Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/3299
Timestamp: 2020-07-08 15:03:53+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 34/1997
SENTENCIA 34/1997, de 25 de febrero
ECLI:ES:TC:1997:34
En el recurso de amparo núm. 3.248/92, promovido por don Manuel y don Juan Sánchez Domínguez, representados por la Procuradora de los Tribunales doña María Amparo Alonso de León y asistidos del Letrado don Ricardo Suárez-Bárcena de Llera, frente a Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz, de 9 de diciembre 1992, recaída en el recurso de apelación núm. 402/92 y la del Juzgado núm. 3 de esa Capital, dictada en los autos de juicio de cognición núm. 130/92. Han intervenido el Ministerio Fiscal y la sociedad mercantil Hispamer Leasing, S.A. (antes denominada Uninter Leasing S.A.), representada por el Procurador de los Tribunales don Miguel Sánchez Masa y asistida por el Letrado don Fernando García Sole. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 28 de diciembre de 1992, don Manuel y don Juan Sánchez Domínguez interpusieron recurso de amparo constitucional, formulando la correspondiente demanda, frente a la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz, dictada en el recurso de apelación núm. 402/92, que confirmaba la del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de esa capital, de 2 de octubre de 1992, recaída en el juicio de cognición 130/92, sobre reclamación de cantidad en concepto de costas procesales.
a) Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Badajoz, a instancia de Hispamer Leasing, S.A., se siguió juicio ejecutivo contra los ahora recurrentes en amparo, dictándose Sentencia de remate que impuso las costas a los ejecutados. Al procederse a la correspondiente tasación de costas, el Letrado que actuó en defensa de la actora formuló minuta por cuantía de 258.901 ptas., que fue impugnada por los demandados por entender que no estaba suficientemente detallada, lo que dio lugar a Auto que, estimando la impugnación, acordó excluir tal minuta de la tasación, sin perjuicio del derecho a reclamar en la vía declarativa ordinaria. Este Auto fue recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial por la parte demandante, siendo confirmado por otro en el que, igualmente, se hacía constar la procedencia del juicio declarativo para la reclamación de dichos honorarios y condenaba al pago de las costas de esa apelación a la apelante. La Audiencia abrió de oficio el trámite para la tasación de costas de esa alzada, dando plazo al Letrado y Procurador de los hermanos Sánchez Domínguez para presentar sus respectivas cuentas y minutas, sin que por esa parte se diese cumplimiento al referido trámite, por lo que la Audiencia dictó providencia el 3 de abril de 1992 disponiendo que "no ha lugar a practicar la tasación, sin perjuicio de que la parte favorecida en costas pueda accionar en la vía ordinaria los derechos devengados con sujeción a los términos legales".
b) Por la entidad Hispamer Leasing, S.A. se interpuso demanda en juicio declarativo de cognición contra don Manuel y don Juan Sánchez Domínguez, reclamándoles la cantidad de 258.901 ptas. en concepto de costas e I.V.A. Admitida a trámite la demanda, se emplazó a los demandados, quienes dentro del plazo legal se personaron, impugnando la reclamación por no estar conforme con la tasación realizada. Al mismo tiempo, mediante otrosí, formularon demanda reconvencional, exponiendo las anteriores vicisitudes, que habían llevado a que fuesen condenados en costas en el juicio ejecutivo, pero que, a la vez, dieron lugar a otra condena en costas de la entidad demandante en la apelación que interpuso frente a la tasación que aprobó el Juzgado. Resulta que, en tal apelación, postularon, en la representación y defensa de los demandados, los mismos profesionales que lo hacían en el recurso de cognición. Como quiera que no llegó a practicarse tasación de costas en aquella apelación, los demandantes de amparo debieron abonar la suma de 6.360 ptas. por los derechos de Procurador más I.V.A. y, en cuanto a minuta de Letrado más I.V.A., 25.334 ptas., lo que hace un total de 31.694 ptas. Es evidente que, para el reembolso de esta cantidad, tenían un crédito frente a la entidad demandante, por su condena en costas. Alegaban los fundamentos de Derecho que estimaban oportuno y suplicaban al Juzgado que dictara Sentencia declarando que la actora adeuda a los demandados la suma de 31.694 ptas., que esta cantidad es compensable con la que los demandados adeudan a la actora por razón de la otra condena en costas que se les impuso, por lo que la que hayan de pagar a la actora debe reducirse en esa cuantía.
c) El 2 de octubre de 1992 el Juzgado dictó Sentencia por la que estimaba parcialmente la demanda formulada por Hispamer Leasing, S.A., condenando a los demandados a que, solidariamente, le abonen la suma de 212.000 ptas. más el 6 por 100 de I.V.A. y el interés legal del dinero desde la interposición de la demanda, y desestimando íntegramente la reconvención. Interpuesto recurso de apelación por la parte demandada, la Audiencia Provincial dictó Sentencia por la que desestimaba el recurso de apelación y confirmaba la Sentencia de instancia, volviendo a rechazar, pues, la reconvención. En ella se cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1989, lo que constituye un error material fácilmente superable, siendo, en realidad, la Sentencia citada la de 28 de noviembre de 1985. Entienden estos órganos judiciales que, para que sea posible la exacción de las costas es precisa y previa su tasación a petición de parte por el Secretario Judicial, sin que hasta ese momento pueda considerarse que se esté ante una deuda líquida, por lo que no se dan los requisitos exigidos legalmente para que sea posible la compensación de créditos.
c) La Sentencia del Juzgado y, al confirmarla, la de la Audiencia conculcan también el derecho a la igualdad reconocido en el art. 14 de la Constitución. En efecto, en el proceso de cognición se estima parcialmente la demanda interpuesta por Hispamer Leasing, S.A., en relación con la minuta de su Letrado, que fue excluida en su día de la tasación por indebida, lo que implicaba que el cauce procesal de reclamación era idóneo, por lo que no se entiende cómo es posible desestimar la reconvención formulada en el mismo procedimiento en reclamación también de los derechos y minuta satisfechos en grado de apelación. Si la causa de desestimación es la de que se precise una previa cuantificación en trámite de tasación de costas, lo que equivale a la estimación de una excepción de inadecuación de procedimiento, ésta o era aplicable a ambas pretensiones, o no lo era a ninguna. Es decir, o bien ambas pretensiones precisaban previa cuantificación por los trámites de tasación de costas, o bien no lo precisaban ninguna de las dos. Señala, igualmente, que se trata de un mismo órgano judicial el que resuelve ambos procesos, las pretensiones sobre las que resuelve son idénticas, la causa de pedir es también la misma, existe identidad de partes y la única diferencia existente es que la minuta del Letrado reclamada en la demanda principal fue excluida de la tasación de costas en virtud de impugnación por el cauce de indebida, en tanto que los derechos reclamados en la reconvención no fueron objeto de tasación de costas. Pero esta diferencia es solamente aparente e irrelevante pues ni existe ningún precepto legal que imponga que para poder reclamar en juicio declarativo el importe que se estime debido por costas sea precisa la previa tasación de las mismas, ni tan siquiera existe, en realidad, esta diferencia, pues las costas reclamadas en la demanda fueron excluidas en la tasación como indebidas, con reserva del derecho para reclamarlas en procedimiento declarativo, siendo así que los derechos de Procurador y minuta de Letrado reclamados por los ahora demandantes de amparo en la reconvención para su compensación habían sido también excluidos de la posibilidad de reclamación por los trámites de tasación por la providencia de la Audiencia, con igual reserva de derecho y acción para ejercitarla en el procedimiento declarativo ordinario.
4. Por providencia de 27 de mayo de 1993 de la Sección Primera de este Tribunal, se acordó abrir el trámite previsto en el art. 50.3 de la LOTC, concediendo un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a los solicitantes de amparo para que aleguen lo que estimen pertinente en relación con la posible existencia del motivo de inadmisión previsto en el art. 50.1 c) LOTC, por carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo por parte de este Tribunal.
5. Por providencia de 12 de septiembre de 1995, la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo formulada y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, librar atenta comunicación a la Audiencia Provincial de Badajoz y al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de esa capital para que, en el término de diez días, remitiesen testimonio del recurso de apelación 402/92 y del juicio de cognición 130/92, respectivamente, interesándose, al propio tiempo, el emplazamiento de cuantos hubieran sido parte en el procedimiento judicial antecedente, con excepción de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en el presente proceso constitucional. Por oficio de 3 de octubre de 1995, el Presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz dio traslado de los testimonios interesados. Por su parte el Juzgado de Primera Instancia emplazó en debida forma a la entidad Hispamer Leasing, S.A.
7. Por escrito presentado el 20 de octubre de 1995, Hispamer Leasing S.A. compareció en el presente proceso constitucional solicitando que se le tuviese por parte en los términos del art. 52 LOTC.
8. Por providencia de 30 de octubre de 1995, se tuvo por personado y parte al Procurador Sr. Sánchez Maza en representación de Hispamer Leasing, S.A., dándole vista de las actuaciones por un plazo de veinte días para que pudiera presentar alegaciones.
11. En diligencia de 27 de diciembre de 1995 se hizo constar que, transcurrido el plazo concedido al efecto, la representación procesal de Hispamer Leasing, S.A., no presentó escrito alguno.
1. La primera de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes en amparo se proyecta, a diferencia de las dos restantes, exclusivamente sobre la Sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial, a la que se achaca haber incurrido en un supuesto de incongruencia omisiva, vedado por el art. 24.1 C.E., toda vez que la causa de pedir motivo principal del recurso, la conculcación de derechos fundamentales alegada como producida en la Sentencia recaída en instancia, ha resultado totalmente soslayada, de tal manera que, aun habiéndose cumplido con la carga de previa invocación exigida por el art. 44.1 c LOTC, han debido acudir ante este Tribunal para obtener una primera respuesta.
El Ministerio Fiscal se opone al acogimiento de esta alegación por entender que la "Sentencia que resuelve el recurso de apelación contesta a la pretensión deducida en dicho recurso, porque confirma de forma razonada, motivada y expresa la resolución impugnada y al confirmarla, desestima la realidad de las violaciones constitucionales denunciadas por el actor, lo que no significa falta de contestación, sino que, la desestimación no se hace en forma expresa sino, por incompatibilidad con la resolución judicial", añadiendo que la "desestimación de las pretensiones constitucionales del actor, es una consecuencia lógica y natural de la confirmación de la Sentencia apelada".
La Sentencia de la Audiencia Provincial comienza declarando en el primero de ellos que el "problema que se plantea en esta alzada se centra exclusivamente en determinar si a priori pueden los reconvinientes reclamar el importe de las minutas por ellos abonadas...sin que previamente haya mediado Auto de aprobación judicial" de dichas minutas.
Hay que dar, por tanto, razón, en un caso como éste, a los recurrentes cuando entienden que "todo motivo de recurso atinente a derechos fundamentales que se estiman conculcados por la resolución impugnada en alzada parece deba ser resuelto expresamente", y ello no tanto por la posición de subsidiariedad en que el constituyente ha situado este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 C.E.), sino, sobre todo, en virtud del lugar ocupado por los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento (art. 10.1 C.E.). Al margen de ello, es claro que un resultado de incongruencia omisiva en esta materia frustra también el diseño del amparo de los derechos fundamentales previsto en el citado apartado segundo del art. 53 C.E. Lo que importa, sin embargo, a efectos del presente amparo es que la mencionada incongruencia resultante de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial, en los términos explicitados, ha vulnerado el derecho fundamental de los recurrentes a la tutela efectiva de los tribunales (art. 24.1 C.E.).
4. Aun sin aceptar plenamente los argumentos de los recurrentes en amparo, preciso es convenir en que se les ha ocasionado una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. Y ello no porque las resoluciones recurridas hayan quebrantado la fuerza de cosa juzgada de la providencia en su día dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, pues en este extremo debe coincidirse con el Ministerio Fiscal. Como venimos señalando, "la determinación del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada constituye una cuestión que corresponde a la estricta competencia de los órganos judiciales, sólo revisable en sede constitucional si tal interpretación resulta incongruente, arbitraria o irrazonable (así, SSTC 242/1992, 79/1993, 92/1993, 152/1993 y ATC 1322/1988)" (STC 67/1996), lo que lleva necesariamente a que, salvo que se le pueda hacer alguno de los anteriores reproches, "la valoración que de ello se haya hecho en cada caso debe ser respetada por este Tribunal" (STC 135/1994). Desde tal perspectiva, es claro que las resoluciones impugnadas no puede afirmarse hayan vulnerado la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, pues mal puede producir ese efecto una providencia que, como tal, no resuelve ninguna cuestión de fondo, no da respuesta a ninguna petición de parte, con lo que no cabría hablar de identidad de la causa de pedir, y que fue dictada sin contradicción procesal sobre tal extremo.
No obstante, y como señalábamos, el resultado producido como consecuencia de lo acordado por medio de la providencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, sumado a lo dispuesto por la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, confirmado después por la Sección Segunda de la misma Audiencia, no se compadece con lo que en nuestra reciente STC 178/1996 calificábamos como una tutela judicial de los derechos e intereses legítimos "de caracteres mínimamente razonables" (fundamento jurídico 11).
Tal proceder implica una denegación de tutela. No porque, como pretenden los recurrentes, tras la inicial providencia de la Sección Primera les resulte imposible ya obtener una tasación de costas, pues ni puede afirmarse tal cosa con certeza, ni es necesario llegar a ello para apreciar una vulneración del art. 24.1 C.E. Los recurrentes en amparo invocan un pretendido derecho "a la univocidad de la jurisdicción" que este Tribunal, nunca ha incorporado, como tal, al contenido de los derechos fundamentales (STC 144/1988, fundamento jurídico 3º; STC 24/1990, fundamento jurídico 3º). Pero, con independencia de ello, es claro que la tutela judicial sólo puede satisfacer las exigencias constitucionales si aparece, como decíamos, revestida de "caracteres mínimamente razonables". Los hoy recurrentes de amparo pusieron de manifiesto, en su recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, la previa resolución de dicho organo jurisdiccional relativa a la improcedencia de practicar la tasación de las costas, sin perjuicio de que pudieran accionar en la vía ordinaria. Una vez que la Sección Primera de la Audiencia Provincial declaró no haber lugar a dicha tasación, sin perjuicio de accionar en la vía ordinaria, la Sección Segunda de la misma, puesta ya esta circunstancia de manifiesto, no ha podido impedir el examen de fondo de la reiterada pretensión de los ahora recurrentes en amparo sin incurrir en una conducta arbitraria, contraria en este caso al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
1º. Declarar el derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva.
2º. Anular la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz de 9 de diciembre de 1992.
3º. Restablecer a los demandantes en la integridad de su derecho, ordenando a tal efecto que por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz se dice nueva Sentencia en la que se respete el citado derecho fundamental, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.
Dada en Madrid, a veinticinco de febrero de mi novecientos noventa y siete.
Type and record number Recurso de amparo 3248-1992
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz recaída en recurso de apelación y la del Juzgado núm. 3 de esa Capital dictada en autos de juicio de cognición.
Hay que dar razón, en un caso como éste, a los recurrentes cuando entienden que «todo motivo de recurso atinente a derechos fundamentales que se estiman conculcados por la resolución impugnada en alzada parece deba ser resuelto expresamente», y ello no tanto por la posición de subsidiariedad en que el constituyente ha situado este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 C.E.), sino, sobre todo, en virtud del lugar ocupado por los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento (art. 10.1 C.E.). Al margen de ello, es claro que un resultado de incongruencia omisiva en esta materia frustra también el diseño del amparo de los derechos fundamentales previsto en el citado apartado segundo del art. 53 C.E. Lo que importa, sin embargo, a efectos del presente amparo es que la mencionada incongruencia resultante de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial, en los términos explicitados, ha vulnerado el derecho fundamental de los recurrentes a la tutela efectiva de los Tribunales (art. 24.1 C.E.). [F.J. 2]
No se trata, por nuestra parte, de dilucidar el acierto o no del Juzgado y de la Sección Segunda de la Audiencia al resolver el problema de legalidad subyacente, es decir, si los en su día reconvenientes y hoy recurrentes en amparo podían reclamar el importe de las minutas en cuestión por los trámites del declarativo, sin que previamente hubiera mediado Auto de aprobación judicial (arts. 421 y ss. L.E.C.). La cuestión, desde la perspectiva constitucional, es más bien la de si, por parte de la Audiencia Provincial concretamente, puede denegarse la tutela judicial mediante el procedimiento declarativo en este caso instado por medio de la demanda reconvencional, después de que la propia Audiencia Provincial, por decisión de otra de sus Secciones, hubiera remitido a los hoy recurrentes precisamente al procedimiento declarativo cuyo acceso posteriormente viene a cerrarse, pues no de otra manera cabría entender la indicación relativa a la posibilidad de accionar en la vía ordinaria. Es claro que la tutela judicial sólo puede satisfacer las exigencias constitucionales si aparece, como decíamos, revestida de «caracteres mínimamente razonables». Una vez que la Sección Primera de la Audiencia Provincial declaró no haber lugar a dicha tasación, sin perjuicio de accionar en la vía ordinaria, la Sección Segunda de la misma, puesta ya esta circunstancia de manifiesto, no ha podido impedir el examen de fondo de la reiterada pretensión de los ahora recurrentes en amparo sin incurrir en una conducta arbitraria, contraria en este caso al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva . [F.J. 4]
Resolución expresa ante invocación de vulneración de derechos fundamentalesResolución expresa ante invocación de vulneración de derechos fundamentales, f. 2
Resolución posterior contradictoriaResolución posterior contradictoria, f. 4

References: resolución 
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