Source: https://lasiniestra.com/tag/campesinado/
Timestamp: 2019-04-20 20:28:00+00:00

Document:
Campesinado | La Siniestra
Mar 16, 2019 | Por acá
Documento elaborado por Adriana Fuentes López y Juan Carlos Morales González de FIAN Colombia. Febrero 21 de 2019.[1] Consulte la primera parte aquí.
¿Por qué la alimentación no es un derecho en el PND?
Pareciera una obviedad que hablar de desarrollo de un país debería implicar, entre otras cosas, avanzar hacia el respeto, protección y garantía del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada de sus habitantes. Un país donde las personas mueren de hambre o donde están muy mal nutridas está muy lejos de ser un país desarrollado, viable e incluso democrático. Infortunadamente para el futuro y la paz de Colombia, esa no es una apuesta prioritaria o importante para el actual gobierno y no se ve reflejada en el PND. Las bases mencionan el “Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados” y este contiene una línea dedicada al tema alimentario denominada “Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos”.
Lo primero a decir es que este es un pacto por la Seguridad Alimentaria y Nutricional que reproduce un limitado enfoque, que es el mismo que ha configurado la política alimentaria en Colombia desde hace muchos años. De ahí que en la propuesta: 1) no se propongan avances ni se establecen acciones concretas en relación con la garantía de la Soberanía Alimentaria y el DHANA; 2) no se defina explícitamente la problemática alimentaria y nutricional como un problema clave del país y un condicionante del conflicto; y, 3) no se aborde la alimentación como un proceso relacionado con la producción/consecución de alimentos y medios para obtenerlos, el intercambio, la transformación, el consumo y aprovechamiento nutricional de los alimentos y, por supuesto, con los circuitos culturales, económicos, sociales que los seres humanos generan en el proceso, y su interrelación con el ambiente, las otras formas de vida y las generaciones futuras. En síntesis, persiste el enfoque de Seguridad Alimentaria y no el de Derecho Humano a la Alimentación. Esto impide que haya una perspectiva integral del Plan y de Políticas Públicas derivadas o relacionadas, capaz de articularse con los contextos locales, territoriales, económicos y culturales, y que sepan responder a las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de protección y realización de derechos humanos. Curiosamente, el Plan acepta que en el mundo hay avances importantes relacionados con el tema alimentario a partir del enfoque de derechos humanos, pero no lo incorpora y se queda anclado al enfoque de seguridad alimentaria. Esto evidencia una vez más la innoble práctica del Estado colombiano de decir que respeta los derechos humanos, cuando en realidad sucede lo contrario.
Esta discusión en torno al enfoque de seguridad alimentaria y derecho humano a la alimentación no es una discusión meramente conceptual, sino que tiene implicaciones concretas en la política pública. El concepto “seguridad alimentaria” se refiere a que las personas tengan acceso a los alimentos sin importar ni discutir de dónde provienen, ni sus condiciones de adaptabilidad o aceptabilidad cultural, ni el punto de vista del quiénes los reciben, ni si fueron producidos por las y los campesinos, o si son fruto de la protección de la diversidad nacional de alimentos y la soberanía alimentaria. Para entenderlo mejor, pensemos que un país podría garantizar seguridad alimentaria a todos sus habitantes importando todos sus alimentos, sin importar además la calidad de los mismos, ni la forma en que fueron producidos, a costa del sacrificio de los productores nacionales; es decir, garantiza un acceso a los alimentos, pero de un modo que no responde a la soberanía alimentaria, ni a una política que enfrente radicalmente los determinantes estructurales de la crisis alimentaria. O por ejemplo, se podría dar a las personas alimentos que sacien las necesidades energéticas diarias pero que, al no corresponder a sus costumbres y culturas, ni satisfacer sanamente todos los requerimientos nutricionales (no solo los calóricos), termina siendo un proceso de asistencialismo alimentario. Creo además que para todos es claro que no es lo mismo tratar algo como un servicio, una mercancía, un favor o un derecho.
Además, justamente esa fue una de las discusiones que se dio en el marco de la negociación de La Habana y por lo mismo el Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera habla expresamente del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas y ordena la puesta en marcha de un “Sistema para su garantía progresiva”.[2]
Pues bien, en las bases el PND desconociendo por completo lo anterior, se habla de que se va establecer un “Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, pero no un sistema para garantizar el derecho humano. Es decir, se abandona el enfoque del derecho, lo cuál hubiera permitido dar un salto cualitativo para la superación de la problemática alimentaria del país y la construcción de paz. La pregunta entonces es ¿por qué se resiste el gobierno nacional a hablar del derecho humano a la alimentación y prefiere insistir en el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional? Creemos que es precisamente porque se niega a aceptar la soberanía alimentaria, que es una pelea histórica del campesinado, que hoy está reconocida como derecho a nivel internacional[3] y que obligaría a replantear el modelo económico que nos ha llevado a que actualmente importemos más de 12 millones de toneladas de alimentos[4] a pesar de las condiciones geográficas favorables que nos permitirán producirlos nacionalmente.
Adicionalmente, se omite una definición necesaria para toda discusión relacionada con los ciclos agroalimentarios, a saber, la de alimento. En efecto, en el marco de las políticas vigentes, se ha sustituido de manera frecuente y lamentable la noción de alimentos por la de “productos alimenticios”, permitiendo que en esta última se incluya cualquier cosa y que no se debata la peligrosidad de la promoción del consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados (PCU), conocidos comúnmente como comida chatarra. De esta manera no se condena, por ejemplo, el empleo de comestibles que nos son alimentos reales para resolver situaciones de inseguridad alimentaria o el suministro alimentario de algunos programas estatales. Es tal el nivel al que esto llega, que incluso en escuelas rurales donde se supone que se puede contar con alimentos frescos y producidos localmente, los programas de alimentación escolar dirigidos por el Estado utilizan raciones industriales o le traen a los niños y niñas gaseosas y otros productos altos en azúcar, grasa y sodio, en lugar de que consuman los alimentos que su propia región, sus padres y madres producen. Esto es algo que por lo visto no cambiará con este Plan de Desarrollo y las acciones presupuestadas, pues nada se dice frente a limitar el consumo de PCU en entornos escolares, ni frente a las compras públicas locales de alimentos, aspecto que también está en las propuestas que hizo el campesinado.
Este no es un tema menor, ya que frente a la problemática de desnutrición y malnutrición el panorama sigue siendo bastante desolador. Las bases del plan indican que “especialmente en la población infantil, la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se incrementó de 6,8, en 2015, a 8,2, en 2016; y el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer pasó del 8,8 %, en 2015, al 9,1 %, en 2016. Por su parte, la ENSIN registró una disminución en el retraso en talla en menores de 5 años, al pasar del 13,2 %, en 2010, al 10,8 %, en 2015.” Cabe resaltar que también hay un aumento en el exceso de peso (sobrepeso + obesidad), el cual pasó de 51,2% en 2010 a 56,4% en 2015 en adultos de 18 a 64 años.
Las cifras mencionadas demuestran que Colombia es un país en el que se presentan múltiples formas de violación del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada, que afectan los diferentes eslabones del proceso alimentario y a todas las poblaciones. El Plan de Desarrollo no reconoce adecuadamente estas problemáticas y por ello debe insistirse en que preocupa que, frente al problema de la obesidad y/o sobrepeso, que ya se ha determinado que es un problema de salud pública, especialmente en la población más vulnerable (niñas, niños, adolescentes y mujeres), el gobierno no haya hecho ninguna mención explícita sobre la relación que esto tiene con determinantes claves como la publicidad y consumo creciente de comida chatarra, la falta de información nutricional y las advertencias adecuadas en todos esos productos, que permitirían a las personas tomar mejores decisiones y estar alerta frente a los riesgos que implican para la salud. Tampoco se mencionan otras propuestas que desde la Organización Mundial de la Salud se han hecho para enfrentar este problema, como los impuestos sobre las bebidas azucaradas y la protección de los entornos escolares de la publicidad y consumo de esos productos.
Finalmente, hay que referir que el Plan se refiere a La Guajira y Chocó como escenarios priorizados para las acciones en materia alimentaria. Tal como han sido planteadas, estas medidas ocultan la universalidad del problema, como si fueran esos departamentos los únicos en los que ocurren violaciones graves del DHANA. Sin duda son departamentos que requieren acciones especiales e inmediatas para eliminar el sufrimiento de sus poblaciones en materia alimentaria, pero no es menos cierto que el gobierno debería implementar urgentemente acciones contundentes en los demás departamentos y regiones, Vichada por ejemplo, San Andrés y Providencia, cuya realidad alimentaria está muy lejos de ser aceptable, tal y como lo demuestran las propias cifras oficiales.
Sabemos que apenas empieza el debate en el Congreso del Plan de Desarrollo y esperamos que ahí varios de estos elementos puedan ser cuestionados y corregidos, y que también la movilización social permita enfrentar la regresividad de este Plan de Desarrollo, y seguir insistiendo en la importancia de que las propuestas de las comunidades campesinas tengan el lugar que merecen en la formulación de las políticas públicas de la agenda nacional.
[1] Este artículo recoge la ponencia presentada por FIAN Colombia en el marco de la Audiencia Pública sobre El Campesinado y el Plan Nacional de Desarrollo convocada por varios congresistas, llevada a cabo el 21 de febrero de 2018 en el Auditorio Luis Guillermo Vélez.
[2] Punto 1.3.4 del Punto 1 “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”
[3] Afirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales que “los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Este engloba el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política agroalimentaria y el derecho a una alimentación sana y suficiente, producida con métodos ecológicos y sostenibles que respeten su cultura (art.15 num.4).
[4] Nota de Prensa: El Espectador (2017). Artículo: “Aún importamos 12 millones de toneladas de comida”: MinAgricultura. Recuperado de: https://www.elespectador.com/economia/aun-importamos-12-millones-de-toneladas-de-comida-minagricultura-articulo-711213. Recuperado de: https://www.elespectador.com/economia/aun-importamos-12-millones-de-toneladas-de-comida-minagricultura-articulo-711213
Documento elaborado por Adriana Fuentes López y Juan Carlos Morales González de FIAN Colombia. Febrero 21 de 2019. [1]
Quisiera empezar por recordar que, así como cuando a una persona le preguntaron ¿de dónde viene el agua? y respondió: “de la llave”, desconociendo que se origina en las montañas, los ríos y los páramos, debemos evitar que nos pase lo mismo cuando nos pregunten ¿de dónde vienen los alimentos? Los alimentos verdaderos no se originan en los “supermercados” o las “tiendas”, sino que llegan a nuestras mesas y a nuestras bocas gracias a que campesinos y campesinas los sembraron, los cuidaron y los cosecharon, al tiempo que preservaron los elementos vitales que posibilitan su producción (semillas, suelos, agua). Esto lo hacen en medio de muchas dificultades, en pequeñas parcelas generalmente arrendadas porque no tienen tierra propia, obteniendo una rentabilidad escasa o incluso con pérdidas en términos económicos porque los precios casi nunca los favorecen. Mucho menos las dinámicas de comercialización que los obligan a vender sus productos al intermediario regional al precio que este decida fijar y pagar, sin ningún tipo de regulación y control. Pero a pesar de eso y de las adversidades que en el contexto colombiano suma la guerra, ahí está el campesinado alimentando al mundo y a Colombia.
Diversos centros académicos y organismos internacionales como la FAO reconocen que más de la mitad de los alimentos proviene de la agricultura en pequeña escala, y resaltan además en ello la importancia de las mujeres.[2] Sin embargo, al momento de planear las políticas públicas esto no es reconocido y en lugar de apoyar y potenciar a quienes producen los alimentos, es decir al campesinado, sólo se brindan apoyos a las grandes concentraciones de tierras, a la agricultura industrial, a los monocultivos y a los promotores de transgénicos. De hecho, cuando recientemente el campesinado presentó sus propuestas y pidió tener su propio capítulo denominado “Pacto Campesino” en el Plan de Desarrollo, este no fue incorporado por el gobierno. Esto no sorprende, ya que se corresponde con lo que ha sido el enfoque predominante desde hace varios años de la política agraria, que invisibiliza a campesinos/as y a pescadores/as. Mientras el mundo entero avanza en el reconocimiento de los derechos del campesinado y su protección, al punto que se aprobó en Naciones Unidas una Declaración Universal sobre ello, Colombia ha estado al margen. Incluso el actual gobierno tuvo la osadía de abstenerse de votar en favor de la Declaración, situación que denunciamos en su momento y que seguiremos denunciando hasta que el gobierno asuma su responsabilidad por hacer prevalecer los tratados de libre comercio y la propiedad intelectual, sobre los derechos campesinos.
En lo que sigue haremos un análisis de algunas de las implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo, que nos lleva a sostener que a dicho Plan presentado por el gobierno de Iván Duque le falta un sujeto: el campesinado, y también le falta un derecho humano: la alimentación.
La ausencia del sujeto campesino y su papel indispensable en la producción de alimentos
El Plan diagnostica varios aspectos importantes en torno a la situación del campo colombiano, pero es incapaz de proponer soluciones o medidas que busquen efectivamente solucionar esos problemas. El documento Bases del PND 2018-2022, señala en el capítulo titulado “Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural”, que es necesario enfrentar los retos derivados de: 1) la incidencia de la pobreza y de los atrasos en el desarrollo humano de la población rural; 2) la deficiente infraestructura en materia de provisión de bienes y servicios públicos; 3) los conflictos de uso del suelo que afectan negativamente la inversión, el desarrollo y la sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos; 4) el débil proceso de la consolidación de la Reforma Rural Integral; 5) la inequidad en el empoderamiento social y económico de la mujer rural; 6) el limitado desarrollo de las actividades no agropecuarias y conexas; 7) la falta de abastecimiento y disponibilidad alimentaria para el consumo interno, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria; 8) la débil institucionalidad sectorial, tanto a escala nacional como territorial; 9) el ilimitado acceso de los productos agropecuarios colombianos a los mercados internacionales; y, 10) los bajos niveles de agroindustrialización y agregación de valor.
Aunque desearíamos que se hubiera hecho una referencia más explícita al problema de inequidad y concentración de la tierra, que es uno de los más graves en el campo colombiano y el desencadenante de muchos otros, este asunto está totalmente ausente. A pesar de ello, el Plan reconoce que existe una falta de abastecimiento y seguridad alimentaria y una baja productividad rural. Así mismo, señala que la sobreutilización y subutilización del suelo son elementos que inciden en la situación de producción y disponibilidad de alimentos y afirma que:
“existe sobreutilización y subutilización en el suelo del orden del 11,7% y 13,0%, respectivamente. Por otro lado, por cada km2 de tierra arable en Colombia se generaron USD 33.200 en 2013, lo que equivale al 19% de la productividad en los países de la OCDE. Estas dinámicas en el uso del suelo, asociadas a prácticas ineficientes de producción, impiden que el país aproveche plenamente su potencialidad agropecuaria y cuente con una mayor disponibilidad de alimentos”.[3]
En esta parte el PND acierta en el diagnóstico, pues es claro que tenemos unos muy graves conflictos de uso y vocación del suelo y que eso sin duda incide en la disponibilidad de alimentos. Bien es sabido que tenemos cerca de 15 millones de hectáreas aptas para la agricultura, de las cuales solo usamos 6 millones de hectáreas en esta actividad, tal como lo han señalado reiteradamente los análisis del IGAC y los datos del Censo Nacional Agropecuario.
Por otra parte se plantea que otra de las razones de la baja productividad del sector agropecuario es la debilidad en la provisión de equipamientos y servicios sectoriales, lo que se expresa en que muy pocas fincas han recibido asistencia técnica, y el acceso a la cobertura de riego es tan solo “el 6% de 18,4 millones de hectáreas potenciales para la infraestructura de adecuación de tierras”[4]. A esto se suman los problemas por falta de vías terciarias y en general las deficiencias en la infraestructura vial.
Se podría decir entonces que se coincide en términos generales con el diagnóstico presentado. Ahora bien, cuando se mira cuáles son las estrategias planteadas para afrontar esos retos, es cuando hay que distanciarse completamente del enfoque del gobierno, pues para enfrentar los problemas antes mencionados las estrategias que se proponen no resultan de ninguna manera apropiadas y no buscan la realización de los derechos humanos.
En primer lugar, porque si se parte de que hay grandes conflictos de uso y vocación del suelo se esperarían medidas para enfrentar esos conflictos y no para profundizarlos. Sin embargo, el PND se muestra realmente más preocupado por fortalecer la actividad minera que la agropecuaria, a pesar de que esto es precisamente una enorme fuente de conflictos y que, justamente, crea, agudiza y profundiza los conflictos de uso y vocación del suelo ya existentes. De manera que, si la apuesta es porque territorios hoy dedicados a la agricultura se conviertan en territorios mineros, no estaremos avanzando en materia de disponibilidad alimentaria y soberanía alimentaria, sino al contrario agravando la situación, pues justamente el auge de los proyectos minero-energéticos (incluyendo las represas) está generando que suelos dedicados a la agricultura y a la producción de alimentos estén en grave riesgo de ser transformados en minas, escombros y receptores de toda la contaminación a causa de la explotación. Por mencionar tan solo un ejemplo, pensemos en el municipio de Cajamarca en el Tolima, en que las intenciones de la Anglo Gold Ashanti con el proyecto de minería de oro a cielo abierto “La Colosa” y la postura del gobierno nacional que ha pretendido desconocer la voluntad de la comunidad que se expresó a través de la consulta popular diciendo no a la minería, puede desencadenar en que un municipio que es el primer productor mundial de arracacha y de muchas otras variedades de alimentos para todo el país, pierda esta vocación de productor de comida, para convertirse en un municipio minero. Por supuesto las comunidades y todos los aliados seguiremos luchando porque eso no ocurra.
En segundo lugar, el gobierno continúa considerando que quienes pueden aumentar la productividad de la tierra son los empresarios del campo y los grandes inversionistas, y no el campesinado, el cual sigue siendo relegado a sujeto de segundo orden, y por eso está ampliamente invisibilizado. Esto se debe no solo a la larga tradición anticampesinista del Estado, sino a que buena parte de la tecnocracia agropecuaria nacional sigue creyendo que la única forma de lograr el desarrollo rural es dando las tierras a los empresarios ricos y poderosos, a los llamados inversionistas del campo, y que el destino del campesinado no puede ser otro que ser los trabajadores, la mano de obra o los peones de esos empresarios. Así lo disfracen bajo el discurso de la asociatividad, de las alianzas productivas o de la agricultura por contrato, el resultado es el mismo. Y son muchos funcionarios lo que creen eso, que en realidad parecen convencidos de que la única opción para el campo son los grandes inversionistas.[5]
Sin embargo, es necesario insistir en el error en el que incurren, pues la solución no son los inversionistas y además el campesinado no es ineficiente, ni está condenado a la pobreza como ellos asumen. El campesinado sí es eficiente incluso a veces más que la agroindustria, tal como lo han demostrado estudios tan serios como los del profesor Albert Berry de la Universidad de Toronto o los análisis del profesor Jaime Forero en Colombia.[6] El campesinado no está de ninguna manera destinado a la pobreza como ellos creen, y si lo ha estado es precisamente por el olvido y abandono al que las políticas públicas durante todos estos años.
En tercer lugar, el plan promueve lo que denomina una estrategia de ordenamiento productivo de la frontera agrícola nacional y afirma que con el apoyo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA se realizará “una zonificación que promueva el uso eficiente de las tierras para fines productivos”[7]. Esto, claro, desde un enfoque totalmente centralista que es el que históricamente han usado, sin los territorios, sin las autoridades locales y por supuesto sin las comunidades.
Por último, mientras el campesinado exige asistencia técnica gratuita como un derecho, esta pasó a convertirse en el “servicio de extensión agropecuaria” pagado y privatizado con la ley 1876 de 2017 “Por medio de la cual se crea el sistema nacional de innovación agropecuaria y se dictan otras disposiciones”, lo cual se profundizará con la derogatoria del artículo 69 de la Ley 1450 de 2011, que está contenida en la propuesta del Plan.[8]
Así mismo, en cuanto a la adecuación de tierras, que también debería ser un derecho, en el enfoque del Plan está basada en la búsqueda de alianzas público privadas. Además no se toma ninguna medida frente a los casos en que de facto los distritos de riego, que deberían ser utilizados para cultivos de alimentos, hoy están prácticamente privatizados y dedicados al monocultivo de palma de aceite, de lo cual es muestra lo que ocurre con el distrito de riego de María La Baja en los Montes de María. Este distrito está al servicio del monocultivo, mientras las comunidades campesinas ni siquiera tienen acceso al agua, pese a que se trata de una obra que es pública y que se construyó en 1966 para favorecer a los cultivadores de arroz y otros alimentos de la región.[9]
Por lo tanto, resulta a todas luces inadecuada la solución que el gobierno plantea frente al problema de baja disponibilidad de alimentos, pues está basada en los clústeres de producción agroindustrial y la agricultura por contrato. En vez de eso, el gobierno debería respaldar y proteger como alternativa la economía campesina, tal como lo propuso el campesinado en el marco del capítulo que construyó y presentó para ser incorporado en este Plan, en el que se exige el reconocimiento de dicha economía como un modelo que aporta riqueza al país y a la soberanía alimentaria, y que aboga por la protección de semillas criollas y la promoción de su uso libre.
Así, el reto del uso eficiente del suelo, antes que estar basado en una visión de agronegocios, debería partir de: 1) reconocer que se deben tomar medidas para enfrentar los conflictos de uso y vocación que ya tenemos para corregirlos, no para profundizarlos; y, 2) proteger los usos que la poblaciones campesinas y étnicas dan a sus territorios, y que les permiten producir sus alimentos y los alimentos de la demás población colombiana. No se puede asumir, que la problemática del adecuado uso del suelo no tiene que ver con la destrucción de esas formas de uso y de la imposición de un modelo extractivo y agroindustrial que el plan privilegia marcadamente en varios de sus apartados.
Lea la segunda parte de este artículo aquí.
[2] FAO (2014). Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. Salcedo Salomón y Guzmán Lya (Eds). Santiago, Chile. Recuperado de: http://www.fao.org/3/i3788s/i3788s.pdf
[3] Gobierno de Colombia. Departamento Nacional de Planeación (2019). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, p.255.
[4] Ibid, p.228
[5] Hay muchos ejemplos de funcionarios con estas visiones y uno de ellos es el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, que ahora que salió del cargo montó su propia empresa precisamente para asesorar a inversionistas del campo. Ver: Nota de prensa: Castilla José David (2019) “Expertos en tierras se reunirán este martes para atraer inversionistas al campo colombiano” Recuperado de: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/expertos-en-tierras-se-reuniran-este-martes-para-atraer-inversionistas-al-campo-colombiano-2828653:
[6] Ver: Berry, Albert (1972). Farm Size Distribution, Income Distribution, and the Efficiency of Agricultural Production: Colombia. The American Economic Review, vol 62, edición 2, pp.403-408. Berry, Albert (2013). Se necesita un cambio a favor de la pequeña agricultura en Colombia: Albert Berry. Entrevista. Recuperado de: https://prensarural.org/spip/spip.php?article10419; Forero Jaime et al (2015). La Viabilidad de la agricultura familiar en Colombia: análisis de su eficiencia económica – productiva y su dinámica ecosistémica en comunidades de Puerto López. Espacio creativo impresores – Oxfam. Bogotá.
[7] Gobierno de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. 2019. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, p.161.
[8] En el artículo 183 que contiene las derogatorias se deja sin vigencia el artículo 69 de la Ley 1450 de 2011 que se refiere a que las “Entidades Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Integral podrán ser entidades de carácter público, mixtas, privadas, comunitarias, solidarias, incluyendo instituciones de educación técnica, tecnológica y universitaria. Los servicios de asistencia técnica integral se orientarán simultáneamente a: i) mejorar los aspectos técnicos y productivos en finca; ii) generar capacidades para la gestión de proyectos; iii) generar capacidades para la transformación y comercialización de los productos; y en el caso de los pequeños productores, adicionalmente iv) promover formas colectivas y asociativas a lo largo de todo el proceso de producción, transformación y comercialización.”
[9] Al respecto ver entre otros: Rutas del conflicto (2018) Acuatenientes: La historia del agua, la tierra y la agroindustria de la palma de aceite en María La Baja, Bolivar. Recuperado de: http://rutasdelconflicto.com/especiales/acuatenientes/index.html
Dic 12, 2018 | Por acá
El próximo 17 de diciembre nos encontraremos junto al Coordinador Nacional Agrario y FIAN Colombia para reflexionar sobre el campesinado en el siglo XXI.
La coyuntura actual desafía las preguntas que tradicionalmente acompañaron los estudios agrarios durante más de cien años, orientadas a entender las trayectorias del campesinado y su acción política en un contexto de transformaciones generadas por la penetración del capitalismo en el campo. En la actualidad, la movilización campesina ha gestado, por ejemplo, el surgimiento y consolidación de un movimiento por la soberanía alimentaria, en un proceso que está alcanzando impactos globales. El conjunto de estas situaciones obliga a activistas, investigadores y demás personas interesadas en el mundo rural a profundizar sus reflexiones y a cuestionar viejos paradigmas.
Campesinado e instituciones agrarias en el siglo XXI – Sergio Coronado Delgado
Territorios Campesinos Agroalimentarios y gestión autónoma del territorio – Robert Daza – Coordinador Nacional Agrario
Modera: Andrea Cely- La Siniestra
La Morada: Carrera 19 # 36-34
NUESTRO ABRAZO DE RESPALDO Y SOLIDARIDAD CON LAS COMPAS DE LA MORADA
Nov 24, 2018 | En modo crítico
Por: Viviana Tacha
“La vida campesina es una vida dedicada por entero a la supervivencia.
Ésta es tal vez la única característica totalmente compartida por todos los
campesinos a lo largo y ancho del mundo. Sus aperos, sus cosechas, su tierra,
sus amos pueden ser diferentes, pero, independientemente de que trabajen en el
seno de una sociedad capitalista, feudal, u otras de más difícil clasificación,
independientemente de que cultiven arroz en Java, trigo en Escandinavia o maíz
en Sudamérica, en todas partes se puede definir al campesinado como una clase
de supervivientes”.
John Berger, Puerca
Tierra[1]
Los supervivientes son aquellos
que conservan la vida después de un suceso en el que otros la han perdido. Dependiendo
del suceso, algunos querrían que los supervivientes no hubieran logrado la
hazaña. El campesinado ha sobrevivido a múltiples contingencias, a pesar de que
muchos han anunciado su inevitable desaparición. La industrialización de la
agricultura, la creciente concentración y acaparamiento de tierras, la
consecuente migración del campo a la ciudad y la proletarización de masas
campesinas, son apenas algunos de los avatares por los que ha atravesado el
campesinado mundial. A esto debemos sumarle el desprecio histórico que han
tenido que experimentar campesinos y campesinas a lo ancho y largo del globo:
el campo como el lugar de tiempos pasados, de lo atrasado, mientras que la
ciudad se dibuja como el lugar de los avances, del futuro; el campesino como
inculto y el citadino como ilustrado; la economía campesina como obsoleta y las
economías extractivas como el porvenir.
Por ello podría ser sorprendente que, a pesar de tantas condiciones materiales y simbólicas adversas, profundizadas por el periodo neoliberal, el campesinado mundial no solo siga existiendo, sino que sus luchas estén vivas –si es que acaso alguna vez no lo han estado– y acaben de ganar una batalla político-jurídica por su reconocimiento como sujeto político y con derechos concretos. Se trata de la adopción, el pasado 19 de noviembre, de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”. Esta Declaración es un nuevo instrumento jurídico internacional que es fruto, principalmente, de la lucha de la Vía Campesina, un movimiento campesino internacional del que hacen parte 182 organizaciones campesinas de 81 países del mundo. Por ello no estamos ante una victoria cualquiera. La Vía Campesina se trazó como objetivo político avanzar en el reconocimiento de los derechos campesinos hace más de 10 años cuando adoptó, autónomamente, la que denominaron “Declaración de derechos de campesinos y campesinas”, y que les sirvió como base para construir la Declaración de Naciones Unidas que hoy es una realidad[2].
Por lo anterior, no es exagerado
afirmar que estamos en un momento histórico para las luchas campesinas a nivel
global. La adopción de la Declaración viene a recordarle al mundo la existencia
de un grupo que ha sido relegado y oprimido, pero lo hace con la fuerza que le
imprime el ser producto de una lucha decidida de múltiples organizaciones
campesinas de base. Ello contrasta con las visiones que pretenden posicionar a
campesinos y campesinas como sujetos vulnerables y carentes de acción política.
Esta Declaración nace como fruto de la conciencia política del campesinado de múltiples
factores de opresión, pero también como una estrategia –entre múltiples otras– para
atacar dichos factores. No es una concesión. Es una victoria.
TRES VICTORIAS CONCRETAS
La Declaración de las Naciones
Unidas que hoy es una realidad, fue producto de múltiples negociaciones, de
abiertas oposiciones de países como Estados Unidos o Reino Unido, entre otros, y
de un fuerte lobby de las corporaciones que se podrían ver afectadas por la
aplicación de algunas de sus disposiciones. En consecuencia, no estamos ante
una declaración perfecta. Varios artículos tuvieron que ser objeto de
revisiones y ajustes para lograr el máximo consenso posible y para obtener los
votos necesarios en las distintas etapas que atravesó la Declaración. Así,
aunque es producto de estas negociaciones políticas, es indudable que muchos de
los contenidos de la Declaración constituyen avances políticos y jurídicos para
las luchas campesinas. Aunque seguramente hay muchos más, resalto los tres
La Declaración es un avance en la
disputa por transformar órdenes simbólicos de poder
Darle un lugar al campesinado en el mundo jurídico tiene una fuerza que no debemos desestimar. Nombrarlo y reconocerlo en su historicidad y especificidad permite responder a demandas de campesinos y campesinas alrededor del mundo que han situado sus luchas en lo material (como puede ser la lucha por la tierra) pero también en lo simbólico (derivado de construcciones discriminatorias sobre lo campesino que lo instalan socialmente en posiciones de subordinación). El reconocimiento de la existencia del sujeto es la afirmación de una historia y de un lugar en el mundo, el cual ha sido negado en múltiples esferas de la vida, incluyendo la jurídica.
Es evidente que el derecho no
está pensado para los campesinos ni para las campesinas. El derecho civil habla
del derecho a la propiedad privada, no del derecho a la tierra o el territorio.
El derecho comercial da cuenta de transacciones típicamente citadinas y
capitalistas, no de las economías solidarias y de intercambio que se dan en el
campo. El derecho laboral no está pensado para abordar las condiciones de
explotación que viven trabajadores campesinos de plantación. El derecho
constitucional (al menos el colombiano) da cuenta de una nación “multicultural”
que solo reconoce a indígenas y afros como “diversos”, pero ignora la
existencia de otras diversidades así como de sujetos políticos e históricos
distintos a los étnicos. Ni siquiera el derecho agrario, llamado a ello, da
cuenta de las realidades y problemas que enfrentan campesinos y campesinas hoy en
Por ello, contar con 28 artículos
en un instrumento de derecho internacional que se refieren al mundo campesino,
a realidades que viven quienes habitan el campo, a sujetos que habitan esos
espacios, es algo a apreciar y a tomar como bandera para forjar
transformaciones en el derecho nacional, con traducción en la realidad. No como
fe ciega y abstracta en el derecho, el cual no es más que una herramienta en
las luchas políticas, sino justamente como una esfera que, al ser subvertida en
sus supuestos simbólicos, puede ubicar al campesinado en un lugar muy distinto
al que ha ocupado hasta ahora para la contestación política.
La Declaración reconoce “nuevos
derechos” y rompe con el paradigma liberal de los derechos.
Quizás como ninguna otra, esta Declaración se arriesga a traducir en derechos una serie de relaciones comunitarias no reconocidas por el derecho liberal, así como también avanza en reconocer diferentes tipos de violencia que actualmente sufre el campesinado, y las traduce en el derecho de resguardarlos de ellas. Dentro del primer grupo tenemos el importante reconocimiento que hace la Declaración del derecho a la soberanía alimentaria, el cual es reconocido como aquel que tienen los campesinos a determinar sus propios sistemas de agricultura, a producir alimentos que respeten sus culturas y que sean saludables, adecuados y producidos de manera ecológicamente sostenible[3]. La Declaración también reconoce el derecho a que se proteja el conocimiento tradicional campesino[4], el derecho a desarrollar su propia cultura –reconociendo, en consecuencia, que tienen una cultura propia-[5], así como el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas[6]. Asimismo, tenemos por primera vez un instrumento que reconoce el derecho a la tierra y el derecho a que se implementen reformas agrarias[7].
Todos estos derechos son
novedosos para una tradición jurídica nacional e internacional profundamente
conservadora. Pero la novedad es lo de menos. Lo importante es que hoy contemos
con derechos que le dicen algo al campesinado, que protegen sus realidades, sus
modos de vida y sus reivindicaciones y luchas. Pasar del derecho a la propiedad
privada al derecho a la tierra, por ejemplo, viene no solo a reconocer la que
ha sido la bandera de movimientos campesinos y agrarios en el mundo, sino
también a situar que hay otras relaciones con nuestros lugares de vida que van
más allá de lo económico. Constituye un salto gigante que debería llevarnos a
repensar el derecho civil y agrario, tan ajenos a las relaciones comunitarias,
ancestrales y espirituales que las comunidades campesinas han construido en sus
Dentro del segundo grupo de
derechos, relacionados con la violencia de la cual debe ser protegido el
campesinado, es de destacar el reconocimiento que hace la Declaración del daño
que producen los agroquímicos tanto para la salud de quienes cultivan alimentos
como para los alimentos mismos, y el consecuente derecho que tienen los
campesinos a no usarlos[8].
La Declaración también reconoce las condiciones de servidumbre y explotación
que viven muchos campesinos y campesinas actualmente y el derecho a que se
tomen medidas para prevenirlo[9].
Finalmente, aunque de manera tímida, también es importante que la Declaración sitúe
el poder que tienen las corporaciones frente al campesinado y que les exija
respetar sus derechos[10].
La Declaración brinda
herramientas para disputar lo más importante: el modelo de desarrollo
importantes de la Declaración es que pone en diálogo los derechos que reconoce
con aquello que los amenaza. Se produce un sinsabor al leer la primera parte de
la Declaración, en la que se sitúan las razones que llevan a Naciones Unidas a
adoptarla. En esta parte introductoria, la Declaración reconoce que los
campesinos sufren desproporcionadamente hambre y pobreza, reconoce que el
campesinado se ve obligado a migrar a las ciudades por la falta de incentivos a
sus economías campesinas, que es víctima de desplazamientos forzados y
desalojos arbitrarios, reconoce lo alarmante que resultan las altas tasas de
suicidios de campesinos y campesinas en diferentes países, entre otras formas
de violencia. Sin embargo, nada dice de las causas, del por qué los campesinos
pasan hambre, son desplazados, son desalojados y se quitan la vida.
El sinsabor pasa un poco más adelante cuando, además del reconocimiento de múltiples derechos, la Declaración da herramientas concretas que pueden ser utilizadas por las comunidades para combatir el modelo de desarrollo que ha arrasado con la vida campesina. En este sentido, uno de los artículos más importantes de la Declaración es el 15.5, el cual establece que los estados deben establecer mecanismos para asegurar la coherencia de sus políticas agrícolas, económicas, sociales, culturales y de desarrollo con todos los derechos que reconoce la declaración. No es algo menor. De poco nos serviría el reconocimiento abstracto de derechos si no obligamos a los Estados a que dejen de adoptar medidas que van en contravía de dichos derechos.
Aunque el solo reconocimiento de
derechos como la soberanía alimentaria, las semillas o el derecho a la tierra
se plantean como disputas al modelo de desarrollo, pues no podemos entender el
derecho a la tierra sin entender las relaciones capitalistas sobre la
propiedad, ni el derecho a las semillas sin entender las leyes de privatización
y despojo de bienes comunes y conocimientos ancestrales, todos estos derechos se
pueden quedar en abstracciones o en simples declaraciones si no se complementan
con menciones directas al modelo de desarrollo que los arrasa. Pensemos, por
ejemplo, en lo que pasó con el fallo de la Corte Constitucional que declaró
constitucional la figura de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico
y Social (ZIDRES) que promoverá la agroindustria en los territorios[11].
Por un lado, se trata de una sentencia muy valiosa que recoge lo que la Corte
denomina como el “corpus iuris” o “cuerpo jurídico” de los derechos campesinos.
En dicho fallo, la Corte recoge la jurisprudencia colombiana sobre derechos
campesinos, situando los avances al respecto y la consolidación de ciertos
derechos para estas comunidades. Pero, por otro lado, es una sentencia nefasta,
pues en ella la Corte le dio vía libre al modelo agroindustrial, aquel que
necesita desconocer los derechos campesinos para ser funcional. El “corpus
iuris” quedó en meras declaraciones.
Hay otros artículos de la
Declaración que son importantes para disputar el modelo. El derecho a la
soberanía alimentaria incluye, por ejemplo, el derecho de campesinos y
campesinas a participar en los procesos de decisión para adoptar políticas públicas
agrícolas. El artículo 16.4 señala que los Estados deben tomar medidas para
asegurar que sus políticas de desarrollo rural, ambiental, de comercio e
inversión contribuyan a reforzar modos de vida locales y la transición a formas
sostenibles de agricultura. Asimismo, la protección de la agroecología, que cruza toda la Declaración[12],
viene a complementar esta oposición al modelo de desarrollo agrícola vigente. Se
trata de artículos que pueden ser útiles en disputas sobre tratados de libre
comercio, impulso de la agroindustria, de la explotación de la gran minería,
LA DECLARACIÓN PARA
LAS LUCHAS CAMPESINAS EN COLOMBIA
Que los derechos sirvan directamente para disputar el modelo de desarrollo es lo que permite realmente politizarlos. El modelo de desarrollo tiene un impacto en los derechos. De hecho, dicho modelo parte de la negación de derechos para ciertos sujetos. Por ello, la fuerza de la Declaración no está en los derechos entendidos en abstracto, ni entendidos como universales o ahistóricos. Los derechos tienen la fuerza y aplicación que nos permite su uso en contextos políticos determinados. Nos permiten dar batallas específicas para que tengan incidencia en la realidad. Por eso la pelea, en adelante, será por aterrizar la Declaración en los distintos contextos jurídicos y políticos nacionales. En el caso colombiano, a pesar de que el Estado se abstuvo de votar la Declaración en Naciones Unidas, los movimientos campesinos tienen la posibilidad de disputar su implementación, teniendo efectos muy concretos en varias de las luchas campesinas actuales.
Pensemos, por ejemplo, en la
lucha de múltiples comunidades campesinas para que se reconozca la consulta
popular como mecanismo válido para decidir sobre sus territorios frente al
avance del extractivismo. Este derecho ha sido negado bajo el supuesto doble de
que las comunidades campesinas no tienen un derecho especial de participación
(como el que tienen los pueblos indígenas y las comunidades negras) y que el
extractivismo no tendría un impacto en estas comunidades porque no tienen la
misma relación que tienen los grupos étnicos con el territorio. Ambos supuestos
son subvertidos por la Declaración. En varios artículos la Declaración se
reconoce, de manera muy clara y fuerte, el derecho a la participación de
comunidades campesinas, el derecho a que sean consultadas directamente y de
buena fe frente a cualquier medida que pueda afectarles[13].
Asimismo, la Declaración toma como referencia el concepto de Madre Tierra para
situar las formas de producción sostenibles que promueven comunidades del campo
y que se oponen claramente al extractivismo. La Declaración también se refiere
al derecho que tienen los campesinos y campesinas a determinar y decidir su
derecho al desarrollo[14].
Por problemático que siga siendo el concepto, la Declaración constituye un paso
en identificar que los campesinos tienen derecho a no seguir el desarrollo
económico capitalista. Asimismo, la Declaración reconoce el derecho de
campesinos y campesinas a acceder y usar recursos naturales que hay en sus
comunidades. Este derecho sirve como oposición al modelo extractivista que, al
llegar a territorios, acapara múltiples recursos comunitarios.
Aún más importante es el reconocimiento que hace la Declaración de la representación política del campesinado, así como de la necesidad de que la justicia reconozca costumbres y tradiciones campesinas. Es decir, reconoce que tienen representantes propios y sistemas culturales propios, todo lo cual habilita discusiones que proponen varios movimientos campesinos en Colombia sobre territorialidades y gobiernos campesinos autónomos.
Por otro lado, pensemos en lo que
habilita esta Declaración de cara a las discusiones actuales sobre políticas de
tierras en el país. Mientras que en Colombia se legisla para la agroindustria,
se promueven reformas legislativas para terminar de desmontar la normatividad
sobre reforma agraria, desmantelando el concepto mismo de “reforma agraria”
para promover otros como los de “desarrollo rural” u “ordenamiento social de la
propiedad”, se busca cambiar la destinación de tierras públicas del campesinado
a grandes propietarios, corporaciones nacionales y extranjeras, la Declaración
ampara el derecho a la tierra pero además señala que los Estados deben llevar a
cabo reformas agrarias, limitar la excesiva concentración de la tierra y garantizar
que las tierras públicas sean para campesinos sin tierra[15].
Son reconocimientos importantísimos si tenemos en cuenta el estado de las
discusiones agrarias actuales en Colombia.
La Declaración no tiene la
capacidad innata de promover trasformaciones para el mundo campesino. El simple
reconocimiento de derechos tampoco. La capacidad emancipadora de los derechos
está estrechamente relacionada con factores políticos e históricos muy concretos,
en diálogo permanente con la lucha social. Por eso depende de movimientos
campesinos, organizaciones y personas solidarias con estas luchas, utilizar la
Declaración para impedir la desaparición del campesinado, ese campesinado que
en muchos lugares del mundo ya ha visto su ocaso. Como en Puerca Tierra, el libro de John Berger, que narra múltiples
historias de la vida campesina en Europa, que a la vez que fue arrasada por las
ideas de progreso y civilización, resiste a la historia y nos interpela sobre la
vida campesina en Colombia que aún tenemos ante nuestros ojos.
Berger, John (2011) Puerca Tierra, Alfaguara: Buenos Aires., pág. 234.
Se trata de un documento aprobado por la Comisión Coordinadora Internacional de
la Vía Campesina en Seúl en marzo de 2009. El documento se puede consultar en: https://viacampesina.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2010/05/declaracion-SP-2009.pdf.
Declaración, artículo 15.4.
Declaración, artículo.19.1.
Declaración, artículo 26.1.
Declaración, artículo 19.2. y 19.6.
Declaración, artículos 17.1 y 17.6
Declaración, artículo 14.2 y 14.4.
Declaración, artículo 13.6
Declaración, artículo 2.5 y 18.5.
Corte Constitucional, sentencia C-077 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas.
Declaración, artículo 20.2.
Declaración, artículos 2.3, 10, 11,
Declaración, artículo 3.2.
Ver integralmente el artículo 17 de la Declaración.
¿Gallina campesina o pollo asado? Una guía para pensar la Declaración de la ONU sobre los derechos campesinos
Oct 1, 2018 | En modo crítico
Después de un trabajo organizativo sin precedentes el movimiento campesino internacional ha logrado la aprobación de una Declaración de derechos del campesinado en la ONU. Cinco años de negociaciones se necesitaron[1] para llegar a la presentación -el 28 de septiembre en Ginebra- de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos a la plenaria del Consejo de Derechos Humanos (CDH). Los estados Miembros del CDH aprobaron una resolución relativa a la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (descargar la versión oficial de la Declaración en Ingles, y descargar la traducción no oficial de la Declaración). La resolución fue aprobada con 33 votos a favor, 11 abstenciones y 3 votos en contra[2].
Una pequeña historia de la
El trabajo en torno a esta declaración se remonta a 2001, cuando La Vía Campesina[3] comenzó de manera decidida la movilización global en torno a los derechos de los y las campesinas. Dicho trabajo cristalizaría hacia el 2008 cuando la Vía Campesina propone una Declaración de derechos para los campesinos y campesinas. En 2009 La Vía Campesina con el apoyo de diversas ONG[4], presento el proyecto de Declaración al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Luego en 2012 un estudio de un Comité de expertos del CDH reconoció que los campesinos y las otras personas que trabajan sobre zonas rurales son victimas de discriminación y de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, recomendando la adopción de una Declaración en la que se reconociera su derecho a la tierra con el fin de mejorar y proteger sus derechos. A lo largo de ese mismo año una mayoría de miembros del CDH aprobó una resolución presentada por Bolivia, Cuba, Ecuador y África del Sur, a través de la cual fue creado el OEIWG. Desde entonces, 4 sesiones de negociaciones han tenido lugar: 2013 (1ª sesión), 2015 (2ª sesión), 2016 (3ª sesión), 2017 (4ª sesión).
Después de la adopción, la declaración debe ser presentada para su votación
final y su adopción en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Por lo
tanto, se está ad portas de un logro crucial que significa más de 17 años de
movilización del movimiento campesino internacional.
Las variantes colombianas:
entre el trabajo legislativo y los procesos judiciales
La Declaración del CDH-ONU coincide con las reivindicaciones de los campesinos colombianos para ser reconocidos como sujetos especiales de derechos, o para al menos ser contados en las estadísticas oficiales del Estado. Tal vez el trabajo más continuado en el primer sentido se puede asociar al trabajo legislativo del senador campesino Alberto Castilla, así como a las propuestas emitidas por diversas organizaciones sociales como el Coordinador Nacional Agrario (CNA), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la Mesa compuesta por el CIMA-PUPSOC en el Cauca. Para un balance al respecto ir al siguiente Link.
En cuanto al segundo, tal y como lo ha descrito Rodrigo Uprimy, conviene analizar los estrados judiciales. En
este caso el ejercicio más remarcable es la tutela presentada por DeJusticia en
representación de 1770 campesinos y campesinas, por medio de la cual se buscó
que en el pasado Censo poblacional se recogiera información susceptible de
caracterizar a este importante sector poblacional. Dicha demanda se sustentó en que la
falta de datos estadísticos detallados sobre el campesinado implica una
inminente violación a su derecho a la igualdad material, en particular, al goce
igualitario de los derechos sociales, económicos y culturales.
“La Sala Penal resaltó que el Estado requiere información estadística del campesinado porque esta es la única manera de tenerlos en cuenta en la creación de políticas públicas que aseguren su derecho a la igualdad material”
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió la tutela en
segunda instancia, resaltando que el campesinado es un sujeto de especial
protección constitucional que merece un trato especial del Estado, lo que
debería traducirse en programas y planes que atiendan sus particularidades. La
Sala Penal también resaltó que el estado requiere información estadística del
campesinado, porque esta es la única manera de tenerlos en cuenta en la
creación de políticas públicas que aseguren su derecho a la igualdad material.
Por esas razones, la Corte Suprema le hizo un llamado de atención al DANE, los
Ministerios del Interior y de Agricultura, la Presidencia de la República y el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), para que elaboren unos
“estudios complementarios al Censo Agropecuario 2014 y al Censo Poblacional
2018” para precisar el concepto de campesino y contabilizar a este sujeto.
En ese contexto y con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada
para Asuntos Agrarios y Restitución de Tierras, así como del Defensor Delegado
para Asuntos Agrarios y Tierras, se creo una Mesa de diálogo para acordar un
concepto sobre el campesinado y el instrumento estadístico para contarlo. Para tal fin se conformó una Comisión de
expertos, de la cual tuve el honor de hacer parte junto a otros respetados
colegas. Dicha Comisión bajo la secretaria técnica del ICANH, buscó procurar
lineamientos técnicos en las anteriores discusiones. En un documento técnico
entregado a la Mesa compuesta por el Estado colombiano y las organizaciones
campesinas se propone una definición endógena de nuestro campesinado, así como
diversas alternativas para su captura y valoración estadística.
Interpretando la Declaración
a la luz de nuestra ruralidad
A continuación, presentaré los principales elementos que la Declaración de
las Naciones Unidas aporta a nuestros debates colombianos. Intentaré en la
medida de lo posible vincular dicho ejercicio con mi experiencia particular al
interior de la Comisión de expertos referida anteriormente. Sobra decir que
esta interpretación para nada compromete a la Comisión y la realizo a titulo
expresamente individual.
La ONU plantea la siguiente definición de campesinado: “un campesino
es cualquier persona que se involucra o busca participar solo, o en asociación
con otros o como comunidad, en la producción agrícola a pequeña escala para la
subsistencia y / o para el mercado, y que depende significativamente, aunque no
necesariamente exclusivamente, de la mano de obra familiar o doméstica y otras
formas no monetizadas de organizar el trabajo, y que tiene una dependencia
especial y un apego a la tierra.”
(Articulo 1).
“En Colombia vale la pena comenzar
cualquier definición de este tipo reconociendo la constitución intercultural no
solo de la población campesina, sino del conjunto de las poblaciones rurales”
La anterior definición es muy próxima teóricamente a la definición a las que se llegó en el marco de la Comisión de expertos, incluso la nuestra es aún más sintética. Sin embargo, presenta dos variantes con referencia a la de la ONU que no son menores. En primer lugar, en Colombia vale la pena comenzar cualquier definición de este tipo reconociendo la constitución intercultural no solo de la población campesina, sino del conjunto de las poblaciones rurales. En segundo lugar, y aunque parezca contradictorio con el anterior postulado, nuestro sistema de derechos multicultural induce a que, una vez reconocida la fuente intercultural, inmediatamente después sea necesario a nivel estadístico preguntar por el auto-reconocimiento y la auto-adscripción del sujeto en cuestión. Lo anterior porque si todos son interculturales seria imposible discernir estadísticamente las tipologías étnicas de las campesinas. Así mismo, el trabajo de la Comisión opto por reconocer cuatro dimensiones medibles de nuestro campesinado; a saber: territorial, cultural, productiva y organizativa.
¿Quienes caben dentro de la anterior definición?
“La presente declaración se aplica a toda persona que se dedique a la agricultura
artesanal o en pequeña escala, la siembra de cultivos, la ganadería, el
pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección y la artesanía
relacionada con la agricultura o una actividad conexa en una zona rural.
También se aplica a los familiares dependientes de los campesinos.” (Art. 1 Inciso 2) Igualmente la
declaración “[…] se aplica también a los pueblos indígenas que trabajan la
tierra, a las comunidades trashumantes, nómadas y seminómadas y a las personas
sin tierra.” (Art. 1 Inciso 3) ­­. Por último y pensando las nuevas y
heterogéneas dinámicas que afectan los espacios rurales globales la declaración
se extiende además hasta “[…] los trabajadores asalariados, incluidos todos los
trabajadores migrantes, independientemente de su condición jurídica, y los
trabajadores de temporada, empleados en plantaciones, explotaciones agrícolas,
bosques y explotaciones de acuicultura y en empresas agroindustriales.” (Art. 1
Inciso 4).
“La Declaración del grupo de Trabajo
de la ONU es excesivamente productivista al vincular unilineal el trabajo con
la identidad poblacional”
En este ámbito la Declaración del grupo de Trabajo de la ONU es
excesivamente productivista al vincular unilineal el trabajo con la identidad
poblacional. Sin embargo y a modo de
comparación la Dimensión Productiva del concepto de la Comisión también
adiciono el sector turismo, que cada vez es más presente en las actividades
rurales y que vincula directa o indirectamente a las familias campesinas. Sin
embargo, es común de ambos conceptos, la relación primordial del campesinado
con la producción de alimentos y la soberanía alimentaria de las regiones en
las que desarrollan sus ciclos productivos.
¿Cuáles son las obligaciones para los estados?
Más allá del respeto obvio a la Declaración, y de prestar una atención
particular a los derechos y las necesidades especiales de los campesinos y de
otras personas que trabajan en las zonas rurales, los Estados: “[…] adoptaran
sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que
resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los
derechos de la presente declaración que no puedan garantizarse de forma
inmediata.” (Art.2 Inciso 1).
Así mismo y sin pasar por encima de la legislación concreta sobre pueblos
indígenas, “[…] antes de aprobar y aplicar leyes y políticas, acuerdos
internacionales y otras decisiones que puedan afectar a los derechos de los
campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, los estados
celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los campesinos y otras
personas que trabajan en las zonas rurales, por conducto de sus propias
instituciones representativas, buscando la participación y el apoyo de los
campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que puedan
verse afectados por las decisiones. Antes de que se adopten dichas decisiones,
y respondiendo a sus contribuciones, teniendo en cuenta los desequilibrios de
poder existentes entre las diferentes partes y asegurando una participación,
libre, efectiva, significativa e informada de las personas y los grupos en los
procesos conexos de adopción de decisiones.” (art. 2 Inciso 3).
El documento técnico de la Comisión solamente se focaliza en la manera como
el estado podría reconocer a los campesinos a partir de instrumentos censales.
Pero indudablemente que tanto los ejercicios y propuestas legislativas del
Senador Castilla como de las organizaciones sociales tienen como punto de
arranque las 3 (R)s propuestas hace mucho tiempo por Nancy Fraser: Reconocimiento (en tanto sujeto especial
de derechos), Redistribución (en
cuanto al acceso a la tierra y la posibilidad de vivir dignamente en su
territorio) y Representación (en
cuanto a la toma de decisiones que los afectan).
¿Cómo se cruzan los derechos fundamentales con los específicos?
La Declaración resalta derechos elementales a la vida, la libertad,
pensamiento, asociación, circulación, participación, información, justicia,
trabajo, alimentación, vida digna y la seguridad de los y las campesinxs.
(Arts. 6 – 16). De igual manera se protege y ratifica la necesidad de acceder a
los recursos hídricos; así como las gestiones que para tal objetivo
desarrollaran colectivamente las poblaciones campesinas. (Art. 21). La seguridad social, la salud, la vivienda y
la educación también fueron materia de la declaración. (Arts. 22 – 25). Los derechos de las campesinas y otras
mujeres que trabajan en zonas rurales también fueron foco de especial atención
(Art. 4). En este sentido, un aspecto remarcable se encuentra en el Articulo 17
de la Declaración, en el que se orienta a los estados a eliminar y prohibir:
“[…] todas las formas de discriminación en relación con la tenencia de la
tierra, incluidas las motivadas por un cambio de estado civil, por falta de
capacidad jurídica o por falta de acceso a los recursos económicos. En
particular, los estados garantizarán la igualdad de derechos de tenencia de
mujeres y hombres, incluido el derecho a heredar y a legar esos derechos.” La
Comisión colombiana también persiguió reconocer el rol preponderante de la
mujer campesina en nuestros espacios rurales; sobre todo, en cuanto su papel
creciente como jefe cabeza de hogar o reconociendo que su trabajo es
frecuentemente no remunerado.
Con referencia a la igualdad y no discriminación, el Articulo 3 establece
en su inciso 3 que:
“[…] Los Estados adoptarán las
medidas adecuadas para eliminar las condiciones que originan la discriminación
de los campesinos y las personas que trabajan en las zonas rurales o
contribuyen a perpetuarla, incluidas las formas múltiples e interrelacionadas
de discriminación.” En este mismo aspecto, la declaración se manifestó a favor
del derecho de las poblaciones campesinas a “[…] disfrutar de su propia cultura
y a aspirar libremente al desarrollo cultural, sin injerencias ni discriminaciones
de ningún tipo. (Art. 26).
Así mismo: “Los Estados respetarán y adoptarán medidas para reconocer y proteger el ejercicio de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales relacionados con sus conocimientos tradicionales, y para eliminar la discriminación de los conocimientos tradicionales, las prácticas y las tecnologías específicas de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.” (Art. 26 Inciso 3).
“Lo que está llamando la Declaración
es a revertir esa asimetría constitutiva de nuestros desarrollos
constitucionales, sin que lo anterior signifique el detrimento de los derechos
de poblaciones indígenas y afrocolombianas”
Tanto el articulo 3 como el 26 tendrían un amplio espectro de aplicación en
nuestro país dado el amplio desbalance entre derechos étnicos y no étnicos. Lo
que esta llamando la Declaración es a revertir esa asimetría constitutiva de
nuestros desarrollos constitucionales, sin que lo anterior signifique el
detrimento de los derechos de poblaciones indígenas y afrocolombianas. A este respecto la Declaración es
clara cuando expresa que: “Nadie podrá invocar los derechos culturales para
vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para
limitar su alcance.” (Art 26 Inciso 1).
¿Cómo desplegar los derechos de los campesinos en armonía con la
Los derechos de los campesinos a acceder a los recursos naturales presentes
en su comunidad y necesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a
utilizar dichos recursos, también fueron objeto de blindaje. (Art. 5). Para tal
propósito Los Estados adoptarán medidas para garantizar que se permita toda
forma de explotación de los recursos naturales que los campesinos y otras
personas que trabajan en las zonas rurales mantengan o empleen
tradicionalmente. En este mismo ítem la Declaración en su Articulo 18 invita a
que los Estados tomen medidas necesarias para que los campesinos disfruten sin
discriminación alguna de un medio ambiente seguro, limpio y saludable, incluida
su biodiversidad y sus ecosistemas. Lo anterior bajo una perspectiva de
prevención sobre los efectos del cambio climático. Un aspecto que seguramente
va en contravía de las fumigaciones a los cultivos ilícitos con glifosato se
encuentra en el inciso 4 de este mismo Articulo cuando se orienta a que los
Estados adopten: “[…] medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni
se viertan materiales, sustancias o desechos peligrosos en las tierras o
territorios de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas
rurales.”
¿Y que pasa con las semillas?
Así mismo se destaca un fuerte componente de blindaje al manejo, los usos y
conocimientos tradicionales de las semillas que utilizan las poblaciones
campesinas. (Art. 19). Este se extiende
hacia el mantenimiento, desarrollo y utilización sostenible de: “[…] la
diversidad biológica y los conocimientos conexos, en particular en la
agricultura, la silvicultura, la pesca y la ganadería. También tienen derecho a
mantener sus sistemas tradicionales de agricultura, pastoreo y agroecología de
los que dependen su subsistencia y la renovación de la biodiversidad agrícola,
y derecho a la conservación de los ecosistemas en que tienen lugar esos
procesos.” (Art. 20).
¿Es la tierra el alfa y el omega de nuestros conflictos rurales?
En cuanto al acceso a la tierra se reconoce “[…] el derecho a la tierra,
individual y colectivamente, lo que incluye el derecho al acceso, el uso y la
gestión de las tierras, las masas de agua, las aguas costeras, las pesquerías,
los pastos y los bosques…” (Art. 17). Así mismo se reconoce la dimensión global
del desplazamiento forzado del cual son victimas las poblaciones campesinas y
su derecho a un justo retorno en garantías de seguridad personal y económica.
Llama la atención el constatar que los procesos de informalidad en cuanto a
la tenencia de la tierra no es solo un problema nuestro. En la medida que se
incita a los Estados a proporcionar: “[…] el reconocimiento jurídico de los
derechos de tenencia de la tierra, incluidos los derechos consuetudinarios de
tenencia de la tierra, que actualmente no están amparados por la ley.” (Art. 17
Inciso 3).
“En contravía de nuestros proyectos de
reforma a la Ley 160, la Declaración invita a los Estados a llevar “[…] a cabo
reformas agrarias redistributivas allá donde se carezca de un acceso amplio y
equitativo a la tierra y otros recursos naturales necesarios para asegurar que
los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales disfruten de
condiciones de vida adecuadas, en particular de los jóvenes y las personas sin
En contravía de nuestros proyectos de reforma a la Ley 160, la Declaración
invita a los Estados a llevar “[…] a cabo reformas agrarias redistributivas
allá donde se carezca de un acceso amplio y equitativo a la tierra y otros
recursos naturales necesarios para asegurar que los campesinos y otras personas
que trabajan en las zonas rurales disfruten de condiciones de vida adecuadas,
en particular de los jóvenes y las personas sin tierra. Las reformas redistributivas
deben garantizar a hombres y mujeres el acceso a la tierra, las pesquerías y
los bosques en condiciones de igualdad, y limitar la concentración y el control
excesivos de la tierra, teniendo en cuenta su función social.” (Art 17 Inciso
6). El trabajo técnico de la Comisión colombiana además de reconocer que la inequidad
en el acceso a la tierra hace parte constitutiva del ser campesino, busco
además distinguir dos facetas del anterior problema: de un lado, la
informalidad en los títulos de propiedad de nuestras familias campesinas; y de
otra parte, el fraccionamiento antiecologico y antiproductivo caracteristico de
la tenencia de la tierra en manos de familias campesinas.
Si bien la Declaración ya está adoptada en Ginebra por el CDH de la
ONU, ahora tiene que pasar a la Asamblea General de la ONU para que sea
reconocida. Este 25 de Octubre el embajador de Bolivia en la ONU la va a
presentar en la Asamblea General a realizarse en Nueva York. Después de
presentarla empiezan los debates para ver si es aceptada entre el 5 y el 21 de noviembre
del año en curso. De la Asamblea hacen parte cerca de 193 países, seguramente
la aceptación de esta Declaración podría depender que el Grupo
de los paises en vías de desarrollo G-77 la apoye. Aún así conviene aclarar
que las Resoluciones
del Comité de Derechos Humanos – CDH no tienen un carácter vinculante, su
valor sería sobre todo simbolico e historico. No obstante, hay que tener en
cuenta que todas las resoluciones de la ONU, incluso las no vinculantes,
contribuyen a la creación de costumbre internacional (que es una fuente del
Derecho) y de prácticas interpretativas de la Carta de la ONU.
anterior Relator especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier de
Schutter, declaró que hay cuatro razones principales para aprobar un nuevo
instrumento internacional de derechos humanos sobre los derechos de los
campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, a saber: “ […] es
necesario en el marco del derecho internacional; contribuirá a la lucha contra
el hambre; es una forma de proteger la agricultura familiar de pequeña escala
de la presión de las grandes empresas agroindustriales; y aumentará el acceso a
los medios de producción en las zonas rurales. También subrayó que la
aprobación de una declaración sobre los derechos de los campesinos y otras
personas que trabajan en las zonas rurales dará mayor visibilidad a los
derechos que ya se reconocen en el derecho internacional y facilitará el
reconocimiento de nuevos derechos, como los derechos a la tierra, a las
semillas y a la indemnización por las pérdidas resultantes de las subvenciones
alimentarias otorgadas a los agricultores en otros países”[5].
Colombia las comunidades y los diversos procesos campesinos presionan
fuertemente al Estado para que les reconozca sus derechos. A modo de ejemplo,
en la presente legislatura además de la ratificación del primer senador
campesino Alberto Castilla, fue elegido tambien Cesar Pachon, como senador que
se reconoce vinculado directamente en la defensa y promoción de los derechos
del campesinado colombiano. Así mismo, DeJusticia, las organizaciones
campesinas y la Comisión de Expertos del Campesinado llevan esperando a que el
nuevo gobierno en cabeza de los Ministerios de Cultura, Interior, Agricultura y
el nuevo director del DANE se sienten a escuchar el trabajo que ellos mismos
encomendaron realizar a la Comisión. Y mientras tanto, de muy buena fuente me
he enterado que la posición colombiana en la ONU, con respecto a la Declaración
de los campesinos, se excusa de tomar partido porque en Colombia aún no nos
hemos puesto de acuerdo sobre un concepto de campesinado….
discusión se llevó a cabo principalmente en el grupo de trabajo intergubernamental de
composición abierta sobre los derechos de los campesinos y de otras personas
que trabajan en las zonas rurales (OEIWG).
[2] A favor:
Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Burundi, Chile, China, Cote d’Ivoire, Cuba,
Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Iraq, Kenya, Kirguistán,
México, Mongolia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Qatar,
República Democrática del Congo, Rwanda, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Togo,
Túnez, Ucrania, Venezuela.
Abstenciones: Alemania, Bélgica, Brasil, Croacia,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Georgia, Islandia, Japón, República de Corea.
[3] La Vía
Campesina es un movimiento mundial de campesinos, pueblos indígenas, pastoralistas
y trabajadores migrantes.
[4] notablemente FIAN
Internacional y CETIM.
[5] Estudio
definitivo del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción
de los derechos de los agricultores y de otras personas que trabajan en las
zonas rurales, documento de Naciones Unidas A/HRC/19/75, 24 de febrero de 2012,
Pg. 70.

References: artículo 69
 artículo 183
 artículo 69
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 26
 artículo 19
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 resolución