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Timestamp: 2018-08-22 01:37:45+00:00

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﻿ SENTENCIA 2008-00649 DE ENERO 12 DE 2017
SENTENCIA 2008-00649 DE 12 DE ENERO DE 2017
CONTENIDO:ABOGADOS SERÁN SUSPENDIDOS POR NO ENTREGAR MESADAS PENSIONALES A SUS CLIENTES MÁS AÚN CUANDO SON DE LA TERCERA EDAD. SE PRECISA POR LA SALA QUE DICHA FALTA SE ESTIPULA EN EL EN EL NUMERAL 4° DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1123 DEL 2007, A TÍTULO DE DOLO. DE ACUERDO CON LAS PRUEBAS ALLEGADAS AL PROCESO, LA SALA COMPROBÓ QUE LA LITIGANTE NO ENTREGÓ A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LOS DINEROS RECIBIDOS POR CUENTA DE UN PROCESO JUDICIAL. ASÍ LAS COSAS, EL ALTO TRIBUNAL CONCLUYÓ QUE LA SANCIÓN SE AJUSTABA A LA LEY, PUES A PESAR DE HABÉRSELE ENTREGADO EL DINERO CORRESPONDIENTE A LAS MESADAS PENSIONALES ATRASADAS DE SU PODERDANTE, QUE ADEMÁS ES UNA PERSONA CONSIDERADA DE LA TERCERA EDAD, NO LE INFORMÓ A ESTA DE SU RECIBIDO Y MUCHO MENOS SE LA RESTITUYÓ, SIENDO CONSCIENTE DEL PERJUICIO OCASIONADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA TERCERA EDAD, ABOGADO, ADULTO MAYOR, DEBERES DEL ABOGADO, LEY DEL ABOGADO, REGLAMENTO DE LA LEY DEL ABOGADO, PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA ABOGADO, ESTATUTO DEL ABOGADO, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO, NEGLIGENCIA DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO, DERECHOS DE LOS ABUELOS
Sentencia 2008-00649 de enero 12 de 2017
Radicado 130011102000200800649 02
Aprobado según acta de Sala 1 de la fecha
Bogotá, D.C., doce de enero de dos mil diecisiete.
Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta, respecto del fallo proferido el 26 de febrero de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar(1), mediante el cual sancionó con doce (12) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, a la abogada A.C.H.C., tras hallarla responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, en armonía con la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.
Hechos. Tuvieron origen en la queja presentada el 25 de septiembre de 2008, por la señora J.R.M. en la que relató que el 3 de mayo de 2004 le confirió poder a la abogada A.C.H.C. con la finalidad que adelantara en su nombre un trámite administrativo ante la Gobernación de Bolívar para el cobro de unas mesadas pensionales atrasadas, reconocidas mediante sentencia judicial con ocasión de muerte de su cónyuge.
Señaló que al no tener noticias sobre el estado de su proceso, presentó una petición en el año 2008 ante la Gobernación de Bolívar, con el objetivo de conocer el trámite impartido al asunto, recibiendo como respuesta por parte de dicha entidad el 23 de julio de 2008 a través del oficio AUT-XXX, que ya se le habían hecho cuatro pagos a la abogada disciplinada, el primero por $ 10.000.000, el segundo por $ 15.000.000, el tercero por $ 10.000.000 y el último de $ 8.949.350.
Adujo que la queja disciplinaria tenía como finalidad que se sancionara a la togada por cuanto no le había entregado el dinero recibido con ocasión de las gestiones adelantadas, ascendiendo la suma a $ 43.949.350.
Calidad de disciplinable. Previo a cualquier trámite se procedió a incorporar a la foliatura el certificado XXX de 9 de enero de 2009, por medio del cual la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, acreditó que la doctora A.C.H.C. se identifica con la C.C. XXX y se encuentra inscrita como abogada titular de la tarjeta profesional XXX vigente, en el que además fue reportada la dirección de residencia y oficina de la querellada.
Apertura de investigación. El a quo mediante auto de 14 de mayo de 2009, conforme al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra la abogada A.C.H.C. y programó la audiencia de pruebas y calificación provisional para el 7 de julio de 2009; fecha en la cual no se pudo realizar ante la inasistencia de la disciplinable, lo que ocurrió en reiteradas oportunidades, por lo que el 26 de enero de 2010 se fijó edicto emplazatorio; y por medio de auto del 2 de febrero de 2010 se declaró persona ausente y se le designó a la togada defensor de oficio, de acuerdo a lo previsto en los incisos finales del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007.
En proveído de 18 de enero de 2011, la Sala a quo sustituyó al defensor de oficio ante sus reiteradas inasistencias a tomar posesión, designando a otro profesional de derecho, así mismo señaló como fecha para la realización de la audiencia de pruebas y calificación provisional el 14 de abril de 2011.
Por medio de memorial radicado el 12 de septiembre de 2012, la quejosa solicitó la exclusión de la abogada A.C.H.C. del ejercicio de la profesión, reiterando lo expuesto en su escrito inicial y allegando algunos documentos como prueba, entre ellos, el poder conferido a la togada, el derecho de petición presentado ante el departamento de Bolívar solicitando información sobre el trámite administrativo promovido a su favor y la respuesta a dicho requerimiento.
Debido a que en reiteradas ocasiones no se pudo evacuar la diligencia programada en razón a la incomparecencia de la investigada y su defensor de oficio, mediante auto de 22 de abril de 2013 se designó un nuevo abogado y se fijó como fecha para la realización de la audiencia de pruebas y calificación provisional el 28 de mayo de 2013.
Audiencia de pruebas y calificación provisional. Se llevó a cabo el 28 de mayo de 2013, con la asistencia del abogado de oficio de la inculpada, quien solicitó la prescripción de la acción disciplinaria conforme lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto los egresos de los cuales se había apropiado la disciplinable correspondían a los años 2004 y 2005, y requirió la ampliación de la queja; finalmente se decretaron pruebas y se señaló como fecha de continuación de la audiencia el 19 de junio de 2013.
El 19 de junio de 2013 continuó la diligencia contando con la asistencia del abogado de oficio de la disciplinable, a quien seguidamente la Magistrada de instancia procedió a denegarle su solicitud de prescripción, requerida en audiencia anterior, al considerar que por tratarse de una falta de carácter permanente el término de prescripción empezaba a contabilizarse a partir de que se verificara la obligación esperada, es decir, el acto de reembolso, entrega o restitución, circunstancias que no habían sido probadas hasta el momento, por lo que no se había cumplido el término de prescripción.
A continuación la Magistrada instructora procedió a realizar la calificación provisional de la actuación formulando cargos a la abogada A.C.H.C. por haber presuntamente incurrido la falta tipificada en el artículo 54 numerales 3º y 4º del Decreto 196 de 1971, norma vigente para la época de los hechos, conducta actualmente reproducida en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, agravada en el artículo 45 literal c) numeral 4º ibídem, desplegada a título de dolo.
Lo anterior, por cuanto del material probatorio obrante, específicamente del poder otorgado, del oficio de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Bolívar, en el cual se indicaba que por medio de la resolución XXX de 12 de agosto de 2004 se le canceló a la disciplinable en su calidad de apoderada de la hoy querellante por concepto de mesadas pensionales atrasadas del año 2000 a 2004, la suma de $ 43.949.350, y de los respectivos comprobantes de pago, se evidenciaba que la abogada A.C.H.C. no entregó los dineros correspondientes a los pagos realizados por la Gobernación de Bolívar a nombre de su poderdante, dineros producto de la gestión encomendada que debían ser restituidos a la menor brevedad posible.
Señaló la Magistrada de instancia que la falta se calificaba provisionalmente como grave, dada la significación de la cuantía, la naturaleza de los dineros sobre los cuales operaba la retención, el prolongado espacio de tiempo de la retención y la actitud evasiva de la inculpada frente a su cliente; conducta desplegada a título de dolo, en tanto la togada actuó con pleno conocimiento de su obligación de reembolsar el dinero obtenido a favor de su prohijada al interior del trámite administrativo, y voluntariamente omitió hacerlo por espacio de más de 8 años.
Acto seguido, la funcionaria notificó la decisión en estrados, advirtiendo que contra la misma no procedía recurso alguno, decretó pruebas y señaló como fecha para la realización de la audiencia de juzgamiento el 14 de agosto de 2013.
Mediante oficio XXX de 20 de junio de 2013, el Fondo Territorial de Pensiones de la Secretaría de Hacienda de Bolívar, remitió copia íntegra del expediente administrativo XXX a nombre de la señora J.R.M. sustituta de la pensión del señor R.M.C., contentivo de 132 folios.
Audiencia de juzgamiento. Se dio inicio a esta audiencia el 14 de agosto de 2013, con la asistencia de la quejosa y el defensor de oficio, quien procedió a presentar sus alegatos de conclusión, indicando que en efecto el mandato giraba en torno a un trámite administrativo para el pago de unas mesadas pensionales atrasadas a favor de la querellante, al interior del cual existía certificación de la entrega de dichos dineros a su prohijada, pues la denunciante la autorizó para ello; no obstante, no habiendo prueba de que esos dineros no fueron devueltos a la quejosa, por tanto, debiéndose citar nuevamente a la disciplinable, en virtud de la presunción de inocencia y el debido proceso; solicitud a la cual no accedió la Magistrada de instancia.
Una vez presentados los alegatos, la Magistrada de instructora dio por terminada la diligencia y previno que la sentencia se dictaría dentro de los términos de ley.
Del fallo nulitado. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, mediante providencia de 31 de octubre de 2013, declaró disciplinariamente responsable a la abogada A.C.H.C. de la comisión de la falta prevista en el artículo 54 numeral 4º del Decreto 196 de 1971, y la sancionó con dieciocho (18) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.
Consideró la Sala a quo que estaba plenamente probado que la quejosa le confirió poder a la abogada A.C.H.C. con el fin de que en su nombre adelantara un trámite administrativo ante la Gobernación de Bolívar, para lograr el cobro de unas mesadas pensionales con ocasión al fallecimiento de su cónyuge, proceso al interior del cual, mediante Resolución XXX del 12 de agosto de 2004 se le reconoció a la querellante el pago de las mesadas atrasadas y se le reconoció personería jurídica a la togada; posteriormente, pagando en virtud de lo anterior, la unidad de tesorería de la Gobernación de Bolívar a la disciplinable la suma de $ 43.949.350, dinero que nunca restituyó a su poderdante, por tanto, reteniendo injustificadamente dicho monto.
Señaló la Magistrada de instancia que si bien al momento de la calificación de la conducta en el pliego de cargos, se determinó que la adecuación típica se debía hacer con relación simultánea a las conductas descritas en los numerales 3º y 4º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, lo correcto no era que la adecuación contuviera los dos tipos, en la medida que se trataba de un solo hecho, y dado que, conforme al material probatorio se evidenciaba la utilización indebida de los dineros producto de la gestión profesional, al punto que no se tenía noticia de su devolución, que suponía fenomenológicamente la retención de los mismos, y que tal verbo rector (utilizar) era de mayor riqueza descriptiva y lograba conglobar para sí la conducta de retención, solo con él debía efectuarse el proceso de tipificación.
Finalmente consideró la Sala de Primera Instancia que acreditada la tipicidad objetiva de la conducta, se evidenciaba igualmente el dolo por parte de la disciplinable, en tanto, actuó bajo el pleno conocimiento de su obligación de reembolsar dichos dineros y de la ilicitud de su proceder al no hacerlo, así mismo, habiendo sido requerida en pluralidad de ocasiones por su poderdante para que le diera cuenta del pago, sin que hubiese siquiera aceptado ante ella haberlo recibido.
Decisión de segunda instancia. Mediante providencia de 6 de noviembre de 2014, esta superioridad decidió decretar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la sentencia del 31 de octubre de 2013, dejando con plena validez las pruebas aportadas al plenario, al considerar que la conducta descrita en el numeral 4º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, no era concordante con el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, por lo que de ninguna manera podían relacionarse, en cuanto la conducta prevista en el numeral 4º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971 era contemplada hoy en día como un agravante, por lo cual se quedaría sin sustento normativo la adecuación de la falta.
Concluyó esta corporación en dicha oportunidad, que se evidenciaba la existencia de irregularidades sustanciales que vulneraban el debido proceso, afectando garantías sustanciales y constitucionales de la disciplinable, por lo que la Sala de Primera Instancia debía proceder a emitir la sentencia que en derecho correspondiera, atendiendo la congruencia que debía guardar con la formulación de cargos imputados.
Mediante oficio SJ JPBG XXX de 21 de enero de 2015, se remitió el expediente a la seccional de origen para que se notificara a las partes y se cumpliera con lo ordenado por el superior jerárquico.
El fallo consultado. A través de providencia de 26 febrero de 2015, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, sancionó con doce (12) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, a la abogada A.C.H.C., tras hallarla responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, reproducida actualmente en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.
Lo anterior, al considerar que estaba plenamente probado que la quejosa le confirió poder a la abogada A.C.H.C. con el fin de que en su nombre adelantara un trámite administrativo ante la Gobernación de Bolívar, para lograr el cobro de unas mesadas pensionales con ocasión al fallecimiento de su cónyuge, proceso al interior del cual, mediante Resolución XXX de 12 de agosto de 2004 se le reconoció a la querellante el pago de las mesadas atrasadas y se le reconoció personería jurídica a la togada; posteriormente, pagando en virtud de lo anterior, la unidad de tesorería de la Gobernación de Bolívar a la disciplinable la suma de $ 43.949.350, dinero que nunca restituyó a su poderdante, por tanto, reteniendo injustificadamente dicho monto.
Señaló la Sala de instancia que si bien al momento de la calificación de la conducta en el pliego de cargos, se determinó que la adecuación típica se debía hacer con relación simultánea a las conductas descritas en los numerales 3º y 4º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, lo correcto era realizar la adecuación únicamente respecto de la falta consagrada en el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, toda vez que además de acreditarse en el plenario que la togada retuvo los dineros recibidos que pertenecían a su cliente, también se advertía que en la Ley 1123 de 2007 no se encontraba previsto el hecho de utilizar dichos dineros como una falta independiente, sino como una causal de agravación de la conducta; por lo tanto, siendo los efectos de la Ley 1123 de 2007 más beneficiosos para la litigante, por lo que solamente se encontraba responsable de la falta contenida en el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, reproducida actualmente en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.
Determinó la Sala de Primera Instancia que acreditada la tipicidad objetiva de la conducta, se evidenciaba igualmente el dolo por parte de la disciplinable, en tanto, actuó bajo el pleno conocimiento de su obligación de reembolsar dichos dineros y de la ilicitud de su proceder al no hacerlo, así mismo, habiendo sido requerida en pluralidad de ocasiones por su poderdante para que le diera cuenta del pago, sin que hubiese siquiera aceptado ante ella haberlo recibido.
Respecto de la antijuridicidad de la conducta, señaló la Magistrada instructora que la misma resultaba antijurídica, en la medida que se vulneró injustificadamente el deber consagrado en el numeral 4º del artículo 47 del Decreto 196 de 1971, que obligaba a los abogados a obrar con honradez en sus relaciones profesionales, no apareciendo en el expediente prueba alguna que justificara el actuar de la litigante, inclusive habiendo mantenido la profesional del derecho una actitud omisiva a lo largo del presente proceso disciplinario.
En cuanto a la sanción consideró que conforme a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionabilidad, y en atención a que la conducta se calificó como grave, la naturaleza de la falta imputada, que se estimaba odiosa frente al desempeñó de los abogados y que había contribuido enormemente al descredito del medio de la abogacía; la cuantía de la retención, no solo por la suma estimable, sino porque comportaba además el 100 % de lo que la quejosa debía recibir, quien era una persona de 93 años de edad; el daño ocasionado a la víctima; la naturaleza de los recursos apropiados y el espacio prolongado de tiempo en que había perdurado la retención, todas estas circunstancias implicaban la imposición de la sanción de suspensión de doce meses (12) en el ejercicio de la profesión, a la doctora A.C.H.C.
Con oficio del 4 de junio de 2015, fue remitido el expediente a esta corporación con el fin de surtir el grado jurisdiccional de consulta.
Mediante auto de 1º de julio de 2015 se avocó el conocimiento de las diligencias, se ordenó correrle traslado al Ministerio Público y se requirió a la secretaría judicial de esta corporación para que acreditara los antecedentes disciplinarios de la abogada, así mismo informara si contra esta cursaban otros procesos por los mismos hechos (fl. 5, cdno. 2ª inst.).
Concepto del Ministerio Público. Fue notificado el 8 de julio de 2015 y el 22 del mismo mes y año, rindió su concepto en el que solicitó se declarara la prescripción de la acción disciplinaria, al considerar que la abogada inculpada recibió el 3 de marzo de 2005, el ultimo abono correspondiente a las mesadas adeudadas de febrero de 1999 a enero de 2004, junto con las adicionales a favor de su poderdante, evidenciándose que a la fecha de la imposición de la sanción - 26 de febrero de 2015, había operado el fenómeno de la prescripción por haber transcurrido más de 5 años desde el último acto de ejecución, sin que pudiera el aplicador de la ley sostener la imprescriptibilidad de la acción.
Antecedentes disciplinarios. La secretaría judicial de esta Sala emitió la certificación 289741 de 3 de agosto de 2015, a través de la cual hizo constar que a la abogada A.C.H.C., quien se identifica con la C.C. XXX y la tarjeta profesional XXX, no le registraban antecedentes disciplinarios, en su contra(2). Informó igualmente que no cursaban contra ella, otras investigaciones por los mismos hechos(3).
Impedimentos. Observado el infolio, no se evidenció que alguno de los magistrados integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hayan manifestado impedimento para conocer de las presentes diligencias en esta instancia.
Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”, en concordancia con el parágrafo 1º del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.
Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón de lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que ha sido avalada por la Corte Constitucional en diferentes providencias, entre ellas el Auto 278 del 9 de julio de 2015, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.
De la prescripción. Solicitó el agente del Ministerio Público la prescripción de la acción disciplinaria, en razón de que la abogada inculpada recibió el 3 de marzo de 2005, el último abono correspondiente a las mesadas adeudadas de febrero de 1999 a enero de 2004, junto con las adicionales a favor de su poderdante, evidenciándose que a la fecha de la imposición de la sanción - 26 de febrero de 2015, había operado el fenómeno de la prescripción por cuanto transcurrieron más de 5 años desde el último acto de ejecución; solicitud a la cual no es posible acceder, toda vez que la falta relacionada con la retención de dineros es de carácter permanente, por lo cual la prescripción de la acción disciplinaria se empieza a contar desde el día en que el profesional del derecho hace la entrega efectiva del dinero a quien corresponde, esto es, a su poderdante. Como en el presente asunto, según lo dicho en la queja, la disciplinada no ha entregado el dinero a su mandante, se desprende que la retención de emolumentos por parte de la abogada A.C.H.C., ha perdurado en el tiempo, por tanto no ha cesado la comisión de la conducta, en consecuencia no hay lugar a decir que operó el fenómeno de la prescripción.
Asunto a resolver. Atendiendo los fines del grado jurisdiccional de consulta y dado que no se observaron irregularidades que afecten la legalidad de lo actuado ni de la sentencia, procede la Sala a pronunciarse sobre la decisión adoptada el 26 de febrero de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, mediante el cual sancionó con doce (12) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, a la abogada A.C.H.C., tras hallarla responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, en armonía con la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.
La disciplinada fue llamada a responder por incurrir en la falta a la honradez del abogado, tipificada el en el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, en armonía con la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, que a la letra rezan:
En cuanto a esta falta, se itera, no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible, dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, jamás puede afirmarse que el poderdante tiene la obligación de buscar y lograr el reintegro de los mismos, siendo el verbo rector en el tipo disciplinario “entregar”, por tanto mal puede decirse que es quien otorga poder, el encargado de realizar alguna acción tendiente a que los dineros, bienes o documentos ingresen a su esfera de dominio; el abogado y solo él es sobre quien recae esa obligación, por supuesto que si su esfuerzo se ve truncado por algunas circunstancias ajenas se presentaría eximentes que no lo hacen responsable disciplinariamente. Situaciones que no se observan por ningún lado en esta investigación adelantada.
Respecto de la conducta enrostrada a la litigante, esta consagra expresamente dos preceptos bajo los cuales la conducta del profesional del derecho incurre en falta a la honradez del abogado, a saber: a) no entregar dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o b) demorar la comunicación de este recibo. Conforme lo dicho, la conducta es típica si el abogado respecto los dineros o documentos que ha recibido en razón de su encargo profesional, cumple por omisión uno cualquier de los dos verbos rectores contenidos en la descripción típica (entregar - demorar).
Conforme lo anterior, la tipicidad se verifica si el abogado respecto de dineros, bienes o documentos recibidos por virtud del mandato, no los entrega o demora, la comunicación del recibo de los mismos, incursión en la falta disciplinaria que atenta directamente contra el deber de la honradez en sus relaciones profesionales.
Frente a la falta endilgada, la Sala observa del material probatorio allegado que en efecto la señora J.R.M. le confirió poder el 3 de mayo de 2004 a la abogada A.C.H.C. para que en su nombre y representación continuara el trámite administrativo XXX ante el Fondo Territorial de Pensiones tendiente a la cancelación de sus mesadas pensionales atrasadas, al interior del cual, la hoy quejosa al no tener información sobre la evolución del asunto, radicó el 27 de agosto de 2012 derecho de petición ante dicha entidad, requiriendo se le comunicara el estado del mismo (fls. 105-106, cdno. 1 inst.)
Petición resuelta por la Secretaría de Hacienda de Bolívar, a través del oficio AUT XXX del 5 de septiembre de 2012, por medio del cual le informó que “revisados los archivos de pago que se llevan en esta unidad de tesorería se encontró Resolución 1367 del 12 de agosto de 2003, mediante la cual fueron reconocidos un valor de $ 14.384.537.77 por concepto de mesadas atrasadas correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de febrero de 1999 al 30 de junio de 2000, más mesada adicional de junio, los cuales fueron pagados con el comprobante de egreso XXX y cobrados por usted el día 6 de septiembre de 2004 (...) (...). Así mismo en la misma resolución se le reconoció el valor de $ 43. 949.350.15 por concepto de mesadas atrasadas del 1º de julio de 2000 y el 31 de enero de 2004, los cuales fueron cancelados a la señora A.C.H.C. en calidad de apoderada, para lo cual anexamos copia de los comprobantes de egresos y copia de los comprobantes de entrega de cheques” (fl. 107, cdno. 1 inst.).
Aunado a lo anterior, se cuenta con la copia de los comprobantes de egresos y copia de los comprobantes de entrega de cheques los cuales se giraron a favor de la disciplinable, realizándose cuatro pagos, el primero de $ 10.000.000, el 3 de septiembre de 2004, el segundo por $ 15.000.000, el 3 de octubre de 2004, el tercero por $ 10.000.000, en noviembre de 2004 y el último de $ 8.949.350, el 21 de febrero de 2005.
De lo expuesto en precedencia, se observa que la disciplinable actuando como apoderada judicial de la señora J.R.M. al interior del trámite administrativo XXX, promovido ante el Fondo Territorial de Pensiones de la Secretaría de Hacienda de Bolívar, recibió conforme la Resolución XXX de 12 de agosto de 2004, la suma de $ 43.949.350 por concepto de mesadas atrasadas a favor de la señora R.M., dinero que nunca restituyó a su poderdante, por tanto, reteniendo injustificadamente dicho monto, lo que evidencia que la conducta de la disciplinada se adecua al tipo disciplinario endilgado.
En conclusión frente a los elementos estructurantes de la conducta disciplinaria, están presentes ya que la tipicidad está dada con la consagración de dicha falta en la Ley 1123 de 2007, donde de manera clara se definen los deberes del profesional del derecho y correlativamente, se especifican las faltas en que se incurre por el incumplimiento de aquellos.
Es claro, que la tipicidad responde al principio de legalidad, consagrado en la Constitución y requiere que la conducta endilgada, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, sean clara y expresamente definidos de manera previa a la aplicación de estas medidas.
La Corte Constitucional ha establecido que en este principio se vislumbran garantías, siendo la “primera, de orden material y de alcance absoluto, conforme a la cual es necesario que existan preceptos jurídicos anteriores que permitan predecir con suficiente grado de certeza aquellas conductas infractoras del correcto funcionamiento de la función pública y las sanciones correspondientes por su realización. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de rango legal, que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios en manos de la administración”(4).
Precisó, además que “(i) otorga certidumbre normativa sobre la conducta y la sanción a imponer; (ii) exige que el texto predeterminado tenga fundamento directamente en la ley, sin que sea posible transferir tal facultad al gobierno o a las autoridades administrativas, por ser una competencia privativa del legislador; (iii) constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos; (iv) protege la libertad individual; (v) controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y (vi) asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado”.
Ahora, en esta perspectiva, deviene que en materia disciplinaria se exige que la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir de manera clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. Por lo que la abogada A.C.H.C., consecuencia de su actuar mereció la reacción de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, que al encontrarla responsable, de la falta descrita en el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, hoy prevista en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123, la sancionó.
Antijuricidad. En el presente caso deviene del incumplimiento acreditado y sin justificación alguna por parte de la disciplinada de los deberes de obrar con lealtad y honradez que le impone el ejercicio de la profesión, consagrados en el numeral 4º del artículo 47 del Decreto 196 de 1971, concordado con el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que preceptúan:
4. Obrar con absoluta lealtad y honradez en sus relaciones con los clientes”.
8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales (...)”.
Por tanto en el caso bajo estudio, la prueba allegada al proceso ya reseñada indica en forma diáfana y contundente que el hecho constitutivo de la investigación disciplinaria existió, esto es, que la litigante no entregó a la mayor brevedad posible los dineros recibidos por cuenta de su cliente, luego no cabe duda de la antijuridicidad de su conducta, vulnerando con su actuar su deber profesional sin la concurrencia a su favor de causal alguna de ausencia de responsabilidad, en cuanto a que pese a haber sido citada en reiteradas oportunidades a la presente investigación nunca asistió, ni presentó algún tipo de argumento defensivo; por tanto, no existiendo prueba que permita afirmar que dichos dineros fueron restituidos a la poderdante, lo que implica la necesidad de sancionar a la doctora A.C.H.C.
Culpabilidad. Se entiende por culpabilidad la actitud consiente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente.
Frente a la conducta endilgada solo opera la modalidad de dolo, es decir se requiere de la conciencia y la voluntad de vulnerar el deber profesional, como en efecto sucedió en cuanto a que de los hechos se evidencia que la disciplinada, es conocedora del ordenamiento jurídico, entendiendo que una de sus obligaciones era cumplir a plenitud con el deber de honradez en el ejercicio de la profesión, pero que en este evento en forma voluntaria e intencional, consciente de los hechos y comprendiendo la antijuridicidad de su acción, actuó de manera contraria a dicho imperativo legal, luego pudiendo y debiendo apegarse al ordenamiento jurídico, prefirió quebrantarlo, por ello su conducta es reprochable tal y como lo consideró la Sala de instancia.
La sanción. Frente a la sanción impuesta, encuentra la Sala que la misma se encuentra acorde y consulta los parámetros establecidos en los artículos 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007, ya que se impuso a la disciplinada la suspensión por el término de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión, atendiendo el carácter de la falta cometida, la conducta dolosa, pues a pesar de habérsele entregado el dinero correspondiente a las mesadas pensionales atrasadas de su poderdante, que además es una persona considerada de la tercera edad, no le informó a esta de su recibido y mucho menos se la restituyó, siendo consciente del perjuicio ocasionado a la quejosa; también atendiendo la ausencia de causas que justificaran o exculparan su proceder y finalmente de cara a la trascendencia social de su conducta, verificada en el desprestigió de la profesión ante la sociedad.
Por lo tanto, esta superioridad considera legal y adecuada la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, de sancionar con doce (12) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión a la abogada A.C.H.C. y la confirmará de manera integral.
1. NEGAR la solicitud de prescripción presentada por el agente del Ministerio Público, de conformidad con las motivaciones expuestas en precedencia
2. CONFIRMAR la decisión consultada, proferida el 26 de febrero de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, mediante la cual sancionó con doce (12) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, a la abogada A.C.H.C., tras hallarla responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 3º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, en armonía con la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.
3. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.
4. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen, para que notifique a las partes dentro del proceso y cumpla lo dispuesto por esta superioridad.
5. Por secretaría líbrense las comunicaciones de ley.
Magistrados: José Ovidio Claros Polanco—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.
(1) M.P. Gladys Zuluaga Giraldo en Sala Dual con el magistrado Orlando Díaz Atehortúa.
(2) Folio 23, cdno. 2 inst.
(3) Folio 24, cdno. 2 inst.
(4) Sentencia C-030 de 2012.

References: ARTÍCULO 35
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 artículo 104
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 artículo 45
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