Source: https://delajusticia.com/2009/06/27/de-la-carrera-profesional-de-los-funcionarios-y-de-la-torpeza-de-los-politicos-en-las-arenas-movedizas-de-la-justicia/
Timestamp: 2018-05-24 00:03:27+00:00

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De la carrera profesional de los funcionarios y de la torpeza de los políticos en las arenas movedizas de la Justicia | | delaJusticia.com
1. La sentencia ha sido tan predecible como contundente: si el Estatuto Básico impone una carrera profesional según el diseño por Ley formal, no hace falta saber mucho Derecho para aquilatar que no puede sustituirse por un acuerdo sindical ni por una norma reglamentaria. En otras palabras, la “carrera profesional” que merezca tal nombre no admite sucedáneos ni componendas. También la sentencia deja claro que no cabe una “regulación siamesa” de la carrera profesional común a funcionarios y laborales. La sentencia literal e íntegra puede leerse aquí.
6. En cambio, en la cultura española, ni en sus Libros está la palabra “dimisión”. Ningún alto cargo dimite. Todavía recuerda Sevach al ministro japonés que por tomarse una copa en el hotel tras un viaje aéreo de 14 horas y quedarse dormido, dimitió con elegancia. Y a los parlamentarios británicos cogidos en falta con sus facturas a cargo del Parlamento que dimitieron. Sin embargo, es igual que un acuerdo ilegal afecte a 14.000 personas, y a sus familias, que desplome expectativas, que sea calificado de chapuza jurídica, que aquí nadie dimite. Toma ejemplo democrático.
De aquí que tengamos que celebrar, sean de aplaudir y sean de recibo, las aisladas respuestas limitativas de algún agente del sistema que podremos ver de vez en cuando en las aisladas sentencias que algunos de nuestros tribunales han de dictar en casos concretos. «La progresiva privatización del sector público ha encontrado un serio revés en esta sentencia que anula la “carrera profesional” basada en un modelo de control empresarial de los trabajadores públicos, así como de la reducción de los ciudadanos a meros consumidores de servicios» , dice con toda razón el sindicato CSI.
El asunto es clarísimo: el 22 de mayo de 2007, es decir, cinco días antes de las últimas elecciones autonómicas, se publica en el BOPA el siguiente acto administrativo: “Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se convoca el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración del Principado de Asturias y sus organismos públicos, excluido el personal estatutario que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias”.
Al final todo ha resultado un fiasco. Ha quedado claro lo que se pretendía. Saltándose a la torera lo dispuesto en el EBEP, que reserva a la ley la regulación de la carrera profesional, se dicta un acto administrativo por el Consejero de Economía que a su vez da “cumplimiento” a un punto de un Acuerdo del Gobierno con los sindicatos. Lo que pasa siempre en Asturias: algunos piensan que lo que digan los sindicatos amigos está por encima del bien y del mal, y de las leyes que sean.
“La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en computo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada”
“Contra dicha resolución, se podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Economía y Administración Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.
Es muy importante lo que se está diciendo aquí: se atacaba en estos recursos una resolución del Consejero en materia de personal, o sea, el tipo de asunto que el art. 8.2.a de la LJCA atribuye al conocimiento y competencia de los juzgados de lo contencioso (“recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera”). Es indiscutible que se trata de un acto y no de una norma, porque un acto no se convierte en otra cosa por publicarlo en el BOPA y, además -como ya se ha apuntado- las disposiciones generales sólo admiten la nulidad absoluta, y el TSJ cita el art. 63 LRJPAC y lo considera anulable.
CONSECUENCIA: la polémica sentencia del TSJA es nula de pleno derecho, puesto que así lo establece el art. 238 de la LOPJ (“Los actos procesales serán nulos de pleno derecho … cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional”). Os hago notar que la actual redacción de este artículo (Ley Organica 19/2003) suprimió la exigencia de que la falta de competencia fuera “manifiesta”, aunque en este caso lo es, entendiendo por “manifiesto” lo que puede ver cualquiera sin más que echar un vistazo a las normas de competencia judicial.
Los Consejeros (como los Ministros) carecen de potestad reglamentaria externa. Es cierto que la jurisprudencia considera que las RRPPT y similares han de considerarse como disposiciones generales, pero esta “ficción” sólo tiene efectos procesales, para evitar la indefensión de terceros y no altera la naturaleza sustantiva de esos actos. En cualquier caso, si examinamos el contenido de la resolución de marras (BOPA del 22-5-2007), ningúna semejanza le encuentro con una RPT.
Lo que la resolución establece es: “Primero.—Se convoca el proceso de adhesión a la carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos públicos, excluido el personal estatutario fijo de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, a los efectos de aplicación de los derechos económicos con efectos retroactivos a 1 de enero de 2007, relativos al primer nivel de encuadramiento, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Tercero.—Se aprueban los modelos de solicitud que se recogen en el anexo II ,Personal de la Administración del Principado de Asturias y Organismos Públicos, y anexo III, Personal docente no universitario”.
Si esto es una disposición general, que venga Dios y lo vea. Me parece “superclaro” que el Supremo inadmitirá cualquier recurso de casación contra esta sentencia: porque se trata de materia de personal y porque es un asunto competencia de los juzgados. De todas formas, puedo estar equivocada, ya que -según se ha dicho en algún comentario- letrados del Principado sostienen una cosa y la contraria.
1.- Lo que yo he dicho es que los Consejeros o Ministros carecen de potestad reglamentaria “externa”, o sea, que sólo la tienen en virtud de habilitaciones específicas (así, por ejemplo, art. 12.2.a de la LOFAGE), que viene a ser lo mismo que tú aclaras, que no contradice lo anterior sino que lo confirma.
2.- La diferencia sustantiva más evidente entre el reglamento y el acto es que el primero forma parte del ordenamiento jurídico, mientras que el acto es simple aplicación de aquel. También cuando se trata de actos administrativos destinados a una pluralidad indeterminada de personas -art. 59.5.a de la Ley 30/1992-, que se agotan igualmente con su cumplimiento. La resolución que nos ocupa abre un procedimiento (de incorporación a la carrera profesional), fija ciertos requisitos y un plazo para presentar solicitudes. Transcurrido el plazo y resueltas las solicitudes, el acto administrativo se ha agotado y cumplido. Para un nuevo cumplimiento habrá que dictar un nuevo acto, y asi lo indica expresamente la misma resolución, en su referencia a “sucesivas convocatorias”, que en ningún caso serían precisas si se tratara de una norma que, por definición, es susceptible de un número ilimitado de actos de cumplimiento. Es verdad que los requisitos que establece este acto carecen de amparo normativo, pero eso no quiere decir que “innove” el ordenamiento, sino simplemente que lo infringe y por eso ha sido anulado, por hacer lo que un acto administrativo no puede, ya que falta la norma de cobertura de tales requisitos.
Uno de los problemas de la carrera profesional que apunta Sed Lex, es la conciliación de la movilidad de los funcionarios entre las Administraciones Públicas y los diferentes sistema de carrera. La Ley 7/2007, de 12 de abril cuando regula la situación administrativa de servicios en otras Administraciones Públicas, dice: “Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los Convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa”.
La sentencia anula la resolución por la que se convoca la adhesión a la “carrera profesional”: es decir, el acto que abre el plazo de presentación voluntaria de solicitudes.
En relación al último párrafo de tu post, coincido contigo en que la conjugación del verbo “dimitir” es algo absolutamente anecdótico en nuestra historia, reciente y no tan reciente. Y es que, como buen aficionado a nuestro género chico, esto me recuerda el coro de la dimisión de la zarzuela “El rey que rabió”, cuando, tras conocer la decisión del monarca de recorrer sus dominios vestido de pastor, los regios consejeros gritan a coro “la dimisión, la dimisión, lo impone nuestro honor” para finalizar con un “tengo la solución: hagamos todo, todo….¡menos dimisión!” (recomiendo al lector interesado en escuchar esta pieza se haga con la excelente e insuperable versión que en 1969 realizaron Luis Sagi-Vela, Josefina Cubeiro y Ramón Alonso bajo la dirección del maestro Federico Moreno Torroba).
Corrección de errores: al “que” le falta un acento, y una como después: “qué era,”

References: artículo 28
 artículo 116
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