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Timestamp: 2020-06-03 09:25:16+00:00

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8 leyes aprobadas en 2018 que tienes que conocer - Kernel Legal
Las 8 leyes aprobadas en 2018 que tienes que conocer
Desde Kernel Legal queremos desearte unas felices fiestas y un 2019 cargado de nuevos proyectos y buenos momentos. Queremos agradecerte tu fidelidad y tu atención y seguir informándote puntualmente de todas las novedades legales que de verdad te importan. Por ello, ahora que se cierra este año, en este post compartimos contigo un repaso a las más importantes leyes aprobadas en 2018. Un año de cambios y con una menor actividad legislativa que en pasados ejercicios, pero cuyas novedades es importante destacar. Como siempre, nos ponemos a tu disposición si tienes cualquier duda o necesitas asesoramiento legal: estaremos encantados de atenderte.
Un repaso a las más importantes leyes aprobadas en 2018
La página del Congreso de los Diputados resume y comparte todas las normas aprobadas durante cada año, y nos basamos en este listado para destacar las más relevantes. Algunas por su importancia a nivel general, otras por afectar más directamente a nuestros clientes. En concreto, se han aprobado tres leyes orgánicas, diez leyes y 23 decretos-ley. Aquí tienes un pequeño resumen de algunas de ellas:
Ha sido sin duda una de las normas más importantes del año: la aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ha generado mucho debate y en nuestro blog hemos hablado mucho sobre ella, sobre todo en lo que a compliance o cumplimiento normativo se refiere. Con ella se adapta el ordenamiento español al Reglamento general de protección de datos.
Las novedades que implica resultan difíciles de resumir en este espacio. Por citar algunas, se incorpora a su objeto la importante novedad de dirigirse a “garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución”. Este contenido se ha concretado en el Título Décimo de esa Ley, titulado “Garantía de los derechos digitales”, compuesto de 19 artículos (del 79 al 97).
En este título se reconoce y regula el ejercicio de derechos como el de neutralidad de la Red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y educación digital, la libertad de expresión en internet, el derecho al olvido en buscadores y redes sociales, a la portabilidad, al testamento digital, a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y a la desconexión digital en el ámbito laboral.
La voluntad del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, es recuperar el espíritu de la Ley de 1994, que contempla la construcción de 20.000 viviendas en los próximos 4 o 6 años. Éstas irían destinadas de forma indefinida al alquiler o la cesión en uso, con renta o precio limitado y en aquellos municipios y localizaciones con demanda acreditada, donde los precios de alquiler se estén incrementando con mayor intensidad.
Además, con esta norma se introducen mejoras para quienes opten por el alquiler como fórmula para garantizar sus necesidades en materia de vivienda. Por ejemplo, establecen contratos de alquiler más largos, aumentando el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada. Por otro lado, se limitan los avales a dos meses de renta, a no ser que se trate de contratos de larga duración. Otra novedad importante es que, en adelante, el arrendador (y no el arrendatario) será quien se haga cargo de los gastos de gestión inmobiliaria, siempre que se trate de una persona jurídica.
En otro orden de cosas, los pisos turísticos salen de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y se regularán como una actividad económica. Se trata de frenar el avance del alquiler turístico en determinadas ciudades muy presionadas por ello, por lo que el real decreto modifica la Ley sobre Propiedad Horizontal permitiendo a las comunidades de vecinos limitar o vetar este tipo de arrendamientos en el edificio, siempre que lo apoyen tres quintas partes de los propietarios. Una medida que solo se aplicará a nuevos pisos turísticos y no a los ya existentes porque “no tiene carácter retroactivo”.
El Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, vio la luz con el fin de que sean los bancos quienes paguen el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Este Real Decreto-ley tiene como raíz la polémica desatada por una reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de la que nos hicimos eco en nuestro blog.
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, responde al hecho de que, con la crisis, se ha extendido la práctica de la ocupación ilegal de viviendas, muchas veces con el fin de alquilarlas a personas en situación de necesidad.
Ante esta realidad, la ley que comentamos agiliza considerablemente el proceso de desahucio en caso de ocupación ilegal de la vivienda, y asegura que “podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social” (adición al artículo 250.4 LEC). Además, la demanda “podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación” (nuevo párrafo 3 bis del artículo 437 LEC).
El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, “ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas”. Para ello, estas cuestiones pasarán a ser competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, supone un nuevo apoyo a las personas que padezcan VIH/SIDA, declarando “nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes, por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud” en el ámbito de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Asimismo, será nula la renuncia a lo estipulado por la parte que tenga VIH/SIDA u otras condiciones de salud. La norma también indica que el Gobierno, en el plazo de un año, presentará un proyecto de ley en el que determinará la aplicación de los principios de esta ley a otras enfermedades respecto a las que pueda considerarse que se aplican los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas.
Con la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación, se pretende que, a través de la Orden Europea de Investigación, se pueda crear un régimen único y uniforme para la obtención de pruebas en la UE. También establecer normas adicionales para determinados tipos de medidas, como el traslado temporal de detenidos, las comparecencias por teléfono, videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual, la obtención de información relacionada con cuentas o transacciones bancarias o financieras, las entregas vigiladas o las investigaciones encubiertas y la intervención de telecomunicaciones con asistencia de otro Estado miembro.
Hasta aquí nuestro repaso a las normas más importantes aprobadas en España durante 2018. Si necesitas ayuda en cualquier asunto legal, contacta con nosotros sin compromiso.
2018, leyes, normas

References: artículo 18
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 250
 artículo 437
 artículo 25
 Real Decreto