Source: https://ru.scribd.com/document/305061504/Informe-Sobre-La-Situacion-de-Los-Derechos-Humanos-en-Jalisco-2015
Timestamp: 2020-07-04 15:52:14+00:00

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Informe Sobre La Situacion de Los Derechos Humanos en Jalisco 2015 | La violencia contra las mujeres | Mujer
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Derechos Humanos y Violencia Sexual Contra la Mujeer
SEMINARIO DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO
M02 EducacionSexual P
La Aplicación Del Enfoque de Género Como Límite Al Principio de Imparcialidad Judicial en La Labor Judicial. Andrea Carrasco (4)
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco, 2015
© Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC
Primera edición: marzo, 2016
Asociados/as del Cepad:
Paola Lazo Corvera, Emma Valadez Cruz, Teresa Gutiérrez Zúñiga, Juan Larrosa Fuentes, Gerardo Moya García, Jorge Narro Monroy, Carlos Peralta Varela, César Octavio Pérez Verónica, Rosa Gutiérrez Arias, Carmen Ruiz Velasco Tapia.
Colaboradores/as solidarios/as:
Francisco Morfín Otero, Guillermo Pérez Esparza, Gabriela Hildelisa Ibáñez Cornejo, Rodrigo Lazo Corvera Xavier Moya García, Margarita María Ibargüengoitia González, Iliana Martínez Hernández, Marcia del Pilar García Castellanos, Fernando Escobar Zúñiga, Carlos Francisco Castañeda de la Rosa Ana Aurora Narro Monroy, Alfonso Garibay Serrano, Hilda Pérez Verónica, Cristina Gutiérrez Zúñiga.
Coordinación editorial: Rosa Gutiérrez Arias
Diseño: Anell Padrón M.
Corrección de estilo: Clementina Gutiérrez Zúñiga
Ana Paola Monreal María José Barragán Rafael del Río Arturo Campos Héctor Guerrero Jade Ramírez
Impresión: Casa de la Abuela
La información contenida en este informe puede ser reproducida total o parcialmente, siempre y cuando se respete y cite la autoría de todas las personas que colaboraron en la construcción de este texto. Además, se solicita que en caso de utilizar el texto, se informe a su editor al siguiente correo electrónico:
…………………………………………………………………………………….……………………………………4
Alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco …………………………………………………………………………………………………………………… …15
La expansiva de violencia en Jalisco a su máximo esplendor
Entrevista a Mayra Hernández sobre la desaparición forzada de su hijo Antonio
……………………………………………………………… ………………………………………………
Análisis de los disturbios en San Juan de Dios y las víctimas inocentes ……………………………………………………………………………………………………………………
Silencio y más silencio: una violación al derecho a la información ……………………………………………………………………………………………………………… ………52
La publicidad y el control de medios en Jalisco ……………………………………………………………………………………………………………… ………59
La frágil circunstancia de los periodistas en Jalisco 2015 ……………………………………………………………………………………
…………………………………69
La crisis en un sistema penitenciario ……………………………………………………………………………………………………………………
La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco ………………………………………………………………………………………………………………………
La “nueva ley de niñas, niños y adolescentes” constante asignatura pendiente
A como dé lugar: las resistencias frente al despojo en Jalisco 2015 ………………………………………………………………………………………………………………
Acerca de los autores ……………………………………………………………………………………………………………………
Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), año con año nos
detenemos para dar cuenta de la lectura crítica de la realidad jalisciense que
hacemos cotidianamente en torno a la defensa y protección de los Derechos
Humanos. Nuestro afán es hacer visibles aquellas acciones o abstenciones que en
nuestro estado favorecen o inhiben, desde los diferentes sistemas sociales,
políticos, económicos y de poder, el respeto a los derechos humanos. De este modo
contribuimos a su exigibilidad y justiciabilidad.
La complejidad de lo que acontece a escala regional es reflejo de la alarmante
situación por la que atraviesa nuestro país en materia de derechos humanos, tal y
como lo refirieron el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de su visita
al país, en la que constataron la grave crisis que padece México en esta materia,
consecuencia de la mezcla de los elementos de la situación extrema de
inseguridad: violencia, tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias,
feminicidios, desplazados y discriminación, potenciados por una impunidad que es
la norma. Sobra decirlo, pero hay que decirlo: son evidentes los retrocesos.
Jalisco es parte de esta tragedia nacional. Para noviembre de 2015 ya se había
superado el número de feminicidios de 2014; crecieron 13% 1 sin que las
autoridades estatales parecieran considerar la gravedad de la situación de
violencia hacia las mujeres, se resistieron a decretar la Alerta de Violencia de
Género como exigían diversas organizaciones feministas; los datos y los sucesos
del día a día daban pie a la urgencia del decreto que llevaría a tomar acciones
contundentes para disminuir las agresiones, las vejaciones, las humillaciones y la
violencia desmedida de la que son víctimas tantas mujeres. Jalisco encabeza la lista
de las seis entidades, junto con la Ciudad de México, donde mueren más mujeres
por violencia de género. Tan sólo en 2015 fueron asesinadas 150, 2 por lo que son
imperativas acciones de aplicación inmediata, no únicamente la Alerta de Género,
también medidas preventivas, de protección, de seguridad y de acceso a la justicia para garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia. Por otra parte, Jalisco ocupa el cuarto lugar en el número de homicidios dolosos (en 2015 se registraron más de mil 125); tiene el primer lugar en extorsiones, es el quinto en el número de presuntos delitos registrados, dato que evidencia la grave inseguridad ciudadana y el contexto de violencia desmedida, y también delinea el paisaje en el que todo esto sucede: reacomodo de fuerzas del crimen organizado y la falta de respuesta y coordinación de las autoridades locales. Esta situación convierte a toda la sociedad en víctima, pues vulnera el derecho que tenemos a vivir y sentirnos seguros, a una convivencia sana y pacífica. Los narcobloqueos ocurridos el 1 de mayo de 2015, a partir de que el gobierno federal puso en marcha la Operación Jalisco, fueron muestra del poder de fuego del narco y de la descoordinación entre los órdenes de gobierno, lo que se tradujo en un incremento en las quejas por tortura y por detenciones arbitrarias, modalidades de delito en las que incurrieron las fuerzas de seguridad. La situación se agravó en todos los rubros y los señalamientos de los afectados en el sentido de que no eran atendidos por las autoridades, incluso desde la propia CEDHJ, fueron constantes. En 2015 atestiguamos la tragedia de familias que exigieron al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, que no se incinerara a las víctimas no identificadas, que se detuviera la entrega de cenizas de desaparecidos, resultado de la cremación de cuerpos no identificados. Hay casos registrados por el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej), en los que la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses entregaron cenizas a las familias de desaparecidos sin antes haber practicado el perfil genético al cuerpo, lo que vulnera —hay que ser enfáticos— gravemente los derechos humanos. Cifras oficiales muestran que de enero de 1997 a julio de 2015 se incineraron 2 mil 724 cadáveres de personas no identificadas. A nivel nacional, nuestra entidad ocupa el segundo lugar en desapariciones. Esta situación pudo verse ligeramente modificada con la creación de una agencia especializada a partir de la entrada del nuevo fiscal general, sin embargo, durante 2015 no se aplicaron protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas ni se ha dado seguimiento puntual a las investigaciones, se ocultó información y no se
contó con personal capacitado; situación que sufrieron y enfrentaron miles de familias de personas desaparecidas en Jalisco, que además no recibieron el apoyo y el seguimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, la que pregonó el gobierno federal, se desmoronó en 2015 ante la contundencia del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El reporte puso en la vitrina la falta de voluntad del gobierno por ir al fondo en un asunto que revela la connivencia de los poderes oficiales, los fácticos y el crimen organizado; también exhibió la incompetencia de las autoridades para encontrar y castigar a los responsables, para atender con dignidad a las familias y responder al clamor de justicia que no han dejado de elevar las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. De muchas maneras ellas representan el sufrimiento de las víctimas de la violencia en México. Existe una absoluta falta de justicia y la actuación del Estado para reconstituir el respeto a la persona, para proteger a los grupos más vulnerables y al entorno en que se desenvuelven, cuando más, es precaria. La justicia entendida como una expresión que se hace objetiva en lo cotidiano, en la vida social e institucional, la justicia como lucha en contra de la impunidad y de la corrupción, es una noción ausente en la realidad jalisciense. Las víctimas fatales del transporte público no cesan, incluso superaron a las de 2014 y el Consejo Estatal para la Atención de Víctimas del Transporte Público determinó que 55% de éstas fueron responsabilidad directa de los transportistas 3 que operan, como siempre, sin asegurarse de que en los cursos que toman sus conductores reciban educación vial y ciudadana. No se han aplicado sanciones legales y económicas específicas para los concesionarios y propietarios de las unidades de transporte (salvo en algunos casos aislados). A estas alturas, parece que debiéramos resignarnos a la imposibilidad de erradicar este tipo de accidentes y a que se ofrezca un servicio digno y de calidad a las y los usuarios del transporte público en Jalisco. La situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, así como la de los periodistas en la localidad, es alarmante: ataques a medios, censura, amenazas, persecuciones, incluso asesinatos y desapariciones. Quienes defendemos el trabajo que hacen las y los periodistas, y el papel que estos juegan
en una democracia plena, exigimos que la libertad de prensa no se negocie y que nuestro derecho a estar informados y conocer la verdad pueda ser ejercido a plenitud, sin barreras. Nos preocupa la renuncia de Jade Ramírez como consejera del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, es muestra de la desconfianza y de la falta de justiciabilidad que existe en los instrumentos y mecanismos que deberían ser un referente de defensa y protección de derechos fundamentales. El 29 de octubre de 2015, el Congreso del Estado de Jalisco envió al Ejecutivo,
para su publicación, la Ley para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el estado. La ley se pergeñó de manera aislada, sin haber dialogado, consultado o acordado con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de grupos vulnerables y que desde hace una docena de años han impulsado la promulgación de una ley en contra de la discriminación. Aunque la Ley referida prevé las conductas consideradas como discriminatorias, éstas se pueden ampliar y mejorar los alcances de la norma. Sí, acierta en que sujeta a procedimiento, reparación y sanción a entes públicos y autoridades estatales, municipales o particulares que comentan actos discriminatorios o sean omisos ante ellos; sin embargo, para el caso de los particulares y las personas jurídicas privadas, en lugar de impulsar que sus actos sean preceptuados localmente, la nueva Ley propone remitir las quejas al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), lo cual es ya una facultad del organismo nacional. Si entendemos el diálogo como un mecanismo de construcción de acuerdos desde las coincidencias, para impulsar el cambio social en el marco de una democracia, los acuerdos, leyes y compromisos gubernamentales en materia de derechos humanos debieran darse a partir de él, del diálogo entre los actores involucrados en la experiencia de vulneración de estos derechos, así como con las y los promotores de su defensa y protección. Por su parte, las y los transexuales siguen siendo uno de los principales blancos de discriminación en el estado; la negativa a reconocerles legalmente la libertad para autodeterminar su identidad de género los deja en una profunda desprotección jurídica, social y laboral, hasta su realidad de cada día: suelen ser víctimas de crímenes y violencia sexual. De acuerdo con la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH), Jalisco es el quinto estado del
país con más homicidios de este tipo, y no perdamos de vista que este registro resulta poco fiel, pues cuando el Servicio Médico Forense (Semefo) clasifica los homicidios, distingue los cuerpos exclusivamente por sexo masculino o femenino, nunca es preciso respecto a si se trata de personas transgénero o transexuales. Hay un vacío de políticas públicas, que se sigue en la carencia de programas y presupuesto para impulsar el respeto a la diversidad y para cesar la violencia, el rechazo, el odio y las agresiones. Es necesaria una ley de identidad de género que facilite a las y los transexuales, por ejemplo, el acceso al trabajo digno y que permita el cambio legal del nombre, de acuerdo a la voluntad libre de cada persona. A pesar de que en Jalisco el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación y si pone en riesgo la vida o la salud de la madre, las mujeres aún no acceden a la posibilidad de su interrupción legal, el grado de implementación de la normativa es muy bajo y los obstáculos que en la práctica enfrentan las mujeres son amplios. En Jalisco, de noviembre de 2013 a octubre de 2015, cuarenta mujeres quedaron embarazadas luego de ser violadas; ninguna de ellas tuvo acceso a la interrupción legal del embarazo aunque sólo 5.4% se atrevió a poner una denuncia. 4 La ley que autoriza el aborto en caso de violación es letra muerta, ni la Fiscalía ni la Secretaría de Salud la respetan. Este año, con todo y los extremos de impunidad a los que estamos habituados, no dejó de sorprender el silencio de las instancias responsables de tutelar los DH frente al quebrantamiento del derecho a la información cometido por el Sistema Jalisciense de Radio y TV, que decidió eliminar toda comunicación electoral, tanto en los noticieros como en los programas de opinión durante las elecciones de 2015, determinación que es una flagrante violación a las leyes de transparencia, acceso a la información y a la propia Constitución General de la República. Esta actitud motivó a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información capítulo Jalisco (Amedi Jalisco) y al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) a presentar una queja ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco. Las escuetas respuestas recibidas hasta hoy son elocuentes respecto al nulo interés de las autoridades por garantizar la transparencia y la información durante los procesos electorales. En el tema de la tortura nos encontramos con un cambio en la narración, que
bien pudiera ser simplemente una actualización del discurso público. Sí, se dio la reforma contra la tortura en medio de una profunda crisis de derechos humanos, pero la existencia, confirmada, de casos de tortura en Jalisco reflejan una situación contradictoria y preocupante, aquí y a lo largo y ancho del país. Podría afirmarse que fue un hecho positivo la publicación de la nueva Ley para Prevenir, Sancionar,
Erradicar y Reparar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o
Degradantes del Estado de Jalisco, en abril de 2015, así como alentadoras parecieron las posteriores modificaciones al Código Penal y a otras dos leyes, en las que se contemplan penas de hasta doce años de cárcel y multas de 200 a 500 salarios mínimos para quienes torturen. La ley a su vez obliga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco a denunciar los casos de tortura que se desprendan de las quejas que reciba por este tipo de prácticas. En octubre de 2015, seis funcionarios fueron separados de su cargo 5 por imputaciones de tortura después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) aceptó siete recomendaciones de la CEDHJ. Esta fue la primera vez que una autoridad estatal reconoció oficialmente la existencia de la tortura. Al día siguiente, Amnistía Internacional 6 denunció que en Jalisco se presentaron 167 quejas por este delito ante la CEDHJ, lo que representa un incremento de 695% con relación a las 24 presentadas en 2014; de acuerdo a datos oficiales, de mayo a septiembre de 2015 se presentó, en promedio, una queja por día; la Fuerza Única y la Fiscalía central fueron las más señaladas. La existencia de tortura y los malos tratos generalizados en los que las policías incurren en nuestro estado, aunados a los serios problemas en las condiciones de detención y el contexto de impunidad, hacen visibles las deficiencias de la ley y, claro, su casi nula eficacia. De ahí que resulte urgente construir dispositivos civiles de monitoreo y control; son imprescindibles para prevenir y erradicar la tortura. Durante 2015 se discutió, elaboró y aprobó la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, entró en vigor en enero de 2016. Es importante señalar que la ley no fue resultado del análisis de las condiciones de vida y del ejercicio de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes en la entidad, tampoco fue consecuencia de políticas públicas que coloquen ante todo el interés por las y los más jóvenes; en todo caso se elaboró en respuesta a un mandato del Congreso de la Unión, al que siguió un proceso apresurado, discrecional, excluyente y poco dialogado con los actores interesados en los
derechos de la infancia y la juventud. Aunque la nueva ley presenta avances importantes con respecto a la previa y plantea un cierto nivel de armonización con
respecto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no
contiene un planteamiento contundente de los mecanismos para la participación ciudadana, tanto de organizaciones de la sociedad civil (OSC) como de los propios niños, niñas y adolescentes; no especifica las atribuciones de las distintas instancias ni sus niveles de actuación, y no deja asentada la prioridad que se dará a la asignación de presupuesto para que opere de manera efectiva y eficiente. Jalisco es un estado de tránsito, origen y destino de cientos, miles de migrantes que en 2015 sufrieron el rechazo y las amenazas de una parte de la sociedad tapatía. Las y los colaboradores de FM4 Paso Libre tuvieron que cerrar las puertas de su Centro de Atención al Migrante, debido a las amenazas que recibieron. A la vez, un grupo de vecinos de la colonia Arcos Vallarta lanzó una cruzada discriminatoria en contra de los migrantes, expresada en su rechazo a que el comedor que los atiende se reubicara en esa zona. Las autoridades no se pronunciaron y tampoco intervinieron de inmediato, lo que nos lleva a resaltar que ya es preocupante que la atención a las y los migrantes se mantenga sólo en manos y a merced de la voluntad de la sociedad civil; como en otras vertientes de los derechos humanos, las instituciones del Estado no terminan por asumir la responsabilidad social que tienen con este fenómeno social que involucra a personas que viven una situación extrema de vulnerabilidad, violentadas, puestas en peligro y discriminadas. En el tema de los derechos ambientales el gobierno de la entidad sigue en deuda. A la tutela de estas garantía las autoridades le deben políticas públicas, leyes, trabajo, recursos financieros y acciones para que un medio ambiente sano y protegido sea real para todas y para todos. Para comprobar esa deuda, basta mirar la situación que persiste en el bosque de El Nixticuil, en donde los incendios intencionales para destruirlo son constantes y las autoridades municipales continúan omisas y hasta cómplices, al ofrecer declaraciones falsas, sin argumentos, que pretenden minimizar el despojo del bosque que es parte de un área protegida, y así respaldan la avaricia de los empresarios inmobiliarios. A su vez, las empresas avecindadas en el área de influencia de El Nixticuil, valiéndose de la impunidad que rige por doquier, no dudan en depositar sus residuos
industriales sobre la cañada del bosque, con lo que provocan una devastación ambiental, por la toxicidad de los desechos que afecta al macizo forestal, a quienes viven en sus alrededores y por supuesto, la calidad de vida de la metrópoli entera. Ya son más de diez años de resistencia (al fuego, al despojo, al terror y a la represión) por parte del Comité Salvabosque del Tigre II, organización de vecinos que cuidan y protegen, sin descanso y sin apoyos, el bosque de El Nixticuil. ¿Y qué decir del Río Santiago? Parece que está ahí, nomás, viendo pasar el tiempo y con él, sus mejores días. En los últimos siete años, el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto ha registrado 628 fallecimientos a causa de la contaminación, por lo que un grupo de organizaciones de la sociedad civil que luchan por el medio ambiente han solicitado se declare la Alerta Ambiental y Sanitaria en diferentes zonas de los municipios de El Salto, Juanacatlán y Ocotlán, las demarcaciones más afectadas por la polución de ese cuerpo de agua; asimismo, han solicitado se retome la Macro recomendación emitida por la CEDHJ en 2009, que no ha sido acatada en su totalidad. El análisis que hacemos de la labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) nos da elementos para afirmar que no hay avances en el respeto a los derechos humanos en la localidad, las violaciones no se reducen y ni siquiera se señalan, lo que es clara muestra de un trabajo deficiente, hecho por funcionarios poco o mal capacitados, a pesar del presupuesto abultado del que disfruta la Comisión. Sin importar lo que diga su decreto de creación, la CEDHJ no es un organismo autónomo, su lógica de actuación es política y muy cercana al poder; emite pocas recomendaciones (que acusan un exceso de benevolencia para con los funcionarios), mismas que además terminan siendo parte de una simulación de Estado. El Consejo Ciudadano de la Comisión actúa en la sombra, no hay rastros de su actividad, tampoco de su voluntad por ser crítico, contrapeso eficaz del Presidente; ha dejado de rendir cuenta a la sociedad y tal parece que no le interesa que temas sensibles para la justicia en Jalisco, y para la salud del organismo autónomo, ganen posición en el programa de trabajo de la Comisión. Cada una de las omisiones en el actuar de la CEDHJ abona a la crisis de derechos humanos que se vive en el país y deja en la indefensión a miles. Organizaciones de la sociedad civil como la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Cladem Jalisco, la Coordinadora 28 de Mayo y el Cepad, denuncian que
muchos abusos son encubiertos 7 por la CEDHJ; también han señalado que la Comisión es asiduamente cuestionada 8 por quienes actúan, día a día, en favor de la defensa y protección de los DH; por ello sorprende que cuente con más del doble del presupuesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 9 y sorprende aún más que 96% del dinero del erario que se le destina sea para pagar su nómina, la que encabeza su Presidente. El problema mayúsculo que enfrenta la protección de los derechos humanos en Jalisco no parte de los arreglos administrativos de la CEDHJ, sino de un hecho evidente: quien debiera ser ombudsman no lo es, porque su hacer no mira de frente a las y los ciudadanos, y porque no entiende de derechos humanos; en medio de una crisis inmensa de seguridad, en medio de la pérdida constante de capital social, el Presidente de la CEDHJ y su Consejo permanecen a la zaga y no son referente, ni para las autoridades ni para la gente del común. Así, desde el desconocimiento, la insensibilidad y priorizando el cálculo político, ¿cómo alguien puede proclamarse defensor y promotor de los DH y además cobrar tan bien por ello? Mezcala, Temacapulín, El Mameyito y Puertecito, el Rincón de Manantlán y Peña Colorada, entre otros pueblos, han sido violentados. Su derecho al territorio y a vivir en paz es una utopía. En 2015 sus habitantes se vieron obligados a desplazarse, a abandonar sus tierras, a causa de la violencia y de las presiones del crimen organizado y de grupos de poder. No recibieron, no han recibido el soporte y la protección de autoridades que ni siquiera han hecho las investigaciones pertinentes en torno a los perennes abusos de poder y el consecuente despojo de su territorio del que son víctimas. El 6 de noviembre de 2015 nueve integrantes de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción fueron absueltos del delito de daño material que les fue imputado de manera infundada por los magistrados de la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justica del Estado de Jalisco. Este triunfo es efecto de la lucha que emprendieron por su libertad y por su territorio. Desde 1999 la comunidad libra una batalla, acompañada jurídicamente por el Cepad, en contra del empresario de Guadalajara, Guillermo Moreno Ibarra; este sujeto mantiene invadidas nueve hectáreas de territorio comunal con el apoyo y la anuencia de autoridades estatales y municipales. Los magistrados de la Sexta Sala que determinaron absolver de los delitos imputados a integrantes de la comunidad, señalaron las
irregularidades de la agente del Ministerio Público de Poncitlán, Lucero Moreno Murguía, aunque omitieron, deliberadamente, analizar el papel del Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, Óscar Martín Morales Vázquez, quien fue responsable de someter a las y los hoy exculpados a cuatro años de un proceso injusto y denigrante, para luego sentenciarlos a penas privativas de la libertad y a pagar la reparación del daño. Con todo y lo justa que resultó la sentencia, los magistrados dejaron ir la oportunidad, por falta de rigor y desinterés en la calidad didáctica y admonitoria de su dictamen, de sentar un precedente judicial relevante para los pueblos y comunidades indígenas de Jalisco. Este caso es ejemplo nítido de la criminalización de la protesta social: para quienes en contra de la arbitrariedad de los poderes públicos y económicos defienden sus derechos humanos individuales y colectivos (la preservación de sus territorios, de sus bosques, del agua y de su cultura) está disponible y presta la fuerza ilegítima e incontestable del Estado. Este Informe, más que el recuento de hechos y datos, es un intento colectivo por recuperar historias, relatos, investigaciones sociales y diagnósticos que el Cepad ha realizado junto con otras organizaciones civiles, comunidades locales y universidades, en torno al tema de los derechos humanos en el estado de Jalisco. La narrativa que contiene no es únicamente para dar a conocer el estado que guardan algunos conceptos, sino las historias de gente concreta, las de vidas que se juegan en la indefensión y que en su lucha, luchan por todas y por todos. Creemos que las acciones de comunicación política responsable y veraz posibilitan ser contraparte eficaz de las autoridades constituidas y también de los poderes fácticos; sostenemos que son la vía para volvernos interlocutores de alto nivel ético e intelectual ante instancias públicas y privadas, y ante otros agentes sociales del estado. Generar un cambio para virar hacia una cultura de los derechos humanos más firme, sólida y vivible es labor comunitaria que debe atisbar al largo plazo, pero sin dejar de impulsar transformaciones profundas desde ya; en esto estamos y siempre atenidos al camino que elegimos: el de la paz, la justicia y la solidaridad.
1 Revolución tres punto cero. “Números rojos en Jalisco, feminicidios aumentan 13%; gobierno priista se niega a instaurar alerta de género”. Redacción. 16 de diciembre de 2015.
2 Crónica de Sociales, “Aristóteles omiso a feminicidios; urgen activar la alerta de género en Jalisco”. Adrián Carrera. 28 de enero de 2016.
3 El Informador. “Aumentan las muertes por transporte público”. Redacción. 20 de diciembre de
4 Datos presentados por la Dra. Patricia Ortega, representante en Jalisco de Ddser, en el Foro sobre
Aborto en Jalisco, realizado el 26 de octubre 2015 en el Congreso del Estado.
5 La Jornada Jalisco. “Fiscalía acata recomendaciones por casos de tortura: remueve a seis funcionarios”. Julio Ríos. 30 de octubre de 2015.
6 La Jornada Jalisco. “Aumentan 695% las quejas por casos de tortura en 2015: AI”. Yenzi Velázquez, 29 de octubre de 2015.
7 El Universal. “Abusos son encubiertos por la CEDHJ, acusa ONG”. Raúl Torres. 30 de septiembre de
8 Reporte Índigo. “Comisión cuestionada”. Jonathan Ávila. 30 de noviembre de 2015.
9 Página 24 Jalisco. “La CEDHJ derrocha y no defiende al pueblo”. Adrián Montiel. 18 de diciembre de
Hablar de derechos de las mujeres es hablar de derechos humanos; por tanto, hablar de violencia contra las mujeres es hablar de violación a sus derechos humanos. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belem Do Pará (1994), señala que debe entenderse por violencia contra las mujeres “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Explica también que la violencia puede ser física, sexual y psicológica, señala las modalidades de ésta y dónde puede ocurrir:
Es decir, esta Convención, por primera vez hace un señalamiento amplio de los tipos y modalidades de las violencias contra las mujeres y señala cuáles son los derechos humanos protegidos:
Artículo 3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
Señala también que los Estados parte (léase, en nuestro caso, el Estado mexicano) “condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”.
En el año 2007, se promulga en nuestro país la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que constituye un gran avance al armonizar instrumentos de derechos humanos internacionales con nuestro sistema jurídico, especialmente los principios contenidos en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer – CEDAW por sus siglas en inglés (1981) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994). El bien jurídico que tutela la Ley es el derecho humano de las mujeres a la vida, especialmente el derecho a una vida libre de violencia. Los principios que la rigen son:
• la seguridad La violencia de género o contra las mujeres es posible debido a las desigualdades de poder que culturalmente se establecen entre hombres y mujeres; fundamentalmente es el resultado de una sociedad patriarcal. En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se reconoce que:
[…] la violencia contra la mujer es una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, además de constituir una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que impide total o parcialmente a la mujer gozar de sus derechos y libertades (1993: 76-77).
Estas inequidades se refieren a la situación históricamente desventajosa que enfrenta una gran diversidad de mujeres en el mundo, tanto en los procesos productivos como en el acceso a posiciones políticas, la falta de oportunidades en la educación, etc., que las lleva a afrontar más desventajas sociales y económicas. La violencia contra las mujeres es violencia de género en razón de que se sustenta en su condición de mujer. Celia Amorós señala:
Así y solo así puede explicarse que la mujer haya sido receptora de la violencia en diferentes ámbitos y circunstancias: lo mismo es violentada una mujer en países de primer mundo, que en aquellos con desarrollos precarios; en tiempos de guerra en donde se convierte en parte del botín, que en tiempos de paz y de concordia; en la seguridad que debería de brindar el hogar o en la plaza pública; en el lugar laboral o de trabajo, lo mismo que en los espacios de diversión y esparcimiento o en la escuela; es decir, la violencia puede generarse tanto en el ámbito público como en el privado. Por su condición de mujer, ha sufrido y padecido ataques de los
hombres por su condición de hombres, es decir, se ha construido socialmente el género de tal manera que el predominio y supremacía del varón sobre de la mujer era indiscutible e incuestionable (Amorós, 1991: 211-212).
El sistema patriarcal es la organización jerárquica masculina de la sociedad, que se
sostiene con el matrimonio y la familia mediante la división sexual del trabajo y de
la sociedad. La raíz del patriarcado radica en la biología, más que en la economía o
la historia. Las relaciones de poder que se desarrollan son de dominación / subordinación de lo masculino sobre lo femenino, en todos los niveles de la sociedad, en la vida privada y en la pública (Eisenstein, 1977: 88-89). En este sentido, Marcela Lagarde señala que “los poderes de dominio son sociales, grupales y personales, permiten explotar y oprimir a personas y grupos y
todo tipo de colectividades” (Lagarde, 1997: 69-70). La agresión contra una mujer nunca debe ser analizada como un hecho aislado. La violencia de género está sustentada en un sistema patriarcal que permite que el agresor aproveche su lugar de dominación y, en su caso, dañe a otro ser humano (Russell y Harmes, 2006). De esta manera, se entiende que la violencia contra la mujer es estructural, sistémica, universal y es una violencia de género al estar basada en su propia condición de mujer. Su erradicación requiere un salto cualitativo en la sociedad. Para entender el salto cualitativo que debemos dar en la formación de un nuevo estado democrático, es importante asumir nuevos paradigmas que prevean otro tipo de relación de igualdad entre mujeres y hombres (Ramos Ponce, 2015).
El feminicidio es el extremo de la violencia de género contra las mujeres, es el asesinato al que se llega después de una larga historia de violencia y que se ejerce con odio hacia la mujer, en la mayoría de los casos acompañado de tortura, vejación, abuso sexual y menosprecio del cuerpo femenino, que es ultrajado antes
o después de darle muerte: desnudado, arrojado a basureros, arroyos, parajes
solitarios. En 1992, la misma Diana Russell, junto con Roberta Radford, definió el feminicidio como “el asesinato misógino de mujeres por hombres”. Sin embargo,
[…] el feminicidio va más allá de los asesinatos misóginos, para aplicarlo a todas las formas de asesinato sexista. Es decir, los asesinatos misóginos se limitan a aquellos motivados por el odio hacia las mujeres, en tanto que los asesinatos sexistas
incluyen a los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres (Radford y Russell, 1992:
La violencia contra las mujeres, como una manifestación de violencia de género y su expresión extrema: el feminicidio, constituye un problema grave de violación a los derechos humanos que debe ser atendido de manera inmediata por el gobierno del estado. Tanto el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), así como diversas organizaciones feministas de Jalisco, desde hace varios años han insistido en la importancia de visibilizar la problemática de violencia feminicida en el estado de Jalisco. El OCNF ha denunciado que esconder la violencia de género disminuyendo las estadísticas de comisión de estos delitos y catalogándolos sólo como homicidios o
parricidios, ha sido un obstáculo para visibilizar la problemática real del feminicidio en el estado. En Jalisco, desde julio de 2013, Cladem solicitó a Mariana Fernández, anterior titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), que estableciera el grupo interinstitucional para la elaboración del diagnóstico estatal sobre violencia contra las mujeres y presentara la solicitud de Alerta de Violencia de Género. Situación en la que fue omisa, como también lo fue al emitir el voto en contra para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de México en ese entonces. El 8 de febrero de 2015, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, en su II Informe de Gobierno manifestó su preocupación por el incremento de feminicidios. Sin embargo, es hasta el 20 de agosto de ese año que instruye a la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Dra. Erika Loyo, conformar el grupo interinstitucional para evaluar la necesidad de declaratoria de alerta de violencia de género, petición reiterada por Cladem y diversos organismos de la sociedad civil desde años atrás. El estado de Jalisco encabeza la lista de las seis entidades, incluyendo la Ciudad de México, donde mueren más mujeres por violencia de género, de acuerdo al “Estudio para el Diseño Conceptual y Metodológico del Sistema Integral de Indicadores para las Declaraciones de Alerta de Violencia de Género de 2010”, elaborado a petición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo a la investigación realizada por la suscrita, en el Estudio del Feminicidio en Jalisco, del periodo de 1997 a diciembre de 2014 fueron asesinadas 1,194 mujeres en Jalisco.
Asesinatos de mujeres en Jalisco de 1997-2014
No. de asesinatos
Fuente: Ramos Ponce (2015: 148).
El cuadro anterior nos indica que de 1997 a 2014 hubo un total de 1,194 asesinatos de mujeres, no obstante, en 2015 se presentó un repunte significativo con 150 asesinatos de mujeres, lo que hace un total de 1,344 mujeres asesinadas en el periodo 1997-2015.
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SISTEMA ESTADÍSTICO SOBRE AUTOPSIAS
Tipo de muerte: Homicidio Delegación: Todos Ocupación: Todas Género: F
Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015 Municipio: Todos Escolaridad: Todas Alcoholemia: Todos
Causa objeto: Todos Edad: Todas Estado civil: Todos Toxicología: Todos
Fuente: Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses [DE disponible en:
http://cienciasforenses.jalisco.gob.mx/estadisticas_sist.php].
Las estadísticas para 2016 no presentan perspectivas alagadoras, pues sólo en el
primer mes del año siete mujeres han sido asesinadas.
Es preocupante también el crecimiento de la violencia intrafamiliar. Según datos
casos de violencia intrafamiliar atendidos por DIF Jalisco y las Unidades de
oficiales tomados del
Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVIS), han crecido de manera significativa.
Mientras que las denuncias por violencia intrafamiliar atendidas en la Fiscalía
General del Estado se incrementaron también en los últimos cinco años:
Denuncias por violencia intrafamiliar atendidas
Llama la atención que en la página electrónica del MIDE se encuentre
desactualizado el tipo penal de violencia intrafamiliar, y no se encuentre el tipo
penal vigente, es decir, que el feminicidio no es un delito más del fuero común o
una manifestación de la agudización de la violencia intrafamiliar, sino una grave
violación al derecho fundamental de las mujeres a la vida. Por ello es importante que se haya tipificado como un delito dentro del Código Penal Estatal. Sin embargo, es importante activar otros mecanismos que la propia Ley establece para prevenir la violencia de género, como es el caso de la Alerta de Violencia de Género, que establece el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los artículos 7 y 8 de su Reglamento en el estado de Jalisco, que señalan:
De la Alerta de Violencia contra las Mujeres Artículo 7. La Alerta de Violencia es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres en un territorio determinado del estado de Jalisco pudiendo ser ejercido por individuos o por la propia comunidad, a partir de la detención de actos graves y sistemáticos de violación a los derechos humanos de las mujeres. Artículo 8. La Alerta de Violencia tiene como objetivo fundamental el garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:
I. Establecer un grupo interinstitucional, sensibilizado y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y
abatir la violencia extrema que se esté ejerciendo sobre las mujeres en determinado municipio del Estado o comunidad; III. Elaborar reportes sobre la zona identificada y el comportamiento de los indicadores de la violencia hacia las mujeres; y IV. Asignar presupuestos necesarios para hacer frente a la contingencia de la Alerta
La activación de este mecanismo significará que existen elementos suficientes para evidenciar violencia sistemática y grave, y permitiría la urgente e inmediata actuación de las autoridades para que, a través de la Secretaría General de Gobierno del Estado, se actualicen los elementos previstos en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, para advertir un contexto grave de violencia contra las mujeres. La Alerta de Violencia contra las Mujeres deberá emitirse mediante la implementación de acciones de urgente aplicación, además de acciones preventivas, de protección, seguridad y acceso a la justicia para enfrentar y abatir la violencia extrema que se ejerce contra las mujeres en la entidad.
Seguramente, para la fecha de publicación de este artículo, ya se habrá dado a conocer el informe final del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para el Estudio y Análisis de la probable emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco. Este informe consta de 226 páginas y fue aprobado y entregado en su versión final desde el pasado 5 de enero de 2016. Si aún no se ha publicado, será motivo de preocupación pues este retraso en la activación de la alerta puede significar un mensaje que se envía a la sociedad de que la violencia contra las mujeres es tolerada y permitida y, por lo tanto, genera la sensación de impunidad. La activación inmediata de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres en el estado es urgente, así como la emisión de políticas públicas de prevención de las múltiples violencias contra las mujeres, especialmente el feminicidio. 1
1 Derivado de la investigación, evaluación y análisis del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), el lunes 8 de febrero de 2016 el gobierno de Jalisco emitió la Alerta de Violencia Contra las Mujeres en ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. Del informe del Grupo Interinstitucional se desprende que se implementarán 15 acciones urgentes, preventivas y judiciales. Las medidas de implementación urgente son:
• Divulgación de la Alerta de Violencia contra las Mujeres
• Patrullajes preventivos, vigilancia y patrullaje policial intensificado en zonas de riesgo.
• Inclusión de la perspectiva de género en el Servicio de Atención de Emergencia 066
• Alumbrado público en óptimas condiciones, urgente en zonas de riesgo.
• Creación de la Unidad de Reacción y Búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.
Entre los avances significativos de esta Alerta de Violencia contra las Mujeres, destaca lo siguiente:
• Jalisco, primer estado que crea un grupo interinstitucional para elaborar diagnóstico;
• Primer Estado que emite alerta con base en su propia legislación
• A diferencia de la Alerta de Género que emite la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual
focaliza sus acciones en atender la violencia feminicida, la Alerta de Violencia Contra las Mujeres de
Jalisco va más a fondo en la atención de la problemática al implementar estrategias de prevención, protección, seguridad y justicia para las mujeres y niñas.
• Las 15 acciones a implementar se dividen en cinco tipos:
- Acciones urgentes: aplicación del Protocolo Alba y Unidad de Reacción y Búsqueda, vigilancia y
patrullaje policial en zonas de riesgo, y la aplicación de la política pública de prevención de la violencia contra las Mujeres.
- Acciones de prevención: fortalecimiento a través de programas de capacitación y fomento al
autoempleo, escolarización básica, pláticas para impulsar hogares libres de violencia, promoción de
la igualdad, entre otras.
- Acciones de protección: armonización legislativa en una mesa de trabajo interinstitucional con
el Poder Legislativo, creación del Banco de Datos de Registro de las órdenes de protección y un
protocolo unificado para su emisión, así como la mejora del Banco de Datos de Agresores y el fortalecimiento de programas de reeducación.
- Acciones de acceso a la justicia: impulso del Modelo Único de Atención a las Mujeres víctimas
de violencia, el fortalecimiento de las áreas de recepción de denuncias y atención de mujeres en situación de violencia, y aplicación del Programa de Capacitación para el personal de la Comisión de Atención a Víctimas.
- Acciones de seguridad: Registro Estadístico de llamadas de emergencia de los servicios 066,
atención policial en los municipios prioritarios y capacitación a su personal mediante un proceso de
certificación, así como el desarrollo de una aplicación electrónica para teléfonos móviles que difunda y sensibilice sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas.
AMORÓS, Celia (1994). Feminismo: igualdad y diferencia. Colección “Libros del PUEG”. México:
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1981) [DE disponible en:
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EISENSTEIN, Zillah (1984). “Hacia el desarrollo de una teoría del patriarcado capitalista y el feminismo socialista 1977”. En Teoría feminista (selección de textos). República Dominicana: Ediciones Populares Feministas. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). “Estudio para el Diseño Conceptual y Metodológico del Sistema Integral de Indicadores para las Declaraciones de Alerta de Violencia de Género de 2010”. [DE disponible en:
http://www.conavim-
portal.segob.gob.mx/Portal/investigaciones/investigacion_0_3_33.pdf].
Derechos de las mujeres: normativa, interpretaciones y jurisprudencia internacional, tomo I.
(2006). México: Secretaría de Relaciones Exteriores / Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos / Unifem. LAGARDE, Marcela (1997). “Identidades de género y derechos humanos. La construcción de las humanas”, VII curso de verano “Educación, democracia y nueva ciudadanía”, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 7 y 8 de agosto.
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general-acceso-mujeres-vida-libre-violencia.pdf
RADFORD, Jill y Diana RUSSELL (1992). Femicidio: la política de matar mujeres. Nueva York:
Twayne Publishers. RAMOS PONCE, María Guadalupe (2015). Estudio de feminicidio en Jalisco. “Letras Académicas”. Guadalajara: Staudeg. RUSSELL, Diana y Roberta A. HARMES (2006). Feminicidio: una perspectiva global. Diversidad Feminista. México: Cámara de Diputados – Comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la república mexicana y a la procuración de justicia vinculada / CIICH-UNAM.
LA EXPANSIVA VIOLENCIA EN JALISCO A SU MÁXIMO ESPLENDOR. EL 1 DE MAYO DE 2015
En mi celular nunca apareció el número de donde me avisaron que militares se llevaban detenido a mi esposo.
Viuda de Juan Antonio, ejecutado extrajudicialmente en mayo de 2015
En Jalisco, la progresiva militarización de la seguridad pública en 2015 derivó en
un escenario propicio para graves violaciones de derechos humanos, más que por
la cantidad de muertes, por el impacto violento contra la sociedad en general; puso
en riesgo su vida e integridad física, en entornos aparentemente tranquilos.
En este artículo hacemos una recapitulación de los daños a la población civil a
partir de la Operación Jalisco, ordenada por el gobierno federal en el mes de mayo,
aunque tal violencia no tuvo origen este año sino deviene de históricos
enfrentamientos y situaciones de riesgo en el estado entre delincuencia organizada
y la estructura gubernamental.
La mañana del 1 de mayo de 2015, Jalisco vivió uno de los episodios más
cruentos desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” en México. Ese
día, en menos de dos horas se presentaron 39 bloqueos violentos o narcobloqueos:
once bancos y cinco gasolineras fueron incendiadas y un helicóptero de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue derribado por integrantes del Cártel
¿Por qué en específico enfrentar al CJNG?
Es importante regresar al surgimiento del Cártel de Guadalajara, en los años ochenta. Al frente de esta organización se encontraban Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. En esa misma década los tres fueron detenidos. Rafael Caro Quintero salió libre el 9 de agosto de 2014 del penal federal de Puente Grande por violaciones al debido proceso en la acusación de privación de la libertad y homicidio del exintegrante de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés). El 16 de enero de 2015, Caro Quintero nuevamente fue declarado culpable de los homicidios de Enrique Camarena y Alfredo Zavala por un tribunal federal y se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. Hoy Caro Quintero está prófugo de la justicia. El estado de Jalisco como plaza, estuvo dominada por dos grupos criminales durante dos décadas: el Cártel del Milenio o Cártel de Los Valencia, comandado por Juan Carlos Valencia y Óscar Nava Valencia, y el Cártel de Sinaloa, que operaba para labores financieras (lavado de dinero) bajo la conducción de Ignacio “Nacho” Coronel.
Foto: Ana Paola Monreal
Los líderes del Cártel de Los Valencia fueron detenidos entre 2009 y 2010, e Ignacio Coronel fue abatido en un enfrentamiento con la milicia en 2010. Esto provocó la conformación de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Resistencia. El primero, desde su inicio, ha estado bajo el mando de Nemesio Oseguera “El Mencho”, y La Resistencia estaba encabezada por Elgidio Migarro “Don Pilo”. Antes de su extinción, el Cártel de Los Valencia generó narcobloqueos, dejando un clima de terror y violencia contra la población civil. El primer bloqueo sucedió el 15 de enero de 2011 y el segundo, el 1 de febrero del mismo año. En ambos hechos se incendiaron vehículos para impedir el traslado de sus principales líderes. Desde que surgió el CJNG, en 2010, han tenido una disputa por el territorio con La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Los Zetas. En 2011 se autodenominaron “mata zetas” al adjudicarse la muerte de 35 personas en las calles de Boca del Río, Veracruz. En respuesta, Los Zetas abandonaron 19 cuerpos en Guadalajara, el 26 de noviembre de 2011. Es importante resaltar su poderío al amparo de autoridades municipales y estatales. En 2012, cuando la Sedena capturó a uno de sus líderes, Erick Valencia Salazar “El 85”, la respuesta contra la población civil fue 25 narcobloqueos en el estado. El 25 de agosto de 2013, en el municipio de Tonaya, la Sedena intentó capturar a Nemesio Oseguera “El Mencho” pero durante su escape el capo generó 22 bloqueos violentos, también en diversos puntos del estado. El crecimiento del CJNG coincide con la función pública de Luis Carlos Nájera Gutiérrez en materia de seguridad en el estado. Nájera Gutiérrez fue nombrado secretario de Seguridad Pública en 2006. Sus funciones le valieron ser el único funcionario en transitar del gobierno de Emilio González Márquez (PAN) al de Aristóteles Sandoval (PRI), quien como gobernador trasformó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Fiscalía General, centralizando todo el control en Luis Carlos Nájera. En nueve años de Luis Carlos Nájera Gutiérrez como responsable de la seguridad en Jalisco, incrementaron los homicidios, las desapariciones, las extorsiones, y el hallazgo de fosas clandestinas se volvió tema de la agenda. También en este periodo, el CJNG pasó de ser una célula delictiva local a convertirse en uno de los principales cárteles nacionales e internacionales. Nájera Gutiérrez
fue separado de sus funciones el 6 de julio de 2015, dos meses después de iniciado el Operativo Jalisco y no hay aún una investigación en su contra.
El 1 de mayo, la violencia de alto impacto se desbordó
El viernes 1 de mayo la noticia fue que 25 municipios del estado estaban siendo víctimas de acciones de terror por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, en reacción al enfrentamiento que éste sostuvo en esa madrugada con integrantes de fuerzas federales en el municipio de Villa Purificación.
Más tarde se oficializó el inicio de la Operación Jalisco y comenzaron a revelarse violaciones de derechos humanos a civiles como consecuencia de la militarización de la seguridad pública, particularmente en la región sur del estado, centro de operaciones del cártel. El saldo oficial de un solo día fue:
• 39 bloqueos de vialidades por la quema de 36 camiones y vehículos.
• 3 intentos fallidos de bloqueos.
• 25 municipios afectados (siete en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el resto en 18 municipios de Jalisco).
• 4 enfrentamientos armados (en uno de ellos se disparó un lanzacohetes desde tierra a un helicóptero militar, lo cual provocó que se desplomara).
• 12 puntos carreteros afectados.
• 19 detenidos (10 de ellos fueron consignados a la PGR por delitos de terrorismo y delincuencia organizada).
• 12 muertos (ochos militares, un policía estatal, un civil y dos presuntos delincuentes).
• 19 heridos (13 elementos de las fuerzas federales, cinco civiles y un policía estatal).
• 26 rutas de transporte público suspendidas.
• 11 sucursales bancarias incendiadas.
• 19 gasolineras afectadas (cinco incendiadas y en 14 existió la tentativa de incendio).
• 2 comercios particulares incendiados.
El gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, confirmó los datos sin detallar por qué su administración desconocía el inicio de la Operación Jalisco y vía Twitter el Fiscal General afirmó desconocer también, el tipo de operación que el gobierno federal emprendía. La respuesta, en cambio, vino de manera inmediata del gobierno federal y el gabinete de seguridad que se instaló un par de días en Jalisco para trazar un plan de acción que los llevara a la detención de los principales líderes del CJNG. Su objetivo central era Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, pero logró escapar la mañana del 1 de mayo, según la versión del gobierno. La Operación Jalisco estuvo encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), bajo un Mando Único coordinado por el comandante de la V Región Militar, Miguel Gustavo González Cruz. De las reacciones violentas del CJNG en los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, resultó el derribo del helicóptero Eurocapter Cougar EC 725 SP, matrícula 1009, de la Sedena. En el ataque murieron ocho soldados, un policía federal y 13 militares resultaron heridos. A Jalisco arribaron 10 mil militares.
Villa Purificación, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales
Villa Vieja, delegación del municipio de Villa Purificación, es una comunidad de 97 personas con más de 27 casas habitación. Las ofertas de trabajo son el campo, los aserraderos y las minas de hierro. Ahí inició la Operación Jalisco, con una balacera entre integrantes del Grupo de Fuerzas Especiales de la Sedena e integrantes del cártel. Ese día también, se dieron desapariciones de personas y ejecuciones a manos de integrantes del ejército. El gobierno federal sólo reconoció la muerte de ocho civiles. Sin embargo, estas personas permanecieron casi tres semanas en calidad de desaparecidas porque a sus familias se les negó información desde el 1 de mayo. A Rosa, la esposa de Juan Antonio Gaona de la Mora, le llamaron a su celular el 3 de mayo. De manera anónima, una voz masculina le dijo que a su esposo se lo habían llevado detenido los militares. Él trabajaba en una mina de Villa
Purificación y la última vez que se habían hablado fue el 30 de abril, para que saludara a su hijo de 9 años.
Anduve solita en El Grullo, me fui a la Semefo y no me dieron razones de nada, me tuve que ir a la presidencia municipal, luego en Autlán también anduve preguntando por mi esposo y ahí conocí a las otras viudas buscando a sus maridos, pero no nada más éramos nosotras, la gente en esa región tiene mucho miedo, no querían hablar, pero sé que el 5 de junio en El Grullo vieron cómo trasladaban cuerpos apilados los militares.
Los dejaron descomponerse al aire libre
Los cuerpos de estas ocho personas que murieron, según la versión del gobierno el 1 de mayo, fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Guadalajara hasta el 19 de mayo. Todo ese lapso estuvieron bajo el resguardo del ejército y no existieron las medidas necesarias para garantizar la preservación de los cuerpos. Testigos oculares aseguran que varias personas fueron asesinadas y se mantuvo a algunas heridas, apiladas, en el campamento militar de difícil acceso en esa misma zona, camino de Villa Vieja a Punta Pérula, por una brecha pasando el río Purificación. Las mujeres en búsqueda de sus familiares, a través del abogado Javier Díaz, interpusieron el amparo 666/2015 ante el Juzgado Quinto de Distrito para que las autoridades informaran sobre la identidad de las personas que murieron en la primera acción de la Operación Jalisco. Las familias de Alan Rogelio Arredondo Curiel, Juan Antonio Gaona de la Mora, Margarito Capetillo García y Fernando Gaspar González, presentaron su denuncia por desaparición. Entonces se vino una cadena de silencios y omisiones, pues no se precisó por qué razones estos cuerpos fueron retenidos por la Sedena ni cuáles fueron las causas reales de su muerte. El 18 de mayo se informó que eran “bajas” de un enfrentamiento que sostuvieron militares contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación entre el 16 y 17 de mayo, e intentaron criminalizarlos. Después se confirmó que su muerte sucedió desde el 1 de mayo. A la señora Rosa le mostraron el 1 de junio fotografías de varios cadáveres y finalmente, el 2 de junio le entregaron el cuerpo de su esposo Juan Antonio. Ella
identificó dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el abdomen; que su cuerpo estaba quemado; oscurecida y agrietada la piel que originalmente era blanca, y traía rastros de tortura en el cuello como si lo hubiesen colgado, porque los ojos estaban salidos del orificio. Su reclamo ante el Servicio Médico Forense era doble: devolverle las pertenencias que traía consigo Juan Antonio en su billetera, una carta que le escribió en su aniversario número once de matrimonio, una fotografía de su hijo y ella, un rosario verde, un anillo y su teléfono celular. El segundo reclamo o negación, fue que él no pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación como le afirmó el personal de la Procuraduría General de la República. Asegura que cuando le mostraron el cuerpo, venía casi desnudo excepto por un fajo piteado con las iniciales “CJNG”, pero no estaba sucio, ni manchado o ensangrentado, parecía nuevo.
Yo lo afirmo, cayeron justos por pecadores. Conozco las injusticias que comenten los militares, ellos al ver su prepotencia, al sentirse así por no agarrar a ese fulano El— Mencho—, hicieron eso con mi esposo y no nada más con estos ocho, son muchos más en Autlán. El día 3 de mayo en el Semefo nos dijeron que había 40 personas.
La señora Rosa, quien tuvo que huir de su vivienda en Ciudad Guzmán porque el 19 de junio sus vecinos en la colonia San Cayetano le avisaron que estaban los militares rodeando su casa, se cuestiona el comportamiento de las autoridades locales, estatales y de la PGR.
¿Por qué el mismo gobierno no me llamó? ¿Y sus derechos de mi esposo dónde quedan? Él traía su celular y su credencial del IFE. Así él hubiera estado en un lugar que no debía ¿Por qué no me llamaron? ¿Me querían detener y desaparecer a mí también cuando entraron a mi casa?
Rosa y Juan Antonio se casaron en la iglesia de Tepalcatepec, Michoacán. Reconoce que aún sigue mal de salud y los nervios; quiere justicia pero no tiene dinero para los trámites: otra necropsia y viajar a la Ciudad de México para preguntar en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), debido a que allí radica el expediente del caso por haberlos vinculado a la delincuencia organizada.
Antes de la desaparición forzada y ejecución final de su marido, ya conocía el tipo de comportamiento de los militares en su ciudad natal por otras vejaciones que han cometido contra mujeres o población en general. Sabe lo que es vivir aterrorizados desde que el cártel de Los Caballeros Templarios, también, descompuso la vida en aquella región. Ese fue el motivo por el que migraron a Jalisco. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CHDH) se abrió la queja 3593/2015 y en la SEIDO la carpeta es la PGR/SEIDO/UEDS/228/2015, pero ningún familiar de las víctimas señaladas como sicarios del CJNG han tenido acceso a la misma y tampoco conocen el estatus de la investigación.
Fui hasta Villa Purificación para ver los cuerpos que tenían los soldados pero no me dejaron. Metimos el amparo y nos dijeron que los cuerpos habían sido trasladados a Guadalajara. En las fotos que me enseñaron no lo podía reconocer porque los cuerpos estaban en muy mal estado. Él era un buen hombre y cuando me lo entregaron tenía dos impactos de bala, uno en la ceja derecha y otro en el pómulo. Lo que quiero que me digan es por qué lo desaparecieron y por qué me lo mataron.
Es la duda de la señora Adriana, esposa de Margarito Capetillo, de 42 años de edad y padre de tres hijos, que trabajaba en un aserradero de Tecomán, Colima, y había sido policía en El Limón, Jalisco, pero dejó ese empleo porque no pasó el examen de control de confianza. En su caso, también recibió una llamada telefónica avisándole que a su marido lo habían detenido militares y enfrentó el mismo tormento que las otras familias. Los cuerpos de Alan Rogelio Arredondo Curiel y Fernando Gaspar González también fueron entregados a sus familias con huellas de tortura el 3 de junio de 2015. Los otros cuatro cuerpos, también remitidos al Semefo por los hechos en Villa Purificación, no han sido identificados. Sin embargo, en ningún caso se mostró a los familiares de las personas identificadas el acta ministerial sobre el hallazgo de los cuerpos y detalles de cómo se habían encontrado, su posición y el procedimiento del levantamiento de cadáveres; tampoco tuvieron copia del expediente, excepto un acta de defunción. La información que obtuvo el abogado Díaz sobre las pruebas toxicológicas que les practicaron fue que resultaron negativas, al igual que la prueba de Walker
(distancia de disparo), por lo que se presume que los señalados por la SEIDO como sicarios, no dispararon ningún arma de fuego. Hasta la conclusión de este artículo, se desconoce el inicio de investigaciones a elementos del ejército mexicano por los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada. La vida en Villa Purificación, El Grullo, El Limón y Autlán, como en el resto de los municipios que experimentaron el reforzamiento de la seguridad después del 1 de mayo, regresó paulatinamente a la normalidad. Los habitantes aseguran que máximo un mes después, los pelotones del ejército se retiraron de la región quedando los menos visibles, y posteriormente, la policía federal que patrullaba sin detener o hacer mayor trabajo de inteligencia también salió de la región. Entre los habitantes de la región persiste un ambiente de miedo. Ellos poseen información cotidiana respecto a los movimientos de los cárteles en la zona y hasta logran identificar—cuando algunos enviados de la prensa se lo piden—, los ranchos y propiedades de “El Mencho”, el más buscado por el gobierno federal después del Joaquín Guzmán Loera. Tales fincas se ven intactas y los sitios que frecuentan para diversión continúan ofreciéndoles servicios sin reparo ni acotamiento. A nueve meses de la Operación Jalisco, ninguna de las familias de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos ha vuelto a recibir una llamada telefónica o visita de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, atención médica, psicológica o simple orientación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
ENTREVISTA A MAYRA HÉRNANDEZ SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE SU HIJO ANTONIO
Montserrat Narro Ibargüengoitia.
El 30 de agosto de 2013, Mayra Hérnandez fue testigo de cómo policías estatales encapuchados sacaban a su hijo Antonio de la casa donde se encontraba, lo esposaban y lo subían a una patrulla con las placas y números económicos ocultos. Esa tarde, al llegar a su domicilio en Balcones de Santa María, Tlaquepaque, Mayra se encontró con que la calle estaba llena de policías, y de la casa donde se encontraba su hijo en una fiesta infantil, estaban sacando gente esposada y con la cabeza tapada. Un testigo, cuyo nombre se omitie, le relató lo que había pasado en el trayecto desde la casa donde los levantaron, hasta las oficinas de la PGR en la calle 16 de Septiembre; la camioneta donde iban se detuvo, bajaron a Antonio, lo golpearon y torturaron con toques eléctricos. Llamaron a un comandante y este continuó con la tortura, hasta que se escuchó una descarga (no se sabe si de electricidad o de arma de fuego) y Antonio dejó de emitir sonidos. Cargaron con su cuerpo y lo pusieron en la parte de atrás de la camioneta. Cambiaron a los otros detenidos de vehículo y los amenazaron.
Y yo eso no lo quiero creer —asegura Mayra—, porque yo a veces pienso que igual lo bajaron en algún lado y lo dejaron desmayado, no sé.
Antonio Reynoso Hernández tenía en ese momento 23 años y una hija de 6. Trabajaba manejando un taxi y ayudando de vez en cuando en un taller de laminado de autos. Vivía con su mamá y su hermana de 14 años. Su papá trabaja en Estados Unidos, y Mayra, su mamá, es enfermera. Ella cuenta que a su hijo no le faltaba dinero, porque cuando no tenía trabajo lo apoyaban ella y su marido. La tarde en que los policías se lo llevaron, Mayra estaba sola.
Yo iba llegando más o menos como a las 7 cuando veo que hay muchos policías y veo a un amigo de mi hijo. Al verlo voy hacia él y le pregunto de mi hijo: ¿Dónde está Toño? Y en ese momento me dice: “Mire señora, se lo están llevando”. En ese momento volteo y veo que viene mi hijo, lo traen dos policías esposado, sangrando del lado izquierdo. Y al verlo así yo quiero acercarme a él, entonces un policía estaba ahí con un arma larga y me quiso frenar, y me dijo “¿Usted quién es?” Yo soy la mamá del de la camisa verde.
Su celular se encontraba descargado, por lo que no pudo tomar fotos de lo que estaba pasando. Al preguntar por qué se llevaban a su hijo, le contestaron que “ya se iba a enterar”.
Yo no me pude acercar. Yo le grité a mi hijo, le grité que qué pasaba y él nada más me dijo “nada, má”. Entonces volteo con el policía y le digo, “¿Por qué se lo llevan?”, me responde “Porque se estaban peleando” “¿Y por eso se lo van a llevar, porque se están peleando? Me dice, “Sí, después usted se va a enterar”.
Nunca se enteró. Antonio no llegó al edificio de la PGR, a donde sí llegaron otros tres muchachos a los que subieron a la patrulla con él.
En ese momento ellos, todos se hablaban con claves que uno no les entiende. Y veo que le cubren la cabeza a mi hijo. Él era el único que sacaron [de la casa] sin cubrirle la cabeza. Cuando yo llego me doy cuenta, lo que veo es a dos en una camioneta, cubiertos, no supe quién eran. Al voltear vi que venía mi hijo y enseguida venía el dueño de la casa.
Mayra corrió a su casa a cargar su teléfono y llamar al abogado. Al llegar, se encuentra con que otra patrulla estaba estacionada enfrente, el portón dañado y la puerta forzada. Tres policías estatales, igualmente encapuchados, habían irrumpido en su domicilio. Al acercarse y preguntarles qué hacían ahí, el policía no le explica nada, sólo llama a sus compañeros y se van. Habían registrado la casa,
habían quitado la luz desconectando el medidor y se habían llevado aparatos electrónicos del cuarto de su hija. Ahí empezó la carrera de Mayra por las diferentes dependencias. Primero, directo a la Procuraduría General del Estado, en la Calle 14. Nada. Ahí no los habían llevado. Las siguientes horas de ese viernes por la noche recorrió varias veces los edificios de la PGR en la calle 16 de Septiembre, en la Calle 14 y en el Departamento de Policía de Guadalajara, en la Calzada Independencia. Los detenidos no habían llegado a ningún lugar. Al día siguiente, se entera que los detenidos habían llegado a la PGE a las 4 de la mañana, después de habérselos llevado alrededor de las 8 de la noche.
“¿Y no te dijo cuántos son?” “Que son tres”. Dije, “Ahí está mi hijo” Yo vi que llevaban cinco.
Al pedir información, no supieron decirle nada de su hijo.
“Hay dos hermanos y un muchacho. Pero no hay ningún Antonio Reynoso.” ¿Cómo? Entonces el abogado se metió a ver si le permitían verlos, para saber si realmente era o no era. Entra y sale y me dice “no me dejaron entrar hasta con ellos, pero me enseñaron las fotos y Toño no está”. A partir de entonces empezó mi pesadilla.
Lo buscaron por todas las dependencias y hospitales, sin éxito. La desaparición forzada es definida por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como
[…] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
El abogado me dijo que pusiera una denuncia de que está desaparecido. Entonces voy y estaba yo con el abogado cuando una licenciada me dice “venga”, pero así como de malas. Dice “¿Sabe qué, señora?, su hijo anda huyendo”. Le dije, ¿Y usted cómo sabe que anda mi hijo huyendo? “Pues si no está aquí. Es más, la voy a pasar. Véngase.” Y al llegar a la puerta de donde están los detenidos, me dijo “No, espéreme aquí.” Y ahí me deja. Se mete y sale. “¿Ve? le digo que anda huyendo.” ¿Si?, le digo, ¿Y en qué momento huyó?, porque hasta lo que yo vi, mi hijo estaba esposado.
Esa fue la primera vez, de muchas, que Mayra escuchó la versión oficial de que su hijo estaba huyendo. Dijeron que había saltado la barda de la casa donde había sido la detención. Esa versión prevalece incluso en las declaraciones de los detenidos y los policías, que no dicen otra cosa. Al intentar poner su denuncia en la Fiscalía, en la Agencia 12/c especializada en desapariciones, la atiende una licenciada que, al escucharla, le dice que “Eso no lo puede poner”.
¿Entonces qué va a poner?, porque eso es lo que yo quiero decir, que se lo llevaron los policías, y aparte fueron a mi casa y me robaron. “Es que eso no lo puedo
poner”. Y yo, con mi angustia, mi desesperación, mi llanto y todo, pues ella puso lo que quiso.
Al poner su queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cargo del Lic. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, le dijeron que no procedía porque ya habían recibido el escrito de la licenciada que la atendió en la Agencia 12/c. Los funcionarios asignados a su caso (Acta de Hechos 4878/2013 de la Fiscalía General del Estado) no hicieron avance alguno en la investigación. Le aseguraban que la ayudarían, y luego era imposible volver a contactarlos. “Se fue de vacaciones”, le decían. Le asignaron otro, un policía investigador de la Fiscalía, pero nunca entregó ningún resultado ni dio nuevas pistas de por dónde iba la investigación previa durante los primeros quince días. Después pasaron su caso a otra instancia.
“Como hay involucrados policías, su caso se pasó a Visitaduría. Allá van a seguir, aquí ya no tienen nada a qué venir.” Y en la Visitaduría haga de cuenta que yo era la delincuente.
Al llevarla a declarar a Visitaduría, la versión oficial se hizo más clara en las preguntas de sus investigadores.
“¿Y cómo se llevaba usted con su hijo?” Yo creo que ellos querían hacerme creer que yo tenía problemas con mi hijo, que por eso se había ido y por eso no me ha avisado nada. Ya dos años y medio, casi. Ellos eso es lo que quieren que yo me crea.
no sé en qué momento mi hijo cometió algún error, porque hasta ahora no sé si
hijo es culpable o inocente de lo que ellos están juzgados, por robo de auto. De
eso me di cuenta cuando fui investigando, que fue por robo de autos. Desde ese momento ellos empezaron a manejar de que mi hijo anda prófugo, todo el tiempo han dicho lo mismo. Cada vez que voy, es lo mismo que me pregunta la licenciada María Helena: “¿Y usted no sabe nada?”. Le digo, no, porque los que andan investigando son ustedes.
La investigación de campo no fue diferente. Mayra cuenta con indignación e impotencia la visita de dos judiciales a su casa. Llegaron de improviso, armados, vestidos de civil e insistiendo con agresividad en que les dijera la verdad.
“A ver, a ver, usted dígame la verdad. Dígame la verdad, ¿A qué se dedicaba su hijo?” A mí me sorprende todo lo que estoy viviendo ahorita, no sabía qué estaba haciendo mi hijo, si es que lo estaba haciendo. Y mientras no aparezca él, y me diga realmente, entonces voy a saber qué pasó, si mi hijo realmente es culpable. Pero ahorita no se lo puedo decir.
A los pocos días volvieron a su domicilio sin previa notificación, ahora más policías judiciales, empleados de la Visitaduría y policías. Incluso un helicóptero sobrevolaba la zona. Tomaron fotos de los daños del portón y volvieron a interrogarla.
Le asignaron una ministerio público y un policía investigador, Víctor, sin explicarle la función de cada uno, tampoco le explicaron los procedimientos ni cómo se llevaría a cabo la investigación. Para integrar el expediente llevaron gente a declarar y pidieron a Mayra llevar dos testigos, pero nadie quiso apoyar su declaración. Su abogado le dijo que buscara a alguien que dijera lo que ella había visto, pero esos testigos “la echaron de cabeza”.
Me acabaron, no me creyeron. Por eso yo creo que no han hecho absolutamente nada.
Lo ocurrido lo ha contado Mayra en varias ocasiones, en cada nueva instancia vuelve a repetir el relato. No ha tenido acceso a bancos de ADN, a pesar de que le tomaron muestras tanto personal de Semefo como investigadores de la Ciudad de México, pero no le entregaron ningún resultado. El último avance oficial fueron las declaraciones citadas al inicio de esta entrevista.
“Seguimos en investigación, señora” —me dice la licenciada María Helena— “seguimos en investigación, pero no hay ningún avance” ¿O ya lo archivaron?, le digo. Porque para mí que están encubriendo a alguien. Yo sí se los he dicho, por eso la licenciada María Helena le dijo a mi esposo que mejor yo ya no fuera. “Mejor que su esposa ya no venga. Usted puede venir cuando guste, pero su esposa que ya no venga”. Y a mí me da mucho coraje que no han investigado nada.
Durante los casi tres años de búsqueda, la atención recibida por parte de las autoridades ha dejado todo que desear. En el Centro de Atención a Víctimas Jalisco, el personal es insuficiente. Al momento que Mayra se acerca, había una sola psicóloga y un solo encargado de casos. Su denuncia en la CEDHJ se suma a los cientos de casos pendientes. Las visitas a Visitaduría y a Fiscalía sólo la dejan intranquila. Se ha cambiado de casa y ha buscado por su cuenta ayuda psicológica para ella y su familia. En 2014, gracias a la presión de Fundej, el colectivo de familiares de desaparecidos, Mayra logra finalmente encarar al gobernador Aristóteles Sandoval
y al fiscal general del estado de ese momento, Luis Carlos Nájera. Ambos aseguraron que no era posible que su policía fuera responsable de tales atrocidades. Esa fue la primera y última vez que los funcionarios la escucharon. A Antonio se lo llevaron policías del estado de Jalisco en 2013. El tema de los desaparecidos empezó a cobrar relevancia en la agenda pública en 2014, con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Apenas en 2015 fue tipificada la desaparición forzada como un delito grave, quedando plasmado en el Artículo 154- A del Código Penal del Estado de Jalisco: “Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.”
Cuando platicaba yo con él, veía yo las noticias y le decía “Mira qué terrible, la verdad yo no aguantaría que un hijo se me desapareciera. Tenía como un mes que le había dicho eso. Le dije “No, yo creo que me vuelvo loca.” Y mira, no me he vuelto loca.
El Mercado San Juan de Dios, en la Colonia Centro de la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, es un espacio público compuesto de una gran cantidad de locales
comerciales acondicionados como tiendas especializadas en venta de artículos
típicos de nuestra región y del estado de Jalisco, así como de comidas, hierbas
medicinales, calzado, bolsas, mochilas, artículos de cuero, ropa, artículos
electrónicos, películas, videos, etcétera.
Cerca del mercado existe una zona conocida como “Obregón”; es un espacio
localizado en el primer cuadrado de la ciudad. Como zona habitacional, ha
desaparecido para convertirse en una eminentemente comercial en la que se
encuentra instalada una gran cantidad de negocios especializados en la venta de
accesorios de moda, bolsas, mochilas, artículos navideños y deportivos.
Es del conocimiento público que en estas dos zonas comerciales, además de los
productos de la región, se expenden algunos productos como réplicas de marcas
originales o piratería. Las autoridades municipales, estatales y federales en el
ámbito de su competencia, por omisión y complacencia han permitido la creación
de una red de negocios, organizados a través de grupos o personas que
representan al gremio de comerciantes instalados y ambulantes de estas zonas.
Estas organizaciones se han apoderado de la zona y sus operaciones a grado tal,
que la autoridad en sus distintos ámbitos de gobierno ha sido rebasada, sometida a
los intereses de los comerciantes.
Cada año, en vísperas de las ventas con motivo de la época navideña, las
autoridades hacen intentos por confiscar mercancía de dudosa procedencia a
través de operativos sorpresa, amenazando con la reubicación y prohibición de
instalación del comercio informal, sin embargo, los compromisos creados y la
concesión de poder a los grupos o líderes, genera resistencia y oposición.
El 31 de octubre de 2014, elementos de la Procuraduría General de la República,
la Secretaría de Administración Tributaria y la Fiscalía General del Estado de
Jalisco, 1 realizaban un operativo de revisión de mercancía en comercios de la zona aledaña al Mercado de San Juan de Dios, que se salió de control cuando los comerciantes protestaron contra los actos de gobierno, tornándose agresivos con las autoridades al grado que incendiaron algunos vehículos oficiales. La euforia contagió a compradores, clientes y transeúntes, quienes, en solidaridad con los comerciantes, se manifestaron en contra de la autoridad. En la confluencia de las calles Javier Mina y la Calzada Independencia, se localizaba una tienda de conveniencia denominada OXXO, a donde una multitud, aprovechando los disturbios, se introdujo para cometer desmanes y saquearla. 2
Geovani, a 3 meses de haber cumplido la mayoría de edad, recién integrado a la actividad laboral formal como repartidor de comida en la “Fonda Doña Mari”, ubicada en la confluencia de las calles Héroes y Maestranza, camina por la banqueta de la Calzada Independencia en dirección Sur a Norte junto con Daniel, su compañero de trabajo, después de cumplir con su horario laboral. En el cruce con la calle Francisco I. Madero, se encuentran con un cerco policiaco y son
detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Después de algunas advertencias, les piden reconocer haber sido detenidos al salir de la tienda de conveniencia OXXO, con mercancía del propio negocio, a lo cual se niegan; sin embargo, fueron consignados y sometidos a prisión preventiva por casi un año, internados en el Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de la Guadalajara y sujetos a un proceso penal. Lo anterior violó flagrantemente su presunción de inocencia. Su detención fue arbitraria, toda vez que no cometieron ilícito alguno y su captura ocurre en lugar distinto del señalado por los elementos aprehensores; es decir, su detención fue ejecutada fuera del marco normativo. ¿Cuándo podemos considerar que existe una detención arbitraria? Una detención es arbitraria cuando es ejecutada en contra de las disposiciones de derechos humanos. Cuando esto ocurre, decimos que se violan sus derechos, se niegan, se suprimen o se impide su ejercicio. Cuando, a través de nuestras acciones u omisiones, cometimos una falta o delito, la detención es legal si se ejecuta bajo ciertos requisitos y condiciones que la ley exige; es decir, en un contexto de pleno reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, una detención es arbitraria si:
• No hay base legal para la privación de tu libertad. • Se te detiene por haber ejercido los derechos y libertades que la ley te garantiza. 3
Del caso de Fernando Geovani y Luis Daniel, fuimos enterados en el Cepad a través de los medios de comunicación escrita, así como por sus familiares, quienes requirieron de nuestro apoyo y asesoría jurídica. Analizamos la forma y contexto de su detención, asumimos la defensa y diseñamos una estrategia. En la entrevista personal con los acusados nos dimos cuenta que, en su detención, fueron víctimas de golpes, malos tratos, tortura física y psicológica; que no reconocieron haber cometido el robo de artículos del OXXO y que, no obstante su negativa, fueron consignados y procesados por el delito de robo calificado, que el Código Penal para el Estado de Jalisco considera como grave. Por ello no fue posible conceder el beneficio de salir bajo fianza; es decir, enfrentar el proceso fuera de prisión.
Una vez abierto el proceso, se aportaron como pruebas: el testimonio de quien era la patrona de Geovani hasta el día de su detención; una fotografía tomada en el momento en que ocurre la detención de Geovani y Daniel; el testimonio de quienes tomaron dicha fotografía; tres videos con duración de tres horas, proporcionados
por el Jefe del Área Penal de Infraestructura Vial de la Secretaría de Movilidad, en
el que aparece la confluencia de las calles Javier Mina y Calzada Independencia,
enfocada en la mayor parte de su grabación en la tienda de conveniencia; y el resultado de los interrogatorios practicados a los elementos aprehensores y empleados de la tienda, quienes cayeron en contradicciones. El resultado de todas las pruebas aportadas advertía que Fernando Geovani y
Luis Daniel habían sido injustamente detenidos e incriminados. La reproducción
de los videos demostró que mientras ocurrió el saqueo de mercancía a la tienda, no
hubo presencia alguna de miembros de corporación policiaca, sin embargo, los aprehensores señalaron haber detenido a Fernando Geovani, Luis Daniel, además de otra persona de nombre Edgar, exactamente al salir de la tienda y haberlos observado con mercancía de este negocio; por lo tanto, se demostró que a la hora indicada no ocurrió esa detención, ni aparece persona alguna saliendo de la tienda. En los videos de referencia, también se muestra que a la hora en que arriban los elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco ya no había personas sacando mercancía de la tienda. Con las testimoniales se acreditó que, el día de los
hechos, Fernando Geovani y Luis Daniel estaban en su trabajo mientras ocurría la manifestación y los desmanes acaecidos en la confluencia de las calles Javier Mina
y Calzada Independencia. De la misma manera, la fotografía aportada como
evidencia y tomada por uno de los testigos, precisamente al momento en que ocurría la detención, permite ver que los acusados fueron detenidos en Calzada Independencia, en el cruce con la calle Francisco I. Madero.
No obstante lo anterior, el Juez Cuarto de lo Penal del Primer Partido Judicial en
el Estado de Jalisco dictó sentencia el 15 de julio de 2015, condenando a Fernando
Geovani y Luis Daniel, a cumplir una pena de tres años y el pago de una multa de $672.90, correspondiente a 10 días de salario mínimo, y a Edgar, a cumplir una pena de cinco años y el pago de multa de $1,009.35, correspondiente a 15 días de salario mínimo.
Edgar es un joven que —de acuerdo a la versión de los policías aprehensores— fue detenido también justo saliendo del OXXO en compañía de Fernando Geovani y Luis Daniel; sin embargo, en su declaración preparatoria señaló que fue detenido el día del desorden pero en la Colonia Las Juntas, Municipio de Tlaquepaque, además de que Fernando Geovani y Luis Daniel manifestaron no conocerlo sino hasta el momento en que lo subieron a la patrulla en la que se encontraban, al salir de las oficinas de la Fiscalía General, localizadas entre la calle Libertad y Avenida 16 de Septiembre, también en la Colonia Centro. Considerando que el Juez de Primera Instancia desestimó las evidencias aportadas, la sentencia fue atacada mediante el recurso de apelación, con el conocimiento de la Primera Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. A partir del análisis de la sentencia, concluimos que la actuación del juzgador fue atendiendo a un aspecto político y no jurídico, con el fin de avalar y justificar la actuación arbitraria de las autoridades del estado. Los agravios consistieron, precisamente, en la falta de valoración de las pruebas con las que se acreditó que la detención fue arbitraria, y que también demostraban su inocencia en la comisión del delito de robo calificado, no obstante que la Representación Social no aportó pruebas para demostrar su participación en los disturbios y robo de mercancía del negocio en cuestión, siendo obligación de éste acreditar el delito y su responsabilidad. En la búsqueda de la justicia aportamos aquellos medios de prueba idóneos, que a la postre el juzgador no tomó en cuenta, violentando con ello las reglas del debido proceso. El 29 de octubre de 2015, la Sala pronunció sentencia absolviendo de toda responsabilidad penal a Fernando Geovani y a Luis Daniel, y confirmando la responsabilidad y condena en contra de Edgar. Las pruebas de descargo que se ofrecieron y desahogaron en el proceso, analizadas por la Sala, fueron suficientes para determinar que se probó que Fernando Geovani y Luis Daniel fueron ajenos a los hechos ocurridos en la tienda OXXO y, en sentido contrario, descalificaron la versión de los policías aprehensores y de los empleados de la tienda al no ser creíbles. Con esta sentencia se logró probar su inocencia en la comisión del delito de robo, fabricado desde la Fiscalía General del Estado de Jalisco en contubernio con
los empleados de la negociación, en el contexto de la represión de una protesta social. El caso de nuestros defendidos sirve como una muestra del excesivo ejercicio de la autoridad por parte del estado. Al no ser absuelto Edgar en la sentencia, se tramitó un juicio de amparo a su favor —mismo que está pendiente de resolverse—, confiando en que la justicia federal le conceda el amparo y protección por estar desvirtuada la acusación del estado, como se ha mencionado con anterioridad.
Ante un ejercicio distorsionado de la legalidad, es evidente que el estado causó daños físicos y psicológicos en Geovani y Luis Daniel como procesados, y a sus familias como afectados adyacentes, quienes durante el año que transcurrió el proceso penal pasaron por momentos de angustia y temor de que dentro del penal les causaran algún daño; bajo estas circunstancias el estado puso en riesgo la vida e integridad de Geovani y Luis Daniel. Con el señalamiento público sobre su detención como responsables de los desmanes ocurridos en San Juan de Dios y el saqueo de la tienda OXXO, 4 el Estado causó daño moral en la persona de Geovani y Luis Daniel al exponerlos a la opinión pública, presentándolos a los medios de comunicación, parados, con sus brazos hacia atrás, en posición conocida como cuando estás esposado.
Con su estrategia represiva, el Estado también causó un daño económico en la persona de Geovani, al mantenerlo sin motivo en prisión preventiva durante un año, dada su ya nacida historia laboral y patrimonial al momento de su detención. A causa de la acción arbitraria del Estado, se dañaron proyectos de vida, dejando secuelas psicológicas, desconfianza generalizada, problemas económicos a las víctimas y sus familias, etc. Esto sólo podemos combatirlo exigiendo respeto a los derechos fundamentales, ejercitando acciones en contra de un Estado corrupto con el fin de que repare a las víctimas los daños causados, presente disculpas públicas y ofrezca garantías de no repetición de actos represivos como estos, a través de la profesionalización y capacitación de su personal, y con ello, inhibir y desaparecer las malas prácticas de las corporaciones encargadas de la seguridad pública.
2 Se puede verificar en www.excelsior.com.mx/nacional 2014/01/989976
http://miradainformativa.com/2014/11/03/consignan-a-cuatro-sujetos-senalados-de-participar-
en-los-delitos-de-robo-danos-y-pandillerismo/
http://traficozmg.com/reportajes/consignaran-a-las-cuatro-personas-detenidas-tras-disturbios-
en-san-juan-de-dios/
http://www.1070noticias.com.mx/consignan-por-delitos-de-robo-danos-y-pandillerismo-los-4-
detenidos-de-san-juan-de-dios/
SILENCIO Y MÁS SILENCIO:
UNA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INFORMACIÓN
En agosto de 2007, Ignacio J. Álvarez, Relator Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentaba
así el Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información:
El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una
cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma. El reconocimiento del acceso a la información como derecho humano ha ido evolucionando progresivamente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos ha cumplido en ello un rol fundamental. Hace menos de un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros, marcó un hito jurisprudencial al constituirse en el primer tribunal
internacional en reconocer que el acceso a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión. Previamente,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión venían impulsando avances en la materia a través de sus diferentes mecanismos de trabajo. 1
El derecho a la información comprende —dice el investigador Sergio López-
Ayllón— tres facultades interrelacionadas: las de buscar, recibir o difundir
informaciones, opiniones o ideas, de manera oral o escrita, en forma impresa,
artística o por cualquier otro procedimiento. E incluye las libertades tradicionales
de expresión e imprenta, pero —agrega— “es más amplio debido a que extiende la
protección no sólo a la ‘búsqueda’ y ‘difusión’, sino también a la ‘recepción’ de
informaciones, opiniones o ideas por cualquier medio” (López Ayllón, 2000).
El miércoles 11 de marzo de 2015, Sergio Ramírez Robles, a la sazón director general del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV), 2 recibió un oficio del defensor (interino) de la Audiencia del propio Sistema, Julio César Hernández Gutiérrez, quien había sido nombrado horas antes. En el oficio, de media cuartilla, Hernández recomendaba a Ramírez que la programación de “C7JALISCO, del 5 de abril al 8 de junio” contemplara, entre otras cosas, la “Eliminación de información electoral de los noticieros [y el] Condicionamiento de no tocar temas electorales para los programas de opinión”. El defensor no ofrecía un solo argumento que justificara una recomendación no sólo insólita, sino violatoria de la Constitución y de las leyes. Horas después, Ramírez Robles respondió al oficio recibido sin pedir explicaciones y a través de un solo párrafo: “[…] serán atendidas sus recomendaciones de forma íntegra haciendo las modificaciones necesarias en nuestras barras de programación”. Al día siguiente, Sergio Ramírez Robles sería presentado como nuevo Secretario de Comunicación Institucional del PRI Jalisco. Y tres meses después se celebrarían las elecciones de diputados locales y federales y de munícipes…
Frente a los hechos descritos arriba, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información capítulo Jalisco (Amedi Jalisco) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el 21 de mayo siguiente presentaron una queja ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco. 3 Un mes después, el 20 de junio —y sin haber recibido respuesta del INE— la Amedi y el Cepad decidieron llevar su reclamo a otras autoridades: al gobernador Aristóteles Sandoval, al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), al contralor del Gobierno del Estado, al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, y al relator especial para Libertad de Expresión de la CIDH.
Los argumentos que esgrimía la queja fueron los siguientes:
1. “[…] la decisión de eliminar de la programación la información derivada del proceso electoral violenta diversos derechos humanos 4 consagrados en la Carta
General de la República, en la Constitución Política del Estado de Jalisco y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por
el Estado mexicano y que, desde la reforma constitucional del 10 de junio de
2011, forman parte del orden jurídico del país.”
2. Entre las obligaciones que tienen las autoridades de nuestro país se encuentra
la que menciona el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
3. En el caso que nos ocupa, las autoridades del SJRTV decidieron no garantizar el
derecho a la información, tal como se los obliga el numeral de referencia, así como el artículo 6, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
4. […] los comentarios generales 34 y 25 del Comité del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos de las Naciones Unidas establecen también: Para dar efecto al
derecho de acceso a la información, los Estados partes deberían proceder
activamente a la incorporación al dominio público de la información del gobierno que sea de interés público. Los Estados partes deberían hacer todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a esa información.
5. En su Observación General número 25 sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, el [citado] Comité se refirió detalladamente a la importancia de la libertad de expresión para los asuntos públicos y el ejercicio
efectivo del derecho de voto: La libre comunicación de informaciones e ideas acerca de cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable. Ello comporta la existencia de
una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar
cuestiones públicas, así como de informar a la opinión pública, sin censuras ni
6. […] la restricción al derecho de la ciudadanía a estar informada sobre el
proceso electoral federal y local contradice […] el criterio reiterado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) respecto al ejercicio de la
libertad de expresión para la participación política: Se ha mencionado la
relevancia que tiene la libertad de expresión para los fines del proyecto
democrático. La información y la opinión contribuyen a nutrir el pensamiento y
sustentar las decisiones de los ciudadanos, que se manifiestan tanto en los
procesos electorales como en el desempeño político y administrativo ordinario.
Conviene, pues, abrir los cauces de la expresión —sin perder de vista el marco
que suministra la propia Convención— en el curso de las campañas electorales
que preceden a la toma de decisiones populares a través de los comicios.
Pero el SJRTV —sostienen la Amedi Jalisco y el Cepad— no sólo violó la Constitución
de la República y los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos, signados por México, 5 sino que ¡violó su propia normatividad!
Específicamente, el artículo 4º de su Ley Orgánica, que dice:
IV. Proporcionar información pertinente, veraz y oportuna a los habitantes del Estado para fomentar y acrecentar su participación en la protección y
defensa de la libertad, el medio ambiente, las condiciones de paz y tranquilidad social que mejoren sus condiciones culturales y materiales;
V. Informar a la sociedad sobre los acontecimientos relevantes de carácter
político, económico, social, cultural y aquéllos que sean de interés de la población, en los ámbitos local, nacional e internacional; [ ]
VIII. Fomentar la participación ciudadana y el acceso a la información pública.
Hasta hoy —más de medio año después de interpuesta la queja— sólo tres
dependencias han respondido: la oficina del Gobernador, la CEDHJ y la Contraloría
General del Estado. Y todas “pasando la bolita”.
La primera en hacerlo fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
encabezada por Felipe Álvarez Cibrián. Dos cosas dijo. Primera: “[…] se aprecia que
[su] escrito [se refiere al documento con la queja] carece de firma autógrafa por lo
que el mismo carece de validez”. Segunda: “[…] su queja tiene íntima relación con
el proceso electoral […], asunto contra [sic] el cual lamentablemente carecemos de
competencia para intervenir”. Y cita el artículo 6º de la ley “que rige este
La primera razón para sacudirse la queja es juridicista y formal. En lugar de
subsanar la omisión —en aras de proteger los derechos violentados— la usa como
pretexto para ignorarlos. Luego esgrime un argumento que exhibe una inadmisible
ignorancia jurídica: el derecho cuya violación denuncian la Amedi y el Cepad ¡es el
de información! ¡No es un derecho de índole electoral!
La oficina del gobernador turnó el asunto a la Secretaría de Cultura (dado que el
SJRTV está sectorizado en esta Secretaría, cuyo titular es presidente de la Junta de
Gobierno del propio sistema). Myriam Vachez, la secretaria de Cultura, ni le hizo
caso al Ejecutivo (su jefe) ni le respondió a la Amedi y al Cepad. No obstante que
ambas organizaciones le enviaron una misiva el 8 de septiembre:
Tenemos conocimiento de que usted recibió el oficio de canalización con folio ASER 12366-15 fechado el 26 de junio de 2015, firmado por el Lic. Ricardo René Villarreal Villarreal, Director de Atención Ciudadana del Estado de Jalisco, para efecto de:
“… atender el asunto en referencia, agradeciéndole la gentileza de informar tanto al interesado como a un servidor, la resolución adoptada, pues es un compromiso del C. Gobernador del Estado, el brindar una atención eficiente y oportuna a la ciudadanía”.
En dicho oficio se observa que le agradecerán a usted emita su respuesta antes del 26 de julio de 2015, sin que a la fecha los suscritos hayamos recibido ningún tipo de comunicación o respuesta de su parte, pese al tiempo transcurrido para que usted cumpliera la solicitud del C. Gobernador del Estado. No obstante el tiempo transcurrido sin que tengamos respuesta, le solicitamos atienda a lo dispuesto en el Oficio descrito en el párrafo anterior y en los próximos días nos transmita una respuesta satisfactoria a lo solicitado.
La Contraloría General del estado también se deshizo de inmediato de la papa
caliente. El 13 de julio, a través de un oficio, respondió que no resultaba
competente “para conocer de los hechos en cuestión” y que a quien le asistía
la competencia para atender, investigar y determinar lo conducente en lo que ve al actuar del C. Sergio Ramírez Robles, como entonces Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión o en su caso demás personal dependiente del mismo organismo, es al propio Organismo Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) a través de su Junta de Gobierno, conforme a lo mencionado en la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Silencio frente a un proceso electoral que concernía a todos pero que se anticipaba
difícil —por decir lo menos— para el gobierno del estado y su partido. ¿Silencio
para alimentar —o al menos contribuir— al desinterés de la población respecto de
los comicios? Recordemos que la abstención solía favorecer al partido que tiene
más “voto duro”: ¿el PRI?
Silencio frente a una queja que esgrime argumentos del tamaño de la
Constitución de la República y de la estatal. Y, en la primera, argumentos
contenidos en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por
¿Silencio? ¡No! Ruidosísima incongruencia. La del defensor de la Audiencia que
la agrede, la del Sistema de radio y TV que cierra ojos, oídos y boca no sólo respecto
de lo que ocurre en el entorno sino de su propia normatividad, la del ombudsman
que no defiende los derechos humanos de las y los jaliscienses sino una
limitadísima interpretación de la ley, la de la secretaria de Cultura que ignora no
únicamente a un par de organizaciones de la sociedad civil sino a su propio jefe…
¿Y el INE? ¿Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Y el relator de la ONU
y el de la CIDH? ¿Qué pasa con ellos que ni siquiera han dado acuse de recibo?
Si se viola impunemente, si se hace caso omiso de un derecho tan fundamental y
obvio como el de estar informados “sobre los acontecimientos relevantes de
carácter político” (Artículo 4º de la Ley Orgánica del SJRTV), ¿qué se puede esperar
de las autoridades respecto de los otros derechos humanos?
1 La CIDH pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA). El estudio puede consultarse en:
http://cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%2
0Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
2 Organismo Público Descentralizado (OPD) por decreto del Congreso del Estado de Jalisco, publicado el 7 de diciembre de 2013.
3 Antes, el 16 de abril, la Amedi Jalisco se había pronunciado a través de su sitio Web institucional (www.amedijalisco.org.mx): “El SJRTV violenta el derecho de sus audiencias al negarse a cubrir las elecciones”. 4 Éstas y las siguientes cursivas son del autor.
5 Y que hoy son parte de la propia Constitución en su Artículo 1.
LA PUBLICIDAD Y EL CONTROL DE LOS MEDIOS EN JALISCO
El poder corrompe, pero el poder con dinero que pueda utilizarse
discrecionalmente, corrompe mucho más y pocos se salvan de su influencia perversamente seductora.
La distribución de la publicidad oficial —tanto en el país como en Jalisco—,
conforme a criterios políticos e intereses privados, se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios de comunicación, una práctica definida como censura sutil o indirecta.
A esa conclusión han llegado, reiteradamente, las organizaciones no
gubernamentales Fundar y Artículo 19 en sus informes 2013, 2014 y 2015, instituciones que dan seguimiento a las buenas prácticas de gobierno, el derecho a
la información, la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas.
En 2015, año de elecciones en Jalisco, en el que se votó por 125 alcaldes, 39
diputados locales y 19 federales, fue muy evidente el debilitamiento financiero y publicitario de algunos medios de comunicación, que quedaron atrapados en la espiral de sus ineficiencias para generar recursos propios y oportunidades de negocio legítimas, que les permitieran ser económicamente sustentables, independientes y libres en el ejercicio de sus responsabilidades. Esta circunstancia facilitó la tarea a quienes, desde el gobierno de Jalisco, operaron una estrategia que permitió lubricar con mucha eficacia las relaciones entre los operadores de las herramientas mediáticas tradicionales y convencionales y la administración estatal, encabezada por el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. El propósito era mejorar la imagen pública del gobernador y al mismo tiempo, fortalecer los perfiles de los potenciales candidatos tricolores a cargos de elección popular, algunos de ellos, importantes funcionarios en la administración estatal como el secretario de Planeación y Finanzas, Ricardo Villanueva Lomelí y Salvador Rizo Castelo, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, postulados para las alcaldías de Guadalajara y Zapopan, respectivamente.
Sin embargo, el experimento mediático que significó el despilfarro en publicidad gubernamental —sólo en lo que se ha podido documentar—, de por lo menos 442 millones de pesos en dos años y dos meses, para tratar de mejorar la imagen del gobernador y su administración, culminó con un gran fracaso en los comicios del domingo 7 de junio de 2015, al quedar evidenciado que los medios y los “líderes de opinión”, seleccionados como punta de lanza de la “guerra sucia” electoral que pretendió denostar a la oposición, carecieron de la influencia y la penetración que desde el poder se les atribuía. Medios ineficientes, poco profesionales, obsequiosos, sumisos, dúctiles, en manos de directivos o empresarios inescrupulosos y con un muy bien definido afán de lucro, desembocaron en prácticas mercantiles que atentaron contra el derecho a la información de sus audiencias y lectores; limitaron, inhibieron o cancelaron por completo la libertad de expresión de sus periodistas; o manipularon la información para favorecer al partido en el gobierno y a los candidatos tricolores. La fragilidad financiera de varias empresas editoriales las hizo presas fáciles de los galanteos malintencionados y comprometedores; de la seducción corruptora, disfrazada de falsas empatías, o de las presiones y amenazas abiertas o encubiertas desde el poder público. El dato que reveló Antonio Martínez Velázquez, vocero internacional de la organización Artículo 19, el sábado 26 de septiembre de 2015, en el cierre de la Semana de Innovación y Emprendimiento organizada por el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, es terrible y demoledor:
En México, el 60 por ciento de los recursos económicos que obtienen los medios de comunicación provienen de publicidad oficial. Es decir, las cantidades descomunales que gastan los gobiernos para dar a conocer sus logros a la sociedad. Esta situación favorece la censura indirecta e impacta sobre la libertad de expresión del país.
Martínez Velázquez explicó que México no es un país independiente para practicar la libertad de expresión, no sólo por los asesinatos a informadores —que suman 80 desde el año 2013— sino por las constantes violaciones a otros elementos que conforman este derecho, como la protesta social, la cual ha enfrentado su crisis más severa en los últimos tres años.
En Jalisco: te pago para que me cuides
La edición Jalisco de la revista Proceso evidenció, en su número 1,962 del domingo 8 de junio de 2014 —en documentos obtenidos con base en la Ley de Transparencia—, que el mandatario jalisciense Jorge Aristóteles Sandoval Díaz gastó, en los primeros 14 meses de su administración —que inició el viernes 1 de marzo de 2013—, un total de 360 millones de pesos en publicidad para promover las bondades de su gobierno y tratar de convencer a la sociedad que trabajaba para impulsar el bienestar de la población. Sólo como punto de referencia, habría que observar los presupuestos destinados para otras dependencias públicas estatales durante 2014. Por ejemplo, a la Secretaría de Turismo se le etiquetaron 204 millones 343 mil pesos; para la Secretaría de Cultura se destinaron 370 millones 699 mil pesos; para la de Medio Ambiente se consideraron 97 millones 106 mil pesos, y para la Secretaría de Planeación se dispusieron 334 millones 154 mil pesos para ese año. Las malas prácticas de la administración estatal ya estaban documentadas desde los primeros meses del gobierno de Sandoval Díaz. El 2 de octubre de 2013, el periódico Mural, de Grupo Reforma, publicó en su portada: “En tres meses, el Gobierno de Jalisco gastó 98 millones de pesos para difundir sus campañas de útiles, mochilas y transporte gratuito para estudiantes, cantidad superior a los 95 millones que obtuvo de ahorros al recortar celulares y viáticos, entre otros.” Después de las elecciones del 7 de junio de 2015, el semanario Proceso Jalisco, publicó en su edición 2,016, del domingo 21 de junio, las secuelas del despilfarro gubernamental en publicidad. “En pleno periodo electoral, el gobierno estatal incrementó su gasto para difusión en medios de comunicación hasta 60 veces más que en febrero, cuando destinó 637 mil 720 pesos para ese fin. Para finales de mayo, ya se habían acumulado gastos por 82 millones 860 mil pesos, erogados en 614 cheques”, reseña una información firmada por los reporteros Jorge Covarrubias y Alberto Osorio Méndez. Alberto Lamas Flores, quien desde el inicio del gobierno había manejado la cartera, la chequera y el garrote, como responsable de las áreas de comunicación y relaciones públicas del gobierno, y después como Jefe de Gabinete, fue trasferido
por el gobernador al PRI estatal con carácter de coordinador de las campañas metropolitanas del tricolor, desde donde estuvo en buena posición para cobrar los muchos favores que hizo a medios impresos y estaciones de radio y televisión, a los que distinguió con los mejores frutos de su dispendiosa generosidad, patrocinada con recursos públicos, es decir, de los contribuyentes.
Perlas informativas que ilustran el dispendio
Los siguientes ejemplos corresponden a la edición 1,962 de Proceso Jalisco, del domingo 8 de junio de 2014.
Tan sólo el año pasado y lo que va del presente, el Poder Ejecutivo entregó a Televisa casi 56 millones de pesos. Lamas Flores, coordinador general de Unidades Administrativas de Apoyo, autorizó el pago de casi 6 millones al consorcio de Emilio Azcárraga Jean por producir el concurso Nuestra Belleza Jalisco 2013.
En tanto, a Quiero Media, SA de CV, o Telecable de Zapopan, el gobierno estatal le asignó el año pasado 7 millones 328 mil pesos. Esta empresa pertenece a la familia del expresidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma Ordóñez, quien vio frustrada su aspiración de ser coordinador general de asesores de Sandoval Díaz.
En cuanto a los medios impresos, Lamas firmó contratos por 5 millones de pesos con Editora de Medios de Michoacán, SA de CV (La Jornada); Página Tres, SA de CV
(Milenio) y Multimedia Cinco, SA de CV (Reporte Índigo).
Con Unión Editorialista (El Informador), representado por Enrique Ochoa Ochoa, el convenio fue por 8 millones de pesos. A todos esos diarios el gobierno del estado les entregó por adelantado un cheque por el 50% del monto del Contrato. Aunque con Ediciones del Norte, SA de CV (Mural) no firmó nada, Lamas Flores autorizó comprarle publicidad al diario por 4 millones 263 mil 398 pesos el año pasado
Ahora veamos algunas muestras de la encantadora convicción seductora del gobierno del estado en la repartición de bienes y bendiciones, que documentó Proceso Jalisco en su edición número 2,016, del domingo 21 de junio de 2015.
El gobierno jalisciense contrató publicidad en el periódico La Jornada Jalisco por más de 1 millón 320 mil pesos entre diciembre del 2014 y marzo del 2015. Pagó con 33 cheques en diferentes fechas, según se lee en el portal de transparencia de Jalisco. En cambio, al diario Mural, uno de los pocos impresos críticos, sólo le compraron tres suscripciones anuales por menos de 10 mil pesos.
Al Diario El Informador (Unión Editorialista, SA de CV), un medio cómodo, se le han entregado 98 cheques que van desde 6 mil 500 hasta 174 mil pesos. Este año han cobrado un total de 4 millones 235 mil 206 pesos.
Entre los gastos de difusión que realiza el gobierno de Jalisco en los últimos meses sobresale el pago de cerca de 2 millones de pesos a la encuestadora Berumen y Asociados, que auguraba el triunfo contundente de Ricardo Villanueva en Guadalajara. Esa firma se asoció con Milenio para publicar sus encuestas y desde antes de la campaña realizó estudios sobre la evaluación de servicios estatales, la “buena” imagen del gobierno de Jalisco y la penetración de las campañas gubernamentales.
Publicidad, herramienta para el control y la censura
A este respecto, las ONG Artículo 19 y Fundar, que realizan monitoreos sobre las
buenas o malas prácticas de gobierno en los ámbitos de la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas, advierten: “El uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial sigue profundamente arraigado en las prácticas gubernamentales”. La publicidad oficial “se distribuye principalmente conforme a criterios políticos
e intereses privados y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas
editoriales de los medios, una práctica definida como censura sutil o indirecta”, señalan las conclusiones del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas 2013 —referido al ejercicio del año 2012—, presentado el martes 1 de abril de 2014 por Artículo 19 y Fundar. El referido informe detalla: “En 2012, 26 entidades federativas ejercieron 5 mil 377 millones de pesos en publicidad oficial y no se conoce el destino del 53 por ciento de este gasto”. En su informe 2014, correspondiente al ejercicio del gasto gubernamental en publicidad durante 2013, estas mismas organizaciones advierten que ascendió a 13 mil 640 millones de pesos, sumando el gasto realizado por 27 estados y el gobierno federal. Esta cifra es la que puede documentarse, puesto que no toda la información está disponible.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público (párrafo 8º del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Controlar para manipular a la opinión pública
El control de los medios de comunicación ha sido una aspiración tenaz y permanente de los poderes formales o fácticos, pues tradicionalmente ha permitido establecer la agenda de los temas importantes que moldean la opinión pública.
Elisabeth Noelle-Neumann (2010), en La espiral del silencio. Opinión pública:
nuestra piel social, hace referencia a las aportaciones del sociólogo alemán Niklas Luhmann, quien subraya “la importancia de la estructuración de la atención, de la selección de temas, como una fase del proceso de opinión pública, y no deja dudas sobre la relevancia de los medios de comunicación, que asumen la tarea de seleccionar estos temas más que cualquier tribunal,” (2010: 201). Agrega:
Los investigadores estadounidenses de la comunicación han llegado a resultados similares a los de Luhmann, independientemente de él y por un camino completamente distinto. Su objetivo consistía en investigar los efectos de los medios de comunicación. Comparando durante un periodo de tiempo los temas subrayados por los medios de comunicación con los procesos sociales reflejados en las estadísticas y con las opiniones de la población sobre las tareas políticas más acuciantes, descubrieron que los medios de comunicación solían ir por delante de otros fenómenos. Parece, pues, que ellos son los que suscitan los temas y los ponen sobre la mesa (2010: 202).
Sin embargo, la irrupción de las redes en los ámbitos de la comunicación y la información ha cambiado rápidamente las reglas del juego, en una época en la que los tiempos corren con una celeridad asombrosa. El investigador español Manuel Castells (2009) resalta, en Comunicación y poder, que las redes sociales han contribuido a la construcción de una autonomía comunicativa que tiene directamente que ver con el desarrollo de la autonomía social y política, un factor clave para fomentar el cambio social (2009: 532).
Al mismo tiempo, Castells anuncia una nueva convergencia entre la tecnología telemática con la tecnología de las redes inalámbricas y agrega, además, que la principal característica de la comunicación inalámbrica no es la movilidad sino la conectividad perpetua (2009: 107). En Jalisco, según mediciones realizadas por Facebook Audience Insights (2016), hay 4 millones 300 mil personas que transitan en redes sociales. Representan 58.49% de la población total de la entidad, estimada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 7 millones 350 mil personas (Censo 2010). Ese segmento de la sociedad jalisciense transita diariamente por una realidad virtual diferente, casi sustraída de los estímulos de los medios de comunicación convencionales y tradicionales. Miguel de Moragas (2011), en Interpretar la comunicación, explica que la “comunicación de masas” es ahora substituida por lo que se puede denominar “personalización en masa”, es decir, la posibilidad de facilitar la información personalizada (en contenido, pero también en tiempo y lugar de consumo) a un número masivo de personas (2011: 48). Repelentes al poder y a la manipulación, las redes sociales fueron refractarias a los partidos tradicionales PAN y PRI, tuvieron muy poca aceptación en Facebook y Twitter, donde el Partido Movimiento Ciudadano se atrincheró con mayor éxito. En las redes sociales se movió un mundo de gente en los comicios del domingo 7 de junio de 2015. Para entender algunas de las motivaciones o sentimientos que generaron esta movilización, habría que volver a leer el discurso de la conferencia magistral sobre indignación y legitimidad, que Manuel Castells pronunció el 29 de noviembre de 2013, en un relevante evento de la “Cátedra Jorge Alonso”, en la Universidad del Valle de Atemajac. Sobre estos fenómenos, Castells habla en su conferencia “Enredados para la libertad. Movimientos sociales en la era de Internet”, reproducida en el libro que terminó de imprimirse en mayo de 2015, titulado Pensar desde la resistencia anticapitalista y la autonomía, editado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Señala que:
[…] son movimientos que siempre nacen en Internet [
Internet, se constituyen en red de intercambio, debate, discusión, de movilización, pero al mismo tiempo se constituyen en red en el espacio urbano, en la ciudad,
se constituyen en red en
constituyéndose en redes de personas —a veces— sobre la base de redes sociales preexistentes en la sociedad (2015: 61).
Explica: “siempre aparecen los movimientos por una chispa de indignación [
como hay cantidad de cosas indignantes, pues siempre están ahí [
movimientos son virales, se difunden a gran velocidad, casi instantáneamente, y se propagan por el país, por la ciudad, por el mundo.” (2015: 66). Y reflexiona: “la transición de la indignación a la esperanza ocurre a través de la deliberación.” (2015: 67). Esos movimientos —señala Castells— están determinados por un principio de autonomía que tiene la función clave de unir a dos personas que saben que juntas pueden lograr algo. Y añade que a todo ello habría que sumar que existe una grave crisis de legitimidad porque la gente no confía en las instituciones políticas, en los partidos políticos, en los líderes, en los gobernantes. Las redes sociales fueron impermeables a la estimulación de PAN y PRI y gran parte de la indignación y el desencanto social se focalizaron en ellos, después de la alternancia que mantuvo al albiazul 18 años en la gubernatura de Jalisco.
La seducción de la palabra escrita o hablada, comprometida, manipulada, censurada o inhibida por compromisos económicos establecidos a través de las pautas publicitarias discrecionalmente asignadas, es un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información, porque condiciona a los medios de comunicación que aceptan someterse o son sometidos mediante la presión o el chantaje, a ofrecer sólo el punto de vista que interesa y conviene a los gobiernos (municipales, estatales o federales) y a los poderosos. Fundar y Artículo 19 advierten que la publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Debe ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público. No debe promover —explícita o implícitamente— los intereses de ningún partido ni del gobierno. Además, consideran que, en un sistema democrático, la publicidad oficial se funda en el derecho a saber de la población y la obligación de los gobiernos de
informar, explicar y justificar sus decisiones y actividades. Por esto, la publicidad oficial debe sustentarse en los criterios de claridad, objetividad, equidad y no discriminación. Pese al despilfarro del gobierno priista y su partido en los medios convencionales, en los comicios del domingo 7 de junio de 2015, la oposición, representada por el Partido Movimiento Ciudadano, ganó las alcaldías de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, así como otros 20 municipios más, y la mayoría en el Congreso de Jalisco, para gobernar actualmente a 4 millones 662 mil 54 personas, 63.42% de la población total de Jalisco, estimada por el INEGI en 7 millones 350 mil personas (Censo 2010).
Artículo 19 (2015). Publicidad oficial trampa para la libertad de expresión. Publicado en Impulso Informativo. Universidad Tecnológica de Puebla. [DE disponible en:
http://impulsoinformativo.net/2015/09/27/publicidad-oficial-es-una-trampa-
para-la-libertad-de-expresion-articulo-19/]
Artículo 19 y Fundar. Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas, 2013. Artículo 19 y Fundar. Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas, 2014. Artículo 19 y Fundar. Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas, 2015. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2016). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [DE disponible en: http://www.diputados.gob.mx/ y http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm] CASTELLS, Manuel (2010). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.
Congreso de Jalisco (2016). Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.
cfm#Leyes].
DE MORAGAS,
América y Europa. Barcelona: Gedisa.
IEPC (2016). Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Resultados Electorales. [DE disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/] INEGI (2016). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo 2010. [DE disponible en:
http://www.inegi.org.mx/]
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth (2010). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel
social. México: Paidós.
LA FRÁGIL CIRCUNSTANCIA DE LOS PERIODISTAS EN JALISCO 2015
La violencia más fuerte es la que vivimos todos los días con las empresas. Como periodista, tu empresa es la que te violenta más. 1
2015 fue desalentador para los periodistas en Jalisco; un año de inestabilidad,
incertidumbre e impotencia ante la acentuada intromisión del poder político en los
medios y el recrudecimiento de la precariedad laboral en la profesión. Fue un
periodo en el que convergieron numerosas situaciones de vulnerabilidad que
afectan al gremio periodístico desde hace más de un lustro: despidos, degradación
de las condiciones contractuales, cierre de fuentes de empleo, control informativo,
autocensura, silenciamiento institucional, reforzamiento de acuerdos político-
comerciales entre empresarios de medios y gobernantes, intrusiones en la línea
editorial; desarticulación de redacciones y menosprecio por el periodismo
regional; distanciamiento entre administradores y trabajadores de la información;
acoplamiento a prácticas dóciles como condición para conservar el empleo, o
abandono del oficio ante la falta de apoyo de jefes y empresarios. Frustración.
Desesperanza. Desazón.
Frente a la violencia física contra periodistas registrada en las entidades de
Guerrero, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz en el mismo periodo, 2
prevalece la apreciación de que en Jalisco no pasa nada, de que es uno de los
estados “más seguros para ejercer el periodismo”, 3 de que todo está bien aquí. En
Jalisco se registran “menos agresiones contra periodistas”, y estamos “en los
últimos lugares de la lista [de] agresiones cometidas contra comunicadores”,
resume el diario El Informador en su nota sobre el reporte “Disentir en Silencio:
violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013”, 4 de
Artículo 19, organización internacional defensora de la libertad de expresión. En
noviembre de 2015, la misma organización presenta el informe sobre México “Epidemia del miedo a comunicar”; 5 tampoco en este caso aparecen señalamientos específicos para Jalisco, aunque ese miedo se perciba en el ambiente periodístico de la entidad (por motivos distintos a los enfatizados en el documento, uno de ellos: el miedo a perder el empleo).
Pero las amenazas contra periodistas también ocurren en Jalisco. En abril de 2015, y fuera de los informes referidos, Artículo 19 emitió una alerta por las acciones anónimas de intimidación hacia Jade Ramírez Cuevas, periodista y entonces Consejera del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 6 acciones que significaron “un peligro real e inminente a su integridad física”; 7 igualmente, el organismo publicó una nota de prensa sobre las amenazas que recibieron periodistas de MVS Radio “por revelar vínculos del narco con los gobiernos de Colima y Jalisco”, 8 en el contexto de la serie de bloqueos a vías de comunicación en el estado, perpetrados por el crimen organizado el 1º de mayo. Los periodistas que dan seguimiento a los temas de
Derechos Humanos perciben que en los reportes internacionales hay un registro de las agresiones de que son objeto los informadores en esta entidad del país. 9
No obstante, reporteros de distintos medios sostienen que en Jalisco la violencia hacia el gremio surge desde las instituciones y desde las propias empresas para las que ellos trabajan. 10 En el caso de las primeras, porque deben rendir cuentas a la sociedad y son —o deberían ser— objeto de vigilancia de los periodistas, lo que genera conflictos y negociaciones entre los actores involucrados. En cuanto a las empresas periodísticas, un número importante de ellas dejó de preocuparse por la calidad de los proyectos periodísticos y por las condiciones laborales de los trabajadores de la información (salarios, prestaciones, relaciones en la redacción); la mayoría ha adoptado una lógica mercantilista, marcando una distancia insondable entre los intereses de la organización y los de sus periodistas. Esta circunstancia se ha normalizado y es común observar que los medios, organizaciones vigilantes de las instituciones sociales, cometen constantes injusticias contra sus propios trabajadores. En 2013, el Colectivo de Periodistas de Jalisco realizó un reporte sobre este fenómeno para el XVII Informe del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL): la “Situación laboral de los periodistas en Jalisco”. 11 Desde entonces las condiciones que ahí se detallan se han agravado.
En Jalisco, 2015 fue un año electoral, escenario privilegiado para apreciar tanto el control informativo ejercido por las instancias gubernamentales como el conveniente sometimiento de la mayor parte de los medios. “Quien paga la música, pide el son”, y el gobierno del estado (electo en 2012) ha sido generoso con la música: nunca en los últimos 40 años se “había presenciado tanto dinero gastado por un gobierno jalisciense en comprar publicidad a los medios, como en el mandato de Aristóteles Sandoval”. La censura y la autocensura que vimos en 2015 se explica por el “compromiso comercial de las empresas comunicadoras con el Gobierno del Estado”. 12
Los poderes se entretejen. Ante la posibilidad de alternancia de partido en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, durante los pasados comicios algunos medios realizaron una cobertura equilibrada de los contendientes con mayores posibilidades de triunfo. Una vez definidos los resultados, los dueños y directivos de los medios se alinearon a los nuevos poderes, conveniente recomposición de acuerdos para proteger los intereses empresariales, aun por encima de los compromisos periodísticos con la sociedad. En el nuevo escenario, los actores del poder cuestionan con normalidad a los reporteros cuando no les gusta el tono de las notas que publican sobre ellos. No se trata de una práctica local ni novedosa; es característica de las relaciones entre los medios y el poder en México; sin embargo, en el escenario de la alternancia se hace más evidente la naturalidad con la que los empresarios negocian la situación de sus reporteros y cuidan la relación con el funcionario. 13 La política de comunicación del gobierno del estado, asesorada hasta julio de 2015 por Alberto Lamas Flores desde su Mesa de Estrategia o “Cuarto de guerra”, 14 reforzó en ese año prácticas conocidas durante las precampañas para la elección gubernamental de 2012: 15 a) Pactar la cobertura de los eventos políticos, como parte de los convenios de publicidad contratada con los medios. b) Llamar a las redacciones para
“recomendar” el enfoque adecuado en las notas. c) Amonestar (directa o indirectamente) a quienes dieran un ángulo a la información que desagradara al funcionario. d) Demorar la respuesta de las oficinas de Comunicación Social a peticiones de entrevista de los reporteros para confirmar alguna información. e)
Premiar con pautas publicitarias a medios y reporteros, por coberturas favorables
al gobierno estatal, y castigar ante caso contrario.
Por su parte, como resultado del compromiso adquirido a través de los convenios publicitarios, en numerosos medios: se alteraron notas a favor de funcionarios, sin previa consulta a los reporteros que las redactaron; se reemplazaron por boletines oficiales informaciones escritas por los reporteros, inutilizando su trabajo; se exigió sacar diariamente una noticia sobre el gobernador, incluso cuando no hubiera un acontecimiento de importancia; se presionó a los reporteros para que evitaran dar cuenta de hechos a favor del
candidato de Movimiento Ciudadano por Guadalajara; se vendieron espacios editoriales para atacar a rivales políticos; se publicaron entrevistas “informativas”
a modo, comercializadas como parte de los paquetes publicitarios; se recibieron
contenidos, fotografías e indicaciones editoriales de la oficina de Comunicación Social del gobierno del estado para “informar” sobre los avances de la administración estatal. Una consecuencia evidente de tales arreglos político- comerciales fue la extensión de la autocensura entre los reporteros, por temor a
ser despedidos, y la aceptación y normalización de que “hay temas que no se pueden tratar”.
El poder de la publicidad oficial
Los reporteros afirman que 95% de los medios depende económicamente de la publicidad oficial; 16 que en algunos casos, la pauta publicitaria del gobierno es mayor a 40% de los ingresos de los medios; 17 que medios poderosos han llegado a exigir al gobierno del estado y a dependencias públicas, como la Universidad de Guadalajara, un aumento de 15% en el monto de contratos publicitarios con relación al año inmediato anterior; que más de 80% del total de la publicidad oficial se va a dos diarios: El Informador y Mural. 18 Los datos no son estadísticos, pero las fuentes consultadas son confiables. El control informativo que se ejerce a
través de la publicidad oficial vulnera ampliamente los derechos de los periodistas,
al intentar reducir su papel al de reproductores de versiones oficiales. No obstante,
el individuo también decide: “La mayor vulnerabilidad es que los periodistas no se
cuestionen ciertas prácticas que a veces les imponen sus jefes de información: les
ordenan cubrir al gobernador, y que no deben hacer preguntas, y ellos siguen las
instrucciones. Aceptan que se les asignen turnos para intervenir en las entrevistas,
“después de que los jefes de información lo han acordado con los de Comunicación
Social del gobierno.” Es la zona de confort. “Recibes la comida, el regalo, las
playeras oficiales de Chivas, las tarjetas para ver todos los partidos, el boleto para
el sorteo de cada tres meses ” 19 Y si actúan distinto, y no son apoyados por sus
empresas, los reporteros serán cuestionado por los funcionarios de Comunicación
Social, quienes se preocupan por socializar las reglas del juego (“¿Es tu primera vez
“Portarse mal” te marca. Organizarse. Reclamar derechos. Pedir pago por horas
extra. Ser despedido por “tocar” a un poderoso. Demandar al medio por cuestiones
laborales. Ser “activista”
de “una especie de marcaje” en algunas fuentes informativas: “te observan, te
etiquetan, te evitan. Los periodistas no se atreven a hablar de lo que les sucede porque los despiden. Y si fuiste botado de un medio, difícilmente te contratarán en otro (por miedo a perder publicidad oficial)”. 21 Tener iniciativa, reunirse por
causas sociales o intereses comunes puede ocasionar que se te clasifique. Si en las
fuentes se corre el rumor de que alguien es ‘activista’ no lo convocan (“no le avises,
Los periodistas críticos, y los de medios críticos, sufren
es activista”). 22
¿Watch dog simulador?
Tu empresa es la que más te violenta “porque no te da las prestaciones de ley, no te
da aumentos, no te capacita, no te da seguridad social como mereces, hace
simulaciones ante las autoridades laborales: te contrata como un trabajador con
obligaciones cotidianas, te exige como a un trabajador de base, y te paga como si fueras eventual, por honorarios y sin derechos laborales.” 23 En materia laboral, el escenario para los periodistas de Jalisco en 2015 fue de pérdida de certidumbre, de inestabilidad y desconcierto. Paulatinamente las empresas de medios han ido eliminando de sus nóminas a los reporteros con mayor antigüedad, revocando contratos que acrediten prestaciones adicionales a las de ley e, incluso, infringiendo la normatividad al contratar en términos ambiguos y engañosos a los trabajadores, para evitar los costos de la seguridad social mínima. En el reporte mencionado del Colectivo de Periodistas de Jalisco (“Situación laboral de los periodistas en Jalisco”), se sostiene con datos de 2013-2014 que los dueños de los medios —para mantener la rentabilidad de sus empresas periodísticas— redujeron los equipos de redacción y edición y mermaron las prestaciones laborales y sociales de los trabajadores. 24 Tanto ese informe como el trabajo de Perla A. Blass, sobre “Condiciones laborales de los periodistas en Guadalajara” (con datos de 2011), 25 daban cuenta de la existencia y propagación de la contratación por honorarios y la subcontratación de los reporteros (y otros trabajadores de la información). El panorama ha empeorado en todos los sectores productivos desde que fue aprobada la Reforma Laboral de Felipe Calderón (26 de septiembre de 2012) “con la cual se legaliza la subcontratación, se imponen contratos a prueba —temporales y de capacitación—, el salario por hora y la productividad como base para el ascenso en el empleo, en lugar de la antigüedad”; 26 el hecho no disminuye la gravedad de que este tipo de contrataciones se normalicen en el ámbito del periodismo, cuyos trabajadores — dadas sus funciones sociales— distan mucho de ser sustituibles o intercambiables para disminuir costos de producción. En este contexto económico de sobrevaloración de la subcontratación, la antigüedad en el empleo se ha convertido en un factor que juega en contra de los periodistas en Jalisco: la experiencia ya no es valorada por los administradores de los medios, quienes están encontrado razones o pretextos para despedir a los veteranos o, en el mejor de los casos, para ajustar su condición salarial y laboral hacia la baja (sin prestaciones especiales, con las mínimas de ley o sin ellas). Todos los contratos nuevos son precarios.
En algunos medios electrónicos se practica el pago de salario mediante un esquema diferencial: un contrato de base por un salario mínimo, y el resto de los honorarios acordados a través de contratos civiles con vencimiento anual y sin certeza de renovación. El contrato base permite contar con seguridad social (IMSS, Infonavit, aguinaldo), pero en proporción, precisamente, al monto de un salario mínimo. Aunque existe la posibilidad de que los administradores retribuyan la parte del contrato civil bajo el esquema de “asimilables al salario”, no lo hacen, afectando los derechos del trabajador en el corto y el largo plazo (las prestaciones se cotizan con base en el salario mínimo). 27 Son numerosos los reporteros, editores, camarógrafos, productores y asistentes que laboran por contrato civil exclusivamente y, por tanto, no cuentan con ninguna prestación (ni siquiera vacaciones). Adicionalmente, son muchas las empresas que no proporcionan herramientas de trabajo a sus reporteros (grabadora de voz y laptop, por ejemplo) ni equipo fotográfico a los fotógrafos. 28 En algunos casos les prestan un celular, sin plan tarifario, y es extraordinario que se les proporcionen vales de gasolina. 29 Se conocen situaciones, en medios televisivos e impresos importantes, en donde los pagos se otorgan en efectivo sin solicitar la firma de recibo alguno, 30 y en ocasiones sin la firma de contratos. 31 También es recurrente que algunos medios dejen de pagar las contribuciones al IMSS y al Infonavit, sin informar a sus empleados. La estabilidad laboral es mínima: los recortes de personal en las redacciones se han normalizado, y mantienen en vilo a los periodistas ante la amenaza permanente de perder el empleo al siguiente día.
Equidad hacia abajo
Como vestigio de tiempos mejores, hasta agosto de 2015 quedaban en Milenio
Jalisco tres contratos de reporteros (y algunos de personal administrativo y de servicio) con prestaciones superiores a las de ley: seguro de gastos médicos, fondo
de ahorro, vales de despensa, gasolina
empresa Página Tres (editora de Público, y posteriormente, accionista de Público- Milenio). Milenio Jalisco puso fin a esos contratos en el mes de septiembre en que “liquidó” las prestaciones de seguro de gastos médicos y fondo de ahorro de “los tres”, los reporteros veteranos que quedaban en la redacción (Maricarmen Rello,
contratos que fueron firmados con la
Sonia Serrano y Agustín del Castillo), y los recontrató bajo nuevas condiciones: “Lo que nos quitaron fue el seguro de gastos médicos y el fondo de ahorro, en ambos nos pagaron una especie de liquidación. Conservamos despensa y gasolina, y la antigüedad fue reconocida por Milenio como ‘patrón sustituto’.” 32 La prestación del fondo de ahorro era importante: “el que menos recibía tenía al año 40 mil pesos
y eso desapareció.” 33
El mercado laboral para los periodistas en Jalisco está estancado y para muchos la
opción es trabajar como independientes, como freelance. La situación para ellos no
es sencilla: “No sobrevives de freelance [
tienen que tener otra fuente de trabajo”. Aunque no es lo mismo un término que el otro, como trabajadores en Jalisco ambos son tratados de manera similar: se les paga por nota publicada. “Si eres muy bueno, y a la empresa le interesas mucho, ganas dos o tres mil pesos mensuales en promedio. Si te va súper bien, hasta
cuatro mil”. 34 Entre los fotógrafos o reporteros gráficos es común “freelancear”, la situación laboral es tan frágil que para lograr un ingreso aceptable “siguen los compañeros con la necesidad de ‘dobletear’ o ‘tripletear’.” 35 Los corresponsales regionales llevan la peor parte porque, además del pago ínfimo que reciben por nota publicada ($50.00 pesos por una breve, un máximo de $200.00 si es extensa, nota con fotografías o incluso un reportaje), los medios de la ZMG ignoran lo que ocurre en los municipios de las regiones y no lo consideran noticioso. 36 Algo semejante sucede con las agencias internacionales, ni siquiera éstas brindan un salario suficiente, también pagan por nota publicada, y “asumen que si eres su corresponsal tienes un contrato de exclusividad como reportero”. A las agencias internacionales no les interesan los asuntos cotidianos, ni muertos que no sean “importantes”, ni terremotos menores a 7 grados Richter; ellos deciden qué es lo relevante en la localidad. Piden notas específicas: $700.00 pesos información
pero, si acaso, aceptan tres notas al mes (el trabajo se reduce
pedida y publicada
a lo que desean pagar: alrededor de $2,000.00 pesos mensuales). Suele haber momentos excepcionales en que le acepten al reportero más de seis notas, cuando suceden al mismo tiempo acontecimientos notorios en la ciudad que coinciden con
los corresponsales o los freelancers
algún tipo de conflicto o manifestación social (la FIL, una escena de Lavolpe, y un pleito de Barras, por ejemplo). Como freelance, se reportea bajo pedido. Si el reportero trabaja temas que considera de interés, puede ser que se los acepten y paguen, pero es posible que no suceda así, se pierde el trabajo y ya. 37
Un gremio débil
Existe una que otra asociación o club de periodistas en Jalisco, pero no gozan de buena prensa, ni representan los intereses de la mayoría de los trabajadores de la información, y funcionan —muchas veces— como mecanismos gestores de dádivas del poder establecido. No existe un sindicato u organización que defienda los derechos laborales de los reporteros. El “gremio” es una suma de solitarios periodistas. Excepcionalmente se solidarizan los reporteros con un compañero o por una causa, situación que puede poner en peligro el empleo, dada la vigilancia de los empresarios y la comunicación que mantienen entre ellos. La fragmentación entre los reporteros se acentúa particularmente con las nuevas generaciones, porque ya “no hay reuniones en las redacciones, y no se crea un sentido de pertenencia.” 38 Entre los reporteros hay un grupo importante que está llegando a la fase final de su carrera, a la edad en que deberían jubilarse como trabajadores, “no hay nada para ellos”. 39 Y dadas las circunstancias de depauperación de las condiciones laborales para los periodistas en Jalisco, el futuro para las demás generaciones es igualmente incierto.
Despidos en grupo en 2015
El 12 de enero Milenio Jalisco despidió a los últimos tres corresponsales que le quedaban (Puerto Vallarta, Tepatitlán y Ocotlán), 40 de los ocho con los que inició el proyecto que prometía “historias no sólo de la zona metropolitana sino de todas las regiones del estado.” (“Ya somos Milenio Jalisco”, columna de Jaime Barrera del 6 de junio de 2011). El 19 de enero se publicó el último número de Express, el diario popular del Grupo Milenio; todo el equipo de editores y reporteros fue despedido, aun cuando ellos también alimentaban la sección MP (Ministerio Público) de Milenio Jalisco. 41
El 25 de septiembre, cinco reporteras de W Radio en Guadalajara fueron despedidas porque “la estación se convertiría en retransmisora de los contenidos” producidos en la Ciudad de México, y los cortes locales dejarían de producirse. Entre ellas (todas cabeza de familia), quedaron fuera las de mayor antigüedad en la empresa (15 y 20 años). Si bien recibieron liquidación justa, perdieron el empleo; posteriormente la estación contrató a otros reporteros para atender la redacción local. 42 El 1 de diciembre, Canal 8 TV despidió a dos reporteras “por exigir el pago de días feriados conforme a la ley, el pago por trabajo extra y gastos para reparación de herramientas de trabajo”. Los reporteros acusan el doble discurso de los jefes que “quieren empleados sumisos”, mientras manifiestan estar “hasta aquí” por las injusticias y la corrupción imperantes en la sociedad. 43 El caso más notado fue el cierre de La Jornada Jalisco. El 14 de diciembre la empresa editorial DEMOS, Desarrollo de Medios SA de CV, publicó un AVISO para informar a la sociedad que su Consejo de Administración decidió dar por terminado el contrato que tenía desde 2010 con la Editora de Medios de Michoacán, SA de CV, empresa que publicó los diarios La Jornada Jalisco y La Jornada Michoacán hasta el martes 15 de diciembre de 2015. 44 Con ello, más de 40 personas de La Jornada Jalisco perdieron el empleo de un día para otro. El empresario intentó recuperar el derecho de uso de la marca, sin lograrlo. Los exempleados recibieron, de manera diferida, el pago de cuatro quincenas atrasadas, pero no el adeudo del aguinaldo, vales de despensa y finiquito. Dado que la empresa oficialmente no corrió a los trabajadores, tendría que responder por las quincenas que transcurran tras el cierre de la redacción en diciembre. Después de la cuarta cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje Local, entre la gerente del medio y los reporteros, y frente a la ausencia de una respuesta clara sobre la posible reapertura de La Jornada Jalisco, los trabajadores decidieron interponer una demanda laboral. Hasta el 31 de enero de 2016, ésa era la situación. 45 La de los extrabajadores de La Jornada Jalisco se suma a las 110 demandas laborales en espera de respuesta, presentadas por periodistas del estado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. La experiencia de quienes han interpuesto este recurso es que cuando se trata de periodistas —particularmente si colaboran en medios críticos—, las demandas se atoran, no prosperan. 46
Los temas relacionados con la vulnerabilidad de los derechos de los periodistas son incontables. En este caso el acento fue puesto en materia laboral, sin ignorar que todos los trabajadores en México (y el mundo) enfrentan la precarización del empleo. 47 La importancia de enfatizar la frágil condición de los periodistas como un problema mayor en Jalisco radica en que no se puede someter a la lógica mercantil a estos trabajadores, si se espera que cumplan con su función social, que mantengan una actitud crítica y vigilante de los poderes, que señalen las injusticias y que promuevan la equidad y la paz para todos los sectores del estado. El asunto es un tema de interés social, no gremial.
1 Con el propósito de guardar la confidencialidad de los informantes, numero las citas sin proporcionar su procedencia, excepto cuando se trate de documentos consultados. Conservo un registro de los testimonios con nombres y fechas de obtención.
2 [DE consultada en: http://articulo19.org/primer-semestre-2015-mas-violencia-mas-silencio/].
3 [DE consultada en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/518588/6/jalisco-de-los-estados-con-menos-agresiones-contra-periodistas.htm] .
4 [DE consultada en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/518588/6/jalisco-de-los-estados-con-menos-agresiones-contra-periodistas.htm] .
5 4 [DE consultada en: http://es.scribd.com/doc/288536277/Informe-Tercer-Trimestre-2015-Epidemia-Del-Miedo-a-Comunicar] .
6 Jade renuncia al Mecanismo el 5 de agosto de 2015.
7 4 [DE consultada en: http://www.articulo19.org/agresiones-contra-jade-ramirez-periodista-y-consejera-del-mecanismo-de-proteccion-federal-a-
periodistas/] .
[DE consultada en:
http://articulo19.org/periodistas-son-amenazados-por-revelar-vinculos-del-narco-con-gobierno-en-colima-y-jalisco/] .
Testimonio, 8 de septiembre de 2015.
10 Testimonio ,11 de septiembre de 2015.
11 Colectivo de periodistas de Jalisco. “Situación laboral de los periodistas en Jalisco ”. 4 [DE consultada en:
http://www.fomento.org.mx/novedades/XVII_DHL_CEREAL2013.pdf, p.58] .
12 Exposición del Periodista Pedro Mellado, en el Foro Periodismo en Jalisco: Censura y Autocensura, 10 de noviembre de 2014. 4 [DE consultada en:
http://pagina24jalisco.com.mx/local/2014/11/12/padece-jalisco-censura-y-autocensura-en-medios/]
13 Testimonios, 9 diciembre de 2015 y 29 de enero de 2016.
14 4 [DE consultada en: http://www.proyectodiez.mx/quien-es-alberto-lamas-el-jefe-de-gabinete-del-gobernador-aristoteles-sandoval/]
15 Después de las elecciones, Alberto Lamas deja el Gabinete de Aristóteles Sandoval. La información reseñada proviene de testimonios y mensajes
publicados en redes sociales de numerosos periodistas de medios locales , 19 de febrero de 2015.
16 Testimonio 1, 11 de septiembre de 2015.
17 Testimonio 2, 11 de septiembre de 2015.
18 Testimonio 3, 11 de septiembre de 2015.
19 Testimonio, 8 de Septiembre 2015.
21 Testimonio, 11 de septiembre 2015.
22 Testimonio, 8 de septiembre, 2015.
23 Testimonios, 25 de septiembre de 2015.
Colectivo de Periodistas de Jalisco (2013).“Situación laboral de los periodistas en Jalisco”. En CEREAL XVII Informe de Violaciones a los Derechos
Humanos Laborales (2013), p. 58. [DE http://www.fomento.org.mx/novedades/XVII_DHL_CEREAL2013.pdf
25 Blass, Perla A., “Condiciones laborales de los periodistas en Guadalajara”, en: Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco 2011,
México: Quid Observatorio de Medios/ITESO, 2012.
26 La Jornada, jueves 27 de septiembre de 2012, p. 3 [DE consultada en: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/27/politica/003n1pol].
27 Testimonios, 25 de septiembre de 2015.
28 Testimonio, 28 de enero de 2016.
29 Testimonios, 27 de enero de 2016.
30 Testimonios , 11 de septiembre de 2015 y 27 de enero de 2016.
31 Entre los medios donde sus reporteros no firman un contrato se encuentran Crónica Jalisco, NTR y Radiorama. Testimonios, 27 de enero de 2016.
32 Testimonio, 7 de febrero de 2016. Otra versión al respecto fue que la antigüedad de los periodistas fue liquidada.
33 Testimonios, 25 de septiembre de 2015.
34 Testimonios, 25 de septiembre de 2015.
35 Testimonios, 28 de enero de 2016.
36 Testimonios, 29 de septiembre de 2013.
37 Adaptación de testimonios, 25 de septiembre de 2015.
38 Testimonio 1, 11 de septiembre de 2015.
39 Testimonio 2, 11 de Septiembre de 2015.
40 Testimonio, 14 de enero de 2015.
41 Testimonios, 14 de Enero de 2015.
42 Testimonio, 2 de febrero de 2016.
43 Reporteros GDL, 2 diciembre de 2015.
44 [DE consultada en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/14/aviso-2717.html] .
45 Testimonios, 31 de enero 2016.
46 Testimonios, 11 de septiembre de 2015.
47 [DE consultada en: http://www.apmadrid.es/noticias/generales/informe-de-la-profesion-periodistica-2014-se-detiene-la-destruccion-de-empleo-
pero-aumenta-la-precariedad-laboral-y-profesional] .
LA CRISIS DE UN SISTEMA PENITENCIARIO
El sistema penitenciario mexicano desde hace varias décadas atraviesa serias crisis relacionadas con la sustentabilidad y las violaciones a los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Esta situación es una preocupación humanitaria muy grave y actualmente está afectando a diversos territorios y a distintos sectores en la sociedad. Esto generalmente se debe a que cuando una sociedad es golpeada por la delincuencia, la respuesta de los Estados ha sido por mucho tiempo el incremento de las penas de prisión, que lleva al uso desmedido de la misma pena, una medida que afecta al sistema penitenciario no sólo en México sino también en Latinoamérica y en varias prisiones del mundo (González 2013: 3); por ejemplo, en una base de datos del año 2010 con cifras comparativas internacionales en porcentajes respecto a la ocupación penitenciaria, se busca representar esta problemática en 151 países, en donde los países africanos registran los valores más graves, y los latinoamericanos figuran a partir del lugar número 16, situando a México en el lugar 58 (Zepeda, 2013: 34).
Se estima que en mayo de 2011 las instituciones penitenciarias en todo el mundo contenían a más de 101.1 millones de personas, incluyendo personas sentenciadas y personas en prisión preventiva; esto significa que en ese momento por cada 100,000 habitantes 146 personas se encontraban en prisión, y con esta variable se determina que las poblaciones en las prisiones crecieron a nivel mundial entre los años 2008 y 2011. 1 Esto ha desencadenado problemas como sobrepoblación y hacinamiento, que propician a su vez una falta grave de aplicación de medidas de seguridad, violencia entre los reclusos, falta de provisión de servicios básicos como una buena alimentación, condiciones de higiene, salud, una clara ausencia de medidas efectivas para la protección de personas privadas de su libertad en alguna situación de vulnerabilidad, falta de programas educativos y laborales, corrupción y autogobiernos.
En los últimos cinco años la población en el sistema penitenciario mexicano ha crecido 35.06%, y actualmente la sobrepoblación en la tasa nacional es de 18.47%; ahora bien, hay que destacar que la sobrepoblación es mucho mayor en algunas entidades a diferencia de otras; el Estado de México, por ejemplo, al cierre del año 2015 presenta 169.61% de sobrepoblación, seguido de Nayarit con 150.72%, mientras Yucatán ha ido disminuyendo la población penitenciaria en los últimos cinco años, lo que lo coloca actualmente como la entidad con menor población penitenciaria en el país, presentando una ocupación de sólo 52.47% de su capacidad (CNI, 2015). Por otra parte, estas tasas de sobrepoblación no indican que los gobiernos de las entidades estén haciendo un buen uso de la prisión, hay que destacar que la respuesta de varios de estos es incrementar los espacios en prisión, de tal forma que Chihuahua muestra una sobrepoblación de 8.81%, sin embargo su capacidad penitenciaria es de 7,616 personas, es decir, 2,348 espacios menos que los que tiene el Estado de México, y 6,224 más que los del estado de Nayarit, lo que ubica al estado de Chihuahua en el sexto lugar a nivel nacional con mayor número de personas en reclusión (CNI, 2015). En el caso de Jalisco, se está reportando una población penitenciaria de 17,549 al cierre de 2015, lo que lo coloca en la tercera entidad con mayor número de personas en reclusión, y en el quinto lugar en sobrepoblación con 71.59%. Sin embargo, es de destacar que de los doce centros penitenciarios estatales, la mitad tienen sobrepoblación y la otra mitad no, siendo los casos más alarmantes el Centro de Reinserción Social y el Reclusorio Preventivo, con 210.40% y 103.39% de sobrepoblación respectivamente, que se traducen en 4,391 y 3,754 personas más de las que estos centros pueden albergar (CNI, 2015). Es importante mencionar que la sobrepoblación obliga a que decenas de miles de personas vivan largos periodos en alojamientos congestionados, sin espacio suficiente para moverse, sentarse o dormir, comprometiendo así la capacidad de la administración para cubrir las necesidades básicas de los internos de las prisiones, y por lo tanto, ocasiona que la situación de una persona privada de su libertad se torne peor, porque de forma directa e inmediata esto termina por impactar su dignidad, menoscaba su salud física y mental, y limita sus posibilidades de llevar una vida digna extramuros (Atabay, 2013: iii), pues hay que destacar que la prisión
sólo les debería limitar la libertad como sanción y no todas las demás restricciones a las que son sujetadas. 2 Si estas condiciones no se cumplen, entonces se constituyen los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y mientras exista esta sobreocupación en las instalaciones que alojan a los reclusos, seguirán existiendo los peligros de actos violentos dentro de las prisiones, abusos de las personas más fuertes hacia las más débiles, y otras formas muy negativas de enfrentar sus conflictos, aliviar sus tensiones y romper con la monotonía, lo que representa un riesgo latente porque se pueden desencadenar eventos aún más graves, como motines y autogobierno, y por ende violaciones graves a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, mismos que ampliamente están protegidos en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, entre otros.
Así surge la pregunta ¿Cómo se logrará que las personas puedan ser reinsertadas en sociedad bajo estas circunstancias, y evitar que reincidan en conductas delictivas, si por principio de cuentas no existen las condiciones necesarias para salvaguardar su seguridad y su integridad física?
Con las reformas constitucionales de los años 2008 3 y 2011 4 en materia de Justicia Penal y en materia de Derechos Humanos, respectivamente, se pretendía atender los problemas de inseguridad, de confianza en las instituciones y la crisis que atraviesa el sistema penitenciario mexicano; uno de sus puntos más importantes fue limitar las facultades de las autoridades en las prisiones únicamente a la administración, con el fin de que la ejecución de la pena, su cumplimiento, modificación o revocación sean funciones exclusivas del Poder Judicial para garantizar que los procesos en esta etapa sean más apegados a los derechos humanos y por ende, a los principios fundamentales del debido proceso. La otra parte importante de la reforma es que con la implementación del nuevo sistema de justicia penal se haga un uso moderado de la prisión preventiva y por lo tanto, una despresurización del sistema penitenciario. En ese sentido, ambas fórmulas ayudarían a que centros penitenciarios como el Centro de Reinserción Social y el Reclusorio Preventivo disminuyan su población;
sin embargo, a pesar de que la figura de juez ejecutor ya opera en Jalisco, no se ha visto que ésta ocasione algún impacto en la disminución de las personas sentenciadas, y en lo que respecta a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, no se puede hablar de ningún resultado porque éste no termina por establecerse en todo el estado de Jalisco, por lo tanto, tampoco hay cambios en lo que se refiere a las personas en prisión preventiva. Por otro lado, hay que establecer que para combatir cualquier problema o resolver algún conflicto hay que analizar las causas que originan el mismo, y en lo que respecta al hacinamiento y sobrepoblación, sus posibles causas pueden variar mucho entre una jurisdicción y otra. Una causa evidentemente es el crecimiento demográfico, pero también se deben tomar en cuenta los factores socioeconómicos
y políticos de cada país, sus procedimientos en materia de justicia penal, y las
políticas públicas que se diseñan para combatir las adicciones y la inseguridad
(UNODC / CICR, 2013: 24-36). 5 La mayoría de los reclusos de todo el mundo provienen de sectores vulnerables,
y la desigualdad en la distribución de ingresos así como el aumento de la pobreza
son causas que también ocasionan este problema. Investigadores y expertos han encontrado correlaciones en las tasas de encarcelación y diversos modelos económicos, como es el caso de México; lo interesante es que algunos países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), realmente han disminuido sus tasas de encarcelamiento con el incremento de la inversión en programas sociales (UNODC / CICR, 2013: 26). y es que ante esta situación el deber de los Estados es garantizar la competencia y el pago justo en el trabajo, y no concentrar los salarios altos en pocas personas, que terminan sólo por fomentar la concentración del capital en un grupo reducido de la sociedad. Prueba de esto es que los países en crisis y con grandes porcentajes de pobreza
y desigualdad social, son los que tienen mayores dificultades para respetar y proteger las garantías mínimas establecidas en los tratados y normas internacionales, los que presentan demoras en el proceso judicial, y finalmente un aumento en las penas privativas de libertad, en particular en aquellas personas que reinciden en el delito “lo cual puede significar una violación al principio de proporcionalidad en la sentencia” (UNODC / CICR, 2013: 31).
¿Por qué es importante encontrar una solución a la sobrepoblación penitenciaria?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas sin que se haga distinción alguna, buscan la vida humana digna, entendiendo a la dignidad como un valor supremo e inherente a nuestra especie. No hay que olvidar que el objetivo del sistema penitenciario es la reinserción social, un objetivo que no se logra porque el sistema no tiene posibilidades de ofrecer la reinserción social de una persona, para que ésta salga de prisión con la clara convicción de no volver a delinquir; por el contrario, en muchas ocasiones sale una persona resentida con todo el sistema de justicia penal. Sin embrago, también hay personas que salen de prisión con el deseo de no volver a estar en una situación así y que tienen la pretensión de llevar una vida más estable; desafortunadamente, al estar fuera se encuentran con la marginación de la sociedad, la cual limita su desarrollo normal, y nuevamente se restringen sus derechos, como son el conseguir un trabajo digno que pueda cubrir estas necesidades de alimentación, salud, vivienda, educación y ocio, poniéndola en riesgo de reincidencia y posibles conductas delictivas; naturalmente, la inseguridad en la sociedad se sigue generando, como un círculo vicioso del cual no se logra salir.
Ante esto es necesario mantener un equilibrio entre seguridad, control y justicia que garanticen una percepción de equidad y justicia. En muchos países como el nuestro, los funcionarios de las prisiones están mal capacitados, no gozan del respeto de la opinión pública y, debido a la sobrepoblación, llevan a cabo tareas sumamente exigentes y estresantes, que no son acordes a la responsabilidad que ejercer ni los salarios que perciben (ONU-DH, 2004: 9-11). 6 No obstante lo anterior, los instrumentos internacionales no dejan lugar a duda acerca de las restricciones o limitaciones de los derechos de las personas privadas de su libertad. El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en su ordinal número 1 señala que “los funcionarios […] cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo en todo momento a
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión” (AGNU, 1979). Para dar cumplimiento a esta disposición es fundamental que el Estado mexicano cumpla con la obligación de promover los derechos humanos en todas sus esferas y niveles de gobierno, y sensibilice a todos sus servidores públicos para que rompan con los viejos esquemas y se ubiquen en el nuevo paradigma, que transiten a éste, y optimicen de mejores formas sus recursos materiales y humanos, que si bien es cierto no son suficientes, también es cierto que la administración de estos tampoco es la mejor, por una sencilla razón: porque las decisiones de la mayoría de las autoridades no siguen una política pública, y lo que es peor, no han terminado de entender que esta “nueva disciplina” es la que debe guiar sus decisiones, y por lo tanto, acabar de una vez por todas con las ocurrencias del funcionario en turno.
1 Las estadísticas en Atabay (2013: 11) Apartado de “Antecedentes. El hacinamiento en las prisiones de todo el mundo”.
2 Ver artículo 60, Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento a los Reclusos.
3 Cámara de Diputados (2008). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4 Cámara de Diputados (2011). Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5 Capítulo “Causas del hacinamiento en prisiones”.
6 Apartado “Los derechos Humanos y las prisiones, Papel de los funcionarios de prisiones.”
ATABAY, T. (2013) Manual sobre estrategias para reducir el hacinamiento en las prisiones.
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https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf, consultada el 20 de julio de 2015]. Cámara de Diputados (2011) Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 10/06/2011). [DE disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/117_DOF_10jun11.pdf]
Cámara de Diputados (2008). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [DE disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf, Centro Nacional de Información (CNI – SESNSP – Segob). Incidencia delictiva, estadística y herramientas de análisis. Ciudad de México, marzo de 2015. [DE consultada en http://estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp?qu ery=entidad_anio_ff].
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México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas, AC. México.
LA LEY DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE JALISCO. UN LOGRO DE LA RETÓRICA EN UN CONTEXTO DE REALIDADES INCIERTAS
El presente escrito tiene como objetivo ofrecer un breve análisis crítico de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, discutida y elaborada durante 2015 y que recién entró en vigor en enero de 2016. Para alcanzar este propósito, se decidió considerar tres aspectos: el nivel de armonización con respecto a la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, de ordenanza nacional, el grado de avance con relación a la anterior ley estatal y la calidad de la participación de los sectores público, privado, comunitario e infantil en el proceso de elaboración de esta nueva ley jalisciense. Lejos de cualquier pretensión de absolutismo y exhaustividad, este escrito pretende dejar un diálogo abierto y despertar el interés reflexivo sobre el abordaje legal de los derechos humanos de la infancia en Jalisco.
La infancia, como concepto moderno, tiene sus orígenes en el siglo XVIII y, con el surgimiento de los Estados Nación, paulatinamente se le ha ido reconociendo como una estructura social permanente (Gaitán, 2006: 68), y sus miembros se han ido tomando en cuenta en las legislaciones como sujetos de derechos humanos. Sin embargo, hay que tener presente que este reconocimiento ha estado fuertemente vinculado a las actitudes y tratos que los adultos tienen con respecto a las niñas, niños y adolescentes (NNA), y que históricamente se han caracterizado por
vivenciarse entre la ternura y la severidad (Alzate, 2001), la concepción de objetos a proteger y sujetos de los cuales protegerse (Galvis, 2006), la protección focalizada y la integral (Ocaña, 2005) y el asistencialismo y la emancipación (Liebel, 2006). Bajo estas premisas de dualidad extrema es que se vuelve necesario analizar las leyes a fin de visibilizar cuál es el concepto de infancia que subyace y los tratos que de él se desprenden, ya que el sólo hecho de estar presentes en una ley no garantiza por sí mismo que se legisle desde un enfoque de derechos de la infancia, acorde a los principios de la Convención de los Derechos del Niño. En el siguiente cuadro se presenta un brevísimo recuento de las leyes a favor de los derechos de la infancia, sólo como una breve mirada en la que se puedan apreciar los intervalos legislativos en materia de derechos humanos de la infancia. De paso, dejar asentada la escasa —sino es que nula— producción de resultados entre uno y otro documento, por lo menos a nivel estatal. Es importante mencionar que el origen de elaboración de la nueva ley corresponde a un mandato del Congreso de la Unión y no es producto del análisis de las condiciones de vida y del ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en la entidad; tampoco es resultado de políticas públicas participativas de todos los sectores en los que se volcara el interés, el conocimiento y la voluntad a favor de los más jóvenes.
Registro de proclamación de leyes a favor de los derechos de NNA
Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (CDN)
Ratificación de la CDN en México
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LPDNNA) en el Diario Oficial de la Federación
Ley General para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que abroga la LPDNNA
Se reconocen los derechos de NNA en la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco (LDNNAJ) que abroga la de 2003
Armonización de la ley estatal con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y avances con relación a la Ley estatal de 2003
Acorde con el artículo segundo transitorio de la LGDNNA, vigente desde el 4 de diciembre de 2014, las legislaturas de las entidades federativas contaron con 180 días naturales para realizar las modificaciones locales conforme a lo dispuesto en el Decreto; esto propició que durante 2015 se llevara a cabo un proceso de armonización legislativa que culminó con la publicación de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco (LDNNAJ) en septiembre de 2015 y su posterior entrada en vigor en enero de 2016. El análisis que aquí se presenta se centra en corroborar si los 10 elementos que Save the Children (2015) identificó en la LGDNNA y que calificó como innovadores y progresistas en materia de legislación a favor de la infancia, se encuentran presentes en la ley estatal y, a su vez, contrastarlos con lo dispuesto en la anterior Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco (2003).
1. Titularidad de Derechos
La LDNNAJ (2015) sí considera a las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos (Art. 1 y 2) y aclara que lo hace conforme a los principios y términos previstos en los tratados internacionales. Esto representa un avance ya que además de que logra armonizar conceptualmente con la ley federal, significa un cambio de paradigma con relación a la ley estatal de 2003, en la que se concebía a las niñas, niños y adolescentes bajo el término de “menores”, perspectiva que se relaciona con una visión centrada en el adulto y por ver a la infancia como objeto de protección, desde un papel pasivo, receptivo y subordinado a las decisiones de los adultos (Rodríguez, 2007).
2. Titularidad de responsabilidad del Estado
Al comparar la LGDNNA y la LDNNAJ (2015), se puede apreciar satisfactoriamente que en ambas se reconoce la responsabilidad de las autoridades del estado para cumplir las disposiciones a favor de los derechos infantiles; aunque cabe mencionar que la legislación federal enfatiza mucho más este rubro al detallarlo en el Art. 2. Con relación a la LDNNAJ (2003) se presenta un cambio radical, ya que en
ésta no se detalla la titularidad del estado, incluso, en la fracción IV del artículo 4 se indica como principio rector “la corresponsabilidad de los padres o tutores y la responsabilidad subsidiaria de las autoridades y la sociedad en general”. Este principio ya no aparece como tal en la nueva ley estatal.
3. Enfoque integral, transversal y perspectiva de derechos humanos
Este aspecto forma parte de los 14 principios rectores de la LGDNNA, sin embargo en la LDNNAJ (2015) sólo se contemplan seis, de los cuales únicamente dos son compartidos con la legislación federal: la no discriminación y la transversalidad. Por lo menos en este punto sí se logra una armonización.
4. Transparencia de acciones de autoridades
Este aspecto no estaba contemplado en la LDNNAJ (2003), pero en la nueva ley sí quedó armonizado con la federal, específicamente en la fracción IV del artículo 71, como un indicador que garantizará el respeto, protección, promoción y ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
5. Acciones afirmativas
Según se define en la LGDNNA, las acciones afirmativas son aquellas “de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes”. La LDNNAJ (2015) sí las contempla en la fracción VII del artículo 41 en tanto que señala las autoridades deberán implementarlas. Como sugerencia, sólo haría falta incluir su definición.
6. Acogimiento residencial y familia de acogida
En Jalisco sí se consideró en la ley a las familias de acogida y al acogimiento preadoptivo, a cargo del Sistema Estatal DIF y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, asimismo se contempla como derecho de los niños,
niñas y adolescentes en el artículo 22. Este derecho no era reconocido en la anterior ley estatal de 2003, con lo cual sí representa un avance en esta materia, aunque faltó armonizar el artículo nacional que señala el compromiso del DIF de
contar con un sistema de información de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, así como de personas interesadas en adoptar.
7. Visibilización de algunos grupos en situación de discriminación múltiple
La LDNNAJ (2015) sí aparece armonizada en este aspecto con la LGDNNA, tanto en la definición del concepto como en su desglose en el artículo 32, en el cual se habla específicamente de la discriminación múltiple. Y aunque en la LDNNAJ (2003) sí se plasma el derecho a no ser discriminado, no aparece su caracterización múltiple.
8. Defensa contra el embarazo infantil / adolescente
Tanto la LGDNNA como la LDNNAJ (2015) sí contemplan la prevención y atención de este aspecto, aunque la ley estatal no tipifica el embarazo infantil, únicamente señala el adolescente. Adicionalmente, la legislación federal considera también la atención a los hijos e hijas de las niñas y adolescentes madres, cuestión que no está presente en Jalisco. En materia de legislación estatal sí hubo un gran avance ya que
la LDNNAJ (2003) sólo normaba la prevención del embarazo adolescente, pero no hace referencia alguna a los embarazos infantiles ni a las acciones de atención durante todo el proceso de gestación, parto y lactancia; así como tampoco al uso de anticonceptivos como medida de prevención.
9. Protección para niños en contextos de movilidad humana
En el caso de la LGDNNA se le brinda una atención extensa y detallada a este aspecto,
sin embargo en la LDNNAJ (2015) no sólo no se menciona el término de “movilidad humana” sino que el enunciado es más escueto y lo abarcan sólo dos artículos. Ni qué decir de la pasada ley estatal, donde la palabra “migrante” ni siquiera aparece en el texto.
10. Sistema de protección integral, programas de protección, procuradurías de
protección Finalmente, la ley estatal incorporó estas instancias propuestas por el Congreso de la Unión, con lo cual se puede decir que cumplió con la armonización correspondiente. No obstante, hay que hacer conciencia de que se requiere precisar mejor las estrategias de coordinación entre ellas; con sólo la lectura de la
ley quedan muchas dudas con respecto a su operación y la forma en que con ello garantizarán el cumplimiento de cada uno de los derechos señalados. En el siguiente cuadro se puede apreciar cómo la LDNNAJ (2015) sí contempla los 10 aspectos más innovadores que le fueron reconocidos a la LGDNNA, así como también se hace evidente que, en comparación a la legislación local anterior, se registra un avance mucho mayor en el reconocimiento y legislación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Jalisco.
Derechos innovadores considerados en las tres leyes
LA LDNNAJ
LGDNNA (2014)
Titularidad de responsabilidad del Estado
Transparencia de acciones de autoridades
Acogimiento residencial y familia de acogida
Visibilización de algunos grupos en situación de discriminación múltiple (afro – americanos)
Defensa contra el embarazo infantil / adolescente
Protección para niños en contextos de movilidad humana
Sistema de protección integral, programas de protección, procuradurías de protección
Por lo que respecta a los derechos reconocidos como tal en cada una de las leyes analizadas, se comparte el siguiente cuadro en el que resulta evidente que la LDNNAJ (2015) incorporó en su listado la suma de los derechos registrados en la LGDNNA y de la LDNNAJ (2003). Cabe aclarar que el listado comparado es el que presenta cada ley con relación a los derechos expresamente reconocidos.
Reconocimiento de los derechos de los NNA en cada ley
LDNNAJ (2003)
LDNNAJ

References: Artículo 3
 Artículo 4
 artículo 24
 Artículo 7
 Artículo 8
 artículo 9
 Artículo 154
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 6
 resolución 
 Artículo 1
 Artículo 19
 Artículo 19
 Artículo 19
 Artículo 19
 Artículo 134
 Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19
 Artículo 19
 Artículo 19

Artículo 19
 Artículo 19
 artículo 60
 artículo 4
 artículo 71
 artículo 41
 artículo 22
 artículo 32