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Timestamp: 2020-08-06 22:34:26+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 441, de 22/02/2018
cve: DSCD-12-CO-441
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 441
- Por la que se insta al Gobierno a realizar un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de seguimiento de la violencia de género en el sistema informático en las historias clínicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000698) ... (Página2)
- Sobre la constitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000946) ... (Página6)
- Relativa a la devolución del IRPF abonado por la consideración de la prestación por maternidad como rentas del trabajo a los padres y madres afectados. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001185) ... (Página9)
- Relativa a impulsar la protección, promoción y el apoyo a la lactancia natural. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001213) ... (Página12)
- Relativa al fomento de la participación ciudadana. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001675) ... (Página15)
- Relativa al impulso de medidas de trabajo flexible. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002238) ... (Página19)
- Relativa al II Plan de Igualdad de Renfe Operadora. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002300) ... (Página22)
- Relativa a las unidades de igualdad de la Administración General del Estado (AGE) y de las universidades. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002545) ... (Página24)
- Relativa a la violencia económica institucional contra los derechos de las mujeres víctimas de violencias machistas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002572) ... (Página27)
- Relativa a reconocer a Sabrina Vega Gutiérrez en la defensa de los derechos de las mujeres a través del deporte e instar al Gobierno a incluir la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte como criterio a valorar para la concesión de la Real Orden del Mérito Deportivo. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002768) ... (Página31)
Votación de las proposiciones no de ley:
- Sobre la integración del lenguaje inclusivo en los trabajos del Congreso. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000425) ... (Página36)
- Para la representación paritaria en los órganos y nombramientos del Congreso de los Diputados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000845) ... (Página37)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR UN ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y LEGALES NECESARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO EN LAS HISTORIAS CLÍNICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000698).
Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Igualdad y procedemos a tramitar el orden del día establecido. En primer lugar, debate y votación de proposiciones no de ley. Recuerdo a sus señorías cuáles son los tiempos de intervención según hemos acordado previamente para los supuestos en los que tengamos en la Comisión debate de PNL: cinco minutos para el grupo parlamentario autor de la iniciativa, cuatro minutos para los grupos parlamentarios que enmiendan y tres minutos para fijación de posiciones.
En primer lugar, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a realizar un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de seguimiento de la violencia de género en el sistema informático en las historias clínicas. La presenta el Grupo Parlamentario Socialista y se han presentado tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, una del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y otra del Grupo Parlamentario Popular.
Voy a ser muy breve porque esta medida que traemos ya forma parte de los acuerdos del pacto y, por tanto, no la traemos aquí para ver si se vota a favor o no puesto que entraríamos en contradicción, digamos que es una puesta en escena para poner en evidencia la urgencia de poner en marcha algunas de las medidas del pacto.
Si en estos últimos años hubiésemos mantenido el ritmo de las regulaciones reglamentarias de la Ley integral contra la violencia, esto ya estaría finiquitado o por lo menos avanzado. Hemos llegado aquí por el intolerable parón de estos últimos años, pero si se hubiesen seguido los ritmos de implementación de la ley ya se habría dado cumplimiento a un mandato de esta ley integral que en su artículo 15 pide a las administraciones sanitarias que promuevan e impulsen actuaciones de los profesionales para la detección precoz de la violencia de género y que estos, además, puedan proponer las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia. No tenemos ninguna duda en el Grupo Socialista de que estos profesionales a los que hago referencia van a colaborar activamente en el diseño técnico y a orientar sobre cómo hay que hacer la planificación de estas medidas que van a permitir implantar en todo el territorio la sistematización en consulta de información de seguimiento y de identificación de lesiones físicas o psicológicas asociadas con violencia de género. El pacto ha sido redundante en esta materia, la verdad, porque muchas medidas que ya estaban incluidas en la ley han terminado apareciendo entre esas medidas. La número 54 está encaminada a mejorar la detección precoz de violencia de género en los centros sanitarios. También el pacto, en sus medidas 132 y 133, pide revisar y reforzar la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario. Es algo reincidente, insistente en el ámbito de los acuerdos a los que llegamos el año pasado en materia de violencia que el sistema sanitario tiene que implicarse de manera más activa, pero tenemos que darle instrumentos, y para eso es necesario adaptar los protocolos sanitarios y sobre todo las historias clínicas para que, en caso de sospecha, en caso de que haya una sintomatología en una paciente que pueda estar asociada a maltrato, se active la utilización de los protocolos de cribado en consulta, que sus señorías conocen perfectamente porque lo hemos debatido sobradamente en la subcomisión del pacto. Para ello es necesaria la colaboración con las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y necesitamos proceder a la puesta en marcha de una clave de seguimiento que permita identificar en el historial clínico, dentro de ese sistema informático, esta situación. Solo a través de una reordenación del sistema informático se podrá conseguir un seguimiento adecuado y solo con indicadores claros vamos a avanzar en una más efectiva implicación de ese sistema sanitario como un elemento clave para una derivación adecuada.
Por tanto, señorías, esta PNL, insisto, no es susceptible de votarse en contra, a no ser que algún grupo quiera retractarse de los recursos alcanzados. Lo que el Grupo Socialista pretende con esta iniciativa es abrir el proceso ya, esta es la cuestión; poner el reloj en marcha y que la Comisión contra la violencia de género creada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud inicie los trabajos que permitan el análisis de esas necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de esos indicadores de seguimiento.
Termino. Si, como pedimos en la iniciativa, dicho informe se presentase en el plazo de dieciocho meses, es decir, en septiembre de 2019 -y verán que estamos siendo generosos en el plazo que marcamos-, podríamos comenzar el análisis de los costes operativos y las negociaciones con las comunidades autónomas para la implantación de una medida que es fundamental para el éxito de los acuerdos del pacto. Esto, señorías, permitiría contar con tiempo para iniciar la puesta en marcha en paralelo de todo el sistema de detección y de formación y especialización, tanto en los estudios reglados de profesionales sanitarios como en todos los planos de especialidades. Y hay que hacerlo en paralelo, quiero insistir en esto. Dada la complejidad y amplitud de circunstancias que cabe considerar, es urgente -y esto es lo que quiero remarcar- iniciar esos trabajos. Con esta proposición daremos por tanto traslado al Gobierno de esa urgencia y también del camino por donde deben discurrir los procedimientos para hacerlo viable.
Turno de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez.
Como decía ahora mismo la portavoz del Grupo Socialista, la proposición no de ley que nos ocupa está incluida de alguna manera en los acuerdos del informe de la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y en este sentido hemos presentado una enmienda que creemos que especifica un poco más cuáles deberían ser los objetivos de este estudio y análisis que se pide hacer en la
proposición no de ley. Comparto también el espíritu del Grupo Socialista en la medida en que nos gustaría que lo que hoy estuviéramos debatiendo aquí ya fuera el análisis hecho. Creo que esta es una tarea que debería haber iniciado Gobierno. Han pasado cinco meses ya desde la aprobación del informe sin noticias del pacto. Esta podría ser la canción que cantáramos todos los días; desde luego nos gustaría que figurase cuáles son los objetivos de este análisis, que fue, como decía la portavoz, algo bastante discutido en el seno de la subcomisión porque creemos que no son menores. Se hizo un encaje que tiene que ver con las cuestiones territoriales, algo que nos parece fundamental, es decir, que se respetasen las competencias de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, también porque habría que facilitar la inclusión de una codificación específica y por supuesto confidencial -consideramos que esto es importantísimo en una historia clínica-, y también porque ya existe a día de hoy un proyecto de interoperabilidad de las historias clínicas en marcha en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que nos hace pensar que esto podría estar solucionado desde hace bastante tiempo, pero en cualquier caso desde que esto es una medida del informe, tendría que estar puesto en marcha. El plazo de dieciocho meses quizás es excesivo, pero a estas alturas, con tal de que se haga, diría que el plazo es un poco irrelevante, y más en una proposición no de ley como esta. Lo que queremos es que se ponga en marcha cuanto antes este mecanismo de etiqueta de alerta cuando hay un caso de violencia de género, porque puede ayudar a mejorar la vida de muchas mujeres y probablemente también llegar incluso a salvar la vida de algunas de ellas. Así que pedimos por favor al Grupo Popular no solo que vote favorablemente -solamente faltaría el descaro de votar en contra de esta proposición no de ley-, sino que además se tome en serio su compromiso con este pacto, con este informe y haga de una vez por todas su trabajo en el Gobierno.
Turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra la señora Martín.
Se ha expuesto ya que realmente la proposición no de ley que plantea el Grupo Socialista no hace más que concretar una de las medidas que firmamos en el Pacto contra la violencia de género, pero realmente nos alegramos de que la hayan traído porque esta iniciativa tiene muchísimo sentido y si hay un partido político que ha defendido y ha luchado por la implantación de la historia digital en el sistema de salud ese ha sido Ciudadanos. Nosotros somos un grupo que hemos presionado al Gobierno para que este proyecto de la historia clínica digital interoperable sea una realidad lo antes posible y, por supuesto, que en ella se incorpore este indicativo relacionado con la violencia de género.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene publicado el último informe en relación con la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, con datos disponibles a fecha de noviembre de 2017. En este informe se señala que, si bien casi un 78 % de la población dispone de una tarjeta sanitaria individual que ya estaría cubierta por la historia clínica digital, el detalle sobre la información sanitaria de esta población varía sustantivamente entre comunidades autónomas. Del total de nueve elementos que hay que incluir en esta historia clínica digital cabe decir que solo las Islas Baleares están cumpliendo con estos requisitos. El informe señala que, por ejemplo, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde gobierna el Partido Socialista, solo existe la historia clínica resumida, con autorización de emisión de algunos datos para la historia clínica digital, pero es que lo mismo sucede en Galicia, y en Andalucía solo se comparten dos de los nueve ítems. En el caso del Principado de Asturias y Canarias solo tienen autorización para cuatro de los nueve ítems, etcétera.
La PNL que nos propone el Grupo Socialista nos parece muy acertada, pero, con todos los respetos, es que el Partido Socialista nos lo pone a huevo (Rumores), y nos lo pone a huevo porque lo que nosotros le pedimos es que en la enmienda que hemos hecho incorporen los deberes que tienen sus consejerías de Sanidad para que las historias clínicas sean interoperables, de manera que el cien por cien de toda la información esté disponible, incluido este indicativo. Esta es la enmienda que hemos presentado y que queremos que se admita.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Desde luego, es una expresión que no se suele escuchar habitualmente en la Cámara.
La señora MARTÍN LLAGUNO: No es sexista. Miren el origen, quiere decir a precio de huevo, hago la puntualización. (Un señor diputado: Es peor que lo hayas aclarado.-Risas).
La señora PRESIDENTA: Creo que es mejor no seguir incidiendo en la cuestión.
Turno del Grupo Parlamentario Popular para defender su enmienda. Tiene la palabra la señora Dueñas.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora Presidenta, y buenos días. Voy a tratar de ser breve porque además la voz tampoco me va a permitir extenderme.
A nadie se le escapa, señorías, como se ha reseñado por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el importante papel de detección precoz de la violencia de género que realizan los profesionales de la sanidad, y ello porque la violencia contra la mujer genera toda una serie de problemas crónicos en su salud física y psicológica, y a pesar de ello, según señalan los profesionales sanitarios, sigue siendo un mal a día de hoy infradiagnosticado, una cuestión esta que entendemos vital y que entendimos vital en los trabajos de la subcomisión, como se ha reflejado en las intervenciones que me han precedido y como se recoge en el informe del Pacto de Estado contra la violencia de género. Evidentemente, hay que seguir apostando por una mayor formación, en este caso de los profesionales sanitarios, unido a la necesidad de seguir proporcionando a nuestros profesionales sanitarios herramientas eficaces a la hora de hacer una detección activa aplicando los indicadores que existen y aquellos otros que entiendo que debemos promover e impulsar en esa apertura de las historias clínicas de casos relacionados con violencia de género. Y unido a todo ello, hacer un seguimiento de la historia clínica cuando el o la profesional sanitario conozca de nuevos episodios que afecten a la mujer, porque ello puede ayudar en gran manera a esa adecuada protección que requiere una mujer víctima de cualquier forma de violencia. En definitiva, señorías, seguir avanzando en esa formación como recogemos en el informe del pacto.
Por supuesto, hay que hablar de interoperabilidad de las historias clínicas. Hoy podemos decir que, de las diecisiete comunidades autónomas, quince se encuentran operativas, cuestión esta a nuestro juicio también relevante al permitir no solo esa atención específica a la mujer sino también que los profesionales tengan acceso a esa información necesaria de una paciente víctima de violencia que pueda existir en otra comunidad autónoma diferente a aquella en la que está siendo atendida y ello, reitero, unido a la necesaria implantación de indicadores de seguimiento. En este sentido, y sin perjuicio de seguir realizando y mejorando los análisis que a tal efecto se entiendan en la línea reseñada, sí puedo decir que algunos de los aspectos que se incluyen en la proposición no de ley del Grupo Socialista ya están incluidos por parte de la Comisión de violencia de género de la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De hecho, este año ya se ha informatizado el cuestionario que se remite online a los puntos focales en las comunidades autónomas. Además, de todo este trabajo realizado en los últimos tres años y de la situación actual se van a extraer una serie de líneas específicas que se trasladarán desde la Comisión de violencia de género al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a fin de que sean puestas en marcha por las diferentes comunidades autónomas. Compartimos el objeto solicitado en el petitum; hemos presentado una enmienda que matiza -levemente- lo planteado, pero como digo compartimos el objeto, como no podía ser de otra manera.
Turno de fijación de posiciones del resto de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta.
Muy brevemente. Solo quiero decir que, evidentemente, es algo que está recogido en el pacto de Estado y no deberíamos estar hablando aquí y ahora de implementarlo a dieciocho meses vista sino que ya tendría que estar implementado y hablar ahora de si se ha hecho bien o no. Por eso nos posicionamos a favor de la propuesta del PSOE; veremos cómo quedan las enmiendas para acabar de decidir nuestra posición al respecto.
Turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). No está el señor Agirretxea. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Telegráficamente.
Quiero sumarme, por no repetirme, a las palabras de Marta Sorlí; yo seguramente no lo hubiera dicho mejor. Por lo tanto, vamos a votar a favor la PNL del PSOE.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señoría.
- SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 17/2015, DE 21 DE JULIO, DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. (Número de expediente 161/000946).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre la constitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. La presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Turno, por tanto, del grupo proponente, por tiempo de cinco minutos.
La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, presidenta. Intentaré también ser lo más breve posible.
El Parlament de Catalunya aprobó el 21 de julio de 2015 la ley 17/2015 -que siempre que he tenido la ocasión he intentado explicar en esta Comisión y allí donde se me deja-, Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, por unanimidad de la Cámara. Únicamente el Partido Popular y Unió Democràtica de Catalunya no apoyaron algunos aspectos referentes al acceso al aborto, por ejemplo, y Ciudadanos en concreto rechazó las cuotas de paridad que introducía dicha ley. La norma es fruto, evidentemente, de un intenso trabajo que se remonta al periodo del Govern del tripartit, de 2004 a 2010, y cuenta con un gran respaldo social, y no solo social sino también parlamentario.
Tal y como se establece en el preámbulo de la Ley del Parlament de Catalunya -la dicha 17/2015, de 21 de julio- el derecho fundamental de la igualdad de mujeres y hombres constituye un valor fundamental para la democracia y es a la vez una necesidad esencial en una sociedad democrática, moderna, que desea erradicar el sistema patriarcal, androcéntrico y sexista. A fin de que se cumpla plenamente este derecho no solo ha de ser reconocido legalmente sino que además debe ejercerse de forma efectiva implicando todos los aspectos de la vida. Es decir, aspectos políticos, económicos, sociales y también culturales.
Todo esto suena muy bien, pero el caso es que con el fin de lograr una igualdad efectiva entre mujeres y hombres la Ley del Parlament de Catalunya, de 21 de julio, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres quiere reforzar las medidas y los mecanismos concretos para conseguir que los poderes públicos lleven a cabo políticas y actuaciones destinadas a erradicar el fenómeno de la desigualdad. Pero, decía, suena muy bien hasta que resulta que una serie de artículos, que no voy a nombrar aquí, son anulados por el Tribunal Constitucional. La mayoría de ellos son relativos al ámbito laboral y a las medidas para garantizar la aplicación efectiva de la ley. El recurso interpuesto por el Gobierno español, la inmediata suspensión de distintos preceptos de la ley y su posterior declaración de inconstitucionales sobre la base de una interpretación absolutamente restrictiva de las competencias exclusivas de la Generalitat de Catalunya en materia de políticas de género obstaculizan que Cataluña pueda garantizar el efectivo cumplimiento de la ley y a la vez garantizar plenamente la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y también, repito, en el ámbito laboral. Por eso justamente hoy defendemos esta proposición no de ley, que pide básicamente transferir a la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el artículo 150.2 -no 155, señor Roca- de la Constitución, las facultades en materia de legislación laboral establecidas en el artículo 149.7 de la Constitución a fin y efecto de garantizar la constitucionalidad de los preceptos de la Ley del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de julio, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, declarados inconstitucionales y nulos por el Tribunal Constitucional.
Turno para los grupos parlamentarios que han presentado enmienda. En este caso, el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El año pasado se han cumplido diez años desde la aprobación de la Ley de Igualdad de 2007 y es verdad que hay que evaluar la consecución de objetivos y poner en marcha los mecanismos necesarios para que haya una efectiva igualdad de trato entre hombres y mujeres. No podemos ignorar que se han producido algunos avances pero queda muchísimo por hacer. Hace diez años el salario de una mujer equivalía al 80,9 % del sueldo de un hombre y hoy es el 85,6 %. Pero detrás de este progreso hay una amarga realidad, que no son los sueldos de las mujeres los que han mejorado en estos años sino que han sido los salarios masculinos los que han bajado y por eso se ha disminuido la brecha. Es verdad que la tasa de actividad femenina ha subido en este tiempo, del 50 al 59 %, pero todavía estamos muy lejos de alcanzar el compromiso estratégico europeo para la igualdad entre hombres y mujeres fijado en el 75 % para ambos sexos. Tampoco la recuperación se ha dejado sentir de forma paritaria. La mayor parte de nuevos contratos siguen teniendo por beneficiario a los varones y las mujeres nos continuamos viendo afectadas en mayor medida por la precariedad laboral. Para Ciudadanos, si hay una tarea pendiente en este ámbito es la del tema de la corresponsabilidad que haga efectiva una conciliación entre hombres y mujeres en su vida personal y profesional, que nosotros diagnosticamos como uno de los problemas para eliminar las desigualdades. Es precisamente la desigualdad entre los permisos de maternidad y paternidad lo que hace que algunos empleadores sigan contratando a varones y por eso apostamos firmemente por la equiparación de estos permisos; hemos conseguido ya la ampliación de una semana y esperemos que, si hay presupuestos, se consiga la tercera semana que irá poco a poco eliminando este obstáculo.
En definitiva, estamos de acuerdo en que las desigualdades en el mercado laboral están lejos de haberse resuelto, que tenemos que combatir y luchar para eliminarlas, pero nos parece muy curioso que a Esquerra Republicana, teniendo la capacidad de presentar proposiciones no de ley generales a fin de promover esta eliminación de la brecha salarial, sigan centrándose en la cuestión exclusiva de Cataluña y en la cuestión de la legalidad o la ilegalidad. Nosotros hemos presentado una enmienda porque consideramos que la brecha salarial afecta a todas las comunidades autónomas, a las mujeres de todas las comunidades autónomas y no nos interesa solo trabajar para una comunidad autónoma sino para todos y, desde luego, no nos interesa dividir a la sociedad española y catalana en lugar de trabajar de una manera constructiva.
Turno ahora de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Sorlí.
Simplemente quiero decir que el Gobierno está abusando, y mucho, de los recursos al Constitucional para parar aquellas leyes que son políticas que estamos haciendo los Gobiernos que tienen una ideología diferente a la del Partido Popular y, por tanto, vamos a votar a favor de esta o de cualquier otra iniciativa que pida respetar las competencias y las decisiones de los Gobiernos de las comunidades autónomas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sorlí.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Señora Ramos.
La señora RAMOS JORDÁN: Muchas gracias.
Nosotros también vamos a votar a favor. Creo que esta iniciativa de Esquerra Republicana trae a debate los dos ejes fundamentales, que son la democratización y descentralización para poder llevar a cabo políticas públicas y de igualdad y el tema de la transversalidad en la cuestión de género. No estamos de acuerdo con el Grupo Ciudadanos en que se proponga dividir la sociedad, ni mucho menos, sino acercar al ciudadano a la Administración. Precisamente ahora, cuando esta semana hemos presentado la proposición de ley para reducir la brecha salarial nos hemos dado cuenta de que hay factores y complementos que si no se pueden regular y legislar desde las comunidades autónomas difícilmente se va a poder llegar a la igualdad. Creemos que la descentralización no es solo una cuestión democrática sino también, como vemos, una cuestión de eficiencia, y mientras no se pueda tratar de forma transversal desde las administraciones locales que tienen más acceso a la ciudadanía esto no se va a poder solucionar. Por tanto, agradecemos esta iniciativa porque consideramos que la pérdida de competencias
en el ámbito local y su correspondiente influencia sobre las políticas públicas municipales constituye, en sí misma, una categoría que atraviesa la desigualdad. Por eso hemos trabajado proponiendo la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para poder tratar las desigualdades y la violencia machista.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora GUINART MORENO: Gracias, presidenta.
El Parlament de Catalunya cuenta desde 2015 con una ley propia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, una ley que, como se señala en esta iniciativa, fue recurrida por el Gobierno del PP al Tribunal Constitucional. El alto tribunal estimó solo parcialmente el recurso y consideró que algunos artículos -33, 36 y algunos apartados de los artículos 39, 40 y 44- invadían competencias estatales. Ya durante el debate de la ponencia, la magistrada catalana Mar Serna advirtió sobre esta posibilidad. Serna es magistrada de lo Social en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, fue consellera de Treball de la Generalitat entre 2006 y 2010, directora general de Relaciones Laborales del Departamento de Treball e Industria en 2004 y además inspectora de Trabajo hasta el año 2000. Sabe, por tanto, de lo que habla y, como miembro del comité reciente de expertos y expertas que asesoraron a los grupos políticos en el Parlament de Catalunya durante la ponencia que trabajó en la mencionada ley, señaló en sus informes que la materia regulada en el artículo 39 es legislación laboral y no ejecución de la misma, por lo que podría ser declarada inconstitucional al exceder el ámbito de competencias de Cataluña.
A pesar de esta y otras advertencias, el Gobierno de Junts pel Sí, del que Esquerra formaba parte, hizo caso omiso y decidió incluir en la ley aspectos que eran susceptibles de invadir competencias estatales. Lo más lamentable es que los artículos declarados inconstitucionales son solo los antes mencionados: únicamente dos y parte de otros tres. La Ley catalana de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres cuenta, en cambio, con un total de sesenta y cuatro artículos, además de las correspondientes disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. ¿Podrían decirme cuántos de ellos han implementado, cuántos han desarrollado en el tiempo transcurrido desde julio de 2015, cuando se aprobó? Yo se lo diré: esta ley no la están dotando presupuestariamente ni la están implementando. En la Comisión de Igualdad del Parlament se presentó la legislatura pasada una propuesta de resolución que pedía el despliegue de la ley y Junts pel Sí votó en contra. Utilizan la excusa de los artículos recurridos pero la realidad es otra, es la de los recortes en igualdad y en la lucha contra la violencia de género en Cataluña. Le pondré ejemplos: no han aprobado ni presentado en el Parlament el plan para la igualdad de género en el sistema educativo, a lo que ya se refería la Ley de igualdad de 2009; no han hecho realidad la mesa por el acuerdo social y político para erradicar la violencia machista que aprobó el Pleno del Parlament; no han aprobado el protocolo de prevención de acoso sexual y de acoso por razón de sexo para actualizar el vigente desde 2009, aprobado bajo la Presidencia de José Montilla; no han trabajado transversalmente en los diferentes departamentos de la Generalitat por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; tampoco han elaborado una norma sobre la inclusión de cláusulas relacionadas con la igualdad en contratos y subvenciones en el ámbito de actuación de la Generalitat. Les diré también lo que han hecho -a la contra, claro-, por ejemplo, la reducción de la plantilla de los juzgados de violencia sobre las mujeres; recortes en los servicios de atención e información a mujeres, SIAM; en los servicios de intervención especializada en violencia machista, etcétera. Han reducido los presupuestos destinados a prevención, detección y subvenciones de las entidades que luchan por la igualdad entre mujeres y hombres. Respecto a 2011, ha habido una reducción del 26 % en presupuestos destinados a igualdad. Además, la Generalitat tiene competencias compartidas con el Estado en materia de inspección de trabajo. Dada la brecha salarial que hay en Cataluña, podrían emplearse más en la inspección para atajarla, pero tampoco lo hacen. ¿Saben que desde hace un año la Generalitat tiene, mediante convenio con el Estado, participación en la definición de los criterios que deben marcar las campañas de la Seguridad Social? Piden más competencias, pero no dotan ni desarrollan las que tienen y, por otro lado, piden más competencias pero declaran la independencia. Algo falla en su lógica política, permítanme que se lo diga. Se lo hemos reiterado en el Parlament y se lo reiteramos aquí en el Congreso: ya está bien de gesticulaciones, pónganse a trabajar de verdad por la igualdad entre mujeres y hombres, si es que en realidad les importa algo.
Votaremos en contra.
Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Roca.
El señor ROCA MAS: Muchas gracias, señora presidente.
Debatimos en la Comisión de Igualdad una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 17/2015, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, del Parlament de Catalunya. Se trataría más de una PNL relativa a la Comisión de Empleo, porque lo que pretendía la ley del Parlament de Catalunya era, a través de la aplicación de políticas de género -materia competencia exclusiva, tal y como contempla el Estatut d'Autonomía de Catalunya-, incidir en el ámbito de regulación de las relaciones laborales, que es competencia exclusiva nacional, del Estado, conforme al artículo 149 de la Constitución. Es una manera de actuar indirectamente pretender aplicar mediante el artículo 150.2 la eliminación del artículo 149, lo cual es, cuando menos, contradictorio. Algunos somos un poquito raritos con esto de la política y nos gusta saber de dónde venimos y lo que ha pasado. Yo he tenido un vicio seguramente imperdonable y es que me he dedicado a estudiar, cuando era diputado en el Parlament de Catalunya, toda la actividad parlamentaria del Parlament de Catalunya y la inmensa mayoría de iniciativas políticas iba destinada a buscar el conflicto con el Estado, con el Gobierno de España, a exigir competencias, a buscar el conflicto y, una vez se asumen esas competencias -lo ha explicado perfectamente la portavoz que me ha precedido del Partido Socialista-, dichas competencias son abandonadas, no son dotadas de recursos y entonces hay que buscar otras nuevas competencias sobre las que encontrar el agravio o la diferencia. En el caso que nos ocupa es muy claro, las competencias sobre igualdad son de las comunidades autónomas, las competencias legislativas en el ámbito laboral son competencia exclusiva del Estado y la ejecución les corresponde a las comunidades autónomas, ejecución que, en el caso de la Generalitat de Catalunya, es francamente deficiente. Ojalá tuviéramos un sistema bien definido de distribución de competencias y no tuviéramos que estar todo el día recurriendo al Tribunal Constitucional. El Gobierno de España recurre al Constitucional aquellas leyes que invaden sus competencias y la Generalitat de Catalunya, mucho más que el Gobierno de España, también recurre al Constitucional constantemente.
Puede que suene a utópico y a lo mejor también otra utopía sería que las administraciones públicas, todas, actuaran con una cierta lealtad y compitieran no en ver quién trae más agravios o quién se queja más sino quién ejerce mejor las competencias que les son transferidas. En Cataluña hacemos muchas cosas buenas, creo modestamente que podemos exportar cosas a otras comunidades autónomas y, con la misma humildad, creo que deberíamos copiar otras cosas que hacen bien otras comunidades autónomas, en vez de destinar tantos sobreesfuerzos y tantos aspavientos a buscar el conflicto entre administraciones públicas y, sobre todo, contra el Gobierno de España. En ese sentido, votaremos que no a esta proposición no de ley.
- RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DEL IRPF ABONADO POR LA CONSIDERACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD COMO RENTAS DEL TRABAJO A LOS PADRES Y MADRES AFECTADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001185).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la siguiente proposición no de ley, relativa a la devolución del IRPF abonado por la consideración de la prestación por maternidad como rentas del trabajo a los padres y madres afectados, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Es el turno a favor del Grupo Parlamentario Mixto.
Lo que queremos traer hoy aquí es algo que nos parece una injusticia para las personas que tienen hijos, tanto por maternidad como por paternidad. La prestación, como decimos en nuestra proposición no de ley, por maternidad y paternidad ha generado durante mucho tiempo que la Agencia Tributaria entienda que es necesario el pago de impuestos por la misma. Por contra, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo en una sentencia que no había que pagar esos impuestos ya que se consideraba que estábamos frente a una prestación pública -por maternidad, en este caso- percibida por entidades públicas y, por tanto, se consideraba exenta de tributar por el IRPF.
¿Qué genera esta situación? Que actualmente las madres que tienen hijos y perciben más de 1500 euros por esta prestación tengan dos pagadores y se vean con la obligación de tributar en el límite de 11 200 euros en lugar de 22 000, que sería el límite cuando tiene solo un pagador. Esto genera un agravio comparativo y una tremenda injusticia, a nuestro parecer.
Como he dicho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en julio de 2016, dijo concretamente en un caso que no tenía que pagar 3135 euros. Pero esto tampoco genera jurisprudencia. Por tanto, cada vez que una madre o un padre quieran recurrir el pago de los impuestos por esta prestación se verán inmersos en una serie de recursos y reclamaciones que harán que el trámite se alargue. Mientras tanto, mientras no se fije un criterio claro para saber si hay que tributar o no por esta prestación, lo que generamos es que algunas personas que se metan en este entramado burocrático puedan llegar a conseguir que se les devuelva, mientras que a otras les prescriba el derecho a reclamar y que otras, por falta de tiempo o por desconocimiento, tributen por la misma sin ir más allá. Por tanto, lo que pedimos desde esta Comisión y desde el Grupo Parlamentario Mixto es que empecemos a crear un criterio claro, a dejar de tener contradicciones y a conseguir que todas aquellas personas que tengan esta prestación no tengan ningún tipo de problema o de trabajo añadido para tener esta prestación como exenta. ¿Cómo? Fijando criterios claros sobre si hay que tributar o no por la misma, fijando -a nuestro parecer- el criterio de que no hay que tributar por la misma y agilizando todos los trámites que hay al respecto para que las personas que quieran reclamar porque ya han pagado esa tributación lo hagan con mayor agilidad, para que no suponga un problema burocrático recuperar su dinero.
Tenemos claro que esto es un tema económico para el Gobierno porque supone una devolución a las arcas públicas, pero tenemos que tener claro también que al final a quien se está asfixiando siempre es a las personas sencillas, a las familias -en este caso a las madres y los padres-, a las mismas personas a las que en todo momento nos han dicho que nos teníamos que apretar el cinturón. Mientras tanto, se recupera dinero para las arcas públicas que se vuelca en pagar indemnizaciones y rescates multimillonarios a grandes empresas.
Hay una enmienda -como ya ha citado- del Grupo Socialista, pensamos que no es contradictoria con nuestro texto. Por tanto, hablaré con la persona que la lleve para poder llegar a un acuerdo.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Para defender la enmienda presentada, tiene la palabra la señora De Frutos.
Con esta ya son dos sentencias las que declaran que la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social está exenta del IRPF. Estamos hablando siempre de brecha, de pobreza, de conciliación, de corresponsabilidad, de igualdad y estas sentencias creemos que van en la línea de favorecer todas estas cuestiones. Nos parece sorprendente que, hablando de todo esto, la Dirección General de Tributos y el Tribunal Económico-Administrativo Central sigan reafirmándose en la posición inicial de Hacienda y sigan reafirmándose en que dicha prestación no se encuentra entre las exenciones previstas.
Nuestra enmienda va en la línea de igualar, a efectos de considerarlo fiscalmente exento, las prestaciones de maternidad y paternidad. Consideramos -como he dicho- que la insistencia de Hacienda es solo una muestra más de la poca voluntad política de un Gobierno para garantizar la conciliación efectiva, para promover la corresponsabilidad y de forma indirecta la igualdad, ya que las medidas fiscales son medidas muy importantes y necesarias para garantizar todos estos aspectos. El otro aspecto de nuestra enmienda va dirigido a que Hacienda impulse de oficio la devolución de estas cuantías. En cualquier caso, vamos a votar a favor.
Turno ahora para fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco no está el señor Agirretxea y por Esquerra Republicana tampoco está la señora Jordà. Por lo tanto, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín.
El Tribunal Superior Justicia de Madrid falló a finales de 2016 a favor de una ciudadana que recurrió la retención de parte de la prestación por maternidad en concepto de IRPF. Es verdad que este fallo
judicial contradijo el criterio de Hacienda sobre la tributación de esta prestación. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no genera jurisprudencia pero sí consideramos que el Gobierno debe llevar a cabo las medidas precisas para que otras ciudadanas no tengan que iniciar trámites judiciales a fin de recuperar parte de las prestaciones por maternidad, que son consideradas por Hacienda como rendimiento del trabajo. Pero también es cierto que se han dado sentencias, como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que mantienen justamente la tesis contraria, es decir que la prestación por maternidad percibida del Instituto Nacional de Seguridad Social no está exenta y debe tributar como rendimiento del trabajo. A este tipo de interpretación -a la que se acogen tanto la Agencia Estatal de Administración Tributaria como la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Tribunal Económico-Administrativo Central- se unen también interpretaciones contrarias. En relación con este último cabe destacar que la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 2 marzo de 2017, de unificación de criterio, señala que la prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está prevista en la normativa del IRPF como renta exenta del impuesto en el artículo 7 de la Ley 2006, de 28 de noviembre.
Conclusión. Existe una gran confusión, por lo que consideramos que el Gobierno debe llevar a cabo las modificaciones normativas oportunas para aclarar esta situación y eliminar la indefinición en la que nos encontramos las trabajadoras.
Es el turno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra el señor Carracedo.
El señor CARRACEDO VERDE: Muchas gracias, presidenta.
Efectivamente, la ley en su artículo 7, sobre rentas exentas, tiene un final de párrafo que es el que ha generado la polémica, pues dice que también estarán exentas las prestaciones públicas percibidas por maternidad de las comunidades autónomas o entidades locales. Hacienda se agarra a la mención a las comunidades autónomas para decir que solo son de comunidades autónomas y no de Hacienda. Bueno, doctos tiene la Iglesia y que cada uno lo interprete. Desde luego, mi grupo va a votar a favor de esta enmienda porque creemos que debe estar exenta de IRPF. La lectura restrictiva que hace Hacienda sigue la línea de tantas otras intervenciones que está haciendo relativas a la reducción de ingresos y capacidades al conjunto de la población. Se llenan la boca de ideología, como España o familia, y cuando llega la hora de plasmar eso en hechos, por los hechos los conoceréis. Ya tenemos dos vetos a la ley que hemos presentado de permisos de dieciséis semanas, igualitarios e intransferibles y remunerados al cien por cien o el veto a la ley de la prestación por hijo a cargo para todas aquellas familias que tengan hijos bajo el umbral de la pobreza. Un Gobierno serio debería tomar nota de lo que va a salir de esta votación y cambiar la interpretación que tiene la ley conforme no solo a una sentencia, sino a varias que han hecho una interpretación amplia, considerando que deben estar exentas. Esperemos que el Gobierno empiece a ser serio y no nos tenga, como siempre, acostumbrados a ignorar lo que sale de la Cámara, que en definitiva es quien le eligió. Es Gobierno porque fue elegido por la Cámara, por lo que debería hacer caso a las decisiones que emanan de ella.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Ruano.
El señor RUANO GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
En relación con este asunto, quiero indicar, en primer lugar, como se ha dicho anteriormente, que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no constituye jurisprudencia. De hecho, posteriormente hubo otra en sentido contrario. También hay otros criterios, como aquí se ha dicho, sobre los que tanto la Dirección General de Tributos como el Tribunal Económico-Administrativo Central se han pronunciado y, si leemos el Diario de Sesiones para ver cuál fue la voluntad del legislador y cómo fue el íter legislativo, queda clara la voluntad de que sea considerada esta prestación como un rendimiento del trabajo. Considero que la confusión está aquí. Se trata de una confusión sobre la naturaleza jurídica de esta prestación por maternidad en cuanto que tiene naturaleza de salario o de retribución sustitutiva. No trata de ayudar a la maternidad en sí misma, sino a la mujer que en un momento determinado deja su trabajo. Lo que trata de hacer esta renta es sustituir a esas rentas que deja de percibir. No se trata -como
podría ser en otro caso y podríamos hablar de eso- de una liberalidad por parte de la Administración pública enfocada al nacimiento del niño o la maternidad. Como digo, es una renta de sustitución para sustituir esas rentas que la madre deja de percibir durante esa etapa. Esto es muy importante porque si se votase a favor o se llevase a cabo, tal y como está la legislación, la realidad es que se podría violar el principio de igualdad que rige la generalidad del impuesto sobre la renta de las personas físicas en cuanto que hay otras prestaciones que tienen esta misma naturaleza, como la prestación por desempleo o algunas pensiones por enfermedad, que también se puede estar percibiendo en el momento de la maternidad y son también consideradas rendimientos del trabajo. Deberíamos decir entonces que en cualquier momento de la maternidad, cualquiera que sea la naturaleza de las prestaciones, deberían estar exentas, y esta no es la voluntad del legislador ni tampoco es el objetivo de esta posible sección. Además, se produce otro tema en contra de este principio de igualdad, que solamente afectaría a mujeres empleadas o autónomas. Entonces quedarían fuera otro tipo de situaciones, como pueden ser las mujeres desempleadas o que no desarrollan una actividad económica. Es muy importante diferenciar precisamente por eso que en comunidades autónomas y corporaciones locales sí que están exentas este tipo de prestaciones porque se consideran liberalidades. En conclusión, lo que quiero decir es que se trata de una confusión sobre su naturaleza jurídica y la naturaleza jurídica de este tema es claramente un rendimiento del trabajo, por todo lo que he dicho.
Todos los miembros de mi grupo parlamentario, en contra de lo que se ha podido decir por otros portavoces anteriormente, nos sentimos muy orgullosos de haber sido los primeros en haber introducido determinadas medidas para favorecer o para proteger estas situaciones. Ha sido precisamente el Grupo Parlamentario Popular el que introdujo la deducción en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 100 euros mensuales, es decir de 1200, u otras muchas como los mínimos exentos por hijo, la familia numerosa o el tratamiento que se ha dado a las familias monoparentales. Como vendrán los Presupuestos Generales del Estado y habrá oportunidad para entrar más en el fondo de la cuestión, porque esta es una cuestión más de forma, mi grupo se va a oponer a esta proposición no de ley.
- RELATIVA A IMPULSAR LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y EL APOYO A LA LACTANCIA NATURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001213).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a impulsar la protección, promoción y el apoyo a la lactancia natural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se han presentado cinco enmiendas, tres del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, una del Grupo Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Heredia.
La señora HEREDIA MARTÍN: Muy amable, señora presidenta.
Buenos días, señorías. El objetivo de la proposición no de ley que presenta mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, se fundamenta en proteger, promocionar y apoyar la lactancia materna en nuestro país. Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la lactancia natural es la forma más adecuada y beneficiosa que tiene una madre para alimentar a su hijo. Eso es así. Aporta los principios inmediatos y la energía necesaria para la subsistencia y el crecimiento del lactante. Además, contiene otras muchísimas sustancias que actúan como mediadores entre la madre y el niño y establece una comunicación fisiológica. Los componentes de la leche materna tienen comprobados efectos antiinfecciosos, antimicrobianos, antiinflamatorios y también inmunológicos. Existen guías y protocolos de actuación consensuados por las administraciones, sociedades científicas, expertos y organizaciones no gubernamentales para conseguir la mejor atención en la salud de forma homogénea en todo el territorio nacional, pero queda mucho por mejorar y aquí nos encontramos con dos debates muy claros en esta proposición. Por una parte, nos planteamos la necesidad de mejorar los medios que tenemos al alcance de las madres y, por otra, la necesidad de tener más apoyo de nuestra sociedad.
Necesitamos, como decía al principio, mejorar esos medios que se les ofrece a las madres porque está claro que nuestros profesionales, los profesionales sanitarios, necesitan una mayor formación -así nos lo dicen ellos- en esta materia. Sobre todo es muy importante estar muy bien formado en estos
primeros minutos que pasa por primera vez la madre con el bebé. Se deben impartir, por tanto, más cursos a estos sanitarios para que estén bien asesorados y ofrezcan las técnicas más adecuadas para cada madre e hijo. Está claro que la primero es empezar por el pecho, pero si no sale a la primera, se recomienda que no se usen tetinas sino otras técnicas que están bien probadas, como por ejemplo el dedo jeringa o utilizar una sonda pegada al pecho de la madre para simular el calor maternal. Si no se coge a la primera el pecho se tiene que recurrir a los suplementos y, por tanto, como digo, se mejora la atención a esas madres.
Es importante atender, asimismo, a cómo se están prestando los criterios en las distintas unidades de neonatos que existen en nuestro país. Está claro que no existe un criterio unánime en función de la comunidad autónoma, en función del centro sanitario. Así son las normas que se establecen cuando un bebé tiene que ser ingresado en una unidad de neonatos, en una unidad de observación. Por tanto, es interesante conocer cómo se puede mejorar la atención que se presta a la madre. Hay, por ejemplo, unidades que están abiertas veinticuatro horas en comunidades autónomas y otras que solamente se abren en determinados momentos. En el tema de los padres pasa exactamente lo mismo cuando van a hacer de canguro, que es ponerse al hijo en el pecho y hacer el primer apego, existe limitación de horas en algunas comunidades autónomas mientras que en otras las unidades están abiertas veinticuatro horas para estos padres y más cuando se encuentran con el problema de que están trabajando y no pueden venir a determinadas horas. Y también es importante unificar criterios con respecto a las visitas de los familiares. Está claro que no van a estar las veinticuatro horas abiertas, pero tampoco se les puede negar la entrada a los familiares como hacen en determinados centros mientras en otros solo se permite la entrada a determinadas horas, por ejemplo, los sábados y festivos.
La necesidad de más apoyo de la sociedad está clara. A la mujer lactante su hijo le demanda una dedicación exclusiva durante todo el día, sobre todo durante los primeros meses. Aunque observamos que se está normalizando este hecho en la sociedad, queda mucho por hacer, porque una madre cada hora aproximadamente en los primeros meses de vida tiene que estar dando el pecho y eso conlleva que no tiene apenas descanso. Después de dar la toma tiene que descansar y, por tanto, se necesita ese apoyo. No hablemos ya de las madres lactantes trabajadoras, que todavía siguen teniendo muchos obstáculos. Hay que abrir la mentalidad y seguir avanzando en este sentido. Por eso, lo que reivindicamos en esta Comisión de Igualdad es más implicación no solamente del Gobierno -al que siempre se pide implicación y a algunos les gustaría que hiciera mucho más-, sino también a la propia sociedad y a los agentes sociales. Tenemos que implicar también a los sindicatos y a la negociación colectiva para seguir avanzando en esta materia con campañas de sensibilización, mejorando los convenios colectivos y dando más incentivos también a las mujeres trabajadoras. Les puedo asegurar que cuando somos primerizas, nos preocupa esa decisión durante nuestro embarazo. Yo me siento ahora mismo muy identificada porque estoy de siete meses y me encuentro en esa tesitura de ser lactante o no ser lactante. (La señora presidenta: Enhorabuena.-Aplausos). Me ha convencido ya todo el mundo -la primera mi madre-, pero está claro que necesitas mucho apoyo de tu familia y de la sociedad. Por lo tanto, vamos a seguir desde aquí fomentando la natalidad y promocionando la lactancia materna, porque yo entiendo que es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida.
Quiero dar las gracias a mi compañera, la portavoz Carmen Dueñas, por haberme dado la oportunidad de defender esta iniciativa en estos momentos tan especiales. También quiero felicitar a todos los profesionales sanitarios que están en nuestros centros hospitalarios, porque no se pueden hacer idea de la entrega diaria y el apoyo continuo que nos prestan en todos y cada uno de los momentos de este bonito momento de nuestra vida. Quiero darles las gracias a los portavoces, porque nos ha aportado muchas enmiendas, la gran mayoría de las cuales vamos a aceptar. Con las que están todavía dudosas, les pido un poquito de flexibilidad para que esta iniciativa salga aprobada en esta Cámara por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría, y enhorabuena otra vez.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea para defender las enmiendas. Señora Ramos.
La señora RAMOS JORDÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Agradecemos esta iniciativa de la lactancia. Tenemos bastantes enmiendas. La primera es que estas medidas de las que habla nuestra compañera se deben coordinar con las comunidades autónomas y los
organismos correspondientes. Como hemos defendido en varias ocasiones, pensamos que cuanto más cerca esté la Administración pública del ciudadano es mejor y este tipo de decisiones tienen que estar lo más descentralizadas posible. En la segunda enmienda indicamos que se deben promover los beneficios de la lactancia, pero siempre respetando el protagonismo y la capacidad de decisión de las mujeres. La lactancia es un derecho, pero no es un deber. La mujer tiene derecho a decidir qué tipo de maternidad quiere vivir y cómo la quiere vivir. Quizá para la señora Heredia sea un momento maravilloso, pero muchas mujeres no piensan así y siempre tiene que haber respeto a la decisión de la mujer, tanto si quiere optar por la lactancia o por otro tipo de alimentación para su hijo. La otra enmienda de adición establece que también se tiene que promover otro tipo de lactancia prolongada y otras tareas de cuidado que vayan más allá de los cuatro meses. Estamos pensando, por ejemplo, en el destete natural, que comporta más tiempo que otro tipo de destete. Por eso, mantenemos las enmiendas porque continuamos pensando son importantes.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Flórez.
Felicidades a la señora Heredia en nombre de nuestro grupo y en el mío propio.
Nos traen hoy ustedes una iniciativa para proteger la lactancia natural. Es un asunto que es de calado y de relevancia, pero no vemos así el tratamiento que han hecho ustedes de la iniciativa; de ahí las cuatro enmiendas que hemos presentado. Ahora nos ha hablado de diferentes interferencias que puede haber en la lactancia, pero concretamente en el texto de la exposición de motivos que nos han presentado hablan del ejemplo del descanso materno, como si la elección de lactancia materna exclusiva, parcial o mixta -que a menudo es una imposición y no una elección- se apoyara en nuestro interés por el descanso; por cierto, descanso que es necesario. Podrá probar usted dentro de unos meses cuáles son estas interferencias y, cuando venga aquí y tenga que dejar a su hijo o hija en otra ciudad, se dará cuenta de las dificultades con que se encuentra una mujer. Igual le toca relactar, como me tocó a mí. No hay nada como vivirlo en carne propia.
Según los últimos estudios de 2016, las prácticas de la lactancia se ven afectadas por una gama de factores históricos, socioeconómicos, culturales e individuales importantes. La lactancia materna es ideal para los bebés por sus posibilidades nutritivas y medicinales, pero en algunos lugares las mujeres que desean amamantar en público se topan con reacciones negativas que no son casos aislados. En este sentido, nuestro grupo ya registró una PNL sobre la protección de la lactancia en lugares públicos y en centros de trabajo, donde parece especialmente molesto este hecho tan natural y vital como es alimentar a tu hijo o hija. La información y el apoyo continuado de los sistemas de salud son importantes. Deben ser continuados y no solo pre y posparto, como dice su iniciativa. Sin embargo, hay unas brechas importantes en conocimiento y habilidades para apoyar la lactancia materna, tanto en la elección como cuando después surgen dificultades. Las actitudes y preferencias de los padres también afectan a la lactancia, así como la influencia del entorno o el historial de prácticas de amamantamiento heredadas de otras épocas, que se ha demostrado que en nada favorecen a la lactancia. La interferencia en la lactancia del destete temprano y la inclinación por un tipo de alimentación u otras también vienen dados en gran medida por el trabajo. La inexistencia de pausas, la inexistencia de salas donde poder alimentar a los hijos o simplemente la extracción de la leche y la protección de la salud de la madre lactante son factores determinantes en la intención y en la continuidad de amamantar y son necesidades también defendidas por mi grupo en la Comisión de Empleo.
Según las encuestas, la intención es alta, pero solo si el contexto ofrece apoyo puede realizarse satisfactoriamente y mantenerse en el tiempo. No olvidemos que la recomendación es un mínimo de seis meses. Es fundamental y necesario, por lo tanto, trabajar en los factores contextuales como garantizar la información adecuada para adoptar una elección informada, tanto a las madres como a su entorno; promover el apoyo sanitario para el inicio, el mantenimiento y el cuidado de la lactancia y, posteriormente, de la nutrición; hacer efectiva la protección de las trabajadoras, tanto embarazadas como en el período de lactancia y, en definitiva, ayudar a la conciliación familiar y laboral y apoyar intervenciones multifactoriales de modo decidido, cosa que en esta iniciativa ustedes no presentaban. De ahí, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que nos congratulamos de que acepten.
Es turno ahora para el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Reyes.
Yo quiero unirme también a la felicitación. Enhorabuena, señora Heredia. Nadie diría que está usted embarazada; yo no me había dado cuenta al menos.
Partiendo de la base de que la lactancia materna debe ser una decisión individual de la mujer que siempre debe ser respetada, es cierto que existe una cantidad elevada de literatura científica que avala la práctica de la lactancia materna de los recién nacidos, explicando toda una serie de beneficios para los neonatos en comparación con las fórmulas preparadas de leche. La leche materna es un fluido cambiante formado por lípidos, proteínas, etcétera, y modifica su composición en función de la edad del bebé, el momento del día, la dieta materna o el grado de plenitud de la glándula mamaria. Estudios recientes apuntan a que existe una relación dinámica entre el estado de salud del niño y la composición de la leche de la madre, ya que incluso aumenta la producción de anticuerpos ante una infección activa del lactante. Pese a estos beneficios, las tasas de lactancia materna exclusiva se encuentran por debajo de los objetivos fijados por la Organización Mundial de la Salud, que establece que las madres deberían dar el pecho de forma exclusiva durante seis meses y suplementarlo con otros alimentos durante los dos primeros años. Si se llevan a cabo esas recomendaciones, las madres y sus bebés se verían beneficiados. Pero en estas bajas tasas que también tenemos en España influyen determinados factores que no solo tienen que ver con los factores biológicos propios de la madre. Creo que eso no se nos escapa a ninguna de las madres de este país.
En el estudio "Motivaciones y barreras percibidas por las mujeres españolas en relación a la lactancia materna", publicado en el año 2016 por la Revista española de Salud Pública, se determina que el 88 % de las madres daban lactancia materna o lo habían hecho. La edad media del destete es a los 6,4 meses. El principal motivo para suspender la lactancia fue la sensación de baja producción de leche, seguido de la incorporación al trabajo -seguramente tienen que ver el uno con el otro-. La dificultad para combinar, en definitiva, la lactancia materna con la actividad laboral es señalada como el principal problema por un 43 % de las mujeres, así como el hecho de dar el pecho en lugares públicos -el 39 %-, los despertares nocturnos -el 62 %-, que quizá también, como he dicho antes, tienen que ver con la conciliación, y el menor peso del lactante -el 29 %-. Esos fueron los inconvenientes más referidos. Está claro que la incorporación laboral fue el principal motivo para elegir la lactancia artificial y para iniciar una lactancia parcial.
Estos resultados muestran que todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar la lactancia materna y su continuidad en nuestra sociedad, y que la propuesta que presenta el Grupo Popular no lo contempla. Por eso, presentamos una enmienda en la que también queremos que el Gobierno tome medidas con relación a facilitar la lactancia en espacios públicos, concienciando también al resto de ciudadanos de la importancia y beneficios que conlleva para los menores, así como a establecer programas de colaboración con empresas para que faciliten espacios y tiempos determinados para la lactancia de los menores, especialmente cuando existen escuelas infantiles en los propios centros de trabajo.
- RELATIVA AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001675).
La señora PRESIDENTA: Teniendo en cuenta que para el turno de fijación de posiciones que corresponde no está ninguno de los grupos a quien correspondería ejercer este derecho, pasamos entonces a la proposición no de ley, relativa al fomento de la participación ciudadana. La presenta el Grupo Parlamentario Popular y se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Turno, por tanto, para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Bastidas.
Señorías, si hay dos ámbitos en los que con total seguridad los grupos políticos aquí representados coincidimos, son la necesidad de dar a las políticas de igualdad y contra la violencia de género la relevancia y la proyección que merecen y que la participación e implicación de la ciudadanía es clave para
que todas esas políticas tengan una mayor efectividad. Ese es el espíritu de lo que intentamos aunar en esta PNL que se presenta desde mi grupo y que sometemos a su consideración.
Queremos dar relevancia a las políticas de igualdad y contra la violencia de género ampliando al máximo el marco de participación ciudadana, y queremos también ofrecer más herramientas de participación, abrir todas las puertas y ventanas a las políticas de igualdad para que se llenen de opiniones, de aportaciones, de objeciones, de críticas por parte de la sociedad a la que estamos representando aquí.
Como han podido ustedes leer en nuestra propuesta, desde el Grupo Popular no acotamos esta cuestión solo a colectivos, asociaciones profesionales u organizaciones vinculadas a este tema, sino que la abrimos a cada hombre o mujer que tenga algo que decir, que proponer o que aportar, como también habrán podido comprobar en su redacción, que tampoco queremos limitar a proyectos, a anteproyectos de ley o a reglamentos, sino ir más allá e incorporar cualquier iniciativa, plan o estrategia. Será obviamente tarea nuestra, y no fácil, poder encontrar las fórmulas efectivas para canalizar todas las aportaciones y darles respuesta, pero eso, señorías, ya formaría parte de un desarrollo posterior.
Lo que hoy proponemos, y para lo que les pedimos su complicidad, su apoyo, es para dejar constancia clara de una voluntad política -a ser posible, de manera unánime- de poder ampliar los canales de participación ciudadana en materia de igualdad y contra la violencia de género. Seguramente esos mismos argumentos servirían para tantas y tantas materias que se debaten en este Congreso -en algunas de ellas ya se han producido avances importantes, como pueda ser en materia de medio ambiente-, todas ellas sin duda relevantes. Pero es precisamente en materia de igualdad y de no discriminación, así como de violencia de género, donde a nuestro juicio se precisa todavía una mayor conexión y comunicación entre la ciudadanía y las políticas públicas que se van a adoptar.
Afortunadamente ya tenemos cauces de participación, como hemos demostrado durante la elaboración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Tenemos, sin duda, instrumentos eficaces, pero me pregunto por qué no aprovechamos que en la ciudadanía hay una mayor sensibilidad e implicación sobre estos temas para dar un paso más. Si echásemos la vista atrás y comprobáramos las actas de esta institución, tendríamos la prueba evidente de que cada paso que se ha dado es importante. Basta revisar los antecedentes legislativos en materia de participación ciudadana para reafirmarnos en que hemos avanzado mucho, pero que hay que ser ambiciosos y que se puede ir más allá.
Estamos ante un mundo donde venturosamente se ha democratizado el acceso a las nuevas tecnologías, donde esas mismas nuevas tecnologías nos permiten también a los legisladores, a los servidores públicos en definitiva, estar más y mejor conectados con el sentir de la calle; aprovechémoslo. Estamos en un tiempo en el que la sociedad está cada día más interesada y es más participativa respecto a los asuntos públicos; aprovechémoslo. Y hablando precisamente de nuevas tecnologías y de participación -lamento que no se encuentre en la sala la compañera portavoz de Compromís-, me van a permitir que condene las repugnantes y machistas declaraciones de un alto cargo de Compromís en el Gobierno valenciano, injuriando e insultando gravemente a la secretaria general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Cuanto más consenso político, cuanto más involucrada se sienta la sociedad, cuanto más se sienta parte la ciudadanía de la gestación, desarrollo y acción de esas políticas, mayor será el potencial de su efectividad. La base del éxito de ese objetivo compartido es que cada día sientan más suyas las políticas de igualdad y contra la violencia de género que podamos aplicar, que las sintamos más de todos y para todos, que las sintamos más de todas y para todas. Aceptaremos la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, simplemente añadiendo una salvedad en el apartado 1, y es que el Ministerio es el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista para defender su enmienda. Señora Cuello.
Participación: Acción y efecto de participar -lo dice el Diccionario de la lengua española-. Lo comento porque, después de leer la PNL del Partido Popular, me parece que no le ha quedado claro este término al Gobierno de España, y lo voy a explicar con dos ejemplos. El primero es el Consejo de Participación de la Mujer, que se creó durante un Gobierno socialista con el objetivo de que todos los estamentos relacionados con la mujer estuvieran representados; que su actividad debe basarse en proponer medidas para la promoción integral de la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y
hombres, asesorar -palabra importante- sobre el diseño, elaboración, evaluación y seguimiento de los planes dirigidos al fomento de la igualdad y emitir informes y dictámenes sobre proyectos normativos. El artículo 2 de este real decreto habla de naturaleza jurídica y fines, y refleja que el Consejo de Participación de la Mujer es un órgano colegiado de naturaleza participativa y de carácter consultivo y asesor, adscrito a la Administración General del Estado. ¿Realmente nos quieren hacer creer que este ministerio lo consulta o se deja asesorar por el mismo? ¿O piensan que dicho consejo funciona como un órgano consultivo de participación?
Señorías, no sé cómo el PP habla de participación en esta iniciativa -entiendo que con toda su buena voluntad- cuando el Gobierno que ellos sustentan no convoca el Consejo de Participación de la Mujer desde 2014, aunque la norma le obliga a hacerlo al menos dos veces al año. La última convocatoria de hace unos meses no fue una convocatoria usual de trabajo, sino una renovación de vocalía, que ya tocaba desde hacía tiempo. Espero que la renovación de esta secretaría implique una mayor actividad del consejo. El Gobierno prácticamente lo ha dejado reducido a un órgano inactivo sin apenas recorrido, y ahora venimos aquí, a esta Comisión, a hablar de fomento de la participación en unos procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que inciden directa o indirectamente en materia de igualdad y violencia de género. Pero, ¿de qué participación hablan si después el Gobierno aniquila tal consejo?
El segundo ejemplo es la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, una estrategia aprobada en mayo de 2013 por un periodo de tres años, hasta 2016, y que sigue sin ser evaluada en estos momentos, a pesar de estar evaluado el grado de ejecución e implementación de las medidas. Y eso es así, pero es peor aun cuando el capítulo dedicado a la vigencia y evaluación de dicha estrategia establece que la valoración de la estrategia debe ser participada, pero las organizaciones de la sociedad civil no están a día de hoy involucradas en dicho proceso. Se ha dejado fuera al Observatorio Estatal de Violencia de Género, órgano creado por la Ley integral contra la violencia de género como cauce de participación de la sociedad civil. El observatorio no está actualmente participando en la evaluación de la estrategia, a pesar de que fue concebido como un instrumento encargado del asesoramiento, evaluación, colaboración institucional y elaboración de estudios y propuestas en materia de violencia. Por eso hablaba del diccionario de la lengua, porque yo creo que el Gobierno se ha equivocado con este término y, en vez de hablar de participación, habla de abstenerse, de abandonar y de dejar.
Ya ha comentado la diputada del Partido Popular que tenemos unas enmiendas para mejorar sustancialmente el texto presentado, con lo cual no tengo más que decir.
Turno ahora para fijación de posiciones. ¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Reyes.
La iniciativa que trae el Grupo Popular está vacía de contenido. La participación ciudadana que esgrime este grupo y que tanto señala defender en esta iniciativa contrasta con la formas de gobierno en cuanto a la elaboración de normas relevantes en diferentes ámbitos, fuera de la colaboración y consulta de los principales afectados en las materias que se pretenden regular.
Resulta paradójico que pongan como ejemplo en la exposición de motivos el proceso participativo de la Ley de transparencia y buen gobierno, cuyos resultados han mostrado que es una ley que establece claras restricciones en el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Son numerosas las críticas al respecto cuatro años después de la aprobación de la norma, y el Gobierno, así como el Grupo Popular, no ha hecho nada para modificar estas barreras. Sin una información adecuada y objetiva, no se puede participar en asuntos públicos; es un hecho.
Otro elemento a remarcar aquí sería la falta de transparencia en las respuestas que el Gobierno da a los representantes de la ciudadanía mediante las preguntas por escrito. También señalan ustedes la importancia de que la sociedad civil y asociaciones representativas tomen parte en las decisiones relativas a sus ámbitos de actuación, un principio que a día de hoy se está vulnerando en diferentes ámbitos; por ejemplo, en cómo el Ministerio de Sanidad está elaborando un baremo de accidentes médicos sin la participación de las asociaciones y plataformas de pacientes.
En cuanto a la participación en materia de violencia de género, nos parece adecuado que las organizaciones y asociaciones especialistas en la materia sean parte de la toma de decisiones; de hecho,
en las comparecencias de la subcomisión del Congreso del pacto de Estado contra la violencia de género intentamos incluir un gran número de estas. Sin embargo, el Grupo Popular no explicita en qué tipo de situaciones se les tendrá en cuenta ni qué mecanismos de participación concretos se establecerán. Por lo tanto, nos parecen solo buenas intenciones vacías de contenido.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Señora Bosaho.
La señora BOSAHO GORI: Buenas tardes, señorías.
El Partido Popular, como se ha dicho, nos presenta una iniciativa de fomento de la participación ciudadana y en la exposición de motivos nos recuerda cosas muy interesantes como que es un derecho, y todos sabemos que es un derecho que está recogido en la Constitución española. Menciona la transparencia de la gestión en los asuntos públicos, la legitimidad de las políticas gubernamentales, que han de pasar por una mayor información; en definitiva, el Gobierno pide fomentar la participación de la sociedad para disminuir los obstáculos que impiden a los ciudadanos y ciudadanas colaborar de forma decisiva.
El borrador habla del anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, anteproyecto que se convirtió en ley el 9 de diciembre de 2013. Sin embargo, lo que no nos dice el Partido Popular es que la Ley de transparencia que se menciona en el texto se encuentra entre las peores leyes de este mundo. El perímetro que abarca es muy reducido, dejando muchas cosas fuera, como es el caso de la Casa Real, institución democráticamente elegida, como todos sabemos en este país.
Otros puntos que destacar en esta ley son la más que dudosa independencia del Consejo de Transparencia por el hecho de no compartir información relevante para la toma de decisiones de la ciudadanía y la no existencia de sanción ante la situación de que no se cumple lo consensuado en el proceso participativo, como se está viendo. La consulta pública electrónica, que se realizó por parte del Ministerio de la Presidencia, no fue porque el Partido Popular, defensor incansable de la participación ciudadana, como todos sabemos, quisiera apostar por esta decisión colectiva. El Gobierno del PP se vio en la obligación de realizar esta consulta tras la firma de la Alianza para el Gobierno Abierto, una consulta limitada en espacio y tiempo mal hecha, sobre la que ni siquiera se hizo informe de evaluación. Un ejemplo que retrata enormemente este compromiso del Partido Popular con la transparencia lo encontramos en la sentencia número 41 de 2017 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5. Esta importante sentencia dictaminó que el Ministerio de la Presidencia debía entregar a Access Info Europe una serie de documentos relacionados con las acciones del Gobierno que estaba llevando a cabo como parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. El Ministerio de la Presidencia no solo no dio acceso a estos documentos, sino que, cuando el Consejo de Transparencia sorpresivamente falló a favor y estimó que los documentos debían ser publicados, el Gobierno se negó a hacerlos públicos ante los tribunales.
Algunas veces nos preguntamos qué pasa con esta hipocresía del Partido Popular. Y es que, aparte de querer vendernos que fomenta la transparencia de la participación de la mujer en esta PNL, nos habla del Consejo de Participación de la Mujer. Permítanme que les comente algunas cosas de este organismo que debería ser el cauce de participación de diferentes colectivos feministas, como se ha dicho ya. Hoy en día es un órgano sin apenas recorrido y, a pesar de que la ley establece que debe ser convocado al menos dos veces al año -como ha comentado la compañera de Ciudadanos- por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya titularidad ejerce la presidencia de dicho órgano, lleva más de tres años y medio sin convocarse una sola reunión y ustedes nos vienen a hablar aquí de participación ciudadana. Este consejo tiene un problema estructural, como sabemos y estamos viendo, así como señalan también diferentes colectivos feministas. Muchos de los colectivos que participan en este órgano se quejan de que la composición del consejo no es realmente representativa del movimiento feminista. Es necesario desarrollar mecanismos de participación democrática que permitan que en este organismo se puedan escuchar diferentes voces, siempre y cuando el Gobierno quiera ponerlo en marcha y no siga con su política hipócrita creando organismos de participación para que estén totalmente inactivos.
La señora BOSAHO GORI: Como bien saben ustedes, desde nuestro grupo parlamentario creemos que la participación no solo consiste en ir a votar cada cuatro años. Para nosotras, los espacios de participación tienen que posibilitar la posición de la sociedad ante las cuestiones que se dirimen en las instituciones.
Vamos a abstenernos en esta PNL.
- RELATIVA AL IMPULSO DE MEDIDAS DE TRABAJO FLEXIBLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002238).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa al impulso de medidas de trabajo flexible que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y una del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para defender su proposición no de ley, es el turno a favor del Grupo Parlamentario Popular. Señora Alba.
Para el Grupo Parlamentario Popular es una prioridad lograr la plena conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Y es una prioridad que todos los trabajadores puedan alcanzar esa plena conciliación, pero lo cierto es que las dificultades que ello ofrece afectan hoy por hoy más a las mujeres que a los hombres. Resulta básico para ello que en la esfera privada exista un equilibrio en el reparto de sus responsabilidades domésticas y de cuidado -la corresponsabilidad, en definitiva- y que en la esfera laboral se implementen medidas que permitan esta conciliación, y una de estas medidas es la flexibilidad laboral, objeto de la proposición no de ley que traemos hoy.
En la actualidad España y Portugal son los países con menor flexibilidad laboral en la Unión Europea y resulta llamativo, si bien no nos sorprende, que, según un reciente estudio del Instituto de Política Familiar, un 60 % de españoles considere que la jornada completa perjudica a la familia y que ocho de cada diez consideren que los horarios laborales son perjudiciales para la conciliación. Resulta evidente, pues, que hay que avanzar en este sentido.
Ya se han dado pasos importantes para ello, puesto que desde el Partido Popular venimos trabajando para crear más y mejor empleo y para que la recuperación en nuestro país sea inclusiva. Ya en 2012 la reforma laboral modificó la ordenación tradicional del trabajo a domicilio para dar una regulación equilibrada de derechos y obligaciones al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, el teletrabajo, consistiendo en que a efectos jurídicos sea equivalente al trabajo presencial. Asimismo, el Estatuto de los Trabajadores ya prevé que los trabajadores tienen derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada y promueve la jornada continua, el horario flexible y otros medios de organización que permitan la conciliación y mejoren la productividad en las empresas. Hoy cualquiera de los dos progenitores puede ejercer el derecho al permiso de lactancia y pactar la forma de ejercerlo. Hemos ampliado el derecho a la reducción de jornada a los trabajadores y trabajadoras para el cuidado de los menores de ocho a doce años y, entre otras medidas, hemos modernizado la negociación colectiva para que los convenios colectivos de empresa regulen los criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada, pudiéndose también establecer, en los supuestos de movilidad geográfica, prioridad de permanencia en favor de los trabajadores con cargas familiares.
En lo que se refiere a la Administración, el eje IV del Segundo Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, dedicado a las medidas de conciliación y corresponsabilidad, incluye desarrollar experiencias de trabajo en red y mediante la utilización de las nuevas tecnologías, con el fin de favorecer la conciliación y una mejor organización y racionalización del tiempo de trabajo. Pero para que estas previsiones legales que ya existen en la actualidad calen en la sociedad resulta necesario concienciar y sensibilizar sobre la importancia de promover la corresponsabilidad y garantizar el disfrute de las medidas de flexibilización laboral para ello. Ya se estudian y debaten en el marco del diálogo social, en la mesa de calidad del empleo, distintas medidas con el fin de alcanzar un gran acuerdo de conciliación en España, proponiendo a los interlocutores sociales medidas de conciliación y racionalización que favorezcan en las empresas formas de gestión que aúnen la eficiencia y la atención a las responsabilidades familiares.
Desde el Grupo Popular trabajamos en el marco del diálogo social para seguir impulsando nuevos incentivos para favorecer la incorporación de la mujer al mercado laboral, reforzando y garantizando, en
definitiva, en todo caso los derechos laborales de las mujeres, la conciliación y la corresponsabilidad. Señorías, esperamos su apoyo a esta proposición no de ley, puesto que redundará no solo en beneficio de los trabajadores, sino también de las familias y de las empresas.
Es ahora el turno de los grupos enmendantes. Ha existido un error en cuanto a la calificación de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que se había incorporado a otra proposición no de ley y resulta que era correspondiente a esta. Por tanto, ahora, en las intervenciones de los grupos que han presentado enmiendas, también tendrá lugar la intervención del Grupo Parlamentario Socialista y no después en el turno de fijación de posiciones. Turno, como decía, para los grupos que han presentado alguna enmienda.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Salud.
La señora SALUD ARESTE: Muchas gracias, presidenta.
Estamos ante una proposición no de ley sobre trabajo flexible que, como viene siendo habitual en el Grupo Popular, no dice nada, ni medidas ni plazos de ejecución, como tantas otras proposiciones no de ley que incumplirá el Gobierno, porque en esta legislatura no ha atendido a ninguna de las proposiciones de ley que hemos ido aprobando en las diferentes Comisiones y en el Pleno. Esta proposición no de ley propone conciliar la vida personal y laboral. Sin embargo, nos propone un genérico, impulsar y defender medidas de trabajo flexible -teletrabajo en concreto-, y también otro genérico, promover la corresponsabilidad, sin proponernos ningún tipo de medidas de conciliación que nuestro Grupo Confederal de Unidas Podemos ha presentado en lo concreto en una enmienda en la que entraré a continuación.
Ustedes, señorías del Grupo Popular, reducen la conciliación a la corresponsabilidad y, aunque esto es necesario, para nuestro grupo no es suficiente. Son necesarias también políticas públicas sociales, escuelas infantiles, atención a la dependencia, transporte, atención sanitaria, permisos, educación y un largo etcétera que ustedes ni se plantean legislar. Señorías del Partido Popular, los cuidados no solo son un problema de las mujeres ni de las familias, sino que son un problema de la comunidad y como tal tienen que ser abordados desde la comunidad y desde lo público.
Voy a pasar a presentar las enmiendas al texto que tenemos, que proponen mejorar el texto de esta proposición no de ley, explicitando por un lado que el trabajo flexible, principalmente el teletrabajo, ha de ser de carácter voluntario y siempre con garantías plenas en materia de derechos laborales. Sería inaceptable utilizar estas fórmulas de trabajo flexible para precarizar el empleo, y por tanto todas sus condiciones laborales, retributivas y de jornada han de ser objeto de negociación colectiva. Por otro lado, para mejorar la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar se propone recoger medidas concretas como: la reducción de la jornada laboral hasta alcanzar las treinta y cinco horas semanales sin perjuicio económico, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, la eliminación de las horas extras ilegales y también la ordenación de los horarios de finalización de la jornada.
Turno ahora para que el Grupo Parlamentario Ciudadanos defienda su enmienda para. Señora Reyes.
Hay que felicitar al Grupo Popular por comenzar a interesarse por el ámbito de la conciliación de la vida laboral y personal y la corresponsabilidad en el ámbito de las familias. Han pasado cuatro años y medio desde que el Congreso, en la X legislatura, cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta, emitiera un informe con numerosas medidas sobre conciliación emanadas de la subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, sin llevar a cabo medida alguna de las contenidas en este informe. En esta Comisión también se han tratado iniciativas relativas a la conciliación y corresponsabilidad. Por ejemplo, el pasado mes de diciembre se aprobó una proposición no de ley del Grupo Ciudadanos mucho más ambiciosa que la que hoy defiende el Grupo Popular. Entre otras cosas -con ello hemos hecho nosotros nuestra enmienda- incluía el impulso de un pacto nacional por la racionalización de horarios, conciliación personal, laboral, igualdad y corresponsabilidad al objeto de generalizar una jornada laboral más compacta
y flexible. Este pacto incluirá, entre otros, incentivos para las empresas que incorporen en sus convenios medidas de flexibilización de la jornada laboral. Establecía también la reversión de los recortes -no me voy a extender porque creo que está todo en la enmienda y andamos escasos de tiempo- que desde 2010 se han acometido en materia educativa infantil, crear un crédito fiscal adicional por cada niño en edad comprendida entre cero y tres años para las escuelas infantiles públicas o privadas, reformular los planes de estudios para incluir una perspectiva de género en los mismos, proveer incentivos y llegar a acuerdos en negociación colectiva para que las empresas que tengan facilidad ofrezcan servicios de escuelas infantiles en la propia empresa, incentivar un cambio cultural por el que se eduque a niños y niñas desde edades tempranas en los mismos valores, fomentar la visibilidad de modelos femeninos a seguir, promover activamente la igualdad de género dentro de las empresas -esto también con puntos concretos que no explicaré-...
En definitiva, no entendemos que siendo el partido que ostenta el Gobierno y con mayor capacidad de iniciativa legislativa en el Congreso y en el Senado, que ya tiene además un mandato del Congreso en materia de actividad legislativa relativo a conciliación y corresponsabilidad, presenten una iniciativa tan poco ambiciosa y sobre un tema tratado recientemente en Comisión y en Pleno incluso. Como decía la señora Galovart, si me permiten, parole, parole, parole.
Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora González.
La señora GONZÁLEZ PELÁEZ: Gracias, presidenta. Buenos días.
El trabajo a distancia o teletrabajo supone en principio una forma flexible de trabajo que, junto a la racionalización de los horarios o la flexibilización de la jornada laboral, es imprescindible para facilitar la conciliación de la vida profesional, familiar y personal de las personas trabajadoras y, cómo no, para avanzar en esa tan ansiada corresponsabilidad en la que aún nos queda mucho camino por recorrer y que supone el verdadero lastre para mejorar la tasa de actividad de las mujeres y para que estas se mantengan en el mercado laboral.
Sin embargo, a nuestro juicio, para que eso sea así debemos tener en cuenta, al menos, tres cuestiones básicas que hemos intentado recoger en la enmienda que hemos presentado a la iniciativa del Grupo Popular. En primer lugar, para que el trabajo pueda suponer un avance en las cuestiones que nos ocupan, debe plantearse como una modalidad de prestación laboral ligada la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Esto es lo que también plantea la Unión Europea en la nueva directiva en la que está trabajando relacionada con la conciliación de la vida familiar y personal, en la que, entre otras cuestiones, plantea ofrecer una fórmula de flexibilización laboral a la que se podrían acoger padres y madres una vez finalizados sus permisos de paternidad y maternidad dirigiéndolo a personas cuidadoras y a personas trabajadoras con menores a cargo hasta el límite de edad de la adolescencia. Esta modalidad de trabajo vendría a complementar otras fórmulas flexibles como la del calendario flexible. En este sentido, las medidas que con el diálogo social se vayan paulatinamente introduciendo para avanzar en la incorporación de esta modalidad de trabajo, tanto en el sector público como en el privado, se deben dirigir específicamente a favorecer esta conciliación, tal y como se recoge en alguno de los convenios colectivos que regulan la modalidad del trabajo a distancia o teletrabajo. En segundo lugar, hemos de abordar el tema de la corresponsabilidad porque el teletrabajo en sí mismo no va a facilitar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas de cuidado y atención de necesidades familiares; muy al contrario, podemos correr el riesgo de que el trabajo a distancia o teletrabajo sea una modalidad de prestación laboral a la que se acojan prioritaria e incluso exclusivamente las mujeres para facilitar su conciliación y no la de los varones. Para que esto no sea así, no solo son necesarias medidas de concienciación, sino que es necesario adoptar con el diálogo social otras fórmulas que, junto a los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, puedan suponer un avance en la incorporación de los hombres en las tareas del cuidado. En este sentido, en nuestra enmienda planteamos fórmulas para que las empresas no solo hagan una oferta ponderada del teletrabajo a hombres y mujeres, sino que ofrezcan datos sobre las personas que se acojan al teletrabajo que nos permitan evaluar el alcance de esta medida en relación con la corresponsabilidad y que, a la vez, faciliten la incorporación de nuevas medidas. En tercer lugar, es precisa una correcta regulación de los derechos y obligaciones de las y los trabajadoras que se acojan a esta modalidad de trabajo. No debemos olvidarnos de que el trabajo a distancia o teletrabajo se regula exclusivamente en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada por la reforma
laboral del año 2012, en el que se establece como una forma de flexibilización laboral no solo para las trabajadoras y trabajadores, sino también para las empresas, que pueden obtener grandes beneficios, por ejemplo, con una reducción de costes. Es imprescindible un desarrollo normativo del trabajo a distancia que garantice el derecho de las personas que se acogen a esta fórmula de trabajo, muy especialmente en lo que se refiere a los horarios y al control de la jornada laboral diaria y al derecho a la desconexión, para evitar que, con la aplicación de esta fórmula flexible, contrario a lo que pretendemos, corramos el riesgo de tener trabajadoras y trabajadores en situación de semiesclavitud o disponibles veinticuatro horas al día.
Turno ahora para fijación de posiciones. ¿Señora Sorlí? (Denegación).
- RELATIVA AL II PLAN DE IGUALDAD DE RENFE OPERADORA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002300).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa al II Plan de Igualdad de Renfe Operadora, y presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se han presentado enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, del Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Popular.
Turno para el grupo proponente, Grupo Parlamentario Socialista; señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora presidenta, señorías.
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio universal reconocido en diversos textos internacionales sobre los derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por el Estado español en 1983. Con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, y el Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la desigualdad entre ambos constituyen un objetivo de carácter transversal que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Los artículos 9.2 y 14 de la Constitución española proclaman el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y consagran la obligación de los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sea real y efectiva. Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y más concretamente su artículo 45, establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Con esta finalidad se deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Medidas que, a través de la negociación se acuerdan con los representantes legales de los trabajadores en la forma en que se determine en este plan de igualdad. El artículo 46 de la citada ley define los planes de igualdad de las empresas como un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendente a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por cuestión de sexo.
En este marco, el 27 de enero de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución por la que se registró y publicó el I Plan de Igualdad de Renfe Operadora con el fin de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. La intención era buena, pero la realidad es bastante diferente. Según los datos que aparecen en la página web de Renfe el porcentaje de mujeres en la plantilla es, sencillamente, mínimo. De hecho, en 2015, según datos oficiales de Renfe, de los 14 229 empleados de la compañía solo 1481 eran mujeres, el 10,4 %, o, dicho de otra forma, prácticamente el 90 % de los trabajadores de Renfe son hombres. Por cierto, una puntualización, aparecen los datos de los informes de Renfe de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, pero desaparecen en 2016 y 2017. No sabemos por qué Renfe no ha hecho público el porcentaje de las mujeres en esos dos años, no sabemos si es que van a menos o es que hay otra razón que no conocemos.
Como les decía, cabe señalar que el personal presenta un alto envejecimiento, con una edad media que supera los cincuenta años y donde los hombres tienen una antigüedad de casi treinta y un años en la empresa y las mujeres de veinticuatro. La vigencia de este Plan de Igualdad de Renfe era de cuatro años, por lo tanto, el nuevo plan debería haber estado listo a comienzos del presente año 2018. Sería importante
añadir elementos que favorezcan la incorporación de un mayor número de mujeres a la plantilla con el objetivo de llegar al 15 % como mínimo en el plazo de cuatro años. Si tenemos en cuenta que habrá un importante número de jubilaciones en los próximos años, sería importante que en las nuevas convocatorias se incluyese una discriminación positiva para las mujeres que favoreciese la incorporación de un número significativo de mujeres a la plantilla de Renfe.
Este es el contenido de la iniciativa. Por tanto, ¿a qué instamos al Gobierno? Instamos al Gobierno a que en el primer trimestre de 2018 esté elaborado y aprobado el II Plan de Igualdad de Renfe Operadora. Hemos hablado con el Partido Popular, y nos ha dicho que están muy avanzadas las negociaciones y que, en la medida de lo posible, van a intentar que, en ese periodo de tiempo, primer trimestre de 2018, esté elaborado ese II Plan de Igualdad. Por tanto, de cara a alcanzar el mayor consenso posible en esta iniciativa, estamos dispuestos a aceptar esa enmienda transaccional. Hay un segundo punto, ya que hemos hecho una autoenmienda a nivel terminológico para que: haya acciones positivas para la mujer en las ofertas de empleo público que se convoquen en Renfe Operadora, con el objetivo de alcanzar el 15 % de la plantilla en el horizonte 2022. Ese es el gran objetivo. También hemos hablado con Podemos y nos han dicho que su intención es que fuese un 3 % anual. Estaríamos encantados de que en lugar de un 15 % fuese un 20 %, pero es cierto que estamos hablando de una plantilla de más de 14 000 trabajadores, así que un 3 % anual significaría que todos los años tendrían que convocarse más de 400 plazas solamente para mujeres, y sabemos la dificultad que eso representa. No obstante, queremos buscar ese acuerdo para que en 2022 al menos el 15 % de la plantilla de Renfe sean mujeres.
Quisiera recordarles, señorías, que sería interesante que nos fueran dando a la Mesa los distintos textos transaccionales si es que ya los poseen, para ir ordenando el procedimiento de votación.
Seguimos con el turno de defensa de las correspondientes enmiendas, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Señora Fernández Castañón.
En realidad, vamos a tener una intervención muy breve porque comprendemos lo expuesto y planteado y, además, pensamos que son necesarias medidas de acción positiva. Por eso precisamente nosotras planteamos una enmienda que no nos parece irrelevante, porque no estamos hablando de que esta medida para que la presencia de las trabajadoras en Renfe Operadora sea mayor sea una medida de privilegio por el hecho de ser mujer, sino que es una medida para estar en la misma condición de derechos laborales, por lo que enmendamos la expresión discriminación positiva por acción positiva.
Nosotras también planteamos que esto es necesario, que entendemos la complejidad en tanto que Administración pública, pero podemos ser un poco más ambiciosas en lo que estamos demandando y que no sea una única subida del 5 % en 2022, sino que estemos hablando de una mínima subida de un 3 % anual.
Así pues, lo que plantea el grupo proponente nos parece muy adecuado y lo vamos a apoyar.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Heredia, estamos completamente de acuerdo con su exposición y el diagnóstico de la situación de Renfe, pero a nosotros nos gustaría no solamente intentar reducir un 5 % la diferencia en el personal entre hombres y mujeres, sino que queremos complementarlo. Está claro que una entidad pública tiene que dar ejemplo y tiene que tener sus planes de igualdad perfectamente definidos, perfectamente al día, y además creo que tiene que ser ejemplar en el funcionamiento de esos planes; eso por supuesto. ¡Pero si tenemos un Congreso que todavía no tiene su plan de igualdad puesto encima de la mesa!, por tanto, también tenemos que enmendarnos nosotros un poquito la plana y trabajar en ese aspecto. Así que podemos aprovechar esta iniciativa, y es el motivo de nuestra enmienda, no solamente para incrementar el número de mujeres en Renfe, sino para formar en función del artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, que viene a hablar sobre acciones positivas en actividades de formación; vamos a formar porque encima ese 10 % no está en los puestos directivos. Vamos a hacer todo lo posible para que el 40 % de las plazas de adjudicación a las empleadas de Renfe se reserve a la formación, no solamente que permitamos entrar a más mujeres en la plantilla de Renfe, sino que formemos a las que ya están y a las que van a entrar y
que reservemos un 40 % de esas plazas de formación para que puedan ejercer una política de empresa: ascender y desarrollar su función dentro de la empresa Renfe, que por supuesto nosotros creemos que tiene que ser modélica en ese aspecto.
Por tanto, vamos a apoyar esta PNL, pero nos gustaría que incluyera este punto que es más que un complemento una adición para hacerla mejor.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, señora Zurita.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días.
Entendemos que en esta propuesta debemos llegar a acuerdos porque lo que piden refleja la trayectoria que ha desarrollado Renfe Operadora en los últimos años, y el desarrollo del II Plan de Igualdad es algo que ya está en marcha, y claro, la voluntad general de cualquier acción que se pone en marcha es acabarlo y, además, por el tema de que se trata, con consenso, con acuerdos que satisfagan a las partes, como no puede ser de otra manera.
Poniéndonos en fechas, tenemos que el primer convenio colectivo del grupo Renfe se firma en octubre de 2016 y contiene en su cláusula novena la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que es un compromiso entre las partes firmantes para seguir garantizando el derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidades dentro del grupo Renfe, para lo cual se constituye esa Comisión de igualdad de oportunidades, en el seno de la cual se están manteniendo ya reuniones ordinarias y extraordinarias con el objetivo de suscribir esto que se pide, que es el II Plan de igualdad de Renfe Operadora. Fruto de estas reuniones y al objeto de establecer los cimientos del plan de igualdad, se está trabajando en la elaboración de un informe de diagnóstico con datos actualizados a 31 de diciembre de 2017. Esos datos no son otros que a esta fecha el porcentaje de mujeres ascendía al 12,57 % sobre una plantilla de 14 581 personas, que es un dato que el señor Heredia echaba en falta. Es un 12,57 % de mujeres sobre la plantilla de 14 581 personas.
Cierto es que nos consta que en Renfe se está produciendo una situación de bajas mayoritariamente masculinas, y también es cierto que hay una participación de mujeres en áreas que tradicionalmente eran masculinas como son la conducción y los talleres, pero se valora la tendencia de crecimiento en el porcentaje de mujeres. También estoy de acuerdo con el señor Garaulet en que ese porcentaje se debería ampliar sobre todo en puestos directivos, porque estamos hablando solo de puestos de conducción y de talleres. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la discriminación o acción positiva, como lo quieran llamar, porque lo importante son las acciones, no el término, y el sentido de nuestra enmienda no es otro que instar a que se intensifiquen esas reuniones de las dos partes para llegar a un acuerdo que permita en el menor plazo posible, que hemos acordado sea el primer trimestre de marzo de 2018, finalizar la elaboración y la aprobación de ese plan de igualdad.
Es ahora el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, presidenta.
Voy a ser muy breve; simplemente quiero decir que estamos de acuerdo en el fondo de la PNL y que esperamos a ver cómo quedan las enmiendas para saber cuál es el texto definitivo.
- RELATIVA A LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (AGE) Y DE LAS UNIVERSIDADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002545).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa a las unidades de igualdad de la Administración General del Estado y de las universidades, que presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. No se han presentado enmiendas, por lo tanto, turno ahora para el grupo proponente de la iniciativa, señora Fernández.
En realidad, considero que esto va a ir rápido en la medida en que la proposición no de ley que presentamos se corresponde con algo que durante muchos meses hemos estado debatiendo en la subcomisión por el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y que, de hecho, el pasado 28 de septiembre, fue aprobado este voto particular que presentábamos, así que no me voy a enrollar.
Sí quiero dar una clave que me parece que merece la pena que se diga en esta Cámara de representación, y es algo que ya dice la Ley Orgánica 3/2007, que es lo siguiente: en todos los ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia, y en particular las siguientes: a) recabar la información estadística elaborada por los órganos del ministerio y asesorar a los mismos en relación con su elaboración; b) elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del departamento; c) asesorar a los órganos competentes del departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género; d) fomentar el conocimiento por el personal del departamento del alcance y significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas, y e) velar por el cumplimiento de esta ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad.
Entendemos que las políticas públicas no son neutras al género y que es necesario introducir la perspectiva feminista en nuestras administraciones, servicios públicos y también en nuestras universidades. Por tanto, lo que planteamos -y que se discutió en esa subcomisión y el voto particular que resultó aprobado el 28 de septiembre- es que esas unidades de igualdad que están en la Administración General del Estado y que están en las universidades dispongan de recursos materiales y humanos suficientes, necesarios, que les permitan atender las situaciones específicamente de violencia machista, así como fomentar también el buen trato y atender a sus competencias incluyendo una perspectiva que tiene que ser interseccional. Además, pensamos que es muy importante introducirlo en estos espacios de una manera explícita, porque si no estaremos cayendo en esos discursos de siempre en los que hablamos de la necesidad de que en el currículum académico, de que en los espacios de formación, en todas las franjas de edad se incida en la concienciación en la lucha contra la violencia machista, porque si no, no estaremos poniendo recursos efectivos para llevarlo a cabo y estaremos dejando, como siempre, papeles muy bonitos que no servirán efectivamente para salvaguardar la vida de las mujeres en este país. Así que confiamos, de hecho, en que no exista mucho debate en torno a esta proposición no de ley y que se ejecute cuanto antes.
Pasamos entonces al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Sorlí.
En el mismo sentido en que he intervenido antes. Desde julio hay un pacto aprobado, en septiembre se aprobó un Pleno y seguimos reclamando que se empiece a aplicar ese pacto. Por tanto, evidentemente voto a favor de una proposición no de ley que lo único que exige es que se cumpla lo que ya está acordado desde el mes de septiembre.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: También voy a ser rápido, señora presidenta.
Esto está incluido en el pacto de Estado, salvo el matiz referido a la perspectiva interseccional. En el pacto de Estado en el punto 72 se instaba a desarrollar reglamentariamente las unidades de igualdad existentes en las diferentes administraciones públicas, etcétera, en el punto 8 implicar a las unidades de igualdad de universidades la realización de estudios sobre el impacto de acoso y en su voto particular, número 19, que también se aprobó, incluía prácticamente lo mismo que decía en el texto de la PNL.
He estudiado un poquito lo que era la perspectiva interseccional porque no la tenía bien controlada y, según lo que decía Emma Gómez Nicolau, la perspectiva interseccional plantea desde la teoría y la práctica feminista la interconexión de los diferentes sistemas de poder y las estructuras patriarcales y que, por tanto, opera y discrimina de diversas maneras a través de diferentes ejes de diferenciación y
estratificación social. Por tanto, la gente experimenta la opresión de maneras diferentes mediante la acción de los ejes de presión a través de los que se construyen y que tienden a reforzar tanto los procesos que discriminan como los que se privilegian. En definitiva, según esto, efectivamente no hay una sola discriminación, sino que puede haber una, dos y tres discriminaciones. Pero no se nos puede olvidar que el primer motivo de discriminación es precisamente la condición de ser mujer y pueden venir muchísimas más discriminaciones, pero la primera y más clara es por la condición de ser mujer. Así que nosotros podemos aceptar esta parte de la anotación de la perspectiva interseccional porque mejora el texto, pero no nos olvidemos de que el primer motivo de discriminación es por la condición de ser mujer.
Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Álvarez.
Votaremos la proposición a favor, aunque la verdad es que nos hubiésemos esperado más precisión en la propuesta. Me gustaría decirle al diputado de Ciudadanos que en realidad no es que esta proposición figure en el pacto, sino que está en la Ley de igualdad, que es muy anterior. En el pacto, ya lo he dicho en intervención anterior, al final nos hemos visto obligados a introducir cosas que ya estaban en las leyes para ver si metemos puya y somos capaces de animar un poco la actividad del Gobierno. Pero a estas medidas de la ley, lo mismo que a muchas de la Ley contra la violencia, lo que les está pasando es que son medidas que están bien diseñadas, que son propuestas útiles, pero que están sufriendo lo que yo llamo la cirugía por apoltronamiento del Partido Popular, y me van a permitir que les explique de qué va eso. Esta teoría del apoltronamiento es una teoría según la cual si el Gobierno deja de actuar para promover el desarrollo de las leyes, estas se mueren sin necesidad de derogarlas. Esta es la práctica habitual del Gobierno del Partido Popular. Según la mente pensante del Gobierno, además no tendrá coste político para quien coloca en posición de abandono las políticas públicas, los derechos o el impulso del cambio social. La podemos llamar de muchas maneras, la podemos llamar también la teoría de la dejadez organizada o la podemos llamar la teoría de la pasividad dañina, depende, o como quieran. Sin duda, se nos van a ocurrir tantas denominaciones y tantos términos como destrozos genera la práctica.
La cuestión aquí es que ciertamente las cinco misiones que la Ley de igualdad encarga a las unidades de igualdad, y que ya han sido citadas por la representante de Podemos, no se implementaron enteramente y últimamente hay una tendencia a desdibujarlas.
Vamos a votar a favor la iniciativa, por supuesto, pero queremos anunciar que presentaremos algo que sea más preciso, que detalle, por ejemplo, cuál es el número de personas que deben estar asignadas en las unidades en cada ministerio para hacer posible que acometan todas y cada una de las encomiendas de la Ley de igualdad y aquellas otras nuevas que hemos dibujado en el Pacto contra la violencia y que suponen dar cumplimiento, por ejemplo, a la medida 212, que se refiere a establecer el seguimiento y evaluación de los créditos presupuestarios destinados a sufragar la consecución de los objetivos para los que fueron realizadas estas asignaciones. Una de las cuestiones fundamentales del pacto, y me dirijo al Grupo Popular, que parece que están preparando los presupuestos, es la elaboración de fichas estadísticas de seguimiento para ver cómo se da cumplimiento al pacto y, por supuesto, a otras medidas, pero esta la han acordado ustedes con el conjunto de los grupos de la Cámara y, por tanto, nos gustaría que la elaboración de esas fichas de seguimiento para cada una de las medidas del pacto formen ya parte del documento que acompañe a los Presupuestos Generales del Estado, los próximos, cuando vengan y cuando lleguen. Eso implica que las unidades de igualdad de los ministerios deberían estar ya trabajando y, si no, nos veremos obligados a volver a plantear cuestiones reglamentarias respecto a las unidades de igualdad. Creo que el ministerio anda ya embarcado en algunas de estas iniciativas, pero, desde luego, no lo está enfocando por el buen camino.
Señorías, votaremos a favor e insisto en que necesitamos acotar con mayor precisión cuáles son los impulsos que el Gobierno tiene que dar a estas unidades que están perfectamente definidas en la Ley de igualdad, pero que en la práctica las está desdibujando.
Es turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Valmaña.
Señorías, estoy asistiendo a un déjà vu, un debate que se ha reproducido ya durante mucho tiempo para volver a traer a la Cámara algo sobre lo que ya nos hemos pronunciado y, por tanto, desde el punto de vista de la economía, me parecería innecesario, pero, puesto que se trae, cumpliremos con nuestro deber de volver a dar las explicaciones pertinentes sobre una posición que me imagino, señorías, esperarán que no haya variado porque no han transcurrido demasiados meses desde el momento en que en la subcomisión rechazamos incluir en el pacto de Estado una propuesta muy similar, con algún pequeño matiz que se introduce ahora, votamos en contra en la Comisión de incluir este voto particular y votamos en contra en el Pleno. Por tanto, si hemos votado en contra es porque tenemos una serie de razones sólidas que voy a exponer por si no ha quedado suficientemente claras a lo largo de este tiempo.
Fundamentalmente porque esta proposición de ley que hoy nos traen no responde a un íter bastante reconocible en la literatura clásica, en las obras de teatros, eso de planteamiento, nudo y desenlace. Aquí hacen un planteamiento que no tiene nada que ver con el nudo y, desde luego, menos con el desenlace, con la propuesta. Están hablando de lo que suponen las unidades de igualdad, que podemos estar de acuerdo, es lo que dice la ley y no hay ningún problema. Luego hacen una serie de consideraciones sobre la necesidad de dotar de recursos materiales a esas unidades, algo con lo que podemos estar o no de acuerdo, pero finalmente lo que ustedes dicen es que se atribuya una función a las unidades de igualdad que la ley no reconoce. Por tanto, está pidiendo indirectamente que se haga una modificación de la ley para incluir una serie de competencias, funciones que realmente tampoco se detallan. No conocemos su contenido y no conocemos su alcance.
Se habla de atender las situaciones de violencia de género. ¿Qué tipo de atención? ¿Atención asistencial también a las unidades de violencia de género? No especifican y, por tanto, sobre algo tan inconcreto lógicamente no podemos pronunciarnos. En todo caso, esa inclusión específica debería estar más detallada para que supiéramos cuál es el alcance y contenido de la misma.
En cuanto a la perspectiva interseccional, solamente me permito hacer una recomendación y entiéndame que desde el cariño. El lenguaje castellano es muy rico, es hermoso y no necesitamos adoptar palabros inventados para hacer referencia a realidades que desgraciadamente existen y contra las que debemos luchar porque creo que cuanto más las encubramos con el lenguaje, más las tapemos, más difícil va a ser luchar contra ellas.
Votamos no a esta proposición no de ley, pero no porque no coincidamos en la importancia de las unidades de igualdad, algo que hemos dicho y lo hemos planteado en el pacto, en el que hemos reafirmado el compromiso sobre sus unidades. Para terminar, quiero decirle a mi querida compañera del Grupo Socialista que es cierto que los desarrollos legislativos tardan, ya que desde luego ni siquiera se produjeron en los cuatro años que estuvo gobernando el Partido Socialista tras aprobar la Ley de igualdad para atender a estas unidades de igualdad. (La señora Álvarez Álvarez: ¡Eso no es verdad!). Por tanto, cuando hay que abordar nuevos desarrollos legislativos, hay que dar al menos el margen suficiente para que puedan hacerse realidad. Estoy convencida de que durante su desarrollo el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad dará satisfacción más que cumplida a los requerimientos que el pacto de Estado le ha hecho.
- RELATIVA A LA VIOLENCIA ECONÓMICA INSTITUCIONAL CONTRA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002572).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a la violencia económica institucional contra los derechos de las mujeres víctimas de violencias machistas. La presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se ha formulado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, turno ahora para el grupo proponente, señora Rodríguez.
Una vez más, qué tristes estamos por tener que traer una proposición no de ley como esta a esta Comisión. Yo lo siento muchísimo por las señorías del Partido Popular, que están muy aburridas de
discutir siempre lo mismo, pero más aburrido está el resto de la ciudadanía española de que no se cambie ni una sola de las políticas que la mayoría de este Parlamento sí que dice que se tienen que cambiar. Es lo que tiene gobernar en minoría, que quizá sea un poquito aburrido, pero si tanto se aburren, échense a un lado que ya estaremos otros para gobernar. (Rumores).
Ahora querría leerles un par de datos y pido, por favor, un poco de silencio para poder intervenir porque si no realmente es incómodo: 84 000 millones de euros de beneficio para la gran banca, si bien el impuesto de sociedades le sale a devolver a esta gran banca. Según el Partido Popular, 2000 millones de euros de rescate para las autopistas; según el Tribunal de Cuentas, 3718 millones de euros; según las propias constructoras, 5000 millones de euros. (El señor vicepresidente, Maroto Aránzabal, ocupa la Presidencia).
Cuando estamos hablando de la posibilidad de financiar el pacto de Estado -que nosotras ya hemos dicho que es insuficiente pero es lo que tenemos-, con 200 millones de euros y el Partido Popular aún no ha puesto en marcha ninguna de las medidas que se han acordado en el Pleno para financiar este pacto, y que hoy de nuevo traemos otra vez,, gastarse la friolera de una horquilla entre 2000 y 5000 millones de euros para rescatar las autopistas, para mí lo único que significa en este contexto es que el Partido Popular prefiere rescatar autopistas y carreteras a rescatar mujeres que siguen siendo asesinadas. Creo que hay que hacer un cambio con las cifras. Siempre hablamos de poner los contadores a cero todos los años y nosotras impugnamos esa forma de contabilizar las víctimas, pero van más de 1000 asesinadas según los propios datos del ministerio según el recuento que desde el año 2003 y, además, desde que se aprobó el informe de la subcomisión del pacto de Estado, son 49 los feminicidios que están a las espaldas del Partido Popular y de su ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que, por supuesto, es la persona que debería estar haciéndose cargo de que este pacto se pusiera en marcha y a día de hoy aún no lo ha hecho.
Nos preocupa enormemente cuál es el marco que se traslada por esto y nosotras queremos empezar a llamar las cosas por su nombre y decir que esto se trata de violencia económica y violencia institucional. Son dos conceptos que están reconocidos en todas las instituciones a nivel internacional, que se mencionan también en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que nos parece que hablan de cómo hay un Gobierno que, como antes decía con bastante ironía la portavoz del Grupo Socialista, por dejadez organizada o por pasividad dañina no hace políticas. Yo insisto en que tiene que ver con que este Gobierno ahora mismo es un lastre y es un Gobierno que, como está en minoría, no es capaz de sacar sus propias políticas adelantos y por eso no está haciendo lo que tiene que hacer para de verdad terminar con la violencia machista.
Evidentemente, una debería preguntarse nuestros contextos en los que, por ejemplo, el señor Baltar, en Ourense, dice que está a favor de la huelga feminista a pesar de ser responsable de haber acosado sexualmente a varias mujeres; a pesar de que la portavoz de Ciudadanos dice que a ella no le importaría participar de la huelga feminista, pero que no comparte todos los contenidos porque no es comunista. Cuando estamos con este debate respecto del feminismo, una se tiene que hacer esta pregunta. ¿Existe una forma de derechas de terminar con la violencia machista? Yo tengo muchas dudas de que esto pueda ser así y precisamente las tengo por esto estamos discutiendo hoy aquí. Ojalá existiesen políticas feministas que sirviesen para terminar con la violencia machista y sirviesen para conseguir la igualdad de las mujeres. Con esas políticas feministas estaríamos muchísimas mujeres de acuerdo y muchísimos hombres, seguro que también, pero es cierto que a día de hoy la mayor parte de esas políticas requieren de un compromiso económico y una serie de políticas que no todos los partidos de esta Cámara están dispuestos a poner encima de la mesa. No sé si es una cuestión de izquierdas o de derechas, pero desde luego lo que tengo claro es que es una cuestión de políticas feministas o políticas machistas. Por tanto, nos parece que en este contexto tenemos que reivindicar más aún que es la pasividad del Gobierno la que hace que el pacto de Estado no se ponga en marcha.
Por otro lado, y no me parece menor, ustedes, ante una situación de cifras cada vez más preocupantes en lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado de las mujeres que a día de hoy ocupan más del 52% del PIB, con lo que tiene que ver con la brecha salarial real -que con los datos más conservadores, estamos hablando de más de 20 puntos- y en lo que tiene que ver con los feminicidios, siguen empeñados en hacer políticas que tienen que ver con el populismo punitivo. Lo siento mucho, pero la prisión permanente revisable no va a solucionar los problemas que tenemos con la violencia machista; el problema es mucho más grave, es estructural, no tiene que ver solamente con los casos individuales. Aquí pasa como con la corrupción, que no es que haya solamente una manzana podrida, es que tenemos
podrido todo el cesto y tenemos que darle la vuelta a nuestra sociedad, y para eso hacen falta políticas de fondo.
Por último, no me gustaría terminar mi intervención sin dejar de decirlo. Creo que se está instalando un marco político que es realmente preocupante para nuestra sociedad. Por una parte, estamos todo el rato diciendo nuestros jóvenes que son más machistas -ayer lo decía la señora Villalobos en el Pleno- y me parece realmente preocupante. Machista es el Gobierno que no pone en marcha el pacto, no nuestros jóvenes que, día de hoy, son la generación de Europa que más complicado tiene emanciparse, que peores salarios tienen y que peores condiciones laborales tienen. Esto sí que es preocupante y esto es responsabilidad del Gobierno. En segundo lugar, hacer políticas feministas es garantizar la libertad, hacer políticas feministas es garantizar que las mujeres...
El señor VICEPRESIDENTE (Maroto Aránzabal): Tiene que ir terminando.
La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Voy terminando, señor presidente, pero es que es tan difícil intervenir que tiene que tener usted en cuenta que me desconcentro cuanto esta todo el mundo hablando en la Comisión mientras una interviene. Así que voy a terminar cuando pueda.
El señor VICEPRESIDENTE (Maroto Aránzabal): A lo mejor se ha despistado por la duración, pero tiene que acabar.
La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Vale, muy bien. Muchísimas gracias por no dejarme terminar, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Maroto Aránzabal): No, no, por favor, termine, pero termine ya. (Pausa).
Para defender su enmienda, tiene la palabra la señora Cortés, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, señor Presidente. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una enmienda la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Confederal de Unidos Podemos y nos vamos a remitir al texto que aparece en la proposición porque en la intervención de la portavoz yo he oído hablar de autopistas, de prisión permanente revisable, de muchas cosas, que creo que ha mezclado. Yo quisiera defender nuestra enmienda diciéndole que en esta Comisión se creó una subcomisión para elaborar un pacto por la violencia de género. Se hizo ese pacto, se aprobó, se dieron unos plazos y se adoptaron unas medidas; las medidas económicas están incluidas en el pacto, y van de la 202 a la 208, y más concretamente, 206 y 207. Quiero recordar también que en la Conferencia Sectorial de Igualdad que se celebró el pasado 12 diciembre 2017, se acordó que dichos créditos deberían ser efectivos en el primer trimestre de 2018. Por lo tanto, señorías, todavía estamos en el plazo acordado con las comunidades autónomas. Nosotros hemos presentado una enmienda porque entendemos que el desarrollo de una ley de medidas urgentes no iba a cumplir con el plazo de ese primer trimestre y, por tanto, hemos preferido presentar una enmienda en el sentido de que, en caso de que haya que prorrogar los presupuestos, el Gobierno elabore un decreto que sería mucho más rápido para aportar esa cantidad económica que todos esperamos en los futuros presupuestos.
Lo hemos dicho, lo decía una compañera hace un momento, y seguiremos repitiéndolo hasta la saciedad: el Gobierno... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señoría.
Señorías, por favor les pido que mantengan silencio, no solamente para que la persona que esté interviniendo pueda exponer lo que considere oportuno, sino también porque al personal que está desempeñando su trabajo en la Cámara le es imposible hacerlo con eficacia. Por lo tanto, vamos intentar mantener unas ciertas normas de escucha activa, si es posible. (Pausa).
La señora CORTÉS BURETA: Muchas gracias por su amparo, señora presidenta.
Decía -y repito- que no nos cansaremos de decirlo, y es que el Gobierno desde un primer momento ha anunciado su compromiso con el mismo nivel de implicación y esfuerzo dedicado a lo largo de todo el proceso de negociación, para llevar a cabo los acuerdos con todos los sectores intervinientes en el desarrollo del pacto de Estado, que en el caso de que no se produjese la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado, como ya he dicho, impulsaría en el primer cuatrimestre de 2018 una modificación del crédito para garantizar la partida de los 200 millones comprometida en el pacto de Estado. Por lo tanto, queremos de verdad que todas sus señorías estén convencidas de que esto va a ser así, de que es así, y también queremos que la sociedad española lo sepa y que sea consciente de que nuestro compromiso para conseguir ese pacto de Estado es firme y contundente. Por eso, como digo, presentamos la enmienda y apelamos al grupo proponente para que nos la acepte.
Pasamos, entonces, al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿señora Sorlí? (Denegación). Pasa palabra.
Pasamos entonces al Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez, yo no sé si soy más feminista, más machista o si abogo por una política feminista o por una política machista. Yo lo que quiero es que haya igualdad real entre el hombre y la mujer. Yo quiero que no exista ya el techo de cristal y que la mujer pueda ascender por sus méritos. Yo lo que quiero es que no haya ni una sola mujer más muerta por la violencia machista, y que no haya ninguna mujer que tenga miedo de entrar en su casa. Eso es lo que yo quiero. Y yo quiero que haya una conciliación laboral que permita a la mujer y al hombre poder ir a trabajar y cuidar a sus hijos en igualdad de condiciones. Si eso es una política feminista, machista, de izquierdas o de derechas, eso me lo podrá decir usted, pero nosotros, desde Ciudadanos, queremos eso.
Sobre la PNL que presentan ustedes, lo que piden es que para las medidas incluidas en el pacto se dote con el presupuesto eficiente, señor Maroto. Usted vino con el regalo de Reyes de los 1000 millones. Apliquémoslo, porque una cosa es decirlo y, luego, hacerlo; así que confío en que usted trasladará y hará lo imposible para que este 2018 ya tengamos los primeros 200 millones.
Y, luego, lo que no nos gusta de esta PNL es el uso ideológico de las palabras, del título: Violencia institucional. ¡Violencia institucional! Bueno, la violencia institucional en la PNL no figura como tal, ni en el pacto de Estado ni en la parte dispositiva de la PNL. Entonces, yo creo que por parte del Grupo Parlamentario Podemos deberían plantearse, primero, no hacer distingos utilizando un lenguaje que diferencie entre personas. Segundo, si quieren apostar por el pacto nacional, que ustedes no lo votaron a favor, que se impliquen con los demás grupos parlamentarios, que sí lo votamos, en poner en funcionamiento y hacer acciones para ponerlo en funcionamiento y tener los resultados lo antes posible. Y, tercero, ustedes hablan de presupuestos, ¡y el Grupo de Podemos, cuando se habla de presupuestos se pone del lado! Hay grupos parlamentarios que estamos poniendo encima de la mesa cosas con intención de sacar adelante los presupuestos, porque creemos que si salen adelante los presupuestos, tendremos el dinero para poder desarrollar las políticas no solamente del pacto nacional contra la violencia de género, sino muchísimas más políticas sociales que permitan los demás puntos que les he incluido.
Seamos serios, dejemos de usar tanto la terminología ideológica. Pongámonos a trabajar, pongámonos a remar a favor; hablemos de presupuestos; hablemos con el Gobierno de presupuestos; no nos pongamos de lado; no intentemos tirar la piedra y esconder la mano. Sinceramente, creo que podrían hacerle un favor a la sociedad, y en este caso a las políticas feministas, si plantearan una acción más positiva y más directa, con más ganas de hacer cosas, que siempre estar quejándose.
Es el turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista, señora Álvarez.
Pues sí, hoy estamos de déjà vu total. Es que cada una de las iniciativas que hemos traído, en realidad son iniciativas que ya han sido presentadas o que forman parte de otros acuerdos que hemos votado todos los grupos, etcétera. Sí me gustaría hacer una apreciación con relación a los presupuestos. No es una anomalía democrática que no haya presupuestos. La Constitución lo prevé y, por tanto, también articula cuál es el sistema para que el Estado no deje de funcionar. En el marco de esos sistemas ya previstos está claro que el Gobierno del Partido Popular ha decidido no utilizar los instrumentos que la propia ley pone a disposición del Gobierno para poder hacer efectiva, por ejemplo, esta medida que viene hoy a colación.
Por supuesto, vamos a votar a favor de la iniciativa, pero la cuestión es si el partido que sujeta al Gobierno va a volver hoy a repetir aquí la hipocresía de votar afirmativamente lo que sabe que no va a cumplir, porque eso ya lo hizo el 23 de noviembre de 2017, cuando el Grupo Socialista llevó a Pleno una iniciativa en este sentido. Han tenido ocasión de hacerlo en los últimos ocho consejos de ministros y, literalmente, se han choteado de las instituciones y del pacto en su conjunto. La burla a los acuerdos del pacto es una burla a la ciudadanía. Ese es el problema. Yo supongo que el señor Montoro y el señor Rajoy están haciendo un cálculo no del coste económico, sino del coste del incumplimiento, y que les debe de estar saliendo a bajo coste. Otros hacemos otro tipo de cálculos. Por ejemplo, ¿cuántos retrasos será capaz de acumular el Partido Popular antes de poner en marcha medidas que salvan vidas? ¡Es que esa es la pregunta! Medidas que previenen violencia; medidas que preparan a los profesionales para ser eficaces, que ayuden a reparar el destrozo de vidas humanas sometidas a torturas cotidianas. ¿Cuánto tiempo son capaces de hacerse cálculo? ¿Cuánto desprecio a esas necesidades son capaces de acumular? Porque cada día que pasa sin habilitar esos fondos, esto es un descrédito para el propio pacto, y este es el problema. Cada día que pasa sin habilitar los fondos, el pacto pierde reputación y pierde valor. La cuestión es para qué han comprometido unos fondos que no habilitan.
Sería bueno, señorías, que el Partido Popular dejase de contribuir a desprestigiar lo que tanto nos ha costado acordar. Como ya les dijimos en la proposición del Pleno de noviembre, arreglar esto es muy fácil y es muy rápido; tan solo tienen que llevar al próximo Consejo de Ministros del viernes, que tenemos a la vuelta de la esquina, un decreto-ley. Lo prevén las leyes; es práctica habitual en situación de prórroga presupuestaria. ¡No hay nada que lo impida! No se comprende que no lo hayan habilitado ya. Esta es la cuestión. Alguien me manifestaba hace unos días que solo cabe que lo hagan por un incomprensible y erróneo cálculo político o por pura falta de humanidad. Yo no quiero pensar que sea esto último, pero por favor es que estas son las cosas que se hablan en la calle. Es decir, por prestigio personal del propio Gobierno y por respeto a los acuerdos, yo les pido a los diputados que forman parte de esta Comisión, y que son miembros del Grupo Popular, que presionen al Gobierno, porque ni es económicamente imposible y es una cosa muy fácil de gestionar: vía Consejo de Ministros y lo pueden resolver el viernes.
La presidenta del Congreso -y termino- en unas jornadas que celebramos sobre las radiotelevisiones públicas, manifestó la semana pasada, y la voy a citar literalmente 'que no cabe la confrontación política en relación al pacto contra la violencia'. Y es verdad, pero le faltó una cosa; le faltó terminar la frase diciendo que tampoco caben los incumplimientos, porque si no, la primera parte de la frase no tiene sentido. Señorías, un incumplimiento es una violación de un acuerdo. Así que pregúntense quiénes son las personas perjudicadas por esa violación y tomen medidas.
- RELATIVA A RECONOCER A SABRINA VEGA GUTIÉRREZ EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL DEPORTE E INSTAR AL GOBIERNO A INCLUIR LA LUCHA POR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES A TRAVÉS DEL DEPORTE COMO CRITERIO A VALORAR PARA LA CONCESIÓN DE LA REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002768).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa a reconocer a Sabrina Vega Gutiérrez en la defensa de los derechos de las mujeres a través del deporte, e instar al Gobierno a incluir la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte como criterio a valorar para la concesión de la Real Orden del Mérito Deportivo. Lo presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se ha formulado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y, por lo tanto, es el turno para el grupo proponente, señora Reyes.
El respeto a los derechos de las mujeres sigue brillando por su ausencia en muchos países, pero especialmente en países del norte de África y de Oriente Medio. Y ello a pesar de que las mujeres tuvieron un papel fundamental en la Primavera Árabe y en los cambios que se han producido en algunos países de la región, manifestándose en la calle, organizándose o denunciando la represión en Internet. Las
mujeres han sido clave en dicha revolución pacífica desafiando los convencionalismos y ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y reunión.
Sin embargo, sus derechos siguen ignorándose y vulnerándose sistemáticamente. Como recuerda Amnistía Internacional, las mujeres de estas sociedades patriarcales han sufrido hostigamiento, acoso, tortura y malos tratos, como agresiones sexuales y amenazas de violación relacionadas específicamente con su condición de mujeres. Un caso muy notorio fue el de las pruebas de virginidad a que fueron sometidas algunas manifestantes en Egipto. Además siguen siendo discriminadas en numerosos ámbitos de su vida. Les pongo ejemplos concretos. En Yemen las mujeres carecen de libertad para casarse con quien deseen y algunas son obligadas a contraer matrimonio cuando son menores de edad, a veces con tan solo ocho años. En Arabia Saudí las mujeres no pueden viajar, tener trabajos remunerados, recibir educación superior ni casarse sin el permiso de un tutor varón. Y a pesar de que el Gobierno haya anunciado recientemente que podrían conducir, a día de hoy las mujeres no pueden conducir aunque tengan permisos internacionales con los que sí lo pueden hacer en otros países. En Egipto se practica la mutilación genital femenina y está prohibido el aborto incluso en el caso de mujeres y niñas supervivientes de violación e incesto o de embarazos que entrañen graves riesgos para la salud. Su representación en el Parlamento es incluso menor que cuando Mubarak presidía el país. En este sentido no debemos ni podemos pasar por alto actitudes valientes como la reciente negativa de la campeona de España de ajedrez, Sabrina Vega Gutiérrez, y de todo el equipo español -como apunta la enmienda de Podemos que vamos a aceptar- a la hora de acudir al Campeonato Mundial de Partidas Rápidas y Semirrápidas que se estaba celebrando en Riad (Arabia Saudí) como vía para denunciar la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres en este país. Nuestra campeona y todo el equipo no han dudado en poner en riesgo su carrera profesional y deportiva anteponiendo valores de igualdad y justicia frente a los posibles premios, reconocimientos y contraprestaciones económicas que, por cierto, en esta ocasión eran más cuantiosas que en campeonatos similares.
Es conocido por todos además que el deporte es una herramienta efectiva para la transmisión de valores tales como la solidaridad, el trabajo en equipo y la cultura del esfuerzo. Por ello solicitamos que se reconozca la actitud, compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los derechos de la mujer y el coraje de doña Sabrina Vega Gutiérrez e instamos al Gobierno a que trabaje en colaboración con el Consejo Superior de Deportes a fin de modificar el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo a fin de que la lucha por los valores de igualdad entre hombres y mujeres en el deporte sea un elemento valorativo a la hora de conceder estas distinciones.
Turno ahora para el grupo enmendante, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Arévalo.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, presidenta.
Desde Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea, hemos planteado una enmienda de adición a la proposición no de ley de Ciudadanos porque consideramos que no solo hay que reconocer la actitud de compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres de Sabrina Vega, que por supuesto, sino que ese reconocimiento se debe hacer a todas las integrantes del equipo de la selección femenina de ajedrez porque fueron todas ellas las que renunciaron a ir al Mundial de Ajedrez Rápido que se celebró en Arabia Saudí. Puesto que el grupo proponente ha aceptado nuestra enmienda, nosotros vamos a apoyar la iniciativa. Ahora bien, nosotras creemos que este tipo de gestos -porque, señorías, este tipo de cosas son simplemente eso, gestos- están muy bien y que por supuesto hay que hacerlos, para nosotras no son suficiente. Ojalá que a partir de ahora se tenga en cuenta de verdad a la hora de conceder la Real Orden del Mérito Deportivo la lucha por los valores de la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte. ¡Ojalá! Nosotras nos alegraríamos, créanme. Pero para nosotras, señorías, el deporte, debido a su potencialidad educativa y mediática, constituye una importante herramienta de transformación social que, si hubiera voluntad, podría contribuir a promover la igualdad. No obstante, para que esto sea posible es necesario, en primer lugar, despatriarcalizar y democratizar el deporte en nuestro país implementando y desarrollando políticas que sitúen el deporte femenino en general, y a las deportistas en particular, en igualdad de condiciones respecto del deporte masculino y los deportistas. Por eso, lo que nos alegraría realmente es que el Gobierno cumpliera la Declaración de Brighton sobre la Mujer y el Deporte, que es una cosa que se ha suscrito; claro, suscribir y hacer declaraciones es bastante fácil, pero hacerlo realidad
cumpliendo con sus objetivos parece que ya es más complicado. ¿Por qué digo esto? Porque, señorías, en nuestro país se vulneran cada día los derechos de las mujeres deportistas. Esta misma semana conocíamos que Leire Olaberria, medallista olímpica del ciclismo de pista, denunciaba a su seleccionador. ¿Por qué? Porque este señor parece ser que no ha contado con ella para la copa del mundo ni para el mundial porque Leire ha sido madre. La ciclista ya está en forma y su calidad y nivel competitivo ya es el mismo -según los expertos- en los entrenamientos y los resultados que antes de ser madre, pero el seleccionador -este señor- considera que ya no puede hacer el mismo trabajo que antes porque ya no puede estar tantos días fuera de casa o porque tiene que llevar a su hijo a las concentraciones y contar con alguien que lo cuide mientras compite o entrena.
Sí, señorías, esto está pasando en el deporte español, en nuestro país. Por eso esta iniciativa nos parece insuficiente, porque si tuviéramos que reconocer a todas las deportistas invisibles que pelean para que la igualdad sea efectiva y real en el deporte tendríamos que estar haciendo PNL todos los días. A nosotras nos parece más eficaz instar al Gobierno a implementar y desarrollar políticas de igualdad cuyo objetivo sea incrementar la participación de las mujeres en el deporte a todos los niveles y en todas las funciones y roles. Las mujeres en nuestro país lo que realmente necesitamos más allá de reales órdenes al mérito deportivo, que están muy bien, es que nos dejen ser practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras, en igualdad. Eso es le necesitamos. Y, por supuesto, que se promocione a las mujeres en el deporte de competición y que se favorezca nuestra incorporación en el alto rendimiento para que no haya más casos como el de Leire.
¿Qué se podría ir haciendo para hacer esto realidad? Pues les voy a comentar algunas propuestas como ejemplo. Legislar para que el 50 % de la cuota de pantalla de la televisión pública y de los fondos públicos se dediquen al deporte femenino. Yo estoy segura de que nunca nos habríamos enterado de la participación de la selección femenina de ajedrez si ellas no hubieran decidido renunciar a su participación. Las mujeres deportistas de nuestro país solo salen en la tele cuando hacen cosas excepcionales; mientras tanto, son invisibles. Otra propuesta que hacemos es que el deporte femenino sea incluido en las quinielas, pero no de manera testimonial con un partido de fútbol femenino y solo en contadas ocasiones como se está haciendo hasta ahora, no, señorías, así no, eso no es igualdad, esos son gestos vergonzantes que tienen como objetivo quedar bien de cara a la galería. También sería importante garantizar que los fondos invertidos por los patrocinadores llegasen de manera efectiva y real a las mujeres deportistas porque hasta ahora no solo no están llegando, sino que parece que están sirviendo para que a algunos se les abran algunas puertas giratorias. Estas son solo algunas de las propuestas pero hay muchas más, aunque no tengo tiempo para extenderme.
Termino. Reitero que vamos a apoyar esta iniciativa pero, aunque por supuesto apoyamos el gesto, nos parece insuficiente porque las deportistas de nuestro país, más allá de reconocimientos institucionales, lo que realmente necesitan es que las que estamos aquí legislemos para que el deporte deje de ser uno de los principales puntales que siguen sujetando el orden patriarcal en nuestro país.
Turno ahora para la fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ TORTOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes. Nuestro voto va a ser afirmativo a esta proposición no de ley porque entendemos que no debemos pasar por alto hechos tan significativos como que la deportista Sabrina Vega, campeona de España de ajedrez, manifieste su rechazo a participar en una competición por el hecho de que se desarrolle en un país en el que no es que no se respeten los derechos de la mujer, es que directamente no los tiene. Nos parece bien denunciar el hecho y también que el Consejo Superior de Deportes se haya posicionado a favor de la lucha por la igualdad en el deporte redactando el Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte, en el que se reconoce que el deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre hombres y mujeres. Estos gestos valientes y desinteresados a favor de la lucha por la igualdad hay que tenerlos presentes, destacarlos y valorarlos, pero no son suficientes para lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Para Matilde Fontecha, doctora en Filosofía y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, el deporte es uno de los
ámbitos que más discrimina a la mujer porque mantiene una estructura y un funcionamiento profundamente antidemocráticos y androcéntricos.
El trato discriminatorio que dispensa la institución deporte a entrenadoras, árbitras, técnicas, médicas, directivas y sobre todo a las deportistas es impensable en otras esferas y abarca desde las niñas en el deporte en edad escolar hasta las deportistas de élite. El aspecto más desigual es la profesionalización y la remuneración económica de las deportistas de alto nivel. Luego esta la desigualdad en la distribución, en la asignación de espacios deportivos, vestuarios y otras instalaciones, de horario, de material, de indumentaria, capacitación de las personas que las entrena y un largo etcétera. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, fomenta la inclusión de estrategias de fomento del deporte femenino y en su artículo 29 encomienda al Gobierno la promoción del deporte femenino mediante programas específicos, instándole a favorecer su acceso a la práctica deportiva además de exigir la inclusión de la igualdad en los programas públicos de desarrollo deportivo. Sin un apoyo decidido y activo por parte de la Administración resulta imposible cambiar los parámetros que permitan un mayor desarrollo de la actividad deportiva de las mujeres.
Nos encontramos en un momento óptimo para avanzar en esta igualdad. Se está elaborando la nueva Ley del Deporte. Corrijamos en el desarrollo de esta nueva ley todas estas deficiencias que hemos detectado y que hacen que la mujer esté discriminada en el deporte, como pueden ser las becas distintas para hombres y mujeres, las cláusulas antiembarazo, la paridad en cargos directivos, la profesionalización, la financiación de las asociaciones deportivas femeninas, la incorporación de la mujer a los sindicatos, la brecha salarial, aunque para que exista brecha salarial primero tiene que existir salario y en muchas ocasiones las deportistas no disponen de ese salario.
Es ahora el turno del Grupo Popular, señora González.
En el Partido Popular aplaudimos en esta ocasión la iniciativa de Ciudadanos de ensalzar la actitud de nuestra campeona nacional de ajedrez, Sabrina Vega, así como la de todo el equipo olímpico, como ya se ha dicho aquí, de no acudir al Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido que se celebra en Riad por razones éticas, por el rechazo a las normas de conducta no solo del propio campeonato, que obliga a las mujeres a cubrirse el cabello y no salir solas a la calle, entre otras medidas, sino también por lo que representa de rechazo a la conducta segregadora hacia las mujeres en la sociedad árabe. Esta renuncia, que se une a la de otras ajedrecistas europeas, antepone, como muy bien se ha dicho aquí, los principios de igualdad entre mujeres y hombres sobre los premios y reconocimientos deportivos. Como muy bien se ha señalado aquí, el Consejo Superior de Deportes se ha posicionado a favor de la lucha por la igualdad en el deporte y en su Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte reconoce en el mismo y en la actividad física su contribución a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, ha suscrito la Declaración de Brighton referente a la igualdad en el deporte.
Ahora bien, el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, fue complementado, para el procedimiento de tramitación de los expedientes de la Real Orden del Mérito Deportivo, con la Orden de 14 de septiembre, de ordenanzas de dicha Real Orden del Mérito Deportivo, y estas ordenanzas, en su artículo 15, apartado e), dicen que constituirán méritos a tomar en consideración para la concesión de condecoraciones "las destacadas iniciativas y hechos ejemplares que se hagan acreedores de público reconocimiento por su trascendencia y repercusión en el orden deportivo". Pues bien, nosotros entendemos que la lucha por la igualdad es un hecho ejemplar, y así se entiende en el Consejo Superior de Deportes, que entre sus líneas estratégicas tiene precisamente la de promover mediante el deporte la igualdad entre hombres y mujeres.
En consecuencia, entendemos que la conducta realizada por Sabrina y todo el equipo, su negativa a acudir a este campeonato para así denunciar la vulnerabilidad sistemática de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, podría ser tomada en consideración para la concesión de esta condecoración, incardinándolo en la letra e) del artículo 15 antes citado, abierto a valorar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en tanto constituye una iniciativa o hecho ejemplar. Sin embargo, también entendemos la postura de Ciudadanos de instar la inclusión como un mérito específico de la lucha por los valores de igualdad entre hombres y mujeres, y por ello vamos a votar favorablemente. Ahora bien, también creemos que debemos poner sobre la mesa que en la lucha por los valores de igualdad entre
hombres y mujeres tenemos que seguir peleando en el ámbito del ajedrez también, puesto que llama la atención que haya campeonatos mixtos en un deporte que no es físico; las mujeres pueden participar tanto en los mixtos como en los femeninos. Esto, que se puede entender como una discriminación positiva en pro de la participación de las mujeres en la competición, dada la infrarrepresentación que tienen las mujeres, yo lo asocio también con esa baja participación en carreras STEM que tienen las mujeres, menos de un 25 %. Esto lo pongo sobre la mesa porque supongo que es tena para un debate amplio. Los hechos están ahí. Únicamente Judit Polgár ha llegado a estar entre las diez primeras y únicamente un 1 % están entre las maestras del ajedrez. Probablemente este es un tema de impulso del ajedrez desde la más tierna infancia, y es ahí donde tenemos que pelear por que tanto las chicas como los chicos se dediquen a este deporte.
Para finalizar simplemente quiero felicitar a Sabrina Vega. Nosotros sí consideramos que estos gestos son claves y que tienen una gran trascendencia en pro de la igualdad de género.
Señorías, hemos terminado el debate correspondiente a las distintas proposiciones no de ley. Vamos a hacer un receso de cinco minutos para poder recabar las transacciones que faltan y procederemos después de la votación. (Pausa).
Señorías, vamos a retomar esta sesión de la Comisión de Igualdad. Antes de que empecemos las votaciones y de que terminemos las mismas, como sé que sus señorías van a huir despavoridos y despavoridas, únicamente quiero pedirles a los portavoces de los grupos que se queden un minuto para plantear algunas de las cuestiones que tenemos pendientes. Son cuestiones meramente de agenda, pero es importante que las comentemos un momento.
Por lo tanto, y sin más dilación, vamos a proceder a las votaciones de las PNL que formaban parte del orden del día. Como recordarán sus señorías, habíamos dejado pendientes dos PNL de la sesión anterior en que debatimos también proposiciones no de ley porque necesitaban cubrir un trámite que en aquel momento era enviarlas a la Mesa de la Cámara para que tuviéramos un informe en relación con si alguna de las cuestiones era competencia o no de esta Comisión. Una vez que hemos recibido el pronunciamiento de la Mesa de la Cámara, tienen ustedes a su disposición los textos correspondientes a esas dos proposiciones no de ley que vamos a someter a votación.
La señora PRESIDENTA: Sin más, procedemos a las votaciones. Primera proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a realizar un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de seguimiento de la violencia de género en el sistema informático en las historias clínicas, que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Hay un texto transaccional y es el que someteremos a votación.
Proposición no de ley sobre la constitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que presentó el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 26.
Proposición no de ley relativa a la devolución del IRPF abonado por la consideración de la prestación por maternidad como rentas del trabajo a los padres y madres afectados. El proponente es el Grupo Parlamentario Mixto. Hay un texto transaccional que es el que se somete a votación.
Proposición no de ley relativa a impulsar la protección, promoción y el apoyo a la lactancia natural, que presentó el Grupo Parlamentario Popular. Hay un texto transaccional que es el que se somete a votación. Procedemos a la misma.
Proposición no de ley relativa al fomento de la participación ciudadana, que presentó el Grupo Parlamentario Popular. Existe un texto transaccional que es el que se somete a votación. Procedemos a la misma.
Siguiente proposición no de ley, relativa al impulso de medidas de trabajo flexible. El proponente es el Grupo Parlamentario Popular. Existe un texto transaccional que es el que se somete a votación.
Proposición no de ley relativa al II Plan de Igualdad de Renfe Operadora, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Existe un texto transaccional que es el que sometemos a votación.
Proposición no de ley relativa a las unidades de igualdad de la Administración General del Estado y de las universidades, que presentó el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se vota en sus términos.
Siguiente proposición no de ley, relativa a la violencia económica institucional contra los derechos de las mujeres víctimas de violencias machistas. La presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y se vota en sus términos.
Proposición no de ley relativa a reconocer a Sabrina Vega Gutiérrez en la defensa de los derechos de las mujeres a través del deporte e instar al Gobierno a incluir la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte como criterio a valorar para la concesión de la Real Orden del Mérito Deportivo, que presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Existe un texto transaccional que es el que sometemos a votación.
- SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN LOS TRABAJOS DEL CONGRESO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000425).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar las dos proposiciones no de ley que no estaban incluidas en este orden del día y que son las siguientes: en primer lugar, proposición no de ley sobre la integración del lenguaje inclusivo en los trabajos del Congreso, que presentó en su momento el Grupo Parlamentario Mixto. Sometemos, por tanto, el texto a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 17.
- PARA LA REPRESENTACIÓN PARITARIA EN LOS ÓRGANOS Y NOMBRAMIENTOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000845).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley para la representación paritaria en los órganos y nombramientos del Congreso de los Diputados, que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Procedemos a la votación.

References: artículo 15
 artículo 150
 artículo 149
 artículo 39
 resolución 
 artículo 149
 artículo 150
 artículo 149
 resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 2
 real decreto 
 artículo 13
 artículo 45
 artículo 46
 resolución 
 artículo 60
 Real Decreto 
 artículo 29
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 15