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Timestamp: 2016-08-28 06:48:29+00:00

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PROYECTO DE LEY “Políticas de derechos humanos para personas en situación de prostitución” BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out more2011, Buenos Aires Capital Mundial del LibroDescargar texto original de http://www.cedom.gov.ar/proyect/2011/201101418.zip
PROYECTO DE LEY Artículo 1°.- Créase el “Plan marco de políticas para la promoción de los derechos humanos de las personas en situación de prostitución” en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o del organismo que en el futuro la reemplace. Artículo 2º.- El presente plan persigue como finalidad generar y promover condiciones dignas de ciudadanía y de pleno acceso a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para todas las personas en situación de prostitución, sin discriminación de ningún tipo. Artículo 3º.- Serán los objetivos generales del plan: a. Desnaturalizar estereotipos y prejuicios construidos alrededor de la prostitución, privilegiando las vivencias, voces y experiencias de las diversas personas afectadas por ellos. b. Proteger a las personas en prostitución de la violencia social e institucional. c. Involucrar a todas las áreas del gobierno local en la promoción de los derechos humanos de las personas en situación de prostitución. d. Recabar estadísticas e información actualizada, identificando nudos críticos en la prevención, la atención y el abordaje integral de la prostitución por parte de las dependencias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. e. Diseñar, implementar y articular servicios y políticas públicas tendientes a revertir las condiciones estructurales que generan, refuerzan y sostienen la prostitución, removiendo los obstáculos que limiten las condiciones de ciudadanía de las personas afectadas en general, y de ciertos grupos en particular en razón de su sexo, género, identidad de género, orientación sexual, raza, nacionalidad y edad, entre otros. f. Garantizar el acceso prioritario de las personas en prostitución a las políticas universales de salud, educación, trabajo y vivienda, poniendo a disposición opciones reales y no discriminatorias para quienes desean abandonar la actividad que realizan. Artículo 4º.- Para el cumplimiento de los objetivos señalados, se deberán desarrollar: a. Campañas sostenidas de difusión y comunicación destinadas a la población, en un lenguaje llano y accesible a auditorios heterogéneos b. Jornadas, talleres y cursos de formación dirigidos a las comunidades educativas, en los diferentes niveles de enseñanza c. Actividades de capacitación destinadas a todo el personal de la administración pública, con particular énfasis en las áreas de salud, educación, empleo, desarrollo económico, vivienda, espacio público, justicia, seguridad y atención a
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la comunidad, a efectos de generar servicios públicos no hostiles y políticas apropiadas para personas en prostitución y para sus grupos familiares. d. Seguimientos del accionar de las fuerzas policiales y de seguridad respecto de personas en prostitución, así como canales seguros de denuncia de abusos por parte de los/las integrantes de estas fuerzas. e. Servicios disponibles de consulta, orientación y asistencia jurídica y social sensibles a la situación de personas en prostitución, que articulen conjunta y transversalmente con las áreas de gobierno pertinentes. f. Mapa de recursos públicos y de la sociedad civil para la prevención, atención y abordaje integral de la prostitución g. Recursos públicos para promover trayectorias de migración laboral segura. h. Cupos específicos y preferencias para el ingreso de personas en situación de prostitución en todas las políticas de empleo, desarrollo económico y vivienda. i. Medidas de fortalecimiento de las organizaciones sociales y no gubernamentales que trabajan la temática y agrupan a personas en prostitución. j. Investigaciones para la generación de estadísticas y de información actualizada dirigida al cumplimiento del presente plan. k. Propuestas institucionales y legislativas para favorecer el adecuado ejercicio de derechos para las personas en prostitución. l. Políticas de articulación y cooperación con otros planes implementados por la administración pública local y con organismos gubernamentales nacionales, provinciales y municipales, en lo que se refiera a la materia aquí abordada. Artículo 5º.- La autoridad de aplicación establecerá mecanismos que garanticen la participación activa de organizaciones que agrupan a personas en prostitución, así como de instituciones con conocimiento y trayectoria en este campo, a efectos del diseño de los contenidos sustantivos, las mecánicas de implementación y los procesos de seguimiento del presente plan. Deberá asimismo presentar un informe anual a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que conste el detalle de las acciones realizadas, los avances obtenidos y las evaluaciones previstas respecto de los objetivos de esta ley. Artículo 6º.- En la aplicación e interpretación de la presente ley, de los contenidos que se desarrollen con motivo de ella, de las normas vinculadas y de las medidas que en este marco tomen instituciones públicas o privadas, así como los órganos legislativos, judiciales o administrativos, se debe adoptar el enfoque que mejor se compadezca con los derechos de las personas en prostitución. Artículo 7º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 8.- Comuníquese, etc.
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Señor Presidente: El presente proyecto (1) propone la creación de un “Plan marco de políticas para la promoción de los derechos humanos de las personas en situación de prostitución” y establece una autoridad de aplicación -artículo 1-; (2) explicita la finalidad a la cual apunta -artículo 2-; (3) estipula objetivos generales -artículo 3- y (4) especifica lineamientos concretos de políticas públicas a ser desarrollados y ejecutados por la autoridad de aplicación y las dependencias pertinentes de la Administración Pública -artículos 4 y 5-, mediante mecanismos de participación que involucren a las organizaciones y personas con trayectoria en la lucha por los derechos humanos de las personas en prostitución. Esta estructura reconoce otros antecedentes y esfuerzos similares del seno legislativo, entre ellos la ley Nº 2.443 (Erradicación de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, de 2007), la ley Nº 2.781 (Asistencia integral a las víctimas de trata de personas, de 2008) y la ley Nº 2.957 (Plan marco de políticas de derechos y diversidad sexual, de 2008). En cuanto a su contenido sustantivo, se dirige a prevenir y desmontar las estructuras y prácticas que posibilitan, mantienen y refuerzan la prostitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de diferentes estrategias, el fin último es efectivizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas en situación de prostitución, así como desnaturalizar los estereotipos y prejuicios que pesan sobre ellas. Son varios los estudios que documentan las precarias condiciones de acceso a la ciudadanía de las personas en prostitución. La pobreza -tanto en términos materiales como simbólicos- cruza la vida de gran parte de este universo de personas, expuestas a un conjunto de dispositivos de violencia que impacta directamente sobre sus cuerpos, exponiéndolas a todo tipo de daños a la integridad personal, la salud, la autonomía, la seguridad y la propia vida. Las mujeres sufren intensamente las consecuencias de la pobreza, contando con redes insuficientes de recursos, protección y medios sociales e institucionales para combatirla. Con relación a los varones, las mujeres poseen en promedio menores ingresos y mayores dificultades para entrar al mercado productivo, más una intensa sobrecarga de tareas domésticas y roles de cuidado, que pesan asimétrica e injustamente sobre ellas. Poseen además un escaso acceso a la tierra y a la propiedad, a la par que son mayoría entre las personas en situación de pobreza y explotación. Estos son sólo unos pocos ejemplos, ampliamente documentados, de las consecuencias de la discriminación de género imperante, así como de la incapacidad de las instituciones para revertirla. En nuestro país, la situación de prostitución amalgama, condensa y acentúa buena parte de estas violencias. En el caso de la comunidad travesti-transexual-transgénero, la prostitución está plenamente presente y determina buena parte de sus vivencias. El estudio “La gesta del nombre propio”1 fue pionero en la sistematización de datos relativos al precario acceso a
Ver Berkins, Lohana y Fernández Josefina (Coords.), La gesta del nombre propio. Informe sobre la situación de la comunidad travesti en la Argentina, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, año 2005. Esta publicación tiene como antecedente la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo Adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el área de derechos humanos, que junto con activistas e investigadores/as, realizó una serie de encuestas exploratorias que visibilizaron diferentes aspectos de las
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la ciudadanía, a la educación, a la salud, a la vivienda y a la justicia por parte de dicha comunidad. Casi la totalidad de las personas entrevistadas para el estudio citado denunció sufrir violencia de diversos tipos y en variados ámbitos, siendo que más del 85% sufrió algún tipo de abuso policial2, que incluye detenciones ilegales, golpes, violencia sexual, extorsiones y pedidos de sobornos. Esto es directamente tributario del hecho que un 80% de la población encuestada encuentra en el ejercicio de la prostitución3 su principal fuente de ingresos y subsistencia. Estas realidades se generan, mantienen y refuerzan a través de procesos sociales, culturales y económicos, así como por intervenciones inadecuadas de los Estados. Éstos violan derechos tanto por acción como por omisión. En el primer caso, las fuerzas estatales usualmente muestran su peor cara, apostando a políticas represivas y persiguiendo la actividad de supervivencia de quienes se encuentran en prostitución. A modo de ejemplo, se informa desde el Ministerio Público Fiscal de la CABA que en 2010 ingresaron 7.470 casos por presunta infracción del artículo 81, que incluye indistintamente tanto a los supuestos de “oferta” como de “demanda” de sexo en los espacios públicos4, aunque se estima que fundamentalmente la actividad perseguida es la primera y no la segunda. Esta cantidad de causas representa el 18,15% del total de contravenciones ingresadas en el año 2010 y supera largamente aquellas que se publicaron para los años 2008 y 2009 por el MPF5. Por otra parte, la aplicación de este artículo afecta tanto a mujeres como a travestis, transexuales y transgénero y, con particular brutalidad, a personas extranjeras -usualmente sobre representadas entre la población vulnerable y altamente expuestas al accionar de las fuerzas de seguridad y a la selectividad del sistema de punición-. Este, entre otros motivos, ha determinado la presentación en marzo del corriente año del proyecto de ley Nº 408D2011 que propone la derogación del artículo 81º, acompañado por firmas de veintiocho legisladores/as de los distintos bloques que integran esta Legislatura. La presencia estatal represiva ha sido reforzada por su ausencia en materia de políticas públicas efectivas, destinadas a la atención integral de personas en prostitución y a la garantía de posibilidades reales de abandonar la práctica que realizan. Así, en términos del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado ha incumplido tanto con sus obligaciones de respeto como con aquellas de garantía de los derechos humanos de las personas en prostitución6. condiciones de vida de la población travesti-transexual-transgénero en la CABA, que con posterioridad se verifican cuantitativa y cualitativamente, a la par que se analizan, en La gesta del nombre propio.
Ídem, p. 129. Ídem, p. 123.
Estos datos fueron obtenidos mediante un pedido de información pública presentado por Diana Maffía ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la CABA, en el marco de la ley Nº 104 de la ciudad.
Ver Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Oficina de Asuntos Normativos e Información, “Informe Estadístico Art. 81 del C.C. Años 2008 y 2009”, disponible en: http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/wp-content/uploads/informeestadistico-art-81-del-cc-2008-2009.pdf
Según Medina, la “…obligación de respetar exige que el Estado y sus agentes no violen los derechos humanos establecidos en la Convención [Americana sobre Derechos
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Esta intervención estatal sesgada, dentro de un contexto de enormes asimetrías de poder -asimetrías marcadas por los prejuicios y estereotipos que pesan sobre la prostitución y las personas involucradas en dicha actividad, así como por el poder económico y sexista que la cruza-, genera mayor grado de violencia y discriminación, alterando sustancialmente la libre posibilidad de diseñar y materializar proyectos de vida. La mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos contiene normas específicas que protegen de discriminaciones y violencias. El principio de igual acceso a derechos se estipula desde la misma “Carta de las Naciones Unidas” y se reitera tanto en los preámbulos como en las disposiciones de diversos instrumentos internacionales. Típicamente, los Estados se comprometen a respetar y a garantizar los derechos sin distinciones basadas en factores tales como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Si bien estas fórmulas varían según el instrumento del cual se trate, puede decirse que un aspecto transversal al ordenamiento internacional de los derechos humanos es la consagración del principio de igualdad y no discriminación; principio que se expande progresivamente hacia la protección de una heterogeneidad de sujetos y grupos7. Humanos]. Es, por lo tanto, una obligación de abstención” mientras que “[l]a obligación de garantizar, por el contrario, exige al Estado emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos…” (p. 16). Añade la autora que: “En materia de derechos humanos, por lo tanto, el Estado no puede limitarse a no incurrir en conductas violatorias de tales derechos, sino que, además, debe emprender acciones positivas, que serán todas las necesarias para posibilitar que las personas sujetas a su jurisdicción puedan ejercer y gozar sus derechos humanos” (p. 17). Ver Medina Quiroga, Cecilia, La Convención Americana: teoría y jurisprudencia. Vida, Integridad Personal, Libertad Personal, Debido Proceso y Recurso Judicial, Centro de Derechos Humanos-Facultad de Derecho, Universidad de Chile, año 2005.
Por ejemplo, en relación directa con los contenidos de este proyecto, puede citarse el artículo Nº 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -con rango constitucional en nuestro país (artículo 75, inciso 22, CN)-, en cuanto dispone que: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. Otro importante avance puede verse en los Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género (“Principios de Yogyakarta”), redactados por un panel de especialistas en el año 2006. En el marco del principio 11 (“El Derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas”) se señala que: “…Los Estados: A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y otras de carácter preventivo y de protección que sean necesarias con respecto a la trata, venta y toda forma de explotación de seres humanos, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a esta, basadas en una orientación sexual o identidad de género real o percibida; B. Garantizarán que dichas leyes o medidas no criminalicen la conducta de las personas vulnerables a tales prácticas, no las estigmaticen ni de ninguna otra manera exacerben sus desventajas; C. Establecerán medidas, servicios y programas legales, educativos y sociales para hacer frente a los factores que incrementan la vulnerabilidad a la trata, venta y toda forma de
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Por otra parte, la Constitución argentina incorpora un profundo y robusto compromiso tanto con la igualdad (artículo 16, art. 75 inc. 22 y 23, entre otros) como con la autonomía personal (artículo 19 y 75 inc. 22). En el plano local, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires estipula un muy amplio programa de acceso a derechos vinculados con este plan marco, como a primera vista se desprende de la lectura de su libro primero (“Derechos, garantías y políticas especiales”). Es claro que todos estos principios se violan tanto por las acciones como por las omisiones de los Estados, de allí la necesidad de intervenir con un proyecto como el que aquí se presenta. De los diferentes “Diálogos intersectoriales sobre prostitución” que tuvieron lugar en esta Legislatura8, organizados por la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, surgió como evidente la necesidad de trabajar en políticas públicas que ofrezcan opciones reales a las personas en prostitución. Allí intervinieron diferentes organizaciones con larga trayectoria en este campo, aún desde posiciones diversas e incluso enfrentadas; entre ellas: AMMAR Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos; AMMAR Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina-CTA; ATEM 25 de noviembre/ Campaña “Ni una mujer más victima de las redes de prostitución”; Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual; SERPAJ/Ocupacalle; Grupo de Estudios Sociales/ Coalición Internacional Contra la Trata de Personas; Hogar Descanso Miquelinas. En este marco, muchas de las organizaciones citadas señalaron la urgencia de avanzar con propuestas para la asistencia integral de las personas en situación de prostitución, para efectivizar sus derechos económicos, sociales y culturales, y para sostener a quienes desean abandonar la actividad y requieren formas alternativas de procurarse ingresos. Estas demandas fueron expresadas con particular solvencia por las integrantes de AMMAR Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos y ALITT Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual. Durante las instancias de trabajo organizadas por la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud varias de explotación de seres humanos, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a esta, en base a una orientación sexual o identidad de género real o percibida, incluso factores tales como la exclusión social, la discriminación, el rechazo por parte de las familias o comunidades culturales, la falta de independencia financiera, la falta de vivienda, las actitudes sociales discriminatorias que conducen una baja autoestima y la falta de protección contra la discriminación en el acceso a la vivienda, el alojamiento, el empleo y los servicios sociales”.
Fueron varias las instancias previas a los “diálogos intersectoriales” que se dieron en la Legislatura de la Ciudad. La primera de ellas tuvo lugar el 25 de agosto de 2010, cuando se realizó una reunión de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud en un colegio del barrio de Nueva Pompeya, a fin de tratar el problema de la explotación sexual comercial infantil junto a actores sociales e institucionales relevantes en la zona. La segunda, en una reunión de Comisión celebrada el 17 de noviembre de 2010, en la cual se debatieron diferentes proyectos legislativos relacionados con la temática que aquí se aborda. Por su parte, los “Diálogos intersectoriales” propiamente tales, tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2010 y el 11 de mayo de 2011; instancias que se conformaron con la participación de legisladores/as, funcionarios/as de diversas dependencias del Poder Ejecutivo e integrantes de organizaciones sociales que trabajan en la materia. Las versiones taquigráficas de dichos diálogos, así como los insumos de discusión que circularon a propósito de ellos, pueden solicitarse a la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Este proyecto retoma preocupaciones explicitadas en las reuniones mencionadas.
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las organizaciones participantes también explicitaron el requerimiento prioritario de promover el acceso al trabajo para las personas en prostitución, a la par que se destacó la brutalidad con la cual el sistema policial, fiscal y jurisdiccional opera contra mujeres y travestis que sobreviven con esta actividad, entre otros grupos. En el marco de los mencionados diálogos, se llamó también a atender a las causas del problema social y no sólo a sus síntomas. Desde allí, se sostuvo la necesidad de trabajar en un proyecto más abarcador. Como ya se ha mencionado, los objetivos del proyecto se encuentran estrechamente vinculados con las políticas que establecen el acceso a bienes públicos básicos, explicitando la necesidad de participación activa de las comunidades afectadas en su diseño, ejecución y evaluación (artículo 5, entre otros). Por su parte, contempla a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como autoridad de aplicación, de manera tal de, por un lado, introducir la temática dentro del contexto más amplio de los derechos humanos y sus afectaciones y, por otro lado, de garantizar condiciones de universalidad de la política. Esto último, sin desconocer que el universo de personas afectadas por la prostitución es muy heterogéneo y, como tal, requerirá de acciones dirigidas por las dependencias estatales sensibles a diferencias basadas en factores tales como el sexo/género, la orientación sexual, la nacionalidad y la edad, entre otras usualmente relevantes en este campo (ver artículo 3, inciso e, entre otros). Se espera entonces que la autoridad de aplicación sea el epicentro de la articulación permanente entre organismos gubernamentales y mantenga contacto cercano con la sociedad civil y, prioritariamente, con las organizaciones sociales que trabajan y agrupan a personas en prostitución. Por su parte, se espera que desde allí se elaboren, sin discriminación ni estigma, verdaderas políticas de salud, trabajo, vivienda, espacio público, seguridad, justicia, etcétera, respetuosas de las vivencias de los diferentes grupos sociales involucrados. En los “Diálogos intersectoriales” previamente referenciados, el declarado compromiso de las autoridades ejecutivas contrastó fuertemente con los escasos resultados en esta área, de allí que este plan marco avanza en el establecimiento de lineamientos a ser satisfechos por la Administración Pública, en el marco del respeto a la división de poderes. Las formas de llevar a la práctica estos lineamientos generales descansa prioritariamente en el Poder Ejecutivo, pero su consagración por la vía legal colabora en la precisión de las obligaciones que pesan sobre él y ofrece mejores posibilidades para su exigencia desde la sociedad civil y los órganos de contralor pertinentes. En otras palabras, el establecimiento de un plan marco por la vía legislativa ayuda a precisar con mayor nitidez las obligaciones legales que pesan sobre la administración pública en cuanto al diseño, ejecución y evaluación de políticas frente a grupos vulnerables. Esta precisión no sólo colaborará con la guía de cumplimiento funcionarios/as, sino también con su exigibilidad en caso de incumplimientos. Estos lineamientos no sólo son jurídicamente defendibles como parte de las obligaciones generales de los Estados en el respeto y garantía de los derechos humanos, sino que tienen también una función eminentemente política, vinculada a tornar visible este tema como uno que requiere de una atención inmediata. Son numerosas las organizaciones sociales que se pronunciaron en este sentido. Finalmente, debe señalarse que existen hoy día otras políticas puestas en marcha para abordar asuntos relacionados con el objeto de la presente ley. Cabe advertir que el marco estipulado en este plan las excede, siendo más amplio y abarcador, tanto en los lineamientos que propone como en el público destinatario al cual van dirigidos. No es objeto de este proyecto sustituir las políticas actuales ni a sus autoridades responsables,
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sino colaborar en la articulación de los esfuerzos existentes (artículo 4, inciso l, entre otros), desde una mirada general cuyo norte sea la prevención y desarticulación de las prácticas que generan y refuerzan la prostitución en la ciudad y vulneran los derechos de quiénes se encuentran en esa situación. A mayor abundamiento, de lo que se trata es de visualizar e instalar la dimensión preventiva y de avanzar en políticas públicas de derechos humanos a través de un abordaje más integral y menos fragmentado. Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
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References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 3