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Timestamp: 2019-12-12 05:18:17+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Mariela Vásquez Arroyo con MUNICIPALIDAD DE GORBEA
Mariela Vásquez Arroyo con MUNICIPALIDAD DE GORBEA Rol: C556-10
Se interpuso amparo contra la Municipalidad de Gorbea, basado en la denegación de acceso a copia de todos los antecedentes médicos, ficha clínica y documentación perteneciente a la Posta Lastarria y Atención de Salud Rural de Gorbea, correspondientes al tío de la requirente, quien falleció en el Hospital de Gorbea el 19 de julio de 2010. El Consejo rechazó el amparo, ya que estimó que la reclamada no está habilitada para acceder a la ficha clínica, pues contiene datos personales reservados y no tiene la calidad necesaria de heredera del fallecido para la divulgación. El Consejo reiteró su criterio en cuanto, no obstante, se trata de simples datos los contenidos en las fichas clínicas de personas fallecidas, su tratamiento podría afectar los derechos de sus familiares, como un derecho propio de éstos, por lo que se trata de información reservada cuya comunicación puede realizarse en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias, en este caso, no bastando la relación de parentesco acreditada (sobrina) para acceder a la información requerida.
DECISIÓN AMPARO ROL C556-10
Entidad pública: Municipalidad de Gorbea
Requirente: Mariela Vásquez Arroyo
Ingreso Consejo: 19.08.2010
En sesión ordinaria N° 202 de su Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del Amparo Rol C556-10.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de julio de 2010 doña Mariela Vásquez Arroyo, solicitó al Departamento de Salud Municipal de la Municipalidad de Gorbea copia de todos los antecedentes médicos, ficha clínica y documentación perteneciente a la Posta Lastarria y Atención de Salud Rural de Gorbea, de su tío don René Arroyo Toncozo, quien falleció en el Hospital de Gorbea el 19 de julio de 2010 a consecuencia de una sepsis de foco urinario.
2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ordinario N°101, de 2 de agosto de 2010, el Director del Departamento de Salud de Gorbea respondió a la solicitud de acceso señalando que no es factible entregar copia de la ficha clínica de don René Arroyo Troncozo, por cuanto, de acuerdo a la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada y a los artículos 246 y 247 del Código Penal, que regulan el secreto estadístico, y demás disposiciones vigentes al momento de la fecha del fallecimiento, en el caso de pacientes fallecidos, será el cónyuge sobreviviente y los descendientes o ascendientes del fallecido, que acrediten este parentesco mediante certificado de nacimiento y/o matrimonio respectivo, los que tendrán acceso a la lectura de la ficha. Asimismo, tendrán acceso a copia de la misma cuando conste en la ficha o en otro documento la voluntad del fallecido en ese sentido, o bien acrediten su calidad de herederos a través de copia del Certificado de Posesión Efectiva respectivo.
3) AMPARO: El 19 de agosto de 2010 doña Mariela Vásquez Arroyo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública, mediante presentación ante la Gobernación Provincial de Cautín, en contra del Departamento de Salud Municipal de la Municipalidad de Gorbea, fundado en el hecho de haber recibido respuesta negativa a su requerimiento de información. Adjunta a su presentación fotocopia de su Carnet de Identidad y certificado de nacimiento; fotocopia del Carnet de Identidad, certificado de nacimiento y de defunción de don René Arroyo Troncozo; y, del certificado de nacimiento de doña Nibia Arroyo Troncozo.
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 1628, de 2 de septiembre de 2010, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Gorbea, quien, el 14 de septiembre de 2010, evacuó sus descargos y observaciones indicando que:
a) En respuesta a la solicitud de acceso planteada por la reclamante, se le señaló que no era factible entregar los antecedentes solicitados, por cuanto las fichas clínicas de los pacientes no son información pública, por lo que a su respecto no se aplican las normas de la Ley de Transparencia, invocadas por la reclamante.
b) La ficha clínica es un documento reservado, confidencial, sujeto al secreto profesional, en la cual un equipo de salud registra la historia médica del paciente y de su proceso de atención médica.
c) La confidencialidad de la ficha clínica se encuentra tratada en los siguientes cuerpos legales:
i. Artículos 246 y 247 del Código Penal, que establecen sanciones al empleado público que revela la información confidencial de que tiene conocimiento en virtud de su cargo o que incurre en infracción al “secreto estadístico” contenido en la Ley N° 17.374.
ii. Artículo 61 letra h) de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, que en relación a las obligaciones funcionarias dispone que todo funcionario público debe “guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservado en virtud de la Ley, del Reglamento, de su naturaleza por instrucciones especiales”.
iii. Artículo 7° de la Ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, que dispone que “las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismo públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo, sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo”. A su vez, el artículo 10 del mismo cuerpo legal dispone que “no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares”.
iv. En cuanto a quienes pueden solicitar o recabar información contenida en una ficha clínica, debe tenerse presente la norma citada precedentemente, así como el Decreto Supremo N° 161, de 1982, del Ministerio de Salud, que en sus artículos 17 y 22 establece que “Todo paciente tiene derecho a recabar la entrega de informes de resultado de exámenes de laboratorio, anatomía patológica, radiografías, procedimientos diagnósticos y terapéuticos (cirugías, endoscopía y otros) en el momento que lo estime necesario y dentro del plazo mínimo establecido” y que “toda información bioestadística o clínica que afecte a personas internadas o atendidas en el establecimiento tendrá carácter reservado y estará sujeta a las disposiciones relativas al secreto profesional”. Sólo el Director Técnico del establecimiento podrá proporcionar o autorizar la entrega de dicha información a los Tribunales de Justicia y demás instituciones legalmente autorizadas para requerirla. Respecto de otras instituciones sólo podrá proporcionarse información con la conformidad del paciente o entregarse datos estadísticos globales en los que no se identifique a personas determinadas.
v. En conclusión, la información requerida sólo puede ser entregada al propio paciente o a quienes éste autorice por escrito, sin perjuicio de la facultad de los Tribunales de Justicia u otros organismos autorizados por leyes especiales para requerirla.
vi. Dado que el paciente ha fallecido, será el cónyuge sobreviviente y los descendientes o ascendientes del fallecido que acrediten este parentesco mediante certificado de nacimiento y/o de matrimonio, los que tendrán acceso a la lectura de la ficha, al mismo tiempo, tendrán acceso a copia de la misma cuando la voluntad del fallecido conste en la ficha clínica o en otro documento, o bien acrediten su calidad de herederos a través de copia del Certificado de Posesión Efectiva.
1) Que, en primer término, y a modo de contexto, debe establecerse que toda información que obra en poder de los órganos de la Administración el Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, se presume pública, salvo que concurra a su respecto las excepciones que prevé la Ley de Transparencia, todo ello conforme lo dispone el artículo 5° del mismo cuerpo legal.
2) Que en cuanto al análisis de la solicitud vinculada a la ficha clínica, cabe señalar que éste se centrará básicamente en las particularidades del presente caso, esto es, la solicitud de la ficha clínica de un paciente fallecido, formulada por la sobrina por línea materna de éste, calidad que fue acreditada debidamente por la reclamante en la presentación del amparo de la especie.
3) Que, como se expondrá en los considerandos que siguen, dada la definición y contenido de ficha clínica, se concluye que los antecedentes médicos y documentos requeridos, de existir, deben estar contenidos en ella, de ahí que el análisis del requerimiento se centrará en dicho documento.
4) Que en relación a la ficha clínica, para un acertada resolución del presente amparo, resulta pertinente, a juicio de este Consejo, considerar lo siguiente:
xii) Epicrisis: informe elaborado al alta del paciente y por el médico tratante, que resume la condición de ingreso del paciente, exámenes, procedimientos y tratamientos indicados, evolución clínica, condición al alta del paciente y las indicaciones post - alta.
b) El marco normativo de la ficha clínica en Chile está conformado por las siguientes normas de rango infralegal:
c) Por otra parte, existe un proyecto de ley que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud, iniciado en 2006 por Mensaje de la ex Presidenta M. Bachelet (Boletín N° 4398-11, actualmente en 2º trámite constitucional en el Senado), que regula la reserva de la información contenida en la ficha clínica en su párrafo 4°, señalando lo siguiente:
d) Que la experiencia comparada revisada también admite en ciertos casos el acceso a las fichas clínicas de personas fallecidas, así:
i) La Agencia Española de Protección de Datos ha acogido reclamaciones planteadas por familiares de personas fallecidas ante la denegación de acceso a las fichas clínicas de aquéllas (Resoluciones N° R/00629/2009 y N° R/01226/2009) aplicando el artículo 18 N° 4 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica , según el cual “Los centros Sanitarios y los Facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. / No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros”. Para ello ha considerado que, de acuerdo al artículo 14 del cuerpo legal mencionado, “…la historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro”, añadiéndose que “Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información”. Por otra parte, cabe mencionar especialmente lo señalado por la Agencia Española de Protección de Datos Personales en el Informe Jurídico 171/2008, quien ante la consulta sobre el acceso por parte del solicitante a la historia clínica de su tía fallecida, basada en la Ley N° 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y en la Ley Orgánica 1/1982, reguladora de la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, concluyó que “En lo que respecta al acceso a los datos de la tía fallecida del solicitante, sólo podrá ser posible el acceso en caso que el solicitante hubiera sido designado por la misma para el ejercicio de las acciones previstas en la Ley Orgánica 1/1982 o tuviera la condición de heredero de la difunta. En caso contrario, también habría el acceso si el solicitante actuase en nombre y representación de la hermana de la fallecida y ésta ostentase tal condición”.
5) Que, por otra parte, y según ha venido señalando este Consejo en sus decisiones Roles C64-10, C322-10 y C398-10, la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos Personales, no resulta aplicable al caso de la especie, por cuanto una persona fallecida no es titular de datos personales, a la luz de su definición contenida en el artículo 2°, letra ñ) de dicho cuerpo legal, en razón de que, como consecuencia del hecho jurídico de la muerte ha dejado de ser persona, según se colige de los artículos 55, 74 y 78 de nuestro Código Civil.
6) Que, por otra parte, tal como se señaló en el considerando 9) de la decisión del amparo Rol C322-10 «la Agencia Española de Protección de Datos “…ha venido tradicionalmente poniendo de manifiesto que el derecho fundamental a la protección de datos es un derecho personalísimo que, en consecuencia, se extingue por la muerte de las personas… En este sentido, si el derecho fundamental a la protección de datos ha de ser considerado como el derecho del individuo a decidir sobre la posibilidad de que un tercero pueda conocer y tratar la información que le es propia, lo que se traduce en la prestación de su consentimiento al tratamiento, en el deber de ser informado y en el ejercicio por el afectado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es evidente que dicho derecho desaparece por la muerte de las personas, por lo que los tratamientos de datos de personas fallecidas no podrían considerarse comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999” (Informe Nº 365/2006). Consecuencia lógica de lo anterior sería que dicho derecho no se transmite a los herederos del fallecido, por lo que no es posible aceptar que el requirente de información esté actuando en este caso ejerciendo un derecho que le haya sido transmitido».
7) Que, para una acertada resolución del presente amparo, resulta pertinente tener a la vista el razonamiento de este Consejo expresado en los considerandos 10) a 13) de la decisión del amparo Rol C322-10, que se transcribe a continuación:
8) Que, por esto, si bien la información contenida en documentos tales como las fichas clínicas ya no sean “datos personales”, sino simples “datos”, por referirse a una persona ya fallecida, este Consejo estima que su tratamiento podría afectar los derechos de sus familiares, como un derecho propio de éstos, tal como se señala en el considerando 11) precitado de la decisión del amparo Rol C322-10. En efecto, tanto el derecho comparado analizado como el proyecto de ley en tramitación que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud, entienden que su revelación podría causarles perjuicios difíciles de evaluar, por lo que se trata de información reservada cuya comunicación puede realizarse en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias.
9) Que, de los antecedentes analizados, este Consejo desprende que para acceder a la ficha clínica de una persona fallecida no basta con la relación de parentesco acreditada (sobrina), sino que debe constar alguna de las siguientes circunstancias:
b) Tener una legitimación activa para ejercer otros derechos que supongan el acceso previo a la ficha clínica del difunto.
10) Que en la especie, la reclamante sólo acredita su parentesco en relación con el fallecido, sin que ello suponga necesariamente su calidad de heredera del mismo, todo lo cual no resulta suficiente para hacer concurrir de manera fehaciente uno de los supuestos indicados en el considerando precedente, razón por la cual ha de rechazarse el presente amparo, según se indicará en la parte resolutiva del presente acuerdo.
I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Mariela Vásquez Arroyo en contra de la Municipalidad de Gorbea, por los fundamentos indicados en la parte considerativa del presente acuerdo.
II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Mariela Vásquez Arroyo y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Gorbea.

References: Artículo 61
 Artículo 7
 artículo 10
 artículo 5
 resolución 
 artículo 18
 artículo 14
 artículo 2
 resolución