Source: http://www.slideshare.net/lxiilegislatura/iniciativa-para-crear-el-ine
Timestamp: 2016-06-26 10:33:14+00:00

Document:
Iniciativa para crear el ine
Exposicion de motivos crbv
Seguridad social para policias
by Omar Piñero
by CRISTAL CORRALES
Becas de movilidad nacional en el e...
De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y Fernando Herrera Ávila y delDip. Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la quecontiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105,116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.INICIATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTODE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.Los que suscriben, los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en elCongreso de la Unión, con fundamento en lo en los artículos 71, fracción II, y 72 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 26, 116 y 122 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados, lasiguiente Iniciativa del con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 41, 60, 73,76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con elcarácter de Iniciativa de Grupo Parlamentario, al tenor de la siguiente:Exposición de MotivosI. Panorama GeneralEl más reciente proceso electoral, a través del cual los mexicanos elegimos a quien ocuparía laPresidencia de la República, pero también a legisladores federales, y en algunos casos, arepresentantes locales, sentó un mal precedente. Las elecciones de 2012, así como muchos procesoselectorales locales previos, evidenciaron algunas deficiencias del marco normativo que rigeactualmente; deficiencias que erosionaron la confianza de los votantes en la democracia misma.Diversos sucesos representaron focos rojos, llamadas de atención que deben de ser atendidas paraperfeccionar la democracia mexicana, todavía inestable, vulnerable y, en ocasiones, manipulable.Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciónExiste la creencia generalizada de que la democracia en México llegó para quedarse a partir de laalternancia en el Poder Ejecutivo Federal en el año 2000, y de la creciente conquista de espacios porlos partidos políticos que por décadas fungieron como oposición. Tal creencia se ha fortalecido con lacelebración de comicios más confiables a nivel federal, en los que las viejas prácticas fraudulentas hansido erradicadas, gracias a la consolidación de autoridades electorales que gozan de autonomía.El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institucionesresponsables de organizar y calificar las elecciones federales, a pesar de ser perfectibles en muchossentidos, han mostrado un desempeño independiente del poder político y de carácter primordialmentetécnico. Dicho fenómeno, en cambio, no ha sido observado en las instituciones homólogas que existen
en las entidades federativas.Andreas Schedler, ha identificado un “menú de manipulación electoral”[1]que reconoce una diversidadde tácticas utilizadas por grupos que buscan perpetuarse en el poder: el fraude electoral, la represión,la inequidad en la contienda y la manipulación de actores y reglas clave en el juego democrático. Dedicho menú, Schedler ha encontrado que en México, en muchas entidades federativas, se ha recurridoa la manipulación de actores, en concreto, señala que algunos gobernadores han “colonizado lasinstituciones electorales” y han “explotado recursos del Estado con fines partidistas” para reducir laincertidumbre que conlleva una elección y garantizar el triunfo de su partido político.En este sentido, es importante considerar diversos hechos sucedidos en fechas recientes respecto aluso partidista que diversas dependencias del Gobierno de la Repúblico han hecho de los programassociales con fines político-electorales, particularmente, en aquellas entidades federativas con procesoselectorales en desarrollo.A mayor abundamiento, por sus características propias, los organismos electorales en los estadospresentan un panorama muy diverso de mecanismos para garantizar la calidad de las elecciones y laproyección de los resultados, no logrando siempre la eficiencia que requiere el perfeccionamiento de lademocracia a nivel nacional. Tales son los casos, por ejemplo del funcionamiento oportuno y rigurosode los sistemas de resultados preliminares, o de la difusión de los cómputos finales a la sociedad, paragarantizar la transparencia en la administración de los comicios.Así pues, la democratización a nivel local aún enfrenta muchos retos, uno de los cuales se refiere aprocesos electorales organizados y calificados por autoridades imparciales, que no se encuentrensubordinadas a caciques influencias de grupos de poder locales, de cualquier género. La experienciaen los estados revela un sistemático uso faccioso de las autoridades en materia electoral, que pone enriesgo la razón de ser de dichos organismos e imposibilita la llegada de una democracia plena en elpaís.En virtud de lo anterior, y en congruencia con las demandas históricas por elecciones libres yequitativas del Partido Acción Nacional,[2]se propone la creación del Instituto Nacional Electoral (INE).El INE – que sustituiría al Instituto Federal Electoral (IFE) y a los 32 institutos equivalentes en cadaentidad – gozaría igualmente de autonomía constitucional, su máximo órgano de gobierno se integraríapor diez consejeros y un presidente, con derecho a voz y voto, además de las representacionespartidistas y del Poder Legislativo, solo con derecho a voz. El INE sería la autoridad responsable deorganizar la celebración de los comicios para elegir tanto a representantes a nivel federal, como arepresentantes a nivel local. De este modo, el Partido Acción Nacional, con una visión subsidiaria,busca la creación de instituciones sólidas que funcionen como contrapesos reales, que operen con losprincipios rectores que hoy rigen la actuación del IFE, en los estados de la República y en el DistritoFederal. El objetivo es claro: evitar que cualquier grupo de influencia política o económica, sea cualfuere su origen, y su fuente de poder, estén imposibilitados para meter las manos de todas las laselecciones que se realizan en el país. Lo que se pretende es una auténtica competencia con piso parejopara todas las fuerzas políticas, en la pluralidad de circunstancias que caracterizan a las diversasregiones de México.
En el mismo sentido, y bajo los mismos argumentos, se estima pertinente que el Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federación (TEPJF) sea la autoridad responsable de resolver las controversias quese susciten a partir de las decisiones que tome el Instituto Nacional Electoral. Es decir, el TEPJFresolvería las impugnaciones que se hicieren tanto para procesos electorales a nivel federal, como anivel estatal y del Distrito Federal. Esta medida representaría una garantía de que las impugnacionessean resueltas con base en criterios técnicos, ajenos a cualquier presión política.Un árbitro del proceso electoral autónomo es una condición estrictamente necesaria, para unademocracia acabada, fuerte y estable. De otra manera, las entidades federativas se encontrarán en unpermanente proceso de transición democrática, en el que el grupo en el poder se enfrentará a laciudadanía a través de elecciones viciadas, manipuladas e inequitativas. Es decir, las elecciones, enalgunos casos, seguirán siendo un medio de legitimación de cacicazgos y no un ejercicio de libertadpolítica para elegir auténticos representantes populares.Es cierto que el desempeño de las autoridades electorales federales no ha sido intachable y queexisten cuestiones que deben de ser revisadas a profundidad para evitar futuros cuestionamientos asus decisiones. Sin embargo, dada la visibilidad que tienen estos órganos, su actuar es mástransparente, lo que les obliga a regirse conforme a los principios de legalidad e imparcialidad.Mejor fiscalización de los recursos de los partidos políticosLas deficiencias a que se hace referencia, particularmente en lo que respecta a la fiscalización de losrecursos de los partidos políticos, serían atendidas y corregidas en el diseño del nuevo InstitutoNacional Electoral que se plantea. En ese sentido, Acción Nacional le apuesta a un Instituto renovado yfuerte, capaz de fiscalizar la procedencia y el destino de todo tipo de recursos de que hagan uso lospartidos políticos: de origen público, privado e incluso de los recursos obtenidos de forma ilícita o porfuera de la ley.La facultad de fiscalización, dada su relevancia y la alta responsabilidad que ésta implica, se regresaríaal máximo órgano de dirección al interior del INE: el Consejo General. Así, quienes diseñen lasestrategias de fiscalización, supervisen su correcta aplicación y resuelvan en consecuencia, tendránnombre y apellido; en particular resulta conveniente que además de resolver los dictámenes sobre lamateria, el Consejo General esté en condiciones de conocer desde el principio, todo el procedimientode fiscalización para que sus decisiones puedan ser cabalmente fundadas y motivadas. Con esto seaseguraría que las decisiones, independientemente de su trascendencia, no se diluirán en elanonimato. Además, el Consejo General podrá conocer con anticipación los reportes de gastos de lospartidos y contar con más elementos para pronunciarse sobre la legalidad en el origen y destino de losrecursos de los partidos.Es importante destacar que se propone una nueva fórmula para el financiamiento que reciben lospartidos políticos nacionales para las actividades que realizan en las diversas entidades federativas conel objeto de ahorrar recursos públicos que se utilizan para financiar sus respectivas actividadesordinarias y de campaña en las elecciones locales.En este sentido, la propuesta se fortalece si se considera que el objetivo es, bajo el principio de
eficiencia del uso de los recurso públicos, destinar a las actividades de los partidos políticos nacionalesen las entidades federativas únicamente lo proporcional para la realización de las actividades señaladascon respecto a la consideración que las mismas ahora serán reguladas únicamente por sólo un Institutoelectoral a nivel nacional, al cual serán asignadas las prerrogativas correspondientes para sucorrespondiente reparto.Con estas propuestas, Acción Nacional pretende que nunca se presenten casos de financiamientoparalelo de las campañas políticas, en el cual, tal como se discutió en acusaciones presentadas duranteel proceso electoral federal pasado, se diseñaron esquemas de triangulación de recursos, para queéstos se mantuvieran exentos de una debida fiscalización y contar con las señaladas fuentes definanciamiento paralelo por parte de diversos partidos políticos. En todo caso, es importante señalar quela autoridad requiere de mejores instrumentos de fiscalización para conducir las investigaciones, con elobjeto de evitar que a través de dichos esquemas de financiamiento paralelo, se violenten tanto lasrestricciones constitucionales, como las establecidas en la legislación secundaria en lo relativo al origendel financiamiento partidista yel respeto a los topes de gastos de campaña.Rebase de topes de gasto de campañaLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Código Federal de Institucionesy Procedimientos Electorales (COFIPE) señalan expresamente, no sólo las fuentes a las que puedenacceder los partidos políticos para financiar las actividades ordinarias permanentes y las destinadas a laobtención del voto, sino que establecen claros topes a los recursos que pueden ejercer.Como se ha señalado, los casos de financiamiento paralelo no sólo representaron un medio para evadirla fiscalización por parte de la autoridad electoral, sino que los recursos aportados por la asociación civily la empresa, respectivamente, se tradujeron en rebases a los montos máximos establecidos por la ley.Lo anterior, significa, además de una clara violación al marco legal, una evidente violación al principiode equidad en la contienda.El dinero que se le invierte a las campañas tiene incidencia tanto en los niveles de participaciónciudadana, como en el resultado de las elecciones. La evidencia empírica indica que, caeteris paribus, amayor gasto en la campaña de un determinado candidato, mayor es la probabilidad de que éstegane. Por ello, el hecho de que alguno de los contendientes no respete los límites que la legislaciónseñala, implica, al menos, que las partes están compitiendo en condiciones de desigualdad y que susactuaciones tendrán implicaciones en el resultado electoral. La magnitud del efecto de rebasar el topede gastos varía e irá en función de diversos factores. Sin embargo, es claro que el nivel de gasto que unpartido hace con respecto a otro, puede ser determinante en cuál de ellos resulta ganador.Por lo anterior, el Partido Acción Nacional considera que violentar lo dispuesto por la Carta Magna y lalegislación electoral en materia de topes de gasto de campaña, representa una falta grave. Una falta deesta naturaleza no debe ser pasada por alto y debe de ser señalada, explícitamente, como causal denulidad del proceso electoral de que se trate, en caso de que se acredite el excesivo ejercicio derecursos por parte del candidato que ganó, haya resultado decisivo para su triunfo.Establecer una pena como la anterior, aunada a una mejor fiscalización, desincentivará el uso excesivo
de gastos en las campañas federales y locales por parte de los partidos políticos.Ley electoral y ley de partidos políticosComo se indicó al inicio de esta exposición de motivos, el desarrollo democrático de las entidadesfederativas y del país en general se ha dado a ritmos e intensidades diferentes. Ello, en virtud delvariado diseño de las instituciones ligadas al sistema electoral de cada entidad, pero también de lasreglas que regulan a los actores y las acciones del juego democrático.Resulta inadmisible que al interior de un mismo país existan ciudadanos que gozan de menos libertadespolíticas, que tienen acceso a una peor democracia o que no cuenten con las mismas garantías paraelegir a sus representantes. Resulta inadmisible que exista un México más democrático para unos quepara otros.Para erradicar las diferencias, Acción Nacional considera urgente que el Congreso de la Unión estéfacultado para expedir una legislación electoral y una legislación de partidos políticos que aplique tantopara la federación como para las entidades. Esto permitiría el establecimiento de pautas generales enlas materias señaladas para toda la nación y un esquema democrático homologado para todas laspartes que integran la federación.Otorgar dicha facultad al Poder Legislativo Federal, en ningún momento violará el Pacto Federal, puesregulará aspectos generales del proceso electoral y del esquema de partidos políticos, mientras quecada entidad, en su Constitución – o en el caso del Distrito Federal a través de su respectiva legislaciónsecundaria– se encargará de atender las particularidades de cada uno de los territorios. Además, deaprobarse la modificación al texto constitucional para este objeto, se habrá contado con elconsentimiento de parte de la mayoría de las legislaturas locales, que son parte del ConstituyentePermanente. La presente reforma, como se ha expuesto, busca erradicar, muchos de los vicios yerrores del marco normativo vigente, que se vio superado en los últimos procesos electorales. Noobstante, existen temas que aún deben de ser motivo de reflexión debido a su complejidad.Finalmente, es importante considerar, que con la presente reforma electoral del Grupo Parlamentariodel Partido Acción Nacional se fortalece el marco normativo que rige los procesos electorales y queinfluye positivamente en las condiciones de equidad, fiscalización y transparencia bajo las que sedesenvuelve la competencia electoral y que resulta determinante en las probabilidades de que uno uotro de los contendientes gane.II. Contenido de la reformaPara Acción Nacional es un compromiso seguir perfeccionando el marco jurídico electoral, y ante laexperiencia del proceso electoral de 2012, estamos obligados a garantizar mayores condiciones deequidad en las contiendas políticas que permitan una participación justa y equilibrada de todas lasfuerzas y expresiones políticas, asimismo debemos impulsar aquellas instituciones electorales queponen en primer plano al ciudadano.Esta reforma electoral, constituye un impulso a la democracia en nuestro país, bajo la consideración de
que la democracia debe incluir la participación activa de todas las mexicanas y mexicanos.Es necesario que los cambios a la legislación electoral innoven al sistema político mexicano, creandoinstituciones que fomenten el dialogo y la participación política bajo un sistema electoral que nospermita votar libre y auténticamente por quien a juicio de cada quien se estime resulte la mejor opciónde gobierno; Ello sólo puede ser posible con un instituciones electorales robustas y confiables así comoun irrestricto convencimiento de cumplir con la ley.El reto en consecuencia es lograr mayor legitimidad en las elecciones, ya que el convencimiento de queestamos eligiendo a las mejores mujeres y hombres para que nos gobiernen se traduce en un constantemejoramiento de las leyes y e instituciones electorales a fin de fortalecer los procesos democráticos.De igual forma, manifestamos que en Acción Nacional tenemos la convicción de que un pilar para lograruna mayor legitimidad de las elecciones es la libertad de expresión de todos los actores políticos, de lasorganizaciones de la sociedad civil pero principalmente de los ciudadanos, sólo si los ciudadanosparticipan, se expresan y se informan verazmente habrá decisiones más razonadas y responsables.Otro gran pendiente para lograr elecciones auténticas, es lo relativo al uso de recursos en laselecciones, ya sea que se trate de recursos públicos o privados, y que se complemente con un principiode transparencia en el gasto de los partidos políticos, así como en la toma de las decisiones a suinterior, por tanto debemos desterrar el gasto, el derroche y el uso de recursos ilícitos en las elecciones.Entrando en materia, se propone una reforma constitucional para crear un Instituto Nacional deElecciones, bajo la idea de que el Estado Mexicano se adscribe a un modelo federalista donde existenautoridades federales y autoridades locales, sin embargo por la importancia del tema se hace necesarioque se concentre la función o poder electoral en un solo órgano constitucional.No pasa por alto señalar, que actualmente existe una autoridad federal electoral (Instituto FederalElectoral) prevista en la fracción V del artículo 41 constitucional cuyo ámbito de competencia es laelección del Ejecutivo Federal, Diputados Federales y Senadores, y que cada Entidad Federativacuenta con autoridades electorales que se encargan de las elecciones locales sentándose las bases detal esquema en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.Asimismo, cabe referir que actualmente la Constitución en el inciso d) de la fracción IV del artículo 116constitucional, permite la posibilidad de un modelo de cooperación entre la autoridad federal electoral ylas autoridades electorales locales, ya que éstas ultimas pueden convenir con el Instituto FederalElectoral para que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.En consecuencia, se aspira a optimizar el diseño para crear una autoridad electoral única que tenga asu cargo tanto las elecciones locales como federales, por lo que proponemos los preceptosconstitucionales correspondientes.Cabe señalar que convertir al Instituto Federal Electoral en una autoridad electoral nacional única,implicarían un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a la autoridadadministrativa que organiza las elecciones, ahora en doble orden, tanto en lo federal como en lo local.
Lo anterior, debido a que se aprovecharían las estructuras y áreas existentes en el citado InstitutoFederal para atender lo relativo a las elecciones locales, así como, se adoptaría la infraestructura y elcapital humano existente en los institutos electorales estatales, lo cual implica, de manera inmediata unahorro para las finanzas públicas y, con ello, un uso eficiente de los recursos públicos que aportan losciudadanos, a través de las contribuciones, para la organización de las elecciones.Este nuevo órgano constitucional electoral será un eje troncal para la configuración del modelo deEstado establecido por la Constitución, y cumplirá cabalmente con la participación en la direcciónpolítica del Estado, en la formación de la voluntad estatal, en la dirección del poder supremo del Estado,en las funciones de dirección y estructuración políticas.Un antecedente más que podemos señalar, es que en el año de 1993, en el artículo 41 constitucional,se estableció el Instituto Federal Electoral como órgano constitucional autónomo, dotado depersonalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones de los otros poderes. Y losprincipios rectores que deben regir éste órgano son la certeza, la legalidad, la independencia, laimparcialidad y la objetividad en los procesos electorales, lo que fue una gran coyuntura que ahora sedebe repensar y relanzar una nueva autoridad electoral.En suma: la estructura medular de este proyecto legislativo es la existencia de un nuevo órganoconstitucional, facultado para organizar las elecciones a nivel federal y local.Las propuestas específicamente serían las siguientes:1. REFORMAS AL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONALSe propone modificar el nombre del Instituto Federal Electoral por el de Instituto NacionalElectoral, bajo la premisa de que se tratará de un nuevo órgano con nuevas facultades.Se modifica la conformación del número de integrantes del máximo órgano de gobierno delInstituto.Se propone nueva fórmula para el financiamiento de los partidos políticos nacionales y localespara actividades en los estados.Se incorporan los supuestos de las elecciones locales que serán organizados ahora por elInstituto Nacional Electoral, eliminando a su vez las disposiciones que establecen los esquemasde coordinación con las autoridades locales (fiscalización).2. REFORMAS AL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONALSe establece la facultad expresa en el artículo 73 para que el Congreso de la Unión emita las leyessiguientes:Que regule a los partidos políticos;Que regule la organización y desarrollo de las elecciones y que regirá en el ámbito federal y de
las entidades federativas;Que establezca los delitos electorales;3. REFORMAS AL ARTÍCULO 99 CONSTITUCIONALSe modifica el artículo 99 para que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónel competente para dirimir las controversias derivadas de las elecciones locales.4. REFORMAS AL ARTÍCULO 102 y 21 CONSTITUCIONALESSe crea con base constitucional la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, comofiscalía autónoma encargada de la investigación y persecución de los delitos electorales. Se proponeque el nombramiento del titular de este órgano lo realice el Senado de la República.5. REFORMAS AL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONALSe modifica lo conducente para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, tomando enconsideración que ya no habrá leyes electorales locales. Se conserva la facultad de que losestados regulen en sus constituciones locales lo que no se contenga en la ley general (fechas dela jornada, fórmulas de representación proporcional, voto de mexicanos en el extranjero).6. REFORMAS AL ARTÍCULO 116 CONSTITUCIONALSe hacen las adecuaciones respectivas al artículo 116 para ajustar los principios que deberánobservarse en el desarrollo de las elecciones de los estados.7. REFORMAS AL ARTÍCULO 122 CONSTITUCIONALEl artículo 122 (regulación del Distrito Federal) se modifica para establecer la facultad delCongreso de la Unión de legislar sobre la materia electoral,es especial, sobre lo que no secontenga en la nueva legislación federal electoral, previendo para tal efecto, que la legislaciónelectoral del Distrito Federal deberá ser aprobada por una mayoría calificada del órganolegislativo local.De igual manera, es necesario reconocer que la transformación de las instituciones públicas y lamodernización de la legislación vigente en el país son tareas inacabadas, sobre todo cuando se trata dereformas estructurales de hondo calado y trascendencia, deben realizarse con enorme cuidado yteniendo en cuenta la opinión de todos los sectores de la sociedad.De tal manera, la pretensión de este proyecto es establecer un nuevo sistema electoral que genere unanueva relación entre representantes y representados, en ese sentido, se debe modernizar el sistema departidos y que de paso a una nueva relación de equilibriosen el Congreso, es pues la oportunidad decontinuar el dialogo democrático que representan las instituciones electorales.En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, el siguiente:DECRETOÚNICO.- Se reforman los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, al Fiscal para la Atenciónde Delitos Electorales y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en elejercicio de esta función.El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y al Fiscal para laAtención de Delitos Electorales, en el ámbito de su competencia. La ley determinará los casos en quelos particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.…………El Ministerio Público y la Fiscalía para Delitos Electorales podrán considerar criterios de oportunidadpara el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.……Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El MinisterioPúblico, la Fiscalía para Delitos Electorales, y las instituciones policiales de los tres órdenes degobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformaránel Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:…Artículo 41. ……I. Los partidos políticos nacionales y locales son entidades de interés público; la ley determinará lasnormas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el procesoelectoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales,
municipales y del Distrito Federal.Los partidos políticos locales podrán participar exclusivamente en las elecciones de las entidades paralas que la ley les otorgue el registro correspondiente.Los partidos políticos nacionales y locales tienen como fin promover la participación del pueblo en lavida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, estatal y del Distrito Federal,según corresponda, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejerciciodel poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragiouniversal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre eindividualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o conobjeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.Los partidos políticos nacionales y locales podrán participar en las elecciones mediante coaliciones ycandidaturas comunes, en los términos que se señale la ley. Para tal efecto, los ciudadanos tendránderecho a elegir al partido político de su preferencia de manera individual.…II. La legislación garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementospara llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de lospropios partidos, sus precampañas y campañas electorales, debiendo garantizar que los recursospúblicos prevalezcan sobre los de origen privado.…a) El financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el sostenimiento de las actividadesordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos que hayanemitido su voto en las elecciones próximas pasadas, por el setenta por ciento del salario mínimo diariovigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señaladoanteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por cientorestante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputadosinmediata anteriorEl financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de losparticos políticos nacionales en los estados de la República y de los partidos locales, se fijaráanualmente, multiplicando el número total de ciudadanos que hayan emitido su voto en las eleccionespróximas pasadas en la entidad federativa por el setenta por ciento del salario mínimo diario vigenteque corresponda. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señaladoanteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por cientorestante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección local de diputadoscorrespondiente inmediata anterior.…
En el caso elecciones locales, el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtencióndel voto durante el año que se elija Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, será de lacantidad que resulte de el financiamiento correspondiente a una elección presidencial entre 300,multiplicado por el número de distritos electorales federales que contenga el estado en que secelebrarán las elecciones; cuando sólo se elijan alcaldías y jefes delegacionales, diputados yasambleístas del Distrito Federal, el cálculo del financiamiento público para la obtención del voto serealizará de la misma manera, tomando como base el financiamiento que corresponda a una elecciónfederal en la que solo se elijan diputados federales.…La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y lascampañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendránlas aportaciones de sus simpatizantes; asimismo ordenará los procedimientos para el control yvigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que debanimponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.Para el caso de que la autoridad competente determine que el partido político, coalición o el candidatoque haya obtenido el mayor número de votos en la elección de que se trate, rebasó los límites a laserogaciones permitidas para las campañas electorales se sancionará conforme a los términos previstosen la legislación.…III. Los partidos políticos nacionales y locales tendrán derecho al uso de manera permanente de losmedios de comunicación social.Apartado A. El Instituto NacionalElectoral será autoridad única para la administración del tiempo quecorresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho delos partidos políticos, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposicióndel InstitutoNacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hastatres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horarioreferido en el inciso d) de este apartado;…………
…La ley establecerá el mecanismo para garantizar a los partidos políticos locales su acceso permanentea los medios de comunicación social.g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los periodos deprecampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta eldoce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes ybajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionalesen forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otrasautoridades electorales. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto lecorresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración deveinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en elhorario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. Ensituaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajespartidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.………Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoraladministrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canalesde cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:………Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren esteapartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales,determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley leconfiera.Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse deexpresiones que calumnien a las instituciones, a los propios partidos o a las personas.…Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el InstitutoNacionalElectoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación
inmediata de las transmisiones en radio y televisión que resulten violatorias de la ley.………V. La organización de las elecciones federales y de las entidades federativases una función estatal quese realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotadode personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de laUnión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En elejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad seránprincipios rectores.El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones yfuncionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección,ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y seintegrará por un comisionado Presidente y diez comisionados electorales, y concurrirán, con voz perosin voto, los comisionados del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y unSecretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos,así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán delpersonal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría Generaltendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresosdel Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe elConsejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Losórganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de lospartidos políticos nacionales.…El comisionado Presidente durará en su cargo seis años. Los comisionados electorales durarán en sucargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso,uno y otros serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembrospresentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización deuna amplia consulta a la sociedad.De darse la falta absoluta del comisionado Presidente o de cualquiera de los comisionados electorales,el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y elprocedimiento correspondientes.El comisionado Presidente y los comisionados electorales no podrán tener otro empleo, cargo ocomisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de losque desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia,no remunerados. La retribución que perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el votode las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas deeducación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y estaráadscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnicanecesaria con la entidad de fiscalización superior de la Federación.…La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el comisionado presidente ylos comisionados electorales tanto del Consejo General como de los Consejos Locales, del DistritoFederal y Distritales del Instituto Nacional Electoral, el Contralor General y el Secretario Ejecutivo delInstituto Nacional Electoral; y quienes encabecen los órganos desconcentrados del Instituto, no podránocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos encuya elección hayan participado.Los comisionados del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliaciónde partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Comisionado por cada grupo parlamentario noobstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que ledetermine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, losderechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores,impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términosque señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones deGobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de los integrantes de los ayuntamientos y JefesDelegacionales, de diputados a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del DistritoFederal, diputados federales senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados UnidosMexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de laobservación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones detodos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales y locales estará a cargo del ConsejoGeneral del Instituto General Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para larealización de dicha función, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones. Encumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario,fiduciario y fiscal y podrá realizar funciones de fiscalización de recursos públicos que se hayandestinado indebidamente a partidos políticos, precampañas o compañas electorales.Se derogaSe deroga
……Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo quedisponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de losdistritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constanciasrespectivas a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos en la elecciónde Gobernador yJefe de Gobierno del Distrito Federal, a los integrantes de los ayuntamientos, a los JefesDelegacionales, así como a las fórmulas de candidatos de diputados a las legislaturas de los Estados ya la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputados federales y senadores. Asimismo, hará laasignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de estaConstitución y en la ley; la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio derepresentación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley, así como laasignación de los diputados de las entidades federativas y miembros integrantes de los ayuntamientospor el principio de representación proporcional conforme a las Constituciones locales y al Estatuto deGobierno del Distrito Federal.Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias podrán serimpugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lostérminos que señale la ley.…Artículo 73. El Congreso tiene facultad:I a XX …XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos debanimponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan,como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas decoordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar enmateria de delincuencia organizada y delitos en materia electoral.XXII a XXIX-Q…XXIX-R. Para expedir las leyes que regularán a los partidos políticos; así como la organización ydesarrollo de las elecciones en el ámbito federal y de las entidades federativas, de conformidad con lasreglas y principios establecidos esta Constitución;XXX. …Artículo 76. …
I. a IV…V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que esllegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a lasleyes constitucionales del mismo Estado y la ley electoral que emita el Congreso de la Unión. Elnombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de laRepública con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, porla Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá serelecto Gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que élexpidiere.Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso.VI a XII. …Artículo 99. …………I a III. …IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de la autoridad electoral.Respecto de las controversias derivadas de la calificación de los comicios, esta vía procederásolamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazoselectorales y sea factible antes de la fecha fijada para la instalación de los órganos o la toma deposesión de los funcionarios elegidos;V. a IX. …Artículo 102.A.…Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitosdel orden federal, con excepción de los que sean competencia de la Fiscalía para Delitos Electorales; y,por lo mismo, les corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar ypresentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con todaregularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penase intervenir en todos los negocios que la ley determine.
C) La Ley organizará la Fiscalía General Para la Atención de Delitos Electorales que contará conautonomía técnica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. La Fiscalíaestá encargada de la investigación y persecución de los delitos en materia electoral, conforme a lo quedetermine la ley.Para el ejercicio de sus funciones, tendrá las mismas atribuciones que las del Ministerio Público, y portanto la obligación de observancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución.La Fiscalía General para la Atención de Delitos Electorales estará presidida por un Fiscal designado porel Senado de la República con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Durará ensu cargo siete años improrrogables y sólo podrá ser removido de sus funciones en términos de lodispuesto en el Título Cuarto de esta Constitución.Para ser Fiscal General se deberán cumplir los mismos requisitos que para ser Procurador General dela República.Artículo 105…f) Los partidos políticos, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electoralesemitidas por el Congreso de la Unión, la Constitución de los Estados o la ley que emita el Gobierno delDistrito Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de esta Constitución; mientras que lospartidos políticos con registro local, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de laConstitución estatal o a ley que emita el Gobierno del Distrito Federal, según corresponda conforme asu registro.……Las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicieel proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificacioneslegales fundamentales.Artículo 116. ……IV. Las Constituciones de los Estados de la República establecerán la duración de las campañas paratodos los puestos de elección popular, sin que puedan exceder de noventa días para la elección degobernador ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las campañasen ningún caso podrán durar menos de cuarenta y cinco días. Las precampañas no podrán durar másde las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes delos ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada
comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda.Lo establecido en el párrafo anterior será regulado conforme a la ley que expida el Congreso de laUnión con fundamento en la fracción XXIX-R del artículo 73 de esta Constitución, garantizando para talefecto que:Se derogaSe deroga.Se deroga.Se deroga.a) Los partidos políticos reciban en forma equitativa, financiamiento público para sus actividadesordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Delmismo modo se establecerá el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registroy el destino de sus bienes y remanentes.b) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en susprecampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones desus simpatizantes; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursoscon que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a lasdisposiciones que se expidan en estas materias;c) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por elapartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;d) Se fijen las reglas generales para las precampañas y las campañas electorales de los partidospolíticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan.Se deroga.e) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resolucioneselectorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen lossupuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentostotales o parciales de votación; yf) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos;yg) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones.Lo no previsto por la ley referida, se regulará en las Constituciones de los Estados.
VI. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.BASE PRIMERA.- …V….a) a e)…f) Expedir la ley que establezca la duración de campañas, la fórmula de asignación de diputadosplurinominales y demás disposiciones pertinentes, acorde a ley que emita el Congreso de la Uniónconforme a la fracción XXIX-R del artículo 73 de esta Constitución.La ley a que se refiere el párrafo anterior deberá de ser aprobada por dos terceras partes de losmiembros presentes de la Asamblea Legislativa.ARTÍCULOS TRANSITORIOSArtículo Primero.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el DiarioOficial de la Federación.Artículo Segundo.- El Congreso de la Unión deberá emitir la ley general que regulará a los partidospolíticos, así como la organización y desarrollo de las elecciones en el ámbito federal y de las entidadesfederativas, y los demás casos a que hace referencia el artículo 73 fracciones XXI y XXIX-R delpresente Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir de suentrada en vigor.Artículo Tercero.- El Congreso de la Unión, conforme a la ley general a que hace referencia el ArtículoSegundo Transitorio del presente Decreto deberá disponer lo necesario para la creación del InstitutoNacional Electoral, sujetándose a lo siguiente:a. La Cámara de Diputados, una vez que entre en vigor la ley general a que hace referencia elArtículo Segundo Transitorio del presente Decreto, deberá llevar a cabo, en un plazo que nopodrá exceder de ciento veinte días naturales, la convocatoria y elección, por las dos terceraspartes de los miembros presentes de dicha Cámara, de los comisionados electorales que habránde integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.b. En la convocatoria a que hace referencia el numeral anterior se deberá hacer mención de laconformación escalonada del Instituto Nacional Electoral, para lo cual, por única ocasión, loscomisionados que habrán de integrar dicho instituto serán designados de la siguiente manera:i) Elegirá como comisionados electorales a los consejeros electorales en funciones a la entradaen vigor de este Decreto, que concluirían su período el 30 de octubre de 2016, para el mismoplazo.ii) Elegirá como comisionados electorales a los consejeros electorales en funciones a la entradaen vigor de este Decreto, que concluirían su período el 14 de diciembre de 2020, para el mismoplazo.iii) Elegirá a tres comisionados electorales que terminarán su mandato el 15 de diciembre de
2018.Iv) Elegirá a tres comisionados para un período de nueve años.c. Los actuales consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del InstitutoFederal Electoral, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en suscargos hasta en tanto la Cámara de Diputados dé cumplimiento a lo dispuesto en el presenteartículo.d. En tanto se integra el Instituto Nacional Electoral que se crea en virtud del presente Decreto,conforme a lo dispuesto en este artículo, continuará en funcionamiento el Instituto FederalElectoral, con las atribuciones que le otorga el Código Federal de instituciones y ProcedimientosElectorales.Artículo Cuarto.-Con la entrada en vigor de la ley general a que hace referencia el Artículo SegundoTransitorio del presente Decreto, quedará abrogado el Código Federal de Instituciones yProcedimientos Electorales, y el Instituto Federal Electoral se transformará en Instituto NacionalElectoral, para lo cual todos los recursos financieros, materiales y patrimoniales, así como lostrabajadores adscritos a dicho Instituto pasarán a formar parte del nuevo Instituto Nacional Electoral.El personal del Instituto Federal Electoral que con motivo del presente Decreto deba ser objeto decambios en su adscripción de trabajo, conservará sus derechos laborales.Artículo Quinto.-Los procesos electorales federales o locales que se hubieren iniciado antes de laentrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento desu inicio.Artículo Sexto.-El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regule el funcionamiento yorganización de la Fiscalía General para la Atención de Delitos Electorales, en un plazo que noexcederá de ciento ochenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, y una vez que haya entrado en vigor la leyrespectiva, el Senado de la República deberá designar al Fiscal.Artículo Séptimo.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de noventa días naturales,posteriores a la expedición de la ley general a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio delpresente Decreto para reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y adecuarlo a lasdisposiciones contenidas en la citada ley.Artículo Octavo.- Los Congresos de los estados deberán reformar sus respectivas constituciones, a finde adecuarlas a las disposiciones contenidas en la ley general que para tal efecto emitirá el Congresode la Unión, en un plazo que no deberá exceder de noventa días naturales posteriores a su entrada envigor.Artículo Noveno.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá expedir la legislación secundariao reformar la ya existente para adecuarla a lo que disponga la ley general que expida el Congreso de laUnión, así como al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en un plazo que no deberá exceder de
noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la citada ley.Artículo Décimo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.México, Distrito Federal a 14 de mayo de 2013.ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYOLUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA1Schedler, Andreas. «The Nested Game of Democratization by Elections.» International PoliticalScience Review, 2002: 103-122.2Einsenstadt, Todd A. «Thinking Outside the (Ballot) Box: Informal Electoral Institutions and MexicosPolitical Opening.» Latin American Politics and Society, 2003: 25-54.3Epstein, Gil S., y Raphaël Franck. «Campaign Resources and Electoral Success: Evidence from the2002 French Parliament Elections.» Public Choice, 2007: 469-489.4Partin, Randall. «Assessing the Impact of Campaign Spending in Governors Races.» PoliticalResearch Quarterly, 2002: 213-233.5Stratmann, Thomas. «How Prices Matter in Politics: the Returns to Campaign Advertising.» PublicChoice , 2009: 357-377.
Omar Piñero
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