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Timestamp: 2018-03-19 22:01:50+00:00

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Formularios – Despacho de abogados
Procedimientos monitorios en Malaga
Respecto del proceso civil, podemos decir que el proceso monitorio laboral es una de las instituciones más importantes de la LRJS y la instauración del mismo en nuestro ordenamiento es una de las principales novedades y uno de los grandes logros de la misma. Si el defecto fuera insubsanable o no se subsanara en el plazo de cuatro días, el Secretario Judicial dará cuenta al Juez para que resuelva sobre la admisión o inadmisión de esta petición inicial. Sin avenencia. En cantidades que no excedan de 6.000 euros. El pago de los salarios vencidos y exigibles se puede realizar de dos maneras: mediante la consignación del total del importe o mediante la satisfacción extraprocesal de la deuda de naturaleza salarial. Por otro lado, para que una deuda salarial genere intereses, ésta debe de ser pacífica e incontrovertida y es preciso que sea exigible, vencida y determinada o fácilmente determinable. Si el demandante no subsana los defectos en el plazo concedido o si los defectos fueran insubsanables, el Secretario procederá a dar cuenta al Juez para que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la petición.
¿Cómo podemos demostrar la existencia de la deuda concreta? Está claro que si aportamos los recibos de salarios de la totalidad del periodo reclamado sellados por al empresa y sin firmar por el trabajador, o un reconocimiento de deuda empresarial no hay problema. Descripción de la relación laboral del trabajador con la empresa, en la que se indique lugar y clase de trabajo, antigüedad, categoría profesional y salario. Tiene los mismos efectos que la falta de acuerdo, y es necesario presentar una demanda, pero con la diferencia de que en caso de que el juez o el tribunal conceda las cantidades solicitadas al trabajador, podrá imponer las costas del proceso a la empresa, hasta el límite de 600 €. El Secretario Judicial completará, en su caso, los datos de identificación o que afecten a la situación empresarial, utilizando los medios de que disponga el órgano judicial. El importe reclamado no debe superar los 6000 euros. Es algo muy novedoso, ya que rompe el principio de inmediación o de realización de todas las actuaciones ante el Juez, que se ve relegado cuando no expulsado del procedimiento, pese a que se encomiendan al Secretario funciones jurisdiccionales. Por ejemplo parece lógico que si la cuantía reclamada se ajusta estrictamente a los conceptos recogidos en el convenio colectivo identificado en el contrato, no será necesario acreditar la deuda con los recibos de salario; o que si la cantidad reclamada es idéntica todos los meses y se aportar nóminas de la mayoría de mensualidades, sería desmesurado rechazar el monitorio por faltar una o dos nóminas. Pero hay que tener presente que si la deuda no se puede acreditar con algún documento adecuado para acudir a este procedimiento, no quedará más remedio que acudir al procedimiento que corresponda para celebrar un juicio, aportando de esta forma al Juez las pruebas de que se disponga (por ejemplo, la declaración de un testigo, etc) Documentación justificativa de haber intentado la previa conciliación o mediación, cuando ésta sea exigible conforme 2 a la ley procesal.
Es preciso que el impago o retraso sea grave o trascendente en la relación laboral considerando como tal los graves retrasos de pago a lo largo de un año, siempre que sea un comportamiento continuado y persistente por parte del empresario o la falta de pago de cuatro mensualidades o tres mensualidades impagadas en el momento de presentación de la demanda, luego ampliables en el momento de celebración del acto del juicio. Por ello, si estás interesado en efectuar una reclamación de este tipo junto a un abogado, te sugiero que nos escribas al buzón de consultas. Tramitación Presentada la demanda, el secretario judicial procederá a la comprobación de los requisitos anteriores. Si faltara alguno de los anteriores condicionantes, no podremos acudir al proceso monitorio. En esa solicitud, el demandante podrá hacer constar los bienes del demandado de los que tenga conocimiento a efectos de proceder a su embargo, debiendo indicar si los considera suficientes para cubrir las cantidades reclamadas.
Que la empresa no se encuentre en situación concursal Que no se interponga contra Entidades Gestoras o Colaboradoras de la Seguridad Social. Demanda El proceso monitorio comenzará por petición inicial en la que se expresará en la demanda: Identificación de las partes: identidad completa y precisa del empresario deudor, datos de identificación fiscal, domicilio completo y demás datos de localización. ex articulo 32.5 LEC) siempre que el actor pruebe que se había formulado al deudor un requerimiento de pago fehaciente y justificado o se le hubiera dirigido demanda de conciliación, con anterioridad a la presentación de la petición inicial. Si la oposición fuese sólo parcial, el demandante podrá solicitar del Juzgado que se dicte auto acogiendo la reclamación de las cantidades no impugnadas o conformes, que servirá de título para instar la ejecución de las mismas. En caso de insolvencia, el trabajador podrá acudir a FOGASA. Excepciones al proceso monitorio.
Las reclamaciones de carácter colectivo que se pudieran formular por la representación de los trabajadores. Petición inicial El trabajador demandante debe presentar una demanda de conciliación en el SMAC. Así, a diferencia de los monitorios civiles en los que no existe responsable legal subsidiario, en nuestra jurisdicción, la escasez de medios y el abultado volumen de trabajo actual del FOGASA, y la brevedad de plazos (resulta casi ridículo la ampliación de dos días) nos hacen temer una posible utilización fraudulenta y/o connivente de este procedimiento. Este procedimiento especial sólo podrá realizarse si se cumplen todos estos requisitos: El empresario no puede encontrarse en situación de concurso. En cualquier caso, el FOGASA responde de las deudas con unos límites; que resulta de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, con prorrateo de pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendientes de pago, con un máximo de ciento veinte días. Este apercibimiento no podrá efectuarse mediante edictos, siendo imprescindible la notificación personal.
Y la existencia del FOGASA y su responsabilidad legal en caso de insolvencia, determinan a mi juicio, el peligro de este procedimiento. En este caso se concederá al trabajador un plazo de cuatro días para que presente demanda, si lo estima conveniente, en cuyo caso, se procederá al señalamiento de los actos de conciliación y juicio de forma ordinaria. En caso de apreciar defectos insubsanables, o de no subsanarse en plazo los apreciados, dará cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la petición. Con esta extinción el trabajador pasaría a estar en situación legal de desempleo y tendría derecho a cobrar la prestación de desempleo correspondiente. El trabajador puede optar por cualquiera de estas opciones, pero la más recomendable es la presentación de la papeleta de reclamación de cantidad. Reconocimiento de la deuda por el empresario.
Ello supone, cuando los requisitos formales se refieran a datos o domicilios de la empresa, deben agotarse dichos medios “ex officio” antes acudir al remedio habitual de conceder cuatro días a la parte para que subsane los defectos subsanables antes de dar traslada un traslado de la carga Pero el precepto va mucho más en la atribución de facultades cuasijurisdiccionales al Secretario, ya que, además del examen de los requisitos de la demanda, corresponde también al Secretario determinar si, de los documentos aportados, se desprende la apariencia de buen derecho respecto de la deuda reclamada, lo que, a nuestro juicio y sin poner en duda la operatividad práctica y la cualificación profesional En la mayoría de los casos el Secretario pueda tener cualificación suficiente para tal motivo, invade “de facto” competencias que corresponden al núcleo duro de la potestad jurisdiccional, que, recordemos, el articulo 117 de la Carta Magna atribuye exclusivamente a jueces y tribunales. El proceso monitorio social es un método ágil y sencillo de reclamar los salarios impagados.
El resultado de conciliación por la empresa puede terminar con alguna de estas posibilidades: Con avenencia. Demanda El procedimiento ordinario de cantidad se inicia con la presentación de la demanda, identificando a las partes e indicando todos los conceptos adeudados al trabajador. En definitiva, el procedimiento monitorio puede ser efectivo, si el empresario no se va a oponer a las cantidades solicitadas, en caso contrario, solo vamos a conseguir alargar el proceso. De admitirse la petición, se requerirá a la empresa para que en un plazo de 10 días o bien proceda al pago de la deuda, lo que debe acreditar ante el Juzgado, o alegue justa causa para oponerse al pago. En 2016 la cantidad máxima que abona en concepto de salarios es de 6.103,20 euros. Tratamiento legal del proceso monitorio Deudas susceptibles de reclamación Lo primero que hay que indicar es que no hay obligatoriedad de seguir este proceso en lugar del ordinario, sino que se trata de una opción o posibilidad para el trabajador, siempre cuando concurran los siguientes requisitos: Que la cuantía no exceda de 6.000 €.
En primer lugar se debe presentar una papeleta de conciliación ante el Servicio de mediación y arbitraje y conciliación, y en caso de no llegar a un acuerdo, se presentar la demanda. Junto con la petición inicial será necesario presentar tantas copias de la misma y de los documentos adjuntos como personas o entidades contra las que se dirija la reclamación. El proceso comenzara con una petición inicial a través de un modelo o formulario en la que se expresaran la identidad completa del empresario deudor, sus datos de identificación fiscal, y domicilio completo, junto con el detalle y desglose de los conceptos y cuantías reclamados. En el expediente administrativo. De esta forma, la formulación de la oposición pone fin al proceso monitorio y determina su transformación en el proceso ordinario laboral previsto en los articulos 80 a 100 LRJS. Además, exista acuerdo o no con el empresario de las cantidades reclamadas, queda constancia de la interrupción del plazo de prescripción en un documento público, por lo que no habrá ningún tipo de problema con su validez a diferencia de un documento privado.
En cuanto a la cuantía no puede ser superior a seis mil euros. Sobre esta cuestión vamos a detenernos en este post. Y también llama la atención la referencia a que se deba facilitar el modelo o formulario de la solicitud, hoy por hoy inexistente en nuestros Juzgados, y sin que se diga a quien corresponde su elaboración, si al Ministerio o Consejería de Justicia correspondiente o a la Oficina Judicial. El trabajador puede reclamar los salarios, en el plazo de un año a través de un procedimiento ordinario, presentando una papeleta de conciliación ante el Servicio de Medicación Arbitraje y Conciliación correspondiente y si no hay acuerdo o avenencia en el mismo, presentando demanda en el juzgado de lo social. Esta resolución servirá de título ejecutivo que el peticionario podrá solicitar por un simple escrito, sin necesidad de esperar a que se resuelva el procedimiento que, en su caso, se tramite por las cantidades controvertidas.
Además se deberá adjuntar el justificante de haber intentando la conciliación o mediación previa. En cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada, derivadas de su relación laboral, excluyendo las reclamaciones de carácter colectivo. Reclamación efectuada: Se deberán desglosar todos los concretos conceptos, cuantías y períodos reclamados, y adjuntar los medios de prueba disponibles que demuestren por un lado la relación laboral, tales como copia del contrato o informe de vida laboral, y por otro,la cantidad reclamada con recibos de salarios, reconocimientos de deuda empresariales. Respecto al domicilio, hay que tener en cuenta que es una carga u obligación del demandante (y también del demandado) mantenerlos actualizados en todo momento. Hay que tener en cuenta, que es válida cualquier oposición, fundada o no, realizada por el empresario. En este artículo te explicamos todo el procedimiento. Si los servicios se prestaren en lugares de diferentes poblaciones, el trabajador podrá elegir entre presentar su petición en el Juzgado de lo Social de alguno de los siguientes lugares: en el Juzgado en que tenga su domicilio el trabajador en el domicilio que figure en el contrato si el demandado puede ser encontrado y citado en él o en el domicilio del demandado. El Letrado de la Administración de Justicia, examinará la petición inicial, y si cumple todos los requisitos, trasladará la misma a la empresa deudora. ¿Qué puede suceder tras el requerimiento de pago al demandado? Concretamente, las posibilidades tras el requerimiento de pago son las siguientes: PAGAR VOLUNTARIAMENTE En este caso puede entregar la cantidad reclamada directamente al trabajador, lo que deberá acreditarse ante el Juzgado para que se acuerde el archivo de las actuaciones, o bien ingresar dicha cantidad en la cuenta de consignaciones del Juzgado, expidiéndose por el Secretario Judicial el correspondiente mandamiento de devolución a la persona peticionaria, procediéndose igualmente al archivo de las actuaciones.
Dicha previsión obedece al principio de tutela del trabajador, que impregna nuestra legislación laboral, de tal forma que el órgano jurisdiccional se convierte en garante último de la tutela privilegiada de los créditos salariales que supone este proceso especial, además de dar fe pública de la efectiva satisfacción de la deuda por parte del empresario Si el empresario abona la cantidad reclamada dentro del plazo de diez días, alternativamente por cualquiera de las vías antedichas, se archivará el proceso, previa entrega de la cantidad al demandante. Indicación de si el trabajador va a asistir acompañado de abogado. Sólo se abonarán aquellas cantidades reconocidas en documento público, una vez intentada la ejecución de dicho título y siempre que no existiesen bienes embargables en la empresa para satisfacer el crédito. Como novedad en las reclamaciones de cantidades frente a los empresarios, La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción social, introdujo en los procedimientos de reclamación de cantidades que no haya controversia el Proceso Monitorio.
El cálculo se realiza de fecha a fecha, por ejemplo de 10 de mayo de 2014 a 10 de mayo de 2015. ¿Hace falta abogado y procurador para presentarlo? De conformidad con el artículo 21 de la LRJS, la defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. Es un procedimiento judicial que pretende ser un instrumento rápido para la satisfacción de los créditos salariales, ya sea mediante el pago por parte del deudo, o mediante el embargo de los bienes. El éxito de este proceso en la jurisdicción civil, introducido por la LEC del año 2000, que lo regula en sus artículos 812 a 818 ha animado al legislador a probar fortuna en nuestro orden jurisdiccional social y para ello la LJS, dedica un único pero prolijo precepto: el articulo 101. Se han de presentar tantas copias como partes interesadas exista en el proceso y dos más, en caso de que sólo haya un demandado se presentarán como mínimo cuatro. De lo contrario, el proceso debe transcurrir por juicio oral.
Presentar un escrito de oposición indicando las razones por que las se opone a las cantidades reclamadas. El procedimiento judicial de reclamación de cantidad salarial efectuado a la empresa se puede realizar de dos maneras: Proceso monitorio Procedimiento ordinario. El procedimiento a seguir en este caso, será el mismo que en el anterior. En tercer lugar, la inadmisión puede derivar de que la documentación ofrecida inicialmente no constituya un principio de prueba suficiente del derecho del actor o no revista los caracteres formales que permitan considerarlo como un título admonitivo que lleve aparejada la necesaria admisión de la petición inicial y, en consecuencia, el requerimiento de pago. En este momento procesal el empresario puede pagar, acreditándolo ante el juzgado, o presentar escrito de oposición en el que deberán constar las razones por las que entiende que no adeuda lo reclamado o parte de ello.
Este artículo, será un poco aburrido, porque se basará en una explicación procesal, sobre cómo transcurre en líneas generales el proceso monitorio. Una vez paralizada la prescripción, el plazo de un año se reinicia. El Salario Mínimo Interprofesional a tener en cuenta a efectos de calcular los límites es el vigente al declarase la insolvencia empresarial. El tiempo será el juez inapelable que dará o quitará razones, tanto sobre la constitucionalidad del procedimiento tal como está diseñado, y de la buena o mala utilización que se haga del mismo, tanto por los profesionales (Abogados y Graduados Sociales) como por la propia Oficina Judicial, aunque mucho nos tememos, que al romper con moldes del arraigados dentro del proceso social, y la imposibilidad real y practica para el demandado de interponer recurso de suplicación, los comienzos serán difíciles y con una multiplicidad de criterios sobre los documentos necesarios para crear la apariencia de buen derecho, que si no hay oposición del demandado, se convierte automáticamente en buen derecho, pese a quien pese.
Incoación del procedimiento La petición monitorial se cursará preferentemente por medios informáticos y en formulario en el que debe constar identidad completa y precisa del empresario, incluido el CIF o NIF (requisito no exigido por el articulo 80 LRJS), domicilio y demás datos de localización y comunicación, así como el desglose y detalle de los conceptos, cuantías y periodos reclamados, precisión que (afortunadamente) va también mas allá los requisitos generales de la demanda contenidos en el articulo 80 LRJS. Es decir, con ese auto, por ejemplo, podrán pedirse las prestaciones que correspondan al FOGASA o al organismo que corresponda, cuando se den los requisitos legales necesarios para ello. Presentación de papeleta de conciliación La presentación de la papeleta, como hemos comentado anteriormente, es el procedimiento típico para la reclamación extrajudicial, aunque sea también necesario este paso para la reclamación judicial. En el segundo caso, se decretará el archivo del monitorio, y el proceso transcurrirá por el ordinario, con juicio oral.
Por lo tanto, el objeto del monitorio laboral se individualiza en las reclamaciones de cantidades, vencidas, exigibles y de cuantía determinada que no excedan de seis mil euros que, derivadas de su relación laboral, realice el trabajador frente al empresario que no se encuentre en situación de concurso (articulo 101 LRJS). En otro caso, se procederá al archivo de las actuaciones. Pero, ¿Qué sucede si el trabajador no tiene en su poder todos los recibos de salarios del periodo completo y sólo lo tiene parte? Aunque el legislador ha sustraído la valoración y el control de la función jurisdiccional, encomendándolo al secretario judicial como luego incidiremos, la respuesta no será sencilla y habrá que acudir a las circunstancias de cada caso. Las cantidades reclamadas deben ser líquidas, vencidas y exigibles, no puede tratarse de conceptos discutibles, debiendo desglosarse al detalle los conceptos, cuantías y periodos reclamados.
La ventaja de este proceso para el trabajador es que es más rápido que el procedimiento ordinario, pero solamente se puede utilizar en determinados supuestos: En reclamaciones frente a empresarios que no se encuentren en situación de concurso. A diferencia de lo previsto en el articulo 815 LEC, en el proceso monitorio laboral se prevé expresamente la posibilidad de realizar el pago mediante la consignación en la cuenta general de depósitos del total del importe. Si el Juez admite la petición, se requerirá al empresario para que, en el plazo de 10 días, pague al trabajador, con la advertencia de que si no paga o se opone a la solicitud, se despachará ejecución contra él. Con este título ejecutivo el trabajador puede solicitar el embargo de los bienes del demandado para hacer efectiva la deuda. Señala el precepto una afirmación ciertamente sorprendente como que el auto no tendrá efecto de cosa juzgada, pero sí excluirá la posibilidad de litigio posterior entre trabajador y empresario por idéntico objeto, y sin perjuicio de la naturaleza salarial o indemnizatoria de la deuda que pueda resultar del expediente administrativo.
Podemos encontrar a nivel comunitario, el proceso monitorio europeo recogido por el Reglamento CE 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de Diciembre de 2006. La empresa no reconoce las cantidades solicitadas por el trabajador en la papeleta de conciliación. Incomparecencia de la empresa. Transcurrido el plazo, si se ha abonado o consignado en el juzgado el total del importe, se archivara el procedimiento, una vez entregada la cantidad al trabajador. Las reclamaciones frente a empresarios declarados en situación de concurso. En estos casos, el trabajador puede extinguir la relación laboral con derecho a indemnización, y además tendrá derecho a la prestación por desempleo si es que cumple los requisitos para ello. El auto que ordene el archivo de las actuaciones deberá contener un pronunciamiento sobre costas cuanto las partes hayan decidido asistirse de abogado y graduado social colegiado o procurador cuando el proceso se haya desarrollado ante un órgano jurisdiccional radicado en un lugar distinto del domicilio del trabajador.
Requerimiento a la empresa o empresario deudor Como hemos dicho, el Letrado de la Administración de Justicia, traslada la reclamación monitoria a la empresa deudora, otorgando un plazo de 10 días para que ésta abone la deuda al trabajador, o indique por qué motivos no debe la deuda reclamada. En dicha petición el trabajador debe indicar también el origen de la deuda —explicando la relación jurídico-laboral existente en la que se basa el objeto del proceso— y expresar exactamente su cuantía determinada, para cuya justificación deberá acompañarse copia del contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotización o informe de vida laboral, u otros documentos análogos de los que resulte un principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda. En el caso de los salarios las cantidades adeudas no pueden superar los 120 días de salarios con un límite diario de 50,09 euros para el año 2014.
El Estatuto de los trabajadores establece el pago puntual del salario en la fecha y lugar convenidos según los usos y costumbres, sin embargo el impago y el retraso de salarios por parte del empresario, es una situación demasiado frecuente en el momento actual, siendo necesario que los trabajadores conozcan los mecanismos legales de defensa que tienen frente a esta situación. De igual modo, deberá inadmitirse la petición inicial si la obligación de naturaleza salarial cuya reclamación se insta no tiene un contenido dinerario o, cuando lo tenga, sea una deuda ilíquida. Por otra parte, la riqueza de situaciones de la relación laboral, como contrato de tracto sucesivo, y la existencia de un responsable legal, el FOGASA, como garante último muchas obligaciones salariales e indemnizatorias, arrojan dudas respecto a que se realice una correcta utilización de este procedimiento, pese a las plausibles cautelas del legislador, al impedirlo respecto a empresas concursadas y respecto de las que no resulte posible al notificación personal o esa extraña regulación de la “no cosa juzgada”.
Proceso judicial ordinario Este es un procedimiento más lento que el anterior, y que además no cuenta con preferencia en comparación con otros asuntos laborales de los juzgados tales como despidos, movilidad geográfica y funcional, vacaciones, etc., por lo que en la actualidad están poniendo los juicios con un retraso de uno o incluso dos años. Conocimiento del empresario de dicha intención del trabajador El supuesto típico de reclamación extrajudicial en el ámbito laboral es el de la presentación de la papeleta de conciliación laboral. A la petición inicial, donde se han desglosado las cantidades reclamadas, se debe adjuntar documentos de prueba que respalden la existencia de relación laboral y de la deuda reclamada, por ejemplo copia de contrato, nominas, informe de vida laboral, así como del justificante del intento de conciliación previa sin son exigibles. Es posible la notificación del deudor.
Es importante tener presente que el auto que se dicte despachando ejecución puede servir de título bastante a los fines de la garantía salarial que proceda según la naturaleza de la deuda, en aquellos supuestos de insolvencia o concurso de acreedores del empresario que tenga lugar con posterioridad al despacho de la ejecución. Posteriormente, en caso de que se produzca un impago en las cantidades adeudadas, se puede solicitar directamente la ejecución del acuerdo, embargando si fuera necesario los bienes del deudor. Que se trate de deudas vencidas, exigibles y de cuantía determinada provenientes de la relación laboral. Igualmente, debe tenerse en cuenta que del requerimiento que se efectúe al empresario deberá darse traslado también al Fondo de Garantía Salarial por plazo de diez días, ampliable por otros diez, si manifiesta que necesita realizar averiguaciones sobre los hechos de la petición inicial y, en especial, sobre la solvencia de la empresa demandada.
Sin embargo, para presentar la demanda monitoria, el trabajador debe cumplir una serie de requisitos, como la prueba sobre la relación laboral y la documentación acreditativa de la deuda (normalmente si se reclaman salarios, se aportan las nóminas). Del requerimiento se dará traslado por el mismo plazo de diez días al Fondo de Garantía Salarial, plazo que se ampliará por otros diez días más, para el caso de que manifestase que necesita efectuar averiguaciones sobre los hechos de la solicitud, en especial, sobre la solvencia empresarial. La deuda dineraria tiene que reunir una serie de requisitos para que la solicitud pueda admitirse: ha de ser determinada, es decir, que se sepa con precisión a qué montante asciende; ha de estar vencida, o lo que es lo mismo, que sea reclamable desde el mismo momento de la presentación de la solicitud inicial por haberse superado el plazo fijado para su pago; y por último, ha de ser exigible estando el deudor obligado directamente a su pago. Fechada y firmada por quien intente la conciliación.
Es importante recordar que en estos casos el plazo de prescripción de las deudas salariales es de 1 año. No obstante, también sería válido la suscripción de un compromiso arbitral. La demanda y la documentación que aportes debe tener 3 copias, una para el juez, otra para el deudor y otra para el trabajador que presenta la demanda. Requisitos del proceso monitorio social Su regulación está contenida en el artículo 101 y se podrá instar siempre que concurran los siguientes requisitos: El empresario no puede estar en concurso. En caso de pago se archivarán las actuaciones, sin más; en caso de oposición se dará traslado al peticionario para que formule la oportuna demanda en el plazo de 4 días ante el mismo juzgado, a la que se dará el trámite del procedimiento ordinario con señalamiento para conciliación y juicio; en caso de silencio, de no cumplir el requerimiento se dictará decreto dando por finalizado el procedimiento monitorio con traslado al peticionario para que inste la ejecución, bastando con la mera solicitud, generándose desde este Decreto el devengo de intereses procesales del artículo 251 de la ley de la jurisdicción Social.
El detalle y desglose de los concretos conceptos, cuantías y periodos reclamados. Una vez recibida la petición inicial, el Secretario Judicial procederá a comprobar que la demanda presentada cumple todos los requisitos legales, completando, en su caso, los indicados en la solicitud con otros domicilios, datos de identificación o que afecten a la situación empresarial, utilizando a tal fin los medios de que disponga el juzgado. De ser admisible la petición, se requerirá al empresario, por lo que parece que este procedimiento no podrá utilizarse en deudas del trabajador respecto del empresario, a fin de que en el plazo de diez días alegue sucintamente la inexistencia total o parcial de la deuda reclamada, advirtiendo al demandado de que, de no oponerse o no pagar la cantidad reclamada, se despachará ejecución. Reclamación extrajudicial de las cantidades adeudadas.
El proceso monitorio comenzará por petición inicial ante el al Juzgado de lo Social del lugar de la prestación de los servicios o el del domicilio del empresario, a elección del trabajador (articulo 10.1 LRJS), que se presentará preferentemente por medios informáticos —pudiendo extenderse en el modelo o formulario que se facilite al efecto en la Oficina Judicial, en caso de no disponerse de aquéllos—, en la que se expresarán la identidad completa y precisa del empresario deudor, datos de identificación fiscal, domicilio completo y demás datos de localización, y en su caso de comunicación, por medios informáticos y telefónicos, tanto del demandante como del demandado, así como el detalle y desglose de los concretos conceptos, cuantías y períodos reclamados. Este procedimiento es sencillo, y no se requiere abogado. Finalización del procedimiento. Solicitar la extinción de la relación laboral.
El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores indica que será una causa justa para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato de trabajo, con derecho a una indemnización equivalente a la que recibiría en caso de despido improcedente, la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. Cuando los retrasos e impagos de salarios son continuados, el trabajador tiene la opción de iniciar el procedimiento ordinario de reclamación de cantidades o extinguir el contrato de trabajo conforme el articulo 50.1 b del Estatuto de los Trabajadores, con derecho a la misma indemnización que le correspondería en el caso de un despido improcedente. Reclamación extrajudicial Cuando el empresario no abona de manera voluntaria cualquier cantidad de dinero adeudada al trabajador, ya sea en concepto de nómina, dietas o indemnización reconocida en una carta de despido, el trabajador podrá reclamar dicha cantidad de manera judicial o extrajudicial. Las cantidades reclamadas deben ser cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada. Está previsto para deudas vencidas y exigibles, que no superen la cantidad de 6.000.-€.
La acción de extinción puede reclamarse conjuntamente con la de reclamación de cantidad, y por tanto recogerla en una sola papeleta. Se inicia con la presentación de una demanda inicial, que el Secretario Judicial (acutal Letrado de la Administración de Justicia), tras su revisión, trasladará a la empresa demandada, junto a un requerimiento para que abone la deuda contraída con el trabajador en el plazo de 10 días. La interrupción del cómputo se puede realizar de dos maneras: Reclamación judicial de las cantidades adeudadas. Sin embargo, si el empresario se opone a la totalidad de las cantidades reclamadas, el trabajador deberá presentar en los cuatro días siguientes ante el Juzgado de lo social la demanda de reclamación de cantidad explicada en el siguiente punto. deben de ser reclamaciones individuales, es decir, no pueden ser reclamaciones de carácter colectivo que se pudieran formular por la representación de los trabajadores, ni tampoco formuladas contra Entidades Gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social.
Al escrito habrá de acompañarse no el justificante, en su caso, de haber intentado la conciliación sino también los documentos de los que resulte un principio de prueba de la existencia de la relación laboral y de la cuantía de la deuda reclamada. Si no hay acuerdo, puede presentar una demanda judicial por la vía monitoria, aportando la documentación acreditativa de la deuda (contrato de trabajo, nóminas, finiquito, etc). A esta solicitud de le acompañara, copia del contrato, recibos de salarios, informe de vida laboral, u otros documentos análogos. Tramitación judicial El juez a la vista de los medios de prueba que las partes hayan aportado decidirá la cantidad adeudad por la empresa al trabajador. Oposición a una parte de las cantidades reclamadas. En el caso de documentos privados, deberán presentarse los originales o copia debidamente autenticada. El proceso monitorio El artículo 101 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social regula, de una forma tímida, el proceso monitorio.
Si, por el contrario, el empresario no paga, pero tampoco se opone —ni él ni el Fondo de Garantía Salarial— a la solicitud, por escrito y de forma motivada, el Secretario Judicial dictará un decreto dando traslado al demandante para que inste la ejecución para lo que será suficiente la mera solicitud. Por lo tanto, no se trata de una lista cerrada, ya que se habla de documentos análogos. En el caso de una declaración de insolvencia o procedimiento concursal el Fondo de Garantía Salarial abonaría al trabajador los salarios e indemnizaciones con unos límites establecidos en la ley. Otro dato importante, es que el monitorio no permite la comunicación mediante edictos, por lo cual, en caso de que la empresa esté desaparecida y no se conozca su domicilio, deberá presentarse demandada para proceso ordinario. Igualmente, si el empresario abona la cantidad adeudada, se archivará el proceso monitorio y se entregará la cantidad al trabajador demandante. En el caso de los salarios, y dado que éstos se entregan un día determinado normalmente los primeros días del mes, es el vencimiento de cada uno de estos períodos el punto de arranque del plazo prescriptivo de un año.
En segundo lugar, a una inadecuación del procedimiento, cuando la deuda reclamada sea de una cuantía superior a los seis mil euros o si del examen de la documentación aportada o de las afirmaciones del trabajador, se aprecia que la obligación no ha vencido. ¿El monitorio está sujeto a tasa judicial? Está exento de tasa judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. De no mediar oposición del demandado o del FOGASA, el Secretaría dictará Decreto dando por terminado el monitorio, y darás traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud. Opciones del trabajador Así como el trabajador tiene la obligación principal de realizar su trabajo en los términos acordados en el contrato de trabajo, la obligación principal del empresario es abonar el salario acordado de manera puntual.
En caso de que la empresa debidamente notificada, no responda al requerimiento de pago, se archivará el monitorio, y el trabajador podrá proseguir solicitando la ejecución y embargo. En la práctica, si bien la prueba de la existencia de la relación laboral durante el periodo reclamado será sencillo si el empresario ha cumplido con su deber de alta ante la TGSS, gracias al acceso a la Vida Laboral de fácil e casi inmediata obtención. Este peculiar régimen, ciertamente, puede provocar situaciones de enorme inseguridad jurídica, pensemos en que un decreto y auto califican una deuda como salarial correspondiente a 150 días, sin oposición del FOGASA, y luego al solicitar las prestaciones, el Fondo discute la naturaleza de la deuda y el periodo al que corresponde. Suele solventarse en cuestión de meses, salvo que surjan complicaciones, como no poder notificar a la empresa, o que ésta sea finalmente insolvente o declarada en concurso de acreedores. Si el empresario se opone a la petición del trabajador, el juzgado dará traslado al trabajador para que en un plazo de cuatro días, presente demanda en el juzgado de lo social.
Si hubiese oposición del demandado en tiempo (10 días) y forma (sucinta), se dará traslado al actor, quien tendrá cuatro días para presentar demanda con los requisitos previstos en el artículo 101 LRJS, ante el mismo Juzgado, procediéndose al señalamiento de los actos de conciliación y juicio, o archivándose en caso contrario. En el caso de la extinción del contrato a instancia del trabajador por el articulo 50.1.b del Estatuto de los trabajadores, el Fogasa abonaría al trabajador 30 días por año de servicio con el límite de una anualidad, sin que el salario diario del trabajador, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, 50,09 euros diarios para el año 2014 y 50,35 € en el año 2015. Algunas reflexiones Como ya hemos anticipado, se ha pretendido implementar en el orden social de la jurisdicción un proceso que ha tenido un buen funcionamiento en el orden civil.
No existe un modelo oficial de papeleta, por lo tanto su redacción es libre, aunque en cualquier caso, la papeleta debe contener la siguiente información: Identificación de cada parte: DNI del trabajador, CIF de la empresa y domicilio social de la empresa, y domicilio del trabajador. Recordemos que estos elementos probatorios resultan exigibles al trabajador que reclama cantidades por imperativo de lo dispuesto en el artículo 217.1 LEC, como elementos constitutivos de la obligación, por lo que ninguna novedad hay al respecto salvo la necesidad de aportarlos previamente y la inadmisibilidad de pruebas no documentales. No se podrá continuar la tramitación si no es posible localizar el paradero de la persona deudora, pues la Ley excluye la posibilidad de que el requerimiento se haga vía edictal, por razones de seguridad jurídica. En cuanto al contenido de la petición, en la misma se debe hacer constar: La identidad completa y precisa del empresario deudor, los datos de identificación fiscal (NIF o CIF), domicilio completo y demás datos de localización, y en su caso, datos de contacto para la comunicación, por medios informáticos y telefónicos, tanto del demandante como del demandado.
¿Cómo se presenta la solicitud inicial? Dicha petición se presentará, preferentemente, por medios informáticos, en caso de disponer de los medios adecuados para ello, pudiendo extenderse en el modelo o formulario que se facilite al efecto. Reclamación judicial El procedimiento judicial tiene que ir precedido de la presentación de la papeleta de conciliación laboral anteriormente comentada. Igualmente, queda excluido el recurso al proceso monitorio laboral cuando la empresa que adeuda los salarios se encuentre en concurso pues, en tales supuestos, dichas deudas laborales quedarán de derecho integradas en la masa pasiva del concurso (articulo 49 LC). Pago del FOGASA de las deudas salariales El Fondo de Garantia salarial, conocido por sus siglas FOGASA, abona a los trabajadores parte de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de acreedores de las empresas. El propio precepto hace una enumeración no exhaustiva: contrato de trabajo, recibos de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado de cotización o informe de vida laboral.
De no presentarse la demanda se archivarán las actuaciones. ¿Ante quién se ha de presentar la solicitud? La solicitud inicial del procedimiento monitorio ha de presentarse, con carácter general, ante el Decanato o Servicio Común de Registro y Reparto adscrita a los Juzgados de lo Social del lugar de prestación de servicios o el domicilio del demandado, a elección del demandante. El proceso monitorio transcurre generalmente por escrito, sin necesidad de celebración de juicio (salvo oposición de la empresa demandada). Para conseguir el cobro de las mismas, se deberá presentar una demanda ante el juzgado de lo social. Las reclamaciones que se interpongan contra las Entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social.
En un documento privado o en un procedimiento concursal el empresario reconoce la deuda al trabajador. En cambio si se trata de cuantías variables o cuantías que superan el salario convencional y no se especifican en el contrato, habrá de exigirse un mayor rigor documental Incide también el precepto en la preferencia de presentación por medios telemáticos, autentica obsesión del legislador a lo largo de la LRJS, pero aquí difícilmente compatible con la aportación de documentas originales. El proceso monitorio es una forma rápida y ágil que tienen los trabajadores para reclamar deudas a su empresa, cuyo origen provenga de su relación laboral. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal. En caso de que los defectos fuesen insubsanables, se dará cuenta al Juez, que puede decretar la inadmisión del monitorio.
Si se admite la petición, se requerirá al empresario para que, en un plazo de diez días pague al trabajador. Esta reclamación extrajudicial, que suele ser de manera verbal no suspende el plazo de prescripción, o mejor dicho, sí que lo suspende pero es muy difícil probar que esa reclamación existió. Por último, el órgano jurisdiccional podrá inadmitir la petición inicial si el principio de prueba, aunque permita considerar probable la existencia del crédito, resulta insuficiente para acreditar una inicial legitimación activa del actor o pasiva del empresario. Igualmente, el precepto prevé como documentación a presentar junto a la petición un justificante de «haber intentado la previa conciliación o mediación cuando éstas sean exigibles»; trámite que, sin embargo, entendemos que supone una traba para la tutela privilegiada del crédito de naturaleza salarial del trabajador; máxime si se tiene en cuenta que si el empresario formula oposición y la parte actora formula demanda ordinaria, se procederá al señalamiento de los actos de conciliación y juicio. Enumeración clara y concreta de las cantidades reclamadas y el concepto de las mismas.
Del requerimiento se dará traslado al FOGASA en el mismo plazo, que podrá ampliarse en dos días más, por tanto un total de doce días, para que éste realice las pertinentes averiguaciones sobre los hechos y en especial sobre la insolvencia empresarial. Procedimiento En cuanto al procedimiento, éste es muy sencillo: Se inicia mediante una petición que se presenta en el Juzgado (la propia administración facilita formularios) firmado por el trabajador, sin que sea necesaria la firma de abogado ni graduado social. Plazo de resolución Después del requerimiento se dará traslado por el mismo plazo de diez días al Fondo de Garantía Salarial, plazo que se ampliará por otros diez días más, para el caso de que manifestase que necesita efectuar averiguaciones sobre los hechos de la solicitud. En caso de insolvencia o concurso posteriores, el auto de despacho de la ejecución servirá de título bastante a fines de la garantía salarial que pudiera corresponder. En caso de presentarse copia simple, surtirá los mismos efectos que la original siempre que las otras partes no cuestionen su validez.
La empresa reconoce las cantidades adeudadas al trabajador y abona las cantidades en el acto de conciliación, o establece un calendario de pagos. ¿Quién lo puede solicitar? Puede solicitarlo cualquier ciudadano con o sin abogado procurador. Para el cálculo de estos intereses se debe contar desde el día en que la empresa adeuda las cantidades, y no desde el momento en que son reclamadas y se extienden hasta la fecha de la sentencia. Siempre que haya un retraso o un impago se deberían abonar intereses, independientemente de si se abona tras una reclamación extrajudicial o judicial, aunque en la práctica, éstos suelen abonarse cuando se reclaman los salarios adeudados judicialmente. En caso de que la deuda no sea abonada de manera voluntaria, el trabajador podrá solicitar la ejecución de la sentencia, y si fuera necesario, el embargo de los bienes para hacer efectiva la deuda.
Que no sean de carácter colectivo formulables por la representación legal de los trabajadores. OPOSICIÓN POR ESCRITO AL PAGO DEL EMPRESARIO O DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: El Juzgado dará traslado del escrito al peticionario para que, si lo estima oportuno, pueda presentar en el plazo de cuatro días la demanda correspondiente, en cuyo caso, se procederá al señalamiento de los actos de conciliación y juicio en la forma ordinaria prevista. Si existe oposición por parte de la empresa, se archiva el proceso monitorio y se declara la apertura del correspondiente juicio oral. Hay que tener muy presente ese año de prescripción ya que en ocasiones, el trabajador no quiere demandar e intenta alcanzar un acuerdo extrajudicial con la empresa para la reclamación de cantidades, ya sea por la buena fe del trabajador o por las buenas relaciones que unen a ambas partes. Veamos cual es su tratamiento legal y las primeras reflexiones que nos suscita.
Para cualquiera de las dos acciones, será necesario en primer lugar un intento extrajudicial -paso previo obligatorio-, con la presentación de la papeleta, y en caso de no alcanzar un acuerdo, presentar la demanda. En todo caso, el archivo no supone perjuicio para el actor, quien podrá formular nueva demanda siguiendo el procedimiento ordinario conforme a lo dispuesto en los artículos 80 a 100 LRJS. Respuesta del empresario El empresario en el plazo de diez días podrá: Pagar al trabajador la cantidad reclamada. Si, por el contrario, en el plazo de diez días desde su requerimiento el empresario formula oposición al pago de la cantidad reclamada, se dará traslado al trabajador para que, en el plazo de cuatro días, presente demanda ordinaria ante el Juzgado de lo Social, en cuyo caso se procederá seguidamente a señalar los actos de conciliación y juicio en la forma ordinaria. Se exige que para la reclamación sea válida a los efectos de paralizar la prescripción dos requisitos Intención clara del trabajador de reclamar las cantidades adeudadas.
¿En qué consiste el proceso monitorio? Examen de la petición y admisión Una vez presentada la solicitud inicial, junto con los documentos y copias anteriormente indicados, el Secretario Judicial procederá a su examen y, en su caso, admisión. DEJAR TRANSCURRIR EL PLAZO SIN PAGAR NI FORMULAR OPOSICIÓN En este supuesto, se pondrá fin al proceso monitorio mediante un decreto del Secretario Judicial y dará traslado al peticionario para que, en su caso, solicite el despacho de la ejecución, bastando para ello con una mera solicitud. En caso de que el empresario no se oponga a las cantidades reclamadas, y en todo caso sobre las cantidades reconocidas para el caso de que se oponga a alguna de ellas, y no se realiza el abono se dicta un Decreto reconociendo la deuda que es título ejecutivo. Se trata de un procedimiento judicial que se caracteriza por ser una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas de carácter dinerario derivadas de la relación laboral del empleado frente al empresario que no se encuentre en situación de concurso.
Para su acreditación es suficiente la acreditación unilateral y documental del pago del deudor, de modo que el órgano jurisdiccional decidirá el archivo de las actuaciones sin oír al actor. Plazo para reclamar cantidades El plazo para la reclamación de cantidad es de un año contando como día de inicio desde el momento que las cantidades pudieron ser reclamadas al empresario, es decir, desde el día que que el empresario debió abonar el salario y no lo hizo. Como podemos observar, el Secretario continúa ejerciendo facultades netamente jurisdiccionales en contravención con el articulo 117 C.E., que no puede entenderse salvado con la mención que hace el precepto a la necesidad de despachar Orden General de Ejecución mediante Auto, frente al que cabe interponer oposición mediante recurso de reposición, que no será recurrible en suplicación. OPOSICIÓN SÓLO EN CUANTO A PARTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA DEL EMPRESARIO O DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL El peticionario podrá solicitar del Juzgado que se dicte resolución acogiendo la reclamación en cuanto a las cantidades reconocidas o no impugnadas.
En fin, la empresa no puede encontrarse desaparecida, pues en caso de que deba notificarse por edictos el procedimiento correcto es el ordinario. De esta forma, quedan fuera del objeto del proceso monitorio laboral las reclamaciones de cantidades que realicen los funcionarios públicos y personal estatutario de las Administraciones públicas, los consejeros o miembros de los órganos de administración de las sociedades de capital o aquéllas en que la relación jurídico-material litigiosa traiga causa de trabajos familiares, de voluntariado o los realizados por amistad, benevolencia o vecindad, (arg. Que la empresa no se halle desaparecida y deba ser notificada por edictos (artículos 56 y 57 LRJS). Admisión del procedimiento monitorio Siguiendo la tradición inaugurada por la Ley 13/2009, corresponderá al Secretario Judicial y no al Juez, la comprobación de los requisitos anteriores, exigiendo la Ley del mismo que, en su caso, complemente los datos identificativos o domicilios que afecten a la situación empresarial con los medios de que disponga el Juzgado.
Si la demanda no cumpliese todos los requisitos, y tuviese defectos subsanables, se requerirá al demandante para que subsane la demanda en el plazo de 4 días. Por ejemplo, si se presenta reclamación un 10 de mayo, se podrán reclamar todos los salarios desde mayo del año pasado -exigible desde el 1 de junio del año anterior- hasta los salarios de abril de ese año -exigible el 1 de mayo de este año-. ¿Qué otros requisitos son necesarios para acudir al proceso monitorio? Debe ser posible practicar los actos de notificación al empresario a través de los procedimientos previstos en el artículo 56 de la LRJS (correo certificado con acuse de recibo, telégrafo, fax, correo electrónico o cualquier medio idóneo de comunicación o transmisión de textos) o, en su defecto, mediante la entrega de copia de la resolución o de cédula al destinatario o a cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 57 del mismo texto legal.
La mayor parte de las empresas justifican estos retrasos e impagos por la situación económica negativa en que se encuentran, por el contrario para la jurisprudencia del Tribunal Supremo es indiferente que la empresa se encuentre en una situación económica negativa o incluso que este en concurso, para que el trabajador solicite una extinción de contrato por falta de pago o retraso continuado en el abono de su salario. Ahora, cómo y ante quién pueden los trabajadores ejercitar esta acción judicial para reclamar el pago de sus salarios.
Es decir, que, si una vez requerido a ello, el empresario se niega a pagar sin más justificación se da por terminada la fase declarativa especial y el proceso monitorio laboral se transforma en ejecutivo; devengándose el interés de mora procesal previsto en el articulo 576 LEC desde la fecha del decreto del Secretario Judicial, pudiendo incluso aumentarse dicho interés de mora en dos puntos adicionales si, trascurridos tres meses desde dicho decreto, el empresario no hubiere cumplido en su integridad con la obligación de los salarios adeudados mediando falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, incumplimiento de la obligación de manifestar bienes u ocultación de elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación. Solicitud de intereses El artículo 29.3 del Estatuto de los trabajadores indica que “El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado“.
Además de la no subsanación de defectos por parte del actor, la inadmisión puede obedecer, en primer lugar, a la falta de los presupuestos procesales de carácter general, como la falta de personalidad o capacidad procesal de quien inste la tutela jurisdiccional (ya sea el propio trabajador o el sindicato al que se encuentre afiliado). El proceso monitorio es una de las medidas introducidas por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) para intentar descargar al Juez, que no al Juzgado, de esos litigios de reclamación de cantidad en los que no se produce controversia.
Ahora bien, este requerimiento sólo podrá practicarse mediante acuse de recibo (correo certificado, o las modalidades complementarias de telégrafo, télex, fax, correo electrónico u otro sistema de comunicaciones análogo) o por entrega de cédula de notificación (articulos 56 y 57 LRJS), excluyéndose los casos de emplazamiento edictal previstos en el articulo 59.2 LRJS. Requerimiento de pago al empresario Admitida a trámite la petición inicial, se requerirá de pago al empresario, para que, en el plazo de diez días, abone al trabajador la deuda reclamada o formule oposición, alegando las razones por las que, a su entender, no debe en todo o en parte, la cantidad que le es reclamada. De hecho, la creación de un proceso exprés para que los trabajadores reclamen los salarios debidos es una fantástica noticia en los difíciles tiempos que actualmente atraviesan las empresas y que, en ocasiones, les impide hacer frente a sus “deudas salariales”.
En esta entrada puede ver más información sobre el procedimiento de presentación de la papeleta de conciliación. ¿Qué documentos deben acompañar a la petición inicial del proceso monitorio? Copia del contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotización o informe de vida laboral o cualesquiera otros documentos análogos de los que resulte un principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda. Ante impagos o retrasos reiterados graves solicitar la extinción de la relación laboral con derecho a la indemnización por despido improcedente. Si no pudiera notificarse el requerimiento al empresario en forma personal, se procederá de la forma indicada en el párrafo precedente. Si el Secretario Judicial comprueba que no se cumplen todos los requisitos legales concederá al demandante un plazo de cuatro días para que subsane los defectos apreciados como pueden ser, por ejemplo, la falta de presentación del poder, por el Graduado Social, o del documento que acredite la representación legal u orgánica del actor.
En esta entrada puedes encontrar más información sobre el abono del salario por el fogasa. En esa solicitud, el demandante podrá hacer constar los bienes del demandado de los que tenga conocimiento a efectos de proceder a su embargo, debiendo indicar si los considera suficientes para cubrir las cantidades reclamadas. Junto con la petición inicial habrá de presentar tantas copias de la misma y de los documentos como personas o entidades contra las que se haya dirigido la reclamación. De apreciar algún defecto subsanable concederá cuatro días para su subsanación. Aunque el Estatuto no lo especifique, la jurisprudencia ha dejado claro que la determinación del porcentaje de interés habrá de hacerse en proporción al tiempo de demora, teniendo en cuenta que el porcentaje del 10% es un interés anual. ex articulo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores). Por lo tanto, es conveniente para evitar problemas futuros interrumpir el plazo de prescripción de la deuda. La cuantía no puede exceder de 6.000 euros.
El empresario debe estar localizable, es decir, debe constar la posibilidad de notificación, aportándose un domicilio completo, y en caso de disponerse, de los datos de comunicación por medios informáticos y telefónicos.
Con la presentación de una demanda reclamando la cantidad, aunque siempre será necesaria presentar con anterioridad la papeleta de conciliación laboral. Estas dos acciones son compatibles entre sí, por lo que el trabajador, puede solicitar judicialmente la extinción de la relación laboral y la reclamación de las cantidades adeudadas en un mismo procedimiento. ¿Qué se puede reclamar con este procedimiento? El artículo 101 de la LRJS indica que a través de este procedimiento se podrán reclamar deudas dinerarias vencidas, exigibles y de cuantía determinada que no excedan de seis mil euros y siempre y cuando deriven de una relación laboral. También están expresamente excluidas del objeto del proceso monitorio laboral las reclamaciones de carácter colectivo que se pudieran formular por la representación de los trabajadores, así como las que se interpongan contra las Entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social que, en su caso, se resolverán conforme a los trámites previstos en los articulos 80 a100 LRJS para el proceso declarativo ordinario.
Por otro lado, tampoco es posible el recurso al proceso monitorio laboral si se cuestiona o no está debidamente formalizada la relación laboral, al menos documentalmente, por contrato u otros elementos documentales —como los citados en el articulo 101 LRJS, en relación enunciativa y no excluyente, al admitirse la analogía, o a través del alta en seguridad social— y de la deuda, que es elemento característico del proceso monitorio, consistente en copia de contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, documento de cotización o informe de vida laboral u otros medios análogos, y el certificado de intento de conciliación o mediación. Ante el impago o retraso de los salarios acordados, o de cualquier otra cantidad que la empresa le adeude, el trabajador tiene dos opciones: Reclamar las cantidades adeudadas extrajudicial o judicialmente.
Sin embargo, mas problemas puede haber en la determinación y cuantificación de las deudas y periodos, pues dada la configuración del contrato de trabajo como “de tracto sucesivo”, va a producir que en la mayoría de ocasiones las deudas vayan referidos a varios periodos, deben ir delimitados. La deuda debe derivar de la relación laboral, tratarse de una reclamación individual del trabajador, quedando excluidas las reclamaciones colectivas que pudieran formularse por la representación legal de los trabajadores, así como las reclamaciones frente a las Entidades Gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social. Cabe comenzar señalando que la pretensión monitoria laboral consiste en pedir que la documentación que se aporta se transforme por el tribunal en un título que lleve aparejada ejecución, a los efectos de que el trabajador pueda cobrar los salarios atrasados. De ser varios demandados, el demandante podrá elegir el domicilio de cualquiera de los demandados. Veamos a continuación como transcurre el proceso monitorio. No obstante, el interesado también puede solicitar que se realice una transferencia a una cuenta bancaria de su titularidad designada al efecto.
Autor Abogados de MalagaPublicado el 12/12/2012 05/07/2017 Categorías FormulariosEtiquetas salarios

References: resolución 
 artículo 21
 artículo 101
 artículo 251
 artículo 50
 artículo 101
 artículo 4
 artículo 101
 artículo 217
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 resolución 
 artículo 57
 artículo 29
 artículo 101