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La extensión temporal de las liquidaciones de IVA practicadas por la Administración | Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal
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La extensión temporal de las liquidaciones de IVA practicadas por la Administración	Publicado el enero 17, 2011	por Blog del Máster UTAF El pasado día 24 de noviembre fue dictada por la Sala de Unificación de Doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central resolución en relación con el recurso planteado por el Director General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda contra el fallo del Pleno del TEAC de 29 de junio de 2010, relativo esencialmente a la cuestión de la extensión temporal de las liquidaciones a practicar por la Administración en sus procedimientos de comprobación o investigación por concepto IVA.
La discusión tenía su origen, en definitiva, en la determinación de la legalidad de practicar liquidaciones anuales en lugar de liquidaciones mensuales o trimestrales.
Pues bien, la resolución del recurso extraordinario para la unificación de doctrina contiene el análisis de varias cuestiones que habían suscitado polémica, profesional y también mediática, desde el pasado mes de junio, estableciendo la doctrina administrativa respecto de aquellas, doctrina que, de forma resumida, exponemos con la sola intención de su descripción, debiendo acudir los que estén interesados en la materia a la propia resolución, disponible en la página web del Ministerio, y en concreto en el enlace relativo a las resoluciones del TEAC.
Los aspectos analizados por la Sala, agrupados a efectos de este comentario, son los siguientes:
1.- En relación con la naturaleza formal o material del vicio consistente en liquidar en cómputo anual, la Sala concluye que se trata de una aplicación incorrecta de la normativa liquidatoria del tributo, por lo que la califica de material, aún reconociendo que se trata de un aspecto que no afecta a los elementos de la obligación tributaria cuya regulación se reserva a ley formal.
2.- En cuanto a la valoración del perjuicio causado al obligado tributario por mor de la liquidación anual, la Sala señala con claridad que es preciso ser proporcionado al comparar las consecuencias efectivas de dicha actuación y las consecuencias jurídica derivadas de su corrección, indicando que en todo caso debe existir una lesión efectiva en el derecho individual del sujeto, para concluir con una remisión a lo dicho por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2008, según la cual el modo de proceder de la Administración no causó perjuicio alguno al recurrente.
3.- Al referirse a la cuestión de la retroacción de las actuaciones, la Sala analiza la existencia o no de indefensión, concluyendo que en el supuesto analizado es indudable que no se ha producido privación del derecho a alegar, añadiendo que por el mero hecho de haber practicado liquidación por periodo anual en lugar de por periodos trimestrales no puede sostenerse racionalmente que se haya privado al interesado de conocer los motivos que sustentaban dicha liquidación , por lo que no puede hablarse de indefensión.
Sin dejar el asunto de la retroacción, señala la Sala que no es necesario, en el caso de vicios materiales, realizar pronunciamiento alguno en las resoluciones de los Tribunales Económico-administrativos en relación con la misma, ya que corresponde a la administración gestora, con carácter exclusivo, tomar las decisiones que resulten más oportunas y eficaces para ejecutar el fallo, en base al principio de autotutela y en base a su exclusiva competencia para producir y ejecutar los actos administrativos en cumplimiento de sus fines.
4.- La Sala también se ha pronunciado en relación con la ejecución de los fallos, señalando la casuística ante la que nos podemos encontrar en función de la información de la que disponga la Administración tributaria, realizando una aproximación, también casuística, del resultado de aplicar el límite que supone, en dicha ejecución, el respeto al principio de “no reformatio in peius”, resultando de especial interés la compatibilidad existente entre dicho principio y lo dispuesto en el artículo 26.5 de la Ley General Tributaria, expresamente reconocida por la Sala.
En relación con la ejecución, señala también la Sala que, a falta de los elementos necesarios para dictar nueva liquidación directamente en ejecución del fallo, nada obsta al inicio de un nuevo procedimiento de comprobación o investigación de los regulados en la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.
En estrecha vinculación a la ejecución y con la posibilidad de dictar un nuevo acto de liquidación en sustitución del anulado, la Sala ha señalado que la Administración no sólo está facultada para actuar en defensa del interés general, sino que está obligada a actuar para su consecución, por lo que poniendo en relación la subsistencia de la obligación tributaria con el deber de la Administración de actuar en cumplimiento de sus fines, se deduce con claridad que la Administración tributaria no sólo está facultada, sino que está obligada a dictar liquidación o a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para poder llevar a cabo la función pública que le está encomendada.
5.- Otro aspecto que ha sido abordado en la resolución para unificación de doctrina ha sido el de si resulta de aplicación, en todo caso, la regla de extensión de la revisión de oficio en vía económico-administrativa, señalando que dicha facultad no puede ser entendida ni ejercida sin límites, ya que siempre ha de tenerse en cuenta la ya citada reformatio in peius y, además, y he aquí lo novedoso, el principio de congruencia, que tiene por fundamento la protección de los derechos de los administrados, concluyendo el análisis dictaminando que es cuestionable la oportunidad de que los órganos de revisión ejerzan la potestad a que se refiere el artículo 237 de la Ley General Tributaria en el supuesto objeto de controversia, habida cuenta de que la situación del obligado tributario no experimentaría variación respecto de la inicialmente derivada de la actuación de la Administración tributaria.
Como puede observarse, la resolución dictada aborda importantes cuestiones que, en opinión de quién este comentario ha realizado, serán trascendentes no sólo en relación con la casuística específica que se encuentra en su origen, sino en relación con la actuación de la Administración con carácter general, pues generales son los conceptos y dudas a los que se refiere y dirime, respectivamente, la Sala.
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References: artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 resolución 
 artículo 237
 resolución 
 artículo 18