Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/20751
Timestamp: 2020-06-04 02:43:58+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: AUTO 117/2006
AUTO 117/2006, de 28 de marzo
ECLI:ES:TC:2006:117A
Pleno. Auto 117/2006, de 28 de marzo de 2006. Cuestión de inconstitucionalidad 5852-2005. Inadmite a trámite por infundada la cuestión de inconstitucionalidad 5852-2005, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas.
a) La entidad “Bové Montero y Asociados, S.L.” presentó una autoliquidación en concepto de tasa por emisión de informes de auditoría de cuentas correspondiente al tercer trimestre de 2003, autoliquidación cuyo importe total era de 960 euros, fruto de multiplicar doce informes de auditoria a razón de 80 euros cada uno. Posteriormente, la citada entidad solicitó la rectificación de la autoliquidación presentada, solicitud que le fue denegada por Resolución de 5 de diciembre de 2003 del Presidente del Instituto de contabilidad y auditoría de cuentas.
b) Contra la anterior Resolución se interpuso reclamación económico-administrativa (núm. 374-2004) que sería desestimada posteriormente mediante Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 24 de junio de 2004, al no haberse alegado defecto o vicio alguno en la autoliquidación y versar la reclamación sobre extremos que exceden de la competencia de dicho Tribunal.
c) Con fecha de 21 de julio de 2004 se interpuso contra la Resolución antes mencionada recurso contencioso-administrativo (núm. 379-2004) ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional quien, una vez tramitados y conclusos los autos, dictó providencia con fecha de 23 de mayo de 2005 en la que, de conformidad con el art. 35.2 LOTC, con suspensión del plazo para dictar sentencia, se acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal, por término de diez días, para que alegasen lo que estimasen oportuno “sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad del art. 23 Ley 19/1988, cuyo texto ha sido incorporado por el art. 53 Ley 44/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas para la reforma del Sistema financiero, al poder conculcar el principio de igualdad previsto como derecho fundamental de la persona en el art. 14 de la Constitución Española, en relación con el art. 31.1 del mismo texto constitucional”.
3. Mediante Auto de 1 de julio de 2005, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordó elevar a este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 23 Ley 19/1988, de 12 de julio, sobre auditoría de cuentas, en su redacción dada por el art. 53.9 Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del Sistema financiero, por vulneración del art. 14, en relación con los arts. 9.3 y 31.1, todos ellos de la CE. En la fundamentación jurídica del Auto se razona en los siguientes términos:
a) Pone de manifiesto la Sala, en primer lugar, que el recurso contencioso-administrativo del que deriva la presente cuestión tiene por objeto determinar si la Resolución del Instituto de contabilidad y auditoría de cuentas de 5 de diciembre de 2003, que desestima la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por “Bové Montero y Asociados, S.L.” en cumplimiento del art. 23 de la Ley 19/1988, en su redacción dada por el art. 53 de la Ley 44/2002, infringe o no el art. 14 CE. Esto sentado, y después de expresar las razones por las que la parte actora considera que los arts. 23.2 y 4 de la Ley 19/1988 contradicen el art. 31, en relación con el 14, ambos de la CE, subraya el órgano judicial el cumplimiento de los requisitos del art. 35 LOTC para plantear cuestión de inconstitucionalidad, dado que, a su juicio, el art. 23 de la Ley 19/1988, en su redacción dada por el art. 53.9 de la Ley 44/2002, puede conculcar el art. 14, en relación con el 31, ambos de la CE, y “la interpretación y aplicación de dicho precepto es aplicable al caso sometido a su enjuiciamiento” y de su validez “depende el fallo de la sentencia que pueda dictarse en su día”.
c) Seguidamente, vuelve a recordar la Sala que, a juicio de la parte recurrente en el proceso contencioso-administrativo, se quiebra el principio de igualdad en el momento de fijar la cuota tributaria de la tasa cuestionada, pues se exige una cantidad fija por cada informe de auditoría emitido, con independencia de que se haya o no revisado o verificado el mismo, debiendo satisfacer el tributo tanto el auditor cuyo informe haya sido revisado como el que no. A este respecto, pone de manifiesto que, conforme a una interpretación sistemática de los arts. 1.1, 22.1 y 23.1, 2 y 4 de la Ley 19/1988, así como del art. 1 del Real Decreto 181/2003, de 14 de febrero, por el que se desarrolla el régimen de aplicación de la tasa del ICAC, dicha tasa se crea por la emisión de informes de auditoría de cuentas —entendiendo por tales sólo los que se determinan en el art. 1 de la Ley 19/1988— y tiene como finalidad cubrir los costes correspondientes al ejercicio de las competencias del ICAC a que se refiere el art. 22 de la citada Ley, precepto que le atribuye el control de la actividad de auditorías de cuentas a través de revisiones o verificaciones de algunos de los trabajos de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la potestad disciplinaria en ese ámbito.
d) Después de recordar que el art. 23 de la Ley 19/1988 crea una tasa por emisión de informes de auditoría de cuentas que se rige por dicha Ley y las demás fuentes a que se refiere el art. 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, el Auto de planteamiento recoge la definición de tasa que establece el art. 6 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público (a saber, en esencia, tributos cuyo hecho imponible consiste, bien en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, bien en la prestación de servicios o en la realización de actividades que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, siempre que dichos servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria o no se presten o realicen por el sector privado o estén monopolizados), así como las reglas que sobre la cuantificación de dicho tributo fija el art. 7 de la Ley 8/1989 (en virtud del cual, la tasa tenderá a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible y en su cuantificación se habrá de tener en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deban satisfacerlas), preceptos de cuya lectura deduce el órgano judicial que con el importe de la tasa “se trata de compensar el gasto realizado por el erario público al prestar el servicio reclamado por el administrado de forma voluntaria o forzosa” (sic).
4. Mediante providencia de 8 de noviembre de 2005, la Sección Primera de este Tribunal acordó, a los efectos que determina el art. 37.1 LOTC, oír al Fiscal General del Estado para que en el plazo de diez días alegase lo que considerara conveniente acerca de la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad, por posible incumplimiento de los requisitos procesales del art. 35.2 LOTC y por si fuese notoriamente infundada.
Con apoyo en las consideraciones expuestas concluye el Fiscal General del Estado interesando que se dicte Auto por el que se declare la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad sometida a enjuiciamiento, tanto por entender que no se han cumplido los presupuestos procesales como por carecer manifiestamente de fundamento.
3. Pero es que, como señalamos en los citados AATC 381/2005, 382/2005 y 383/2005, incluso en el supuesto de que el órgano judicial hubiera articulado correctamente el juicio de relevancia, la presente cuestión de inconstitucionalidad debe ser inadmitida a trámite por estar notoriamente infundada, en los términos en que esta expresión ha sido entendida por este Tribunal.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 5852-2005
Inadmite a trámite por infundada la cuestión de inconstitucionalidad 5852-2005, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas.
Auditoría de cuentas: impugnación de la Ley 19/1988, de Auditoría de cuentas. Principio de capacidad económica: cuantía de los tributos. Cuestión de inconstitucionalidad: juicio de relevancia insuficiente. Igualdad tributaria: sistema fiscal.
Artículo 23.4 (redactado por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre)
Artículo 53.9
Deuda tributariaDeuda tributaria
Sistema tributarioSistema tributario
Auditoría de cuentasAuditoría de cuentas

References: artículo 23
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 23

Artículo 23

Artículo 53