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Timestamp: 2018-12-17 03:23:04+00:00

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﻿ SENTENCIA C-149 DE FEBRERO 22 DE 2005
SENTENCIA C-149 DE 22 DE FEBRERO DE 2005
CONTENIDO:LA NULIDAD EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. PUEDE RESOLVERSE EN LA RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA O EN LA SENTENCIA DE PRIMERA O SEGUNDA INSTANCIA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 793 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:NULIDAD, PARTES DEL CONTRATO, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Sentencia C-149 de febrero 22 de 2005
Sentencia C-149 de 2005
Ref.: Expediente D-5348
Actor: Sebastián Felipe A-Barlobanto
A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, tomado del Diario Oficial Nº 45.046, del veintisiete (27) de diciembre de 2002.
ART. 15.—De las nulidades. Cualquiera nulidad que aleguen las partes, será considerada en la resolución de procedencia o improcedencia, o en la sentencia de primera o segunda instancia. No habrá ninguna nulidad de previo pronunciamiento”.
Antes de la expedición de esta ley, en el marco de la conmoción interior el gobierno expidió el Decreto Legislativo 1975 de 2002, con el fin de reformar el régimen de extinción de dominio y hacerlo más eficaz, “para dar un golpe a los grupos criminales que se expanden y consolidan gracias a los capitales que obtienen con sus delitos” (1) .
En su trámite se consideraron entre otras, las observaciones hechas por la Corte Constitucional, al Decreto Legislativo 1975 de septiembre 3 de 2002, mediante Sentencia C-1007 de noviembre dieciocho (18) de 2002.
No obstante lo anterior, como se anotó en la Sentencia C-740 de 2003, la Corte está habilitada para estudiar el contenido de la Ley 793 de 2002, aun cuando sobre ellos exista un pronunciamiento de constitucionalidad previo, pues a pesar de la aparente identidad de algunas normas, tales textos hacen parte de un cuerpo normativo proferido frente a un contexto diferente y con una finalidad diversa. Sobre este aspecto, la Sentencia C-1007 de 2002 dijo:
Como primera medida, debe advertir esta Sala que una de las características de la acción de extinción de dominio es su autónoma(sic) e independencia de cualquier otro tipo de proceso.
Precisamente, para la Corte (2) el legislador está legitimado para desarrollar la acción de extinción de dominio en todo aquello que no fue previsto por el constituyente. De allí que pueda definir tal autonomía en el sentido de independencia, concepto desarrollado en el artículo 4º (3) de la Ley 793 de 2002, para significar que sus presupuestos, la asignación de competencias, y los procedimientos son diferentes de otras acciones, tanto de la acción penal —entendida como el ejercicio de ius puniendi— como de otras formas de extinción de dominio.
Pues bien, en términos generales, sobre el tema de la nulidad, puede decirse que es un mecanismo procedimental que busca la invalidez de una actuación procesal, cuando esta no puede ser objeto de corrección o convalidación.
La doctrina (4) ha clasificado las nulidades en sustanciales y procedimentales, considerando las primeras como actos y declaraciones de voluntad en cuanto estos carezcan de algunos de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo. En ellas está contenido el concepto de la validez del acto o contrato en sí mismo considerado. Las segundas por su parte, atañen a irregularidades en un proceso judicial, en donde se analiza si el procedimiento encaminado a hacer efectivo un derecho está o no viciado.
Las providencias del juez como actos jurídicos pueden ser impugnadas mediante la proposición de nulidades. Estas se configuran en la existencia de vicios de procedimiento que por decisión del legislador vulneran de manera grave el debido proceso, son entonces establecidas por la ley o deducidas de la Constitución como una expresión de la garantía al debido proceso a que se encuentran sometidas las actuaciones judiciales.
Dentro de este contexto, en el caso de la acción de extinción de dominio, el legislador consagró tres causales de nulidad, a saber: la falta de competencia, la falta de notificación y la negativa injustificada a decretar una prueba conducente o a practicar una prueba oportunamente decretada. Sin embargo, la Corte al estudiar estas causales (L. 793/2002, art. 16), señaló (5) que eran exequibles pero bajo el entendido que también configura causal de nulidad cualquier violación a las reglas del debido proceso consagradas en el artículo 29 de la Constitución.
El señalamiento de términos precisos para resolver la nulidad obedece a la necesidad de que el proceso se tramite con celeridad y eficacia con el fin de asegurar una pronta justicia. También es coherente con el principio de concentración, de modo que no se pretende coartar o limitar el derecho de defensa de las partes, sino que simplemente, por la naturaleza de la acción de extinción de dominio, y la garantía de los derechos patrimoniales de la persona, las nulidades que se aleguen o se adviertan van a ser decididas en un solo momento.
Para la Corte, “el nuevo escenario procesal planteado por la Ley 793 de 2002 les impone a las partes y a los terceros acudir al proceso y hacer valer sus derechos haciendo uso de las herramientas conferidas por la misma ley, solo que la solución a todas sus solicitudes, bien sea que estén orientadas a desvirtuar la validez de la relación procesal, o a plantear cuestiones accesorias, o a oponerse a la pretensión estatal, solo se conocerá en los momentos indicados por la ley. De esta manera, el fiscal, al valorar la actuación cumplida a lo largo del proceso y al decidir si procede o no la extinción de dominio, y el juez, al proferir el fallo, deberán resolver también las cuestiones accesorias que hayan sido planteadas a lo largo del litigio y que, por mandato de la ley, no ameritan pronunciamiento previo” (6) .
Por consiguiente, es competencia del legislador señalar el trámite de los distintos procedimientos en razón a su naturaleza y regular lo relativo a la norma sustancial concreta aplicable en cada caso, siendo esto consecuente con la autonomía e independencia de la que goza el proceso de extinción de dominio, pues de todas maneras las nulidades que se observen dentro del mismo pueden plantearse, solo que su solución no ameritan un pronunciamiento previo, sino que serán decididas en la resolución de procedencia o improcedencia o en el fallo respectivo.
De esta manera, al señalar el legislador que cualquier nulidad que se pretenda alegar durante la fase inicial y la investigación de la acción de extinción de dominio, será resuelta en la resolución de procedencia o improcedencia, no desconoce ningún derecho fundamental, menos aún el acceso a la administración de justicia, en los términos de los artículos 228 y 229 de la Constitución, por cuanto en esta etapa del proceso no se restringe a las partes su derecho de advertir la existencia de alguna nulidad, sino que, en razón a los principios de celeridad, concentración y economía procesal, se establecen unos términos precisos para su consideración.
La decisión que en este momento toma el fiscal no es la definitiva pues aún no se ha vinculado al juez de conocimiento y puede ser impugnada (7) .
Declarar EXEQUIBLE el artículo 15 de la Ley 793 de 2002 “Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen reglas que gobiernan la extinción de dominio”.
(1) Gaceta del Congreso Nº 620 de 19 de diciembre de 2002, pág. 2.
(2) Ver Sentencia C-740 de agosto 28 de 2003.
(3) Mediante Sentencia C-740 de 2003, se declararon exequibles las expresiones “Esta acción es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen”, contenidas en el inciso primero del artículo 4º de la Ley 793 de 2002.
(4) Morales Molina Hernando, “Curso de derecho procesal civil”, parte general. pág. 442.
(5) Sentencia C-740 de 2003.
(7) Ibídem. Artículo 13 numeral 8º de la Ley 793 de 2002 declarado exequible en el entendido que la resolución de procedencia puede ser impugnada por el afectado.

References: RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 15
 resolución 
 artículo 4
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 4
 Artículo 13
 resolución