Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632280.html
Timestamp: 2019-03-18 19:46:14+00:00

Document:
as201632280
Auto Supremo Nº 280/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.405/2015.
VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 131 a 133, interpuesto por Patricia Laura Morales Tintilay, en representación legal de la Empresa Constructora INCICO Ltda., y el recurso de casación en la forma de fs. 136 a 137, planteado por César Córdova Porcel, contra el Auto de Vista N° 512/2015 de 14 de octubre, de fs. 123 a 124, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social seguido por César Córdova Porcel contra la empresa demandada, el auto de fs. 140 vta., que concedió los recursos, los antecedentes del proceso y
Que tramitado el proceso laboral, la Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributaria de Chuquisaca, emitió la Sentencia de N° 28/2015 de 14 de abril, de fs. 90 a 93, declarando probada en parte la demanda de fs. 24 a 25, sin costas, disponiendo que la empresa demandada, cancele a favor del actor, la suma de Bs.25.946,75.-(veinticinco mil novecientos cuarenta y seis 75/100 bolivianos), por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación y dominical.
Más lo que corresponda los derechos de actualización señalada en el art. 9 del Decreto Supremo (D.S.) 28699 de mayo de 2006, que se calificará en ejecución de sentencia.
En grado de apelación formulada por ambas partes de fs. 99 a 100 y de fs. 103 a 105 respectivamente, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista N° 512/2015, confirmó la Sentencia de N° 28/2015, sin costas por la doble apelación.
Dicho fallo motivó los recursos de casación en el fondo y en la forma interpuestos por ambas partes de fs. 131 a 133 y de fs. 136 a 137 respectivamente, en los que se acusa lo siguiente:
I.2.1.-El recurso de casación en el fondo de fs. 131 a 133, interpuesto por Patricia Laura Morales Tintilay, en representación de la Empresa Constructora INCICO Ltda., señaló que el tribunal ad quem, al confirmar la sentencia, no valoró la prueba aportada, limitándose a reproducir sucintamente lo determinado en sentencia por la juez a quo.
En cuanto al salario promedio indemnizable, hubo inobservancia y aplicación errónea del art. 19 de la Ley General del Trabajo (L.G.T.), falta de valoración de la prueba aportada a fs. 71, determinando en sentencia que el tiempo de prestación de servicio del demandante fue desde el 10 de febrero de 2011 al 6 de enero de 2014; que en aplicación correcta del art. 19 de la L.G.T, el salario promedio indemnizable es de Bs.4.015,01.- y no el de Bs.5.019,41.- que determinó la juez, ya que el finiquito suscrito por el demandante demuestra la veracidad de los hechos, incluso donde reconoce no haber realizado horas extras en el mes de diciembre o tener derecho a recibir un salario dominical.
Refiere que con respecto a la conclusión de la relación laboral, la juez a quo en franca vulneración del principio de la primacía de la realidad, e inobservancia del art. 182 inc. b) de la L.G.T., realizó una incorrecta valoración de la prueba que cursa a fs. 18 a 22 y 71 de obrados donde se manifestó que la relación laboral con la empresa concluyó en fecha 6 de enero de 2014, por paralización de obra, por observaciones al diseño de obra es decir por conclusión del sector asignado en obra al trabajador, lo que fue comunicado a todos los trabajadores la desmovilización correspondiente, lo que no es atribuible a la empresa demandada. Por lo que niega se haya despedido intempestivamente al trabajador al existir proyectos que acaban o se paralizan antes de tiempo, como lo prevé el art. 3 del Decreto Ley (D.L.) 16187 de 16 de febrero de 1979, mismo que se encuentra descrito en la cláusula quinta del contrato de trabajo a fs. 18 de obrados.
En cuanto al preaviso señala que el art. 12 de la L.G.T. establece que se otorga preaviso en los contratos por tiempo indefinido, lo que no ocurre en el presente caso, al tratarse de un contrato por obra.
En cuanto a los dominicales, acusa que en sentencia se crea un criterio propio al indicar en el considerando II inciso f), “...que se establece una deuda de Bs. 646.00.- por concepto de trabajo en domingos, situación que concuerda con lo establecido en la demanda, por lo que a confesión de parte relevo de prueba” situación que causa confusión pues no se realizó una correcta valoración de la prueba de fs. 71, donde se describió el pago de dominicales en el mes de octubre por el importe de Bs.646.65.- constando en el finiquito que el trabajador no fue acreedor de salario dominical según lo establece el D.S. 3691.
Con relación al pago de aguinaldo, arguye que al disponer en sentencia el pago de aguinaldo esfuerzo por Bolivia 2013, no se consideró el pago efectuado en el finiquito en el inc. d) cuando se canceló segundo aguinaldo (correspondiente al aguinaldo esfuerzo por Bolivia 2013) en la suma de Bs.4.844,28.- disponiendo el pago del segundo aguinaldo porque no coincidió el cálculo de acuerdo al nuevo salario promedio dispuesto en sentencia, inobservando el art. 159 del Código Procesal del Trabajo (C.P.T.), al no valorar el finiquito.
Finalmente acusa que el tribunal ahora recurrido, el cual sin valorar la prueba aportada a fs. 71 del finiquito, ratificó la sentencia que determinó el pago de la actualización y pago de la multa del 30% dispuesta por el D.S. 28699 de mayo de 2006 en su art. 9.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido, con responsabilidad.
I.2.2.-En el recurso de casación en la forma fs. 136 a 137, interpuesto por César Córdova Porcel, sostuvo que, el auto de vista recurrido vulneró el debido proceso por la falta de fundamentación y motivación, ya que solo señaló que precluyó su derecho para la redargución de falsedad y no haber observado dicha prueba, lo que no es evidente por cuanto en el proceso sí se denunció la mala fe de la empresa que lo hizo firmar en blanco para luego asegurar que se le había entregado la suma de Bs.19.023,42.- que nunca se canceló.
Que, mediante memorial de fecha 17 de diciembre de 2014, realizó reclamo sobre las anormalidades de los finiquitos presentados por su persona y la empresa demandada, señalando: “conforme señalé en mi demanda, me hicieron firmar un documento privado de conciliación y paga de beneficios, que se encuentra ratificado por el memorial de 8 de junio del presente año:” ..motivo
por el cual solicitó que se le extienda una certificación si los ejecutivos que firman cancelaron en su presencia, ya que el formulario del finiquito que su punto 4 dice “ESTE FORMULARIO NO CONSTITUYE LEY ENTRE PARTES POR SU CARÁCTER ESENCIALMENTE REVISABLE, POR LO TANTO LAS CIFRAS CONTENIDO NO CAUSAN ESTADO NI REVISTE EL SELLO DE COSA JUZGADA” porque la empresa demandada en ningún momento, ha presentado LAS PLANILLAS O RECIBO CORRESPONDIENTE PARA ACREDITAR EL PAGO REFERIDO, conforme a la ley laboral y la Constitución Política del Estado", hecho reclamado que no mereció pronunciamiento por parte de los señores vocales, así como tampoco se aplicó la verdad material que rige en el art. 180.1 de la Constitución Política del Estado (C.P.E.), al no considerar la prueba presentada del finiquito.
En éste sentido acusó al tribunal de alzada no haberse pronunciado sobre los efectos del punto 4 del finiquito que señala que ese formulario no constituye ley entre partes por su carácter revisable, por lo tanto las cifras contenidas no causan estado ni reviste sello de cosa juzgada, vulnerando el debido proceso.
Concluyó solicitando la anulación de obrados hasta el Auto de Vista N° 512/2015, para que el ad quem, dicte una nueva resolución y se pronuncie de forma fundamentada sobre el agravio denunciado (dos finiquitos presentados), con costas.
Que, analizado los fundamentos planteados en los recursos, previo análisis del proceso, se establece lo siguiente:
II.1.1.-Resolviendo el recurso de casación en el fondo de fs. 131 a 133, planteado por Patricia Laura Morales Tintilay, en representación de la Empresa Constructora INCICO Ltda., en cuanto al promedio indemnizable fijado por el tribunal de apelación en la suma de Bs.5.019,41.- considerando el salario básico, horas extras, dominicales y el bono de antigüedad, la empresa recurrente alega que se cometió error de hecho y error de derecho en la apreciación de la prueba, puesto que el tribunal ad quem no consideró que por la prueba de fs. 71 consistente en el finiquito, se demostraría que el sueldo promedio del demandante era de Bs.4.015,01señalando así los montos mensuales del actor por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, incluyendo las horas extras, dominicales y el bono de antigüedad, y que en el supuesto caso de corresponder alguna indemnización, el promedio de los tres meses sería la suma de Bs.4.015,01.-, y no así el monto de Bs.5.019,41.- como erradamente habría concluido el tribunal de apelación.
Al respecto, este tribunal no encuentra controversia en cuanto se refiere al salario básico, puesto que dicho salario señalado por la empresa recurrente y el concluido por el tribunal de apelación coinciden, ya que la resolución recurrida señala al respecto que: “...e/ promedio del salario indemnizable fue determinado en base a las boletas de pago adjuntadas a la demanda de cuya media aritmética de los meses promediables para establecer el salario indemnizable resulta ser la cantidad señalada por la Sra. Juez a-quo, si bien el finiquito de fs. 71, consigna otra suma como salario indemnizable, ante la falta de correspondencia, corresponde la aplicación del principio in dubio pro operario para concluirse que la promediación respectiva efectuada en base a las papeletas de pago tiene la eficacia jurídica prevista por el art. 159 del Cód. Proc. del Trabajo..’’; debe considerarse que, por disposición del art. 19 de la L.G.T., para el cálculo de la indemnización debe tomarse en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses, comprendiendo el mismo el conjunto de dinero que perciba el trabajador incluyendo las comisiones y reparticiones, así como los pagos por horas extraordinarias, trabajo nocturno y trabajo en días feriados, conforme lo señalado por el art. 11 del D.S. 1592 de 19 de abril de 1949, bajo cuya normativa, el tribunal de apelación estableció que en el caso, si bien cursa el finiquito, éste no fue enervado por el demandado, basado en el principio in dubio pro operario que rige también al proceso laboral, tomando en cuenta los aspectos objetivos y que tengan respaldo en el proceso, determinó como sueldo básico el señalado ut supra, al cual y según los datos del proceso y las boletas de pago que se tienen, se agregaron los montos percibidos por concepto de horas extras, dominicales y el bono de antigüedad durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013, estableciendo de esa forma el promedio indemnizable en la suma de Bs.5.019.41.-.
En ese sentido, no resulta evidente que el tribunal de apelación hubiere incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación y valoración de la prueba anunciada por la entidad recurrente, pues las boletas de pago de fs. 1 a
17 presentadas por la parte demandante, y correspondiente a los pagos de sueldos de las gestiones de 2012 y 2013, en los que tomando en cuenta los días pagados del mes, hace correcta la determinación respecto a establecer el sueldo promedio indemnizable en la suma de Bs.5.019,41.-, puntualizando que el total percibido por el trabajador en el mes de agosto, septiembre y octubre de 2013, conforme la literal de fs. 1, 3 y 12, tomando en cuenta los 90 días efectivamente pagados antes a la conclusión de la relación laboral, hace correcta la determinación asumida por el tribunal de alzada de fijar el promedio indemnizable en la suma de Bs.5.019,41.-.
En cuanto a la controversia respecto a la determinación asumida por los tribunales de instancia, al haber establecido la existencia de la relación laboral, el despido del trabajador bajo el fundamento que la entidad demandada no habría probado lo contrario, postura que es objetada por la parte recurrente bajo el argumento que se habría cometido error de hecho y de derecho, en cuanto a la valoración de la prueba cursante a fs. 18, 22 y 71 de obrados; cabe manifestar que el contrato de trabajo denominado por realización de obra, no expresaba la realidad de los hechos, dado que las tareas eran propias y permanentes de ia empresa demandada, forma de contratación que por expresa previsión normativa contenida en el art. 2 del D.L. 16187 de 16 de febrero de 1979, se convirtió en contrato por tiempo indefinido, a cuya consecuencia correspondía a la empresa demandada otorgar el preaviso respectivo a favor del trabajador, conforme lo dispuesto por el art. 12 de la L.G.T, exigencia legal que al no haberse demostrado por la parte empleadora en cumplimiento a la carga procesal dispuesta por los arts. 3. h), 66 y 150 del C.P.T., hace correcta la resolución en cuanto a disponer el pago del beneficio de desahucio, en apego a la normativa laboral anotada, no demostrando la prueba denunciada como erróneamente valorada, el posible error de hecho o de derecho, conforme exige el art. 253. 3) del Código de Procedimiento Civil, de modo que permita un fallo casacional al respecto, por lo que la determinación de pagar el desahucio se encuentra correctamente dispuesta.
En esa misma línea, refiriéndonos a los conceptos de indemnización, vacación y dominical, que fueron dispuestas para su pago por la juez a quo y confirmado por el tribunal de ad quem, cabe aclarar que las pruebas anotadas tampoco demuestran el probable error de hecho o de derecho que fue denunciado en el recurso analizado, puesto que las mismas sólo refieren al finiquito y al contrato suscrito bajo la denominación de contrato por realización de obra, sobre el cual éste tribunal formó convicción y concuerda plenamente con los de instancia, al haberse demostrado que en el caso la relación fue de carácter laboral, con un contrato que adquirió la calidad de indefinido en razón a la suscripción del mismo para tareas que eran propias y permanentes de la empresa demandada, conforme se fundamentó precedentemente; que para arribar a dicha decisión contenida en los fallos arriba anotados, analizaron y valoraron la prueba aportada de manera correcta conforme les facultan los arts.
3. j), 158 y 200 del C.P.T., por lo cual el razonamiento respecto a que mediante la prueba denunciada como erróneamente valorada se habría demostrado la prestación de servicios por un periodo de 2 años, 10 meses y 26 días correspondiendo por ello ratificar la decisión impugnada.
Respecto al pago del aguinaldo esfuerzo por Bolivia, dicho monto fue tomado en cuenta por los juzgadores de grado, dado que en la liquidación de fs.
71 con relación a tal rubro no corresponde en su importe respecto a segundo aguinaldo, sueldo de diciembre de 2013 y sueldo de enero de 2014.
Por lo relacionado, éste tribunal no encuentra que sea evidente la vulneración del art. 159 del C.P.T., puesto que el tribunal de apelación realizando una correcta valoración de la prueba aportada al proceso por ambas partes, aplicando los principios que rigen materia laboral, determinó el pago de los conceptos anotados en la resolución impugnada, siendo oportuno referir que los contratos de trabajo para que surtan los efectos de Ley entre partes, deben ser legalmente constituidos, es decir, que deben responder a los principios y normativa laboral vigente, de modo que no simulen o encubran relaciones laborales distintas, conforme se observó anteriormente, caso en el cual, por expresa disposición normativa también, se prevé como sanción la conversión de los contratos a uno por tiempo indefinido conforme se fundamentó ut supra.
Pues si bien se advierte que la relación laboral mantenida entre la empresa demandada y el actor, habría sido por contratos a realización de obra y de manera discontinua, aquella situación no fue demostrada por la empresa demandada, conforme se estableció precedentemente, al contrario, se demostró que dicha empresa suscribió el contrato con el actor, aparentemente para realización de obra en la función de chofer de camioneta, empero quedó determinado que dicha labor era propia y permanente de la empresa demandada, por lo cual el contrato era de carácter indefinido, correspondiendo por ello el pago de los derechos y beneficios sociales anotados en la resolución recurrida en casación, siendo debidamente aplicados los arts. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo y 8 de su Decreto Reglamentario, al igual que los arts. 1, 2 y 3 del D.L. N° 16187 de 16 de febrero de 1979.
En consecuencia, resolviendo el primer recurso de casación en el fondo, toda vez que las infracciones acusadas no son evidentes, corresponde dedarar infundado el recurso conforme los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil (C.P.C.), aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.
II.1.2.- Resolviendo el recurso de casación en la forma de fs. 136 a 137, interpuesto por César Córdova Porcel, antes de ingresar a su análisis y consideración, se observa que el mismo es planteado en la forma, sin embargo, analizado el mismo, se advierte que contiene cuestiones de fondo, denotándose la impericia en su planteamiento, no obstante de esta falencia, al existir hechos controvertidos que deben ser dilucidados, se ingresa a resolver el mismo.
Con relación a la falsedad del finiquito de fs. 71, al momento de presentar la demanda, el actor no mencionó ni observó tal documento como falso, como en apelación y ahora recién en casación pretende hacerlo, máxime si el actor simplemente menciona la existencia de la comisión de un hecho delictivo como es la falsedad del finiquito, no existiendo ningún proceso penal en contra de la empresa demandada que acredite que los argumentos del demandante sean ciertos; más aún tomando en cuenta la presunción de inocencia que ha sido configurada como garantía constitucional, en el art. 116.1 de la C.P.E., cuando establece: “Se garantiza la presunción de inocencia..."
Que, a su vez, los pactos internacionales también contemplan este principio con un contenido más o menos similar al establecido en la normativa boliviana. Así, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece en su art. 14.11, que: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley’’, en similares términos lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 8.II., normativa que compone el bloque de constitucionalidad. La presunción de inocencia, como componente de la garantía del debido proceso, también debe entenderse extensible a todo proceso -sea administrativo o judicial- cuya consecuencia sea la aplicación de una sanción o determinación de responsabilidades a cargo de determinada persona; de lo que se concluye que, para comprobarse la supuesta falsedad del finiquito de fs. 71, con carácter previo debió instaurarse un proceso penal.
En consecuencia resolviendo el recurso de casación, al no existir mérito para disponer la nulidad solicitada, toda vez que las infracciones acusadas son infundadas, corresponde declarar infundado el recurso conforme los arts. 271. 2) y 273 del C.P.C., aplicables por mandato del art. 252 del C.P.T.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 131 a 133 y 136 a 137, sin costas por ser ambas partes recurrentes.

References: resolución 
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in dubio
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