Source: http://www.revistapueblos.org/blog/2013/09/14/el-maquillaje-espanol-se-deshace/
Timestamp: 2017-10-23 18:46:39+00:00

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El maquillaje español se deshace | Revista Pueblos
Es necesario, sin embargo, hacer un breve repaso histórico para comprender mejor los inicios de nuestra situación democrática actual. Tras la muerte del General Franco, el rey Juan Carlos I dio el paso de iniciar el difícil cambio hacia un régimen democrático. Las estructuras franquistas empezaron a ser desmanteladas desde dentro mientras el sistema político español mutaba lentamente. La historia de nuestro país ha caminado durante treinta años a través de un sendero que muchos creían asentado y firme tras una Transición modélica que llevó al país hacia una Constitución, unas Cortes Generales, el voto de la población y los derechos fundamentales; en definitiva, hacia una Democracia plena.
Pero no todo lo modélico es bueno ni todas las democracias son perfectas. Y así, tras aproximadamente treinta años de andar democrático, los mitos se han derrumbado en sólo cinco años de recesión y posterior crisis económica. Cual tempestad desatada sobre nuestro país, España se ha visto llevada por un fenómeno económico que ha tenido efecto sobre todo el mundo pero ha afectado con especial incidencia a la Eurozona debido especialmente a la toma de decisiones de sus líderes. Siendo ésta una de las regiones del mundo más afectadas por la crisis, nuestro país es, a la vez, junto a Grecia, el país que sufre más paro de toda la Unión Europea[1]. Por lo tanto, España es uno de los países del mundo donde la virulencia de la crisis se ha sentido con más fuerza y ha afectado con terrible proporción a los propios cimientos de nuestro sistema.
Este fenómeno y todas sus consecuencias han traído también de la mano el advenimiento de una realidad que choca con una mentalidad inculcada en la mente de los ciudadanos españoles desde el inicio de nuestra democracia: La Democracia es el mejor de los sistemas políticos posibles.
En sólo cinco años hemos descubierto que nuestra modélica Transición fue en realidad un cambio de sistema político pero no de poder, ya que las clases altas que dirigieron el régimen franquista siguieron conservando su primacía sobre la sociedad y su mando político. La Constitución ha resultado insuficiente y cada vez está siendo más violada en sus aspectos esenciales. Las instituciones de nuestra democracia han sido vaciadas de contenido y sometidas a las especulaciones partidistas de los principales partidos mayoritarios. La ciudadanía, en definitiva, ha descubierto que no había estado viviendo en democracia, sino en un mito que ha mostrado su verdadero rostro con la llegada de una crisis que no es nuestra y que pretenden hacernos pagar.
El colofón final a todo este estado de excepción ha sido la decisión de las dos últimas legislaturas de los dos principales partidos políticos de vender el país y sus ciudadanos. Y si nos remontamos más atrás todavía, descubrimos que ni siquiera nuestro propio sistema es legítimo, puesto que está asentado sobre las decisiones finales de un dictador llegado al poder de forma ilegítima que eligió por decisión propia a un rey que nunca ha preguntado la aceptación de sus españoles.
A toda esta crisis de legitimidad que España está sufriendo se le añade una crisis de credibilidad por parte de los españoles hacia las instituciones europeas. A nivel europeo, no sólo todas las democracias están perdiendo soberanía y gobernabilidad a favor de una soberanía europea cada vez mayor o mayores organismos supranacionales que escapan al control de los votantes como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, sino que esta nueva soberanía europea tampoco está retribuyendo ese poder de nuevo a los países que cedieron sus cotas de poder. Por lo tanto, tras mostrar un apego europeísta en los años de bonanza, cada vez más españoles creen que Europa se ha convertido en un enemigo que les roba poder e impone las directrices necesarias para superar la crisis a costa de las vidas de los ciudadanos.
A modo de ejemplo, la Unión Europea impuso los primeros ministros de Italia y Grecia, Mario Monti y Lucas Papademos, respectivamente. En el caso de estos dos países, las elecciones quedaron relegadas a segundo plano a favor de las figuras de dos tecnócratas cuyos objetivos eran sanear los problemas económicos de ambos países. Por otro lado, en todos los países de Europa los parlamentos nacionales han quedado convertidos en cajas de resonancia de la política europea y la Comisión Europea en la garante del correcto funcionamiento económico de los estados. De esta manera, las fronteras políticas entre los parlamentos nacionales y la Unión Europea se difuminan paulatinamente y ésta con Alemania al frente asume competencias que hasta hace poco le estaban restringidas. Ha acaparado, en definitiva, la política monetaria y fiscal de los países de su Eurozona y se ha convertido, junto a dichos organismos supranacionales, en el gendarme de todos sus países que la integran. Hemos quedado finalmente atrapados en la red que los propios países europeos diseñamos.
Los efectos de tal política europea tienen especial incidencia también en España, ya que en los últimos años se ha demostrado que nuestra propia democracia española adolece de varios puntos esenciales que hacen que sea imposible pensar que el sistema en el que vivimos sea una verdadera democracia libre, puesto que la UE también se inmiscuye cada vez más en nuestra política igual que con el resto de países que la componen.
El más claro ejemplo de toda esta política de inclusión nacional es el momento en que fue retocado el Artículo 135 de la Constitución Española un día de Agosto de 2011 en un despacho cerrado. Esta forma de actuar choca frontalmente con el Apartado 1 del Artículo 167 de nuestra misma Constitución, donde se especifica que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
La intromisión continua de la UE provoca a la vez que los partidos políticos gobernantes o en la oposición asuman programas que se difuminan en los ecos políticos de la Unión y, de esta manera, pierdan sus programas y también consecuentemente a sus votantes. Así pues, tras el total giro de las políticas de Zapatero bajo la orden de la Unión en el año 2010 con sus consecuencias nefastas para la economía española y para la sociedad en general, el gobierno de Mariano Rajoy ha acentuado esta tendencia al pedir el rescate financiero con una línea de crédito de 100.000 millones de euros y condenar al pueblo español a pagar una deuda no correspondida que pasó de privada a pública. Por otro lado, los recortes en Sanidad y Educación derivados de dichos recortes impuestos desde fuera han motivado que miles de ciudadanos salgan a la calle como oposición a las duras condiciones a que está siendo avocados.
Ambos partidos políticos han tenido que aceptar las directrices de Europa y someterse a los dictados de la Unión en detrimento de sus propias ideas políticas. En el Artículo 92 de nuestra constitución está establecido que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Sin embargo, no ha ocurrido así.
Esta forma de actuar provoca además otra pregunta añadida. La Constitución establece que la soberanía de España emana de los españoles. Sin embargo, ¿de dónde vienen las medidas de austeridad adoptadas por los últimos gobiernos españoles? ¿Qué papel tienen el FMI, la Unión Europea o el Banco Mundial en España? Nos encontramos, pues, con dos niveles de representación completamente separados que son el conjunto de la ciudadanía española por un lado y los organismos europeos o mundiales por otro. Y, como bisagra entre ambos, hallamos los políticos que hacen de intermediarios y que sirven a estos poderes nunca elegidos por la población española.
Todos estos ajustes económicos han provocado que los niveles de renta se sitúen nuevamente en los equivalentes a los de 2002, por lo que los expertos ya hablan de una década perdida[2]. Asimismo, España se ha convertido en el país más desigual de la Zona Euro. Esto además nos habla de unas políticas públicas que en época de bonanza no fueron reforzadas puesto que, a la llegada de una crisis económica que ha afectado a todos los países en general y a España con más fuerza en particular, el sistema social en el que vivíamos se ha derrumbado.
Los problemas europeos se han añadido a los problemas ya existentes en España que se han acentuado con la emergencia de la crisis. Hay un hecho capital a resaltar en el sistema político español actual. La Constitución Española ideó en la Transición un nuevo sistema político en el que los partidos se integraban bajo la égida del Estado. Al ser los partidos subvencionados por el Estado español, se convertían en otra parte más de éste y dejaban de representar al ciudadano para representar al Estado.
Necesario es añadir también la existencia de una ley electoral que supone lo más parecido a un “pucherazo” adaptado a la actualidad, una maniobra para conseguir que se mantengan grupos de poder tradicionales asentados sobre un sistema cuasi bipartidista. Esta ley supone que no haya un gobierno más plural debido al arrinconamiento de pequeños y medianos partidos y que se conviertan los partidos regionales en bisagras políticas de los dos principales partidos.
Asimismo, es deber resaltar la acentuación del carácter despótico de las últimas legislaturas que hemos sufrido en el país. Tras las elecciones del 20 de Noviembre de 2011 y los meses posteriores, el Partido Popular ha acumulado tal poder que Mariano Rajoy se ha convertido en el presidente del gobierno con más poder de la historia de la democracia española. El PP cuenta con una oposición casi invisible, dirige RTVE con una persona afín en su dirección, gobierna en 11 de las 17 comunidades autónomas y la mayoría de los ayuntamientos de España, suma 185 escaños de los 350 de los que se compone el Congreso de los Diputados y 161 puestos de los 265 que componen el Senado, controla el Consejo General del Poder Judicial, controlará en Septiembre 7 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional y su presidente, Francisco de los Cobos, se halla afiliado al PP[3]. Toda mayoría absoluta es mala, pero es nefasta si ésta controla además todas las instituciones de un país en su completa totalidad.
A esto debemos añadirle un matiz especial a la dirección de este Ejecutivo. La Constitución establece un Congreso de los Diputados para crear leyes y un Senado para ratificarlas. ¿Dónde está el Senado hoy día en España? Lo que tenemos en nuestro país es un Congreso de los Diputados dominado por la mayoría absoluta de un partido que está llevando a cabo leyes de acuerdo a su ideología política (medidas de carácter conservador y reaccionario como el intento de revocación del matrimonio homosexual o la nueva ley educativa) o de acuerdo a las órdenes de Europa. Ya no hay Senado. La solución pasaría no por eliminar el Senado, sino por reciclarlo y convertirlo nuevamente en un órgano que realmente sea un contrapeso frente al Congreso de los Diputados para consecuentemente disfrutar de dos cámaras de equidad democrática.
La Constitución establece el decreto-ley como norma puntual en el caso de situaciones de extrema necesidad. Si la mayoría de leyes que lleva a cabo el Congreso de los Diputados son aprobadas en forma de decreto-ley, ¿vivimos bajo un permanente estado de excepción? Lo que demuestran todos estos hechos es que el poder democrático se atenúa cada vez más en menos manos mientras se acentúa el carácter tiránico del partido o la figura principal del partido. Relevante es que en un sistema donde un partido gobierna con mayoría absoluta sin ningún tipo de explicaciones sea necesario utilizar constantemente el decreto-ley para llevar a cabo unas reformas que no contarán con oposición alguna. De esta manera, el actual partido gobernante consigue a la vez escapar al debate público.
Reflexionemos acerca de todo esto a través de un ejemplo final: ¿Qué diferencia habría si cambiáramos todos los políticos y el sistema político actual por una persona elegida cada cuatro años que decida hacer las leyes según lo que ésta cree conveniente para el país? ¿Nosotros notaríamos realmente algún cambio en nuestro día a día y en nuestra capacidad decisoria como ciudadanos?
Podemos afirmar sin miedo que en España no hay representación de la ciudadanía. Votamos a representantes que ni siquiera hemos elegido, hacen leyes alejadas totalmente del pueblo, han vaciado las instituciones de contenido para someterlas a su control y controlan los medios de comunicación, el sistema judicial, ejecutivo y legislativo y la violencia necesaria para llevar a cabo el control del país. El Estado español no es un sistema democrático, sino un sistema regido por la tiranía de los partidos. ¿Cuáles son, pues, las diferencias con una dictadura?
Añadir finalmente que dicha situación establecida en la Constitución ha provocado consecuentemente la ascensión y formación de la clase política, una clase social superior al resto de la sociedad. Nuestro país sufre las consecuencias de mantener a un grupo de poder, a una completa pero minúscula sociedad, asentada con el paso de los años sobre el resto mayoritario de otra. Los políticos son una clase superior y privilegiada que trabaja para sí misma levantada sobre las desigualdades de otra no privilegiada y explotada. La financiación privada de los partidos supone que éstos se vuelquen en intereses privados, no en intereses reales de la sociedad. Son un grupo de poder cuyas decisiones no dependen de las nuestras. Por lo tanto, es lógico afirmar sin problemas que no nos representan, ya que los ciudadanos han perdido toda capacidad de decisión y se hallan en las manos de sus propios gobernantes.
Necesario sumar a todo esto que la corrupción política se ha extendido como un cáncer por todas las instituciones del Estado hasta llegar incluso a salpicar a la propia hija del rey y a su marido. A medida que la burbuja inmobiliaria iba en aumento, la falta de transparencia de partidos, instituciones y ayuntamientos provocó una relajación de la transparencia que finalmente ha devenido en una opacidad total de las instituciones. Éstas además han sido usurpadas por los partidos políticos de forma sistemática. Podemos sustraer entre varios ejemplos la dirección y el devenir de RTVE, las cajas de ahorro o muchas instituciones cuyos directivos han sido colocados de manera no democrática por los partidos gobernantes de cara a favorecer un mayor control de éstas.
La transparencia se ha tornado opaca. Decenas de acusados por corrupción siguen disfrutando de sus cargos con total impunidad frente a una mayoría de ciudadanos cuyas rentas cada vez más pobres no les permite llegar a fin de mes. Las instituciones se han convertido en instrumentos de los partidos políticos con una impunidad total frente a los ciudadanos. Decisiones tan importantes como el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña o la Ley del Matrimonio Homosexual pasaron por el Tribunal Constitucional a fin de que pudieran ser obstaculizadas debido a diferencias ideológicas entre los partidos[4].
Necesario esgrimir también el monopolio de la violencia de la que han hecho uso nuestros gobernantes. Lo que empezó con la represión de la huelga de los camioneros por parte del gobierno de Zapatero, continuó con el gobierno del Partido Popular durante las protestas estudiantiles de la llamada Primavera valenciana y tuvo su punto álgido con el 25-S y luego el 25-A frente a las puertas del Congreso de los Diputados. La violencia unida a la represión ha sido una constante en los últimos años de Democracia ante unos gobiernos que comprenden que la única forma de acallar los problemas es a través de la violencia. Sin embargo, ignoran que la violencia genera a la vez más violencia y una mayor desafección ciudadana.
En el Artículo 15 de la Constitución queda especificado que todos los españoles tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral y nadie puede ser sometido a un trato inhumano. Sin embargo, la represión feroz ejercida por ambos gobiernos en los casos ya nombrados es el mejor reflejo de cómo la represión y, por lo tanto, el daño a la integridad física sigue estando bien presente en nuestra sociedad. Y en relación a esto, en el Artículo 21 se reconoce el derecho de todos los españoles a la reunión pacífica y sin armas. Así pues, ¿qué fueron las concentraciones de protestas en Valencia a favor de la educación o la convocatoria de rodear el Congreso en Septiembre como símbolo de la recuperación de la soberanía? Nunca hubo alteración del orden público. ¿Por qué, entonces, fueron reprimidas con tanta brutalidad?
También la constitución española establece en su Artículo 104 que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas mismas fuerzas se están lanzando contra los ciudadanos violando su propia seguridad para mantener, en cambio, la seguridad del gobierno.
No hemos de olvidar que la violencia no es sólo física, puesto que también hay una violencia institucional ejercida desde las instituciones del propio estado cuando se imponen tasas judiciales a los ciudadanos no pudientes, se discriminan ciertos ciudadanos de algunos servicios sanitarios por razones ideológicas[5] o, en definitiva, se les tapona todas las salidas a los ciudadanos hasta el punto de que estos han de llevar la política a las calles del país, tal como está ocurriendo hoy día. Ni siquiera la Constitución contempla algunas de estas medidas tomadas desde arriba, pues el Artículo 119 especifica claramente que la justicia será gratuita respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Todo este sistema político que tan bien se ha mantenido durante treinta años está fracasando en puntos sociales esenciales tales como proteger y dar cobijo a sus ciudadanos.
Los recortes que empezaron en Mayo de 2010 con Zapatero se han incrementado con el gobierno popular en varios frentes tales como la Educación o la privatización paulatina de la sanidad, así como la exclusión de algunos medicamentos cubiertos por el sistema de salud. Ante el agujero hallado en Bankia, el gobierno se vio forzado a pedir un rescate parcial a la Unión Europea[6] que trajo a la vez medidas impopulares nefastas para los españoles que condenan familias enteras a un ajuste de sus ahorros al borde de la ruina. Los Presupuestos Generales del Estado para I+D+i se han reducido en un 25%[7]. Las únicas soluciones adoptadas frente a la crisis que el gobierno ha creído viables han sido principalmente el aumento del IRPF o del IVA. En definitiva, el endeble sistema de bienestar asentado paulatinamente en España se está desmantelando rápidamente en sólo unos pocos años.
Por otro lado, la reforma laboral emprendida con Zapatero ha continuado en la misma línea desigualitaria con el gobierno de Mariano Rajoy, el cual ha profundizado en el abaratamiento del despido y en la reducción de la capacidad negociadora de los sindicatos. Sin embargo, ninguna de estas reformas laborales ha supuesto el fin del incremento de la tasa de paro. Más bien al contrario. Lo que esto demuestra es que el aumento del paro ha sido la excusa perfecta para las reformas necesarias en provecho de la clase política. Todas estas medidas salvajes han recrudecido todavía más las condiciones de vida de muchas familias de gran parte de la sociedad.
España, además, es uno de los países más desiguales de la Unión Europea[8]. Miles de familias se han empobrecido a costa de unas rentas familiares que han descendido ferozmente desde el inicio de la crisis. Sin embargo, hemos visto un aumento en las rentas de mayor capacidad económica que se han recuperado y no han dejado de enriquecerse desde el inicio de ésta. Además de eso, hemos de sumar un hecho esencial que es que, mientras miles de personas están siendo expulsadas de sus casas, los bancos reciben rescates millonarios para financiar sus cuentas. En definitiva, vivimos en un sistema político donde el Estado abandona a sus ciudadanos y estos han de encargarse de sus propias vidas.
En el Artículo 14 de nuestra constitución se establece que los españoles son iguales ante la ley sin distinción de su nacimiento, opinión, religión, condición o circunstancia personal o social, etc. Sin embargo, las políticas que nuestros gobernantes están llevando a cabo están socavando la credibilidad de dicho artículo, pues la brecha social entre clases altas y bajas se refleja cada vez más en nuestro día a día. Además de eso, el recorte de becas, la retirada de ayudas para la discapacidad o incluso el permanente control del Parlamento por parte de los partidos provoca ese distanciamiento entre clases altas y bajas que la Constitución niega rotundamente en sus inicios. Nuestros gobernantes deberían trabajar para lograr la igualdad de todas las capas sociales y de todos los españoles. Sin embargo, a pesar de que claramente el pueblo se ha lanzado a la calle demostrando que pide más cotas de poder y una situación más igualitaria para todos, la ceguera a la que han optado someterse los supuestos representantes del pueblo ha sido la tónica dominante.
Además de eso, debido a los desahucios decenas de personas sigue suicidándose como última medida ante una vida vivida provisionalmente y que ahora termina con la expulsión de sus casas. Los desahucios manchan las manos del PSOE y del PP, gobiernos ambos que han continuado los desahucios a pesar de las manifiestas quejas de sus ciudadanos. Estos suicidios han sido provocados por culpa de ambos gobiernos a través de sus instituciones y esto los convierte en los únicos culpables de la muerte de esas personas.
A pesar de especificar claramente en el Artículo 47 de la Constitución que todo español tiene derecho a una vivienda digna y en el Artículo 33 que nadie puede ser privado de sus bienes a menos que sea por causas de utilidad pública o interés social, todavía sigo buscando un interés social a los desahucios y robo de las viviendas que los bancos en unión con las autoridades les hacen a los ciudadanos. Echar a las familias de sus viviendas no tiene ninguna utilidad social o pública, sino un claro robo de la dignidad. Además, esto significa la violación de la Constitución por parte de los grupos políticos. Todos participan de eso: los que gobiernan en el Congreso hoy en día y la oposición que calla. Porque callar también es participar.
Las cuestiones que se nos plantean acuden inmediatamente a nuestra mente: ¿hemos de seguir apoyando este tipo de sistema violento y autoritario? ¿Es legítimo el trato inhumano que sufrimos por parte de nuestros gobernantes?
En una dictadura no hay libertad. La libertad acaba cuando un grupo de poder somete a los ciudadanos convertidos entonces en siervos. Levantar la porra contra los ciudadanos que se manifiestan es represión y la represión es el arma de las dictaduras. No nos dejemos engañar: en este país se calla a las personas que intentan levantar sus voces contra las tiranías y las injusticias.
La Historia nos enseña valiosas lecciones que no deberíamos olvidar. Si recordamos la crisis de fin de siglo que sufrió nuestro país a finales de siglo XIX y principios de siglo XX podríamos entender muchos de los hechos esenciales que luego ocurrieron.
La pérdida de nuestras últimas colonias ultramarinas inició el declive del sistema de la Restauración. Al igual que en la actualidad, dos grandes partidos se repartían el poder, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Sin embargo, ninguno de ellos tenía ningún contacto real con la sociedad a la que gobernaban. De esta manera, la brecha entre la sociedad y las instituciones políticas se abría paulatinamente al igual que la brecha entre nuestros partidos y la sociedad se ensancha en la actualidad cada vez con más fuerza. Hoy día, las voces de la regeneración política crecen al tiempo que la ciudadanía pide un cambio de sistema y algunas personas (un 19% de españoles)[9] defienden la idea de un gobierno autoritario para solucionar los problemas del país.
El fin de los problemas aconteció nominalmente con el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera al poder. Tras el agonizante sistema de la Restauración y dicha dictadura, a España le sucedió la breve II República, incapaz de solucionar unos problemas que crecían imparables por no haber sido detenidos anteriormente. Y a ésta le siguió la Guerra Civil Española tras la cual se asentó la dictadura de Franco durante casi cuarenta años. La Historia debería enseñarnos cuáles son nuestras responsabilidades, pues al igual que en nuestras propias vidas personales, cuando renunciamos a luchar en la vida ciudadana y dejamos las decisiones en manos ajenas, tarde o temprano acabamos sufriendo sus consecuencias.
Es peligroso que algunos sectores del Estado opinen desde un punto de vista supuestamente patriótico que su deber es salvar a España, puesto que en ese momento hay que hacer todo lo posible para apartarlos de la vida pública. España no es su bandera, su himno, sus símbolos y sus representantes; España es su población. Y la mayoría de los españoles o inmigrantes que viven y trabajan aquí sufren las consecuencias de una triple crisis que nunca buscaron. No se es patriótico cuando la mayoría de la población está viendo mermadas sus condiciones de vida bajo la atenta y complaciente mirada de los gobiernos y las instituciones.
A pesar de que familias enteras están siendo avocadas a la ruina y a la precariedad, de que muchas personas han decidido suicidarse ante el escenario tan funesto al que se enfrentaban, de la precariedad y el paro de los jóvenes y de las dudas esgrimidas por expertos de la verdadera validez política a medio y largo plazo de la austeridad, ambos gobiernos han continuado dicha senda haciendo caso omiso a la ciudadanía y a los expertos. Y la ciudadanía ya está agotada desde hace años.
El FMI recula en sus especulaciones y sitúa 2015 como el año de una tímida recuperación para España[10]. Todavía no hemos llegado a 2015 y no sabemos cuándo pueden variar de nuevo las estimaciones. ¿Cuánto hemos de esperar para el inicio del crecimiento? ¿Cuánto hemos de esperar para la recuperación total del país? Y cuando esto ocurra, ¿podremos seguir tal como estábamos antes de este fenómeno? En mi opinión, la respuesta es negativa. En la Historia no hay pasos atrás y, cuando se intentan llevar a cabo, siempre llevan aparejados ciertos desequilibrios que acaban finalmente estallando.
La falta de Democracia que atenaza este país no es sólo coyuntural, sino sistémica. En otras palabras, la falta de Democracia no deriva de la presencia del PP en el poder, sino que ocurriría con cualquier partido presente en el Congreso de los Diputados. La solución no es cambiar el partido gobernante, sino cambiar el propio sistema en el que vivimos. España sufre de una dictadura disfrazada de democracia, un lobo disfrazado de cordero.
Aceptamos estos comportamientos debido a que estamos acostumbrados a aceptar el rol de gobernantes y gobernados pero sólo la costumbre no da la legitimidad. Ante un sistema que no es legítimo, no es necesaria la obediencia. El miedo es innecesario. Sufrimos miedo porque nos enfrentamos a una situación que nunca antes hemos contemplado pero el abismo no es el caos, sino las posibilidades de algo nuevo.
El hielo ya se está resquebrajando en los círculos superiores de poder y amenaza con alcanzar lentamente más instituciones. A modo de ejemplo, España está rompiendo poco a poco el férreo bloque bipartidista que tan inoculado estuvo en la mente de los españoles durante tantos años. Hoy día conviven 18 partidos en el Congreso de los Diputados mientras el desgaste de un PP en un gobierno ya expirado el primer año y un PSOE en una oposición invisible se hace cada vez más evidente. Por otro lado, los pequeños logros que los ciudadanos están consiguiendo extraer de los bancos demuestran que sólo la lucha social hace posible el cambio. Lo más importante es pensar que los pequeños logros siempre son los inicios de algo mucho mayor.
Hay motivos para la esperanza también entre el pueblo, puesto que el país lentamente empieza a levantarse. Las mareas han dejado atrás a los sindicatos tradicionales en su lucha por los derechos de los trabajadores y ciudadanos. Los escraches y las luchas contra los desahucios van in crescendo de la mano de una ciudadanía cada vez más manifiestamente proclive al voto en blanco ante la ineficacia y el engaño de unos gobiernos que han convertido la excepción en la regla al gobernar el país a base de decretos-ley y al utilizar la violencia para sofocar las protestas.
El único punto donde hemos de ser precavidos es en no caer en las manos equivocadas. Durante todo este proceso de anestesia social, los españoles hemos perdido una parte esencial de nuestra vida como ciudadanos: el sentimiento comunitario y la conciencia cívica. Es necesario asumir de nuevo estos dos deberes ciudadanos. Un voto es un arma demasiado poderosa como para utilizarse indiscriminadamente a modo de venganza. En los últimos años hemos contemplado la ascensión de partidos populistas cuyas principales bazas son las críticas a un sistema agotado pero que no ahondan mucho más allá o no son capaces de especificar su propia tendencia política. Hemos de ser precavidos, pues los populismos de partidos de nuevo cuño y sus mensajes atractivos hunden sus raíces en la desesperación de los ciudadanos que escuchan los que su desesperación quiere escuchar.
La verdadera lucha es la social y la comunitaria. Sólo la unión total de todos los ciudadanos, de todas las mareas ciudadanas, de todas las huelgas parciales y divididas, de todas las asociaciones, supone la asunción de una verdadera conciencia cívica que nos lleve al cambio de este sistema obsoleto. Entonces, ¿a qué estamos esperando?
Javier Alpáñez. Más artículos del autor en el blog www.retrovisorazul.blogspot.com.
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References: Artículo 135
 Artículo 167
 Artículo 92
 Artículo 15
 Artículo 21
 Artículo 104
 Artículo 119
 Artículo 14
 Artículo 47
 Artículo 33