Source: http://surda.se/ArticulosEnPortada/Uruguay%20No%20incluye.htm
Timestamp: 2018-11-13 02:16:50+00:00

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López Goldaracena
"No incluye a los presos ilegítimos"
El abogado Oscar López Goldaracena dijo ayer que si bien "la exposición de motivos (del Poder Ejecutivo) se corresponde y en algunos casos hasta textualmente, con la exposición de motivos del anteproyecto que presentamos, aunque cuando uno pasa a leer el texto, éste no se compadece íntegramente con la exposición de motivos".
El proyecto no se corresponde con la exposición "por cuanto quedan fuera determinados universos de víctimas, y se mantiene la confusión entre indemnización y restitución, por cuanto se confunde la reparación jubilatoria con la indemnización por los daños sufridos", dijo el abogado tras una primera lectura del texto.
Esa primera impresión indica que "se mejoró y se amplía el universo de la ley vigente ­18.033­ en relación con las pensiones, mal llamadas reparatorias, porque se refieren a un beneficio de seguridad social, pero no se otorga ninguna indemnización a quienes estuvieron presos ilegítimamente", explicó el abogado.
"Se trata de un proyecto que, si bien comprende mayor extensión que las leyes hasta hoy vigentes, aunque ponga el rótulo de reparación integral, a mi criterio, no lo es, porque basta que una sola víctima quede fuera de cualquiera de los rubros previstos por la ONU (restitución, dignificación, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición) para que no pueda hablarse de una verdadera reparación integral", señaló el abogado.
El texto del proyecto sería una especie de "lavadita de cara, invocando los estándares internacionales, pero luego sin proceder a una verdadera reparación integral de las víctimas", estimó López Goldaracena. El proyecto sería "otro avance, pero seguimos dando remiendos sin abordar la integralidad de la reparación", al tiempo que destacó que "finalmente un proyecto de ley de esta naturaleza sea presentado al Parlamento".
Crysol demandará al Estado
Integrantes de la Asociación de ex Presos Políticos, Crysol, confirmó a El Espectador que iniciará demandas contra el Estado al no estar incluidos los ex presos y exiliados en el proyecto de ley de reparación integral que ayer el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. La iniciativa de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado prevé la indemnización “por única vez” con unos 40.000 dólares a los familiares de ciudadanos desaparecidos o asesinados por agentes del terrorismo de Estado.
El articulado no incluye reparaciones para ex presos y exiliados, aunque para las víctimas “que hubiesen sufrido lesiones gravísimas” plantea un resarcimiento de aproximadamente 20.000 dólares, y para los niños que hayan permanecido desaparecidos por más de 30 días, unos 30.000 dólares.
El presidente de la agrupación, Baldemar Taroco, afirmó que miembros de Crysol ya manifestaron su decisión de demandar al Estado por no estar contemplados.
“Todos los ex presos no están incluidos, porque la parte indemnizatoria es sólo para asesinados y desaparecidos, nadie más. Los expresos políticos no están comprendidos. Si bien en el proyecto se mejora alguna cosa de la 18.033, que fue una ley desde el punto de vista de seguridad social, el mismo proyecto dice que es pensionaria, de seguridad social; ahora la quiere hacer aparecer como reparatoria. Este proyecto es como una lavadita de cara nomás. Hay muchos compañeros que ya han manifestado su intención de demandar al Estado, porque no ha sido reparado como víctima del terrorismo de Estado, estableció el integrante de la asociación.
Crysol cuestiona además que el proyecto de ley no pida perdón en nombre del Estado por las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura y los momentos previos.
En tanto, la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura subrayó este martes, en diálogo con En Perspectiva, que el perdón puede establecerse en un proyecto de ley o puede hacerlo el presidente de la República en nombre del Poder Ejecutivo.
No obstante, María Elena Martínez defendió las reparaciones morales y simbólicas contenidas en el proyecto de ley, que comenzará esta semana a ser analizado en la comisión de Constitución y Legislación del Senado.
“Aquí se hace referencia a algunas que ya hubo antes, y ahora dice: ‘...sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los Derechos Humanos, el Estado colocará en el exterior y en lugar visible a la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos'. Otra se refiere a tratar de honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y el uso ilegítimo del poder del Estado ejercido en ese período. s muy interesante, es algo genérico. Posiblemente estos conceptos de la ley permitan iniciativas que han tenido sobre todo las organizaciones de ex presos para que se pueda dar para actividades de Derechos Humanos determinados edificios que son emblema de la infamia como los lugares donde estuvieron detenidos”, señaló Martínez.
Desde la oposición se cuestiona el articulado porque repara a las víctimas de la dictadura y a aquellos que se vieron afectados por las medidas prontas de seguridad, pero no a quienes fueron víctimas de la guerrilla.
El diputado colorado Daniel García Pintos calificó el proyecto de “politiquería de la peor especie”.
He aquí el texto completo de la iniciativa del Poder Ejecutivo:
Montevideo, 04 MAYO 2009
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 numeral 3º de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, por el cual se reconoce el quebrantamiento del Estado de Derecho en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, así como la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas ilegítimas en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, como consecuencia de la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad, en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Diversas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, obligatorias para el Uruguay, reconocen el derecho a la reparación para las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos. En particular, el artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el artículo 39 de la Convención sobre Derechos del Niño. También se reconoce derecho a la reparación para las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario, como es el caso del artículo 91 del Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Más recientemente, el artículo 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dispone que la Corte establecerá: "principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación" y la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó, por Resolución 601/1247 de 16 de noviembre de 2005, los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Se dispone que, conforme al derecho interno y al derecho internacional, se deberá tener en cuenta las circunstancias de cada caso y otorgar a las víctimas, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y prevención.
La Ley Nº 18026, del 25 de setiembre de 2006, consagra el principio de reparación integral para las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra estableciendo en su Artículo 14.2 "La reparación de la víctima deberá ser integral, comprensiva de indemnización, restitución y rehabilitación y se extenderá también a sus familiares, grupo o comunidad a la cual pertenezca. Se entenderá por "familiares, el conjunto de personas unidas por un lazo de matrimonio o parentesco, así como el hecho de cohabitar o mantener una forma de vida en común".
La consagración jurídica del derecho a la reparación implica la obligación de diseñar políticas especiales y de adoptar medidas concretas que, teniendo en cuenta las diferentes realidades de las víctimas, sean eficaces para la reparación del daño.
Las víctimas no constituyen un conglomerado homogéneo y difieren, considerablemente, en sus necesidades. Asimismo, fueron diversos los tipos de violaciones a los derechos humanos y el sufrimiento generado.
Asimismo procede señalar que en nuestra legislación, luego de los períodos señalados, se han dictado una serie de leyes que, complementadas con el texto proyectado, tienen por finalidad dotar la integralidad al proceso de reparación.
En tal sentido pueden citarse, sin perjuicio de otras de análogo carácter, las siguientes leyes: Nº 15.737 de 8 de marzo de 1985, Nº 15.783, de 28 de noviembre de 985, Nº 16.102 de 10 de noviembre de 1989, Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Nº 16.440 de 15 de diciembre de 1993, Nº 16.451, de 16 de diciembre 1993, Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Nº 17.449 de 4 de enero de 2002, Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Nº 17.917 de 30 de octubre de 2005, Nº 17.949, de 8 de enero de 2006, Nº 18.033 del 19 de octubre de 2006.
Por medio de las mismas se ha dispuesto, a modo de ejemplo, la responsabilidad del Estado por el secuestro, deterioro o mala administración de bienes de detenidos, la devolución actualizada de fianzas y expensas carcelarias, el derecho a la reincorporación como funcionarios públicos y a la recomposición de la carrera administrativa o la jubilación, indemnizaciones a trabajadores de la actividad privada, hasta el reconocimiento de años de trabajo a los efectos jubilatorios, establecimiento de mínimos jubilatorios especiales y pensiones reparatorias.
Asimismo, y también a vía de ejemplo, pueden también referirse diversos actos de contenido simbólico, tales como denominación de calles en todo el país con los nombres de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la designación como Plaza a los desaparecidos de América Latina del espacio público ubicado en la intersección de Avda. Rivera y Jackson, la colocación de diversas placas y monolitos recordatorios de las víctimas, así la instalación de museos y el patrocinio de muestras y exposiciones relativas a la memoria de las víctimas y hechos vinculados a la defensa del Estado de Derecho.
Además de las leyes ya citadas, procura, al considerar diversos grupos de víctimas, establecer medidas concretas de reparación, en algunos casos complementarias o adicionales a las establecidas en dichas normas legales, atendiendo a la integralidad de la misma: dignificación, indemnización, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición y prevención, según corresponda.
Es así que el proyecto establece la obligación del Estado respecto de la realización de acciones materiales o simbólicas de reparación moral y de preservación de la memoria, el reconocimiento de la responsabilidad institucional mediante la expedición de documentos a cada una de las víctimas e indemnizaciones a aquellas víctimas que hasta ahora no han recibido ninguna compensación económica, salvo las derivadas de condenas o transacciones judiciales o extrajudiciales promovidas individualmente.
Asimismo, el proyecto contiene disposiciones relativas al acceso gratuito a prestaciones de salud de personas que puedan haber sufrido secuelas como consecuencia de su calidad de víctimas directas y la obligación del Estado de ofrecer, a aquellas víctimas que lo soliciten, apoyos científicos y técnicos para la rehabilitación física y psíquica.
Finalmente, el proyecto contiene algunas disposiciones, particularmente vinculadas con la aplicación de la ley 18.033 del 19 de octubre de 2006, que intentan subsanar algunas de las situaciones no contempladas en el texto de la misma.
El Poder Ejecutivo destaca la importancia del proyecto cuya aprobación se solicita, por cuanto el mismo constituye la aplicación de normas internacionales y constitucionales referidas a derechos inherentes a la persona humana.
El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración:
Artículo 2º - Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Artículo 3º - Reconócese el derecho a la reparación integral a todas aquellas personas que, por acción u omisión del Estado se encuentren comprendidas en las definiciones de los artículos 4º y 5º de esta Ley. Dicha reparación deberá efectivizarse --cuando correspondiere-- con medidas adecuadas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Artículo 4º - Se consideran víctimas del terrorismo de Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido la violación a su derecho de vida, a su integridad psicofísica, y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional desde el 27 de junio de 1973 hasta el 1º de marzo de 1985, por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Dichas violaciones deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos.
Artículo 5º - Se consideran víctimas de la actualización ilegítima del Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad sin intervención del Poder Judicial dentro o fuera del territorio nacional, desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, por motivos políticos, ideológicos o gremiales.
Artículo 6º - Declárase que derechos y beneficios previstos en las leyes Nº 15.737 de 8 de marzo de 1985, Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Nº 16.102 de 10 de noviembre de 1989, Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Nº 16.440 de 15 de diciembre de 1993, Nº 16.451, de 16 de diciembre 1993, Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Nº 17.449 de 4 de enero de 2002, Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Nº 17.917 de 30 de octubre de 2005, y otras disposiciones análogas, forman parte de la reparación integral prevista en el artículo 3º de la presente ley.
Artículo 7º.- El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo. Las mismas tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado ejercido en el período señalado en los artículos 1º y 2º de esta Ley.
Artículo 8º.- En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en esta Ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos.
b) fallecidos durante el período de defención.
c) sido declarados ausentes por decisión judicial, al amparo de la ley Nº 17.894, de 19 de setiembre de 2005, o que hubieren desaparecido en hecho conocido de manera pública y notoria con anterioridad a la promulgación de la presente ley.
h) los que siendo niñas o niños hayan permanecido desaparecidos con o sin sustitución de identidad.
j) sido requeridos o permanecido en la clandestinidad dentro del territorio nacional por un período superior a los 180 días corridos, por motivos políticos, ideológicos o gremiales.
Artículo 10º.- Las víctimas definidas en los artículos 4º y 5º de esta ley, que hubiesen permanecido detenidas por más de seis meses sin haber sido procesadas, o que hubiesen sido procesadas o hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado o que siendo niños o niñas hayan sido secuestrados con o sin sustitución de identidad, tendrán derecho a recibir, en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Sin perjuicio de las mismas, el Estado ofrecerá además, si así lo solicitaren, los apoyos científicos y técnicos para la rehabilitación física y psíquica necesaria para atender las secuelas que obstaculizan la capacidad educativa o de integración social de las víctimas.
El Poder Ejecutivo reglamentará la modalidad y extensión de las prestaciones establecidas en los incisos precedentes.
Artículo 11º.- Percibirán una indemnización, por única vez:
a) Los familiares de las víctimas, hasta el segundo grado por consanguinidad, cónyuge, concubino o concubina, que fueron declaradas ausentes por decisión judicial, al amparo de la ley Nº 17894 del 19 de setiembre de 2005, o que hubieren desaparecido en hecho conocido de manera pública y notoria con anterioridad a la promulgación de la presente Ley o que al momento de la promulgación de la presente ley se encuentren en situación de desaparición forzada o que hubiesen fallecido, a raíz o en ocasión del accionar ilegítimo de agentes del Estado o de quienes sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos recibirán la suma de 500.000 (quinientos mil) Unidades Indexadas. Si hubiese más de un beneficiario este monto se distribuirá en partes iguales.
b) Las víctimas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado, recibirán la suma de 250.000 (doscientas cincuenta mil) Unidades Indexadas.
c) Las víctimas que siendo niños o niñas hayan permanecido desaparecidos por más de 30 días, con o sin sustitución de identidad recibirá la suma de 375.000 (trescientas setenta y cinco mil) Unidades Indexadas.
Artículo 12º.- Agrégase como inciso final del artículo 11º de la ley 18.033 del 19 de octubre de 2006 lo siguiente:
"Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, aquellas personas que hubiesen sido beneficiadas de lo dispuesto en las leyes indicadas en el inciso 3º del presente artículo y en situación de jubilación o pasividad, percibiendo sumas inferiores a 8,5 (ocho y media) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales, tendrán derecho a optar por la pensión especial reparatoria prevista en el inciso primero".
Artículo 13º.- Modifícase el inciso 5 del artículo 11º de la ley Nº 18.033 del 19 de octubre de 2006 por el siguiente:
"En caso de fallecimiento de los beneficiarios de esta pensión especial reparatoria, su cónyuge o concubino/a "more uxorio", hijos menores, hijos mayores declarados incapaces y los concubinos declarados tales por la ley Nº 18.246 del 27 de diciembre de 2007, podrán ejercer derechos de causahabientes".
Artículo 14º.- Los jubilados amparados a lo dispuesto por el artículo 7º de la ley 18.033 del 19 de octubre de 2006 percibirán, adicionalmente, una partida mensual, de carácter reparatorio, equivalente a una Base de Prestaciones y Contribuciones.
Artículo 15º.- Créase una Comisión Especial que actuará en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley.
Deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de la presente Ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.
Artículo 16º.- La Comisión Especial instruirá, sustanciará y resolverá sobre las solicitudes de amparo establecidas en esta Ley, así como el otorgamiento de los beneficios respectivos, salvo en lo referente a lo previsto en los artículos 12º y 13º de esta ley. Para ello requerirá toda la información y antecedentes necesarios, pudiendo comunicarse en forma directa con los organismos públicos o privados, admitiendo los medios de prueba previstos en el artículo 146 del Código General del Proceso, los que se apreciarán de conformidad con el principio de la sana crítica, actuando en todos los casos mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 18.033 de 19 de octubre de 2006.
Artículo 17º.- La Comisión Especial estará integrada por cinco miembros:
a) Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá.
b) Un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas.
c) Un delegado del Ministerio de Salud Pública.
d) Dos delegados designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones representativas de las víctimas del terrorismo de Estado.
Las resoluciones deberán ser adoptadas por mayoría absoluta de integrantes.
Artículo 18º.- El plazo de la presentación de las peticiones para ser amparadas por esta Ley será de un año a partir de la fecha de constitución de la Comisión Especial creada por el artículo 15º de esta norma. Vencido el mismo caducarán los beneficios dispuestos en la presente ley con excepción de aquellos establecidos en los artículos 8º y 9º de la presente.
Artículo 19º.- Contra las resoluciones de la Comisión Especial podrán interponerse los recursos de revocación y jerárquicos en subsidio, ante el Poder Ejecutivo.
Artículo 20º.- Las erogaciones resultantes de la presente Ley serán atendidas con cargo a Rentas Generales.
Artículo 21º.- Quedan excluidos de la indemnización prevista en el artículo 11º de esta ley, todos aquellos que hubiesen recibido prestación económica cualquiera fuera su naturaleza, originada en la condición de víctima de acuerdo a los artículos 4º y 5º de la presente ley, a través de sentencia judicial ejecutoriada, transacción judicial o extrajudicial.
Artículo 22º.- Por el solo hecho de acogerse a los beneficios de esta ley, se renuncia a toda futura acción contra el Estado uruguayo, ante cualquier jurisdicción, sea esta nacional, extranjera o internacional.
Artículo 23º.- Autorízase a la Comisión Especial de la ley Nº 18.033 de 19 de octubre de 2006, a rever, previa solicitud de parte, y por un plazo de 180 días perentorios, en los casos que hubieren recaído resoluciones denegatorias y que por virtud a lo consagrado en los artículos 12º y 13º de esta ley, estarían amparados.
Artículo 24º.- Habilítase un nuevo plazo de presentación de 180 días perentorios, para nuevas presentaciones de solicitudes de amparo ante la Comisión Especial de la ley Nº 18.033 del 19 de octubre de 2006.
(Siguen firmas del presidente Tabaré Vázquez y todos los ministros)"
Tabaré es un humorista.- Ayer leí el proyecto de ley publicado por CRYSOL, fechado el 4. Es un chiste que me hizo cagar de risa.-
En esencia, consiste en poner "Plaquitas Conmemorativas" dónde te dieron "máquina" y prometen pagarte el dentista.- Acerté en la mosca. Había previsto que no nos iban a dar nada y así se lo advertí a Gastón.-La Republiqueta del Uruguay no pasa de un divertido sainete con sus pintorescos personajes.-
Como todo sainete no es para tomarlo en serio,sino para divertirse. Para eso el Uruguay es ideal.- Debemos reconocernos como lo que somos, no seguir actuando disfrazados representando ésta patética comedia. Los números nos acusan.-
Como estoy jugando los descuentos , me tiene sin cuidado que "me den o no me den" algo.- Me rapiñaron, me aniquilaron y ya estoy entrenado en vivir en la miseria.- Me hubiese gustado que me REPARARAN , porque era una mágnífica oportunidad para que el progresismo de izquierda/derecha rescatase su dignidad y la mía.-
Me afanaron mi avión CESSNA 182,matrícula CX-ARV que vale 228.000 dólares, pero - sobretodo - me liquidaron la profesión, porque nunca más pude ejercerla dignamente. Volé clandestino en Brasil y Paraguay, siempre muriéndome de hambre. No reclamo. Por el contrario, valoro toda la riqueza que me aportó la experiencia impuesta.-

References: artículo 85
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 39
 artículo 91
 artículo 75
 Resolución 
 Artículo 14

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 3

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 11

Artículo 13
 artículo 11

Artículo 14
 artículo 7

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 146

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 15

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 11

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24