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Timestamp: 2018-01-21 09:04:43+00:00

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Enero 26/17 A través de la vía del fast track (aprobación del presidente sin necesidad de trámite en el Congreso), y bajo el argumento de que el SNET atenderá principalmente las regiones de conflicto, el gobierno nacional pretende imponer el Sistema Nacional de Educación Terciaria que unifica la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, en un nuevo modelo complejo, muy polémico y sobre el que los rectores del sistema de educación superior poco están de acuerdo. Los ministerios de Trabajo y Educación, más el Sena, están "socializando" un decreto que nadie conoce y que hoy trae en su totalidad El Observatorio.
“Por el cual se trazan los lineamientos para contribuir en la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a través de una estrategia de transferencia tecnológica al sector rural y al sector productivo del país, fortaleciendo la formación profesional en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Educación Terciaria, que mejore la productividad del trabajo, la empleabilidad, el desarrollo socioeconómico, y se dictan otras disposiciones”
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo 1 de 2016 y en concordancia con lo señalado en el artículo 58 de la Ley 1753 de 2015 y
Que el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, adicionó un artículo transitorio constitucional según el cual: “Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltese al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.”.
Que la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, mediante el documento “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”, identificó la precariedad institucional, y particularmente la baja capacidad del Estado para satisfacer la garantía de ciertos derechos y servicios públicos, como es la educación, como uno de los factores que contribuyeron al surgimiento del conflicto armado en Colombia. De allí que una de las condiciones mediante las cuales se evidencia y perpetúan situaciones de explotación, dominación, injusticia e inequidad, sea la limitación en el acceso a una formación pertinente y de calidad.
Que en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se fijaron las condiciones para garantizar a todos los colombianos el derecho a la paz. Dentro de éste se fijaron los temas de: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación, para lo cual se hace necesaria la transferencia tecnológica hacia el sector rural y productivo del país, mejorando la productividad del trabajo, la empleabilidad y el desarrollo socioeconómico.
Que, según lo anterior, los acuerdos alcanzados para la terminación del conflicto previeron en algunos de sus apartes el desarrollo de la educación y la formación de calidad como elemento de consolidación de la paz.
Que dentro de la política de desarrollo agrario integral se consideró que: “La superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando que niños, niñas, mujeres y hombres tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos. Esa es la base de una vida digna. Por eso la superación de la pobreza en el campo depende, ante todo, de la acción conjunta de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, que, en una fase de transición de 15 años, logre la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50%, así como la disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo.” En este marco se dispuso que el acceso integral a las tierras, tendría un componente de capacitación como un beneficio para quienes accedan al Fondo de Tierras.
Que adicional se acordó un eje de desarrollo social, en el que se incluyó la educación rural como componente básico del mismo, el cual tendría, entre otros propósitos,: “erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural.” Dentro de esta misma política se incluyó la educación como componente básico de la misma. En este contexto se dispuso entre otros: “i. La promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas. k. El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc. l. Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en zonas rurales. m. Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural.”
Que dentro del proceso de reincorporación económica y social de los excombatientes se identificarán “planes o programas necesarios para la atención de los derechos fundamentales e integrales de la población objeto del presente acuerdo, tales como de educación formal (básica y media, técnica y tecnológica, universitaria) y educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como de validación y homologación de saberes y de conocimientos;”
Que la educación terciaria, de alto nivel, con calidad y pertinencia son base para la generación de conocimiento, investigación aplicada y transferencia tecnológica, para la productividad y la competitividad de la economía nacional, así como para la inclusión y el progreso social. De igual manera impacta en el desarrollo social y económico del país a través del valor agregado que ofrece la cualificación de las personas y trabajadores a la transformación productiva.
Que el artículo 54 de la Constitución Política señala que “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar...".
Que la educación terciaria, como complemento sólido de los principios y propósitos educativos, también forma y cualifica a las personas para su inserción laboral y social. Por lo tanto, le corresponde al Estado, a través del diseño y coordinación de políticas públicas sectoriales, de educación y trabajo, definir, promover, regular y asegurar su oferta como estrategia de desarrollo económico y social del país.
Que es requisito indispensable para promover y garantizar la transferencia tecnológica masiva e inmediata en los territorios afectados por el conflicto armado, y en el resto del país, una formación profesional, con calidad y pertinencia, de alto nivel; estimular y asegurar la vinculación al mundo del trabajo de las personas formadas, con miras a que en el posconflicto se generen condiciones institucionales para la sostenibilidad de una sociedad en paz.
Que para alcanzar un alto nivel de la formación profesional en el País es necesario promover el acceso a una oferta dotada de una institucionalidad sólida, liderada por el sector trabajo y en coordinación con el sector educativo, con elevados y sostenibles estándares de calidad.
Que un sistema de calidad robusto que asegure la pertinencia de la oferta educativa y de formación profesional en el País, es requisito fundamental de inclusión económica y social, para hacer sostenible las condiciones de paz, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia.
Que es una necesidad para el país crear y fomentar un sistema de calidad de la educación terciaria que reconozca la existencia de condiciones diferenciadas entre la educación universitaria académica, y la formación profesional (educación técnica; resolver en la mesa técnica), con el fin de aportar al cierre de brechas y mejorar la igualdad de condiciones, de reconocimiento económico y social, de la formación de capital humano que requiere el país; según lo establecido en el artículo 58 de la Ley 1753 de 2015, bajo los lineamientos del CONPES 3674 de 2010, en cuanto al SISNACET.
Que, de acuerdo con la Corte Constitucional, según sentencias C-852 de 2005 y C-782 de 2007, las condiciones de calidad deben ser establecidas mediante una norma con rango de ley, mientras que los decretos de orden reglamentario establecen los mecanismos y concreta la forma como se asegura el cumplimiento de dichas condiciones.
Que, ante la ausencia de un sistema de calidad de la formación profesional, como caso particular el SENA, el Consejo de Estado, en concepto del 16 de septiembre de 2010, ha recomendado, refiriéndose al SENA, “expedir un decreto reglamentario para concretar las condiciones de calidad tanto de carácter institucional como de los programas” de acuerdo con su naturaleza.
Que el contrato de aprendizaje un componente fundamental de los principios de la educación terciaria, cuyas prácticas laborales garantizan la calidad y la pertinencia de los aprendizajes. También garantiza un apoyo económico a los aprendices para asegurar su permanencia en el sistema de formación, hasta obtener la certificación o titulación. Es necesario ajustar la regulación de la cuota de aprendizaje, para ampliar su aplicación en las zonas rurales y las regiones del país más afectadas por el conflicto.
Que, en el mismo sentido, es necesario modificar lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley 2375 de 1974, que crea el FIC y exoneró a la industria de la construcción de la obligación de contratar aprendices, con el fin de introducir un mejor mecanismo de distribución de los apoyos económicos a los aprendices y otros factores que garantizan las condiciones de su formación.
Que el artículo 25º de la Constitución Política de Colombia establece que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.”
Que, de igual manera, los artículos 54, 64 y 334 de la Constitución establecen la necesidad de promover la gestión y colocación del capital humano, el pleno empleo y el acceso a los servicios sociales con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población.
Que la Ley 1636 de 2013, creó el Mecanismo de Protección al Cesante, con el fin de articular y ejecutar un sistema integral de políticas activas y pasivas para mitigar los efectos del desempleo, el cual está integrado por el Servicio Público de Empleo, un componente de capacitación para la inserción y reinserción laboral, el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante -FOSFEC, y las Cuentas de Cesantías de los trabajadores, siendo responsabilidad del Gobierno Nacional, la dirección, orientación, regulación, control y vigilancia de los esquemas que conforman dicho mecanismo.
Que el artículo 77 de la Ley 1753 de 2015, dispuso que “El Ministerio del Trabajo adoptará las medidas necesarias para fortalecer la operación del Mecanismo de Protección al Cesante como principal herramienta para la integración de políticas activas de empleo y la mitigación de los efectos nocivos del desempleo.”
Que la Ley 1780 de 2016, busca promover el empleo y el emprendimiento juvenil, a través de la adición del componente de emprendimiento y desarrollo empresarial en el marco del Mecanismo de Protección al Cesante; habilitar el desarrollo de programas en zonas rurales y prácticas laborales con cargo al FOSFEC; ajustar el alcance del Mecanismo y la redistribución regional de los recursos del mismo en el marco de su principio de solidaridad.
Que el Convenio No. 2 de 1919, sobre el desempleo, de la Organización Internacional del Trabajo-OIT establece la necesidad de crear para cada país un sistema de agencias de colocación de empleo y un sistema de seguro contra el desempleo, que funcione a nivel nacional.
Que la Recomendación No. 204 de 2015 de la OIT presenta algunas pautas para promover y facilitar la transición de la economía informal a la formal, haciendo énfasis en las zonas rurales en donde gran parte del trabajo es precario e informal. Esta recomendación establece la necesidad de crear un marco global de políticas de empleo, entre las que se incluye “(…) una mejor divulgación y prestación de servicios de empleo”.
Que para la implementación del acuerdo sobre las víctimas del conflicto se previeron procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior, entre los cuales se dispuso el acceso a ciertos derechos básicos, entre ellos a la “(…) educación en todos los niveles según las necesidades de cada quien.” En este mismo punto se establece que las personas sujetas a la justicia transicional podrán obtener determinados beneficios mientras contribuyan a su resocialización a través del trabajo, la capacitación o el estudio, durante el tiempo que permanezcan privados de la libertad.
Que el documento CONPES 3674 de 2010 reconoce el Marco Nacional de Cualificaciones como un instrumento que permite la comparabilidad de las cualificaciones para mejorar la movilidad laboral y educativa, y el reconocimiento de saberes a través de los procesos de aprendizaje permanente independiente de cómo, dónde, y cuándo fueron adquiridos.
Que el “Acuerdo por lo Superior 2034: Propuesta de Política Pública para la Excelencia de la Educación Superior en Colombia en el Escenario de la Paz” resalta la necesidad de avanzar hacia la organización de un sistema de educación terciaria, equitativo y armonizado, que favorezca la articulación entre la educación básica, media, superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que responda a las expectativas educativas de las personas y los requerimientos regionales y nacionales en los ámbitos productivo y social, objetivos que corresponden a la implementación de una estrategia para la construcción de una paz estable y duradera.
Que en el mismo “Acuerdo por lo Superior 2034” se establece la necesidad de contar con un Sistema de Calidad para la Educación Terciaria, que implemente mecanismos para garantizar la atención de la diversidad del sistema, así como procesos de mejoramiento.
Que el artículo 58 de la Ley 1753 de 2015, también dispuso la creación de: i) el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET), para la integración y coordinación de los organismos, estrategias e instrumentos de educación terciaria, cuyo objeto es asegurar y promover la calidad de la misma; ii) el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como un instrumento para clasificar y estructurar los conocimientos, las destrezas y las actitudes en un esquema de niveles de acuerdo con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes logrados por las personas; y iii) el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC) con la finalidad de acompañar la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones y lograr la integración entre los diferentes tipos y niveles de educación y formación.
Que mediante el presente Decreto Ley se modificarían las disposiciones citadas con el objeto de facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Artículo 1. Objeto. El presente Decreto-Ley traza los lineamientos para contribuir en la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a través de una estrategia de transferencia tecnológica al sector rural y al sector productivo del país, fortaleciendo la formación profesional en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Educación Terciaria, que mejore la productividad del trabajo, la empleabilidad y el desarrollo socioeconómico.
Artículo 2. Finalidad. Fortalecer el desarrollo social y la transferencia de conocimiento a las regiones; dinamizar la innovación, la productividad y la competitividad del sistema productivo nacional, en especial de las regiones afectadas por el conflicto; fomentar y reconocer la cualificación y el desarrollo humano para el empleo, la generación y el aprovechamiento de la riqueza del país, a través de la implementación del Sistema Nacional de educación Terciaria; garantizando condiciones de bienestar hacia la consolidación de una paz estable y duradera.
Artículo 3. Componentes de la Estrategia. La Estrategia tendrá como componentes: El Sistema Nacional de Educación Terciaria SNET y su sistema de aseguramiento de la calidad SISNACET; el Marco Nacional de Cualificaciones MNC y su relación con el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos; y la articulación del sector productivo mediante el fortalecimiento del contrato de aprendizaje, del Fondo de la Industria y la Construcción FIC y el Mecanismo de Protección al Cesante.
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN TERCIARIA (SNET) Y SU SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SISNACET)
Artículo 4. Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET). Es la organización de pilares, niveles, y rutas de la educación y formación posteriores a la educación media; las instituciones educativas y de formación, su oferta; así como el sistema de calidad y el conjunto de normas que lo rigen.
Artículo 5. Estructura del SNET. El Sistema de Nacional Educación Terciaria SNET está conformado por el Pilar de la Educación Universitaria y el Pilar de la Formación Profesional Terciaria.
Artículo 6. Pilar de Educación Universitaria. Comprende la oferta educativa dentro de las disciplinas universitarias que pueden ser básicas y aplicadas. Las básicas se concentran principalmente en la generación de conocimiento novedoso que aporta al desarrollo de nuevas tecnologías, o bien al análisis crítico e histórico de las dinámicas sociales. Y las aplicadas utilizan, diseñan y adaptan tecnologías con el fin de resolver problemas complejos atinentes a la operación de la sociedad en su conjunto.
Parágrafo: La oferta educativa correspondiente a este pilar incluye los programas que conducen a los títulos de Profesional en…, Especialista en…, Magister en…, y Doctor en…
Artículo 7. Pilar de la Formación Profesional Terciaria: Comprende la oferta educativa y formativa que involucra una formación con un alto componente práctico, orientado a ocupaciones específicas en el mercado laboral. La Formación Profesional Terciaria se ajusta a la complejidad de los diversos sectores de la economía, con especial énfasis en las necesidades del mercado laboral.
Parágrafo: La oferta educativa y formativa correspondiente al Pilar de Formación Profesional Terciaria incluye los programas que conducen a Técnico Profesional (en los términos establecidos por el artículo 7 de la Ley 749 de 2002), Tecnólogo, sus especializaciones técnicas y tecnológicas, y la Maestría Técnica, que imparten las Instituciones de Educación Superior y el SENA.
Artículo 8. Formación Profesional (educación técnica) está integrada por la Formación Profesional Inicial y el pilar de la Formación Profesional Terciaria.
Artículo 9. Formación Profesional Inicial. Está compuesta porla Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano que imparten las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, de acuerdo con la Ley 1064 de 2006, y el SENA de acuerdo con la Ley 119 de 1994.
Artículo 10. De la Maestría Técnica. Se crea la Maestría Técnica como parte de la oferta del pilar de Formación Profesional Terciaria.
Artículo 11. Oferta de maestrías técnicas. Las Instituciones de Educación Superior y el SENA podrán impartir programas de Maestría Técnica. Para ello deberán cumplir con las condiciones habilitantes de calidad, de que trata la presente ley, y contar por lo menos con un programa tecnológico acreditado de alta calidad por el organismo de tercera parte, el Consejo Nacional de Acreditación o quien defina el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria-SISNACET, en el campo de la respectiva Maestría Técnica.
Parágrafo. Las maestrías técnicas, de que trata la presente ley, deben contar con un componente práctico, con aplicación en el sector productivo y dirigido al fomento, el desarrollo y la transferencia tecnológica en las regiones.
Artículo 12. Título de Magíster Técnico: Los programas de maestría técnica de que trata la presente Ley, de acuerdo con su naturaleza y campo de acción, conducen al título de “Magister Técnico en...”. La maestría técnica debe referirse a competencias de alta complejidad, con niveles de conocimiento y experticia para la investigación aplicada y la solución de problemas concretos en diferentes sectores, ámbitos y funciones del sistema productivo.
Artículo 13. Requisitos de ingreso. Para ingresar a los programas de maestría técnica, el aspirante debe acreditar título de tecnólogo con especialización tecnológica, o título de profesional universitario y certificar experiencia práctica mínima de dos (2) años en el sector productivo, en el área de desempeño o campo ocupacional relacionada con la maestría técnica seleccionada.
Artículo 14. Movilidad educativa entre los pilares del SNET y reconocimiento: El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con las competencias establecidas en la ley y en sus decretos reglamentarios, generarán mecanismos y condiciones para el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida, garantizando la movilidad educativa y formativa, promoviendo la movilidad laboral.
Artículo 15. Aseguramiento de la calidad. Comprende los mecanismos destinados a la garantía y la promoción de la calidad de las instituciones y de la oferta educativa y formativa de que trata la presente ley.
Parágrafo 1: El Ministeriode Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo de manera coordinada reglamentarán los procesos correspondientes al aseguramiento de la calidad de los programas del pilar de la Formación Profesional Terciaria y de la Formación Profesional Inicial, de acuerdo con las competencias establecidas en la ley y sus decretos reglamentarios para ambos ministerios.
Artículo 16. Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria – SISNACET. Es el conjunto de procesos, actores, lineamientos y sistemas de información, que buscan garantizar la calidad y su mejoramiento continuo en la oferta de educación terciaria en Colombia.
Artículo 17. Principios del SISNACET. Los principios que orientan de manera transversal el SISNACET son:
Articulación y coherencia: El SISNACET hará explícita la concordancia y relación armónica entre sus componentes para el cumplimiento de los objetivos planteados.
Efectividad y eficiencia: El SISNACET realizará un uso adecuado de insumos y recursos para la garantía y la promoción de la calidad en la educación terciaria.
Flexibilidad: El SISNACET responderá a las necesidades del Sistema Nacional de Educación Terciaria, que permitan la transformación gradual del contexto en que se opera, en el marco de los nuevos retos de la Formación Profesional Terciaria.
Transparencia: El SISNACET hará explícita su organización, operación interna y los resultados que espera, de tal manera que permita su entendimiento y conocimiento a los actores interesados y a la sociedad en general.
Inclusión y aprendizaje a lo largo de la vida: El SISNACET establecerá los mecanismos necesarios para el reconocimiento de la pluralidad de la oferta y de aprendizajes previos, propenderá por la inclusión social en el SNET y por una oferta de calidad para las necesidades educativas y formativas de la población colombiana en las diferentes fases de su ciclo vital.
Artículo 18. Condiciones de calidad habilitantes. Para la habilitación de la oferta de la formación profesional (educación técnica) y el seguimiento a su mejoramiento continuo, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
Perfil institucional y del programa: Misión y direccionamiento estratégico, definidos en el marco misional institucional y pertinente con el desarrollo productivo regional y local que se pretende impactar. Denominación del programa, objetivos, justificación y pertinencia que debe corresponder a los requerimientos de las ocupaciones del sector productivo, en correlación con los niveles de cualificación y las competencias definidas por el Marco Nacional de Cualificaciones. Coherencia de la misión institucional con la formación profesional.
Condiciones institucionales: Plan estratégico, estructura organizacional, modelo de gestión y financiero, infraestructura física y tecnológica. Ambientes de aprendizaje y materiales de formación, medios y recursos tecnológicos, pedagógicos, didácticos, y financieros específicos para el desarrollo del programa. Garantía de sostenibilidad institucional y del programa en términos administrativos, financieros y de formación de calidad.
Instructores, docentes, formadores, profesores, tutores: Perfiles, condiciones de vinculación y reglamentación de los instructores, docentes, formadores, profesores o tutores involucrados con el proceso de formación.
Aprendices, estudiantes: Perfil de ingreso y egreso de los estudiantes y aprendices en el respectivo programa, por nivel de cualificaciones y en referencia a ocupaciones. Reglamentación de aprendices y estudiantes. Planes para la inclusión social y económica.
Egresados, graduados: Estrategia de seguimiento a graduados y disponibilidad de mecanismos de apoyo para su vinculación laboral.
Bienestar institucional: Política de bienestar institucional y seguimiento.
Formación: Modelo pedagógico y coherencia con el proyecto educativo y formativo institucional y del programa. Diseño y estructura curricular, programas y evaluación por competencias, en ocupaciones y por nivel de cualificación. Metodología y modalidad en los que se desarrollará el programa de formación profesional. Participación de aprendices, docentes, graduados y sector productivo en el diseño y actualización curricular. Reconocimiento de aprendizaje y fomento a la movilidad formativa.
Gestión del conocimiento: Plan institucional de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, innovación y/o creación artística y cultural. Grupo de instructores y/o docentes que desarrollarán la investigación aplicada y harán el acompañamiento en la etapa productiva en el marco del contrato de aprendizaje.
Relación con el sector productivo: Relacionamiento con el sector productivo y las actividades de prácticas y pasantías. Política de práctica laboral. Planes, programas, proyectos y estrategias que desarrollen el relacionamiento nacional con los sectores productivos.
Internacionalización: Planes, programas, proyectos y estrategias que desarrollen el relacionamiento internacional con los sectores productivos y con la formación profesional en otros países.
Resultados, visibilidad e impacto: Mecanismos y evidencias que se utilizarán para la medición de resultados de aprendizaje, pertinencia, impacto y visibilidad del programa y de la institución en el entorno productivo, social y local.
Sistemas internos de aseguramiento de la calidad: Políticas, planes, procesos y seguimiento a la autoevaluación y los planes de mejoramiento de programa e institucionales, que demuestre coherencia entre las condiciones de calidad y su compromiso con el mejoramiento continuo.
Artículo 19. Condiciones de acreditación de alta calidad.Para la acreditación de alta calidad institucional y de programas, las instituciones que oferten programas del ámbito de esta Ley se deberán someter al proceso de evaluación que se establezca en la reglamentación que para estos efectos expidan de manera coordinada el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con sus competencias legales, previo cumplimiento de las condiciones de habilitación de que trata el artículo 18 de la presente ley.
MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES (MNC) Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ACUMULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (SNATC)
Artículo 20. Definición del Marco Nacional de Cualificaciones MNC. El MNC es un instrumento para el desarrollo, clasificación y reconocimiento de las cualificaciones expresadas en términos de competencias (conocimientos, actitudes y habilidades-destrezas) adquiridas por las personas, de acuerdo con los niveles de aprendizaje alcanzados.
Artículo 21. Alcance del Marco Nacional de Cualificaciones. El MNC es la herramienta nacional de referencia para estructurar la oferta de Educación Terciaria y la Formación Profesional Inicial.
Artículo 22. Adopción del Marco Nacional de Cualificaciones. Adóptese para Colombia el Marco Nacional de Cualificaciones según la estructura definida por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo.
Parágrafo: El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo, en articulación con el mercado laboral, promoverán la creación y la actualización de los catálogos de cualificaciones para favorecer la pertinencia de la oferta de Educación Terciaria y la Formación Profesional Inicial.
Artículo 23. Vinculación del Sector Productivo y el Mercado laboral. La vinculación del sector productivo y el mercado laboral con los propósitos del SNET se realizará a través de las instancias y las herramientas que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional establezcan. El sector productivo y el mercado laboral podrán indicar las necesidades de cualificación, las cuales deberán ser tenidas en cuenta en el diseño de las cualificaciones y estarán a disposición de las instituciones para la estructuración de la oferta educativa y formativa.
Parágrafo: El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional promoverán espacios y estimularán la participación activa de representantes de los sectores productivos y del mercado laboral del país para el diseño de las cualificaciones.
Artículo 24. Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC). Es el instrumento mediante el cual se posibilita la movilidad de las personas en el sistema educativo y formativo, facilitando los procesos de reconocimiento de los aprendizajes y las competencias adquiridas.
Artículo 25. Reglamentación. El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo, de manera coordinada, reglamentarán la oferta de programas de la Formación Profesional (Educación Técnica) de acuerdo con las competencias establecidas en la normatividad vigente, entre los cuales se considerará la expedición de los respectivos certificados y títulos, en el marco de los propósitos del SNET, incluida la organización, desarrollo y oferta de los programas de maestrías técnicas, movilidad entre pilares y reconocimiento de aprendizajes.
ARTICULACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE, DEL FONDO DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN (FIC) Y EL MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE (FOSFEC)
Artículo 26. Adiciónese al artículo 33 de la Ley 789 de 2002 los siguientes parágrafos:
Parágrafo 2. Transferencia del contrato de aprendizaje al sector rural. Para el cumplimiento de la cuota de aprendizaje obligatoria, los empleadores podrán transferir contratos de aprendizaje al sector rural de la siguiente manera:
Fijada la cuota mínima de aprendices al empleador, obligado por parte de la regional del SENA, éste podrá solicitar la transferencia del contrato de aprendizaje para el cumplimiento de la misma en el sector rural.
Para hacer efectiva la transferencia la regional del SENA deberá garantizar, de manera específica, que las actividades que desarrolle el aprendiz SENA estarán directamente relacionadas con su formación y que serán ejecutadas en el sector rural.
La entidad receptora del aprendiz podrá ser un empleador público o privado.
Parágrafo 3. Reglamentación. El Ministerio del Trabajo, con el apoyo del SENA, reglamentará lo dispuesto en este artículo, dentro de los seis (6) meses posteriores a la expedición de la presente Ley.
Artículo 27. Destinación de los recursos FIC. Los recursos del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción se destinarán a atender el pago de los apoyos de sostenimiento que corresponda a los aprendices del SENA que reciban formación profesional, en tecnologías intensivas en mano de obra, para las ocupaciones de la industria de la construcción y donde el sector de la construcción requiere personal cualificado para su desarrollo, así como para los recursos relacionados e inherentes con los procesos formativos para el sector, tales como materiales de formación, elementos de seguridad, equipos y herramientas, infraestructura para ambientes de formación, equipamiento tecnológico e instructores.
Artículo 28. Adición del principio de Coordinación al Mecanismo de Protección al Cesante. Adiciónese al artículo 4 de la Ley 1636 del 2013 el siguiente principio:
“f) Coordinación: Es la promoción y desarrollo de acciones y gestiones tendientes a articular a los integrantes y componentes que conforman el Mecanismo de Protección al Cesante para la eficiente prestación de sus servicios y el otorgamiento de sus beneficios.
El Estado promoverá la generación de acuerdos orientados a coordinar las acciones de los integrantes del Mecanismo.”
Artículo 29. Modificación del artículo 13 de la Ley 1636 de 2013. El artículo 13 de la ley 1636 de 2013 quedará así:
“Artículo 13. Requisitos para acceder a los beneficios. Podrán acceder a los Beneficios del Mecanismo de Protección al Cesante a que refiere este capítulo y el artículo 77 de la Ley 1753 de 2015, los desempleados que cumplan las siguientes condiciones:
Que su situación laboral haya terminado por cualquier causa o, en el caso de ser independiente su contrato haya cumplido con el plazo de duración pactado y no cuente con ningún otro, o no cuente con ninguna fuente de ingresos.
Que hayan realizado aportes un año continuo o discontinuo a una Caja de Compensación Familiar durante los últimos tres (3) años para dependientes y dos años continuos o discontinuos en los últimos tres (3) años para independientes.
Inscribirse en cualquiera de los prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo y desarrollar la ruta hacia la búsqueda de empleo.
Adicionalmente, si ha realizado un ahorro al mecanismo de protección al cesante por un mínimo del 10% del promedio del salario mensual durante el último año para todos los trabajadores que devengan hasta dos (2) smmlv, y mínimo del 25% del promedio del salario mensual durante el último año, si el trabajador devenga más de 2 smmlv podrá acceder al beneficio monetario de que trata el artículo 12 de la presente ley.
Parágrafo 1. No podrán recibir estos beneficios con cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante los trabajadores cesantes que, habiendo terminado una relación laboral, mantengan otra(s) vigente(s) o haya(n) percibido beneficios del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, durante seis (6) meses continuos o discontinuos en los últimos tres años.
Parágrafo 2. En todo caso, quienes no cumplan con la totalidad de los requisitos previstos en este artículo, podrán acceder a los demás servicios y programas del Mecanismo de Protección al Cesante.
Parágrafo 3. El Ministerio del Trabajo reglamentará la forma como los independientes deben demostrar las condiciones del inciso 1.
Artículo 30. Modificación del artículo 18 de la Ley 1636 de 2013. El artículo 18 de la Ley 1636 de 2013 quedará así:
“Artículo 18. Afiliación. La afiliación al Mecanismo de Protección al Cesante se dará en el momento en que el empleador afilie al trabajador a las Cajas de Compensación Familiar y únicamente será necesaria para acceder a los beneficios a que refiere este capítulo y el artículo 77 de la Ley 1753 de 2015.
Parágrafo. La afiliación a la que refiere el presente artículo no aplica para acceder a los demás servicios y beneficios del Mecanismo de Protección al Cesante.”
Artículo 31. Modificación del artículo 19 de la Ley 1636 de 2013. El artículo 19 de la Ley 1636 de 2013 quedará así:
“Artículo 19. Creación del Fondo Solidario de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC). Créase el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), el cual será administrado por las Cajas de Compensación Familiar y cuyo objeto será financiar el Mecanismo de Protección al Cesante, como sistema de promoción, articulación y desarrollo de políticas activas y pasivas de empleo.”
Parágrafo. Se podrá financiar, con cargo al FOSFEC, el desarrollo de diagnósticos y estudios que permitan caracterizar el mercado de trabajo a nivel local, como insumo para el diseño y ejecución de políticas activas y pasivas de empleo ajustadas a las necesidades de los territorios, bajo los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo.”
Artículo 32. Modificación del artículo 23 de la Ley 1636 de 2013. El artículo 23 de la Ley 1636 de 2013 quedará así:
“Artículo 23. Administración del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante. Las Cajas de Compensación Familiar administrarán el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante del cual realizarán los pagos del Mecanismo de Protección al Cesante.
Para el efecto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, definirá la forma cómo se organizarán las Cajas de Compensación Familiar para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.
Parágrafo 1. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, reglamentará las condiciones de administración de los recursos contenidos en el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, que podrán tener como destino la financiación de los diversos mecanismos de aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social, a través de terceros.
Parágrafo 2. La Superintendencia del Subsidio Familiar ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control de la operación de los recursos contenidos en el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante.
Parágrafo 3. Con cargo al FOSFEC se incluirá una partida de los recursos del Fondo para solventar los costos de diseño, desarrollo, implementación y operación del sistema de información del Mecanismo de Protección al Cesante, independiente de la partida asignada a los gastos de administración del mismo. Para tal efecto el Ministerio del Trabajo reglamentará la materia.”
Artículo 33. Modificación del artículo 25 de la Ley 1636 de 2013. El artículo 25 de la Ley 1636 de 2013 quedará así:
“Artículo 25. Servicio Público de Empleo y la Red de Prestadores del Servicio. Es un servicio obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado. El Estado asegurará la calidad en la prestación del servicio público, la ampliación de su cobertura, la prestación continua, ininterrumpida y eficiente de este.
El Servicio Público de Empleo tiene por función esencial lograr la mejor organización posible del mercado de trabajo, promover la generación de empleo y autoempleo, y mejorar las condiciones de empleabilidad de la población, para lo cual ayudará a los trabajadores a encontrar y mantenerse en un empleo conveniente, y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las empresas, y desarrollará políticas y programas que promuevan la generación de empleo y autoempleo, de conformidad con los lineamientos que establezca el Ministerio del Trabajo.
Será prestado por personas jurídicas de derecho público o privado, a quienes se les garantizará la libre competencia e igualdad de tratamiento para la prestación del servicio. La prestación del servicio podrá hacerse de manera personal y/o virtual.
Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, reglamentará la forma y condiciones para que el Servicio Público de Empleo se articule con los mecanismos de selección, convocatoria y provisión de empleos públicos, de tal forma que se realicen los principios de la función pública y, en especial, se asegure la provisión oportuna de dichos empleos a partir de una amplia y sistemática identificación de aspirantes.”
Artículo 34. Modificación del artículo 27 de la Ley 1636 de 2013. El artículo 27 de la Ley 1636 de 2013 quedará así:
“Artículo 27. Dirección. El Servicio Público de Empleo está bajo la orientación, regulación y supervisión del Ministerio de Trabajo y atenderá las políticas, planes, programas y prioridades del Gobierno Nacional frente a los programas y actividades tendientes a la gestión, fomento y promoción del empleo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, reglamentará la prestación de los servicios y programas que se desarrollen en el marco del Servicio Público de Empleo, incluyendo los de gestión y colocación de empleo.”
Artículo 35. Modificación del artículo 28 de la Ley 1636 de 2013. El artículo 28 de la Ley 1636 de 2013 quedará así:
“Artículo 28. De la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. Prestarán los servicios de gestión y colocación de empleo la Agencia Pública de Empleo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena; las agencias públicas y privadas de gestión y colocación de empleo y las bolsas de empleo, que cumplan los requisitos de operación y desempeño que defina el Ministerio del Trabajo para su autorización.
Parágrafo. A través de sus Agencias de Gestión y Colocación, las Cajas de Compensación Familiar podrán ejecutar los demás programas y prestar los servicios que se diseñen en el Marco del Mecanismo de Protección al Cesante en los términos que establezca el Ministerio del Trabajo.”
Artículo 36. Modificación del artículo 29 de la Ley 1636 de 2013. El artículo 29 de la Ley 1636 de 2013 quedará así:
“Artículo 29. Servicios de gestión y colocación de empleo. Se entienden como servicios de gestión y colocación de empleo a cargo de los prestadores del Servicio Público de Empleo:
Parágrafo 1. Las Cajas de Compensación Familiar deberán prestar servicios de gestión y colocación, previa autorización del Ministerio del Trabajo.
Parágrafo 2. Atendiendo al principio de Coordinación previsto en el artículo 4 de esta Ley, las Cajas de Compensación Familiar se articularan con los demás integrantes del Mecanismo de Protección al Cesante para prestar eficientemente sus servicios y beneficios.”
Artículo 37. Modificación del artículo 42 de la Ley 1636 de 2013. El artículo 42 de la Ley 1636 de 2013 quedará así:
“Artículo 42. Oferentes. Podrán ser oferentes del servicio de capacitación para la inserción laboral, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, las unidades vocacionales de aprendizaje en empresas y las Cajas de Compensación Familiar.
Parágrafo 1. Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y las Cajas de Compensación Familiar deberán contar con certificación de calidad para sus procesos de formación, en correspondencia con los propósitos del SISNACET.
En los territorios en donde no operen instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano certificadas, podrán prestar los servicios de capacitación aquéllas instituciones que no cuenten con dicha certificación, sin perjuicio de la obligación que les asiste de certificarse en calidad en el marco del SISNACET.
Parágrafo 2. Las unidades vocacionales de aprendizaje en Empresas son el mecanismo dentro de las empresas que busca desarrollar capacidades para el desempeño laboral en la organización mediante procesos internos de formación.”
Artículo 38. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de su publicación en el diario oficial; adiciona y modifica las Leyes 789 de 2002 y 1636 de 2013 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN YANETH GIHA TOVAR
Ministra del Trabajo Ministra de Educación Nacional

References: artículo 58
 artículo 2
 artículo 54
 artículo 58
 artículo 6
 artículo 25
 artículo 77
 artículo 58

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
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Artículo 29
 artículo 13
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 artículo 18
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 artículo 77

Artículo 31
 artículo 19
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Artículo 32
 artículo 23
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Artículo 33
 artículo 25
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Artículo 34
 artículo 27
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Artículo 35
 artículo 28
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Artículo 36
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 4

Artículo 37
 artículo 42
 artículo 42

Artículo 38