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Timestamp: 2017-03-28 16:13:23+00:00

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LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)	LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) Mis Leyes
LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) Estado	:
27/2006	Boletín Oficial	:
TÍTULO II. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL.
CAPÍTULO I. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS EN MATERIA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.
CAPÍTULO II. DIFUSIÓN POR LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL.
CAPÍTULO III. ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL PREVIA SOLICITUD.
CAPÍTULO IV. EXCEPCIONES.
CAPÍTULO V. INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO.
TÍTULO III. DERECHO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN ASUNTOS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.
TÍTULO IV. ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA TUTELA ADMINISTRATIVA EN ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES.
ANEXO. Organizaciones no gubernamentales que integran el consejo asesor de medio ambiente.
La Ley se estructura en cuatro Títulos. El primero se ocupa de las disposiciones generales, identificando como objeto de la norma el reconocimiento de los derechos de acceso a la información, de participación y de acceso a la justicia, derechos que, a fin de facilitar su ejercicio, aparecen catalogados de forma sistemática con independencia de que su regulación concreta se recoja en esta Ley o en la normativa sectorial. En este primer Título se recogen igualmente aquellas definiciones necesarias para la mejor comprensión y aplicación de la Ley. Destaca la distinción legal entre los conceptos de público en general, referido al conjunto de los ciudadanos y de sus asociaciones y agrupaciones, y el de persona interesada, que refuerza el mismo concepto ya recogido en la legislación administrativa con la atribución de esta condición, en todo caso, a aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro que se dedican a la protección y defensa del medio ambiente y que acrediten el cumplimiento de unos requisitos mínimos, dirigidos a perfilar una actuación rigurosa en este ámbito.
Por último, los títulos competenciales se recogen en la disposición final tercera. Así, esta Ley se dicta, en su mayor parte, al amparo del artículo 149.1.23 de la Constitución, si bien es preciso invocar el artículo 149.1.14 de la Constitución en relación con las tasas y precios que corresponda satisfacer a los solicitantes de información ambiental en el ámbito de la Administración General del Estado, el artículo 149.1.18, en lo relativo a recursos en vía administrativa que puedan presentarse por vulneración de los derechos de información y participación reconocidos en la Ley, y el artículo 149.1.6, por lo que respecta a la acción popular en materia de medio ambiente.
Atendiendo a la distribución de competencias en materia de medio ambiente, y al amparo de la competencia que el artículo 149.1.23 de la Constitución atribuye al Estado, la Ley se limita a establecer aquellas garantías y principios que deben ser observados por todas las autoridades públicas ante las que pretendan ejercerse los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, sin entrar a regular el procedimiento para su ejercicio. Pues en la medida en que se reconocen derechos que contribuyen a hacer efectivos los derechos, pero también los deberes, proclamados en el artículo 45 de la Constitución, constituyen una herramienta decisiva para reforzar la participación de la sociedad civil en el proceso político de toma de decisiones, ya que la implantación de un modelo de desarrollo sostenible depende, en buena medida, de la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso político decisorio, de manera que durante el debate se hayan tenido en cuenta las informaciones y aportaciones que haya podido realizar cualquier persona interesada y en el resultado final sean palpables y tangibles las preocupaciones y consideraciones de carácter medioambiental.
Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a.
Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.
Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y
El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b y c.
En relación con el acceso a la información:
A recibir la información que soliciten en los plazos máximos establecidos en el artículo 10.
A recibir la información ambiental solicitada en la forma o formato elegidos, en los términos previstos en el artículo 11.
A participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.
A acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos planes, programas y disposiciones de carácter general.
A formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión sobre los mencionados planes, programas o disposiciones de carácter general y a que sean tenidas debidamente en cuenta por la Administración Pública correspondiente.
A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.
A participar de manera efectiva y real, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable, en los procedimientos administrativos tramitados para el otorgamiento de las autorizaciones reguladas en la legislación sobre prevención y control integrado de la contaminación, para la concesión de los títulos administrativos regulados en la legislación en materia de organismos modificados genéticamente, y para la emisión de las declaraciones de impacto ambiental reguladas en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, así como en los procesos planificadores previstos en la legislación de aguas y en la legislación sobre evaluación de los efectos de los planes y programas en el medio ambiente.
A recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas que contravengan los derechos que esta Ley reconoce en materia de información y de participación pública.
A ejercer la acción popular para recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas que constituyan vulneraciones de la legislación ambiental en los términos previstos en esta Ley.
Cualquier otro que reconozca la Constitución o las leyes.
OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS EN MATERIA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.
Informar al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la presente Ley, así como de las vías para ejercitar tales derechos.
Designación de unidades responsables de información ambiental.
Creación y mantenimiento de medios de consulta de la información solicitada.
Creación de registros o listas de la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o puntos de información, con indicaciones claras sobre dónde puede encontrarse dicha información.
DIFUSIÓN POR LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL.
Los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales y los textos legislativos comunitarios, estatales, autonómicos o locales sobre el medio ambiente o relacionados con la materia.
Las políticas, programas y planes relativos al medio ambiente, así como sus evaluaciones ambientales cuando proceda.
Los informes sobre los avances registrados en materia de aplicación de los elementos enumerados en los apartados 1 y 2 de este artículo cuando éstos hayan sido elaborados en formato electrónico o mantenidos en dicho formato por las autoridades públicas.
Los informes sobre el estado del medio ambiente contemplados en el artículo 8.
Los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente.
Las autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio ambiente y los acuerdos en materia de medio ambiente. En su defecto, la referencia al lugar donde se puede solicitar o encontrar la información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.
Los estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los elementos del medio ambiente mencionados en el artículo 2.3.a. En su defecto, una referencia al lugar donde se puede solicitar o encontrar la información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.
ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL PREVIA SOLICITUD.
Cuando una solicitud de información ambiental esté formulada de manera imprecisa, la autoridad pública pedirá al solicitante que la concrete y le asistirá para concretar su petición de información lo antes posible y, a más tardar, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 2.c.1.
Cuando la autoridad pública no posea la información requerida remitirá la solicitud a la que la posea y dará cuenta de ello al solicitante.
La autoridad pública competente para resolver facilitará la información ambiental solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, teniendo en cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a más tardar, en los plazos que se indican a continuación:
En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, con carácter general.
En el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes indicado. En este supuesto deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de un mes, de toda ampliación de aquél, así como de las razones que lo justifican.
En la contestación a las solicitudes sobre la información ambiental relativa a las cuestiones a las que se refiere el artículo 2.3.b, las autoridades públicas deberán informar, si así se solicita y siempre que esté disponible, del lugar donde se puede encontrar información sobre los siguientes extremos:
El método de medición, incluido el método de análisis, de muestreo y de tratamiento previo de las muestras, utilizado para obtención de dicha información, o
La referencia al procedimiento normalizado empleado.
Que la información solicitada a la autoridad pública no obre en poder de ésta o en el de otra entidad en su nombre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2.b.
Que la solicitud esté formulada de manera excesivamente general, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10.2.a.
Que la solicitud se refiera a comunicaciones internas, teniendo en cuenta el interés público atendido por la revelación.
A causas o asuntos sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, al derecho de tutela judicial efectiva o a la capacidad para realizar una investigación de índole penal o disciplinaria. Cuando la causa o asunto estén sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, deberá, en todo caso, identificarse el órgano judicial ante el que se tramita.
A la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de Ley o en la normativa comunitaria, a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal.
A los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se exceptúan los supuestos en los que el titular haya consentido en su divulgación.
Al carácter confidencial de los datos personales, tal y como se regulan en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, siempre y cuando la persona interesada a quien conciernan no haya consentido en su tratamiento o revelación.
A los intereses o a la protección de un tercero que haya facilitado voluntariamente la información solicitada sin estar obligado a ello por la legislación vigente. Se exceptúan los supuestos en los que la persona hubiese consentido su divulgación.
La información ambiental solicitada que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otro sujeto en su nombre se pondrá parcialmente a disposición del solicitante cuando sea posible separar del texto de la información solicitada la información a que se refiere el artículo 13, apartados 1.d, 1.e y 2.
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO.
2. El acceso a cualesquiera listas o registros públicos creados y mantenidos tal como se indica en el artículo 5 apartado 1.c y apartado 3.c serán gratuitos, así como el examen in situ de la información solicitada.
DERECHO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN ASUNTOS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.
Aquellas otras materias que establezca la normativa autonómica.
Ordenación del territorio rural y urbano y utilización de los suelos.
Conservación de la naturaleza, diversidad biológica.
Productos químicos, incluidos los biocidas y los plaguicidas.
Otras emisiones, vertidos y liberación de sustancias en el medio ambiente.
Acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Los procedimientos administrativos de elaboración de disposiciones de carácter general que tengan por objeto la regulación de materias relacionadas exclusivamente con la defensa nacional, con la seguridad pública, con la protección civil en casos de emergencia o con el salvamento de la vida humana en el mar.
Las modificaciones de las disposiciones de carácter general que no resulten sustanciales por su carácter organizativo, procedimental o análogo, siempre que no impliquen una reducción de las medidas de protección del medio ambiente.
Los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general que tengan por único objeto la aprobación de planes o programas, que se ajustarán a lo establecido en su normativa específica.
Emitir informe sobre los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento con incidencia ambiental y, en especial, sobre las cuestiones que han de ostentar la condición de normativa básica.
Fomentar la colaboración con órganos similares creados por las Comunidades Autónomas.
Una persona en representación de cada una de las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, que se enumeran en el anexo.
Una persona en representación de cada una de las organizaciones sindicales más representativas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Dos personas en representación de las organizaciones empresariales más representativas, designados por ellas en proporción a su representatividad, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta del texto refundido de Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Dos personas en representación de las organizaciones de consumidores y usuarios, designados a iniciativa del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Tres personas en representación de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito estatal.
Una persona en representación de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA TUTELA ADMINISTRATIVA EN ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES.
No estarán sujetos a la tasa el examen in situ de la información solicitada y el acceso a cualquier lista o registro creado y mantenido en los términos previstos en el artículo 5.3.c de esta Ley.
Las entregas de copias de menos de 20 páginas de formato DIN A4.
El envío de información por vía telemática.
Se consideran elementos de cuantificación del importe de la tasa los siguientes:
El coste de los materiales utilizados como soporte de la información a suministrar.
El coste del envío de la información solicitada.
El establecimiento y modificación de las cuantías resultantes de la aplicación de los elementos de cuantificación anteriores podrá efectuarse mediante Orden Ministerial que deberá ir acompañada de una Memoria económico-financiera en los términos previstos en el artículo 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
2. Tales precios podrán ser igualmente percibidos por Entidades u Organismos públicos que actúen según normas de derecho privado al amparo de lo previsto en el artículo 2.c de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
A los procedimientos de autorización ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la legislación aplicable, en los términos establecidos en el artículo 3.d.
Categoría 4.1:
hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, resinas epóxi;
Esta Ley tiene carácter de legislación básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución.
Se exceptúan de lo anterior los siguientes artículos:
El artículo 19 y las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta, séptima y octava, que serán únicamente de aplicación a la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
El artículo 15 y las disposiciones adicionales primera y segunda, que se dictan al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución.
Las disposiciones de los artículos 20 a 23, que en lo relativo a recursos en vía administrativa se dictan al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución y en lo relativo a recursos en vía contencioso-administrativa al amparo del artículo 149.1.6 de la Constitución.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo el título IV y la disposición adicional primera que entrarán en vigor tres meses después de dicha publicación.
Organizaciones no gubernamentales que integran el consejo asesor de medio ambiente.
Resolución de 08-08-2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina, ubicada en el término municipal de Albacete y cuyo titular es don Francisco Núñez TenderoResolución de 20-09-2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Tresjuncos (Cuenca) y cuyo titular es Don Manuel Almena Cota. N° Expediente: AAI-CU-018Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Industria y Medio Ambiente y la Fundación Gas NaturalResolución de 26-09-2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una planta de fabricación de biodiesel, ubicada en el término municipal de Cuenca y cuyo titular es la empresa Biocombustibles de Cuenca, S.A. N° expediente: AAI-CU-010INFORMACIÓN pública del Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto de Explotación para el pase a concesión de explotación del Permiso de Investigación "Manuela Julia 2.ª Ampliación" n.° 30.493, que se sustenta en una explotación a cielo abierto en la zona de La Brueba, concejo de GradoResolución de 23-05-2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una planta de fabricación de biodiesel, ubicada en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y cuyo titular es la empresa Blocombustibles de La Mancha, S.LResolución de 12-06-2007, de la Dirección General de EvaluaciónAmbiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina de cerdos de engorde, ubicada en el término municipal de El Robledo (Albacete) y cuyo titular es don José Soro MarínResolución de 30-10-2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina de cerdos de engorde, ubicada en el término municipal de Valverde de Júcar (Cuenca) y cuyo titular es la empresa Hermanos Guijarro Salcedo, C.BResolución de 15-11-2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina de cebo, ubicada en el término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo) y cuyo titular es la empresa Ganaderías Reunidas, S.A. Nº expediente: AAI-TO-053Resolución de 19-11-2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental Integrada para una explotación porcina, ubicada en el término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo) y cuyo titular es la empresa Ganaderías Reunidas, S.A. Nº expediente: AAI-TO-050Resolución de 01-08-2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para la explotación avícola de recría, ubicada en el término municipal de Millana (Guadalajara) y cuyo titular es la empresa Dosany, S.LInformación pública del estudio de impacto ambiental y proyecto de explotación para la autorización de una industria extractiva por minería subterránea en las proximidades del pueblo de La Planadera, concejo de SalasResolución de 08-08-2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una planta de fabricación de biodiesel, ubicada en el término municipal de Almadén (Ciudad Real) y cuyo titular es la empresa Biocarburantes Almadén, S.LResolución de 27-12-2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para la instalación de producción de material cerámico propiedad de Cerámica Virgen de la Encarnación, S.L. ubicada en el término municipal de Tobarra, AlbaceteResolución de 02-01-2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina, ubicada en el término municipal de Valdeganga (Albacete) y cuyo titular es don Juan Domingo Gallego CuerdaAprobación definitiva del Plan General Municipal de San AsensioResolución de 26- 03- 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental Integrada para la planta de producción de resinas propiedad de Basf Construction Chemicals España, S. A. ubicada en el término municipal de Marchamalo, GuadalajaraResolución de 08- 04- 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina de cebo, ubicada en el término municipal de Huerta de la Obispalía (Cuenca) y cuyo titular es la empresa Hermanos Matas de la Huerta, S. L. Nº expediente: AAICU033ORDEN ARM/3064/2010, de 26 de noviembre, por la que se regula la realización de estudios y se crea el Comité Asesor del Plan de EstudiosREAL Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo	Cerrar PDF
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References: artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 45
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 20
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 149
 artículo 19
 artículo 15
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149

Resolución