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Timestamp: 2019-08-20 23:41:36+00:00

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﻿ DECRETO 1737 DE 2010
DECRETO 1737 DE 19 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. MODIFICA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE LA LEY 975 DE 2005 - LEY DE JUSTICIA Y PAZ, CREADO MEDIANTE EL DECRETO 3570 DE 2007. DEROGA EL DECRETO 3570 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTROL CONSTITUCIONAL, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORDEN PÚBLICO, RÉGIMEN PENITENCIARIO, LEY DE JUSTICIA Y PAZ, MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA, DERECHOS DE LA VÍCTIMA, MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL TESTIGO, DELITO, AMNISTÍA, INDULTO, PROGRAMAS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PROCEDIMIENTO PENAL, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
“Por el cual se modifica el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, creado mediante el Decreto 3570 de 2007”.
El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto 1637 del 11 de mayo de 2010,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, la Ley 975 de 2005, y
Que la Corte Constitucional en su Sentencia T-496 de 2008 ordenó “Desarrollar las acciones necesarias orientadas a efectuar una revisión integral del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, a fin de adecuarlo a los principios y elementos mínimos de racionalidad (Supra 8) que conforme a la jurisprudencia y la práctica internacional deben orientar y contener una estrategia integral de protección satisfactoria de las víctimas y testigos de los procesos en los que se investiga grave criminalidad o criminalidad de sistema, como aquella de la cual se ocupan los procesos de esclarecimiento judicial de Justicia y Paz”.
Que según el artículo 2º de la Carta Fundamental son fines del Estado “... garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan...”.
Que según el inciso 2º del artículo 2º de la Constitución Política “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que “la seguridad personal, en el contexto colombiano, es un derecho fundamental de los individuos. Con base en él, pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden conjurar o mitigar”.
Que el artículo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, dispone que “El Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas, que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno”.
Que el Congreso de la República expidió la Ley 975 de 2005, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, publicada en el Diario Oficial 45.980 del 25 de julio de 2005.
Que al definir su objeto, en el artículo 1º de la Ley 975 de 2005, se establece como condición, para facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Que el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, define como víctima a “la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales” y “al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”.
En todo caso “los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley”.
Que la Corte Constitucional en su Sentencia C-370 de 2006, condicionó los incisos 2º y 5º del artículo 5º de la Ley 975 de 2005 “...en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley”.
Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 975 de 2005, los funcionarios a los que ella se refiere deberán adoptar, sin perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, “las medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos, así como, la de las demás partes del proceso”, teniendo en cuenta los factores de edad, género, salud, la índole del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual, irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas.
Que de conformidad con lo previsto por el inciso 4º del artículo 15 de la Ley 975 de 2005, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación velar “por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio”.
Que por disposición del numeral 2 del artículo 13 de la citada ley, las medidas para la protección de víctimas y testigos que deban adoptarse en el curso del procedimiento en ella establecido, se decretarán en audiencia preliminar, por el Magistrado de Control de Garantías que corresponda.
Que lo anterior precede sin perjuicio de las medidas que deban adoptarse de manera urgente e inmediata en caso de amenaza contra la integridad personal de la víctima o de su familia.
Que el artículo 21 del Decreto 3391 de 2006, adicionado por el Decreto Nacional 3460 de 2007, creó el Comité de Coordinación Interinstitucional de Justicia y Paz conformado por la Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa Nacional, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y de Grupos Alzados en Armas, Instituto de Bienestar Familiar, un representante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y uno de las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes.
Que dicho comité interinstitucional tiene como función la de propiciar la articulación y coordinación de la actuación de las entidades estatales que intervienen en la aplicación de la Ley 975 de 2005.
Generalidades, principios y definiciones
ART. 1º—Objeto. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de justicia y paz, o para impedir que intervenga en el mismo.
PAR.—Las medidas de protección a que se refiere el presente decreto deberán coadyuvar favorablemente en garantía del acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
ART. 2º—Población objeto. Se considera como beneficiario del programa de que trata el presente decreto a toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 y el Auto 92 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.
ART. 3º—Principios. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:
Colaboración armónica. Las entidades del Estado responsables de la protección de las víctimas y testigos deben articularse de acuerdo con las competencias institucionales que establecen el artículo 113 de la Constitución Nacional y las leyes y atender pronta oportuna y efectivamente las decisiones que adopte el comité de coordinación interinstitucional creado por el Decreto 3391 de 2006.
ART. 4º—Definiciones. Para la adopción y aplicación de las medidas y protección a que se refiere el presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Órganos de dirección, ejecución, evaluación y seguimiento del Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el marco de la Ley 975 de 2005
ART. 5º—Órganos que integran el programa de protección para víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005. El programa contará con los siguientes órganos para su dirección, ejecución, evaluación y seguimiento:
ART. 6º—Dirección del Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005. La Dirección del programa de protección para víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005, estará a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia a través de la Dirección de Derechos Humanos.
ART. 7º—Funciones de la Dirección del programa de protección para víctimas y testigos:
ART. 8º—De los grupos interinstitucionales de apoyo. La Dirección contará con dos grupos interinstitucionales de apoyo, el grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo y el grupo interinstitucional de protección.
ART. 9º—Del grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo. El Grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo estará integrado por la Policía Nacional y el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
ART. 10.—De las funciones del grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo. El Grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo tendrá como función recopilar información, elaborar y actualizar el mapa de riesgo para presentación ante el comité interinstitucional de justicia y paz, y para ser utilizado como insumo para la toma de decisiones por parte de los diferentes órganos que conforman este Programa.
ART. 11.—(Modificado).* Grupo interinstitucional de protección.El Grupo interinstitucional de protección estará integrado por representantes de las direcciones de justicia transicional y derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR.
La secretaría técnica estará a cargo de la dirección de justicia transicional del Ministerio del Interior y de Justicia.
*(Nota: Modificado por el Decreto 4800 de 2011 artículo 220 del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 12.—De las funciones del grupo interinstitucional de protección. El grupo interinstitucional de protección tendrá las siguientes funciones:
ART. 13.—(Modificado).* Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, GTER. En desarrollo del principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado, el Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, GTER, estará conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.
PAR. 1º—Las entidades que componen el GTER deberán delegar ante la Secretaría Técnica, los funcionarios principales y suplentes que representarán a cada una de las entidades.
PAR. 2º—La Defensoría del Pueblo participará, con voz pero sin voto, conforme a lo establecido en la Ley 24 de 1992, como garante de los derechos de las víctimas.
PAR. 3º—En caso de discrepancia en la valoración del riesgo entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, la medida se tomará a favor de la víctima.
*(Nota: Modificado por el Decreto 4800 de 2011 artículo 221 del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 14.—Distribución territorial de los grupos técnicos de evaluación de riesgo. El programa contará con regionales del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, las cuales estarán ubicadas en las ciudades que se señalan a continuación y tendrán la siguiente comprensión territorial:
PAR. TRANS.—Las regionales de Bucaramanga y Cali entrarán en funcionamiento tres (3) meses después de la entrada en vigencia del presente decreto, durante este periodo las solicitudes de protección de estos departamentos serán atendidas por las regionales de Barranquilla y Bogotá.
ART. 15.—Funciones del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, GTER. El Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, GTER, deberá:
3. Determinar si la víctima, para quien se solicitan medidas, se encuentra dentro de la definición de población objeto del Programa previsto en el presente decreto.
ART. 16.—Grupo departamental de medidas complementarias. En aplicación al principio de responsabilidad territorial, se crean los grupos departamentales de medidas complementarias.
Estará integrado por el gobernador o su secretario de gobierno o del interior del departamento, la Policía Nacional, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, la Dirección Seccional de Fiscalías y la Defensoría del Pueblo.
ART. 17.—De las funciones del Grupo Departamental de Medidas complementarias. El grupo departamental de medidas complementarias tendrá las siguientes funciones:
Identificación de riesgos territoriales relacionados con la aplicación de la Ley 975 de 2005
ART. 18.—Análisis del mapa de riesgo. El grupo interinstitucional de protección analizará y adoptará las medidas de protección que considere necesarias, en coordinación con el grupo departamental de medidas complementarias correspondiente.
ART. 19.—Actualización del mapa de riesgo. El grupo técnico de elaboración de mapa de riesgo, deberá presentar cada cuatro (4) meses, la actualización del mapa de riesgo, con el objeto de ajustar la priorización de los municipios, franjas poblacionales y territorios colectivos de grupos étnicos para la atención preventiva, según la dinámica del proceso de justicia y paz.
ART. 20.—Dispositivos de protección. Para efectos de garantizar una respuesta oportuna, en términos de prevención, atención individual y colectiva, con enfoque diferencial y de género, el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, tendrá tres dispositivos de protección:
ART. 21.—Medidas de carácter general. Son las que contribuyen a crear un ambiente favorable de protección para todas las víctimas, al fortalecimiento de la institucionalidad, y a la sensibilización e información de la ciudadanía respecto a los derechos de las víctimas y la preservación de su dignidad. A ese propósito corresponden las siguientes medidas.
1. La Dirección de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia dará a conocer a los servidores públicos de los diferentes niveles territoriales, las rutas o protocolos de atención y protección existentes, encaminadas a orientar y apoyar a las víctimas para la reclamación de sus derechos, acceso a la justicia y las garantías que se deben brindar a todo nivel para generar el respeto a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal.
ART. 22.—Dispositivos colectivos y poblacionales. Está dirigido a municipios, franjas poblacionales y territorios colectivos de grupos étnicos que hayan sido priorizados en el mapa de riesgo. su atención estará a cargo del grupo departamental de medidas complementarias, bajo la coordinación del gobernador o su secretario del interior o de gobierno y con acompañamiento del grupo interinstitucional de protección. Entre las medidas a disponer por parte de las autoridades anteriormente señaladas están:
PAR. 2º—Se pondrá en conocimiento del Ministerio de Defensa Nacional, las conclusiones del mapa de riesgo, con el fin de que coordine los esfuerzos necesarios en el marco de la consolidación de la política de seguridad democrática.
ART. 23.—Dispositivos individuales. El dispositivo individual consiste en el conjunto de medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes, para evitar que se materialice el riesgo extraordinario o extremo sobre una víctima o testigo, en el marco de la Ley 975 de 2005.
Este dispositivo será aplicado por la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, de acuerdo con la asignación de medidas que determine el respectivo Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, GTER. En todos los casos, la atención individual del riesgo se basará integralmente en los procedimientos, criterios e instancias de articulación interinstitucional, previstos en el presente decreto y especificadas en el Protocolo Único de Protección para Víctimas y Testigos de justicia y paz.
ART. 24.—Etapas del dispositivo individual. El dispositivo individual contempla cuatro etapas.
ART. 25.—Asistencia inicial. La asistencia inicial consiste en satisfacer las necesidades de la víctima o testigo solicitante y su núcleo familiar, en materia de seguridad, hospedaje, alimentación, aseo, transporte, vestuario, asistencia médica de urgencia y demás aspectos que permitan su protección en condiciones de dignidad, atendiendo el enfoque diferencial y de género.
ART. 26.—Finalización de la asistencia inicial. La asistencia inicial concluirá cuando se presenten alguna de las siguientes situaciones:
1. Cuando se adopten las medidas de protección por parte del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgos, GTER, o la Dirección del Programa. En cualquier caso, se deberá dejar constancia de tales circunstancias en acta que deberá ser notificada al beneficiario de protección.
ART. 27.—Evaluación y calificación del riesgo individual. El Grupo Técnico de Evaluación de Riesgos, GTER, a través de la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación, realizarán la evaluación y calificación de riesgo, con el fin de asignar, de considerarse necesario, las medidas de seguridad estipuladas en el presente decreto.
Cuando se establezca que este programa no es competente para evaluar el caso, la secretaría técnica, previo concepto del GTER, remitirá al Programa competente e informará a la Policía Nacional para que se suspenda la asistencia inicial estipulada en el artículo 25 del presente decreto.
ART. 28.—Certificación. Los fiscales delegados de la Unidad de Justicia y Paz certificarán sumariamente la calidad de víctima o testigo en el procedimiento de la Ley 975 de 2005, como requisito para acceder a este programa, tomando como referencia el reporte de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley y la valoración de las entrevistas a los testigos de un hecho atribuible a grupos armados organizados al margen de la ley.
ART. 29.—Determinación y ejecución de las medidas. Cuando el Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, GTER, haya determinado que la víctima solicitante se encuentra en situación de riesgo extraordinario o extremo, se aplicarán las siguientes medidas.
PAR. 1º—La aplicación de las medidas de protección dispuestas por el Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo– GTER, se formalizarán mediante acta de compromiso suscrita entre el beneficiario de las medidas y el representante de la entidad competente, en la cual se harán constar las obligaciones que adquiere el protegido y las consecuencias de su desacato o el mal uso que haga de ellas.
ART. 30.—Reevaluación del riesgo. El Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, GTER, reevaluará el riesgo de las personas vinculadas al programa cada seis (6) meses.
Consecuentemente con el resultado de la reevaluación del riesgo, las medidas de protección asignadas se podrán suspender, retirar, renovar o modificar, para lo cual se tendrá en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 31.—Entidades competentes. En los términos del presente decreto, la ejecución de las medidas de protección tendrán los siguientes responsables principales:
1. Medidas políticas. Estarán bajo el liderazgo del Ministerio del Interior y de Justicia a través de la Dirección de Derechos Humanos.
2. Asistencia Inicial. A cargo de la Policía Nacional, conforme a lo estipulado en el artículo 25 del presente decreto.
ART. 32.—Medidas complementarias. Para la aplicación de las medidas complementarias se buscará integrar la atención a las necesidades de las víctimas y testigos, con el propósito de salvaguardar sus derechos afectados y buscar su bienestar emocional y familiar, por tal razón, deberán concurrir todas las entidades competentes en la ejecución de programas orientados a dar respuesta a estas necesidades. Igualmente se podrán convocar entidades sin ánimo de lucro que colaboren con estos propósitos.
ART. 33.—Evaluación sobre la pertinencia y contenido de las medidas complementarias. Cuando la situación de amenaza amerite el traslado de la víctima o testigo y/o se afecten de manera decidida sus derechos o los de su grupo familiar a la educación, la salud y la estabilidad emocional, el Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, GTER, remitirá el caso al Grupo Departamental de Medidas Complementarias, a fin de asegurar las acciones de garantía de restitución de los derechos afectados y de preservar el bienestar personal y familiar.
Terminación de la protección
ART. 34.—El grupo técnico de evaluación de riesgo, podrá determinar la terminación de la protección cuando se presente una de las siguientes causales:
ART. 35.—Exclusión unilateral. El grupo interinstitucional de protección podrá determinar la exclusión unilateral del protegido y su grupo familiar por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con este Programa, previo informe del GTER respectivo.
PAR. 2º—Para la exclusión unilateral se adoptará el procedimiento establecido en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo.
PAR. 3º—En todo caso, contra los actos administrativos que definan lo establecido en el presente capítulo, procederán los recursos de reposición y en subsidio apelación, en los términos de los artículos 49 a 55 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 36. Recursos. La ejecución de las medidas definidas en el presente decreto para el funcionamiento del Programa de Protección para Víctimas y Testigos, estarán sujetas a los recursos que para el efecto se apropien en el Presupuesto General de la Nación y estén contenidos en el Marco de Gastos de Mediano Plazo.
Para tal fin el Ministerio del Interior y de Justicia presentará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las necesidades presupuestales para ejecución de este Programa.
ART. 37.—Proyección de recursos. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación presentarán oportunamente a la Dirección del Programa, la proyección de recursos para el cumplimiento de las funciones asignadas para cada vigencia fiscal.
ART. 38.—Los recursos que se apropian en la ley de Presupuesto General de la Nación a las instituciones comprometidas en la ejecución de las medidas definidas en el presente decreto, serán destinados al cumplimiento de las funciones del Programa de protección a víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005.
ART. 39.—Derogatoria y vigencia. El presente decreto deroga las normas que le sean contrarias, en especial el Decreto 3570 de 2007, y rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Bogotá, D.C, a 19 de mayo de 2010.

References: artículo 189
 artículo 81
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 81
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 38
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 113
 artículo 220
 artículo 221
 artículo 25
 artículo 35
 artículo 25
 artículo 35