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Timestamp: 2018-08-17 09:58:24+00:00

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﻿ Sentencia 31826 de marzo 3 de 2009
SENTENCIA 31826 DE 03 DE MARZO DE 2009
CONTENIDO:LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES. LA FALTA DE AUTORIZACIÓN DEL EMPLEADO PARA LA REALIZACIÓN DE DESCUENTOS DE LA LIQUIDACIÓN FINAL, NO SIGNIFICA QUE EL EMPLEADOR NO DEBA REALIZAR LAS DEDUCCIONES LEGALMENTE AUTORIZADAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, DEDUCCIÓN POR PAGO LABORAL
Sentencia 31826 de marzo 3 de 2009
Rad. 31826
Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil nueve.
En lo que estrictamente concierne al recurso extraordinario, la sociedad impugnante, a la que el señor Nélson Seco Aldana demandó para que se la condenara a pagarle las sumas de dinero que por concepto de fondo de empleados - aportes y casino, le dedujo, sin autorización, de la liquidación final de prestaciones sociales, más indemnización moratoria y costas, objetivo que logró tanto en primera como en segunda instancia, controvierte la sentencia antecitada mediante la cual el tribunal confirmó la condenatoria del a quo en tal sentido.
El accionante prestó sus servicios personales a Jardines de Paz S.A. mediante contrato de trabajo vigente del 15 de septiembre de 1976 al 18 de octubre de 2000. Su salario promedio mensual fue de $ 648.134,00; ocupó el cargo de almacenista de campamento y fue despedido injustamente, aspectos todos estos sobre los cuales no hay discusión para los efectos del recurso extraordinario.
La demandada se opuso a las pretensiones; adujo, en síntesis, que el demandante fue socio del fondo de empleados de aquélla y que, en tal calidad, adquirió préstamos cuyo pago autorizó descontar de los salarios y prestaciones que le pudieran corresponder en caso de terminación de la relación laboral con la enjuiciada; que, al terminar el contrato, liquidó y pagó todo lo debido al actor, por lo que nada le adeudaba.
Las instancias culminaron en el sentido antes indicado.
En la demanda inicial del proceso concerniente al recurso extraordinario, en el hecho 7, el accionante expresó:
“Como consecuencia de lo anterior, los siguientes emolumentos prestacionales no le (sic) fueron cancelados a mi representado, así:
“A. Descuentos sobre salarios y prestaciones. Por este concepto los correspondientes a las deducciones realizadas en la liquidación de prestaciones sociales y que no fueron autorizadas por el trabajador, así: (resalta la Sala).
— Fondo de empleados —aportes— $ 588.016.00.
— Descuento casino $ 28.800.00”.
El ad quem, al analizar lo relativo a la devolución de tales dineros deducidos o descontados en la liquidación final de prestaciones sociales argumentó:
“... es de resaltar que la demandada no demostró como era su carga (CPC, art. 177), la existencia o no del documento legal (pagaré, libranza o letra de cambio) mediante el cual se constatará (sic) que el actor tenía alguna deuda vigente para con el mencionado fondo o con el casino, por lo tanto las deducciones efectuadas por la empresa se produjeron en forma ilegal y conllevan a determinar por esta Sala a confirmar la decisión condenatoria del juez del conocimiento”.
Es decir, que el colegiado hizo derivar, la calidad de ilegal de los descuentos de marras, del hecho de no acreditar la empleadora la existencia o no (sic) del documento que probara que el ex trabajador tenía alguna deuda vigente con el fondo de empleados o con el casino, con lo cual, es palpable, que incurrió en los dos primeros yerros fácticos enrostrados en el cargo, ya que el accionante no hizo radicar su inconformidad en la circunstancia de no deber lo deducido sino en el no haber autorizado la deducción; así lo reiteró en el acápite de pretensiones, al pedir que se condenara a:
Estimó el tribunal, entonces, erróneamente la demanda en tal aspecto, e incurrió, palmariamente, en los errores de hecho 1 y 2 imputados en el primer cargo, que, como lo alega la censura, fueron determinantes de la decisión en cuanto a la devolución de tales sumas y, de contera, en la carga moratoria impuesta, por lo que prospera la acusación y habrá de casarse parcialmente la sentencia impugnada, conforme a lo solicitado en el alcance de la impugnación, en lo atinente a haber confirmado la de primera instancia respecto de las condenas relacionadas con los descuentos practicados en la liquidación final del contrato y con la sanción moratoria.
En sede de instancia es de señalar, en lo que concierne a la deducción hecha por concepto de aportes al fondo de empleados, que se trataba de un descuento tan legal como el realizado por concepto de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, o en salud, o por razones tributarias, como retención en la fuente, o por razón de aportes o créditos con cooperativas, o por concepto de multas (CST, art. 113), cuotas sindicales o cajas de ahorros autorizadas en forma legal (art. 150, ibíd.); hubo, simplemente, aplicación de lo prescrito por el artículo 4º de la Ley 920 de 2004, el cual dispone que:
“Toda persona, empresa o entidad pública o privada, estará obligada a deducir y retener, de cualquier cantidad que haya de pagar a sus trabajadores o pensionados, las sumas que estos adeuden a la caja de compensación o cooperativa o fondos de empleados, cuya obligación conste en libranza, títulos valores, o cualquier otro documento suscrito por el deudor, quien para el efecto deberá dar su consentimiento previo...”.
Es de reiterar lo indicado en sede de casación, en cuanto a que, el accionante, en su demanda, no planteó su inconformidad en el hecho de inexistencia de la obligación o de no adeudar lo deducido con destino al fondo de empleados, sino que aludió fue a la falta de autorización suya para realizar tal descuento, la cual, conforme a la preceptiva indicada, no resultaba, entonces, necesaria. Es decir, planteó la situación bajo la óptica de la transgresión del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, sin tener en cuenta que se trataba, como se anotó, de un descuento legal que debía realizar el empleador al no discutirse ni su afiliación al fondo ni la existencia de la deuda del accionante con este; afiliación, cuya existencia, por demás, fue ratificada en la litis mediante la confesión ficta derivada del interrogatorio de parte por escrito cuya fallida e injustificada absolución trajo como consecuencia que se declararan ciertas las preguntas asertivas 6 a 9 de aquel, dentro del cual la 7 rezaba: “Diga cómo es cierto si o no que usted se encontraba afiliado al Fondo de Empleados de Jardines de Paz S.A.?” (fls. 50, 52, cdno. Jdo. 1º Laboral del Circuito de Bogotá).
Cuanto al descuento de $ 28.000 por concepto de casino o cafetería de la empresa, acierta la sociedad recurrente en lo expuesto en el segundo cargo, en cuanto a que, la jurisprudencia de esta Sala ha definido que las restricciones o limitaciones legales previstas por los artículos 59 y 149 del Código Sustantivo del Trabajo, solo tienen operatividad en vigencia de la relación laboral, por lo cual la errada interpretación se hace presente cuando el tribunal entiende que producen efecto aun después de terminado el contrato.
Sobre lo atrás señalado, es de recordar lo adoctrinado por la Corte. Así, en la Sentencia 27282 de 2008, en la que se reiteraron otras anteriores, se expresó:
“De otro lado, cabe también razón a la contraparte, respecto a la facultad legal de la que disponía la demandada para efectuar las compensaciones de las deudas del actor, una vez finalizado el contrato de trabajo, ya que conforme lo ha expresado esta corporación:
“Respecto del alcance del numeral 1º artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo esta Sala ha precisado:
“En el cargo se acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por aplicación indebida del numeral 1º del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, que prohíbe al empleador deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones sin autorización expresa y por escrito para cada caso por parte del trabajador”.
“Es cierto que el tribunal al darle valor a la autorización otorgada por el trabajador al momento de suscribir el contrato de trabajo y para que obrara por deudas de cualquier concepto, no se ajustó de manera exacta a los requerimientos del numeral 1º del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo; en consecuencia el cargo tiene fundamento pero no prosperidad porque al entrar a hacer las consideraciones de instancia se advertiría lo siguiente:
“Presupuesto previo a dilucidar las características con que se ha de revestir el otorgamiento de una autorización de descuento, es el determinar si esta es o no exigible”.
“Las restricciones al derecho de compensación del empleador mediante la prohibición de descuentos sin autorización tiene carácter protector plenamente justificado durante la vigencia del contrato de trabajo, es decir, cuando está en pleno vigor la dependencia y subordinación del trabajador en relación con el empleador”.
“Pero para el momento de terminación del contrato la subordinación desaparece, como también fenece el carácter de garantía que los salarios y prestaciones sociales ofrecían para los créditos dados por el empleador al trabajador y otorgados para el cabal desarrollo del objeto del contrato de trabajo por suministro de equipos, materiales o de las sumas entregadas para su adquisición, o para el bienestar del trabajador bajo la forma de anticipos de salario, o de préstamos para solucionar necesidades de seguridad social, ora por vivienda, salud, o calamidad doméstica”.
“La consecuencia razonable de que los créditos laborales consolidados o de los que se tuviere la expectativa de que se van a generar por la subsistencia del vínculo laboral futuro, se hubieren ofrecido como garantía de pago de dinero es que valgan como tales y por tanto obren sin restricciones en el momento límite de su eficacia, esto es para cuando se ha de liquidar el contrato de trabajo y se clausura la posibilidad de la causación de más salarios o prestaciones sociales”.
“Tiene decisiva incidencia el momento en el cual se hace valer el descuento, para determinar si se requiere o no la autorización de descuento, pues si es el de la terminación del contrato de trabajo, porque (sic) hasta allí es el ámbito en que actúa la vocación tuitiva que inspira el artículo 59 del Código Laboral sin producir consecuencias adversas en el mundo laboral; si a los créditos laborales se les niega su valor pignoraticio por no poder obrar frente a ellos la compensación en el momento de la terminación del contrato, se afecta la fluidez de aquellas relaciones laborales para cuyo cabal desarrollo se deban entregar valores al trabajador; o el que los trabajadores se beneficien de formas de crédito empresariales que no pueden obtener en el mercado financiero”.
“Las razones anteriores persuaden a la Sala a seguir la línea doctrinaria fijada cuando dijo:
“‘Las normas prohibitivas de la compensación rigen durante la vigencia del contrato laboral; concluido este, aquella queda bajo el imperio de las del Código Civil. Terminado el contrato desaparecen los peligros que el legislador quiso conjurar; patrono y asalariado vuelven al plano de la autonomía de la voluntad o de la libertad contractual’ (sent. mar. 1º/67)”.
“La compensación solo procede con obligaciones plenamente exigibles, esto es, si el trabajador debió satisfacerlas durante la vigencia del contrato, o las contrajo bajo la condición de que se hacían exigibles en el momento de la terminación del contrato de trabajo”.
“En el orden sistemático que adopta el Código para la protección de la integridad de pago de la remuneración laboral primero actúa la prohibición de descuentos del salario o de las prestaciones sociales sin autorización expresa, mientras el contrato está vigente; y para cuando este termina, aquella es relevada por la garantía prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por la cual los valores insolutos debidos a la mala fe patronal generan para el trabajador la sanción conocida como de brazos caídos. De esta manera, los descuentos que de la liquidación de créditos del trabajador hiciere el empleador por deudas inexistentes o no exigibles acarrea la sanción indicada (sent. 10/9/03, rad. 21057, ratificada en la 25894 de 2006)”.
“Por lo tanto, como la deducción por préstamo para estudio practicada al recurrente fue efectuada cuando ya el contrato había finalizado, y la alegación se restringió a la ausencia de consentimiento escrito para realizarla, como dicha autorización, conforme a la jurisprudencia de la Sala al respecto, no era ya en realidad requerida, el error endilgado no se configuró...”.
Cabe advertir que, aunque el censor, en entendible prudencia argumentativa, toca el tema de la prima de servicio a cuyo pago fue condenada la empresa al prosperar la pretensión de indemnización por despido injusto, al no ser ello materia del recurso, resulta inane cualquier alusión al respecto.
En consecuencia, si el actor lo que alegó fue que los descuentos efectuados en su liquidación final de prestaciones sociales por los conceptos de marras, no habían sido autorizados, y tal autorización no era, en realidad, requerida, todo ello conduce a que la empresa no podía ser condenada a devolver dichas sumas y, ante ello, la carga moratoria impuesta, derivada de tales deducciones, por sustracción de materia, deviene en inaplicable.
Cuanto a costas, no hay lugar a ellas en el recurso extraordinario, dada su prosperidad; las de primera y segunda instancia serán a cargo de la demandada, en un cincuenta por ciento.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 18 de agosto de 2006 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral adelantado por Nélson Seco Aldana en contra de la sociedad Jardines de Paz S.A.. En sede de instancia, revoca parcialmente la proferida, dentro de dicho proceso, el 17 de febrero de 2006, por la señora Juez Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, en lo atinente a las condenas a pagar $ 616.816.00 por devolución descuentos, e indemnización moratoria, respecto de las cuales SE ABSUELVE.
Sin lugar a costas en el recurso extraordinario, dada su prosperidad; las de primera y segunda instancia serán a cargo de la demandada, en un cincuenta por ciento.

References: artículo 4
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 65