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Timestamp: 2018-08-15 04:56:12+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/2756/1999, 27-10-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2756/1999 de 27 de Octubre de 2006
Núm. Resolución: 00/2756/1999
La ejecución de la resolución fue correcta, pues al confirmarse en todas las instancias la deuda impugnada, procede girar intereses de demora en la forma en que se hizo. En cuanto a que el procedimiento económico-administrativo duró más de un año y deben dejar de devengarse intereses por el tiempo que excede de dicho año, según el artículo 240.2 de la LGT (Ley 58/2003), se trata de una norma que no es aplicable al caso concreto, ya que la reclamación económica-administrativa se interpuso en el año 1999 y sólo se aplica a las reclamaciones interpuestas a partir de 1 de julio de 2005, según Disposición Transitoria Quinta.3 de la (Ley 58/2003).
En la Villa de Madrid, a 27 de octubre de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Central, interpuesta por D. ..., en nombre y representación de ..., S.A. NIF: ...), con domicilio para notificaciones en ..., contra acuerdo dictado el 14 de noviembre de 2005 por el Inspector Jefe de la Oficina Técnica de la O.N.I. (A.E.A.T.), en el expediente nº ... y ..., en ejecución (nº ... y ...) de Sentencia de ... de 2005 de la Audiencia Nacional (Sección ..., Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso nº ...-02), por el que se liquidan intereses de demora suspensivos por importe de 35.018,79 €, referidos al Impuesto de Sociedades, ejercicio 1995.
PRIMERO: El 9 de abril de 1999 la O.N.I. dictó liquidación a cargo de la reclamante, como sociedad dominante del Grupo consolidado ..., por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1995, siendo la deuda (cuota e intereses) a ingresar de 16.430.184 pesetas (98.747,39 €).
Por otra parte, el propio órgano, el 6 de agosto de 1999 dictó acuerdo de imposición de sanción por importe de 7.067.025 pesetas (42.473,68 €).
Disconforme con tales acuerdos, la sociedad los impugnó en vía económico-administrativa ante este Tribunal Central, (expedientes R.G. 2756-99 y R.G. 6333-99), que resolvió el día 19 de julio de 2002, desestimando las reclamaciones y confirmando aquéllos.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo (nº ...-02) ante la Audiencia Nacional, ésta dictó sentencia el ... de 2005 estimándolo en parte, declarando que la resolución del Tribunal Central era "nula en relación con la imposición de las sanciones, siendo conforme a Derecho en todo lo demás".
SEGUNDO: En ejecución de la sentencia mencionada, el Jefe de la Oficina Técnica de la O.N.I., con fecha 14 de noviembre de 2005, dictó acuerdo en el que además de declarar la anulación de la sanción, liquidaba intereses de demora devengados por la suspensión de la liquidación confirmada por la Sentencia (ya firme) de la Audiencia Nacional, con fundamento en los artículos 26.1 y 233.9 de la nueva LGT, sobre una base constituida por la cuota y los intereses de demora liquidados inicialmente (98.747,39 €), siendo el día "a quo" el siguiente al último del plazo de ingreso en período voluntario de la liquidación suspendida, esto es, el 6 de mayo de 1999, y el día final el de la fecha de recepción de la Sentencia de la Audiencia Nacional más diez días (art. 104 Ley 29/1998, LJCA), o sea, el 24 de octubre de 2005. Aplicaba el tipo de interés legal vigente en cada ejercicio, incrementado en un 25% (art. 26 Ley 58/2003), con lo que el total a ingresar por este concepto ascendía a 35.018,79 €.
TERCERO: Notificado el acto el 22 de noviembre de 2005, el siguiente 22 de diciembre de 2005, en oficina de Correos, la sociedad presentaba reclamación económico-administrativa "contra la liquidación de intereses de demora suspensivos". Tras la oportuna puesta de manifiesto del expediente, por la misma se presentaron -el día 9 de junio de 2006, por correo, las correspondientes alegaciones, en las que, en síntesis, venía a decirse:
La liquidación de intereses suspensivos es improcedente al haberse estimado parcialmente el recurso por la Audiencia Nacional, de conformidad con lo que es doctrina de este Tribunal Central (así R.R. de 28 de septiembre de 1998 y 31 de octubre de 2002), recogiendo la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1997.
De no acogerse lo anterior, debe tenerse en cuenta que este Tribunal Central excedió el plazo del año para resolver -art. 104 RPEA de 1996-, por lo que de acuerdo con el artículo 26.4 de la LGT de 2003, no son exigibles intereses de demora a partir del momento de tal incumplimiento, es decir desde el 19 de abril de 2000, hasta el 19 de julio de 2002, en que se dictó la resolución desestimatoria. Otra cosa supondría que la Administración se viera beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo.
Por todo lo cual, solicitaba que se anulase la liquidación de intereses antedicha.
PRIMERO: Este Tribunal Central es competente para conocer del presente expediente, interpuesto con legitimación al efecto.
SEGUNDO: La cuestión que ha de resolverse es la procedencia o improcedencia de la liquidación de intereses suspensivos de la que se ha hecho mérito.
La Sala anticipa que no acoge ninguno de los argumentos de la reclamante, por las siguientes razones:
a) En cuanto a que ha habido una estimación parcial, porque fueron dos los actos impugnados, tanto en esta vía como en sede judicial; por un lado, la liquidación de deuda tributaria y por otro la sanción, y puesto que se exigen intereses sobre el primero, que fue confirmado en todas las instancias, ello se acomoda a lo previsto en el artículo 74.12 del RPEA de 1 de marzo de 1996, pues la impugnación frente a este acto fue desestimada, como lo fue el recurso contencioso-administrativo. (Lo mismo resulta del art. 233.9 LGT, en relación con el art. 26.1, citados por el órgano gestor). Y es lo que también dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1997, que cita el propio interesado: "el interés de demora suspensivo sigue indefectiblemente las vicisitudes del acto administrativo cuya ejecución se haya suspendido", por lo que, habiendo resultado este incólume, es pertinente y obligada la exigencia de los intereses suspensivos liquidados.
b) Por lo que se refiere a la invocación del art. 26.4 LGT de 2003, simplemente hay que señalar -sin que ahora proceda entrar en el fondo de la cuestión- que de acuerdo con la Disposición Transitoria Quinta de dicha Ley, apartado 3, "lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 240 de esta Ley se aplicará a las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan a partir de un año desde la entrada en vigor de esta Ley"; señalando dicho artículo 240.2 que excedido el plazo de un año para resolver y estando suspendido el acto, dejará de devengarse el interés de demora. Como la reclamación se interpuso en 1999, es obvio que la norma no es aplicable.
En su virtud, este Tribunal Central, resolviendo en SALA y única instancia, ACUERDA: DESESTIMAR el presente recurso, confirmando el acto impugnado.
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 458/2010, 23-01-2012
Orden: Administrativo Fecha: 23/01/2012 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Lopez-muñiz Goñi, Jose Luis Num. Recurso: 458/2010
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1205/2011, 09-12-2011
Orden: Administrativo Fecha: 09/12/2011 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Montero Fernandez, Jose Antonio Num. Recurso: 1205/2011

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 240
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 resolución 
 artículo 74
 artículo 240
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