Source: https://www.scribd.com/document/71198241/1002-2004
Timestamp: 2018-01-18 06:49:19+00:00

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GARCÍA GARCÍA Mediante escrito presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 5 de septiembre de 2002, los abogados JOSÉ AGUSTÍN CATALÁ y CARLOS NATERA, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 629 y 5.065, respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la FEDERACIÓN MÉDICA VENEZOLANA, corporación creada por la Ley del Ejercicio de la Medicina e integrada por los Colegios de Médicos de la República con carácter profesional, gremial y reivindicativo, cuyo texto aparece publicado en la Gaceta Oficial N° 3002, Extraordinario, el 23 de agosto de 1982, y “(...) en defensa de los derechos e intereses difusos de la sociedad generalmente considerada, y en particular del gremio médico (...)”, interpusieron acción de amparo constitucional contra la “conducta omisiva” de la Ministra de Salud y Desarrollo Social y el Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con fundamento en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En esa misma ocasión se dio cuenta en esta Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. El 11 de julio de 2003 la Sala admitió la acción de amparo y, en consecuencia, ordenó la notificación de la Ministra de Salud y Desarrollo Social, del Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y del Defensor del Pueblo y la notificación mediante edicto a todos los interesados, para que comparecieran ante la Secretaría de la Sala para conocer el día y hora en que se celebraría la audiencia oral y pública. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordenó notificar al Ministerio Público. Efectuadas las notificaciones correspondientes, el 31 de marzo de 2004, se fijó el 20 de abril del mismo año, a las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.), para que tuviera lugar la audiencia constitucional a que hace referencia el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El 20 de abril de 2004 tuvo lugar la indicada audiencia con la presencia de la parte accionante, los accionados y la representante del Defensor del Pueblo. En esa oportunidad se le concedió el derecho de palabra al apoderado judicial de la parte accionante, a los accionados y a la representación del Defensor del Pueblo, quienes consignaron escritos de sus respectivas exposiciones. En ese estado la
y a algunas referencias doctrinales. equipos médicos y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria a nivel Nacional. el 27 de junio de 2002. consciente de la situación de insuficiencia en cuanto a la dotación de los centros hospitalarios a nivel nacional. lo cual fue anunciado oralmente por el Magistrado Presidente de esta Sala Constitucional. su representada se dirigió a la Defensoría del Pueblo. en cuanto a la insuficiente dotación de los insumos... “Quedando demostrada la conducta omisiva. la Federación Médica Venezolana ha venido alertando y reclamando de los organismos accionados “(.. aunado al deterioro de su planta física” yconsignaron inspección grabada y realizada por la Defensoría del Pueblo en el Hospital Dr. Que.Valera el 22 y 23 de agosto de 2002. inclusive. en atención a tal circunstancia. mediante la dotación oportuna de los insumos. En cuanto a las disposiciones infringidas denuncian los representantes judiciales de la accionante la violación de los derechos que se encuentran desarrollados en los artículos 83. revelan las carencias del sector salud a nivel nacional imputables a la conducta omisiva del órgano y ente accionados. para lo cual realiza las siguientes consideraciones: I FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO Esgrime la parte accionante que. la salud es un derecho social fundamental y una obligación básica del Estado.. 84 y 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. solicitando sus oficios para que el Gobierno nacional procediese a la efectiva y suficiente dotación de los centros hospitalarios a nivel nacional. Corresponde a la Sala en esta oportunidad emitir íntegramente y por escrito. anexaron al escrito libelar cinco (5) cintas de video VHS. Pedro Emilio Carrillo. el 15 de marzo de 2000.) el cumplimiento de las obligaciones que le son inherentes para que pueda ser prestado un eficiente servicio de salud a la población. en su opinión. Luego de hacer referencia a la sentencia dictada por esta Sala. y en general todo lo relacionado al servicio de salud. por lo que su mandante. quien tiene el deber de garantizarlo como parte del derecho a la vida. acondicionamiento de locales y demás elementos requeridos para la prestación eficiente de tal servicio”. equipos. Estado Trujillo. en la cual se encuentran los centros hospitalarios. practicó inspecciones judiciales en tales centros. equipos y demás elementos necesarios para la prestación del servicio de salud. invocaron el hecho notorio comunicacional para hacer valer algunas publicaciones de prensa nacional y regional que. Que. Asimismo. “(.Sala declaró no ha lugar en derecho el amparo ejercido. comunicación que nunca fue respondida ni tramitada.) demostrativas de la situación de carencia de insumos. según la Constitución. su fallo. en todo el ámbito del territorio nacional. . para dejar constancia de la precaria situación física en la que se encontraban.
que aparece integrado al sistema de seguridad social. adopción.. comprometer. conforme al artículo 247 constitucional.. en juicio. bienes e intereses patrimoniales de la República.) la responsabilidad del Estado se origina cuando la lesión se deriva del funcionamiento anormal de los servicios públicos a cargo del Estado. por lo que solicitan que se declare con lugar la acción de amparo ejercida. ejecución y entrega de recursos presupuestarios. expresan que “(. sólo el Procurador General y la persona en que se sustituya tiene capacidad para representar judicialmente y. por ende. por disposición del artículo 45 y siguientes de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Manifiestan que es conocido que “(. en concordancia con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. como punto previo. estrategias. que el Ministro. es decir.. pues éste cuenta con los recursos necesarios. anualmente presupuestados para atender como es debido. Indica que la acción de amparo ejercida si bien se basa en la supuesta violación del derecho a la salud por la conducta omisiva del órgano del cual es titular. quien tiene a su cargo el financiamiento del Sistema Público de Salud a través de un presupuesto que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. garantizando a la población en general tratamientos oportunos y rehabilitación de calidad”. sus resultas pueden afectar directa o indirectamente la asignación. es el órgano superior de dirección de la Administración pública nacional encargado de la formulación. programas y proyectos en la materia de salud y desarrollo social. los cuales han sido vulnerados en forma continuada por los demandados”. II ALEGATO DEL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL Señala el titular del órgano accionado en amparo. por lo que cualquier decisión que se dicte en el marco de la presente . como lo dispone el artículo 139 de la Constitución. Al respecto. seguimiento y evaluación de las políticas. pues. una de las más importantes áreas como lo es el Servicio de Salud Pública y la Dotación de Insumos para que tal servicio pueda ser prestado”. de forma que de no desarrollarse como ha sido concebida por la norma. patrimonialmente a la República. motivo por el cual aclara que su participación en este proceso es en su condición de representante administrativo y político del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.. el Estado incurriría en responsabilidad derivada del ejercicio del Poder Público. y que el texto constitucional contempla que los servicios de salud deben ser prestados por el Estado. planes generales.) el sistema Público de Salud debe dar prioridad a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
distribución y asignación de los equipos y suministros de los servicios bajo su administración. así como la construcción y mantenimiento de la infraestructura. la adquisición. instalaciones y equipos de las dependencias del sistema regional de salud. administración. que si bien el numeral 24 del artículo 156 de la Constitución establece como atribución propia y exclusiva del Poder Público nacional las políticas y los servicios nacionales de salud. en consecuencia. a los hospitales y ambulatorios a nivel nacional. visto que la acción de amparo -ejercida el 5 de septiembre de 2002. Que. bajo el título “contexto histórico”. ejecución y entrega de presupuestos para la adquisición y distribución de los insumos. es imposible. Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. indica que según el artículo 85 de la Carta Magna la obligación del Estado de garantizar el financiamiento del sistema público nacional de salud está regulada en forma estricta por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y la Ley Orgánica de Administración Pública. con base en los lineamientos dispuestos en la Ley Orgánica de Descentralización.tiene por objeto que se ordene la inmediata asignación. . luego de hacer una reseña del caso. tampoco era menos cierto que en atención a una política de descentralización territorial. correspondiéndole. en su entidad territorial. la actividad pre y post natal hospitalaria. a las cuales debe ceñirse las actividades de los entes y órganos responsables de la salud pública. dotación médica. a esas entidades político territoriales la estimación y tramitación de los recursos presupuestarios según la cláusula quinta del referido convenio. de la administración de los servicios del sistema regional de salud. fue transfiriendo paulatinamente la administración y control del sistema regional de salud a dieciséis gobernaciones y al Distrito Capital. Que en atención a tal circunstancia.acción de amparo no podría afectar el patrimonio de la República en obsequio del derecho a la defensa y al debido proceso que esta ostenta. Ya acerca del mérito del asunto señala. lo cual. equipos y materiales instrumentales. el Ejecutivo nacional. conforme con el artículo 56 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. En otro sentido. solicita que se declare la inadmisibilidad de la acción. las gobernaciones con las que se ha realizado el Convenio de Transferencia del Servicio de Salud Pública son responsables.
Con respecto a los medios probatorios presentados por la accionante tachó todas y cada una de las actas de inspección ocular producidas. por considerar que de las mismas no era posible deducir que los hechos y circunstancias que pudieran observarse en el año 2002 en los centros hospitalarios fuesen producto de la presunta conducta omisiva por parte de los señalados como agraviantes. la presente acción de amparo debe declararse improcedente. destacó el esfuerzo por parte del ejecutivo nacional para garantizar el derecho a la salud de todos los venezolanos y el financiamiento del “Sistema Nacional de Salud”. los cuales tenían como norte responder a las necesidades sociales. salvo aquellas de carácter netamente de reivindicación salarial. el 27 de junio de 2002. calificó como incierto e impertinente el alegato de la accionante en cuanto a las publicaciones que anexó. Por lo que. III DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL INSTITUTO . antes más. sin embargo. de allí que. no ha resuelto el problema del sector. ya que la comunicación dirigida a dicha institución no contenía algún elemento del cual se pudiese inferir que los señalados como agraviantes hubiesen realizado alguna conducta omisiva de sus obligaciones según su cargo. ya que no se desprendía de los mismos que las carencias del sector salud sean generadas por la omisión expresa de los accionados. En igual sentido. por el contrario. aduce. lo cual. es impertinente el alegato de los accionantes cuando expresaron que su representada se dirigió a la Defensoría del Pueblo. equipos médicos y mantenimiento de infraestructura a nivel nacional. en la mayoría de los casos se ha agravado.Afirma que no es un secreto que el sistema público de la salud atraviesa una crisis en su funcionamiento. a pesar de las dificultades presupuestarias. En su criterio. en estos últimos tres años se habían implementado diferentes programas relacionados con la salud. convirtiéndose en un problema estructural donde están comprometidos todos los factores que formaban parte del sistema. Que con ocasión a eso se aplicó como solución la descentralización territorial de los servicios de salud a las gobernaciones. sino que. niega que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social haya omitido el cumplimiento de sus obligaciones y competencias en cuanto a la dotación de los insumos. Que no constaba en sus archivos ni en el expediente de la Federación Médica Venezolana que se hubiese dirigido alguna comunicación o escrito al referido Ministerio o al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Asimismo.
acota. porque lo que supuestamente es realidad en un momento. indica que los periódicos o diarios no son documentos sino sólo impresos destinados a divulgar noticias.. Por otra parte. toda vez que el Estado venezolano para el sector salud en los años 2003 y 2004 triplicó los presupuestos de años anteriores tal como se puede observar de las Leyes de Presupuesto. por lo que las acusaciones hechas para el momento de la interposición del presente amparo.VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES La representación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. por lo que considera que los periódicos no pueden considerarse como documentos públicos o privados ya que sólo contienen referencias y no puede dárseles efecto alguno. situación que estima más que suficiente para que se deseche el amparo ejercido. Como defensa de fondo niega. actualmente resultaban infundadas en razón de que las inspecciones judiciales realizadas eran de vieja data y nada reflejaban de las condiciones actuales. presupuestos que.429 del Código Civil. especialmente lo concerniente a sus acusaciones de violación del derecho a la salud y a la vida. sino de una supuesta violación de derechos constitucionales. Que aunque es cierto que algunas informaciones tienen como origen algún otro documento. de allí que impugnen los consignados por la parte accionante. en ese caso el artículo no sería el documento sino el original. “(.. lo que significa que no hay una amenaza de violación de derecho”. era necesario que se produjeran dos condiciones: que sobrevengan perjuicios por retardo y que se trate de circunstancias que puedan desaparecer. conforme al artículo 1. IV DEL INFORME PRESENTADO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO . situaciones estas que son variables. rechaza y contradice tanto en los hechos como en el derecho todas y cada una de las pretensiones expuestas en el libelo por la querellante. para la procedencia de las inspecciones judiciales previas a la realización del juicio. en un capítulo destinado a las pruebas promovidas por la accionante explica que.) coligen con las causales de inadmisibilidad de una acción de amparo constitucional. Ha cambiado dieciséis meses después. En el presente caso no se pretende dejar constancia de un perjuicio. luego de hacer largas consideraciones acerca de la inadmisibilidad de la acción de amparo. aunque en un principio pudieran haber sido ciertas.
como se apreciaba de las observaciones reflejadas en las diferentes actas de visitas. De acuerdo con lo alegado por la Defensoría del Pueblo. las gobernaciones. era complejo. y en él se encontraban involucrados “(. incumplieron con las obligaciones que les son propias en materia financiera y de dotación de insumos para que los centros médicos asistenciales puedan prestar un eficiente servicio de salud a la población.. el IVSS. estableciendo el orden y niveles de responsabilidad de las diferentes instancias e la Administración Pública sobre la materia”. adquisición de equipos. la Tesorería Nacional. destacando el conflicto existente entre la Federación Médica Venezolana y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. equipos e instrumentales para los hospitales y ambulatorios en el ámbito nacional. así velar por su efectivo cumplimiento no han ejecutado cabal y oportunamente las obligaciones y responsabilidades que les son propias. medicamentos. placas. insumos médicos. Que. por el interés manifiesto de los gremios médicos de ejercer presiones en procura de reivindicaciones laborales y más aún como vía de accionar político en contra del Ejecutivo Nacional”. el ciudadano Douglas León Natera. el 27 de junio de 2002.Señala el sustituto del Defensor del Pueblo que con ocasión a la denuncia que formulara ante esa institución. radiografías. referente a la falta de insumos. el cual era utilizado para el pago de salarios. a saber: “(. se efectuaron otra serie de inspecciones a distintos hospitales y ambulatorios por parte de la Defensoría Especial en Materia de Salud y Seguridad Social. la problemática del sector salud se originó por dos principales causas. quirúrgicos. la Alcaldía Metropolitana de Caracas..) como consecuencia de que los órganos del Estado llamados a salvaguardar y proteger este derecho.. legal y reglamentaria en materia de servicios públicos. en segundo lugar. por lo que se debe determinar si el MSDS.) un conjunto de entes y órganos corresponsales en la ejecución del mismo.. dotación médica. en el cual se pretendía la paralización de actividades en contravención de la normativa constitucional. de insumos y suministros. el Ministerio de Finanzas. . entre otros particulares. dieron cuenta de algunas visitas y constataron que los centros hospitalarios carecen de una suficiente dotación de equipos especializados... Arguyen en sus consideraciones finales que el proceso presupuestario del sector salud. el 25 de septiembre de 2002.
-Que se ordene al Ministerio de Finanzas. Además. al Ministerio de Salud y Desarrollo Social y al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales determinen a esta fecha. efectiva y expedita a la problemática de dotación de insumos. el cual sería responsable de resolver dudas. a cumplir con su labor de supervisión y evaluación de la políticas y actividades ejecutadas por los servicios de salud pública transferidos..-Que se ordene al Ministerio de Salud y Desarrollo Social. así como adoptar medidas tendentes a garantizar una prestación continua.. equipos e instrumentales para los hospitales y ambulatorios a escala nacional y las responsabilidades que hubiere a lugar de los administradores de los mismos. 4. cuáles son las órdenes . eficiente y eficaz del aludido servicio. mediante una normativa permanente. consideran pertinente que esta Sala Constitucional exhorte a la Contraloría General de la República. equipos instrumentales para los hospitales y ambulatorios a escala nacional y las responsabilidades que hubiere a lugar de los administradores de los mismos. finalmente. en uso de su facultad de control de gestión establecida en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. legal y reglamentaria que regula el derecho a la huelga dentro de la prestación de los servicios públicos. las siguientes: “1. 8. constante. insumos. insumos.-Que se ordene a los trabajadores y representantes sindicales de la salud como funcionarios y representantes del Estado que son a cumplir con la normativa constitucional. a los fines de que realice una investigación en torno al destino y uso de los recursos transferidos y no ejecutados en el sector salud.-Que se establezcan las bases y se inste al Ministerio del Trabajo para que fije cuales son las condiciones de trabajo indispensables que deben ser prestados a la población. de conformidad con lo establecido en la Ley de Salud y en los Convenios de Transferencia en su Capítulo II.-Que se exhorte a las Gobernaciones y a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. así como que realicen auditorias en los diferentes centros médicos asistenciales a su cargo para determinar y supervisar el correcto manejo de los recursos económicos.Que se ordene la creación efectiva de la Comisión Interinstitucional a los fines de encontrar con base a los lineamientos que fije esta Sala una solución pronta. indicando.Por tal motivo. y siga prestando los servicios médico asistenciales requeridos por la población. materiales y equipos necesarios para prestar un eficiente servicio público salud. Cláusula5 numerales 5 y 6.. 7. dotación médica. 2. cumplir con su labor de supervisión y evaluación de las políticas y actividades ejecutadas por los servicios de salud pública transferidos al Sistema Regional.Que se ordene a los trabajadores y representantes sindicales de la salud como funcionarios y representantes del Estado que son a cumplir con los servicios mínimos indispensables que sean fijados por el Ministerio del Trabajo como órgano competente.Que se ordene al Ministerio de Salud y Desarrollo Social y al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. así como que realicen auditorias en los diferentes centros médicos asistenciales a su cargo para determinar y garantizar el correcto manejo de los recursos económicos. como recomendaciones. considera importante la creación de una comisión interinstitucional de alto nivel integrada por representantes de los sectores involucrados en el sector público salud. 6. 5. cumplir con su labor de supervisión y evaluación de las políticas y actividades ejecutados por los correspondientes servicios de salud pública aún no transferidos. 3. dotación médica.
61. por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. así como las que siendo tramitadas aún no han sido pagadas. lo cual lesiona su calidad de vida. mental y social. tanto procediendo. el bienestar colectivo y el acceso a los servicios de salud. por parte de las autoridades señaladas como agraviantes. Afirma que tal postura ha sido asumida en distintas oportunidades por la Sala Constitucional -citan en su escrito varias sentencias fechadas 17 de octubre de 2000. 66. insumos. equipos e instrumentales para los hospitales y ambulatorios a escala nacional y las responsabilidades que hubiere a lugar de los administradores de los mismos de conformidad con su facultad de ‘control de gestión’ establecido en los artículos 26. V DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Señala la representación fiscal que como derecho cívico que es la salud. as Gobernaciones y Alcaldía Metropolitana de Caracas. 67 y 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el artículo 57 de la Ley de Instituto Venezolano del Seguro Social y la Ley Orgánica de la Administración Financiera”. dotación médica. cuyo contenido gira alrededor de prestaciones exigibles al Estado o a particulares. del deber que tienen de promover y desarrollar las políticas orientadas a elevar la calidad de vida. 8 de mayo de 2002 y 6 de junio de 2002-. informaciones o documentos para verificar la efectiva y adecuada realización de los mismos sobre el sector salud. el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.-Que se ordene a la Contraloría General de la República. por lo que estima que la presente acción debe ser declarada con lugar. informes de gestión y ejecución de los recursos. 9. . destinadas a favorecer a toda la colectividad. con carácter preferente y urgente a su perentoria cancelación por Tesorería. Partiendo de esa premisa sostiene que según la documentación aportada por los apoderados judiciales de la accionante hay suficientes indicios que permiten colegir el incumplimiento. la justificación de su existencia es el bien común. realice auditorías y soliciten información. Que conforme con los más destacados preceptos de los derechos humanos. el derecho a la salud se garantiza de una manera más amplia dado que es considerado como una extensión del derecho a la vida y por lo que su contenido va más allá del mero aspecto biológico o físico e incluye tanto el aspecto moral como el psicológico. e invocando tales precedentes judiciales sostiene que la lesión del derecho a la salud comporta una restricción del derecho de todo hombre al acceso a los servicios que permitan el mantenimiento o restauración de su bienestar físico.de pago pendientes por cancelar en el sector salud y que aún están por ser giradas. para determinar el correcto manejo de los recursos económicos.
sociales y culturales mediante un control judicial-. y sobre todo. pues está aún en plena discusión la diferencia del grado de exigibilidad de las obligaciones que de esos derechos se derivan frente al Estado. en la decisión tomada por la Asamblea General en 1951 de elaborar no uno. La dicotomía entre los derechos civiles y políticos. sin embargo. y los derechos económicos. procede directamente a pronunciarse acerca del mérito del asunto. las dos categorías de derechos como una expresión de la idea que los derechos civiles y políticos eran derechos susceptibles de aplicación inmediata -por requerir obligaciones de abstención por parte del Estado-. sociales y culturales. y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. afirmación que. ni ahora. afirmando que la plena realización de los derechos civiles y políticos era imposible sin el goce de los derechos económicos. esa afirmación. postura que fue avalada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Los llamados derechos de solidaridad interactúan con los derechos civiles y políticos. 43/114 y 43/125 donde se insiste en la necesidad de establecer una atención igual a ambos derechos). certera por demás. sociales y culturales fue establecida desde los trabajos preparatorios de los dos Pactos de Naciones Unidas. según la Resolución 32/130. no alejó para aquél entonces. criterio que igualmente fue recogido en la Carta Social Europea -en cuyo proceso de negociación se tenía la convicción de que sería difícil garantizar la aplicación de los derechos económicos. mientras que los derechos económicos. por las características propias del acto donde fue realizada. . carece de las precisiones necesarias. y los de tercera generación. para muestra la gran prudencia de los países cuando se trata de asumir obligaciones más amplias que no están seguros de tener capacidad real para cumplirlas (por ejemplo.VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia de esta Sala para conocer el amparo constitucional ejercido. sino dos instrumentos que tratasen. todas las incertidumbres del debate sobre la distinción entre el rol de los Estados en materia de derechos económicos. nunca antinomia. respectivamente. sociales y culturales y los límites a establecer a sus acciones en lo que concierne a los derechos civiles y políticos (basta con mirar las Resoluciones 43/113. y derechos civiles y políticos. según se desprende de la decisión N° 1889/2003. entre las dos categorías de derechos no puede haber más que complementariedad. la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán (1968) proclamó la indivisibilidad de los derechos humanos. Reconsiderada la supuesta diferencia entre derechos económicos. sociales y culturales eran implementados por reglas susceptibles de aplicación progresiva -por implicar obligaciones positivas-. sociales y culturales. Conforme al texto de la indicada Resolución. en los términos siguientes: La Sala anunció en el dispositivo del fallo que existe diferencia entre los derechos civiles y políticos.
su meta es satisfacer las necesidades básicas de los individuos distribuyendo bienes y servicios que permitan el logro de un standard de vida elevado. esté en constante desarrollo de un programa económico. sociales y culturales que. sino que también estableció como derechos fundamentales los derechos económicos. solo que ya no en el plano normativo sino en el procesal u operacional porque no es absoluta. Esta circunstancia ha centrado la discusión en la búsqueda de una protección más eficaz de los derechos económicos. por el momento. se le recrimina que es precisamente en los períodos de crisis que se impone su plena vigencia. hasta ahora. tacharía de demagógica cualquier decisión que se dicte al respecto al ser fallos por definición inejecutables. Atendiendo a ello se debe señalar que el Estado Social de Derecho es el Estado de la procura existencial. sin embargo. a través de su estructura administrativa. El Consejo de Europa prefirió. En ese estado de las cosas el constituyente de 1999 no se conformó con incorporar en la Carta Magna la cláusula de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (artículo 2). La solución que se dé. sociales y culturales que se caracterizan por requerir. comprometiéndose los Estados sólo a disponer los medios para alcanzar objetivos progresivos. social o cultural y . pues la realización de los mismos depende de los recursos existentes. exigen de la Sala un esfuerzo teórico. al igual que los derechos civiles y políticos. sociales y culturales. particularmente en relación con los miembros más vulnerables de la sociedad. claro está. Esa dificultad operacional o procesal de los derechos económicos.aunque ha existido un notable progreso no existe actualmente una posición definitiva en cuanto a la incorporación de ciertos derechos adicionales en el corpus de la Convención Europea de Derechos Humanos. más allá de ser de contenido jurídico. obligaciones de abstención por parte del Estado. conjuntamente con el valor normativo de la Constitución. debe contar con una gran carga de sensatez y ser producto de un esfuerzo hermenéutico tendente a extraer la máxima operatividad de los preceptos que conforman nuestra Constitución económica. de obviarse eso. ni mucho menos ante una problemática que cuente con soluciones que agoten la discusión -la profusa doctrina que existe al respecto puede dar cuenta de ello-. El hecho de que existan algunos derechos económicos. situar algunos derechos económicos y sociales bajo el sistema de protección de la Carta Social Europea). una única afirmación irrebatible: la diferencia existe. en virtud que. lo que indica que la Sala no está ante un debate superado. colocando en permanente realización y perfeccionamiento el desenvolvimiento económico y social de sus ciudadanos. sólo permite hacer. no definitivo. social y cultural. Según esto. para compaginar esas dos caras ineludibles de tales derechos. la cláusula de Estado Social de Derecho es suficiente para que el Estado. sociales y culturales se explica porque su implementación confronta la crisis del endeudamiento y el consecuente empobrecimiento de los países (especialmente los Latinoamericanos).
por así decirlo. En aquel entendido los actos sí son controlables por los órganos jurisdiccionales. lo que quiere decir que la política no se agota con el actuar jurídico. sociales y culturales rango de derechos fundamentales. su razón de ser. al tener en esos términos los derechos económicos. en caso contrario. pero sólo en sus elementos jurídicos (conformidad a derecho de una actuación específica. Por tanto. Por ende. de tutela jurisdiccional. de por sí. diseño. Los criterios de oportunidad y conveniencia escapan del control del juez. sociales y culturales. así como también escapan. evaluación y seguimiento de las líneas de gobierno y del gasto público. lo que explica que el único control sobre tales aspectos sea. N° 1393/2001 SC/TSJ) . no general o abstracta). por ejemplo. se estipula simultáneamente como derechos fundamentales los derechos económicos. no se estaría ante un derecho sino ante una aspiración de valor moral. los elementos políticos de los actos administrativos o de gobierno. que le es aplicable -en principio. aquello que identifica a un Estado como Social de Derecho. al menos en la Constitución de 1999. En el primer caso se debe empezar por afirmar que la política. pues. diferenciación que pasa. porque esa es. en principio -ya se verá que esa exclusividad posee algunas matizaciones-. el político a través de los diferentes medios de participación que la Constitución y las leyes establecen (la ciudadanía. social o cultural. El asunto es determinar cuándo se está exigiendo el cumplimiento de un derecho económico. y su vinculación inmediata. indiscutiblemente. califica. por lo que tales programas son elementos condicionadores del fin de la actividad. o las razones de oportunidad y conveniencia de las leyes (Vid. desde la cláusula no existen derechos. necesariamente. desconociendo lo que la doctrina denomina derechos programáticos. y por la definición del núcleo esencial de cada uno de los derechos en juego. precisamente.concilie los intereses de la sociedad. estén en la esfera subjetiva del ciudadano. lo que impide afirmar que ellos. gozan. no discrimina esa garantía para cierta clase de derechos. a diferencia de otros ordenamientos. ya que en uno u otro caso las formas de exigencias son totalmente distintas. por el reconocimiento del valor político de la actividad estatal destinada a satisfacer la procura existencial. qué debe ser entendido como interés público. planificación. pero también se concreta en ejecución. por sí mismos.la tutela mediante amparo porque nuestro Texto Fundamental. Al contraste de esto. De lo contrario se vulneraría la libertad con la que debe contar el Estado para adoptar y aplicar las políticas que considere más eficaces para la consecución de sus fines (entre los que está las garantías de goce y disfrute de los derechos prestacionales). preponderantemente se manifiesta en actos. ciertamente. durante el ejercicio de la . lo que implica. ya que en nuestro ordenamiento la Carta Magna contiene un valor normativo que pregona su exigencia automática. y cuándo se está exigiendo que la Administración cumpla con la cláusula de Estado Social de Derecho. consecuencias muy específicas: entre ellas. Sent. la aspiración de satisfacer las necesidades básicas de los individuos constituye un principio orientador de la actividad administrativa.
el Estado goza de una libertad de configuración propia que no puede ser sustituida legítimamente por el Poder Judicial. esto es. La tiene como consecuencia del cumplimiento de sus funciones constitucionales. vale acotar. esté habilitado para controlar la juridicidad del actuar estatal no puede asumirse como contradictorio. de vinculaciones jurídicas. Por ende. aun discrecional políticamente. del gobierno o de la legislación. teoría superada con argumentos tan contundentes que sería ocioso tratar de reproducirlos en esta sentencia. no de negar el derecho de acción de los ciudadanos. que el Poder Judicial no pueda controlar la legitimidad de las políticas y. No obstante. ante la evidente incapacidad de la Administración de planificar de forma eficaz y eficiente su actividad para satisfacer la procura existencial. no se desarrolla. lo cual en modo alguno implica reivindicar la tesis de los actos excluidos. simultáneamente. o la imposibilidad material o técnica que en ocasiones existe de hacer efectivos. como una derivación del principio de división de poderes que estatuye un ámbito reservado para cada Poder que excluye la sustitución de voluntades. en la actuación política. La Ley Fundamental sólo pone para este poder de juicio los límites de la ostensible arbitrariedad. München). ejecutables. indica que “[l]as valoraciones políticas de esta clase corresponde al Gobierno Federal. y que en la relación Gobierno-Poder Judicial impide que el control jurisdiccional sea la medida de la suficiencia de la carga prestacional. Beck. En efecto. retirará la confianza que mediante el sufragio le otorgó a sus representantes. lo que esta Sala ha denominado elementos jurídicos. los principios constitucionales sobre los fines del Estado. esto es. sobre los objetivos económicos. Grundgesetz Kommentar. En este sentido. en general. si las valoraciones de esta clase son acertadas o no.función gubernativa y administrativa. como producto de la naturaleza de su función. puesto que para ello carece de medida jurídica. al margen del Derecho. comparte la Sala lo expuesto por SCHMIDTASSMANN (Cfr. forman un entramado vinculante para una decisión que. no exista. La regulación de la competencia del órgano. está perfectamente consolidada la idea de que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder Público que puedan desarrollarse al margen del Derecho. sin embargo. de esas valoraciones sólo se . si bien proclama la sumisión absoluta al Derecho de la actuación de los órganos que ejercen el Poder Público. quien. pues lo que se pretende es recalcar la imposibilidad del juez de entrar a cuestionar la oportunidad y conveniencia de la administración. la libertad de configuración política hace que ese control judicial. mientras no se afecte un derecho. los fallos que ordenan el cumplimiento de determinadas obligaciones. como muestra de un proceso de deslegitimación de los actores). sobre los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional Federal no tiene que controlar dentro de estos límites. en este sentido.
.responde políticamente” (Vid. de 2 de diciembre. en Estudios Sobre la Constitución Española. Para el segundo de los supuestos -la identificación del núcleo esencial de los derechos económicos. S.toda injerencia en la decisión política.). como por ejemplo sucedió en el caso decidido por la sentencia N° 487/2001 (caso: Glenda López y otros vs IVSS). 1991. que las políticas. Antonio Embid Irujo. pp. se trata de actuaciones jurídicamente discrecionales. en el que los accionantes figuraban como afiliados al sistema de seguridad social. tan seguido por nuestro foro. pero ese proceso de deslegitimación no puede ser calificado por el Poder Judicial. que puede ser cuestionada en el plano político. inmiscuirse en la decisión del gobierno. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. Editorial Civitas. El Tribunal no podría. no se les suministraba el tratamiento médico. por cierto. además de los otros contenidos plenos del control del Congreso (. Este criterio también es compartido por el Tribunal Constitucional español. lo que significa que son susceptibles de sufrir la desautorización sobre el modo de ejercicio de la gestión política.A. salvo que se trate de establecer la responsabilidad administrativa por los daños producidos como consecuencia de la actuación que se juzga política y dejando al margen. sin traspasar las fronteras de su función. en su sentencia 111/1983. dentro de los límites constitucionales. deja de ser un control sobre los elementos políticos del acto para pasar a ser un control sobre los elementos jurídicos del mismo. también desde la dimensión política. rechazan -por la propia función que compete al Tribunal. sociales y culturales-. La Justiciabilidad de los Actos de Gobierno (de los Actos Políticos a la Responsabilidad de los Poderes Públicos). así mismo.. en principio. en la que indicó que “[e]l Gobierno. que un derecho fundamental sea afectado por esa decisión. sin embargo. y a la vez de su responsabilidad. 2697-2739). Los órganos que ejercen el Poder Público obran bajo su propia responsabilidad. que correspondiendo a la elección y responsabilidad del Gobierno. y. pues si así se hiciera quedarían alterados los supuestos del orden constitucional democrático”. ayuda en mucho que se esté en presencia de una relación jurídica perfectamente definida donde la lesión provenga de una modificación de la esfera jurídica del ciudadano o de un grupo de estos que amerite la tutela del derecho lesionado a través de los órganos jurisdiccionales. estén exentas de control judicial no por eso escapan a un control. Tomo III. Ahora. sólo que el que le es aplicable es el político que también está dispuesto constitucionalmente. o el caso decidido por la . mediante unos conceptos que si bien no son inmunes al control jurisdiccional. ciertamente.. tiene el control. lo que al final. Madrid. ostenta el poder de actuación en el espacio que es inherente a la acción política.
el 13 de diciembre de 2001 (caso: Abel Peñalosa y otros vs Consejo Nacional de la Vivienda).A). pero también de aquello que. d) que esa actividad puede traducirse bien en actos o bien en políticas. sociales y culturales y derechos económicos. pues del desarrollo. lo que justifica. de quebrantarse. eficacia y eficiencia de las primeras dependerá. sino fijar un marco básico de referencia cuya insatisfacción permita establecer el incumplimiento de las obligaciones del Estado. como cualquier derecho. el Poder Judicial posee la facultad de controlar. Sin embargo. independientemente de las políticas implementadas. no escapa a la Sala la relación obligatoria que existe entre políticas económicas. sociales y culturales. en este punto se debe aclarar que la identificación del contenido mínimo no puede pretender sugerir determinadas políticas como las únicas. g) que esa imposibilidad del juez no puede ser entendida como una negación del derecho de acción de los ciudadanos. mejores o más satisfactorias para alcanzar la realización de un derecho. de tutela jurisdiccional. que el Estado haya utilizado el máximo de los recursos disponibles teniendo en cuenta . esencialmente. como fundamento de su clásica separación: aquello que el Poder Judicial no puede hacer por motivo. de su naturaleza cognitiva. Según las ideas expresadas en los párrafos anteriores se concluye. La labor judicial consiste. sociales y culturales depende de los recursos existentes. hasta ahora. c) la actividad estatal destinada a satisfacer la procura existencial es una actividad de gran contenido político. que esa imposibilidad de control jurisdiccional sobre las políticas sea objeto de algunas matizaciones. en principio. e) que esos actos pueden ser objeto de control jurisdiccional en sus elementos jurídicos. indefectiblemente. El Poder Judicial no puede sustituir al Legislativo o Ejecutivo en la formulación de políticas sociales. b) para saber cuándo se está en presencia de uno de esos derechos debe existir un relación jurídica perfectamente definida donde la lesión de los mismos provenga de una modificación de la esfera jurídica del ciudadano o de un colectivo. justamente. como se desarrollará en los párrafos subsiguientes. No obstante. en señalar transgresiones. de control jurisdiccional sino de control político. que. el 14 de agosto de 1998 (caso: Instituto Psiquiátrico Rural Virgen del Rosario. no en los políticos. conduciría a un gobierno de los jueces. sociales y culturales gozan. puede hacer. C. debido a esa naturaleza. en sentido positivo.Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia. Partiendo de tal premisa y como quiera que la realización de las políticas económicas. f) que las políticas no son objeto. que: a) los derechos económicos. señalar cuáles políticas conducirían a un desmejoramiento de los derechos. como una manifestación del principio de división de poderes. el ejercicio o transgresión de los segundos. o por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. esto es. Ese carácter cognitivo de la jurisdicción sugiere una rigurosa actio finium regundorum entre Poder Judicial y Poder Político.
sociales o culturales (pues vacían el núcleo esencial de los derechos respectivos). Ahora bien. dotación médica. supuestos que colocan en cabeza del Estado la carga probatoria. así como la inmediata asignación. en criterio de la Sala. mediante el pacto social. los Distritos Metropolitanos y los Municipios. sociales y culturales no abarca esta garantía constitucional. cualquier ente político territorial. en atención a su ámbito competencial. por lo que se hace necesario concebir a éste no sólo como el ente político territorial nacional. ejecución y entrega del presupuesto para la adquisición de los insumos. dentro del ámbito de su capacidad económica. no coincide con el hasta ahora único elemento identificado del núcleo esencial de los derechos económicos. el derecho a la salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. pretendiendo que se ordene la remisión de los recursos económicos a los centros hospitalarios. así como también implica. en sentido negativo. a garantizar un sistema de salud acorde. Lo expuesto. así como aquellas políticas que se dirijan. limitarse a señalar que siendo que el amparo constitucional es de naturaleza restablecedora. al menoscabo de la situación jurídica que tutela los derechos económicos. prefiere. equipos médicos y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria a nivel Nacional. por lo menos en lo que a este caso toca. pero sí quiere destacar que ese control se corresponde completamente con la naturaleza de las funciones que.)”. le han sido asignadas al Defensor del Pueblo. un análisis de la distribución del gasto social. por ahora. ya que lo pretendido por la parte accionante es que la Administración .. y. esto es. y en general todo lo relacionado con la salud (. la ausencia absoluta de políticas económicas. Tal situación es lo que la doctrina patria ha denominado como las competencias concurrentes: aquellas que corresponde ser satisfechas. abiertamente. Queda por definir a quién se le controla las políticas destinadas. sociales o culturales..) la insuficiente dotación de los insumos. equipos y materiales instrumentales a los hospitales y ambulatorios del país. sociales y culturales: la existencia de una relación jurídica perfectamente definida.. por mandato constitucional. de allí que el cumplimiento de tal derecho debe exigirse tanto a los órganos nacionales como a todos aquellos que.su estado económico -lo que incluye medidas legislativas-. sino como aquella unidad política a la que los ciudadanos. la Federación Médica Venezolana impugna con el amparo ejercido “(. con respecto al primero. no sólo por la República.. la posibilidad de controlar jurisdiccionalmente las políticas económicas. es decir. según nuestro enunciado constitucional. En lo que respecta a los mecanismos de control la Sala. sino también por los Estados. tengan como función la satisfacción del derecho constitucional en referencia. En tal sentido. haciendo uso de su intención de no exponer agotadoramente el tema. indistintamente del ente político territorial al cual pertenece. qué órgano es el controlado. dada su naturaleza. le ha otorgado potestades para que satisfaga la procura existencial.
declara: PRIMERO: NO HA LUGAR EN DERECHO la acción de amparo ejercida por los abogados José Agustín Catalá y Carlos Natera. al Defensor del Pueblo. se debe indicar que la cuantía de los presupuestos. y. las reuniones con el Ministerio de Salud. . sin embargo. por tanto. este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide. inclusive. VII DECISIÓN Por las razones expuestas. TERCERO: NOTIFÍQUESE de la presente decisión a las partes. En tal sentido. para fijar la estrategia administrativa y presupuestaria para mejorar las condiciones en que se encuentra el sistema en referencia. Publíquese y regístrese. los órganos estadales y municipales (entre ellos al Distrito Metropolitano) a quienes se les ha descentralizado ese servicio. insta al Defensor del Pueblo a realizar. siendo que es imposible desconocer el estado crítico del sistema de salud del país a través de la historia. Empero. los órganos estadales y municipales (entre ellos al Distrito Metropolitano) a los que se les ha descentralizado ese servicio. como se sabe. con el carácter de apoderados judiciales de la FEDERACIÓN MÉDICA VENEZOLANA. a los Procuradores Estadales y a los Síndicos Procuradores Municipales.nacional -que como se dijo no es la única obligada y. el Instituto Venezolano del Seguro Social. su distribución y la consignación de las cantidades necesarias para que los servicios de sus respectivas competencias estén dotados de los medios personales. a la brevedad posible. administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley. naturaleza que la condiciona como una actividad eminentemente abstracta y constitutiva y. cumpla con la cláusula de Estado Social de Derecho. el Instituto Venezolano del Seguro Social. las reuniones con el Ministerio de Salud. imposible de ser objeto de amparo constitucional destinado. tal como lo señalara. al restablecimiento de situaciones jurídicas (concretas) infringidas. financieros y materiales que posibiliten una prestación eficiente. se le exhorta a que realice las actuaciones que correspondan de conformidad con las atribuciones contenidas en el Texto Fundamental. fue señalada como única accionante-. en todo caso. contra la conducta omisiva de la Ministra de Salud y Desarrollo Social y el Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. es una actividad netamente política. SEGUNDO: ORDENA al Defensor del Pueblo realizar. el 20 de mayo de 1997 (caso: Procurador General de la República vsAcuerdo del Congreso de la República). de allí que se declare no ha lugar en derecho el amparo ejercido. Cúmplase lo ordenado. Así se decide. la otrora Corte Suprema de Justicia en Pleno. a la brevedad posible. en Sala Constitucional. para fijar la estrategia administrativa y presupuestaria para mejorar las condiciones en que se encuentra el sistema en referencia.
IVÁN RINCÓN URDANETA El Vicepresidente. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación. en Caracas. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO Magistrados. GARCÍA GARCÍA Ponente JOSÉ M. firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.Dada. ANTONIO J. DELGADO OCANDO PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ El Secretario. JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO Exp. N° 02-2167 AGG/jlv . a los 26 días del mes de mayo de dos mil cuatro (2004). El Presidente.
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 Resolución