Source: https://es.scribd.com/document/19842017/Confesion-ficta-Sentencia-No-26257-21-de-febrero-de-2006
Timestamp: 2017-11-23 13:12:28+00:00

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Re né Ale ja nd ro Ga r zó n Cru z Vs. A L P H A M E D LT D A Y O t r o s
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ISAAC NADER ACTA Nº 14 RADICACIÓN Nº 26257
Bogotá D. C., Veintiuno (21) de Febrero de dos mil seis (2006)
CORTE por el
casación RENÉ
ALEJANDRO GARZÓN CRUZ contra la sentencia del 10 de diciembre de 2004 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., dentro del proceso ordinario seguido por el recurrente a las sociedades ALPHAMED LTDA, INVERSIONES MORENO MENDOZA Y CIA S. EN C.
INMOMÉDICAS Y TRIMERCOL LTDA.
I. ANTECEDENTES 1. El proceso fue promovido con el fin de obtener el
demandante el reconocimiento y pago de las diferencias tanto
CASACIÓN Nº 26257
salariales como de las comisiones sobre cobros causadas entre el 1º de enero y el 26 de marzo de 1995; la devolución de las sumas de dinero descontadas de su salario o comisiones; el salario base insoluto y las comisiones entre el 16 y el 26 de marzo de 1995; el valor de los descansos dominicales y festivos; la cesantía; los intereses y la multa por su no pago; las primas de servicios; las vacaciones; las indemnizaciones moratorias contempladas en el artículo 98 de la Ley 50 de 1990 y en el artículo 65 del C. S. del T. y la indexación.
2. Sustentó sus pretensiones en los siguientes hechos: 1) Las sociedades demandadas conforman un solo grupo familiar; operan bajo similar objeto social; tienen la misma
infraestructura; iguales trabajadores, contabilidad y dirección, por lo que debe declararse la unidad de empresa; 2) Prestó
sus servicios como vendedor y cobrador a esas tres empresas, en las condiciones mencionadas, entre el 27 de julio de 1994 y el 26 de marzo de 1995; 3) Pactó salario consistente en un sobre
salario básico de $150.000.oo mensuales más el 5%
cobros; sin embargo, a partir del 1º de enero de 1995 el salario le fue rebajado a $120.000.oo; igual medida se adoptó con
respecto a las comisiones sobre cobros;
4) Le fue entregado
un vehículo para que lo pagara cómodamente, el cual tuvo que devolver al terminar la relación de trabajo recibiendo el importe del dinero que inicialmente había dado; 5) Las demandadas no consignaron la cesantía causada a 31 de diciembre de 1994;
tampoco pagaron el valor de los descansos dominicales y festivos.
3.La demanda fue cuyo
contestada solamente por Alphamed Ltda.
curador ad litem no aceptó ninguno de los hechos, se
opuso a las pretensiones impetradas y propuso la excepción de prescripción.
4. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá D. C., mediante sentencia del 9 de julio de 2004 (folios 108 a 120) absolvió a TRIMERCOL MORENO LTDA, ALPHAMED Y CIA S. LTDA EN e C.
INMOMEDICAS.Dicha
subió en consulta al
tribunal y el magistrado ponente actuando individualmente mediante decisión proferida el 30 de agosto de 2004 la revocó
y en su lugar dispuso devolver el expediente al a quo para que se pronunciara sobre los socios gestores. Ante esto el juez de primera instancia procedió a dictar nuevo fallo en el cual repitió la absolución inicial, haciéndola extensiva a los socios gestores de la sociedad Inversiones Moreno Mendoza y Cia S. en C., Luis Antonio Moreno y Raquel Mendoza de Moreno. Al resolver la consulta de esta segunda providencia, el ad quem laconfirmó, con las siguientes consideraciones:
“En el caso de autos se observa que el ju zgado de conocimiento agoto las audiencias de trámite necesarias sin que se hubiese aportado prueba alguna encaminada a demostrar los hechos alegados en la demanda, ello es prestación del servicio, extremos de tiempo de dicha relación, cargo, salario, y parte como motivos que dieron lugar a la terminación del contrato.
“Ahora si bien aparecen una citación a los demandados ausentes en éste proceso y representada a través de curador ad – litem para contestar interrogatorio de parte, notificada por estado con ostensible violación a las normas del debido proceso y en especial al sentido del Art. 205 del C. P. C., que cuando se trata de interrogatorio de parte de persona ausente debe notificarse personalmente, a más que olvido el ju zgador de primera instancia que en el caso de autos, la parte
demandada se encuentra vinculada mediante curador Ad – litem, y al curador Ad - litem le esta prohibido confesar (Art. 45 C.P.C), pue s él representa la parte ausente y es un simple auxiliar de la justicia, no se dan los supuestos del Art. 195 del C.P.C.”
Inconforme con la decisión del Tribunal, el apoderado del demandante interpuso el recurso extraordinario a través del cual persigue la casación total del fallo de segundo grado, para que en sede de instancia lo revoque y proceda a condenar a las sociedades demandadas de conformidad con lo solicitado en el libelo inicial.
Con dicho objetivo formula un cargo, que no fue replicado, en el que acusa al fallo de violar la ley indirectamente por aplicación indebida los artículos 22, 23 y 24 del C. S. del T., en relación con las normas sustanciales que consagran los derechos pretendidos en especial los artículos 1, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 36 y ss, 55, 65, 127, 172, 173, 176, 177, 186, 249 y 306 ibídem, en relación con otras normas cuya trascripción resulta innecesaria. Le atribuye los siguientes errores evidentes de hecho:
“Dar por demostrado, siendo evidente lo contrario, que no se aportó “...prueba alguna encaminada a demostrar los hechos alegados en la demanda, ello es prestación de servicios, extremos de tiempo de dicha relación, cargo, salario...” y, a la inversa, no dar por demostrado, siendo evidente, que hay en el plenario pruebas idóneas y eficaces que acreditan el contrato de trabajo del demandante con la parte demandada, sus extremos temporales de vigencia y una remuneración por esos servicios personales. “Dar por demostrado, siendo contrario a la evidencia, que fueron varios los demandados ausentes representados por curador ad – litem y, a la inversa, no dar por cierto, siéndolo, que la mayoría de ellos fueron notificados personalmente de la demanda y no requerían de notificación personal para absolver interrogatorio de parte.”
Yerros derivados de la apreciación equivocada de la confesión ficta de los representantes legales de las demandadas constituida por las citaciones efectuadas en audiencia, las oportunidades para que justificaran la inasistencia y la declaratoria de confeso con respecto a los hechos de la demanda susceptibles de confesión; y de la falta de apreciación del cuaderno de pruebas y los documentos que específicamente contiene.
Para demostrar el cargo aduce que el tribunal desconoció el valor probatorio de las confesiones fictas que campean en el proceso y las pruebas documentales que reposan en el cuaderno principal. El ad quem creyó equivocadamente que todos los demandados ausentes en el proceso estaban representados por curador ad litem, cuando ello no es cierto, por cuanto notificó personalmente a los señores Luis Antonio Moreno Rodríguez y Raquel Mendoza de Moreno , ambos en condición de socios gestores de la sociedad Inversiones Moreno Mendoza y Cia S. en C. Inmomédicas, y a la segunda en su condición de representante legal de
Trimercol Ltda., de suerte que partió del hecho de que fueron mayoría de ellos fueron notificados personalmente.
demandados ausentes representados por curador ad litem sin reparar que la Aclara que al ser notificadas las demandadas, éstas quedaron firme y directamente vinculadas al proceso, por consiguiente no es acertado el planteamiento del juzgador en el sentido de que tenían que ser citadas personalmente de nuevo para absolver el interrogatorio de parte, por cuanto uno de los efectos de la contumacia es precisamente que el trámite continúa sin nuevas citaciones o notificaciones personales pues de acuerdo con el artículo 205 del C. de P. C. en tal caso la notificaciónse surte por estado, como en efecto aconteció, conforme se observa a folios 52, 53 y 78, anotándose además que el juzgado dejó constancia de la inasistencia de los representantes de las empresas, les dio oportunidad de que justificaran su inasistencia y los declaró confesó de cada uno de los hechos de la demanda, destacando de paso que el artículo 210 ibídem no había sido modificado por el 22 de la Ley 794 de 2003 que comenzó a exigir que los jueces calificaran dentro de la audiencia de declaratoria de confeso los hechos susceptibles de confesión.
Redondea su discurso así:
“Como el Tribunal no tuvo en cuenta el cumplimiento cabal del trámite vigente señalado, necesariamente desestimó equivocadamente la validez de la prueba de la confesión y aseguró que no existía prueba alguna de los hechos de la demanda. Estando allí la prueba, fue defectuoso en su valoración. De haber apreciado correctamente la prueba de confesión habría llegado a la conclusión inevitable de que los hechos de la demanda , susceptibles de esta prueba, tales como el contrato de trabajo mismo de trabajo con la parte demandada, los extremos afirmados de esa relación laboral y su
retribución salarial, estaban perfectamente probados. La circunstancia de que un demandado haya estado representado por curador ad – litem no disminuye el valor de la prueba de confesión ficta o presunta de los restantes demandados, ni le confiere al Tribunal facultad para escudándose en esa situación, apreciarla erróneamente a pesar de estar válidamente aportadaal proceso.”
Reprocha al ad quem haber ignorado el voluminoso cuaderno de pruebas de 198 folios, el cual, aunado a la confesión, que de por sí es plena prueba, ha debido llevarlo al convencimiento de que el actor estuvo vinculado a las demandadas, porque no otra conclusión se deriva de esos documentos consistentes en recibos y facturas de productos farmacéuticos elaborados en la época en que estuvo vigente el contrato de trabajo, a los cuales habría que sumar la consignación de folio 182 realizada el 26 de julio de 1995, imputable a prestaciones sociales, la comunicación del gerente de ventas de Trimercol Ltda. (folio 197) dirigida al actor donde le indican las zonas de trabajo y los comprobantes de egresos en que consta las devoluciones de préstamo y cuotas de carro (folios 195 y 196) . SE C ONS ID ER A Para sustentar su conclusión de que no aparecen demostrados la existencia de la relación de trabajo, sus extremos temporales, el cargo, el salario y los motivos por los que terminó el vínculo, elTribunal sostuvo en líneas generales que como quiera que la parte demandada estuvo ausente en este proceso y fue representada por curador ad litem, la citación para que contestara el interrogatorio de parte no debía ser notificada por estado, como en efecto ocurrió, por cuanto ello implicaba una violación del debido proceso en especial el artículo 205 del C. de P. C. que prevé que el interrogatorio de parte en esas condiciones debe notificarse personalmente,
y que el juez de primera instancia desconoció que la parte demandada fue vinculada mediante curador ad litem, a quien le está prohibido confesar por cuanto actúa en representación del ausente, como simple auxiliar de justicia o sea que no se dan los supuestos del artículo 195 del C. de P. C. Las afirmaciones del ad quem, pues, parten necesariamente y encuentran su razón de ser en la premisa de que la parte demandada en el sub exámine estuvo representada por curador, de suerte que esta es la piedra angular de su motivación y la razón de ser de todas las aserciones vertidas en el fallo.
En orden a fustigar la decisión del juzgador de segundo grado, el recurrente propone un cargo por la vía indirecta en el que denuncia la ocurrencia de varios errores de hecho originados en la falta de estimación de unas pruebas y en la apreciación errónea de otras.
La acusación se orienta básicamente a criticar la afirmación del fallo recurrido en el sentido de que los demandados estuvieron representados por curador ad litem y desde este punto de vista es susceptible de abordarse por la vía indirecta dado que en este caso las actuaciones procésales del juez o de las partes se estudian como si se tratara de pruebas, con mayor razón si su incidencia en la apreciación de las aquellas, en este caso la confesión, es trascendente y determinante; por lo tanto, se procede de inmediato al examen de la cuestión.
Observadas las diligencias de folios 22, 23 y 24 se advierte sin dificultad que efectivamente el auto admisorio de la demanda fue notificado a los socios gestores (representantes legales) de la sociedad Inversiones Moreno Mendoza y Cía S. en C. Inmomédicas y al representante legal de Trimercol Ltda., de manera que por lo menos estos demandados no estuvieron representados por curador ad litem, contrario a lo deducido por el tribunal, y por ende con respecto a ellos resultan redundantes y fuera de foco las reflexiones del juzgador en torno a la forma de surtirse la notificación del auto que ordena el interrogatorio de parte cuando alguno de los sujetos procésales está representado por los citados auxiliares de justicia, o sobre la inviabilidad jurídica de la confesión ficta en dicho evento.
Así las cosas, el cargo es fundado, porque efectivamente el ad quem se equivocó al no reparar que los accionados atrás precisados concurrieron personalmente al proceso, es decir no estuvieron ausentes del proceso, ni representados por curador ad litem, produciéndose denunciado en consecuencia establecido el quebranto tal hecho
correspondía al juzgador definir si a partir de allí se había configurado o no la confesión judicial ficta.
Cabe anotar que si bien parte de las motivaciones del tribunal son de índole jurídica, lo que podría dar pie a creer que incumbía al recurrente entrar a cuestionarlos para alcanzar la exigencia de suficiencia y totalidad del cargo, tal apreciación no es del todo correcta porque realmente el yerro central del fallo, desde luego en lo que tiene que ver con los demandados notificados personalmente, es fáctico, tan es así que con la socavación del supuesto de hecho del cual partió el ad quem para hacer sus disquisiciones jurídicas, éstas pierdan toda relevancia e importancia ya que su razón de ser está en íntima e indisoluble conexión con aquel, sin que fuera necesario que se atacarandichos argumentos de manera particular en un cargo aparte, porque ello era francamente superfluo.
Sin embargo, el que tenga que formula al fallo
razón el recurrente en el reparo no significa que deba
procederse a su anulación, porque en sede de instancia al analizar la prueba de la confesión ficta se llegaría a la misma decisión absolutoria del tribunal, aunque por otras razones.
En efecto, en autos aparece que los accionados a que ya se ha hecho referencia fueron notificados de la demanda personalmente (folios 22, 23 y 24); que no concurrieron al proceso; que mediante auto del 22 de mayo de 2000 se fijó la audiencia del 6 de julio siguiente para recibir el interrogatorio de parte del representante legal de Inversiones Moreno Mendoza y Cía S. en C., Inmomédicas, y a través de auto de la última fecha citada se señaló data para recepcionar el interrogatorio del representante de Trimercol Ltda.; que ninguno de los dos compareció en la oportunidad establecida; que en ambos casos el juzgado dispuso dar oportunidad a los renuentes para que justificaran su inasistencia; que transcurrido el término no se presentaron las excusas correspondientes y que ante ello el despacho judicial los declaró confesos de los hechos de la demanda susceptibles de confesión de conformidad con lo estatuido en el artículo 210 del C. de P. C. (folios 77 y 80).
Dicha declaración judicial, empero, no es completa ni cumple con los requisitos legales pues como lo ha sostenido la jurisprudencia:
“ En verdad la confesión ficta que afirma el recurrente no fue apreciada por el Tribunal, pero aún si se hubiera estimado, en manera alguna podía tener valor probatorio, dado que no basta con la simple
constancia dejada por el Ju zgado de la incomparecencia del absolvente como aquella que corre a folio 147 y que aparece transcrita en el resumen de la demostración del cargo, porque para su valide z se requiere de la declaración del jue z instructor donde se exprese
adecuadamente sobre cuáles hechos recaerá dicha confesión, activida d que en el sub lite no se cumplió porque la citada constancia se limitó a reseñar la solicitud elevada por el apoderado de la parte actora en la audiencia cuando impetró que “...al dictar sentencia se tengan como ciertos los hechos de la demanda demostrab les a través de la
confesión...”, omitiéndose infortunadamente el pertinente pronunciamiento del ju zgado, lo cual no mereció en su momento reparo de las partes y, en consecuencia, no era factible que el ad-quem frente a los puntos en discusión extrajera o le diera los efectos que ahora busca la censura que se le impriman como confesión ficta o presunta que no fue debidamente estructurada como lo exige la ley procesal.
“Sobre este particular tópico, esta Sala laboral ya se había pronunciado en sentencias del 12 de septiembre de 2001 radicación 16496 y 9 de abril de 2003 radicado 19474, donde en ésta última se dijo:
“(...) De otra parte, frente al tema relacionado con la viabilidad de deducir la confesión ficta o presunta a la demandada, ante su no comparecencia a absolver el interrogatorio que había sido decretado, sin aducir causa justificativa para ello, encuentra la Corte que en ningún yerro incurrió el Tribunal por la no apreciación de la
circunstancia que destaca la censura, pues sí la tuvo en cuenta. Así se afirma porque para que se estructure esa figura jurídica no basta que el jue z ante quien se practica, luego de transcurrido el término otorgado
por el artículo 209 del C. de P. C. y cumplido el trámite previsto en él, deje constancia en el acta de la incomparecencia injustificada del citado, sino que también es necesario que lo exprese respecto a las consecuencias que el artículo 210 ibídem, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, prevé en tal hipótesis, esto es, que se presumirán como ciertos los hechos susceptibles de prueba de
confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito o, en su defecto, de los hechos de la demanda o de su contestación, o de las excepciones de mérito, cuando no se presente pliego con las preguntas. Así lo destaca el Tribunal y lo ha sostenido reiteradamente la Corporación, entre otras, en la sentencia del 11 de septiembre de 2002, radicación 18306. Valga anotar que el no compartir el censor tal jurispru dencia, el cargo lo debió orientar por la vía directa.
En conclusión, ante la evidencia de no haberse cumplido por parte del jue z del conocimiento lo antes detallado y que la parte demandante no cuestionó esa postura omisiva a través de los mecanismos pr océsales pertinentes y en las oportunidades previstas en la ley, ningún reparo le merece a la Sala la consideración del Tribunal de no deducir la confesión ficta o presunta que reclama la recurrente en casación se le dé efectos, lo que era esencial para el éxito del cargo teniendo en cuenta la sustentación del fallo impugnado..”
(Resalta
( Sentencia del 22 de abril de 2004, expediente 21.779).
Criterio reafirmado en la decisión del 7 de abril de 2005, en la que se agregó:
“... siguiendo las anteriores directrices, que se encajan perfectamente al asunto que ocupa la atención a la Sala, se tiene que para imprimirle valide z a la confesión ficta, no solo se requiere de la constancia dejada por el juez instructor respecto de la incomparecencia del absolvente, sino además de la declaración expresa sobre cuales hechos en forma específica ha de recaer dicha confesión.
“Pero cabe agregar, que la interpretación que antecede, quedó acorde con la posterior reforma procesal que se cumplió al expedirse la Ley 794 de 2003, cuyo artículo 22 modificó el artículo 210 del C. de P. Civil, estipulando que en los eventos en los que ha de presumirse como ciertos los hechos susceptibles de ser cobijados por el medio de convicción en comento “...el jue z hará constar en e l acta cuáles son los hechos escrito, susceptibles en la de confesión las contenidos excepciones en de el interrogatorio o sus
contestaciones, que se presumen ciertos”
particularidades de este proceso, hay que precisar que no basta en consecuencia que el juez de instancia deje la atestación de que declaren probados los hechos de la
demanda susceptibles de confesión sino que es menester que se especifiquen y concrete cuáles son los hechos que se declaran admitidos.
Por consiguiente, en sede de instancia se encontraría que no se configuró la confesión ficta que pregona el recurrente. También denuncia el censor la falta de estimación del
cuaderno anexos de pruebas (folios 1 a 198) y de los documentos que específicamente contiene.
Estas formulaciones genéricas y abstractas no son de recibo porque de conformidad con el numeral 5 literal b) del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social cuando se acusa al fallo por la ocurrencia de errores de hecho deberán citarse y singularizarse las pruebas que los originaron, expresando el tipo de error que se cometió, exigencia que no se cumple cuando se hace referencia a todo un cuaderno del expediente sin particularizar y concretar, escollo que no se supera por la circunstancia de que se indiquen con sus números los folios que contienen el cuaderno.
recurrente hace mención a los folios 182, 195, 196 y 197, se abordará el estudio de tales piezas, que son las únicas singularizadas.
El documento de folio 182 (que en realidad corresponde al 198 debido a la doble foliación que exhibe el expediente) consiste en copia de un depósito judicial realizado por Trimercol Ltda. el día 26 de julio de 1995 por valor de $149.654.oo a favor del Juzgado Quinto Laboral de Circuito de Bogotá y paga entregar a René Garzón C., por concepto de prestaciones sociales; los folios 195 a 196 corresponde a comprobantes de egreso con el membrete de Trimercol Ltda. a favor de René Garzón, en el primero de fecha septiembre 26 de 1994 consta un pago por devolución de préstamo y préstamo por $800.000.oo y el segundo, de fecha febrero 13 de 1995, se refiere a pagos por transporte de enero de 1995 por $344.792.oo y a unos descuentos por retefuente, anticipos y cuota carro; y el folio 197 es una carta con el membrete de Trimercol Ltda. de fecha marzo 21 de 1995 suscrita por el gerente de ventas de esa sociedad y dirigida al señor René Garzón informándole las zonas de trabajo asignadas.
Si el ad quem hubiera reparado en tales
probanzas, sobre
todos los documentos de folios 182 (en realidad 198) y 197 no
habría concluido en el sentido de que no estaba demostrada la prestación de servicios ni el oficio desempeñado por el demandante, porque las pruebas citadas analizadas
objetivamente ponen de presente que la demandada Trimercol Ltda. consideró la existencia de un contrato de trabajo pues no otra cosa puede inferirse del hecho de que haya hecho una consignación judicial a favor del actor imputándola a
prestaciones sociales, cuando se sabe que este concepto solamente se da dentro de una relación laboral. Si a lo anterior se suma el hecho de que mediante el oficio de folio 197 al trabajador cuáles eran las zonas de trabajo
asignadas, se refuerza la percepción de que la relación era de índole laboral pues ese mandato aunado al aspecto estudiado arriba solamente encuentra explicación dentro de un vínculo de dicha naturaleza.
Las otras pruebas calificadas denunciadas en verdad no aportan ningún dato importante frente a las quejas del recurrente.
El cargo, sin embargo, no sale avante por cuanto el resultado que surge de las pruebas examinadas no dan al traste con
todos los sustentos en que se apoyó el tribunal, en especial deja incólume lo atinente a los extremos temporales del contrato, los cuales no aparecen demostrados con tales pruebas, siendo que ellos constituyen elemento esencial para poder entrar a resolver de fondo sobre los derechos salariales y prestacionales reclamados.
Sin costas en casación por cuanto no se causaron.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASAla sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C. el 10 de diciembre de 2004, en el proceso
ordinario laboral seguido por RENÉ ALEJANDRO GARZÓN CRUZ contra ALPHAMED LTDA y OTROS.
Costas en casación, como ya se dejó señalado.
MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria
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References: artículo 98
 artículo 65
 artículo 205
 artículo 210
 artículo 205
 artículo 195
 artículo 210
 artículo 209
 artículo 210
 artículo 22
 artículo 210
 artículo 90