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Timestamp: 2020-02-24 14:21:56+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 1210 DE NOVIEMBRE 26 DE 1998
SENTENCIA 1210 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:LLAMAMIENTO EN GARANTÍA EN EL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PROCESO ADMINISTRATIVO, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:327 DE MARZO DE 1999, PÁG.356
•Sentencia 1210 de noviembre 26 de 1998
LLAMAMlENTO EN GARANTÍA
EN EL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXTRACTOS: «El tribunal estimó procedente acceder al llamamiento en garantía, concluyendo que el llamado en tal virtud deberá resarcir en un 70% el valor de la condena que se cause hasta el momento del reintegro de la actora.
El llamado en garantía apeló la anterior decisión afirmando que la figura del llamamiento en garantía sólo es aplicable en los procesos relativos a controversias contractuales y a reparación directa, que por tanto no existen argumentos ni razones jurídicas para acceder a lo pedido por la libelista. Que la desviación de poder tampoco se demostró, por cuanto solamente se tuvieron en cuenta declaraciones de “compañeros de trabajo”, sin que al respecto obraran documentos que acrediten la gestión de la demandante.
La actora pretende la nulidad del acto por el cual fue retirada del servicio, pues a su modo de ver se incurrió en desviación de poder y falsa motivación. En este sentido se tiene:
Consta en autos que la demandante fue nombrada como profesional universitario I-II, mediante la Resolución 1532 del 10 de noviembre de 1992 expedida por el jefe de la oficina seccional de administración judicial de Villavicencio. Igualmente, que en virtud de la Resolución 1664 del 1º de diciembre de 1992 se le asignaron funciones de jefe de control interno de la seccional.
Cuentan las probanzas que ante el incumplimiento de requisitos por parte del director encargado de la época, ingeniero Luis Visley Aponte Cardona, la actora en su condición de jefe de control interno solicitó un concepto ante la división jurídica de la Dirección Nacional de Administración Judicial, con el fin de saber si en tal evento el funcionario tenía o no derecho a percibir el 100% de la asignación dispuesta para el titular, o si por el contrario debía restringir su ingreso laboral al 75% de la misma. En tal sentido dijo la peticionaria en su oficio 2833 del 9 de diciembre de 1993:
“Lo anterior con el ánimo de que nos sea emitido su concepto ya que el mes pasado se le canceló el 100% o sea $ 1.025.000 y nuestro propósito es corregir en este mes y para el pago de la prima de navidad y saber si en tal caso se tiene que hacer el respectivo reintegro” (fl.5).
La anterior solicitud fue contestada por el jefe de la división jurídica concluyendo que:
“Si el señor director de esa seccional no reúne los requisitos establecidos en el artículo 16 del Decreto 2652 del 25 de noviembre de 1991, su remuneración mensual será el 75% de lo fijado para dicho cargo (D. 1660/78, art. 60)” (fl. 6).
Esta confrontación de requisitos y sus consecuencias económicas dieron al traste con las relaciones interpersonales del director encargado y la libelista, derivando al punto en los siguientes hechos:
Mediante Resolución 1353 del 20 de diciembre de 1993 el director (e) de la dirección seccional le concedió vacaciones a la libelista a partir del 20 de enero de 1994. En este mismo día, a través de la Resolución 0043 el director aplazó por cuatro días el disfrute de las vacaciones decretadas, aduciendo al efecto “necesidades urgentes del servicio”.
No obstante la pretendida urgencia, por Resolución 0058A del 21 de enero del mismo año el director decidió autorizar el disfrute de las vacaciones suspendidas, determinando su comienzo a partir del 24 de enero siguiente.
El disfrute de las vacaciones de la actora fue suspendido nuevamente por el director mediante la Resolución 416 del 11 de febrero de 1994, indicando que la suspensión correría por un lapso de 7 días a partir del 11 de febrero de 1994. El día 14 del mismo mes el director le envió a la demandante un memorando ordenándole asumir a partir de dicha fecha las funciones de coordinación y control de notificaciones en la oficina judicial, y otras que posteriormente se le asignarían por parte del jefe de esta oficina. Concurrentemente, el 17 del mismo mes, a través de la Resolución 0420 el director le revocó a la libelista las funciones de jefe de control interno, asignándoselas en su lugar a María Luceira Argumedo Díaz, auxiliar administrativo II-04 de la seccional.
Después de estas veleidosas y poco transparentes novedades de personal el nominador decidió declarar insubsistente a la demandante mediante la Resolución 0423 del 18 de febrero de 1994.
No hace falta un especial análisis intelectual para poder inferir de las mencionadas actuaciones la pasmosa arbitrariedad conque obró el director seccional frente a la libelista a partir del momento en que ésta contrastó jurídicamente los mayores valores cobrados por él a título de salario. No cabe duda de que la sinuosidad de los actos proferidos en detrimento del disfrute vacacional de la actora y del servicio, al igual que el súbito e injustificado cambio de sus funciones, constituyen una fiel expresión de la desviación de poder que embriagó la voluntad del nominador en su pasión por vindicar el “agravio” recibido merced a la actividad controladora de su subalterna. Lo cual de paso también confirma la menguada y vulnerable independencia mental que ostentan las jefaturas de control interno a términos del artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que a la letra dice:
“El asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces será un funcionario de libre nombramiento y remoción, designado por el representante legal o máximo directivo del organismo respectivo, según sea su competencia y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones propias de cada entidad”.
Es de notar también que la desviación de poder con que actuó el nominador aparece corroborada por vía testimonial, tal como lo pone de presente el a quo en sus consideraciones de instancia.
En lo concerniente al llamamiento en garantía debe primeramente estarse a lo dispuesto en el artículo 90 de la Carta Política, por cuya virtud los artículos 77 y 78 del CCA, antes que invalidarse, mantienen todo su contenido y alcance, máxime si se considera que con la incursión de los agentes privados en las funciones públicas(1) la responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos no es exclusivamente estatal.
(1) En este punto conviene recordar que la validez de las funciones administrativas que cumplen los particulares en buena hora fue reconocida por el artículo 1º del Decreto 01 de 1984.
En este sentido, claro es que la salvaguarda de los principios de justicia, y con ello de los derechos y prerrogativas de las personas, implica un ineludible reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, sin perjuicio de las formas propias del debido proceso que justamente tienden a reivindicar las bondades del Estado social de derecho en todas las actuaciones judiciales y administrativas.
Por ello mismo conviene a la economía procesal y por ende a la efectividad del derecho conculcado, la comparecencia de los eventuales responsables ante la jurisdicción contenciosa, independientemente de la nomenclatura que revista la vía procesal de acceso del tercero. A tales efectos, demostrada la autoría del daño antijurídico y la culpabilidad del sujeto activo (dolo o culpa grave), procede la declaratoria de responsabilidad patrimonial a que haya lugar. De suerte que nada impide que bajo una misma cuerda se pueda probar que la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal haya sido la causa eficiente del daño censurado por el sujeto lesionado.
Así las cosas, claro es que al amparo de tales patrones jurídicos bien podía decretarse la comparecencia del agente responsable, como en efecto ocurrió, siendo pertinente reconocer que merced a las probanzas allegadas al plenario la conducta dolosa del nominador quedó perfectamente acreditada, y por tanto, allanado el camino jurídico para que la entidad demandada repita contra éste a partir del momento en que satisfaga las condenas impuestas en sentencia.
En lo tocante a los perjuicios morales alegados por la parte actora no milita en el expediente el menor indicio que pudiera auspiciarle prosperidad a sus pedimentos, siendo del caso desestimar en lo pertinente el petitum de la demanda.
Consecuentemente la Sala considera que las pretensiones de la demandante están llamadas a prosperar parcialmente, por lo cual habrá de confirmarse la sentencia de primer grado».
(Sentencia de noviembre 26 de 1998. Expediente 1210-98 Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 16
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 90
 artículo 1