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Timestamp: 2018-11-16 17:57:16+00:00

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Recortes de Prensa Domingo 28 Diciembre 2008
JOSE DOMINGO El Mundo 28 Diciembre 2008
La inmersión lingüística obligatoria en Cataluña ha sido desactivada por el Tribunal Supremo. El modelo escolar catalán es contrario a la Constitución y a la propia Ley de Política Lingüística de 1998 al impedir la escolarización de los alumnos en castellano o en bilingüe (catalán y castellano) hasta el primer ciclo de educación primaria.
Cataluña ha sido pionera en España en aplicar un modelo uniforme en la escuela que está teniendo pésimas consecuencias en miles de alumnos. El informe PISA ha evidenciado que los niños catalanes castellanohablantes tienen peor rendimiento escolar que los de lengua catalana y que los inmigrantes escolarizados en esta comunidad acreditan un fracaso muy superior al del resto de España. La obsesión nacionalista ha arrumbado el concepto de lengua materna para hacer predominante el de lengua propia y proclamar el siguiente sofisma: «El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua de escolarización». El concepto de lengua propia, cual chapapote, lo impregna y ensucia todo marginando el de lengua oficial y con ello la libertad de elección de los padres a escolarizar a sus hijos en la lengua que deseen.
José Domingo es portavoz adjunto de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el Parlamento catalán
«Monopoly» autonómico en Moncloa
BLANCA TORQUEMADA | MADRID ABC 28 Diciembre 2008
Hay que echarse a temblar cuando el optimismo (a veces «antropo-ilógico») de José Luis Rodríguez Zapatero se desata, habitualmente en vísperas de Nochevieja. La nada contrastada capacidad de anticipación del presidente del Gobierno (el 29 de diciembre de 2006 formuló un «naïf» augurio sobre el final del terrorismo que al día siguiente quedó trágicamente sepultado bajo los cascotes de la T-4) se plasma con nitidez en su tradicional balance y análisis de futuro al cierre del año, en el que en esta ocasión se ha mecido entre el mantra de moda («remontaremos la crisis») y la inconcreción voluntarista sobre la financiación autonómica, ese «pavo» cada vez más trufado y relleno que puede terminar por reventar.
Zapatero ha montado un «Monopoly» para la distribución territorial de los recursos sin reparar en que no había fichas para todos (que son quince más las ciudades autónomas), así que de momento ha dejado fuera del tablero de la negociación «vis a vis» a la mayoría de las Comunidades, a las que mantiene en espera y trata de apaciguar con conversaciones telefónicas.
Reglas del juego atípicas
Además, ha establecido unas reglas del juego peculiares. Montilla y Chaves fueron los primeros convocados a la partida, no con nocturnidad, pero sí de «tapadillo», despertando los primeros recelos, y después se citó a Esperanza Aguirre (Madrid), Emilio Pérez Touriño (Galicia), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Vicente Álvarez Areces (Asturias) y Francisco Camps (Valencia). A todos, en ese «Monopoly» heterodoxo, les ha brindado el jefe del Ejecutivo la oportunidad de voltear tarjetitas de una virtual «Caja de Comunidad» sorprendentemente favorable y promisoria: tanto para Aguirre («Ha sido agraciado con incremento de población. Colóquese en la casilla de salida y reclame lo que le corresponda»), como para Montilla («Error de la Banca a su favor gracias al desarrollo del «Estatut». Exija trato de bilateralidad») o para Chaves («Reciba de cada jugador lo que compense a Andalucía»). Así ha acariciado el presidente del Gobierno los oídos de todos y cada uno de los dirigentes autonómicos con los que se ha entrevistado hasta ahora, mientras un Pedro Solbes cada vez más mustio y desmotivado recuenta lo que queda en la Banca y trata de resolver la imposible ecuación.
Camino al endeudamiento
Pero como en el «Monopoly» quien gana arruina al resto, Zapatero se ha visto obligado a insinuar un cambio de juego y a reformular la financiación. Entre líneas, ya lo ha hecho, en su prolija comparecencia de fin de año. Cuando recordó que el 70 por ciento del gasto de las autonomías va a parar a la Educación y la Sanidad, estaba dando puntada con hilo, pues soterradamente puede estar tratando de maquillar la posibilidad de que el déficit público se dispare ya que, proclamó solemnemente, «mejorar la financiación de las Comunidades Autónomas es mejorar el Estado del bienestar».
Con estos mimbres, España se puede deslizar hacia el modelo de Estado socialdemócrata de los años 80 fuertemente endeudado en el que se confunde poner a los ciudadanos en paro a arreglar aceras (los 8.000 millones de euros derivados recientemente a los Ayuntamientos) con la creación de riqueza. Y pese a que la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega aseguró hace una semana que el déficit del 3 por ciento previsto por el Ejecutivo para 2009 no irá a parar a la financiación autonómica, tampoco aclaró de dónde saldrían los recursos reclamados por los «taifas» y se limitó a lanzar la idea de que lo que se está cociendo ahora mismo es sólo el establecimiento de los criterios de reparto.
De modo que la ronda navideña de contactos ha servido, en teoría, para que «probablemente» antes de Nochevieja (la cosa apremia) el Ejecutivo ultime, según Zapatero, un documento «con un grado de consenso mínimo», a partir del cual se formalizará la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el que de verdad reparte el bacalao.
Tormenta en la calle Génova
Entretanto, en la planta séptima calle Génova se ha tenido que lidiar con el ninguneo al que Zapatero ha sometido a Rajoy en todo este proceso (los socialistas han considerado suficiente atención al principal partido de la oposición la interlocución entre Solbes y Montoro) y con el «resbalón» de sus principales espadachines autonómicos, quienes, habitualmente beligerantes, han bajado la guardia en esta ocasión y han sucumbido a los cantos de sirena monclovitas. O, al menos, tanto Esperanza Aguirre como Francisco Camps han propiciado una foto complaciente tras sus respectivas entrevistas con el presidente del Gobierno en palacio y se han mostrado encantados con la receptividad del Ejecutivo. Así, Zapatero se ha apuntado el tanto de allanar el terreno a la nueva financiación y ha encontrado en los presidentes de Madrid y Valencia la óptima coartada de ecuanimidad.
Pero ese aparente trato equilibrado a Gobiernos regionales de diferente signo lo han resumido Rajoy y la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en otro tono muy diferente («Ha engañado a todos diciendo a cada uno lo que quería oír». han afirmado), hasta poner los puntos sobre las íes («El déficit de hoy son los impuestos de mañana») y reconducir una situación comprometida en la que tanto Aguirre como Camps ya han matizado su entusiasmo de partida.
Mientras, las Comunidades que ni han experimentado eclosión demográfica, ni «aportan mucho», ni tienen lengua específica ni otras gaitas fruncen el entrecejo, a la expectativa, sin pasar por la casilla de salida de los privilegios y sin excesiva fe en la cuadratura del círculo.
VICENTE CARRIÓN ARREGUI El Correo 28 Diciembre 2008
| PROFESOR DE FILOSOFÍA
En 1967, Ron Jones, profesor de Secundaria en California, concibió un experimento para demostrar a sus alumnos qué fácil es convertirse en un fascista. Uniformes, reglas, rituales, símbolos y un entusiasta culto al grupo conformaron una experiencia que hubo de ser suspendida en pocos días, cinco, los suficientes para desperezar la bestia violenta que duerme en nuestro interior.
Varias décadas después, la película 'La Ola', de Dennis Gansel, dramatiza dicho experimento con estética contemporánea. Tanto Jones como Gansel aluden explícitamente a cómo pudo sostenerse tantos años el nazismo alemán pero uno no puede sino pensar cuántos miles de días viene durando nuestro euskofascismo abertzale y en por qué las instituciones políticas vascas han sido tan tolerantes y complacientes con él.
Afortunadamente, parece que se acerca el final de la película. Aunque a veces me apene percibir qué desinterés y qué desencanto tan enorme suscita la política, quiero creer que estamos padeciendo la merecida resaca por haber creído en tantas mentiras, todavía atónitos por el horror oculto en tan nobles causas como el euskera, el ecologismo o el asociacionismo cívico, fagocitadas todas ellas y tantas otras por el terrorismo etarra. De siempre se ha dicho que la violencia devora a sus hijos, sean los de la revolución francesa o rusa, y ahora parece llegado el momento de comprobar cómo lo que pudiera quedar de mística heroica entre los etarras se desintegra entre los porros de 'Txeroki' y la incontinencia urinaria de Aitzol. Y aún así, no dejo de preguntarme cómo pudo ser que gente tan maja, solidaria y generosa llegara a enredarse en la malla etarra y alimentara semejante degeneración humana y política. Si me lo permiten, daré un rodeo.
Dice el liberalismo que de los vicios privados nacen las virtudes públicas, léase, que de lo peor de cada individuo, del egoísmo o de la ambición, puede brotar un sistema económico, el capitalismo, que genera riqueza y desarrollo colectivo. La avidez por el beneficio individual, la codicia y la competitividad se convierten en el motor del mercado y de un dinamismo social que hunde en el basurero de la Historia a los ensayos socialistas que proclamaban las excelencias del igualitarismo y la solidaridad. Nos lo explicaba muy bien J. M. Soroa en su reciente artículo '¿Reír o llorar?' (EL CORREO, 28-11-08), ironizando sobre los hipócritas llamamientos de nuestros dirigentes políticos a combatir «el egoísmo del mercado económico mundial».
Pues bien, a mí me gustaría ensayar la reflexión inversa: cómo de atractivas virtudes privadas como la solidaridad, la búsqueda de sentido existencial o el altruismo pueden engendrarse monstruos totalitarios como el fascismo o el abertzalismo etarra. No sé si es agravante o atenuante pero los militantes y seguidores de ETA nunca han dado el perfil de los delincuentes habituales. Más bien al contrario, han sido reclutados al calor de sentimientos y valores supuestamente nobles: continuar la lucha de familiares o amigos caídos en combate, vengar supuestos agravios inferidos a seres queridos, defender hasta el último extremo, con la vida si es preciso, una idea de la patria, mimetismo redentor del sacrificio cristiano, del pueblo elegido y la tierra prometida, aderezado todo ello con una dosis notable de libido insatisfecha, represión sexual y mucho genio. Esa contención emocional de la que tanto se ha hablado a raíz del último asesinato en Azpeitia tiene que ver con el temperamento de los vascos, sí, pero es consecuencia también de mucho miedo al qué dirán y al 'aquí nos conocemos todos', peculiaridades de una sociedad rural en la que el nacionalismo 'jauntxo' ha exacerbado el valor de 'lo nuestro' y de 'lo de aquí' (sea la familia, el pueblo o el equipo de fútbol) como el ámbito de identificación personal prioritario, dando con ello cobertura moral a todas las barbaridades que vienen empañando el nombre de los vascos. La obsesión de la Consejería de Educación del Gobierno vasco a la hora de anteponer esa identidad vasca diferencial (curriculos, segregación lingüística, educación 'para el conflicto' en vez de 'para la paz') a la promoción de individuos libres, ciudadanos del mundo antes que nada, constituye el telón de fondo a la hora de preguntarnos qué valores ha fomentado el sistema educativo vasco en sus últimas legislaturas.
Pero volvamos a la película. Contaba Oskar L. Belategui en su artículo sobre 'La Ola' (EL CORREO, 28-11-08) cómo el profesor Jones explicaba al cineasta Gansel que «los mecanismos que determinan los fascismos y nacionalismos son más psicológicos que políticos» y, efectivamente, la pantalla nos presenta adolescentes desganados, desmotivados, insatisfechos de sus rutinarias existencias, viviendo en privado la desatención de sus padres, sus complejos, inseguridades y frustraciones.
Todo ello desaparece de un plumazo cuando descubren el orgullo de formar parte de algo, la satisfacción de ser admirados por los demás, la confianza en el apoyo incondicional entre los miembros de 'La Ola' hagan lo que hagan, pase lo que pase.
No hay ideología por ninguna parte, hay una necesidad imperiosa de creer en algo, de entusiasmarse, de demostrar qué grado de entrega y fidelidad puede uno ofrecer cuando se siente incondicionalmente querido. ¿Les suena, verdad? En los adolescentes de la película como en los de nuestro terruño vasco o de cualquier otro sitio late una necesidad vital de ilusionarse por algo que puede ser canalizada de modos muy diversos en función de la época, las modas, los estratos sociales o los contextos culturales. Por paradójico que resulte, la energía que mueve a un voluntario de una ONG puede ser similar a la de un terrorista, un rockero empedernido o un drogadicto, un vegetariano riguroso o un deportista de élite.
El ambiente en que uno caiga puede determinar que esa necesidad de saciar determinadas inquietudes juveniles se oriente en una dirección constructiva o no. Por eso, sean bienvenidas las novedosas reflexiones de algunos sectores del nacionalismo vasco sobre la importancia de la legitimación moral que todavía recibe el terrorismo en muchos ámbitos cotidianos. Nunca es tarde para que las instituciones modifiquen su actitud pero la responsabilidad del profesor que protagoniza 'La Ola' se reviste de un significado simbólico terrible a la hora de reflexionar en qué manos hemos dejado el sistema educativo vasco. ¿Acaso el arte, la espiritualidad, el deporte, la música, la amistad, el sexo, el juego, la participación ciudadana, el asociacionismo solidario o la repostería misma no podrían ocupar el lugar del abominable orgullo patriótico en esa búsqueda de sentido que caracteriza al ser humano según el psiquiatra Viktor Frankl, superviviente él mismo a los campos de concentración nazis?
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 28 Diciembre 2008
El autor asegura que, tras el visto bueno del Congreso a los Presupuestos, «un Gobierno con gatillo tan fácil para descargar sobre el adversario la acusación de mentir, debe sentir algo muy próximo a la euforia al comprobar su impunidad política» por «la aprobación de un cuento deliberadamente fabricado contra los datos de la realidad y con desprecio de cualquier previsión razonable»
Y a se sabe que, tratándose de dinero, todo lo que no sean cuentas son cuentos. Esta afirmación, llena de sentido común y avalada por la experiencia, no parece afectar al Gobierno que insiste en convertir hasta las más inapelables realidades en sustancia fluida y maleable según la conveniencia del momento. Y de este modo, a medida que a la economía española menos le salen las cuentas, más se llena de cuentos. El Gobierno sabe que son cuentos, la opinión pública es perfectamente consciente de que se trata de relatos maquillados por aquél para salir del paso. Pero como la inventiva gubernamental carece por el momento de penalización política, este monumental ejercicio de simulación que viene practicando el Gobierno parece encontrar una audiencia a la que resulta indiferente que también la banalización de los problemas haya llegado a la recesión más seria de la que hay memoria viva.
Se dirá que la preocupación de la mayoría de los españoles desmiente esta visión y que existe un clima de pesimismo generalizado desde la convicción de que lo peor en términos de decrecimiento y de paro está por venir, digan lo que digan los balances oficiales edulcorados. Lo que ocurre es que siendo todo eso cierto, el Gobierno aprueba y hace aprobar al Parlamento unos Presupuestos Generales del Estado para 2009 que nada tienen que ver con la realidad, basados en previsiones de crecimiento, empleo, recaudación y déficit que no es que hayan quedado «desactualizadas» -como reconocía Pedro Solbes en un acto de cinismo excesivo incluso para él-, sino que constituyen un monumento a la arrogancia, a la fabricación contable y es de suponer que también una fuente de desconcierto o de hilaridad para los analistas que en algún momento hayan creído que esas cifras guardan alguna relación con la realidad que no sea mera casualidad.
Un Gobierno con gatillo tan fácil para descargar sobre el adversario la acusación de mentir, debe sentir algo muy próximo a la euforia al comprobar su impunidad política después de que la «votación más importante de una democracia» dé como resultado la aprobación de un cuento, deliberadamente fabricado contra los datos de la realidad y con desprecio de cualquier previsión razonable. Rodríguez Zapatero ha venido justificando su temeraria negación de la crisis con el argumento, según él, de que nadie la podía prever. Pero entonces, ¿a quienes respondía calificándoles de antipatriotas semanas antes de empezar la campaña electoral? ¿Frente a qué previsiones se jactaba de contar con un colchón en forma de superávit que nos permitiría capear todas la turbulencias? En todo caso, el argumento no podrá repetirlo -o sí, quién sabe- cuando el tinglado presupuestario que el Gobierno se ha organizado empiece a caer.
El presidente del Gobierno tiene razones para estar tranquilo por ese lado. Se acordará, por ejemplo, de cómo mientras todos los indicadores económicos se deterioraban aceleradamente, su persistente negativa a pronunciar la palabra 'crisis' se convertía en el gran divertimento nacional y cuando por fin en una entrevista televisiva se decidió a hablar de 'crisis', mientras que lo que ya asomaba era la recesión, sus entrevistadores celebraron la concesión semántica de Rodríguez Zapatero con gran regocijo, felicitándose por haber sido capaces de 'arrancar' semejante primicia al presidente quien, a su vez, demostraba una vez más su dominio de la técnica del 'buen rollo'. Sin duda, los tiempos que vienen van a levantar nuevas y graves dificultades en la trayectoria de Rodríguez Zapatero (el Gobierno como tal sólo existe en el Ministerio del Interior, lo demás es paisaje yermo) pero, vistos los antecedentes, no será la presión del debate público lo que más deba preocuparle. Al menos así parece.
De hecho, tras el cuento de otoño en forma de Presupuestos Generales del Estado, Rodríguez Zapatero ha escenificado el cuento de Navidad de la financiación autonómica. Los presidentes de comunidades autónomas que han desfilado por el Palacio de la Moncloa han salido sin un solo papel ni un solo número pero declarando haber recibido un alto nivel de satisfacción en sus peticiones. Unos, porque siendo socialistas ofrecen alivio al Gobierno en este tema. Otros, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, para intentar atrapar a Rodríguez Zapatero en su propia estrategia transformando las buenas palabras del presidente en compromisos financieros firmes. Y seguramente todos porque las arcas autonómicas necesitan un apuntalamiento urgente y las compuertas del déficit público se han abierto de par en par.
Acuciada por la necesidad, ni siquiera parece que Cataluña represente el problema que amenazaba. Paradójicamente, la recesión facilita la negociación del modelo de financiación, también para Cataluña, ya que, al generalizarse el recurso al déficit, las restricciones políticas y la prudencia económica ceden y el gasto público se legitima como remedio a la penuria.
¿Y la bilateralidad en la negociación financiera que contempla el nuevo Estatuto catalán? Pues lo cierto es que queda en una situación desconcertante, no por la sentencia todavía pendiente del Tribunal Constitucional, sino porque ante las críticas generadas por la primera reunión entre Rodríguez Zapatero y el presidente de la Generalidad, José Montilla, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, respondió con el conocido argumento de que Aznar hizo lo mismo con CiU.
Pero entonces alguien puede preguntarse que si, por hipótesis, aceptamos que Rodríguez Zapatero hace ahora con Montilla lo mismo que Aznar hacía con Pujol, ¿qué sentido ha tenido el nuevo Estatuto catalán?, ¿dónde queda la transformación de las relaciones entre Cataluña y el Estado que se proclamaba como el avance sustantivo en el reconocimiento de la pluralidad de España? La línea de razonamiento sugerida por la fina argumentación de José Blanco -«como Aznar»- merece ser seguida y desarrollada. La opinión pública catalana parece que todavía no ha caído enteramente en la cuenta. Pero el asunto merece un tratamiento aparte. Porque lo de Rodríguez Zapatero son cuentos. Lo de José Blanco, estrambotes.
Alfonso USSÍA La Razón 28 Diciembre 2008
El «Euskobarómetro», o lo que es igual, el barómetro «eusko», nos indica que de pactar el PSE y el PP tras las próximas elecciones autonómicas, el PNV perdería al «Lehendakari» y la gobernación de las tres provincias vascas. No lo veo posible. El PSE se siente infinitamente más cómodo con los nacionalistas que con los populares. Me refiero al actual PSE de López y Eguiguren, no al digno del pasado dirigido por Nicolás Redondo Terreros. Con Redondo al frente del PSE, el pacto antinacionalista sería un hecho, pero los vientos que soplan no son aquéllos y el sentido de España de los socialistas vascos ha perdido profundidad. En el caso de Eguiguren permítaseme opinar que no ha perdido nada, por cuanto sus sentimientos nacionalistas son notorios, como los de Odón Elorza, el eterno alcalde de San Sebastián.
En los primeros pasos del sistema democrático, los socialistas ganaron las elecciones, y cedieron la presidencia a Garaicoechea, por aquel entonces militante del PNV.
En los primeros pasos del sistema democrático, los nacionalistas entregaron la consejería de Educación a los socialistas, y ahí comenzaron los mensajes antiespañoles en las «ikastolas», que tan irreparable daño han hecho. Si el PNV devora a una parte de Eusko Alkartasuna y el comunista Madrazo se va por fin al carajo político, los socialistas gobernarán con el PNV, y nunca pactarán con el Partido Popular. Esperar lo contrario es de ingenuos o de completos desconocedores de la sociedad vasca.
Se tendría que llegar a un inaudito límite de distancia entre España y su autonomía vasca para que los socialistas reaccionaran en beneficio de la Nación común. Estoy seguro de que lo harían, pero tarde y precipitadamente, después de dejar pasar ocasiones mucho más propicias aunque arriesgadas. La sociedad vasca mantiene en el poder al PNV en tanto que el PNV mantenga su actual sistema de protección a quienes se manifiestan públicamente nacionalistas.
El que no acude al «batzoki» no encuentra trabajo, y la mansa comodidad se ha adueñado del presente y del futuro de decenas de miles de vascos. Cuando sea el libre mercado laboral y no la filiación nacionalista el que se imponga en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, el PNV experimentará deserciones, decepciones e ingratitudes.
Y en la deserción, la decepción y la ingratitud está dibujada la normalidad social de una parte de España que no la ha vivido ni conocido. Un mismo partido nacionalista gobernando más de treinta años lo hace para los suyos, no para todos. Establece un sistema, no un Gobierno sometido al tiempo de una legislatura. Los nacionalistas son ante todo nacionalistas. Los populares son vascos que se sienten españoles, y los socialistas se mueven entre los dos sentimientos, y muchos de ellos con querencias cercanísimas al PNV. Analizadas las palabras de los últimos años del socialista Eguiguren y del nacionalista Josu Jon Imaz, el resultado es sorprendente. El nacionalista puro y duro es Eguiguren, y el vasco inmerso en la moderación y el respeto es Josu Jon Imaz. A los populares se les acusa y tiñe en las Vascongadas de franquistas, falsedad tan polvorosa como vil. Los socialistas han contribuido a ello con entusiasmo de la mano de los nacionalistas. Y de la mano seguirán cuando los últimos necesiten los votos del PSE. El «Euskobarómetro» ése aporta un dato, pero no la realidad. López y Eguiguren son parte del sistema.
La plaga del mal gobierno
Francisco Rubiales Periodista Digital 28 Diciembre 2008
Algunos creen que la epidemia más destructiva de la historia humana y el motivo principal de las muchas desgracias del hombre ha sido la guerra, causante de cientos de millones de muertos, más de cien millones sólo en el siglo XX; otros creen que fue el totalitarismo, encarnado en fantasmas como la tiranía, el absolutismo, la plaga asesina bolchevique y el totalitarismo enloquecido nazi y fascista, culpables de opresión y de exterminios ideológicos y culturales masivos; otros señalan al egoismo, el odio y la violencia como las plagas humanas que nos han llevado al desastre.
Nosotros creemos que el virus más letal y dañino de la Historia ha sido el mal gobierno, el verdadero causante de la guerra, del hambre, de la violencia, la injusticia y casi la totalidad de los males de la raza humana.
El mayor drama de la historia humana ha sido el fracaso del liderazgo y de los políticos, que, a pesar de contar con todo el poder, los privilegios y los recursos, han sido incapaces de cumplir con su misión de mejorar el mundo y de solucionar los grandes problemas de la Humanidad.
Si alguien duda de esta tesis que señala al gobierno como el principal causante de los males del hombre, que analice cómo está siendo gestionada la actual crisis, una de las peores de la Historia, y comprobará toda la injusticia y la ineficiencia del poder, intervencionista, parcial, inepto e incapaz de atajar el mal, arbitrario a la hora de repartir los recursos comunes, que están siendo desviados hacia la banca y la gran empresa, dejando desamparados a las pequeñas y medianas empresas y a las familias y ciudadanos, mientras que los líderes de la comunidad exhiben su blindaje ante el drama colectivo subiendose sus sueldos, asegurando sus cargos e incrementando sus privilegios, que ya antes eran hirientes e injustos.
No es cierta la sentencia, alimentada desde la política, que dice que “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”. No conozco un solo pueblo que sea peor que el gobierno que padece. Lo que sí es ciertos es que los ciudadanos tienen que implicarse en solucionar los problemas del planeta, ya que los políticos son incapaces de hacerlo. La sentencia que dice que “la política es algo demasiado importante para dejarla en manos de los políticos” se convierte cada día en más infalible.
Son los malos gobiernos los que han llevado a los pueblos hacia la guerra, los que han empujado a los pueblos europeos a pelear unos con otros durante más de veinte siglos. Carlos I de España y Francisco I de Francia, dos bravucones irresponsables, pelearon durante décadas y causaron decenas de miles de muertas sólo para demostrar cual de los dos era más chulo. Fueron los políticos los que embarcaron a la Europa próspera y alegre de 1914 en una guerra absurda que empujó a generaciones enteras hacia las trincheras, donde millones de vidas fueron segadas por las ametralladoras y los gases. Malos gobiernos fueron los que enfrentaron a los españoles en una guerra civil que era perfectamente evitable. Fueron los malos gobiernos los que perfeccionaron el totalitarismo y asesinaron a poblaciones enteras a mediados del siglo XX, dentro y fuera del frente bélico de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los malos gobiernos los que inventaron la guerra fría, los que sembraron de conflictos bélicos el siglo, los que asesinaron sistemáticamente al adversario bajo la excusa de la seguridad nacional, los que derrocaron a los gobiernos populares y los que jamás dedicaron un esfuerzo a derrotar el hambre, la miseria y la injusticia.
Pronósticos y augurios de un oráculo obsesionado
Vicente A. C. M. Periodista Digital 28 Diciembre 2008
No podía ser de otra manera. Era la última aparición en este año y fiel a su trayectoria se ha dedicado a pintar un escenario idílico y que solo él es capaz de ver en su mundo virtual. Empezó el año negando la crisis y la recesión económica y acaba el año augurando una recuperación a un año vista. Es natural que en esta época aparezcan como setas en los medios los augures que pronostican el futuro y que siempre fallan estrepitosamente. Aunque como el Sr. Zapatero, son capaces de decir que nunca dijeron lo que sí dijeron, o que sus palabras fueron mal interpretadas.
Hemos pasado del “España va bien y quien difunda lo contrario es un antipatriota”, al “España irá bien y estaremos tocando con las manos la recuperación económica a final del 2009”. Hemos pasado de prometer el “pleno empleo “ al “ se creará bastante empleo en el primer trimestre del 2009” y al “jamás dije que se crearía empleo”. Como se ve el Sr. Zapatero se lanza a los augurios y pronósticos, siendo plenamente consciente de no tener ni la mínima idea de lo que va a pasar. Eso sí, el mensaje debe ser “siempre positivo”. ¿Recuerdan a aquél entrenador de futbol?
El Sr. Zapatero dice que anda “obsesionado” con los parados. No me extraña, porque van a ser su pesadilla. Ya estamos en tres millones y acabaremos el 2009 superando los cuatro millones. Seguro que su pesadilla será verse rodeado por millones de manos a la puerta de su dormitorio en la Moncloa e intentando “tocarle” para ver si recuperan milagrosamente su puesto de trabajo y es verdad lo que dice de que estaremos tocando con las manos la recuperación.
Ahora que se ve perdido es cuando llama a la unidad, a la gran coalición de ciudadanos. No sé, pero creo que este mensaje desesperado llega demasiado tarde. No están los ciudadanos para coaliciones, sino para manifestaciones de su descontento y de su pérdida de confianza en un gestor que no ha dudado en mentir para mantenerse en el poder. El “como sea” va a ser la frase que se use para reclamar lo que es un derecho constitucional, un puesto de trabajo, un sueldo digno y un futuro.
La precipitación en las medidas correctoras, la opacidad en las adjudicaciones y el total descontrol de los multimillonarios fondos que han vaciado las arcas del Banco de España, solo ha servido para que los grandes bancos y Cajas salven su patrimonio y sus deudas y sigan manteniendo o incrementando sus ya cuantiosos beneficios. Mientras que los ciudadanos a los que se suponía debían ser los receptores de las ayudas, ven que las trabas para recibir esas ayudas son mayores y acaban en la ruina. Ahora el Sr. Zapatero amenaza con hacer un seguimiento exhaustivo del destino de esos fondos. ¡A buenas horas!Quizás debería imponer interventores en cada sucursal bancaria a modo de comisarios políticos vigilantes del cumplimiento.
No solo se ha malgastado inútilmente sino que el endeudamiento va a alcanzar límites de auténtica bancarrota, de la que tardaremos lustros en salir. Su obsesión en mantener una mentira y permanecer pasivo cuando debió actuar, nos va a salir demasiado caro a los ciudadanos. España no se puede permitir gestores tan incompetentes por más tiempo. Es la hora del cambio o no saldremos de esta con quien solo usa una bola de cristal negra.
Tanto Hamas como los que dentro y fuera de Gaza dan cobertura y legitimizan sus atrocidades usan a la población árabe palestina como carne de cañón.
EDITORIAL Libertad Digital 28 Diciembre 2008
Desde la retirada de Israel de la franja de Gaza hace más de tres años, esta zona y su población no han dejado de ser utilizadas por Hamas, un grupo terrorista financiado y apoyado por el Gobierno de Irán, para realizar ataques indiscriminados contra Israel. Entre las agresiones más crueles cabe citar las de septiembre de 2007, cuando los islamistas lanzaron proyectiles sobre escuelas judías minutos antes de que se abrieran las aulas, provocando un estado de pánico y terror que será difícil de borrar de la memoria de miles de niños israelíes.
En los últimos años, la respuesta de Israel a estos actos de guerra ha sido especialmente cauta y mesurada. Salvo contadas excepciones, ante las que el Gobierno y la Justicia de ese país han actuado con rigor, no podemos hablar de extralimitación ni de abusos, sino más bien de un cuidado exquisito a la hora de elegir los objetivos de los ataques. Por otra parte, y fiel a los compromisos adquiridos con las autoridades palestinas, el Estado hebreo ha renunciado a la reocupación de los territorios que antes estaban bajo su control con el objetivo de facilitar el pleno autogobierno de los árabes. Sin embargo, no parece que esa política de buena fe y mano tendida haya producido los resultados apetecidos.
La ruptura del alto el fuego por parte de Hamas, coincidente con un mal momento para Irán, cada vez más abrumado por las sanciones económicas y el hundimiento del precio del petróleo, ha provocado una contundente represalia israelí. Cientos de muertos, entre ellos numerosos miembros y varios jefes políticos y militares de Hamas, y la destrucción de varias instalaciones usadas por los terroristas es el saldo inicial de una operación defensiva que en palabras de Ehud Barak, ministro de Defensa de Israel, se extenderá cuanto sea necesario para garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Esta vez el objetivo no es interrumpir el lanzamiento de misiles y morteros contra Israel, sino impedir que estos hechos se repitan en el futuro, un fin lógico y justificado. Rota de forma definitiva la confianza que las autoridades israelíes habían depositado en Hamas, la única opción es acabar de una vez por todas con sus actividades terroristas.
Es muy difícil que los bombardeos no acaben con la vida de personas inocentes, cuyas muertes deben ser lamentadas y sus familias consoladas y auxiliadas. No obstante, el dolor y la conmiseración por estas pérdidas no deben hacernos olvidar el origen de la tragedia: tanto Hamas como los que dentro y fuera de Gaza dan cobertura y legitimizan sus atrocidades usan a la población árabe palestina como carne de cañón. Así, las manifestaciones de los terroristas, que se jactan de ser "más fuertes que nunca" y de que "no cederemos" ni "ondearemos la bandera blanca" demuestran el nulo respeto que este grupo de asesinos siente hacia las vidas de quienes dice representar. Cualquier muestra de comprensión hacia ellos no sólo es equivocada, sino que daña las posibilidades de paz y libertad en la zona.
Así las cosas, poco podrán hacer Israel y la comunidad internacional, cuya pasividad raya con frecuencia la desvergüenza, mientras la población árabe palestina no reaccione contra sus verdaderos enemigos, esos fabricantes de miseria y destrucción por doquier en nombre de Alá, y que más parece sirvieran a su contrario. Israel ha ejercido el derecho a la defensa contra sus agresores, que son los mismos de los millones de árabes carentes de los medios y /o la voluntad necesarios para hacerlo también. Un nudo gordiano que sólo ellos pueden desatar.
EL PAÍS desvela su ruta hasta Siria y los contactos secretos del 'camino de la muerte'
El País 28 Diciembre 2008
España se ha convertido en uno de los principales viveros europeos de Al Qaeda y sus grupos asociados donde captar yihadistas y suicidas para Irak. Desde la invasión norteamericana en 2003 más de un centenar de jóvenes, en su mayoría inmigrantes magrebíes, han sido formados por células locales que financian sus viajes con el zakat, la limosna obtenida en algunas mezquitas, según señalan informes de inteligencia.
Los sin vicio de Occidente, una de las células más activas en el envío de muyahidines a Irak, actuaban en Cataluña y aleccionaron al menos a nueve aspirantes a suicida. Uno de ellos asesinó a 28 personas en Nasiriya. EL PAÍS reconstruye con documentos y testimonios inéditos la historia de los que viajaron, su ruta y contactos secretos en Siria, la primera parada en un siniestro trayecto hacia la muerte. El Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), vinculado a los ataques del 11-M, tejió en Damasco una extensa red de apoyo para los aspirantes "españoles" que viajaban de "boda" (suicidio) a Irak: hoteles, residencias, centros de estudio y contactos para atravesar la frontera y unirse a las células de Abu Musab Al Zarqaui, uno de los dirigentes de la insurgencia. Los yihadistas frustrados regresaron a España y se convirtieron en referente para los nuevos aspirantes de ésta y otras células en Cataluña y Madrid.
La Audiencia Nacional amplió la pasada semana el procesamiento contra Mohamed Rabet, presunto dirigente de Los sin vicio de Occidente, y le hace responsable de las muertes provocadas por uno de sus discípulos en Irak. "Es imposible saber el daño que han causado, pero hablamos de muchos muertos", asegura un agente de la lucha antiterrorista.
El dirigente de esta red del GICM, carnicero en la localidad de Vilanova i la Geltrú, y algunos de los frustrados suicidas serán juzgados en la primera vista que se celebrará en España contra las células que nutren de muyahidines a la insurgencia iraquí.
UNA HISTORICA SENTENCIA QUE OBLIGA A CATALUÑA A CAMBIAR DE RUMBO
Editorial El Mundo 28 Diciembre 2008
La Generalitat de Cataluña deberá ofrecer a los padres el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano, según una histórica sentencia del Tribunal Supremo.
El fallo, que desestima un recurso de la Generalitat contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, exige a las autoridades que los centros escolares incluyan a partir de ahora en los impresos oficiales de preinscripción la pregunta expresa sobre cuál es «la lengua habitual» de sus hijos en la que deben ser escolarizados.
La Generalitat de Cataluña se había negado a que los padres pudieran elegir el castellano como lengua vehicular, a pesar de que había al menos tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instaban a garantizar ese derecho.
El fallo del Supremo recuerda que la ley de Política Lingüística, aprobada por el Parlamento de Cataluña en 1998, establece en su artículo 21.2 que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza (hasta los ocho años) en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano».
A pesar de la claridad y la concreción de este mandato legal, la Generalitat ha negado hasta la fecha a los padres el derecho de educar a sus hijos en castellano con una serie de pretextos y argumentos que han convertido la ley en papel mojado. En su fallo, el Supremo subraya que la Generalitat tiene no solamente la obligación de ofrecer esos formularios para que los padres elijan sino que además debe velar «para que los derechos que contempla la ley no sean meramente teóricos o ilusorios sino reales y efectivos». Dicho con otras palabras, la Generalitat tiene que garantizar que ese derecho a elegir se pueda materializar y no se limite a una mera posibilidad abstracta.
Para despejar cualquier duda, la sentencia del Supremo dice que «los poderes públicos tienen el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales, removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud». La Generalitat ha hecho todo lo contrario; ha sembrado de obstáculos el cumplimiento de ese derecho que la ley reconoce. Y para ello se ha refugiado en el pretexto que es a ella y sólo a ella a quien le corresponde regular el ejercicio de ese derecho a elegir idioma en la enseñanza.
Los nacionalistas nunca han disimulado su abierta y frontal negativa a cumplir con lo que la ley establece. Hay en las hemerotecas decenas de frases de Carod-Rovira, Bargallo, Puigcercos y otros dirigentes de ERC, defendiendo la obligatoriedad de la enseñanza vehicular en catalán. Pero esta posición es también compartida por amplios sectores del PSC y CiU. Sin ir más lejos, en un foro de EL MUNDO, en febrero de 2006, Artur Mas llegó a decir que su partido jamás permitiría que en los colegios públicos catalanes se enseñara en español. «Que se monte un colegio privado en castellano quien lo quiera pagar, como se montó en japonés», apostilló.
Artur Mas y otros nacionalistas han utilizado el argumento de que permitir que los niños estudiaran en castellano sería contribuir a su exclusión social, un sofisma que no resiste el mínimo análisis ya que hay comunidades como Valencia y el País Vasco donde los padres pueden elegir.
Esta era precisamente la reivindicación del nacionalismo catalán, que hace 30 años pedía la equiparación con el castellano. Ahora ha pasado a perseguirlo y a multar a quien lo utiliza.
La Generalitat se apresuró anoche a anunciar que incluirá la pregunta en el formulario, pero que no cambiará para nada el modelo educativo. Ello supone una meridiana intención de desobedecer el espíritu de este fallo del Supremo. Si la Generalitat se sigue negando a ofrecer la escolarización en castellano, el Alto Tribunal tendrá que volver a pronunciarse y hacerlo para que se aplique la ley y se respeten los derechos de todos los ciudadanos.
El Supremo obliga a la Generalitat a ofrecer la primera enseñanza en castellano
IVA ANGUERA DE SOJO | BARCELONA ABC 28 Diciembre 2008
El Tribunal Supremo dio ayer un duro varapalo a la política lingüística de la Generalitat al avalar la setencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga al Gobierno catalán a permitir que los alumnos puedan elegir idioma de escolarización en la primera enseñanza.
El TSJC falló en 2004 a favor de una demanda de Convivencia Cívica Catalana (CCC) en la que esta entidad -entonces presidida por el dirigente del PP Alejo Vidal-Quadras- denunciaba que los formularios de inscripción en los colegios públicos catalanes de educación Infantil y Primaria no incluyen una casilla para especificar la lengua materna del niño. Algo que en la práctica dificulta que los padres puedan exigir la escolarización en la lengua materna cuando ésta es el castellano, tal y como viene denunciando desde entonces Convivencia Cívica.
El alto tribunal catalán consideró que la Generalitat debía «adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros escolares sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual», ya fuera ésta catalán o castellano.
Sin embargo, la Generalitat restó ayer importancia a la resolución, que tachó de revés meramente «técnico» y aseguró que no recurrirá el fallo. El Gobierno catalán argumentó que ya ha solventado esta cuestión desde que en 2005 se modificó el formulario de preinscripción escolar. Desde entonces, los impresos recogen el derecho de los padres a solicitar la primera enseñanza en castellano, pero lo hacen en una nota al margen que, según CCC, no cumple la resolución del TSJC.
Práctica habitual del tripartito
De hecho, el Gobierno catalán tiene tres resoluciones judiciales pendientes de cumplimiento: la que obliga a cumplir la tercera hora del castellano, la que prohibe el uso exclusivo del catalán en las actividades de acogida matinal en las escuelas públicas y la referente a la preinscripción, ahora ratificada por el Supremo.
El TS no entra, en su sentencia, a valorar la política lingüística de la Generalitat, pero sí da la razón al TSJC respecto a que el derecho legalmente reconocido de elección de idioma no debe ser meramente teórico o ilusorio, sino «real y efectivo». El pasado mayo, en pleno proceso de preinscripción escolar, el TSJC volvió a instar a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat a que incluyera en los formularios de preinscripción una casilla para que los padres puedan especificar en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos.
Tras conocerse la sentencia, el secretario general del Partido Popular catalán, Jordi Cornet, exigió a la Generalitat que «cumpla la ley y permita la escolarización de los alumnos en su lengua habitual». Por su parte, Ciudadanos (C´s) calificó de «histórica» la decisión del alto Tribunal.
Según Cornet, en esta sentencia «se pone en evidencia que la Generalitat incumple la Ley de Política Lingüística» al no permitir que los padres escolaricen a sus hijos en su lengua de uso habitual y «la obliga a dar cumplimiento a esta ley, como ya hizo el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) en 2004». El responsable popular criticó también la hipocresía del ejecutivo autonómico cuando pide el cumplimiento de leyes como el Estatuto, que tiene diversos recursos pendientes en el Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, «incumple reiteradamente una ley aprobada por el mismo Parlamento» catalán.
«Una administración seria no puede permitirse decidir qué leyes cumple y cuales no, debe ser la primera en cumplirlas rigurosamente y dar ejemplo a los ciudadanos», añadió. Cornet aseguró además que la sentencia confirma las tesis defendidas por el PP, que «desde hace mucho tiempo viene denunciando que el Gobierno autonómico vulnera, año tras año, los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes» de Infantil y Primaria, al no permitir que se escolaricen en su lengua materna.
El presidente de C´s, Albert Rivera, calificó de «histórica» la sentencia del TS que obliga a la Generalitat a incluir la casilla lingüística en las preinscripciones escolares porque «consolida la doctrina de libertad lingüística en la educación española en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales».
La batalla de la tercera hora
Convivencia Cívica mantiene abierta otra batalla jurídica con la Generalitat, en este caso por el incumplimiento del Decreto de la tercera hora de castellano en la Enseñanza Primaria, que el tripartito ha recurrido y los colegios catalanes están incumpliendo de momento.
El propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña constató en su resolución del pasado julio que 1.427 colegios de esta comunidad, de los 2.265 centros públicos y concertados, no cumplen con los mínimos fijados por el Decreto estatal en los dos primeros años de primaria. Los informes lingüísticos de estos centros demuestran que la tónica es impartir únicamente 140 horas de Lengua Castellana.
La Generalitat presentó en 2007 un recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial. Mientras, el tripartito ha acelerado la tramitación de la ley catalana de educación -actualmente en debate parlamentario- para que el decreto estatal quede superado por la normativa autonómica y no tener que cumplir la tercera hora.
La Generalitat planea un cambio urgente de la Ley de Educación para no aplicar el bilingüismo en las escuelas
A. Fernández El Confidencial 28 Diciembre 2008
El Tribunal Supremo ha puesto contra las cuerdas a la Generalitat catalana al obligarla a que en los folletos de preinscripción escolar de infantil y primaria incluya una casilla que permita a los padres escoger el idioma en que quieren que sean escolarizados sus hijos. Esta sentencia confirma otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 14 de septiembre del 2004, dictada después de un pleito iniciado por Convivencia Cívica Catalana para poder escoger la lengua en los primeros cursos de la educación.
El Supremo dice que el procedimiento que emplea el Gobierno autonómico incumple el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística de 1999 -de la propia Generalitat- “por omitir en el modelo de preinscripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños”. Como consecuencia de ello, todos pasan a estudiar en catalán y sólo dan dos horas de clase en castellano. Si se incluyeran las preguntas que dice la ley, los padres o tutores podrían escoger el idioma oficial en el que su hijo recibiría las clases, fuese castellano o catalán. El Ministerio de Educación quiso obligar ya el curso pasado a impartir, como mínimo, tres horas en castellano, pero la Generalitat tampoco ha aplicado esta normativa.
“La sentencia del Supremo es magnífica, muy importante”, declaró José Domingo a El Confidencial. Domingo fue el iniciador del expediente que ahora ha culminado con la sentencia del Supremo. Cuando interpuso la primera demanda, el 15 de febrero del 2000, era secretario de Convivencia Cívica, organización de la que se desligó posteriormente. Hoy, es diputado de Ciutadans en el Parlamento autonómico.
El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, también calificó ayer la sentencia del alto tribunal de “histórica, porque consolida la doctrina de la libertad lingüística en la educación española en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales”. Rivera recordó que su partido “ha exigido, reiteradamente, al presidente de la Generalitat de Cataluña que cumpla la ley, incluyendo la casilla para elegir la lengua oficial vehicular en la enseñanza en las escuelas de Cataluña”. El Gobierno autonómico siempre ha hecho caso omiso de esta petición, por lo que el líder de Ciutadans critica que la Generalitat “no cumple ni sus propias leyes”. La consejería de Educación, que pilota Ernest Maragall, siempre se ha negado a aplicar las sentencias del TSJC aduciendo que no son todavía firmes.
Acaba con la discriminación
Para José Domingo, el Tribunal Supremo acaba de marcar un hito histórico al acabar “con la inmersión lingüística” y con la discriminación de los castellanohablantes. En este sentido, Rivera felicitó ayer "el trabajo de las asociaciones cívicas de toda España, y en especial las que actúan en comunidades autónomas donde se violan los derechos lingüísticos de los ciudadanos".
Otra cosa será su aplicación práctica. “Me temo que desde la consejería de Educación sabían ya que se iba a dictar algo en este sentido, porque las últimas semanas se han dado muchas prisas para aprobar la nueva Ley de Educación de Cataluña, que pretende eliminar el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística vigente ahora. Y quieren llevar adelante la reforma por procedimiento urgente”, afirma Domingo. En el nuevo redactado, se prevé que un alumno, si tiene menos de 8 años y llega a Cataluña, sólo pueda ser escolarizado un curso en castellano. Luego, habrá de ser escolarizado obligatoriamente en catalán sin opción al bilingüismo.
El tiempo juega en contra de la Generalitat. La intención de Maragall es tener aprobada la ley de educación en un corto plazo de tiempo. Si no hay ninguna traba, las preinscripciones que comenzarán en marzo ya no han de tener en cuenta el idioma materno del niño, puesto que no habrá obligación de introducir en las hojas que reparte la Administración las preguntas sobre la lengua en que se desea la escolarización. De momento, la Generalitat cuenta con el respaldo de Convergència i Unió (CiU) y la oposición de Partido Popular y Ciutadans. Una fuente de CiU afirma que la federación nacionalista apoyará el texto “porque se han recogido muchas de nuestras principales tesis”.
Pero el problema del tripartito que preside José Montilla está en su interior: uno de los socios del gobierno, ICV, está en contra de la ley, ya que la considera poco intervencionista y demasiado liberal, al dejar manga ancha a las escuelas concertadas, que son la gran mayoría. Los propios dirigentes de ICV se han puesto al frente de las manifestaciones de protesta contra la nueva ley, lo qu ha creado un enorme malestar dentro del Ejecutivo catalán. Algunos dirigentes de ERC también han acudido a las manifestaciones, anque los republicanos afirman que sólo han asistido como “observadores”, para conocer de primera mano las reivindicaciones que se hacen en ellas.
El TS confirma el derecho a optar sobre la lengua en la enseñanza en Cataluña
La Razón 28 Diciembre 2008
BARCELONA- La inmersión lingüística de la Generalitat, que establece una educación casi en su totalidad en catalán en la Comunidad, sufrió ayer un duro golpe. El Tribunal Supremo (TS) confirmó la sentencia dictada en 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la que obligó a la Consejería de Educación del Gobierno catalán a consultar la lengua habitual de las familias o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria, según la Ley de Política Lingüística aprobada en 1999.
Dicha ley, que fue aprobada por CiU, y el incumplimiento de este apartado, tuvieron su continuidad con la llegada del tripartito de PSC, ERC e ICV, lo que en la práctica significa suprimir la educación en castellano en Cataluña, excepto las materias de dicha lengua.
La sentencia del Alto Tribunal considera que el procedimiento que emplea la Generalitat en el inicio de cada curso «incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de preinscripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños». Teóricamente, el citado artículo establece que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea catalán o castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique».
Esta opción, la de la posibilidad de escoger la lengua para la educación de los niños, existió hasta el curso 1998-99, pero el último Gobierno de CiU la eliminó y en las dos legislaturas del tripartito no se ha movido ni un dedo para modificar la situación.
En su recurso ante el TS, la Generalitat proclamó que «hacer efectivo el derecho del artículo 21.2 formaba parte de la discrecionalidad reservada a la Administración». Ahora, el Alto Tribunal rechaza los argumentos del Gobierno catalán y respalda la sentencia del TSJC, al estimar «más conforme con el ordenamiento» la incorporación en el impreso de preinscripción de «los medios necesarios (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción)» para hacer efectivo «el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual y facilitar su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución».
De esta manera, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso–Administrativo del TSJC estimó parcialmente un recurso presentado en el año 2000 por Convivencia Cívica Catalana (CCC) –en ese momento presidida por Aleix Vidal-Quadras– , que consideraba «discriminatorio» hacia los castellanohablantes de Cataluña «no preguntar su lengua de uso con el fin de tenerla en cuenta en la enseñanza Infantil y Primaria».
«Adoptar medidas»
En su sentencia de 2004, el TSJC aseguró que la Generalitat debía «adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros escolares públicos por su lengua habitual». Contra esto, el Govern recurrió al TS al considerar que CCC no había pedido la anulación de la citada resolución de su departamento de Educación.
La Generalitat estimó, además, que dicha entidad «carecía de legimitación para presentar el recurso», ya que sólo la tenían las personas destinatarias de esta prestación», hecho que fue desestimado por el TS.
Más bien al contrario, el Supremo apoya la tesis del TSJC respecto a que el derecho legalmente reconocido «no debe ser meramente teórico o ilusorio, sino real y efectivo», y además recordó que el mismo TSJC anuló la resolución porque es en la que se sustenta el impreso oficial de preinscripción y matriculación y las normas para ello.
El Supremo también rechazó los argumentos de «falta de concreción en la sentencia del TSJC» esgrimidos por la Generalitat y señaló que «se refiere al principio que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud».
Falta ahora la reacción del Gobierno catalán. En los últimos nueve años, la Consejería de Educación ha estado en manos de CiU, ERC y PSC, y ninguno de estos partidos se ha alejado de la inmersión lingüística.
EL PAÍS - , Barcelona 28 Diciembre 2008
El PP EXIGE QUE SE CUMPLA LA LEY
El Supremo obliga a la Generalitat a ofrecer la opción del español
Elsemanaldigital.com 28 Diciembre 2008
La política lingúistica de la Generalitat sufrió un duro revés al ver que el Tribunal Supremo desestimó sus recursos.
La sentencia del Tribunal Supremo considera que el procedimiento que emplea la Generalitat de Cataluña en cada curso escolar "incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, de 1999, por omitir en el modelo de prescripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños".
La casilla eliminada
En su recurso ante el Tribunal Supremo, la Generalitat defendía entre otras cosas, que la determinación de los medios a través de los cuales ha de hacer efectivo aquel derecho proclamado en el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración.
No obstante, el Tribunal Supremo rechaza en su resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, todos los argumentos esgrimidos por la Generalitat.
Asimismo respalda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al estimar "más conforme con el ordenamiento" la incorporación en el impreso de preinscripción de "los medios necesarios (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción)" para hacer efectivo "el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual –ya sea ésta el catalán o el castellano–" .
Se pretende "facilitar su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución".
Por su parte la Generalitat anunció que incluirá la pregunta en el formulario, pero que no cambiará para nada el modelo educativo. Ante esta declaración de intenciones, el secretario general del PP en Cataluña, Jordi Cornet, exigió al tripartito que cumpla la ley. Para diversas asociaciones cívicas de padres de familia, según testimonios recogidos por El Semanal Digital, la inmersión lingúística de la Generalitat, que establece una educación casi en su totalidad en catalán en la Comunidad, sufrió un duro golpe.
El Supremo obliga a la Generalitat a ofrecer la opción de estudiar en español
Ordena preguntar a los padres por la «lengua habitual» que utilizan los niños para que su derecho a recibir la primera enseñanza en ese mismo idioma «no sea ilusorio sino real»
MARIA PERAL – EL MUNDO 28 Diciembre 2008
MADRID.- La Generalitat de Cataluña deberá incluir en los impresos oficiales de preinscripción en centros escolares una pregunta expresa sobre cuál es la lengua habitual del alumno, con el fin de hacer efectivo su derecho a recibir la primera enseñanza en esa lengua, ya sea el castellano o el catalán. Así lo ordena el Tribunal Supremo en una sentencia que reprocha a la Administración catalana «la omisión de las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños».
Con esta medida, el Supremo viene a obligar al Gobierno catalán a ofrecer a los escolares la opción de cursar la enseñanza primaria en castellano, ofrecimiento que ha eludido hasta ahora. La Ley de Política Lingüística de Cataluña establece el derecho a cursar la enseñanza primaria en la lengua habitual del alumno, por lo que el deber de la Generalitat de preguntar por la lengua habitual de cada alumno tiene una única finalidad legal: garantizarle que podrá cursar en ella sus estudios primarios.
El Alto Tribunal ratifica de esta forma una resolución dictada en septiembre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó un recurso interpuesto por la asociación Convivencia Cívica Catalana.
La Ley 1/1998, de Política Lingüística de Cataluña, establece en su artículo 21.2 que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano». Y añade: « La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique».
Pese a esa garantía legal, las normas de prescripción y matriculación de alumnos en centros docentes dictadas un año tras otro por la Generalitat omiten la inclusión de una pregunta clara y expresa dirigida a conocer cuál es la lengua habitual del alumno.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya se hizo eco de este problema en una temprana sentencia dictada en 1998, en la que consideró «reprochable que la Administración educativa de la Generalitat no facilite la labor de los padres en la elección de la lengua en la que desean que sus hijos inicien sus estudios por la confusa redacción de los impresos destinados a tal fin».
En 2000, la asociación Convivencia Cívica Catalana se dirigió al Departamento de Educación de la Generalitat instando a que en los modelos oficiales de preinscripción se preguntase a los padres o tutores de los niños cuál era su lengua habitual.
La petición fue inadmitida, por lo que Convivencia Cívica Catalana recurrió ante el Tribunal Superior, que dio la razón a la asociación en una sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004 y ratificada ahora por el Tribunal Supremo.
El Tribunal catalán indicó que «la incorporación en el impreso de prescripción del derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano, coadyuvará a la mayor efectividad del derecho, legalmente contemplado, y al más eficaz cumplimiento de la obligación de la Administración de garantizar este derecho, aumentando razonablemente (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción) los medios necesarios para hacerlo efectivo y facilitando su ejercicio por padres y tutores».
El Tribunal Superior de Cataluña declaró la obligación de la Generalitat de «adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación».
De tres a ocho años
También determinó que el concepto «primera enseñanza» utilizado en la Ley de Política Lingüística de Cataluña debe estar referido a la educación infantil y al primer ciclo de educación primaria. De esta forma, la obligación de la Generalitat de preguntar expresamente por la lengua habitual deberá hacerse a los escolares de tres a ocho años de edad antes de su matriculación.
En una sentencia fechada el pasado 8 de diciembre y conocida ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso promovido por la Generalitat contra el fallo del Tribunal Superior de Cataluña, que queda confirmado.
El Alto Tribunal recuerda que las leyes no consagran derechos «meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos», y ratifica que las resoluciones del Departamento catalán de Educación «que establecen para cada curso escolar los periodos de preinscripción y matriculación incumplen la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir ellas y el modelo oficial de preinscripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños».
Artículo 21.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística: «Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique».
Nueve años en pleito contra el 'Govern'
MADRID.- Hace casi nueve años que comenzó el contencioso al que ahora ha puesto punto final el Tribunal Supremo, declarando la obligación de la Generalitat de preguntar por su lengua habitual a los escolares de tres a ocho años de edad antes de su matriculación, con el fin de que puedan recibir la enseñanza primaria en esa lengua.
El 15 de febrero de 2000, el director general de centros docentes de Cataluña dictó una resolución por la que se aprobaron las «normas de preinscripción y matriculación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de régimen general para el curso 2000-2001».
El 14 de marzo de 2000, Aleix Vidal-Quadras, presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana, presentó un recurso de alzada contra esa resolución e instó al director general a que «proceda a dar cumplimiento efectivo al artículo 21.2 de la Ley 1/1998, de Política Lingüística y, a estos efectos, adopte las medidas necesarias para que en el modelo oficial se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos para el curso 1999-2000 en centros sostenidos con fondos públicos, antes del inicio de la matriculación (entre los días 6 y 12 de mayo para el segundo ciclo de educación infantil y educación primaria, y 5 y 9 de junio para el primer ciclo de educación infantil), su lengua habitual, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquélla la primera enseñanza».
El 29 de mayo de 2000, la consejera de Educación de la Generalitat rechazó el recurso de Convivencia Cívica Catalana por una supuesta falta de legitimación.
La asociación interpuso entonces un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le dio la razón en una sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004.
En 2005, la Generalitat recurrió en casación ante el Supremo. La sentencia del Alto Tribunal, dictada el pasado 12 de diciembre, rechaza la impugnación y confirma el fallo del Tribunal catalán.
«Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho». Lo dice la ley catalana de Política Lingüística, pero, en la práctica, nadie ha podido ejercer este derecho, porque en los impresos de preinscripción, aunque se pregunta la lengua habitual del niño, no se da la opción de solicitar la enseñanza en castellano.
PROHIBIDO ESTUDIAR EN ESPAÑOL / La ley incumplida
Jueces, PP y PSOE han tratado sin éxito que se enseñe más español
Un decreto de los 'populares' para pasar de dos a cinco horas semanales de castellano nunca llegó a aplicarse, y tampoco prosperó la tercera hora
LEONOR MAYOR El Mundo 28 Diciembre 2008
BARCELONA.- «Me cogió uno de mis ataques de rabia cuando lanzó una afirmación como ésta: 'Tenemos que expandir el catalán sin perjudicar el castellano'. Entendía que en la escuela, cuando los alumnos llegaban a tres, cuatro o cinco años, se los tenía que dividir en dos grupos: los de habla castellana y los de habla catalana. Esto nos separó completamente y se acabó la relación».
Este episodio de las recientes memorias del pedagogo Joan Triadú es más que ilustrativo de las tensiones que se vivieron en la Cataluña de los años 80, cuando se diseñó el nuevo modelo escolar. Había acuerdo en que era necesario potenciar el catalán, un idioma que vivió subyugado al castellano durante los 40 años de dictadura franquista. Pero no estaba claro cuál debía ser el modelo. Expertos como Rosa Sensat -a la que alude Triadú en la cita anterior- eran partidarios de crear dos líneas de estudio, en catalán y castellano, tal y como se hizo en el País Vasco.
Triadú y sus seguidores se inclinaban por un modelo importado del Quebec, consistente en convertir el catalán en «lengua vehicular» de la enseñanza, lo que significa que todas las asignaturas y actividades escolares se imparten en este idioma y que los estudiantes cursan dos horas semanales de clase de castellano. Este sistema, que prohibía la separación de los alumnos por lenguas, es el que finalmente fue escogido por el gobierno de Jordi Pujol.
Con esa filosofía se diseño la primera Ley de Política Lingüística en 1983 que, sin embargo, contaba con un punto flaco para los intereses del nacionalismo: obligaba a «garantizar» la primera enseñanza, hasta los ocho años de edad, en la lengua habitual del niño, ya fuese ésta el catalán o el castellano. La Generalitat de Pujol encontró, no obstante, la manera de eludir este incómodo precepto al eliminar las casillas para elegir el idioma de los impresos de preinscripción escolar.
Durante los últimos 20 años, el Tribunal de Justicia de Cataluña ha dictado varias sentencias invitando a la Administración a incluir estas casillas, pero los sucesivos gobiernos de Pujol primero y de Maragall y Montilla después han hecho caso omiso de la recomendación judicial.
También los gobiernos centrales han intentado poner orden en el asunto, pero sin éxito. En marzo de 2003, Aznar presentó un proyecto de reglamento para desarrollar la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza , que obligaba a los colegios catalanes a pasar de dos a cinco horas semanales de clase de castellano. Esta reforma causó gran polémica en Cataluña, pero nunca llegó a ponerse en práctica, porque el PP perdió las elecciones de 2004.
Pero el PSOE insistió y, en la línea del PP, aunque con menos ambición, presentó en 2006 su propio decreto escolar en el que obligaba a introducir una tercera hora semanal de clase de castellano en las aulas de Primaria de las escuelas catalanas. El PSC, con el consejero de Educación, Ernest Maragall, a la cabeza, no vio con malos ojos esta iniciativa, pero sus socios gubernamentales de Esquerra montaron en cólera: la tercera hora sólo se impartirá por encima de nuestro cadáver, vinieron a decir los independentistas.
Maragall buscó alternativas para tratar de contentar a los de Esquerra y, al tiempo, aumentar algo la enseñanza del español, consciente de que «algunos niños de la Cataluña central tienen problemas para expresarse en castellano». Barajó la opción de que las clases de matemáticas se impartiesen en este idioma, pero los republicanos no dieron su brazo a torcer. De momento, la tercera hora de castellano no se imparte en los colegios de Cataluña a la espera de ver qué dicen los tribunales, que están estudiando el asunto.
Ahora, Maragall prepara una nueva Ley de Educación, que cambiará radicalmente el panorama vivido en los últimos 20 años, ya que eliminará la obligación -nunca cumplida- de enseñar en español hasta los ocho años y determinará hasta el detalle, amparándose en el nuevo Estatuto, las competencias de la Generalitat en materia de educación para evitar nuevas injerencias del Gobierno central, cualquiera que sea su color, en el asunto.
PROHIBIDO ESTUDIAR EN ESPAÑOL / Las reacciones
La Generalitat dice que la sentencia «no tendrá trascendencia ni afectará al modelo educativo»
«Como mucho, pondremos una casilla más en las hojas de preinscripción de las escuelas»
BARCELONA.- A los socialistas catalanes les resulta muy incómodo que los tribunales les recuerden cada año que incumplen la ley al no poner una casilla en los impresos de preinscripción escolar que permita a los padres elegir el castellano como lengua principal para la educación de sus hijos menores de ocho años de edad.
Anualmente, cuando los impresos se ponen en circulación, Convivencia Cívica Catalana los recurre. Y, anualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta sentencia dando la razón a esta entidad, presidida por Francisco Caja. En esta ocasión, ha sido el Tribunal Supremo quien ha avalado las reivindicaciones de Convivencia Cívica, pero en el PSC han hecho lo de siempre: dar la callada por respuesta.
Los socialistas evitan así entrar al trapo en una herida que escuece mucho a una gran parte de sus votantes, partidarios de que sus hijos reciban educación en castellano. Sus socios de Esquerra, a quien el fallo no ha gustado, suelen ser más beligerantes en este asunto, pero ayer también optaron por el silencia a la espera de conocer con mayor profundidad el contenido del fallo del Tribunal Supremo, según explicaron fuentes de la formación independentista a este diario.
Este pacto de silencio fue roto por el secretario de política lingüística de la Generalitat , Bernat Joan, vinculado a Esquerra, quien restó importancia a la sentencia en declaraciones a Avui.cat. Joan aseguró que el fallo «no tendrá trascendencia y, por tanto, no afectará al modelo» educativo catalán, es decir, al sistema de inmersión lingüística, por el que todas las asignaturas se imparten en catalán excepto las dos horas semanales de castellano y las que se dedican a la enseñanza de lenguas extranjeras.
Bernat Joan aseguró que «como mucho, pondremos una casilla más en las hojas de preinscripción de las escuelas», pero dejó claro que eso no afectará al modelo de inmersión. En su opinión, el recurso presentado por Convivencia Cívica Catalana no es más que un intento «de hundir el modelo educativo» catalán. «Utilizan todas las armas posibles contra el catalán. La verdadera intención de la denuncia no es defender los derechos de los niños, sino pervertir el principio básico de la educación, que es que las necesidades básicas para un niño que no hable catalán quizá sean más elevadas que las de un catalanohablante en las fases educativas iniciales del aula», añadió.
Muy distintas fueron las reacciones del PP catalán y de Ciutadans, que sí optaron por hacer declaraciones nada más conocerse el fallo del Tribunal Supremo. El secretario general de los populares catalanes, Jordi Cornet, denunció en un comunicado de prensa la «hipocresía» de la Generalitat al «exigir el cumplimiento de leyes como el Estatut, recurrida ante el Tribunal Constitucional, y al mismo tiempo, incumplir reiteradamente una ley aprobada por el propio Parlament». A su juicio, «una Administración seria no puede permitirse decidir qué leyes cumple y cuáles no, pues debe ser la primera en cumplirlas rigurosamente y dar ejemplo a los ciudadanos».
Cornet, que exigió a la Generalitat que cumpla lo previsto en el fallo del Supremo y permita la escolarización de los alumnos en su lengua habitual, se mostró satisfecho con la sentencia y aseguró que su contenido «confirma las tesis defendidas por el PP de Cataluña, que desde hace muchos años viene denunciando que el Gobierno de la Generalitat vulnera, año tras año, los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes de Infantil y Primaria, al no permitir que sean escolarizados en su lengua materna».
Para el líder de Ciutadans, Albert Rivera, la sentencia conocida ayer es «histórica», porque «consolida la doctrina de la libertad lingüística en la educación española en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales». En un comunicado de prensa, Rivera exigió al Gobierno de José Montilla que «cumpla con la Constitución y las sentencias de los tribunales».
El presidente de Ciutadans recordó que su partido ha intentado «reiteradamente» que la Generalitat «cumpla la ley e incluya en las hojas de preinscripción escolar la casilla para elegir la lengua oficial vehicular de la enseñanza en las escuelas de Cataluña». Y añadió que «desde Ciutadans no se aceptará ninguna excusa para el incumplimiento de la ley». Por último, y tras felicitar a las asociaciones cívicas que «luchan contra la violación de los derechos lingüísticos», Rivera señalo como «responsable máximo de que se aplique el dictado del Supremo» a José Montilla.
EL PAÍS - Madrid / Barcelona / Santiago 28 Diciembre 2008
La oposición ve «sui generis» compensar a las comunidades con lengua propia
E. P. ABC Galicia 28 Diciembre 2008
SANTIAGO. El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, calificó de «sui generis» la propuesta de compensar a las comunidades autónomas con lengua propia y pidió que se tenga en cuenta en el reparto de fondos que el 15 por ciento de la población gallega es emigrante.
Apuntó, respecto a este planteamiento trasladado por el titular de la Xunta al jefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, en la reunión del pasado martes, que «más de la mitad de España» tiene idioma propio y valorar esta circunstancia supondría «beneficiar a las comunidades con más población», como Cataluña y Valencia.
Lo que debería proponer Emilio Pérez Touriño es, a su juicio, que se compute la población emigrante, además de la dispersión poblacional y el envejecimiento, en lugar de defender «ocurrencias que no dejan más que 20 millones de euros», en referencia a que la partida reservada a normalización lingüística en los Presupuestos de la Xunta asciende a esa cuantía.
«Si considera -Pérez Touriño- que la gran aportación al sistema de financiación es que se indemnice una partida de 20 millones es que no se da cuenta de la trascendencia de su papel para exigir un gran pacto de solidaridad» para el nuevo modelo de financiación autonómica, dijo.
Con respecto a las primeras impresiones manifestadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, satisfecha tras reunirse con Rodríguez Zapatero, y las de la línea general del PP, que amenazó con oponerse al nuevo modelo, el jefe de los populares gallegos indicó que «lo importante no es cómo empieza, sino cómo acaba».
Así, el candidato a la presidencia de la Xunta por el Partido Popular el próximo 1 de marzo indicó que no conoce a ningún presidente de Comunidad que «no saliese contento» de las reuniones con el jefe del Ejecutivo central sobre financiación autonómica y abogó por «relativizar las sensaciones iniciales» y fijarse en las «noticias definitivas».

References: resolución 
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 artículo 9
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Artículo 21
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