Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/1995/A031-95.htm
Timestamp: 2017-11-21 17:19:11+00:00

Document:
A031-95
Auto No. 031/95
NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION/DERECHO DE DEFENSA-Vulneración
La informalidad propia de los procesos de tutela no exime al juez del deber de notificar al demandado -así como a todo aquel que posea legítimo interés en el proceso-, ya que esto es indispensable para proteger su derecho de defensa y la igualdad de las partes en el proceso. En el caso sometido a su estudio se omitió la notificación a los demandados, sin justificación alguna, porque desde ningún punto de vista las circunstancias ameritaban la aplicación de la única excepción al deber de hacerlo, durante el trámite de la primera instancia se frustró su derecho a defenderse de los cargos que se les hacen en la demanda, a presentar pruebas y a controvertir las allegadas en su contra, desconociéndose.
REF.: Expediente T-62874
Actor: Jose Alberto Jaramillo Moreno
Demandados: Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá D.C. y Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la misma ciudad.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil
Ref.Expediente T-62874
Demandados: Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá.D.C. y Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la misma ciudad
Santafé de Bogotá, D.C. junio 13 de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz -Ponente-, procede a revisar el fallo de fecha nueve (9) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995, proferido por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia - Magistrado Ponente Dr. Javier Tamayo Jaramillo-, mediante la cual se confirmó el fallo de nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá D.C. - Magistrado Ponente Dr. Alfonso Guarían Ariza, que negó la tutela de los derechos consagrados en los artículos 13, 25 y 54 de la Constitución Política, solicitada por el actor.
El proceso mencionado fue escogido para su revisión por la Sala de Selección número cuatro (4), mediante auto de abril tres (3) del presente año.
Antes de dictar la sentencia correspondiente a la revisión de este proceso, observa la Sala que no obra en el expediente prueba de que se hubiera notificado la iniciación del mismo a los demandados, o de que éstos hubieran tenido alguna participación en él durante su desarrollo.
En atención a lo anterior procede la Sala a hacer algunas considerciones acerca del deber de notificación y el derecho de defensa.
La institución jurídica de la notificación es de naturaleza procesal, lo cual no implica que se trate de un acto meramente formal, carente de contenido. Su importancia radica en esta directamente encaminada a la protección de derechos sustanciales como el derecho de defensa.
Dispone el artículo 29 Superior:
De acuerdo con la norma transcrita, el derecho de defensa constituye uno de los pilares del debido proceso, que debe ser respetado en toda actuación judicial o administrativa. Y la notificación al demandado constituye, en general, el punto de partida necesario para el ejercicio de la defensa.
En el caso de la acción de tutela, las normas reglamentarias no consagran expresamente el deber de proferir un auto admisorio de la demanda, ni de notificar al demandado la existencia de la misma. Entonces se presenta un aparente conflicto entre la informalidad propia del proceso -encaminado a la protección inmediata de derechos fundamentales-, y el deber constitucional de respetar el derecho de defensa de quienes tiene legítimo interés en el resultado.
Sobre la notificación en el trámite de las acciones de tutela, el decreto 2591 de 1991 dispone:
"Artículo 16 Notificaciones: Las providencias que se dictan se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el Juez considere más expedito y eficaz".
"Artículoo 30. Notificación del fallo: El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido".
Y el Decreto 306 de 1992 establece sobre la misma materia:
"Artículo 5 de la notificación de las providencias a las partes. De conformidad con el artículo 16 del decreto 2591 de 1991, todas las providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de conformidiad con el artículo 13 del decreto 2591 de 1991.
"El Juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa" (Subrayado ajeno al texto).
Para solucionar el conflicto mencionado anteriormente, es preciso recurrir al artículo 4 del Decreto 306 de 1992 que, para la interpretación de las disposiciones sobre el trámite de la acción de tutela preistas por el decreto 2591 de 1991, hace una remisión a los principios generales del Código de Procedimiento Civil.
Por su parte, el artículo 4 del citado Código establece:
"Artículo 4. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el Juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surgen en la interpretación de las normas del presente código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales de derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes". (Subrayado ajeno al texto).
De acuerdo con lo anterior, y como lo ha sostenido reiteradamente esta Corporación[1], La informalidad propia de los procesos de tutela no exime al juez del deber de notificar al demandado -así como a todo aquel que posea legítimo interés en el proceso-, ya que esto es indispensable para proteger su derecho de defensay la igualdad de las partes en el proceso.
La única excepción a tal regla la constitiye el caso previsto en el artículo 18 del Decreto 2591 de 1991:
“Artículo 18. Restablecimiento inmediato. El juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho”.
La norma transcrita consagra una muy acertada previsión del legislador para casos extremos de urgencia, en los cuales es posible hacer caso omiso de cualquier consideración formal, tal como las notificaciones.
Para la aplicación de la misma, sin embargo, se exigen dos condiciones: en primer lugar, que se trate de una violación o amenaza “grave e inminente”, a tal punto, que incluso el brevísimo término de diez días resultaría excesivo para lograr la protección efectiva del derecho fundamental conculcado. Y en segundo lugar, que se aporten medios de prueba suficientes para deducir que se está ante las condiciones descritas.
Se trata de hechos de muy rara ocurrencia práctica, máxime cuando el artículo 7 del mismo decreto consagra la posibilidad de adoptar medidas provisionales para proteger un derecho, desde el momento de la solicitud de tutela.
Encuentra la Sala que en el caso sometido a su estudio se omitió la notificación a los demandados, sin justificación alguna, porque desde ningún punto de vista las circunstancias ameritaban la aplicación de la única excepción al deber de hacerlo, consagrada en el artículo 18 citado. Con esto, durante el trámite de la primera instnacia se frustró su derecho a defenderse de los cargos que se les hacen en la demanda, a presentar pruebas y a controvertir las allegadas en su contra, desconociéndose totalmente las garantías consagradas en el artículo 29 Superior.
Sin embargo, como en este caso se trata de una nulidad saneable, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, habrá de ponerse en conocimiento de la parte afectada, advirtiéndole que si dentro de los tres días siguientes a la notificación del prsente auto no alega la nulidad, ésta quedará saneada y la revisión continuará su curso normal.
Para la notificación de este auto se comisionará a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, quien procederá a hacerlo por un medio eficaz, como lo prevé el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
En mérito de lo expuesto la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional
PRIMERO. Poner en conocimiento del Alcalde Mayor del Distrito Capital y del Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá, la nulidad a que se refiere la parte motiva de este auto, originada en la falta de notificación a las personas demandadas en el presente proceso, de la iniciación del mismo.
Con tal fin, esta providencia se les notificará conforme a lo previsto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, advirtiéndoles que si, dentro de los tres días siguients a la notificación, no alegan la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso normal; en caso contrario, se declarará la nulidad.
SEGUNDO. La nulidad que se pone en conocimiento de los demandados, comprende lo actuado desde la presentación de la demanda, ya que ésta fue seguida inmediatamente por la sentencia de primera instancia.
TERCERO. Para la notificación de esta providencia se comisiona a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, a quien la Secretaría General enviará el despacho correspondiente, con incusión del texto íntegro del presente auto.
[1]Auto de mayo 15 de 1995. Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejái. Proceso No. T-67-692. Y en el mismo sentido. Auto de abril 3 de 1995. de la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional; magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Proceso No. T-52.600

References: artículo 29
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 7
 artículo 18
 artículo 29
 artículo 144
 artículo 16
 artículo 16