Source: http://www.libertadidioma.com/20191016.htm
Timestamp: 2020-03-29 18:18:13+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 16 Octubre 2019
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 16 Octubre 2019
Lo ideal de un golpe de Estado es ganarlo, pero el golpe soñado es el que, si pierdes, no te fusilan o vas treinta años a la cárcel, como Tejero, Miláns y Armada, porque te indultan como "soñador", categoría jurídica de orden adivinatorio creada por Marchena y los Unánimes para condenar a minipenas a los golpistas catalanes y facilitar su apoyo a un Gobierno Sánchez. El Marchena que tutelaba la instrucción de Llarena y los fiscales, sí.
La sentencia toma a todos los españoles, del Rey abajo, por idiotas, incapaces de ver que la anulación de la legalidad en el Parlamento catalán, el referéndum ilegal y la proclamación de la República eran actos "simbólicos" sin relevancia penal. Por eso, ante la inacción del Gobierno y la oposición, tuvo que salir el Rey en televisión el día 3 asegurando a los catalanes leales que no los abandonaríamos y que el orden constitucional se mantendría frente al Golpe. ¡Qué sabrá el Rey! Millones de españoles, engañados por Felipe VI, colgaron banderas en sus balcones, y un millón se manifestó en Barcelona en apoyo del Rey, la Constitución y la Nación. Tontos por unanimidad. El Senado, a petición del Gobierno, PSOE y Cs votó aplicar el artículo 155 de la Constitución. ¿Contra "un modo atípico de presionar"? ¡Absurdo! Miles de empresas huyeron de Cataluña. ¡Si no pasaba nada!
Tras escribir 54 veces «violencia» y describirla en detalle, el mago Marchena dice que no existió... porque no triunfó. ¿Y sin el Rey, habría triunfado? Habla, Rappelena. ¿Y el 23-F? A Tejero, Miláns y Armada les fallaron el Rey y el Ejército, pero el sueño de cambiar el Gobierno sin tocar el Régimen no les evitó la condena a treinta años. Armada lo fue por el Supremo tras recurso del Gobierno. Había España, jueces y Gobierno.
La prueba de que Marchena y los Unánimes sirven al PSOE es que en la olla podrida de la sentencia sobrenada el indulto de hecho que Sánchez no podría conceder de derecho. Al humillar a la Fiscalía negando que deban cumplir, al menos, la mitad de la pena, los manda a casa por Navidad y políticamente los canoniza. Ayer supimos que los Magos del Supremo les traen a los Jordis permisos penitenciarios en tres meses. Y Junqueras, amo de la cárcel donde otros cumplen condena, podrá dar las uvas en TV3 con su "independentista gran reserva", el asesino de Bultó.
¡Gracias, Marchena!
Maite Loureiro Libertad Digital 16 Octubre 2019
Apenas unas horas dspués de los graves disturbios ocurridos en Cataluña, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado en una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio que, a pesar de que el Tribunal Supremo no reconoció el delito de rebelión en su sentencia sobre el 1-O, la rebelión "continúa". "La sentencia es una gran estafa a la verdad", ha lamentado en este sentido.
Ortega Smith, abogado de la acusación popular ejercida por su partido durante el juicio, ha admitido que el fallo ha sido una "grandísima decepción" para ellos porque incluye "una gran mentira", que es rechazar el delito de rebelión basándose en el supuesto de que los condenados sabían que no podían consumar sus delitos y sólo buscaban forzar al Gobierno a negociar. "No pueden engañar a nadie. Ha sido un delito retransmitido desde la Generalidad, en directo", ha asegurado.
De hecho, recuerda que no sólo Vox defendió la existencia de ese delito sino también el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el juez instructor, Pablo Llarena, el tribunal de apelación compuesto por tres magistrados y la propia Abogacía del Estado que después cambió de criterio cuando "el Gobierno le torció el brazo". "¿Estaban todos equivocados?", se ha preguntado asegurando que "el tribunal ha perdido una gran oportunidad para recuperar su prestigio".
Para el secretario general del partido la admisión de ese delito es una cuestión fundamental que tendrá consecuencias. "No solo nos jugamos la impunidad de unos delincuentes, nos jugamos el Estado de derecho, el orden constitucional y la soberanía nacional", ha advertido. En este sentido, ha recordado la comparecencia del rey Felipe VI el 3 de octubre, dos días después del golpe, llamando al orden. "¿Acaso no sabía lo que estaba pasando? ¿Salió a hacer un teatro?", se ha preguntado irónicamente.
Por todo ello, Ortega Smith considera "normal" que Pedro Sánchez no les haya llamado este miércoles para abordar la situación en Cataluña. "No nos llama porque sabe que no aceptamos el falso relato de esta sentencia", ha valorado ante al hecho de que el presidente del Gobierno siga sin incluirles en sus rondas de contacto con los principales partidos políticos.
El papel de Vox como acusación popular
Ortega Smith ha querido también responder al Tribunal Supremo por cuestionar en la sentencia el papel de un partido político como acusación popular. "Dijimos hasta la saciedad que no actuábamos para defender a un partido político, actuábamos porque nadie lo hacía", ha asegurado admitiendo que "la vocación" de un partido no es ejercer como tal pero que "no tuvieron más remedio" que hacerlo ante la inacción del resto de implicados.
El número dos de Vox recuerda que, gracias a su papel, pudieron pedir la prisión provisional sin fianza para Joaquin Forn y Carme Forcadell e impedir así que huyeran. De hecho, ha asegurado que esta medida cautelar no se admitió en el caso de Carles Puigdemont y Marta Rovira, motivo por el que se fugaron y no han podido ser juzgados todavía.
OKDIARIO 16 Octubre 2019
Jorge de Esteban, sobre la sentencia "precocinada" del golpe en Cataluña: "No puede contentar a los juristas decentes"
Libertad Digital 16 Octubre 2019
El catedrático de Derecho Constitucional ve dos fines: contentar en lo posible a los presos golpistas y ocultar un pacto secreto del Gobierno.
El catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban publica este miércoles un artículo en El Mundo –diario del que también es presidente de su Consejo Editorial– en el que señala que la sentencia del golpe de Estado en Cataluña tiene "dos fines claros: por una parte, contentar en lo posible a los separatistas catalanes presos y, por otra parte, ocultar un posible pacto secreto del Gobierno con los independentistas catalanes", añadiendo que "es una sentencia precocinada que no puede contentar a los juristas decentes".
De Esteban afirma que la repercusión que tendrá la sentencia "no será únicamente política, como todo el mundo espera, sino especialmente jurídica". El catedrático escribe que la teoría de los tres poderes de Montesquieu "no se ha adaptado a los regímenes contemporáneos" y que "el poder judicial moderno, en contra de lo que pensaba Rousseau, no es el garante de la ley, expresión de la soberanía nacional o de la voluntad general, sino que tiene como objetivo principal el respeto y la interpretación de la Constitución". "Porque hoy –añade– la expresión de la soberanía no es la ley, sino la Constitución, de la cual emanan todas las leyes y poderes del Estado. De ahí que, más que hablar de Estado de derecho, hay que hablar de Estado de la Constitución".
De Esteban dice tener la impresión de que si la Sala de lo Penal del Supremo ha optado por la unanimidad es "porque parece que tienen claro que se trata de un delito de sedición y no de rebelión, aunque solamente lo parece, porque es imposible que siete juristas de prestigio lo vean tan claro, salvo que hayan renunciado, como he dicho, a defender la Constitución antes que cualquier ley. Y el Código Penal es una ley".
El catedrático escribe que, para empezar, "como lo que tenían que enjuiciar es un acto contra la Constitución, que es de todos los españoles, deberían limitarse a comprobar si ha habido un delito contra la Constitución, regulado en el Título XXI del Código Penal, capítulo I, que trata sobre la "rebelión". Pero desconocen, al parecer, que en todo juez, como he dicho, debe primar la Constitución sobre otras leyes y se han centrado, en cambio, en el Título XXII, que se ocupa de los Delitos contra el orden público". "En nuestra legislación penal se diferencian claramente los delitos de rebelión que se refieren a la Constitución –insiste– y a los órganos constitucionales respecto a los de sedición, que buscan únicamente provocar desórdenes públicos".
De Esteban recuerda que el Código Penal establece en su artículo 472, que inicia el Título XXI de delitos sobre la Constitución, lo siguiente: "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los siguientes supuestos". A continuación, se describen siete casos, aunque "basta con uno para ser condenado por rebelión".
El catedrático apunta que "es cierto que en el inicio del artículo 472 se habla de alzamiento violento, lo cual es una expresión completamente confusa, porque no nos dice dónde empieza el alzamiento violento y dónde acaba", aunque "se puede aclarar la mala redacción sobre la fuerza que cita este artículo si lo completamos con el apartado dos del artículo 473, en el que se señalan tres supuestos que convierten el delito en rebelión con violencia: 1. Si se han esgrimido armas o si ha habido combate entre las fuerzas de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima. 2. Si la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones ferroviarias, telegráficas o telefónicas. Y 3. Si se hubiera ejercido violencias graves contra las personas".
"Por consiguiente –continúa de Esteban–, no es necesaria la violencia manifiesta para que haya rebelión. Pero es más. Lo que acabo de señalar se ha dado ordinariamente en estos meses en Cataluña, por ejemplo, el bloqueo del aeropuerto de El Prat anteayer".
El catedrático concluye recordando a "los prestigiosos magistrados" del Supremo que la modalidad de la rebelión y sus similares "son delitos que se caracterizan porque solo pueden ser castigados cuando los autores no consiguen sus objetivos. Pero quererlos sí los querían".
Javier Somalo Libertad Digital 16 Octubre 2019
Si después de la sentencia del Supremo alguien pensaba- en un arrebato de candidez-que el independentismo iba a tomar buena nota de lo ocurrido se equivocaba. Las penas de sedición, entre 9 y 13 años impuestas a los golpistas, no han cumplido -resulta evidente- la "función de prevención" que el sistema penal otorga a las condenas. Todo sigue igual, con la diferencia de que los encarcelados ya saben que podrán disfrutar del tercer grado a no mucho tardar. Jordi Cuixart y Jordi Sánchez estas mismas Navidades.
Ahora muchos se preguntan qué es y quién está detrás de ese nuevo movimiento independendista que atiende al nombre de "Tsunami democrático" y que se ha erigido en defensor callejero y violento del secesionismo. La respuesta, a tenor de las investigaciones policiales, es relativamente sencilla: son los de siempre con un nombre distinto. Los mismos perros con distintos collares. Asegura el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "tenemos unos servicios de inteligencia y de información realmente eficaces y terminaremos sabiendo quién está detrás".
El ministro, obviamente, conoce que la Policía ha identificado a destacados cabecillas de los CDR entre los instigadores de este movimiento que no es otra cosa que la última versión del independentismo radical, pero más ducho en el manejo de las redes sociales. La Policía tiene identificados a cerca de 300 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República; de ellos algo menos de la mitad tienen un perfil violento y susceptible- según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- de deslizarse por la vía de las acciones consideradas como terroristas. Pues bien, alguno de estos forman parte activa de ese colectivo de nombre poético que es "Tsunami democrático" y que de democrático no tiene absolutamente nada, más bien todo lo contrario.
La Policía también tiene detectadas sus conexiones con Omnium y ANC, entidades soberanistas que forman parte del aparato civil del independentismo y que juegan el papel -se está viendo estos días- de instigadores de los vandálicos actos de protesta que se están sucediendo en Cataluña. En realidad, nada ha cambiado, salvo la nomenclatura tras la que se ocultan los agitadores callejeros del separatismo.
Parece que la sentencia del Supremo no ha logrado alterar la estrategia de permanente desafío al Estado del independentismo, más bien todo lo contrario. Sus brazos "civiles" siguen desempeñando el mismo papel de radicalidad, con la diferencia de que algunos -ya lo hemos visto- han pasado la raya que separa la violencia callejera del puro terrorismo.
Liberal Enfurruñada okdiario 16 Octubre 2019
«Son reos de REBELIÓN los que se alzaren públicamente para… declarar la independencia de una parte del territorio nacional», así de claro y sin exigir que hubiera ninguna violencia, era el artículo 214 de nuestro Código Penal hasta que en 1995 el socialista Felipe González decidió rectificarlo, requiriendo a partir de entonces que dicho alzamiento fuera violento. «La autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de… consultas populares por vía de REFERÉNDUM… será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta». Así rezaba el artículo 506 bis del Código Penal hasta que en 2005 el socialista José Luis Rodríguez Zapatero decidiera eliminarlo sin más. Recordemos que el Partido Popular dispuso de mayorías absolutas con Aznar desde el año 2000 hasta el 2004 y con Rajoy del 2011 al 2015 y así lo dejó.
El Consejo General del Poder Judicial –CGPJ- es el máximo órgano de gobierno de los jueces y debería garantizar su independencia. De él dependen los nombramientos de los magistrados de los Tribunales Superiores y del Supremo. Entre 1980 y 1985 la Ley Orgánica del CGPJ especificaba en su artículo 12 que sus miembros serían elegidos "por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo". Pero este método solo aguantó cinco años hasta que en 1985 el socialista Felipe González lo cambió para que sus 20 miembros fueran nombrados todos por las Cortes. Los partidos políticos se reparten los asientos del CGPJ en base a sus correspondientes cuotas de poder y el CGPJ nombra a los jueces del Tribunal Supremo y la Audiencia Judicial. Del mismo modo también los partidos políticos eligen a los 12 miembros del Tribunal Constitucional.
A su vez tanto la fiscalía como la abogacía del Estado dependen jerárquicamente del Ministerio de Justicia y si no obedecen sus instrucciones son sustituidos, como ocurrió cuando la instrucción del juicio contra los golpistas catalanes ya estaba terminada y la ministra Dolores Delgado echó a Edmundo Bal, que había llevado el caso hasta entonces y calificaba el delito de rebelión, sustituyéndolo por Rosa Seoane, quien rebajó su acusación a sedición. Como colofón debemos recordar que fue el socialista Felipe González el que, en diciembre de 1983, transfirió la competencia de prisiones a la Generalidad de Cataluña que será quien aplique a los condenados los beneficios penitenciarios que estime convenientes. Los mismos que decidieron aplicarle al hijo de Jordi Pujol el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario -redactado por los partidos políticos-, para que tan solo pasara dos semanas en prisión pese a haber sido condenado a dos años y medio por tráfico de influencias, cohecho y falsedad.
Ahora mismo estamos todos muy enfadados porque no compartimos que los jueces del Tribunal Supremo hayan rebajado la condena del delito de rebelión que veíamos todos tan claro, compartiendo el criterio del juez instructor, Pablo Llarena. Y que lo hayan hecho con unos argumentos tan discutibles como que en realidad nunca se pretendió declarar la independencia sino que sólo fue un engaño a los catalanes con el que pretendieron forzar al Gobierno a negociar. Pero el enfado de la mayoría de nosotros está mal enfocado. Los jueces son los que más reclaman una independencia judicial de la que ahora no disponen, los jueces son los primeros que saben que el poder judicial se encuentra sometido al de los partidos políticos que también controlan el legislativo y el ejecutivo. Y los jueces son los primeros en reclamar leyes justas y claras. Nuestro enfado debe dirigirse a los partidos políticos, el PSOE y el PP son los únicos responsables de este desastre, unos por acción y otros por omisión. Contra ellos debe dirigirse nuestro enfado cuando el próximo 10N volvamos a las urnas.
Primero, los hechos: uno de los brazos de Podemos, los Anticapitalistas, ha llamado a sus militantes a protestar en las calles contra la sentencia del Tribunal Supremo. En varios tuits han convocado a sus bases a las movilizaciones violentas que se están produciendo en Cataluña contra el fallo judicial. "Infamia tremenda de una justicia vengativa y de un derecho penal del enemigo. Hoy más que nunca: ¡amnistía y libertad! ", ha publicado el eurodiputado Miguel Urbán, una de las caras visibles de esta corriente del partido de Pablo Iglesias. Y para rematar su alegato, afirma: "Quien crea que el Tribunal Supremo y la Policía van a parar esto no tiene ni idea. Todo mi apoyo al valiente pueblo catalán que se enfrenta a la injusticia de este régimen".
Y ahora, las conclusiones: Podemos y los golpistas catalanes vienen a ser lo mismo en sus fines. Se oponen a lo mismo y defienden lo mismo, de modo que la retroalimentación de intereses entre el independentismo y el populismo de izquierdas radical es tan evidente que las afirmaciones de Urbán no suponen otra cosa que la ratificación -por si alguien tenía dudas- de una evidencia empírica. Podemos y los golpistas pueden diferir en los medios, pero su objetivo es idéntico: romper el actual marco constitucional.
Por mucho que Pablo Iglesias se esfuercen en subrayar que él no es independentista, el secretario general de Podemos defiende el derecho de autodeterminación -desmontado en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los golpistas catalanes por sedición-, está del lado de los políticos encarcelados y considera, como éstos, que la cárcel para quien subvierte el ordenamiento jurídico no es justicia, sino venganza del Estado. Si ahora Podemos se suma a las violentas manifestaciones convocadas por el brazo civil del independentismo en Cataluña, parece obvio que los golpistas catalanes y la formación que lidera Pablo Iglesias tienen entre sí tantos vasos comunicantes que puede afirmarse que son y forman parte de lo mismo.
Rosa Díez okdiario 16 Octubre 2019
El 14 de octubre de 2019 pasará a la historia como uno de esos días trascendentes en nuestra joven etapa democrática. Más allá de la opinión que cada uno de los españoles tenga sobre el contenido de la sentencia que convierte en delincuentes a los que se autoproclamaban “presos políticos”, no cabe duda que el fallo del Tribunal Supremo tiene una enorme trascendencia jurídica y política.
La trascendencia jurídica es automática: Oriol Junqueras y los demás reos del proceso han sido juzgados y condenados; ya son oficialmente delincuentes. Todos ellos son culpables de graves delitos contra nuestro ordenamiento jurídico: la sedición y malversación de caudales públicos. El Tribunal da por probado que todos ellos robaron de las arcas públicas que se nutren de los impuestos de los ciudadanos para financiar unos actos delictivos que el Tribunal ha fijado, finalmente, como delitos de sedición y de malversación.
Correrán ríos de tinta sobre la sentencia; especularemos sobre en qué medida primó el deseo de unanimidad de los Magistrados sobre el rigor jurídico del texto. Habrá quien se empeñe en devaluarla por suave teniendo en cuenta el daño causado por los delincuentes condenados y quien se lance a deslegitimarla por injusta para con los delincuentes declarados culpables. Oiremos y leeremos de todo; y todos nosotros, en la intimidad, tendremos nuestra propia opinión política. Avanzo que la mía es crítica sobre el relato establecido por los Magistrados para determinar el tipo penal del delito cometido por los reos. Y también sobre la conclusión. Creo que los hechos del 1 de Octubre de 2017 son más que un delito contra el Orden Público, por muy agravado que se encuentre ese delito al concurrir el delito de malversación, lo que provoca que les condenen a largas penas de cárcel y a la inhabilitación absoluta para ejercer el derecho pasivo y ostentar cargos o empleos públicos.
Se que el Código Penal tienen matices y es interpretable, sin que eso suponga una desviación de ningún tipo; no cabe más que recordar que la Fiscalía pidió que a los reos se les aplicara el artículo 472 que regula el delito de rebelión dentro del Título XXI que recoge los Delitos contra la Constitución mientras que la Abogacía del Estado solicitó que se les aplicara el artículo 544 recogido en el Título XXII que enumera los delitos contra el Orden Público.
Establecida esa premisa y visto el desarrollo escrupuloso del proceso judicial, no puedo compartir la reacción de quienes, por mor de la sentencia han pasado de considerar un héroe al Juez Marchena a convertirlo en villano. Pero si tengo la sensación de que a los Magistrados les ha temblado el pulso, de que en ellos ha primado el deseo de la unanimidad, quizá por el contexto internacional y por los antecedentes, entre otros que las instancias judiciales europeas hubieran desestimado la entrega de Puigdemont reclamado por el delito de rebelión. Del desarrollo del juicio se desprende que había sólidos argumentos para condenar a los reos por rebelión, reunidos por la Fiscalía en una magnífica disertación que concluyó con la petición de las penas. Pero los Magistrados parecen haber encontrado más solidez jurídica y más garantías –no solo ni principalmente para los reos- en el tipo penal de sedición y malversación y han decidido condenarles por ambos delitos.
A partir de ahí podemos dedicarnos a analizar, alabar y/o despellejar a unos u otros. Pero me parece que en el momento procesal (en términos políticos) en el que estamos lo más útil sería que nos preparamos para evitar que esta historia se repita. Propongo que hagamos inmediatamente los deberes para evitar que se repita la historia y nos volvamos a encontrar en un futuro no muy lejano con que la realidad política y social no tienen concomitancia con la realidad penal. Los sediciosos y sus cómplices aún en las instituciones o fugados ya han avisado que volverán a hacerlo. Hagamos urgentemente las reformas necesarias en defensa del bien jurídico que es la Constitución:
Reformemos el articulo correspondiente del Código Penal para que la violencia no sea condición a la hora de considerar el delito de rebelión cuando esta se organiza y lleva a cabo desde una institución del Estado.
Recuperemos para el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de Referéndum.
Modifiquemos la Ley del Indulto para que los delitos graves, como estos que nos ocupan, queden fuera de la discrecionalidad del Gobierno.
Recuperemos para el Estado la competencia en materia penitenciaria de forma que los reos sean tratados en condiciones de igualdad al margen de la parte de España en la que cumplan su pena. Recuperar esa competencia es, hoy por hoy, la única garantía de que los condenados cumplirán íntegramente las penas; porque si la competencia sigue ostentándola la Generalitat las palabras de Sánchez “prometiendo” que cumplirán íntegramente las penas no son sino hueca propaganda electoral, un fraude más.
Esto que propongo no es una reacción en caliente. Todas estas reformas -salvo la del artículo 472, reconozco que no caímos en ello- las hemos defendido durante las dos legislaturas en las que fui Diputada Nacional. En la primera de ellas gobernaba Zapatero y no salieron adelante; en la segunda gobernaba Rajoy con mayoría absoluta y también fueron rechazadas. Ojalá que, aunque sea tarde, hagamos ahora lo correcto. Cuantas desgracias nos hubiéramos evitado solo con haber recuperado el delito de convocatoria ilegal de referéndum….! Pero como de nada sirve llorar por la leche derramada y ahora que el Juez Llarena ha activado la euroorden contra Puigdemont, solo cabe desear que esta sea la primera victoria de esta sentencia y que el prófugo sea puesto a disposición de la Justicia y juzgado como se merece.
Y, mientras tanto, lo más importante: apoyemos a los ciudadanos constitucionalistas que en Cataluña necesitan no solo el amparo del Estado sino la solidaridad activa del conjunto de los demócratas españoles. No olvidemos nunca que lo que ocurre en Cataluña es nuestro problema, el de todos los españoles, aunque sea la tragedia cotidiana de la gente decente que vive allí. Ellos resistirán si nosotros no desistimos. Así que menos quejarnos y más actuar. Aunque no sea más que en legítima defensa.
Reformar para seguir haciendo el tonto
Nota del Editor 16 Octubre 2019
Reformar las leyes para que un grupo que aprobó una oposición puedan interpretar lo que les convenga a ellos y a quienes les pastorean no deja de ser una estupidez.
Hay que resolver el fondo del problema. Los ingleses si saben no ir por detrás de los malos. Y los jueces tienen que ser responsables de sus sentencias.
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ABC 16 Octubre 2019
Golpes de Estado ha habido muchos, no sólo en América del Sur, y cada uno de su padre y de su madre, hasta el grado de que no resulta posible elaborar una teoría que, al modo de los tipos ideales de Max Weber, sirva para explicarlos con carácter general. El libro canónico, el de Curzio Malaparte (1931), no consiste sino en una crónica de ocho de ellos: los que el autor consideró más interesantes.
Los hay desde dentro (los «autogolpes» del presidente elegido y que luego se vuelvo autócrata) o desde fuera. Con violencia, lo que sea que eso signifique, o sin ella. Pero la clasificación más relevante es la que distingue si triunfan (o sea, los que terminan consiguiendo quedarse con el poder) o si, por el contrario, y por constituir una chapuza o simplemente por no haber tenido la suerte que en la vida hace falta para todo, fracasan, es decir, si se ven reprendidos desde quien ocupa el machito y resiste. Porque todo depende de eso. En el segundo escenario, el golpista pasa a ser considerado un criminal y se le enjuicia con crudeza. Pero si el golpe gana, el panorama es otro: el protagonista deviene un héroe -un libertador o como se le quiera llamar- y es él quien somete a escrutinio a todos los demás, empezando por los tibios, es decir, los que en el tránsito se mantuvieron cautelosos hasta esperar a ver el desenlace: esos tibios a los que Dios escupirá en el juicio final.
A los golpistas se les puede aplicar, en resumidas cuentas, esa doctrina futbolística que Jorge Valdano llama el «resultadismo» y que está elaborada para los entrenadores: si ganas, gloria infinita; pero ay de ti si no rematas la faena y pierdes. Vae victis, que decían los romanos.
Dicho lo mismo pero con otras palabras, hablar de un delito de golpe consumado es casi una contradicción en los términos, porque el éxito tiene la consecuencia milagrosa de borrar todo rastro de criminalidad. Y, a la inversa, es sólo la derrota, sean cuales fueren las circunstancias, lo que te pone bajo la diana. El delito no es ser golpista, sino pifiarla siéndolo. Si acaso un día te metes en uno de esos «fregaos», calcula bien tus fuerzas (esto es algo más serio que una obsequiosa reunión del Círculo de Economía en Sitges, siempre tan soleada) porque lo peor que te puede suceder es quedarte a mitad del camino. Si no rematas, te sucede que palmas, con lo que te acabas colocando mucho peor que al inicio.
En la película «Z», de Costa Gravas, y con guion de nuestro Jorge Semprún, que relata una de las muchas escaramuzas de la Grecia de los años sesenta del pasado siglo (no la que finalmente se impuso), el juez instructor, hombre escrupuloso y sometido únicamente al imperio de la ley, representado por Jean-Louis Trintignaut, le pregunta al sospechoso que quiénes eran sus cómplices. La respuesta fue tan cínica como certera: «Usted, si yo hubiese ganado».
Nadie ignora que el Código Penal español de 1995, en su versión actual, no tipifica el golpismo y sí lo hace con la rebelión, definida además -hay que ser de mente paleolítica: vaya un legislador que tenemos- por un requisito tan poco posmoderno con la violencia (recuérdese que en el esperpento de Tejero el 23 de febrero de 1981 no hubo ni un muerto: los tiros en el Congreso de los Diputados se dirigieron al techo). Tampoco hace falta ser un profesional del estudio del crimen para estar al cabo de la calle de lo que, a partir del texto de 1995, significan los conceptos de delito consumado y frustrado. Pero no es cuestión de entrar en un debate tan académico y elaborado, por interesante que acaso se antoje. Lo cierto es que lo que ha quedado expuesto -consumar un golpe de Estado, por contraste con lo que sucede con un asesinato- no sólo no es más grave que amagar y no terminar dando, sino que, bien mirado, le libera a uno del peso de la ley, así haya cometido toda suerte de tropelías. Un peso que, por muy benévolos que se muestren los aplicadores, siempre resulta enojoso.
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz Catedrático de Derecho Administrativo
Carmelo Jordá Libertad Digital 16 Octubre 2019
Agapito Maestre Libertad Digital 16 Octubre 2019
María Claver okdiario 16 Octubre 2019
La decepción es el sentimiento que invade hoy a muchos españoles. Parece ser que estos dos años en los que pensamos que asistíamos al mayor órdago al que se había enfrentado nuestro Estado de Derecho en su reciente historia democrática, al mayor intento de ruptura del orden constitucional, no ha sido otra cosa que una alucinación colectiva. La aprobación de las leyes de desconexión, la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal, la declaración de independencia, el ‘contrapapel’ de los Mossos, la activación de las asociaciones independentistas, regadas con dinero público, para incendiar la calle… todo ha sido un farol. Ésta es la lógica jurídica que ha alumbrado la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo según la cual sólo existen las rebeliones post mortem.
Asombra leer que en Cataluña no ha existido un plan de rebelión sino una estrategia de negociación. Han triunfado las tesis del Gobierno de Sánchez, instrumentalizadas a través de la Abogacía del Estado y, finalmente, materializadas por unos magistrados del Supremo parapetados en la sacrosanta unanimidad que todo lo resiste. Juristas de reconocido prestigio se afanan en explicar a los españoles, imberbes demócratas, que estábamos equivocados y cegados por una ignorancia preconstitucional. Ese estado de inmadurez alcanza incluso al Jefe del Estado que, en su papel de garante de la Constitución, compareció ante los españoles para denunciar que las autoridades catalanas se habían situado al margen del derecho y de la democracia. “Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común”, advirtió el Rey Felipe VI.
Pero, es en la oposición a la petición del Ministerio Fiscal para la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal donde mejor se percibe toda esta política de paños calientes. La negativa del Alto Tribunal a garantizar el cumplimiento de, al menos, la mitad de la condena despeja el futuro penitenciario de los condenados. Llama la atención que los grupos de la oposición, con una candidez sobresaliente, insistan en exigir a Sánchez que no indulte a los independentistas… ¡pero si no lo necesita! Nunca quiso el presidente del Gobierno entrar en ese debate conocedor de que la prisión preventiva y el reglamento penitenciario acabaría por convertir en papel mojado las penas impuestas. Qué gran teatro.
El independentismo ha agradecido los esfuerzos de la única manera que sabe: volviendo a la calle, hablando de venganza y mostrando su firme determinación a reincidir. Justo pago a tanta mediocridad e incompetencia. España se desangra cercenada por el canibalismo y el quijotismo. Ahora tocara rebajar el suflé, pero sólo será un leve paréntesis antes de volver a la inercia destructiva.
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 16 Octubre 2019
El caso es que esta decisión judicial viene a o poner sobre el tapete el eterno problema del principio de la separación de poderes. A estas alturas del funcionamiento del régimen parlamentario en el mundo, se da por admitido que existe una cierta conexión entre el poder ejecutivo y el legislativo a través del partido o del bloque mayoritario que gobierne. A partir de este hecho irrefutable, la doctrina se pregunta si la teoría de los tres poderes formulada por Montesquieu es exacta o, más bien, no hay más que dos, dando por descontado que el poder judicial no tiene más función que aplicar las leyes y, en consecuencia, no es más que una rama del Ejecutivo. En honor a la verdad, esta teoría tradicional no se ha adaptado a los regímenes contemporáneos. ¿Significa entonces que habría que renunciar a la idea de un poder judicial autónomo? La respuesta claramente es no, pues si fuese así el Estado de derecho pasaría a mejor vida. Precisamente, la experiencia de los partidos socialistas con un partido único nos demuestran que el principio de unidad del poder, basado en su concentración, desemboca en un poder totalitario, en una tiranía. En suma, no podemos admitir que el número y la división del poder previstos por Montesquieu no se apliquen exactamente a los regímenes modernos. Esto no significa en absoluto que no haya un poder judicial diferente de los otros poderes. Lo que ocurre es que el poder judicial moderno, en contra de lo que pensaba Rousseau, no es el garante de la ley, expresión de la soberanía nacional o de la voluntad general, sino que tiene como objetivo principal el respeto y la interpretación de la Constitución. Porque hoy la expresión de la soberanía no es la ley, sino la Constitución, de la cual emanan todas las leyes y poderes del Estado. De ahí que, más que hablar de Estado de derecho, hay que hablar de Estado de la Constitución. El juez, por tanto, tiene una misión política que cumplir, consistente en hacer respetar los principios y las libertades deseados por el pueblo soberano que están contenidos en la Constitución, anulándose las leyes que la contraríen. Ciertamente, su función le convierte en un poder como los otros, pero claramente independiente y separado de los que hacen las leyes. Es un poder político creado por la propia Constitución para su realización.
Este introito jurídico me ha parecido necesario para comprender el fondo de la sentencia. Porque uno tiene la impresión de que si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha optado por la unanimidad es porque parece que tienen claro que se trata de un delito de sedición y no de rebelión, aunque solamente lo parece, porque es imposible que siete juristas de prestigio lo vean tan claro, salvo que hayan renunciado, como he dicho, a defender la Constitución antes que cualquier ley. Y el Código Penal es una ley. Para empezar, como lo que tenían que enjuiciar es un acto contra la Constitución, que es de todos los españoles, deberían limitarse a comprobar si ha habido un delito contra la Constitución, regulado en el Título XXI del Código Penal, capítulo I, que trata sobre la "rebelión". Pero desconocen, al parecer, que en todo juez, como he dicho, debe primar la Constitución sobre otras leyes y se han centrado, en cambio, en el Título XXII, que se ocupa de los "Delitos contra el orden público". Eso ya indicaba el mal camino iniciado, como, por ejemplo, demuestran ciertos precedentes. Así, en el Código Penal de la II República, el Título II, regulaba los "Delitos contra la Constitución" y en su artículo 167 señalaba: "Son reos de delitos contra la forma de Gobierno establecida por la Constitución los que ejecutaren cualquiera clase de actos encaminados directamente a conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales uno de los objetivos siguientes: reemplazar al Gobierno republicano establecido por la Constitución por un Gobierno monárquico o por otro anticonstitucional....". Y, más tarde, en el Título III, sobre los "Delitos contra el orden público", define primero la rebelión, con los objetivos muy semejantes a los señalados en el artículo 167. Y, en el capítulo II, artículo 245, indica que "son reos de sedición los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales cualquiera de los objetivos siguientes: 1.Impedir la promulgación o la ejecución de las leyes.....". Y un ejemplo más para demostrar que la rebelión es siempre un delito contra la Constitución, mientras que la sedición se dirige a ocuparse de desórdenes públicos o delitos semejantes. Después de la Guerra Civil, en el Código Penal de 1944, se hicieron sucesivamente reformas hasta llegar al nuevo Código Penal de 1995. Una de ellas fue la que estableció el Real Decreto- Ley de 18 de marzo de 1977, introduciendo un capítuIo III sobre la rebelión, aunque ya había otro sobre la sedición, en cuyo artículo 218 se señalaba que "son reos de sedición los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales cualquiera de los fines siguientes: 1.Impedir la promulgación o la ejecución de las leyes o la libre celebración de elecciones..." Lo que quiero demostrar es que en nuestra legislación penal se diferencian claramente los delitos de rebelión que se refieren a la Constitución y a los órganos constitucionales respecto a los de la sedición, que buscan únicamente provocar desórdenes públicos. En el caso que acabo de mencionar en 1977, ya estaba vigente la Monarquía y había comenzado el proceso constituyente, aunque todavía no hubiese Constitución. Pero se quiso ya marcar la diferencia entre el delito de rebelión y el delito de sedición.
Dicho esto, vamos a comprobar cómo es el delito de rebelión que cometieron los separatistas catalanes. En efecto, el actual Código Penal establece en su artículo 472, que inicia el Título XXI delitos de sobre la Constitución, lo siguiente: "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los siguientes supuestos". Y, a continuación, se describen siete casos, aunque basta con uno para ser condenado por rebelión. Sin embargo, para que no haya dudas, los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo deberían ponerse las gafas apropiadas para leer los siguientes cuatro supuestos que hemos presenciado todos los españoles, aunque parece que ellos no. Veamos cada uno de ellos. De entrada, el punto primero dice que constituye rebelión derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. En efecto, esto es lo que aprobó el Parlament catalán el día 6 de octubre de 2017. A continuación, el punto segundo, en un párrafo un tanto confuso, lo que viene a decir es que son reos de rebelión los que supriman las prerrogativas y facultades al Rey, lo que quiere decir es acabar con la Monarquía. Esto fue precisamente lo que se quiso hacer el 10 de octubre de 2017, cuando el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont gritó a favor de la república. En tercer lugar, el punto quinto dice que son reos de rebelión los que declaren la independencia de una parte del territorio español. No hace falta declarar la cantidad de veces que los posibles dirigentes están dispuestos a declarar la DUI. Y, en cuarto lugar, son también reos de rebelión los que sustraigan cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno. No parece que haya dudas de que el 1 de octubre de 2017, e incluso en fechas posteriores, los Mossos d'Esquadra, entonces dirigidos por el Mayor Trapero, no gozaban de la confianza de los órganos superiores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña, hasta el punto de que dicha autoridad fue destituida.
Por consiguiente, la rebelión en nuestro Código Penal actual considera que con uno solo, como ya he dicho, de estos requisitos, se puede considerar rebelión. Vayamos ahora al otro criterio que se utiliza para distinguir si existe el delito de rebelión o no. Es cierto que en el inicio del artículo 472 se habla de alzamiento violento, lo cual es una expresión completamente confusa, porque no nos dice dónde empieza el alzamiento violento y dónde acaba. Pero se puede aclarar la mala redacción sobre la fuerza que cita este artículo si lo completamos con el apartado dos del artículo 473, en el que se señalan tres supuestos que convierten el delito en rebelión con violencia: 1. Si se han esgrimido armas o si ha habido combate entre las fuerzas de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima. 2. Si la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones ferroviarias, telegráficas o telefónicas. Y 3. Si se hubiera ejercido violencias graves contra las personas. Lo que quiero señalar es que en el mismo artículo se distingue una violencia difusa de otra concreta que acabo de mencionar. Por consiguiente, no es necesaria la violencia manifiesta para que haya rebelión. Pero es más. Lo que acabo de señalar se ha dado ordinariamente en estos meses en Cataluña, por ejemplo, el bloqueo del aeropuerto de El Prat anteayer. Por otro lado, se debe señalar que, por ejemplo, el Código Penal de la II República indicaba que cuando se trataba de rebelión o de sedición, los medios para obtener los fines respectivos podían ser "la fuerza o algo fuera de las vías legales", expresión que también utilizaba el Código Penal de 1973. En definitiva, está bien claro que lo que define un delito es el fin perseguido y no los medios empleados en general.
Por lo demás, la sentencia tiene algunos párrafos realmente divinos, como cuando indica que no hay rebelión si no existe una violencia "instrumental, ejecutiva, preordenada y con una idoneidad potencial para el logro de la secesión". Otra de las frases gloriosas que contiene la sentencia es que el tipo penal de rebelión "como delito de peligro no puede circunscribirse al voluntarismo del autor". Realmente sorprendente. Para acabar, les recordaré a los prestigiosos magistrados del Tribunal Supremo que la modalidad de la rebelión y sus similares son delitos que se caracterizan porque solo pueden ser castigados cuando los autores no consiguen sus objetivos. Pero quererlos sí los querían.
Conspiración para la rebelión en Cataluña
Daniel Portero Libertad Digital 16 Octubre 2019
Si se hubiera pensado en el delito de conspiración para la rebelión, recogido en el artículo 17 del Código Penal... y en el auto de procesamiento del juez Llarena, seguramente la condena habría sido mayor.
A muchos se nos ha quedado un tibio sentimiento de insatisfacción por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra dirigentes del denominado procés, o proceso de independencia de Cataluña. ¿Por qué sedición y no rebelión? El delito de rebelión es más grave y por eso implica penas con más años de cárcel; el Estado de Derecho, en este caso el Poder Judicial, debería haber actuado con contundencia pero acorde a la legalidad para dar un aviso y evitar nuevos episodios similares en Cataluña o en cualquier otra comunidad autónoma.
Sedición con violencia es rebelión. De hecho, la sentencia alude a la "violencia" en 52 ocasiones. La violencia es un requisito necesario para condenar por rebelión en vez de por sedición. La excusa para no imponer la pena solicitada por las acusaciones es que la violencia no era un riesgo real, sino una mera ensoñación irreal creada para movilizar a los ciudadanos. Lo que sorprende y contrasta es que, 35 años atrás, 22 militares fueron condenados por rebelión y delitos similares por el golpe del 23-F, que, al igual que el procés, y gracias a nuestra fortaleza democrática, no consiguió su objetivo final. Sin embargo, ni Tejero, ni Milans del Bosch ni Alfonso Armada tuvieron ensoñación alguna para dar un golpe de Estado, y por eso fueron condenados adecuadamente y conforme a derecho. Utilizar en la sentencia la palabra ensoñación para justificar la no existencia del delito de rebelión no puede ser más inapropiada, pues la ensoñación precisa pensar con placer, ilusión y fantasía, tal y como se puede leer en el diccionario de la RAE.
Sea como fuere, las condenas no son bajas, pero el futuro de la progresión de grado penitenciario es una realidad, pues las competencias en materia penitenciaria las tiene el Gobierno autonómico catalán, que está en clara sintonía con los golpistas. Es decir, que dentro de unos meses veremos a los condenados en la calle, en tercer grado.
Hubiera sido muy importante que en la sentencia se hubiera aplicado el artículo 36 del Código Penal, tal y como solicitaba el Ministerio Fiscal, pues así se hubiera evitado que los condenados accedieran al tercer grado hasta que cumplieran al menos la mitad de sus condenas. Aunque resulta paradójico que el Ministerio Fiscal se haya quejado de la sentencia y luego anuncie que no va a recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, una contradicción más en esta turbia historia.
Está claro que el temor a que el Tribunal de Estrasburgo tumbara la sentencia del Supremo, así como las presiones del sector progresista del propio TS para que ni siquiera se condenara por sedición, ha llevado a la adopción de un camino intermedio que no ha satisfecho ni a los partidarios de la condena por rebelión, ni a los sectores independentistas catalanes ni a los simpatizantes de estos últimos. Me da la sensación de que el presidente de la Sala de lo Penal del TS ha tenido que hacer malabarismos para llegar a esa sentencia por unanimidad, que difícilmente será atacable por las defensas de los condenados en instancias superiores, pues no existe ningún voto particular en contra de la misma. Hay que recordar que los votos particulares contra la sentencia de la Doctrina Parot fueron utilizados por los abogados de ETA para tumbarla. Esa sentencia era magnífica, y su ponente, el magistrado Julián Sánchez Melgar, argumentó adecuadamente y conforme a la legalidad; pero, ya digo, su talón de Aquiles en Estrasburgo fueron esos votos particulares.
De la sentencia del TS se concluye que existieron numerosos actos de violencia pero que, por una supuesta ensoñación de los acusados, no se perpetró un delito de rebelión. Ahora bien, nadie podrá negar que sí hubo una clara conspiración, en la que estuvo implicada el Gobierno autonómico catalán, para la comisión de dicho delito. La cuestión es por qué ni el Ministerio Fiscal ni la acusación popular formularon en sus escritos de acusación la posibilidad de que se hubiera cometido el delito de conspiración para la rebelión, recogido en el artículo 17 del Código Penal... y en el auto de procesamiento del juez Llarena. Seguramente, la condena habría sido mayor.
Daniel Portero de la Torre, diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de la asociación Dignidad y Justicia
Editorial ABC 16 Octubre 2019
El envalentonamiento del separatismo catalán tras conocer la sentencia del TS es notorio. Nadie duda de que la Generalitat está detrás del mal llamado movimiento «tsunami democrático», que bien podría denominarse «tsunami fascistoide» por su capacidad para dañar a Cataluña, porque bloquear comunicaciones estratégicas o apelar a un inexistente derecho de autodeterminación no es democrático. El cumplimiento efectivo de las penas de los sediciosos está en manos de la propia Generalitat, de modo que no tardarán en acceder a beneficios penitenciarios automáticos sin siquiera tener que acreditar un mínimo arrepentimiento por su condición de golpistas. El propio Junqueras alentó desde prisión a continuar el proceso hacia una Cataluña independiente con un ánimo de reincidencia evidente. Igual lo han hecho Torra y el Parlamento catalán propugnando normas ilegales, o rebelándose frente a las acusaciones que pesan sobre ellos en otros juicios pendientes por desobediencia. Los Mossos, esa policía política al servicio de los intereses de la Generalitat, apenas hacen amago de controlar los desórdenes que se producen, y las instituciones insisten en cuestionar el Estado de Derecho como si España fuera un país represor. El clima de odio al proyecto de unidad nacional española sigue abierto, y la muestra está en su reacción a la sentencia cuando insisten en su chantaje al Gobierno, su desafío al bloque constitucionalista y su desprecio a la convivencia.
La Justicia ha dictado su sentencia y, por discutida que sea, debe cumplirse sin subterfugios, sin trampas y sin que el independentismo pueda presentar a sus condenados como mártires de una injusticia merecedora de una libertad inmediata. Por eso, las apelaciones que viene haciendo Pedro Sánchez al cumplimiento «absoluto» de la legalidad no pueden ser papel mojado. No pueden ser una impostura ni un alarde artificial de dignidad y, vistas las promesas del separatismo para resucitar su escalada hacia la proclamación de una república, el Gobierno está forzosamente obligado a ponerse en guardia. Las alusiones de Sánchez a la hipotética aplicación del artículo 155 no deben ser un mero reclamo electoralista. Del momento, y dados los graves disturbios que se están sucediendo en las calles, el Gobierno debe tomar el control del orden público aplicando la Ley de Seguridad Nacional. La gestión política de las consecuencias de la sentencia es responsabilidad del Gobierno con apoyo de los partidos que comparten su mismo criterio sobre la unidad de España. El separatismo, fracturado o unido, no va a cejar en su empeño, y así lo está exponiendo con cierta euforia porque su objetivo sigue intacto. Por eso conviene imponerse a Torra, luchar por la inmediata detención de Puigdemont y velar por la ejecución de las penas dictadas por la Justicia.
Jesús Cacho vozpopuli.es 16 Octubre 2019
“Una vez dictada y publicada la sentencia se abre una etapa nueva”. La frase, tal cual, sin coma que valga, es parte de la 'Declaración institucional del presidente del Gobierno' leída por Pedro Sánchez ante las cámaras de la televisión el lunes 14, poco después de hacerse oficial la sentencia contra los líderes separatistas que media España ya conocía desde el sábado 12. En la misma declaración, el susodicho asegura campanudo que “hoy concluye un proceso judicial ejemplar, pero a la vez hoy se confirma el naufragio de un proceso político que ha fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un reconocimiento internacional”. La inevitable Carmen Calvo abundó ayer en la misma idea, la mercancía averiada que el Ejecutivo en funciones pretende hacer pasar por paño de primera calidad, al asegurar que la sentencia supone “el final de un proceso”. Y no, bonitos, no, esta sentencia, que podría haberlo sido de haberse mantenido dentro de los límites del Derecho sin dejarse manosear por la política, no es el final de nada, sino la continuación de la pesadilla que España arrastra desde hace mucho tiempo por culpa de la cobardía de unas élites acostumbradas a escurrir el bulto y traicionar sus compromisos con la nación.
Dijo también el caballero que “la Generalitat debe asumir la responsabilidad de representar a todos y cada uno de los catalanes, de gobernar para todos y cada uno de los catalanes, no para una minoría afín a las tesis independentistas”. Para añadir a continuación que “el Gobierno de España, que cuenta –quiero además recordarlo- con todas las atribuciones que la legalidad le corresponde [¿le confiere? ¿Le otorga?], se mantendrá atento y garantizará la convivencia, la seguridad y el respeto a la legalidad democrática”. La convivencia, en efecto, quedó plenamente garantizada en Barcelona ayer y anteayer, ello gracias al empeño de un presidente de la Generalidad, representante del Estado en Cataluña, que inundó El Prat con estudiantes dispuestos a paralizar el aeropuerto; repartió estera de la buena entre los mismos con la ayuda de esos Mossos que él mismo controla, (“que se entere bien la prensa extranjera”); les mandó a hora prudente a la cama bien cenados porque “ja havien fet la seva feina”, la faena que les había encomendado ese 'Tsunami Democràtic' que en la sombra dirige Torra; se dirigió a los medios internacionales para recordar que España no es un Estado democrático, y realizó una “Declaración Institucional”, otra más, para asegurar que “la sentencia tiene como objetivo que no se vuelva a hacer; pues lo volveremos a hacer”. ¿Es este el “el final del proceso” del que hablas, Carmen, bonita? ¿Esta “la nueva etapa que se abre”, Pedro, guapo?
Estamos ante una sentencia que sobre la Ley ha querido primar una concordia hoy inexistente, un texto pergeñado a la medida del diseño político que a corto plazo acaricia Sánchez para su futuro personal, ello a costa de una España supeditada a los caprichos de un tipo sin escrúpulos morales que valgan, incapaz de mantener el orden en Cataluña, con Barcelona convertida anoche en una especie de Alepo ardiendo en la hoguera del odio que destila el separatismo. Esto de la independencia de Cataluña ya se ha acabado, viene a decirnos la pareja de oro 'monclovita', un milagro, sí, un prodigio salido de nuestra mente preclara, porque nosotros somos modernos, plurales y tolerantes (los tres adjetivos usados por Sánchez el lunes para definir su Gobierno), no como los casposos del PP, y los separatistas nos van a hacer el caso que no le hicieron a los Gobiernos de Felipe González ni a los de Aznar o Rajoy. En la memoria, aquella meliflua respuesta que Zapatero dedicó al entonces director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, en abril de 2006, entrevista por los jardines de Moncloa. El periodista pregunta a ZP por aquel nuevo Estatuto de Cataluña que nadie había pedido y que él se empeñó en sacar adelante: “¿Se sentirá responsable si dentro de 10 años Cataluña inicia un proceso de ruptura con el Estado?” Zapatero contesta con la contundencia de los tontos: “Dentro de 10 años España será más fuerte, Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos”. Lo dijo Cipolla: “El estúpido es el individuo más peligroso del mundo. De hecho, los estúpidos son mucho más peligrosos que los malvados”.
“Hay que garantizar que los niños puedan recibir la enseñanza en la lengua que elijan. Basta que haya un solo caso para intervenir”, dijo también en aquella entrevista quien andando el tiempo se haría millonario, se ha hecho, como abridor de puertas en Caracas para las empresas con problemas ante el tirano Maduro. Nuestras elites son así: cobardes, pero trinconas. Fue el PSOE quien, siendo ministro de Justicia Juan Alberto Belloch, suprimió el delito de sedición impropia en el Código Penal de 1995, como ayer recordaba aquí Guadalupe Sánchez, para quien “nuestro Estado de Derecho se encuentra jurídicamente desarmado para combatir los delitos de nuevo cuño que atentan contra el orden constitucional”. Y fue Zapatero quien en 2005 eliminó, nueva reforma del Código Penal, el delito de convocatoria ilegal de elecciones o consultas populares por la vía del referéndum (que en 2003 había introducido Aznar para frenar los planes de Ibarratxe), algo que comportaba penas de entre tres y cinco años de prisión, dejando al Estado inerme ante los desafueros separatistas. Pudo ser el mismo Aznar quien reimplantara el delito de sedición impropia (intento de independencia sin violencia), pero no lo hizo. Prefirió seguir gobernando con la muletilla de Pujol. Y pudo ser Rajoy, también con mayoría absoluta, quien reintrodujera en el Código Penal ambos supuestos. Tampoco tocó Rajoy una Ley de Memoria Histórica que ha acabado con la reconciliación entre españoles, ni una Ley de Violencia de Género que hace tabla rasa con la igualdad de todos ante la ley. Lo que sí hizo Mariano nada más llegar al Gobierno fue condecorar con collar de la Orden de Isabel la Católica a Zapatero.
Demoler los cimientos de la nación
El bipartidismo no ha querido, pues, blindar penalmente la salvaguarda del orden constitucional con la tipificación de ambos delitos. Como dejó escrito Francis Bacon, “el que no aplica nuevos remedios debe esperar nuevos males, porque el tiempo es el máximo innovador”. Ni el mayor enemigo de España hubiera sido capaz de gobernar tan arteramente contra los intereses colectivos de los españoles. Y ahora llega Sánchez dispuesto a completar la tarea de demolición de los cimientos de la nación. La sentencia es un paso más en ese su objetivo. Los planes del mozo pasan por gobernar en Madrid y en Barcelona con la ayuda de ERC: Gobierno en solitario en Madrid con el apoyo parlamentario de ERC y comunistas varios, y Gobierno tripartito en Barcelona entre PSC-ERC y los Comunes de Colau. Es obvio que la traición tiene un precio y ese precio pasa por la satisfacción de las demandas nacionalistas de un referéndum vinculante de independencia, y de la independencia misma si hiciera al caso. Esta es la operación que ampara la sentencia, en mi modesta opinión, y esta es la oportunidad que la soberbia del personaje ha concedido inopinadamente a los españoles: la posibilidad de torcerle el pulso el 10 de noviembre en las urnas.
Se explica la decepción que ha producido esta “sentencia moderada” que pedía Moncloa, sentencia arrastrada por el barro de la peor política. La sedición ha sido el precio que ha pagado Marchena por la unanimidad. Lo peor, con todo, es que si esta sentencia manoseada sirviera al final del camino para hacer entrar en razón a los cafres, bienvenida fuera, pelillos a la mar, caminemos todos y yo el primero por la senda de la reconciliación, haya paz y reine la concordia, brindemos por la convivencia entre españoles, pero sabemos de sobra que eso es pura fantasía, una “ensoñación” más cierta que la adjudicada por Marchena a 'los Jordis' en su sentencia; sabemos, en efecto, que eso no va a ser así, y que nada hará decaer a los rebeldes de sus posiciones, como la historia, obstinada, nos ha enseñado, que no sea la absoluta firmeza en el acatamiento de la Constitución y el cumplimiento de la Ley. La supresión de la Autonomía catalana por el tiempo preciso. Me temo, por eso, que los cafres del separatismo volverán a juzgar el fallo del Supremo como un síntoma de debilidad del Estado, es decir, como una victoria sin paliativos que solo servirá para envalentonarlos y llevarles a subir la apuesta. Por eso esta sentencia no es el final de nada, Pedro, guapo, Carmen, bonita, sino el principio de todo. España amanece inerme, víctima de unas élites infames que no creen en ella. El Estado se acaba de plegar a las ambiciones personales de un trilero sin escrúpulos, y solo cabe confiar en el pueblo llano, en la reacción de la gente del común dispuesta a reprochar en las urnas su infame diseño de futuro. Tal vez sea la última oportunidad.
RAÚL DEL POZO El Mundo 16 Octubre 2019
Según los jueces del Tribunal Supremo el procés no fue un golpe de Estado, sino un happening, una performance para engañar a España. Los separatistas primero engañaron a la gente, no de uno en uno, sino de cien mil en cien mil, y ahora siguen en la idea de que pueden dominar a quien encabronan; terminarán invadiéndonos. Los ropones han condenado a los barandas del supremacismo a muchos años en Vila Paquita y el teatro de la provocación continúa en la calle. Torra, el racista con esa jeta, se ha crecido y ha dicho en la ofrenda a Companys en Montjuic que él ya ha sobrevivido a dos presidentes españoles; ha prometido todo lo que hicieron, lo volverán a hacer. La función durara hasta que el Estado apague las luces.
Los expertos, politólogos y cabezas de huevo explican que Cataluña no es Hong Kong donde las manifestaciones pueden durar un siglo; aquí se cansarán pronto; ya había señales de desmovilización. "Las elecciones clave para Cataluña -me dicen- no son las del 10-N, sino las de marzo, donde habrá nuevas opciones y es muy posible que ya no ganen los independentistas". Los del tsunami democrático han organizado la marcha sobre Barcelona, al estilo de la de Roma, aunque sin palos; se están atacando las estructuras básicas, lo que le daría excusa a Pedro Sánchez para aplicar la Ley de Seguridad Nacional.
La sentencia, en vez de acojonarlos, los ha hecho valentones. "La sentencia ha sido de mínimos, -explica un alto funcionario- pero suficiente para demostrar que el Estado sigue firme. El teatro continuará y es muy difícil cerrarlo porque no se puede meter a 30.000 personas en la cárcel".
No existe ningún partido que no tenga sus energúmenos. Van a salir en la campaña electoral con la pancarta de Cataluña y el discurso fanatizado. La mejor política no es la mejor justicia, y ese descubrimiento agitará el debate electoral. Está lejos la república catalana, pero está en carne viva el fanatismo ante el motín. Podemos cree que lo de Cataluña cada vez pinta peor y ha recuperado su pancarta del referéndum que le va a dar pocos votos fuera de Cataluña. El PSOE va ser el partido de ahora, España. Pedro Sánchez ha cambiado la seda por el percal; ha dejado el capote del paseíllo, ha cogido el de brega para dar la larga cambiada de la cumbre de Pedralbes al 155. El político acusado de pactar con los separatistas amenaza ahora con medidas duras contra el secesionismo, con su lema Ahora Gobierno, Ahora España, y Franco en parihuelas, pero no hay que creer palabra alguna hasta después del 10 de noviembre.
Editorial El Mundo 16 Octubre 2019
Ignacio Camacho ABC 16 Octubre 2019
Por más vueltas que se le dé a la sentencia, a su impecable demolición del llamado «derecho a decidir», a su detallada refutación de las protestas de indefensión con que los defensores de los separatistas -sobra «de los» salvo en caso de Xavier Melero- impugnaban el juicio, a su escrupulosa atribución de culpas o a su vigorosa defensa de la superioridad jurídica y moral del Estado de Derecho, el argumento de la «ensoñación» del procés continúa pareciendo intelectualmente inasumible. Y acaso innecesario, al menos a simple vista, porque para fundamentar la condena por sedición bastaba con constatar que la violencia ocasional desplegada durante los hechos juzgados fue insuficiente para incardinarla en el delito de rebelión, que en su actual formulación requiere, como dice el veredicto, que dicha violencia forme parte instrumental e imprescindible del plan para subvertir el orden constituido. En cambio, la idea de que la insurrección fue una especie de McGuffin político, una estrategia pirotécnica, un mero artificio, resulta una banalización difícil de compaginar con las evidencias de unos acontecimientos que para todos los españoles del Rey abajo, salvo los siete magistrados capaces de ver algo que los demás no vimos, pusieron la convivencia y la integridad de la nación en manifiesto peligro.
Hay que admitir que resulta tentadora la tesis de que los catalanes que se dejaron confundir por ese «señuelo» (sic) procesista eran unos idiotas ineptos para distinguir entre la realidad y sus deseos. Más aún: muy probablemente sea cierto. Pero no fueron sólo ellos. La supuesta estafa, que es el concepto implícito en el razonamiento del Supremo, engañó al mundo entero, cuya opinión pública asistió al motín secesionista con la expectación propia de un gran acontecimiento. Y España habría tenido un problema serio si, tras la declaración fake de independencia en el Parlamento, unos cuantos países le hubieran dado crédito -siempre hay regímenes gamberros dispuestos a sumarse a esta clase de jaleos- y avalado a la autoproclamada república con su inmediato reconocimiento. Así que una de dos: o el censo de tontos ingenuos abarca una porción considerable del universo, incluida la mitad larga de los catalanes que se sintieron en riesgo -vamos a dejar fuera, por respeto, al monarca que salió en tromba a frenar el alzamiento-, o para tratarse de un simulacro llegó demasiado lejos.
El acatamiento y la observancia de las sentencias es un precepto elemental del sistema. Las del Supremo, además, sientan doctrina y crean jurisprudencia; establecen una verdad jurídica que sirve de guía y de regla. Por eso su interpretación de la revuelta como una fantasmada pone a los ciudadanos de conciencia responsable ante un problema: los obliga a desmentir a su propia inteligencia crítica y aceptar que vivieron una quimera. Tanta preocupación por una vulgar entelequia.
EDITORIAL ESdiario 16 Octubre 2019
Carlos Cuesta okdiario 16 Octubre 2019
Julio Pomés, presidente de Civismo okdiario 16 Octubre 2019
En las últimas horas, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo a cuenta de los sucesos del 1 de octubre de 2017 ha levantado una tremenda polvareda. Nadie parece satisfecho. Como era de esperar, ha exaltado a los independentistas, que han encontrado en ello la excusa para protagonizar unos lamentables disturbios. Para muchos otros, la condena ha resultado demasiado tibia. Entre otras cosas, se ha desoído la petición de la Fiscalía relativa a que los líderes del ‘procés’ deban cumplir la mitad de la pena para disfrutar de los beneficios penitenciarios. En efecto, dentro tres meses, estarán en la calle, dado que su encarcelamiento está controlado por la Generalitat. El precedente de Oriol Pujol así lo indica. Se le impuso una sentencia firme de dos años y medio de prisión por cobrar comisiones en un concurso de estaciones de ITV. En menos de dos meses, es decir, sin haber cumplido la cuarta parte de la condena, ya se hallaba en un régimen de semilibertad, lo que introduce la duda de si los españoles somos iguales ante la ley. Los violentos no temerán continuar con sus acciones, ya que la pena efectiva, en caso de que les detengan, resulta ridícula. Esto propicia que la crispación persista, y que la libertad esté constreñida para los catalanes que también se consideren españoles.
Pese a la gravedad de delitos como la sedición, sorprende la escasa importancia que se ha concedido al de malversación de dinero público. Parece una falta menor que estos políticos ordenasen el pago de gastos del ‘procés’ desde las partidas presupuestarias de las que eran responsables. De acuerdo con la sentencia, cometieron la deslealtad de poner a sus respectivos Departamentos al servicio de una estrategia incontrolada de gasto público. Lamentablemente, estos altos cargos no van a devolver de su bolsillo los tres millones de euros que, se estima, malversaron en el referéndum ilegal. Como mucho, pasarán algún mes más en la cárcel, con lo que el desfalco les saldrá barato. Inflija usted un robo similar a otro particular y permanecerá años entre rejas.
Cuando la pasión secesionista se apodera de la razón, se contagia un sentimiento colectivo entre sus partidarios que se erige como prioridad indiscutible. Esto lleva a descuidar lo relevante en el largo plazo. En el momento en el que los políticos se dedican casi en exclusividad a conseguir la independencia, los servicios esenciales se deterioran, porque les preocupan menos. Así, el daño más grave que causa el nacionalismo radical a los catalanes es el hundimiento de su economía. Algo que los futuros damnificados debieran tener en cuenta ahora, dado que, cuando la situación empeore, exigirá mayores sacrificios.
Tampoco les convendría olvidar que la factura del secesionismo no la van a abonar los políticos, sino ellos, los ciudadanos. La salida de 5.400 empresas de Cataluña tendría que haberles alertado, pero el frenesí independentista se trata de una droga que impide ver lo irreversible del deterioro. Por ejemplo, no se calibra la pérdida de imagen que sufren las marcas y productos catalanes ante aquellos consumidores contrarios a la ruptura de España. Otro posible efecto es que buena parte del capital humano más valioso mueve el radar para buscar oportunidades fuera, conscientes de que el separatismo catalán constituye un problema que va a pasar de crítico a crónico.
Civismo publicó el 15 de marzo de 2018 un estudio que cuantifica el coste del proceso soberanista catalán. Calculó un impacto, solo en 2017, de 827,9 millones de euros. Si se suman sus efectos desde 2004 (fecha en que este movimiento comenzó a tomar fuerza), las pérdidas ascenderían a 18.535 millones de euros. Otro dato pavoroso: en los últimos tres años, la inversión que ha ido a Cataluña desde otros lugares se ha reducido un 64%. Motivos más que suficientes para que, de una vez por todas, los partidos constitucionalistas sean responsables y se pongan de acuerdo en la tarea de detener las sangrías nacionalistas.
Sentencia 'procés' Los violentos disturbios en Cataluña se saldan con 51 detenidos y más de 200 heridos
La quema de neumáticos ha provocado, además, que varios tramos de trenes se encuentren interrumpidos desde primera hora de este miércoles
Los violentos disturbios en Cataluña se saldan con 25 personas detenidas y más de 200 heridos
Vozpópuli 16 Octubre 2019
Los Mossos d'Esquadra han detenido hasta ahora a 51 personas por los altercados violentos registrados durante las diferentes protestas contra la sentencia del 'procés' que han tenido lugar este martes en toda Cataluña. Además, el último balance de heridos sitúa la cifra en más de 200 personas.
En concreto, los Mossos han detenido a 29 personas en Barcelona, 14 en Tarragona y 8 en Lérida.
Fuentes de Interior informan de que, además, 54 mossos y 18 policías nacionales han resultados heridos y cuatro furgonetas de la policía catalana han quedado inutilizadas por los altercados.
Altercados graves
Una de las intervenciones que han continuado abiertas esta madrugada ha sido en la de la ciudad de Barcelona, donde unos 400 manifestantes violentos han mantenido el pulso con la policía en las calles del Eixample.
Los CDR llaman a "bloquear el país [Cataluña] de punta a punta"
Así, las principales calles de la ciudad condal están cortadas por los destrozos.
Última hora de la situación de los trenes
A primera hora de este miércoles, Fomento ha informado que desde el inicio del servicio, la quema de neumáticos en la zona de vías entre Canet y Sant Pol ha causado daños en la catenaria lo que provoca la interrupción del servicio en este tramo.
Esta incidencia afecta a los trenes de la R1 y RG1 de Rodalies de Cataluña. El servicio se presta en los trayectos:
Además, han asegurado que Mollerussa y Lleida, continúa cortado por neumáticos quemados en la zona de las vías.
Asimismo, desde las 06.40 horas, a causa de una incidencia que afecta al sistema de señalización en la línea Barcelona-Figueres, permanece suspendido el servicio de Alta Velocidad en este trayecto.
Según ha informado el Ministerio de Fomento, se trata de un problema de fibra óptica y es consecuencia de un sabotaje. Los viajeros afectados se están derivando a los servicios de la línea R11 de Rodalies de Cataluña hacia Gerona y Figueras.
Comienzan nuevas marchas
Este miércoles, además, el independentismo vuelve a movilizarse con cinco "Marchas por la libertad" para protestar contra las condenas a los líderes del procés, que arrancan a primera hora de la mañana desde Gerona, Vic (Barcelona), Berga (Barcelona), Tàrrega (Lérida) y Tarragona y que avanzarán por etapas hasta llegar el viernes a Barcelona.
La primera de las cinco movilizaciones en ponerse en marcha es la que arranca en Tàrrega (Lérida), a las 7.00 horas, seguida de la de Tarragona a las 7.30 horas, la de Berga (Barcelona) a las 8.00 horas y la de Vic (Barcelona) a las 8.30 horas.
A las nueve de la mañana se iniciará la que tiene su origen en Gerona, en la que participarán familiares de procesados como Montse Bassa, hermana de la exconsellera Dolors Bassa, además de Anna y Montse Puigdemont, hermanas del expresident Carles Puigdemont.
Para el viernes se prevé una jornada tensa
Agitar el 'avispero' catalán es una baza que ahora mismo parece no convenir electoralmente a casi ningún partido del llamado bloque constitucionalista. Salvo al liderado por Santiago Abascal, que ejerció de acusación popular en el juicio del 'procés' y que va recurrir la sentencia
Marina Alías vozpopuli.es 16 Octubre 2019
A menos de un mes de las elecciones generales, las encuestas continúan pronosticando la subida de Vox y la caída de Ciudadanos. Hasta el punto de que algunas sitúan al partido de Santiago Abascal como tercera fuerza, es decir, capaz de lograr el 'sorpasso' a los de Albert Rivera.
Más allá del llamado 'efecto Hormiguero' -la formación ha aumentado su presencia en programas de máxima audiencia y, a diferencia de los anteriores comicios, esta vez sí estará presente en los debates-, existen otros dos hechos que podrían beneficiar a Vox en los próximos sondeos: la crisis desatada en Cataluña a raíz de la sentencia del procésy la exhumación deFranco.
Agitar el avispero de Cataluña es una baza que ahora mismo no parece convenir electoralmente a casi ningún partido. Salvo a los de Abascal, que precisamente han ejercido de acusación popular en el llamado juicio del procés y se han posicionado totalmente en contra del fallo del Tribunal Supremo. De hecho, ya han anunciado que van a recurrir una sentencia que califican de "vergüenza para España".
"El PP y el PSOE llevan años escondiéndose detrás de los tribunales para no afrontar la amenaza separatista. Su cobardía tiene una gravísima responsabilidad en el clima de debilidad de las instituciones del Estado que no se puede responsabilizar en solitario a la judicatura", lanzó el líder Vox tras conocer las condenas interpuestas finalmente por el Alto Tribunal en un claro intento de desmarcarse del resto.
El fallo aumenta la polarización sobre el tema territorial, siendo los partidos con posiciones más extremadas los que sacan rédito entre el electorado
Desde GAD3, el sociólogo Narciso Michavila explica a Vozpópulique los temas de carácter territorial, en general, tienden a favorecer a partidos con posiciones más polarizadas: marcadas a favor o marcadas en contra. "El fallo aumenta la polarización sobre el tema territorial, siendo los partidos con posiciones más extremadas los que sacan rédito entre el electorado, consiguen fidelizar y movilizar. En el caso concreto, los partidos nacionalistas y Vox", considera.
La exhumación de Franco, dice, es otro de los asuntos que polarizan la opinión pública, siendo los partidos más ideológicos los que captan voto. "Vox es uno de los beneficiados", asegura.
"Los temas presentes en la opinión pública generan un escenario político donde Vox consigue capitalizar las demandas y preferencias de parte del electorado. Estar presente en los medios de comunicación, con temas 'favorables' es siempre positivo", advierte Michavila. Así, desde GAD3 señalan que no sólo captan votantes, sino que también generan opinión pública y un discurso que el electorado puede comprar.
Para Ignacio Martín Granados, politólogo y vicepresidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), el contexto de la actualidad política española beneficia a los de Abascal. "La sentencia del procés y la exhumación del dictador apela directamente a sus votantes y entronca con su mensaje de defensa de la patria amenazada por los independentistas catalanes", considera.
Papel de 'mano dura' en solitario
Evidenciar la amenaza de la nación española con estos ejemplos es su mejor baza, según Martín Granados. "Así consigue aglutinar a los descontentos con lo que está sucediendo: ya sea por la gestión de la izquierda o la permisividad de 'la derechita cobarde'", opina. Y añade que el hecho de que PP y Cs hayan buscado de nuevo el centro o mantener, como se suele decir, un perfil bajo en esta campaña electoral, deja a Vox en solitario el papel de duros.
Además, el vicepresidente de ACOP apunta que "estos temas distraen la atención de otras propuestas más polémicas como su visión sobre la igualdad de la mujer y la violencia de género". Aparte del contexto político actual, otras razones hacen que este partido se mantenga o suba en las encuestas: su institucionalización, su estrategia mediática y la previsible mayor abstención.
Ya no es un partido extraparlamentario, sino que compiten, de igual a igual, con PSOE, PP, Cs y Podemos
"Al formar parte del Gobierno de Andalucía, facilitar el de la Comunidady el Ayuntamiento de Madrid, ser el quinto grupo parlamentario del Congreso y tener concejales en varios municipios de toda España, se ha normalizado su discurso. Ya no son un partido extraparlamentario, sino que compiten, de igual a igual, con PSOE, PP, Cs y Podemos", recuerda Martín Granados.
Por otro lado, insiste en que Vox mantiene un perfil más agresivo en las redes sociales de cara a sus seguidores "convertidos en fans", generando controversia para que se siga hablando de ellos, mientras que en los medios tradicionales usan un perfil más bajo, eligiendo bien a dónde acudir.
Javier Álvarez, responsable de la consultoría Stratego, considera que desde el PSOE se está potenciando el eje derecha-izquierda como base del debate y que esto beneficia a Vox, pues le "ofrece un espacio que puede ocupar".
"Seguramente el asunto que mejor le viene para lograr un hueco en el debate sea el tema de la exhumación de Franco, puesto que tienen una posición diferente a la del resto de partidos que llega directamente a un nicho de votantes muy determinado, y que también apoya su postura en el tema catalán", opina.
Además, señala, la presencia en los medios de alcance masivo, como puede ser el caso de 'El Hormiguero', evidentemente les refuerza como una opción real.
Sin embargo, Álvarez cree que el auge de Vox en los sondeos debe ser tomado con "prudencia". "La novedad que supone Vox hace que las empresas de encuestas aún no hayan ajustado sus correcciones en lo que a intención de voto se refiere. Sólo hay que ver cómo en las elecciones andaluzas les infravaloraron mientras que en las últimas generales ocurrió justo lo contrario", recuerda.
Martín Granados apostilla que el electorado se ha mostrado muy volátil en estos últimos años. "Habrá que ver cómo reaccionan sus votantes ante los escándalos de Espinosa de los Monteros-Monasterio, las dimisiones sufridas en su seno y los cambios en las listas para el 10-N", plantea.
A no ser que ocurra algo grave y vuelva a estar sobre la mesa el artículo 155, hay otros temas, como la economía, que van a primar más", especifica José Pablo Ferrándiz, de Metroscopia
Para el investigador principal de Metroscopia, José Pablo Ferrándiz, ni Cataluña, ni Franco, serán temas que influyan finalmente en las urnas. "A no ser que ocurra algo grave y vuelva a estar sobre la mesa la posibilidad de aplicar el artículo 155, hay otros temas, como la economía, que van a primar más", especifica.
"Nuestro trabajo revela que la subida de Vox se produce a costa del declive de Ciudadanos. No experimentan un gran auge, pero el hecho de tener un electorado muy fiel y de que Cs siga cayendo probablemente va a permitir a Vox no perder diputados", analiza.
A la espera de saber si su mejora en los sondeos se traduce realmente en votos en las próximas elecciones, los de Abascal se han fijado como estrategia presentarse como la única alternativa dura frente al secesionismo catalán.
Ignacio Garriga, diputado de la formación por Barcelona, pidió este martes al Gobierno la "intervención del Ejército" en Cataluña con el fin de garantizar la "libertad" y "el orden" en su comunidad. A última hora de la noche, tras los episodios de violencia acontecidos en las cuatro capitales de Cataluña, Santiago Abascal anunciaba que iba a solicitar al Ejecutivo la aplicación del Artículo 166 de la Constitución.
Profesores y rectores se vuelcan en el adoctrinamiento contra la sentencia del 'procés'
Desde la CRUE eluden, por ahora, hacer declaraciones sobre el posicionamiento explícito contra el fallo del Tribunal Supremo por parte de las instituciones catalanas que pertenecen a su red
La sentencia del procés ha vuelto a poner de manifiesto la falta de neutralidad en las aulas por parte de un amplio sector del profesorado catalán. Docentes y rectores alineados con el independentismo se han manifestado en contra del fallo del Tribunal Supremo.
Según han denunciado diversas plataformas vinculadas a la comunidad educativa que luchan por la "convivencia" en los centros, las autoridades están alentando las "protestas por la libertad" entre los alumnos.
Varios colegios e institutos se dedican estos días a difundir entre el personal una serie de manifiestos y comunicados donde califican de "injustas" las condenas a los políticos independentistas. Además distribuyen autorizaciones para que los padres de los menores permitan a sus hijos faltar a clase los días de huelga.
En el caso de las universidades públicas catalanas, los rectores han manifestado su "indignación" por la situación que se vive en la región y han recordado que en marzo de 2018 ya expresaron su profundo malestar por el encarcelamiento de los líderes independentistas, algo que consideraron un "error". Llaman al "diálogo".
Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) eluden, por ahora, hacer declaraciones sobre el posicionamiento explícito contra la sentencia por parte de las instituciones catalanas que pertenecen a su red.
El rector de la Universidad de Gerona pide a los profesores que aplacen durante toda la semana cualquier actividad evaluable, como exámenes o seminarios
Como la de Gerona. "Conocida la sentencia, quiero expresar mi indignación por la situación que estamos viviendo en Cataluña y mi inquietud por una resolución que considero injusta", lanzó Quim Salvi, rector del centro. También ha pedido a los profesores que aplacen durante toda la semana cualquier actividad evaluable, como exámenes o seminarios, por las diversas movilizaciones en contra de la sentencia.
En la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han sido los alumnos los que han presionado para que los docentes abandonen su rutina. "Escribo todavía con los ojos rojos de secarme las lágrimas de indignación, nunca me habían agredido como lo han hecho hoy. ¡Esta es su democracia!", estalló este lunes una profesora del centro a través de su cuenta de Twitter después de que tratasen de boicotear su clase.
El relato de una profesora de la UAB
"9.45 de la mañana. Estamos en la recta final de la clase de Historia de la Antropología. Como era previsible, entran estudiantes guardianes de las esencias patrióticas para avisar de que en esos momentos 'todo el mundo' está suspendiendo las clases para sumarse a las movilizaciones contra la sentencia del procés", ha relatado Beatriz Ballestín, profesora de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
"Conminan a mis alumnos y a mí misma a hacer lo mismo. Les contesto que para el rato que queda prefiero acabar la materia que llevaba preparada, pero que quien quiera marcharse es bien libre de hacerlo, que todo lo que explico se puede encontrar y estudiar en los apuntes que tienen colgados en el Campus Virtual. Marchan unos cuantos alumnos, pero también se quedan bastantes, para mi sorpresa", ha detallado.
Sin decir nada coge el mando del proyector de diapositivas, me lo apaga, dejándome la pantalla a oscuras. ¡Y se lo lleva para que no lo pueda volver a encender!"
A las 9.55 horas, prosigue la docente, entra otro grupo de estudiantes, ahora ya formando escuadrones intimidatorios, y perdiendo ya las mínimas formas de educación del grupo anterior. "Ordenan que debo detener ya mi clase, que soy la única profesora en todo el pasillo que todavía no lo ha hecho. Me continúo negando a parar la clase y les hago valer mi libertad de cátedra y mi derecho a seguir hasta el final", ha explicado.
"Entonces -añade-, uno de los 'guardianes' se acerca a mi mesa y sin decir nada coge el mando del proyector de diapositivas que estaba pasando y me lo apaga, dejándome la pantalla a oscuras. ¡Y se lleva el mando para que no lo pueda volver a encender!".
"Otro continúa espetándonos la doctrina procesista de los mártires de la patria para acabar amenazándonos a las claras. '¡Bastante tolerantes hemos sido con vosotros, las clases se paran ya!'", continúa la profesora su relato.
Uso de listas de docentes en la UB
En la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona utilizan las listas oficiales de profesorado para distribuir propaganda separatista a nombre de un profesor, tal y como denuncian desde la plataforma Universitaris per la convivència.
Según muestra la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la escuela Joan Pelegrí expresa su rechazo a la "injusta" sentencia y se autoproclama defensora de los Derechos Humanos para después decir que vela por la libertad de expresión y el sentido crítico de sus alumnos.
En la Escola Pia, en la línea de la ANC, que insta a los docentes a que "hagan sentir su voz de denuncia en las aulas", califican la sentencia de "grave atentado a los principios democráticos".
Desde la asociación joven constitucionalista S'ha Acabat! han organizado un acto este miércoles en plaza Universidad para que los universitarios que quieran ir a clase los días de huelga convocados por los separatistas (17 y 18 de octubre) puedan coordinarse.

References: artículo 155
 artículo 472
 artículo 472
 artículo 473
 artículo 214
 artículo 506
 artículo 12
 artículo 100
 artículo 472
 artículo 544
 artículo 472
 artículo 36
 artículo 167
 artículo 167
 artículo 245
 artículo 218
 artículo 472
 artículo 472
 artículo 473
 artículo 17
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 Artículo 166
 resolución