Source: http://www.down21.org/legislacion/art_opinion/art_losderechos_jun.htm
Timestamp: 2013-05-19 13:51:07+00:00

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Conclusiones de la Tesis Doctoral presentada en la Universidad Autónoma de Madrid 25 de junio de 2007 La tesis doctoral fue calificada con SOBRESALIENTE
1º Sistematizar una normativa tremendamente dispersa
2º Analizar los problemas prácticos que dicha normativa plantea
3º Estudiar las mejoras posibles en las leyes y reglamentos estatales y autonómicos
4º Estudiar las medidas de defensa y garantía y proponer fórmulas de mejora
La conclusión principal que podemos extraer sobre la normativa relativa a los derechos del niño con discapacidad en España y sobre las garantías existentes para su pleno disfrute es la siguiente: A pesar que se han dictado muchas leyes en España, tanto en materia de infancia, tras la aprobación de la Convención de la ONU sobre los derechos del Niño de 1989, como en materia de discapacidad, sobre todo tras la celebración del Año Europeo de las Personas con Discapacidad (2003), esta abundancia legislativa no se ha traducido en una mejora real para los derechos del niño con discapacidad en España, que son el subconjunto más vulnerable, por menos numeroso, en ambos grupos. Las normas son a veces demasiado inconcretas, pero otras veces el problema no es ese, sino una falta de garantías que respalde su cumplimiento, problema que predomina en todas las obligaciones que no tienen un contenido exclusivamente económico. El control jurisdiccional unas veces es insuficiente y demasiado lento, otras veces imposible por falta de legitimación activa. Ello, unido a que muchas familias no están en situación de luchar por los derechos de su hijo con discapacidad, provoca un panorama desolador en este ámbito, bastante desconocido por el 90% de la población, es decir, por todos los que no tienen un familiar con discapacidad. Hay una enorme divergencia entre lo que las leyes dicen que se va a hacer y lo que realmente se hace.
Sin embargo el estudio y sistematización de las normas constituye el primer paso para intentar cambiar esta situación de injusticia palmaria. Recordemos las principales propuestas realizadas a lo largo de la tesis:
I. PROPUESTAS RESPECTO AL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
II. PROPUESTAS RESPECTO AL DERECHO ESPAÑOL
El apoyo al niño con discapacidad no puede limitarse al apoyo económico, que también falta, sino que debe promover su inclusión en la sociedad desde el principio de su vida, abarcando cuestiones tan básicas, como la información a las familias sobre la discapacidad de su hijo y los derechos inherentes a la misma (en los Centros Base de minusválidos y en todos los Hospitales), el derecho a un servicio de atención temprana, un médico especializado y el derecho a una plaza escolar adecuada a sus necesidades. Todo ello debe proporcionarse próximo a su domicilio y sobre estas cuestiones básicas debe haber un estándar de cobertura suficiente mínimo, común a toda España
1. Sobre el Certificado de minusvalía
Incluir un régimen especial para los niños que les conceda máximos apoyos en toda la etapa de desarrollo y tengan el grado de discapacidad que tengan (puesto que se trata de un periodo en que hay más posibilidades de reducir o eliminar la discapacidad). Incluir a tal efecto el factor edad en los baremos y pruebas homologadas para los niños. Suprimir la exclusión expresa del capítulo 15 donde se definen los criterios para la evaluación de la discapacidad debida a Retraso Mental de las reglas generales relativas a las AVD, los grados de discapacidad y las categorías de las deficiencias, de forma que todas las discapacidades estén sujetas a las mismas reglas generales sin discriminación alguna. Revisión del capítulo 15 e introducción de pruebas homologadas para evaluar la discapacidad intelectual. Establecer que los efectos de la resolución en el caso de niños con discapacidad congénita o causada durante el parto se retrotraigan a la fecha de nacimiento del niño, si bien dicha retroactividad excepcional sólo surtiría efectos si la solicitud se formulara dentro del primer año de vida del niño (lo que daría un plazo razonable a los padres para ejercitar su derecho, sin que su desidia en el ejercicio del mismo pudiera perjudicar al interés general).
El legislador debe considerar detenidamente y optar expresamente por el silencio positivo o negativo en el procedimiento sobre reconocimiento de grado de minusvalía en todo el territorio español, bien estableciendo el silencio negativo (que a mi juicio da más seguridad jurídica al administrado en este caso) o bien estableciendo claramente los efectos del silencio positivo (1º con la obligación de que los impresos de solicitud recojan un apartado con un porcentaje que puedan solicitar los interesados y 2º con la expresión de cual es el porcentaje que se gana en caso de silencio positivo si no se ha solicitado un porcentaje concreto para que pueda acreditarse durante los años que la resolución esté en vigor y tenga que utilizarse ante las diversas instancias). 2. Supresión del aborto eugenésico por discriminatorio
Por otra parte la ley actual posibilita la situación injusta consistente en que la familia que decide permitir el nacimiento de su hijo con discapacidad no tiene ayudas, mientras que aquella madre que alega que hubiera abortado de haber conocido la discapacidad, consigue importantes indemnizaciones al amparo de acciones de wrongful birth. En Francia como reacción a la jurisprudencia surgida del caso Perruche sobre wrongful life, no se ha eliminado el aborto eugenésico pero si se han eliminado las acciones de wrongful life en el año 2002 estableciendo además en el año 2005 ayudas de compensación económicamente significativas, para todos los niños con discapacidad. De modo que mi propuesta es suprimir la indicación eugenésica del art. 417 bis del CP de 1973 y crear más prestaciones sociales para los niños con discapacidad y más apoyos para sus familias según se propone a lo largo de toda la tesis y en los aspectos sociales y económicos en el apartado 6.2.7 de la misma. 3. Asistencia sanitaria perinatal, comunicación de diagnóstico a la familia
Finalmente, el Plan de Atención Temprana del CERMI estatal, propone diversas medidas para mejorar el diagnóstico prenatal, los controles del embarazo, la asistencia sanitaria del recién nacido, y el apoyo a familias en el momento de comunicar el diagnóstico y el de dar las primeras orientaciones, vitales para el desarrollo del niño, que yo suscribo y que se detallan en el apartado 5.5. Todo ello puede apoyarse a través de las normas contenidas en los protocolos de la Sanidad Pública y de la SEGO. 4. Derechos familiares
5. Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica
Vacunas para las distintas discapacidades iguales en toda España. Supresión de visado de inspección en la adquisición de determinados artículos de uso continuado durante toda la vida.
Aprobar una norma legal de ámbito estatal sobre Atención Temprana, que establezca unos mínimos uniformes para todo el territorio del Estado, que reconozca el derecho subjetivo, delimite la Atención Temprana y la garantice como servicio público, universal, gratuito, integral y sectorizado para todos los niños y familias que lo necesiten con todo el contenido descrito en el apartado 6.2.2.8. Esta norma bien podría incorporarse en la reforma de la LOPJM. Establecer el marco normativo de carácter estatal y autonómico que permita la creación de una Comisión interadministrativa e intersectorial encargada de velar por que se produzca la coordinación y corresponsabilización necesaria entre las distintas administraciones implicadas (Sanidad, Servicios Sociales, Educación, Trabajo, etc.) en todo el proceso de atención a las personas con discapacidad, evitando retrasos y carencias intolerables y protocolizando la actividad mínima que cada órgano de la Administración deberá prestar.
Garantizar sin resquicios en la Ley Orgánica de Educación, de acuerdo con la Declaración de Salamanca y la CNUDPD, el derecho de todo niño con discapacidad a tener una plaza escolar con los apoyos necesarios en el colegio más cercano a su domicilio, público o privado concertado o al que vayan sus hermanos, de manera que no quepan trampas a la hora de cubrir los cupos de reserva en los centros concertados. Mientras esta plaza escolar óptima no exista, para lo que habría que fijar un plazo no superior a un año, transporte escolar y comedor gratuito en el colegio existente más acorde con sus necesidades educativas especiales. Para reforzar las garantías del texto en cuanto especialización, inclusión y proximidad al domicilio del alumno, derechos todos ellos que en algunas discapacidades como el autismo se conculcan en la mayoría de los casos, se propone incluir en la LOE el modelo de aulas estables como el más adecuado, por su especialización e inclusión experimentada en varias CCAA (varios años en País Vasco y Baleares, más recientemente en Valencia y Sevilla), para alumnos con necesidades generalizadas de apoyo. La escolarización en centros de educación especial quedaría trasladada a una disposición transitoria en la que se elevaría a rango de Ley orgánica el art. 24 del art. 696/1995 de 28 de abril, que prevé la transformación de los centros de educación especial en centros de recursos y fijando un límite temporal de cinco años para que la transformación no se postergue indefinidamente.
La legislación básica estatal debe ser más amplia a la hora de establecer unos mínimos para toda España: Debe obligarse a las administraciones educativas a impulsar acciones de sensibilización del personal a su servicio para que la comunidad educativa asuma la atención a los alumnos con discapacidad. Esta atención debe contemplarse en los Proyectos Educativos (5) y Curriculares de Centro. También debe incluirse dentro de todos los planes de estudio relacionados con educación, una asignatura sobre estrategias didácticas para la atención a la diversidad.
Incluir la obligatoriedad de la atención educativa de los niños hospitalizados o que no puedan desplazarse al colegio. Incluir la obligatoriedad de la educación sexual en los centros y aulas de educación especial que educan a los alumnos con discapacidad intelectual moderada o severa, trastornos del espectro autista, o determinadas plurideficiencias, evitando que sean tratados como niños toda su vida y fomentando su integración social desde la dimensión afectiva y sexual. Dicha educación hoy en día obligatoria en todos los centros sostenidos con fondos públicos no es una realidad en la educación de muchos adolescentes con discapacidad, necesitados de apoyo educativo en esta dimensión tan importante de la vida y cuya carencia puede provocar importantes problemas y sufrimientos en la edad adulta. Regular un subsidio de necesidades educativas especiales para todos los niños con discapacidad y no sólo los pertenecientes a familias numerosas, con una cuantía que posibilite la igualdad de oportunidades, de manera que la falta de medios económicos no frene el desarrollo de un niño, y se compense el gasto adicional para las familias que la discapacidad produce. Debe obligarse a las Administraciones educativas a colaborar con otras administraciones o entidades públicas y privadas y muy especialmente con las asociaciones cuyo objeto sea la discapacidad que tiene el niño, de manera que los acuerdos que se reconocen como posibles en el art. 72.5 de la LOE sean obligatorios cuando el niño lo necesita, cumpliendo con las obligaciones en materia de dotar de medios y formación para la superación de las barreras de comunicación exigidas por la CNUDPD. 8. Tributos
Extender a los denominados cuidadores informales, las ayudas fiscales previstas por algunas CCAA por la utilización de centros de educación infantil o personal contratado para atender hijos pequeños con discapacidad. Por lo que se refiere al IS, que se mantenga y por tanto no se derogue la deducción del art. 43 LIS relativa a aportaciones de empresas a patrimonios protegidos de sus trabajadores o familiares de estos, únicos beneficios fiscales a ayudas de empresas a sus empleados por este motivo, y que según la disposición derogatoria segunda.2. queda derogada con efectos 1 enero 2011.
Excluir del IP a la vivienda habitual de la familia del niño con discapacidad y al vehículo para su transporte (cuando tenga movilidad reducida o dificultad para utilizar transportes colectivos). En el ITP-AJD que las CCAA que solo han contemplado beneficios fiscales al adquirente de vivienda habitual con discapacidad, amplíen dicho beneficio a unidades familiares que tengan un niño con discapacidad (tal y como está vigente en Canarias, Castilla y León y Cataluña). Ampliar los beneficios a arrendamientos, adquisición de vehículos etc). Ampliar los beneficios fiscales en los impuestos indirectos. Adaptar a la realidad de las familias con niños con discapacidad el concepto de “uso exclusivo del minusválido” en el IEDMT y en el IVTM. Incluir beneficios fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pues actualmente solo tienen un beneficio fiscal las familias numerosas (es decir las familias que además del niño con discapacidad tienen otro hijo) (9). Modificar el TRLHL para que la bonificación en el ICIO no sea discrecional para cada ayuntamiento. 9. Protección social Modificar los arts. 180, 182 y 185 de la Ley General de la Seguridad Social para actualizar la cuantía de la prestación familiar por hijo a cargo para los menores de 18 años, estableciendo una cuantía digna (10), y crear un tramo de mayor cuantía para los que tengan un grado igual o superior al 65%, dando cumplimiento al art. 41 CE.
Crear una prestación social de cuantía equivalente a la deducción fiscal del art. 81 LIRPF (1.200 euros anuales) para aquellas madres de niños/niñas con discapacidad que no realicen una actividad remunerada, puesto que muchas de ellas no tienen escuela infantil ni guardería para su hijo (las guarderías privadas sólo aceptan al niño/niña con un profesor de apoyo pagado íntegramente por los padres). Modificación del art. 48.4 ET en relación con el nacimiento de niños con discapacidad, para equiparar la duración de la baja de maternidad a la de parto múltiple (11).
Extender a todos los trabajadores las medidas de conciliación de vida laboral y familiar aprobadas para los funcionarios en la Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de la Administración Públicapor la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración del Estado (Plan Concilia) (BOE del 27 de diciembre), lo que mejoraría mucho la situación económica de las familias de niños con discapacidad, en las cuales la madre suele abandonar su trabajo para cuidar de su hijo por no disponer de medidas de conciliación de esta índole.
Que se apruebe la Ley de Lengua de Signos y de Medios de Apoyo a la Comunicación Oral. Con todo, y esta sería la segunda conclusión, estas propuestas de mejora no servirán de mucho mientras no se amplíen y mejoren los mecanismos de control jurisdiccional de la inactividad de la Administración (tanto formal como material) corrigiendo las deficiencias señaladas a lo largo de este estudio, correcciones que constituirían un gran avance en el modelo de Estado Social. También deberían mejorarse los mecanismos de control dentro de la Administración y en particular los del Estado sobre las CCAA para garantizar los mínimos señalados a todos los niños con discapacidad en España.
En muchas de las propuestas recogidas en esta tesis se alude a la necesidad de fijar estándares en todas aquellas normas que establecen deberes con un contenido prestacional a cargo de la Administración, de manera que quede claro cuando se está incumpliendo un deber jurídico (12). Para determinar los recursos que son necesarios en aras a cumplir debidamente con dicho contenido prestacional sería preciso que el Real Decreto 1971/1999 impusiera la obligación a las administraciones autonómicas que dictan las resoluciones de reconocimiento de minusvalía, de elaborar un censo de todos los niños con discapacidad, con sus domicilios y sus necesidades. De esta manera podrían planificarse debidamente las partidas presupuestarias y actuaciones necesarias. Después de tanto estudiar, ordenar y proponer, al terminar este estudio tengo la sensación de que el trayecto hacia el pleno disfrute de sus derechos por parte del niño con discapacidad está apenas iniciado. Espero que este humilde trabajo constituya un paso adelante hacia esa hermosa meta.
2 Ya que la actual Ley 40/2003 de Familias Numerosas deja fuera de su ámbito a muchas familias con necesidad de protección, de algunas de las cuales forman parte niños con discapacidad. 3 Art. 8.3 LIONDAU: “Asimismo, en el marco de la política oficial de protección a la familia, los poderes públicos adoptarán medidas especiales de acción positiva respecto de las familias alguno de cuyos miembros sea una persona con discapacidad.”
7 A propósito del Impuesto sobre el Patrimonio se ha criticado por ejemplo el que no se haya regulado la exención del patrimonio protegido en la Ley 41/2003, dando lugar a una diferencia de trato muy significativa entre unas CCAA y otras, sin que haya el necesario mínimo de igualdad y protección social. En este sentido se manifestó el Defensor del Pueblo en su informe de 1999 “Presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado”, p. 91. 8 Alonso-Olea García, Belén; Lucas Durán, Manuel; Martín Dégano, Isidoro: La protección de las personas con discapacidad en el Derecho de la Seguridad Social y en el Derecho Tributario, Navarra, Cermi Thomson Aranzadi, 2006, p.33. Véase p.323 donde estos autores reclaman una mayor coherencia en la regulación de la discapacidad en el conjunto de la normativa tributaria.
Nota final: Desde la finalización de la tesis se ha promulgado y publicado la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León (BOE 29 marzo 2007) y el Gobierno español firmó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención que una vez ratificada y publicada en el BOE pasará a formar parte del Derecho Español. Por otra parte el Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999 ha quedado derogado por el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE 21 abril 2007). También es preciso señalar que se ha publicado el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, sobre las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones y el Congreso ha aprobado el pasado 28 de junio la Ley de Lengua de Signos y de Medios de apoyo a la Comunicación Oral. Inicio - Quiénes somos - Inscríbete - Contacta - Mapa

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 Real Decreto 
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