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Timestamp: 2019-01-20 03:15:07+00:00

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﻿ Sentencia STC1261-2015 de febrero 12 de 2015
SENTENCIA STC1261-2015 DE 12 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA.SE VULNERA EL PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN QUE GOBIERNA LOS ACTOS DEL PROCESO AL RETROCEDER ACTUACIONES CUMPLIDAS PARA REVISAR SI FUERON ACERTADAS O SI SE REALIZÓ LA MÁS CONVINCENTE O ADECUADA DE LAS INTERPRETACIONES, ADEMÁS DE LO ANTERIOR, SE VULNERA LA SEGURIDAD DEL ORDEN JURÍDICO PROCESAL, LA CELERIDAD Y LA IGUALDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, COMISARÍA DE FAMILIA, PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ORDENAMIENTO JURÍDICO
Sentencia STC1261-2015 de febrero 12 de 2015
Radicación: 15001-22-13-000-2014-00511-01
Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil quince.
Decide la Corte la impugnación formulada respecto del fallo de 23 de enero de 2015, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que concedió la tutela de Flor Yolanda Morales Forero en nombre de Alcira Morales Forero frente a los Juzgados Civil del Circuito de Moniquirá y Promiscuo Municipal de Togüí, siendo vinculada la comisaria de familia de esta última localidad, la procuraduría para asuntos de familia, infancia y adolescencia, y Oscar Flechas Rivera.
1. Obrando en nombre de su hermana, la promotora sostiene que le fueron transgredidos el debido proceso, acceso a la administración de justicia y vida digna.
2. Señala como contrarias a su garantía, la decisión del Juzgado Civil del Circuito de Moniquirá que no asumió el conocimiento de la expedición de orden de arresto y del promiscuo municipal de Togüí que anuló la sanción por desacato a la medida de protección impuesta a favor de su familiar.
3. Sustenta la solicitud en los supuestos fácticos que pasan a compendiarse (fls. 3 a 6):
3.1. Que la comisaría de familia de Togüí conminó a Edgna Luz Martínez Morales y Oscar Alberto Flechas a cesar cualquier acto de maltrato físico, mental o amenaza en contra de su hermana enferma de sesenta y ocho (68) años de edad.
3.2. Que la beneficiaria instauró incidente en contra de Oscar Alberto Flechas, alegando que desobedeció el requerimiento anterior, siendo valorada por medicina legal que le otorgó una incapacidad de quince (15) días tras la agresión.
3.3. Que la entidad aludida encontró fundado el incumplimiento e impuso multa al infractor, convertible en arresto, lo que fue convalidado por el Juzgado Civil del Circuito de Moniquirá al desatar la “consulta”.
3.4. Que ante el no pago, se envió el proceso al Juzgado Civil del Circuito “solicitando la orden de arresto”, que lo rechazó y remitió al promiscuo municipal de Togüí.
3.5. Que este último funcionario incurrió en una vía de hecho porque invalidó todas las actuaciones, dejando desprotegida a la víctima.
4. Pide dejar sin efecto la determinación debatida, se restablezcan las medidas de protección y sanciones para el agresor (fl. 5).
Respuesta de las accionadas
1. El juzgado civil del circuito manifestó que se dio estricta aplicación a la Ley 575 de 2000, en cuanto prevé las consecuencias para quien incumpla las medidas de resguardo, motivo por el cual confirmó la imposición de multa de tres (3) salarios mínimos al incidentado (jul. 9/2014), folios 19 a 21, cuaderno 1.
2. El juzgado promiscuo municipal indicó que la promotora no es la beneficiaria de la medida y que valoró adecuadamente las pruebas, concluyendo que el maltrato a Alcira Morales Forero ocurrió siete (7) años antes de la iniciación del trámite (fl. 22, cdno. 1).
3. La comisaría de familia dijo que adelantó el trámite administrativo con apego a las leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, conminando a la hija y yerno de la adulta mayor a detener las agresiones (oct. 11/2012), que se admitió la solicitud de incumplimiento (mayo 20/2014), y luego de practicadas las pruebas se sancionó con multa de tres (3) salarios mínimos al último de los citados, correctivo confirmado en sede de consulta (jul. 9/2014). Agrega que, ante el no pago, se trasformó en arresto la penalización (ago. 4/2014), diligencias que arribaron al Juzgado Promiscuo Municipal de Togüí para que librara la orden de arresto pero en cambio dejó sin efecto toda la actuación (ago. 26/2014). Igualmente, que de manera infructuosa se pidió al Juzgado Civil del Circuito de Moniquirá anular dicha determinación, pues, desconoce que las resoluciones se encontraban en firme y ejecutoriadas (sep. 11/2014) folios 44 a 51, cuaderno 1.
4. Oscar Alberto Flechas indicó que tiene tres hijos menores de edad, trabaja en el campo, que por su condición económica vivía en casa de su suegra con su esposa e hijos, que en dos ocasiones se han presentados “malos entendidos”, el último de los cuales fue “en defensa propia”, luego de ello acató lo ordenado por la comisaria, que no cuenta con recursos para sufragar la multa impuesta y la conversión en arresto vulnera su derecho a la libertad (fls. 55 a 56, cdno. 1).
5. La procuraduría para asuntos de familia, infancia y adolescencia, en forma extemporánea, manifestó que Juzgado Promiscuo Municipal de Togüí contrarió las disposiciones en la materia y vulneró los derechos fundamentales de la víctima, ya que decretada e incumplida la medida de salvaguardia, lo procedente no era otra cosa que proceder a imponer la multa y su modificación en arresto por no pago, actuación truncada al infirmar lo resuelto sin competencia para ello (fls. 67 a 68, cdno. 1).
Accedió al amparo porque se desatendió la prueba incorporada en el diligenciamiento y el trámite del mismo, pues, se demostraron los actos de violencia y la competencia del despacho municipal se reducía al estudio de la conversión de multa en arresto, sin embargo, infirmó la protección dispuesta en el año 2012, el desacato y su consulta, sin respetar el rito legal (fls. 59 a 66).
La interpuso el Juez Promiscuo Municipal de Togüí, argumentando que el procedimiento adelantado por la comisaria fue caprichoso, ya que impuso medidas de protección por hechos que se encontraban “prescritos en materia penal y caducados en materia administrativa”, al haber sucedido varios años atrás según el acervo probatorio (fl. 75, cdno. 1).
1. La controversia se centra en establecer si se lesionaron las prerrogativas invocadas al invalidar las medidas de protección y sanción por desacato impuestas en favor de Alcira Morales Forero, por parte del juez municipal al que se remitió el proceso para convalidar la conversión de multa en arresto frente al agresor.
2. Las providencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política; la excepción a esto, lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en eventos en los que resultan ostensiblemente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular el auxilio y no tenga ni haya desaprovechado otros remedios ordinarios y efectivos a fin de conjurar la violación alegada.
3. Para los efectos del estudio que se realiza, está acreditado lo que a continuación se destaca:
3.1. Que se denunció por parte de Luis Alfredo y Flor Yolanda Morales Forero que su hermana Alcira Morales Forero de sesenta y cinco (65) años de edad, “en la actualidad está siendo maltratada verbal y físicamente” por parte de su hija y yerno (sep. 28/2012), folios 1 y 2, cuaderno anexo.
3.2. Que la comisaría de familia de Togüí avocó el conocimiento, decretó las pruebas pertinentes y adoptó “medida de protección” consistente en ordenar a Edgna Luz Martínez Morales y Oscar Alberto Flechas abstenerse de realizar cualquier acto de maltrato físico y verbal contra la citada, así mismo asistir a terapias psicológicas (oct. 11/2012) folio 43, cuaderno anexo.
3.3. Que se admitió la petición incidental frente a Oscar Alberto Flechas, fundamentada en que días antes este ofendió verbalmente y golpeó a su suegra “con el plan de un machete” en frente de su esposa e hijos (mayo 20/2014), folios 44 a 48 cuaderno anexo.
3.4. Que el examen médico-legal determinó una incapacidad de quince (15) días y en audiencia el agresor manifestó que “es cierto lo que la señora Alcira dice, de todas maneras acepto que si(sic) le pegué a ella con un machete por la espalda, le di un planazo por haberme contestado (...), yo estaba discutiendo era con la hija y no con ella y mi suegra intervino y por eso le pegué” (fls. 51 y 68, cdno. anexo).
3.5. Que dicha autoridad concluyó que se desobedeció la advertencia de terminar con los agravios contra la progenitora de la esposa del convocado, por lo que le impuso multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales y ordenó la consulta ante el superior (mayo 30/2014) folio 74, cuaderno anexo.
3.6. Que el Juzgado Civil del Circuito de Moniquirá, ratificó lo resuelto al desatar el grado jurisdiccional (jul. 9/2014), folios 88 a 89, cuaderno anexo.
3.7. Que ante el no pagó, la comisaría de familia convirtió la multa en arresto “en razón de tres días por cada salario”, y solicitó al juez civil del circuito expidiera la orden (ago. 4/2014) folio 100, cuaderno 1.
3.8. Que tal funcionario ordenó remitir las diligencias a juez civil o promiscuo municipal, según la competencia asignada en el literal b del artículo 6º del Decreto 4799 de 2011 (ago. 20/2014), folio 107, cuaderno anexo.
3.9. Que el Juzgado Promiscuo Municipal de Togüí, una vez arrimado el plenario, declaró sin valor ni efecto la decisión “tomada por la comisaria de familia el pasado 11 de octubre de 2012, mediante la cual se impuso medida definitiva de protección por violencia intrafamiliar a Oscar Flechas Rivera y Alicia Morales Forero”, con el argumento de que la conducta reprochada tuvo ocurrencia siete (7) años antes, aun cuando la denuncia debe presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes al acaecimiento de los hechos según lo establece el artículo 5º de la Ley 575 de 2000 (ago. 26/2014), folios 113 a 118, cuaderno anexo.
3.10. Que la comisaria de familia solicitó al Juzgado del Circuito de Moniquirá anular el proveído del a quo que desconoció las resoluciones ejecutoriadas y consultadas con el superior, siendo denegada la petición porque la competencia para el estudio de la conversión de la sanción es exclusiva del municipal (fls. 120-122, cdno. anexo).
3.11. Ninguno de los aspectos señalados se discutió ni fue objeto de debate, controversia o réplica por parte del infractor.
4. Se desestimará la alzada por las razones que pasan a mencionarse:
4.1. Se evidencia yerro en el procedimiento surtido por el juzgado municipal accionado al que se le remitió el expediente para verificar la procedencia o no de conmutar la decisión inicial en arresto, y anuló todo lo actuado con base en una supuesta irregularidad.
Los artículos 4º y 5º de la Ley 575 de 2000, que modificaron el 7º y 9º de la Ley 294 de 1996, disponen que
“(e)l incumplimiento de las medidas de protección dará lugar a las siguientes sanciones: a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) días siguientes a su imposición. La conversión en arresto se adoptará de plano mediante auto que solo tendrá recursos de reposición, a razón de tres (3) días por cada salario mínimo”. “(…) La petición de una medida de protección podrá formularse por escrito, en forma oral o por cualquier medio idóneo para poner en conocimiento del funcionario competente los hechos de violencia intrafamiliar, y deberá presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a su acaecimiento”.
Y el artículo 17 de la precitada ley, en su inciso segundo,
“(l)as sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se impondrán en audiencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a su solicitud, luego de haberse practicado las pruebas pertinentes y oídos los descargos de la parte acusada. No obstante cuando a juicio de comisario sean necesario ordenar el arresto, luego de practicar las pruebas y oídos los descargos, le pedirá al juez de familia o promiscuo de familia, o en su defecto, al civil municipal o al promiscuo que expida la orden correspondiente, lo que decidirá dentro de las 48 horas siguientes” (resalta la Sala).
De acuerdo con ello, el castigo puede ser válidamente reformado por el juzgado municipal, facultado para resolver si avala o no lo solicitado por la comisaria con respecto a la conversión de la multa señalada, es decir, dado que a la autoridad administrativa le está vedado imponer penas correctivas que entrañen, directa o indirectamente, la privación de la libertad, deberá convalidar, negar o modificar lo decidido atendiendo las circunstancias particulares del caso, no obstante, el funcionario extralimitó sus funciones y dejó sin efecto toda la actuación, incluida la medida de protección (sep. 28/2012), la sanción por desacato (mayo 30/2014), y su consulta ante el superior (jul. 9/2014).
4.2. No se advierte un yerro abultado ni grosero en las apreciaciones de la comisaria de familia al imponer la orden de resguardo y la sanción por desobedecimiento, ni del juzgado del circuito convocado por confirmarla, toda vez que no es fruto de su capricho sino que, se apoyaron en las pruebas y normatividad aplicable al caso. Tampoco se observa desacierto en el auto que cambió la sanción en arresto, por lo que, no se entiende cómo el Juzgado Promiscuo Municipal de Togüí desconoció del principio de la preclusión o eventualidad que rige los procesos.
En efecto, la primera de las autoridades nombradas estableció, respecto a la temporalidad de la conducta censurada, que
(…) de acuerdo con lo elementos probatorios aportados relacionados dan base suficiente al despacho para entender que se encuentran demostrados los fundamentos de la solicitud, ya que aunque no se extrae de las pruebas que se hubiere realizado una conducta de violencia física grave resiente, no se descarta que su temperamento sea altivo y agresivo, toda vez que (…) aún persisten hechos de maltrato (fl. 33, cdno. anexo).
Por tal motivo, procedió a imponer medidas de protección, luego de identificar con claridad y precisión el problema sometido a su conocimiento, ya que encontró que existían vestigios de violencia que daban lugar al amparo, lo que se vio reafirmado con el incidente de desacato y la medida sancionatoria confirmada en sede de consulta, en obedecimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 652 de 2001, que remite a lo reglado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, cuyo inciso segundo dispone que “La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo” (resalta la Sala).
De acuerdo con ello, el castigo fue revisado oficiosamente por el superior funcional, facultado para resolver de plano si avalaba o no lo resuelto por la comisaria, como en efecto aconteció.
4.3. Conforme a los anteriores hechos, si bien pudiera ensayarse otra hermenéutica que lleve a una conclusión distinta sobre la procedencia o no de la medida de protección, no era la remisión al Juzgado Promiscuo Municipal de Togüí el escenario para desplegarla e imponer un criterio, retrotrayendo la actuación a una etapa ya superada a efectos de verificar el cumplimiento de las exigencias de ley, considerando además que la parte interesada no replicó o esgrimió falencia alguna respecto del juicio y que trascurrieron aproximadamente dos (2) años desde la decisión anulada.
En suma, resulta contrario al principio de preclusión que debe gobernar los actos del proceso, retroceder actuaciones fenecidas o cumplidas so pretexto de revisar su acierto o si se realizó la más convincente o adecuada de las interpretaciones, vulnerando con ello la seguridad que se predica del orden jurídico procesal, la celeridad y la igualdad.
En relación con este principio, dijo la Sala lo siguiente: Uno de los principios que gobiernan el procedimiento civil es el de la eventualidad o preclusión, por cuyo influjo el proceso está fraccionado en varias etapas dentro de las cuales pueden cumplirse ciertos actos o realizarse determinadas conductas. Es ese uno de los postulados fundamentales para la legalidad de las actuaciones que se surten dentro de un trámite judicial, y su finalidad consiste en poner orden, claridad y rapidez en la marcha del litigio. El mismo supone una división del proceso en una serie de momentos fundamentales en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del juez, de manera que algunos actos deben corresponder, exclusivamente, a un período específico fuera del cual no pueden ser ejercitados, y si se ejercitan carecen de valor o eficacia por extemporáneos (CSJ, SC, 9 mayo 2013, rad. 2008-00320, reiterado 5 nov. 2014, rad. 38330-00).
5. En consecuencia, se respaldará el fallo atacado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y oportunamente remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, previa devolución del expediente allegado con el cuaderno de tutela por el tribunal de origen.
Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.

References: artículo 86
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 52