Source: http://jcelobservador.blogspot.com/2018/03/
Timestamp: 2020-08-09 20:55:41+00:00

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El observador: marzo 2018
Por segunda ocasión, en términos humanísticos, la representante de COOPERA y activista social Dra. Graciela Estrella Abril, se dirigió al mandatario y recibe la negativa del Gobierno del Lcdo. Lenín Moreno, de dialogo para conocer la situación de los socios afectados por esta institución que fue cerrada por el gobierno durante el período presidencial del ex mandatario Rafael Correa.
La afectada, con la venta de su casa, depositó en COOPERA, con fecha 28 de mayo al 28 de junio del 2013 una póliza, confiada en que los organismos de control financiero, garantizaban la liquidez de la institución, conforme establece la constitución.
Para el colmo de su infortunio, el día diez de junio los medios de comunicación dan a conocer que la COOPERATIVA, atraviesa problemas financieros serios, debido a manejos inusuales, según el ex fiscal Chiriboga. Sucede, que el día 12 de junio se produce al cierre de la cooperativa para dar paso a un proceso de liquidación, supuestamente, garantizando la devolución de nuestros haberes de una manera ordenada. Sin embargo se inicia el viacrucis por recuperar el patrimonio de toda una vida. Han pasado más de cuatro años y no “me ha sido devuelto ni el 10 e mi capital depositado”.
Luego de este lamentable hecho, más de seiscientas familias quedaron completamente en la calle y sin trabajo, los planes de invertir en la formación profesional de sus hijos, se torna realmente imposible y han llegado al extremo de la vulnerabilidad, puesto que en los actuales momentos no cuentan con un techo propio donde habitar, ni los medios indispensables para la sobrevivencia diaria y pago de los onerosos servicios públicos.
Hace aproximadamente dos años, los socios de COOPERA y en mi calidad de coordinadora sostuvimos una reunión con el ex presidente Rafael Correa, quien se comprometió apoyarnos con bonos de vivienda, préstamos, trabajo, entre otros. De manera especial, considerando mi estado de vulnerabilidad, me ofreció una beca para la especialidad en cirugía, de mi hija, médica y una beca a mi hijo, para estudios de piloto, en la Escuela de Pilotos Pan-am Miami, que había sido admitido, antes del colapso de Coopera.
Confiada que el compromiso presidencial sería una realidad, inicié la gestión del ofrecimiento, invirtiendo tiempo y dinero, viajando por más de un año, de ministerio en ministerio y otras instituciones estatales burocráticas, como es el caso de la SENECYT, que no disponía de becas para la especialidad de Cirugía, tampoco para estudios técnicos de piloto, llegando en conclusión a ofrecerme una beca de trescientos dólares mensuales, que no cubrían en lo más mínimo la carrera, que en ese entonces tenía un costo de sesenta mil dólares.
Al ver esta realidad mi hijo decide estudiar medicina e ingresa a la Universidad Católica de la ciudad de Azogues, cursando el cuarto ciclo. Sorpresivamente, los profesores de la materia de investigación, de Alianza País, el uno directivo del hospital de Azogues y un doctor Guamán le hacen perder tres períodos. Como antecedente, y por denuncias en las redes sociales se conoce que un profesor tiene problemas con los médicos que no concuerdan con su posición política y han sido separados de su cargo. Por esta razón presumo que mi hijo es víctima de una represalia, que pone en juego su futuro profesional y está condenado a no poder ingresar en ningún centro académico público o privado. No es posible que la represalia y persecución de las autoridades de gobierno trascienda a nuestros hijos, frustrando su futuro y vida profesional, por el único motivo de exigir derechos.
Estos son suficientes causas y motivos para entender mi justo reclamo, acompañando a los movimientos sociales en la lucha por el imperio de la justicia, principalmente, el resarcimiento de nuestros derechos, sin importarme, que el gobierno del ex mandatario, Rafael Correa, en su intento de callarme la boca, me procese como “terrorista”.
¿Cómo se fraguo el cierre de COOPERA?
Rodrigo Aucay, ex gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera Ltda, que supuestamente guarda prisión en la cárcel de Turi, ha sido acusado de lavado de activos, peculado y violación. Su sentencia mayor es de 16 años.
Sin embargo, para el colmo de su desfachatez, sostiene que se siente traicionado por quienes en su momento apoyó políticamente, refiriéndose a Alianza País y por las personas con las que construyó un sistema de modelo económico que lo aplicó en Coopera Ltda”.
El presidiario admite que había una cartera (créditos por cobrar) de cerca de 70 millones de dólares y la vendieron en 31 millones de dólares a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) y de allí trasladaron a un grupo de cuatro cooperativas, que también se hicieron cargo de las aproximadamente 40 oficinas que tenía Coopera y que no han pagado ni un solo centavo por la ocupación… Estos espacios representaron una inversión de Coopera en computadores, sistemas, arriendos, empleados… Si no han pagado ni un centavo eso es pérdida y si cosas como estas cargo a un balance posterior claro que dará pérdidas…
Pero en este caso, no solo la SEPS detectó supuestas irregularidades en Coopera sino también la Fiscalía del Azuay, que inició una investigación por presunto lavado de activos.
No hubo ese supuesto lavado de activos, refiere Aucay, el lavado de activos es cuando yo tengo dinero en efectivo y meto en el sistema financiero para limpiarlo, blanquearlo o lavarlo. Lo que pasó fue una consecuencia de la lucha política del sector cooperativo que planteó que el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) pudiera ser un sistema democrático también para las cooperativas y no solo para las grandes instituciones financieras en el tema de exportaciones e importaciones…
Sobre el famoso sistema de la billetera electrónica, trabajamos con Diego Borja y Pedro Delgado… Para el SUCRE hubo un convenio de un programa piloto con el Banco Central del Ecuador (BCE) que tenía la obligación de revisar todas las operaciones… Al país ingresaron 1.640 millones de dólares, de los cuales por Coopera creo que pasaron 31 o 34 millones producto de intercambio de exportaciones e importaciones entre empresas… “Eso es legal”, sostiene el involucrado en el desfalco y cierre de COOPERA.
Esa no era nuestra competencia, no podíamos ver si las facturas de origen de esas empresas eran válidas o no válidas y si estaban alteradas o no alteradas, era un documento lícito y legal… Esos documentos los verifican los ministerios de Industrias y Productividad (MIPRO) y de Comercio Exterior, y las operaciones de negocios son vía electrónica… Si son empresas falsas los que deben estar presos son los representantes de esas empresas y los funcionarios de las instituciones que dieron esos documentos, admite Rodrigo Aucay.
No solo ingresó dinero por Coopera sino también por otros bancos como Guayaquil, Pichincha, Produbanco, Austro, entre otros… Los controles del sistema SUCRE tenían que hacerse en Venezuela, y los bancos operadores de Venezuela no eran bancos particulares sino bancos estatales…
ALIANZA PAIS, usó su influencia política
A Rodrigo Aucay, según denuncias de medios de comunicación, se le acusa, de convertir la economía popular y solidaria la que le permitió candidatizarse a asambleísta en las elecciones de 2013, a las que se presentó bajo el auspicio de Alianza País (AP 35), organización política oficialista.
Pero, el acusado reconoce que su participación fue un pedido exclusivo de las mismas ministras Doris Soliz (ahora asambleista de AP) y Betty Tola ( ex titular del Ministerio de Inclusión Económia y Social MIES), de funcionarios y directores de AP en Azuay. Ellos se vincularon y conocieron el modelo muy a fondo y muy profundamente, y entonces allí propusieron que se los apoye.
Sobre el apoyo de COOPERA, a la campaña electoral de 2013 para los candidatos de AP, Aucay reconoce que quien debería presentar documentos sobre los fondos que se utilizaron, es el ex asambleísta Oswaldo Larriva, “porque él estuvo en Coopera y ellos fueron los que me llevaban a toda campaña, participaron en el aniversario de Coopera y en el lanzamiento de mi candidatura, banquetes, viajes al exterior y todo tipo de despilfarrro de los fondos de los afectados”.
Aucay sostiene que primero pidan una nueva valoración de los activos de Coopera, no puede ser posible que una propiedad que tenía Coopera que vale seis millones le han vendido en un millón y medio de dólares… También se tiene que cobrar a las cooperativas por los bienes que están utilizando…
El modelo de farmacias y consultorios médicos, eso cuesta mucho dinero, el tema de investigación científica, de marcas y patentes, que hoy se encuentran en el mercado con otras marcas… Los socios tienen que hacer una demanda al Estado y una demanda a las cooperativas que intervinieron… También tienen que exigir que se abran los archivos originales de los softwares y que se quite el top secret.
Lo único que queda claro, es que el dinero de los afiliados de COOPERA, se esfumó como el viento y que los grandes responsables del atraco, (funcionarios del gobierno), se niegan a investigar el hecho que afecta a más de seiscientas familias que se debaten en la más absoluta pobreza. El nuevo gobierno hace caso omiso por investigar el proceso de saqueo y corrupción que se cometió, en mengua de los afiliados. Se niega a dialogar con los afectados, dejando una clara impresión consciente o inconscientemente de ser un cómplice o encubridor.
Desde COOPERA y los movimientos sociales, nos comprometemos a dar una lucha sin cuartel en contra de la corrupción, causante y síntoma de la descomposición social. Esta acción requiere de acciones políticas en las calles para transparentar toda la acción gubernamental, fortaleciendo las instancias de veeduría ciudadana. “Hay que sanear a la administración pública de las mafias y grupos de presión que operan en todas las funciones del Estado, convirtiéndose en otra función combatir la corrupción la impunidad, atrincherándonos en las calles y plazas del país”, alertó la lideresa social Dra. Graciela Estrella Abril
Uno de los delitos más graves que se cometen en contra de la salud de la población es la comercialización de medicamentos caducados. Semanas atrás, varios medios de comunicación dedicaron importantes espacios informativos para dar cuenta a la ciudadanía sobre el operativo denominado “Fármaco IV”, llevado a cabo por la Fiscalía con el respaldo de personal especializado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), cuyo objetivo fue desarticular una organización dedicada (supuestamente) a la falsificación, adulteración de registros sanitarios, y venta en farmacias (especialmente en el sur del país), de fármacos inservibles. Le correspondió a la Fiscalía investigar el caso y presentar las pruebas y acusaciones para que sean los jueces los que llamen a juicio y sentencien (de ser encontrados culpables) a penas de prisión a los autores, cómplices y encubridores, tal como dispone el Código Orgánico Integral Penal.
En primera instancia el Juez de la Función Judicial del Azuay, convocó para el 24 de noviembre a la audiencia preparatoria de juicio, pero se postergó para el 7 de diciembre.
Se efectuaron 18 allanamientos, al mismo tiempo, en las provincias de Azuay, Loja, El Oro y Cañar. De acuerdo a la información de las autoridades competentes, desde el 2015 en el país se han decomisado unas 16 toneladas de medicamentos adulterados. “Los involucrados tendrían nexos con redes de Colombia y Perú”.
La Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, por delegación de la Procuraduría General del Estado, presentó la acusación particular en la Unidad Judicial Penal de Cuenca, en contra de MEDIVEZA MEDICINAS E INSUMOS CIA.LTDA.
Los acusados son María Isabel Tálbot González, Andrés Omar Vásquez Espinoza, Sonia Maribel Vásquez Reinoso, Mauricio Bolívar Tapia Díaz y Milton Polivio Mendoza Cedillo.
Las autoridades allanaron un aparente laboratorio en el sector de San Miguel de Putushi, perteneciente a la parroquia de Sayausí en Cuenca. La gente del sector llamaba al lugar como (el campo chino). Este laboratorio clandestino tendría un costo de 500 mil dólares, y el negocio ilegal dejaba ganancias de hasta 100 mil dólares mensuales.
ARCSA identificó en farmacias del austro ecuatoriano, un grupo de medicamentos como multivitamínicos, antibióticos, antiinflamatorios, antiulcerosos, antihipertensivos, entre otros, que reportaban en sus etiquetas como fabricantes a laboratorios extranjeros. En los medicamentos constaban números de registros sanitarios inexistentes.
Se inspeccionó el local donde venía funcionando MEDIVEZA (legalmente constituida), en las calles Cáñaro y los Manzanares.
Técnicos de ARCSA realizaron el seguimiento al recorrido de los productos implicados, desde las farmacias hasta el punto de distribución, comprobando que este proceso se lo realizaba desde una nave de grandes dimensiones en el lugar antes indicado. Agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios (UDAT), determinó el modus operandi y prácticas ilegales en los medicamentos que luego eran comercializados y distribuidos en diversos lugares del país.
El martes 25 de julio, anota el Director Nacional Jurídico (e) del Misterio de Salud Pública, Abogado Iván Martínez Cortéz, se desarrolló el operativo con la intervención de la UDAT, GIR, Policía Judicial, Fiscalía y ARCSA. “Se inspeccionaron 13 farmacias en El Oro, Azuay, Cañar y Loja. En Cuenca se allanó una nave que resultó ser un gran laboratorio que reciclaba medicamentos caducados, evidenciando que se realizaban actividades de fabricación, adulteración, producción, comercialización y distribución de medicamentos, en su mayoría caducados.
Las pruebas que se encontraron:
Contenedor con medicamentos caducados, cuarto de lavandería para el almacenamientos de medicinas expiradas, recipientes llenos de agua con botellas de plástico de jarabes, selladas herméticamente, este proceso era empleado para facilitar el retiro de las etiquetas originales para sustituirlas por otras; productos químicos disolventes sin las precauciones necesarias para evitar la contaminación. Se elaboraba un medicamento denominado “Agua del Carmen”, sin cumplir con los requerimientos básicos de esterilidad e infraestructura; en los baños se acumulaban medicinas no aptos para el uso y consumo humano; cápsulas al granel en fundas plásticas, desconociendo su procedencia, así como fecha de elaboración y composición; una máquina (desemblistadora) que se utiliza para retirar tabletas o cápsulas de un blister original; una tableteadora y una mezcladora; cajas listas para acondicionar los medicamentos para la venta con su empaque externo; cientos de etiquetas de múltiples medicamentos; material publicitario.
La infracción que acusa el Ministerio de Salud Pública, es el de falsificación de medicamentos, tipificado en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal, sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Art. 217 “ Producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados. La persona que importe, produzca, fabrique, comercialice, distribuya o expenda medicamentos o dispositivos médicos falsificados o que incumpla las exigencias normativas a su composición, estabilidad y eficacia, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
“La persona que expenda o despache medicamentos caducados y con ello ponga en peligro la vida o salud de las personas será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión o oficio por seis meses”.
“Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con una multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción de la misma”.
En el presente caso, el monto al que asciende los daños y perjuicios causados asciende a más de un millón de dólares. Además, en atención al artículo 77 del COIP, el Ministerio de Salud Pública está solicitando al juez la reparación integral de los daños, por cuanto de las investigaciones se evidencia el afán de causar daño a la comunidad con la provisión de medicamentos no aptos para el consumo humano. Y el cierre definitivo del “laboratorio”.
El miércoles 26 de julio de este año, se realizó la audiencia preliminar con la actuación del Fiscal de Guayaquil, Washington Cárdenas, en el Juzgado de la Unidad “D” Judicial Penal de Cuenca, a cargo de Luis Fernando Moreno. En la audiencia el juez concedió la libertad condicional y ordenó la prohibición de ausentarse del país, al señor Andrés Omar Vásquez Espinosa, a su esposa María Isabel Tálbot, y a tres de sus empleados
El Observador consultó al Doctor Marco Carrión Calderón, ex Director del Hospital del IESS, profesional de larga experiencia y trayectoria, sobre las consecuencias de tomar medicinas caducadas, respondiendo que las empresas que producen fármacos, colocan en sus envases y cajas, claramente, la fecha de caducidad, después de lo cual, según pasa el tiempo, pueden ir perdiendo su efectividad. No tiene importancia, dijo, que tomemos un fármaco que ha perdido su eficacia si, por ejemplo, tenemos un resfriado, simplemente no aliviaremos los síntomas, pero puede ser un problema serio si sufrimos un ataque para el que necesitamos un fármaco que ya no es todo lo activo que era. Aunque es poco común, algunas medicinas caducadas pueden producir efectos tóxicos, por ejemplo, tetraciclina, penicilina, insulina, antibióticos líquidos. Por todo es desaconsejable el que se use una medicina con fecha de expiración pasada.
La experta en identificación de productos falsificados, María Fernanda Román, integrante de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, informó que se viene impulsando la reforma que tipifica y aumenta las sanciones por comercializar medicamentos caducados, falsificados y adulterados, porque es un delito de salud pública que puede causar la muerte del paciente y que perjudica al Estado.
En este sentido, ha explicado que busca una reforma, cuyo texto esté mejor redactado, tenga más definiciones y se pueda “realmente” sancionar a los delincuentes con un artículo nuevo. Por ejemplo, señaló, en Colombia estos delitos son sancionados con penas de 5 a 10 años, y en Perú hasta con15 años. La experta también ha respaldado la propuesta del Ministerio de Salud Pública, para aumentar de 5 a 8 años la pena por este tipo de delitos. La ley actual prevé privación de libertad de 3 a 5 años. Aclaró, además, que un medicamento falsificado puede ser de marca o genérico, no cumple con ninguna condición de calidad ni de eficacia para el paciente. Las fábricas y laboratorios clandestinos que realizan este tipo de productos se instalan en casas en condiciones muy lamentables de producción.
Nuevos y mejores controles
El Observador también se contactó con la asambleísta Poly Ugarte, miembro de la Comisión de Salud, para conocer su opinión sobre este tema que ha conmocionado a la ciudadanía, señalando que se ha exigido a las autoridades sanitarias otro tipo de controles. “Estamos trabajando en el Código Orgánico de la Salud para que se garantice a la población medicamentos de calidad, para evitar el ingreso de medicamentos falsificados o copias, y que no participen en la subasta inversa, medicamentos sin registro sanitario, porque hoy se acepta que el registro sanitario esté en trámite, mientras se adjudican las subastas, y no podemos seguir permitiendo”.
En la empresa “Mediveza” se procedía con la adulteración y falsificación de medicamentos, para lo cual primero debió instalar un laboratorio que contaba con maquinaria de blisterado, selladoras, etiquetadoras, encapsuladoras, para colocar fechas de caducidad adulteradas, y registro sanitario falso. Además, agregó la asambleísta Ugarte: ¿cómo era posible que esta empresa haya operado en el país alrededor de tres años, importando aproximadamente 30 toneladas de medicamentos caducados, y recién se han dado cuenta de tan terrible daño a la población ecuatoriana?. “No es posible que en el país se permita importar a cualquier empresa, y no exista ningún filtro para pasar los controles sanitarios y aduaneros. Se está jugando con la salud de los ecuatorianos, subrayó.
Sobre el tema solicitamos vía correo electrónico, la opinión a la Dra. Florencia Neira Alvarado, Coordinadora Zonal 6 de la ARCSA. Esta fue su respuesta:
La evolución de los pueblos en el tiempo va marcando la urgencia de atender sus necesidades cambiantes a través de políticas de estado eficaces, así el dinamismo de la historia impone a los gobiernos la obligación de ajustar las leyes a aquellas necesidades.
Con esta premisa, aprobamos la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, actualizando su normativa a lo que consideramos son nuestros derechos y responsabilidades, consagrando de manera explícita el derecho a la salud de los ciudadanos como un derecho del buen vivir.
La construcción del nuevo estado de Derechos implicaba naturalmente configurar el andamiaje institucional adecuado para el cumplimiento de los objetivos constitucionales, y en la cuna de este contexto nace la AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, Arcsa, creada mediante el DE 1290 publicado en el Registro Oficial Nro. 788 de septiembre 13 de 2012, como entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública y como el organismo técnico encargado de la vigilancia y control de medicamentos, entre otros, relacionados con la salud.
Dentro de los conceptos doctrinarios que dieron lugar a la Constitución, ésta declara que el cuidado de la salud está garantizado por el Sistema Nacional de Salud, el cual se halla conformado por las instituciones relacionadas con el mismo, señalando que la red pública integral de salud será parte del mismo sistema y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales por una parte y, por otra responsabiliza a la autoridad sanitaria nacional el normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud.
Paralelamente la misma Constitución determina como una responsabilidad sobre la atención de salud el “Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional (…)”.
De manera categórica la Constitución declara que “En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud púbica prevalecerán sobre los intereses económicos y comerciales”.
ARCSA y sus competencias
De lo brevemente descrito en líneas anteriores como fundamento teórico, se desprende el accionar concreto de Arcsa que, dentro de sus competencias tiene la obligación de controlar la calidad de medicamentos.
Dentro de este marco Arcsa como integrante del Sistema Nacional de Salud, tuvo su intervención dentro del Operativo “Fármaco IV”, realizado en Cuenca el 25 de julio pasado, intervención de carácter obligatorio para responder a la convocatoria de otras entidades que la requerían para sus indagaciones, asumiendo su obligación de laborar como parte del conjunto articulado de establecimientos estatales.
Los técnicos de la Coordinación Zonal 6, fueron convocados la víspera del operativo para la valoración y análisis de los medicamentos destinados a la comercialización en lo concerniente al riesgo en el que se encuentra el consumidor de fármacos que carecen de registro sanitario y de los requisitos señalados en la normativa detallada y vigente para esta regulación.
El gran volumen de medicamentos encontrados en una espacio amplio requirió del trabajo de los técnicos por más de tres semanas en la nave de los mismos, y luego del hallazgo de múltiples incumplimientos el fiscal del caso inició el proceso judicial en contra de los presuntos responsables, en base al artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que concibe como delito y sanciona la comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados que, por sus condiciones no garantizan su inocuidad y lesionan el derecho a la salud de la población.
De esta manera Arcsa cumplió con su responsabilidad constitucional de controlar que la población tenga acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, pues en el acceso a éstos priman los intereses de la salud pública sobre los intereses económicos y comerciales.
Publicado por EL OBSERVADOR-CUENCA en 12:11 No hay comentarios:
Publicado en la Revista El Observador, edición 103, febrero de 2018
Sobre el criminal y lucrativo negocio de los medicamentos caducados: la Sala Penal revocó la sentencia del juez. La justicia brilló con luz propia.La audiencia de lectura de la resolución se realizó el lunes 29 de enero a las 11h00 en la planta baja del edificio patrimonial de la Corte de Justicia del Azuay.
Con la salud de la población no se juega. Toneladas de medicamentos caducados fueron comercializados con premeditación y alevosía. Son varios los delitos que se cometieron, desde una nave clandestina que se instaló en el sector de Sayausí, para desde allí, distribuir los medicamentos en farmacias del austro ecuatoriano, alterando los registros sanitarios, cambiando las fechas de caducidad, imprimiendo nuevas cajas, removiendo las etiquetas de los frascos. Claro que contaban con permisos de parte de las autoridades, pero no para engañar, no para vender medicamentos que dejaron de ser útiles para la salud. Cuántas personas fueron afectadas por este procedimiento ilegal, perverso, criminal.?â€¨El Observador seguirá cumpliendo con su trabajo de denunciar la corrupción, disfrazada de legal, toque a quien toque, y duela a quien duela.
La Sala de la Penal, integrada por los doctores Narcisa Ramos (ponente), Jenny Ochoa y Julio Inga.
“La doctora Narcisa Ramos ramos jueza ponente en esta causa, informa que en atención a los argumentos aportados por los sujetos procesales en esta audiencia, la sala conforme al art. 654.7 COIP en aplicación al numeral 10 literal c) al art. 652 coip, declara la nulidad de la resolución apelada a costa del juez que la dictó. con esta resolución quedan notificados los sujetos procesales la que por escrito y de manera motivada será puesta en conocimiento dentro del término de ley. se concluye la diligencia”.
al término de la audiencia, El Observador pidió la opinión del doctor Juan Carlos Salazar, defensor de los principales acusados, sobre resolución, expresando que “para la Sala existió causa de nulidad. La Sala dictó la nulidad de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, lo que nos convoca a una nueva audiencia. Ya no podrá conocer el mismo juez, se tendrá que sortear uno nuevo, y volver a pasar la audiencia como tal. La Sala no hizo análisis alguno del fondo de los temas, lo que primero debe hacer un juez cuando resuelve un recurso es revisar la validez de causa. Para lo jueces de la Sala no existió validez de causa por ausencia de motivación, lo que se conoce como nulidad constitucional, así se califica por parte de la doctrina y la norma. Respetamos la resolución de la Sala, pero no la compartimos”
Opinión de El Observadorâ€¨
Quienes hacemos periodismo serio, somos observadores de las estrategias que se usan para “ilustrar” el criterio de los jueces a favor de sus defendidos, y escuchamos una afirmación, y escuchamos la réplica y luego la contra réplica y analizamos la verdad de fondo, pues si la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, más allá de cualquier planteamiento jurídico hábilmente enmascarado de autenticidad, es obligación del juzgador descubrir la veracidad de los hechos, pues la ley ha de aplicarse en el caso que comentamos, con estricto apego a la realidad descubierta por las instituciones que organizaron el operativo y a la verdad procesal, en defensa de la salud de los ecuatorianos.
En la audiencia escuchamos que el presunto infractor aceptaba que tenía en su nave clandestina, medicamentos caducados, en cuarentena, listos para ser destruidos, en el porcentaje del 5 e la totalidad de fármacos incautados, cuando la realidad es completamente diferente.
Las autoridades y los medios de comunicación que participaron en el operativo, constataron un contenedor de aproximadamente 12 metros de largo por unos 3 de ancho, y una vez que se abrió la puerta, se encontró la gran sorpresa: el contenedor tenía cientos de cajas apiladas unas sobre otras, desde el piso hasta el techo, con un espacio mínimo en la mitad para que pueda entrar una persona a manipular dichas cajas. Qué guardaban las mismas? Cientos de medicamentos caducados desde el año 2001.
La argumentación de la defensa, confrontada con la realidad probada en la audiencia, cae por sí sola, pues si bien el presunto infractor reconoce que hay un porcentaje mínimo de caducados, sin embargo invierte los porcentajes, obviamente a su favor.
Se encontraron las cajas vacías de los fármacos expirados, amontonados en unas fundas de basura azules de gran tamaño, así se evidenció el hecho concreto en las diapositivas exhibidas en la audiencia.
El observador, como muchos ciudadanos se hace las siguientes preguntas:
· ¿Para qué se sacaban las cajas de los medicamentos caducados, botándolas a la basura?
· ¿Para qué se guardaban los medicamentos sacándolos de sus envases originales que sí tenían el debido etiquetado con la información que la normativa vigente exige para garantizar la eficacia del medicamento?
· ¿Cuál era el destino de esos medicamentos?
· ¿Si es verdad que el presunto infractor tenía los medicamentos caducados para destruirlos, por qué los mantuvo desde el año 2001 hasta la fecha del operativo?
· ¿Por qué no los destruyó, manteniéndolos más bien debidamente guardados, rotulados e identificados durante 16 años?
· No es posible explicarse la gigantesca acumulación de caducados, conforme se desprende del proceso, sin establecer una relación directa con la actividad clandestina de reciclarlos, de resucitarlos para el negocio, aunque algunos de ellos puedan causar la muerte a los compradores.
Esta realidad desemboca en dos alternativas: o se trata del caso clínicamente conocido y difundido como el de los “ACUMULADORES COMPULSIVOS” , o se los utilizaba para el negocio clandestino, dentro de una nave también clandestina, aunque la defensa trató de confundir a la Sala afirmando que sí tenía el permiso de ley….. gran falacia y manipulación mal intencionada de la defensa, pues el permiso de funcionamiento tenía el local ubicado en la ciudad de Cuenca para la distribución de medicamentos, más no en la nave a medias oculta en las afueras de la ciudad (en Sayausí) para reciclar a los fármacos que nos ocupan al momento.
MEDIVESA y el medio ambiente
El observador pudo escuchar de la defensa del presunto infractor “QUE DESTRUÍA LOS MEDICAMENTOS CADUCADOS”, pues bien, la instancia que corresponda tendrá que poner en conocimiento del Ministerio del Ambiente, este hecho que de ninguna manera puede realizarse de manera empírica y antojadiza, conforme explicó en su momento ARCSA.
En efecto, nuestra Constitución de la República reconoce los derechos de la naturaleza y es obligación de todo ciudadano el preservar el ambiente y protegerlo.
Los medicamentos caducados no aptos para el consumo humano, según el Acuerdo Ministerial 142 del MAE, son considerados como desechos peligrosos o especiales. Por su parte. El Acuerdo Ministerial 61 del mismo MAE. impone la obligación de que esos desechos sean transportados y destruidos por gestores ambientales calificados y autorizados por el Ministerio del Ambiente; la Ley de la materia impone sanciones para el incumplimiento de esta normativa, por lo que el imputado habrá de responder también a esa cartera de estado, por las omisiones atentatorias al equilibrio del medio ambiente.
Con esta premisa consideramos que los miembros de la Sala tendrán las mismas interrogantes que los observadores:
· ¿En qué lugar se destruían los fármacos caducados?
· ¿Qué persona autorizada por el MAE transportaba dichos caducados?
· ¿Y si se los destruía, bajo qué controles y parámetros ambientales se lo hacía?
· ¿Quién fue el gestor ambiental calificado que participaba en la destrucción de los caducados?
· ¿En el caso de que haya sido verdad la acción de destrucción, al hacerlo sin apego a la ley, el presunto infractor habría cometido otro delito, en este caso de tipo ambiental.
El presente análisis nos permite comprender que la ligereza de las afirmaciones de defensa ante la Sala, ha de ser debidamente tomada en cuenta, pues incorrecto es inducir a error al juzgador, con afirmaciones que no son reales.
En el caso criminal de MEDIVEZA, y como observadores pudimos ver que en el mundo de las leyes, como en todo, se juegan estrategias para conseguir algunos objetivos.
Pudimos ver por un lado una defensa descriptiva y puntual, narrando los hechos inconscientes que para obtener dinero, atentan a la salud y a la vida de la gente; por otro, una defensa efervescente, con derroche de verborrea jurídica.
La una, demostrando hasta la saciedad el proceso de “reciclaje” de medicamentos, que de caducados y guardados desde el año 2002, resucitaban a períodos de vida más largos, gracias a la “magia” de un laboratorio clandestino que, a decir de la defensa tenía todos los permisos, -con excepción del principal permiso otorgado por Arcsa, única entidad autorizada para el efecto-; la otra dueña de un excesivo drama pretendiendo convencer al Tribunal de que en el hecho vergonzoso que se acusa, NO HAY DELITO.
Los ciudadanos nos preguntamos ahora, ¿qué es lo que valoró el Tribunal para dar su veredicto? Las pruebas contundentes de una parte, limpiamente expuestas con pruebas irrefutables que evidencian una realidad delincuencial vestida de empresa legalmente constituida, o el dramatismo huérfano de verdades de la otra parte, por supuesto que lo primero.
Los hechos aportados en la etapa indagatoria, indudablemente, marcaron el criterio del Tribunal, por sobre cualquier estrategia de comedia.
En definitiva, son los hechos los que configuran el delito los que debe ser sancionados al margen de cualquier defensa comprometida con la falsedad orientada hacia la impunidad.
Aquí está en juego el derecho sagrado a la salud, que tiene el pueblo ecuatoriano, por declaración de la Constitución de la República del Ecuador.
La responsabilidad social que implica toda tarea relacionada con la colectividad, nos impone ciertas pautas sin las cuales no se puede desarrollar un trabajo serio.
Publicado por EL OBSERVADOR-CUENCA en 12:10 No hay comentarios:
Frontera norte: el relato del gobierno es crudamente chato
Publicado en marzo 29, 2018 en La Info por José Hernández
Los atentados, los ataques, el secuestro de periodistas de El Comercio… La convulsión que hay, en general, en el frontera norte ha puesto al gobierno de Lenín Moreno frente a un problema heredado de lustros. En eso, el Presidente de la República dio en el clavo al señalar la permisividad del gobierno de Correa: desmantelamiento de Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia, helicópteros que se caían, radares que no funcionaban… Todo eso ha dado lugar a que en esa frontera el Estado no ejerza la plena soberanía y que el fenómeno del narcotráfico se extienda en el país.
Sin embargo, los ministros César Navas, ministro del Interior, y Patricio Zambrano, ministro de Defensa, están construyendo un relato, que suena coherente, pero que es extremadamente inquietante porque está formulado en estos términos: lo que ocurre en el norte es el coletazo del proceso de paz en Colombia. Estamos absorbiendo las consecuencias de grupos de disidentes de las FARC, unos 2000, que no se acogieron a ese proceso.
Se entiende que los dos ministros, que responden por la vida de sus hombres en uniforme en la frontera, expliquen lo que coyunturalmente están viviendo. Además, no es difícil graficar la desidia del gobierno colombiano en la frontera con Ecuador: es obvio que el orden que imperó durante décadas frente a la frontera ecuatoriana lo impusieron los delincuentes de las FARC. Y que solo ahora, el gobierno de Colombia piensa en serio cómo recuperar el departamento de Nariño y algunos otros que estuvieron gobernados por la guerrilla.
Sin embargo, el relato que intenta posicionar este gobierno, bajo la consigna de unidad nacional, tiene enormes peligros. Adjudicar las amenazas que hacen pesar grupos terroristas en esa región al coletazo del proceso de paz en Colombia, es diluir los factores del problema y desconocer su historia. Esto no empieza tras el proceso de paz en Colombia. Es exacto decir que se agudiza; se extrema, pero ese problema ya era crítico en esa zona durante el gobierno de Rafael Correa. Y existía antes de Rafael Correa.
Poner el énfasis en la desidia de Colombia en esa parte de la frontera es una verdad histórica. Pero no sirve, como está sirviendo en el relato del gobierno, para llevar a la opinión nacional a enfocar solamente las repercusiones del problema. Es evidente que Ecuador ha tenido más Estado que Colombia en la zona. Pero no ha hecho real presencia y desde hace lustros también dejó la iniciativa a los señores de esa guerra que han traficado, extorsionado a comerciantes y agricultores, corrompido funcionarios, generado todo tipo de redes, amedrentado a fiscales y jueces y dividido el norte en zonas de influencia. Hay documentación periodística desde hace una década, en casos más, que dan razón al Presidente cuando habla de permisividad del antiguo gobierno (y de otros) en toda la frontera norte.
El relato que el gobierno quiere posicionar no solo es inexacto: nutre el mito, mito mentiroso, de un país impoluto y víctima de los dos productores de droga más importantes del mundo. El peligro está en creer que el problema del narcotráfico es tan distante del país como la Patagonia. Ese relato es inexacto y falaz. Porque desconoce que –por las razones que sean– en el país existen desde hace lustros estructuras y organizaciones dedicadas al narcotráfico que tienen entronques con carteles internacionales. El problema del norte, que se manifiesta en las formas criminales que el país condena, también es una realidad en Manabí y en otros lugares del país.
Dicho de otra manera, ese problema puede tener, según las regiones y las coyunturas, manifestaciones diferentes. En el norte en este momento, involucra a grupos disidentes de las FARC que hoy protegen al narcotráfico. En otras regiones, asume otras formas. Pero este ya es un problema ecuatoriano y es un grave problema porque el narcotráfico tiene una capacidad colosal de desestabilización institucional, de corrupción y de peligro para la seguridad pública. El relato del gobierno invisibiliza esa realidad y repite, conceptual y políticamente, lo mismo que hizo Correa en su gobierno: echar la culpa al Estado colombiano (que es voluminosa) y hacer creer a la opinión que este es un problema exógeno que altera la tranquilidad del país en forma absolutamente coyuntural.
En Francia dicen que un tren puede ocultar otro tren. Aquí el norte y el secuestro de dos periodistas y el chofer de El Comercio pueden ocultar el problema silencioso y profundo del narcotráfico que ya es una realidad en otras zonas del país. El relato del gobierno no permite mirar con igual acuciosidad en los dos frentes. Y políticamente solo se está haciendo lo que mejor registra en las cámaras de televisión.
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Publicado por EL OBSERVADOR-CUENCA en 12:04 No hay comentarios:
Publicado el viernes 30 de marzo de 2018 en PORTADA
En un tuit de su cuenta oficial, el sitio web Wikileaks aseguró que el gobierno ecuatoriano no estableció ningún acuerdo con su fundador, Julian Assange, que le impidiera comentar sobre asuntos de otros países.
Assange permanece asilado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, perseguido por crímenes de abuso sexual que han prescrito. El pasado miércoles, el gobierno le quitó acceso a internet alegando que el programador estaba “interfiriendo” en política internacional al publicar mensajes a través de Twitter.
El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que las acciones de Assange violaban un acuerdo escrito que lo obligaba a abstenerse de “emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados”. El mensaje de Wikileaks contradice directamente esto, alegando que las declaraciones son “completamente falsas”
“Las afirmaciones de la oficina de asuntos públicos de Ecuador de que el editor de Wikileaks Julian Assange, probablemente el activista por la libertad de expresión más conocido del mundo, estaba bajo un acuerdo que le impedía hablar son, quizá no sorprendentemente, completamente falsas”, lee el tuit.
La suspensión de comunicaciones a Assange ocurrió después de que el activista comentara sobre asuntos de política europea (como hace usualmente). Estos incluyen críticas a la detención de Carles Puigdemont en Alemania y la decisión de la primera ministra británica Theresa May de expulsar a diplomáticos rusos en medio de una crisis en las relaciones de los dos países. Tras sus comentarios, Assange intercambió insultos con el secretario de Estado británico, Alan Duncan, quien lo llamó “pequeño miserable gusano”.
La cuenta de Wikileaks ha publicado diversos mensajes apoyando a su editor. En uno cita a la constitución del Ecuador, que garantiza libertad de expresión a sus ciudadanos (Assange es nacionalizado ecuatoriano) y en otro sugiere que el gobierno ecuatoriano busca silenciarlo por publicaciones acerca del caso Hacking Team.
“A pesar de que Ecuador afirma que aisló a Assange por sus tuits acerca de la detención de Puigdemont en Alemania, el contexto político es su esfuerzo por sacar a la luz el ‘Watergate’ ecuatoriano, Hacking Team, que llevaron a la implosión el sistema nacional de espionaje este mes”. (I)
16:33 - 28 mar. 2018
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Although Ecuador claims it isolated Assange over his Tweeting about the detention of #Piugdmont in Germany, the political context is his breaking the "Watergate" of Ecudor, #HackingTeam, which led to the implosion of the national spy service this month https://twitter.com/JulianAssange/status/978591510160723970?ref_src=twcamp%5Ecopy%7Ctwsrc%5Eandroid%7Ctwgr%5Ecopy%7Ctwcon%5E7090%7Ctwterm%5E3 …
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