Source: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161525&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=211008
Timestamp: 2019-01-20 16:46:24+00:00

Document:
Language of document : Spanish French ECLI:EU:T:2015:29
En el asunto T‑109/12,
que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión C(2011) 9992 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, relativa a la reducción de la ayuda del Fondo de Cohesión a los proyectos Actuaciones a ejecutar dentro del desarrollo de la 2ª fase del Plan director de gestión de residuos sólidos urbanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CCI: 2000 ES 16 C PE 020), Emisarios: Cuenca media, Getafe y Cuenca baja del Arroyo Culebro (Cuenca del Tajo-Saneamiento) (CCI: 2002 ES 16 C PE 002), Reutilización de aguas depuradas para el riego de zonas verdes en Santa Cruz de Tenerife (CCI: 2003 ES 16 C PE 003) y Asistencia técnica para el estudio y redacción del proyecto de ampliación y abastecimiento de agua a la Mancomunidad de Algodor (CCI: 2002 ES 16 C PE 040),
1 Mediante Decisiones C(2001) 531, de 16 de marzo de 2001, C(2002) 4269, de 4 de diciembre de 2002, C(2003) 1545, de 6 de mayo de 2003, y C(2002) 4692, de 27 de diciembre de 2002, la Comisión Europea concedió una ayuda financiera con cargo al Fondo de Cohesión a cuatro proyectos ejecutados por el Reino de España.
— «Actuaciones a ejecutar dentro del desarrollo de la 2ª fase del Plan director de gestión de residuos sólidos urbanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura» (CCI: 2000 ES 16 C PE 020) (en lo sucesivo, «primer proyecto»);
— «Emisarios: Cuenca media, Getafe y Cuenca baja del Arroyo Culebro (Cuenca del Tajo-Saneamiento)» (CCI: 2002 ES 16 C PE 002) (en lo sucesivo, «segundo proyecto»);
— «Reutilización de aguas depuradas para el riego de zonas verdes en Santa Cruz de Tenerife» (CCI: 2003 ES 16 C PE 003) (en lo sucesivo, «tercer proyecto»), y
— «Asistencia técnica para el estudio y redacción del proyecto de ampliación y abastecimiento de agua a la Mancomunidad de Algodor» (CCI: 2002 ES 16 C PE 040) (en lo sucesivo, «cuarto proyecto»).
3 Tras recibir una declaración de las autoridades españolas acerca del término de cada uno de estos proyectos, la Comisión les dirigió, por cartas de 29 de mayo de 2007, 9 de junio de 2008, 4 de mayo de 2009 y 27 de noviembre de 2009, una propuesta de cierre que incluía en todos los casos una corrección financiera motivada por la existencia de irregularidades relacionadas con la normativa en materia de contratación pública.
4 Recibida comunicación de las autoridades españolas en la que mostraban su desacuerdo con las propuestas de cierre y remitían información adicional, la Comisión les dirigió observaciones complementarias por cartas de 21 de enero y de 21 de junio de 2010, antes de invitarlas a una audiencia, que se celebró el 14 de julio de 2010.
5 Dado que dicha audiencia no permitió que las partes llegaran a un acuerdo sobre la totalidad de las cuestiones planteadas, las autoridades españolas remitieron nueva información a la Comisión por cartas de 15 y de 17 de septiembre de 2010.
6 El 22 de diciembre de 2011, la Comisión adoptó la Decisión C(2011) 9992, relativa a la reducción de la ayuda del Fondo de Cohesión a los proyectos primero, segundo, tercero y cuarto (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
7 Con carácter introductorio, la Comisión indicó en la Decisión impugnada que el análisis de la documentación que se le había remitido acerca de los proyectos había puesto de relieve la existencia de irregularidades en relación con la normativa de la Unión Europea y con la normativa nacional en materia de contratación pública.
— en la utilización, en los contratos incluidos en el primer proyecto, de criterios de adjudicación incompatibles, por un lado, con el artículo 30 de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54), y, por otro lado, con una disposición de Derecho interno español;
— en la utilización, en los contratos incluidos en el segundo proyecto, de un procedimiento negociado sin publicidad, en infracción de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, letra d), de la Directiva 93/37;
— en la utilización, en los contratos incluidos en el tercer proyecto, de un procedimiento negociado sin publicidad, en infracción de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, letra d), de la Directiva 93/37, así como en su artículo 6, y
— en la utilización, en los contratos incluidos en el cuarto proyecto, de un procedimiento negociado sin publicidad, en infracción de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, letras d) y e), de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1).
— 623 135,74 euros para el primer proyecto;
— 1 010 179,66 euros para el segundo proyecto;
— 546 192,66 euros para el tercer proyecto, y
— 30 199,32 euros para el cuarto proyecto.
14 El 5 de septiembre de 2014, el Tribunal instó a las partes, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, a presentar sus eventuales observaciones sobre las consecuencias que podían derivarse, para el presente asunto, de las sentencias de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión (C‑192/13 P, Rec, EU:C:2014:2156, y C‑197/13 P, Rec, EU:C:2014:2157), tras haber ordenado la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 62 de su Reglamento de Procedimiento, mediante auto de 14 de julio de 2014. Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado dentro del plazo señalado.
17 En apoyo de su recurso, el Reino de España invoca en esencia tres motivos, que basa respectivamente:
— en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima.
18 En el marco del primer motivo, el Reino de España alega que cuando el procedimiento previsto por el artículo H del anexo II del Reglamento nº 1164/94 conduce al Estado miembro de que se trate a plantear objeciones a las observaciones de la Comisión y, en consecuencia, ésta lo invita a una audiencia, el artículo 18, apartado 3, del Reglamento nº 1386/2002 impone a la Comisión adoptar su eventual decisión de corrección financiera antes de que expire un plazo de tres meses que comienza a correr a partir de dicha audiencia. Ahora bien, en el presente caso la audiencia se celebró el 14 de julio de 2010, mientras que la Decisión impugnada se adoptó el 22 de diciembre de 2011.
22 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado, en primer término, que se desprende de una interpretación sistemática de la normativa pertinente que la adopción por parte de la Comisión de una decisión de corrección financiera en el ámbito del Fondo de Cohesión está sometida desde el año 2000 al respeto de un plazo determinado cuya duración varía en función de las disposiciones aplicables (véanse, en este sentido, las sentencias España/Comisión, apartado 14 supra, EU:C:2014:2156 y EU:C:2014:2157, apartados 76, 82, 83, 93 y 94).
29 En el presente caso, la audiencia se celebró el 14 de julio de 2010 y la Comisión adoptó la Decisión impugnada el 22 de diciembre de 2011, de modo que no respetó el plazo de seis meses establecido por el artículo 100, apartado 5, del Reglamento nº 1083/2006.
1) Anular la Decisión C(2011) 9992 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, relativa a la reducción de la ayuda del Fondo de Cohesión a los proyectos Actuaciones a ejecutar dentro del desarrollo de la 2ª fase del Plan director de gestión de residuos sólidos urbanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CCI: 2000 ES 16 C PE 020), Emisarios: Cuenca media, Getafe y Cuenca baja del Arroyo Culebro (Cuenca del Tajo-Saneamiento) (CCI: 2002 ES 16 C PE 002), Reutilización de aguas depuradas para el riego de zonas verdes en Santa Cruz de Tenerife (CCI: 2003 ES 16 C PE 003) y Asistencia técnica para el estudio y redacción del proyecto de ampliación y abastecimiento de agua a la Mancomunidad de Algodor (CCI: 2002 ES 16 C PE 040).

References: artículo 30
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 62
 artículo 18
 artículo 100