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Timestamp: 2020-06-03 20:45:17+00:00

Document:
ÓrganoCONSEJERIA DE PRESIDENCIA
Disposición transitoria primera Solicitudes anteriores a la entrada en vigor de este decreto
Disposición transitoria segunda Turnos de guardia
Disposición final tercera Efectos económicos
ANEXO. Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias
Artículo 2 Contenido del derecho, titulares y requisitos
TÍTULO II. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias
Artículo 3 Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias
Artículo 4 Dependencia orgánica, medios y sede
Artículo 7 Indemnización a los miembros de la Comisión
Artículo 8 Información sobre los servicios de justicia gratuita
TÍTULO III. Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita
Artículo 12 Normas complementarias de iniciación
Artículo 15 Designaciones provisionales
Artículo 16 Ausencia de designación provisional
Artículo 17 Reiteración de la solicitud
Artículo 19 Indicación errónea del procedimiento
Artículo 22 Silencio administrativo
Artículo 23 Revocación del derecho
Artículo 24 Impugnación de la resolución
TÍTULO IV. Organización de los servicios de asistencia Letrada, defensa y representación
CAPÍTULO I. Organización general de los servicios
Artículo 25 Gestión colegial de los servicios de asistencia Letrada, de defensa y de representación gratuitas
Artículo 26 Servicios de Orientación Jurídica
Artículo 27 Obligaciones colegiales
Artículo 29 Formación y especialización
Artículo 30 Quejas y denuncias
CAPÍTULO II. Régimen de guardias para la asistencia Letrada de oficio
Artículo 31 Turnos de guardia para la asistencia Letrada
Artículo 32 Prestación de los servicios de guardia
CAPÍTULO II. Reconocimiento y renuncia del derecho a la asistencia jurídica gratuita
Artículo 33 Efectos del reconocimiento del derecho
Artículo 34 Renuncia a la designación
Artículo 35 Registro de solicitudes
TÍTULO V. Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita
Artículo 36 Supervisión de la Administración autonómica
Artículo 37 Objeto de la subvención
Artículo 38 Improcedencia de la compensación económica
Artículo 39 Retribuciones por baremo
Artículo 40 Verificación de los servicios prestados
Artículo 41 Devengo de la indemnización
Artículo 42 Subvención por gastos de funcionamiento e infraestructura
Artículo 43 Gestión colegial de la subvención
Artículo 44 Justificación de la aplicación de la subvención
TÍTULO VI. Asistencia pericial gratuita
Artículo 46 Contenido de la prestación
Artículo 48 Peritos privados
Artículo 49 Colaboración con los colegios profesionales
El artículo 119 de la Constitución Española establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Esta remisión a una norma de rango legal se materializó con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que regula los aspectos esenciales relativos a los requisitos para el reconocimiento del derecho, su procedimiento y sus consecuencias procesales, junto con el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, y su Reglamento de desarrollo, delimitan aquellos preceptos de carácter básico y de general aplicación en todo el territorio nacional, correspondiendo a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Administración de Justicia, regular aquellos aspectos de la prestación de asistencia jurídica gratuita que le son propios, de conformidad con la disposición adicional primera de dicha ley.
El Principado de Asturias asumió la titularidad de competencias en materia de Administración de Justicia en virtud del Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia y por lo que se refiere al ámbito de la asistencia jurídica gratuita, en el apartado B).1.e) del Acuerdo que se incorpora como anexo al citado real decreto.
El Principado de Asturias, en virtud de lo expuesto y de las competencias señaladas en los artículos 9.2 a) y 10.1, apartados 1 y 33 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, realizó el desarrollo normativo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, a través del Decreto 273/2007, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias.
Habiendo transcurrido más de diez años desde la entrada en vigor del Decreto 273/2007, de 28 de noviembre, resulta necesario adaptarlo a las novedades legislativas aprobadas en los últimos años, tanto las relacionadas con el reconocimiento y extensión del derecho como las derivadas de la nueva normativa referida al procedimiento administrativo común y al régimen jurídico del sector público, así como a los nuevos retos y exigencias tecnológicas. Visto el número y calado de las modificaciones que se pretenden, se ha optado por la aprobación de un nuevo Decreto que recoja, además de las anteriores, las modificaciones a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de entre las cuales cabe destacar la llevada a cabo a través de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. También se recogen las novedades introducidas por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
El presente decreto consta de un único artículo por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita en el Principado de Asturias, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
El Reglamento se estructura en seis títulos con cuarenta y nueve artículos. Por último, se incluyen tres anexos, en los que se recogen los formularios previstos en la propia norma y el baremo económico, base de las subvenciones colegiales.
El Título I recoge disposiciones generales en relación con el objeto del Reglamento, determinando, conforme a los límites territoriales, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita únicamente respecto de los órganos judiciales con competencia en el Principado de Asturias, así como el contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita, los titulares del mismo y los requisitos necesarios para su reconocimiento.
El Título II regula la composición y el funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, como órgano competente para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, dentro de nuestra Comunidad Autónoma, actualizándose los miembros que forman parte de ella e introduciendo la posibilidad de crear una o varias delegaciones de la Comisión, cuando el volumen de asuntos que se encuentren en tramitación lo justifique.
El Título III regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, incluyendo medios de averiguación y de comunicación telemáticos, con el fin de adaptar el procedimiento a las novedades tecnológicas. Asimismo, se establece un procedimiento general y algunas especialidades en relación con el orden jurisdiccional penal en el que resulta legalmente obligatorio el nombramiento de abogado. En estos casos, resulta problemático seguir el sistema general en la medida en que la práctica ha demostrado que, en gran número de ocasiones, los ciudadanos presuntamente beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita ni siquiera cumplimentan el correspondiente formulario de solicitud y resulta imposible realizar una investigación real sobre su situación patrimonial. Para el resto de los supuestos, la averiguación sobre la situación económica del solicitante es un requisito indispensable para beneficiarse del derecho. En este ámbito, se ha intentado establecer un sistema que permita el mayor margen posible dentro del procedimiento de instrucción que vayan a seguir los Colegios de Abogados, para que puedan recabar la totalidad de la información de una manera eficaz, dotando a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, en un segundo momento, de facultades de averiguación adicionales. Se prevé que la presentación de la solicitud supone, salvo denegación expresa en contrario, la autorización para la comprobación de los datos económicos indicados en la misma.
En el Título IV se recogen los principios relativos a la organización de los servicios de asistencia Letrada, defensa y representación, tratando de conciliar el necesario respeto a la autonomía e independencia funcional de los colegios profesionales con el establecimiento de unas obligaciones mínimas esenciales para garantizar la adecuada prestación de los citados servicios. Se regula un turno específico (además del destinado a las mujeres víctimas de violencia de género) para la orientación jurídica, defensa y asistencia Letrada inmediata a personas víctimas de trata de seres humanos y terrorismo, así como a los menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que sean víctimas de situación de abuso o malos tratos.
El Título V recoge el sistema de financiación de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados por los colegios profesionales a través de un sistema de subvenciones, estableciendo el régimen de pago, de la aplicación de la subvención y de su justificación ante la Administración, introduciendo las previsiones necesarias para poder verificar y fiscalizar el destino de la misma y tener conocimiento real de los servicios prestados por los colegios.
Finalmente, el Título VI recoge el desarrollo concreto del derecho a la pericial judicial gratuita, dando prioridad a los peritos dependientes de la Administración autonómica y, en su defecto, recogiendo la previsión de acudir a peritos privados. A estos fines, se recoge la posibilidad de concertar convenios con los colegios profesionales o, en su caso, con asociaciones profesionales, para poder elaborar listas de peritos que puedan ser utilizadas por los órganos judiciales.
Los anexos incluyen los diversos formularios que aparecen contemplados en el Reglamento y que, como tales, pretenden simplificar y uniformizar la tramitación administrativa de los expedientes de asistencia jurídica gratuita. También se ha optado por incluir en anexos los diversos baremos económicos que se utilizarán tanto para determinar la cuantía de las indemnizaciones para la asistencia a las reuniones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, como los diferentes conceptos que se abonarán en el régimen de asistencia por abogado o procurador. Se incluyen nuevos baremos económicos que se utilizarán para determinar los diferentes conceptos que se abonarán en el régimen de asistencia por abogado o procurador. Respecto a los baremos ya existentes, se actualizan las cuantías a percibir por los colegios profesionales.
La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la propuesta está justificada por una razón de interés general, con la finalidad de adecuar la regulación de la asistencia jurídica gratuita a la normativa actual. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, ejerciéndose de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de seguridad jurídica. En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia, sometiéndose a la debida publicación en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y se posibilitó la participación activa de los potenciales destinatarios en dicha tramitación. Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión de los recursos públicos
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 7 de mayo de 2020,
El presente decreto tiene por objeto aprobar el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias, cuyo texto se inserta como anexo.
Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se regirán por la normativa vigente al momento de efectuar la solicitud.
Los turnos de guardia para la asistencia Letrada a detenidos, presos, investigados o encausados y víctimas establecidos en el momento de entrada en vigor de este decreto continuarán vigentes, sin perjuicio de otros turnos específicos que puedan establecerse.
Queda derogado el Decreto 273/2007, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias. Quedan asimismo derogadas a la entrada en vigor del presente decreto, las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo previsto en el mismo.
LE0000253134_20080101
Serán de aplicación, para lo no previsto en el presente decreto, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, y demás normativa de desarrollo en materia de subvenciones.
1. Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de justicia para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente decreto.
2. En concreto, mediante Resolución de la persona titular de esta Consejería podrá revisarse, actualizarse y modificarse el anexo I del Reglamento objeto de aprobación, referido a los formularios de solicitud.
Los módulos y bases de compensación económica recogidos en el anexo II del citado reglamento podrán ser incrementados mediante Resolución de la persona titular de esta Consejería, en los términos previstos en dicho reglamento.
Los módulos y bases de compensación económicos establecidos en el anexo II del Reglamento serán de aplicación para la retribución de abogados y de procuradores en las justificaciones de intervención realizadas a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias
1. El presente reglamento tiene por objeto la regulación de la asistencia jurídica gratuita en el Principado de Asturias, contemplándose las previsiones relativas a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, a los procedimientos de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y de la gestión de las subvenciones que conlleva.
2. La regulación contenida en este reglamento se efectúa de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, en las normas de Derecho Comunitario y en los Tratados Internacionales que sean de aplicación, respecto del reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita ante los órganos judiciales con competencia territorial en el Principado de Asturias.
El contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como los titulares del mismo y los requisitos necesarios para su reconocimiento, se regirán por lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de la asistencia jurídica gratuita.
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias
1. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, en adelante Comisión, es el órgano competente para efectuar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita en el ámbito de aplicación del presente reglamento.
2. La Comisión ejercerá las funciones y competencias previstas en la Ley 1/1996, de 10 de enero, y en este reglamento.
3. Cuando el volumen de asuntos que soporte la Comisión lo justifique, mediante Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de justicia, podrá acordarse la creación de una o varias delegaciones, en las que estarán representadas las mismas instituciones que integran la Comisión (Administración del Principado de Asturias, Colegios de Abogados y Colegios de Procuradores), garantizando en todo caso, la homogeneidad de criterios para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, dentro del ámbito funcional o territorial que determine su Resolución de creación.
1. Sin perjuicio de su autonomía funcional, la Comisión quedará adscrita orgánicamente a la Consejería competente en materia de justicia, correspondiendo a ésta prestar el apoyo técnico y el soporte administrativo y económico necesarios para su adecuado funcionamiento.
2. La Comisión tendrá su sede en las dependencias administrativas que la Consejería competente en materia de justicia ponga a disposición de la misma.
a) Un representante de la Administración del Principado de Asturias designado entre funcionarios que ocupen un puesto de trabajo de Letrado/a del Servicio Jurídico del Principado, quien asumirá la Presidencia de la Comisión.
b) Un representante de los Colegios de Abogados de Oviedo y de Gijón, designado de común acuerdo por los titulares de los Decanatos de aquéllos.
c) Un representante de los Colegios de Procuradores de Oviedo y de Gijón, designado de común acuerdo por los titulares de los Decanatos de aquéllos.
d) Un representante de la Administración del Principado de Asturias designado entre funcionarios que ocupen un puesto de trabajo perteneciente a Cuerpos o Escalas del grupo A de la Consejería competente en materia de justicia, quien asumirá la Secretaría de la Comisión.
2. Al objeto de garantizar la continuidad de los trabajos y el buen funcionamiento de la Comisión, las instituciones encargadas de la designación nombrarán, además, un suplente por cada miembro, incluido el Presidente. Los miembros titulares y suplentes serán los únicos habilitados para participar en la Comisión, pudiendo actuar indistintamente.
1. Los miembros de la Comisión, designados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, serán nombrados por Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de justicia. Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
2. La duración del mandato de los miembros titulares será de cuatro años que comenzarán a computarse desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la Resolución por la que se dispone su nombramiento. Transcurrido el plazo de cada mandato y hasta que concluyan los trámites de renovación del cargo, el miembro titular podrá continuar en funciones durante el plazo máximo de un año.
El mandato de quienes sean nombrados para sustituir a otro miembro de la Comisión durará el tiempo que reste hasta completar el plazo de cuatro años previsto para el mandato de su antecesor en el cargo.
1. Los miembros de la Comisión que sean personal en activo al servicio de la Administración del Principado de Asturias percibirán, por la asistencia a las reuniones, las indemnizaciones previstas en la normativa vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio en la Administración del Principado de Asturias.
El resto de miembros tendrá derecho a percibir la indemnización establecida en el anexo II.A por la asistencia a las reuniones de la misma.
2. La indemnización se devengará por la asistencia a cada reunión siempre que la Comisión haya sido válidamente constituida con arreglo a su régimen de funcionamiento. A efectos de su percepción, la Secretaría de la Comisión certificará la asistencia de cada uno de sus miembros.
En ningún caso se percibirán más de dos indemnizaciones al mes. El miembro suplente que asista a la Comisión únicamente percibirá indemnización en aquellos casos en los que lo haga en sustitución y por ausencia del titular.
1. La Comisión tendrá acceso a las listas de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicación de su domicilio profesional, teléfono fijo, móvil y correo electrónico. En dicha lista se indicarán las especializaciones por órdenes jurisdiccionales o en las diversas ramas jurídicas. Los listados se elaborarán por cada especialidad del turno de oficio.
En la sede de los Colegios de Abogados y en sus respectivas páginas web se expondrán las normas de funcionamiento, sede y horarios de atención al público de los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados.
2. Los colegios profesionales deberán garantizar que la información a que se refiere el apartado anterior estará a disposición de toda persona interesada en acceder a los servicios de justicia gratuita y será anualmente actualizada por los respectivos colegios.
1. La Comisión se ajustará en su funcionamiento a lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el presente reglamento y en la normativa sobre órganos colegiados.
2. La Comisión se reunirá, con carácter ordinario, una vez cada quince días, previa convocatoria que efectuará quien ostente la Secretaría de la Comisión a instancia de la Presidencia de la misma.
3. La Comisión podrá asimismo, reunirse con carácter extraordinario siempre que la convoque quien ostente su Presidencia, por iniciativa propia o a propuesta de la mayoría simple de sus miembros. La solicitud de convocatoria extraordinaria deberá incluir el motivo de la misma, el orden del día y la relación de miembros solicitantes.
4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría simple de votos, dirimiendo, en caso de empate, el voto de quien ostente la Presidencia.
1. Son funciones de la Comisión, en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, las siguientes:
b) Revocar el derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 19 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.
c) Efectuar las comprobaciones y recabar la información que a lo largo de la tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita se estimen necesarias, y requerir de la Administración correspondiente la confirmación de la exactitud de los datos aportados por las personas solicitantes, para lo cual podrán utilizarse los procedimientos telemáticos de transmisión de datos, de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
d) Adoptar, previa consulta a los respectivos colegios profesionales, aquellas medidas que permitan conocer, con la periodicidad que se estime conveniente, la situación de los expedientes.
e) Recibir y trasladar al Juzgado o Tribunal correspondiente, el expediente con el escrito de impugnación de las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho.
f) Tramitar las comunicaciones relativas a la insostenibilidad de la pretensión presentadas por los abogados y abogadas.
g) Supervisar las actuaciones de los Servicios de Orientación Jurídica previstas en el artículo 26 y actuar como órgano de comunicación con los colegios profesionales, a efectos de canalizar las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones relacionadas con los servicios de asistencia jurídica gratuita, en aquellos casos en que tales iniciativas no se hayan planteado directamente ante los colegios.
h) Declarar si el beneficiario ha venido a mejor fortuna cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 36.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero. La Comisión podrá recabar el apoyo de los Colegios de Abogados a fin de que actualicen la información económica obrante en el expediente de asistencia jurídica gratuita, a efectos de determinar la capacidad económica del beneficiario del derecho.
i) Cualesquiera otras funciones que le atribuya la normativa reguladora de la asistencia jurídica gratuita.
2. La Comisión informará a la Consejería competente en materia de justicia sobre su funcionamiento, facilitando los datos estadísticos que le sean requeridos, y propondrá las actuaciones que considere necesarias para el correcto y homogéneo funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita.
1. El procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se iniciará a solicitud de la persona interesada mediante la presentación del modelo normalizado que figura en el anexo I.A, debidamente cumplimentado y firmado, acompañando a la solicitud la documentación acreditativa de su situación económica y personal que se señala en dicho anexo.
2. Los impresos de solicitud se facilitarán en las dependencias judiciales, en los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, en la sede de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, en los centros de detención, en los centros penitenciarios, en los centros de internamiento de menores infractores y podrán descargarse de la sede electrónica del Principado en la página web https://www.asturias.es
1. Tratándose del servicio de asistencia Letrada al detenido, preso o denunciado en el procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de delitos, y en aquellas otras actuaciones policiales o judiciales del orden penal en las que la asistencia inexcusable por Letrado o procurador anteceda a la solicitud del interesado, cuando la persona asistida se encuentre presumiblemente incluida en el ámbito de aplicación de la asistencia jurídica gratuita y no cumplimente personalmente el impreso de solicitud, el abogado o abogada que haya sido designado provisionalmente y haya informado oportunamente al interesado, podrá iniciar el correspondiente procedimiento para el reconocimiento del derecho presentando la solicitud contemplada en el anexo I.B del presente reglamento, en la que hará constar expresamente las circunstancias concurrentes.
Si el abogado o abogada no presentase la referida solicitud, podrá el procurador o procuradora que hubiere actuado, presentar la solicitud contemplada en el anexo I.B, haciendo constar las circunstancias por las que considere que la persona asistida es merecedora del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Lo dispuesto en este apartado será aplicable también a las solicitudes de las víctimas de los delitos a los que se refiere la letra g) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, cuando hayan requerido los servicios del turno especializado.
2. El requerimiento judicial de designación provisional de abogado o abogada o procurador o procuradora en turno de oficio no constituye iniciación del procedimiento y no releva a la persona interesada de la obligación a la que se refiere el artículo 11.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, la solicitud de asistencia jurídica gratuita, así como la documentación preceptiva, se presentará debidamente cumplimentada ante el colegio de abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para la que aquélla se solicita, o ante el Juzgado del domicilio del solicitante. En este último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición al colegio de abogados territorialmente competente.
Con la presentación de la solicitud debidamente firmada por el interesado y, en su caso, por su cónyuge o pareja de hecho se autoriza a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y al Colegio de Abogados para la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, salvo que conste en el procedimiento su oposición y/o denegación expresa. La denegación de dicha autorización conllevará la obligación de aportar la mencionada documentación.
La solicitud se podrá presentar por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En el supuesto del artículo 12.1, el Letrado o Letrada, procurador o procuradora designados presentará en el colegio de abogados territorialmente competente la solicitud prevista en el anexo I.B debidamente cumplimentada con los datos que se desprendan de las actuaciones policiales o judiciales practicadas y la documentación que le haya podido ser entregada.
3. En los procedimientos atribuidos a los juzgados de menores, la solicitud de asistencia jurídica gratuita prevista en el apartado 1 será firmada, en nombre y representación del menor, por su representante legal, guardador o defensor nombrado judicialmente y, en su defecto, por el propio menor.
En estos procedimientos, la referencia al Juzgado contenida en el primer apartado de este artículo se entiende hecha a la Fiscalía de Menores. Si, con posterioridad a la designación practicada, se solicitare abogado o abogada de oficio por el Juzgado de Menores al amparo de lo previsto en los artículos 16.3, 22.1.b) y 22.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se reiterará la designación del mismo Letrado o Letrada, salvo que proceda la sustitución por causa legítima.
4. Presentada la solicitud ante el colegio de abogados correspondiente, éste, de haberse iniciado ya el proceso, notificará de manera inmediata, por el medio más idóneo, la recepción de la misma al Juzgado o Tribunal que estuviere conociendo del proceso, a los efectos de que pueda decretar de oficio la suspensión del mismo en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero. Asimismo, el colegio de abogados advertirá a quien formule la solicitud sobre la necesidad de que presente la petición de suspensión del proceso en los términos establecidos en la citada ley.
1. Los Colegios de Abogados examinarán la documentación presentada y, si apreciaran que es insuficiente o que en la solicitud existen defectos, requerirán a la persona interesada, indicando con precisión los defectos o carencias advertidas, para que en el plazo de diez días subsane la falta o adjunte la documentación pertinente, advirtiéndole que, en el caso de no hacerlo, se le tendrá por desistida.
Transcurrido ese plazo sin que se produzca la subsanación, el colegio de abogados archivará la solicitud y lo notificará en el plazo de tres días a la Comisión y al órgano judicial que estuviere conociendo del proceso cuando éste hubiera decretado su suspensión.
2. En el supuesto del artículo 12.1, el colegio de abogados, con la información contenida en el anexo I.B debidamente cumplimentado y, en su caso, con la documentación remitida por el abogado o abogada, procurador o procuradora requerirá, en su caso, por término de diez días a la persona interesada que tenga domicilio real y conocido, para que complete la documentación insuficiente o subsane las deficiencias de la solicitud.
Cuando no hubiere lugar al requerimiento por no constar domicilio real o conocido o transcurrido el plazo concedido, remitirá el expediente aunque esté incompleto a la Comisión, sin que sea de aplicación el archivo previsto en el apartado 1.
3. Tampoco procederá el archivo previsto en el apartado 1 en los supuestos de asistencia Letrada a la persona detenida o presa, ni a las solicitudes de asistencia jurídica gratuita presentadas por víctimas de violencia de género o de terrorismo, y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.
4. No podrán remitirse a la Comisión expedientes que no estén debidamente cumplimentados, debiendo proceder el colegio de abogados conforme a lo dispuesto en los apartados precedentes. Si la Comisión recibe expedientes incompletos o con la solicitud indebidamente cumplimentada, procederá a su devolución al colegio de abogados para que requiera al interesado la correspondiente subsanación. Si éste no cumpliere el requerimiento, el Colegio de Abogados archivará el expediente teniendo por desistido al solicitante, salvo en los casos de los apartados 2 y 3.
5. Cuando, a la vista de la solicitud y documentación aportada, el colegio de abogados advirtiese que la petición ya ha sido resuelta en un expediente anteriormente tramitado, acordará el archivo de la misma, tomando nota de la solicitud objeto de archivo en el expediente inicialmente abierto y objeto de la solicitud duplicada.
1. Analizada la solicitud y, en su caso, subsanados los defectos advertidos, si el colegio de abogados estimara que el peticionario cumple los requisitos legalmente establecidos para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita o se estuviera en los supuestos del artículo 12, procederá, si la intervención de abogado o abogada fuera preceptiva, a la designación provisional de abogado o abogada en el plazo máximo de quince días, contados a partir de la recepción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación de los defectos.
Se obrará de la misma manera cuando, no siendo preceptiva la intervención de abogado o abogada, sea expresamente requerida por el órgano judicial o Tribunal mediante resolución motivada de éste, conforme a la legislación procesal y por las circunstancias o urgencia del caso, para asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de las partes. A la resolución que dicte el órgano judicial o Tribunal se adjuntará la solicitud de beneficio de justicia gratuita debidamente firmada, que previamente le habrá sido facilitada por el propio órgano judicial.
Esta designación provisional se notificará, en el plazo máximo de cinco días, a la persona solicitante y al órgano judicial, si el proceso ya hubiese comenzado, y se comunicará, en el mismo momento, al colegio de procuradores para que, dentro de los cinco días siguientes, se designe procurador o procuradora si la intervención de dicho profesional fuera preceptiva con arreglo a las leyes procesales o cuando, no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante resolución motivada para garantizar la igualdad de las partes en el proceso. En este último caso, el colegio de procuradores comunicará inmediatamente al de abogados la designación efectuada y, asimismo, la notificará a la persona solicitante.
Los Colegios de Abogados y Procuradores podrán establecer un sistema de coordinación de las designaciones, mediante el cual será el Colegio de Abogados quien solicite al Colegio de Procuradores el nombramiento de procurador o procuradora, si su intervención fuese preceptiva y, una vez verificado el mismo, en el plazo de cinco días, el Colegio de Abogados notificará a la persona solicitante y al órgano judicial la designación provisional de los dos profesionales en una única comunicación.
2. Las víctimas de violencia de género o de terrorismo que soliciten asistencia jurídica gratuita para procesos o procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida, tendrán derecho a la designación provisional de abogado o abogada y de procurador o procuradora para su defensa y representación gratuitos, aun cuando no sea preceptiva la intervención de estos profesionales en el procedimiento judicial.
En dichos supuestos, los Colegios de Abogados darán prioridad a la tramitación de las correspondientes solicitudes de asistencia jurídica gratuita.
3. El nombramiento provisional de abogado o abogada y procurador o procuradora a requerimiento judicial no obstará para que la posible persona interesada deba facilitar la correspondiente documentación para la obtención del beneficio de asistencia jurídica gratuita.
4. Las notificaciones de las designaciones provisionales realizadas a la persona interesada deberán ir acompañadas de la información relativa a la obligación de abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los profesionales designados con carácter provisional, para el caso de no obtener el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de proceder al reintegro económico en los términos previstos en el artículo 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.
5. Realizada la designación provisional de abogado o abogada, y en su caso comunicada la del procurador o procuradora, el colegio de abogados tendrá un plazo de cinco días para trasladar a la Comisión el expediente completo, así como las designaciones efectuadas, a los efectos de la verificación y resolución definitiva de la solicitud.
En el caso de que el colegio de abogados estimara que la persona peticionaria no reúne los requisitos legales para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, o que la pretensión principal contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible, carente de fundamento o, por su reiteración, manifiestamente abusiva, comunicará a la persona solicitante en un plazo máximo de cinco días, contados a partir de la recepción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación de los defectos, que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado o abogada y, al mismo tiempo, trasladará la solicitud, junto con un informe, a la Comisión para que ésta resuelva definitivamente.
1. Si en el plazo de quince días contados desde la recepción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación de defectos advertidos, el colegio de abogados no realiza la designación provisional o la actuación prevista en el artículo anterior, la persona solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión.
2. La Comisión requerirá el expediente al colegio de abogados, junto con un informe sobre la petición, ordenando al mismo tiempo, cuando resulte procedente, la designación provisional de abogado o abogada y, si fuera preceptivo, de procurador o procuradora, continuando posteriormente el procedimiento previsto en este reglamento.
1. Recibido el expediente, dentro del plazo para dictar la resolución al que se refiere el artículo 20, la Comisión podrá efectuar las comprobaciones y recabar la información que estime necesarias para verificar la exactitud y la realidad de los datos declarados por la persona solicitante, incluyendo, en su caso, los de los demás miembros de la unidad familiar.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, realizará las comprobaciones y recabará telemáticamente toda la información que estime necesaria. En particular, podrá recabarse información de la Administración Tributaria correspondiente, del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles o de cualesquiera otros registros que tengan información relacionada con los indicios a que se refiere el artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, debiendo ser remitida por medios telemáticos. La Administración Tributaria y la Seguridad Social facilitarán la información necesaria en el marco de lo establecido en su normativa específica.
3. En los supuestos de expedientes incompletos, la Comisión podrá recabar de oficio las acreditaciones correspondientes para averiguar la situación patrimonial de la persona interesada y determinar, en su caso, si la misma queda incluida en el ámbito personal de aplicación del derecho de asistencia jurídica gratuita. Si, con la información recabada, la Comisión no llega a una conclusión diferente, será suficiente la valoración del profesional que haya instado el procedimiento incluido en el impreso recogido en el anexo IB a efectos del reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, siempre y cuando se haya motivado en el apartado de observaciones del impreso las razones por las que el profesional efectúa su estimación.
4. Asimismo, la Comisión podrá oír a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción, cuando sean conocidas y se estime que puedan aportar datos para conocer la situación económica real de la persona solicitante.
En el caso de no comparecer éstas o no presentar alegaciones en el plazo de diez días desde que fueran citadas, continuará la tramitación de la solicitud, sin perjuicio del derecho de aquéllas tanto a personarse en el procedimiento en cualquier momento anterior a su resolución definitiva, como a impugnar la resolución que en su momento adopte la Comisión.
5. La fase de instrucción del procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se regirá en todo caso por los principios de celeridad y sumariedad.
1. La errónea indicación del tipo de procedimiento en el expediente no será obstáculo para la validez del mismo, de las designaciones realizadas, o, en su caso, del reconocimiento del derecho. A estos efectos, el abogado o abogada designado o designada comunicará a la Comisión que el derecho provisional o definitivamente reconocido se hará valer, para la misma cuestión litigiosa, en procedimiento distinto al indicado.
2. La Comisión decidirá con carácter definitivo sobre si procede la conversión. A tal efecto, podrá, si lo considera preciso, recabar informe previo al colegio de abogados correspondiente, con remisión al mismo del expediente.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, la Comisión dictará resolución reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita, en el plazo máximo de treinta días, a contar desde la recepción del expediente completo por la Comisión.
A los efectos previstos por el artículo 6.10 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, cuando la persona solicitante a quien se reconozca el derecho acredite ingresos por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples, se hará mención expresa de esta circunstancia en la resolución.
2. La resolución estimatoria del derecho implicará la confirmación de las designaciones de abogado o abogada y, en su caso, de procurador o procuradora, efectuadas provisionalmente por los colegios profesionales.
En el supuesto de que dichas designaciones no se hubieran producido, la Comisión requerirá inmediatamente de los colegios el nombramiento de los profesionales que defiendan y, en su caso, representen a la persona titular del derecho.
En el caso de que la resolución estimatoria dictada consista en el reconocimiento excepcional del derecho de asistencia jurídica previsto en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, la Comisión determinará cuáles de las prestaciones que integran el derecho son de aplicación a la persona solicitante.
3. La resolución desestimatoria, firme en vía administrativa, implicará que las eventuales designaciones provisionales realizadas previamente queden sin efecto y, por tanto, quien formule la solicitud podrá designar abogado o abogada y procurador o procuradora de libre elección o bien continuar con los profesionales que le hayan correspondido, quienes permanecerán siempre que por razones procesales sea preciso. La resolución desestimatoria firme conllevará que la persona peticionaria deberá abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los profesionales designados con carácter provisional.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, la resolución de la Comisión se notificará, a través de quien ostente la Secretaría, en el plazo común de tres días a la persona solicitante, al colegio de abogados, al abogado o abogada que se haya designado provisionalmente y, en su caso, al colegio de procuradores, así como a las partes interesadas y se comunicará al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso, o a quien sea titular del Juzgado Decano de la localidad si aquél no se hubiera iniciado.
Las comunicaciones y notificaciones se efectuarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando aquéllas tengan lugar entre Administraciones Públicas, órganos judiciales, profesionales de la justicia, colegios profesionales y la Comisión.
1. Transcurrido el plazo de treinta días establecido en el artículo 20 sin que la Comisión haya dictado resolución expresa, quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por el colegio de abogados y, en su caso, el colegio de procuradores, con los efectos estimatorios o desestimatorios que en cada caso correspondan, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Si los colegios profesionales no hubieran adoptado decisión alguna en el supuesto a que se refiere el artículo 17, la falta de resolución expresa de la Comisión dará lugar a que la solicitud se entienda estimada, por lo que, a petición de la persona interesada, el Juez o Jueza o Tribunal que conozca del proceso, o el Juzgado Decano competente si la solicitud se realizó antes de la iniciación de aquél, procederá a requerir de los colegios profesionales la designación de abogado o abogada y, en su caso, de procurador o procuradora y a declarar el derecho en su integridad.
3. Cuando la persona interesada haya fundado su pretensión en las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, la falta de resolución expresa de la Comisión dará lugar a que la solicitud se entienda estimada y, por tanto, reconocido el derecho.
4. La estimación o desestimación presunta de la solicitud, se podrán hacer valer de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. De conformidad con lo establecido en Ley 1/1996, de 10 de enero, la declaración errónea o el falseamiento u ocultación de datos por las personas solicitantes de asistencia jurídica gratuita que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, a su revocación por parte de la Comisión que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.
A tal efecto, la Comisión, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de la persona interesada, y previo dictamen favorable del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, declarará de oficio la nulidad de las resoluciones de concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
2. La revocación del derecho llevará consigo la obligación del pago, por parte de la persona beneficiaria, de todos los honorarios y derechos económicos devengados por los profesionales designados de oficio. Respecto de la cantidad equivalente al coste de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, la Administración autonómica podrá exigir dicho reembolso mediante el procedimiento administrativo de apremio.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, los Colegios de Abogados y los Colegios de Procuradores reclamarán a sus colegiados, con el fin de compensar en la siguiente certificación, a la que se refiere el artículo 44, las cantidades percibidas por las intervenciones de los profesionales designados en el expediente de asistencia jurídica gratuita en el que se ha revocado de oficio el derecho concedido.
1. Las resoluciones de la Comisión que de modo definitivo reconozcan, revoquen o denieguen el derecho solicitado, así como las que declaren de oficio la nulidad de las resoluciones de concesión y, en consecuencia, revoquen el derecho previamente reconocido podrán ser impugnadas por quienes sean titulares de un derecho o interés legítimo conforme al artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.
2. Del mismo modo, podrán ser impugnadas las resoluciones de la Comisión sobre sobre si el beneficiario ha venido a mejor fortuna previstas en el artículo 36.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.
Organización general de los servicios
1. Las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y los Colegios de Procuradores del Principado de Asturias regularán y organizarán los servicios de asistencia Letrada y de defensa y representación gratuitas, de quienes soliciten abogado o abogada de oficio en cualquier jurisdicción o no designen abogado o abogada en la jurisdicción penal, conforme a las directrices generales y normas de acceso de los profesionales a los referidos servicios, aprobadas por los citados órganos, que serán, en todo caso, de obligado cumplimiento para los colegiados.
2. Estas normas podrán exigir una experiencia profesional previa para acceder a los servicios de defensa gratuita y de asistencia Letrada a la persona detenida o presa, y se ajustarán, en todo caso, a los requisitos generales de formación y especialización que haya podido establecer el Ministerio competente en materia de justicia, así como a los complementarios que se fijen por la Consejería competente en materia de justicia, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 29.
3. La organización de los servicios de asistencia jurídica gratuita se efectuará atendiendo a la mejor defensa de la ciudadanía, a criterios de eficiencia y funcionalidad en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición, deberá garantizar su continuidad, velando por la distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios y, cuando el censo de profesionales lo permita, de especialización por órdenes jurisdiccionales.
4. Los sistemas de distribución de los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales serán públicos para todas las personas colegiadas, así como para quienes soliciten asistencia jurídica gratuita.
1. Cada colegio de abogados contará necesariamente con un Servicio de Orientación Jurídica que realizará las funciones siguientes:
a) Asesoramiento previo a las personas peticionarias de asistencia jurídica gratuita sobre la viabilidad de su pretensión de asistencia jurídica gratuita.
b) Información sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita.
c) Suministro a las personas interesadas de los impresos necesarios para la solicitud del derecho y el auxilio técnico y material, en su caso, en la cumplimentación de los impresos normalizados de solicitud.
d) Requerimiento a las personas interesadas de la documentación preceptiva que ha de acompañar a la solicitud y la subsanación de deficiencias u omisiones de la misma.
e) Las demás funciones que le asigne la Junta de Gobierno.
Este servicio tendrá carácter gratuito para las personas solicitantes de justicia gratuita.
Son obligaciones de los Colegios de Abogados y, en su caso, de los Colegios de Procuradores:
a) Cuidar del correcto funcionamiento de los turnos de asistencia Letrada, así como del Servicio de Orientación Jurídica y del cumplimiento de sus funciones. Asimismo, velarán especialmente por la inmediata tramitación de las solicitudes y expedientes de asistencia jurídica gratuita a la Comisión en los plazos legalmente establecidos.
b) Actuar de manera coordinada para efectuar las designaciones de abogado o abogada y procurador o procuradora que procedan en cada caso, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 34 si se hubiera renunciado a la designación.
c) Mantener a disposición de la Comisión las listas de personas colegiadas ejercientes adscritas a los servicios de justicia gratuita, con indicación de su domicilio profesional y, en su caso, su especialización por órdenes jurisdiccionales o en las diversas ramas jurídicas. Asimismo, deberán facilitar las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los requisitos generales mínimos exigibles a los abogados y abogadas, de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.
d) Adoptar las medidas necesarias para que los profesionales del Servicio de Orientación Jurídica faciliten los impresos a las personas interesadas, auxiliándoles en su correcta cumplimentación.
e) Llevar a cabo las actuaciones registrales establecidas en el artículo 35.
f) Cualquier actuación que redunde en un mejor servicio y correcto cumplimento de las disposiciones establecidas en la Ley 1/1996, de 10 de enero y en este reglamento.
1. Los profesionales inscritos en los servicios de asistencia jurídica gratuita desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las reglas y directrices que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.
2. Los abogados y abogadas y procuradores y procuradoras que se designen desempeñarán sus funciones de asistencia y representación de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia, sin perjuicio del efecto de las causas de insostenibilidad que estén previstas en la Ley 1/1996, de 10 de enero.
Transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el párrafo anterior, las designaciones realizadas se entenderán caducadas. Sólo procederá la designación de nuevo abogado o abogada y procurador o procuradora para la fase de ejecución si se reconoce a la persona interesada nuevamente el derecho a la justicia gratuita, previa la tramitación del correspondiente expediente.
Asimismo se entenderán caducadas las designaciones efectuadas si han transcurrido más de tres años desde la resolución definitiva de reconocimiento del derecho sin que se haya iniciado el procedimiento judicial para el que se solicitó.
3. En el procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de delitos, la asistencia Letrada se prestará por un único abogado o abogada desde la detención, si la hubiera, o desde que se requiera dicha asistencia y hasta la finalización del procedimiento, incluido el juicio oral y, en su caso, la ejecución de la sentencia.
4. En el orden penal, incluido el ámbito de la responsabilidad penal de los menores, se asegurará en todo caso la defensa desde el momento mismo de la detención, sin perjuicio del abono por el cliente de los honorarios devengados si no le fuese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
5. En el supuesto de asistencia a víctimas de violencia de género y de terrorismo, la orientación jurídica, defensa y asistencia se asumirán por una misma dirección Letrada, siempre que reúna los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, desde el momento en que se requiera, y abarcará todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida hasta su finalización, incluida la ejecución de sentencia. Este mismo derecho asistirá también a quienes sean causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima.
6. Sólo en el orden penal podrán los abogados y abogadas que se hayan designado excusarse de la defensa. Para ello deberá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de los colegios. En el supuesto de atención a las víctimas de violencia de género, la aceptación de la excusa en el orden penal implicará el cese en los demás procedimientos y la designación de un nuevo Letrado.
7. En los procedimientos en los que no sea preceptiva la intervención de procurador, la designación de Letrado o Letrada se hará a los efectos de asumir tanto la defensa como la representación, siempre que, conforme a las leyes procesales que sean de aplicación al procedimiento de que se trate, dicha representación pueda ser asumida por el propio Letrado o Letrada.
1. De conformidad con lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de la asistencia jurídica gratuita, el Ministerio competente en materia de Justicia, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, así como aquellos relativos a experiencia profesional previa, con objeto de asegurar el nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los colegios profesionales.
2. Corresponderá a la Consejería competente en materia de justicia, previo informe de los Colegios de Abogados y de Procuradores de la Comunidad Autónoma determinar, en su caso, los criterios de formación y especialización adicionales a los generales establecidos por el Ministerio.
3. Los colegios profesionales realizarán periódicamente cursos dirigidos a la formación de sus colegiados y colegiadas, para facilitar el acceso de éstos a los servicios de asistencia jurídica gratuita. Se harán constar detalladamente los cursos de formación impartidos durante el año por los colegios profesionales en una memoria anual.
1. Las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones de los profesionales encargados de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita serán trasladadas por la Comisión a los colegios profesionales correspondientes, sin perjuicio de aquellas actuaciones judiciales que resulten procedentes.
2. Los colegios profesionales estarán obligados a comunicar a la Comisión las resoluciones y medidas adoptadas en la información o expediente disciplinario que, en su caso, se incoe.
Régimen de guardias para la asistencia Letrada de oficio
1. Para la prestación del servicio de asistencia Letrada a la persona detenida durante la detención y la realización de las primeras diligencias de instrucción criminal que resulten procedentes, así como para la asistencia Letrada a las personas investigadas y a aquellas a quienes se les atribuya un delito en el atestado policial, haya sido detenida o no, para cuya instrucción y enjuiciamiento es de aplicación el procedimiento especial previsto en el Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, los Colegios de Abogados constituirán un turno de guardias permanente, de presencia física o localizable de los Letrados y Letradas, y a disposición de dicho servicio durante las 24 horas del día.
2. El régimen de guardias, así como el número de Letrados y Letradas que integran cada servicio de guardia se determinará, entre otras circunstancias, en función del volumen de litigiosidad, ámbito territorial, características geográficas o situación y distancia de los centros de detención. A tal efecto, los Colegios de Abogados, con la conformidad de la Consejería competente en materia de justicia, establecerán los parámetros de organización de los turnos de guardia, indicando el número de abogados o abogadas que intervendrán en cada uno, para lo que se tendrán en cuenta un promedio de seis asistencias diarias por abogado o abogada. A los efectos de la organización del turno de guardia, se computará como asistencia Letrada la prestada por el Letrado o Letrada tanto en el centro de detención como la posterior comparecencia ante órgano judicial.
1. Con carácter general, los servicios de guardia se prestarán con periodicidad diaria, y se incorporarán a éstos, en situación de disponibilidad, todos los Letrados y Letradas que lo integren conforme al régimen establecido por el colegio respectivo, que realizarán cuantas asistencias sean necesarias durante el servicio de guardia.
2. Para la orientación jurídica, defensa y asistencia Letrada inmediata a las víctimas de violencia de género, terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato, se establecerá en cada colegio de abogados, una o varias guardias de disponibilidad de la que formarán parte Letrados y Letradas especializados, en el número y con la periodicidad que se determine por el propio colegio de conformidad con los criterios establecidos en el artículo anterior.
3. El régimen de prestación de servicios de guardia deberá ser comunicado, con carácter previo, a la Consejería competente en materia de justicia. Dicho régimen será público para todos los colegiados y colegiadas y podrá ser consultado por las personas solicitantes de asistencia jurídica gratuita.
Reconocimiento y renuncia del derecho a la asistencia jurídica gratuita
El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la confirmación de las designaciones provisionales de abogado o abogada y, en su caso, procurador o procuradora de oficio, cuando la intervención de dichos profesionales sea legalmente preceptiva, y si éstas no se hubiesen producido, el nombramiento inmediato de los profesionales que defiendan y en su caso, representen a la persona titular del derecho, así como del resto de las prestaciones que integren el derecho.
En cada ámbito territorial, los Colegios de Abogados y los Colegios de Procuradores actuarán de manera coordinada para efectuar las designaciones que procedan en cada caso, y no podrá actuar, al mismo tiempo, un abogado o abogada de oficio y un procurador o procuradora libremente elegido o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renunciara por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el colegio en el que se halle inscrito.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, quienes tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán renunciar expresamente a la designación de abogado o abogada y procurador o procuradora de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza, haciendo constar este extremo en la solicitud.
2. La renuncia posterior a la designación tendrá que ser comunicada expresamente a la Comisión y a los colegios profesionales, y no implicará la pérdida de las demás prestaciones del derecho a asistencia jurídica gratuita que se hubiesen reconocido.
3. Ambas renuncias afectarán simultáneamente a los dos profesionales designados de oficio.
4. A los efectos previstos en los apartados anteriores, los Colegios de Abogados y de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para asegurar la efectiva y mutua comunicación de las renuncias de los profesionales a la percepción de honorarios y derechos, y de las personas interesadas a las designaciones de oficio.
1. Los Colegios de Abogados y de Procuradores deberán registrar todas las solicitudes de designaciones que se les hagan con las especificaciones necesarias para que en cada caso quede constancia de la persona peticionaria, la causa o actuación a que se refiere la solicitud, el órgano judicial o unidad donde se ha hecho o se hará la actuación, las fechas de solicitud y designación, la identificación de los profesionales designados y las circunstancias correspondientes a la designación, especialmente las referentes a las renuncias o aquéllas que justifiquen la no prestación del servicio.
2. Los Colegios de Abogados dejarán constancia en un registro especial de los expedientes iniciados excepcionalmente por el Letrado o Letrada designados previo requerimiento judicial y facilitarán, previo requerimiento de la Consejería competente en materia de justicia, datos referidos a dichos registros.
La Consejería competente en materia de justicia velará por el buen funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita gestionados por los colegios profesionales, en los términos establecidos en este reglamento.
1. La Consejería competente en materia de justicia subvencionará, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores con sede en el Principado de Asturias cuando tengan por destinatarios y destinatarias a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
2. El importe de la subvención se aplicará a retribuir las actuaciones profesionales correspondientes a las prestaciones establecidas por la Ley 1/1996, de 10 de enero, y los gastos devengados por los colegios en concepto de tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita.
3. Los colegios profesionales se configurarán como entidades colaboradoras para la gestión de la subvención, asumiendo las obligaciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Los libramientos de las subvenciones se efectuarán, como máximo, trimestralmente, previa justificación, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de este reglamento.
No podrá retribuirse con cargo a fondos públicos a más de un abogado o abogada o procurador o procuradora por una misma actuación profesional en el curso del mismo proceso, salvo caso de muerte o de baja en el ejercicio de la profesión, excusa admitida por el respectivo colegio o sustitución del profesional designado en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero.
1. La retribución de los abogados y abogadas y procuradores y procuradoras que se designen de oficio se realizará conforme a los módulos y bases de compensación económica fijados en atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan dichos profesionales.
2. Los módulos y bases económicas de referencia, serán los que se detallan en el anexo II.B.
3. Las cuantías establecidas en el anexo II se actualizarán automáticamente cada año conforme al porcentaje de incremento de las retribuciones del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias. Dicha actualización se realizará mediante Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de justicia.
1. Los Colegios de Abogados y los de Procuradores deberán verificar la efectiva prestación de los servicios por parte de los profesionales mediante la oportuna justificación documental que conservarán a disposición de la Consejería competente en materia de justicia por un período de cuatro años desde la justificación.
2. Los Colegios de Abogados y los de Procuradores comunicarán a la Consejería competente en materia de justicia los pronunciamientos en costas que se hayan producido y las posibles indemnizaciones o beneficios obtenidos por el cliente que tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
3. En todos los casos, la documentación acreditativa de la actuación profesional a la que se refiere el apartado 1 se deberá efectuar mediante la aportación del correspondiente justificante de la intervención profesional, suscrito por el Letrado o la Letrada actuante, en el plazo de un mes natural a contar desde la finalización de aquélla.
Los colegios podrán implementar los medios necesarios para la presentación de la oportuna justificación de las actuaciones profesionales mediante la declaración firmada digitalmente por los profesionales, sin que en este caso sea necesaria la justificación documental.
1. Los abogados y abogadas y procuradores y procuradoras devengarán la retribución correspondiente a su actuación conforme a lo establecido en el anexo III, una vez que justifiquen ante sus respectivos colegios el cumplimiento de los trámites que para cada procedimiento se recogen en aquél conforme a lo establecido en el artículo anterior.
2. Cuando se trate del servicio de asistencia Letrada a la persona detenida o presa, la indemnización se devengará una vez finalizada la intervención, bien mediante el sistema de pago por día de guardia, bien mediante el pago por asistencia ordinaria y, en todo caso, respecto de los que no hubieran designado abogado o abogada. Posteriormente deberá tramitarse el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.1.
El pago por asistencia ordinaria procederá en aquellos colegios o demarcaciones en los que no esté implantado el sistema de pago por servicio de guardia. En este caso, la retribución de cada Letrado o Letrada se hará conforme al número de asistencias prestadas.
El pago del servicio de guardia procederá, con los requisitos y formalidades previstos en el artículo 44, en aquellos colegios o demarcaciones que tengan implantado este sistema. En estos casos, cada Letrado o Letrada atenderá hasta un máximo de seis asistencias diarias y caso de que, por necesidades del servicio, superara dicho límite, devengará, a los efectos retributivos y conforme a lo establecido en el anexo II.B, el importe correspondiente a otra guardia adicional, cualquiera que sea el número de las prestadas, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
En ambos casos, cuando la asistencia Letrada se le tenga que prestar a más de una persona detenida por los mismos hechos, se computará como una sola asistencia para los efectos de su devengo.
Lo dispuesto en este artículo resulta igualmente aplicable a la asistencia prestada ante los órganos policiales o judiciales a cualquier posible persona investigada, aunque no se encuentre detenida o presa.
3. Las actuaciones de un procedimiento penal posteriores a la primera declaración de la persona detenida o presa tendrán la consideración de defensa por turno de oficio a los efectos del devengo de la compensación económica, siempre que reúnan las condiciones requeridas para la defensa y representación gratuitas.
4. Cuando se trate de asesoramiento y asistencia a la víctima de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato, el servicio de guardia se retribuirá conforme al baremo establecido en el anexo II.B. Las actuaciones posteriores en procesos o procedimientos administrativos que tengan su origen directo o indirecto en la violencia padecida se retribuirán igualmente conforme a las bases y módulos establecidos en el anexo II.B, correspondientes al procedimiento de que se trate.
5. Cuando se trate de un procedimiento de enjuiciamiento rápido, excepto en el supuesto a que se refiere el apartado anterior, en el que las actuaciones que se realicen se retribuirán en la forma indicada en él, todas las actuaciones, incluida la asistencia Letrada al detenido, si la hubiera, se considerarán incluidas en la retribución que corresponda al procedimiento conforme al baremo establecido en el anexo II.B. No obstante, si una vez prestada la asistencia Letrada a la persona detenida en las diligencias policiales o en la primera comparecencia judicial, el Juez o Jueza determinara que el procedimiento no es susceptible de tramitación rápida, la actuación Letrada de asistencia a la persona detenida se considerará, a efectos de su retribución, como asistencia individualizada, y se devengará una vez adoptada la resolución judicial y previa su acreditación.
Asimismo, si durante el servicio de guardia los Letrados o Letradas a quienes por turno corresponda no hubiesen efectuado ninguna intervención, serán retribuidos por haber permanecido en disponibilidad en la cuantía que se fija en el anexo II.B.
Si, por el contrario, durante el tiempo de la guardia el número de Letrados o Letradas que constituye el servicio de guardia de asistencia para el enjuiciamiento rápido de delitos excepcionalmente resultase insuficiente, los Letrados y Letradas que forman parte del servicio de guardia de asistencia a la persona detenida podrán pasar a reforzar dicho servicio, sin perjuicio de percibir la indemnización correspondiente por servicio de guardia a la persona detenida. Este refuerzo, en cualquier caso, será acordado por el colegio correspondiente, a la vista de la situación planteada.
1. El coste que genera a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas, se compensará en función de la aplicación a cada expediente del módulo establecido en el anexo II.C.
2. La cantidad resultante de multiplicar el módulo por cada expediente se devengará cuando quede constancia de que éste está completo y ha sido enviado a la Comisión para su resolución definitiva.
1. La distribución de la subvención a los abogados y abogadas y a los procuradores y procuradoras para financiar sus actuaciones profesionales a favor de las personas beneficiarias del derecho a la asistencia jurídica gratuita, se efectuará a través de los correspondientes colegios profesionales.
2. A estos efectos, los colegios profesionales, dentro del mes natural siguiente al de la finalización del mes anterior, presentarán en la Consejería competente en materia de justicia una solicitud de subvención acompañada de una certificación en la que se haga constar:
a) El número y clase de actuaciones realizadas por el colegio a lo largo del mes anterior, desglosadas de acuerdo con la tipología que se establece en el anexo II.B y con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.
b) Los gastos de funcionamiento e infraestructura derivados de la prestación colegial de dichos servicios, indicando el número de expedientes completos tramitados por cada colegio que haya tenido entrada en la Comisión.
c) Los reintegros que, en su caso, proceda efectuar de fondos públicos previamente percibidos, correspondientes a intervenciones de abogados y abogadas y procuradores y procuradoras designados en expedientes de justicia gratuita cuando se haya revocado el derecho de asistencia jurídica gratuita; cuando los profesionales designados hubiesen obtenido el abono de sus honorarios en ejecución del pronunciamiento sobre costas a favor de su cliente, impuestas en la sentencia que ponga fin al proceso y cuando los profesionales designados hayan percibido sus honorarios conforme a lo previsto en el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley 1/1996, de 10 de enero.
3. A la certificación anterior, se acompañará la siguiente documentación:
a) Declaración sobre la percepción de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración, ente público o privado, nacional o internacional, a los efectos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
c) Declaración de cumplir los requisitos y las obligaciones previstas en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. En función de las certificaciones anteriores, el órgano competente efectuará a continuación los libramientos, como máximo trimestrales, que correspondan individualmente a cada colegio, pudiendo quedar en suspenso la tramitación de la subvención respecto de los colegios profesionales que no aporten la documentación preceptiva, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan.
5. Los Colegios de Abogados y Procuradores ingresarán las cantidades libradas en una cuenta separada, bajo la denominación «Colegio de Abogados/Procuradores de…, subvención del Principado de Asturias a los servicios de asistencia jurídica gratuita», pudiendo destinar los intereses devengados por la misma a la financiación de los gastos de infraestructura por la gestión colegial de la asistencia jurídica gratuita.
1. Dentro del mes natural siguiente a la recepción por cada colegio de abogados y procuradores de los libramientos efectuados por la Consejería competente en materia de justicia, cada colegio profesional deberá justificar ante esta Consejería la aplicación de la subvención percibida durante el mes inmediatamente anterior, pudiendo utilizarse a estos efectos los medios telemáticos disponibles.
Si se incumpliera dicha obligación, se podrán suspender los sucesivos libramientos hasta que se rinda la cuenta.
2. Los Colegios de Abogados deberán presentar ante la Consejería competente en materia de justicia, para la justificación de la aplicación de los fondos percibidos a que se refiere el artículo anterior, los siguientes documentos:
a) Relación detallada de los turnos de guardia o, si procede, de las asistencias Letradas a la persona detenida efectuadas por cada Letrado o Letrada, con indicación de los datos siguientes: día de actuación, número de atestado o de procedimiento e importe bruto pagado.
b) Relación detallada de los asuntos de justicia gratuita asumidos por cada Letrado o Letrada, con indicación del número de expediente dado por la Comisión, tipo y número de procedimiento, órgano judicial e importe bruto pagado.
c) Relación por Letrados o Letradas de las cantidades devueltas en caso de percepciones indebidas de compensaciones, con indicación del número de expediente dado por la Comisión.
3. Los Colegios de Procuradores deberán presentar ante la Consejería competente en materia de justicia, para la justificación de la aplicación de los fondos percibidos a que se refiere el artículo anterior, una relación de las indemnizaciones percibidas por cada profesional.
4. Además de los documentos anteriores, los colegios profesionales adjuntarán una certificación de los ingresos en la Agencia Tributaria de la Administración del Estado correspondientes a las retenciones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicadas.
5. Los gastos de funcionamiento e infraestructura derivados de la prestación colegial de dichos servicios, se justificarán mediante la indicación del número de expedientes completos tramitados por cada colegio que hayan tenido entrada en la comisión.
El régimen sancionador aplicable en relación con las subvenciones previstas en este reglamento será el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, siendo competente para acordar e imponer las sanciones, la persona titular de la Consejería competente en materia de justicia.
1. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita eximirá a sus titulares de la obligación de abonar los gastos derivados de las actuaciones periciales practicadas a lo largo del proceso para el que se solicitó dicho derecho, salvo en los casos en que, conforme al artículo 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, proceda el reintegro económico.
2. La asistencia pericial gratuita se llevará a cabo por las personas y entidades mencionadas en el artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.
Cuando la asistencia pericial gratuita a que se refiere el artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, deba correr a cargo de personal funcionario, organismos o servicios técnicos dependientes de la Administración del Principado de Asturias, corresponderá a la Consejería competente en materia de justicia, previo requerimiento del órgano jurisdiccional que esté conociendo del proceso en que se haya admitido la prueba pericial propuesta por la parte beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita, facilitar la persona u organismo que reúna los conocimientos que la pericia precise.
1. Para que proceda la asistencia pericial gratuita prestada por personal técnico privado conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, se requerirá:
a) Inexistencia de personal técnico en la materia de que se trate, dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones Públicas.
b) Resolución motivada del Juez o Jueza o Tribunal por la que se estime pertinente la concreta actuación pericial.
2. El abono de los honorarios devengados por los peritos privados profesionales correrá a cargo de la Consejería competente en materia de justicia, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya pronunciamiento sobre costas a favor de la persona titular del derecho de asistencia jurídica gratuita.
b) Cuando, venciendo en el pleito la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y no existiendo en la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los beneficios obtenidos por aquella en el procedimiento superen en tres veces la cuantía de las costas causadas en su defensa.
En el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenada en costas la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, quedará ésta obligada a abonar las peritaciones realizadas por personal técnico privado, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna. A estos efectos, será de aplicación el procedimiento administrativo de apremio.
3. A efectos de determinar el coste económico de las pruebas periciales, antes de la realización de la prueba pericial, el personal técnico privado remitirá a la Consejería competente en materia de justicia, para su aprobación, una previsión del coste económico de aquélla, que incluirá necesariamente los extremos siguientes:
a) Tiempo previsto para la realización de la pericia y valoración del coste por hora. En caso de inexistencia de valoración de coste, la Consejería competente en materia de justicia, para determinar la minuta, valorará el tiempo empleado en la elaboración de la pericia y el coste por hora de dicho personal técnico, en función de la retribución media que otorga la Administración a un miembro de un cuerpo donde se exija titulación similar para la realización de la pericia.
c) Copia de la resolución judicial que da lugar a la realización de la prueba.
La previsión del coste quedará automáticamente aprobada si, en el plazo de quince días desde su remisión, la Consejería no formula ningún reparo a su cuantificación.
4. La minuta de honorarios se ajustará a la previsión del coste económico, aprobada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. Para su devengo, el profesional correspondiente deberá aportar, además, documentos que acrediten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de quien instó la prueba pericial y pronunciamiento del órgano judicial sobre las costas generadas por el proceso.
1. Con el objeto de garantizar en las mejores condiciones la asistencia pericial gratuita prevista en la Ley 1/1996, de 10 de enero, la Consejería competente en materia de justicia podrá suscribir acuerdos y convenios con los diferentes colegios profesionales ubicados en el Principado de Asturias.
2. Los colegios profesionales remitirán anualmente a la Consejería competente en materia de justicia la lista de personal colegiado en el ámbito territorial autonómico, dispuesto a actuar como peritos. De no existir colegio profesional para el tipo de pericia de que se trate, las asociaciones o entidades en que se agrupen tal personal técnico privado serán quienes remitan su respectiva relación.

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 12

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24
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Artículo 25

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Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 46

Artículo 48

Artículo 49
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 artículo 7
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 artículo 36
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 12
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 artículo 3
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 artículo 6
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 artículo 5
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 artículo 17
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 artículo 21
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 artículo 44
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 artículo 6
 artículo 6
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