Source: https://www.iberley.es/legislacion/decreto-12-2006-9-febrero-establecen-medidas-favorecer-acceso-ciudadanos-vivienda-cantabria-3480953
Timestamp: 2020-01-26 13:05:26+00:00

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Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria. | Iberley
Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria. - Boletín Oficial de Cantabria de 15-02-2006
Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 09 de Mayo de 2008
El presente Decreto tiene por objeto establecer una serie de medidas para procurar que los ciudadanos de Cantabria, con mayores dificultades económicas, logren disfrutar de una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con lo establecido por el artículo 47 de la Constitución Española. Para lograr este objetivo se ha diseñado una política de vivienda que busca canalizar las ayudas conforme las diversas necesidades que se han ido detectando, teniendo en cuenta tanto las peculiaridades del territorio de nuestra Comunidad Autónoma como las características y tipología de los grupos de población que demandan actualmente en la región el acceso a una vivienda. De esta forma se han diseñado distintas fórmulas para llevar a cabo la ejecución y gestión del Plan Estatal 2005-2008, aprobado por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Con el desarrollo de todas las actuaciones establecidas en este Decreto, la Comunidad Autónoma de Cantabria intenta dar cumplida respuesta a la competencia asumida plenamente en esta materia en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cantabria (Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre).
En este sentido, el Decreto 66/2002, de 6 de junio de 2002, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en Cantabria, mediante su detallada regulación, ha sentado las bases para ordenar y desarrollar adecuadamente las políticas sobre vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Asimismo, se ha abordado en Cantabria la regulación de un especial régimen jurídico de protección y fomento de determinados arrendamientos mediante el Decreto 37/2005, de 7 de abril, por el que se establecen incentivos al arrendamiento de viviendas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Los minuciosos procedimientos de actuación y gestión que se contemplaban en dichos Decretos sirven como referencia de los instrumentos idóneos para canalizar la intervención pública en el mercado inmobiliario y ofrecer un completo sistema de administración de los distintos regímenes de viviendas protegidas.
Por esta razón, se ha optado por tomar como referencia lo dispuesto en la normativa anterior mejorándola y superándola, conforme aconseja la experiencia, para el correcto funcionamiento de este Plan de Vivienda 2005-2008. A este efecto se han incluido algunas disposiciones que suponen novedades sobre aquellos Decretos ya existentes para tratar de garantizar la adaptación de los procedimientos a las exigencias recientes del nuevo Plan de Vivienda 2005-2008, junto con cierta continuidad y seguridad en los procesos administrativos de gestión y ejecución. En este sentido, cabe destacar el procedimiento especial de subvenciones diseñado en este Decreto.
De otro lado, la Comunidad Autónoma de Cantabria mantiene su decidida apuesta de complementar e incrementar la oferta de los planes estatales mediante una fuerte política de fomento de la accesibilidad a la vivienda a los ciudadanos de Cantabria. Por esta razón, se mantiene la categoría de las Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico y se aumentan, en muchos casos, las ayudas destinadas a arrendamientos, primer acceso a una vivienda, adquisición y urbanización de suelo para construcción de viviendas protegidas.
En consecuencia, junto con la supletoriedad del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, coexistirá el Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de Viviendas de Protección Pública en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones.
Este último resulta modificado por el actual Decreto en lo referente fundamentalmente al Precio Básico Autonómico que, tras ser equiparado cuantitativamente al Precio Básico Nacional, se podrá ir actualizando de dos modos diferentes:
se establece una primera forma de actualización automática vinculada a la actualización del Precio Básico Nacional.
Se podrá actualizar también de forma independiente al Precio Básico Nacional si así se establece mediante Orden del consejero de Obras Públicas y Vivienda.
En este marco normativo, para disponer las líneas de actuación más eficaces se regulan los instrumentos necesarios para incentivar tanto la accesibilidad de los demandantes de vivienda como la oferta de viviendas asequibles por parte de promotores y constructores. A este efecto se han previsto ayudas directas e indirectas tanto para la adquisición de viviendas como para la adquisición de suelo para edificar viviendas protegidas. También se diversifica el objetivo de las actuaciones previstas al enfocarlas no únicamente a la adquisición de viviendas en propiedad sino que se pretende fomentar el arrendamiento tanto desde la perspectiva de las ayudas a las rentas como estimulando mediante incentivos y seguridad a quienes ofrezcan viviendas en alquiler.
Los ciudadanos a los que van dirigidas estas medidas se encuentran dentro del marco más amplio posible habiéndose previsto que se tenga oportunidad de acceder en propiedad a las viviendas protegidas y a las usadas que se describen en este Decreto a todo aquel que cuente con unos ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples si se trata de viviendas protegidas de precio concertado, que no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples si se trata de viviendas protegidas de régimen general o de viviendas usadas y que no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples si se trata de viviendas protegidas de régimen especial.
En definitiva, se abre un amplio abanico de posibles beneficiarios de las actuaciones contempladas. No obstante, se presta especial atención a determinados grupos de personas que se ha observado que tienen especiales dificultades para acceder al mercado inmobiliario libre. Por consiguiente tienen un tratamiento especialmente favorecido aquellos compradores que acceden por primera vez a la vivienda en propiedad, los jóvenes de hasta 35 años, las personas mayores de 65 años y sus familias, las víctimas de la violencia de género y víctimas del terrorismo, las familias numerosas, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y sus familias y otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
También, dentro de este objetivo diversificador, se pretende dotar de una variada categoría de viviendas protegidas para que se pueda ajustar a las necesidades y poder adquisitivo de la población que, en mayor o menor medida, encuentra dificultades para acceder al mercado inmobiliario libre. En este sentido y pese a conservarse las características definitorias generales de todas las viviendas protegidas, en cuanto a superficie y características técnicas, se ha ampliado el régimen de las viviendas y el precio máximo que pueden alcanzar.
Por esta razón, las actuaciones que se contemplan en este Decreto incluyen una nueva clase de vivienda protegida: las viviendas protegidas de precio concertado refiriéndose a las viviendas de nueva construcción calificadas como tales por la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, destinadas a familias o personas individuales cuyos ingresos no excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y cuyo precio máximo no exceda, por metro cuadrado de superficie útil, de 1,80 veces el Precio Básico Nacional. Estas viviendas pasan a unirse y coexistir con las otras ya conocidas.
Es decir se une esta nueva categoría a las Viviendas de protección oficial de régimen especial y a las Viviendas Protegidas de régimen general. Recordemos que las viviendas de régimen especial están destinadas a personas con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos múltiples y su precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no puede exceder de 1,40 veces el Precio Básico Nacional. De otro lado las viviendas de régimen general son las destinadas a familias o personas individuales cuyos ingresos no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y cuyo precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,60 veces el Precio Básico Nacional.
Junto a estas categorías de viviendas hemos de añadir las vivienda de protección pública de régimen autonómico que se regulan en el Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones.
Por el índice especialmente elevado del precio medio, por metro cuadrado, que se registra en el término municipal de Santander, continúa declarándose como ámbito territorial de precio máximo superior de Grupo C. En consecuencia, se incrementa el precio máximo de venta de todas las viviendas acogidas a este Decreto, hasta un 15 %, para las viviendas protegidas de nueva construcción, y hasta un 20 %, para las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión ubicadas en Santander.
Otra de las novedades que encontramos en la reglamentación que introduce este Decreto la encontramos en la creación de un Registro de demandantes de vivienda. Este Registro pretende facilitar a la Administración una herramienta ágil y útil tanto para identificar las necesidades de vivienda como para tratar de dar la solución más adecuada a las circunstancias que los demandantes de vivienda ponen de manifiesto. De esta forma, se podrán canalizar de una forma más eficiente y eficaz las ayudas y subvenciones ofrecidas. Además, este registro pretende ser un instrumento que, a modo de observatorio, llegue a permitir programar o enfocar las políticas de actuaciones protegidas de forma que den cumplida respuesta a las demandas concretas y reales de vivienda de Cantabria.
Se articula como un registro voluntario y gratuito de naturaleza puramente administrativa, pero únicamente podrán acogerse a las actuaciones protegidas contempladas en este Decreto aquellas personas que se encuentren debidamente inscritas en él. Las personas que se encuentren inscritas en el Registro podrán solicitar su baja en cualquier momento y deberán hacerlo, necesariamente, cuando hayan conseguido el acceso a la Vivienda. El registro constará de dos secciones diferenciadas, aunque compatibles: a) la Sección 1ª. Demandantes de vivienda en régimen de propiedad y b) la Sección 2ª. Demandantes de vivienda en régimen de arrendamiento. El funcionamiento y organización detallada del registro se desarrollará convenientemente mediante una normativa complementaria.
En cualquier caso, para poderse acoger a cualquier actuación de las previstas en el presente Decreto se requiere tener fijado el domicilio fiscal en Cantabria y para la adquisición de viviendas se requiere contar con unos ingresos mínimos de 3.000 euros al año obtenidos como rendimientos de trabajo.
En concreto, las líneas de actuación que se contemplan en el Plan de Vivienda 2005-2008, con un nutrido bloque de medidas cada una de ellas, se pueden dividir en:
Ayudas para el acceso de los ciudadanos a viviendas en arrendamiento. Para la concesión de este tipo de ayudas será necesario que el solicitante presente el contrato de arrendamiento para su visado ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura. La cuantía máxima anual de la subvención no excederá del 40 % de la renta anual que se vaya a satisfacer, ni de un máximo absoluto de 2.880 euros anuales, y podrá ser incrementada, hasta un máximo de un 10 % más, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para aquellas personas arrendatarias que se encuentren dentro de alguno de los colectivos especiales definidos en la normativa autonómica.
Ayudas para el acceso de los ciudadanos a viviendas en propiedad de nueva construcción. En este bloque de medidas procede destacar la ayuda directa a la entrada que permite afrontar a los adquirentes el importante desembolso inicial que, en muchas ocasiones, supone una fuerte traba para lograr el acceso a la vivienda. Para obtener esta ayuda debe haberse convenido previamente un préstamo por cuantía no inferior al 60 % del precio total de la vivienda. A la ayuda estatal directa a la entrada se podrá sumar la ayuda autonómica directa a la entrada regulada en el presente Decreto de 2.000 euros, cuando los beneficiarios se encuentran dentro de los colectivos especiales definidos por la normativa autonómica y sus ingresos familiares no exceden de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Las actuaciones para favorecer el acceso en propiedad a viviendas usadas se corresponden con una limitación en el precio máximo de venta de este tipo de viviendas, aunque se trate de viviendas libres. Asimismo, estas adquisiciones podrán beneficiarse de subsidiaciones en el préstamo y ayudas directas a la entrada similares a las que se prevén para el acceso a viviendas en propiedad de nueva construcción, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, personales y familiares de los beneficiarios.
Actuaciones para estimular la oferta de viviendas en arrendamiento, protegidas o no, pero con rentas limitadas, para ponerlas a disposición de ciudadanos con niveles de ingresos medios y bajos. Dentro de esta línea se distinguen dos tipos de medidas:
La promoción de viviendas protegidas de nueva construcción para arrendar, incluyendo las viviendas así calificadas, provenientes de la rehabilitación de edificios completos y las destinadas preferentemente a jóvenes; y la cofinanciación de la promoción de viviendas de protección oficial de promoción pública para arrendar. A este fin, además de las ayudas en forma de suelo ya urbanizado, o destinadas a este propósito, los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción para arrendamiento podrán obtener préstamos convenidos, subsidiación para los mismos y subvenciones.
La movilización del parque residencial, mediante el apoyo a quienes pongan en alquiler viviendas usadas y libres, propias, o a quienes las adquieran para tal finalidad y la rehabilitación individual de viviendas, o de un edificio completo, destinadas al arrendamiento. Se conceden subvenciones complementarias a las reconocidas por el Ministerio de Vivienda, por valor de 3.000 euros a los arrendadores, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, destinadas en parte a cubrir los gastos que se ocasionen para asegurar contra posibles impagos y desperfectos o para acondicionar el inmueble.
Actuaciones para fomentar la construcción de viviendas protegidas mediante ayudas y subvenciones a los promotores de viviendas calificadas o declaradas provisionalmente como protegidas que estén destinadas a la venta. Se incrementan los porcentajes de ayudas para la urbanización de suelo destinado a este fin. Se establece, además, la compatibilidad entre las ayudas estatales y las autonómicas.
Se contempla una extensa actuación en materia de ayudas para la financiación en la rehabilitación de viviendas, edificios, centros históricos y áreas completas de rehabilitación integral donde sea necesario incluso una reurbanización de la zona. Se busca evitar la existencia de infraviviendas y mejorar las condiciones de habitabilidad de los edificios antiguos. Se definen estas áreas de rehabilitación integral y de centros históricos y se amplía la actuación financiando rehabilitaciones que tiendan a mejorar las condiciones de accesibilidad, suprimiendo barreras arquitectónicas de todo tipo, las que tiendan a una reducción del consumo energético y las que tiendan a garantizar, en el caso de los edificios, la seguridad estructural y la estanqueidad frente a la lluvia.
Por último, retomando la exigencia de las instalaciones ordinarias y obligatorias para todas las viviendas protegidas en la Disposición Adicional cuarta del Decreto 66/2002, de 6 de junio de 2002, se prevé ahora en el Título VIII una financiación de las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de calefacción centralizados y agua caliente sanitaria, que permiten alcanzar notables ventajas, en comparación con los individualizados, en cuanto a rendimientos estacionales, emisiones de CO2 a la atmósfera producidas por este tipo de instalaciones y costes de operación. Estas nuevas tecnologías se traducen en calderas de alto rendimiento y de condensación; quemadores modulantes, sistemas de distribución equilibrados y sistemas de medida que permiten conocer el consumo de cada vivienda, tanto en cuanto a su calefacción como en relación con el agua caliente que consumen.
La disposición transitoria primera de la Ley 6/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2005, en su apartado tres establecía que, las subvenciones de los Planes de Vivienda y Suelo se regirán por su normativa específica, resultando de aplicación supletoria la normativa general aplicable en la Comunidad Autónoma en materia de subvenciones.
De igual forma la Ley 5/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006, en su Disposición Adicional Decimocuarta, que las subvenciones de los Planes de Vivienda y Suelo se regirán por su normativa específica, resultando de aplicación supletoria la normativa general aplicable en la Comunidad Autónoma en materia de subvenciones. Con base en dicho precepto legal, es preciso instrumentar en el presente Decreto el procedimiento de concesión de las subvenciones de los Planes de Vivienda y Suelo, al tratarse de subvenciones no nominativas sin convocatoria de carácter periódico, que son aquellas que se van concediendo continuadamente en el tiempo en función de las solicitudes recibidas, que cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora del Plan de Vivienda aplicable a cada tipo de subvención, iniciándose el procedimiento a solicitud de persona interesada y dentro del ámbito temporal de vigencia del Plan de Vivienda al que se acogen.
El Decreto también refleja una extensa regulación contenida en disposiciones adicionales que se ocupan de ajustar la normativa existente y su forma de aplicación a las nuevas exigencias.
Finalmente, el Decreto contiene una amplia previsión de derecho transitorio que se contiene en ocho disposiciones. Se muestra necesaria una gradual aplicación de las normas que alteran el régimen de las viviendas protegidas, teniendo en consideración la normativa autonómica anterior y las actuaciones ya constituidas conforme a aquellas directrices aún pendientes de ejecución y finalización. Se configura un sistema transitorio basado en el número de viviendas financiadas, el número de viviendas iniciadas y el número de viviendas terminadas, teniendo presente que el Plan Estatal 2005-2008 se aprobó mediante el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que entró en vigor el 14 de julio de 2005.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria y previa deliberación del Consejo de Gobierno de fecha 9 de febrero de 2006 dispongo
2. Este Decreto será de aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de vigencia del Convenio suscrito el 30 de noviembre de 2005, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 15, de 23 de enero 2006.
Son las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de vivienda de las personas y familias a las que se destina el Plan Estatal 2005-2008, que pueden recibir las ayudas establecidas en el mismo, así como las ayudas autonómicas previstas en el presente Decreto.
La fijación de aranceles notariales y registrales reducidos para la transmisión de las viviendas protegidas previstas en el Plan Estatal 2005-2008.
Las ayudas económicas estatales y autonómicas directas mediante la aportación de recursos presupuestarios estatales, en forma de subsidios de préstamos, subvenciones y ayudas.
Es el montante de ingresos que se toma como referencia para poder ser beneficiario de las viviendas y ayudas del Plan 2005-2008 y para determinar su cuantía.
Calificación de una actuación como protegida.
Es el acto administrativo emanado de Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en virtud del cual se declara la protección de las actuaciones reguladas en este Decreto.
Se entenderá por viviendas de protección oficial o viviendas protegidas las así calificadas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura que cumplan los requisitos establecidos en este Decreto.
Son las viviendas libres o protegidas cuya adquisición, en segunda o posterior transmisión, se considera protegida previo el cumplimiento de determinadas condiciones, y cuyo precio de venta, en siguientes transmisiones, o de renta, si es que se ocupan en régimen de arrendamiento, está limitado durante los plazos establecidos en este Decreto.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el Precio Básico Nacional se define como la cuantía en euros por metro cuadrado de superficie útil, que sirve como referencia para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y renta de las viviendas objeto de las ayudas previstas en este Decreto.
Son aquellas zonas que sean así declaradas por el Ministerio de Vivienda, a propuesta de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en consideración a la existencia de especiales dificultades de acceso a la vivienda, como consecuencia de sus elevados precios medios comparativos con los de venta de las viviendas libres. Pueden integrar diversos municipios, o bien municipios aislados o, incluso, ámbitos intraurbanos de un municipio.
Jóvenes. Se considerarán jóvenes a los adquirentes, adjudicatarios, arrendatarios y promotores para uso propio, cuando el destinatario que aporte la totalidad o la parte principal de los ingresos familiares no tenga una edad superior a los 35 años en el momento de solicitar las ayudas.
Familia numerosa. Se entenderá por familias numerosas las consideradas como tales en el artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
Familias desfavorecidas y en situación de riesgo o exclusión social. Se considerarán como tales aquéllas en las que se den situaciones de desprotección y riesgo.
Familias monoparentales. Se considerarán familias monoparentales las formadas únicamente por el padre o la madre y los hijos.
Víctimas de la violencia de género. Tendrán esta consideración de víctimas de la violencia de género aquellas mujeres que hayan sufrido actos de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
Víctimas del terrorismo. Serán consideradas como tales las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana.
Personas discapacitadas. Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 %. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 % los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Artículo 3. Número de actuaciones protegidas.
Los objetivos inicialmente definidos en el Convenio suscrito el 30 de noviembre de 2005, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, podrán verse modificados a lo largo de la vigencia del convenio en los supuestos previstos en la cláusula primera del mismo. En consecuencia la financiación precisa para el cumplimiento de los objetivos, podrá ser modificada o incrementada para ajustarse a los nuevos objetivos que puedan establecerse.
Artículo 4. Financiación de actuaciones protegidas.
1. Las actuaciones protegidas reguladas en el presente Decreto se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 04.05.261A.484 Ayudas a inquilinos para pagos de rentas de viviendas, 04.05.261A.771 Promotores de viviendas. Adquisición y habilitación de suelo y promoción de viviendas de protección oficial, y 04.05.261A.781 Adquisición y rehabilitación de viviendas y edificios, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.
Artículo 6. Beneficiarios de las ayudas del Plan.
Artículo 7. Actuaciones protegidas y condiciones de acceso a las mismas.
La compra de las viviendas de nueva construcción para venta, indicadas en el apartado a), así como la adquisición de viviendas usadas, para su tenencia en régimen de propiedad.
La rehabilitación de áreas en proceso de degradación y de centros históricos; y la rehabilitación aislada de edificios y viviendas, incluyendo el parque residencial propiedad de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de otros entes públicos territoriales.
El fomento a la instalación de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria centralizados.
Artículo 8. Duración del régimen de protección de las viviendas protegidas y limitación del precio de las viviendas usadas.
Artículo 10. Precios máximos de venta y renta de viviendas protegidas.
2. Todos los precios y rentas máximos de las viviendas acogidas a este Decreto serán automáticamente revisados, en función de las alteraciones de la cuantía del precio básico, sin que ello pueda afectar a los contratos de compraventa que ya se encuentren firmados la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.
5. Asimismo, y con independencia de lo previsto en el párrafo anterior, el Precio Básico Autonómico podrá ser revisado en cualquier momento, mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, para adaptarlo a las necesidades coyunturales de la región.
6. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, que figurará en la calificación provisional de las viviendas de protección oficial de régimen especial que se construyan en la Comunidad Autónoma, dependiendo del área geográfica donde se ubiquen, será el resultado de aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,50.
7. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, que figurará en la calificación provisional de las viviendas protegidas de precio general que se construyan en la Comunidad Autónoma, dependiendo del área geográfica donde se ubiquen, será el resultante de aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,60 para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
8. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, que figurará en la calificación provisional de las viviendas protegidas de precio concertado que se construyan en la Comunidad Autónoma, dependiendo del área geográfica donde se ubiquen, será el resultado de aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,80.
10. Para las segundas o sucesivas transmisiones, incluidas las adjudicaciones por subasta judicial, de los propietarios o adjudicatarios de viviendas calificadas como de régimen especial se requerirá la autorización previa de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, lo que será objeto de calificación por los registradores de la propiedad. La posibilidad de disposición inter vivos de este tipo de viviendas en segunda o posteriores trasmisiones queda condicionada, en todo caso, al ejercicio de la facultad de adquisición preferente o de recuperar la vivienda contemplada en los artículos 28 y 29 de este Decreto.
11. En los términos municipales declarados como ámbitos territoriales de precio máximo de venta superior del grupo C y en aquellos otros que se puedan declarar, se incrementa el precio máximo de venta de todas las viviendas acogidas a este Decreto, hasta un 15 %, para las viviendas protegidas de nueva construcción, excepto las de precio concertado; y hasta un 30 %, para las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión y las viviendas nuevas protegidas de precio concertado.
Artículo 11. Cómputo de los ingresos familiares.
Se partirá de la cuantía de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, incrementada en su caso en el importe que resulte de lo establecido en el artículo 20, apartados 2 y 3, de la citada Ley, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa al período impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la solicitud de ayudas financieras a la vivienda.
A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su caso, comprobado por la Administración tributaria. Si el interesado no hubiera presentado declaración, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable, relativa a los artículos citados de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.
Se establecen para toda la Comunidad Autónoma de Cantabria los coeficientes multiplicativos correctores siguientes en función del número de miembros de la unidad familiar:
6 ó más 0,83
5. Se establece para toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, en virtud de lo establecido en el artículo 7.2.c.3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, un coeficiente multiplicativo corrector de 1,00.
Artículo 12. Ayudas financieras a la vivienda.
Ayudas económicas directas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que pueden ser:
Artículo 14. Instrucción y resolución del procedimiento de concesión de subvenciones.
Artículo 15. Procedimiento de gestión presupuestaria.
Presentación de aval u otros medios de garantía aceptados por el ordenamiento jurídico que garanticen la devolución de los importes, en el caso de que la citada subvención no alcance los objetivos para los que ha sido establecida en el plazo de tiempo determinado.
Obtención de calificación provisional como viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas protegidas de precio general.
Presentación de copia simple de la escritura del préstamo cualificado.
Artículo 17. Silencio administrativo.
Artículo 18. Visado de contratos.
Artículo 20. Autorización a la Administración de solicitud de información.
Artículo 21. Préstamos convenidos.
Artículo 22. Subsidiación de los préstamos convenidos.
Artículo 23. Condiciones generales para acceder a las ayudas financieras a la vivienda.
De 90 metros cuadrados, con carácter general.
De 120 metros cuadrados, cuando se trate de familias numerosas o viviendas protegidas adaptadas para personas con discapacidad o solicitantes con personas dependientes a su cargo, o de la adquisición de de viviendas usadas a las que se refiere el artículo 42.2 d.
Los promotores podrán incluir, en cada promoción, para su adquisición por los colectivos previstos en el apartado b, hasta un 5 % de viviendas con una superficie útil que no exceda de 120 metros cuadrados.
Artículo 24. Compradores que acceden por primera vez a la vivienda en propiedad.
Artículo 25. Destino y ocupación de las viviendas. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.
Artículo 26. Excepciones a las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.
2. También podrá dejarse sin efecto la prohibición de transmitir o de ceder el uso de las viviendas, por necesidad de cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda, o cuando concurran otros motivos justificados, siempre que medie autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y se respeten los procedimientos establecidos por ésta. Igualmente, si se hubiera obtenido ayuda financiera, se requerirá la previa cancelación del préstamo y el reintegro de las ayudas económicas directas recibidas a la Administración concedente, en su caso, más los intereses legales producidos desde el momento de la percepción.
Artículo 27. Registro Público de Demandantes de Vivienda.
2. Se crea en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura el Registro Público de Demandantes de Vivienda como registro voluntario y gratuito de naturaleza puramente administrativa. Los datos que obran en este Registro carecen de efectos sustantivos civiles o mercantiles, no sirven para atribuir derechos erga omnes al solicitante inscrito ni prejuzgan, en caso alguno, cuestiones que se substancien en la jurisdicción civil sobre cumplimiento o incumplimiento de contratos.
La Sección 1ª. Demandantes de vivienda en régimen de propiedad
La Sección 2ª. Demandantes de vivienda en régimen de arrendamiento.
Artículo 28. Derechos de tanteo y retracto.
a. Otras Administraciones de carácter territorial establecidas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b. Las entidades públicas designadas por la Comunidad Autónoma de Cantabria.
c. Las sociedades mercantiles de capital íntegramente público.
e. Las agencias o sociedades públicas de alquiler legalmente creadas.
Artículo 29. Transmisión de las viviendas protegidas.
1. Sin perjuicio de los derechos de tanteo y retracto a cuyo ejercicio faculta el artículo anterior, para las segundas o sucesivas transmisiones inter vivos, incluidas las adjudicaciones por subasta judicial, de los propietarios o adjudicatarios de viviendas protegidas contempladas en el presente Decreto se requerirá la autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, lo que será objeto de calificación por los Registradores de la Propiedad.
Artículo 30. Efectos del incumplimiento.
TÍTULO I. MEDIDAS PARA EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO.
Artículo 31. Condiciones para obtener subvenciones a las personas arrendatarias.
1. Podrán optar las subvenciones al alquiler, a las que se refiere el artículo 7.1.e de este Decreto, las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:
Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no ser persona deudora por resolución firme de procedimiento de reintegro de otras subvenciones
Artículo 32. Cuantía y duración de las subvenciones a las personas arrendatarias.
1. La cuantía anual de la subvención será del 40 % de la renta anual que se vaya a satisfacer, con un límite máximo absoluto de 2.880 euros anuales, y podrá ser hecha efectiva al inquilino directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma, o a través de la empresa pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria S.L., como entidad colaboradora, a cuyo fin se formalizará el correspondiente Convenio.
2. La cuantía máxima anual de la subvención será incrementada un 10 % más, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para aquellas personas arrendatarias que se encuentren dentro de alguno de los colectivos especiales que se especifican en el artículo 2, con un límite máximo absoluto de 3.168 euros anuales.
Artículo 33. Procedimiento de concesión de la subvención.
1. Para la concesión de la subvención deberá presentarse la correspondiente solicitud ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en el formulario facilitado por la Administración, acompañada de la siguiente documentación, referida a todas las personas que fueran a habitar la vivienda:
En caso de acceder la persona solicitante, o cualquiera de las personas ocupantes de la vivienda, al mercado laboral en el mismo año de la solicitud se deberá aportar el contrato de trabajo, visado por el servicio de empleo correspondiente, y un certificado de la empresa sobre todos los conceptos económicos abonados a la persona trabajadora o aportar las nóminas percibidas.
En caso de que la persona solicitante o alguna de las personas ocupantes de la vivienda perciba algún tipo de pensión o subsidio se deberá aportar el certificado de prestaciones públicas percibidas emitido por el organismo competente.
Certificado de empadronamiento en la vivienda que se alquila en el que figuren todas las personas ocupantes de la vivienda.
Autorización suscrita por el beneficiario de la subvención para que la Administración pueda solicitar de los organismos públicos y entidades financieras información sobre los aspectos económicos de las personas interesadas, y la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de no ser persona deudora por resolución firme de procedimiento de reintegro de otras subvenciones. En caso contrario deberá aportar la acreditación de dichos extremos.
Un ejemplar de contrato de arrendamiento, para su visado a efectos de reconocimiento de la subvención. En el contrato de arrendamiento deberá reflejarse exactamente la cuantía total de las rentas anuales y la obligación por parte de la persona arrendataria de satisfacer la cuota mensual.
Declaración responsable haciendo una relación de todas las personas integrantes de la unidad familiar y personas que vayan a ocupar la vivienda arrendada.
Documentación acreditativa de las especiales circunstancias del solicitante.
El pago de la subvención se realizará mediante su abono a la persona arrendataria, tan pronto ésta acredite ante la Administración el pago efectivo al arrendador de las correspondientes mensualidades abonadas por la propia persona arrendataria.
Artículo 35. Obligaciones de la persona beneficiaria.
La concesión de la subvención quedará condicionada al mantenimiento de las circunstancias que dieron lugar a su concesión, y al efectivo cumplimiento por la persona beneficiaria de las siguientes obligaciones:
El efectivo pago mensual de la renta a la persona arrendadora, durante el tiempo de duración de la subvención. El incumplimiento de esta obligación facultará a la Administración para no abonar el pago de la subvención, hasta en tanto la persona arrendataria no haya abonado las rentas.
El destino del inmueble a vivienda habitual y permanente de las personas expresamente mencionadas en la solicitud.
Informar a la Administración de cualquier cambio en las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión. A la vista de estas nuevas circunstancias la Administración podrá mantener o extinguir la subvención, sin dar lugar en este caso al reembolso de las cantidades satisfechas.
Cumplir los deberes impuestos en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en especial cuanto se refiere al uso y conservación de la vivienda.
TÍTULO II. MEDIDAS PARA EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A VIVIENDAS EN PROPIEDAD DE NUEVA CONSTRUCCIÓN Y A VIVIENDAS USADAS.
Artículo 36. Condiciones para acceder a las ayudas financieras a la vivienda.
Fijar su residencia habitual y permanente y domicilio fiscal en ellas.
Tener unos rendimientos familiares íntegros anuales superiores a 3.000 euros, procedentes de rendimientos del trabajo y/o de actividades económicas, en los términos establecidos por la normativa reguladora del Impuesto sobre las Personas Físicas, que garantice cierta solvencia para afrontar los pagos.
Artículo 37. Solicitudes y documentación.
Declaración responsable de no ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección oficial, salvo en caso de ocupación temporal de la vivienda por motivo de realojamientos bajo el control de organismos públicos, a que se refiere el apartado 5 del artículo 20 del presente Decreto
Declaración responsable de no ser titular de una vivienda libre, cuando su valor, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 % del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida. Este valor se elevará al 60 % en los siguientes supuestos:
Cuando se trate de familias numerosas que necesitaran adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar.
Acreditación de ingresos familiares por cualquier medio válido en Derecho.
CAPÍTULO I. VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD.
Artículo 38. Viviendas protegidas o de protección oficial de nueva construcción para venta y sus precios máximos.
Viviendas de protección oficial de régimen especial. Bajo esta denominación se incluyen las viviendas de nueva construcción calificadas como tales por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura al amparo del presente Decreto y a los efectos establecidos en el artículo 91.dos.6 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y destinadas exclusivamente a familias o personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples siempre que su precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,50 veces el Precio Básico Nacional.
Viviendas protegidas de precio general. Bajo esta denominación se incluyen las viviendas de nueva construcción calificadas como tales por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, al amparo del presente Decreto y destinadas a familias o personas individuales cuyos ingresos no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples siempre que su precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,60 veces el Precio Básico Nacional.
Viviendas protegidas de precio concertado. Bajo esta denominación se incluyen las viviendas de nueva construcción calificadas como tales por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, al amparo del presente Decreto y destinadas a familias o personas individuales cuyos ingresos no excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples siempre que su precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,80 veces el Precio Básico Nacional.
3. En los términos municipales declarados como ámbitos territoriales de precio máximo de venta superior del grupo C y en aquellos otros que se puedan declarar, se incrementa el precio máximo de venta de todas las viviendas protegidas de nueva construcción a que se refiere el apartado anterior, un 15 %, excepto las de precio concertado en las que se aumenta un 30 %.
5. Cuando la promoción incluya garajes o trasteros, con independencia de que estén o no vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de éstos, que figurará asimismo en la calificación provisional de la vivienda, no podrá exceder del 60 % del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda.
6. En el caso de nuevas viviendas rurales, promovidas por promotores individuales para uso propio en el medio, zona o municipio rural a los que se refiere el artículo 3 de la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, podrán incluir además de garajes y trasteros, anejos para actividades económicas a las que se refiere el artículo 2.2 de dicha Ley. En este caso el valor máximo de la edificación sumado al del suelo que figure en la declaración de obra nueva, por metro cuadrado de superficie útil, de todas estas dependencias vinculadas o no a la vivienda, no podrán exceder del 60 % del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda. Dicho precio figurará en la calificación provisional de la vivienda.
Artículo 39. Precios máximos de las viviendas protegidas en segundas y posteriores transmisiones.
Artículo 40. Reglas sobre amortización de los préstamos convenidos para compradores.
Artículo 41. Ayudas directas a la entrada.
CAPÍTULO II. VIVIENDAS USADAS EN PROPIEDAD.
Artículo 42. Ámbito de las actuaciones protegidas.
Viviendas sujetas a regímenes de protección oficial, adquiridas en segunda o posterior transmisión.
Viviendas, adquiridas en primera transmisión, sujetas a regímenes de protección oficial, con superficie de hasta 120 metros cuadrados, destinadas a familias o personas a las que se refiere el artículo 23.3.b de este Decreto, cuando haya transcurrido un plazo de un año como mínimo desde la fecha de la calificación definitiva de las mismas, y no hubieran sido adquiridas por las familias numerosas a las que se destinaban, habiéndose cumplido todos los requisitos de publicidad.
Viviendas libres de nueva construcción, adquiridas cuando haya transcurrido el plazo de un año como mínimo entre la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, y la fecha del contrato de opción de compra o de compraventa.
Viviendas rurales usadas, con una superficie útil que no exceda de 120 metros cuadrados y sean adquiridas en los municipios o núcleos de población a los que se refiere el artículo 3 de la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y que cumplan los requisitos adicionales que, en su caso, establezca la normativa que desarrolle el presente Decreto.
Si la vivienda tuviera un garaje o un trastero, estén o no vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de los mismos no podrá exceder del 60 % del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la misma.
En el caso de viviendas rurales usadas que reúnan las condiciones del artículo 38.6 del presente Decreto, se incluirá además, otro anejo. A estos efectos, solo serán computables como máximo otros 25 metros cuadrados de superficie útil de otro anejo, con independencia de que su superficie real sea superior. En los términos municipales declarados como ámbitos territoriales de precio máximo de venta superior del grupo C y en aquellos otros que se puedan declarar, se incrementa el precio máximo de venta a que se refiere el apartado anterior, un 30 %.
Artículo 43. Subsidiación de los préstamos convenidos y ayudas directas a la entrada.
TÍTULO III. MEDIDAS PARA IMPULSAR LA OFERTA DE VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO.
Artículo 44. Modalidades de actuaciones protegidas con rentas limitadas.
La movilización del parque residencial, mediante el apoyo a quienes pongan en alquiler viviendas usadas y libres, propias, o a quienes las adquieran para tal finalidad.
La rehabilitación individual de viviendas, o de un edificio completo, destinadas al arrendamiento, según se determina en los artículos 67 y 70 de del citado Real Decreto.
CAPÍTULO I. PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN PARA ARRENDAR.
Artículo 45. Procedimiento para la calificación de la promoción de viviendas protegidas con destino a arrendamiento.
Artículo 46. Condiciones de las viviendas, de los inquilinos, y rentas máximas de las viviendas protegidas de nueva construcción financiadas con destino a arrendamiento.
Viviendas protegidas para arrendar de renta básica. Se trata de viviendas así calificadas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y cuyo precio legal de referencia por metro cuadrado de superficie útil será de 1,60 veces el precio básico nacional, con independencia del incremento adicional de precios en los términos municipales declarados como ámbitos territoriales de precio máximo superior de Grupo C y en aquellos otros municipios en que se pueda declarar, incremento adicional que será el máximo aplicable correspondiente a las viviendas protegidas de nueva construcción, de precio general.
Viviendas protegidas para arrendar de renta concertada. Se trata de viviendas así calificadas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y cuyo precio legal de referencia por metro cuadrado de superficie útil será de 1,80 veces el precio básico nacional, con independencia del incremento adicional de precios en los términos municipales declarados como ámbitos territoriales de precio máximo superior de grupo C y en aquellos otros municipios en que se pueda declarar, incremento adicional que será el máximo aplicable correspondiente a las viviendas protegidas de nueva construcción, de precio concertado.
3.También serán viviendas protegidas para arrendar de renta básica y de renta concertada, respectivamente, las viviendas libres de nueva construcción que sean así calificadas por la Dirección General de Vivienda y arquitectura, a instancia del promotor, durante su construcción y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado de final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, siempre que cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere a superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil y niveles máximos de ingresos de los adquirentes.
Artículo 47. Condiciones de cesión y enajenación de las viviendas de nueva construcción con destino a arrendamiento.
El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil será de entre 1,5 y dos veces el precio máximo legal de referencia establecido en el artículo 46 de este Decreto, correspondiente al momento de su calificación provisional, una vez actualizado mediante la aplicación delÍndice General de Precios al Consumo, registrado desde la fecha de la calificación provisional hasta la de la venta, ateniéndose a los precios máximos establecidos en el artículo 39 del mismo. A tales efectos, se requerirá autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
2. Las viviendas protegidas a 25 años, una vez transcurridos diez años continuarán siendo protegidas de acuerdo con lo previsto en el artículo ocho del presente Decreto. El Arrendador deberá mantenerlas en régimen de alquiler y podrá ofrecer en venta, previa autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, de hasta un 50 % de las mismas, a compradores que debidamente inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda, cumplan las condiciones previstas en el mismo para acceder a las viviendas usadas. El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil, será de entre 1,5 y dos veces el precio máximo legal de referencia establecido en el artículo 46 de este Decreto, correspondiente al momento de su calificación provisional, una vez actualizado mediante la aplicación del Índice General de Precios al Consumo, registrado desde la fecha de la calificación provisional hasta la de venta.
Artículo 48. Renta máxima de las viviendas protegidas de nueva construcción financiadas con destino a arrendamiento.
1. La renta resultante a que se refiere el artículo 32 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, deberá figurar en el visado del contrato de arrendamiento, expedido por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
CAPÍTULO II. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL ARRENDAMIENTO DEL PARQUE RESIDENCIAL DESOCUPADO.
Artículo 49. Procedimiento para conceder subvenciones a los propietarios de viviendas libres con destino a arrendamiento.
DNI o tarjeta de residencia de la persona propietaria, y en el caso de persona jurídica acreditación de la representación que ostenta.
Copia de la escritura de propiedad del inmueble y nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.
Certificado catastral descriptivo y gráfico del mismo.
Contrato de arrendamiento a suscribir que refleje exactamente la cuantía total inicial de la renta anual, que en ningún caso podrá superar la cuantía establecida en el artículo 43.4 del Real Decreto 801/2005 de 1 de Julio.
Autorización a la Administración para concertar en su nombre el contrato de arrendamiento, suscribiendo el mandato a que se refiere el artículo 51.1.b del presente Decreto.
Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de no ser persona deudora por resolución firme de procedimiento de reintegro de otras subvenciones.
En su caso, presupuesto de las obras a realizar y/o póliza o propuesta del seguro a suscribir, de la vivienda objeto de arrendamiento.
Artículo 50. Cuantía y pago de las ayudas.
Artículo 51. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Destinar la vivienda a arrendamiento durante un plazo mínimo de cinco años a contar desde la concesión de la subvención. El arrendamiento comprenderá la totalidad de la vivienda, no pudiendo la persona arrendadora tener su residencia en la misma.
Otorgar mandato que faculte a la Administración a suscribir nuevo contrato de arrendamiento en nombre del arrendador, con arreglo al clausulado que apruebe la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, cuando el arrendamiento se hubiese extinguido antes de transcurrir los cinco años y el arrendatario no hubiese concertado nuevo contrato de arrendamiento, Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho del nuevo arrendatario, a la prórroga forzosa reconocida en el artículo 9 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, y con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y no ser persona deudora por resolución firme de procedimiento de reintegro de otras subvenciones.
Artículo 52. Vinculación de la vivienda al arrendamiento y publicidad registral.
TÍTULO IV. MEDIDAS PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD.
Artículo 53. Incentivos autonómicos para fomentar la construcción de viviendas protegidas de régimen especial y precio general.
El 15 % del precio de venta de las viviendas, incluidos los anejos vinculados, cuando las viviendas de la promoción sean de protección oficial de Régimen Especial.
El 10 % del precio de venta de las viviendas, incluidos los anejos vinculados, cuando las viviendas de la promoción sean viviendas protegidas de Precio General.
Cuando la construcción de viviendas protegidas sea obligada por planeamientos urbanísticos adaptados o revisados en cumplimiento de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria o de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral sin que quede establecida la obligación de pertenecer al régimen general y el promotor las hiciera voluntariamente de este tipo, la subvención será del 5% del precio de venta de las viviendas, incluidos los anejos vinculados.
Acreditación de la personalidad del solicitante y copia del documento nacional de identidad del representante.
Escritura pública de propiedad del suelo, en la que se manifieste estar libre de cargas y gravámenes que impidan la promoción de la vivienda, acreditando haber liquidado debidamente las obligaciones tributarias correspondientes o, en su defecto, documento público que garantice la posibilidad de acceso a la propiedad del suelo.
Constitución mediante aval suficiente o contrato de seguro hasta la calificación definitiva de las viviendas, que garantice la devolución del importe de la subvención recibida incrementado en el interés legal en el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas, o de parte de la misma en el supuesto de que el número de viviendas construidas fuera inferior a las inicialmente programadas.
Certificación municipal acreditativa de la clasificación urbanística y aptitud edificatoria del suelo. En el caso de tratarse de suelo urbanizable deberá acompañarse el proyecto de urbanización y certificación del órgano competente por la que se acredite la aprobación definitiva del Plan Parcial correspondiente y del citado Proyecto de Urbanización.
Documento acreditativo del valor del suelo, pudiendo ser sustituido por certificación del técnico competente en la que se acredite el valor del mismo.
En el caso de que no se hubiera otorgado la autorización prevista en el artículo 20 del presente Decreto, justificantes de estar al corriente en las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
TÍTULO V. MEDIDAS PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN Y LA RENOVACIÓN URBANA.
CAPÍTULO I. ÁMBITO Y CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y RENOVACION URBANA.
Artículo 54. Ámbito de las actuaciones protegidas de rehabilitación y renovación urbana.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 y 70 dúo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en su redacción dada por el Real Decreto 14/2008 de 11 de enero, las actuaciones protegidas en materia de rehabilitación y renovación urbana deberán estar incluidas en uno de los ámbitos siguientes:
Podrán también acogerse a la financiación establecida en este Decreto, aquellas actuaciones aisladas de rehabilitación de edificios y viviendas que, aún no estando incluidas en los ámbitos definidos anteriormente, tengan por objeto:
Mejorar las condiciones de accesibilidad, suprimiendo barreras de todo tipo, así como adecuar el edificio o la vivienda a las necesidades específicas de personas con discapacidad y personas mayores de 65 años.
Reducción del consumo energético, según lo indicado en los artículos 52.1.c y 53.1.c del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, mediante una disminución de la demanda energética, a través de mejoras en la envolvente del edificio, aumentando el rendimiento de las instalaciones térmicas.
Artículo 55. Calificación de rehabilitación protegida.
Que las actuaciones excluyan las obras de mantenimiento ordinario y mejora del edificio o vivienda; la demolición de fachadas del edificio o su vaciado total, entendiendo como tal el que afecte a más del 50 % de la superficie construida del edificio.
Que las obras no hayan comenzado con anterioridad a la inspección de los servicios técnicos de vivienda. La inspección se realizará en un plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de solicitud.
Que las obras se realicen dentro del plazo dado en la calificación provisional. El plazo no será superior a 12 meses y podrá concederse, previa justificación, aceptada por la Dirección General, de una prórroga no superior a 6 meses.
Que las obras obtengan la correspondiente licencia municipal, con anterioridad a su calificación definitiva.
Que los edificios a rehabilitar, no obtengan ninguna ayuda pública para la misma actuación, salvo los casos excepcionales en que así lo autorice un Convenio firmado entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento correspondiente. En estos casos, la suma de la ayuda conjunta, no podrá exceder del 70 % del presupuesto total de las obras.
Las obras protegidas deberán cumplir en su ejecución la necesaria coherencia técnica y constructiva con el estado del edificio, así como garantizar la adecuación funcional y estructural del mismo.
Las obras protegidas deberán utilizar soluciones técnicas y constructivas con las características arquitectónicas propias del edificio y su entorno.
El cómputo de la superficie útil de las viviendas se realizará de acuerdo con los criterios de medición establecidos para las viviendas protegidas.
El nombre del titular de cada vivienda.
La superficie útil de cada una de ellas.
Los datos de la inscripción registral.
Artículo 56. Presupuesto protegido.
CAPÍTULO II. ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, CENTROS HISTÓRICOS Y ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA.
Artículo 57. Requisitos para tramitar las ayudas financieras en las áreas de rehabilitación integral, de centros históricos, y áreas de renovación urbana.
1. Para tramitar las ayudas financieras en las Áreas de Rehabilitación Integral y de Centros Históricos, se establece como requisito previo la presentación ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, por parte del Ayuntamiento correspondiente, de una propuesta de memoriaprograma donde se recojan, al menos, los siguientes extremos:
Las correspondientes delimitaciones geográficas; los elementos sociológicos, incluyendo, en su caso, el programa de actuaciones integrales que se vayan a concertar con las Administraciones Públicas a fin de alcanzar el impacto social dinamizador requerido por el espacio urbano en proceso de degradación.
2. Para tramitar las ayudas financieras en las áreas de renovación urbana, se establece como requisito previo, la presentación ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, por parte del Ayuntamiento correspondiente, de una propuesta de memoriaprograma donde se recojan al menos los siguientes extremos.
Documento que justifique la necesidad de acogerse a la declaración de área de renovación urbana, por no incluirse en los supuestos de área de rehabilitación, ya sea integral o de casco histórico.
Las correspondientes delimitaciones geográficas; y, en su caso, las edificaciones de realojamiento temporal de la población del área ubicadas fuera de la misma.
Estudio socioeconómico del área de renovación urbana propuesta y los planes de realojamiento de la población especificando las modalidades previstas según grupos y problemáticas concretas.
El programa de actuaciones integrales que se vayan a concretar con otras administraciones públicas.
Los aspectos técnicos y económicos esenciales de las actuaciones previstas y su programación, en especial:
Las fórmulas de gestión que vayan a aplicarse, incluyendo la participación vecinal y la de otras administraciones.
Las fuentes de financiación prevista que justifiquen la viabilidad financiera de la operación.
El calendario previsto y flujos de tesorerías.
3. La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, se encargará de seleccionar y redactar las propuestas de declaración de las áreas de rehabilitación integral, centros históricos y áreas de renovación urbana, así como, de elevar la correspondiente memoriaprograma al Ministerio de Vivienda para su aprobación en la forma prevista en los artículos 59, 61 y 70 dúo del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, conforme a la redacción dada por el Real Decreto 14/2008 de 11 de enero.
CAPÍTULO III. MEDIDAS PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN AISLADA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS.
Artículo 58. Condiciones para acceder a las ayudas financieras.
Que la actuación de rehabilitación haya sido calificada como protegida por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
Que, a efectos de la obtención de ayudas financieras, se cumplan las condiciones específicas establecidas en esta Sección III.
Que los solicitantes, promotores para uso propio, no hayan obtenido previamente ayudas financieras para rehabilitación aislada de edificios o viviendas, por el mismo concepto, al amparo de planes estatales de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de la misma. Se entenderá que se ha obtenido ayudas financieras a la vivienda, a los efectos de este Decreto, cuando se haya formalizado el préstamo convenido o se haya dictado la resolución administrativa reconociendo el derecho a una subvención estatal.
Artículo 59. Ayudas financieras para la rehabilitación aislada de edificios y viviendas.
Artículo 60. Subvenciones autonómicas a la rehabilitación de viviendas para uso propio.
A los colectivos especiales definidos en el artículo 2 del presente Decreto que no estén contemplados en el artículo 66.2.b del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se les reconocerán, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, idénticas ayudas a las previstas en el artículo 66.2.b del Real Decreto precitado, con sujeción al procedimiento previsto en el mencionado Real Decreto.
TÍTULO VI. PROGRAMA DE VIVIENDA PARA JÓVENES.
Artículo 61. Vivienda joven en alquiler.
La superficie útil protegida susceptible de recibir ayudas financieras, correspondiente a servicios comunes no podrá exceder del 30 % de la superficie útil de las viviendas o alojamientos, con independencia de que su superficie real sea superior. En todo caso los elementos comunes conformarán parte de un conjunto residencial integrado al servicio de los residentes del mismo.
TÍTULO VII. PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD, INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 62. Incentivos autonómicos para la centralización de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria.
1. Serán preceptivas, para obtener la calificación de vivienda protegida, las siguientes instalaciones: Instalación eléctrica para alumbrado y usos domésticos; instalación de agua fría; instalación de calefacción y agua caliente sanitaria con sistema de calentamiento individual o centralizado. Estas instalaciones deberán cumplir las reglamentaciones particulares que para cada una de ellas se hallen vigentes.
2. Se fomenta la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria centralizados que cumplan los requisitos establecidos en los apartados siguientes.
3. Para sufragar el mayor coste inicial que suponen los sistemas centralizados, se establece una subvención autonómica adicional por importe de 2.000 euros por vivienda a los promotores de cualquier tipo de viviendas protegidas, incluidas las de régimen autonómico, que incluyan en sus promociones la centralización de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria que cumplan los requisitos establecidos.
4. Se concederá la subvención adicional para la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria centralizados siempre que se reúnan las siguientes condiciones:
Han de ser promociones de 30 o más viviendas calificadas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura como protegidas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio acogidas al Plan de Vivienda 2.005-2.008 y a las Viviendas de Protección Pública de Régimen Autonómico de Cantabria.
La solicitud ha de ser presentada en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de la formalización del préstamo convenido para las viviendas acogidas al Plan Nacional 2005-2008 o del préstamo al promotor con las entidades convenidas con la Comunidad Autónoma de Cantabria para las Viviendas de Protección Pública de Régimen Autonómico de Cantabria, y siempre antes de la fecha de solicitud de la Calificación Definitiva.
Las características mínimas requeridas en la instalación son un sistema centralizado de calefacción y agua caliente sanitaria para todas las viviendas de la promoción, provisto de un sistema que permita la medición individual del consumo de agua caliente (contador de agua) y de la calefacción (contador de energía).
Junto con la solicitud de subvención deberá presentarse la siguiente documentación en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura:
Proyecto técnico de la instalación aprobado por la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria.
Copia de la escritura del préstamo convenido.
Aval bancario a favor del Gobierno de Cantabria por importe de la subvención solicitada, incrementado con los intereses legales correspondientes hasta la obtención de la Calificación Definitiva de la promoción. Para la devolución del aval y para la Calificación Definitiva se requerirá autorización de la Dirección General de Industria, del uso definitivo de la instalación y una copia del contrato de mantenimiento de la instalación con empresa mantenedora autorizada por el Gobierno de Cantabria y que recoja las condiciones de mantenimiento necesarias.
En el caso de que no se hubiera otorgado la autorización prevista en el artículo 15 del presente Decreto, justificantes de estar al corriente en las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5. Esta subvención es compatible con el resto de las subvenciones establecidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ministerio de Vivienda. Aquellas actuaciones en las que se hayan introducido estas mejoras de eficiencia energética serán consideradas, a efectos económicos, como instalaciones especiales en la Calificación Definitiva; no obstante si se han obtenido las subvenciones públicas para la instalación de estas mejoras no se autorizará ningún incremento al precio máximo.
Artículo 63. Impulso a experiencias innovadoras.
El Gobierno de Cantabria podrá convenir con el Ministerio de Vivienda, con cargo a las reservas a las que se refiere el artículo 83.3 del Real Decreto 801/2005, la financiación de la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Referencia a la normativa estatal.
Las referencias realizadas en el presente Decreto al Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se entenderán hechas a la normativa estatal que en su caso le sustituya.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Precio máximo de venta y renta.
1. Independientemente del tipo o modalidad del régimen de protección de cualquier vivienda, a la hora de establecer su precio máximo de venta y renta éste se asimilará a los fijados en este Decreto y se actualizarán conforme lo haga el Precio Básico Nacional.
2. El Precio Básico Autonómico, aplicable a las viviendas acogidas al Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de Viviendas de Protección Pública en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones, se corresponde exactamente con el fijado como Precio Básico Nacional y se actualizará periódicamente de la misma manera, sin perjuicio de que, mediante Orden, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda pueda modificarlo en atención a las necesidades coyunturales de la región.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Transmisión de viviendas protegidas al amparo del presente Decreto por adquirentes no beneficiarios de subvenciones ni ayudas.
Las viviendas que se encuentren sujetas a algún tipo de régimen de protección al amparo del presente Decreto, cuyo adquirente no se haya beneficiado de subvenciones o ayudas previstas en el presente Decreto, no se podrán transmitir hasta transcurridos diez años desde la calificación definitiva. Dicha limitación podrá dejarse sin efecto mediante autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura en los supuestos previstos en el artículo 26 del presente Decreto.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Descalificación de viviendas protegidas al amparo del presente Decreto de adquirentes no beneficiarios de subvenciones ni ayudas.
1. Para las viviendas que se encuentren sujetas a algún tipo de régimen de protección al amparo del presente Decreto, cuyo adquirente no se haya beneficiado de subvenciones o ayudas previstas en el presente Decreto, no se podrá solicitar la descalificación voluntaria hasta transcurridos quince años desde la calificación definitiva.
2. Dicha descalificación voluntaria implicará necesariamente la devolución de todas las ayudas indirectas a que, en su caso, haya dado lugar la actuación protegida, incrementadas con los intereses legales correspondientes.
3. En ningún caso, serán objeto de descalificación las viviendas construidas sobre suelos que hayan sido cedidos a título gratuito o que provengan de convenios urbanísticos en los que conste su destino a edificación de viviendas protegidas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Modificación del Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de Viviendas de Protección Pública en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones.
1. Se da nueva redacción al artículo 44, que queda redactado de la siguiente manera
Artículo 44. Duración del régimen legal.
2. Se da nueva redacción al artículo 45, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 45. Modalidades de uso de la vivienda.
2. Los compradores de vivienda acogidos a este Decreto, que hubieran recibido cualquier tipo de ayudas, no podrán trasmitirlas inter vivos ni ceder su uso por ningún título, durante el plazo mínimo de 5 años desde la fecha de la formalización de la adquisición. La transmisión de estas viviendas por parte de quienes hubieran recibido cualquier tipo de ayudas implicará siempre la previa devolución de las ayudas recibidas incrementados con los intereses legales correspondientes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Vigencia de las subvenciones para el arrendamiento de la vivienda habitual previstas en el Decreto 143/2004, de 22 de diciembre.
Conservará su vigencia el Decreto 143/2004, de 22 de diciembre, dentro de su ámbito de aplicación, subsistiendo las subvenciones en él previstas, si bien dichas subvenciones serán incompatibles con las contempladas en el presente Decreto.
1. Las actuaciones calificadas dentro del Plan Estatal 2002-2005 podrán acogerse a los incentivos para la construcción de viviendas protegidas establecidos en el Título VIII de este Decreto, siempre que no hubieran obtenido financiación con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2. Las actuaciones protegidas que se acojan a lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se computarán en el marco de los convenios establecidos en el artículo 78 del mismo, como parte de los objetivos acordados entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma, de Cantabria en el programa anual correspondiente, dentro del Plan Estatal 2005-2008.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Inclusión en el Plan de Vivienda 2005-2008 de actuaciones calificadas a las que no se haya concedido préstamo convenido.
Las actuaciones calificadas provisionalmente protegidas, que no hubieran obtenido préstamo convenido con anterioridad al 28 de octubre del 2005, podrán acogerse la Plan de Vivienda 2005-2008 siempre que sus características se adecúen a las establecidas en el mismo, mediante la oportuna diligencia, en su caso, por parte de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En dicha diligencia se expresarán tanto las modalidades y cuantías de ayudas financieras a las que se reconozca el derecho en cada caso como la conversión de los ingresos alegados, cuando ello proceda, a número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples del año al que se refieren dichos ingresos.
Las actuaciones protegidas que se acojan a lo dispuesto en la presente disposición transitoria, se computarán como parte de los objetivos del citado Plan de Vivienda 2005-2008.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Ayudas financieras para actuaciones derivadas de planes y programas anteriores.
1. A partir del 14 de julio de 2005, y sin perjuicio de lo establecido en las restantes disposiciones transitorias, no se dará conformidad a concesiones de préstamos convenidos, ni admitirá ninguna propuesta o reconocimiento de nuevos derechos a ayudas económicas directas, en base a la normativa de planes y programas anteriores de vivienda, salvo lo determinado respecto a plazos temporales concretos en la normativa reguladora de dichos planes y programas.
2. Todos los préstamos directos que se concedan, entre el 28 de octubre de 2005 y el 31 de diciembre del año 2008, a compradores o adjudicatarios de viviendas de protección oficial acogidas para su promoción a normativas anteriores de financiación, se ajustarán en su concesión y beneficios a lo establecido en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Límites temporales a la concesión de ayudas financieras.
1. No podrán concederse préstamos convenidos a promotores, o a compradores y adjudicatarios, si se trata en estos dos últimos casos de préstamos directos, al amparo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio con posterioridad al 31 de diciembre del año 2008.
2. Las ayudas económicas directas condicionadas a la previa obtención de préstamo convenido, sólo podrán reconocerse respecto de las actuaciones protegidas reguladas en este Decreto que hubieran obtenido préstamo convenido hasta el 31 de diciembre del año 2008, siempre que el Ministerio de Vivienda preste su conformidad al mismo. El plazo máximo para solicitar dichas ayudas económicas directas finalizará el 31 de diciembre del año 2012, y podrán ser reconocidas, en su caso, siempre que se refieran a actuaciones que no excedan de la cifra máxima de objetivos acordados para el programa anual correspondiente del Plan de Vivienda 2005-2008.
3. Las subvenciones no condicionadas a la previa obtención de préstamo cualificado, podrán reconocerse, en su caso, si hubieran sido solicitadas hasta el 31 de diciembre del año 2008, siempre que el número de subvenciones reconocidas no exceda de la cifra máxima de objetivos acordados para el programa anual correspondiente del Plan de Vivienda 2005-2008.
4. Las viviendas protegidas de nueva construcción promovidas sobre suelos cuya financiación haya sido calificada como actuación protegida al amparo de la normativa del Plan de Vivienda 2005-2008, serán incluidas, mediante la correspondiente reserva y con prioridad a otras actuaciones protegidas, entre los objetivos susceptibles de ayudas directas estatales, en su caso, que correspondan a la Comunidad Autónoma de Cantabria en el año en que, según la memoria técnico-financiera, esté prevista la calificación definitiva de las viviendas como protegidas.
Las cuantías y condiciones de los préstamos convenidos para la financiación de estas viviendas, así como las ayudas estatales directas que, en su caso, correspondan, se regirán por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Registro Público de Demandantes de Vivienda.
El Registro Público de Demandantes de Vivienda que crea este Decreto será puesto en funcionamiento en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto. Hasta ese momento, para la venta y adjudicación de las viviendas en primera y posteriores transmisiones no se requerirá la inscripción previa de demandantes, aunque estos deberán cumplir todos los demás requisitos y condiciones que establece este Decreto.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Expedientes ya calificados de ayuda prioritaria de urbanización y habilitación de suelo.
1. En el caso de los expedientes promovidos sobre suelos cuya financiación haya obtenido ya la calificación de actuación protegida de urbanización o habilitación para su inmediata edificación con destino predominante a la promoción de viviendas sujetas a regímenes de protección pública, al amparo de la normativa del Plan de Vivienda 2002-2005, pero que aún no hubieran obtenido la correspondiente subvención, tendrán derecho a recibirlas, de manera prioritaria, con cargo al nuevo Plan de Vivienda 2005-2008 y conforme a lo dispuesto en este Decreto.
2. Podrán acogerse a las ayudas previstas en el presente Decreto, relativas a en la adquisición y habilitación de suelo para la construcción de viviendas protegidas, las actuaciones calificadas en el año 2005 y que no hubieran formalizado préstamo cualificado antes del 14 de julio del mismo año.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Precios máximos de venta y renta en viviendas de protección pública sometidas a regímenes anteriores.
1. Independientemente del tipo o modalidad del régimen de protección de cualquier vivienda, su precio máximo de venta y renta será el fijado en este Decreto y se actualizará conforme lo haga el Precio Básico Nacional.
El mencionado precio máximo de venta y renta no resulta aplicable a los contratos suscritos con anterioridad al 14 de julio de 2005.
2. Las viviendas antes denominadas como de protección pública serán ahora consideradas, a efectos de precio máximo, como viviendas de protección oficial o viviendas protegidas, según la terminología empleada en este Decreto. Las viviendas calificadas como de protección pública de régimen general serán equiparadas a las viviendas de protección oficial o protegidas de precio o régimen general. Las viviendas calificadas como de promoción pública o de protección pública de régimen especial serán equiparadas a las viviendas de protección oficial o protegidas de régimen especial. Las actuaciones anteriores con destino a arrendamiento serán equiparadas, a efectos de renta máxima, a las viviendas protegidas para arrendamiento, pudiendo calificarse de renta básica o de renta concertada en virtud de los ingresos de los arrendatarios.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA. Precios máximos de arrendamiento en viviendas de protección pública no incluidas en programas de arrendamiento.
El valor anual máximo de las rentas de las viviendas que no se hayan construido dentro de programas específicos de arrendamiento será del 5,00% del valor máximo de venta de la vivienda y sus anejos vinculados, computados conforme establece el artículo 38.4 de este Decreto, en el momento de la fecha de suscripción del contrato de arrendamiento.
El Decreto 66/2002, de 6 de junio, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en Cantabria, excepto lo relativo al Título IV Viviendas de promoción pública.
El Decreto 37/2005, de 7 de abril, por el que se establecen incentivos al arrendamiento de viviendas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Régimen jurídico supletorio.
En todo lo no previsto en el presente Decreto sobre el régimen jurídico de las actuaciones protegidas será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, en su redacción dada por el Real Decreto 14/2008 de 11 de enero, y en el Real Decreto ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de vivienda y su normativa de desarrollo.
En especial, se faculta al consejero de Obras Públicas y Vivienda, para dictar las disposiciones que sean necesarias para regular la organización y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda que se crea en el presente Decreto.
Asimismo, el consejero de Obras Públicas y Vivienda queda autorizado para suscribir los convenios con entidades públicas o privadas que sean necesarios para la aplicación de este Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Consejería competente en materia de vivienda.
Todas las referencias contenidas a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda contenidas en el Decreto 12/2006, de 9 de febrero, se entenderán realizadas a la Consejería que resulte competente en materia de vivienda en virtud de las normas reguladoras de las correspondientes estructuras básicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Santander, 9 de febrero de 2006.
El Presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla Roiz El Consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón Ramos
Fecha Publicación: 2004-04-13
Entrada en Vigor: 2006-02-16
09/05/2008 Redacción Vigente
desde 16/02/2006 hasta 09/05/2008

References: artículo 47
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 artículo 24
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 artículo 24
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 artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 20
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Artículo 12

Artículo 14
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Artículo 15

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Artículo 48
 artículo 32
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Artículo 49
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 artículo 51
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Artículo 50

Artículo 51
 artículo 9
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Artículo 54
 artículo 49
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 artículo 66
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Artículo 61

Artículo 62
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Artículo 63
 artículo 83
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 artículo 45

Artículo 45
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 artículo 78
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 artículo 38
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