Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1654
Timestamp: 2018-04-27 08:24:13+00:00

Document:
CELEBRADA EL JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2015.
Una, del Senador David Penchyna Grub, con la que remite su Tercer Informe Legislativo y de Gestión, mismo que fue presentado el 14 de octubre del año en curso, en Pachuca, Hidalgo
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias
Uno, por el que se conviene hacer una Invitación formal al Jefe de Estado del Vaticano para participar en una Sesión Solemne del Senado de la República
Uno, para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de Japón
Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2015
Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de agosto de 2015
PRONUNCIAMIENTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL SENADO, A TRAVÉS DE LA MESA DIRECTIVA, EN RELACIÓN CON EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre de los Senadores Héctor Larios Córdova, Miguel Barbosa Huerta, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Ricardo Urzúa Rivera, Braulio Fernández Aguirre y Miguel Romo Medina, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, a nombre de los Senadores Fernando Herrera Ávila, Mariana Gómez del Campo Gurza, Ernesto Ruffo Appel, Juan Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Silvia Garza Galván, Martín Orozco Sandoval, Daniel Ávila Ruíz, Marcela Torres Peimbert, José Rosas Aispuro Torres, Maki Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco López Brito, Martha García Gómez, Jorge Preciado Rodríguez, Pilar Ortega Martínez, José María Martínez Martínez, Rosa Díaz Lizama, Laura Rojas Hernández, Javier Corral Jurado y Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en los Ejercicios Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, que se llevarán a cabo del 14 al 25 de noviembre de 2015 en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil
De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Senador. Fernando Enrique Mayans Canabal
De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”
Intervención del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal
De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24, 143 y 143 bis, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de uso de suelo
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Intervención del Senador Gerardo Sánchez García
Intervención del Senador Zoe Robledo Aburto
Senadora Martha Palafox Gutierrez
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:31 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 69 ciudadanos Senadores.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Secretario.
En consecuencia, se abre la sesión del jueves 15 de octubre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Una, del Senador David Penchyna Grub, con la que remite su Tercer Informe Legislativo y de Gestión, mismo que fue presentado el día de ayer, en Pachuca, Hidalgo.
Por lo que hace al informe del Senador Penchyna remítase copia a la Biblioteca del Senado.
Compañeros Senadores: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el cual se propone modificaciones a la integración de las comisiones.
El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria.
1.- Que el Senador Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se da de alta como Secretario de la Comisión de Marina y deja de pertenecer a la Comisión de Seguridad Pública.
2.- Que el Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se da de alta como Presidente de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales y deja de pertenecer a la de Vivienda.
3.- Que la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de baja como Secretaria de las Comisiones de Estudios Legislativos, Segunda, y de Asuntos Fronterizos, Norte.
4.- Que la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a las Comisiones de Estudios Legislativos y Jurisdiccional.
5.- Que el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se da de alta como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
6.- Que el Senador Víctor Hugo Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se da de alta como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.
7.- Que el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
8.- Que el Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como integrante de la Comisión de Energía y como Secretario de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Europa, y de Ciencia y Tecnología.
Hago del conocimiento de la Asamblea que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo para realizar las gestiones correspondientes a fin de invitar al Papa Francisco a participar en una sesión solemne, en el marco de su visita de Estado a México.
El acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura, señor Presidente, al Acuerdo:
Primero.- En observancia a las facultades exclusivas en materia de política exterior del Senado de la República, y con objeto de refrendar y mantener el trato digno y respetuoso que esta soberanía ha otorgado a distintos Jefes de Estado y de Gobierno en Visita Oficial a México, se conviene hacer una invitación formal al Papa Francisco, Jefe del Estado de la Santa Sede, a participar en una sesión solemne del Pleno, en el marco de su próxima visita de Estado a México.
Segundo.- Se mandata al Presidente de la Mesa Directiva, Senador Roberto Gil Zuarth, a llevar a cabo, en coordinación con el Ejecutivo Federal, las gestiones necesarias a fin de procesar la invitación referida en el primer resolutivo del presente Acuerdo.
Primero.- El Presente Acuerdo entrará en vigor una vez que reciba la aprobación del Pleno. Signado el día 13 de octubre de este año.
No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Esta Mesa Directiva realizará las gestiones correspondientes.
Les informo ahora que la mesa Directiva suscribió también un acuerdo para normar la sesión solemne en la que recibiremos la visita del Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de Japón, el acuerdo está disposición en sus escaños, solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En este momento doy lectura, Presidente a los resolutivos del Acuerdo.
Primero.- El jueves 22 de octubre del 2015, a las 11:30 horas, el Senado de la República realizará sesión solemne para recibir en el Pleno la visita del señor Masaaki Yamasaki, Presidente de la Cámara de Consejeros de Dieta Nacional de Japón.
Segundo.- Durante su presencia en el salón de sesiones de este órgano legislativo, el señor Masaaki Yamasaki, Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de Japón se le asignará un escaño en el presidium.
Tercero.- El Presidente de la Mesa Directiva en representación del Senado de la República dirigirá un mensaje de bienvenida al señor Masaaki Yamasaki.
Cuarto.- En su visita el señor Masaaki Yamasaki, hará uso de la palabra para dirigir un mensaje a la Asamblea.
Quinto.- En esta Sesión solemne únicamente tendrá lugar las intervenciones señaladas en el texto del presente Acuerdo.
Sexto.- A la sesión solemne se invitarán a la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y al Presidente de la Cámara de Diputados, y se les asignará un escaño en el presidium.
Séptimo.- En reconocimiento a la alta investidura del visitante y de los invitados la Presidencia de la Mesa Directiva designará las comisiones del ceremonial a que se refiere el artículo 289 del Reglamento del Senado de la República.
Octavo.- Se instruye a las Secretarías Generales a hacer las gestiones necesarias y cumplir con las tareas de logística que requiera el recinto de la Cámara de Senadores, para la organización y durante el desarrollo de la sesión solemne.
En virtud de que no hay oradores, consulte al Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo para recibir en sesión solemne al Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de Japón, el próximo jueves 22 de octubre.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración.
La Secretaria Senadora Hilda Flores Escalera: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General se recibió de la Comisión de Administración del Senado el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de octubre del 2015.
Firmado el día 23 de septiembre del 2015.
Al no haber nadie quien haga el uso de la voz, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto para el mes de octubre de 2015.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de octubre del año en curso.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido en el mes de agosto del 2015.
Voy a dar lectura a un pronunciamiento de los grupos parlamentarios del Senado de la República, por conducto de la Mesa Directiva, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación.
“Los grupos parlamentarios del Senado de la República, por conducto de la Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, numeral uno, fracción XVI, y 87, numeral tres del Reglamento del Senado de la República, emitimos el siguiente pronunciamiento.
Con la finalidad de hacer conciencia sobre el problema alimentario a nivel mundial y de fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza, cada 16 de octubre celebramos el Día Mundial de la Alimentación, esta fecha fue elegida porque el 16 de octubre de 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Este año conmemoramos el 70 Aniversario de la FAO, que constituye tanto un foro para la negociación de acuerdos entre los países desarrollados y los países en desarrollo, como una fuente de información y conocimiento técnico para ayudar al desarrollo.
En 2015, se ha elegido como tema del Día Mundial de la Alimentación la Protección Social y Agricultura, para romper el ciclo de la pobreza rural, el objetivo es destacar la importancia de reducir la pobreza rural y garantizar el acceso a los alimentos o a los medios para adquirirlos.
Aunado a esta celebración, hacemos un reconocimiento a la labor de los millones de productores y productores de alimentos de pequeña y mediana escala, quienes desempeñan un papel estratégico en la seguridad alimentaria de las naciones.
Las riquezas del campo mexicano favorecen la nutrición y la sana alimentación de las niñas, niños y jóvenes de México; sin embargo, aún existe un amplio porcentaje de la población por la cual debemos fortalecer las medidas para combatir el hambre y la malnutrición.
Desde la Cámara de Senadores impulsaremos el diseño de políticas, programas y marcos legales adecuados que promuevan la seguridad alimentaria y la nutrición adecuada, es así que con el ánimo de enfrentar el desafío de erradicar el hambre y la pobreza, el Senado de la República hace un llamado a las instancias gubernamentales a:
Generar programas para concientizar a la sociedad en general sobre los problemas del hambre y la mala nutrición.
Ampliar la protección social como a vía más rápida para ayudar a la población a combatir el hambre y la pobreza.
Diseñar políticas sociales eficaces para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición.
Mejorar el acceso de las personas a la asistencia sanitaria y a otros servicios sociales, permitiéndoles satisfacer sus necesidades de manera sostenible.
Aumentar las políticas y las inversiones para adaptar la agricultura al cambio climático.
Y priorizar la agricultura sustentable con la finalidad de garantizar el derecho a la alimentación.
Dado en el Senado de la República, a los 15 días del mes de octubre del año 2015”.
En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Héctor Larios, Miguel Barbosa, Blanca Alcalá, Graciela Ortiz, Marcela Guerra, Ricardo Urzúa, Braulio Fernández y Miguel Romo, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La resistencia a cumplir las disposiciones que protegen a las y los consumidores frente a cláusulas abusivas y generales de contratación, la pasividad que debemos reconocer existe para enfrentar, en diversas ocasiones, los problemas procesales o la permanencia en el mercado de productos, bienes o servicios, cuya publicidad es engañosa, requieren reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque como cualquiera de nuestros derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que corresponden a los consumidores, requieren ser expresamente garantizados.
Además, estamos convencidos de que las leyes requieren claridad, efectividad y progresividad, adaptarse a su contexto y circunstancias y, en su caso, aplicarse correlativamente con otras leyes que salvaguarden los mismos derechos.
En este sentido, y en el contexto de una economía internacional cambiante, así como del uso de las nuevas tecnologías para ofrecer bienes, productos o servicios, la renovación precisa y constante de la legislación en la materia resulta fundamental para salvaguardar los derechos de los consumidores y los mecanismos que se requieren para hacerlos valer.
Mis compañeros Senadores: Héctor Larios, Miguel Barbosa, Blanca Alcalá, Miguel Romo, Graciela Ortiz, Marcela Guerra, Ricardo Urzúa y Braulio Fernández, consideramos, y por supuesto la de la voz, consideramos que para que la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, que dicho sea de paso fue promulgada hace poco más de dos décadas en 1992, defienda de manera efectiva los derechos de los consumidores en su relación comercial con particulares en el contexto y dinámicas que presenta este Siglo XXI, es fundamental fortalecer las facultades de la Procuraduría Federal en la materia, al igual que las medidas que obligan a los proveedores de bienes, productos y servicios a otorgar garantías respecto de los mismos, o en su caso, resarcir los daños ocasionados.
La iniciativa que hoy presentamos propone reformas y adiciones para: incluir temas como el comercio electrónico, por ejemplo, que no es un asunto menor, les voy a compartir algunos datos, tres de cada cuatro internautas mexicanos realizan compras en línea.
Y de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Internet, el valor de estas transacciones en nuestro país en 2014 superó los 162 mil millones de pesos.
Dadas las características y condiciones en las que se realiza esta actividad, resulta necesario establecer mecanismos que garanticen a los consumidores, aspectos como la confidencialidad en el proceso de compra, pero también la claridad y la certeza sobre las características de los productos.
Proponemos fortalecer el marco jurídico para proteger los datos e información que proporcionen los consumidores, en congruencia con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de los particulares.
Además está adición normativa, implicaría que los proveedores informen de manera clara y fidedigna, datos como la razón social, la identificación fiscal, el domicilio, el correo, el teléfono, entre otros, a los que pueda acudir el consumidor para solicitar aclaraciones o presentar reclamaciones, obligaciones que ya cumplen otros proveedores.
De tal manera, que está medida se aplique en igualdad de circunstancias a todos los sujetos de esta ley.
La propuesta que presentamos, una propuesta plural, por cierto, también incluye adecuaciones para armonizar preceptos establecidos en las reformas de telecomunicaciones y financiera, para fortalecer las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor, que implicaría, en consecuencia, fortalecer las medidas de protección a la vida, a la salud, a la seguridad y a la economía de los consumidores.
No estamos hablando de una institución, estamos hablando del corazón de la política pública que son las personas.
En este sentido, la iniciativa incluye adiciones para establecer que cuando los proveedores tengan conocimiento de que alguno de sus bienes, productos o servicios, puedan implicar riesgos para los consumidores, estén obligados a informar inmediatamente a la Profeco, en un plazo no mayor de 24 horas, a partir de conocer el riesgo sobre el producto involucrado, así como las medidas de protección adoptadas.
En congruencia con lo anterior, las nuevas atribuciones que se proponen para Profeco, también tienen como finalidad, que previo dictamen de laboratorio nacional, de protección al consumidor, pueda emitir entre otras alertas, dirigidas a los consumidores, así como dar a conocer las de otras autoridades o agencias sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, de productos o servicios defectuosos o dañinos.
2. Llamados a revisión.
Llamados a revisión de bienes, productos o servicios que la propia Procuraduría Federal del Consumidor, podrá aplicar como medida precautoria cuando presenten daño o defectos que ameriten ser corregidos, reparados o remplazados.
Prohibición de la comercialización y retiro de productos defectuosos y dañinos.
Y, por último, la emisión de lineamientos sobre publicidad, con el propósito de proteger sobre todo a la infancia, a los adolescentes, que son, sin duda, de los grupos más vulnerables de la población.
Esta iniciativa, también prevé la facultad de la Profeco, para imponer sanciones, incluida la clausura. Con el objeto de prevenir y corregir casos particularmente graves, de afectación de derechos e intereses de un grupo de consumidores.
Entre otros, se propone aumentar los días de clausura, a efecto de que las resoluciones de la Procuraduría, cuenten con mayor fuerza y se desaliente la reincidencia de las conductas infractoras.
En este mismo orden, se estima que la clausura puede ser impuesta como sanción, como medida de apremio e, incluso, como medida precautoria en ciertos casos.
También proponemos reformas para incluir a los órganos constitucionales, autónomos, al servicio de administración tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro del listado de autoridades obligadas a proporcionar los datos necesarios para identificar y para localizar al proveedor.
Para precisar que tratándose de sanciones impuestas con motivo de los procedimiento de verificación y vigilancia del cumplimiento de la ley en la materia, la autoridad sólo podrá reducirlas o conmutarlas.
Y propone una adición para incorporar a las personas morales dentro de la definición de casas de empeño, lo anterior de acuerdo a lo que ya ha establecido en la materia la Suprema Corte de Justicia.
Mis compañeras y compañeros Senadores y una servidora, consideramos necesarias estas adecuaciones legislativas, con el propósito de que la Ley Federal de Protección al Consumidor, tenga ámbito de validez material y personal, para proteger los derechos de las y los consumidores en este país.
Que al mismo tiempo, garanticen relaciones comerciales equitativas, fortaleciendo, porque no, una cultura de consumo responsable.
Consideramos que fortalecer las facultades de la Profeco, coadyuvará en su objetivo de proteger y defender a los consumidores y de difundir sus derechos fomentando así la participación ciudadana.
La protección del consumidor es uno de los instrumentos más importantes en una economía social de mercado.
De su efectiva defensa y protección depende que la libertad de elección y el trato justo y equitativo predominen en las relaciones económicas, de tal suerte que los mexicanos y las mexicanas podamos vivir en un país cada vez más justo, ni más ni menos.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Se suman a la iniciativa, Senadores?
Le consulto, Senadora, si acepta las adhesiones.
Tome nota la Secretaría de las distintas solicitudes.
Sonido en el escaño de la Senadora Martha Palafox.
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Es solamente para felicitar a mi compañera, la Senadora, que ha hecho la presentación de esta iniciativa.
Su servidora preside una asociación civil en defensa de los consumidores y hace muchos años también presentamos una iniciativa similar a la que está presentando ella el día de hoy.
A mí me da mucho gusto que hoy sea tomada en cuenta, y si me permite, me sumo a ella.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora, ¿autoriza la adhesión de la Senadora?
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar con el aval de ese grupo, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 73 y 117 constitucionales.
El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Con el permiso de la Presidencia.
Vengo a esta tribuna a presentar a nombre propio y de diversos Senadores del Partido Acción Nacional, una iniciativa de reforma constitucional en materia de deuda.
En diciembre del 2012, al iniciar esta administración, se recibió una deuda pública que no llegaba ni a los seis billones de pesos. Ya se trataba entonces de una deuda significativa.
Por ello en su primer discurso como Presidente de México, Enrique Peña Nieto se comprometió a un paquete económico con cero déficit presupuestal. La realidad hasta el día de hoy es muy diferente a la promesa del Presidente.
El año 2013 cerró con un déficit de 3 por ciento del PIB, para acumular una deuda del 39 por ciento. Esto fue sólo el principio. El endeudamiento continúa acumulándose, las deudas se dispararon hoy a más de ocho billones de pesos, el 47 por ciento del PIB.
Al hablar de términos macro económicos, nos hace perder la dimensión del problema, pero y si les digo que cada niño que nazca en el 2016 deberá más de 70 mil pesos de pura deuda pública, no es justo. Nadie le preguntó a ese niño si quería nacer con esa losa sobre sus hombros.
Este gobierno sencillamente no tiene control de la deuda, cada año revisa sus propias estimaciones al alza, 10 por ciento.
Cabe recordar que al inicio de la presente administración se anunciaba una deuda del 36 por ciento del PIB para el 2016. En este paquete ya reconoce que llegará a 48 por ciento. La realidad posiblemente sea mucho peor.
Así las cosas, las tendencias apuntan a que este gobierno, con la misma tendencia que lleva, nos heredará en el 2018 una deuda de hasta 60 por ciento del PIB.
Y, por supuesto, la deuda no viene gratis pues cada año tenemos que erogar cerca de 500 mil millones de pesos solamente para pagar los intereses de la deuda. Gastaremos cinco veces más en el pago de intereses de la deuda, y eso que están ahorita los intereses en su etapa histórica más baja que todo el presupuesto federal de Comunicaciones y Transporte, cinco veces. Gastaremos en intereses diez veces más en el pago de estos, de la deuda, que todo el presupuesto del Programa Prospera-Oportunidades.
¿Cuánto más pagaremos si seguimos acumulando deudas debajo del tapete?
¿Cuánto más pagaremos cuando suban las tasas de interés?
Estamos ante una verdadera bomba de tiempo. Por ello los Senadores de Acción Nacional proponemos una solución contundente: incorporar en la Constitución el derecho de los ciudadanos a tener finanzas públicas estables y la obligación de los gobiernos a no contraer deudas más allá de un límite estricto, y a no heredar deuda alguna a gobiernos futuros.
La deuda pública al final del día trae más males que bienes y no podemos comparar la deuda pública al endeudamiento privado.
Cuando una persona se endeuda, asume un riesgo personal. Cuando un político endeuda al Estado, no asume ningún riesgo, pero sí recibe inmediatamente el beneficio de la deuda: más recursos para gastar, sin responsabilizarse de ello.
Al final seremos nosotros y nuestros hijos quienes pagaremos los despilfarros del gobierno endeudando. No pagan los gobiernos, pagan los ciudadanos con más impuestos. Las deudas de hoy son los impuestos del mañana.
Así lo que en principio parece un nivel manejable de endeudamiento, tiende a convertirse en un grave problema que impone una pesada losa a las familias, y amenaza a las finanzas y al desarrollo del país.
En manos de los políticos la deuda siempre es mala, los políticos en el poder siempre tendrán incentivos para endeudarse más allá de lo razonable. Es pura naturaleza humana esa es la realidad de los hechos que vivimos a lo largo de todo el país.
No debemos minimizar los riesgos de la deuda, nuestra historia está plagada de ejemplos en los las deudas han dado severos quebrantos a la nación y al pueblo. No debemos irnos siquiera al siglo XIX, basta con recordar la quiebra del país tras la docena trágica de Echeverría y López Portillo, o el infame error de diciembre de 1994.
Es por ello que a nombre de diversos Senadores de Acción Nacional proponemos.
1.- Reconocer desde la Constitución el derecho de los ciudadanos a unas finanzas públicas estables, es decir, a que los gobiernos no los endeuden ni les impongan impuestos confiscatorios para pagar deudas.
2.- Prohibir el heredar endeudamiento en el mediano plazo a todos los gobiernos, es decir, éstos podrán endeudarse los primeros años de cada administración con un límite estricto, pero deberán saldar toda la deuda que hayan contraído 12 meses antes de terminar su administración.
Con ello no solamente evitamos heredar deudas a futuros gobiernos, sino que se de dediquen a despilfarrar recursos públicos en tiempos electorales.
3.- Sancionar penalmente a los servidores públicos que contravengan esto y endeuden a los ciudadanos.
4.- Reducir progresivamente la deuda acumulada para que ya no tengamos cientos de miles de millones de pesos al pago de intereses. A grandes males, grandes remedios, estamos ante una iniciativa contundente, pero no tenemos otra opción.
Tenemos que cortar esta grave amenaza, este cáncer de raíz. No falta quien considere atrevida esta propuesta, pero la verdadera temeridad es seguir con el rumbo que llevamos ahora, atentando contra el bolsillo de cada ciudadano.
En definitiva es momento de limitar al gobierno para empoderar al ciudadano, de quitarle a uno la capacidad de endeudarse para que el otro no vea amenazado su futuro. Los mexicanos no merecen menos, aspiramos a un futuro donde cada mexicano que nazca traiga un pan bajo el brazo y no una hipoteca de 70 mil pesos.
Se concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.
El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Senador Presidente,
La migración es un fenómeno, como todos sabemos, es un fenómeno social de afectaciones mundiales que difícilmente se va a erradicar completamente, ya que está intrínsecamente relacionado con las dinámicas globales de generación de riqueza, pero también de exclusión social, así como del resultado de una cada vez mayor interconexión económica social y cultural.
Estas variables, compañeras y compañero se ven caracterizadas por una diversidad de diferenciales en materia de desempeño económico que se traducen en migración laboral identificada, a su vez, por la coexistencia conflictiva entre pobreza y riqueza.
En nuestro país somos testigos del resultado de estos riesgos que a últimas fechas han brotado con una mayor fuerza en virtud de la incapacidad de nuestros gobiernos de atender la problemática migratoria con acciones de fondo ante la complejidad de la situación.
Lo hemos denunciado de forma sistemática en esta y en otras tribunas, pero lamentablemente nuestros llamados, como los de muchos actores políticos y sociales que preveían el inminente colapso de en el tema migratorio no fueron atendidos con oportunidad por parte de la autoridad competente, y los resultados han quedado a la luz, y sus implicaciones, hay que decirlo, han rebasado el ámbito interno para convertirse en una crisis humanitaria que afecta a varios países del Continente.
Los datos oficiales, Senadoras y Senadores, refieren que la población migrante creció progresivamente durante la última década al pasar de 493 mil personan en el año 2000, a 961 mil en el 2010.
En tal sentido en la República mexicana se observan ocho entidades, como muchos de ustedes lo saben, ocho entidades representativas de este fenómeno, al ser las de mayor expulsión de migrantes.
Es el caso de Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Jalisco, Zacatecas, y el propio Distrito Federal. En tal sentido venimos a esta tribuna a reafirmar la idea de que el marco jurídico vigente en el tema migratorio está incompleto, y sólo está prevista la parte que contiene el fenómeno social que nos afecta indirectamente, es decir, la ley de referencia lo que hace esa ley es dictar la política pública para atender dicha circunstancia en relación a los migrantes que recibe México, principalmente de países centroamericanos.
Nuestra propuesta, compañeras y compañeros nos parece que adquiere mayor relevancia, ya que supone la identificación de las entidades federativas de mayor expulsión de migrantes para ser sujetas precisamente a programas sociales que coadyuven en la generación de condiciones óptimas para evitar eventuales flujos migratorios.
Estos programas estarían destinados a crear posibilidades reales para que estos grupos específicos puedan tener acceso a recursos que los ayuden a autogenerar actividades productivas, desde una perspectiva social.
Lo anterior sin duda nos parece, se lograría dotando a la Secretaría de Desarrollo Social de las herramientas legales que la obliguen por razón de ley, a conformar un programa social específico para las entidades federativas que están expulsando el mayor número de connacionales al extranjero.
Es por eso que desde el ámbito legislativo proponemos esta iniciativa que sin duda coadyuvaría a enfrentar esta terrible crisis, pero dándole énfasis a una solución de carácter incluyente y no sólo de contención.
México, lo sabemos todos en esta soberanía, está ávido de soluciones integrales a sus diversas problemáticas. Tenemos que dejar de lado las políticas públicas que sólo son paliativos producto de situaciones coyunturales.
Debemos dotar a nuestra sociedad de mecanismos que la dinamicen y la conviertan en una sociedad con una amplia gama de condiciones favorables, pero también incluyentes, condiciones, Senadoras y Senadores, que permitan que los grupos sociales más vulnerables tengan posibilidades reales de insertarse en los procesos económicos básicos y dejar atrás la llamada política asistencialista.
Pero le ruego, Senador Presidente, me obsequie lo que aparece hoy en nuestra Gaceta Oficial, pueda ser también incorporado al Diario de los Debates, porque me parece que la propuesta y la iniciativa si aparece como tal, será mejor analizada por las compañeras y compañeros Senadores.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Insértese la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates.
En otro apartado de nuestra agenda tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que permita la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en los ejercicios multinacionales “Unitas-Anfibio 2015” y “Unitas-Atlántico 2015”, que se llevarán a cabo del 14 al 25 de noviembre del año en curso, en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.
Tenemos ahora la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de emergencias obstétricas.
Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 28 de abril del año en curso.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen.
Sí de omite la lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans, en su calidad de Presidente de la Comisión de Seguridad Social para presentar el dictamen.
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso señor Presidente.
Vengo a nombre de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; Salud; y Estudios Legislativos, Segunda, a presentar un conjunto de dictámenes que son de la mayor relevancia para la sociedad y el pueblo de México.
El propósito de este primer dictamen que ponemos a su consideración, es dar atención a una problemática que con mayor frecuencia se presenta en casos en las mujeres que requieren de una atención obstétrica de urgencia.
De acuerdo con el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, en la actualidad a nivel nacional se registran 2.1 millones de embarazos cada año y alrededor de 300 mil presentan complicaciones obstétricas.
El impacto que estas complicaciones obstétricas tienen es enorme, 30 mil mujeres quedan con secuelas obstétricas, convirtiéndose en discapacitadas, y mil 100 mujeres fallecen dejando una secuela social de 3 mil huérfanos al año.
De acuerdo con esta fuente, el 80 por ciento de defunciones maternas son previsibles.
El programa descrito nos muestra que las mujeres en México enfrentan situaciones de riesgo que les impide ejercer plenamente el derecho a la salud, consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución Política.
Estas comisiones unidas dictaminadoras, consideran que la mortalidad materna continúa, siendo un problema de salud pública importante.
La mortalidad materna afecta en mayor proporción a las mujeres embarazadas sin seguridad social, en condiciones de pobreza, que residen en zonas de marginación. Esta situación hace necesario fortalecer el marco normativo a fin de que se garantice el acceso a toda mujer a la atención médica, ante una ausencia obstétrica.
Por ello, el dictamen a su consideración busca cohesionar el Sistema Nacional de Salud, a efecto de que garantice solidariamente a todas las mujeres ante alguna ausencia obstétrica o adopción oportuna, que le permita acceder a los servicios de salud materno-infantil, independientemente de su derechohabiencia.
El modelo que se propone, considera el mecanismo de portabilidad de la usuaria de los servicios públicos de salud y de seguridad social, eliminando con ello las barreras que persisten para el acceso a la atención efectiva y oportuna.
En consecuencia, se propone reformar las leyes generales de salud, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objeto de establecer que las instituciones públicas de salud que atienden a la población abierta, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, estarán obligados a prestar atención médica a todas las personas embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, independientemente de su afiliación o condición de aseguramiento y, precisar, que dicha atención deberá de ser expedita en aquellas unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas.
Por lo anterior, y a nombre de las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Salud y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, pedimos su voto a favor de este primer dictamen.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García, para hablar a favor del dictamen.
El derecho a la salud, inmerso en el artículo 4º constitucional, debe de traducirse en el grado máximo de salud, que se pueda lograr sin distinción de raza, religión, ideología, sexo, condición social, edad o condición económica.
Sin embargo, la muerte materna por urgencias obstétricas, deja manifiesto que las mujeres siguen enfrentando situaciones de riesgo y de desigualdad que les impiden ejercer plenamente su derecho a la salud.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, mortalidad materna se refiere a la muerte de una mujer durante el embarazo, parto o puerperio, debido a cualquier causa agravada, relacionada con o por el embarazo, o su atención, pero no por causa, accidentales o incidentales.
Diversos estudios han detectado que la mayoría de las veces, las causas de la mortalidad materna pueden ser prevenibles. Cifras oficiales muestran que las brechas entre mayoría de las entidades federativas para cumplir con la razón de mortalidad propuesta en los objetivos del milenio en el año 2000, sigan existiendo.
Si bien, la razón de mortalidad materna nacional disminuyó el 38.2 por ciento en 2013, de acuerdo con datos proporcionados por el observatorio de mortalidad a nivel nacional, México no cumplió con la meta planteada en estos objetivos del Milenio, prevista para 2015, que era la reducción de la muerte materna al 24 por ciento, e incluso, algunas entidades federativas, tales como Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas, la incrementaron con respecto a años anteriores.
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, representa una oportunidad para adoptar una nueva agenda de desarrollo sostenible para 2030.
Es por ello, que retomando los ocho objetivos de desarrollo del milenio, el décimo objetivo acordado en esta Cumbre, se centra fundamentalmente en reducir la desigualdad entre los países, ya que a pesar de que de manera global la maternidad disminuyó en la mayoría de los países en desarrollo.
Las mujeres, en las zonas rurales, siguen teniendo hasta 3 veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres de los centros urbanos.
Es por estas razones que mi voto será a favor del presente dictamen, pues, estoy segura que la atención inmediata de cualquier urgencia obstétrica es labor de todas y de todos, y debe de ser una obligación para todas las autoridades sanitarias.
No olvidemos los casos ocurridos en las clínicas de Jalapa de Díaz, en el estado de Oaxaca, o la del Hospital de San Lázaro Teotipilco, en el estado de Puebla, que no fue, que hasta estos casos fueron transmitidos por diversos medios de comunicación, que la problemática de la muerte materna fue atendida.
Debo reconocer que sólo 2 estados de la República cumplieron con el objetivo 5 del desarrollo del Milenio para reducir la mortalidad materna: el estado de Puebla y el estado de Oaxaca.
Sin embargo, necesitamos cohesionar el Sistema Nacional de Salud para brindar a las mujeres, de manera solidaria, una opción inclusive y oportuna que les permita acceder a los servicios de salud materno-infantil, independientemente de su derechohabiente en cualquier urgencia obstétrica que se le presente.
Desde la más alta tribuna de la nación, y a favor de cada una de las mujeres que han perdido la vida por una urgencia obstétrica, es que les pido su voto a favor del presente dictamen que contribuirá, en gran medida, a la reducción de la mortalidad materna, y al mismo tiempo refrendo mi compromiso para seguir promoviendo acciones legislativas que nos permitan transitar a una vida más justa y más igualitaria para todas las mujeres en México.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para hablar a favor del dictamen, se concede el uso de la palabra a la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
Quiero formular mi opinión con acuerdo a la presente minuta. Recordarles que uno de nuestros principios objetivos, principales objetivos es buscar el bien común de la sociedad, en general, el crecimiento de México.
Pero yo les pregunto. ¿Cómo se puede garantizar el bienestar, sin antes pensar en nuestros niños?
Pues, bien, la respuesta es que no es posible hacerlo, pues, hoy en día mueren cientos de niños o bien quedan desprotegidos a consecuencia de que las madres en labor de parto, o inclusive durante las complicaciones que se puedan suscitar durante el embarazo no llegan a ser debidamente atendidas en tiempo y forma, justificando la omisión de auxilio ante estas por no formar parte del supuesto derecho de afiliación a una institución que existe en un hospital en una situación que resulta por demás violatoria de derechos humanos, en especial el derecho a la salud, que hoy en su artículo 4, párrafo III de nuestra Carta Magna, nos es “garantizado”, (entre comillas).
Cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas nos arrojan que la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre mujeres de edad reproductiva a nivel global.
Y ¿Qué pasa cuando muere una mujer? Nada más y nada menos deja a niños, que después serán jóvenes, y que los deja totalmente desprotegidos, y eso a la larga es lo más difícil, no menospreciando, por supuesto, la importancia de la muerte de este ser humano, de esa mujer, pero todavía más aún, la consecuencia de dejar desprotegidos a unos hijos, que aunque ciertamente, en muchas ocasiones, afortunadamente puede quedarse con un padre de familia que hará lo imposible por sacarlos adelante, pero que las estadísticas y la historia de este México y de muchos determinan que las mamás son fundamentales, y que necesitamos que esos niños crezcan con las mamás y, por supuesto, que así debe de ser también con la figura paterna.
Más de mil 500 mujeres y niñas mueren cada día a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, lo que se traduce en cerca de 550 mil muertes anuales. Si bien es difícil medir las enfermedades y secuelas relacionadas con el embarazo, las estimaciones varían de 16 a 50 millones de casos anuales, el efecto de estas complicaciones es enorme, ya que 30 mil mujeres quedan con secuelas obstétricas que se convierten en discapacitadas, mientras que anualmente fallecen mil 100 mujeres, lo que provoca una secuela social de 3 mil huérfanos cada año.
La Colegisladora destaca que 80% de estas defunciones maternas son prevenibles, y eso es lo que hoy venimos a plantearles en este dictamen de la Comisión de Salud.
Por todo lo anterior, es un gran paso poder garantizar la atención médica urgente a las mujeres embarazadas disminuyendo la mortalidad materna en nuestras mexicanas y, a su vez, garantizando el bien jurídico tutelado de los menores y una familia estable.
Esto último es totalmente lo que estamos previniendo con la reforma de este día, tutelar el bien jurídico, que es el menor y, por supuesto, una familia estable.
Por lo tanto, compañeros legisladores, yo les pido el voto a favor del presente dictamen, el voto a favor de las mujeres y de los niños de este país.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Mesa Directiva saluda a Ben Monterroso, fundador y Director Ejecutivo de la organización “Mi familia vota”, abogado y activista a favor de los derechos políticos de la comunidad latina en los Estados Unidos, que ha sido invitado por el Senador Zoé Robledo.
Sea usted bienvenido al Senado de la República y a nuestro país.
Igualmente saludamos y damos la bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Popular del estado de Puebla, invitados por el Senador Héctor Larios Córdova. Asisten con la finalidad de presenciar nuestros debates.
Sean ustedes también bienvenidos al Senado de la República.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Ortiz, en su condición de Presidenta de la Comisión de Salud para fundamentar el dictamen que está a discusión.
El día de hoy las Comisiones Unidas de Seguridad Social, Salud y Estudios Legislativos tenemos el agrado de presentar ante este Pleno del Senado el dictamen de la minuta que tiene por objeto reestablecer y establecer que las instituciones públicas de salud, que atienden a la población en general, y las instituciones públicas de seguridad social prestarán atención a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, lo anterior independientemente de su condición de derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.
Esto lo habíamos hecho como un programa en el sexenio pasado, y me da mucho gusto que hoy sea una ley. Como bien sabemos, en México, en los últimos dos sexenios, la atención prenatal se ha incrementado de 64.4% en 2000 a 65.2% en 2006, hasta llegar a 74.4 en 2012.
No obstante, tenemos un incremento en las tasas de embarazos tanto en mujeres adolescentes, como en mujeres que se encuentran al final de su periodo productivo, lo que convierte a ambas situaciones en embarazos de alto riesgo. De forma que la razón de mortalidad materna en las mujeres menores de 20 años es de 59.3 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, es alta.
Entre las primeras cinco causas de mortalidad materna, que representan 88.3% del total de estas defunciones, están las defunciones obstétricas indirectas con 31.9%, seguida de las enfermedades hipertensivas del embarazo, edema y proteinuria en 20.4%; hemorragia del embarazo, parto y puerperio con 19%; otras complicaciones principalmente del embarazo y parto en 11.2%; y las ocurridas a consecuencia de un aborto con 5.8%.
Por otro lado, tenemos que es una realidad que, independientemente del porcentaje de embarazos en adolescentes que se pueda reducir a través de las diversas reformas que hemos aprobado en las últimas sesiones a la Ley General de Salud, la atención que se brinda a las mujeres en esta situación no siempre es la adecuada, oportuna y eficiente.
Derivado de ello, se obtuvo un promedio de 931 casos de mujeres que dan a luz fuera de los hospitales, por ello que programas como el Programa de Acción: Arranque Parejo en la Vida, en 2001; la Estrategia Integral para el Desarrollo Social Económico de los Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano, Cien por Cien de 2006, la Estrategia de Embarazo Saludable 2008, la Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en 2009, y el Convenio Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas 2009 se ha tratado de enfrentar esta problemática.
Estos programas están dedicados a la atención de mujeres embarazadas.
Finalmente se logra elevar a rango de las leyes una de las acciones más importantes enfocadas a la reducción de la mortalidad materna, que implica la atención de todas las urgencias obstétricas cuando se presenten sin importar la derechohabiencia de la mujer embarazada.
Lo anterior, además tiene por objeto promover una mayor colaboración entre instituciones para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en materia de prestación de servicios de salud.
Asimismo, a fin de garantizar la prestación de servicios médicos de urgencias de acuerdo a la normatividad vigente y coadyuvar a la educación de las brechas existentes en materia de capacidad instalada para ampliar las oportunidades de acceso a los servicios de salud.
Es por todo lo anterior que solicitamos el voto a favor del presente dictamen.
Creímos que debería de ser esto desde hace muchos años, hicimos un programa y hoy avanzamos a una ley necesaria para poder seguir disminuyendo mortalidad materna en este país.
Al no haber más oradores, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Esta Presidencia da la bienvenida a alumnos del Tercer Semestre de la Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por la Senadora Sonia Rocha Acosta.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente se emitieron 84 votos a favor, cero en contra.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley del Seguro Social; y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Seguridad Social.
Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el pasado 28 de abril del año en curso.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su lectura.
Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones dictaminadoras, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.
El Senador Fernando Mayans Canabal: Con el permiso, señor Presidente.
En sus referentes históricos constitucionales, la seguridad social quedó plasmada en el texto original de la fracción XXIV del artículo 123 de la Constitución Política de 1917, que estableció, cito:
“Se consideran de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros confines análogos”
Por lo tanto, tanto el gobierno federal como el de cada estado, deberá fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir, inculpar la previsión popular.
Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1974, se amplió la seguridad social con el seguro de servicios de guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar, no sólo de los trabajadores, sino también de campesinos no asalariados y otros sectores sociales, incluidos sus familiares.
Ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, y hoy lo reiteramos, para poder ejercer en plenitud un derecho, hay que conocerlo en cuanto a sus contenidos y mecanismos que garanticen su disfrute y ejercicio, hacia este objetivo va encaminado este dictamen.
En el ámbito internacional, diversos congresos de países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Uruguay, han declarado la Semana Nacional de la Seguridad Social, con el objeto de instaurar y consolidar una cultura en la sociedad que promueva el conocimiento de sus principios y valores.
Dichos países cuentan con un marco jurídico adecuado, por lo que resulta un aliciente para el Congreso mexicano el poder expedir un decreto que declare la última semana de abril como la Semana Nacional de la Seguridad Social, como muestra de una clara política de apoyo a las actividades que incrementen la cultura en esta materia en nuestro país.
Mención especial merece el caso de Paraguay, que desde el año pasado lleva a cabo actividades vinculadas a la promoción de la salud y a la capacitación de docentes para propiciar la cultura de la seguridad social en las aulas, partiendo de la base de la resolución número 723, dictada por su Cámara de Senadores, lo cual señala de interés general la educación en la seguridad social a través de la promoción de sus principios y valores.
Cabe referir que desde el texto original de la Constitución de 1917, se previó originalmente el deber de las instituciones de seguridad social para infundir e inculcar la previsión social, obligación que hay que rescatar.
En virtud de los grandes retos y desafíos a los que se enfrente en la actualidad, y deben tener como presupuesto básico la promoción de sus contenidos, principios y valores, como lo son la solidaridad, la unidad, la igualdad y la participación social entre todos.
Por esta razón, pedimos su respaldo, amigas y amigos, a esta decisión fundamental parlamentaria de contenido en el presente dictamen, para declarar la última semana del mes de abril, como lo hemos venido haciendo desde el 2013 en esta Cámara de Senadores, la última semana de abril como la Semana Nacional de la Seguridad Social.
Esperamos el apoyo a favor en este dictamen.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que no hay otros oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
La Secretaría Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 83 votos a favor, cero en contra.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el numeral del Congreso de la Unión, declara la última semana del mes de abril cada año, como la Semana Nacional de la Seguridad Social.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, sobre incumplimiento de cuotas.
Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 28 de abril del año en curso, debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se hará en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones dictaminadoras, en termino de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
Este dictamen es fundamental para la ley de los trabajadores, dependen de ISSSTE, me gustaría que le pusieran especial atención, es muy breve, esto se da en una respuesta legislativa a la reforma que se realizó a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, en el 2007.
La cual suscitó reacciones importantes entre distintos sectores involucrados o interesados en el tema.
Dicha reforma, introdujo expresamente en el artículo 25 de la Ley del ISSSTE, que en caso de que una dependencia o entidad incumpla por más de 12 meses en el entero de las cuotas, aportaciones o descuentos, el Instituto podrá suspender a los trabajadores los seguros, las prestaciones y servicios que correspondan al adeudo.
Se ha considerado que este precepto legal es claramente violatorio de los derechos laborales contenidos en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su aplicación entraña severos perjuicios económicos, sociales y particulares a los trabajadores al Servicio del Estado.
Con esta disposición el trabajador queda en un estado de indefensión, dado que el Instituto puede suspender los servicios y seguros que conforman su núcleo de protección en materia de seguridad social, ya que dicho artículo prevé su suspensión por considerarse como causal el incumplimiento de las obligaciones por parte del patrón.
De esta manera, estas Comisiones Unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos reconocen que el dictamen que ponemos a su consideración, encuentra fundamento en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la cual se declaró la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley del ISSSTE, que contempló la reforma ya mencionada en el 2007.
Por ello es impostergable modificar el texto del artículo 25 de la ley en comento, con el objeto de establecer con toda claridad que en ningún caso el ISSSTE podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar, pues ello vulnera la seguridad social de sus trabajadores.
En suma, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la modificación que proponemos es necesaria puesto que permite el cumplimiento de mandatos constitucionales que sustentan el respeto y ejercicio de derechos fundamentales, en este caso de los trabajadores y derechohabientes del ISSSTE, además de que se suprime un supuesto legal que al actualizarse obstruye y socaba el acceso a la seguridad social a los trabajadores que tienen derecho, así como la protección a la salud y su atención médica y hospitalaria.
Por ello les pido su voto a favor.
JOSE ROSAS AISPURO TORRES.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Mayans.
Está a discusión dicho dictamen.
En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 83 votos a favor, cero en contra.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
A continuación tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisione Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, sobre madres trabajadoras.
Les informo que la primera lectura a este dictamen se dio el día 28 de abril del año en curso. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.
En consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
Sí se omite la lectura del dictamen, Presidente.
En consecuencia se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.
Con su permiso, con la venia de la sala.
A nombre de las comisiones dictaminadoras me permito presentar el presente dictamen en materia de licencia de maternidad.
La recomendación sobre la protección de la maternidad número 191 de la Organización Internacional del Trabajo, respecto de la Licencia de Maternidad, sugiere adoptar las medidas para garantizar que la mujer tenga derecho a elegir libremente cuando tomará la parte no obligatoria de su Licencia de Maternidad, antes o después del parto, toda vez que la gran mayoría de las mujeres embarazadas no requieren, salvo casos especiales de un descanso prologando previo al parto, pudiendo desempeñar su trabajo con las limitaciones propias de su estado de gravidez, pero sin prejuicio de su salud ni la de su producto o hijo.
Así la Ley Federal del Trabajo, a partir de la reforma del 2012 contempla la flexibilización de la Licencia de Maternidad en su artículo 170, fracción II.
Por ello con el dictamen a su consideración se busca armonizar la Ley del Seguro Social con esta disposición, proponiendo la reforma de su artículo 101.
Estas comisiones unidas reconocen que con esta modificación se alcanza el propósito general de hacer efectivo el derecho de las mujeres aseguradas al Instituto Mexicano del Seguro Social, a elegir libremente cuando tomará la parte no obligatoria de su maternidad, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, al entrar en el análisis y estudio de esta propuesta se pudo advertir que el marco jurídico vigente no ampara a las mujeres trabajadora del sector público, en virtud de que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 constitucional, establece de manera precisa un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo.
De esta manera, compañeras y compañeros, las comisiones que dictaminamos consideramos que lo anterior da lugar a un trato desigual e injusto para las mujeres trabajadoras en este sector.
Por ello, estimamos pertinente realizar modificaciones al proyecto de decreto, a fin de incorporar como sujetas de este derecho a las madres trabajadoras amparadas por el apartado B, del artículo 123 constitucional.
Se propone incluir la reforma al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de abarcar el universo de las mujeres trabajadoras sin distinción de la institución en la que se encuentren aseguradas, concretamente esta modificación comprende dos aspectos.
Se reconoce el derecho de las trabajadoras del sector público a transferir dos de las cuatro semanas de descanso previas al parto para después de éste, y en concordancia plena con la disposición vigente de la Ley Federal del Trabajo, que establece un descanso de medio mes adicional posterior al parto, en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o que requieran la atención médica-hospitalaria, previa presentación del certificado médico correspondiente.
En apego al respeto irrestricto y a los principios que consagran nuestra ley fundamental, como lo hace su artículo primero, que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos sin discriminación, ponemos a consideración esta imprescindible modificación, ya que de esta manera no sólo se garantiza un derecho ya reconocido en la Ley Federal del Trabajo, sino que se dé un trato equitativo a las mujeres trabajadoras, sin distinción derivada de su derechohabiencia.
Por lo anterior, quienes integramos las Comisiones de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, de este Senado de la República, solicitamos su voto a favor de este dictamen.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Fernando Mayans.
Está a discusión en lo general este dictamen.
No habiendo quien haga uso de la palabra. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos.
Pregunté que si había…
Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia señor Presidente.
Con la venia de mis colegas Senadores:
No se requiere ser médico en este caso, se requiere ser un defensor de los derechos laborales de los Trabajadores al Servicio del Estado, o de los trabajadores al servicio de la iniciativa privada. Porque estamos hablando de un derecho que históricamente ha sido respetado en el sector público.
Los que en algún tiempo hemos sido representantes sindicales en el sector público, se han hecho acuerdos con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, con la finalidad de que sea la trabajadora la que solicite de manera expresa, que requiere más tiempo para después de tener a su hijo.
Y, en ese sentido, si esta ley, esta reforma legal que está proponiendo la Comisión de Salud pretende hacerla un derecho, un derecho no se anda solicitando, ni se anda pidiendo que por favor se dé, por eso se llama derecho.
Pudiéramos decir que ningún trabajador tiene porque andar solicitando que por favor le paguen, si ejerce un trabajo tiene derecho a que se le pague un salario.
En ese sentido estamos proponiendo que ante la posibilidad de que haya represiones políticas de parte de quien va a autorizar a la persona que está solicitando dos semanas posteriores a tener su parto, para tener más atención de su bebé, que no estén expuestas a ninguna posibilidad de negación.
En ese sentido, estamos proponiendo que toda la parte, donde dice: previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, tomando en cuenta la opinión de los titulares de las dependencias o entidades y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se elimine, porque no se alcanza el rubro de derecho. Es decir, no se cumple el propósito de que se tipifique como eso, el derecho es, precisamente, algo que no tiene cortapisa para ejercerse.
Por eso, compañeros senadores, compañeras senadoras, yo sí quiero pedirles que reflexiones, sobre todo, el tema que tiene que ver con el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que esta parte se elimine, y la compañera, la trabajadora tenga esa posibilidad de ejercer ese derecho cuando ella lo juzgue pertinente, no hasta que se lo autorice el médico, no hasta que dé el visto bueno el responsable de la dependencia, porque entonces ya no sería un derecho, porque su solicitud quedaría al arbitrio del médico y quedaría al arbitrio del titular de la dependencia.
Como defensor de los derechos de los trabajadores, yo sí quiero pedirles que este Senado tiene que buscar la forma de que las mujeres que tengan esta necesidad, no estén a expensas de que alguien les autorice o no les autorice, sino que sea en automático de que así se hace solicitud y en automático está garantizado que van a poder gozar dos semanas más posteriores al parto.
Por eso, por eso les pido que se analice la propuesta que estamos haciendo, para que el Senado pueda compartir esta situación particular de las mujeres en estado de embarazo, en un derecho y no en una potestad de un médico o de un titular de una dependencia.
Le pediría sólo que nos haga llegar su propuesta por escrito, señor Senador, para poderla poner a consideración.
Ya está entregada.
¿Para qué asunto, Senador?
El Senador Fernando Mayans Canabal: (Desde su escaño) Quisiera nada más comentarle a mi compañero que lo fundamental aquí de este dictamen, de una minuta, es poder armonizar la Ley Federal del Trabajo con la Ley del IMSS y del ISSSTE y entonces, la previa autorización del médico, pues es fundamental y no se puede dejar al libre albedrío de cualquier trabajador.
Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación presentada por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, y consulte inmediatamente a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se propone eliminar el siguiente párrafo.
Inciso a) Previa autorización escrita del médico de la Institución de Seguridad Social que le corresponde, tomando en cuenta la opinión de los titulares de las dependencias o entidades y la naturaleza del trabajo que desempeñe.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
En virtud de que no se admite a discusión y no habiendo más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere…
Senadora Martha Tagle, ¿para qué asunto?
La Senadora Martha Tagle Martínez: (Desde su escaño) También para comentar con respecto a este tema, si me permite pasar a la tribuna.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: En el uso de la palabra, Senadora Tagle Martínez.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Tiene que ver con el mismo tema, pero no es exactamente la misma reserva. Estamos en una discusión en lo general y en lo particular, y por eso quiero hablar sobre el dictamen en comento.
Me parece muy importante que en esta minuta el día de hoy se esté discutiendo sobre la posibilidad de dejar en la ley la transferencia de la semanas de la licencia de maternidad a después del período de parto.
Sin duda, hoy en día, las condiciones físicas en las que se encuentran las mujeres, pueden permitir que sin mayor dilación se puedan transferir las semanas del período de lactancia. Pero también considero que como está redactada, dejan demasiados trámites para que esto pueda suceder.
Coincido con el doctor, con el Senador Mayans, en que debe de haber una autorización del médico, porque puede también, sin duda, tratarse de cuestiones médicas las que impidan esta transferencia de las semanas.
Sin embargo, también el tema, de tomando en cuenta la opinión de las titulares de las dependencias o entidades, me parece que le genera más burocracia, me parece que debería quedar solamente:
“A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda”.
Y quitar: “Tomando en cuenta la opinión de los titulares de las dependencias o entidades”, y ya continuar con lo que sigue en el párrafo.
Es una propuesta que pondríamos a su consideración para no hacer un trámite engorroso esta posibilidad de transferir las semanas del período de maternidad al que tienen derecho las trabajadoras.
Senadora ¿Entregó por escrito su propuesta?
Senadora Martha Tagle, le pido que entregue por escrito su propuesta.
Senadora, en virtud de que no hay propuesta por escrito, tendríamos que pasar a la votación de la propuesta.
En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que…
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sí, Senadora Diva Hadamira.
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (Desde su escaño): Sí, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: ¡Adelante!
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (Desde su escaño): Estado de acuerdo sobre la decisión que las mujeres pueden tomar al momento de si es antes o después la licencia por maternidad, yo solamente, y lo voy a hacer por escrito, lo vamos a entregar, no tiene que ver con someterlo a votación.
Pero me parece que los países que tienen un avance real sobre el tema de muerte materno-infantil, sobre licencia, sobre la salud de las mujeres, el período es mucho más amplio. Tendríamos que estar debatiendo ya sobre períodos más amplios, porque va más allá de esta licencia de maternidad para cuidados después del nacimiento.
Ya los países avanzados están hablando sobre la crianza del primer año de niñas y niños.
Yo solamente quiero dejar registrado eso, no quiero decir que voy a favor o en contra, votaré a favor, sin embargo es pertinente ya estar trabajando en un sentido más amplio acerca de la licencia de maternidad, porque el tema de los cuidados es sumamente importante.
En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento, para informar de la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en los términos del dictamen.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para recoger la votación nominal.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 84 votos a favor, cero en contra.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.
A continuación tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México para que participen en los Ejercicios Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, que se llevarán a cabo del 14 al 25 de noviembre del año en curso en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del anterior dictamen.
Sí se dispensa, señor Presidente.
Les informo que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México para que participen en los ejercicios multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015”; y “UNITAS ATLÁNTICO 2015” que se llevarán a cabo del día 14 al 25 de noviembre del año en curso en Río Grande del Sur, y Río de Janeiro, Brasil.
A continuación tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24, 143 y 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de Uso de Suelo.
A este dictamen se le dio primera lectura el día 30 de abril del presente año.
Debido a que el mismo se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
Está a discusión y se le concede para ello el uso de la palabra al Senador Manuel Cota, y en virtud de que declina hacer uso de la palabra, se abre el sistema…
Perdón, Senador Zoé, no.
Pues en virtud de que no hay oradores registrados ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto; háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Atlacomulco, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo a eta Asamblea.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 85 votos a favor; cero en contra.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24, 143 y 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
A continuación, tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de publicidad engañosa.
A este dictamen se le dio primera lectura el 29 de abril del presente año.
Debido a que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Presidente, yo tenía una participación, pero dado que ya se cantó, le pediría sea inscrita, solamente…
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Si usted me permite, con gusto la insertamos en el Diario de los Debates, en virtud de que ya se abrió el sistema electrónico para recibir la votación.
Con todo gusto, Senadora.
Queda aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
A continuación tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sobre concurrencia en el fomento y cuidado.
A este dictamen se le dio primera lectura el 28 de abril del presente año.
A que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
En consecuencia, está a discusión y se le concede en primer término el uso de la palabra al Senador Gerardo Sánchez García, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.
La cultura es un elemento fundamental en el proceso de transformación y desarrollo para cualquier nación. De aquí la importancia de contar con un marco jurídico eficiente para la protección de los bienes que conforman la herencia cultural de nuestro país, con el propósito de que las generaciones futuras tengan acceso a este legado que representa el pasado y nos da identidad nacional.
Nuestra identidad cultural reside en la práctica de las tradiciones y costumbres, así como en el rescate y difusión de nuestro pasado histórico. El derecho a la identidad cultural es definido como el derecho de todo grupo étnico o cultural y sus miembros a pertenecer a una determinada cultura y ser reconocidos como diferentes.
De aquí la importancia de la participación de los pueblos originarios para conservar su propio patrimonio y elementos característicos.
Es así que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo reconoce en su artículo segundo al establecer que se garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas dotados de autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Lo anterior es de la mayor relevancia, sobre todo si consideramos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un registro de más de 43,855 sitios arqueológicos, de los cuales 31 están inscritos en la lista del patrimonio nacional de la UNESCO.
En el Grupo Parlamentario del PRI se promoverán las reformas necesarias para salvaguardar nuestro patrimonio cultural y riqueza nacional.
Coincidimos plenamente en la importancia de la coordinación de las autoridades locales y nacionales en materia de desarrollo indígena, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, tendientes a preservar el patrimonio cultural de las comunidades indígenas.
Asimismo propone que las autoridades municipales puedan auxiliar tanto al Instituto Nacional de Antropología e Historia como al Instituto Nacional de Bellas Artes para que puedan ordenar la suspensión provisional de las obras de restauración que sean ejecutadas sin la autorización o permiso correspondiente.
Exhortamos a votar en pro del dictamen que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, reiterando que dichas modificaciones promoverán la participación de los gobiernos municipales mediante el trabajo coordinado con las diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno para la promoción y conservación de los bienes inmuebles y declarados monumentos históricos en nuestro país.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Gerardo Sánchez García.
En virtud de que no hay oradores registrados y artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
A continuación tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se declara Día Nacional del Artista e Intérprete o Ejecutante el día 28 de noviembre de cada año.
Debido a que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente se emitieron 82 votos a favor; cero en contra.
En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante, el día 28 de noviembre de cada año.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus sobre la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en materia de cartuchos y armas de fuego.
A este dictamen se le dio primera lectura el 29 de abril del año 2015, debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy.
En este sentido ha solicitado el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo, quien tiene el uso de la palabra.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias compañeros y compañeras Senadoras.
Es para razonar el voto a favor de este dictamen, que sin duda debe de convertirse en uno de los temas más relevantes de la agenda pública de nuestro país. Nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, ustedes lo saben, tiene un problema muy serio respecto al control de armas de fuego. Un problema tan serio que ha generado que en los últimos 10 años haya habido más muertos en los Estados Unidos por tiroteos entre connacionales, que por actos de terrorismo.
El problema es que este fenómeno tiene repercusiones muy graves en nuestro país, es uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad mexicana, el del incremento de la circulación de armas de fuego de manera incontrolada y de manera ilegal
Teniendo el reflejo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos sería el colmo que como Senadores, como mexicanos, no estuviéramos haciendo absolutamente nada para controlar el tráfico, la posesión de armas de fuego.
Creo que una sociedad que no está armada, que no tiene miedo y que por eso busca no estar armada, es la sociedad ideal que todos buscamos.
Déjenme darles solamente algunos datos: Existen cerca de 6 mil 700 tiendas de armas de fuego, solamente en la franja fronteriza de México con Estados Unidos, y esto tiene una lógica.
Se estima que las autoridades mexicanas solamente están logrando confiscar el 14, fíjense bien, el 14 por ciento de las 252 mil armas que están cruzando anualmente de forma ilegal por la frontera norte.
Las propias autoridades mexicanas están calculando que el 46.7 por ciento de las 51 armerías estadounidenses dependen solamente de la demanda de armas de fuego mexicana.
No son armas de fuego como las viejas escopetas que se tenían en los ranchos, o una pistola como puede tener alguien en su casa para protección personal, son armas de asalto, son armas de calibres de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas.
Eso nos lleva a un cálculo de aproximadamente 15 millones de armas ilegales en el país, 15 millones de armas, es decir, más o menos el 10 por ciento de la población podría tener un arma de manera ilegal, 80 por ciento de esas armas viene justamente de los Estados Unidos.
Todos estos son datos del Inegi.
Adicionalmente se los comento, un dato adicional, el 65 por ciento de las armas ilegales están justamente en poder del crimen organizado y solamente el 35 por ciento las poseen civiles para su protección personal.
Sin duda, lo que estamos hoy discutiendo y apunto de votar, puede ser un avance, pero me parece que es una parte nada más, que es una norma que debe de quedar completa, no solamente a la aportación de los cargadores o los famosos peines, cilindros, magacines o como se les quiera llamar, es decir, donde se ponen las balas dentro de una pistola, en el caso de los revólveres, de los cilindros, donde van ahí alojadas.
Creo que eso debería de ampliarse, simplemente a la pura posesión de cualquier arma de manera ilegal, ya sea de uso exclusivo del Ejército o incluso de otros calibres.
Lo digo, porque hace algunos meses, presentamos dos iniciativas: una, que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución en materia de armas de fierro y explosivos y otra, por la que se reforman justamente el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, obviamente, también, pues el Código Federal de Procedimientos Penales.
Por eso consideramos, que si bien esta iniciativa que, por cierto, la presentó el Senador Vicepresidente Zamora, es correcta, pero insuficiente, que se puede complementar, y que esto se puede lograr justamente atendiendo estas otras iniciativas que ya están turnadas a diferentes comisiones.
Por eso a manifestar mi voto a favor, también vengo a hacer un exhorto, tanto a las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; de Estudios Legislativos, Segunda, donde está nuestra reforma a la Constitución, al artículo 19, como a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, para que apuremos este proceso, y que la posesión de un arma de uso exclusivo del Ejército o la posesión de un arma ilegal, es decir, sin ningún tipo de permiso o de registro, sea considerado un delito grave que, de manera oficiosa, un juez pueda perseguirlo y, de esa manera, aquella persona en posesión de esta arma pase ese proceso en prisión.
Es algo así de simple y de claro, si estamos viviendo una crisis en nuestro país vecino del norte y hoy vivimos una crisis en términos del poco control que existe con el tráfico y posesión de las armas, pues creo que es hora de que nos pongamos a actuar al respecto, sobre todo, a partir de este dato de Inegi, de que 65 por ciento de esas armas está en manos de los delincuentes.
Por eso mi voto a favor, creo que es un tema que no debemos de dejar pasar, que se debe de estar discutiendo en este Senado de la República, y el exhorto respetuoso a las comisiones que tienen este par de iniciativas, para poder agilizar su dictaminación a la brevedad.
Se trata de una cosa muy simple, de regular de una manera mucho más férrea el uso, la posesión y el tráfico de armas de fuego de nuestro país, con advertencias tan trágicas, tristes y claras, como las que están ocurriendo del otro lado de la frontera.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En virtud de que no hay otros oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar el resultado de la votación.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 82 votos a favor, cero en contra.
Queda, en consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, remítase al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.
Enseguida, y en este capítulo, por último tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Pequeños Productores de Alimentos.
A este dictamen se le dio primera lectura el día 30 de abril del año 2015.
Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta estará a discusión, tanto en lo general como en lo particular, en un solo acto.
Solicito, en este sentido, el uso de la palabra el señor Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para los efectos de exponer sus motivos en favor de este dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Sofío Ramírez Hernández.
Vengo, con lo que representa la esperanza de millones de mexicanos de poder garantizar una mayor oportunidad, no nada más de ingreso económico a la familia, sino de dar una oportunidad alimentaria.
Pero también quise aprovechar, hoy que se presenta este dictamen de reforma al artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, porque me une una obligación moral por mi propio origen, con millones de mexicanos que vienen del sector rural, que vienen del status social de mayor marginación y pobreza, y consideramos que este dictamen da la oportunidad para poder garantizar a los productores de menores ingresos mayores esquemas en la producción primaria y, sobre todo, de fortalecer una agricultura de autoconsumo, y que podamos dar una mayor oportunidad a los que menos tienen para, cuando menos, poder garantizar su seguridad alimentaria.
Dentro de los más de 55 millones de mexicanos en pobreza, cerca, arriba de 17 millones, según los datos de Coneval, de 2010, corresponden al sector rural, a comunidades rurales, donde los jefes de familia no tienen mayor oportunidad más que el aprovechamiento de los recursos naturales, forestales, particularmente el uso de la tierra.
Este sector agrícola, particularmente lo que se conoce las familias campesinas, son de las que de generación tras generación han heredado a sus hijos pobreza, y las políticas públicas, ni los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, y de los diferentes partidos políticos, no han alcanzado el bienestar social, pero, sobre todo, la oportunidad de garantizar la seguridad alimentaria.
Coneval en el 2013 dio a los estados del sur, particularmente a Guerrero en primer lugar, pobreza alimentaria, y esta es una realidad que lastima, y es una condición grave porque cuando un jefe de familia ya no le alcanza para poder garantizar la alimentación de sus hijos se está poniendo en los límites de su propia sobrevivencia, y eso conlleva a que tenemos que sumarnos todos, todas y todos para poder poner nuestros mayores esfuerzos y poder otorgar a los que menos tienen una mayor oportunidad para su alimentación.
La alimentación de un pueblo siempre será un tema de seguridad nacional, pero también será un tema de soberanía del Estado mexicano, y una responsabilidad también del Estado mexicano.
Organismos internacionales, como la FAO, siempre han recomendado que se deben de fortalecer las acciones en política pública para el desarrollo agropecuario en lo que es la producción de la agricultura de pequeña escala, de los pequeños productores en condiciones de pobreza.
Es por eso, pues, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que voy hacemos un exhorto a todos los que tienen la responsabilidad de la orientación de la política pública al campo mexicano para que podamos garantizar la seguridad alimentaria, lo que significa que cada ser humano, particularmente los que menos tienen, los niños, las niñas, puedan tener todos los días el alimento suficiente y necesario para poder garantizar a las familias el bienestar de todas y todos los mexicanos, y de todos los días.
Es por eso que hoy vengo a dar mi voto en favor de este dictamen.
Para hablar también a favor del presente dictamen ha solicitado y se concede el uso de la palabra a la distinguida Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con su permiso, compañeros Senadores y Senadoras.
Mi voto es en favor de esta iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de Autosuficiencia Alimentaria.
La autosuficiencia alimentaria es la capacidad de una nación para proveer de alimentos a sus ciudadanos por medio de su producción local. En México con menos de 5 hectáreas, la mayoría, somos minifundistas, de los cuales el 57.9 por ciento de las unidades agrícolas carecen de infraestructura para la producción.
Aproximadamente 1,000 millones de personas viven en lo que se define como pobreza absoluta con ingresos diarios menores a 1 dólar americano; la mayor parte de ellos padecen de hambre crónica; el hambre no es un factor natural en un mundo que puede producir alimentos suficientes para todos, se debe a la acción u omisión humana, y la pobreza es su causa radical.
A principios de los años 90, alrededor del 80 por ciento de los niños desnutridos vivían en países en desarrollo que producían excedentes de alimentos.
En los países en desarrollo casi 800 millones todavía sufren de hambre, y en la misma situación están 30 millones en otros países.
La FAO, el Banco Mundial y otros organismos internacionales han resaltado la importancia que debe jugar la agricultura familiar, sobre todo ahora que estamos empezando a resentir el cambio climático.
El factor clave es aumentar la seguridad alimentaria, posibilitando a todos los hogares el acceso real a los alimentos, esto es, que los alimentos estén disponibles y que tengan la posibilidad de adquirirlos y/o producirlos a través de la agricultura familiar.
Una forma de aumentar la seguridad alimentaria es aumentar la producción local de alimentos, proporcionando más trabajo y mejor remuneración a aquellas personas que no tienen dinero para comprarlos y mejorar los sistemas de distribución.
Con esta iniciativa esperemos que la Sagarpa tome cartas en el asunto de todas las inquietudes que le hemos manifestado y denuncias también de cómo en lugar de llegar los programas para las familias, se van quedando en los cader´s de los distritos.
La autosuficiencia en nuestro país se alcanza cuando se satisfacen las necesidades alimenticias mediante la producción local que suele ser uno de los objetivos de las políticas públicas, ahorrando divisas al no comprar en otros países los bienes de consumo que requerimos.
Se elaboran múltiples programas de supuesto beneficio al desarrollo del campo, pero en realidad seguimos viendo la pobreza, el rezago y la marginación.
Hasta cuándo se quedarán a un lado las promesas y las bonitas cifras y se hagan realidad los programas de gobierno, que por fin den al campesino la seguridad en sus cosechas, la financiación de semillas y equipo agrícola moderno, el precio justo a sus productos y eliminar a quienes lucran con préstamos agiotistas o que les quitan el moche a sus programas.
Es por ello, que debemos propiciar en la ley que las acciones para la soberanía y seguridad alimentaria, debe abarcar a todos los productores y de manera prioritaria a los pequeños productores en condiciones de pobreza y de inequidad.
Se concede ahora el uso de la palabra al señor Senador don Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra señor Senador Demédicis Hidalgo.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, Presidente, con su venia.
Este tema es uno de los más importantes que debiera estar tratando de manera cotidiana el Senado de la República.
El lema brasileño, por ejemplo, es “un país rico, es un país sin hambre”; y en ese sentido, aplicándolo a México, México es “un país pobre, porque es un país con hambre”
A lo largo y ancho de la nación cabalga la pobreza, 62 millones de pobres, y nosotros seguiremos sosteniendo, y llamo la atención del Senado de la República, porque una de sus obligaciones fundamentales es hacer que el pueblo recupere la alegría y alcance la felicidad a la que tiene derecho.
Pero no va a recuperar la alegría, y no va a alcanzar la felicidad a la que tiene derecho si no tiene el estómago lleno, y hace tres comidas al día, como lo señala la Organización Mundial de la Salud cuando define que tiene que ser alimentos sanos, suficientes y nutritivos.
Es verdaderamente lastimoso cuando conocemos las cifras, y es ahí donde el Senado tiene que poner el dedo en la llaga, no falla, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, si hay pobreza, hay hambre; la pobreza y el hambre son hermanas inseparables; su otra hermana inseparable son las enfermedades; si hay pobreza hay enfermedades, y si hay enfermedades, no falla; si hay pobreza hay hambre, y si hay hambre no falla, hay enfermedades.
Y un tema que por supuesto el gobierno de la República no quiere abordar: las causas de la inseguridad, porque están precisamente las causas de la inseguridad en el hambre, en las enfermedades.
Este cuadro plantea que mientras un jefe de familia no tenga dinero para comer, tiene que buscar la forma de alimentar a la familia.
Y entonces, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, ya no le importa si el dinero el legal o es ilegal, y eso es lo que el Senado de la República tiene que analizar de manera muy precisa.
Por eso, miles de nuestros compatriotas son carne de cañón de la delincuencia organizada, porque no tienen lo más elemental para sobrevivir.
57.9 de pequeños productores crecen de infraestructura, es decir, no tienen las condiciones mínimas para la producción.
El Estado de la República que ustedes me digan, desde las Baja Californias hasta Yucatán, vamos a encontrar que estos pequeños productores de menos de 5 hectáreas siguen abriendo las entrañas de la tierra con caballos flacos, con mulas y con uno que otro viejo buey, porque no les toca tener tractores que la Sagarpa reparte para los más poderosos de este país, carecen de insumos, como es las semillas y como son los fertilizantes.
Es verdaderamente preocupante, y el Senado de la República tiene que alzar su voz de manera enérgica.
¿Por qué programas como el PIMAF, que generan algún tipo de esperanza para los pequeños productores, en el sentido de que puede llegar algún bulto de abono, o puede llegar algún bulto de semillas, hoy está cancelado el presupuesto nacional, 1,200 millones que iban directamente para los campesinos más pobres de México, hoy están eliminados?
Por eso México está en riesgo su seguridad nacional y su soberanía nacional.
Imagínense, estamos importando más de 30 mil millones de alimentos al año, más de 30 mil millones de alimentos al año.
¿Qué va a pasar si Estados Unidos, por ejemplo, decide cerrar la ruta de la venta de maíz a México, y lo cambia por etanol?
¿Saben qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una hambruna todavía más grave que la que tenemos actualmente.
Por eso tenemos que apostarle, y les pido que aprobemos de manera unánime esta reforma que estamos proponiendo, que dice el artículo 182: “Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar todos los productores y agentes intervinientes de manera prioritaria a los pequeños productores en condiciones de pobreza, impulsando la integración de la cadena productiva de alimentos”.
En estos pequeños productores se da un planteamiento que hizo la FAO, a fines del 2013, declarando a la agricultura familiar como la ruta, la alternativa más efectiva para vencer el hambre en el mundo, y que México en eso se está convirtiendo en una utopía, y el Senado de la República tiene que hacer que esa utopía se convierta en una realidad concreta.
Ese es el reto, compañeros, y yo creo que el Senado debe hacer su parte.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador Demédicis Hidalgo.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos y profesores de la escuela de derecho de Cuernavaca, Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.
Y a propósito, para hablar también a favor de este dictamen, se concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer su opinión en favor del presente dictamen.
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.
Es muy grato recibir a los alumnos de la Escuela de Derecho y Prácticas Jurídicas de Morelos, y es, por ello, que esta iniciativa al artículo 182, que la suscrita elaboró hace algunos meses, junto con varias compañeras del Grupo Parlamentario del PRI, y qué mejor que hoy en el marco de celebrar el Día Mundial de la Alimentación, este 16 de octubre, con esta Reforma al artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La protección social y agricultura para romper el ciclo de pobreza rural tiene que ser efectivamente este tipo de reformas y de políticas públicas a favor de combatir el hambre, pero también para poder ayudar a los que pequeños productores agrícolas.
La presente iniciativa tiene por objeto atender a un sector mayoritario de pequeños propietarios que se dediquen a las actividades agrícolas de temporal y que carecen de infraestructura para la producción comercial a gran escala, y que constituyen el 57. 9 por ciento de las unidades de producción agrícola que carecen de infraestructura para la producción.
Los pequeños productores representan una pieza fundamental para el desarrollo de un pueblo, y son la base que, para que exista una verdadera soberanía alimentaria, la cual se traduce en que cada niño, mujer y hombre, tengan la certeza de que tendrán alimento suficiente y sano día con día.
Es por ello, en que las actuales políticas públicas, asistencialistas, ya no serán suficientes a largo plazo, porque los pequeños productores de hoy, se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.
No encuentran en ella el desarrollo de sus capacidad ni la manera de canalizar eficientemente su potencial para el autoconsumo que satisfaga sus necesidades más elementales, ni mucho menos que contribuyan al crecimiento económico de nuestro país.
Con la aprobación del presente dictamen, estaremos avanzando en la creación de normas jurídicas, con perspectivas de política pública, que contengan acciones que incentiven el desarrollo rural en las regiones menos favorecidas.
Pues la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, abarcaría a todos los productores y agentes intervinientes y de manera prioritaria a los productores en condiciones de pobreza y pequeños productores, impulsando la integración de una cadena productiva de alimentos.
Es por ello, que solicito su voto favorable para el documento que se discute, a favor de la soberanía alimentaria y de las familias de México.
A continuación tiene el uso de la palabra el señor Senador Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, para exponer sus motivos en favor del presente dictamen.
El Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario del PRI, por mi conducto apoya esta adición al artículo 182, porque, sin duda alguna, desde hace mucho tiempo, hemos estado dando una lucha para consolidar la reforma profunda al campo.
Y una reforma profunda al campo, no se puede concebir si no se toman en consideración a los pequeños productores del país.
Y al referirnos a los pequeños productores del país, estamos hablando de los productores de autoconsumo, de los compañeros que viven en condiciones verdaderamente difíciles y, a pesar de ello, están trabajando de manera continua para contribuir a la seguridad alimentaria del país.
La reforma a este artículo, la adición a este artículo, tiene que ver también con uno de los compromisos del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en su Tercer Informe de Gobierno, en donde el Cuarto Compromiso es impulsar un programa de apoyo a los pequeños productores del país.
Y el hecho de que lo modifiquemos ahora, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, implica fortalecer el marco jurídico que nos permita la incidencia de políticas públicas en beneficio de los pequeños productores del país.
Nos damos cuenta, también, de qué manera se está configurando el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2016, en donde se definen las políticas públicas y tratándose del campo, las políticas públicas y la compactación de programas en beneficio de los pequeños productores del país.
Por eso consideramos que esta adición, sin duda alguna, viene a consolidar lo que hemos venido peleando desde hace mucho tiempo.
Es decir, que en cada uno de los programas, del programa especial concurrente, puedan considerarse de manera especial, prioritaria o preferente a los pequeños productores.
En la reingeniería que hemos estado insistiendo de la Sagarpa, también estamos considerando que se tomen mayormente en cuenta a los productores.
Y creo que esta iniciativa, compañeras y compañeros, viene a fortalecer una política pública y viene a fortalecer también a los pequeños productores.
Por eso queremos, al igual que mis compañeros y compañeras que me antecedieron en la palabra, pedir el voto favorable para este dictamen porque viene a fortalecer de manera sustancial e importante a los productores que reclaman la justicia, la participación y los recursos para contribuir a la soberanía alimentaria de nuestro país.
En virtud de haberse agotado la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar del resultado de la votación.
En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 80 votos a favor, cero en contra.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchísimas gracias.
En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.
Muy estimadas y estimados Senadores:
Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán a comisiones.
Asimismo, les comunico que los textos de las intervenciones del rubro efemérides se integrarán al Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo día martes 20 de octubre a las 11:00 horas.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1654

References: artículo 11
 artículo 25
 artículo 101
 artículo 28
 artículo 123
 artículo 32
 artículo 289
 artículo 99
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 58
 artículo 196
 artículo 123
 resolución 
 artículo 25
 artículo 196
 artículo 25
 artículo 123
 resolución 
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 101
 artículo 28
 artículo 123
 artículo 196
 artículo 170
 artículo 101
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 58
 artículo 101
 artículo 28
 artículo 123
 artículo 72
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 196
 artículo 83
 artículo 19
 artículo 167
 artículo 19
 artículo 58
 artículo 83
 artículo 72
 artículo 182
 artículo 182
 artículo 182
 artículo 182
 artículo 182
 artículo 182
 artículo 182
 artículo 58
 artículo 182
 artículo 72