Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831183.html
Timestamp: 2019-11-22 05:34:56+00:00

Document:
as201831183
Auto Supremo Nº 183
Expediente : 574/2017
Demandante : Isabel Mitma Arias
(Vda. de José Flores Ancasi)
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 171 a 174, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 194/17 de 11 de agosto de 2017, de fs. 166 a 167, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en la revisión de renta única de vejez, otorgada a José Flores Ancasi; el memorial de respuesta al recurso, cursante de fs. 176 a 177; el Auto de 30 de octubre de 2017, a fs. 178, que concedió el recurso; el Auto de 21 de febrero de 2018 (fs. 187), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:
La Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto mediante la Resolución Nº 2714 de 15 de junio de 2015, cursante de fs. 125 a 129, resolvió suspender definitivamente la renta básica de vejez, otorgada a favor de José Flores Ancasi, en consecuencia suspender también, la renta única de viudedad, otorgada a favor de la derechohabiente Isabel Mitma Arias; asimismo, que la Unidad de Revisión de Rentes debe determinar el monto indebidamente cobrado, y la Unidad Jurídica, proceder a la recuperación de lo indebidamente cobrado.
Ante la interposición del recurso de reclamación por la derechohabiente, de fs. 137 a 138, el Directorio General Ejecutivo y el Jefe de la Unidad Jurídica del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 736/15 de 9 de octubre de 2015, cursante de fs. 143 a 147, confirmó la Resolución Nº 2714 de 15 de junio de 2015, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones, por encontrarse dictada conforme las disposiciones legales que rigen la materia.
En conocimiento de la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, la beneficiaria interpuso recurso de apelación, de fs. 155 a 156; que fue resuelto por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 194/17 de 11 de agosto de 2017, de fs. 166 a 167, revocando la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 736/15 de 9 de octubre de 2015, dejando sin efecto la Resolución Nº 2714 de 15 de junio de 2015; disponiendo se proceda a la restitución de la renta única de viudedad y sea a partir de la suspensión indebidamente dispuesta por el SENASIR.
II. ARGUMNETOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:
En conocimiento del señalado Auto de Vista, el SENASIR formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 171 a 174, señalando lo siguiente:
El Auto de Vista recurrido, no considera los presupuestos legales que se constituyen en requisitos sine qua non para la otorgación de rentas, tales como los 180 aportes requeridos y la edad de 55 años para varones, conforme estable el art. 23 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), y con la facultad revisora con la que cuenta el SENASIR, a través de los arts. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), 5 inc. d) del D.S. 27066 de 6 de junio de 2003 y el 9 del D.S. 27991 de 28 de enero de 2006, se ha podido verificar que la fecha de nacimiento de José Flores Ancasi, corresponde al 27 de agosto de 1954, por lo que contaba con la edad de 41 años a la fecha de inicio de la renta y 42 a la fecha de corte del Sistema de Reparto, situación que no le permite acceder al beneficio de renta de vejez, razón por la que se suspendió este beneficio, y consecuentemente la suspensión de la renta de viudedad de su derechohabiente.
Se arribó a esta conclusión a partir de la documentación que cursa en antecedentes, como el informe O.J.I. Nº 143/2010 de 10 de mayo, de la Corte Nacional Electoral, a fs. 116, el reporte de consulta de matrimonio el Servicio de Registro Cívico (SERECI) a fs. 118, el reporte de consulta de nacimiento del SERECI, a fs. 119, así como la fotocopia legalizada del formulario de afiliación y reingreso del trabajador de la Caja Nacional de Salud (CNS), a fs. 66; documentos que establecen como fecha de nacimiento del asegurado, el 27 de agosto de 1954, de tal forma no cumple con los requisitos para acceder a la renta de vejez, incurriendo el Tribunal de apelación en un error de hecho en la apreciación de las pruebas, al basar su decisión en la falta de consistencia legal de los reportes del SERECI de fs. 118 y 119, documentos emitidos en función al convenio interinstitucional entre entidades públicas, conforme dispone la Ley Nº 018 de 16 de junio de 2010, en su art. 70; y no se toma en cuenta el informe O.J.I. Nº 143/2010 de 10 de mayo, que se encuentra legalmente expedido por la autoridad competente, estableciéndose la única partida de nacimiento a nombre de José Flores Ancasi, que registra la fecha de nacimiento de 27 de agosto de 1954, esta falta de valoración incide en la decisión errada del Tribunal de apelación que señala que el asegurado cuenta con la fecha de nacimiento el 27 de agosto de 1940.
No se consideró, que el SENASIR no solo tiene la facultad de revisión sino también la de exigir la devolución o restitución total de las cantidades indebidamente percibidas y en aras de precautelar los intereses económicos del Estado, el art. 8 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado, en concordancia con los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley Nº 1178, señalan que el sistema de control gubernamental interno de cada entidad pública, tiene por objetivo promover el acatamiento de las normas y proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores; en virtud a ello el SENASIR debe recuperar las prestaciones pecuniarias otorgadas en forma indebida.
Solicita que, deliberando en la fondo se CASE el Auto de Vista Nº 194/17 de 11 de agosto de 2017, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y se confirme en su totalidad, la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 736/15 de 9 de octubre de 2015.
Para dilucidar la presente problemática es necesario recordar que el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. (…) IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”; así también, su art. 13.I determina que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”; en concordancia con el art. 109.I de esta ley fundamental, que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".
En ese orden, de la revisión del compilado normativo constitucional señalado, se puede evidenciar que el art. 45 referido a los derechos a la seguridad social, inmerso en el Capítulo Quinto de la Primera Parte denominado Derechos Sociales y Económicos, en la Sección II, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social; y, en el parágrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo; llegando los derechos a la seguridad social a gozar de una regulación constitucional propia, buscando proteger la vejez y la subsistencia del asegurado, a través de una Renta, al respecto la SCP Nº 0280/2012 de 4 de junio, señalo que la jubilación (la renta otorgada) protege “…a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales…”, renta que debe otorgarse bajo los principios señalados, cuando se cumplieron los requisitos impuestos para obtenerla, dándose siempre prevalencia a la verdad material, a la realidad de los hechos, conforme al art. 180-I de la CPE.
Dentro del marco de lo señalado precedentemente, en cuanto a los argumentos del recurso de casación en el fondo, se determina que:
El art. 45 del Código de Seguridad Social (CSS) establece, entre otras, condiciones respecto al derecho a la renta de vejez, como acreditar no menos de 180 cotizaciones mensuales y haber cumplido la edad de 55 años para los varones; en el mismo sentido, se tiene también señalado por los arts. 23 y 24 del MPRCPA; ahora, según la entidad recurrente, José Flores Ancasi, no podría acceder a la renta única de vejez en el Sistema de Reparto, por no contar con la edad requerida, porque se hubiese demostrado con la documental cursante a fs. 66, 116, 118 y 119, que la fecha de nacimiento del mismo, es de 27 de agosto de 1954, y no así, la de 27 de agosto de 1940.
Se debe tener presente que, mediante Resolución Nº 9553 de 13 de mayo de 1996, cursante a fs. 85, se otorgó a favor de José Flores Ancasi, una renta básica de vejez, al haber acreditado 212 cotizaciones y la edad de 55 años, es decir, por tener acreditado los aportes que así lo ameritan y acreditar tener la edad pertinente para gozar de este derecho constitucional; posterior a ello, ante el fallecimiento del beneficiario, mediante Resolución Nº 8333 de 14 de mayo de 1988, se resolvió otorgar a favor de Isabel Mitma Arias, renta de viudedad, en su condición de derechohabiente del asegurado.
En consecuencia, se advierte que el entonces asegurado de la renta única de vejez, José Flores Ancasi, contaba con las cotizaciones requeridas para hacerse acreedor a la renta básica de vejez, -que le fue otorgada- y demostró con prueba documental, consistente en el certificado de nacimiento y de matrimonio entre otros documentos, que contaba con la edad para el efecto, y que la fecha de su nacimiento es el 27 de agosto de 1940, conforme acredita el certificado de nacimiento de fs. 74, el certificado de matrimonio de fs. 73, que señala como fecha de nacimiento del esposo -José Flores Ancasi- el 27 de agosto de 1940, y el certificado de defunción en copia legalizada cursante a fs. 11, perteneciente al beneficiario, que establece como fecha de su nacimiento el 27 de agosto de 1940.
En ese entendido, los documentos indicados por la entidad recurrente, como el formulario de afiliación a la CNS (fs. 66), los reportes impresos por el SENASIR (fs. 118 y 119), así como el informe O.J.I. Nº 143/2010 de 10 de mayo, no determinan la falsedad de las certificaciones anteriormente indicadas (certificados de nacimiento, matrimonio y defunción); habiendo acreditado el entonces asegurado, la fecha de su nacimiento -y con ello su edad- a través de un certificado idóneo; por lo que, no se puede considerar que no le corresponde la renta de vejez que se le otorgó, y por ende, suspender la renta de viudedad de su derechohabiente, mientras no se demuestre que estas certificaciones, donde se acredita la edad del entonces beneficiario, sean falsas, ya que la valides de los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción que armónicamente demuestran como fecha de nacimiento de José Flores Ancasi, fueron extendidos por la entidad estatal encargada para ello, lo contrario sería desmerecer no solo el derecho del beneficiario, sino la credibilidad de las certificaciones publicas efectuadas por el Estado a través de sus administradores y entidades encargadas de regular esa actividad estatal; además, en materia de seguridad social, existen preceptos constitucionales que están establecidos bajo principios fundamentales propensos a precautelar el bienestar de las personas, como una obligación del Estado de salvaguardar el capital humano y sus derechohabientes, y que puedan contar con una renta, y los mecanismos o procedimientos instituidos para el reconocimiento de este derecho, deben ser interpretados y aplicados conforme la Constitución, asumiendo a este objeto los principios constitucionales señalados al exordio; así también se debe considerar los principios de proteccionismo y favorabilidad con los que se cuenta en esta materia, debiendo ante la duda (que no la hay porque se debe presumir siempre la valides del certificado de nacimiento, así como del de matrimonio y de defunción) inclinarse siempre en favor del asegurado y por derecho extensivo a la derechohabiente.
Y no se puede asumir tácitamente la falsedad de las certificaciones señaladas, toda vez que la determinación de la falsedad de un documento, debe ser resuelto en proceso contradictorio que cuente con sentencia judicial ejecutoriada, del mismo modo, el informe emitidos por el SERECI, no es idóneo para acreditar la falsedad de un documento público, por lo que no pueden ser usados como fundamento para justificar la desestimación de la renta de vejez, y la suspensión de la renta de viudedad otorgada a través de la primera a la derechohabiente del entonces beneficiario, privándole a la asegurada adulto mayor a percibir una prestación económica imprescindible que le garantice una vida digna de manera pronta y oportuna, cuando se demostró a través de documentos públicos, como el certificado de nacimiento, la edad del asegurado, cumplimento así con los requisitos extrañados por el SENASIR en la verificación efectuada.
Lo referido en los párrafos precedentes, no significa la negación del deber que tiene el SENASIR, de fiscalizar y controlar que las prestaciones otorgadas por el Sistema de Seguridad Social en el Régimen de Largo Plazo, hayan sido otorgadas de acuerdo a ley; pero, debe ejercitarlo en el marco del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, tal como prevé el art. 115-II y 117-I de la CPE y el art. 10 de la RM 266 de 25 de mayo de 2005, que faculta al SENASIR: “En los casos en que se evidencie la comisión de delitos o fraude procesal el SENASIR, deberá iniciar las acciones legales que corresponda y proceder a la recuperación de los cobros indebidos”, en ese marco, si el SENASIR consideraba que el documento de nacimiento fuera falso, debió denunciar este acto ilícito ante la autoridad competente.
De tal manera, conforme a lo considerado, se concluye que el Auto de Vista traído en revisión no transgrede ni vulnera los arts. 23 del MPRCPA, 477 del RCSS, 5 inc. d) del D.S. 27066 de 6 de junio de 2003 y el 9 del D.S. 27991 de 28 de enero de 2006, como tampoco otros preceptos señalados; por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, conforme al principio de la favorabilidad y proteccionismo de quien fue trabajador, en base a la búsqueda verdad material como primacía de la correcta impartición de justicia, y respeto a los derechos consagrados en nuestra ley fundamental.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 171 a 174, interpuesto por el SENASIR representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros.

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