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PSUV OTRA VEZ UNA CANDIDATA INHABILITADA…La Historia vuelve a repetirse – JUICIO A LA NOTICIA CAIGA QUIEN CAIGA
PSUV OTRA VEZ UNA CANDIDATA INHABILITADA…La Historia vuelve a repetirse
Publicado el 7 mayo, 2010 por Angel Monagas
PSUV OTRA VEZ CON UNA CANDIDATA INHABILITADA…La Historia vuelve a repetirse
“No estoy inhabilitada”: Jenny Cedeño
“Eso es mentira. Estuve inhabilitada en el 2003 pero pagué la multa que se me colocó y el año. Cuando cumplí la sanción trabajaba en la Alcaldía y salí del gobierno por un año”, respondió Cedeño a las versiones sobre una posible inhabilitación y al presunto nombramiento de Elba Alvarado, su suplente, como principal.
“Lo que yo estaba esperando era que el Tribunal aceptara mi apelación para resarcir mis daños morales y eso no ocurrió. Pero no tiene nada que ver con la inhabilitación ni con la candidatura, sigo siendo candidata”, aclaró.
En el escrito que sustento la decisión de la Sala Constitucional del 16 de Abril del 2010, se lee: El 10 de agosto de 2007, comparecieron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los abogados Miguel Rondón y Claudia Valentina Mujica Añez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 56.367 y 37.020, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana JENNY ELINA CEDEÑO MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad n° 11.247.724, y solicitaron la revisión de la sentencia n° 02898 dictada el 19 de diciembre de 2006, por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal. Fundamentaron tal revisión en el siguiente fundamento: Los representantes judiciales de la solicitante expusieron lo que sigue: Que a su representada se le lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de que la Sala Político Administrativa impuso a la ciudadana Jenny Cedeño, “la carga de publicar un cartel de emplazamiento, aplicando esa obligación, la cual está destinada por el legislador patrio, para los actos administrativos de efectos generales, toda vez que al demandar la nulidad de ellos, se ve afectado el interés general, y no como erradamente lo aplicó en el presente caso, imponer al justiciable, quien tiene el derecho constitucional a acceder a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses frente a un acto administrativo que únicamente afecta su esfera personal y no el interés general, haciendo nugatorio el mismo por la aplicación analógica de la carga procesal del cartel de emplazamiento”. REVISION Y TUTELA.
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, e incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente…” (CRBV, 1999: art. 26).
En contraparte, otra corriente considera que la tutela judicial efectiva es la suma de todos los derechos constitucionales procesales plasmados en el artículo 49 de la CRBV; es decir, que por tutela judicial efectiva se entiende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, el derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos, sin reposiciones inútiles, derecho al debido proceso, derecho a la defensa, derecho a ser notificados de los cargos que se imputan, derecho a la presunción de inocencia, derecho de acceso a las pruebas, derecho a ser oído en toda clase de proceso, derecho a un tribunal competente, derecho a intérprete, derecho a ser juzgado por jueces naturales y derecho a no confesarse culpable, entre otros. Esta corriente encuentra sustento en la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de abril de 2001, Nº 576, expediente Nº 00-2794, que ha expresado: “La Constitución de la República en su artículo 26 consagra la garantía jurisdiccional, también llamada el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha sido definido como aquel, atribuido a toda persona, de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca una mínima garantía (…) Es, pues, la garantía jurisdiccional, el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por un órgano (…) para conseguir una decisión dictada conforme el derecho (…)”.
Apreciada desde las alturas de la Constitución o del máximo Tribunal de la Republica (TSJ), es una potestad constitucional extraordinaria, discrecional, ejercida exclusivamente por la sala Constitucional; desde la cual es garantizada la supremacía y efectividad de las normas y principios Constitucionales. En tal sentido, sólo procede contra las sentencias firmes y por las causas expresamente señaladas en la ley. Visto desde el resto de la estructura judicial (los demás tribunales), y de los particulares, es un medio de impugnación que se interpone ante la sala constitucional, contra los fallos definitivos, en las cuales se supone infringidas las normas Constitucionales, legales o interpretaciones de la sala Constitucional sobre normas y o principios Constitucionales; así como, sentencias en alzada o definitivamente firmes de amparo constitucional. Es de significar, en este punto de la reflexión si estamos frente a un recurso o ante una solicitud, polémica sobre la cual nos referimos brevemente. La doctrina constitucional usa indistintamente Recurso y Solicitud, no obstante a nuestro juicio, la ley y la jurisprudencia le dan relevancia al termino solicitud cuando viene ejercido a instancia de parte; es decir, por alguien distinto al Tribunal Supremo de justicia, pero cuando este último actúa ( sala Constitucional ), de oficio lo hace en nombre de una potestad o atribución. Ahora bien, la Ley Orgánica del T. S. J según sentencia del 11 de Marzo de 2005, (Caso 11 de Abril), incorpora definitivamente el termino de “solicitud”, para la revisión de las sentencias definitivamente firmes, por ante la Sala Constitucional.
La doctrina constitucional usa indistintamente Recurso y Solicitud, no obstante a nuestro juicio, la ley y la jurisprudencia le dan relevancia al termino solicitud cuando viene ejercido a instancia de parte; es decir, por alguien distinto al Tribunal Supremo de justicia, pero cuando este último actúa ( sala Constitucional ), de oficio lo hace en nombre de una potestad o atribución. Ahora bien, la Ley Orgánica del T. S. J según sentencia del 11 de Marzo de 2005, (Caso 11 de Abril), incorpora definitivamente el termino de “solicitud”, para la revisión de las sentencias definitivamente firmes, por ante la Sala Constitucional.
“pero pagué la multa que se me colocó y el año. Cuando cumplí la sanción trabajaba en la Alcaldía y salí del gobierno por un año”
Es obvio que no se trato de ninguna apelación y menos buscar resarcir daño moral, si eso es verdad porque su abogado Javier Simón Gómez González para la época presenta escrito ante la Sala Político Administrativa en fecha 13 de julio del 2004, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Jenny Elina Cedeño Márquez, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional y subsidiariamente solicitud de suspensión de efectos, conforme a lo previsto en el “artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”, contra la Resolución N° 01-00-028 del 12 de junio de 2003, emanada del Contralor General de la República, mediante la cual su representada fue destituida del cargo de Coordinadora Regional del Programa de Alimentos Estratégicos (PROAL-ZULIA) que desempeñaba en la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, e inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por el período de un año, en virtud de haber sido declarada su responsabilidad administrativa por decisión del 23 de mayo de 2002, emanada del Contralor General del Estado Zulia; y contra la Resolución N° 01-000-111 del 23 de diciembre de 2003, emanada igualmente del Contralor General de la República, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por la recurrente contra la referida Resolución N° 01-00-028 del 12 de junio de 2003.
No es la primera vez que esta ciudadana se burla de sus electores y del pueblo en general. Si es verdad que ella pagó la multa y cumplió el año de inhabilitación, como es que se presentó para ser candidata en las Elecciones del 2004 y de hecho fue candidata apoyada por el MVR y por otros partidos. Recuerdo claramente que se retiro de la administración Municipal donde era Directora General de Asuntos Políticos, oficina ubicada en el sexto piso, a mano izquierda en el palacio municipal de Maracaibo, y fue todo un problema porque debía retirarse tres meses antes del proceso y no quería renunciar. De ser cierto lo que ella dice tampoco ha debido ser candidata en el 2004 y lo fue nominal y por lista. De hecho el rector VICENTE DIAZ, la pone en primer lugar como ejemplo de una declarada inhabilitada como Candidata: al efecto declaro en la prensa nacional:
-No es la primera vez que los rectores deben decidir si aceptan a inhabilitados…
-En el lejano pasado tenemos el caso de David Nieves y Salom Mesa Espinosa que estando presos salieron de la cárcel por el voto popular y fueron al Parlamento. En la actualidad tenemos ejemplos de personas que fueron inhabilitadas por esta Contraloría y fueron postulados y ganaron, y han ejercido cargos públicos teniendo la prohibición de la Contraloría. De memoria puedo citar tres casos: El de Jenny Cedeño, una diputada a la Asamblea Nacional del PSUV. Ella fue inhabilitada el 21 de junio de 2003 y fue electa el 4 de diciembre de 2005 y es diputada actualmente.
Muy simple, ella nunca cumplió con lo ordenado por la Contraloría y es recurrente en disfrazar las situaciones. ¿Por qué se permitió que fuera candidata en el 2004, violando una orden emanada de la Contraloría de la República y que ejerciera cargos públicos? Quizá por las mismas razones que muchos “alcahuetes” que quieren en este momento hacerse los locos con lo decidido por la Sala Constitucional. Este caso ya lo conoce la Dirección Nacional del PSUV. La Presidenta de la ASAMBLEA NACIONAL esta conteste del mismo y según ella y otros Diputados, JENNY CEDEÑO ya cumplió la sanción ordenada prima facie por la Contraloría General de la República. No entiendo porque su caso ha sido usado como ejemplo de “inhabilitados” que no debieron ser candidatos. No entiendo porque si ella cumplió la sanción, la Sala Político Administrativa recibe un escrito en contra de la decisión de la Contraloría General de la República y luego piden la revisión de esa decisión a la Sala Constitucional. A LEOPOLDO LOPEZ, por ejemplo no se le deja ni acercar al CNE, igual a otros.
Peor aún, si lo que busca es resarcimiento por daño moral ¿Porqué no impulso la causa en su contra y todo lo contrario, su falta de impulso procesal e inactividad, hizo que se le declarara el desistimiento? Y porque si ya había cumplido la sanción vuelve a recurrir al Tribunal Supremo en su Sala Constitucional. No era más daño someterse dos veces al escarnio público luego de producida la sentencia. Ahora bien en ninguna parte del escrito de sus abogados, habla de “daño moral” o “resarcimiento”. No creo que JENNY CEDEÑO sea una persona que le sobra el dinero y el tiempo para gastar en un caso judicial. Máxime cuando estaba a las puertas de un proceso.
Es un problema más que jurídico, es un problema mora, aunque la Fiscalía debería revisar el caso no vaya hacer que haya algo por ahí que raya con la Ley contra la corrupción. LE MINTIERON A LAS BASES DEL PUSV, no se respeto el principio de igualdad. Ellos desconocen todo esto que yo he mencionado. Creo que si ellos saben que tienen una candidata que ha sido sancionada por “corrupción” en el desempeño de sus funciones cuando ejerció cargo público, de repente su voluntad electoral en las internas hubiese sido otra. El socialismo del siglo XXI, ese del que habla CHAVEZ exige respeto a la dignidad humana y eso empieza por decir la verdad. De hecho acuden a la SALA CONSTITUCIONAL buscando los mismos efectos que en el caso del ALCALDE DEL MUNICIPIO SUCRE JORGE BARBOZA. Aunque me comentaron que volverán acudir al Tribunal Supremo. Cuidado porque este si es un caso para la Sala Electoral.
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References: artículo 26
 artículo 49
 artículo 26
 Resolución 
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