Source: https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-el-es.do?member=1
Timestamp: 2020-05-31 18:09:26+00:00

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Mediación en los Estados miembros - Grecia
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En lugar de acudir a los tribunales, ¿por qué no trata de resolver los conflictos a través de la mediación? Se trata de una modalidad de solución alternativa de conflictos en la que un mediador ayuda a las partes implicadas en un conflicto a alcanzar un acuerdo. La Administración y los profesionales de la justicia griegos son conscientes de las ventajas de la mediación.
En Grecia, prestan servicios de mediación las instancias siguientes:
De conformidad con la Ley 3898/2010 (Boletín Oficial, Serie A, nº 211, de 16.12.2010), por la que se incorpora en el ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2008/52/CE, el mediador debe ser un abogado que haya obtenido un certificado como mediador. La Comisión de Certificación de Mediadores (Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών), creada por la misma Ley, funciona bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos y, entre otras cosas, se encarga de la certificación de los mediadores. Esta certificación se expide al término de un proceso de examen ante una junta examinadora de la que forman parte dos miembros de la Comisión de Certificación de Mediadores y un funcionario judicial. El Departamento de abogados y procuradores de la Dirección General de Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos es responsable de certificar a los mediadores y de adoptar los instrumentos administrativos necesarios al efecto. El mismo Departamento se encarga de elaborar las listas de las entidades autorizadas para formar mediadores y de distribuirlas a los tribunales. Las listas de mediadores certificados pueden consultarse en la página web del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ofrece un servicio público que permite a los trabajadores solicitar una audiencia oficial en caso de conflicto laboral. El servicio lo presta la Inspección de Trabajo, que encomienda a un inspector especializado la programación de la audiencia para que el trabajador exponga en ella su posición. La audiencia es independiente de cualquier procedimiento judicial.
El Defensor del Consumidor, autoridad independiente que actúa bajo supervisión del Ministerio de Desarrollo Regional y Competitividad, es un órgano extrajudicial para la resolución mediante consenso de las diferencias entre consumidores y un órgano consultivo del Estado para la resolución de los problemas incluidos en su ámbito de competencias. De él dependen las Comisiones para el Arreglo Amistoso de Diferencias, que tienen su sede en los gobiernos provinciales y actúan únicamente si no hay un procedimiento judicial en curso.
La mediación está prevista:
en el ámbito del Derecho civil y mercantil;
en el ámbito del Derecho laboral y en el de la resolución de litigios de los consumidores, según los procedimientos mencionados;
en los casos en que hay víctimas de violencia doméstica (Ley 3500/2006);
en relación con determinadas infracciones según lo establecido en la Ley 3904/2010.
Grecia ha transpuesto la Directiva 2008/52/CE mediante la Ley 3898/2010 (Boletín Oficial, Serie A, nº 211, de 16.12.2010).
En virtud de dicha Ley, las diferencias en el ámbito del Derecho privado pueden someterse a mediación con el acuerdo de las partes, si éstas tienen poder para disponer libremente del objeto de la diferencia. El acuerdo de someter un conflicto a mediación puede demostrarse mediante un documento o a través de las actas del tribunal ante el que se haya llevado el asunto, y está regulado por el Derecho contractual sustantivo.
La mediación es posible si: a) las partes están de acuerdo en recurrir a la mediación, antes o después de un proceso judicial; b) el tribunal ante el que se ha llevado el asunto, teniendo presentes todas las circunstancias, pide a las partes que recurran a la mediación; en este caso, si las partes están de acuerdo, el tribunal debe aplazar la vista del caso entre tres y seis meses; c) un tribunal de otro Estado miembro ordena la mediación, o d) la ley exige que haya mediación.
La orden 109088 del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos: a) determina los requisitos específicos para la acreditación de los mediadores, así como el procedimiento para el reconocimiento de los certificados expedidos en otros Estados miembros de la Unión Europea; para que se efectúe este reconocimiento, así como para la retirada provisional o definitiva del certificado, se exige el consentimiento previo de la Comisión de Certificación de Mediadores; b) establece el código deontológico al que deben atenerse los mediadores acreditados; c) establece los requisitos específicos para la imposición de sanciones por la infracción de dicho código; estas sanciones, cuya imposición debe ser aprobada previamente por la Comisión, consisten en la retirada provisional o definitiva del certificado, y d) regula todos los asuntos conexos.
En el procedimiento de mediación, todas las partes o su representante legal o portavoz, si se trata de una persona jurídica, deben comparecer con su abogado.
El mediador es designado por las partes o por una tercera persona de su elección.
El procedimiento de mediación es determinado por el mediador de acuerdo con las partes, que pueden ponerle fin cuando lo consideren oportuno. Es un procedimiento confidencial que no queda registrado. El mediador puede comunicarse y entrevistarse en el marco de la mediación con cualquiera de las partes. La información que obtenga a través de estos contactos con una de las partes no se notificará a la otra parte sin el consentimiento de la primera.
El mediador no está obligado a aceptar su nombramiento y, durante la mediación, únicamente se le puede hacer responsable de intención dolosa.
El mediador debe redactar un acta de la mediación en la que deben figurar:
a) el nombre y el apellido del mediador,
b) el lugar y la fecha de la mediación,
c) los nombres y apellidos de todos los participantes en el procedimiento de mediación,
d) el acuerdo previo que sirvió de base para que tuviera lugar la mediación,
e) el acuerdo al que llegaron las partes como resultado de la mediación o la constatación del fracaso de ésta, así como los motivos de la controversia.
Una vez finalizado el procedimiento de mediación, deben firmar el acta el mediador, las partes y sus abogados. Si al menos una de las partes lo solicita, el mediador debe asegurarse de que el original de este documento se deposite en la secretaría del juzgado de primera instancia de la región en la que se llevara a cabo la mediación. Al efectuar este depósito debe pagarse una tasa, cuyo importe y ajustes determinan de común acuerdo el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos. Cuando fracasa la mediación, el acta puede ser firmada únicamente por el mediador.
Desde que se deposita en la secretaría del juzgado de primera instancia, y siempre que las partes hayan alcanzado un acuerdo respecto a una reclamación que deba satisfacerse, el acta de mediación tiene carácter ejecutivo de conformidad con el artículo 904, apartado 2, párrafo tercero, del Código procesal civil.
Aplicación práctica de la modalidad alternativa de resolución de conflictos
El único tipo de mecanismo de esta clase que cabe considerar eficaz en Grecia es el arbitraje:
Conforme a los artículos 99 y siguientes de la Ley concursal, puede designarse un mediador para un procedimiento transaccional a instancia de una persona física o jurídica ante el tribunal concursal.
La Ley concursal determina la validez de la solicitud y la posibilidad de designar un mediador entre una lista de peritos. La función del mediador es lograr un acuerdo entre el deudor y la mayoría (la Ley determina el porcentaje) de sus acreedores para asegurar la supervivencia de su empresa por todos los medios adecuados.
El mediador puede solicitar a las entidades financieras y de crédito información sobre la actividad económica del deudor de utilidad para la realización de su función.
Si no se alcanza un acuerdo, el mediador lo comunica inmediatamente al presidente del tribunal concursal y se da inicio al procedimiento ante este órgano, con lo que concluye la función del mediador.
La Comisión de Certificación de Mediadores es responsable de expedir la certificación de los mediadores, de controlar que las entidades que imparten formación en mediación cumplan los requisitos, de velar por que los mediadores acreditados cumplan el código deontológico, y de proponer al Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos la imposición de las sanciones previstas en la legislación vigente.
Pueden impartir formación en mediación las sociedades sin ánimo de lucro compuestas al menos por un colegio de abogados y al menos una de las cámaras nacionales y que hayan obtenido la licencia correspondiente del Departamento de abogados y procuradores de la Dirección General de Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos, a propuesta de la Comisión de Certificación de Mediadores. El decreto presidencial 123/2011, promulgado por iniciativa de los Ministerios de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos, de Economía, Competitividad y Marina Mercante y de Educación, Formación Continua y Asuntos Religiosos, establece las condiciones y requisitos para la concesión de las licencias y para el funcionamiento de las entidades que imparten formación, el contenido de los programas de formación básica y de perfeccionamiento, su duración, el lugar en el que deben impartirse, las cualificaciones de los formadores, el número de participantes en los cursos, así como las sanciones aplicables a estas entidades en caso de incumplimiento de los requisitos. Estas sanciones consisten en una multa o en la retirada provisional o definitiva de la licencia para ejercer su actividad. Los criterios para la aplicación de las sanciones se establecerán con arreglo al citado decreto presidencial. Para obtener su licencia de ejercicio, las entidades formadoras deben pagar una tasa, cuyo importe y ajustes son determinados por los Ministerios de Economía y de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.
El Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos utiliza todos los medios posibles, y en particular Internet, para informar al público sobre el procedimiento para acceder a la mediación.
Los mediadores reciben un estipendio por hora hasta un máximo de 24 horas, incluido el tiempo que necesitan para prepararse antes de iniciar el procedimiento. Las partes y el mediador pueden convenir otras modalidades de retribución. La retribución del mediador se reparte equitativamente entre las partes, a menos que acuerden lo contrario. Cada una de las partes debe cubrir los costes de remuneración de su abogado. La cuantía y la adaptación de esta retribución por hora están fijadas mediante decisión del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.
¿Es posible ejecutar un acuerdo resultante de una mediación?
Una vez finalizado el procedimiento de mediación, deben firmar un acta el mediador, las partes y sus abogados. Si al menos una de las partes lo solicita, el mediador debe asegurarse de que el original de este documento se deposite en la secretaría del juzgado de primera instancia de la región en la que se llevara a cabo la mediación. Al efectuar este depósito debe pagarse una tasa, cuyo importe y ajustes determinan de común acuerdo el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos. Cuando fracasa la mediación, el acta puede ser firmada únicamente por el mediador.
El recurso a la mediación conforme a lo dispuesto en la legislación interrumpe la prescripción y el plazo de caducidad para la ejecución de los derechos, mientras dura el proceso de mediación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 261 y siguientes del Código Civil, los plazos de prescripción y de caducidad interrumpidos empiezan a contarse de nuevo a partir del momento en que se redacta el acta de fracaso de la mediación o en que una parte notifica a la otra y al mediador la retirada de la mediación, o ésta se suspende por cualquier otro medio.
De conformidad con el artículo 10 de la Directiva 2008/52/CE, la autoridad competente para recibir solicitudes (según lo establecido en el artículo 6, apartados 1 y 2, de la misma Directiva) es la secretaría del juzgado de primera instancia de la región en la que se realice la mediación.
Centro Helénico de Mediación y Arbitraje

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 904
 resolución 
 artículo 261
 artículo 10
 artículo 6