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Timestamp: 2019-03-26 14:59:26+00:00

Document:
as201500001
AUTO SUPREMO: 01/2015.
FECHA: Sucre, 20 de enero de 2015
VISTOS EN SALA PLENA: La nota Nº GM-DGAJ-UAJI 008.15 de 7 de enero de 2015, mediante la cual el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, presentó a éste Tribunal Supremo de Justicia, la solicitud de Arresto Provisorio (Detención Preventiva en nuestra normativa interna) con fines de extradición del súbdito peruano Martín Antonio Belaunde Lossio, en el marco del Tratado de Extradición suscrito en Lima - Perú el 27 de agosto de 2003, ratificado por Bolivia mediante Ley Nº 2776 de 7 de julio de 2004 y por Perú mediante Decreto Supremo Nº 005-2007-RE de 17 de enero de 2007, vigente a partir del 3 de marzo de 2010.
CONSIDERANDO I: De los antecedentes se evidencia, que la Embajada del Perú mediante nota Nº 5-7-M/002 de 5 de enero de 2015 (fs. 1), de conformidad con lo establecido en el vigente Convenio de Extradición entre Perú y Bolivia, solicitó el arresto provisorio con fines de extradición del antes citado ciudadano peruano y que conforme a la información remitida a INTERPOL - Lima, el requerido estaría en la ciudad de La Paz - Bolivia, quien habría solicitado refugio al Estado Boliviano.
Asimismo, hizo conocer que contra el reclamado se sigue proceso penal por la presunta comisión de los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado peruano, por lo que se emitió una resolución judicial motivada de arresto, que autoriza la prisión por dieciocho meses del ciudadano Martín Antonio Belaunde Lossio, delitos incursos en los art. 387 y 317 del Código Penal Peruano, emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria nacional Especializado en Crimen Organizado de la Sala Penal Nacional.
La Solicitud de arresto provisorio presentada por la juez que asumió el conocimiento del caso, describe:
Que la solicitud se efectuó vía Diplomática, describiendo los datos de la persona reclamada y su paradero.
Los cargos imputados y la base legal internacional de cooperación para la acción de la justicia en materia penal entre Bolivia y Perú.
Descripción de la autoridad solicitante, los hechos punibles, la clasificación jurídica del hecho y la justificación de la solicitud.
Declaración de la existencia de un mandato de detención y declaración formal sobre la presentación de extradición.
CONSIDERANDO II: Que, las relaciones internacionales en materia de extradición entre Bolivia y el país requirente se encuentran regidas por el Tratado de Extradición suscrito en Lima - Perú el 27 de agosto de 2003, ratificado por Bolivia mediante Ley Nº 2776 de 7 de julio y por Perú mediante Decreto Supremo Nº 005-2007-RE de 17 de enero de 2007, vigente a partir del 3 de marzo de 2010. El artículo I del citado Tratado, establece; Obligación de Extraditar “Los Estados Contratantes conviene en extraditar recíprocamente, de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado, a personas que este procesadas o hayan sido declaradas culpables o condenadas por las autoridades del Estado requirente con motivo de la comisión de un delito o delitos que dan lugar a la extradición”, en éste marco se estableció la Detención Preventiva contenida en el artículo VIII del Tratado en cuestión, que a la letra dice: “1. En casos de urgencia, el Estado requirente podrá solicitar la detención preventiva de la persona reclamada en tanto se presente la solicitud de extradición. La Solicitud de detención preventiva deberá tramitarse por conducto diplomático, o directamente entre el Ministerio de Justicia de la República del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Bolivia”, que la solicitud de detención preventiva contendrá: “2.; a. Una descripción de la persona reclamada; b. El paradero de la misma, si se conociere; c. Breve exposición de los hechos relevantes al caso, d. Detalle de la ley o leyes infringidas, e. Declaración de la existencia de un mandamiento de detención, de resolución de culpa, o de fallo condenatorio contra la persona reclamada, y; f. Declaración de que la solicitud de extradición se presentará posteriormente”.
En el caso de autos, conforme a los antecedentes remitidos a éste Tribunal, se constató que la Solicitud de Arresto Provisorio emitida por la Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, cumplió con el punto 2 del artículo VIII del Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Bolivia, actualmente Estado Plurinacional, al haberse presentado una solicitud que contiene; una descripción de la persona reclamada, el paradero del mismo, exposición de los hechos relevantes del caso, detalle de la ley infringida, la declaración de la existencia de un mandamiento de detención y que la solicitud de extradición será presentada posteriormente, disposición legal internacional que tienen estricta concordancia con el art. 154 del Código de Procedimiento Penal Boliviano (CPPB), que faculta al Tribual; “ordenar la detención preventiva del extraditable“, presupuestos procesales que fueron cumplidos en la materia.
Asimismo, el hecho imputado al requerido se encuentra previsto en los arts. 387 y 317 del Código Penal Peruano, el cual prevé en el primero; una pena mínima de 2 años y un máximo de 8 años y en el segundo; una pena mínima de 3 años y un máximo de 6 años, también penado en nuestra legislación penal boliviana en los arts. 132 y 142, cumpliéndose de esta forma el requisito previsto en el art. 150 del CPPB.
CONSIDERANDO III: Conforme a las normas legales precedentemente citadas, la petición de detención preventiva con fines de extradición, en base a los Convenios y Tratados Internacionales, debe estar revestida de formalidades que inexcusablemente deben ser cumplidas por el Estado requirente y el cumplimiento de estas provoca que el Estado requerido considere procedente el pedido de detención preventiva por el tiempo establecido en el punto 4 del artículo VIII del Tratado de Extradición de Perú y Bolivia, o sea 60 días computables a partir de la detención preventiva, tiempo durante el cual el Estado requirente deberá formalizar la extradición del requerido.
Consiguientemente, se encuentra acreditada la existencia de una acción penal a través del cual se establece una detención internacional y la naturaleza del delito perseguido, requisitos que aperturan la facultad de acceder al pedido de detención preventiva del requerido ciudadano peruano Martín Antonio Belaunde Lossio.
Sin embargo, conforme a la previsión del parágrafo II del artículo 5 del Reglamento de la Ley Nº 251 de 20 de junio de 20012, de Protección a Personas Refugiadas aprobada con DS Nº 1440 de 19 de diciembre de 2012, El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de nota Nº GM-DGAJ-UAJI 008.15 de 7 de enero del año en curso, suscrita por el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, al transmitir la solicitud de detención preventiva con fines de extradición formulada por el Estado requirente con relación al ciudadano peruano Martín Antonio Belaunde Lossio, hizo conocer la existencia de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por la persona requerida en extradición, el 16 de diciembre de 2014 y adjuntó al efecto la Certificación expedida el 6 de enero del año en curso, por la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE); consecuentemente, acreditó que el requerido tiene actualmente la calidad de solicitante de la condición de refugiado.
En coherencia con lo anterior, corresponde aplicar las previsiones del art. 5 del Reglamento de la Ley Nº 251 de 20 de junio de 2012, específicamente el parágrafo III, que señala “Sin perjuicio de la aplicación de los principios de no devolución e improcedencia de la extradición, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado no impedirá la sustanciación del procedimiento de extradición…”, en ese marco, el procedimiento de extradición conforme al Tratado de Extradición suscrito el 27 de agosto de 2003 en Lima - Perú, prevé la posibilidad de solicitar la detención preventiva con fines de extradición en casos de urgencia, haciendo constar que la solicitud de extradición se formalizará posteriormente.
Se concluye entonces, que en los casos de personas solicitantes de la condición de refugiado, es posible admitir y sustanciar el trámite de la extradición en el marco de los tratados y convenios o en su caso, de las normas del Código de Procedimiento Penal.
Asimismo, tomando en cuenta las Directrices sobre los criterios y estándares aplicables a la detención de solicitantes de asilo y las alternativas a la detención, emanadas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (
ACNUR), en el caso en particular se considera que: La petición de detención preventiva está prevista por el artículo VIII del Tratado de Extradición entre Perú y Bolivia, ratificado por nuestro país, que guarda concordancia con el art. 5.III del Reglamento a la Ley Nº 251; por otra parte, el fundamento de la petición tiene como base un proceso penal abierto contra el Sr. Martín Antonio Belaunde Lossio, por los delitos de Peculado y Asociación Ilícita para Delinquir, previstos por los arts. 387 y 317 del Código Penal Peruano, respectivamente; procesamiento en el que se dispuso su detención preventiva, resolución debidamente ejecutoriada, habiéndose el procesado sustraído de las investigaciones y presentado solicitud de reconocimiento de condición de refugiado al CONARE en éste país.
Con tales antecedentes éste Tribunal considera que las condiciones para la procedencia de la detención preventiva solicitada, se encuentra en el marco de las directrices y cumplen las condiciones establecidas, pues está previsto en la ley boliviana, no es arbitraria, siendo razonable y proporcional al fin perseguido, el cual es evitar la fuga y se someta al proceso penal instaurado en su contra en el país requirente, lo que constituye el propósito legítimo, correspondiendo diferir la solicitud, con la única finalidad de evitar la fuga del Sr. Martín Antonio Belaunde Lossio y garantizar la efectiva cooperación internacional y lucha contra el crimen y la delincuencia, en el caso de rechazarse la petición de asilo.
Se deja constancia que, en resguardo a las garantías de las personas que solicitan refugio y respetando el principio de no devolución, cualquier entrega o expulsión del requerido como emergencia del trámite de extradición que formalizará el Estado Peruano, y en caso de procedencia de la misma, su ejecución será suspendida en estricta aplicación del art. 5.II de la Ley 251, hasta conocerse la decisión de la autoridad competente sobre la petición de asilo, de la misma manera, en caso de que el CONARE dé curso a la petición de refugio, la detención preventiva debe quedar sin efecto.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los artículos 38-2) de la Ley 025 e inciso 3) del artículo 50 del CPPB, dispone la DETENCION preventiva con fines de extradición del ciudadano MARTÍN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO, nacido en Lima - Perú, el 22 de julio de 1969, quien se encontraría en la ciudad de La Paz del territorio boliviano.
Tomando en cuenta, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, a fin de precautelar los derechos reconocidos por normativa nacional e internacional que regulan los Derechos de los Refugiados, la detención preventiva deberá hacerse efectiva en los predios de la CONARE Bolivia, con las condiciones y seguridades del caso, a cuyo efecto hágasele conocer.
Para el efecto, ofíciese al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que comisione al Juez de Instrucción de Turno en lo Penal competente de su Distrito Judicial, para que asuma conocimiento del presente Auto Supremo, expidiendo mandamiento de detención, que podrá ser ejecutado en la ciudad de la Paz o en su defecto el ámbito nacional con auxilio de la INTERPOL y la Policía Boliviana.
Una vez ejecutado el mandamiento, las autoridades comisionadas deberán informar inmediatamente a éste Tribunal, acompañando los antecedentes del caso.
Asimismo, a los efectos del debido proceso de ley, el juez comisionado deberá velar porque el detenido sea expresamente notificado con una copia de la presente resolución y del mandamiento a expedirse, quedando obligado a remitir inmediatamente al Tribual Supremo la diligencia original respectiva que de cuenta del cumplimiento y fecha de la citación, otorgándose el plazo de diez días para que asuma su defensa, computable a partir del momento de su notificación, en aplicación del art. 158 del CPPB.
Por otra parte, debe la CONARE Bolivia comunicar oportunamente a éste Tribunal la resolución emitida en el presente caso.
Finalmente, a los fines de establecer la existencia de antecedentes a los que se refiere el artículo 440 del CPPB, se dispone que los Tribunales Departamentales de Justicia del país certifiquen, a través de sus juzgados y Salas Penales, sobre la existencia de algún proceso penal en trámite que se hubiera instaurado contra de Martín Antonio Belaunde Lossio. Similar certificación deberá solicitarse al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) del Consejo de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia.
Comuníquese la presente resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia para que, por su intermedio y conforme a la solicitud recibida, se haga conocer a la Embajada de la República del Perú y a la Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de ése país.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 artículo 440
 resolución