Source: https://www.scribd.com/doc/167018037/163378746-Contradiccion-de-Tesis-293-2011-Proyecto-Zaldivar
Timestamp: 2017-03-30 16:58:12+00:00

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BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinCONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011 ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DELDÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
designado por el Director General de Constitucionalidad de la Procuraduría General de la República. determinó que dicha Sala se avocara al conocimiento del asunto y devolvió los autos al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente. tuvo por recibidos los autos. por auto de veintinueve de agosto de dos mil once. El Presidente de la Primera Sala.
Por oficio número DGC/DCC/1131/2011 presentado ante esta Suprema Corte el veintitrés de septiembre de dos mil once.
Mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil once. el Presidente de este Alto Tribunal ordenó turnar el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y enviar los autos a la Sala de su adscripción.
. sostuvo su pedimento en el sentido de que la contradicción de tesis denunciada es inexistente. Trámite ante la Primera Sala.
Mediante certificación de primero de septiembre del mismo año. el Secretario de Acuerdos de esta Primera Sala señaló que el plazo concedido al Procurador para exponer su parecer respecto a este conflicto transcurriría del diecinueve de agosto al cuatro de octubre de dos mil once.
TERCERO. el Agente del Ministerio Público de la Federación.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito de distinto Circuito. PÁRRAFO SEGUNDO. fracción II.5
SEGUNDO. REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). Libro XIII. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. por lo que a través de proveído de treinta y uno de enero de dos mil doce. fracción II.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
CUARTO. la Primera Sala determinó enviar el asunto al Tribunal Pleno dada la trascendencia del tema de que se trata. Página: 1196]. constitucional y 227. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107. fracción XIII. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto por los artículos 107. toda vez que fue formulada por el autorizado de quien fue
Al respecto.). en relación con la fracción VII del punto Segundo del Acuerdo General 5/2013. de la Ley de Amparo. Materia(s): Común. [Décima Época. en un tema que. Tesis: 1a. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CXCIII/2012 (10a. Registro: 2001866. de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Instancia: Primera Sala. de la Constitución y 226. FRACCIÓN XIII. fracción XIII. Tomo 2. Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil doce. por su trascendencia debe ser conocido por el Tribunal Pleno. Competencia.
PRIMERO. véase la tesis de rubro “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis. de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107.
. el Ministro Presidente acordó su radicación en Pleno. Envío del asunto al Pleno de la Suprema Corte. Legitimación. Octubre de 2012. Tesis Aislada.
el pago del daño moral.
considerando se dará cuenta de los criterios de los Tribunales Colegiados que pudieran ser contradictorios. el daño material y los perjuicios ocasionados por dichas autoridades con motivo de su detención. mismo que fue resuelto en el toca 178/2008 por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
. al haberlo confundido con una persona que tenía orden de aprehensión en su contra. asunto del que resultaron dos de los criterios en contradicción. 1. la Agencia Federal de Investigación. Sentencias dictadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en los amparos directos 344/2008 y 623/2008
En virtud de que ambas sentencias derivan de la misma cadena procesal. Interpol México y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En contra de dicha sentencia. Hechos del caso e íter procesal Jesús Alejandro Gutiérrez Olvera demandó de la Procuraduría General de la República.
TERCERO. el íter procesal que comprende el dictado de las dos sentencias de amparo y las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Colegiado en dichas resoluciones. las codemandadas interpusieron recurso de apelación. el juez de origen condenó de manera solidaria a las codemandadas. deportación y cancelación de su visa estadounidense. entre otras cosas.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
parte en el juicio de amparo directo 1060/2008.
denunciados. a continuación se exponen los hechos que dieron lugar al juicio natural.
I. El veintitrés de noviembre de dos mil siete.
puede decirse que los tratados internacionales forman
a) Amparo directo 344/2008 Con apoyo en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TRATADOS INTERNACIONALES. la Sala responsable emitió sentencia el siete de agosto de dos mil ocho en el sentido de confirmar la sentencia de primer grado y condenar a las apelantes al pago de las costas en ambas instancias. Inconforme con la anterior resolución. el Tribunal Colegiado negó el amparo con apoyo en las consideraciones que se señalarán en el apartado siguiente. el Tribunal Colegiado concedió el amparo al quejoso para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente el acto reclamado y en su lugar dictara una nueva sentencia. mediante sentencia de diez de marzo de dos mil ocho en la que se les absolvió de todas las prestaciones reclamadas. El diez de julio de dos mil ocho. El veintitrés de octubre de dos mil ocho. radicada con el número 344/2008 por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”. el actor presentó demanda de amparo directo. mismo que quedó radicado nuevamente ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con el número 623/2208. En contra de dicha determinación.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Federal. las terceras perjudicadas promovieron juicio de amparo directo.
por lo que es posible llevar a cabo todas las acciones necesarias para restituir o resarcir a las personas en el goce de sus derechos. sirven como criterios orientadores para
Las decisiones de la Corte Interamericana. como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA” y “PRINCIPIO PRO HOMINE. se debe aplicar de manera obligatoria el principio pro persona. mismo que establece que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para la persona.
Los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano pueden ser invocados para analizar los casos en que se aleguen violaciones a los derechos humanos.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
parte de la Ley Suprema de la Unión en un plano jerárquico superior al de las leyes federales e inferior a la Constitución. De igual manera. Esta consideración encuentra sustento en el principio de que las leyes se hicieron para servir al hombre.
Los tratados internacionales suscritos por México obligan a todas las autoridades a llevar a cabo los actos necesarios para cumplir con las obligaciones asumidas en la implementación de las medidas que hagan efectivos los derechos humanos previstos en los mismos. misma que cuenta con competencia contenciosa. Estas consideraciones se apoyan en las tesis de rubros “PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN”. pues los mismos pertenecen a nuestro sistema jurídico y existe un compromiso internacional del Estado para hacer efectivos los derechos humanos reconocidos en los mismos.
por formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión en el nivel que los ubicó la Corte. Por lo tanto. Página: 1083.
. también pueden analizarse los actos y leyes contrarios a los tratados internacionales suscritos por México.C.46 K.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
la interpretación y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los derechos humanos.. la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicó a los tratados internacionales por encima de las leyes federales y por debajo de la Constitución. 103. Novena Época. que las leyes del Congreso de la Unión. LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. No. serán la Ley Suprema de toda la Unión. los procedimientos y las formas para la tramitación del juicio de amparo." (IUS 192867). Por su parte. Materia(s): Común. y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. según la tesis del rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. y. 133.
3. las bases. establecen respectivamente: que todo individuo gozará de las garantías que ella otorga. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.6
Tesis: I. Registro: 169. De ahí que si en el amparo es posible conocer de actos o leyes violatorios de garantías individuales establecidas constitucionalmente.108. pueden ser invocados al resolver sobre la violación de garantías individuales que involucren la de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México. y los tratados acordes a la misma. que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Criterios derivados de las sentencias
DERECHOS HUMANOS. XXVIII. Los artículos 1o. Agosto de 2008. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS. que emanen de ella. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.7o. fracción I.
el íter procesal seguido hasta la sentencia de amparo y las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Colegiado en esta última. Una vez incorporados a la Ley Suprema de toda la Unión los tratados internacionales suscritos por México. es posible invocar la jurisprudencia de dicho tribunal internacional como criterio orientador cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los derechos humanos.312. Diciembre de 2008. (ii) la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán por el cobro de la multa citada.
1. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.51 K. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
b) Amparo directo 623/2008 JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. Hechos del caso e íter procesal
Raúl Negrete Rodríguez presentó demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán en contra de las siguientes actos y autoridades: (i) la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de Michoacán por la imposición de una multa de treinta pesos y la detención arbitraria.7o. XXVIII. Registro: 168. Página: 1052.”7
II. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. y dado el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Materia(s): Común. No. y (iii) el Gobernador del Estado de Michoacán por la omisión de expedir reglamentos relativos a garantizar la observancia de los artículos 7 y 8 de la Convención
Tesis: I.
. en materia de derechos humanos.C. así como el registro de la detención en la lista de los arrestados que se lleva en Barandilla. Sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el amparo directo 1060/2008
A continuación se exponen los hechos que dieron lugar al juicio natural.
En esta línea. una vez realizado este procedimiento. existe la obligación de adaptarlo al derecho interno mediante un procedimiento especial. ya que los actos impugnados tenían su origen en actos de seguridad pública que. el actor interpuso recurso de reconsideración ante la citada Sala. segundo párrafo. fracción X. de la competencia del tribunal. cuando se trate de un conflicto que verse sobre derechos humanos. estaban excluidos de regulación en el citado código y. Argumentación de la sentencia
Cuando un tratado internacional ha sido ratificado por el Estado mexicano.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
. del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. en consecuencia.
2. Inconforme. los tratados suscritos por el Estado mexicano que los regulan. por tanto. la que confirmó el acuerdo impugnado. en relación con el 205. Raúl Negrete Rodríguez presentó demanda de amparo directo.
El magistrado instructor de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán determinó que en el caso concreto se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículos 2. Así. deben ubicarse propiamente a nivel de la Constitución porque dichos instrumentos internacionales deben concebirse como una extensión de lo previsto por ella respecto a los derechos fundamentales. En contra de la anterior resolución. lo pactado en el tratado queda automáticamente incorporado al derecho interno mexicano.
también reconoció la interpretación que de dicha
convención realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. se comparte la tesis aislada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito SU de rubro
ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”. Así.
El principio pro homine es un criterio hermenéutico que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos y que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de derechos protegidos y. a la norma o a la interpretación más restringida. dado que México aceptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. de tal manera que todos los tribunales del Estado Mexicano quedan obligados a aplicar los tratados internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. por el contrario. lo que conlleva a sustentar que deben realizar un control difuso de convencionalidad al resolver los asuntos sometidos a su competencia. Al respecto. entre otros organismos.
. en virtud de que el Estado en su conjunto asumió un compromiso internacional al ratificar el tratado internacional y de que el mismo ha sido incorporado a la Ley Suprema de la Unión.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Las autoridades mexicanas quedan vinculadas a invocar la jurisprudencia de los tribunales internacionales cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los derechos humanos.
incluyendo las legislativas.509. Mayo de 2010. Registro: 164.
. Así.1o.T. Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tratándose de los derechos humanos.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
convencionalidad: en sede internacional y en sede interna. deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos. Novena Época. alrededor de unos hechos -acción u omisión. medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos
Tesis: XI. deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Página: 2079. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO.8 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. el juicio de convencionalidad puede realizarse respecto de la acción o de la omisión del legislador. por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial. pactos.A. convenciones o acuerdos celebrados por México. los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales. XXXI. porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS. porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos. lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales. sino también la Constitución.45 K.internacionalmente ilícitos. Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos.
3. Ambos implican el examen de confrontación normativo (material) del derecho interno con la norma internacional. los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados. Criterios derivados de la sentencia
TRATADOS INTERNACIONALES. en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. No. DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean iguales.”9
CUARTO.611. Instancia: Pleno. XXXI. de conformidad con las consideraciones que se exponen a continuación. y (3) el control de convencionalidad.1o.10
De acuerdo a lo anterior. (2) el carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tesis: P. Página: 7. a través de políticas y leyes que los garanticen.
Los Tribunales Colegiados contendientes analizaron en los diversos amparos directos sometidos a su consideración./J. Jurisprudencia. Registro: 164. y (b) que los criterios sean discrepantes sobre un mismo punto de derecho. Materia(s): Común]. 72/2010. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Para poder determinar si existe una contradicción de tesis debe verificarse lo siguiente: (a) que los órganos contendientes sostengan tesis contradictorias.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
y garantías. Agosto de 2010. debiéndose entender por tesis el criterio adoptado con arbitrio judicial y a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar una determinada resolución. Página: 1932. INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES” [Novena Época.A.
.T. No. 10 “CONTRADICCIÓN DE TESIS.47 K. los siguientes puntos jurídicos: (1) la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución. el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el caso existe la contradicción de tesis denunciada. Materia(s): Común. Mayo de 2010. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO.
Tesis: XI. Análisis de los criterios denunciados. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito señaló en el amparo directo 1060/2008 que “cuando se trate de un conflicto que verse sobre derechos humanos. LXXVII/99. No. emitió la tesis de rubro “TRATADOS INTERNACIONALES. Registro: 192867. tema que no había sido expresamente abordado por esta Suprema Corte. CUANDO LOS
CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
En relación con el punto (1). de rubro “TRATADOS INTERNACIONALES.
De lo anterior se desprende que ambos tribunales se pronunciaron respecto a la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución. Tomo X. el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo en el amparo directo 344/2008 que dichos tratados se encuentran por encima de las leyes federales y por debajo de la Constitución. los tratados o convenciones internacionales suscritos por el Estado Mexicano deben ubicarse propiamente a nivel de la Constitución”. Materia(s): Constitucional. Si bien en dicha resolución manifestó compartir la tesis emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte.11 sólo lo hizo para para utilizar ese criterio como premisa de las consideraciones que posteriormente esgrimió para sustentar su posición en el sentido de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”. Página: 46. DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN”. siendo que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Tesis: P. Novena Época. En esta línea. Noviembre de 1999. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
. Instancia: Pleno.
referente al carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto. pues entendió el “carácter orientador” de la misma de diversa forma.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Civil del Primer Circuito sostuvo que los mismos se ubican debajo de la Constitución. si bien el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito señaló compartir esa tesis aislada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. este criterio fue recogido en la tesis aislada de rubro “JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. dicho Tribunal señaló “que las autoridades del Estado mexicano tienen la ineludible obligación de observar y aplicar en su ámbito competencial interno –además de las legislativas– medidas de cualquier otro orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías. al mismo tiempo esgrimió consideraciones acerca de que la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos es obligatoria.
En relación con el punto (2). en el amparo directo 623/2008 el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito argumentó que es posible invocar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como criterio orientador cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de disposiciones protectoras de los derechos humanos. En consecuencia. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”. mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito consideró que están al mismo nivel. no sólo de la Constitución y de sus normativas internas sino también de las convenciones internacionales de las que México es
lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las contenidas en tratados
. es posible señalar que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un criterio orientador. Así. el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito abundó respecto al deber que tienen todas las autoridades de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México. los tribunales del Estado mexicano no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales. No obstante. en el tema del control de convencionalidad identificado en el punto (3). la contradicción de criterios debe limitarse a establecer el carácter de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. por lo que de acuerdo a dichas consideraciones.
En tal sentido.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
parte y de las interpretaciones que de sus cláusulas llevaron a cabo los organismos internacionales”. ya que el Séptimo Tribunal Colegiado no se pronunció respecto al valor de los precedentes emitidos por otros organismos internacionales. sino también los tratados o convenciones internacionales. el cual debe ser aplicado por todas las autoridades con funciones materialmente jurisdiccionales. de las afirmaciones anteriores es posible advertir que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito considera a la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos como un criterio obligatorio. mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito le otorgó a los precedentes de dicho tribunal y a los de cualquier otro organismo internacional de derechos humanos un carácter obligatorio.
Así. ambos tribunales sostuvieron la pertinencia del control de convencionalidad en sede interna. puede inferirse que su pronunciamiento se refiere a los órganos de control concentrado. únicamente se pronunció respecto a la posibilidad de plantear a través del juicio de amparo violaciones a los derechos contenidos en los tratados internacionales suscritos por México. esto es. el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito señaló que éste debe ser ejercido por todas las autoridades jurisdiccionales.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
internacionales. el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. si todos los tribunales del Estado mexicano deben ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las de origen internacional. puede llegarse a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada y que la litis de la misma consiste en determinar dos cuestiones: (i) la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de
. mientras que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sólo analizó si es posible plantear violaciones a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales a través del juicio de amparo. En consecuencia. no existe un punto de toque entre las consideraciones sustentadas por ambos tribunales respecto al tema del control de convencionalidad. al resolver el amparo directo 344/2008.
Por su parte. De hecho. sin pronunciarse sobre si dicho control debe ser difuso.
De acuerdo con las consideraciones anteriores. por lo que al igual que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito sostuvo la necesidad de que los tribunales federales ejerzan el denominado control de convencionalidad.
y (ii) el carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por un lado. este Tribunal Pleno no pasa por alto el hecho de que los casos que motivaron la presente contradicción de tesis fueron resueltos por los Tribunales Colegiados aplicando el marco
constitucional que se encontraba vigente antes de que se aprobaran las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y juicio de amparo de junio de dos mil once. si bien los criterios en pugna no se establecieron tomando en cuenta los trascendentales cambios normativos que introdujeron las citadas reformas constitucionales.
Al respecto. contribuyendo así a generar un criterio que
. Y por otro lado. el estudio del presente asunto permitirá la construcción de criterios jurisprudenciales con respecto al carácter orientador u obligatorio de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana y permitirá realizar
pronunciamientos novedosos respecto a la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. el Pleno de esta Suprema Corte estima pertinente resolverla a partir del marco constitucional vigente. al incidir la materia de la presente contradicción en un tema directamente vinculado con las protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución.
Por último. cabe hacer un par de precisiones. Consecuentemente. si bien en el expediente varios 912/2010 se esgrimieron diversas consideraciones acerca de la obligatoriedad de las sentencias condenatorias al Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. en dicha resolución no se resolvió el tema de la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos. En este sentido. tal decisión no constituye jurisprudencia por lo que sigue siendo relevante resolver tal cuestión.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
derechos humanos en relación con la Constitución.
Como se desprende del considerando anterior. por lo cual este Tribunal Pleno abordará los estudios correspondientes en dos apartados independientes. para efectos de aportar mayor claridad en la exposición. en aras de otorgar una mayor y más efectiva tutela a los derechos humanos reconocidos por el artículo 1° constitucional. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia lo sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. en primer lugar se hará una reconstrucción de los criterios que este Tribunal Pleno ha emitido en torno al tema de la jerarquía de tratados internacionales en el orden jurídico nacional. de acuerdo con las consideraciones que se exponen en este considerando. Finalmente.
I. Estudio de fondo. para posteriormente explicar las razones por las cuales el enfoque tradicional del problema en términos de la “jerarquía de fuentes” es insatisfactorio para resolver la cuestión sometida a consideración de esta Suprema Corte. La posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución
Para resolver este punto de la presente contradicción.
.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
abone a la seguridad jurídica en un tema de especial trascendencia para todas las personas. se desarrollará un nuevo enfoque que dé cuenta del contenido de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días seis y diez de junio de dos mil once. que tiene que ver más bien con la pregunta de cómo se relacionan las “normas de derechos humanos” contenidas en tratados internacionales con la Constitución. la presente contradicción versa sobre dos cuestiones jurídicas distintas.
El texto del precepto constitucional en comento es el siguiente:
Artículo 133. Con base en los razonamientos anteriores. los criterios del Tribunal Pleno en torno a su jerarquía en el orden jurídico mexicano han experimentado una gran evolución. celebrados y que se celebren por el Presidente de la República. derivada de la interpretación del artículo 133. las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma. serán la Ley Suprema de toda la Unión. Adicionalmente. esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido históricamente que la primera parte del artículo en comento también determina el lugar que los tratados internacionales ocupan dentro del sistema de fuentes del orden jurídico mexicano. En dicha ocasión. la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte sobre el sistema de fuentes.
Un primer pronunciamiento tuvo lugar en mil novecientos noventa y dos.
Como se muestra a continuación. señalando que ambos cuerpos normativos ocupan un rango inmediatamente inferior a la Constitución y que. en consecuencia. el artículo 133 de la Constitución reconoce el principio de supremacía constitucional. con motivo de la resolución dictada en el amparo en revisión 2069/91. Esta Constitución. no ha gozado de estabilidad. se
. uno no puede ser empleado como parámetro de validez o regularidad del otro. entre otras cuestiones. Criterios jurisprudenciales sobre la jerarquía normativa de los tratados internacionales
Tanto doctrinal como jurisprudencialmente existe un acuerdo respecto a que. la Suprema Corte de Justicia de la Nación colocó a los tratados internacionales en el mismo nivel que las leyes federales. En el caso específico de los tratados internacionales. con aprobación del Senado.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Tesis: P. por lo que de acuerdo a la Convención de Viena el
Octava Época. un tercer pronunciamiento se emitió con motivo de la resolución del amparo en revisión 120/2002. 13 Sobre cuáles son dichos requisitos constitucionales de incorporación. esta Suprema Corte sostuvo que “[e]s menester que satisfagan dos requisitos formales y uno de fondo: los primeros hacen consistir en que el tratado esté o sea celebrado por el Presidente de la República y que sea aprobado por el Senado. los tratados internacionales y las leyes generales. 14 Novena Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. El requisito de fondo consiste en la adecuación de la convención internacional con el texto de la propia Ley Fundamental”. por cumplir con los requisitos formales y materiales para tal efecto. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X. Instancia: Pleno. noviembre de 1999. federales y locales. Tesis Aislada. NORMATIVA”. diciembre de 1992.
. integrado por la Constitución. y (iii) la existencia de una visión internacionalista de la Constitución.
Finalmente. Instancia: Pleno. LXXVII/99. En dicho asunto. 60. de carácter nacional. dentro del cual el Tribunal Pleno sostuvo en síntesis lo siguiente: (i) la existencia de un orden jurídico superior.14 lo que implicó la interrupción del precedente antes mencionado. página 46.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
aprobó la tesis aislada de rubro “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. Registro: 205596. Este pronunciamiento dio lugar a la emisión de la tesis aislada de rubro “TRATADOS INTERNACIONALES. Tesis: P. Tesis Aislada. C/92.13 se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales.12 TIENEN LA MISMA JERARQUÍA
El segundo pronunciamiento dentro de esta línea jurisprudencial ocurrió con motivo del estudio del amparo en revisión 1475/98. (ii) la supremacía de los tratados internacionales frente las leyes generales. el Tribunal Pleno estableció que los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución. Registro: 192867. SE UBICAN
JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”. Materia(s): Constitucional. página: 27. Materia(s): Constitucional. Núm.
abril de 2007. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado.17
El precedente antes descrito constituye el último criterio del Tribunal Pleno respecto a la jerarquía de los tratados internacionales en el orden jurídico nacional. en su última versión. IX/2007. Artículo 27.18 En este sentido. Materia(s): Constitucional.16 De lo anterior derivó la tesis de rubro “TRATADOS INTERNACIONALES. la doctrina jurisprudencial vigente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional contiene diversas normas. del artículo 133 constitucional se desprende una noción de jerarquía formal de las normas que integran el sistema de fuentes. FEDERALES Y LOCALES. no se citan por no constituir criterios que hayan modificado la línea jurisprudencial descrita. página 6. 1.15 pues todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. según la cual
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Tesis: P.
Lo antes expuesto evidencia que. Registro: 172650.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Estado mexicano no puede invocar su derecho interno como excusa para el incumplimiento de las obligaciones contraídas frente a otros actores internacionales.
. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL”. 18 Este Tribunal Pleno no soslaya la existencia de otros pronunciamientos que tangencialmente abordan temas relacionados con el tema que ahora se esboza. 17 Novena Época. el catorce de febrero de mil novecientos setenta y cinco y. para este Alto Tribunal. […]. Tomo XXV. Instancia: Pleno. Este criterio no contó alcanzó la votación requerida para integrar jurisprudencia. dentro de las cuales destacan la que constituye el postulado principal del principio de supremacía constitucional y la que sienta los parámetros bajo los cuales se ha construido la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico mexicano. Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. suscrita por México el veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve y aprobada por el Senado el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y dos. el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho. sin embargo. publicada originalmente en el Diario Oficial de la Federación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis Aislada. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES. 16 Artículo 26.
En esa línea. en la sentencia del primer precedente del Tribunal Pleno en el que señaló la superioridad de los tratados internacionales frente a las leyes federales y locales. Para este Tribunal Pleno. resulta revelador que en ambas sentencias se contempló la posibilidad de que los derechos humanos de fuente internacional pudieran convertirse incluso en una extensión misma de la Constitución. Al respecto. las dos sentencias que dieron origen a las tesis que constituyen el fundamento de la actual jerarquía de los tratados internacionales. al cuestionar si la misma resulta aplicable a “los tratados de derechos humanos”. la doctrina jurisprudencial desarrollada en torno a la jerarquía de los tratados internacionales resulta insatisfactoria por dos cuestiones: una relacionada con los alcances de los precedentes que sostienen dicha doctrina.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por debajo de la Constitución y por encima del resto de normas jurídicas que forman parte del entramado normativo mexicano. y otra vinculada con la necesidad de adoptar un nuevo enfoque para responder el problema aducido. 2. Las limitaciones del “criterio jerárquico”
Una vez expuesto lo anterior. dando cuenta del nuevo contenido del artículo 1° constitucional. es pertinente recordar que la presente contradicción de criterios problematiza la respuesta que esta Suprema Corte ha dado a la cuestión de la jerarquía de los tratados internacionales.
En cuanto a los alcances de los precedentes. el amparo en revisión
. matizaron los criterios sostenidos en ellas. de tal manera que dichas conclusiones no necesariamente fueran aplicables a los “tratados de derechos humanos”.
foja 60. al concebirse dichos instrumentos internacionales como una extensión de lo previsto por ésta. en la sentencia del amparo en revisión 120/200220 se sostuvo lo siguiente:
esta Suprema Corte no se ha pronunciado respecto a la jerarquía de aquellos tratados internacionales cuyo contenido esté referido a derechos humanos. aunque bien podría entenderse que esa era su
Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de diez votos. caso en el cual. podría considerarse que están al mismo nivel de la Constitución:
Puede darse el caso de convenios internacionales que amplíen las garantías individuales o sociales y que por no estar dentro de las normas constitucionales no podrían ser aplicadas a nuestro derecho. 20 Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría seis votos. En el ejemplo.
Posteriormente. ponencia del Ministro Humberto Román Palacios. ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. mediante sentencia de once de mayo de mil novecientos noventa y nueve.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
1475/98. No obstante. es evidente que si el tratado obliga a ampliar la esfera de libertades de los gobernados o compromete al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicionalmente débiles. mediante sentencia de trece de febrero de dos mil siete. pudiera aceptarse que la jerarquía de éstos corresponda a la de la Constitución Federal misma. la integración de dichas normas al nivel constitucional se apunta como una conclusión con la que ninguna de las dos sentencias se compromete del todo.
De lo anterior se desprende que ambos precedentes marcan límites claros respecto al alcance que el criterio de jerarquía puede llegar a tener al momento de aplicarse a normas de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. En este caso conviene analizar las características de la norma internacional que se pretende aplicar y en función de ella atender a la finalidad de las disposiciones constitucionales de que se trata. deben considerarse como constitucionales. fojas 170 y 171.19 se argumentó que si las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales amplían los derechos
pues los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito plantean la necesidad de emitir un criterio que atienda con claridad la distinción expuesta en las líneas precedentes./J.
. por lo que es necesario apuntar que esta problemática ha adquirido una nueva dimensión a raíz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días seis y el diez de junio de dos mil once. Instancia: Primera Sala. página: 799 ]. Ahora bien. el criterio de jerarquía resulta insatisfactorio para dar cuenta de lo ocurrido con las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales. Tomo 2.
Hasta aquí resulta evidente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado un claro enfoque según el cual del artículo 133 constitucional se desprende. En esta línea. Libro XIII. como se sostuvo anteriormente. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Así lo ha reconocido la Primera Sala de este Alto Tribunal en la jurisprudencia de rubro “PRINCIPIO PRO PERSONA. Octubre de 2012.
De una simple lectura del precepto se desprende claramente que el ordenamiento jurídico mexicano reconoce los derechos humanos provenientes de dos fuentes: la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 107/2012 (10a. como una consecuencia del principio de supremacía constitucional.21 En este punto es necesario realizar dos precisiones conceptuales. Registro: 2002000. resulta de especial relevancia la presente contradicción.). Jurisprudencia. las cuales modificaron el primer párrafo del artículo 1° constitucional. que los tratados
internacionales se encuentran en el nivel inmediatamente inferior a la Constitución. Tesis: 1a. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE” [Décima Época.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
intención. Materia(s): Constitucional.
en general. lo cierto es que se trata de una distinción de gran importancia. párrafo 87. en general. tienen solamente. CIJ. en el caso Soering. los instrumentos de derechos fundamentales se encuentran orientados.23
En este sentido. obligaciones para el Estado en relación con los demás estados de la comunidad internacional. tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. y. por regla.” Reservas a la Convención sobre el Genocidio. doble tributación o. Serie A No. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. En términos análogos se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que “los tratados modernos sobre derechos humanos. 7 de julio de 1989. Esto es así. la Convención Americana. mas no al resto de normas comprendidas en dichos instrumentos internacionales. párr. En consecuencia. La consideración de los fines superiores de la Convención es. que “al interpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos debe tenerse en cuenta su carácter específico de tratado que instrumenta una garantía colectiva para el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales”. la Corte Europea de Derechos Humanos destacó. los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos. un interés común. 2. a otra materias. asumen varias obligaciones. más que a establecer un equilibrio de intereses entre Estados. en particular. en una convención de este tipo no puede hablarse de ventajas o desventajas individuales de los estados. en virtud de la voluntad común de las partes. En este sentido. ya que si bien los instrumentos internacionales generan.” Voto concurrente que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz en relación con el amparo directo en revisión 908/2006. es posible afirmar que a la luz del nuevo texto constitucional la distinción entre “tratados internacionales de derechos humanos” y “tratados internacionales” no es determinante para resolver la presente contradicción. concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos.22
Es cierto que tradicionalmente se han distinguido los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
. la Corte Internacional de Justicia se pronunció respecto de la Convención para la Prevención y Represión del Delito de Genocidio en el siguiente sentido: “En tal convención los Estados contratantes no tienen intereses propios. por el bien común.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
La primera se encuentra dirigida a destacar que la Constitución incluye dentro de su catálogo a las “normas de derechos humanos” reconocidas en tratados internacionales. 23 Adicionalmente. el fundamento y la medida de todas las disposiciones. sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”. para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Aunque puede parecer una cuestión menor. Finalmente. Reino Unido. Recueil 1951. que es el de preservar los fines superiores que son la razón de ser de la convención. ni de mantener un equilibrio contractual exacto entre derechos y deberes. En este sentido. independientemente de su nacionalidad. 23. no en relación con otros Estados. 29. a garantizar derechos y libertades del ser humano. cuyo objeto es precisamente el desarrollo de los derechos humanos y sus garantías. es pertinente apuntar que cuando los Estados suscriben un tratado en materia de derechos humanos se comprometen no sólo frente a la comunidad internacional. no son tratados multilaterales de tipo tradicional. Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos . se ha sostenido que “[l]os tratados e instrumentos en materia de derechos humanos tienen una naturaleza jurídica distinta a aquéllos que se refieren a la materia comercial. Opinión Consultiva. todos y cada uno de ellos. Caso Soering vs. p. sino frente a los individuos bajo su jurisdicción.
Lo anterior implica que inclusive pueden ser incorporados al catálogo de derechos humanos previstos en la Constitución aquéllos previstos en tratados internacionales que no sean considerados “de derechos humanos”. contacto y asistencia consular contenido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Es por ello que este Tribunal Pleno interpreta el contenido del artículo 1° constitucional en el sentido de que el conjunto normativo previsto en dicho precepto se compone por “normas de derechos humanos”. En este sentido. tal y como ocurre con el ejemplo paradigmático del derecho a la notificación. a la vez que incluye otras normas previstas en dichos cuerpos normativos que no necesariamente se encuentran relacionadas con derechos humanos. No obstante.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
de otros tratados internacionales. cuya fuente de reconocimiento puede ser la Constitución o un tratado internacional ratificado por México con independencia de la materia de éste. tal y como puede ocurrir con las disposiciones relativas a la firma y ratificación del instrumento respectivo. como pueden ser aquéllos en materia de libre comercio o de doble tributación. ello no ha sido un obstáculo para concluir que el citado derecho efectivamente sea considerado un derecho humano. hablar de “tratados internacionales de derechos humanos” termina por dejar fuera a los derechos reconocidos en otro tipo de instrumentos internacionales. el párrafo primero del artículo 1° constitucional parte del reconocimiento de los derechos humanos previstos tanto en la Constitución como en tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. sin hacer referencia a la materia u objeto de los instrumentos internacionales respectivos.
. Así. aunque dicho tratado internacional no constituya un “tratado de derechos humanos”.
habría sido posible estudiar la dicotomía de “tratados internacionales de derechos humanos” y “tratados internacionales” en general a la luz del enfoque de jerarquía normativa construido a partir de la interpretación del artículo 133 constitucional. toda vez que el artículo 1º constitucional pone énfasis exclusivamente en su integración al catálogo constitucional. En este sentido. lo cual conduce a este Tribunal Pleno a concluir que la razón de dicha omisión atiende a lo insatisfactorio que sería abordar con base en un criterio de jerarquía formal la problemática surgida por la existencia de dos fuentes primigenias de reconocimiento de los derechos humanos. Esta conclusión se refuerza si se considera que el artículo 1° constitucional. no puede soslayarse que la reforma al artículo 1° constitucional no se acompañó con una enmienda al artículo 133. resulta irrelevante la fuente u origen de un derecho humano. ya sea la Constitución o un instrumento internacional. Antes de la reforma constitucional. además de determinar las fuentes de reconocimiento de los derechos humanos. incorpora
De acuerdo con las consideraciones precedentes. pues la reforma constitucional modificó el artículo 1º precisamente para integrar un catálogo de derechos y no para distinguir o jerarquizar esas normas en atención a la fuente de la que provienen. lo relevante de la reforma constitucional para efectos del presente estudio consiste en que incorpora los derechos humanos reconocidos en tratados
internacionales a ese mismo catálogo.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Lo anterior da paso a una segunda cuestión. la nueva conformación del catálogo de derechos humanos no puede ser estudiada en términos de jerarquía. Sin embargo. a partir de que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico mexicano.
Si se parte de la premisa de que ya existía un catálogo constitucional de derechos humanos.
Como se desarrollará posteriormente. y en
. como una conclusión preliminar. En consecuencia.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
criterios hermenéuticos para la solución de posibles antinomias frente a la posible duplicidad en la regulación de un derecho humano. este artículo reconoce un conjunto normativo –compuesto únicamente por derechos humanos– que escapa a la regulación de la jerarquía de las fuentes prevista en el artículo 133 constitucional y cuyas normas de aplicación fueron específicamente diseñadas para la interpretación y aplicación de derechos humanos. En estos términos. que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución no se relacionan entre sí en términos jerárquicos.
Lo antes expuesto conduce a este Tribunal Pleno a apuntar. el enfoque tradicional de la jerarquía de los tratados internacionales no constituye una herramienta satisfactoria para determinar el lugar que ocupan en el ordenamiento mexicano los derechos humanos reconocidos en dichos instrumentos normativos. a continuación se desarrollarán las implicaciones que la reforma constitucional ha significado para este nuevo conjunto normativo de rango constitucional. El principio de supremacía constitucional a la luz del nuevo marco constitucional
La problemática antes enunciada conduce a este Tribunal Pleno a replantear el concepto de supremacía constitucional para dar cuenta de su operatividad a la luz de las reformas constitucionales.
3. reparando específicamente en la construcción del principio de supremacía constitucional y en la forma en la que deben relacionarse los derechos humanos reconocidos en ambas fuentes normativas.
cuya construcción ya ha sido adelantada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunos pronunciamientos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos
Las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis y el diez de junio de dos mil once significaron la introducción de un nuevo paradigma constitucional en México.
Al respecto. con el afán de optimizar y potencializar las reformas constitucionales sin
. con motivo del surgimiento de un nuevo parámetro de control de regularidad constitucional. buscando así el efecto útil de la reforma. esta Suprema Corte de Justicia de la Nación: (A) hará un breve análisis de la reforma constitucional antes mencionada para explicar el sustento normativo del nuevo parámetro de control de regularidad constitucional.
A. es de gran importancia que las nuevas figuras incorporadas en la Constitución se estudien con un enfoque de derechos humanos y con interpretaciones propias del nuevo paradigma constitucional. para determinar sus alcances y reinterpretar aquellas figuras e instituciones que resulten incompatibles o que puedan obstaculizar la aplicación y el desarrollo de este nuevo modelo.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
especial del nuevo artículo 1º. Para el desarrollo de esta reinterpretación. Este cambio trascendental exige a todos los operadores jurídicos y en especial a este Alto Tribunal un minucioso análisis del nuevo texto constitucional. (B) destacará las principales
consideraciones derivadas del expediente varios 912/2010 y de la acción de inconstitucionalidad 155/2007. como precedentes ineludibles sobre este tema. y (C) determinará los alcances del principio de supremacía constitucional a la luz de las consideraciones precedentes.
AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA. Registro: 196537. al interpretarlos debe partirse por reconocer. XII/2006. ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA” [Novena Época. 117]. la Constitución o un tratado internacional. Tesis: P. como principio general.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
perder de vista su objetivo principal: la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas. Tesis: P. que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema. este conjunto integra el nuevo parámetro de control de regularidad o validez de las normas del ordenamiento jurídico mexicano. Pág. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor.24
En este sentido. frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley. cuya fuente puede ser. Página: 25]. Registro: 175912. la aplicación y estudio de las reformas constitucionales con base en herramientas interpretativas y figuras propias del viejo paradigma constitucional podrían tener el efecto de hacer nugatoria la reforma. 26 En
Por el contrario. Abril de 1998. Febrero de 2006. una de las principales aportaciones de la reforma constitucional es la creación de un conjunto de normas de derechos humanos. Así. el método genético-teleológico permite. así como la finalidad de su inclusión. a continuación se desarrollará una interpretación literal de los primeros tres párrafos del artículo 1° constitucional. XXVIII/98. la cual se complementará con una interpretación sistemática25 del vigente texto constitucional y con una interpretación que atienda a esclarecer cuál era la intención y finalidad del Poder Reformador al aprobar las citadas reformas. Así. Tomo XXIII. Materia(s): Constitucional. Para justificar esta afirmación. indistintamente. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional. Véase la tesis aislada de este Pleno de rubro: “INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate. lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución. al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional. Instancia: Pleno. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR” [Novena Época. Véase la tesis aislada de este Pleno de rubro: “INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Instancia: Pleno. descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político. 26 Este Pleno ha determinado que “el propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 25 Este Pleno ha considerado que “en virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Constitución forma parte de un sistema constitucional. lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional”. ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico. Tomo VII.
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. así como de las garantías para su protección. Buenos Aires. sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Carlos Santiago.
Asimismo. indivisibilidad y progresividad.
Partiendo de la necesidad de colocar a la persona como el eje en torno al cual se articula la reforma en materia de derechos humanos. pp. Astrea. Todas las autoridades. lo cual conlleva la posibilidad
externas. el primer párrafo del artículo 1° constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. respetar. el Estado deberá prevenir. en el ámbito de sus competencias.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
aras de una mayor claridad expositiva. cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.
Nino. 2ª ed. proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. ese párrafo señala que las personas también gozan de las garantías previstas en ambos ordenamientos. interdependencia. investigar. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. en los términos que establezca la ley.
. 1989. el reconocimiento de estos derechos encuentra justificación en los principios de autonomía. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En este sentido.27 Por lo tanto. tienen la obligación de promover. inviolabilidad y dignidad de todas las personas. 199-304. a continuación se trascriben los primeros tres párrafos del artículo 1º constitucional:
Artículo 1o. desde la Constitución se reconocen derechos humanos cuya finalidad última consiste en posibilitar que todas las personas desarrollen su propio plan de vida.. Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación . En consecuencia.
el segundo párrafo contiene dos herramientas interpretativas cuya aplicación resulta obligatoria en la aplicación de las normas de derecho humanos. basta decir que dicha herramienta obliga a los operadores jurídicos que se enfrenten a la necesidad de interpretar una norma de derechos humanos –incluyendo las previstas en la propia Constitución– a considerar en dicha interpretación al catálogo de derechos humanos que ahora reconoce el texto constitucional. Esta obligación busca reforzar el principio desarrollado en el primer párrafo.
La segunda herramienta interpretativa es la que la doctrina y la jurisprudencia han identificado como el principio pro persona. Sin pretender agotar los alcances de lo que tradicionalmente se ha entendido como “interpretación conforme”. con independencia de su fuente normativa. el cual obliga a que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. adoptando como premisa la inviabilidad de resolver este tipo de situaciones con apoyo en los criterios tradicionales de
. resolver los casos de duda que puedan enfrentar los operadores jurídicos frente a la eventual multiplicidad de normas –e interpretaciones disponibles de las mismas– que resulten aplicables respecto de un mismo derecho.
Por otra parte. principalmente. La primera establece que todas las normas de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. En este sentido.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
dependiendo del origen de los mecanismos que se encuentren a disposición de las personas para exigir la tutela de sus derechos humanos. Este principio constituye un criterio hermenéutico propio de la interpretación de los derechos humanos que busca. forman parte de un mismo catálogo o conjunto normativo. en el sentido de que los derechos humanos.
los derechos humanos establecen relaciones recíprocas entre ellos. véase la tesis aislada de rubro “ PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN.
Si bien el análisis de cada uno de los principios y obligaciones previstos en dicho precepto excede la finalidad del presente estudio. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. sancionar y reparar. ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL” [Novena Época. investigar.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
interpretación y resolución de antinomias. interdependencia. una correcta interpretación del contenido y función del catálogo de derechos humanos previsto en el artículo 1° constitucional comporta la necesidad de destacar que el párrafo tercero de dicho numeral prevé como principios objetivos rectores de los derechos humanos los de interdependencia e indivisibilidad. y (iii) las obligaciones específicas que forman parte de la obligación genérica de garantía: prevenir.28
Finalmente. 14 ].
. el principio constitucional de indivisibilidad de los derechos humanos parte de la integralidad de la persona y la necesidad de satisfacer todos sus derechos. Tesis: P. indivisibilidad y progresividad. Diciembre de 2009. Según el principio constitucional de interdependencia. Instancia: Pleno. pág. LXXV/2009. (ii) las obligaciones genéricas de las autoridades estatales para la tutela de los derechos humanos: respeto. el tercer párrafo del artículo 1° constitucional constituye el fundamento constitucional de los siguientes elementos: (i) los principios objetivos de los derechos humanos: universalidad. Por otra parte. protección. el Poder Reformador otorgó rango constitucional al principio pro persona como elemento armonizador y dinámico para la interpretación y aplicación de normas de derechos humanos. Registro: 165713. de modo que en la gran mayoría de los casos la satisfacción de un derecho es lo que hace posible el disfrute de otros. promoción y garantía. lo que excluye la posibilidad de establecer jerarquías en abstracto entre los mismos. EL PROCEDIMIENTO REFORMATORIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS. Tomo XXX.
Instancia: Pleno. véase la tesis de rubro la tesis aislada de este Pleno de rubro: “INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. (iii) dicho catálogo debe utilizarse para la interpretación de cualquier norma relativa a los derechos humanos.
. Tesis: P. Febrero de 2006. (ii) la existencia de dicho catálogo tiene por origen la Constitución misma. Tomo XXIII. así como del principio pro persona. Registro: 175912. entendido como herramienta armonizadora y dinámica que permite la
funcionalidad del catálogo constitucional de derechos humanos. en virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Constitución forma parte de un sistema
constitucional. Materia(s): Constitucional.29 En este sentido. este Pleno considera que el texto del artículo 1º constitucional no puede ser interpretado de forma aislada y sin considerar los demás artículos constitucionales. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Ahora bien. como principio general. Tesis Aislada. ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA” [Novena Época. Página: 25].CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
De acuerdo con lo anterior. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA. de la literalidad de los primeros tres párrafos del artículo 1° constitucional se desprende lo siguiente: (i) los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de los cuales México sea parte integran un mismo conjunto o catálogo de derechos. y (iv) las relaciones entre los derechos humanos que integran este conjunto deben resolverse partiendo de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos –lo que excluye la jerarquía entre unos y otros–. XII/2006. que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema. al interpretarlos debe partirse de reconocer. es pertinente aclarar que la
Al respecto. No obstante.
para ampliar el catálogo constitucional de derechos humanos.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
reconocidos en la Constitución y con su inclusión dentro del ámbito material de protección del juicio de amparo. la reforma constitucional de amparo amplió expresamente la procedencia del juicio de amparo. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.
Así. En forma paralela –pero indudablemente vinculada–. […]. Lo anterior se desprende del texto de la actual redacción de la fracción I del artículo 103 constitucional:
Artículo 103. en México todas las personas son titulares tanto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución como de los previstos en los tratados internacionales que sean ratificados por el Estado mexicano. Al respecto. con independencia de su reconocimiento en la Constitución. este Tribunal
. así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. lo que significa que. los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales se han integrado expresamente a nuestro
ordenamiento jurídico interno. la literalidad de la propia disposición también permite concluir que el artículo 1° constitucional amplió el catálogo de derechos humanos previsto materialmente en la Constitución para comprender también aquéllos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por normas generales. para reconocerla en aquellos casos en los cuales se hubiesen violado derechos humanos establecidos en tratados internacionales. actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución. con motivo de la reforma constitucional.
que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Artículo 105. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos. inciso g) de la Constitución:
Artículo 15. especialmente los reformados en junio de dos mil once. en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito. en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. fracción II. los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse. así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República. a saber.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Pleno considera que esas conclusiones preliminares se refuerzan si se compara este primer sentido o alcance normativo del artículo 1º constitucional con el texto de otros artículos constitucionales. […]
. en contra de leyes de carácter federal. Dentro de la reforma constitucional dos en materia de derechos humanos que se
especialmente significativas para entender la conformación del nuevo parámetro de regularidad constitucional. dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. las modificaciones a los artículos 15 y 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá. por: […] g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. estatal y del Distrito Federal. la condición de esclavos. en los términos que señale la ley reglamentaria. Asimismo. de los asuntos siguientes: […] II.
permitan la posibilidad de efectuar un control de la validez de tratados internacionales adoptando como parámetro para dicho estudio a los derechos humanos reconocidos en otros tratados internacionales.
En esta línea.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Antes de la multicitada reforma. fracción II. fracción II. tampoco se autoriza la celebración de tratados internacionales que alteren los derechos humanos reconocidos en tratados
internacionales. Sólo así se puede explicar que tanto el artículo 15 como el artículo 105. el artículo 105. inciso g) constitucional reconocía legitimación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y de tratados internacionales por la violación a derechos humanos consagrados en la Constitución. El cambio que introdujo la reforma constitucional consiste en ahora también se admite la procedencia de este tipo de acciones en contra de leyes y tratados que vulneren los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. A partir de la reforma constitucional. el artículo 15 constitucional prohibía la celebración de tratados internacionales que permitieran la alteración –entendida como afectación– de los derechos humanos establecidos en la Constitución.
. resulta indefectible concluir que lo único que se modificó fue el régimen constitucional de las normas internacionales de derechos humanos. partiendo de la base de que las reformas constitucionales no alteraron el régimen constitucional de los tratados internacionales en general –con independencia de su materia–. las cuales se integraron al parámetro de control de regularidad cuya fuente es la propia Constitución. inciso g).
resulta evidente que una interpretación sistemática de los artículos reformados conduce a la ineludible conclusión de que existen normas internacionales que. con independencia de su fuente. Sólo así puede entenderse que la Constitución permita el control de la regularidad de tratados internacionales con base en normas cuyo origen normativo son otros tratados internacionales. constituyen un parámetro de regularidad constitucional que sirve para dar coherencia y unidad al ordenamiento jurídico en casos de antinomias o lagunas normativas. en ese sentido. este Pleno considera que si se analiza cuál fue la intención y finalidad del Poder Reformador al aprobar la reforma en comento también se llega a la conclusión de que las normas de derechos humanos.
Ahora bien. las normas jurídicas que integran dicho parámetro de control son los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Esto implica que la validez material de un tratado internacional pueda estudiarse adoptando como parámetro de control a los derechos humanos reconocidos en otro tratado internacional. un parámetro de control de su regularidad normativa. Por consiguiente. adquieren un papel o rol preponderante dentro de nuestro
ordenamiento jurídico. los dos artículos en comento permiten que la validez de los tratados internacionales se determine por su conformidad o no contravención con ciertas normas que integran. al convertirse en parte integrante del parámetro de control de regularidad conforme al cual se estudia la validez del resto de las normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico mexicano. adicionalmente a la interpretación gramatical y sistemática. A partir de la reforma constitucional.
. por reconocer derechos humanos.
de manera que no existiese “distinción entre los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los derechos reconocidos por el Estado mexicano vía los tratados internacionales”. 3°. con opinión de la Comisión Especial de Reforma del Estado. 23 de abril de 2009.30
Por su parte. 97. de diversos dictámenes de las Comisiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión que participaron en el proceso de reforma. número 2743-XVI. 15. 29. Año XII. en tanto expresiones de la voluntad del Poder Reformador de la Constitución. 89. erigiéndose así como parámetro de control de regularidad constitucional.
. se puede apreciar que las
modificaciones de seis y diez de junio de dos mil once tuvieron la intensión de reconocer el carácter constitucional de todas las normas de derechos humanos. sin importar que su fuente sea la propia Constitución o los tratados internacionales. 18.
Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del veintitrés de abril de dos mil nueve. en el dictamen del siete de abril de dos mil diez de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República. 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se eleven a rango constitucional los derechos
Gaceta Parlamentaria. a efecto de que los operadores jurídicos las utilicen para interpretar el sistema normativo mexicano. se establece que el Poder Reformador buscaba aprovechar la oportunidad histórica “para otorgar a los derechos humanos un lugar preferente en la Constitución”. 33. sostuvieron que emitían dictamen favorable “para que se apruebe la reforma a los artículos 1°.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
números 19 y 20. Así. deberá acudirse a lo establecido en los tratados internacionales”. por ejemplo. tanto los que se encuentran expresamente reconocidos en el texto constitucional. como se afirma en el dictamen del veintitrés de marzo de dos mil once de dichas Comisiones de la Cámara de Diputados. Año XIV.
En este orden de ideas. dentro de las consideraciones del dictamen para llegar a esa conclusión. se sostiene que “al momento de interpretar las normas relativas a los derechos humanos.32 De esta forma. en el dictamen del quince de diciembre de dos mil diez de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria. con lo que deben considerarse incluidos.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
humanos con lo que se amplía su reconocimiento y protección en nuestro país”31 (énfasis añadido). sino que además. éste también reconoció que los derechos humanos en su conjunto constituyen un parámetro de control de regularidad constitucional. no solamente será la Constitución su único referente. En este sentido.
. 7 y 8 de abril de 2009. “cualquier persona puede hacer exigible y
Gaceta del Senado. como los consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte” (énfasis añadido). encontramos que se afirmó que el cambio de denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución resultaba plausible “atendiendo a que se incorporan y elevan a rango constitucional los derechos humanos” (énfasis añadido). en dicho documento se afirmó que de aprobarse la enmienda se establecería un amplio reconocimiento a los derechos humanos “dándoles carácter constitucional a todos.
Una vez reconocido por el Poder Reformador que no existe distinción entre los derechos humanos en atención a su fuente. número 3162-IV. 15 de diciembre de 2010.
sino todos aquellos derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. también se desprende la conclusión de que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales obligan a todas las autoridades dentro del sistema jurídico mexicano. con opinión de la Comisión Especial de Reforma del Estado. con lo cual la protección de los derechos […] se ampliaría”. del procedimiento legislativo que concluyó con la reforma constitucional al juicio de amparo del seis de julio de dos mil once. parámetros de control de regularidad constitucional. 8 de marzo de 2011. por lo que constituyen. 23 de marzo de 2011.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
justiciable de manera directa todo el catálogo de derechos hasta ahora reconocidos”33 (énfasis añadido). número 3226-VII.34
Como se afirma también en el dictamen del ocho de marzo de dos mil once de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República. junto con los derechos humanos constitucionales. los cuales son justiciables a través del amparo independientemente de que su fuente sea un tratado internacional. número. Gaceta del Senado.
. toda vez que “puede darse el caso de que se reconozca y garantice algún derecho fundamental en instrumentos internacionales que no estén referidos específicamente a normar derechos humanos.
En efecto. 223. en el dictamen del diez de diciembre de dos mil nueve de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores se estableció que “a pesar de que existe una norma constitucional que avala la justiciabilidad de los
Gaceta del Senado. no sólo los derechos humanos contenidos en “tratados internacionales de derechos humanos” constituyen ese parámetro de control de regularidad constitucional.
número 3156-IX. Año XIV.37
Así. 7 de diciembre de 2010. 37 Gaceta Parlamentaria. la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en su dictamen del siete de diciembre de dos mil diez fue muy clara al concluir categóricamente que “se incorporan los instrumentos internacionales de derechos humanos como parámetro directo de protección del individuo”. Gaceta del Senado. Por ello. (ii) se pretendió que el conjunto de
Gaceta del Senado. 10 de diciembre de 2009. independientemente de que su fuente sea la Constitución o los tratados internacionales. número 68.35 En ese mismo dictamen se concluyó que “uno de los cambios más importantes que se proponen en la iniciativa guarda relación con el objeto de protección del juicio de amparo.36 En el mismo sentido.
. de forma que “habrá una ampliación de los contenidos normativos a los cuales deberán sujetarse y estar subordinadas las autoridades públicas”. 10 de diciembre de 2009.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
derechos conferidos por los tratados internacionales suscritos por nuestro país. conformaran un solo catálogo de rango constitucional. [se pretende] ampliar el marco de protección de ese proceso extendiendo la materia de control”. número 68. de un análisis del procedimiento legislativo se desprenden las siguientes conclusiones en relación con la intención y finalidad del Constituyente al aprobar las reformas en comento: (i) se buscaba que los derechos humanos. “dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades. resulta de la mayor importancia dejar claro en nuestra Ley Fundamental que en materia de derechos humanos existen los mecanismos para hacer valer una violación al texto de dichos instrumentos internacionales”. el cual en sus orígenes estaba limitado a las garantías individuales y que hoy pretenden ampliar también a la protección de los derechos fundamentales contenidas en instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano”.
los derechos humanos vincule a los órganos jurisdiccionales a interpretar no sólo las propias normas sobre la materia. sino toda norma o acto de autoridad dentro del ordenamiento jurídico mexicano. bajo la ponencia de la Ministra Margarita Luna Ramos (encargado del engrose: Ministro José Ramón Cossío Díaz).
B. Precedentes relevantes: el expediente varios 912/2010 y la acción de inconstitucionalidad 155/2007 Al resolver el expediente varios 912/2010. un tratado internacional de derechos humanos o un tratado internacional que aunque no se repute de derecho humanos proteja algún derecho de esta clase. en dicho precedente se sostuvo que “el parámetro de análisis de este tipo de control [constitucional y convencional] que deberán ejercer todos los jueces del país. erigiéndose como parámetro de control de regularidad constitucional. de forma que los jueces prefieran “los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados
Internacionales. aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior” (párrafos 28 y 29). y (iii) se sostuvo que no sólo las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos constituyen ese parámetro de regularidad constitucional. se integra” por los siguientes parámetros: (i) los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.
Siguiendo esa misma línea. independientemente de que su fuente sea la Constitución.38 este Tribunal Pleno estableció que el artículo 1º constitucional debe leerse e interpretarse de manera conjunta con lo que dispone el artículo 133 de la Constitución. (ii) la jurisprudencia del Poder
Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante resolución de catorce de julio de dos mil once. sino toda norma de derechos humanos.
independientemente de su fuente.39 este Tribunal Pleno concretó algunas de las implicaciones de considerar a los derechos humanos. se concluyó que los jueces nacionales “deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. que “este parámetro constituye un catálogo normativo que permite a los juzgadores
Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante resolución de siete de febrero de dos mil once.
. Así. así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger” (párrafo 31). (iii) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de dicho tribunal internacional (párrafo 21). bajo la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano (encargado del engrose: Ministro José Ramón Cossío Díaz). como parámetro de control de regularidad constitucional de las normas que integran el ordenamiento jurídico mexicano.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Judicial de la Federación. en dicho asunto no se especificó el alcance de éste. en la acción de inconstitucionalidad 155/2007. en segundo término. en dicho precedente este Pleno sostuvo en primer lugar que el parámetro de control de regularidad constitucional “se refiere a un conjunto de normas a partir de cual se determina la regularidad o la validez de las normas que integran al ordenamiento jurídico mexicano” y.
Si bien en el expediente varios 912/2010 se reconoció a los derechos humanos como parámetro de control de regularidad constitucional. No obstante.
este Tribunal Pleno advirtió que en el caso concreto “no existía coincidencia entre lo establecido en los tratados internacionales y en la Constitución respecto a las circunstancias en las que pudiera imponerse un trabajo forzado u obligatorio. a fin de ser tomado en cuenta para la circunstancia particular a la que se enfrenten”. que las autoridades administrativas también puedan sancionar a los particulares con la realización de un trabajo comunitario por la infracción a los reglamentos gubernativos y de policía”. Mientras que los tratados internacionales establecen como única excepción la posibilidad de que las autoridades jurisdiccionales los impongan en cumplimiento de una pena. elijan el estándar que resulte más favorable para los individuos de entre los contenidos en fuente constitucional o aquellos que se deriven de fuente internacional”. adicionalmente.
Este Pleno concluyó que entre la norma constitucional más restrictiva respecto a las condiciones de ejercicio libre del derecho al trabajo y la norma contenida en el tratado internacional más protectora de dicho derecho. deberá preferirse aquélla que resulte más favorable para la persona. constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional sin que se relacionen en términos jerárquicos y (ii) en caso de que dichas normas se refieran a un mismo derecho en un caso concreto. la cuestión constitucional se circunscribió a determinar “si es compatible con el derecho al trabajo el que las autoridades administrativas puedan imponer a los particulares la realización de trabajos a favor de la comunidad”. señalando que “es claro que no es procedente establecer un criterio jerárquico entre los diversos instrumentos normativos que integran el parámetro de regularidad constitucional que ha sido descrito”.40
De esta manera. independientemente de que su fuente sea la Constitución o los tratados internacionales. la Constitución Federal establece.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
determinar cuál [de las normas] resulta más favorable para las personas.
En dicho precedente. debía preferirse la segunda. toda vez que era más benéfica respecto a la persona.
. de tal manera que “[l]o procedente es que los jueces del Estado mexicano al interpretar el contenido de un determinado derecho humano. también se concluye que (i) las normas de derechos humanos. conforme al expediente varios 91/2010 y la acción de inconstitucionalidad 155/2007. aun y cuando su fuente sea distinta. Por ello.
con base en los nuevos enfoques introducidos por las reformas constitucionales de junio de dos mil once. los precedentes de este Pleno. tradicionalmente se ha entendido que el principio de supremacía constitucional comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de nuestra Constitución. las normas de derechos humanos constituyen el parámetro de regularidad constitucional que deben atender todas las autoridades del Estado mexicano.
C. el cual
Si bien este entendimiento no ha cambiado. lo que a su vez implica. que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes a la misma. la trascendencia del cambio de paradigma constitucional antes descrito conlleva la necesidad de replantear parcialmente el principio de supremacía constitucional. en el sentido de que los actos que emitan con motivo de su función deben ser coherentes con el contenido de esas normas. lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía dentro de nuestro ordenamiento jurídico. posteriores a la reforma de junio de dos mil once.
Así. entre otras cosas. tanto en un sentido formal como material. concuerdan con la interpretación gramatical. sistemática y originalista antes desarrollada. Alcances del principio de supremacía constitucional
Como se ha venido señalando a lo largo de la presente sentencia. En efecto.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
los cuales se refieren fundamentalmente a la celebración del tratado internacional por el Presidente de la República y su ratificación por el Senado. en tanto forman parte de un mismo catálogo o conjunto normativo. la supremacía constitucional se predica de todos los derechos humanos incorporados al ordenamiento mexicano.
No obstante. y (ii) una vez incorporado al sistema jurídico. las satisfacción de los requisitos materiales de validez. el catálogo de derechos humanos comprende tanto los que se encuentran expresamente reconocidos en la Constitución como aquéllos contemplados en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. cuya existencia y validez depende de la Constitución. establezca junto con normas constitucionales.
Como se ha expuesto anteriormente. Esta conclusión se refuerza con el mandato expreso del Poder Reformador de permitir que los derechos humanos de fuente internacional puedan ser empleados como parámetro de validez del resto de las normas jurídicas del ordenamiento jurídico mexicano. el parámetro de control de la validez de todas las demás normas del ordenamiento jurídico?
La respuesta a esta interrogante requiere la disociación de dos momentos: (i) la incorporación de un tratado internacional al orden jurídico que tiene lugar a partir del cumplimiento de los requisitos formales de validez. En este sentido. dentro de las cuales se incluyeron expresamente los propios instrumentos internacionales. la afirmación antes expuesta exige dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿cómo es posible que una norma. En este orden de ideas. que
. para este Tribunal Pleno defender los derechos humanos es defender la propia Constitución.
pp. la “validez material” o “validez propiamente dicha” que depende de la coherencia con las normas sustanciales sobre su producción. modificar. Son facultades exclusivas del Senado: I. la solución pacífica de controversias.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
consisten básicamente en la conformidad del tratado con la Constitución. los requisitos de validez
Ferrajoli. En la conducción de tal política. […]. Trotta. lo que sería la “vigencia” o “existencia” de las normas. 43 Artículo 76. el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos. la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. suspender. Como ya se señaló. enmendar. suspender. Además. retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. que hace referencia a la forma de los actos normativos y que es una propiedad que depende de la correspondencia con las normas formales sobre su producción. sometiéndolos a la aprobación del Senado. Luigi. así como terminar. la igualdad jurídica de los Estados. Por otra parte. son las siguientes: […] X. enmendar.
Artículo 89. la cooperación internacional para el desarrollo. y por otro lado.
Estos dos momentos pueden reconducirse a la distinción entre dos dimensiones de la regularidad normativa propias de todo Estado constitucional: por un lado. denunciar. la no intervención. retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. en el sentido general de que el contenido del instrumento internacional no contraríe las normas constitucionales y
específicamente que no afecte los derechos humanos previstos en la propia Constitución y en otros tratados internacionales. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Derechos y garantías. […]. 15-
36. […]. así como su decisión de terminar. La ley del más débil.41
En esta línea. modificar. el respeto. 1999. denunciar. los requisitos de existencia o vigencia de los tratados internacionales están contemplados en los artículos 89.
. la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. estos preceptos establecen que los tratados internacionales deben ser firmados por el Presidente de la República en su calidad de Jefe del Estado mexicano y aprobados por el Senado.42 7643 y 133 constitucionales. Madrid. Las facultades y obligaciones del Presidente.
la conformidad de las normas internacionales de derechos humanos con la Constitución para efectos de su incorporación al ordenamiento jurídico interno se debe analizar bajo la regla especial del artículo 15 constitucional. el artículo 15
constitucional contiene otro requisito de validez material de naturaleza especial. Estos artículos exigen. entendida con los
material se contemplan en los artículos 133 y 15 constitucionales. la no satisfacción de los requisitos materiales obligaría a declarar su invalidez. Mientras el artículo 133 constitucional impone a todos los tratados internacionales el requisito material de no contravenir o estar de acuerdo con las normas constitucionales. que comprende tanto a los de fuente constitucional como internacional. La especialidad de este requisito radica en que sólo permite –autoriza– la celebración de tratados internacionales cuyo contenido no menoscabe el catálogo constitucional de derechos humanos. prohibición que coincide plenamente con el principio de progresividad –y su corolario de no regresividad– de los derechos humanos. Así.
En otras palabras. que los contenidos de los tratados internacionales “estén de acuerdo” con los contenidos en el texto constitucional y que no “alteren” los derechos humanos previstos en la propia Constitución y en otros tratados internacionales. reconocido en el tercer párrafo del artículo 1° constitucional. mientras el incumplimiento de los requisitos de forma conduciría a concluir que un tratado internacional no es derecho vigente en México.
Corresponde ahora determinar cuáles son estos requisitos materiales de validez que deben cumplir los tratados internacionales incorporados (o que se vayan a incorporar) al sistema jurídico mexicano. respectivamente. cuyo cumplimiento se exige únicamente respecto a los tratados internacionales que contengan normas de derechos
Ahora bien. se integren al parámetro de regularidad contenido en el artículo 1° constitucional. de tal suerte que dichas normas no pueden contravenir el principio de
. con independencia de la jerarquía normativa del instrumento que las reconozca. los cuales permiten el reconocimiento de nuevos derechos humanos. por lo tanto. las normas internacionales de derechos humanos que cumplan con el requisito material previsto en el artículo 15. desvinculándose del tratado internacional que es su fuente y. para gozar.
De acuerdo con lo anterior. una vez que un tratado es incorporado al orden jurídico. de su jerarquía normativa. mientras que el requisito previsto en el artículo 15 constitucional garantiza que. En efecto.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
principios pro persona. siempre y cuando esto no se traduzca en un detrimento al contenido y alcance de los derechos previamente reconocidos e integrantes del parámetro de control de regularidad constitucional. las normas internacionales de derechos humanos. pasarán a formar parte del catálogo constitucional de derechos humanos. puede decirse que el requisito previsto en el artículo 133 constitucional refuerza la interpretación de que los tratados internacionales se encuentran en una posición jerárquica inferior a la Constitución. y no el tratado en su conjunto. Así. las normas de derechos humanos que éste contenga se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. todas las consideraciones antes apuntadas permiten concluir a este Tribunal Pleno que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y en la Constitución no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. en consecuencia. de interpretación conforme y progresividad previstos en el artículo 1° constitucional. de supremacía constitucional en los términos
Este criterio se refuerza con la interpretación literal. éstas se articularán de manera que se prefieran aquéllas cuyo contenido proteja de manera más favorable a su titular atendiendo para ello al principio pro persona. deberán interpretarse los actos jurídicos tanto de autoridades como de particulares a efecto de que sean armónicos y coherentes con dichos contenidos fundamentales. en el caso de que contengan normas de derechos humanos éstas pasan a formar parte del parámetro de control de la regularidad constitucional al que este Pleno se ha referido a lo largo de esta sentencia. en caso de que tanto normas constitucionales como normas internacionales se refieran a un mismo derecho.
Recapitulando lo dicho hasta ahora. conforme a los cuales. es importante reiterar que las relaciones entre los derechos humanos que integran el nuevo parámetro de control de regularidad deben desarrollarse en forma armónica.
En esta línea. las cuales fueron contundentes en cuanto a la necesidad
supremacía constitucional precisamente porque forman parte del conjunto normativo respecto del cual se predica la supremacía. Por otro lado. la propia Constitución en su artículo 1º contempla la posibilidad de que su contenido se incorpore al conjunto de derechos que gozarán todas las personas y que tendrán que respetar y garantizar todas las autoridades y. ante el escenario de que un derecho humano contenido en un tratado internacional del que México sea parte no esté previsto en una norma constitucional.
Si bien todos los tratados internacionales deben ajustarse a los procedimientos de incorporación previstos en el ordenamiento jurídico a efecto de determinar su existencia. sin introducir criterios de jerarquía entre las mismas. sistemática y originalista de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once.
PARA QUE SUS CRITERIOS TENGAN CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER REITERADOS”. lo cual resulta igualmente aplicable a los criterios interpretativos contenidos en las mismas.48 En este
“SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE. como ya dijimos. se agregó lo siguiente:
[E]sta Suprema Corte no es competente para analizar. esto es. Libro XVIII.
En la misma línea. [Décima Época. Tesis Aislada. el artículo 94 constitucional establece que “la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales. por contradicción de tesis y por sustitución”. la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es obligatoria cuando cumple con los requisitos de integración previstos en dichos ordenamientos: reiteración. contradicción o sustitución.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
cosa juzgada. calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. revisar. Tesis: P. el artículo 215 de la Ley de Amparo establece que “[l]a jurisprudencia se establece por reiteración de criterios. cosa juzgada y. Por otra parte. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Asimismo. por ende. así como los requisitos para
. Materia(s): Constitucional. 48 En este sentido. Instancia: Pleno. ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen. Tomo 1.). (párrafo17). página 368]. Marzo de 2013. Esta sede de jurisdicción nacional no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. es correcta o incorrecta. el Tribunal Pleno emitió un criterio en el que refrendó la vinculatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en casos en los que el Estado mexicano haya sido parte. en sede internacional.
De acuerdo con la Constitución y la Ley de Amparo. III/2013 (10a. o si la misma se excede en relación a las normas que rigen su materia y proceso.47
Antes de iniciar con el desarrollo de estas nuevas reflexiones. Registro: 2003156. es importante distinguir entre la obligatoriedad de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación de la vinculatoriedad de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
65. Excepciones Preliminares. párrs. las fracciones II y XIII del artículo 107 constitucional hacen referencia a la formación de jurisprudencia por reiteración y contradicción. En este sentido. Finalmente. dicha obligatoriedad no se predica respecto de los criterios identificados como “tesis aisladas”. como resultado de nuevas reflexiones y con motivo de la nueva integración de este Tribunal Pleno. la jurisprudencia interamericana se integra en un sistema de precedentes. cuya aplicación no es obligatoria por no haber cumplido con los requisitos formales para ello. Al respecto. 93. en forma armónica con la jurisprudencia nacional.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
sentido. Serie C No. 110. 180. 371 y 374. Fondo. México. 346. 116. como un estándar mínimo que debe ser recibido por los Estados que hayan reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana para ser aplicados directamente. 347-a. debe considerarse que esta fuerza vinculante de los criterios interpretativos contenidos en sentencias interamericanas debe extenderse a aquéllas dictadas en casos en los que el Estado mexicano no haya sido parte. 139.
. véase por ejemplo Caso Radilla Pacheco Vs.
Ahora bien. 274. 67. Reparaciones y Costas .49 según el cual todos los criterios interpretativos contenidos en una resolución dictada por la Corte Interamericana con motivo de un asunto de naturaleza contenciosa gozan de fuerza vinculante. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. o para ser desarrollados o ampliados mediante
jurisprudencia que resulte más favorecedora para las personas. según se expone a continuación. 209.
A diferencia de lo anterior. cuya fuerza vinculante debe
entenderse en clave de progresividad. sin necesidad de que se siga un procedimiento formal distinto. 339. 360. cada
pronunciamiento del tribunal interamericano se integra a la doctrina jurisprudencial interamericana.
su interrupción y sustitución”. es decir. 49 Cabe señalar que la propia Corte Interamericana denomina sus criterios interpretativos de la Convención Americana como “jurisprudencia”. 340.
mientras que las “normas” serían los distintos significados que la Corte Interamericana atribuye al texto convencional a través de su jurisprudencia.). En este caso. etcétera). Francisco Javier. la “disposición” sería el texto de la Convención Americana. es permitente aclarar que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el resto de las cortes supremas de los Estados de las Américas que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben mantener un diálogo jurisprudencial constante con el tribunal
Se trata de una importante distinción bastante extendida tanto en la teoría del derecho. Palestra. Susana. mientras que la norma hace referencia al significado que se le atribuye a ese texto. pp. debe considerarse que la jurisprudencia de la Corte Interamericana constituye una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por otro lado. 2011. conforme al artículo 1º constitucional. Lexnova. y Escudero. todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano forman parte de un mismo catálogo que conforma el parámetro de control de regularidad del ordenamiento jurídico mexicano. En consecuencia. una fracción. 2001. Rafael (eds. incluyendo aquéllos dictados en los casos en los que el Estado mexicano no haya sido parte.50 De acuerdo con esta distinción. Norma. como en la dogmática constitucional y la jurisprudencia constitucional comparada. Disposición vs. la disposición alude al texto de un determinado
ordenamiento (un artículo. Por todos.
Adicionalmente. Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. Esta idea puede clarificarse si se parte de la diferencia que puede trazarse desde el punto de vista conceptual entre lo que es una “disposición” y una “norma”. Valladolid. los criterios que emita la Corte Interamericana en sus resoluciones. son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del país. como intérprete último de la Convención Americana en el ámbito internacional. 35-37.
. véase Pozzolo. Lima. y Díaz Revorio.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Esta operación podrá concluir con el favorecimiento de un criterio del Poder Judicial de la Federación o de uno emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es en este sentido que las relaciones entre esta Suprema Corte y la Corte Interamericana deben entenderse en términos de cooperación y colaboración. el resultado debe atender a la mejor protección de los derechos humanos de las personas. como lo ordena el principio pro persona
. la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. en términos de lo apuntado en el apartado anterior. conforme al artículo 1º constitucional. la aplicación de la jurisprudencia del tribunal interamericano debe hacerse en clave de colaboración y de no contradicción con la jurisprudencia nacional. no pretende ni puede sustituir a la jurisprudencia nacional. pero cualquiera que sea el criterio aplicado.
En efecto. cuando se susciten conflictos respecto a cómo interpretar un derecho humano en específico. con base en el principio pro persona. a las interpretaciones que resulten más amplias o menos restrictivas para los derechos de las personas. ni debe ser aplicada en forma acrítica. en cumplimiento al principio pro persona. los operadores jurídicos deberán atender.
Es en ese sentido que resulta evidente que la jurisprudencia interamericana es vinculante para los jueces nacionales cuando resulte más favorable. puesto que ambos tienen la misma finalidad: la protección de los derechos humanos. Por el contrario.
En este orden de ideas.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
internacional. de modo que los pronunciamientos que eventualmente impliquen una diferencia de criterio respecto a los alcances que pueda llegar a tener un derecho en específico deberán ser resueltos. aun entendida como
vinculante para los operadores jurídicos mexicanos.
dependiendo cuál sea el más favorable a las personas.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
contenido en el artículo 1º constitucional. que bien podría ser el interamericano o el nacional. La razón de esto es evidente: cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia.
Aquí resulta de la mayor importancia introducir una aclaración. pasando por alto. lo importante será que la inaplicación de un criterio jurisprudencial. en razón de un contexto fáctico específico y atendiendo a las particularidades del ordenamiento jurídico respectivo. es decir. lo hace analizando conductas específicas observadas por agentes estatales de un Estado. nacional o interamericano. toda vez que ésta sienta las bases para una interpretación mínima respecto a un derecho en particular. Por el contrario. los precedentes del Poder Judicial de la Federación. En todo caso. se justifique atendiendo a la aplicación de otro que resulte más favorecedor a la persona.
Así. esta obligatoriedad debe entenderse como una vinculación a los operadores jurídicos internos a observar en sus resoluciones un estándar mínimo. incluso. aunque aplica su
jurisprudencia histórica para determinar el contenido de derechos humanos que se encuentran previstos en un mismo instrumento internacional obligatorio para todos los Estados parte del mismo. no debe entenderse el carácter vinculante de los criterios interamericanos en un sentido fuerte. La vinculación a los precedentes de la Corte Interamericana emitidos en casos en los que el Estado mexicano ha sido parte no necesariamente es igual a la emitida en aquéllos donde no lo ha sido.
. como un lineamiento que constriña a los jueces internos a resolver aplicando
indefectiblemente el estándar sentado por la Corte Interamericana.
el operador jurídico deberá analizar si las razones que motivaron el pronunciamiento son las mismas. para entonces poder determinar si el criterio jurisprudencial interamericano es aplicable.
interconectadas. Así. En estos casos. por ejemplo.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Así las cosas. el contexto fáctico y las particularidades del caso sean análogas y. Lo mismo ocurre a nivel interno cuando un criterio jurisprudencial emitido. cuando se trate de la aplicación de un criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso en el que el Estado mexicano no ha sido parte. idóneas para la aplicación del precedente interamericano. Este paso previo no dependerá de que la conducta ordenada como debida por la Corte Interamericana sea compatible con la conducta. los operadores jurídicos se encuentran obligados a analizar si el precedente resulta aplicable al ordenamiento jurídico mexicano. con base en la legislación de un Estado se utiliza para resolver un caso nacido al amparo de una legislación similar de otro estado. sino con el hecho de que el marco normativo analizado. por tanto. la determinación del contenido de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha tenido como base la construcción de estándares que resultan aplicables en todos los Estados de las Américas. acto jurídico o norma analizada.
69.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
órganos jurisdiccionales internos de los Estados. incluidas las instancias democráticas51. de conformidad con lo señalado anteriormente (supra considerandos. todos sus órganos. en este supuesto. es posible observar dos manifestaciones distintas de esa obligación de los Estados de ejercer el control de convencionalidad. en situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido parte en el proceso internacional en que fue establecida determinada jurisprudencia. por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana. todas sus autoridades públicas y todos sus órganos. En relación con la primera manifestación. consecuentemente. las decisiones de la Corte Interamericana. incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia. En esta situación se encuentra el Estado de Uruguay respecto de la Sentencia dictada en el caso Gelman. precisamente porque el control de convencionalidad es una institución que sirve como instrumento para aplicar el Derecho Internacional. la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de
. de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales. se está en presencia de cosa juzgada internacional. la Corte Interamericana señaló en el caso Gelman lo siguiente: “La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana. vale la pena citar in extenso un pronunciamiento reciente de dicho tribunal internacional:
67. lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención y. particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos. no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin o por decisiones judiciales o administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de la sentencia. Es decir. 60 a 65). en el presente caso que existe cosa juzgada se trata simplemente de emplearlo para dar cumplimiento en su integridad y de buena fe a lo ordenado en la Sentencia dictada por la Corte en el caso concreto. también están sometidos al tratado y a la sentencia de este Tribunal. Lo anterior debido a que a que la norma convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vinculación dependiendo si el Estado fue parte material o no en el proceso internacional. 68. De tal manera. dependiendo de si la Sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el Estado ha sido parte o no. por lo que sería incongruente utilizar esa herramienta como justificación para dejar de cumplir con la misma. Por ello. en razón de lo cual el Estado está obligado a cumplir y aplicar la sentencia. jueces y
Al respecto. por lo que. cuando existe una sentencia internacional dictada con carácter de cosa juzgada respecto de un Estado que ha sido parte en el caso sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Al respecto. Respecto de la segunda manifestación del control de convencionalidad.
es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y. en las cuales también debe primar un control de convencionalidad. a la esfera de lo ‘susceptible de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas. 71.] reparar. 70. De tal manera. y no hay voluntad de la mayoría. teniendo en cuenta el propio tratado y.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad. Lo anterior significa que. como consecuencia de la eficacia jurídica de la Convención Americana en todos los Estados Parte en la misma. en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. la jurisprudencia de la Corte muestra casos en que se retoman decisiones de tribunales internos para
mayorías. si se produce un acto violatorio de dichos derechos. que ‘el límite de la decisión de la mayoría reside. la Suprema Corte de Justicia ha ejercido. se ha generado un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar derechos humanos. Así. entre todos. En este sentido. es decir. al establecer. Otros tribunales nacionales se han ido también a los límites de la democracia en relación con la protección de derechos fundamentales”. en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (los primeros. el cual es. conjuntamente entre las autoridades internas y las instancias internacionales (en forma complementaria). en virtud del cual la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley’. La Corte estima pertinente precisar que la concepción del llamado control de convencionalidad tiene íntima relación con el “principio de complementariedad”.239. en el Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet. párr. que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. [en su caso. tal como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana. están obligados por el tratado. inter alia. un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas. son el derecho a la vida y a la libertad personal. “coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”.
. Este principio de complementariedad (también llamado “de subsidiariedad”) informa transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos”. en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención. el Estado “es el principal garante de los derechos humanos de la personas. según corresponda. Caso Gelman Vs. de modo que los criterios de decisión puedan ser conformados y adecuados entre sí. juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos. como en la determinación. por lo cual deben ejercer. antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano. Uruguay. esencialmente. de manera que.
pueden ser considerados por ésta. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. en cuyo supuesto ejercerá un control 52 complementario de convencionalidad.
jurisprudencial interamericano. Uruguay. las cuales deben solucionarse a nivel interno teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana y. además de resolver un asunto específico. párrs. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013. […]. se concluye que los criterios emanados de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos resultan vinculantes para los jueces nacionales con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio. Caso Gelman Vs. en términos del propio tribunal internacional. la función tutelar de una sentencia se cumple por el hecho de que ésta pretende resolver un caso específico con base en la determinación de medidas de reparación a cargo del Estado condenado.
Por todo lo anterior. Así adquiere sentido el mecanismo convencional. pues no debe olvidarse que las sentencias de la Corte Interamericana. solo en caso contrario. Por otra parte.
. tienen un doble carácter. […]. pretenden sentar un estándar mínimo que resulte aplicable para casos futuros y respecto de otros Estados formalmente ajenos a la controversia que dio lugar a la emisión de la sentencia. 87 y 88. las cuales buscarán desaparecer los efectos de una violación a derechos humanos. el cual obliga a todos los jueces y órganos judiciales a prevenir potenciales violaciones a derechos humanos. Así. 69 a 72. a saber. No obstante. los cuales. 72. tutelar y preventivo. la función preventiva se desprende los precedentes contenidos en las sentencias.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
fundamentar y conceptualizar la violación de la Convención en el caso específico. toda vez que dotan de contenido a los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. la aplicación de dicha jurisprudencia deberá hacerse en términos de
De la interpretación literal.
Por consiguiente. Criterios obligatorios. De acuerdo con lo anterior. (ii) en todos los casos en que sea posible. se desprende que las normas de derechos humanos no se
. debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas. este carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana exige a los operadores jurídicos mexicanos lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte. la fuerza vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana se desprende del propio mandato constitucional establecido en el artículo 1º constitucional. El primer párrafo del artículo 1º constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once. atendiendo en todo momento al principio pro persona. debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional.
SEXTO. pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. deben prevalecer con carácter de jurisprudencia los criterios establecidos por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los siguientes términos:
DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
colaboración y no contradicción con la jurisprudencia nacional. y (iii) de ser imposible la armonización. En este sentido.
Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de
LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. los derechos humanos. constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
relacionan en términos jerárquicos. pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. y (iii) de ser imposible la armonización. con independencia de su fuente.
PRIMERO. debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas. los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte. toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos contenidos en ese tratado. conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato constitucional establecido en el artículo 1º constitucional. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cumplimiento de este mandato constitucional. sino que deben armonizarse a través de la utilización del principio pro persona. debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. (ii) en todos los casos en que sea posible. con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal. la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. En este sentido.
los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo. archívese este expediente como asunto concluido.
Notifíquese. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia. en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.
. Dése publicidad a las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resolución.CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011
Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. en su oportunidad. en términos del considerando Cuarto de esta resolución. envíese testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes y.
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