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Timestamp: 2019-06-26 16:34:09+00:00

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﻿ LEY 1527 DEL 2012 PRECISIONES SOBRE LA LEY DE LIBRANZA
CONTENIDO:LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN EL USO DE ESTE MECANISMO HA SIDO INCREÍBLEMENTE EXITOSA
TÍTULO:LEY 1527 DEL 2012 PRECISIONES SOBRE LA LEY DE LIBRANZA
AUTOR:DIANA CAMARGO CARRASCAL
REVISTA ACTUALIDAD LABORAL N°:172, JUL.-AGO./2012, PÁGS. 9-14
Ley 1527 del 2012
Precisiones sobre la ley de libranza
Diana Camargo Carrascal
Directora jurídica, Planeando SAS
La Ley 1527 del 2012, “Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones”, tiene por objeto el empleo de la libranza o “descuento directo” para la adquisición de productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza respaldados por el salario devengado, los honorarios recibidos por la ejecución de un contrato de prestación de servicios o la pensión, con la aprobación del asalariado, contratista o pensionado.
La exposición de motivos del Proyecto de Ley 66 de 2010 Cámara / 280 de 2011 Senado, por medio del cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones y que dio origen a la Ley 1527 de 2012, cuyo autor fue el representante Simón Gaviria, contemplaba como objeto del Proyecto de la Ley de Libranza:
“... establecer un marco general para la modalidad de descuento directo que se efectúa sobre la nómina de los trabajadores con el objetivo de pagar un crédito, denominado libranza bajo esta modalidad.
Varios aspectos propios de los beneficios del crédito de libranza nos inducen a presentar esta iniciativa hoy, entre ellos la posibilidad real de dinamizar en Colombia, el mercado de alquiler y adquisición de vivienda y el acceso a créditos educativos y bienes de consumo básico, entre ellos planes complementarios de salud, auxilios funerarios, electrodomésticos, vehículos, viajes, etc., a través de la masificación de este tipo de crédito que otorga la posibilidad real no solo a los trabajadores asalariados sino a los pensionados a adquirir bienes y servicios respaldados por su salario, sus prestaciones sociales o su pensión, dentro de los parámetros que sobre el particular ha fijado la Corte Constitucional.
La experiencia internacional en el uso de este mecanismo ha sido increíblemente exitosa, esperamos que el honorable Congreso de la República sea receptivo a esta propuesta que fácilmente puede contribuir de manera significativa con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra clase trabajadora y de los pensionados de nuestro país”.
La propuesta surgió luego de conocer la exitosa experiencia que produjo la reglamentación del crédito de libranza en Brasil, donde se le conoce como ley de crédito consignado o crédito inmobiliario consignado, también en Panamá, pues allí se implementó el descuento directo mediante la Ley de Descuento Directo o Ley 9ª del 25 de enero de 1973, que consiste en poder ordenar el descuento por concepto de hipotecas o por canon de arrendamiento mediante la libranza suscrita por un trabajador o servidor público, previa solicitud del arrendador, vendedor o acreedor hipotecario, mediante un acto administrativo expedido por el Ministerio de Vivienda. En nuestro país, el manejo de créditos de libranza tiene un indicador bastante alto, según el concepto emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia el 5 de octubre del 2010, pues manifiesta que el segmento de libranza representa, a junio del 2010, el 31% del total de la cartera de consumo de nuestro sistema financiero, convirtiéndose en el más importante dentro de la cartera de consumo, incluso sobre el de tarjetas de crédito.
Finalmente, el 27 de abril del 2012, fue sancionada por el Gobierno Nacional la Ley de Libranza o Descuento Directo, que regula todos los aspectos relacionados con el acceso de las personas asalariadas, contratadas por prestación de servicios, asociadas a una cooperativa o precooperativa, fondo de empleados o pensionadas, a la adquisición de productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, a través de descuento directo de su salario, sus pagos u honorarios o su pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o contratante o entidad pagadora, quien estará obligado a girar los recursos a la entidad operadora.
Las siguientes definiciones se establecen en el artículo 2º de la ley, para los efectos de aplicación de la presente ley.
1. Libranza o descuento directo: es la autorización dada por el asalariado o pensionado, al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento del salario, o pensión disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza.
2. Empleador o entidad pagadora: es la persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, que tiene a su cargo la obligación del pago del salario, cualquiera que sea la denominación de la remuneración, en razón de la ejecución de un trabajo o porque tiene a su cargo el pago de pensiones en calidad de administrador de fondos de cesantías y pensiones.
3. Entidad operadora: es la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil que realiza operaciones de libranza o descuento directo, por estar autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados, o aquella que, sin estarlo, realiza dichas operaciones disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley. En estos casos deberá estar organizada como Instituto de Fomento y Desarrollo, Infis, sociedad comercial, sociedades mutuales, o como cooperativa y deberá indicar en su objeto social la realización.
4. El Beneficiario: es la persona empleada, contratista o pensionada, titular de un producto, bien o servicio que se obliga a atender a través de la modalidad de libranza o descuento directo.
Para efectos de !a presente ley, se entiende como asalariado aquel que tenga un contrato laboral vigente; como contratista aquel que tenga un contrato u orden de prestación de servicios vigente; como asociado aquel que se encuentre vinculado a una cooperativa o precooperativa, y como pensionado aquel que tenga la calidad de beneficiario de una mesada o asignación pensional.
5. Que el asalariado, contratista o pensionado no reciba menos del 50% del neto de su salario, honorarios o pensión después de los descuentos de ley. Este requisito incluye el salario mínimo, siempre y cuando el trabajador no reciba menos del 50% de este. Ahora bien, las deducciones o retenciones que realice el empleador o entidad pagadora, que tengan por objeto operaciones de libranza o descuento directo, quedarán exceptuadas de la restricción contemplada en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo que prohíbe efectuar retenciones o deducciones sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuando con ellas se afecte el salario mínimo legal o convencional, o la parte del salario declarada inembargable por la ley.
El artículo 4º de la Ley de Libranza establece la facultad que tiene el beneficiario para escoger, tanto la entidad operadora con quien efectuará las operaciones de libranza, como la entidad financiera a través de la cual se realiza el pago de su nómina, honorarios o pensión.
Así mismo, tienen derecho a solicitar que los recursos descontados de su salario, pagos u honorarios, aporte o pensión sean destinados a una cuenta AFC o a otra de igual naturaleza.
Por lo anterior, el empleador no podrá obligar al trabajador a tramitar créditos de libranza con la entidad financiera con quien este tenga convenio para el pago de su nómina.
Prohibición al empleador o entidad pagadora
El empleador o entidad pagadora no podrá cobrar o descontar cuota de administración, comisión o suma alguna por realizar el descuento o el giro de los recursos, so pena de ser objeto de una sanción pecuniaria equivalente al doble del valor total descontado por la libranza, el cual le será aplicado por la autoridad correspondiente.
Por otro lado, el artículo 5º de la ley establece que el empleador o entidad pagadora no podrá negarse injustificadamente a la suscripción del acuerdo técnico con la entidad operadora, el cual establece el procedimiento del traslado de los valores que adeude el beneficiario a la entidad operadora.
Obligaciones del empleador o entidad pagadora
El empleador o entidad pagadora están obligados a:
1. Deducir, retener y girar de las sumas de dinero que haya de pagar a sus asalariados, contratistas, afiliados o pensionados, los valores que estos adeuden a la entidad operadora para ser depositados a órdenes de esta, previo consentimiento expreso, escrito e irrevocable del asalariado, contratista, afiliado o pensionado en los términos técnicos establecidos en el acuerdo que deberá constituirse con la entidad operadora.
2. Trasladar dichas cuotas a las entidades operadoras correspondientes, dentro de los tres días hábiles siguientes de haber efectuado el pago al asalariado, contratista, afiliado, asociado o pensionado en el mismo orden cronológico en que haya recibido la libranza o autorización de descuento directo.
3. Verificar, en todos los casos, que la entidad operadora se encuentra inscrita en el registro único nacional de entidades operadores de libranza.
Responsabilidades del empleador o entidad pagadora
1. Si el empleador o entidad pagadora no cumple con las anteriores obligaciones por motivos que le sean imputables, será solidariamente responsable por el pago de la obligación adquirida por el beneficiario del crédito, por lo que se vincula al empleador como responsable solidario en caso de negarse sin fundamento legal, a hacer la retención y a hacer el traslado de recursos ordenados por el trabajador.
2. En caso de desconocerse el orden de giro, el empleador o entidad pagadora será responsable por los valores dejados de descontar al asalariado, asociado, afiliado o pensionado por los perjuicios que le sean imputables por su descuido. El artículo 6º de la ley establece el orden cronológico, como criterio para efectuar el traslado a la entidad operadora de las cuotas descontadas. Este criterio es completamente opuesto al que establecía el artículo 144 de la Ley 79 de 1988, según el cual, los descuentos a favor de cooperativas, tenían prelación sobre cualquier otro descuento por obligaciones civiles.
Continuidad de la autorización de descuento
En los eventos en que el beneficiario cambie de empleador o entidad pagadora, tendrá la obligación de informar de dicha situación a la entidad operadora con quien tenga libranza, sin perjuicio de que la simple autorización de descuento suscrita por parte del beneficiario, faculte a la entidad operadora para solicitar a cualquier empleador o entidad pagadora el giro correspondiente de los recursos a que tenga derecho, para la debida atención de las obligaciones adquiridas bajo la modalidad de libranza o descuento directo.
En caso de que el beneficiario cambie de empleador o entidad pagadora, para efectos de determinar la prelación si se presentan varias libranzas, la fecha de recibo de la libranza será la de empleador o entidad pagadora original.
Para dar cumplimiento a lo anterior, las entidades operadoras podrán solicitar información a las entidades que manejan los sistemas de información de salud y/o pensiones, que para el efecto autorice o administre el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces, exclusivamente con el fin de establecer la localización de beneficiarios y empleadores o entidades pagadoras autorizadas previamente, mediante libranza o descuento directo.
Registro único nacional de entidades operadores de libranza
El artículo 14 crea este registro único nacional de entidades operadores de libranza, el cual será llevado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicado en su página web institucional, con el fin exclusivo de permitir el acceso a cualquier persona que desee constatar el registro de entidades operadoras, así mismo se establecerá un vínculo de acceso a las tasas comparativas publicadas por las Superintendencias.
Además establece que entidad la operadora deberá acreditar las condiciones previstas en el literal c) del artículo 2º de la ley.
Lo anterior obliga a las entidades operadoras a inscribirse en el registro único nacional de entidades operadoras de libranza, para que así la entidad empleadora o pagadora pueda cumplir con su obligación de verificar dicha inscripción que no puede ser cumplida porque no se ha expedido la reglamentación necesaria para su operatividad.
Aspectos tributarios de la Ley 1527 del 2012
Adicionalmente al desarrollo del objeto de la Ley de Libranza, esta norma incluyó dos artículos con efectos tributarios, el 13 y el 15, que no tienen ninguna incidencia con esta ley y que adicionalmente pueden ser demandadas por inexequibles por no tener relación con la Ley de Libranza. No obstante, haremos referencia a los mencionados artículos.
El artículo 13 hace referencia a las retenciones en la fuente de los trabajadores independientes, mientras que el artículo 15 regula las vigencias y derogatorias en materia de leasing.
Retención en la fuente trabajadores independientes
El artículo 13 de la ley dispone:
“ART. 13.—Retención en los pagos a los trabajadores independientes. La retención en la fuente aplicable a los pagos o abonos en cuenta realizados a trabajadores independientes pertenecientes al régimen simplificado, o que cumplan los topes y condiciones de este régimen cuando no sean responsables de lVA, cuya sumatoria mensual no exceda de cien (100) UVT no están sujetos a retención en la fuente a título de impuestos sobre la renta.
La retención en la fuente aplicable a los pagos realizados a trabajadores independientes pertenecientes a régimen común, o al régimen simplificado que superen las 300 UVT, será la que resulte de aplicar las normas generales”.
Esta norma representa un cambio absoluto frente a Ley 1450 del 2011, concretamente su artículo 173, pues mientras la nueva norma habla de rangos determinados, la anterior norma aplicaba a los independientes la tabla de retención de asalariados.
1. Aplica para trabajadores independientes, que conforme al artículo 2º del Decreto 2800 del 2003 corresponde a “... toda persona natural que realice una actividad económica o preste sus servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo, mediante contratos de carácter civil, comercial o administrativo, distintos al laboral”.
2. La disposición solo obliga a que el pago mensual no supere las 300 UVT, equivalentes a día de hoy a $ 7.814.700.
3. Exige que el prestador del servicio pertenezca al régimen simplificado, o que si sus servicios no son gravados con IVA, cumpla con los topes para pertenecer a dicho régimen.
4. Se establece como base de retención el 80% de valor bruto del pago o abono en cuenta, mientras que la norma anterior hablaba en principio del 100%. En ambas disposiciones, sin embargo se acepta la deducción de los aportes a la seguridad social en salud, ARP y a fondos de pensiones obligatorias.
‘Leasing’ financiero y operativo
El artículo 15 de la Ley de Libranza dispone:
“ART. 15.—Vigencia y derogatorias. La presente ley tiene vigencia a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, el artículo 80 numeral 2º del Decreto-Ley 1172 de 1980, el parágrafo 40 del artículo 127-1 del estatuto tributario, el parágrafo del artículo 89 de la Ley 223 de 1995 y el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011”.
La ley tributaria establecía que los contratos de leasing que se suscriban a partir de enero 1º del 2012 deberían someterse al tratamiento del leasing financiero, así como los contratos de leasing de infraestructura.
El artículo 15 de la Ley 1527 deroga dichas prohibiciones haciendo que los contratos de leasing que se celebran a partir del día 27 de abril del 2012 tengan el tratamiento de contratos de leasing operativos (deducción total del canon) o financieros, siguiendo las reglas del artículo 127-1 del estatuto tributario. De la misma manera, los contratos de leasing de infraestructura que se suscriban a un término de por lo menos 12 años, serán operativos.
En esta forma, revive la posibilidad de suscribir contratos de leasing con modalidad operativa, permitiendo a los arrendatarios solicitar la deducción total del canon de arrendamiento financiero.
Con el fin de dar claridad a la derogación del artículo 15 de la Ley 1527 del 2012, procedemos a explicar la diferencia entre el contrato de leasing financiero y el contrato de leasing operativo.
El artículo 2º del Decreto 913 de 1993 establece que la operación de arrendamiento financiero consiste en la entrega a título de arrendamiento de bienes cuyo uso y goce será financiado a cambio del pago de cánones que la compañía arrendadora recibirá durante cierto periodo, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final de este una opción de compra.
Hasta tanto dicha opción de compra sea ejercida, el derecho de dominio sobre el bien pertenece a la compañía arrendadora.
El contrato de leasing financiero implica que el arrendatario registra contablemente el bien objeto del leasing como un activo, frente a un pasivo por el monto de los cánones a pagar. A medida que dichos cánones van pagándose va disminuyendo el monto del pasivo, lo que puede depreciar el activo en los montos permitidos. Únicamente la parte correspondiente al pago de intereses puede ser llevada como un gasto deducible en la declaración de renta del arrendatario.
En la esencia del leasing operativo no existe la opción de adquisición, por lo tanto se registra contablemente de la siguiente forma: el bien arrendado no se registra como un activo dentro del patrimonio del arrendatario, por lo cual no puede tomar la depreciación del bien. Sin embargo, dicho arrendatario podrá tomar como gasto deducible en su declaración de renta la totalidad de los cánones e intereses que se causen durante el año en virtud del contrato de leasing respectivo.
1. Antes de la expedición de esta ley, la libranza era de acceso casi exclusivo para los asalariados y pensionados. Al permitir que los contratistas independientes puedan hacer uso de esta figura, se hace necesario que los pagadores implementen mecanismos para poner a la disposición de la entidad operadora los descuentos de sus honorarios.
2. La libranza o descuento directo es de aplicación obligatoria para todos los empleadores, entidades operadoras y contratantes, quienes ahora se convierten en obligados solidarios de la deuda adquirida por el beneficiario bajo Libranza, por tanto se obligan a sí mismos a suscribir el documento técnico que regule el procedimiento del traslado de los valores que adeude el beneficiario a la entidad operadora. Es necesario que se regule el procedimiento que declare responsable solidariamente al empleador o entidad pagadora de las obligaciones del beneficiario, ya que se deben establecer objetivamente cuáles son las causales que originan esta vinculación solidaria. De no hacerse, estaríamos ante una violación del debido proceso. Adicionalmente se debe definir cuál es el límite de la responsabilidad. Por otro lado, debemos analizar si el empleador o entidad pagadora que se obliga a hacer unos pagos al beneficiario, ya sea por un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios o una resolución de pensión, contrato de asociación, etc., debe ser responsable solidario de un crédito que fue otorgado con base en un estudio de crédito realizado por la entidad operadora al beneficiario, por lo que el empleador o entidad pagadora, no accedió, ni aprobó la asignación de dicho crédito a favor del beneficiario.
3. El beneficiario escoge libremente la entidad con la cual quiere acceder al crédito, así como aquella a través de la que se realiza el pago de su nómina, honorarios o pensión.
4. Se encuentran expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la ley las cooperativas de trabajo asociado y sus trabajadores asociados.
5. El empleador o entidad pagadora no podrá cobrar o descontar cuota de administración, comisión o suma alguna por realizar el descuento o el giro de los recursos, so pena de ser objeto de una sanción pecuniaria equivalente al doble del valor total descontado por la libranza, el cual le será aplicado por la autoridad correspondiente.
6. En el evento que el beneficiario cambie de empleador o de tipo de contrato, la entidad operadora podrá solicitar al nuevo empleador o entidad pagadora el giro correspondiente de los recursos a que tenga derecho para la debida atención de las obligaciones adquiridas bajo la modalidad de libranza o descuento directo, y la fecha de recibo de la libranza será la de empleador o entidad pagadora original.
7. Para dar cumplimiento a la continuidad de la libranza en el evento de que el beneficiario cambie de empleador o de entidad pagadora, las entidades operadoras podrán solicitar información a las entidades que manejan los sistemas de información de salud y/o pensiones, que para el efecto autorice o administre el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces, exclusivamente con el fin de establecer la localización de beneficiarios y empleadores o entidades pagadoras autorizadas previamente, mediante libranza o descuento directo.
8. La cesión de créditos objeto de libranza otorgados por las entidades operadoras implicará, por ministerio de la ley, la transferencia en cabeza del cesionario del derecho a recibir del empleador o entidad pagadora el pago del bien o servicio que se atiende a través de la libranza o autorización de descuento directo sin necesidad de requisito adicional. Es decir, la nueva entidad operadora informará al empleador o entidad pagadora, que en virtud de la cesión del crédito, debe hacerle la transferencia de los recursos objeto de la libranza; sin embargo, consideramos que se debe implementar un procedimiento por medio del cual la nueva entidad operadora, demuestre su calidad de cesionario del crédito de libranza.
9. La libranza puede utilizarse para otros temas, tales como arrendamiento de vivienda y adquisición de bienes y servicios de cualquier tipo.
10. Que para adquirir o arrendar vivienda, el deudor beneficiario podrá tomar un seguro de desempleo, contra el cual eventualmente podrá repetir la entidad operadora en los casos de incumplimiento.
11. Estos descuentos no recaen sobre las prestaciones sociales.
12. El beneficiario del crédito de libranza puede autorizar el descuento de cualquier monto, siempre y cuando no reciba menos del 50% del neto de su salario, honorarios o pensión después de los descuentos de ley, incluso se puede afectar el salario mínimo mensual legal vigente, ya que la Ley 1527 establece que para la libranza, no aplica la restricción del artículo 149 (num. 2º), que prohibía afectar el SMMLV.
A manera de ejemplo, tomemos el caso de una persona que devengue el salario mínimo.
Salario mínimo $ 566.700
Descuentos por salud y pensión $ 45.366
Salario neto $ 521.334
valor mínimo que recibe el trabajador, 50% neto $ 260.667
13. En caso de que el trabajador o pensionado adquiera varios créditos por libranza, la entidad pagadora (empleador, administradora de pensiones, etc.) deberá hacer los descuentos empezando por la orden de descuento por libranza más antigua que le haya dado el beneficiario (trabajador, pensionado, etc.) a la más reciente (orden cronológico), sin que se viole el límite antes mencionado (que al trabajador o pensionado reciba el 50% del neto percibido después de los descuentos de ley).
14. Las Superintendencias Financieras, de Sociedades y de Economía Solidaria dispondrán cada una de un portal de información en internet en sus páginas institucionales publicadas en la web, que permita a los usuarios comparar las tasas de financiamiento de aquellas entidades operadoras que ofrezcan créditos para vivienda, planes complementarios de salud y/o educación a través de libranza.
15. Conforme a la obligación del empleador o entidad pagadora de verificar que la entidad operadora se encuentre inscrita en el registro único nacional de entidades operadores de libranza, el cual será llevado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicado en su página web institucional, resulta inviable cumplir esta obligación por parte de la entidad pagadora o el empleador, ya que a la fecha dicho registro no se encuentra implementado, por lo que no hace posible la aplicación de la Ley 1527, hasta tanto el ministerio publique en su página web dicho registro.
16. La entidad operadora, de acuerdo con su naturaleza, será objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera, de Economía Solidaria o de Sociedades, según sea el caso.

References: artículo 2
 artículo 149
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 144
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 173
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 80
 artículo 127
 artículo 89
 artículo 173
 artículo 15
 artículo 127
 artículo 15
 artículo 2
 resolución 
 artículo 149