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Timestamp: 2020-08-06 12:48:58+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 72, de 17/09/2008
Año 2008 IX Legislatura Núm. 72
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PERE MACIAS ARAU
Sesión núm. 3 celebrada el miércoles 17 de septiembre de 2008
- Sobre la crisis del sector de la construcción. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per catalunya Verds. (Número de expediente 161/000354.)... (Página 2)
- Relativa a la necesidad de equiparar los programas de rehabilitación de vivienda de Galicia a las ventajas fiscales de los programas estatales.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000272.)... (Página 5)
- Sobre financiación con cargo al Programa de Vivienda Joven en alquiler incluido en el Plan de Vivienda 2005-2008, de la construcción de viviendas universitarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000201.)... (Página 9)
Sobre dotación a los ayuntamientos de la capacidad financiera suficiente que les permita impulsar el desarrollo de los suelos destinados a viviendas sujetas a cualquier régimen de protección. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000247.)... (Página 10)
- Relativa a la revisión de los impuestos que gravan la vivienda y que inciden negativamente en su precio. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000248.)... (Página 12)
- Sobre medidas para dinamizar el mercado de alquiler y de dotar al contrato de arrendamiento de la flexibilidad y seguridad jurídica de la que hoy carece. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000249.)... (Página 15)
- Por la que se insta al Gobierno a agilizar los trámites para el reconocimiento y pago de la renta básica de emancipación otorgada por el Ministerio de Vivienda. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió). (Número de expediente 161/000380.) .... (Página 18)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar inicio a la Comisión con unas cuestiones de orden, si les parece bien, que ya hemos comentado con los portavoces.
En primer lugar, vamos a seguir el criterio de tiempos del Pleno para proposiciones no de ley, es decir, el grupo proponente va a tener siete minutos, los enmendantes cinco minutos y el resto de grupos también cinco minutos. Como hemos comentado con los portavoces, vamos a seguir el mismo criterio respecto al orden que en el Pleno, es decir, proponente, enmendante y grupos de menor a mayor.
Segunda cuestión, la estimación es de media hora por cada una de las proposiciones no de ley. Tenemos siete, que serían tres horas y media. Yo creo que se procedería a las votaciones no antes de las siete.
Finalmente ha sido solicitado por distintos portavoces un cambio en el orden del día que, si les parece bien, sería el siguiente. En primer lugar, la proposición no de ley 6ª, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; en segundo lugar, la 5.ª, del Grupo Parlamentario Mixto, y luego seguiríamos el orden normal, la del Grupo Socialista, las tres del Grupo Parlamentario Popular y finalmente la del Grupo Parlamentario Catalán. ¿Están de acuerdo los señores Portavoces? (Pausa.)
- SOBRE LA CRISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000354.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre la crisis del sector de la construcción, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer el cambio del orden del día que permite a mi grupo, por una parte, presentar brevemente esta iniciativa y, casi al mismo tiempo, estar en la Comisión de Defensa que comienza dentro de unos diez minutos. Voy a presentar brevemente esta proposición no de ley, primero, porque se explica en su exposición de motivos y en su parte dispositiva y no necesita mayor aclaración; en segundo lugar, porque tengo dudas, desde la decisión del Senado, de que tengamos interlocutor, ya que no tenemos Ministerio de Vivienda; y en tercer lugar, porque sé que no consta por parte de los grupos parlamentarios un apoyo a esta iniciativa parlamentaria, toda vez que parece ser que por diversas razones en algunos casos se pretende el mantenimiento de la misma política de vivienda y en otros la misma política de vivienda pero más fuerte. La posición de nuestro grupo parlamentario es claramente divergente. Creemos que en un momento como el actual de crisis, nuestra crisis también es importante, no solamente la crisis internacional, y dentro de nuestra crisis específica está la crisis del sector de la vivienda, del urbanismo y del medio ambiente. En ese sentido creemos que hay que hacer compatible medidas de reactivación del sector con medidas del cambio en el modelo urbanístico y en las políticas de vivienda. En ese sentido va la iniciativa que presentamos, una iniciativa que polemiza con respecto a los apoyos a las empresas de vivienda, las más beneficiadas a lo largo de los últimos tiempos del proceso especulador, y que, sin embargo, pretende, como decía antes, hacer compatible, por una parte, iniciativas que reactiven el sector, fundamentalmente en materia de rehabilitación de vivienda, y por
otra, también iniciativas que cambien el modelo, un modelo que ha estado basado en una sobreproducción de vivienda y en una falta de vivienda para uso, que es una contradicción en sí misma, y deberíamos centrarnos en los próximos años en que coincidiera esa producción de vivienda y la necesidad de uso de los ciudadanos. Por tanto, proponemos, en primer lugar, mejorar la financiación municipal para liberar al urbanismo de la presión que supone la falta de recursos del ámbito municipal en nuestro país. En segundo lugar, que en el ámbito del Estado se aplique y se desarrolle la Ley del Suelo y el texto refundido, y que en colaboración con las comunidades autónomas se homogeneicen en el conjunto del Estado los mínimos comunes que definen el régimen de vivienda protegida, que nos parece muy importante en nuestro país, con el objetivo de elevar la producción de vivienda protegida hasta llegar al máximo en una primera fase en torno a un porcentaje del 40 por ciento. Asimismo, proponemos impulsar de forma decidida las políticas de rehabilitación con criterios de eficiencia energética y de regeneración urbana, incluyendo entre ello la movilización de la vivienda vacía. Por otra parte, proponemos modificar la política fiscal para pasar de favorecer la compra a favorecer y primar el alquiler. Por último, proponemos incrementar progresivamente la participación de la comunidad en las plusvalías que se producen, no como ocurre en estos momentos que da la impresión de que la plusvalía se transforma únicamente en un bien privado. Creemos que se genera de forma pública y debe revertir también al ámbito de la comunidad. Este es el sentido de nuestra iniciativa. Hemos tenido dudas con respecto a ella, por una parte, porque a tenor de la iniciativa del Senado parece que no hay Ministerio de la Vivienda o no hay voluntad de que ese ministerio se mantenga, y, por otro lado, porque sabemos que en esta materia entre los grupos parlamentarios no hay coincidencia con respecto a nuestra iniciativa. En todo caso, la defendemos con la voluntad de que entre en el debate parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra por cinco minutos el señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: La verdad es que esta proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo de Esquerra Republicana de Catalalunya-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds casi me atrevería a decir que no es una novedad, ya que son muchos meses los que de una manera u otra hemos venido advirtiendo una palpable crisis del sector de la construcción y lo que ello conlleva, que no es otra cosa que un fuerte desempleo y una manifiesta subida de las hipotecas. No voy a ser yo, ni mucho, quien no comparta con ustedes la preocupación por el impacto sobre el crecimiento y el empleo que está teniendo esta crisis económica y particularmente sobre el sector de la construcción, pero creo que es también justo reconocer que el Gobierno, una vez más, llega tarde a intentar dar una solución. Hace ya algunos meses mi grupo parlamentario, señor presidente, a través de su portavoz presentó una serie de iniciativas, de propuestas para paliar y superar la actual situación de crisis que atraviesa la construcción y la vivienda. La sensación, y creo que es la realidad, es que el Gobierno ha desechado, una vez más, cualquier apoyo y medida que provenga de la oposición y entiendo que este no sería un mal momento para proponer y alcanzar un acuerdo nacional en materia de vivienda. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo sinceramente que este problema, que es difícil, requiere del esfuerzo de todas las fuerzas políticas y sociales. Porque no se puede actuar con ocurrencias, como ha sucedido en el pasado, ni con improvisaciones, ni inventándose medidas de un día para otro. Hace falta más realismo, planteamientos serios y acuerdos ante un objetivo que parecía exagerado llamarlo nacional, pero no lo es y más después de lo que está ocurriendo durante estos últimos meses. Por ello deben ser también las distintas administraciones las que deben de jugar un papel importante: los ayuntamientos, con su disposición sobre el suelo, las comunidades autónomas, promoviendo nuevos marcos legales, y el Gobierno español, proponiendo la modificación de distintas leyes que hagan posible la solución a esta situación crítica que atravesamos.
También es verdad que, aunque la preocupación abarca muchos planteamientos, hay uno que destaca por encima de cualquiera y que no es otro que las dificultades que ya están atravesando muchas familias españolas a la hora de abonar sus préstamos hipotecarios, a la hora de llegar a final de mes o a la hora de mantener un puesto de trabajo. Eso no se nos debe olvidar. Por ello, no cabe en este momento que quien tiene la responsabilidad de trabajar, de dirigir y de tomar decisiones se escude, como lo está haciendo tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Economía, en el precio del petróleo, la crisis en Estados Unidos o en quién marca o fija el Euribor. Los ciudadanos necesitan soluciones y no excusas, necesitan actividad y capacidad para resolver sus problemas, en suma, necesitan, como decía mi portavoz hace escasas fechas, que se adopten medidas diferentes en situaciones diferentes.
Hoy varios diputados nos presentan una proposición, que no seré yo quien la tache de malintencionada, bajo su prisma político, pero sinceramente no creo que esas propuestas sean en su conjunto, ni por separado, una solución real a la crisis de la construcción en España. Por ello hemos decidido presentar una enmienda de sustitución que creemos, señorías, que se ajusta mucho más a la realidad, que puede hacer posible recuperar la confianza y mejorar muy mucho este sector. Medidas dirigidas a incrementar la capacidad adquisitiva, la protección y ayuda a las familias con hipotecas para la adquisición de su vivienda habitual; medidas encaminadas a impulsar el desarrollo de los suelos destinados a viviendas sujetas a cualquier régimen de protección; medidas que incrementen los objetivos de construcción de viviendas a precio asequible; otras también dirigidas a reducir la carga fiscal que grava en estos momentos a
la vivienda y que inciden negativamente en el precio u otras que en relación con la política de crédito oficial mejoren el acceso al crédito de las pymes.
Está claro que algo hay que cambiar; está claro que algo hay que proponer; está claro que la política de vivienda, en definitiva, la política sobre el sector de la construcción del Partido Socialista, ha fracasado. Pero creo también, y esa es y debe ser nuestra esperanza, que tiene solución.
Por eso hemos querido presentar, como decía con anterioridad, esa enmienda de sustitución que contribuya de una forma real no solo a salir de esta situación de crisis a la construcción sino también a proteger a las familias del impacto de las subidas de los tipos de interés o promover que la construcción mantenga su aportación al crecimiento económico y al empleo. Esta y no otra es nuestra verdadera intención, porque han sido, señorías, demasiadas ministras, demasiados planes, excesiva propaganda y fracasadas sociedades; y es que todo ello, señorías, no ha contribuido, al día de hoy, a una nueva política de vivienda que dé respuesta a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO CASTRILLO: En primer lugar debo decir que mi grupo reconoce la existencia de una crisis en el sector de la construcción que pone en claro riesgo el modelo económico de nuestro Estado y que entiende como necesario un análisis que pretenda dibujar la realidad del sector para, a continuación, buscar posibles salidas a la recesión que padece.
No podemos negar que el sector de la construcción en el pasado reciente ha sido motor de la economía española y, sin embargo, hoy ha pasado a convertirse en uno de los agentes principales en la escena de la delicada situación por la que atraviesa nuestro país. Por ello resulta muy oportuno plantear en esta Cámara, para que lo abordemos los representantes de los españoles y de las españolas, el debate sobre las causas y sobre los diferentes factores que han jugado un papel importante en la creación de dicho escenario. En ese sentido, SS.SS. estarán de acuerdo con nosotros en que el modelo urbanístico que heredamos de los gobiernos populares estimulaba sin mesura la construcción de viviendas y el desarrollo monstruoso del negocio inmobiliario, generando, eso sí, cuantiosos beneficios a las empresas del sector, tampoco podemos negarlo, empleo poco estable y, a las pruebas me remito, poco cualificado. En este afán, no es muy difícil llegar a la conclusión de que, a falta de una legislación poco restrictiva, se pasaban por alto los criterios sobre uniformidad paisajística, sobre respeto al medio ambiente y se obviaba la finalidad social que debe tener, ahora no cabe ninguna duda, la explotación del suelo público. El crecimiento exponencial del precio de la vivienda hasta límites insospechables ha sido otra de las graves consecuencias de la mala gestión pública del suelo, comprometiendo de forma decisiva el acceso a la vivienda de un gran número de españoles y españolas, especialmente el de los colectivos con más dificultades.
En resumen, el sector que nos ocupa ha sido durante los últimos años uno de los pilares que sostenía el sistema económico español, pero ahora, después de haberse expuesto a la sobreexplotación, sus recursos están muy cerca del agotamiento y, como consecuencia, se hace necesario actuar desde las administraciones públicas para evitar que se precipite al vacío, con todo lo que ello significa. Es decir, urge el establecimiento de nuevos patrones de crecimiento que reimpulsen el sector, pero con arreglo a las necesidades y exigencias de nuestra sociedad actual; urgen medidas como las que ya ha aprobado y puesto en funcionamiento el Gobierno del Estado para evitar el desplome del sector y el agravamiento de la crisis, sin que eso signifique la transferencia de gran cantidad de recursos públicos hacia el sector empresarial. Precisamente con ese objetivo, esta Cámara aprobó la Ley del Suelo en la pasada legislatura; una ley que, como decía anteriormente, establece las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo en todo el territorio del Estado y que se apoya por primera vez en el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
En esta proposición se insta al Gobierno a dotar a los municipios de capacidad financiera suficiente para impulsar el desarrollo del suelo destinado a vivienda protegida en el marco de la reforma de la financiación local. Como idea general debe señalarse que cualquier medida normativa que suponga la alteración del actual régimen de financiación local debería integrarse dentro del debate general que se pueda abrir para analizar la reforma del sistema, no debiendo tratarse de manera aislada y anticipada la fiscalidad que grava sólo una parte de los inmuebles. En cualquier caso, la propuesta no se ajusta a la realidad de la estructura financiera de los municipios, ya que se deja entrever que la principal fuente de financiación procede de la actividad urbanística.
En definitiva, el marco de la reforma de la financiación local no parece el adecuado para abordar el problema que plantea la iniciativa presentada, cuya solución se podría instrumentar a través de las actuaciones correspondientes de políticas urbanísticas que puedan desarrollar las comunidades autónomas.
Asimismo, tenemos que decir que en contra de lo que parece presuponerse en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, todas las administraciones autonómicas han asumido competencias exclusivas en el ámbito de la vivienda. Efectivamente, en virtud del equilibrio de competencias constitucional y estatutario, la incidencia del Estado respecto al fomento de actividades en materia de vivienda encuentra justificación por sus atribuciones, tanto sobre las bases de la planificación y la coordinación de la actividad económica, como sobre las bases de la ordenación del crédito, residiendo en las comunidades autónomas la competencia general en materia de vivienda. En este sentido,
y dejando a un lado medidas de apoyo indirecto a la financiación de la vivienda habitual, como es el caso de la política fiscal, la actuación del Gobierno del Estado mediante medidas directas se viene articulando a través de los planes plurianuales de vivienda, los cuales requieren su adaptación a la diversidad y necesidades de cada territorio autonómico.
Respecto a la financiación de los planes estatales, se realiza, en primer lugar, dentro del marco consensuado con cada Administración autonómica y de los límites de los recursos presupuestarios aportados por el Estado.
En segundo lugar, a través de la concesión de préstamos sin comisiones para diferentes modalidades de actuaciones protegidas. Paralelamente, al margen de las obligaciones y de los derechos mutuos establecidos en estos convenios de colaboración entre Estado y comunidades autónomas, las administraciones autonómicas, es obvio, pueden tener establecidas medidas complementarias con cargo a sus propios presupuestos.
En cuanto al establecimiento en el conjunto del Estado de unos mínimos comunes que definan los regímenes de viviendas protegidas en lo que respecta a la aplicación del plan estatal 2005-2008, instrumento básico de la política de vivienda protegida estatal, ya se realiza en el propio plan. No se entiende, sin embargo, la relación existente entre la normativa reguladora de los distintos regímenes de viviendas protegidas con el objetivo que se cita en la proposición no de ley de elevar la producción de vivienda protegida hasta llegar a un porcentaje del 40 por ciento. La renovación del parque de vivienda constituye una prioridad para nuestro grupo, no solo por su importancia económica y ambiental sino también por la social. Por este motivo apoyamos la iniciativa del ministerio de abordar un programa de intervención en el parque edificado residencial destinado a mejorar la accesibilidad de estas viviendas y su eficiencia energética y para coadyuvar a que se alcance un equilibrio razonable en la actividad del sector de la construcción, diversificándola entre la rehabilitación y la construcción de obra nueva. El Plan Renove que se está desarrollando de forma coordinada con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y con el Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que será presentado en el Consejo de Ministros antes de finalizar el año 2009, contará con la participación de los agentes económicos y sociales y contempla la rehabilitación energética de medio millón de viviendas y edificios.
Como medidas fiscales, se propone la mejora del tratamiento fiscal de la vivienda protegida. En el ámbito local existen beneficios fiscales a favor de las viviendas de protección oficial equiparables a estas conforme a la normativa autonómica. Así, en el impuesto sobre bienes inmuebles se establece una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del impuesto durante los tres períodos impositivos siguientes al otorgamiento de la calificación definitiva de aquellas viviendas. Por otro lado, he de reiterar la posición que viene manteniendo mi grupo en relación con la fijación de un régimen específico que penalice la viviendas desocupadas y, en concreto, la posibilidad de establecer un recargo en el IBI. Cabe recordar que existen serias dificultades para definir con la debida precisión lo que debe entenderse por vivienda desocupada, lo que puede dar lugar a la aparición de un supuesto de inseguridad jurídica, no admisible en la aplicación de los tributos, al tiempo que parece legítimo dudar de que medidas como esta estimulen realmente el mercado del alquiler, como fue su propósito inicial.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que concluya.
El señor MORENO CASTRILLO: Voy acabando.
En último lugar, el Grupo Parlamentario Socialista considera que la actual legislación marca unos límites adecuados en la consideración del porcentaje de suelo libre de cargas que debe ser entregado a la Administración competente con destino al patrimonio público de suelo. En este sentido, cabe señalar que la nueva Ley del Suelo impone un aumento de la participación de la comunidad en las plusvalías, situando ésta en una horquilla entre el 5 y el 15 por ciento, dejando en manos de las comunidades autónomas la responsabilidad de marcar el porcentaje último.
Y, por supuesto, rechazamos de forma rotunda el argumento que pretende conseguir que la Administración competente adquiera el total de la plusvalía generada como consecuencia de la actividad urbanística.
Por todo lo anterior concluyo que, aun considerando adecuadas algunas de las medidas generales incluidas en la proposición no de ley, la práctica totalidad de las mismas en lo referente a las funciones atribuidas ya han sido tomadas en consideración por el Gobierno del Estado dentro de los márgenes que le permite su marco competencial propio, así como por el Ministerio de la Vivienda, que sigue funcionando de forma magnífica, a pesar de lo expresado en el Senado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, por su esfuerzo lector.
El señor portavoz del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds me ha comunicado antes de irse, aunque tendrá que ratificarlo antes de la votación, que no va a aceptar la enmienda del Partido Popular. No sé si esto sorprende a sus señorías.
En cualquier caso, se lo haremos ratificar antes de la votación.
RELATIVA A LA NECESIDAD DE EQUIPARAR LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE GALICIA A LAS VENTAJAS FISCALES DE LOS PROGRAMAS ESTATALES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000272.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5, correspondiente a la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Voy a procurar ser breve y en cualquier caso ajustarme al tiempo establecido, no sin antes pedir disculpas a los miembros de la Comisión, dado que por otros compromisos que también tengo que atender, una vez sustanciado el debate de esta proposición no de ley, tengo que ausentarme de los trabajos de la Comisión.
Entrando ya en materia, la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego propone dos cuestiones en su parte resolutiva. En primer lugar, incluir dentro de los objetivos del Plan estatal de Vivienda 2005-2008 todas las actuaciones de rehabilitación calificadas por la Comunidad Autónoma de Galicia y, en segundo lugar, realizar los cambios legales necesarios para que las actuaciones de rehabilitación de viviendas acogidas a planes autonómicos cuenten con el mismo grado de protección fiscal que las acogidas a los planes estatales de vivienda. La razón que fundamenta estas proposiciones es que con la legislación actual y su desarrollo reglamentario, mientras las deducciones para las adquisición de vivienda casi operan automáticamente, no ocurre lo mismo con la rehabilitación de la vivienda actual, al establecerse reglamentariamente unas condiciones que dejan al margen muchas actuaciones contempladas al amparo de los planes autonómicos. El ejemplo lo tenemos en Galicia. Según datos que el propio Ministerio de Vivienda reconoce, las actuaciones en materia de rehabilitación en Galicia superan ampliamente los objetivos fijados en los distintos programas del actual plan estatal, pero aún así hay muchas actuaciones al amparo de la normativa autonómica en nuestro país que no se pueden beneficiar de estas deducciones fiscales.
Entendemos que todo ello es incongruente, y lo es, desde nuestro punto de vista, por cinco motivos. En primer lugar, porque las políticas de vivienda en gran medida están transferidas. Por eso consideramos que no es lógico que no se contemplen las deducciones fiscales en actuaciones amparadas en el marco de planes autonómicos. En segundo lugar, porque la propia Constitución establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y, en cambio, en la práctica, parece fomentarse más la adquisición de una vivienda nueva que la rehabilitación de la vivienda habitual, muchas veces condición necesaria para la dignificación de la misma. En tercer lugar, porque en un contexto de crisis económica que castiga especialmente al sector de la construcción, entendemos que medidas que contribuyan al fomento de la rehabilitación pueden ser un elemento de reactivación económica del sector; eso, sin descuidar los criterios sociales a los que nosotros concedemos más importancia y a los que me referí anteriormente. En cuarto lugar, porque existe un importante parque de viviendas desocupadas que provoca un creciente deterioro de las mismas y nosotros entendemos que debe ser prioritaria la rehabilitación de las mismas y que sean viviendas de uso habitual antes que construir vivienda nueva y, por lo tanto, ofertar más vivienda nueva en el mercado. En quinto lugar, señorías, quiero que tengan en cuenta el impacto singular que todo esto tiene en nuestro país, en Galicia, donde existen gran cantidad de viviendas necesitadas de rehabilitación en nuestro medio rural. Un dato que siempre aportamos es que en Galicia, representando escasamente el 6 por ciento de la población total del Estado español, tenemos más de la mitad de los núcleos de población del país. Tenemos aún mucha población que reside en el medio rural y un parque de viviendas en el medio rural que en muchos casos necesita políticas ambiciosas de rehabilitación. Además tenemos importantes conjuntos históricos y es muy importante implementar políticas que luchen contra la despoblación del medio rural y la despoblación y degradación progresiva de los cascos históricos.
Estas son las razones por las que entendemos que nuestra propuesta es muy razonable. En cualquier caso, señorías, y ya concluyo, en interlocución previa a esta reunión de la Comisión de Vivienda el representante del Grupo Parlamentario Socialista planteó una serie de reparos al redactado de nuestra proposición no de ley, aportando una serie de argumento que nos parecen razonables. Por eso ya les anticipo que hemos aceptado una propuesta de transacción que daremos a conocer al término de este debate a la Mesa y por supuesto al conjunto de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: También hay enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Señora Arias.
La señora ARIAS RODRÍGUEZ: Quiero agradecer explícitamente a la Mesa y a los distintos grupos, en especial al grupo proponente, haber modificado el orden del día para poder dedicarme a otras labores parlamentarias.
Como todos ustedes saben, la igualdad entre todos los españoles, independientemente del territorio en que se viva, es un derecho constitucional y, desde mi punto de vista, un derecho irrenunciable, razón por la cual parece lógica la propuesta que el Grupo Mixto presenta hoy en esta Comisión de Vivienda en el sentido de que se realicen los cambios legales necesarios para que las actuaciones de rehabilitación de viviendas acogidas a planes autonómicos tengan exactamente el mismo grado de protección fiscal que las que se acogen a planes estatales.
Por lo que respecta al primer punto de la proposición, señor Jorquera, simplemente quiero hacerle dos apuntes. Tenga usted la seguridad que desde el Grupo Parlamentario Popular siempre vamos a apoyar aquellas iniciativas que supongan un beneficio para el conjunto de los ciudadanos y, por supuesto, para los gallegos. Por tanto, no seremos nosotros quienes pongamos trabas, sino todo lo contrario, para que se incluyan dentro de los objetivos de los planes estatales de vivienda todas las actuaciones
de rehabilitación calificadas por las comunidades autónomas. Pero, hecha esta afirmación, les recuerdo una vez más que ustedes, el BNG, son los responsables de la materia de vivienda en Galicia. Ustedes, además, son Gobierno en Galicia en coalición con el PSOE, y considero que, en beneficio de todos los gallegos, esta propuesta -hacia la que yo personalmente y el Grupo Parlamentario Popular en su conjunto sentimos mucho agrado por que venga a esta Comisión- ya debería estar negociada a estas alturas entre la señora Taboas, conselleira de Vivienda, y el ministerio, con lo que, señor Jorquera, tendríamos mucho camino andado.
Pensándolo se me ocurrieron solo dos razones para que esto no haya sido así. En primer lugar, la evidente falta de entendimiento entre ustedes, los miembros del BNG, y sus socios de Gobierno, el PSOE. Y en segundo lugar, la prepotencia de una conselleira, la señora Taboas, que siempre que puede rehúsa acudir a las reuniones sectoriales entre los responsables autonómicos de Vivienda y el ministerio, tal como este partido ya denunció en otras ocasiones. Pero la señora Taboas -perdónenme la expresión- va sobrada, y lo malo es que los gallegos somos los que pagamos las consecuencias; las consecuencias de un bigobierno que se dedica a la autopromoción personal y a las disputas, que lleva tres años perdidos y que hace que el balance en materia de vivienda en estos tres años sea realmente raquítico.
Ustedes hablan del volumen de rehabilitaciones integrales que llevan hecho. Mire, en el Gobierno del Partido Popular, con la Consellería de Vivienda del Partido Popular, con veintinueve áreas declaradas de rehabilitación en toda España éramos la comunidad autónoma con más áreas.
Ahora, el BNG, en su proyecto emblemático de la A Tinerla de Lugo, en tres años consigue comprar seis viviendas. El Partido Popular, en los tres años anteriores, había adquirido 69.
Pero no voy a seguir por esta línea. Simplemente voy a continuar con mi propuesta en positivo para decirle, por último, que por lo que respecta a la valoración global de la proposición no de ley que estamos debatiendo y sobre la que ya le dije en un primer momento que no será el Grupo Parlamentario Popular el que diga que no a todo tipo de mejoras que redunden en beneficio de los ciudadanos, echamos en falta que no se haya aprovechado esta oportunidad para incluir la solicitud de nuevas medidas fiscales a la compra o rehabilitación de vivienda habitual en su conjunto, que en un momento como el actual, de severa crisis económica, beneficiaría a las economías familias y, sin duda, serviría para dinamizar el mercado. El acceso a la vivienda se ha complicado fuertemente en los últimos tiempos. La cuota mensual media de un préstamos hipotecario se aproxima ya a los 900 euros mensuales, casi 400 más que en el año 2004. Y esta situación no solo provoca que la mayoría de los que quisieran tener una vivienda no la puedan adquirir -que ya es grave-, sino que muchos de las que la tienen adquirida con anterioridad tengan serias dificultades para pagarla, y esto es simplemente dramático.
El esfuerzo para la compra de vivienda ha pasado del 23 al 37 por ciento, lo que supone ya el 61 por ciento del PIB, tres veces más que hace cuatro años. Además, señorías, como ustedes conocen, la desaceleración económica española y el incremento del paro, como se dijo también en esta Comisión, tiene especial incidencia en el sector de la construcción. Por eso, para mejorar la situación, el Grupo Popular ya presentó ante el Pleno un paquete de medidas, de entre las que hoy traemos de nuevo la que se refiere al incremento de las deducciones fiscales para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual. Proponemos añadir un tercer punto a la PNL presentada en la siguiente dirección: incrementar la deducción fiscal por adquisición y rehabilitación de vivienda habitual, pasando del 15 por ciento actual hasta un 25 por ciento, y aumentar la base de deducción de los 9.015 euros hasta los 10.000. Con ello se conseguiría, por una parte, la reactivación del sector de la construcción y del sector inmobiliario, con el fin de fortalecer el dinamismo de la economía y la creación del empleo y, por otra, facilitar el acceso a la vivienda en las mejores condiciones posibles. Nosotros pedimos el apoyo a esta enmienda, porque entendemos que no se puede llevar una misma política fiscal con situaciones de macro y microeconomía muy distintas; los gobiernos están para tomar decisiones distintas cuando las situaciones son diferentes.
Me parece, como decía al principio, que llevamos perdidos tres años en cuanto a fiscalidad en las deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda. No dejen que sigamos perdiendo más tiempo, los españoles necesitan medidas urgentes, claras y contundentes, apoyen esta propuesta.
Nosotros ya les adelantamos que vamos a apoyar todo aquello que suponga medidas para los ciudadanos y con ello también esta PNL hoy aquí presentada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Señorías, déjenme decir primero es que para mí un honor intervenir por primera vez en esta Comisión. Quería empezar con un refrán castellano que dice: aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que parece ser que algunos diputados siguen a pies juntillas.
No seré yo quien me meta en rencillas de algunos diputados con el Gobierno de Galicia, o mejor dicho con el Gobierno bipartito de Galicia, porque creo que hoy estamos para otra cosa. Estamos para valorar la proposición del Grupo Parlamentario Mixto presentada por el señor Jonquera, sobre rehabilitación de viviendas y en nombre de mi grupo para presentar in voce la enmienda del Partido Socialista que vamos a hacer llegar a todos los grupos y a la Mesa.
La señora ministra de Vivienda, en su comparecencia en junio en esta misma Comisión, ya fijó como uno de los objetivos principales de su ministerio el impulso decidido a la renovación urbana y a la rehabilitación,
como línea estructural de la política de vivienda de forma inseparable al impulso a la innovación y a la eficiencia energética de la edificación.
Pero no solo eso, el impulso a la rehabilitación de viviendas es una línea estratégica defendida por el Grupo Socialista y por el propio presidente del Gobierno en su discurso de investidura, en el que conectaba también rehabilitación de viviendas y eficiencia energética.
Esta línea de trabajo del nuevo equipo ministerial se plantea como una consolidación e impulso a las políticas de rehabilitación de vivienda, ya emprendidas por el Gobierno en la anterior legislatura y contempladas en el vigente Plan de Vivienda 2005-2008, y también con un objetivo de cara al nuevo plan estatal de vivienda, que, como es deseable, se debe realizar con la cooperación y corresponsabilidad del Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias desde un punto de vista social.
En la proposición de referencia nos encontramos con alguna cuestión que con todo el respeto me gustaría precisar. En primer lugar, de acuerdo con el contenido del artículo 55.5 del Real Decreto 439/2007, se establece que basta con que se cumpla una de las dos condiciones que se citan -no las dos- para que las obras sean consideradas susceptibles de deducción.
En segundo lugar, el artículo 55.5 b) en su redacción, dada por el Real Decreto 861/2008, establece que del precio de la vivienda debe descontarse la parte proporcional al suelo para calcular el 25 por ciento a superar en la rehabilitación. En cualquier caso y salvadas estas precisiones, la proposición no de ley tiene como objetivo, desde mi punto de vista, el impulso de las políticas de rehabilitación que están llevando a cabo no solo el Estado sino también las comunidades autónomas, como, por supuesto, la Comunidad gallega. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no podemos correr el riesgo de ampliar el ámbito objetivo de aplicación de la deducción por rehabilitación de vivienda sin una evaluación consistente, dado que esto supondría una merma importante de recursos no solo para el Estado sino también para las comunidades autónomas, al afectar al tramo estatal y autonómico de la deducción. Pero es que, además, no nos parece del todo lógico incluir como susceptible de deducción cualquier actuación de rehabilitación de vivienda amparada por los planes autonómicos de vivienda. Esto provocaría la paradoja de que podríamos estar aceptando actuaciones diferentes como objeto de deducción generalizada, en función de los criterios establecidos de forma particular y dispar en cada comunidad autónoma. Parecería más lógico, y en este sentido hemos realizado un esfuerzo de acuerdo con el diputado proponente, que en este momento centráramos nuestros esfuerzos en la elaboración entre todos de un buen plan de vivienda 2009-2012; este será el momento para la cooperación entre el ministerio y las comunidades autónomas y para evaluar los requisitos del plan estatal y de los autonómicos, para que se puedan acercar de forma consensuada y coordinada en la medida de lo posible.
Es indudable que la voz de las comunidades autónomas debe oírse en la elaboración de este nuevo plan y de estos nuevos requisitos. Nosotros creemos, con todos los respetos, que esta sería la mejor manera de elaborar entre todos un plan que contemple mejoras en las políticas de rehabilitación de viviendas y no la creación de un mero marco general de beneficios fiscales en el que luego cada uno pueda determinar, con criterios dispares, el ámbito objetivo de aplicación de los mismos. La nueva propuesta pretende que se coordine más y mejor el próximo plan de vivienda, para que los criterios de las comunidades autónomas sean tenidos en cuenta a la hora de incluir o no determinadas actuaciones en el ámbito objetivo de la deducción por rehabilitación de viviendas.
Estamos convencidos de que este camino de armonización y consenso entre las diferentes administraciones es el mejor para llegar a soluciones eficaces.
La enmienda que proponemos es de sustitución y quedaría como sigue: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a consensuar con las comunidades autónomas, dentro del proceso de consultas abierto para la elaboración del próximo plan estatal de vivienda 2009-2012, los criterios para definir las actuaciones de rehabilitación de viviendas amparadas por el mismo, al objeto de que sean susceptibles de la deducción fiscal prevista en la legislación vigente.
Termino agradeciendo al señor Jorquera su disposición al acuerdo, porque creo que compartimos en este sentido los mismos objetivos.
El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, hay dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y esta enmienda que formula el Grupo Socialista.
Tiene la palabra para pronunciarse, por favor.
El señor JORQUERA CASELAS: Voy a pronunciarme sobre las enmiendas presentadas por el Partido Popular, expuestas por la diputada señora Arias. Tenía la intención en primer lugar de agradecer su manifestación de apoyo a cuantas iniciativas sean beneficiosas para Galicia, pero, después de lo dicho por la señora Arias, no sé si hacerlo o no, sinceramente. Quiero solo recordarle que, pese a que fue el culebrón del verano en Galicia, al final no hubo adelanto electoral, por lo tanto, la campaña electoral en Galicia, aún no empezó. Quien conozca a la conselleira de Vivienda sabe que la prepotencia precisamente no es un rasgo que la caracteriza. Me consta que el Gobierno gallego ha planteado estas cuestiones a la ministra de Vivienda, pero el Parlamento está para algo y por lo tanto el Bloque Nacionalista Galego tiene toda la legitimidad del mundo también para acompañar esas actuaciones del Gobierno gallego en este tipo de iniciativas. Yo no tengo ninguna objeción que hacer a que la señora Arias eche en falta algunas cosas en la iniciativa del BNG. En cualquier caso, si el Partido Popular de Galicia tuviese capacidad de iniciativa como tal en esta Cámara se podría resolver presentando iniciativas el Partido Popular de Galicia.
Dicho esto, centrándome ya en el comentario de las enmiendas, nos parece razonable la primera enmienda que presenta el Grupo Popular, que hace el matiz de que todo esto tiene que hacerse a través de un convenio entre la Xunta de Galicia y el Estado. Nos ofrece más dudas la segunda, en la que propone incrementar la deducción fiscal para el conjunto de las viviendas rehabilitadas del 15 al 25 por ciento y aumentar la base de deducción, por dos razones. En primer lugar porque pensamos que no es bueno mezclar debates; se pueden sustanciar iniciativas en ese sentido separadas de esta proposición no de ley y ya las discutiremos. Pero, además, el BNG piensa que cualquier actuación en materia fiscal previamente debe cuantificarse económicamente para ponderar su impacto en las arcas públicas, porque, si no, caeríamos en un juego demagógico, que nosotros no queremos practicar, de proponer múltiples deducciones fiscales por todo al mismo tiempo que exigimos más inversiones, más gasto social, etcétera. Por eso, en principio nos merece reservas. En cualquier caso, creemos que la primera enmienda presentada por el Grupo Popular está superada por el hecho de que hemos llegado a una transacción con el Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, este no es otro turno. Yo le ruego que se ciña simplemente a decir si acepta o no las enmiendas.
El señor JORQUERA CASELAS: Efectivamente, señor presidente. Tengo que manifestar que la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista en realidad es el resultado de un proceso de diálogo y negociación y por tanto una transacción; los términos de la misma nos parecen razonables y asumibles y vamos a aceptarla.
El señor PRESIDENTE: ¿Las del Grupo Popular no las acepta?
El señor JORQUERA CASELAS: Al haber transaccionado ese texto, ya no ha lugar.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Por tanto, señor Jorquera, vamos a dar lectura a esta enmienda de sustitución. El texto propuesto dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a consensuar con las comunidades autónomas, dentro del proceso de consultas abierto para la elaboración del próximo plan estatal de viviendas 2009-2012, los criterios para definir las actuaciones de rehabilitación de viviendas amparadas por el mismo, al objeto de que sean susceptibles de la deducción fiscal prevista en la legislación vigente. Esta es la enmienda que se va a someter a votación.
- SOBRE FINANCIACIÓN CON CARGO AL PROGRAMA DE VIVIENDA JOVEN EN ALQUILER INCLUIDO EN EL PLAN DE VIVIENDA 2005-2008, DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIVERSITARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000201.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que estaba como número 1, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz, la señora Fuentes, por un tiempo de siete minutos.
La señora FUENTES PACHECO: Hoy traemos a esta Cámara una proposición no de ley que entendemos que es buena para todos y que desde luego se hace pensando fundamentalmente en los más jóvenes. Actualmente, en la Universidad de Málaga realizan sus estudios 34.000 alumnos; muchos de ellos no proceden de Málaga capital y otros incluso llegan de otras provincias. En concreto, casi más de 8.000 alumnos proceden de otras provincias y si tenemos en cuenta los que vienen del resto de la provincia de Málaga entonces son más de 10.000. Por tanto, estamos hablando de una universidad que está acogiendo personas jóvenes de otras provincias e incluso que cuenta con muchos estudiantes de fuera de España. Por ejemplo, podemos decir que son más de 2.000 alumnos los que visitan nuestra universidad y vienen de países extranjeros, y que no todos ellos lo hacen dentro del plan que hay de becas de movilidad; muchos lo hacen mediante turismo residencial y están así eligiendo la costa del sol como centro de formación. Si a ello añadimos el gran número de universitarios que no son malagueños y que quieren vivir en la capital, vemos que hay una demanda incipiente, cada vez más importante, de viviendas en régimen de alquiler. Al mismo tiempo, y dada la situación que vive la ciudad, vemos cómo son muy pocas las viviendas que se dedican al alquiler y además con unos alquileres muy caros. Según los observatorios que hablan de vivienda joven, tanto el observatorio del INEM, como el del EPA, o el propio Observatorio joven de la Vivienda, demuestran que los jóvenes que quieren alquilar tienen dificultades, porque las personas que ponen pisos en régimen de alquiler no dan facilidades a los jóvenes; además, hay mucha desconfianza.
Todo esto demuestra que debemos hacer algo y que desde luego hemos de hacerlo de forma conjunta y coordinada por parte de todas y cada una de las administraciones. Es cierto -creo que tenemos que poner de relieve un análisis de la situación- que hay actualmente una residencia en Málaga, pero es insuficiente. Lo demuestra el hecho de que hayan quedado más de 150 jóvenes en lista de espera y que cada año sea mayor el número de personas que solicitan vivir en estas residencias, que además solo tienen plazas para veinticinco estudiantes con minusvalía; esto sí que nos parece insuficiente. Por tanto, hemos de buscar soluciones y soluciones que han de ser conjuntas. El ministerio ha hecho una apuesta fuerte para que sean más de 300 millones de euros los que se dediquen a programas específicos de
viviendas en alquiler para jóvenes que están estudiando y que están trabajando en nuestras universidades. Con este objetivo, con el objetivo de poner de relieve la importancia de aquello que hace falta en una ciudad tan importante como Málaga, pero fundamentalmente pensando en los jóvenes, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a esta Cámara esta iniciativa que insta al Gobierno a que, a través del Ministerio de Vivienda y en desarrollo del convenio que en su caso se establezca con la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía, se financie con cargo al programa de vivienda joven en alquiler, incluido dentro del Plan de Vivienda 2005-2008, la construcción de viviendas universitarias.
El señor PRESIDENTE: Tenemos también una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para defenderla tiene el señor González Muñoz cinco minutos.
El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: En primer lugar me gustaría felicitar al Grupo Parlamentario Socialista porque se suma a propiciar en la ciudad de Málaga viviendas destinadas a los jóvenes y por tanto se suma al proyecto de vivienda joven que tiene en marcha el ayuntamiento de esa ciudad, que ahora mismo plantea un parque de viviendas de 360 para jóvenes, susceptibles de que los universitarios que están en la Universidad de Málaga puedan acceder a ellas. A nuestro grupo, y desde la óptica del Partido Popular, todas las medidas que vayan destinadas a facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes, sobre todo en una época universitaria donde su capacidad económica es relativa y por tanto el alquiler del piso supone un gravamen importante para ellos y para sus familias, nos parecen positivas. Esta iniciativa no viene a discutir nada nuevo, está dentro de lo que es el Plan de vivienda de alquiler de 2007, que anunció la ministra en 2007, y en el Plan de vivienda de alquiler universitario que también anunció la ministra del ramo en septiembre de 2007, pero sí vemos positivo que se busquen ese tipo de medidas, sobre todo en universidades que lo necesitan, como es la Universidad de Málaga, debido al gran número de universitarios que de otras provincias y de otras capitales cursan sus estudios en ella.
Nuestro grupo quería mejorar el texto del Grupo Socialista presentando enmiendas de adición. Una primera en la que matiza que el carácter rotativo del préstamo de la vivienda en alquiler pasara de cinco a seis y siete años, teniendo en cuenta que con el espacio europeo de Educación Superior, es decir, con la convergencia con los estudios europeos, el periodo que puede perdurar un joven entre grado y posgrado puede llegar a seis o siete años, dependiendo de lo que al final se decida en España con las titulaciones universitarias. Creemos que es muy importante que ya que un universitario accede a este tipo de vivienda no se vea coartado el uso de la misma en la mitad de los estudios y que se le permita hasta que acabe el posgrado poder seguir residiendo en ella. En una segunda enmienda de adición, entendiendo que el Plan de Vivienda -y así se le presentó a los rectores y al órgano de coordinación de la universidad española por parte de la ministra, como decía, el 20 de septiembre de 2007- fijaba un periodo de convenios con distintas universidades que así lo necesitaran, sobre todo basándose en un estudio de déficit en lo que eran viviendas o la imposibilidad de tener acceso a la vivienda para los universitarios en las distintas ciudades, decíamos que el Congreso de los Diputados y esta Comisión deberían instar al Gobierno a que el convenio que se va a hacer en la ciudad de Málaga no sea único y que desde el Gobierno se tomen las medidas necesarias para que el convenio se pueda impulsar con todas y cada una de las universidades que así lo necesiten y sobre todo con los acuerdos con los gobiernos autonómicos.
Espero sinceramente que el Grupo Parlamentario Socialista tenga a bien admitir nuestras dos enmiendas, creemos que el texto queda mucho más reforzado con ellas, además marcamos mucho más la necesidad hoy por hoy de los universitarios que van a ser los beneficiaros de esta medida y sobre todo abrimos las puertas a que todas las universidades españolas, indistintamente del punto de nuestro territorio donde estén, puedan acceder a este tipo de convenio que facilite a todos los universitarios de nuestro país poder acceder a viviendas de este tipo.
El señor PRESIDENTE: Señora Fuentes, tiene la palabra para pronunciarse sobre la aceptación de las enmiendas.
La señora FUENTES PACHECO: No vamos a aceptar las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: No las van a aceptar.
Antes de sustanciar la siguiente proposición, quiero comentar a los señores portavoces que, por el ritmo con el que se está desarrollando esta sesión, pudiera ser que la acabemos bastante antes de las siete, que era el horario que habíamos fijado para la votación. Someto por tanto a los portavoces la posibilidad de poder reconsiderar el horario. En todo caso, habría que localizar al señor Jorquera y al señor Llamazares. Si los grupos mayoritarios ven posible que, en lugar de a las siete, la votación pueda ser a partir de las seis, yo creo que sería positivo porque razonablemente cabe pensar, por el ritmo que estamos tomando, que alrededor de las seis esto puede estar concluido. Repito que de ustedes depende. Desde la Mesa, vamos a intentar localizar al señor Llamazares y al señor Jorquera, y podríamos así adelantar el final de la sesión.
SOBRE DOTACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA SUFICIENTE QUE LES PERMITA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS SUELOS DESTINADOS A VIVIENDAS SUJETAS A CUALQUIER RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000247.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a sustanciar el punto 2º del orden del día, proposición no de ley sobre dotación a los ayuntamientos de la capacidad financiera suficiente que les permita impulsar el desarrollo de los suelos destinados a viviendas sujetas a cualquier régimen de protección, de la cual es autor el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Señor Matos, tiene usted la palabra para presentar la proposición no de ley.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, en primer lugar quiero decirle que nosotros no tendríamos inconveniente en adelantar la hora de la votación, siempre y cuando nos fuera posible localizar a todos los diputados a los que ya se les ha dicho que la votación sería a partir de las siete de la tarde; si no, no podríamos admitir que fuera antes de la hora prevista.
En segundo lugar, y antes de defender la proposición no de ley, quiero referirme, porque ya lo ha hecho el señor Llamazares, a la moción aprobada ayer en el Senado, por la cual las Cortes Generales instan al Gobierno a suprimir el Ministerio de Vivienda. Ya en la primera comparecencia de la ministra Trujillo en mayo de 2004, nosotros dijimos que el ministerio era absolutamente innecesario y lo justificamos en una sencilla razón: porque no tiene las competencias, ya que la Constitución española dio todas las competencias en materia de vivienda y de suelo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Yo creo que parte del fracaso del ministerio o de la gestión en vivienda por parte del ministerio ha sido, aparte de algunos rasgos de incompetencia propia, por incompetencia jurídica para poder aplicar cualquier política porque las competencias las tienen los ayuntamientos. Me gustaría que el Gobierno, un gobierno que hace alarde de su democracia, acate las decisiones o los mandatos que le vienen de las Cortes Generales en este sentido.
Respecto a la proposición no de ley que hemos presentado, en la que pedimos dotar a los ayuntamientos de capacidad financiera suficiente para impulsar el desarrollo de los suelos destinados a viviendas protegidas, creo que los portavoces de todos los grupos, tanto en la legislatura como en esta, hemos venido planteando la necesidad de incrementar la construcción de viviendas sujetas a cualquier tipo de protección. La legislatura pasada empezó con las célebres 180.000 viviendas, que luego se convirtieron en 180.000 actuaciones, y nosotros también dijimos al Gobierno que era posible no llegar a las 180.000 en ese primer momento, pero sí fijarlas en 125.000 viviendas al año, porque existía suelo suficiente. Y me refiero no solamente a suelo para viviendas protegidas, sino también para cualquier vivienda sujeta a protección, es decir, a las viviendas a precio limitado, a precio tasado, o a las viviendas de precio concertado. Que había que incrementar el número de viviendas sujetas a protección. Lamentablemente, después de un impulso por parte de las comunidades autónomas y del ministerio, del año 2006 al 2007 se ha reducido el número de viviendas iniciadas. Así como en 2006 se alcanzó la cifra de 92.255, en 2007 ya se bajó a 83.859, lo que significa un 12 por ciento menos de viviendas protegidas en el año 2007. Y también, si tomamos las cifras publicadas por el Gobierno sobre el primer trimestre de 2008, tenemos que, con respecto al primer trimestre de 2007, se ha reducido el inicio de vivienda protegida en un 58,29 por ciento. Que no se haga un esfuerzo por parte del ministerio para impulsar la construcción de vivienda protegida, en un momento en que todo el sector de la construcción está a la baja, a nosotros nos parece completamente disparatado.
El problema mayor para que no existan más viviendas protegidas en España es el suelo destinado para vivienda protegida. Si a cualquier promotor, ya sea público o privado, se le pone en las manos suelo a precio asequible para construir vivienda protegida, puede satisfacer la demanda.
Y nosotros decimos que suelo urbanizable calificado para vivienda protegida hay de sobra en España. Todos los ayuntamientos llevan muchos años ya reservando en su planeamiento suelo destinado a vivienda protegida. Y no me refiero a la última reforma de la Ley del Suelo de hace un año, en la cual se establecía una reserva de suelo del 30 por ciento, porque todas las legislaciones de las comunidades autónomas, desde hace muchísimos años -pongo por ejemplo la canaria, desde el año 1999-, reservan un porcentaje alto de suelo -la canaria, del 25 por ciento- para vivienda protegida. Y pongo también por ejemplo la Comunidad de Madrid, que reserva para vivienda protegida el 50 por ciento de todo el suelo de los nuevos desarrollos. Por lo tanto, todos los ayuntamientos que hayan adaptado su planeamiento a esa legislación autonómica, que está en vigor desde hace muchísimos años, tienen suelo suficiente para llevar a cabo un gran número de viviendas protegidas.
¿Qué ocurre? Que los ayuntamientos no tienen recursos suficientes para impulsar el desarrollo de ese suelo, es decir, para desarrollar el planeamiento, para impulsar los sistemas de compensación, si es un sistema de ejecución privado, o para sustituirlo por un sistema de ejecución pública como pueda ser la cooperación, y en todo caso, también, para poner al día y adaptar los planeamientos municipales. Los ayuntamientos, con los recursos de que disponen, no tienen suficiente para hacerlo. Nosotros llevamos mucho tiempo reclamando al Gobierno ayudas a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, dentro del marco de la nueva financiación local, para que les dote de recursos suficientes que les permitan impulsar y dinamizar el desarrollo de suelo para vivienda protegida.
Estoy seguro de que si ese suelo, ya calificado para vivienda protegida, se saca al mercado para que cualquier empresa, pública o privada, haga en él viviendas sujetas a protección, a cualquier régimen -ya dije,
vivienda protegida, precio concertado, precio limitado, precio tasado o cualquier otro régimen-, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Estado tienen capacidad suficiente para incrementar mucho más el número de viviendas protegidas, que en un momento de crisis como el que estamos viviendo se hace absolutamente necesario. Por ello pedimos el apoyo de los demás grupos a esta iniciativa que hemos presentado desde el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: No hay ninguna enmienda presentada.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fuentes, por un tiempo de cinco minutos.
La señora FUENTES PACHECO: Disparatado, señor Matos, es venir a esta Cámara habiendo defendido ayer que se suprima el Ministerio de Vivienda, intentando engañar a los ciudadanos e intentando engañarnos a todos y hacernos pensar que están preocupados por el tema de la vivienda. La preocupación por la vivienda es ser realista, respetar las competencias que tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas, dejarnos de hipocresías y sobre todo ayudar a quienes están trabajando en el día a día y respetar lo que ha decidido un Gobierno legítimo y aprobado por los ciudadanos, como es el Gobierno de España. Pero vamos a darles las razones que nos llevan a votar en contra de esta iniciativa.
La primera es que la dotación a los ayuntamientos de la capacidad financiera suficiente para el desarrollo de los suelos destinados a vivienda, en cualquier régimen de protección, debe hacerse en el marco del régimen de la financiación local y, como usted bien sabe, señor Matos, el Gobierno se viene esforzando y está manteniendo contactos con los ayuntamientos, con la FEMP, para solucionar este problema, respetando siempre la competencia local y, como no puede ser de otro modo, respetando la competencia de la FEMP y de las comunidades autónomas.
Además, ustedes parten de un planteamiento erróneo, como es la asociación de financiación local al desarrollo urbanístico y a la política y gestión del suelo. No están pensando en los ciudadanos, están pensando en una forma ficticia de atraer ingresos para los ayuntamientos y los ingresos asociados a la actividad urbanística en el conjunto de los municipios solamente representa el 10,4 de sus ingresos no financieros, y los ingresos derivados de la enajenación de terrenos ascienden al 6,3 por ciento. Por tanto, no quieren resolver ni el tema de la vivienda, ni el tema tan importante para todos y cada uno de nosotros que es la financiación de los distintos ayuntamientos.
Usted no ha dicho, y espero que lo haya hecho por olvido o por desconocimiento, que el Ministerio de Vivienda está tomando diferentes medidas muy importantes. La primera es que se está impulsando el desarrollo de vivienda protegida en suelos de titularidad pública estatal y además se está intentando desafectar el uso y el dominio público, y se está haciendo precisamente desde ese ministerio que ustedes pretenden suprimir, sin respetar a un Gobierno legítimo, aunque no les guste.
Además, la inclusión en el Plan de Vivienda 2009-2012 de medidas de apoyo a la financiación en la adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida en comparación y en un trabajo conjunto que se fijará con las comunidades autónomas y, cómo no, la actuación concertada entre el Ministerio de Vivienda y las distintas comunidades autónomas para la gestión y urbanización de suelos para vivienda protegida. Sepes -que a usted le gusta mucho, señor Matos- constituye un instrumento de intervención idónea para esta finalidad, dada su experiencia, su capacidad y su esfuerzo inversor; además, con la participación, como no puede ser de otro modo, de las administraciones autonómicas y locales.
También en esta línea el ministerio suscribió el pasado mes un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias en el cual se impulsará la construcción en suelos públicos de titularidad municipal.
Nosotros vamos a votar en contra de esta proposición no de ley porque no la han enfocado para resolver ningún problema, la han enfocado simple y llanamente para denostar a un ministerio que está haciendo su trabajo sobradamente.
- RELATIVA A LA REVISIÓN DE LOS IMPUESTOS QUE GRAVAN LA VIVIENDA Y QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE EN SU PRECIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000248.)
El señor PRESIDENTE: Este punto ha quedado ya sustanciado y procedemos a pasar al punto 3º del orden del día. En este momento voy a ceder la Presidencia de la sesión a la vicepresidenta segunda, puesto que, como portavoz de Convergència i Unió, voy a tener que intervenir y me parece más correcto que se asuma la Presidencia por la vicepresidenta. (La señora vicepresidenta, Martínez Saiz, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): Pasamos al debate del punto 3º del orden del día, como ha dicho el señor presidente: propuesta del Grupo Parlamentario Popular relativa a la revisión de los impuestos que gravan la vivienda y que inciden negativamente en su precio.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: El Grupo Parlamentario Popular en un Parlamento como este tiene una doble función; por una parte, controlar al Gobierno y criticar aquellas cuestiones que no nos parecen bien y, en segundo lugar, presentar iniciativas. Yo no entiendo que, cuando se presenta una iniciativa en la cual se dice
que se dote a los ayuntamientos de más recursos para impulsar el desarrollo de suelo, pueda interpretarse que eso es para denostar al Gobierno, que por otro lado se está denostando él solo.
Señora Fuentes, con todos los respetos, usted me pide a mí que respete lo que dice el Gobierno respecto al Ministerio de Vivienda. En cualquier país democrático, lo que se respeta sobre todo son las decisiones de los parlamentos elegidos y de las Cortes Generales, que es donde reside la soberanía nacional. Yo respeto siempre, pero critico o no las decisiones del Gobierno, y sí me gustaría que el Gobierno respetara las decisiones que salen de las Cortes Generales, que es donde reside, repito, la soberanía nacional.
Entro ya en esta proposición no de ley que trata de revisar todos los impuestos que gravan la vivienda y que para nosotros inciden negativamente en su precio. Nosotros, todos los dirigentes políticos, y desde luego todas las administraciones públicas -Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos- siempre hablan de la necesidad de minorar el precio de la vivienda. A nosotros nos parece completamente incongruente plantear al ciudadano que queremos minorar el precio de la vivienda, cuando le recargamos con una serie de impuestos que gravan la vivienda, que según todos los estudios encarecen su precio en cerca de un 17 por ciento. Voy a poner unos cuantos ejemplos. Tras las transacciones entre personas físicas -porque las transacciones entre personas jurídicas están sujetas al IBI y al IGIC, en Canarias-, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales se paga dos veces, a la compra del solar y en la venta de la vivienda, y todo eso se repercute en el precio. Además, cada vez que se vende esa vivienda de segunda mano también se vuelve a pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que va directamente al precio de la vivienda. El impuesto sobre actos jurídicos documentados se paga al menos cuatro veces en una promoción inmobiliaria; se paga en la declaración de obra nueva, en la división horizontal, en la constitución del préstamo hipotecario y en la subrogación del préstamo hipotecario. En relación con el préstamo hipotecario, la base por la que se aplica el tipo de ese impuesto es la totalidad del préstamo, más los intereses, más los gastos que puedan tener una reclamación judicial por impago de ese préstamo hipotecario. Parece absurdo gravar con todo eso la vivienda. El impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos, el impuesto de plusvalía, se paga también en cada una de las transmisiones: en la compra del solar y después en la venta de la vivienda. Además, luego está gravado por el impuesto sobre construcciones de obra, y cuando uno vive ya en la vivienda, paga toda la vida el impuesto sobre bienes inmuebles.
Entiendo que los impuestos que he citado, de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sirven para financiar a las comunidades autónomas y los impuestos municipales para financiar a las corporaciones locales, que no están sobradas de recursos. Por tanto, planteo que todas estas modificaciones y revisiones se hagan dentro del marco de modificación y de revisión de la financiación de las corporaciones locales y dentro del marco de financiación de las comunidades autónomas, porque de ningún modo pretendo reducir los recursos, los escasos recursos que, tienen los ayuntamientos, pero desde luego gravar de esa manera un bien tan necesario como es la vivienda, y que siempre esto se repercute en el precio, nos parece completamente incongruente. Por eso pedimos la revisión de todos esos impuestos: del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, del impuesto sobre actos jurídicos documentados, sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, el impuesto de plusvalía, y además que se permita a los ayuntamientos plantear bonificaciones para aquellos casos -por familia numerosa, por vivienda protegida o por vivienda de precio tasado- en los que consideren necesario bonificar o eximir de cada uno de los impuestos que he citado.
Esa revisión nos parece que es absolutamente necesaria.
Convergència i Unió ha presentado una enmienda, que agradezco, porque prefiere no meterse o incidir en cada uno de los impuestos y que sean las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados quien inste al Gobierno, a través de un estudio, a la repercusión y luego a la revisión de todos esos impuestos. Yo estaría dispuesto a aceptar la enmienda si se cambia el plazo que se da al Gobierno para elaborar ese estudio. Son impuestos muy conocidos, que llevan muchos años funcionando, y se tienen muchísimos datos. Como el Ministerio de Vivienda tiene pocas competencias, tiene mucho tiempo para poderse dedicar a esto, y por eso pedimos que ese plazo al Gobierno sea reducido a dos y así podremos aceptar su enmienda, con el fin de que de una vez por todas el Gobierno acometa estas revisiones que le venimos solicitando desde la legislatura pasada.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): Para defender la enmienda de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Señoras y señores diputados, nuestro grupo ha presentado una enmienda, como ya ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros compartimos algunos de los argumentos que ha formulado el grupo que ha presentado esta proposición, la preocupación porque sobre la vivienda subyacen cantidad de impuestos, no solamente los que ha citado, sino evidentemente también el impuesto sobre el valor añadido, en el que en algunos tipos de viviendas, especialmente cuando se trata de rehabilitación, el grupo que presenta la iniciativa nos propone también diversas modificaciones a la baja. Por tanto, a los impuestos que citaba, que son impuestos autonómicos y locales, habría que añadir en esta preocupación el efecto en el impuesto sobre el valor añadido, que lógicamente no puede suprimirse, pero sí puede evaluarse y ajustarse en algunos casos, especialmente en vivienda protegida, y no solo en rehabilitación sino en
renovación y mejora de vivienda. Este es un primer motivo por el que cabría estudiar el efecto del conjunto de los impuestos sobre la vivienda y cómo estos impuestos gravan la misma.
A nosotros nos parece prudente, en lugar de pronunciarse sobre unos cuantos impuestos, pedir al Gobierno que presente este estudio sobre sus efectos. Lógicamente, es un estudio en el que el Ministerio de Vivienda tiene mucho que decir, si es que subsiste. Nosotros somos solidarios con este acuerdo del Senado y a mí me gustaría que los acuerdos de las Cámaras se cumplieran por parte del Gobierno en alguna ocasión. Ello no supone, al menos por parte de nuestro grupo, que el Estado deje de hacer política y, sobre todo, dedicar recursos. Hay otras maneras de dedicar recursos y prioridades que simplemente tener un ministerio cuando no hay competencias.
Hecho este paréntesis, que me parece obligado, para nosotros es importante esta enmienda que pretende comprender de qué manera influyen la totalidad de los impuestos y tributos que gravan la vivienda. En segundo lugar, como actualmente hay un debate y esperamos que haya una resolución sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y la mejora de la financiación local, nos parece razonable que en estos momentos que están encima de la mesa las negociaciones con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias para la mejora de la financiación local hubiera este periodo en el que se pudiera reflexionar para que los nuevos modelos de fiscalidad no gravaran la vivienda en un momento en el que esta última es una preocupación fundamental para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y para garantizar también que no se pierdan tantos puestos de trabajo como los que, por desgracia, se están perdiendo cada día.
Este es el motivo de nuestro texto alternativo, que insta al Gobierno a presentar un estudio en un plazo de seis meses como máximo sobre la repercusión de los impuestos con propuestas. No decimos solo un estudio, sino que dicho estudio se acompañará de una propuesta de modificación de los citados impuestos a los efectos de disminuir la carga fiscal que soporta la vivienda. Ya avanzo que la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular es reducir este plazo. A nosotros nos parece razonable y, en cualquier caso, aceptaríamos un plazo máximo de tres meses, puesto que además esto coincide con el final de este ejercicio y con el plazo en el que debemos tener negociada la financiación autonómica y local.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): Tiene la palabra el señor Matos para decir si acepta la enmienda.
El señor MATOS MASCAREÑO: Después de esta negociación a la baja, hemos logrado tres meses, que es un plazo prudencial y, por tanto, aceptamos la enmienda de Convergència i Unió.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): Turno de portavoces. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
El señor SANTAMARÍA I MATEO: Señorías, quisiera recordar, en primer lugar, y ante uno de los motivos que expone el Grupo Popular para formular su proposición, que el precio de la vivienda ya ha experimentado el aterrizaje suave que el Gobierno socialista proponía allá por 2004.
Recordemos: incrementos del 19,4 en abril de 2004 e incrementos del 2,4 en este último año. Algo tendrá que ver la política del ministerio en cuestión. Por cierto, señor Matos, en cuanto a respetar los acuerdos, me imagino que se refiere a las proposiciones y mociones que se han podido aprobar en la Cámara en cuanto a la disolución del ministerio o la sociedad pública de alquiler, incluida la del Senado de ayer. Tengo que recordarle que es la función de orientación al Gobierno y que, por otra parte, la competencia de la creación del ministerio es del presidente del Gobierno y una segunda y más importante es la función de obligación de cumplir la ley, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado que año tras año ha venido aprobando el presupuesto del Ministerio de Vivienda, por tanto, deshaciendo los acuerdos anteriores en materia de orientación.
Argumentan en su motivación que la carga fiscal encarece el precio de la vivienda. Tal vez sume en el precio final, pero en ningún modo entendemos que es elemento esencial que impida el acceso a ella y mucho menos causa del desmesurado incremento experimentado antes del efecto socialista, sin entrar en la poca rigurosa afirmación de que la fiscalidad representa el 17 por ciento. Así pues, descartemos los ingresos de las administraciones públicas relacionados con la vivienda como estímulo al incremento de precio, conociendo además que los diversos impuestos han evolucionado en sus incrementos muy alejados del brutal incremento del precio en la edificación. Más bien el encarecimiento del precio de la vivienda procede de una equivocada y conservadora política de suelo que ha generado especulación al margen del expolio sufrido por los ayuntamientos como consecuencia de la rebaja de su participación en la edificabilidad de los sectores, sin referirnos específicamente a la ausencia de una verdadera política pública de vivienda protegida en compra o alquiler. Incluso podemos afirmar que una de las causas de la espiral de precios ha sido quizás el tratamiento fiscal extremadamente favorable a la adquisición de vivienda.
Cierto es que existen dificultades en las familias españolas en relación a sus obligaciones hipotecarias o acceso a la vivienda, cuestiones que no solo preocupan a este grupo parlamentario sino que vienen ocupándolo legislatura tras legislatura y, por tanto, viene tomando iniciativas junto al Gobierno por el derecho al acceso a la vivienda y por atender socialmente las dificultades encontradas, sin que ello suponga una merma significativa en la capacidad de las administraciones públicas de obtener recursos para atender sus obligaciones.
Llegado este punto, debemos matizar determinados argumentos. No es correcto afirmar que entre personas físicas se pague el impuesto de transmisiones patrimoniales, puesto que si la compra es para promoción el ingreso no es de un particular y, si no lo es, no hay viviendas susceptibles de gravar. Igual de inadecuado resulta afirmar que el impuesto sobre actos jurídicos se pague al menos por cuadruplicado. No es siempre el mismo sujeto pasivo, son distintos actos jurídicos no siempre necesarios, y, en cualquier caso, no todos dependen de la vivienda sino también de las posibilidades de los actores. Por ello, no podemos apoyar su primera propuesta por cuanto el impuesto grava las transmisiones onerosas, sean cuantas sean, siendo consustancial a la existencia del impuesto.
Respecto a la eliminación del impuesto sobre los actos jurídicos, hay que recordar que es un impuesto cedido íntegramente a las comunidades autónomas, quienes tienen competencia para establecer gravámenes, deducciones y bonificaciones, especialmente en materia de transmisiones inmobiliarias.
En materia de tributos locales, la Ley reguladora de las haciendas locales ya reconoce en el impuesto sobre bienes inmuebles una doble bonificación obligatoria; una del 50 por ciento y otra potestativa también del 50 por ciento. En el ICIO se establece una bonificación con carácter potestativo de hasta el 50 por ciento a las viviendas de protección oficial. Y sobre el impuesto de plusvalía resulta sorprendente la propuesta de reducción progresiva, por cuanto, aun existiendo beneficio fiscal en determinados casos, no creemos que resulte injusto que aquellos que obtienen beneficio por la simple trasmisión de terrenos queden exentos de contribuir a los ingresos, en este caso de los ayuntamientos, para los que últimamente y con vehemencia inusitada reclaman mayores recursos y que, dicho sea de paso, han mejorado notablemente su financiación con el actual Gobierno socialista.
En su pretendida sobreimposición del IBI y del ICIO, olvidan también que son dos hechos imponibles distintos con sujetos pasivos diferentes. De cualquier modo, y para finalizar, entendemos que su proposición no corresponde a un verdadero interés de resolver estructuralmente el acceso a la vivienda y, por otro lado, ya se han adoptado medidas de efecto contracíclico. Hay que recordar que la Cámara ya aprobó en mayo pasado medidas en favor del sector y que incluso rechazó sus propuestas de rebajas fiscales en junio de este mismo año. Hay que añadir que el Gobierno está trabajando intensamente, bajo el principio de lealtad institucional que refleja la Ley 7/2001, para poder evaluar y concretar nuevos aspectos en la actual negociación del modelo de financiación autonómica y local.
Especialmente estamos en contra de su propuesta porque, al margen de su contenido, responde a un criterio diametralmente opuesto a las necesidades de los españoles y españolas, pero responde, eso sí, al verdadero ser de las cosas del Partido Popular: adelgazar la capacidad de actuación de las administraciones públicas a favor de un mercado en ocasiones y muy a menudo exento de sentimientos por las personas y sus necesidades. Hemos asistido hasta hace bien poco a la consideración de la vivienda como un negocio más que pretendidamente se podía apagar.
Afortunadamente, para el Gobierno de Rodríguez Zapatero la vivienda es un derecho por el que vale la pena luchar para consolidar proyectos de vida y felicidad a un costo razonable.
En cuanto a la enmienda presentada, entendemos que coadyuva a las pretensiones iniciales. Por todo ello, señorías, señora presidenta, votaremos en contra.
- SOBRE MEDIDAS PARA DINAMIZAR EL MERCADO DE ALQUILER Y DE DOTAR AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA QUE HOY CARECE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000249.)
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): Una vez terminado el debate del punto tercero, vamos a pasar al debate del punto cuarto, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para dinamizar el mercado de alquiler y dotar al contrato de arrendamiento de la flexibilidad y seguridad jurídica de la que carece.
Para la defensa de este punto tiene la palabra su portavoz, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: A este diputado cada vez le sorprenden más los argumentos del Partido Socialista. Cuando uno llega a la Comisión de Vivienda y presenta tres proposiciones no de ley, una para dotar a los ayuntamientos de más recursos para impulsar el desarrollo de suelo para vivienda protegida, la segunda para que los impuestos no acaben en el comprador de la vivienda y, por tanto, en el precio de la misma, y por consiguiente controlar o minorar un poco más el precio, dicen que eso no corresponde a un interés por facilitar el acceso a la vivienda, sino a intereses de negocio. No sé qué negocio es quitar a los ciudadanos impuestos sobre la vivienda, que es un bien tan necesario, o dotar a los ayuntamientos de dinero y de fondos para desarrollar no cualquier suelo, sino suelo destinado a vivienda protegida. Pero creo que cuando hay falta de argumentos es cuando se echa mano de esa demagogia, con todo respeto, bastante barata.
Entramos en la última proposición no de ley que presento y, al ser la tercera, a ver si tengo más suerte y a la tercera va la vencida. Hay un dato del Instituto Nacional de Estadística que dice que hay 3.091.000 viviendas vacías en España. Siempre he dicho que ese dato hay que contemplarlo con muchísima cautela, porque en ese estudio no están diferenciadas las segundas residencias o las viviendas heredadas de los padres, y situadas en el pueblo, por alguien que vive en la ciudad. Por tanto, creo
que es absolutamente necesario hacer un censo de cuáles son las viviendas vacías, es decir, las que no son utilizadas para nada por su propietario y que permanecen vacías en vez de estar cumpliendo la misión o la utilidad para el propietario o para un inquilino en caso de que las pongan en alquiler. Yo no creo que lleguen a tres millones, pero, en todo caso, son muchas las viviendas vacías que existen en nuestro país. Cuando uno le pregunta a cualquier propietario de vivienda, es decir, cualquier persona que haya heredado una vivienda de sus padres o cuyos ahorros haya decidido emplearlos en la adquisición de una segunda vivienda, por qué prefiere mantenerla vacía y renunciar voluntariamente a tener una renta, por pequeña que sea, siempre dice lo mismo, que es porque hoy meterse a arrendador de vivienda, es decir, a casero, es una auténtica aventura y un auténtico lío.
Desde la legislatura pasada venimos planteando la necesidad de dinamizar el mercado de alquiler, dotando de mayor seguridad jurídica al contrato de arrendamiento, que es lo que hoy volvemos a plantear a la vista de que todas las políticas de alquiler del Ministerio de la Vivienda han fracasado, y vuelvo a dar datos objetivos. Según datos del Gobierno de España, las viviendas en alquiler actualmente son 1.799.000 respecto a un total de 16.353.000 viviendas. Es decir, el 11 por ciento del parque de viviendas en España lo constituye el mercado del alquiler. Pero si comparamos esta cifra con el año 2003, había 1.700.000 viviendas en alquiler respecto a 15 millones de viviendas que constituían todo el parque de viviendas, es decir, el 11,34 por ciento. Por tanto, se ha reducido en 0,34 puntos la incidencia del parque de alquiler con respecto al parque de vivienda, lo cual muestra que no han servido para nada las políticas de alquiler planteadas hasta ahora. Tengo que citar, si hablo de alquiler en España y con respecto al ministerio, a la Sociedad Pública de Alquiler, que en tres años y medio ha logrado alquilar en toda España 8.233 viviendas, teniendo además siete millones de euros de pérdidas acumuladas en el tiempo que lleva funcionando, pero ya nos dedicaremos más adelante a la Sociedad Pública de Alquiler. Por eso proponemos, a través de esta proposición no de ley, varias cosas. Primero, dotar de mayor flexibilidad y seguridad jurídica al contrato de arrendamiento, para lo cual planteamos modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, crear los juzgados de vivienda y modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil.
También planteamos flexibilizar los requisitos, así como incrementar las ayudas públicas para la financiación estatal de los programas de rehabilitación aislada de viviendas y edificios, que fue recortada con respecto al plan anterior -no me refiero a la rehabilitación de áreas municipales, sino a la rehabilitación aislada de viviendas y edificios-, y al mismo tiempo impulsar la generalización de los seguros que cubran el impago de renta y los daños en la vivienda.
Por parte de Convergència y Unió -y lo vuelvo a agradecer- se ha presentado una enmienda que prácticamente coincide con el texto de la proposición no de ley, en la cual lo único que se suprime son los juzgados de vivienda. Es verdad que los juzgados de vivienda planteados por el Partido Popular han sido motivo de debate en la legislatura pasada. Nosotros creemos que no serían necesarios si los juzgados de Primera Instancia funcionaran como tienen que hacerlo y pudieran resolver los conflictos que surgen entre propietario e inquilino, ya sea por incumplimiento de sus obligaciones, tanto por parte del inquilino como por parte del propietario, en un plazo rápido, en un mes o en mes y medio. Si eso pudieran hacerlo los juzgados de Primera Instancia, no habríamos planteado la creación de los juzgados de vivienda. Pero como lo que tenemos interés es que salga este mandato de las Cortes Generales al Gobierno de dotar de mayor seguridad jurídica al contrato de arrendamiento, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificar la Ley de Enjuciamiento Civil, dotar de mayores recursos a la rehabilitación aislada de edificios y viviendas e impulsar la generalización de seguros, vamos a aceptar la enmienda de Convergència i Unió y propondremos la creación de los juzgados de vivienda en otro momento.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): Hay una enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Macias para defenderla.
El señor MACIAS I ARAU: Este es un tema que nuestro grupo reiteradamente ha presentado a las Cortes Generales. Yo quisiera recordar que en la pasada legislatura, primero en el Congreso de los Diputados, sin fortuna de ser aprobada, y luego en el Senado, donde fue aprobada, por cierto, por la unanimidad de todos los grupos, nuestro grupo presentó una proposición de ley que no se tramitó al final del mandato, pero cuyo objetivo básicamente era coincidente con los de esta proposición no de ley. Nuestro grupo ha recogido lo que es un clamor ciudadano, y es que hace falta modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que esta refleje y defienda mejor lo que es el conjunto del contrato del alquiler, para que lo perfeccione, por decirlo de alguna manera. Porque con el contrato de alquiler actual que tenemos, si el arrendatario no lo cumple, el arrendador no tiene posibilidad de poder dar respuesta. A veces hay algunos abusos, que se da en llamar el móvil inmobiliario por parte de algunos arrendadores, y los arrendatarios no tienen la capacidad de defenderse ante esos abusos. Por tanto, hay que perfeccionar este contrato y actualizar esta ley de arrendamientos urbanos. Nosotros no solamente pedíamos que se hiciera, sino que proponíamos una determinada redacción que, repito, hace un año y pocos meses fue aprobada por la unanimidad de las señoras y los señores senadores. Por tanto, estamos absolutamente de acuerdo.
Hay un debate adicional, que es mejorar el funcionamiento de los juzgados y, por tanto, perfeccionar también la Ley de Enjuiciamiento Civil para que haya más eficacia
y seguridad jurídica. Aquí hay distintas propuestas y algunas de ellas llegan a lo que propone el Partido Popular de crear juzgados de vivienda.
A nosotros nos gustaría más conseguir que mejoraran los juzgados ordinarios, que tener que ir segmentando la Administración de Justicia con juzgados especiales, cosa que se ha hecho ya con algunos temas, pero, de entrada, y desde el punto de vista de la Comisión de Justicia, nuestro grupo está empeñado en poder conseguir la mejora del funcionamiento de los juzgados ordinarios para que no tengamos que ir creando un juzgado específico para cada problema. En cualquier caso, sí que existe el problema y también la necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarla.
No me referiré al punto tercero, puesto que lo suscribimos plenamente.
Nuestra enmienda introduce también unas mejoras en el sentido de impulsar la generalización de seguros a precios asequibles. Esta aportación nuestra nos parece que es importante. Y finalmente hemos añadido un quinto punto que habla de la instalación de un sistema de financiación preferencial para la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler. Esto en estos momentos nos parece especialmente adecuado y, además, el propio presidente del Gobierno está en ello, puesto que en su comparecencia de la semana pasada en el Pleno del Congreso nos anunció, por fin, la posibilidad de crear un instrumento financiero dedicado preferentemente a la financiación de promociones de vivienda protegida en régimen de alquiler, lo cual va en la línea de este texto propuesto.
A nosotros nos parece que esta enmienda debería ser aprobada por todos los grupos, especialmente por el grupo del Gobierno. No entenderíamos que, habiéndose aprobado en el Senado hace un año y unos meses una proposición de ley que incluso decía más de lo que es esta proposición de ley, hubiera un retroceso importante. El nuevo punto que apuntamos, recogiendo las sugerencias del propio presidente del Gobierno, a nuestro entender, hace que el Partido Socialista pudiera aplaudir con entusiasmo nuestra enmienda. Creo que esta Comisión haría un buen trabajo si hoy aprobara, con la unanimidad de todos sus miembros y, repito, con el entusiasmo del grupo que da apoyo al Gobierno, esta proposición con la enmienda que, a nuestro entender, la perfecciona.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Sainz): Señor Mato, aunque ha anunciado que iba a aceptar la enmienda, una vez terminada la intervención del señor Macias, ¿mantiene la posición?
El señor MATOS MASCAREÑO: Si, señora presidenta, mantengo la aceptación de la enmienda de CIU.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Sainz): Quiero comunicarles que, al parecer, los portavoces están de acuerdo en que la votación sea a partir de las seis en cualquier momento.
En el turno de portavoces tiene la palabra por el Grupo Socialista doña Helena Castellano.
La señora CASTELLANO RAMÓN: En primer lugar, tengo que decir que el Grupo Popular no presenta hoy en esta proposición de ley que estamos considerando nada que el Gobierno y el grupo al que represento no hayamos asumido previamente, puesto que tenemos y hemos tenido siempre el objetivo y el compromiso de incentivar el alquiler de vivienda libre a través de la mejora de su marco jurídico, para lograr que el alquiler sea para el ciudadano una opción de acceso a la vivienda equiparable a la compra e impulsar la puesta a disposición del mercado de un número suficiente de viviendas vacías. Para ello, siendo necesario lograr un aumento de la oferta de alquiler y una reducción de los precios, la reforma normativa de las leyes que afectan a estos ámbitos resulta imprescindible, por lo que el Gobierno presentará próximamente los anteproyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Arrendamientos Urbanos. De esta manera se reforzará la seguridad jurídica de los propietarios para que se animen a poner en el mercado sus viviendas vacías. El objetivo es establecer medidas de carácter procesal para agilizar los desahucios y la reclamación de rentas impagadas sin menoscabo, en ningún caso, de la seguridad jurídica del inquilino.
De otra parte cabe indicar, en relación con el segundo punto de esta proposición, que el Consejo de Ministros ya ha visado un anteproyecto de ley de medidas de fomento de alquiler de viviendas que ha sido enviado por parte del Ministerio de Justicia para que sea informado por los principales operadores jurídicos en esta materia. Además, y antes de barajar la idea de la posible creación de juzgados de vivienda, hemos de recordar que ya han sido creados por el Real Decreto 159/2008, diez nuevos juzgados de Primera Instancia destinados a mejorar, complementar o suplementar la Administración de Justicia en aquellas ciudades en las que, según datos contrastados, los juicios de desahucio por falta de pago suponen un tanto por ciento elevado respecto de la carga total de los juzgados de Primera Instancia, como así se expone en el preámbulo de la referida norma.
La creación de juzgados de vivienda, es decir un nuevo tipo de órgano judicial, conllevaría reformas de gran calado, como son las de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, por lo que la adopción de esta medida supondría, además de un evidente esfuerzo legislativo, un coste económico que no se ha analizado ni valorado adecuadamente y que podría resultar totalmente innecesario, existiendo otro tipo de alternativas de menor coste e igual o mayor efectividad. En este sentido podríamos señalar la experiencia piloto puesta en marcha recientemente en la región de Murcia, en la que se ha creado una unidad de desahucios, como refuerzo a los servicios comunes de los juzgados, que se encarga de las diligencias de comunicación, ejecución
de las resoluciones judiciales dictadas en los procesos de desahucio, tratando de evitar dilaciones, y acelerar las diligencias, procurando un resultado positivo y coordinando, además de la actuación de las diversas instituciones involucradas en el proceso. Ante los buenos resultados de esta iniciativa se está estudiando la extensión de esta experiencia a otras regiones.
En lo que se refiere al tercer punto de la proposición hay que recordar que, en primer lugar, el Plan de Vivienda 2005-2008 ya incluía medidas para la flexibilización de las condiciones de las ayudas para propietarios de viviendas vacías que opten por ponerlas en alquiler. Se incluyen en este punto medidas que implican un incremento de las ayudas públicas de financiación estatal, sin acompañarse de una valoración de su coste y forma de financiación. El contenido de las pertinentes medidas sobre rehabilitación, requisitos, características de préstamos y subsidiación, así como la cuantía de las subvenciones que contemple el próximo plan estatal, quedará establecido con la aprobación y la publicación, mediante los procedimientos legalmente establecidos, de la corriente disposición normativa desarrollada al efecto.
Además, el Ministerio de Vivienda está trabajando en la recopilación en un solo texto de toda normativa sobre políticas urbanas, rehabilitación de viviendas y desarrollo sostenible, estableciendo un marco regulador básico para la rehabilitación y renovación urbana en el que se establezcan las medidas necesarias para retomar la gestión de ciudades, pueblos y barrios como proyectos de convivencia, incentivando el uso de un patrimonio inmobiliario, con el protagonismo directo de los ayuntamientos para desplegar los efectos dinamizadores de su actividad económica.
Con relación al último punto de esta proposición no de ley diremos que en la realidad actual el primer instrumento de defensa para el arrendador es la vía judicial, a través de los juicios rápidos introducidos por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal 1/2000. Además, podemos añadir como instrumento de garantía para el cobro del alquiler la desarrollada por la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, iniciativa que supone la firma de un documento -garantía del alquiler- en el que se indica que el propietario y el inquilino acudirán a la corte en caso de disputa en lugar de al juzgado y acatarán el laudo que esta emita. Esta iniciativa se enmarca en el Plan nacional de alquiler garantizado, cuyo objetivo es resolver los conflictos sin tener que acudir a la vía judicial, ahorrando trámites y tiempo ya que la corte garantiza la devolución de la vivienda en tres meses y sin los costes de un juicio. Por último, en esta línea, y con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica que se viene avanzando a través del Plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler, contempla nuevas actuaciones de la Sociedad Pública de Alquiler, entre las que destaca el nuevo servicio para dar mayor seguridad al mercado de alquiler denominado alquiler seguro, que incluye un seguro multirriesgo de impago y de asistencia jurídica que está en funcionamiento desde el 29 de noviembre de 2007. Asimismo, conviene recordar que la Sociedad Pública de Alquilar asume los riesgos por impago y por incumplimiento de contrato, con lo que el propietario tiene garantizado el alquiler mensual a partir de la entrada de los inquilinos y tiene la garantía de que se le va a devolver la casa en las mismas condiciones en las que se entregó, lo que supone una garantía adicional y una protección frente al eventual incumplimiento por parte del inquilino, con lo que la desconfianza de poner en arrendamiento el inmueble es mínima y la predisposición a hacerlo mayor.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A AGILIZAR LOS TRÁMITES PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN OTORGADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000380.)
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): Una vez terminado el debate de este punto, pasamos al punto número séptimo del orden del día, que es una propuesta del Grupo Parlamentario Catalán. Tiene la palabra su portavoz, señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Este es uno de estos temas que creo que a veces pueden contribuir a alejar a los ciudadanos, en este caso a ciudadanos de una edad muy especial en la que entran de lleno en el ejercicio de la ciudadanía, la gente joven, de la clase política. Cuando la clase política promete algo, vende algo, hace gran propaganda de algo y la realidad es otra, hay un alejamiento muy importante entre la ciudadanía y la clase política. Por tanto, creo que este es uno de los temas en los cuales cabe reflexionar y buscar soluciones a algo que en estos momentos no está funcionando.
Invito a las señoras y señores diputados a que entren en la red, en muchos foros, por ejemplo, foros web gratis.com, tema renta básica de emancipación, manifestemos nuestra indignación, para que puedan ver lo que nuestros jóvenes escriben en relación con la renta básica de emancipación. Me van a permitir que lea algún fragmento de estos comentarios. Este, por ejemplo, está escrito en Barcelona: Mi novio y yo solicitamos la renta el 31 de enero, a fecha de hoy, 10 de septiembre, aún no tenemos ningún tipo de respuesta. Otro: Solicité la ayuda al alquiler para mi pareja, porque yo ya no puedo por la edad, el día 8 de enero y a día de hoy, 28 de julio, no nos han dado contestación de ningún tipo. Otro: Me concedieron la ayuda desde abril y a fecha de hoy no hemos visto un duro, finales de julio. Otro: Formemos una plataforma de manifestación contra esta injusticia; somos muchos los que desde enero no sabemos nada de la ayuda que nos prometieron. Otro: Hoy, mi amiga ha recibido la resolución positiva, fecha de entrega de la
solicitud 11 de enero; hace más o menos dos semanas la recibieron los que la habían solicitado el día 9 de enero. Está fechado el 16 de julio.
Otro: Tengo 28 años, soy de Salamanca, pero llevo siete años residiendo y trabajando en Madrid. Mi solicitud está pendiente de tramitación, cinco meses pendiente de tramitación. Lo único que me dicen es que hubo una entrada masiva de solicitudes y que aún están revisando las que se entregaron en enero. Ellos nos dan tres meses para encontrar piso y los mismos se permiten tenernos en ascuas durante más de cinco meses. Y se pregunta: ¿Existe un vacío legal que deja impune a esta gente? -esta gente somos nosotros, los representantes de los ciudadanos-. ¿Es sancionable el Estado en estos casos? ¿Podemos reclamar intereses por la demora de los pagos? ¿Ante quién debemos arremeter para que nos expliquen y nos paguen lo que nos prometieron?
Me parece que son suficientes argumentos como para que mi grupo haya elaborado una proposición no de ley, la cual, de forma muy simple, dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar, conjuntamente con las comunidades autónomas, los trámites administrativos necesarios para conceder la ayuda de la renta básica de emancipación y, una vez aprobada su concesión, proceder al rápido pago de la misma, con el fin de que el cobro de la ayuda en ningún caso supere los dos meses desde la presentación de la solicitud. De hecho, en el decreto que lo regula, hay un plazo establecido de dos meses para que las comunidades autónomas procedan a analizar el expediente y efectuar la concesión con la notificación incluida. En cambio, en el real decreto no hay ningún plazo para que una vez que la comunidad autónoma haya notificado al beneficiario o beneficiaria y a la Administración Central la concesión de la ayuda pase a pagarla. Se suponía que esto era inmediato, pero parece que esto no ha sido así. Por tanto, creo que, en primer lugar, debemos hacernos eco de esta preocupación ciudadana y, en segundo lugar, debemos establecer mecanismos para que nuestros jóvenes no queden defraudados, como demuestran algunos de estos e-mail que les he leído.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): A este punto del orden del día no se ha presentado ninguna enmienda.
Vamos a pasar al turno de portavoces. Tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.
El señor RUIZ I CARBONELL: Como SS.SS. saben, la renta básica de emancipación, regulada en el Real Decreto de 2 de noviembre de 2007, supone una ayuda directa de 210 euros mensuales a percibir durante un máximo de cuatro años; va dirigida a facilitar la emancipación de los jóvenes entre 22 y 30 años que tengan una fuente regular de ingresos que no supere los 22.000 euros brutos anuales y que sean titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual. Esta ayuda también incluye el pago de 120 euros para el coste del aval y un préstamo de 600 euros para la fianza. Esta es una norma producto de la política social del Gobierno socialista; norma que ya ha empezado a dar sus frutos y que por su contenido destaca respecto a la política de anteriores etapas de Gobierno, cuando era mayoría el que ahora es el principal partido de la oposición, que nos tiene acostumbrados a calificar este tipo de medidas de electoralistas; Gobierno socialista que cuando elabora la norma tiene en cuenta, como no podía ser de otra manera, el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y que, por tanto, prevé su participación en la gestión de la renta básica de emancipación mediante convenios de colaboración que se han formalizado durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado y algunos en enero de este mismo año 2008.
También saben SS.SS. que el mismo real decreto fija que son las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla quienes reciben las solicitudes y las tramitan y son ellas las que reconocen el derecho a percibir la renta básica de emancipación por parte de los jóvenes cuando cumplen los requisitos exigidos. Son, por tanto, las diferentes administraciones autonómicas quienes comprueban la documentación que aportan los solicitantes y son ellas mismas quienes comunican para lo que tienen un plazo de dos meses la resolución sobre el derecho a percibir la renta, tanto al Ministerio de Vivienda como al interesado. Naturalmente, e independientemente del período que la Administración necesite para reconocer el derecho, al interesado se le reconoce el derecho a percibir la renta por meses completos y a partir del mes siguiente en el cual ha hecho la solicitud. Por tanto, en el primer pago se abonan los meses que hayan transcurrido durante los trámites administrativos. Es el joven, una vez que ha recibido la resolución de la comunidad autónoma, quien debe dirigirse a la entidad bancaria colaboradora, para lo que el real decreto no marca plazo, para solicitar el pago de la ayuda, y es esta la que, tras la resolución positiva, comunica al Ministerio de Vivienda el identificador de la misma y la verificación de que el beneficiario ha procedido al abono mensual de la renta al arrendador. Tras ello, el Ministerio de Vivienda ordena el ingreso en la cuenta bancaria del joven del importe de la prestación, previa fiscalización y aprobación del expediente de pago y su posterior remisión a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. En definitiva, quisiera destacar que el Ministerio de Vivienda no puede generar el pago mientras no reciba la resolución de la Administración autonómica y la información que le transmiten las entidades financieras, pasos imprescindibles para el adecuado control del cumplimiento de los requisitos establecidos en el real decreto.
Queremos suponer que en el ánimo del proponente -seguro- y del resto de grupos no puede estar el otorgar dinero público sin las garantías necesarias y sin las garantías que la legislación exige, pues buena parte de la demora que se ha podido dar del primer pago ha sido debida también al exhaustivo sistema de control del fraude, que se centra fundamentalmente en la certificación
por las entidades financieras de que el solicitante ha abonado la renta del alquiler y su comunicación posterior al ministerio; sistema de control que evita algunos casos, como podría ser que cobrase esta ayuda alguien que estuviera en un proceso de desahucio. Recapitulando, es en buena medida, superados algunos problemas de carácter informático que hubo en los primeros meses y también la avalancha de solicitudes, la mayor o menor agilidad que tienen las comunidades autónomas, que son las que consumen la mayor parte del tiempo de espera en resolver las solicitudes, lo que hace que actualmente estén cobrando la renta básica de emancipación mayor o menor número de beneficiarios en cada una de las comunidades. La aplicación de una norma como ésta, que es -y no puede dejar de serlo- compleja por la cantidad de administraciones y particulares actuantes, comporta en sus inicios dificultades que ya han sido prácticamente superadas, de manera que a 31 de septiembre nos encontraremos ya con cifras considerables de beneficiarios y con un sistema que funciona dentro de los plazos que el real decreto marca.
Ahora bien, el grupo al que represento, consciente de la preocupación que existe, y especialmente entre aquellos a quienes va dirigido el real decreto, que no son otros que los jóvenes que tienen la necesidad de iniciar una nueva etapa en su vida más allá del hogar de sus padres, hemos presentado al ponente una enmienda in voce esperando que acepte, puesto que es una enmienda en la cual creemos que todos los grupos podemos vernos representados porque no es intervencionista con respecto a las entidades financieras colaboradoras; porque no encorseta a las comunidades autónomas que son las que tramitan la resolución; porque da el tiempo necesario para evitar en los trámites cualquier tipo de fraude, y sobre todo porque no supone la pérdida de derechos por parte de los jóvenes solicitantes. La enmienda de sustitución sería la siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar conjuntamente con las comunidades autónomas los trámites administrativos necesarios para conceder la ayuda de la renta básica de emancipación de manera que, una vez notificada su concesión a los beneficiarios, tal como fija el decreto, el pago de la ayuda se realice en un plazo de tiempo no superior a dos meses.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): Le pido disculpas, señor Ruiz, porque yo veía que usted me hacía señas y es que le correspondía la palabra al señor Matos. Le doy ahora la palabra, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: En primer lugar, quiero agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que haya aceptado la proposición no de ley para dar mayor seguridad jurídica al contrato de arrendamiento. Tengo que reconocerle mi sorpresa puesto que esta misma proposición no de ley y varias similares las presenté en la legislatura pasada y siempre fueron rechazadas. Por lo tanto, le agradezco realmente el cambio de dirección en el Gobierno porque da la razón a nuestras propuestas continuas, presentadas de una manera contumaz durante la legislatura pasada.
Entrando en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para agilizar la tramitación de las rentas básicas de emancipación, adelanto que vamos a apoyar la iniciativa, tal como está en el texto de la transaccional que se ha presentado por el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros criticamos la tramitación de este tipo de ayudas desde el primer momento por una sencilla razón, porque es la primera vez en las subvenciones que da el Ministerio de Vivienda a través de las comunidades autónomas en que el pago se realiza por el Gobierno del Estado y no por la comunidad autónoma. En la ayuda de 240 euros mensuales que tiene establecido el Plan de Vivienda para aquellos jóvenes menores de 35 años que cumplan una serie de requisitos, lo que hace el ministerio es que le traslada los fondos a la comunidad autónoma y esta, que es la que tramita el expediente, paga directamente. Aquí, sin saber por qué razón, el ministerio decidió que toda la tramitación la hiciera la comunidad autónoma, es decir, recibir la solicitud; pedir certificados a la Seguridad Social, a Hacienda y al Catastro, y emitir la resolución y enviársela al ministerio, y después este es el que envía el cheque al propio interesado, lo cual complica mucho más la tramitación. Fue desde todo punto de vista un criterio electoral el que primó para que fuera el ministerio el que mandara su cheque al ciudadano cuando toda la tramitación se hace por la comunidad autónoma. Los retrasos en la mayoría de las comunidades autónomas se deben sobre todo a que es la comunidad autónoma la que tiene que pedir a Hacienda, a la Seguridad Social y creo recordar que al Catastro determinada información y certificados. Es decir, es la comunidad autónoma la que le pide a organismos del Estado, en vez de ser proporcionada a la comunidad autónoma directamente por el Estado esa información, lo cual agilizaría mucho la tramitación de las subvenciones. Creemos que sería mucho más ágil que la comunidad autónoma contara con los fondos para transferirlos a los ciudadanos directamente y no tuviera que enviar la resolución al Estado para que este tramite la firma del cheque. Por lo tanto, en esta tramitación el Gobierno del Estado tiene solamente una función: recibir la resolución de la comunidad autónoma y firmar un talón que se envía al ciudadano. Creo que dos meses es un plazo prudencial y generoso para que el ministerio pueda llevar a cabo la firma de un talón tras la resolución aprobada por la comunidad autónoma, pero de todas formas para agilizar lo más posible este tipo de subvenciones y que lleguen cuanto antes a manos de las familias que las necesitan vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): Señor Macias, tiene la palabra para la aceptación o no de la transaccional.
El señor MACIAS I ARAU: Aceptamos la transaccional.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): Hemos terminado el debate del orden del día de esta Comisión de Vivienda y ahora vamos a pasar a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley.
En primer lugar vamos a votar el texto de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista sobre financiación, con cargo al programa de vivienda joven en alquiler incluido en el Plan de Vivienda 2005-2008, de construcción de viviendas universitarias. Votamos el texto presentado sin ninguna enmienda.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad de los presentes, que somos 36.
Segunda proposición del Grupo Parlamentario Popular, sobre dotación a los ayuntamientos de la capacidad financiera suficiente que les permita impulsar el desarrollo de los suelos destinados a viviendas sujetas a cualquier régimen de protección. El texto que se somete a votación también es el original del Partido Popular.
Pasamos al punto 3º, que es la proposición del Grupo Parlamentario Popular relativa a la revisión de los impuestos que gravan la vivienda. Se ha aceptado una enmienda de Convergència i Unió: en lugar de figurar seis meses, que sean tres meses.
La siguiente proposición es también del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas para dinamizar el mercado del alquiler. Aquí se ha aceptado también una enmienda de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, dos.
Pasamos al punto 5º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto. Hay una enmienda de sustitución con un texto que ha sido leído por esta presidencia, que es lo que vamos a votar.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad de los 36 diputados y diputadas presentes.
Pasamos a la proposición sobre la crisis del sector de la construcción, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votamos el texto original, puesto que no ha sido admitida la enmienda del Grupo Popular.
Pasamos finalmente a votar la última proposición, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la transaccional que ha sido aceptada.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad de los 37 diputados presentes.

References: artículo 55
 Real Decreto 
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 resolución 
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