Source: http://www.agustindelcastillo.com/2013_01_01_archive.html
Timestamp: 2017-10-19 14:28:34+00:00

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Sitio de Agustín del Castillo: enero 2013
Abogado de Temaca señala que en el expediente de la controversia constitucional Murillo Karam reconoció falta de licencia para 105 metros
La Procuraduría General de la República (PGR) ha admitido en el marco de la controversia constitucional 69/2012, que no se cuentan con permisos del municipio de Cañadas de Obregón para edificar a 105 metros de altura la presa de El Zapotillo, lo que allanaría la ruta para cancelar una obra de esas dimensiones, aseguró ayer Guadalupe Espinoza Sauceda, del Colectivo de Abogados (Coa), que asesora a los defensores de Temaca.
En el oficio PGR/021/2013, integrado al expediente referido, el titular de la procuraduría, Jesús Murillo Karam admitió esa situación ante el ministro instructor de la causa, José Fernando Franco González Salas, lo que coincide con la postura del gobernador electo de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, de evitar que Temacapulín sea inundado, consideró el litigante.
“Murillo Karam ya emitió su opinión de puño y firma, de que efectivamente no existen los permisos para una cortina de 105 metros; [...] entonces es muy importante esa opinión, que de ley se tiene que hacer, porque creemos nosotros que es la postura del gobierno federal en relación a esto, dada la cercanía con Peña Nieto, la relación institucional, y el peso que tiene Murillo Karam”, dijo en entrevista para MILENIO RADIO.
La sesión de ayer en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue suspendida y se le fijará una nueva fecha de desahogo, indicó.
En cuanto a las declaraciones de Sandoval Díaz, “lo que es la postura colectiva se dará el día de mañana [hoy], pero de entrada, la comunidad lo recibe con beneplácito y como una señal de buena voluntad por parte del gobernador electo; con esta decisión nosotros confirmamos que nuestra lucha es legítima y que nuestros argumentos son válidos”.
Bajar la cortina de 105 metros a 80, salva Temacapulín a condición de que se construyan dos diques de contención en caso de que la presa se llene. Pero no Acasico y Palmarejo, lo que hizo que los miembros del comité de defensa de los pueblos debieran analizar el asunto antes de definir una postura formal, añadió.
Sobre el asunto se pronunció también el presidente del consejo de administración del SIAPA, Francisco Ayón López.
“Quiero ser muy enfático para que podamos visualizar el entorno en forma global: la situación del río Verde está marcada por la Comisión Nacional del Agua [CNA], que señala una disposición de las aguas de ese afluente a dos estados, Guanajuato con 3.8 metros cúbicos y Jalisco con 12.2 m3; pero es de un sistema integral hídrico y esta presa es la primera parte de un sistema, […] me da mucho beneplácito escuchar las declaraciones del gobernador electo y del compromiso que se tenía con los habitantes, que después de mucho trajín ya tengan la certeza de que la cortina de la presa será de 80 metros y no inundará sus viviendas…”.
Fue enfático: de todos modos se necesitaban otros embalses en la cuenca y la política del nuevo gobierno será no dañar derechos de las personas.
“Se tendrían que hacer otra serie de almacenamientos en la cuenca para poder sacar adelante los acuerdos de la CNA; estoy cierto que en ese sentido existe el compromiso de parte del presidente Peña Nieto, de apoyar la situación hidráulica de la zona metropolitana, y buscaremos soluciones que no dañen el tejido social de los jaliscienses”, destacó.
De este modo, entre El Zapotillo y El Purgatorio está la opción de presas intermedias que le den a la ciudad un gasto firme de casi 10 m3 por segundo.
Publicado por Agustín del Castillo en 5:43
Ambientalmente no tiene viabilidad, señala investigador de la UdeG; como proyecto turístico o como terrenos está sometido a un centenar de condicionantes ambientales, algunos costosos de cumplir
La inversión de 89 millones de dólares que hizo el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) en el megaproyecto de Chalacatepec, está colgada sobre alfileres, pues se trata de una zona de tal fragilidad ambiental, que el valor inmobiliario se ve fuertemente condicionado, dice el director del Departamento de Estudios sobre Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara, Francisco de Asís Silva Bátiz.
“Existen criterios que no podrían ser cumplidos satisfactoriamente en estos momentos por la falta de información científica y técnica rigurosa sobre los procesos y componentes naturales. Por este motivo resulta prácticamente imposible fundamentar adecuadamente un proyecto turístico que garantice el cumplimiento de todas las normas ambientales generales, y las del POEL [Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tomatlán] en particular. El proyecto no garantizaría cumplir con los principios del desarrollo sustentable y el uso racional de los recursos naturales, así como la supervivencia de especies prioritarias y ecosistemas frágiles en la zona”, advierte en un análisis que hizo a solicitud de MILENIO JALISCO.
Doctor en ciencias, encabezó la elaboración del POEL de la zona. Chalacatepec, que alberga el proyecto popularizado como “Nuevo Cancún” por un dicho del gobernador saliente, Emilio González Márquez, se ubica en la unidad de gestión ambiental (UGA) 101 de ese ordenamiento, con una extensión de 1,080 hectáreas.
“La UGA-101 presenta un alto impacto ambiental debido a los cambios de uso de suelo forestal [selvas] a agricultura y pastizales. Estas características de alto impacto actual y los atributos expuestos durante los talleres sectoriales realizados para la elaboración del POEL, dieron como resultado que la UGA 101 tuviera una alta aptitud turística y un bajo interés para la conservación. Aclarando que esto se refiere estrictamente a la UGA 101, no a las UGA colindantes, como los humedales, los cuales tienen un alto valor para la conservación”.
Esto, porque se ubica “entre dos humedales designados como sitios Ramsar en el año 2008. Los criterios por los cuales estos humedales fueron designados son: la gran extensión de manglar de la Laguna Chalacatepec y la gran importancia de la Laguna Xola-Paramán como sitios de descanso y alimentación de aves migratorias”.Además, es vecina de “una importante playa para anidación de tortugas marinas”.
Esto condiciona fuertemente los desarrollos. Recientemente se presentó una manifestación de impacto ambiental que fue retirada por el promotor. Entonces se carece de permisos. “El proyecto pudiera ser inviable ambientalmente debido a que existen criterios que no pueden ser cumplidos de manera satisfactoria en el corto plazo” (ver recuadro anexo). Son 100 criterios los que se deben cumplir, nada menos.
100 criterios ecológicos a cumplir
1 “Hay un grupo de criterios dónde el argumento fundamental en contra de cualquier proyecto, es que no hay investigación ni datos objetivos para garantizar que se puedan cumplir […] como son los referidos a la integridad funcional de los ecosistemas, mantenimiento de los flujos hídricos, procesos ecológicos y oceanográficos, interacciones entre tierra y agua; y por tanto se requiere realizar investigaciones detalladas y rigurosas que implican plazos largos y recursos financieros importantes”
2 “En otros casos, el financiamiento necesario para cumplir apropiadamente los criterios es muy alto, y esto hace sospechar que los promoventes intentarían dar rodeos o incumplirlos […] se hace necesario someterlos a un escrutinio riguroso”. Casos: tratamiento de las aguas residuales, evitar que los contaminantes tóxicos lleguen a los cuerpos de agua, los planes de restauración por colindar con los sitios Ramsar
3 “Un tercer grupo implica una observancia rigurosa de la norma debido a sus posibles efectos negativos sobre las especies prioritarias y ecosistemas frágiles, pero no implican un costo grande para su cumplimiento. En estos casos es indispensable una vigilancia estricta”
Publicado por Agustín del Castillo en 7:15
Etiquetas: costa de Jalisco, desarrollo turístico, gobierno, servicios ambientales, sitios Ramsar
Presa El Zapotillo no inundará Temacapulín, anuncia Aristóteles
El mandatario electo señala que no tienen por qué ser los habitantes de la entidad los que paguen el costo del megaproyecto
El gobernador electo de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, anunció ayer por la tarde, en su cuenta de Twitter, la cancelación del proyecto de la presa El Zapotillo con cortina a 105 metros de altura, lo que significa el regreso del proyecto de mediados de 2007, con apenas 80 metros de altura, que evitará la inundación de Temacapulín.
“Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”, señaló en su cuenta de Twitter @AristotelesSD.
El futuro mandatario dio de este modo, lacónico, salida a la polémica reabierta ayer, cuando el nuevo director del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Elías Chedid Abraham, señaló: “Si el gobernador electo cambia la posición y la presenta oficialmente a la CNA, seremos respetuosos de ésta porque la comisión va en apoyo de las necesidades que tiene Jalisco y Guanajuato, para mayor agua potable a sus comunidades […] pero si se construye la presa baja [25 metros menos] se pierden 400 millones de metros cúbicos, que son tres metros cúbicos por segundo que difícilmente va a poder aprovechar Jalisco”.
Ayer por la mañana, Chedid Abraham detalló el caso en los micrófonos de MILENIO RADIO Jalisco.
“No es la intención de CNA que esto se genere como un conflicto, yo le daría mi punto de vista técnico: en esta cuenca en que el estado de Jalisco ha peleado el agua de Los Altos de Jalisco y para la zona metropolitana de Guadalajara; es una cuenca tan demandada y tan compartida, que lo mejor sería aprovechar el total del caudal; le doy un dato técnico: entre la presa baja y la presa alta son de 400 a 450 millones de metros cúbicos de diferencia en capacidad, lo cual significa de tres a 3.5 m3 de caudal; o sea, ir por la presa baja significa perder un caudal que difícilmente puede recuperarse en el futuro en una presa, cuando se lleva 24 años peleando el caudal de parte del gobierno de Jalisco”.
— ¿Si Jalisco renuncia a la presa elevada sería costoso económicamente?
— Tener una presa de 80 metros e incrementarse en 25 nos da una ventaja muy importante en comparación con construir una presa nueva […] desde el punto de vista financiero es muy adecuado y desde el punto de vista técnico es muy adecuado, claro que pasa por lo social y lo social lo tiene que resolver el gobierno del estado que tomará una determinación de ir por el caudal total y la reubicación de los pueblos, o una decisión diferente.
Integrantes del equipo de transición de Aristóteles Sandoval Díaz confirmaron a este diario que la declaración del mandatario electo no es un impulso ni ocurrencia, sino fruto de un debate cuidadosamente llevado al interior del grupo que establece los parámetros sobre los que se regirá el nuevo gobierno.
“Se sopesó el tema del conflicto y el costo que podría significar para el gobierno entrante, además de que se ha discutido largamente lo relativo a la transversalidad del tema ambiental en la agenda de gobierno”, comentó un integrante de ese cuerpo colegiado, que pidió anonimato.
Si se confirma el descenso de 25 metros en la cortina, al proyecto anterior a agosto de 2007, el embalse artificial contendrá hasta 411.6 millones de metros cúbicos, menos de la mitad del proyecto actual.
- Si se cancela la presa de 105 metros a una de 80 metros, que era el proyecto original de 2005, las diferencias son las siguientes:
- Altura de cortina, 25 metros menos, de 105 a 80; almacenamiento, 449 millones de metros cúbicos menos, de 860 a 411 millones de m3; área de inundación, mil hectáreas menos, de 3,300 a 2,300 ha.
- El proyecto vigente provee un gasto firme de 8.9 m3 por segundo, que incluyen 3.8 m3 para León, 1.8 m3 para catorce municipios de Los Altos y 3.3 m3 para la zona conurbada de Guadalajara.
- El proyecto reducido abastecerá con 3.9 metros cúbicos por segundo a la ciudad de León, Guanajuato, y 2.2 m3 para 14 centros urbanos alteños, entre los que destacan Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Yahualica, San Miguel el Alto, Unión de San Antonio y Cañadas de Obregón.
- Para crear el vaso se reubicarán las localidades de Acasico, con 150 habitantes, y Palmarejo con 56 habitantes; mientras que Temacapulín se protegerá mediante la construcción de dos diques.
Publicado por Agustín del Castillo en 5:50
Etiquetas: Agua, derechos humanos, Los Altos, río Verde
Dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos advierte sobre nuevas violaciones de derechos sociales y ambientales en los proyectos en marcha
Un histórico sobre el desplazamiento de pobladores para edificar megapresas en el territorio mexicano, que parte del año 1936 y culmina en 2006, revela el desplazamiento de al menos 185 mil habitantes cuyos pueblos originales fueron inundados sin reconocerles derechos, lo que derivó en muchos casos en la destrucción de sus comunidades y la depauperación de sus economías locales.
Es parte del dictamen final de la preaudiencia “sobre presas, derechos de los pueblos e impunidad, mesa de devastación ambiental y derechos de los pueblos”, del Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), emitido en diciembre pasado. En el documento se analizan cinco casos de presas en proyecto, uno de un embalse en construcción (El Zapotillo), dos de presas en operación y tres de proyectos asociados. El fallo definitivo lo hará el TPP en el año 2014.
“En el registro de la Comisión Nacional del Agua se establece que existen actualmente alrededor de 4,200 presas. De acuerdo con su uso principal –algunas son multipropósito– las más grandes pueden agruparse de la siguiente manera: 582 para riego, 42 para generación de electricidad, 38 para suministro de agua potable, 30 para el control de cauces y trece para usos recreativos y piscícolas”.
Hasta 2017 “se plantea construir otros treinta proyectos que se encuentran en diferentes etapas: identificación, gran visión, prefactibilidad, factibilidad y diseño, así como proyectos de ampliación y modernización”. En el caso de Jalisco, además de La Yesca, se incluyen otros cinco proyectos de hidroeléctricas: San Cristóbal, Arroyo Hondo, Mascota Corrinchis, Aguaprieta y Amuchiltitle.
Los 185 mil desplazados “corresponden al período de 1936 a 2006 y constituye un aproximado considerando que en el país no existe un registro de desalojados ni una definición univoca de afectados”.
Con base en los expedientes, testimonios y pruebas presentados en el marco de la preaudiencia, “concluimos que existe una sistemática violación de los derechos humanos de las personas y comunidades donde los proyectos de presas para generación de electricidad, riego, agua potable, control inundaciones, han sido realizados, se están construyendo o están en planeación”.
Desde la posición del Estado mexicano “suele asociarse la construcción de presas con ideas como desarrollo, crecimiento económico o bienestar general, así como con los beneficios que genera la inversión pública y privada en materia de empleos y ocupación de la mano de obra local. Ello da fundamento al argumento legal de que son obras de utilidad pública e interés nacional, por lo que se justifica la expropiación y afectación de la propiedad rural, principalmente de origen social como los ejidos y las comunidades indígenas”.
Sin embargo, “se puede observar que el problema es más complejo. Más allá del bienestar general y derecho al desarrollo de los pueblos, lo que se observa con la construcción de presas es la existencia de una serie de intereses económicos y políticos asociados. Por un lado están los principales beneficiados con las presas: las élites económicas nacionales y transnacionales que impulsan inversiones inmobiliarias y turísticas, así como cultivos de exportación e industrias que requieren de altos consumos de agua y energía”.
La obra hidráulica “es el medio para valorizar sus inversiones: con el argumento de la utilidad pública se justifica la afectación de los territorios indígenas y campesinos. Ello se traduce en el control y apropiación privada de recursos naturales estratégicos como el agua, el suelo y la energía”.
El agua, vista de ese modo, “es un componente clave de un modelo de desarrollo poco preocupado por lograr el bienestar de la gran mayoría de mexicanos, ya que se basa en una economía orientada a las exportaciones y mercado global, que busca satisfacer los acuerdos comerciales y de inversión extranjera, a través de la desregulación y el crecimiento ilimitado, sin considerar los altos costos sociales y ambientales que genera”, concluye el documento (se puede leer completo en http://www.maderasdelpueblo.org.mx/dictamen-final-pre-audiencia-presas-derechos-de-los-pueblos-e-impunidad-favor-de-difundir).
Mañana se ventila caso Temaca en la SCJN
La controversia constitucional interpuesta por el municipio de Cañadas de Obregón en contra de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y del gobierno de Jalisco, por la edificación sin licencia municipal de la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros de altura, será revisada mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El 8 de enero de 2013, el ministro José Fernando Franco González Salas emitió el auto en la controversia constitucional 69/2012 donde se tiene por confirmada la admisión de dicha controversia –según resolución del 3 de octubre de 2012 dictada por la Segunda Sala de la SCJN–, con lo que el gobierno de Emilio González Márquez perdió el recurso de reclamación 39/2012 en el que pedía que no se admitiera la controversia”, dijo el integrante del Colectivo de Abogados (Coa), Guadalupe Espinoza Sauceda.
De este modo, “se va a ir al fondo del asunto; este miércoles la Corte tiene listada la sesión en el recurso de reclamación 42/2012 contra la negativa de la suspensión de la presa El Zapotillo, esperemos se otorgue la suspensión”.
Si se otorga la suspensión, el efecto será que se deben detener las obras de edificación que actualmente realiza la constructora Peninsular en la barranca del río Verde.
Publicado por Agustín del Castillo en 5:44
Etiquetas: Agua, campesinos, derechos humanos, desarrollo social, obras públicas, POLÍTICA
La Comisión Nacional del Agua (CNA) pretende mantener en ejecución la edificación de la cortina de El Zapotillo a 105 metros de altura, con la consecuente inundación de Temacapulín, pero deja en manos de la nueva Administración de Jalisco la revisión de las características de la obra y un eventual cambio a la baja, que traería resultados sobre todo el proyecto de abastecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara, dijo ayer el director del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico, José Elías Chedid Abraham.
“Si el gobernador electo cambia la posición y la presenta oficialmente a la CNA, seremos respetuosos de ésta porque la comisión va en apoyo de las necesidades que tiene Jalisco y Guanajuato, para mayor agua potable a sus comunidades […] pero si se construye la presa baja [25 metros menos] se pierden 400 millones de metros cúbicos, que son tres metros cúbicos por segundo que difícilmente va a poder aprovechar Jalisco”, sostuvo, en la primera conferencia de prensa al frente de la institución.
No obstante, continúa la ejecución de El Zapotillo con un diseño de cortina de 105 metros de altura y un almacenamiento de 911 millones de metros cúbicos; la obra presenta un avance de 54.3 por ciento. Hay alternativas como la misma presa de Arcediano, pero su alto costo dificultará que sea realizable pronto.
También aseguró que la segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara sólo es aceptable para manejar la extracción anual de 240 millones de metros cúbicos del lago de Chapala, a que tiene derecho la capital de Jalisco desde hace más de 20 años.
“Es muy clara la posición de la CNA, no hay un metro cúbico más de agua de Chapala porque el lago no puede dar para más, y su extracción sería conforme al Acuerdo de Distribución de Aguas Superficiales. De presentarse el caso, la CNA apoyaría con recursos federales el proyecto, siempre y cuando esté resuelto el problema social con los presidentes municipales de la ribera y con la población”, dijo.
Chedid Abraham destacó el compromiso presidencial en culminar el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala, que se financiará con un fondo mixto que involucra a los estados, además del gobierno federal; ya se tiene listo el convenio para una tercera etapa, que demandará cerca de 7 mil millones de pesos para su ejecución y que cumplirá con la infraestructura para tratar todas las aguas negras.
“El tema de saneamiento no sólo pasa por la construcción de las obras; tenemos que trabajar en mecanismos de estímulos y de fomento para operar las plantas que hoy están abandonadas, para mejorar las que hoy están operando con un déficit operativo; y para las que se construyan nuevas tengan garantizada su operación y mantenimiento los siguientes años”.
Publicado por Agustín del Castillo en 5:31
Etiquetas: Agua, CNA, cuenca Lerma, lago de Chapala, Los Altos, río Lerma, río Verde, SIAPA, zona conurbada de Guadalajara
Dueños de bosque de Jalisco demandan 23 tantos más presupuesto
La FEPR pide reasignar 129 millones de pesos al área forestal. No obstante, la reasignación, a la que se agregan 115 mdp solicitados para equipo de combate de incendio, es menos de 0.5% del gasto estatal. En la foto, un puma en la selva costera de Jalisco
Los bosques de Jalisco son vitales para el sostenimiento de la sociedad humana, y el gobierno del estado debe mandar un mensaje claro a sus dueños de que le interesa su preservación, lo cual pasa por una urgente reasignación de 129 millones de pesos a las áreas forestales en 2013, aparte del recurso ya asignado.
Este es el planteamiento de los parvifundistas integrantes de la Federación Estatal de Propietarios Rurales (FEPR), cuyo presidente, el ex diputado Julián Orozco González, hizo llegar al gobernador electo, Aristóteles Sandoval Díaz, y al presidente de la mayoría priista en el Congreso local, Miguel Castro Reynoso, en una carta de tres hojas que fue recibida en el Legislativo el pasado 14 de enero.
El documento señala que al sumarse a once millones de pesos ya asignados, se podrá contar con 140 millones de pesos para distribuir del siguiente modo: 85 millones de pesos en combate a incendios forestales, 25 millones de pesos a sanidad forestal y proyectos del Fideicomiso Promotor del Desarrollo Forestal (Fiprodefo), 20 millones a reforestación y diez millones a vida silvestre, inspección y vigilancia y apoyo a unidades de manejo ambiental (umas).
Además, insiste en la propuesta de destinar otros nueve millones de dólares (unos 115 millones de pesos) en la compra de unidades aéreas para un equipo permanente de combate de fuego (MILENIO JALISCO, 16 de noviembre de 2012).
Así, se tendría un recurso integral de 255 millones de pesos por parte del estado para los bosques, lo cual, si bien significa crecer más de 2,300 por ciento el gasto programado, apenas representa poco menos de medio punto porcentual del gasto del Ejecutivo, que rebasa 76 mil millones de pesos.
De esta manera, se busca dotar al área forestal del gobierno del estado, en la Secretaría de Desarrollo Rural, “de capacidad operativa para hacer frente a los incendios forestales, construyendo quince torres de avistamiento, reacondicionando las actuales y equipándolas, la adquisición de vehículos y herramientas, así como inversión en la Academia de Brigadistas”, señala el documento.
Se busca que el Fideicomiso Promotor del Desarrollo Forestal (Fiprodefo) “rescate el huerto semillero que se encuentra abandonado y que se formó con árboles plus. El mismo Fiprodefo deberá, con la asignación de presupuestos, entrar de lleno a la detección de plagas como son los coleópteros que están causando grandes estragos y el muérdago, entre otros”.
En Vida Silvestre “deberá canalizarse el presupuesto al monitoreo de la vida silvestre y el estudio de las condiciones que se encuentra con la lamentable presencia del crimen organizado”. Los dueños de ranchos los han abandonado o van esporádicamente, siempre con temor a ser secuestrados, vejados o peor aún asesinados cruelmente para ser despojados de sus ranchos, vehículos o pertenencias.
“¿Qué pasará con la Fauna Silvestre? ¿Qué pasará con los venados?; muchos creen que el número de venados y la fauna en general se va a incrementar mucho [por el abandono] y cada año habrá más venados, más pecaríes y más fauna menor. Lo cierto es que, sin la mano del hombre y sin el cuidado de los propietarios de los ranchos, que se preocupaban por mantener en buen estado los bordos y tanques, de proveerles el agua a los bebederos artificiales que se repartían por todo el terreno del rancho y de suplementarlos en las secas y el invierno con maíz o alimento en pellets que les ayudaba con proteína, fibra, energía y minerales, la densidad de venados por kilómetro cuadrado va a bajar considerablemente y en algunos lugares desaparecerán o los nativos incursionaran en los ranchos para cazar ilegalmente”. Por ello, que el estado evalúe, proponga y proteja a ranchos y umas.
Con la asignación de ese presupuesto, “los propietarios rurales buscan que se analice la operación de los cazadores en Jalisco y se promueva la cultura de la cacería deportiva, legal, ética y responsable como una actividad honrosa y valiosa”.
Un árbol promedio absorbe diariamente 1.8 kilogramos de bióxido de carbono y libera 1.32 kg de oxígeno
De 50% a 70% del agua de las lluvias es capturada en los bosques e inyectada al subsuelo, de donde regresa como manantiales, arroyos y ríos, o bien, evotranspirada para mejorar el clima local y regional
Los incendios forestales dañaron en Jalisco 110 mil hectáreas durante los últimos seis años
Se calcula que en Guadalajara, las enfermedades cardiovasculares se elevan en la medida que hay más días con temperaturas de 32.4 grados centígrados
FUENTE: FEPR de Jalisco
Publicado por Agustín del Castillo en 16:28
Etiquetas: biodiversidad, bosques de Jalisco, gobierno, POLÍTICA, servicios ambientales
Los deudores de gobierno provocan falta de liquidez a Ipejal
Gobiernos y organismos desviaron cuotas a otros gastos, lo cual ha generado una crisis que podría minar las fortalezas del Instituto de Pensiones de Jalisco
Con una cartera de deudas por 1,744.5 millones de pesos, el Instituto de Pensiones del estado de Jalisco (Ipejal) atraviesa por su crisis más severa desde el 2009, cuando fue modificado su régimen jurídico para prestar de forma irrestricta a todos sus afiliados, señala el titular del organismo estatal, Salvador Sánchez Guerrero.
No obstante, si se considera que el patrimonio y los activos del organismo superan 23,540 millones de pesos, el efecto de esas deudas sin cobrar se reduce a problemas inmediatos de liquidez, que no por eso deja de preocupar, sobre todo, porque la Secretaría de Finanzas (que también paga las cuentas de Educación) estaría en riesgo de caer en insolvencia frente al Ipejal, lo que significa un problema para cerca de 75 mil de los 120 mil afiliados del organismo. Por hoy su estatus es “en cobranza administrativa” y no propiamente deudor moroso, lo que ocurre al dejar de pagar por seis quincenas (lleva cuatro).
Sánchez Guerrero es optimista. Dice que el hecho de que Guadalajara, con más de 10 mil empleados, ya haya firmado convenio y vaya a resolver su adeudo a 30 meses (ver recuadro anexo) es señal de que los problemas podrían quedar en vías de solución antes de que termine la administración saliente.
“Tenemos la promesa de Finanzas de que se pondrán al corriente pronto”, pone en relieve. A las seis quincenas de no pago es cuando los entes ya son emplazados como deudores, lo que afecta a sus trabajadores afiliados que buscan nuevos préstamos.
98 por ciento de los afiliados tienen algún crédito en Pensiones. Eso lleva a que la recuperación de dinero de los empréstitos sea a más velocidad que la entrada de aportaciones, pero el fondo puede tener problemas y descapitalizarse en caso de que se suspendan pagos, pues tanto las aportaciones como los pagos a cuenta de los préstamos los retiene el patrón; en el grueso de los casos de esta crisis, han sido desviados a gasto corriente u otras “prioridades”, en detrimento de los trabajadores que cumplen con su parte.
En condiciones normales, es una bolsa superior a 2,500 millones de pesos pero por la que pasan por año más de dos veces ese recurso, lo que le da el carácter de fondo revolvente y explica su gran éxito.
Antes de mediados de 2012, la deuda en esta área era de 400 millones de pesos, y a finales del año se disparó. “Como de lo que yo cobro es de lo que yo presto, el problema es la disposición de flujo para los créditos, porque de repente me dejó de llegar el pago de las entidades patronales que más aportan; me dejaron de pagar Puerto Vallarta, Tonalá, luego Guadalajara, y al final del año, también dejó de aportar Finanzas, que prácticamente representa más de la mitad de los afiliados”.
- ¿Qué consecuencias tiene, se reduce la bolsa con la cual ustedes pueden dar los créditos?
- Sí, fue lo que nos ocasionó directamente, con la preocupación del regreso del recurso, que eran cantidades comprometedoras, había que hacer un plan de recuperación; por eso, el consejo tomó la decisión, antes de que terminara el año, de que se les suspendieran sus créditos a los trabajadores de esas entidades que debían y no conveniaban (sic), porque no estaban pagando; eso nos ha dado como resultado que se han ido recuperando los adeudos, de tal forma que queremos pensar que si todo sale bien, quizás en este mes estemos en condiciones de haber abatido el crecimiento que tuvo la cartera todo el año pasado.
Es decir, todos los que ya rebasan seis quincenas sin aportaciones, y “aparte el Ejecutivo, estarían poniéndose a mano, de manera que nos estaríamos quedando con una deuda de 100 millones de pesos sin convenio, que son de los municipios que no han podido porque no tienen recursos y le han batallado”.
- Una vez firmado el convenio, ¿los trabajadores podrán volver a solicitar sus créditos?
- Inmediatamente, en cuanto lo firma la entidad patronal, se abre nuevamente la posibilidad de crédito para los trabajadores. Es el caso del DIF Guadalajara, del Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, el Sistecozome, el Code Jalisco, el Iprovipe, el Congreso del estado, y Guadalajara; son los que tienen convenio firmado y que están cumpliendo nuevamente con sus pagos.
En el caso de Finanzas y Educación, lo que sucede al tener cuatro quincenas de atraso en pagos, es que el primer nivel del organigrama, los que más ganan, tienen suspendida la posibilidad de préstamos, mas no el resto de los trabajadores.
Esta deuda general de flujo “no le afecta ni a los jubilados ni a la operación, realmente el problema es de liquidez, no puedes tener una cartera tan alta en tan corto tiempo […] la gran ventaja del sistema de Pensiones es que la entidad pública patronal se encarga de cobrarle al trabajador, y eso abarata el sistema, le da eficiencia y lo garantiza, pero resulta que esa gran fortaleza se convirtió en un riesgo y si hoy se supera, podremos garantizar mantener ese esquema ventajoso al trabajador, pero evitando que las entidades de gobierno tomen recursos de pensiones para su gasto corriente u otros compromisos”.
El director destaca que una crisis de este tipo no había enfrentado el Ipejal, que tiene más de 60 años.
“En el pasado, si tú querías tener un crédito tenías que participar en un sorteo, había tres o cuatro al año, y un cierto número de créditos; desde 2009, Pensiones le da crédito a todo el que lo pide”.
Un síntoma de la crisis financiera de estados y municipios es la falta de pago de aportaciones Pensiones del estado. Pero mientras el grueso del problema se dispara a mediados de 2012 y está en negociaciones, hay diversas entidades cuyos problemas de liquidez son más viejos y problemáticos.
Dos casos emblemáticos son Puerto Vallarta y Tonalá, cuyos problemas de recursos cumplen ya varios años. El municipio del litoral cumple 61 quincenas sin pagar aportaciones, Tonalá, 71 quincenas. Pero hay más ayuntamientos: El municipio de Tuxpan tiene 40 quincenas, y el deudor de más tiempo es Gómez Farías, con 105 quincenas.
Las negociaciones varían. Guadalajara, que llegó a sumar 16 quincenas sin pagar (ocho meses), se ha comprometido a pagar un recurso cercano a 72 millones de pesos mensuales para ponerse al corriente en 30 meses. Esto significa unos doce millones de pesos mensuales extra a los que aportaría en caso de no tener deuda.
Chalacatepec y Villa Panamericana,
sin riesgo de pérdidas para Ipejal
Ni los más de mil millones de pesos invertidos en el proyecto turístico de Chalacatepec, en Tomatlán, ni los cerca de 340 millones aportados para la edificación de la Villa Panamericana son recursos en riesgo, advierte el titular del Instituto de Pensiones del estado de Jalisco (Ipejal), Salvador Sánchez Guerrero.
El funcionario destaca que hay alrededor de 7 mil millones de pesos en este tipo de inversiones, y que han sido históricamente muy sólidas para el Ipejal porque le han brindado utilidades superiores y sólidas.
“Creo que el dato que nos puede dar criterio en el tema es cuánto tenemos en inversiones inmobiliarias, porque la villa y Chalacatepec son sólo dos […] tenemos otros terrenos que valen más que la villa, inversiones en tierra, por ejemplo, tenemos el terreno de El Manglar, en Puerto Vallarta, que es la última reserva que hay en playa”, señala.
Las inversiones inmobiliarias pueden estar en tierra, a mediano y largo plazo. “Ya están ahí y a lo mejor en cinco o diez años, a la hora que se venda esa inversión se reditúe un ingreso y una tasa muy interesante para pensiones, generalmente la tierra da una ganancia importante a las instituciones financieras, por el tema de la plusvalía, que al desarrollarse un inmueble, se va para arriba”.
El Ipejal tiene un inventario de más de 200 inmuebles. Hay desde lotes hasta desarrollos. Un ejemplo es el caso de Rinconada de los Fresnos, que ya tiene tres años y se han vendido 90 por ciento de los lotes: “Pensiones está recibiendo tasas arriba de 15 por ciento en el punto de retorno de la inversión, que no se da en ninguna inversión, o al menos no es habitual del sistema financiero mexicano”.
- Muchos políticos han criticado la inversión en Chalacatepec porque supuestamente es de alto riesgo…
- Pero es en terrenos, no de riesgo; por eso digo que todo el dinero que los ciudadanos ahorran, está respaldado por garantías; los bancos tienen tierras o bienes, no hay otra forma de garantizar recursos mas que con eso, o en contratos que serían algo más etéreo, pero el dinero que tiene el ciudadano común en bancos, atrás de ahí hay tierra o un edificio o tiene un contrato, no hay de otra; la única diferencia es que el ciudadano habitual no sabe dónde está y el trabajador de Pensiones sí sabe dónde está su dinero.
Pensiones es dueño de 48.5 por ciento del desarrollo de Chalacatepec, que se espera dé ganancias entre 2020 y 2022. En el caso de la Villa Panamericana, hizo una compra directa con una tasa de retorno de 15 por ciento. “No hay riesgos para nosotros, pase lo que pase con la villa, tenemos un contrato y la constructora nos lo debe cumplir, más allá del destino que se determine para la zona”.
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Eso le notificó el contralor en diciembre; la nueva respuesta se entregó el 17 de enero y será valorada de nuevo para determinar si es satisfactoria
Habían pasado 50 días de la recepción del documento de respuesta definitiva a las 17 observaciones de la auditoría hecha al almacén y las adquisiciones del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), cuando la Contraloría le dijo al organismo, el 14 de diciembre de 2012, que sólo había respondido satisfactoriamente a dos de las observaciones.
La historia es como sigue: la notificación formal de la auditoría terminada fue el 31 de agosto de 2012. A partir de esa fecha, corrió el término de 15 días hábiles para solventar, los que se cumplieron el 26 de septiembre. De entonces partió un segundo periodo de 15 días, “improrrogable”, que otorgó la Contraloría, para la respuesta del pliego de observaciones, que se emitió el 24 de octubre por el CAPECE.
A los 50 días, el 14 de diciembre, el contralor del estado, Francisco Xavier Trueba Pérez, le dijo al titular del CAPECE, Salvador Uribe Avín:
“En relación con su oficio DGC/DA/F-0607/2012, de fecha 24 de octubre de 2012, con que remitió a esta Contraloría del Estado la documentación e información correspondiente a la solventación de dos observaciones de 17 determinadas respecto de la auditoría practicada, […] una vez analizada y valorada se determinó el resultado…”. Y señala que sólo se resolvieron las dudas de las observaciones 1.5 y 1.10, lo que dejaba 15 pendientes (oficio de la Contraloría DGP/4106/2012).
Por ello, el contralor solicitó la solventación de lo faltante en diez días hábiles, lo que incluye “las constancias documentales que acrediten la resolución del [o los] procedimiento [s] de responsabilidad administrativa a los presuntos responsables por actos u omisiones de los servidores públicos”.
El término estaba fijado el 21 de enero de 2013. El CAPECE entregó su respuesta el 17 de enero, firmada por Uribe Avín y su director jurídico, Roberto Esteban Pérez. “…remito las constancias documentales con las que se acreditan la instauración y avocamiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados [sic] en contra de los servidores públicos Daniel Hernández Aguirre, Ruth Evelia Mojarro Robles, José María de Alba Cerna y Roberto Esteban Pérez, así como de los ex servidores públicos Emmanuel Sandoval Barbosa, Ramiro Alejandro Fernández Gutiérrez, José Carranza Rosales e Ignacio Alejandro Pérez de Alba”, dice el documento.
No hay procedimiento contra Uribe Avín, debido a que la observación 1.10, relativa a la inversión para el programa Stock Renovemos Nuestra Escuela, en que se le señalaba por retrasar la adjudicación, fue satisfactoriamente aclarada, según la Contraloría.
La otra observación solventada es la 1.5, relativa a los 63 pizarrones del proveedor José Gómez, pero se ignora el sentido de esa aclaración.
Los procedimientos de responsabilidad fueron presuntamente acordados el 26 de octubre y el 15 de noviembre de 2012, pero las notificaciones a los supuestos responsables se hicieron apenas hace diez días, lo que hace que sean procesos en primera etapa y que no hayan derivado en ninguna sanción firme o exoneración.
La Contraloría del estado acreditó, en la auditoría practicada entre julio y agosto de 2012, en la que se concentran expedientes de 11 meses de trabajo de las áreas de almacén y adquisiciones del CAPECE, un posible daño patrimonial por hasta 62 millones de pesos.
Lo más grave, entre lo detectado en el ejercicio: inventarios de almacén que no corresponden a las existencias físicas, falta de evidencia documental del levantamiento de los mismos inventarios, compras a sobreprecio, adjudicaciones directas irregulares, muestreos de adquisiciones específicas en que los productos comprados no ingresan, pago de facturas sin recibo de mercancías y pólizas de fianzas apócrifas, éstas por más de 69 millones de pesos.
El monto total observado, de 61 millones 992 mil 86 pesos, se desglosa entre almacén y adquisiciones:
5 MILLONES 774,399 pesos corresponden a la diferencia entre el inventario llamado y el importe de almacén de mobiliario y equipo en estados financieros
19 MILLONES 366,834 pesos faltan al analizar las diferencias entre el listado de existencias en el almacén del último día de 2011 y el inventario físico levantado el 2 de enero de 2012
2 MILLONES 142,798 pesos por el faltante de 3,999 artículos
23 MILLONES 636,914 pesos por la adjudicación directa e irregular de 7 mil campanas y 533,650 loncheras a cuatro firmas pertenecientes a la familia Orozco Michel
8 MILLONES 332,170 pesos por otras 25 adquisiciones de artículos que se compraron a cuatro proveedores, pagadas entre el 16 y 19 de diciembre de 2011, “sin evidencia documental de entrada al almacén de los artículos comprados”.
2 MILLONES 738,971 pesos por adquisición a sobreprecio de 18,672 artículos
Fuente: oficio DGP/2632/2012, Contraloría del estado
Publicado por Agustín del Castillo en 4:45
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La Contraloría aclara, pero su explicación deja huecos
El organismo asegura que los plazos otorgados al comité de construcción de escuelas para contestar su auditoría son los legales, pero faltan piezas. En octubre, el CAPECE acordó sancionar funcionarios como cumplimiento de la exigencia de la auditoría, pero les notificó del proceso... tres meses después
La notificación que hizo la Contraloría del estado al Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), fechada el 19 de diciembre de 2012, no fue del documento principal de la auditoría en que se le señalan casi 62 millones de pesos en observaciones, sino de “un oficio de seguimiento” que estableció diez días hábiles para su respuesta, plazo que venció el pasado 21 de enero.
Con esta afirmación, que hizo la dependencia a través de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, trató de precisar que no se han dado plazos excedidos ni tratamiento especial al organismo constructor de escuelas para que solvente las observaciones. Pero mantuvo sin cubrir muchas interrogantes.
“Respecto de dicha aseveración, se precisa que el oficio al que hizo mención [en entrevista con MILENIO RADIO] el director general jurídico del órgano estatal de control [Juan Manuel Laureano Muratalla], con el número DGP/4106/2012, de fecha 14 de diciembre de 2012, notificado al director de CAPECE el día 19 del mismo mes y año, se le concedió un término de 10 días hábiles para que remitiera a la Contraloría la documentación mediante la cual fueron solventados las observaciones respectivas, de lo cual es importante destacar que se trata de un oficio de seguimiento”, dice la misiva.
En cuanto a la auditoría, abunda: “este oficio, efectivamente, fue notificado al director del CAPECE el día 31 de agosto de 2012, con el que se comunicó los resultados de la auditoría practicada, otorgando plazo de 15 días hábiles para proceder a la aclaración y/o solventación de las observaciones de mérito”, e insiste: “La fecha del 21 de enero corresponde al vencimiento del oficio de seguimiento”, concluye el breve texto.
Pese a esas precisiones, los huecos siguen abiertos.
Los funcionarios que han sido señalados como presuntos responsables de 17 observaciones contenidas en trece capítulos de la auditoría contenida en el oficio DGP/2632/2012 (ver MILENIO JALISCO, 21 de enero de 2013), sólo fueron notificados hasta el 14 de enero pasado, advirtió ayer el abogado José María de Alba Serna, a quien se han imputado tres irregularidades y se desempeña como dirigente del sindicato del CAPECE.
Se trata de un procedimiento administrativo de responsabilidad (en su caso, 17/2012) que fue supuestamente acordado el 17 de octubre de 2012, según copias de oficios del CAPECE sin número ni sellos que le hicieron llegar al indiciado. En el documento de esa fecha, se señala que el 26 de septiembre, el contralor Francisco Xavier Trueba Pérez había otorgado prórroga (solicitud DGC/DA/F-0500/2012) de otros quince días hábiles “improrrogables” para solventar, los cuales se cumplían ese día.
No obstante, esta decisión de abrir el procedimiento quedó en suspenso por casi un mes. El 15 de noviembre siguiente, se “avoca al procedimiento” y se reitera que el señalado tendrá cinco días para responder (ese plazo perentorio también estaba marcado en el primer oficio). De nuevo es un oficio sIn número y sin sellos, pero firmado. No obstante la evidente urgencia, el emplazamiento no se dio… sino el 14 de enero de 2013, es decir, otros dos meses después.
“[…] a mí apenas me notificaron el día 14 de enero de 2013, dándome cinco días para hacer manifestaciones y quince para aportar pruebas […] a lo mejor la Contraloría está hablando de otro expediente, porque de este expediente apenas se notificó y estamos en el periodo probatorio”, dijo De Alba Serna.
A su juicio, el CAPECE y la Contraloría estarían “fabricando” documentos para asegurar que se cumplió con los términos, porque no encuentra lógico que el último plazo de un proceso que arrancó el 31 de agosto apenas venciera el pasado lunes, y que la notificación de su proceso demorara... tres meses.
- Si la Contraloría amplió plazo para solventar observaciones de su auditoría al CAPECE hasta el 17 de octubre de 2012, ¿Por qué las sanciones acordadas de aplicar a los funcionarios involucrados, mediante procedimientos administrativos de responsabilidad, no se notificaron sino tres meses después?
- ¿Qué tipo de “documento de seguimiento” se puede emitir por la Contraloría dos meses después de vencido el plazo “impostergable” ?
- Se ha buscado a Salvador Uribe Avín, director del CAPECE, y no ha querido responder en tres ocasiones aludiendo problemas en la señal de celular
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La Contraloría regala tiempo al CAPECE para responder a anomalías
El ejercicio sobre 11 meses de la gestión de Salvador Uribe Avín, director de la dependencia, no ha sido finiquitado por la tolerancia del órgano auditor. En la foto se aprecia en la portada de la auditoría los sellos de emisión y recepción de la misma, y el plazo de quince días que allí se establece, pero una quincena se hizo cuatro meses y medio
Los 15 días del término legal establecido por la Contraloría del estado en su “informe de resultados de auditoría y cédula de observaciones”, oficio DGP/2632/2012, para que el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) solventara sus observaciones de irregularidades por hasta 62 millones de pesos, arrancaron el 31 de agosto de 2012, pero según la propia Contraloría, apenas concluyeron hace dos días, el 21 de enero de 2013.
Es decir, los 15 días hábiles expresamente establecidos en el documento (ver la imagen anexa) se han convertido en cuatro meses con 21 días naturales (143 días), y si se quitan los asuetos, en 93 días hábiles, sin mayor sorpresa para el director jurídico de la Contraloría, Juan Manuel Laureano Muratalla, quien aseguró ayer en MILENIO RADIO que la notificación del pliego de observaciones al titular del CAPECE, Salvador Uribe Avín, fue el 19 de diciembre de 2012.
Sin embargo, el oficio del informe, que fue dirigido al mismo Uribe Avín con fecha 28 de agosto de 2012, y del que este diario posee una copia, señala expresamente: “Le solicito girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a la aclaración y/o solventación de las observaciones de mérito, para lo cual se le otorga un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, en la inteligencia de que las observaciones que no se puedan aclarar o solventar, se procederá a la aplicación de la corrección y por consecuencia, sanción disciplinaria correspondiente, por las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido los servidores públicos de su adscripción, derivadas de las irregularidades detectadas”.
El oficio tiene el sello de salida de la oficialía de partes de la Contraloría del 30 de agosto de 2012, mientras que el sello de recepción en la oficialía de partes del CAPECE es del 31 de agosto de 2012, a las 11.32 am.
La versión del director jurídico de la Contraloría es que el proceso se alargó porque legalmente eso está previsto.
“La situación es que ese oficio es el resultado de toda la auditoría y en él se determinan observaciones al organismo; ese documento fue notificado al director del CAPECE el día 19 de diciembre, y se le concedieron diez días para que, dentro de ellos, aportara todas las pruebas que fueran necesarias para contestar a este tipo de observaciones”, dijo Laureano Muratalla.
— ¿Ese periodo ya se cumplió?
— Venció el día de ayer (21 de enero) y estamos pendientes en cuanto se empiece a distribuir la correspondencia por la posibilidad de un documento presentado por el organismo.
— ¿Por qué si se terminó este ejercicio en agosto fue hasta diciembre que se le notificó al director del CAPECE?
— Porque se hace una serie de procedimientos internos para ir analizando cada uno de los conceptos que fueron realizados; estas auditorías son muy similares a las que practica el Sistema de Administración Tributaria, y obviamente se les concede para que ellos atiendan, y ya en caso de que no atiendan, la autoridad emite un oficio final, le llamamos nosotros un pliego de observaciones, donde se le da oportunidad a los presuntos de que ofrezcan pruebas después de haber concluido la auditoría.
— Entonces, ¿están ustedes en el proceso de saber cuántas de estas observaciones fueron solventadas?
— Exactamente, por eso no podemos afirmar que todas son ciertas, se tiene que dar oportunidad de defensa a los funcionarios que estén implicados.
Señaló que hay una gran carga de trabajo en la Contraloría porque tiene que examinar a todos los entes públicos del poder Ejecutivo.
- Que el CAPECE conoció formalmente de las observaciones de la Contraloría desde el principio, lo demuestran los oficios donde notifica de procedimientos administrativos contra funcionarios públicos señalados en el oficio DGP/2632/2012, que están fechados en los meses de octubre y noviembre del año pasado
- No obstante, esos procedimientos apenas fueron notificados a los indiciados en el presente mes de enero, lo que lleva a dos posibilidades: que estuvieron “en la congeladora” de dos a tres meses, o que se hicieron hasta este año, pero se simuló una fecha previa para tratar de acreditar el cumplimiento de plazos ante la Contraloría
- El caso de José María de Alba Serna, que ayer fue reseñado en MILENIO JALISCO, ilustra cabalmente esa situación. Existen documentos del procedimiento administrativo de responsabilidad 17/2012 que datan del 17 de octubre y el 15 de noviembre de 2012; sin embargo, el funcionario aludido apenas recibió notificación el pasado 14 de enero
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Cuarta suspensión contra obras del Macrolibramiento
El ejido Cedros, de Ixtlahuacán, ha recibido la protección temporal sobre 24 hectáreas donde ya se realizaban trabajos por Ideal SA
El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo ha otorgado la cuarta suspensión en igual número de juicios de amparo promovidos por núcleos agrarios en contra de las obras del Macrolibramiento de Guadalajara que realiza la constructora Ideal SA, en terrenos de los municipios de Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlajomulco.
En esta ocasión, la medida cautelar favorece al ejido Cedros, que ha logrado la protección no sólo de sus tierras de dotación, sino de derechos ambientales de toda la sociedad, en el marco del juicio 2676/2012, contra actos del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De este modo, el juez se apoyó en el artículo 215 de la Ley de Amparo y concedió al comisariado ejidal “la suspensión de plano de los actos reclamados, esto es, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no sea desposeído del predio de 24 hectáreas […] asimismo se suspenda la construcción, operación y mantenimiento, no se restrinja la vialidad, no se impida el acceso y paso ni se corte el corredor de fauna; se abstenga de realizar cualquier tipo de movimientos catastrales a favor del gobierno federal o de particulares por parte del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, o sobre los acuerdos de ocupación previa; no se realice cambio de uso de suelo y no se destruya la corteza vegetal en el predio de referencia”.
Esto señala la resolución judicial en su página seis. Los ejidatarios se han encargado de que este fin de semana queden suspendidas las obras en la zona, aunque ya comenzaba a dañarse la propiedad, que es contigua al arroyo de Los Sabinos, donde decenas de ahuehuetes centenarios enfrentan el riesgo de que sea destruida su cuenca y se extingan.
El documento, emitido el 15 de enero, precisa que la suspensión no se otorga para efectos de suspender licencias y permisos de construcción, “ya que de conceder dicha medida cautelar en esos términos, se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, toda vez que esa circunstancia es relativa al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio…”.
En el predio contiguo, propiedad del ejido La Capilla, fue amparado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, que concedió “la suspensión de plano” que evita las obras en 360 hectáreas de las tierras ejidales y protege el arroyo.
Hay un tercer amparo, a favor de los derechos de un propietario de la zona, el escultor Jorge de la Peña, que fue interpuesto el 28 de mayo de 2012, se trata de un amparo ambiental con perspectiva de derechos humanos, en el marco de las reformas constitucionales a los artículos 1, 4 y 17, que pretende la protección de la justicia federal para seguir gozando de un ambiente sano y de proteger los servicios ambientales que le provee el arroyo de Los Sabinos como usufructuario de un bien nacional. En ese caso no se otorgó la suspensión, pero el juicio se resolverá en la sentencia.
Tres amparos más
El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de Guadalajara, Luis Alfonso Hernández Núñez, concedió al ejido San Juan Evangelista, de Tlajomulco, la suspensión de plano en el juicio de amparo 147/2012, para que no se realice trabajo alguno en 44 hectáreas, que forman parte del trazo y la servidumbre del macrolibramiento sur.
Una nueva “suspensión de plano” en contra de la construcción fue concedida en favor del ejido Zapotlanejo. El amparo 636/2012 se radicó en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo que definió el 22 de marzo pasado, que en el marco del artículo 233 de la Ley de Amparo, “se concede […] la suspensión de plano, en virtud de que los actos reclamados tienen o pueden tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva, de una superficie de aproximadamente 3.59 hectáreas del ejido”. Esta suspensión ya fue levantada porque el ejido negoció con el centro SCT
La tercera suspensión, de plano la otorgó el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo. Es el amparo 942/2012 a favor del ejido La Capilla, de Ixtlahuacán de los Membrillos, que evita las obras en 360 hectáreas de las tierras ejidales y protege la preservación del arroyo de Los Sabinos.
Publicado por Agustín del Castillo en 5:42
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Contraloría detectó faltantes en CAPECE por $62 millones
Se trata de un ejercicio de auditoría sobre once meses de la gestión de Uribe Avín. Se acreditó de forma clara que se pagaban facturas sin soporte de que los artículos comprados se recibieran en almacén, además de adjudicaciones directas injustificadas y omisiones de control en los trámites.
La Contraloría del estado acreditó, en una auditoría practicada entre julio y agosto de 2012, en la que se concentran expedientes de once meses de trabajo de las áreas de almacén y adquisiciones del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), un posible daño patrimonial por hasta 62 millones de pesos.
Las fallas: inventarios de almacén que no corresponden a las existencias físicas, falta de evidencia documental del levantamiento de los mismos inventarios, compras a sobreprecio, adjudicaciones directas irregulares, muestreos de adquisiciones específicas en que los productos comprados no ingresan, pago de facturas sin recibo de mercancías y pólizas de fianzas apócrifas.
Éstas son las principales irregularidades que se advierten en el oficio DGP/2632/2012; el ejercicio abarca el periodo de trabajo del 1 de junio de 2011 al 30 de abril de 2012, pero los resultados fueron omitidos a la opinión pública por la Contraloría del estado, cuyo titular, Francisco Xavier Trueba Pérez, se limitó a reconocer observaciones “en el tema de loncheras y campanas” en entrevista con este diario (MILENIO JALISCO, 6 de septiembre de 2012).
Al tratarse de una investigación sobre once meses de trabajo del organismo constructor de escuelas, se trata de información parcial y selectiva que sólo arrojaría indicios de lo que ha ocurrido a lo largo de casi seis años de gobierno.
Se intentó localizar al responsable de la Contraloría para las aclaraciones del tema, pero la dirección de Comunicación Social del gobierno del estado señaló dificultades para realizar la entrevista debido a que Trueba Pérez se encuentra trabajando en el proceso de entrega-recepción del gobierno a la Administración que comienza el 1 de marzo próximo.
Según copia del oficio en poder de este diario, el monto total observado, de 61 millones 992,086 pesos, se desglosa entre almacén y adquisiciones. El segundo rubro se detalla en el texto anexo de estas páginas. El primer rubro incluye ocho observaciones:
Primera: 5 millones 774,399 pesos corresponden a la diferencia entre un inventario llamado “listado de existencias por almacén” –actualizado el 31 de diciembre de 2011-, y el “importe de almacén de mobiliario y equipo en estados financieros”, a la misma fecha.
Segunda observación: 19 millones 366,834 pesos son la cantidad faltante al analizar las diferencias entre el listado de existencias en el almacén del último día de 2011 y el inventario físico levantado el 2 de enero de 2012; el documento base reporta 34,620 artículos pero sólo se encontraron 7,360 artículos, por lo que faltaron 27,260 artículos con ese valor reportado.
Tercera observación: “El organismo carece de evidencia documental que describa el levantamiento del inventario físico practicado por personal de CAPECE el día manifestado en la observación anterior, ni documento que avale las acciones emprendidas por la dirección administrativa y la jefatura del almacén para corregir y/o aclarar las diferencias”.
Cuarta observación: “Se determinó un faltante de 3,999 artículos por un monto de 2 millones 142,798 pesos mediante 41 pruebas selectivas realizadas en el procedimiento de verificación de existencias” que se realizó el 18 de julio de 2012 en el almacén del CAPECE. Según el almacén había 7,355 artículos; pero sólo se encontraron 3,356.
Quinta observación: Se encontraron 63 pizarrones del proveedor José Gómez, que no estaban en inventarios y que los responsables del CAPECE han negado su existencia.
Pagos sin mercancía
Sexta observación: “Se identificaron 943 adquisiciones correspondientes a 548,288 artículos faltantes en el almacén, ya que no se encontró evidencia documental de que los proveedores entregaran los artículos en el almacén del CAPECE” (sic).
En esta observación se incluye la adjudicación directa de 7 mil campanas y 533,650 loncheras por un monto de 23 millones 636,914 pesos, en la cual hubo diversas irregularidades: “adjudicación de manera directa, incumpliendo las cláusulas tercera y quinta de los contratos de adquisiciones con recursos estatales al no contar con los respectivos formatos de entrada de almacén […] lo anterior debió ser requisito indispensable para emitir el pago del proveedor, sin embargo, los pagos se realizaron por parte del CAPECE”.
Las facturas respectivas no tienen sello ni firma del personal del organismo, lo cual avalaría la revisión y recepción de los artículos, prueba que refuerza la evidencia de que no fueron recibidos.
Séptima observación: Se encontraron 75 adquisiciones que amparan 29,207 artículos en el almacén, de los cuales sólo se habrían recibido 13,412.
Octava observación: Otras 25 adquisiciones de artículos que se compraron a cuatro proveedores por 8 millones 332,170 pesos, pagadas entre el 16 y 19 de diciembre de 2011, “sin evidencia documental de entrada al almacén de los artículos comprados”.
Sobre este tema, “el licenciado Emmanuel Sandoval Barbosa, jefe de control de almacén de CAPECE, informó por escrito al maestro Daniel Hernández Aguirre, director administrativo del CAPECE, en 24 de estas adquisiciones, que los proveedores no habían entregado los bienes que amparaban las facturas mencionadas”; en consecuencia, dichas facturas “no presentan sello de recepción de mercancía ni firma del empleado del área de almacén que recibió los artículos”.
El 12 de julio de 2012, el mismo jefe de control de almacén informó a los empleados de la Contraloría “que el maestro Daniel Hernández Aguirre […] fue quien ordenó a la licenciada Ruth Evelia Mojarro Robles, contadora del organismo, que pagara las facturas pese a no haber recibido la mercancía”.
- Más anomalías arrojadas por la auditoría al CAPECE tienen que ver con aspectos de las adquisiciones. Abarcan la observación nueve a trece, y se detallan:
- Observación nueve. 58 compras de mobiliario y equipo sin sello de recepción de mercancía en remisión o factura, falta de firmas del personal responsable en la orden de compra, firmas incompletas en los contratos, falta de formato de entrada en los documentos, falta de firmas en los formatos que sí existen, póliza contable sin firmas y falta de firmas en la factura
- Observación diez. El CAPECE no proporcionó evidencia documental “del procedimiento de adquisición del programa StocknRENE/12 [Programa Renovemos Nuestra Escuela]” que se aplicaría previo al ciclo 2012-2013, por 15 millones de pesos, porque hubo la orden “verbal” de la Secretaría de Educación de detenerlo, lo que podría derivar en una nueva adjudicación directa “en detrimento del presupuesto asignado”, dada la urgencia
- Observación once. 216 pólizas de fianzas apócrifas por 69 millones 271,822 pesos de las aseguradoras Chubb de México y Sofiméx; no hay evidencias de denuncias penales contra los proveedores
- Observación doce. No se localizaron las pólizas de dos fianzas de contratos de adquisiciones con números 90095352 y 89545596, consideradas también apócrifas, y que corresponderían a la empresa Fernández Editores
- Observación trece. “Se adquirieron de manera directa y a sobreprecio, 18,672 artículos por un importe de 2 millones 738,971 pesos”, en contradicción con una determinación del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del CAPECE, según acta del 5 de agosto de 2011.
Empresas amigas de Uribe pasan a la ofensiva
Salvador Uribe Avín, director general del CAPECE, ha insistido en que la Contraloría del estado avala su buena actuación al frente del organismo, por lo cual, un grupo de empresas constructoras decidió defenderlo legalmente, al demandar por daño moral a doce denunciantes de las anomalías, además de a MILENIO JALISCO. Los textos de esas demandas llevan con claridad la defensa del funcionario cuestionado y están en fase de integración en tribunales civiles de Jalisco.
“Yo no tengo por qué retirarme, yo tengo un nombramiento del señor gobernador y solamente él cuando me lo pida, pues obviamente en cualquier momento tendré que retirarme. Sin embargo, pues aquí es una situación del posicionamiento que yo tengo, donde considero que no tengo nada que esconder”, dijo Uribe Avín hace cuatro meses. Al funcionario se le buscó ayer y no quiso hacer declaraciones, pues adujo como razón que se encontraba fuera de la ciudad.
Con el respaldo de la resolución que emitió la Contraloría del estado tras auditar al organismo, Uribe Avín señaló que se reservaba el derecho de actuar legalmente ante quienes asegura que lo difamaron.
“No tengo nada que esconder, tan es así que ya se hizo una auditoría. Yo tengo cuatro auditorías anuales, año por año, entonces los órganos oficiales de control que son los acreditados legalmente pues han hecho esas auditorías”, dijo, tras agregar que está dispuesto a que se haga una auditoría más, externa. “Si existen las condiciones legales, adelante, yo no tengo ningún problema”.
Publicado por Agustín del Castillo en 5:10
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Una amplia investigación de Francisco de Asís Silva Bátiz, documenta los costos de cuatro décadas de desarrollismo sobre los humedales prioritarios del litoral del estado de Jalisco
La destrucción de cuatro décadas ha dejado una huella duradera en las cuencas que tributan a siete humedales de la costa de Jalisco, los cuales están registrados en la lista de la convención Ramsar de Naciones Unidas, por ser de conservación prioritaria para el planeta.
Según un estudio histórico realizado con base en imágenes de satélite, “en las seis subcuencas asociadas a los sitios Ramsar estudiados [una la comparten El Chorro y Majahuas], ha existido una gran deforestación, que en algunos casos llega a cubrir hasta más de 50 por ciento de la superficie total de la subcuenca. El promedio de deforestación de las subcuencas asociadas es de 38 por ciento, es decir, aproximadamente 104 mil hectáreas de un total de poco más de 274 mil hectáreas totales de las subcuencas”, dice en su investigación de doctorado Francisco de Asís Silva Bátiz, Jefe del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara.
El documento, del que entregó una copia a este diario, destaca que el compromiso que asume México como firmante de la convención (que lleva el nombre de la ciudad iraní donde se firmó, en 1971) es mantener la funcionalidad de los vasos no sólo desde el aspecto biológico, sino como espacio vital para el desarrollo de comunidades humanas. Pero la situación imperante en la región del litoral de Jalisco, cuya dinámica de pérdida de ecosistemas es la segunda más intensa del país (MILENIO JALISCO, 6 y 8 de junio de 2011), no permite ser demasiado optimista.
La devastación tiene causas políticas y económicas claras: tras siglos de soledad, las selvas y humedales costeros de Jalisco fueron abiertos a la colonización para resolver la presión por la tierra de grupos campesinos de zonas intensamente pobladas del altiplano, con un historial y experiencia ecológicos divergentes del tipo de ecosistemas selváticos. Esto llevó a reproducir modelos de desarrollo que fracasaron, y al final, quedó la ganadería extensiva como base de supervivencia.
A esta presión de décadas se suma el creciente impulso de actividades turísticas y creación de infraestructura, que suelen no ser sostenibles.
“Es fundamental que el nuevo gobierno dé la prioridad que merece a este tema”, destaca el científico, quien ha encabezado en años recientes la elaboración de los ordenamientos ecológicos locales de la zona.
Un mundo de presiones
La costa de Jalisco alberga 21 humedales, entre lagunas costeras y estuarios; “ocho de ellos destacan por su extensión en superficie, por sus características físicas y biológicas, y por la prestación de servicios ambientales a las comunidades locales: laguna Barra de Navidad, en el municipio de Cihuatlán; estero La Manzanilla y estero El Rodeo, en el municipio de La Huerta; la laguna Chalacatepec, laguna Xola-Paramán, estero Majahuas, estero El Chorro y el Sistema lagunar-estuarino Agua Dulce-El Ermitaño, en el municipio de Tomatlán. Estos ocho cuerpos de agua de la costa del estado de Jalisco han sido designados humedales de importancia internacional”. Siete de los ocho actuales sitios Ramsar, excepto El Rodeo (en Chamela Cuixmala) —cuya designación data de 2004—, se declararon en febrero de 2008.
La deforestación estudiada revela “que el principal motor que afecta a los humedales costeros es el cambio de uso del suelo para la realización de actividades agrícolas y ganaderas”.
La subcuenca más deteriorada “es la asociada a la laguna Xola-Paramán, en la cual existe una deforestación del 57 por ciento, seguidas de la subcuenca asociada a la laguna Barra de Navidad [50 por ciento] y la asociada a los estero de El Chorro y Majahuas [47 por ciento]; mientras que la subcuenca menos impactada es la asociada a la laguna Chalacatepec [19 por ciento] seguida a la del estero La Manzanilla [26 por ciento]” (ver gráficos anexos).
Entre los principales problemas ambientales que se han identificado por la deforestación, están “el azolvamiento de los cuerpos de agua —debido al arrastre de sedimentos a la cuenca baja generado por la deforestación—; la pérdida de biodiversidad; la contaminación por agroquímicos y por aguas negras de origen doméstico, y la pérdida de especies comerciales de peces e invertebrados”.
De hecho, “el acelerado deterioro de los humedales costeros se ha visto reflejado en la disminución de la producción pesquera realizada por las cooperativas en los propios cuerpos de agua, y en la disminución de especies comerciales que en algún momento de su ciclo de vida hacen uso de las lagunas costeras y esteros”.
Algunos cuerpos de agua como la laguna Barra de Navidad y el estero La Manzanilla “experimentan actualmente contaminación de sus aguas por coliformes, en niveles muy por encima de los permitidos por las normas ambientales mexicanas vigentes”, señala el documento.
En general, “los siete sitios Ramsar estudiados experimentan un acelerado azolvamiento de sus vasos”, dentro de lo cual se advierte como caso crítico el de la laguna Barra de Navidad “que ha perdido su profundidad de manera importante –alrededor de tres metros–, existiendo algunas zonas en las cuales ya no es posible navegar debido a la poca profundidad”.
Silva Bátiz señala la urgencia de que la autoridad establezca políticas de conservación y desarrollo sostenibles a largo plazo.
“Es impostergable que la nueva Administración estatal conozca la situación crítica de los humedales y el grave deterioro de las subcuencas asociadas y se planteen programas integrales con un enfoque de cuenca”, lo que incluye la restauración de suelos, la reforestación y no incrementar la superficie agropecuaria “sino promover acciones de tecnificación”.
Alerta el académico que de mantenerse las tendencias actuales, “aunado a la falta de acción de la nueva Administración estatal, posiblemente estaremos viviendo, en los próximos diez años, la desaparición” de algunos de estos viejos y frágiles paraísos.
Publicado por Agustín del Castillo en 15:04
Etiquetas: academia, biodiversidad, campesinos, costa de Jalisco, DEFORESTACIÓN, ordenamiento ecológico, pesca, Semades, Semarnat, sitios Ramsar
Crea consejo técnico para influir en la asignación de recursos del organismo en el siguiente gobierno, denuncian la CMIC y el CCIJ
El director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín, ha impulsado la integración del Consejo Técnico para la Infraestructura Física Educativa de Jalisco, asociación civil, para usurpar las atribuciones de las cámaras como entidades de interés público e influir en las licitaciones y adjudicaciones presupuestales del organismo una vez que deje el cargo, el próximo 28 de febrero.
Los empresarios constructores e industriales ven en esta tentativa “la intención de tener una mayor participación y legitimidad en los procesos de licitaciones y adquisiciones del CAPECE en beneficio de los propios integrantes”, según carta dirigida al gobernador del estado, Emilio González Márquez, el pasado 22 de noviembre de 2012.
La tentativa violaría la ley nacional que da sustento a las cámaras como entidades de interés público, y ha llegado al grado de que las empresas asociadas —cercanas a Uribe Avín y que se han beneficiado con asignaciones directas— han solicitado que se les retengan recursos de su cobranza para destinarlos a la consolidación económica de la agrupación, como se hace en el caso de las cámaras, que de este modo financian sus programas de capacitación de empleados, que son obligatorios.
El esfuerzo ha sido de tal modo impulsado por Uribe Avín, que lograron llevar a la toma de protesta del comité directivo al secretario de Educación, Antonio Gloria Morales, lo cual llevó como objetivo dar carácter público al acto protocolario y confundir al sector, añadieron.
El gobernador recibió la misiva de manos de los presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Lorena Limón González, y del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Manuel Herrera Vega, de quienes escuchó una apretada versión del cúmulo de anomalías que se imputan a su colaborador.
Detallan que Uribe Avín “se ha venido desempeñando, lesionando a muchas de las empresas que durante años han venido participando en los procesos de adjudicación”. Destacan en particular esas asignaciones directas a un grupo de empresas de su preferencia, “que pertenecen a amigos del director y hasta funcionarios de la dependencia como en el caso de Constructora ONBA SA, donde el ingeniero Francisco José Ontiveros Balcazar, director de obras de CAPECE, es accionista, caso similar al de constructora Calufra SA, “donde el mismo funcionario es apoderado”.
También subrayan como el hecho más escandaloso “la licitación de siete mil campanas y 550 mil poncheras escolares, ya que dichas licitaciones se declararon desiertas por no cumplir con la calidad y características requeridas por la convocante, […] sin embargo, posteriormente y mediante una simulación, se adjudicaron de manera directa a cuatro empresas relacionadas familiarmente entre sí, a las cuales privilegia el director”; se trata de la familia Orozco Michel.
Además, Uribe “respaldó y avaló la recepción de fianzas apócrifas si llevar a cabo un procedimiento correspondiente para su verificación con las compañías afianzadora”, y ahora “pretende trasladar su responsabilidad a sus subordinados”, concluyen.
Publicado por Agustín del Castillo en 14:56
Etiquetas: corrupción, gobierno, Jalisco, obras públicas
El gobierno “no combate la corrupción en el CAPECE”, se quejan empresarios de Jalisco
La CMIC y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco se unen en el reclamo de transparencia en el organismo constructor de escuelas
Representantes de las cúpulas empresariales en Jalisco denunciaron ayer la falta de acción por parte del Gobierno de Jalisco para investigar y sancionar los actos de corrupción demostrados en el manejo del dinero del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE).
“Se requieren condiciones donde prevalezca el Estado de derecho, el respeto por las instituciones y la libre competencia, y en esa medida, debemos denunciar cualquier acción que no respete las leyes que nos rigen, especialmente las que afectan a los sectores productivos”, dijo el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Manuel Herrera Vega.
En esa lógica se acudió el 22 de noviembre de 2012 al gobernador del estado, Emilio González Márquez, y se le entregó un expediente con las anomalías detectadas en el organismo que dirige Salvador Uribe Avín.
“Esta denuncia se presentó respaldada con hechos, pruebas y denuncias de las empresas ante diferentes instancias legales; denunciamos prácticas como adjudicaciones a sobreprecio, adjudicaciones directas por encima del monto legal, adjudicaciones a empresas ligadas a funcionarios de la dependencia, discrecionalidad y favoritismo; causales inválidos como insolvencia, emergencia, concurso de más de 40 empresas declarados desiertos varias veces, como con las campanas y loncheras; permisivismo (sic) de la instancia de verificación y control, entre otros”, añadió.
La presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Lorena Limón González, dijo que, en una muestra analizada, se demostró que por arriba de 90 por ciento de las obras y adjudicaciones se asignan de forma directa, y que se trata de montos superiores a 270 millones de pesos, pero solamente son datos de una parte del año 2012.
“Las autoridades estatales, ante la contundencia de las pruebas, se comprometieron a dar cauce a las denuncias presentadas por el sector empresarial y proceder en consecuencia y a casi dos meses de esa instancia no se tiene aún respuesta, por lo que hoy se presenta este tema ante la opinión pública; consideramos que no existen condiciones para que el director del CAPECE continúe en su cargo debido a la corrupción y a la pérdida de confianza, por lo cual urgimos a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto, y que impongan sanciones en el caso”, secundó Herrera Vega.
La conferencia de prensa, en la sede de la CMIC, capítulo Jalisco, contó con la presencia de siete ex presidentes del gremio, entre ellos, el ex secretario de Vialidad (1995-2001), Leopoldo Montelongo, y el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), José Luis Macías, quienes respaldaron la denuncia.
Lorena Limón reconoció que en la red de corrupción vigente en el CAPECE hay participación de algunas empresas afiliadas a la cámara que preside, pero del mismo modo se ha perjudicado el trabajo y la sostenibilidad de muchos otros socios de la misma cámara que están marginados de licitaciones y adjudicaciones en buena medida por no prestarse a las conductas ilícitas.
José Luis Macías Godínez, presidente del Comité Consultivo de la CMIC y ex secretario de Desarrollo Urbano, lamentó que no se haya podido remontar el problema grave de la corrupción institucional y que la corrupción no solamente es un problema de empresas y funcionarios, pues está afectando a los ciudadanos que pagan sus impuestos e incluso se pone en riesgo a los niños que reciben clases en espacios defectuosos debido al porcentaje de dinero que reclama la extorsión a los constructores.
Los empresarios pidieron al gobernador electo, Aristóteles Sandoval Díaz, un fuerte compromiso contra la corrupción para evitar que esta estructura delictiva prevalezca durante su Administración, que arranca el 1 de marzo.
1. Constructores acusan al CAPECE por otorgar obra a cambio de “comisiones”, y adjudicarlas directamente al mejor postor.
2. Francisco José Ontiveros Balcázar, director de Obra del CAPECE, entregó a tres empresas constructoras de familiares suyos por más de 28 millones de pesos.
3. Cuatro denuncias criminales contra funcionarios del CAPECE a los que se acusa de extorsión y amenazas de muerte.
4. La adquisición de 550 mil loncheras y siete mil campanas de metal (partidas 102 y 85) realizadas en 2011 por 23.6 millones de pesos, a favor de un solo proveedor, Héctor Orozco, con cuatro firmas distintas.
5. Fianzas apócrifas expedidas a favor de 14 empresas.
6. Planteles del Colegio de Bachilleres en Cuautla, Atemajac de Brizuela e Ixtlahuacán del Río no reciben obra del CAPECE por calidad deficiente.
7. La Secretaría de la Función Pública (SFP) acreditó que el CAPECE alteró la licitación pública nacional 431030002-022-10, incluida la guía de la licitación.
Etiquetas: corrupción, gobierno, Jalisco, obras públicas, POLÍTICA
Las dependencias no le han cumplido a La Primavera
La Conafor es el único organismo que ya ha entregado recursos para la restauración de la zona más afectada; no hay cambio institucional, nuevo programa de manejo, estrategia de prevención de fuego ni responsables.
A casi nueve meses del megaincendio sobre más de 8 mil hectáreas del bosque La Primavera, casi la totalidad de las exigencias y peticiones que hizo a diversas dependencias federales y estatales el entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, no se han cumplido.
De hecho, el único planteamiento observado es la entrega de una primera remesa de recursos para la restauración de las áreas más dañadas, por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), por 7.1 millones de pesos, compromiso que se extenderá por cuatro años más y que en 2013 significa otros 5.8 millones de pesos (MILENIO JALISCO, 16 de noviembre de 2012).
Otro compromiso parcialmente resuelto es la instalación de una cámara de videovigilancia de largo alcance para detectar actividades ilegales. En este caso, la promesa de la Secretaría de Desarrollo Rural fue aplicar 15 millones de pesos en todo un sistema, pero el equipo –una sola cámara- ha costado alrededor de un millón y es inversión de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), instancia que, por cierto, no recibió un peso de presupuesto para el año 2013.
De lo demás, nada se ha reportado.
“He pedido al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas [Conanp] que revise los alcances del convenio con Jalisco [con que se coadministra el bosque], y que asegure la mejor manera de conservar los ecosistemas; tenemos que encontrar entre el gobierno de Jalisco y el federal la mejor manera de financiar la manutención de esta área natural protegida, [...] el titular de Conanp [Luis Fueyo MacDonald] tiene la misión de que proponga el mecanismo financiero al que me refiero, para que se pueda instrumentar antes del término de esta administración”, dijo Calderón Hinojosa en su visita a la base aérea de Zapopan, el 18 de mayo de 2012.
Tal revisión está atorada, reconocen funcionarios. El convenio de coadministración permanece intocado aunque es dudoso que Jalisco lo haya cumplido cabalmente. Además, hay una revisión del programa de manejo cuya consulta pública no ha comenzado.
Lo de fondo, la transformación institucional del organismo tutelar del bosque, tampoco se ha revisado: el planteamiento es abandonar la dirección ejecutiva de un fideicomiso “sin dientes” y transformarla a un organismo público descentralizado o una junta intermunicipal, situación a la que también se comprometió el gobernador Emilio González Márquez. Sigue la misma endeblez institucional: la dirección ejecutiva no puede ejercer actos de autoridad ni otorgar seguridad social a sus trabajadores.
Aquel día, Calderón también destacó la importancia del programa de uso del fuego, “para la prevención, control y combate del fuego, de acuerdo a las características del ecosistema; hay especialistas que se están incorporando a este esfuerzo, como el doctor Enrique Jardel, de la UdeG, y creo que todas las voces incorporadas y que desde hace tiempo están preocupadas por La Primavera son bienvenidas en este esfuerzo”.
No existe tal trabajo, al grado que Enrique Jardel Peláez reconoció que nadie lo ha buscado para trabajarlo.
Tres semanas antes, el ex presidente le pidió a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, ahondar en las causas del siniestro y delimitar alguna responsabilidad criminal, apoyada en el trabajo de la Procuraduría Federal (edición del 27 de abril de 2012). Tampoco hay novedades ante la opinión pública, aunque personal del Ministerio Público ha acudido a esta ciudad a interrogar a diversos actores, incluso el pasado mes de diciembre.
La estatal Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) propuso dar utilidad al centro de educación ambiental de Agua Brava, propiedad estatal en el bosque, que hasta ahora es un elefante blanco y construir allí “el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de Bomberos Forestales”, a un costo de 55 millones de pesos, y que permitirá certificar a los combatientes de incendios de todo el país. El avance es nulo.
Otra propuesta importante del secretario Álvaro García Chávez fue comprar equipo de combate por 22.3 millones de pesos, pero no ha contado con un peso nuevo para avanzar en ese sentido.
Lo cumplido y no
- Conafor ya entregó la primera remesa de recursos para financiar restauración del bosque quemado
- La Proepa gastó parte de sus raquíticos recursos en una cámara de videovigilancia
- No se tienen resultados de las pesquisas que den con responsables institucionales y culpables del siniestro
- No se ha hecho la transformación del fideicomiso a OPD o junta intermunicipal
- No se ha creado un mercado de servicios ambientales, como prometió el gobernador
- No se ha revisado y cambiado el programa de manejo del área de protección de flora y fauna
- No se cuenta todavía con un programa de manejo preventivo del fuego y combustibles
- No se tiene la totalidad del complejo sistema de videovigilancia comprometido por la Seder
- No se tiene el centro de capacitación de bomberos forestales, ni nuevo equipo de combate del fuego
- El presupuesto regular otorgado por el Ejecutivo pasó de siete a 15 millones, pero queda debajo de las necesidades mínimas, que ascienden a 25 millones de pesos
Publicado por Agustín del Castillo en 5:32
Etiquetas: Conafor, desastres, incendios forestales, La Primavera, POLÍTICA, Seder, Semades, Semarnat
Gobierno no indemnizó las propiedades de carretera
La carretera Mascota-Vallarta ha costado 55% más, por fallas
PGR acusa a maestra por narcotráfico, por mandar a su madre medicinas sin receta

References: resolución 
 resolución 
 artículo 215
 resolución 
 artículo 233
 resolución