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Timestamp: 2019-01-22 22:43:06+00:00

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Sentencia nº 95/1984 de Tribunal Constitucional, Pleno, 18 de Octubre de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034603
Sentencia nº 95/1984 de Tribunal Constitucional, Pleno, 18 de Octubre de 1984
Fecha de Resolución: 18 de Octubre de 1984
Número de Recurso: Conflictos Positivos de competencia nº 119 y 121/1982 (acumulados)
1. No es misión del Tribunal Constitucional llevar a cabo declaraciones interpretativas, al resolver conflictos de competencia, sobre la existencia y significado de supuestos implícitos en las normas y sobre sus presuntas consecuencias, de manera que si en las normas esgrimidas la invasión de competencia no se produce, el conflicto no puede prosperar. 2. El Gobierno de la Nación, en el ejercicio de sus competencias reglamentarias en el ámbito territorial que le corresponda, no viene obligado constitucionalmente a reservar, mediante una cláusula de salvaguardia, las competencias que puedan tener las Comunidades Autónomas en la respectiva materia, sin que quepa alegar, en sentido contrario, el principio de seguridad jurídica. 3. El hecho de que, en una materia, hayan asumido alguna o algunas Comunidades Autónomas las mismas competencias que pretende ejercitar el Estado no priva a éste de las suyas, que tendrán su ámbito de aplicación en aquella parte del territorio español que no esté incluido en el de las referidas Comunidades Autónomas. 4. En ausencia de actos concretos de ejecución de las competencias controvertidas en el territorio de la Comunidad Autónoma promotora del conflicto de competencia, el Tribunal Constitucional no tiene necesidad de pronunciarse sobre un conflicto que no se ha producido. 5. Dadas las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas de Cataluña y del País Vasco en materia de protección del consumidor, no corresponde al Estado función alguna en orden al control y alta inspección del ejercicio de dichas competencias. 6. La facultad de ordenar la inmovilización de mercancías y la clausura de Empresas con carácter preventivo dispuesto por el art. 18.1 e) del Real Decreto 2924/1981 en favor de la Dirección General de Inspección del Consumo, va más allá del ámbito que cubre la noción de auxilio mutuo y colaboración entre las distintas Administraciones y adopta propiamente la forma de una sustitución de funciones. 7. La facultad de «acceder directamente a la documentación mercantil y contable de las Empresas o de cualquier Administración pública» dispuesta por el art. 20.1 del Real Decreto 2924/1981 en favor de los inspectores de Consumo, rebasa el marco del auxilio mutuo y la colaboración entre las distintas Administraciones.
Sentencia citada en: 29 sentencias, 11 artículos doctrinales
En los conflictos positivos de competencia núms. 119 y 121/1982, acumulados, promovido el primero por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por el Abogado don Manuel M. V. M., y el segundo por el Gobierno vasco, representado por el Abogado don Javier B. A., en relación ambos con determinados preceptos del Real Decreto 2924/1981, de 4 de diciembre, de reestructuración de determinados órganos de la Administración del Estado. Ha sido parte el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y Ponente el Magistrado don Antonio T. S., quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Por escrito presentado en este Tribunal el día 6 de abril de 1982, don Manuel M. V. i Matas, Abogado, en nombre y representación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, planteó conflicto positivo de competencia frente al Gobierno del Estado en relación con el Real Decreto 2924/1981, de 4 de diciembre, por el que se reestructuran determinados órganos de la Administración del Estado.
E) La defensa del principio de libre circulación de bienes por todo el territorio del Estado en las relaciones Estado-Generalidad de Cataluña no puede ser materia de una alta inspección -que, por lo demás, no se halla legalmente prevista-, sino exclusivamente del sistema constitucional de controles en relación con las Comunidades Autónomas, cuales son las previstas en los arts. 153 a) y c), 155 y 161.2 y, eventualmente, cuando la Comunidad ejerza funciones delegadas, el art. 153 b) en relación con el 150.2, todos ellos de la Norma .
3. Por escrito presentado en este Tribunal el 7 de abril del mismo año, don Javier B. A., Abogado, en nombre y representación del Gobierno vasco, planteó conflicto de competencia positivo frente al Gobierno del Estado por entender que el Real Decreto 2924/1981, de 4 de diciembre, no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
2. Señala el Abogado del Estado que el Real Decreto 2924/1981 es un Decreto de reestructuración de determinados órganos centrales de la Administración del Estado en el marco de la potestad organizativa de la Administración. En principio, sus disposiciones distribuyen una serie de competencias que el Estado tiene (y en la medida en que las tiene)en ciertas materias entre órganos de la Administración del Estado, sin prejuzgar si en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas que eventualmente hayan asumido estatutariamente competencias en estas materias serán órganos de la Administración estatal o de dichas Comunidades Autónomas los que hayan de ejercerlas. El conflicto que subyace a propósito de tales preceptos, y a reserva de lo que establezcan los arts. 18 y 20, no es, pues, actual, sino virtual e hipotético, y cabe al respecto recordar que, como se dijera en nuestra Sentencia núm. 67/1983, de 22 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto), «no es misión de este Tribunal al resolver conflictos de competencia llevar a cabo declaraciones interpretativas sobre la existencia y significado de supuestos implícitos en las normas y sobre sus presuntas consecuencias, de .manera que si en las normas esgrimidas la invasión de competencia no se produce el conflicto no puede prosperar» (fundamento jurídico 3).
SAN, 11 de Mayo de 2011
STS 2457/2016, 17 de Noviembre de 2016
SAP Barcelona 242/2005, 9 de Mayo de 2005

References: Real Decreto 
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