Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-454-06.htm
Timestamp: 2019-06-25 04:38:41+00:00

Document:
C-454-06
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL–Garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades/DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Acceso a la información sobre las circunstancias en que se cometió el delito/ DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Momento a partir del cual los órganos de investigación deben comunicarles sobre sus derechos /VICTIMAS DE DELITOS-Momento a partir del cual puede tener acceso a la información sobre las circunstancias en que se cometió el delito
Se trunca el derecho de acceso a la justicia, a través de una concepción recortada de la garantía de comunicación a la víctima, limitada al momento en que ésta “intervenga” en la actuación penal. No se precisa de una “intervención” en sentido procesal para que las autoridades de investigación asuman los deberes que impone la garantía de comunicación que se proyecta en dos ámbitos: (i) información acerca de los derechos que el orden jurídico establece para garantizar sus intereses en el proceso penal, y (ii) acceso a la información acerca de las circunstancias en que se cometió el delito, que forma parte del derecho “a saber”, el cual se materializa con la posibilidad de acceso al expediente o a las diligencias, desde sus primeros desarrollos. La interconexión e interdependencia que existe entre los derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación exige que la garantía de comunicación se satisfaga desde el primer momento en que las víctimas entran en contacto con los órganos de investigación. Los derechos a la justicia y a la reparación pueden verse menguados si se obstruye a la víctima las posibilidades de acceso a la información desde el comienzo de la investigación a efecto de que puedan contribuir activamente con el aporte de pruebas e información relevante sobre los hechos.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL–Comunicación a la víctima sobre sus derechos debe extenderse también a las prerrogativas y potestades procesales que se derivan de los derechos a la verdad y a la justicia
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL–Posibilidad de solicitar pruebas en audiencia preparatoria/OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Configuración
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Humberto Ardila Galindo demandó la inexequibilidad de los artículos 11, 132, 133, 134, 135, 136 y 357 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
1. Manifiesta que el numeral 7° del artículo 250 de la Constitución, modificado por el artículo 2° del A.L. No. 03 de 2002, establece que “(…) la Ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctima en el proceso penal”. Debió entonces el legislador, “para satisfacer la orden constitucional, prever la participación de la víctima como parte en el proceso penal con la plenitud de las facultades que esta calidad implica”.
4. Refiere que el artículo 135 prevé la facultad de “formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal” lo cual no puede ser considerado como una intervención de la víctima. Adicionalmente la Constitución no redujo la potestad de intervención de la víctima a la obtención de una indemnización, ni estableció que ella debiera procurarse por interpuesto sujeto procesal (el fiscal). Esta disposición, según el demandante, despoja a la víctima de sus derechos a conocer la verdad y a que se haga justicia, a la vez que viola el derecho de acceso a la justicia de la víctima al establecer que ésta debe “pedir al fiscal que ejerza la acción indemnizatoria” funcionario que no desempeña funciones jurisdiccionales en el modelo acusatorio, no obstante su pertenencia a la rama jurisdiccional.
5. Respecto del artículo 136 que contempla el derecho a recibir información, manifiesta que no constituye un desarrollo del derecho de acceso a la justicia, como tampoco de la facultad de intervención prevista en el numeral 7° del artículo 250 de la Carta. Para el demandante tales normas reducen “el cometido del proceso penal y, así, el de la sociedad frente a la víctima a enterarla: del trámite dado a la denuncia (num9); de la fecha del juicio (num.12) , de la sentencia(Num. 15)….”
Formula un reparo global a esta norma (conformada por 15 numerales) señalando que “visto en conjunto con las demás normas que conforman el capítulo, puede concluirse que constituye una desviación de la precisa orden constitucional, ya que ser informado, así, pasivamente, resulta opuesto a tener facultades, a tener la iniciativa que corresponde a un sujeto procesal”.
6. En cuanto al artículo 137, manifiesta que su enunciado refiere a la regulación de “la intervención de la víctima en la actuación procesal” por lo que se esperaría una reglamentación de los derechos y facultades de este “sujeto procesal” dentro de la actuación. Sin embargo, se limita esta norma a establecer medidas encaminadas a “minimizar los efectos del delito”. Así en el numeral 1° establece una protección ante el hostigamiento; el numeral 2° prevé el respeto por su condición personal al momento del interrogatorio; en tanto que el numeral 6° prevé que por consideración a la víctima el juez podrá decretar que durante el juicio su intervención se lleve a cabo a puerta cerrada.
Para cuestionar esta norma el demandante alude a otras disposiciones legales, no demandadas, como los artículos 355 y 443 del C. de P.P., para señalar que conforme al primero la víctima podrá estar presente en la instalación de la audiencia preparatoria, lo que “no puede calificarse de intervención”, en tanto que, conforme al segundo, se le da el uso de la palabra para que presente alegatos de conclusión en el juicio oral, lo cual considera una facultad incompleta. Para señalar que la norma en lugar desarrollar el derecho de acceso a la justicia, lo limita.
7. En relación con artículo 11 afirma que no constituye un desarrollo del numeral 7° del artículo 250 de la Carta, por que pese a contener el catálogo de los derechos procesales de las víctimas, excluyen lo esencial que es la “intervención de la víctima en el proceso penal” y no satisface el derecho de acceso a la justicia.
8. Concluye su cuestionamiento general a las facultades de la víctima y perjudicados en el proceso penal, señalando que “no se garantiza el acceso a la administración de justicia cuando la parte civil, en el juicio, no puede pedir pruebas a tenor del artículo 357, aunque según el literal d) del artículo 11 pueda aportar pruebas, no puede presentar la teoría del caso, pero sí se le concede el uso de la palabra para presentar alegatos (Art.443). Es un acceso truncado por lo que resulta claramente inconstitucional tanto a la luz del artículo 250 como del 229 de la Carta, no en el sentido de no poderse aplicar las pocas facultades que se le conceden, sino en el de no poder aplicarse las restricciones que se le imponen”.
Por último manifiesta que la única manera de garantizar efectivamente el derecho de la víctima a participar en el proceso penal es otorgándole la calidad de “parte”.
2. Por el contrario, el artículo 250, numeral 7, confirió al legislador un amplio margen para “fijar los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal”.
2. El demandante considera que las normas impugnadas, que regulan algunos[2] de los derechos y facultades de las víctimas y perjudicados en el proceso penal, no configuran un desarrollo legislativo que responda al imperativo constitucional previsto en el numeral 7° del artículo 250 de la Constitución que establece que “la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal (…)”.
En desarrollo de la impugnación el demandante formula una crítica general a la reglamentación legal que acusa, fundada en que la única manera de garantizar con suficiencia una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal es bajo el reconocimiento de su condición de parte o de sujeto procesal, y no de simple interviniente como lo prevé la ley parcialmente demandada. Esta configuración legislativa que omite atribuir a la víctima la condición de parte o de sujeto procesal, viola, en criterio del demandante, el derecho de acceso a la administración de justicia (228), el debido proceso (29) y el principio de igualdad (13). Sobre tal tesis hace cuestionamientos generales a los artículos 132, 133, 134, 136 (numerales 1, 1l, 15), 137 (numerales 1 al 7) y 11 (todos los listarles a. al j ), de la Ley 906 de 2004.
9. La jurisprudencia vigente de esta Corte tiene establecido que en relación con demandas que plantean violación de la Constitución en virtud de omisiones del legislador, sólo tiene competencia para pronunciarse respecto de aquellas que se basan en cargos por omisión relativa.[3] Una omisión es relativa, según la jurisprudencia, “cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica; pero aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que, por razones lógicas o jurídicas –específicamente por razones constitucionales-, debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente”[4].
“Esta Corporación ha definido que para que el cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar, es necesario que se cumplan determinados requisitos, que se pueden sintetizar de la siguiente manera: a) que exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador”. [7]
“ (H)aciendo referencia a los requisitos de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad, la doctrina de esta Corporación ha definido que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada[9]. En este sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso[10]”.
“Para que una demanda de inconstitucionalidad contra una omisión legislativa relativa sea admisible, resulta necesario que el actor acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. De esta suerte, no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un conjunto indeterminado de normas[11]con el argumento de que omiten la regulación de un aspecto particular, o los que se dirigen a atacar normas de las cuales no emerge el precepto que el demandante echa de menos.”
12. Para complementar este análisis de admisibilidad, es necesario recordar que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido también unas reglas generales sobre la aptitud de un cargo para propiciar un juicio de constitucionalidad. En este sentido ha señalado que un cargo de inconstitucionalidad se considera apto para propiciar un juicio de inexequibilidad si cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia[12].
Un cargo de inconstitucionalidad satisface el requisito de la claridad si los argumentos que lo sustentan son inteligibles, han sido expuestos de manera ordenada y coherente y siguen un hilo conductor del cual puede inferirse -sin excesivo esfuerzo- la idea representada por el demandante. La claridad de los argumentos exige la especificidad de los mismos; de allí que no sean admisibles los cargos genéricos, vagos, abiertos y gaseosos[13].
El cargo de inconstitucionalidad es suficiente si el argumento que lo sustenta contiene los elementos argumentativos de tipo jurídico necesarios para evidenciar una oposición –por lo menos preliminar- entre el texto legal que se demanda y el texto constitucional que lo confronta.[14]
El cargo es pertinente si se desprende del texto normativo de la disposición acusada, es decir, si existe una congruencia entre lo que la disposición dice y lo que de ella se dice. No es pertinente el reproche si recae sobre una norma diferente a la demandada, si se dirige a controvertir una hipótesis no contemplada en la disposición o si se encamina a resolver un caso particular, pese a que en su solución pudiera verse involucrada la norma que se acusa. Tampoco es pertinente el cargo si pretende la declaratoria de inexequibilidad de la norma porque la misma sea inconveniente o superflua, o si se refiere “a aspectos meramente interpretativos de la ley”. [15]
14. Observa la Corte que el reparo fundamental que el demandante formula contra la normatividad acusada consiste en señalar que el legislador omitió asignar a la víctima facultades procesales, en términos similares a como lo hizo con la Fiscalía y el procesado. En este sentido señala que “debió entonces el legislador para satisfacer la orden constitucional[16] prever la participación de la víctima como parte en el proceso penal con la plenitud de las facultades que esta facultad implica”.
20. Lo primero que observa la Sala es que el demandante, formula una crítica general a la manera como el legislador desarrolló el mandato constitucional del artículo 250.7 de “fijar los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal”; sus reparos se enfocan fundamentalmente en las facultades procesales que el nuevo sistema penal establece en favor de las víctimas, afirmando que la única forma de garantizar sus derechos es atribuyéndole condición de “parte”, reconocimiento que omitió el legislador. Lo que se esperaría de un planteamiento de tal naturaleza, sería la impugnación de todas aquellas disposiciones a las cuales se pudiesen vincular válidamente las omisiones que el demandante acusa. Sin embargo, lo que se advierte es que para la formulación de su impugnación el demandante selecciona algunas de las disposiciones de la ley (artículos 11, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 357) que consagran los derechos de las víctimas en el proceso penal, dejando por fuera de su reclamo muchas otras que con mayor especificidad se orientan a la regulación de las facultades de intervención procesal, como es el caso de los artículos 92[17], 151[18], 174[19], 327[20], 333[21], 340[22] y 102 a 128[23].
En aplicación de las facultades de interpretación que se derivan del artículo 93 de la Carta, en punto a la determinación del alcance de los derechos conforme a estándares internacionales, esta Corporación ha acogido los desarrollos que el derecho y la doctrina internacionales han efectuado en relación con los derechos de las víctimas en los delitos graves conforme al derecho internacional, haciendo extensivos sus principios y concepciones básicas, a las víctimas de los delitos en general. Así ha señalado que, “las víctimas de los delitos tienen un derecho a la verdad y a la justicia, que desborda el campo de la simple reparación, tal y como lo ha señalado con claridad la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que es relevante para interpretar el alcance de los derechos constitucionales (CP art. 93). Por ello, los derechos de las víctimas trascienden el campo puramente patrimonial”[25].
El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”[27], y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte.[28]
34. El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas.[33]
“Los principios adoptados por la comunidad internacional propenden por el respeto hacia los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que se reconocen a las víctimas de los delitos graves según el derecho internacional. En este sentido, la verdad, la justicia y la reparación se erigen como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de pacífica convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia.[34]”
“Las menciones generales sobre el nuevo sistema procesal penal, citadas anteriormente, permiten advertir que se trata de un nuevo modelo que presenta características fundamentales especiales y propias, que no permiten adscribirlo o asimilarlo, prima facie, a otros sistemas acusatorios como el americano o el continental europeo”[50].(Se destaca).
“El nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su inocencia. En desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”[51].(Se destaca).
“Se diseñó desde la Constitución un sistema procesal penal con tendencia acusatoria, desarrollado por la Ley 906 de 2004, con acento en la garantía de los derechos fundamentales del inculpado, para la definición de la verdad y la realización efectiva de la justicia, teniendo presentes los derechos de las víctimas. Se estructuró un nuevo modelo de tal manera, que toda afectación de los derechos fundamentales del investigado por la actividad de la Fiscalía, queda decidida en sede jurisdiccional, pues un funcionario judicial debe autorizarla o convalidarla en el marco de las garantías constitucionales, guardándose el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del implicado mediante la ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima afectación de derechos fundamentales”[52].
“Cabe asimismo señalar que el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo únicamente cambios en ciertos artículos de la parte orgánica de la Constitución, mas no en la dogmática. De allí la necesidad de interpretar tales modificaciones a la luz de determinadas disposiciones constitucionales, en especial, los artículos 6, 15, 28, 29, 30, 31 y 32, e igualmente, por la vía del artículo 93 de la Carta Política, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos que prohíben su limitación en estados de excepción[53]”.
47. Sobre el anterior marco conceptual procede la Corte a analizar cada uno de los cargos que resultaron aptos para propiciar un pronunciamiento de fondo a fin de establecer si las omisiones que se acusan reúnen los requisitos que las conviertan en inconstitucionales. Tal como se indicó en el estudio preliminar de esta sentencia, ellos son: (i) que la omisión excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; ( ii) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; (iii) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; (iv) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador”. [54]
Por lo tanto, como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las víctimas, dicha decisión debe ser motivada para que éstas puedan expresar su inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos. (Se destaca).
Igualmente, se debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad de solicitar la reanudación de la investigación y de aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la investigación. Ante dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la posición de la Fiscalía y la de las víctimas, y que la solicitud sea denegada. En este evento, dado que se comprometen los derechos de las víctimas, cabe la intervención del juez de garantías. Se debe aclarar que la Corte no está ordenando el control del juez de garantías para el archivo de las diligencias sino señalando que cuando exista una controversia sobre la reanudación de la investigación, no se excluye que las víctimas puedan acudir al juez de control de garantías”[57].
51. Se trunca el derecho de acceso a la justicia, a través de una concepción recortada de la garantía de comunicación a la víctima, limitada al momento en que ésta “intervenga” en la actuación penal. No se precisa de una “intervención” en sentido procesal[58] para que las autoridades de investigación asuman los deberes que impone la garantía de comunicación que se proyecta en dos ámbitos: (i) información acerca de los derechos que el orden jurídico establece para garantizar sus intereses en el proceso penal, y (ii) acceso a la información acerca de las circunstancias en que se cometió el delito, que forma parte del derecho “a saber”, el cual se materializa con la posibilidad de acceso al expediente o a las diligencias, desde sus primeros desarrollos. La interconexión e interdependencia que existe entre los derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación exige que la garantía de comunicación se satisfaga desde el primer momento en que las víctimas entran en contacto con los órganos de investigación. Los derechos a la justicia y a la reparación pueden verse menguados si se obstruye a la víctima las posibilidades de acceso a la información desde el comienzo de la investigación a efecto de que puedan contribuir activamente con el aporte de pruebas e información relevante sobre los hechos.
“En consecuencia, y con el fin de proteger los derechos de la parte civil, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “a partir de la resolución de apertura de instrucción” contenida en el artículo 47 de la Ley 600 de 200º, como quiera que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica dependen de que en esta etapa se le permita a la parte civil intervenir activamente aportando pruebas y cooperando con las autoridades judiciales y conociendo y controvirtiendo las decisiones que se adopten durante esta etapa, en especial de la providencia mediante la cual se decide no abrir formalmente la investigación”[59].
A propósito del afirmado carácter bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva, conviene recordar que la Corte se pronunció sobre el derecho de la defensa a intervenir aún antes de la formulación de imputación[60], lo que marca un umbral para la protección de los derechos de las víctimas a acceder a las diligencias, desde sus inicios, es decir, desde el momento en que entren en contacto con las autoridades, y aún antes de que se hubiese formalizado una “intervención” en sentido jurídico – procesal. La garantía de comunicación de los derechos de las víctimas no se satisface a plenitud, si se produce sólo al momento en que se produce “su intervención”, la misma, para que sea plena, debe producirse desde el momento en que las víctimas entran en contacto con los órganos de investigación.
c. Los medios de prueba a los que pueden acudir “las partes” para acreditar sus pretensiones deben ser lícitos y debidamente aducidos al proceso.
d. Excepcionalmente, “agotadas las solicitudes probatorias de las partes”, el Ministerio Público podrá solicitar la práctica de una prueba no pedida, de la cual tuviere conocimiento y que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio. Su carácter excepcional deriva de que se trata de la única solicitud probatoria que puede ser tramitada con posterioridad a la audiencia preparatoria, tal como lo prevé el artículo 374[62].
66. La interdependencia de estos derechos conlleva a que el derecho a aportar y solicitar pruebas en torno al hecho mismo, las circunstancias, la determinación de los autores o partícipes, y la magnitud del daño, se constituya en un presupuesto inexcusable del derecho de las víctimas a acceder efectivamente a la justicia. Resulta inane que se contemple la posibilidad de asistencia de los representantes de las víctimas a la audiencia preparatoria (Art. 355 CPP), que se exija que en esa diligencia deba estar asistida por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico (Art. 137.3 CPP), y paralelamente se le excluya de la posibilidad de realizar solicitudes probatorias, tal como lo establece la norma demandada.
67. La naturaleza bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva, impone que se reconozcan a la víctima garantías de acceso a la justicia similares a las que se reconocen al imputado o acusado. No pretende desconocer la Corte las especificidades del nuevo sistema en el que se asignan a la Fiscalía unas competencias que propugnan por el restablecimiento del derecho y la reparación integral de la víctima (Art. 250.6 CP), sin embargo ellas no tienen la virtualidad de desplazar a la víctima, cuando en un ejercicio soberano de su derecho de acceso a la justicia, opta por agenciar por su cuenta ( a través de su representante) sus intereses dentro del proceso penal.
69. Así las cosas, encuentra la Corte que efectivamente la norma demandada incurre en una omisión trascendente para el derecho de acceso de la víctima a la justicia (Art.229 CP), en cuanto obstruye sus posibilidades de efectiva realización de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y la coloca, de manera injustificada, en una posición de desventaja en relación con otros actores e intervinientes procesales.
(ii) No se vislumbra una razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión del representante de las víctimas de la posibilidad de ejercer el derecho a formular solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. El modelo procesal que la ley configura considera a la víctima como un “interviniente” (Título IV), al que se le deben garantizar todos los derechos que la Constitución le reconoce, como son el derecho a acceder a la justicia, (Art.229 CP), con sus derivados de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, a los que se integra de manera inescindible el derecho a probar.
[1] En cumplimiento de esta condición la demanda transcribió los artículos 11, 133, 134, 135, 136, 137 y 357 (parcial) de la Ley 906 de 2004. No obstante en el desarrollo de los cargos incluía la censura de los artículos 132 y la integridad del 357.
[2] Se advierte que aunque la demanda plantea una crítica integral a la manera como está configurada en la ley la intervención de la víctima en el proceso penal no dirige su demanda contra todas las normas que concurren a desarrollar esa intervención. Así se observa que no fue demandado el artículo 92 que regula la intervención de la víctima en la adopción de medidas cautelares para garantizar el derecho a la indemnización de los perjuicios; el artículo 149 sobre los derechos de la víctima frente a medida que limitan la publicidad de los procedimientos; el artículo 174 que regula la comunicación de las peticiones escritas a las demás partes e intervinientes, en virtud de esta disposición la admisión de una petición dirigida al “juez” que conoce de la actuación, está condicionada a que se acompañe de las copias necesarias para la información de las demás partes e intervinientes; el artículo 327 que regula el control judicial en la aplicación del principio de oportunidad, en cual será obligatorio y automático, se realizará en audiencia especial en la que se preserva el derecho de la víctima para controvertir las pruebas aducidas por la Fiscalía para sustentar tal decisión; el artículo 333 que regula el trámite de la preclusión, contemplando el derecho de la víctima para intervenir oponiéndose a la petición del fiscal; el artículo 337 que establece el contenido de la acusación , y el deber de la Fiscalía de entregar copia del escrito de acusación al acusado, ministerio público y víctimas, “con fines únicos de información”; el artículo 340 que establece que en la audiencia de formulación de acusación se determinará la calidad de víctima , se reconocerá su representación legal, en caso de que se constituya, y se faculta al juez para que en caso de que exista pluralidad de víctimas, determine la intervención en el juicio oral de un número de representantes igual al de defensores. Tampoco incluye el demandante en su demanda en contra del sistema legal de protección de los derechos de las víctimas los artículos 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108, que reglamentan el incidente de reparación integral de las víctimas.
[3] En la sentencia C- 543 de 1996, la Corte estableció las clases de omisiones en que puede incurrir el legislador – absoluta y relativa - , y señaló la imposibilidad de ejercer control de constitucionalidad sobre las denominadas omisiones absolutas, admitiendo este mecanismo de control únicamente respecto de las omisiones legislativas de naturaleza relativa. En posteriores pronunciamientos (C-427 de 2000, C-1549 de 2000; C- 041 de 2002, C-185 de 2002, C- 871 de 2002) se ha reiterado esta regla jurisprudencial. Con relación a las omisiones legislativas, la sentencia C-528 de 2003 señaló lo siguiente: “(…) si el cargo se sustenta en una omisión legislativa (…) resulta imposible, desde un punto de vista estrictamente gramatical, que la acusación emane del texto de la disposición acusada, ya que lo que en rigor se reprocha es aquello de lo cual la norma carece. Así entonces, como en tal evento no es posible demandar lo que la norma dice –sino lo que ella no dice -, la Corte ha entendido que para que el cargo sea pertinente es necesario que el demandante formule sus acusaciones contra los contenidos normativos específicamente vinculados con la omisión. De este modo, el demandante conecta el vacío normativo con la norma de la cual podría predicarse, cumpliendo así con el requisito de coherencia lógica que exige la jurisprudencia. Ahora bien, dicha exigencia sólo puede cumplirse cuando la omisión a la cual hace referencia el demandante es una omisión relativa; ya que cuando la demanda se estructura sobre la base de una omisión absoluta - también llamada omisión del legislador- la Corte carece de competencia para tramitar el juzgamiento. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, un cargo fundado en una omisión absoluta plantea una ausencia total de regulación. Como la omisión absoluta es la que se deriva de la completa inactividad del legislador, la Corte carece de referente normativo para hacer la confrontación con la Carta. Por ello la jurisprudencia ha dicho que la acción de inconstitucionalidad “si bien permite realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las directrices constitucionales” Esta es la razón por la cual la Corte no tiene competencia para “conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta”.De acuerdo con esto, la Corte sólo tiene competencia para desatar demandas de inconstitucionalidad basadas en cargos por omisión en la ley, siempre y cuando dicha omisión sea relativa. Y un cargo de inconstitucionalidad por omisión es relativo cuando denuncia la ausencia de un elemento que la Ley debería incluir para garantizar, por ejemplo, el derecho a la igualdad o el derecho al debido proceso de los particulares.”
[4] Cfr. Sentencia C- 041 de 2001, MP Marco Gerardo Monroy Cabra, criterio reiterado en la sentencia C-528 de 2003 del mismo Despacho, así como en la sentencia C- 1009 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5] Sentencias C- 185 de 2001; C-420 de 2000.
[6] Sentencias C- 540 de 1997; C-041 de 2002.
[7] C- 427 de 2000, MP, Vladimiro Naranjo Mesa.
[8] Ver entre otras las sentencias C-185 de 2002 MP. Rodrigo Escobar Gil, C-871de 2002 MP. Eduardo Montealegre Lynett, C-041 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra; C-427 de 2000, MP: Vladimiro Naranjo Mesa; C-1549 de 2000 MP. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez, C-543 de 1996, MP. Carlos Gaviria Díaz; C- 1009 de 2005, MP, Manuel José Cepeda Espinosa..
[9] Cfr. Las Sentencias C-543/96 y C-1549/2001.
[10] Sentencia C- 185 de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil. En esta sentencia dijo la Corte: (…) “Para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador”. A pesar de que esta decisión pareciera ir en el mismo sentido de la sentencia de la cual disiento en esta oportunidad, no es así. La misma sentencia transcrita aclara que la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir, en estos eventos, un pronunciamiento de fondo queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso. Es decir, que el actor acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. Coherente con este último planteamiento en la aludida sentencia, la Corte se declaró inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en razón a que las imputaciones que contenía la demanda no surgían de las preceptivas acusadas (Arts. 365 y 366 de la Ley 600 de 2000), sino que eran pregonables de otra norma (Art. 369 de la misma ley) que regulaba el instituto jurídico de la caución y que no fue demandado.
[12] Cfr., entre varios, los Autos de Sala Plena 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), A-178A de 2003, MP, Marco Gerardo Monroy Cabra; A-104 de 2005 MP, Humberto Antonio Sierra Porto; A-032 de 2005, MP, Jaime Araújo Rentería. En dichas oportunidades la Corte, al resolver el recurso de súplica presentados por los actores, confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por no presentar razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.
[13] Sobre este particular la Corte sostuvo:“El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ‘vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales’[13] que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.” (Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa).
[14] Así se señaló en la sentencia C-1052 de 2001 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] Sentencia C-236/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[16] Se refiere al artículo 250, num. 7° que establece que La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal”.
[18] En esta norma se establecen restricciones a la publicidad de los procedimientos por motivos de seguridad o respecto a las víctimas menores de edad.
[19] En esta norma se regula la comunicación de las peticiones escritas de alguna de las partes e intervinientes, a las demás; en virtud de esta disposición la admisión de una petición dirigida al “juez” que conoce de la actuación, está condicionada a que se acompañe de las copias necesarias para la información de las demás partes e intervinientes.
[20] Esta norma regula el control judicial en la aplicación del principio de oportunidad, el cual será obligatorio y automático, se realizará en audiencia especial, en la que se preserva el derecho de la víctima para controvertir las pruebas aducidas por la Fiscalía para sustentar tal decisión.
[21] Regula el trámite de la preclusión, contemplando el derecho de la víctima para intervenir oponiéndose a la petición del fiscal.
[22] Establece el contenido de la acusación, y el deber de la Fiscalía de entregar copia del escrito de acusación al acusado, ministerio público y víctimas, “con fines únicos de información”;
[24] Desde la sentencia C-293 de 1995, proferida con ocasión de la revisión de constitucionalidad del artículo 45 del Decreto 2700 de 1991 (oportunidad para la constitución de parte civil en el proceso penal), la Corte dejó sentada la tesis acerca de la superación de la concepción meramente económica de la parte civil en el proceso penal. Esta doctrina fue reiterada en la C- 163 de 2000, sobre los artículos 47.7 (requisitos de la demanda de parte civil); 50 (rechazo de la demanda); y 55 parcial (sentencia condenatoria y pronunciamiento sobre los perjuicios) del Decreto 2700 de 1991. En la sentencia C-1149 de 2001 sobre los artículos 107, 108.3 y 305 (parcial) de la Ley 522 de 1999 (Código penal Militar), la Corte extendió la doctrina constitucional sobre los derechos de las víctimas, particularmente a conocer la verdad y a que se haga justicia, a los procesos de competencia de la justicia penal militar. Siguiendo esta misma tendencia la sentencia C- 178 de 2002 , declaró la inexequibilidad de los artículos 578 y 579 (parcial) de la Ley 522 de 1999, “por la cual se expide el código penal militar”. En la sentencia T-1267 de 2001, se reiteró la doctrina sobre la superación de la concepción puramente patrimonial de los derechos de las víctimas , y el derecho a la participación activa en todo el proceso que de tal concepción se deriva. La sentencia C- 228 de 2002 profundiza en la reconceptualización de la parte civil a partir de la Constitución de 1991, realizando un completo estudio de los derechos de las víctimas y los perjudicados con el delito, señalando que éstos tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria, que es la forma tradicional en que se ha resarcido a la víctima de un delito. Desarrolla los derechos a la verdad y a la justicia a la luz de los principios de la Constitución, y del derecho internacional, particularmente del derecho a la tutela judicial efectiva; se apoya igualmente en una referencia al derecho comparado. En esta decisión se declara exequible el inciso 1° del artículo 137 de la Ley 600 de 2002, en el sentido que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia. En la sentencia C-578 de 2002, revisión de la Ley 742 de 2002, “por medio de la cual se crea el Estatuto de La Corte Penal Internacional”, se destacan la efectividad de los derechos de las víctimas y el propósito de evitar la impunidad, como razones políticas para declarar la exequibilidad de la Ley. En la sentencia C-805 de 2002, al revisar la constitucionalidad del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, la Corte reiteró el alcance de los derechos de las víctimas en sus dimensiones de verdad, justicia y reparación integral. En la sentencia C- 875 de 2002, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 45 (parcial), 48 (parcial) y 137 (parcial) de la Ley 600 de 2000, la Corte reiteró la finalidad de la parte civil en los términos establecidos en la sentencia C-228 de 2002, poniendo énfasis en que el interés de las víctimas y los perjudicados en participar en el proceso penal, trasciende el campo meramente subjetivo o individual. La sentencia C- 916 de 2002, al efectuar el estudio de constitucionalidad del artículo 97 (indemnización por daños) de la Ley 599 de 2000, examinó la responsabilidad civil derivada del hecho punible, con énfasis en las nuevas estrategias que se han desarrollado en el derecho comparado para garantizar el resarcimiento de los perjuicios que van desde el reconocimiento de la posibilidad de buscar la reparación de los daños a través del mismo proceso penal en países en que no estaba permitido, hasta la creación de fondos públicos y sistemas de aseguramiento del riesgo de daño proveniente de los delitos violentos. En la sentencia T- 556 de 2002, la Corte reiteró la doctrina de los derechos de las víctimas en el proceso, con énfasis en la posibilidad de acceso a la justicia, y la protección de este derecho por vía de tutela cuando resulte vulnerado o amenazado. En la sentencia C-04 de 2003, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del numeral 3° (parcial) del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 sobre la procedencia de la acción de revisión. En esta sentencia se pone el énfasis en las obligaciones correlativas de investigación seria que corresponden al Estado, frente a los derechos de las víctimas no sólo a ser reparadas, sino a saber qué ocurrió y a que se haga justicia; deber que adquiere particular relevancia cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos. En la sentencia C- 451 de 2003, a propósito del estudio de constitucionalidad del artículo 323 de la Ley 600 de 2000, la Corte declaró el derecho de las víctimas a participar con plenas garantías en la fase de investigación previa. En la sentencia C- 570 de 2003 la Corte realizó un estudio sobre las especiales prerrogativas que se derivan de la constitución de parte civil dentro del proceso penal, en contraste con la reclamación mediante acciones de la jurisdicción civil; prerrogativas que se derivan del plexo de derechos que a las víctimas de los delitos se han reconocido en el ámbito penal (a saber la verdad, a que se haga justicia y a la reparación integral). La sentencia C-775 de 2003 estudió la constitucionalidad del artículo 21 de la ley 600 de 2000 sobre restablecimeinto del derecho. Reiterando la doctrina sobre la trilogía de derechos de que son titulares las víctimas: verdad, justicia y reparación, destacó su valor como bienes cardinales de una sociedad que persiga un orden justo, y la interdependencia que existe entre ellos, de manera que “no es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia”. En la sentencia C- 899 de 2003 se efectuó el estudio de constitucionalidad sobre los artículos 38 (parcial), 42, 48 (parcial), 52 (parcial), 55, 57 (parcial) de la Ley 600 de 2000. En esta sentencia se destacó la relevancia de la explícita consagración del derecho de acceso a la administración de justicia (229) en la nueva conceptualización de los derechos de las víctimas, en particular de su derecho al proceso penal. En la sentencia T- 694 de 2000 , la Corte enfatizó en que los derechos de participación y de acceso a la administración de justicia, le confieren a la parte civil derechos y obligaciones similares a las de los demás sujetos procesales, lo cual implica, entre otras cosas “solicitar las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de la verdad o para demostrar la responsabilidad del sindicado, así como el derecho a recurrir las decisiones que afecten sus intereses”. En las sentencias C-014 de 2004 y C-114 de 2004, la Corte hizo extensivo el concepto de víctima y el alcance constitucional de sus derechos a los afectados por las faltas disciplinarias. En la sentencia C-998 de 2004, la Corte ratificó la legitimidad de la parte civil (Art. 205 de la Ley 600 de 2000) para instaurar demanda de casación contra sentencia absolutoria. En la sentencias C-1154 de 2005 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa) y C- 1177 de 2005, la Corte declaró la exequibilidad de algunas normas de la ley 600 de 2000, sobre archivo de diligencias (Art.79) , e inadmisión de denuncia (Art. 69), condicionando la constitucionalidad a que tales decisiones fueran notificadas a las víctimas y al denunciante, respectivamente, a fin de preservar sus derechos. En la sentencia C- 591 de 2005, se estudió la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 600 de 2004, se destacó en esta sentencia la relevancia de los derechos de las víctimas dentro del modelo procesal con tendencia acusatoria instaurado mediante el A.L. 03 de 2002. En la sentencia C-979 de 2005 a propósito de la demanda contra los artículos 78, 192.4, 327, 330 y 527 de la Ley 906 de 2004, la Corte realizó un pronunciamiento sobre la protección de las víctimas y los esquemas de justicia distributiva establecidos en el sistema procesal de tendencia acusatoria. En la sentencia C-047 de 2006, se estudió la constitucionalidad de los artículos 176 (parcial) y 177 (parcial) de la Ley 906 de 2004, la Corte reiteró la doctrina referida a la tensión entre le derecho al non bis in idem y el debido proceso contenido en la sentencia C-04 de 2003 y C-979 de 2005, señalando que “en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas desplazan la protección de la seguridad jurídica y la garantía del non bis in idem.
[25] Cfr. Sentencia C- 228 de 2002.
[26] Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”.Anexo del Informe final del Relator Especial acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1. Presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados por la experta independiente Diane Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la Comisión de Derechos Humanos.
[27] Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
[28] Cfr. Entre otras las sentencias C- 293 de 1995 y C- 228 de 20002.
[29] Cfr. Sentencias T- 443 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz ; C- 293 de 1995, MP, Carlos Gaviria Díaz.
[30] Cfr. Sentencia C- 412 de 1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[31] Cfr., Sentencia C- 275 de 1994, MP, Alejandro Martínez Caballero.
[32] Cfr. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la Asamblea General. mediante resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la sentencia C-293 de 1995.
[33] Cfr. Art. 33 del Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
[34] Cfr. Sentencia 775 de 2003, MP. Jaime Araújo Rentaría.
[35] Se presenta, una reseña condensada del desarrollo que sobre este aspecto se realiza en la sentencia C-228 de 2002.
[36] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, OAS Res. XXX, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (1948), reimprimido en Documentos Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser. L.V/IL82 doc.6 rev.1 p. 17 (1992). Artículo XVIII. Derecho de justicia. Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
[37] Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. A/810 p. 71 (1948). Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[40] Entre otras, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, sentencia de julio 29 de 1988; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez, sentencia de noviembre 3 de 1997; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de agosto 31 de 2001.
[42] Estatuto para el Tribunal Internacional para el Juzgamiento de personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991, Artículo 20. Apertura y conducción del proceso. 1. La Cámara de Primera Instancia debe ocuparse de que el proceso sea imparcial y expedito y que la instancia se desarrolle de conformidad con las reglas de procedimiento y de prueba, que los derechos del acusado sean plenamente respectados y que la protección de las víctimas y de los testigos sea debidamente asegurada. Artículo 22. Protección de las víctimas y de los testigos. El Tribunal Internacional prevé en sus reglas de procedimiento y de prueba medidas de protección para las víctimas y los testigos. Las medidas de protección comprenden, como mínimo, las audiencias a puerta cerrada y la protección de su identidad. (se destaca).
[43] Esta doctrina fue desarrollada tanto en el ámbito de la justicia penal militar, como de la justicia penal ordinaria. Cfr. Sentencias C-293 de 1995; C- 163 de 2000; C- 1149 de 2001; C-228 de 2002; C- 805 de 2002; C-916 de 2002.
[44] Fundamentalmente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero también del Derecho Internacional Humanitario y del emergente Derecho Penal Internacional.
[45] El principio de la tutela judicial efectiva, encuentra ubicación constitucional en los artículos 229 y 29 de la Carta, sin perjuicio de su ampliación por la vía del artículo 93, que ha permitido el ingreso de las fuentes internacionales que consagran esta garantía.
[46] Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
[47] Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
[48] Sentencia T-1184 de 2001.
[49] Cfr. Sentencia C- 873 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Ello se ve confirmado por lo dicho en el Informe de Ponencia para segundo debate en la segunda vuelta del proyecto de Acto Legislativo, en los siguientes términos: “Los temas originales y centrales de la reforma tienen que ver con el cambio de funciones de la Fiscalía General de la Nación… El proyecto propone el ajuste del juzgamiento penal a los cánones internacionales de derechos humanos, a los cuales Colombia se ha comprometido a través de la suscripción y ratificación de los instrumentos internacionales que a ellos obligan, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Igualmente, la adopción el sistema que se pretende acoger con esta reforma, que es un proceso de partes, controversial o contradictorio, simplemente aspira a colocarse al nivel de los estándares internacionales, toda vez que ha sido adoptado por la Corte Penal Internacional, recientemente acogido por nuestro país”.
[50] Sentencia C- 591 de 2005, MP, Clara Inés Vargas Hernández.
[54] Cfr. C- 427 de 2000, MP, Vladimiro Naranjo Mesa.
[58] El artículo 340 de la ley 906 de 2004 establece que en la audiencia de formulación de acusación “se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya”.
[62] “Artículos 374. Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículos 357, y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público.”

References: artículo 250
 artículo 2
 artículo 135
 artículo 136
 artículo 250
 artículo 137
 artículo 11
 artículo 250
 artículo 357
 artículo 11
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 93
 artículo 93
 resolución 
 artículo 47
 artículo 374
 artículo 92
 artículo 149
 artículo 174
 artículo 327
 artículo 333
 artículo 337
 artículo 340
 artículo 250
 artículo 45
 artículo 137
 artículo 392
 artículo 97
 artículo 220
 artículo 323
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 Artículo 8
 Artículo 20
 Artículo 22
 artículo 93
 Artículo 14
 Artículo 25
 artículo 340
 artículo 132