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Timestamp: 2018-10-21 23:35:54+00:00

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CRC/C/BEN/Q/3-5/Add.1
11 a 29 de enero de 2016
Respuestas de Benin a la lista de cuestiones*
[Fecha de recepción: 22 de octubre de 2015]
1. Habida cuenta de las anteriores recomendaciones del Comité (véase CRC/C/BEN/CO/2, párr. 10), sírvanse aportar precisiones sobre las medidas legislativas adoptadas por el Estado parte para acelerar la promulgación del Código del Niño. Se ruega igualmente indiquen la estrategia para la difusión del texto, así como los recursos humanos y financieros asignados a su aplicación.
1. El Código del Niño votado el 26 de enero de 2015 fue objeto de un control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, que declaró que determinadas disposiciones, incluidas las relativas a la Autoridad Central para la Adopción Internacional, no eran conformes con la Constitución. La Asamblea Nacional lo conformó correspondientemente y lo aprobó en sesión plenaria el 8 de octubre de 2015. Esta etapa del proceso precede a la transmisión del documento a la Secretaría General del Gobierno para su promulgación.
2. Varios Ministerios sectoriales, en particular los de Justicia y Familia, deben aprobar decretos de aplicación de determinadas disposiciones antes de la divulgación del texto. Contribuirán a ello los recursos humanos de estos ministerios, con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los socios técnicos y financieros.
2. Sírvanse aclarar los mandatos respectivos de la Comisión Nacional de Derechos del Niño y de la Célula Nacional de Seguimiento y Coordinación de las Actividades de Protección del Niño, e indicar qué medidas se han adoptado para evitar la duplicación de sus mandatos. Asimismo, se ruega señalen los recursos humanos, financieros y técnicos de que disponen para hacer efectivos los derechos del niño en todos los sectores y a todos los niveles (nacional, regional y local).
3. La Comisión Nacional de Derechos del Niño, creada en 1999, es responsable de la coordinación, protección y promoción de los derechos del niño. Su misión se define en el artículo 2 del Decreto núm. 99-559, de 22 de noviembre de 1999, de Creación de una Comisión Nacional de Derechos del Niño.
4. Con arreglo a este artículo, “la Comisión Nacional de Derechos del Niño es responsable de la coordinación, protección y promoción de los derechos del niño. A este respecto, su misión es:
Promover los derechos del niño y proteger sus intereses, en particular mediante la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño;
Elaborar y dirigir la política nacional en materia de protección judicial de los niños y los jóvenes;
Hacer el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño;
Coordinar y armonizar las actividades de todas las estructuras nacionales o internacionales de su competencia”.
5. Respecto a los recursos humanos de que dispone, la Comisión Nacional de Derechos del Niño está presidida por el Ministro de Justicia, Legislación y Derechos Humanos, y su Vicepresidente es el Ministro de la Familia. Incluye además puntos focales en todos los ministerios sectoriales y representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con una Secretaría permanente a cargo de la Dirección de Protección Judicial de la Infancia y la Juventud, y con representaciones a escala departamental y comunal. La Comisión Nacional de Derechos del Niño se reúne en períodos ordinarios de sesiones dos veces al año, y pueden celebrarse períodos extraordinarios de sesiones a iniciativa de su Mesa o a demanda conjunta de un tercio de sus miembros.
6. A fin de aplicar sus medidas, la Comisión Nacional de Derechos del Niño recibe fondos del presupuesto nacional por un importe de 20 millones y financiación de los proyectos de apoyo. También dispone de 4 millones para evaluar en todas las prisiones de Benin las condiciones de reclusión de los menores en conflicto con la ley, de conformidad con las normas y reglas internacionales.
7. Respecto a la Célula Nacional de Seguimiento y Coordinación de las Actividades de Protección del Niño, no se dispone de información.
3. Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores del Comité (véase CRC/C/BEN/CO/2, párr. 12), sírvanse facilitar información actualizada sobre el plan de acción multisectorial que acompaña a la Política Nacional de Protección del Niño, adoptada en 2014. Se ruega precisen si el plan integra el conjunto de planes y programas de acción a favor de la infancia y faciliten información sobre el presupuesto que se ha destinado a su aplicación y sobre los procedimientos de seguimiento y evaluación.
8. El plan de acción de la Política Nacional de Protección del Niño se basa en siete ejes operativos, a saber:
El refuerzo de los conocimientos, las aptitudes y las prácticas de autoprotección de los niños mediante la información y la formación de los niños;
La movilización social mediante el refuerzo de los conocimientos, las aptitudes y las prácticas de protección de los niños, las familias y las comunidades, especialmente los más vulnerables;
La prestación de servicios de prevención a las familias y los niños en su entorno cotidiano;
El fortalecimiento de los mecanismos de detección y notificación a las autoridades competentes de los casos de violencia contra los niños;
La ampliación y mejora de la calidad de la atención prestada a los niños que hayan sufrido o estén muy expuestos a algún tipo de violencia;
El fortalecimiento de la aplicación de la legislación que protege a los niños y castiga los delitos cometidos contra ellos;
El refuerzo de los medios para aplicar la Política.
9. Los diferentes ejes se traducen en actividades cuya ejecución permitirá alcanzar los objetivos de la Política. Respecto a los recursos disponibles para su aplicación, está previsto que las diversas actividades se financien con cargo al presupuesto de los ministerios sectoriales correspondientes.
4. Sírvanse informar al Comité de las medidas adoptadas para aumentar el presupuesto del Ministerio de la Familia, dado que se trata de uno de los departamentos con menor presupuesto.
10. Información no disponible.
5. Se ruega faciliten información sobre las medidas concretas adoptadas por el Estado parte para que la Ley de Lucha contra la Corrupción (2011-2020) se aplique de manera rigurosa, en particular en las esferas de la salud, la educación y la justicia.
11. En el ámbito de la justicia, tras la aprobación de la Ley núm. 2012-20, de Lucha contra la Corrupción y otras Infracciones Conexas en la República de Benin, el Gobierno ha aprobado dos decretos para el establecimiento de la Autoridad Nacional para la Lucha contra la Corrupción. El Gobierno no ha cesado de perseguir a los presuntos culpables de actos de corrupción. En cuanto a la administración, el Gobierno ha establecido la Inspección General del Estado, con representaciones en los ministerios y sociedades del Estado, a fin de controlar la gestión de los recursos públicos. Sus esfuerzos se complementan en el ámbito judicial mediante una inspección general de los servicios judiciales que ejerce una misión permanente de inspección en todas las jurisdicciones. También se ha establecido el Comité Nacional para la Lucha contra la Corrupción.
12. En la esfera de la educación, cabe señalar el cierre de las guarderías y escuelas de educación primaria privadas que incumplen la normativa.
13. No se dispone de información relativa al ámbito de la salud.
6. Habida cuenta de las recomendaciones anteriores del Comité (véase CRC/C/BEN/CO/2, párr. 31), sírvanse detallar las medidas encaminadas a poner fin al infanticidio de los niños considerados como “hechiceros” o a los que nacen con una discapacidad y a cambiar la mentalidad y las creencias que llevan a la comisión de estos infanticidios. Se ruega aporten información detallada sobre las acciones judiciales iniciadas contra los autores de estos infanticidios y las penas impuestas.
14. La legislación vigente en Benin castiga todas las formas de infanticidio (arts. 339, 340, 341, 376 y 377 del Código del Niño).
15. En relación con el caso específico de violación de la integridad física de los niños llamados “hechiceros” en algunas regiones del país, se han tomado medidas concretas para erradicar el fenómeno. La ONG Franciscains Bénin ha organizado un foro nacional sobre esta cuestión.
16. También cabe mencionar:
La implantación de ONG que luchan contra esta práctica en las regiones afectadas;
Las sesiones de sensibilización de las comunidades para proteger mejor el derecho a la vida;
El enjuiciamiento y la condena sistemática de los autores de esta práctica.
17. El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos, también desarrolla en las comunas un programa de constitución, establecimiento y formación continua de grupos locales y clubs escolares sobre los derechos humanos. Estos actores formados se encargan de divulgar sobre el terreno los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de derechos humanos y sensibilizar a la población sobre las prácticas tradicionales perjudiciales.
7. Sírvanse informar al Comité de las medidas adoptadas para generalizar la inscripción de los nacimientos, en particular de los niños acogidos en instituciones y de los que viven en entornos rurales.
18. La declaración y la inscripción de los nacimientos ha sido durante los últimos diez años un desafío importante para las autoridades gubernamentales. A este respecto, un foro nacional sobre la reforma del registro civil organizado en julio de 2012 tuvo como objetivo determinar las dificultades a que se enfrenta el registro civil en Benin y proponer soluciones para mejorar y modernizar el sector.
19. Se han tomado medidas a través del censo administrativo con carácter de registro civil para regularizar la situación de los niños no inscritos. Se ha creado una dirección del registro civil en el Ministerio del Interior y se han tomado varias iniciativas al respecto a fin de generalizar la inscripción de los nacimientos. En el marco de esta estructura también se está creando una base de datos de los nacimientos inscritos tanto en el entorno urbano como rural. En el Ministerio de Salud, esta cuestión es de gran interés para el Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de las Zonas Sanitarias. Se ha alentado a los actores comunitarios a establecer un proceso eficiente y sostenible para la declaración de los nacimientos. Esta nueva organización incumbe tanto a las autoridades locales como a los actores sociales en materia de salud.
8. Se ruega indiquen los mecanismos de recurso que tienen a su disposición los niños víctimas de malos tratos y de violencia, en particular los que viven en instituciones, y precisen cómo se informa a los niños de la existencia de estos mecanismos. Igualmente, sírvanse informar al Comité de las medidas concretas que se han adoptado para prevenir y combatir los malos tratos, el descuido y los abusos, incluidos los sexuales.
20. Respecto a la prevención universal, cabe señalar el fortalecimiento del acceso a la información y la participación de los niños a través de:
El establecimiento en 2009 del Parlamento Juvenil, espacio de debate sobre temas de infancia y juventud;
El seguimiento de los niños por sus pares para luchar contra la trata, el abandono escolar, los matrimonios precoces y otras formas de violencia;
La formación de los niños en la gestión de los espacios en los medios de comunicación locales, la cual alienta el diálogo de los ciudadanos en torno a las preocupaciones que afectan a su comunidad.
21. En la esfera de la educación, los mecanismos de recurso disponibles para los niños son:
Los servicios de atención instalados en todos los colegios y liceos del país;
El establecimiento de un número gratuito para denunciar los casos de violencia;
La existencia de numerosas ONG que trabajan para la protección de la infancia;
Las vías legislativas de recurso (policía, gendarmería, tribunales, etc.).
22. El ministerio responsable de la educación secundaria y la formación técnica y profesional, con arreglo a la Ley núm. 2006-19, de 5 de septiembre de 2006, de Represión del Acoso Sexual y Protección de las Víctimas en la República de Benin, ha adoptado medidas para organizar sesiones de sensibilización en los liceos y colegios e informar a los actores del sistema educativo sobre las disposiciones de la Ley haciendo hincapié en la protección y las vías de recurso.
23. También se aprobó el Decreto núm. 16/MEPS/METFP/CAB/DC/SGM/SA, de 1 de octubre de 2003, relativo a las sanciones aplicables a los autores de actos de violencia sexual en las escuelas y centros públicos y privados de enseñanza secundaria general, técnica y profesional.
24. Las disposiciones de la Ley núm. 2011-26, de 9 de enero de 2012, de Prevención y Represión de la Violencia contra la Mujer, refuerzan las vías de recurso y las sanciones aplicables a los autores de todo tipo de violencia.
9. En vista de las informaciones según las cuales el acogimiento informal es una práctica extendida en el Estado parte, sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas para proporcionar la asistencia necesaria a las familias a fin de evitar tener que dar a los niños en acogida.
25. El Código del Niño prevé en su artículo 121 la asistencia social a los padres necesitados. En el interés superior del niño, el Estado concede prestaciones en materia de asistencia social a los padres más pobres.
26. El artículo 133 también establece la creación de un centro de acogida y protección del niño en cada departamento, teniendo en cuenta las necesidades de la población y las normas establecidas por el Ministerio de la Familia. Además, estos centros son responsables de acoger y alojar a los niños de la calle y a los niños maltratados, rechazados o abandonados.
27. El Decreto núm. 2012-416, de 6 de noviembre de 2012, por el que se establece la normativa aplicable a los centros de acogida y protección de los niños de Benin, define las condiciones de creación de un centro de acogida y establece la normativa aplicable a los centros de acogida y protección de los niños.
10. A la luz de las recomendaciones anteriores del Comité (véase CRC/C/BEN/CO/2, párr. 50), se ruega indiquen las medidas adoptadas para eliminar la discriminación y la estigmatización de los niños con discapacidad y facilitar su plena inclusión en las escuelas ordinarias. Igualmente, sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas para garantizar que los niños con discapacidad puedan acceder de manera efectiva a la salud, a los servicios sociales y al esparcimiento.
28. El Código del Niño prevé en sus artículos 175 a 178 la protección de los niños con discapacidad. Con arreglo al artículo 175, “el niño con discapacidad mental o física tiene derecho a una vida decente en condiciones que garanticen su dignidad, promuevan su autonomía y faciliten su participación en la vida de la comunidad”. El artículo 176 especifica que los niños con discapacidad gozan de todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad con los demás niños.
29. El artículo 177 también establece que los niños con discapacidad tienen derecho a una atención especial y una educación gratuita en el sistema de enseñanza ordinario y, en la medida de lo posible, en centros próximos a su domicilio.
30. El Observatorio de la Familia, la Mujer y el Niño también ha encargado un estudio a fin de mejorar la protección de los derechos de los niños con discapacidad.
11. En referencia al informe del Estado parte (véase CRC/C/BEN/3-5, párrs. 212 y 213), sírvanse facilitar información adicional sobre el estado de salud de los niños menores de 5 años y explicar en particular los motivos por los cuales ha aumentado la tasa de mortalidad infantil y han retrocedido los indicadores de salud, así como las medidas previstas para poner remedio a esta situación.
31. La mortalidad infantil es del 42% en los niños de 0 a 1 año y del 70% en los niños de 0 a 5 años, según la Encuesta Demográfica de Salud (EDS4); es más pronunciada en las zonas rurales y en los entornos pobres.
32. Los niños de menos de 1 año que viven en zonas rurales tienen un riesgo de fallecimiento del 81%, mayor que el de los niños que viven en zonas urbanas (59%) y en Cotonú (67%).
33. En cuanto a los niños menores de 5 años, solo la malaria y la anemia representan el 62,7% de los casos de hospitalizaciones. Cabe destacar:
La malaria: 45,1% de las consultas y hospitalizaciones;
Las infecciones respiratorias agudas: 18,2%;
La anemia: 8,2%;
Otras afecciones gastrointestinales: 6,5%;
La diarrea: 4,8%.
34. Dada esta situación, se han tomado, entre otras, las siguientes medidas:
La gratuidad de la atención para los niños de 0 a 5 años;
La distribución de mosquiteros impregnados de insecticida a la población;
La realización de campañas de vacunación;
La gratuidad de la cesárea;
El seguro universal de salud.
12. Se ruega faciliten información sobre las medidas adoptadas para aplicar de manera efectiva la prohibición de la mutilación genital femenina, para disuadir en concreto a las comunidades de seguir llevando a cabo esta práctica, para ayudar a las niñas que la sufren y para sancionar a las personas que la ejecutan y a los jefes tradicionales y religiosos que la perpetúan. Sírvanse asimismo proporcionar información sobre las medidas adoptadas para prohibir los matrimonios precoces y forzados, los matrimonios por intercambio y el internamiento de niños en conventos.
35. La legislación vigente en Benin castiga todas las formas de mutilación genital femenina (arts. 372 a 375 del Código del Niño) y recoge las disposiciones de la Ley de 2003 de Represión de la Mutilación Genital Femenina. Además, a fin de combatir eficazmente los focos de resistencia que todavía existen en algunas regiones del país, tanto los órganos gubernamentales como las organizaciones de la sociedad civil organizan periódicamente sesiones de información y sensibilización para mejorar la protección de la salud de las niñas.
36. En la esfera de la educación, tras la aprobación de la Ley núm. 2003-03, de 3 de marzo de 2003, de Represión de la Mutilación Genital Femenina, y la Ley núm. 200304, de 3 de marzo de 2003, de Salud Sexual y Reproductiva, el ministerio responsable de la educación secundaria organiza cada año sesiones de divulgación de las disposiciones de estas leyes en los colegios y liceos con todos los actores escolares.
13. Se ruega faciliten información sobre las medidas adoptadas para luchar contra los embarazos precoces, garantizar el acceso de las adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos anticonceptivos, al aborto en condiciones de seguridad y a la atención después del aborto. Asimismo, sírvanse informar al Comité de las medidas adoptadas para combatir la propagación y los efectos del VIH/SIDA.
37. Las acciones llevadas a cabo por la Dirección de la Madre y el Niño del Ministerio de Salud incluyen:
La sensibilización, tanto en el entorno escolar como fuera de él y en los talleres de los artesanos y aprendices de todas las profesiones (costura, peluquería, soldadura, etc.), en colaboración con una ONG (APESA) que trabaja en el ámbito de la sensibilización de la población infantojuvenil, adolescente y joven a fin de retrasar la primera relación sexual y evitar los embarazos precoces y no deseados. Los temas elegidos para estas campañas de sensibilización son, entre otros, la salud reproductiva, la lucha contra las drogas y el tabaco, y la información nutricional.
Sesiones gratuitas sobre métodos de planificación familiar a fin de evitar los embarazos precoces y no deseados.
Sesiones de detección gratuita y voluntaria del VIH/SIDA.
La formación de quienes prestan los servicios de planificación familiar y la atención después del aborto para proporcionar una atención adecuada a las beneficiarias.
14. Se ruega indiquen las medidas adoptadas para reducir la tasa de abandono escolar y aumentar la tasa de permanencia escolar de las niñas, en particular de las jóvenes embarazadas, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria, en especial en las zonas rurales, y para mejorar la calidad de la educación. Sírvanse asimismo informar al Comité de las medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el acceso a la educación en la primera infancia.
38. Entre las medidas tomadas, cabe destacar:
La exención de las tasas escolares para todas las niñas del primer ciclo;
La retención de las niñas embarazadas en la escuela;
Las sesiones de concienciación sobre la importancia que las niñas deben conceder a la escuela;
La organización de campamentos de vacaciones para las mejores alumnas de los dos últimos grados de la enseñanza secundaria y la entrega de regalos a dichas alumnas;
La inclusión de la educación sexual en los programas de formación.
15. Sírvanse informar al Comité de las medidas concretas adoptadas para eliminar la explotación económica y el trabajo de los niños, controlar sus condiciones de trabajo, en particular en el sector informal, e indicar si se aplican las decisiones formuladas por el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil y si este dispone de recursos suficientes. Se ruega asimismo indiquen las medidas adoptadas para sustraer con urgencia a los niños de las peores formas de trabajo que se ven obligados a llevar a cabo, incluido el trabajo doméstico, el trabajo en las minas y la explotación de la mendicidad, y para sancionar a quienes los someten a esta explotación.
39. Las medidas tomadas en este ámbito incluyen:
La aprobación del Plan de Acción Nacional de Lucha contra las Peores Formas de Trabajo Infantil en Benin para 2012-2015 y un decreto que establece la lista de trabajos peligrosos en la República de Benin.
La realización de un estudio en los tres principales mercados (Dantokpa, Ouando y Azèrkè) en 2013 sobre el fenómeno de la explotación económica de los niños.
La firma de una carta de los usuarios de los mercados para luchar contra el trabajo infantil por parte de los Ministros a los que incumbe este asunto (Justicia, Familia, Trabajo e Interior).
La formación en lenguas nacionales sobre el tema “trabajo infantil” en varias regiones de Benin.
La producción de un documental sobre el trabajo y la explotación infantiles en los principales mercados de Benin. Sin embargo, cabe precisar que los recursos asignados al Comité Directivo Nacional son insuficientes.
16. En vista de las recomendaciones anteriores del Comité (véase CRC/C/BEN/CO/2, párr. 74), sírvanse indicar las medidas adoptadas para combatir el fenómeno de los niños talibés, que viven, trabajan y mendigan en las calles.
40. Se organizó un foro nacional en el que se reunieron los líderes religiosos, los líderes tradicionales, los responsables políticos y los actores del sistema educativo para reflexionar sobre esta forma de educación cuya práctica se basa en creencias religiosas. Una vez finalizado el seminario, se organizaron numerosas sesiones de sensibilización orientadas a los maestros espirituales. Actualmente esta práctica está desapareciendo paulatinamente debido a la obligatoriedad de la educación y a las medidas de gratuidad. El artículo 338 del Código del Niño también establece penas que sancionan la incitación de los niños a la mendicidad.
17. A la luz de la información presentada en los párrafos 38 y 39 del informe del Estado parte, se ruega informen al Comité del seguimiento que se ha dado a la consulta sobre el establecimiento de una edad mínima para el consentimiento sexual.
41. La edad mínima fijada para el consentimiento sexual es de 16 años, y toda relación sexual practicada antes de esta edad se considera una violación; véase el párrafo 12 del artículo 3, relativo a la violación, de la Ley núm. 2011-26, de 9 de enero de 2012, de Prevención y Represión de la Violencia contra la Mujer.
18. Sírvanse proporcionar información adicional sobre las medidas adoptadas para dotar al Estado parte de un plan nacional de acción para luchar contra todas las formas de explotación sexual y de trata de niños.
42. En noviembre de 2013 visitó Benin la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. En el informe final de esta misión se formularon recomendaciones de gran importancia para Benin. En el primer período de sesiones anual de la Comisión Nacional de Derechos del Niño correspondiente al año 2014 se elaboró un plan de acción para aplicar las recomendaciones de la Relatora Especial. En este plan de acción se prevé, entre otras cosas: el establecimiento de un marco estratégico de protección integral de la infancia, la lucha contra la impunidad mediante la aplicación de la legislación vigente, que establece duras penas para los autores de explotación sexual, y el establecimiento de un sistema de derivación de los niños, conocido y aplicado por todas las partes.
43. Cabe destacar también la elaboración de un proyecto de ley sobre la explotación de las personas que va más allá de la trata de niños.
19. Se ruega faciliten información sobre el proceso de reforma de la justicia juvenil e indiquen si se ha revisado la edad mínima de responsabilidad penal de conformidad con lo que establecen las normas internacionales. Sírvanse indicar qué medidas se han adoptado para que la privación de libertad de los niños en conflicto con la ley sea una medida de último recurso y se aplique por el menor tiempo posible, para retirar con urgencia a los niños de los centros de privación de libertad para adultos y para garantizar el acceso de los niños recluidos a actividades educativas y de esparcimiento durante toda la duración de su privación de libertad, tanto en las cárceles como en los centros correccionales.
44. En la Ley núm. 2012-15, de 30 de marzo de 2012, del Código de Procedimiento Penal de la República de Benin, se integran no solo la mayoría de las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados, en particular las formuladas por el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño tras examinar los informes periódicos respectivos en noviembre de 2007 y septiembre de 2006, sino también los requisitos de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
45. En las disposiciones generales de este texto se formulan los principios rectores del procedimiento penal relativo a los menores en conflicto con la ley, en particular en los artículos 60 y 654 a 723, relativos al enjuiciamiento de las infracciones cometidas por menores de 18 años. A este respecto, la detención policial de los menores se realiza bajo el control efectivo del fiscal y en locales separados (art. 60).
46. Todo menor al que se imputa una infracción debe ser juzgado por un tribunal colegiado de menores constituido por un juez y dos asesores.
47. La edad de responsabilidad penal se establece en 13 años (art. 655); los menores que no hayan cumplido los 13 años solo pueden ser sujetos a medidas de protección, asistencia o educación adecuadas dictadas por un tribunal de menores.
48. Los menores de 15 años pueden ser objeto de condena penal cuando las circunstancias así lo requieran (art. 655, párr. 3).
49. Los niños que hayan cumplido 13 años y sean menores de 15 solo pueden ser objeto de prisión preventiva en los siguientes casos:
Si han cometido un delito de homicidio, asesinato o golpes mortales, o de violación (art. 656, párr. 2);
Si han incumplido voluntariamente las medidas cautelares impuestas por el juez, en particular el ingreso en un centro educativo (art. 656, párr. 3).
50. En cuanto a la competencia territorial, se da prioridad a la jurisdicción del lugar de residencia de los padres.
51. En la fase de juicio, el interés superior del niño es primordial. A este respecto, en el artículo 672, párrafo 5, se establece específicamente que “cuando lo exija el interés superior del menor, el presidente del tribunal podrá eximir a este de comparecer en juicio”.
52. También en el interés superior del menor, se hace una excepción al principio de publicidad de las vistas establecido en el artículo 16 de la Ley núm. 2001-37, de 27 de agosto de 2002, de la Organización Judicial de Benin.
53. Debe observarse el anonimato en la difusión de los actos judiciales; por consiguiente, las decisiones relativas a los niños de hasta 15 años no se incluyen en el registro de antecedentes penales.
54. No obstante, las relativas a los niños de más de 15 años sí se incluyen, pero solo se comunican a las autoridades judiciales.
55. Asimismo, los jóvenes de más de 15 años no pueden ser condenados a más de la mitad de la pena aplicada en caso de tener más de 18 años.
56. En materia penal, la celeridad es necesaria. El tribunal de menores que entiende en las causas penales debe reunirse cada tres meses (art. 684) y está establecido en la sede del Tribunal de Apelación y presidido por el Presidente de este Tribunal, con la asistencia de dos jueces, uno de los cuales debe ser obligatoriamente un juez de menores, preferiblemente el que haya realizado la instrucción, y dos asesores.
57. El menor solo puede ser condenado a penas de prisión y no se le pueden aplicar penas de perpetuidad, aflictivas o infamantes, como los trabajos forzados.
58. El Código de Procedimiento Penal también establece medidas de custodia provisional y libertad vigilada a fin de promover la reinserción social del menor. En los centros de protección se tiene en cuenta el proyecto de vida del niño para facilitarle el aprendizaje de un oficio. Al final de su formación, el Estado vela por su reinserción efectiva proporcionándole material acorde con el oficio aprendido.
Actualización de la información proporcionada en relación con:
a) Los nuevos proyectos de ley o nuevas leyes y sus respectivos reglamentos.
59. Los nuevos proyectos de ley o nuevas leyes y sus respectivos reglamentos son los siguientes:
La Ley núm. 2011-26, de 9 de enero de 2012, de Prevención y Represión de la Violencia contra la Mujer;
La Ley núm. 2012-15, de 30 de marzo de 2012, del Código de Procedimiento Penal de la República de Benin;
La Ley núm. 2015-08, de 26 de enero de 2015, del Código del Niño de la República de Benin;
El Decreto núm. 2012-416, de 6 de noviembre de 2012, por el que se establece la normativa aplicable a los centros de acogida y protección de los niños de Benin y se definen las condiciones de creación de un centro de acogida y protección de los niños, así como los principios de base (prevención de la separación familiar, protección alternativa para el niño teniendo en cuenta su interés superior), las condiciones de acogida de los niños y las medidas de reinserción y rehabilitación, y los derechos y obligaciones de los niños acogidos en instituciones (atención de salud, educación y formación, juegos y recreación, derecho a la información, a ser escuchados y a la participación).
b) Las nuevas instituciones y sus mandatos, así como las reformas institucionales.
60. En cuanto a la reforma institucional, la principal reforma en curso es la creación de tribunales adaptados y sensibles a los niños en conflicto con la ley, víctimas o testigos de abusos, violencia o explotación. Para ello, con el apoyo del UNICEF, en 2014 se crearon infraestructuras en dos jurisdicciones piloto (Abomey-Calavi y Abomey) para facilitar el acceso de los niños a los tribunales. El plan de acción para su aplicación está en proceso de elaboración.
c) Las políticas, los programas y los planes de acción adoptados recientemente y su alcance y financiación.
61. Sobre este aspecto cabe destacar:
La aprobación, en junio de 2014, del Programa Nacional de Desarrollo del Sector de la Justicia para 2015-2019, que prevé importantes reformas, sobre todo en materia de promoción y protección de los derechos humanos y, en particular, los derechos del niño, en sinergia con todos los órganos gubernamentales, las ONG y los socios técnicos y financieros; entre las acciones planificadas está previsto el desarrollo de un plan nacional de prevención de la delincuencia juvenil, el establecimiento de tribunales y unidades de policía y gendarmería en tres jurisdicciones (Cotonú, Abomey y Parakou) y servicios adaptados y sensibles a los niños, la puesta en marcha de programas de medidas alternativas al enjuiciamiento y encarcelamiento de menores, y la formación de familias de acogida de los niños en conflicto con la ley.
La aprobación, en octubre de 2014, de la Política Nacional de Protección del Niño, documento de orientación de las acciones integradas de protección del niño. Esta Política prevé una acción sinérgica entre todos los actores de la cadena de protección y favorece la participación de los niños en la toma de decisiones, el establecimiento de las reglas de vida en común y su participación en la lucha contra la violencia y la explotación para evitar la violencia futura. Se ha elaborado un plan de acción (2016-2018) de esta Política que hace hincapié en las actividades de prevención de la violencia y protección de las víctimas.
62. En los dos últimos períodos de sesiones de la Comisión Nacional de Derechos del Niño también se elaboró el plan de acción para el seguimiento de las recomendaciones del examen periódico universal de Benin y un plan de acción para aplicar las recomendaciones del Congreso Mundial sobre la Justicia Juvenil, celebrado en Ginebra del 26 al 30 de enero de 2015, en el que participó Benin.
63. Estos planes de acción están financiados por el Gobierno y los socios técnicos y financieros.
d) Los instrumentos de derechos humanos recientemente ratificados.
64. Los instrumentos internacionales recientemente adoptados en esta esfera son:
El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, ratificado el 5 de julio de 2012;
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada el 5 de julio de 2012;
El Convenio sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, cuyo proceso de ratificación está en marcha.
1. Sírvanse proporcionar datos correspondientes a los últimos tres años, desglosados por edad, género, entorno socioeconómico, origen étnico y zona geográfica, relativos a:
a) El número de casos de malos tratos y violencia contra los niños, incluidas todas las formas de castigos corporales, e información adicional sobre el tipo de asistencia que se presta a los niños víctimas y el seguimiento de los casos, en particular sobre el enjuiciamiento de los autores y las sentencias dictadas.
65. Según la encuesta de indicadores múltiples de 2015, el 21,1% de los niños de 0 a 14 años ha sufrido alguna forma de mutilación genital femenina, el 91,1% ha sufrido una agresión o un castigo corporal, el 52,5% de los niños realizan trabajo infantil y el 8,8% de las niñas ha contraído matrimonio antes de cumplir los 15 años.
66. En cuanto a la atención de las víctimas, el centro de tránsito de la Oficina Central de Protección de los Menores acoge a miles de niños víctimas que son derivados a las estructuras de acogida y protección del niño para su seguimiento. De los 8.301 casos de infracción de la legislación penal contra niños registrados entre 2009 y 2013 por la Oficina Central de Protección de los Menores, solo se ventilaron ante los tribunales 354 casos (4,26%).
b) El número de casos de mutilación genital femenina detectados en el Estado parte, desglosados por edad y región, y qué seguimiento se les ha dado, en particular las penas impuestas a los autores y la reparación e indemnización ofrecida a las víctimas.
67. (Véanse las cifras en el punto anterior.)
c) El número de investigaciones realizadas sobre presuntos casos de violencia sexual y de violación, e información sobre los resultados de los juicios, en particular las penas impuestas a los autores y la reparación e indemnización ofrecida a las víctimas.
68. El análisis de los datos muestra que el 81% de las infracciones cometidas contra menores son delitos leves, mientras que el 19% son delitos graves.
69. En términos generales, las infracciones cometidas contra menores se han castigado con una condena firme. De las 128 resoluciones dictadas, 104 son condenas firmes, 83 de las cuales son por delitos leves y 21 por delitos graves. Asimismo, se ha registrado un total de 8 condenas condicionales, 1 sobreseimiento parcial y 2 absoluciones en los casos de infracciones cometidas contra menores. A 31 de diciembre de 2014, se habían registrado 77 denuncias relativas a infracciones cometidas contra menores, 49 de las cuales (64%) fueron investigadas por la policía judicial.
70. Un análisis por grupo de edad y sexo muestra que el 39% de las denuncias corresponden a infracciones cometidas contra menores que no han cumplido los 13 años (el 29% corresponden a las niñas y el 10% a los niños). Además, el 31% de las denuncias corresponden a niños de 13 a 15 años (19% a niñas y 12% a niños) y el 30% a niños de 15 o más años (14% a niñas y 17% a niños).
71. Asimismo, el 61% de las denuncias investigadas por la policía judicial corresponden a infracciones cometidas contra niñas.
d) El número de casos de matrimonios de niños, así como el seguimiento que se les ha dado.
72. Según la encuesta de indicadores múltiples de 2015, el 8,8% de las niñas ha contraído matrimonio antes de cumplir los 15 años.
2. Se ruega faciliten datos sobre el número de casos de asesinatos rituales que se han denunciado.
73. Información no disponible.
3. En lo referente a la situación de los niños privados de un entorno familiar, sírvanse proporcionar datos correspondientes a los tres últimos años, desglosados por edad, género, entorno socioeconómico, origen étnico y zona geográfica, relativos a:
a) El número de niños separados de su familia.
74. Datos no disponibles.
b) El número de niños de la calle.
75. Datos no disponibles.
c) El número de niños confiados a instituciones.
76. Actualmente en Benin hay tres centros de protección de la infancia y la adolescencia, creados por el Decreto núm. 2009-708, de 31 de diciembre de 2009, en la jurisdicción de cada tribunal de apelación. De estos tres centros, solo el centro de Agblangandan acoge a los menores en conflicto con la ley en régimen cerrado. En 2012, 26 niños ingresaron en este centro; 19 niños lo hicieron en 2013 y 30 niños en 2014.
77. La Oficina Central de Protección de los Menores del Ministerio del Interior cuenta también con un centro de tránsito y acoge a menores que están en peligro moral durante un período máximo de tres días.
78. No obstante, para compensar el déficit de centros públicos, las estructuras privadas de acogida sirven de apoyo. Estas estructuras están reguladas por el Decreto núm. 2012-416, de 6 de noviembre de 2012, por el que se establece la normativa aplicable a los centros de acogida y protección de los niños de Benin.
d) El número de niños confiados a familias de acogida.
79. En cuanto a los niños privados de su entorno familiar, Terre des Hommes ha desarrollado, junto con el Ministerio de la Familia, el UNICEF y la Oficina Central de Protección de los Menores, el establecimiento de familias de acogida. A este respecto, de enero de 2011 a agosto de 2014 se seleccionó a 44 familias, que acogieron y rehabilitaron a 747 menores (396 niñas y 351 niños) que estaban en una situación difícil. (Fuente: Informe de capitalización del enfoque de la acogida familiar, de enero de 2011 a agosto de 2014).
e) El número de niños confiados de manera oficiosa a la familia extensa o a otra familia.
80. Información no disponible.
f) El número de niños adoptados en el país o en el extranjero.
81. En 2014 se registraron 29 casos de adopción en los 6 tribunales de primera instancia siguientes: Cotonú (23), Abomey (1), Lokossa (1), Parakou (1), Kandi (1) y Natitingou (1). (Base de datos de justicia juvenil de 2014.)
82. Se constata que las mujeres adoptan más que los hombres y las parejas, y que en general adoptan más a niñas que a niños. En concreto, de los 29 niños adoptados, 15 fueron adoptados por mujeres, de los cuales 11 eran niñas y 4 eran niños. Existe una preponderancia de la adopción simple en las jurisdicciones analizadas, a saber, 23 de los 29 casos de adopciones registradas. Las parejas solicitan más la adopción plena que las personas solas (5 de cada 6).
83. De 29 niños, 16 fueron adoptados por benineses. En cuanto al grupo de edad, los niños de menos de 13 años son los más adoptados, en concreto 15 niños de 29.
4. Se ruega faciliten datos correspondientes a los tres últimos años, desglosados por edad, género, tipo de discapacidad, origen étnico y zona geográfica, relativos al número de niños con discapacidad que:
a) Viven con su familia;
b) Viven en instituciones;
c) Asisten a escuelas primarias ordinarias;
d) Asisten a escuelas secundarias ordinarias;
e) Asisten a escuelas especiales;
f) No van a la escuela.
84. Información no disponible.
5. Sírvanse facilitar datos correspondientes a los tres últimos años, desglosados, en particular, por edad, género, entorno socioeconómico y origen étnico, relativos a:
a) Las tasas de matriculación y de finalización de la enseñanza (desglosadas por género y en términos porcentuales) de los niños de los grupos de edad correspondientes a la educación preescolar, primaria y secundaria;
b) El número de niños que abandonan la escuela y el porcentaje que representa esta cifra;
c) El número de niños que asisten a escuelas privadas.
85. Información no disponible.
6. Se ruega proporcionen datos correspondientes a los tres últimos años, desglosados por edad, género, entorno socioeconómico y grupo étnico, relativos al número de niños:
a) Víctimas de malos tratos, incluidos los abusos sexuales, precisando el número de niños que han tenido acceso a servicios de rehabilitación y de ayuda para la reinserción social, los procesos judiciales iniciados contra los autores de esas infracciones durante el período examinado y su resultado;
b) Víctimas de explotación económica, en particular el número de niños empleados como sirvientes domésticos, precisando el número de acciones judiciales iniciadas contra los autores de esa explotación económica y las condenas impuestas.
86. Información no disponible.
c) Que viven o trabajan en la calle y, de ellos, cuántos se benefician de programas de reinserción social.
87. Información no disponible.
7. Sírvanse facilitar datos correspondientes a los tres últimos años, desglosados, en particular, por edad, género, origen étnico y tipo de infracción, sobre el número de niños:
a) Sospechosos de haber cometido una infracción y denunciados a la policía;
b) Condenados, precisando el tipo de pena o sanción impuesta, así como la duración de la privación de libertad;
c) Detenidos en centros de privación de libertad para niños y en centros de privación de libertad para adultos.
88. Los niños son especialmente vulnerables a las influencias negativas de la reclusión, que no solo implica la pérdida de libertad, sino también el aislamiento de su entorno social habitual y un mayor riesgo de sufrir malos tratos. Las normas internacionales estipulan claramente que la privación de libertad de los niños solo debe ser una medida de último recurso.
89. A 31 de diciembre de 2014, 482 niños, entre ellos 9 niñas, estaban encarcelados en prisiones civiles. La casi totalidad de estos niños (96%) están en prisión preventiva.
90. El análisis por categoría de infracción revela que, a 31 de diciembre de 2014, la mayoría (72,82%) de los niños estaban recluidos por delitos graves y el 13,18%, por delitos leves.
91. En cuanto a la clasificación por grupos de edad, existe una preponderancia del grupo de 15 años y más (67,63%) en comparación con los demás grupos de edad.
92. Fuente: Resultados del estudio sobre el panel de indicadores de la justicia juvenil.
8. Sírvanse proporcionar al Comité una actualización de los datos del informe que hayan quedado obsoletos por haberse recabado otros más recientes o como resultado de nuevos acontecimientos.
93. Ninguno.
9. Además, el Estado parte puede citar esferas que afecten a los niños y que considere importantes con respecto a la aplicación de la Convención.
94. Las cuestiones que el Estado parte considera prioritarias son las siguientes:
La escolarización de los niños;
La prevención de la violencia y la delincuencia;
La lucha contra los matrimonios forzados y precoces;
La lucha contra la mortalidad infantil y materna;
GE.15-18718 (S) 091115 181115
*1518718*

References: artículo 2
 artículo 121
 artículo 133
 artículo 175
 artículo 176
 artículo 177
 artículo 338
 artículo 3
 artículo 672
 artículo 16