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Timestamp: 2018-11-17 11:33:20+00:00

Document:
Enmiendas aips al senado del proyecto de ley de mediación en seguros y reaseguros privados
Enmiendas de la mayoría de las Asociaciones de Corredores de Seguros de Andalucía, Euskadi, Galicia y Cataluña en relación a los artículos 29, 39 y 47.
Gestión de la Contratación Servicio post-contrato
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NIF.: G-62845854
PROPUESTA DE ENMIENDAS AL SENADO DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS
Como colofón a un intenso y prolongado periodo de seguimiento, propuestas de modificación y enmiendas dirigidas al proyecto de Ley que nos ocupa, que ya se inició en el mes de Junio de 2004 con la aparición del 1er. Anteproyecto de Ley, los diferentes documentos de enmiendas a los diferentes Anteproyectos, reuniones con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, convocatorias de reuniones con los diferentes Organismos del Sector, con las diferentes Asociaciones Profesionales para tratar de conseguir una unanimidad total de todo el sector de la Mediación, con las propuestas del “Decálogo” de reivindicaciones firmado por 15 Asociaciones, con los contactos con las diferentes Administraciones Autonómicas con competencias en Seguros, con la solicitud de enmiendas al Consejo de Estado, reuniones y enmiendas presentadas a los diferentes Partidos Políticos y, por último, reuniones de urgencia ante las sorpresivas “enmiendas transaccionales” de última hora;
Rogamos tomen en consideración de forma definitiva, las modificaciones que les proponemos en forma de enmiendas:
El artículo 29.2 debería decir:
“Las relaciones de mediación de seguros entre los corredores de seguros y su clientela se regirán por los pactos que las partes acuerden libremente y supletoriamente por los preceptos que el Código de Comercio dedica a la comisión mercantil.
El corredor y el cliente podrán acordar por escrito que la retribución del corredor incluya honorarios profesionales que se facturen directamente al cliente, expidiendo en este caso una factura independiente por dichos honorarios de forma separada al recibo de prima emitido por la entidad aseguradora.
En cualquier caso la gestión de cobro de las retribuciones establecidas en el apartado anterior podrá hacerse de una sola vez.
Así mismo, el cliente podrá solicitar al corredor que le expida información por escrito donde se indique la suma de las percepciones que haya recibido por ambos conceptos.
El corredor de seguros no podrá percibir de las entidades aseguradoras cualquier retribución distinta a las comisiones.”
La razón es bien sencilla y hemos tratado de explicarlo de forma muy pedagógica:
La realidad es que nuestra profesión realiza, de forma sintetizada, tres acciones:
Servicio post-contrato
El servicio post-contrato, normalmente, va ligado a la gestión de la contratación, pero el asesoramiento puede ser perfectamente independiente de los otros dos, de tal forma que no es infrecuente realizar muchos asesoramientos que no terminan en ningún contrato. Por tanto, estamos hablando de dos cosas diferentes y lo que siempre se ha pedido es que la Ley permita cobrar honorarios por el asesoramiento y comisiones por la gestión de la contratación y el servicio post contrato que, puestos a ser puntillosos, nunca se deberían llamar “comisiones”, sino gastos o suplidos por las gestiones que continuamente nos traspasan las Entidades Aseguradoras, y principalmente por la obligación de realizar un “análisis objetivo” que sólo a los Corredores atañe según el Artículo 42.
Y en segundo lugar, creemos que con el argumento tan utilizado de la “transparencia”, no se pueden poner en el disparadero a unos profesionales que ya soportamos una inusual carga de requisitos y condicionantes para poder ejercer. Creemos que la transparencia, entendida como elemento de claridad en el trato mercantil, es justa y necesaria, de hecho, proponemos que en el nuevo redactado se introduzca un concepto que permita al cliente de un Corredor de Seguros solicitar a éste, por escrito, el importe total de las comisiones y honorarios que pudiera percibir en su remuneración, pero esto no se puede confundir con desvelar de forma generalizada la parte más sensible e intima de la retribución que, además casi siempre, viene impuesta unilateralmente por la otra de las partes contratantes, es decir por la Entidad y que además podría ser utilizada como competencia desleal por otros canales. Creemos que esto sería un error, que crearía un tremendo precedente y que no tiene parangón en ningún otro sector ni país de la Unión Europea.
El artículo 39 debería ser redactado por entero:
“Restitución del Diploma de Mediador de Seguros Titulado en las condiciones actuales, hasta que el Ministerio de Educación ultime la elaboración del Plan Universitario de Formación para la Profesión.”
Creemos que en un plazo de unos 2 años, el Ministerio puede tener listo el Plan Universitario, y a partir de ahí la profesión se deba estudiar en la Universidad.
Como Justificación, adjuntamos el Documento literal que esta asociación envió a la DGS y FP hace tan sólo unos días, como respuesta al borrador de resolución que la propia DGS y FP hizo llegar a las Asociaciones para recabar su opinión respecto al tema de la Formación. En ese Documento se indican los plazos, las formas y la viabilidad para que en el mínimo periodo de tiempo esta profesión se estudie en la Universidad, tal como reclama casi todo el sector de la Mediación.
OPINIÓN AIPS SOBRE EL BORRADOR DE RESOLUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE LOS CURSOS, PROGRAMAS Y PRUEBAS DE FORMACIÓN DE LOS MEDIADORES DE SEGUROS.
Antes de entrar en el análisis, estudio y aportaciones a la resolución que propone la DGS y FP, nos gustaría hacer patente, a modo de resumen, del modelo de formación que propone AIPS. No es ninguna novedad, la DGS y FP ya tiene constancia escrita de este modelo que se le ha hecho llegar en varios documentos, alegaciones, enmiendas, etc a lo largo de los últimos 2 años. En esencia el modelo es el siguiente:
1º.- Nuestro punto de vista de la formación parte de la concepción de la profesión como entidad propia, no vinculada necesariamente al sector asegurador. La formación debe girar en torno a la función social de la profesión, que no es otra que satisfacer, buscar, proveer soluciones a las necesidades de seguridad de las personas físicas y/o jurídicas.
Por tanto, la profesión se debería llamar “Corredores de Seguridad” y se deberían estudiar materias del Sector Asegurador, Financiero, Prevención de Riesgos Laborales, Sistemas de Seguridad y Prevención en general, con todo lo que ello conlleva, pero fundamentalmente se debería estudiar la Psicología de las personas como individuos y como consumidores.
Creemos que es un error dejarse llevar por la inercia legislada en la vigente Ley de Mediación de 1992 y continuar ligando la formación de la profesión al sector asegurador. Recordemos que el centro de nuestra función social son los clientes, los consumidores, los ciudadanos. En sus orígenes, las personas se las ingeniaron para proveerse de sistemas que les permitiesen salvaguardar sus intereses. Con posterioridad esos sistemas se convirtieron en industria y la industria, con el tiempo desarrolló sus canales de comercialización y distribución pervirtiendo la función social de proveer seguridad, empeñándose en vender seguros hasta conseguir la penosa imagen y concepto que del Sector tienen los consumidores. Gran parte de ese trayecto lo realizamos conjuntamente de la mano de las Entidades, pero desde hace ya varios siglos, los Corredores de Seguros (antes Agentes Libres) hemos desarrollado nuestra labor de forma independiente. La vigente Ley de Mediación de 1992 consiguió 2 cosas fatales para la profesión, por una parte la dividió y por otra, la metió revuelta en el mismo saco (el confuso y engañoso término “mediación”), de forma que consiguió la confusión más absoluta entre los consumidores, que todavía hoy no distinguen las diferencias, ni siquiera con las Entidades, somos todos: ”los de los seguros”.
El resultado de todo esto es que los clientes, la sociedad, no asocia los seguros con seguridad, sino que los asocia a picaresca, letra pequeña, …….., es decir, desconfianza, inseguridad. Justo lo contrario de lo que se debería.
2º.- Este cúmulo de conocimientos que se necesitan para formarse profesionalmente, justifica más que de sobras un GRADO Universitario de 3 o 4 años.
(Hablamos de Grado, porque las nuevas directrices Universitarias derivadas de la Declaración de Bolonia de 1999 convinieron que para homologar todos los estudios universitarios en la Europa unida, desaparecían las diplomaturas y licenciaturas y se constituían los denominados GRADO que cada país decidiría si eran 3 o 4 años y que capacitarían para ejercer una profesión en todos los estados miembros.)
Por tanto, el desarrollo de todo el plan de estudios sería el siguiente:
GRADO 3 años Formación técnica y profesional
POSTGRADO 2 años más Especialización (R.C., Vida, Transportes, Gerencia de riesgos,...)
MÁSTER 1 ó 2 años Formación empresarial
DOCTORADO Investigación y Desarrollo
3º.- Entendemos una única profesión con diversas “salidas en el mercado de trabajo”, es decir, una vez obtenido el GRADO, el profesional tiene varias opciones de trabajo:
Puede ser Corredor de Seguridad, puede crear una Sociedad de Correduría, puede ser un Agente exclusivo, un Agente vinculado, puede trabajar en un banco como banca –seguros, puede ser el Gerente de riesgos de una empresa de cualquier sector, puede trabajar en una Correduría, o en una Entidad aseguradora, etc, ……
Una única profesión, porque el objetivo, la función social última es la misma para todos, unos con más amplitud de oferta (Corredores) y otros con menos oferta (Agentes), pero todos al servicio del cliente en 3 fases bien diferenciadas:
Asesoramiento (Análisis de necesidades y situación de riesgos + ofertas-proyectos)
Gestión de la solución (Selección y Contratación de seguros, productos financieros, etc,…..)
Servicio (Atención post-contratos)
Una única profesión en un único Colegio Profesional con un código deontológico basado en la estricta defensa de los intereses de los clientes (tipo juramento hipocrático - médico).
Este modelo, con la inclusión de los banca-seguros como graduados, (No los órganos de dirección sino las personas que atienden a los clientes en las sucursales), garantiza un Colegio numeroso y consolidado que también podría tener una importante función social asumiendo al Defensor del Cliente y los conflictos por los peritajes.
4º.- Salvo algunos pocos créditos relacionados con el GRADO de Derecho,(R.C., derecho civil y mercantil), creemos que no se debería convalidar ningún estudio con el Grado de Corredor de Seguridad. Es cierto que para la formación técnica y profesional, el Corredor necesita conocimientos de diferentes materias (medicina, ingeniería, arquitectura, derecho, psicología, contabilidad, cálculo, finanzas, etc, …) pero ninguno de ellos está preparado para ser un Corredor, ni siquiera un Actuario.
Y 5º.- Creemos que con los estudios Universitarios se normalizará la profesión, al nivel de otras profesiones, se ganará en calidad y prestigio social y la Administración podrá estar más tranquila a la hora de exigir requisitos, sabiendo que los profesionales son pioneros y están en la vanguardia de Europa.
RESOLUCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LOS MEDIADORES DE LA DGS Y FP
Dadas las actuales circunstancias, debido al trámite Parlamentario en curso, más el siguiente paso al Senado y vuelta al Congreso, y teniendo en cuenta que existe una casi total unanimidad en la mediación respecto a la formación Universitaria de la Profesión y a la restitución del Título de Mediador hasta que en el plazo de unos 2 años el Ministerio de Educación presente el nuevo plan de estudios Universitarios, queremos hacer cuatro breves consideraciones:
1ª.- Cualquier planteamiento de formación de la Profesión que no pase por la Universidad, creemos que no tiene ningún futuro. La formación Universitaria de los Profesionales es la Clave para la normalización ante la sociedad, y el punto de inflexión para el reconocimiento y aceptación de nuestra importante y necesaria función social.
2ª Para que el Ministerio de Educación encuentre atractiva la propuesta de Plan de Estudios Universitarios es necesario integrar a todas las partes, en especial a aquellos profesionales que están atendiendo a los clientes. En ese sentido, es imprescindible contar con los Banca-seguros, como mínimo una persona en cada sucursal o punto de distribución, como cabeza visible y responsable de esa área. Por extensión lo mismo para las sucursales de Corredurías y Agencias.
Ante un número tan importante de potenciales alumnos, la Universidad va a facilitar su integración y acogida sin ningún problema.
La integración de todos los profesionales, es una evidente motivación para las Universidades y para el Ministerio de Educación, pero por encima de todo, es una garantía de profesionalidad para los clientes, los consumidores , los ciudadanos.
3ª Mientras las Universidades y el Ministerio de Educación estudian el proyecto, (creemos que pueden tardar unos 2 años), se debería restituir el Diploma de Mediador Titulado que teníamos hasta ahora en las condiciones actuales. Sin realizar los cambios propuestos en la Resolución. Hacer ahora un nuevo planteamiento para los próximos dos años nos parece un esfuerzo baladí. Creemos que se deben centrar los esfuerzos en colaborar con el Ministerio de Educación para facilitar la trasposición de la actual formación al Plan Universitario. En ese sentido, siempre hemos reconocido que quien mejor se encuentra posicionado para realizar esta trasposición es el CECAS a través de su “Curso Superior”.
Nosotros, estamos dispuestos a realizar los esfuerzos y aportaciones que sean necesarias para la confección del Plan de Estudios Universitarios de la Profesión. El curso Superior del CECAS puede ser un buen punto de partida para la confección del GRADO (3 o 4 años), pero se deberían realizar varios ajustes y añadidos para convertirlo realmente en una formación de la Profesión de Corredor. Creemos que podemos aportar materias en ese sentido.
Respecto al POST-GRADO, MASTER Y DOCTORADO, aunque ya hay temas avanzados, creemos que disponemos de un margen más amplio de tiempo para concretarlo, (primero habría de realizarse el grado y eso ya nos ocuparía entre 3 y 4 años). No obstante, esta Asociación ya dispone de un Máster que cumple perfectamente los requisitos Universitarios más exigentes y que podemos poner a disposición del Ministerio de Educación en cuanto nos lo requiera.
Y 4ª.- De los puntos propuestos en su Resolución los que si estamos de acuerdo completamente y que no interferirían para nada mientras dure esa moratoria de dos años hasta la Universidad, son los relativos al nivel formativo de los profesores del Grupo A, aunque lo haríamos también extensivo a otros titulados Universitarios que también tienen peso específico en los conocimientos necesarios, pero sobre todo, lo más importante es que el requisito para poder acceder a los cursos o a las pruebas de aptitud debe tenerse como mínimo el título de Bachiller o equivalente de Formación Profesional. Nosotros en diversas ocasiones hemos pedido que para este periodo transitorio de 2 años se exigiese ya a los alumnos para acceder el tener una diplomatura o licenciatura universitarios.
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Enmiendas de la mayoría de las Asociaciones de Corredores de Seguros de Andalucía, Euskadi, Galicia y Cataluña en relación al artículo 47 sobre competencias de las Comunidades Autónomas.
La mayoría de las Asociaciones de Corredores de Seguros de Andalucía, Euskadi, Galicia y Cataluña consideran que por cercanía y por economía de costes a los ciudadanos, es necesaria una descentralización de competencias que pueden asumir las diferentes Comunidades Autónomas. Por consiguiente, solicitamos que se tenga en consideración los siguientes comentarios y enmiendas sobre la distribución de competencias de Ordenación y Supervisión recogidos en el artículo 47.
COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS
El proyecto Ley de mediación de seguros y reaseguros privados propone en su artículo 47 una distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas respecto de los mediadores de seguros y reaseguros, cuyo domicilio y ámbito de operaciones se limiten al territorio de la Comunidad Autónoma correspondiéndoles, a éstas últimas:
En el ámbito de competencias normativas, el desarrollo legislativo de las bases de ordenación y supervisión de la mediación de los seguros privados.
En el ámbito de competencias de ejecución, las de ordenación y supervisión de los mediadores de seguros y reaseguros que se otorgan a la Administración General del Estado, en el anteproyecto de Ley, entendiéndose hechas al órgano autonómico competente las referencias al MEH y a la DGSFP, con excepción de a) la actividad de los mediadores de seguros y de reaseguros españoles en régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios en el Espacio Económico Europeo. Y b) de la actividad en España de los mediadores de seguros y reaseguros domiciliados en otros países miembros del Espacio Económico Europeo.
En relación con los agentes de seguros exclusivos el ejercicio de las competencias sobre los mismos, siempre que la entidad aseguradora para la que prestan sus servicios esté sometida al control y supervisión de la Comunidad Autónoma, conforme a lo previsto en al artículo 69 del texto refundido de la LOSSP, aprovado por el RDL6/2004, de 29 de octubre.
El artículo 149.1.11 de la Constitución Española (CE) reserva, entre otras, al Estado la fijación de las bases de la ordenación de los seguros privados.
Por Ejemplo: El artículo 10.1.4 del Estatuto de Autonomía de Catalunya (EAC) atribuye a ésta Comunidad las competencias de desarrollo normativo de las bases y de ejecución de la normativa en materia de ordenación de los seguros privados.
Según dispone con carácter general el artículo 25.1 del EAC, el ejercicio de las diversas competencias se ha de entender referido al territorio de Cataluña. El ámbito de la competencia autonómica sigue, pues, el principio de territorialidad, lo que ha de entenderse sin perjuicio de las posibles consecuencias extraterritoriales de hecho que pudieran derivarse del ejercicio de sus competencias, según ha declarado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias STC 37/1981, 91/1985, 48/1988, 329/1993, 14/1994, 165/1994 y 243/1994, entre otras. Pero además, partiendo de que el comentado principio de territorialidad actúa como condición de validez del ejercicio de las competencias autonómicas, de ello no se sigue en absoluto la conclusión de que cuando el fenómeno objeto de las competencias autonómicas se extiende a lo largo del territorio de más de una Comunidad Autónoma, éstas pierdan en todo caso y automáticamente la competencia sobre la parte de este objeto situada en su ámbito territorial y la titularidad de la misma deba trasladarse necesariamente al Estado.
El principio del que debe partirse es precisamente el contrario. Téngase presente que cuando la Constitución y los Estatutos han querido que el alcance supraterritorial de los fenómenos objeto de las competencias se convirtiera en título competencial del Estado o no se fraccionara y, por tanto, que las Comunidades Autónomas no ejercieran sus competencias sobre la parte de ese objeto radicada en su territorio, así lo han establecido explícitamente (apartados 21, 22 y 24 del artículo 149.1 CE). No es este el caso que nos ocupa, pues el Estado sólo tiene explícitamente atribuida la competencia para dictar legislación básica sobre ordenación de los seguros. Por ello, el hecho de que un mediador de seguros actúe en más de una Comunidad Autónoma o en algún lugar del Espacio Económico Europeo, no justifica sin más que el Estado pase a ejercer sobre éste las competencias ejecutivas de supervisión y control.
Recordemos que las Directivas comunitarias establecen como único punto de conexión el del domicilio social de la entidad y ello responde, precisamente, a que el régimen de derecho de establecimiento y el de libre prestación de servicios comportan una superación del punto de conexión relativo al ámbito de operaciones. Este punto, en efecto, hasta ahora funcionaba como barrera administrativa impidiendo que los mediadores de seguros actuaran en todo el espacio europeo como si del propio se tratara. Y la destrucción de tales barreras a la libre circulación es el objetivo que las Directivas tratan de conseguir. No cabe, por tanto, seguir manteniéndolas.
Es más, para la consecución de los objetivos de armonización en la Unión Europea no se ha procedido a constituir una Autoridad europea única, sino que la correspondiente labor se realiza a través de las administraciones públicas ya existentes, a cuyos actos se reconocen efectos en todo el territorio común, superándose de este modo la inicial limitación debida al principio de territorialidad aplicado a la actuación de cada Estado miembro. Idéntico criterio es el que, a nuestro entender, resulta necesario aplicar para conseguir que sea todo nuestro Estado de las Autonomías el que efectivamente se incorpore al proceso de armonización europeo, Recordemos que según el artículo 137 CE las Comunidades Autónomas son Estado. Además, el artículo 7.1 de la Directiva 2002/92/CE, sobre la mediación en los seguros, y que el proyecto de norma pretende transponer a normativa doméstica, establece que los Estados miembros designarán a las autoridades competentes facultadas para la aplicación de la mencionada Directiva, informando de ello a la Comisión e indicando si existe reparto de competencias.
A nuestro entender el vínculo de la oficina principal ha de ser suficiente para determinar la competencia de la Comunidad Autónoma de origen, sin perjuicio de que por el legislador estatal se establezcan los mecanismos de colaboración, cooperación o auxilio entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o entre éstas entre sí, que resulten precisos. Ni la incidencia del Derecho comunitario ni la aplicación por otras vías del derecho exterior del Estado pueden modificar el reparto competencial establecido en la Constitución y en los estatutos de Autonomía; es el Estado, como miembro de la Unión Europea y obligado por las Directivas comunitarias, quien ha de relacionarse con dichas instituciones para hacerles llegar la información pertinente de que se trate; y cuando la materia objeto de la información corresponde a las Comunidades Autónomas, a ellas corresponde recibir y facilitar la información a través del conducto que se determine al Estado. De estos criterios se sigue que, en los casos en que resulte precisa una relación hacia el exterior en materias en que las Comunidades Autónomas han asumido la competencia ejecutiva, el Estado debe obtener la información a través de éstas
En consecuencia, en nuestra opinión debería modificarse el artículo 47 del proyecto de norma en los siguiente términos:
2. Las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencia en la ordenación de seguros la tendrán respecto de los agentes de seguros exclusivos, de los agentes de seguros vinculados, de los operadores de banca-seguros exclusivos, de los operadores de banca-seguros vinculados, de los corredores de seguros, de los corredores de reaseguros y de los colegios de mediadores de seguros, cuyo domicilio social y cuya oficina principal se ubiquen en el territorio de la comunidad autónoma. Dichas competencias se ejercerán con arreglo a los siguientes criterios:
b) En el ámbito de competencias de ejecución, les corresponden las de ordenación y supervisión de los agentes de seguros exclusivos, de los agentes de seguros vinculados, de los operadores de banca-seguros exclusivos, de los operadores de banca-seguros vinculados, de los corredores de seguros y de los corredores de reaseguros, que se otorgan a la Administración General del Estado en la presente ley, entendiéndose hechas al órgano autonómico competente las referencias que en ella se contienen al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
3. Deberá mantenerse la necesaria colaboración entre la Administración General del Estado y la de la comunidad autónoma respectiva a los efectos de homogeneizar la información documental y coordinar, en su caso, las actividades de ordenación y supervisión de ambas Administraciones. En especial, para las materias reguladas en el Capítulo IV del Título II y en el Título III. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones determinará el procedimiento y la forma en que dicha información deberá ser remitida.
A estos efectos, las comunidades autónomas facilitarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el acceso mediante medios telemáticos a la información relativa a sus registros administrativos de mediadores de seguros y de los corredores de reaseguros que deberá estar actualizada, y le remitirán, con una periodicidad anual, la información estadístico contable a que se refiere el artículo 49 relativa a los corredores de seguros y a los corredores de reaseguros inscritos en dichos registros. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá la información o datos mínimos que necesariamente deben transmitirle las comunidades autónomas.
Mallorca, 260, 1º
Telf: 93 458 91 10
Fax: 93 458 93 74
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References: resolución 
 artículo 29
 Artículo 42
 artículo 39
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 69
 artículo 149
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 149
 artículo 137
 artículo 7
 artículo 47
 artículo 49