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Timestamp: 2019-09-19 12:39:22+00:00

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Código de Minería - Códigos - Legislación - VLEX 428878477
TÍTULO I. De las generalidades - arts. 1 a 11
TÍTULO II. De los permisos y concesiones en general - arts. 12 a 18
TÍTULO III. Del permiso de exploración - arts. 19 a 25
TÍTULO IV. De la concesión de explotación - arts. 26 a 35
TÍTULO V. Cauces de dominio público
CAPÍTULO ÚNICO. - arts. 36 a 39
TÍTULO VI. De las canteras - arts. 40 a 42
TÍTULO VII. De los yacimientos de placer y lavaderos - arts. 43 a 49
TÍTULO VIII. De las servidumbres - arts. 50 a 52
TÍTULO IX. De la expropiación - art. 53
TÍTULO X. Del amparo en general
CAPÍTULO I. Amparo y tributación - arts. 54 a 58
CAPÍTULO II. Exenciones y franquicias - arts. 59 a 61
TÍTULO XI. De la extinción de los permisos y concesiones
CAPÍTULO I. Del vencimiento del plazo - art. 63
CAPÍTULO II. De la renuncia - art. 64
CAPÍTULO III. De la nulidad - art. 65
CAPÍTULO IV. De la caducidad - arts. 66 y 67
TÍTULO XII. De los contratos
CAPÍTULO I. Normas generales - art. 68
CAPÍTULO II. De las sociedades - arts. 69 a 71
CAPÍTULO III. De las cooperativas mineras - arts. 72 a 75
TÍTULO XIII. Procedimientos y trámites
CAPÍTULO I. De las solicitudes - arts. 76 y 77
CAPÍTULO II. De la tramitación, oposición y otorgamiento de los permisos y - arts. 78 a 92
CAPÍTULO III. Del procedimiento común - arts. 93 a 96
TÍTULO XIV. De la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos - arts. 97 a 100
TÍTULO XV. De las normas de protección del ambiente - arts. 101 a 107
TÍTULO XVI. Del Registro Nacional Minero - arts. 108 a 113
TÍTULO XVII. Hechos ilícitos mineros
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 114 a 120
CAPÍTULO II. Infracciones y sanciones administrativas - arts. 121 a 138
CAPÍTULO III. Delitos mineros - arts. 139 a 141
Norma citada en: 209 sentencias, 4 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 97 resoluciones administrativas, 8 noticias
TÍTULO I De las generalidades Artículos 1 a 11
El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional y en su mar patrimonial, cualquiera que sea el origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contengan. El Estado procurará explotar las riquezas mineras por sí mismo o por medio de organismos que dependan de él.
Artículo citado en: 24 sentencias, 12 resoluciones administrativas
La explotación de sustancias minerales podrá hacerse en canteras, cauces de dominio público, placeres, lavaderos y minas; en todos los casos se regirá por las disposiciones de este Código y su Reglamento.
Estudio de impacto ambiental: Análisis comparativo, técnico, económico, social, cultural, financiero, legal y multidisciplinario de los efectos de un proyecto sobre el entorno ambiental, así como la propuesta de medidas y acciones para prevenir, corregir o minimizar tales efectos; se trata de un instrumento de decisión dentro del campo jurídico-administrativo, que regula la evaluación del impacto de diferentes actividades sobre el ambiente y cuya responsabilidad operativa y funcional recae sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), organismo de desconcentración máxima adscrito al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
Artículo citado en: 2 sentencias, un artículo doctrinal, 8 resoluciones administrativas
No podrán hacerse exploraciones o explotaciones de sustancias minerales sin el previo permiso de exploración o la concesión de explotación. Corresponderá al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por medio de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, otorgar permisos exclusivos de exploración y concesiones de explotación, previo análisis y aprobación del estudio que haga el correspondiente organismo gubernamental de control sobre el impacto ambiental de tales actividades.
La exploración o explotación que se realice sin el correspondiente permiso inhabilitará a las personas físicas o jurídicas que emprendan estas actividades para concesiones futuras, por un plazo de diez años contados desde el momento en que se comprueben los hechos; sin perjuicio de las sanciones que correspondan según el Código Penal u otras leyes, y sin perjuicio de las indemnizaciones a que dieren lugar tales actividades, a favor del Estado, de instituciones públicas o de particulares. La inhabilitación a que se hicieren acreedoras las personas físicas afectará también a las personas jurídicas, con las que aquellas tuvieren participación social.
Los yacimientos de carbón, gas natural, petróleo o de cualquier sustancia hidrocarburada; los minerales radioactivos, fuentes termales, fuentes de energía geotérmica u oceanotérmica, fuentes de energía hidroeléctrica; las fuentes y aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y sólo podrán ser explotados por éste, por particulares de acuerdo con la ley, o mediante una concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa.
Los recursos naturales existentes en el suelo, en el subsuelo y en las aguas de los mares adyacentes al territorio nacional, en una extensión de hasta doscientas millas a partir de la línea de baja mar, a lo largo de las costas, sólo podrán ser explotados de conformidad con lo que establece el inciso 14) (último párrafo) del artículo 121 de la Constitución Política.
Artículo citado en: 10 sentencias, un artículo doctrinal, 7 resoluciones administrativas
Podrán otorgarse concesiones de explotación sobre desmontes, relaves, escorias y terrenos que no se encuentren incluidos en concesiones vigentes, según lo estipula el artículo 35 de esta ley.
Se declara de utilidad pública toda la actividad minera, tanto en los trabajos de exploración, como en los de explotación. Tendrán el mismo carácter la concentración, beneficio, transformación, transporte de sustancias minerales y los terrenos de propiedad particular o estatal necesarios para estos fines.
Excepto con autorización expresa de la Asamblea Legislativa, los permisos o concesiones podrán negarse o condicionarse, de acuerdo con el análisis de los estudios sobre el impacto social y ambiental que se hagan, en los cuales participarán las comunidades afectadas, cuando tales estudios tengan relación con la salud y la seguridad de los habitantes de comunidades ubicadas en las cercanías de las vías de transporte, acueductos, oleoductos, depósitos de combustible, explosivos, obras de defensa civil, poblaciones, cementerios, aeropuertos, plantas hidroeléctricas u obras de importancia pública. Los estudios sobre el impacto social y ambiental contemplarán un análisis del uso alternativo de la tierra en varias actividades económicas. El análisis del impacto ambiental comprenderá las distancias y las otras condiciones para cada permiso específico a que se refiere este artículo.
Los permisos o concesiones podrán negarse o condicionarse en razón del interés nacional. En caso de rescisión, el interés nacional será declarado por la Asamblea Legislativa.
El Estado, solo o en asocio con otros Estados, tendrá prioridad para explorar y explotar las riquezas naturales del país. Los convenios, tratados o acuerdos con otros Estados, relativos a esta actividad, deberán ser aprobados por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en ellos no se afectarán concesiones vigentes otorgadas conforme con esta ley, excepto en lo que dispone el artículo 6º.
La Asamblea Legislativa podrá reservar la exploración o explotación de ciertas zonas, por motivos de interés, para la protección de riquezas forestales, hidrológicas, edafológicas, culturales, arqueológicas o zoológicas, o para fines urbanísticos. En estas zonas la exploración y la explotación quedarán prohibidas a particulares y reservadas al Estado.
Se prohíbe la explotación minera en áreas declaradas parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios estatales de vida silvestre.
Las concesiones otorgadas a particulares, sobre exploración y explotación de recursos minerales en las zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. La ley que apruebe tales concesiones deberá proteger los intereses y derechos de las comunidades indígenas. No procederá el trámite legislativo cuando sea el Estado el que realiza directamente la exploración o explotación.
Modifícase en lo conducente la ley número 6172 del 29 de noviembre de 1977.
Se declaran zonas de reserva minera y se congelan a favor del Estado todas las áreas del cantón de Abangares, Osa y Golfito, con potencial para la explotación de minería metálica, con base en los estudios técnicos que realice la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).
Esta reserva incluye todas las áreas que se encuentren libres de concesión de explotación, así como todas las que en el futuro adquieran tal condición, ya sea por caducidad, cancelación o cualquier otra forma de extinción de derechos previamente otorgados.
En el área de reserva minera, establecida en este artículo, únicamente podrán otorgarse permisos de exploración, concesiones de explotación minera y beneficio de materiales a trabajadores debidamente organizados en cooperativas dedicadas a la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, según las condiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento.
El otorgamiento de estos permisos y concesiones se dará, exclusivamente, a las cooperativas de trabajadores para el desarrollo de minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligalleros de las comunidades vecinas a la explotación minera, tomando como base la cantidad de afiliados a dichas cooperativas. Las personas trabajadoras afiliadas no podrán pertenecer, a la vez, a más de una cooperativa de minería en pequeña escala.
Se entiende como minería en pequeña escala para subsistencia familiar la extracción subterránea que se realiza mediante trabajo colectivo manual y mecánico, donde el volumen a extraer lo establece la Dirección de Geología y Minas de acuerdo con los estudios técnicos-geológicos presentados en la solicitud de la concesión, tomando en cuenta la utilización de técnicas modernas de explotación para maximizar la extracción metálica y la protección del ambiente, consecuentemente con el desarrollo sostenible. Para la determinación del volumen a concesionar, la Dirección de Geología y Minas deberá aplicar criterios de equidad y proporcionalidad de acuerdo con el número de personas trabajadoras afiliadas y las solicitudes de concesión.
Para estos efectos, el Poder Ejecutivo recuperará por medio de la autoridad competente, en apego al debido proceso, las concesiones que se encuentren sin uso o siendo explotadas en forma irregular. No se renovará ni prorrogará concesión alguna que no cumpla lo establecido en este artículo.
Se autoriza a la Dirección de Geología y Minas para que otorgue permisos de exploración y concesiones mineras para la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero.
Artículo citado en: 4 sentencias, un artículo doctrinal, 8 resoluciones administrativas
No se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional. Se establece que como excepción se otorgarán, únicamente, permisos de exploración con fines científicos y de investigación.
Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, podrá adquirir permisos o concesiones mineras, o tener parte en ellos, excepto:
Los gobiernos o estados extranjeros, salvo lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.
Los diputados a la Asamblea Legislativa.
Los mandatarios de otros países, directa o indirectamente.
El presidente de la República, los vicepresidentes, ministros, viceministros y directores generales.
Los alcaldes municipales y demás funcionarios políticos, en el territorio de su jurisdicción.
El contralor general de la República y el subcontralor, los procuradores, el defensor de los habitantes y el defensor adjunto, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Todos los funcionarios y empleados públicos relacionados con la tramitación de derechos mineros y con el funcionamiento y la vigencia de las empresas mineras.
Los presidentes ejecutivos y gerentes de instituciones autónomas y empresas públicas.
Respecto al debido proceso, la administración minera del Estado procederá a declarar la nulidad del respectivo permiso o concesión, cuando compruebe la participación de las personas arriba indicadas, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las leyes y los reglamentos.
Artículo citado en: 3 sentencias, 5 resoluciones administrativas, una noticia
Todos los titulares de derechos mineros quedan sometidos a la jurisdicción de las leyes y de las autoridades administrativas y judiciales de la República. Cuando se trate de extranjeros, éstos se someterán a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política.
Las sociedades extranjeras y las personas físicas de la misma condición, no residentes en el país, deberán nombrar un representante legal con poder suficiente para adquirir derechos y contraer obligaciones a nombre de su mandante, e inscribir su sociedad, para que les pueda ser concedido un permiso de exploración o una concesión de explotación minera.
TÍTULO II De los permisos y concesiones en general Artículos 12 a 18
El permiso de exploración y la concesión de explotación son derechos reales limitados, que nacen de actos administrativos y soberanos del Estado, en virtud de los cuales éste, sin perder el dominio, autoriza a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para realizar actividades de exploración o explotación de los yacimientos o depósitos minerales, bajo las condiciones y requisitos que establecen esta ley, su reglamento y otras leyes especiales.
El prisma vertical de profundidad indeterminada, que comprende el permiso o la concesión minera, constituye un inmueble distinto y separado del terreno superficial donde está ubicado, y se rige por las mismas normas de los demás bienes inmuebles y por las normas especiales contenidas en la legislación minera. Son inmuebles accesorios de la concesión la construcciones y las instalaciones permanentemente destinadas a sus operaciones, las cuales serán consideradas como inmuebles por disposición de esta ley.
El permiso, o la concesión, se entenderán adquiridos desde la fecha en que se inscriba la resolución de otorgamiento en el Registro Nacional Minero. Desde entonces, el titular originario o su sucesor, según el caso, será poseedor de su derechos de concesionario o de titular del permiso de exploración.
El derecho real de concesión comprende las facultades de defenderlo frente a terceros y de gozar y disponer de él por sucesión debida a muerte. En cualquier caso, el sucesor tendrá los mismos derechos y obligaciones de sus antecesores. El derecho real de la concesión o del permiso de exploración sólo podrá ser ejecutado por el titular inscrito en el Registro Minero. El traspaso, el arriendo o la explotación indirecta serán absolutamente nulos y causarán la caducidad de la concesión o del permiso, salvo si cuentan con la autorización de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas y si se basan en un estudio, en el cual se demuestre la conveniencia para el Estado.
Cuando para una exploración o explotación, por medio de particulares, el Estado adquiera el compromiso de construir obras de infraestructura, la respectiva concesión deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa, pero esta concesión no podrá ser otorgada sin que haya garantía suficiente de que el costo de las obras se computará, en todo o en parte, en el capital de exploración o explotación, como contribución del Estado.
Los inmuebles accesorios sólo podrán ser dados en garantía de operaciones financieras destinadas al desarrollo de la propia actividad minera, mediante la aprobación previa de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos. El período de atención de la deuda no podrá ser superior al plazo original establecido en el permiso o en la concesión.
La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, controlará el pago oportuno de aquellas operaciones financieras garantizadas con inmuebles necesarios, y en caso de que haya atraso compelerá al permisionario o al concesionario a que realice los pagos correspondientes. La desatención de las comunicaciones que en este sentido gire la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos será causa suficiente para declarar la caducidad del permiso o de la concesión respectiva.
Los permisos de exploración y las concesiones de explotación, así como los yacimientos minerales, no podrán ser gravados, hipotecados ni traspasados, en ninguna de sus formas, por cuanto se trata de bienes patrimoniales del Estado, que no pueden, por ningún concepto, salir de su dominio, salvo con autorización de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas y de acuerdo con un estudio, en el cual se demuestre la conveniencia para el Estado.
Al concesionario le pertenece sólo la parte de materia que haya extraído o la extracción que haya condicionado por medio de labores mineras. En ningún caso podrá alegar dominio sobre reservas no evaluadas en la categoría de explotación.
TÍTULO III Del permiso de exploración Artículos 19 a 25
El permiso de exploración confiere a su titular el derecho exclusivo de explorar las sustancias minerales específicamente indicadas en ese permiso.
A juicio de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, en una misma área se podrán conceder permisos para la exploración de sustancias distintas, a diferentes personas, si el titular del permiso no manifestara interés en explorarlas.
El Estado, por medio de sus instituciones, podrá explorar cualquier área del territorio nacional, en cualquier momento y para la búsqueda de cualquier sustancia, independientemente de si existen permisionarios particulares, siempre que no ocasione perjuicio en los trabajos que realiza el concesionario particular.
El permiso de exploración será otorgado por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, por un término no mayor de tres años, de acuerdo con la extensión, ubicación, problemas técnicos inherentes al área solicitada y a la capacidad técnica y financiera del peticionario. Además, la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos podrá autorizar una prórroga justificada de dos años.
Si con base en los informes de los permisionarios, o en sus propias indagaciones, se demuestra que existe un yacimiento comercialmente explotable, la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos podrá cancelar los permisos de exploración y señalar un plazo máximo para formalizar la concesión de explotación. Si concluido ese plazo no se hubiere formalizado la concesión, la Dirección podrá sacar a licitación pública la explotación, o cederla a un organismo del Estado para que éste la emprenda.
La superficie máxima que conprendan los permisos de exploración otorgables a personas físicas o jurídicas será de veinte kilómetros cuadrados, conforme con la clasificación que para cada tipo de material se establezca en el reglamento de esta ley. El área se determinará, en cada caso, de acuerdo con la magnitud de los trabajos necesarios para una exploración efectiva, así como de acuerdo con los medios técnicos y financieros que el solicitante se propone obtener y se comprometa a emplear.
Cada permiso de exploración comprenderá un número definido y completo de kilómetros cuadrados.
El área comprendida en el permiso de exploración tendrá la forma de un polígono limitado por líneas rectas y con referencia a puntos geográficos fácilmente identificables, y se ubicará en el mejor mapa de la zona; de no existir mapa, en las fotografías aéreas más recientes.
El titular de un permiso de exploración tendrá derecho especialmente a lo siguiente:
A la prórroga de su permiso, si justificara haber cumplido con todas sus obligaciones durante el período precedente de validez.
A la obtención de una o varias concesiones de explotación, si justificara la existencia de uno o varios yacimientos explotables de sustancias minerales, situados en el interior del perímetro de su permiso de exploración.
A disponer, para fines de investigación complementaria, de las cantidades mínimas necesarias, no comerciales, de sustancias minerales en bruto, extraídas durante los trabajos de exploración, conforme con lo que autorice la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
La exportación de muestras se sujetará a lo que disponga el reglamento de la presente ley.
ch) A obtener de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, la constitución de las servidumbres que sean necesarias, de conformidad con esta ley; y a hacer uso de las exoneraciones, franquicias y beneficios que otorguen las leyes.
A renunciar total o parcialmente a su permiso. En caso de renuncia parcial deberá solicitar que se reduzca su extensión.
A los demás derechos que le confieran la ley, el reglamento y la resolución en que le fue otorgado el permiso.
El titular de un permiso de exploración estará obligado a:
Cumplir con el programa de exploración presentado con la solicitud de permiso.
Rendir un informe semestral sobre los trabajos y operaciones ejecutados a la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos.
Este informe deberá ser refrendado por un geólogo o ingeniero de minas, debidamente incorporado a su respectivo colegio profesional, y será confidencial mientras esté en vigencia el permiso de exploración.
Dejar, en beneficio del Estado y sin cargo alguno para éste, todas las obras materiales fijas que, de retirarse, causen grave daño a las labores mineras ejecutadas o pongan en peligro la vida o la propiedad de terceros, a juicio de la Dirección.
ch) Anulado.
Informar semestralmente a la Dirección sobre los cambios en la propiedad de las acciones nominativas.
Cegar las excavaciones que hiciere y, en todo caso, a pagar los daños y perjuicios que causare, a criterio de la Dirección y a juicio de peritos.
Cumplir con las demás obligaciones que se establezcan en la resolución de otorgamiento, conforme con esta ley y sus reglamentos.
El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones producirá la caducidad del permiso, que será determinada por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, previa amonestación del caso, según lo estipula el título X de esta ley.
En ningún caso podrá cambiarse la naturaleza del trabajo de exploración por el de explotación, sin obtenerse previamente una concesión de explotación. La contravención a esta norma implicará la sanción a que se refiere el artículo 3º de este Código.
Para el otorgamiento de permisos de exploración y concesiones de explotación minera en áreas de aptitud agrícola, se requerirá de previo el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que podrá oponerse al otorgamiento del permiso o la concesión, cuando se pierda la capacidad productiva del recurso suelo. Dicha oposición conllevará el archivo del expediente, sin más recurso que el de revisión.
TÍTULO IV De la concesión de explotación Artículos 26 a 35
Durante la vigencia de un permiso de exploración y hasta los sesenta días siguientes a vencimiento del plazo o de la prórroga, el titular tendrá el derecho de obtener una concesión de explotación, siempre que haya cumplido con las obligaciones y requerimientos de esta ley y su reglamento.
El respectivo Ministerio podrá otorgar directamente una concesión de explotación, sin necesidad de exigir el cumplimiento previo de la etapa de exploración, cuando los minerales estén a la vista o sea evidente su existencia, previa elaboración y aprobación del correspondiente proyecto de explotación.
La concesión de explotación confiere el derecho de extraer los minerales no reservados para el Estado, de transformarlos y procesarlos y de disponer de ellos con fines industriales y comerciales, bajo las condiciones establecidas en la resolución de otorgamiento. En el caso de que algún mineral reservado al Estado se encuentre en unión con los minerales que comprende la concesión, la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos definirá el aprovechamiento de éste, sin afectar los derechos del concesionario sobre los minerales no reservados.
En el caso de que un concesionario hallare, en el área de su concesión, un mineral explotable diferente del estipulado en su concesión, estará obligado a denunciar el hallazgo a la Dirección, en un plazo de treinta días.
La explotación de este otro mineral será objeto de una nueva concesión, para lo cual, en igualdad de condiciones, el denunciante tendrá prioridad ante particulares.
La unidad de medida para la concesión de derechos de explotación tendrá la forma de un cuadrado, de un kilómetro de lado, orientado Norte-Sur y cubrirá por lo tanto, una superficie de un kilómetro cuadrado. El área de la concesión de explotación estará compuesta por un número definido o completo de tales unidades, las cuales se dispondrán en bloques contiguos, con un lado común, por lo menos.
La superficie que se podrá otorgar por cada concesión estará comprendida entre un mínimo de un kilómetro cuadrado y un máximo de diez kilómetros cuadrados, conforme con la clasificación que para cada tipo de material se establezca en el reglamento de esta ley.
Una misma persona no podrá obtener concesiones de explotación en áreas colindantes, si su concesión original alcanza el máximo del área permisible. Tratándose de personas físicas, esta prohibición alcanzará a parientes hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad. Tratándose de sociedades, la prohibición cubrirá a aquellas en que existan socios comunes, por un monto superior al veinticinco por ciento de las acciones.
La concesión de explotación se otorgará por un término no mayor de veinticinco años. Sin embargo, mediante negociación entre la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos y el titular de la concesión se podrá dar una prórroga hasta por diez años, siempre que el titular haya cumplido con todas sus obligaciones durante el período de explotación.
La resolución de otorgamiento de la concesión establecerá las condiciones fiscales y administrativas de la explotación, de acuerdo con esta ley y su reglamento.
Al finalizar el plazo concedido para una concesión de explotación y de sus prórrogas, o después de cualquier renuncia total, el concesionario cancelará los gravámenes y las hipotecas existentes sobre los bienes inmuebles accesorios, los cuales pasarán a ser propiedad del Estado, sin que éste tenga que indemnizar al exconcesionario o a los acreedores de éste. No obstante, el Gobierno y el exconcesionario, cuya concesión de explotación haya terminado, podrán celebrar, previa aprobación de la Asamblea Legislativa, un acuerdo para continuar la explotación, si ello fuere de conveniencia para el país.
Los concesionarios de explotación tendrán, además, derecho a lo siguiente:
Obtener prórroga del plazo.
Hacer uso de las franquicias, beneficios y exoneraciones que autoricen las leyes.
Obtener, de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, la constitución de las servidumbres que sean necesarias, de conformidad con esta ley.
ch) Renunciar a la concesión, total o parcialmente, de acuerdo con la Dirección. Si la renuncia fuere parcial deberán pedir que se reduzca la extensión.
Solicitar extensiones para explotar áreas adyacentes a su concesión; siempre de acuerdo con lo estipulado en el artículo 29 de esta ley.
Obtener cualquier otro beneficio establecido en la resolución de otorgamiento, de acuerdo con esta ley y su reglamento.
El titular de una concesión de explotación estará obligado a:
Redactar un reglamento de seguridad que deberá ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previo dictamen de la institución estatal encargada de los riesgos profesionales, y que será puesto en conocimiento de su personal.
Presentar, a la Dirección, informes anuales detallados de las labores realizadas, debidamente refrendados por un geólogo o por un ingeniero de minas incorporado al respectivo colegio profesional.
Mantener al día los documentos siguientes:
1) Un plano, a escala conveniente, de los trabajos superficiales o subterráneos.
2) Un diario de los trabajos, en que se consignen, los hechos importantes ocurridos; en particular sobre accidentes de trabajo.
3) Un registro del personal empleado.
4) Un registro de producción, venta, almacenamiento y exportación de las sustancias minerales. Estos documentos quedarán a disposición de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, la cual podrá consultarlos en todo momento.
Pagar los derechos e impuestos establecidos por ley.
Informar, semestralmente, a la Dirección los cambios en la propiedad de las acciones nominativas.
Cumplir con las obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamento, y en la resolución de otorgamiento de la concesión.
Explotar, racional y efectivamente, el o los yacimientos otorgados en concesión.
El incumplimiento de estas disposiciones causará la caducidad inmediata de la concesión, la cual será decidida por la Dirección, revia amonestación del caso, según lo estipulado en el título X de esta ley.
La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos podrá solicitar al concesionario que amplíe sus labores en sustancias no explotadas o desechadas, en desmontes, relaves y escorias, siempre que esto sea factible técnica y económicamente.
Si el concesionario se negare a ello, a pesar de la comprobada factibilidad técnica y económica, la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, podrá otorgar la concesión sobre esas sustancias a un tercero, siempre que no afecte los trabajos existentes.
TÍTULO V Cauces de dominio público Artículos 36 a 39
CAPÍTULO ÚNICO Artículos 36 a 39
El MINAE podrá otorgar concesiones de explotación de materiales en cauces de dominio público por un plazo máximo de diez años, prorrogable hasta cinco años mediante resolución debidamente fundamentada, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta Ley. El plazo se contará a partir de la aprobación del respectivo estudio de impacto ambiental.
La superficie máxima que podrá otorgarse para cada concesión será de dos kilómetros de longitud por el ancho del cauce. En un mismo cauce, ninguna persona física o jurídica podrá disponer de más de dos concesiones para extraer materiales, ya sea a título personal o como miembro o representante de una persona jurídica, tampoco sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Para solicitar el permiso o la concesión, el interesado deberá presentar la documentación completa, según el presente Código y su Reglamento. La DGM no recibirá las solicitudes incompletas.
Presentada la solicitud ante la DGM, dicha Dirección consultará a la municipalidad respectiva a efecto de que esta se pronuncie o demuestre su interés en realizar la extracción para ejecutar obras comunales. La municipalidad deberá contestar en un plazo de sesenta días naturales, de lo contrario se asumirá que no tiene interés y, por lo tanto, se continuará con el trámite del solicitante.
Si la municipalidad manifiesta interés en realizar la extracción, deberá materializarlo dentro de los tres meses siguientes contados a partir de la respuesta; de lo contrario, se considerará que no tiene interés. Si la municipalidad no formaliza su interés dentro del plazo establecido, no podrá solicitar ninguna explotación sobre esa área, mientras la concesión solicitada se encuentre vigente. La formalización de la solicitud para explotación la efectuará ante la DGM, según los procedimientos fijados en la presente Ley.
Si la municipalidad manifiesta su oposición a que se explote dicho sector del cauce, deberá justificar los motivos de esta.
En situaciones de emergencia declarada, cuando la municipalidad requiera extraer material de un cauce de dominio público para el cual ya haya sido otorgada una concesión, el concesionario deberá permitir la extracción de material en los volúmenes autorizados por la DGM. Dicha extracción deberá realizarse siguiendo los lineamientos establecidos en el plan de explotación y las recomendaciones ambientales emitidas por el MINAE en el estudio de impacto ambiental.
Artículo citado en: 32 sentencias, 26 resoluciones administrativas
El Registro Nacional Minero deberá comunicar a las municipalidades, en un plazo máximo de treinta días contados a partir del otorgamiento, los permisos y las concesiones otorgados dentro de su jurisdicción territorial. Además, deberá adjuntar información sobre lugar, área, plazo, propietario y material por extraer, así como cualquier otro dato que se considere pertinente.
Los concesionarios, tanto físicos como jurídicos, referidos en este título V, pagarán a la municipalidad correspondiente según la ubicación del sitio de extracción, el equivalente a un treinta por ciento (30%) del monto total que se paga mensualmente por concepto de impuesto de ventas, generado por la venta de metros cúbicos de arena, piedra, lastre y derivados de estos. En caso de que no se produzca venta debido a que el material extraído forma parte de materiales destinados a fines industriales del mismo concesionario, se pagará un monto de cien colones (¢100,00) por metro cúbico extraído, monto que será actualizado anualmente con base en el índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las tasas serán canceladas en favor de la tesorería de la corporación municipal, en el lugar y la forma que esta determine. Cada municipalidad, por medio de sus inspectores, verificará y fiscalizará los volúmenes de material extraído que egresen del tajo y los que se reporten.
La falta de pago dentro del plazo legalmente establecido, causará un cobro de interés de financiamiento, desde el momento en que el impuesto debió ser pagado con base en la tasa de interés fijada por el artículo 57, y de intereses por mora igual al artículo 80 y 80 bis, todos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; lo anterior conforme al artículo 69 del Código Municipal, en lo que corresponda, y al título XVII del presente Código.
El Estado, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), otorgará permisos y concesiones temporales a los ministerios, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a las municipalidades para extraer materiales de los cauces de dominio público o las canteras, en la jurisdicción de que se trate. Dichas concesiones se extenderán por un plazo máximo de ciento veinte días y deberá cumplirse el siguiente trámite:
Solicitud escrita de la institución, que deberá indicar la ubicación del lugar donde se realizará la extracción.
Plan de explotación y justificación del destino de los materiales, el cual deberá ser únicamente para obras públicas.
Nombramiento de un profesional en el campo geológico o en ingeniería de minas, quien será el responsable y director de la explotación. En caso de inopia comprobada, podrá nombrarse a un profesional calificado con experiencia en áreas afines.
Si el concesionario no realiza las obras directamente deberá indicar, a la Dirección de Geología y Minas (DGM), el nombre del contratista o subcontratista encargado de ejecutarlas.
Recibida la solicitud, la DGM hará una inspección y emitirá las recomendaciones del caso; si son afirmativas, emitirá la recomendación ante el ministro de Ambiente y Energía para que otorgue el permiso respectivo, el cual deberá contener lo siguiente:
1) Ubicación del sitio de extracción.
2) Volumen autorizado.
3) Plazo de vigencia.
4) Método de extracción.
5) Maquinaria por utilizar.
6) Profesional responsable de la extracción.
7) Prevenciones ambientales durante la extracción temporal.
En el caso de las municipalidades y los ministerios, si la explotación dura más de ciento veinte días y desean continuar con ella deberán cumplir lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de este Código, los cuales, una vez corrida la numeración, pasarán a ser los artículos 76 y 77, respectivamente, y su reglamento.
Todo daño ambiental será responsabilidad de la institución permisionaria o concesionaria o, en su caso, del contratista o el subcontratista encargado de ejecutar la obra. En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), a partir de sus competencias en materia de infraestructura vial, el plazo del permiso o concesión será otorgado hasta por setecientos treinta días. A estos efectos, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes observarán en lo pertinente las disposiciones y los procedimientos establecidos en la Ley Nº 8668, Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por Parte de las Municipalidades, de 10 de octubre de 2008.
Se prohíbe terminantemente comercializar los materiales extraídos al amparo de una autorización otorgada por este artículo al Estado, al Consejo Nacional de Vialidad, a sus órganos y a las municipalidades. Transgredir esta disposición ocasionará la cancelación inmediata de la autorización y la aplicación de las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables y, en su caso, al contratista o subcontratista encargado de ejecutar la obra.
TÍTULO VI De las canteras Artículos 40 a 42
Las canteras se considerarán parte integrante del terreno donde se encuentren. Podrán ser objeto de solicitud de concesión para explotar, por parte de personas físicas o jurídicas que ofrezcan la seguridad de que sus productos serán usados industrialmente, o de titulares de concesión de una mina, cuando el producto de la cantera vaya a ser utilizado dentro de la concesión misma, en los trabajos de construcción de la mina y sus dependencias.
Si la cantera está en explotación legalmente autorizada.
Si el dueño de los terrenos donde se encuentra la cantera decide explotarla personalmente o por medio de un tercero, salvo lo dispuesto en el inciso precedente.
Los concesionarios de canteras pagarán a la municipalidad correspondiente según la ubicación del sitio de extracción, el equivalente a un treinta por ciento (30%) del monto total que se paga mensualmente por concepto de impuesto de ventas, generado por la venta de metros cúbicos de arena, piedra, lastre y derivados de estos. En caso de que no se produzca venta debido a que el material extraído forma parte de materiales destinados a fines industriales del mismo concesionario, se pagará un monto de cuarenta colones (¢40,00) por metro cúbico extraído, monto que será actualizado anualmente con base en el índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las tasas serán canceladas en favor de la tesorería de la corporación municipal, en el lugar y la forma que esta determine.
La falta de pago dentro del plazo legalmente establecido, causará un cobro de interés de financiamiento, desde el momento en que el impuesto debió ser pagado con base en la tasa de interés fijada por el artículo 57, y de interés por mora igual a los artículos 80 y 80 bis, todos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; lo anterior conforme al artículo 69 del Código Municipal, en lo que corresponda, al título XVII del presente Código.
Artículo citado en: 4 sentencias, 9 resoluciones administrativas
Durante el trámite de toda solicitud de concesión para explotar una cantera, se conferirá audiencia al dueño del terreno, por el término de sesenta días, para que manifieste si está de acuerdo con ella o para que indique si decide hacer la explotación personalmente o por medio de un tercero, advertido de que si guardare silencio, la solicitud seguirá su curso. Si el dueño decidiere hacer la explotación, deberá presentar la correspondiente solicitud de concesión de explotación dentro del mismo plazo, de conformidad con las disposiciones de esta ley.
El plazo y el área de la concesión para explotar canteras serán determinados por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, en la resolución de otorgamiento, en la cual se procurará garantizar una explotación racional del yacimiento.
TÍTULO VII De los yacimientos de placer y lavaderos Artículos 43 a 49
Los yacimientos de placer ubicados en terrenos baldíos o en el lecho mismo de un río o quebrada, sobre los cuales no hubieran derechos mineros previos, podrán ser aprovechados libremente, siempre que el lavado se efectúe a mano.
En caso de conflicto, la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos podrá asignar sitios de yacimientos de placer, bien definidos en formas y extensión, para cada uno de los trabajadores interesados. En la asignación de cada uno de estos sitios deberá darse prioridad a la persona que primeramente hubiera trabajado en él. En tal caso, la Dirección llevará un registro de los sitios asignados y confeccionará un mapa de ubicación sobre cada uno de ellos. Igualmente llevará un control de las labores que se realicen.
La Dirección también podrá intervenir, de oficio, cuando considere perjudicial la explotación denominada "libre", para las aguas, o sus cauces, o para aprovechamientos amparados por concesiones y, en especial, cuando se trate de aguas para cañerías de poblaciones. En todos estos casos su intervención se hará con la obligada participación del Servicio Nacional de Electricidad.
Cuando un yacimiento de placer se encuentre en un terreno cercado y éste sea de dominio privado, el propietario será el que tenga prioridad para efectuar los trabajos de aprovechamiento, pero deberá reconocer un porcentaje de la explotación del yacimiento a quien lo hubiese descubierto; tal reconocimiento se hará de acuerdo con el estudio técnico que deberá realizar la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos. Si el propietario no iniciare las labores dentro del plazo de sesenta días, se aplicarán las disposiciones de la presente ley.
Los derechos sobre los yacimientos de placer que no fueren objeto de explotación a mano, deberán pedirse mediante una solicitud de permiso de exploración o de concesión para explotar. Esta solicitud deberá reunir los requisitos establecidos en este Código.
La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos no tramitará ninguna solicitud de permiso de exploración o de concesión para explotar un yacimiento de placer o un lavadero, sin haber efectuado antes un reconocimiento del área denunciada, con el objeto de cerciorarse de que no existen trabajos de explotación de otras personas, iniciados por lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. En caso de haber personas trabajando en el área solicitada, no se dará curso a la solicitud mientras el interesado no llegue a un arreglo con esas personas.
La Dirección podrá declarar prioritaria la solicitud de concesión para explotar yacimientos de placer trabajados a mano, cuando el solicitante garantice un mayor o mejor aprovechamiento de los minerales que se vayan a extraer, previa indemnización a que tuvieren derecho los trabajadores desplazados, conforme con la ley y de acuerdo con el estudio técnico de la Dirección.
Para la concesión de explotación de placeres o lavaderos, regirán las disposiciones de esta Ley y su Reglamento en cuanto a exploraciones y explotación minera. Los concesionarios de explotación deberán pagar al municipio en donde se desarrolle la actividad, una tasa del quince por ciento (15%) del monto total que se paga mensualmente por concepto de impuesto de ventas, generado por la venta de cada metro cúbico de material extraído.
TÍTULO VIII De las servidumbres Artículos 50 a 52
Con el único fin de facilitar al minero los medios necesarios para efectuar, cómodamente, las labores inherentes a su permiso de exploración o concesión de explotación, los terrenos superficiales en que estén ubicados los yacimientos podrán ser gravados con las servidumbres indispensables.
A iguales gravámenes estarán afectos los predios inmediatos y las otras concesiones de exploración o de explotación vecinas, siempre que, en este último caso, no se impidan o dificulten las labores.
Las servidumbres podrán consistir, entre otras cosas, en la ocupación de terrenos, en la extensión necesaria. Esta ocupación podrá referirse a depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias; a plantas de extracción y de beneficio de minerales; a canales, tanques, cañerías, habitaciones, construcciones y obras complementarias; a caminos, ferrocarriles, planos inclinados, andariveles y a vías que unan la concesión con los caminos públicos, con estaciones de ferrocarril, con puertos de embarque, con centros de consumo o con establecimientos de beneficios y con otros semejantes. Consistirán en el uso de la aguas pluviales, de las aguas que broten o aparezcan durante las operaciones, de las que provengan desagües o de las que corran por causes naturales o artificiales. Asimismo las servidumbres consistirán en el pastoreo de animales destinados a los trabajos de explotación.
La facultad de imponer servidumbres y de expropiar lo será sin perjuicio de la concesión que deba obtenerse, según la ley, para utilizar aguas de dominio público, así como fuerzas hidráulicas y eléctricas.
Las servidumbres serán constituidas por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, previa indemnización de los daños y perjuicios que se causaren a los dueños de los terrenos, a los concesionarios, o a otras personas; de no haber acuerdo entre los interesados. Además, el concesionario deberá indemnizar al dueño por los daños y perjuicios que le cause con el uso y disfrute de la servidumbre. La resolución final podrá ser apelada ante el tribunal de justicia correspondiente. Sin embargo, los trabajos relacionados con la explotación podrán continuar su proceso, a juicio y riesgo del concesionario, mientras se realiza el trámite judicial. Las servidumbres que se establezcan, conforme con el presente título, deberán inscribirse en los registros de la Dirección, para que formen parte de la concesión o del permiso.
TÍTULO IX De la expropiación Artículo 53
Si no se produjera acuerdo entre los interesados, para establecer las servidumbres y para fijar el monto de la indemnización que procediere, el concesionario de explotación podrá acogerse a los preceptos del título anterior, o pedir al Poder Ejecutivo que decrete la expropiación de los terrenos necesarios, la que se realizará de conformidad con la legislación vigente, para lo cual el concesionario deberá cubrir los costos.
Para los efectos de la expropiación se declararán de utilidad pública los correspondientes terrenos.
A toda persona física o jurídica que se viere afectada por el presente artículo, el Estado deberá garantizarle la reubicación en condiciones similares que le permitan asegurar, dignamente, su futuro.
TÍTULO X Del amparo en general Artículos 54 a 61
CAPÍTULO I Amparo y tributación Artículos 54 a 58
El titular de una concesión de explotación deberá reconocer al Estado su derecho a participar como socio de la empresa. La participación del Estado podrá ser con aporte de capital mediante obras de infraestructura u otros beneficios, según lo estipule la resolución de otorgamiento, siempre que las obras o beneficios sean de utilidad directa para la explotación. Esta participación podrá alcanzar hasta un treinta y tres por ciento del capital de la empresa y, en virtud de ella, el Estado, por medio de la institución que designe, tendrá los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de socio. Sin embargo, las partes podrán, de mutuo acuerdo, convenir en una participación mayor a la indicada. Se considerará como capital de la empresa, el que se indique en el contrato social o en los libros de contabilidad llevados de conformidad con las leyes costarricenses.
Los titulares de los permisos de reconocimientos y exploración, así como los concesionarios de explotación, deberán pagar los siguientes derechos anuales de superficie e impuestos:
I.-Derechos de superficie
Minería Artesanal: un tercio del salario base por kilómetro cuadrado o fracción.
Resto de la actividad: canteras, cauces de dominio público, minas y placeres no artesanales:
Permiso de reconocimiento y exploración: un salario base por kilómetro cuadrado.
1) Cauces de dominio público: tres salarios base por kilómetro de longitud.
2) Canteras, placeres y minas: tres salarios base por kilómetro cuadrado.
La denominación "salario base" utilizada en esta Ley, deberá entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, de 15 de mayo de 1993.
Los pagos por derecho de superficie contemplados en este artículo deberán pagarse, por anualidades adelantadas, en el mes de diciembre de cada año, a la cuenta respectiva de la DGM para financiar maquinaria, equipo, materiales, suministros, combustible, lubricantes, gastos de transporte, viáticos dentro del país, contratación de personal calificado por un máximo de un año y capacitación, a fin de permitir el normal desarrollo de las actividades de la Dirección. Estos gastos deberán ser presupuestados anualmente y cumplir las regulaciones que para tal efecto establecen la Contraloría General de la República y la Autoridad Presupuestaria.
II.-Impuestos
Los impuestos de importación de mercadería no cubiertos por las exenciones indicadas en el artículo 56 de este Código, el cual, una vez corrida la numeración, pasa a ser el artículo 60.
En lo que respecta a la actividad minera metálica y los placeres, se cobrará un dos por ciento (2%) sobre las ventas brutas. Este porcentaje será pagado a la municipalidad o las municipalidades en cuya jurisdicción se encuentre la concesión de explotación; dicho porcentaje será distribuido de la siguiente manera:
El cincuenta por ciento (50%) entre las asociaciones de desarrollo de las comunidades del cantón o los cantones donde se ubique el área de explotación; el restante cincuenta por ciento (50%) será utilizado para actividades propias de la municipalidad.
El Banco Central de Costa Rica girará, a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), la suma correspondiente por este impuesto; dicha Dirección la distribuirá y velará por su uso correcto, sin perjuicio de la fiscalización del órgano contralor.
La actividad minera quedará sujeta al pago de impuestos sobre sus utilidades, conforme con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta.
Se establece un impuesto del diez por ciento sobre el monto de toda exención de impuestos que conceda el Estado a la actividad minera. El producto de este impuesto será para fomentar la investigación geológica, preparar los cuadros técnicos e impulsar, por parte del Estado, la explotación de las riquezas minerales del país.
A la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos le corresponde elaborar los presupuestos correspondientes, para fijar el destino de lo recaudado mediante el presente impuesto.
CAPÍTULO II Exenciones y franquicias Artículos 59 a 61
Los titulares de permisos de exploración y de concesiones de explotación gozarán de la exoneración de todos los impuestos y derechos para la importación de los materiales, vehículos rurales, maquinaria, instrumentos, útiles y demás efectos que tengan relación con los trabajos de exploración, explotación, beneficio, manufactura, refinamiento, transporte, o cualesquiera otros aspectos necesarios para la actividad minera, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54 de esta ley. Esta exoneración procederá siempre que los artículos mencionados no sean producidos en el país, en la cantidad suficiente y de calidad similar a los importados. En caso de que sean producidos en el país, su precio no podrá exceder en un diez por ciento el valor CIF de los productos importados. Las exoneraciones deberán ser recomendadas y controladas por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos y aprobadas por la Dirección General de Hacienda.
La resolución de otorgamiento de una concesión de explotación deberá contener las condiciones fiscales e incluir las exoneraciones, exenciones, franquicias y demás disposiciones que señala esta ley, a la que será sometida el titular de la concesión durante la vigencia de ésta.
Las exenciones de impuestos que establece esta ley serán autorizadas únicamente por la Dirección General de Hacienda, previa recomendación de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
TÍTULO XI De la extinción de los permisos y concesiones Artículos 62 a 67
Sin perjuicio de los derechos que corresponden al Estado, los permisos y concesiones se extinguirán por las siguientes causas: vencimiento del plazo, renuncia total, nulidad y caducidad.
CAPÍTULO I Del vencimiento del plazo Artículo 63
Los permisos y concesiones mineras se extinguirán por el vencimiento del plazo inicial o de cualquiera de sus prórrogas, como lo estipulan los artículos 20 y 31 de esta ley.
CAPÍTULO II De la renuncia Artículo 64
La concesión se extinguirá también por renuncia, escrita y autenticada por un abogado, que presente el concesionario a la totalidad del área comprendida. En caso de renuncia parcial, subsistirá la concesión sobre el área que conserve en su poder, pero en este caso deberá solicitar la reducción y realizar una nueva delimitación, a costa suya.
CAPÍTULO III De la nulidad Artículo 65
Serán nulos los permisos y concesiones otorgados en contravención a la ley, y en especial los siguientes:
Los permisos y concesiones otorgados a las personas que excluye el artículo 9º de esta ley.
Los permisos y concesiones otorgados que comprendan zonas declaradas reserva minera, de conformidad con el artículo 8º de esta ley.
Los permisos y concesiones otorgados que comprendan el perímetro de permisos y concesiones anteriores, constituidos o en trámite, en toda la extensión que invadan. La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos determinará si debe o no subsistir el nuevo permiso o concesión, en la parte que no se superpone, y, en tal caso, ordenará la reducción que sea procedente.
ch) Los permisos o concesiones otorgados a personas extranjeras, físicas o jurídicas, que no cumplan con las exigencias previstas en esta ley, en el momento del otorgamiento.
Los permisos y concesiones que no sean inscritos en el Registro Minero según lo estipula el artículo 88 de esta ley.
Las concesiones de explotación no delimitadas en el terreno, de acuerdo con las condiciones y el plazo fijados en el artículo 82 de esta ley.
Las concesiones otorgadas en contra de lo estipulado en el artículo 8 bis de esta Ley.
La nulidad podrá ser declarada por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, de oficio o a petición de parte.
CAPÍTULO IV De la caducidad Artículos 66 y 67
Los permisos de exploración podrán ser cancelados si el titular no cumple con las obligaciones que se establecen en esta ley y su reglamento, en especial en los siguientes casos:
Si el titular del permiso sin razón técnica justificada, no hubiese ejecutado los trabajos tendientes a la realización del programa de exploración, al cual se comprometió durante cada año de validez del permiso.
Si el titular no cumpliere con el pago de los cánones de superficie conforme con lo que establece esta ley.
Si el titular no hubiera presentado los informes a los cuales hace referencia el artículo 24 de esta ley.
ch) Si no se hubieren cumplido las normas legales y reglamentarias que regulan la contaminación de los recursos naturales renovables.
La caducidad se producirá igualmente en los casos de incumplimiento, por parte del concesionario, de las obligaciones que le impone esta ley, cuando no estuviere expresamente prevista esa sanción.
La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, después del estudio del caso, dará un período no mayor de tres meses para el cumplimiento de las obligaciones. La comunicación se hará mediante notificación, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 91 de esta ley, y el término comenzará a correr desde el día de la recepción. Si el titular del permiso no cumpliere con lo ordenado dentro del término fijado, la Dirección declarará la cancelación del permiso.
La concesión de explotación podrá ser cancelada, si el titular no cumple con las condiciones estipuladas en la resolución de otorgamiento, de acuerdo con esta ley y su reglamento, en especial en los siguientes casos:
Si a partir del segundo año de vigencia el concesionario no hubiera ejecutado los trabajos tendientes a realizar la explotación, o si en el curso de la vigencia de la explotación se hubieren suspendido los trabajos durante seis meses consecutivos, sin razón técnica o económica justificada.
Si no se hubieran presentado los informes a los cuales se hace referencia en el artículo 34 de esta ley.
Si no se hubieran pagado los impuestos mencionados en el artículo 52 de esta ley.
ch) Si no se hubiesen cumplido las normas legales y reglamentarias que regulan la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables.
La caducidad se producirá, igualmente, en los casos de incumplimiento, por parte del concesionario, de las obligaciones que le impone esta ley, cuando no estuviere expresamente prevista esa sanción.
La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, después del estudio del caso, mediante notificación dará aviso al interesado y le fijará un plazo no mayor de noventa días, para que cumpla con sus obligaciones o se justifique. El plazo comenzará a correr desde el día en que el interesado reciba la notificación. Si el titular de la concesión no se justificare o no cumpliere con lo ordenado dentro del término que se fije, la Dirección llevará el asunto a conocimiento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el cual estudiará el caso y podrá sugerir que la Dirección conceda un nuevo plazo, que no será mayor de tres meses. Si este Ministerio no considerare procedente un nuevo plazo o si hubiere finalizado el concedido, la Dirección dictará la resolución de cancelación correspondiente. Esta resolución se publicará en el Diario Oficial "La Gaceta" y, una vez firme, la zona quedará libre del derecho minero respectivo.
TÍTULO XII De los contratos Artículos 68 a 75
CAPÍTULO I Normas generales Artículo 68
Los contratos referentes a actividades mineras se regirán por las disposiciones de la ley común, y por las especiales contempladas en la presente ley.
CAPÍTULO II De las sociedades Artículos 69 a 71
De acuerdo con esta ley, podrán constituirse sociedades que tengan por objeto una o más actividades mineras, con arreglo a las disposiciones de los Códigos Civil y de Comercio o de otras leyes especiales.
Todas las sociedades comerciales, inscritas en Costa Rica, que realicen actividades mineras, deberán estar constituidas por acciones o cuotas nominativas.
Tratándose de empresas de capital extranjero y de sociedades en que el capital nacional sea inferior al cincuenta por ciento, el Sistema Bancario Nacional no podrá otorgar financiación a tales empresas, por un monto superior al diez por ciento del total de la inversión realizada.
Las sociedades extranjeras que soliciten un permiso de exploración o concesión de explotación, deberán cumplir con las disposiciones que, para los efectos, señale la legislación costarricense. En todo caso deberán fijar domicilio y llevar su contabilidad dentro del país, de acuerdo con las leyes de Costa Rica.
CAPÍTULO III De las cooperativas mineras Artículos 72 a 75
Podrán solicitar concesiones mineras, las cooperativas mineras en formación y las que ya estén constituidas de conformidad con la legislación vigente. Las primeras estarán sujetas a la obligación de obtener su personalidad jurídica en el plazo de seis meses, contados desde la fecha en que se presente la solicitud de concesión.
Las cooperativas mineras, una vez constituidas conforme con la legislación vigente, deberán inscribirse en el Registro Nacional Minero.
Únicamente se podrán constituir cooperativas mineras por parte de personas físicas, y el setenta y cinco por ciento de sus miembros deberán ser de nacionalidad costarricense. Estas cooperativas deberán ajustarse a un estatuto tipo, que será preparado por la Dirección, en conjunto con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.
Para lo no previsto en este capítulo, regirán las disposiciones de la legislación vigente sobre asociaciones cooperativas y sobre la creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.
TÍTULO XIII Procedimientos y trámites Artículos 76 a 96
CAPÍTULO I De las solicitudes Artículos 76 y 77
- De la solicitud de permiso de exploración.
La solicitud de otorgamiento de un permiso de exploración deberá contener:
Nombre y calidades completas del solicitante.
Si se tratare de personas físicas, número de cédula de identidad o de residencia, o número de pasaporte, y certificación del Registro de Delincuentes.
Si se tratare de personas jurídicas, su representante deberá acreditar su personería con certificación del Registro Público, y que con señalamiento de las citas de inscripción de la compañía, su objetivo, cédula jurídica, plazo social, capital y nombre de los tenedores de las acciones.
ch) La dirección del domicilio para recibir notificaciones, o indicación del nombre de la persona o representante legal encargado de recibirlas, por ausencia del solicitante.
Extensión y definición del área que se pide, relacionada con un hito geodésico, y con indicación de la localidad, distrito, cantón y provincia a que corresponden.
Parte del mapa del territorio nacional donde se indiquen la ubicación del área solicitada y el hito geodésico de referencia.
Nombre del propietario o propietarios, y ocupantes del territorio, si fuere posible.
Programa de exploración refrendado por un geólogo o un ingeniero de minas, debidamente incorporado a su respectivo colegio profesional. Este programa deberá definir las técnicas de exploración que se van a emplear, así como la duración de las diferentes etapas previstas para la exploración.
Referencias técnicas y financieras, si la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos lo estima necesario.
Firma autenticada por un abogado.
- De la solicitud de concesión de explotación.
La solicitud de concesión de explotación contendrá los datos indicados en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), g), j) y k) del artículo precedente y, además, los siguientes:
Manifestación de si se ha obtenido, con anterioridad, un permiso de exploración sobre la misma área y, en tal caso, los detalles, incluso las fechas.
Nombres de las sustancias minerales de interés económico que se propone explotar.
Documentación técnica referente al área solicitada, que determine la posición, naturaleza y características del yacimiento; programa de trabajo inicial de la explotación e inversión mínima por realizar. Estos documentos deberán ser refrendados por un geólogo o por un ingeniero de minas, debidamente incorporado a su respectivo colegio profesional.
ch) Las demás que señalen esta ley y su reglamento.
CAPÍTULO II De la tramitación, oposición y otorgamiento de los permisos y Artículos 78 a 92
- De la tramitación y oposición.
Presentada la solicitud, la Dirección de Geología, Minas Hidrocarburos, certificará el día y la hora de su presentación. Si esta solicitud no cumpliere con los requisitos correspondientes, la Dirección ordenará dentro del plazo de ocho días, que el interesado subsane los defectos u omisiones, o que complete los antecedentes que en tal caso le indicará, para lo cual por una sola vez, le concederá un plazo prorrogable de hasta treinta días. Transcurrido el plazo y su prórroga, sin que el interesado cumpla con lo ordenado, la solicitud se tendrá por no presentada y se archivarán los antecedentes.
La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos deberá rechazar de plano la solicitud y ordenar que se archive, en los siguientes casos:
Si en la nueva solicitud se abarcare el área de un permiso o concesión anterior, en trámite u otorgado. Si sólo lo abarcare parcialmente, La Dirección reducirá la extensión, de manera que evite superposiciones, y continuará la tramitación, siempre que el solicitante mantenga su interés en ella.
Si recayera sobre minerales que están reservados para el Estado, de acuerdo con la Constitución o con esta ley.
Si estuviere comprendida dentro de un área que haya sido declarada como zona de reserva nacional, de conformidad con el artículo 8º de esta ley.
ch) Si pudiere afectar la salud o la seguridad de los habitantes.
Aceptada en trámite la solicitud, se ordenará, dentro del plazo de ocho días, publicarla en el Diario Oficial " La Gaceta", por dos veces, en días alternos, según extracto que redactará la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos. De la entrega de esta solicitud, el interesado se dejará constancia en el expediente respectivo. Las publicaciones deberán hacerse dentro de los treinta días siguientes a la entrega de la resolución que las ordena, bajo pena de cancelación y archivo de los antecedentes, salvo en caso de fuerza mayor.
Todo aquel que tuviere en trámite, o que le hubiese sido otorgado un permiso o concesión anteriores sobre la misma área, o un derecho preferente, podrá interponer oposición a la solicitud dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha de la última publicación. También podrá interponer oposición todo aquel que, sin tener derecho preferente, permiso o concesión de ninguna especie, esté realizando trabajos de explotación de placeres a mano, en los mismos terrenos, desde antes de la presentación de la solicitud, siempre que las labores ejecutadas así lo justifiquen. Acogida la oposición, la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos determinará la extensión que continuará en poder del oponente.
Las oposiciones se presentarán ante el Registro Nacional Minero y se tramitarán, en lo no previsto en el artículo 79 de esta ley, mediante los mismos procedimientos que señala el Código de Procedimientos Civiles, en su título IV, capítulo único, para los incidentes. La oposición que no indicare o no acompañare los documentos que justifiquen la causal que se invoca, se tendrá por no presentada.
De la oposición legalmente interpuesta se hará conocer el afectado, con el fin de que exponga lo conveniente a sus intereses, en el plazo de quince días.
La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos podrá pedir los antecedentes y pruebas adicionales que crea necesarios, y se pronunciará sobre la oposición en el plazo máximo de treinta días, contados desde el vencimiento del plazo anterior, sea que las partes hayan acompañado o no los antecedentes y pruebas pedidos. Agotadas las diligencias y dictado el fallo, podrá apelarse ante el (*)Ministro de Ambiente y Energía, dentro de los tres días siguientes a la notificación.
Si no se presentare oposición o fuere desechada la que se interpusiere, la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos recomendará al Ministerio que dicte la resolución en que se otorgue el permiso o concesión, lo que deberá hacerse dentro del plazo de treinta días para un permiso de exploración, y de tres meses, salvo casos excepcionales, para una concesión de explotación. En el último de los casos se dará tiempo al Ministerio para definir el régimen fiscal y las otras condiciones especiales, a las cuales será sometido el concesionario, de acuerdo con esta ley y su reglamento.
Dentro del mes siguiente a la inscripción, en el Registro Nacional Minero, de la resolución de otorgamiento dictada, por el Ministerio, el titular de un permiso o de una concesión deberá pagar los cánones de superficie mencionados en el inciso a) del artículo 51 de esta ley, y presentar los recibos correspondientes en la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos.
La falta de pago oportuno de estos cánones podrá llevar a la cancelación del permiso o concesión, conforme con lo estipulado en los artículos 62 y 63 de esta ley.
Dentro de los seis meses siguientes a la inscripción, en el Registro Nacional Minero, de la resolución de otorgamiento de concesión de explotación dictada por el Ministerio, el titular deberá hacer, en el terreno, la delimitación exacta de la concesión. Esta delimitación será hecha por un miembro del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, de acuerdo con el reglamento de esta ley, y deberá ser aprobada por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos. Si no se cumpliere con esta obligación dentro del término fijado, la concesión será declarada nula por la Dirección, de oficio o a petición de parte.
Las resoluciones que se dicten durante la tramitación de un permiso o concesión serán notificadas en la forma dispuesta en el artículo 91 de esta ley.
Las resoluciones que dicte la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, durante la tramitación de un permiso o concesión, sólo podrán ser objeto de revocatoria dentro del plazo de diez días, y además serán susceptibles del recurso de apelación, el que deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación. Del recurso de apelación, cuando procediere, conocerá el (*)Ministro de Ambiente y Energía.
- De la resolución de otorgamiento.
La resolución de otorgamiento será dictada por el Poder Ejecutivo y contendrá, según el caso, algunas o más de las siguientes enunciaciones:
Individualización completa del beneficiario o beneficiarios.
Nombre del permiso o de la concesión.
ch) Naturaleza y denominación de las sustancias mineras económicas que se van a explorar o a explotar mediante el permiso de concesión.
Posición geográfica de los terrenos que comprende, límites, forma y extensión.
Plazo dentro del cual deberán iniciarse los trabajos.
Plan de trabajo inicial y tiempo de aplicación del mismo, sin perjuicio de planes periódicos que deberá cumplir el concesionario de explotación, previa aprobación de ellos por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos.
Iniciación de las servidumbres que, a juicio de la Dirección, sea necesario imponer con sujeción a las disposiciones pertinentes.
Exoneraciones y sistema fiscal que se dispensen conforme con esta ley.
Disposiciones relativas al uso de las divisas, transferencias de capitales y dividendos.
Modalidades que se seguirán en el país para el eventual abastecimiento de materia prima.
Modalidades para la solución de conflictos y realización de arbitrajes por parte de los organismos de la Corte Suprema de Justicia.
Las demás que señale la ley, según se trate de un permiso o concesión.
Cualquier cuestión que se suscite o promueva en materia de permisos o concesiones, durante su tramitación o con motivo de su ejercicio o extinción, sobre cualquier asunto que no haya sido entregado para conocimiento de otra autoridad, será resuelto por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, previa audiencia a los afectados, que se concederá en un plazo máximo de noventa días, durante el cual la Dirección podrá solicitar las pruebas, ordenar las diligencias que considere convenientes y resolver la cuestión debatida.
Contra las resoluciones que se dicten procederán los recursos de revocatoria, ante la Dirección, y de apelación, ante el ministro de Ambiente y Energía.
Artículo citado en: 12 sentencias, una disposición normativa, 3 resoluciones administrativas
Los permisos de exploración y las concesiones de explotación se entenderán adquiridos desde la fecha en que se inscriba la resolución en el Registro Nacional Minero, a petición del beneficiario. El acto de pedir la inscripción constituye la aceptación, por parte del titular, de todos los derechos, obligaciones y condiciones con que han sido otorgadas.
Si transcurriere el plazo indicado en el artículo 86, sin que se hagan la publicación o la inscripción por culpa del petente, la tramitación quedará sin efecto; la solicitud se tendrá por no presentada y los antecedentes serán archivados.
CAPÍTULO III Del procedimiento común Artículos 93 a 96
Las solicitudes de permiso o las concesiones en trámite no podrán traspasarse ni cederse. La infracción a lo aquí dispuesto causará el rechazo de la solicitud y ésta se archivará.
Cualquier cuestión que se suscite o promueva en materia de permisos o concesiones, durante su tramitación o con motivo de su ejercicio o extinción, sobre cualquier asunto que no haya sido entregado para conocimiento de otra autoridad, será resuelta por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, previa audiencia que se conceda a los afectados en un plazo máximo de noventa días, durante el cual la Dirección podrá solicitar las pruebas, ordenar las diligencias que considere convenientes y resolver la cuestión debatida.
Contra las resoluciones que se dicten procederán los recursos de revocatoria y de revisión, ante la Dirección, y de apelación ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Contra la resolución que dé por agotada la vía administrativa podrá interponerse acción contencioso administrativa ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, dentro del plazo de dos meses, salvo otras disposiciones de esta ley.
Las notificaciones se harán personalmente en las oficinas de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, o por medio de un funcionario notificador de ella, en el domicilio que los interesados deberán señalar dentro del perímetro judicial de San José, en su primera presentación. Si no hubiere domicilio señalado, la resolución se tendrá por notificada a todos los interesados, transcurridas cuarenta y ocho horas desde la fecha de su expedición. El notificador a que se refiere este artículo estará sujeto a los deberes y obligaciones de los notificadores judiciales.
Debe entenderse que todos los plazos de días, establecidos en este Código, lo son de días hábiles.
TÍTULO XIV De la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos Artículos 97 a 100
Al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por medio de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, le corresponderán todas las funciones que actualmente tiene esa Dirección, además de las siguientes, específicamente relacionadas con la actividad minera:
Fomentar el desarrollo de la minería nacional en general.
Elaborar el mapa geológico del país.
ch) Asesorar e inspeccionar las actividades mineras nacionales.
Exigir, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la ejecución de todas las medidas mínimas de seguridad e higiene y otras condiciones de trabajo del personal empleado en las minas, conforme con lo estipulado al respecto en el reglamento que dicte el Poder Ejecutivo, en un plazo de noventa días, a partir de la vigencia de esta ley.
Informar sobre el comercio internacional de minerales y sus subproductos, la regulación de los precios, el mantenimiento o ampliación de sus mercados, la mejor distribución de ellos, o la forma de evitar o contrarrestar cualquier acción que tienda a controlarlos y a restringirlos unilateralmente.
La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos y el Banco Central de Costa Rica determinarán el precio de venta en el exterior de todos los minerales explotados en el país. Sobre esta determinación podrán calcularse las rentas brutas de las empresas mineras y sus obligaciones tributarias. El reglamento de la presente ley establecerá el procedimiento para el cálculo del precio, el cual nunca podrá ser inferior al promedio de las cotizaciones en los principales mercados de valores.
Aplicar y velar porque se aplique la legislación minera, especialmente en lo relacionado con la tramitación de los permisos y concesiones, y con su ejercicio o extinción.
Instalar y mantener en operación un laboratorio de su propiedad, con sus respectivos técnicos y suficientes equipos para el análisis del contenido mineral, metálico y no metálico, que recoja por medio de su sección de geología, o que reciba de los interesados en concesiones mineras, a los cuales les cobrará el costo de los análisis.
Para el alcance de sus fines la Dirección tendrá todas las atribuciones de carácter científico, técnico, legal y administrativo, señalados en esta ley y en otras leyes especiales. Además, para el buen cumplimiento de sus funciones, tendrá acceso a los trabajos de exploración y explotación y podrá pedir que se le muestren, cuando lo juzgue conveniente, los documentos señalados en el inciso c) del artículo 34, de esta ley.
No podrán efectuarse ventas de ningún mineral, sin la autorización de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos y el debido refrendo del Banco Central de Costa Rica. La Dirección será responsable del control de la producción de cada concesión otorgada, así como de la vigilancia y circulación de los minerales y demás sustancias regidas por esta ley.
Los informes de trabajos de exploración, mencionados en el inciso b) del artículo 24 de esta ley, no podrán ser divulgados por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, mientras se encuentre en vigencia el permiso de exploración, salvo que haya consentimiento expreso y escrito del titular.
Una vez terminado el plazo, todos los documentos técnicos y mapas que sean parte de los informes serán propiedad del Estado.
El patrimonio de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos será incrementado en los bienes que actualmente tiene, por las sumas que se le asignen anualmente en el presupuesto nacional; por los ingresos provenientes de los cánones a que se refiere el inciso a) del artículo 51 de esta ley; por los préstamos internos o externos que contrate, de acuerdo con la Constitución Política y las leyes; y por el producto de los bienes que adquiera a cualquier título.
La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos solicitará tres muestras de mineral cada seis meses, una de las cuales se conservará como testigo; las otras dos serán objeto de análisis en diferentes laboratorios especializados. Los gastos que se deriven de estos análisis correrán por cuenta de la compañía. Del resultado la Dirección hará un informe al Banco Central para que compruebe el valor del producto refinado, enviado por la compañía.
El Estado, como socio de la empresa, o la Dirección, como contralora y fiscalizadora, controlarán la extracción, procesamiento y venta del mineral.
A juicio de la Dirección se podrán agregar otros tipos de control.
TÍTULO XV De las normas de protección del ambiente Artículos 101 a 107
Los titulares de un permiso de exploración o de una concesión de explotación, están obligados a cumplir con todas las normas y requisitos legales y reglamentarios, sobre la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables y sobre las especificaciones y obligaciones relacionadas con la protección del ambiente, que se señalen en la resolución de otorgamiento y en esta ley.
Prohíbese toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de manera que haga inservibles sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, para los usos a que están destinados.
Se considerarán factores que deterioran el ambiente, entre otros, los siguientes:
La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.
La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.
ch) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.
La sedimentación excesiva en los cursos y depósitos de agua.
Los cambios nocivos del lechos de las aguas.
La extinción o disminución, cuantitativa o cualitativa, de especies animales o vegetales, o de recursos genéticos.
La introducción y propagación de enfermedades y de plagas.
La disminución o extensión de fuentes de energía primaria.
La acumulación o disposición de residuos, basuras, desechos y desperdicios.
El ruido nocivo.
La utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio en minería y el uso inadecuado de sustancias peligrosas, de conformidad con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Los casos incluidos en los incisos anteriores serán evaluados por técnicos especialistas en la materia, nombrados por el Ministerio, quienes rendirán un informe final a la Dirección, la cual lo notificará al concesionario y le dará un plazo, que ella misma determinará, para que tome las medidas del caso.
En el caso de áreas y terrenos forestales, así como en el caso de reservas biológicas e hidrográficas declaradas por ley o por el Poder Ejecutivo, que no conlleven prohibición de explotación en esta ley u otras leyes especiales, los interesados en realizar actividades mineras en ellas, deberán demostrar con estudios de factibilidad, de costo beneficio y de costo comparativo, la mayor utilidad económica o social para el Estado, si las actividades se realizaran o si las áreas se mantuvieran bajo cobertura forestal o como cuencas hidrográficas.
El análisis del impacto ambiental deberá incluir los siguientes aspectos:
Impacto de la acción propuesta sobre el ambiente natural y humano y sobre la biodiversidad.
Efectos adversos inevitables si la actividad se lleva a cabo.
Otras alternativas existentes relativas a la actividad.
Costos y beneficios ambientales en el corto, mediano y largo plazos, en el nivel local, regional o nacional.
Otros recursos que serían afectados irreversiblemente.
Posibilidades de alcanzar el mayor beneficio con el mínimo riesgo.
El análisis del impacto ambiental de la actividad minera incluirá, como mínimo, los siguientes aspectos:
Efectos sobre la vegetación y áreas que se verán deforestadas por la actividad.
Efectos sobre los suelos, y programas de control de erosión.
Efectos sobre la calidad del agua, y programas de control de contaminación.
ch) Cantidades de desechos producidos, planes de manejo y afectos en el régimen hidrológico que pudiera afectar los usos del agua para riego; abastecimiento municipal e industrial, y generación hidroeléctrica.
Impacto sobre las vías de acceso hacia las minas, en función de factores climatológicos.
Impacto sobre las vías de acceso hacia las minas, en función de factores climatológicos y topográficos.
Efectos sobre la flora y la fauna.
Efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos.
Efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural.
La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos exigirá a los concesionarios de permisos de exploración y explotación, garantías de cumplimiento de los programas de control de contaminación ambiental y de recuperación de los recursos naturales. El monto de esta garantía será variable, en función de la magnitud del impacto.
TÍTULO XVI Del Registro Nacional Minero Artículos 108 a 113
Créase el Departamento de Registro Nacional Minero, el cual tendrá a su cargo, especialmente, el trámite de las solicitudes de permisos y concesiones, el cobro de los cánones de superficie y la organización y funcionamiento de un registro público denominado Registro Minero. Este Departamento dependerá de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos.
Se inscribirán en la Registro los permisos, concesiones, reducciones, prórrogas, renuncias, nulidades, caducidades, cancelaciones, servidumbres, declaraciones de reserva y, en general, todos los actos referentes a las actividades mineras.
El Registro Minero llevará los siguientes libros:
Registro de permisos de exploración.
Registro de concesiones de explotación.
Registro de yacimientos de placer o lavaderos.
La Dirección podrá crear nuevos registros, previo informe favorable de su departamento legal.
El Registro será público y cualquier persona podrá examinarlo y solicitar, a su costa, copias autorizadas y certificaciones. El Reglamento determinará las inscripciones que proceda hacer en cada uno de los registros particulares, así como la forma, solemnidades y requisitos de las mismas.
Esta ley es de orden público, rige a partir de su publicación y deroga todas aquellas leyes y reglamentos dictados respecto a la industria minera, inclusive las siguientes: la número 1551 del 20 de abril de 1953, sus reformas y adiciones; la número 5046 del 26 de julio de 1982, y el inciso e) del artículo 32 de la ley número 5230 del 25 de julio de 1973, y todas aquellas otras que se le opongan.
El Poder Ejecutivo reglamentará este Código dentro de un plazo de hasta ciento veinte días.
TÍTULO XVII Hechos ilícitos mineros Artículos 114 a 141
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 114 a 120
Los hechos ilícitos mineros se clasifican en infracciones administrativas y delitos mineros. La DGM será el órgano competente para imponer las sanciones por infracciones administrativas, que consistirán en multas y cancelación de la concesión o el permiso. Los delitos mineros serán de conocimiento de la justicia penal, mediante el procedimiento estatuido en el Código Procesal Penal; en igual forma, les serán aplicables las disposiciones generales contenidas en el Código Penal.
El pago de la multa referida en este título, deberá depositarse en la cuenta respectiva de la DGM del MINAE, a fin de que dicha Dirección lo utilice para los fines de la presente Ley.
La sanción pecuniaria se aplicará con independencia de otras sanciones procedentes de conformidad con el Código Penal o la legislación vigente, sin perjuicio de las indemnizaciones que den lugar a tales acciones, en favor del Estado, de las instituciones públicas o de particulares.
Las sanciones establecidas en el presente título se aplicarán siempre que el hecho no se pene más severamente en otra disposición legal.
La denominación "salario base mensual" utilizada en el presente título, deberá entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, de 15 de mayo de 1993.
Si se trata de personas jurídicas, los representantes legales, apoderados y directores serán los responsables por el incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
La DGM, cumpliendo con el debido proceso y con independencia de la sanción pecuniaria, podrá aplicar la paralización parcial o total de las labores, la suspensión temporal del permiso o la concesión, o el cierre total o parcial del lugar donde se realiza la extracción, conforme a la gravedad de los hechos.
CAPÍTULO II Infracciones y sanciones administrativas Artículos 121 a 138
Será sancionada con una multa de dos salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que no mantenga al día un registro del personal empleado.
Será sancionada con una multa de tres salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que no informe semestralmente a la DGM de los cambios en la propiedad de las acciones nominativas.
Será sancionada con una multa de tres salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que presente incompleto ante la DGM el informe de labores técnico, geológico o minero, u omita incluir en este la información y la fotocopia de la bitácora geológica.
Será sancionada con una multa de cinco salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que viole las normas sobre seguridad de los trabajadores mineros, establecidas en el reglamento de seguridad debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Será sancionada con una multa de cinco salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que no informe al MINAE dentro del plazo de quince días a partir de la verificación, de la existencia de minerales comercialmente explotables distintos del autorizado en el plan de exploración o explotación aprobado, para su respectivo trámite.
Será sancionada con una multa de cinco salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que no presente los informes de labores dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la notificación por parte de la DGM.
Será sancionada con una multa de cinco salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que se haya atrasado en el pago de los respectivos derechos de superficie.
Será sancionada con una multa de veinte salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de una concesión, que no cuente con el respectivo reglamento de seguridad debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Será sancionada con una multa de veinte salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que no mantenga al día el diario de los trabajos donde se consignen los hechos importantes de la actividad.
Será sancionada con una multa de treinta salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que no mantenga al día y en el sitio permisionado o concesionado, el plano de los trabajos superficiales o subterráneos.
Será sancionada con una multa de treinta salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que no mantenga al día el registro de producción, venta, almacenamiento y exportación de las sustancias minerales.
Será sancionada con una multa de sesenta salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que explote minerales distintos del autorizado en el plan de extracción de la respectiva concesión.
Será sancionada con una multa de sesenta salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que incumpla las medidas de mitigación del impacto ambiental producido por su actividad, impuestas por el órgano administrativo competente.
Será sancionada con una multa de sesenta salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que cause grave daño a terceros o les ponga en peligro la vida o la propiedad, a criterio de la autoridad competente, en caso de que se retire sin dejar todas las obras materiales fijas en beneficio del Estado y sin cargo alguno para este.
Será sancionada con una multa de sesenta salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que incumpla la disposición de cegar las excavaciones una vez finalizado el respectivo permiso o concesión, según lo establezca el plan de cierre técnico aprobado por el MINAE.
Será sancionada con una multa de sesenta salarios base mensuales, la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que incumpla el programa de exploración o explotación aprobado.
A la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que realice actividades de exploración o explotación minera una vez suspendido el permiso o la concesión, se le cancelará definitivamente el permiso o la concesión y no se le otorgará ningún otro dentro del plazo de cuatro años, contados a partir de la firmeza de la resolución que para tal efecto emita la DGM.
A la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que realice labores mineras fuera del área señalada en el permiso o la concesión, se le cancelará definitivamente el permiso o la concesión correspondiente y no se le otorgará ningún otro dentro del plazo de cuatro años, contados a partir de la firmeza de la resolución que para tal efecto emita la DGM.
CAPÍTULO III Delitos mineros Artículos 139 a 141
Se impondrá prisión de tres meses a cinco años a quien desarrolle actividades mineras de reconocimiento, exploración o explotación en un parque nacional, una reserva biológica u otra área de conservación de vida silvestre que goce de protección absoluta en la legislación vigente.
Se impondrá prisión de tres meses a cinco años a quien patrocine actividades mineras ilícitas.
Se impondrá prisión de tres meses a cinco años a quien realice actividades mineras de reconocimiento, exploración o explotación, sin contar con el respectivo permiso o concesión.
Artículo citado en: 3 sentencias, una resolución administrativa, 2 noticias
Transitorio I.- Los permisos y concesiones otorgados antes de la vigencia de esta ley se regirán, en cuanto a los derechos que confieren sobre áreas de exploración o de explotación y en cuanto al plazo de su vigencia, por la legislación anterior a esta ley. En todo lo demás el régimen aplicable será el que aquí se establece.
No obstante, si los interesados manifestaren su propósito de acogerse a las disposiciones de esta ley, en las materias a que se refiere la primera parte del párrafo anterior, podrán hacerlo dentro del año siguiente a su vigencia.
Transitorio II.- Las sociedades actualmente existentes, que se dediquen a las actividades mineras, o que se hayan constituido con ese exclusivo propósito, deberán inscribirse en el Registro, dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha de vigencia de la presente ley.
Transitorio III.- Las personas físicas o jurídicas que actualmente desarrollen algún tipo de actividad minera, sin tener legalizada su situación, deberán cumplir con las disposiciones de esta ley, dentro del plazo de seis meses.
Para ese efecto, la Dirección General hará la correspondiente notificación a los interesados, por medio de tres avisos que publicará cada ocho días, en el primer mes de vigencia de esta ley, en dos de los diarios de mayor circulación en el país.
Transitorio IV.- Todas las solicitudes de permisos de exploración o de concesiones de explotación, que se encuentren en trámite en el momento de publicarse esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo con sus disposiciones.
Asamblea Legislativa.- San José, a los veintitrés días del mes de agosto de mil novecientos dos
Presidencia de la República.- San José, a los cuatro días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y dos.

References: artículo 121
 artículo 35
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 57
 artículo 80
 artículo 69
 artículo 57
 artículo 69
 resolución 
 resolución 
 Artículo 53
 resolución 
 artículo 2
 artículo 56
 artículo 60
 artículo 54
 resolución 
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 65
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 88
 artículo 82
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 91
 resolución 
 artículo 34
 artículo 52
 resolución 
 resolución 
 Artículo 68
 artículo 8
 resolución 
 artículo 79
 resolución 
 resolución 
 artículo 51
 resolución 
 artículo 91
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 86
 resolución 
 resolución 
 artículo 34
 artículo 24
 artículo 51
 resolución 
 artículo 32
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución