Source: http://www.revistarap.com.ar/Derecho/administrativo/derecho_penal_i_r8/cancian_emilio_eduardo_s_recurso_de_casac.html
Timestamp: 2020-07-14 20:27:21+00:00

Document:
Cancián, Emilio Eduardo s/ recurso de casación
Procedimiento penal. Falta de cargo en el escrito de presentación del recurso de casación local. Rechazo por extemporáneo. Sentencia arbitraria. Apartamiento de las constancias de la causa. Excesivo rigor formal. Violación de la garantía de defensa en juicio. Procedencia del recurso.
C. 2750. XL. "Cancián, Emilio Eduardo s/ recurso de casación".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, declaró inadmisible el recurso deducido por la defensa oficial de Emilio Eduardo Cancian contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial de Morón, que lo condenó a la pena de reclusión perpetua por considerarlo coautor de los delitos de robo agravado por el uso de armas; homicidio calificado por su comisión con alevosía, con el concurso de más de dos personas y para procurar la impunidad de sus autores; y tentativa de extorsión, todos ello en concurso real (fs. 1/30, 36/42 y 67/70).
Sostuvo que al no surgir fecha de la presentación del mencionado recurso de casación ante la Cámara departamental -conforme lo autorizaba la resolución entonces vigente del propio Tribunal de Casación- correspondía computar la fecha de su recepción o ingreso a éste último, a fin de verificar el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 451 del Código Procesal penal local. En tal sentido, concluyó que dicho lapso había transcurrido con exceso desde la notificación de la condena al encausado y su defensor, razón por la cual la presentación del recurso resultaba extemporánea (cfr. fojas 34 y 42/43).
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la provincia desestimó el recurso de inaplicabilidad de ley articulado contra dicho pronunciamiento, por las razones que lucen a fojas 118/119 del presente.
Contra esa decisión, se interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a fojas 130.
Un vez más el doctor Mario L. Coriolano se agravia, tal como aconteció en muchos de los precedentes que invoca en su presentación de fojas 106/111, en los que VE ha compartido los fundamentos y conclusiones de esta Procuración General, de la arbitrariedad en la que incurrió el a quo al sostener que la crítica de la defensa involucraba exclusivamente cuestiones de orden procesal, sin atender el argumento tendiente a demostrar su carácter constitucional consistente en el excesivo rigor formal que exhibía el fallo casatorio en detrimento de la defensa en juicio y el debido proceso (Artículos 18, 75, inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2e. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3d. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), al privar al encausado de la posibilidad de concretar la revisión judicial por el sólo vencimiento del plazo, sin tener en cuenta que, de haberse verificado esa circunstancia, ello aconteció por causas que no le eran atribuibles.
Asimismo, también critica con base en la doctrina de VE que cita al efecto, los argumentos vertidos en el fallo para rechazar el planteo subsidiario de inconstitucionalidad del Artículo 494 del código ritual de la provincia.
Tal como lo sostuve al dictaminar en varios casos con similares planteos al del sub júdice, la Corte tiene establecido a partir del precedente publicado en Fallos: 311:2478, que en los casos aptos para ser conocidos en la instancia prevista en el Artículo 14 de la Ley Nº 48, la intervención del superior tribunal de provincia es necesaria en virtud de la regulación que el legislador hizo del Artículo 31 de la Constitución Nacional, de modo que, en tales supuestos y contrariamente a lo sostenido por el a quo, la legislatura y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden impedir el acceso al máximo tribunal de justicia local. También concluyó que las provincias son libres de crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, pero sin vedar a ninguna de ellas y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional.
De modo tal que resulta imprescindible, ante todo, analizar si en el caso los agravios que invoca el recurrente contra el pronunciamiento casatorio comprenden alguna cuestión federal o algún supuesto de arbitrariedad, a la cual VE ha reconocido el carácter de medio idóneo para asegurar el reconocimiento de alguna de las garantías consagradas en la Norma Fundamental (Fallos: 323:2510, considerando 10°).
Entiendo que la crítica del apelante permite tener por acreditado este último extremo, toda vez que si bien la discusión en torno a determinar si el recurso de casación fue interpuesto en término constituye una cuestión cuyo análisis, por regla y atento su naturaleza procesal, resulta ajeno a la instancia extraordinaria federal (Fallos: 297:227; 311:926; 312:1186) encuentro aquí aplicable la excepción posible a tal principio, que determina que aquel es procedente cuando media un apartamiento de las constancias del juicio, o cuando el examen de tal aspecto se realiza con injustificado rigor formal que afecta la garantía de la defensa en juicio.
Considero que ello es así pues, más allá de las distintas alternativas posibles para determinar fehacientemente la fecha de presentación del escrito glosado a fojas 34, la ausencia de cargo de recepción no constituye un defecto imputable a Cancian, quien puso de manifiesto su expresa intención de revisar la condena en la instancia casatoria al notificarse personalmente del veredicto (fs 31/32), y cuya defensa hizo oportuna reserva en tal sentido.
Por lo tanto, la omisión en la que incurrió el a quo al no tener en cuenta la situación descripta, limitándose a sostener que el tema planteado involucraba cuestiones de índole procesal sin ponderar aquella voluntad, y la doctrina de apelar, importa un exceso de rigor formal en tanto satisface sólo de modo aparente la exigencia de constituir derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias efectivamente comprobadas en la causa, lo que autoriza a su descalificación como acto judicial en la medida que conduce, en definitiva, a una restricción sustancial de la vía utilizada por el procesado -no obstante haber invocado oportunamente su voluntad recursiva e, incluso, la reserva pertinente- con menoscabo de la garantía prevista en el Artículo 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:1149; 312:426; 317:126; 320:1504, entre otros).
En consecuencia, soy de la opinión que VE debe dejar sin efecto la sentencia apelada para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte una nueva con arreglo a derecho, sin que ello importe abrir juicio sobre el fondo del asunto.
Vistos los autos: "Cancián, Emilio Eduardo s/ recurso de casación".
Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que por quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Hágase saber y remítase.
Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay (según su voto).
Que el superior tribunal provincial rechazó la vía recursiva intentada únicamente sobre la base de lo dispuesto por el ordenamiento procesal provincial y en la jurisprudencia local sin realizar un mínimo examen de los agravios constitucionales invocados -derecho a la doble instancia y de defensa en juicio-.
El criterio restrictivo del tribunal provincial para considerar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha impedido al recurrente obtener un pronunciamiento acerca de los agravios en cuestión, echando por tierra toda posibilidad del control constitucional por parte de esta Corte. Y tal restricción no puede ser admitida (cfr. "Di Mascio" en Fallos: 311:2478).
Por ello, y sin perjuicio de la resolución que pueda adoptarse acerca del fondo, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo aquí expuesto. Notifíquese y remítase.

References: resolución 
 Artículo 451
 Artículo 494
 Artículo 14
 Artículo 31
 Artículo 18
 resolución