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Timestamp: 2017-01-20 07:28:40+00:00

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Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía. TÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR (Vigente hasta el 08 de Julio de 2011).
Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía (Vigente hasta el 08 de Julio de 2011).
Vigencia desde 18 de Marzo de 2007. Esta revisión vigente desde 18 de Marzo de 2007 hasta 08 de Julio de 2011
CAPÍTULO IObligaciones de las personas interesadas, facultades de la inspección y medidas cautelares
Obligaciones de las personas interesadas 1. Las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades estarán obligadas a cumplir lo establecido en esta ley y en la normativa concordante en materia de vitivinicultura. Estarán obligadas, igualmente, a conservar, en condiciones que permita su comprobación, por un tiempo mínimo de cuatro años, la documentación relativa a las obligaciones que se establecen en el apartado 2 del presente artículo.
Inspección 1. En el ejercicio de sus funciones de control en materia de vitivinicultura, los inspectores de la Consejería competente en materia de agricultura tendrán el carácter de agente de la autoridad, y podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicas o locales.
Medidas cautelares 1. En el ejercicio de la función inspectora pueden adoptarse las medidas cautelares determinadas por el presente artículo, sobre las cuales debe levantarse la correspondiente acta, en la que deben constar sus motivos y objeto de la misma. Estas medidas deben guardar proporción con la irregularidad detectada y deben mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario para la realización de las pertinentes diligencias.
Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar 1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador confirma la inmovilización cautelar a la que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, en el mismo acuerdo de inicio comunicará a la persona responsable o titular de los derechos sobre los productos o mercancías inmovilizados que dispone de un plazo de 15 días para optar, por algunas de las siguientes operaciones, en función de los supuestos que motivaron la adopción de la medida cautelar:
Régimen sancionador 1. Los incumplimientos de lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones vigentes en la materia serán considerados como infracciones administrativas, que serán sancionadas conforme a lo dispuesto en la normativa en vigor.
Infracciones leves 1. Constituyen infracciones leves:
m) No denunciar a la autoridad competente cualquier forma de fraude, alteración, adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en riesgo la calidad de los productos, la protección de las personas consumidoras o los intereses generales, económicos o sociales del sector alimentario.
Letra m) del número 1 del artículo 44 derogada por letra a) de la disposición derogatoria única de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2011, 25 marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía («B.O.J.A.» 8 abril).
Infracciones graves 1. Constituyen infracciones graves:
Letra p) del número 1 del artículo 45 introducida por número 4 de la disposición final primera de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía («B.O.J.A.» 8 abril).
Infracciones muy graves 1. Se considerarán infracciones muy graves:
Responsabilidad por las infracciones 1. De las infracciones en productos envasados serán responsables las firmas o razones sociales que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o bien mediante cualquier indicación que permita su identificación cierta. Asimismo será responsable solidario el elaborador, fabricante o envasador que no figure en la etiqueta si se prueba que conocía la infracción cometida y que prestó su consentimiento. En caso de que se hayan falsificado las etiquetas, la responsabilidad corresponderá a las personas que comercialicen los productos a sabiendas de la falsificación.
Sanciones A los efectos de la presente ley, las sanciones serán las siguientes:
Medidas complementarias 1. Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos, envases, etiquetas, y demás objetos relacionados con la infracción sancionada, la autoridad a la que corresponda resolver el procedimiento sancionador acordará su destino. Las mercancías o productos deberán ser destruidos si su utilización o consumo constituyera peligro para la salud pública. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo, la destrucción o el decomiso correrán por cuenta de la persona infractora, incluida la indemnización que deba abonarse a la persona propietaria de la mercancía decomisada cuando ésta no sea la persona infractora.
Graduación de las sanciones 1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las asignadas a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
Prescripción de las infracciones y sanciones 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, al año.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por infracciones graves, a los dos años, y las impuestas por infracciones leves, al año.
Artículo 51 redactado por número 5 de la disposición final primera de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2011, 25 marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía («B.O.J.A.» 8 abril).
Inicio e instrucción del procedimiento sancionador 1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Resolución de procedimientos sancionadores 1. La resolución de los procedimientos sancionadores por las infracciones establecidas en la presente ley corresponderá:
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de otros productos agroalimentarios 1. Los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31 32, 33 y 34 relativos a los órganos de gestión y al sistema de control, así como el Título III «Régimen sancionador» de la presente ley, serán de aplicación a:
a) Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de productos agroalimentarios a las que se refiere el Reglamento (CE) núm. 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.
2. Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior a los productos citados en el mismo, las menciones contenidas en la presente ley sobre viñedos, uvas, vinos y mostos deben entenderse referidas, respectivamente, a explotaciones y a productos agroalimentarios o a bebidas espirituosas.
Disposición adicional 1.ª derogada por letra b) de la Disposición Derogatoria única de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2011, 25 marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía («B.O.J.A.» 8 abril).
Reproducción de normativa estatal Los apartados 1 y 2 del artículo 4; el artículo 5; los apartados 1 y 3 del artículo 6; los apartados 1 y 2 (párrafo 1.º) del artículo 7; el artículo 8; el artículo 10; el artículo 11; el apartado 1, excepto las letras c) y d) del artículo 12; los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 13; el artículo 14; el artículo 15; excepto el apartado 5, del artículo 16; el artículo 17; excepto los apartados 2 y 6; el artículo 18; el artículo 19; el apartado 1 del artículo 20; el apartado 1, excepto las palabras «formación» e «innovación», el apartado 2, excepto las letras k) y l) y el apartado 3 del artículo 21; los apartados 1 y 3 del artículo 26; la letra a) del apartado 1 del artículo 28; el apartado 1 del artículo 30; el apartado 1, excepto las letras j) y m) del artículo 44; el apartado 1, excepto letra o), el apartado 2 y las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 45; los apartados 1, excepto letra h), 2, 3 y 4 del artículo 46; el artículo 47; letras e), f), excepto el ordinal 5.º, y h) del artículo 48; el artículo 50 y el artículo 51 reproducen los siguientes preceptos de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, dictada por el Estado al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución:
Adaptación de los actuales reglamentos, pliegos de condiciones y órganos de gestión a la nueva regulación En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, deberán adaptarse a sus previsiones los actuales reglamentos, pliegos de condiciones, así como los órganos de gestión, tanto de las denominaciones de origen vínicas, de los vinos de la tierra, como de las denominaciones de los productos mencionados en la Disposición adicional primera.
Plazo de acreditación Los órganos de control de las denominaciones de origen y denominaciones de origen calificadas tendrán un plazo de dos años desde la fecha de aprobación del Reglamento de la Denominación, para acreditarse en el cumplimiento de la norma sobre «Requisitos generales para entidades que realizan la certificación del producto» (UNE-EN 45011 o norma que la sustituya).
Disposición transitoria segunda derogada por letra c) de la disposición derogatoria única de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2011, 25 marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía («B.O.J.A.» 8 abril).
Cuotas Hasta que los Consejos Reguladores establezcan las cuotas definitivas de pertenencia y los derechos por prestación de servicios y, en todo caso, hasta el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, se mantienen, como cuotas provisionales en cada Consejo Regulador, las actualmente vigentes y adecuadas en su caso a lo previsto en su normativa específica.
Derogación normativa Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan o contradigan a lo previsto en la presente ley y, en particular, los artículos 59 a 64, ambos inclusive, de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Facultad de desarrollo Se faculta al Consejo de Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, pueda dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley, así como para actualizar la cuantía de las sanciones pecuniarias previstas teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios de consumo.
Entrada en vigor La presente ley entrará en vigor a los tres meses a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

References: artículo 44
 artículo 45

Artículo 51

Resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
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 artículo 48
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 149