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Timestamp: 2020-04-07 13:43:39+00:00

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XIII REPARACIONES - Inter-american court of human rights
168. De acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas en los capítulos anteriores, la Corte declaró, con base en los hechos del caso, la violación de los artículos 5, 22, 21, 8 y 25 de la Convención Americana, todos en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado. La Corte ha establecido, en varias ocasiones, que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente94. A tales efectos, el artículo 63.1 de la Convención Americana establece que:
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. (El subrayado no es del original.)
169. Dicho artículo refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación95.
170. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados96. La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno97.
171. Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores98.
172. A la luz de los criterios anteriores, la Corte procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por los representantes respecto de las reparaciones, con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños en el presente caso.
173. La Comisión considera que los beneficiarios de las indemnizaciones en el presente caso deben ser los residentes de la aldea de Moiwana que sobrevivieron el ataque y los familiares de quienes murieron.
174. De igual forma, los representantes alegan que los beneficiarios de las indemnizaciones deben ser los sobrevivientes del ataque y los familiares de quienes murieron.
175. El Estado solicitó que se rechace la solicitud de indemnizaciones presentada por la Comisión, basándose en que “el método aplicado por [ésta] para determinar quiénes tienen derecho a las indemnizaciones, así como el nivel de las reparaciones, no está justificado”.
176. En primer lugar, la Corte considera que la “parte lesionada”, en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana, está constituida por las personas definidas en el párrafo 71 como “los miembros de la comunidad” (supra párrs. 71 y 86.17, en donde se encuentra la lista completa de las víctimas). En consecuencia, dichas personas serán los beneficiarios de las reparaciones que el Tribunal estime pertinentes ordenar.
177. Es preciso recordar que cuando se está en presencia de un caso contencioso ante la Corte, la parte interesada debe comunicar quién o quiénes son los beneficiarios99. Por esta razón, este Tribunal no puede aceptar la solicitud de que ciertas víctimas, que a la fecha no han sido individualizadas ante la Corte, sean identificadas para efectos de indemnización con posterioridad a la presente Sentencia. Tal decisión es consistente con la adoptada por la Corte en el Caso Masacre Plan de Sánchez, en el que no se permitió que otras víctimas fueran identificadas con posterioridad a la sentencia de reparaciones, para recibir indemnizaciones100.
178. De conformidad con su jurisprudencia101, este Tribunal considera como adecuadamente identificadas aquellas víctimas a quienes se hace referencia en un documento expedido por autoridad competente, como lo es un certificado de nacimiento o “libro de familia”, presentado ante el Tribunal. En relación con las demás víctimas individualizadas en la demanda que no han sido adecuadamente identificadas mediante documentación oficial, la Corte dispone que la compensación que corresponda a cada una deberá ser otorgada de la misma manera que se prevé con respecto a quienes están debidamente identificados mediante documentos públicos – en la inteligencia de que deberán comparecer ante las autoridades competentes del Estado dentro de los 24 meses siguientes a la notificación de la presente Sentencia y presentar un medio suficiente de identificación102. Son medios adecuados de identificación: a) un documento oficial que certifique la identidad de la persona; o b) una declaración rendida ante la autoridad pertinente por un líder reconocido por los miembros de la comunidad que residían en Moiwana, unida a la declaración de dos personas adicionales, que den fe, claramente, de la identidad de la persona. Esta amplitud de criterio con respecto a la identificación obedece a las afirmaciones de la Comisión y de los representantes en el sentido de que muchos Maroons no poseen documentos de identidad formales y nunca fueron inscritos en el registro nacional.
179. La compensación que la Corte determine será entregada a cada beneficiario en su condición de víctima de las violaciones enumeradas en el párrafo 168 de esta Sentencia. Si alguna víctima ha fallecido, o fallece antes de que le sea entregada la indemnización respectiva, el monto que hubiera correspondido a esa persona se distribuirá conforme al derecho nacional aplicable. Si los legítimos herederos carecen de documentos de identidad oficiales, deben presentar los medios alternativos de identificación especificados anteriormente para recibir la indemnización correspondiente (supra párr. 178).
180. Las víctimas suficientemente identificadas son las siguientes:
Hesdy Adam o Hesdie Adam
Antonius Agemi
A. Andro Ajintoena
Aboeda Ajintoena
Andre Ajintoena
Atema Ajintoena
Cynthia Ajintoena
Doortje Ajintoena
Eddy Ajintoena
Franklin Ajintoena
Gladys Ajintoena
Jacoba Ajintoena
Juliana Ajintoena
Letitia Ajintoena or Lettia Ajintoena
Maikel Ajintoena
Marietje Ajintoena or Maritje Ajintoena
Maureen Ajintoena
Miranda Ajintoena
Ottolina Ajintoena
P. Joetoe Ajintoena
S. Marciano Ajintoena
Richard Allawinsi
Roy Allawinsi
Alphons Apinsa
Erna Apinsa
Gwhen D. Apinsa
Meriam Apinsa
Sylvia Apinsa
Dannie Anna Asaiti
Erwien Awese
Tjamaniesting Bron
Jacqueline Bron o Jacquelina Bron
Sawe Bron o Sawe Djang Abente Bron
Marlon Difienjo o Michel Difienjo
Antonia Difienjo
Diana Difienjo
Martha Difienjo
M. Milton Difienjo
Patricia Difienjo
Petra Difienjo
Anelies Djemesie o Annelies Jemessie
Alfons Dogodoe
Benita Dogodoe
Benito Dogodoe
Cynthia Dogodoe
D. Silvana Dogodoe
Hellen Dogodoe
R. Patrick Dogodoe
Richenel Dogodoe
S. Claudia Dogodoe
Z. Jose Dogodoe
Johannes Jajo
Cornelly Madzy James
Humprey James o Humphrey James
Manfika Kamee
Johannes Kanape
Agwe Kastiel
Martha Makwasie
Benito Martinies
Chequita Martinies
Marciano Martinies
Petrus Martinies
Rodney Martinies
S. Ruben Martinies
Rinia Meenars
Andre Misidjan
Beata Misidjan o Beata Misdjan
Carla Misidjan
Edmundo Misidjan o Edmundo Misdjan
Ludwig Misidjan
Malai Misidjan
Mitori Misidjan
Reguillio Misidjan o Reguillio Misdjan
Wilma Misidjan
Anoje M. Misidjan o Anoje M. Misiedjan
Sandra Misidjan o Sandra Misiedjan
Apoer Lobbi Misiedjan o Apoerlobbi Misidjan
Leonie Pinas
Felisie Sate
Annelies Sjonko o Annalies Sjonko
Cornelia Sjonko
Inez Sjonko o Aines Sjonko
Jeanette E. Sjonko
R. Sjonko
Carlo Sjonko
Isabella Sjonko
Johan Sjonko
Lothar Sjonko
Natashia Sjonko
Nicolien Sjonko
Antoon Solega
A. Dorothy Solega
H. Roel Solega
K. Delano Solega
M. Sellely Solega o M. Seclely Solega
Awese Lina L. Toetoe
Jozef Toetoe o Jozef Toeboe
Erwin Willemdam
181. Las víctimas que deben presentar medios adecuados de identificación, de conformidad con los términos del párrafo 178, son las siguientes:
Johiena Adam
Majo Ajintoena
Miraldo Allawinsi o Miraldo Misidjan
Anika M. Apinsa
Hermine Asaiti
Cyriel Bane
Mena Bron
Rosita Bron
Rudy Daniel
Gladys Djemesie
Glenn Djemesie
Ligia Djemesie
Adaja Kagoe
Johan Laurence
Awena Misidjan
Jofita Misidjan
Marlon M. Misidjan
Rudy Misidjan
Theodorus Misidjan
Antonius Misiedjan o Misidjan Antonius
John Misiedjan o John Misidjan
Johnny Delano Misiedjan o Johny Delano Misidjan
Sadijeni Moiman
Jozef Toeli Pinas o Toeli-Jozef Pinas
Alma O. Sjonko
Pepita M.J. Solega
B) Daño Material
182. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de daños materiales concernientes a la denegación de justicia sufrida por las víctimas, basándose en las siguientes consideraciones:
a) los sobrevivientes del ataque siguen presionando a las autoridades locales para que cumplan con su deber legal de investigar el caso, y una buena parte de esa labor ha sido llevada a cabo conjuntamente con la organización Moiwana ´86. Estas iniciativas y esfuerzos han implicado tiempo y gastos;
b) los antiguos residentes de la aldea de Moiwana perdieron sus hogares, posesiones y medios de subsistencia cuando se vieron forzados a huir. Hasta la actualidad permanecen en condiciones precarias de vida debido a que no han obtenido justicia ni han sido indemnizados durante los años subsiguientes;
c) el daño material también incluye las pérdidas económicas relacionadas con el tratamiento médico o psicológico requerido a consecuencia del daño causado por la denegación de justicia y el desplazamiento que se produjo en el presente caso;
d) debido a que el ataque ha quedado impune, los sobrevivientes no han podido contar con los fundamentos de hecho y de derecho necesarios para obtener indemnización por los daños sufridos. Consecuentemente, pese a que es difícil cuantificar dichas pérdidas, estas deben ser calculadas por la Corte en equidad.
183. Los representantes solicitaron que la Corte ordene el pago por daños materiales e inmateriales resultantes de la violación continuada del artículo 21 de la Convención Americana, la cual “exige que el Estado responda por el grave daño causado a la integridad cultural, dignidad y bienestar espiritual de las víctimas provocado por esta privación arbitraria, no indemnizada y continua, así como por la destrucción de la manera de subsistencia de las víctimas”.
184. En lo relativo a la petición de indemnización por concepto de daños materiales, el Estado ha argumentado que:
a) no se han proporcionado indicios o pruebas concretas sobre el daño material e inmaterial real que se produjo como resultado del presunto incumplimiento de la obligación del Estado de brindar protección judicial y garantías conforme a la Convención. Además, no existe correlación entre las presuntas violaciones y el nivel y la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas; y
b) la Comisión intenta obtener, “mediante rodeos”, pago de daños por presuntas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron con anterioridad a la ratificación del Estado a la Convención Americana, incluyendo las violaciones al derecho a la vida.
185. La Corte se referirá ahora al daño material sufrido por las víctimas como resultado de los hechos del presente caso, con el fin de ordenar una indemnización apropiada. A tales efectos, el Tribunal tomará en cuenta la prueba ofrecida, su jurisprudencia y los alegatos relevantes presentados por la Comisión, los representantes y el Estado.
186. Los hechos probados indican que los miembros de la comunidad fueron forzados a dejar sus hogares y tierras tradicionales abruptamente, y se han encontrado en situación de desplazamiento continuo, en la Guyana Francesa o en otras partes de Suriname (supra párr. 86.18). Asimismo, han sufrido pobreza y privaciones desde su huida de la aldea de Moiwana, dado que la posibilidad de utilizar sus medios tradicionales de subsistencia se ha visto limitada drásticamente (supra párr. 86.18).
187. La Corte, tomando en cuenta, inter alia, las circunstancias del caso y la existencia de base suficiente para presumir daño material, considera procedente, en equidad, ordenar al Estado el pago de una indemnización por concepto de daño material de US $3,000.00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América), a cada una de las víctimas indicadas en los párrafos 180 y 181 de la presente Sentencia. La indemnización por concepto de daño material deberá ser entregada a cada una de las víctimas de conformidad con los párrafos 178 y 179 de este fallo. Se ordenará una medida adicional en un apartado posterior de la presente Sentencia, con el fin de reparar la pérdida de los hogares de los miembros de la comunidad (infra párr. 214)103.
C) Daño Inmaterial
188. La Comisión solicitó que la Corte ordene al Estado que indemnice el daño inmaterial causado a las víctimas por la denegación de justicia sufrida por éstas, basándose en las siguientes consideraciones:
a) tanto los sobrevivientes como los familiares de quienes murieron en el ataque han experimentado un sufrimiento moral como resultado de la permanente denegación de justicia, el desplazamiento forzado y la ausencia de una explicación satisfactoria de lo ocurrido;
b) los antiguos residentes de la aldea de Moiwana se vieron traumatizados- física, sicológica y emocionalmente- por las circunstancias del ataque que los forzó a huir con terror y que se tradujo en la destrucción de sus hogares y de la comunidad en su conjunto;
c) las víctimas también han sufrido porque no han podido dar sepultura a sus seres queridos, siguiendo sus costumbres ancestrales, y en la mayoría de casos no tienen conocimiento de lo que ocurrió con sus cadáveres;
d) las víctimas deben vivir con la idea de que su imposibilidad de obtener justicia, ha causado la ira en el mundo espiritual, lo cual ya se ha manifestado en forma de enfermedades, dolencias y desgracias;
e) la incapacidad para mantener una relación con sus tierras ancestrales y sus lugares sagrados priva a las víctimas de un aspecto fundamental de su identidad cultural, lo cual se suma a su sentido de pérdida e incertidumbre sobre el futuro de la comunidad; y
f) las víctimas temen por su seguridad personal, debido a la continua y persistente impunidad.
189. Los representantes solicitaron la reparación de daños inmateriales en los siguientes términos:
a) la compensación por daños morales debe ser ordenada en forma adicional a la decisión condenatoria, dada la gravedad de las circunstancias y las violaciones de derechos humanos fundamentales que se han dado en el presente caso, “tanto violaciones expuestas ante la Corte así como las subyacentes violaciones”; la constante indiferencia del Estado frente a éste y el consecuente sufrimiento extremo de las víctimas,;
b) las circunstancias agravadas del caso que deben ser tomadas en cuenta incluyen: graves violaciones al derecho a la vida como parte de un patrón sistemático de violaciones, represalias colectivas en contra de ciudadanos maroons; destrucción de los restos mortales de muchas víctimas de la matanza y denegación del derecho fundamental de sepultarlos; continua desposesión de las tierras y de los recursos tradicionales; marcada indiferencia y hostilidad del Estado por el sufrimiento de las víctimas; obstrucción activa de la justicia por parte de Suriname, y ausencia completa, durante 18 años, de una investigación sobre el ataque, el castigo de los responsables y la indemnización a las víctimas;
c) las víctimas han sufrido y sufren por la imposibilidad de dar cumplimiento a sus normas culturales fundamentales y porque “espíritus enfurecidos se vengan contra [ellas] y les causan padecimiento físico y mental”;
d) las víctimas se han visto forzadas a “recomenzar sus vidas en el extranjero, lejos del contexto en el que [sus vidas] se habían estado desarrollando, en condiciones de soledad, pobreza y grave angustia física y psicológica”; y
e) el ataque no es un hecho superado para las víctimas, sino una carga que cada una ha soportado durante los últimos 18 años, que se ha agudizado y ha causado un sufrimiento mayor debido a la indiferencia del Estado.
190. Los alegatos del Estado que se encuentran en la sección de daño material (supra párr. 184) también se aplican a lo relativo al daño inmaterial.
191. El daño inmaterial puede comprender los sufrimientos y las aflicciones, el menoscabo de valores muy significativos para las personas y las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima. No siendo posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, para fines de la reparación integral a las víctimas, sólo puede ser objeto de compensación de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos104.
192. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye, per se, una forma de reparación. No obstante, tomando en cuenta las graves circunstancias del presente caso y sus diversas consecuencias de orden no material o no pecuniario, la Corte estima pertinente que los daños inmateriales sean reparados, en equidad, mediante el pago de una indemnización105.
193. Con el fin de evaluar el daño inmaterial sufrido por las víctimas en el presente caso – un daño tan grave que tuvo como resultado la violación del artículo 5 de la Convención Americana, en conjunto con el artículo 1.1 de dicho tratado (supra párr. 103) – la Corte ha estudiado el testimonio de los miembros de la comunidad Erwin Willemdam, Antonia Difienjo y Andre Ajintoena, y considera que su experiencia puede ser tomada como representativa de las víctimas en general106. Asimismo, el Tribunal ha examinado las declaraciones del testigo Stanley Rensch, y de los peritos Kenneth M. Bilby y Thomas Polimé (rendida mediante affidávit), quienes han demostrado amplio conocimiento de la sociedad N’djuka en general, y de las circunstancias de los miembros de la comunidad en particular.
194. Dado que las víctimas del presente caso son miembros de la cultura N’djuka, este Tribunal considera que las reparaciones individuales que se determinen deben complementarse con medidas que se ordenen a favor de la comunidad como un todo; tales medidas de reparación serán determinadas en la sección D) de este capítulo107.
195. La valoración por parte de la Corte del daño inmaterial en el presente caso toma en cuenta, especialmente, los siguientes aspectos del sufrimiento de los miembros de la comunidad:
a) la imposibilidad, a pesar de sus esfuerzos persistentes, de obtener justicia por el ataque a su aldea, particularmente a la luz de la importancia que la cultura N’djuka asigna a la sanción adecuada de las ofensas inferidas (supra párr. 86.10). La impunidad continua, favorecida por los esfuerzos del Estado por obstruir la justicia (supra párr. 86.33), provoca sentimientos de humillación, ira e impotencia a los miembros de la comunidad, y les infunde temor de que los espíritus ofendidos busquen vengarse en ellos (supra párr. 86.43). Adicionalmente, debido a la falta de una investigación penal por parte del Estado, los miembros de la comunidad tienen miedo de enfrentar hostilidades, una vez más, si regresan a sus tierras tradicionales (supra párr. 86.43);
b) las víctimas no saben qué sucedió con los restos mortales de sus seres queridos y, como resultado, no pueden honrarlos ni darles sepultura, según los principios fundamentales de la cultura N’djuka, lo cual les causa profunda angustia y desesperación (supra párr. 86.42). Dado que no se han realizado los diferentes rituales mortuorios de acuerdo con la tradición N’djuka, los miembros de la comunidad tienen miedo de contraer “enfermedades de origen espiritual”, que en su concepto pueden afectar al linaje natural completo y que, de no lograr la reconciliación, persistirán por generaciones (supra párr. 86.9); y
c) la conexión de los miembros de la comunidad con su territorio ancestral fue interrumpida de forma brusca – provocando su dispersión por todo Suriname y la Guyana Francesa. Dado que la relación de una comunidad N’djuka con su tierra tradicional es de vital importancia espiritual, cultural y material, el desplazamiento forzado ha lesionado emocional, espiritual, cultural y económicamente a los integrantes de aquélla (supra párr. 86.42).
196. En consideración de las graves circunstancias anteriormente descritas, el Tribunal estima procedente, en equidad, ordenar al Estado el pago de indemnización por concepto de daño inmaterial por US $10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a cada una de las víctimas indicadas en los párrafos 180 y 181 de esta Sentencia. La indemnización por daño inmaterial deberá ser entregada a cada una de las víctimas en los términos de los párrafos 178 y 179 de este fallo.
197. Con respecto a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, la Comisión solicitó a la Corte que ordene a Suriname lo siguiente:
a) adoptar todas las medidas necesarias para asegurar una rápida y efectiva investigación del ataque a la aldea de Moiwana y la posterior denegación de justicia, para garantizar que los responsables sean enjuiciados y sancionados;
b) disponer el regreso de todos los antiguos integrantes de la aldea de Moiwana y sus familiares, así como de todos los familiares de quienes fueron asesinados, que deseen reanudar sus vidas en dicha aldea. Estas medidas deben incluir: i) reconocimiento formal y legal del derecho a poseer y ocupar el lugar tradicional en su comunidad; ii) garantías que aseguren su seguridad personal; y iii) construcción, equipamiento y dotación de personal a facilidades de educación y salud en la comunidad;
c) ubicar los restos mortales de las víctimas que murieron en el ataque a Moiwana, cuyos cuerpos no han sido recuperados y exhumados y/o adoptar las demás medidas necesarias para satisfacer los deseos de sus familiares respecto a la sepultura adecuada y definitiva de esos restos;
d) erigir un monumento en memoria de la matanza de la aldea de Moiwana y de sus víctimas, en consulta con los sobrevivientes y los familiares de los muertos, teniendo en cuenta los deseos de éstos; y
e) emitir una disculpa formal al Gaanman designado por la comunidad N’djuka por la negación de brindar protección y garantías judiciales, y por el desplazamiento forzado.
198. La Comisión basó sus solicitudes en las siguientes consideraciones:
1. Investigación criminal
a) las víctimas sienten que tienen la obligación de garantizar la reivindicación de la dignidad de quienes fueron asesinados mediante el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidad por las violaciones sufridas. Además, han señalado que la impunidad que reviste el presente caso muestra el desprecio del Estado hacia las vidas de quienes murieron en el ataque y al sufrimiento de los sobrevivientes;
b) la cultura N’djuka atribuye un papel central a la justicia. Los sobrevivientes y los familiares están obligados por la ley N’djuka a procurar justicia a fin de que los espíritus puedan descansar en paz. Si ello no ocurre, los espíritus pueden irritarse y causar grandes dificultades a los sobrevivientes y a sus familiares;
c) el hecho de que las víctimas no hayan obtenido justicia ni reparaciones por la matanza es visto por otros miembros de N’djuka como algo sumamente vergonzoso, pues es percibido como incumplimiento de sus obligaciones con los muertos. Esta pérdida de posición dentro de la sociedad N’djuka es una constante fuente de dolor y vergüenza para las víctimas;
2. El regreso de las víctimas
d) después del ataque y de la masacre, los sobrevivientes huyeron a otros lugares en Suriname y a la Guyana Francesa. Los sobrevivientes que llegaron a la Guyana Francesa fueron ubicados en un campamento para refugiados; a comienzos de 1993 algunos de los sobrevivientes decidieron volver a Suriname;
e) de conformidad con lo establecido en el acuerdo con Francia, cuando las víctimas volvieron a Suriname fueron ubicadas temporalmente en un centro de recepciones en Moengo, oportunidad en la cual el Estado prometió reconstruir su aldea y atender a sus otras necesidades. Sin embargo, dicha promesa nunca fue cumplida y muchos aún permanecen en dicho centro de recepción;
f) hasta la presente fecha, muchas de las víctimas no están en condiciones de regresar a Moiwana en forma permanente debido a los recuerdos traumáticos y sumamente dolorosos del ataque;
g) otros están temerosos de que la matanza pueda repetirse debido a la continua impunidad. El autor de la matanza, Desire Bouterse, posee un cargo prominente y poderoso en la vida pública surinamés: es miembro del Parlamento y líder del Partido Democrático Nacional, el mayor partido de oposición;
h) algunas víctimas quieren regresar en forma permanente a Moiwana y otras desean simplemente cultivar las tierras, pero no vivir ahí; en cualquier caso, todos quieren cumplir sus obligaciones espirituales y culturales y asegurar que las futuras generaciones puedan volver cuando así lo deseen;
3. Recuperación de los restos mortales de las víctimas que murieron en el ataque
i) esta medida abarca el deber del Estado de proporcionar una investigación efectiva que permita establecer responsables así como indemnizar a los sobrevivientes y familiares, quienes no han podido cumplir sus obligaciones familiares, culturales y religiosas de dar a sus seres queridos inhumación adecuada; y
4. Acto oficial de disculpa y construcción de un monumento
j) Las autoridades estatales nunca brindaron ningún tipo de “apoyo”, no se disculparon y no han demostrado respeto alguno hacia las víctimas. El Estado ha reconocido en pocas ocasiones que la matanza ocurrió.
199. Con relación a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, los representantes solicitaron que la Corte ordene a Suriname que adopte las siguientes medidas:
1. Investigación del ataque y enjuiciamiento de los autores intelectuales
a) Suriname debe declarar públicamente que investigará el ataque, enjuiciará a sus autores intelectuales por crímenes contra la humanidad y violaciones graves al derecho humanitario y al derecho de los derechos humanos, en concordancia con las leyes aplicables;
b) el Estado debe conducir una investigación seria y diligente de la matanza y enjuiciar a los autores intelectuales descritos anteriormente, de conformidad con la ley aplicable;
c) Suriname también debe investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de obstrucción de la justicia en el presente caso;
d) el Estado debe adoptar las providencias de carácter legislativo y de cualquier otro tipo que sean necesarias para asegurar que las medidas anteriormente mencionadas se cumplan y que no se aplique a este caso la prescripción que pueda existir en el derecho interno; y
e) Suriname debe revocar la Ley de Amnistía de 1989 y declarar que está desprovista de efectos legales ab initio.
2. Restitución de las tierras y los recursos tradicionales
f) El Estado debe proporcionar: i) restitución y reconocimiento legal del derecho de propiedad de la comunidad sobre sus tierras y recursos tradicionales, de conformidad con el derecho consuetudinario, valores y usos de la comunidad; ii) título colectivo sobre esas tierras y recursos tradicionales que confirme y asegure efectivamente los derechos de propiedad de conformidad con su derecho consuetudinario; iii) demarcación física; iv) garantizar la seguridad de quienes elijan volver; y v) oportunidad para una plena participación y consentimiento tanto de las víctimas así como de las otras comunidades vecinas Cottica N’djuka, en lo relativo a las medidas precedentes;
g) el Estado debe adoptar medidas de carácter legislativo y de otro tipo con la finalidad de identificar y otorgar títulos de propiedad eficaces sobre las tierras tradicionales de la comunidad de manera consistente con la Convención Americana y con los derechos de los pueblos indígenas contenidos en otros instrumentos de derechos humanos; y
h) Suriname debe reconstruir las casas en la aldea y construir, equipar y proveer servicios de educación e instalaciones de salud totalmente funcionales y completos, todo esto, previo consentimiento de las víctimas y con su total colaboración.
i) el Estado debe convocar a una conferencia de prensa y reconocer públicamente que ocurrió el ataque a Moiwana, así como su responsabilidad en él, la posterior denegación de justicia y otras violaciones comprobadas;
j) Suriname debe proveer fondos para el diseño, la construcción y la colocación de un monumento en un lugar público para las personas asesinadas en Moiwana, con el consentimiento de las víctimas;
k) el Estado, con el consentimiento y participación de las víctimas, debe usar todos los medios que tenga disponibles, asumiendo los gastos, para localizar y devolver los restos mortales de las víctimas de las masacres a sus familias y asegurarles el libre ejercicio de su derecho de enterrar a sus seres queridos de acuerdo con sus costumbres y creencias; y
l) Suriname debe emitir disculpas públicas por la matanza y la posterior denegación de justicia a Gaanman Matodja Gazon, en su calidad de líder supremo y representante del pueblo N’djuka, y a la sociedad surinamés en general.
200. En lo relativo a las referidas medidas de reparación solicitadas, el Estado contestó que:
a) los pobladores de la aldea de Moiwana subsisten del comercio y de la agricultura, tal como es típico en aquella región, por lo que no han sido jamás una comunidad aislada que haya practicado primordialmente su propia cultura;
b) la Comisión no ha podido demostrar que los responsables del ataque todavía ocupan posiciones de poder e influencia en el país. Tampoco ha podido probar que los miembros de la comunidad se han visto impedidos de regresar a la aldea de Moiwana o de reconstruir su vida cultural como pueblo N’djuka;
c) Suriname continuará su investigación sobre “ los acontecimientos que tuvieron lugar en la aldea de Moiwana”; y
d) El Estado “ no tiene objeción alguna” con respecto a las siguientes medidas: i) dar disculpas públicas “a toda la nación en lo relativo a los acontecimientos que ocurrieron en la aldea de Moiwana y a los sobrevivientes y familiares en particular”; ii) instalación de un monumento con referencia a los hechos de Moiwana, para que sirva como “un recordatorio para toda la nación de lo que ocurrió y de lo que no debe repetirse en el futuro”; y iii) pago de costos razonables para que los sobrevivientes y los familiares puedan “comenzar actividades culturales en Suriname, relativas a los acontecimientos que ocurrieron el 29 de noviembre de 1986”.
201. En este apartado el Tribunal determinará aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas de alcance o repercusión pública108. Estas medidas tienen especial relevancia en el presente caso por la extrema gravedad de los hechos y el carácter colectivo de los daños ocasionados.
a) Obligación del Estado de investigar los hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables, así como recuperar los restos de los miembros de la comunidad que fallecieron en el ataque de 1986
202. La Corte sostuvo anteriormente (supra párrs. 163 y 164) que la deficiente investigación conducida por Suriname sobre el ataque de 29 de noviembre de 1986 a la aldea de Moiwana, la violenta obstrucción de justicia por parte del Estado y el prolongado período que transcurrió sin un esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables incumplen los estándares de acceso a la justicia y debido proceso establecidos en la Convención Americana.
203. De esta manera, todavía prevalece, más de 18 años después de ocurrido el ataque, la impunidad de los autores materiales e intelectuales. La Corte ha definido la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana109. El Estado está obligado a combatir esta situación por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares110.
204. Asimismo, como se ha señalado anteriormente, toda persona tiene el derecho a conocer la verdad, incluyendo los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad como un todo deben ser informados de lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a la verdad da lugar a una expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer111.
205. A la luz de lo anterior, el Estado debe realizar inmediatamente una investigación y un proceso judicial efectivos y prontos sobre las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron el 29 de noviembre de 1986, que lleven al esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la compensación adecuada a las víctimas. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera tal que la sociedad surinamés pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso.
206. Además, tal como se señaló en un capítulo anterior, ninguna ley ni disposición de derecho interno – incluyendo leyes de amnistía y plazos de prescripción – puede impedir a un Estado cumplir la orden de la Corte de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. En particular, las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos – como las del presente caso, ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias – son inadmisibles, ya que dichas violaciones contravienen derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos112.
207. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Suriname debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; c) sancionar, de conformidad con las leyes internas aplicables, a los funcionarios estatales, así como a los particulares, que sean declarados responsables de haber obstruido la investigación penal sobre el ataque a la aldea de Moiwana; y d) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, testigos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.
208. Finalmente, Suriname debe emplear todos los medios técnicos y científicos posibles – tomando en cuenta las normas pertinentes en la materia, tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias – para recuperar con prontitud los restos de los miembros de la comunidad que fallecieron durante el ataque de 1986. Si el Estado encuentra los restos mortales, deberá entregarlos a la brevedad posible a los miembros de la comunidad sobrevivientes para que los fallecidos puedan ser honrados según los rituales de la cultura N’djuka. Asimismo, el Estado deberá concluir, en un plazo razonable, los análisis a los restos humanos encontrados en la fosa común en 1993 (supra párr. 86.31), y comunicar el resultado de dichos análisis a los representantes de las víctimas.
b) Título colectivo a las tierras tradicionales
209. A la luz de sus conclusiones en el capítulo relativo al artículo 21 de la Convención Americana (supra párr. 135), la Corte dispone que el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para asegurar a los miembros de la comunidad su derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales de los que fueron expulsados y asegurar, por lo tanto, el uso y goce de estos territorios. Estas medidas deberán incluir la creación de un mecanismo efectivo para delimitar, demarcar y titular dichos territorios tradicionales.
210. El Estado deberá tomar estas medidas con la participación y el consentimiento informado de las víctimas, expresado a través de sus representantes, y de los miembros de las demás aldeas Cottica N’djuka y las comunidades indígenas vecinas, incluyendo la comunidad de Alfonsdorp.
211. Hasta que el derecho de propiedad de los miembros de la comunidad sobre sus territorios tradicionales sea asegurado, el Estado deberá abstenerse de realizar acciones – ya sea por parte de agentes estatales o de terceros que actúen con la aquiescencia o tolerancia del Estado – que afecten la existencia, valor, uso o goce de la propiedad ubicada en el área geográfica donde vivieron tradicionalmente los miembros de la comunidad hasta los hechos del 29 de noviembre de 1986.
c) Garantías estatales de seguridad para los miembros de la comunidad que decidan regresar a la aldea de Moiwana
212. La Corte está consciente de que los miembros de la comunidad no desean regresar a sus tierras tradicionales hasta que: 1) el territorio sea “purificado” de acuerdo con los rituales culturales; y 2) ya no tengan temor de que se presenten nuevas hostilidades en contra de la comunidad. Ninguna de estas dos condiciones se presentarán sin que haya una investigación y proceso judicial efectivos, que tengan como resultado el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Mientras se realizan estos procesos, hasta su culminación, sólo los miembros de la comunidad pueden decidir cuándo sería apropiado el regreso a la aldea de Moiwana. Cuando los miembros de la comunidad estén satisfechos de que se ha hecho lo necesario para que puedan regresar, el Estado deberá garantizar la seguridad de aquéllos. A tales efectos, cuando los miembros de la comunidad regresen a dicha aldea, el Estado deberá enviar representantes oficiales cada mes a la aldea de Moiwana durante el primer año, para realizar consultas con los residentes de Moiwana. Si durante esas reuniones mensuales los miembros de la comunidad expresan preocupación en relación con su seguridad, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizarla, las cuales serán diseñadas en consulta estricta con los destinatarios de las medidas.
d) Fondo de desarrollo financiado por el Estado
213. Dado que la operación militar de 1986 destruyó la propiedad de la aldea de Moiwana y forzó a los sobrevivientes a huir, tanto los representantes como la Comisión han puesto especial énfasis en la necesidad de implementar un programa de desarrollo que provea servicios sociales básicos a los miembros de la comunidad, cuando éstos regresen. El Estado, por su parte, se ha mostrado con voluntad de “pagar los costos razonables para que los sobrevivientes y familiares comiencen actividades culturales […], en relación con los eventos de [29 de noviembre 1986]”.
214. En ese sentido, esta Corte estima que Suriname deberá crear un fondo de desarrollo por el monto US $1,200,000.00 (un millón doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América), que será destinado a programas de salud, vivienda y educación de los miembros de la comunidad. Los elementos específicos de dichos programas deberán ser determinados por un comité de implementación, que se describe a continuación, y deberán ser completados en un plazo de cinco años, a contar de la notificación de la presente Sentencia.
215. El comité al que se refiere el párrafo anterior estará encargado de determinar las modalidades de implementación del fondo de desarrollo, y estará conformado por tres miembros. El referido comité deberá contar con un representante designado por las víctimas y otro por el Estado; el tercer miembro de dicho comité será designado de común acuerdo entre los representantes de las víctimas y el Estado. Si dentro de los seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado y los representantes no hubieren llegado a un acuerdo respecto de la integración del comité de implementación, la Corte los convocará a una reunión para decidir sobre este asunto.
e) Disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional
216. La Corte aprecia la afirmación de Suriname de que “no tiene objeciones a emitir una disculpa pública a toda la nación, y a los sobrevivientes y familiares en particular, en relación con los hechos que ocurrieron en la aldea de Moiwana”. En este sentido, como una medida de satisfacción para las víctimas y garantía de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido, el Estado deberá reconocer públicamente su responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, y emitir una disculpa a los miembros de la comunidad. Este acto deberá llevarse a cabo con la participación del Gaanman, el líder del pueblo N’djuka, así como de autoridades estatales de alto nivel y deberá ser difundido a través de los medios de comunicación nacionales. Asimismo, en atención a las circunstancias particulares del presente caso, el acto también debe honrar la memoria de Herman Gooding, el oficial de la policía civil que fue víctima de homicidio, debido a su valiente desempeño en la investigación de los hechos del 29 de noviembre de 1986.
217. El referido acto debe ser organizado y financiado por el Estado y realizado dentro de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.
f) Monumento
218. Finalmente, la Corte también observa con satisfacción lo manifestado por Suriname en el sentido de que “no tiene objeciones a establecer un monumento para señalar los hechos que ocurrieron en la aldea de Moiwana […] este monumento debe ser un recordatorio para la nación entera de lo que sucedió y no deberá repetirse en el futuro”. Por esas mismas razones – para recordar los hechos del 29 de noviembre de 1986, así como para prevenir que hechos tan graves ocurran en el futuro – el Estado deberá construir un monumento y colocarlo en un lugar público apropiado. Dicho monumento deberá ser instalado dentro del año siguiente a la notificación de la presente Sentencia. El diseño y la ubicación deberán ser resueltos en consulta con los representantes de las víctimas.

References: artículo 1
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 21