Source: http://periodistascontraelcrimen.blogspot.com/2011/06/
Timestamp: 2017-09-25 15:13:44+00:00

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RED MUNDIAL DE PRENSA: junio 2011
FIP: abierto el proceso para seleccionar un secretario general adjunto
PES.- El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas y el Comité Director de la Federación europea de periodistas (FEP) han abierto el proceso de selección de un nuevo Secretario General Adjunto de la FIP-Secretario general de la FEP que se establecerá en Bruselas para dedicar el 50% del tiempo para a función, bajo la autoridad del Secretario General de la FIP y del Comité Directivo de la FEP.
La persona seleccionada debe tener las siguientes habilidades:
1. Experiencia y conocimiento considerable del sindicalismo, una capacidad contrastada para dirigir e inspirar.
2. Experiencia y conocimientos sobre periodismo y cuestiones generales relacionadas con los medios de comunicación y los periodistas en todo el mundo.
3. Experiencia en la dirección de campañas y la negociación con instituciones.
4. Conocimientos y experiencia sobre cómo gestionar de modo efectivo los recursos humanos de una organización, así como capacidad para motivar a equipos y gestionar simultáneamente varios proyectos.
5. Capacidad para desarrollar e implementar planes financieros, así como de gestionar recursos y obtener financiación y fuentes de ingresos.
6. Comunicación escrita y verbal profesional y habilidades de relación interpersonal. Capacidad de comunicarse e interactuar con funcionarios de todos los niveles, así como de trabajar de manera efectiva con los afiliados.
7. Conocimientos sobre técnicas de comunicación y relaciones públicas y capacidad para elaborar y entregar informes y presentaciones.
8. Fluidez en inglés y francés o alemán. La fluidez en el segundo idioma será considerada una ventaja.
Ver funciones a desempeñar en ambos puestos y presentar la candidatura antes del 31 de julio de 2011, si se cumplen lo siguientes requisitos: Ser miembro de un sindicato o tener una experiencia en un sindicato como cargo con dedicación parcial o a tiempo completo. Haber trabajado como periodista. Estar dispuesto a trasladarse a una distancia razonable de la sede de la FIP/FEP en Bruselas.
El secretario general suscribirá un contrato abierto, que incluye un período de prueba de seis meses, con un salario mensual de 4.600 € abonados de conformidad con el sistema salarial belga. Los beneficios adicionales se abonarán de conformidad con las disposiciones del convenio de trabajo de la Federación Internacional de Periodistas.
Una vez nombrado, el candidato debe firmar el contrato de empleo antes de que se confirme la oferta.
Las personas interesadas en presentar su candidatura o solicitar más información deben dirigirse en prioridad a: job@ifj.orgEsta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
Fecha límite para la presentación de candidaturas: 31 de julio de 2011 a las 12 de la medianoche.
ANP SALUDA RESOLUCIÓN DE TC QUE TUTELA DERECHOS DE RADIO ILO
ANP CONDENA AGRESIÓN A PERIODISTAS EN HUANCAYO Y DEMANDA INVESTIGACIÓN
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condena las agresiones de las que fueron víctimas un grupo de periodistas que daban cobertura informativa a una protesta de estudiantes de la Universidad del Centro, en la ciudad de Huancayo, en el frontis de dicho centro de estudios.
La ANP ve con enorme preocupación no sólo la violencia con que se reprimió a los estudiantes sino, además, los insultos y amenazas proferidos por efectivos policiales contra los periodistas que se encontraban en dicho lugar cumpliendo estricta labor informativa.
Llama la atención la directa y decidida actuación de agredir a los periodistas físicamente y también de arrebatar sus cámaras fotográficas y filmadoras con el objeto de destruir el material registrado y ocultar las imágenes grabadas por los reporteros Víctor Munive (Panamericana Televisión), Jesiel Sauñi (RPP), Junior Meza (Diario Primicia) y Efraín Rojas (Ideeleradio).
La ANP denuncia la desproporcionada e ilícita actuación de las fuerzas del orden en las citadas circunstancias y llama la atención por direccionar los ataques contra los periodistas y agredirlos con el objeto de impedir su labor. El gremio ve, con especial preocupación, el retorno de prácticas que constituyen un directo ataque a la libertad de información, como lo es la destrucción del material periodístico. Dichas conductas están explícitamente prohibidas, incluso, en conflictos armados.
Frente a la gravedad de los hechos la ANP demanda al Ministerio del Interior y a la Fiscalía de la Nación una inmediata investigación y sanción de las agresiones y reclama determinar las responsabilidades de los efectivos de la Policía Nacional del Perú que decidieron impedir las labores profesionales de los periodistas apropiándose y destruyendo material de trabajo destinado a informar a los ciudadanos sobre hechos de interés público.
OTRO PERIODISTA ASESINADO EN MÉXICO: ¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO?
OTRO PERIODISTA ASESINADO EN MÉXICO:
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) tras expresar su permanente consternación ante la extrema violencia contra los periodistas en México demanda, una vez más, una acción efectiva del Estado mexicano que parece inerte ante los crímenes.
La FEPALC está convencida que el caldo de cultivo de estos asesinatos es que tienen garantizada la impunidad. Es terrible que a la fecha, con más de un centenar de colegas asesinados en los últimos 10 años, no haya ningún responsable en la cárcel. Es más nefasto constatar que en la mayoría de los crímenes de los últimos años el episodio que anticipa al asesinato es una amenaza que terminada siendo desestimada por las autoridades.
Tal es el caso del colega Miguel Ángel López Velasco, periodista y columnista del diario digital Notiver, quien fue acribillado en su domicilio, en el estado de Veracruz, el último 20 de junio, junto a su esposa y su hijo, Misael López Solana, quien desempañaba labor de reportero gráfico para el mismo medio.
López Velasco cubría temas de seguridad y narcotráfico, por lo que la FEPALC demanda que se privilegie la pista profesional en la investigación del crimen.
Esta explícita solicitud responde al hecho real que las autoridades locales, en todos los casos registrados a la fecha, parecen empeñadas en desvincular los crímenes del ejercicio profesional. Nos preguntamos, entonces, ¿quiénes y por qué matan a nuestros compañeros?. Queremos respuestas.
La FEPALC tras condenar este nuevo hecho de violencia con la mayor firmeza, se suma a la acción del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), su organización afiliada, que persiste en reclamar con todo derecho que el Estado cumpla con su deber de prevenir e investigar los crímenes, secuestros, intimidaciones y amenazas, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Demandamos, además, poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la vida y seguridad de los periodistas, en particular, quienes reportan desde lugares señalados de alta peligrosidad para el ejercicio periodístico.
El asesinato de Miguel Angel López eleva a seis la cifra de colegas victimados en lo que va del 2011. A ello se suma la desaparición del periodista Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del diario Novedades de Acapulco, en el estado de Guerrero, quien se encuentra desaparecido desde el 7 de junio último, paradójicamente fecha en que en México se celebraba el Día de la Libertad de Expresión.
e-mail: fepalc.derechoshumanos@gmail.com, o visite la web: www.fepalc.org
FEPALC DEMANDA INMEDIATA LIBERTAD DE PERIODISTA PERUANO ENCARCELADO HACE DOS MESES
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) demanda la inmediata libertad del periodista peruano Paul Segundo Garay Ramírez, recluido en un centro penitenciario desde hace dos meses, por considerar que ha sido sentenciado a pena efectiva de prisión sin ponderarse debidamente las pruebas presentadas en su contra en la querella que por difamación le inició el titular del Ministerio Público del departamento de Ucayali.
El hecho que un periodista esté en prisión por una querella por difamación nos reclama la atención a un tema mayor, que es la inmediata necesidad de adecuar el ordenamiento legal peruano a lo que dicta la doctrina mundial que prescribe al ámbito civil todo proceso emprendido por presunta difamación. Para la FEPALC, lo importante es resarcir el derecho al honor lesionado y no centrarse en el castigo al periodista.
Continuar penalizando el delito contra el honor significa perseguir criminalmente a las personas y periodistas por razón de sus expresiones y opiniones, lo que resulta absurdo en una sociedad moderna, donde la libertad de expresión y opinión debe imperar en un Estado democrático y de Derecho.
Para la FEPALC la sentencia contra el periodista Garay Ramírez es desproporcionada, desmedida e inhibitoria, más cuando se trata de un proceso en el que se encuentra incurso un funcionario público, expuesto al escrutinio y la crítica ciudadana. Blindar a quienes ejercen función pública constituye un atentado al principio de igualdad de todos ante la ley e impone una cultura del silencio desfavorable al ejercicio periodístico y atentatorio contra el derecho ciudadano a saber. La propia Organización de Estados Americanos (OEA) precisa que las libertades de información y opinión son los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público.
En razón a ello, la FEPALC acompaña en todas sus acciones a su afiliada, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que ha iniciado una campaña gremial para lograr la libertad de Paul Garay Ramírez y hace un llamado público al titular del Poder Judicial peruano, Dr. César San Martín Castro, para que invoque una correcta administración de justicia donde no se criminalice la crítica y se respete el debido proceso sin excesos.
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP) Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).
PERÚ: CAMPAÑA GREMIAL POR LA LIBERTAD DE PERIODISTA PAUL GARAY RAMÍREZ, RECLUDIO EN PENAL DE PUCALLPA DESDE HACE DOS MESES
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha iniciado una campaña gremial por la libertad del periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa radial La Voz del Pueblo, transmitido en la emisora radial La Exitosa, en la provincia de Coronel Portillo.
El comunicador social está recluido en el penal de Pucallpa, desde hace dos meses, tras ser querellado por difamación por Agustín López Cruz, Fiscal Provincial en dicha jurisdicción, en razón de diversos comentarios referidos a las actividades profesionales del citado magistrado.
El periodista ha sido condenado a tres años de prisión efectiva y a pagar la suma de 20 mil nuevos soles (U$ 7,300 aprox) por concepto de reparación civil.
La situación del periodista Paul Segundo Garay Ramírez es única en los anales de la justicia peruana, pues ha sido sentenciado injustamente aplicándosele una pena drástica, desproporcionada e inusual, sin considerar que no existe un agravio que justifique tal medida de gravedad. Durante la tramitación del proceso el periodista adujo vulneración del principio del debido proceso e indefensión al no admitirse la impugnación de la validez de las pruebas que supuestamente lo implicaba en el delito materia de querella. Paul Garay Ramírez ha apelado la sentencia.
En razón a ello les hacemos un llamado solidario a remitir comunicaciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César San Martín Castro, e.mail: presidente@pj.gob.pe, con copia a la ANP: anp@amauta.rcp.net.pe, solicitando un debido proceso y expresando su queja por el sistemático uso y abuso de querellas judiciales contra los periodistas que amenazan en convertirse en verdaderos instrumentos de intimidación y censura.
Hay necesidad de exhortar a las autoridades a que liberen al periodista Garay Ramírez, que revoquen la sentencia por difamación y adecúen la legislación a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, que considera las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos por supuesta difamación.
Anexamos una ayuda memoria sobre el caso a fin de que dispongan de mayor línea argumentativa en esta causa.
CONDENAN A PERIODISTA A TRES AÑOS DE PRISIÓN EFECTIVA POR CRITICAR A FISCAL DE PUCALLPA
El periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa "Voz del Pueblo", de radio La Exitosa y "Polémica" que difunde la televisora Visión 47, en la provincia de Coronel Portillo, fue condenado a tres años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de 20 mil nuevos soles.
Garay Ramírez fue recluido en el Penal de Pucallpa el 19 de abril del 2011.
El periodista fue sentenciado por haber criticado al fiscal Agustín López por archivar, sin darle seguimiento, dos casos de corrupción. Como prueba de la supuesta difamación sólo se presentó una breve grabación radiofónica. Paul Garay Ramírez ha desmentido que la voz grabada fuera la suya y, sobre todo, ha confirmado que él no trabajaba entonces para la radio de la que procedía la grabación.
La condena que contiene la sentencia resulta de la opción del juzgado por sobredimensionar las frases injuriosas que se afirma han sido expresadas por el periodista, pero que en realidad son frases de las que éste ha negado ser autor y aún cuando aquello hubiera ocurrido, son calificaciones que se originarían por la inconducta previamente denunciada por el citado hombre de prensa, tanto las de nivel funcional como las personales vinculadas a la imagen que debe exhibir un representante del Ministerio Público.
Para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) este fallo deja visible la desigual consideración de intocable a la persona de un funcionario público, de un fiscal, al que se debe proteger no sólo de agravios y ofensas, sino de críticas, observaciones y opiniones hechas por los periodistas. En la sentencia se sugiere que la condición de fiscal del querellante convierte la infracción en un delito de mayor gravedad al que se pudiera haber inferido a cualquier otro ciudadano, en cuyo caso seguramente el fallo no hubiera sido dictado con la drasticidad que el comentado cuando se trata de un periodista.
Los hechos mencionados reflejan una realidad que no ha sido debidamente evaluada por el juzgado, el periodista hoy encarcelado no ofrece ningún tipo de peligrosidad social, no huye, ni se oculta de la justicia, etc., razón por la cual el proceso y la sentencia tienen más un carácter de represalia y de intimidación, para que no se publique ningún tipo de crítica, que de tramitar una querella por los canales constitucionales.
en 6:07 a. m. Enlaces a esta entrada
ANP DEMANDA GARANTÍAS PARA TRABAJO DE LA PRENSA
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación ante los acontecimientos ocurridos en Canal 5, Panamericana Televisión, a propósito de la orden de detención del dirigente aimara Walter Aduviri y el despliegue policial para detenerlo en las instalaciones de dicha teledifusora de la ciudad de Lima.
Ante esta situación de conflicto social y de tensión entre la población civil y las fuerzas policiales, demandamos a las autoridades nacionales, decisiones firmes basadas en un razonamiento ponderado y a los dirigentes del Frente de Defensa de la Zona Sur de Puno, asumir que todo acto de violencia es contrario a los principios del Estado de Derecho y que la única manera de respetar y proteger sus intereses es sentarse a negociar buscando el bienestar de todos los peruanos y peruanas.
Tanto la preocupación de nuestro gremio y su exhortación obedecen a hechos de la misma naturaleza, que en los últimos meses se están incrementando en lugares como Chimbote, en donde la autoridad regional no tiene escrúpulos para ordenar la agresión a los periodistas y en Satipo, donde el periodista Alex Veliz Solano, de Studio 99, recientemente fue atacado en la cabina de locución por el dirigente político Alfonso Huamaní, por citar dos casos entre otras 54 agresiones físicas y amenazas registradas en los primeros seis meses del año en curso.
Por otro lado y dado que tales hechos significan una amenaza constante para que la ciudadanía no se vea perjudicada en su derecho a la información de interés público y que los periodistas y los medios cumplan su delicada función sin mayor riesgo, la ANP exige de los funcionarios de los Poderes del Estado, el fiel cumplimiento de las normas constitucionales y políticas preventivas de conflictos sociales que, en modo alguno, prive a los ciudadanos del derecho a informar y ser informado.
ANP DEMANDA INVESTIGAR ACTUACIONES JUDICIALES EN PERJUICIO DE RADIO LA VOZ DE BAGUA
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación ante la amenaza a la libertad de expresión que significa la reapertura de un proceso penal contra tres periodistas de radio La Voz de Bagua, por el Segundo Juzgado Penal de la provincia de Utcubamba.
La ANP manifiesta públicamente su solidaridad y apoyo a los periodistas afectados.
La Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas decidió revocar la resolución del juez de la Investigación Preparatoria del Segundo Juzgado de Utcubamba, por la que se declaró fundada la Excepción de Improcedencia de Acción interpuesta a la imputada Aurora Doraliza Burgos de Flores en el procedimiento seguido por el delito contra el patrimonio en la figura de hurto agravado en agravio del Estado.
Dicha revocatoria significa una errónea decisión que no considera elementos de la realidad y pone en el centro del debate un tema que ya se había considerado esclarecido y resuelto, en razón de que las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones habían reconocido el error de haberse procedido a clausurar la radio y se devolvía dicho medio a sus propietarios. Efectivamente, el gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones clausuró radio La Voz, medida que duró 14 meses, procediéndose a la devolución en agosto del año 2010, reconociéndose públicamente haberse cometido un error y disculpándose de lo que constituía un atentado contra la libertad de expresión, declarando extinguidos los procesos iniciados contra los periodistas.
La devolución de dicha radio y las correspondientes satisfacciones a quienes se habían perjudicado injustamente por considerar que intervinieron en los sucesos lamentables de la Curva del Diablo-Bagua, no se han visto reproducidos en sede judicial, esto es, que no tuvo su oportuna consecuencia en el archivamiento del proceso, pues por propia decisión de la denunciante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reconocía la existencia de acto arbitrario inicial, no sólo social y políticamente, sino que además ilícito inexistente que, no obstante, mantiene innegables consecuencias para el proceso, pues de esa forma se omite incorporar un elemento probatorio que deja sin sustento fáctico o realidad, los hechos en el delito investigado y por los que injustamente se acusa a los periodistas.
Debemos observar que la decisión de la sala es coincidente con el anuncio de los voceros del gobierno, de culpabilizar a terceros de los lamentables hechos ocurridos en aquella ocasión, y entre ellos se extendió la sospecha de responsabilidad a la prensa radial, en La Voz de Bagua, cuando en realidad aquello no ha sucedido y se confirma ahora que se trató de una grotesca y falsa acusación; y ello continúa a pesar de que el gobierno rectificó su error y, por tal razón, autorizó la reapertura de la radioemisora al no existir motivo o causal para sancionar a los propietarios y periodistas de la misma; de lo que se concluye que no existe conducta ilícita si se esclarecen los hechos y se rectifican errores debe considerarse que las decisiones administrativas que motivaron la denuncia igualmente carecen de realidad y fuerza probatoria como para continuar con el procedimiento de juzgar y condenar a los acusados.
Ante la grave situación expuesta, resultante de la cuestionada resolución, la ANP manifiesta su más enérgica protesta y solicitamos a los órganos competentes del Poder Judicial una investigación de tales desconcertantes actuaciones judiciales que deciden en contra de la realidad y que causan preocupación, pues constituyen grave vulneración al derecho del libre ejercicio de la profesión periodística y a la libertad de expresión, piedra angular de la democracia.
en 9:32 a. m. Enlaces a esta entrada
ANP EXPRESA PREOCUPACIÓN POR CONDENA DRÁSTICA Y DESPROPORCIONADA QUE MANTIENE EN PRISIÓN A PERIODISTA EN PUCALLPA
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), ante la prolongada detención arbitraria del periodista Paul Segundo Garay Ramírez, quien se encuentra recluido hace casi dos meses en la cárcel de Pucallpa en razón de sus actividades periodísticas, se dirige a la opinión pública para manifestar su rechazo y denuncia por la arbitrariedad que se cierne sobre el caso del periodista pucallpino.
Conforme se hizo público, en un pronunciamiento emitido con anterioridad por la ANP, el 19 de abril de 2011 en la provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, el Segundo Juzgado Penal de esta provincia dictó sentencia condenatoria contra el periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa radial La Voz del Pueblo, que se trasmite en la emisora La Exitosa, ante la querella planteada por Agustín López Cruz, quien ocupa el cargo de Fiscal Provincial, como consecuencia por diversos comentarios referidos a las actividades profesionales del citado magistrado, en la sentencia se ha dictado un fallo que causa verdadera sorpresa; se ha condenado a la pena efectiva de prisión al periodista querellado y a pagar la suma de 20 mil nuevos soles por concepto de reparación civil y cuya aplicación ha sido inmediata encontrándose el periodista Paul Segundo Garay Ramírez recluido en la cárcel pública, en mérito al mandato del referido juzgado.
Reiteramos nuestra denuncia, en el sentido de que la condena impuesta al periodista Paul Segundo Garay Ramírez es única en los anales de la justicia peruana, pues ha sido sentenciado injustamente al aplicársele una pena drástica, desproporcionada e inusual, sin considerar que no existe un agravio que justifique tal sentencia. Durante la tramitación del juicio, éste adujo vulneración del principio del debido proceso e indefensión, al no admitirse la impugnación de la validez de las pruebas que supuestamente lo implicaba en el delito materia de la querella.
Se observa con preocupación que, en la decisión judicial, no se ha tenido en cuenta el interés público por el juzgador de optar por el derecho al honor y no por la libertad de información, privilegiando la condición de fiscal del querellante y resaltando las calificaciones que se han vertido, pero dejando de hacer referencia al cuestionamiento que se plantea sobre la conducta funcional de los fiscales en Pucallpa y, en particular, la del fiscal cuestionado, sin valorarse que los actos personales que se denuncian sobre relaciones con la familia de una de las partes involucradas en un proceso en trámite, el mismo que se encuentra a cargo del ahora querellante, críticas que se refieren a la imagen negativa que tiene para el informador dicha conducta, por el prestigio y autoridad del cargo que ejerce en Pucallpa.
Asimismo, la condena que contiene la sentencia resulta de la opción del juzgado por sobredimensionar las frases injuriosas que se afirma han sido expresadas por el periodista Paul Segundo Garay Ramírez, pero que en realidad son frases de las que éste ha negado ser autor y aún cuando aquello hubiera ocurrido, son calificaciones que se originarían por la inconducta previamente denunciada por el citado hombre de prensa, tanto las de nivel funcional como las personales vinculadas a la imagen que debe exhibir un representante del Ministerio Público.
Fraccionar los hechos y ocultar las circunstancias y el fondo de la noticia dejan como falsas las frases injuriosas, que se afirma en la sentencia, constituye delito agravado contra el honor, y a la que correspondería una imposición de prisión efectiva y que deja visible la desigual consideración de intocable a la persona de un funcionario público, de un fiscal, al que se debe proteger no sólo de agravios y ofensas, sino de críticas, observaciones y opiniones hechas por los periodistas. Esto es, que trata de un personaje de interés público por excelencia, al parecer más allá del bien y del mal, y por ello en la sentencia se sugiere que la condición de fiscal del querellante convierte la infracción en un delito de mayor gravedad al que se pudiera haber inferido a cualquier otro ciudadano, en cuyo caso seguramente el fallo no hubiera sido dictado con la drasticidad que el comentado cuando se trata de un periodista.
Llama la atención la drasticidad de la pena impuesta, una condena efectiva de tres años de prisión y una indemnización económica imposible de pagar. Como resultado de esta decisión, el periodista Paul Segundo Garay Ramírez permanece recluido y cumpliendo condena en la cárcel de Pucallpa, a pesar de que se planteó recurso de apelación contra la misma y que se encuentra pendiente de resolución por la Sala Penal. Los hechos mencionados reflejan una realidad que no ha sido debidamente evaluada por el juzgado, el citado profesional no ofrece ningún tipo de peligrosidad social, no huye, ni se oculta de la justicia, etc., razón por la cual el proceso y la sentencia tienen más un carácter de represalia y de intimidación, para que no se publique ningún tipo de crítica, que de tramitar una querella por los canales constitucionales, pues las consecuencias están a la vista: blindar a los funcionarios públicos, en este caso a los fiscales, para que ningún periodista de la zona se atreva a cuestionar o expresar su disconformidad con la actuación de aquellos.
Consideramos que la drástica decisión cuestionada constituye además una medida que trasgrede los términos establecidos por la Constitución, en cuanto a garantizar el derecho a la libertad de expresión, por no revestir la gravedad que se menciona y más bien aparece como un retorno a épocas pasadas de autoritarismo en las que se recurría a perseguir a la prensa, lograr la censura mediante métodos de acoso e intimidación valiéndose de los tribunales de justicia, convirtiendo en intocables a las autoridades y funcionarios públicos.
Ante los graves hechos que denunciamos públicamente, la ANP expresa su rechazo y profunda preocupación ante la amenaza a la libertad de expresión que representa la carcelería que viene sufriendo el periodista Paul Segundo Garay Ramírez en la prisión de Pucallpa, y demanda a las instancias del Poder Judicial la inmediata libertad del citado hombre de prensa.
en 7:42 a. m. Enlaces a esta entrada
Otro periodista asesinado en México: FEPALC CONSTERNADA POR INFRENABLE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN MÉXICO
Cinco trabajadores de los medios en lo que va del año
FEPALC CONSTERNADA POR INFRENABLE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN MÉXICO
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) expresa su consternación por el asesinato de otro periodista en México. A la fecha, en el 2011, son cinco los trabajadores de los medios asesinados en ese país, sin que el Estado haya sido capaz de hacer justicia en el 98 por ciento de los casos.
En razón a ello, la FEPALC responsabiliza al Estado mexicano por la alta tasa de impunidad, que incentiva no sólo los crímenes, sino que alienta una creciente autocensura entre los medios, que han optado por el silencio como mejor herramienta para proteger la vida de los comunicadores.
El reportero Pablo Ruelas Barraza, quien trabajó para los periódicos locales El Diario del Yaqui y El Regional, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el último 13 de junio, en el estado de Sonora, había recibido, antes del crimen, amenazas de muerte que no fueron oportunamente investigadas por las autoridades -como se registra en el mayor porcentaje de crímenes previos-.
Este nuevo homicidio se suma al secuestro del periodista Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del diario Novedades de Acapulco, en el estado de Guerrero, quien se encuentra desaparecido desde el 7 de junio último, paradójicamente fecha en que en México se celebraba el Día de la Libertad de Expresión.
La FEPALC, tras demandar una inmediata investigación del crimen de Ruelas Barraza y exigir la aparición inmediata y con vida de nuestro colega López Ortiz, expresa su plena solidaridad con su organización afiliada, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México. En ese sentido, se suma a la exigencia de su secretario general, Isaac Olmedo Lava, quien ha reclamado a las autoridades, con legítimo derecho, que asuman su responsabilidad de garantizar la vida, la integridad física y la libertad de los comunicadores en México, y que dejen de lado el discurso unísono enfocado sólo en entregar resultados en materia de seguridad y procuración de justicia para la platea.
Para la FEPALC y el SNRP la impunidad que ha permitido el gobierno a los enemigos de las libertades de expresión y de prensa, ha favorecido el clima de de violencia que tantas vidas ha cobrado en el país. Por ello, de manera enérgica, demandamos al Estado mexicano que asuma su papel y no permitan que ningún comunicador más sea victimado por ejercer su labor.
e-mail: fepalc.derechoshumanos@gmail.com, o visite la web: www.fepalc.
Alerta Perú (UTCUBAMBA) - SALA PENAL REVOCA RESOLUCIÓN DE JUEZ QUE FALLÓ A FAVOR DE RADIO LA VOZ
Alerta Perú (UTCUBAMBA)
SALA PENAL REVOCA RESOLUCIÓN DE JUEZ QUE FALLÓ A FAVOR DE RADIO LA VOZ
El 7 de junio de 2011, en la provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, los magistrados Luz Carolina Vigil Curo, Francisco Santiago Delgado Paredes y Flormira Arteaga Ramírez, integrantes de la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, decidieron revocar la resolución de un juez que declaró fundada la Excepción de Improcedencia de Acción a favor de Doraliza Burgos de Flores, propietaria de radio La Voz.
Para los jueces de esta Sala Penal, constituye delito y es justiciable penalmente, la utilización del espectro radioeléctrico para la transmisión de la señal de radio La Voz, autorizada en su momento por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desconocida luego de proceso administrativo que canceló la licencia y multó a la radioemisora. Hoy se pretende sancionar, nuevamente a radio La Voz, por la vía penal, bajo la figura del delito de hurto agravado.
El 21 de febrero de 2011, Olga del Carmen Bobadilla Terán, fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal, a iniciativa del procurador del MTC, Oswaldo Arroyo Novoa, formalizó denuncia penal contra Burgos de Flores, por el delito de hurto agravado exigiendo se le imponga una pena privativa de la libertad de 4 años y al pago de tres mil nuevos soles, por concepto de reparación civil a favor del Estado.
La propietaria de Radio La Voz, ejerciendo su derecho de defensa interpuso el recurso de Excepción de Improcedencia de Acción, ante el juez Bernabé Orellado, del Segundo Juzgado de Utcubamba, quien declaró fundado el recurso. Hoy este último fallo ha sido revocado.
Radio la Voz, a raíz de la difusión sobre los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Bagua, viene siendo objeto de persecución política-administrativa.
El gobierno a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), le canceló la licencia durante 14 meses. En agosto del 2010, reconoció haber atentado contra la libertad de expresión por lo que mediante resolución declaró extinguidos los procesos abiertos contra la emisora y sus periodistas, otorgándole nuevamente la licencia. Pese a ello, el procurador del MTC ha impulsado la denuncia penal en contra de la propietaria de radio La Voz.
en 2:44 p. m. Enlaces a esta entrada
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