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CE 1978
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La Prueba Pericial y Su Valoración
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1. España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que
emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía
parlamentaria.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la
Nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas.
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos
los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a
usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de
España es un patrimonio cultural que será objeto de
especial respeto y protección.
1. La bandera de España está formada por tres franjas
horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de
doble anchura que cada una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas
propias de las Comunidades Autónomas. Estas se
utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios
públicos y en sus actos oficiales.
Los partidos políticos expresan el pluralismo político,
concurren a la formación y manifestación de la voluntad
popular y son instrumento fundamental para la
participación política. Su creación y el ejercicio de su
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y
a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán
ser democráticos.
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones
empresariales contribuyen a la defensa y promoción de
los intereses económicos y sociales que les son propios.
Su creación y el ejercicio de su actividad son libres
dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su
estructura interna y funcionamiento deberán ser
democráticos.
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra,
la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión
garantizar la soberanía e independencia de España,
defender su integridad territorial y el ordenamiento
constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización
militar conforme a los principios de la presente
Constitución.
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la
jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de
la arbitrariedad de los poderes públicos.
TÍTULO I - De los derechos y deberes
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le
son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás son
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificados por España.
Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos. 2. atendiendo a criterios de reciprocidad. 1. podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Artículo 13. 1. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23. En estos mismos países. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 2.CAPÍTULO PRIMERO .De los españoles y los extranjeros Artículo 11. aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Artículo 12. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley. La nacionalidad española se adquiere. se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. atendiendo al principio de reciprocidad. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. . Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. 3. 4. salvo lo que. no considerándose como tales los actos de terrorismo. 3.
sin que.Derechos y libertades Artículo 14. raza. 1. Se garantiza la libertad ideológica. en sus manifestaciones. 2. el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Artículo 17. en todo caso. sexo. Sección 1. Nadie puede ser privado de su libertad. y. 1. en el plazo máximo de setenta y dos horas. opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas Artículo 15. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. . Los españoles son iguales ante la ley. puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley. en ningún caso.CAPÍTULO SEGUNDO . Artículo 16. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología. religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación. 3. religión o creencias. Queda abolida la pena de muerte. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. 2. religión.
en los términos que la ley establezca. b) A la producción y creación literaria. . 1. Artículo 18. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata. no pudiendo ser obligada a declarar. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos. El domicilio es inviolable. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. salvo en caso de flagrante delito. Se garantiza el derecho al honor. 4. por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. telegráficas y telefónicas. tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Artículo 19.3. 2. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. artística. salvo resolución judicial. de las postales. Artículo 20. el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y. 1. Asimismo. c) A la libertad de cátedra. a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. Asimismo. 3. ideas y opiniones mediante la palabra. de sus derechos y de las razones de su detención. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial. 4. científica y técnica. en especial. y de modo que le sea comprensible.
en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. especialmente. a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. a la intimidad. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. . 2. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 1. Se reconoce el derecho de asociación. en el derecho al honor. grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público. Artículo 22. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 1. 5. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título. 3. 4. 5. 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones. 3. con peligro para personas o bienes. 2. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos. Artículo 21. 2.
directamente o por medio de representantes. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito. impliquen privación de libertad. 2. a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. con los requisitos que señalen las leyes. a no declarar contra sí mismos. 3. directa o subsidiariamente. sin que. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Artículo 25. Asimismo. en ningún caso. . 2. a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 2. 1. Artículo 24. libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. La ley regulará los casos en que. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos. 1. Asimismo. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo. La Administración civil no podrá imponer sanciones que. tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. En todo caso. falta o infracción administrativa. no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.Artículo 23. tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. a la defensa y a la asistencia de letrado. 1. a ser informados de la acusación formulada contra ellos. según la legislación vigente en aquel momento. así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. pueda producirse indefensión. el sentido de la pena y la ley penitenciaria. por razón de parentesco o de secreto profesional.
Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes. Todos tienen el derecho a la educación. 8. los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación. 2. en los términos que la ley establezca. Los profesores. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. en los términos que la ley establezca. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. 6. los padres y. dentro del respeto a los principios constitucionales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Se reconoce la libertad de enseñanza. Artículo 27. La libertad sindical comprende el . Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 4. mediante una programación general de la enseñanza. 7. Artículo 28. 10. 5. en su caso. 9. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce la autonomía de las Universidades. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. 1. 3. 1.Artículo 26. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. por escrito. 2. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva. Sección 2. una prestación social sustitutoria. Artículo 31. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que. 1. 3. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará. tendrá alcance confiscatorio. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. . Artículo 29.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos Artículo 30. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. la objeción de conciencia. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo. con las debidas garantías. en la forma y con los efectos que determine la ley. así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio. catástrofe o calamidad pública. 2. derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección. 1. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. pudiendo imponer. 4. 2. en ningún caso. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. en su caso. 1. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Artículo 34. 2. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 1. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos. Artículo 35. a la libre elección de profesión u oficio. La ley regulará las formas de matrimonio. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Artículo 33. mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. la edad y capacidad para contraerlo.2. de acuerdo con las leyes. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. . y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. 3. los derechos y deberes de los cónyuges. con arreglo a la ley. 2. Artículo 32. 1. 1. sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido. 2. 1. 3. las causas de separación y disolución y sus efectos.
así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. de acuerdo con las exigencias de la economía general y. de la planificación. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad. .Artículo 36. sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer. económica y jurídica de la familia. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los poderes públicos aseguran. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La ley que regule el ejercicio de este derecho. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. 2. 4. asimismo. Los poderes públicos aseguran la protección social. cualquiera que sea su estado civil. la protección integral de los hijos. incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. 1. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. y de las madres. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación. en su caso. 3. Artículo 37. CAPÍTULO TERCERO .De los principios rectores de la política social y económica Artículo 39. 1. Artículo 38.
las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales. 1. 3. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. Artículo 41. Artículo 42. velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario. en el marco de una política de estabilidad económica. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. . La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Artículo 44. Asimismo. 1. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria. 2. 2. 1. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura. especialmente en caso de desempleo. Artículo 43. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.Artículo 40. a la que todos tienen derecho. la educación física y el deporte. que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. mediante la limitación de la jornada laboral. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. 2. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico. económico y cultural. apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Artículo 49. Artículo 46. social. tratamiento. administrativas. 3. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. en su caso. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales. sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. Artículo 47. 1. . Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior. cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. rehabilitación e integración de los disminuidos físicos. Los poderes públicos realizarán una política de previsión.Artículo 45. en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o. regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 2. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Artículo 48. con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente. así como la obligación de reparar el daño causado. cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
Artículo 50. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. la seguridad. mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios. protegiendo. 3. Asimismo. mediante procedimientos eficaces. la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. 1. Los poderes públicos garantizarán. vivienda. en los términos que la ley establezca. cultura y ocio. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios. fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos. promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Artículo 52. y con independencia de las obligaciones familiares. . la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Artículo 51.
3. la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. 1.De las garantías de las libertades y derechos fundamentales Artículo 53. 2.CAPÍTULO CUARTO . . que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo. a). Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. como alto comisionado de las Cortes Generales. a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título. que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161. podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. Sólo por ley. el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva. a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración. en su caso. El reconocimiento. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. 1. Artículo 54. dando cuenta a las Cortes Generales.
18. apartado 2. apartado 2. 20. apartado 2. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.CAPÍTULO QUINTO . Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que. 28. los derechos reconocidos en los artículos 17. Los derechos reconocidos en los artículos 17. como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. . podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. y artículo 37. 1. 2. artículos 21. y 18. de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario. y 5. en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. apartados 2 y 3.De la suspensión de los derechos y libertades Artículo 55. pueden ser suspendidos para personas determinadas. artículos 19. apartados 2 y 3. apartados 1. a) y d). La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal.
La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. careciendo de validez sin dicho refrendo. y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento. salvo lo dispuesto en el artículo 65. 3. siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. Artículo 57. el varón a la mujer. . en el mismo grado.TÍTULO II . 2. las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. El Rey es el Jefe del Estado. arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación. símbolo de su unidad y permanencia. y en el mismo sexo. 2. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho. 3. el grado más próximo al más remoto. 1. El Príncipe heredero. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. en la misma línea. 2. 1. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. la persona de más edad a la de menos.De la Corona Artículo 56. legítimo heredero de la dinastía histórica. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64. especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Don Juan Carlos I de Borbón.
tres o cinco personas. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. . 5. el padre o la madre del Rey y. entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona. 2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales. quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. 5.4. se procederá de la manera prevista en el apartado anterior. Si no lo fuere. Artículo 58. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey. La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales. salvo lo dispuesto para la Regencia. si fuere mayor de edad. ésta será nombrada por las Cortes Generales. en su defecto. 4. 1. Cuando el Rey fuere menor de edad. el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica. hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. 3. y se compondrá de una. según el orden establecido en la Constitución. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales. Artículo 60. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia. Artículo 59.
En su defecto. El Príncipe heredero. al alcanzar la mayoría de edad. 1. Artículo 61. pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre. nombrarlo. c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. . será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. madre o ascendientes directos del Rey.1. b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. si no lo hubiese nombrado. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto. en su caso. prestarán el mismo juramento. al ser proclamado ante las Cortes Generales. lo nombrarán las Cortes Generales. a propuesta de su Presidente. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno. Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las leyes. así como el de fidelidad al Rey. prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones. 2. d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y. siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones. El Rey. Artículo 62. guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. 2.
y distribuye libremente la misma. previa autorización de las Cortes Generales. 3. a estos efectos. j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. declarar la guerra y hacer la paz. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa. a petición del Presidente del Gobierno. i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Artículo 65.f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. . Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados. que no podrá autorizar indultos generales. las sesiones del Consejo de Ministros. 2. 1. Artículo 63. serán refrendados por el Presidente del Congreso. conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Artículo 64. 1. g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. y la disolución prevista en el artículo 99. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y. en su caso. Al Rey corresponde. por los Ministros competentes. cuando lo estime oportuno. 2. 1. h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. de conformidad con la Constitución y las leyes.
2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. .
La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. 1.De las Cortes Generales CAPÍTULO PRIMERO . 3. La ley distribuirá el número total de Diputados. igual. Artículo 68. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. . Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente. libre. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras. 2. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados. Artículo 67. directo y secreto.TÍTULO III . y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. 3. controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 1. asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. La circunscripción electoral es la provincia. 1. 3. ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. aprueban sus Presupuestos.De las Cámaras Artículo 66. 2. Las Cortes Generales son inviolables. 2. elegidos por sufragio universal. en los términos que establezca la ley.
En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal. directo y secreto por los votantes de cada una de ellas. En las provincias insulares. la adecuada representación proporcional. en los términos que señale una ley orgánica. Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera. 5. 5. Lanzarote y La Palma. Artículo 69. con Cabildo o Consejo Insular. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. 1. 3. que asegurarán. constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores. en su defecto. correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria. El Senado es la Cámara de representación territorial. Fuerteventura.4. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Menorca. . Hierro. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. libre. 4. Gomera. en todo caso. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos. 2. cada isla o agrupación de ellas. al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma. 6. igual. El Congreso es elegido por cuatro años.
2. Artículo 71. en todo caso: a) A los componentes del Tribunal Constitucional. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores. que comprenderán. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. f) A los miembros de las Juntas Electorales. 1. en los términos que establezca la ley electoral. 4. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Jueces y Fiscales en activo. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. d) A los Magistrados. El Senado es elegido por cuatro años. b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial. con la excepción de los miembros del Gobierno. e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. Artículo 70. 1. .6. c) Al Defensor del Pueblo. 3. 2.
. que requerirá la mayoría absoluta. regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. 1. 1. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno. de febrero a junio. Artículo 74. aprueban autónomamente sus presupuestos y. de común acuerdo. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos. de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 3. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. 2. 1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero. y el segundo. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Artículo 73. 2.Artículo 72. de septiembre a diciembre.
Artículo 75. cuando proceda. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. y. no obstante. siempre por escrito. 1. y en los otros dos. en su caso. de las acciones oportunas. el procedimiento se iniciará por el Congreso. Si no se aprueba en la forma establecida. decidirá el Congreso por mayoría absoluta. quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. por el Senado. 145. En ambos casos. 2. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. 3. 1.2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales. 1. . Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional. Artículo 77. las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado. 2. El Pleno podrá. las cuestiones internacionales. si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso. 1. En el primer caso. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio. se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. ni afectarán a las resoluciones judiciales. ambas Cámaras conjuntamente. podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94. 2. 2 y 158. El Congreso y el Senado. recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Artículo 76.
en proporción a su importancia numérica. las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes. Reunida la Cámara correspondiente. para ser válidos. Dichos acuerdos. .2. en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73. la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras. Artículo 78. Artículo 80. Artículo 79. Para adoptar acuerdos. Expirado el mandato o en caso de disolución. 1. 3. que representarán a los grupos parlamentarios. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. 2. salvo acuerdo en contrario de cada Cámara. 4. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros. las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento. Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas. de acuerdo con los artículos 86 y 116. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. siempre que las Cámaras lo exijan. 2. 3. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido. 1. sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
2. 4. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.CAPÍTULO SEGUNDO . Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación. especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. 3. 1. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. .De la elaboración de las leyes Artículo 81. 1. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. La aprobación. en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Artículo 82. las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. 5. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.
Artículo 83. . el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor. 1. para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. Las leyes de bases no podrán en ningún caso: a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases. deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I. a los derechos. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales. al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. En caso de extraordinaria y urgente necesidad. convocado al efecto si no estuviere reunido. en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Artículo 84. las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Artículo 85.6. Artículo 86. 2. el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. En tal supuesto. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras. sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. Las proposiciones de ley que. tributarias o de carácter internacional. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500. se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición. . 2. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica. Artículo 88. ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. de acuerdo con el artículo 87.000 firmas acreditadas. el cual lo someterá a la deliberación de éste. 2. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros. Durante el plazo establecido en el apartado anterior. que los someterá al Congreso. su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado. las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. Artículo 87. de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. tome en consideración el Senado. acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 1. 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno.3. al Congreso y al Senado. 3. Artículo 89. Artículo 90. 1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados.
2. El referéndum será convocado por el Rey. puede. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. o se pronuncie sobre las enmiendas. El Senado en el plazo de dos meses. una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo. en caso de veto. y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. mediante mensaje motivado. o por mayoría simple. El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. 3. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta. 1. 3. el texto inicial. . Artículo 91. 2. mediante propuesta del Presidente del Gobierno. a partir del día de la recepción del texto. aceptándolas o no por mayoría simple. Artículo 92. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta.
CAPÍTULO TERCERO . en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno.De los Tratados Internacionales Artículo 93. c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. 2. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. 1. . Artículo 95. b) Tratados o convenios de carácter militar. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. 1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Artículo 94. d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. según los casos. la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Artículo 96.
Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas. una vez publicados oficialmente en España. 2. formarán parte del ordenamiento interno.1. Los tratados internacionales válidamente celebrados. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. . modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
TÍTULO IV .Del Gobierno y de la Administración Artículo 97. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El Gobierno dirige la política interior y exterior. Artículo 99. 4. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. el Rey. 2. de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. 1. previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria. ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados. en su caso. . de los Vicepresidentes. Artículo 98. 1. y a través del Presidente del Congreso. El Gobierno se compone del Presidente. 3. ni actividad profesional o mercantil alguna. la Administración civil y militar y la defensa del Estado. 2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo.
4. Si el Congreso de los Diputados. Si transcurrido el plazo de dos meses. y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible. Artículo 101. el Rey le nombrará Presidente. en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución. sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura. a propuesta de su Presidente. 5. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. en su caso. Artículo 102. De no alcanzarse dicha mayoría. Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey. 1. se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. 2. Artículo 100. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. 2. ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso. a partir de la primera votación de investidura. se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior. y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. otorgare su confianza a dicho candidato. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales. ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. . 1.3. el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
bajo la dependencia del Gobierno. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación. principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Artículo 103. el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. jerarquía. la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. regidos y coordinados de acuerdo con la ley. desconcentración y coordinación. Una ley orgánica determinará las funciones. Los órganos de la Administración del Estado son creados. Artículo 104. directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley. 2. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia. tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.3. La ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos. 3. 2. descentralización. Artículo 105. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos. . 1. 1. con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
Artículo 106. en los términos establecidos por la ley. salvo en los casos de fuerza mayor. así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos. siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. 2. cuando proceda. . la audiencia del interesado. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. 1. Los particulares. Artículo 107. garantizando.c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos.
Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas. . La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados. previa deliberación del Consejo de Ministros.TÍTULO V . El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Artículo 109. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas. 1. y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos. Artículo 112. El Presidente del Gobierno. Artículo 111. 2. 1. a través de los Presidentes de aquéllas. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Artículo 110.De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales Artículo 108. puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. 2.
Artículo 114. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados. que será decretada por el Rey. El Presidente del Gobierno. procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno. 1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. según lo dispuesto en el artículo 99. éste presentará su dimisión al Rey. Si el Congreso adopta una moción de censura. 1. del Senado o de las Cortes Generales. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. 2. el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. 3. 4. 1. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso. sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. 2. y bajo su exclusiva responsabilidad. . El Rey le nombrará Presidente del Gobierno. previa deliberación del Consejo de Ministros. 2. Artículo 115. podrá proponer la disolución del Congreso. y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.Artículo 113.
3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un
año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo
99, apartado 5.
Artículo 116.
1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de
excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno
mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por
un plazo máximo de quince días, dando cuenta al
Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al
efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado
dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a
que se extienden los efectos de la declaración.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno
mediante decreto acordado en Consejo de Ministros,
previa autorización del Congreso de los Diputados. La
autorización y proclamación del estado de excepción
deberá determinar expresamente los efectos del mismo,
el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que
no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro
plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta
del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del
Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial,
duración y condiciones.
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras
estén declarados algunos de los estados comprendidos
en el presente artículo, quedando automáticamente
convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de
sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás
poderes constitucionales del Estado, no podrán
interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere
alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de
dichos estados, las competencias del Congreso serán
asumidas por su Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de
sitio no modificarán el principio de responsabilidad del
Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución
y en las leyes.
TÍTULO VI - Del Poder Judicial
Artículo 117.
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del
Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder
judicial, independientes, inamovibles, responsables y
sometidos únicamente al imperio de la ley.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados,
suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de
las causas y con las garantías previstas en la ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes, según las normas de
competencia y procedimiento que las mismas
establezcan.
4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que
las señaladas en el apartado anterior y las que
expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de
cualquier derecho.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la
organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley
regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito
estrictamente castrense y en los supuestos de estado de
sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
Artículo 118.
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones
firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la
colaboración requerida por éstos en el curso del proceso
y en la ejecución de lo resuelto.
Artículo 119.
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en
todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de
recursos para litigar.
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo. 2.Artículo 120. El procedimiento será predominantemente oral. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución. en los términos que establezca la ley orgánica. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones. sobre todo en materia criminal. 3. funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales. 2. cuatro a propuesta del Congreso de los . en particular en materia de nombramientos. que formarán un Cuerpo único. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera. Artículo 122. inspección y régimen disciplinario. doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales. De éstos. 1. darán derecho a una indemnización a cargo del Estado. que lo presidirá. ascensos. Las actuaciones judiciales serán públicas. 1. Artículo 121. y del personal al servicio de la Administración de Justicia. con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. conforme a la ley. 3. Los daños causados por error judicial.
es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. El Ministerio Fiscal. tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Artículo 125. así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros.Diputados. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción. a propuesta del Gobierno. así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. y cuatro a propuesta del Senado. El Tribunal Supremo. todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey. . 1. en todo caso. a los de legalidad e imparcialidad. a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 2. Artículo 124. con jurisdicción en toda España. en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. oído el Consejo General del Poder Judicial. Artículo 123. 4. salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. en la forma que determine la ley. 2. 3. 1. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey. entre abogados y otros juristas. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado. de oficio o a petición de los interesados.
1. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces. que deberá asegurar la total independencia de los mismos. La policía judicial depende de los Jueces. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales. ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial. Artículo 127. de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. 2. en los términos que la ley establezca. . mientras se hallen en activo.Artículo 126. no podrán desempeñar otros cargos públicos. Magistrados y Fiscales.
1. 2. en particular. Con el mismo fin. a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña. 2. de la ganadería. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales. las sociedades cooperativas. de la pesca y de la artesanía. de la agricultura. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. . 2.Economía y Hacienda Artículo 128. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán. mediante una legislación adecuada. especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. 1. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Artículo 131. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y. Artículo 130. Artículo 129. 1.TÍTULO VII . La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
2. de acuerdo con la Constitución y las leyes.1. mediante ley. 1. El Estado. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y. imprescriptibilidad e inembargabilidad. equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales. inspirándose en los principios de inalienabilidad. 3. en todo caso. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación. las playas. la zona marítimo-terrestre. Artículo 132. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes. Artículo 133. 3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional. 2. 2. 1. el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. empresariales y económicas. así como su desafectación. cuya composición y funciones se desarrollarán por ley. su administración. podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas. mediante ley. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos. 4. A tal fin se constituirá un Consejo. . de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales. defensa y conservación. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado.
2. Artículo 135. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 4. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. 1. su examen. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual. se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado. 6. 3. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales. enmienda y aprobación. 7. . 5.Artículo 134.
3.2. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo. de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. en los procedimientos respectivos. mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. en relación con su producto interior bruto. regulará: . 5. En todo caso. por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales. recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. así como la participación. en su caso. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 4. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
Ref. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. 6. BOE-A- 2011-15210. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.3 de la Reforma de 27 de septiembre de 2011. se hubiere incurrido. Artículo 136. Las Comunidades Autónomas. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. 2. . así como del sector público. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado. comunicará las infracciones o responsabilidades en que. a su juicio. 1. b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. sin perjuicio de su propia jurisdicción. cuando proceda.a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas. de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo. según establece la disposición adicional única. remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que. El Tribunal de Cuentas. los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. Téngase en cuenta que los límites de déficit estructural establecidos en el apartado 2 entran en vigor a partir de 2020.
Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. velando por el establecimiento de un equilibrio económico. en ningún caso. y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 4. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución.3. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 2. organización y funciones del Tribunal de Cuentas. . Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar. 1.Principios generales Artículo 137. Artículo 139. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. TÍTULO VIII . Una ley orgánica regulará la composición. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El Estado se organiza territorialmente en municipios. 1. privilegios económicos o sociales. 2. Artículo 138. adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.De la Organización Territorial del Estado CAPÍTULO PRIMERO . en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia. las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. en la forma establecida por la ley. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. igual. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. libre. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. directo y secreto. 3. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Artículo 142. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. . Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. En los archipiélagos. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. 1. 4. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos.CAPÍTULO SEGUNDO . 2. determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Artículo 141. Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.De la Administración Local Artículo 140. integrados por los Alcaldes y los Concejales.
En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución. 3. los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos. al menos. podrán. mediante ley orgánica. culturales y económicas comunes. Artículo 144. La iniciativa. un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. b) Autorizar o acordar. Artículo 145. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 2. en caso de no prosperar. Las Cortes Generales. por motivos de interés nacional: a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. en su caso. 1. c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.De las Comunidades Autónomas Artículo 143. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente. 1. solamente podrá reiterarse pasados cinco años. las provincias limítrofes con características históricas.CAPÍTULO TERCERO . . la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
Artículo 147. d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. la aprobación por las Cortes Generales. En los demás supuestos. Dentro de los términos de la presente Constitución. b) La delimitación de su territorio. Artículo 146. en todo caso. organización y sede de las instituciones autónomas propias. c) La denominación. requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas. 2. así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. . Los Estatutos podrán prever los supuestos. mediante ley orgánica. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá. Artículo 148. los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.2. los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. Los Estatutos de autonomía deberán contener: a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. 1. 3.
las aguas minerales y termales. en general. . el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 8.1. 2.ª Los proyectos.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y. 7. en los mismos términos. en general.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y. 4.ª Ferias interiores.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.ª Los puertos de refugio. el marisqueo y la acuicultura. de acuerdo con la ordenación general de la economía.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. urbanismo y vivienda. los puertos y aeropuertos deportivos y.ª La agricultura y ganadería. 13. 5.ª Los montes y aprovechamientos forestales. 10. los que no desarrollen actividades comerciales. 12. 3.ª Ordenación del territorio.ª La pesca en aguas interiores. las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 1. 9.ª Organización de sus instituciones de autogobierno. 11. canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma. construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. la caza y la pesca fluvial. 6.
La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. 21. bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma. 19. 15.14. de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. extranjería y derecho de asilo.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.ª Museos. 22. inmigración. Transcurridos cinco años.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. de la investigación y. las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. 18.ª Asistencia social. 17. emigración.ª Sanidad e higiene. 3.ª Nacionalidad.ª Relaciones internacionales. .ª El fomento de la cultura. en su caso.ª Defensa y Fuerzas Armadas. y mediante la reforma de sus Estatutos. 2.ª La artesanía. 5. 2. 20. 16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.ª Administración de Justicia. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. Artículo 149. 4. 1.
a las normas de derecho foral o especial. sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. determinación de la hora oficial.ª Legislación civil. 12. 16.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. comercio exterior. 10. 8. penal y penitenciaria. relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio. forales o especiales. sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. .ª Legislación laboral. Legislación sobre productos farmacéuticos.ª Sanidad exterior. En todo caso. las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas.ª Legislación sobre pesas y medidas.6. ordenación de los registros e instrumentos públicos.ª Régimen aduanero y arancelario. 7. Bases y coordinación general de la sanidad.ª Legislación mercantil. 13.ª Sistema monetario: divisas. en este último caso. cambio y convertibilidad. 11. normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho. legislación procesal. sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. sin perjuicio de la conservación. con respeto.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 17. 14. 15. bases de las obligaciones contractuales. modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles. bases de la ordenación de crédito.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 9. allí donde existan. banca y seguros.
tránsito y transporte aéreo.18. comercio. en todo caso. 26. 19.ª La legislación. 24.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. puertos de interés general. tenencia y uso de armas y explosivos. cables aéreos. legislación sobre expropiación forzosa. iluminación de costas y señales marítimas. 20. sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. 21.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que.ª Pesca marítima. sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas. garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas.ª Régimen de producción. submarinos y radiocomunicación. tráfico y circulación de vehículos a motor. aprovechamientos forestales y vías pecuarias.ª Marina mercante y abanderamiento de buques. ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente. servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. el procedimiento administrativo común. correos y telecomunicaciones. y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. La legislación básica sobre montes. aeropuertos de interés general. régimen general de comunicaciones. 23.ª Bases de régimen minero y energético.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25. control del espacio aéreo. sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. . 22.
sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 31. de acuerdo con ellas. de todos los medios de comunicación social. 28.27. 29. El derecho estatal será.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. museos. sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. en caso de conflicto. sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.ª Estadística para fines estatales. 2. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas. en general.ª Normas básicas del régimen de prensa.ª Regulación de las condiciones de obtención. 30.ª Seguridad pública. 32. . Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas. el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas. sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 3. radio y televisión y. bibliotecas y archivos de titularidad estatal. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado. en virtud de sus respectivos Estatutos. cuyas normas prevalecerán. expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución.ª Defensa del patrimonio cultural. a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. en todo caso. Artículo 150. artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación.
a que se refiere el apartado 2 del artículo 148. 2. 3. mediante ley orgánica. el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente: . en materias de competencia estatal. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.2. en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. bases y directrices fijados por una ley estatal. 2. 1. Las Cortes Generales. la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas. En el supuesto previsto en el apartado anterior. la apreciación de esta necesidad. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años. por mayoría absoluta de cada Cámara. por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen.1. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales. aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas. así como las formas de control que se reserve el Estado. al menos. cuando así lo exija el interés general. Artículo 151. Corresponde a las Cortes Generales. para sí mismas. podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar. normas legislativas en el marco de los principios. además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes.
4. procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo. En los casos de los párrafos 4.° De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número. 3. 5. para que se constituyan en Asamblea.° del apartado anterior. el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.° y 5. se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso. la cual. 2. la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada. . Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.1. 3.° Si se alcanzare dicho acuerdo. a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía.° Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios. Artículo 152.° El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno. lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. será elevado a las Cortes Generales.° Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos. Aprobado el Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia. dentro del plazo de dos meses.
los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias. y nombrado por el Rey. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123. Artículo 153. culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. la representación de las diversas zonas del territorio. sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. que gozarán de plena personalidad jurídica. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: . además. elegido por la Asamblea. la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. Mediante la agrupación de municipios limítrofes. solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. de entre sus miembros. las sucesivas instancias procesales. con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure. elegida por sufragio universal. se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente. la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.1. 2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. en su caso. al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno. Un Tribunal Superior de Justicia. 3.
Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. con la administración propia de la Comunidad. Artículo 156. Artículo 155. o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España. el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. 1. . el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior. el Gobierno. b) Por el Gobierno.a) Por el Tribunal Constitucional. en el caso de no ser atendido. 2. Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará. previo dictamen del Consejo de Estado. Artículo 154. c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa. el económico y presupuestario. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan. previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y. d) Por el Tribunal de Cuentas. podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. cuando proceda. 1. con la aprobación por mayoría absoluta del Senado.
Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1. Artículo 157. d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.2. tasas y contribuciones especiales. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 2. b) Sus propios impuestos. . de acuerdo con las leyes y los Estatutos. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación. e) El producto de las operaciones de crédito. 3. Artículo 158. c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél. 1. 1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado. recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.
cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias. se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión. .2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. en su caso.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Profesores de Universidad. con idéntica mayoría. cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros. En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. 2. Artículo 161. y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.Del Tribunal Constitucional Artículo 159.TÍTULO IX . con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal. y con cualquier actividad profesional o mercantil. funcionarios públicos y Abogados. con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo. 5. todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. de ellos. El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey. 4. dos a propuesta del Gobierno. 3. cuatro a propuesta del Senado. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. con los cargos políticos o administrativos. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales. a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años. 1. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. . Artículo 160.
El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. de esta Constitución. en los casos y formas que la ley establezca. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley. Artículo 162. toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. 2. 2. si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. 50 Diputados. En los demás casos. la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados. así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y. afectará a ésta. . en su caso. en su caso. el Defensor del Pueblo. pero el Tribunal. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida. 2. b) Para interponer el recurso de amparo. el Presidente del Gobierno. 50 Senadores.1. interpretada por la jurisprudencia. las Asambleas de las mismas. 1. Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.
el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares. planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos. en algún proceso. tienen plenos efectos frente a todos. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho. aplicable al caso. pueda ser contraria a la Constitución. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas.Artículo 163. Cuando un órgano judicial considere. el estatuto de sus miembros. Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional. que en ningún caso serán suspensivos. 1. Artículo 165. en la forma y con los efectos que establezca la ley. de cuya validez dependa el fallo. 2. subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. si los hubiere. que una norma con rango de ley. . Artículo 164.
será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten. Aprobada la reforma por las Cortes Generales. una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. será sometida a referéndum para su ratificación. que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. y a la disolución inmediata de las Cortes. que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 3. Sección primera del Título I. Artículo 168. se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores. se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior. el Congreso. 2.De la reforma constitucional Artículo 166.TÍTULO X . podrá aprobar la reforma. 3. o al Título II. Artículo 167. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional. dentro de los quince días siguientes a su aprobación. al Capítulo segundo. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87. 1. 2. . 1. por mayoría de dos tercios. y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado. Si no hubiera acuerdo entre ambas.
. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. del órgano provisional autonómico.Artículo 169. En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116. La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o. Cuarta. La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado. Tercera. en su caso. los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes. en su caso. siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo. distribuyendo las competencias entre ellas. en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Segunda. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.
Segunda. Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten. cuando así lo acordaren. al tiempo de promulgarse esta Constitución. En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía. sus órganos colegiados superiores. . comunicándolo al Gobierno. mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. por mayoría absoluta. Tercera. se entiende diferida. a convocatoria del órgano colegiado preautonómico. podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148. La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros. con todos sus efectos. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151. prevista en el apartado 2 del artículo 143. sus órganos preautonómicos colegiados superiores. número 2.
Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos. en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución. la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente. Sexta. se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla. En el caso de Navarra. 1. el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143. además.Cuarta. mediante una ley orgánica. y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya. Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto. solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente. en los términos previstos en el artículo 144. Quinta. Para la validez de dicha iniciativa será preciso. 2. y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido. . mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales. y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase. que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto. y en todo caso.
Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos: a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución. b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143. c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años. .Séptima.
3. 1. . y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69. para el Congreso y el Senado. quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101. respectivamente. que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución. A los efectos de lo establecido en el artículo 99. sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981. A tal efecto. serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán. a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo. tras la entrada en vigor de la misma. 2. a la aplicación de lo establecido en el artículo 99.Octava. la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. mediante la dimisión. las funciones y competencias que en ella se señalan.3. podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso. el actual Presidente del Gobierno. En caso de disolución. de acuerdo con lo previsto en el artículo 115. con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución. así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69. Durante este período.
y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. de 17 de julio de 1942. de 17 de julio de 1945. el del Trabajo. de 26 de julio de 1947. DISPOSICION DEROGATORIA 1. de 9 de marzo de 1938. así como. 3. todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado. 2. la de Principios del Movimiento Nacional. de 4 de enero. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159. para la Reforma Política. A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. de 10 de enero de 1967. Queda derogada la Ley 1/1977. el Fuero de los Españoles. la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. la Ley Constitutiva de las Cortes. . de 17 de mayo de 1958. Guipúzcoa y Vizcaya. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia. se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Alava. en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley.Novena. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior.
DISPOSICION FINAL Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España. .
los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y. deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. . pero el Tribunal. 50 Diputados. si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 2. b) Para interponer el recurso de amparo. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53. 50 Senadores. en su caso. las Asambleas de las mismas. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley. el Presidente del Gobierno. en su caso. d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 2. de esta Constitución. toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. 1. en los casos y formas que la ley establezca. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. 2. c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. interpretada por la jurisprudencia. Artículo 162. En los demás casos.1. afectará a ésta. la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados. Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad. el Defensor del Pueblo.
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