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Timestamp: 2019-02-18 02:35:32+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00091 de julio 10 de 2014
SENTENCIA 2010-00091 DE 10 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA REGULAR EXENCIONES DE ESTE IMPUESTO. LA FACULTAD PARA CREAR BENEFICIOS O TRATAMIENTOS TRIBUTARIOS PREFERENCIALES SE VE RESTRINGIDA EN EL CASO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TODA VEZ QUE SI BIEN LAS RENTAS DEL IMPUESTO FUERON CEDIDAS A LOS DEPARTAMENTOS Y AL DISTRITO CAPITAL, Y SU TITULARIDAD ES DE LA NACIÓN, DICHA CESIÓN, SEGÚN SE DESPRENDE DE LA LEY 488, SÓLO LE PERMITE A ESTAS ENTIDADES TERRITORIALES LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL TRIBUTO, A SABER: EL RECAUDO, LA FISCALIZACIÓN, PROFERIR LIQUIDACIONES OFICIALES, LA DISCUSIÓN, EL COBRO Y LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO. EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DETERMINÓ EL DEPARTAMENTO NO ERA EL COMPETENTE PARA CONCEDER EXENCIONES, EN LA MEDIDA EN QUE, EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, CREADO POR LA LEY 488 DE 1998, ES UN IMPUESTO DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN, Y, POR ELLO, DICHA FACULTAD ESTÁ ATRIBUIDA, EXCLUSIVAMENTE, AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CUANDO DE RENTAS NACIONALES SE TRATA. DE ESTA MANERA, SE DECLARÓ LA NULIDAD DEL APARTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL ENTE TERRITORIAL QUE CREABA EXENCIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEPARTAMENTO, NACIÓN, EXENCIÓN TRIBUTARIA, VEHÍCULO AUTOMOTOR, IMPUESTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
Sentencia 2010-00091 de julio 10 de 2014
Rad.: 170012331000201000091-01
Número interno: 18823
2.1. Asunto preliminar. Facultades del Ministerio Público. Legitimación para interponer el recurso de apelación.
El artículo 127 del Decreto 1 de 1984 señala las atribuciones del Ministerio Público en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o exservidores públicos que con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan dado lugar a la presentación de demandas que pretendan la reparación patrimonial a cargo de cualquier entidad pública.
3. Pedir que se declare la nulidad de los actos administrativos.
Ahora, en cuanto a la posibilidad que tiene el Ministerio Público de interponer los recursos contra las providencias que se profieren en el curso del proceso, el Consejo de Estado ha sostenido que se encuentra supeditada a “que exista un verdadero interés del órgano de control para controvertir la decisión en tanto medie la protección del interés general o del orden jurídico, pues si la discrepancia se contrae o limita a una determinada hermenéutica que no se comparte y que afecta a una de las partes del proceso —demandante o demandada— el interés para recurrir o impugnar solo será de dicha parte afectada, máxime si de avalar o permitir esa específica circunstancia se estaría desvirtuando la verdadera función que desempeñan los procuradores judiciales en el proceso”(2).
En ese orden, el Ministerio Público estaría legitimado para interponer el recurso de apelación cuando procure, se reitera, la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. No lo estaría cuando esté de por medio la protección de intereses particulares, porque, en ese caso, son las partes del proceso las que tienen legitimación para interponer los mecanismos judiciales necesarios para el efecto(3).
Para la Sala, sí es procedente referirse a esa causal de nulidad, así no haya sido invocada en la demanda, puesto que lo que aquí se busca no es solo la prevalencia del interés general y la defensa de lo público, sino también la defensa del principio de legalidad y la supremacía de la Constitución Política.
2.2. Del impuesto sobre vehículos automotores. Autonomía de las entidades territoriales para regular exenciones de este impuesto.
2.2.1. Del impuesto sobre vehículos automotores.
El impuesto de vehículos automotores es un gravamen creado por la Ley 488 de 1998, que sustituyó los impuestos de timbre nacional sobre vehículos automotores(4), de circulación y tránsito(5) y el unificado de vehículos para el Distrito Capital.
“(...) la Ley 488 de 1998 creó un nuevo impuesto sobre vehículos automotores que sustituye a los impuestos de timbre nacional, de circulación y tránsito y el unificado de vehículos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. El artículo 139 de la mencionada ley, señala como beneficiarios de las rentas del impuesto a “los municipios, distritos, departamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en las condiciones y términos establecidos en la presente ley”. Los siguientes artículos de la Ley 448 regulan en su integridad el régimen del tributo: el hecho generador del impuesto (art. 140) vehículos gravados (art. 141), sujeto pasivo (art. 142), base gravable (art. 143), causación (art. 144), tarifas (art. 145), declaración y pago del impuesto (art. 146), administración y control (art. 147), traspaso de propiedad y traslado del registro (art. 148), obligación de portar calcomanía (art. 149) y, finalmente, distribución del recaudo (art. 150).
La aplicación del criterio orgánico al caso que se estudia conduce a afirmar que el impuesto de vehículo automotor es un impuesto de carácter nacional. Ciertamente, dicho tributo se encuentra establecido por la Ley 488 de 1998, sin que para su perfeccionamiento se requiera decisión alguna del concejo municipal o de la asamblea departamental. En consecuencia, el impuesto nacional de vehículos constituye una renta nacional cedida a las entidades territoriales en proporción a lo recaudado en la respectiva jurisdicción (negrilla fuera de texto).
La facultad de establecer tributos la reguló la Constitución en los artículos 287-3(6), 300-4(7) y 313-4(8) y, para el efecto, supeditó la atribución de “establecer”, “decretar” o de “votar” los tributos locales, a la ley.
Esa supeditación, ha dicho la Sala, puede ser parcial-limitada(9) o parcial-reforzada(10). En efecto, la potestad impositiva de las entidades territoriales será parcial-limitada cuando la ley fija ciertos elementos del tributo para que sea la entidad territorial la que establezca los que faltan. Será parcial-reforzada cuanto la ley autoriza a la entidad territorial a crear el tributo porque en esos casos le permite fijar todos los elementos. En este último caso, ha dicho la Corte que la ley que crea el tributo debe establecer, como mínimo, el hecho generador(11).
Sin embargo, la misma Constitución limita esa facultad, pues prohíbe al legislador conceder exenciones y tratamientos preferenciales en relación con los tributos que son de propiedad de las entidades territoriales, en aras de proteger su patrimonio, que, eventualmente, puede verse afectado por la injerencia de las autoridades nacionales(12).
En esa medida, las entidades territoriales, en ejercicio de la autonomía que la Constitución les reconoce, solo tienen la potestad plena para conceder exenciones o tratamientos preferenciales en relación con los tributos de su propiedad, así como para regular los sujetos que gozan del régimen exceptivo, las condiciones en que se puede gozar de ese régimen y las obligaciones que se les asigna a los beneficiarios para probar que, en efecto, tienen derecho al mismo(13).
En el caso del impuesto sobre vehículos automotores, esa facultad para crear beneficios o tratamientos tributarios preferenciales se ve restringida, toda vez que si bien las rentas del impuesto fueron cedidas a los departamentos y al Distrito Capital, y su titularidad es de la Nación, dicha cesión, según se desprende de la Ley 488, solo le permite a estas entidades territoriales la administración y control del tributo, a saber: el recaudo, la fiscalización, proferir liquidaciones oficiales, la discusión, el cobro y la devolución del impuesto(14).
“Por otra parte, ya que el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares constituye una renta de carácter nacional cedida a los departamentos y al Distrito Capital, quien está legitimado para configurar todos sus elementos y el régimen de exenciones no son las entidades territoriales sino el Congreso. Así se infiere de los artículos 150.12 y 338 de la Carta. Ahora, el hecho que esa renta sea cedida, por mandato de la ley, a los departamentos para que estos los destinen a salud y a financiar el deporte, no altera esa realidad; es decir, esa cesión no la convierte en una renta de carácter territorial.
Si ello es así, no concurre ningún fundamento para afirmar que el legislador contrarió el principio de autonomía de las entidades territoriales al disponer que las exenciones del IVA establecidas o que se establezcan no aplicarán en ningún caso respecto del IVA de cervezas y licores cedidos a las entidades territoriales pues estas no tienen la facultad de configurar el régimen de exenciones de una renta nacional. Por el contrario, esa fue una decisión legítima que hace parte de su ámbito de competencia y que se orienta a garantizar que los recursos que reciben los departamentos por ese concepto no resulten disminuidos por aplicación del régimen de exenciones del IVA” (resaltado de la Sala).
1. REVÓCASE la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte considerativa e este proveído. En su lugar:
2. RECONÓCESE personería a la abogada Beatriz Elena Henao Giraldo, para actuar en representación del departamento de Caldas, en los términos del poder que le fue conferido.
(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, Expediente 18800.
(3) Sobre el tema se puede consultar, igualmente, la providencia del 22 de julio de 2011, Expediente 470012331000201100022-01 (40877), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(4) El impuesto de timbre nacional sobre vehículos automotores se creó en el Decreto 1593 de 1966, modificado por el numeral 2º del artículo 14 de la Ley 2ª de 1976 y regulado igualmente por el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 3674 de 1981, normas que, a su vez, fueron compiladas en los artículos 111 y 112 del Código de Régimen Departamental (D.L. 1222/86). En los literales a) y b) del artículo 111 se señalaron las tarifas de los vehículos particulares, incluidas las motocicletas con motor de más de 185 cc de cilindrada. El artículo 112, a su vez, estableció los vehículos que quedaban exentos del impuesto previsto en el artículo 111. El literal b) exceptuó del impuesto a “Los vehículos de propiedad de entidades de derecho público”. La Ley 14 de 1983, en el artículo 50, reiteró las tarifas del impuesto de vehículos y, en el literal b) del artículo 51, consagró nuevamente como exentos del impuesto “Los vehículos de propiedad de entidades de derecho público”.
(5) El impuesto de circulación y tránsito, revivido por el artículo 49 de la Ley 14 de 1983, ya que fue creado por el Decreto 1593 de 1966 y adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968, se trataba de un tributo municipal de carácter indirecto que gravaba el hecho de la circulación o rodamiento de un vehículo en su territorio. La Ley 14 de 1983 unificó las bases gravables y las tarifas, evitando competencias entre los municipios, al establecer que el impuesto se cobraría sobre el valor comercial del vehículo, que se registre en la respectiva factura. La tarifa única anual fue fijada en el dos por mil de su valor comercial. Su parágrafo aclaró que continuaban vigentes las normas expedidas por los concejos municipales en cuanto a los vehículos de servicio público, así como las que hubieren decretado exenciones del mismo. El citado artículo 49 de la Ley 14 de 1983 fue compilado en el artículo 214 del régimen político municipal (D. 1333/86).
(7) ART. 300.—Modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1996. Corresponde a las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas:
(9) Así se ha tratado, entre muchas otras, en las sentencias del 24 de noviembre de 2000, Expediente 10889, M.P. Daniel Manrique Guzmán; del 16 de marzo de 2001, Expediente 10669, M.P. Germán Ayala Mantilla, y del 4 de septiembre de 2008, Expediente 16850, M.P. Ligia López Díaz.
(10) Además de las sentencias citadas en la nota 5, puede verse la sentencia del 15 de octubre de 1999, Expediente 9456, M.P. Julio E. Correa Restrepo.
(11) Sentencia C-992 de 2004 de la Corte Constitucional.
(12) ART. 294.—La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317.
(13) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 7 de abril de 2011, Expediente 250002327000200600562-01 (16949), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(14) Artículo 147.

References: artículo 127
 artículo 139
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 111
 artículo 112
 artículo 111
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 214
 artículo 2
 artículo 317
 Artículo 147