Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-091-14.htm
Timestamp: 2019-05-24 01:01:19+00:00

Document:
C-091-14
Sentencia C-091/14
EXTRADICION-Concepto de la Corte Suprema de Justicia
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Admisión no obliga a la Corte a proferir sentencia de fondo
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Impone al demandante una mayor carga argumentativa
CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Supuesto debe derivarse del contenido normativo demandado
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN DEMANDA POR OMISION LEGISLATIVA-Ineptitud sustantiva por incumplimiento de requisitos de suficiencia y especificidad
Referencia: Expediente D-9708
Pedro Nolasco Vallejo Reyes
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y el trámite establecidos en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, establecida en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Pedro Nolasco Vallejo Reyes demandó los artículos 501, 506 y 509 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Mediante Auto de nueve (9) de julio de 2013, el Magistrado Sustanciador rechazó la demanda respecto de los artículos 506 y 509 de la Ley 906 de 2004, por presentarse cosa juzgada constitucional.
En la misma providencia, inadmitió la demanda presentada en contra del artículo 501 de la ley en mención, por considerar que la acción no cumplía con los requisitos de pertinencia y suficiencia que exigen las acciones públicas de inconstitucionalidad, de acuerdo con el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia en esta materia.
El quince (15) de julio de 2013, dentro del término previsto para la corrección de la demanda, el actor radicó en la Secretaría General de esta Corporación escrito de subsanación y el correspondiente recurso de súplica.
Mediante Auto de treinta (30) de julio de 2013, el Magistrado Sustanciador decidió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para los efectos de su competencia. En la misma providencia, ordenó comunicar la iniciación del proceso al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso, con el propósito de impugnar o defender la exequibilidad de las disposiciones acusadas.
Además, invitó al Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal –ICDP-, al Instituto Colombiano de Criminología y Derecho Procesal –ICCDP- y a los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del Atlántico, Antioquia, Norte, Externado de Colombia, Andes, del Sinú y Libre, para que intervinieran dentro del proceso, con la finalidad de rendir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición demandada.
Posteriormente, al resolver el recurso de súplica elevado por el actor, la Sala Plena, decidió confirmar el numeral primero del Auto del nueve (9) de julio de 2013, por medio del cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra los artículos 506 y 509 de la Ley 906 de 2004.
A continuación se transcribe el texto del artículo 501 de la Ley 906 de 2004, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 45.657 de 31 de agosto de 2004.
“ARTÍCULO 501. CONCEPTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Vencido el término anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá su concepto.
El demandante estima que la disposición objeto de censura constitucional, contenida la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, contraviene lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política.
2.1. Según el actor, la disposición censurada al no establecer un término judicial dentro del cual la Corte Suprema de Justicia deba emitir el concepto previo y necesario para que el Gobierno Nacional profiera la resolución que concede o niega la extradición, vulnera el inciso segundo del artículo 29 superior, toda vez que genera una prolongación injustificada de la privación de la libertad.
Sostiene que el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 desconoce el derecho al debido proceso, concretamente la garantía que tiene toda persona a un proceso sin dilaciones injustificadas. En el caso sub examine, la circunstancia de no establecer un término para emitir el concepto implica, según el actor, un procedimiento dilatorio.
Manifiesta, además, que el artículo censurado le otorga al máximo órgano de la jurisdicción ordinaria la posibilidad de pronunciarse de manera indeterminada, transgrediendo así los derechos fundamentales de quienes se encuentran detenidos preventivamente a la espera de su extradición al país requirente.
Recuerda que la Corte Constitucional en sentencia C-425 de 2008[1] señaló que la detención preventiva tiene una duración precaria o temporal, por cuanto su finalidad no es sancionatoria ni está dirigida a resocializar, prevenir el delito ni ejemplarizar.
Finalmente, aduce que, aun cuando de lo establecido en el artículo 159 C.P.C., se infiere que el funcionario judicial debe señalar el término en el caso en que la ley no lo prevea, sin que dicho plazo exceda de los cinco días, la Corte Suprema de Justicia incumple dicha disposición, pues en la práctica tarda entre seis meses y un año en emitir su concepto, lo cual, bajo ningún entendido, es razonable.
Vencido el término de fijación en lista, y en cumplimiento de lo ordenado en Auto de treinta (30) de julio de dos mil trece (2013), la Secretaría General de esta Corporación informó que, de acuerdo a las comunicaciones libradas, se recibieron los siguientes escritos de intervención:
Ángela María Bautista Pérez, en condición de apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó escrito en el que solicitó que se declarara la exequibilidad del artículo 501 de la Ley 906 de 2004.
En primer lugar, afirma que la disposición censurada de ninguna manera transgrede el artículo 29 superior, toda vez que el texto presuntamente infringido establece que quien sea sindicado tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, en tanto que el solicitado u ofrecido en extradición no tiene la calidad de sindicado en el trámite administrativo.
Seguidamente, destaca que, en armonía con lo señalado en la sentencia C-243 de 2009[2], la finalidad del proceso administrativo de extradición es la cooperación internacional con miras a combatir el crimen y erradicar la impunidad.
En tal virtud, disiente de la posición del demandante, según la cual la disposición acusada configura un procedimiento dilatorio, mediante el cual se trata de decidir sobre la libertad y derechos fundamentales de una persona.
De igual manera, comenta que es de suma trascendencia que la Corte Suprema de Justicia tome la respectiva decisión dentro de un plazo razonable, toda vez que el procedimiento de extradición se encuentra gobernado por el principio del debido proceso administrativo.
También menciona que la supuesta dilación invocada por el actor, derivada de la disposición demandada, no se puede formular en abstracto, sino que debe probarse en cada caso concreto ante el juez de tutela.
Continúa su exposición expresando que la indeterminación del término dentro del cual la Corte Suprema de Justicia debe emitir el concepto de extradición se justifica en la circunstancia de que de dicha Corporación debe dar trámite en estricto orden a los asuntos sometidos a su consideración.
Por último, indica que discrepa de los cargos formulados porque i) el precepto censurado no exonera a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de su deber de resolver los asuntos administrativos de las personas solicitadas u ofrecidas en extradición, dentro de un plazo razonable, ii) una eventual dilación injustificada en la emisión del concepto previo de extradición por parte de la Corporación, debe ser analizada ante el juez constitucional en cada caso y, iii) los jueces de la república, incluida la Corte Suprema de Justicia, tienen la obligación de dar trámite en estricto orden a los diferentes asuntos que sean de su conocimiento.
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal, mediante escrito remitido a esta Corporación, el 1º de octubre de 2013, intervino para defender la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con los argumentos que a continuación se reseñan.
Quien aduce la representación de dicha entidad afirma que, si bien la ley no señala expresamente un plazo dentro del cual se deba emitir el concepto, los artículos 25° del Código de Procedimiento Penal y 5º del Código de Procedimiento Civil permiten solucionar dicha omisión sin necesidad de la intervención constitucional.
Subraya que el artículo 25 de la Ley 906 de 2004 establece que las normas del Código de Procedimiento Civil son aplicables en materias no reguladas por aquella, siempre y cuando no sean contrarias a la naturaleza del procedimiento penal.
En ese orden de ideas, el interviniente estima que, en aras de subsanar la omisión alegada por el accionante, resulta viable aplicar lo consagrado en el artículo 5º del Código de Procedimiento Civil, disposición según la cual, los vacíos en la ley procesal se llenarán con las normas que regulen casos análogos.
Así las cosas, para el representante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el artículo 500 de la Ley 906, al disponer un término para la emisión del concepto, indudablemente resulta análogo a lo que se reclama como vacío u omisión legislativa por el demandante.
Sumado a lo anterior, menciona que, por costumbre, la ausencia de efectos procesales preclusivos para los plazos fijados a las autoridades judiciales implica que, salvo en casos muy excepcionales, la consagración o no de un término legal resulta prácticamente fútil. Agrega que debido a la congestión judicial, la circunstancia de señalar un plazo de 5, 20 o 40 días es indiferente, dado que en la práctica la Corte Suprema de Justicia proferirá el concepto tan pronto como le sea posible, lo cual no suele ser antes de seis meses, como lo refiere la demanda.
En refuerzo de lo anterior, afirma que si dicha situación se considera lesiva del debido proceso, se estaría frente a un estado de cosas inconstitucional en todos los asuntos sometidos al conocimiento de nuestros jueces, lo cual no se soluciona a través de una acción pública de inconstitucionalidad, pues su complejidad trasciende la actividad de uno solo de los órganos y de las ramas del poder público.
De otro lado, manifiesta que la prolongación de la privación de la libertad de un ciudadano es una situación que diverge del trámite de extradición y que, para la primera situación, el artículo 511 de la Ley 906 de 2004 consagra términos específicos.
Para concluir, señala que la omisión planteada en la demanda no se configura y que, por ende, la disposición censurada no es inconstitucional, toda vez que i) existe un evento análogo a la emisión del concepto de viabilidad de la extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia aplicable al caso y, ii) de cualquier forma, está adecuadamente resguardado el derecho a la libertad por el artículo 511.
El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5644 de 4 de octubre de 2013, intervino en el trámite de la presente acción, solicitando a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse sobre la exequibilidad de la disposición acusada.
Para la vista fiscal, la demanda carece de un cargo de constitucionalidad real contra el precepto censurado. El jefe del Ministerio Público estima que de acuerdo con una interpretación sistemática de la disposición en referencia, la omisión que el actor refiere puede ser suplida mediante la aplicación del artículo 159 del Código de Procedimiento Penal, por lo cual la Corte Suprema de Justicia debe emitir el concepto respectivo sobre una posible extradición en un término no mayor a cinco días.
De igual modo, destaca que la presente demanda no cumple con el requisito de certeza necesario para que el juez constitucional coteje la norma impugnada con el texto superior, toda vez que i) la proposición acusada obedece a una interpretación subjetiva del accionante, que no se deduce razonablemente de una lectura sistemática de los artículos 159 y 501 del Código de Procedimiento Penal y ii) no se formuló un cargo concreto de constitucionalidad, toda vez que el contenido legal que el actor confronta con la Carta es producto de su interpretación subjetiva.
En lo que atañe a la corrección de la demanda, considera que los argumentos presentados en el escrito que supuestamente subsana los errores, son los mismos, salvo la afirmación relativa a que la Corte Suprema de Justicia se encuentra muy lejos de cumplir el término consagrado en el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto en realidad esa Corporación tarda entre seis meses y un año para emitir su pronunciamiento.
Pese a dicha novedad, la Vista Fiscal precisa que tal argumento no es propio de un control abstracto de constitucionalidad, pues incuestionablemente la finalidad del accionante es valorar una conducta del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria a la luz del texto superior, circunstancia que dista del propósito de la acción pública de inconstitucionalidad.
En consecuencia, manifiesta que si el accionante estima que la circunstancia de que la Corte Suprema de Justicia tarde de seis meses a un año en emitir su pronunciamiento lesiona una garantía fundamental, debe acudir a otro tipo de acción judicial, verbi gracia, el mecanismo tutelar.
Por lo anterior, y puesto que la vista fiscal considera que la demanda de la referencia no fue debidamente subsanada, solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para efectuar un pronunciamiento de fondo.
El ciudadano Pedro Nolasco Vallejo Reyes, en demanda presentada ante esta Corte, cuestionó la constitucionalidad del artículo 501 y de algunos apartes de los artículos 506 y 509 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Mediante Auto fechado el 9 de julio de 2013, el Magistrado Sustanciador resolvió rechazar la demanda en lo referente a los artículos 506 y 509, por haber operado, respecto de ellos, la cosa juzgada constitucional[3] y la inadmitió en lo relacionado con el artículo 501, debido al incumplimiento de los requisitos de certeza, pertinencia y especificidad de las acusaciones.
Por Auto del 28 de agosto de 2013, la Sala Plena de la Corporación despachó de manera desfavorable el recurso de súplica que el actor interpuso para oponerse al rechazo de la demanda[4] y, dado que en su oportunidad también presentó escrito para subsanarla, el Magistrado Sustanciador la admitió tratándose del artículo 501 de la Ley 906 de 2004, de conformidad con el cual, en caso de extradición, “vencido el término anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto” y “el concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al Gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales”.
3. La aptitud de la acusación planteada
3.1. La aptitud de las demandas presentadas por omisión legislativa relativa
En ninguna de las hipótesis que brevemente se han enunciado -cuyo denominador común es una falla en la identificación del texto legal que sirve de soporte al alegato sobre omisión-, procede entrar a examinar la cuestión, pues no se satisface el presupuesto elemental relativo a la certera individualización del precepto que es acusado de contener una regulación incompleta e inconstitucional, en razón de lo que el actor cree que hace falta. Conviene, en consecuencia, pasar a analizar el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 a la luz del reclamo que el demandante ha formulado, con la finalidad de establecer si se configura la omisión relativa denunciada o si el demandante no logró formular el cargo adecuadamente.
La anterior conclusión erosiona el alegato del demandante en la presente causa, pues demuestra fehacientemente que la lectura aislada del artículo 501 del Código de Procedimiento Penal no basta en este caso para predicar la existencia de una omisión legislativa de carácter relativo, toda vez que el término que el demandante extraña en el precepto demandado aparece previsto en otra disposición para los supuestos de extradición simplificada y también en relación con el “trámite de extradición previsto en la Ley 600 de 2000”[5], si se tiene en cuenta que, conforme al parágrafo 2, igualmente adicionado por el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, “esta misma facultad opera” respecto de ese trámite.
Además, en la misma providencia fue puesto de manifiesto que “el término que se reclama” podría estar “en la normatividad general aplicable” y, específicamente, en el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con el cual “el funcionario judicial señalará el término en los casos en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de cinco (5) días”, hipótesis interpretativa que comparte el procurador general de la Nación, al sostener que “el artículo 501 demandado, como afirma el accionante, no establece de manera explícita un término para decidir”, por lo que “recurriendo al artículo 159, se concluye que la Corte Suprema de Justicia deberá señalar el término respectivo para proferir su concepto sin que éste pueda ser mayor a cinco días”.
[3] Sentencia C-243 de 2009.
[4] M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[5] Código de Procedimiento Penal

References: artículo 6
 artículo 501
 artículo 501
 artículo 29
 resolución 
 artículo 29
 artículo 501
 artículo 159
 artículo 501
 artículo 29
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 500
 artículo 511
 artículo 511
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 501
 artículo 501
 artículo 501
 artículo 501
 artículo 501
 artículo 70
 artículo 159
 artículo 501
 artículo 159