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Timestamp: 2019-09-17 12:58:55+00:00

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STC 245/1993, 19 de Julio de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 15356080
STC 245/1993, 19 de Julio de 1993
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 936/1990
1. La prohibición de la «reformatio in peius», manifestación de la interdicción de toda indefensión que enuncia el art. 24.1 C.E., sólo puede producirse cuando se empeora la situación de quien recurre a causa de su propio recurso, y no como consecuencia de las pretensiones deducidas, por vía directa o adhesiva, por la parte contraria [F.J. 2]. 2. La falta de respuesta o, más precisamente en este caso, la falta de respuesta explícita a una excepción procesal de inadmisión de un recurso tiene, sin duda, relieve constitucional cuando produce indefensión en la situación concreta a la que se circunscribe la resolución judicial o cuando conlleva la privación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Tribunales en el ejercicio de derechos e intereses legítimos. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando la actuación judicial impide el acceso a la jurisdicción o a los recursos, cuando no se obtiene una resolución de fondo relativa a las pretensiones formuladas o cuando no se ejecuta lo juzgado [F.J. 3]. 3. Este Tribunal ha negado reiteradamente relieve constitucional, por diversos motivos, al silencio judicial cuando las alegaciones de inadmisión se refieren al incumplimiento de requisitos que no cuestionan la existencia legal para el caso del recurso pretendido [F.J. 4]. 4. Constituye ya doctrina consolidada de este Tribunal que el cómputo de los plazos de prescripción o caducidad es una cuestión de legalidad ordinaria que compete en exclusiva a los órganos judiciales y sólo adquiere relevancia constitucional cuando la interpretación de la normativa aplicable al supuesto controvertido sea manifiestamente arbitraria, irrazonable o incurra en error patente y de ello derive una conculcación de los derechos consagrados en la Constitución y susceptibles de amparo constitucional [F.J. 5].
Sentencia citada en: 372 sentencias, 8 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso núm. 936/90 promovido por doña Margarita R. A. representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Francisco Alonso Adalia y asistida de la Letrado, contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 22 de febrero de 1990 dictado en proceso sobre ejecución de Sentencia. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado ante el Juzgado de Guardia el día 6 de abril de 1990 y registrado en este Tribunal el día 9 siguiente, doña Margarita R. A. solicitó el nombramiento de Procurador por el turno de oficio para recurrir en amparo el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 22 de febrero de 1990.
La Sección Cuarta por providencia de 23 de abril de 1990 acordó dirigirse al Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que procediera a la correspondiente designación. Por providencia de 21 de mayo de 1990 la Sección acordó tener por designados como Procurador por el turno de oficio a don Juan F. A. A. y como Letrado a don José N. y N. a quienes confirió el plazo de veinte días para formalizar la demanda de amparo e instar en escrito separado la concesión de los beneficios de justicia gratuita.
b) El día 1 de diciembre de 1988 la actora solicitó la ejecución de la Sentencia y, celebrado el oportuno trámite incidental donde la demandada opuso la excepción de caducidad, la Magistratura de Trabajo en Autos de 22 de diciembre de 1988 reconoció el derecho de la demandante a ser readmitida, aunque con pérdida de los salarios de tramitación transcurridos entre la fecha de notificación de la Sentencia y la solicitud de su ejecución.
d) Esta interpuso recurso de suplicación, que fue impugnado de contrario solicitando su inadmisibilidad por haberse incumplido lo preceptuado en los arts. 154 y 227 de la L.P.L. o, subsidiariamente, su desestimación. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en Auto de 22 de febrero de 1990, sin pronunciarse sobre las causas de inadmisibilidad aducidas, estimó el recurso, revocó la decisión de instancia y declaró caducado el derecho de la actora a su readmisión en la empresa y a los salarios de tramitación posteriores a la notificación de la Sentencia, con base en la interpretación del art. 209 de la L.P.L. sentada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1986, dictada en interés de ley.
3. El recurso de amparo se dirige contra la referida resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por violar el art. 24 de la C.E.E, vulneración que se concreta en una triple argumentación:
c) Incurrió en reforma peyorativa al agravar la situación de la demandante sobre la base de un razonamiento inconstitucional y en virtud de un recurso indebidamente admitido. En definitiva, como consecuencia de la negligencia y los errores judiciales, la Sentencia estimatoria de las pretensiones de la actora ha quedado en buena parte inejecutada.
La segunda queja se incardina también en el art. 24.1 de la C.E., pero en el marco del derecho al recurso debido, por incumplimiento de lo establecido en el art. 227 de la L.P.L. en relación con su art. 154. Curiosamente, aunque para la resolución impugnada en amparo contra el Auto de 22 de diciembre de 1988 o no cabía recurso o directamente los de suplicación o casación, ambas partes lo recurrieron en reposición y, una vez desestimados, se tramitó la suplicación anunciada por la demandada sin efectuar consignación o depósito alguno. La actora denunció esta irregularidad en el escrito de impugnación del recurso, con lo que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que debe velar por las excepciones de orden público procesal, debió incluso de oficio estimarla. Desde el prisma constitucional la queja, pues, es relevante desde dos puntos de vista: de un lado, por la admisión indebida de un recurso que no cumplía un requisito procesal esencial en su ratio al propio recurso de suplicación e insubsanable a posteriori (SSTC 165/1989 y 187/1989); de otro, como hipótesis de incongruencia omisiva no susceptible de ser considerada como desestimacion tácita de la pretensión incontestada (STC 27/1988).
7. Sustanciado en pieza separada el incidente de justicia gratuita, la Sección Tercera por Auto 11 de febrero de 1991 acordó otorgar a la recurrente el beneficio para actuar en el presente recurso.
1. La presente demanda de amparo se dirige contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 22 de febrero de 1990 que, estimando el recurso de suplicación interpuesto por el empresario demandado, apreció la caducidad del derecho de la hoy recurrente a la readmisión y a percibir los salarios de tramitación, por haber solicitado la ejecución del fallo extemporáneamente, es decir, ya transcurridos treinta días desde que se le notificó la Sentencia (art. 209 de la L.P.L. de 1980).
2. La clara inconsistencia de la última de las alegaciones aducidas permite que la rechacemos de entrada. La prohibición de la reformatio in peius, manifestación de la interdicción de toda indefensión que enuncia el art. 24.1 C.E., sólo puede producirse cuando se empeora la situación de quien recurre a causa de su propio recurso, y no como consecuencia de las pretensiones deducidas, por vía directa o adhesiva, por la parte contraria (SSTC 242/1988, 17/1989, 120/1989, 203/1989, 40/1990, 153/1990 y 19/1992). En el presente caso, la Sentencia impugnada se limitó a acoger la impugnación que había sido deducida por la parte contraria, quien se había alzado en suplicación contra el fallo dictado por el juzgador de instancia. La Sentencia impugnada no puede incurrir en ningún tipo de reforma peyorativa.
No obstante, es cierto que este Tribunal ha declarado reiteradamente que dar respuesta motivada y fundada en Derecho a las pretensiones planteadas por las partes en el proceso es una de las exigencias que dimanan del derecho consagrado por el art. 24.1 C.E. Y que, por consiguiente, dejar sin contestación razonada las pretensiones cruzadas en el litigio entraña una incongruencia por omisión, que puede vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial. Es más, hemos precisado que la exigencia de ese razonamiento explícito «resulta más inexcusable en casos como el presente, en que la cuestión invocada por una de las partes es nada menos que la inadmisibilidad del recurso, tema central de orden público procesal sobre el que descansa la existencia misma del procedimiento y la solución material que en éste pueda darse al litigio» [STC 116/1986, fundamento jurídico 5)].
La falta de respuesta o, más precisamente en este caso, la falta de respuesta explícita a una excepción procesal de inadmisión de un recurso tiene, sin duda, relieve constitucional cuando produce indefensión en la situación concreta a la que se circunscribe la resolución judicial o cuando conlleva la privación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Tribunales en el ejercicio de derechos e intereses legítimos (STC 116/1986, fundamento jurídico 1.). Esto puede suceder, por ejemplo, cuando la actuación judicial impide el acceso a la jurisdicción o a los recursos, cuando no se obtiene una resolución de fondo relativa a las pretensiones formuladas o cuando no se ejecuta lo juzgado.
Los únicos aspectos del derecho a la tutela judicial efectiva que hipotéticamente podrían resultar afectados por la admisión del recurso de suplicación son los derechos de la parte recurrida en suplicación y hoy recurrente en amparo a un proceso sin dilaciones indebidas y a la ejecución de las Sentencias. La jurisprudencia de este Tribunal muestra que tal puede acontecer, por ejemplo, en aquellos supuestos en los que la causa de inadmisión alegada, y no respondida explícitamente por el órgano judicial, se refiere a la inexistencia del recurso intentado contra la Sentencia de instancia (STC 116/1986) a la caducidad de la acción (SSTC 5/1986 y 189/1988), o al hecho de no alcanzar la cuantía económica exigida para plantear ese recurso (SSTC 34/1992 y 38/1993). En estos supuestos la excepción procesal aducida pone en cuestión la existencia legal misma del recurso intentado, al señalar la utilización de un recurso no previsto para el caso por el ordenamiento jurídico vigente. Por ello su admisión a trámite y su resolución de fondo, ignorando sin motivación alguna las objeciones alegadas, efectivamente pueden pugnar, entre otros, con el derecho de la parte recurrida a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes o con su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
4. Sin embargo, en el presente supuesto no se dan estas circunstancias. La objeción de inadmisión formulada no negaba que en el ordenamiento vigente estuviera prevista la posibilidad de plantear un recurso de suplicación contra la Sentencia dictada por el Juzgado, sino simplemente la falta del depósito previo establecido en el art. 154 de la L.P.L. de 1980. La admisión del recurso interpuesto por el Patronato no creó, pues, una dilación procesal ex novo, no contemplada en el ordenamiento, ni impidió arbitrariamente que la Sentencia de instancia adquiriese firmeza al aceptar tramitar un recurso ante un Tribunal incompetente para revisarla. Este Tribunal, ha negado reiteradamente relieve constitucional, por diversos motivos, al silencio judicial cuando las alegaciones de inadmisión se refieren al incumplimiento de requisitos que no cuestionan la existencia legal para el caso del recurso pretendido (entre otras, SSTC 59/1983, 27/1988, 18/1988, 175/1990, 68/1988, 94/1988).
No corresponde a este Tribunal enjuiciar la viabilidad de la excepción procesal aducida. Concretamente, no nos corresponde determinar si la condición de fundación benéfica de la que goza el Patronato de la Casa de Caridad de Vigo Hogar de San José, permitía aplicarle el beneficio de pobreza y de justicia gratuita y, en consecuencia, no le era exigible el depósito previo del referido art. 154. En esta sede tan sólo compete afirmar que el silencio judicial respecto de la alegación de inadmisión del recurso de suplicación carece de relieve constitucional, ya que por sí mismo no entraña vulneración alguna del derecho a la tutela judicial del hoy recurrente en amparo.
Por último, y en otro orden de consideraciones, es preciso observar que la parte recurrida no suscitó el defecto de depósito ante el Juzgado, cuando éste tuvo por preparado el recurso de suplicación. A diferencia del supuesto contemplado por nuestra STC 116/1986, fundamento jurídico 1., dicho momento procesal ofrecía una oportunidad adecuada para que el órgano judicial resolviese lo procedente, en su caso, previo requerimiento a la contraparte para subsanar los defectos formales advertidos o para acreditar su condición de entidad de beneficencia. Si la parte hubiera obrado con una mayor diligencia, hubiera podido invocar en tiempo útil en la vía judicial previa el derecho fundamental que ahora pretende hacer valer en esta sede constitucional, tal y como requiere el art. 44.1 c) LOTC.
5. En cuanto al alegato de que el Auto recurrido vulneró el derecho a la ejecución de las Sentencias al computar erróneamente los plazos del art. 209 de la L.P.L., debe afirmarse que, efectivamente, uno de los derechos que garantiza el art. 24.1 de la C.E. es el de la ejecución de las resoluciones judiciales. La pretensión ejecutiva normalmente se satisface mediante la obtención de una resolución fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión cuando concurra alguna causa legal para ello y así lo acuerde el órgano judicial en aplicación razonada y razonable de la misma. Entre estas causas que impiden un pronunciamiento de fondo figura la caducidad de la acción ejercitada. Al respecto constituye ya doctrina consolidada de este Tribunal que el cómputo de los plazos de prescripción o caducidad es una cuestión de legalidad ordinaria que compete en exclusiva a los órganos judiciales y sólo adquiere relevancia constitucional cuando la interpretación de la normativa aplicable al supuesto controvertido sea manifiestamente arbitraria, irrazonable o incurra en error patente y de ello derive una conculcación de los derechos consagrados en la Constitución y susceptibles de amparo constitucional (SSTC 32/1989, 65/1989, 155/1991, 89/1992, 132/1992, y 201/1992).
La decisión impugnada, aplicando la doctrina legal sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1986 al resolver un recurso en interés de ley sobre el plazo para instar el cumplimiento de las Sentencias declaratorias de la nulidad o improcedencia del despido, estimó, al amparo de lo preceptuado en el párrafo segundo del art. 209 de la L.P.L., caducada la acción, al haberse ejercitado una vez vencido el plazo de treinta días desde que la Sentencia fue notificada a la actora.
La decisión se basó, por tanto, en una causa legal -el párrafo 2. del art. 209 L.P.L.- (cuyo contenido es acorde con la tendencia a homogeneizar los plazos de ejercicio del derecho sustantivo y su acción ejecutiva, y con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a las relaciones laborales y limitar la carga económica que para el empresario supone la obligación de abonar salarios de tramitación -STC 89/1992-), interpretada y aplicada de forma no arbitraria o irrazonable. En efecto, el referido precepto se limita a situar el dies a quo del plazo para solicitar la ejecución del fallo en la fecha de la notificación de la Sentencia, sin precisar si se refiere a la notificación efectuada a la demandante o a la demandada. Ante esta situación, interpretar, como hace la decisión impugnada, que ha de partirse de la notificación a la actora, si es ella quien solicita el cumplimiento, guarda coherencia con la facultad de todas las partes procesales -sea la demandante o la demandada- de interesar la ejecución del fallo (STC 61/1992, fundamento jurídico 3.) y supone, además, alinearse con la que era tesis dominante en la jurisprudencia social (Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 6 y 17 de febrero y 22 de septiembre de 1987, 24 de mayo de 1988 y 7 de marzo de 1989). La conclusión, pues, no puede tildarse de palmariamente errónea o manifiestamente arbitraria o irrazonable, como ya declaramos en la STC 89/1992 y el ATC 602/1988 analizando supuestos sustancialmente análogos al presente.
Por descontado, ello no significa que no puedan existir otras interpretaciones jurídicamente más correctas. En efecto, aunque se trata de una acción ejecutiva especial, seguramente la especialidad no autoriza a prescindir de la regla general que condiciona la ejecución de la Sentencia a su firmeza (arts. 1.971 del Código Civil, 919 de la L.E.C. y 200 de la L.P.L.). Existe en este sentido algún pronunciamiento aislado del Tribunal Central de Trabajo (vgr. Sentencia de 7 de febrero de 1989) y así lo hemos afirmado tangencialmente en diversas ocasiones (STC 80/1990, fundamento jurídico 2. y ATC 133/1990, fundamento jurídico 2.). Esta circunstancia, con todo, no resulta decisiva para el otorgamiento del amparo, porque el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye el hipotético derecho al acierto judicial, no comprende la reparación o rectificación de equivocaciones, incorrecciones jurídicas o incluso injusticias producidas en la interpretación o aplicación de las normas (SSTC 27/1984, 50/1988, 256/1988 y 210/1991).
SAP Guadalajara 14/2009, 27 de Enero de 2009
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STSJ Castilla y León 1825/2009, 2 de Diciembre de 2009
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STSJ Castilla y León , 22 de Junio de 2001

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
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