Source: https://tc.vlex.es/vid/1-t-u-2-15355251
Timestamp: 2020-02-23 12:02:02+00:00

Document:
STC 175/1996, 11 de Noviembre de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355251
STC 175/1996, 11 de Noviembre de 1996
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.235/1994
1. No es necesario argumentar que el reconocimiento que de su propia escritura hizo el recurrente respecto de un texto que de su puño y letra hizo ante la Guardia Civil a requerimiento de ésta, no puede considerarse en sí mismo prueba de cargo. Podría serlo, en su caso, si el dictamen pericial caligráfico emitido sobre la base de ese texto en relación con otras pruebas manuscritas de miembros de la banda terrorista E.T.A., hubiera sido positivo, pero, según consta en el sumario, las muestras caligráficas analizadas, entre ellas las del recurrente, no coinciden con las pruebas manuscritas obrantes en los archivos del Departamento. En estas circunstancias es claro que lo afirmado por la Sentencia impugnada en el fundamento jurídico tercero, que «puede reputarse prueba de cargo» el reconocimiento realizado por el recurrente, es un error patente que, aunque explicable dado el volumen y la complejidad de las actuaciones, ha de corregir este Tribunal por ser el único fundamento individualizado que, atinente al recurso de casación del recurrente en amparo, ha conducido a la Sala, sin examinar ni resolver los motivos por él articulados, a la desestimación. 2. Subsanado o aclarado por esta Sentencia el error que condujo a la desestimación del recurso de casación, ahí debe detenerse la actuación de este Tribunal en su función de tutelar y restablecer al recurrente en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que ha resultado vulnerado por la Sentencia impugnada. Sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia, nada debe decir este Tribunal hasta que, previamente, se pronuncie sobre el mismo el Tribunal Supremo al resolver los motivos de casación que, con base en el citado derecho, ha formulado el recurrente frente a la Sentencia de instancia. Motivos que no pueden entenderse comprendidos en la desestimación global «de los cuatro recursos por infracción de ley» que hace la Sentencia en el último apartado de su fundamentación, toda vez que según resulta de la misma, la presunción de inocencia alegada por el recurrente en amparo, no ha sido examinada por el Tribunal Supremo por estimar suficiente para desvirtuarla una prueba de cargo que, como hemos visto, no tiene tal carácter.
En el recurso de amparo núm. 1.235/94, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de don Jesús A. P. G. actuando bajo la dirección del Letrado don Iñaki Goioga Llano, contra la Sentencia de fecha 25 de febrero de 1994 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la que se desestima el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 14 de abril de 1993, dictada en el procedimiento abreviado 8/92. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueral, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en el Juzgado de Guardia de Madrid el día 13 de abril de 1994, el Procurador de los Tribunales don José Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de don Jesús A. P. G. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia, de fecha 25 de febrero de 1994, de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, por la que se desestima el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 14 de abril de 1993, dictada en el procedimiento abreviado 8/92.
a) El Juzgado Central núm. 4 instruyó el procedimiento abreviado núm. 8/92 y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Nacional, cuya Sección Tercera de la Sala de lo Penal dictó Sentencia, con fecha 14 de abril de 1993, en la que condenaba, entre otros, al hoy demandante de amparo, como autor de un delito de pertenencia a banda armada del art. 174.3. del Código Penal (de 1973), a las penas de seis años y un día de prisión mayor y de multa de ciento cincuenta mil pesetas, así como a las correspondientes accesorias y costas. La Sentencia mencionada estimaba como hecho probado que el demandante estuvo integrado en un comando de información de la banda terrorista ETA, habiendo facilitado diversas informaciones sobre miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y otras personas al comando «Vizcaya» de dicha organización, que a su vez las trasladaba a la cúpula de la misma, instalada en Francia.
8. Atendida dicha solicitud del representante del Ministerio Fiscal y dándosele traslado de los antecedentes que obraban en la Sala, aquél evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito de 5 de junio de 1995. En ellas interesaba a la Sección la inadmisión a trámite del recurso por falta de contenido constitucional de la demanda. En referencia a la hipotética lesión del derecho a la presunción de inocencia -motivo básico sobre el que gravita la demanda y que obtiene por ello mayor atención, entiende el Fiscal que aunque la Sentencia de instancia no es especialmente precisa en cuanto a la determinación del material probatorio sobre el que se asienta la condena, sí cabe concretarlo. Ciertamente, en una primera apreciación de la resolución de la Audiencia Nacional, parece que el fallo condenatorio se sustenta en dos indicios: por una parte, la relación de noviazgo entre el recurrente y la también condenada Miren Jasone Fuentes Reizabal por su pertenencia a la banda terrorista ETA; y por otra, el hecho de que el demandante se encontrara fuera de su domicilio en el momento de su detención. Semejantes pruebas por indicios carecerían de una explicación lógica, mediante la cual se podría deducir que el recurrente había cometido el hecho por el que se le condena. Sin embargo, en un análisis más detallado de la Sentencia en cuestión se observa que en este caso se da la situación característica de diversas declaraciones contradictorias entre sí del imputado. En el atestado, éste confesó su pertenencia a la banda terrorista (folios 528 y ss. de las actuaciones), mientras que ante el Juez instructor (folios 575-576) y en el acto del juicio oral no ratificó su declaración ante la policía. Teniendo en cuenta que la declaración prestada ante la policía se efectuó con las debidas garantías procesales, y en particular con la asistencia de Letrado, y tomando en consideración que tal declaración fue objeto de contradicción en el acto del juicio oral -como se constata a la vista del acta correspondiente-, hay que acudir a la doctrina constitucional expresada por este Tribunal, en virtud de la cual la Sala sentenciadora puede optar en la valoración de la prueba -según las facultades que le confiere el art. 741 L.E.Crim.- por una u otra declaración, a la vista del resto de los elementos probatorios. Así pues, la actividad probatoria en que se funda la condena no es una prueba inferencial o por indicios, sino la primera confesión del acusado no desvirtuada en el plenario y corroborada por el resto de los elementos de juicio. En definitiva, este motivo de la demanda carece -a juicio del Fiscal- de contenido constitucional.
Entiende el Fiscal que el segundo motivo de la demanda -la pretendida vulneración del principio de igualdad ante la Ley- tampoco presenta contenido constitucional. Por un lado, porque se plantea un problema no de igualdad ante la Ley sino de igualdad «contra la Ley», terminantemente excluido del ámbito de eficacia del derecho constitucional invocado, según reiterada doctrina de este Tribunal que se cita. Por otro lado, porque las situaciones que compara el demandante no son iguales y además están apoyadas en pruebas también diversas.
1. Se impugna en este recurso de amparo la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1994, dictada en el recurso de casación 712/93 en cuanto condena, confirmando la Sentencia de instancia, al recurrente en amparo don Jesús A. P. G. por entender éste que se vulnera su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 C.E.) y los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia garantizados por el art. 24.1 y 2 C.E. Las infracciones denunciadas, en lo relativo a la igualdad y a la presunción de inocencia, se extienden también a la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 14 de abril de 1993, confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo, solicitándose la nulidad de ambas resoluciones y la libre absolución del recurrente.
Este Tribunal no puede conocer de este motivo del recurso de amparo porque, de haberse producido la infracción denunciada, ésta lo habría sido por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de abril de 1993; y en el recurso de casación contra ella interpuesto no se denunció la supuesta infracción del art. 14 C.E., sino que es ahora, per saltum, cuando por primera vez se hace tal alegación, desconociéndose así la naturaleza subsidiaria de este recurso (arts. 53.2 C.E. y 44.1 LOTC). Por ello, y como señala el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, en este punto el recurso incide en la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) de nuestra Ley Orgánica en relación con el art. 44.1 a) de la misma Ley: «que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial».
2. La tutela judicial efectiva se denuncia respecto de la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por entender el recurrente que incide en lo que califica de «error judicial», consistente en que, conforme al fundamento tercero, apartado segundo, de dicha Sentencia, «la prueba que puede reputarse de cargo viene dada», respecto del acusado Prats, «en que en su declaración a presencia judicial y asistencia de Letrado (folio 576) reconoce el resultado de la prueba pericial caligráfica de los documentos obrantes a los folios 140 y 141 del atestado y manifiesta que son de su puño y letra».
El hecho es cierto pero, como seguidamente veremos, no puede considerarse prueba de cargo como equivocadamente entiende la Sentencia impugnada en el fundamento que hemos reproducido. De las actuaciones judiciales tenidas a la vista resulta que, efectivamente, el Tribunal Supremo incurre en el error denunciado por el recurrente. En el rollo de Sala (folios 25 y ss.) consta reproducida la diligencia de prueba a que se refiere la Sentencia: Se trata de dos cuerpos de escritura, uno en minúsculas y otro en mayúsculas, manuscritos por el recurrente y realizados, según se dice en el encabezamiento, «mediante la copia de un texto que al efecto se le dicta». En el interrogatorio que a presencia judicial y asistido de Letrado se le formuló ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 4, y que consta también en las diligencias incorporadas al rollo de Sala, se le preguntó sobre dicha diligencia y contestó literalmente lo siguiente, según consta en el acta: «Que reconoce la prueba caligráfica de los folios 140 vuelto y 141 de las repetidas diligencias de la Guardia Civil, como puesta de puño y letra del que declara».
No es necesario argumentar que este reconocimiento que de su propia escritura hizo el recurrente respecto de un texto que de su puño y letra hizo ante la Guardia Civil a requerimiento de ésta, no puede considerarse en sí mismo prueba de cargo. Podría serlo, en su caso, si el dictamen pericial caligráfico emitido sobre la base de ese texto en relación con otras pruebas manuscritas de miembros de la banda terrorista ETA, hubiera sido positivo, pero según consta en el sumario (folios 793 y 794 u 829 y 830), las muestras caligráficas analizadas, entre ellas las del recurrente, no coinciden con las pruebas manuscritas obrantes en los archivos del Departamento. En estas circunstancias es claro que lo afirmado por la Sentencia impugnada en el fundamento jurídico tercero que hemos reproducido anteriormente, que «puede reputarse prueba de cargo» el reconocimiento realizado por el recurrente, es un error patente que, aunque explicable dado el volumen y la complejidad de las actuaciones, ha de corregir este Tribunal por ser el único fundamento individualizado que, atinente al recurso de casación del recurrente en amparo, ha conducido a la Sala, sin examinar ni resolver los motivos por él articulados, a la desestimación, juntamente con otros tres recursos por infracción de ley, del correspondiente al recurrente en amparo Jesús Alberto Prats García.
Pues bien, como hemos declarado con reiteración (STC 191/1995 y las que en ella se citan), «el derecho a la tutela judicial, protegido en el art. 24.1 C.E., entendido como derecho a una resolución jurídicamente fundada, implica integrar en el contenido de esa garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales; de tal manera que la motivación de las sentencias es una consecuencia necesaria de la propia función judicial y de su vinculación a la ley, existiendo un derecho del justiciable a exigirla, al objeto de poder contrastar su razonabilidad para ejercitar, en su caso, los recursos judiciales, y, en último término, para oponerse a las decisiones arbitrarias que resulten lesivas a la tutela judicial efectiva». Y también hemos declarado reiteradamente (por todas, STC 184/1992) que carece de motivación la resolución judicial que contenga contradicciones internas o errores manifiestos, que hagan de ella una resolución irrazonable por contradictoria.
La naturaleza subsidiaria del amparo constitucional a la que nos hemos referido en el fundamento primero de esta Sentencia y que es obligada consecuencia, como hemos dicho, de lo dispuesto en el art. 53.2 C.E. y 44.1 de nuestra Ley Orgánica, impide a este Tribunal que, supliendo la función jurisdiccional que corresponde a los órganos judiciales conforme al art. 117.3 C.E. y, en este caso, al Tribunal Supremo, entre a conocer de las infracciones en las que, según el recurrente, ha incidido la Sentencia de la Audiencia Nacional y que, aunque fueron denunciadas en el recurso de casación, no entró en su enjuiciamiento individualizado el Tribunal Supremo, sino que, a causa del error denunciado por el recurrente y que hemos apreciado en el fundamento anterior, desestimó su recurso por considerar suficiente para destruir la presunción de inocencia en la que aquél se basaba, una prueba de cargo que no tenía tal carácter.
Subsanado o aclarado por esta Sentencia el error que condujo a la desestimación del recurso de casación, ahí debe detenerse la actuación de este Tribunal en su función de tutelar y restablecer al recurrente en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que ha resultado vulnerado por la Sentencia impugnada. Sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia, cuya infracción imputa el recurrente a la Sentencia de la Audiencia Nacional, nada debe decir este Tribunal hasta que, previamente, se pronuncie sobre el mismo el Tribunal Supremo al resolver los motivos de casación que, con base en el citado derecho, ha formulado el recurrente frente a la Sentencia de instancia. Motivos que no pueden entenderse comprendidos en la desestimación global «de los cuatro recursos por infracción de ley» que hace la Sentencia en el último apartado de su fundamentación, toda vez que según resulta de la misma, la presunción de inocencia alegada por el recurrente en amparo, no ha sido examinada por el Tribunal Supremo por estimar suficiente para desvirtuarla una prueba de cargo que, como hemos visto, no tiene tal carácter. Para respetar estrictamente el orden por el que ha de dispensarse la protección de los derechos fundamentales, procede, pues, que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronuncie, individualizados, sobre los motivos de casación articulados por el recurrente.
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Jesús A. P. G. y, en su virtud:
1. Declarar que se ha vulnerado al recurrente su derecho a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión.
2. Restablecerle en el citado derecho, para lo cual se anula la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1994, dictada en el recurso de casación núm. 712/93, exclusivamente respecto del recurrente en amparo.
3. Retrotraer las actuaciones del indicado recurso de casación, al momento inmediatamente anterior al de dictarse Sentencia, para que la Sala resuelva los motivos de casación formulados por don Jesús A. P. G.
Voto particular parcialmente discrepante que formula el Magistrado don Julio Diego González Campos a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 1.235/94
Mi discrepancia con la decisión adoptada por la mayoría de la Sala no se refiere al otorgamiento del amparo por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que el art. 24.1 reconoce y garantiza, sino sólo respecto al punto 3. del fallo y la justificación que del mismo se contiene en el fundamento jurídico 3. de la Sentencia. Por cuanto viene a limitar injustificadamente, a mi entender, el alcance de la función de garantía de los derechos fundamentales que corresponde a este Tribunal, atendidas las circunstancias del presente caso.
A) En relación con éstas cabe observar, en primer lugar, que la cuestión central debatida ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue la presunción de inocencia del recurrente, que la Sentencia de 14 de abril de 1993 estimó que quedaba desvirtuada por las «razones» expuestas en el punto 3. de sus fundamentos legales. En segundo término, que contra dicha resolución se alzó el recurrente en casación, articulando su primer motivo, precisamente, sobre el derecho a la presunción de inocencia; recurso que fue desestimado por la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1994, donde se declara en el apartado 3. del tercero de sus fundamentos de Derecho, tras consignarse el extremo que se ha considerado en nuestra decisión, que «Todas estas actuaciones, puestas en relación con el Acta de plenario o juicio oral permiten estimar correcta la deducción de existencia de prueba de cargo adoptada por el Tribunal de instancia...». Y, por último, se invoca la presunción de inocencia en el primer motivo del recurso de amparo que se ha interpuesto frente a la anterior resolución judicial y aquella a la que confirma; con la particularidad de que el tercer motivo, articulado con fundamento en el art. 24.1 C.E., también está directamente vinculado con la presunción de inocencia, al haberse alegado en la demanda que la prueba pericial caligráfica no podía ser considerada como de cargo. De lo que se desprende, en suma, que la queja por vulneración del derecho reconocido en el art. 24.2 C.E., al igual que lo fue en el proceso penal a quo, tenía no sólo un carácter prioritario sino central en el presente proceso constitucional y era, además, indisociable de la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
B) De otra parte, el presente supuesto es distinto del examinado en la STC 51/1991, pues aquí la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación y confirmado la resolución judicial condenatoria; de suerte que la queja del recurrente por vulneración de la presunción de inocencia es imputable tanto a aquella decisión como a ésta. De este modo, el examen de la queja por ese motivo era obligado, en atención a dos órdenes de razones. De un lado, para no incurrir en una cierta contradicción, dado que si el Tribunal ha considerado en primer lugar la indefensión que el art. 24.1 C.E. proscribe, en relación con el «error» alegado por el recurrente, su examen llega sin embargo a la conclusión de que el reconocimiento de la propia escritura «no puede considerarse en sí mismo prueba de cargo» (fundamento jurídico 2.). Lo que claramente evidencia que el error que nuestra Sentencia ha apreciado en relación con el art. 24.1 C.E. era indisociable del derecho a la presunción de inocencia.
Madrid, a quince de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
STSJ Cataluña 2031/2011, 18 de Marzo de 2011

References: resolución 
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