Source: http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/menores1.html
Timestamp: 2019-01-20 01:50:53+00:00

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Leonardo Ariel Rosales, David Nazareno Coronel, Juan Manuel Cardozo, y Emilio García Méndez, con el patrocinio letrado de Eva Asprella y Analia Ploskenos, en representación de la Fundación Sur Argentina --en adelante la Fundación, Sur Argentina o Fundación Sur--; Gastón Chillier, Andrea Pochak y Paola Garcia Rey, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Pablo Salinas y Carlos Varela, en representación de la Asociación Xumek--, copeticionarios, nos presentamos ante la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos --en adelante, la Comisión Interamericana, la Comisión, o la CIDH-- a fin de promover una denuncia contra el Estado argentino por la violación de los Artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos), 2 (deber de adoptar las disposiciones de derecho interno), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (derecho a la garantías judiciales), 9 (principio de legalidad), 17 (protección de la familia), 19 (derechos del niño) y 24 (igualdad ante la ley), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos --en adelante, la Convención Americana, la Convención, o la CADH-- en perjuicio de Leonardo Ariel Rosales, Juan Manuel Cardozo y David Nazareno Coronel, y de todos aquellos muchos otros niños y adolescentes |1| que han sido y continúan siendo privados de su libertad de manera arbitraria e ilegítima, en virtud de resoluciones judiciales emitidas por los Juzgados Nacionales de Menores, por hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los dieciséis (16) años de edad; y que han sido alojados en el instituto de régimen cerrado "General San Martín" --en adelante también Instituto San Martín-- y en demás institutos de similares características.
Leonardo Ariel Rosales, argentino, nació el 18 de marzo de 1993, actualmente tiene 16 años de edad. Estuvo detenido en el Instituto San Martín, en siete oportunidades, un total de 120 días. |2|
Juan Manuel Cardozo, argentino, nació el 7 de agosto de 1992, actualmente tiene 16 años de edad. Permaneció detenido en el Instituto San Martín 32 días. |3|
David Nazareno Coronel, argentino, nació el 12 de septiembre de 1991, actualmente tiene 17 años de edad. Estuvo detenido en el Instituto San Martín, 102 días, entre el 12 de mayo y el 22 de agosto de 2007 |4|.
II.4. Los casos de Leonardo Ariel Rosales, Juan Manuel Cardozo y David Nazareno Coronel
En este apartado desarrollaremos los hechos en particular de los que fueron víctimas Juan Manuel Cardozo, Leonardo Ariel Rosales y David Nazareno Coronel.
Juan Manuel Cardozo, ingresó al Instituto San Martín siendo menor de 16 años, y permaneció allí detenido un total de 32 días, en virtud del expediente tutelar N� 9313/07 (Causa N� 12.733) el cual tramitó ante el Juzgado de Menores N� 2, Secretaría N� 6, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |14|
Juan Manuel es hijo de Silvia Dora López y de Gabriel Cardozo, quienes ejercieron la crianza del joven hasta la edad de ocho años. Actualmente, el padre biológico reside en la provincia de Jujuy habiéndose desvinculado de su hijo hace más de seis años. Desde entonces, el adolescente convive con su madre, con el Sr. David Pérez --nueva pareja de su madre-- y con sus tres hermanos. El ingreso económico del grupo familiar proviene del trabajo del Sr. Pérez, quien se desempeña como empleado gastronómico en el comedor de un colegio. También cuentan con el plan "Ciudadanía Porteña", por el cual le entregan una tarjeta magnética para la adquisición de comestibles. A su vez, la Sra. López se desempeña esporádicamente como personal de limpieza. El grupo familiar se domicilia en una habitación que han adquirido mediante la compra al primer ocupante del inmueble, quien no es el dueño legítimo del mismo.
Juan Manuel completó sus estudios primarios y primer año de la escuela secundaria sin dificultades en el aprendizaje ni observándose problemas de conducta. Al momento de la presentación de esta petición el joven se encuentra tramitando activamente su reincorporación al sistema de educación formal.
Con fecha 11 de julio de 2007, Juan Manuel fue declarado inimputable por la supuesta comisión de un delito y sobreseído en virtud de lo dispuesto por el Decreto ley 22.278 y el artículo 336 inc. 5� del Código Procesal Penal de la Nación |15|. Ello dio lugar a la apertura del expediente tutelar en el marco del cual Juan Manuel y su grupo familiar se vieron sometidos a múltiples exámenes socio-ambientales. Los informes sociales que se encuentran agregados al expediente tutelar señalan como aspectos relevantes la situación socioeconómica de la familia del joven Cardozo y las características de la vivienda en que este habitaba. Dichos informes son los que han justificado el encierro de Juan Manuel Cardozo en un instituto de régimen cerrado por más de treinta días.
Del expediente tutelar se desprende que Juan Manuel,
"...proviene de un grupo familiar desmembrado por la separación de la pareja parental; se encuentra desvinculado de su padre desde hace cinco años; que la relación entre la madre y su actual pareja y padrastro del joven no es armónica, y que en la pareja se producen escenas de violencia doméstica que se incrementan con el consumo de alcohol y sustancias tóxicas de su padrastro, que según Cardozo refirió lo mantienen preocupado, ocupado y responsable de dicha situación; por lo que sugiere la conveniencia de trabajar en la línea del egreso con su madre para realizar consulta y tratamiento junto con su progenitora en el medio social. Por ello, al tener en cuenta la actual situación del joven y la imputación que se surge de los autos principales, considero conveniente en su interés superior disponer su permanencia provisoria en el Instituto San Martín, el menor tiempo que proceda, para evaluar la derivación más adecuada en el caso y trabajar en la línea del egreso con su madre para realizar consulta y tratamiento junto con su progenitora en el medio social (art. 37 de la Convención de los Derechos del Niño y en el art. 1 de la ley 22.278 y su modificatoria de la ley 22.803)". (Sin resaltado en el original)
Leonardo Ariel Rosales, nació el 18 de marzo de 1993, y estuvo detenido en el Instituto San Martín en varias oportunidades; en total estuvo encerrado 120 días. Cabe destacar que la primera vez que fue privado de su libertad tenía solo 13 años de edad |16|.
Leonardo es hijo de Andrea Susana Torres y de Pablo Leonardo Rosales con quienes convive junto a sus nueve hermanos en un barrio de características precarias en la localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires. Los ingresos económicos con los que subsiste el grupo familiar provienen de un subsidio estatal y del programa social "Plan Jefes y Jefas de Hogar" que cobra el padre ($150 mensuales), quien a su vez realiza trabajos temporarios de jardinería y plomería.
Según surge del informe social de fecha 2 de febrero de 2007, el cual sustenta la decisión judicial de privación ilegítima de la libertad, se desprende que "[e]l adolescente procede de un grupo familiar sumamente numeroso y en situación de pobreza." En concordancia y al momento de dictar el acto resolutorio que dispone la permanencia de Leonardo en una cárcel para menores de edad, sustenta su decisión argumentando que,
"... la ausencia de familiares en estos estrados que habiliten otra alternativa válida, lo cual amerita sobradamente a ordenar su permanencia en el Instituto San Martín hasta tanto se cuente con indicadores que permitan la posibilidad de reinserción socio familiar. Por lo expuesto; resuelvo ordenar la permanencia del menor LEONARDO ARIEL ROSALES, en el Instituto General San Martín, el tiempo mínimo e indispensable que resulte necesario a fin de realizar y profundizar los estudios conducentes al análisis de su personalidad, condiciones actuales familiares y ambientales en que se encuentre, para arribar a la orientación más adecuada, conforme lo previsto en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el art. 1 de la ley 22.278 y sus modificatoria de la ley 22.803." |17|
David Nazareno Coronel, nació el 12 de septiembre de 1991 y con solo 15 años de edad, estuvo detenido en el Instituto San Martín un total de 102 días |18| a pesar de haber sido declarado inimputable y sobreseído en razón de su edad.
David convive con su madre, la Sra. Stella Maris Coronel y con sus tres hermanos, en una vivienda ocupada. No conoce a su progenitor, quien supuestamente vive en Tucumán, aunque se desconoce su paradero. Por este motivo, la Sra. Coronel es el único sostén económico del hogar familiar y sus ingresos provienen de su empleo como operaria en una fábrica de calzado, siendo éste un trabajo temporario.
La situación económica, social y familiar que rodea al joven Coronel, fue valorada por el Juzgado Nacional de Menores N� 2 para justificar la adopción de la medida de encierro. Es así que el magistrado resolvió,
"Teniendo en cuenta la participación del menor en el hecho precitado |19|, la escasa contención normativa por parte de su progenitora, y habida cuenta la sugerencia efectuada por la Sra. Delegada inspectora quien propicia la realización de evaluaciones que permitan determinar la capacidad volitiva del joven, he de ordenar la permanencia del menor Coronel en el Instituto San Martín, por el tiempo mínimo que resulte indispensable, para arribar a una derivación más adecuada" |20|.
Durante el tiempo que fue privado ilegítimamente de la libertad, no fue informado sobre las causas que justificaban su encierro, así como tampoco pudo conocer cuánto tiempo se prolongaría esta situación. Sumado a ello, David tampoco tuvo contacto con algún abogado defensor.
Como se desprende de los párrafos anteriores, Leonardo, Juan Manuel y David, fueron declarados inimputables y sobreseídos por los delitos que se les había imputado; sin embargo todos ellos fueron privados de la libertad, a raíz de los informes psicológicos y sociales que se limitaban a relatar aspectos familiares, psicológicos, sociales y ambientales y nada tenían que ver con el hecho imputado.
El 20 de septiembre de 2006 la Fundación Sur Argentina interpuso una acción de habeas corpus, en los términos del Art. 43 de la Constitución Nacional (en adelante CN), la ley de procedimiento de habeas corpus (Ley N� 23.098 |22|) y Art. 1� de la ley de Protección Integral (Ley 26.061), en amparo de todas las personas que, por hechos presuntamente cometidos antes de cumplir 16 años de edad, se hallaren privados ilegítimamente de su libertad en virtud de resoluciones judiciales emitidas por Juzgados Nacionales de Menores de la Ciudad de Buenos Aires. |23| Entre las personas privadas de libertad se hallaban las víctimas Juan Manuel Cardozo, Leonardo Ariel Rosales y David Nazareno Coronel.
De las respuestas remitidas por dichos organismos, es posible dar cuenta que, desde septiembre de 2006 hasta el 31 de mayo de 2008, hubo de más de 800 personas menores de 16 años de edad privadas de libertad en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las cuales se encontraban las víctimas Leonardo Ariel Rosales, Juan Manuel Cardozo y David Nazareno Coronel, comprobándose, de este modo, el agotamiento de los recursos internos en relación con las víctimas de la presente petición |48|.
En resumen el colectivo de personas por las cuales se tramitó la acción de habeas corpus incluía a las víctimas Leonardo Ariel Rosales, Juan Manuel Cardozo y David Nazareno Coronel; así como a todos aquellos niños que se encontraban en las mismas condiciones de encierro.
Tales fueron las circunstancias en las cuales han sido privados de su libertad Juan Manuel Cardozo, David Nazareno Coronel y Leonardo Ariel Rosales, y todos aquellos niños que han atravesado y actualmente se hallan en la misma situación de encierro; y todos los muchos que lo serán en virtud de la vigencia del Régimen penal de minoridad argentino. Como fuera extensamente explicado a lo largo de la presente denuncia, el artículo 1� del Decreto ley 22.278 determina la no punibilidad de los menores que no han cumplido 16 años de edad, pero faculta a los jueces competentes, entre otras medidas tutelares, a ordenar su internación en instituciones públicas o privadas cuando se hallaren abandonados, faltos de asistencia, en peligro material o moral, o presenten problemas de conducta. De este modo, la normativa interna permite a los jueces de menores disponer de todos aquellos niños y privarlos de su libertad no ya por razón de la imputación de un hecho cometido, sino por las circunstancias personales y sociales de los chicos. Extremo éste que colisiona frontalmente con los principios básicos de inocencia, culpabilidad, y legalidad.
De esta manera, independientemente del nombre que se le asigne a la respuesta estatal que posibilita el artículo 1� del Decreto Ley 22.278, no hay dudas de que en los hechos dicha medida de "protección" y/o "disposición" se traduce en una privación de la libertad. En este caso en concreto, el Estado argentino ha privado de la libertad a Leonardo, a David y a Juan Manuel siendo menores no punibles, en virtud de su condición familiar y social, a través de una norma que no cumple con las formalidades propias exigidas para una ley.
Por todo ello, la privación de libertad de Leonardo, Juan Manuel y David violan de manera flagrante el art. 7 de la CADH por resultar ilegítimas y arbitrarias al igual que en el caso de todas aquellas personas menores de 16 años de edad que han sido o que actualmente se encuentran privadas de la libertad.
El proceso que habilitó la privación de la libertad de Juan Manuel, de David Coronel y de Leonardo, y de todos los niños en iguales condiciones, se enfrenta decididamente con el Artículo 8 de la CADH --y con los Artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño-- en tanto las medidas de encierro han sido adoptadas sin sujeción a las garantías procesales y principios fundamentales que debiera tener cualquier tipo de intervención estatal coactiva.
En el caso de David, Leonardo y Juan Manuel la medida de privación de libertad es adoptada en el marco del expediente tutelar, y sólo encuentra su fundamento en los informes sociales, psicológicos y ambientales, realizados tanto en relación al joven como a su familia.
Nunca Leonardo, ni David, ni Juan Manuel ni sus familias tomaron contacto alguno ni tuvieron acceso al expediente judicial.
Por todos los argumentos expuestos, no cabe más que concluir que en el presente caso el Estado argentino ha violado los derechos reconocidos en los artículos 8 de la Convención Americana --en conjunción con los artículos 37 y 40 de la CDN-- al privar de la libertad a Leonardo, David y a Juan Manuel y todos los niños en iguales circunstancias, sin garantizar un procedimiento legal que cumpla con las garantías básicas del debido proceso.
En este sentido, se ha privado de libertad a Juan Manuel, David y Leonardo, siendo no punibles, y en virtud de su condición de vulnerabilidad social. Como ya hemos desarrollado, la medida de encierro sobre las personas menores de dieciséis años es adoptada a través de un procedimiento que no cumple con las garantías del debido proceso |70|. En conclusión, estos niños -como todas aquellas personas menores de edad en idéntica situación-- han sido ubicados en una posición más perjudicial que los adultos, en relación a la imposición del poder punitivo del Estado. Es así que, el Estado argentino ha vulnerado también el artículo 24 CADH en la medida en que el trato diferente pone a los niños en una situación más gravosa y desventajosa que en el caso de los adultos.
Por todo lo anteriormente manifestado, sostenemos que el Estado argentino incumplió el compromiso internacionalmente asumido, toda vez que transgredió los derechos previstos en los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos), 2 (deber de adoptar las disposiciones de derecho interno), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (derecho a la garantías judiciales), 9 (principio de legalidad), 17 (protección de la familia), 19 (derechos del niño) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Leonardo Ariel Rosales, David Nazareno Coronel y Juan Manuel Cardozo y de todas las personas que, siendo no punibles al momento de cometer el hecho que se les imputa, que han sido y continúan siendo privadas arbitraria e ilegítimamente de su libertad en institutos de régimen cerrado, y solicitamos a la Ilustre Comisión que oportunamente declare que el Estado argentino es responsable de la violación de los derechos aquí denunciados y presente la demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También fue posible detectar la inexistencia de un reglamento escrito que establezca tanto las condiciones de convivencia como las sanciones disciplinarias que se aplican a los niños y adolescentes. Esto adquiere especial relevancia en el Instituto San Martín, ya que allí existe un pabellón N� 5 donde se encuentran alojados niños y adolescentes que, según las autoridades de la institución, tienen problemas de conducta, y una celda de aislamiento, sin mobiliario y sin baño. Los jóvenes que suscriben la presente petición --Leonardo, David y Juan Manuel-- han brindado su testimonio sobre las severas sanciones padecidas, ejecutadas por personal de seguridad, y cumplidas, algunas de ellas, en el mencionado Pabellón n� 5. Huelga decir que no existe control judicial alguno sobre estas medidas y menos aún un procedimiento que permita su impugnación |89|.
Así, por ejemplo, David Coronel fue víctima de la práctica de aislamiento, la cual consistió en el encierro en un cuarto de 3 por 3 metros, donde permaneció durante tres días, sin poder tener contacto con el resto de los jóvenes que se encontraban allí alojados, debiendo permanecer confinado sin luz natural, sin posibilidad de higienizarse ni poder hacer sus necesidades fisiológicas en un lugar acorde a tales efectos --debía orinar en una botella que era suministrada por los guardias del establecimiento--. A lo largo de estos tres días, la alimentación fue escasa y era proveída por una pequeña rejilla que se encontraba en la puerta blindada, debiendo David alimentarse en el mismo lugar donde hacía sus necesidades |90|.
Por su parte, Juan Manuel Cardozo y Leonardo Rosales, aún cuando no sufrieron esta sanción, acreditaron la existencia de un pabellón de aislamiento y de la falta de puertas en los sanitarios.
De acuerdo al testimonio de Leandro Ariel Rosales, debió soportar malos tratos por parte del personal y de otros adolescentes en él. Además relató que durante el tiempo de permanencia en el centro, otros adolescentes solían tomar efectos de su propiedad, como así también de los guardias quienes en múltiples oportunidades se disponían a ejercer malos tratos sin motivo alguno, haciéndolos formar fila y suministrándoles golpes indiscriminadamente. Las noches resultaban ser el momento en que vivenciaba mayor temor, motivo por el cual Leonardo no solía conciliar el sueño, permaneciendo despierto durante la mayor parte de la noche.
David Nazareno Coronel, a su vez, durante el tiempo en que estuvo privado de su libertad, debió ser atendido por un médico a raíz de una herida en su espalda. Sin embargo no recibió los cuidados necesarios al no serle suministrados medicamento ni tratamiento alguno, debiendo soportar los fuertes dolores de la herida.
Por su parte, Juan Manuel Cardozo debió soportar la represión de los guardias que se encontraban desempeñando tareas de vigilancia de los jóvenes, ante las peleas entre compañeros. Ante dicha circunstancia, personal de vigilancia reaccionaba con la práctica conocida como "engome", la cual consiste en dirigir palazos en forma indiscriminada.
Tampoco se cumplen con las visitas familiares. A título ilustrativo, Juan Manuel tenía pautado dos días de visitas por semana. Sin embargo, para poder realizar llamados telefónicos a su madre debía someterse a tareas de limpieza en los espacios especialmente ocupados por los guardias. Solo así podía acceder al "privilegio" de contactarse telefónicamente con ella.
Copia simple del expediente tutelar número 93.313/07, en relación a Juan Manuel Cardozo. (Documentación identificada como Anexo 2)
Copia simple del expediente tutelar número 9.105/07, en relación a Leonardo Ariel Rosales. (Documentación identificada como Anexo 3)
Copia simple del expediente tutelar número 9259/07, en relación a David Nazareno Coronel (Documentación identificada como Anexo 4)
2. Conforme surge de la copia de los informes que acompañamos junto a la presente petición, Leonardo estuvo detenido en el Instituto San Martín entre: 1) el 28 de septiembre de 2006 y el 27 de octubre de 2006, 2) 16 de diciembre de 2006 - un día - ; 3) 1 de febrero de 2007 y el 20 de marzo de 2007; 4) 2 de abril de 2007 y el 11 de mayo de 2007; 5) 3 de noviembre de 2007 y el 4 de noviembre de 2007; 6) el 10 de febrero de 2008 - un día-; y 7) 15 de marzo de 2008 y el 17 de marzo de 2008. (Anexo 01).
14. Juan Manuel Cardozo estuvo detenido en el Instituto San Martín entre el 26 de junio y el 27 de julio de 2007. Se acompaña copia simple del expediente tutelar Nro. 9313/07 (Causa Nro. 12.733) el cual se encuentra identificado como anexo 02.
16. Conforme surge de la copia de los informes que acompañamos junto a la presente petición, Leonardo estuvo detenido en el Instituto San Martín entre: 1) el 28 de septiembre de 2006 y el 27 de octubre de 2006, 2) 16 de diciembre de 2006 - un día - ; 3) 1 de febrero de 2007 y el 20 de marzo de 2007; 4) 2 de abril de 2007 y el 11 de mayo de 2007; 5) 3 de noviembre de 2007 y el 4 de noviembre de 2007; 6) el 10 de febrero de 2008 - un día-; y 7) 15 de marzo de 2008 y el 17 de marzo de 2008. (Anexo 01).
18. David Coronel estuvo encerrado en el Instituto San Martín entre el 12 de mayo y el 22 de agosto de 2007. Se acompaña copia simple del expediente tutelar Nro. 9259/07 (Causa Nro. 12.635) (Anexo 04).
21. A David Coronel le recomendaron realizar tratamiento en un Centro de Prevención y Asistencia cercano a su domicilio y acompañamiento del Programa "Libertad asistida dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia" (SENNAF). También habrían dado intervención al Programa "Libertad asistida dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia" dado en relación a Juan Manuel Cardozo. Leonardo Rosales fue trasladado a la Colonía Gutierrez, dispositivo dependiente de la SENNAF para el seguimiento de jóvenes "tutelados".
90. Cfr. Testimonio de David Coronel, víctima de la petición de fondo presentada a esta ilustre CIDH.

References: artículo 336
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 8
 artículo 24