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Timestamp: 2019-06-25 15:42:28+00:00

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Se ejecutan obligaciones de dar suma de dinero siempre que provengan de prestaciones ciertas, expresas y exigibles - Actualidad Civil
Se ejecutan obligaciones de dar suma de dinero siempre que provengan de prestaciones ciertas, expresas y exigibles
Fuente: agasys.com.mx
CAS. N.° 2677-2015 LA LIBERTAD
Emitida el 16 de marzo de 2016
Señora juez Cabella Matamala
Código Procesal Civil: 690-D
[H]a quedado debidamente establecido que en el presente caso, no se da la concurrencia de los elementos constitutivos que consagra el artículo 690-D inciso 1 del Código Procesal Civil para determinar que la obligación puesta a cobro resulta inejecutable, como mal alegan los recurrentes; toda vez que el Pagaré número 091011329908, resulta ser eficaz, por cuanto la obligación es cierta, expresa y exigible.
CAS. N.° 2677-2015
Sumilla: El razonamiento efectuado ha sido expedido bajo los lineamientos del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, pues no se da la concurrencia de los elementos constitutivos que consagra el artículo 690-D inciso 1 del Código Procesal Civil para determinar que la obligación puesta a cobro resulta inejecutable, como mal alegan los recurrentes; toda vez que el Pagaré número 091011329908 resulta ser eficaz, por cuanto la obligación es cierta, expresa y exigible. Asimismo, corresponde señalar que las afirmaciones expuestas por los recurrentes, cuando sostienen – como fundamento de la acotada causal- que lo que con el presente proceso, en realidad la Caja actora pretende, es la ejecución de un inmueble ajeno al dado en la Escritura Pública de garantía Hipotecaria, no es menos cierto que las mismas constituyen sólo alegaciones, con las cuales pretende que en el caso concreto se efectúe una revaloración de lo actuado en el proceso.
Lima, dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número dos mil seiscientos setenta y siete - dos mil quince, en audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.
Se trata del recurso de casación interpuesto por Elidio Teodulfo Espinoza Arévalo y Elsa Quispe de Espinoza contra el auto de vista expedido por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con fecha trece de mayo de dos mil catorce, la misma que confirma la resolución de primera instancia que declaró fundada la demanda; consecuentemente ordena que se lleve adelante la ejecución forzada sobre los bienes de propiedad de los ejecutados y Corporación Gracost Sociedad Anónima Cerrada afectados o que tengan por afectarse con medida cautelar y hasta que la ejecutada haga el cobro de ciento veintiocho mil doscientos setenta y seis soles con dieciocho céntimos (S/128,276.18), más intereses compensatorios y moratorios pactados, devengados y que se devenguen los mismos que se liquidarán en ejecución de sentencia, computados desde la fecha de vencimiento de la obligación demandada.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO POR LOS CUALES SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO
Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil quince, declaró procedente el recurso de casación por la Infracción normativa de los artículos 122 inciso 4 del Código Procesal Civil y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú; sostiene que se ha afectado su derecho por cuanto la Sala Superior ha confirmado la apelada sin haber expuesto las razones por las cuales no son amparables las alegaciones que han formulado, como tampoco han tenido en cuenta la relación contractual que los vincula con la parte actora; pues se verifica con la constitución de hipoteca celebrada el trece de enero de dos mil nueve que habiendo establecido ambas partes en el presente caso que ante el eventual incumplimiento de la obligación, debe irse a la vía de ejecución de garantías, mal hace la Caja de Ahorro en embargar inmuebles que corresponden a otras personas; y si bien la Caja Municipal no fue parte de la relación obligacional, sin embargo fue la entidad que ejecutó la Carta Fianza pese a tener conocimiento que se mantenía una controversia con la Universidad Nacional de Cajamarca; por lo que no correspondía proceder con su ejecución, pues la materia en discusión se viene conociendo en la vía arbitral, no existiendo aún pronunciamiento que determine si su pretensión es amparable; por lo que continuar con el proceso generaría un perjuicio en su contra.
PRIMERO. Que, en el caso de autos corresponde precisar que por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso”[1] pues éste ha de sustentarse en motivos previamente señalados en la ley; es decir puede interponerse por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma considerándose como motivos de casación por infracción de la ley la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes y la falta de competencia; mientras los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a las infracciones en el procedimiento;[2] en tal sentido si bien todas las causales suponen una violación de la ley, sin embargo ésta puede darse en la forma o en el fondo; consiguientemente al haberse declarado procedente el recurso por la denuncia casatoria referente a las causales procesales invocadas, debe examinarse la existencia de un vicio que amerite la nulidad de lo actuado.
SEGUNDO. Que, siendo esto así, previamente a emitir pronunciamiento corresponde hacer una breve descripción del decurso del proceso, apreciándose lo siguiente: La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo por escrito obrante a fojas diez pretende que la Corporación Gracost Sociedad Anónima Cerrada, Elio Teódulfo Espinoza Arévalo y Elsa Quispe Cobba cumplan con pagarle la suma de ciento veintiocho mil doscientos setenta y seis soles con dieciocho céntimos (S/128,276.18), importe que se desprende del Pagaré número 091011329908 así como los intereses compensatorios y moratorios que devengue la obligación puesta a cobro y de acuerdo a lo pactado. Por escrito obrante a fojas sesenta, los ejecutados antes citados se apersonan al proceso y contradicen el mandato ejecutivo, alegando las causales de inexigibilidad e iliquidez de la obligación. El Juez del Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad por auto de fecha once de noviembre de dos mil trece, declaró –entre otros- fundada la demanda y dispuso se lleve adelante la ejecución forzada sobre los bienes de propiedad de los ejecutados afectados o que tengan que afectarse con medida cautelar hasta que la ejecutante haga cobro de la suma demandada; impugnada que fue dicha decisión, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la decisión apelada al considerar que los fundamentos alegados por los ejecutados no se condicen con la naturaleza de dicha causal, por cuanto la inexigibilidad implica que la obligación no pueda ser ejecutada por diversas razones y circunstancias de orden material que pueden relacionarse a cuestiones de lugar, tiempo y modo, las que no se cumplen.
TERCERO. Que, incursionando en los agravios expuestos por la parte recurrente, es de tenerse en cuenta que la misma afirma que con la decisión adoptada se ha vulnerado su derecho al debido proceso, específicamente a la debida motivación de las resoluciones judiciales; sostiene que la relación contractual que los vincula con la parte actora se verifica con la constitución de la hipoteca celebrada el trece de enero de dos mil nueve; y que ambas partes establecieron que ante el eventual incumplimiento de la obligación se deberían ir a la vía de ejecución de garantías; por lo que mal hace la Caja Municipal demandante en embargar inmuebles que corresponden a otras personas; además de desconocer la pretensión que viene dilucidándose en la vía arbitral; por lo que corresponde a este Supremo Tribunal verificar si la decisión adoptada por la Sala de mérito fue expedida respetando lo dispuesto por el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil concordante con la norma contenida en el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales estatuyen que los magistrados tienen la obligación de fundamentarlos autos y las sentencias bajo sanción de nulidad respetando los principios de jerarquía de las normas y de congruencia.
CUARTO. Que, en ese contexto, el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú establece que el debido proceso asiste a toda persona por el sólo hecho de serlo, facultándola a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo ante un Juez responsable, competente; constituyendo la motivación de las resoluciones judiciales una Garantía Constitucional que asegura la publicidad de las razones que los Jueces tuvieron en cuenta para pronunciar sus sentencias, resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias de los mismos, quienes de este modo no pueden ampararse en imprecisiones subjetivas ni decidir causas a capricho; aspecto que guarda estrecha relación con lo establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número once de la Sentencia número 1230-2003-PCH/ TC[3].
QUINTO. Que, las Obligaciones de Dar Suma de Dinero, son aquellas que tienen por objeto desde el nacimiento de la obligación, entregar una cantidad de dinero. Asimismo, dicha pretensión se conoce en un proceso de ejecución por cuanto la misma no busca la constitución o la declaración de una relación jurídica, sino satisfacer un derecho ya declarado.
SEXTO. Que, en ese contexto, corresponde indicar que el título ejecutivo es un documento que representa una declaración imperativa del Juez o de las partes y agrega que siendo esa declaración un acto, con el intercambio acostumbrado del continente y contenido y por tanto entre el documento y el acto que en él está representado, se explica la costumbre corriente de considerar como título al acto en vez del documento.
SÉTIMO.- Que, asimismo, el artículo 688 del Código Procesal Civil establece que los títulos ejecutivos provienen por la actividad judicial o por el ejercicio del Principio de Autonomía Privada de las Partes que comprenden a los acuerdos por conciliación o transacción, homologación y sentencias judiciales firmes.
OCTAVO.- Que, son presupuestos del título para su ejecución, los siguientes: 1.-Las prestaciones sean ciertas: Cuando en el título está perfectamente descrita la existencia de un sujeto activo (acreedor) y un sujeto pasivo (deudor); 2.- Las prestaciones sea expresas: Cuando consta por escrito lo que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. Consiste en una cosa o un hecho que habrá de ejecutar el deudor o en una abstención de algo que el deudor habría podido efectuar libremente de no mediar la existencia de la obligación que le exige un comportamiento negativo. En ese sentido el artículo 694 del Código Procesal Civil establece que se puede demandar ejecutivamente, las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. No puede concebirse la obligación sin objeto, no es posible estar obligado a algo abstracto, sino es necesario deber algo concreto; 3.- Las prestaciones deben ser exigibles: Es decir que la prestación sea reclamable, pues supone la llegada del vencimiento, que la obligación este determinada o sea determinable; es decir que tenga un valor pecuniario. Son líquidas o liquidables cuando se convierten en una operación aritmética que la obligación sea posible[4].
NOVENO. Que, la contradicción, es la posibilidad que se le asigna al demandado para hacer valer las defensas que tenga contra el título, ésta también nos remite a una cognición sumaria donde los supuestos de contradicción solo pueden ser probados con documentos, declaraciones de parte y pericias.
DÉCIMO. Que, asimismo el Código Procesal Civil, en el artículo 690-D regula las causales de la contradicción, estableciendo en su inciso 1) la inexigibilidad de la obligación contendía en el título; ésta sirve para cuestionar el fondo del título, más no del documento en sí, es decir se cuestiona su ejecutabilidad por carecer de una prestación expresa, cierta y exigible, tal como lo describe el artículo 689 del Código Procesal Civil.
DÉCIMO PRIMERO. Que, siendo esto así, y atendiendo a los agravios expuestos por la parte recurrente, después de haber efectuado el estudio de autos y análisis de la resolución impugnada, es de colegirse que el razonamiento efectuado para amparar la demandada, ha sido expedido bajo los lineamientos que consagra el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú; pues, ha quedado debidamente establecido que en el presente caso, no se da la concurrencia de los elementos constitutivos que consagra el artículo 690-D inciso 1 del Código Procesal Civil para determinar que la obligación puesta a cobro resulta inejecutable, como mal alegan los recurrentes; toda vez que el Pagaré número 091011329908, resulta ser eficaz, por cuanto la obligación es cierta, expresa y exigible. Asimismo, corresponde señalar que las afirmaciones expuestas por los recurrentes -como fundamento de la acotada causal- en el sentido de que con el presente proceso la Caja actora pretende en realidad la ejecución de un inmueble ajeno al dado en la Escritura Pública de Garantía Hipotecaria, constituye solo una alegación con la cual pretende que en el caso concreto se efectúe una revaloración de lo actuado en el proceso, lo cual no es viable por contravenir los fines del recurso de casación. En tal sentido, el recurso de casación así planteado deviene en infundado.
Por las consideraciones expuestas y a tenor de lo establecido por el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación de fojas ciento veintiocho interpuesto por Elidio Teodulfo Espinoza Arévalo y Elsa Quispe de Espinoza, NO CASARON el auto de vista de fojas ciento seis, de fecha trece de mayo de dos mil catorce, expedido por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo con Elidio Teodulfo Espinoza Arévalo y otra, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.
SS. MENDOZA RAMÍREZ, ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, YAYA ZUMAETA
[2] De Pina, Rafael, Principios de Derecho Procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F, 1940, p. 222
[3] Sentencia del Tribunal Constitucional
[4] Ledesma Narvaez Marianella: Los Nuevos Proceso de Ejecución y Cautelar Gaceta Jurídica

References: artículo 690
 artículo 139
 artículo 690
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 artículo 12
 artículo 139
 artículo 688
 artículo 694
 artículo 690
 artículo 689
 resolución 
 artículo 139
 artículo 690
 artículo 397
 resolución