a regla alguna. No obstante. la libre valoración se opone al sistema de prueba tasada. lo cierto es que todavía hoy se oponen ciertos obstáculos para aceptar un control exhaustivo de la misma. pp. la inmediación no debe convertirse en un mecanismo a través del cual se impida el control de la racionalidad de la valoración judicial de la prueba en cualquiera de las fases analizadas: la determinación de lo que deba .
Impedir el examen de la primera fase de la valoración implica la imposibilidad de llegar a saber si las premisas sobre las que se ha construido el razonamiento judicial (los medios de prueba considerados de cargo por el órgano a quo) han sido correctamente seleccionadas. 1. pues sólo así cabe esperar un efectivo cumplimiento del art. Pero impedir el examen de la segunda fase (consistente en determinar la suficiencia de la prueba) es todavía más problemático si cabe. es necesario que el órgano de apelación pueda manifestarse acerca de la existencia de prueba de cargo y de su suficiencia para determinar si la versión de los hechos acogida por el órgano jurisdiccional de instancia es la única que se encuentra 13 realmente fundada. En definitiva.considerarse prueba de cargo practicada con todas las garantías y la determinación de su suficiencia para condenar al acusado. pues se trata del momento valorativo más delicado. si esta reforma entra en vigor. de . Resta por hacer referencia a lo que parece una exclusión meditada del texto del proyecto de ley pero que. Se trata de la imposibilidad. 1. es claramente desafortunada. Consecuencias de la nueva regulación: la ausencia de recurso frente a las sentencias absolutorias. 14. Introducción. Hasta aquí el alcance del recurso de apelación cuando el motivo del recurso es la infracción del derecho a la presunción de inocencia.5 PIDCIP.3. ya que simples conjeturas o sospechas pueden presentarse como pruebas suficientes.3.1. a mi juicio.
el anteproyecto dejaba intacto el art. el error en la valoración de las pruebas por la infracción de la presunción de inocencia. Ciertamente. 791. En efecto. Pero.1 II LECrim según el Anteproyecto). de modo que no parecía haber intención alguna de modificar el objeto del recurso. En efecto. el proyecto de ley silencia esta posibilidad y sustituye. El que se trate de una exclusión meditada se extrae de las modificaciones que el anteproyecto sufrió al convertirse en proyecto de ley. se establecía la posibilidad de solicitar la celebración de vista cuando “se funde en la impugnación de pruebas personales y se solicite la revocación de sentencias absolutorias o una agravación de la pena impuesta al condenado” (art.recurrir en apelación sentencias absolutorias con base en el motivo de error en la valoración de la prueba. como se ha dicho. el TC ha señalado reiteradamente que no . Además. pues acaba con el carácter general del recurso de apelación que. pero no se hace referencia alguna al error en la valoración de la prueba cuando la sentencia es absolutoria o cuando sólo acoge parcialmente la pretensión acusatoria. dejará de estar al alcance de la acusación. a diferencia del anteproyecto. cuando se funde en este motivo. haciéndose eco de la STC 167/2002. 14 Esta nueva redacción resulta cuanto menos sorprendente. 790 LECrim. desaparece esta posibilidad desde el momento en que sólo se contempla la posibilidad de fundamentar el recurso en la infracción de la presunción de inocencia. Esta vista tendría por finalidad la reproducción de la grabación del juicio oral.
la búsqueda de la verdad como elemento legitimador de la decisión judicial es una finalidad que no debe perderse de vista.existe un derecho a la presunción de inocencia invertida. de modo que el acusado deba ser condenado cuando. 790 veta el acceso a la apelación por este motivo. por tanto. una revisión profunda de este aspecto de la reforma. por tanto. la posibilidad de que la acusación pueda recurrir impugnando la valoración de la prueba realizada en primera instancia. a juicio de la acusación. la tutela de las garantías que asisten al acusado no es la única finalidad perseguida por el proceso penal. de modo que se especificara. en definitiva. Aunque el PIDCP es claro al respecto y sólo exige que se prevea un recurso frente a las sentencias condenatorias23 y. junto a la presunción de inocencia. . En efecto. en la práctica forense va a resultar ciertamente polémica esta supresión. Sería aconsejable. la acusación no puede invocar en caso alguno el derecho a la presunción de inocencia para recurrir en apelación y. pues la acusación se ve privada de uno de los principales medios de ataque frente a la resolución judicial dictada en primera instancia. pues sólo a través de la contradicción entre varias versiones de los hechos y de la revisión de la resolución judicial que resuelve sobre ello es posible llegar a conocer la verdad. Por ello. no existe obligación de mantener la posibilidad de recurrir para la acusación (de modo que la medida es irreprochable desde un punto de vista constitucional). el art. haya pruebas suficientes para ello22. Además de ella.
apela al principio de inmediación judicial y veta a los órganos de segunda instancia la posibilidad de dictar una sentencia condenatoria cuando la sentencia recurrida fue absolutoria o sólo parcialmente condenatoria en aquellos casos en los que la decisión dependa de la valoración de . 22 STC 41/1997. sin duda alguna. ha sido a partir de la importante y no menos polémica STC 167/2002. conforme a lo prescrito por la ley”. de 20 de mayo (FJ 2º). de 4 de julio (FJ 8º) y 706/2005. 879/2005. el TC. por la doctrina del TC sobre la falta de inmediación en apelación. 23 “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior. En efecto. El origen de la reforma: una errónea interpretación de la STC 167/2002. de 8 de febrero (FJ 2º). basándose en jurisprudencia del TEDH sobre la necesidad de prestar audiencia en segunda instancia al condenado para poder proceder a la revisión de la valoración de la prueba25. En efecto.2. de 10 de marzo (FJ 7º) y SsTS 93/2006. aunque tradicionalmente la jurisprudencia menor de las AP apuntaba en muchas ocasiones a este principio para no entrar a revisar la valoración de la prueba realizada en primera instancia24.3. de 18 de septiembre cuando el TC se ha hecho eco de esta problemática y deja de considerar legítimo en todo caso que la prueba practicada en primera instancia pueda ser objeto de una nueva valoración en segunda instancia. 15 La decisión de suprimir el recurso de apelación frente a las sentencias absolutorias ha venida motivada. de 18 de septiembre y del principio de inmediación.
de 20 de septiembre (FJ 1º). por todas las SsAP Palencia 60/2000. 8 de febrero de 2000 (casos Cooke c.pruebas personales. San Marino). 16 sólo así será posible que el órgano ad quem modifique el parecer del órgano a quo27. de 12 de diciembre (FJ 3º). de 18 de septiembre de 2000 (FJ 2º). Austria y Stefanelli c. Sin embargo. Suecia). Suecia y Helmers c. pues 24 Vid. Ciertamente. cuanto menos. 26 Entre las más recientes vid. el TC se apoya en las SsTEDH de 29 de octubre de 1991 (casos Jan Äke c. San Marino). de 5 de abril (FJ 2º). 27 de junio de 2000 (caso Constantinescu c. 24/2006. Sevilla (Secc. de difícil encaje legal. las SsTC 114/2006. considera que el órgano ad quem no está en condiciones de valorar una prueba que no ha presenciado directamente. Suecia). de 30 de enero (FFJJ 1º y 2º) y 324/2005. Fejde c. esta posibilidad es. 237/2000. de 20 de septiembre (FJ 1º) y Cádiz (Secc. Suecia. 3ª). 25 En concreto. 3ª). La primera es la que ha considerado que con su nueva doctrina el TC está exigiendo que cuando se recurra una sentencia absolutoria se practiquen nuevamente en segunda instancia las pruebas personales que se practicaron en primera instancia. sobre todo a la vista de que nuestro recurso de apelación responde a un modelo de apelación limitada en el que no cabe la repetición de pruebas practicadas a la vista de la regulación que de . Rumanía) y 25 de julio de 2000 (caso Tierce y otros c. 26 de marzo de 1988 (caso Ekbatani c. La STC 167/2002 así como las que el TC ha dictado con posterioridad sobre este mismo tema26 ha sido objeto de diversas interpretaciones que pueden reconducirse a dos principales.
ob. CALDERÓN CUADRADO. cuando las presencie. fueron indebidamente denegadas o porque las que fueron propuestas y admitidas no pudieron ser practicadas por causas que no le son imputables a la parte). en el que el órgano ad quem lleva a cabo un nuevo juicio con plenitud de jurisdicción que no consiste. porque habiendo sido propuestas. 59. este precepto prevé la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas. a título de ejemplo. en Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. ¿Indefensión de las acusaciones cuando el juez de lo penal dicta sentencia absolutoria?”. cit. p. “Hacia la generalización de la segunda instancia penal”. 4.. Ésta es la máxima aproximación que nuestra apelación penal se permite al modelo de apelación plena. 77 y ss.es y GARCÍA CALVO Y . MONTÓN GARCÍA.este punto hace el art. pues.. MUÑOZ CUESTA. Mª P. núm. 2005. abril 2004.. “La reproducción de la prueba en el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. por tanto. La segunda instancia…. en una revisión de la corrección del efectuado en primera 27 En este sentido vid. En efecto. núm. no va a decidir sobre la valoración que de las mismas hizo el órgano de primera instancia. en La Ley Penal. de modo tal que el órgano ad quem. de pruebas que sólo podrán practicarse en segunda instancia cuando por los motivos señalados no pudieron practicarse ante el órgano a quo. 790. J. pero en todo caso ha de tratarse de pruebas que no se llegaron a practicar en primera instancia (porque no se pudieron proponer por la parte que ahora solicita su práctica.3 LECrim. sino que las va a valorar por vez primera. disponible en http://www.. pp. 24. M. Revista de Derecho Penal. Procesal y Penitenciario..westlaw. Se trata en todo caso.
ARMENTA DEU. No hay. solicitan la repetición de estas pruebas en segunda instancia y. 8182. En este sentido. XV (Constitución y garantías penales). como se ha visto. “Las sentencias absolutorias y los límites del control del razonamiento probatorio en apelación y casación (STC 167/2002)”. noviembre 2003. cit..3 LECrim o se produzca una modificación legislativa profunda del mismo30.MONTIEL. Y esto es lo que se ha venido . por tanto. T. 303. JORGE BARREIRO. A propósito de la STC 167/2002”. a su juicio. pp. la reproducción videográfica de la prueba. Sin embargo. este último se cuestiona seriamente que en el recurso de apelación de un juicio de faltas deba repetirse la prueba (p. p. acreedores de esta interpretación. No es suficiente. salvo que se haga una interpretación contra legem del artículo 790. No han sido pocos los abogados que. núm. 324). ni los tribunales que han acordado la celebración de ésta por ese motivo. la celebración de vista. la reforma no contempla esta posibilidad. ob. “El recurso de apelación…”. aunque sí fue objeto de consideración en el Anteproyecto. La condena en segunda instancia y la inmediación. 17 instancia28. A... No obstante. en Cuadernos de Derecho Judicial. 73. núm. salvo que proceda su inadmisión o la parte renuncie expresamente a su práctica. salvo los casos señalados. “El recurso de apelación. 2003. Para ARMENTA DEU. p. R. posibilidad alguna de que se practiquen nuevamente pruebas ya practicadas en primera instancia29. la reforma de la apelación debería establecer la posibilidad de repetir las pruebas personales (con exclusión de la pericial que ha sido sometida a contradicción en primera instancia) para salvaguardar el principio de inmediación. en Jueces para la Democracia.. 48. pues.
en Estudios de Derecho Judicial... ob. 30 En este último sentido. 71. con la excepción prevista en el art. p. que tendrían que volver a declarar. cit.. 31 Aunque no en relación directa con el contenido de la STC 167/2002. p. vid. núm. y que no son otros que los que se ha demostrado presenta el sistema de apelación plena32: a) la necesaria celebración de audiencia pública provocaría importantes incomodidades a acusados. testigos y peritos. 73. solicitando la celebración de vista en estos casos. de un nuevo juicio de única instancia sobre la nueva prueba. ob. CALDERÓN CUADRADO ha señalado al respecto que “Indudablemente se trata de la mejor elección en la consecución del objetivo que . MARTÍN Y MARTÍN. p.. ob. M. cit. sino que implica la 28 En definitiva. Sobre el carácter limitado de nuestra apelación.3 LECrim. p. ob. c) la repetición de la prueba no es un control sobre el juicio anterior.. “Las sentencias absolutorias…”. 29 JORGE BARREIRO. con ello se desconocen los grandes problemas que puede conllevar la adopción de esta postura.reclamando desde un sector doctrinal que. “El recurso de apelación penal…”. 59. 790. considera imprescindible que el órgano ad quem presencie la prueba personal para poder dictar una sentencia condenatoria respetando el principio de inmediación judicial31... se trata. 486. 58 (Las reformas procesales). J.. cit. J. A. GARBERÍ LLOBREGAT. cit. “El alcanzable mito…”. b) la repetición de la prueba no garantiza un resultado más justo. sino que el transcurso del tiempo le resta fiabilidad y permite una alteración de las pruebas. No obstante. 2 y MONTÓN GARCÍA. “Inmediación y prueba en la segunda instancia”. “Hacia la generalización…”. A. 2004. como afirma ARMENTA DEU. p.
. cit. p. en su caso. 24.. ob.. que esta solución no es la panacea: “Pese a ser una óptima respuesta. 80. en la medida de lo posible. 18 celebración un nuevo juicio. . no se puede ignorar que la misma tiene en su contra la denominada efficienza del proceso –los costos y las dilaciones serían mucho mayoresy que. p. Éste. 7374. “El derecho a la doble instancia…”. ob.nos ocupa: que el tribunal de apelación forme su convicción en iguales condiciones de inmediación que el juzgador a quo. “Las sentencias absolutorias…”.. En el mismo sentido. puesto que la decisión importante es la que se dicta en apelación y d) la Administración de Justicia carece de la infraestructura necesaria para la repetición de tan ingente número de pruebas. 32 Se trata de las críticas que formula JORGE BARREIRO. sí estaría garantizado”. ob. ob. cit. C. cit. sin embargo. al tiempo que considera necesaria la repetición de las pruebas personales en segunda instancia. sin excluir. La propia autora reconoce. L. sin embargo. 23 y CONDE PUMPIDO TOURÓN.. tampoco colocaría a ambos enjuiciadores en idéntica posición para emitir el fallo inmediato.. A. ROMÁN PUERTA. cit. p. CALDERÓN CUADRADO. “El recurso de apelación penal…”. d) la primera instancia se devalúa. Para ello un trámite de audiencia pública debería ser obligatorio y tener como contenido la repetición.. “La segunda instancia penal…”. La segunda instancia…. Mª P. 73. cit.. la práctica de algún otro medio adicional”. es importante que la reforma opte por un sistema de apelación limitada para evitar que se devalúe la primera instancia y se convierta en un mero ensayo. pp. Para ARMENTA DEU. de las pruebas personales realizadas en el grado. si bien la aproximación es máxima.. p. ob.
por CONDE PUMPIDO TOURÓN.Hay que tener en cuenta. en una pretensión impugnatoria basada en la existencia de ciertos errores en el juicio previo33. no puede dictarse una sentencia condenatoria basada en pruebas personales practicadas en . puesto que no las ha presenciado34. sostenida. lo que hace a partir de un examen del acta del juicio oral y de la motivación de la sentencia de instancia. de acuerdo con la regulación actual del recurso de apelación. sino que el órgano de apelación se limita a revisar la valoración de la prueba llevada a cabo en primera instancia para determinar su racionalidad y razonabilidad. lisa y llanamente. además. resulta imposible llevar a cabo. la falta de inmediación impide. En efecto. pues considera que el TC se limita a señalar que el órgano ad quem no puede. tal y como se configura en nuestro sistema. La segunda interpretación de la STC 167/2002 y de las que le siguen. entre otros. en ningún caso. La revisión del órgano ad quem se basa. no consiste en la realización de un nuevo juicio –que sería aquello que propugnan quienes reclaman la celebración de vista para la repetición de la prueba. que el recurso de apelación. pero sin que ello implique la repetición de unas pruebas que. que pueda sustituirse el criterio del órgano a quo en perjuicio del acusado. se muestra mucho más acorde con nuestro sistema de apelación. pues. sustituir la sentencia absolutoria por una condenatoria cuando ello depende de la apreciación que se haga de las pruebas de naturaleza personal. El criterio del TC es que en segunda instancia. a juicio del TC.
.es. 34 CONDE PUMPIDO TOURÓN. “La grabación de las vistas orales y la corolaria modificación del recurso de apelación en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la LO 6/85 del Poder Judicial. 743 LECrim. apartado 2. 3031. La grabación de las actuaciones como solución a la falta de inmediación: la reforma del art. V. pues impide que la acusación inste la revisión de la valoración de 33 CALDERÓN CUADRADO. MAGRO SERVET.3. disponible en http://www. 19 la prueba a través del recurso de apelación y mantiene el sistema de numerus clausus en los casos de pruebas que pueden practicarse en segunda instancia. Revista de Derecho Penal.. 3. superando así las dificultades que el acta tradicional del secretario judicial podía plantear para una revisión de la valoración . En el mismo sentido. Y así lo ha entendido el legislador a la hora de abordar la reforma del recurso de apelación. Procesal y Penitenciario. con ello. La segunda instancia…. ob. el órgano de segunda instancia pueda presenciar la prueba tal y como se practicó en primera instancia. toma partido. y lo hace estableciendo la necesidad de que el juicio oral sea objeto de grabación y. “El derecho a la doble instancia…”. núm. 27. ob.laley... sino que. cit. 54..G. mayo 2006. en La Ley Penal. se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal”. C. Mª P. como se ha señalado. p. cit. pp. Pero no es ajeno al problema planteado por la inmediación.primera instancia. impidiendo que la prueba pueda repetirse ante el órgano ad quem.
pues aunque en el anteproyecto de ley se hacía referencia a la necesidad de celebrar vista cuando se impugnaran pruebas personales y se solicitara la revocación de sentencias absolutorias o la agravación de la pena impuesta al condenado (art. 791. una de las primeras medidas que se adoptan es. ob. 36 Solución ésta que. pp. resulta mucho más aconsejable. como no podía ser de otra manera.1 II LECrim según el Anteproyecto). GARCÍA CALVO Y MONTIEL. cit. Por tanto.. esta previsión ha desaparecido y consta sólo la necesidad de grabar el juicio oral36 y la posibilidad de reproducirlo en segunda instancia 35 A favor de esta solución se manifiesta JORGE BARREIRO. 790. no se soluciona el de la falta de contradicción y publicidad. cit. Para GARCÍA CALVO Y MONTIEL. A. p.3 LECrim)37.. “El alcanzable mito…”. considera que la grabación sí soluciona los problemas de la falta de inmediación para la defensa..de la prueba35. 325. R. ob. pero no para la acusación. 20 a petición de parte (art. a juicio de GARBERÍ LLOBREGAT. Es importante destacar que es evidente que el legislador ha tomado claramente posición en relación con este problema. En efecto. la grabación del juicio oral38. “El recurso de apelación…”.. 7980. OJO: PERO NO PREVEÍA LA REPETICIÓN DE PRUEBAS. aunque se soluciona el problema de la inmediación. p. pues se evitan los problemas antes señalados que puede provocar la repetición de la prueba ante el órgano ad quem. Tomando buena nota de lo que constituyó un claro acierto en el ámbito del proceso civil.. cit. el legislador procesal penal ha establecido . “Las sentencias absolutorias…”. ob. sin embargo. 3.
resoluciones que adopte el juez o tribunal y las circunstancias e incidencias que no pudieran constar directamente en la grabación. el texto del proyecto prevé la necesidad de que el secretario judicial extienda el acta del juicio oral. haciéndose eco de la jurisprudencia del TC sobre . el secretario judicial levantará la tradicional acta de las mismas. se establecía la posibilidad de reproducir la grabación del juicio oral sólo en el caso de que el apelante hubiese impugnado una prueba de naturaleza personal. lugar y fecha de celebración. la grabación no sustituye por completo al acta. En éste. sino que la complementa. declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas. en caso de proposición de pruebas. 743 LECrim39 la necesidad de que las actuaciones que se lleven a cabo en el juicio oral sean documentadas en soportes aptos para la grabación y reproducción de la imagen y el sonido. asistentes al acto. peticiones y propuestas de las partes. Con esta importante previsión. tiempo de duración. 743 LECrim viene a completar la introducción de los medios técnicos de grabación en el proceso penal que ya comenzara 37 Aquí también se ha producido una modificación sustancial respecto del Anteproyecto. Cuando las actuaciones sean objeto de grabación. el art. pero su contenido será sensiblemente inferior en los casos en los que las grabaciones se adjunten al acta frente a aquellos otros en los que el acta deba dar fe por sí misma de las actuaciones llevadas a cabo. No obstante. de modo que sólo en el caso de que no sea posible registrar las actuaciones de este modo. el acta deberá contener únicamente los siguientes datos: número y clase de procedimiento.en el art. En efecto.
815 y 972 LECrim y 69 LOPJ según el Proyecto. En efecto.. habrán de fundarse en infracción de la presunción de inocencia.este punto. 230 LOPJ. p. como después se verá. por CONDE PUMPIDO TOURÓN. La importancia de esta previsión en relación con el recurso de apelación es evidente: con ello se superan en gran parte los problemas que suscita la falta de inmediación de cara a una posible revisión de la resolución judicial dictada en primera instancia. se amplía en el Proyecto.. C. la posibilidad de reproducir la prueba en segunda instancia. 25. sustituyendo el carácter facultativo con el que hasta este momento se establecía su uso por la obligatoriedad del mismo (supeditado a la existencia de medios para ello). 788. “El derecho a la doble instancia…”. ob. 21 el art. 39 En el mismo sentido se manifiestan los arts. 38 Medida reclamada desde hace tiempo. a todos los supuestos de apelación en los que se impugne la valoración de la prueba practicada en primera instancia que. sin establecer limitación alguna. y estableciendo con mayor exhaustividad cómo ha de llevarse a cabo el acta del secretario judicial cuando las actuaciones sean objeto de grabación40. uno de los grandes obstáculos que se han encontrado tradicionalmente a las posibilidades de revisión de la valoración de la prueba efectuada en primera instancia es la imposibilidad del órgano ad quem de situarse en el mismo lugar que el órgano a quo para proceder a la revisión de la valoración de la prueba practicada en primera instancia41. entre otros.6 LECrim amparada en la previsión del art. Con la grabación de las actuaciones orales se garantiza una aproximación del . a mi juicio. Con buen criterio. cit.
No se entiende cuál ha podido ser el motivo por el cual ha considerado que la grabación de las actuaciones no es garantía suficiente para proceder a la revisión de la sentencia absolutoria. B. No obstante. Tirant Lo Blanch. a diferencia del art. 743 LECrim. Doctrina. Jurisprudencia y Formularios. 302 y ss. a pesar del avance que supone la previsión de grabar las actuaciones.órgano ad quem al material probatorio mucho más fiable que la que se produce cuando se limita al examen de la motivación de la sentencia y del acta del juicio oral. establece con mayor acierto que la grabación se incorporará al acta. según el texto del proyecto. pp.J. 1997. 41 VARELA GÓMEZ pone de manifiesto las dificultades que plantea para la revisión de la prueba la falta de inmediación. 788. De este modo es mucho más fácil que el tribunal de apelación contraste la decisión del órgano a quo con las actuaciones probatorias y pueda así determinar si su decisión ha sido o no acertada. de las pretensiones de este trabajoque el TC considere problemática la falta de inmediación sólo en el caso de que la sentencia absolutoria pueda ser . el art. sin duda.. Es curioso – aunque su examen excede. Valencia.6 LECrim. Ed. y no que la sustituirá. el legislador se ha mantenido en la interpretación estricta de la doctrina del TC y ha suprimido la apelación de la sentencia absolutoria por error en la valoración de la prueba. VARELA GÓMEZ. pues gracias a ella es posible situarse en la misma posición que el 40 Además. 22 órgano a quo para la fiscalización de su actividad. El recurso de apelación penal.
haciendo primar el derecho a la seguridad jurídica del acusado sobre la no menos importante búsqueda de la verdad. sino en pruebas documentales. La nueva regulación convierte a la sentencia de instancia en inatacable. No hay que olvidar que la inmediación ha de actuar como garantía del acierto de la decisión .sustituida por una sentencia condenatoria y no en el caso inverso ¿no es la inmediación una garantía de la práctica y valoración de la prueba y. Imagínese una absolución contraria a informes periciales sometidos a contradicción en el juicio oral o a documentos de los que cabe desprender la culpabilidad del acusado. incluso en el caso de que la absolución tome como base pruebas personales. la supresión del recurso ha sido tan drástica que. Además. la posibilidad de dejar constancia videográfica de las mismas permite al órgano ad quem evaluar el acierto de la decisión del órgano a quo. también debería impedir la absolución de quien ha sido condenado en primera instancia en virtud de pruebas personales?42 ¿Por qué la inmediación impide la valoración de las pruebas personales practicadas en primera instancia y no impide. a juicio del TC. la valoración de las pruebas y de los actos de investigación practicados fuera del juicio oral. no presentan los mismo requerimientos de inmediación que las pruebas personales. por el contrario. que presentan el mismo problema de falta de inmediación?43 Además. inexplicablemente. se priva del mismo a la acusación también en los casos en los que la absolución no se ha basado en pruebas personales. por tanto. informes periciales o en pruebas indiciarias que.
C. que es lo que realmente hace el órgano ad quem. al menos. no hay que olvidar que la inmediación es una garantía que ha de estar presente en la valoración de la prueba. 46. ob. 791). 44. “El derecho a la doble instancia…”. Aunque el proyecto respeta la estructura del procedimiento y la competencia para conocer de cada una de sus fases. Thomson Aranzadi. La segunda instancia penal. aborda la reforma de importantes aspectos procedimentales. núm. 2005. Mª P. tarea ésta que busca. que puede limitarse a ver reproducidas las actuaciones llevadas a cabo en primera instancia. CONDE PUMPIDO TOURÓN. en Jueces para la Democracia. 743 LECrim. ob. III. marzo 2003. Lo que la LECrim no prohíbe es convocar al acusado a la vista de la apelación (art.. “Sobre el valor de la inmediación (una aproximación crítica)”.. C. . no con el mismo alcanceen la revisión de esta valoración. y en consonancia con la reforma del art. p. 23 precisamente. pp. tratándose de un sistema de apelación limitada. LAS REFORMAS PROCEDIMENTALES.judicial. no como un obstáculo a la revisión de la misma44. 46). 44 Ni como excusa para evitar la motivación de la resolución judicial. pp.. Ed. Como primera novedad. “El derecho a la doble instancia…”. ese acierto. cit.. Así se da la contradicción (CONDE PUMPIDO TOURÓN.. 42 Este problema es apuntado por CALDERÓN CUADRADO. Pamplona. P. 5859. En efecto. cit. 81 y 107. p. pero no ha de concurrir –o. 43 Esta paradoja es apuntada por ANDRÉS IBÁÑEZ. ESPECIAL REFERENCIA A LA ADHESIÓN A LA APELACIÓN..
por lo que se veta a la acusación la posibilidad de recurrir por error en la valoración de la prueba. En cuanto a los motivos que cabe alegar como fundamento del recurso. también como novedad se establece la posibilidad de recurrir en apelación por aparición de hechos nuevos. Los hechos a los que se refiere el precepto. ¿la acusación podrá alegar hechos nuevos y. puesto que ésta ha de haberse producido en el juicio oral. ¿Es una apelación plena? ¿El órgano ad quem podrá valorar de nuevo las pruebas ya practicadas en primera instancia junto con las relativas a los hechos nuevos? 2. Lógicamente.se establece que las partes. en los tres días siguientes a la notificación de la sentencia. lo que plantea varias dudas de importante calado práctico: 1. conseguir así que se realice una nueva valoración de la prueba? 3. Si es así. el plazo de diez días para la interposición del recurso se suspenderá hasta el momento en el que las copias hayan sido entregadas a la parte.2 LECrim la necesidad de citar las . 45 Ha de entenderse que en éstas ya consta. como ya se ha señalado antes. la reproducción de las grabaciones de las declaraciones personales obtenidas en la instrucción de la causa. 790. 24 Además. en su caso. podrán solicitar copia de los soportes en los que se hayan grabado las actuaciones del juicio oral45. el error en la valoración de la prueba deja paso a la infracción de la presunción de inocencia. por tanto. ¿incluyen también a los hechos de nova reperta? Desaparece de la redacción del art.
en consonancia con la ampliación de motivos para recurrir. Sin embargo. si la reforma sale adelante. aunque la jurisprudencia lo consideraba vigente.normas legales o constitucionales infringidas y la causa de indefensión. ¿Se convierte la apelación en un verdadero medio de gravamen? ¿Sólo hay que alegar haber sufrido un perjuicio? En tercer lugar. 790. Junto a ello. se podrán proponer pruebas sobre los hechos nuevos alegados.1 LECrim. si bien la jurisprudencia menor en un sentido muy limitado: a través de la adhesión no pueden introducirse motivos distintos a los alegados por el recurrente en el recurso de 25 apelación. trámite que había desaparecido con la reforma de 2002. Admitido el recurso por el órgano a quo. según prevé el art. la . el art. En este plazo. 790.3 sigue previendo tres casos en los que se puede solicitar la práctica de prueba: … Además. las partes tendrán un plazo común de diez días para formular alegaciones. por lo que respecta a la proposición de pruebas –que ha de realizarse en el escrito de interposición o en el de impugnación o adhesión a la apelación. de modo que su finalidad es únicamente la de apoyar el recurso de apelación46. como novedad destacable se permite solicitar la reproducción ante el órgano ad quem de los fragmentos de grabación relativos a la prueba practicada en primera instancia cuando el motivo del recurso sea la infracción de la presunción de inocencia. las partes que no hayan apelado podrán adherirse a la apelación. con la nueva redacción.
el legislador se hace eco de la jurisprudencia constitucional.adhesión a la apelación. es un mecanismo a través del cual se pueden introducir las pretensiones y alegar los motivos que las partes estimen convenientes. Así lo entiende el TC: “Este Tribunal no ha rechazado en ningún momento la posibilidad de caracterizar a la apelación adhesiva como un verdadero medio impugnatorio a través del cual puedan deducirse pretensiones autónomas. En este sentido. se introduzca la posibilidad de dar cumplimiento al principio de contradicción dando traslado de la adhesión al resto de partes. ha supeditado la regularidad de tal situación procesal. a que haya existido la posibilidad de debate contradictorio sobre las . con base en el derecho de defensa. de tal suerte que en los casos en los que este Tribunal ha admitido que. desde la perspectiva constitucional. Sin embargo. incrementando con ello el alcance devolutivo del recurso de apelación principal (…). es necesario que. si bien nos hemos preocupado especialmente por salvaguardar las garantías procesales de la otra parte. el órgano judicial pueda ampliar su cognición a extremos no contenidos en la apelación principal. con motivo de la adhesión a la apelación. según la cual no hay obstáculos para que la adhesión a la apelación se considere un recurso autónomo por lo que respecta a la posibilidad de introducir nuevas pretensiones. aunque carece de autonomía respecto del recurso principal.
abril 2005. 46 En este sentido. 4)”47. a fin de garantizar las posibilidades de defensa (…). «pues la necesidad de tal trámite resulta de una interpretación de la norma a la luz de los preceptos y principios constitucionales. IV. p. M. de 10 de abril. vid. 27 . no se producen cambios sustanciales.1 CE» ( STC 93/2000. 795. Para ello. de 24 de octubre (FJ 3º). 26 Por lo que respecta a la sustanciación y fallo del recurso. Cabe preguntarse en este punto si el órgano ad quem podrá revisar la valoración de la prueba si la parte interesada no aporta la grabación de las actuaciones. “La necesaria e inaplazable reforma de la segunda instancia en el proceso penal”.. al ser obligado preservar el principio de defensa en el proceso según lo dispuesto en el art. núm. 47 En el mismo sentido. de 27 de abril (FJ 1º) y Valencia 579/2005 (Secc. F. en La Ley Penal. 15. 72. 2ª). Procesal y Penitenciario. BIBLIOGRAFÍA. DÍAZ MARTÍNEZ. si bien es necesario destacar que si el recurso se ha basado en error en la valoración de la prueba. no es óbice que el art. deberá reproducirse en la vista la grabación del juicio oral. Vid. 2ª).pretensiones autónomas contenidas en la impugnación adhesiva. 24. la STC 46/2005. Revista de Derecho Penal.4 LECrim (vigente al tiempo de la formalización de la adhesión a la apelación en el caso que nos ocupa) no previera el traslado del escrito de adhesión. las SsAP Baleares 151/2006 (Secc. de 28 de febrero (FJ 3º).
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in dubio
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 artículo 790
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