Source: https://www.pequenasnoticias.com.ar/Boletines/2019/11/BPN_668/BPNA.htm
Timestamp: 2020-08-03 14:15:21+00:00

Document:
Boletín de Pequeñas Noticias Nº 668
13 de noviembre de 2019 - Nº 668
Hackearon la empresa a cargo del sistema de expedientes digitales
Si bien el ataque se produjo en las oficinas de Everis en España el ataque se puede extender al sistema de Gestión Documental Electrónica argentino La sede local reconoció "inconvenientes en sus redes" En su momento la Auditoría General de la Nación había advertido graves fallas en el sistema, la empresa y el Gobierno nacional Mientras tanto en la CABA se dirime judicialmente el futuro de la Plataforma Web Oficial Consorcio Participativo.
[BPN-13/11/19] Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se discute en la justicia el futuro de la Plataforma Web Oficial Consorcio Participativo creada por Horacio Rodríguez Larreta y Facundo Carrillo, el pasado 11 de noviembre, hackeron en España los servidores de la...
La Cra. Liliana Corzo le propuso a Diego Santilli 10 medidas para bajar las expensas Entre otras le solicitó la derogación de libros duplicados, que las obleas de ascensores, calderas e instalaciones fijas no se cobren y que el curso del SERACARH sea gratuito El vicejefe de Gobierno no le respondió.
Por 1ª vez un consorcio rechazó el uso de Consorcio Participativo
En su asamblea anual ordinario rechazaron por unanimidad la Plataforma Web Oficial Consorcio Participativo Le prohibieron a su administrador cargar en la plataforma datos privados y comerciales del edificio Lo eximieron de responsabilidad y lo habilitaron para iniciar las acciones administrativas y legales necesarias para defender lo dispuesto.
Durante el 1º semestre menos multas pero más recaudación
Por otra parte, durante la primera mitad de este año la cantidad de multas aumentó un 28% con respecto a igual período del año pasado Se dispusieron 285 multas por más de 10 millones de pesos.
La inició Pequeñas Noticias en la plataforma change.com Solicita al Estado nacional y local producir estadísticas confiables y transparentes sobre ocho puntos relacionados con los consorcios de propietarios El medio aclaró que un periodismo responsable necesita de estadísticas confiables para informar con precisión.
Ante un salón colmado, participaron invitados de entidades de administradores de México, Paraguay, Brasil, Chile y Costa Rica Entre los expositores institucionales hubo paneles conformados por miembros de la ULAI, de FAPHRA y de CASIPH.
Ni el novio de Pampita se salva de deber expensas
El novio de Carolina "Pampita" Ardohain debería dos millones de pesos en expensas Se trata de Roberto García Moritán, un economista dueño de un reconocido local gastronómico Su casa en un country en San Isidro estaría a la venta en 328 mil dólares.
Las escalas salariales de los encargados de edificios durante el mes de noviembre subieron un 8,09% en promedio En términos interanuales el incremento fue de 78,5% El acumulado anual de las escalas salariales con respecto al INDEC fue de 19,39 puntos porcentuales a favor del trabajador El incremento interanual fue mayor, llegó al 24,98%.
Santa María tras los pasos de Macri
Por segunda vez Víctor Santa María anunció que se presentará en las elecciones de Boca Aspira a lograr unificar la oposición Propone realizar una elección previa para generar una candidatura única Su propuesta: éxitos deportivos e integración al barrio En las anteriores terminó postulándose como vocal en la lista de Beraldi.
Los consorcios con menos servicios y más riesgos
por el Sr. Omar Leonardo Ferreiro
Una sanción tardó cinco años y tres meses en llegar al BO
Andrés Zulberti pidió a Defensa del Consumidor porteño que explique por qué una disposición sancionatoria contra un administrador tardó 5 años, 3 meses, y 17 días en ser publicada en el Boletín Oficial Durante el 2019, cuatro disposiciones sancionatorias esperaron más de mil días entes de ser publicadas.
Dictamen positivo en diputados para el proyecto de la Ley de Alquileres
Eleva la duración de los contratos de dos a tres años, establece una actualización anual atada al índice de precios y a los salarios, amplía el plazo de renegociación del contrato a 90 días, libera al inquilino del pago de las expensas extraordinarias y muchos puntos más No exime a los inquilinos del pago de la comisión inmobiliaria.
Las elecciones se realizarán el próximo 4 de diciembre Hasta ahora se presenta una sola lista y el candidato por la "Lista de Unidad" es el Adm. Miguel Ángel Summa.
Desde julio, la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña no resuelve sobre un proyecto de resolución que ordena al Gobierno porteño a contestar siete preguntas sencillas sobre el control del mantenimiento que realiza sobre balcones, terrazas y azoteas establecido por la Ley 257.
En estos días se supo que el 1º de agosto del año pasado falleció a la edad de 84 años el Sr. Raúl Guinzburg Colaborador de Pequeñas Noticias desde el 2003 fue un luchador incansable por los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de los consorcistas La emotiva carta que le dedicó su hijo.
La noticia había nacido en una radio mendocina que pertenece al Grupo América Cuatro días después se había viralizado Desde A24, otro medio del Grupo, Eduardo Feinmann fue el primero en desmentirlo Finalmente Vila desmintió la venta de acciones a La Nación.
Nosotros ya casi no tenemos derechos
Se jubiló pero sigue en funciones su esposa
Rodriguez y Asociados, Bienes Raícesy administración de consorcios Administrador Adolfo Ernesto Tami Pequeñas Noticias, minuto a minuto en Twitter
[BPN-13/11/19] Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se discute en la justicia el futuro de la Plataforma Web Oficial Consorcio Participativo creada por Horacio Rodríguez Larreta y Facundo Carrillo, el pasado 11 de noviembre, hackeron en España los servidores de la empresa Everis que proporciona el soporte del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que administra todos los expedientes digitales del Estado argentino. El ataque informático puede extenderse al sistema que utiliza el Estado nacional.
El Destape se comunicó con la filial Argentina para confirmar si su sede local fue afectada pero denunció reticencia en brindarles información aunque en una de las comunicaciones la operadora reconoció inconvenientes en sus redes [1].
Según Bitcoin.es los ordenadores estaban infectados desde hacía tiempo, pero el malware no se activó hasta hoy mismo [2]. La infección que pone en riesgo los expedientes digitales argentinos comenzó con un inofensivo correo electrónico enviado el 2 de noviembre con el asunto "Joaquín Sabina: Cambiar el himno del Atleti con Joaquín Sabina" [3].
Ya el 22 de septiembre de este año el medio había alertado que cuando Macri llegó a la presidencia trasladó a la Nación el sistema de expediente digital que utilizaba como Jefe de Gobierno porteño. Denunció también que este sistema -por donde pasa toda la información del Estado- está plagado de fallas. No cuenta con copias de seguridad ni plan ante desastres, no funciona la mayor parte del día, no garantiza confidencialidad ni existe control sobre quienes lo usan, menos de la mitad de las personas que lo utilizan fue capacitada, no está claro de quién es la licencia y, para colmo, el Gobierno no dejó que se lo auditara de forma completa [4].
Es de destacar que no permitir que se lo audite, no disponer de copias de seguridad y no garantizar la confidencialidad de los trámites que realizan los ciudadanos argentinos hoy en día son temas muy graves. Por otra parte de perderse la información de los servidores–por la forma en que se digitalizó- no se podría volver a la versión papel.
Everis obtuvo el soporte del sistema GDE en octubre de 2017, cuando se quedó con ese concurso con una oferta de 95.775.000 pesos. El presupuesto eran 96 millones, apenas 225.000 pesos por encima de la oferta de Everis, que fue la única que se presentó.
Lamentablemente los pronósticos de El Destape se cumplieron, El Confidencial (España) comunicó que varias empresas españolas han sufrido un serio ataque de 'ransomware' que recuerda al vivido a mediados de 2017 con Wannacry. Los primeros ataques confirmados de forma oficial los han sufrido la Cadena SER y otras emisoras de Prisa Radio, pero también varias consultoras tecnológicas, de las cuales Everis ha confirmado oficialmente estar afectada. ‘Estamos sufriendo un ataque masivo de virus a la red de Everis. Por favor, mantengan los PC apagados’ [5], informó a sus empleados.
Los ordenadores afectados conectados a la red de la compañía muestran el siguiente mensaje en inglés. "Hola, Everis, tu red ha sido 'hackeada' y cifrada. No hay 'software' gratuito de descifrado disponible. Envíanos un 'e-mail' a sy....y@protonmail.com o ev...ws@tutanota.com para saber la cantidad del rescate".
En su momento la Auditoría General de la Nación (AGN) había advertido que uno de los riesgos que presenta el sistema GDE es que fue tercerizado en un único proveedor: Everis. Alertó también que además de los vaivenes propios de cualquier empresa (quiebra, cambios comerciales, cambio de prioridades, etc.) este vínculo con Everis vulneraba "las buenas prácticas para la administración de servicios de terceros y para la administración de riesgos de proveedores".
Qué está en riesgo
Según el sitio oficial de la Secretaría de Modernización Administrativa (Eduardo Nicolás Martelli) que depende de Modernización (Andrés Horacio Ibarra) y que a su vez responde a la Jefatura de Gabinete de Ministros (Marcos Peña) en los ordenadores de la Gestión Documental Electrónica se almacenan:
1.- Comunicaciones Oficiales (CCOO): El archivo de documentos comunicables.
2.- Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO): Los documentos oficiales electrónicos.
3.- Expediente Electrónico (EE): La vinculación de documentos, pases y consultas de expedientes electrónicos.
4.- Registros Legajo Multipropósito (RLM): los documentos respaldatorios de los diversos registros públicos en forma electrónica, con el objeto de identificar personas físicas, jurídicas o cosas y habilitarlas a realizar actividades
5.- Legajo Único Electrónico (LUE): La documentación que certifica a las personas que prestan servicios personales a la Administración Pública.
6.- Porta firma (PF): El registro de firmas de los documentos electrónicos.
7.- Sistema integrado de archivo (ARCH): El archivo de los expedientes electrónicos.
8.- Locación de obras y servicios (LOYS): Los expedientes electrónicos que tramitan la contratación de personal.
9.- Trámites a distancia (TAD): Los trámites y consultas de los ciudadanos ante la Administración Pública.
10.- Registro Integral de Destinatarios (RID): El registro de todas aquellas personas humanas o jurídicas que perciban prestaciones, beneficios, subsidios, exenciones, y toda otra transferencia monetaria y/o no monetaria o asistencia otorgada por las entidades o jurisdicciones que componen el Sector Público Nacional.
11.- Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT): Los trámites y pagos de todas las prestaciones, beneficios, subsidios, exenciones, y toda otra transferencia monetaria y/o no monetaria y la asistencia que las entidades y jurisdicciones otorguen a personas humanas o personas jurídicas públicas o privadas, independientemente de su fuente de financiamiento.
La Plataforma Web Oficial Consorcio Participativo
Ésta fue creada durante la última modificación a la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño) que se realizó el año pasado y pretende ser la única herramienta obligatoria para realizar todas liquidaciones de expensas de los consorcios de la CABA. Se concentraría así en manos del Estado local datos privados, comerciales y laborales de los consorcios, los propietarios y los inquilinos. Aún no está reglamentada
[1] El Destape del 5/11/2019: "Hackearon a la empresa a cargo del sistema de expedientes digitales de la era Macri".
[2] Bitcoin.es del 4/11/19: "¡Everis hackeada! Está sufriendo un hackeo de encriptación".
[3] Bitcoin.es del 5/11/19: "Se filtra el mail que infectó a todo Everis".
[4] El Destape del 22/08/19: "Los expedientes públicos de los 4 años de Macri corren riesgo de desaparecer".
[5] El Confidencial del 4/11/19: "Everis y Prisa Radio sufren un grave ciberataque que secuestra sus sistemas".
[BPN-13/11/19] El pasado 19 de septiembre, un consorcio del coqueto barrio de Palermo rechazó el uso de la Plataforma Web Oficial Consorcio Participativo. Desde que se aprobó el proyecto de ley del Gobierno porteño a la Ley 941, es la primera vez que una asamblea de copropietarios toma una resolución en este sentido.
Durante el transcurso de su asamblea anual ordinaria los vecinos por unanimidad prohibieron a su administrador cargar en la misma información de ningún tipo, ni del consorcio ni de sus propietarios. En detalle lo inhibieron de introducir en la mencionada Plataforma nombres y datos de contacto de propietarios o habitantes; importes de expensas; fechas o formas de pago; datos sobre proveedores contratados por el consorcio o pagos que les hubieran realizado ni ninguna otra información o documentación correspondiente al edificio.
En esa reunión de vecinos se resolvió también eximir de responsabilidad a su administrador por las decisiones de la asamblea así como a iniciar las acciones administrativas y legales, tales como amparo, cautelar, inconstitucionalidad o cualquier otra que pudiera corresponder con el objetivo de que pueda cumplir con lo dispuesto y todo lo tendiente a la protección de los derechos del consorcio y sus propietarios.
El edificio se encuentra a pocas cuadras de Av. Del Libertador y del parque Tres de Febrero (Bosques de Palermo). La redacción decidió mantener tanto la dirección exacta del edificio como la identidad del administrador en reserva para evitar represalias.
Es de recordar que desde principios de 2018 el oficialismo hizo una fuerte campaña para sancionar la Ley 5.983 que finalmente impuso la Aplicación Oficial Consorcio Participativo. Esta plataforma obligatoria –aún no reglamentada- concentrará todos los datos privados, comerciales y laborales de consorcios, propietarios e inquilinos. Esta incomprensible invasión a la privacidad y la concentración de datos privados de los vecinos en manos del Estado motivó varias causas judiciales y numerosos rechazos que duran hasta el día de hoy tanto de entidades de consorcistas como de administradores.
El autor de esta iniciativa fue Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana y fue presentada en la Legislatura por Horacio Rodríguez Larreta. En las últimas elecciones Carrillo estuvo a cargo de la campaña en el corredor norte, uno de las cuatro zonas en las que Rodríguez Larreta había dividido la ciudad. Se destaca que ésta fue una de los objetivos más fáciles a lograr porque justamente allí el PRO había arrasado en las PASO [2]
[1] BPN Nº del 12/07/18: "El Proyecto Carrillo se convirtió en la Ley 5.983".
[2] Letra P del 13/09/19: "Los cuatro jefes zonales que designó Larreta para zafar del ballotage".
[BPN-13/11/19] Durante el primer semestre de 2019 el monto de las multas contra los administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941 creció un 44% mientras que su cantidad sólo un 28%.
Durante la primera mitad de este año la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA (DyPC) dispuso 285 multas por 10.315.645 pesos contra las 22 del año pasado por 7.158.080 pesos. Se ordenaron también 3 apercibimientos y 6 sobreseimientos.
Sin embargo estas multas pueden ser apeladas en la justicia y recién quedarán firmes cuando se publiquen en el Boletín Oficial. Es de recordar que durante el año 2018, los consorcistas porteños presentaron 1.314 denuncias contra los administradores de consorcios. De esas denuncias se firmaron 478 disposiciones sancionatorias. Sin embargo a mediados de 2019 sólo se publicaron 15 (3,14%) en el Boletín Oficial [1]. Hasta el 31 de octubre esa cantidad subió a 235, un 49% del total de las disposiciones ordenadas durante el año pasado.
Durante los seis primeros meses de este año la multa promedio fue de 36.195 pesos mientras que el año pasado fue de 32.24. Eso significó un aumento promedio de su valor del 12%.
El mes en el que se dispusieron más multas y más se recaudó fue mayo: 81 sanciones por 2.676.858 pesos
[1] BPN Nº 660 del 12/07/19. "Prosperaron sólo el 36% de las denuncias de 2018".
Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3.
[BPN-13/11/19] El pasado 6 de noviembre, Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, solicitó a Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) de la CABA que explique las razones por las cuales una sanción contra una administradora no registrada demoró 5 años, 3 meses, y 17 días en ser publicada en el Boletín Oficial.
Durante el 2019 el tiempo promedio entre la firma de una disposición sancionatoria y su posterior publicación en el Boletín Oficial superó el año y tres meses. Sin embargo –por razones inexplicables- la dispersión es muy grande: fluctúa entre un mes y diez días y seis años y dos meses.
El pedido de información lo realizó Zulberti mediante la herramienta "Acceso a la información pública", ya fue autorizado, recibió el número 01534781/19 y textualmente reza: "Vistos el BOCABA No. 5735 del 05/11/2019 y la Disposición No. 1450-DGDYPC/2014, informe cuál es la razón de la demora entre la emisión del acto administrativo y la publicación del mismo".
Los mil días en detalle
Es de destacar que si bien Zulberti pidió explicaciones sobre la disposición publicada el 6 de noviembre, en realidad las disposiciones publicadas este año que superaron los 1.000 días fueron cuatro:
La primera fue la Disposición Nº 164 del 23 de febrero de 2015 y fue firmada por Vilma Bouza, actual directora general de DyPC. El administrador fue sancionado con una multa de 7.585 pesos porque en el recibo de expensas no consignó el lugar y la forma de pago (inciso l del artículo 9º de la Ley 941) aunque en su descargo adujo que "el lugar y formas de pago estaba contemplado al final del recibo y la información se completa con la recibida en las liquidaciones de expensas". Se publicó en el Boletín Oficial el 17 de septiembre de 2019 luego de cuatro años, seis meses y 23 días.
La segunda, ordenada el 16 de julio de 2014 por Edgardo Aoun –por aquel entonces director general de DyPC-, sancionó a una administradora por no estar inscripta en el RPA con una multa de 10 salarios correspondientes al sueldo básico de la menor categoría de los encargados. En ese momento eran 58.260 pesos. Para tener una idea de la magnitud de la multa según la escala de julio de 2019 serían 287.940 pesos. La administradora fue designada por el consorcio el 16 de febrero de 2012 y se inscribió en el RPA tres meses después, el 9 de mayo de ese año. La disposición se publicó el 6 de noviembre luego de una demora de 5 años, 3 meses, y 17 días.
La tercera de 23.304 pesos fue también firmada por Aoun. Se trata de la Disposición 1.540 del 30 de julio de 2014 contra una administradora que se negó a entregar los libros y demás documentación dentro de los 10 días luego de cesar su actividad en el consorcio (inciso a del artículo 9° de la Ley N° 941). Se publicó en el Boletín Oficial el 30 de octubre de este año luego de 5 años y tres meses.
La cuarta –en el top del podio- fue la Disposición 1.345 del 4 de junio de 2013 por 24.528 pesos. Fue ordenada por Juan Manuel Gallo –el director de DyPC que antecedió a Edgardo Aoun- contra una administradora porque en sus liquidaciones de expensas no indicaba ni su CUIT ni la clave del SUTERH del edificio (incisos a y b del artículo 10º de la Ley 941) y por lo ordenado en los incisos e) y l) del artículo 9º [1]. Fue publicada el 28 de agosto de 2019 luego de 6 años, dos meses y 23 días
[1] Inciso e) del artículo 9º de la Ley 941: "Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la misma. Denunciar ante el Gobierno de la Ciudad, toda situación antirreglamentaria y las obras ejecutadas en el edificio que administra sin el respectivo permiso de obra o sin aviso de obra, según corresponda conforme las normas vigentes".
Inciso l) del artículo 9º de la Ley 941: "Los recibos de pagos de expensas deben ser numerados y contener los siguientes datos: a).- Denominación y domicilio del consorcio; b).- Piso y departamento; c).- Nombre y apellido del/a propietario/a; d).- Mes que se abona, período o concepto; e).- Vencimiento, con su interés respectivo; f).- Datos del/a administrador/a, firma y aclaración, CUIT y número de inscripción en el Registro; g).- Lugar y formas de pago.
[BPN-13/11/19] El pasado 6 de noviembre, la iniciativa que propone una nueva ley de alquileres recibió dictamen de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la nación. Eleva la duración de los contratos de dos a tres años, establece una actualización anual atada al índice de precios y a los salarios, amplía el plazo de renegociación del contrato a 90 días, libera al inquilino del pago de las expensas extraordinarias, ofrece más opciones de garantía, el depósito no podrá exceder el mes, se podrá rescindir el contrato con un aviso de tres meses, los desalojos serán más expeditivos y obliga a registrar los contratos en la AFIP:
No exime a los inquilinos del pago de la comisión inmobiliaria.
El proyecto de ley -para lograr su objetivo- propone la modificación de 12 artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, la modificación del artículo 6º de la Ley 26589 (Mediación y Conciliación), agrega cuatro artículos bajo el título "Regulación complementaria de las locaciones", agrega cuatro artículos que componen el "Programa Nacional de Alquiler Social" y tres artículos bajo el título "Métodos alternativos de resolución de conflictos".
Esta iniciativa se trabajó sobre los proyectos presentados por los diputados Silvia Renee Horne (Movimiento Evita), Agustín Oscar Rossi (Frente Para la Victoria – PJ), Felipe Carlos Solá (Red por Argentina), Daniel Andrés Lipovetzky (PRO), Karina Banfi (UCR), Diego Matías Mestre (UCR), Juan Cabandié (Frente Para la Victoria – PJ), Josefina Mendoza (UCR), Brenda Lis Austin (UCR) y Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal).
Los expedientes que se tuvieron en cuenta fueron: el 0128-D-2018 (Banfi), 0684-D-2018 (Mestre), el 1835-D-2018 (Cabandié), 2940-D-2018 (Brügge) el 4521-D-2019 (Mendoza) el 4754-D-19 (Austin).
El proyecto consta de 24 artículos de los cuales uno es de forma <texto original>
Los contratos de locación, cualquiera sea su destino se considerarán celebrados por un plazo mínimo de tres años. Para lograr esto la iniciativa busca modificar el artículo 1196º del Código Civil y Comercial de la Nación.
Plazo mínimo de la locación de inmueble. El contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considerará celebrado por el plazo mínimo legal de tres años, excepto los casos del artículo 1199. El locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa.
En este texto de la iniciativa se pintó de amarillo lo que se modificó y de verde lo que se agregó al texto original del Código Civil y Comercial de la Nación.
Según el artículo 14º del proyecto el ajuste del alquiler mensual sólo podrá ser anual y para su cálculo se tomará utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Los contratos de locación, cualquiera sea su destino, estarán exceptuados de lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias. En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo podrán realizarse ajustes anuales. En ningún caso se podrán establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deberán efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La renegociación del contrato se debe realizar 90 días antes de su finalización. A tal efecto el proyecto agrega un artículo 1.221º bis al Código Civil y Comercial.
La iniciativa libera al inquilino del pago de las expensas extraordinarias aunque le mantiene la obligación del pago de las expensas comunes ordinarias. Agregó un párrafo que define estas últimas.
Para lograr este objetivo se modificaría –de ser aprobado el proyecto- el artículo 1.209 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Pagar cargas y contribuciones por la actividad. El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que de a la cosa locada.
No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. Sólo podrá establecerse que estarán a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes ordinarias o extraordinarias.
Más opciones de garantía
En el artículo 13º de la iniciativa se proponen cinco opciones de garantía de las cuales el locatario deberá ofrecer al locador cómo mínimo dos y este a su vez deberá aceptar una.
En las locaciones habitacionales, en el caso de requerirse una garantía, el locatario propondrá al locador al menos dos de las siguientes garantías:
e. Garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
En caso de ser más de un locatario, deberán sumarse los ingresos de cada uno de ellos a los efectos de este artículo. El locador no podrá requerir una garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo que se tratase del supuesto previsto en el inciso e) en el cual podrá elevarse dicho valor hasta un máximo de diez veces. Bajo tales condiciones, el locador deberá aceptar una de las garantías propuestas por el locatario. En los supuestos de los incisos b, c y d, la reglamentación establecerá los requisitos que deberán cumplir las personas que otorguen estas garantías y las características y condiciones de las mismas.
El depósito no podrá exceder el monto del primer mes de alquiler -o sea el menor valor del total de años contratado- y será devuelto según el valor del último mes de alquiler -o sea según el mayor valor del período contratado- preservándose así su poder adquisitivo.
Para lograr este objetivo se modificaría el artículo 1.196 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Locación habitacional. Si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario:
c. la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original.
Recisión del contrato
Si el inquilino anuncia al locador su deseo de rescindir el contrato con una anticipación de tres meses no deberá pagar indemnización alguna.
A tal efecto propone modificar el artículo 1.221º del Código Civil y Comercial de la Nación.
El contrato de locación de inmuebles con destino habitacional puede ser resuelto anticipadamente por el locatario si han transcurrido seis meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un mes de anticipación.
Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.
Cuando la notificación al locador se hiciese con una anticipación de tres meses o más, no corresponderá el pago de indemnización alguna por dicho concepto. Lo establecido en el presente artículo no será de aplicación a los supuestos enumerados en el artículo 1199.
Ante el incumplimiento de un inquilino, el locador podrá iniciar la acción judicial de desalojo, la que deberá sustanciarse por el proceso previsto al efecto en cada jurisdicción aunque en caso de no prever un procedimiento especial deberá ser el más abreviado que establezcan sus leyes procesales o especiales.
Para lograr este fin el proyecto propone modificar el artículo 1.221º del Código Civil y Comercial de la Nación.
Intimación de pago y desalojo de viviendas. Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a diez días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, especificando el lugar de pago.
La notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tendrá por válida, aún si éste se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo de este artículo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario deberá restituir la tenencia del inmueble locado. Ante el incumplimiento del locatario, el locador podrá iniciar la acción judicial de desalojo, la que deberá sustanciarse por el proceso previsto al efecto en cada jurisdicción y en caso de no prever un procedimiento especial, el más abreviado que establezcan sus leyes procesales o especiales. En ningún caso el locador podrá negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. En caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efectos de que se le reciba la llave del inmueble, éste podrá realizar la consignación judicial de las mismas, siendo los gastos y costas a cargo del locador. En ningún caso se deberán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los diez días hábiles siguientes a la misma, o desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de la llave si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo.
La AFIP deberá ser informada
El locador deberá informar cada contrato de locación que celebre a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP). En caso de que se inicien acciones judiciales sobre un contrato de locación los jueces también deberán informar a la AFIP sobre su existencia a los fines de que tome la intervención que corresponda.
Así lo establecerá el artículo 16º del proyecto de ley.
Los contratos de locación de inmueble deberán ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro del plazo, en la forma y con los alcances que dicho Organismo disponga. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispondrá un régimen de facilidades para la registración de contratos vigentes. El incumplimiento del locador lo hará pasible de las sanciones previstas en la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Cuando se inicien acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el Juez deberá informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP) sobre la existencia del contrato, a los fines de que tome la intervención que corresponda. No obstante, la obligación del locador, cualquiera de las partes podrá informar la existencia del contrato a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP) a los fines dispuestos en el presente artículo, en los términos que esta autoridad disponga.
Fotos: redes sociales de los protagonistas.
[BPN-13/11/19] El pasado 4 de noviembre, el medio digital Tele Bajo Cero develó que el novio de Carolina "Pampita" Ardohain (41) debe dos millones de pesos en expensas. Se trata de Roberto García Moritán (42), un economista dueño de un reconocido local gastronómico ubicado en Palermo que el medio sitúa como cercano a la gestión de Mauricio Macri y a los asesores de la gobernadora María Eugenia Vidal [1].
Este monto sería el resultado de dos años de mora en el pago de los gastos comunes de la casa que posee en el country Arboris, en el barrio La Horqueta de San Isidro. Si los dos millones de pesos no incluyen ni intereses por mora ni punitorios, esa casa paga la friolera de 83 mil pesos de expensas por mes.
Según Paparazzi del día 5 de noviembre, la propiedad está a la venta en 328 mil dólares a los que habría que restarle los u$s 33.330 que adeuda a sus vecinos en concepto de gastos comunes. Agregó que todo esto lo informó Rodrigo Lussich, en Confrontados, a modo de primicia. El periodista dijo también que el tema ya pasó a legales y está judicializado. "Quien la compre sepa que tiene una deuda de expensas de dos años", expresó Lussich sobre la deuda del novio de Pampita [2].
Ese mismo día la panelista del programa "Los ángeles de la mañana", Karina Iavícoli, contó que se comunicó telefónicamente con García Moritán quien desmintió esa información. Dijo que le crearon un perfil en una cuenta falsa y que le inventaron que debe expensas de una propiedad [3].
Diario Uno aportó que el pedido de casamiento de García Moritán a Pampita se realizó luego de dos meses de novios. Fue en "un importante hotel" de República Dominicana y el casamiento será el próximo viernes 22
[1] Tele Bajo Cero del 4/11/19: "El novio de Pampita vende su casa pero debe dos años de expensas".
[2] Paparazzi del 5/11/19: "¡Qué momento! El novio de Pampita vende su casa, pero… ¿cuántos meses debe de expensas?".
[3] Clarín del 5/11/19: "Roberto García Moritán, el novio de Pampita Ardohain, le habría propuesto casamiento a Ingrid Grudke".
[4] Diario Uno del 5/11/19: "¡Escándalo! El novio de Pampita debe 2 millones de pesos en expensas".
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Cartel de publicidad fotografiado el 27 de septiembre de 2019.
[BPN-13/11/19] Por segunda vez Víctor Santa María, titular del SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal) y presidente del PJ porteño, anunció que se postulará para la presidencia de Boca Juniors en las elecciones del 8 de diciembre próximo.
Para lograrlo, la estrategia de Santa María es parecida a la que utilizó Alberto Fernández, actual candidato electo a presidente de la Nación: unir a toda la oposición en un solo bloque. En una entrevista que concedió a ámbito.com expresó: "Desde hace mucho que venimos charlando con los socios de Boca y llegamos a una propuesta, que es la de la unificación de la oposición. Tenemos que llegar a eso si queremos en serio una alternativa superadora para todos los socios e hinchas, que nos saque de la crisis a la que nos llevó [Daniel] Angelici en estos años" [1].
Para conciliar las diferentes fuerzas opositoras en una sola conducción propone realizar una especie de elecciones primarias: "Proponemos una elección previa, entre todo el arco opositor, para generar una candidatura única y buscar lo mejor para el club frente al actual oficialismo. Trabajar todos juntos para terminar con este ciclo que tanto daño le hizo al hincha y al socio es la única alternativa".
El eje principal de su propuesta es –en sus palabras- "trabajar para que Boca vuelva a ser ese club de éxitos deportivos y que, además, se integre al barrio".
En enero de 2014 y con la mira puesta en las elecciones de 2015, había producido un video en el que expresó: "Un nuevo sueño que comienza. Un equipo ganador, un club inclusivo, un nuevo frente. Todos unidos para recuperar el club que queremos. En Mar del Plata dimos el primer paso. Boca Somos Todos" [2].
Sin embargo finalmente se conformó con el puesto 14 para vocal titular en la lista de José Beraldi a quién ahora acusa de trabajar y ser parte–junto a Daniel Angelici- de la vieja dirigencia: "Los dos estuvieron en tiempos de Mauricio Macri", acotó a un medio digital [3].
En aquel momento, las elecciones finalizaron con 102 mesas escrutadas de las cuales Beraldi obtuvo un magro 26% de los votos mientras que Angelici y Amor Ameal un 42% y 32% respectivamente.
Según el matutino La Nación, Alberto Fernández le habría encomendado a Santa María "desterrar el macrismo de Boca". En esa misma nota Santa María lo desmintió "Alberto no se va a meter en la interna de Boca ni en la de ningún otro club" aunque reconoció que trabaja nuevamente junto con el senador provincial Carreras por la unidad de la oposición boquense para vencer al macrismo en las elecciones del 8 del mes próximo".
A pesar de las palabras, el domingo 22 de septiembre por la mañana, Alberto Fernández se fotografió con Santa María y Carreras sin desconocer el impacto político de esa foto en la interna de Boca. Si bien Fernández no la publicó en sus redes sociales, Santa María lo hizo en su cuenta de Twitter ese mismo día [4] y Carreras dos días después, tanto en Twitter como en Facebook.
Cuatro días antes, ambos candidatos se fotografiaron con Axel Kicillof, gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires y lo publicaron en sus redes sociales.
Por otra parte el medio digital Doble Amarilla el 19 de septiembre se preguntó sobre la coalición amplia que prepara Santa María: "¿Es una coalición de la oposición anti Gribaudo y Angelici? Según pudo saber 'Doble Amarilla', por los pasillos del resto de la oposición del Xeneixe, aseguran que la fórmula Santa María/Carreras es una lista colectora del oficialismo, planificada junto con Daniel Angelici para poder quitarle votos a una buena parte de la oposición" [5]
[1] ámbito del 5/11/19: "Víctor Santa María: ‘Boca hoy es un club cerrado... se parece a un country’".
[2] BPN Nº 516 del 10/03/14: "Santa María competiría en las elecciones de Boca de 2015".
[3] ámbito del 19/09/19: "Víctor Santa María: ‘Boca hoy es un club cerrado... se parece a un country’".
[4] Twitter Santa María del 22/09/19 <vínculo>.
[5] Doble Amarilla del 19/09/19: "Santa María y Carreras se mostraron con Kicillof, pero ¿juegan para Angelici?".
Nosotros ya casi no tenemos derechos por el Sr. Julio Gil Domínguez
[BPN-13/11/19] Sr. Claudio García de Rivas, director de Pequeñas Noticias, le solicito a través de este medio poder realizar algunos comentarios en defensa de los consorcistas.
Nosotros ya casi no tenemos derechos de poder mejorar nuestra situación económica y calidad de vida ante el avance de nuestros legisladores y el Ministerio de Trabajo convalidando leyes y beneficios exagerados a los empleados de consorcios que perjudican al consorcista.
A modo de ejemplo: los trabajadores que se jubilaban a los 65 años ahora pueden decidir trabajar hasta los 70 años agregando al sueldo del empleado de consorcio una cantidad de plus adicionales sin limitación en porcentaje al sueldo (como es el plus de antigüedad) que puede ser más del 50% al 70% más de sueldo de una tarea y sueldo que debería ser similar al personal de casas de familia.
Volviendo a la actualidad, se aprobó otro bono de ayuda a los empleados de consorcios el cual se suponía tendría que ser para sueldos brutos menores a 30.000 pesos y en el caso de los consorcios es doblemente injusto, tener que pagar ese bono, ya que muchas personas, tienen sueldos más bajos y ni que hablar de los jubilados que en su gran mayoría ganan entre 13.000 y 18.000 pesos por mes y tienen que pagar un bono de $5.000 a quien gana entre 40.000 y 90.000 pesos mensuales aproximadamente sin contar los beneficios colaterales que no tienen otros trabajadores.
Desde ya espero que nuestros legisladores que viven en consorcios se tomen la molestia de leer las liquidaciones de expensas, en las cuales algunos consorcios parecen empresas pymes a pesar de no fabricar y/o vender productos podrán ver que las expensas, es lo que más deteriora el bolsillo de trabajadores y jubilados, más que cualquier otro servicio y ni que hablar de quien aparte paga alquiler.
Con relación al plus de antigüedad por años trabajados lo tendrían que recibir también los jubilados. De esta manera tendría un efecto neutro: pago plus y recibo plus. Además no discriminarían al jubilado que también trabajó durante años.
Por último, teniendo en cuenta que muchos legisladores escriben notas en Pequeñas Noticias y ahora que terminaron las elecciones en la Argentina, puedan dedicar más tiempo al análisis en profundidad de los temas que tienen que ver con el costo argentino que en muchos casos no es compensado por la labor que se requiere.
Desde ya, sería bueno que los legisladores, puedan hacer reuniones con los vecinos sobre temas a tratar con anticipación de día, fecha y lugar a través de los canales de comunicación ya que en la actualidad a los consorcistas no los defiende nadie de manera organizada, ni con propuestas efectivas que mejoren su calidad de vida y económica.
Se jubiló el encargado del edificio pero sigue en funciones su esposa quien figura como ayudante.
Por ser pareja nunca quedó claro las funciones de ella salvo cuando cubría las vacaciones del encargado.
Hoy tenemos un nuevo encargado. ¿Cuáles serían la funciones que deberíamos especificarle a la ayudante para no tener conflictos entre trabajadores y además ver si se justifica el sueldo de ayudante que abonamos mensualmente?.
José [CABA]
En principio, es interesante comenzar diciendo que, en relación a la referencia que realizó de las vacaciones del encargado (cuando éste se encontraba en funciones), el estatuto de encargados, en su art. 3 inc. d) in fine dice "Durante el descanso semanal y en el período de vacaciones, las funciones del encargado y del personal asimilado podrán ser desempeñadas por un suplente, cuya retribución estará a cargo del empleador. Queda prohibido el desempeño de la suplencia por la esposa e hijos del titular o por otra persona comprendida en los beneficios de esta ley, que desempeñe funciones permanentes aún cuando fuera en otro inmueble y con otro empleador".
Por lo anterior, se entiende que la suplencia realizada por la esposa no hubieras sido ajustada a la norma.
Continuando con su consulta, el ayudante está básicamente definido como el personal que secunda al encargado debiendo actuar bajo su dirección, en las mismas tareas que éste.En otras palabras, si bien el administrador, como representante del consorcio en su figura de empleador, podría clasificar tareas bien definidas para cada uno (y esto acabaría con cualquier potencial conflicto), el fundamento de la existencia del rol del ayudante es asistir al encargado (como principal).
Si se justifica o no, depende de las exigencias del edificio. Objetivamente, en relación a la cantidad de unidades, según lo dicta el convenio del SUTERH y, subjetivamente, respecto de la demanda de limpieza, y las demás funciones del mismo. Ahora bien, si se dieran las variables (objetiva y subjetiva) necesarias para poder "prescindir" de los servicios del ayudante, no se debe olvidar que, al tratarse de una relación de dependencia, le asisten los derechos indemnizatorios según los cálculos de la LCT con más los beneficios propios del gremio.
Esperando haber sido de utilidad, le saludo muy cordialmente.
Quería saber -ya que soy nueva como encargada- si el 2 de octubre por ser el Día del Encargado se paga algun plus a fin de mes.
Para los trabajadores de la propiedad horizontal, el día 2 de octubre es un día feriado y esto surge del mismo convenio colectivo de trabajo del sector.
El artículo 13º dice: "Se establece el día 2 de octubre de cada año como el Día del/la Trabajador/a de Propiedad Horizontal. Dicho día el personal estará franco total de servicio; de trabajarlo deberá ser abonado independientemente como feriado".
Por lo tanto, si ese día fuiste a trabajar, deberás cobrarlo al 100% y si no fuiste a trabajar no te pueden descontar ese día.
Número de Edición: 668 [ DCLXVIII ] [1ª Edición]

References: resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 6
 resolución 
 artículo 1196
 artículo 1199
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1199
 artículo 1
 artículo 16
in fine
 artículo 13