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Timestamp: 2018-10-16 05:41:08+00:00

Document:
Corte suprema de justicia sala de casación civil fernando giraldo gutiérrez magistrado ponente stc12169-2015 Radicación nº. 54001-22-13-000-2015-00110-02
STC12169-2015
Radicación nº. 54001-22-13-000-2015-00110-02
(Aprobado en sesión de nueve de septiembre de dos mil quince).
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015).
Decide la Corte la impugnación formulada respecto del fallo de 13 de julio de 2015, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que negó la tutela de Guillermo Duarte Omaña frente al Juzgado Primero Civil Municipal de esa misma ciudad, siendo vinculados los Juzgados Primero Civil del Circuito de Descongestión, Séptimo Civil del Circuito y Tercero de Familia de la localidad, Defensor de Familia y Agente del Ministerio Público, César Augusto González Páez, Jorge Duarte Omaña y Leoncia Mogollón.
1.- Obrando en nombre propio, el libelista sostiene que le fue transgredido el debido proceso.
2.- Señala como contraria a dicha prerrogativa, la sentencia estimatoria de la restitución de inmueble arrendado adelantado en su contra por César Augusto González Páez, en condición de secuestre.
3.- Sustenta el reproche en los supuestos fácticos que se compendian así (folios 2 a 6, cuaderno 1):
3.1.- Que en el referido litigio, se dio por terminado el contrato y se le ordenó desalojar la vivienda.
3.2.- Que César Augusto González Páez administra la propiedad en condición de «secuestre» en la sucesión de Vicente Juyo que se tramita en el Juzgado Tercero de Familia de la localidad, cuyos herederos son su hermano Jorge Duarte Omaña y su cuñada Leoncia Mogollón.
3.3.- Que aquél, valiéndose de su función, logró hacerle firmar dos (2) convenios de alquiler, aprovechándose, además, del deterioro cognitivo que padece desde hace algún tiempo.
3.4.- Que realizó algunas mejoras y en el pleito de familia constan los pagos del canon por aproximadamente diez millones de pesos ($ 10.000.000).
3.5.- Que, en su opinión, hubo confabulación entre el auxiliar de la justicia y los herederos reconocidos en la mortuoria para alegar el incumplimiento.
3.6.- Que a través de apoderado interpuso reposición y apelación e intentó la queja, rechazada por extemporánea por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de esa ciudad.
4.- Solicita, en consecuencia, se revoquen las resoluciones atacadas.
5.- Frente al trámite surtido se destaca lo siguiente:
5.1.- En el primer recurso de amparo:
Inicialmente el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta admitió el resguardo (19 jun. 2014); luego, desestimó el auxilio (4 jul. del mismo año). Tal fallo fue apelado por el gestor y remitido a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior, que confirmó la decisión (13 ag. 2014).
Que la Corte Constitucional excluyó el asunto de una eventual revisión (23 en. 2015).
5.2.- En el segundo resguardo:
Que contra la sentencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta se instauró un nuevo amparo, negado por la Sala de Casación Civil, el 5 de septiembre de 2014 (STC11904-2014).
La Sala de Casación Laboral, el 22 de octubre de 2014 (STL146362014), revocó el veredicto, pues, consideró que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión que conoció, específicamente, «del recurso de queja, declarándola extemporánea», debió ser convocado, «lo que imposibilitaba que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito pudiera conocer de la acción ante falta de competencia funcional».
5.3.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en cumplimiento a la anterior determinación, avocó conocimiento y ordenó citar a Cesar Augusto González Páez, «demandante dentro de la restitución de inmueble arrendado», y los Juzgados Primero Civil Municipal y Séptimo Civil del Circuito (folios 4 a 6).
Posteriormente no concedió las pretensiones (8 may. 2015), folios 21 a 28.
5.4.- Tal sentencia fue apelada por el gestor y enviada a esta Corte, que declaró la nulidad porque no se citó a los Juzgados Primero Civil del Circuito de Descongestión y Tercero de Familia de Cúcuta, Defensor de Familia y Agente del Ministerio Público (18 jun. 2015).
5.5.- Adicionalmente, una vez regresó el expediente con la citación de quienes, como se anotó, debieron ser convocados, se negaron las pruebas pedidas por Guillermo Duarte Omaña, ya que los elementos de convicción que obran en el plenario se advirtieron suficientes para resolver la cuestión jurídica que se plantea (24 ag. 2015).
II.- RESPUESTA DE LAS PARTES E INTERVINIENTES
César Augusto González Páez se opuso a la salvaguarda ya que el petente estuvo representado por apoderado y se le brindaron todas las posibilidades para que hiciera valer sus derechos, que existen dos contratos porque el primero se reportó extraviado por el inquilino y se procedió a suscribir uno nuevo, que desconoce la enfermedad aducida y los demás problemas del censor (folio 13 a 15, cuaderno 1). Con posterioridad agregó que el memorialista solo canceló los primeros cuatro (4) meses, por lo que se vio en la necesidad de iniciar acciones legales que han sido interrumpidas por diferentes maniobras dilatorias (folio 19, cuaderno 2).
El Juzgado Primero Civil Municipal detalló lo actuado en la contienda y agregó que desconocía las presuntas irregularidades denunciadas, pues, el gestor «no expuso tales situaciones en el proceso» (folio 16 a 18, cuaderno 2).
El Juzgado Tercero de Familia de Cúcuta señaló que aprobó el trabajo de partición presentado dentro de la sucesión de Vicente Juyo y María Margarita Ruiz de Juyo, requirió al secuestre César Augusto González Páez para hacer entrega a los adjudicatarios de los predios con matrículas 50S1078179 y 260-22451, sin que hasta la fecha se hubiere materializado, y se ordenó el archivo del expediente ante el desinterés de los herederos en su protocolización (folio 78 a 79, cuaderno 2).
Los demás citados guardaron silencio.
Negó la protección porque el quejoso desperdició «todos» los medios judiciales para controvertir la decisiones que censura, «y por ende, su actitud omisiva o negligente no puede ser usada a su favor en la instancia de tutela» (folios 81 a 90).
El inconforme argumentó que se debieron presumir como ciertos sus reproches ante la falta de respuesta de algunos de los vinculados, además, no fue «visitado» por Defensor de Familia y Agente del Ministerio Público y no se realizó ningún pronunciamiento frente al acervo suplicado en el libelo introductorio o informes que «clarifiquen las actuaciones del auxiliar de la justicia» (folios 101 a 102, cuaderno 1).
1.- La controversia se centra en establecer si el Juzgado acusado vulneró las garantías denunciadas al dictar sentencia favorable a las pretensiones y ordenar la entrega del bien objeto de tenencia, sin examinar la salud mental del tenedor, el pago de los cánones y la colusión entre el secuestre arrendador y los legatarios propietarios del predio, además, la pertinencia de los recurso de reposición, apelación y queja interpuestos.
2.- Las providencias de los jueces son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela; salvo en los eventos en los que resultan ostensiblemente arbitrarias, es decir, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una «vía de hecho», y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formularla y no tenga ni haya desaprovechado otras herramientas para conjurar la lesión.
3.- Para los efectos del análisis, está acreditado que:
Que en el Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta, se tramitó la restitución de inmueble de César Augusto González Páez, en calidad de secuestre designado en el proceso de sucesión de Vicente Juyo y María Margarita Ruiz de Juyo, contra Guillermo Duarte Omaña, en el que se invocó como causal la mora desde agosto de 2012 (20 jun. 2013), folios 1 a 12, cuaderno anexo 1.
Que el auto admisorio fue notificado personalmente al convocado (24 jul. 2013), quien designó apoderado de confianza (8 ag. 2013) folio 15, cuaderno anexo 1, y 11, cuaderno anexo 2.
Que se rechazó por extemporánea la réplica del opositor contra el anterior interlocutorio, basándose en que la convención aportada «perdió su eficacia al haberse extendido por las mismas partes otra pero en fecha diferente», (9 oct. 2013), folio 18 y 19, cuaderno anexo 2.
Que no contestó la demanda ni propuso excepciones (folio 21, cuaderno anexo 1).
Que el juez de conocimiento, con base en el acuerdo de voluntades del cual se desprende la obligación de sufragar la renta, además, no haberse dado respuesta al libelo genitor, dictó fallo en el que «declaró terminado el contrato de arrendamiento» y ordenó la restitución de la vivienda (6 dic. 2013), folio 22 a 25, cuaderno anexo 1.
Que presentó «reposición y apelación», insistiendo en que existían dos contratos, lo que restaba eficacia jurídica al documento soporte de la reclamación. No aludió a su deterioro físico. Tampoco adujo haber cancelado las mensualidades o colusión entre el secuestre y los adjudicatarios (folio 27 a 29, cuaderno anexo 1).
Que se inadmitieron los recursos porque el veredicto atacado no es susceptible de ninguna de esas formas de impugnación (29 en. 2014), folio 32, cuaderno anexo 1.
Que interpuso «reposición» y, en subsidio, solicitó la expedición de copias con el fin de acudir en queja (folio 32, cuaderno anexo 1).
El a-quo resolvió «confirmar el auto» y «conceder el recurso de queja» (13 feb. 2014), folio 33, cuaderno anexo 1.
Que suministradas las expensas en tiempo, fueron retiradas el 31 de marzo y el 7 de abril de 2014 se presentó el escrito sustentatorio ante la Oficina de apoyo judicial para que fuera objeto de reparto (folios 42).
Que el demandante solicitó comisionar para la práctica del lanzamiento (21 mar. 2014), folio 40, cuaderno anexo 1.
Que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión declaró precluída la oportunidad por extemporánea (17 jun. 2014), folios 40 a 42.
Que el promotor no pidió revocar la comentada decisión vía reposición (folio 18, cuaderno Corte).
4.- Se desestimará la alzada propuesta por las siguientes razones:
4.1.- En este asunto, tal como adujo el Tribunal, el reclamante contó con la opción de plantear las inconsistencias que por esta vía formula en dos momentos específicos dentro de la litis y no lo hizo, como pasa a explicarse.
Es evidente, inicialmente, que el promotor de la presente protección, a pesar de estar auspiciado por profesional del derecho designado por él mismo, incurrió en varias, claras y contundentes omisiones. En primer lugar la reposición respecto de la admisión de la demanda de restitución, mecanismo viable, fue extemporánea. Además, no obstante estar debidamente entrado, no contestó, no se opuso, no excepcionó, no solicitó pruebas, no acreditó ni el pago ni lo abonos, no reclamó mejoras, ni mucho menos denunció la existencia de una confabulación entre el secuestre arrendador y los herederos reconocidos en la sucesión de Vicente Juyo y María Margarita Ruiz de Juyo
El promotor mostró una actitud desinteresada, pues, guardó silencio y permitió la ejecutoria de las providencias pertinentes, pretendiendo contrariar el principio de perentoriedad de los términos consagrado en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, sin que sea procedente atribuir las consecuencias a la autoridad judicial.
Así, esta Sala ha sido enfática al señalar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que serían el fruto de su propia incuria» (CSJ SC, 26 en. 2011, exp. 00027-01, reiterada 26 ag. 2015, exp. STC11240-2015).
4.2.- Con abstracción de todo lo expresado, la sentencia que se cuestiona no puede tildarse de arbitraria o antojadiza que es como se estructura la llamada «vía de hecho», ya que, tuvo como soporte principal la prueba del vínculo tenencial, la mora y el mutismo mostrado por el arrendatario durante el traslado del escrito inicial.
Del documento adosado en la demanda se desprende que la parte demandante dio en arrendamiento al señor Guillermo Duarte Omaña, el inmueble arrendado antes descrito, obligándose a pagar una renta por mensualidades anticipadas. Conforme con el artículo 2000 de la legislación civil, el arrendatario está obligado al pago del precio de la renta, lo cual deberá hacer dentro del trámite indicado y tal y como lo ordena el artículo 202 ibídem, que en el caso que nos ocupa no se cumplió, lo que se deduce del indicio grave generado por el hecho de no haber contestado la demanda, pues a él correspondía desvirtuar el cargo de mora imputado por el arrendador. Además, la afirmación de la parte actora en el sentido de que el demandado dejo de pagar los cánones correspondientes en el tiempo indicado anteriormente y por tener el carácter de indefinida no requiere tal prueba, tal y como lo dispone el inciso 2º del artículo 177 de nuestro Ordenamiento Procesal Civil (folio 24, cuaderno anexo 1).
Así las cosas, sin necesidad de que se compartan o no los argumentos expuestos por el juez, lo cierto es que a la reseñada conclusión no se le puede achacar defecto sustantivo o probatorio, toda vez que, como se dijo, está apoyada en el acontecer fáctico y la exegesis de la ley.
Se insiste, está vedado reexaminar si el sentenciador acusado realizó la más convincente o adecuada de las interpretaciones, ya que, como ha dicho la Corporación
(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo análisis” (CSJ STC, 5 ab. 2010, exp. 00006-01, reiterada 12 mar. 2015, exp. STC2730-2015).
4.3.- De otro lado, se ha sostenido que antes de acudir al amparo las personas deben agotar los medios que tengan a su alcance para defensa de sus intereses, pues, son las autoridades accionadas las competentes para pronunciarse sobre las irregularidades denunciadas y, si es del caso, tomar los correctivos pertinentes.
Desde esta perspectiva se advierte que el reclamante debió interponer reposición frente a la determinación del Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de Cúcuta que declaró «precluido el término para presentar el recurso de queja», pues, con dicha omisión aceptó implícitamente su contenido y dilapidó la opción de alegar el reproche que aquí hace.
No está llamada a duda la procedencia del referido remedio, ya que según el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil «Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del Magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen».
Esta Sala ha sido enfática al señalar que
(…) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los trámites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, sólo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad “judicial” de resguardo; además, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que serían el fruto de su propia incuria (CSJ, SC, 26 de enero de 2011, exp. 00027-01, reiterada el 7 de febrero de 2014, exp. STC-1200).
4.4.- Además, frente a la negativa de no conceder la alzada de la providencia que decidió el fondo del litigio, declarando terminado el contrato y ordenando la restitución, tendría que concluirse que no se incurrió en arbitrariedad alguna, ya que la causal alegada fue la mora en el pago de los cánones de arrendamiento, por tanto, el juicio se surtía en única instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39, inciso 2º, de la Ley 820 de 2003.
En efecto, al resolverse una acción similar puntualizó que
(…) lo decidido por el Juzgado accionado al inadmitir, en el trámite de segunda instancia, el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia de 12 de marzo de 2007, emitida por el Juzgado 4º Civil Municipal de Medellín, no se advierte antojadizo o arbitrario, sino que está basado en una hermenéutica de la situación que propició la alzada, que lo llevó a concluir que al asunto objeto de la misma le es aplicable la preceptiva del inciso 2º del artículo 39 de la ley 820 de 2003, luego el proceso de restitución de inmueble arrendado objeto de la litis, iniciado con fundamento en la causal de mora en el pago de los cánones por parte del arrendador, debe ser tramitado en única instancia y allí estriba la improcedencia de la apelación formulada contra el fallo. Al respecto véase que la Corte Constitucional, al ejercer el control de constitucionalidad, en sentencia C- 670 de 2004 (…) declaró la exequibilidad del inciso 2º del artículo 39 de la precitada ley, que consagra el trámite en única instancia, cuando la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento (CSJ, 14 ag. 2007, exp. 00225-01, reiterada 18 nov. 2013, rad. 02582-00).
4.5.- El petente no demostró la afectación grave y actual de sus prerrogativas que amerite adoptar medidas urgentes de protección; máxime si se tiene en cuenta que la orden de restituir el inmueble no sucedió de manera súbita o sorpresiva, sino, se generó como consecuencia del diligenciamiento en el que contó con todas las garantías para hacer valer sus privilegios fundamentales. Adicionalmente, la situación expuesta sobre la condición mental del libelista, no resulta suficiente para anular la contienda en la forma pretendida, ya que, se reitera, gozó de todas las posibilidades para ejercer su defensa.
Ello por cuanto, el hecho no controvertido es que tuvo durante su trámite un abogado elegido y designado por él mismo para asumir la defensa de sus derechos, en ejercicio del mandato expresamente conferido.
Lo antepuesto, se refuerza en que
(…) en principio, la práctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por sí misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, además, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para sí y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a órdenes legítimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acción de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podría impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales” (CSJ STC, 29 nov. 2006, rad. 00079-01, citada 28 may. 2015, exp. STC6533-2015).
Además, también se ha dicho
(…) las condiciones personales y económicas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decido en el proceso, escenario donde contó con plenas garantías para la defensa de sus derechos e intereses jurídicos. De lo contrario se afectaría la seguridad jurídica de las decisiones judiciales y, de contera, los derechos de la contraparte involucrada en el debate (CSJ STC, 19 may. 2011, exp. 00412-01, reiterada 14 may. 2015, rad. STC5935-2015).
4.6.- Para finalizar, si el accionante estima que existe colusión o fraude entre los propietarios del predio y el secuestre, puede acudir a las autoridades penales competentes a fin de ponerlo en conocimiento, naturalmente, asumiendo la responsabilidad que se llegue a generar por su actuación en tal sentido.
Al respecto se señaló que
(…) el ordenamiento jurídico prevé las vías adecuadas a las cuales pueden acudir directamente los interesados, no siendo este el camino para obtener que el sentenciador de tutela disponga inquisiciones que puede hacer la persona supuestamente afectada o lesionada (CSJ STC, 23 en. 2012, rad. 00605-01, reiterada 12 feb. 2015, STC1258-2015).
5.- En consecuencia, se respaldará el veredicto estudiado.

References: artículo 118
 artículo 2000
 artículo 202
 artículo 177
 artículo 348
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39