Source: http://www.iestudiospenales.com.ar/legislacion/convenciones/389-convenio-internacional-para-la-represion-de-los-atentados-terroristas-cometidos-con-bombas.html
Timestamp: 2020-08-06 18:16:06+00:00

Document:
Argentina ratificó este convenio, mediante la ley 25.762.-
Recordando también la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de la Resolución 49/60 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1994, en la que, entre otras cosas, los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirman solemnemente y condenan en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y quienquiera los cometa, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados,
1. Por instalación del Estado se entiende toda instalación o vehículo permanente o provisional, cualquiera que sea su ubicación, utilizado u ocupado por representantes de un Estado, miembros del Gobierno, el poder legislativo o el judicial, funcionarios o empleados de una entidad estatal o administrativa o funcionarios o empleados de una organización intergubernamental a los efectos del desempeño de sus funciones oficiales.
2. Por instalación de infraestructura se entiende toda instalación de propiedad pública o privada que se utilice para prestar o distribuir servicios al público, como los de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía, combustible o comunicaciones.
3. Por artefacto explosivo u otro artefacto mortífero se entiende:
Un arma o artefacto explosivo o incendiario que obedezca al propósito de causar o pueda causar la muerte, graves lesiones corporales o grandes daños materiales, o
El arma o artefacto que obedezca al propósito de causar o pueda causar la muerte o graves lesiones corporales o grandes daños materiales mediante la emisión, la propagación o el impacto de productos químicos tóxicos, agentes o toxinas de carácter biológico o sustancias similares o radiaciones o material radiactivo.
4. Por fuerzas militares de un Estado se entienden las fuerzas armadas de un Estado que estén organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a la legislación nacional, primordialmente a los efectos de la defensa y la seguridad nacionales y las personas que actúen en apoyo de esas fuerzas armadas que estén bajo su mando, control y responsabilidad oficiales.
5. Por lugar de uso público se entienden las partes de todo edificio, terreno, vía pública, curso de agua u otro emplazamiento que sea accesible o esté abierto al público de manera permanente, periódica u ocasional, e incluye todo lugar comercial, empresarial, cultural, histórico, educativo, religioso, gubernamental, de entretenimiento, recreativo o análogo que sea accesible en tales condiciones o esté abierto al público.
6. Por red de transporte público se entienden todas las instalaciones, vehículos e instrumentos de propiedad pública o privada que se utilicen en servicios públicos o para servicios públicos a los efectos del transporte de personas o mercancías.
• Con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales, o
• Con el propósito de causar una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico.
Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 ó 2, o
Organice o dirija a otros a los efectos de la comisión del delito enunciado en los párrafos 1 ó 2, o
Tipificar, con arreglo a su legislación interna, los actos indicados en el artículo 2 del presente Convenio;
Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su naturaleza grave.
En el territorio de ese Estado, o
A bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado o de una aeronave matriculada de conformidad con la legislación de ese Estado en el momento de la comisión del delito, o
Sea cometido contra un nacional de ese Estado, o
Sea cometido en o contra una instalación gubernamental en el extranjero, inclusive una embajada u otro local diplomático o consular de ese Estado, o
Sea cometido por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado, o
Sea cometido con el propósito de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto, o
Sea cometido a bordo de una aeronave que sea explotada por el gobierno de ese Estado.
4. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2, en los casos en que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados Parte que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2.
Ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo que corresponda del Estado del que sea nacional o al que competa por otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de un apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente;
Ser informada de los derechos previstos en los incisos a) y b).
5. Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 se entenderá sin perjuicio del derecho de todo Estado Parte que, con arreglo al párrafo 1 c) o el párrafo 2 c) del artículo 6, pueda hacer valer su jurisdicción, a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.
6. El Estado Parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que la justifiquen a los Estados Parte que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 6 y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados Parte interesados, directamente o por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas. El Estado que proceda a la investigación prevista en el párrafo 1 informará sin dilación de los resultados de ésta a los Estados Parte mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
1. Los Estados Parte se prestaren la mayor asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2, incluso respecto de la obtención de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.
Da libremente su consentimiento informado, y
Las autoridades competentes de ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que consideren apropiadas.
El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa;
El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados;
El Estado al que sea trasladada la persona no exigirá al Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;
Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona trasladada en el Estado al que lo haya sido a los efectos del cumplimiento de la condena que le haya sido impuesta en el Estado desde el que fue trasladada.
Mediante la adopción de todas las medidas practicables, entre ellas, de ser necesario, la de adaptar su legislación nacional para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de dichos delitos tanto dentro como fuera de ellos y contrarrestar la preparación de dichos delitos, incluida la adopción de medidas para prohibir en sus territorios las actividades ilegales de personas, grupos y organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o financien a sabiendas los enunciados en el artículo 2 o participen en su preparación;
Mediante el intercambio de información precisa y corroborada, de conformidad con su legislación interna, y la coordinación de medidas administrativas y de otra índole adoptadas, según proceda, para impedir que se cometan los delitos previstos en el artículo 2;
Cuando proceda, mediante la investigación y el desarrollo relativos a métodos de detección de explosivos y otras sustancias nocivas que puedan provocar muertes o lesiones corporales; mediante la celebración de consultas acerca de la preparación de normas para marcar los explosivos con el objeto de identificar su origen al investigar explosiones, y mediante el intercambio de información sobre medidas preventivas, la cooperación y la transferencia de tecnología, equipo y materiales conexos.
En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio, abierto a la firma en Nueva York el 12 de enero de 1998.
Firma Fecha de depósito
Alemania (1) 26- 1-1998
Argelia 17-12-1998
Argentina 29-1998
Austria 9- 2-1998 6- 9-2000 R
Azerbaiyán 2- 4-2001 AD
Belarús 20- 9-1999
Bélgica 12- 1-1998
Botswana 8- 9-2000 AD
Brasil 12- 3-1999
Burundi 4- 3-1998
Canadá 12- 1-1998
Chipre (2) 26- 3-1998 24- 1-2001 R
Comoras 1-10-1998
Costa de Marfil 25- 9-1998
Costa Rica 16- 1-1998
Dinamarca 23-12-1999
Egipto (3) 14-12-1999
Eslovaquia 28- 7-1998 8-12-2000 R
Eslovenia 30-10-1998
España (4) 1- 5-1998 30- 4-1999 R
Estados Unidos 12- 1-1998
Estonia 27-12-1999
Filipinas 23- 9-1998
Finlandia 23- 1-1998
Francia 12- 1-1998 19- 8-1999 R
Grecia 2- 2-1998
Hungría 21-12-1999
India (5) 17- 9-1999 22- 9-1999 R
Irlanda 29- 5-1998
Islandia 28- 9-1998
Israel 29- 1-1999
Italia 4- 3-1998
Japón 17- 4-1998
Kirguistán 1- 5-2001 AD
Libia 22- 9-2000 AD
Lituania 8- 6-1998
Luxemburgo 6- 2-1998
Macedonia, ex República Yugoslava de 16-12-1998
Madagascar 1-10-1999
Maldivas 7- 9-2000 AD
Mónaco 25-11-1998
Mongolia 7- 9-2000 AD
Nepal 24- 9-1999
Noruega 31- 7-1998 20- 9-1999 R
Países Bajos 12- 3-1998
Panamá 3- 9-1998 5- 3-1999 R
Polonia 14- 6-1999
Portugal (6) 30-12-1999
Reino Unido 12- 1-1998 7- 3-2001 R
República Checa 29- 7-1998 6- 9-2000 R
República de Corea 3-12-1999
Rumania 30- 4-1998
Rusia (7), Federación de 12- 1-1998
Sri Lanka 12- 1-1998 23- 3-1999 R
Sudáfrica 21-12-1999
Sudán (8) 7-10-1999 8- 9-2000 R
Suecia 12- 2-1998
Togo 21- 8-1998
Trinidad y Tobago 2- 4-2001 AD
Turkmenistán 18- 2-1999 25- 6-1999 R
Turquía (9) 20- 5-1999
Uganda 11- 6-1999
Uruguay 23-11-1998
Uzbekistán (10) 23- 2-1998 30-11-1998 R
Venezuela 23- 9-1998
Yemen 23- 4-2001 AD
La República Federal de Alemania interpretará el apartado 4 del artículo 1 del Convenio en el sentido de que la expresión fuerzas militares de un Estado abarca su contingente nacional que opere como parte de las fuerzas de las Naciones Unidas. Asimismo, la República Federal de Alemania interpreta que, a efectos del presente Convenio, la expresión fuerzas militares de un Estado abarca también a las fuerzas de policía.
1. Apartado 5 del artículo 6:
El Gobierno de la República Árabe de Egipto declara que estará obligado por el apartado 2 del artículo 19 del Convenio en la medida en que, en el ejercicio de sus funciones, las fuerzas militares del Estado no quebranten las normas y principios del derecho internacional.
De conformidad con el artículo 20.2, el Gobierno de la República de la India declara que no se considerará obligada por lo dispuesto en el artículo 20.1 del Convenio.
A efectos del apartado 2 del artículo 8 del Convenio, Portugal declara que la extradición de nacionales portugueses de su territorio se autorizará únicamente si se reúnen las siguientes condiciones, según lo expresado en la Constitución de la República Portuguesa:
En casos de terrorismo y de delincuencia organizada; y
A efectos de actuaciones penales y, en ese caso, con sujeción a una garantía prestada por el Estado que solicite la extradición de que la persona de que se trate será entregada a Portugal para cumplir la condena o medida que se le haya impuesto, a menos que dicha persona no consienta en ello mediante declaración expresa.
A efectos de la ejecución de una condena en Portugal, se seguirán los procedimientos a que se hace referencia en la declaración formulada por Portugal al Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas.
La República de Turquía declara que los artículos 9 y 12 no se interpretarán de tal modo que los autores de estos delitos no sean juzgados ni perseguidos. Asimismo, la asistencia judicial mutua y la extradición son dos conceptos diferentes y las condiciones para la denegación de la extradición no serán válidos para la asistencia judicial mutua.
La República de Turquía declara su entendimiento de que la expresión derecho humanitario internacional a que se hace referencia en el artículo 19 del Convenio para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas se interpretarán en el sentido de que comprenda las normas internacionales correspondientes, excluidas las disposiciones de los Protocolos Adicionales de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en los que Turquía no es Parte. La primera parte del segundo apartado de dicho artículo no deberá interpretarse en el sentido de que confiera una condición diferente a las fuerzas y grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado tal como se entiende y aplica actualmente este concepto en derecho internacional y que, por tanto, imponga nuevas obligaciones a Turquía.
En virtud del apartado 2 del artículo 20 del Convenio, la República de Turquía declara que no se considera obligada por lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 20 de dicho Convenio.

References: Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 20