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Timestamp: 2017-11-20 22:58:06+00:00

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Acuerdo y Sentencia 15/2015 Tribunales de Apelación
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. EN LO CIVIL Y COMERCIAL 6ª SALA Nº 15/15
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Excelentísimo Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, los Magistrados OLGA TALAVERA TORRES, MIRTHA OZUNA DE CAZAL Y ALBERTO MARTINEZ SIMON bajo la presidencia de la primera de los nombrados y por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado como más arriba se menciona, a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por los Abogados ROBERTO AMENDOLA y DENIS SANDOVAL ESPINOLA, contra la S.D. N° 458 del 25 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de 1a Instancia en lo Civil y Comercial del 4° tumo. Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
EN SU CASO, ¿SE DICTO CONFORME A DERECHO?
Practicado el sorteo de ley resultó el siguiente orden de votación: ALBERTO MARTÍNEZ SIMON, MIRTHA OZUNA DE CAZAL Y OLGA TALAVERA TORRES.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL MAGISTRADO MARTÍNEZ SIMON DIJO: Los recurrentes no fundamentan el recurso de nulidad por ellos interpuesto.
Sin embargo, corresponde a este Tribunal analizarla de oficio, a fin de determinar si se encuadra en los supuestos previstos en el art. 113 del CPC, que harían procedente su declaración de oficio.
Así, parto de la postura que sostengo desde mis tiempos de Juez de 1a Instancia, en cuanto a la integración de la relación procesal en aquellos casos en los que se vea comprometido directa o indirectamente, un interés patrimonial del Estado.
Pues en el caso concreto de autos, el Señor CARLOS ALBERTO REHWALD demandó por reparación de daños a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD que, como bien es sabido, es una persona jurídica de derecho público, conforme al art. 91 inc. d) del CCP.
Ahora bien, corresponde determinar si tal ente de derecho público se encuentra patrimonialmente vinculado con el ESTADO PARAGUAYO, es decir, si la condena a la ANDE a pagar una indemnización pecuniaria tendría una repercusión económica o afectaría de algún modo a los intereses patrimoniales del Estado.
Conviene estudiar, en primer lugar, la Naturaleza Jurídica de ANDE en la Ley orgánica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) N° 966/64. La cual establece en su Art. 2 que “...ANDE es una institución autárquica, descentralizada de la Administración Pública, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio. Estará sujeta a las disposiciones civiles y comerciales comunes, en todo lo que no estuviera en oposición a las normas contenidas en presente Ley”.
Haciendo un análisis integrado de la mencionada Ley, vemos que Art. 8 de la misma se expide en cuanto al patrimonio de la ANDE, que “...estará integrado por el capital, las reservas de capital, las utilidades acumuladas, y los aportes no reembolsables provenientes de Municipalidades y otras personas jurídicas o naturales. El capital estará formado por los aportes del Estado, en bienes y en efectivo, cuyo valor a la fecha asciende a (1.000.000.000) Un mil millones de guaraníes. El capital podrá ser incrementado con los aportes que el Estado decida hacer en el futuro y con los traspasos de otras partidas del propio patrimonio de la Entidad Tanto las utilidades acumuladas como los (portes no reembolsables podrán ser destinados por ANDE, total o parcialmente, a incrementar el capital o a establecer reservas de capital para fines específicos. No podrá efectuarse retiros de capital, ni adjudicarse utilidades, ni exigirse a ANDE contribuciones de ninguna clase“. De este artículo se desprende que, al integrarse el capital de la ANDE con los aportes del Estado, existiría un claro interés del Estado en que tales aportes no sean mal utilizados, pues los mismos saldrían de las arcas del Estado repercutiendo económicamente en el Presupuesto General de la Nación y disminuyendo el patrimonio Estatal.
Siguiendo el análisis legal, a los efectos mencionados hasta aquí, vemos que los Capítulos IV y V de la citada Ley citada hablan del Régimen Contable y Financiero, y de la Fiscalización de la ANDE, respectivamente, y específicamente el Art. 48 establece que: “...El movimiento financiero de ANDE será fiscalizado en forma permanente por un Síndico, designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Hacienda y dependiente de la Contraloría Financiera de la Nación...”, desprendiéndose del mismo que confiere intervención directa al Poder Ejecutivo y a la Contraloría en todo lo que respecta al control de contable y financiero de la ANDE.
Estamos pues, ante una persona jurídica de Derecho Público cuyo patrimonio está íntimamente vinculado al ESTADO PARAGUAYO, tanto en cuanto a su conformación, como en las actividades de contralor en su documentación contable y actividades financieras.
Así, nos remitimos al art. 246 de nuestra Carta Magna que establece que: “Son deberes y atribuciones del Procurador General de la República: 1) representar y defender, judicial o extrajudicialmente, los intereses patrimoniales de la República...
De la norma constitucional transcripta se interpreta que, cualquier cuestión que tenga una connotación patrimonial que afecte al ESTADO PARAGUAYO y que deba ser discutida en el plano judicial o extrajudicial debe tener la participación de la Procuraduría General de la República.
Es decir, la Procuradoría General de la República es parte necesaria en todos aquellos juicios en los que esté comprometido un interés patrimonial del ESTADO PARAGUAYO, naciendo así, en virtud del art. 246 del CPC, una suerte de litisconsorcio necesario entre el ESTADO y la persona jurídica patrimonialmente vinculada a él, en todos los juicios en que esta última intervenga, proveniente de la naturaleza de la relación controvertida que es el interés patrimonial del Estado.
En estas condiciones, al interesar patrimonialmente la ANDE al ESTADO PARAGUAYO, debió haber intervenido en este juicio la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a fin de representar y defender en juicio dicho interés patrimonial que el ESTADO PARAGUAYO tiene en la ANDE, especialmente teniendo en cuenta que la ANDE interviene como demandada en estos autos y que por S.D. N° 458 del 25 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de 1a Instancia del 4° turno fue condena al pago de la suma de Gs. 44.847.000. Es decir, la A-quo condenó a la ANDE a realizar un pago con lo cual se vería comprometido el interés patrimonial del Estado.
Así corresponde aplicar el art. 101 del CPC, específicamente en el 2° párrafo que habla del litisconsorcio necesario, estableciendo que: “...Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias personas, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Si asi no sucediere, el juez, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará, quedando en suspenda el desarrollo del proceso, mientras se cita a quién o quienes hubiesen sido omitidos”.
Habiéndose demostrado que nos encontramos ante un litisconsorcio necesario, el caso en estudio se encuadraría dentro del supuesto artículo transcripto precedentemente. Por lo que en estos autos deben ser integradas a la relación procesal todas las partes necesarias antes del dictado de la providencia que ordena que se abra la causa a prueba, pues solamente de esta forma es posible dictar una sentencia útil con respecto a las partes que efectivamente intervienen en el juicio.
Cuando nos referimos a sentencia útil, nos referimos a una sentencia susceptible de ejecución, pues en caso de no darse el mentado litisconsorcio necesario la misma no sería oponible a quienes se vieron privados de ejercer sus derechos en juicio.
Se deduce además que los omitidos, mencionados en el artículo antes transcripto, podrían válidamente ejercer la acción autónoma de nulidad prevista en el art. 409 del CPC en caso de que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, pretenda serles ejecutada. Así también se expide el doctrinario Casco Pagano, con respecto a los efectos de la falta de integración de la litis diciendo que: “...si se dictó sentencia puede peticionarse su nulidad por la parte excluida mediante la promoción del incidente de nulidad o de un proceso autónomo".
En estas condiciones, habiéndose omitido integrar la relación procesal con el ESTADO PARAGUAYO (a través de la Procuraduría General de la República) la sentencia dictada deviene nula por un vicio in procediendo, debiendo por ende ser invalidada por este Tribunal.
ALCANCE DE LA NULIDAD:
Ahora bien, corresponde determinar el alcance de esta declaración de nulidad considerando que la misma se debe a un tritio in procedendo, analizando desde que momento tal vicio se tomó insubsanable en el proceso.
Vemos que el ya aludido art. 101 del CPC, en su 2° párrafo dice que la integración de la relación procesal puede darse hasta antes del dictado de la providencia de apertura de la causa a prueba, lo que nos impone como límite que la declaración de nulidad debe darse hasta antes del dictado de dicha providencia que ordena la apertura de la causa a prueba, pues era deber del juez integrarla hasta ese momento.
Por ende, todas las actuaciones anteriores a la providencia que abre la causa a prueba, deben reputarse válidas. Debiendo por tanto, declarar la nulidad hasta la providencia del 08 de febrero de 2013, por la que el Juzgado interviniente se consideró competente para integrar la
*1 CASCO PAGANO, Hernán. CÓDIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO Y CONCORDADO, tomo I.
Editorial La Ley Paraguaya S.A. 6ta. Edición. Asunción. Pág 161 y sgtes.
presente litis y ordenó la apertura de la causa a pruebas por el plazo de ley (fs. 260), a fin de que desde esa etapa procesal se integre la relación procesal con la Procuraduría General de la República.
Asimismo, corresponde que los autos sean remitidos al Juzgado del 5° Turno, en razón de que la Jueza del 4° Turno ya juzgó este caso al dictar sentencia, por lo que mal podría volver a tramitarse el juicio ante el mismo.
COSTAS: corresponde imponerlas en el orden causado, pues la cuestión de la intervención de la Procuraduría en este tipo de juicios no es pacífica en los Tribunales. En efecto, estamos ante uno de los casos en que, según la mejor doctrina, corresponde imponer las costas en el orden causado, ya que lo que se resuelve aquí (intervención necesaria de la Procuraduría) no tiene una solución unánime ni entre los Jueces, ni entre los doctrinadores. Así, hay Magistrados que sostienen que desde el momento en que una persona jurídica, aunque sea de Derecho Público y esté vinculada al Estado, es persona, no corresponde dar intervención a la Procuraduría: estos Magistrados realizan una interpretación restrictiva del texto del art. 246 de la Constitución, limitando la intervención de la Procuraduría a aquellos casos en los que un interés del Estado, como persona jurídica independiente este afectado. Por mi parte, sostengo que debe realizarse una interpretación amplia del art. 246 de la Constitución, y extenderse su aplicabilidad a todos los casos en que — como ya lo dije en esta resolución — directa o indirectamente esté comprometido un interés patrimonial del Estado, se trate o no del Estado como persona jurídica propiamente dicha, porque entiendo que la ratio legis del art. 246 citado se encuentra no en la circunstancia de la personalidad del Estado (art. 91 del CC) sino en la defensa del interés patrimonial del mismo.
A SU TURNO LA MAGISTRADA MIRTHA OZUNA DE CAZAL manifestó que: disiento en el sentido del voto del colega preopinante Dr. Alberto Martínez Simón, en cuanto declara la nulidad de oficio de la resolución hoy recurrida, basándose en que, al interesar patrimonialmente la ANDE al ESTADO PARAGUAYO debió haber intervenido en el presente juicio la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a fin de representar y defender en juicio dicho interés patrimonial que el ESTADO PARAGUAYO tiene en la ANDE, ya que se crea una suerte de litisconsorcio necesario entre el Estado y la persona jurídica vinculada a él, en todos los juicios que esta última intervenga y más aun teniendo en cuenta a que esta entidad interviene como demandada y el fallo recurrido la condena.
Puntualizado el fundamento central del voto sostenido por el Dr. Martínez, coincido en el primer estudio mencionado en cuanto a la naturaleza jurídica de la ANDE, dispuesta por su Ley Orgánica Nro. 966/64, siendo ésta una institución: i) autárquica, ii) descentralizada de la Administración Pública, iii) de duración ilimitada, iv) con personería jurídica v) con patrimonio propio, vi) sujeta a las disposiciones civiles y comerciales comunes. En este lineamiento, concuerdo asimismo en lo relacionado al patrimonio de la institución integrado por el capital, las reservas de capital, las utilidades acumuladas y los aportes no reembolsables provenientes de Municipalidades, y otras personas jurídicas o naturales.
Surge de lo expuesto en el párrafo anterior, que nos encontramos ante una empresa pública autárquica, con personería jurídica propia y patrimonio propio, lo que denota la capacidad legal que posee para defender sus intereses, sin la necesaria intervención de la Procuraduría General de la República.
Así lo entiende el Art. 91 del Código Civil Paraguayo, que expresa: “Son personas jurídicas a) el Estada., d) los entes autárquicos y los de economía mixta y demás entes de Derecho Público que conforme con la respectiva legislación, sean capaces de adquirir bienes y obligarse”. De acuerdo a esta normativa, el concepto de capacidad aparece de manera expresa y por ende atribuye a los entes autárquicos y autónomos la capacidad procesal para estar en juicio. Al poseer autarquía como también autonomía, ya presupone su personalidad jurídica al poder administrarse y reglamentarse y en consecuencia defenderse y responder su propio interés con su propio patrimonio, donde la figura de litisconsorcio necesaria no cabe puesto que se estaría defendiendo un interés ajeno, es decir, a otra persona jurídica reconocida por la ley distinta al Estado que posee plena capacidad.
En esta tesitura, debemos entonces preguntamos, ¿cuál sería la figura en que podría intervenir la Procuraduría General de la República, al confrontamos con la postura administrativa de patrimonio del Estado? Y esto nos remite nuevamente a la personería jurídica conferida por ley a éstos entes, ya que al poseer capacidad suficiente, no necesita de la intervención estatal para completar su capacidad en cuanto que ésta es absoluta, por lo que podríamos hablar que la Procuraduría General de la República tendría injerencia acertada como tercero coadyudante, ya que el mismo no sería parte y estaría en presencia de interés simple en que triunfe su coadyudado y éste es el que poseería el interés propio y plantearía su defensa en la medida de aquel.
Igualmente, el Decreto Nro. 211, emanado de la Presidencia de la República del Paraguay por el cual “se dispone la obligación a todos los ministerios, secretarías ejecutivas y demás organismos y entidades administrativas vinculadas al poder ejecutivo de comunicar a la Procuraduría General de la República todas las demandas promovidas en contra de las mismas y el Estado Paraguayo y someterse a su control y dirección procesal”, en su art. 5to., excluye de esta intervención necesaria a los entes autónomos y autárquicos como las empresas con participación accionaria del Estado, al determinar que estos deben “comunicar” la instauración de procesos de contenido patrimonial promovidos en su contra a la Procuraduría General de la República en el plazo de cinco (5) días hábiles, por lo que obliga a su anoticiamiento para que la institución de la PGR, tome las medidas que crea necesarias de acuerdo a lo que lo que conviniese a sus intereses.
Este principio es aplicable al caso concreto, y es el caso contrario lo que ocurre con los Ministerios y Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo, que no revisten la calidad de personas jurídicas reconocidas por la normativa, ya que el titular de la relación procesal es necesariamente la Procuraduría como representante del Estado, por lo que en el caso particular la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), puede defender presentarse en juicio por sí sola, sin necesidad de la intervención del Procurador General de la Nación.
De lo esgrimido en los párrafos anteriores, considero que la nulidad de oficio del procedimiento es improcedente.
A SU TURNO LA MAGISTRADA OLGA TALAVERA TORRES, manifestó que se adhiere al voto de la colega MIRTHA OZUNA DE CAZAL, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL MAGISTRADO MARTÍNEZ SIMON DIJO: que al haberme expedido sobre la nulidad del proceso, no corresponde estudiar el recurso de apelación interpuesto por los Abogados ROBERTO AMENDOLA y DENIS SANDOVAL ESPINOLA, en representación de la parte actora.
A SU TURNO LA MAGISTRADA MIRTHA OZUNA DE CAZAL se expidió manifestando que en el presente caso, el recurrente se agravia contra la mencionada resolución, refiriendo que la A quo ha dejado de lado el dictamen pericial realizado por el Lic. Roberto Zárate Peña, cuando la misma considera la superficie del terreno afectado por las líneas de trasmisión de la ANDE como un cuerpo único. Perjudica a su parte el cálculo de la desvalorización del inmueble en vista de que afirma que la tasación del inmueble afectado debe realizarse como fracción teniendo en cuenta la proporción entre la parte afectada, y el remanente de la propiedad, que devalúa en un cien por ciento el valor comercial de la misma, ya que la propiedad ha sido fraccionada en 20 terrenos de 360 m2. Continúa sosteniendo que si bien el proyecto de la línea de transmisión de la ANDE que va desde Trinidad hasta Encamación radica del año 1982 (proyecto, nunca notificado a su parte ni a la propietaria anterior), recién en el año 2.007 fue materializado de conformidad a las documentales de autos, por lo que afirma que acción de resarcimiento no se encuentra prescripta. De igual manera lesiona a su mandante la imposición de costas proporcionales, puesto que sostiene el principio de reparación integral donde las costas son parte de la indemnización y la aplicación en contra del indemnizado no hace otra cosa que disminuir injustamente los valores que forman parte de tales rubros. Finaliza su presentación realizando el petitorio de rigor.
La parte apelada contesta el traslado de expresión de agravios, manifestando que la Jueza de Primera Instancia ha realizado un exhaustivo, minucioso y razonado análisis en el considerando de la resolución recurrida. Afirma que la heredad del actor posee 7605m2 y ésta es la base para calcular la porción afectada ya que el fraccionamiento alegado por el actor nunca fue aprobado. Con relación a la acción para reclamar los daños provenientes de la L.T. iniciada en 1.982, sostiene que ha operado ampliamente el plazo de la prescripción transcurrido y que el actor adquirió el inmueble en al año 2.003 con una LT en funcionamiento, demostrado por su parte a través de las documentales obrantes a fs. 215. Respecto a las costas las mismas han sido impuestas justificadamente de acuerdo al Art. 195 de CPC.
Entrando al examen de la cuestión planteada, la primera a resolver se relaciona con la procedencia o no de la prescripción de la acción derivada de la instalación de la línea de alta tensión Trinidad- Encamación. Según la parte demandada, la misma radica del año 1.982 y como bien lo afirma la juzgadora de primera instancia, es ésta quien debe probar la mencionada fecha de instalación de la línea de 66kV desde la subestación Trinidad hasta la Encamación, con aproximadamente 24 km de longitud, la que fue demostrada con la documental presentada a fs. 215 de autos, cuya data refiere al mes de octubre de 1982.
Esta prueba hace plena prueba ya que su autenticidad no ha sido impugnada por el actor de esta demanda, como tampoco ha producido prueba en contrario que desvirtúe su autenticidad y fuerza probatoria.
Coincido plenamente con la jueza de primera instancia, en que esta acción quedó expedita antes de la entrada en vigencia del código actual que nos rige; siendo el de Vélez quien lo tutelaba en sus arts. 656 y 4023, estableciendo la prescripción decenal para el ejercicio de Tomando a la prescripción como un instituto del derecho sustantivo, constituye una defensa que se interpone como perentoria, con el objeto de dejar sin efecto la pretensión del accionante, por lo que su estudio debe realizarse de forma minuciosa. En el caso particular no surge 'duda alguna que a la fecha de notificación de la presente demanda, ha transcurrido en exceso el plazo decenal estipulado para que opere la prescripción, tomando el año 1982 como punto de partida para el cómputo, por lo que la excepción de prescripción interpuesta respecto de la acción derivada de la línea de alta tensión Trinidad- Encamación, devine procedente.
En segundo lugar, pasamos a estudiar el monto en concepto de daños y perjuicios que la resolución recurrida condena a pagar a la demandada, y que hoy agravia a la recurrente en base a que se consideró el inmueble como cuerpo iónico y no como una fracción independiente. En relación a este punto considero ajustado a derecho la determinación del monto condenatorio de primera instancia, ya que el mismo fue elaborado conforme a las pericias agregadas a estos autos, en razón de que no podría considerarse a la parte afectada como un lote independiente en base al proyecto de loteamiento alegado por la actora, dado cuenta que no existe constancia fehaciente en juicio de que el plano de fraccionamiento de fs. 149, haya sido aprobado por el correspondiente municipio.
En esta inteligencia, tenemos que la superficie de la heredad afectada por la línea de 66kV Trinidad-Encamación, es de 315 m2, cuya desvalorización por m2 ha sido considerada por la pericia de fs. 307, y plasmada en la resolución hoy recurrida, donde la A quo no solamente tuvo en cuenta este monto sino que además justipreció y adhirió la suma aplicable a la depreciación del remante de la propiedad con relación a la parte a la que no alcanza la zona de seguridad, condenando a la demandada justificadamente al pago de Gs. 44.847.000.
Por último, el juzgado de la instancia inferior impone las costas en forma proporcional en un 53% a la demandada y un 47% a la parte actora, lo que resulta conforme a derecho ya que ambas partes son recíprocamente perdidosas y gananciosas al ver sacrificadas alguna de sus pretensiones de acuerdo al art. 195 del C.P.C.
Que, por lo expuesto, soy del criterio de que corresponde confirmar la resolución recurrida, por los fundamentos que expuse precedentemente, debiendo imponerse las costas a la perdidosa en esta instancia.
A SU TURNO LA MAGISTRADA OLGA TALAYERA TORRES, manifestó que se adhiere al voto de la colega MIRTHA OZUNA DE CAZAL, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acto, firmando los Miembros de conformidad y quedando acordada la sentencia que sigue a continuación, todo por ante mí, que certifico.
Asunción, de abril de 2015.
VISTO: el mérito que ofrece el acuerdo precedente sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, 6a Sala,
1.- DESESTIMAR el recurso de nulidad interpuesto por la parte actora contra la SD. N° 458 del 25 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de 1a instancia en lo Civil y Comercial del 4° turno, conforme a lo expuesto en el considerando de la presente resolución.
2.- NO HACER LUGAR al recurso de Apelación interpuesto por la parte actora, y consecuentemente, CONFIRMAR la S.D. N° 458 del 25 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de 1a instancia en lo Civil y Comercial del 4° tumo, conforme a lo expuesto en el considerando de la presente resolución.
3.- IMPONER costas a la perdidosa en esta instancia.
Abg. Olga Talavera Torres. Jueza
Abg. Mirtha Ozuna de Cazal. Jueza
Dr. Alberto Martínez S. Juez
Abog. Viviana Cabrera S. Actuaria

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