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Timestamp: 2019-12-06 08:38:24+00:00

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Las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia en la Cámara de Diputados aprobaron este jueves un juicio político contra la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, por el presunto desvío de 7 mil millones de pesos, conocido como “estafa maestra”.
Luego de que las comisiones dieron luz verde a la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, en la cuenta de Twitter de la exfuncionaria federal (@Rosario¬_Robles_) apareció el mensaje: “Tiempo de Canallas. Tiempo de cobardes”.
Ayer, desde esa misma cuenta, Mariana Moguel, consejera política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que la decisión “fast track” confirma que quieren a su madre fuera de la escena política.
“La decisión “fast track” de iniciar juicio político a mi mamá @Rosario_Robles_ confirma la venganza política en su contra. Sin una condena judicial de por medio, la @Mx_Diputados ya emitió una sentencia porque hay quien la quiere fuera del mapa político#JusticiaSiVenganzaNo”, escribió.
De acuerdo con la determinación votada este jueves, integrada por los expedientes SEPJP/LXII/028/2013 y SEPJP/LXIV/060/2019, es oportuno incoar el proceso de juicio político, en virtud de los razonamientos y fundamentos jurídicos expuestos en todos y cada uno de los considerandos que integran la resolución definitiva de la subcomisión.
En un comunicado se dio a conocer que el documento se aprobó con 22 votos a favor y dos en contra, por parte de la Comisión de Justicia, y con 24 votos a favor y uno en contra de la Comisión de Gobernación y Población.
De inmediato se turnó a la Comisión Jurisdiccional, a efecto de que ésta integre la Sección Instructora y se proceda conforme al artículo 12 inciso e), de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además, se remitió copia del expediente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El documento destaca que, de los elementos y datos de prueba aportados por los denunciantes, la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos “tiene la convicción presuntiva que se ha violado el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus fracciones III, Violaciones a los derechos humanos; VI, Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”.
En los posicionamientos, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera, detalló que de las cuatro denuncias que revisó la Subcomisión de Examen Previo sobre la “estafa maestra”, sólo dos son procedentes, la de 2013 y la de 2019, porque cumplen con lo que marca la ley para iniciar el procedimiento. “Los documentos fueron cuidadosamente estudiados por la Subcomisión, y sus resolutivos acuerdan la procedencia de las denuncias”.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, resaltó que esta legislatura quiere entregar mejores resultados. “Las dos anteriores no habían movido nada”, dijo.
Añadió: “Si queremos cumplir con nuestro ejercicio constitucional, estas comisiones tenemos prohibido dejarnos llevar por declaraciones fáciles que lastimen el debido proceso. Empero, estamos a favor de continuar con el procedimiento”.
El diputado Rubén Cayetano García, de Morena, subrayó que el juicio político no es una venganza, sino que obedece a las denuncias que han cumplido los requisitos procesales; es decir, una acción legal para sancionar a quienes violen la Constitución.
“Se recupera el prestigio del Congreso de la Unión, al hacer vigente este procedimiento, que busca con afán la justicia y acabar con la corrupción e impunidad”.
Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC), consideró imperante actuar contra la corrupción. Sin embargo, apuntó, en este caso las únicas sanciones posibles ya no pueden ser aplicables. “La persona en comento ya está destituida de su cargo e inhabilitada, por lo que de este juicio sólo podrían resultar sanciones simbólicas”.
La perredista Verónica Juárez Piña recordó que Rosario Robles está en un proceso penal; no obstante, la naturaleza de la resolución a discusión es de ámbito político. Y celebró que el Legislativo ejerza sus funciones contra quien abuse del servicio público.
También de Morena, Tatiana Clouthier Carrillo aclaró que la presunta indiciada tiene prisión preventiva, más no ha sido juzgada y la inhabilitación por la que fue sujeta es por haber falseado datos en su declaración patrimonial, “y esto no quiere decir que no pueda ser sometida a juicio político; este proceso habla de una red que sí avanza, a partir de aquí pudieran empezar denuncias penales”.
José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional (PAN), puntualizó que no se está juzgando a nadie, se está determinando la procedibilidad de un asunto para iniciar de manera formal el análisis, y la Sección Instructora realice las diligencias necesarias para tomar una resolución y pasarlo al Pleno.
“No vale la pena que las pasiones nos ganen, estamos hablando de personas sujetas a proceso. Por lo tanto, se tiene que ser muy claro en qué es lo que está sucediendo para que la opinión pública no se confunda”.
En su turno, la perredista Guadalupe Almaguer Pardo precisó que es necesario realizar juicios a todos los involucrados en actos de ilegalidad. “Solamente se ha valorado el juicio para una persona y no para todos los funcionarios implicados; debemos poner atención en la opinión pública; incide mucho en este tipo de casos”.

References: resolución 
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 artículo 12
 artículo 7
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