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Timestamp: 2016-07-26 17:59:50+00:00

Document:
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud P�blica.
Vigencia desde 06 de Octubre de 2011. Esta revisi�n vigente desde 29 de Marzo de 2014
Vigente desde 6/Octubre/2011 hasta 29/Marzo/2014
Código Civil comentado y con jurisprudencia. 8ª edición Xavier O\'Callaghan Muñoz Más info
Disposiciones generales. La pol�tica de salud p�blica
��mbito de la ley
Principios generales de la salud p�blica
�De los principios generales de acci�n en salud p�blica
Derechos, deberes y obligaciones en salud p�blica
�Derecho de participaci�n
�Derecho a la igualdad
�Derecho a la intimidad, confidencialidad y respeto de la dignidad
Obligaciones de las Administraciones p�blicas
�Informaci�n p�blica sobre riesgos para la salud de la poblaci�n
�Colaboraci�n en salud p�blica e imparcialidad en las actuaciones sanitarias
Actuaciones de salud p�blica
La vigilancia en salud p�blica
�De la vigilancia en salud p�blica
�Articulaci�n de la vigilancia en salud p�blica
�De las competencias en Vigilancia en salud p�blica del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad
�Recursos para la salud p�blica
�La promoci�n de la salud
�Comunicaci�n en salud p�blica
Prevenci�n de problemas de salud y sus determinantes
�La prevenci�n de problemas de salud
�Actuaciones espec�ficas sobre cribados
�Reconocimientos sanitarios previos
La coordinaci�n de la promoci�n de la salud y la prevenci�n de enfermedades y lesiones en el Sistema Nacional de Salud
�La prevenci�n de enfermedades y la promoci�n de la salud en los servicios sanitarios
�De la colaboraci�n entre los servicios asistenciales y los de salud p�blica
�De la colaboraci�n de otros centros y establecimientos sanitarios con la salud p�blica
La gesti�n sanitaria como acci�n de salud p�blica
�Car�cter y objetivos de la gesti�n sanitaria
�La gesti�n sanitaria en el �rea de Salud
Protecci�n de la salud de la poblaci�n
�Las actuaciones de protecci�n de la salud
�Caracter�sticas de las actuaciones de protecci�n de la salud
�Autorizaci�n sanitaria y registros
�De la sanidad ambiental
�Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad en el �mbito de sanidad ambiental
�La actuaci�n sanitaria en el �mbito de la salud laboral
�Participaci�n en salud laboral
Evaluaci�n del impacto en salud de otras pol�ticas
�La evaluaci�n del impacto en salud
�Finalidad de la sanidad exterior
�Funciones de sanidad exterior
�De las actuaciones en sanidad exterior
�Acciones en materia de salud internacional
Sistema de Informaci�n en Salud P�blica
�Sistema de Informaci�n en Salud P�blica
�Organizaci�n de los sistemas de informaci�n
�Datos b�sicos y comunicaci�n de la informaci�n
�Seguridad de la informaci�n
La planificaci�n y coordinaci�n de la salud p�blica
�Estrategia de Salud P�blica
�Creaci�n y composici�n del Consejo Asesor de Salud P�blica
�Comit� Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
�Centro Estatal de Salud P�blica
El personal profesional y la investigaci�n en salud p�blica
Formaci�n y desarrollo profesional en salud p�blica
�Principios generales para el ejercicio de las actividades de salud p�blica
La investigaci�n en el desarrollo de las pol�ticas de salud p�blica
�Prioridades de la investigaci�n en salud p�blica
�Promoci�n de la investigaci�n en salud p�blica
�Comunicaci�n de los resultados de la investigaci�n en salud p�blica
�La Autoridad Sanitaria estatal
�Agentes de la Autoridad Sanitaria estatal
�Medidas especiales y cautelares
�Infracciones y r�gimen sancionador
��rganos competentes para imponer sanciones en materia de salud p�blica
�La especializaci�n en salud p�blica de las profesiones sanitarias
�La salud p�blica en las Fuerzas Armadas
�La salud p�blica en las Instituciones Penitenciarias
�Del Centro Estatal de Salud P�blica
�Extensi�n del derecho a la asistencia sanitaria p�blica
�Regulaci�n de la psicolog�a en el �mbito sanitario
L 3/2014 de 27 Mar. (modificaci�n del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el RD Leg 1/2007, de 16 Nov.) Ocultar / Mostrar comentarios N�mero 6 de la disposici�n adicional s�ptima introducido por el n�mero Uno de la disposici�n final octava de la Ley 3/2014, 27 marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el RD Leg 1/2007, 16 noviembre (�B.O.E.� 28 marzo). Las disposiciones de la citada Ley ser�n de aplicaci�n a los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir de 13 junio de 2014.
N�mero 7 de la disposici�n adicional s�ptima introducido por el n�mero Uno de la disposici�n final octava de la Ley 3/2014, 27 marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el RD Leg 1/2007, 16 noviembre (�B.O.E.� 28 marzo). Las disposiciones de la citada Ley ser�n de aplicaci�n a los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir de 13 junio de 2014.
Los servicios sanitarios resultan imprescindibles para dar respuesta a los problemas de salud de la colectividad, pues consiguen atenuar los perjuicios de las enfermedades y permiten que se pueda recobrar la salud perdida y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas. Pero no es el dispositivo asistencial el principal condicionante de nuestro nivel de salud, la salud se gana y se pierde en otros terrenos: antes del nacimiento pueden producirse exposiciones a distintos factores que de forma indeleble determinen la salud futura, y desde el nacimiento hasta la muerte se van acumulando experiencias vitales positivas o negativas que perfilan la salud. El entorno familiar, la educaci�n, los bienes materiales, las desigualdades sociales y econ�micas, el acceso al trabajo y su calidad, el dise�o y los servicios de las ciudades y barrios, la calidad del aire que se respira, del agua que se bebe, de los alimentos que se comen, los animales con los que convivimos, el ejercicio f�sico que se realiza, el entorno social y medioambiental de las personas, todo ello determina la salud. Las acciones de gobierno, a cualquier nivel, las intervenciones p�blicas o privadas, tienen en mayor o menor grado repercusiones sobre la salud. De ah� que el enfoque de la salud p�blica actual se dirige a conformar acciones que rebasan el �mbito de los servicios sanitarios y por tanto requieren nuevas formas de organizaci�n.
La Constituci�n Espa�ola de 1978 dio un paso clave en el camino de la mejora de la salud de la poblaci�n al reconocer en su art�culo 43 el derecho a su protecci�n, encomendando para ello a los poderes p�blicos la organizaci�n y tutela de la salud p�blica a trav�s de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. En su art�culo 51, estableci� la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los leg�timos intereses econ�micos de los mismos.
El derecho a la protecci�n de la salud reconocido en la Constituci�n se interpret� usualmente como derecho a recibir cuidados sanitarios frente a la enfermedad. Por ello, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, uno de los hitos fundamentales en nuestro esfuerzo organizado por hacer efectivo el derecho a la protecci�n de la salud, estableci� como uno de los principios generales en su art�culo 3 que el sistema sanitario se orientase prioritariamente hacia la prevenci�n y la promoci�n de la salud.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi�n y calidad del Sistema Nacional de Salud, dispuso las bases para una prestaci�n asistencial de calidad por los servicios sanitarios. Este imprescindible desarrollo legislativo se orient� fundamentalmente a la importante tarea de ordenar y coordinar las actividades de la asistencia sanitaria, sin embargo, los esfuerzos que el conjunto de la sociedad debe hacer para asegurar un buen estado de salud mediante la prevenci�n de la enfermedad y la promoci�n de la salud no se han desarrollado de igual manera.
Los poderes p�blicos han de asegurar y mejorar la salud de la poblaci�n, la actual y la futura, entendiendo la inversi�n en salud como una contribuci�n decisiva al bienestar social, tanto por el efecto neto de la ganancia en salud como por la contribuci�n a la sostenibilidad de los servicios sanitarios y sociales, sin olvidar la contribuci�n a la sostenibilidad general por el aumento de la productividad asociada a la salud y por el efecto positivo que las pol�ticas de cuidado del medio tienen en el entorno y en la salud humana. La excelente respuesta que hemos dado al requerimiento constitucional de protecci�n de la salud desde la vertiente del cuidado de las personas enfermas, debe ahora complementarse con la vertiente preventiva y de protecci�n y promoci�n de la salud.
La salud de la poblaci�n espa�ola no s�lo se ha beneficiado de unos servicios sanitarios de calidad y de la excelencia de los profesionales que en ellos trabajan, tambi�n lo ha hecho de su entorno, su clima, su entramado social y familiar, su alimentaci�n y de muchos otros factores que han contribuido a situarla entre los pa�ses con mejores indicadores de salud del mundo. Pero hay nuevas realidades que atender que nos recuerdan que una sociedad avanzada debe pensar en la poblaci�n del futuro, sin esperar a solucionar los problemas cuando sus servicios sociales y sanitarios ya no puedan dar respuestas. El creciente envejecimiento de la poblaci�n, el aumento de familias monoparentales, el debilitamiento de las redes familiares y sociales acentuados por urbanismos dispersos, la globalizaci�n y sus riesgos emergentes, el consumismo, el uso creciente de las nuevas tecnolog�as, el modo de vida sedentario, los efectos del cambio clim�tico o la inmigraci�n, son algunos de estos nuevos fen�menos sociales. Nuevas realidades que conviven con otras que no por m�s antiguas est�n del todo resueltas, como la discapacidad intelectual, la salud mental, la plena integraci�n de grupos �tnicos minoritarios, la reclusi�n penitenciaria o las distintas situaciones de exclusi�n social. Los servicios sanitarios y sociales s�lo ser�n sostenibles si aseguramos para nuestra poblaci�n los mejores niveles de salud y autonom�a posibles en todos los tramos de la vida y con la garant�a de la m�xima igualdad.
La b�squeda de la salud debe ser una tarea solidaria y compartida que no reconozca fronteras. Este aspecto cobra singular importancia en el mundo globalizado del siglo XXI, marcado por profundas desigualdades que siguen un patr�n social entre pa�ses y dentro de los propios pa�ses, y hace de la aspiraci�n a la equidad no s�lo un fin, sino un medio para lograr una mejor salud para todas las personas. La equidad es al fin y al cabo consustancial a la salud y s�lo las sociedades que procuran la igualdad consiguen buenos resultados en salud. Hoy las amenazas a la salud p�blica en el �mbito internacional no pueden detenerse o prevenirse mediante una sanidad de fronteras, de contenci�n. Son la cooperaci�n y la solidaridad las principales acciones de prevenci�n, de ah� que no pueda abordarse la salud p�blica de cualquier territorio sin considerar la acci�n internacional como parte integrante de la pol�tica nacional de salud p�blica.
El objeto de esta ley es dar una respuesta completa y actual al requerimiento contenido en el art�culo 43 de la Constituci�n Espa�ola y, en consecuencia, tratar de alcanzar y mantener el m�ximo nivel de salud posible de la poblaci�n. La salud, definida como una forma de vivir aut�noma, solidaria y gozosa, proporciona junto con la educaci�n las mejores oportunidades para que una sociedad tenga bienestar. Por ser aut�noma, la salud reconoce la libertad de escoger siendo consciente de las consecuencias, para lo cual hay que proporcionar una educaci�n que asegure la capacidad cr�tica, la posibilidad de madurez democr�tica y participativa. Al fin y al cabo, educaci�n y salud conforman parte de la materia prima que sustenta una sociedad democr�tica. Ambas se relacionan �ntimamente y facilitan el deseable bienestar social y el necesario desarrollo econ�mico sostenible. Existe suficiente conocimiento cient�fico para poder asegurar que un alto nivel de salud mejora la productividad en todos los �mbitos analizados, de ah� que la inversi�n en salud, incluyendo la inversi�n en las estructuras que aseguran la salud de la poblaci�n, sea una de las pol�ticas p�blicas m�s rentables y, si adem�s respeta la equidad efectiva, esencialmente justa.
Alcanzar las mayores ganancias de salud, objeto de esta ley, requiere que la sociedad se organice de forma que se fomente, proteja y promueva la salud de las personas, tanto en su esfera individual como colectiva, y que ello se haga desde el riguroso conocimiento cient�fico y con la anticipaci�n necesaria. Esta organizaci�n de la sociedad requiere un sistema de salud p�blica que a�ne, coordine y medie en tres �mbitos de acci�n: 1) el propio de los dispositivos de salud p�blica; 2) las acciones de prevenci�n y promoci�n de la salud en los servicios sanitarios, y 3) las acciones y programas que, sin ser sanitarios, tienen efecto sobre la salud y que gestionados adecuadamente pueden alcanzar sus objetivos primarios asegurando al tiempo los mejores resultados en salud.
Los dispositivos de salud p�blica, especializados en la salud de la colectividad, vigilan el estado de salud de la poblaci�n y sus determinantes, advirtiendo de las potenciales ganancias en salud de diferentes pol�ticas o intervenciones; responden a las amenazas sobre la salud de la poblaci�n y a las crisis sanitarias; implantan acciones en las �reas de protecci�n de la salud, mediante la prevenci�n de los efectos negativos de diversos elementos del entorno tal como consideran la sanidad ambiental, la salud laboral, la seguridad alimentaria o la sanidad exterior; en el �rea de promoci�n de la salud, contribuyen a capacitar a la ciudadan�a para adoptar de forma informada y libre aquellas decisiones que mejor sirvan a su salud y bienestar; y en el �rea de la prevenci�n de la enfermedad y de las lesiones, mediante vacunaciones y otras intervenciones poblacionales. Estas actuaciones requieren unas bases comunes de implantaci�n en Espa�a que incluya garant�as de m�xima calidad, una cohesi�n humana que permita disponer de la mejor inteligencia de salud p�blica de nuestra sociedad all� donde sea necesaria y una organizaci�n que responda a los retos de la salud p�blica actual.
Los servicios sanitarios encuadrados en el Sistema Nacional de Salud realizan algunas acciones preventivas adem�s de las curativas, cuidadoras y de rehabilitaci�n. Sin embargo, los servicios sanitarios y en especial la atenci�n primaria de salud, deben asumir un papel m�s relevante en la acci�n preventiva y en la salud comunitaria. La efectividad de estas actividades preventivas se asegura mediante una adecuada coordinaci�n con las acciones de salud p�blica y mediante una organizaci�n que permita aportar a los servicios sanitarios las mejores recomendaciones preventivas, dando prioridad a aquellas acciones m�s eficientes, optimizando as� los recursos y evitando perjuicios innecesarios por acciones preventivas ineficaces.
Son imprescindibles instrumentos que, m�s all� de las acciones iniciadas desde el �mbito sanitario, aseguren que la salud se considera como uno de los resultados esperados de las diversas pol�ticas e intervenciones en todos los niveles de gobierno. La salud de la poblaci�n est� determinada por las pol�ticas e intervenciones en otros �mbitos, por tanto, se hace necesario que desde las Administraciones p�blicas se asegure el marco normativo que maximice el nivel de salud sin detrimento de otros bienes sociales que contribuyen al bienestar de la sociedad. Los grandes retos de salud actuales s�lo pueden abordarse con garant�as de �xito si el conjunto de la sociedad se gobierna teniendo en cuenta y maximizando los resultados que las diversas actuaciones y normas tienen en la salud. Poner la salud y equidad en todas las pol�ticas requiere una organizaci�n que permita una adecuada coordinaci�n entre el sector salud y otros sectores, buscando las sinergias en sus pol�ticas o la necesaria protecci�n de la salud cuando �stas no sean posibles.
Esta descripci�n de los �mbitos de acci�n ya adelanta algunos de los criterios que justifican y fundamentan la reforma de la organizaci�n de la salud p�blica que afronta esta ley. Espa�a, por las caracter�sticas de su desarrollo econ�mico y social, debe orientarse hacia la garant�a en seguridad sanitaria. Esto significa que es necesaria la capacidad de influencia internacional para actuar en aquellas decisiones que afectan a la salud p�blica y que todo lo relacionado con el tr�fico internacional de bienes, servicios y personas que concierna a Espa�a, debe estar especialmente cuidado desde la vertiente de la salud p�blica, requiriendo para ello estructuras adecuadas. De igual forma, las pol�ticas e intervenciones desarrolladas en Espa�a en cualquier �mbito deben ser reconocidas por cuidar no solo el entorno sino tambi�n la salud requiriendo para ello una disposici�n normativa que lo exija. La apuesta de Espa�a por la seguridad sanitaria va enlazada a intereses econ�micos en comercio y turismo, pero tambi�n a la capacidad de influencia en las decisiones en �mbitos internacionales que afectan a la salud de las poblaciones. Estos retos pueden afrontarse con �xito y en la presente ley se introducen las disposiciones oportunas para ello.
La propia seguridad sanitaria se basa en unos adecuados servicios de informaci�n en salud p�blica con una red de centros bien coordinados. La situaci�n actual puede dar un notable paso en calidad y funcionamiento si se ordenan los centros emisores de informaci�n de vigilancia en salud p�blica.
El desarrollo cient�fico mundial sobre acciones y pol�ticas de salud p�blica debe potenciarse a fin de que sea capaz de emitir recomendaciones fundamentadas cient�ficamente, tal como ocurre en los �mbitos sanitarios asistenciales. En Espa�a se cuenta con suficiente desarrollo cient�fico como para poder disponer de recomendaciones s�lidas en salud p�blica y, si se dispone de la organizaci�n oportuna, avanzar considerablemente en el desarrollo de acciones basadas en el conocimiento.
Muchas de las acciones que perfilan la salud de la poblaci�n son competencia de las comunidades aut�nomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y los municipios; sin embargo, hay determinantes de la salud cuya modificaci�n s�lo pueden hacerse en el �mbito nacional o supranacional. Igualmente, hay acciones de salud p�blica cuya eficacia y eficiencia social se multiplican cuando se implantan o se ejercen de forma coordinada a nivel estatal o internacional. Adem�s, el desarrollo de la estructura territorial es heterog�neo, como tambi�n lo son las capacidades. No se trata de armonizar actuaciones para complementar actividades realizadas por las Administraciones auton�micas y locales, lo cual ya est� dispuesto normativamente, se requiere una organizaci�n que efectivamente consiga la cohesi�n humana en t�rminos de saberes, experiencia y excelencia en salud p�blica, para que los mejores recursos en salud p�blica de Espa�a est�n siempre a disposici�n de cualquier comunidad y cualquier persona y para influir y actuar en la esfera internacional contribuyendo a la salud global. La inteligencia en salud p�blica, entendida �sta como el conjunto de personas con capacidad profesional y cient�fica para abordar problemas de salud p�blica, es de alto nivel en Espa�a, pero no se ha trabado a�n una organizaci�n que aproveche eficientemente estos recursos consiguiendo la cohesi�n humana imprescindible.
Esta Ley General de Salud P�blica da respuesta a las necesidades y retos enumerados y a otros que se concretan en la descripci�n del contenido que a continuaci�n se pormenoriza.
La ley, que establece las bases legales que sustentan las acciones de coordinaci�n y cooperaci�n de las Administraciones p�blicas en materia de salud p�blica, se estructura en un t�tulo preliminar, seis t�tulos, tres disposiciones adicionales, una disposici�n derogatoria y cinco disposiciones finales.
El T�tulo preliminar establece en su cap�tulo I el objeto y �mbito de la ley. En el cap�tulo II se recogen los principios generales de la salud p�blica, que deben garantizarse en las actuaciones de salud p�blica. Entre otros, destaca el requisito de que la equidad y la salud gu�en el conjunto de las pol�ticas de gobierno.
El T�tulo I consta de tres cap�tulos y se ocupa de los derechos y deberes de los ciudadanos y de las obligaciones de las Administraciones en salud p�blica. La ley reconoce el derecho de los ciudadanos, directamente o a trav�s de las organizaciones en que se agrupen o que los representen, a la informaci�n en materia de salud p�blica, con las limitaciones previstas en la normativa vigente.
En el cap�tulo I se desarrollan los derechos de los ciudadanos en materia de salud p�blica, dando importancia a valores tales como la informaci�n, la participaci�n, la igualdad, la confidencialidad, intimidad y dignidad. En el cap�tulo II se establecen los deberes de los ciudadanos. En el cap�tulo III se abordan las obligaciones de las Administraciones p�blicas, estableciendo los mecanismos para lograr que las actividades de tipo cient�fico y de asesoramiento en materia de salud p�blica no est�n sesgadas por intereses ajenos a la salud de la poblaci�n y el bien p�blico y sean independientes. Se refuerza con ello la confianza de la poblaci�n en la autoridad sanitaria y en sus recomendaciones de salud p�blica.
El T�tulo II describe las actuaciones de salud p�blica. Los cap�tulos I y II est�n dedicados a la regulaci�n de la vigilancia y promoci�n de la salud. Bas�ndose en la experiencia ya desarrollada en la materia, particularmente en la vigilancia de las enfermedades transmisibles, se extiende ahora a los condicionantes de los problemas de salud que son el objeto de las pol�ticas para mejorarla. Esta ley dispone las bases de una vigilancia integral de salud p�blica que abarca todos los condicionantes de la salud y el propio estado de salud. De igual forma el sistema de informaci�n en salud p�blica complementa el trabajo del Instituto de Informaci�n Sanitaria cuyas funciones dispuso la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi�n y calidad del Sistema Nacional de Salud en el �mbito de los sistemas de informaci�n sanitaria y se desarrollan considerando las competencias que la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci�n Estad�stica P�blica asigna al Instituto Nacional de Estad�stica en la coordinaci�n de la actividad estad�stica de la Administraci�n General del Estado. Actualmente, se dispone de avanzados indicadores sobre enfermedad, sobre asistencia sanitaria y sobre algunas conductas relacionadas con la salud, pero no est� integrada con informaci�n procedente de otros �mbitos sociales, ambientales o de otro car�cter que son esenciales para valorar la evoluci�n de la salud p�blica y las pol�ticas con ella relacionada. Con esta visi�n integral, el n�cleo de la coordinaci�n es el Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad con las redes de vigilancia e informaci�n de las Administraciones auton�micas. Se articula la Red de Vigilancia en salud p�blica que se ocupa de coordinar el sistema de vigilancia de factores condicionantes, el de problemas de salud y los sistemas de alerta precoz y respuesta r�pida.
El cap�tulo III establece las l�neas generales que deben seguir las pol�ticas en materia de prevenci�n de problemas de salud y sus determinantes, que tienen por objeto reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y discapacidades en la poblaci�n y atenuar sus consecuencias negativas mediante pol�ticas de car�cter sanitario, ambiental, econ�mico, laboral, alimentario o de promoci�n de la actividad f�sica, entre otras; se regulan tambi�n las actuaciones espec�ficas sobre cribados, correspondiendo a las autoridades sanitarias promover que los mismos se implanten con la m�xima calidad posible y la mayor accesibilidad posible para la poblaci�n realizando las campa�as oportunas. Esta ley debe ser un instrumento clave para evitar la implantaci�n de acciones supuestamente preventivas cuyo beneficio no se ha demostrado cient�ficamente y que pueden causar perjuicios.
El cap�tulo IV, dedicado a la coordinaci�n de la promoci�n de la salud y la prevenci�n de enfermedades y lesiones en el Sistema Nacional de Salud, sienta las bases para que �stas se implanten en los servicios sanitarios de una forma coordinada con las actuaciones de las estructuras de salud p�blica.
La importancia de una gesti�n sanitaria adaptada a la salud p�blica se trata en el cap�tulo V. Para alcanzar los objetivos descritos en esta ley es esencial que en todos los niveles y escalones asistenciales se coordine apropiadamente la prevenci�n de la enfermedad y la promoci�n de la salud, garantizando la reducci�n de los desequilibrios sociales y territoriales; por tanto, la gesti�n sanitaria atender� a los resultados en salud.
Lo establecido en esta ley sobre gesti�n sanitaria est� en l�nea con la propuesta del informe de la Organizaci�n Mundial de la Salud �Informe sobre la salud en el mundo 2000 - Mejorar el desempe�o de los sistemas de salud� y los desarrollos posteriores en la esfera internacional, que abogan por una direcci�n de los servicios asistenciales guiada a mejorar la salud de la poblaci�n.
El cap�tulo VI aborda las actuaciones de la salud p�blica en materia de protecci�n de la salud que van dirigidas a la prevenci�n de los efectos negativos que diversos elementos del medio pueden tener sobre la salud y el bienestar de las personas. Recoge los aspectos m�s relevantes en los que se sustenta la acci�n de gobierno de la sanidad ambiental, que cobra un espacio propio y definido en el �mbito de la salud p�blica. La salud humana depende en gran medida del entorno en que se desenvuelve la vida y por tanto es esencial la salubridad de los alimentos, el agua y el aire. Pero el entorno en el que se desenvuelve la vida humana no est� constituido exclusivamente por el medio natural, sino que hay que considerar tambi�n el entorno socialmente construido conformado por la vivienda, el lugar de trabajo, el colegio, los lugares de ocio, la ciudad en su conjunto y los estilos de vida. Se establecen asimismo las acciones en materia de salud laboral para conseguir la mejor prevenci�n de riesgos en el �mbito laboral, y en coherencia con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales, y complement�ndola se facilita la promoci�n de la salud en ese mismo �mbito. La promoci�n y protecci�n de la salud laboral, as� como la prevenci�n de los factores de riesgo en este �mbito, deben ser contempladas en la cartera de servicios de la salud p�blica.
El cap�tulo VII determina la aplicaci�n en Espa�a de la evaluaci�n de impacto en salud, es decir, la combinaci�n de procedimientos, m�todos y herramientas mediante la cual un programa o norma pueden ser evaluados en relaci�n con sus efectos y la distribuci�n de los mismos sobre la salud de la poblaci�n. La necesidad de avanzar en la seguridad sanitaria aconseja que Espa�a sea de los pa�ses l�deres en garantizar y promover la salud en sus acciones de gobierno, incluyendo, tal como se establece en este cap�tulo, las actuaciones necesarias para que se eval�e el impacto en la salud humana de las diversas actuaciones p�blicas. La inclusi�n de la evaluaci�n de impacto en salud en nuestro ordenamiento jur�dico puede situarnos en el grupo de los pa�ses m�s avanzados, propiciando la innovaci�n en el desarrollo de reformas relacionadas con la econom�a sostenible que a su vez garanticen la seguridad sanitaria.
El cap�tulo VIII est� dedicado a la sanidad exterior y la salud internacional, parte esencial de la salud p�blica y competencia exclusiva del Estado, seg�n establece la Constituci�n Espa�ola. Una de las oportunidades que abre esta ley es la de adecuar los servicios y dispositivos del gobierno de Espa�a a las necesidades de un mundo globalizado. Se modifica el paradigma de sanidad exterior, entendiendo que adem�s de una salud en fronteras debe desarrollarse una salud internacional en el sentido de considerar a Espa�a como un agente relevante de salud a escala internacional. Se trata no s�lo de evitar la importaci�n de enfermedades transmisibles, sino contribuir a un mundo m�s saludable.
Finalmente, el cap�tulo IX regula un Sistema de informaci�n en salud p�blica, que posibilita el intercambio de la informaci�n necesaria para el mejor desarrollo de las actuaciones en materia de salud p�blica, con respeto a la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.
El T�tulo III regula la planificaci�n y coordinaci�n de la salud p�blica, con el objetivo de contribuir a mantener y mejorar la salud de la poblaci�n a trav�s de una organizaci�n que permita coordinar los recursos existentes de una manera eficiente.
Se dispone la articulaci�n de la salud p�blica en Espa�a a trav�s de la Estrategia de Salud P�blica, que define las actuaciones dirigidas a los principales factores determinantes de la salud e identifica sinergias con pol�ticas de otros departamentos y Administraciones.
Se crea asimismo el Consejo Asesor de Salud P�blica como �rgano colegiado de consulta y participaci�n, adscrito al Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, en el que est�n representados los departamentos de la Administraci�n General del Estado cuyas pol�ticas inciden en la salud y aqu�llas otras Administraciones, organismos y organizaciones que aseguren una adecuada gobernanza del sistema.
El T�tulo IV se ocupa del personal profesional y de investigaci�n en salud p�blica, y se divide en dos cap�tulos. El primer cap�tulo habla de la formaci�n y desarrollo profesional, y el segundo de la investigaci�n. La existencia de profesionales en salud p�blica competentes es la mejor garant�a de que la autoridad sanitaria, directamente o a trav�s del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, cumple con sus obligaciones de defensa de la salud. Dada la diversidad de determinantes de la salud, el personal profesional de salud p�blica debe ser capaz de aplicar un amplio espectro de conocimientos y habilidades, lo que hace necesario integrar personas con diferentes perfiles acad�micos, por lo que se reconoce el car�cter multidisciplinar de la salud p�blica. Ello supone que los profesionales de salud p�blica no son necesariamente profesionales sanitarios tal como se establece en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenaci�n de las profesiones sanitarias; no obstante, su desempe�o profesional espec�fico y principal, debe consistir en el desarrollo de las actuaciones descritas en el T�tulo II y circunscritas a la salud p�blica. Por otra parte, si se pretende una salud p�blica con una orientaci�n cient�fica, basada en pruebas cient�ficas, es imprescindible incluir la labor investigadora del personal profesional de salud p�blica. Para mejorar la calidad de las actuaciones en salud p�blica, �stas han de estar muy ligadas a un tipo de actividad investigadora que promueva cauces de diseminaci�n del conocimiento generado y de las buenas pr�cticas.
El T�tulo V regula la autoridad sanitaria estatal y sus agentes. As�, esta autoridad, en el ejercicio de su responsabilidad y de acuerdo con las competencias que le correspondan en materia de salud p�blica, dictar� disposiciones y tendr� facultades para actuar, mediante los �rganos competentes en cada caso, en las actividades p�blicas o privadas para proteger la salud de la poblaci�n. Asimismo, se establecen previsiones en materia de medidas especiales y cautelares.
La ley se completa con el T�tulo VI que recoge las infracciones y sanciones, seguido de las disposiciones adicionales, derogatoria y finales.
T�TULO PRELIMINARDisposiciones generales. La pol�tica de salud p�blica
CAP�TULO IDel objeto y �mbito de la ley
Objeto de la ley Esta ley tiene por objeto establecer las bases para que la poblaci�n alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a trav�s de las pol�ticas, programas, servicios, y en general actuaciones de toda �ndole desarrolladas por los poderes p�blicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que m�s influyen en la salud, y as� prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.
La salud p�blica es el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones p�blicas, con la participaci�n de la sociedad, para prevenir la enfermedad as� como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el �mbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales.
�mbito de la ley Lo establecido en esta ley ser� de aplicaci�n a las Administraciones p�blicas con car�cter general y a los sujetos privados cuando espec�ficamente as� se disponga.
CAP�TULO IIPrincipios generales de la salud p�blica
De los principios generales de acci�n en salud p�blica Las Administraciones p�blicas y los sujetos privados, en sus actuaciones de salud p�blica y acciones sobre la salud colectiva, estar�n sujetos a los siguientes principios:
a) Principio de equidad. Las pol�ticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la poblaci�n promover�n la disminuci�n de las desigualdades sociales en salud e incorporar�n acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos espec�ficos al respecto. Se considerar� la equidad en todos los informes p�blicos que tengan un impacto significativo en la salud de la poblaci�n. Igualmente, las actuaciones en materia de salud p�blica incorporar�n la perspectiva de g�nero y prestar�n atenci�n espec�fica a las necesidades de las personas con discapacidad.
b) Principio de salud en todas las pol�ticas. Las actuaciones de salud p�blica tendr�n en cuenta las pol�ticas de car�cter no sanitario que influyen en la salud de la poblaci�n, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan riesgos para la salud.Asimismo, las pol�ticas p�blicas que incidan sobre la salud valorar�n esta circunstancia conciliando sus objetivos con la protecci�n y mejora de la salud.
c) Principio de pertinencia. Las actuaciones de salud p�blica atender�n a la magnitud de los problemas de salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad.
d) Principio de precauci�n. La existencia de indicios fundados de una posible afectaci�n grave de la salud de la poblaci�n, aun cuando hubiera incertidumbre cient�fica sobre el car�cter del riesgo, determinar� la cesaci�n, prohibici�n o limitaci�n de la actividad sobre la que concurran.
e) Principio de evaluaci�n. Las actuaciones de salud p�blica deben evaluarse en su funcionamiento y resultados, con una periodicidad acorde al car�cter de la acci�n implantada.
f) Principio de transparencia. Las actuaciones de salud p�blica deber�n ser transparentes. La informaci�n sobre las mismas deber� ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos.
g) Principio de integralidad. Las actuaciones de salud p�blica deber�n organizarse y desarrollarse dentro de la concepci�n integral del sistema sanitario.
h) Principio de seguridad. Las actuaciones en materia de salud p�blica se llevar�n a cabo previa constataci�n de su seguridad en t�rminos de salud.
T�TULO IDerechos, deberes y obligaciones en salud p�blica
CAP�TULO IDerechos de los ciudadanos
Derecho a la informaci�n Los ciudadanos, directamente o a trav�s de las organizaciones en que se agrupen o que los representen, tiene derecho a ser informados, con las limitaciones previstas en la normativa vigente, en materia de salud p�blica por las Administraciones competentes. Este derecho comprende en todo caso, los siguientes:
a) Recibir informaci�n sobre los derechos que les otorga esta ley, as� como sobre las v�as para ejercitar tales derechos.
b) Recibir informaci�n sobre las actuaciones y prestaciones de salud p�blica, su contenido y la forma de acceder a las mismas.
c) Recibir informaci�n sobre los condicionantes de salud como factores que influyen en el nivel de salud de la poblaci�n y, en particular, sobre los riesgos biol�gicos, qu�micos, f�sicos, medioambientales, clim�ticos o de otro car�cter, relevantes para la salud de la poblaci�n y sobre su impacto. Si el riesgo es inmediato la informaci�n se proporcionar� con car�cter urgente.
d) Toda la informaci�n se facilitar� desagregada, para su comprensi�n en funci�n del colectivo afectado, y estar� disponible en las condiciones y formato que permita su plena accesibilidad a las personas con discapacidad de cualquier tipo.
Derecho de participaci�n 1. Los ciudadanos, directamente o a trav�s de las organizaciones en que se agrupen o que los representen, tiene derecho a la participaci�n efectiva en las actuaciones de salud p�blica. Las Administraciones p�blicas competentes establecer�n los cauces concretos que permitan hacer efectivo ese derecho.
2. Sin perjuicio del deber de colaboraci�n, la participaci�n en las actuaciones de salud p�blica ser� voluntaria, salvo lo previsto en la Ley Org�nica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud p�blica.
Derecho a la igualdad 1. Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud p�blica se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminaci�n por raz�n de nacimiento, origen racial o �tnico, sexo, religi�n, convicci�n u opini�n, edad, discapacidad, orientaci�n o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condici�n o circunstancia personal o social.
2. En especial, queda prohibida toda discriminaci�n entre mujeres y hombres en las actuaciones de salud p�blica, de acuerdo con lo establecido por la Ley Org�nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, as� como por la dem�s normativa existente en esta materia.
3. La enfermedad no podr� amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud p�blica.
4. Este derecho se concretar� en una cartera de servicios b�sica y com�n en el �mbito de la salud p�blica, con un conjunto de actuaciones y programas. Dicha cartera de servicios incluir� un calendario �nico de vacunaci�n y una oferta �nica de cribados poblacionales.
Derecho a la intimidad, confidencialidad y respeto de la dignidad 1. Todas las personas tienen derecho al respeto de su dignidad e intimidad personal y familiar en relaci�n con su participaci�n en actuaciones de salud p�blica.
2. La informaci�n personal que se emplee en las actuaciones de salud p�blica se regir� por lo dispuesto en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b�sica reguladora de la Autonom�a del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Informaci�n y Documentaci�n Cl�nica.
CAP�TULO IIDeberes de los ciudadanos
Deber de colaboraci�n Los ciudadanos facilitar�n el desarrollo de las actuaciones de salud p�blica y se abstendr�n de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecuci�n.
Deber de comunicaci�n 1. Las personas que conozcan hechos, datos o circunstancias que pudieran constituir un riesgo o peligro grave para la salud de la poblaci�n los pondr�n en conocimiento de las autoridades sanitarias, que velar�n por la protecci�n debida a los datos de car�cter personal.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones de comunicaci�n e informaci�n que las leyes imponen a los profesionales sanitarios.
CAP�TULO IIIObligaciones de las Administraciones p�blicas
Informaci�n p�blica sobre riesgos para la salud de la poblaci�n Sin perjuicio de las competencias que corresponden a otras autoridades p�blicas, las Administraciones sanitarias informar�n sobre la presencia de riesgos espec�ficos para la salud de la poblaci�n. Esta informaci�n incluir� una valoraci�n de su impacto en la salud, de las medidas que adopten las Administraciones sanitarias al respecto y de las recomendaciones para la poblaci�n.
Colaboraci�n en salud p�blica e imparcialidad en las actuaciones sanitarias Las Administraciones sanitarias exigir�n transparencia e imparcialidad a las organizaciones cient�ficas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud p�blica, incluidas las de formaci�n e investigaci�n, as� como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo.
A estos efectos, ser� p�blica la composici�n de los comit�s o grupos que eval�en acciones o realicen recomendaciones de salud p�blica, los procedimientos de selecci�n, la declaraci�n de intereses de los intervinientes, as� como los dict�menes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente.
Se desarrollar�n reglamentariamente los requisitos para la declaraci�n de conflicto de intereses por parte de los expertos y representantes de las organizaciones cient�ficas y profesionales que compongan los comit�s o grupos que eval�en acciones o realicen recomendaciones de salud p�blica.
T�TULO IIActuaciones de salud p�blica
CAP�TULO ILa vigilancia en salud p�blica
De la vigilancia en salud p�blica 1. La vigilancia en salud p�blica es el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir informaci�n relacionada con el estado de la salud de la poblaci�n y los factores que la condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud p�blica.
2. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades, la vigilancia de salud p�blica tomar� en cuenta, al menos, los siguientes factores:
1.� Los condicionantes sociales y las desigualdades que incidan en la salud con mediciones en el nivel individual y en el poblacional.
2.� Los riesgos ambientales y sus efectos en la salud, incluida la presencia de los agentes contaminantes en el medio ambiente y en las personas, as� como el impacto potencial en la salud de la exposici�n a emisiones electromagn�ticas.
3.� La seguridad alimentaria, incluyendo los riesgos alimentarios.
4.� Los riesgos relacionados con el trabajo y sus efectos en la salud.
5.� Las enfermedades no transmisibles.
6.� Las enfermedades transmisibles, incluyendo las zoonosis y las enfermedades emergentes.
7.� Los problemas de salud relacionados con el tr�nsito internacional de viajeros y bienes.
8.� Las lesiones y la violencia.
9.� Otros problemas para la salud p�blica de los que se tenga constancia.
3. Asimismo, la vigilancia en salud p�blica requiere contar con unos sistemas de alerta precoz y respuesta r�pida para la detecci�n y evaluaci�n de incidentes, riesgos, s�ndromes, enfermedades y otras situaciones que pueden suponer una amenaza para la salud de la poblaci�n.
4. Las comunidades aut�nomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades locales asegurar�n en el �mbito de sus competencias que los respectivos sistemas de vigilancia en salud p�blica cumplen en todo momento con las previsiones de esta ley. Asimismo, habr�n de proporcionar la informaci�n que establezca la normativa nacional e internacional, con la periodicidad y desagregaci�n que en cada caso se determine.
Articulaci�n de la vigilancia en salud p�blica 1. Corresponde a la Administraci�n General del Estado, a las comunidades aut�nomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla y a la Administraci�n local, en el �mbito de sus competencias, la organizaci�n y gesti�n de la vigilancia en salud p�blica.
2. Corresponde al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a trav�s de la Comisi�n de Salud P�blica, asegurar la cohesi�n y calidad en la gesti�n de los sistemas de vigilancia en salud p�blica.
3. Con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia se crear� la Red de Vigilancia en Salud P�blica, que incluir� entre sus sistemas el de alerta precoz y respuesta r�pida. Este sistema tendr� un funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del d�a. La configuraci�n y funcionamiento de la Red de Vigilancia en salud p�blica ser�n determinados reglamentariamente.
De las competencias en Vigilancia en salud p�blica del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad Corresponden al Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad las siguientes funciones en materia de vigilancia en salud p�blica:
a) La gesti�n de alertas de car�cter supraauton�mico o que puedan trascender del territorio de una comunidad aut�noma.
b) La gesti�n de alertas que procedan de la Uni�n Europea, la Organizaci�n Mundial de la Salud y dem�s organismos internacionales y, especialmente, de aquellas alertas contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional (2005), en su caso, en coordinaci�n con las comunidades aut�nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Las previstas en el art�culo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi�n y calidad del Sistema Nacional de Salud.
d) La coordinaci�n y evaluaci�n de la Red de Vigilancia en salud p�blica.
e) Velar para que los criterios utilizados en la vigilancia sean homog�neos, est�n homologados y por la oportunidad, pertinencia y calidad de la informaci�n.
f) El dise�o y la ejecuci�n de una encuesta peri�dica de salud p�blica en coordinaci�n con las comunidades aut�nomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
g) La coordinaci�n y gesti�n de los intercambios de la informaci�n correspondiente a la vigilancia tanto en el �mbito nacional como en el �mbito de la Uni�n Europea, de la Organizaci�n Mundial de la Salud y dem�s organismos internacionales relacionados con la salud p�blica.
h) La coordinaci�n de los mensajes dirigidos a la poblaci�n en el caso de que las Autoridades sanitarias emitieran comunicados o recomendaciones en contextos de alerta o crisis sanitarias o que afecten a riesgos inciertos que pudiesen afectar a m�s de una comunidad aut�noma. A estos efectos las Autoridades sanitarias informar�n al Ministerio.
Recursos para la salud p�blica Las Administraciones sanitarias p�blicas favorecer�n la existencia de infraestructuras adecuadas para las actividades de salud p�blica, que comprenden los laboratorios y dem�s instalaciones y recursos f�sicos (empleados p�blicos) y virtuales de los servicios de salud p�blica, que cubran las necesidades espec�ficas en materia de salud p�blica y aseguren la calidad de los servicios.
Asimismo, las Administraciones sanitarias p�blicas desarrollar�n reglamentariamente el r�gimen espec�fico de incentivos y ayudas p�blicas en el �mbito de la salud p�blica, que fomente la capacitaci�n y cooperaci�n de las personas f�sicas y jur�dicas con la materia, basado en principios de publicidad, eficacia, transparencia y control, de acuerdo con los objetivos de la presente ley.
CAP�TULO IIPromoci�n de la salud
La promoci�n de la salud 1. La promoci�n de la salud incluir� las acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos, as� como a modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales y econ�micas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva.
2. Las actuaciones de promoci�n de la salud prestar�n especial atenci�n a los �mbitos educativo, sanitario, laboral, local y de instituciones cerradas, como hospitales o residencias. En dichos �mbitos, el Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad apoyar� la creaci�n y el fortalecimiento de redes.
3. El Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad con la participaci�n de las Comunidades Aut�nomas establecer� y actualizar� criterios de buenas pr�cticas para las actuaciones de promoci�n de la salud y fomentar� el reconocimiento de la calidad de las actuaciones.
4. Las organizaciones sociales podr�n participar en el desarrollo de actividades de promoci�n de la salud. Las Administraciones p�blicas competentes promover�n la participaci�n efectiva en las actuaciones de promoci�n de la salud de los ciudadanos, directamente o a trav�s de las organizaciones en que se agrupen o que lo representen.
Medidas de fomento 1. Las Administraciones p�blicas apoyar�n y colaborar�n con las entidades y organizaciones que desarrollen actividades de salud p�blica, especialmente, en relaci�n con los grupos m�s desfavorecidos o discriminados en cuestiones de salud p�blica.
2. Las Administraciones promover�n la incorporaci�n de la salud p�blica como elemento integrante de la responsabilidad social corporativa.
Comunicaci�n en salud p�blica 1. Las Administraciones sanitarias velar�n por que la informaci�n sobre salud dirigida al p�blico sea veraz y cumpla con las previsiones de esta ley, especialmente cuando sea difundida a trav�s de los medios de comunicaci�n social.
2. El Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad pondr� a disposici�n de los medios de comunicaci�n y otras organizaciones sociales los criterios de buenas pr�cticas a que se refiere el art�culo 16.3, a fin de que alcancen su m�xima difusi�n.
3. Los poderes p�blicos, en el �mbito de sus competencias, realizar�n un control de la publicidad comercial para que se ajuste a criterios de veracidad en lo que ata�e a la salud, as� como de recomendaciones p�blicas sobre la salud.
4. Las Administraciones p�blicas sanitarias contar�n con la colaboraci�n de los medios de comunicaci�n para difundir recomendaciones sobre salud p�blica.
5. Las Administraciones p�blicas que desarrollen acciones en materia de comunicaci�n en salud velar�n por que la informaci�n est� adaptada social, cultural y ling��sticamente a aquellos sectores de la poblaci�n destinatarios de la misma.
CAP�TULO IIIPrevenci�n de problemas de salud y sus determinantes
La prevenci�n de problemas de salud 1. La prevenci�n tiene por objeto reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y discapacidades en la poblaci�n y atenuar o eliminar en la medida de lo posible sus consecuencias negativas mediante pol�ticas acordes con los objetivos de esta ley.
2. Las Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus respectivas competencias:
a) Dirigir�n las acciones y las pol�ticas preventivas sobre los determinantes de la salud, entendiendo por tales los factores sociales, econ�micos, laborales, culturales, alimentarios, biol�gicos y ambientales que influyen en la salud de las personas.
b) Desarrollar�n programas de prevenci�n de la zoonosis y enfermedades emergentes y establecer�n los necesarios mecanismos de coordinaci�n con las Administraciones competentes en materia de prevenci�n de factores de riesgo en la producci�n primaria.
c) Impulsar�n otras acciones de prevenci�n primaria, como la vacunaci�n, que se complementar�n con acciones de prevenci�n secundaria como son los programas de detecci�n precoz de la enfermedad.
d) Desarrollar�n programas de prevenci�n dirigidos a todas las etapas de la vida de las personas, con especial �nfasis en la infancia y la vejez.
e) Fomentar�n la prevenci�n informando a la poblaci�n de los beneficios de la misma y siguiendo los principios establecidos en el Cap�tulo II de este T�tulo, para evitar el intervencionismo sanitario innecesario.
f) Podr�n requerir, de acuerdo al procedimiento que se establezca reglamentariamente, el cese de aquellas pr�cticas sanitarias preventivas que se haya demostrado son ineficaces o innecesarias.
3. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordar�:
a) Un calendario �nico de vacunas en Espa�a. Las comunidades aut�nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla s�lo podr�n modificarlo por razones epidemiol�gicas.
c) Las acciones preventivas comunes que re�nan los criterios para ser implantadas en todo el territorio.
d) La valoraci�n peri�dica de los programas preventivos comunes, la inclusi�n de nuevos programas o la suspensi�n de aquellos que no cumplan los objetivos para los que fueron dise�ados.
4. Las organizaciones sociales podr�n participar en el desarrollo de actividades de prevenci�n de problemas de salud. Las Administraciones p�blicas competentes promover�n la participaci�n efectiva en las actuaciones de prevenci�n de problemas de salud de los ciudadanos, directamente o a trav�s de las organizaciones en que se agrupen o que los representen.
Actuaciones espec�ficas sobre cribados 1. A los efectos de esta ley se entiende por cribado aquellas actividades orientadas a la detecci�n precoz de la enfermedad, su diagn�stico y tratamiento temprano, que se ofrecen activamente al conjunto de la poblaci�n susceptible de padecer la enfermedad, aunque no tenga s�ntomas ni haya demandado ayuda m�dica.
2. Las Autoridades sanitarias promover�n que el cribado se implante con la m�xima calidad y la mayor accesibilidad para la poblaci�n, realizando las campa�as oportunas.
3. La pr�ctica de pruebas diagn�sticas a efectos de cribado, debe realizarse de acuerdo a los principios establecidos en el cap�tulo II del T�tulo preliminar y a los criterios cient�ficos que fundamentan el cribado, excluy�ndose pruebas diagn�sticas indiscriminadas o que carezcan de una justificaci�n expresa de los objetivos de salud.
4. La normativa laboral puede prever la realizaci�n de pruebas de cribado para detectar estrictamente los riesgos espec�ficos y enfermedades derivadas del trabajo, de conformidad con lo establecido en esta ley.
Reconocimientos sanitarios previos 1. S�lo se podr�n realizar reconocimientos sanitarios previos a la incorporaci�n laboral cuando as� lo disponga la normativa vigente. Cuando se requiera la pr�ctica de pruebas de detecci�n precoz de enfermedad, esta debe ser justificada expl�citamente en base a los riesgos laborales espec�ficos y debe atenerse a los principios establecidos en el cap�tulo II del T�tulo preliminar de esta ley y a los criterios cient�ficos que fundamenten el cribado.
2. Solo se podr�n realizar reconocimientos sanitarios previos a la pr�ctica deportiva, cuando as� lo disponga la normativa sectorial vigente. Estos deber�n basarse en pruebas de acuerdo a los principios establecidos en el cap�tulo II del T�tulo preliminar de esta ley y a los criterios cient�ficos que fundamenten el cribado.
CAP�TULO IVLa coordinaci�n de la promoci�n de la salud y la prevenci�n de enfermedades y lesiones en el Sistema Nacional de Salud
La prevenci�n de enfermedades y la promoci�n de la salud en los servicios sanitarios 1. El conjunto de los servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud contribuir� al desarrollo integral de los programas de prevenci�n y promoci�n, en coordinaci�n con las estructuras de salud p�blica.
2. Las Administraciones sanitarias establecer�n procedimientos para una coordinaci�n efectiva de las actividades de salud p�blica que se desarrollen en un �rea sanitaria determinada con las realizadas en atenci�n primaria, atenci�n especializada, atenci�n sociosanitaria, los servicios de prevenci�n que realizan la vigilancia de la salud y cuando fuere preciso con los servicios de salud laboral as� como para la colaboraci�n con las oficinas de farmacia.
3. Las Administraciones sanitarias establecer�n procedimientos de vigilancia de salud p�blica que permitan evaluar las actuaciones de prevenci�n y promoci�n de la salud en el �mbito asistencial, manteniendo la correspondencia entre las poblaciones atendidas por equipos de atenci�n primaria, atenci�n especializada y los servicios de salud p�blica de un �rea determinada, ajust�ndose a lo dispuesto sobre las �reas sanitarias en el art�culo 56 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
De la colaboraci�n entre los servicios asistenciales y los de salud p�blica 1. Las Administraciones sanitarias adoptar�n las medidas necesarias para que los servicios asistenciales y los de salud p�blica, establezcan una coordinaci�n efectiva para desarrollar las siguientes acciones:
a) Intercambiar la informaci�n necesaria para la vigilancia en salud p�blica y sobre la situaci�n de salud y sus condicionantes sociales para una mejor acci�n asistencial de la comunidad adscrita.
b) Realizar las tareas cl�nicas derivadas de la detecci�n de riesgos para la salud p�blica.
c) Realizar ex�menes diagn�sticos derivados de acciones de protecci�n de la salud en el �mbito de seguridad alimentaria y ambiental.
d) Ejecutar programas de prevenci�n de acuerdo a las prioridades establecidas por cada Administraci�n sanitaria facilitando su evaluaci�n poblacional.
e) Desarrollar la atenci�n familiar y comunitaria colaborando con las acciones de promoci�n de salud en su �rea de actuaci�n.
g) Aportar a los servicios asistenciales informaci�n cient�fica actualizada para la mejor eficacia de las actuaciones de prevenci�n y promoci�n.
h) Colaborar con la direcci�n estrat�gica de los equipos asistenciales para el cumplimiento de sus objetivos de salud.
i) Desarrollar los mecanismos de coordinaci�n necesarios entre atenci�n primaria y atenci�n especializada con los dispositivos de prevenci�n de riesgos laborales de las �reas de Salud.
j) Establecer los mecanismos para comunicar la sospecha de enfermedades que podr�an ser calificadas como profesionales entre los facultativos del Sistema Nacional de Salud, las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social y los servicios de prevenci�n que realizan la vigilancia de la salud.
2. Las acciones descritas en el apartado anterior ser�n aplicables en el �mbito local cuando �ste disponga de servicios de salud p�blica municipales.
De la colaboraci�n de otros centros y establecimientos sanitarios con la salud p�blica 1. Las Administraciones sanitarias podr�n prever la colaboraci�n de las oficinas de farmacia, centros o establecimientos de veterinaria o de otros servicios sanitarios comunitarios en los programas de salud p�blica.
2. Las Administraciones podr�n habilitar en su caso a estos servicios para realizar las siguientes acciones:
a) Participar en los programas y estrategias de salud p�blica que dise�en los servicios de salud p�blica de nivel local, auton�mico y estatal.
b) Realizar actividades de promoci�n de la salud y prevenci�n de enfermedades.
c) Desarrollar actividades en sanidad animal, espec�ficamente aquellas que contribuyen a prevenir zoonosis y otros problemas relacionados de relevancia para la salud de la poblaci�n.
CAP�TULO VLa gesti�n sanitaria como acci�n de salud p�blica
Car�cter y objetivos de la gesti�n sanitaria El objetivo principal de la gesti�n sanitaria ser� la mejora de la salud de la poblaci�n y la reducci�n de los desequilibrios sociales y territoriales, de conformidad con los art�culos 3, 6, 8 y 12 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y seg�n lo establecido en esta ley.
La gesti�n sanitaria en el �rea de Salud 1. Los �rganos que forman las �reas de salud tendr�n en todo caso en cuenta las acciones dirigidas a la mejora de la atenci�n comunitaria, la prevenci�n de la enfermedad, la protecci�n y la promoci�n de la salud.
2. La gesti�n sanitaria deber� guiarse por los resultados de salud que ser�n explicitados con una periodicidad m�nima de cinco a�os y presentados en los consejos de salud del �rea.
3. Los servicios de salud p�blica adoptar�n todas aquellas medidas destinadas a que los centros sanitarios sean �centros promotores de la salud�, teniendo en cuenta las directrices emanadas de la Organizaci�n Mundial de la Salud, para lo que desarrollar�n un plan de promoci�n de la salud en coordinaci�n con la unidad directiva competente en salud p�blica de la comunidad o ciudad aut�noma.
CAP�TULO VIProtecci�n de la salud de la poblaci�n
Las actuaciones de protecci�n de la salud 1. La protecci�n de la salud es el conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios dirigidos a prevenir efectos adversos que los productos, elementos y procesos del entorno, agentes f�sicos, qu�micos y biol�gicos, puedan tener sobre la salud y el bienestar de la poblaci�n.
2. Las Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus competencias, proteger�n la salud de la poblaci�n mediante actividades y servicios que act�en sobre los riesgos presentes en el medio y en los alimentos, a cuyo efecto se desarrollar�n los servicios y actividades que permitan la gesti�n de los riesgos para la salud que puedan afectar a la poblaci�n.
3. Las acciones de protecci�n de la salud se regir�n por los principios de proporcionalidad y de precauci�n, y se desarrollar�n de acuerdo a los principios de colaboraci�n y coordinaci�n interadministrativa y gesti�n conjunta que garanticen la m�xima eficacia y eficiencia.
4. Las organizaciones sociales podr�n participar en el desarrollo de actividades de protecci�n de la salud. Las Administraciones p�blicas competentes promover�n la participaci�n efectiva en las actuaciones de protecci�n de la salud de los ciudadanos, directamente o a trav�s de las organizaciones en que se agrupen o que los representen.
Caracter�sticas de las actuaciones de protecci�n de la salud 1. La protecci�n de la salud comprender� el an�lisis de los riesgos para la salud, que incluir� su evaluaci�n, gesti�n y comunicaci�n. A tal efecto, se desarrollar�n acciones sobre los factores desencadenantes de los riesgos y, cuando proceda, de acuerdo con la normativa espec�fica mediante procedimientos de control oficial.
2. Ser�n sometidos a an�lisis los riesgos derivados de la exposici�n de las personas al entorno en el que viven y a los agentes presentes en el medio que puedan afectar a su bienestar f�sico, mental o social.
Autorizaci�n sanitaria y registros 1. En el caso de que de acuerdo con las leyes se requiera autorizaci�n sanitaria previa o la inscripci�n obligatoria en un registro, se estar� a lo en ellas previsto.
2. Las Administraciones sanitarias podr�n establecer obligaci�n de declaraci�n responsable o de comunicaci�n previa de inicio de actividad para aquellas instalaciones, establecimientos, servicios e industrias que desarrollen actividades que puedan afectar a la salud, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicaci�n y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
De la sanidad ambiental 1. La sanidad ambiental tiene como funciones la identificaci�n, la evaluaci�n, la gesti�n y la comunicaci�n de los riesgos para la salud que puedan derivarse de los condicionantes ambientales; la vigilancia de los factores ambientales de car�cter f�sico, qu�mico o biol�gico y de las situaciones ambientales que afectan o pueden afectar a la salud; as� como la identificaci�n de las pol�ticas de cualquier sector que reducen los riesgos ambientales para la salud.
2. Las Administraciones p�blicas implantar�n programas de sanidad ambiental, coordinados por las Administraciones sanitarias, para elevar el nivel de protecci�n de la salud ante los riesgos derivados de los condicionantes ambientales.
Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad en el �mbito de sanidad ambiental 1. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad hacer efectiva la coordinaci�n del Estado con las Administraciones p�blicas y los organismos competentes, en el ejercicio de las actuaciones destinadas a la prevenci�n y protecci�n frente a riesgos ambientales para la salud.
2. El Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad promover� que los servicios de �mbito estatal que ejerzan funciones en los �mbitos de identificaci�n, evaluaci�n, gesti�n y comunicaci�n de los riesgos ambientales para la salud de la poblaci�n, entre los que se incluir�n, al menos, los riesgos relacionados con los productos qu�micos y la salud y cambio clim�tico, puedan actuar como centro de referencia nacional en dichos �mbitos.
El Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, acreditar� servicios que actuar�n como centro de referencia nacional en los aspectos de identificaci�n, evaluaci�n y gesti�n y comunicaci�n de los riesgos para la salud de la poblaci�n derivados de riesgos ambientales.
3. La Estrategia de salud p�blica incluir� el an�lisis del estado de la sanidad ambiental y sus determinantes e incorporar� actuaciones que resulten en un entorno m�s favorable para la salud.
Salud laboral La salud laboral tiene por objeto conseguir el m�s alto grado de bienestar f�sico, ps�quico y social de los trabajadores en relaci�n con las caracter�sticas y riesgos derivados del lugar de trabajo, el ambiente laboral y la influencia de �ste en su entorno, promoviendo aspectos preventivos, de diagn�stico, de tratamiento, de adaptaci�n y rehabilitaci�n de la patolog�a producida o relacionada con el trabajo.
La actuaci�n sanitaria en el �mbito de la salud laboral 1. La actuaci�n sanitaria en el �mbito de la salud laboral se desarrollar� de forma coordinada con los empresarios y los representantes de los trabajadores y comprender� los siguientes aspectos:
a) Promoci�n, con car�cter general, de la salud integral de los trabajadores.
b) Vigilancia de la salud de los trabajadores, individual y colectivamente, para detectar precozmente los efectos de los riesgos para la salud a los que est�n expuestas.
c) Desarrollo y actuaci�n en los aspectos sanitarios de la prevenci�n de los riesgos laborales.
d) Promoci�n de la informaci�n, formaci�n, consulta y participaci�n de los profesionales sanitarios, de los trabajadores y sus representantes legales y de los empresarios en los planes, programas y actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral.
2. La autoridad sanitaria, de forma coordinada con la autoridad laboral, llevar� a cabo las siguientes actuaciones adem�s de las ya establecidas normativamente:
a) Desarrollar un sistema de informaci�n sanitaria en salud laboral que, integrado en el sistema de informaci�n de salud p�blica, d� soporte a la vigilancia de los riesgos sobre la salud relacionados con el trabajo.
b) Establecer un sistema de indicadores para el seguimiento del impacto sobre la salud de las pol�ticas relacionadas con el trabajo.
c) Impulsar una vigilancia de la salud de los trabajadores, a trav�s de la elaboraci�n de protocolos y gu�as de vigilancia sanitaria espec�fica en atenci�n a los riesgos a los que est�n expuestos.
e) Autorizar, evaluar, controlar y asesorar la actividad sanitaria de los servicios de prevenci�n de riesgos laborales.
f) Establecer mecanismos para la integraci�n en los sistemas de informaci�n p�blicos del Sistema Nacional de Salud de la informaci�n generada por las actividades sanitarias desarrolladas por los servicios de prevenci�n de riesgos laborales y por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relaci�n con la salud de los trabajadores.
g) Fomentar la promoci�n de la salud en el lugar de trabajo, a trav�s del fomento y desarrollo de entornos y h�bitos de vida saludables.
h) Establecer mecanismos de coordinaci�n en caso de pandemias u otras crisis sanitarias, en especial para el desarrollo de acciones preventivas y de vacunaci�n.
i) Cualesquiera otras que promuevan la mejora en la vigilancia, promoci�n y protecci�n de la salud de los trabajadores y la prevenci�n de los problemas de salud derivados del trabajo.
j) Promover la formaci�n en salud laboral de los profesionales sanitarios de los sistemas sanitarios p�blicos.
Participaci�n en salud laboral Los empresarios y trabajadores, a trav�s de sus organizaciones representativas, participar�n en la planificaci�n, programaci�n, organizaci�n y control de la gesti�n relacionada con la salud laboral, en los distintos niveles territoriales.
CAP�TULO VIIEvaluaci�n del impacto en salud de otras pol�ticas
La evaluaci�n del impacto en salud 1. Las Administraciones p�blicas deber�n someter a evaluaci�n del impacto en salud, las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud, en los t�rminos previstos en esta ley.
2. La evaluaci�n de impacto en salud es la combinaci�n de procedimientos, m�todos y herramientas con los que puede ser analizada una norma, plan, programa o proyecto, en relaci�n a sus potenciales efectos en la salud de la poblaci�n y acerca de la distribuci�n de los mismos.
3. La evaluaci�n de impacto en salud deber� prever los efectos directos e indirectos de las pol�ticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud de la poblaci�n y las desigualdades sociales en salud con el objetivo de la mejora de las actuaciones.
4. Se integrar�n los resultados de dichas evaluaciones en el sistema de informaci�n de salud p�blica y en la Red de Vigilancia de Salud P�blica.
CAP�TULO VIIISanidad exterior y salud internacional
Finalidad de la sanidad exterior 1. En el ejercicio de la competencia estatal de sanidad exterior, corresponde al Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad:
a) Organizar y garantizar la prestaci�n y calidad de los controles sanitarios de bienes a su importaci�n o exportaci�n en las instalaciones de las fronteras espa�olas y en los medios de transporte internacionales, as� como de los transportados por los viajeros en el tr�nsito internacional.
b) Organizar y garantizar la prestaci�n de la atenci�n sanitaria del tr�nsito internacional de viajeros, de la prevenci�n de las enfermedades y lesiones del viajero y de los servicios de vacunaci�n internacional. Podr� establecerse la colaboraci�n a estos efectos con las Comunidades Aut�nomas mediante encomienda de gesti�n u otras formas de colaboraci�n contempladas en el ordenamiento jur�dico de modo que la vacunaci�n sea m�s accesible a los ciudadanos que deban cumplir con este requisito.
2. Lo dispuesto en el presente cap�tulo se entiende sin perjuicio de las competencias que en materia de relaciones internacionales corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, con el que se establecer� la oportuna coordinaci�n.
Funciones de sanidad exterior Son funciones de sanidad exterior:
a) El control y vigilancia higi�nico-sanitaria de puertos y aeropuertos de tr�fico internacional e instalaciones fronterizas.
b) El control y vigilancia de las condiciones higi�nico-sanitarias en el tr�fico internacional de personas, cad�veres y restos humanos, animales y bienes, incluyendo tanto los productos alimenticios y alimentarios como otros bienes susceptibles de poner en riesgo la salud de la poblaci�n, tales como los medios de transporte internacionales, sin perjuicio de las competencias de los Ministerios de Econom�a y Hacienda, de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, as� como de las competencias de las comunidades aut�nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en materia de verificaci�n de las condiciones de los alimentos en los establecimientos exportadores.
c) Coordinaci�n y colaboraci�n con las autoridades competentes de otros pa�ses y con los organismos sanitarios internacionales.
De las actuaciones en sanidad exterior 1. Los servicios de sanidad exterior podr�n actuar de oficio o a petici�n de parte, seg�n corresponda y convenientemente acreditados e identificados.
2. El personal de los servicios de sanidad exterior responder� ante cualquier evento que pueda suponer un riesgo de salud p�blica en las fronteras espa�olas, desempe�ando el papel de agente de la autoridad sanitaria y coordinando la respuesta con las distintas Administraciones a nivel nacional.
3. Podr�n requerir la presentaci�n de las autorizaciones y las certificaciones que sean exigidas por las disposiciones aplicables, en todo lo relacionado con sus actuaciones.
4. Cuando se detecte incumplimiento de las normas higi�nico-sanitarias, actuar�n en consecuencia y, dependiendo de la gravedad de las deficiencias detectadas, adoptar�n las medidas pertinentes. Si la gravedad de los riesgos para la salud lo requiere podr�n paralizar las actividades de la instalaci�n o el medio de transporte inspeccionado, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales en vigor.
Acciones en materia de salud internacional 1. En materia de salud internacional, el Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad ejercer� las siguientes acciones:
a) Actuar como centro de enlace para el intercambio de cualquier informaci�n de inter�s en salud p�blica internacional.
b) Recopilar informaci�n de riesgos para la salud de car�cter internacional e informar a los organismos de la Administraci�n General del Estado competentes en materia de coordinaci�n de emergencias y protecci�n civil.
c) Elaborar informes peri�dicos, sobre la evoluci�n y condicionantes de la salud internacional y sus implicaciones para Espa�a.
d) Integrar en la Estrategia de salud p�blica, aquellas acciones de salud internacional de inter�s para el Gobierno de Espa�a.
e) Establecer y coordinar una red de profesionales sanitarios y equipos que est�n en disposici�n de cooperaci�n sanitaria inmediata, a fin de poder responder a emergencias sanitarias internacionales.
f) Proponer el nombramiento de personas expertas en salud p�blica en las Representaciones Permanentes de Espa�a ante organismos e instituciones internacionales en coordinaci�n con los Ministerios competentes.
2. El Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad ser� el Centro Nacional de Enlace para la comunicaci�n continua con la Organizaci�n Mundial de la Salud y otras redes de alerta internacionales, y ser� responsable de la aplicaci�n del Reglamento Sanitario Internacional (2005), manteniendo para ello la capacidad nacional imprescindible para cumplir con lo dispuesto en dicho Reglamento en coordinaci�n con el Ministerio de Pol�tica Territorial y Administraci�n P�blica.
CAP�TULO IXSistema de Informaci�n en Salud P�blica
Sistema de Informaci�n en Salud P�blica 1. Los sistemas de informaci�n en materia de salud p�blica o cuya informaci�n sea relevante en la toma de decisiones en esta materia, con independencia de su titularidad, integrar�n el Sistema de Informaci�n en Salud p�blica.
2. Para asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas p�blicos de informaci�n se atender� a lo dispuesto en el cap�tulo V de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi�n y calidad del Sistema Nacional de Salud, sobre el sistema de informaci�n sanitaria.
3. El Sistema de Informaci�n en Salud P�blica integrar� como m�nimo lo siguiente:
a) Las estad�sticas, registros y encuestas que midan los condicionantes de la salud: educaci�n, situaci�n social, situaci�n laboral, entorno f�sico y medioambiental, incluyendo los cambios en el clima, seguridad, demograf�a, econom�a, servicios, recursos sanitarios, presencia de contaminantes en las personas y cualquier otra variable que el conocimiento cient�fico y las necesidades de la Administraci�n sanitaria hagan necesaria.
b) Las estad�sticas, registros y encuestas que midan la salud, la calidad de vida y el bienestar de la poblaci�n.
c) La informaci�n sobre pol�ticas y sobre actuaciones de salud p�blica en todos los �mbitos de acci�n.
4. El sistema de informaci�n de salud p�blica estar� integrado por indicadores basados, entre otros, en los criterios de la Organizaci�n Mundial de la Salud y de la Uni�n Europea.
Organizaci�n de los sistemas de informaci�n 1. Las autoridades sanitarias con el fin de asegurar la mejor tutela de la salud de la poblaci�n podr�n requerir, en los t�rminos establecidos en este art�culo, a los servicios y profesionales sanitarios informes, protocolos u otros documentos con fines de informaci�n sanitaria.
2. Las Administraciones sanitarias no precisar�n obtener el consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de datos personales, relacionados con la salud, as� como su cesi�n a otras Administraciones p�blicas sanitarias, cuando ello sea estrictamente necesario para la tutela de la salud de la poblaci�n.
3. A los efectos indicados en los dos apartados anteriores, las personas p�blicas o privadas ceder�n a la autoridad sanitaria, cuando as� se las requiera, los datos de car�cter personal que resulten imprescindibles para la toma de decisiones en salud p�blica, de conformidad con lo establecido en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.
En cualquier caso, el acceso a las historias cl�nicas por razones epidemiol�gicas y de salud p�blica se someter� a lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b�sica reguladora de la Autonom�a del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Informaci�n y Documentaci�n Cl�nica.
Datos b�sicos y comunicaci�n de la informaci�n 1. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobar� la informaci�n sobre salud p�blica que se incluya en el Sistema de Informaci�n en salud p�blica, a cuyo efecto definir� un conjunto de datos b�sicos en las condiciones y requisitos establecidos en el cap�tulo V de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi�n y calidad del Sistema Nacional de Salud.
2. El acceso a la informaci�n por parte de los usuarios del sistema se realizar� en los t�rminos establecidos en esta ley y sus disposiciones de desarrollo.
Seguridad de la informaci�n 1. En todos los niveles del sistema de informaci�n en salud p�blica se adoptar�n las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos.
2. Los trabajadores de centros y servicios p�blicos y privados y quienes por raz�n de su actividad tengan acceso a los datos del sistema de informaci�n est�n obligadas a mantener secreto.
T�TULO III La planificaci�n y coordinaci�n de la salud p�blica
Estrategia de Salud P�blica 1. La Estrategia de Salud P�blica, sin perjuicio de las que puedan aprobar las comunidades aut�nomas, tiene por finalidad propiciar que la salud y la equidad en salud se consideren en todas las pol�ticas p�blicas y facilitar la acci�n intersectorial en esta materia.
2. La Estrategia definir� las �reas de actuaci�n sobre los factores condicionantes de la salud e incorporar� las acciones de investigaci�n en salud p�blica contempladas en los art�culos 47, 48 y 49 de la presente ley.
3. La Estrategia de Salud P�blica, que aprobar� el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tendr� una duraci�n quinquenal y ser� evaluada con periodicidad bienal.
Creaci�n y composici�n del Consejo Asesor de Salud P�blica 1. Se crea el Consejo Asesor de Salud P�blica como �rgano colegiado de consulta y participaci�n, adscrito al Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, en el que est�n representados los Departamentos de la Administraci�n General del Estado, cuyas pol�ticas inciden en la salud, las Comunidades Aut�nomas, y aquellos otros organismos y organizaciones relacionados con la salud p�blica que aseguren una adecuada gobernanza del sistema.
2. El Consejo Asesor de Salud P�blica lo preside la persona titular del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad.
3. La composici�n, funciones y r�gimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Salud P�blica se determinar� reglamentariamente, incluyendo, al menos, representantes de las corporaciones profesionales, as� como de las asociaciones cient�ficas, de las asociaciones profesionales y de las organizaciones sin �nimo de lucro relacionadas con la salud p�blica, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, organizaciones sin �nimo de lucro relacionadas con la salud p�blica y de las organizaciones de consumidores y usuarios.
La composici�n de este Consejo Asesor deber� garantizar la adecuada representaci�n de los sectores interesados.
Comit� Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud El Comit� Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud actuar� como �rgano especializado, colegiado y permanente de consulta y participaci�n social en las pol�ticas de salud p�blica, de tal modo que se asegure una adecuada gobernanza del sistema.
Centro Estatal de Salud P�blica 1. El Centro Estatal de Salud P�blica se adscribe al Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, actuando bajo las directrices del centro directivo responsable de la salud p�blica. Sus funciones ser�n establecidas en el correspondiente Real Decreto de estructura org�nica.
2. El Centro Estatal de Salud P�blica tiene como objetivo el asesoramiento t�cnico en materia de salud p�blica y la evaluaci�n de intervenciones en salud p�blica en el �mbito de la Administraci�n General del Estado. Asimismo, llevar� a cabo labores de asesoramiento t�cnico y cient�fico y de evaluaci�n de intervenciones de salud p�blica en el �mbito de otras Administraciones.
3. El Centro Estatal de Salud P�blica realizar� el seguimiento y la evaluaci�n de la Estrategia de Salud P�blica y coordinar� las acciones desarrolladas por los centros nacionales de salud p�blica.
T�TULO IVEl personal profesional y la investigaci�n en salud p�blica
CAP�TULO IFormaci�n y desarrollo profesional en salud p�blica
Principios generales para el ejercicio de las actividades de salud p�blica 1. A los efectos de esta ley, se consideran actividades profesionales del �mbito de la salud p�blica el desarrollo de las intervenciones descritas en el T�tulo II de esta ley y circunscritas a la salud p�blica excluyendo las relacionadas con la investigaci�n en salud.
2. La salud p�blica tiene car�cter multidisciplinar, y el personal profesional de la salud p�blica tiene el deber de seguir una formaci�n continua a lo largo de la vida, que adem�s deber� ser adecuada a su nivel de responsabilidad y competencia para garantizar un correcto ejercicio profesional.
3. Las Administraciones p�blicas facilitar�n la formaci�n continuada como una parte del desarrollo profesional en salud p�blica y como una inversi�n estrat�gica.
4. A los profesionales sanitarios de la salud p�blica se les aplicar� lo dispuesto en el T�tulo III, sobre desarrollo profesional y su reconocimiento de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenaci�n de las profesiones sanitarias, defini�ndose necesariamente la correspondiente carrera profesional.
Lo dispuesto en el apartado 4 del art�culo 48 entrar� en vigor a los doce meses de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
CAP�TULO IILa investigaci�n en el desarrollo de las pol�ticas de salud p�blica
Prioridades de la investigaci�n en salud p�blica La Estrategia de Salud P�blica determinar� los �mbitos relativos a salud p�blica y sus condicionantes sociales en los que, por la especial incidencia en el conjunto de la poblaci�n, sea de particular inter�s la promoci�n de la investigaci�n.
Promoci�n de la investigaci�n en salud p�blica Las Administraciones sanitarias promover�n la investigaci�n y la comunicaci�n de sus resultados en la actividad de los profesionales en salud p�blica. Para ello, adoptar�n las siguientes acciones:
a) Facilitar que las investigaciones sobre los problemas de salud de la poblaci�n se realicen con los medios y calidad adecuados.
b) Fomentar la relaci�n entre los grupos de investigaci�n de excelencia y el personal profesional de salud p�blica.
Comunicaci�n de los resultados de la investigaci�n en salud p�blica 1. Con independencia de las obligaciones de difusi�n de los resultados de la investigaci�n, previstas en la Ley de la Ciencia, la Tecnolog�a y la Innovaci�n, las Administraciones p�blicas competentes en materia de investigaci�n relacionada con la salud establecer�n los mecanismos adecuados para que los resultados de los proyectos financiados con fondos p�blicos que puedan tener aplicaci�n inmediata en la toma de decisiones de pol�tica sanitaria, especialmente en el tratamiento de enfermedades de alto impacto en la poblaci�n, sean comunicados inmediatamente a las Administraciones sanitarias. En todo caso se garantizar� la defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan.
2. Las Administraciones sanitarias evaluar�n, de manera conjunta, el impacto en salud de la poblaci�n de los resultados de las investigaciones financiadas con fondos p�blicos.
3. En el establecimiento de acuerdos con grupos de investigaci�n las Autoridades competentes dar�n preferencia a aquellos grupos cuyos resultados hayan dado lugar a aplicaciones y usos efectivos por parte de las Administraciones sanitarias.
T�TULO VLa autoridad sanitaria estatal, vigilancia y control
CAP�TULO IAutoridad sanitaria estatal
La Autoridad Sanitaria estatal 1. Tendr� la consideraci�n de autoridad sanitaria estatal el titular del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad y, en el marco de sus respectivas funciones, los titulares de los �rganos superiores y �rganos directivos con responsabilidades en salud p�blica de dicho departamento ministerial con rango igual o superior al de Director General.
2. La autoridad sanitaria estatal, en el ejercicio de su responsabilidad y de acuerdo con las competencias que le correspondan en materia de salud p�blica, dictar� disposiciones y tendr� facultades para actuar, mediante los �rganos competentes en cada caso, en las actividades p�blicas o privadas para proteger la salud de la poblaci�n.
3. Corresponde a la autoridad sanitaria estatal con car�cter general, en el �mbito de sus competencias, la adopci�n de medidas sobre coordinaci�n y ejecuci�n de las actuaciones de salud p�blica consideradas en la presente ley, as� como la adopci�n de cuantas medidas de intervenci�n especial, de acuerdo con el art�culo 52, en materia de salud p�blica resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de car�cter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la poblaci�n, y siempre que la evidencia cient�fica disponible as� lo acredite.
4. La autoridad sanitaria, en el ejercicio de sus funciones, podr� solicitar el apoyo, auxilio y colaboraci�n de otros �rganos administrativos, funcionarios p�blicos u otras instituciones, pudiendo incluso requerir, en caso de estricta y urgente necesidad y para el mejor cumplimiento de la legislaci�n vigente, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado u otros agentes de la autoridad que tengan encomendadas funciones de seguridad.
Agentes de la Autoridad Sanitaria estatal El personal al servicio de la Administraci�n General del Estado vinculado al ejercicio de competencias contempladas de esta ley, tendr� la condici�n de agente de la autoridad sanitaria y estar� facultado para desarrollar labores de inspecci�n. A tal efecto, podr� tomar muestras y practicar las pruebas, investigaciones o ex�menes necesarios para la comprobaci�n del cumplimiento de las normas sanitarias siguiendo los procedimientos establecidos.
CAP�TULO IIMedidas especiales y cautelares
Medidas especiales y cautelares 1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Org�nica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P�blica, con car�cter excepcional y cuando as� lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administraci�n General del Estado y las de las comunidades aut�nomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el �mbito de sus respectivas competencias, podr�n adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad competente podr� adoptar, mediante resoluci�n motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilizaci�n y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervenci�n de medios materiales o personales.
d) La suspensi�n del ejercicio de actividades.
e) La determinaci�n de condiciones previas en cualquier fase de la fabricaci�n o comercializaci�n de productos y sustancias, as� como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida la suspensi�n de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el T�tulo II de esta ley.
3. Las medidas se adoptar�n previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la poblaci�n y su duraci�n no exceder� del tiempo exigido por la situaci�n de riesgo que las motiv�. Los gastos derivados de la adopci�n de medidas cautelares contempladas en el presente art�culo correr�n a cargo de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deber�n, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
T�TULO VIInfracciones y sanciones
Sujetos responsables de las infracciones Sin perjuicio de los reg�menes sancionadores establecidos por la normativa sectorial vigente, en especial en el orden laboral, las personas f�sicas o jur�dicas responsables de las acciones u omisiones que constituyan infracciones en salud p�blica ser�n sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en este T�tulo.
Infracciones y r�gimen sancionador 1. Son infracciones administrativas en salud p�blica las acciones y las omisiones que se tipifican en los art�culos siguientes, as� como las que, en su caso, pueda establecer la legislaci�n auton�mica o local.
2. Si una misma acci�n u omisi�n fuera constitutiva de dos o m�s infracciones, se tomar� en consideraci�n �nicamente aqu�lla que comporte mayor sanci�n.
3. No podr�n sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en los que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o de falta, la autoridad competente pasar� el tanto de la culpa a la jurisdicci�n competente y se abstendr� de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.
De no haberse estimado la existencia de il�cito penal o en caso de haberse dictado resoluci�n de otro tipo que ponga fin al proceso penal, se continuar� el expediente sancionador teniendo en cuenta, en su caso, los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
4. La tramitaci�n de un procedimiento sancionador por las infracciones reguladas en este T�tulo, no postergar� la exigencia de las obligaciones de adopci�n de medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n, previstas en esta ley, que ser�n independientes de la sanci�n que, en su caso, se imponga.
Calificaci�n de las infracciones 1. Las infracciones tipificadas en esta ley se califican como muy graves, graves y leves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud de la poblaci�n, gravedad de la alteraci�n sanitaria o social producida, cuant�a del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad y reincidencia en las mismas.
2. Adem�s de las infracciones sanitarias previstas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se tipifican como infracciones en salud p�blica las siguientes:
1.� La realizaci�n de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un da�o muy grave para la salud de la poblaci�n.
2.� El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta da�os graves para la salud.
3.� Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para facilitar o encubrir su comisi�n.
4.� La reincidencia en la comisi�n de faltas graves en los �ltimos cinco a�os.
1.� La realizaci�n de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un da�o grave para la salud de la poblaci�n, cuando �sta no sea constitutiva de infracci�n muy grave.
2.� La denegaci�n de apoyo, auxilio o colaboraci�n a los agentes de la autoridad sanitaria.
3.� El incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si comporta da�os para la salud, cuando no sea constitutivo de infracci�n muy grave.
4.� La resistencia o la obstrucci�n de aquellas actuaciones que fueren exigibles, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
5.� El incumplimiento de comunicaci�n de informaci�n y resto de obligaciones conforme a lo dispuesto en el T�tulo I de esta ley, cuando revista car�cter de gravedad.
6.� La reincidencia en la comisi�n de infracciones leves, en los �ltimos doce meses.
1.� El incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, si las repercusiones producidas han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la poblaci�n.
2.� Aquellas infracciones que conforme a lo establecido en este art�culo no se califiquen como graves o muy graves.
Sanciones 1. La comisi�n de infracciones en materia de salud p�blica dar� lugar a la imposici�n de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las que puedan establecer las comunidades aut�nomas y Entidades locales en el �mbito de sus competencias:
a) En el caso de infracci�n muy grave: Multa de 60.001 hasta 600.000 euros, pudiendo rebasar esta cuant�a hasta alcanzar el qu�ntuplo del valor de mercado de los productos o servicios objeto de la infracci�n.
Estas cantidades podr�n ser actualizadas por el Gobierno reglamentariamente.
2. Sin perjuicio de la sanci�n econ�mica que pudiera corresponder, en los supuestos de infracciones muy graves, se podr� acordar por la autoridad competente el cierre temporal de los establecimientos o servicios por un plazo m�ximo de cinco a�os.
3. En la imposici�n de las sanciones, las Administraciones p�blicas deber�n guardar la debida adecuaci�n entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci�n y la sanci�n aplicada, considerando a tal efecto los criterios establecidos en el art�culo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Prescripci�n de infracciones y de sanciones 1. Las infracciones leves prescribir�n al a�o, las graves a los tres a�os y las muy graves a los cinco a�os.
El plazo de prescripci�n de las infracciones comenzar� a contarse desde el d�a siguiente a aqu�l en que la infracci�n se hubiera cometido.
2. Las sanciones impuestas por la comisi�n de infracciones leves prescribir�n al a�o, las impuestas por faltas graves a los tres a�os y las impuestas por faltas muy graves a los cinco a�os.
Procedimiento sancionador 1. El procedimiento sancionador, en materia de salud p�blica, se desarrollar� reglamentariamente, de conformidad con lo establecido en esta ley y en el T�tulo IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
2. El plazo para dictar y notificar la resoluci�n de un expediente sancionador es de nueve meses.
�rganos competentes para imponer sanciones en materia de salud p�blica 1. La incoaci�n, tramitaci�n y resoluci�n de los expedientes sancionadores corresponder� a la Administraci�n competente por raz�n del territorio y la materia.
2. En el �mbito de la Administraci�n General del Estado, la incoaci�n del expediente corresponder� a la Direcci�n General competente en materia de salud p�blica y la resoluci�n al titular de esta Direcci�n General, en el caso de infracciones leves, al titular de la Secretar�a General de Sanidad, en el caso de infracciones graves, y a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, para las muy graves.
3. Las autoridades competentes podr�n publicar, una vez firmes, las sanciones impuestas por las infracciones cometidas, los hechos constitutivos de tales infracciones, as� como la identidad del infractor.
La especializaci�n en salud p�blica de las profesiones sanitarias El Gobierno modificar� el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formaci�n sanitaria especializada, con el fin de ampliar la especializaci�n en salud p�blica al resto de profesiones sanitarias.
La salud p�blica en las Fuerzas Armadas En el �mbito de las Fuerzas Armadas, la Inspecci�n General de Sanidad de la Defensa, como autoridad sanitaria del departamento, coordinar� con las otras autoridades sanitarias las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de esta ley, y realizar�, en el seno de las Fuerzas Armadas, las acciones necesarias para el cumplimiento de sus disposiciones y de las que sean concordantes, dando cuenta de las mismas al Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad.
La salud p�blica en las Instituciones Penitenciarias En el �mbito de las Instituciones Penitenciarias, la autoridad penitenciaria coordinar� con las autoridades sanitarias las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de esta ley, y realizar� las acciones necesarias para el cumplimiento de sus disposiciones y de las que sean concordantes en aquellos servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias que no haya sido trasferidos a las comunidades aut�nomas, dando de ello cuenta al Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad.
Del Centro Estatal de Salud P�blica La creaci�n del Centro Estatal de Salud P�blica, previsto en el art�culo 47, se realizar� mediante la reestructuraci�n de las unidades existentes contempladas en el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, sin que pueda suponer un incremento de los cr�ditos presupuestarios.
Dicho centro coordinar� su actividad con los centros nacionales de Epidemiolog�a, Microbiolog�a, Sanidad Ambiental, Medicina Tropical, Escuela Nacional de Sanidad y Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, y otras unidades, centros y organismos de titularidad estatal que tengan entre sus competencias el desarrollo de funciones en materia de salud p�blica en conexi�n con el desarrollo de actividades de investigaci�n.
Prestaciones Las prestaciones que establece esta ley se financiar�n de acuerdo con lo previsto en el art�culo 10 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi�n y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Extensi�n del derecho a la asistencia sanitaria p�blica 1. Se extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria p�blica, a todos los espa�oles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicaci�n de otras normas del ordenamiento jur�dico.
Esta extensi�n, que tendr� como m�nimo el alcance previsto en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, se hace sin perjuicio de lo expresado en los apartados siguientes y de la exigencia de las correspondientes obligaciones a aquellos terceros legalmente obligados al pago de dicha asistencia de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad, en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y de lo dispuesto en los reglamentos comunitarios europeos y convenios internacionales en la materia.
La extensi�n prevista en este apartado ser� efectiva para las personas que hayan agotado la prestaci�n o el subsidio de desempleo a partir del 1 de enero de 2012. Para el resto de colectivos afectados se realizar�, atendiendo a la evoluci�n de las cuentas p�blicas, en los t�rminos previstos en el apartado 3.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no modifica el r�gimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o de beneficiarias de los reg�menes especiales de la Seguridad Social gestionados por MUFACE, MUGEJU o ISFAS, que mantendr�n su r�gimen jur�dico espec�fico. Al respecto, las personas encuadradas en dichas mutualidades que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a trav�s de las entidades de seguro deber�n ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades. En caso de recibir asistencia en centros sanitarios p�blicos, el gasto correspondiente a la asistencia prestada ser� reclamado al tercero obligado, de acuerdo a la normativa vigente.
3. En el plazo de seis meses, el Gobierno determinar� reglamentariamente los t�rminos y condiciones de la extensi�n del derecho para quienes ejerzan una actividad por cuenta propia.
Regulaci�n de la psicolog�a en el �mbito sanitario 1. Tendr� la consideraci�n de profesi�n sanitaria titulada y regulada con la denominaci�n de Psic�logo General Sanitario de nivel licenciado/graduado, en los t�rminos previstos en el art�culo 2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenaci�n de las Profesiones Sanitarias, los licenciados/graduados en Psicolog�a cuando desarrollen su actividad profesional por cuenta propia o ajena en el sector sanitario, siempre que, adem�s del mencionado t�tulo universitario ostenten el t�tulo oficial de M�ster en Psicolog�a General Sanitaria, cuyos planes de estudio se ajustar�n, cualquiera que sea la universidad que los imparta, a las condiciones generales que establezca el Gobierno al amparo de lo previsto en el art�culo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenaci�n de las ense�anzas universitarias oficiales.
De conformidad con lo previsto en el art�culo 6.4 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, corresponde al Psic�logo General Sanitario, la realizaci�n de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicol�gicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoci�n y mejora del estado general de su salud, siempre que dichas actividades no requieran una atenci�n especializada por parte de otros profesionales sanitarios.
2. De conformidad con lo establecido en el art�culo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el Gobierno, en el plazo de seis meses, establecer� las condiciones generales a las que se ajustar�n los planes de estudios para la obtenci�n del t�tulo oficial de M�ster en Psicolog�a General Sanitaria, habilitando al Ministerio de Educaci�n para concretar, con sujeci�n a lo previsto en dicho Real Decreto, los requisitos del citado M�ster y la planificaci�n de sus ense�anzas en el �mbito de todo el Estado, con sujeci�n a los siguientes criterios:
a) Los planes de estudios correspondientes al t�tulo oficial de M�ster en Psicolog�a General Sanitaria garantizar�n la adquisici�n de las competencias necesarias para desempe�ar las actividades de la profesi�n sanitaria de Psic�logo General Sanitario que se especifican en el apartado 1. A tal efecto, el t�tulo habilitante para la profesi�n de Psic�logo General Sanitario deber� acreditar la superaci�n de, al menos, 180 cr�ditos ECTS de contenido espec�ficamente sanitario en el conjunto de ense�anzas de Grado y M�ster, de acuerdo con la concreci�n que reglamentariamente se determine.
b) Las universidades que impartan los estudios de M�ster en Psicolog�a General Sanitaria regular�n el procedimiento que permita reconocer a los licenciados/graduados en Psicolog�a que hayan concluido dichos estudios con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, los cr�ditos europeos de dicho M�ster que en cada caso correspondan, tras evaluar el grado de equivalencia acreditado a trav�s de la experiencia profesional y formaci�n adquiridos por el interesado en Psicolog�a de la Salud.
3. De conformidad con lo establecido en el art�culo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el Gobierno, en el plazo de un a�o, regular� las condiciones generales a las que se ajustar�n los planes de estudios del t�tulo de Grado en Psicolog�a, correspondiendo al Ministerio de Educaci�n regular, en el citado plazo y con sujeci�n a lo previsto en dicho Real Decreto, los requisitos del t�tulo y planificaci�n de las ense�anzas a las que habr�n de ajustarse los planes de estudios de Grado en el �mbito de todo el Estado con sujeci�n a los siguientes criterios:
a) El t�tulo de Grado en Psicolog�a, que no habilitar�, por s� mismo, para el ejercicio de la psicolog�a en el sector sanitario, constituir� un requisito necesario para el acceso al M�ster de Psicolog�a General Sanitaria.
b) Las universidades que formen a psic�logos que pretendan acceder al M�ster de Psicolog�a General Sanitaria dise�ar�n el t�tulo de Grado en Psicolog�a previendo, al menos, un recorrido espec�fico vinculado a la psicolog�a de la salud. Dicha recorrido determinar� una menci�n expresa al mismo en el correspondiente t�tulo de Grado en Psicolog�a.
c) Las universidades proceder�n a adaptar los planes de estudio de Grado en Psicolog�a ya aprobados a las condiciones generales antes citadas, solicitando su verificaci�n en los t�rminos previstos por la legislaci�n vigente. La citada adaptaci�n se llevar� a cabo en el plazo de cinco a�os desde que el Gobierno apruebe las condiciones generales a las que se ajustar�n los planes de estudios del t�tulo de Grado en Psicolog�a.
4. Los psic�logos que desarrollen su actividad en centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados con �l, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes del mismo que correspondan a dichos profesionales, deber�n estar en posesi�n del t�tulo oficial de Psic�logo Especialista en Psicolog�a Cl�nica al que se refiere el apartado 3 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formaci�n sanitaria especializada.
Lo previsto en el p�rrafo anterior se entender� sin perjuicio de las competencias de otros especialistas sanitarios y, en su caso, del car�cter multiprofesional de los correspondientes equipos de trabajo en el �mbito de la salud mental.
5. Las Administraciones sanitarias de las distintas Comunidades Aut�nomas, para inscribir en el correspondiente Registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios las unidades asistencias/consultas de psicolog�a, requerir�n que el interesado haya obtenido el t�tulo de M�ster en Psicolog�a Sanitaria o el de Psic�logo especialista en Psicolog�a Cl�nica.
Sin perjuicio de lo previsto en el p�rrafo anterior, se mantiene el procedimiento transitorio previsto en el n�mero 2 de la disposici�n adicional sexta de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Econom�a Social, durante un plazo de tres a�os desde la entrada en vigor de la presente ley.
6. Los psic�logos que hayan obtenido la inscripci�n de unidades asistenciales/consultas de psicolog�a en un registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios, al amparo de lo previsto en el p�rrafo segundo del anterior apartado 5, podr�n seguir ejerciendo actividades sanitarias en la misma u otra comunidad aut�noma, con posterioridad a la fecha del vencimiento del plazo de tres a�os indicado en el citado apartado, sin que en estos supuestos sea necesario ostentar para realizar una nueva inscripci�n, el t�tulo oficial de psic�logo especialista en Psicolog�a Cl�nica o el de Master en Psicolog�a General Sanitaria.
N�mero 6 de la disposici�n adicional s�ptima introducido por el n�mero Uno de la disposici�n final octava de la Ley 3/2014, 27 marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el RD Leg 1/2007, 16 noviembre (�B.O.E.� 28 marzo). Las disposiciones de la citada Ley ser�n de aplicaci�n a los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir de 13 junio de 2014.Vigencia: 29 marzo 2014
7. No obstante lo previsto en el anterior apartado 4, los psic�logos que a la fecha de entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 29 de marzo
, estuvieran desempe�ando actividades sanitarias en centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados con �l, en puestos de trabajo de psic�logo para cuyo acceso no se hubiera requerido estar en posesi�n del t�tulo de psic�logo especialista en Psicolog�a Cl�nica, no podr�n ser removidos de sus puestos por no ostentar dicho t�tulo.
Estos psic�logos podr�n acogerse a lo previsto en el apartado 6 de esta disposici�n, si solicitan su inscripci�n en el correspondiente registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios para ejercer actividades sanitarias en unidades asistenciales/consultas de psicolog�a del �mbito privado, aun cuando no ostenten el Master en Psicolog�a General Sanitaria.
N�mero 7 de la disposici�n adicional s�ptima introducido por el n�mero Uno de la disposici�n final octava de la Ley 3/2014, 27 marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el RD Leg 1/2007, 16 noviembre (�B.O.E.� 28 marzo). Las disposiciones de la citada Ley ser�n de aplicaci�n a los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir de 13 junio de 2014.Vigencia: 29 marzo 2014
Derogaci�n normativa 1. Queda derogado el apartado 1 del art�culo 19, as� como los art�culos 21 y 22 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
2. Queda derogado el art�culo 66 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi�n y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Modificaci�n de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad El apartado 1 del art�culo 25 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, queda redactado de la siguiente manera:
�1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, as� como la obligaci�n de someter a registro por razones sanitarias a las empresas o productos, ser�n establecidas reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto en la presente ley, as� como lo establecido en la Ley General de Salud P�blica.�
El art�culo 27 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, queda redactado de la siguiente manera:
�Las Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus competencias, realizar�n un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que ata�e a la salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma, con especial atenci�n a la protecci�n de la salud de la poblaci�n m�s vulnerable.�
Modificaci�n de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi�n y Calidad del Sistema Nacional de Salud La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi�n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, se modifica en los siguientes t�rminos:
Primero. La letra c) del art�culo 2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi�n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, queda redactada de la siguiente manera:
�c) La coordinaci�n y la cooperaci�n de las Administraciones p�blicas sanitarias para la superaci�n de las desigualdades en salud, en los t�rminos previstos en esta ley y en la Ley General de Salud P�blica.�
Segundo. La letra d) del art�culo 2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi�n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, queda redactada de la siguiente manera:
�d) La prestaci�n de una atenci�n integral a la salud, comprensiva tanto de su promoci�n como de la prevenci�n de enfermedades, de la asistencia y de la rehabilitaci�n, procurando un alto nivel de calidad, en los t�rminos previstos en esta ley y en la Ley General de Salud P�blica.�
Tercero. El apartado 2 del art�culo 11 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi�n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, queda redactado de la siguiente manera:
�2. La prestaci�n de salud p�blica comprende las siguientes actuaciones:
La prestaci�n de salud p�blica incluir�, asimismo, todas aquellas actuaciones singulares o medidas especiales que, en materia de salud p�blica, resulte preciso adoptar por las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones p�blicas, dentro del �mbito de sus competencias, cuando circunstancias sanitarias de car�cter extraordinario o situaciones de especial urgencia o necesidad as� lo exijan y la evidencia cient�fica disponible las justifique.�
Cuarto. El apartado 1 del art�culo 26 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi�n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, queda redactado en los siguientes t�rminos:
�1. Los servicios de salud informar�n a la ciudadan�a de sus derechos y deberes, de las prestaciones y de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, de los requisitos necesarios para el acceso a �stos y de los restantes derechos recogidos en la Ley b�sica reguladora de la autonom�a del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de informaci�n y documentaci�n cl�nica, as� como de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley General de Salud P�blica y en las correspondientes normas auton�micas, en su caso.�
Quinto. La disposici�n adicional cuarta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi�n y Calidad del Sistema Nacional de Salud queda redactada de la siguiente forma:
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 6, las entidades colaboradoras y mutuas con responsabilidades de cobertura de asistencia sanitaria p�blica tendr�n que garantizar, en lo que resulte de aplicaci�n, de acuerdo con lo dispuesto en su normativa espec�fica, el contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, as� como las garant�as sobre accesibilidad, movilidad, calidad, seguridad, informaci�n y tiempo recogidas en esta ley.�
Modificaci�n de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b�sica reguladora de la autonom�a del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci�n y documentaci�n cl�nica El apartado 3 del art�culo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b�sica reguladora de la autonom�a del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci�n y documentaci�n cl�nica queda redactado como sigue:
�3. El acceso a la historia cl�nica con fines judiciales, epidemiol�gicos, de salud p�blica, de investigaci�n o de docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y dem�s normas de aplicaci�n en cada caso. El acceso a la historia cl�nica con estos fines obliga a preservar los datos de identificaci�n personal del paciente, separados de los de car�cter cl�nicoasistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.
Se except�an los supuestos de investigaci�n de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificaci�n de los datos identificativos con los cl�nicoasistenciales, en los cuales se estar� a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia cl�nica queda limitado estrictamente a los fines espec�ficos de cada caso.
Cuando ello sea necesario para la prevenci�n de un riesgo o peligro grave para la salud de la poblaci�n, las Administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, General de Salud P�blica, podr�n acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones epidemiol�gicas o de protecci�n de la salud p�blica. El acceso habr� de realizarse, en todo caso, por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligaci�n equivalente de secreto, previa motivaci�n por parte de la Administraci�n que solicitase el acceso a los datos.�
T�tulo competencial 1. Esta ley tiene el car�cter de norma b�sica, al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.16.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinaci�n general de la sanidad. El cap�tulo VIII del T�tulo II se ampara en la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior en virtud de lo previsto en esta misma cl�usula. El cap�tulo II del T�tulo IV se dicta al amparo del art�culo 149.1.15.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinaci�n general de la investigaci�n cient�fica y t�cnica.
2. No tienen car�cter b�sico y se aplican exclusivamente a la Administraci�n General del Estado los art�culos 45 y 53.
Habilitaci�n para el desarrollo reglamentario El Gobierno y la persona titular del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, en el �mbito de sus respectivas competencias, dictar�n las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicaci�n de esta ley.
Entrada en vigor La presente ley entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�, a excepci�n de lo dispuesto en el apartado 4 de su art�culo 48, que entrar� en vigor a los doce meses de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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