Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/727405285
Timestamp: 2020-07-13 20:35:07+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 196/18 de Corte Constitucional, 21 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 727405285
PRINCIPIOS DE INTEGRALIDAD Y CONTINUIDAD EN MATERIA DE SALUD. En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente se atribuye a las E.P.S. demandadas la vulneración de derechos fundamentales de menores de edad que padecen hidrocefalia, parálisis cerebral espástica y hemofilia tipo A severa, en su orden, por: 1º. No realizar, aun cuando estaba autorizado, un procedimiento quirúrgico ordenado por el médico tratante, con fundamento en su alto costo. 2º. Negar la autorización del servicio de enfermera diurna así como el suministro de insumos, silla de ruedas y el cubrimiento de los gastos de transporte para que la madre del menor pueda llevarlo a sus consultas médicas y, 3º. Suspender el suministro directo a la progenitora de las dosis de profilaxis, incluida una dosis de urgencia del medicamento FACTOR VIII que requiere el niño para tratar su enfermedad. Se aborda la siguiente temática: 1º. El derecho fundamental a la salud y su protección por vía de tutela. 2º. La procedencia de esta acción para reclamar protección especial para niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de discapacidad o enfermedad. 3º. Los principios de integralidad y continuidad en materia de seguridad social en salud. 4º. El derecho al diagnóstico médico como elemento integral del derecho fundamental a la salud. 5º. La procedencia de la acción de tutela para acceder al suministro de insumos, servicios y tecnologías expresamente excluidas del Plan de Beneficios. 6º. El cubrimiento de los gastos de transporte por parte de las E.P.S. y, 7º. El suministro domiciliarios del servicio de enfermería en el nuevo Plan de Beneficios en Salud. En todos los asuntos se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. Recibo Relatoria:
Accionantes: R. delS.R.B. actuando en representación de su menor hijo F.P.R., H.H.G.R. como agente oficioso del menor C.A.U.M. y Á.M.M.M. actuando en representación de su menor hijo I.L.A.M..
La S. Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados C.P.S. – quien la preside-, J.F.R.C. y A.R.R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la siguiente:
T- 6486644, de Á.M.M.M. actuando en representación de su menor hijo I.L.A.M. contra CAJACOPI EPS, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia (Atlántico) el cual no fue objeto de impugnación.
T- 6472202, de H.H.G.R. como agente oficioso del menor C.A.U.M. contra la EPS FAMISANAR, por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Zipaquirá (Cundinamarca), el cual no fue objeto de impugnación.
T- 6416011, de R. delS.R.B. actuando en representación de su menor hijo F.P.R. contra SANITAS EPS, en primera instancia, por el Juzgado 44 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y, en segunda instancia, por el Juzgado 49 Penal del Circuito.
Por auto del 24 de noviembre de 2017 la S. de Selección Número Once[1] dispuso seleccionar y acumular los expedientes T- 6486644, T- 6472202 y T- 6416011, por presentar unidad de materia, para que sean fallados en una sola sentencia.
Expediente T- 6.486.644
La señora Á.M.M.M., en representación su menor hijo I.L.A.M., instauró acción de tutela contra CAJACOPI EPS, por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad personal y a la seguridad social en salud, por cuanto se negó a realizarle una intervención quirúrgica de reducción de cráneo prescrita por el médico tratante, argumentando su elevado costo. La accionante sustenta su solicitud con base en los siguientes hechos:
1.1 El menor I.L.A.M., de 13 años de edad padece de hidrocefalia desde su nacimiento.
1.2 Refiere la señora Á.M.M.M. que su hijo se encuentra afiliado a CAJACOPI EPS y que, en consecuencia, ha sido esta entidad la encargada de prestarle la atención médica requerida.
1.3 Señala la accionante, que el D.J.P., neurocirujano adscrito a CAJACOPI EPS, es el médico tratante de su hijo y conoce su patología desde el nacimiento. Agrega que el menor ha sido operado dos (2) veces en la Clínica del Sol de la ciudad de Barranquilla por el referido profesional.
1.4 Aduce la tutelante que el día 3 de abril de 2017, el Dr. J.P. le ordenó una nueva cirugía a su hijo consistente en una “reducción de cráneo”.
1.7 Sostiene que el hecho de que la accionada no haya adelantado el procedimiento quirúrgico a su hijo por razones económicas, vulnera los derechos fundamentales del menor y, en consecuencia, los principios de integridad y continuidad previstos para el sistema de seguridad social en salud. Por este motivo, solicita que se le ordene a CAJACOPI EPS realizar la operación de “reducción de cráneo” a I.L.A.M., la cual fue prescrita por su médico tratante.
Contestación de acción de la tutela
Mediante auto del 16 de junio de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia (Atlántico) avocó el conocimiento de la presente acción constitucional y corrió traslado a la parte demandada para que en el término de veinticuatro (24) horas, contadas a partir de la notificación de la mencionada providencia, se pronunciara respecto de los hechos expuestos en el escrito de tutela presentado por la señora Á.M.M.. Ante tal requerimiento la entidad accionada guardó silencio.
· Copia de la tarjeta de identidad del menor I.L.A.M.[4].
· Copia de la orden médica mediante la cual el profesional en neurocirugía, Dr. J.P., le prescribió al menor I.L.A.M. la cirugía de reducción de cráneo[5].
El Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia (Atlántico), mediante sentencia del 30 de junio de 2017 resolvió declarar la improcedencia del amparo deprecado por la señora Á.M.M.M.. Al respecto, señaló que en el caso objeto de estudio la accionante cuenta con otro medio de defensa judicial que se relaciona, concretamente, con la solicitud ante la Superintendencia Nacional de Salud[9]. Adicionalmente, precisó que “(…) en el presente caso no existe un perjuicio irremediable al que esté expuesto la ciudadana A.M.M.M. actuando como agente oficioso de su hijo I.L.A.M. (…)[10]”.
Actuación surtida en sede de revisión
(i) Copia de la historia clínica del menor I.L.A.M..
SEGUNDO – ORDENAR. Que por Secretaría General se oficie por el medio más expedito a CAJACOPI EPS para que en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente auto le informe a este despacho si ya se le realizó la cirugía de reducción de cráneo al menor I.L.A.M.. De no ser así, informe las razones por las cuales se abstuvo de hacerlo.
TERCERO.- ORDENAR Que por Secretaría General se oficie por el medio más expedito a la señora Á.M.M.M. en la carrera 4 sur # 2 A – 64, barrio Vista Mar de Puerto Colombia (Atlántico), teléfono 300-8480930, para que en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente auto le informe a este despacho si ya se le realizó la cirugía de reducción de cráneo a su hijo. De ser así, informar quién asumió el costo de la misma”.
5.1 No obstante lo anterior, vencido el término establecido en el auto del 22 de enero de 2017 para que se suministrara la información requerida, ni CAJACOPI EPS, ni la señora Á.M.M.M. se pronunciaron frente a lo solicitado[11].
Expediente T- 6.472.202
El señor H.H.G.R.[12],en calidad de veedor en salud del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), actuando como agente oficioso de C.A.U.M., promovió acción de tutela invocando la protección de los derechos fundamentales de su agenciado a la salud y a la vida en condiciones dignas, presuntamente vulnerados por FAMISANAR EPS por cuanto esta última, se negó a autorizar el servicio de enfermería y transporte, así como el suministro de pañitos húmedos y una silla de ruedas en óptimas condiciones para el desplazamiento del menor. El agente oficioso sustenta su solicitud en los siguientes hechos:
1.1 C.A.U.M. tiene 17 años de edad[13] y desde su nacimiento fue diagnosticado con parálisis cerebral espástica[14].
1.8 .Aduce la necesidad de facilitarle a la madre de C.A.U.M. el suministro de pañitos húmedos en aras de garantizarle al mismo una mejor calidad de vida.
Contestación de acción de tutela
2.1. Mediante auto del 28 de julio de 2017 el Juzgado Primero Municipal de Zipaquirá (Cundinamarca) con Función de Control de Garantías le solicitó al señor H.H.G.R. “ACLARAR y SUBSANAR” la calidad que ostentaba frente a C.A.U.M.. Lo anterior por cuanto de la lectura del escrito de tutela no era claro si se trataba o no de su progenitor[21].
2.2. Una vez aclarada la calidad del agente oficioso de C.A.U.M., el Juzgado Primero Municipal de Zipaquirá (Cundinamarca) con Función de Control de Garantías, mediante auto del 1º de agosto de 2017 avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y corrió traslado a la parte demandada para que en el término de dos (2) días hábiles se pronunciara respecto de los hechos expuestos en el escrito de tutela presentado por el señor H.H.G.R..[22]
2.3. Encontrándose dentro del término otorgado por el referido Despacho Judicial, FAMISANAR EPS solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, en consideración a que dicha entidad “no ha vulnerado, trasgredido o puesto en peligro derecho fundamental alguno del usuario”[23] como quiera que han adelantado las acciones pertinentes para la atención y servicios médicos prescritos a C.A.U.M..
Así mismo, aseguró que, teniendo en cuenta la patología que padece C.A.U.M., FAMISANAR EPS ha generado más de 300 autorizaciones de “tecnologías en salud POS y NO POS”[24]. Respecto de la falta de idoneidad en la silla de ruedas que le fue entregada al agenciado precisó que “(…) a la misma se le realizó mantenimiento en diciembre de 2016”.[25]
· Copia del certificado de pérdida de capacidad laboral de C.A.U.M. expedido por el Director de Medicina Laboral de la EPS FAMISANAR con fecha del 22 de noviembre de 2013.[26]
· Copia de la tarjeta de identidad de C.A.U.M..[28]
· Copia del escrito mediante el cual la madre de C.A.U.M., la señora M.C.M.G., le manifestó al Despacho judicial su voluntad de que, el señor H.H.G.R. representara a su hijo en el trámite de tutela[29].
El Juzgado Primero Municipal de Zipaquirá (Cundinamarca) con Función de Control de Garantías, mediante sentencia del 9 de agosto de 2017 resolvió declarar la improcedencia del amparo invocado para garantizar los derechos de C.A.U.M.. Al respecto, consideró que del material probatorio allegado al proceso, se pudo establecer que la entidad accionada ha prestado correctamente los servicios médicos prescritos al paciente.
· ¿Sí C.A.U.M. es beneficiario de su madre, la señora M.C.M.G., la cual figura como cotizante dentro del Sistema Contributivo de Salud, afiliada a FAMISANAR E.P.S? de ser así, ¿Cuál es el ingreso base de cotización de la señora M.C.M.G.?
· ¿Cuál es el costo estimado que tiene para el Sistema de Seguridad Social en Salud la silla de ruedas que requiere C.A.U.M.?
· ¿En dónde se llevan a cabo las terapias y controles médicos ordenados a C.A.U.M.?
SEGUNDO - ORDENAR que por Secretaría General se oficie por el medio más expedito a la señora M.C.M.G. en la Calle 6 Nº 2- 28 del municipio de Lenguazaque (Cundinamarca), para que en el término de dos (2) días contados a partir de la notificación del presente auto se pronuncie respecto de los siguientes puntos:
5.1. Respecto de las anteriores solicitudes, la EPS FAMISANAR le informó al Despacho que C.A.U.M. se encuentra afiliado en calidad de beneficiario de la señora C.M.G., quien tiene un ingreso base de cotización de $ 737.717. Así mismo, remitió copia de todos los servicios que han sido autorizados a favor del agenciado[30].
5.2. Por su parte, la señora M.C.M.G. le informó a la S. que tiene a su cargo dos hijos, que sus ingresos mensuales ascienden a un salario mínimo legal mensual vigente y que no posee ningún tipo de bien mueble o inmueble, ni vehículo, dados los bajos ingresos que percibe mensualmente; todos ellos, producto de sus labores domésticas[32].
Expediente T- 6.416.011.
La señora R. delS.R.B. actuando en representación de su menor hijo, F.P.R., instauró acción de tutela contra la EPS SANITAS, por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud y a la seguridad social. Lo anterior, por cuanto suspendió la entrega directa de las dosis del medicamento F.V.[33], incluida una dosis adicional de emergencia, las cuales requiere para tratar la enfermedad de HEMOFILIA A SEVERA[34] que padece su hijo desde el nacimiento. La accionante sustenta su solicitud con base en los siguientes hechos:
1.1 El menor F.P.R. de 13 años, fue diagnosticado desde su nacimiento con Hemofilia A severa. Desde ese entonces, se encuentra afiliado, en calidad de beneficiario de su madre a la EPS SANITAS.
1.2 Aduce la accionante que, como consecuencia de la patología que padece su hijo, se ha dedicado “única y exclusivamente”[35] al cuidado del mismo, tanto así, que se capacitó ante la Liga Colombiana de Hemofilia, para la aplicación intravenosa del medicamento F.V. que requiere el menor[36].
1.3 Señala la peticionaria que durante 11 años la EPS SANITAS le suministró personalmente el medicamento F.V., indispensable para salvaguardar la vida y el sufrimiento del niño.
1.5 No obstante lo anterior, aduce la accionante que la entidad demandada decidió de “forma arbitraria”[37] suspender la entrega del medicamento F.V. para mantenerlo en casa, sin tener en cuenta los beneficios que esto reporta sobre la salud y bienestar del menor.
1.7 Pone de presente que, como consecuencia de las nuevas medidas administrativas adoptadas por la EPS, en relación con el suministro del medicamento el día 14 de junio del 2017 su hijo presentó “hemartrosis”[39] en el tobillo y que, el F.V. se le aplicó solamente hasta al día siguiente. De allí que el menor tuviera que ser hospitalizado, por primera vez, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá y posteriormente, remitido a la Clínica Colombia, con dolores insoportables, sin poder dormir ni caminar. Todo esto, a su juicio, consecuencia del tardío e inadecuado suministro del mencionado medicamento por parte de los profesionales de dichas instituciones.
1.8 Señala la accionante que, el nuevo protocolo adoptado por la EPS SANITAS[40] para la aplicación del medicamento que requiere su hijo va en detrimento de sus derechos a la salud, la vida y la integridad física, en tanto, el no suministro oportuno del F.V., le impone al menor largas jornadas de espera, con dolores “intolerables” que podrían ser, a juicio de su madre, simplemente controlados con una dosis de urgencia en su domicilio.
1.9 Por todo lo anterior, la señora R.B. solicita que mediante la presente acción de tutela se amparen los derechos fundamentales de su hijo y, en consecuencia, se le ordene a la demandada hacer entrega personal de las dosis del medicamento F.V. que F.P.R. requiere para su profilaxis y, una dosis adicional para un caso de emergencia
Contestación de acción de tutela.
Mediante auto del 22 de junio de 2017 el Juzgado 44 Penal Municipal de Bogotá admitió la tutela instaurada por la señora R. delS.R.B. y dispuso correr traslado a la EPS SANITAS, vincular al Ministerio de Salud y Protección Social, al Hospital Universitario Fundación Santa Fe y a la Clínica Colombia para que en un término de treinta y seis (36) horas se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la acción constitucional de la referencia.
Encontrándose dentro del término otorgado por el referido despacho judicial, la EPS SANITAS señaló que al menor F.P.R., diagnosticado con “hemofilia severa, déficit del factor VIII” se le han brindado las prestaciones médico - asistenciales que ha requerido, de acuerdo con las prescripciones emitidas por los médicos tratantes.
Finalmente, refirió que la EPS cuenta con un programa de hemofilia con servicio domiciliario denominado “BIENESTAR EN CASA[43]” a través del cual se suministra el medicamento F.V. como terapia de soporte, según indicación médica. Sobre el particular, informó que el menor recibe regularmente el medicamento los días miércoles, jueves y domingo.
Solicitó su desvinculación dentro del trámite de la tutela en tanto el Ministerio de Salud y Protección Social, en ningún caso, es el responsable directo de la prestación de los servicios de salud. En todo caso señaló que de llegarse a amparar los derechos invocados por la accionante, se le ordene a la EPS SANITAS garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud al menor F.P.R., ya que los mismos se encuentran incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.
Señaló que el día 17 de junio de 2017, el menor F.P.R. ingresó al servicio de urgencias por un cuadro clínico de “dolor en el tobillo derecho asociado a edema y limitación funcional importante con antecedente de hemofilia tipo A severa y múltiples hemartrosis”[46] y que por lo tanto, fue atendido por un equipo médico multidisciplinario que le suministró todos los servicios de salud requeridos.
Resaltó que para el momento de la urgencia se ordenó continuar el tratamiento con el medicamento F.V., y se prescribió “tramadol” para controlar el dolor, una valoración por ortopedia y unas radiografías para descartar lesiones óseas. No obstante señala que el día 18 de junio de 2017 la EPS ordenó el traslado del menor en la Clínica Colombia para que allí se le diera continuidad al tratamiento.
Precisó, que el medicamento F.V. fue suministrado de acuerdo con lo previsto por los médicos tratantes, por este motivo, solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela, al considerar que sus actuaciones se ajustaron a la normatividad legal vigente, sin generar afectación alguna a los derechos fundamentales del niño.
· Tarjeta de identidad de F.P.R. donde se demuestra que actualmente tiene 12 años[48].
· Copia de varias de las autorizaciones mediante las cuales se realizaba un “ adelanto de medicamento – factor-anti hemofílico)” por parte de la EPS SANITAS a nombre de la señora R. delS.R.B., además de señalar que la misma “fue enseñada en la Liga de Hemofílicos para la aplicación y suministro del mismo”[55].
El Juzgado 44 Penal Municipal de Bogotá conoció en primera instancia de la acción de tutela incoada por la señora R. delS.R.B. y mediante sentencia del 7 de julio de 2017 resolvió negar el amparo solicitado, por cuanto consideró que del material probatorio allegado no se podría inferir que la madre accionante, cuidadora del menor F.P.R., estuviera autorizada y capacitada para preparar y suministrar vía intravenosa el medicamento F.V. a su hijo. En cambio, sí encontró demostrado que la accionada y su red de entidades prestadoras de servicios de salud han suministrado y aplicado el mismo en la forma debida, a través de atención domiciliaria.
Anotó que las consecuencias de no tener de manera oportuna e inmediata el medicamento F.V. ante una situación de emergencia en pacientes con patología de hemofilia severa puede conllevar a “traumas, secuelas futuras y lo más grave la pérdida de su vida”. Por lo tanto, no basta que la accionada aduzca que suministra el medicamento, sino que además, se requiere que la aplicación del mismo se realice oportunamente.
Aclaró la accionante que ella nunca ha solicitado el “USO A LIBRE DECISIÓN” de la medicación, toda vez que cuando tenía la posibilidad de tener la misma en su casa debía, previamente, llamar al médico hematólogo de la EPS para que fuera éste quien determinara la dosis de suministro del F.V.. Por este motivo, hace especial hincapié en que, su solicitud se fundamenta principalmente en “tener una dosis de urgencia, que como su nombre lo indica, es para un sangrado inesperado que haga el niño, una vez se llame al médico”[59].
A partir de lo expuesto, solicitó que se revoque el fallo objeto de impugnación y que, en consecuencia, se le ordene a la EPS SANITAS otorgar la dosis de F.V. prescrita a su hijo, incluida una dosis de urgencia para que el menor tenga acceso oportuno al mismo.
El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 22 de agosto de 2017 resolvió confirmar el fallo recurrido por considerar que la entidad accionada ha venido cumpliendo a cabalidad con la prestación del servicio de salud requerido por el menor F.P.R. para el tratamiento y manejo de su enfermedad. Sobre el particular, precisó, que no obra prueba mediante la cual sea posible inferir que al menor se le han negado los insumos médicos prescritos.
(ii) De ser así, ¿Sí el suministro del medicamento F.V. previsto para este tipo de patologías, puede ser llevado a cabo, previa capacitación, por la persona que se encuentre al cuidado del paciente?
5.1. En relación con la solicitud enviada, el Dr. S.R.R., Director Científico y Presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, le informó al Despacho lo siguiente:
5.2. La EPS SANITAS, mediante escrito de 5 de marzo de 2018 se pronunció respecto de la información allegada por la Entidad requerida. Al respecto, reiteró que ha prestado los servicios al menor de conformidad con las políticas propias del programa de hemofilia, razón por la cual el menor ya hace parte del servicio domiciliario de “bienestar en casa”. Adicionalmente, recordó que el uso indiscriminado del F.V. complica el tratamiento y pronóstico de los pacientes que padecen hemofilia.
De conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política y en virtud de la selección y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de esta Corporación, la S. Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional[63] es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en los procesos de la referencia.
Respecto de lo anterior, esta Corporación, mediante Sentencia SU -377 de 2014, se ocupó de establecer algunas reglas en relación con la legitimación por activa, para lo cual precisó, en términos generales, que (i) la tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales, que toda persona puede instaurar “por sí misma o por quien actúe a su nombre”; (ii) no es necesario, que el titular de los derechos interponga directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre; y (iii) ese tercero debe, sin embargo, tener una de las siguientes calidades: a) representante del titular de los derechos, b) agente oficioso, o c) Defensor del Pueblo o P.M..[65]
En consideración de lo anterior, la S. encuentra que en los casos objeto de revisión, las señoras Á.M.M.M. (expediente T- 6486644) y R. delS.R.B. (expediente T-6416011) actúan en defensa de los derechos fundamentales de sus hijos, por tanto, están facultadas para invocar la protección de los mismos, ante la presunta vulneración en la que incurrieron las EPS CAJACOPI y SANITAS.
1.2.1.2. En lo que corresponde al expediente T- 6472202, el señor H.H.G.R. manifestó en el curso del presente trámite de tutela que, en su calidad de veedor en salud del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), actúa como agente oficioso de C.A.U.M. de 17 años, quien padece de una parálisis cerebral, situación que le impide interponer la acción de tutela en nombre propio. Lo anterior, se complementa con el hecho de que, la madre del joven U.M., la señora C.M.G., allegó ante el juez de única instancia un escrito mediante el cual manifestó su deseo de que su hijo fuera representado por el señor H.H.G.R. dentro de la acción de tutela.
A partir de lo expuesto, y tomando en consideración la patología que padece C.A.U.M., para la S. es evidente que este último, no se encuentra en condiciones de invocar de manera autónoma la protección de sus derechos fundamentales, y que por lo tanto, el señor H.H.G.R., actuando en atención del escrito que allegó la madre del joven y, en su calidad de V. en salud del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), se encuentra legitimado para representar los intereses del mismo dentro de esta acción constitucional, teniendo en cuenta, además, que la representante legal del menor ratificó su interés de ser agenciado por él.
Así las cosas, la S. encuentra que el presupuesto de procedencia relacionado con la legitimación en la causa por activa, en los tres casos objeto de estudio, se encuentra superado.
1.2.1.3. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva de las acciones de tutela que se revisan, la S. verifica que se cumple este requisito por cuanto las entidades accionadas son las encargadas de la prestación del servicio público de salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 y el numeral 2 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[69].
1.2.2.1. En relación con los casos sometidos a estudio, la S. pudo establecer que, en lo que se corresponde al expediente T-6486644 el hecho generador de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del menor tuvo lugar el día en el que la entidad accionada le notificó a su madre, la decisión de no llevar a cabo la “cirugía de cráneo”, es decir, de acuerdo con lo señalado por la accionante, el 18 de mayo de 2017. De allí, que en el mes de junio de 2017 la señora Á.M.M.M. acudió al amparo constitucional para invocar de manera oportuna la protección de los derechos fundamentales de su menor hijo, razón por la cual se puede concluir que el tiempo transcurrido no desconoce el presupuesto de la inmediatez.
1.2.2.2. En cuanto a los expediente T- 6472202 y T 6416011 este Despacho pudo observar que los menores se encuentran a la espera de que las entidades demandadas autoricen los servicios, insumos y tecnologías en salud solicitados, lo cuales, a juicio de los accionantes, son necesarios e imprescindibles para el tratamiento de las patologías que padecen C.A.U.M. y F.P.R.. Con todo esto, la S. advierte que la presunta vulneración a sus derechos fundamentales permanece en el tiempo, manteniéndose con ello, una situación de vulnerabilidad continua y actual que hace imperativa la intervención del juez de tutela de manera urgente e inmediata.
En consecuencia, la S. encuentra igualmente superado el requisito de inmediatez respecto de estos dos últimos casos, en tanto encontró que los accionantes, acudieron de manera oportuna ante el juez constitucional para reclamar la protección de los derechos fundamentales de sus representados y/o agenciados, los cuales, se han visto, aparentemente, conculcados por parte de las entidades tuteladas que se han negado a autorizar el suministro de medicamentos, servicios e insumos en salud que se requieren para tratar las enfermedades que sufren los menores antes mencionados.
1.2.3.1. Respecto de la subsidiariedad, algunas S.s de Revisión de esta Corporación han considerado que , teniendo en cuenta que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, el accionante deberá acudir primero ante la Superintendencia Nacional de Salud para que ,de manera definitiva, se garantice, si fuere el caso, el suministro de los procedimientos, medicamentos e insumos no incluidos en el plan de beneficios (antes POS) que fueron solicitados[76].
Sin perjuicio de lo anterior, tomando en consideración que en los casos ahora sometidos a revisión están de por medio los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, tanto por su edad como por la situación de discapacidad o enfermedad en la que se encuentran, la S. advierte que el procedimiento establecido en las leyes 1122 de 2007[77] y 1438 de 2011[78], que otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Nacional de Salud para resolver controversias entre las EPS y sus afiliados, carece de la reglamentación suficiente a la luz de la nueva Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 y por lo tanto, no puede considerarse un mecanismo de defensa judicial que resulte idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados por los accionantes.
1.2.3.3. En este orden de ideas, la S. encuentra configurado el requisito de subsidiariedad, y reconoce que la acción de tutela procede, en los casos objeto de revisión, como mecanismo autónomo y definitivo para proteger los derechos fundamentales invocados. Lo anterior, por cuanto el trámite ante la Superintendencia de Salud no sería del todo idóneo y eficaz, respecto a la necesidad prioritaria de garantizar el derecho a la salud de sujetos especial protección constitucional, los cuales han sido aparentemente vulnerados por las entidades accionadas.
Una vez superado el análisis de los presupuestos formales para la procedencia de las acciones de tutela que se revisan, la S. continuará por presentar las consideraciones a las que haya lugar para efectos de resolver cada caso concreto.
De conformidad con las circunstancias fácticas que fueron expuestas y de acuerdo con las decisiones adoptadas por los jueces de las instancias, en el marco de las acciones de tutela objeto de análisis, le corresponde a la S. Séptima de Revisión resolver los siguientes problemas jurídicos:
2.3. ¿Vulnera la EPS SANITAS los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social de un niño que padece hemofilia tipo A severa, al suspender el suministro directo a su madre de las dosis de profilaxis, incluida una dosis de urgencia del medicamento F.V. que requiere el menor tanto para tratar su enfermedad? (Expediente T-6.416.011)
Para resolver los problemas jurídicos anteriormente planteados, la S. abordará, desde la jurisprudencia de esta Corporación, los siguientes ejes temáticos: (i) El derecho fundamental a la salud y su protección por vía de tutela. (ii) Procedencia de la acción de tutela para reclamar protección especial de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de discapacidad o enfermedad. (iii) Los principios de integralidad y continuidad en materia de seguridad social en salud. (iv) El derecho al diagnóstico médico como elemento integral del derecho fundamental a la salud. (v) La procedencia de la acción de tutela para acceder al suministro de insumos, servicios y tecnologías expresamente excluidos del Plan de Beneficios en Salud. (vi) El cubrimiento de los gastos de transporte por parte de las Entidades Prestadoras de Salud. (vii) El suministro domiciliario del servicio de enfermería en el nuevo Plan de Beneficios en Salud, para finalmente, (viii) resolver los casos concretos.
Procedencia de la acción de tutela para reclamar protección especial de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de discapacidad o enfermedad. Reiteración de jurisprudencia.
“Sujetos de especial protección. La atención de niños, niñas y adolescentes […] y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención”. (N. fuera del texto original).
Los principios de integralidad y continuidad en materia de seguridad social en salud. Reiteración jurisprudencial
El derecho al diagnóstico médico como elemento integral del derecho fundamental a la salud. Reiteración de jurisprudencia.
La procedencia de la acción de tutela para acceder al suministro de insumos, servicios y tecnologías expresamente excluidos del Plan de Beneficios en Salud.
Que la ausencia del fármaco o procedimiento médico lleve a la amenaza o vulneración de los derechos a la vida o la integridad física del paciente, bien sea porque se pone en riesgo su existencia o se ocasione un deterioro del estado de salud que impida que ésta se desarrolle en condiciones dignas.
Que no exista dentro del plan obligatorio de salud otro medicamento o tratamiento que supla al excluido con el mismo nivel de efectividad para garantizar el mínimo vital del afiliado o beneficiario.
Que el paciente carezca de los recursos económicos suficientes para sufragar el costo del fármaco o procedimiento y carezca de posibilidad alguna de lograr su suministro a través de planes complementarios de salud, medicina prepagada o programas de atención suministrados por algunos empleadores.
Que el medicamento o tratamiento excluido del plan obligatorio haya sido ordenado por el médico tratante del afiliado o beneficiario, profesional que debe estar adscrito a la entidad prestadora de salud a la que se solicita el suministro.[105]”(Sobre estos criterios se empezó a hablar en la sentencia SU- 480 de 1997, seguidamente, mediante sentencia T- 237 de 2003 se fueron desarrollando de manera autónoma, para posteriormente seguir siendo utilizados por la Jurisprudencia de esta Corporación en materia de acceso a, medicamentos, servicios e insumos en salud)
El cubrimiento de los gastos de transporte por parte de las Entidades Prestadoras de Salud. Reiteración de jurisprudencia.
El suministro domiciliario del servicio de enfermería en el nuevo Plan de Beneficios en Salud.
Inicia la S. por reiterar que las acciones de tutela bajo revisión son procedentes, puesto que como se explicó en la parte considerativa de esta providencia, las personas que reclaman sus derechos son sujetos de especial protección constitucional por doble vía : (i) son menores de edad, por tanto sus derechos prevalecen sobre los demás, así mismo (ii) son personas en situación de discapacidad lo que los coloca en una posición de debilidad manifiesta, motivo por el cual, esta Corporación ha reconocido que los requisitos para que proceda la acción constitucional deben flexibilizarse con el fin de analizarse el caso planteado para determinar si es viable el amparo de los derechos solicitados.
En el presente caso, la madre del menor I.L.A.M., que padece de hidrocefalia, acudió a la acción de tutela para solicitarle al juez que le ordene a la EPS CAJACOPI, la práctica de la cirugía de “reducción de cráneo” prescrita a su hijo por el médico tratante, la cual, aun cuando está autorizada, no se ha llevado a cabo por la accionada, aduciendo su elevado costo.
10.1.1. A partir de lo anterior, y conforme con los fundamentos expuestos previamente en relación con el derecho fundamental a la salud y los principios que lo rigen, le corresponde a la S. Séptima de Revisión, como ya se dijo, establecer sí se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la madre del menor, con ocasión de que la EPS CAJACOPI no ha practicado la cirugía de reducción de cráneo que requiere, por razón de su alto costo.
Para efectos de darle solución al objeto de la litis, es preciso señalar que de los elementos de juicio allegados al proceso, la S. encontró probados los siguientes hechos:
En consideración de lo expuesto, es claro que la patología que padece I.L.A.M. desde su nacimiento supone una atención médica continua e integral que contenga todos los servicios médicos necesarios para su tratamiento y rehabilitación. Ello incluye, el cuidado, el suministro de medicamentos, las intervenciones quirúrgicas y las prácticas de rehabilitación a las que haya lugar, previo criterio del profesional médico especialista en la materia.
A juicio de la S., la cirugía de “reducción de cráneo” prescrita por el médico tratante del menor en mención, hace parte, sin dubitación alguna, del tratamiento integral propio de su enfermedad que, además, no puede ser interrumpido ni suspendido, en virtud de los principios de continuidad e integralidad previstos inicialmente en la Ley 100 de 1993 y actualmente en la Ley Estatutaria de Salud[130], aplicados también por la jurisprudencia constitucional.
Bajo este contexto, para la S. la conducta desplegada por la EPS CAJACOPI de abstenerse a llevar a cabo la cirugía prescrita al menor I.L.A.M. para tratar su patología de hidrocefalia, vulnera sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y la integridad física, en tanto desconoce los principios de integralidad y continuidad que se constituyen, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia constitucional, como elementos axiales de la garantía del derecho a la salud.
(i) Inicialmente, no advierte la S. que el procedimiento de “reducción de cráneo” para el tratamiento de patologías como la hidrocefalia se encontrara expresamente excluido de los servicios del Plan Obligatorio de Salud[131] vigente para el momento en que le fue ordenada dicha cirugía al menor, así como tampoco, se verifica su exclusión dentro del nuevo Plan de Beneficios en Salud de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 5267 de 2017.
(ii) Adicionalmente, del material probatorio arrimado al expediente se pudo establecer que la señora M.M. hace parte del régimen subsidiado en salud con un puntaje del 11.72 en el SISBEN[132], lo que denota que ciertamente no cuenta con los recursos económicos suficientes para asumir el costo del tratamiento que demanda la enfermedad de su hijo y, en particular, el valor de la intervención que con urgencia necesita el mismo.
Así las cosas, la S. Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional concluye que los derechos fundamentales invocados por la madre de I.L.A.M., están siendo vulnerados por la entidad demandada, al no practicarle la cirugía ordenada por su médico tratante y autorizada por la misma entidad.
Por tanto, se revocará la decisión de instancia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, que declaró improcedente la acción de amparo promovida por la señora Á.M.M.M. en representación de su menor hijo y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales invocados por la misma.
En consecuencia, se ordenará a la EPS CAJACOPI que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, inicie las gestiones necesarias para que, en caso de no haberse llevado a cabo, le sea practicada al menor I.L.A.M. la cirugía consistente en “reducción de cráneo”, garantizando los demás servicios médicos que en razón a dicha intervención y de su patología requiera el mismo para el restablecimiento de su salud, todo de conformidad con lo ordenado por el médico tratante.
10.2.1. En el segundo caso objeto de estudio, el señor H.H.G.R., actuando como agente oficioso del menor C.A.U.M. que padece de parálisis cerebral, solicitó ante el juez de tutela la protección de sus derechos a la vida, a la salud y a la dignidad humana, los cuales fueron presuntamente vulnerados por la EPS FAMISANAR al no autorizar la asignación de una enfermera diurna, pañitos húmedos, una silla de ruedas, y el servicio de transporte para el menor y su acompañante.
10.2.2. La entidad accionada, por su parte, sostuvo en su escrito de contestación que, de acuerdo con su patología, el menor C.A.U.M. ha recibido, por parte de la EPS, todos los servicios y tecnologías POS y no POS que le han sido prescritos. Respecto de la silla de ruedas precisó que “el usuario ya cuenta con una silla de ruedas, además a la misma se le realizó mantenimiento en diciembre de 2016”.
10.2.4. A partir de las pruebas allegadas al proceso, la S. encontró probados los siguientes hechos:
(i) C.A.U.M. de 17 años de edad padece, desde su nacimiento, de parálisis cerebral, con una pérdida de capacidad laboral del 97, 7%.
10.2.5. Para efectos de establecer sí la entidad demandada vulneró los derechos invocados por el agente oficioso del menor C.A.U.M., en tanto no ha autorizado los servicios e insumos en salud solicitados, como son pañitos húmedos, silla de ruedas y servicio de enfermería y transporte, la S. procederá a realizar un breve análisis respecto de la procedencia de cada una de las solicitudes del actor, a la luz del Plan de Beneficios en Salud.
10.2.6 Respecto de la solicitud de una silla de ruedas para el menor: sobre este punto la S. pudo constatar que desde hace 4 años la EPS hizo entrega de esta tecnología a C.A.U.M.. No obstante, aduce su agente oficioso que pese a que la EPS autorizó su mantenimiento en diciembre de 2016 “(…) ésta quedó en peor estado del que estaba anteriormente”, dificultándose así la movilidad del menor. A partir de lo anterior, solicita el accionante que le sea suministrada una silla de ruedas en condiciones óptimas.
Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideración las circunstancias fácticas que dieron lugar a la acción de tutela, la S. encuentra satisfechos los requisitos dispuestos por la jurisprudencia de esta Corporación mediante sentencia C- 313 de 2014 relativos a la posibilidad de inaplicar las normas que excluyen esta prestación y, en consecuencia, prever su autorización aun cuando no esté incluido en el Plan de Beneficios en Salud, a saber:
Para la patología que padece el agenciado, la falta de una silla de ruedas en óptimas condiciones supone una barrera para el ejercicio del derecho a la vida digna, toda vez que el menor no se encuentra en condiciones para movilizarse. Incluso, ante la restricción funcional que su estado de salud le genera, permanece inmóvil hasta que otras personas tengan la voluntad de ayudarle a desplazarse.
Seguidamente, la S. no advierte que exista otro elemento dentro del Plan de Beneficios en Salud que pueda permitir la movilización del menor y, en consecuencia, pueda sustituir o reemplazar la silla de ruedas.
A partir de lo dicho por la madre del menor, su ingreso mensual corresponde a un salario mínimo, tiene a su cargo dos hijos y no posee bienes muebles e inmuebles. Al respecto, la accionada le informó, igualmente, a este Despacho que la señora M.C.M.G., tiene un ingreso base de cotización de $ 737.717.
Lo anterior, da cuenta de que, en efecto, la madre del menor C.A.U.M. no tiene los recursos económicos suficientes para costear una nueva silla de ruedas.
Por último, aunque el cambio de la silla de ruedas no haya sido prescrito por medio de orden médica, para la S. es clara la existencia de un hecho notorio que presupone la necesidad de la misma, pues como se pudo constatar, el accionante presenta una discapacidad del 97,7% lo que a simple vista, demuestra que requiere de ese elemento para ser movilizado.
Así las cosas, la S. encuentra acreditados los requisitos establecidos por la jurisprudencia para autorizar la entrega de una silla de ruedas que cumpla con los estándares para atender las necesidades propias de la patología que padece el menor.
Sobre esta solicitud, la S. encuentra que no hay lugar a inaplicar su exclusión por cuanto los pañitos húmedos se constituyen en un elemento que no resulta imprescindible, en cuanto puede ser sustituido y/o reemplazado por otros medios habituales para la limpieza como lo es el papel sanitario, entre otros.
Adicionalmente, en el expediente no existe prueba que demuestre que el uso de los mismos haya sido prescrito por su médico tratante o por un especialista de la salud, en razón de la patología del menor. Por tanto, ante la ausencia de justificación que permita inferir la necesidad excepcional de cubrir en el presente caso dichos insumos, considera la S. que no es procedente mediante el amparo de tutela ordenar la entrega de los pañitos húmedos.
Conforme a lo anterior, en el presente caso no encuentra la S. que se cuente con una orden del médico tratante, a partir de la cual se pueda inferir la necesidad de dicho servicio. Por el contrario, la solicitud del servicio en discusión fue directamente presentada por el agente oficioso del menor.
10.2.9. Por tal motivo, la Corte ordenará que un médico de la EPS FAMISANAR, en un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de este fallo, se sirva a prescribir el servicio solicitado por el agente oficioso de C.A.U.M., para que luego , la Junta Médica de la que habla el artículo 11 de la Resolución 3951 de 2016 determine la pertinencia y oportunidad del mismo, tomando en consideración la patología, el nivel de discapacidad que tiene el menor y las limitaciones físicas y la edad que tiene su madre para asumir “en tiempo completo” el cuidado de su hijo.
10.2.10.2. En el caso objeto de estudio, se advierte que de las pruebas que obran en el expediente se pudo establecer que el domicilio del menor es en el municipio de Lenguazaque (Cundinamarca) y de acuerdo con la información suministrada por la accionada “las terapias y controles médicos están a cargo de la I.P.S CAFAM Ubaté”. Con lo cual, entiende la S. que el agente oficioso solicita el servicio de transporte para que el menor pueda ser trasladado desde su lugar de residencia hasta Ubaté, lugar donde la EPS FAMISANAR le presta los servicios de atención médica que requiere o hasta otro municipio donde se remite, si así sucede.
Ahora bien, en consonancia con las normas que regulan la materia, para la S. es claro que en correspondencia con lo señalado por la demandada en relación con el lugar donde se le prestan los servicios médicos al niño C.A.U.M., no existe razón alguna para que la EPS no proceda a autorizar el transporte para el menor y su acompañante. Todo esto, en atención a que la atención en salud del menor tiene lugar en un municipio distinto al de su residencia, hecho que da lugar a un traslado, donde se hace imperioso el uso de un vehículo, máxime si se toma en consideración el estado de salud en el que se encuentra el niño y su nivel de dependencia en relación con su madre o cuidador.
10.2.10.3. Por lo anterior, la S. procederá a ordenarle a la EPS FAMISANAR que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta providencia, autorice el servicio de transporte que el accionante requiere para trasladarse a sus citas médicas y sesiones de terapia en el municipio de Ubaté. Del mismo modo, de llegarse a ordenar algún tipo de atención médica que, por su especialidad, no pueda llevarse a cabo en el municipio de Ubaté, sino en uno distinto al lugar de residencia del menor, la EPS deberá suministrar y asumir la prestación del servicio de transporte que para tales efectos se requiera.
En el último de los casos objeto de análisis, la demandante, actuando en representación de su hijo menor de edad, presentó acción de tutela invocando la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y a la seguridad social, lo cuales fueron presuntamente vulnerados por la EPS SANITAS, en tanto se negó a continuar entregándole directamente[141], la dosis del medicamento F.V. para profilaxis, más una dosis adicional de urgencia para mantener en casa, las cuales requiere para tratar la enfermedad de HEMOFILIA A SEVERA, que padece el niño desde el nacimiento.
10.3.1. En la contestación de la acción de tutela, la entidad accionada, argumentó, en términos generales, que la suspensión de la entrega directa del F.V. a la madre del menor, “obedece a que el suministro de este tipo de medicamentos se encuentra exclusivamente reservado al personal médico y de ninguna manera puede ser delegable su aplicación”.
Así mismo, precisó que el menor se encuentra inscrito en el programa “Bienestar en casa” que fue creado por la EPS para atender a los pacientes que padecen de este tipo de patología y mediante el cual, el niño recibe, en su domicilio, las dosis de profilaxis que requiere, de conformidad con lo previsto por su médico tratante. Por todo esto, indicó que la entidad ha garantizado el acceso a los servicios de salud, así como también el suministro del medicamento del F.V..
10.3.2. Los jueces que conocieron en primera y segunda instancia de la referida acción constitucional resolvieron negar el amparo solicitado, por considerar que no se probó, por parte de la entidad demandada, la negativa de los servicios requeridos por el menor, y concretamente en relación con el suministro del F.V., encontró que está siendo suministrado periódicamente en el domicilio del menor y, a petición de la madre, ante una situación de emergencia.
10.3.3. De los elementos de juicio allegados al proceso, la S. encontró acreditados los siguientes hechos:
(i) El hijo de la actora, F.P.R., de 13 años de edad padece desde su nacimiento de HEMOFILIA A SEVERA.
(iii) Para la preservación de su vida, salud e integridad física, el menor requiere del F.V. como parte de un tratamiento profiláctico[142] y, a demanda[143], ante una situación de emergencia.
(v) Desde el momento en que se suspendió le entrega directa del F.V. a la madre del menor, se han presentado inconvenientes en el acceso y suministro oportuno del mismo por parte de la EPS, particularmente, ante situaciones de urgencias, donde, aduce la accionante, el medicamento es aplicado de forma tardía, ocasionando ello, dolores insoportables y daños en la salud del menor que afectan su desarrollo y crecimiento.
10.3.4. Con base en la situación fáctica descrita, le corresponde a la S. Séptima de Revisión, como ya se señaló, determinar sí la suspensión de la entrega directa del medicamento F.V., incluyendo la dosis de emergencia a la madre del menor representado, supone una vulneración a sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad física.
Dada la tecnicidad que requiere el asunto objeto de análisis, en el curso de la revisión la S. encontró necesario requerir a la “Liga Colombiana de Hemofílicos y otras Deficiencias Sanguíneas”, presidida por el Dr. S.R.R., médico científico en la materia, quien puso en conocimiento de este Despacho información en relación con la hemofilia y su tratamiento, la cual será utilizada a continuación para efectos de resolver el caso sub examine.[144]
Precisó igualmente, que desde el año 1994 los medicamentos que se utilizan para tratar la deficiencia del F.V. se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (ahora Plan de Beneficios en Salud) y que el 90% de los pacientes con hemofilia A severa, entre ellos menores de edad, reciben un tratamiento regular o profiláctico y que, “generalmente”, los cambios o suspensiones del mismo obedecen a razones de tipo administrativas o económicas, que desconocen el estado de salud de los pacientes[145].
Finalmente, y para lo que le interesa a la S., se informó que “definitivamente”[150] se considera prudente y eficaz que el paciente cuente con una dosis preventiva y/o de urgencia en su domicilio de la cual pueda hacer uso, previo concepto médico, ante una situación de emergencia. Sobre el particular puso de presente los beneficios que esto supone para la salud y la integridad de quien padece la enfermedad señalando, entre otras cosas, que:
A partir del informe rendido por la “Liga Colombiana de Hemofílicos y otras Deficiencias Sanguíneas”, para la S. resulta claro que la suspensión de la entrega directa del F.V. a la representante del menor, incluida una dosis de emergencia, puede dar lugar a la situación que denuncia la accionante. Esto es, a que la EPS no esté aplicando de forma oportuna el medicamento que es necesario e imprescindible para conservar la vida, la salud e integridad física de su hijo.
En el caso sub examine, la S. encuentra que, como quiera que la accionante había venido aplicando, por más de 11 años, el factor de coagulación a su hijo y que, además, fue capacitada ante la entidad competente para tales efectos, las razones presentadas por la EPS SANITAS, en cuanto a la suspensión de la entrega directa a la madre del F.V. que requiere F.P.R., van en contravía del propósito de que el suministro periódico de dicho medicamento, incluyendo la dosis de emergencia, se aplique de manera regular y oportuna, ocasionando esto, por tanto, riesgos sobre la condición de la salud del menor, quien, como consecuencia de las decisiones de tipo administrativo adoptadas por la EPS, se ha visto sometido a largas esperas para recibir la dosis que necesita del medicamento en mención, con las implicaciones que eso tiene en el control de su enfermedad y de los dolores que ésta le produce.
No advierte la S. que, desde el punto de vista técnico y legal exista prohibición que, expresamente, le impida al personal no médico, como es el caso de los padres o cuidadores del enfermo hemofílico suministrar el medicamento que se requiere para el tratamiento de dicha patología. Sobre el particular el “Protocolo clínico para tratamiento con profilaxis de personas con hemofilia A severa” expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social -Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud- se refiere concretamente a la hemofilia A severa señalando que “Desde la década de los 80, se ha promovido la terapia en casa para pacientes con diagnóstico de hemofilia A, esta terapia permite que el paciente tenga acceso rápido al factor de coagulación, y por lo tanto, al tratamiento oportuno y óptimo. Esta opción 19 terapéutica solo se recomienda en pacientes y cuidadores quienes han recibido un proceso educativo por parte del equipo interdisciplinario, orientado a las generalidades de la hemofilia, reconocimiento de episodios de hemorragia y sus complicaciones, primeros auxilios, cálculo de dosis a administrar, preparación, almacenamiento y administración de concentrado de factor VIII, técnicas de asepsia, realización de punción venosa, seguimiento y reporte de eventos al equipo de salud interdisciplinario, almacenamiento y eliminación de agujas y elementos cortantes. La decisión de llevar un paciente a terapia en casa, será del equipo interdisciplinario posterior a un período de seguimiento y evaluación”[152].
En consecuencia, la S. le ordenará a la EPS SANITAS que, en el marco del Programa de Hemofilia con el que cuenta la entidad, reanude la entrega del F.V. para profilaxis, incluyendo la dosis de emergencia, a la señora R. delS.R.B., para que ésta realice el suministro del mismo, de conformidad con lo que disponga su médico tratante.
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del treinta de junio (30) de junio de 2017 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia (Atlántico) dentro del expediente T-6.486.644 mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Á.M.M.M. en representación de su menor hijo I.L.A.M. contra la EPS CAJACOPI. En su lugar CONCEDER el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a la EPS CAJACOPI que en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, inicie las gestiones necesarias para que, en caso de no haberse llevado a cabo, le sea practicada al menor hijo I.L.A.M. la cirugía consistente en “reducción de cráneo”, garantizando los demás servicios médicos que en razón de dicha patología requiera el menor para el restablecimiento de su salud, todo esto de conformidad con lo prescrito por el médico tratante.
TERCERO.- REVOCAR la sentencia del nueve (9) de agosto de 2017 proferida por Juzgado Primero Municipal de Zipaquirá (Cundinamarca) con Funciones de Control de Garantías, dentro del expediente T-6.472.202, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor H.H.G.R. en calidad de agente oficioso del menor C.A.U.M. contra la EPS FAMISANAR. En su lugar CONCEDER el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.
QUINTO.- REVOCAR las sentencias del siete (7) de julio de 2017 y del veintidós (22) de agosto del 2017 proferidas por el Juzgado cuarenta y cuatro (44) Penal Municipal del Bogotá y por el Juzgado cuarenta y nueve (49) Penal del Circuito de la misma ciudad dentro del expediente T-6.416.011, mediante las cuales se negó el amparo invocado por la señora R. delS.M.B. en representación de su menor hijo F.P.R., contra la EPS SANITAS. En su lugar CONCEDER el amparo solicitado, pero por las razones expuestas en esta providencia.
SEXTO.- ORDENAR a la EPS SANITAS que en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo, se sirva a reanudar la entrega del medicamento F.V. para profilaxis, incluyendo una dosis de emergencia, a la señora R. delS.R.B., para que esta realice el suministro de éste, de conformidad con lo que disponga su médico tratante.
[1] S. de Selección conformada por los Magistrados A.R.R. y A.L.C..
[12] Mediante Auto del 28 de julio de 2017, el Juzgado Primero Municipal de Zipaquirá avocó conocimiento de la acción de tutela de la referencia, y le ordenó al señor H.H.G.R. explicar la calidad que éste ostenta sobre el menor C.A.U.M.. Ello, por cuanto de la lectura del escrito de tutela no es era claro si se trataba de su progenitor en tanto se refiere en reiteradas ocasiones a “mi hijo”, pero el apellido del menor no se asemejan a los del señor G.R.. S. el particular, la Madre del menor allegó escrito mediante el cual autorizó al señor H.H.G.R. para que represente a su menor hijo.
Por su parte, el señor G.R. le informó al Despacho Judicial que, si bien no era el padre del menor, en su calidad de presidente de la nueva veeduría en salud del municipio de Zipaquirá tenía la facultad de hacer el respetivo seguimiento de los casos que se ponían en su conocimiento.
[13] El accionante aduce que C.A.U.M. tiene 16 años de edad, sin embargo, de la copia de la tarjeta de identidad aportada en el expediente se pudo establecer que su fecha de nacimiento fue el 14 de diciembre de 2000, razón por cual su edad actual es 17 años.
[21] Mediante comunicación enviada al Juzgado de conocimiento, el señor H.H.G.R. le informó al despacho que tenía la calidad de presidente de la nueva veeduría en salud del municipio de Zipaquirá y que en esa medida estaba legitimado para intervenir en la acción de tutela sobre los intereses del menor.
[39] Las hemorragias articulares (hemartrosis) son las manifestaciones más típicas de la hemofilia. Cuando las hemartrosis son frecuentes y/o intensas, la membrana sinovial no es capaz de reabsorber toda la sangre. Para compensar tal deficiencia reabsortiva, la sinovial se hipertrofiará dando como resultado lo que se denomina sinovitis hemofílica crónica [1-3]. Por lo tanto, es muy importante no sólo evitar las hemartrosis agudas, sino también tratarlas del modo más eficaz posible, para evitar la aparición de la sinovitis. La mejor forma de evitar hemorragias articulares, o al menos disminuir su intensidad, es mediante un tratamiento hematológico profiláctico desde los dos años de edad hasta la conclusión de la madurez esquelética. No obstante, debemos recordar que la habitual infusión intravenosa necesaria en tales casos de profilaxis puede causar algunos problemas. La mayoría de los centros de hemofilia de las naciones desarrolladas tienen tratamiento sobre pedido, que consiste en la administración del factor deficiente de la coagulación cuando ocurre una hemartrosis. Publicación “LAS HEMORRAGIAS ARTICULARES (HEMARTROSIS) EN LA HEMOFILIA EL PUNTO DE VISTA DE UN CIRUJANO ORTOPEDISTA”.E.C.R.M., Federación Mundial de la Hemofilia – Abril de 2008, Nº 23.
[40] Programa de “BIENESTAR EN CASA”, donde se realiza la administración del F.V. como terapia de soporte según indicación médica 3 veces por semana a los pacientes en el domicilio.
[63] La S. Séptima de Revisión de Tutelas conformada por los Magistrados C.P.S., J.F.R.C. y A.R.R..
[64]Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante (…) También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.” (N. fuera del texto original).
[65] Corte Constitucional, Sentencias T – 557 de 2016, T-083 de 2016, T-291 de 2016 (M.P.A.R.R.).
[66] Ver sentencias Sentencias T-308 de 2011 (M.P.Humberto Sierra Porto), T- 482 de 2013 (M.P.A.R.R.), T-841 de 2011 (M.P.Luis E.V.S.)- Reiteración de jurisprudencia.
[67] Corte Constitucional, Sentencias T- 408 de 1995 (M.P.Eduardo C.M., T- 482 de 2003 (M.P.A.R.R.), T- 312 de 2009 (L.E.V.S., T -020 de 2016 (M.P., (J.I.P.C.,entre otras.
[68] Corte Constitucional Ver Sentencias T-926 de 2011 y T-096 de 2016 (MP. L.E.V.S..
[70] Sobre la materia revisar la sentencia SU- 391 de 2016, (M.P A.L.C..
[71] Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 2014, M.P.M.V.S.M..
[73] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (M.P.M.J.C.E.).
[74] Corte Constitucional, sobre la protección especial a los niños, las sentencias T-550 de 2001 y T-864 de 2000,( M.P.A.B.S., T-510 de 2003 y T-397 de 2004, M.P.M.J.C.E., T-943 de 2004, M.P.Á.T.G., T-265 de marzo 17 de 2005, M.P.J.A.R., principios reiterados en las sentencias T-765 de octubre 10 de 2011 y T-681 de agosto 27 de 2012, ambas M.P.N.P.P.. , T-586 de 2014 ,M.P.N.P.P., T- 557 de2017, M.P A.R.R..
[75] Corte Constitucional,, T- 736 de 2013 (M.P.A.R.R.).
[76] Corte Constitucional, ver entre otras, las Sentencias T-603 de 2015, T-098 y T-400 de 2016 (MP Gloria S.O.D.) y T-450 de 2016 (MP J.I.P.C.
[83] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008, M.P.M.J.C.E..
[85] Corte Constitucional, sentencia C-313 de 2014 (MP G.E.M.M.; SVP M.G.C., L.G.G.P., J.I.P.C.; AV María Victoria Calle Correa, M.G.C., L.G.G.P., A.R.R., L.E.V.S..
[88] Corte Constitucional, T – 086 de 2016 (M.P A.R.R.).
[91] Corte Constitucional sentencias T-335 de 2006 (M.P Á.T.G., T-672 de 2006 (M.P C.I.V.H., T-837 de 2006 (M.P.H.A.S.P., T-765 de 2008(M.P.J.A.R. , entre otras
[92] Corte Constitucional Sentencia T- 158 de 2010 (M.P.L.E.V.S..
[93] Corte Constitucional, sentencia T-121 de 2015 (MP L.G.G.P..
[96] Corte Constitucional, Sentencia T-133 de 2001 (M.P.C.G.D. , T- 406 de 2015 (M.P.J.I.P.P.)
[97] Corte Constitucional, Sentencia T-365 de 2009 (M.P.J.I.P.P., T- 091 de 2011(M.P.L.E.V.S..
[99] Corte Constitucional, sentencias T-124 de 2016 (M.P.L.E.V.S., T- 673 de 2017 (M.P.G.S.O.D.).
[100] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (M.P.M.J.C.E.).
[101] Corte Constitucional, sentencia T- 100 de 2016 (M.P.M.V.C.)
[103] Corte Constitucional, sentencias T – 056 de 2015 (M.P.M.V.S.M., T- 208 de 2017 (M.P J.A.L.O..), T – 178 de 2017 (M.P.J.A.L.O..),)
[105] Desde la sentencia SU-480 de 1997, M.P.A.M.C., se fueron decantando tales criterios y particularmente en la sentencia T-237 de 2003, M.P.J.C.T.,
[110] Corte Constitucional Sentencia T- 558 de 2017 ( M.P.I.H.E.M.)
[111] “toallas higiénicas, pañitos húmedos, papel higiénico e insumos de aseo”. Respecto a insumos de aseo la Corte Constitucional ha catalogado los pañales desechables como elementos integrantes de este concepto. Corte Constitucional, sentencias T-594 de 2013 (M.P.L.E.V., T-216 de 2014 (M.P.M.V.C.) y T-025 de 2014 (M.P.M.J.C.).
[113]Corte Constitucional, sentencias T-056 de 2015 (MP. M.V.S.M.) y T-096 de 2016 (MP. L.E.V.S., T-120 de 2017 (M.P.L.E.V.S., T-552 de 2017 (M.P C.P.S., entre otras.
[114] Corte Constitucional T – 260 de 2017 (, M.P.A.R.R.).
[115] Corte Constitucional, sentencia T- 597 de 2016 (M.P.G.E.M.M., T – 178 de 2017 (M.P.A.J.L.O..
[116] Resolución 5269 de 2017, ART. 120. —Transporte o traslados de pacientes. El plan de beneficios en salud con cargo a la UPC financia el traslado acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia básica o medicalizada) en los siguientes casos 1. Movilización de pacientes con patología de urgencias desde el sitio de ocurrencia de la misma hasta una institución hospitalaria, incluyendo el servicio pre hospitalario y de apoyo terapéutico en ambulancias 2. Entre IPS dentro del territorio nacional de los pacientes remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde están siendo atendidos, que requieran de atención en un servicio no disponible en la institución remisora. Igualmente para estos casos está financiado con recursos de la UPC el traslado en ambulancia en caso de contra referencia.
[117] Corte Constitucional sentencia T-154 de 2014 ( M.P L.G.G.P. )
[118] Corte Constitucional sentencia T-154 de 2014 (M.P L.G.G.P., T- 062 de 2017 (M.P.G.E.M.M., entre otras.
[119] Corte Constitucional sentencia T- 062 de 2017 (M.P.G.E.M.M..
[123] Corte Constitucional, sentencia T-226 de 2015 (M.P.L.G.G.P..
[124] En el mismo sentido esta Corte lo ha expresado de la siguiente manera: “en el Sistema de Salud, la persona competente para decidir cuándo alguien requiere un servicio de salud es el médico tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce al paciente.”Criterio expresado en la Sentencia T-760 de 2008, M.P.M.J.C.E., la cual reiteró la posición desarrollada, entre otras, en las siguientes sentencias: T-271 de 1995, M.P.A.M.C., SU-480 de 1997, M.P.A.M.C., SU-819 de 1999, Á.T.G., T-414 de 2001, M.P.C.I.V.H., y T-344 de 2002, M.P.M.J.C.E.. // Así pues, “Siendo el médico tratante la persona facultada para prescribir y diagnosticar en uno u otro sentido, la actuación del Juez Constitucional debe ir encaminada a impedir la violación de los derechos fundamentales del paciente y a garantizar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales mínimas, luego el juez no puede valorar un procedimiento médico. Por ello, al carecer del conocimiento científico adecuado para determinar qué tratamiento médico requiere, en una situación dada, un paciente en particular podría, de buena fe pero erróneamente, ordenar tratamientos que son ineficientes respecto de la patología del paciente, o incluso, podría ordenarse alguno que cause perjuicio a la salud de quien busca, por medio de la tutela, recibir atención médica en amparo de sus derechos. Por lo tanto, la condición esencial para que el juez constitucional ordene que se suministre un determinado procedimiento médico o en general se reconozcan prestaciones en materia de salud, es que éste haya sido ordenado por el médico tratante, pues lo que se busca es resguardar el principio según el cual, el criterio médico no puede ser remplazado por el jurídico, y solo los profesionales de la medicina pueden decidir sobre la necesidad y la pertinencia de un tratamiento médico.” Sentencia T-345 de 2013, M.P.M.V.C.C..
[125] Corte Constitucional, sentencia T-226-15 (M.P.L.G.G.P.)
[126] Corte Constitucional, sentencia T-226 de 2015 (M.P.L.G.G.P..
[126] En el mismo sentido esta Corte lo ha expresado de la siguiente manera: “en el Sistema de Salud, la persona competente para decidir cuándo alguien requiere un servicio de salud es el médico tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce al paciente.”Criterio expresado en la Sentencia T-760 de 2008, M.P.M.J.C.E., la cual reiteró la posición desarrollada, entre otras, en las siguientes sentencias: T-271 de 1995, M.P.A.M.C., SU-480 de 1997, M.P.A.M.C., SU-819 de 1999, Á.T.G., T-414 de 2001, M.P.C.I.V.H., y T-344 de 2002, M.P.M.J.C.E.. // Así pues, “Siendo el médico tratante la persona facultada para prescribir y diagnosticar en uno u otro sentido, la actuación del Juez Constitucional debe ir encaminada a impedir la violación de los derechos fundamentales del paciente y a garantizar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales mínimas, luego el juez no puede valorar un procedimiento médico. Por ello, al carecer del conocimiento científico adecuado para determinar qué tratamiento médico requiere, en una situación dada, un paciente en particular podría, de buena fe pero erróneamente, ordenar tratamientos que son ineficientes respecto de la patología del paciente, o incluso, podría ordenarse alguno que cause perjuicio a la salud de quien busca, por medio de la tutela, recibir atención médica en amparo de sus derechos. Por lo tanto, la condición esencial para que el juez constitucional ordene que se suministre un determinado procedimiento médico o en general se reconozcan prestaciones en materia de salud, es que éste haya sido ordenado por el médico tratante, pues lo que se busca es resguardar el principio según el cual, el criterio médico no puede ser remplazado por el jurídico, y solo los profesionales de la medicina pueden decidir sobre la necesidad y la pertinencia de un tratamiento médico.” Sentencia T-345 de 2013, M.P.M.V.C.C..
[126] Corte Constitucional, sentencia T-226-15 (M.P.L.G.G.P.)
[128] Corte Constitucional, sentencia T-226-15 (M.P.L.G.G.P.)
[129] Corte Constitucional, sentencia T-154 de 2014 y T-226 de 15 (M.P.L.G.G.P.) -reiteración de jurisprudencia.
[135] “toallas higiénicas, pañitos húmedos, papel higiénico e insumos de aseo”. Respecto a insumos de aseo la Corte Constitucional ha catalogado los pañales desechables como elementos integrantes de este concepto. Corte Constitucional, sentencias T-594 de 2013 (M.P.L.E.V., T-216 de 2014 (M.P.M.V.C.) y T-025 de 2014 (M.P.M.J.C.).
[138]Corte Constitucional, sentencia T- 552 de 2017 (M.P.C.P.S.).
[141] Aduce la peticionaria que “hasta hace 3 años la EPS SANITAS le había suministrado las dosis del medicamento F.V. (medicamento indispensable e irremplazable para salvaguardar la vida o el sufrimiento del paciente hemofílico A) para que yo la mantuviera en casa”. Ver a folio 1 del cuaderno principal.
[143] El tratamiento farmacológico con reemplazo de factor de la coagulación se divide en dos categorías, el tratamiento profiláctico y el tratamiento a demanda. La profilaxis es el tratamiento regular con concentrado de factor que se administra a fin de prevenir los episodios hemorrágicos. El objetivo de esta terapia es prevenir las hemorragias y la destrucción de las articulaciones, y así preservar la función músculo esquelética. Desde la década de los 80, se ha promovido la terapia en casa para pacientes con diagnóstico de hemofilia A, esta terapia permite que el paciente tenga acceso rápido al factor de coagulación, y por lo tanto, al tratamiento oportuno y óptimo. Esta opción 19 terapéutica solo se recomienda en pacientes y cuidadores quienes han recibido un proceso educativo por parte del equipo interdisciplinario, orientado a las generalidades de la hemofilia, reconocimiento de episodios de hemorragia y sus complicaciones, primeros auxilios, cálculo de dosis a administrar, preparación, almacenamiento y administración de concentrado de F.V., técnicas de asepsia, realización de punción venosa, seguimiento y reporte de eventos al equipo de salud interdisciplinario, almacenamiento y eliminación de agujas y elementos cortantes. La decisión de llevar un paciente a terapia en casa, será del equipo interdisciplinario posterior a un período de seguimiento y evaluación. El tratamiento a demanda es la aplicación del F.V. cuando hay evidencia clínica de sangrado. (4, 5) - Protocolo Clínico para tratamiento con profilaxis de personas con hemofilia a severa sin inhibidores” Marzo de 2015, Ministerio de Salud y Protección Social.

References: artículo 5
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 11
 Resolución 
 Resolución