Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920469.html
Timestamp: 2019-11-20 02:46:03+00:00

Document:
as201920469
Auto Supremo: 469/2019
Expediente: LP-145-18-S
Partes: Fernanda Ballón de Quispe c/ Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Proceso: Mejor derecho propietario, reivindicación, acción negatoria y pago de
VISTOS: El recurso de casación de fs. 389 a 394, interpuesto por el Gobierno Autónomo Munici pal de La Paz representado legalmente por Jaime Luis Carvajal Jaldín, contra el Auto de Vista Nº S-319/2018 de 13 de junio, cursante de fs. 381 a 384, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de mejor derecho propietario, reivindicación, acción negatoria y pago de daños y perjuicios, seguido por Fernanda Ballón de Quispe contra la Institución recurrente; el memorial de contestación al recurso de casación de fs. 396 y vta.; Auto de Concesión del recurso de 10 de octubre de 2018 cursante de fs. 397; Auto Supremo de Admisión Nº 1161/2018-RA de 03 de diciembre que cursa de fs. 403 a 404 vta.; los antecedentes del proceso; y:
1. Fernanda Ballón de Quispe, por memorial de demanda cursante de fs. 46 a 53, que fue subsanado por memorial de fs. 58 a 59, inició proceso ordinario de mejor derecho propietario, reivindicación, acción negatoria y pago de daños y perjuicios contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Willy Benavidez Sanabria abogado de la Sub Alcaldía de la zona sur del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Carlos Fernando Urquizo Huici Sub Alcalde de la zona sur del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; quienes una vez citados, por memorial de fs. 89 a 94, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por Carmen Alejandra Castro Arteaga en nombre del Alcalde Municipal de La Paz - Luis Antonio Revilla Herrero, respondió negativamente e interpuso demanda reconvencional de acción negatoria y pago de daños y perjuicios, contestación que fue observada por el juez de la causa en razón de que la mencionada representante no adjuntó el respectivo Poder; por otro lado Willy Benavidez Sanabria y Carlos Fernando Urquizo Huici, por memorial que cursa de fs. 96 a 98, interpusieron excepción de impersonería en sus personas, que por Auto Interlocutorio Nº 46/2015 de 3 de febrero cursante a fs. 124 y vta., fue declarada Improbada.
2. Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Décimo Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 604/2015 de fecha 29 de diciembre, cursante de fs. 230 a 235, declaró PROBADA en parte la demanda principal, y en su mérito dispuso: 1) El mejor derecho de propiedad de la Sra. Fernanda Ballón de Quispe sobre la parcela denominada Jupuchapini del Ex Fundo Achumani, con una superficie de 6.859,52 m2, ubicada en la actual calle 1 y 2, entre Av. D, Urbanización Los Rosales de la zona de Achumani, cuyo registro propietario se halla en el Folio Real con Matrícula Nº 2.01.1.01.0007427. 2) IMPROBADA la demanda en cuanto a la acción negatoria, reivindicatoria y daños y perjuicios, por no haberse probado los mismos en el curso del proceso.
De igual forma, el juez de la causa ante las solicitudes de aclaración, complementación y explicación que solicitó la entidad demandada por memorial que cursa a fs. 236 y vta., y la parte actora por escrito de fs. 277, pronunció los Autos de 11 de mayo y 04 de agosto de 2016 que cursan a fs. 258 y 277 vta., respectivamente.
3. Resoluciones que puestas en conocimiento de las partes, dieron lugar a que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por Juan Reynaldo Ugarte Conde, mediante memorial de fs. 270 a 275. interpusiera recurso de apelación.
4. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº S-319/2018 de 13 de junio que cursa de fs. 381 a 384, en lo sobresaliente de dicha resolución los Jueces de alzada señalaron que resultaría evidente que la parte demandada asumió conocimiento del proceso una vez que recibió el cedulón de citación, sin embargo, el hecho de que no se hubiese acreditado legalmente la representación en su apersonamiento (contestación y reconvención) sería responsabilidad de dicha parte, ya que la autoridad jurisdiccional habría otorgado plazo para salvar dicha omisión y aun así habrían continuado presentando memoriales ante la causa, por lo que no sería motivo calificado el referir falta de apersonamiento o alteración de actuados. De igual forma señalaron que para otorgar el reconocimiento de mejor derecho propietario se debería establecer la identidad de la cosa, que en el presente caso cursaría en el Folio Real Nº 2.01.01.0004727 que registra un bien en el ex fundo Achumani con una superficie de 8.2359 has. a nombre de Fernanda Ballón Pinto, cuya titularidad emergería de una sucesión hereditaria de Pedro Ballón, asimismo, de acuerdo al informe de Derechos Reales y la sentencia Agraria Nacional S1 Nº 016/2002, Julio Ballón irregularmente habría obtenido titularidad de dicho predio, habiendo inclusive dispuesto su transferencia a distintas personas naturales y jurídicas, siendo uno de ellos la parte demandada conforme rezaría del informe de Derechos Reales que cursa a fs. 144, donde establecería un anterior título dominial 2011010007191 con ubicación anterior Murillo Palca a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que devendría de la partida 29, fs. 29, Libro 40, registro propietario que tenía Julio Ballón sobre 12 parcelas en el Ex Fundo Achumani Cantón Palca Provincia Murillo, con una superficie de 10.0000 has y que inicialmente se habría transferido parcialmente a la Cooperativa de Vivienda “21 de Septiembre”, quien habría transferido a la entidad demandada, fundamentos por los cuales establecieron que en el caso de autos existiría identidad del bien en forma parcial. En lo que atinge a la prioridad de inscripción, señalaron que si bien la parte actora habría inscrito su derecho propietario el 21 de septiembre de 2005 y la parte demandada en fecha 16 de junio de 2005, lo que al parecer demostraría que quien registro primero su titularidad sería la parte demandada, empero, no menos cierto sería que después de una confrontación de los antecedentes dominiales de cada registro y del análisis de los títulos para determinar si los mismos mantienen o no su validez jurídica; habrían establecido que Fernanda Ballón Pinto tuvo como antecesor a su padre Pedro Ballón, contrariamente a lo advertido sobre Julio Ballón de quien se habría constatado que adquirió irregularmente la titularidad del bien del Ex fundo Achumani lo que afectaría la validez de la partida de donde emergería el derecho de la entidad demandada, razón por la cual no podría otorgársele mejor derecho propietario, toda vez que la Sentencia Agraria Nacional S1 Nº 016/2002 habría declarado nulo el Título Nº 08949 otorgado a favor de Julio Ballón, ordenando la cancelación de la inscripción en Derechos Reales y la restitución en los libros registrales del INRA a nombre de Pedro Ballón; sin embargo, si bien la cancelación de las partidas emergentes del título declarado nulo, son actos formales pendientes que podrán ser efectivizados en otro proceso de conocimiento con el fin de resguardar el principio de seguridad jurídica, empero, no resultaría ser óbice para pronunciar el mejor derecho de propiedad.
En razón a dichos fundamentos el citado Tribunal de Alzada CONFIRMÓ la Resolución Nº 516/2015 de 13 de noviembre y la Sentencia de primera instancia así como los Autos Complementarios de fs. 258 y 277 vta.
5. Fallo de segunda instancia, que puesto en conocimiento de ambos sujetos procesales, ameritó que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por Jaime Luis Carvajal Jaldín, interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION
1. Acusó que en el caso de autos no sería aplicable el art. 1545 del Código Civil, toda vez que la parte demandante si bien pretendería un mejor derecho sobre un bien inmueble que al GAML se le ha transferido con todas las solemnidades y requisitos establecidos en la norma sustantiva, empero, no menos cierto que el proceso se habría centrado en la nulidad de documentos y precisamente en la nulidad de transferencia gratuita que realizó la Cooperativa 21 de septiembre a favor del GAMLP de una superficie de 25.369,48 m2.; extremo que habría servido de sustento a la parte demandante como al Juez de la causa, ya que dicha autoridad habría utilizado ese argumento para declarar probada la demanda. En ese entendido alegan que el juez A quo se habría apartado de la pretensión principal basándose en presunciones, lesionando el debido proceso.
2. Como otro reclamo, denunció que el juez de la causa debió convocar a la Cooperativa 21 de septiembre para que en su calidad de terceros puedan asumir defensa y sobre todo pronunciarse sobre la nulidad de su título propietario, situación que vulneraria el derecho a la defensa, seguridad jurídica y contradicción.
3. Denunció que el juez de la causa tampoco habría considerado que en el caso de autos se está hablando de bienes de dominio público, los cuales estarían certificados como inalienables, imprescriptibles e inembargables.
4. Aduce que el juez A quo habría realizado una incorrecta valoración de los medios probatorios, pues conforme se advertiría de la Sentencia-Resolución Nº614/2015, dicha autoridad habría admitido como prueba el Certificado Catastral otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Palca, que establecería el derecho propietario de la demandante, cuando en realidad dicho extremo se acreditaría con Folio Real emanado de Derechos Reales, al margen de que el municipio de Palca no tendría competencia para certificar sobre el catastro de una zona que pertenece a la ciudad de La Paz.
5. Observa también que en los fundamentos de la Sentencia no existiría precisión en cuanto a la superficie del predio objeto del proceso, pues en la parte considerativa se señalaría una superficie diferente a la estipulada en la parte resolutiva.
6. Finalmente acusó la entidad demandada, ahora recurrente, que no habría sido notificado de manera correcta, pues de manera inicial se habría notificado a la Sub Alcaldía de la zona Sur, así como a su asesor legal, los cuales no tendrían personería para representar al GAML, ya que el Alcalde de la ciudad de La Paz sería la autoridad competente para asumir defensa dentro del presente proceso.
Por los fundamentos expuestos solicita case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda de mejor derecho propietario.
De la revisión de obrados se advierte que la demandante Fernanda Ballón de Quispe responde al recurso de casación por memorial que cursa a fs. 396 y vta., bajo los siguientes fundamentos:
- Alegó que la parte demandada vendría obstaculizando el debido proceso, pues de la revisión de obrados se advertiría que se habrían negado a notificarse y procedieron a devolver dichos actuados procesales.
- Aduce que la parte recurrente no habría hecho llegar documentación alguna que acredite el derecho propietario que alegan, toda vez que estarían convencidos de que su título deviene de documentación falsa que se encuentra anulada en virtud a una Sentencia.
- Indicó que si bien la parte demandada es una Institución estatal, empero este hecho no lo eximiría de someterse a la Ley, por lo que también estaría obligado a adquirir derecho propietario de manera legítima y no a través de documentación fraudulenta o falsificada, máxime cuando mediante misivas se les habría hecho conocer de la Sentencia Agraria, por lo que no podían haber dado curso al saneamiento de dicha zona.
- Señaló que el juez A quo habría realizado una correcta valoración de las pruebas, asignándoles el respectivo valor probatorio.
- Finalmente señala que la entidad demandada no habría presentado documento alguno que acredite el derecho propietario sobre el bien inmueble objeto de litis.
Por lo expuesto solicitó se emita resolución confirmando la sentencia apelada.
III.1.- No es viable en casación impugnar lo fundamentado en la sentencia de primera instancia.
Sobre el tema en particular, corresponde precisar que de acuerdo a una adecuada técnica procesal recursiva dentro de un proceso ordinario el recurso de casación se interpone contra la resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta lo establecido en el art. 270.I del Código Procesal Civil, que dispone: “El recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados en procesos ordinarios…”, de lo que se extrae que todos los reclamos incoados en el recurso de casación deben estar orientados a observar aspectos de forma y fondo inherentes a lo dispuesto por el Tribunal de segunda instancia y no así a lo expresado en la resolución de primera instancia debido a que este Tribunal ha de analizar y resolver declarar infundado o casar en base al análisis de lo fundamentado y motivado por el Auto de Vista y no de la Sentencia.
Lo expuesto ya fue ampliamente desarrollado por este Tribunal Supremo de Justicia,, en sus diversos fallos como por ejemplo el A.S. Nº 493/2014 de 04 de septiembre, que delineando lo explicado expresa: “Conforme la amplia jurisprudencia emitida en varios Autos Supremos por la Ex Corte Suprema de Justicia y con la cual este Tribunal comparte criterio, se ha dejado claramente establecido que, el recurso de casación como tal, es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley, dirigido a lograr la revisión y reforma o anulación de las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas del derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.”
De igual forma, el Auto Supremo Nº 939/2015 de 14 de octubre, sobre el tema ha referido: “De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1) que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observados en el recurso de apelación, y 2) Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.
III.2.- De la nulidad procesal, su trascendencia y relevancia constitucional.
Actualmente respecto a las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por Ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo del derecho de las partes a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones (art. 115 de la CPE), por lo que, en materia de nulidades procesales, tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, esto en función al nuevo Estado Constitucional de Derecho que rige en el país.
De dicho antecedente, se infiere que “no hay nulidad sin perjuicio”, en ese sentido la jurisprudencia y la doctrina es unánime en el sentido de sostener que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción no haya sufrido un agravio; en este entendido el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido a través de la SCP Nº 0427/2013 de 3 de abril, que: “…las nulidades de los actos procesales en el proceso civil -y en otras materias donde sea aplicable este cuerpo normativo- tienen un alcance conceptualmente diferente, si se interpreta y aplica desde el punto de vista del Estado legislativo o legal de Derecho (en el que impera la ley, en desmedro de la Constitución) y otro diametralmente contrario desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derecho (en el que impera la Constitución como norma jurídica directamente aplicable y justiciable desplazando incluso a la ley y sus reglas).”
En efecto, en el Estado Legislativo de Derecho para la procedencia de las nulidades de actos procesales,  bastaba que el procedimiento esté viciado por infracción o vulneración de normas procesales que los órganos jurisdiccionales hubieren cometido, es decir, las nulidades procesales, tenían únicamente relevancia meramente procesal.
En cambio en el Estado Constitucional de Derecho, la procedencia de las nulidades de actos procesales,  está condicionada únicamente si el procedimiento está o no viciado, por no haber hecho efectivo un derecho fundamental o garantía constitucional, es decir, las nulidades procesales tienen relevancia constitucional.
Bajo esta concepción, las nulidades de los actos procesales serán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso, siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tienen relevancia constitucional. Un razonamiento jurídico distinto, esto es, entender que las nulidades procesales pueden hacer ineficaces e inválidos los actos procesales con la mera constatación de la vulneración de los requisitos y formas que expresa la ley procesal sin ninguna conexitud con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías constitucionales, es retornar a la concepción del modelo Estado Legislativo de Derecho ya sepultado.
En ese orden, estos dos fenómenos no pueden tener consideración separada por los jueces, en una suerte de afirmar que corresponde a la jurisdicción ordinaria velar y considerar las nulidades procesales con relevancia meramente procesal y a la justicia constitucional las nulidades procesales con relevancia constitucional, porque, como ampliamente se refirió, el cambio de paradigma en la potestad de administrar justicia en el Estado Constitucional de Derecho, se visualiza en que todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones reconocidas en la Constitución, deben partir de la norma jurídica fundamental, de sus normas constitucionales-principios, es decir, de los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales en su razonamiento jurídico cotidiano.”. De dicho entendimiento se puede inferir que a momento de analizar el vicio que podría generar una nulidad de obrados corresponde, determinar la trascendencia de dicho vicio, es decir, se debe constatar si se provocó una lesión evidente al derecho al defensa o la incidencia que podría tener en la decisión de fondo de la causa; existiendo la posibilidad de analizar la relevancia procedimental y constitucional, ya que ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad en tanto no vulnere el derecho a la defensa.
En este sentido, la SCP Nº 1062/2016-S3 de 3 de octubre, señaló: “… los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados.” (Las negrillas son nuestras)
En virtud a los fundamentos doctrinarios que sustentan la presente resolución corresponde a continuación considerar los reclamos expuestos en el recurso de casación del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz.
En ese entendido, del examen minucioso de los reclamos extractados en dicho medio de impugnación, los cuales se encuentran resumidos en el considerando II de la presente resolución, se advierte que la entidad demandada representada legalmente por Jaime Luis Carvajal Jaldín, en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, centra su fundamentación en acusar y/o cuestionar el actuar del juez de primera instancia, de quien advierten los siguientes extremos: que se habría apartado de la pretensión principal y emitiendo una resolución –sentencia- basándose en presunciones, lesionando de esta manera el debido proceso; que no habría integrado al proceso a la “Cooperativa 21 de Septiembre”, para que esta asuma defensa sobre la nulidad de su título propietario; que no consideró que en el caso de Autos se estaría debatiendo sobre bienes de dominio público que en la Sentencia la citada autoridad, habría realizado una errónea valoración del Certificado Catastral otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Palca, y; que en los fundamentos de la sentencia no existiría precisión en cuanto a la superficie del bien inmueble objeto del proceso, pues no coincidirían la superficie señalada en la parte considerativa con la estipulada en la parte resolutiva.
De lo expuesto, conforme ya se dijo supra, se colige que la parte recurrente, en estos cinco numerales acusa infracciones, vulneraciones y omisiones que habría incurrido supuestamente el juez A quo durante la tramitación de la causa o al momento de emitir la sentencia de primera instancia, como si el presente medio de impugnación se tratara de un recurso más de apelación, obviando por completo, que cuando se recurre en casación, conforme lo estipula el art. 270.I del Código Procesal Civil, debe impugnarse los fundamentos y la decisión asumida por el Tribunal de segunda instancia.
Consiguientemente, si la finalidad de la entidad edil ahora recurrente, fue modificar la decisión asumida en primera instancia, resolución que en virtud al recurso de apelación fue confirmada por el Tribunal de apelación, los reclamos denunciados en su memorial de casación que cursa de fs. 389 a 394, debieron estar orientados necesariamente a cuestionar o atacar los fundamentos sobre los cuales se respalda el Auto de Vista, demostrando de manera sustentada que el Tribunal de alzada incurrió en vulneraciones u omisiones que merecen ser corregidos por este Tribunal de Casación, es decir, debieron referirse sobre los fundamentos enunciados en el Auto de Vista y no equivocar su actuar como si el recurso de casación se tratará de una segunda apelación cuya finalidad sea cuestionar nuevamente las razones por las cuales el juez de la causa emitió Sentencia de una u otra forma. De ahí que al no estar referidos los reclamos inmersos en estos cinco numerales, a lo expuesto en el Auto de Vista, no amerita considerar los mismos, pues si la parte demandada consideraba que el juez de la causa equivocó su actuar al emitir una sentencia acogiendo parcialmente la pretensión demandada, debió en su recurso de apelación denunciar dichos extremos, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se circunscriba sobre los mismos, fundamentos sobre los cuales debió versar el presente recurso de casación, siguiéndose de esta manera el sistema de impugnación vertical, sin saltar instancias procesales previas como erradamente pretende la parte recurrente.
De la misma forma corresponde referirnos a lo denunciado en el numeral 6, donde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, indica que no habría sido notificado de manera correcta pues de manera inicial se habría notificado a la Sub Alcaldía de la zona Sur, así como a su asesor legal, los cuales no tendrían personería para representar al GAML, ya que el Alcalde de la ciudad de La Paz, sería la autoridad competente para asumir defensa dentro del presente proceso.
Con la finalidad de constatar si el extremo acusado resulta o no evidente, es precisó realizar a continuación las siguientes precisiones:
- Fernanda Ballón de Quispe por memoriales que cursan de fs. 46 a 53 y fs. 58 a 59, por los fundamentos expuestos en dichos actuados, interpuso demanda ordinaria de mejor derecho propietario, acción negatoria, reivindicación y pago de daños y perjuicios dirigido contra: 1) Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representada por Luis Antonio Revilla Herrero; 2) Willy Benavides Sanabria; y 3) Carlos Fernando Urquizo Huici; sujetos pasivos a quienes el juez de la causa por decreto de admisión de 26 de abril de 2013 cursante a fs. 60, corrió en traslado, para que previas sus legales citaciones y emplazamientos, respondan a la demanda en el término establecido por Ley.
- En cumplimiento de lo dispuesto en fs. 61 y 62, cursa el aviso judicial y la representación efectuada por el Oficial de diligencias, donde informa que el Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz no pudo ser habido; situación por la cual el juez A quo por Auto de 20 de mayo de 2013 que cursa a fs. 62 vta., ordenó la citación de dicha entidad mediante cédula judicial, determinación que por lo advertido en la papeleta de notificación de fs. 64, fue estrictamente cumplida.
- De igual forma, de la papeleta de notificación de fs. 95, se advierte que los otros dos sujetos procesales pasivos, Willy Benavides Sanabria y Carlos Fernando Urquizo Huici en su calidad de abogado y Sub Alcalde de la Alcaldía de la zona Sur del GAMLP, respectivamente, fueron citados de forma personal.
- Ahora bien, citados los tres sujetos procesales pasivos por memorial que cursa de fs. 89 a 94, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por Carmen Alejandra Castro Arteaga a nombre del señor Alcalde de la ciudad de La Paz Dr. Luís Antonio Revilla Herrero, se apersonó al proceso, contestó negativamente a la demanda e interpuso demanda reconvencional de acción negatoria más el pago de daños y perjuicios; sin embargo, como no se adjuntó a dicho memorial el Poder en virtud al cual ésta asumiría representación del Alcalde Municipal de la Ciudad de La Paz, el juez de la causa correctamente observó la contestación y ordenó que previamente se adjunte el citado documento.
De estas precisiones, y contrariamente a lo acusado por la parte recurrente, se observa que no es evidente que el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz haya sido citada de manera incorrecta, pues la demanda interpuesta por Fernanda Ballón de Quispe, fue puesta en su conocimiento conforme al procedimiento que estipulaba el art. 121 del Código de Procedimiento Civil, vigente en ese entonces; de igual forma se advierte que tampoco es evidente que la demanda haya sido dirigida en principio únicamente contra la Sub Alcaldía de la zona sur del GAMLP, toda vez que por las precisiones realizadas supra, se tiene que la demanda fue interpuesta no solo contra el Sub Alcalde de la zona sur, sino también contra el abogado de dicha repartición y contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, esta última que fue citada mediante cédula, por lo que mal podría alegar la parte recurrente que se inició el proceso contra sujetos procesales que no tendrían personería para representar al GAMLP.
De esta manera se infiere que lo acusado en este último numeral no resulta evidente, por lo que no corresponde disponer que el proceso sea subsanado con la finalidad de que supuestamente se cite correctamente a la entidad recurrente.
Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 389 a 394, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado legalmente por Jaime Luis Carvajal Jaldín, contra el Auto de Vista Nº S-319/2018 de 13 de junio, cursante de fs. 381 a 384, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas ni costos por ser la institución recurrente de carácter público.
Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizu

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 Resolución 
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e contrario
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