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Timestamp: 2018-09-19 13:47:14+00:00

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Exposición de Benito Juárez al soberano congreso de Oaxaca al abrir sus sesiones.
Oaxaca, julio 2 de 1849.
Cumpliendo con un deber que me impone nuestra Constitución particular, vengo a manifestar el estado que guarda la administración pública en sus distintos ramos, las medidas que he dictado para hacerla tomar el curso ordenado y progresivo que demandan las necesidades públicas, y los obstáculos que a cada paso se presentan nulificando los esfuerzos del gobierno para llenar debidamente su encargo, que es promover la felicidad de los pueblos.
Debiera, además, proponeros los proyectos eficaces que destruyan los males y extirpen los abusos de que se halla plagado el cuerpo social; pero este trabajo es superior a mis fuerzas porque exige un conocimiento exacto y profundo de todos los ramos de la administración pública, de todas las causas que contribuyen a su paralización o decadencia, y de todos los medios que deben emplearse para su buen arreglo y adelanto.
Un hombre solo difícilmente puede llenar este objeto, porque no es común un genio sobresaliente que baste para todo.
Por esta consideración, sin duda, se ha cuidado regularmente de dar a los gobiernos un número proporcionado de ministros, que haciéndose cargo de señalados ramos de la administración contribuyan con sus luces y con su trabajo a expeditar la marcha de los negocios y a preparar y presentar al legislador todos los datos que necesita para formar una idea clara de las necesidades de los pueblos y de las medidas que deban remediarlas.
Tal vez más adelante, sí Dios nos sigue favoreciendo con la paz que disfrutamos, será satisfecha esta necesidad, que se hace ya sentir a medida que nuestra población progresa y que la sociedad vuelve a tomar la marcha regular y progresiva que le obstruyeron las facciones aprovechándose de la inexperiencia o debilidad de nuestros hombres públicos.
Ínterin llega el caso que acabo de enunciar y las riendas del gobierno pasan a otras manos que sepan trazar con destreza un cuadro perfecto de nuestros males, y señalar con acierto el remedio conveniente, séame permitido presentar algunos datos que he podido recoger para auxiliar vuestras tareas y las medidas tal vez desacertadas que he dictado en el año administrativo que acaba de transcurrir, pero que podrán serviros para precaver vuestras decisiones del error, porque también los yerros y desaciertos de los gobiernos sirven de instructiva lección para mejorar la condición social de los hombres.
[GOBERNACIÓN]
Si reflexionamos, señores, que hemos pasado por una época fatal y prolongada en que el pueblo oaxaqueño dividido en bandos fue un campo de batalla en que la venganza, la ambición y el aspirantismo sacrificaron la paz de las familias, la fortuna de los ciudadanos, la vida de nuestros compatriotas, los recursos de nuestro erario, y que, relajando los resortes de la obediencia y de la moral, ahuyentaron la paz y la virtud, estableciendo el reinado del desorden y de la inmoralidad, y amortiguando hasta la esperanza de un porvenir de consuelo y menos desgraciado, debemos felicitarnos hoy que el gobierno tiene el placer de repetiros lo que en este mismo lugar os dijo en el año anterior, a saber: que el Estado goza de tranquilidad, y que habiendo desaparecido la funesta división que causó nuestros pasados infortunios, todos los oaxaqueños se esfuerzan en consolidar la paz, sacrificando en el altar de la Patria sus diferencias personales y hasta sus opiniones políticas.
Demos gracias al Todopoderoso que nos ha concedido el beneficio de conocer nuestros pasados extravíos para reformar nuestra conducta, sirviéndonos de las amargas lecciones de lo pasado para proporcionaros el presente que nos hace concebir esperanzas lisonjeras de un porvenir, que será honroso para nuestra memoria y de ventura y felicidad para nuestros hijos.
Para fortificar esas esperanzas y para no hacer estériles los sacrificios de nuestros conciudadanos, el gobierno no ha perdonado medio a fin de consolidar la paz y el orden público y de proteger las garantías individuales, usando sólo de la acción de las leyes y absteniéndose de toda medida violenta, que a más de producir el desconcepto de la autoridad que la emplea, exaspera los ánimos y los prepara para acogerse al recurso peligroso de las revoluciones.
[Comandancia General]
Uno de los medios eficaces que ha contribuido a la conservación de la paz es el cuidado que he tenido de cultivar la buena inteligencia que debe reinar entre el gobierno y la comandancia general, y tengo el gusto de manifestar que por ese motivo ha desaparecido completamente aquel desacuerdo y aquella lucha constante que en otras épocas había existido entre la autoridad política y la militar y que más de una vez fue la causa de las revoluciones intestinas que agitaron nuestra desgraciada sociedad.
Desde noviembre de 1847, en que se encargó del mando de las armas el señor coronel de Guardia Nacional don José María Castellanos, hasta la fecha, lejos de tener contra él motivo alguno de queja, los tengo de gratitud por la buena armonía que lleva con el gobierno, por el profundo respeto que en todas sus operaciones manifiesta a las leyes y autoridades del Estado, por su adhesión muy marcada a las instituciones federales y por su constante empeño en procurar el bien del Estado, sin faltar a sus deberes como agente del gobierno supremo; pero, como dije en el año anterior, esta circunstancia es debida únicamente al carácter personal del señor Castellanos y no a la naturaleza de la institución.
En tal concepto, el Soberano Congreso debe insistir en su iniciativa sobre extinción de las Comandancias Generales, porque de esta medida depende la paz futura del Estado y la consolidación de las instituciones democráticas que nos rigen.
[Departamentos del Estado]
Oficialmente y por medio de la correspondencia particular que he procurado llevar con los señores gobernadores de los departamentos, les he recomendado el exacto cumplimiento de las leyes, y debo manifestar, en obsequio de la justicia, que estos funcionarios han llenado mis deseos, pues cada cual se ha esforzado en cumplir con su deber, debiéndose a su celo y vigilancia la conservación de la paz en sus respectivos departamentos.
Pero, debo confesar, que esa buena disposición y los deseos que me animan para dar impulso a todos los ramos, encuentran, entre otros obstáculos, uno que embaraza la marcha del gobierno y que exige de los legisladores una atención preferente para removerlo.
Tal es el conjunto de nuestras leyes administrativas, obscuras unas y contradictorias otras, que por haberse expedido en diversas épocas y bajo distintos sistemas de gobierno, y por no haberse dado una regla general para su aplicación y observancia, ponen en continuas dudas a las autoridades, originan repetidas consultas que quitan el tiempo que debiera emplearse en otras cosas de utilidad general, y paralizan el arreglo definitivo de los distintos ramos, pues el gobierno no puede dar una medida legislativa, única que debe poner término a este confuso laberinto de nuestras leyes.
No obstante de esto, como el Gobierno ha debido obrar y obrar con actividad para conservar el orden público de que es responsable, se ha visto en la necesidad de ordenar, a reserva de dar cuenta al Soberano Congreso, la observancia de aquellas leyes que por su notoria bondad son las más a propósito para facilitar el despacho de los negocios y restablecer el respeto que se debe a las autoridades.
La ley de 20 de marzo de 1837 concede a los prefectos y subprefectos algunas facultades, sin las cuales no pueden obrar con energía para conservar la tranquilidad pública y atender a la seguridad de los ciudadanos.
Por estas consideraciones dispuse que se observara dicha ley en esta parte.
Dispuse también, en 4 de noviembre del año anterior, que se observara el decreto de 11 de septiembre de 1820 sobre vagos, para facilitar la persecución de estos seres perjudiciales, que para satisfacer los vicios a que se hallan entregados, están dispuestos a cometer toda clase de crímenes y a servir de ciegos instrumentos a los ambiciosos, que careciendo de las virtudes que en medio de la paz los hagan recomendables para el servicio público, han elegido la escala de las revoluciones para ascender a los puestos eminentes del Estado.
Sin embargo, esta disposición aún no surte los efectos que se propuso el legislador, ya porque los trámites y términos señalados son bastante dilatorios, ya porque siendo este negocio de suyo odioso, los jueces y funcionarios públicos se retraen de proceder con la energía que corresponde, y ya, finalmente, porque a los vagos nunca faltan recomendaciones que los hacen aparecer ante la justicia como ciudadanos honrados y laboriosos.
Es pues, necesario, que se medite una ley que evitando todos estos inconvenientes, purgue a nuestra sociedad de unos hombres que con sus vicios vergonzosos la corrompen y deshonran.
Yo suplico a los representantes del pueblo oaxaqueño tomen en consideración este asunto en que se interesan la moral pública y la seguridad de sus comitentes.
Por último, deseando que los funcionarios públicos no se separen de sus respectivos puestos con perjuicio del erario y del buen servicio del Estado, mandé en 20 de enero del corriente año, se observase estrictamente el decreto que sobre licencias y jubilaciones expidió la extinguida Asamblea Departamental en 26 de noviembre de 1845, y que por resolver convenientemente todas las dudas que ocurren sobre la materia de que trata, nada deja que desear.
[Aspirantismo burocrático]
Aunque el Gobierno ha expeditado su marcha de algún modo con sólo prevenir la estricta observancia de las leyes citadas, no ha podido obrar de la misma manera respecto de otros obstáculos con que ha tenido que luchar, nacidos de los hábitos perniciosos que ha contraído nuestro pueblo en las repetidas convulsiones políticas que hemos experimentado.
Para no fastidiar con la relación minuciosa de cada uno de esos obstáculos, sólo me limitaré a un caso, que indicará la necesidad de que el Cuerpo Legislativo se ocupe de aplicar el remedio oportuno.
Sensible es, pero necesario decir, porque ello es notorio entre nosotros, que en muchos de nuestros conciudadanos existe la falta y perniciosa convicción de que no sólo son aptos, sino que tienen un derecho indisputable para ser colocados en cualquier destino por difícil que sea su desempeño.
De aquí resulta, que las autoridades se vean constantemente importunadas por multitud de pretendientes ineptos y viciosos, que si son colocados como que reputan los empleos por un puesto de descanso y de comodidad, desatienden labores a que debieran dedicarse con empeño, se paraliza el giro de los negocios y el Estado sufre el perjuicio de pagar con puntualidad a unos hombres que no le sirven de la misma manera; y si no son considerados, o se les separa por su ineptitud o mal manejo, van luego a engrosar las filas de los ambiciosos, que distraen la atención del gobierno con sus constantes amagos de revolución.
Ya se deja percibir el conflicto en que se ven las autoridades luchando constantemente con esas vergonzosas pretensiones, que es ya tiempo de atacar por medio de una ley que fije con claridad y precisión las cualidades que deben tener los que soliciten servir los destinos públicos, y que designe la manera eficaz con que deben ser calificados previamente el mérito y la aptitud de las personas que en ellos deban ser colocadas.
De este modo se moderará ese aspirantismo que tanto nos agobia y nos avergüenza; sólo si los hombres honrados y de conocida aptitud desempeñaran los empleos, desaparecerá esa plaga de pretendientes importunos que quieren vivir del erario sin merecerlo; la carrera de los empleos será lo que debe ser, una carrera de honor y de trabajo, y los ramos todos de la administración pública recibirán notables mejoras por el buen servicio de sus empleados.
[Evasión fiscal y de obligaciones]
Hay otro mal grave causado también por nuestras revueltas políticas y es la relajación de la obediencia a las autoridades.
Ella ha producido esa tendencia que generalmente se observa en los pueblos de sustraerse de las obligaciones que las leyes les imponen de contribuir para los gastos públicos y para la manutención de los ministros de la religión que profesamos.
El gobierno, que no ha debido ver con indiferencia estos actos de desmoralización, ha dictado cuantas medidas caben en sus facultades para corregir este mal, unas veces usando de la fuerza física y otras expidiendo órdenes y circulares en que ha inculcado a los pueblos el puntual cumplimiento de sus deberes sociales.
Con las providencias que van mencionadas y con otras que se indicarán más adelante sobre el arreglo de la fuerza armada, sobre la pronta administración de justicia, sobre el buen manejo y religiosa inversión de los caudales públicos, y sobre la estricta observancia de las leyes que protegen los derechos de los ciudadanos, se ha logrado dar a la sociedad una marcha pacífica y ordenada, se ha restablecido la confianza pública, se han alejado los motivos que otras veces han impulsado a los hombres honrados a lanzarse a las revoluciones para cambiar de administraciones o de sistemas, y se ha generalizado en todas las clases el noble sentimiento de la paz, que es el elemento más poderoso con que ha contado el gobierno para contrariar las tentativas revolucionarias.
De aquí es que, cuando en 1º de abril del corriente año lograron alterar la tranquilidad pública en esta capital los enemigos de la libertad y del orden legal, fueron luego reprimidos por nuestras fieles guardias nacionales, y todos los ciudadanos honrados y pacíficos vieron con indignación esta criminal intentona, y formaron causa común con el gobierno para salvar a la sociedad del abismo espantoso a que la querían precipitar sus enemigos.
A la vez que en algún punto del Estado se ha turbado el reposo público, las autoridades locales han podido restablecer la paz inmediatamente, porque los actos sediciosos, lejos de encontrar eco que los propague, han sido contrariados por todos los ciudadanos, sean cuales fueren las opiniones políticas que hayan manifestado anteriormente, porque, como he dicho antes y debo repetirlo en honor de nuestro país, los oaxaqueños que por un patriotismo verdadero formaban los bandos políticos en que estuvo dividido el Estado, han sacrificado sus pretensiones exageradas en las aras del bien público, y olvidando sus antiguos agravios trabajan unidos por la consolidación de la paz, por el sostén de la república popular federal y por las mejoras positivas que hagan la sólida felicidad del Estado.
[FOMENTO MATERIAL]
[Caminos carreteros a Tehuacán y Huatulco]
Aprovechando la oportunidad que ofrecen estos nobles sentimientos de nuestros compatriotas para las mejoras materiales, he emprendido la apertura del camino de ruedas de esta ciudad a la de Tehuacán, usando de la autorización que me concede el decreto de 17 de agosto próximo pasado.
No se había dado principio a esta obra interesante, proyectada hace 13 años, porque siendo considerable la suma en que se ha calculado su costo, y no teniendo la Tesorería fondos suficientes aún para a cubrir los gastos más precisos de la administración pública, era muy difícil, si no imposible, que el Estado emprendiera la obra por su cuenta.
Sin embargo, yo consideré que haciendo el gobierno un esfuerzo y contando con la cooperación de todos los oaxaqueños, sería posible vencer esa dificultad que tantas veces ha burlado nuestras esperanzas.
Al efecto, me tomé el trabajo de reconocer personalmente la ruta por donde pudiera abrirse un camino, que a la vez que prestase las comodidades necesarias para los transeúntes, costase menos su apertura; invité a los pueblos circunvecinos para que auxiliasen con operarios; previene a las autoridades subalternas dictasen a este fin cuantas providencias fueran de su resorte; establecí una junta de personas notables que excitase a los ciudadanos a contribuir para los gastos, y nombré los empleados absolutamente indispensables y con dotaciones muy económicas.
Con estas medidas que han producido el resultado que me propuse y con el auxilio que ha producido la Tesorería, sin desatender sus gastos ordinarios, comenzó la obra el día 1º de diciembre del año próximo pasado.
Los adelantos que ella ha tenido hasta junio último y los gastos que se han erogado constan en documento, por el que se puede asegurar aproximadamente, que la obra costará al Tesoro del Estado, menos de lo que se había calculado en los presupuestos anteriores.
Pero es de advertir, que la suma que ha ministrado la Tesorería, no ha sido tan considerable, porque los operarios que dan los pueblos, unos trabajan graciosamente y otros sólo reciben una corta gratificación; porque los subprefectos de Etla, don José María Filio, y de Cuicatlán, don Sabás José Alonso, han prestado y están prestando servicios muy importantes sin recibir ninguna retribución pecuniaria, debiéndose a la actividad y eficacia del primero los adelantos que ha habido en la línea de Etla a las cumbres de Huitzo, porque los ciudadanos a quienes la junta ha comisionado para visitar los trabajos, han desempeñado gratuitamente este encargo; porque las demás personas empleadas en la obra toman el más decidido empeño para el adelanto de ella y para economizar los gastos; y, por último, porque muchos ciudadanos han auxiliado al Gobierno para esta empresa, ya con dinero y ya con herramienta, debiéndose notar, que el venerable clero se ha distinguido con sus generosos donativos, dando con esto una prueba irrefragable de su ilustración y patriotismo.
Si, como es de esperar, se continúan prestando estos interesantes auxilios, pronto veremos concluida la obra más interesante, que para su progreso reclamaba el comercio, la agricultura, la industria y la civilización, y que se presentaba como imposible por que no se había tenido la resolución firme de emprenderla.
Respecto del camino que conduce de esta ciudad al puerto de Huatulco, que se halla en el departamento de Ejutla, el señor gobernador don Nicolás Rojas, cumpliendo exactamente las órdenes que le he comunicado, ha dictado las providencias más eficaces auxiliado de la actividad y empeño de los subprefectos de Pochutla, don Apolunio Manzano, y de Miahuatlán, don Eustaquio Manzano, para dar principio a la apertura del camino y para situar galerones y demás útiles que hagan cómodo y habitable dicho puerto.
Aunque con la debida anticipación se habían dictado las órdenes convenientes para excitar a los habitantes de aquel departamento a que contribuyesen para auxiliar los gastos indispensables, y aunque muchas personas amantes del bien de su país se habían prestado gustosas dando algunas cantidades de que ya he dado conocimiento al público, sin embargo, la duda de si se habilitaba o no el citado puerto, ocasionada por la dilación que sufrió el decreto que sobre este punto se hallaba pendiente en el Congreso Nacional, causó algún desaliento y retrajo a muchos de prestar los auxilios que se les pedían; mas hoy que este negocio está resuelto de un modo favorable, se ha reanimado el entusiasmo de los ciudadanos y se continúa la obra con los auxilios de los particulares.
Yo os suplico, señores, arbitréis y proporcionéis al gobierno los recursos necesarios para proteger la población de aquel puerto, y para que cuanto antes pueda abrirse el camino carretero que de allí conduce para esta ciudad.
[Otras obras materiales]
La obra del Palacio del Estado, comenzada bajo la administración del señor don José López Ortigoza, se había paralizado y se estaba destruyendo lo hecho, porque establecido el sistema central las rentas se destinaron a otros objetos y se abandonaron las obras útiles que habían emprendido las autoridades de los estados; pero restablecida la Federación y restablecido también el orden legal en el Estado en octubre de 1847, el gobierno ha podido dar algún arreglo a la Hacienda estableciendo cuantas economías han sido posibles, con lo que ha podido destinar una parte pequeña de las rentas para la continuación de dicha obra.
El documento número 4 manifiesta los adelantos que ha habido en ella, debidos en gran parte al loable empeño del señor tesorero don José Esperón, que a más de procurar toda clase de economías en los gastos de la obra, ha destinado algunas horas para activar a los operarios y para cuidar de que los dependientes cumplan con exactitud sus obligaciones.
Otra de las obras importantes que se hallaba paralizada por la misma causa antes indicada era el panteón de esta ciudad, pues careciendo el excelentísimo ayuntamiento de los recursos más indispensables para atender a sus exigencias ordinarias, no podía llevar adelante esta obra de común utilidad; pero habiendo comenzado la Tesorería del Estado a amortizarle los vales con que se pagó la suma que se le adeudaba por sus antiguas casas consistoriales, lo excité, con fecha 16 de enero próximo pasado, para que destinase la cantidad que fuese recibiendo a la continuación de la obra expresada.
S. E. se mostró deferente a esta excitación y el día 1º de febrero último se continuó la obra con actividad.
Por el decreto de 9 de septiembre último, se me autorizó para contratar la construcción de un puente en el río de Atoyac.
Los deseos del Cuerpo Legislativo están satisfechos, pues está ya formada la contrata con que os daré cuenta por separado.
El contratista, que lo es el señor senador don Manuel Jimeno Bohórquez Varela, está ya haciendo el acopio de materiales, y tan luego como pase la presente estación de aguas se comenzará la obra y es de esperar que terminará muy pronto, atendiendo el empeño y actividad con que el señor Varela acostumbra realizar las obras que son de pública utilidad.
En la Exposición que hice en el año anterior, manifesté que se estaban haciendo los gastos precisos para surtir de agua a la fuente del convento de San Juan de Dios, a fin de que este local, que se había recompuesto por cuenta del gobierno, quedase útil para el Hospital Militar que allí establecí.
Los trabajos concluyeron en diciembre próximo pasado, y desde entonces ha quedado el establecimiento en buen estado de servicio, debiéndose la pronta conclusión de esta obra al empeño laudable del director don José Justo Cofre.
Sería de desear que el Cuerpo Legislativo arbitrase algún fondo con que pudiera sostenerse este útil establecimiento sin gravamen del erario.
También manifesté que sería conveniente que este hospital tuviera el carácter de Hospital Civil al mismo tiempo, dedicándose a su sostenimiento las rentas de San Juan de Dios y del hospital de San Cosme.
El primero no puede sostener un hospital, como lo hacía antes, porque sus fondos son ya muy cortos, ni el segundo puede estar bien servido porque también son escasos sus recursos; pero unidas ambas rentas, podrían bastar para un hospital que se hace ya tan necesario atendida la población de esta capital, pues el de Belén, que está administrado por el señor cura don Nicolás Vasconcelos, no puede sostener sino un número reducido de enfermos.
La idea de formar un hospital con las rentas mencionadas no es nueva.
Desde el año de 1823 la indicó el señor gobernador don José López Ortigoza, pero no ha podido llevarse a efecto, porque recelosa acaso la autoridad eclesiástica de que esas rentas se inviertan por el gobierno en otros objetos, no se ha determinado a realizar aquella benéfica idea.
Es necesario confesar que hasta cierto punto ha habido razón para esa sospecha, nacida de la efímera existencia que han tenido nuestros gobiernos y de los repetidos trastornos políticos que han dado lugar a que los partidos echen mano de los intereses más sagrados para sostener sus respectivas pretensiones; pero hoy que la paz se cimienta en nuestro Estado y que las autoridades cuidan del buen manejo y religiosa inversión de los caudales públicos en los objetos a que son destinados, yo espero que el Ilustrísimo diocesano prestará su espontáneo consentimiento para realizar se proyecto en obsequio de la humanidad doliente.
Necesitamos también de un hospicio en que la miseria encuentre asilo y protección, y de una penitenciaría en que las víctimas del crimen se corrijan y moralicen; pero nuestro Tesoro no basta para tanto, y es necesario, señores, que busquéis entre los abundantes recursos que os ministra vuestra sabiduría, arbitrios suficientes con que el gobierno pueda plantear esos establecimientos de beneficencia pública.
Deseando yo, que, entretanto, los miserables reos que se hallan encerrados en la cárcel de esta ciudad, tuviesen alguna ocupación que les proporcionase la subsistencia y los distrajese de la ociosidad perniciosa en que viven, invité al reverendo padre provincial de dominicos para que proporcionase en el convento de Santo Domingo el local conocido por “Patio de locos”, que hace tiempo está desocupado, para establecer talleres en que los presos trabajasen; pero desgraciadamente mi invitación fue mal interpretada y no produjo el efecto que yo deseaba, como se ve en el documento que agrego a esta exposición, para manifestar que he hecho cuanto ha estado de mi parte para promover el bien público, aún exponiéndome a sufrir repulsas inmerecidas.
Manifesté en el año anterior que la falta de caminos carreteros que hagan fácil nuestra comunicación con los demás estados de la República, y la subsistencia de la renta de alcabalas, eran los obstáculos más poderosos que se oponían al progreso del comercio y de la industria, y os recomendé os ocupaseis de las medidas que removiesen aquellos obstáculos.
Sí lo hicisteis, respecto de lo primero, expidiendo la ley que me autorizó para la apertura de caminos, y que está ya teniendo su exacto cumplimiento, según lo he demostrado ya de una manera circunstanciada; pero respecto de lo segundo os habéis encontrado con dificultades de grande tamaño, pues antes de abolir ese impuesto que forma uno de los ramos más productivos de nuestro erario, es absolutamente necesario establecer un arbitrio que lo remplace, y ese arbitrio aún no se encuentra; y por este motivo yo no he podido dar otro paso que moderar algún tanto el rigor de la pauta de comisos en beneficio del comercio y dictar las medidas que eviten el contrabando, perjudicial no sólo al fisco, sino al comerciante de buena fe.
[INSTRUCCIÓN PÚBLICA]
Respecto de la instrucción pública, sólo debo agregar a lo que expuse en el año anterior, que queda ya abierto y en corriente el colegio de Tlaxiaco, mandado establecer por decreto de 30 de septiembre próximo pasado.
El señor director fray Manuel María Márquez, y el señor gobernador de Teposcolula, licenciado don José María Núñez, han tomado el empeño más decidido para la pronta apertura de ese establecimiento, y a sus esfuerzos se debe en gran parte el que hoy cuente el Estado con un nuevo plantel de educación de nuestra juventud.
Creo no sólo conveniente, sino necesario, que en la villa de Tehuantepec se establezca un colegio bajo las bases que tiene el de Tlaxiaco.
La crecida población de aquella villa y la larga distancia a que se halla situada, que hace difícil y costosa la venida de los jóvenes a instruirse en los colegios de esta ciudad, hacen indispensable esta medida, que recomiendo con todo encarecimiento porque deseo que la juventud tehuantepecana se eduque y se instruya, dispensándole cuanta protección sea posible.
Dada la ley que manda establecer el colegio citado, yo espero que los tehuantepecanos, no menos desinteresados y patriotas que los tlaxiaqueños, contribuirán graciosamente para auxiliar al Gobierno con los gastos que deban erogarse para el sostén de la instrucción de aquella apreciable juventud.
El Instituto de Ciencias y Artes de esta Capital continúa en el buen estado que no había tenido en años anteriores, porque pagándose con la debida puntualidad los gastos precisos señalados por la ley, los señores director y catedráticos han podido dedicarse con empeño a la instrucción de la juventud y a dar a la casa el buen arreglo que necesita para su progreso.
Sería muy conveniente que se estableciese un fondo con que se costease la manutención de cierto número de alumnos pobres, que viviesen constantemente en el establecimiento bajo la dirección inmediata de una persona a propósito, que cuidase de su dedicación al estudio y de la conservación del orden interior de la casa.
Yo recomiendo al Soberano Congreso este negocio que contribuirá sobremanera a los adelantos de la juventud y al buen nombre del Instituto, teniéndose presente que el sostenimiento de alumnos internos es uno de los medios eficaces que más contribuyen al buen orden y moralidad de un colegio.
La falta de fondos suficientes de las municipalidades para dotar competentemente a los preceptores que den a la juventud una educación sólida y esmerada, y la miseria pública, que como he dicho otra vez, obliga a los padres de familia a dedicar a sus hijos al trabajo desde su tierna edad para proporcionarse la subsistencia, son causas bastante poderosas que detienen el progreso de la instrucción primaria, y que me priva del placer de manifestar que este ramo guarda el estado brillante que yo quisiera.
Sin embargo, los señores gobernadores de los departamentos, los subprefectos y algunas corporaciones municipales, han hecho cuanto ha estado de su parte para fomentar la educación de la juventud; de manera que si no ha habido todos los adelantos que fueran de desearse tampoco ha habido abandono, ni puede decirse que la instrucción primaria se encuentra en un estado de atraso respecto del que guardaba hace un año.
En la Exposición del año de 1848, recomendé las medidas que he creído debe adoptarse para dar a la instrucción pública el impulso que merece, y ahora las vuelvo a recomendar, porque sus resultados, aunque lentos, son los más eficaces para el objeto de que se trata, pues por ahora, por grandes que sean los esfuerzos que hagan las autoridades para hacer progresar este interesantísimo ramo, muy poco pueden adelantar, porque todos esos esfuerzos se nulifican por falta de recursos.
Os presento las noticias que he mandado formar sobre el estado que guarda la Hacienda, y de ellas se deduce, que el erario está amortizando, con la religiosidad debida, la deuda que se liquidó en fines de diciembre de 1847, sin desatender el pago de los empleados y de los demás gastos ordinarios de la administración; pero debo hacer presente que, aunque en el año de 1848, los 365,226 pesos, 2 granos, que importaron los ingresos, bastaron para cubrir los 362,217 pesos, 4 reales, 3 granos de la data, esto fue debido a los arbitrios que se decretaron con motivo de la guerra con los Estados Unidos, tales como la construcción extraordinaria decretada en 24 de diciembre de 1847, y el descuento de la octava parte de sueldos, mandado hacer por el decreto de 7 de octubre de 1846; pero terminada la guerra cesaron estos auxilios, y aunque debieron haber cesado también los impuestos que sobre el vino mezcal y otros efectos estableció el mismo decreto, no se hizo así, porque el gobierno considerando que de improviso iba a resultar un deficiente muy notable en nuestras arcas, a la vez que era necesario hacer gastos crecidos para llenar los compromisos que se contrajeron por causa de la guerra, y para conservar el orden público amagado incesantemente por los revolucionarios, dispuso por decreto de 8 de junio de 1848, que se siguieron cobrando estas pensiones ínterin el Congreso decretaba las contribuciones y gastos que debieran continuar.
Como en este decreto no se hizo mención del 12% que con motivo de la guerra extranjera pagaban también la hilaza y tejidos de algodón y lana, conforme el decreto de 4 de febrero de 1847, consultó la administración de alcabalas si debía seguir cobrando este derecho.
El Gobierno que veía existentes para este caso las mismas razones y circunstancias del decreto de 8 de junio, resolvió que se debía continuar exigiendo aquel impuesto hasta que el Soberano Congreso determinara lo que estimase conveniente, a cuyo efecto os di cuenta con este resolución el día 2 de julio del año próximo pasado; y aunque últimamente, y en un caso determinado, se ha querido poner en duda la validez de esta resolución alegando que ella no se publicó en forma de decreto, este alegato carece de razón si se reflexiona que cuando el Gobierno resolvió la duda que le consultó la administración de alcabalas, se hallaba facultado extraordinariamente para proporcionarse recursos, y que el decreto que lo facultó no le designo las fórmulas a que debía sujetarse en sus relaciones, ni le puso restricción alguna.
Por consiguiente, pudo por una orden expedida a la citada administración, mandar continuar el cobro referido, para evitar, como he dicho antes, que el erario quedase privado de recursos para llenar sus compromisos.
Por esta misma razón no he hecho uso de la autorización que me concedió el decreto de 30 de septiembre próximo pasado para disminuir los derechos de alcabalas, pues no estando facultado para aumentar la cuota a otros efectos que pueden, sin grave perjuicio del comercio, reportar este gravamen, ni para establecer otros arbitrios que cubran el deficiente que debe resultar necesariamente de la disminución, era evidente el perjuicio que se iba a causar al erario, destruyendo una parte de sus recursos, sin haber establecido oportunamente los arbitrios que le remplazasen.
Por esto es que sólo me limité, atendiendo a las exigencias del comercio, a reducir al 8% el derecho que pagaban la hilaza y tejidos de algodón y lana, a reformar la pauta de comisos, mitigando hasta donde ha sido posible el rigor de la que estaba rigiendo, y a establecer resguardos y oficinas para evitar el contrabando.
Por estas medidas que se han dictado, por las economías que se ha cuidado de establecer en los gastos, por el arreglo que se ha procurado dar a las rentas y, sobre todo, por la honradez y pureza del manejo de sus jefes y demás empleados, se ha podido ir cubriendo la data hasta junio de corriente año; pero siendo sumamente escasos los productos que forman los ingresos, y algunos muy eventuales, no podemos contar con un sobrante regular y fijo; para realizar tantas mejoras y tantas obras útiles que necesita el Estado para ser fuerte, ilustrado y feliz.
Es, pues, urgente y necesario que el Cuerpo Legislativo dedique toda su atención, pero que la dedique exclusivamente si es posible sobre este punto, a fin de que pueda proporcionar al erario los recursos que necesita para llenar sus exigencias.
El presupuesto que se acompaña, para la aprobación del Soberano Congreso, manifiesta el ingreso y egreso que tendrá la Hacienda en el año de 1850, y aunque se han calculado los gastos con toda la posible economía, resulta siempre un deficiente, que hace más patente la necesidad que se arbitren recursos que lo hagan desaparecer.
A fin de auxiliar de algún modo vuestros trabajos en esta materia, presento algunas noticias, que he podido reunir sobre la población del Estado y sobre las clases en que está dividida.
También presento el estado que manifiesta los productos de las contribuciones sobre fincas rústicas y urbanas, sobre objetos de lujo, sueldos y salarios.
Sería de desear que se suprimiese la contribución establecida sobre profesiones y ejercicios lucrativos, porque sus cortos productos no compensan el trabajo que se impende en su cobro.
Aquí me parece oportuno recomendar la iniciativa que hice en el año anterior, sobre que las multas se recauden por la Tesorería del Estado y por los administradores y receptores subalternos, porque cobrándose hoy por personas que no tienen caucionado su manejo, fácil es que las malversen, como ya ha sucedido en algunos casos, quedando defraudado el erario, por no haber persona que responda de la deuda.
También debo recordar, y recomendar muy especialmente, la indicación que hice sobre el establecimiento de una Casa de Moneda, que se hace ya de una necesidad absoluta por la animación que va tomando el laborío de las minas, nacida de los ventajosos resultados que en estos últimos años está dando este ramo a las personas que a él se dedican con empeño.
En el año de 1832, según la noticia que presentó el Sr. Ortigoza a las cámaras, existían 117 minas, se trabajaban 62 y produjeron en ese año 3,894 marcos, y según la noticia que ahora se adjunta, se ve que los productos que ha habido últimamente han sido más crecidos que en el citado año de 32.
Esta diferencia manifiesta el progreso que ha tenido este ramo que formará en lo sucesivo la principal riqueza del Estado, si se cuida de fomentarlo con el esmero que merece.
Los mineros no pueden percibir hoy todas las utilidades que debieran porque para convertir sus platas en moneda tienen necesidad de conducirlas a la capital de la República para que se acuñen, o de venderlas a los rescatadores a un precio ínfimo, y en ambos casos sufren una pérdida, que si no los desalienta, los pone, por la falta de recursos suficientes, en la imposibilidad de hacer los progresos que debieran esperar de la riqueza de sus minerales y de los trabajos que impenden para explotarnos; pero este inconveniente desaparecerá del todo si se establece la amonedación en el Estado, porque el minero, a muy poca costa y sin necesidad de malbaratar sus platas, las cambiará inmediatamente en moneda y, además, el Estado percibirá los derechos de amonedación, que sería uno de los recursos con que contase para auxiliarse en sus gastos.
Tal vez no habré desarrollado las ventajas que traería consigo el establecimiento de la casa de moneda, pero los representantes del pueblo oaxaqueño tienen luces sobradas para conocerlas y tienen también sobrado patriotismo para no verlas con indiferencia, y no dudo que dedicarán sus desvelos para hacer realizable este pensamiento, que ahora reproduzco en obsequio de la industria minera del país y de las creces de nuestro erario.
Sería muy conveniente, para el auxilio de nuestras rentas, que la pensión de un real en arroba que paga la grana ingresase en la Tesorería del Estado entretanto se reglamenta de la manera eficaz que convenga el registro que se hace de este fruto.
Hago esta indicación porque según consta de los informes que recabé del comercio de esta Capital y que presentaré a las Cámaras por separado, el registro, tal como hoy está reglamentado, no evita la adulteración que se quiere precaver y perjudica al comerciante sujetándolo a operaciones molestas y gravosas.
El estado que se acompaña, manifiesta el número de arrobas registradas en el año anterior y las que se han registrado hasta junio del presente.
El impuesto que tiene señalado bien pudiera formar parte de los fondos que deben crearse para amortizar lo que se adeuda a los empleados, por la octava parte de sueldos que se les descontó con motivo de la guerra.
Tales son, señores, las medidas que deben tomarse sin perjuicio de las demás que tengáis a bien dictar para acrecentar nuestras rentas, sin las que el Estado no podrá prosperar, porque los mejores deseos y los proyectos más bien calculados se vendrán a estrellar siempre en la falta de recursos para realizarlos.
Ocupaos, señores, preferentemente de este importantísimo ramo, que es el que da vida a las naciones, y no os detenga el temor de que manos impuras derrocharán los sagrados intereses del erario.
No. Los actuales empleados del Estado, y especialmente los que manejan sus rentas, son activos, pundonorosos y honrados, que limitan sus necesidades hasta el punto en que pueden satisfacerlas con sólo el fruto de su trabajo.
Republicanos de corazón, se conforman con vivir en una honrosa medianía, que aleja de ellos la tentación de meter mano en las arcas públicas, para improvisar una de esas vergonzosas fortunas que la moral reprueba y que la sociedad siempre maldice.
Podéis, pues, señores, apurar vuestros esfuerzos con la confianza de que los recursos que proporcionéis al Tesoro público, no se dilapidarán, no se malgastarán, sino que se invertirán religiosamente en objetos de pública utilidad.
Aunque la voluntad general y la opinión pública sirven de base a la existencia y conservación de los gobiernos en el sistema democrático, con todo, la fuerza física es siempre necesaria en cuanto que está destinada a hacer respetar las providencias de la autoridad y a custodiar la vida y los intereses de los ciudadanos, pues no siempre el buen juicio de los hombres y su amor al orden los obliga a respetar las leyes y el reposo de las sociedades.
Las más veces, pasiones impuras dan por resultado la infracción de aquéllas y el desorden en éstas.
Hacer cumplir y acatar las unas, y volver la paz a las otras, es un deber tan indispensable como sagrado.
El medio de conseguirlo es la fuerza física, y he aquí por qué, sin embargo de ser regidos por un sistema liberal y republicano, la organización de aquella es de todo punto necesaria.
[Guardia Nacional]
Convencido de esta verdad, me he ocupado con empeño del arreglo de la Guardia Nacional, como dije en el año anterior, dictando las medidas que he creído convenientes para conciliar el cumplimiento de la ley con las circunstancias del pueblo oaxaqueño, y procurando todas las economías posibles.
Tuve la satisfacción de manifestar al Soberano Congreso en el período anterior de sus sesiones, que el Batallón que lleva el nombre respetable de Guerrero, uno de nuestros ilustres héroes, nada dejaba que apetecer por su instrucción, moral y disciplina, por su equipo y buen régimen interior; pero en este cuerpo se notaba un número excesivo de oficiales, tanto del ejército como de la Guardia Nacional, que careciendo de plaza pertenecían a él con el carácter de agregados, sin que el gobierno entonces pudiera removerlos, porque era preciso en aquellas circunstancias sacrificar parte de las rentas para sostener la guerra defensiva en que estaba empeñada la nación contra los Estados Unidos de Norteamérica.
Pero restablecida la paz y robustecido el gobierno por la sensatez, patriotismo y buen juicio de los oaxaqueños, fue ya indispensable removerse mal, y al efecto libré en 1º de agosto, la orden correspondiente para que se pusieran en receso los oficiales sobrantes del Batallón Guerrero, y en la revista del siguiente día se dieron de baja entre capitanes, tenientes y subalternos, 18 individuos.
Quedó desde esta fecha el cuerpo citado con la dotación precisa de oficiales que le señala la ley, y ha continuado bajo un estado brillante por su disciplina y por su equipo.
En los departamentos de Tehuantepec, Jamiltepec, Teotitlán del Camino, Huajuapan, Teposcolula y partidos de Miahuatlán y Pochutla, continúan las guardias nacionales bajo el mismo orden que se les dio el año anterior, con la sola excepción de que en el primero de los departamentos referidos, a consecuencia de hallarse en servicio diversos piquetes de las compañías del Batallón Lealtad, y cada uno con sus respectivos oficiales, el número de éstos respecto de la fuerza en servicio era también excesivo.
Dispuse, por lo mismo, que refundidos los piquetes en la primera compañía del batallón expresado, se dotase ésta con los oficiales necesarios y un ayudante, poniéndose en receso a los sobrantes, después de darles las gracias por sus buenos servicios.
Así se verificó en consecuencia de la orden librada en 28 de enero último, y a la fecha el gobierno, después de alcanzar el erario una economía, cuenta con esta compañía en perfecto arreglo.
La caballería no es en el Estado tan numerosa como debiera, pero la organizada en el departamento de Huajuapan, existe bajo buen pie, basta para las atenciones del servicio público y puede aumentarse cuando el caso lo exija, sin que entretanto la Hacienda del Estado reporte un gravamen de consideración pagando el haber del dragón, que es casi doble al del infante.
El arma de artillería me ha merecido una particular atención.
Dueño el Estado de una batería hermosa y de calibre, debía surtirla de todos los útiles precisos para el buen servicio, y al efecto he contratado para ella las municiones necesarias, y he conseguido que el Gobierno Supremo destine un jefe facultativo que, con el carácter de instructor, venga a difundir sus conocimientos en nuestros oficiales y soldados que pertenecen a la brigada de artillería.
De este modo, aunque se haga un pequeño gasto, se alcanza un adelanto necesario y útil al mejor servicio y manejo de la arma.
Los cuerpos de Guardia Nacional organizados ya en el Estado, demandan una mejora importante; mejora que combine en los ascensos de oficiales, el respeto debido a la antigüedad en el servicio, con la preferencia a que la aptitud se hace acreedora.
Este bien puede alcanzarse si para los casos en que cualquiera empleo deba proveerse, se sujetara a un rígido examen el individuo a quien llamara la escala y los más que aspiraran obtener la vacante.
El resultado de este examen, en que debe entrar también la calificación de la buena moral del candidato, dará sin agravio de persona alguna, un oficial instruido y morigerado, digno de llevar las armas de un pueblo libre e ilustrado.
Limitará igualmente la imprudente y desmesurada ambición de hombres, que tal vez entienden que la noble profesión de las armas no es una carrera científica, ni exige de ellos más circunstancia que la de obtener, por cualquier medio, un despacho que les proporcione rango, sueldo y consideraciones.
Este punto es de la más grave importancia y exige del legislador una mirada atenta.
Organizar en el Estado la Guardia Nacional con proporción al número de sus habitantes, es empresa de difícil ejecución y de consecuencias poco favorables.
Cuando la fuerza física de un Estado se mide por su población no cabe duda de su prosperidad y engrandecimiento; pero puede tocarse en el extremo funesto de crear un espíritu militar poco provechoso a las instituciones republicanas representativas, o de colocar las armas en manos inexpertas que no tardarían mucho en servir a otros objetos.
A pesar de estas reflexiones, siempre sumiso a la ley, luego que me fue comunicada la de 15 de julio del año anterior, sobre arreglo de Guardia Nacional, quise darle todo el cumplimiento que exige su importancia.
Dicté providencias eficaces a este fin, y por término de mis afanes sólo he conseguido que se formen las fuerzas que manifiestan los estados que presento.
Dificultades muy graves ha presentado el estricto cumplimiento de aquella suprema disposición, emanadas unas de la naturaleza misma de los habitantes del Estado, y otras del modo y forma con que la ley arregló este punto.
De todas ellas he mandado formar el expediente respectivo, y el secretario del despacho universal lo presentará a las cámaras, para que tomándolas en su alta consideración, se sirvan acordar el remedio.
No me abstendré de manifestar, antes de concluir esta materia, que la parte reglamentaria de la ley es la menos a propósito para el fin que se propuso el legislador, atendidas las circunstancias locales, y aunque el gobierno siguió estos principios, en la que particularmente añadió en 29 de septiembre del mismo año, lo hizo porque en la esfera de sus facultades no le era lícito adoptar otros.
Lo mismo debo decir respecto de la parte penal y de procedimientos en los diversos delitos militares o comunes, pues es indispensable señalar con claridad y por medio de una ley, cuál es la naturaleza y circunstancias de cada uno de aquéllos en particular, y demarcar la autoridad que en cada caso deba conocer de ellos y las penas que se deban aplicar.
Los jueces de hecho, a quienes llama la citada ley, dan todas las garantías que la misma institución exige; pero en razón de nuestro estado de ilustración, debe limitarse esta franquicia y buscar otro medio, que sin los riesgos de éste proporcione el mismo resultado.
Arrostrando embarazos de todo género, usando unas veces de medidas fuertes, otras de lenidad y persuasión, dispuse en aciagas circunstancias la requisición del armamento disperso en la capital y pueblos del Estado, a consecuencia de nuestras frecuentes revoluciones.
Estos medios únicos del caso produjeron los mejores resultados.
Logré que se recogieran algunas armas y dispuse la recomposición de otras, que en completo abandono existían en los depósitos, y a este trabajo se debe el número que de ellas manifiesta el estado correspondiente.
El gobierno, no conforme con las reunidas, ya porque su estado no es el mejor, ya porque no bastan para la guardia organizada, ha continuado con empeño tocando cuantos recursos son necesarios para surtirse de armamento, y puede anunciar desde ahora que sus esperanzas de conseguirlo no serán frustradas.
El estado número 32 presenta el número de piezas de artillería con que contamos, del mismo modo que las municiones y demás útiles de guerra que a costa de mil esfuerzos se han acopiado en nuestros almacenes.
Debo añadir que tenemos dos piezas de a 16, que por petición de este gobierno se sirvió proporcionarnos el Supremo de la Nación.
Éstas han sido conducidas de la fortaleza de Perote al pueblo de Teotitlán del Camino por el patriota don Ignacio Mejía, que con sacrificio de su salud ha prestado gratis este importante servicio.
No he dispuesto su conducción para esta capital en razón del mucho costo que debe tener en la estación actual de las aguas; luego que termine [ésta] serán trasportadas con más comodidad y economía.
[Contingente de Sangre]
El gobierno, que desea obsequiar la obligación que la Carta Constitucional impone al estado de ministrar el contingente de hombres que le fuere señalado, desea también un medio seguro de verificarlo sin los riesgos que presenta el del sorteo, sin los ataques a la libertad y seguridad individual a que da lugar el de levas; pero ese medio que me conformaré con indicar, está fuera de las facultades del Ejecutivo y debe ser objeto de una ley.
La aversión al servicio militar en el ejército permanente es casi general en los habitantes del Estado.
La escasez de población útil para las armas y la necesidad de brazos para el cultivo del rico, feraz y extenso territorio que nos señaló la Providencia, es un hecho que no exige demostración.
Estas dos dificultades esencialmente impiden, y en todo tiempo han impedido a las autoridades del Estado, el puntual cumplimiento de aquella obligación.
Ninguno de los gobiernos anteriores ha podido obsequiarla, a pesar del constante empeño y de las severas providencias que algunos han dictado para este fin.
Contra los sentimientos de la naturaleza, contra la situación de un pueblo, se estrellan siempre aun las medidas que bajo un aparente celo hace dictar el más bárbaro despotismo.
He meditado con atención particular estos inconvenientes y con presencia de los datos que existen en el archivo del gobierno, me he decidido a proponer a las cámaras el único recurso que, en mi concepto, queda al Estado para llevarlo al cabo con el menor gravamen posible de los pueblos y de la industria del país, respetando las garantías que reclaman la libertad y seguridad individual y lejos de la violencia y de la arbitrariedad.
La experiencia nos enseña que estos extremos se tocan en los sistemas de sorteo o de levas.
Apartándome de éstos, cuyos efectos perniciosos más de una vez hemos palpado, creo que formándose en todos los pueblos del Estado listas de solteros desde 16 a 40 años, de viudos y casados sin hijos de las mismas edades, será más fácil a la autoridad, y más equitativo y justo, que partiendo de este dato, haga una asignación proporcional a cada pueblo, con relación al número de individuos útiles, tomando en su caso las de primera, segunda o tercera clase en el orden que quedan mencionadas.
Bajo este procedimiento se distribuye el contingente con más equidad y exactitud y viene a gravitar sobre personas que reciben menos perjuicio.
Para hacerlo efectivo se deberá pedir por la autoridad correspondiente a los respectivos pueblos el número de hombres que les haya sido señalado, y aquéllos estarán obligados a entregarlo, o en su defecto, la cantidad de 15 a 20 pesos por persona.
Estas sumas serán recogidas por el Tesorero del Estado y se emplearán precisamente en pagar reemplazos que pueden solicitarse por medio de enganches voluntarios, aplicándolos a cada pueblo en cuenta de su contingente, según el número de los que tenga cubiertos.
Sólo así alcanzaremos un recurso eficaz para a que el Estado no quede descubierto en su contingente y ocurra a la necesidad que la Nación tiene de sostener un ejército que, disciplinado y moralizado, sea, con saludables reformas, el escudo contra la injusticia y la ambición.
Sólo así sacaremos esta contribución del total útil de la población, ya sea prestándose a servir los mismos designados de la manera indicada, ya sea por medio de los recursos que ellos ministren para librarse de este gravamen que la ley les impone.
Si a estas medidas se añade la de organizar un buen tribunal que breve y sumariamente califique a los vagos y los destine a cubrir el cupo del Estado, habremos adelantado mucho, porque estos ciudadanos inútiles y nocivos a la sociedad librarán del servicio de las armas a los que son laboriosos y benéficos, y las poblaciones es seguro que se verán libres de aquella plaga asoladora que corrompe las costumbres y buena moral.
Todo lo que queda indicado debe ser objeto de una ley: aquí encontrarán los legisladores el fundamento general de ella, que es el fin que me propuse.
Mas como el Gobierno Supremo, en orden de 20 de marzo último, tiene pedido al Estado el número de 160 hombres por cuenta de su contingente, es urgentísimo el arreglo de este punto, para que el Ejecutivo pueda ocuparse de él.
Muy especialmente lo recomiendo a las cámaras, a cuya decisión lo he dejado.
La administración de justicia, tan absolutamente necesaria para la conservación de la paz, puede decirse que ha mejorado en el Estado, ya porque generalmente hablando, las personas que la tienen a cargo en la actualidad cumplen sus deberes con la exactitud que es de desearse, y ya porque el Gobierno, en cuanto ha estado de su parte, ha cuidado de excitar el celo de los señores magistrados para que procedan contra los jueces que por abandono dejan de hacer justicia, o que por ineptitud o malicia tampoco la administran en sus fallos.
El estado que acompaño manifiesta el número de causas que han sido despachadas en el año anterior por la excelentísima Corte de Justicia y por los jueces inferiores, y la diferencia es el mejor comprobante que puede presentarse de la actividad y empeño con que se trabaja en el ramo judicial; pero esa actividad y ese empeño de los jueces no basta para dar a este ramo la perfección que merece y de que es susceptible, porque hay inconvenientes que embarazan a cada paso la marcha de los negocios judiciales.
Esos inconvenientes no proceden ciertamente de las personas de los magistrados y jueces, sino de las leyes defectuosas que tenemos sobre la organización de los tribunales, sobre las penas y decisiones que deben aplicarse en los casos ocurrentes y sobre el modo con que debe procederse en la sustanciación de los juicios.
Las dos salas en que se divide la excelentísima Corte de Justicia tienen igual número de ministros cada una; pero la primera se ocupa de un número de negocios mayor que la segunda, pues conoce de todos los asuntos criminales y civiles en que ha lugar a apelación, de las causas de responsabilidad y separación, y de las criminales que ocurren contra los jueces de primera instancia y gobernadores de los departamentos, de las causas criminales y negocios civiles que se presentan contra los miembros del Congreso, gobernador del Estado e individuos del Consejo de Gobierno y de las competencias que se suscitan entre los jueces subalternos, y, además, se ocupa de la revisión de los juicios verbales criminales que se terminan ante los jueces de primera Instancia, y de oír y dar curso a las quejas o peticiones de iniciativas que se presentan casi diariamente a la Corte.
Por mucho que se afanen los señores ministros que componen esta sala no pueden despachar con la brevedad que corresponde, y viene a ser inevitable la paralización de los negocios.
El remedio de este mal consistiría en que las salas se alternasen en el conocimiento de segunda y tercera instancia; pero por ahora no puede adoptarse esta medida porque ella importa una reforma constitucional que no es lícito verificar, salvando los trámites dilatorios que la misma Constitución señala.
Debemos, por tanto, buscar un medio que no pugnando con el artículo constitucional citado allane en lo posible esta dificultad.
Al efecto, juzgo que sería conveniente se nombrase otro ministro para que habiendo cuatro en la primera sala, se dedicase uno por turno y exclusivamente a la sustanciación de las causas criminales y negocios civiles, y del despacho de aquellos asuntos de poco momento cuya resolución no cause gravamen a las partes.
De este modo, los otros tres ministros podrían dedicarse exclusivamente a la vista y decisión de los negocios de que habla la Constitución en su artículo 193, se expeditaría el despacho, y sería más pronta la administración de justicia.
Resultaría además la ventaja de que habiendo siete ministros se evitaría el empate en las votaciones de aquellos asuntos que son del conocimiento de la Corte plena.
La medida que propongo será tal vez desacertada; pero ella servirá a lo menos para abrir la discusión o para llamar la atención del legislador sobre un punto que es demasiado importante para la pronta administración de justicia.
En el año anterior manifesté la necesidad que había de que se creasen las plazas de relator y de agente fiscal.
El Honorable Congreso, ocurriendo a esta necesidad, estableció por su decreto de 29 de septiembre, un agente fiscal con la dotación de 1,200 pesos anuales, y un relator con la de 800; pero la experiencia de pocos días ha demostrado que estas disposiciones no han sido tan eficaces como se esperaba, y que en obsequio del mejor servicio deben sufrir alguna modificación.
No teniendo el agente fiscal ninguna responsabilidad, ni la obligación de pedir por sí solo en las causas, sirve de un agente muy subalterno, y el fiscal, pudiendo no conformarse con los pedimentos que aquél crea deben ponerse en las causas que se le encomiendan, tiene necesidad de imponerse por sí mismo de los negocios para poder firmar una producción de que va a ser responsable, en cuyo caso trabaja lo mismo que si no hubiese tal agente fiscal.
Esta reflexión es, en mi concepto, de bastante peso, y exige la derogación de la ley en esta parte, aumentándose más bien el sueldo que hoy disfruta el fiscal, para que pueda ser indemnizado suficientemente del arduo trabajo a que tiene que dedicarse, para poder despachar con actividad los negocios que corresponden a su ministerio.
El citado decreto debe reformarse en la parte que establece un relator, porque una sola persona no puede desempeñar cumplidamente este destino.
Formar memoriales ajustados de todos los negocios civiles y criminales que se despachan en las dos salas de la Corte de Justicia, es un trabajo material de tal naturaleza que sin embargo de que un relator se dedique incesantemente al despacho, no podrá dar salida a todos los negocios; el excesivo número de ellos causará siempre un retardo inevitable.
Será pues conveniente que se establezcan dos relatores, dotándose a cada uno con la cantidad de 600 pesos anuales, sin que en esto pueda haber un aumento de gasto, porque suprimida la agencia fiscal, habrá una cantidad de que pueda tomarse lo necesario para aumentar el sueldo del fiscal y para dotar la plaza de relator que se deba establecer.
El artículo 199 de la Constitución del Estado establece un tribunal que debe juzgar a los ministros de la Cote de Justicia, y para conocer de los recursos de nulidad que se interpongan de las sentencias de la segunda sala; pero no se ha dado la ley que organice este tribunal y que reglamente sus procedimientos, y aunque por ahora se sujeta por analogía a las disposiciones a que lo está la Corte de Justicia, siempre se embaraza el despacho por las continuas dudas que se ofrecen en la práctica, por lo que es de absoluta necesidad que se expida la ley que evite este inconveniente y haga más expedita la administración de justicia en este tribunal.
Por último, el artículo 142 de la Constitución compete al gobierno la facultad de cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente; pero es de advertir que no estando reglamentada esa facultad por medio de una ley que designe las providencias que pueda dictar, el gobierno sólo puede limitarse a simples excitativas que pocas veces producen el resultado que se propuso el legislador constituyente.
Es un hecho innegable que la Corte de Justicia, por las horas y días determinados que tiene para su despacho, por la dificultad de que se reúnan sus miembros prontamente para tomar en consideración algún negocios urgente y extraordinario y por los días de punto en que suspende sus trabajos, no puede remediar siempre con la violencia debida los males que se causan en los juzgados inferiores por el abuso de los jueces.
Es pues necesario que al gobierno, cuya vigilancia es incesante sobre la conducta de las autoridades subalternas, y cuya acción siempre está expedita, se le designe el caso en que, conforme al artículo 190 de la Constitución, pueda por su parte suspender a los jueces consignándolos a la autoridad que los deba juzgar.
El Gobierno tal vez no tendrá necesidad de hacer uso de esta facultad, porque sabiendo el juez inferior que puede ser contenido en el momento en que sean conocidos sus abusos o demasías, se abstendrá de cometerlas, y entonces se habrá logrado el objeto que se desea y es que la justicia sea administrada tan recta e imparcialmente como lo exige el bien de la sociedad.
Hay, además, un mal gravísimo e inveterado que perjudica la administración de justicia, y que la empeorará cada día si no nos apresuramos a remediarlo.
Ese mal consiste en la falta de leyes que fijen con claridad y precisión y conforme a los hábitos, costumbres y demás circunstancias de nuestra sociedad, los derechos de los asociados, las penas con que deben ser castigados los que se atrevan a hollarlos y los procedimientos a que deben sujetarse los jueces, ya para declarar el goce de esos derechos, en caso de disputa, o bien para aplicar la pena a cualquiera que los haya vulnerado.
Ya conoceréis, señores, que hablo de la formación de los Códigos Civil, Criminal y de Procedimientos, de que trata el artículo 180 de nuestra Constitución particular.
Sabéis mejor que yo que nuestras leyes vigentes se hallan diseminadas en multitud de códigos que por haber sido sancionados en distintas épocas, son tan contradictorias o ambiguas, que para concordarlas o elegir la que decide el caso en cuestión, el juez tiene que perder una parte de su tiempo y de su trabajo, y tal vez inútilmente, porque dadas esas leyes en otras circunstancias y conforme a otras costumbres, serán inaplicables al negocio que se disputa y tendrán al fin la necesidad de ocurrir al arbitrio judicial que pocas veces dejará tranquila su conciencia.
La persuasión que tengo de que la experiencia y sabiduría de los representantes de Oaxaca conocen la importancia de este negocio, me excusa el trabajo de demostrarla, creyendo haber hecho lo bastante con llamar la atención sobre una materia que tan urgentemente reclama los afanes y desvelos del legislador.
¡Ojalá, señores, que sean cumplidos mis deseos, de que la VIII Legislatura del Estado concluya esta importante obra de nuestra legislación, conquistando un nombre glorioso que la filosofía y la humanidad recordarán siempre con gratitud!
Os he manifestado, señores, aunque de una manera imperfecta, el estado que guardan los principales ramos de la administración pública.
Toca a vosotros dictar las medidas eficaces que remuevan los obstáculos que impiden sus progresos.
Difícil y penosa es, ciertamente, vuestra misión, y cualquiera que considere atentamente lo arduo de vuestros trabajos y los hábitos perniciosos que ha contraído nuestra sociedad y con que tenéis que luchar para reformarla, sentirá abatirse por el desconsuelo que naturalmente se experimenta cuando los males no tienen remedio; pero yo que encuentro en vosotros sabiduría, poder y una voluntad firme para aplicar el remedio conveniente a esos males, tengo la esperanza lisonjera de que pronto, muy pronto, la sociedad oaxaqueña mejorará de condición por la sabiduría y beneficencia de vuestras leyes.
Continuad, pues, señores, vuestras nobles tareas legislativas, en el concepto de que en los pocos días que me restan para entregar el poder a la persona que tengáis a bien elegir, no perdonaré medio ni momento para auxiliar vuestros trabajos y, especialmente, para evitar que los constantes enemigos de la paz pública interrumpan la calma de vuestras deliberaciones.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 199
 artículo 142
 artículo 190
 artículo 180