Source: http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero21/legislacion/estudios/articulo9.php
Timestamp: 2018-01-18 18:06:12+00:00

Document:
3.4. La visita pública y el valor de culto.
El derecho a la propiedad privada quedó establecido en el artículo 33 de la CE, en cuya redacción se reconoce la doble vertiente de este derecho: la vertiente individual, integrada por la utilidad del bien para su propietario; y la vertiente institucional, integrada en la función social del derecho e identificada con el interés general que en cada momento histórico demande la utilización de dichos bienes (Alonso Ibáñez, 1992: 234-235). Para algunos autores, como Eduardo García de Enterría, el problema específico de los Bienes Culturales es el conflicto potencial entre estas dos utilidades; es decir, el problema de la interferencia del derecho de fruición colectiva con el derecho a la pertenencia económica individual. Según este jurista, para resolver este problema la regla general es que deben ser mantenidas las dos mientras sean compatibles y, en última instancia, si no lo son, prevalecerá el derecho al disfrute colectivo, una interpretación basada en el artículo 128 de la CE, que establece que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (García de Enterría, 1983:584).
Teniendo esto en cuenta, es preciso aclarar que la titularidad de un Bien Cultural no debe ser un factor fundamental a la hora de determinar la normativa que se le aplica. El régimen jurídico de los bienes que integran el Patrimonio Histórico español no puede girar en torno a la situación de pertenencia de dichos bienes, sino que debe basarse en el valor cultural del que son soporte y en la posibilidad de acceso al mismo (Abad Liceras, 2002: 34). Eso sí, la función social del Patrimonio Cultural y el interés general que se desprende del mismo hace que estos bienes obtengan un tratamiento especial en lo que respecta a la propiedad, que terminó de establecerse con la promulgación de la LPHE y las distintas leyes autonómicas, que instauraron una serie de preceptos de obligado cumplimiento para todos los propietarios como el deber de conservación y los de permitir y facilitar la inspección, la investigación y, sobre todo, la visita pública de sus bienes. De todo esto, se deduce que el régimen jurídico de tutela del Patrimonio Histórico español, en los términos en que se recoge en las distintas leyes de protección del Patrimonio Histórico y en las disposiciones que las desarrollan, hay que interpretarlo partiendo de esta peculiar naturaleza jurídica, en tanto que son bienes dotados de una utilidad cultural, de carácter inmaterial, pública y jurídica, que coexiste con una utilidad patrimonial (Alonso Ibáñez, 1992: 227-234).
Pero, ¿qué ocurre cuando el propietario de un BIC es la Iglesia Católica? A pesar de la firma del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales el 3 de enero de 1979, y del hecho de que los bienes eclesiásticos no son ajenos al cumplimiento del artículo 46 de la CE, la consonancia entre el valor de cultura y el valor de culto en los numerosos BIC que están en posesión de la Iglesia Católica en España ha enfrentado en ocasiones a esta Institución con la Administración y las distintas entidades de defensa del Patrimonio Cultural. Entre todos estos conflictos destaca, quizás por la intervención de los tribunales, el surgido en torno a las obras realizadas en el Presbiterio de la Catedral de Ávila(9).
En el año 1999 la Diócesis de Ávila proyecta una obra de remodelación de la Catedral de esta misma ciudad, que tenía por finalidad acomodar la Capilla Mayor a las exigencias del Concilio Vaticano II, que exige que el altar mayor se sitúe separado de la pared y de cara al público, es decir, en un lugar centrado y visible. Para ello, se pretendía colocar una estructura de madera más una rejilla y una losa de piedra sobre las tumbas en las que se han ido enterrando sucesivamente los Obispos de Ávila desde el siglo XIV, que constituyen un conjunto de un gran valor histórico y artístico. Debido a esto, la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Castilla y León, mediante resolución de 4 de mayo de 2000, desautoriza el proyecto porque ponía en cuestión la compatibilidad de la solución estructural propuesta con el mantenimiento de los valores que lleva implícita la consideración como BIC. La Iglesia Católica, por su parte, entiende que esta Resolución vulnera el Acuerdo Internacional con la Santa Sede, por lo que solicita la mediación del entonces Director General de Asuntos Religiosos, Alberto de la Hera, quien propicia un encuentro entre las partes en discordia.
Ilustración 07. Vista del presbiterio con las lápidas cubiertas. Foto: Ricardo Muñoz. Fuente: elmundo.es.
Derivado de ese encuentro, el Obispo renuncia al proyecto y se constituye una Comisión Mixta formada por técnicos de la Junta de Castilla y León y del Obispado, de la que surge un nuevo proyecto, que es aprobado por Resolución de 5 de diciembre de 2001 de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural. No obstante, y a pesar de que el proyecto contaba con el beneplácito de la Administración, la Real Academia de la Historia presentó un recurso de alzada contra esa resolución, desestimado en un primer momento por Orden de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León de 10 de abril de 2002. Por ello, la Real Academia interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ Castilla y León, que fue estimado en la Sentencia de 28 de enero de 2005. El Obispado y la Diócesis de Ávila interpusieron un recurso de casación contra esta sentencia, que se resolvió en la STS de 10 de febrero de 2009 (Aldanondo Salaverría, 2009: 206-208).
La parte recurrente, en este caso el Obispado y la Diócesis de Ávila, basa su recurso en argumentos de distinta naturaleza cuyo eje central es, claro está, la conciliación entre los aspectos litúrgicos y culturales de la Catedral de Ávila. En el artículo XV del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, la Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio Histórico y el respeto al marco del artículo 46 de la CE. Sin embargo, en este recurso la Diócesis se remite a la aprobación del Documento relativo al marco jurídico de actuación mixta Iglesia-Estado sobre Patrimonio Histórico-Artístico el 30 de octubre de 1980 por la Comisión Mixta Iglesia-Estado, dentro del cumplimiento del ya citado artículo XV, en cuyo artículo 3.a) se establece con respecto a los bienes eclesiásticos el respeto del uso preferente de dichos bienes en los actos litúrgicos y religiosos y la utilización de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y fines por sus legítimos titulares.

References: artículo 33
 artículo 128
 artículo 46
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 46
 artículo 3