Source: http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/316/el%20siglo%20XX.htm
Timestamp: 2017-08-18 03:08:43+00:00

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Las reformas revolucionarias y las instituciones liberales para el nacimiento en México de una economía moderna y democrática.
La Unión Americana tiene que admitir que sus fórmulas de organización de la producción de corte modernista, no son tan eficientes con las propias de la toyotización. En este sentido, basa el sostén de su nivel de vida con la colocación de deuda vía FMI, Reserva Federal Estadounidense (FED) y Banco Mundial (BM). Esto crea un cheque en blanco que sus naciones deudoras admiten unilateralmente bajo un endeudamiento que varia la tasa de interés (PRIME y LIBOR), a sus intereses en materia de subsanar sus déficit comerciales como públicos. Los abusos de esta situación llevan a las naciones deudoras a una postración financiera. El endeudamiento de sus economías crece hasta dimensiones nunca vistas, y sobre todo, que generan presiones de solvencia.
Ante la reganomía implementada de 1980 a 1988 por Estados Unidos y el Reino Unido, la caída de las economías de planificación central de Europa del Este se desploman de súbito en 1989, lo que marca el término definitivo del régimen de producción rígida y la prominencia del régimen de producción flexible. Es desde entonces que se habla abiertamente del esquema de producción compartida o globalización.
Asimismo, a inicios de la década de los años 80, la hasta ahora tan afamada reunión de intelectuales, políticos y empresarios estadounidenses en la ciudad de Washington rescatan la propuesta de enarbolada por el destino manifiesto norteamericano de la llamada doctrina Monroe: América para los americanos. A esto se le conoce como Consenso de Washington.
La iniciativa para las Américas liderada por el entonces presidente George Bush (el padre, 1988 – 1992), en 1989 propone a las naciones de Ibero América la renegociación de sus pasivos con los estadounidenses a cambio de aceptar reformas institucionales profundas, que orienten su economía a la apertura y la integración. Propone participar con sus aparatos productivos con inversión estadounidense dentro de su territorio a cambio de crear el clima institucional y la estructura económica propicia para albergar sus intereses con garantías y privilegios.
Es entonces que las naciones ibero americanas admiten el respiro financiero que les otorgan los estadounidenses a cambio de implementar las políticas (mal llamadas neoliberales), a razón de implementar, realmente, el régimen de producción flexible dentro de sus economías nacionales.
Las reformas se suceden y en especial van a cambiar la geografía regional de los negocios. El caso más palpable es el célebre Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde queda inscrito México. Las reformas también afectan los regímenes pos revolucionarios de tenencia, sobre todo de tenencia de la tierra agrícola delineado en el Artículo 27 en su apartado 10, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la tenencia ejidal.
La virtual desaparición del ejido como tenencia usufructuaria causa por un lado, la inminente extinción del minifundio y la cada vez más palpable acumulación de terrenos agrícolas en fórmulas de latifundismo.
Previamente, a fines del primer lustro de los años 80 se da también la reforma constitucional al Artículo 115, que le otorga al Municipio, como unidad público administrativa, mayor capacidad de recaudación como de gasto (federalismo fiscal), así como ulteriores reformas también le facultan con una mayor capacidad de decisión, gestión y acción en lo local (federalismo real).
Estas dos reformas van a afectar la distribución territorial de la población, especialmente en aquellas entidades federativas cuyo territorio agrícola es muy representativo, como lo es el correspondiente a la entidad de Guanajuato.
Las reformas institucionales que se viene a suceder desde inicios de los años 80 pero en especial en la década de los 90, causan también a una re estructuración económica, especialmente en los sectores primarios, y muy calcadamente en la agricultura y la secundarización económica muy cargada hacia los servicios al consumo.
Las reformas institucionales también causan el abandono del esquema de producción endogenista gestado en el país de los años 40 a inicios de los 80, y la implementación un nuevo esquema antípoda al anterior conocido como exogenismo económico. Guanajuato expresa una significativa reestructuración económica que reconfigura los sistemas urbanos y metropolitanos, especialmente de cinturón industrial del Bajío. El cambio de esquemas lleva a su vez un cambio de patrones en la migración y en la distribución territorial de la población.
El decreto de comercio libre que establecen las reformas borbónicas estrecha en suma el comercio exterior de la Nueva España y los excedentes productivos encuentran un comercio interno muy restringido (Villoro, 1976). Este decreto hace que grandes capitales comerciales se canalizan al avío de la minería, que para entonces es una actividad de lo más lucrativa, especialmente donde la densidad del mineral es alta en plata y oro, como lo es Guanajuato y Zacatecas. La proletarización se da en varias industrias del país como la textil o bien algunas actividades manufactureras, pero sobre todo en la minería. No obstante los importantes capitales captados por este sector, la riqueza generada es concentrada en las manos de los inversionistas y ya no beneficio a la clase trabajadora, la cual pronto se ve empobrecida en extremo. Esto es quizá una de las razones por las cuales el mayor resentimiento social se observa entre los mineros.
En el periodo independiente el modelo a seguir bien es el camino trazado por los Estados Unidos de América, como también la referencia de Inglaterra y su éxito industrial. La industria textil, aparte de la minería, se ve como una posibilidad de industrialización, similar a la que experimenta Inglaterra durante la revolución industrial. Los insumos del algodón y del henequén son básicos para fortalecer a esta industria, por ello su cultivo es parte de la orientación que adquiere la agricultura en el inicio del periodo independiente. (Keremitsis, 1973a; 9 – 40)
La independencia de México abre los puertos al comercio internacional, por lo que Inglaterra inunda de telas los mercados nacionales, lo que viene en grave perjuicio a la industrial textil nacional. El periodo de guerras independentistas, de 1810 a 1823 da por resultado la salida de españoles y capitales de la nación. La falta de capitales, el paro de las industrias manufactureras, los mercados restringidos, como las telas de importación llevan a la industria textil mexicana al borde del colapso.
Por otra parte, la industria textil mexicana termina siendo dependiente de las importaciones de algodón de Texas. El cambio del patrón de plata al patrón oro, es otro causal de una creciente sobre valuación de la moneda nacional, que resta competitividad a las exportaciones mexicanas y viene en beneficio a la baratura de las mercancías de importación.
Álvaro Flores Estrada es un pensador español liberal que inspira a los liberales latinoamericanos y sus ideas abundan en el proyecto económico liberal en el México independiente.
Las reformas borbónicas de 1774 y 1778 dan la posibilidad del libre comercio con otras potencias extranjeras como lo son Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, lo que en 1821 con la consumación de la Independencia abre los puertos nacionales al libre comercio.
Lucas Alamán desde inicios del periodo independiente de la década de los 20 propone políticas liberales en materia de rescatar el sector minero de la economía, como fundamento del sistema financiero nacional que debe establecerse bajo una moneda que goce con la liquidez que la plata y el oro le conceden al ser acuñadas de dichos minerales. El Colegio de Minería finalmente desea crear el profesional con capacidad técnica de volver a levantar este sector e incentivar la minería como fundamental para una economía monetaria cuyo fundamento son los metales preciosos.
Para ello se invitan a las compañías inglesas como la United Mexican Mining Association para explotar las minas del país, lo que se logra con relativo éxito.
La industrialización del país propuesta por Lucas Alamán se basa en la creación de un armamento arancelario que proteja la producción manufacturera del país, en el tiempo que fuera necesario para que esta llegara a ser más barata que la extranjera y para entonces abrirse al comercio internacional. Los doctrinarios no comprendan esta política y la tachan de bilateralista y conservadora. Pero el fundamento de Lucas Alamán son la tesis de John Stuart Mill, liberal inglés del siglo XVIII quien sostiene que una economía con atraso económico, de inicio debe mantener una política proteccionista de su industria con la finalidad de generar monopolios, quienes con su alto nivel de capitalización pueden financiar la invención e innovación necesaria para adquirir ventajas en la producción de mercancías comparativamente a otras naciones. Logrado esto entonces lo propio es abrirse al comercio internacional.
Estevan de Antuñano es considerado el padre de la empresa nacional, más que un visionario de políticas económicas, es un promotor del fomento industrial, pugna por el proteccionismo y sostiene que las empresas mexicanas deben procurar crecer de manera competitiva ante el temor de que nuestra nación termine por ser un apéndice colonial de las potencias extranjeras.
La invasión norteamericana de 1846 fortalece de gran manera el liberalismo en México, con la apertura comercial de los puertos nacionales, y quita el armamento arancelario de la política proteccionista que si de inicio procura la industrialización del país, para inicio de los 40 se parece cada vez más a las políticas borbónicas de un mercantilismo moderado.
Estevan de Antuñano a su vez procura la modernización de la industria mexicana al adoptar recetas para la mejor de la productividad obtenidas de ingleses y norteamericanos propios de la revolución de la administración científica que para mediados de la centuria ya arriban con sus recetas para mejorar la organización de la producción.
Como se ve en líneas anteriores, consumada la independencia de México, la inestabilidad económica y política del país es patente. Los primeros años independientes se dan entre las pugnas de quienes aspiran a la independencia de España, pero sin perder sus canonjías, como lo es el Clero y la aristocracia virreinal, conocido como el grupo conservador, y quienes aspiran a una independencia al estilo liberal y capitalista, bajo la enmienda democrática. Este último grupo conocido como el liberal. Los primeros que son el origen del actual bando político demócrata cristiano y los segundos que en algún momento tienden a la social democracia (Rosenzweig, 1965; 405 – 454).
En la búsqueda de reactivar la economía mexicana la idea para ambos bandos es clara: se deben capitalizar los sectores minero y agropecuario del país. Crear una red de comunicaciones terrestre que une e integrara al nuevo esquema de desarrollo las regiones del país. Implementar redes modernas de comunicación como el telégrafo. Vías marítimas y marina mercante nacional. Ferrocarriles, fortalecimiento de la industria textil. Esas son las líneas a seguir en el deseo del ascenso económico.
Sin embargo, el tema conflictivo es el reparto agrario. La enajenación de tierras comunales extrema la desigualdad social del país. Es necesario que dicha enajenación toque a los grandes latifundistas del país (que integran al grupo conservador), y que se de un reparto agrario que no promueven la propiedad privada, sino la nueva formulación de la propiedad comunitaria bajo la lógica del ejido. Desde luego, esta posibilidad solo puede realizarse mediante la fuerza, es ahí la razón de que en 1910 estalle la revolución mexicana.
La participación de capitales extranjeros en sectores tan estratégicos para la economía nacional, tales como los ferrocarriles, la extracción de petróleo, la generación de la energía eléctrica, la red de telégrafos, entre otros, son detonadores del desarrollo del país a una escala regional que, vincula al centro del país con las regiones, aún las más remotas del territorio. No obstante, la presencia de estas empresas extranjeras también resta autodeterminación a la nación mexicana. Los intereses extranjeros están presentes en las decisiones gubernamentales del país.
Tomado de Gaona, mayo 2007; 4.
Debe concebirse que detrás del auge de la economía liberal porfirista, esta la profunda contradicción entre la prosperidad del capital, a costa del depauperio del salario, así como la expansión de la propiedad privada a expensas de la propiedad comunal, lo que trae consigo una profunda desigualdad social.
En el periodo porfirista se protege tanto a la industria nacional como extranjera, privilegiando a los extranjeros de Europa respecto a los norteamericanos. De hecho rechaza la propuesta estadounidense en 1884 de establecer una unión aduanera entre ambas naciones. Conforme prosperan las empresas tanto nacionales como extranjeras, los ingresos del gobierno crecen sostenidamente. El régimen porfirista logra solventar el gasto de gobierno a un nivel admisible para el fomento de la industria con la consolidación de una infraestructura urbana que da inicio al desarrollo industrial metropolitano de México.
El liberalismo porfirista ataca al movimiento obrero al que ve como pernicioso y delictivo. Los bajos salarios, los abusos laborales, la falta de una reglamentación laboral favorable para los trabajadores, son una realidad vigente durante las tres décadas que dura su administración.
La industrialización en México en el periodo porfirista se sustenta gracias a la existencia de un salario real bajo, así como el reforzamiento de una sociedad que rige desde el periodo colonial sus relaciones industriales con base a un servilismo aparentado como paternalismo (Keremitsis, 1973d; 197 – 223). Un paternalismo que deriva a un servilismo de parte del trabajador y en poca benevolencia del patrón.
El despojo de las tierras comunales, causa que el ejército industrial de reserva crezca de manera sostenida, que se engruesa mediante los campesinos que migran a las ciudades, por lo que el salario real urbano es bajo gracias a la constante llegada de grandes contingentes campesinos a las áreas industriales. Las jornadas de trabajo son extensivas, largas y los salarios muy bajo, las condiciones de trabajo precarias y los instrumentos de trabajo rústicos.
El salario a nivel mundial es bajo. El salario mexicano, por bajo que fuese; es el asimilable a la situación internacional. En 1900 equivalen a los vigentes en Europa, un poco menores a los ingleses y menos de la mitad del norteamericano. Con todo el salario nominal crece de forma constante en el periodo porfirista. El salario que en 1877 es de 22 centavos, en 1912 ya es de 59 centavos. Pero el incremento es nominal por que ante la inflación, se sabe que la capacidad adquisitiva de 59 centavos de 1912 es menor que la de 22 centavos de 1877. Especialmente, la pérdida del poder adquisitivo se explica por la inflación que crea la especulación derivada del cambio del patrón peso – plata al peso – oro.
No obstante la situación laboral precaria el aumento continuo del ejército industrial de reserva es una realidad patente en el porfiriato.
El analfabetismo es muy alto entre los trabajadores, por tanto, el patrón cuida en gran medida todas las instancias de su vida, y el trabajador confía muchas cosas a su patrón. En tiempos de Benito Juárez e incluso a fines de Porfiriato los trabajadores conceden a sus patrones de decidir por ellos, hasta en las elecciones. es común que los trabajadores no sientan obligación de ir a votar siendo que su patrón –vota por ellos. Ese es en gran medida la razón por la cual el abstencionismo en México, a la fecha, sea muy alto (en las elecciones para presidente en el 2006 el 48% de las personas registradas en el padrón electoral se abstienen de votar).
Los patrones prohíben a sus trabajadores asistir a ciertos círculos sociales, sindicalizarse, agruparse, participar en algún mitin, leer los periódicos, ciertas lecturas e incluso su instrucción no rebasaba, cuando la hay, el 4 año de primaria. Para las mujeres no hay instrucción. Así, el obrero para 1910 es dócil y servil a los intereses de los patrones, por lo que se explica por que el sindicalismo en México se viene dando muy lentamente en comparación a América del norte o bien de Europa.
El resentimiento a esta represión del movimiento obrero da base para que en 1914 parte del ejército revolucionario de Venustiano Carranza se reclutara a trabajadores a cambio de la promesa de reconocer sus agrupaciones sindicales y sus intereses laborales, lo que da por resultado la formación de los llamados batallones rojos, y que por otra parte viene a fortalecer e iniciar la corriente, para ese momento muy novedosa, del pensamiento social demócrata.
Progreso y orden social son los objetivos de Porfirio Díaz, su gabinete es plural y trata de conciliar las diferencias partidarias existentes en el país. No obstante, el llamado grupo de los doctores, así como grandes empresarios, comerciantes y hacendados del país son privilegiados en gran forma respecto al pueblo, que vive en la ignominia y la extrema pobreza.
La marginación del campo y el nivel de analfabetismo tan alto, crean que al menos para el grupo campesino el interés por participar en la democracia del país es nulo. Su interés se centra en la tierra y su reparto. Mientras que en las regiones urbanas del país, con un analfabetismo menor y con un alto contingente obrero, sobre todo entre el grupo de empresarios que no conforman los doctores de Porfirio Díaz, el interés estriba en el sufragio efectivo y en la no reelección.
La construcción de vías férreas une al norte y sur del país con el centro, y el nexo de la economía norteamericana con las ciudades fronterizas le otorga a éstas un dinamismo muy especial en su desarrollo económico. Los norteamericanos resienten de Porfirio Díaz sus políticas nacionalistas y su preferencia a potencias europeas como Inglaterra y Francia, por ello presionan a su administración para que les conceda participar en la economía mexicana en la industria extractiva y energética principalmente, obteniendo las concesiones en 1904 y en 1906. No obstante no suficientes a sus intereses y con la imposición de pago de impuestos que no obedecen hasta 1936.
Este resentimiento norteamericano contra Díaz es lo que dan que los estadounidenses apoyen movimientos democráticos como el encabezado por Francisco I. Madero, o financien a gavilleros mercenarios como Francisco Villa con la finalidad de desestabilizar al país como presionar a la administración porfirista.
En el movimiento revolucionario mexicano la fragmentación social que caracteriza a la sociedad mexicana desde los tiempos de independencia se tienen presentes. El caudillismo da origen a distintos revolucionarios que ofrecen ofertas políticas al país para lograr la democracia, el progreso, la justicia, la libertad y la soberanía. El plan más consistente es el de Emiliano Zapata (Plan de Ayala), que toca al reparto de las tierras (bajo el emblema tierra y libertad).
En el porfiriato por otra parte, las oligarquías locales mantienen su hegemonía en las regiones y las entidades del país. Está el caso de Chihuahua, por citar, donde la plutocracia controla tierras, minas, haciendas y negocios. Es evidente que si en un exacerbado paternalismo los patrones llegan a ejercer sus propias leyes y se ponen como jueces de sus trabajadores, las leyes estatales también atienden a los intereses de esta clase privilegiada (Wasserman, 1973; 279 – 319).
Los estados por tanto son cacicazgos familiares, donde las familias son el otro poder tras el gobierno. En Chihuahua se dice que la familia Terrazas Creel goza de tantos privilegios que no paga impuestos. El poderío económico de esta familia llega a controlar casi todos los bancos en el norte del país. Luis Terrazas llega a ser el más grande terrateniente y ganadero y su fortuna es tan grande que lo encumbra como gobernador de la entidad (1904 – 1910). Así como en Chihuahua, en toda la República el poder de las “familias” oligárquicas es tal que se dan privilegios y concesiones de todo tipo y el país prácticamente les pertenecía. Las leyes es a su favor y el régimen en sí les obedece. Poder supremo de las familias ricas del país, la democracia es ante todo un ideal muy distante de la realidad social mexicana.
Asimismo, los extranjeros son otra clase privilegiada, que no paga impuestos y que goza con canonjías y privilegios gubernamentales que, prácticamente, son la otra clase social dueña de la riqueza de México.
Esta situación sustenta el hecho de que muchos autores consideren que tanto en el norte como en el sur, el odio hacia estos sátrapas es otro móvil importante de los levantamientos locales, ante la perpetuidad y la impunidad de la injusticia que se vive, como de los abusos y privilegios que se les concede por el régimen porfirista a estas familias como a los extranjeros. La revolución maderista en gran medida se considera una respuesta de repudio a la familia Terrazas Creel, por caso el levantamiento de Pascual Orozco.
Los latifundistas en el sur del país atienden la producción entre varios cultivos, principalmente de la caña de azúcar. La explotación de la mano de obra es abusiva e inclemente. La situación de pobreza extrema y la injusticia en un grado intolerante. El levantamiento zapatista surge de eslabón más bajo de la sociedad mexicana: los peones campesinos, quienes ven su situación llevada al extremo de la ignominia y la pobreza casi indigente. En el estado de Morelos la producción de azúcar contribuye con la tercera parte de la oferta nacional de dicho producto y puede considerarse que aparte, ingresa a su fase de modernización, por lo que la proletarización es inminente. Se habla de proletarización el peón campesino, por lo que los jornales son muy inferiores a lo que un trabajador dueño de su parcela obtiene.
Mientras la revolución urbana es de corte jacobino, es interesante comprender que el movimiento zapatista respeta la Iglesia, la religión y al Clero católico. Por ello, son dos movimientos revolucionarios distintos, el que se da en las ciudades con la revolución maderista de abierta formación proletaria y social demócrata, y el nacido en el campo, campesino e indígena demócrata cristiano como conservador en la procuración de los derechos que existen desde el periodo colonial respecto a los pueblos y la tierra.
Campesinos como obreros apoyan la revolución maderista, solo que Francisco I. Madero no comprende el problema del campo. Él es un burgués norteño, estudiado en el extranjero y aspirante a promover en México el sufragio efectivo y la no reelección. Con respecto a la tierra, el asunto esta muy lejos no solo de sus aspiraciones revolucionarias, sino de su propia comprensión pues le es un problema muy ajeno a su inscripción social.
Emiliano Zapata pronto se decepciona de Madero y por ello, ante la miopía maderista respecto al problema agrario, permanece levantado en armas en la sierra de Puebla, como redacta el Plan de Ayala, que es el programa auténticamente de la revolución mexicana. Misma que se consuma en la constitución de 1917 en el artículo 27, y propiamente en el apartado 10 del mismo. En diciembre de 1991 Carlos Salinas de Gortari da al traste con este logro de la lucha campesina y condena a la nación mexicana la neoporfirismo y al neo latifundismo.
En el porfirismo, el pueblo es considerado bajo la óptica liberal como el componente inconciente o pasivo de la sociedad en vista de su carencia de capital para emprender empresa, como su ignorancia para tener visión (Calderón, 1972; 29 – 77).
El programa liberal de tiempos de Benito Juárez desprovee al 80% de la población campesina de sus tierras de cultivo. A su vez, los grandes hacendados requieren fuertes contingentes de mano de obra. La implementación de jornaleros bajo sistemas de asalariamiento y endeudamiento extrema la situación de los trabajadores quienes, bajo una herencia de servilismo del tipo feudal desde tiempos coloniales, como la mansedumbre propia de su condición social, ven recrudecer su realidad a situaciones de abierta ignominia.
El salario industrial comparado es muy superior al jornal del campo, por decir, las minas pagan 6 veces más que lo que se paga al peón campesino, por ello, las industrias tanto rurales como urbanas son un atractivo para el trabajador campesino. Su crecimiento no obstante no genera la demanda de empleo asequible a la oferta de trabajo. Aumenta el desempleo, la delincuencia y la vagancia especialmente en las ciudades, durante un periodo histórico que bajo la óptica liberal el desempleo se considera voluntario, por lo que el régimen no es tolerante a los desempleados a quienes se les ve como vagos y criminales.
Los sectores más esenciales para el desarrollo del país tales como la energía (petróleo y electricidad), las industrias extractivas (la minería), proveedora de indismos industriales, y las comunicaciones terrestres como marítimas (ferrocarril, teléfono, telégrafo y los puertos marítimos nacionales), están en manos de extranjeros.
Las inversiones de capital foráneo son cuantiosas y traen consigo a trabajadores extranjeros que como proletariado, logra prestaciones y garantías laborales que en México no existían. El convivio entre trabajadores mexicanos con extranjeros es referencia a los primeros para la búsqueda de un trato laboral similar, por ello, la inversión extranjera en el país es la influencia que alienta el movimiento social demócrata en la búsqueda de derechos laborales similares a los prevalecientes en otras naciones como Inglaterra o los Estados Unidos.
Es la clase media urbana la que inspira el liberalismo ya no de corte económico del orden del laissez faire, sino de corte político en la procuración de la democracia. Es ahí donde encuentra acomodo el movimiento maderista: la procuración del sufragio efectivo y la no reelección, eslogan de abierto enfrentamiento contra la dictadura de Porfirio Díaz. Como parte de ello en 1903 se funda el Club Redención y el Periódico Excélsior. La libertad política es el nuevo emblema del liberalismo, ya no económico sino político. Las demandas obreras como campesinas no son prioridad del programa maderista, sino el de las libertades políticas, más clasemediero que otra cosa.
Para Francisco I. Madero las bases constituyentes de las libertades políticas y la democracia son las de la educación. La relevancia de la educación en México es ante todo el garante de que se sostiene todo régimen democrático, la justicia a su vez aparece como un predicado del nivel de conciencia que los individuos pueden tener como integrantes de una sociedad civil. La civilidad basada en la educación entonces es el proyecto revolucionario de madero, no los salarios ni los jornales del campo, menos aún un nuevo reparto económico, especialmente agrario.
El pueblo ignorante se alía a quienes tienen una “mejor visión” de la realidad nacional y su emergencia social como económica. Suman sus fuerzas revolucionarias a favor de los intereses de las clases medias, aparentemente más ilustres, pero sesgadas a intereses ajenos a las del campesino y los obreros. Por ello, después de la lucha maderista, la revolución se promueve ya no desde lo urbano sino desde lo rural. El zapatismo adquiere su carácter como promovedor de un nuevo reparto agrario pro indígena. Francisco Villa promueve el agrarismo, aunque ya no con el sesgo indígena de Emiliano Zapata, sino de tipo mestizo y propio de los jornaleros de industrial campesinas articuladas al desarrollo fordista, nacional e industrial urbano. Zapata en el sur triunfa gracias a que abundan las comunidades que son despojadas de sus tierras por el programa liberal desde tiempos de Benito Juárez. Villa en el norte, adquiere fuerza ante el dominio de las grandes Haciendas latifundistas. Distintos sin embargo, los dos caudillos procuran intereses comunes agrarios.
La contrarrevolución de Victoriano Huerta procura reimplantar el orden liberal del periodo juarista como porfirista, mientras que Carranza reivindica la revolución mexicana desde sus bases constitucionalistas en materia campesina como obrera.
Las fuerzas del antiguo régimen, por un lado, y los sectores campesinos y obrero por otro, deben sintetizarse en un nuevo régimen que funda su existencia entre una realidad rural contrastada a una creciente realidad urbana. Es necesario establecer no solo el orden, sino las fuerzas de la contención del mismo, especialmente de estos grupos populares. Las instituciones son dadas mediante la Constitución de 1917, pero las fuerzas políticas de control deben emanar de una nueva clase política en el poder.
Es necesario por tanto no solo ordenar a la nación de forma que se oriente su desarrollo hacia un capitalismo moderno y burgués, sino que también es necesario organizar socialmente al trabajo y a la producción, mediante la invención de un Estado burgués moderno.
En 1920 se da una nueva revuelta por la lucha por el poder. Adolfo de la Huerta se levanta contra Obregón, lucha que desgasta las fuerzas del orden hasta el sofocamiento de la contienda delahuertista. Este movimiento no es otra que la manifestación de la lucha de los intereses fraccionarios del caudillismo y de jefes militares en la búsqueda de obtener ventajas políticas de la revolución mexicana. Su término presenta el término del caudillismo.
La búsqueda de aglutinar las fuerzas populares a las fuerzas del gobierno insta al surgimiento de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM).
La revolución mexicana debilita grandemente a la burguesía mexicana, la cual no cuenta con la fuerza necesaria para echar andar la maquinaria del desarrollo económico del país. Ante este vacío, el Estado viene a suplir la labor que originalmente debía ser empresa de la burguesía mexicana, y con ello, la clase media arriba al poder y a la dirección de la economía nacional como efecto inminente de la revolución mexicana.
Después del levantamiento delahuertista que distrae a la nación 4 años (1920 – 1924), en 1926 estalla un nuevo movimiento armado: la iglesia católica que durante la revolución mexicana no tiene protagonismo alguno, ahora dan hincapié en procurar su anexión en la nueva fórmula de gobierno. Desea rescatar el papel que tiene en la vida nacional antes del régimen de Benito Juárez, y desea ser parte de las fuerzas de gobierno. La revolución cristera nace en el medio rural, aunque la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, quien la dirige, se sustenta en el medio urbano.
De inicio existen partidos políticos que patentan los intentos de la sociedad mexicana por construir la democracia del país. Por enunciar algunos de los partidos se tiene al Partido Liberal Constitucionalista (creado en 1916). Está el Partido Nacional Agrarista, el Partido Nacional Cooperatista (1924), el Partido Laborista Mexicano (1921), el Partido Comunista (1928), y finalmente en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. En este último por fin se pudo aglutinar el movimiento obrero y campesino mediante la CROM y se funda el centralismo del poder político, típico del régimen político bajo un partido oficial que controla a la nación por 71 años, hasta el año 2000.
La revolución mexicana no es de principio un mismo proyecto de cambio. Zapata y Villa pelean por intereses de grupos populares, mientras que Carranza y Obregón procuran el poder no por causa, sino por caudillismo (Meyer, 1971a; 1 – 37).
Venustiano Carranza en 1914 en Veracruz recluta trabajadores para la causa revolucionaria, bajo la promesa de mejores condiciones salariales y laborales una vez culminada la contienda. Esto es el origen de los llamados “batallones rojos”.
La proletarización del país es un proceso gradual. Se dice que en 1910 según censo se tienen 43 000 obreros. En 1873 se tienen 80 000; en 1880 ya son 195 000. La ciudad de México, Monterrey, Puebla y Veracruz son las zonas metropolitanas donde se ve la mayor concentración de obreros, especialmente trabajando en la industria textil.
Es necesario concebir que el pensamiento social demócrata se inspira en el movimiento obrero. Nace de las clases proletarias y como parte de la modernización de la industria. Este pensamiento no es único de las clases obreras, sino de artesanos y personas dedicadas a oficios manuales como albañiles o carpinteros simpatizan y se identifican con este pensamiento.
La proletarización del país viene a la par de la inclusión de inversión extranjera en el país. Las industrias inglesas, norteamericanas, francesas como españolas dan por resultado el nacimiento del obrero urbano, bajo condición de salario. El movimiento obrero a su vez procura el sindicalismo como una fórmula de organización del trabajo, como de poder en la negociación contractual del gremio. El sindicalismo nace en las industrias extranjeras del país, simpatizantes del marxismo e imitando las organizaciones obreras de los países de origen de estas industrias. Muchas veces propiciadas por trabajadores venidos con las empresas quienes procuran mantener sus mismas condiciones y prestaciones laborales de sus países de origen, por lo que importan las fórmulas de organización obrera de sus respectivas naciones.
La carencia de leyes mexicanas que rijan el trabajo y den prestaciones como garantías laborales a los trabajadores de estas industrias, promueve la procuración de instituciones de corte fordista laborales como sindicales. La reticencia del régimen liberal porfirista y su aplastante respuesta opresora de todo el movimiento obrero (recuérdense las huelgas de Río Blanco y Cananea), violentan y resienten al movimiento obrero del país, que pronto se suma a la lucha revolucionaria.
El movimiento obrero identifica de inicio al extranjero como el enemigo a vencer, de ahí su nacionalismo y su repudio a los patrones extranjeros. Su lucha revolucionaria no es contra el capitalismo, sino contra los extranjeros y empresas extranjeras en el país.
Cuando Carranza en 1914 ingresa a la ciudad de México, los trabajadores miembros de la casa del Obrero Mundial, se organizan para felicitarle y legitimar su triunfo revolucionario. Asimismo, Obregón establece el salario mínimo en Querétaro, Michoacán, Guanajuato e Hidalgo en enero de ese mismo año.
Obregón también crea la Confederación Revolucionaria en Veracruz en el año de 1915, para “defender y conseguir la autonomía del individuo y los derechos de la colectividad, haciendo reformas sociales para emancipar al pueblo, colaborar con los ciudadanos para aniquilar la reacción clerical, burguesa y militar, propagando en todo el país … los principios de la revolución…” (Meyer, op. cit.).
La historia indica que la Iglesia Católica durante la revolución mexicana no encuentra respaldo de las clases revolucionarias en la búsqueda de rescatar sus canonjías perdidas desde el periodo juarista. Al término de la revolución mexicana y a efecto de la redacción de la Carta Magna de 1917, abiertamente jacobina, patenta en su propio movimiento revolucionario sus intereses en promover la guerra cristera en todo el país, que tiene su máxima respuesta en el occidente del país: Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán.
La revolución mexicana de 1910 es definida como (Córdova, 1972a; 23 – 34):
• Democrático – liberal y Pequeño burguesa
• Agrarista y Campesina
• Populista Obrero y Social demócrata
• Anti imperialista y Nacionalista
Las razones que mueven la revolución de 1910 es necesariamente el periodo liberal de la segunda mitad del siglo XX. El proyecto liberal y las leyes de reforma como de amortización de inmuebles y terrenos rústicos afecta terriblemente a los pueblos indígenas que ven enajenarse sus propiedades comunales. El despojo de los indígenas por las administraciones liberales recrudecen las condiciones de vida de esta población que para entonces significa la mayoría de los mexicanos.
El esquema liberal decimonónico en América latina es una abierta y descarada imitación de los regímenes liberales europeos como el inglés, no viable para naciones como las latinoamericanas donde el nivel de instrucción es demasiado bajo y pobre como para garantizar que su población cuente con la comprensión de su realidad y la visión de sus aspiraciones de una sociedad idealizada en instituciones socialmente pertinentes y sustentables.
La revolución democrática liberal es movida por la clase media mexicana, más ilustre, mestiza, e instruida, con comprensión de la realidad social del país y con una visión de una sociedad idealizada por sus instituciones democráticas.
El ideal democrático liberal no es viable en 1910, y menos anteriormente, por el muy bajo nivel de instrucción de la sociedad mexicana. Sin justificar las dictaduras previas como posteriores, las sociedades democráticas tienen como fundamento un alto nivel de educación (Córdova, 1972b; 35 – 44).
El rompimiento entre el maderismo y el zapatismo es inminente. Mientras Emiliano Zapata procura el reparto (el regreso) de las propiedades agrarias a los campesinos e indígenas del país, Francisco I. Madero, ajeno y desinteresado de la realidad de esta población, solo atiende el anhelo liberal democrático de la pequeña burguesía mexicana.
No obstante el ideal liberal demócrata de la revolución mexicana, los regímenes de gobierno posteriores a la revolución se instalan como fórmulas de dictaduras ante la incapacidad del país de aspirar a una sociedad democrática, mientras no supere su bajo nivel de educación. Las dictaduras posrevolucionarias son militares, civiles de partido, populistas, tecnócratas estructuralista, y recientemente plutocráticas, pero todas ellas dictaduras al fin, fascistas en extremo y contradictoriamente paternalistas (Córdova, 1972c; 45 – 61).
Existen dos condicionantes del desarrollo nacional que se dan desde el periodo liberal decimonónico: la hegemonía que se establece por una persona como poder nacional y la subordinación de las fuerzas políticas, incluso las antagónicas, a esta voluntad política unipersonal, donde la participación de nacionales como extranjeros es importante para el proyecto político (Córdova, 1972d; 12 – 23).
Con el inicio del porfiriato se da la formación del capital con la directriz modernista, el mismo que se ve interrumpido con la crisis de 1901. Este desencadena la revolución mexicana. La que culmina en la creación de la Carta Magna de 1917 donde los artículos 27 y 123 ostentan los logros de la lucha revolucionaria en lo social, lo económico y lo político.
La concepción de los artículos aquí citados es resultado de consultas populares que realizan los constitucionalistas y carrancistas, que evidentemente solo indican los problemas a atender más no su solución, al menos no en el corto plazo.
Las reformas sociales son el bastión en que se erige el nuevo poder revolucionario, que le dan al Estado su sello de clase y su legitimidad popular e histórica. Son un arma de lucha contra las clases opresoras y sustento de la nueva dictadura de partido que posteriormente se instaura en el país bajo el régimen priísta.
El que las nuevas leyes sean eficaces consisten en la forma en que las nuevas instituciones económicas, sociales y políticas correspondan a la lógica que marca el régimen de producción rígido, y con ello a las relaciones industriales propias y necesarias para el buen funcionamiento del sistema económico capitalista moderno.
Con el triunfo de la revolución mexicana la clase emergente, dueña de la mayoría de las fracciones políticas aún en pugna se enfrenta a nuevos retos: la institucionalización de su sistema de dominación y la reestructuración económica (Wionczeck, 1972).
La institucionalización pretende mantener a las diferentes fracciones en pugna subordinadas pero sin antagonizarlas, a un poder central que no caiga en manos de una sola persona.
La reestructuración económica procura la reconformación de dos clases demandantes de mejoras: los campesinos, que reclaman una reforma agraria, y los obreros, que demandan mejoras en sus condiciones de trabajo, el derecho a la conformación de sindicatos, entre otras instancias laborales.
Los retos para lograrlo radican en vencer el caudillismo, lograr consistencia en el movimiento campesino, muy fraccionado y contradictorio, incentivar el desarrollo industrial mexicana, al momento incipiente, lograr un proyecto político consistente, poner en orden a la Iglesia Católica y a los intereses extranjeros en el país, como superar la crisis del fordismo expresada en 1929.
En otras palabras, el ideal revolucionario pretende institucionalizar la actividad política, terminar con el caudillismo local, diversificar la economía e incluir al movimiento obrero y campesino como actores dentro del nuevo régimen.
Dentro de los regímenes dictatoriales posrevolucionarios se debe destacar aquellos propios del presidencialismo. El presidencialismo se define como la hegemonía que logra el poder ejecutivo sobre el legislativo cuando este último, en cuanto su composición, contiene una mayoría (relativa o absoluta) de diputados alineados al partido que en su momento sea el oficial (para el caso el PRI, Meyer, 1971b; 38 – 47).
Esta mayoría relativa o absoluta le confiere tal poder al ejecutivo que lo que dice el Señor Presidente es incuestionable e inmediatamente obedecida. El presidencialismo por tanto es una fórmula de fascismo. Fascismo es todo aquello que no es democrático. Es cuando el interés de alguno se impone al derecho de todos. El presidencialismo, como fórmula fascista, no obstante, supera una grave restricción funcional del Estado, la lentitud de las reformas institucionales bajo un auténtico régimen democrático, la cual no ocurre en la pertinencia deseable como en la oportunidad necesaria. El fascismo es nefasto pero es efectivo. Por ello, después de la revolución mexicana, el organizar la sociedad tuvo que darse necesariamente bajo una fórmula fascista: el presidencialismo. Sin que este párrafo sea apologístico de la dictadura. Pero necesariamente el fascismo priísta en México es (a la fecha, es) la fórmula de gobernar con eficacia (no con justicia sino con justeza), una sociedad que aún no encuentra su orden y organización.
El caudillismo es de hecho la forma de establecer en un nivel local el orden, ante el desorden imperante a un nivel nacional. Los caudillos sin embargo, siendo personas o familias con gran influencia en la vida local, presentan fuerzas antidemocráticas e injustas para una sociedad que procura la civilidad. La revolución se da gracias a los caudillos y resulta en un régimen que debe combatirles para implementar un régimen jurisprudencial cívico a una escala nacional.
Las instituciones emanadas de la constitución de 1917, solo pueden ser impuestas contra las fórmulas locales de control: los caudillos. Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se dedican a ordenar a la sociedad mexicana acabando con los caudillos. Sangra a la nación como toda dictadura nefasta, aún en el maximato.
El principal programa de gobierno posrevolucionario es lograr la consistencia de la nación y la integración de la misma en un territorio debidamente organizado. Por ello, el desarrollo de las comunicaciones es básico para lograr abatir las hegemonías locales. La profesionalización del ejército por otra parte es una fuerza importante para pacificar al país y lograr el orden a una escala nacional. Por ello, los principales jefes políticos son de formación militares. La primera dictadura posrevolucionaria es militar. Su efecto, la pacificación de la revuelta.
El corporativismo es otra fórmula de control fascista donde se enajena a toda aquella persona a servir al régimen bajo fórmulas clientelistas, donde las concesiones del Estado mantienen el orden y la disciplina política gracias a la debida y conveniente enajenación de todas las fuerzas políticas. Es de ahí que se le nombra una dictadura benévola al régimen priísta.
En el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva a una Ley Federal del Trabajo donde existe (hasta 1992), una cláusula de exclusión que obliga a toda entidad laboral del país a que quede inscrita dentro de cualquier fórmula de corporativismo: sea ejidos, sindicatos, cámaras, colegios de profesionistas, entre otras. Finalmente todas ellas quedan dentro de una confederación nacional (sea campesina, popular, obrera o del tipo que fuese), que finalmente es parte del partido oficial. El genio de este corporativismo estatizado es Lázaro Cárdenas.
Las características del presidencialismo son las siguientes:
• Es una alianza de grupos sociales organizados con poderes políticos.
• El presidente tiene poderes extraordinarios.
• El presidente es árbitro supremo y juez omnipotente para intermediar en los conflictos políticos del país.
• Hay un abierto culto a la personalidad y a sus atribuciones.
• Hay formas clientelares de manipulación y control.
• La decisión política es en parte caprichosa pero desde luego establece concertacesiones políticas entre los partidos.
• Hay un empoderamiento de un grupo político que sexenio a sexenio se transfiere el poder, al que tienen cautivo y no concesionan.
• Tienen el monopolio de la violencia, y de la benevolencia, creando tanto admiración y respecto, como temor (incluso terror).
Las huelgas y las manifestaciones en las mejoras de las condiciones del trabajo son ya para 1900 una vivencia de la sociedad mexicana. Las huelgas más destacables son las de los grupos de trabajadores henequeneros de Yucatán, los mineros de las minas de cobre de Sonora, como los de las fábricas textiles de Veracruz, las cuales son brutalmente reprimidas y con resultados trágicos.
La crisis económica mundial de 1906 y 1907 restringe el mercado mundial, por lo las empresas extranjeras localizadas en México observan problemas para sostener su nivel de empleo, como el nivel de salarios. La caída del mercado foráneo lo va a amortiguar con desempleo y caída de los salarios de sus empleados. Situación que encona más el resentimiento obrero respecto a las empresas extranjeras.
La contra revolución se manifiesta mediante el golpe de estado de Huerta, quien obtiene fuerza política de las clases reaccionarias del país, los extranjeros y los burgueses quienes ven peligrar sus intereses ante la revolución mexicana. Una fracción de la clase media mexicana promueve en la contrarrevolución sus interese que sobrepone a los del movimiento campesino y proletario de la revolución mexicana. La contra revolución desmantela la revolución campesina y de trabajadores de Emiliano Zapata como de Francisco Villa y ve en Huerta y posteriormente Carranza la promoción de sus intereses que de hecho, promueven el carácter que adquieren los artículos 27 y 123 de la Constitución Política mexicana.
La revolución mexicana presenta 4 corrientes distintas: la del campo, conservadora y agrarista, de Emiliano Zapata; la maderista, demócrata, pequeño burguesa y urbana; la obrera urbana, social demócrata, y la huertista y carrancista o la contrarevolucionaria (Leal, 1975; 7 -30). Estas cuatro fuentes unen sus esfuerzos para derrocar la dictadura porfirista, fincar las bases de la propiedad privada agraria, como las instituciones capitalistas propias del modernismo.
El Estado oligárquico de Porfirio Díaz esta compuesto de militares, grandes empresarios nacionales como extranjeros, grandes latifundistas como caudillos locales e intelectuales aburguesados en el confort de art novo francés. Los campesinos, obreros y trabajadores urbanos de oficios como carpinteros, herreros o panaderos, componen la clase de los desposeídos y ciudadanos de tercera de la sociedad porfirista.
Los primeros gobiernos son encabezados por militares y se establece una unidad política militar fuerte, con una alianza entre burócratas y militares que le sustenta de los años 20 a los 30.
En 1940 se logra, bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la consolidación del capitalismo social bajo una estabilidad social, política y económica no antes visto, la prosperidad se funda en la implementación de un Estado cada vez más participativo y cuya inducción depende del sector público (Vernon, 1973; 105 – 139).
Es en 1940 que parte el llamado milagro mexicano, donde la economía logra crecer de forma sostenida y estable y donde, para bien de la sociedad, el salario real de los trabajadores se recupera significativamente, así como se crean nueva fuentes de empleo urbano, por lo que la clase obrera mejora significativamente su calidad de vida, así como mediante la expansión del sector público la clase media se robustece. La burguesía mexicana bajo un esquema proteccionista, con un mercado exterior atrayente, consolida las bases de monopolios industriales que lideran el modernismo del país, y se puede sostener que los movimientos sociales pasan por un momento de convivio armonioso y pacífico. La vida urbana se desarrolla de forma que la nación deja atrás su sesgo rural y agrario tradicional.
Las exportaciones de bienes básicos industriales como de ciertas manufacturas se mantienen otorgando a la nación divisas suficientes para expandir el crédito y robustecer el sector financiero. La estabilidad económica descansa en un nivel de reservas internacionales que presenta un fondo de estabilidad cambiaria que permite acunar expectativas empresariales a largo plazo. Se incentiva el crecimiento autónomo de las empresas bajo un clima de seguridad y probidad.
Esta prosperidad otorga a la economía nacional tasas de crecimiento del PIB que incluso en varios años llegan a ser del 8%.
Del capitalismo industrial que tiene a imitar el sendero del desarrollo textil inglés, se pasa al capitalismo monopolista, donde el régimen endogenista le brinda a la industria nacional un proteccionismo que permite la formación de fuertes capitales, mismo que observan un alto nivel de concentración y centralización en la zona metropolitana de la ciudad de México, la cual llega a dimensiones de una megametrópoli. No obstante, el capitalismo mexicano no pierde su carácter de dependiente y periférico.
La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) es fundada el 12 de mayo de 1918 en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y es dirigida por el obrero Luis Napoleón Morones quien es un trabajador del sector eléctrico (Reyna y Marcelo, 1976; 24- 52).
La CROM desde sus inicios mantiene un gran nexo con el Estado, de ahí la vitalidad de la fuerza que adquiere, y es fundamento para el control de los trabajadores, especialmente del sector de la electricidad, minero, fundidor de hierro y el acero, ferrocarrilero, principalmente.
Durante la década de los años 20 hay otras iniciativas de organización del trabajo, las cuales están en abierto enfrentamiento con la CROM. Una es Confederación Nacional Católica del Trabajo (movimiento procurado por el Iglesia Católica y los sinarquistas del país), y otro es la Confederación General de Trabajadores (fundada por anarcosindicalistas de la Casa del Obrero Mundial). La CROM por su parte, para fortalecer el movimiento obrero crea el Partido Laborista Mexicano, alienada al estado desde su inicio. Este partido se alía al estado para brindarles una plataforma electoral a los candidatos, a cambio de posiciones y puestos políticos de los líderes obreros.
En 1927 se crea la Junta de Conciliación y Arbitraje ante el conflicto de los ferrocarrileros, para dejar de lado los conflictos obrero patronales de las alianzas corporativas y de cesión de poder que otorga el Estado a los líderes obreros.
En 1928, el asesinato del Álvaro Obregón, el conflicto de la guerra cristera, la precandidatura de Morones a la presidencia, restan vital fuerza a la CROM la cual se desmantela en 1929.
El 28 de agosto de 1931 se promulga la Ley Federal del trabajo donde quedan institucionalizados los lineamientos de acción del movimiento obrero, como su nexo con el Estado bajo fórmulas corporativistas.
Ante la caída de la CROM surgen otros intentos de unificación tales como el Comité Pro Unificación Obrera y Campesina integrado por los sindicatos opositores a la CROM. Así también nace al Confederación de Trabajadores de México (CTM) a través del Congreso Nacional de Unificación Proletaria, la cual procura ganarle al movimiento obrero ventajas en materia de condiciones de trabajo, modificar la legislación agraria a favor del campesino humilde, el desarrollo de los deportes y para proteger a los trabajadores como a los campesinos de usárseles como carne de cañón ante cualquier guerra.
Como queda claro, los intentos de organizar socialmente el trabajo y la producción en el país no son instancias fáciles de lograr, todo lo contrario, implica una gran lucha post revolucionaria de beligerancia política entre los grupos sociales de la nación.
En octubre de 1929 en Estados Unidos de América estalla una profunda crisis que tiene efecto en toda la economía mundial. El ascenso del fordismo – taylorismo lleva las regulaciones liberales basadas en la ley de mercados de Say a desplome. La oferta, es claro, rebasa a la demanda y la crisis de sobre producción (o bien, de sub consumo, como se quiera ver), se patenta en el desplome abrupto de los precios. En México, la caída del precio internacional de la plata (mineral con que se patenta la moneda nacional), lleva a la minería a una profunda recesión, y con ello se inicia la crisis de la economía nacional (Anguiano, 1975a; 11 – 36).
En 1930 con el gobierno de Pascual Ortiz Rubio se ve obligado a ajustar el salario ante el crecimiento del desempleo, lo que viene en perjuicio de la industria nacional.
El precio internacional del petróleo desde 1922 se van a bajo con la explotación de los yacimientos petroleros de Venezuela y con la crisis del ’29 se profundiza el problema.
La producción agrícola cae, aparte por heladas y fenómenos naturales, lo que dan que la nación tenga que importar maíz y frijol del extranjero. Esta crisis agrícola precariza la situación del campo y fortalece el latifundio monopolizador y acaparador. El campo esta controlado por 13 444 hacendados que controlan el 83.4% de la tierra arable, 60 000 medianos y pequeños propietarios tienen control del resto. Esto da que millares de campesinos inicien su éxodo a las ciudades.
La industria manufacturera del país mantiene un crecimiento sostenido, la gran parte en manos de extranjeros, quienes cuentan con significativos apoyos para el buen logro de sus empresas. La crisis se traduce en sobreproducción, por lo que hay que reducir las jornadas de trabajo y con ello, necesariamente los jornales, por lo que la crisis finalmente descansa en el empobrece del trabajo.
Hay un buen manejo de las finanzas nacionales al fortalecerse las reservas monetarias del país, amedrentadas por la caída de la plata, con conversiones a reservas de oro, como compra del oro al extranjero para darle la liquidez necesaria a la moneda nacional. Con todo, la crisis no deja de expresarse.
La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), es un instrumento de control que sirve desde tiempos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles (1920 a 1928) a controlar las fuerzas de trabajadores, como controlar a las clases privilegiadas. Originalmente instrumento de control del Estado, con Portes Gil ve su ocaso al ser boicoteada por la federación sindical del Distrito Federal. La idea es cuenta r con un mejor control de la base obrera y de los trabajadores del país, misma que se da mediante el CTM.
En 1934 los movimientos populares aglutinados en la CTM y la CNC constituyen un factor determinante en la política del Estado, especialmente en el periodo cardenista.
Un elemento importante en la organización social del trabajo y la producción en México es la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR). La finalidad es disciplinar los movimientos sociales del país mediante una concertación política ordenada y controlable. Es Plutarco Elías Calles quien al término de su administración en 1928 formula la creación del PNR, asimismo como representa la principal fuerza para combatir el caudillismo aún prevaleciente en el país. En 1929 queda formalmente constituido el PNR que nace para evitar fraccionamientos políticos y nuevos brotes de violencia, pacificar al país y ordenar la vida social y política de la nación, y como nueva forma de aglutinamiento o corporativismo (Furtak, 1974; 26 – 48).
Posteriormente el PNR pasa a ser el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), influido por ideologías socialistas en algún momento se piensa llamarle Partido Socialista Mexicano. Por tal motivo, la procuración de origen es el combate al imperialismo y la procuración de la democracia, como camino legítimo y pacífico a una sociedad socialista. Sus baluartes son la nacionalización de la industria, combatir la discriminación a la mujer, la colectivización del trabajo, especialmente el trabajo campesino, la intervención del Estado en el mercado, los derechos laborales, la previsión, la asistencia y el seguro social, así como el impulso a la vivienda, la salud y la educación.
Posterior a la administración de Lázaro Cárdenas, en el periodo del gobierno del Gral. Manuel Ávila Camacho, el PRM pasa a ser el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, donde lo destacable es la desaparición de la vida política del país de los militares, el control estatal de la CTM, con el liderazgo de Fidel Velásquez y de la CNC. Dos brazos del gobierno para el control político de los movimientos obreros y campesinos.
• 1935 – 1942 5.2%
• 1942 – 1945 2.3%
• 1945 – 1956 5.9%
• 1956 – 1961 3.4%
Los campesinos no obstante, son sujetos políticos de intereses del poder que no atienden sus demandas y más bien les utilizan para fines de promoción política, las familias crecen y los terrenos no por lo que la aparente bonanza del campo se traduce en empobrece agrario y expulsión de campesinos a las áreas urbanas.
Aunque la migración de trabajadores como población en general a la Unión Americana es un fenómeno más antiguo, el programa Bracero de 1942 a 1964 acrecienta la migración de mano de obra campesina a los campos de California como de otras entidades estadounidenses.
El esquema endogenista del modelo cepalino inaugurado en México desde fines de los años 40 causa un crecimiento metropolitano altamente concentrado. Crecimiento metropolitano que implica el desarrollo urbano industrial polarizado del país.
Por su parte la reforma agraria es un acto de justicia histórica pero trajo consigo otros problemas sociales que son parte del periodo de modernización del país. La reforma agraria por nada tiene una inspiración socialista, como se le quiso presentar en el periodo de Lázaro Cárdenas. Todo lo contrario, funda la base de la propiedad privada agraria y sustenta su acción bajo la doctrina de laissez faire (Eckstein, 1966; 30 64).
La reforma agraria es efecto inminente de la revolución mexicana que se viene a dar desde 1916 y que patenta su base institucional en la Constitución de 1917, la reforma agraria tiene sus raíces desde tiempos de la revolución de Independencia, mismas de corte abiertamente liberal. Miguel Hidalgo y Costilla (1810), José María Liceaga(1814), Morelos y Pavón(1814), Francisco Severo Maldonado (1823), Lorenzo Zavala (1828), José María Luis Mora(1828), Eleuterio Quiroz (1849), Ponciano Arriaga (1849), Francisco I. Madero (1910), Emiliano Zapata (1911), Juan Sarabia (1912), Venustiano Carranza (1915), Francisco Villa (1915), Álvaro Obregón (1920), establecen la línea de luchadores que enarbolan el reparto agrario bajo fundamentos del libre mercado. Así, la reforma agraria, dista desde sus raíces más ancestrales de tener un fundamento socialista. Todo lo contrario, es la base para que despegue el capitalismo en México.
La revolución mexicana deja muchas dudas una vez realizada la constitución de 1917 y ante los primeros repartos de tierras. El ejército constitucionalista es tan brutal como lo es el ejército federal de la época del porfirismo. Las leyes agrarias sirven más para aislar y contener los movimientos agraristas que para resolver el problema agrario, de hecho mucho del reparto de tierras se les dio a sus antiguos dueños, se sostiene que Carranza más que repartir la tierra se dedica a devolverla (Warman, 1976; Pp. 148 – 212).
La revolución mexicana causa que la población del país experimentara una fuerte disminución: en 1910 la población nacional es de 15.2 millones, y para 1921 baja a 14.3 millones.
Los caudillos militares sacan mucho provecho de la revolución mexicana pues de origen clase mediero y de provincia, mantienen estrecha relación con los hacendados y el reparto muchas veces les dota de tierras como canonjía de sus méritos por su desempeño militar durante la revolución. Conforman a su vez la nueva clase política del país.
Surgen movimientos reaccionarios al carecer el ejército constitucionalista de identidad ideológica, los hacendados vuelven a adquirir el poder, y el gobierno post revolucionario retoma ideales liberales que emprenden iniciativas de Gobierno a favor de la consolidación de un capitalismo liberal. No es hasta el periodo de Lázaro Cárdenas, durante la década de los 30, que el gobierno se sesga a una ideología social demócrata y rescata los ideales de la auténtica revolución mexicana, dejando atrás la pasión por el liberalismo reaccionario de las clases medias y urbanas del país.
Morelos es una de las entidades donde se atiende de inmediato el reparto aunque de forma provisional (1923), puesto que el reparto realizado con Emiliano Zapata no deja un registro de su acción agraria. Uno de los principales problemas que se tienen a la hora de repartir las tierras es la provisión del agua, de tal forma que la dimensión de los ejidos debe contemplar y compensar las carencias de este vital líquido, lo cual no es cuestión de fácil manejo.
Existen algunos leves levantamientos armados post revolucionarios por la existencia, todavía, de caciques, como en 1924 con el levantamiento de Adolfo de la Huerta por su inconformidad contra Obregón al concederle el poder a Plutarco Elías Calles como su sucesor. La paz social no es un juego sencillo, en 1926 se tiene también el levantamiento en el occidente y centro del país de los cristeros. Movimiento promovido por la Iglesia católica a favor de rescatar sus canonjías perdidas desde tiempos de Benito Juárez, como promover sus intereses dentro de la nueva conformación de un Estado post revolucionario que es más jacobino que los bolcheviques.
El reparto agrario pretende, más que regresar la tierra a los indígenas y campesinos, fundar las bases de la pequeña propiedad, tan necesaria como fundamento del capitalismo, por lo que la Ley reglamentaria sobre repartición de tierras ejidales y constitución del patrimonio familiar de 1925, orienta las iniciativas a solventar las bases de la propiedad privada de corte capitalista y liberal.
El liberalismo post revolucionario lo enarbolan los caudillos de la revolución mexicana, quienes desean acabar con toda forma de orden feudal, heredado desde tiempos coloniales, a cambio de un nuevo orden económico capitalista. Se desea una hacienda con una producción ya no de autoconsumo, sino excedentaria, con una producción ampliada, moderna y con fines de exportación. Se procura la liberación de la fuerza de trabajo de la servidumbre, a cambio de un trabajo libre, propietario de un modesto pero lucrativo patrimonio.
Estos liberales post revolucionarios ven a la Iglesia Católica como una fórmula de oscurantismo y causa del atraso y la ignorancia del pueblo. Institución que promueve las sociedades estamentarias, la Iglesia católica es la principal instancia a derrumbar en favor de la democracia. Instauradora de un mundo de mansedumbre, servidumbre, de la superchería y la sinrazón, educadora de la resignación. Por ello, las iniciativas de conformar un nuevo Estado post revolucionario moderno van de nueva cuenta contra la existencia de la Iglesia católica.
La crisis mundial de 1929 deja su huella en la economía mexicana que desde 1926 compensa la caída en la producción del petróleo con la promoción de otras exportaciones mexicanas, mismas que no logran sostener la situación financiera de una moneda nacional sólida y solvente. Las exportaciones mexicanas se ven paulatinamente disminuidas hasta llegar a ser un tercio de las de 1925 en 1932. Con esto la década de los años 30 es un periodo de estancamiento. En 1940 se re incentiva la economía nacional gracias a la demanda externa creciente de exportaciones mexicanas sustentadas en el marco de la Segunda Contienda Mundial. En dicho año México recupera su volumen de exportaciones similar al que presenta en 1925. Y de 1940 en adelante el crecimiento es estable y sostenido hasta el primer lustro de los años 70.
La reforma agraria en México es una empresa bastante difícil, desordenada, donde los avances siempre se cuestionan y los retrocesos son constantes. Hay repartimiento sobre repartimiento y los problemas son de muchas índoles (Gutelman, 1974; 86 – 111).
De 1915 a 1935 la experiencia en la aplicación de la reforma agraria tiene tales vicisitudes que de hecho en la entrada de la administración cardenista, se afirma que es un auténtico fracaso. Hay abiertos enfrentamientos en el campo entre los campesinos pobres y los pequeños propietarios burgueses agrarios.
Irónicamente, Carranza se ve obligado a realizar el repartimiento bajo presiones políticas emanadas del Plan Veracruz, no obstante hace más por no repartir las tierras que por la reforma.
Obregón por su parte, como buen pequeño burgués, promueve una reforma no tanto a dotar al campesino pobre de tierras sino a promover la pequeña propiedad privada, y en esta tónica, su acción en materia de la reforma agraria es mayor a la de su predecesor. El surgimiento de continuos levantamientos armados en el país es otra presión que da que el reparto se acelere para ciertos grupos campesinos a quienes se debe pacificar.
Plutarco Elías Calles comprende también el llamado periodo del maximato que abarca los mandatos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Su acción en materia de reparto es muy modesto y procura fortalecer a los viejos hacendados antes que repartir las tierras entre los campesinos pobres del país.
Es durante la administración cardenista que el reparto adquiere una dimensión socialmente más admisible. La pequeña burguesía se robustece y las clases medias ascienden en su relevancia de la sociedad mexicana. El desarrollo campesino en México adquiere un carácter de autenticidad y el reparto ahora atiende a los campesinos pobres.
De hecho, en el cardenismo el Partido Nacional Revolucionario combate como base ideológica, el latifundismo y proclama el reparto de tierras a los campesinos pobres. Con ello la idea es pacificar el campo mexicano e incentivar el desarrollo campesino agrario.
Cárdenas desea desmantelar definitivamente toda forma de orden feudal en la economía mexicana, para que con ello se tenga un desarrollo consistente del capitalismo moderno del país. En ese momento se cree en la vialidad económica del ejido y la división de las grandes propiedades, como base de la prosperidad. Se fortalece el ejido mediante la creación del Banco Ejidal, que provee de créditos a los campesinos para iniciar sus plantaciones y ampliar sus desarrollos a dimensiones más dignas como capitalistas. La situación del campo cambia radicalmente con el cardenismo y se tiene una nueva visión de lo rural.
Por otra parte, regresando a la Constitución de 1917, establece el derecho inequívoco del país de controlar sus propios recursos. Da a la nación la propiedad absoluta de todos los recursos minerales existentes en vetas, capas, masas y yacimientos cuya naturaleza sea distinta de los recursos del suelo superficial. Da por asiento que la propiedad privada del suelo es un patrimonio de la nación, la que se da en concesión para su explotación a particulares (Albert, 1968; 56 – 78).
Los gobiernos post revolucionarios nunca renuncian a su anhelo nacionalista, pero por distintas presiones en el desarrollo económico del país se ven obligados a conceder algunas tolerancias a inversionistas extranjeros, como es en el caso de la explotación minera, la generación de energía, el petróleo, las comunicaciones electrónicas como terrestres, principalmente.
Es hasta el arribo del cardenismo, en 1934, que se inicia una política agresiva a favor del nacionalismo, sobre todo en el control de los yacimientos minerales vitales para el desarrollo nacional, como del control de las comunicaciones. Cárdenas sostiene que el capitalismo explotador hace de México una economía colonial hambrienta y agobiada a causa de la explotación irracional de su subsuelo despilfarrado y empobrecido.
En 1936 el Congreso de la República emite la Ley de nacionalización que otorga al gobierno el poder de legislar sobre todos los bienes utilizados con fines de producción. La nacionalización de los ferrocarriles, del telégrafo, del teléfono, de la industria eléctrica, de la minería como de la extracción de petróleo, principalmente es objetivo principal de esta promulgación.
Los extranjeros que desde 1904 obtienen bajo presión al régimen porfirista, las concesiones de explotación de recursos del subsuelo como las licencias a favor del desarrollo de industrias ferroviarias, de comunicaciones electrónicas, mineras entre otras, se niegan desde entonces a pagarle impuestos a la nación, argumentando que su solo presencia genera ya un beneficio a la economía nacional. José Vasconcelos califica a los intereses extranjeros en México como “fuerzas oscuras del privilegio que no conocen otro Dios que el de la ventaja personal”.
La legislación de la Ley de expropiación de noviembre de 1936 funda el nacionalismo mexicano en una expresión que pasa de jure a su realización de facto, extendiendo el control de la nación de toda propiedad, ya no solo de tierras y aguas, sino del propio subsuelo, bajo la jurisdicción del Artículo 27 constitucional, con lo que se tiene un dominio completo de la propiedad privada. No obstante, para procurar que estos nuevos poderes no lesionaran a inversionistas nacionales como extranjeros, las expropiaciones se acompañan de indemnizaciones que compensaran a los afectados. Con ello se mantiene una buena relación, no obstante las nacionalizaciones que afectan a compañías estadounidenses, con el vecino del norte. No sin subestimar los adeudos de estas compañías a la nación por los impuestos no pagados desde 1904 y 1906 que obtienen sus respectivas concesiones.
El periodo cardenista es esencial para comprender el ascenso industrial y urbano del país ante el modernismo. Con Lázaro Cárdenas se establecen las bases del control de los trabajadores del país, así como el sustento de las políticas del Estado de bienestar en materia de asistencia, previsión y seguridad social (Anguiano, 1975; 75 -105).
La crisis de 1929 ocasiona que la nación durante la década de los 30 observe el repunte de la inflación, por lo que el margen de ganancia de los negocios se estrecha, lo que implica menor recaudación fiscal, déficit público, menor generación de empleo y crecimiento; se empobrece el salario real de los perceptores de rentas fijas como los trabajadores bajo salario, se polariza el ingreso agravando la desigualdad social y viene en perjuicio de la competitividad nacional ante el extranjero cayendo las exportaciones. Esta crisis alienta a los trabajadores a procurar rescatar el poder adquisitivo de sus trabajadores.
La administración de Cárdenas ve el movimiento obrero y los paros como parte de una lucha legítima de los trabajadores por sostener su nivel de vida. Contrario, los empresarios han duplicado sus ganancias y su nivel de capitalización es con todo sostenible.
En el periodo de Abelardo Rodríguez se implementa la Ley del salario mínimo para tratar de proteger el nivel de vida de los trabajadores. Pero contrario, el salario mínimo desde su inicio es el sustento de una política salarial de concertación obrero patronal, donde estos últimos obtienen abiertas ventajas y es causa, al menos desde 1965 de que el salario real se precarice.
La precarización del trabajo es un fenómeno paralelo a la modernización de la industria nacional. La situación que enfrenta Abelardo Rodríguez en cuanto la precarización de la masa obrera, la hereda Lázaro Cárdenas. La presión por mejorar la situación de los obreros y los campesinos del país es desde inicio el fundamento de la política cardenista, por mantener la paz social y el ascenso industrial y urbano de la nación.
Una forma de control de las masas es el surgimiento del corporativismo estatal, inspirado en tesis social demócratas, la educación socialista es una innovación del régimen cardenista, quien debe legitimar el naciente corporativismo con un fundamento social.
En las reformas laborales destaca la capacitación al trabajo por parte de las empresas, puesto que la formación de capital humano es un aspecto funcional del desarrollo donde es claro que un trabajador calificado redunda en un mejoramiento de la eficiencia de las empresas, como del nivel de vida del propio trabajador. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo procuran a su vez la formación del capital humano.
La inversión pública durante la década de los 30 se orienta a la educación, la salud, la justicia, la previsión social, la asistencia social y sobre todo, la seguridad social. Así como al desarrollo de infraestructura productiva.
La intervención del Estado en la economía es una patente del periodo. El Estado liberal muere con la crisis del ’29, y ahora la instancia basa la expansión del mercado interno a razón de la expansión del gasto de gobierno. Surge con ello la economía de los servicios, que es parte del ascenso industrial y urbano de la nación. La economía pública adquiere especial vitalidad con el crecimiento constante del sector público. El papel económico del Estado cosiste básicamente en los siguientes puntos:
1. Ser un juez que emite las instituciones que rigen al país.
2. Ser un policía que vigila el apego de la sociedad a las instituciones.
4. Regular la competencia económica, leyes anti monopolio y previsión del desabasto. Combate a la pobreza.
5. Procurar la eficiencia económica con el mejor uso de los recursos naturales.
6. Regular las externalidades de la producción.
7. Garantizar la equidad social.
8. Ser garante de la democracia.
9. Ser un estado social.
10. Ser un estado benefactor.
11. Ser un estado inversor.
12. Ser un estado interventor.
13. Asistir a la población.
14. Previsión social.
16. Educación y Salud.
17. Ser un estado mediador y conciliador.
18. Se tiene un estado subvencionador.
Así, se funda en el régimen de Lázaro Cárdenas el estado social – demócrata. Se tiene una política de Estado que induce el crecimiento y lo orienta a los preceptos de justicia, equidad, igualdad y sustentabilidad.
El fomento a la industria posterior a la década de los 30, consiste en incentivos fiscales a las nuevas industrias, establecimiento de un régimen preferencial para la importación de bienes de capital (regla XVI de la Tarifa del Impuesto General de Importaciones). Subvenciones al salario como a la industria. Promoción de las exportaciones mediante dumping social basados en subsidios a las empresas exportadoras de manufacturas, operaciones temporales a la importación como a la exportación según conveniencia estratégica para el desarrollo de México, y se abre a principios de 1961 un Programa Nacional Fronterizo (PRONAF) que procura la sustitución de importaciones de productos industriales que se consumen en las franjas fronterizas tanto del norte como del sur del país, alentar el turismo, como fomentar el desarrollo de las ciudades frontera.
Con este programa, y el posterior Programa de la Industria Maquiladora de Exportación (PIME) inaugurado en 1965 en la frontera norte, se posibilita el desarrollo de zonas francas al comercio de insumos industriales, como el fomento de la industria maquiladora.
En la década de los 50 el beneficio del periodo de la reconstrucción europea y la postguerra es evidente en la economía nacional. La creciente y sostenida demanda externa de productos primarios de exportación provee a la nación de divisas suficientes para amparar el crecimiento de un sector financiero fuerte y sano. Las exportaciones agrícolas fortalecen al campo y el desarrollo industrial y urbano cambia la realidad nacional de un sesgo tradicionalmente rural, a una nueva sociedad moderna e industrial, con todos aquellos problemas que también esto significa (Pellicer de Brody, 1974; 75 – 104).
La industria manufacturera, la siderurgia como el papel, son las que más crecen. La participación de capitales foráneos a su vez es significativa por varias razones:
1. El éxito de la economía estadounidense en su época de expansión durante la postguerra coloca en la región latinoamericana muchos de sus capitales empresariales, y con ello viene a industrializar la región, especialmente a México quien colinda con su frontera.
2. La industria mexicana que ve un buen acomodo y convivio con ciertas industrias norteamericanas, una vez localizadas dentro del territorio nacional.
3. El fomento a la inversión privada tanto nacional como extranjera, como parte de una estrategia de desarrollo modernizador.
Hubo a su vez políticas de fomento industrial tales como la extensión de las exenciones fiscales, sobre todo la del ISR en 1954, para incrementar los márgenes de ganancia y con ello respaldar su crecimiento. A su vez, está la Ley de Industria Nuevas y Necesarias que se crea en 1955, otorga franquicias fiscales, con la finalidad de respaldar la creación de nuevas industrias, especialmente aquellas que se consideran estratégicas para el desarrollo nacional.
Otro incentivo al desarrollo es el proteccionismo, tanto de la industria nacional, como de la industria extranjera localizada en el territorio del país, que da mercados cautivos y favorables a las empresas para sustentar su demanda y garantizar su desarrollo y maduración industrial.
Está también la estabilidad monetaria y cambiaria, y con ella, la estabilidad económica a largo plazo, fundamental para alentar las iniciativas ante un escenario de prosperidad y seguridad, así como de certidumbre a la inversión.
La inducción del crecimiento ordenado se patenta en 1954 con la creación del Consejo de Fomento y Coordinación de la Producción Nacional.
El clima favorable y hospitalario a la IED dan que desde 1955 este tipo de inversión venga a crecer de forma significativa (destacan el lapso que comprende de 1955 a 1958 donde el monto de este tipo de inversión alcanza más de un millón de dólares al año en colocación de desarrollos industriales). Ante este ascenso de la presencia de capitales foráneos en la economía nacional, el grupo empresarial del país responde bajo formas de organización y corporativismo empresarial tales como la CANACINTRA, la CONCANACO y la CONCAMIN.
Se organiza al grupo empresarial del país como se mitigan controversias nacionales respecto a la presencia cada día más significativa de capitales extranjeros en el país. Con ello se crea la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación CANACINTRA, que responde a una estrategia para organizar las empresas mexicanas, como una fuerza empresarial para presionar al estado a solo admitir empresas extranjeras que coadyuven al desarrollo de la industria nacional.
A su vez, nace la Confederación de Cámaras de Comercio CONCANACO, que a su vez imprimen en la política industrial del país el fundamento endogenista que sostiene que el desenvolvimiento económico del país debe efectuarse con recursos internos, donde la inversión extranjera sea auxiliar y complementaria al límite de las posibilidades que dé el ahorro interno para posibilitar el crecimiento de la industria nacional.
La Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN, como otra fórmula de organización del capital nacional ante el extranjero, sostiene que la inversión extranjera debe aceptarse siempre y cuando esta opere asociada al capital nacional, cuando su acción se vincule directamente a los intereses de la nación y contribuyan al desarrollo económico del país.
Esta respuesta empresarial respecto a fundamentar el desarrollo de la nación con base a lineamientos endogenistas, no obstante, no pudo contener el ascenso de la inversión extranjera en México. De hecho, es a partir del segundo lustro de los años 50 cuando su presencia es constante y creciente hasta la actualidad, siempre actuando bajo la tónica que en su momento permita el carácter de la política económica nacional respecto al fomento del desarrollo. La apertura económica de los años 90 deja de lado las argumentaciones económicas del endogenismo defendido por los corporativos empresariales del país.
No obstante el milagro económico que desde la década de los 40 experimenta el país, la situación de los trabajadores y sus luchas sindicales no es del todo estable. Movimientos de huelga durante la década de los 50 son lideradas por telegrafistas, electricistas, trabajadores de la industria del petróleo como de la educación y ferrocarrileros pugnan por presiones a favor de mejoras laborales como salariales. De la necesidad de controlar al movimiento obrero del país, nace el charrismo sindical, instrumento del Estado que enajena a los lideres sindicales comprándoles con concesiones políticas, económicos, gremiales, para con ello poder manipularles en relación de los intereses del grupo en el poder, el partido oficial, como del control del propio movimiento obrero (Alonso, 1972; 99 – 138).
La nación crece de forma sostenido y con niveles no antes vistos. El éxito económico es innegable y en la búsqueda de atraer más capitales foráneos al país, se concibe la celebración de las Olimpiadas en 1968, que presenta a la nación como de reciente y exitosa industrialización ante la comunidad mundial.
Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 son promovidos ante la necesidad de presentar el lado incómodo del régimen a la comunidad mundial: México es una economía exitosa, pero carece de democracia. El 2 de octubre de 1968 se suceden los trágicos sucesos de Tlatelolco, sucesos que se dan desde los conflictos del propio poder. No se reprime el movimiento estudiantil que procura hacer hincapié en la democracia, sino que se aprovecha para enfrentar (aparentemente) a la sociedad contra el régimen de Díaz Ordaz, donde ya es evidente que el sucesor es Luis Echeverría Álvarez, entonces Secretario de Gobernación. El batallón columbia, disfrazados de civiles se confunden con los manifestantes en la explanada de la plaza de las Tres Culturas. Un helicóptero lanza tres bengalas y esta es la señal que acciona la maquinaria de la agresión. Los granaderos van a enfrentar a aparentes agitadores estudiantiles armados. No son estudiantes, sino un batallón previamente camuflado de civiles para ocasionar el enfrentamiento aparente entre estudiantes y granaderos. El interés es claro, boicotear la sucesión presidencial contra Luis Echeverría Álvarez, a quien cierto grupo priísta no le simpatiza y que promueven otro interés.
El autoritarismo característico de Díaz Ordaz persiste en el periodo de gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Bajo un discurso populista, enmascara los auténticos intereses de promover el modernismo del país cuestionando los 5 regímenes de gobierno anteriores al suyo. Echeverría como Díaz Ordaz son presidentes que sirven a la CIA y su papel esta orientado a servir a los intereses norteamericanos en el país. El discurso nacionalista se abandona por el nuevo discurso populista (Pereyra, 1974; 52 – 65).
Es interesante entender que la revolución mexicana de 1910 a 1921 representa una revolución campesina en pro de la propiedad privada capitalista, encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa, como una revolución urbana burguesa en busca de la modernización y la democratización de la nación, misma que es encabezada por Francisco I. Madero y Carranza. Estas dos clases antagónicas sin embargo determinan el carácter y las características que adquiere el periodo de desarrollo de la nación de los años 20 en adelante.
La socialdemocracia adquiere fuerza en el periodo de Obregón, Calles y los regímenes que integran el maximato, lo que obliga a Lázaro Cárdenas a procurar la conciliación con los trabajadores y campesinos del país mediante el reparto agrario y la creación de instituciones a favor de la previsión, asistencia y seguridad social, naciendo con ello el Estado benefactor mexicano.
El proyecto nacionalista que se viene formulando desde el cardenismo hasta 1970 es el principal impedimento de la expansión de la IED en la nación. La legislación mexicana en materia de promover la inversión nacional y regular la extranjera priva a los extranjeros en participar en sectores económicos considerados como estratégicos, así como mantiene la condición de cuenta r con un socio mexicano cuya participación mínima fuera del 51% de la inversión total.
La expansión de los intereses extranjeros en el país se ve obstaculizada bajo este tipo de discurso político nacionalista. A cambio, con Luis Echeverría Álvarez, y propiamente desde un sexenio previo, el de Gustavo Díaz Ordaz, se trata de abrir a la nación a la inversión extranjera. De ahí la promoción de las Olimpiadas en el país en 1968. El discurso nacionalista se abandona por el populista, demagógico, persuasivo, disuasivo como distractivo de los problemas sociales y económicos que vive la nación. El populismo borra de la memoria del pueblo el precepto endogenista del desarrollo nacionalista, a cambio de la supremacía del pueblo, a quien se enarbola a un pedestal que le dan la atención de la legitimidad política del partido oficial.
El ascenso industrial y urbano vivido de 1930 a 1970 hace crecer y fortalecerse la proletarización, con ello los trabajadores se presentan como una clase fuerte y peligrosa, su control es vital para preservar el orden nacional, por ello, el populismo a su vez permite la formulación de nuevas fórmulas de concertación y corporativismo político con este grupo.
Es en 1939 que Manuel Gómez Morín funda el Partido de Acción Nacional como la primera oposición de oferta política al entonces partido oficial: el Partido Revolucionario Institucional.
La formulación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 plantea las bases para que el país ingrese de lleno al régimen de producción modernista.
La tradición centralista que arrastra el país desde antes incluso de tiempos coloniales, en el nuevo esquema moderno del corporativismo político, patentado entonces en el artículo 123 constitucional, como de la Ley Federal del Trabajo en la entonces prominente cláusula de exclusión, viene a enconar el centralismo político en la toma de decisiones, como en materia fiscal.
Todavía en los años 80 de cada peso que se recauda en los municipios, la federación le regresa solo 5 centavos al H. Ayuntamiento.
Este exacerbado centralismo que se encona principalmente durante las administraciones priístas, es en sí la causa del resentimiento de las oligarquías provincianas respecto al centro. Oligarquías principalmente lideradas por los empresarios locales como la Iglesia católica.
El PAN enarbola el resentimiento local ante un centralismo de abierto abandono presupuestal a la provincia, al campo y sobre todo, en materia de desarrollo regional. es tal la miopía centralista que se tiene en el país que los residentes del Distrito Federal sostiene que "más allá del DF todo es Cuauhtitlán".
El exacerbado centralismo discrimina las potencialidades locales como al propio territorio del país.
En realidad la formulación del Partido de Acción Nacional no obedece desde su origen a la búsqueda de la democracia. La democracia de hecho es un medio, no el fin. El fin para este caso es el federalismo.
El federalismo que trata de invertir la lógica del centralismo donde es la federación el nivel de gobierno que decide respecto al bienestar del ciudadano, quien a su vez es la instancia más distante al ciudadano. Mientras que el municipio, la más cercana tiene la menos capacidad de decisión, acción y gestión en el desarrollo local.
La idea es precisamente que el municipio adquiera mayor capacidad de decisión, acción y gestión, por lo que la toma de decisiones debe partir de las necesidades locales a las instancias tanto de las entidades federativas (estados), como de la propia federación.
Por ello, el PAN es en sí la respuesta de las oligarquías locales de provincia ante el abandono que el centralismo en el país causaba. El arribo al poder federal del PAN es a su vez, el arrebato del Estado de provincia al centro.
Son las reformas al Artículo 115 de la constitución a inicios de la década de los 80 que fundan las bases para iniciar un auténtico federalismo en el país. Y puede considerarse que la reforma a este artículo marca quizá el primer logro de la oposición política respecto a la búsqueda del federalismo auténtico.
Es durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari que se procura terminar con la tradición centralista y social demócrata, para dar pié a las iniciativas federalistas, solo que bajo la directriz de la democracia cristiana.
La muerte de MAQUIO y el nuevo liderazgo que le da al PAN Fernández de Ceballos, le posibilitan a Carlos Salinas de Gortari la inclusión dentro de la oferta política del partido de intereses extranjeros, especialmente norteamericanos. El partido deja atrás su pasión nacionalista para adquirir los motes de la nueva ética de la administración pública basada en el neoliberalismo.
La alianza cívica para arribar al poder por parte de las oligarquías locales de provincia ahora se compone de la empresa, la iglesia católica y los inversionistas extranjeros, especialmente estadounidenses. Misma que como fórmula para arrebatarle el poder al PRI es exitosa, no obstante bastante cuestionable como fórmula de gobierno.
La nueva clase política que presenta el PAN se compone de una burguesía provinciana incipiente, y por tanto, en gran medida ignorante y servil al Clero. No se trata de la burguesía liberal del centro del país, sino de una burguesía ultraconservadora de provincia, que ven la realidad a través de las gafas puestas por la Iglesia católica, retrógrada a la ciencia, al arte, y al libre pensamiento, como al libre sentimiento.
Es este entonces el costo político del término del centralismo a cambio de un mayor federalismo, es entonces y por ello, que se debe soportar administraciones miopes, torpes y facciosas en materia de atender las reales necesidades del país, especialmente cuando se trata de los estratos de la población más vulnerables: los humildes.
Después de la administración cardenista se suceden 3 regímenes de corte abiertamente capitalista: Ávila Camacho (1940 – 1946), Miguel Alemán (1946 – 1952) y Ruiz Cortínez (1952 – 1958). Con estos presidentes, la agricultura se fortalece y crecen los agronegocios de corte abiertamente capitalista.
Es la pequeña propiedad la beneficiaria de los apoyos al campo, créditos bajo subsidio a cambio de la modernización, pozos e infraestructura hidráulica como desarrollos agrícolas caracterizan la llamada revolución verde en el país. Los mercados nacionales, bajo proteccionismo agrícola propician el fortalecimiento de agronegocios que cautivan a los productores con fórmulas monopsónicas, monopolios agrarios que rindan una industria fuerte y moderna. Contrario, el ejido, como minifundio inicia a mostrar debilitamiento al no cuenta r con apoyos similares, así como ser sujeto de demagogias políticas como en su extensión, ante las grandes plantaciones corporativas de los agronegocios, abiertamente ineficientes en el sentido fordista de la palabra, que funda su eficiencia en una producción a gran escala. Por ello, la contradicción en el campo se da por la ascensión económica de los agronegocios monopolistas que contrasta con el depauperio de los minifundios de minifundistas, donde ingresan principalmente los ejidatarios.
Miguel Alemán es el presidente que más combate las instituciones agrarias de la revolución mexicana. En este sexenio aparece de nuevo la IE no solo en la industria sino en el desarrollo de agronegocios. Por otra parte con Ávila Camacho se trata de fortalecer el desarrollo pecuario a costa del agrario puesto que se protege la producción, y los predios dedicados a granjas pecuarias cuenta n con ventajas legales y de apoyo en materia de subsidios y recursos financieros en pro de su prosperidad. Las colonizaciones se ven afectadas en el periodo de López Mateos y las afectaciones de tierras dejan de realizarse, como muchas otras antes de su administración realizadas quedan suspendidas. Con Ruiz Cortínez se para el reparto de tierras y se consolida la contrarreforma agraria.
La necesidad de dotar al país de una infraestructura petrolera suficiente para promover la explotación de grandes yacimientos de este mineral da que el endeudamiento exterior adquiera dimensiones antes no sospechadas. Las presiones financieras del exterior dejan su mella en muchas de las decisiones internas de la política del gobierno. Paulatinamente las recomendaciones endogenistas venidas de la CEPAL son abandonadas por las respectivas venidas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Reserva Federal estadounidense.
La realidad agraria del país, por otra parte, no es uniforme. Cada entidad presenta singularidades que dan al movimiento agrarista un carácter endémico. Por citar se tiene el caso de Sonora, el cual es un estado eminentemente agrícola donde destaca a producción de trigo, algodón, uva, soya, cártamo y linaza. El 43% de las divisas llegadas del exterior por exportaciones agrícolas las aporta en 1975 esta entidad de la República (Jiménez, 1976; 55 – 66).
Desde 1935 se crean obras de irrigación e infraestructura que fortalecen el desarrollo agropecuario de la entidad. Ligado de gran manera a la demanda estadounidense, sus negocios prosperan con altas tasas de capitalización. El 25% de la IED en desarrollo de agronegocios se localizan en el territorio de Sonora. El reparto agrario se da a productores privados, por lo que el latifundismo explica la prosperidad de los negocios agrarios del estado. Las ganaderías de exportación son otro de los ramales económicos que también encuentran su prosperidad gracias a la demanda estadounidense de cárnicos.
El proletariado agrícola, bajo fórmulas modernas de contratación de mano de obra campesina, crece especialmente en Sonora, el Valle de San Ignacio es donde más se concentra este tipo de trabajador. Necesariamente, el aumento de este campesinado conlleva a invasiones constantes de terrenos de la propiedad privada. En Sonora la reforma agraria reparte tierras a los propietarios privados y margina al trabajador del campo, sobre todo, al trabajador humilde.
Estas continuas invasiones son reprimidas por el Ejército bajo presiones de la burguesía agraria que fuerte económica y políticamente, ve con temor tales invasiones y presiona al Gobierno para contener y desalojar los predios tomados. La violencia se desata en noviembre de 1975 en el Valle del Yaqui. Sonora desde entonces se vuelve una entidad donde el conflicto armando enfrenta directamente a propietarios con trabajadores. Años después, con el término de los subsidios al campo y el arribo de las políticas neoliberales y reformas al artículo 27 (1992), la situación ha que ambos se orienten a la producción de productos ilegales, propiamente el narcotráfico es el recurso que salva las economías agrarias locales del abandono financiero del estado.
El ascenso industrial urbano de México dan que el proletariado industrial sea la clase sea el representante natural del bloque de los oprimidos. La industria en México, conforme la sociedad se vuelve más urbana, dan que crezca la clase obrera (Álvarez y Sandoval, 1975; 6 – 24).
La estatización de los sindicatos del país es una necesidad de poder. El crecimiento de la clase obrera, como el aumento de su tasa de explotación dan imperativo el control de esta clase. Por ello, el desarrollo industrial y urbano van acompañados del ascenso del proletariado industrial como clase protagónica y líder de los trabajadores. El estado moderno ve la necesidad de controlar el movimiento obrero del país, como de bañar el discurso oficial de una aparente ideología social demócrata. No obstante, el fortalecimiento de los intereses capitalistas de industriales tanto nacionales como extranjeros obliga al Estado a conceder ventajas a la clase burguesa industrial del país, en detrimento directo de intereses de las agrupaciones obreras, especialmente en materia salarial y de derechos laborales.
El endogenismo económico inicia tres etapas de desarrollo: la primera que va de 1940 a 1955 y que corresponde a la estrategia de la sustitución de importaciones primarias; la segunda abarca de 1955 a 1970 y corresponde a la estrategia de sustitución de importaciones de bienes intermedios e industriales. Esas dos logradas con éxito. Pero la tercera y último que se inicia en 1970 procura la sustitución de bienes de capital. Lo cual no es posible dentro del esquema capitalista. Para ello es necesario estar en un sistema socialista donde la lógica del mercado no rija las relaciones industriales de producción. Sino que se pueda uniformar la producción con base a una estrategia de desarrollo, tal como los soviéticos o los chinos.
El desarrollo truncado del país deja en abierta desarticulación con el mercado foráneo a los sectores primario y secundario, con respecto a los sectores más modernos de la economía. El proteccionismo que les ampara durante su lapso de implementación les dan vulnerables y débiles ante el comercio exterior, y el esquema no puede sostenerse mientras no logre consolidar su autosuficiencia en bienes de capital. El endogenismo en México desemboca en un fracaso tal que deja a la economía nacional, como a su aparato productivo, en abierta desventaja ante el desarrollo del resto del mundo. La dependencia tecnológica del exterior se traduce en términos de intercambio comercial desventajosos para la nación y con ello, el déficit comercial es una patente del fracaso del esquema endogenista, que necesariamente lleva al endeudamiento continuo y creciente.
En 1965 se inaugura el Programa de la Industrial Maquiladora de Exportación (PIME), que dura hasta el 2001. De ahí se crea una zona franca de 20 kilómetros longitudinales de la línea fronteriza hacia el interior del territorio nacional. Zona donde hay libre movilidad de bienes intermedios y de capital para apoyar la implantación de este tipo de factorías en México. A partir de ese momento se aplica el modelo de Arthur Lewis que sostiene que el congelamiento del salario real en una nación en vías de desarrollo, es la clave para iniciar un proceso de acumulación creciente y es una estrategia viable para la consolidación de una economía industrial. Se puede afirmar que desde ese momento se da el primer antecedente del neoliberalismo en la economía mexicana. Y es precisamente desde dicho año que la indización del salario mínimo nominal se da conforme la evolución de la inflación. No obstante, las mejoras empresariales en materia de eficiencia se traducen gracias a este mecanismo en inyecciones directas a la tasa general de ganancia.
La revolución en materia de antibióticos en el mundo se da en 1926, con el descubrimiento en la medicina de la penicilina. Desde entonces, las sociedades modernas y de reciente industrialización observan la caída de la mortalidad, especialmente la infantil. En 1936 México vive la primera transición demográfica del siglo XX y de hecho en ese mismo año se da la primer Ley de Población, que entonces es de carácter abiertamente pronatalista. La expansión urbana e industrial debe acompañarse de políticas de doblamiento de territorio que entonces están relativamente despobladas, como es el norte del país o la península de Yucatán.
El movimiento obrero por otra lado se fortalece al cuenta r con mayor número de agremiados, de ahí la necesidad de su control por parte del Estado al ser potencialmente un nicho de conflicto social entre una burguesía cada vez más robustecida y un proletariado a su vez, cada vez más explotado.
1. La persistente inflación como parte inherente en su crecimiento económico. Desde 1971 – 1973, con la crisis del fordismo, las ventas al exterior del país son cayendo al grado que agotan las reservas internacionales que amparan la paridad cambiaria y que llevan a la nación a una devaluación traumática en 1976 del 97% de su tipo cambiario. Desde entonces y se forma continua, persistente y cada vez más crítica, la inflación es un síntoma de un desarrollo incipiente. La inflación causa que se estreche el margen de ganancia de los negocios y con ello caiga la tasa general de ganancia, lo que crea la inconformidad del grupo empresarial del país respecto a la labor del Estado y su papel en la economía. Por otra parte, empobrece a los asalariados y a los perceptores de rentas fijas como los terratenientes, polariza el ingreso y crea términos de intercambio desiguales en el comercio exterior.
Con estos dos rasgos se tiene que la caída de las ventas al exterior lleva a la economía mexicana a una crisis inflacionaria persistente y cada vez más profunda. El camino para sostener el nivel del tipo cambiario y la estabilidad es el endeudamiento continuo y creciente, de esta forma la deuda externa del país llega para el año 2000 a representar cerca de los 170 mil millones de dólares. Nivel de endeudamiento que no es sostenible por una economía en crisis como la mexicana.
La estrategia para incentivar el desarrollo económico, entendido como el crecimiento sostenido de la producción de bienes y servicios y el mejoramiento de vida de la población, se da mediante la implementación de varias estratégicas sincronizadas: 1) mejoras tecnológicas en la esfera de la producción; 2) acumulación de capital; 3) desarrollo de capital humano e innovaciones en la organización privada del trabajo y la producción y 4) mejoras en la organización pública del trabajo y la producción (Navarrete, 1973; 278 – 291).
Las crisis inflacionarias propias de las décadas de los 70 y los años 80 cuestionan el éxito de la política económica encaminada en las 4 estrategias anteriores. La polarización del ingreso no solo es una de las consecuencias de estas crisis, sino que también el desarrollo desarticulado del aparato productivo nacional, con un desarrollo regional desarticulado y divergente, con abierto distanciamiento entre el sector moderno de la economía y el tradicional, un Estado incapaz de solventar la desigualdad social y con problemas sociales que incrementan tanto por efecto de las externalidades de la producción dentro de la organización privada de la producción y el trabajo, y las internalidades de la organización pública de la producción y el trabajo (corrupción).
La principal contradicción del esquema post revolucionario es que procura implementar un país agrario en una nación que corre por el camino de la industrialización moderna. Pronto esta contradicción se deja ver en los conflictos y las asimetrías que surgen entre el campo y la ciudad. El campesinado es fundamento del desarrollo modernizador y el fortalecimiento de la burguesía industrial (Bartra, 1975; 71 – 83).
Se tiene el surgimiento de una nueva burguesía urbana, nuevos ricos que representan la oligarquía financiera, la burguesía comercial, la oligarquía monopólica y la tecnocracia en el poder. Ricos banqueros, comerciantes y empresarios de industrias monopólicas, así como la aparición de una burguesía tecnócrata, ligada al capitalismo de Estado, es la nueva clase opresora.
Es fundamental comprender cómo la descomposición de una sociedad agraria en una nueva sociedad urbana e industrial lleva contradicciones inconciliables entre el ascenso de la nueva burguesía urbana con al expansión de un proletariado urbano como campesina que no logra conciliar sus intereses con la lógica de acumulación capitalista.
El régimen de estado priísta se descompone y desgasta ante la pérdida de legitimidad basada en una sociedad agraria que cada día se ve más en el pasado. La nueva sociedad burguesa industrial, con una nueva realidad urbana se impone y el régimen campesinista no encuentra acomodo en esta nueva sociedad industrial.

References: Artículo 27
 Artículo 115
 artículo 27
 artículo 123
 Artículo 27
 artículo 123
 Artículo 115
 artículo 27