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Timestamp: 2017-05-29 07:38:21+00:00

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Contestación a Páez Pumar | Dr. POLÍTICO
Contestación a Páez Pumar
por Luis Enrique Alcalá | Dic 15, 2002 | Estudios, Política | 0 Comentarios
A: OSWALDO PAÉZ PUMAR
DE: LUIS ENRIQUE ALCALÁ 15 de diciembre de 2002
ASUNTO: COMENTARIOS A TU ARTÍCULO “¿POR QUÉ EL GOBIERNO SE RESISTE AL REFERENDO?”
A fines de 1993, Oswaldo, José Vicente Rangel entrevistaba a Don Arturo Uslar Pietri en el programa que por ese entonces el hoy Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela conducía en Televén. Comoquiera que el tema de una constituyente venía siendo planteado con insistencia desde 1989 (desde el “Frente Patriótico” liderado por Juan Liscano), Rangel inquirió sobre el punto a Uslar Pietri. (En realidad, sobre el tema de una reforma constitucional). Uslar comentó: “Ése es un asunto que debe ser manejado por expertos en derecho constitucional e historiadores”.
Traigo a colación la anécdota porque Uslar Pietri, de estar vivo, habría concurrido contigo en la opinión de que el tema constitucional es asunto técnico y profundo, no propio a la exploración de “algún diletante de la ciencia jurídica”. Asimismo, porque como es práctica común de los pronunciamientos tribunalicios, en particular de aquellos que provienen del Máximo Tribunal, antes de entrar en materia es necesario dilucidar el problema de la competencia. De mi competencia para discutir el tema constitucional.
Porque es que en más de una ocasión, de modo velado y oblicuo, nunca directo y frontal, haces alusiones a mí, más que a mis argumentos, con la expresión “diletante”, que en tu caso lleva intención descalificadora y despreciativa. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por cierto, registra, como última acepción del término, ese sentido peyorativo. Pero también define: “Aficionado a las artes, especialmente a la música. Conocedor de ellas. Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional”.
Tampoco ignoras, por supuesto, que el argumento ad hominem, por más que se exprese con tu florentino estilo de aludir sin nombrar, es una de las falacias más elementales, menos refinadas, más primitivas. Desde el punto de vista lógico esa clase de argumentación es completamente inválida. De modo que si se tratara de una mera referencia de retórica defectuosa dejaría pasar la atribución de diletantismo, dado que no tiene la menor importancia argumental.
Pero como digo, en tu caso, dada la reiteración, parece revelar una posición tomada, según la cual estaría vedado a los ciudadanos comunes el pensamiento jurídico o, como decía Uslar, el asunto constitucional sería territorio estrictamente reservado a especialistas. No estuve de acuerdo con Uslar en esa ocasión. Indudablemente que los expertos en derecho constitucional son imprescindibles en las tareas constituyentes. También pueden aportar conocimiento relevante los historiadores, sin duda. Pero ése no era el sentido del dictum uslariano, y entonces debo tomar distancia de sus implicaciones. Si la única disciplina pertinente a la deliberación constitucional, aparte del derecho, fuese la historia, de algún modo la prescripción de Uslar equivaldría a recomendar que se acometa la labor constituyente con la vista en el pasado. En cambio, creo que serían de invalorable utilidad los aportes de disciplinas diferentes, sobre todo en lo que tiene que ver con el diseño orgánico del Estado. Expertos en organización y sistemas, sociólogos, futurólogos, tendrían mucho que contribuir al diseño de una constitución, especialmente en esta época de rupturas paradigmáticas y de cambios planetarios.
Es por esta clase de razones, Oswaldo, sobre las que podría abundar a placer, que rechazo que me descalifiques. Estoy perfectamente autorizado, en tanto profesional, en tanto intelectual y, sobre todo, en tanto ciudadano, para opinar, con responsabilidad, en el tema que ha ocupado nuestra reciente correspondencia la que, de nuevo, en mi caso es frontal y directa, y en el tuyo oblicua e insidiosa. A tu correo anterior te respondí directamente. Tú escoges la distancia olímpica de la alusión innominada.
Saldado ese punto definitivamente secundario, paso a comentar el nuevo ropaje de tu argumentación jurídico-constitucional, aunque lo haré en mi orden y no en el tuyo, que se me hace farragoso. Será inevitable que repita conceptos y razonamientos, porque tergiversas significado y secuencia lógica de puntos ya dilucidados.
Y voy a comenzar por aclarar un asunto cronológico. Tres años antes de tu conferencia de julio de 2001 en la asamblea de Fedecámaras de ese año, cuatro meses antes de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enero de 1999, ya había escrito (septiembre de 1998), en un brevísimo artículo cuya intención era refutar ciertas argumentaciones contrarias a la convocatoria de una constituyente: “Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente”. Anexo a esta comunicación el texto completo de ese sucinto análisis, a fin de que puedas entender el trozo encajado en su contexto. Igualmente adjunto otro texto más antiguo, “Comentario constitucional”, de octubre de 1995
Esto es, Oswaldo, mi argumentación sobre la vaciedad del artículo 250 de la constitución de 1961 no tiene que ver con lo que tú llegarías a sostener varios años más tarde, y que he calificado de peregrino argumento. Sostuviste que la Constituyente de 1999 y su producto, la Constitución vigente, y a pesar de que hubiese sido ésta refrendada en referéndum del pueblo venezolano, son nulas, inexistentes, porque la Constituyente del 99 era “un medio distinto” de los dispuestos por el texto del 61 para su derogación.
En realidad, Oswaldo, se trata de un asunto más bien sencillo: la constitución del 61 no disponía absolutamente de ningún medio para su derogación. A pesar de esto escribes: “Algún diletante de la ciencia jurídica ha aventurado razonamientos justificativos del proceso en la circunstancia de que la Constitución de 1961 no contemplaba su derogatoria, sino la enmienda y la reforma, como si la derogatoria fuera un mecanismo o procedimiento distinto de la reforma y no el resultado de la entrada en vigencia del texto reformado”.
Este diletante de la ciencia jurídica te muestra a ti, Oswaldo, que en efecto la constitución del 61 dice a la letra: “o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. No dice “fuere reformada”, ni tampoco “fuere enmendada”. Y tú sabes perfectamente las diferencias de significado. Mi más bien minúscula contribución sólo consistió en descubrir que la redacción del 250 del 61 era, en el mejor de los casos, defectuosa, si es que, como ha sido dicho tantas veces, el famoso 250 fuese intencionalmente un cerrojo definitivo que confería a esa constitución la condición de eternidad invulnerable.
La derogatoria sí puede ser muy distinta de una reforma. Precisamente, la constitución de 1961 no fue jamás entendida como una reforma de la de 1953, que estuvo en vigencia hasta el 23 de enero de 1961, sino como un texto constitucional enteramente nuevo. Por eso dispuso explícitamente: “Queda derogado el ordenamiento constitucional que ha estado en vigencia hasta la promulgación de esta Constitución”. (Artículo 252).
O por ejemplo, nota, por favor, la siguiente redacción: “Mientras no sea modificado o derogado por los órganos competentes del Poder Público, o no quede derogado expresa o implícitamente por la Constitución, se mantiene en vigencia el ordenamiento jurídico existente”. Creo que ya te habrás percatado de que tal estipulación es, justamente, la Disposición Transitoria Vigésima Tercera (última), de la constitución de 1961 que, como ella misma dice, forma parte integral de la misma constitución. Esa disposición te ilustra, entonces, que algo puede ser derogado sin que sea reformado o enmendado.
Eso por lo que respecta a tu precario teorema que pretende que la constitución vigente en Venezuela es la de 1961, montado sobre la premisa de una frase semánticamente vacía del artículo 250 de esa constitución.
Que ni “el referendo consultivo, ni la Asamblea Constituyente estaban previstos en la Constitución de 1961 para la reforma de la Constitución” (tu redacción) es otra premisa más bien defectuosa, porque el referendo que aprobó la Constitución vigente (no la que tú dices que está vigente) no era un referéndum consultivo sino uno aprobatorio. Lo que fue consultivo fue el referendo en el que se preguntó si el pueblo quería, si el poder constituyente originario deseaba, convocar una asamblea constituyente. Son dos cosas suficientemente distintas. Y sostener esto no invalida tu preferencia: “…que los órganos del Poder Público, a través de los cuales el pueblo estaba ejerciendo su soberanía, en concreto el Congreso, enmendara la Constitución para incorporar como mecanismo para la reforma la Asamblea Constituyente y dispusiera como (sic) habían (sic) de elegirse los asambleístas”.
Te concedo esta deseabilidad de la previa enmienda a pesar de que apunto de una vez que necesitábamos una constituyente, no “como mecanismo para la reforma”, puesto que para eso existía ya, precisamente, el mecanismo previsto en el artículo 246 del 61, sino para proveernos de un marco constitucional enteramente distinto, para lo que las facultades del Congreso de la República quedarían excedidas, argumento que encontrarás desarrollado en el segundo de los textos que adjunto a esta comunicación. No concedo tal cosa porque me sienta impelido a tenderte una mano de entendimiento en estos momentos, sino porque ya la había expresado en septiembre de 1998, y bastante más allá de tu postura: “En suma, creo que sería preferible, más suave y respetuosa, una reforma inmediata, en sesiones extraordinarias del actual Congreso de la República, que diera lugar a una reforma creadora de la figura de Constituyente dentro del texto constitucional vigente, la que puede perfectamente someterse a referendo aprobatorio según el Artículo 246 de ese texto y conjuntamente con un referendo consultivo que convoque el Ejecutivo Nacional acerca de la deseabilidad de la celebración de una Constituyente concreta”. Pero escribí de seguidas: “Pero si este Congreso vuelve a fallarnos, si persiste en obliterar los canales lógicos del cambio constitucional, el medio más airado y abrupto del origen directo en el referendo consultivo está siempre disponible, pues su brusquedad no equivale a la falta de juridicidad. Ese Congreso merecería entonces esa ira y esa brusquedad”.
Deseo, entonces, destacar algo soslayado en tu artículo, tal vez porque te restringes al plano jurídico, pero que es en extremo pertinente a esta discusión. Y eso es que la oportunidad para la enmienda fue desperdiciada y despreciada una y otra vez. A pesar, por ejemplo, de que Rafael Caldera “prometió”, en su “Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela” (1993), una reforma del Estado a través de una reforma constitucional, dejó que su segundo período transcurriese sin honrar esa promesa. Así parafraseé la “Carta de Intención” de Caldera en diciembre de 1998: “La reforma constitucional debía complementar nuestra democracia representativa con una democracia participativa, para lo que debía instituirse, al nivel de la Constitución, la figura de los referenda: consultivos, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios. Así, la Constitución reformada permitiría la destitución “del Presidente de la República y demás altos funcionarios mediante el voto popular”, y concedería “al Jefe del Estado la facultad de disolver las Cámaras Legislativas cuando no estén cumpliendo las funciones para las cuales fueron electas…” La reforma que estaba en la intención de Rafael Caldera abría la puerta a la inclusión de un mecanismo para convocar a una Constituyente en caso de que “el pueblo lo considerare necesario”, etc.”
Nada de esto ocurrió. En el mismo texto de diciembre de 1998 registré la siguiente opinión: “Pero que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Este es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida”.
Así que es muy lamentable, Oswaldo, que no se hubiera enmendado la constitución de 1961 para insertar en ella la figura de una asamblea constituyente. Algunos invitamos a Rafael Caldera a que convocara él, a tiempo, la asamblea constituyente. Creo que hubiera sido una constituyente de mayor seriedad y responsabilidad que la que se reunió en 1999, pero Caldera jamás pudo o quiso superar su inercia y su suspicacia. (Ahora que te digo esto, decido adjuntar un tercer texto, de septiembre de 1998, en el que consta mi proposición a Caldera. Encontrarás y disculparás, en los anexos, algunas repeticiones). Ni siquiera intentó la enmienda, que pudo ser planteada, como sabes, por una cuarta parte de una de las cámaras del Congreso, a pesar de que durante casi todo el período, y gracias a su alianza con Acción Democrática, podía contar ampliamente con ese 25% requerido.
Te recuerdo, además, que nadie menos que el propio Rafael Caldera amenazó –¡en 1994!– con convocar un referéndum consultivo para el que José Guillermo Andueza aseguró que ya tendría un decreto preparado, a pesar de que la figura referendaria no estaba contemplada, dentro del ordenamiento vigente, más que para la aprobación de una reforma constitucional. Me refiero a su chantaje político al Congreso de aquel año, con el que estaba enfrentado a raíz de su segundo decreto de suspensión de garantías. Que Acción Democrática reculara –tal vez porque una encuesta del diario El Nacional (5 de agosto de 1994) indicó que más de 90% de los consultados estaba de acuerdo con la suspensión– hizo que el gobierno, por boca de Juan José Caldera, declarara que ya el referéndum no era necesario.
Ahora me referiré a la famosa y, para algunos dolientes más bien conservadores, tristemente célebre decisión de la Corte Suprema de Justicia, con fecha del 19 de enero de 1999, sobre ponencia del magistrado Humberto La Roche.
¿Qué estableció esa decisión? Pues que sí podía preguntarse al soberano si deseaba convocar a una asamblea constituyente, en primer término, y luego, que podía emplearse a este efecto el cauce disponible a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de diciembre de 1997.
Prolegómeno. Advierto, antes de entrar en materia, que no consagro como perfecta toda la tradición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, ni la del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. En particular, dos cosas: primera, opino que, con harta frecuencia, el uso del castellano por parte de juristas connotados, aun los del máximo tribunal, es francamente defectuoso (algunos abogados, por ejemplo, escriben “de acuerdo al texto constitucional” en lugar de “acuerdo con el texto constitucional”; sutilezas del lenguaje, naturalmente, pero en ocasiones crean problemas de hermenéutica jurídica); segunda, no estoy de acuerdo con el siguiente concepto, citado por ti, del fallo del 14 de octubre de 1999: “Cabe observar que el Poder Constituyente no puede ejercerlo por sí mismo el pueblo, por lo que la elaboración de la Constitución recae en un cuerpo integrado por sus representantes que se denomina Asamblea Constituyente, cuyos títulos de legitimidad derivan de la relación directa que existe entre ella y el pueblo”. Podría proporcionarte una refutación de este aserto en caso de que permitieses que un diletante te ilustrase. Sólo dime si tu elevación jurídica sería permeable a tan irreverente intento y de inmediato te remitiré texto de 1999 sobre el punto. Anticipo su clave: no es una asamblea constituyente el único medio concebible para proveerse de un texto constitucional. ¿Puedes inventar otros caminos?
En materia. ¿Qué podía contestar, en respuesta al recurso de interpretación del 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, la Corte Suprema de Justicia? ¿Que no podía preguntarse al soberano si deseaba convocar un proceso constituyente? ¿Que no podía preguntarse al accionista de la empresa, al dueño del terreno, por usar imágenes verdaderamente pedestres y diletantes, si quería escoger un grupo de asesores que le presentase unos estatutos enteramente nuevos, si quería elegir un grupo de arquitectos que le mostrara, no ya un anteproyecto de remodelación de los balcones de su edificio, sino un concepto arquitectónico completamente diferente para un edificio que reemplazase por completo al existente?
La Corte contestó, muy acertadamente, que esta consulta sí podía hacerse al poder constituyente originario. Y lo hizo de una vez, al comienzo mismo de la argumentación. La Corte estimó, en perfecta consistencia con la más elemental doctrina de la democracia, que el pueblo, en su carácter de poder constituyente originario, era un poder supraconstitucional, puesto que es la constitución la que emana del pueblo, y no a la inversa. No fue, como hace poco comenté a mi admirado y respetado Humberto Njaim, que la Corte instituyese o estableciese esa supraconstitucionalidad. Lo que la Corte hizo fue reconocerle al pueblo ese su carácter originario y supremo.
El resto de la decisión tiene carácter meramente instrumental, prescribiendo una mecánica a la consulta. Como bien sabes, el Congreso de 1997 introdujo el Título Sexto a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que normaba precisamente la convocatoria y celebración de referendos consultivos. Y entonces la Corte dijo dos cosas. Primera, que con toda obviedad la convocatoria a un proceso constituyente era una decisión “de especial trascendencia nacional”, como reza el texto legal. (Me percaté de que en tu artículo te abstuviste de contradecir este punto. No faltaría más). Segunda, que la pregunta de si se quería convocar a constituyente no estaba contemplada en las seis excepciones del Artículo 183 de la Ley Orgánica de la Ley del Sufragio y Participación Política. Esto último, Oswaldo, era una verificación, tan sólo, de que no había colisión expresa contra una disposición de esa ley. No es que yo sostenga, como afirmas tú, lo que algunos “diletantes de la interpretación de los textos jurídicos habían invocado al tiempo del referendo que por no estar incluido en la posibilidad de convocarlo, cuando es exactamente lo contrario, pues la constituyente por su carácter omnicomprensivo abarcaba además de las materias que pueden ser objeto de referendo, todas las que no podían serlo”.
Esa declaración tuya conjuga asombrosamente en un solo y breve párrafo dos errores importantes. Uno ya lo he anticipado, y es un error de lectura y comprensión. Lo que yo sostengo es otra cosa: que la obviedad de la posibilidad de convocar el referéndum de 1999 proviene del primer argumento de la Corte sobre la supraconstitucionalidad del poder soberano, que no tengo que recordarte cuál es. Que obviamente tal asunto era una decisión, reitero, de especial trascendencia nacional. Esas son las obviedades que causan la posibilidad de la convocatoria, repitiendo que la primera es la verdaderamente fundamental, mientras que la segunda se produce sólo al examen de la ley que se empleó para determinar la mecánica de la convocatoria. El punto adicional de la no colisión con las excepciones del 183 es casi una ñapa, pero sin embargo importante, pues si por acaso hubiera existido una séptima excepción que prohibiera expresamente la consulta sobre procesos constituyentes, la ley en cuestión no hubiera podido emplearse consistentemente para el procedimiento de convocatoria.
Más aún. Incluso si no hubiera existido el Título Sexto de la ley que comento, hubiera podido convocarse a referéndum, por la misma razón de supraconstitucionalidad. En este caso, y no quiero desviarme en la consideración de esta contrahistórica situación, habría tenido que proveerse un procedimiento ad hoc.
El segundo error de tu párrafo recién citado es más grave, pues confundes completamente las prelaciones. Las excepciones del 183 pudieran haberse aplicado al referendo consultivo inicial, que es lo discutido, no a la constituyente que ni siquiera existía antes de que se consultara y antes, por supuesto, de que la constituyente fuese elegida y constituida. Esto es, docto jurista, y permita que se lo explique un diletante: en ningún caso las prohibiciones del 183 determinan limitación alguna a una constituyente, que ni siquiera menciona y aunque la hubiera mencionado. Ese artículo versa sobre referendos consultivos únicamente y la decisión del 19 de enero de 1999 versa sobre la posibilidad de convocar uno, no sobre las facultades de una asamblea constituyente. Otra vez, peleas con un fantasma: en este caso discutes algo que no ha sido pronunciado, ni por la Corte ni por este simple ciudadano.
Añado que en mi estimación el Título Sexto de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política estuvo defectuosamente ubicado en ella. Así, opiné del siguiente modo en septiembre de 1998, a un año de la reforma de la ley y bastante antes de esta polémica: “Desde el punto de vista del Derecho Público lo correcto es crear los referendos –más allá del único previsto en la Constitución vigente para reformarla– en una normativa constitucional, como lo prefiere Caldera, a como lo hizo el Congreso, que los permite en uno de los títulos de la ley electoral, la que, naturalmente, tiene rango subconstitucional. Un referendo nacional es una convocatoria al propio fundamento de la democracia –los Electores– para tomar “decisiones de especial trascendencia nacional”. El nivel correcto para prescribir los actos del poder público primario es el de la Constitución”.
En errónea vena similar, abundas sobre el tema del empleo de la ley que discutimos. Dices así: “Creo que más concluyente aún es el hecho de que si se hubiera podido interpretar correctamente la ley Orgánica del Sufragio y Participación Política como consagratoria de un referendo consultivo para la reforma constitucional mediante una asamblea constituyente, habría que concluir que la ley misma colidiría con la Constitución que definió, de manera precisa, cómo podía realizarse la reforma o la enmienda constitucional”.
Escuetamente. Nadie ha dicho, por lo menos la Corte no lo hizo y yo tampoco, que la ley fuese “consagratoria de un referendo consultivo para la reforma constitucional mediante una asamblea constituyente”. Luego, el que la constitución del 61 hubiera definido “ de manera precisa, cómo podía realizarse la reforma o la enmienda constitucional” no puede referirse a una facultad supraconstitucional: la que crea un texto constitucional nuevo. Si lo meditas con cuidado llegarás a la clara conciencia y noticia de que la Constituyente de 1999 jamás se planteó su trabajo como uno de reformar o enmendar el texto del 61, sino como la creación de un orden constitucional alterno.
Más adelante insistes: “…ese referendo consultivo carecía de efectos vinculantes y no era posible que los poderes constituidos fuera de sus facultades acometieran la convocatoria de la asamblea constituyente…” Los poderes constituidos, después de celebrado el referéndum, y vistos sus resultados, tenían que convocar, no a la constituyente misma, que es como redactas, sino a la elección de una, pues en ese momento ya habían recibido mandato expreso en ese sentido del único poder supraconstitucional y originario.
En punto anterior escribes: “Es frecuente oír también a algunos legos –dale con lo de los legos y diletantes y el arrogante desprecio de los mismos– afirmar la existencia de una cierta superioridad de la Constitución de 1999 sobre las anteriores por la circunstancia de que fue ratificada por referendo, cuando lo que únicamente se evidencia de ese hecho es que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, con los representantes electos a las asambleas constituyentes o a los congresos que tenían entre sus potestades la iniciativa de reforma de la Constitución, los asambleístas de 1999 no tenían ni siquiera esa facultad pues no podían darle vigencia a las reformas aprobadas, lo que constituye un desmentido absoluto a la tesis formulada por la Corte en la sentencia del 14 de octubre de 1999, según la cual, “Es claro que la asamblea nacional constituyente no es un Poder derivado”.”
Sostengo efectivamente que la Constitución vigente contó con un procedimiento intrínsecamente superior para su validación, en comparación con la de 1961, que fuera aprobada por el Congreso y por las Asambleas Legislativas estatales pues, en efecto, la primera fue aprobada en referendo expreso. Fíjate, estimado Oswaldo, que decir esto es distinto que tergiversar, como lo haces, la postura de algunos legos que no han afirmado, porque pertenece el punto a otra discusión, que contenido a contenido el texto del 99 es superior al del 61. Tan sólo he afirmado la superioridad de su mecanismo de aprobación y puesta en vigencia. Lo que no obsta para que haya reconocido también, en texto que conoces, que existe la figura de la aprobación tácita de una constitución, cuya existencia o validez, como correctamente afirmas, siempre han visto y señalado los constitucionalistas.
Y para que veas una vez más que no siempre estoy de acuerdo con todo lo que dice el Máximo Tribunal, no concurro con la opinión de la bastante equivocada sentencia del 14 de octubre de 1999 que, como tú bien señalas, está poblada de contradicciones. Me atreví a escribir, en mi condición de lego, en septiembre de 1998: “La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum”.
En otras palabras, si este referéndum aprobatorio era condición exigible de una mera reforma, mucho más lo sería de una constitución enteramente nueva. Era, por decirlo así, un derecho, si no adquirido, ya reconocido. Por otra parte, la Corte sostuvo el 19 de enero de 1999, como comenté en artículo del 25 de ese mismo mes y ese mismo año: “… quien posee un poder y puede ejercerlo delegándolo, con ello no agota su potestad, sobre todo cuando la misma es originaria, al punto que la propia Constitución lo reconoce”.
Respecto del pretendido efecto vinculante del referendo que concretamente ha sido convocado por iniciativa popular del 4 de noviembre de este año he opinado que no hay tal consecuencia. Mi poco autorizado análisis observa dos cosas sobre este asunto. La primera de ellas es que Primero Justicia se cuidó precisamente de redactar la pregunta de un modo tal que no pudiera ser identificada con un referéndum revocatorio, pues en este caso colidiría de plano con una norma expresa que estipula una oportunidad distinta para los referendos con ese carácter. Es decir, si es un referendo revocatorio es inconstitucional; si se trata tan sólo de un referendo consultivo entonces no tiene efecto vinculante.
La segunda cosa es ésta: en mi modesta opinión, para que el poder constituyente originario se exprese con la supraconstitucionalidad que siempre preserva latente, presta a irrumpir, tiene que despertarse esa latencia mediante un llamado explícito a ese carácter, y no creo que tal cosa esté contenida en la convocatoria del 4 de noviembre de 2002. En otros términos, no en todo referendo se manifiesta la supraconstitucionalidad. Para que puedas entender lo que digo sin confusión o tergiversación te propongo un ejemplo hipotético: imagina que aún no se hubiera dispuesto la elección directa de los gobernadores de Estados, y continuase vigente el artículo 22 de la fenecida constitución del 61, que dice al comienzo: “La ley podrá establecer la forma de elección y remoción de los Gobernadores…” Imagina ahora que se preguntara a los Electores, dado que el texto citado, por su redacción, no obliga sino que permite que los gobernadores fuesen elegidos y no nombrados, si están de acuerdo con que tales cargos públicos sean provistos por elección. Ese hipotético referendo no manifestaría el carácter supraconstitucional del poder originario.
Por último, Oswaldo, resulta profunda y ontológicamente contradictorio que quien sostiene la vigencia de la difunta constitución del 61 y por ende la invalidez de la Constitución vigente, quien mantiene que la decisión máxima del 19 de enero de 1999 es una monstruosidad, emplee con el mayor desparpajo conceptos establecidos en ambas instancias para sostener, de nuevo peregrinamente, que el referéndum convocado el 4 de noviembre posee carácter vinculante. Si a ver vamos, para sostener cualquier cosa. Ponte de acuerdo contigo mismo. Si la Constitución de 1999 no existe, no la emplees como piso de ninguna de tus premisas.
Una cosa más. El título de tu artículo –¿Por qué el gobierno se resiste al referendo?– es engañoso. Uno tiene que hacer un verdadero esfuerzo interpretativo para deducir tenuemente que el gobierno se opone al referendo consultivo porque, en su íntimo fuero, estaría de acuerdo con tu tesis y la de Njaim, porque “sabría” que ese referendo causa efectos jurídicamente obligantes. Es perfectamente evidente que tu muy defectuoso discurso fue redactado para resollar por la herida y no para explicar una renuencia gubernamental.
La constituyente es sólo un argumento electorero de Chávez Frías, dice un candidato (Salas Römer) que se opone a la idea. Falso. Chávez Frías se incorpora a un “frente amplio pro constituyente” desde 1994. No es su postura ante el punto exclusivamente electoral. En su grupo, por lo demás, destacan entre otros Manuel Quijada y Luis Miquilena, quienes acompañaban las peticiones de Juan Liscano y su “patriótico” frente desde 1989.
La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum.
La constituyente es una fórmula mágica que no resolverá el problema del costo de la vida, de la seguridad personal, de la salud, y por tanto debemos desecharla. (Uslar, Fernández, muchos otros). Falaz argumento. Un destornillador no sirve, es cierto, para peinarse, sino para ajustar y desajustar tornillos. Porque no sirve para ordenar el cabello no debo desecharlo como instrumento útil a la función para la que ha sido diseñado. Y las constituciones, además, prescriben un marco legal supremo que puede facilitar o impedir la consecución de soluciones a problemas no constitucionales, como los enumerados.
La constituyente es inoportuna, estamos en crisis, no conviene añadir incertidumbre con ella. (Bunimov Parra, Carrillo Batalla, Fernández, etc.) Trampa. Nunca parecen ser oportunas las transformaciones, según algunos. Volver a posponer el cambio es aumentar todavía más la temperatura de la olla de presión, que tiene ciertamente un límite. Ese jueguito ya lo hemos jugado antes, cuando COPEI proponía separación de elecciones presidenciales y parlamentarias en 1963, 1968, 1973, 1978. Justamente, todos eran años electorales, a sabiendas de que Acción Democrática se opondría bajo la tesis de que tal cosa era inconveniente en año de elecciones. Luego se olvidaba del asunto. Aprovecho para recordar una vez más a Eduardo Fernández que él admitió la conveniencia de una constituyente en 1992, cuando su desazón le llevó a declarar tal cosa desde la ciudad de Valencia. Algunas memorias son frágiles.
Antes de que tal proliferación constituyente llegara a su término, ya Humberto Peñaloza había advertido que algo estaba fundamentalmente viciado en el procedimiento. (El Ing. Peñaloza evocó a un maestro de su escuela primaria: si los alumnos le presentaban una “plana” con cinco errores o más no les admitía enmiendas y les obligaba a intentar el trabajo de nuevo). Así escribió, poco antes de que el proyecto de Oberto fuese concluido, en “Lo democrático es consultar a la ciudadanía”: “Si nuestra Constitución, con apenas 31 años de vigencia, requiere ya de noventa reformas para “perfeccionar” materias que a todas luces deben ser modificadas a fondo, mejor es que la escribamos de nuevo, con nuevos enfoques y nuevas aproximaciones a las realidades del país y de su entorno geopolítico, económico, socio-cultural, militar, administrativo y ecológico. Tarea, eso sí, para nuevas mentalidades y nuevas escuelas de pensamiento”.
Para estar claros. Puede argumentarse que la Constitución de 1961 estipula un mecanismo para la reforma general de la Constitución. (Un punto que en este momento es colateral, por cierto, es que la Constitución del 61, que permite la iniciativa de las leyes ordinarias a un cierto número de Electores (electores, en su redacción), niega la iniciativa de la reforma constitucional al propio Poder Constituyente). El procedimiento está pautado en el Artículo 246: “Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general…”, etcétera. (Punto colateral dos: el procedimiento es engorrosísimo, y casi que pareciera diseñado para impedir o dificultar al máximo tales reformas generales. La iniciativa debe partir de una tercera parte de los miembros del Congreso –y no hay ninguna fracción en este momento que sea la tercera parte del Congreso– o de la mayoría absoluta de las Asambleas Legislativas, consenso que no debe ser muy fácil de lograr. Pero antes de empezar a discutir el proyecto general soportado en alguna de esas dos formas, una sesión conjunta del Congreso deberá, por el voto favorable de las dos terceras partes, admitir la iniciativa. Sólo entonces podrá comenzarse a discutir por cualquiera de las Cámaras y seguir el procedimiento habitual para las leyes ordinarias. Es sólo después de que se apruebe la reforma en el Congreso que, por fin, se pide la opinión al pueblo, en referéndum que deberá ser convocado en la oportunidad que sea determinada por las Cámaras en sesión conjunta. Una verdadera carrera de obstáculos).
La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica comienza con la frase “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos…ordenamos y establecemos esta Constitución” (“We, the people…”) Es el mismo pueblo el que se dota de una constitución. En cambio, en el texto constitucional vigente en Venezuela el sujeto no es el pueblo, sino el Congreso, el que se arroga la facultad constituyente, a pesar de no haber sido explícitamente facultado para eso, “en representación del pueblo venezolano”. Es de allí mismo de donde arranca el carácter representativo, que no participativo, del gobierno del país, lo que luego es reiterado en el Artículo 3º: “El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo”.
En 1973 murió Salvador Allende, en la ocasión del golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet. Dos años más tarde recordaba su relación con él el cibernetista inglés Stafford Beer, en un libro en el que coleccionaba varios artículos y conferencias sobre el tema general de los sistemas sociales. (Platform for Change, Wiley, 1975). Beer, expresidente de la Sociedad de Investigación Operacional británica, antiguo asesor de empresas en los sectores del carbón y del acero, importante teórico de la cibernética, había ido a Chile en pos de la posibilidad de que Allende le ofreciera campo para la aplicación práctica de sus conceptos de gobierno. (Cibernética viene del griego kybernetes, que significa timonel, gobernador, y es la misma raíz de la que surge la palabra gobierno).
En una sesión en la que Beer, armado de diagramas de flujo, explicaba al mandatario el sistema de información acerca del estado de la nación chilena que había diseñado, Allende –cuenta Beer– preguntó qué era una cajita sin nombre que aparecía sobre una red de flujo, entre otras muchas cajas que se extendían por todo el diagrama. Beer explicó: “Esa cajita representa el pináculo de todo el sistema, esa cajita es usted, Señor Presidente”. Entonces Allende dijo: “Ah, pero si esa caja es la cima de todo el sistema esa caja no soy yo. Esa caja es el pueblo”.
Hoy en día, sin embargo, la capacidad computacional y comunicacional extraordinariamente desarrollada del mundo actual –la que, por otra parte, es en términos de lo previsible una capacidad a la que falta muchísimo por crecer– permite ahora que un 20% del comercio mundial se haga de nuevo bajo la forma de trueque –tantos aviones por tantos barriles de petróleo. (Es una pregunta, creemos, de alto interés para la economía, investigar qué sentido tendría la noción de inflación el día que sea posible manejar todas las transacciones como un trueque virtual, como el cotejo de bases de datos digitales sobre cada unidad de producto o servicio a escala planetaria. ¿Desaparecería la inflación?)
Alguien puede argumentar ante este planteamiento que el nivel de desarrollo político y tecnológico norteamericano es inconmensurablemente superior al venezolano, y que por esa razón ese concepto de democracia participativa electrónica estaría, para nosotros, muy lejos dentro de un futuro largamente incierto. Pero puede a su vez contrargumentarse que los venezolanos no hemos tardado mucho para aprender a operar telecajeros electrónicos, celulares, telefacsímiles, etc., y que con igual o mayor facilidad podríamos navegar dentro de una red permanente de referenda electrónicos. Opinábamos de esta manera en el Nº 11 del volumen 1 de esta publicación (enero de 1995): “Nada hay en nuestra composición de pueblo que nos prohíba entender el mundo del futuro. Venezuela tiene las posibilidades, por poner un caso, de convertirse, a la vuelta de no demasiados años, en una de las primeras democracias electrónicamente comunicadas del planeta, en una de las democracias de la Internet. En una sociedad en la que prácticamente esté conectado cada uno de sus hogares con los restantes, con las instituciones del Estado, con los aparatos de procesamiento electoral, con centros de diseminación de conocimiento”.
En cambio, es posible visualizar un buen número de ventajas de una inserción de Venezuela, como gobernación, como departamento, como capitanía general –a la escala planetario-municipal que realmente tenemos, en un Estado de orden superior. (También hemos argumentado extensamente sobre tales ventajas en otras ocasiones. Hoy en día nuestra recomendación es que el perímetro de trabajo en busca de la escala que requerimos sea el del continente suramericano, después de que México pareciera orientarse hacia una confederación del Hemisferio Norte –en nuestro más ambicioso talante ampliábamos el territorio para acoplarnos incluso con la latinidad extramericana, antes del ingreso de España al sistema europeo. Por esa época resumíamos las más generales entre las ventajas del modo siguiente (rogamos al lector tome en cuenta las diferencias de fecha y circunstancia entre hoy día y diciembre de 1984, fecha de lo que sigue, y procure hacer los cambios necesarios para actualizar la aplicación de una estructura general de la recomendación): “Veamos, antes de preguntar si hay ofrecidas tesis alternas, cuál es la lista de problemas a los que la tesis de la confederación iberoamericana da respuesta.
Tercero: resuelve un problema de escala para mejorar nuestra posición en discusiones tales como Gibraltar, las Malvinas, Guyana, Centroamérica (entendida en este caso en relación a las intervenciones rusonorteamericanas, otánico-varsovistas, norteñas en Centroamérica). Cuando Shlaudeman dice que Contadora no es suficiente no está diciendo que si se añade uno o dos artículos técnicos al Proyecto de Tratado o se firma tal o cual protocolo los Estados Unidos suscribirán gustosos, sino que, a lo Stalin refiriéndose al Papa, está insinuando que nada más que cuatro países iberoamericanos no tenemos suficientes divisiones.
En resumen, resuelve un problema económico crucial (la escala), un incómodo problema de política interna (los diferendos interiberamericanos), un importante problema de soberanía ante, fundamentalmente, los sajones (Gibraltar, etc.), un definitivo problema de seguridad del sistema mundial (moderación) y un problema esencial de significación futura (la nueva modernización)”.
Otras diferencias con el texto constitucional que actualmente nos rige no son tan profundas. Aun la revolución que significaría en la arquitectura del poder público venezolano la innovación de la figura de un jefe de gobierno (primer ministro) pudiera considerarse una reforma constitucional. Una cosa así perfectamente podría diseñarse desde las actuales cámaras legislativas, a pesar de que el cambio sería en este caso de importante magnitud. Igualmente pudiese contemplarse de este modo la innovación de la institución del jurado como elemento actualmente ajeno a nuestro proceso jurídico. (Esta “democratización de la justicia” –que fue de hecho la primera democratización, antes de la democracia parlamentaria, que conocieron los sajones– pudiera aplicarse sin excesiva violencia de nuestro ordenamiento jurídico, aunque sólo fuese en nuestros procesos de delitos contra la cosa pública, contra nuestra res publica).
Son múltiples, pues, las diferencias de significativo grado entre la Constitución del 61 y una nueva constitución que alojase lógicamente las instituciones que son recomendables a los intereses de la nación venezolana. Entre estas hay algunas que por sí solas definirían al nuevo documento como una constitución diferente. Será preciso elegir una Constituyente.
El camino y sus obstáculos
¿Quiénes debieran formar parte de esa Asamblea Constituyente? ¿Cómo elegirlos? ¿Para cuándo debiera convocarse a las elecciones del cuerpo que debe remodelar los poderes públicos venezolanos, que debe llevar a cabo la reingeniería del Estado?
En segundo lugar, los Electores debemos tener cuidado de procurar el acceso de nuevas experiencias y trayectorias personales a la condición de miembros de esa asamblea. Si se mantuviese la “tendencia” a considerar capacitado políticamente tan sólo a abogados y cronistas (Uslar recomienda expertos en derecho constitucional, derecho administrativo e historiadores) estaríamos perdiendo el necesario aporte de perspectivas más científicas y futuristas.
En efecto, como ha sido resaltado en varias ocasiones anteriores, una Asamblea Constituyente legítimamente constituida tiene precedencia absoluta sobre cualquier otro género de poder político, incluyendo el Congreso y el mismo poder Ejecutivo Nacional, y puede prescindir de éstos si así lo estima conveniente. Es por tal razón que antes hemos propuesto –ver Selección del Volumen 1 de referéndum, pags. 74-76– la idea de un Senado Uninominal Constituyente, para conjugar las siguientes tres condiciones: primera, un tamaño compacto; segunda, la representación uninominal; tercera, la suplantación de al menos una de las dos Cámaras legislativas de la actualidad, con lo que se añade a la facultad constituyente el carácter de cámara legislativa ordinaria, con veto sobre la legislación procedente de los diputados y por otra parte se ofrece todavía una participación al ancien régime como posibilidad transicional de adaptarse o preparar su cesantía.
Pero impedida o pospuesta indeterminadamente, puede ser suplantada por otra clase de ruptura del sistema que de todas formas ya no da más: la ruptura autoritaria. Así que si queremos preservar el procedimiento democrático para la Nación, se hace perentorio el trabajo de una Asamblea Constituyente correctamente convocada y conformada, pues sólo la apelación a la cajita que superaba al Presidente de Chile, puede ofrecernos la legitimidad.
Tomás Jefferson, uno de los padres fundadores de los admirables Estados Unidos, fue un decidido opositor a las tendencias autoritarias –monárquicas, según algunas impresiones– que eran evidentes en Jorge Washington. De hecho, en ello radicaba la motivación del Partido Republicano que él fundó –distinto, aunque no mucho, del actual– y que dio origen más tarde al presente Partido Demócrata, el de Franklin Roosevelt, John Kennedy y William Clinton. Desde allí luchó, y desde la Presidencia del positivo Estado del norte, por un mayor grado de democracia y de descentralización del poder.
Y fue, naturalmente, uno de los principales redactores de la Constitución norteamericana de 1787. Es interesante, por tanto, recordar que Tomás Jefferson dijo: “El mundo pertenece a las generaciones vivientes y ninguna sociedad puede hacer una Constitución perpetua; en consecuencia la Constitución y las Leyes extinguen su curso natural, con aquellos que le dieron el ser. Toda Constitución expira normalmente a los 35 años”.
La Constitución Nacional de 1961 celebrará ese fatídico aniversario en 1996.
Comoquiera que se mantienen discrepancias importantes, no sólo entre quienes creen que no debe convocarse una Constituyente y quienes piensan lo contrario, sino respecto de la forma de integrarla y la extensión de sus poderes, y respecto de la necesidad o no de reformar la Constitución de 1961 para convocarla, sería muy conveniente despejar también estas diferencias con ocasión del referendo.
Según importantes expertos sería preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse un órgano constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” de una constitución que sólo prevé reformas y enmiendas según procedimientos expresamente pautados y que además establece en su artículo 250: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”.
Tal vez el bachiller Andueza sostenía entonces criterios distintos que los que hoy pueda ejercer, pero otras lecturas del mismo trabajo podrían llevarnos a suponer que él prefería en 1954 que los cambios constitucionales fuesen producidos sólo por constituyentes. Por ejemplo, decía en ese tiempo: “Siendo la Constitución la norma suprema del Estado, la que ocupa el vértice superior de la pirámide jurídica, ella no puede ser derogada ni abrogada por el procedimiento legislativo ordinario. Si ello fuera posible, el legislador estaría investido de una función constituyente y las constituciones escritas serían –como lo dijera con tanta propiedad el juez Marshall– ˝intentos absurdos de parte del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitado»”. (El jurado examinador de la tesis del bachiller Andueza, sin admitirse solidario de sus ideas, encontró en ella méritos que la hicieron acreedora de una mención honorífica y recomendó su publicación. Ese jurado estuvo compuesto por los doctores F. S. Angulo Ariza, Eloy Lares Martínez y Rafael Caldera Rodríguez).
En segundo lugar, porque la más moderna y poderosa corriente del pensamiento social ya ha adoptado la realidad de los sistemas complejos: que éstos –el clima, la ecología, el sistema nervioso, la corteza terrestre, la sociedad– exhiben en su conjunto “propiedades emergentes” a pesar de que no se hallen en sus componentes individuales. (Ilustración de Ilya Prygogine, Premio Nóbel de Química: si ante un ejército de hormigas que se desplaza por una pared, uno fija la atención en cualquier hormiga elegida al azar podrá notar que la hormiga en cuestión despliega un comportamiento verdaderamente errático. El pequeño insecto se dirigirá hacia adelante, luego se detendrá, dará una vuelta, se comunicará con una vecina, tornará a darse vuelta, etcétera. Pero el conjunto de las hormigas tendrá una dirección claramente definida). Así por ejemplo, la teoría económica clásica fundamentaba la lógica macroeconómica del mercado en la racionalidad microeconómica del comprador individual: el homo economicus que tomaba sus decisiones con toda lógica sobre una base de información transparente y perfecta. Hoy en día no es necesario suponer la racionalidad individual para postular la racionalidad del conjunto: el mercado es un mecanismo eficiente independientemente y por encima de la lógica de las decisiones individuales.
Cuando afirmaba esto no se refería a la dificultad de gobernar a un pueblo díscolo y desobediente que fuese necesario someter. Se refería más bien, como luego detalló con claridad, a los impedimentos fundamentales que la Constitución y las leyes imponían al gobernante. Se trata entonces de eso, de aumentar la gobernabilidad a través de una mejor estructura constitucional. Y a pesar de que con una nueva Constitución no se vaya al mercado, ni se mejore la situación de los hospitales, ni la condición de seguridad de los habitantes del país, sí es cierto que mejores disposiciones constitucionales incidirían sobre todos y cada uno de esos problemas, a través de una mejora sustancial en la capacidad del Estado. En todo caso, uno no rechaza el empleo de una herramienta porque no sirva para fines diferentes al que está destinada.
Es todo lo contrario. La convocatoria sensata y responsable de una Constituyente contribuirá a la liberación de tensiones y proveerá un cauce perfectamente normal , aunque extraordinario, para la modernización de nuestro Estado.
Para más de un actor político convencional la oportunidad de los cambios nunca llega. Nunca parecen ser oportunos. Al menos desde 1963 se producía, siempre en año electoral, la proposición de separar las elecciones legislativas de las presidenciales. Así se hizo en 1963, 1968, 1973 y 1978, contando el proponente, por supuesto, conque su proposición sería rechazada con el argumento de inconveniencia de la oportunidad por tratarse de años electorales.

References: artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 246
 Artículo 246
 Artículo 183
 artículo 22
 Artículo 246
 Artículo 3
 artículo 250