Source: http://antigua.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/Consejo_de_Estado_Sentencia_25000-23-25-000-2001-0022-02_octubre19_2004.html
Timestamp: 2017-03-29 01:27:47+00:00

Document:
Sentencia Consejo de Estado 2004
ACCION POPULAR - Improcedencia de suspensión de fumigaciones.CULTIVOS ILICITOS - Improcedencia de suspensión de fumigaciones para su erradicación.DERECHO AL MEDIO AMBIENTE - Inexistencia de vulneración. De las pruebas reseñadas no se infiere, con certeza, que el glifosato empleado para la erradicación de los cultivos ilícitos produzca daños irreversibles en el medio ambiente; por lo contrario, hay elementos de juicio que permiten concluir que la regeneración de las zonas asperjadas se produce en lapso no muy largo y que, en cambio, numerosas hectáreas de bosques son destruidas por causa de la tala de éstos por los cultivadores ilícitos. Claro está que la aspersión debe producirse de conformidad con las pautas que señalen las autoridades ambientales, sin que deba permitirse su más leve trasgresión; razón por la cual es necesario que se lleve a cabo un control permanente con evaluaciones continuas de los efectos que puedan ir apreciándose. Sin embargo, esto no puede conducir a la suspensión de las fumigaciones, pues tal medida podría llevar al debilitamiento del Estado al tiempo que se fortalecerían los distintos grupos que se financian con el producto del tráfico de drogas, que es, sin duda alguna, flagelo para la sociedad colombiana y para toda la humanidad. No se desconoce, porque así lo evidencian las probanzas, que de todos modos hay afecciones que se causan, pero que no alcanzan la gravedad que señala la parte actora, lo que conduce a un control permanente y rígido de las fumigaciones que se llevan a cabo. Debe resaltarse que en el expediente no obra prueba alguna que acredite el incumplimiento de las medidas impuestas por Minambiente a la Dirección Nacional
de Estupefacientes por Resolución 341 de 2001; Resolución esta por la cual se adoptan decisiones relacionadas con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, ni, por consiguiente, hay razón alguna para reprochar al Ministerio de Ambiente por no haber sancionado a
la Dirección Nacional de Estupefacientes a causa del referido supuesto incumplimiento. Por último, debe señalarse que el artículo 6 de la ley 99 de 1993 no puede servir de fundamento jurídico para concluir que debe decretarse la suspensión de las fumigaciones aéreas a que se contrae la demanda como medida eficaz para evitar la degradación del medio ambiente, por cuanto en las actuales circunstancias no hay razón valedera de que exista peligro de daño irreversible y grave que imponga esa medida extrema. Es aconsejable, sí, disponer que el Ministerio de Ambiente continúe dando estricto cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y que, además, no dejen de seguirse realizando estudios que precisen aun más los efectos del compuesto químico que es objeto de aspersión, con verificaciones por parte de la DNE. NOTA DE RELATORIA: Con salvamento de voto de los Dres. Ruth Stella Correa Palacio, Maria Elena Giraldo Gómez, Maria Nohemí Hernández Pinzón, Alier E. Hernández Enríquez, Olga Inés Navarrete Barrero, Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta y con aclaración de voto de la Dra. Maria
Inés Ortiz Barbosa.
CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: NICOLAS PAJARO PEÑARANDA Bogotá D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil cuatro (2004). Radicación número: 25000-23-25-000-2001-0022-02(AP)IJ Actor: CLAUDIA SAMPEDRO TORRES Y OTRO Demandado: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Procede la Sala Plena Contencioso Administrativa a proferir el fallo que por importancia jurídica corresponde en el asunto de la referencia. EL LITIGIO PLANTEADO 1. La demanda se instauró ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el propósito de lograr la protección de los derechos colectivos de gozar de un ambiente sano, de garantizar, aprovechar y restaurar los recursos naturales, las especies animales y vegetales y las diversas áreas de importancia ecológica, a fin de que se tomen las determinaciones que impidan el deterioro de estos elementos con el empleo de controladores biológicos, so pretexto de erradicar cultivos ilícitos. Señala la parte actora, en forma prolija, los diversos lugares del país en los cuales se han incrementado los cultivos de coca y amapola. Asimismo, relata desde cuando se han llevado a cabo fumigaciones con paraquat en unos casos, y en otros con glifosato, mediante rociamiento aéreo, lo cual ha resultado nefasto para el país. Sin embargo, tales medidas de erradicación de los cultivos ilícitos han continuado incrementandose y el Ministerio de Ambiente no ha llevado a cabo el control y seguimiento de la aplicación del glifosato de modo que se garantice la salud de las personas y la conservación del ecosistema. Sostiene en la demanda que la opinión pública ha considerado que deben emplearse procedimientos manuales para erradicar los cultivos, pues la aspersión aérea destruye el medio ambiente y aumenta la tragedia humana de quienes reciben los efectos de los químicos asperjados, amén de que los métodos que se emplean conducen a que los cultivos se desplacen a otras zonas y que se continúe por parte del gobierno con el desconocimiento de los deberes y derechos cuya defensa consagran la Constitución Política y la Ley 99 de 1993. El Gobierno, además, afirma la parte demandante, a través del Ministerio de Ambiente ha promovido el empleo de microherbicidas que tienen el carácter de armas biológicas. 2. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial niega los hechos en que se funda la demanda, afirma que desde hace más de 20 años no se fumiga con paraquat, ni se han empleado o fabricado microherbicidas que tengan el carácter de armas biológicas; que se han exigido estudios cuya evaluación se ha llevado a cabo y se han efectuado requerimientos para prevenir, mitigar y compensar los efectos nocivos que se señalan en el libelo introductorio del proceso. Que el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio del ramo han tomado las medidas pertinentes y adoptado otras para que los efectos de la aspersión aérea con glifosato se realice dentro de las pautas trazadas para la conservación del medio ambiente. Propuso el Ministerio la excepción de falta de integración del contradictorio, pues debió vincularse al proceso al ICA, a la Presidencia de la República por manejar El Plante, a los responsables de la siembra de cultivos ilícitos; indica que el Consejo Nacional de Estupefacientes es el encargado de decidir sobre la fumigación de cultivos ilícitos. 3. La Dirección Nacional
de Estupefacientes explica cuáles han sido los procedimientos que se emplean para la erradicación de cultivos ilícitos y concluye su respuesta a la demanda en el sentido de que la orden de destruir éstos se ha apoyado en conceptos técnicos del Ministerio de Salud y del Inderena y que no es cierto que la aspersión aérea conduzca a una catástrofe ambiental o la aumente; tanto que en zonas donde ella se ha llevado a cabo, con posterioridad se han vuelto a realizar siembras ilícitas. 4. Por su parte el ICA se refiere al papel que cumple para lograr la protección agropecuaria y para adoptar las medidas que impidan el mal empleo del glifosato. 5. Intervino en el proceso la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional
adhir...
Auto AP-0022 del 02/02/28. Ponente: GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR. Actor: CLAUDIA SAMPEDRO TORRES Y OTROS CONSEJO DE ESTADO
Actor: CLAUDIA SAMPEDRO TORRES Y OTROS Demandado: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, ICA y DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Conoce
la Sala de la impugnación presentada por los actores, contra el auto del 4 de octubre de 2001 proferido por la Subsección
“B”, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual les negó la solicitud de medida cautelar, consistente en la suspensión de las fumigaciones con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el territorio nacional.
Los señores Claudia Sampedro Torres y Héctor Alfredo Suárez Mejía, instauraron acción popular en contra del Ministerio del Medio Ambiente, para que sean protegidos los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas y los demás intereses relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, la seguridad y salubridad públicas y la prohibición de fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas y biológicas. Los actores consideran que los anteriores derechos se ven vulnerados, como consecuencia de los mecanismos adoptados para erradicar cultivos ilícitos en todo el territorio nacional, como son la aspersión aérea de glifosato, autorizada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, y la utilización de micoherbicidas.
Ordenar al IDEAM los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño producido por la fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos en el territorio nacional, y las medidas urgentes para corregirlo.
Ordenar al SINCHI los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes para corregirlo, en la región amazónica.
Ordenar al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño sobre la flora y fauna del territorio nacional, y las medidas necesarias para corregirlo.
Ordenar la inmediata cesación de la aspersión aérea de glifosato para erradicar cultivos ilícitos. Dicha solicitud fue resuelta por el tribunal en auto del 18 de mayo de 2001 (fl. 102), mediante el cual decidió ordenar, con cargo al Fondo para la Defensa
de los Derechos e Intereses Colectivos, la ejecución de las tres primeras medidas enunciadas, y negar la medida relacionada con la cesación inmediata de la aspersión aérea de glifosato, por no encontrar prueba suficiente que demuestre la existencia de un daño inminente. Frente a este auto los actores no interpusieron recurso alguno.
“La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual,
cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación al medio ambiente.” (se resalta).
1. Declaración de Tomas Leon Sicard. (agosto 14 de 2001 fl. 274) Agrólogo, con maestría en ciencias ambientales, doctorado en tecnología agroambiental, profesor de la Universidad Nacional. Afirmó que el glifosato es una sustancia de bajo peso molecular, que contiene nitrógeno y fósforo en su composición química, y se utiliza como herbicida sistémico, es decir, que ataca una amplia diversidad de plantas, evitando la síntesis de aminoácidos con lo cual les impide crear proteínas y continuar existiendo. Es un inhibidor de algunos ciclos bioquímicos fundamentales en vegetales. Agregó que el tiempo de degradación del glifosato en el suelo depende de las características de éste último, del clima y del relieve, y que en el país no existen estudios científicos ni técnicos que permitan establecer los efectos causados por su uso. 2. Declaración de Jairo Ernesto Pérez . (agosto 21 de 2001 fl. 288) Ingeniero forestal, se desempeña como auditor ambiental del programa de erradicación de cultivos ilícitos en el país, y su función es realizar el seguimiento y monitoreo de las aplicaciones aéreas con glifosato que lleva a cabo la Policía Nacional Antinarcóticos para erradicación de cultivos ilícitos.
En su declaración, manifestó que la aspersión aérea con glifosato causa un daño ambiental sobre los cultivos ilícitos únicamente, el cual es de poca magnitud y duración. Igualmente señaló, que mediante evaluaciones de campo ha determinado que el glifosato no causa ningún daño en el suelo desde el punto de vista agronómico, y en relación a las afecciones a la salud humana que posiblemente produce, dijo que actualmente existen dos estudios elaborados por la Clínica Uribe
Cualla en donde se evalúan casos concretos en las poblaciones del municipio de San Pablo (Nariño) y el Putumayo, pero sin exponer los resultados obtenidos.
Comentó, que como no existe certeza sobre los efectos cancerígenos del glifosato y no existen estudios al respecto en Colombia, se debe suspender su uso para realizar nuevos experimentos, ya que actualmente la fórmula química que se emplea para su composición, es distinta a la que se usaba cuando realizó los primeros estudios en 1992. 4. Testimonio de Carlos Augusto Villamizar Quesada. (agosto 22 de 2001 fl. 315). Ingeniero agrónomo, se desempeñó como Jefe de la División de Insumos Agrícolas del ICA desde octubre de 1996 hasta agosto de 2001.
Explicó que el ICA está encargada de regular lo relacionado a aplicación, expendio, dosificación y eficacia de los insumos de origen químico y biológico para aplicaciones en cultivos ilícitos, pero que los parámetros que se utilizan en una aplicación aérea, no diferencia entre cultivo lícito o ilícito, tan sólo se tienen en cuenta parámetros técnicos como hora de aplicación, velocidad del tiempo, temperatura, altura de vuelo, etc. Finalmente, afirmó que el ICA no ha realizado estudios epidemiológicos ni de tipo zoosanitario ni fitosanitario, pues la parte ambiental corresponde al Ministerio del Medio Ambiente.
5. Conferencia “las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos si son peligrosas”, de Elsa Nivia. Sostiene que el uso de herbicidas aplicados por vía aérea para erradicar cultivos ilícitos causa problemas en la salud de las personas y animales, contamina el suelo, el aire, el agua, y destruye los cultivos cercanos a los que son fumigados.
Realizadas las anteriores precisiones sobre el material probatorio existente, es claro para la Sala que dentro del expediente no se encuentra demostrada la existencia de un daño inminente que afecte el medio ambiente, como lo requiere el artículo 25 de la ley 472 de 1998 para que sean decretadas las medidas cautelares. Los planteamientos presentados por los actores son hipotéticos y no obedecen a estudios científicos ni técnicos que permitan determinar la existencia de casos concretos y situaciones reales que demuestren alteraciones sobre el medio ambiente, especialmente sobre las fuentes hídricas, cultivos lícitos, terrenos asperjados, o la salud humana. Teniendo en cuenta las pruebas estudiadas, tan sólo se pudo establecer que el contacto directo con el glifosato puede afectar levemente a los seres humanos, produciendo eventuales irritaciones de mucosas, ojos, o de vías respiratorias, afecciones que no causan daños permanentes en la salud. En ese orden de ideas, la carencia de certeza científica que indique perjuicios concretos, impide un pronunciamiento favorable a la solicitud elevada por los actores.
Finalmente, cabe señalar que el Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la resolución No. 0341 del 4 de mayo de 2001, ordenó a la Dirección Nacional
de Estupefacientes, la presentación de un Plan de Manejo Ambiental para desarrollar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aplicación del herbicida a base de glifosato.
Frente a tales exigencias, la Dirección Nacional
de Estupefacientes, en el escrito de oposición a la solicitud de las medidas cautelares (fls. 299 a 314), alegó que la actividad de erradicación de cultivos ilícitos mediante fumigaciones, está sujeta al régimen de transición contenido en el artículo 38 del Decreto 1753 de 1994, según el cual, los proyectos que con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993 iniciaron actividades, no requieren de licencia ambiental y pueden seguirse desarrollando, sin perjuicio de que las autoridades ambientales que lo consideran necesario, intervengan para que se cumpla las normas vigentes que regulan la protección del medio ambiente. Por lo tanto, este hecho debe ser resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fondo del asunto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, RESUELVE:
3°) En firme esta decisión, devuélvase el expediente al tribunal de origen. COPIESE y NOTIFIQUESE. CUMPLASE
MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ JESUS MARIA CARRILLO BALLESTEROS GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 25
 resolución 
 artículo 38