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Timestamp: 2019-07-23 09:29:23+00:00

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﻿ SENTENCIA 2005-02238/45037 DE DICIEMBRE 13 DE 2017
SENTENCIA 2005-02238 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:EXPLICAN DAÑOS DERIVADOS DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. TANTO EL ARTÍCULO 116 DE LA CARTA POLÍTICA, COMO EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 270 DE 1996 ESTABLECEN QUE ENTRE LOS ENTES ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, SE ENCUENTRA LA JUSTICIA PENAL MILITAR. RAZÓN POR LA QUE, SI SE APLICAN LAS DISPOSICIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO A LOS PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE MANERA TRANSITORIA O EXCEPCIONAL, CON MAYOR RAZÓN DICHA DISPOSICIÓN COBIJA A QUIENES LA EJERCEN DE MANERA REGULAR Y PERMANENTE, COMO LAS AUTORIDADES DE LA JUSTICIA CASTRENSE. POR LO TANTO, LOS DAÑOS CAUSADOS EN DESARROLLO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR DEBEN SER CONSIDERACIONES BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 65 A 69 DE LA LEY 270 DE 1996. ASÍ, EL ESTUDIO DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, INCLUIDA LA PENAL MILITAR, POR LA CAUSAL DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, IMPLICA UNA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER OBJETIVO EN LA QUE NO ES NECESARIO PROBAR QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL INCURRIÓ EN ALGÚN TIPO DE FALLAPOR LO TANTO, BASTA CON LA DEMOSTRACIÓN (I) DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DERIVADO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, (II) LA IMPUTABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD POR LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y (III) EL NEXO DE CAUSALIDAD (FÁCTICO Y JURÍDICO) ENTRE LOS DOS ASPECTOS ANTERIORES. ADICIONALMENTE, FINALIZA EL FALLO, DICHA CAUSAL SE PUEDE CONFIGURAR, PRINCIPALMENTE, EN CUATRO EVENTOS, ESTO ES, CUANDO LA ABSOLUCIÓN SE DA PORQUE: (I) EL HECHO NO EXISTIÓ(II) EL SINDICADO NO LO COMETIÓ(III) LA CONDUCTA NO ESTABA TIPIFICADA COMO PUNIBLE O (IV) EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, JUSTICIA PENAL MILITAR, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA
Sentencia 2005-02238/45037 de diciembre 13 de 2017
Radicación: 25000-23-26-000-2005-02238-01(45037)
Actor: R.P.M. y otros.
Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil diecisiete
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 29 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de XXX, Sección Tercera, Subsección C de descongestión, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
El 10 de enero de 2002, el Juzgado XXX Penal Militar dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor R.P.M., quien era oficial retirado del Ejército, dentro del proceso que se le adelantó por el delito de concusión. El 14 de marzo de 2005, el juzgado de instancia de inspección de las Fuerzas Militares, resolvió declarar penalmente responsable al señor R.P.M. imponiéndole una pena principal de 49 meses de prisión y accesoria de 50 SMLMV. En sentencia del 3 de agosto de 2005, el Tribunal Superior Militar resolvió la apelación del fallo anterior. En esta última decisión se revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se absolvió al acusado; en consecuencia, se dispuso su libertad incondicional y definitiva.
1. Mediante escrito presentado el 30 de septiembre de 2005 ante el Tribunal Administrativo de XXX (fl. 6-20, cdno. 1), el señor R.P.M., en nombre propio y en representación de sus hijas menores L.G. y M.A.P.M., junto con sus padres, el señor A.F.P.C. y la señora M.M.P., presentaron demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en ejercicio de la acción de reparación directa, para que les fueran reconocidas las siguientes pretensiones:
1. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, de los perjuicios (morales y materiales) causados a los demandantes con motivo del retiro de las Fuerzas Militares del señor R.P.M. y la detención por un lapso de trece (13) meses que éste sufrió en las instalaciones del Batallón de Infantería Nº XXX XXX con sede en la ciudad de XXX, departamento del XXX, a raíz de un proceso penal por el punible de concusión en el cual se le profirió sentencia absolutoria por parte del Tribunal Superior Militar, el 3 de agosto del año 2005, perjuicios considerados como irreparables debido a los daños morales generados por la injusta y arbitraria detención además de haberle dañado su buen nombre y honra ante la sociedad y esto sumado al desprestigio ocasionado al interior del Ejército Nacional.
2. Condenar al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a pagar a cada uno de los demandantes el equivalente en pesos la siguiente cantidad de salarios mínimos legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.
2.1. En cuanto a L.G.P.M. quien es hija mayor del principal afectado y quien sufrió la falta de cariño y afecto paterno por el lapso que este cumplió con su detención, las necesidades por las que ha pasado por la falta de empleo de su padre debido al retiro injusto del Ejército, el hecho de no tener la posibilidad de un hogar en convivencia entre padre y madre que a raíz de un conjunto de hechos que describiremos, el matrimonio de sus padres se destruyó y el futuro estigma, que sin duda, por ser como es nuestra sociedad, le tocará vivir a esta niña que apenas comienza a vivir, de ser señalada como la hija de un padre que algún día estuvo PRESO. Por tales motivos estimo la suma de seis mil (6.000) salarios mínimos legales vigentes como indemnización.
2.2. M.A.P.M. hija menor del señor P.M. quien al igual que su hermana padeció la injusticia cometida con su padre por un proceso penal arbitrario y desenfocado desde todo punto de vista en especial por habérsele pisoteado sus derechos sobre todo el de un debido proceso. Estimo la suma de seis mil (6.000) salarios mínimos legales vigentes como indemnización.
2.3. Para R.P.M., como principal afectado debido a que fue una persona que vivió tal injusticia cometida ya que es su imagen la directamente destruida, al igual que su buen nombre y honra, solicito la suma de seis mil (6.000) salarios mínimos legales vigentes y el reintegro al Ejército Nacional, incluido en el escalafón que hoy en día debería ocupar junto con sus compañero de curso, al igual que el reconocimiento del tiempo que debería llevar dentro de la institución castrense y, por consiguiente el pago absoluto de los salarios que ha dejado de devengar desde la fecha en que se produjo su retiro hasta la fecha en que se ordene su reintegro y pueda continuar con su carrera. Además del reconocimiento del correspondiente porcentaje de sus prestaciones de ley a que tiene derecho ya que su retiro no fue voluntario sino de una manera intempestiva a causa, sin lugar a dudas, del proceso penal que le adelantaron de una manera injusta y discriminatoria ante su familia, el Ejército y la sociedad.
2.4. En cuanto a su progenitora señora M.M.P., quien a su lado le ha tocado vivir dolorosamente el hecho de tener privado de la libertad a su hijo y obviamente la vergüenza ante la sociedad del hecho mencionado al igual que los contratiempos pasados a los momentos de las visitas en los fines de semana a la entrada de la guardia del batallón donde estaba recluido su hijo. Más aun cuando esta madre entregó un hijo, su primogénito, al servicio de la patria de manera abnegada y esta, por medio del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional hoy le agradecían privándolo de su más importante derecho, después del de la vida, como lo es la libertad de una manera injusta y errada a punto de mantenerlo vinculado a un proceso por lapso de cinco (5) años, perjudicándole su carrera, su vida personal y familiar; y solamente hasta sentencia de segunda instancia, a dios gracias, por llegar el proceso a manos de alguien estudioso y objetivo, le profieren sentencia absolutoria.
Por tales motivos estimo para esta madre la suma de seis mil (6.000) salarios mínimos legales vigentes y, por haber sufrido parejamente los mismos motivos que su esposa al ver como un acto, sin medir consecuencia alguna, de un funcionario público, ha menoscabado la vida personal, familiar y profesional de su hijo mayor R.P.M., solicito como indemnización la suma de seis mil (6.000) salarios mínimos legales vigentes para A.F.P.C., Padre del afectado principal.
2.5. Para A.F., E.C., D.A. y C.A.P.M., también afectados moralmente por ver como se cometió tal injusticia con su hermano mayor a quien miraban con respeto por el servicio tan dedicado que R. le prestaba a la patria y ser, de alguna manera de decirlo, traicionado por esta al culparlo, señalarlo como autor de un delito que jamás cometió y privarlo de la libertad perjudicándole enormemente en su vida familiar y profesional. A ellos les tocó sacrificar los fines de semana, espacio de su recreación y esparcimiento, para brindarle el apoyo moral que requería su hermano mayor que se encontraba PRESO y les tocará llevar de por vida el rótulo en la frente como ‘hermanos del oficial que estuvo preso’, de por vida ante la sociedad. Rótulo vergonzoso que ya han sufrido a lo largo de los trece meses que duraron visitando a su hermano todos los fines de semana. Por lo anterior estimo como indemnización para cada uno de ellos la suma de tres mil (3.000) salarios mínimos legales vigentes debido a las excelentes relaciones de cariño y afecto que han mantenido con su hermano.
3. Condenar al Ministerio de la Defensa Nacional y al Ejército Nacional al pago y reparación de los daños y perjuicios (morales y materiales) causados a mis mandantes por los sufrimientos que han padecido por ver truncada, de manera arbitraria, la vida de R.P.M. Condena que debe hacerse teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:
3.1. Que el salario que devengaba el señor R.P.M., como Oficial del Ejército Nacional en el grado de teniente al momento de su retiro y que ascendía a la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($ 1.309.814). Suma esta que está probada con la Resolución 1566 del 2 de febrero del año 2001 de la jefatura de desarrollo humano del Ejército que se aporta a la presente demanda. Debe tenerse en cuenta igualmente el salario que debería tener hoy el teniente P. en el grado y antigüedad que ostentan sus compañeros de curso.
3.2. La suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 381.500) como salario mínimo legal vigente a la fecha de presentación de la demanda, para ser aplicado en la solicitud de indemnización por los daños morales causados con la injusticia cometida en contra del oficial mencionado.
3.3. Dicha cantidad debe ser actualizada según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el 20 de noviembre del año 2000, fecha del retiro de R.P., y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia o el auto que liquide los perjuicios causados.
3.4. La fórmula matemática financiera, aceptada por el honorable Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.
4. Condenar al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional por haber violado el Buen nombre, honra y el derecho al debido proceso ya que dentro del diligenciamiento se omitió, por parte del doctor W.A.P.U., Fiscal XXX ante Juzgado de Primera Instancia de la Inspección del Ejército, al no escucharlo en diligencia de injuriada, estando detenido y a su disposición en las instalaciones del batallón que mencioné en apartes anteriores, mediante auto de fecha 7 de noviembre del año 2002, folio 286 del proceso penal llevado a R.P.M.
5. Que se condene al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional por el no cumplimiento de la sentencia de la honorable Corte Constitucional C-171 de 2004 que en uno de sus apartes nos recuerda que ‘… la pertenencia a la Justicia Penal Militar en cargos que impliquen conocimiento de delitos está condicionada al cumplimiento de dos requisitos básicos: ser abogado titulado y ser miembro de la fuerza pública en servicio activo o en retiro…’ y el funcionario mencionado en el punto anterior no cumple con el segundo requisito básico mencionado en el aparte de la citada sentencia.
2. Para fundamentar sus pretensiones, la parte actora presentó, de manera confusa y precaria, los hechos que se resumen a continuación:
2.1. El 19 de octubre de 2000 se instauró denuncia en contra del oficial retirado del ejército nacional R.P.M., por el delito de concusión por presuntamente exigir el pago de dinero a dos jóvenes para la entrega de libretas militares.
2.2. El 24 de octubre de 2002 el teniente retirado del Ejército Nacional, R.P.M., fue capturado en las instalaciones del Departamento Administrativo, DAS, al momento de tramitar una certificación judicial.
2.3. Desde el momento de su captura, el señor P.M. estuvo privado de su libertad por un lapso de 13 meses hasta que finalmente fue absuelto.
2.4. Con base en los anteriores hechos, la parte actora sostuvo que el señor P.M. sufrió perjuicios morales y materiales debido a la privación injusta de su libertad.
3. La demanda fue presentada el 30 de septiembre de 2005 ante el Juzgado XXX Administrativo de XXX, quien profirió, el 30 de enero de 2007, sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
4. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de XXX, Sección Tercera, Subsección “A”, en proveído del 13 de mayo de 2010, declaró la nulidad de las actuaciones adelantadas por ausencia de competencia objetiva y funcional del juzgado de primera instancia, razón por la que ordenó devolver el proceso al despacho del magistrado de conocimiento, pero dispuso conservar la validez y eficacia de las pruebas practicadas dentro del proceso, según lo ordenado en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.
5. A través de auto del 22 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo de XXX, Sección Tercera, Subsección “A”, ordenó dar cumplimiento a la providencia que inicialmente había admitido la demanda de la referencia y que ordenó la notificación del proceso al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional (fl. 127-129, cdno. 1).
6. La entidad mencionada contestó el escrito de demanda mediante memorial del 9 de septiembre de 2009, en el que se opuso a todas las pretensiones (fl. 29-50, cdno. 1). Como fundamentos de dicha contestación la entidad sostuvo que (i) existía culpa exclusiva de las víctimas y que (ii) faltaban pruebas que permitieran declarar la responsabilidad extracontractual del Estado.
6.1. Dentro de su argumentación, la parte accionada enfatizó en que el proceso adelantado en contra del señor P.M. se había desarrollado con el respeto de las garantías que le correspondían y que, no obstante lo anterior, el Estado tenía las facultades para adoptar las medidas cautelares tendientes a proteger los bienes jurídicos que considerara lesionados a través de medidas como la detención preventiva.
7. Durante el período para alegar de conclusión en primera instancia (fl. 258-264, cdno. 1), las partes intervinieron así:
7.1. La parte demandante adujo que el proceso penal adelantado en su contra había derivado en una serie de perjuicios materiales y morales producto de su retiro del Ejército Nacional y el proceso penal adelantado en su contra. Señaló que se le vulneró su derecho al debido proceso pues no pudo ejercer el derecho a la defensa al no ser escuchado en la diligencia de indagatoria durante la etapa de instrucción, ya que fue declarado persona ausente dentro del proceso.
7.2. Por su parte, el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional recabó en que el proceso penal militar se adelantó con apego a las formalidades y garantías que le correspondían al investigado, y que en dicho marco se habían usado las facultades que otorga el ordenamiento legal para adoptar las medidas cautelares, como la detención preventiva que fue impuesta al acusado.
8. Surtido el trámite de rigor, y practicadas las pruebas decretadas, el Tribunal Administrativo de XXX, dictó sentencia de primera instancia el 29 de marzo de 2012 (fl. 281-288, cdno. ppal.) en la que denegó las pretensiones de la demanda:
8.1. Como fundamento de su decisión, el a quo sostuvo que la medida de aseguramiento impuesta al señor P.M. estuvo basada en elementos materiales probatorios que indicaban que el demandante era responsable del delito por el cual era investigado. En particular, señaló que se trataba de un oficial al que la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional le encargó la definición de la situación militar de la población del país en la que trabajaba, y que se habían formulado diferentes denuncias ciudadanas que indicaban que el investigado tramitaba documentos militares a cambio de una suma determinada de dinero.
8.2. Adicionalmente, la sentencia absolutoria se produjo por dudas en relación con la presunta conducta delictiva que debieron resolverse a favor del acusado, pero que no se subsumían en ninguna de las causales previstas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. De manera que la aplicación de principio de in dubio pro reo provenía de la valoración que el tribunal de segunda instancia formuló en el marco de la independencia y autonomía que le correspondía.
8.3. Con base en las anteriores consideraciones concluyó que en el caso bajo examen el demandante no podía invocar un régimen de responsabilidad objetiva, pues debía demostrarse la falla probada del servicio que acreditara los aspectos jurídicos y fácticos de la actuación jurisdiccional que le daban la connotación de “injusta” o “injustificada” a la detención que sufrió.
9. De manera oportuna, el 7 de mayo de 2012, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia (fl. 289-297, cdno. ppal.), cuyos argumentos fueron expuestos de la siguiente manera:
9.1. La jurisprudencia en vigor del Consejo de Estado ha determinado que el régimen de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad es el objetivo. Por tal razón, resulta irrelevante el análisis de la conducta del funcionario judicial para tratar de definir si este actuó de manera dolosa o culposa. En consecuencia, al no ser necesario acreditar una falla del servicio, sino la exoneración de la responsabilidad penal del detenido, la prueba de la absolución es suficiente.
9.2. El criterio del tribunal de primera instancia es errado pues no se puede supeditar la reparación de los daños sufridos por los ciudadanos a la demostración de los errores en la detención, pues como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, la privación de la libertad pudo haberse surtido bajo todas las formalidades, pero si el sindicado es absuelto el Estado debe responder por haberle impuesto una carga que aquél no estaba en la obligación de soportar.
9.3. El señor P.M. debió soportar una privación de su libertad por un término de 13 meses y, adicionalmente, un largo tiempo de libertad condicional hasta que se determinó su absolución. Bajo dichas consideraciones no es admisible plantear que esté en el deber de soportar dicha carga en aras de una buena administración de justicia, cuandoquiera que fue absuelto por la falta de certeza de la comisión del delito y sufrió graves daños a su libertad, honor y patrimonio económico y moral.
10. Mediante memoriales recibidos el 16 y 17 de mayo de 2012, la apoderada de la parte demandante presentó, dentro del término de sustentación del recurso, adición a la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia (fl. 294-298, cdno. ppal.).
10.1. En dicho escrito, la recurrente señaló que en el curso de la investigación no se habían ofrecido todas las garantías procesales a las que tenía derecho el señor P.M., toda vez que fue declarado persona ausente pese a que bien podía ser localizado mediante la oficina de prestaciones sociales o de sanidad del Ejército, teniendo en cuenta que se trataba de un oficial militar.
10.2. Adicionalmente, agregó que la evidencia recabada en el proceso ante la justicia penal militar demostraba que no existía certeza sobre la comisión del delito imputado al teniente P.M. En este sentido, censuró la actuación del fiscal del caso, quien profirió una resolución de acusación con base en una denuncia ciudadana que no tenía ningún sustento probatorio, más allá de la declaración del denunciante, quien afirmó que el sindicado le había exigido dinero por el trámite de una libreta militar.
10.3. Con base en la anterior argumentación considera que no es de recibo el planteamiento del a quo según el cual le estaba permitido a la justicia penal militar adoptar las determinaciones que permitieran avanzar en el esclarecimiento de la verdad, entre ellas, privar de la libertad al procesado por un espacio de 13 meses y, posteriormente, dejarlo en libertad por vencimiento de términos. Por lo tanto, consideró que el señor P.M. fue sometido a una carga que no tenía el deber de soportar, lo que quedó demostrado con la sentencia que revocó la pena impuesta al actor, lo absolvió de los cargos y ordenó su libertad.
11. Durante la oportunidad legal concedida, la parte accionante presentó alegatos en segunda instancia (fl. 307-312, cdno. ppal.), los cuales se limitaron a reproducir el contenido material del recurso de apelación previamente reseñado.
12. El 6 de septiembre de 2013, el consejero XXX presentó manifestación de impedimento para conocer del asunto de la referencia, por estar incurso en la causal del numeral segundo del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, dado que participó en primera instancia en la decisión del asunto de la referencia, específicamente al ser ponente del auto que concedió el recurso de apelación de la sentencia que ahora se estudia.
13. Mediante proveído del 22 de octubre de 2013, se resolvió aceptar el impedimento propuesto por el consejero XXX, razón por la que se dispuso separarlo del conocimiento del presente asunto.
14. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en concordancia con la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).
15. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:
15.1. Mediante Resolución 1625 de 27 de octubre de 2000, el Ministerio de Defensa Nacional retiró de forma temporal del servicio activo del Ejército Nacional con pase a la reserva a varios oficiales de la institución, incluido el teniente R.P.M. (fls. 213-215, cdno. 2).
15.2. Mediante Auto del 5 de abril de 2001 el Juzgado XXX de Instrucción Militar abrió una investigación en contra del teniente retirado R.P.M. por la presunta comisión del delito de concusión (fls. 25-33, cdno. 2).
15.3. El 20 de diciembre de 2001, el Juzgado XXX de Instrucción Militar declaró como persona ausente al señor P.M. y, en consecuencia, designó a una abogada de oficio para que lo asistiera y representara en el transcurso de la investigación (fls. 94-96, cdno. 3).
15.4. El 10 de enero de 2002, el Juzgado XXX de Instrucción Penal Militar dictó providencia dentro del proceso penal 2288 adelantado por el delito de concusión, en la que resolvió de manera provisional la situación jurídica del teniente retirado R.P. y dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su contra. En consecuencia, se profirió en contra del investigado las órdenes de captura 0028 y 0029 MDN-CE-J12-IPM, dirigidas al Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— y al Comando de la Sijin (fls. 1-9, cdno. 3).
15.5. En Resolución del 22 de octubre de 2002, la Fiscalía 11 de Inspección del Ejército calificó el mérito de la investigación y profirió resolución de acusación en contra del teniente retirado R.P.M. por la presunta comisión del delito de concusión (fls. 10-26, cdno. 3). Sobre el particular se señaló lo siguiente:
En efecto, al estar plenamente demostrado en el plenario la existencia del punible enunciado, su tipicidad, la existencia plural de testimonios que así lo señalan y como complemento la prueba documental recaudada, la cual no merece reparo alguno, una y otra arrimada en legal forma y sobre la cual no se advierte vicio alguno que permita su cuestionamiento, ofreciendo por el contrario total credibilidad para levantar sobre ella juicio de reproche para el inculpado R.P.M., es procedente y ajustado a derecho, hacer el pronunciamiento señalado en acápite anterior para que en desarrollo de la audiencia pública se analice el comportamiento asumido por el acusado y finalmente se determine su responsabilidad sobre este aspecto.
15.6. El 24 de octubre de 2002, el oficial en retiro R.P.M. fue capturado por efectivos del DAS del XXX al momento de solicitar un certificado de pasado judicial; en consecuencia, fue entregado a la Unidad del Batallón XXX de la ciudad de XXX el día 25 de noviembre de 2002 (fls. 27-28, cdno. 3).
15.7. Mediante providencia del 18 de noviembre de 2003, el Juzgado 1º de Inspección General del Ejército Nacional resolvió conceder el beneficio de libertad condicional al teniente retirado R.P.M., por solicitud del defensor del acusado. Lo anterior, debido a que se había superado el lapso de un año con posterioridad a la resolución de acusación, sin que se hubiera programado la respectiva audiencia de juzgamiento (Código de Procedimiento Penal Militar, art. 539) (fls. 94-96, cdno. 3).
15.8. Mediante sentencia de primera instancia del 14 de marzo de 2005, el Juzgado XXX de Inspección de las Fuerzas Militares resolvió declarar responsable penalmente al oficial en retiro R.P.M. por el delito de concusión, y lo condenó a la pena principal de 49 meses de prisión y pena accesoria de 50 smlmv (fls. 53-75, cdno. 3).
15.9. A través de Sentencia de segunda instancia del 3 de agosto de 2005, el Tribunal Superior Militar revocó el fallo anterior y, en su lugar, al encontrar que no existía certeza sobre la comisión del hecho delictivo, resolvió absolver al teniente retirado R.P.M. del delito de concusión en virtud del principio de in dubio pro reo (fls. 80-91, cdno.3). En consecuencia, ordenó su libertad incondicional y definitiva. Al respecto, en la decisión judicial en comento se indicó:
En consecuencia no podemos inferir que estén demostrados los aspectos objetivos así como los subjetivos del reato investigado, ya que si bien es cierto son unos los requisitos para proferir medida de aseguramiento la que en nuestro ordenamiento solo demanda la existencia de un indicio grave como en un momento dado podría considerarse que lo había, otros son los necesarios para proferir resolución acusatoria, pero mucho más exigentes son los que se requieren para finiquitar la actuación una vez concluida la etapa de juicio donde debe existir la plena prueba de la que se erija con absoluta certeza no solo la adecuación típica del comportamiento, sino obviamente la que entraña la responsabilidad que le es endilgable al cuestionado, aspecto este último que no se ha demostrado a cabalidad, por lo que mal haríamos en aprobar una decisión cuando campea la duda que motiva para que deba darse aplicación al apotegma universal del in dubio pro reo.
La anterior decisión quedó ejecutoria el día 7 de septiembre de 2005 (fls. 80-91, cdno. 3).
15.10. Según el informe rendido por el Batallón de Infantería Mecanizado XXX “XXX”, el señor R.P.M. estuvo privado de la libertad en las instalaciones de esa unidad militar, por cuenta del proceso penal que le fue adelantado, entre el 25 de octubre de 2002 y el 25 de noviembre de 2003 (fl. 326, cdno. ppal.).
16. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis resulta imputable al Estado el presunto daño antijurídico ocasionado a R.P.M. por la privación de la libertad a la que se vio expuesto con la medida de aseguramiento que se le impuso en el marco de la actuación de la justicia penal militar, y en la que al carecer de certeza sobre la comisión del delito de concusión que le era imputado, fue declarada su inocencia en virtud del principio de in dubio pro reo. Adicionalmente, la Sala deberá establecer si, a pesar de haber sido absuelto, su conducta pudo haber sido determinante en la producción del daño que se alega como un hecho exclusivo de la víctima.
17. Esta Subsección ha señalado(2) que tratándose de los daños ocasionados por la administración de justicia a través de la causal de la privación injusta de la libertad se debe verificar: (i) si están dados todos los presupuestos para deprecar objetivamente la responsabilidad del Estado; y (ii) si esta se produjo por la conducta del demandante, la cual pudo configurar una causa extraña que rompería la imputación fáctica del presunto daño antijurídico sufrido —hecho exclusivo y determinante de la víctima—.
18. Respecto a la imputación de responsabilidad derivada de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, esta corporación ha explicado que el juicio de reproche en dichos eventos es de carácter objetivo, razón por la cual, si bien puede presentarse una falla en el servicio, esta no es determinante pues basta con que este se torne antijurídico y que exista un nexo de causalidad —jurídico y fáctico— entre dicho daño y la conducta de la administración para que proceda su resarcimiento. En otros términos, en materia de privación injusta, se ha considerado que la responsabilidad del Estado se compromete no solamente por virtud del régimen subjetivo estructurado en la falla del servicio, sino también por un régimen objetivo.
19. Como ha explicado de manera reiterada y consistente la jurisprudencia de esta Sección(3), el desarrollo del régimen objetivo en la privación injusta de la libertad, tuvo como fundamento legal primigenio lo dispuesto por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Esta norma señalaba lo siguiente:
19.1. La interpretación de dicho artículo llevó a esta corporación a delinear los eventos típicos en los que procedía la declaratoria de la responsabilidad del Estado por los casos de injusta privación de la libertad. Al respecto, se ha explicado:
20. Adicionalmente, la evolución jurisprudencial en materia de privación injusta de la libertad llevó a agregar una causal adicional a las inicialmente derivadas del artículo 414 citado, bajo el entendido que no se puede plantear que las personas deben soportar una carga desproporcionada a través de una investigación judicial que no desvirtúa su presunción de inocencia, concretamente, en los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo.(6) Sobre esta circunstancia, que ha sido reconocida por esta corporación como generadora de responsabilidad objetiva a cargo del Estado en virtud de la aplicación del título de daño especial, la Sección Tercera ha indicado(7):
Lo anterior también resulta extendible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en éstos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra.
¿Podrá sostenerse entonces que ese individuo está en el deber jurídico de sacrificar su libertad o, lo que es lo mismo, de soportar la privación de su libertad, única y exclusivamente para que la sociedad pueda beneficiarse de la observancia y de la aplicación de las normas penales que regulan esa clase de procesos? ¿A qué quedaría entonces reducido el valor de la libertad, aquél que justifica y explica la existencia(8) misma de la Constitución Política y que a la vez constituye uno de sus principales cometidos y fines esenciales —como que la limitación al ejercicio del poder público sólo cobra sentido en función de asegurar la efectividad real de la libertad de los asociados—? ¿Acaso pasaría de constituir un propósito esencial —fin esencial— para convertirse en un simple medio que facilite la existencia de la sociedad y la convivencia en comunidad, de tal manera que los individuos tuvieren el deber de soportar su privación y su sacrificio en aras de facilitar la consecución de ese nuevo fin?
21. Por otra parte, es necesario precisar que con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, se estableció que el Estado debía responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le fueran imputables por la actuación u omisión de sus agentes judiciales. En particular, fue el artículo 68 de dicho estatuto el que prescribió que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”.
21.1. Al respecto, esta corporación ha considerado que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos haya sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos.
21.2. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis de responsabilidad objetiva establecidas inicialmente en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino porque los supuestos que se regulaban de manera específica en dicha norma, pueden ser utilizados en virtud del principio iura novit curia, por el juez para acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva que respalden su decisión. Al respecto se ha dicho:
Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso(10).
22. Finalmente, es importante destacar que en relación con la privación injusta de la libertad en casos que han sido adelantados ante la justicia penal militar, la jurisprudencia de esta Sección ha explicado(11) que tal jurisdicción especial está incluida dentro de aquellos “agentes” a los que hace referencia el artículo 74 de la Ley 270 de 1996(12), al referirse a sobre quienes recae la responsabilidad del Estado por actuación de sus funcionarios y empleados judiciales.
22.1. Al respecto, tanto el artículo 116 de la Carta Política, como el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 establecen que entre los entes encargados de administrar justicia, se encuentra la justicia penal militar. Razón por la que, entre otras, si se aplican las disposiciones sobre la responsabilidad del Estado a los particulares que ejercen función jurisdiccional de manera transitoria o excepcional (p. e. jueces de paz o las autoridades indígenas), con mayor razón dicha disposición cobija a quienes la ejercen de manera regular y permanente, como las autoridades de la justicia castrense. Por lo tanto, los daños causados en desarrollo de la función jurisdiccional de la justicia penal militar deben ser consideraciones bajo los lineamientos establecidos en los artículos 65 a 69 de la Ley 270 de 1996(13).
23. En síntesis, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales expuestos, el estudio de los daños derivados de la administración de justicia (incluida la penal militar) por la causal de privación injusta de la libertad implica una responsabilidad de carácter objetivo en la que no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla; por lo tanto, basta con la demostración (i) del daño antijurídico derivado de la privación de la libertad, (ii) la imputabilidad de la responsabilidad por la actuación de la administración de justicia, y (iii) el nexo de causalidad (fáctico y jurídico) entre los dos aspectos anteriores.
23.1. Adicionalmente, dicha causal se puede configurar, principalmente, en cuatro eventos, esto es, cuando la absolución se da porque: (i) el hecho no existió; (ii) el sindicado no lo cometió; (iii) la conducta no estaba tipificada como punible; o (iv) en aplicación del principio in dubio pro reo.
23.2. De esta manera, con la demostración de la concurrencia de los elementos de la responsabilidad objetiva, en el marco de una de las hipótesis señaladas anteriormente, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos.
24. Al analizar el caso concreto, la Sala encuentra que se debe examinar bajo la óptica de la responsabilidad objetiva, toda vez que el señor R.P.M. fue privado de la libertad por haber sido señalado como autor del delito de concusión y, sin embargo, el Tribunal Superior Militar profirió sentencia absolutoria a su favor por considerar que existía duda respecto a la responsabilidad del procesado, incertidumbre que debía resolverse a favor en virtud del principio del in dubio pro reo.
24.1. Al analizar los elementos de la responsabilidad, la Sala encuentra que al señor P.M. le fue adelantada una investigación ante la justicia penal militar por presuntos actos cometidos durante su tiempo de servicio activo como oficial del Ejército Nacional, específicamente por el delito de concusión, en el marco de la cual se le impuso una medida privativa de su libertad. Sin embargo, esta investigación terminó con una decisión favorable a su inocencia, la cual fue proferida el 3 de agosto de 2005 por el Tribunal Superior Militar al constatar que no se había logrado desvirtuar la presunción de inocencia del acusado por no existir certeza sobre la comisión de la conducta endilgada al señor P.M.
24.2. Bajo las anteriores evidencias, la Sala encuentra que al actor le fue impuesta una medida privativa de la libertad con base en indicios mediante los cuales no se logró, ulteriormente, demostrar la comisión del delito que le era imputado, razón por la que, en virtud del principio “in dubio pro reo” fue exonerado dentro del proceso penal adelantado en su contra. Dicha actuación de la administración de justicia implicó que el señor P.M. estuvo privado de la libertad por un espacio de 13 meses.
24.3. Al constatar los elementos de la responsabilidad inicialmente expuestos, la Sala encuentra que: (i) al señor M.P. le fue causado un daño antijurídico toda vez que fue privado de su derecho a la libertad por un espacio de 13 meses —desde el 24 de octubre de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2003—; (ii) la responsabilidad por dicho daño surge de la actividad de la administración de justicia quien fue la que privó de la libertad al señor P.M. a través de la medida aseguramiento privativa de la libertad ordenada por el Juzgado 12 de Instrucción Penal Militar el 10 de enero de 2002; y (iii) existe un evidente nexo causal entre el daño causado y la actividad de la administración toda vez que la afectación de la libertad del señor Pacheco se originó por la actuación de las autoridades penales militares, adelantadas en el marco de la imputación del delito de concusión que se hizo al sindicado.
24.4. Así pues, en aplicación de este régimen de responsabilidad, se concluye que la privación de la libertad padecida por el señor R.P.M. devino en injusta por cuenta de la decisión absolutoria definitiva y, en consecuencia, inicialmente daría lugar a revocar la sentencia del a quo en tanto este no accedió a las pretensiones de la demanda en contra de la Nación-Ministerio de Defensa.
25. No obstante, previo a revocar o no el fallo de primera instancia y dado el material probatorio allegado al proceso, la Sala debe analizar si se configura la causal de exoneración de responsabilidad del hecho determinante y exclusivo de la víctima.
25.1. Sobre la causal de exoneración en comento, en los casos relativos a la privación injusta de la libertad esta corporación ha manifestado que esta aplica cuando la víctima con su actuación exclusiva y determinante fue quien dio lugar a que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento.
25.2. Al respecto, la Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la precitada disposición manifestó:
25.3. De esta manera, el hecho de la víctima se configura cuando esta dio lugar causalmente a la producción del daño, por haber actuado de forma dolosa o gravemente culposa, esto es, con incumplimiento de los deberes de conducta que le eran exigibles.
25.4. La jurisprudencia también ha explicado que cuando la privación se produce como consecuencia de una investigación adelantada contra un servidor público por un punible que presuntamente se produjo con ocasión del ejercicio de su cargo, para efectos de verificar si se configuró un hecho de la víctima es preciso determinar cuáles eran sus funciones y obligaciones, y establecer si el incumplimiento de alguna de ellas fue determinante para motivar la imposición de la medida de aseguramiento(15). Lo anterior teniendo en cuenta que los particulares sólo son responsables por infringir las prohibiciones contenidas en normas legales, mientras que los servidores públicos son responsables por la omisión o extralimitación en el cumplimiento de sus funciones (C.N., art. 6º).
25.5. Finalmente, se ha precisado que al analizar el carácter determinante y exclusivo del hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, el juez de lo contencioso administrativo se limita a verificar, desde la perspectiva civil, si la conducta dolosa o gravemente culposa de la persona privada de la libertad llevó a la autoridad correspondiente a imponer dicha privación, absteniéndose de valorar si, desde el punto de vista penal, esa conducta daba lugar o no a la detención.
26. En el sub lite, observa la Sala que la conducta del demandante no fue determinante en la producción del daño, pues se demostró que la imposición de la medida de aseguramiento se produjo como consecuencia directa de los indicios que a través de prueba testimonial se habían aportado al proceso.
26.1. En este sentido, las actuaciones adelantadas durante el proceso penal muestran que no existe prueba sobra una conducta reprochable por parte del señor P.M., o que hubiera faltado a la debida diligencia o prudencia que le era exigible como servidor público (oficial militar). Por el contrario, las actuaciones de la justicia penal militar demostraron, en segunda instancia, que no existía certeza sobre la comisión de la conducta imputada al sindicado, y que las denuncias y testimonios que sustentaban la condena de primera instancia eran contradictorias e inconsistentes.
26.2. Adicionalmente, es necesario recordar que es la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante prueba lega y regularmente aportada el proceso, que se ha dado algún supuesto de hecho, que fundamente la configuración de la causal de exoneración consistente en el hecho exclusivo y determinante de la víctima.
26.3. De esta manera, para la Sala, la limitación a la libertad demandada por el actor e imputable a la entidad accionada, no se basa en una actuación determinante de la víctima, comoquiera que su actuación no tuvo incidencia en la decisión que le impuso la medida de aseguramiento durante el proceso.
26.4. Finalmente, la Sala considera importante recabar en que, en todo caso, no es posible tomar como eximente de responsabilidad, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos (art. 7º CADH) y en la Constitución Política (C.N., art. 28)(16).
27. En consecuencia, al haberse demostrado los elementos de la responsabilidad, y no encontrarse acreditada causal alguna que exonere a la administración, la Subsección revocará la decisión contenida en la sentencia de primera instancia.
28. Sobre el reconocimiento de perjuicios morales en asuntos como el presente, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, en fallo de unificación jurisprudencial ha reiterado:
(…) en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia, hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(17); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(18), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o estable o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(19) (20).
29. El anterior precedente fijó, en materia de perjuicios morales, el siguiente cuadro:
29.1. De acuerdo a lo acreditado en el proceso, el señor R.P.M. estuvo privado de la libertad 13 meses - del 24 de octubre de 2002 al 25 de noviembre de 2003 (fl. 92, cdno. 3).
29.2. De esta manera, como el tiempo en el que permaneció recluido el señor P.M. fueron 13 meses, la condena proferida será de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
29.3. Los demás integrantes de la parte demandante: M.M.P. y A.F.P.C. padres del privado de la libertad, y L.G. y M.A.P.M., hijas de la víctima,(21) de acuerdo con la pauta jurisprudencia anteriormente expuesta podrían ser resarcidos por el equivalente a noventa (90) smlmv cada uno(22). En el caso de A.F., E.C., D.A. y C.A.P.M., hermanos de la víctima, se les reconocerán cuarenta y cinco (45) smlmv, a cada uno(23).
30. En cuanto a los perjuicios materiales por lucro cesante, no está acreditado el valor que el señor P.M. percibía por su actividad económica al momento en el cual fue privado de su libertad. Adicionalmente, tampoco puede ser tomado el salario que percibía como oficial del Ejército pues fue retirado del servicio con anterioridad a los hechos de la demanda. Por tal motivo se aplicará la presunción según la cual persona que se encuentre en edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal vigente ($ 737.717), más el 25% por concepto de prestaciones sociales, es decir, $ 922.146.
30.1. Para el efecto, se tendrá en cuenta el tiempo que duró la privación de la libertad, esto es entre el 24 de octubre de 2002 al 25 de noviembre de 2003, es decir, 13 meses, contando con los 8,75 meses que una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel, según ha indicado la jurisprudencia de esta corporación(24).
S = Es la suma que se busca al momento de la condena.
Ra = Constituye la renta actualizada (Ingreso base de liquidación).
n = el número de meses a indemnizar
S = $ 20’056.675.5
31. En suma, se pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de R.P.M., la suma de veinte millones cincuenta y seis mil seiscientos setenta y cinco pesos ($ 20’056.675 m/cte.).
32. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
REVOCAR la Sentencia del 29 de marzo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión. En su lugar se dispone:
1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional por los daños antijurídicos causados a los señores R.P.M., L.G. y M.A.P.M., A.F.P.C. y M.M.P., por la privación injusta de que fue objeto R.P.M.
2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios morales, a favor de R.P.M., L.G.P.M., M.A.P.M. M.M.P. y A.F.P.C. el valor equivalente a noventa (90) smlmv vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada uno. Y a favor de los señores A.F., E.C., D.A. y C.A.P.M., el valor equivalente a cuarenta y cinco (45) smlmv vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, a cada uno.
3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, a pagar a favor del señor R.P.M., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de veinte millones cincuenta y seis mil seiscientos setenta y cinco pesos ($ 20’056.675. m/cte).
Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Sala de Subsección (impedimento aceptado)—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth.
2 Consejo de Estado. Sala de los Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Sentencia del 29 de agosto de 2015. Radicado 200800934 (42390), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera: Sentencia de 1º de octubre de 1992 (exp. 7058); Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994 (exp. 8666); Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994 (exp. 9391); Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995 (exp. 10056); Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997 (exp. 11.754); Sentencia de 20 de febrero de 2008 (exp. 15.980).
4 [18] “A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, Sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, expediente 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, expediente 13.449”.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 13 de agosto de 2008, expediente 17954, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de octubre de 2013, expediente 23354, C.P. Mauricio Fajardo.
8 [14] “En los regímenes absolutistas, no democráticos, en los cuales no existe —en el verdadero sentido de su expresión—, libertad para los individuos y en los cuales, por tanto, no existe propósito real de garantizarla de manera efectiva, tampoco existe una verdadera Constitución Política, por elemental sustracción de materia, en la medida en que carecería de sentido limitar el ejercicio del Poder, porque su abuso frente a los individuos no desencadenaría consecuencia alguna para el Estado y, por ello mismo, tampoco se requeriría una separación de poderes porque en esa misma línea dejaría de tener sentido un sistema de pesos y contrapesos que sólo se justifica y se explica en función de la protección de los Derechos de los asociados, amén de que la consagración de una Carta de Derechos en esos escenarios no tendría más propósito que el de cumplir un papel puramente formal y teórico”.
9 [3] “Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 19 de octubre 2011, expediente 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 26 de marzo de 2014, expediente 2001-0105001 (30750), C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
12 Ley 270 de 1996, ART. 74—Aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la Rama Judicial así como también a los particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función jurisdiccional de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente Ley Estatutaria. // En consecuencia, en los preceptos que anteceden los términos «funcionario o empleado judicial» comprende a todas las personas señaladas en el inciso anterior.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia del 26 de marzo de 2014, expediente 2001-0105001 (30750), C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
14 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996.
15 Esta corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto del hecho exclusivo de la víctima en los casos de privación injusta de la libertad, cuando esta se desempeñaba como servidor del Estado, en los siguientes términos: “En efecto, el señor G.H. dio lugar a su propia detención, si se tiene en cuenta que (i) No legalizó la retención, como lo evidencia el propio juez que lo absolvió (…); y (ii) faltó a la verdad sobre los hechos investigados, tal como se observa de las providencias penales. Basta recordar el análisis que efectuó el Juez Penal del Circuito de XXX, en la sentencia absolutoria del 7 de julio de 1998, en la que cuestionó el comportamiento de los policías sindicados: // “No entendemos la posición de los procesados agentes de Policía y su comandante para la época de los acontecimientos, en negar de manera tan rotunda la permanencia de aquellos sujetos en sus instalaciones durante aquella tarde, noche y primera hora de la madrugada del día siguiente, como tampoco el no cumplir como imperioso requisito registrarles en sus libros con hora de llegada, motivo de la conducción y hora de salida, lo que bien a la lógica trae violación de su reglamento interno. Da ello lugar a pensar que éstos agentes policiales participaren de estructurando (sic) plan para acabar con la vida de M.Á.R., siendo por ello que optaron por omitir cualquier circunstancia que causare rastro o dejare vestigio de la criminal empresa (…). // La privación de la libertad del señor Á.R. por parte los agentes de Policía, ilegal o justificada, los compelía a registrar la captura, a ponerlo a disposición de las autoridades competentes y a garantizar su seguridad. Por lo tanto, el hecho de que el agente G. hubiera participado en la retención y omitido lo previsto en la ley para estos casos, fue determinante y exclusiva en la adopción de la medida que ordenó la privación de su libertad. // Ese comportamiento fue irregular, como lo fue el haber mentido durante la investigación. // Y si bien no se demostró su responsabilidad penal por la retención ilegal y muerte del señor Álvarez, lo cierto es que su conducta, desde la perspectiva de los elementos que estructuran la imputación del daño, fue causa determinante y exclusiva del daño que padeció. // Con fundamento en lo anterior y en lo previsto en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, que condiciona la indemnización a que el detenido no hubiere dado lugar a la detención por dolo o por culpa grave, la Sala concluye que el daño no es imputable al Estado. // En este caso, como quedó demostrado, la conducta del señor J.R.G.H. fue negligente, irregular, determinante y excluyente en la producción del daño, pues su comportamiento dio lugar a la privación de la libertad” (resaltado del texto). Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de mayo de 2009, expediente 1998-01619 (17188), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “A”. Sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente 31535, C.P. Carlos Alberto Zambramo Barrera.
17 Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, expediente 12.076. M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
18 Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15.980, M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.
19 Sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 23.688, M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en Sentencia del 30 de enero de 2013, expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, expediente 24.296.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 28 de junio de 2014, radicación 680012331000200202548 01 (36149), C.P. Hernán Andrade Rincón.
21 La calidad de hijas de la víctima está acreditada con los registros civiles de nacimiento que obran en el expediente (fl. 1 y 2 - cdno. 2).
22 La calidad de padres de la víctima está acreditada con el registro civil de nacimiento del señor R.P.M. (fl. 1 - cdno. 2).
23 La calidad de hermanos de la víctima está acreditada con los registros civiles de nacimiento que obran en el expediente (fls. 10, 12, 14 y 17 - cdno. 2).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “A”—, Sentencia del 27 de junio de 2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 27001-23-31-000-2002-00173-01 (31033), actor: J.J.I.M. y otros, demandado: Fiscalía General de la Nación y otros.

References: ARTÍCULO 116
 ARTÍCULO 12
IN DUBIO
 Resolución 
 artículo 146
 artículo 414
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 artículo 150
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