Source: https://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/MERCANTILES/2014-mayo.htm
Timestamp: 2018-09-22 18:54:53+00:00

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INFORME PRÁCTICO DEL MES DE MAYO DE 2014 PARA REGISTROS MERCANTILES
INFORME PRÁCTICO DEL MES DE MAYO DE 2014
· El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Llamamos la atención sobre las operaciones excluidas de la Ley, muchas de ellas de naturaleza mercantil, y también la generalización en la utilización de la certificación del registro mercantil como medio de identificación de personas jurídicas.
· La de 31 de marzo según la cual en una hipoteca entre particulares también es necesario el certificado de tasación del bien hipotecado por una entidad tasadora homologada.
· La de 1 de abril que establece la doctrina de que en liquidación de concurso y respecto de acreedores con privilegio especial que no lo hayan ejercitado es competente el juez del concurso que puede ordenar la cancelación de las hipotecas, y no sólo las constituidas por la concursada, sino también por una adquirente de la concursada, cuando las fincas en ejercicio de la acción de reintegración hayan vuelto a la concursada.
· La de 10 de abril sobre si es necesario o no demandar al tercer poseedor de bienes hipotecados fijando la doctrina de que el tercer poseedor ha de ser demandado y requerido de pago de conformidad con los arts. 685 y 686 LEC, si bien, en los casos en que no se hubiere acreditado al acreedor la adquisición de los bienes hipotecados ni se hubiera inscrito en el momento de formular la demanda sino que hubiera inscrito su derecho posteriormente de modo que aparezca en la certificación registral, debe ser entonces (tras la expedición de dicha certificación para el proceso) cuando se le deberá notificar la existencia del procedimiento. Debe tenerse muy presente que en la certificación puede aparecer como asiento de presentación produciendo los mismo efectos.
· La de 21 de abril estableciendo que en los casos de ampliación de plazo de una hipoteca es necesario el consentimiento de los titulares de cargas intermedias, sin el cual no puede practicarse la inscripción y ello aunque el titular intermedio sea la misma entidad acreedora que ahora amplía el plazo pues a estos efectos no son admisibles los consentimiento tácitos. Dado lo especial de la doctrina establecida en esta resolución se recomienda la lectura por extenso de la misma y de sus interesantes comentarios.
· La de 27 de marzo reiterando una vez más que para inscribir la renuncia de un administrador único es necesario que se acredite la convocatoria de la junta general.
· La de 8 de abril también reiterativa de otras anteriores sobre la necesidad de que en las sociedades limitadas, tangan la dimensión que tengan, para reducir el capital por pérdidas es necesario un balance aprobado y auditado.
· Las de 11, 14 y 21 de abril que recogen diversas cuestiones sobre fusiones y escisiones estableciendo que por simplificadas que sean será necesario que la junta apruebe el proyecto con las menciones exigidas por la ley, que también es necesario hacer las manifestaciones sobre información a los trabajadores y las repercusiones sobre el empleo, que el registrador puede entrar en aspectos contables y que aunque sea trate de sociedades íntegramente participadas es necesario aprobar balance e incorporarlo a la escritura.
· La de 22 de abril, cuyo criterio no compartimos sobre la no necesidad de que conste inscrito el socio único para poder inscribir las decisiones del mismo.
· La de 23 de abril que contempla un caso de embargo sobre maquinaria industrial a la que le son aplicables las normas sobre hipoteca mobiliaria
· Y la de 24 de abril confirmando que para elevar a público se debe tener el cargo vigente e inscrito.
Convocatoria de junta general por administradores caducados.
Dos resoluciones de la Dirección General, recientes, una de 30 de octubre de 2009 y otra de 6 de marzo de 2012, niegan la legitimación para convocar junta a los administradores cuyo cargo no está vigente en el Registro.
La primera resolución, de 30 de octubre de 2009, plantea la cuestión de si son inscribibles los acuerdos adoptados por la junta general de una sociedad anónima, cuya convocatoria había sido efectuada por un administrador cuyo cargo estaba vencido por transcurso de su plazo de duración y además caducado por transcurso del plazo para la celebración de la junta aprobatoria de las cuentas anuales del ejercicio anterior conforme al artículo 145.1 del RRM. La DG se muestra totalmente contraria a la validez de la convocatoria, declarando no inscribibles los acuerdos derivados de dicha junta, pues la doctrina del administrador de hecho debe ser acogida con muchas reservas sobre todo en materia tan esencial para la vida de la sociedad como es la convocatoria de su junta general.
La segunda resolución, de 6 de marzo de 2013, también declara de forma terminante que no es posible la convocatoria de junta por un administrador único ya dimitido y cuya dimisión constaba inscrita en el Registro Mercantil. Para esta resolución parece que lo decisivo es que ya había sido inscrita la dimisión del administrador y en virtud del principio de legitimación dicho administrador está ya imposibilitado para realizar actos en nombre de la sociedad. Por ello en este caso pudiera interpretarse que si el administrador ha dimitido, pero su dimisión no ha sido todavía inscrita, por los motivos que sean, dicho administrador sí podría haber convocado la junta general de la sociedad. Es más dicha convocatoria normalmente es requisito sine que non para la debida inscripción de la dimisión del cargo de administrador cuando es único. En esta resolución la DG vuelve a insistir, en línea con la resolución anterior, que sólo sería posible la convocatoria por un administrador cuyo cargo hubiera vencido si se encuentra en el período de prórroga tácita del Art. 145. 1 del RRM. El recurrente en este caso alegó una muy interesante sentencia del TS expresiva de que con carácter prioritario debe señalarse, en línea de principio, que, tanto la renuncia declaración unilateral notificada fehacientemente a la sociedad (arts.147 RRM y 1732 CC) , como la caducidad por transcurso del plazo de duración correspondiente (arts. 60.2 LSR y 145 RRM), producen la extinción del cargo de administrador social. Sin embargo, si no hay otro administrador titular, o suplente (arts.59.1 LSRL), el administrador renunciante o cesante está obligado a convocar la Junta para cubrir la vacante y atender, en el interregno, a las necesidades de la gestión y representación. Se entiende que subsiste transitoriamente su cargo, y como consecuencia su responsabilidad (sentencia del TS, sala primera, de 23 de octubre de 2009, recurso 199/2005).
Pues bien parece que desde el punto de vista registral la cuestión está muy clara y que no es posible la convocatoria por un administrador vencido y caducado o que haya dimitido y cuya dimisión haya sido inscrita.
Ahora bien desde el punto de vista judicial la cuestión no es tan clara.
Ha llegado a nuestras manos un auto del juzgado de lo mercantil número 5 bis de Madrid, no firme, en el que deniega a un socio, que cumplía todos los demás requisitos, la solicitud judicial de convocatoria de junta general de una sociedad con administradores caducados por transcurso del plazo. La denegación se basa en el tradicional posicionamiento judicial en relación a la convocatoria de la junta por administradores con cargo caducado. En apoyo de su auto denegatorio de la solicitud, cita dos sentencias del TS, la de 9 de diciembre de 2010 y la 771/2007 de 5 de julio. Estas sentencias se apoyan en los principios de conservación de la empresa y estabilidad de la sociedad y en el reconocimiento a quienes de hecho administran con el cargo caducado facultades para convocar la junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad. En definitiva que un administrador u órgano de administración vencido y caducado puede convocar junta general.
A la vista de ello los socios de una sociedad en las situaciones expuestas se pueden encontrar en un círculo vicioso o bucle que imposibilite la pervivencia de la sociedad. Efectivamente si el registrador sigue la doctrina del Centro Directivo denegará y con razón la junta convocada por administrador no vigente. Pero si ante ello los socios acuden a la autoridad judicial se pueden encontrar con que su convocatoria de junta tampoco es posible por la denegación que de la solicitud hace el juzgado competente.
Ante ello creo que se impone la flexibilidad registral en un triple sentido:
Uno: Si los interesados presentan un auto del juzgado de lo mercantil en el sentido del que ha sido expuesto, parece que deberemos aceptar la convocatoria hecha por el administrador de hecho, pues si así no lo hiciéramos estaríamos abocando a la sociedad a su disolución por paralización de los órganos sociales.
Dos: Si se nos presenta directamente una convocatoria de junta hecha por administrador vencido y caducado, pero cuya caducidad, a la fecha de la convocatoria de la junta, no haya sido todavía constatada en el registro conforme al artículo 145.3 del RRM, deberemos aceptar la convocatoria de esa junta si combinamos la doctrina de las dos resoluciones citadas anteriormente de las que se puede deducir que lo verdaderamente importante es que la caducidad o la dimisión haya sido constatada registralmente.
Tres: Si nos encontramos con una convocatoria de junta realizada por un administrador, vencido, caducado y hecha constar la caducidad en el registro, deberemos, a efectos de considerar la validez de la convocatoria realizada por el mismo, solicitar una manifestación bajo su responsabilidad de que pese a su caducidad en el cargo ha seguido en sus funciones como administrador de hecho de la sociedad, que parece lo verdaderamente importante para el TS, y sobre esta base y esta manifestación admitir la convocatoria en evitación de que si denegamos y acuden al juzgado de lo mercantil, el juzgado también les deniegue la convocatoria.
No obstante lo expuesto, creemos que debe ser en cada caso concreto que se nos plantee y a los efectos de aceptar o no la validez de la convocatoria de una junta, cuando deberemos ponderar muy detenidamente, como seguro que lo hacen los Tribunales, todas las circunstancias de hecho y de derecho que concurran en el caso planteado.
BLANQUEO DE CAPITALES. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Aunque con considerable retraso, más de tres años, el BOE del 6 de mayo publicada el RD 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo(en adelante LPBC).
Es posible la identificación por otros documentos siempre que estén dotados de medios fotográficos de identificación de su titular. A estos efectos será utilizable el carnet de conducir.
---Deben comprobar la identidad de los benefactores por importe igual o superior a 100 euros.
---Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 10/2010(protección de datos), los órganos centralizados de prevención a los que se refiere este artículo tendrán la condición de responsables de los tratamientos que lleven a cabo por propia iniciativa o a requerimiento de la Comisión o de sus órganos de apoyo, o de cualquier otra autoridad pública legalmente habilitada, con la finalidad de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Entrada en vigor. El mismo día de su publicación en el BOE, es decir el 6 de mayo de 2014.
PDF (BOE-A-2014-4742 - 42 págs. - 637 KB)Otros formatos
RESOLUCIONES MERCANTIL Y BIENES MUEBLES:
Comentario: Ninguna novedad ofrece esta resolución. En cuanto a la referencia que hace a la documentación complementaria presentada, creemos que esa renuncia del administrador comunicada a un socio mayoritario no puede tener tampoco efecto registral alguno pues, aparte de que el registro no podría calificar si la persona que recibe la notificación es efectivamente o no socio de la entidad, su obligación como administrador de convocar la junta no puede ser traspasada a uno de los socios, el cual debería instar, en su caso, la convocatoria judicial con los perjuicios que ello puede suponer a la sociedad. (JAGV) PDF (BOE-A-2014-4709 - 3 págs. - 150 KB)Otros formatos
Comentario: Clara resolución que no viene sino a confirmar el también claro precepto legal. (JAGV) PDF (BOE-A-2014-5064 - 3 págs. - 146 KB)Otros formatos
También destaca que la legislación comunitaria, de la que procede la regulación vigente en España, ha ido acotando los supuestos en los cuales se puede prescindir de trámites innecesarios del procedimiento de fusión o escisión por estar suficientemente protegidos los intereses concurrentes pero que de ello no puede derivarse que puedan ser obviados requisitos esenciales para la producción de efectos de los acuerdos adoptados ni que pueda suponer una desprotección de intereses dignos de ser tutelados por el derecho en especial de los trabajadores y de los acreedores de la sociedad. Es decir los socios pueden prescindir del cumplimiento de toda clase de derecho de información, pero lo que no pueden hacer es desvirtuar el proceso de forma tal que los terceros no puedan llegar a tener un conocimiento, lo más amplio posible, de las consecuencias que para ellos puedan tener los acuerdos adoptados.(JAGV) PDF (BOE-A-2014-5068 - 13 págs. - 235 KB)Otros formatos
Y finalmente es tremendamente importante la confirmación del cuarto defecto pues de él resulta que pese a que el RRM no haya sido reformado parece de todo punto necesario que en la escritura se incluyan las manifestaciones relativas a los trabajadores y también las relativas al impacto de género o a la responsabilidad social de la empresa, estas últimas claro está si no resultan con claridad de la propia escritura o del proyecto aprobado. (JAGV) PDF (BOE-A-2014-5070 - 8 págs. - 189 KB)Otros formatos
- Que sólo se puede prescindir de la protocolización de los balances de fusión cuando estos sean los mismos que los aprobados en las cuentas anuales y estén debidamente depositados en el Registro Mercantil. (JAGV) PDF (BOE-A-2014-5683 - 8 págs. - 186 KB) Otros formatos
No obstante en tanto no cambie esta doctrina de nuestra DG lo aconsejable en estos casos es hacer constar en la nota de despacho la inscripción de las decisiones del socio único pero advirtiendo que la situación de unipersonalidad no consta en el registro y que su constancia es de todo punto obligatoria. Finalmente creemos que es cuando menos anómalo que un funcionario permita a su vista, ciencia y paciencia, la infracción de un claro precepto legal, establecido, no ya sólo en interés del propio socio único, sino para incrementar la transparencia de las sociedades, su concordancia con la realidad extrarregistral y su regular funcionamiento en el tráfico jurídico mercantil. (JAGV) PDF (BOE-A-2014-5686 - 3 págs. - 151 KB) Otros formatos
Comentario: Aunque en esta resolución se plantea un caso muy particular es de agradecer la labor clarificadora que en relación el RBM hace nuestro CD. En este caso aclara la competencia y requisitos que un embargo de maquinaria debe tener para poder provocar la pertinente anotación en el registro. No basta con la descripción de la maquinaria, sino que para la anotación se van a exigir los mismos requisitos que si la maquinaria fuera hipotecada, es decir el lugar concreto en que se sitúe la maquinaria y la industria o establecimiento mercantil al que esté afecto. Como nada más añade la resolución estimamos que en estos caso de embargo, no así en los de hipoteca, se pudiera prescindir del requisito de consignar el número en el censo industrial a nombre del embargado, aunque su exigencia sería una garantía para el propio embargante. (cfr. Art. 42 LHM). (JAGV) PDF (BOE-A-2014-5688 - 4 págs. - 156 KB) Otros formatos
Comentario: La nota de calificación realmente, aun planteando el problema de la no vigencia en el cargo del secretario en el momento de la elevación a público, consideraba, al parecer, que dicho defecto desaparecería si ambas escrituras se inscribían de forma simultánea. Por tanto para el registrador no era necesario, según los términos literales de su nota, que la elevación a público de la primera escritura fuera ratificada por el nuevo administrador, sino que lo que estimaba necesario era que la primera escritura, al ser revelada por la segunda, la no vigencia de la persona que elevaba a público los acuerdos no podía inscribirse con independencia de la segunda. La DG no obstante entra en el problema de la legalidad de la elevación a público y por tanto va más lejos que el propio registrador pues al estimar que no existían facultades para ello, ahora dicha escritura no será inscribible sin una nueva elevación a público o ratificación de la hecha en su día. No conocemos los defectos se la segunda escritura, ni por tanto si dicha escritura llegará o no a inscribirse algún día, pero quizás la DG debería haber abierto la mano a la posibilidad de la inscripción conjunta en evitación de nuevos requisitos que quizás no incrementen la seguridad de los acuerdos. (JAGV) PDF (BOE-A-2014-5690 - 4 págs. - 158 KB) Otros formatos
Granada, a 23 de junio de 2014.
Visita nº desde el 23 de junio de 2014

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 145
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 145
 Real Decreto 
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 resolución