Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/1675
Timestamp: 2020-05-31 00:12:20+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 36/1991
SENTENCIA 36/1991, de 14 de febrero
ECLI:ES:TC:1991:36
a) En primer lugar, el mencionado precepto conculca los arts. 10.2, 39.4 C.E. Si bien, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de diciembre de 1966, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales adoptado en Roma el 4 de noviembre de 1950, nada se especifica en cuanto a los menores respecto a los derechos y garantías que en ellos se establecen, en virtud del principio de igualdad y no discriminación consagrados en los mismos, hay que entender que tales derechos amparan también a los menores.
5. La regulación aprobada por el Decreto de 11 de junio de 1948 está inspirada en el modelo positivista y correccional, que considera al menor irresponsable de sus actos, al que no se han de aplicar, para examinar su conducta, las garantías jurídicas de otras jurisdicciones, por entender que no es posible imponerle medidas de carácter represivo que tengan la consideración de penas o sanciones. Por ello, el procedimiento establecido para reformar a los menores prescinde de las formas procesales: es el Juez el que lo inicia, investiga y decide, sin intervención del Ministerio Fiscal ni de Abogado defensor, cuya presencia es innecesaria porque es el propio Juez el encargado de velar por los intereses del menor y el que ha de decidir las medidas a imponer, basándose en criterios meramente paternalistas.
El primero de estos métodos no permite alcanzar conclusiones absolutamente firmes. Es cierto que las acciones u omisiones que pueden dar origen a un procedimiento de reforma son las que el Código Penal califique de delitos o faltas [art. 9.1 A) L.T.T.M.], pero también las infracciones «consignadas en las leyes provinciales y municipales» [art. 9.1 B) L.T.T.M.] e incluso conductas no tipificadas penalmente [art. 9.1 C) L.T.T.M.]. De otra parte las medidas que el Juez de Menores puede adoptar, enumeradas en el art. 17 L.T.T.M., no se adoptan en ejercicio del ius puniendi, ni tienen finalidad retributiva. En la mayor parte de los casos entrañan una restricción de la libertad personal del menor pero tampoco cabe equipararlas a las penas de privación de libertad.
1º. Declarar inconstitucional el art. 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, en cuanto regula el procedimiento aplicable en ejercicio de la facultad de corrección o reforma.
2º. Declarar que no es inconstitucional el art. 16 de la citada norma, interpretado con el sentido y alcance previsto en el fundamento jurídico 7º.
3º. Desestimar las cuestiones en todo lo demás.
Type et numéro d'enregistrement Cuestión de inconstitucionalidad 1001-1988, 291-1990, 669-1990, 1629-1990, 2151-1990
En relación con el Texto refundido de la Legislación sobre Tribunales Tutelares de Menores, Ley y Reglamento, aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948
En lo que respecta a la naturaleza de los procedimientos seguidos ante los Juzgados de Menores, este Tribunal (STC 71/1990 y AATC 473/1987 y 952/1988, si bien puso de manifiesto la peculiar naturaleza del procedimiento de protección de menores, regulado junto con el procedimiento reformador en el art. 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, no cuestionó, en momento alguno, su naturaleza como un verdadero proceso. Idéntica afirmación, con mas fundamento aún, hay que realizar en el procedimiento para corregir o reformar a menores [F.J. 2]
Actualmente los Jueces de Menores son miembros integrantes del Poder Judicial, por lo que son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley, siendo los Juzgados de Menores, Juzgados ordinarios y especializados [F.J. 2]
La cuestión de inconstitucionalidad no es una institución procesal que permita impugnar de modo directo y con carácter abstracto la validez de la Ley, sino un mecanismo de control concreto, para resolver las dudas que suscite la constitucionalidad de una Ley de cuya validez dependa el fallo que, en un proceso concreto, se ha de dictar. Tal y como disponen los arts. 163 C.E. y 35.2 de la LOTC, es requisito necesario para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad que la norma de cuya validez depende el fallo tenga rango de Ley [F.J. 3]
No puede constituirse como un obstáculo para la admisibilidad de una cuestión de inconstitucionalidad la falta de alegaciones sobre una cuestión jurídica por personas legas en Derecho, máxime si se tiene presente que se dio audiencia al Ministerio Fiscal, encargado de promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos (art. 124 C.E.) y asumir, o en su caso, promover la representación y defensa, en juicio y fuera de él, de quienes por carecer de capacidad de obrar, no puedan actuar por si mismos [F.J. 4]
La seguridad jurídica, entendida en su sentido más amplio, como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho, es difícilmente conciliable con la situación que se deriva del art. 15 L.T.T.M. que ordena al Tribunal «que no se sujete a las reglas procesales vigentes en las demás jurisdicciones» [F.J. 5]
El art. 10.2 C.E. no da rango constitucional a los derechos y libertades internacionalmente proclamados en cuanto no estén también consagrados por nuestra propia Constitución, pero obliga a interpretar los correspondientes preceptos de ésta de acuerdo con el contenido de los Tratados o Convenios suscritos por España, de modo que en la práctica este contenido se convierte en cierto modo en el contenido constitucionalmente declarado de los derechos y libertades que enuncia el Capítulo Segundo del Título I de nuestra Constitución [F.J. 5]
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño no excluye totalmente la posibilidad de un procedimiento no judicial puramente corrector, distinto, no sólo en matices y detalles, sino en su concepción general, del proceso penal. El recurso a un procedimiento de este género, en el que en todo caso «se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales» se hace depender, sin embargo, del establecimiento de una edad mínima, por debajo de la cual «se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales» [F.J. 6]
Ni la calificación de las medidas como medidas de corrección y no penas, ni el mayor peso que respecto de ellas cabe atribuir a la finalidad de readaptación social, permiten entender que el legislador resulte liberado en este caso del obligado respeto al principio de tipicidad, aunque, sin duda, quepa admitir en este ámbito una flexibilidad mayor que en el penal de manera que se deje más espacio a la discrecionalidad judicial para ponderar las circunstancias personales y sociales del menor, en orden a obtener su efectiva reinserción social [F.J. 7]
Las especiales características de la jurisdicción de menores, en donde las medidas a imponer no tienen la consideración de penas retributivas de conductas ilícitas, sino de medidas correctoras, aun cuando restrictivas de los derechos fundamentales del menor, determina, que sean susceptibles de adaptación en atención a las circunstancias del caso y a la eventual eficacia de la medida adoptada, primándose así la necesaria nnnnilexibilidad que, tanto para la adopción de tales medidas como para el mantenimiento de estas, ha de regir la actividad jurisdiccional en la materia [F.J. 8]
Artículos 18, 23
Artículo 9.1 a), f. 6
Artículo 9.1 b), ff. 3, 6
Artículo 9.1 c), ff. 3, 6
Artículo 15, ff. 2, 4 a 6
Artículo 16, ff. 3, 4, 7
Artículo 17, ff. 6, 7
Artículo 18, ff. 4, 8
Artículo 23, ff. 4, 8
Decreto 414/1976, de 26 de febrero. Protección de Menores. Modifica preceptos de los Decretos de 11 de junio y 2 de julio de 1948
Título I, capítulo II, f. 5
Artículo 9.3, ff. 5, 7
Artículo 120.1, f. 6
Artículo 167, f. 2
Artículo 233, f. 6
Artículo 329.1, f. 2
Artículo 329.3, f. 2
Regla 17.1, f. 7
Regla 6.1, f. 7
Regla 8, f. 6
Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 16 de junio de 1987. Reglamento para la especialización como Juez de menores
Recomendación (87) 20, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 17 de septiembre de 1987. Reacciones sociales ante la delincuencia juvenil
Artículo 40.2 b), f. 6
Artículo 40.3 b), f. 6
Control concreto de constitucionalidadControl concreto de constitucionalidad, f. 3
Exigencias del juicio de relevanciaExigencias del juicio de relevancia, f. 4
Juzgado de MenoresJuzgado de Menores, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Planteamiento por juez de menoresPlanteamiento por juez de menores, f. 2
Principio de seguridad jurídicaPrincipio de seguridad jurídica, Concepto, f. 5
MenoresMenores, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tratados internacionalesTratados internacionales, ff. 5, 6
Jurisdicción de menoresJurisdicción de menores, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Naturaleza del procedimiento de protección de menoresNaturaleza del procedimiento de protección de menores, ff. 2, 8
Potestades de los Juzgados de MenoresPotestades de los Juzgados de Menores, f. 2
Proceso penalProceso penal, ff. 5, 7
Reglas de BeijingReglas de Beijing, f. 5
Regulación del procedimiento de protección de menoresRegulación del procedimiento de protección de menores, f. 5

References: Artículo 9

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 23

Artículo 9

Artículo 120

Artículo 167

Artículo 233

Artículo 329

Artículo 329

Artículo 40

Artículo 40