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Timestamp: 2019-09-18 18:07:52+00:00

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Residencia temporal en España por ser víctima de violencia de género | Iberley
Residencia temporal en España por ser víctima de violencia de género
A las mujeres extranjeras que sean víctimas de violencia de género, independientemente de cuál sea su situación administrativa, se les podrá conceder la residencia temporal y de trabajo, de acuerdo con el artículo 31 bis de la LOEX.
Estamos ante una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales que podrán obtener las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que se encuentren en España en situación irregular.
Esta autorización implica que los hijos menores de edad o con discapacidad que se encuentren es España en el momento de la denuncia por violencia de género, podrán obtener una autorización de residencia y trabajo en el caso de ser mayores de dieciséis años.
Esta circunstancia se regula en el artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, y en los artículos del 131 al 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
Para obtener esta autorización, la solicitante debe haber denunciado ser víctima de violencia de género, aportando una orden de protección expedida por la autoridad judicial competente en el marco del proceso penal, o un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.
Para que se le conceda definitivamente la autorización, se requerirá que el procedimiento penal en el que se denuncia la violencia de género concluya con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluyendo el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado.
En cuanto a su procedimiento, la mujer extranjera deberá solicitar la autorización ante la Oficina de Extranjería correspondiente. Si el procedimiento penal no ha concluido, podrá presentar la solicitud en cualquier momento desde que se dicto la orden de protección, o desde la emisión del informe por parte del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género nombrado anteriormente.
En caso de que el procedimiento penal no haya concluido, dispondrá de un plazo para presentarla de seis meses desde la notificación de la sentencia condenatoria, de la resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, del archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o del sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado.
Una vez presentada la solicitud, el Delegado o Subdelegado de gobierno le concederá de oficio una autorización provisional, que surtirá eficacia desde el momento de su concesión. Su vigencia estará condicionada a la concesión o denegación de la autorización definitiva. La titular de la autorización debe solicitar ante la Oficina de Extranjería de la Comisaría de Policía correspondiente la Tarjeta de Identidad de Extranjero en el plazo de un mes desde la concesión de la autorización provisional.
Una vez concluido el procedimiento penal, surgirán diferentes efectos según si la sentencia es o no condenatoria.
En caso de ser condenatoria, si hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo se procederá a su concesión en el plazo de veinte días desde que a la oficina de extranjería le conste la sentencia. La duración de esta autorización será de cinco años, y en el plazo de un mes desde su concesión deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero.
En caso de no haber solicitado aun la autorización de residencia y trabajo se informará a la mujer sobre dicha posibilidad concediéndole un plazo de seis meses desde la fecha en la que haya sido notificada la sentencia para presentar la solicitud.
Por otra parte, en el supuesto de resolución no condenatoria, se denegará la autorización y implicará la pérdida de la eficacia de la autorización provisional en caso de que se le haya concedido. También se incoará expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a) o, en su caso, se continuará el procedimiento sancionador suspendido.
Sentencia Penal Nº 622/2013, AP - Sevilla, Sec. 4, Rec 9444/2012, 27-11-2013
Orden: Penal Fecha: 27/11/2013 Tribunal: Ap - Sevilla Ponente: Gutierrez Lopez, Francisco Num. Sentencia: 622/2013 Num. Recurso: 9444/2012
Sentencia Penal Nº 24/2017, AP - Girona, Sec. 4, Rec 1144/2016, 23-01-2017
Orden: Penal Fecha: 23/01/2017 Tribunal: Ap - Girona Ponente: Marca Matute, Javier Num. Sentencia: 24/2017 Num. Recurso: 1144/2016
Sentencia Penal Nº 36/2017, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 53/2017, 02-05-2017
Orden: Penal Fecha: 02/05/2017 Tribunal: Ap - La Rioja Ponente: Santisteban Ruiz, Alfonso Num. Sentencia: 36/2017 Num. Recurso: 53/2017
Caso práctico: El plazo de vigencia de las medidas civiles contenidas en una orden de protección
Fecha última revisión: 23/07/2014
PLANTEAMIENTOLas medidas civiles que contiene una orden de protección, ¿qué duración máxima pueden tener?RESPUESTALas medidas de carácter civil que puede contener una orden de protección, tendrán una vigencia temporal de 30 días, a tenor de...
Resolución de TEAC, 5293/2013/00/00, 03-07-2014
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 03/07/2014 Núm. Resolución: 5293/2013/00/00
Resolución Vinculante de DGT, V2133-18, 18-07-2018
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 18/07/2018 Núm. Resolución: V2133-18

References: artículo 31
 artículo 31
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 53

Resolución 

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