Source: https://www.international-arbitration-attorney.com/es/alejandra-delfin-el-recurso-de-nulidad-y-la-recepcion-de-la-jurisprudencia-en-la-decision-de-los-comites-ad-hoc/
Timestamp: 2019-08-18 15:31:16+00:00

Document:
[Revista de Derecho Administrativo (PREPARAR) #84, Ed. LexisNexis – Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. páginas 1817/1829. diciembre 2012. ISSN 1851-0590]
(un) Cada Parte cumplirá los compromisos que hubiera contraído con respecto a las inversiones (Artículo II(2)(do) el TBI) (la denominada “cláusula paraguas”).
(segundo) Se otorgará siempre un trato justo y equitativo a las inversiones, las que gozarán de entera protección y seguridad y en ningún caso se les concederá un trato menos favorable que el que exige el derecho internacional (Artículo II(2)(un) el TBI) ( “cláusula de trato justo y equitativo”).
(do) Cada Parte permitirá que todas las transferencias relativas a una inversión que se envíen a su territorio o que salgan de él se realicen libremente y sin demora (Artículo V del TBI) (“cláusula sobre transferencias”).
(re) Las inversiones no se expropiarán o nacionalizarán directamente, ni indirectamente mediante la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización, salvo que se haga, entre otras condiciones, mediante pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva (Artículo IV del TBI) (“cláusula relativa a la expropiación”)[7].
En primer lugar, en lo que corresponde a la extralimitación manifiesta en las facultades (Artículo 52(1)(segundo)), el Comité señala que “esta causa de anulación es válida en caso de que el tribunal carezca de competencia, como puede ocurrir si la diferencia no queda cubierta por el acuerdo de arbitraje. Esta causa de anulación también puede ser válida cuando el tribunal no tiene en cuenta el derecho aplicable o basa su laudo en normas de derecho distintas de las aplicables según lo dispuesto en el Artículo 42 del Convenio del CIADI”[18]. Cumplimenta dicho recaudo señalando además que el error del Tribunal debe ser “manifiesto” e indiscutible, razón por la cual, concluye, no es suficiente un malentendido (y menos aún un desacuerdo) respecto del contenido de una norma particular[19].
Así, expresa: “[...] estos argumentos exageran el efecto del Artículo 52(1)(segundo) del Convenio del CIADI puesto que, de aceptarse, los procedimientos de anulación se reconvertirían en procedimientos de apelación […] El Comité considera que la aplicación errónea de principios relativos a la interpretación de los tratados es también en sí misma un error de derecho, y no una extralimitación manifiesta de facultades, por lo menos cuando el error tiene relación con la cuestión sustantiva sobre la que debe decidir el Tribunal, y no con una cuestión relativa a la competencia del Tribunal [...] Esa actuación no constituye una extralimitación de facultades. Siempre que el tribunal:
(un) aplique el derecho aplicable (sea un tratado, o derecho internacional general, o el derecho de un Estado concreto), y
(segundo) exprese los motivos de su decisión respecto de todas las cuestiones que se le presentaron para que decidiera sobre ellas, el tribunal no tiene que ocuparse expresamente de cada disposición del derecho aplicable que las partes invoquen en sus argumentos, no fortiori, de las disposiciones que las partes no invoquen en sus argumentos ante el tribunal”[20]
En segundo lugar, y en lo que corresponde al quebrantamiento grave de una norma de procedimiento (Artículo 52(1)(re)), el Comité cita la Primera Decisión sobre Anulación de Vivendi, oportunidad en la que se señaló que “[...] Conforme al Artículo 52 (1) (re), el énfasis está puesto en el término “norma de procedimiento”, es decir, en la manera en que el Tribunal procedió, no en el contenido de su decisión”[22].
Finalmente, y respecto de la falta de expresión en el laudo de los motivos en que se funda (Artículo 52(1)(mi)), el Comité coincide que “si bien los tribunales tienen el deber de tratar cada una de las pretensiones que se les presenten (Artículo 48(3) del Convenio del CIADI), no están obligados a formular observaciones sobre todos los argumentos de las partes en relación con esas pretensiones. En la Decisión sobre Anulación de Enron se dijo que “no corresponde al comité de anulación examinar meticulosamente el razonamiento del tribunal en una cuestión determinada para comprobar que cada punto planteado por alguna de las partes haya recibido una respuesta clara” (traducción del Comité)”[24]
“El Tribunal concluyó que el Artículo XI se aplicaba a las medidas específicas que había adoptado la Argentina en este caso, debido a que lo había hecho “frente a la crisis económica y social”, y que “[mi]l diseño de las Medidas fue suficiente para abordar la crisis y se aplicaron de manera razonable y proporcional a fines de 2001-2002.
“Cierto es que el Tribunal no aborda expresamente la cuestión de si la Argentina podría tener algún tipo de responsabilidad en el marco del TBI con relación a las medidas adoptadas en 2001-02 una vez superada la crisis económica. No obstante, el Comité está convencido de que la posición del Tribunal en esta cuestión puede inferirse claramente a partir de una lectura integral del Laudo. El Tribunal concluyó que, debido a la crisis reinante en ese momento, el TBI sencillamente no era aplicable a las medidas adoptadas en 2001-02 en virtud del Artículo XI. Por ello, estados, “debe entenderse como implícita la idea de que, según el Tribunal, la Argentina no tenía obligación alguna de indemnizar a Continental por haber adoptado dichas medidas una vez superada la crisis. Si en efecto, como concluyó el Tribunal, el TBI no era aplicable a las medidas adoptadas en 2001-02 en virtud del Artículo XI debido a la crisis reinante en ese momento, cabe inferir que dichas medidas no constituyen una violación del TBI aunque sus consecuencias sigan percibiéndose después de la crisis. El Tribunal consideró que no era importante determinar si se trataba de medidas temporarias o permanentes y, en cada caso, si los efectos temporarios o permanentes siguieron percibiéndose una vez superada la crisis. y, como determinó el Tribunal, dichas medidas se encuadraban en el Artículo XI, sería lógico concluir que el TBI no se aplicaba a las consecuencias que estas pudieran seguir generando, incluso una vez superada la crisis económica”[28].
Así, adoptando el sentido opuesto al sostenido por Continental, el Tribunal entendió que el Artículo XI del TBI sí delimita el campo de aplicación del TBI. Con cita a la Decisión sobre Anulación recaída en el caso CMS, indica la semejanza a este Caso por cuanto en aquella oportunidad también se criticó el Laudo por "asumir[r] simplemente que el Artículo XI y el Artículo 25 tienen un mismo fundamento”, y por no reconocer que “el Artículo XI es sustancialmente distinto del Artículo 25”.
Sean cuales fueren las razones por las que el Tribunal no abordó este argumento en forma más directa, el Comité afirmó que las razones esgrimidas por el Tribunal para rechazarlo se encontraban “implícitas en las consideraciones y conclusiones contenidas en el laudo”. En tal sentido, rechaza la afirmación de que el Tribunal no expresó motivos conforme a lo dispuesto en el Artículo 52(1)(mi) del Convenio del CIADI al no aceptar el argumento planteado en los párrafos 360 un 364 del Memorial de Réplica de Continental[30].
Por último, y contrarrestando el argumento respecto de la discrepancia de la Resolución del Tribunal Arbitral con antecedentes similares al Caso, concluye que el argumento de que Laudo no sea congruente con el aquel dictado en el caso LG&mi, no puede conducir a entender que se trata de un error anulable. Si bien, como se señaló, el Comité destaca la importancia de la adopción de antecedentes al momento de resolver la controversia, concluye que el Tribunal en oportunidad de resolver el litigio, no estaba obligado a seguir decisiones anteriores emitidas por otros tribunales del CIADI. Incluso, resalta, que aun en el supuesto de que otro laudo del CIADI fuera acertado respecto de una determinada cuestión de derecho y el Laudo estuviera desacertado, ello constituiría meramente un error de derecho, lo que no configura una causal de anulación y, por lo tanto, no le corresponde al Comité determinar si el Tribunal aplicó el derecho correctamente[32].
Es que, como se da en este caso, si bien en el TBI suscrito con EE.UU. se contempla la inmunidad de jurisdicción al establecer que los tribunales arbitrales bajo las reglas del CIADI serán los competentes para dirimir aquellos conflictos surgidos como consecuencia de las acciones alcanzadas por el TBI, aunque también está presente la inmunidad de jurisdicción, este es un asunto excusable para Argentina, y que sirve para evitar que el laudo sea ejecutado en nuestro país. En este sentido, la excusabilidad para la no ejecución del laudo en base a la inmunidad de ejecución no ha tenido la mejor de las aceptaciones. Esta realidad no hace más que descender los niveles de confianza a nuestro país y por ende desalentar las inversiones extrajeras en Argentina. Propósito éste que, justo, es el que se buscó desde un principio con la suscripción de los TBI con terceros Estados. Como señala Abascal, “la noticia de que una corte local anuló anormalmente un laudo internacional corre rápidamente por todo el mundo, y esto afecta la credibilidad que la comunidad empresarial internacional tiene en las leyes y el sistema jurídico del país donde se hizo la anulación. Esto no es bueno para los países en un mundo con competencia por la inversión extranjera”[37].
[1]A fines de 1999, comenzó la crisis económica, social, y política a mostrar sus primeros síntomas, acentuándose con el tiempo hasta el dictado en 2002 de la Ley de Emergencia 25561. Esta norma vino a eliminar el derecho de calcular las tarifas en dólares de los Estados Unidos convirtiendo las tarifas a pesos argentinos, aplicó a las operaciones el tipo de cambio libre, y prohibió los ajustes según el IPP, medidas éstas que sirvieron de sustento a la mayoría de los reclamos llevados al ámbito del CIADI. Esta temática es abordada por numerosos autores, entre los que pueden citarse a: Graciarena, María Carolina, “La inmunidad de ejecución del Estado frente a los Laudos del CIADI”, LexisNexis, Buenos Aires (1997), Tawil, Guido S., Zuleta, Eduardo (Usted.), “El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario”, Abeledo Perrot, Buenos Aires (2008), Beltrán, Gambier y Fabré, María Carolina, “La Argentina y los inversores frente al CIADI”, en Ley 2006-E, 1296; Acosta, Juan F., Bostiancic, María Carla, “La situación de la República Argentina ante el CIADI”, en ley, Suplemento Actualidad, del 30/11/2006; entre otros.
[2]La lista de los casos en los que Argentina es parte puede encontrarse en la página web del CIADI www.icsid.worldbank.org. A la fecha de este trabajo (Mayonesa 2012), Argentina reviste como Parte en cincuenta y cuatro (54) casos ante este Tribunal.
[3] Tal es el caso de “Sempra Energy c. República Argentina” (Sempra Energy International (Demandante) do. República Argentina (Demandada/Solicitante) (Caso CIADI No. ARB / 02/16). Decisión de Anulación. Sugiero ampliar en Guaia, Carlos I. “El error de derecho como exceso de jurisdicción”. En La Ley, Año XXVI, Número 35, del 1° de setiembre de 2010); “Enron & Ponderossa Activos c. República Argentina” (Caso CIADI Nº ARB/01/03, del 22 de mayo de 2007); entre otros.
[5]Marzorati, Osvaldo J. “El recurso de nulidad en el CIADI y la experiencia argentina”, y LL 2010-F, del 29/11/2010
[11] Párrafos 71 y 73, con remisión a los párrafos 220 un 222, y 246 un 270 del Laudo, de fecha 5 de septiembre de 2008.
[12]El Artículo 52 (1) del Convenio del CIADI reza: ”Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al Secretario General fundado en una o más de las siguientes causas: (un) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; (segundo) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades; (do) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; (re) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; (mi) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde”
[13] En particular, el Arte. 50.1.do, señala que debe indicarse “en una solicitud de anulación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52(1) del Convenio, las causales en que se funda. Estas causales estarán limitadas a las siguientes: – que el Tribunal no estuvo debidamente constituido; – que el Tribunal ha excedido manifiestamente sus atribuciones; – que hubo corrupción de parte de un miembro del Tribunal; – que hubo una violación seria de una regla fundamental de procedimiento; – que el laudo no ha dejado constancia de las razones en que se funda”.
[19] Con cita MTD, Decisión sobre Anulación, párrafos 47 y 48; también MCI, Decisión sobre Anulación párrafos 49, 51, 55; Azurix, Decisión sobre la Solicitud de Anulación párrafos 64 un 69; rumeli, Decisión sobre Anulación párrafo 78; Enron, Decisión sobre Anulación párrafo 69; Duque, Decisión sobre Anulación párrafos 98, 99, 160 y 182
[20] Párrafos 90 un 92, Cita a estafar Christoph Schreuer, El Convenio del CIADI: Un Comentario (2.un edn. 2009) (“Comentario de Schreuer”), pág. 964 . Asimismo, cita el párrafo 226 de la Decisión al señalar que “[…] el hecho de no tener en cuenta de forma involuntaria un detalle en el derecho es uno de los errores jurídicos más comunes. Un argumento pars pro toto en el sentido de que no tener en cuenta una disposición equivale a no aplicar la ley no parece que pueda sostenerse. No es posible distinguir entre una omisión parcial en la aplicación y una aplicación errónea”(traducción del Comité).
[22] Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. do. La República Argentina, Caso CIADI No. ARB / 97/3, Decisión sobre la Anulación, 3 de julio de 2002
[24] Párrafo 98. Con cita MCI, Decisión sobre Anulación, párrafos 66 y 67; Enron, Decisión sobre Anulación, párrafos 72 y 222. También Helnan Internacional Hoteles A / S c. la República Árabe de Egipto, Caso CIADI nro. ARB / 5.19 (Procedimiento de Anulación), Decisión del Comité ad hoc, 14 de junio de 2010 (“Helnan, Decisión sobre Anulación”) párrafos 36 y 37. Enron, Decisión sobre Anulación, párrafo 110.
[29] informe, párrafo 168. El Comité continúa detallando el razonamiento del Tribunal señalando que en la nota al pie 241 del Laudo, éste citó uno de los informes de los relatores especiales elaborado durante el trabajo realizado por la CDI sobre los Artículos de la CDI en los siguientes términos: “[do]uando un Estado invoca el estado de necesidad, tiene pleno conocimiento del hecho de que opta intencionalmente por un procedimiento que no se ajusta a una obligación internacional”. A continuación agregó: “Éste es un argumento que no resultaría aplicable a la invocación del Artículo XI” (párrafo 121)
[36] Este tema ha sido estudiado en numerosos trabajos, entre los que pueden citarse: Rivera, Julio César, “Las normas de procedimiento locales y la Convención. Remisión al procedimiento vigente y sus posibles contradicciones con la Convención”, uno Tawil, GRAMO., Zuleta, mi. (Usted.), “El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008. PAG. 323 y sgts.
[37] Abascal, José María, “Anulación de Laudos y sus efectos”, uno Tawil, GRAMO., y Zuleta, MI., “El arbitraje…”, la. cit., pag. 535.

References: Artículo 42
 Artículo 52
 Artículo 52
 Artículo 25
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 Artículo 52
 Resolución 
 Artículo 52
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