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Timestamp: 2017-03-29 13:29:12+00:00

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RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 6 de Madrid a inscribir una escritura de compraventa
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 6 de Madrid a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 6 de Madrid a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 6 de Madrid a inscribir una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por el Notario de don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 6 de Madrid, don Juan Jiménez de la Peña, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 1 de octubre de 2004 don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna, Notario de Madrid, autorizó una escritura de compraventa en virtud de la cual don Agustín L. L.-A., don Agustín María L. S., doña María José L. S. y doña María del Carmen L. S. venden un inmueble a don Carlos N. V. y doña Yolanda L. D.
Se expresa en dicha escritura que «Intervienen, don Carlos N. V., además de por sí, en nombre y representación, como apoderado, de su esposa, doña Yolanda L. D.
Resultan sus facultades para este acto de la escritura de apoderamiento que su esposa le tiene conferido en Bilbao (Vizcaya), el día 1 de octubre de 2004, ante el Notario don Antonio José Martínez Lozano, con el número 4574 de orden de su protocolo, de la que tengo a la vista y le devuelvo copia autorizada en la que se le atribuyen facultades suficientes para concertar y formalizar la presente escritura de compraventa, así como sus pactos complementarios.
Y el primer compareciente, don Agustín L. L.-A., interviene en nombre y representación, como apoderado de su hija doña Gemma L. S..
Resultan sus facultades para este acto de la escritura de apoderamiento que su hija le tiene conferido en San Sebastián (Guipúzcoa), el día 9 de noviembre de 2001, ante el Notario don Miguel Ángel Segura Zurbano, con el número 2587 de orden de su protocolo, de la que tengo a la vista y le devuelvo copia autorizada en la que se le atribuyen facultades suficientes para concertar y formalizar la presente escritura de compraventa, así como sus pactos complementarios.
Manifiestan los apoderados comparecientes que sus facultades no les han sido revocadas, suspendidas, ni limitadas, y que no ha variado la capacidad civil de sus representados.
Tienen, a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal necesaria para este acto, y juzgo suficientes las facultades representativas acreditadas para otorgar esta escritura de compraventa».
El título se presentó mediante fax el 1 de octubre 2004, causando el asiento de presentación 308, del Diario 85, siendo consolidada su presentación el 8 del mismo mes. Se retiró el día 11 de octubre y se volvió a presentar el 3 de noviembre de 2004.
Dicho título fue objeto de la siguiente calificación, con fecha de 11 de noviembre de 2004:
«... Fundamentos de Derecho: Se ha apreciado, previa calificación registral, los siguientes defectos:
En cuanto a los poderes de los que usan don Carlos N. V. y don Agustín L. L.-A. para representar a doña Yolanda L. D. y doña Gemma L. S., respectivamente, son defectos:
No ser suficiente la reseña identificativa contenida en la Escritura, en el segundo de los aspectos que señala la Resolución DGRN de 12 de Abril de 2002, consistente en una relación o transcripción, somera pero suficiente, de las facultades representativas, y como independiente del juicio de suficiencia (artículos 18 LH y 98 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, y también las siguientes sentencias: Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante de fecha 27 de marzo de 2003 en el juicio verbal número 1172/2002; Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alicante de fecha 2 de septiembre de 2003 en el juicio verbal número 105/03-C; sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de fecha 12 de noviembre de 2003 en el recurso de apelación 532/2003; y sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 28 de abril de 2004 en el recurso de apelación 764/2003).
Completando el Notario autorizante, mediante acta, diligencia o como considere oportuno los extremos indicados.
Aportando copias auténticas de las indicadas escrituras.
Aportando testimonios notariales por fotocopia de dichas escrituras, de fecha posterior al otorgamiento de fecha 1 de octubre de 2004 o posterior.»
Debe destacarse, a los efectos que luego se expondrán, que no consta en el informe del Registrador ni en su escrito de elevación del expediente a este centro directivo el medio ni la fecha de notificación de la calificación.
Por otra parte, debe destacarse que a la fecha de la calificación del funcionario este centro directivo ya había resuelto diferentes recursos frente a calificaciones relativas al artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en sentido contrario al mantenido por el Registrador en su calificación y en su informe. A tal efecto, y entre otras previas, en el Boletín Oficial del Estado de 4 de noviembre de 2004 se habían publicado las resoluciones de este centro directivo, de carácter vinculante, de 14, 15, 17,
20, 21 y 22 de septiembre de 2004, en las que claramente se establece una doctrina distinta a la expuesta por el Registrador en su calificación e informe.
El 1 de diciembre de 2004, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo contra la calificación, con base en los argumentos que se resumen en el fundamento de Derecho primero de esta resolución.
El Registrador de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 13 de diciembre de 2004.
19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social;
103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo y 1 de abril de 2005, entre otras.
El título presentado fue calificado por el Registrador de la Propiedad del modo expuesto en el apartado segundo de los precedentes «Hechos». Y el Notario interpuso recurso contra dicha calificación con base en los siguientes argumentos: Primero, la existencia de numerosas resoluciones de este centro directivo expuestas anteriormente que han interpretado el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en un sentido claramente contrario al mantenido por el Registrador, aduciendo el carácter vinculante de esas resoluciones mientras no se anulen por los Tribunales; Segundo, recuerda que ese precepto tan sólo exige al Notario que reseñe los datos del documento auténtico del que surgen las facultades representativas, que incluya un juicio de suficiencia acerca de esas facultades y que ese juicio sea congruente con el negocio jurídico documentado en la escritura en la que se actúan tales facultades representativas, añadiendo que ambos requisitos se cumplen en el presente caso; y, tercero, alega el recurrente que el Registrador no podrá exigir que se le acompañe, transcriba o testimonie el documento del que nacen las facultades representativas.
Por ello, en las Resoluciones de este centro directivo de 23 de enero, 8 de febrero, 17 de noviembre de 2003, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre,
14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo y 1 de abril de 2005, entre otras, se manifestaba que el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno y, aún menos, incluir una suerte de contestación al recurso interpuesto. Cuando este centro directivo se está refiriendo a cuestiones de mero trámite, quiere expresar que en dicho informe habrán de incluirse aspectos tales como: fecha de presentación del título calificado y las incidencias que hayan podido existir; por ejemplo, que dicho título se retiró para ser subsanado o para pago de los impuestos que gravan el acto o negocio jurídico sujeto a inscripción; fecha de calificación del título y de notificación a los interesados en éste, etc.
Pues bien, el Tribunal Supremo entiende que la motivación y su suficiencia es exigible a toda Administración dado que es el único medio a través del cual el administrado interesado en la inscripción puede conocer si el órgano administrativo Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles sirve con objetividad a los intereses generales y con pleno sometimiento a la Ley según exige el artículo 103.1 de la Constitución (cfr. sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero, de 23 de abril de 1990 y de 13 de junio 1997).
En consecuencia, la motivación es necesaria para el debido conocimiento de los interesados y para la posible defensa de sus derechos; y la misma debe darse con la amplitud necesaria para tal fin, pues sólo expresando las razones que justifiquen la decisión, es como puede el interesado alegar después cuanto le convenga para su defensa. De otro modo, se abandonaría a dicho interesado en la manifiesta indefensión que está proscrita por el artículo 24.1 de la Constitución, también extensivo a las resoluciones administrativas (cfr. sentencias del Tribunal Supremo de 14 noviembre 1986, de 4 noviembre 1988 y de 20 de enero de 1998, así como la sentencia del Tribunal Constitucional número 36/1982, de 16 de junio). Es asimismo conocido que la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la ratio decidendi» que la ha determinado (sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1998 y de 28 de mayo de 2003); por ello, el Tribunal Supremo ha admitido como medio suficiente de motivación la remisión que el acto administrativo hace al expediente administrativo, cuando en el mismo obren los informes o dictámenes sobre los que se asienta el acto, y siempre que tales informes sean conocidos por el interesado cuando se le notifica el acto (sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1998).
Igualmente, y en lógica coherencia con lo expuesto, el Tribunal Supremo no ha admitido como medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o la simple invocación al interés público o general o, mucho menos, la simple cita de unos preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación exposición del razonamiento lógico que de ellos hace el órgano que dicta el acto; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (sentencias del Tribunal Supremo de 22 marzo 1982, de 9 de junio de 1986 y de 25 de mayo de 1998).
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que el funcionario calificador se ha limitado a citar unos preceptos, una Resolución de este centro directivo y una serie de sentencias sin explicar por qué a la luz de los mismos es insuficiente la reseña y el juicio de suficiencia del Notario incluido en el título que se califica. Es más, ni siquiera aun cuando se relacionaran esos preceptos con el final del fundamento de derecho único de su calificación llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera el funcionario calificador que
«no es suficiente la reseña identificativa contenida en la escritura» (sic). La inexistencia de motivación debería tener como lógica consecuencia la anulación de la calificación y la devolución del expediente al funcionario calificador, para que éste volviera a calificar el título presentado cumpliendo con la exigencia de motivación.
No obstante, el Tribunal Supremo ha admitido que el órgano competente para conocer del recurso pueda decidir sobre el fondo del mismo, cuando la integridad del expediente así lo permita (sentencias de 3 de octubre de 1988, de 30 de diciembre de 1989 y de 2 de marzo de 1991); todo ello, en aras de evitar una dilación innecesaria, con el consiguiente daño al interesado en la inscripción.
En conclusión, esta Dirección General, visto el expediente del recurso, entiende que procede resolver el fondo de la cuestión, estimando el recurso interpuesto por las razones que luego se expondrán.
Desde este punto de vista, bastaría que se demostrara la identidad de supuesto entre el problema jurídico planteado por el funcionario calificador y las previas resoluciones de esta Dirección General para que, por aplicación de lo dispuesto en el párrafo décimo del artículo 327 de la Ley Hipotecaria, este centro directivo revocara la nota de calificación si contradice la doctrina contenida en resoluciones de este centro cuando ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas. Así, en el presente supuesto es evidente el paralelismo existente entre la calificación negativa del Registrador y la doctrina contenida en las Resoluciones enumeradas en el apartado «Vistos» de la presente, de modo que por aplicación del citado artículo 327 de la Ley Hipotecaria debería, sin más, estimarse este recurso al ser vinculante para el registrador dichas Resoluciones, mientras no se anulen por los Tribunales.
15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005 entre otras más recientes citadas en los «Vistos» de la presente, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
4. Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente los documentos de los que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que los mismos son dos poderes conferidos, mediante escrituras públicas, autorizadas por los Notarios que se identifican, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo, los datos de inscripción, respectivamente. Asimismo se expresa que los apoderados aseveran la subsistencia de las facultades representativas que ejercitan (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de las reseñas.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «Resultan sus facultades para este acto de la escritura de apoderamiento... de la que tengo a la vista y le devuelvo copia autorizada en la que se le atribuyen facultades suficientes para concertar y formalizar la presente escritura de compraventa, así como sus pactos complementarios...», «Tienen, a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal necesaria para este acto, y juzgo suficientes las facultades representativas acreditadas para otorgar esta escritura de compraventa...».
Sr. Registrador de la Propiedad número 6 de Madrid.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 98
e contrario
 artículo 103
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 327
 artículo 327
 artículo 98
 Resolución