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Timestamp: 2019-10-17 12:34:30+00:00

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STS 875/2007, 7 de Noviembre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 34426313
Número de Recurso: 528/2007
Sentencia citada en: 844 sentencias, 2 artículos doctrinales
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Juan Alberto, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Segunda, que condenó al acusado, por un delito contra la salud publica; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Collado Molinero.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Vendrell, instruyó sumario con el número 1 de 1998, contra Juan Alberto y otro, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Tarragona, cuya Sección Segunda, con fecha 28 de julio de 2006, dictó sentencia, que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: El acusado Juan Alberto, condenado por sentencia de fecha 1.12.1994, firme el 19.1.1995 de la AP de Barcelona a la pena de 3 años de prisión y multa de 1.000.000 ptas. por delito contra la salud publica, y a la pena de 1 año de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas, fue objeto de investigación por la Guardia Civil sobre trafico de drogas.
El día 3.11.1998, la Guardia Civil, tras haber lícitamente intervenido una conversación telefónica en la que se decía que el acusado tenia que entregar a otro 150 invitaciones a cambio de 600.000 ptas. procedió a dar el alto al vehículo conducido por el acusado, Audi 100 matricula F-....-KD, ocupando 1.600.000 ptas. y una balanza de precisión.
Realizada entrada y registro judicialmente autorizada del domicilio del acusado, sito en c/ DIRECCION000 nº NUM000 de Priorat de la Bisbal, se encontró en un armario del dormitorio y dentro de una bolsa de plástico 1.496 gr. de cocaína, con una pureza del 80,5 % y con un valor de mercado de unos
90.000 euros (15 millones de pesetas), trozos de plásticos recortados y libretas con anotaciones. Tal sustancia estaba destinada al trafico ilícito.
Igualmente en el registro se encontraron, bajo un sofá-cama las siguientes armas: un revolver marca NEF GARDEN MA, modelo R-13, calibre 32 HR MAG, con nº de serie NUM002 ; una pistola marca STAR, calibre 9 mm. corto, sin nº de serie, con un cargador con 6 balas; 147 balas del calibre 32; 22 balas calibre 22 y 70 balas calibre 9 mm. corto. No consta el estado de funcionamiento de tales armas.
Condenamos a Juan Alberto como autor responsable de un delito contra la salud publica de droga que causa grave daño, en cantidad de notoria importancia, con la agravante de reincidencia y la atenuante de dilaciones indebidas alas penas de 9 años de prisión, multa conjunta de 240.000 euros, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de la mitad de las costas procesales. Decretamos el comiso y destrucción de la droga y el comiso del dinero intervenido al condenado (1,5 millones de pesetas). Se decreta el embargo de todos los objetos con valor económico intervenidos al condenado para el pago de la multa.
Para el cumplimiento de la pena principal que se impone le abonamos todo el tiempo que ha estado privado de libertad por razón de esta causa.
Absolvemos a Juan Alberto del delito de tenencia ilícita de armas del que estaba acusado.
Absolvemos a Donato del delito de trafico de drogas del que estaba acusado.
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de Ley, por Juan Alberto, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
Al amparo del art. 5.4 LOPJ . se denuncia violación al secreto de las comunicaciones telefónicas que consagra el art. 18.3 CE . y subsiguientemente de los derechos a la inviolabilidad del domicilio que consagra igualmente en el art. 18 CE . a la motivación de las resoluciones judiciales y a un proceso con todas las garantías consagrados en el art. 24 CE .
Al amparo del art. 5.4 LOPJ . se denuncia infracción del derecho a la presunción de inocencia que consagra el art. 24.2 CE .
Al amparo del art. 849.1 LECrim . se denuncia la indebida aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia prevista en el art. 22.8 CP .
Al amparo del art. 849.1 LECrim . se denuncia la indebida aplicación de los arts. 21.6 en relación con el 66.2 CP.
Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto no estimó necesaria la celebración de vista oral para su resolución y solicitó la inadmisión y subsidiariamente la desestimación de los mismos excepto del motivo tercero que lo apoya por las razones expuestas en su informe; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día veinticuatro de octubre de dos mil siete.
El motivo primero al amparo del art. 5.4 LOPJ . denuncia violación del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas que consagra el art. 18.3 CE . y subsiguientemente, de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, art. 18 CE ., a la motivación de las resoluciones judiciales y a un proceso con todas las garantías, consagrado en el art. 24 CE . por cuanto el auto de 6.10.98, que acordó la intervención de su teléfono móvil, carece de la motivación necesaria para la restricción de aquel derecho fundamental. En consecuencia procede declarar la nulidad de dicho auto y excluir la prueba derivada a la intervención, efecto excluyente que debe afectar a la diligencia de entrada y registro domiciliario pues el auto que lo autoriza se fundamenta en las escuchas telefónicas.
La diligencia de intervención telefónica debe respetar unas claras exigencias de legitimidad constitucional, cuya concurrencia es del todo punto necesaria para la validez de la intromisión en la esfera de la privacidad de las personas.
Así pues, todo lo anterior debe resultar de la decisión judicial que, al menos, debe contener, en la forma que luego se dirá, los datos fácticos necesarios para poner de manifiesto que el Juez ha realizado la valoración exigida, la cual debe desprenderse del contenido de su resolución, de modo que, de un lado, su decisión pueda ser comprendida y, de otro, que sea posible efectuar un control adecuado y suficiente sobre la misma por la vía del recurso. Esta exigencia de motivación conecta la cuestión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho a obtener una resolución suficientemente fundada, de tal modo que, teniendo en cuenta las características del caso concreto, puedan conocerse las razones del acuerdo adoptado por el órgano jurisdiccional. El artículo 120.3 de la Constitución impone contundentemente la motivación de las resoluciones judiciales, lo cual ha sido especialmente recordado por el Tribunal Constitucional y por esta misma Sala cuando se trata de decisiones que suponen una restricción de derechos fundamentales, ya que en estos casos, es exigible una resolución judicial que no solo colme el deber general de motivación que es inherente a la tutela judicial efectiva, sino que además se extienda a la justificación de su legitimidad constitucional, ponderando las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima, permitan la adopción de dicha decisión (STC 29/2001, de 29 de enero y STC 138/2002, de 3 de junio ). "La restricción del ejercicio de un derecho fundamental", se ha dicho, "necesita encontrar una causa específica, y el hecho o la razón que la justifique debe explicitarse para hacer cognoscibles los motivos por los cuales el derecho se sacrificó. Por ello la motivación del acto limitativo, en el doble sentido de expresión del fundamento de Derecho en que se basa la decisión y del razonamiento seguido para llegar a la misma, es un requisito indispensable del acto de limitación del derecho (STC 52/1995 )". (STC de 17 de febrero de 2000 ). De ahí que pueda afirmarse que si los órganos judiciales no motivan dichas resoluciones judiciales, infringen ya, por esta sola causa, los derechos fundamentales afectados (SSTC 26/1891, 27/1989, 37/1989, 8/1990, 160/1991, 3/19192, 28/1993, 12/19194, 13/19194, 160/1994, 50/1995, 86/1995, 128/1995, 181/1995, 34/1996, 62/1996, 158/1996 o 170/1996 ).
Es preciso, en esta medida, que el Tribunal exprese las razones que hagan legitima la injerencia, si existe conexión razonable entre el delito investigado, en este caso un delito grave como lo son los delitos contra la salud publica y la persona o personas contra las que se dirige la investigación. En términos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las sospechas que han de emplearse en este juicio de proporcionalidad "no son solo circunstancias meramente anímicas, sino que precisan para que puedan entenderse fundadas hallarse apoyadas en datos objetivos, en un doble sentido. En primer lugar, el de ser accesibles a terceros sin lo que no serian susceptibles de control, y, en segundo lugar, han de proporcionar una base real de lo que pueda inferirse que se ha cometido o se va a cometer un delito sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona (SSTC 49/99 y 171/99 ) . Y su contenido ha de ser de naturaleza que "permitan suponer que alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave o en buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse (SSTEDH de
En el caso presente todos estos requisitos se cumplen suficientemente. El oficio del Sargento Encargado de la Investigación de la 431ª Comandancia Guardia Civil Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga de Tarragona, de fecha 5.10.98, no es una petición estereotipada o genérica del mero conocimiento de hechos que pudieran constituir delito sino una solicitud fundamentada en investigaciones de dicho Grupo iniciadas en el mes de abril, que le llevaron al conocimiento de que en el Bar Musical denominada La Barmania, situado en la calle Andalucía nº 34 de Calafell Pueblo se estaba distribuyendo sustancias estupefacientes a clientes normalmente fijos.
Asimismo se señala como tras recopilar información al respecto se averiguó que dicho Bar estaba regentado por el hoy recurrente Juan Alberto, con antecedentes policiales por trafico de drogas y tenencia ilícita de armas -consta que efectivamente fue condenado por estos delitos en sentencia de 1.12.94, firme el
19.1.95, y como después de numerosos servicios de vigilancia estática sobre dicho local se observó como los ocupantes de varios vehículos que estacionaban en las inmediaciones, entraban y salían del local en breve espacio de tiempo, circunstancia que se suele dar en la compraventa de sustancias estupefacientes.
A continuación se describe el modus operandi de Juan Alberto, según investigaciones realizadas por dicha Unidad: como la droga (cocaína) era adquirida por el mismo normalmente los jueves, día de cierre por descanso del Bar Musical, trasladándose a Gerona con un vehículo de su propiedad, para su posterior distribución a distintas personas que se dedican a la venta de la droga en cantidades menores, entre las que se identifica a una persona, conocida por el Grupo, como " Gamba " y que regenta un Bar en la localidad de San Salvador.
Y por ultimo se destaca como de los controles que se le han realizado a Juan Alberto, éste utiliza para sus desplazamientos dos vehículos, un todo terreno Nissan modelo Patrol, color blanco, matricula X-....-OD
, y un Audi, modelo 100, de color oscuro, con matricula F-....-KD, figurando ambos a su nombre y como para realizar los contactos se sabe que utiliza un teléfono móvil numero NUM001 .
Consecuentemente todos los datos referidos revelan que no nos encontramos ante una solicitud fundada en meras conjeturas sino ante una verdadera investigación con resultados concretos y el Instructor, que se remite al oficio policial, disponía de una base indiciaria para adoptar una decisión que posteriormente se reveló acertada, por cuanto en la conversación sostenida el 3.11.98, se tuvo conocimiento que el acusado había de entregar 150 invitaciones a cambio de 600.000 ptas., lo que motivó que se le interceptara cuando viajaba con su vehículo, y se solicitase autorización para la entrada y registro domiciliario que se concedió por auto de esa misma fecha, ocupándose la cocaína. Por tanto en la obtención de las pruebas de cargo y la intervención de la cocaína en su poder, no se vulneró derecho fundamental alguno, por lo que la practica de la prueba en el juicio oral y su valoración en sentencia, no infringió el derecho a un proceso con todas las garantías.
El motivo segundo por infracción de precepto constitucional al haberse vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, art. 24.2 CE . y con sede procesal en el art. 5.4 LOPJ . toda vez que el recurrente desconocía que la cantidad de droga incautada fuera tal que fundamentara la aplicación del tipo agravado de notoria importancia.
Como decíamos en la STS. 145/2007 de 28.2, con cita de las sentencias de 22.2.2006 y 3.6.2005
, alegación de desconocimiento del importe concreto de la sustancia se trata de una alegación irrelevante. Quien no quiere saber, aquello que pueda y debe conocer y sin embargo trata de beneficiarse de dicha situación, si es descubierto, debe responder de las consecuencias de un ilícito actuar (SSTS. 941/2002 de 22.5, 1583/2000 de 16.10, 1637/99 de 10.1.2000 ). Quien por su propia decisión asume una situación debe asumir las consecuencias de un delictivo actuar porque lo sabido y querido, al menos vía dolo eventual, coincidió con lo efectuado ya que fue libre de decidir sobre su intervención en la tenencia de la droga y las condiciones del deposito de armas y el no querer saber los elementos del tipo objetivo que caracteriza el dolo, equivale a querer y aceptar todos los elementos que vertebran el tipo delictivo cometido.
19.7.2000 ). La duda sobre la posible realización del tipo, cuando se sabe que el objeto transportado es de tenencia prohibida, no es equivalente a error de tipo, sino que el autor obró con dolo eventual (STS. 4.3.2002 ), sobre el conocimiento de la cantidad de droga, con lo que se satisface el elemento subjetivo del tipo respecto al componente material del delito, resultando, por consiguiente, acertado y correcto el razonamiento de que el acusado conocía o se representaba la cantidad de droga que tenia en su domicilio.
El motivo tercero por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim. al haberse aplicado indebidamente la circunstancia agravante de reincidencia del art. 22.8 CP . por cuanto los datos que aparecen en el relato fáctico relativos a la anterior condena firma de 19.1.95 por el mismo delito, son insuficientes para acreditar la concurrencia de aquella.
16.6.2000, 31.1.2001, 7.10.2003, 25.11.2004, 29.12.2005, 18.4.2006, 20.12.2006, 28.2.2007 .
5) Si no constan en los autos los datos necesarios se impone practicar un computo del plazo de rehabilitación favorable al reo, pues bien pudo extinguirse la condena impuesta por circunstancias tales como abono de prisión preventiva, redención, indulto, expediente de refundición (SSTS. 11.7 y 19.9.95, 22.10, 22.11 y 16.12.96, 15 y 17.2.97 ), expresando la STC. 80/92 de 26.5, que la resolución estimatoria de la agravante de reincidencia sin que consten en la causa los requisitos para obtener la rehabilitación y cancelación lesiona el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva.
En el caso de autos, la sentencia declara probado que Juan Alberto fue condenado por sentencia firme de 1.12.1994, firme el 19.1.95, por un delito contra la salud publica a la pena de 3 años de prisión y multa de 1.000.000 ptas. Siendo así como quiera que el momento de la comisión de los nuevos hechos debe establecerse el 3.11.98, fecha del registro domiciliario e intervención de los 1.496 grs. de cocaína, había transcurrido el plazo de cancelación de tres años previsto en el art. 136, reforma LO. 15/2003, aplicable como norma mas favorable al reo, para las restantes penas menos graves, debiendo entenderse por tales, conforme lo dispuesto en el art. 33.3 a) la prisión de tres meses menos hasta cinco años.
El motivo por tanto, debe merecer favorable acogida, pues como con acierto precisa el Ministerio Fiscal en su escrito apoyando el motivo, las anteriores consideraciones no deben verse afectadas por la escasez del tiempo transcurrido entre la fecha de la sentencia y la de comisión de los hechos, que pudiera llevar a sostener la practica imposibilidad de que no habría transcurrido el plazo de tres años, porque esa seguridad, como se ha dicho, no es total, y constatadas esas imprecisiones toda duda debe resolverse en favor del reo (STS. 691/96 de 15.10 ), al poder haberse abonado al reo la prisión preventiva sufrida en la causa que dio lugar a la sentencia, o excesos sufridos en otras o incluso concedido un indulto. Si bien estas posibilidades son poco probables, no por eso permiten una presunción en contra del reo, que vulneraría la presunción de inocencia.
El motivo cuarto por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim. por la indebida aplicación de los arts.
21.6 en relación con el art. 66.2 CP ., al no haberse considerado la circunstancia analógica de dilaciones indebidas como muy cualificada, dado que los hechos objeto de enjuiciamiento ocurrieron en noviembre de 1998.
Como decíamos en la STS. 258/2006 de 8.3, la doctrina de esta Sala, por ejemplo SS. 22.7.2003 y
22.1.2004, siguiendo el criterio interpretativo del TEDH en torno al art. 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona, el derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable, señala los factores que han de tenerse en cuenta para su estimación, que son los siguientes: la complejidad del proceso, los márgenes ordenados de duración de los procesos de la misma naturaleza en igual periodo temporal, el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, su conducta procesal y la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles. Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España, y las que en ellas se citan). En el examen de las circunstancias de la causa también el TEDH ha señalado que el periodo a tomar en consideración en relación al artículo 6.1 del Convenio empieza desde el momento en que una persona se encuentra formalmente acusada o cuando las sospechas de las que es objeto tienen repercusiones importantes en su situación, en razón a las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de perseguir los delitos. (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España).
en la primera de ellas, del día 2-10-92, obtuvo mayoría de votos entre los Magistrados la postura de la no incidencia de tal vulneración en el correspondiente pronunciamiento condenatorio. Habría de tener eficacia en una posible solicitud de indulto o en una petición de indemnización al Estado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, conforme al art. 121 CE . y a los arts. 299 y ss. LOPJ .
luego el tema volvió a tratarse en otra reunión de 29.4.97 en la que se acordó que, en caso de apreciarse que en el proceso penal hubiera habido la mencionada vulneración y hubiera de estimarse su motivo de casación al respecto, así habría de declararse por esta Sala en la correspondiente sentencia, sin condena en costas y con los pronunciamientos que se considerasen adecuados, en su caso, sobre proposición de indulto, suspensión de la ejecución de la pena mientras se tramitara la solicitud de esta medida de gracia, conforme a lo dispuesto en el art. 4.4 CP . y un pronunciamiento de segunda sentencia
días más tarde, en otra reunión celebrada el 21.5.99, se acordó reconocer eficacia en la sentencia penal condenatoria a esta violación del mencionado derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a través de la circunstancia atenuante analógica recogida en el art. 21.6 CP . vigente que se corresponde con la del art.
10.10 CP. 1973 . Se acordó por mayoría la posición que mantenía que esa lesión de un derecho fundamental, de orden procesal, reconocido en el art. 24.2 CE ., podía producir efecto en la cuantía de la pena a través de la mencionada atenuante, como una compensación al reo por el perjuicio producido por el retraso en la tramitación del procedimiento por causas ajenas al propio condenado.
Postura esta sentada en la jurisprudencia más reciente, por ejemplo STS 1.7.2004, que sobre la base del art. 4.4 CP . ha descartado que la inexistencia de dilaciones indebidas sea un presupuesto de la validez del proceso y por ello de la sentencia condenatoria. Por el contrario, partiendo de la validez de la sentencia, ha admitido la posibilidad de proceder a una reparación del derecho vulnerado mediante una disminución proporcionada de la pena en el momento de la individualización, por lo que habrá de atender a la entidad de la dilación. El fundamento de esta decisión radica en que la lesión causada injustificadamente en el Derecho Fundamental como consecuencia de la dilación irregular del proceso, debe ser valorada al efecto de compensar una parte de la culpabilidad por el hecho, de forma análoga a los efectos atenuatorios que producen los hechos posteriores al delito recogidos en las atenuantes 4ª y 5ª del art. 21 CP . Precisamente en relación con estas causas de atenuación, las dilaciones indebidas deben reconducirse a la atenuante analógica del art. 21.6 CP .
En el caso presente la sentencia de instancia estima concurrente la referida atenuante analógica de dilaciones indebidas, art. 21.6 CP ., dado el tiempo transcurrido desde los hechos hasta el juicio casi 7 años y medio, el motivo consideraba que debe apreciarse con efectos cualificados.
Pues bien por atenuante muy cualificada, entendió la doctrina de esta Sala, por ejemplo STS. 493/2003 de 24.4, aquellas que alcanzan una intensidad superior a la normal de la respectiva circunstancia, teniendo en cuenta las condiciones del culpable, antecedentes del hecho y cuantos elementos o datos puedan detectarse y ser reveladores del merecimiento de la conducta del inculpado (SSTS. 19.2.2001, 26.3.98, 30.5.91 ).
Tratándose, además de atenuantes por analogía, ha puesto de relieve su dificultad la sentencia 1846/1994, de 24 de octubre, pues la analogía supone un término comparativo con otra recogida expresamente en la Ley, de tal manera que si ésta última, (la que sirve de comparación) no puede aplicarse de modo directo, mal puede entenderse la analógica con el carácter de "duplicada". En todo caso para reputar una atenuante como muy cualificada es necesario que la sentencia lo declare expresamente o se deduzca de los hechos declarados probados -sentencia de 29 de octubre de 1986 - y que deben estimarse como muy cualificadas cuando de las circunstancias concurrentes se deduzca una menor dolosidad o malicia en la intencionalidad delictuosa, bien por la menor libertad volitiva del sujeto para delinquir o por la menor entidad del propósito criminoso o acercamiento a la justificación -sentencia de 22 de septiembre de 1990 -, habiendo señalado la sentencia de 26 de mayo de 1986 que para que proceda la estimación de esta especial cualificación, es preciso: 1º. Que su intensidad sea superior a la normal respecto a la atenuante correspondiente. 2º. Que se atienda a la circunstancialidad del hecho, del culpable y del caso, de tal manera que tan solo de forma excepcional las atenuantes analógicas pueden ser consideradas como muy cualificadas.
Siendo así el propio motivo admite que iniciado el procedimiento en noviembre 1998, el Ministerio Fiscal formuló escrito acusación el 19.7.2001, dictándose sentencia el 5.11.2001, lo que no puede considerarse una tramitación excesivamente dilatada. Es a partir de esta fecha cuando concurren diversas incidencias, algunas imputables al propio recurrente, que motivaron la larga duración del proceso. Así recurrida la sentencia en casación fue declarada su nulidad y la celebración de nuevo juicio por sentencia de esta Sala de 6.10.2003, y recibidos los autos en la Audiencia el 1.3.2004, el procedimiento que ya había sido suspendido desde junio a octubre 2001 a instancia única de la defensa, fue de nuevo suspendido desde marzo 2004 a agosto 2005, al estar el acusado, hoy recurrente en ignorado paradero, lo que obligó a su busca mediante requisitoria.
Conducta procesal del recurrente dando con su comportamiento personal a parte de las dilaciones, que hace improcedente la apreciación de la atenuante como muy cualificada, que queda razonada para casos excepcionales y graves (ver sentencia 27.12.2004 ).
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación, interpuesto por Juan Alberto
, con estimación del motivo tercero por infracción de Ley, y desestimación de los restantes por violación derechos fundamentales e infracción de Ley, contra sentencia de 28 de julio de 2006, dictada por la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Segunda, que le condenó como autor de un delito contra la salud publica; y en su virtud, casamos parcialmente dicha resolución dictando segunda sentencia más acorde a derecho, con declaración de oficio de las costas del recurso. Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal Sentenciador a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vendrell, Sumario número 1 de 1998, y seguida ante la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 2ª, por delito contra la salud publica, contra Juan Alberto, mayor de edad, cuya circunstancias personales consta en la causa, en libertad provisional por esta causa; se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, hace constar los siguientes:
Tal como se ha razonado en los Fundamentos de Derecho cuarto y quinto de nuestra sentencia precedente no es apreciar la agravante de reincidencia al no constar la fecha de extinción de la primera condena por delito contra la salud publica.
Estimación del recurso que ninguna incidencia tiene en orden a la pena privativa de libertad impuesta, 9 años prisión, al ser ésta la mínima, correspondiente al delito contra la salud publica, sustancia que causa grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, art. 368 y 369.3 redacción anterior LO. 15/2003 de 25.11, debiendo ser tenido en cuenta en relación a la pena de multa impuesta que deberá ser reducida a 100.000 euros a la vista del valor de la sustancia incautada, 90.000 euros, y la prevista en el art. 369 CP . (tanto al cuádruplo) y la sola concurrencia de esa circunstancia atenuante (art. 66.1 CP .)
Que manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección segunda, de fecha 28 de julio de 2.006, declaramos revocar la misma en los extremos de no estimar concurrente la agravante de reincidencia, y que la pena de multa conjunta con la pena de prisión de 9 años, será de 100.000 euros.
STSJ Aragón 637/2010, 27 de Septiembre de 2010
STS 2433/2001, 20 de Diciembre de 2001

References: resolución 
 resolución 
 artículo 120
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución