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Timestamp: 2019-04-25 06:57:55+00:00

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Resúmen de Ley y Tribiño
Carpeta 598-2015 Acta de Principio de Oprtunidad Oaf
2014 Diptico Fundacion 3er Trimestre Programacion Academica(1)
12-09-2012 DiarioCaMBIO - RMV Prepara Paquete de Obras Para El 2013
En la provincia de BA existe un órgano especial que recibe la denominación de “Fiscal de Estado”,
incorporada en su Ley Fundamental desde el año 1889; actualmente la CPBA la regula en su art. 155 en
los siguientes términos: Habrá un fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del
Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquéllos en que se
controviertan intereses del Estado. La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus
funciones. Para desempeñar este puesto se requieren las mismas condiciones exigidas para los
Según el art. sus funciones son:
1) Defender el patrimonio del Fisco; Tribiño prefiere utilizar la expresión intereses fiscales por
considerar que tiene una mayor amplitud conceptual al abarcar intereses de la provincia que
pueden no tener contenido económico y que resulta más ajustado al espíritu de la norma y a las
disposiciones legales que regulan la actuación de aquel funcionario (interviene en las actuaciones
administrativas en la que se encuentran comprometidos los intereses de aquella).
2) Ser parte legitima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se
controviertan intereses del E’ (representación y defensa de la provincia en todos los juicios en que
ella es parte). Art. 1 de decreto-ley 7543/69: El FDE representa a la Provincia, sus organismos
autárquicos y cualquier otra forma de descentralización administrativa (Banco Provincia no), en
3) Pero el aspecto más relevante de esta institución para Tribiño, no aparece explícitamente
consignado en el texto de la CPBA: el FDE está habilitado para deducir demanda en sede judicial, a
efectos de impugnar los actos emanados del propio Poder Ejecutivo o de otros órganos
administrativos con competencia decisoria. Esta atribución singular sirve para resaltar la especial
significación institucional que tiene ese funcionario, y nos advierte que no es un asesor del poder
administrador ni un simple procurador judicial de la provincia. Sus facultades tienen
particularidades tales que permiten sostener que el FDE ejerce un verdadero control de legalidad de
los actos administrativos, velando para que ellos no se dicten en contradicción con las normas y
principios jurídicos vigentes en la provincia. En este orden de ideas, se ha expresado con todo
acierto, que estamos en presencia de una institución vinculada estrechamente con el principio de
control recíproco de los poderes (puede impugnar judicialmente las resoluciones administrativas
que a su criterio, sean contrarias a la constitución, leyes y reglamentos administrativos). En estos
casos el defensor de la provincia será el Asesor General de Gobierno.
Características: El FDE (Fiscal de Estado) cuenta con inamovilidad vitalicia, por esto su remoción solo
es posible a través del procedimiento de juicio político. Se encuentra alcanzado por el privilegio
establecido en el art. 74 de la CPBA donde se establece que cuando se deduzca acusación por delitos
comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no se podrá proceder contra
sus personas, sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la Legislatura haga
lugar a la acusación y al allanamiento de la inmunidad del acusado.
Designación: es nombrado por el PEP con acuerdo del Senado (art. 144 inc. 18 CPBA), siempre que
cuente con los mismos requisitos exigidos a los miembros de la SCPBA, establecidos por el art. 177 de
la CPBA:
1) Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en país
2) Título o diploma que acredite suficiencia en la ciencia del derecho reconocido por autoridad
competente en la forma que determine la ley;
3) 30 años de edad y menos de 70 y
4) 10 al menos de ejercicio en la profesión de abogado o en el desempeño de alguna magistratura
Remoción: a través de juicio político, siendo acusado por la Cámara de Diputados -entre otros
funcionarios- por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su
cargo, para lo que previamente deberá proceder una sanción de la Cámara por 2/3 de votos de sus
miembros presentes, que declare que hay lugar a formación de causa; cualquier habitante de la
Provincia tiene acción para denunciar ante la Cámara de Diputados el delito o falta, a efectos de que se
promueva la acusación. La ley determinará el procedimiento de estos juicios (art. 73 CPBA). La Cámara
encargada de juzgar en juicio político al FDE, constituyéndose, al efecto, en tribunal y prestando sus
miembros juramento o afirmación para estos casos (art. 79 CPBA); el fallo del Senado en estos casos no
tendrá más efecto que destituir al acusado y aún declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor
o a sueldo de la Provincia; ningún acusado podrá ser declarado culpable, sin una mayoría de 2/3 de
en la misma amplitud en sus medios de defensa que el interés privado. debiendo recordarse que tradicionalmente una de sus funciones ha sido la defensa en juicio de los intereses patrimoniales del E’. en todos los casos en que alguna parte de ésta es reclamada.votos de los miembros presentes. Es parte legitima en los asuntos referentes a bienes fiscales. Este pronunciamiento es muy importante. previéndose solo un cargo de Asesor de Gobierno. quien sostuvo que la venta del bien debía efectuarse en remate público-. Como antecedente más inmediato del FDE bonaerense debe señalarse que en 1854. Ley orgánica del FDE decreto ley 7543/69: 1) Tiene a su cargo la representación y defensa de la provincia en los juicios en que ella es parte. 80 CPBA). Los demás integrantes adhieren a sus fundamentos y a su voto en esta primera cuestión. Es el defensor del patrimonio y de la hacienda pública. al entonces Fiscal General del Estado. aunque no se especificaron en ese acto las atribuciones de ese funcionario. González. que se debaten en la Administración. en cuanto son gestionados por particulares. a quien colocaba arriba del gobernador en la administración de la cosa pública. cuando la provincia se separa de la Confederación y se organiza como E’ indepte. Por las repercusiones del fallo. en la ley de presupuesto para 1879 se suprimió el cargo de Fiscal General de Gobierno. sobre la base de lo instituido en leyes locales. a fin de hacer desaparecer el peligro que el fallo de la SCPBA entrañaba”. Sería inexplicable que el interés de la comunidad no gozase de la misma protección. a lo contencioso de la hacienda. Varela -diputado-. La SCPBA determinó que en las causas contencioso administrativas el Asesor de Gobierno debía asumir la defensa de los actos del PEP. dedujo una demanda ante la SCJBA impugnando una decisión del PEP contenida en un decreto dictado por éste. demandada. respecto a si el Fiscal está investido de personería legitima para promover la acción contra la resolución del PEP y luego de reseñar los antecedentes históricos relativos al Ministerio Fiscal y al Fiscal de Gobierno. tanto en actuaciones judiciales como en tramitaciones administrativas. Meses después esos cargos fueron cubiertos por el Poder Ejecutivo a través de un decreto asignándose en él las funciones de Fiscal de Gobierno. que el Fiscal asume una personería indisputable. lo que dio origen a un fallo dictado por aquél órgano en 1878. CAUSA DXVIII: en los fundamentos del voto afirmativo del Dr. Éste explica que hasta 1878 ningún Fiscal de Gobierno se había creído con facultades para impugnar juridicialmente decisiones administrativas y que él era abogado del particular al cual se había favorecido con el decreto del PEP. persigue las cosas del dominio público. ya sea como parte actora. Antecedentes. Esta intervención se extiende a todos los pleitos en que actúa la provincia. A raíz de esta decisión y de los acontecimientos que la sucedieron. Esto se observa en el art. y que se ventilen ante la Administración. sino también un verdadero defensor en juicio de los intereses del E’. Deberá votarse en estos casos nominalmente y registrarse en el "Diario de Sesiones" el voto de cada senador (art. como tercero o en cualquier otro carácter y con prescindencia . entre otros cargos. y en tal carácter tiene facultad de instaurar demanda contra dicho poder. pero suprimido el puesto de Fiscal había desaparecido el funcionario con atribuciones propias para ejercerlas judicialmente contra los actos del PEP que considere ilegales. Su ámbito de actuación siempre se desarrolló en cuestiones atinentes a la defensa de los intereses Fiscales. a instancia del Dr. La supresión del cargo se mantuvo en los presupuestos siguientes y originó el problema de la representación de la provincia en las causas judiciales que hasta entonces atendía el Fiscal General de Gobierno. se determinó que el Fiscal de Gobierno no es un simple consejero del PEP. 155 de la CPBA. El Fiscal de Gobierno interviene en todas las cuestiones en que haya interés fiscal comprometido. El Fiscal General de Gobierno. Es en estos casos que tocan el patrimonio y hacienda pública. Diversos autores coinciden en que el origen de esta magistratura se encentra en el Ministerio Público. y en el mismo carácter. cuando juzgue que las resoluciones de este son contrarias a aquellos intereses. relativa al otorgamiento de tierras fiscales a favor de un particular -acordó la venta directa de un inmueble fiscal ubicado en el Partido de Ayacucho contrariando el criterio expuesto por el Fiscal de Gobierno en las actuaciones administrativas. los de Fiscal y Asesor General de Gobierno. se dicta la ley 49 en la que se prevén. 1 del d-ley (le atribuye al FDE la representación de los organismos descentralizados provinciales. no pasando esas funciones al Asesor -solo defensa-. ya que marca el nacimiento de la institución del FDE en el ámbito provincial con las características que presenta en la actualidad. “referí a la Cámara la interpretación dada por la SCPBA a las atribuciones de aquel funcionario. y pedí se suprimiese del presupuesto a aquel empleado. en todos los juicios en los que se controviertan sus intereses) y en el propio art. terminando por fallar la nulidad del decreto en cuestión. A su vez comenta que al llegar a la partida en que se señalaba el sueldo del Fiscal de Gobierno. se llegó a establecer el FDE a nivel constitucional (con la reforma en el año 1889 se introdujo a la Constitución Provincial manteniéndose hasta la actualidad).
o bien mediante la oposición que puede efectuar dentro del procedimiento administrativo. serán deducidas por el FDE. la eventual promoción de una demanda judicial por parte del FDE. tome conocimiento de la cuestión a resolver y fije su posición al respecto. el Fiscal de Estado podrá impugnar. las cuales constituyen el trámite de sucesión vacante. Toda licitación. incluso por vía extraordinaria. *La vista fiscal la intervención del FDE se concreta antes del dictado del acto administrativo pertinente. 38 del d-ley establece: El PE y los institutos autárquicos sólo podrán decidir los expedientes en que pudieran resultar afectados los intereses patrimoniales de la Pcia con el previo informe de la Contaduría General. de modo que la autoridad administrativa la considere al dictar el acto pertinente y evite. pero para producir esa incorporación al patrimonio Fiscal. *Fuera de la competencia territorial del Departamento Judicial de La Plata. e) Las actuaciones por contratación directa de los bienes declarados de utilidad pública. El d-ley efectúa una enumeración detallada de los deberes y atribuciones que corresponden a la FDE en esta clase de procesos. la cual está a cargo.de que se debatan cuestiones regidas por el DPP o por disposiciones emanadas de otros ámbitos estatales. para lo cual se le debe remitir las actuaciones administrativas a fin de que exprese su criterio al órgano que tiene atribuida la competencia para decidir la cuestión. *Las acciones a que dieren lugar los fallos del Tribunal de Cuentas. . f) El otorgamiento de jubilaciones y pensiones. ya sea a través de la vista Fiscal previa al dictado del acto. 2) Interviene en las actuaciones administrativas en las que se encuentran comprometidos los intereses de la Pcia. modificación o interpretación de un contrato celebrado por la Provincia. toda resolución definitiva o interlocutoria con fuerza de tal. *Los juicios en que la Provincia sea parte demandada. Según el CCCA cuando una persona fallece sin dejar herederos. del Asesor Gral de Gobierno. sus bienes pasan al E’. que obste a la pretensión que motiva la presentación. sus organismos autárquicos o descentralizados intervengan como particular damnificado. Esta disposición comprende: a) b) c) d) Todo proyecto de contrato que tenga por objeto bienes del E’. El art. *Las herencias vacantes serán tramitadas por el FDE. para que el organismo emita su opinión. en la Pcia de BA. podrá subastar los bienes que lo integran. el FDE podrá sustituir la representación de La Provincia en cualquiera de los miembros del Ministerio Público del Departamento Judicial respectivo. cuando el importe del capital reclamable fuese inferior a 20 sueldos del salario mensual mínimo vigente para el personal administrativo de la Administración Pública. La intervención en las tramitaciones administrativas está estrechamente ligada al control de legalidad de los actos administrativos que ejerce el funcionario. i) Todo recurso contra actos administrativos para cuya formación se haya requerido la vista del Fiscal de Estado. se confiere para que aquel. ed. o no iniciar la respectiva acción. *El FDE podrá desistir de los juicios. dictamen del Asesor General de Gobierno y vista del FDE. pero la discrepancia entre la vista Fiscal y el acto administrativo dictado con posterioridad (puede haber una instancia previa a través de la observación del acto dictado) es susceptible de originar una contienda judicial si aquel impugna la resolución por las vías previstas en la legislación de la materia. se deben cumplir determinadas etapas procesales. deberán promoverse y tramitarse ante los jueces o tribunales letrados del Departamento Judicial de La Plata *En las causas penales en que la Provincia de Buenos Aires. Las transacciones extrajudiciales que se proyecten. y no importa una actividad de asesoramiento jurídico. Aquí la vista tiene un alcance similar al traslado o puesta en conocimiento del trámite. Todo asunto que verse sobre la rescisión. en su rol de defensor del patrimonio de la provincia. El criterio expuesto por el FDE en la vista respectiva no es vinculante para el órgano que debe resolver la cuestión. sino que tiene un carácter fiscalizador. la intervención acordada al FDE no tiene por objeto suministrar asistencia o asesoramiento jurídico al órgano que debe decidir la cuestión planteada en sede administrativa. g) Reclamaciones por reconocimiento de derechos de los que puedan resultar afectados derechos patrimoniales del E’ h) Todo sumario administrativo cuando de modo directo existan intereses fiscales afectados. en su caso. contratación directa o concesión.
a su criterio. sin que haya pasado el tiempo necesario para deducir contra ella las acciones autorizadas por el artículo 40.3) Puede impugnar judicialmente las resoluciones administrativas que. según corresponda. 40 del d-ley prevé: La resolución definitiva dictada en los casos previstos en el artículo 38°. . sean contrarias a la constitución. a las leyes y a los reglamentos administrativos. El art. instituido por ella para la función específica de ser el defensor de los intereses patrimoniales del E’. Para muchos autores esta es la facultad que consagra al FDE como órgano indepte y no subordinado al PEP de la administración provincial. no surtirá efecto alguno sin la previa notificación del FDE. Si la resolución hubiese sido dictada con transgresión de la Constitución. de la ley o de reglamento administrativo. Lo consagra como funcionario de la C’. ed. el FDE deducirá demanda contencioso-administrativa o de inconstitucionalidad. Queda librado al criterio del FDE si promueve o no la demanda respectiva. Ninguna resolución administrativa dictada en oposición con la vista del FDE podrá cumplirse mientras no haya transcurrido desde su notificación un plazo de 30 días hábiles. contra quien sea.
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