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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreAÑO lXXVII N° 225BUENOS AIRES, ARGEntInA - luneS 2 DE dicieMbre DE 2013
La fuerza de la realidad: la reciente ley de técnicas de reproducción humana asistida del Uruguay
I. Las fuerzas presentes y ocultas
Cruzando el Río de la Plata, los hermanos uruguayos han sancionado hace pocos días -más precisamente el 12 de noviembre de 2013- su primera ley integral de técnicas de reproducción humana asistida (en adelante, TRHA o ley a secas). Se trata de una gran deuda pendiente, como acontece en la gran mayoría de los países de la región, no siendo casualidad, sino causalidad, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su rol de máxima instancia judicial en materia de Derechos Humanos para todos aquellos Estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y cuya jurisprudencia resulta de aplicación obligatoria so pena de generar responsabilidad en el plano internacional, haya tenido que tomar postura clara y precisa sobre uno de los temas más sensibles que despierta el uso de las TRHA: la naturaleza jurídica del embrión, aclarando que no es persona en los términos y con la protección que prevé el art. 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica (1). De esta manera, Uruguay se coloca en América Latina a la vanguardia de los ordenamientos jurídicos que se atreven a dar un debate serio, eminentemente jurídicomédico y bioético, en torno a una práctica médica que va en franco aumento y que por fuerza no va a ceder a los infructuosos intentos de frenar el imparable avance de la ciencia para mejorar la calidad de vida de todas las personas, a tal punto de permitir que una gran cantidad de niños puedan nacer y a la par, varias personas
SUMARIO: I. El per saltum. Aspectos generales.- II. El per saltum en la jurisprudencia de la CSJN anterior a 2012.- III. El per saltum en la
legislación.- IV. Conclusión.
Los extremos de índole sustantiva del “per saltum” se relacionan con la naturaleza de la cuestión federal por gravedad institucional y/o de trascendencia, mientras que los de índole formal están vinculados a la observancia de las reglas establecidas para la temporánea interposición y fundamentación autónoma del per saltum. Respecto a estos últimos se hace imperiosa la adecuación de la Acda. 4/07.
I. El per saltum. Aspectos generales
El per saltum es una figura jurídica dentro del procedimiento de la instancia extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual ese Tribunal se habilita a sí mismo para decidir y fallar en determinados procesos y cuestiones, autorizando, para ello, el salto de todas las instancias jurisdiccionales regulares u ordinarias. (1) Cuando se presentan particulares y graves condiciones institucionales, se permite obviar los obstáculos formales, requeridos por el recurso extraordinario federal. Autoriza en la jurisdicción extraordinaria de la CSJN y en situaciones muy excepcionales el “salto de las instancias regulares”. El fundamento directo de la figura del per saltum es la gravedad institucional, que ha permitido superar por esta vía las exigencias de sentencia definitiva y Superior Tribunal de la causa, extremos que integran los denominados “requisitos propios” del recurso extraordinario federal. (2) Por ello se considera al per saltum como una figura derivada de la gravedad institucio-
nal. Interés general afectado, que responde a la creación pretoriana de la CSJN. El origen del per saltum se encuentra en el derecho norteamericano, que posee desde el año 1925, un acápite del “writ of certiorari”, bajo la denominación de “certiorari by pass”, -Evart Act de 1891 y Judge‘s Bill-, que permiten la directa intervención de la Supreme Court en los asuntos de “importancia pública imperativa”, que deben ser resueltos de modo inmediato (Regla 20 de las Revised Rules of the Supreme Court of the United States) (3).” El per saltum en su modalidad por apelación, es decir a pedido o requerimiento, fue un recurso utilizado por la CSJN en dos procesos, los casos “Dromi” y “Alonso”, en donde la gravedad institucional involucrada en los asuntos citados, dio pie para ingresar en la instancia extraordinaria al conocimiento de sentencias las que no reunían la condición de definitiva ni habían sido dictadas por el superior tribunal de la causa (4), conforme las exigencias formales establecidas por la ley 48 para la procedencia del recurso extraordinario federal. Las características principales del per saltum por apelación admitido por la CSJN son: i) Base asentada en la gravedad institucional, noción caracterizada por la jurisprudencia y la doctrina como un supuesto de evidente distorsión o irregular funcionamiento de las instituciones básicas de la República, o también, los conflictos entre los poderes del Estado; ii) La presencia de cuestiones que exhiban una lesión al orden jurídico-institucional, comprometiendo el funcionamiento de dichas instituciones republicanas o donde se halle afectada la paz social y la convivencia pacífica de la población; iii) Un perjuicio inmediato del interés general estatal, social o comunitario y la urgente necesidad de repararlo a fin de remediar prontamente la situación; iv) El concurso de situaciones de excepcional gravedad económico-financiera, que puedan incidir en la marcha regular del Estado o en la consecución de los fines de gobierno propues-
tos; v) La limitación fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto a que el per saltum sólo procede ante su jurisdicción extraordinaria, en aquellas causas que provengan de los tribunales nacionales y federales, descartándose para los procesos que se hallen radicados en las administraciones de justicia provinciales, en los que debe conocer, si así correspondiere, el órgano máximo jurisdiccional local. Esto, para preservar la autonomía de las provincias y de sus jurisdicciones, a fin de prevenir la intromisión del gobierno federal en ellas; vii) Nunca se admitió en el seno de la CSJN el per saltum por avocación o de oficio, sin requerimiento de parte interesada Sistematizados los paradigmas principales que particularizan al per saltum por apelación en la instancia extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a continuación se referirán los casos más resonantes en los que se invocó el per saltum (5), con la salvedad de que sólo se aplicó en dos de los procesos anotados.
II. El per saltum en la jurisprudencia de la CSJN anterior a 2012
El primer antecedente en el que la CSJN abordó la figura de per saltum fue el caso “Margarita Belén”, 1/09/1988 (6), donde el voto mayoritario consideró que, conforme a los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, “no podía prescindirse de sus términos y, por ende, ni por competencia originaria y exclusiva, ni por vía de las apelaciones ordinarias y extraordinarias reguladas por la ley”. De ahí, se negaron facultades para conocer por per saltum. Sin embargo, el Dr. Petracchi, en su voto en disidencia, resolvió adjudicar el conocimiento de la causa a la Corte por entender que “no obstante la situación procesal en que se encuentra la causa... la existencia de aspectos de gravedad institucional pueCOntInÚA En lA PÁGInA 2
COlUMnA DE OPInIOn. La fuerza de la realidad: la reciente ley de técnicas de reproducción humana asistida del Uruguay Por Marisa Herrera y Eleonora Lamm....................................................................................... 1
DOCtRInA. Recurso extraordinario por salto de instancia
Silvia B. Palacio de Caeiro........................................................................................................... 1
ConcurSo PreVentiVo. Inhibición general de bienes decretada respecto de la empresa controlante de Trenes de Buenos Aires S.A. Titularidad del 95% del paquete accionario. Posibles reclamos derivados de la tragedia ferroviaria sucedida en la Estación de Once. Revocación de la medida dispuesta. (CNCom.).......................................................................8
PAnORAMA MEnsUAl Tribunales Superiores Provinciales.................................................................................... 11
nOtA A fAllO. Concurso preventivo y proceso cautelar: La situación de la sociedad controlante de la concursada
Fernando Javier Marcos.............................................................................................................. 9
producto de la actuación del magistrado. entre jueces y el tribunal fiscal (Fallos: 264:63. 2010. De ‘Dromi’ a ‘Smith’”. que acudieron directamente a la Corte Suprema de Justicia. Emerg. Buenos Aires.. Fallos: 311:1762. En el voto de la primera mayoría. no pueden funcionar ápices procesales frustratorios del control constitucional confiado a la Corte Suprema.
Especial para La Ley. “El per saltum en la jurisprudencia de la Corte Suprema”. (4) Causa “Dromi” 13 de julio de 1990. ratificado por la ley 14.. fueron dictadas dos resoluciones. que el “per saltum” no permite arbitrar caminos procesales transitables por todo litigante que pretenda. La Ley. Carlos S. no autoriza la intervención “per saltum” del Tribunal. pues las circunstancias de la causa revelan que aguardar la decisión del recurso de apelación interpuesto contra esa decisión y. ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (13) Fallos: 320:2851. y el tercero fue disidencia del Dr. Derechos reservados (Ley 11. 2004-A. ya que “debe ser desechada toda interpretación que so color del aparente respeto a las formas procedimentales. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. termine produciendo la impotencia del propio órgano jurisdiccional al que aquéllas deben servir”.. se originó en el tribunal citado a raíz de la demanda articulada por la Unión Obrera Metalúrgica. El juez Petracchi. entre otros argumentos. sin que hubiera sido concedido por el Superior Tribunal de la causa local.E. mediante el “recurso extraordinario por salto”. 325. (3) BARRANCOS Y VEDIA. La mayoría sostuvo que de acuerdo a los arts. sostuvo. Aquí la doctrina del conflicto de poderes se sistematiza: cuestión de competencia —control de los DNU— del Congreso de la Nación. (11) Véase Fallos: 322:2207. (9) Fallos: 313-2:1242. el 27 de noviembre de 1990. 115. “Recurso Ex-
traordinario Federal”. 275:331). En el mismo año. de necesaria. sobre el marco de regulación y privatización del servicio aeroportuario. accedió a la CSJN el caso “Rodríguez”. y la novedad que representaba dentro del ordenamiento positivo argentino la figura del writ of certioriari. Jorge E y otros”(16). 17/12/1997 (13). 6° de la Ley N° 4055. obtener una rápida definición de su litigio mediante un pronunciamiento del tribunal más alto de la República. Decidirá asimismo sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia”. pero esa dilación no autoriza a prescindir de las debidas instancias procesales ni convierte el recurso extraordinario en el único
medio eficaz para la protección del derecho federal comprometido. Fallos: 313-2:863.696. 3/4/96. (17) Fallos: 322:2424. aunque tal doctrina “no ha tenido. el cual. En el voto en disidencia del Dr. 269:410. en AA. Extraordinario 2003 (diciembre). 303:1506). entre un juez y la Procuración del Tesoro (Fallos: 295:651). José Roberto (Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/ avocación en autos Fontela. 302:691. en disidencia. La Ley. Santiago. sin más. Manili. “Recurso extraordinario federal y gravedad institucional”. y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. 281:277. 275:447. únicamente cuando se hallaren comprometidos en términos de una rigurosa gravedad institucional
de justificar su intervención superando los ápices procesales frustratorios del control constitucional”. 1387. (6) Ídem. Requeridos los autos al magistrado de origen. 7°. La Cámara Nacional Electoral confirmó el fallo de primera instancia que hizo lugar a la impugnación. por no estar consagrada legislativamente dentro del orden jurídico nacional. En la causa caratulada “Alonso. 279:40). Se recurrió a los orígenes de la ley 4055. entre jueces y tribunales u organismos militares (Fallos: 247:436. entre jueces y el tribunal del mercado de abasto (Fallos: 264:217). 2ª ed. Todos por la Alianza. Constitución de la Nación Argentina.N. decreto-ley 1285/58 (11) cuyos ejes pueden esquematizarse: doctrina del conflicto de poderes . sin más. introducido por el art. Fayt. la jurisdicción extraordinaria del “per saltum” —por salto de las instancias ordinarias regulares—. mediante la que se homologó el convenio colectivo 185/96 “E”. por ende ni por competencia originaria y exclusiva. La primera. p. 47 de la ley 23. s/ amparo”. Algunos párrafos han sido tomados de la indicada obra. lo que originaba una situación de gravedad institucional. Sabsay. ya que “debe ser desechada toda interpretación que so color del aparente respeto a las formas procedimentales.Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. Suplemento de Derecho Constitucional. (8) Fallos: 313-2:863. admitió la petición directa. y su objeto no es elaborar un medio adjetivo para superar dificultades. denunciando también un conflicto de poderes suscitado con motivo de la decisión cautelar recaída en una causa iniciada por un grupo de legisladores ante la justicia federal. La agrupación
.. también en disidencia. entre jueces y tribunales paritarios (Fallos: 237:285). en la que rechazó la figura del “per saltum”. La segunda decisión. resuelto por la mayoría de la CSJN acudiéndose a
la teoría del conflicto de poderes observada también en la minoría de “Dromi” y en la mayoría de UOM”. El caso “UOM” llevó a la admisión mayoritaria de la doctrina del conflicto de poderes. pues la CSJN aceptó entender en el mismo. aceptándose. instruida con motivo de la incautación de estupefacientes conocida como “Operación Langostino”. teniendo en consideración la trascendencia del asunto y en mérito a la postura adoptada en el caso “Dromi”. y su personal a la situación regida por la anterior convención colectiva de Trabajo 260/75. sostuvo que la procedencia del “per saltum” sólo es admisible en causas de competencia federal en las que con manifiesta evidencia sea demostrado por el recurrente que entrañan cuestiones de gravedad institucional —entendida ésta en el sentido más fuerte que le han reconocido los antecedentes del Tribunal— y en las que. 6°). dispuso ordenar al demandado que debía encuadrar la sociedad a crearse en las previsiones del art. junio de 1996. Sup. con igual grado de intensidad. 2012. angustias o trastornos que puedan producirse en un proceso hasta su definitivo juzgamiento. Derecho del Trabajo.467 (15). “Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ Estado Nacional . por aplicación del art. 4. que muestra también una flexibilización de las exigencias relativas al recurso extraordinario. oportuna y adecuada atención. “¿Conflicto por exceso de competencia judicial?”. El Partido Nuevo interpuso recurso extraordinario que fue contestado sin que la Cámara se hubiera pronunciado sobre su concesión o denegación. el que a través de su entonces titular y del presidente y vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Frente a tal petición. en contra de lo resuelto por un juzgado en lo penal económico de primera instancia.. termine produciendo la impotencia
del propio órgano jurisdiccional al que aquéllas deben servir”. 703. Asimismo. El juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal. la definitiva. Económica y Rec.VV. Carlos S. se señaló que frente a la existencia de gravedad institucional. hasta que se resolviera la cuestión de fondo. El caso “Rodríguez. El juez Fayt.
(14) Los actores desconocieron la legitimación activa del jefe de gabinete El Tribunal. Más tarde se presentó el caso “BIBA”. eventualmente. En similar sentido. Un asunto importante dentro del desenvolvimiento pretoriano del per saltum fue el caso “Alonso”-“Operación Langostino”.. la CSJN expuso que “los aspectos meramente procesales del recurso extraordinario. 265:321. (12) BIDART CAMPOS. p. 116 y 117 CN no podía prescindir de sus términos y. Hammurabi. la existencia de aspectos de gravedad institucional puede justificar su intervención superando los ápices procesales frustratorios del control constitucional”. desestimó este planteo y dejó sin efecto lo resuelto por el juez federal de primera instancia. Alejandro y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional”. Fernando N. Moisés Eduardo c/ Estado Nacional. (Coordinación). en contra de lo dispuesto por la resolución SSRL 20/96. (5) En el caso “Margarita Belén” 1/09/1988. (10) Fallos: 319: 371. Luego llegó el caso “Dromi”. sostuvieron que la doctrina que sostiene la atribución de la Corte para —fuera de los recursos establecidos por la Constitución y las leyes— invalidar por falta de jurisdicción decisiones de jueces de primera instancia a las que se atribuye la alteración del equilibrio de funciones inherente a la forma republicana de gobierno.conflicto de competencia —representatividad y encuadramiento sindical— Ministerio de Trabajo de la Nación. (14) Fue otro intento del per saltum . se admitió una presentación directa deducida en forma de recurso extraordinario por los procuradores fiscales actuantes ante ella. Buenos Aires. que hizo lugar a las excarcelaciones solicitadas por los procesados. 2002-B. Pacto Autonomista Liberal y Demócrata Progresista”. Los actores impugnaron la lista de candidatos a Diputados Nacionales por el Partido Nuevo. articular los recursos admisibles. marco jurídico que ha permitido a la CSJN ingresar en graves diferendos institucionales a través de las facultades acordadas por el referido inc. en la que requería la modificación del decreto 1024/90 del P. en disidencia. como se dijo.. actualizada y ampliada. muestra una presentación directa del entonces Jefe de Gabinete de Ministros ante la Corte. invocando precedentes jurisprudenciales.A. (16) Fallos: 317: 1690.
En “U.. contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 67. 6º de la ley 23. por primera vez en los registros de la jurisprudencia nacional.. que bebió en los anales de la legislación norteamericana —Evart Act de 1891—. ordenó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que debía abstenerse de aplicar la convención colectiva de trabajo 185/96 “E”. El magistrado aquo dispuso retraer la relación fáctico-jurídica entre Fiat Auto Argentina S. la CSJN. E. El fundamento concreto y preciso es el de proveer a una custodia expeditiva de los derechos federales. en la forma de acción de amparo sindical. Fayt no se admitió ningún tipo de excepción a lo reglado por el art. LA LEY. dos votos fueron coincidentes en la solución final propiciada. 250:604. y la suspensión del trámite licitatorio relacionado con la empresa Aerolíneas Argentinas. más no en sus fundamentos. ni por vía de las apelaciones ordinarias y extraordinarias reguladas por la ley. sea acreditado que el recurso extraordinario constituye el único medio eficaz para la protección del derecho federal comprometido. Buenos Aires. 14/10/1999 (17). y en los que se privilegió la protección del derecho federal comprometido.. no son necesariamente óbices al otorgamiento de la apelación en los supuestos de existencia en la causa de interés institucional bastante al efecto” (Fallos: 313: 867).. Los jueces Belluscio y Bossert.A. José Roberto Dromi.723) (1) PALACIO de CAEIRO. (Dirección). por mayoría. p. Daniel A. Antonio Erman y otros s/Presentación en autos “Banco del Interior y Buenos Aires (BIBA) s/ medida cautelar”. Agregó que el planteo. ordenó la suspensión de los efectos de las sentencias dictadas en primera instancia. permitió prevenir la zona de reserva de cada uno de los poderes constituidos del Estado. 16/8/96. “El Per Saltum en el derecho Argentino. y los antecedentes de avocación directa de la Suprema Corte de los EE. esta vez del Ministerio de Economía de la Nación. LA LEY.) de las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos. Pablo L. ámbito en el que argumentó la existencia de un conflicto de poderes en el Estado Nacional. El pronunciamiento fue aprobado por mayoría. en cuyo caso serán resueltos por la Cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido. haciendo mérito de la demanda y de las opiniones previas a la causa emitidas por la Inspección General de Justicia. a cargo del juzgado N° 2 que entendió en la causa. 8° y 9°). 934. el 13 de julio de 1990 (7). se había originado en la demanda de acción de amparo iniciada por el diputado nacional Moisés Eduardo Fontenla en contra del Estado Nacional. Esta resolución motivó la presentación directa del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos. salvo que dichas cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia. mediante la presentación de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. El asunto “Dromi. Con base en precedentes anteriores. conforme el art.774 (cons. no se aviene con las normas constitucionales ni con las leyes que establecen los casos y modos de intervención del Tribunal en los asuntos que no correspondan a su jurisdicción originaria y exclusiva. A continuación se citan algunos precedentes donde fue aplicada en contiendas entre jueces y la autoridad aduanera (Fallos: 244:489. desde luego el propósito de arbitrar caminos procesales transitables por todo litigante que pretenda. t. 6/12/94. La Ley. Silvia B. podía conocer per saltum.. citándose numerosos precedentes en que ellos fueron obviados.. 24. expresando: “no obstante la situación procesal en que se encuentra la causa. Silvia B. y frente a la inminencia de agravios de imposible o tardía reparación. (12) Al año siguiente.M. obtener una rápida definición de su litigio mediante un pronunciamiento del tribunal más alto de la república. fue dictada por el Alto Tribunal el 6 de setiembre de 1990 (8). (10) El caso que motivó la presentación. en disidencia. dieron inicio a las actuaciones caratuladas “González. El juez Petracchi. (9) El voto de la mayoría rechazó la presentación efectuada. Fallos: 313-1:63 y 6 de setiembre de 1990. se realizó otro intento de per saltum.. Germán. Jorge en: Nieva. inmediata. se planteo el tema del per saltum. Ed. por la que se ordenó al Poder Ejecutivo la suspensión de los efectos del decreto de necesidad y urgencia 842/97. se suscitó otra presentación ministerial. celebrado entre Fiat Auto Argentina S. 1210.. 24 inc. quien alude a la solución de la CSJN exponiendo que se trata de un per saltum encubierto.O. (7) Fallos: 313-1:630.551. 7º del decreto-ley 1285/58.2 | luneS 2 DE dicieMbre DE 2013
ordenó la suspensión de los efectos de la sentencia apelada. a través de la reforma de la ley 23. por la vía excepcional invocada (cons. se pronunció LEGARRE. Luego llegó el caso “Apoderados de Partidos: Liberal. (2) PALACIO de CAEIRO. 7º del art. consideró pertinente que la CSJN entendiera en la causa. sólo podría postergar la ejecución del decreto cuestionado. ni tampoco la figura del per saltum.UU.”. (15) Se recuerda que la indicada norma dispone: “La Corte Suprema de Justicia conocerá (. 268:302.
siendo su texto similar al del CPCN.414. Cabe indicar que la constitucionalidad del Decreto No 1387/2001 fue inicialmente altamente discutible. 15/2/02). Adolfo I. (28) Fallos: 325:26. p. (22) PALACIO de CAEIRO. que la implementación del procedimiento del per saltum impuesto. no ha de estar limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por la de las partes (Fallos: 312:529 y sus citas.N. se realizó una presentación directa ante la CSJN. 2002-B. 328:1564. Freddo S. También se dispuso que dicha actividad resultaba de obligatorio requerimiento para todos los servicios jurídicos permanentes de los entes estatales comprendidos en el art.. 810. el legitimado era únicamente el Estado Nacional. 195 bis del CPCN. y en el marco de la vigencia de las leyes de Delegación Legislativa 25. si ésta hubiese tenido lugar y de la medida cautelar recurrida. En virtud de ello. dentro de la normativa del Código Procesal nacional. 1230.345 de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo a través del art. por tanto. LA LEY. dictado en el marco de la grave emergencia política. realizó en primer lugar una observación respecto a la falta de legitimación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.. y de ese modo quedaron suspendidas por ciento ochenta días (180) el cumplimiento de las medidas cautelares y la ejecución de las sentencias relacionadas con los mencionados asuntos. dispuso en el art. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN dictará sentencia confirmando o revocando la medida cautelar”. De ‘Dromi’ a ‘Smith”. El autor citado. que la precautoria otorgada en beneficio de los actores. “El Per Saltum en el derecho Argentino. comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado Nacional. el caso “Banco de la Ciudad de Buenos Aires” 2002. cuyo art. por ende. DJ. las Provincias. dictó el Decreto 320/02 (B. a través del Decreto del PEN N° 1387/2001 (21). posibilitó que llegaran al seno de la instancia extraordinaria los casos “Kiper y otros” 2001 (26). Internet.. (26) La causa “Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ solicita se declare estado de emergencia económica en autos “Kiper. p. la tuvo por interpuesta con los efectos suspensivos establecidos en dicha norma. 195 bis. Silvia B. La CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN dictará sentencia confirmando o revocando la medida cautelar”. en el cual a través de su art. cuestionó la resolución adoptada por el titular del Juzgado Nacional de la Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la Capital Federal. Silvia B.414. éstas podrán ocurrir directamente ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN pidiendo su intervención. A su vez. Silvia B. 476). La Ley entró en vigencia el 6 de enero de 2002. La presentación del recurso tendrá por sí sola efecto suspensivo de la resolución dictada. (Pablo L. salud e integridad física de los actores. si ésta hubiese tenido lugar y de la medida cautelar recurrida. que la causa ni siquiera ha sido promovida”. 2° y 3° de la Constitución Nacional. conforme a lo dispuesto por el art. (25) La aplicación del art. 318:541. la CSJN en un pronunciamiento dictado el 28 de diciembre de 2001. a comienzos del año 2002. existía a favor de ésta. se hizo lugar a la presentación directa. La Resolución PTN N° 1/2002 presenta la particularidad de consignar que. y que en tal caso. del 10 de enero de 2002. 1. La Ley. que se había incurrido en un claro exceso de jurisdicción. resulta una mixtura entre legislación delegada (art. al planteo concreto sobre la inconstitucionalidad de la norma cuestionada y desde esta perspectiva. que en el mes de diciembre de 2001.453 (22). por el art. es decir. es decir. Primeros antecedentes legislativos La figura del per saltum se introdujo por primera vez en la legislación procesal argentina (20). obligaciones. (25) La Ley. 99. 76 C. Sólo quedaron excluidas puntuales situaciones referidas a la edad de los demandantes (mayores de 75 años). frente a la ausencia de plazo establecido para interponer el referido recurso de apelación directo ante la CSJN. “Recurso Extraordinario Federal”. En el caso “Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ solicita intervenga urgente en autos “Takko. aseveró que “esta Corte no queda circunscripta al estrecho marco cognoscitivo de la cautela sino que se extiende también a lo que ha sido tema de fondo. 25.. significa modificar el régimen del recurso extraordinario y sus recaudos de sentencia definitiva y superior tribunal de la causa. el juzgamiento del fondo del asunto”. 2ª ed. ordenándose que los actores restituyeran en efectivo al Banco de la Ciudad.Derecho Constitucional. 18 modificó el art. en razón de que es palmario que únicamente se ha previsto ante el dictado de
.unc. consideró que la resolución que declaró la procedencia de la cautelar. por no ser éste parte en las actuaciones principales. cit. 3° sustituyó el texto de aquél. ordenándole a la entidad bancaria la devolución de los depósitos que se encontraban alcanzados por el Decreto Nº 1570/01. el cual importaba un menoscabo del derecho de defensa en juicio del Estado Nacional. como lo entendió la CSJN en “Takko. Con el pedido deberá acompañarse copia simple suscripta por el letrado de la representación estatal del escrito que dio lugar a la resolución y de los correspondientes a la sustanciación. al que me remito. obstaculicen. La Ley. por lo que entendió. p.A. éstas podrán ocurrir directamente ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN pidiendo su intervención. Academia de Derecho de Buenos Aires. Kiper y otros. “El Per Saltum”. p. las Municipalidades..pdf. (19)
III. obstaculicen. manifestando que no se había requerido la remisión del expediente principal. El 4 de febrero de dicho año.. como es el conocimiento del recurso extraordinario interpuesto en segunda instancia. sino que además. ha considerado que “la CS llegó a ejercer un cierto per saltum atenuado. Véase PALACIO de CAEIRO. 297. luego de considerar que estaba resolviendo una cuestión de competencia. LA LEY. En respaldo de esa postura. al no haber sido demandado por Kiper y los otros coactores que iniciaron la acción sólo en contra el Poder Ejecutivo Nacional.acader. afirmando que la decisión debía atender a las modificaciones introducidas por los preceptos más recientes. también consistió en una presentación de un banco ante la CSJN. agregó el Tribunal.N. La Corte Suprema de Justicia de la Nación requerirá la remisión del expediente. debía aplicarse el plazo menor.días. comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales de entidades estatales. cuando se dice “Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 25. 2001-F. para resolver el recurso. Silvia B. incs. se dictó en el mes de enero de dicho año.Decreto 1570/01 s/ medida cautelar autónoma”. “El “per saltum” en la justicia federal argentina”. Recibido éste. la CSJN ingresó a la consideración de la validez constitucional del referido Decreto 1570/01. legitimación suficiente para impugnar la medida. se dictó el Decreto No 214/002. 328:1566. Es evidente además. Con el pedido deberá
partidaria realizó una presentación directa de “recurso federal extraordinario de avocamiento directo” que fue acogida por la CSJN. el plazo para interponer el recurso de apelación en contra de sentencias interlocutorias o de providencias simples que disponen medidas cautelares es de cinco -5. el que regía en los distintos procedimientos para recurrir las medidas cautelares ante las cámaras de apelación respectivas (art. En igual forma. “El per saltum en el derecho argentino. (28) En el mes de enero de 2002 se suscitaCOntInÚA En lA PÁGInA 4
2 y 3 del art. El per saltum en la legislación
III. 195 bis del Código Procesal nacional. 6° de la ley N° 25. 934. con el agravante. y luego de exponer diversos fundamentos atinentes al control de constitucionalidad y al de razonabilidad de las leyes y actos administrativos. LA LEY.561. que había hecho lugar a la medida cautelar y ordenado la devolución de los depósito a plazo fijo de propiedad del actor. La recepción de las actuaciones implicará el llamamiento de autos. opinó la funcionaria del Ministerio Público que dicho Banco era sólo un tercero que debía cumplir el mandato judicial. desestimó el recurso interpuesto por la entidad bancaria. 99 de la Constitución Nacional”. De “Dromi” a “Smith”. 320:1633. El autor luego de reseñar distintos precedentes de la CSJN. admitió la presentación directa incoada en los términos del art. el que fue desestimado por no adecuarse el caso a la plataforma normativa.O. pues estableció: “Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten. 352 y ss. 326:4650. Frente a ello. Remito a PALACIO de CAEIRO. 244 del CPCN. Con posterioridad existieron otras presentaciones judiciales reclamando el salto de la instancia que no tuvieron acogida favorable. e invocándose también las facultades conferidas al Poder Ejecutivo Nacional por el art. cit. concluyó que ambas normativas eran inconstitucionales por violar en forma explícita derechos consagrados en la Carta Magna. 51 del citado Decreto N° 1387/01 se incorporó el per saltum en la normativa de la Ley 18. El recurso de apelación directo fue admitido como un medio de impugnación sólo dirigido en contra de medidas precautorias. “Bases para el control de constitucionalidad de la legislación delegante y delegada (Artículo 76 de la Constitución Nacional)”. y las cuestiones de riesgo de vida. Poder Ejecutivo Nacional o Estado Nacional s/ sumarísimo” (27). Máximos Precedentes . en su art. y con esa finalidad. (27) Autos “Banco de Galicia y Buenos Aires s /solicita intervención urgente en autos: “Smith. c. Luego de mencionar los diversos instrumentos económicos dictados. El art.O. Véase MANILI. donde se hizo una breve reseña y comentario de los demás casos donde fue desestimada la vía del per saltum. habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833.. s/despido”. “Recurso Extraordinario Federal”. (23) Dicho texto legal. depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectadas por las restricciones de las referidas normas. 1°. Manili (Director). Pablo L. 11/3/02. no respecto de instancias procesales pero sí de etapas procesales. entre muchos otros).344. s/despido”. 50: “Incorpórase al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el siguiente artículo como artículo 195 bis: ARTICULO 195 bis: Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten. la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. económica y financiera por la que atravesó el país desde fines del año 2001. radica en que bajo la invocación y uso conjunto de tales normas. o de entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal. Por las señaladas razones. deudas. t. Fredo S. en los que invocándose la norma del art.edu. Buenos Aires. “saltando” el procedimiento normal del recurso.ar/artpersaltum. 7/1/2002. en el caso de autos.A. la Procuración del Tesoro de la Nación dictó la Resolución N° 1/2002 (24).O. 195 bis del CPCN. quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los accionantes. pues la litis no se había integrado con éste. Allí analizo las condiciones jurídicas que enmarcan las leyes de delegación legislativas. 195 bis del CPCN. crítica el fallo dictado el 11 de octubre de 2012 en la causa “Asociación para la Promoción y Defensa de la Familia (“Pro Familia”)” donde de oficio el Alto Tribunal se avocó a la problemática presentada entre dos tribunales. http://www. El problema constitucional anotado. 195 bis del CPCN. 12 se suspendió por el plazo de 180 días la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias en los que se demande o accione en razón de los créditos. de su reparticiones centralizadas o descentralizadas. Ello estuvo a cargo del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires.. es decir. el polémico caso “Smith” 2002 (27). donde se intentó realizar una reseña concreta de tal punto. dictará sentencia confirmando o revocando la medida”. modificada parcialmente por la ley del Déficit Cero 25. señaló la CSJN que “los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia cuando la cautela altera el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado. Indica que la Corte. I. podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.O. 1.. “El per saltum. Con posterioridad. Claudio Marcelo y otros c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) . esto es. 10/1/2002.” (19) Fallos: 328:1565. en virtud de lo establecido por el Decreto 50/2002 del 8/1/2002 (B. No obstante ese bien fundado reparo. 2013. la CSJN examinó en qué medida había quedado abierta la jurisdicción del Alto Tribunal para conocer del caso. (24) B. El Procurador General se opuso aquí también a la legitimación del Banco peticionante. p. 320:1641. 2002/2/08. 9/1/02). el banco depositario interpuso recurso de apelación per saltum ante la Corte en los términos del art. Asimismo. el cual quedó redactado de la siguiente forma: “Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten. El referido decreto 1387/2001. op. 01/02/2002. en la que se estableció el patrocinio obligado del titular del citado organismo y de sus reemplazantes autorizados reglamentariamente para intervenir en
los recursos previstos por el art. Los fallos que declararon la inconstitucionalidad fueron citados en mi trabajo PALACIO de CAEIRO. y los incisos 1. decretos de necesidad y urgencia y. Así expresó la CSJN “Corresponde desestimar in limine el recurso reglado por el art. pero antes que el mismo hubiese sido concedido por el inferior. previa vista al Procurador General de la Nación. para que ésta tomara intervención respecto a la resolución de un Juzgado Federal de 1ª instancia de la ciudad de Corrientes. entre muchos otros)”. conferirá traslado con calidad de autos a la parte que peticionó la medida por el plazo de cinco -5. Adolfo I. la tarea de esclarecer la inteligencia de las normas federales involucradas. la Corte argumentó que en el transcurso del proceso fueron dictadas normas sobre la materia objetada en la litis. presentaba iguales efectos que los de una admisión de la demanda y ejecución de sentencia. considerando que atento a causar la cautelar cuestionada un perjuicio directo a la entidad bancaria. 195 bis CPCCN. (18) HARO. En orden a la precautoria examinada. 62 bis. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo. Ello surge expresamente de los considerandos del indicado Decreto 1387/01. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN podrá desestimar el pedido sin más trámite o requerir la remisión del expediente. actualizada y ampliada. 5° de la Resolución citada). por lo cual. (20) Para lo concerniente a la evolución legislativa del per saltum remito nuevamente a PALACIO de CAEIRO. op. Carlos Antonio c. A propósito. entre otros. que consistió en un juicio laboral donde en el magistrado de primera instancia declaró inaplicable la restricción a la disponibilidad de los depósitos bancarios y dispuso el pago integro de la indemnización por despido.E. aprobó un reglamento que aprueba el procedimiento para la atención profesional frente a solicitudes de prácticas de aborto “no punibles”. comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales de entidades estatales. (23) B. se adjudicó la causa y decidió acerca del fondo de la cuestión.414/01 y 25.luneS 2 DE dicieMbre DE 2013 | 3
y sólo si el recurso extraordinario se exhibía como único medio eficaz para esta protección (Fallos: 313:242) (18)”. c. Continuando con esa línea de análisis. fue uno de los primeros asuntos. (21) Dictado con fecha 1/11/2001. pues tal normativa. invocándose el Decreto 1570/01 —que estableció del denominado “corralito financiero”— y la Ley 25. obstaculicen. quien solicitó asimismo la inconstitucionalidad del Decreto
1570/01. que prácticamente en forma simultánea habían rechazado y concedido una medida cautelar relativa a la resolución por la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. decretos reglamentarios.
acompañarse copia simple suscripta por el letrado de la representación estatal que dio lugar a la resolución y de los correspondientes a la sustanciación. en especial del párrafo final.561 de Emergencia Pública. Ricardo. ratificado tácitamente por la Ley de Emergencia Pública 25. 322:3569. 2012-F. La Procuradora General actuante. En la jurisprudencia de la Corte Suprema”. 2002-1. por lo cual el P. la denominada Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario N° 25. Silvia B. la CSJN no sólo confirió legitimación a los peticionados para ejercer la acción recursiva emergente del art. la cantidad de dólares que habían retirado de la caja de ahorro cuya titularidad ostentaban. 328:1941. la tarea del Congreso Nacional podría convertirse innecesaria. se expidió por el rechazo de la medida cautelar dictada por la jueza en lo civil.453. “constituye un anticipo de jurisdicción e implica.). Nros. 195 bis del CPCN.561/02.. 341 y ss. como consecuencia del agravamiento
de la situación económica de la Nación y de la consiguiente inestabilidad política y jurídica reinante.días. 12 del Decreto Nº 214/02 fue declarado inconstitucional por varios tribunales. 7. Frente a tal decisión.
2002-1. Doctrina Judicial Procesal 2013 (noviembre). dec. Patricia M. las resoluciones equiparables a ellas por sus efectos y las dictadas a título de medidas cautelares.per saltum y Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ per saltum en autos: “Diglio.2. 257 bis del CPCN quien describe expresamente la situación. La ley 26. 14 de la ley 48 y los arts. (33) MORENO.: 04/12/2012. DJ 04/09/2013. (31) III. “Recurso Extraordinario Federal”. dto. La Corte Suprema podrá rechazar el recurso sin más trámite si no se observaren ‘prima facie’ los requisitos para su procedencia. Con un espectro bastante amplio.PER SALTUM. (31) Señala la norma: “ART.2. 280 del CPCN —certiorari argentino—. las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a título de medidas cautelares. cuyo art.1. por advertirse que la sentencia de primera instancia recurrida conllevaba como efecto la cancelación de un procedimiento electoral mediante el sufragio universal destinado a cubrir cargos públicos electivos. se agregan ahora por vía normativa a las contempladas por los tres incisos del art. no dará ocasión a este recurso por el hecho de ser leyes del Congreso. La ley 26. debe realizarse de modo restringido y con características de marcada excepcionalidad y justificación La CSJN en el caso “Estado Nacional s/ interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos Rizzo. 1. Tales causales. Debido a que se ha habilitado a la gravedad institucional y a la trascendencia como nuevas cuestiones federales. la admisión de resoluciones relativas a medi-
ron varias presentaciones directas de entidades bancarias por iguales motivos que el planteado en el caso “Kiper”.” Cabe recordar. Al hacerse explícitamente legal. 257 bis. y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido. las cuestiones de trascendencia fueron admitidas como causales para habilitar la instancia extraordinaria. (41) LA LEY. Jorge Gabriel s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional. P.. y la decisión haya sido contra su validez. III.
(38) ROSALES CUELLO. derecho. Los parámetros validados para la equiparación de las resoluciones a sentencia definitiva proveniente del superior tribunal de la causa (hipótesis prevista en las normas citadas) resultan de la percepción acerca de la urgencia del dictado de una solución definitiva y expedita para evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior.790 dictada en 2012 (32). La amplitud del concepto de trascendencia es elocuente. se justificó la pertinencia del recurso por salto de la instancia. su reconocimiento quedó precisado en la década de 1960. 280 del CPCN. en virtud de lo dispuesto en el inciso 11. c. medida cautelar (Expte. Art.. la remisión del expediente en forma urgente. (42) Allí se consideró que por encontrarse en curso de ejecución el cronograma electoral estructurado en diversas etapas que se integran con plazos breves y perentorios explícitamente contemplados. 257 bis del CPCN. en el caso “Jorge Antonio” (36). 2012-F.. o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación. ley 26. 18 y 30 de la ley 26. cit. se declaró en primera instancia la inconstitucionalidad de los arts. cuando la Corte Suprema revoque. en las cuales. pronunciamiento del 13/06/2013”(41). Marcela. y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada. la Corte Suprema decidirá sobre la procedencia del recurso. Osvaldo Alfredo.” Art. privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio. ob. 15/1/2002. 2º ed.855. 8/1/2002. requisito que ha sido extraído de la jurisprudencia evolutiva de la CSJN (39) y de la exégesis que por oposición realizó la jurisprudencia de la CSJN del art. quedando entendido que la interpretación o aplicación que los tribunales de provincia hicieren de los Códigos Civil. en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional. Dicha posibilidad de equiparación reconocida primero por los precedentes de la CSJN. 14 de la Ley 48. quedando al arbitrio discrecional de la CSJN la ponderación e inclusión de las cuestiones dentro del mismo. con arreglo a lo dispuesto en los arts. incorpora al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el recurso extraordinario por salto de instancia. 8/1/2002. “El per saltum en la reforma del recurso extraordinario”. (40) GOZAÍNI. la Acordada 4/07 debería ser modificada y ampliada para aquellos supuestos en los que proceda el salto de instancia en su mérito y condiciones regladas por el art. “La gravedad institucional y el recurso por salto de instancia”.días notificándolas personalmente o por cédula. 257 bis la noción positiva de lo que debe entenderse por gravedad institucional. por falta de agravio federal suficiente. en el art. como su virtualidad para la habilitación de la vía extraordinaria del per saltum. 1570/01 y su modificatorio 1606/01 s/ proceso de conocimiento”’. Allí se realizó un extenso examen de la evolución y desenvolvimiento de la causal gravedad institucional en la doctrina y jurisprudencia de la CSJN. como medida cautelar innovativa. 1355. (35) Respecto a la gravedad institucional. plazo. a los tratados o leyes del Congreso.970.790 incorpora al plano legal. 21. que habían sido reconocidas con anterioridad en numerosos precedentes de la CSJN. Doctrina Judicial Procesal 2012 (diciembre). en los artículos 257 bis y 257 ter. Sup. “Banco Central de la República Argentina s/ solicita intervención en autos: ‘Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c. cuestiones planteadas insuficientes o carentes de trascendencia. 1. 195 bis CPCN (conf. Betina Elizabeth y otro c/ Estado Nacional y otro s/amparo” (ambas del 19/11/2002 (28). proyectándose sobre el general o público. o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título. La Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad. 257 bis: Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del Tribunal Superior. decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional. (34) El art.días de notificada la resolución impugnada. y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes: 1° Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado.970 y la consagración legislativa del per saltum. p.“En los recursos de que tratan los dos artículos anteriores. Las modificaciones introducidas al régimen del recurso extraordinario federal por las normas citadas son significativas (33). al autorizar la prescindencia de los extremos allí exigidos en orden a la intervención del superior tribunal de la causa y sentencia definitiva. .. Se sigue con ello el criterio establecido en “Dromi” y “Alonso”. LA LEY. habilite la competencia ordinaria o extraordinaria del Tribunal. la ley autoriza que son susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia. 2º. LA LEY. o bien resolverá sobre el fondo. Ramiro. puede mencionarse el Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán. debe indicarse que en la órbita pretoriana de la CSJN. 780. (40) Ello ensancha las previsiones del art. p. circunstancia de gravedad institucional. ob. El fenómeno de la equiparación de las resoluciones interlocutorias a la calidad de sentencia definitiva. ob. leyes. trámite y efectos del per saltum. (39) PALACIO de CAEIRO. 107 lo prevé expresamente.A. El Máximo Tribunal hizo lugar a los remedios procesales de excepción. Una crítica respecto a la modificación introducida por la ley 26.
medidas cautelares. “Salto de instancia y tutela judicial efectiva”. Dispone el art. señalando que comprende a las cuestiones debatidas en un pleito que excedan el interés de las partes en la causa. (37) Ahora con la ley 26. de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados. No obstante. 14 de la ley 48 en casos comprobados donde se hallen comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados. Inconstitucionalidad de la Reforma”. a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior. Del escrito presentado se dará traslado a las partes interesadas por el plazo de cinco -5. por el art.790 ensancha el párrafo inicial del art. 2013-E. 400. receptándose en dicho plano positivo la doctrina sostenida en los casos “Dromi” y “Alonso”. No procederá el recurso en causas de materia penal.” (29) Puede consultarse lo resuelto en: “Banco Central de la República Argentina s/art. 4º. Penal. 2ª ed. actualizada y ampliada. (36) Fallos: 248:189. Silvia B. como se verifica del análisis siguiente.
. 26/04/2002. Poder Ejecutivo Nacional . 14 de la Ley 48. El “writ of certiorari” es un instituto que reconoce su génesis en el ordenamiento positivo norteamericano. que las instituciones bancarias hagan entrega inmediata y efectiva de los fondos a todas las personas que iniciaron acciones de amparo. la gravedad institucional y la trascendencia.. 6º de la ley 4055 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. evolucionando desde allí como una causal admitida por el derecho judicial. de una ley del congreso.855. Sólo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia. O. circunstancia que no se advierte en el sub lite. Sup.. que fue introducido en la década de 1990 a través de la ley 23.“Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior deberá reducirse la queja con arreglo a lo prescrito en él. cuya solución definitiva y expedita sea necesaria. 1. “Consejo de la magistratura. . Esta norma habilita a la CSJN a rechazar recursos extraordinarios. 257 ter preceptúa la forma. 116 y 117 de la Constitución Nacional y en sus leyes reglamentarias. “Recurso de apelación extraordinario ante la Corte Suprema per saltum”. y aun podrá ordenar la ejecución especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón. 299 y ss. Silvia B. 2012-F. fue admitida en épocas más recientes por la Acordada 4/07 y en la actualidad.774. (29) El artículo 195 bis del CPCN fue derogado por la ley 25. 297. LA LEY.dto. 67 de la Constitución. proyectándose sobre el general o público. señalando: El recurso extraordinario por salto de instancia deberá interponerse directamente ante la Corte Suprema mediante escrito fundado y autónomo. tratados o comisiones en disputa. Ramiro. en orden a su gravedad institucional o al perjuicio irreparable que entrañaban.N. será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial. realiza un pormenorizado análisis acerca de la noción de trascendencia en el recurso por salto de instancia. dentro de los diez -10. La Ley. 3° Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución. se hacía imperioso un pronunciamiento definitivo de la CSJN relativo a las cuestiones constitucionales planteadas.no configura una acción o recurso que. Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa.790 La ley 26.4 | luneS 2 DE dicieMbre DE 2013
El art. del decreto 577/2013 y se dejó sin efecto jurídico la convocatoria electoral prevista para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura. Excluyendo únicamente a las de materia penal. (34) Proporciona de tal modo el art. “Recurso Extraordinario Federal”. examina las condiciones de la gravedad institucional para habilitar el per saltum. Es estos autos. Cuando excepcionalmente en un caso pendiente. las sentencias definitivas de primera instancia. 16. Superior Tribunal de la causa y sentencia definitiva 1. cit. actualizada y ampliada. la Corte Suprema de Justicia podrá prescindir de los requisitos de procedencia formal de los recursos respectivos a los efectos de un inmediato pronunciamiento si la solución no admite demora alguna. 2.” (35) ROSALES CUELLO. . también quedó admitida como causal explícita por el art. puede examinarse en Rojas. efectúa un análisis pormenorizado de las reformas introducidas por la ley 26.“Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia. “La gravedad institucional y el recurso por salto de instancia”. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo. “El ‘per saltum’ y la tensión entre el ‘poder’ cautelar y el poder político”. que en las causas “Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina s/ interponen recurso extraordinario federal . cit. a fin de evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos puestos en juego. el Alto Tribunal sostuvo que “La presentación de asociaciones de bancos -mediante la cual apelan la sentencia de un juez federal de primera instancia que dispuso. (38) La trascendencia. en el que la actuación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires se origina ante el dictado de una resolución posterior a una sentencia firme. art. 1387/01)”. s/solicita intervención urgente en autos: ‘Ulloa. de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución. 355. 15. (37) PALACIO de CAEIRO. Cuestiones federales por gravedad institucional y trascendencia La ley 26.O. dos nuevas cuestiones federales a los fines de la procedencia del recurso extraordinario federal. la CSJN mantuvo el criterio de reconocerle legitimación activa a los bancos peticionantes. 107. “Banco Río de la Plata S. 2013-A. (42) Véase el comentario de este fallo en CORREA.790 ha encontrado consagración legislativa. (30) B.” (32) Publicación en el B. 2. Si lo estimare necesario para mejor proveer. se prevé que la apreciación de la gravedad institucional y la trascendencia. según su sana discreción y con la sola invocación de la norma. DJ. o
de un tratado o ley del congreso. El auto por el cual el Alto Tribunal declare la admisibilidad del recurso tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida. Jorge A.E. Von FISCHER. 1088. La evolución de la jurisprudencia del Alto Tribunal muestra que por contraposición.587. y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. p. El Estado Nacional dedujo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sendos recursos extraordinarios por salto de instancia. obedeció a la imposición de posiciones jurisprudenciales de larga data. 2° Cuando la validez de una ley. (30) Dentro de las normativas provinciales que acogen normativamente la figura de per saltum . N° 3039/13). podrá requerir al Tribunal contra cuya resolución se haya deducido el mismo. 2002/01/31. en cuyo caso proseguirá la causa según su estado y por el procedimiento que corresponda. 1570/01 s/amparo ley 16. hará una declaratoria sobre el punto disputado. Andrés M. Comercial y de Minería. José Luis. III..986’“. la re-
solución recaída revista interés constitucional o gravedad institucional.
inc. como así también la sintética indicación de cuál es la declaración sobre el punto debatido que el recurrente procura obtener del Tribunal. Respecto a la forma de presentación del escrito de interposición.Distrito Corrientes”. 1°. 280 CPCN. 3º de la Acda. dichas cuestiones federales sustantivas son las que autorizarán. 257. como quedó dicho. establecida por los arts. en forma similar a lo que hace en el art. como la Cámara Nacional Electoral. ha sido expresamente contemplado por la ley para revisar decisiones de esta naturaleza (art. Igual restricción será de aplicación para el escrito de contestación del traslado previsto en el art. cuando no se observaren prima facie los extremos de admisibilidad formal y los de procedencia sustantiva. debería agregarse la necesidad de acreditar que la decisión apelada proviene del tribunal de una instancia inferior al superior tribunal de la causa.. Pues en tal caso rige el régimen general del recurso extraordinario. esa vía debe advertirse como el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido. si actúa en representación de terceros.. cuando no se encuentran reunidas las condiciones excepcionales previstas por el art.. DJ. Igual postura se adoptó en “Partido Demócrata Cristiano”. trámite y efectos del recurso extraordinario por salto de la instancia. sea acreditado que el recurso extraordinario constituye el único medio eficaz para la protección del derecho federal comprometido. según su sana discreción. 116 y 117 C. etc. con simple cita de las normas involucradas en tales cuestiones y de los precedentes de la Corte sobre el tema. sólo causas de la competencia federal. Paola María. b) el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal. a criterio de la CSJN. que se verifican las condiciones de gravedad institucional y/o trascendencia por su proyección sobre el general o público o el compromiso con las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno. deberá distinguirse la clase o índole de reCOntInÚA En lA PÁGInA 6
tes”. 2012.”.” (47) Art. por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. que existe relación directa e inmediata entre las cuestiones deducidas con los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados. 257 ter no aclara si también deben respetarse los términos del art. g) la mención del organismo. El plazo de interposición igual al prescripto por el art. Los requerimientos contenidos en los arts. (44) Fallos: 314:1030. (45) CS. art.ley 26. como así también de los que hayan intervenido con anterioridad en el pleito. 4/07: “El recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a cuarenta -40. si los hubiere.luneS 2 DE dicieMbre DE 2013 | 5
das cautelares. de cómo lo mantuvo con posterioridad. El rechazo liminar contemplado por el art.N. la CSJN ha señalado que no procede esa vía. Estas puntualizaciones se realizaron en las causas “Estado Nacional .2. mientras que los de índole formal están vinculados a la observancia de las reglas establecidas para la temporánea interposición y fundamentación autónoma del per saltum. actual y no derivado de su propia actuación. 21/10/99. a los efectos de que esta Corte habilite la instancia promovida mediante aquel recurso para revisar lo decidido en la sentencia apelada”. Andrés s/ su presentación en autos ‘Gil Domínguez. La Corte. Previéndose además.A. 2º Acda. s/ medidas cautelares expte. diferentes situaciones para la equiparación referida. Condiciones de admisibilidad formal y razones de procedencia El art. 257 ter se halla en consonancia con lo establecido por el art. (46) Estas restricciones aplicables también al escrito de contestación no han sido es-
tablecidas por la norma como tampoco la CSJN ha dictado una acordada ampliatoria de la 4/07 extendiendo sus exigencias al recurso extraordinario por salto de la instancia. 658. Los extremos de índole sustantiva se relacionan con la naturaleza de la cuestión federal por gravedad institucional y/o de trascendencia.945). cit. (48) Art. voto de la mayoría y voto concurrente de los jueces Fayt y Petracchi. 6°). N° 8836/09” (49). y “Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero y Frente para la Victoria Distrito Santiago del Estero s/ recurso extraordinario por salto de instancia 22 de octubre de 2013.
. 4/07) (47). especialmente. 658. haciéndose especial hincapié en la justificación de los fundamentos que dan motivo al recurso por salto de instancia.2.855. en su caso. demandado. continuando así con la exigencia de fundamentación autónoma.855. d) el domicilio constituido por el presentante en la Capital Federal.A. que el art. con arreglo a lo dispuesto en el texto normativo aplicable. Además. salvo que. el de sus representados. “Partido Nuevo . Jorge Gabriel s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional. conforme a las previsiones del art. 257 bis. 257 ter del CPCN. c) el nombre de quien suscribe el escrito. debiendo seguirse el procedimiento reglado por el art. b) la enunciación precisa de la carátula del expediente. 257 bis. 14. en las que con manifiesta evidencia sea demostrado por el recurrente que entrañan cuestiones de gravedad institucional —entendida ésta en el sentido más fuerte que le han reconocido los antecedentes del tribunal— y en las que. 4/07. h) la fecha de notificación de dicho pronunciamiento. 4/07 acerca de la mención clara y concisa de las cuestiones federales y la acreditación relativa a la presencia de los extremos de gravedad institucional y/o trascendencia. de cuándo y cómo el recurrente introdujo el planteo respectivo y. 2º y 3º de la Acda. y de la jueza Argibay) (43). ley 26.F. 257 y cc.3. la recepción de
la causa implicará el llamamiento de autos. Pero respecto a dicho efecto suspensivo.). s/medidas cautelares expte.854 s/ amparo (Ley 26. e) la
indicación del carácter en que interviene en el pleito el presentante o su representado (como actor.. . En el supuesto de que se considere admisible formalmente al recurso (51).Medidas cautelares contra el Estado)”. contado desde la fecha de notificación de la resolución que se impugna. 257 bis CPCN. según su sana discreción.854. concreto. ley 48). 3.790 se hizo mérito en el indicado caso “Estado Nacional s/ interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos Rizzo. 8º a 11. tendría que extender los recaudos previstos en los arts. 4/07 (48). a los efectos de fijar los lineamientos necesarios para evitar rechazos liminares por incumplimiento de las previsiones del art. tal como lo prevé el art. N° 3039/13)” de que por tratarse las causas de competencia federal y haber las sentencias impugnadas decidido de modo definitivo las cuestiones constitucionales suscitadas en la litis (art. j) la cita de las normas legales que confieren jurisdicción a la Corte para intervenir en el caso. que prevé el apercibimiento correspondiente a la inobservancia de las reglas exigidas en su articulado. 257 ter preceptúa la forma. que a través de una nueva acordada debería preverse que el requisito de la carátula aparte (art.páginas con veintiséis -26. 2º de la Acda. y con la sola invocación de esta norma. Se sostiene la impertinencia del recurso por salto de instancia para cuestionar sentencias definitivas provenientes de quien es legalmente el superior tribunal de la causa. deberían extenderse al recurso por salto de instancia. la acordada ampliatoria de la 4/07. en donde se señaló que “a juicio de esta Corte concurren los requisitos de marcada excepcionalidad que. 2013-A. Andrés c. 3º Acda. “Alcances del juicio de admisibilidad del recurso extraordinario federal”.
(43) LA LEY. el art.ley 19. 15 de la ley 48 y 257 del CPCN. La falta de presentación del memorial o su insuficiencia traerá aparejada la deserción del recurso. y con letra de tamaño claramente legible (no menor de 12). Jorge Gabriel s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional. punto c).Jefatura de Gabinete de Ministros s/ interpone recurso extraordinario por ‘Grupo Clarín S. 4/07: En las páginas siguientes deberá exponerse. se ha ampliado asimismo la Acordada 4/07 por el recibimiento de nuevas circunstancias que autorizan la interposición del recurso extraordinario federal en las instancias inferiores consideradas ahora como Superior Tribunal de la causa. la Corte desestimará la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente. 2. (50) Art. Estado Nacional . No obstante. 4/07: Contendrá una carátula en hoja aparte en la cual deberán consignarse exclusivamente los siguientes datos: a) el objeto de la presentación. En el art. N° 8836/09’. (44). del que se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. en lo que atañe a la presencia de las cuestiones federales por gravedad institucional y/o trascendencia. y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas. 2º Acda. i) la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal.5. 11 de la Acordada 4/07. Ya que. En “Dromi” se reconoció que “. e) la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso. se extendiera al recurso del art.” Empero. a la par que constituye regularmente el superior tribunal de la causa a los fines de la procedencia del recurso extraordinario (ley 4055. con indicación del momento en el que se presentaron por primera vez dichas cuestiones. 257 bis como ocurrió en los casos “Gil Domínguez. diez días hábiles judiciales. 2012-F. El apelante deberá presentar memorial dentro del término de diez días.Jefatura de Gabinete de Ministros s/ interpone recurso extraordinario por ‘Grupo Clarín S. N° 3039/13)”. La interposición del recurso por salto de instancia y los términos de la Acordada 4/07 El art. o que lo haya hecho de modo deficiente. del CPCN y la Acordada 4/07.Distrito Corrien-
Este criterio se corresponde con el mantenido por la CSJN en reiteradas ocasiones relativo a la imposibilidad de aplicar el salto de instancia en asuntos pertenecientes a jurisdicciones ajenas a la federal. (45) Ya en vigencia la ley 26.. (49) LA LEY. Las circunstancias de la legitimación activa y pasiva. 280 del CPCN (50). 2000-2-1109. (51) Puede consultarse el análisis que sobre el tema se efectúa en PETRILLO. Contestado el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo se llamará autos. 257 bis establece que el escrito será fundado y autónomo. En ningún caso se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos. III. 10 de diciembre de 2012. Cuando la Corte desestime esas pretensiones por tal causa. proporciona a la CSJN facultades para rechazar in limine o “sin más trámite” el recurso por salto de la instancia. deben figurar tanto en la carátula como en las motivaciones en que se funde el recurso por salto de instancia. ya relacionados. 12 para los recursos articulados in forma pauperis III. (La mayoría no hizo lugar por no darse las condiciones de la competencia ordinaria o la federal del art. Trámite y resoluciones del recurso por salto de instancia. y “Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero y Frente para la Victoria Distrito San-
tiago del Estero s/ recurso extraordinario por salto de instancia”. las actuaciones respectivas se reputarán inoficiosas. 5/09/1991. justifican habilitar la instancia del art. descartándose entonces se extienda para impugnaciones en contra de resoluciones judiciales provinciales.Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario.4. 169. Se considera. f) la individualización de la decisión contra la cual se interpone el recurso. 4/07 exige para la admisibilidad formal del recurso extraordinario previsto en el art. Competencia federal Al prescribirse que el recurso extraordinario per saltum sólo es procedente en causas de competencia federal. Sup. medida cautelar (Expte. el incumplimiento no constituya un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva. por ello. y el del letrado patrocinante si lo hubiera. en capítulos sucesivos y sin incurrir en reiteraciones innecesarias: a) la demostración de que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la cau-
sa y de que es definitiva o equiparable a tal según la jurisprudencia de la Corte. 1º de la Acordada 4/07 referido a la necesidad de que el escrito no tenga una extensión mayor a cuarenta -40.PEN . 169. III. 257 ter. en definitiva. 1º Acda. c) la demostración de que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal. el rechazo se puede disponer sin necesidad de acudir a sustanciaciones ni trámites. Esto se sostuvo en el indicado caso “Estado Nacional s/ interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos Rizzo. 257 del CPCN. 14 de la ley 48 prescindiendo de la intervención previa del tribunal de alzada que. 2013-A. “Partido Nuevo .renglones y letra claramente legible (no menor de 12).). ley 26. correspondía hacer lugar a las presentaciones efectuadas. Expone dicha norma: “En el caso de que el apelante no haya satisfecho alguno o algunos de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal y/o de la queja. Cons. podrá rechazar el recurso extraordinario. notificándose la providencia que así lo ordene personalmente o por cédula. no se considerará ninguna cuestión que no haya sido incluida aquí. (46) Art. con igual grado de intensidad. la decisión tendrá efectos suspensivos para el trámite. De modo similar a las atribuciones que habilita el art. plazo.páginas de veintiséis -26renglones. Si se tratare del recurso ordinario del art. recibido el expediente será puesto en secretaría. Doctrina Judicial Procesal 2013 (mayo). d) la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas. Respecto a estos últimos se hace imperiosa la adecuación de la Acda. El efecto del rechazo liminar significa que la causa debe proseguir según su estado y procedimiento correspondiente. la prescindencia del requisito de superior tribunal de la causa y sentencia definitiva exigidos por los arts. autorizarían a prescindir del recaudo del Tribunal Superior. 44 del Código Electoral Nacional . 254. el art. 2/7/13. juez o tribunal que dictó la decisión recurrida. medida cautelar (Expte. “Estado Nacional . tercero citado. locales y municipales. 14 de la ley 48 y 257 del CPCN.2. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
se dijo: “El per saltum interpuesto contra la sentencia de grado que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 628. con arreglo a lo establecido por el art.
IV.855. 1° del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. cuando la Corte Suprema revoque. Eduardo S.Ministerio Público . ley 26.855. Ordenó además la remisión de los autos principales en el mismo día. 11 de octubre de 2012. Maqueda. 15/11/2007. Sup. Se encuentra facultada expresamente. 2013 (noviembre). ha de ejercer la jurisdicción más eminente que le confiere la Constitución Nacional. Rosales Cuello. Con relación a la posibilidad de convocarse a audiencias públicos en el marco de dicho recurso. hábeas corpus. 4º. concurso de un amicus curiae . si se ataca una la sentencia definitiva de primera instancia (52) que pone fin a ese estadio. Zaffaroni y Highton de Nolasco. como se dijo supra. LA LEY. 1. procurados y resueltos con independencia de aquél. dio motivo a que la CSJN habilitara el per saltum.
(52) En “Estado Nacional s/ interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos Rizzo. corresponde que se proceda al dictado del pronunciamiento final. locales y municipales. La convocatoria requiere del concurso u opinión de al menos tres jueces y son de tres tipos: informativa. y aun podrá ordenar la ejecución especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón. exponiendo: “Que las razones de urgencia que hacen procedente la vía intentada. incs. Además se revela conveniente ajustar aspectos precisos y particulares de su trámite y resolución. dado que la decisión trae como efecto la cancelación de un procedimiento electoral mediante el sufragio universal desti-
nado a cubrir cargos públicos electivos. dejando sin efecto la convocatoria electoral para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura. 51. 257 ter. Boggiano. son admisibles con efecto suspensivo. y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada. Culminada la etapa de trámite. Los rechazos liminares constatados en los primeros casos que llegaron a la CSJN por salto de instancia demuestran la necesidad de cubrir esa tarea pendiente. Barcesat. “El per saltum. la vista fiscal al Procurador General y Procuradores Fiscales ante la CSJN o al Defensor General se impone en los términos de la ley 24. LA LEY. 18 de la ley 48 y 36 del CPCN. no se debería suspenderse el trámite principal. audiencias públicas— pueden válidamente suscitarse durante la tramitación del recurso de salto de instancia con posterioridad a la resolución de la CSJN que decide la admisibilidad formal. cuando se tratare de recursos por salto de instancia articulados en contra de sentencias definitivas. cual es la relativa a la forma y contenido que deberá observar el pronunciamiento a dictarse.855. “La gravedad institucional y el recurso por salto de instancia”. Declarado formalmente admisible el recurso extraordinario por salto de instancia. siendo admisible de allí su derivación al régimen general de dicho remedio federal instaurado por el art. la CSJN luego de admitir formalmente el recurso de salto de instancia y de ordenar su trámite —como quedó visto—. a requerir como medida para mejor proveer la remisión del expediente en forma urgente. en el acto de convocatoria deberá especificarse la finalidad de la audiencia. (57) Fallos: 327:2997. LA LEY. y aquí deviene una cuestión central a dilucidar. habrá que distinguir si se trata de incidentes autónomos que no impidan la continuación del juicio principal o. en principio. 33. pronunciamiento del 13/06/2013. provinciales. Andrés M. podría suscitar serias complicaciones en casos donde lo cuestionado fueran resoluciones interlocutorias equiparadas a definitiva o vinculadas con medidas cautelares. la contradicción judicial referida a medidas cautelar solicitadas por la actora. Mediante la Acordada 7/13 la CSJN dejó sin efecto las anteriores Acordadas 28/04.970 vino a llenar el vacío legal que había sido considerado el móvil determinante. Ello. (56) Véase las Reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica y el art. En la generalidad de los supuestos. Este instrumento introdujo un nuevo reglamento para admitir la presentación de personas físicas o jurídicas que no fueran parte en el proceso. ley 26. En caso incidentes autónomos. 810. Allí se dispuso al abreviación del plazo y la habilitación de días. normativa que había modificado la integración del Consejo de la Magistratura y determinado la elección directa por sufragio universal de los representantes de jueces. claro está. Pero bien puede suceder que. para enriquecer el debate constitucional y fortalecer la legitimación de las decisiones jurisdiccionales dictadas por la CSJN en asuntos de trascendencia institucional. académicos y científicos. 810 Gozaíni. Jorge Gabriel s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional. Doctrina Judicial Procesal. Según la Acordada 30/07. Sup. “El ‘per saltum’ y la tensión entre el ‘poder’ cautelar y el poder político”. 257 del CPCN. del 14/7/2004 (57) . (55) Cabe observar que en el trámite del recurso extraordinario reglado por el art. como asimismo la intervención de la Procuración General de la Nación. estableció la pertinencia de celebrar audiencias públicas. En adelante. Jorge A. amparos. LA LEY. considerando que estaba frente a una cuestión de competencia. Doctrina Judicial Procesal. a los fines de asegurar la participación ciudadana y
“la difusión pública del modo en que esta Corte conoce de los asuntos en que. en donde lo admitió. 2013-C.855. 2012-F . hará una declaratoria sobre el punto disputado..946 . o cuando el Alto Tribunal lo estime pertinente. En la jurisprudencia de la Corte Suprema”. “La regulación del ‘per saltum’“. las cuestiones de orden público y los conflictos de competencia (art. entre otros. atendiendo a las consecuencias dañosas que pueden derivarse de su continuidad. Además podría resultar pertinente la participación de amici curiae o amigos del tribunal. han quedado incorporadas a la plataforma legal del recurso extraordinario por salto de instancia. En el segundo supuesto. Para la hipótesis de que el cuestionamiento por per saltum haya sido dirigido en contra de resoluciones que disponen medidas cautelares o que las denieguen (53) .” (55) Idem. “El per saltum en la reforma del recurso extraordinario”. El original de la sentencia se agregará al expediente y una copia de ella. para que la CSJN negara la posibilidad de habilitar el per saltum en su jurisprudencia posterior a los comentados casos “Dromi” y “Alonso”. Las señaladas incidencias —vista fiscal. inc. 18 y 30 de la ley 26. conciliatoria y ordenatoria relativa a la tramitación de la causa. N° 3039/13).
Esta solución que —en principio— no presentaría demasiados inconvenientes. El amicus curiae es una regulación jurídica admitida en el régimen de la Corte Suprema estadounidense y determinados tribunales internacionales (56). a y b. inicialmente provenientes de la doctrina judicial. cuestiones de orden público. medida cautelar (Expte. y del decreto nacional 577/2013. LA LEY. de personas y entidades en calidad de terceros imparciales. conforme se señalara supra.
. Pero en hipótesis donde el recurso se interpusiera en contra de resoluciones interlocutorias equiparadas a definitivas. 16 de la ley 48 que expresa: “En los recursos que tratan los dos artículos anteriores. que por la índole o naturaleza del asunto. De allí se deriva la posibilidad de la participación de amici curiae en el recurso por salto de instancia. la CSJN. LA LEY.). 1362. 18 C.” Mientras que el art. (54) Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo. En la referida causa “Estado Nacional s/ interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos Rizzo. 2º. con lo cual podría alterarse el principio constitucional del juez natural (art. “Recurso de apelación extraordinario ante la Corte Suprema per saltum”. si por el contrario. Ley Nº 3893). con la finalidad de contribuir al dictado de la mejor decisión o una eficaz administración de justicia. circunstancia de gravedad institucional. 2012 (diciembre). 2012-F. reviste importancia recordar que por Acordada 30/07. correspondiendo advertir la imposibilidad de su prosecución según los perjuicios que ello podría acarrear en el futuro. Ordenó el traslado a las actoras por el plazo de cuarenta y ocho horas y su notificación en los respectivos domicilios constituidos. a) y puede conferirse en procesos penales. para que resuelva la contienda en forma congruente. será incorporada al libro respectivo”. 281 del CPCN dispone: “Las sentencias de la Corte Suprema se redactarán en forma impersonal.
Cuando las peculiaridades del proceso muestren la necesidad de la intervención previa del Ministerio Público —Procurador General de la Nación y Procuradores Fiscales ante la Corte—. invocando el art. decidió declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 26. La CSJN declaró la admisibilidad de los recursos extraordinarios por salto de instancia. hábeas data. en el proveído inicial o en la oportunidad que lo estime pertinente la CSJN puede disponer la remisión de las actuaciones a dichos funcionarios. es indudable que el remedio tendrá el alcance suspensivo que prescribe la norma. mediante la cual se admite la intervención en un juicio determinado. 2013-A. alcanzando a los entes estatales nacionales. Por razones de urgencia la CSJN ha decidido que este plazo puede abreviarse y asimismo ha autorizado la habilitación de días inhábiles. con carácter primordial. Jorge Gabriel s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional. pro-
nunciamiento del 13/06/2013. con efecto suspensivo con respecto únicamente a las sentencias recurridas. p. o bien resolverá sobre el fondo. Rojas. el plazo para el traslado del escrito inicial a todas las partes interesadas es de cinco -5. N° 3039/13). Osvaldo Alfredo. salvo que se advierta que su prosecución puede acarrear un daño o perjuicio irreparable. resta adecuar la Acordada 4/07 a los fines de dotar certeza y claridad a las exigencias referidas a la articulación de esta forma especial de recurso extraordinario. en el marco de los arts.N.6 | luneS 2 DE dicieMbre DE 2013
solución contra la cual se articula el recurso por salto de instancia. si lo estimare necesario.(arts. Las señaladas previsiones relacionadas con la vista fiscal podrían observarse también en el recurso por salto de instancia. (54) Causa “Estado Nacional s/ interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos Rizzo. 780. 2013-C. considerando la necesidad de otorgar mayor intervención a los actores sociales. así como habilitar días y horas para todas las actuaciones a que dé lugar la tramitación de los recursos. 14 de la ley 48. distinto al de origen. Jorge Gabriel s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional. 628. del Código
citado.” (53) En la causa “Asociación para la Promoción y Defensa de la Familia (“Pro Familia”)”. igualmente justifican que este Tribunal proceda a abreviar el plazo previsto para dar cumplimiento con el traslado legalmente contemplado. 35. p. Petracchi. cit. La mayoría estuvo integrada con el voto de los Dres. Pablo L. ley 26. 2012-F . también corresponderá evaluar la necesidad o no de suspender el proceso principal. Salvo. 25 ap. la CSJN considere que puede seguir actuando el tribunal inicial en mérito a no advertirse en la interlocutoria un adelanto de opinión referido al punto sustantivo de la controversia. l
Cita on line: AR/DOC/4399/2013
Moreno. fijando las pautas de su intervención. los que se desempeñarán de conformidad a dicho marco. 117. 3° párrafo. la eficacia y objetividad de la administración de justicia que realiza este Tribunal. LA LEY. la suspensión del proceso puede imponerse por la propia lógica que rige al proceso. incidentes no autónomos. 16 de la ley 48. inc. Es decir. Conclusión
La ley 26. sin perjuicio de que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría emitan su voto por separado. Ello teniendo en consideración lo señalado por el art. Disponiendo también la intervención de la Procuradora General de la Nación por igual plazo de cuarenta y ocho horas. esa vista fiscal es facultativa para la Corte. con excepción de los procesos penales. por cuanto en el supuesto de disponerse el reenvío. El reglamento establece que la actuación de los amici curiae podrá realizarse en procesos que fueren de competencia originaria y apelada. Esa decisión verifica que la CSJN ingresó a la cuestión sustancial y la resolvió. que a través de informes y colaboraciones. de incidentes.días. N° 3039/13) del 13/06/2013”. suspender el señalado proceso principal. abogados. la Corte Suprema podrá decidir sobre la procedencia del recurso. medida cautelar (Expte. que impliquen per se o tornen necesario. 2012-F.. en que la misma es exigida por imperio de disposiciones específicas. cuestiones de competencia.855. autorizada por el secretario. científicas o especializadas. a y 53. Las figuras de gravedad institucional y trascendencia. establezca la doctrina judicial sobre el punto en disputa y reenvíe la causa a otro tribunal. cooperan con la labor del tribunal en cuestiones técnicas. permitirá poner a prueba directamente ante los ojos del país. Ramiro. 1355 Manili. medida cautelar (Expte. para lo cual se exige la notificación personal o por cédula. debería radicarse la causa en un tribunal diferente al de origen. 1.
conceptualiza a esta última como aquellas “en virtud de las cuales la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar fuera del aparato genital femenino. al libre desarrollo de la personalidad. la inseminación artificial. transfiriéndose a éste los embriones resultantes. receptando exactamente la misma denominación.” Es decir. Por su parte. el art. En tales casos. de niños. el diagnóstico genético preimplantacional. por no implicar una transformación o alteración de la especie humana. y en particular. sean éstos propios o de terceros para la gestación en el útero de otra mujer. Aída. 19 prohíbe “ la clonación de seres humanos así como cualquier procedimiento dirigido a la transformación o alteración de la especie humana. Veamos. y a la dignidad por mencionar los más evidentes. la transferencia de embriones. Asimismo. a partir de material biológico obtenido en aplicación de técnicas de reproducción humana asistida autorizadas por la ley. ¿Qué otras fuerzas pueden oponerse.y. expresamente se prohíbe la clonación reproductiva así como también la terapia génica in ovo. incluso obligatorio.
y otros c. de manera eufemística. así como la posibilidad de generar un embarazo a partir de los mismos”. Se prohíbe la investigación o experimentación científica con embriones generados para desarrollar embarazos con las técnicas de reproducción humana asistida reguladas por la presente ley”. F. a la luz de la noción de “pluralismo” que campea los Derechos Humanos. fácil se comprende la línea legislativa que adopta la ley en comentario.
Especial para La Ley. 1 y ss. 563 del proyecto de Código Civil. Con relación a este segundo tópico. Responsabilidad médica” del 22/02/2012. a todos aquellos embriones no viables para “desarrollar embarazos” no les alcanza esta prohibición y podrían ser utilizados con fines investigativos. (4) HERRERA.
. la ley uruguaya le dedica un capítulo propio. Marisa. Argentina no se hubiera vanagloriado de los dos hitos normativos mencionados: el matrimonio igualitario y la identidad de género. al término de preembrión para corrernos del debate religioso y así plantearlo en el campo correcto —como se lo hace en el país vecino. lo cierto es que de otras disposiciones se pueden arribar a dos conclusiones: 1) el proyecto de reforma del Código Civil en su versión originaria ha sido fuente de inspiración con resultado exitoso en el debate de tres de las figuras y/o situaciones que más discusiones han generado: la fertilización post mortem. A. con los problemas prácticos que ya se han empezado a plantear en la jurisprudencia (3) y que fueron advertidos oportunamente por la doctrina (4). la ley uruguaya. en el que dos matrimonios demandan a un centro de fertilidad por la pérdida de un total de 7 embriones crioconservados producto de una falla mecánica en el aparato de unidad y almacenamiento criogénico. M. En la regulación uruguaya no se prevé —como en el proyecto argentino— un proceso judicial previo en el que se homologa el acuerdo al que arriben gestante y comitentes. contrariar o anteponerse a sólidos argumentos y fundamentos bioéticos. objeto de la presente columna. esta normativa es más amplia que nuestra ley de cobertura médica. la transferencia intratubárica de cigotos. la ley le abre juego a esta práctica de manera “excepcional”. sí se atreve a hacer una distinción básica desde el aspecto médico que de-
bería tener un tratamiento diferenciado en el plano jurídico: la de embriones viables y no viables. otra figura eliminada del proyecto argentino. Incluso en la legislación uruguaya se la regula de manera más benigna. Reglamentación que amplía el derecho humano a formar una familia”. completado por el siguiente párrafo al decirse que “Quedan incluidas dentro de las técnicas de reproducción humana asistida la inducción de la ovulación. resulta sencillo o innegable centrar el debate de una ley en aspectos técnicos médico-jurídicos y bioéticos. no sólo es posible sino necesario. pilares básicos para la elaboración de toda normativa que pretenda regular cuestiones como el uso de las TRHA? La única respuesta posible son los criterios religiosos. Eleonora y HERRERA. el art.no es lo mismo que un embrión. pero creemos necesaria su implementación porque refleja una realidad diferente: un preembrión -in vitro. 5 dedicado a explicitar qué se entiende por técnicas de baja y alta complejidad. los avances en materia de despenalización del consumo de marihuana para uso personal y esta reciente ley de TRHA. teniendo en cuenta su viabilidad. p. sean éstos criopreservados o no”. La ley
En primer lugar. así se prevé “únicamente” para “la situación de la mujer cuyo útero no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas.luneS 2 DE dicieMbre DE 2013 | 7
puedan ver satisfecho su derecho a formar una familia. las dos que permite la ley. Precisamente. o juicio de adopción o decisión si el tipo adoptivo que corresponda sea simple o plena. En lo que respecta a la gestación por sustitución. la gestación por sustitución y el derecho a conocer los orígenes de los niños nacidos con material genético o embrión de terceros y 2) se ha logrado consolidar la sana separación entre Estado-Iglesia. está totalmente ausente cualquier tipo de proceso de declaración de adoptabilidad previa. Los mismos criterios que han estado totalmente ausentes en la reciente ley uruguaya. 11 de la ley uruguaya referida a la transferencia embrionaria. en el que se niega la cobertura del DGP a una pareja que pretendía someterse a FIV para evitar tener
otro niño con fibrosis quística. que conllevó en la especie a la pérdida de la posibilidad de tener hijos para Marisel y de tener más hijos en el caso de su hermana Mabel”.. Con el mayor de los respetos se dirá que en el caso estamos ante la destrucción de preembriones humanos como lo explicaron los peritos en sus informes. como también del citado caso “Artavia Murillo” y otros de la CIDH. en el primer artículo dedicado al “Objeto” de la ley. el art. la sentencia afirmó: “Esta decisora considera innecesario profundizar y/o polemizar acerca de la terminología que utilizan los actores en la demanda cuando hablan de pérdida de hijos. la ley 26. Uruguay puede darse el lujo de vanagloriarse de ser uno de los primeros países en América Latina -porque en el derecho comparado de otros continentes son muchos los países que tienen leyes de TRHA. o con menos reparos que en el proyecto argentino. con argumentos avalados por la ciencia y apoyados en el desarrollo de la doctrina internacional de los Derechos Humanos y el consecuente reconocimiento de los diferentes derechos que involucra el uso de las TRHA como ser: el derecho a formar una familia o el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia. A modo de ejemplo. 12/07/2013 publicado en MJ-JU-M-81779-AR | MJJ81779. se establecen los mismos requisitos que preveía el suprimido art. El Proyecto de Código y su total consonancia con la CIDH”. Así. Eleonora. A los fines de cerrar el círculo de coherencia que muestra la reciente legislación uruguaya en materia de TRHA. En ese contexto. En este contexto. LAMM. por lo tanto. Al respecto. tomándose. presuponer que no le cabe la protección que se deriva del concepto de persona. ya que en este último la primera parte sentaba la regla: “En caso de muerte del o la cónyuge o conviviente de la mujer que da a luz. Si bien la primera parte del art. Yace aquí una primera conclusión: es posible un derecho secularizado. el que deberá elevar un
II. médicos y jurídicos. incluyendo a la fecundación in vitro. 17 descansa dentro del capítulo III “De la donación de gametos y embriones”. Como se puede observar. 9 regula la filiación post mortem como una “situación especial” disponiendo que “Podrá realizarse fertilización de gametos o transferirse embriones originados en una persona que hubiere fallecido. la transferencia intratubárica de gametos. y es en las legislaciones del derecho comparado. completándose esta idea con lo previsto en el art.
(3) Ver fallo de la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en los autos “M. esta disposición expresa en sus primeros párrafos que “Los gametos podrán ser utilizados con fines de investigación o experimentación científica para la mejora de las técnicas de reproducción asistida.723) (1) Ver KEMELMAJER DE CARLUCCI. este art. traemos a colación el fallo del Juzgado Letrado Civil nro 3° de Montevideo en los autos “L.sufridos por el proyecto de reforma del Código Civil en pleno debate ante el Congreso Nacional. y esto se pone de resalto en una cantidad de debates que han librado en los últimos tiempos: el matrimonio igualitario. la criopreservación de ovocitos y embriones. en LA LEY 2013-A. enfermedad de la cual había fallecido su primer hijo. “El embrión no implantado. sino que directamente se le da valor jurídico a dicho acuerdo sin ningún tipo de control estatal. sin perjuicio de los dispuesto en el apartado 4 del art.618 de matrimonio igualitario o posteriormente. la transferencia intratubárica de embriones. Como se puede observar. a la identidad. agregándose en el segundo párrafo que “En caso de embriones viables no transferidos deberán preservarse a los efectos de ser transferidos en un ciclo posterior”. De otro modo. Veamos: el art. con uno de los temas que seguiría siendo el más sensible como lo es el embrión. En la misma demanda. 17 relativo a la “conservación de gametos y embriones” que prevé que “Los gametos y embriones no transferidos se conservarán por los plazos que determine la reglamentación. Derechos reservados (Ley 11. la inyección intracitoplasmática de espermatozoide. se comienza abrir camino —de manera tímida— a una figura que empieza a calar con mayor énfasis en el derecho comparado por un argumento incontrovertible: la fuerza de la realidad.
(2) Somos conscientes de que esta terminología no es uniforme ni universalmente aceptada. En línea con esta postura legislativa que cuenta con el aval de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ya citado. Española s/ daños y perjuicios. el derecho a la procreación. mas no la clonación terapéutica.en contar con una ley integral de TRHA (como nosotros con la ley 26. en una gran cantidad de países del globo y como también lo ha hecho la CIDH— el científicojurídico? Más allá de algunas críticas — justificadas— que se le pueden esgrimir a la ley uruguaya desde el prisma obligado de la igualdad y no discriminación. máxime cuando Uruguay constituye otro de los países
que nos acompañan en el reconocimiento del derecho a contraer matrimonio a las personas del mismo sexo. 25 establece que “Serán absolutamente nulos los contratos a título oneroso o gratuito entre una pareja o mujer que provea gametos o embriones. 18 incorpora una variable central para el desarrollo de la ciencia de un país: la investigación. que no alude de manera expresa al diagnóstico genético preimplantacional (DGP). no hay vínculo filial entre la persona nacida del uso de las técnicas de reproducción humana asistida y la persona fallecida si la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella no se había producido antes del fallecimiento”. la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos”. 4 que dice: “La incapacidad referida deberá ser diagnosticada por el equipo tratante. a diferencia de la argentina. la microinyección espermática (ICSI). O. siempre que ésta hubiera otorgado previamente por escrito su consentimiento para ello y dentro de los 365 (trescientos sesenta y cinco) días posteriores a su fallecimiento”. 2 que “Se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino. Esta es la única explicación racional a las modificaciones -quitas y/o cambios. hermanos.743 de identidad de género). los gametos no podrán ser fertilizados con el fin de obtener embriones. ya la práctica judicial uruguaya ha resuelto bien la cuestión del embrión no implantado al adoptar el término de “preembrión” (2) -siguiendo la legislación española. Más aún.862. ¿Cabe alguna duda que para la ley uruguaya de TRHA el embrión no es persona. no implantado. etc. la criopreservación de gametos y embriones.862 al expresar en el segundo párrafo del art. ya que en varias normativas se cuela que los destinatarios serían sólo parejas heterosexuales. quien podrá acordar con un familiar suyo de segundo grado de consanguinidad. la implantación y gestación del embrión propio”. el art. Como se puede observar. la ley de interrupción del embarazo. aclara en el segundo párrafo que “A tales efectos se entiende por técnicas de reproducción humana asistida el conjunto de tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación de gametos o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo”. Marisa y LAMM. Revista La Ley. a quienes siempre se las ha querido controlar. la fecundación in vitro. o de su pareja en su caso. con la ley 26. obligando a ésta a entregar el nacido a la otra parte o a un tercero”. niñas. el IV. y otro c/ Obra Social OSPIMOL y otros s/ amparo”. Por lo tanto. tras disponer que se dedica a regular las TRHA. se dedica a establecer un máximo de transferencia de dos embriones por ciclo. M. Aquí si en términos muy similares a los que recepta el decreto 956/2013 que reglamenta la ley 26. una postura clara acerca de que no se trata de un supuesto especial de “adopción”. porque es un Estado laico de hecho y de derecho. la donación de gametos y embriones y la gestación subrogada en la situación excepcional prevista en el artículo 25 de la presente ley”. aun cuando se traten temas de alto contenido de interés para ciertos actores sociales como acontece con todo lo relativo a las familias y las mujeres. 907. a la privacidad. “Cobertura médica de las técnicas de reproducción asistida. más allá de su protección que gira en tono a la noción de viabilidad? ¿Acaso habría que haber apelado. como debe ser. 25. 31/07/2013. los actores reclaman incumplimiento contractual por: 1) la falta de consentimiento informado y 2) la destrucción de preembriones.
titución en Argentina. y Lab. 6. impiden momentáneamente la aplicación de los arts. ni siquiera tuvo que ocupar la atención de la Alzada.
2.A. (v) un pedido de quiebra en trámite. es titular del 96% de las acciones de Trenes de Buenos Aires S. 8/12.A. Y para ello. Nota a Fallo Hechos: En el concurso preventivo de Trenes de Buenos Aires.A. La Cámara revocó el decisorio. 1. 564. Com. Como se puede advertir. 11/07/2013. septiembre 12 de 2013. una ley especial de TRHA regula la gestación por sustitución. (6) Ver KEMELMAJER de CARLUCCI. el del Juzgado Nacional de Primera Instancia nro. legitimación. En la nueva ley de TRHA del Uruguay. 274. máxime cuando no es posible extender una medida patrimonial restrictiva a un tercero que resulta ajeno al proceso. la religión y la orientación sexual que tengamos cada uno de nosotros. con base en los fundamentos que allí expuso.
2ª Instancia. no surge que haya existido una acción tendiente a imputarle responsabilidad a la dominante o. a extenderle una hipotética quiebra de la concursada. (vii) la magistrada anterior actuó sobre la base de meras conjeturas carentes de sustento fáctico en la causa. art. Como se puede ver. LCQ. “Trenes de Buenos Aires S. para lo cual hay que ser “adaptable al cambio”. no habríamos conocido en los repertorios jurisprudenciales los casos tramitados por la Cámara Civil y Comercial de Gualeguaychú del 10/04/2010 (5) y de manera más reciente. en el que el único foco está puesto en lo más común que tenemos: ser personas humanas. 22 alude al secreto profesional. 21. Esta es la realidad y la fuerza de hoy: la de la “humanización” del derecho civil. o. 27 asevera que “En el caso previsto como excepción en el artículo 25 de la presente ley. 86 del 18/06/2013 (6) que al quedar firme por su contundencia. a los cuales cabe remitirse por elementales razones de brevedad discursiva. Revocación de la medida dispuesta. Como bien lo ha dicho Franz Kafka: “A partir de cierto punto no hay retorno. 3 y ss. De ello dan cuenta una gran cantidad de leyes. La ley online AR/JUR/75333/2010. 23— con el memorial de fs. C. La primera está a disposición de la persona cuando lo desee por parte del centro médico interviniente. quien fundó su recurso de fs. para la segunda se requiere de una resolución judicial que se otorgará cuando se esgriman razones debidamente justificadas que ameriten priorizar
el derecho a la identidad sobre el derecho a la intimidad del donante que por ello. a Favicor S.
de toda fuerza “sobrenatural” y esencialista que siempre ha atentado contra el progreso científico. con lo cual un eventual embargo sobre los bienes de aquél dificultaría seriamente el cumplimiento del acuerdo oportunamente homologado. a extenderle una futura e hipotética quiebra de la hoy concursada —extremos que.. Titularidad del 95% del paquete accionario. Por último.A.A.A. Al respecto. Marisa y LAMM.. Debe ser revocada la sentencia que decretó la inhibición general de bienes de una empresa controlante de la ex concesionaria del servicio ferroviario concursada. la jueza de primera instancia decretó la inhibición general de bienes de Cometrans S.. despojada
Cita on line: AR/DOC/4478/2013
Inhibición general de bienes decretada respecto de la empresa controlante de Trenes de Buenos Aires S. 1. agregando en el articulado siguiente. Charles Darwin asevera que “No es el más fuerte entre las especies el que sobrevive. y a Cometrans S. La sala juzga que. La gestación por sustitución en la Argentina se hace.) que actúa como su fiduciario respecto de ciertos fondos otorgados por el Estado Nacional en carácter de subsidios por la concesión. La regulación proyectada distingue información no identificatoria (datos de salud) de información identificatoria (identidad del donante). Concluyó entonces que. que recibió réplica de la sindicatura a fs. l
III. pues no puede desconocerse que se decretó la intervención judicial de la concursada y de su fiduciaria. HERRERA. y procedimiento. s/concurso preventivo s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación art. frente a la eventualidad de sobrevenir su estado de falencia y ante el acaecimiento de la conocida tragedia ferroviaria de Once. F.
Véase en página 9.8 | luneS 2 DE dicieMbre DE 2013
informe a la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida para su conocimiento. Ello fue apelado por la inhibida. procedió a donar. (iv) no median razones que permitan presumir la quiebra de la concursada ni su responsabilidad en las obligaciones de ésta.208) y que podría entenderse —como mera conjetura mayor o menormente razonable— que el pasivo posconcursal de aquélla es susceptible de aumentar notoriamente debido a las demandas que puedan haberse interpuesto o deducirse en el futuro con motivo del lamentable suceso acaecido el 22/02/2012 (conocido como “Tragedia de Once”). 85 ó 164. eventualmente.A. tuvo especialmente en cuenta que: (*) el pasivo posconcursal —aún indeterminado y ajeno a este proceso universal— no puede ser ignorado a efectos de resguardar los derechos de los acreedores concurrentes y el activo que deberá atender el pasivo verificado. 21 al 24. quien ostenta el 96% de su paquete accionario).455 — CNCom. En cambio.. las actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas. se trabaron inhibiciones de bienes y embargos. como así de planteos que promueven una clara ampliación de derechos humanos para todos.
(5) Capel. (iii) la medida cautelar dictada en su contra no obedeció a un pedido de parte o de un acreedor. (**) la concursada se encuentra inhibida —al igual que su fiduciaria Favicor S. el art.
Siempre se trató de plantear una ley que no peque de hipócrita. La apelante critica diversos aspectos del decisorio recurrido y. 1029vta. la que era titular del 96% de su paquete accionario. 2. como ser juez competente. la regulación proyectada presenta una mayor flexibilidad al prever un régimen totalmente extrajudicial o administrativo a cargo de los centros de salud para evacuar todo tipo de información no identificatoria.A. (iii) constante promoción de nuevos incidentes de verificación tardía. No hay duda alguna: la resistencia y defensa del “statu quo” está cediendo por fuerza de la realidad. la jueza decretó la inhibición general de bienes de una empresa controlante de la concursada. con lo cual no puede presumirse que incumplirá con sus obligaciones pre o posconcursales. (v) no se demostró la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora. no surge que haya existido una acción tendiente a imputar responsabilidad por ello a Cometrans S. la identidad del donante sólo puede ser revelada previa resolución judicial cuando la propia persona o sus descendientes así lo soliciten. merece ser destacada la línea legislativa que se adopta en torno al derecho de los niños nacidos por TRHA a conocer los orígenes genéticos del donante. que aquélla obtuvo ingresos por desprendimiento de activos y que desinteresó al peticionario de su quiebra. se agravia porque: (i) la resolución soslayó el hecho de que la concursada no se encuentra en cesación de pagos. que cala bien hondo en el derecho de familia. c. la que evaluará si se cumplen las condiciones establecidas en el inciso segundo de este artículo. (ii) reclamos pecuniarios por parte de la AFIP.
“B. Civ. La fiscal general subrogante ante esta Cámara dictaminó a fs. ya que la responsabilidad del sujeto dominante del grupo no requiere del presupuesto de la quiebra. -	.(***) se halla prima facie acreditada la existencia de un grupo económico que involucraría —entre otros— a la concursada. el 28. A. El resto de los articulados se dedica a fijar las reglas formales de este proceso judicial. a efectos de mantener incólume el patrimonio de Trenes de Buenos Aires S. Inscripción judicial del niño conforme a la regla de la voluntad procreacional”. Revista La Ley. 5. 250 CPR. Es aquel que es más adaptable al cambio”.4— del inimpugnado informe del interventor obrante en el expte. .. la ley uruguaya de TRHA no escapa a este punto de “no retorno”. 94. 31/42. aconsejando confirmar el veredicto apelado.— y carece de operatoria comercial —pues le fue revocada la concesión del servicio ferroviario que prestaba y no denunció otras actividades adecuadas a su nuevo objeto social— y. Aída. La supresión que en nuestro país se ha logrado más por fuerzas religiosas que por un fecundo debate científico-jurídico y bioético de tinte académico ha sido tal vez el primer eslabón necesario para encender el debate en un mundo en constante movimiento. Porque si bien es cierto que Cometrans S. Gualeguaychú. de las constancias de este expediente y los recibidos ad effectum videndi. R. s/ incidente — informes veedor”. por lo demás. nro. 14/04/2010.” Como es evidente que esta figura afecta los principios básicos en materia de determinación de la maternidad.
117. no es menos cierto que. la filiación del nacido corresponderá a quienes hayan solicitado y acordado la subrogación de la gestación”. eventualmente. que
Cita on line: AR/JUR/60542/2013
Se imponen en el orden causado. (ver fs.Trenes de Buenos Aires S. 21/22 —concedido a fs. “Gestación por sus-
La reciente ley integral de TRHA uruguaya es hábil para mostrar y demostrar que es posible lograr una regulación laica. pues si bien es cierto que es titular del 96% de su paquete accionario y que el pasivo posconcursal de esta última podría aumentar debido a las demandas que pudieren deducirse con motivo de una tragedia ferroviaria —en el caso ya sucedida en la Estación de Once—. -	La sentencia que decretó la inhibición general de bienes de una empresa controlante de la ex concesionaria del servicio ferroviario concursada debe ser revocada. 51/52. cuya consolidación de derechos acontece como sabiamente lo ha dicho Vélez Sarsfield en los orígenes del Código Civil: el nacimiento con vida. que “La filiación materna estará determinada por el parto o la cesárea de la madre biológica o en su caso por la mujer cuya gestación ha sido subrogada”. 69/84 y 86). C. si bien la concursada (ex concesionaria de un servicio ferroviario) se encuentra cancelando los créditos verificados. sala D. (iv) importantes reclamos pendientes de resolución y. 59/64. Eleonora. 3. M. ni —como consecuencia de ello— el mantenimiento de tal medida en la actualidad. no existen en el caso razones fácticas ni jurídicas que justifiquen el dictado de la inhibición general de bienes contra la sociedad controlante de la concursada. 4. con fundamento en los posibles reclamos que podrían deducirse por una tragedia ferroviaria —en el caso ya sucedida en la Estación de Once—. se afirma que “ La información proporcionada no implicará en ningún caso la publicidad de la identidad de los donantes ni producirá ningún efecto jurídico en relación a la filiación” (conf.A.. 2013/09/12. La magistrada consideró que. Asimismo. o al menos en ese marco normativo.A. resultaba ineludible extender alguna cautela a su controlante (Cometrans S. — Buenos Aires.A. finalmente. p. Posibles reclamos derivados de la tragedia ferroviaria sucedida en la Estación de Once. En consonancia con ello. tampoco es el más inteligente el que sobrevive. lo hace con fondos existentes en la cuenta de un tercero (Favicor S. Cumplidas las medidas para mejor proveer dispuestas por el Tribunal a fs. Ese es el punto que hay que alcanzar”. (vi) la in-
hibición solamente se basó en la relación de control de su parte con la concursada y. LCQ—. 65 (ver fs. en prieta síntesis. con prescindencia de los numerosos fundamentos expresados por la señora Jueza a quo en el decisorio apelado. —punto 3. según los arts. con semejanzas y diferencias con la regulación que propone el proyecto de reforma en su art. de lo contrario.A. A. (ii) no existe una acción judicial en su contra que justifique la inhibición.. aseverándose que “Toda la información relativa a la donación de gametos se encuentra alcanzada por el secreto profesional y en todos los casos sujeta a las responsabilidades que establecen las leyes y los códigos de ética vigentes”. Ello en razón de los posibles reclamos que se podrían deducir por la tragedia sucedida el 22 de febrero de 2012 en la Estación de Once. con total independencia de la raza.
Consideró que lo anterior se ve agravado por el hecho de que existen: (i) numerosos acreedores con créditos insatisfechos. con base en las disposiciones del art. el art. Mediante el pronunciamiento de fs. 2do párrafo).”.
Vassallo. radicados ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 9. porque éstos.. 319. 59. de la Nación). (3)
Y todo ello quita sustento. 38. A. 38. 87/89. Favicor S. s/ quiebra s/ concurso especial por Rzepnikowski. A su turno. 1º in fine de este incidente y fs. punto 1). Antecedentes
1. sino también el aparente estado de solvencia patrimonial de la concursada. 38. (iii) si la concursada incumple con el pago de los créditos reconocidos en los incidentes en trámite o las cuotas concordatarias devengadas o.. ha cumplido con diversas intimaciones firmes que le fueron cursadas por la a quo (vgr.3— y 1033vta. Buenos Aires.040. instrumental.) y que ésta no ha demostrado aún con qué fondos hará frente a las obligaciones subsistentes al segundo semestre del año en curso (ver informe del veedor presentado en el expte.E. que no era responsable por las deudas de esta última hasta el momento de la resolución de la Cámara y. Walter Daniel”). Además. Como podrá ser advertido al finalizar este breve análisis. Lucía”). Lo mismo había señalado la sindicatura al contestar el traslado del memorial. 38. Introducción. reclamos
pendientes de resolución y las consecuencias por el accidente ocurrido en la Estación de Once (2) (pasivo posconcursal).461 y 38.A.13. Introducción. hallarse sujeta a una tan importante restricción patrimonial. 38. posee sus cuentas embargadas por orden de la justicia penal (1). Mas ello no autoriza. a su vez. acreedores y gastos de TBA SA) que. en especial fs. 38. pagaba con fondos administrados por la fiduciaria Favicor S. como aquí sucedió. y Com.310 del expediente principal).. 94. el 24/05/2012) ha modificado su objeto social (ver fs.018/38. — le pide la quiebra Britos. contra el cual.550). (ii) ni —tampoco— es posible extender una medida restrictiva de su patrimonio a un tercero que. esta sala. resulta ajeno a este proceso concursal. CSJN. La cuestión que allí fue objeto de examen.luneS 2 DE dicieMbre DE 2013 | 9
Es evidente que si algún pretenso acreedor solicitara —en el marco del juicio correspondiente— alguna medida contra Cometrans S. Cód. 38.A. Es que tal tercero —al menos hasta ahora y en el marco de este concurso preventivo— no ha sido responsabilizado por deudas de Trenes de Buenos Aires S. como es el caso de la mencionada controlante.040. la misma no subsiste con similar alcance después de la homologación del acuerdo (Heredia.) y de la Fiscal General subrogante ante la Cámara.036/38.III. en modo alguno permite presumir que la controlante debe. como por dicha fiscalía.058. Notifíquese a la fiscal general subrogante en su despacho y. proveedores. de la Nación) y las restantes notificaciones.019.A. la sala D emite una sentencia ajustada a derecho que pone las cosas —podría decirse— procesalmente en su lugar. no —como consecuencia de ello— el mantenimiento de tal medida en la actualidad” [sic]. el compromiso de la controlante de realizar un aporte irrevocable para atender obligaciones concursales que se desembolsaría en la medida que se presenten las necesidades.036/38. párr. Heredia no interviene por hallarse en uso de licencia (art. confiándose a la magistrada de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (art.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Apelación Art. El planteo de la cuestión. LCQ). en el B. 9. I. como lo es la inhibición general de bienes (art.A.086 del principal). Vale destacar que el mantenimiento de la cautelar había recibido el apoyo de la Fiscal General Subrogante ante la Alzada. Cód.II.. En tal contexto. ante la eventualidad de su falencia y de las potenciales consecuencias patrimoniales que pudieran derivarse de la tragedia ferroviaria por todos conocida. situaciones potenciales. 131/132 del expediente 29. (iv) si progresa alguno de los cuatro pedidos de quiebra en trámite (ver fs. l
Concurso preventivo y proceso cautelar: La situación de la sociedad controlante de la concursada
SUMARIO: I. Procesal Civ. 330:1261. por parte del Estado Nacional) y Cometrans S. 1° de la ley 19. 1032vta. 7. comenzaré por destacar que aparecen mencionadas en la sentencia de la Jueza de grado tres compañías que forman parte de un grupo económico —con otras sociedades— bajo los términos previstos por el artículo 33 inc.550. Algunas reﬂexiones ﬁnales.337. 228. de la Nación). haber perseguido fines extrasocietarios y abuso de las formas jurídicas societarias derivado de las investigaciones realizadas en la causa penal que fuera citada anteriormente. 13. Antecedentes. juzga la sala que lo hasta aquí señalado demuestra. párr. 793/2012. En primer lugar. es insoslayable el hecho de que la concursada. 36.A. resultaba ajeno al proceso concursal. 38. A. publ. en el estado actual de este concurso preventivo formalmente concluido (ver fs. devuélvase sin más trámite este incidente. con costas de Alzada en el orden causado. la sala D. posee el noventa y seis por ciento (96%) del paquete accionario de TBA S.208) y ha desinteresado al peticionario de la quiebra aludido en la resolución apelada (ver fs. de la Nación). 228.514.A. a que abonaba sueldos.567). 386.208.2.065. de la apelante (Cometrans S.628. luego de la revocación de la concesión estatal para la explotación del servicio ferroviario (dec.4 de fs. inc.A.459/38. a la decisión recurrida (art. la posibilidad eventual de que sobrevenga la quiebra de la hoy concursada. fs. van a ser la base sobre la cual se decidió inhibir —en el marco del proceso concursal— a un sujeto procesalmente ajeno al mismo. la falta de actividad de TBA S. 38. la concursada Trenes de Buenos Aires S. que administraba los subsidios que recibidos por TBA S. el control societario de Cometrans S. A.A. a que la jueza concursal inhiba de bienes a Cometrans S.061/38.309. Pablo D. “Frigorífico Buenos Aires S. sobre el patrimonio de un tercero que. Por los fundamentos que anteceden. la promoción de nuevos incidentes de verificación. en su carácter de controlante de Trenes de Buenos Aires S. 38.A. 38. Por último. fundamentalmente.A.A. (fs. cuyos antecedentes expondré. resumo los principales hechos y argumentos sostenidos.).A. 9. Pero ello. P. Su Análisis. en los siguientes: TBA S. en especial el punto 3. dado que. Aunque —no está de más aclararlo— si bien el juez asume potestad jurisdiccional con la presentación del concurso preventivo. Es verdad que existen numerosos reclamos patrimoniales contra la concursada
realizados por diferentes vías (ver detalle del informe de fs. sumados a una serie de sospechas. p. teniendo en miras las circunstancias del caso concreto y los intereses involucrados. y el noventa y cinco por ciento (95%) de las acciones de Favicor S.080/38. Para no extenderme en detalles que pueden ser perfectamente apreciados con la lectura del dictamen de la Fiscalía de Cámaras y de la sentencia de primera instancia. Este debate tuvo lugar en los autos “Trenes de Buenos Aires S. 1033vta. 3. subsidiaria y provisoria. fecho.581.208.572. conforme se desprende del dictamen de Fiscalía de Cámara y del fallo que anotamos. la referencia al supuesto de inoponibilidad de la personalidad jurídica (artículo 54 de la ley 19.A. 36.1— del expte. Lo cual —sumado a que no existe acción de fondo ejercida por sujeto legitimado— conspira contra el mantenimiento indefinido de la medida (conf. que: (i) ni puede presumirse que la concursada incumplirá con sus obligaciones pre o posconcursales —evidenciando así la existencia de una cesación de pagos susceptible justificar su quiebra directa o indirecta—.640/38. tanto por la Jueza a quo. 10 in fine y 11 —anteúltimo párrafo— del decisorio apelado). (fiduciaria del fideicomiso de administración de infraestructura ferroviaria. ello debería ser resuelto por el juez que entienda en esa causa. Procesal Civ. quien en su dictamen aconsejó confirmar la resolución que fuera objeto de apelación. 94. (ex-concesionaria de las líneas ferroviarias “Mitre y Sarmiento”. 68:2. Hago mención a tales datos.550). deudas fiscales. al rechazar la posibilidad de tomar una medida restrictiva como la citada.) y a su relación con la sociedad concursada. conf. 69/72 de estas actuaciones y punto XI del informe del veedor en el expte.040. Es copia fiel de fs. además —en lo que resulta dirimente a estos efectos— no existe ninguna acción de fondo que sustente —ya desde una óptica puramente procesal— el mantenimiento de la medida precautoria
decretada en su contra (que como tal es accesoria. desde la rescisión del contrato de concesión del servicio ferroviario por el Estado Nacional. La última es sociedad controlante de ambas firmas (artículo 33 inciso 1°
de la ley 19. A.477 y 38.4—). Así. la Jueza concursal ordenó la anotación de la inhibición general de bienes de la controlante. se han trabado inhibiciones generales de bienes y embargos a fin de resguardar sus activos (ver fs. por lo pronto. corresponde señalar que está fuera de toda discusión el hecho de que el juez concursal se halla facultado a adoptar decisiones concernientes al cumplimiento del acuerdo homologado (art.A. 1032 —punto x. “Tratado exegético de derecho concursal”. cuestionamientos y observaciones al proceder de la controlante (Cometrans S. ha obtenido ingresos debido al desprendimiento de ciertos activos (ver fs. 7°). Cpr. 250”. 38. 38. 38. con el objeto de mantener incólume el patrimonio de TBA S. con base en una posible responsabilización de ésta como dominante de un aparente grupo económico artificial (ver fs.A. y Com.A. C. 3º. I.N.265. Sentado lo anterior. entendió para revocar la resolución que fuera materia de apelación. Secretaría n° 18. 36. giró en torno a si resultaba procedente trabar una medida cautelar sobre un sujeto de derecho distinto (sociedad controlante) de la sociedad concursada (controlada). que “no existen en el caso razones fácticas ni jurídicas que justifiquen el dictado de la inhibición general de bienes contra la sociedad controlante de la concursada. según surge del decisorio apelado. Cód. 94. atribuyendo a Cometrans S. 109. t. se resuelve: Revocar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravios. y Com.A. cabe señalar que la inhibición general de bienes dispuesta por la magistrada anterior carece. en este estadío procesal. 2000. Claro que podría sostenerse que: (i) si esas eventuales demandas progresan.295/36. al único efecto de resolver el recurso sub examine . —punto 1.036/38. y Com. 8. Procesal Civ. 1. la existencia de un gran número de acreedores insatisfechos. 38. 38. podría peligrar no sólo el cumplimiento del acuerdo homologado respecto de los juicios en trámite y los no atraídos (ver fs. luego de considerar los argumentos que justificaron la decisión de primera instancia.641).
I. — Juan José Dieuzeide. sobre la concursada.O.. 72). — Gerardo G. El Dr. tampoco se había promovido acción de fondo que justificara mantener la cautela.062. 38. de límite temporal. —punto 3. y.674/2012 caratulado “Trenes de Buenos Aires S.A. Procesal Civ.619/38. II.557. 38. RJN). 2. entre otros).A. art. (fiduciaria. parág. 335:705. Pero no puede desconocerse que se ha decretado la intervención judicial de la concursada y su fiduciaria Favicor S. (ii) si en los pertinentes procesos judiciales ajenos al presente juicio universal se dictan medidas restrictivas del patrimonio de la concursada o su fiduciaria (Favicor S. En un interesante fallo dictado recientemente por la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (12/09/2013) se dispuso revocar el pronunciamiento de primera instancia que había ordenado trabar inhibición general de bienes de la sociedad controlante de la concursada.A. atento a las particularidades que rodean a la cuestión resuelta y la solución que en definitiva se adopta (arts. A modo de reseña de la causa bajo estudio. Cód. en adelante TBA SA).547) y que hasta la fecha Trenes de Buenos Aires S. basándose en estos elementos —que en apretada síntesis he explicitado— y. F. Fallos: 334:259. 38.621.
donde la causa tuvo trámite) lo dispuesto por los artículos 195 a 237 del CPCCN. En la causa bajo examen se planteó el supuesto contenido en el ya citado artículo 33. Me refiero a la condición de tercero que ostenta la sociedad controlante frente al concurso de la controlada y la ausencia de autonomía que posee el proceso cautelar descripto. es momento de ingresar en el tratamiento de la posición de sociedad controlante de la concursada frente a los pasivos de esta última y la posibilidad de afectar su patrimonio con una medida precautoria para asegurar el cumplimiento de dicho pasivo. (6) Estas “son instrumentales. al momento de requerir su protección o aseguramiento a través de la cautelar peticionada. de la ley 19. Y esto corre para la inhibición general de bienes..
que “aquélla caduca de pleno derecho si el actor se abstiene de interponer la demanda dentro de los diez días siguientes al de la traba (art.550. para evaluar la viabilidad de una medida precautoria. me referiré brevemente a estas características propias del proceso cautelar que mencioné. el primer requisito que se presenta como exigible para obtener una medida precautoria es la existencia de “un derecho que se pretende asegurar” (artículo 195 CPCCN). hecho que también fue puesto en evidencia por el fallo que es objeto de este comentario. Insisto en hablar de un sujeto procesal ajeno al concurso . aun cuando ésta es marcada y definitoria a la hora de tomar decisiones en el seno de la asamblea de la sociedad controlada. al decidir la suerte de la resolución impugnada. se le extienda a una de ellas la responsabilidad por deudas originariamente a cargo de otra. se indicó en la sentencia. Antes de analizar el tema vinculado a la posición procesal de la sociedad controlada frente al concurso. especialmente cuando la acción de fondo opera como causa que da origen a la necesidad de tutela y que justifica la traba de dicha medida. todo ello se advierte como insuficiente para justificar por sí solo la afectación del patrimonio de un sujeto de derecho que formalmente no es parte del proceso concursal y que no es deudor de las obligaciones asumidas o a cargo de la concursada.A. eventualmente. Por último. Si no existía al momento de solicitar la medida. El otro dato a tener presente. juntamente con sus acreedores (artículo 1° ley 24. reconocido por el artículo 18 de la Constitución Nacional. ni en la instancia de origen. 3. y hasta acusaciones en cabeza de ambas sociedades —controlada y controlante—. a partir de ello. las normas procesales vigentes determinan que “las medidas cautelares se traban previo cumplimiento de los presupuestos genéricos a los que se encuentran condicionadas. en el mejor de los casos puede hablarse de una “autonomía para el desempeño”. .550. Ocurre que la materia debatida en la sentencia de la Cámara excede a los preceptos de la ley concursal y societaria que fueron reflejados tanto en la sentencia de grado como en el dictamen de la Fiscalía. además de mencionar que el acreedor que había promovido el pedido de quiebra citado en la resolución apelada había sido desinteresado. la pretensión que le dio origen (su objeto) guarde identidad con aquella invocada en el proceso cautelar. Aclaró la Alzada que la existencia de eventuales reclamos y medidas peticionadas por algún acreedor. con base en una posible responsabilización de ésta como dominante de un aparente grupo económico artificial. por la Fiscal de Cámaras subrogante— y de haber examinado los presupuestos necesarios para la viabilidad de la medida (verosimilitud del derecho y peligro en la demora). controlante y controlada. debían ser resueltas por los jueces que intervengan en tales procesos. porque el hecho de ser controlante de la concursada no transforma a la primera en parte . al margen de la gravedad que puedan poseer. inexistente al momento de dictarse el fallo— cuyo resultado aquél busca asegurar. puede ser encuadrada en la norma prescripta por el artículo 33 inc.. el embargo. sino que constituyen un accesorio de otro principal del cual dependen y a la vez aseguran el cumplimiento de la sentencia que vaya a dictarse”. no dejan de ser sujetos de derecho independientes y con personalidad jurídica diferenciada (artículos 2° y 7° de la ley 19. apelando a la figura de la inoponibilidad de la personalidad jurídica regulada por el artículo 54 párrafo 3° de la ley 19. orientadas a extender a la controlante la responsabilidad por las obligaciones de la concursada. como para otras cautelares (por ejemplo. al margen de su trascendencia. a quien considero un tercero . de la misma forma que lo hace la Cámara en su fallo. se precisó algo que considero sustancial para el análisis de este fallo. Entiendo que tampoco cambia las cosas el panorama de hecho que se describe en la resolución que fuera impugnada y que mereciera el apoyo de la Fiscalía de Cámara. inciso 1°. una causa penal promovida a raíz del conocido accidente ferroviario de la Estación de Once). la medida de no innovar. sin iniciar acciones legales destinadas a responsabilizarla por las deudas de la concursada (controlada)? En principio. agregamos— que dé como resultado la quiebra de TBA SA. Ello. tanto de la resolución apelada como del dictamen de la Fiscalía se desprenden distintas observaciones. señalando que ello no autoriza “a que la jueza concursal inhiba de bienes a Cometrans S. seguramente la suerte de la sentencia que fue objeto de apelación habría sido otra. no aparecen considerados acabadamente. no dejan de representar jurídicamente un estado de sospecha. más allá que puedan apoyarse en elementos probatorios objetivos (por ejemplo.A. con el fin de responsabilizarlo por deudas actuales o eventuales de la concursada. Concretamente.522. nada se dice sobre dos temas procesalmente importantes y determinantes. pues ello adquiere una especial relevancia. pues lo contrario significaría otorgar a las medidas cautelares una independencia funcional y sustancial que la ley no les concede. originado en la que podríamos calificar como una promiscua relación societaria. o. por cuanto no tienen un fin en sí mismas. simultáneamente o con posterioridad a su obtención. y de la concursada. en virtud de lo normado por el artículo 278 de la ley 24. Es que sólo se efectúa una remisión a diversas circunstancias y hechos que vinculan a ambas sociedades —concursada y controlante—que. Como es sabido. la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora”. En esa línea. Establecido este importante extremo. resulta evidente —luego de realizar estas primeras indagaciones—. Para ser ecuánimes en nuestro valoración del caso. que técnicamente la referida controlante es un tercero . para justificar la traba de medidas cautelares sobre una persona —física o de existencia ideal— ajena a un proceso con-
cursal (la controlante). Esto es definitorio a la hora de evaluar esta cuestión. (10) De todo ello se sigue que no se puede prescindir de la existencia de un proceso judicial (principal). a pesar de las razones invocadas para disponer la cautelar y para sostener su traba —inclusive.550).” [sic]. en el cual. menos aún en el proceso concursal.
Para afirmar esto y. Se recordó en el fallo —luego de reconocer la existencia de numerosos procesos de contenido patrimonial—que se había decretado la intervención judicial de la fiduciaria Favicor S.. Sucede que. son presentadas desatendiendo la naturaleza subsidiaria y accesoria que caracteriza a estas medidas precautorias. que no existía en trámite ninguna acción judicial destinada a “imputar responsabilidad por ello a Cometrans S. se hace referencia a la consecución de fines extrasocietarios y abuso de las formas jurídicas societarias por parte de la controlante que fuera inhibida. Destacando que se trata de un “concurso preventivo formalmente concluido”.. es que todas las observaciones. no se tradujo en acciones judiciales concretas. Sin embargo.522). Se dijo que tampoco podía extenderse una medida como la inhibición general de bienes a un tercero contra el cual no se han iniciado acciones judiciales de ninguna especie. sin restar de ninguna manera trascendencia a las argumentaciones que dieron lugar a la anotación de la cautelar —léase ‘aumento del pasivo por las demandas que puedan estar en trámite o interponerse con motivo de la Tragedia de Once’—. (9) Así. con relación a un proceso principal —en el supuesto bajo análisis. dudas. El primero de ellos —como fuera expresado—. haciendo notar que no puede presumirse el incumplimiento futuro de la concursada a sus obligaciones (pre y posconcursales) para considerar. (7) Es decir. resulta fundamental ingresar en terrenos de orden netamente procesal. de la ley de Sociedades Comerciales. se debe partir de recordar que resulta de aplicación a esta materia (en jurisdicción nacional. que se encuentran directamente relacionados con la garantía del debido proceso adjetivo. De la lectura del fallo de la sala D se desprende con meridiana claridad que este proceso de conocimiento donde se debía discutir —por ejemplo— la responsabilidad de la sociedad controlante por las deudas de su controlada no tuvo lugar. 1° de la ley 19.10 | luneS 2 DE dicieMbre DE 2013
toda referencia a aquellos relevantes aspectos que he enumerado anteriormente. donde se debata la pretensión que motiva el pedido de protección o aseguramiento. etc. párrafo 3°. Vale resaltar que si estos procesos se hubieran activado. Además no puede perderse de vista que ambas sociedades. cuando se habla del vínculo que une a dichas sociedades. este último. estas medidas “adecuan sus formas con plena subordinación al objeto que tienden a preservar”. incluso cuando resulte aplicable el instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica del artículo 54. que no debe ser confundido con “un proceso independiente”. Claro ejemplo de ello son los supuestos contenidos en el citado artículo 54 de la ley 19. dado que únicamente la controlada (concursada) está afectada por aquél. Hasta aquí los antecedentes y principales datos que revela la resolución de la Cámara. no es suficiente per se para disponer la traba de la medida. a tenor de los antecedentes que se citan.A.550. Su análisis
1.550 o en el artículo 161 de la ley 24. pero adelanto que la conclusión a la que aquí se arribe será aplicable a cualquiera de los otros casos previstos por la norma antes referida. A partir de ello —tal como fuera adelantado—. donde se debatirá la real pretensión que se pretende tutelar. A tal punto es tal la dependencia y la accesoriedad que se deriva de lo señalado. debe inexorablemente ser promovido. que el cautelar es un trámite procesal que no puede considerarse autónomo o independiente del proceso principal donde se sustancia o debate la pretensión cuya futura materialización se tutela. O sea. dadas las circunstancias de hecho y de derecho que rodearon el caso.). a extenderle una futura e hipotética quiebra de la hoy concursada. ni en el dictamen de la Fiscalía. salvo que. en su caso. sea necesaria la existencia o promoción —según el caso— de un proceso principal (acción de fondo). La cuestión planteada. la sala D dejó sin efecto la medida cautelar ordenada. En particular. sospechas y cuestionamientos. (11) Sin embargo. Esto trae como inmediata consecuencia que ya sea con anterioridad a formular la petición de dicha medida. (8) Como apunta Gozaíni. que inicialmente le resulta ajeno. especialmente de la sociedad controlante y de la concursada. la que siempre cumplió las intimaciones firmes que le fueron cursadas. más allá de las razones que fueron invocadas para disponer la traba de la inhibición. mediante una sentencia firme y cuando la ley así lo permite. se puede sostener que la existencia del grupo económico y sola relación de control. que servirán para determinar los puntos relevantes que pasaré a evaluar. en torno a la relación y actuación. Como fuera ut supra mencionado. (4) Ambos temas. la pregunta que se impone es: ¿alcanza solamente la condición de sociedad controlante y el estado de sospecha sobre la realización de actos que puedan ser calificados de abusivos o que persiguen fines extrasocietarios en los términos del artículo 54 párrafo 3° de la ley 19. Es que para determinar —con las limitaciones que este comentario de por sí tiene— si la decisión de la Alzada es acertada. Expuestos los antecedentes y algunas primeras apreciaciones sobre lo decidido. pues de lo contrario opera la caducidad prevista en el citado artículo 207 del CPCCN citado. se omitió
. a pesar de su aparente contundencia. siendo éste uno de los elementos que fueron especialmente considerados en la sentencia para revocar el fallo de primera instancia. por lo que cada una responde por las obligaciones a su cargo. gestada en el seno del grupo económico integrado por la concursada y su controlante afectada por la cautela—entre otras firmas—que. la existencia de un estado de cesación de pagos —futuro y no consumado. Llamativamente. más o menos fundadas. particularmente ante el carácter subsidiario y dependiente del prin-
II. la anotación de litis. 207 del CPN)”. (5) Sucede que su objetivo es asegurar el resultado potencial de otro proceso independiente —principal—. dado que sólo se trata de una “autonomía de procedimiento”. Una posición distinta no cuenta con sustento legal en nuestro ordenamiento jurídico.” [sic]-.522. que no pueden soslayarse algunos puntos por demás relevantes para abordar de manera correcta el tratamiento de este tema. O sea que es “un remedio sustitutivo contra los riesgos del tiempo”.550. se debe admitir que aparece como razonable la preocupación de la Magistrada de grado y de la Fiscalía de Cámara ante un estado de cosas complejo y confuso a la vez. 2. que la sociedad controlante no es parte en el proceso concursal.
2002-I. pues.— Juan R.Com. los comportamientos usualmente violentos del imputado. Patterer Guillermo Maximiliano y otro s/ ordinario . Dansey. D. p. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. reúnan las características para incluirlos en el rubro “mega espectáculos”..
Firmantes: Guillermo Semhan. al demostrar con la decisión tomada que el proceso legal establecido no puede ser eludido. denotando esa naturaleza subsidiaria y dependiente que caracteriza al proceso cautelar. de la prueba colectada surge que esos acontecimientos se realizan. la conclusión que se impone no es otra que sostener que no es jurídicamente admisible la traba de una media precautoria. Massei. a tal punto que sólo se limitaron a atribuir responsabilidad a la sociedad controlante por las obligaciones concursales o posconcursales de la controlada (concursada). sala D. E. Su opinión. Y esto. Bermúdez. más allá de que los especialistas atestigüen que los niveles sonoros están encuadrados dentro de las normativas. La tutela de los derechos de terceros y el mantenimiento de la incolumidad del patrimonio del deudor requieren básicamente de una persona que no resulte ajena al proceso principal que sirve de base para peticionar la protección cautelar. naufragio u otro accidente culposo”. LA LEY. Procesal Civil y Comercial de Corrientes. Smaldone . dirigidas a que un futuro pronunciamiento del órgano jurisdiccional declare la responsabilidad por las obligaciones inicialmente asumidas por otra persona —léase. t. quien de esta forma dejaba de ser procesalmente un tercero. — Luis Esteban Genoud. Cebrero. — Daniel Fernando Soria. el primero. — Armando S. E.
cos y otros s/ Descarrilamiento. AbeledoPerrot. — Domingo J. Impacto en la calidad de vida de los vecinos. La Ley. (6) CNCom.L... con lo cual debe responder por el uso. De esta forma. y de habilitar. No se trata de decidir en función de lo que parece o se desea. VIII. — Mercedes Blanc G. Buenos Aires. su responsabilidad en el plazo de treinta días desde la denuncia del siniestro –art. el corto lapso que llevaban unidos en matrimonio. p. Abbate. espectáculos que. Derechos reservados (Ley 11.. el juez concursal únicamente resultaría competente para decidir sobre una medida cautelar. no sólo habría permitido resolver la dificultad representada por la accesoriedad y subsidiariedad del proceso precautorio. Cafure de Battistelli.
Córdoba Amparo ambiental.28/10/2013 Firmantes: Ricardo T. no es poca cosa. como tribunal de derecho. Resolución del 10/10/2012.. conforme ya fue comentado. sino de lo que debe o corresponde que sea resuelto de acuerdo al derecho vigente. Buenos Aires. la segunda. TS Córdoba. (8) GOZAÍNI. la ordenación jurídica de las relaciones del trabajo es un ámbito cuya legislación.. debe ser anulado en cuanto a la limitación disCOntInÚA En lA PÁGInA 12
. — María E. “. L.Recurso de Casación . al tratarse de una pretensión voluntaria de todos los herederos que no está dirigida a dirimir ningún conflicto entre ellos. de público conocimiento.
La aseguradora tiene la obligación de declinar. I. para disponer y sostener la inhibición general de bienes —que hasta se puede compartir—. op. op. 250 CPR”. porque así lo impone la Constitución Nacional —art.399 de la Provincia de Buenos Aires.— Ricardo A. inc. 1997-F. Esto podría haber sido superado a través del inicio de la acción de fondo contra quien iba a ser sujeto pasivo de la medida. María Isabel y otros c. en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 11 de Capital Federal. en la Argentina actual.
Formosa Homicidio agravado por el vínculo
La condena por el delito de homicidio agravado por el vínculo cometido en circunstancias extraordinarias de atenuación en grado de tentativa debe ser revocada. (5) PALACIO.R. en cuanto fija la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para el cálculo de los intereses que deberán adicionarse al monto total de la condena en los procesos laborales es inconstitucional.
Resta aclarar que. septiembre 12-2013. (10) GOZAÍNI. 470. “Derecho Procesal Civil — Procesos cautelares y voluntarios”. Fernández. L. Claramente todos estos recaudos esenciales no fueron debidamente atendidos a la hora de disponer la medida cautelar. Cabrera.
Especial para La Ley. Y ello se vio agravado —como remarcó la Cámara—. Ana Olga c.17/10/2013 Firmantes: Carlos F. t. Castrillón. 473. se podría decir que el fin buscado con la cautela no justifica apartarse del procedimiento que el legislador implementó con el objeto de garantizar el debido proceso adjetivo de quien se verá afectado por aquélla. ST Corrientes. se había operado la caducidad del seguro. y otros s/ daños y perjuicios . I. por circunstancias que trascienden lo meramente sonoro.13/09/2013. Abraham.luneS 2 DE dicieMbre DE 2013 | 11
cipal que caracteriza al proceso cautelar. A. SC Buenos Aires.). advierto. sala D. promovida por la sindicatura o alguno de los acreedores (también en otra sede judicial por acreedores posconcursales).— Guillermo H.— Leonor Pañeda. expresa y claramente. mal uso o abuso que se hiciere de ella TS Neuquén. Alucín. 469. S. 31. O. por esta última opción. autos “Trenes de Buenos Aires S. que se desarrollan en horarios de madrugada y que impactan en la calidad de vida de una gran cantidad de vecinos.. si bien puede entenderse que con la provisoriedad que poseen estos procesos. J. Quinteros).
Entre Ríos Obligaciones de las aseguradoras. 1978-B. t. en la medida que en virtud de las reglas que regulan la jurisdicción y competencia de los tribunales. Oscar José.. LA LEY. cit. 269. en el caso bajo examen la verosimilitud del derecho (fumus boni iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora) pudieron quedar justificados. (9) GOZAÍNI. Tampoco puede ser entendido como razonable generar una restricción patrimonial como la que se deriva de una inhibición general de bienes (o de otra medida). no resulta razonable dar preeminencia a una regla procesal con una literalidad extrema que la desnaturalice. “Caja de Crédito Flores Sud s/ quiebra”. la consecución de fines extrasocietarios y abuso de las formas jurídicas societarias que justifica la traba de la medida cautelar. María Concepción Olivieri de Dansey y Aldo Oscar Dansey s/ sucesorios .Nac. pues. pues. En el caso. (11) Dictamen de Fiscalía de Cámara de fecha 9 de mayo de 2013. con el grado de provisoriedad propio de toda medida cautelar. 2005. Andruet (h. caratulada “Córdoba. de Arabel.20/09/2013 Firmantes: Emilio A. O. fue consecuencia directa del disparo de un arma que fue proporcionada por el Estado en virtud de su función. Club Atlético General Paz Juniors y otro s/ Amparo .
Debe ordenarse al club barrial demandado y a la Municipalidad de Córdoba que se abstengan de organizar o auspiciar en su sede.
La ley 14. durante o después— de un proceso principal cuyo resultado se pretende tutelar.— Luisa A. a mi entender acertadamente. 75. la concursada—. dado que falta un requisito esencial para su validez y legitimidad. la falta de un proceso principal con un objeto integrado por una o varias pretensiones que se identifiquen con aquellas que se busca tutelar con la medida precautoria que se solicita hizo que resultara procesalmente imposible sostener en el tiempo la vigencia y ejecución de la última. Firmantes: Héctor Negri. García Allocco. p. 600. evitando así eventuales perjuicios a quien no revestía el carácter de obligado y parte. Comentado y Anotado. al no haber mediado pago de la prima. sino que. El autor también hace hincapié en que “la medida cautelar aparece como accesoria o instrumental de otro proceso al que accede para asegurar su eficacia”. más allá de que el daño no derivó del ejercicio de la actividad policial. Héctor Osvaldo c. y una normativa que apunte a ese objeto debería provenir de Poder Legislativo de la Nación. — Fernando Niz. Rubio. Mar(7) DI IORIO. habría eliminado el problema de la posición procesal del sujeto que debía soportar la medida. corresponda que tal proceso —principal— se radique en sede concursal. Algunas reflexiones finales
Luego de este breve comentario y. que exigen la existencia —antes. Provincia del Neuquén s/ acción procesal administrativa . Club barrial residencial que organiza espectáculos públicos musicales. José Antonio Pablo c.
Neuquén Responsabilidad de la Provincia por el homicidio cometido con un arma reglamentaria.723) (1) Causa penal n° 1710/12. Hang. Entonces. las provincias han delegado al Estado federal. argumentando sólo una posible responsabilidad de la sociedad controlante —en el caso sub examine —. La Alzada optó. Procesamiento penal.— Oscar E. dado que la existencia de una acción de fondo contra la sociedad controlante.A. sin avanzar en acciones concretas e ineludibles a tenor de las normas procesales aplicables.
Corrientes Pretensiones voluntarias. ST Formosa. Sesin. 830. p. A.06/08/2013. (2) Accidente ferroviario que tuvo lugar el día 22 de febrero de 2012 en la Estación de Once de la denominada “Línea Sarmiento”.— Eduardo M. A. cit. por parte de Cometrans S. conforme la Ordenanza 10. t. mediante la exigibilidad de las normas que informan el procedimiento cautelar.
La queja deducida contra el decisorio que denegó la inclusión en la declaratoria de bienes sucesorios del pretenso derecho posesorio del causante sobre un inmueble no puede rechazarse con fundamento en la falta de acompañamiento de las copias simples.A. A... Todoli Hnos. s/concurso preventivo s/ incidente de apelación art. Esto no es un tema para nada menor. Tarditti. Aceptar lo contrario representaría una indiscutida trasgresión de la garantía al debido proceso en perjuicio del afectado por la medida que se disponga. junio 5-997. Reglas procesales.840 y su decreto reglamentario. obviando lo establecido por normas procesales obligatorias como las que fueron citadas. Cód. 56 de la Ley de Seguros–. Kohon. sin dejar de poner de relieve la fundada preocupación que alentó a la jueza concursal y a la Fiscalía. aun en el supuesto de considerar que. no constituyen razón suficiente para causar en el ánimo de aquél una reacción que al menos explique que actuó como lo hizo a causa de que sus frenos inhibitorios se hallaban desbordados. — Hilda Kogan.. s/ homicidio en grado de tentativa .
tRIbUNAleS SUPeRIoReS PRoVINCIAleS Sumarios de sentencias relevantes
III. op. — Eduardo Julio Pettigiani. Firmantes: Gustavo Coll. como si se tratara de una medida que se basta a sí misma —lo que obviamente no es así—. Para culminar.. que podría haberse configurado. — Aída L. — Juan Carlos Hitters. creo que el fallo de la sala D merece ser valorado. sin poder entonces tener por comprobadas las circunstancias extraordinarias de atenuación cuestionadas (del voto por la mayoría del Dr. al menos al momento que le tocó resolver.
El Estado provincial debe otorgar una indemnización en concepto de daño moral a la madre de una mujer que fue asesinada por su ex marido con un arma reglamentaria que portaba en su calidad de policía de seguridad. — Eduardo Néstor de Lazzari.
Santa Fe Reclamo de salarios caídos de un empleado público. ya que la juventud de los cónyuges. porque tampoco se había fijado en el decisorio apelado un límite temporal a la inhibición. T. de promoverse una acción en el sentido antes referido contra la sociedad controlante.
El decisorio que limitó a dos años la pretensión del empleado público de percibir los salarios caídos durante el tiempo en que fue suspendido provisoriamente de su cargo con motivo de un procesamiento penal que derivó en absolución.— Marcos B. — Luis E. por buenas que sean las intenciones u objetivos que se persigan. de orden común. 12—.13/11/2013. pues. Quinteros. Es lo que manda e impone el artículo 19 de la Constitución Nacional. suscriptas por letrado.. para pasar a ser parte en un proceso judicial principal que hubiera servido de base para la solicitud y traba de aquélla. “Nociones sobre la teoría general de las medidas cautelares”. A. colocó las cosas en su lugar al respetar la garantía del debido proceso adjetivo. pues. previstas en el art. ST Entre Ríos. l
Cita on line: AR/DOC/4442/2013
Buenos Aires Inconstitucionalidad de la Ley provincial que impone la aplicación de la tasa activa en los procesos laborales. y sin promover acciones judiciales expresas. (3) C. O. — Juan Carlos Codello. E. cit. (4) PALACIO. VIII.. 17. además. Z.
sec. Buenos Aires. Provincia de Tucumán s/ amparo . El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35. Miguel A. Gutiérrez. DNI N° 4. Soria Vega. Firmantes: Daniel A. Holzmann. LA LEY: I.. pues se advierte que los precedentes en los que la Cámara la fundó no resultan satisfactorios ni idóneos. lo que implica la inviabilidad de sostener la imposibilidad de controlar judicialmente esos actos administrativos y la improcedencia de justificar la denegación de tales derechos bajo la excusa de competencias asignadas al poder estatal. Publíquese por tres días en La Ley. cita y emplaza a herederos y acreedores de ALFREDO LUIS ROCHERAY. 11 de noviembre de 2013 Gustavo G.115. 29/11/13 V. – Apelación de sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados s/ plenario . Tenaglia. por el término de 30 días.— Ebe López Piossek. Netri. sec.
Sentencia penal con fundamentos dogmáticos. Publíquense edictos por tres días en La Ley. Buenos Aires. Caballero Vidal.
Firmantes: Angel H.E. de los Inmigrantes 1950.Administración. 4 de noviembre de 2013 María Alejandra Morales. int. cita y emplaza a herederos y acreedores de FRANCISCO CARMELO CASAL TORRES y FRANCISCA TORRES. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 60. JUAN OSVALDO Y VIGNOLO. LUIS – L.
El peticionante que cumple con los requisitos contemplados en el art. juez Juzgado Civil y Comercial N° 6. Resistencia. Publíquese el presente por tres (3) días. Sagastume. LA LEY: I. Buenos Aires. El Juzgado Nacional en lo Civil N° 71 cita y emplaza por el plazo de treinta días a herederos y acreedores de JORGE ANGEL BARBIERI a presentarse en autos a fin de hacer valer sus derechos.27/09/2013 . 2° piso Ciudad. Publíquese por 3 días.— Javier D. Hugo Alberto c. a ﬁn de hacer valer sus derechos. ya que se encuentran en disputa derechos humanos. María Cristina Ramírez.
San Juan Competencia del Superior Tribunal Provincial. sec. 13 de noviembre de 2013 Diego Fernando Bagnato.17/09/2013. en pleno. 03/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 58 a cargo de la Dra. Buenos Aires.
El artículo 42 de la ley 3725 de la Provincia de San Juan. Provincia de Buenos Aires. A. Las publicaciones se efectuarán en un diario de Capital Federal. LA LEY: I. aunque no alcance a cumplir con el mínimo de años de aportes a la caja local. Capital Federal. Iride Isabel María Grillo. Buenos Aires. Expte.E. CABA. bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que la represente en juicio. Sagastume). Laprida N° 33. en lo Civil N° 39. Vargas González. Callegari. por el término de 30 días. 28/11/13 V. juez subrogante de Primera Instancia Civil y Comercial Segunda Nominación. a efectos de hacer valer sus eventuales derechos. Secretaría: Dr. LA LEY: I. Secretaría única.752 en autos: “FAJANS ARMANDO c/ FAIWVSIEWIEZ. Erbetta. LA LEY: I. 9 de septiembre de 2013 Andrea S.— Rafael F. para que dentro del plazo de 15 días comparezca a tomar la intervención que le corresponda en autos “COVAS.G. 4 de noviembre de 2013 María Victoria Pereira. 28/11/13 V. 1050 AAC) Teléfono: 54-11-4378-4765 . Firmantes: Antonio Gandur. con lo cual carecen de la perfecta identidad de situaciones subjetivas y objetivas y prescinde de la excepcional situación del caso. 103 a cargo del Dr. LA LEY: I. Las publicaciones se efectuarán en el Boletín Oficial de la Nación y un diario local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires. Prada Errecart. Spuler.. 21 de octubre de 2013 Ma.20/09/2012.422. a) de la ley 561 de la Provincia de Tierra del Fuego tiene derecho a obtener la jubilación ordinaria. Nac. S. S. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.17/09/2013. 28/11/13 V. LA LEY: I. CERVIÑO. Publíquese por tres días en el diario La Ley. 18 de junio de 2013 Juan Martín Balcazar. c/ LAS GAMAS S. LA LEY: I. pues el pronunciamiento impugnado infundadamente revocó la subsunción típica efectuada por el juez
www. sec. sec. Secretaría N° 2. Cáceres. LA LEY: I. Torre I. 29/11/13 V.— Mario L. 29/11/13 V. LA LEY: I. 03/12/13 79443/2013. sec. 28/11/13 V. Buenos Aires. Chaco cita por dos (2) días y emplaza por cinco (5) días a DURAÑONA. quien estaba siendo asaltado por la víctima. cita por dos (2) días y emplaza por cinco (5) días a ERNESTO FAIWVSIEWIEZ. Buenos Aires. Arg. Firmantes: Rafael F. MONICA GRACIELA c/ PELLICHERO. Apelación Dra. María Isabel Di Filippo. El presente edicto deberá publicarse por 3 días en el diario La Ley. Publíquese por tres días. 03/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 59. Falistocco (por su voto).com. Giovanniello. nro. sec.12 | luneS 2 DE dicieMbre DE 2013
puesta. 9213/05 para que comparezca a juicio bajo apercibimiento dar intervención al Defensor de Ausentes. interinamente a cargo del Dr. CS Tucumán. S. cita y emplaza a herederos y acreedores de ELDA YOLANDA DI LENA por el término de treinta días. ERNESTO s/ EJECUTIVO”. sec. 6 de noviembre de 2013 Eduardo Alberto Villante. sito en Av. Buenos Aires. 3 de octubre de 2013 Mariana G. A. B. Buenos Aires.— Roberto H. Secretaría Unica.
Tucumán Control judicial de actos administrativos. LA LEY: I. sito en Avda.— José A. sec. e I . cita y emplaza por el término de 30 días a herederos y acreedores de doña JUANA ROSARIO CERVIÑO a fin de que hagan valer sus derechos. Maria Elena c. Iride Isabel María Grillo. Rep. c. Expte. Firmantes: Carlos G. Pérez Novelli. 28/11/13 V.ar
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 73. Juez. .
Tierra del Fuego Requisitos para la obtención de prestaciones previsionales. cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de Doña NELIDA MARTA VETROMILE a los efectos de hacer valer sus derechos. El presente edicto deberá publicarse por 3 días en el diario La Ley.A. ha quedado derogado por virtud de lo dispuesto en el artículo 281 de la misma Constitución de la Provincia. 18 de octubre de 2013 Cynthia R. 29/11/13
PROPIEDAD DE LA LEY S. de los Inmigrantes 1950. ELENA EULOGIA s/ SUCESION AB INTESTATO”. Buenos Aires. año 2013. 5° piso. 18 de dicha norma —según la reforma de la ley local 742— se le permite compensar el exceso de edad con el faltante de años de aportes exigidos por la Caja provincial (del voto del Dr. que.
de grado respecto al exceso en la legítima defensa. cita y emplaza por treinta (30) días. MONTOUTO ROBERTO Y DURAÑONA LUIS s/ EJECUCION DE SENTENCIA.08/08/2013. 28/11/13 V.— Roberto H. A. sec. 29/11/13 V. 87/12) .
El recurso de inconstitucionalidad planteado contra la sentencia que dispuso la condena por el delito de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego debe ser declarado admisible. Christello. Holzmann.G. en cuanto omitió considerar las conclusiones periciales y el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba el imputado. LA LEY: I.Bs. Secretaría Unica. C. cita y emplaza a MARIA CECILIA PELLICHERO.laleyonline. CS Santa Fe. sito en la calle Uruguay 714. int. en autos: BANCO DEL IBERA S. expte.A. Gutiérrez. sito en la Av. Martín A.— Juan C. 02/12/13 El Juzg. Balaguer. EP. en autos caratulados “SPROVIERI.A. 02/12/13 89778/2013. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 69. 02/12/13 52016/2008. MARIA CECILIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”. 16 de agosto de 2013 Rafael Martín Trotti. El presente deberá publicarse por 3 días en el diario La Ley. Comercialización y Redacción: Tucumán 1471 (C. sec. ST Tierra del Fuego. para que comparezca a juicio hacer valer sus derechos.sobre recurso de inconstitucionalidad .— Carlos E. 12 de noviembre de 2013 María Cristina Espinosa de Benincasa. N° 6650. en cuanto asigna competencia a la Corte de Justicia para entender en el recurso de apelación previsto en esa disposición. 02/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 34 cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de CORA NELLY COLELA. Secretaría a mi cargo. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 43. int. 29/11/13 Orden Dra.— María del C. int. cita y emplaza por el plazo de treinta días a herederos y acreedores de MARISA INES MONTANI. sito Av. con fundamento en que se encuentra sometido al proceso de enjuiciamiento previsto en la ley 8199— encuentran una insoslayable frontera. 5 de noviembre de 2013 Juan Gabriel Chirichella. 28/11/13 V. Publíquese por tres días en el diario La Ley. planta baja. 12 de junio de 2013 Inés Leyba Pardo Argerich. GOMEZ. 29/11/13 Orden Dra. pues en virtud de lo establecido por el art. JUANA ROSARIO s/ SUCESION AB-INTESTATO.
.711. Battaini (según su voto). 66401/2013. Publíquese por tres días en el diario La Ley. DI LENA ELDA YOLANDA Y OTRO s/ SUCESION AB-INTESTATO.Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº5074180 Impreso en La Ley. N° 4. ANA MARIA MARCELA s/ SUCESION AB-INTESTATO. LA LEY: I. sec. Falistocco. P. tanto a los herederos como a los acreedores de los señores JUAN OSVALDO SPROVIERI y ELENA EULOGIA VIGNOLO a efectos de hacer valer sus derechos. Secretaría Unica. Resistencia. Rechazo de la renuncia de un magistrado sometido a enjuiciamiento.U. 28/11/13 V. 21. Resistencia. sito en Av.
Las facultades discrecionales alegadas por la Provincia demandada para dictar el acto administrativo mediante el cual rechazó la renuncia al cargo de un magistrado —en el caso. Sec. 7 de noviembre de 2013 Cynthia R. Medina Palá. P. Rafael Martín Trotti sito en López y Planes 48.— Eduardo G. excede la exigencia etaria prescripta a los fines de la prestación. Secretaría Unica. LA LEY: I. sec. 29/11/13 V. cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Don LUIS VICTOR GARCIA. s/ Contencioso Administrativo . BARBIERI JORGE ANGEL s/ SUCESION AB-INTESTATO. de las Mercedes Domínguez. P. CABA. CS Santa Fe. bajo apercibimiento de proseguir el juicio con intervención del Defensor de Ausentes. 02/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 59. para que dentro del plazo de 30 días comparezcan en autos a hacer valer sus derechos. As. Muchnik. Publíquese por dos (2) días en diario La Ley. 03/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. sec. 28/11/13 V. cita y emplaza a herederos y acreedores de TARONI UBALDO RICARDO por el término de treinta días. LA LEY: I.— Carlos E. agravando la condena con sustento en abstracciones y dogmatismos desvinculados de las circunstancias del caso. de los Inmigrantes 1950 piso 1°. 28/11/13 V. 03/12/13 83019/2013. Buenos Aires. 02/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 54. Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso administrativo. Unica a cargo de la Dra. s/ recurso de inconstitucionalidad (expte. en tanto refieren a supuestos de reclamo de haberes como consecuencia de la declaración de ilegitimidad de cesantías. cita y emplaza a herederos y acreedores de ANA MARIA MARCELA GOMEZ. Publíquese por 3 días en La Ley.— Adolfo Caballero. 02/12/13 99465/2012. Buenos Aires. de los Inmigrantes 1950. María Victoria Pereira. sec. Rivadavia 130. Avellaneda. piso 5°. a ﬁn de hacer valer sus derechos. CS San Juan. inc. I.
Guia de Estudio ConstitucionalCarbonell, Miguel - Constitución y Derecho Fundamentales. Dos Pilares de La DemocraciaBorderas, Ester & Moles, Pere - Derecho Tributario Internacional Vol-IBasterra, Marcela - Aspectos Constitucionales Del Deber de Información TributariaFrancisco Javier del Nido - Monografía Derecho Tributario2) Crovi, Luis Daniel - El Nuevo Régimen Legal de Las Personas Jurídicas en El Código Civil y Comercial de La Nación1) Flah, Lily R. - La Incorporación de La Bioética en El Código Civil y Comercial de La NaciónConsejo de La Magistratura. Inconstitucionalidad de La ReformaDiez Ormaechea, Roberto - “La Firma Digital en Argentina. Análisis Jurídico”.Nociones de Historia Del Derecho Argentino - Ortíz Pellegrini - Tomo IIS., J. D. y otro c/ Comisión Nac. Asesora para la Integ. de las Pers. Discap. y otro s/ AmparoMartínez de Sucre, Virgilio Juan c/ Martínez, Carlos José s/ Daños y perjuiciosAcostaJorge Eduardo c. en - ANSES s. AmparoBurgueño Ibarguren, Manuel GonzaloSiciliano, Julieta - Discriminación y Responsabilidad Civil78AAVV. La religión _Consuela o cuestiona_Capacidad Jurídica y Derechos HumanosDocumentoDiario Del 18 de Noviembre de 2013Diario Del 13 de Noviembre de 2013Diario Del 12 de Diciembre de 2013LA LEY 1-10-13Diario Del 11 de Diciembre de 2013Diario Del 10 de Diciembre de 2013Diario Del 9 de Diciembre de 2013
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 artículo 281