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Timestamp: 2018-09-20 15:21:46+00:00

Document:
﻿ LEY 74 DE 1968
LEY 74 DE 26 DE DICIEMBRE DE 1968
CONTENIDO:SE APRUEBAN LOS "PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, ASÍ COMO EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE ESTE ÚLTIMO, APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN VOTACIÓN UNÁNIME, EN NUEVA YORK, EL 16 DE DICIEMBRE DE 1996".
TEMAS ESPECÍFICOS:ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE RELACIONES EXTERIORES, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
DIARIO OFICIAL N°:32682 SIN FECHA
“Por la cual se aprueban los “Pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos civiles y políticos, así como el protocolo facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ART. ÚNICO.—Apruébanse los “Pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos civiles y políticos, así como el protocolo facultativo de este último”, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, y que a la letra dice:
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS “Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
Considerando que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,
3. Los Estados Partes en el presente pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
3. Los países en vía de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente pacto a personas que no sean nacionales suyos.
1. Ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidas en el pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de los principios sobre nutrición y el perfeccionamiento y la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
2. Entre las medidas que deberán adaptar los Estados Partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
1. Los listados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1º y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
1. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a presentar en conformidad con esta parte del pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo.
El consejo económico y social podrá transmitir a la comisión de derechos humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para información, según proceda, los informes sobre los derechos humanos que presenten los Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los derechos humanos que presenten los organismos especializados conforme al artículo 18.
Los Estados Partes en el presente pacto y los organismos especializados interesados podrán presentar al consejo económico y social observaciones sobre toda recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 19, o toda referencia a tal recomendación general que conste en un informe de la comisión de derechos humanos o en un documento allí mencionado.
El consejo económico y social podrá presentar de vez en cuando a la asamblea general, informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el presente pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en el presente pacto.
Los Estados Partes en el presente pacto convienen en que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente pacto, comprenden procedimientos, tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales técnicas para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los gobiernos interesados.
3. El presente pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1º del presente artículo.
1. El presente pacto entrará en vigor transcurridos tres meses, a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigesimoquinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones
2. Para cada Estado que ratifique el presente pacto o se adhiera a él después de haber sido depositado el trigesimoquinto instrumento de ratificación o de adhesión, el pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5º del artículo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1º del mismo artículo:
b) La fecha en que entre en vigor el presente pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 27 y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 29.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberando del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de la obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color sexo, idioma, religión u origen social.
1. Ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada, en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.
c) No se considerarán como “trabajo forzoso obligatorio” a los efectos de este párrafo:
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas.
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable;
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2º de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
1. Se establecerá un comité de derechos humanos (en adelante denominado el comité). Se compondrá de diez y ocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más adelante.
1. Los miembros del comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de dos años. Inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la reunión mencionada en el párrafo 4º del artículo 30 designará por sorteo los nombres de estos nueve miembros.
1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que sigan a la declaración de dicha vacante, el Secretario General de las Naciones Unidas lo notificará a cada uno de los Estados Partes en el presente pacto, los cuales, para llenar la vacante, podrán presentar candidatos en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 29.
2. El comité establecerá su propio reglamento. en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:
4. El comité estudiará lo informes presentados por los Estados Partes en el presente pacto. Transmitirá sus informes y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes. El comité también podrá transmitir al consejo económico y social esos comentarios, junto con una copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en el pacto.
5. Los Estados Partes podrán presentar al comité observaciones sobre cualquier comentario que se haga con arreglo al párrafo 4º del presente artículo.
1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente pacto podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone este pacto.
Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual se reconozca con respecto a sí mismo la competencia del comité. El comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se transmitirán de conformidad con el procedimiento siguiente:
a) Si un Estado Parte en el presente pacto considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones del presente pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses; contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación, una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto.
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en el presente pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1º del presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al secretario general. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
b) La comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes interesados. Si transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen de acuerdo sobre la composición, en todo o en parte, de la comisión, los miembros de la comisión sobre los que no haya habido acuerdo serán elegidos por el comité, de entre sus propios miembros, en votación secreta y por mayoría de dos tercios.
5. La secretaria prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones que se establezcan en virtud del presente artículo.
10. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso necesario, los gastos de los miembros de la comisión, antes de que los Estados Partes interesados reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9º del presente artículo.
Las disposiciones de aplicación del presente pacto se aplicarán sin perjuicio de los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de lo mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con convenios internacionales generales o especiales vigentes entre ellos.
1. El presente pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigesimoquinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5º del artículo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1º del mismo artículo:
b) La fecha en que entre en vigor el presente, pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 51.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48,
Considerando que para asegurar mejor el logro de los depósitos del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (en adelante denominado el pacto) y la aplicación de sus disposiciones, sería conveniente facultar al comité de derechos humanos establecido en la parte IV del pacto (en adelante denominado el comité) para recibir y considerar, tal como se prevé en el presente protocolo, comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto.
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1º, todo individuo que alegue una violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el pacto y que haya agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a la consideración del comité una comunicación escrita.
1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 3º, el comité pondrá toda comunicación que le sea sometida en virtud del presente protocolo, en conocimiento del Estado Parte del que se afirme que ha violado cualquiera de las disposiciones del pacto.
b) El individuo ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. No se aplicará esta norma cuando la tramitación de los recursos se prolongué injustificadamente.
3 El presente protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado el pacto o se haya adherido al mismo.
1. Todo Estado Parte en el presente protocolo podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El secretario general comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente protocolo pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y. someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara a favor de tal convocatoria, el secretario general convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entraran en vigor cuando hayan sido aprobadas por la asamblea general y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
Todo Estado Parte podrá denunciar el presente protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efectos tres meses después de la fecha en que el secretario general haya recibido la notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, en virtud del artículo 2º, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
Independientemente de las notificaciones formuladas conforme al párrafo 5º de artículo 8º del presente protocolo, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el parágrafo 1º del artículo 48 del pacto:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme con lo dispuesto en el artículo 8º;
b) La fecha en que entre en vigor el presente protocolo conforme a lo dispuesto en el artículo 9º, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 11;
Rama ejecutiva del Poder Público – Presidencia de la República.
Aprobado. Sométase a la consideración del Congreso Nacional para los electos constitucionales.
(Fdo.) Carlos Lleras Restrepo
(Fdo.) Germán Zea.
Es fiel copia del texto de “Los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos civiles y políticos, así como del protocolo facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York el 16 de diciembre de 1966” publicado por la oficina de información pública de las Naciones Unidas bajo el número OPI/246, que reposa en los archivos de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
José María Morales Suárez, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores.
ART. 1º—1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen así mismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE VIOLACIÓN DE FRONTERA POR EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES
ART. 13.—El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en el presente pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas (§ ).
ART. 17.—1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques (§ ).
DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL INJURIA DERECHO A LA HONRA PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

References: artículo 18
 artículo 19
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 33
 artículo 29
 artículo 36
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 51
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 48
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 11