Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221162.htm
Timestamp: 2019-03-21 02:05:17+00:00

Document:
201206-Sala Civil-1-162
Expediente: Pt-9-12-S
Partes: Celestino Tijra, Nicolaza López de Tijra y otros c/ Jesús Edgar Fernández Villanueva y la Empresa Minera "Santa Rosa Ltda..", representada por Franz Ricardo Oropeza Serrano.
Proceso: Rescisión y nulidad de contratos.
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 632 a 634, interpuesto por Jesús Edgar Fernández Villanueva, contra el Auto de Vista Nº 40/2012, cursante de fs. 625 a 628, emitido el 30 de enero de 2012 por la Sala Civil, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario sobre rescisión y nulidad de contratos seguido por Celestino Tijra, Nicolaza López de Tijra, Susana Ticra López, Clemente Tijra López contra el recurrente y contra la Empresa Minera "Santa Rosa Ltda..", representada por Franz Ricardo Oropeza Serrano; la respuesta de fs. 637 a 639; la concesión de fs. 641 vlta.; los antecedentes del proceso; y:
El Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Potosí, el 4 de marzo de 2011 pronunció la Sentencia Nº 64, cursante de fs. 588 bis. a 594 vlta., declarando probada en todas sus partes la demanda, en consecuencia dispuso la rescisión del contrato de 8 de septiembre de 2007, suscrito entre Celestino Tijra y Jesús Edgar Fernández de Villanueva, referido a la transferencia del terreno denominado Ichucollo de 25 hectáreas de superficie, por la suma de $us. 20.000, y como emergencia de ello ordenó que en el plazo de 30 días de ejecutoriada la sentencia, las partes se devuelvan mutuamente lo que hubieren recibido; declaró nulo y sin valor legal la minuta de 26 de octubre de 2007, protocolizada el 24 de noviembre de 2008, consiguientemente ordenó que las partes se restituyan mutuamente lo que hubieren recibido, aclarando que en el caso de la parte demandante sea a través de quien obró en su representación; finalmente dispuso que el demandado Jesús Edgar Fernández Villanueva, en el plazo de cinco días de ejecutoriada la sentencia devuelva la documentación de propiedad de sus mandantes Celestino Tijra y Nicolaza López Mamani de Tijra.
Contra esa sentencia de primera instancia el demandado Jesús Edgar Fernández Villanueva interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, el 30 de enero de 2012, emitió el Auto de Vista Nº 40/2012, cursante de fs. 625 a 628, confirmando totalmente la sentencia apelada, con costas.
Contra esa determinación de segunda instancia, el demandado Jesús Edgar Fernández Villanueva interpuso recurso de casación en la forma.
El recurrente acusó que el Auto de Vista recurrido infringió lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse pronunciado respecto a los puntos apelados, vulnerando de esa forma los principios de pertinencia y exhaustividad. Al respecto señaló que a través de su memorial de apelación expresó y fundamentó como agravios: 1) la incongruencia de la sentencia, porque en su criterio el juez se pronunció respecto a la nulidad de un documento sin considerar que en el auto de admisión de la demanda no se admitió en esa forma tal pretensión; 2) el error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba y la violación del art. 561 del Código Civil, respecto a la rescisión por lesión; 3) la omisión en la evolución fundamentada de la prueba. Agravios que no merecieron respuesta motivada y fundamentada por parte del Tribunal de alzada. Por otro lado señaló que respecto al agravio referido a la rescisión del contrato, el Tribunal de alzada se limitó a reproducir la parte resolutiva de la sentencia, concluyendo, sin que exista un previo razonamiento, que el juez de la causa obró en forma correcta, extrañando el recurrente en dicha determinación la debida fundamentación, lo que constituye, dice, afectación al debido proceso.
Por las razones expuestas interpuso recurso de casación en la forma y solicitó que el Tribunal de Casación anule tanto el Auto de Vista como la Sentencia.
Habiendo el recurrente, en lo sustancial de su impugnación, acusado la aparente violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, porque en su criterio el Tribunal de alzada no dió respuesta a los agravios formulados en apelación, corresponde puntualizar que el art. 180-II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Por su parte el art. 8-h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de alzada sino con la respuesta que el Tribunal de alzada, respecto a los motivos que fundan la impugnación que, además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada, pues, solo así se satisface el derecho a la impugnación.
Ahora bien, en aplicación del principio de congruencia, establecido por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, el Auto de Vista debe circunscribirse necesariamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227 del mismo ordenamiento legal.
En el caso sub lite, de la revisión del Auto de Vista recurrido se establece que el Tribunal de alzada confirmó la sentencia de primer grado, con el principal fundamento de que la apelación deducida carecía de la debida expresión de agravios, aspecto que debió ser cumplido por el recurrente en observación de los arts. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, con el advertido de que la valoración de la prueba que efectúe el juez de primera instancia resultaría una cuestión de hecho librada a su prudente y sano criterio, el mismo que sería incensurable en casación, salvo el caso en que el juzgador hubiere incurrido en error de derecho o de hecho.
Siendo ese el fundamento del Tribunal Ad quem, corresponde precisar que de la revisión del recurso de apelación deducido por el demandado Jesús Edgar Fernandez Villanueva, se observa que éste impugnó la sentencia acusando la violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, al respecto señaló que de acuerdo al auto de admisión de la demanda, cursante a fs. 48, el juez de la causa admitió la misma por rescisión por lesión de los documentos de 8 de septiembre de 2007 y del Testimonio Nº 664/2007, empero en la parte considerativa y dispositiva del fallo el juez se habría pronunciado por la rescisión, nulidad y devolución de documentos originales, aspecto que en su criterio determinaría la nulidad de la sentencia por infracción de los arts. 190 y 90 del adjetivo civil. También acusó error de hecho y de derecho, al respecto, haciendo referencia a lo previsto por el art. 561 del Código Civil, manifestó que el actor Celestino Tijra no demostró el elemento subjetivo de la lesión, es decir no probó que el demandado, ahora recurrente, hubiese aprovechado su estado de necesidad, ligereza o ignorancia, por cuanto a través de la prueba cursante a fs. 448 se evidenciaría que el referido demandante esta habituado a celebrar contratos de transferencia de terrenos y que la audiencia de inspección demostró que el referido Celestino Tijra fuese propietario de cabezas de ganado camélido, aspectos que, en su criterio, comprobarían que el demandante era una persona con experiencia de quien no pudo aprovechar su necesidad. De igual forma acusó que el actor no demostró cuál fuese el precio real del predio denominado Ichucollo, como tampoco habría demostrado ser el propietario del mismo; reiteró que el actor no demostró el elemento subjetivo de la lesión como tampoco lo hizo respecto al elemento objetivo; en ese mismo sentido refirió que el juez de la causa estableció erradamente que en el contrato de 26 de octubre de 2007, existiría la causal de nulidad prevista por el art. 541-3) del Código Civil, sin considerar que Celestino Tijra nunca demandó la nulidad, toda vez que su pretensión fue admitida por rescisión. Finalmente acusó que la sentencia omitió la valoración fundamentada de la prueba, en ese sentido refirió que en la sentencia el juez a quo no valoró de manera fundamentada la prueba de cargo y de descargo, por el contrario se habría limitado a realizar una simple relación de la misma, situación que, en su criterio, evidenciaría el error in iudicando, habida cuenta que la prueba literal cursante de fs. 253 a 442 y de fs- 448 evidenciaría que el actor no fuese el propietario del terreno denominado Ichucollo, sino simplemente beneficiario entre otros 75 comunarios de Jesús de Machaca.
Consiguientemente, los aspectos antes referidos constituyen los agravios en base a los cuales el recurrente impugnó la sentencia, no siendo evidente que el recuso de apelación deducido por la parte demandada careciere de la debida fundamentación de agravios, como lo señaló erradamente el Tribunal de alzada, quien con ese argumento omitió pronunciarse en uno u otro sentido sobre los agravios expuestos en apelación, aspecto que importa no solo el incumplimiento del principio de congruencia y pertinencia previsto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, que como se precisó, constituyen el marco jurisdiccional sobre el cual debe emitirse la resolución de segunda instancia, sino que conlleva la afectación del derecho a la impugnación, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, omisión que por determinación del artículo 254 - 4) del Adjetivo de la materia, conlleva la nulidad del pronunciamiento de alzada.
Corresponde aclarar que el Tribunal de apelación no debe confundir los alcances del recurso de apelación con el de casación; el primero es un recurso ordinario a diferencia del segundo que reviste naturaleza extraordinaria, razón por la cual el recurso de casación, en principio esta reservado únicamente para las cuestiones de derecho quedando excluidas las cuestiones de hecho referidas a la valoración de la prueba, a menos que el recurrente demuestre que en dicha valoración el juez incurrió en error de hecho o de derecho, situación diametralmente distinta al recurso de apelación que al ser un medio de impugnación ordinario esta destinado no sólo a la revisión de la aplicación del derecho sino esencialmente a las cuestiones de hecho que tienen que ver con la valoración de la prueba; a diferencia del recurso de casación que, al ser extraordinario, exige en su fundamentación una determinada y precisa técnica, el recurso de apelación, al ser ordinario, no requiere de otro requisito que la fundamentación del agravio. Por ello, cuando el recurrente basa su recurso de apelación cuestionando la valoración de la prueba efectuada por el juez de la causa, el Tribunal de alzada debe revisar la valoración efectuada por el a quo, a fin de constatar si éste obró o no con corrección, no pudiendo soslayar esa obligación argumentando que la valoración de la prueba es una cuestión librada al prudente y sano criterio del juzgador incensurable en casación, por cuanto, como el propio tribunal refiere, la valoración de la prueba es incensurable en casación, lo que no sucede en apelación, como erróneamente sostuvo el Tribunal de alzada.
Finalmente, corresponde precisar que si en criterio del Tribunal de alzada el recurso de apelación no contenía fundamentación de agravios, lo que le correspondía era anular obrados, dejando sin efecto la concesión del recurso y declarando ejecutoriada la resolución apelada, en ningún caso confirmar el fallo impugnado, resolución que se dá precisamente cuando el Tribunal de alzada encuentra sin fundamentos los agravios de la apelación, resultando por ello contradictorio que el Ad quem sostenga que no existen agravios en la apelación y concluyo confirmando la resolución impugnada.
Por lo expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271 -3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el articulo 42 -1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los artículos 254-4), 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 040/2012, cursante de fojas 625 a 628, y dispone que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo inexcusable el error en que han incurrido los Vocales signatarios del Auto de Vista impugnado, se les impone multa de un día de su haber mensual a cada uno de ellos, a favor del Tesoro Judicial. A tal efecto, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera.

References: artículo 236
 resolución 
 artículo 254
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 236