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Timestamp: 2017-10-23 22:46:40+00:00

Document:
De U., Longton Alfonso
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDA DE CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD
Sesión 2ª, en martes 18 de marzo de 2014
Actuó de Secretario subrogante el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Las actas de las sesiones 91ª y 92ª, ordinarias, en 4 y 5 de marzo, respectivamente; Sesión de Instalación, en 11 de marzo del presente mes, y 1ª, en 12 de marzo, todas de este año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
Con el primero retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que concede aporte familiar permanente de marzo y ajusta norma que indica (boletín N° 9.273-05).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines números 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que dio su aprobación a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que concede aporte familiar permanente de marzo y ajusta norma que indica (boletín N° 9.273-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
2.- Proyecto de ley que complementa la regulación de los centros de acopio que indica (boletín N° 9.047-21).
Expide copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas, en el ejercicio del control de constitucionalidad, acerca de las siguientes materias:
1.- Proyecto que modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para facilitar la administración de copropiedades y la presentación de proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas sociales (boletín N° 8.232-14).
2.- Proyecto de ley que perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales (boletín Nº 8.210-06).
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 206 del Código Civil.
Envía copia de las resoluciones pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las disposiciones legales que se enuncian a continuación:
1.- Artículo 22, inciso tercero, de la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.
2.- Artículos 277, inciso segundo, y 320 del Código Procesal Penal, y 411 quáter, inciso primero, del Código Penal.
Atiende consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los resultados de las denuncias presentadas por los incendios forestales ocurridos en fechas recientes.
De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago:
Informa que el Ministro señor Mauricio Silva Cancino asumió la Presidencia de ese Tribunal, a contar del 1° del mes en curso.
Del entonces Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Envía, con arreglo al artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2013 de esa Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Responde acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición de los Senadores señores Chahuán, Bianchi, Lagos y Muñoz Aburto, que pide considerar en la iniciativa en estudio para modificar la ley sobre casinos de juego, además de la prórroga de su operación por las municipalidades, disposiciones que aseguren el pleno resguardo de los derechos laborales de las personas que, al término de aquella, prestaren servicios a las empresas titulares de la concesión (boletín Nº S 1.612-12).
Del entonces Ministro de Defensa Nacional:
Da a conocer los Balances de Gestión Integral 2013 de esa Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados, en cumplimiento del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
De la entonces Ministra Secretaria General de Gobierno:
Atiende solicitud de información sobre la venta del diario La Nación, petición formulada por el Senador señor Navarro durante su intervención en la hora de Incidentes de la sesión del miércoles 15 de enero último.
Adjunta los Balances de Gestión Integral 2013 de esa Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del entonces Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Envía, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2013 de esa Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Del entonces Ministro de Desarrollo Social:
Envía los Balances de Gestión Integral 2013 de esa Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados, con arreglo a lo prescrito por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
De la entonces Ministra de Educación:
Envía ejemplares, en formatos impreso y electrónico, de los Balances de Gestión Integral 2013 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del entonces Ministro del Trabajo y Previsión Social:
Responde solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, en materia de aplicación de la Norma Chilena 1805, del año 1980, que regula los elementos de protección personal, específicamente la "ropa para soldadores".
De la entonces Ministra de Obras Públicas:
Remite, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2013 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes.
Del entonces Ministro de Salud:
Contesta solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor Navarro, respecto a una grave plaga de ratones que afecta a los vecinos del sector Cerro Verde Bajo, de la comuna de Penco.
Del entonces Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Remite, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2013 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Del entonces Ministro de Minería:
Responde petición, cursada en nombre de los Senadores señor Prokurica, señora Allende y señores Frei y Gómez, relativa a la posibilidad de presentar un proyecto de ley modificatorio del Código de Minería en materia de publicaciones en los boletines mineros.
Adjunta los Balances de Gestión Integral 2013 correspondientes a la Secretaría General y Administración de esa Secretaría de Estado; al Servicio Nacional de Geología y Minería, y a la Comisión Chilena del Cobre, conforme lo manda el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del entonces Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Comunica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2013 de las Subsecretarías de Transportes y de Telecomunicaciones y de la Junta de Aeronáutica Civil.
De la entonces Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer:
Adjunta, en ejecución del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2013 de dicho órgano administrativo del Estado.
Del entonces Subsecretario para las Fuerzas Armadas:
Atiende consulta, remitida en nombre del Senador señor Navarro, sobre la posibilidad de que ciudadanos chilenos realicen su servicio militar en otro país y respecto a la normativa aplicable a quienes tengan doble nacionalidad.
De los entonces Subsecretario de Relaciones Exteriores, Director General de Relaciones Económicas Internacionales, Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile y Director Nacional (S) del Instituto Antártico Chileno:
Envían ejemplares de los Balances de Gestión Integral 2013 de aquella Secretaría de Estado y de los mentados servicios dependientes, con arreglo a lo prescrito en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
De los entonces Subsecretario de Agricultura; Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (S); Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero; Director Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, y Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego:
Remiten, en ejecución del mandato contenido en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sendos ejemplares de los Balances de Gestión Integral 2013 de la Subsecretaría mencionada y de los servicios referidos.
Del entonces Subsecretario de Bienes Nacionales:
Contesta solicitud de información, cursada en nombre de la Senadora señora Allende, relativa a la promesa de regularizar la ocupación del borde costero en el sector Barranquilla, comuna de Caldera.
Responde solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor Navarro, sobre el número de funcionarios de planta, a contrata y a honorarios en el primer trimestre de 2011, 2012 y 2013 en esa Secretaría de Estado y la cantidad de vacantes provistas en dichos años.
Remite el Balance de Gestión Integral 2013 del Ministerio de Bienes Nacionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
De los entonces Subsecretario de Energía, Superintendente de Electricidad y Combustibles, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y Secretario Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear:
Envían, con arreglo a lo prescrito por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sendos ejemplares de los Balances de Gestión Integral 2013 correspondientes a la Subsecretaría en comento y a las entidades referidas.
Del señor Tesorero General de la República:
Anexa el Balance de Gestión Integral 2013, conforme lo dispone el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Superintendente de Casinos de Juego:
Adjunta el Balance de Gestión Integral 2013, en cumplimiento de la exigencia contenida en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del entonces Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, respecto a los resultados de las denuncias presentadas por los incendios forestales ocurridos recientemente.
Del entonces Director Administrativo, Presidencia de la República:
Del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias:
Informa de su constitución en el presente período legislativo, en cumplimiento del artículo 66, inciso noveno, de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y de la elección del consejero señor Sergio Páez Verdugo como Presidente.
Del señor Director Jurídico del Consejo para la Transparencia:
Remite copia de decisión de inadmisibilidad recaída en solicitud de amparo al derecho de acceso a la información en contra de la Corporación, por no ser asunto de competencia de ese Consejo.
De la señora Jefa del Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Aduanas:
Envía el Balance de Gestión Integral 2013 de dicha repartición pública, con lo que da ejecución al mandato del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Cinco de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones:
1.- Informe recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos (boletines números 4.595-15 y 4.764-15, refundidos).
2.- Segundo informe recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).
3.- Informe recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 164 de la Ley de Tránsito con el objeto de sancionar como responsables de los delitos que señala a los conductores y organizadores de carreras de vehículos no autorizadas por la autoridad competente (boletín N° 8.919-15).
4.- Informe recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15).
5.- Informe recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que rebaja a un año el plazo de prescripción a que se refiere el inciso primero del artículo 24 de la ley N° 18.297 (boletín N° 9.121-15).
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto que modifica el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en materia de reelección de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria (boletín N° 9.232-07).
Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín N° 8.335-24).
De los Senadores señores Patricio Walker, Chahuán, Espina y Rossi, con la que se da inicio a un proyecto que modifica diversos cuerpos legales a fin de establecer un sistema de elección proporcional de parlamentarios (boletín N° 9.277-07).
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En sesión celebrada el día de hoy, los Comités adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1.- Retirar de la tabla el proyecto signado con el número 2 (regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342) (boletín N° 6.355-01).
2.- Remitir a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para un nuevo informe, el proyecto signado con el número 4 de la tabla (establece el sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal) (boletín Nº 8.189-04).
3.- Constituir a la Comisión de Hacienda para el solo efecto de tratar el proyecto de ley que concede aporte familiar permanente de marzo y ajusta norma que indica (boletín N° 9.273-05), designándose como miembros a los Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar; autorizar al mencionado órgano técnico para sesionar en paralelo con la Sala el día de hoy, e incluir en la tabla de la sesión ordinaria de mañana la iniciativa informada.
4.- Fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre procedimiento de toma de razón y registros electrónicos (boletín N° 9.173-07): hasta el martes 1° de abril, a las 12.
5.- Fijar una sesión especial para el miércoles 9 de abril, entre 12 y 14, con el fin de tratar el informe de la Comisión Especial para el Estudio de Reformas al Sistema de Administración de Fondos de Pensiones (boletín N° S 1.424-12).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador señor Lagos, como vimos en los Acuerdos de Comités, la Comisión de Hacienda está autorizada para funcionar simultáneamente con la Sala.
Hay que fijar la hora.
No sé si Su Señoría tiene una sugerencia sobre el particular.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, si les pareciera a usted y a la Sala, podríamos constituirnos a las 17.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Hay acuerdo al respecto?
Entonces, a las 17 se reunirá la Comisión de Hacienda para ver la iniciativa que otorga un "bono marzo" permanente, la cual, como los señores Senadores escucharon, quedó para el primer punto de la tabla de la sesión de mañana.
Boletín N° 2973-11
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde proseguir el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, con informe y nuevo primer informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2973-11, 4181-11, 4192-11 y 4379-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Sesiones 11ª, en 20 de abril de 2011 (se aplaza su discusión); 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión); 42ª, en 30 de julio de 2013 (se aplaza la votación).
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Cabe hacer presente que el Comité Demócrata Cristiano, en sesión de 30 de julio de 2013, solicitó aplazamiento de la votación y hoy retiró esa petición, por lo cual corresponde proseguir el debate en general.
En consecuencia, la señora Presidenta ofrecerá la palabra en discusión general sobre esta iniciativa.
La Comisión de Salud discutió esta iniciativa en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala el 5 de mayo de 2009.
El número 5 del artículo 3° es de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos favorables.
Es del caso señalar que, por acuerdo de la Sala de 6 de abril de 2011, en el segundo informe el proyecto debe ser considerado por las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa solicita que algún miembro de la Comisión de Salud -podría ser el Honorable señor Chahuán- informe sobre la materia. Ello, pensando en los Senadores que recién se vienen incorporando, para que tengan mayor conocimiento sobre el contenido de la iniciativa.
A tal efecto, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, este proyecto de ley es producto de la fusión de cuatro mociones; tuvo origen en la Cámara de Diputados, y se halla en segundo trámite constitucional. Y finalmente se logró aunar criterios en materia de etiquetado de bebidas alcohólicas.
Básicamente, esta iniciativa pretende posibilitar que las etiquetas de las bebidas alcohólicas tengan una advertencia similar a la exigida en los restantes países del mundo, la que incluso se requiere en el caso de los propios vinos chilenos que se venden a mercados del exterior.
Si uno examina el etiquetado de las bebidas alcohólicas nacionales que se exportan verá que contiene un aviso acerca de los efectos que provoca el consumo excesivo de alcohol; incluso, las advertencias aparecen delineadas por país.
Este proyecto fue fruto de un acuerdo que lograron las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente de la Cámara Baja, donde (yo era Diputado) se registró un enfrentamiento entre la Ministra de Salud y el Ministro de Agricultura. Pero finalmente se llegó a un acuerdo en cuanto a las dimensiones de las advertencias del etiquetado, en la idea de no alterar ni perjudicar la comercialización del producto.
Así, se establecieron al menos tres advertencias: la primera, que la mujer embarazada no debe beber alcohol; la segunda, que el consumo de alcohol disminuye la capacidad para conducir, y la tercera, que la ingesta de alcohol por menores afecta su desarrollo físico e intelectual.
Posteriormente se estableció -y fue parte del acuerdo de ambas Comisiones- que la advertencia debía abarcar al menos 15 por ciento de la superficie total del etiquetado.
Se incorporaron también materias relacionadas con la publicidad de bebidas alcohólicas en televisión, cuestión que hasta ahora solo es autorregulada por los medios. Y se determinó que se podrá realizar ese tipo de publicidad entre las 23 y las 6, para procurar que únicamente esté al alcance de mayores de edad.
Se prohíbe, además, la publicidad directa o indirecta de bebidas alcohólicas en radios entre las 16 y las 18, que era el horario peak fijado en aquel entonces.
En seguida, contempla este proyecto de ley regulaciones en cuanto a clasificación de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas. Entre ellas se incorporó a los hoteles, hosterías, moteles y restoranes de turismo.
Se consignan a continuación las menciones que debe contener la patente de bebidas alcohólicas: nombre y cédula de identidad del dueño, con indicación de lugar de su otorgamiento, y dirección del negocio. E iguales anotaciones deberán hacerse respecto al adquirente en caso de transferencia de la patente, situación que hasta ahora no se halla regulada.
Por otra parte, "Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, en cualquier tipo de envase, en los campos y recintos destinados a espectáculos deportivos, salvo que se efectúen en establecimientos delimitados que tengan patente de restorán o círculo o club social con personalidad jurídica; en las vías, plazas y paseos públicos; en los teatros, cines, circos y demás centros y lugares de espectáculos o diversiones públicas que no paguen patente de cabaré; como también en las estaciones ferroviarias, en los trenes y demás vehículos de transporte", etcétera.
Adicionalmente, se establece que "En los espectáculos de fútbol profesional que el intendente determine que existe riesgo para la seguridad pública, decretará la prohibición de venta o entrega de bebidas alcohólicas en los centros o recintos donde se lleven a efecto y en un perímetro máximo de cinco cuadras, medida que regirá desde tres horas antes del inicio del evento hasta tres horas después de su finalización.".
Esta iniciativa prohíbe el ingreso de menores de 18 años a los cabarés, cantinas, bares y tabernas, como asimismo a las discotecas, cuando en ellas se expendan bebidas alcohólicas.
Se consigna, además, una regulación en cuanto a la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública.
Por otro lado, se dispone que los planes y programas de estudio y prevención a que se refieren los incisos primero, segundo y final del artículo 39 de la ley N° 19.925 deberán estar en ejecución un año después de la publicación de la ley en proyecto.
También, se determina la consideración en las mallas curriculares de programas vinculados con los efectos que provoca el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
De otra parte, se contempla una norma conforme a la cual, en los casos de denuncias de Carabineros por contravención a lo consagrado en el artículo 14 de la ley N° 19.925, el juez podrá decretar la entrada al establecimiento y el registro, aunque se encuentre cerrado, para verificar el hecho denunciado, cuando la denuncia contenga antecedentes que permitan fundar la sospecha sobre la veracidad del hecho. Ello se refiere básicamente a las infracciones a la Ley de Alcoholes.
Señora Presidenta, es importante tener en cuenta que este proyecto fue parte de un acuerdo sustantivo que permitió fusionar cuatro mociones.
Hay acuerdo en los miembros de la Comisión de Salud en el sentido de que esta iniciativa, a requerimiento en su oportunidad de los miembros de la Comisión de Agricultura, pueda ser analizada conjuntamente por ambos órganos técnicos.
Sin embargo, en esta Sala no hemos logrado que se apruebe en general. Y la única manera de pasarla a Comisiones unidas es acogiendo la idea de legislar.
Claramente, existe disposición para mejorar algunos aspectos de esta normativa. Por ejemplo, la promoción de marcas de bebidas alcohólicas en el caso de las actividades deportivas.
Al respecto, sostenemos que prohibir la publicidad de ese tipo de bebidas en las camisetas de clubes podría generarle una pérdida sustantiva a la actividad deportiva. Se calcula en alrededor de cinco millones de dólares el aporte que las marcas de bebidas alcohólicas hacen al fútbol, particularmente.
Como dije, se acordó hacer algunas modificaciones, las cuales, a pesar de haber sido consensuadas por la mayoría de los miembros del órgano de trabajo que las estudió, no han podido agilizar su trámite, pues no se nos ha dado la oportunidad, a partir de la aprobación general del proyecto, de discutirlas en particular en las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud, básicamente la no prohibición del auspicio de marcas comerciales de bebidas alcohólicas en espectáculos deportivos, de manera particular en clubes de fútbol, sino solamente el merchandising a menores. Es decir, en aquellos casos en que esta práctica se verificara en camisetas deportivas, se debería impedir que las confeccionadas en tallas para menores consignaran el logo de la respectiva compañía cervecera o de bebidas alcohólicas.
Por lo tanto, hay acuerdos sustantivos para mejorar el proyecto de ley.
Señora Presidenta, soy autor de tres de las iniciativas legales fusionadas y en la Cámara de Diputados demoramos cuatro años en llegar a acuerdo en torno a esta materia. Y, desde que el proyecto está en el Senado, con una data de cinco años, no se ha podido agilizar su trámite para que pase de la Sala a Comisiones, aun cuando hay concordancia en morigerar la normativa y permitir que la ley resultante sea razonable.
En ese contexto, cabe destacar que la Comisión de Salud recibió a todos los actores involucrados, incluidos, por supuesto, a los distribuidores de bebidas alcohólicas y a los propios fabricantes, quienes se hallan disponibles para mejorar la ley en los términos que contemplan los referidos acuerdos. No obstante, no ha habido oportunidad procesal en el Senado para efectuarlo.
Pareciera que acá no hay interés en legislar sobre la materia. A mi juicio, hay que hacerlo, avanzar en este ámbito y dar la posibilidad para que, en definitiva, la normativa pueda ser perfeccionada en las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta,	al escuchar al Honorable señor Francisco Chahuán y al observar la realidad que presenta el país, atendidas las cifras y los análisis de distintos organismos del Estado, uno se da cuenta de que, sin duda, estamos frente a un tema que no es fácil. En mi opinión, no hay nadie que pueda sostener que el alcohol y las drogas no están generando a Chile uno de sus principales problemas.
Mi preocupación, señora Presidenta, estimados señores Senadores, es por qué no ha habido de parte de la autoridad y del propio Poder Legislativo una reacción ante el cuadro que provoca el alcohol.
Si uno lee los estudios del CONACE y de otras instituciones, verá que las cifras son francamente alarmantes. Un estudio sobre uso, abuso y dependencia del alcohol, realizado por dicha entidad en 2002, concluye que la tasa de consumo actual de alcohol aumentó en 50 por ciento entre 1994 y ese año. No hay ninguna sustancia que haya incrementado su consumo en ese nivel. Se señala, además, que todas las tasas de prevalencia de consumo de alcohol, como las de incidencia, son ligeramente más altas entre la población joven y adulta (entre 19 y 34 años de edad), pero que las tasas de dependencia y abuso para los usuarios actuales de alcohol son más altas entre los jóvenes de 19 a 25 y en los menores de 12 a 18 años. Estas tasas de consumo actual de alcohol son más elevadas en el nivel socioeconómico alto; no obstante, su abuso y dependencia es mayor en el nivel socioeconómico bajo, en ambos sexos. Ahora se han sumado, tal como lo comprueban estas cifras, las mujeres.
Yo no digo que años atrás el consumo no haya sido significativo, pero las cifras actuales entregan antecedentes que, en mi concepto, debemos recoger.
No hay otra vía que aprobar una normativa como esta, la cual se orienta en la línea correcta.
Ya lo manifestó el Senador Chahuán: no ha sido fácil sacar adelante ciertas disposiciones. Algunas de ellas, cuya aprobación se busca hoy, tienen por objeto advertir sobre el consumo, estableciendo la obligación de que todo envase y publicidad de bebidas alcohólicas contenga un mensaje de advertencia acerca de los efectos nocivos del alcohol; otras dicen relación con la publicidad, especialmente aquella destinada a las actividades deportivas y a los menores de edad; algunas apuntan a los auspicios y patrocinios, con el objeto de impedir que empresas comercializadoras de bebidas alcohólicas patrocinen o auspicien actividades dirigidas a menores de edad, y hay otras que también son, a mi juicio, correctas.
Sin embargo, señora Presidenta, nos olvidamos de que, quizás el camino más difícil, el más largo, pero el único que produce efectos positivos en esta materia, es la educación. Y si bien es cierto que en este proyecto de ley hay algunos contenidos referidos a ella, me da la impresión de que el mayor énfasis lo debiéramos hacer en ese ámbito.
Mi experiencia haciendo clases en algunas universidades me ha permitido constatar que no hay un interés real del Estado por enseñar a los menores (ni en la educación básica ni en la media), desde temprana edad, acerca de los efectos negativos del consumo excesivo del alcohol y las drogas.
Creo que debemos luchar contra cuestiones culturales, contra las costumbres, contra una serie de elementos que conspiran para avanzar en esta materia.
Del mismo modo, me da la impresión de que estamos atrasados. Si uno hace un análisis de los números puros y duros que entregan las instituciones creíbles del Estado, ve que nos estamos quedando atrás, por cuanto los efectos del alcohol están produciendo consecuencias muy nocivas en la sociedad chilena, especialmente en nuestros jóvenes.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, dados los cambios registrados en el Parlamento, quizás algún Senador que no haya estado en las discusiones anteriores -este proyecto se ha discutido muchas veces- podría sorprenderse por el hecho de que una iniciativa con un nombre tan obvio, tan necesario, que busca mejorar la forma de vender, comercializar y producir bebidas alcohólicas, haya sido objeto de un debate tan largo. Una opción es que haya habido desinterés, pero otra, que existan razones muy de fondo -para algunos por lo menos- respecto de sus ideas matrices, las cuales resultan altamente discutibles.
Si ustedes miran el proyecto en detalle, verán que casi no hay normas sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas. Hay disposiciones, en el artículo 1°, que son, creo yo, razonables en materia de advertencias, en el ánimo de ayudar, aunque de modo muy leve, en el plano educativo. No hay normas que apunten derechamente al tema de la educación, lo que se explica porque no era algo que la iniciativa pretendiera abordar. El eje de la discusión se halla en el artículo 2°, relativo a la publicidad. Y lo que se está haciendo acá, no solo con relación al fútbol profesional, sino respecto de todo espectáculo masivo, es generar, por esta vía, una especie de ostracismo de las bebidas alcohólicas.
Paradójicamente, la zona que represento es viñatera y la Cuarta Región es pisquera. Y no creo que sea delito que las personas se dediquen a una actividad absolutamente amparada por la ley y que ha cumplido, ciertamente, cada uno de sus mandatos. Sin embargo, mediante esta ley en proyecto, los patrocinios de la cerveza en el fútbol -no solo profesional, sino también amateur-, por ejemplo, resultan completamente aniquilados. Con justa razón se ha planteado, en otras ocasiones, si esa es una medida correcta para enfrentar el problema que se pretende solucionar: cómo racionalizar el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas.
Entonces, no es que haya habido mala voluntad, no es que haya habido mala fe. En el Senado hemos despachado un montón de legislaciones relacionadas con esta materia y hemos aprobado, por mayorías importantes -algunos pueden oponerse- normas muy exigentes al respecto. Pero este es un tema distinto. Aquí se trata de dar, a una actividad que es lícita -a menos que se me diga que producir vino es ilegal; ahí yo podría entender que se debe impedir que se propague su consumo- una suerte de estatus que en la práctica busca transformarla en ilícita.
Ese es el problema de esta iniciativa de ley.
¿Qué hemos hecho varios parlamentarios, transversalmente, porque esto no es un asunto de que uno sea de un lado o de otro? Le hemos pedido varias veces a la Comisión sacar, cambiar el artículo 2° y dejar el resto de la normativa en términos de ser aprobado, y discutir, si así se desea, dicha disposición, pero en su mérito, no como idea matriz de un proyecto sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, porque no tiene nada que ver con aquello.
Ese es el punto envuelto en el debate. Entonces, que nadie imagine que acá hay un conjunto de personas que no quieren hacer la pega. ¡No! Aquí hay una discusión de fondo, legítima.
Dicho sea de paso, esta materia se ha abordado en muchos otros países, con resultados bastante disímiles. En general, prohibiciones de publicidad de este tipo han sido rechazadas. La tendencia universal más bien apunta a limitarla a determinados horarios, como se hace en otra norma del proyecto, pero sin generar prohibiciones totales.
Esa ha sido la lógica en el mundo moderno. Sin embargo, aquí estamos haciendo una especie de chiismo, tratando de ir mucho más allá. Si ustedes se fijan, "Se prohíbe cualquier forma de publicidad comercial o no comercial, directa o indirecta de bebidas alcohólicas en actividades deportivas".
¿Es razonable? ¿Es la forma de abordar el problema? Personalmente, me parece que no, y esa es la discusión de fondo.
En todo caso, señora Presidenta, en uso de mis atribuciones, le pido aplazamiento de la votación, para que cada cual pueda reflexionar sobre el tema. Este es un Parlamento nuevo, recién instalado. E insisto: este no es un problema ideológico. Aquí no hay una división de ese tipo, sino una concepción de cómo deben normarse las instituciones y las prohibiciones.
Por tanto, señora Presidenta, en uso y ejercicio de mi derecho, contemplado en el artículo 135, inciso segundo, del Reglamento -siempre es bueno mencionar la norma aplicable-, formulo esa petición e invito a los parlamentarios nuevos -a quienes aprovecho de felicitar por haber realizado un esfuerzo electoral que no es fácil- a revisar las disposiciones del proyecto, de manera que poder tener una resolución adecuada en la ocasión correspondiente.
He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero aclarar a la Sala que, como se ha pedido aplazamiento -es un derecho de cada Comité-, no vamos a votar en general la iniciativa en el día de hoy. En todo caso, es interesante que continúen las reflexiones, así que voy a seguir ofreciendo la palabra.
Puede hacer uso de ella el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, esta tarde el país vuelve a observar cómo se obstaculiza un proyecto de ley que, claramente, apunta a lo que todos deseamos: buscar mecanismos, que no sean la prohibición, para dar señales de que todo lo que se lleve adelante en materia de publicidad por parte de las distintas marcas con el fin de incentivar el consumo de bebidas alcohólicas estará regulado.
Como ha explicitado muy bien el Senador Chahuán, este proyecto pretende normar, regular horarios. Los equipos deportivos podrán llevar el logo de determinada marca, pero no cuando sean niños los que puedan exhibirla en las series inferiores.
Y eso no parece descabellado; parece de toda lógica. Sin embargo, existen intereses que van más allá de lo que deseamos y se obstaculiza, una vez más, lo que se pide: votar en general. ¿Para qué? Para que este proyecto pueda pasar además a la Comisión de Agricultura. Quienes tengan intereses particulares, quienes deseen resguardar el lucrativo negocio de las bebidas alcohólicas, podrán defender allí esos intereses.
Pero tenemos que entregarle señales al país. Y lo que este proyecto pretende, fundamentalmente, es normar, regular la publicidad, el uso de las marcas en entidades deportivas, de manera muy especial en los clubes de fútbol, los más masivos en el mundo, sin que nuestro país sea la excepción.
Hoy parlamentarios piden aplazamiento de la votación. El país tiene que saberlo: eso no significa otra cosa que volver a frenar una iniciativa que lleva ocho años para ser discutida. ¡Ocho años, señora Presidenta!
Los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra -entre ellos, los señores Chahuán y Prokurica- han dado ejemplos de lo nocivo y perjudicial que es el consumo de alcohol y drogas, y todos queremos frenar eso. Pero ocurre que la situación económica hace que hoy volvamos a detener esta discusión.
Yo lo lamento. Cada uno hace uso de legítimos derechos, pero a nosotros nos hubiese gustado votar a favor esta tarde. Esta era una "prueba de la blancura" para ver quiénes están defendiendo el legítimo negocio de las bebidas alcohólicas y quiénes queremos que exista una regulación para que se pueda impedir su consumo, fundamentalmente en menores de edad.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de ofrecerle la palabra al Senador señor Pizarro, quiero aclarar lo siguiente.
Pedido el aplazamiento de la votación, el proyecto debería quedar para el primer lugar del Orden del Día de la sesión de mañana. No obstante, ello no será posible, porque los Comités, refrendados por la Sala, acordaron colocar en esa ubicación la iniciativa relativa al bono permanente. Ya está autorizada la Comisión de Hacienda para discutirla hoy.
Por lo tanto, si queda tiempo mañana, podremos ver el proyecto que ahora estamos tratando a continuación del recién mencionado; de lo contrario, quedará para la sesión siguiente.
Senador Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, a propósito de las últimas intervenciones, quiero señalar que a mi juicio no es conveniente, como lenguaje, que algunos colegas anden pidiendo aquí "pruebas de blancura" respecto de otros o que la descalificación de la argumentación vaya por la línea de decir que si se pide aplazamiento de la votación o se hace uso del Reglamento es porque se está obedeciendo a oscuros intereses que nadie sabe a quién representan.
En esta Sala todos representamos algo. Y todos estamos sometidos a la misma información, al mismo lobby, a la misma influencia que puedan ejercer grupos de presión, productores, ONG u otros competidores de productos que a lo mejor se ven afectados por las normativas que acá se analizan.
Si uno fuera mal pensado, podría argumentar que quienes están planteando como fundamental y elemental sacar este proyecto de ley en la idea de que con él vamos a solucionar todos los problemas de alcoholismo en Chile obedecen a lógicas de competencia de los productos que muchos de nuestros productores, de acuerdo a las normas legales, elaboran en las regiones del sur, del centro o del norte. Mi región es una zona netamente productora de pisco, que responde a una cultura y una tradición nuestra que forma parte del patrimonio cultural chileno, más allá de lo que significa el producto agroindustrial en sí mismo, el cual compite con otros países, de lo cual hacemos mucha gala los chilenos.
Sin embargo, cuando llega el momento de tomar decisiones de esta naturaleza, se sospecha de cualquiera que hable prendiendo una "luz amarilla" respecto de los efectos que pueda tener la legislación en este tipo de industria, por lo demás muy particular y especial, al estar constituida por pequeños productores organizados en cooperativas con una larga tradición y que están sufriendo sequías enormes. No es que la economía se haya desacelerado; estamos en una crisis de recursos hídricos que ya lleva nueve años.
Entonces, a mí me parece que hay que tratar estos temas con un poquito más de respeto.
Yo, señora Presidenta, deseo manifestar mi discrepancia con el reemplazo de la palabra "disminuye" por "anula" en la frase que señala: "El consumo de alcohol disminuye -ahora diría "anula"- su capacidad para conducir". Creo que esto merece cierto debate, porque en la Comisión de Transportes discutimos este punto a propósito de otros proyectos de ley en que se aumentan las penas, y, efectivamente, hay claridad y conciencia en cuanto a que el alcohol genera un efecto que puede llevar a una disminución en la capacidad para conducir.
De hecho, en nuestra legislación se señalan distintos grados en que se va produciendo tal disminución. No hace mucho tiempo los rebajamos mediante una ley, y se determinó que, si una persona registraba más de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, se encontraba en estado de ebriedad, y si registraba menos, bajo la influencia del alcohol.
Pero son dos cosas muy distintas.
Cuando una iniciativa consagra que el alcohol anula la capacidad para conducir de alguien, no se diferencia si ello obedece a que se tomó una copa de vino, una cerveza o "diez litros de vino", como dice Tito Fernández.
Reitero: son cosas distintas.
Entonces, tal como aparece redactado el texto, se va totalmente en contra de lo que nosotros mismos aprobamos en otros proyectos luego de largos debates, porque el concepto "anula", implica lisa y llanamente que con cualquier gota de alcohol en la sangre nadie puede conducir, independiente de si tomó una o 20 copas.
Para evitar las suspicacias de algunos, quiero decir que comparto y estoy convencido de que, en efecto, el alcohol reduce la capacidad de manejo de cualquier persona que lo ingiera: hombre, mujer, mayor, joven, quien sea. Evidentemente, el consumo excesivo es del todo dañino y muy pernicioso, y debemos llevar a cabo campañas de educación acerca de los efectos que produce.
En definitiva, señora Presidenta, considero que consagrar en el texto una definición en el sentido de que la ingesta de alcohol anula -¡anula!- la capacidad para conducir, es una exageración.
Lo segundo que se ha discutido acá, y que no hemos evaluado bien, son los efectos de disposiciones que, por bienintencionadas que sean, a lo mejor pueden resultar peores que los que deseamos corregir.
A veces el exceso de normas prohibitivas lleva al clandestinaje en la producción y comercialización de productos. Y eso sí que resulta nocivo para la salud de las personas, porque nadie responde por las consecuencias.
De ahí que considero lógico profundizar en este debate, que recae en una materia altamente sensible para importantes sectores de la comunidad -imagino lo que estarán pensando los agricultores productores vino de todo el país ante estas disposiciones tan extremas-, ya que, por alcanzar un bien superior que todos deseamos cautelar: la salud de la población, podemos generar un problema mucho mayor.
Por tal razón, no me molesta que se analice este punto todas las ocasiones que sea necesario, y no me gusta que algunos colegas vengan a decir que la petición de aplazamiento de la votación persigue prohibir que se debata o quién sabe qué oscuros intereses.
En tal sentido, deseo ser muy claro, como también lo seré en la discusión de la reforma tributaria: aquellas normas que vayan en desmedro claro y categórico de la producción pisquera en mi región no las voy a respaldar. ¡Lo digo con todas sus letras! Porque hartas trabas y problemas le hemos puesto al desarrollo de la industria pisquera en las Regiones Tercera y Cuarta -que represento- con los dictámenes de la Organización Mundial del Comercio, que generan una competencia desleal de productos extranjeros, que llegan subsidiados, en circunstancias de que la industria pisquera no recibe subsidio de ningún tipo, de que Chile ni siquiera ha invertido todo lo necesario en promover y proteger un licor que forma parte del patrimonio nacional y con el cual muchas veces salimos a competir con otros países.
Lo quiero dejar claramente establecido, porque prefiero evitar lo que puedan pensar algunos. Y tengan la claridad de que, en mi caso, la representación de los productores de pisco, de los pequeños agricultores, de las cooperativas pisqueras, la voy a defender a como dé lugar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, en nombre del Senado, deseo saludar a una delegación de congresistas norteamericanos, encabezada por el Senador señor Tom Harkin, quien fue condecorado en mérito a su contribución a la democracia y a los derechos humanos.
Ellos nos visitaron esta tarde en la presidencia de nuestra Corporación, y algunos se hallan presentes en las tribunas, así que queremos darles la bienvenida.
Los acompaña el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile.
El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, creo relevantes los temas que estamos discutiendo. Pero, lamentablemente, en el Senado cuesta anteponer las consideraciones de salud.
No pienso que sea ilegítimo hacer este tipo de defensa, pero pareciera que el presente proyecto impidiera o censurara el consumo de alcohol. ¡Muy lejos de eso! De ninguna manera pretende cuestionar que las personas libremente consuman alcohol. Lo que busca es proteger a la sociedad chilena de males que constituyen externalidades negativas de una ingesta inadecuada de alcohol.
Esta discusión es muy similar a la del proyecto relativo al consumo de comida chatarra. Nadie quiere censurar la ingesta de alimentos; lo que se pretende es impedir la publicidad engañosa que asocia la comida chatarra a colores, a estímulos que la hacen parecer más bien como saludable.
El mismo debate se produjo respecto del tabaco. Nadie quiere impedir que las personas fumen tabaco. Lo que se busca, por un lado, es evitar que los consumidores dañen a los fumadores pasivos y, por otro, prohibir la publicidad engañosa, en virtud de la cual el tabaco se asocia a algo saludable, a éxito, a belleza. Esto, evidentemente, es mentira.
Se trata nada más que de homologar a Chile con lo que ocurre en el mundo entero. Ningún país cuenta con una legislación tan liberal como la nuestra.
Tenemos la primera prevalencia mundial de tabaquismo, lo que constituye una vergüenza.
Tenemos la mayor prevalencia en el planeta de fumadores infantiles, ya que 35 por ciento de los niños consumen tabaco.
Registramos los indicadores más groseros de obesidad en niños y adultos, lo que nos va a traer como consecuencia una carga inmensa de cáncer, de accidentes vasculares, de infartos, que, ¡lejos!, son la primera causa de muerte y de hospitalización.
El asunto no radica en resolver el problema con medidas de salud, porque frente a un infarto, ello ya es tarde. Lo que debemos hacer es prevenir.
En materia de alcoholismo, el beber excesivo en adultos y en niños se encuentra también entre los más altos. Hoy día, la epidemia de menores de todo nivel socioeconómico que se intoxican con alcohol constituye un drama.
Sus Señorías pueden preguntar en las clínicas Las Condes o Alemana cuántos niños o niñas de entre 12 y 14 años llegan intoxicados por alcohol.
Esa es una realidad, pues en todas las fiestas de adolescentes se consume desmedidamente alcohol.
¿Por qué? Porque los satisfactores de vida, de futuro, de esperanza de vida en nuestra sociedad se vinculan a marcas, a elementos promovidos por la publicidad para el consumo.
Hoy día, los malls se están transformando en las nuevas catedrales, en verdaderos satisfactores de sentido de vida para las personas. Ya no lo son ni la naturaleza, ni la pertenencia a una corriente de pensamiento filosófico. En la actualidad, las grandes catedrales satisfactoras de calidad o de sentido de vida para la gente son las marcas, la promoción del consumo en un mundo absurdo.
Estamos estimulando el crecimiento y el consumo en una sociedad y un planeta totalmente finitos, haciendo abstracción de eso. Además, causamos males con la promoción de un consumo vinculado a una verdadera ideología asociada al desarrollo, que no da cuenta de la destrucción del mundo, y al mismo tiempo, que estimula la adquisición de tabaco; comida chatarra y, ahora, alcohol, mediante publicidad engañosa.
Entonces, me resulta sorprendente que esta Corporación tenga dificultades para establecer normas que corresponden solo a una clarificación de la verdad.
¡Cómo va a ser un problema que a las bebidas con alcohol se las etiquete tal como se hace con el tabaco! Incluso, en cuanto a este, se coloca una leyenda que dice "el tabaco puede producir daño"; pero en este caso ni siquiera estamos planteando que el alcohol produce daño, sino que beber en exceso puede hacerlo.
Acabamos de aprobar una Ley de Tolerancia Cero al consumo de alcohol para quienes conducen. El que maneja en Chile no puede tomar ni una gota de alcohol. De hecho, esa normativa estableció un máximo de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre, que es muy exigente. Y lo hicimos así para evitar, por ejemplo, que al fiscalizar a una persona la muestra resultara positiva, por haber tomado un medicamento que contuviera algo de alcohol.
Lo que se busca es que quien conduzca no tome nada, pues cualquier dosis de alcohol enlentece y daña su habilidad para reaccionar en forma oportuna frente a un tercero, que normalmente es una víctima inocente que puede resultar atropellada por quien consume alcohol.
¡Cómo va a ser un exceso el que nosotros hagamos algo que ocurre en todo el planeta: exigir que en las etiquetas de las bebidas alcohólicas se señale, no que la gente no las consuma, sino que no lo haga de modo excesivo!
¡Cómo va a ser anómalo que en las etiquetas se advierta que es mejor que una mujer embarazada no beba alcohol!
¡Cómo va a ser inadecuado que se proponga que cuando una embarazada conduzca no ingiera alcohol!
Entonces, este proyecto impide, en primer lugar, que normas de sentido común, de salud pública, puedan asociarse al buen beber alcohol.
Respecto al alcohol tengo una mirada distinta de la del tabaco. Ojalá que nadie fumara, ya que el hecho de fumar, independientemente de la dosis, genera daño. El tabaco no tiene dosis umbral: cualquier cantidad puede producir cáncer.
En cambio, el alcohol es distinto. Si una persona lo toma en forma moderada, no le produce ningún problema. Y nosotros propiciamos que se eduque y se den señales respecto al beber moderado.
Y, en segundo término, el proyecto evita que los niños de nuestro país consuman alcohol excesivamente, como sucede hoy en día. Ellos son muy influenciables por la publicidad. A lo mejor algunas personas no saben que los menores son sobre todo las víctimas de la publicidad. Porque un adulto es más resiliente y resistente al abuso publicitario.
¡Un niño es como una esponja para absorber la publicidad! Y uno que ve televisión durante cuatro horas diarias observa publicidad sobre alcohol y comida chatarra en cantidades brutales. ¡Es una vergüenza!
Sin embargo, cuando se plantea regular la publicidad en la televisión en horarios para niños -no creo que los adultos lo hagan a esas horas- aquí aparece como un acto desmedido. Yo lo considero un acto del todo humanitario, de respeto hacia los menores, por cuanto hay empresas que podemos calificar de pedófilas, pues abusan de ellos realizando publicidad engañosa, ya sea de tabaco o de alcohol, a fin de reclutarlos para que se transformen en niños tabáquicos o consumidores de alcohol.
Supongo que concordaremos aquí en que no es bueno que los menores consuman alcohol. Y, además, en que es conveniente establecer que cuando los jóvenes vayan a un restaurante o a un bar se les exija exhibir el carné de identidad de haber duda acerca de si tienen más de 18 años.
Eso, que algunos encuentran exagerado, es una medida a nivel planetario; está presente en todas partes del mundo. Incluso, en Estados Unidos hay localidades donde deben tener sobre 21 años para beber alcohol. Y para comprobarlo les exigen mostrar su cédula de identidad.
¿Y nuestro país está en la Edad Media? ¿Debemos ser una jungla abierta al individualismo y al neoliberalismo? ¿Tenemos que dejar que nos arrasen? ¿Hemos de poner en cuestión nuestra salud para defender a una industria? ¡Por favor!
A mi juicio, ninguna industria productora de alcohol enfrentará dificultades si evita la publicidad dirigida a los niños; si pone en las etiquetas de sus botellas que cuestiona su consumo en forma excesiva; si recomienda a las mujeres embarazadas no ingerir tales productos; si prohíbe a los menores que lo tomen; si advierte que no es bueno consumirlo si se va a conducir.
¡Ninguna industria va a quebrar por eso! Y, como dije, son normas planetarias. ¡Son normas civilizadoras!
¡Solo en un país que está siendo arrasado por las políticas de mercado; solo en un país que no tiene conciencia de ser; solo en un país que no tiene voluntad de proteger la salud de la población pasa lo que ocurre en Chile!
Cabe recordar que nuestro país ha derrotado niveles de pobreza importantes. Asimismo, derrotó las enfermedades infectocontagiosas. Pero está fracasando en la lucha contra la obesidad, en la lucha contra la droga, en la lucha contra muchos males sociales, fundamentalmente por constituir un paraíso de libertinaje en materia de publicidad y por ser esta mentirosa y engañosa.
El propósito de la iniciativa en debate no es más que proteger un bien común mediante la regulación de la publicidad, no hacer que las personas no tomen alcohol.
Insisto: el proyecto promueve el beber alcohol de manera responsable. Y estamos tratando de que los colegios incluyan en su currículo programas de educación orientados a que los alumnos no tomen alcohol cuando son niños, y que cuando sean adultos lo hagan con responsabilidad. Porque el beber en forma responsable, moderada, no trae asociado ningún problema.
Es preciso enfatizar que la primera causa de accidentes de tránsito es -¡lejos!- el conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol. El 80 por ciento de las personas que fallecen en tales accidentes tienen alguna cantidad de alcohol en la sangre. ¡Hagámonos cargo de eso!
Señora Presidenta, en la presente iniciativa no hay cuestionamiento alguno a la industria de bebidas alcohólicas. Lo que pretendemos es que los empresarios de ese sector tengan políticas de respeto hacia los niños, coherentes con lo que anhelamos como sociedad, preventivas, en orden a advertir que quien vaya a conducir no beba y que tampoco lo hagan las mujeres embarazadas.
Esas son medidas básicas, de sentido común, de convivencia en una sociedad que requiere un proyecto como el que nos ocupa. Y me parecería dramático que, hoy, en el siglo XXI, se rechazara esta iniciativa.
Señora Presidenta, se me termina el tiempo. Le pido un minuto más.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme.
El señor GIRARDI.- Como decía, sería dramático que se rechazara esta iniciativa o que se utilizara algún subterfugio para que pasara a la Comisión de Agricultura.
Lo digo, porque sabemos lo que acontece cuando los proyectos se envían a ese órgano técnico: literalmente, son diezmados, arrasados, mutilados, cercenados. Y no por imponerse algo ilegítimo, sino la visión del mundo productivo; la defensa de las viñas, de quienes elaboran pisco o cerveza.
¡Nosotros no estamos contra los productores de bebidas alcohólicas! Al revés: deseamos que les vaya bien, pero acatando normas esenciales en una sociedad: de convivencia; de respeto a los niños y a la salud. Y poner la salud por delante como una prioridad.
Por lo tanto, no vislumbro ningún inconveniente para la industria del rubro -Chile sigue siendo un gran exportador de vino; yo me vanaglorio de ello- en el hecho de que se advierta en las etiquetas de las botellas comercializadas internamente que el beber de modo excesivo puede provocar un daño a la salud.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, ante todo, aprovecho la oportunidad para felicitarla.
Con relación al proyecto, luego de escuchar algunos comentarios y explicaciones de algunos colegas, debo manifestar que el hecho de que uno esté de acuerdo o no con algunas disposiciones no implica estar a favor del alcoholismo.
Me gustaría que se pudiera estudiar con más tiempo esta iniciativa o que no se votara hoy. Y no por considerar que sea mala, sino porque veo algunas falencias en lo relativo a la fiscalización.
Muchas veces las normativas exageradas lo único que hacen es favorecer en algunos sectores la proliferación de los famosos clandestinos, que son bastante más peligrosos que la venta en los locales autorizados.
Creo que debemos mejorar ese aspecto.
La prohibición no significa disminuir el alcoholismo. Lo digo sin afán de proteger a nadie y sin haber analizado en profundidad el proyecto.
En los sectores populares el gran problema que se vio en algún minuto con la regulación de las botillerías fue la proliferación de locales clandestinos, que eran mucho más peligrosos.
Entonces, dado que hemos llegado un importante número de Senadores nuevos, más que declararme en contra del proyecto, me gustaría disponer de mayor tiempo para ver si podemos hacer un pequeño aporte con algunas cosas prácticas.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, al igual que el colega Ossandón, primero deseo felicitarla, y, además, agradecerles a los Senadores presentes y que son antiguos en el Congreso -unos más que otros- la calidez con que nos han recibido. En verdad, ha sido extremadamente agradable.
En segundo término, debo manifestar que al leer el proyecto por primera vez surgen una serie de dudas. Por ejemplo, pienso que la prohibición de vender alcohol en las estaciones de servicio no tiene ningún sentido en la medida en que cuenten con patente de alcoholes y se rijan por la normativa vigente.
Hay numerosos aspectos que se pueden mejorar.
Ahora voy a referirme a un punto que me llamó la atención en intervenciones anteriores: al efecto que produce el alcohol en la alteración de conciencia; al efecto nocivo que produce el alcohol en la salud de las personas.
Y digo que eso me ha llamado la atención, pues se está empezando a desarrollar en el país el debate sobre la legalización de la marihuana, que se orienta en un sentido absolutamente contrario al que empuja la ley en estudio.
No quería dejar pasar la ocasión de hacerlo notar, porque cuando se sostiene que a través de publicidad engañosa se promueve el consumo de drogas y de alcohol, que generan efectos negativos en la salud de las personas, resulta curioso escuchar discursos completamente similares, pero en sentido contrario: a favor de la legalización de la marihuana.
Solo deseaba expresar lo anterior como nota al margen, porque creo que hay una incongruencia en ambos mensajes.
La señora ALLENDE (Presidenta).- A usted, señora Senadora.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, ante todo, deseo manifestar que soy claramente partidario de la idea de legislar.
Creo que el hecho de que el proyecto lleve más de ocho años de tramitación indica que efectivamente ha habido una dificultad inexplicable en el Congreso en esta materia; más aún si se considera que este sí ha ido asumiendo otras normativas sobre aspectos similares.
Resulta necesario regular este asunto.
Primero, porque en Chile se evidencia un consumo excesivo de alcohol, particularmente en los jóvenes. Es deber del legislador intervenir desde la función pública, puesto que la ley es una señal que se da a los ciudadanos -en especial, a los jóvenes en este caso- para fomentar la educación con relación a ciertos comportamientos. De ahí que no podemos ser indiferentes ante el hecho de que hay consumo de alcohol en exceso.
En segundo lugar, porque debemos defender el derecho a la salud, que obviamente se halla afectada. Están a la vista los problemas que padecen los jóvenes y la población chilena, en general, producto del consumo excesivo de distintas drogas, incluido el alcohol.
Tercero, porque me parece especialmente pertinente lo referido a la publicidad. Esta modela y genera necesidades; produce un impacto objetivo que altera la percepción, los gustos y los deseos de las personas. Por consiguiente, estimo de suyo importante que haya una regulación clara sobre el particular.
Ahora, pienso que ello debe aplicarse tanto respecto de los adultos como, singularmente, de los menores de edad, a fin de establecer con claridad una diferencia entre ambas situaciones. Porque nos estamos refiriendo, primero, a la capacidad de tomar decisiones y, segundo, a los efectos que el consumo de alcohol provoca en la población.
Es verdad que, de la simple mirada del proyecto, hay algunos artículos que son discutibles, que parecen un poco excesivos. Pero esto no cambia el hecho fundamental de que debemos pronunciarnos y dar una señal coherente con lo que ya ha estado haciendo este mismo Congreso en otras materias.
Insisto: el problema no es el consumo, sino el consumo excesivo.
Cabe recordar que este último, en general, produce un efecto en la percepción, en la sensación, en la sensibilidad, que modifica el comportamiento de las personas. Ahora, me imagino que a veces alguien consume alcohol porque quiere generar, legítimamente, esos efectos.
Por eso no se está prohibiendo el consumo en sí, sino el consumo en exceso. Se busca proteger a la población, educándola y señalándole que hay ciertos límites, y, en particular, defender a los menores de edad.
Por lo tanto, a mi juicio, sería una muy buena señal que el Senado diera su aprobación, por lo menos, a la idea de legislar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- A usted, señor Senador.
Antes de ofrecer la palabra al siguiente orador, debo comunicar que la Mesa recibió una solicitud de TV Senado -no es lo usual- para permitir el ingreso a la Sala de un camarógrafo.
La finalidad de ello es captar algunas imágenes de los nuevos señores Senadores en sus pupitres y, también, de la nueva Mesa para el archivo audiovisual.
Lo he autorizado, porque lo estimo pertinente. Se los señalo para que no se sorprendan si ven entrar a un camarógrafo de TV Senado.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, de antemano, anuncio que concurriré con mi voto favorable a la aprobación en general de este proyecto de ley.
Sin embargo, como señaló el Senador Guillier, creo que algunas de sus disposiciones ameritan una revisión bien profunda.
Ahora plantearé una sola reflexión en torno al asunto, porque podremos analizar el detalle después, en la discusión en particular.
A veces uno percibe acá un clima medio crispado a la hora de defender las posiciones. Incluso, se atribuyen intenciones.
Dejo claro que soy enemigo de las prohibiciones, pues creo en la libertad de las personas. Y esta pasa, entre otras cosas, por la posibilidad de contar con información para tomar decisiones.
¡Por eso se hizo el esfuerzo en materia del tabaco! ¡Por eso se hizo el esfuerzo de poner sanciones draconianas a quienes conduzcan bajo el efecto del alcohol! Se aumentaron las penas, se fijaron más exigencias; pero no se prohibió el consumo de alcohol ni el de tabaco.
En definitiva, se informa, se regula, pero se permite la expresión de la libertad individual.
Los talibanes serían los que buscan prohibir el consumo de alcohol y de tabaco. Lo digo en el sentido peyorativo del término, como se usa en occidente: gente fundamentalista a ultranza.
Cabe preguntarse si uno puede consumir alcohol como lo estime pertinente y en las cantidades que desee. La respuesta es sí, en la medida que no perjudique a terceros y sepa qué está haciendo y el daño que se está provocando.
En consecuencia, cuando hablamos de limitar la publicidad de las bebidas alcohólicas, nos referimos a propuestas que van en la línea de lo que hicimos con la comida chatarra; en la línea de lo que hicimos en el tema del tabaco (con la foto del tío Miguel en las cajetillas de cigarro).
Por otro lado, quiero reparar en una norma de este proyecto de ley, a la que se refirió el Senador señor Chahuán, la cual no comparto. La encuentro hipócrita, para serles franco. Eso, si no la entendí mal. En su minuto pediré una aclaración al respecto.
En la iniciativa se propone no poner publicidad de bebidas alcohólicas en prendas deportivas, salvo que sean para adultos. O sea, estaría prohibido para el caso de los menores. Ante ello, pregunto -con todo cariño-: ¿qué pasará si un niño tiene como ídolo de fútbol a un jugador de un equipo popular de primera división, quien lleva el número 9 en su espalda, es el goleador y en la parte delantera de su camiseta va el logo de una reconocida marca de cerveza, y recibe para Navidad o para su cumpleaños la camiseta de su ídolo pero sin la publicidad, lo que no la hace exactamente igual? Perdónenme que lo diga, pero ese chico reclamaría: "¡Esta es falsa!".
Entiendo que se buscó una fórmula para regular la publicidad, pero, para ser franco, encuentro hipócrita la propuesta referida.
Yo no sé cuántos de los Senadores presentes en la Sala concurren al estadio o ven partidos por televisión. A mi juicio, se ve más fútbol por televisión que en el estadio. Y, en general, se transmiten preferentemente los partidos de la Primera División. De la Primera B, con dificultad. Y de las ligas menores, ninguno.
En consecuencia, dicha disposición es letra muerta desde el punto de vista publicitario, más allá de que yo admita que, cuando jueguen los equipos de la serie Quinta Infantil, no tendrán publicidad de alcohol en las camisetas. Pero estos son los menos.
En fin, los referidos son los temas de los que deberemos preocuparnos en la discusión en particular del proyecto, sin perjuicio de que estimo que su objetivo apunta en la dirección correcta.
Y a quienes consideran que esta iniciativa atenta contra la libertad, les digo que, por el contrario, lo propuesto fortalece la libertad individual, porque se procura más información, se previene y se permite que las personas beban la cantidad de alcohol que deseen. De igual modo, los que quieran fumar que lo hagan. Solo deben asumir dos resguardos: no transgredir la ley y no perjudicar a terceros.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, parto haciendo la misma prevención que manifestó el Senador Pizarro: no puede interpretarse la solicitud de aplazamiento de la votación, que es un derecho reglamentario, como algo que busca entorpecer una propuesta legislativa orientada al bien público.
Yo soy de los que creen que las leyes no solucionan todos los problemas. Más que nada, se resuelven por la convicción de la gente, que piensa que una cosa es buena o mala de acuerdo con la formación de cada cual.
Soy partidario de legislar en esta materia, pero estoy convencido de que con una ley seca no vamos a remediar la situación.
El señor DE URRESTI.- El proyecto no propone eso.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Lo sé. Pero es un punto de partida para llegar a una ley seca, que es el otro extremo: "Se prohíbe el consumo de alcohol". Por supuesto que, en ese caso, el resultado será negativo.
Ahora decimos: "Vamos a prohibir la publicidad". Bueno, habrá que revisar las disposiciones planteadas.
El artículo 2º establece lo siguiente: "La publicidad de bebidas alcohólicas en televisión sólo podrá realizarse entre las veintitrés y las seis horas. Se prohíbe la publicidad, directa o indirecta, de bebidas alcohólicas en radios, entre las dieciséis y las dieciocho horas".
La norma pretende proteger a los menores, porque, seguramente, se cree que a esas horas ellos están durmiendo. Sin embargo, quienes consumen bebidas alcohólicas normalmente no son menores, sino mayores. Y, precisamente, en esos horarios está despierta la gente que bebe alcohol.
Entonces, hay que revisar bien la lógica de la disposición.
Estimo que es mucho mejor establecer mecanismos de buena educación. Desde la escuela debe enseñarse al niño o a la niña que el consumo de alcohol en exceso no es bueno. Además, eso mismo es posible inculcarlo en el ámbito familiar. La ley puede ser complementaria. Pero no cabe pensar que por la vía legislativa vamos a impedir que las personas consuman alcohol.
En este país, hace 20 o 30 años teníamos tasas de alcoholismo muy elevadas en los adultos, sobre todo del sector rural. Sin embargo, cuando se introdujo la educación en el mundo rural, todos los que conocemos ese ámbito y hemos vivido en él vimos cómo disminuyó el alcoholismo. Al menos en mi zona, ya no ocurre lo que sucedía entonces: gente ebria circulando por los caminos. Hoy día se observan casos, pero son excepciones.
¿Por qué se produjo tal cambio? Porque las personas tuvieron acceso a la educación.
Entonces, debemos impulsar con más fuerza el aspecto educacional que la creencia de que, mediante una ley, limitaremos el consumo de alcohol.
Por otro lado, debo analizar el tema con relación a la zona que represento, que es productora de vinos y reviste importancia para la producción nacional. Tenemos que buscar la manera de no dañar este sector económico, pero ello no quiere decir que crea que haya que permitir cualquier tipo de exceso.
En consecuencia, habrá que revisar con mucho cuidado las normas propuestas en cuanto a sus efectos.
En todo caso, hay disposiciones en la iniciativa que, a mi juicio, son totalmente lógicas, como la prohibición de vender alcohol en las estaciones de servicio. Efectivamente esto no debe permitirse. Con relación a una mayor regulación respecto de los locales de venta y los horarios de expendio de bebidas alcohólicas, también estoy de acuerdo.
Ahora, ¿qué va a pasar con el mundo del deporte si se queda sin la publicidad del alcohol? Me gustaría conocer el impacto de tal medida. Asumiendo que tendrá un efecto positivo en la reducción del consumo de alcohol, ¿qué daño provocará en los auspicios del deporte?
Quiero saber el resultado de ese balance.
Por tales razones, adhiero a la prevención hecha por el Senador Pizarro. Me parece bien el aplazamiento de la votación. No somos responsables de los años que la iniciativa lleva en el Senado. De hecho, ha estado en tabla en el último tiempo.
Espero que, luego de su análisis en particular en Comisiones, ya de vuelta en la Sala, el proyecto venga con las correcciones que hayamos incorporado para despachar una buena legislación, que apunte en el sentido positivo de evitar que la gente consuma alcohol, convencida de que es dañino para la salud cuando se bebe en exceso, como todos los excesos.
Al respecto, medio en broma y medio en serio, recuerdo lo que mi padre decía de lo que el doctor le había recomendado: tomar una copa de vino en el almuerzo y otra en la cena, porque era saludable. Quisiera saber si tal sugerencia está de acuerdo con los 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre que hoy determina la ley como límite para conducir.
Por eso, debemos ser razonables, prudentes, al momento de legislar sobre la materia.
Desde que el mundo existe, el consumo de vino ha sido una cosa recurrente. Incluso la Biblia se refiere a un episodio en que Jesús convirtió el agua en vino (las bodas de Caná). Por supuesto, ello está dentro de la realidad del ser humano.
Lo importante -insisto- es evitar los excesos y buscar la forma de hacer que la gente, a través de la educación -también con la legislación complementaria pertinente-, tome la decisión de limitar su consumo de alcohol, por convicción personal y para su propio bien, y no porque se lo impone o prohíbe la ley.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, a mí me gusta el espíritu de este proyecto.
Probablemente, formularemos indicaciones para que no se atente contra la libertad de quienes apoyan el deporte y se relacionan con empresas que venden, promueven o fabrican algún tipo de bebida alcohólica.
Pero reitero que me agrada el espíritu de esta iniciativa, porque es coherente con la llamada "Ley de Tolerancia Cero", normativa que sacamos adelante el año pasado, la cual no cambió conductas finales, pero ¡por Dios que ha modificado hábitos! Es cosa de mirar cuánto ha bajado la tasa de accidentes, sobre todo en conductores jóvenes y adultos jóvenes.
¡Qué importante ha sido!
Recuerdo que en el Senado votamos a favor de ese proyecto mayoritariamente, en forma transversal. Sin embargo, en su minuto sostuvimos una discusión llena de dudas. Y creo que es bueno que haya sido así. No existen verdades reveladas en estas materias. Bueno, en ninguna, para muchos de nosotros.
Considero muy muy importante contar con leyes que ayuden a generar hábitos de conductas.
Reviste relevancia lo que transmiten los líderes de opinión -aquí alguien lo mencionó; creo que fue el Senador Lagos- en los matinales de televisión o en las radios -y tenemos ahora en nuestra Corporación a uno de ellos: el Senador Guillier-, que no son programas necesariamente de inducción política. Pero al final igual ayudan a generar leyes que motivan cambios de comportamiento hacia hábitos positivos.
El proyecto en debate también promueve el ejercicio de la libertad, pero con responsabilidad. Quienes creemos en la libertad pensamos que ella siempre debe ir acompañada de la responsabilidad, para no afectar a un tercero. Debe practicarse dentro de los parámetros que implica la convivencia en un entorno social.
Por esa razón, estimamos muy importante rescatar el espíritu de esta iniciativa.
Yo votaré a favor de la idea de legislar, más allá de las indicaciones que después presentemos. Considero esencial la señal que demos como Senado sobre el particular.
Este proyecto lleva muchos años de arrastre. Están en todo su derecho los señores Senadores que consideran que no es apremiante votarlo ahora. Sin embargo, creo que las señales que debemos dar también son muy significativas, sobre todo en un país como el nuestro.
Es cierto que la Ley de Tolerancia Cero recibió grandes críticas, pero al final las estadísticas nos dieron la razón. Ello es bueno si queremos hacer que los líderes de opinión inviertan con sus palabras en la creación de hábitos positivos, como bajar el nivel de consumo de alcohol.
Por supuesto que eso no se logra solo a través de una ley. Pero, si disponemos de una normativa que permita el desarrollo de ciertos hábitos y -lo más importante- procure el inicio de un proceso de educación temprana, en los niveles preescolares, con recursos del Estado -es lo que nosotros siempre hemos querido: ya comenzó el proceso en el Gobierno anterior y esperamos que la actual Administración lo haga prevalecer, para que los niños empiecen a generar hábitos y conductas adecuados-, creo que vamos en el camino correcto: legislación, educación y, también, creación y formación de hábitos.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, me llama la atención la argumentación que se esgrime de forma permanente con relación a las zonas que cada uno representa como productoras de pisco o de vinos.
Me parece muy bien que los señores Senadores defiendan sus regiones. Es bueno que deseen que en ellas haya mayor y mejor producción; que protejan el empleo y las exportaciones; que procuren que existan remuneraciones dignas para los trabajadores, los temporeros y cada una de las personas que laboran en esas industrias.
Pero no veo que eso tenga que ver con la iniciativa en debate. Esta se encuentra en segundo trámite constitucional y su título dice: "Establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas".
¿Por qué se vincula la necesidad de regular la publicidad en esta materia con la defensa de los derechos productivos de las regiones que representan los Senadores? No veo la contradicción.
La Ley de Tolerancia Cero no ha significado disminución en la venta de alcohol. Al contrario.
La normativa que prohíbe fumar en establecimientos cerrados, que aprobamos el año pasado, cambió las condiciones de sanidad de muchos ciudadanos, pero no afectó la actividad de ese rubro.
¿Por qué mirar solo los intereses de las industrias y no los de la población en general? ¿Cómo es sostenible que existan parlamentarios que están de acuerdo con que las camisetas de los ídolos deportivos lleven propaganda de una bebida alcohólica y que, a través de un subterfugio, se establezca que solamente en determinada división o en el fútbol no profesional no puedan exhibirla? ¡Es realmente algo insostenible! ¿O que camisetas de determinada talla para niños puedan llevarla y no las de los adultos? ¡Pero, por favor! ¡Qué estamos haciendo!
¡Enfrentemos el problema de fondo, fomentemos y protejamos a nuestras industrias pisqueras y vitivinícolas! ¡Absolutamente! ¡Para eso están disponibles mis votos! ¿Pero por qué los niños tienen que ver a sus ídolos deportivos con camisetas que promocionan bebidas alcohólicas y luego les decimos que no es bueno consumir alcohol? ¿Dónde está la contradicción?
Deseo recordar que la Fórmula 1 hace un par de años era auspiciada exclusivamente por la industria tabacalera. ¡Todos los campeonatos internacionales de Fórmula 1 eran financiados por marcas de cigarrillos y de bebidas alcohólicas!
Se establecieron leyes internacionales para que eso no ocurriera, como señal. ¿Quebró la industria de la Fórmula 1? ¿Quebró la del alcohol o del tabaco? ¡No! Sin embargo, se dio una señal publicitaria: que eventos de esa naturaleza no podían ser auspiciados por bebidas alcohólicas.
A eso apunto: a que nos concentremos en esa situación.
¡Todo el apoyo a las industrias pisqueras y vitivinícolas para que les vaya bien a las empresas y a sus trabajadores, para que respeten los derechos laborales y paguen las remuneraciones que les corresponden!
Sin embargo, eso nada tiene que ver con la iniciativa en comento.
Nosotros lo que queremos hacer mediante este cuerpo legal es buscar que esa publicidad, esa exacerbación del alcohol no sean observadas como algo normal. ¡Yo no quiero que mi hijo vea a su ídolo deportivo con una camiseta que exhibe y promociona una marca alcohólica! ¡No lo quiero! Si alguien de acá lo quiere para sus hijos, para sus nietos, ¡perfecto! Pero no nos escudemos en la protección de la industria, de la actividad. ¡Protejámosla con buenas leyes laborales, con tratados internacionales que nos permitan cumplir ese objetivo!
Nos ponemos inconvenientes acá con relación a la rotulación de las bebidas alcohólicas y de los vinos en razón de su tamaño, no obstante que los vinos de exportación cumplen normas distintas.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¡Una norma relajada para Chile que permite que la advertencia pase inadvertida, pero los productos que exportamos sí deben cumplir la norma internacional!
¡Coherencia! ¡Pido coherencia en esta discusión para que no quedemos al arbitrio de los antecedentes de la industria! ¿Fortalecerla? ¡Absolutamente!
Sin embargo, este proyecto no atenta contra la industria, sino que apunta hacia la protección y educación de la población.
Termino señalando que para nada esta es una ley seca. Muy por el contrario. ¡Total permisividad! Quien desee beber y es adulto, que lo haga. Quien desee fumar lo que quiera en este país, que lo haga. No tengo un espíritu de prohibición. Todo lo contrario.
Se habla de legalizar las drogas y que no sea el Estado el que se preocupe de ello. Me parece incoherente que aquí se refieran a estas situaciones aquellos que se niegan a legislar sobre la marihuana u otro tipo de drogas ilícitas.
Aquí estamos frente a una droga lícita que regulamos: el alcohol. ¿Cuánta gente muere por alcoholismo en Chile? ¿Cuántas familias han quedado destruidas por el alcohol?
Un parlamentario señaló que la gente en los campos hoy día bebe menos. Serán una excepción mi región o las localidades que me toca visitar, porque el alcoholismo está instalado en importantes sectores de la población y, desgraciadamente, en toda la sociedad, sobre todo en niños de temprana edad.
¡Eso quiero combatirlo!
Por ello, voy a votar a favor de legislaciones que sancionen, que eduquen a los menores, no de aquellas que promueven el alcohol de determinada manera ni de leyes secas.
Sin embargo, no nos hagamos los lesos. No le cuidemos el bolsillo a las empresas. Ayudémoslas a que les vaya bien en sus exportaciones, en su productividad, pero no a través del fomento del consumo de alcohol en los menores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Está inscrito a continuación el Senador señor Chahuán, quien en este minuto no se encuentra en la Sala.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, Honorable Senado, voy a votar a favor de la idea de legislar -me parece fundamental hacerlo-, porque este análisis no se puede realizar al margen de la realidad en materia de alcoholismo que afecta a nuestro país.
Recién veía una información acerca de lo que ocurre en otros países de la OCDE, organización de la cual Chile forma parte. El primer consumidor de alcohol en el mundo es Inglaterra, seguido por Dinamarca y Finlandia. Chile ocupa el cuarto lugar con un 25.9 por ciento de personas que declaran, especialmente los jóvenes, haberse emborrachado durante alguna etapa de su adolescencia. Es decir, estamos hablando de beber en forma excesiva. ¡Prácticamente un 30 por ciento!
Por lo tanto, me parece indispensable abordar este tema desde un punto de vista legislativo.
En consecuencia, solo me referiré a una temática en esta materia, porque frente a este tipo de cifras debemos hacer un esfuerzo por disminuir el consumo de alcohol, especialmente en adolescentes.
Y la verdad es que dicho aspecto en esta iniciativa no se aborda, toda vez que apunta básicamente al expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas.
Es por ello que me pregunto en qué parte del proyecto se plantea la prevención del alcoholismo, por ejemplo, a nivel escolar, a nivel de adolescentes.
Pienso que, de una vez por todas, tenemos que elaborar iniciativas integrales que produzcan al final el efecto deseado, máxime cuando aquí el énfasis está puesto en las medidas de publicidad, en regular ciertos aspectos vinculados a la comercialización y la producción.
Me parece indispensable, si queremos hacer una ley íntegra y completa para reducir los niveles de alcoholismo particularmente en los adolescentes, que incorporemos todo un capítulo en este proyecto, no en otro, que aborde seriamente la prevención del consumo de alcohol, sobre todo en los adolescentes.
Por eso, señora Presidenta, aprobaré la idea de legislar, pero anuncio la presentación de indicaciones con el objeto de que se establezcan dentro de un capítulo especial las medidas de prevención incorporadas a nivel escolar que permitan reducir el nivel de consumo de alcohol, sobre todo en los adolescentes.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, quiero referirme a algunas aseveraciones que se han hecho en el Hemiciclo y volver a reseñar aquellos aspectos de la ley en proyecto que sería importante explicitar.
Esta iniciativa sí se hace cargo de la prevención y es así como en el artículo 3º, que modifica la Ley de Alcoholes, se establece, entre otras materias, lo siguiente:
-Incorporar al currículum de enseñanza parvularia, básica o media la formación de hábitos de vida saludable. El artículo 4º fija el plazo de un año para dar cumplimiento a esta norma. Es decir, se trata de una materia que se halla contemplada. Obviamente, debemos hacer mucho más, porque los niveles de consumo de bebidas alcohólicas...
El señor ORPIS.- Perdón, colega. Pero no figura el artículo 3º en el informe que tengo en mi poder.
El señor CHAHUÁN.- Estaba en la iniciativa original. Vamos a revisar.
Estoy leyendo un resumen del articulado de la ley en proyecto.
También -insisto- la iniciativa contiene normas que básicamente hoy día no están contempladas en la legislación vigente.
Decía que se modifica la Ley de Alcoholes para:
-Agregar entre sus disposiciones a los apart-hotel.
-Extender a meros tenedores y poseedores de patentes de alcoholes los mismos requisitos de identificación exigidos al dueño, y si es una persona jurídica, la identificación de sus administradores.
-Prohibir la venta de bebidas alcohólicas en estaciones de servicio o bombas bencineras y otros establecimientos emplazados en el mismo terreno. Particularmente, me refiero a los packs que hoy día se venden en las estaciones de servicio y que, en definitiva, permiten comprar una bebida cola con algún tipo de bebida alcohólica.
-Extender a todo espectáculo masivo la facultad del intendente para prohibir la venta en situaciones de riesgo en espectáculos de fútbol profesional.
-Prohibir el ingreso de menores a bares, cantinas, tabernas y discotecas en que se expenda alcohol. Esta prohibición no está contemplada todavía en la ley.
-Incorporar en el currículum, como ya lo señalé, la formación de hábitos de vida saludable. Vamos a revisar por qué finalmente en el comparado no se encuentra presente.
-Hacer vinculante para la dirección de establecimientos educacionales la decisión del centro de padres o apoderados sobre consumo de bebidas alcohólicas en determinadas ocasiones. Y se exige, además, la autorización de Carabineros y de la municipalidad.
-Prohibir a los menores comprar bebidas alcohólicas. Tampoco existe prohibición expresa para que ellos puedan adquirirlas.
-Permitir notificar válidamente las infracciones a cualquier adulto que se encuentre a cargo del local de expendio.
Como se puede apreciar, se trata de normas absolutamente razonables.
Y uno no se explica por qué este proyecto de ley, señora Presidenta, ha estado en la tabla durante tres años, ¡tres años!, y siempre desaparece de ella, ¡siempre desaparece de la tabla!
Por lo tanto, pido que tengamos la posibilidad de darle curso progresivo a los autos, es decir, que en definitiva se permita que esta iniciativa avance.
Ni siquiera estamos solicitando la aprobación en particular del proyecto. Deseamos que se apruebe en general para perfeccionarlo.
Acaban de pedir aplazamiento de la votación. Esperemos que este tema finalmente se despache mañana, para posibilitar una normativa que sea razonable, ¡razonable!, y para hacerse cargo de un problema: el alto consumo de bebidas alcohólicas en nuestro país y los efectos que esto produce.
Y, por supuesto, vamos a revisar el comparado.
Hay que introducirle muchas indicaciones a la iniciativa en debate. Por supuesto, las que menciona el Senador Orpis deben ir en la vía antes aludida, y que fue el espíritu inicial del proyecto. Como se fusionaron cuatro mociones, hubo materias que quedaron fuera y otras que se incorporaron y que no eran del gusto de los autores de las distintas iniciativas.
Por lo tanto, señora Presidenta, lo único que uno pide es que en el Parlamento -muchas veces se cuestiona aquello- tengamos la posibilidad de debatir esta materia y, en definitiva, de llenar un vacío legal respecto del cual, por de pronto -insisto-, hasta los propios distribuidores y fabricantes de bebidas alcohólicas están dispuestos a que se legisle.
He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, quiero recordarle -quizás Su Señoría no se encontraba en ese minuto en la Sala- que, habiendo solicitado un Comité aplazamiento de la votación -por supuesto, está en su derecho-, se acordó que, si hay espacio mañana, en que debemos tratar primero con "discusión inmediata" el bono permanente, se considerará la iniciativa en análisis como segundo punto de la tabla. Y, si no lo hubiera, quedaría para el primer lugar del Orden del Día de la sesión del martes siguiente a la semana regional.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, pienso que un proyecto que busca proteger la salud pública, evitando el consumo excesivo del alcohol, que se preocupa especialmente de la protección de menores, de evitar accidentes de tránsito, de no reducir la producción laboral, es en sí mismo un texto legal bien planteado, con objetivos razonables. Y, en ese sentido, me sumo también a aprobar la idea de legislar.
Sin embargo, creo que la discusión que hemos tenido refleja un problema que no es fácil de resolver. Porque aquí está en juego, por una parte, la responsabilidad individual, la libertad de las personas para seguir un camino, y por otra, el interés público, social, de evitar los daños que produce el consumo desmedido de alcohol y, sobre todo, el excesivo consumo precoz en nuestros niños y adolescentes.
La forma de solucionar este problema es algo que debemos decidir bien.
Porque no basta simplemente ir resolviendo esto de una manera tal que se haga imposible -por así decirlo, llevándolo al extremo- la producción de vino, de pisco, de cerveza, de cualquier bebida alcohólica y, al mismo tiempo, considerar que el consumo de alcohol es una actividad lícita. Porque, si lo es, nosotros hemos de permitir que subsista su producción y su consumo. Si es una actividad ilícita, entonces prohibámosla derechamente.
Este es un punto donde debemos cuidarnos de tener cierto equilibrio.
A veces, cuando uno oye a algunos Senadores, no solo referirse a este tema, sino también a la comida chatarra, se plantea la necesidad de decir que esto es lo peor del mundo. Entonces, si eso es verdad, suprimámoslo.
Por otra parte, surgen quienes quieren abrir el espacio a consumir drogas más duras, por ejemplo, la marihuana, la cocaína y otras, como los ácidos.
Entonces, me parece que debemos tener un punto de vista equilibrado. Yo no me opongo a priori al consumo de la marihuana. Lo hago en la medida que eso sea considerado dañino para la salud por parte de los especialistas. Y le he oído al Senador Orpis, que tiene mucha experiencia, por sus actividades en el ámbito de la rehabilitación, que el problema de la marihuana hoy día se ha agravado porque no es la misma de antes, sino que se le han incorporado¿
La señora PÉREZ (doña Lily).- Químicos.
El señor LARRAÍN.- ¿ un tipo de ácidos, de químicos, que llevan a que, en definitiva, su consumo sea más dañino y más adictivo.
Entonces, no podemos avanzar en estas materias con mucha ligereza.
En tal sentido, algunas de las disposiciones quizás pueden ser un poco extremas, porque es posible que incidan no solo en la reducción del consumo de los menores -esto es muy atendible-, sino de todos en general, poniendo en riesgo, por esa vía, las industrias vitivinícola, cervecera, pisquera, que en mi concepto tienen legitimidad de acción, porque no está acreditado que el consumo moderado de los productos que elaboran ocasione daños graves.
En consecuencia, creo que esta discusión se zanja en la sintonía fina, en el debate en particular.
Por lo tanto, pienso que aprobando la idea de legislar podemos trabajar a través de indicaciones en buscar el mayor equilibrio posible, amparado por el sentido común, para que se cumplan los objetivos, de reducir efectivamente el consumo, sobre todo entre los menores; de entender que es una materia delicada y compleja, que mal utilizada puede producir daños, de los cuales la sociedad al final se debe hacer responsable, y, como señalaba el Senador Orpis, de que pongamos un énfasis especial en lo preventivo, en lo educativo, en lo cultural, porque es ahí donde se juega realmente este problema. No se trata solo de una cuestión publicitaria, es mucho más profundo que eso. Sin publicidad, el consumo de drogas duras -hoy día prohibidas- funciona activamente. Y tenemos un elevado y creciente consumo de esas drogas, tanto que muchos sostienen que es mejor legalizarlas para evitar el narcotráfico. Por consiguiente, no es solo una cuestión de publicidad.
Hay que llegar a una regulación que realmente nos permita cumplir los objetivos. Y en ese sentido probablemente este proyecto sea deficitario, porque no se está anticipando a las conductas nocivas, que llevan, sobre todo a los menores de edad y a los más niños, al consumo.
En consecuencia, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar y también la presentación de indicaciones para lograr, hasta donde sea posible, una postura equilibrada en una iniciativa que ha de compatibilizar la libertad de las personas respecto de una actividad lícita pero cuyo abuso, mal uso y consumo excesivo producen daños en las personas y, lamentablemente, en la sociedad en distintos ámbitos. Y al final el Estado termina haciéndose cargo o pagando la responsabilidad de aquellos, razón por la cual le asiste el derecho a regular esta materia de una manera sensata.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, esta normativa debiera llamarse "ley de la embriaguez permanente". Porque cuando uno se embriaga -y todos lo hemos hecho en alguna oportunidad; no conozco a nadie que no haya pasado por esa experiencia, siendo adolescente o adulto- se nubla la razón en cuanto a cómo proceder frente a una calamidad nacional y mundial.
El 25 de abril de 2006 ingresó el proyecto que "establece advertencia sobre consumo excesivo de bebidas alcohólicas" (boletín N° 4.166-11), patrocinado por mí y por otros Senadores.
Tras nueve años, ¿en qué etapa se encuentra dicha iniciativa?
Primero, se dispuso que la estudiara la Comisión de Salud. Luego, el 13 de junio de 2006 esta misma Sala, que hoy día quiere postergar el debate del proyecto que nos ocupa, acordó que también fuera informada por la Comisión de Agricultura. El 14 de noviembre de 2006 se despachó el primer informe de Salud. Y actualmente, ¡después de nueve años!, se encuentra pendiente en Agricultura (la presidía el Senador Coloma, ferviente defensor de los productores viñateros), porque en sesión celebrada el 28 de abril de 2009 se decidió postergar su estudio en particular hasta que las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud resolvieran los proyectos refundidos que estamos viendo ahora.
La mencionada iniciativa -reitero- ingresó en 2006. Se resolvió en esta Sala el año 2009. Estamos en el 2014. Y aquí, una vez más, se pide postergar el debate.
Esto no es casualidad, señora Presidenta: acá se ha ejercido sistemáticamente un bloqueo a toda normativa legislativa que persiga poner en las bebidas alcohólicas lo mismo que se incluyó en las cajetillas de cigarrillos.
Hace cincuenta años el tabaco "era inocuo". Las tabacaleras compraban a los científicos, quienes elaboraban informes donde se afirmaba que no hacía daño. Y hoy día, medio siglo después, se sabe que provoca cáncer. Pero esta sociedad se ha dado cuenta de ello tardíamente, cuando hay miles y miles de fallecidos por cáncer pulmonar y el problema cuesta miles y miles de millones de dólares al mundo entero.
Señora Presidenta, yo quiero hacer un llamado a esta Sala.
¡Hasta cuándo se va a bloquear este proyecto de ley!
¿Hay voluntad o no para etiquetar las bebidas alcohólicas?
Por cierto, cuando se exportan desde nuestro país a Madrid, a Nueva York, a Sidney, van con una leyenda: "El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede producir daño a la salud". Empero, cuando las consumen nuestros jóvenes no hay etiqueta; cuando van a las mesas chilenas no hay etiqueta. Como si aquí su consumo abusivo no provocara daño: ¡solo a los extranjeros...!
Entonces, Chile vende tipos particulares de pisco, de vino, que únicamente dañan la salud de los habitantes del mundo desarrollado. Al connacional no le hacen nada. Porque, en definitiva, aquí se niega la advertencia.
Señora Presidenta, el alcohol está presente en el mundo entero desde hace más de 30 mil años. De ahí datan los primeros registros.
Ahora, el daño que ocasionan las bebidas alcohólicas ha sido corroborado por muchos estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile.
Al final, uno dice: "El que quiera chupar, que chupe". "Con la mía nomás", reza el viejo y típico refrán. Por lo tanto, cuando uno grita "¡Borracho!" y el otro le responde "¡Con la mía nomás!", se podría sostener: "Si tiene dinero, que consuma alcohol".
¿Pero qué señala la referida Facultad?
Su análisis demuestra que cada año se pierden 2 mil 969 millones de dólares por problemas derivados del consumo de alcohol: aproximadamente, 2 mil 830 millones por baja en la productividad laboral y 110 millones por atenciones de salud. Esto equivale a 300 mil viviendas básicas o 4 mil 500 consultorios equipados.
¿Y cuánto recupera nuestro país en impuestos?
Porque los otros dicen: "Nosotros pagamos impuestos".
Como en el tabaco: el viejo debate.
¡La recuperación llega a 813 millones de dólares!
O sea, ¡las pérdidas en productividad laboral y atenciones de salud ascienden a 3 mil millones de dólares y recuperamos 813 millones...!
¡Flor de negocio para Chile...! ¡Gran negocio...!
Es un negocio para los productores.
Por cierto, señora Presidenta, el alcohol es tolerado socialmente. Se habla del "bebedor social".
Tengo en mis manos el detalle extenso de las patologías derivadas del consumo de alcohol. ¡Es terrorífico! ¡Si alguien lo leyera!
Sin embargo -y puedo decirlo por experiencia familiar-, ningún alcohólico se reconoce a sí mismo como tal. Es imposible, porque se trata de una enfermedad.
Considerar a un alcohólico como persona que se divierte y goza de beber constituye un error: es un enfermo y debe ser tratado en consecuencia.
En la lucha contra el alcoholismo, las asociaciones de alcohólicos anónimos, que tanto bien le hacen al país cuando recuperan a los consumidores excesivos, y la iglesia evangélica, que ha sacado del alcoholismo a miles de hombres y mujeres para reinsertarlos en la sociedad, deben recibir apoyo. Y el mejor respaldo que pueden tener es el reconocimiento del alcohol como veneno cuando se ingiere de manera desmedida.
¿Qué genera el consumo de alcohol en aquella forma? Entre las patologías neurosiquiátricas: depresión, trastorno de ansiedad, trastorno de conciencia. Entre las hematológicas: inmunopatías, desórdenes de la coagulación. Entre las reproductivas: infertilidad, impotencia, síndrome de alcoholismo fetal. Además, anorexia, desnutrición.
Entonces, uno se pregunta: si el alcohol provoca todo aquello, ¿quién lo defiende y por qué?
¿Por qué el proyecto que presenté en 2006, ¡hace nueve años!, sigue todavía en la Comisión de Agricultura? ¡Por suerte no lo habían archivado...! Acabo de rescatarlo. ¡Ahí está!
Señora Presidenta, aquí hay daños económicos para nuestro país. No es "Con la mía nomás tomo". ¡No! "Con la nuestra tenemos que cuidarte y sanarte, y a costos elevadísimos".
El 50 por ciento de los adolescentes comienza a beber antes de los 17 años, y el 5 por ciento, antes de los 12.
Entonces, ¡que nuestro ídolo tenga la camiseta con la cerveza de moda, que la publicidad esté en los estadios...!
Esta iniciativa busca regular, y está rozando algunos intereses.
Tenemos el proyecto de ley sobre lobby, que no me gusta del todo, porque al final nos pone a los parlamentarios como objetos de él. Pero de algo servirá. Y espero que en lo que sigue del debate, cuando lleguen los productores de todo tipo de alcoholes, quede registrado a qué vienen al Congreso Nacional.
Y ojalá podamos terminar de una vez por todas con las donaciones secretas a las campañas. Porque, claramente, ello daña a la democracia, daña a la credibilidad en la política y en instituciones tan importantes como el Parlamento.
Por lo tanto, voy a votar a favor de este proyecto de ley. Porque el año 2009 se postergó la iniciativa presentada en 2006. Dijeron: "Cuando se apruebe este haremos Comisiones unidas con el proyecto de Navarro, que se halla en la Comisión de Agricultura".
Recuerdo la última vez que concurrí a dicho órgano técnico: fui derrotado una vez más, cuando expresaron: "La verdad es que deseamos discutirlo, pero cuando lleguen los proyectos refundidos de la Comisión de Salud".
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014: ¡seis años! Y aquí, en la Sala -no sé quién lo pidió-, una vez más se solicita postergar la votación.
La conciencia nacional y miles y miles de familias nos van a agradecer si el Senado de la República avanza un milímetro en la lucha contra el flagelo del alcoholismo.
Acá, de quienes están porque no haya legalización en el caso de la marihuana y rasgan vestiduras por ello espero una actitud coherente en el ámbito del alcohol.
Aquí votamos los proyectos de ley regulatorios del consumo de tabaco.
Los fumadores pasivos sufrimos mucho durante la dictadura: uno iba a las reuniones del partido y se encontraba con una nube de humo. ¡Y ay de quien osara criticar para que un fumador apagara su cigarrillo, porque era expulsado! ¡Todos fumábamos...!
Hoy día tenemos a los consumidores afuera de los edificios, pasando frío, sufriendo la ventolera: ¡que algo les cueste el vicio...! Y los fumadores pasivos, la inmensa mayoría, algo han ganado: no se contaminan con el humo generado por los demás, que es más pernicioso para aquellos.
Señora Presidenta, pido que se vote. Voy a pronunciarme a favor. Es una gran idea advertir sobre las consecuencias de la ingesta de alcohol; informar al consumidor, y, sobre todo, generar políticas tendientes a desincentivar el consumo en Chile, pero no solo en los jóvenes, sino en la población entera. Porque al final pagamos todos.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, en mi segundo discurso -y voy a ser muy breve-, debo señalar que aquí ha habido tres tipos de argumentaciones, muy distintas entre sí. Y me gustaría, a pesar del escaso tiempo de que dispongo, poder diferenciarlas.
La primera es apocalíptica: andan buscando, en el ojo ajeno naturalmente -porque no ven la paja en el propio-, todo tipo de intereses, mala fe, malas intenciones, o atribuyéndonos fortalezas o poderes que francamente, en lo personal, me encantaría tener.
Alguien ha manifestado que es culpa de un Senador que un proyecto lleve nueve años en tramitación.
¿No será por inepcia de quienes lo formularon? ¿O acaso porque existe una discusión muy de fondo que ha hecho que su texto haya cambiado muchas veces, por estar mal planteado?
¡No cuesta nada tirar insultos mirando a la tribuna o decir que ellos son los salvadores del imperio de la libertad o de la democracia, versus alguien que modestamente ha ejercido sus derechos para señalar algo muy distinto!
Yo he sostenido que este proyecto de ley está mal formulado, particularmente en el artículo 2°. En el resto tiendo a concordar; y el Senador Orpis se ha referido al punto en su intervención.
En mi concepto, si queremos enfrentar de verdad el problema del alcoholismo, sobre todo en los niños, debemos determinar cómo enfocamos lo relativo a la formación, a la educación.
Pero aquí, en vez de eso, se entra en el reino de las prohibiciones, de las negaciones, de los buenos y los malos. Y ellos, por cierto, siempre en la posición de los buenos.
A quienes argumentan de esa manera les digo que primero deben mirarse a sí mismos.
Alguien hizo referencia a la Fórmula 1. Yo estaba mirando la información: la gran discusión es porque la Fórmula 1 pasó -diría yo- del alcohol a la Red Bull, porque logró terminar con ese tipo de patrocinio.
Entonces, cuando se habla de "intereses" o de "lógica de atrás", ¡momentito!
¡No acepto insolencias o insinuaciones de esa índole! ¡Yo estoy planteando -y se lo aclaro a todos- conceptos!
A mi juicio, reviste gran importancia entender que esta materia debe enfocarse en la lógica educacional y no en la lógica represiva, ni menos en la de instalar de hecho una prohibición sobre algo que es lícito.
Además, en la situación expuesta -también lo aclaro-, se trata de trabajadores que legítimamente desempeñan una labor. Y para quienes están muy mal informados: ¡no son grandes en el mundo del vino!
Como bien expresó el Senador del Maule con quien compartimos representación, no son grandes productores, sino pequeños productores que llevan a cabo un emprendimiento lícito, legítimo. Pero hoy día se afirma que son todopoderosos y, adicionalmente, que su actividad debe prohibirse.
Hay una segunda argumentación que me parece razonable, señora Presidenta.
Se dice: "Es preciso generar una iniciativa nueva". Ello, como si la ley resolviera siempre todos los conflictos.
Esa lógica me parece bastante especial; es muy propia de este Parlamento. Pero la acepto como razonable.
A diferencia de la primera, que considero ilegítima, pienso que, conforme a ella, algunos pueden sostener que por el camino indicado se entra a una sociedad feliz. Son los mismos a quienes generalmente identifico como el Gran Hermano: desde arriba quieren que todas las actividades de las personas estén cauteladas, controladas, fiscalizadas.
Yo soy más partidario de armonizar adecuadamente la libertad con la educación. No me parece que sea una ética tan difícil de implementar.
Señora Presidenta, yo creo que somos capaces de llegar a un acuerdo.
Empero, la idea de legislar -y lo señalo brevemente- tiene un sentido. No se trata de que uno diga "Que se legisle: después lo arreglamos".
¡Momento: cuando uno aprueba la idea de legislar está aceptando los conceptos!
Eso es lo que reclamo en el caso particular del artículo 2°, pues estimo que hay en él un concepto equivocado: el remplazo de la educación por la prohibición, de la legitimidad por la ilegitimidad.
Me parece que aquello es equivocado y perturbador.
En todo caso, considero que ha sido muy interesante este debate, pues de alguna manera ha permitido plantear las legítimas posiciones diferentes. Pero, ¡por favor!, no nos creamos catones. ¡De catones este país está cansado!
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, yo pensaba hablar en la sesión de mañana, durante la discusión del proyecto que otorga un bono permanente. Consideraba más apropiado hacerlo en esa oportunidad, por tratarse de mi primera intervención en el Senado.
Sin embargo, después de escuchar este debate siento la necesidad de efectuar un par de reflexiones con respecto a la materia que ocupa a la Sala.
Yo no tomo ni fumo, pero no tengo ningún complejo con respecto a las personas que lo hacen. A mí me preocupan la señal que da este Parlamento y el sentido constructivo y de buena fe de la ley en proyecto, en el sentido de que esté inspirada en el bien común y en la idea de proteger la salud de la ciudadanía.
Eso lo entiendo, y es lo que me motiva a votar a favor de esta iniciativa.
No obstante, tengo una inquietud.
Quien está en la Cámara de Diputados piensa que llegar al Senado significa entrar a una institución que marca un poco la diferencia, por su seriedad. Pero me causa extrañeza el haber escuchado a algunos parlamentarios manifestar dudas por el hecho de haberse demorado tanto la tramitación de un proyecto.
¡Si vieran lo que pasa en la Cámara Baja podrían hablar de la existencia de una serie de intereses cruzados!
Más allá de lo que se pueda sostener durante esta discusión, debo decir que pocas veces estoy de acuerdo con el Senador Navarro en alguna materia (en la buena fe, en el sentido inspirador). Sin embargo, se entorpece el debate cuando se ponen en tela de juicio las actuaciones de los demás parlamentarios.
Yo creo que el Senado marca la diferencia. Quien es Diputado siempre entiende que aquí hay un sentido distinto para el análisis de los diversos temas, una perspectiva de mayor seriedad cuando de votar se trata.
A mi entender, todos los que estamos aquí queremos proteger a los ciudadanos y procurar su mejor salud.
Coincido con algunos planteamientos del Senador Navarro. No obstante, mi Honorable colega nubla todo cuando, al terminar su exposición, habla de la nueva Constitución, de las represas. Entonces, al final, un punto serio como el que estamos analizando se politiza, lo cual hace perder sentido a mi concordancia con Su Señoría.
Uno puede tener muchas diferencias, señora Presidenta, pero también, concordar con algunos planteamientos serios.
Yo he venido al Senado a defender, no los intereses de alguien en particular, sino los intereses de todos los chilenos, independiente de su religión o color político.
Y esta no es una arenga por tratarse de mi primer discurso en esta Alta Corporación. Mi comportamiento lo voy a demostrar en el transcurso -y por qué no decirlo- de los próximos dieciséis años.
Anuncio que votaré favorablemente este proyecto de ley. Y espero perfeccionarlo, mejorarlo, cuando se inicie el proceso de indicaciones.
Si contamos con una vara especial para medir las repercusiones del consumo de tabaco, podemos hacer lo propio en el caso del alcohol. Pero tampoco se trata de demonizarlo, porque detrás de él hay una actividad digna y con legítimo derecho a seguir subsistiendo.
Boletín N° 9036-07
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde proseguir la segunda discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9036-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 81ª, en 18 de diciembre de 2013.
Sesiones 85ª, en 14 de enero de 2014 (queda para segunda discusión); 86ª, en 15 de enero de 2014 (queda pendiente la segunda discusión general).
El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- El proyecto fue informado en su momento por la Comisión de Constitución, la que lo aprobó, tanto en general cuanto en particular, por 3 votos a favor y 2 en contra.
La primera discusión se realizó el 14 de enero de este año, ocasión en la que se solicitó segunda discusión, la cual se inició al día siguiente.
Quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Senadores señores García, Tuma, Walker (don Patricio), Walker (don Ignacio), señora Allende y señores Navarro, Lagos, García-Huidobro y Chahuán.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Continuando con la segunda discusión, ofrezco la palabra.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, este proyecto, que modifica la Ley Orgánica de Carabineros de Chile, pretende establecer la medida de control preventivo de identidad.
La idea central es facultar a los funcionarios de Carabineros de Chile para que realicen el control preventivo de identidad y cotejen la existencia de órdenes de detención de cualquier persona en determinadas circunstancias.
Cuando se hacen encuestas, cuando visitamos nuestra región, cuando nos juntamos con las organizaciones vecinales, uno de los principales temas que plantean los chilenos, señor Presidente, es el de la seguridad ciudadana. Piden que haya mayor presencia de Carabineros. Y esta iniciativa tiene por objeto entregar herramientas a esta institución -tan prestigiada, por cierto- para que pueda llevar a cabo su labor.
Creo que es necesario facultar a los funcionarios de Carabineros para que, en el ejercicio de su rol de policía preventiva y con el solo objeto de precaver la ocurrencia de hechos que puedan poner en peligro la seguridad y el orden público, realicen el control preventivo de identidad y cotejen la existencia de órdenes de detención de cualquier persona, en cualquier lugar o zona donde por circunstancias fundadas sea previsible la ocurrencia de hechos delictuales. Se trata, por lo demás, de una práctica o atribución que tienen todas las policías del mundo civilizado.
Si uno analiza lo que acontece en los países con los cuales nos gusta compararnos (principalmente los que integran la OCDE), constata que en todos ellos las policías cuentan con estas facultades.
Por lo mismo, es indispensable aprobar el proyecto que nos ocupa sin los temores que algunos han planteado.
Soy de aquellos que creen que Carabineros de Chile sigue siendo una de las instituciones más prestigiadas en todo el mundo, y no solo por lo que dicen las encuestas. Cuando uno visita alguna de las naciones cuyas policías se han formado al alero de nuestra institución, siempre escucha buenas opiniones acerca de su labor.
Yo siento que este es un proyecto necesario, que hay que darle esta atribución a Carabineros, porque de esta manera le permitiremos llevar adelante un trabajo que, sin duda, es difícil, sacrificado, en una sociedad donde se exigen muchos derechos, pero donde no se respetan los deberes.
A mi juicio, el control de identidad está destinado a evitar la ejecución de un determinado delito en aquellos casos en que existan indicios que hagan temer la ocurrencia de este tipo de hechos; pretende fortalecer las facultades preventivas de la institución, y solo se otorga a través de su personal en servicio. En concreto, consiste, como ya hemos indicado, en solicitar la identificación y cotejar la existencia de órdenes de detención de cualquier persona, en cualquier lugar o zona donde por circunstancias fundadas sea previsible la ocurrencia de delitos, y concluye inmediatamente después de que la persona controlada se identifica.
No tengo ninguna duda de que esta es una herramienta que Carabineros necesita. Como dije, hay países desarrollados como Alemania, España, Estados Unidos, Italia, Francia e incluso Perú, donde todas las policías poseen esta facultad.
Por eso, considero indispensable aprobar esta herramienta, que le permitirá a la policía uniformada cumplir sus funciones aún de mejor manera de lo que ya lo está haciendo.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, hoy día el control de identidad ya existe en nuestra legislación. Se halla establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal.
¿Qué dispone dicho precepto? Que, en casos fundados y según las circunstancias, se podrá efectuar control de identidad en cuatro situaciones: primero, cuando existan indicios de haberse cometido un delito; segundo, cuando se intente cometer un delito, simple delito o falta; tercero, cuando se suministre información útil, y cuarto, cuando una persona se encapuche para ocultar o dificultar su identidad.
Esos son los cuatro casos que contempla el actual artículo 85 del Código Procesal Penal, referido al control de identidad.
¿Qué hace el proyecto de ley, señor Presidente? Agrega un artículo 85 bis que apunta a que la policía cumpla un rol preventivo respecto del control de identidad, cuestión que no se halla contemplada en el actual artículo 85.
El artículo 85 bis señala que el objeto es "precaver la ocurrencia de hechos que puedan poner en peligro la seguridad y el orden público". Ahí se podrá solicitar la identificación.
En mi concepto, es muy importante la facultad para cotejar la existencia de órdenes de detención de cualquier individuo que se encuentre en lugares o zonas en que por circunstancias fundadas, primero, sea previsible que se cometa un hecho delictual, o segundo, que pongan en riesgo la seguridad o el orden público.
¿Por qué hago hincapié en que encuentro relevante la facultad que se agrega en el artículo 85 bis?
Es sabido que en nuestro país el 50 por ciento de quienes cumplen condena lo hacen en libertad. Adicionalmente, más del 50 por ciento de ellos reinciden en la comisión de delitos. Es decir, tenemos una población condenada que en alto número cumple su pena en libertad y, paralelamente, existen elevados niveles de reincidencia.
Frente a tales niveles de reincidencia, me parece fundamental otorgar esta facultad a Carabineros, porque seguramente van a existir muchas órdenes de detención respecto de personas que, cumpliendo su pena en libertad, vuelven a delinquir.
Por eso, señor Presidente, creo muy importante incorporar esta facultad adicional en el artículo 85 bis, pues hay lugares o zonas -esto se halla demostrado de manera absoluta por estudios policiales cada vez más profesionales- en donde se concentran los delitos.
Y eso no solo pone en riesgo la seguridad de las personas, sino que también afecta al orden público. Todos sabemos que hay encapuchados que se infiltran en marchas pacíficas. Sin embargo, hoy resulta difícil cuantificar tal situación solo en función del actual artículo 85. De tal manera que las propuestas me parecen medidas de control de identidad necesarias para complementar el actual precepto del Código Procesal Penal, cuyas dos primeras hipótesis apuntan a indicios de haberse cometido un delito o se refieren a un ilícito frustrado. Las otras dos dicen relación con el suministro de información y con el ocultamiento de la identidad.
De ahí que considero fundamental que cada vez las policías vayan cumpliendo un rol preventivo mayor, para lo cual resulta importante agregar esta nueva facultad en el artículo 85 bis del Código Procesal Penal.
El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, le ofrezco la palabra al Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, este proyecto se enmarca dentro de la denominada "Agenda de Seguridad Ciudadana" que impulsó el ex Presidente Sebastián Piñera. Su sentido o alcance es dotar a Carabineros de Chile de una facultad conocida como "control preventivo de identidad". Sin embargo, incurriendo, a mi juicio, en un error de diagnóstico, parte de la base de que la policía preventiva no tendría tal facultad.
No obstante, al observar el artículo 85 del Código Procesal Penal vigente en nuestro país, al cual se le han introducido al menos siete modificaciones a partir del año 1998, cuando se derogó la detención por sospecha, uno advierte que él contempla de manera expresa la facultad de Carabineros para realizar el denominado "control de identidad". Y establece ciertas consideraciones o elementos objetivos para que la policía pueda realizarlo.
Alguien se preguntará: ¿Por qué esta facultad tiene que reunir condiciones objetivas? Primero, porque la libertad ambulatoria es un derecho garantizado por la Constitución Política. Y cuando el constituyente estableció el derecho a la libertad, dejó consignado que solo por el marco señalado en una ley podía ser limitado. Esta limitación legal generalmente se concreta a través de una norma que autoriza a un órgano intermedio -es decir, el juez- para limitar un derecho fundamental. Es cuando el juez no participa -como en el caso de los controles de identidad preventivos, sin autorización judicial- que se requiere una norma muy determinada y muy precisa. De lo contrario, se saca del ámbito jurisdiccional la limitación de un derecho fundamental como la libertad.
El artículo 85 del Código Procesal Penal actualmente faculta a Carabineros para realizar control de identidad en dos circunstancias. En primer lugar, cuando existan indicios de que la persona ha cometido un delito o se apresta a cometerlo. En este caso, como digo, se requieren indicios. Pero hay una hipótesis -agregada en la agenda corta antidelincuencia el año 2007 o 2008- que ni siquiera exige indicios: cuando una persona se encuentre embozada, encapuchada u oculte su identidad. Es este caso, la policía, incluso sin que exista ningún tipo de indicios de que alguien ha cometido o se apresta a cometer un delito, se halla facultada para efectuar control de identidad.
Entonces, mi reflexión es que hoy día no tenemos un vacío legal, sino una policía que no ejerce una facultad. Habría que preguntarle por qué no la ejerce, pero la facultad legal existe.
El mensaje plantea la idea de agregar un artículo 85 bis por la necesidad -a mi juicio, equivocada- de incorporar una facultad que, como acabamos de ver, ya existe. Y cita como ejemplo las legislaciones alemana, norteamericana y española. Pero olvida decir que todas y cada una de ellas establecen condiciones objetivas para que la policía pueda ejercer dicha facultad.
Es más, en el caso del mal citado stop and frisk de Estados Unidos, basado en la Cuarta Enmienda, no se señala nada en cuanto a que las vestimentas únicamente pueden ser revisadas de manera superficial y para el solo efecto de comprobar si esconden armas.
En consecuencia, señor Presidente, este es un proyecto que, a mi juicio, adolece de un error de diagnóstico y que, lo que es peor, busca la solución en un lugar donde no la vamos a encontrar. Es decir, su aprobación no va a generar un mejoramiento en los niveles de seguridad, menos aún cuando la facultad que entrega queda circunscrita a ciertos lugares.
Por tanto, la policía ya no solo tendrá la posibilidad de determinar, eventualmente, cuáles son los indicios, sino que además podrá ejercer el control de identidad únicamente en ciertos lugares. ¿Por qué va a ser más importante que una persona, no siendo sospechosa, esté parada frente al Palacio de La Moneda o frente a una empresa y no frente a una casa que pueda atacar?
A mí me parece que la solución que plantea el proyecto no es la más adecuada, señor Presidente, y por eso voy a votar en contra de este.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, creo que este tema, muy interesante, marca una diferencia -legítima, particularmente en democracia- respecto de cómo enfrentar quizás uno de los problemas más relevantes del Chile de hoy: la seguridad.
Y me parece que esta legislación, contra lo que plantea el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, sí puede representar un punto de inflexión bastante importante en la forma de enfrentar la seguridad pública y la delincuencia, tal como lo señalé en la primera parte de esta discusión, que en verdad comenzó hace un mes, un poco antes del cambio parlamentario. Ahora estamos en la segunda parte.
Desde mi perspectiva, aquí hay dos visiones: aquellos que creen que hoy día está todo hecho o todas las herramientas entregadas en materia de delincuencia, o que de repente miran al cielo pensando: "Bueno, la cosa se arreglará sola cuando se abuene un conjunto de personas que más bien están llamadas a delinquir"; y aquellos otros que consideramos que se advierte debilidad en muchas instituciones.
A mi juicio, una de las grandes carencias o deudas sociales que existen hoy es, precisamente, la manera como se enfrenta el tema de la seguridad pública. Hay responsabilidades en la forma de investigar los delitos, de la Fiscalía, de Carabineros, de los distintos gobiernos. No me cabe duda. Pero creo que también hay debilidades legislativas.
Y ahí es donde aparece un punto que, a mi modo de ver, es superdiscutible: o está todo bien hecho, o efectivamente faltan normas que permitan a Carabineros actuar mejor. Sin embargo, si los resultados actuales instalan el tema de la seguridad como el problema número uno, por lejos, significa que algo no está funcionando tan bien. Alguien podría levantar la mano y decir: "No podemos más en esta materia; estamos al máximo". Pero yo pienso que no es así.
El proyecto contiene una idea que me parece superrazonable. Cada vez que he conversado con representantes de Carabineros de mi región o de juntas de vecinos donde se hace seguimiento del Plan Cuadrante, ha surgido el tema de cuáles son las herramientas con que cuenta Carabineros para operar, para solicitar la identificación de personas ubicadas en lugares de peligro, tal como los define este articulado. Se trata de lugares objetivos -instalaciones de abastecimiento, de agua potable, de gas- o "donde sea previsible, razonablemente, la ocurrencia de hechos delictuales o que pongan en riesgo la seguridad y el orden público".
Algunos afirman, al igual que como se planteó anteriormente, que hoy no se necesita norma para aquello. Bueno, ¡por algo Carabineros la ha pedido muchas veces! Si existiera, no estaríamos, creo yo, instalando este tema. Pero, como no existe, es muy importante operar del modo en que lo está proponiendo el proyecto.
Adicionalmente, señor Presidente, este persigue un triple propósito: primero, prevenir; después, dar curso a órdenes pendientes, en el caso de que las hubiera, y tercero, hacer cumplir las sentencias judiciales, como un efecto indirecto de lo anterior.
Estimo que está bien planteada la argumentación contraria, pero me cuesta entender, sobre todo por la lógica de por qué se ha presentado esta iniciativa, que se vote en contra de una facultad que se está pidiendo para Carabineros, de la naturaleza mencionada, sujeta a regulaciones, restricciones y con una tipificación bien precisa. Yo, al contrario, considero que es una de las cosas que realmente se necesitan para el bien de Chile. Hasta ahora las facultades del artículo 85 del Código Procesal Penal no han sido suficientes. ¡Si no, estaríamos viviendo en un país distinto del que yo percibo día a día!
Creo que Carabineros da garantías en esta materia respecto al uso racional y positivo del elemento que se le pretende entregar.
Teóricamente, existe una norma sobre el particular, pero eso lo niegan justamente quienes se oponen a este proyecto, lo cual a mí por lo menos no me hace sentido.
Por eso le doy gran importancia al establecimiento de medidas de control preventivo de identidad, en la forma como se plantea. Me gustaría que se diera una señal potente en esa dirección. No sé a quién daña, para ser bien franco. Por el contrario, creo que ayuda mucho a favorecer la acción de Carabineros y avanzar hacia la seguridad pública.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Antes de dar la palabra nuevamente, quiero saludar, en el día de su cumpleaños, a nuestro querido Senador señor Zaldívar.
El señor PROKURICA.- ¡Se reserva el derecho a decir la edad¿!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, no iba a hablar; pero ya que me hace este reconocimiento, quiero decir que, como se lo señalé en la mañana a la primera persona que me llamó, ¡quienes me llaman para felicitarme son mis enemigos¿! ¡Mis amigos se olvidan de hacerlo¿!
El señor TUMA (Vicepresidente).- ¡Este Presidente no lo ha llamado, sino que le ha formulado un reconocimiento¿!
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, deseo expresar que este proyecto de ley se enmarca dentro de lo que se conoció como "medidas de seguridad pública con el objeto de evitar la ocurrencia de los delitos cometidos con ocasión de manifestaciones", que fue profusamente difundido por el ex Ministro del Interior y el entonces Presidente de la República. Y, a mi juicio, incurre en un serio error conceptual, porque no fija el punto real del problema.
Si uno mira con detención y lee con bastante cuidado el artículo 85 del Código Procesal Penal se da cuenta de que las atribuciones de Carabineros para actuar son amplísimas. En la práctica, no tiene limitación respecto del control de identidad.
El artículo 85 bis, nuevo, propuesto se pone en una hipótesis que, a mi entender, es conceptualmente errada. ¿Por qué? Porque hace presumir que alguien cometerá un delito por el solo hecho de estar presente en determinado lugar. Esto, además, atenta contra la doctrina de nuestro Derecho Penal, pues los delitos se sancionan no por dónde se encuentre determinada persona, sino por los actos que ella comete, siempre y cuando se trate de un hecho típico antijurídico y culpable.
Entonces, con la nueva norma que se pretende introducir al Código Procesal Penal se rompe esta estructura lógica del ordenamiento jurídico penal y más bien se entrega a Carabineros una atribución que, a mi parecer, puede ser errada y llevar a una interpretación bastante restrictiva de lo que es en sí el artículo 85. Ello, además de que lo dispuesto en el artículo 85 bis, sin duda afecta garantías constitucionales, toda vez que, al hacer aplicable el artículo 85 original, en sus incisos tercero y siguientes, permite a Carabineros proceder a la detención de una persona por hasta 8 horas, con el objeto de determinar y verificar efectivamente su identidad.
Lo anterior, sin duda, significa una conculcación de derechos constitucionales, como el relativo a la libertad de las personas.
En el mensaje se mencionan -algo señalaba el Senador Felipe Harboe- otras legislaciones. Pero el Ejecutivo omitió las diferencias existentes.
Por ejemplo, en el caso de la legislación americana, tal vez la más llamativa, existen las reglas del stop and frisk, según las cuales el funcionario policial puede proceder al registro de un individuo, pero solamente con el objeto de determinar si porta armas.
Debemos recordar que, a diferencia de nuestro país, en Estados Unidos el porte de armas es bastante más recurrente y tiene un marco legal mucho más laxo. En Chile es muy limitado el número de personas que pueden portar armas de fuego.
Y lo que busca esa norma norteamericana es evitar que el policía que realice un control de identidad o ejerza una acción policial se encuentre con un sujeto armado.
Esa disposición de la legislación estadounidense solo permite la acción para ese fin concreto y no como se plantea en el caso chileno.
Otro tema relevante es que el hecho de que se señale que el funcionario policial estará sujeto a responsabilidad penal y administrativa carece de sentido. Es una norma básica del Derecho Administrativo nacional que, si cualquier funcionario público, de lo cual no se excluyen los policías, comete abusos o delitos en el ejercicio de su función, queda sujeto a responsabilidad administrativa y penal.
Expresarlo en el proyecto de ley carece de sentido, a mi juicio, porque se trata de una garantía que poseen los ciudadanos cuando un funcionario público actúa mal -en este caso, un policía-, en orden a poder recurrir tanto al ente administrativo como al jurisdiccional, de existir la comisión de un delito.
A consecuencia de ello, colocar esta responsabilidad de los funcionarios policiales ex post en caso de que realicen un control de identidad no ajustado a la ley o fuera de la normativa no tiene razón de ser porque ya se encuentra en la legislación actual.
Por otro lado, esta iniciativa hace alusión, más que al tipo penal o a la posibilidad de que se esté cometiendo un delito, a que se podrá ejercer el control de identidad en determinados lugares en que se encuentren las personas.
Eso constituye, según yo, un disvalor y un concepto errado.
Me pregunto qué sentido tiene, por ejemplo, establecer en el proyecto que Carabineros podrá ejercer esta atribución, entre otros lugares, frente a un domicilio particular, donde quizás puede ser mucho más grave la ocurrencia del hecho.
En consecuencia, aquí se genera, asimismo, una diferencia que considero absolutamente injustificada.
Un dato no menor que cabe hacer presente es que, de todas las detenciones que se producen en nuestro país y que son controladas por los juzgados de garantía, no más de 2 por ciento son declaradas ilegales. Ello da cuenta de que en la gran mayoría de los casos los funcionarios policiales actúan con el debido resguardo, conforme a la ley.
Finalmente, quiero decir, señor Presidente, que insisto en lo que manifesté en la Cámara de Diputados: el problema de los encapuchados en las protestas no tiene que ver con las normas procesales, sino con una cuestión de inteligencia y de investigación policial.
Esta disposición no va a terminar con los encapuchados. En consecuencia, es mala y rompe la estructura armónica del Código Procesal Penal, razón por la cual voy a votar en contra.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, este proyecto tiene enorme importancia para el control de la delincuencia. Si algo nos pide la ciudadanía diariamente en nuestras conversaciones con juntas de vecinos, con adultos mayores, con diversas organizaciones de la comunidad, es que le devolvamos a Carabineros toda su autoridad para controlar la delincuencia, a fin de evitar que este flagelo atemorice a nuestra población, a nuestros niños, a nuestros pobladores y todos podamos usar las plazas, los lugares públicos y gozar de ellos, y llegar a nuestros hogares y lugares de trabajo con seguridad y tranquilidad.
Por eso, siento que todo lo que hagamos con el objeto de dotar a Carabineros de mayores atribuciones, facultades y herramientas para efectuar un control preventivo va en una buena dirección, en un buen camino.
Escuché con atención la intervención del Senador Harboe. Él señala, en lo grueso, que vota en contra porque le parece innecesario crear esta atribución nueva, pues ya la tendría Carabineros; no habría vacío legal.
Sin embargo, se pregunta por qué no se ejerce la potestad del artículo 85 del Código Procesal Penal.
En verdad, cuando uno conversa con carabineros nos dicen: "No tenemos la facultad para hacer un control preventivo de identidad en la forma como aquí se propone".
Señor Presidente, el artículo en cuestión plantea: "en el ejercicio de su rol de policía preventiva y con el solo objeto de precaver la ocurrencia de hechos que puedan poner en peligro la seguridad y el orden público, Carabineros de Chile, a través de su personal en servicio, podrá solicitar la identificación y cotejar la existencia de órdenes de detención, de cualquier persona que se encuentre en lugares o zonas donde, por circunstancias fundadas, sea previsible la ocurrencia de hechos delictuales o que pongan en riesgo la seguridad y el orden público. Este procedimiento concluirá inmediatamente después que se obtenga la identificación de la persona que se controla, en la forma establecida en el inciso siguiente".
Y tal inciso agrega: "La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o por cualquier otro medio verosímil que permita establecer positivamente su identidad. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse".
Por lo tanto, señor Presidente, la atribución de que se trata constituye una nueva herramienta destinada al control preventivo de identidad, con el fin de dar mayor seguridad a la población. Y no es una facultad excesiva, sino la estrictamente necesaria para avanzar mejor en la protección de nuestros conciudadanos.
Insisto: esta es una norma necesaria. En las demandas que nos hace la ciudadanía en nuestros contactos con ella, lo que con más frecuencia nos pide, lo que más nos reclama es que hagamos todo lo posible para frenar la delincuencia.
Yo siento que esta iniciativa es una herramienta que va en ese sentido y, por ende, el apoyarla implica, finalmente, entregarle a Carabineros de Chile una atribución que, según nos han dicho, hoy no tiene y que necesita.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, a mi juicio, este debate, que ya efectuamos semanas atrás y que ahora reiteramos, genera una suerte de contradicción entre lo que uno vive en las localidades de las diversas regiones y lo que plantean los parlamentarios de la Concertación con respecto a la acción de Carabineros frente a las comunidades.
Se observa una voluntad y un trabajo permanente para llevar a las comunas de nuestro territorio más comisarías, más retenes, más carabineros. Y creo que en los últimos años nadie ha estado ajeno a ese esfuerzo del país.
Por eso, es importante preguntar si queremos la presencia de carabineros en las distintas regiones, barrios, etcétera, con facultades o no. Porque podemos realizar toda una discusión teórica acerca de si la policía uniformada posee las atribuciones que requiere, pero fueron las propias autoridades de Carabineros de Chile quienes plantearon aquí, en el Senado -yo asistí a la Comisión de Constitución, pese a no ser miembro de ella, cuando concurrieron allí el General Director y otros Generales de la institución-, las dificultades que enfrentan para efectuar el control de identidad de personas e incluso de individuos sospechosos.
Por lo tanto, en la práctica las normas no son todo lo eficaces y eficientes que se necesita. Y por eso me llama profundamente la atención la argumentación de algunos Senadores en el sentido de que esta iniciativa afectaría cierta garantía constitucional: la libertad de las personas.
Eso no se hace presente frente a una institución como Carabineros de Chile. Y tampoco se le quiere dar la atribución pertinente para que sus integrantes practiquen el control preventivo de identidad, en circunstancias de que esos mismos carabineros, en cualquier parte, pueden hacer parar un automóvil, pedirle al conductor su licencia de conducir, la cédula de identidad y los antecedentes del vehículo. Y, si estos últimos no son correctos, puede incluso requisar o retener el auto.
Nadie ha dicho que tal atribución afecta libertades constitucionales, pues todo el mundo entiende que esas facultades de los carabineros tienen por finalidad prevenir accidentes y, en consecuencia, acepta que en una carretera, en un barrio, en una avenida o en una calle puedan detener un vehículo y pedir la documentación correspondiente.	Entonces, ¿por qué el mismo carabinero que posee dicha atribución, que todos aceptamos y celebramos como parte de una acción para prevenir un accidente, no puede tenerla también para prevenir delitos que con mucho mayor vigor y dolor afectan a las familias?
Si un carabinero usa esa atribución, o cualquier otra, de manera abusiva, se le sancionará mediante la aplicación de normas generales o especiales. Pero no hay duda de que para prevenir delitos; evitar que alguien cometa una acción delictiva; dañe a otras personas o la propiedad pública o privada, resulta indispensable entregar a Carabineros de Chile facultades que le permitan llevar adelante sus funciones de manera adecuada.
Por eso, señor Presidente, me cuesta entender la argumentación de que este proyecto afectaría una garantía constitucional como la libertad de las personas. Más bien creo que detrás de aquella se esconde el hecho de que esta iniciativa debe rechazarse por haber sido presentada por determinado Gobierno; que no se tiene que darle a este el respectivo mérito.
¡Pensemos en las cosas por las que todos hemos luchado!	Yo he visto a parlamentarios de la Concertación, en mi región, trabajar con gran entusiasmo y muchas veces obtener éxito y lograr la instalación de comisarías en barrios y en sectores rurales y una mayor dotación de carabineros, que es un requerimiento y una solicitud permanente de la comunidad. Sin embargo, en el momento en que se propone concederles a esos carabineros una atribución, se dice: "No, pues afecta la libertad de las personas".
Eso claramente no resiste análisis. Porque -reitero- los carabineros pueden, en cualquier momento, detener un automóvil y pedirle al conductor no solamente la cédula de identidad, sino también la licencia de conducir y los antecedentes del vehículo.
La norma propuesta es una más en la lucha contra la delincuencia. No es la panacea; a lo mejor no es lo que va a resolver ese problema. Pero, sí, permitirá tener policías que realicen una labor preventiva, con las facultades pertinentes. Y me parece que debiéramos aprobarla.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero entregar a la Sala una información que pasaré a detallar, pues creo que los parlamentarios de la Concertación cometen un tremendo error al rechazar este proyecto, del cual creo que se van a arrepentir. No dudo que lo hacen con los fundamentos que consideran adecuados; pero se equivocan y voy a explicarles por qué, desde mi punto de vista.
Las distintas legislaciones en el mundo contienen o no algunas normas que permiten a la policía, en lugares con alta intensidad de delitos, pedirle a una persona que se identifique aun cuando ningún acto de ella se encuentre vinculado a la comisión de un delito.
Expreso lo anterior, porque lo primero que uno debe despejar es si la disposición en análisis se halla dentro de las normas de aplicación general en los países que han tenido relativo o pleno éxito en la lucha contra la delincuencia.
En el informe de nuestra Comisión figura la legislación de Alemania, Francia e Italia.
Nadie puede sostener que dichos países no son democráticos; que no tienen Estado de Derecho o que sus leyes son excesivas.
Bueno, en esas tres naciones la policía tiene la facultad, sin limitación alguna, de aplicar el control de identidad a una persona y pedirle que exhiba la respectiva documentación, aun cuando no aparezca vinculada a ningún hecho ilegal o delito.
En Alemania el procedimiento se efectúa con el solo propósito de evitar determinado peligro a la seguridad y el orden público y para remediar su perturbación. O sea, es una medida preventiva que no requiere ninguna exigencia en particular.
En Francia se lleva a cabo para prevenir una alteración al orden público. Es decir, con el fin de "prevenir" le pueden requerir su identificación a una persona.
En el caso de Perú -fíjense: Perú-, ocurre exactamente lo mismo.
En Italia existe la obligación general de identificarse cuando la autoridad así lo pide.
Señor Presidente, esos países, que han tenido relativo éxito en la lucha contra la delincuencia, incorporaron una norma que permite a las policías, simplemente, solicitarle a una persona su identificación -¡su identificación!- para saber si tiene órdenes de detención, con el propósito de que individuos vinculados al mundo de la delincuencia que en ese instante no están cometiendo un delito puedan ser objeto de control.
Se ha sostenido que en Chile existiría esa disposición. Pero, en verdad, es un profundo error. La policía tiene, efectivamente, la facultad de pedirle a una persona que se identifique, en tres hipótesis: 1) cuando ha cometido un delito, lo cual resulta evidente, porque debería detenerla; 2) cuando ha intentado cometer uno, y 3) cuando se dispusiere a cometerlo.
¿Puede la policía en Chile -como lo dijo el General Director de Carabineros-, en un barrio específico donde por la noche transitan personas que no están cometiendo ningún delito, pero donde también lo hacen algunos que -todos lo sabemos-, como se dice en la jerga delictual, "sapean" los barrios de distintos sectores -robos y asaltos se producen porque personas circulan por esos lugares-, decirles a esos individuos: "Señores, facilítenme su cédula de identidad"?
Los carabineros no tienen facultades para registrarlos. Carecen de toda atribución, salvo la de pedir a una persona que exhiba su carné.
Efectivamente es una limitación al derecho de los ciudadanos: nadie debería controlarlos cuando circulan libremente por las calles.
Pero surge la pregunta: ¿acaso no es conveniente pagar el costo de solicitar a una persona que se identifique si para ello existen fundados antecedentes, como dice la norma -o sea, no se trata de un acto arbitrario-, y se trata de lugares que han sido definidos como de alta intensidad delictual?
¿Por qué alguien se va a sentir afectado u ofendido si, llegando a su casa, un policía le pide por favor que se identifique?
¿Me puede dar un minuto más, señor Presidente, para terminar?
El señor TUMA (Vicepresidente).- Continúe, señor Senador.
Consultaba por qué alguien podría molestarse por esa atribución policial.
Yo les aseguro que la gente está dispuesta a aceptarlo si eso aleja de sus barrios a los delincuentes. Estos se pasean por los distintos sectores a fin de conocer los movimientos de los locales comerciales y de los vecinos para luego delinquir.
Dicha facultad existe en todas partes del mundo, señor Presidente. Sin embargo, hoy día no la tiene nuestra policía.
Deseo agregar un antecedente adicional.
En Chile se otorgó esta misma atribución preventiva en el inciso cuarto del artículo 7 A de la Ley de Violencia en los Estadios, que dice: "El personal de Carabineros de Chile podrá efectuar controles de identidad preventivos, con las facultades contempladas en el artículo 85 del Código Procesal Penal¿". O sea, hoy día es posible hacerlo.
Asimismo, Carabineros puede detener un vehículo, aunque el conductor no esté haciendo absolutamente nada, para realizar un control de identidad. ¡Nadie alega!
Si usted va al estadio, le pueden pedir el carné. ¡Y nadie alega, aunque el afectado no esté haciendo nada!
Lo único que estamos planteando ahora es que, en determinadas zonas definidas por la autoridad como de alto nivel delictual, se permita que la policía¿
El señor TUMA (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor ESPINA.- Concédame 30 segundos más, por favor.
El señor ESPINA.- ¿Por qué la policía no puede pedirle a una persona simplemente que se identifique?
Carabineros de Chile está solicitando contar con esa facultad. Lo requirió reiteradamente en la Comisión. ¿Por qué a un policía no le es posible decirle a un ciudadano: "Muéstreme su carné de identidad"?
Alguien señaló que los carabineros van a abusar con esa prerrogativa. Señor Presidente, si así fuera, ese oficial tendría que ser sancionado. Habrá mecanismos de control.
Pero esta herramienta ¡existe en todas partes! En países democráticos como Alemania se aplica abiertamente.
Por último, les voy a decir una cosa a quienes son Gobierno: se van a arrepentir de haber rechazado esta propuesta legislativa, porque la facultad que se propone da mucha tranquilidad a la ciudadanía, que va a estar conforme con su implementación. Pregunten en sus circunscripciones si la gente no está dispuesta a mostrar su carné de identidad si con eso se impide que cometan delitos las personas que andan merodeando por sus barrios.
Por eso, les pido que voten a favor.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, como este proyecto toca garantías fundamentales de las personas, obviamente, uno debe ser cuidadoso sobre el particular, por cuanto puede implicar una limitación de tales derechos.
Al respecto, deseo recordar que, a comienzos de los noventa, por lo menos en los medios de comunicación, hubo un gran debate acerca de la detención por sospecha. Aquello terminó en el Congreso, donde se hicieron modificaciones para limitar la arbitrariedad que en la práctica significaba el uso de ese ejercicio, el cual estaba asociado a aspectos raciales, sociales e, incluso, personales. Y se llegó a una situación claramente abusiva.
Quiero que recordemos esa situación.
Por lo tanto, es legítimo -y nada es en contra de la policía- que uno tenga la aprensión de proteger lo que está garantizado en la Constitución. Porque para eso estamos aquí.
En segundo lugar, si uno revisa la propuesta, observa que se pretende tomar una atribución que figura en el artículo 85 del Código Procesal Penal y circunscribirla específicamente a determinados lugares. Por consiguiente, se plantea efectuar una aplicación parcial de una norma más general.
Pero, por la redacción del texto de la iniciativa, se desprende que se busca aumentar el control no en las poblaciones donde vive la gente que requiere y demanda justicia y protección social, sino, más bien, en edificios públicos que podrían tener determinada connotación política en ciertas circunstancias.
Por la misma razón, cabe suponer que hay lugares físicos en donde las personas tienen ciertos derechos y otros, en los cuales viven y trabajan, que contarían con un estatus inferior, toda vez que la policía tendría mayores limitaciones para actuar en ellos. En cambio, estaría mucho más facultada para ejercer controles en sectores con una especie de protección privilegiada.
Me parece que ello introduce una desigualdad que no es razonable.
Por otro lado, se corre el riesgo de confundir el mensaje que se pretende dar por ley con relación a derechos garantizados en la Constitución. Ello, porque se establece cierto grado de arbitrariedad para ejercer un control de identidad que debería ser universal y parejo. No hay ninguna razón que justifique el que la policía piense que en una población puede relajarse, pero enfrente de determinado edificio público deba ser más celosa en el desempeño de sus funciones.
Asimismo, me da la impresión de que el artículo propuesto está un poco suelto. Pareciera que, más que controlar la delincuencia común o los peligros que enfrentan los particulares, guarda relación, en algunas circunstancias, con movilizaciones sociales o hechos de naturaleza política y con un mayor control sobre la población, lo cual retrotrae el argumento a lo que señalé al comienzo, en cuanto a que esto se vincula con las garantías fundamentales de las personas.
Por consiguiente, materias tan delicadas como los referidos derechos deben responder a leyes y a principios más generales, y no derivar en situaciones que terminan introduciendo tal nivel de excepciones a la norma que, incluso, puede implicar algún grado de arbitrariedad de parte de la autoridad.
Y me avalo en lo que ya indiqué: una situación similar ya la vivimos a comienzos de los noventa. Es cosa de recordar los precedentes sobre el asunto y el hecho de que este mismo Parlamento tuvo que intervenir.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, sin perjuicio de que el Comité PPD va a pedir aplazamiento de la votación, quiero referirme a lo que plantea este proyecto de ley.
Ya cinco Senadores, varios abogados expertos en Derecho, son incapaces de ponerse de acuerdo en cuanto a lo que dice la legislación: ¿Carabineros cuenta o no con la facultad mencionada?
Y creo que nadie está argumentando de mala fe. Escuché al Senador Espina, y encuentro que las cosas que dijo tienen mucho sentido. También oí al colega Harboe, y comparto sus palabras. Lo mismo respecto al Senador Pedro Araya, cuya exposición fue clarísima.
Entonces, no estamos hablando sobre aspectos doctrinarios ni acerca de algo que no pueda comprobarse. Se trata de cómo interpretamos textos legales. Para eso fuimos llamados a argumentar.
Ante ello, yo digo: "¿Sabe qué? Estimo que aquí estamos errando el tema".
En el fondo de esta propuesta legislativa hay una preocupación por controlar delincuentes -entre comillas- en lugares "especiales". Se busca ver cómo hacer frente a movilizaciones sociales, donde sí hemos visto a gente que se excede. Lo que está detrás de este proyecto de ley es facultar a Carabineros para controlar a las personas que asistan a ciertos lugares.
Eso es lo que se percibe en la expresión corporal de la iniciativa.
Y me salto la interpretación jurídica, porque ya varios Senadores la han realizado, y muy buenas, en uno y otro sentido. Creo que en ese punto no nos vamos a poner de acuerdo.
Sería bueno saber qué perseguía el Gobierno anterior al introducir los cambios que realizó vía indicaciones al proyecto, que tiene mucho tiempo de tramitación.
Lo único que planteo, señora Presidenta, es que, tal como está redactada la norma y según lo que he escuchado, la iniciativa presenta una mirada un poquito más represiva que garantista. Y eso es algo a que siempre nos hemos visto enfrentados acá.
Se trata de miradas distintas.
A mi juicio, habíamos avanzado muchísimo en esta materia al eliminar la detención por sospecha. Entiendo y me hacen sentido los argumentos jurídicos que señalan que Carabineros hoy día cuenta con elementos para hacerse cargo de quienes con malas prácticas o malas artes perjudican la convivencia de la sociedad.
Desde esa perspectiva, cabe preguntarse: ¿es necesaria esta propuesta legislativa? Pareciera que no.
Ahí surge otra interrogante: ¿qué hay detrás de esta iniciativa? La mirada de ciertos sectores que piensan que, tal vez, de esta forma se interpreta al resto de la ciudadanía. Yo tengo mis dudas respecto de si ese es el mejor camino para hacerlo, sinceramente.
Desde ese punto de vista, anuncio que voy a votar en contra del proyecto.
Con todo, el aplazamiento de la votación tal vez nos brinde la posibilidad de realizar un mejor debate y de reposar las miradas sobre el particular.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, creo necesario intervenir a efectos de clarificar algunos aspectos de la discusión.
Básicamente, en las exposiciones de los colegas observo una confusión entre la detención por sospecha, que se hallaba vigente en la década del noventa, y el control de identidad, herramienta que la iniciativa pretende entregar a Carabineros para que pueda chequear los antecedentes de una persona, a través de los instrumentos que establece el artículo 85 bis, inciso segundo.
Además, también existe una confusión respecto del texto original de la norma. En efecto, los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, en particular los Honorables señores Guillier y Lagos, argumentaron haciendo lectura de la propuesta inicialmente planteada. Pues bien, les quiero señalar que eso fue rechazado por la Comisión de Constitución, la que sugirió en su reemplazo la inclusión del artículo 85 bis, nuevo, en el Código Procesal Penal, que no hace referencia a lugares públicos o a sus inmediaciones, "tales como edificios públicos; establecimientos de salud; instalaciones de abastecimiento y generación de energía eléctrica, agua potable o gas; instalaciones de telecomunicaciones; centrales de abastecimiento de transporte público y depósitos o instalaciones de acopio o destrucción de sustancias peligrosas o prohibidas".
Tal alusión fue completamente erradicada por los integrantes de la Comisión.
En consecuencia, el texto que hoy día se propone tiene por objeto entregar una herramienta -¡una sola herramienta!- a Carabineros de Chile para que pueda realizar un control de identidad.
Más aún, el inciso final del artículo 85 bis que se pretende incorporar en el Código Procesal Penal dispone: "El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo estará sujeto a las sanciones administrativas y penales que correspondan.".
Por consiguiente, me parece que están absolutamente salvaguardados los derechos de los ciudadanos, a la vez que se entregan facultades mínimas -¡mínimas!- a Carabineros para hacer bien la labor que la Constitución le ha encomendado con relación a la seguridad y al orden públicos.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, este debate lleva varios años en el Congreso. Si no saco mal la cuenta, son 24 años. Y durante ese lapso algunos parlamentarios han argumentado sobre la base de un supuesto: que una gran limitación al ejercicio de la función policial es no poder controlar a los ciudadanos en determinados lugares.
¿Y qué se ha hecho al respecto? Se terminó con la detención por sospecha, porque atentaba contra derechos fundamentales, y se estableció el control de identidad, norma a la que se le han hecho, por lo menos, cuatro cambios.
Todo apunta ahora a perfeccionar nuevamente esa figura, respecto de la cual siempre se ha creído que genera un efecto muy significativo en la función policial.
Los argumentos dados aquí los hemos oído muchas veces. Más aún, Carabineros ha participado en la redacción de todos los textos que aprobamos antes. Desde el primer proyecto -el General Cordero en varios momentos ha estado presente-, se ha acogido lo solicitado por dicha institución.
Yo leo esta iniciativa y trato de ver qué aporta. Y me parece que, si algo positivo tiene, es bastante marginal. Además, implica riesgos.
La verdad es que está en la línea de lo que ya existe. Me gustaría que alguien me explicara cuál es el agregado en esta propuesta que permitiría concluir que, a partir de ella, la acción policial será más eficaz, sin considerar la discusión sobre el eventual efecto en ciertos derechos.
En mi opinión, la figura que se persigue ya existe en lo fundamental; por tanto, estimo que este no es el punto central que limita el papel de las policías en la actualidad.
Todos sabemos que Carabineros ha aumentado mucho su dotación; ha aumentado mucho su equipamiento; han aumentado mucho sus recursos. Nunca antes había tenido a su disposición tal cantidad de fondos, ya sea para inversión, ya sea para ir cambiando sus equipos permanentemente. Incluso, los recursos para inversión se aportan más rápido que la capacidad de ejecutarlos por parte de la institución.
En consecuencia, creo que el Parlamento en algún momento deberá discutir qué pasa en Carabineros. Digamos las cosas como son: ¿cuánto ha avanzado a partir del mayor equipamiento disponible y qué limita su acción?
A mi juicio, Carabineros es una institución fundamental. Yo la respeto; sé que tiene toda una historia en Chile. Pero hay que efectuar un debate en serio sobre el particular, el cual no debe centrarse en perfeccionar la figura que permita detener personas en determinados lugares.
Al respecto, cabe preguntarse si Carabineros cuenta con capacidad para diagnosticar las dinámicas sociales delictuales. ¿Logra captar lo que está ocurriendo en diferentes sectores y bajo distintas circunstancias?
Personalmente, creo que la realidad es muy cambiante y dinámica. Los delincuentes aprenden harto a cada momento y buscan nuevas maneras de ejecutar sus acciones; pero Carabineros queda muy atrás en la percepción de tales cambios.
Sé que ello no es solo un problema de dicha institución. Basta ver lo que pasa en el Ministerio Público: ¿qué capacidad de diagnóstico posee para actuar de manera más eficaz?
A mi juicio, hay dificultades en todo nuestro sistema.
Por eso, me parece muy bien lo que ha planteado el actual Gobierno en torno al STAD (Sistema Táctico de Análisis Delictual). Creo que eso va a ayudar muchísimo. Sin duda, se debe ir profundizando esta herramienta, como se ha planteado recientemente, para que tenga mayor capacidad de análisis cualitativo y no solo sistematice determinadas informaciones.
Hay que comprender la realidad.
En el centro de Santiago, lo que hoy día ocurre se relaciona muy poco con lo que sucedía hace cinco años, porque las cosas van cambiando y adquiriendo otra dinámica. Y lo mismo pasa en los distintos sectores de la ciudad.
Yo me pregunto si el Plan Cuadrante -con todo lo que lo valoramos, en fin- cuenta con un diagnóstico para cada territorio, con una estrategia adecuada y con un plan de metas, a fin de avanzar en el control de la delincuencia. Me parece que no.
El gran problema no radica en la existencia de dicho Plan, sino en la forma en que opera. Y eso supone formar a los carabineros de otra manera. El General Vera intentó hacerlo. Trató de incorporar muchos elementos técnicos, pero, al final, la institución se resistió al cambio.
En definitiva, señora Presidenta, este proyecto no realiza un aporte significativo y presenta el riesgo, como lo han dicho distintos parlamentarios, de atentar contra derechos fundamentales, aunque se encuentra en la línea de las anteriores modificaciones legales aprobadas por el Congreso.
El asunto de fondo estriba en cómo evaluamos lo que ocurre realmente con la función policial; en cuál es nuestra visión de ella, y en cómo aportar para que Carabineros se ponga más a la altura de los actuales tiempos y sea más eficaz.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, sin duda, el debate sobre esta materia, como han dicho aquí todos los colegas, es muy sensible.
Cuando el proyecto de ley en análisis se plantea como una necesidad fundamental para que Carabineros pueda ejercer su función en el control preventivo de identidad, uno debe preguntarse si lo propuesto es efectivamente necesario.
Frente a esa primera interrogante, la respuesta de varios Senadores, en forma mayoritaria en el Senado, es que resulta innecesario.
Se ha señalado, más encima, que la iniciativa no aporta mucho -nada nuevo- a lo que ya existe. Lo que sí era una novedad, como explicó el Senador Chahuán, fue sacado de la propuesta inicial. Me refiero a la norma que establecía la detención preferente en lugares que podían ser considerados de riesgo de comisión de delitos, como hospitales, edificios públicos y una serie de otras instalaciones.
Entonces, uno dice: "Bueno, ¿en qué se traduce lo ahora propuesto?".
A mi juicio, para encontrar justificación a este proyecto, uno debe retrotraerse al momento en que el anterior Gobierno lo presenta. En ese minuto se procuraba entregar una forma de solución frente al problema de la delincuencia y a la imposibilidad de Carabineros de controlar el orden público o de actuar de manera más eficaz frente a hechos delictivos.
Carabineros dispone hoy día de las facultades pertinentes. Cuando necesita actuar, lo hace. Tiene las herramientas, los elementos, la capacitación, la información. Sabe exactamente dónde están los mayores índices de violencia y qué tipo de delitos se cometen.
Por lo tanto, uno debe preguntarse por qué Carabineros no está siendo eficaz en la acción contra la delincuencia. Y son múltiples las razones -a algunas de ellas se refirió el colega Montes; no me extenderé por motivos de tiempo- por las cuales hoy día Carabineros no puede dar como excusa frente a la ineficacia de la acción policial en la represión contra la delincuencia el hecho de carecer de facultades -sí las tiene- para detener y controlar a personas que se encuentran en acción sospechosa o cometiendo derechamente un delito.
Y ahí es donde viene, entonces, el problema más grave: si estamos siendo eficaces o no en la definición de políticas de Estado o de instrumentos que permitan encarar la inseguridad ciudadana y el drama de la delincuencia que se vive en el país.
En consecuencia, uno llega a la conclusión de que este proyecto es una solución de parche, una estrategia comunicacional o un instrumento a través del cual un Gobierno equis, cualquiera que este sea, pretende dar la señal a la opinión pública de que se halla muy interesado en buscar una solución al problema, pero en la práctica no es nada eficaz.
Y en la medida en que se siga encarando la delincuencia y la inseguridad ciudadana solo desde el punto de vista de qué podemos hacer para reprimir, estamos mal enfocados si no abordamos definiciones en todos los niveles que resultan fundamentales para atacar ese flagelo, las cuales tienen que ver con la prevención frente a la comisión del delito mediante el trabajo en educación, en deporte, en vida saludable, en organización ciudadana, en ocupación de los espacios públicos, en una labor de control policial mucho más eficaz y coordinada con el resto de las instancias del Estado o la ciudadanía organizada, en la buena administración de justicia, otro blanco al cual uno siempre apunta desde el momento en que se tiende a echarle la culpa cuando uno se pregunta por qué la acción contra los delincuentes no es lo suficientemente eficaz.
Sin embargo, el problema más grave también es que no hacemos nada serio, consciente, responsable, consistente en materia de rehabilitación -esos cuatro elementos juntos- y no la encaramos simultáneamente como una política de Estado sostenible en el tiempo.
Ahí es donde se producen las mayores diferencias de evaluación en el Senado, en la sociedad o en aquellas autoridades que en un momento determinado les toca ejercer el Gobierno.
Esa es la razón por la cual muchos de nosotros calificamos esta iniciativa legal como una manera de reponer la detención por sospecha que, en la experiencia histórica de nuestra sociedad, significó discriminación, significó represión, significó que los jóvenes fueran los más perjudicados por la forma como las policías usaban y abusaban de dicho recurso.
No era casualidad que el 90 por ciento de los detenidos por sospecha fueran jóvenes, porcentaje del cual casi ninguno aparecía como culpable de algún delito, o sea, no registraban antecedentes de ninguna especie.
Entonces, claramente esta iniciativa legal entra en contradicción con lo que debe ser la preservación de los derechos y las libertades individuales y la definición de una política pública en esta materia.
Por último, señora Presidenta, quiero consultar si el proyecto se votará ahora.
La señora ALLENDE (Presidenta).- No, Su Señoría. Tal vez mañana.
El señor PIZARRO.- Entonces mañana emito mi pronunciamiento.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En realidad, ignoro si será mañana porque -como usted bien sabe- figuran en la tabla otros proyectos cuyo tratamiento ya anticipamos y lo más probable es que dejemos el que nos ocupa para después.
Estaba dispuesta a darle un minuto más, Senador señor Pizarro, para que finalice su intervención.
El señor PIZARRO.- Muchas gracias, señora Presidenta. Ya es suficiente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, la verdad es que cuando uno oye argumentaciones como la del Senador Pizarro entiende que parte del recelo que despierta el proyecto en debate tiene un origen histórico: la detención por sospecha.
Y me parece razonable que despierte suspicacias y se piense que el proceso que se vivió durante un tiempo en nuestro país pueda, si se repite, dar lugar a abusos policiales en la detención de personas, porque la mera sospecha, los prejuicios -estamos llenos de ellos-, el hecho de ver a alguien chascón o con barbita altiro nos suscitan inquietudes, en circunstancias de que puede tratarse de una persona muy decente, honorable, que merece todo nuestro respeto y admiración...
El señor COLOMA.- ¡Para qué mira al Senador Navarro...!
El señor PROKURICA.- ¡Ahora entiendo lo del pelo largo...!
El señor LARRAÍN.- Es efectivo que esos prejuicios en un momento dado de nuestra historia, durante el período militar, generaron abusos.
Sin embargo, es curioso: no nos olvidemos de que, con las mismas atribuciones que otorgaba dicho recurso policial, en los primeros años del Gobierno de Patricio Aylwin disminuyeron las detenciones en un porcentaje abrumador.
No recuerdo exactamente las cifras -no las tengo a la mano-, pero solo el 18 por ciento de las detenciones eran por sospecha y en los primeros años del Gobierno del entonces Presidente Patricio Aylwin, antes de que se modificara esta norma legal, menos del 1 por ciento de los detenidos obedecían a dicha atribución.
Entonces, creo que aquí están en juego cosas adicionales.
Entremedio se experimentó con la eliminación de la detención por sospecha, que era muy subjetiva, y se pasó a un control de identidad simple que en la práctica, por ser demasiado objetivo, no ha producido efecto alguno ni ha sido un elemento que ayude a las policías en su proceso preventivo.
Hemos escuchado en nuestra Comisión la opinión de las policías, con sus fundamentos, quienes realmente sienten que tienen las manos amarradas y que las atribuciones de que hoy día disponen no son suficientes.
Además, dado que existe un juicio público muy severo acerca de los carabineros cada vez que se exceden o abusan en el ejercicio de sus funciones, con mayor razón ellos se retacan y no utilizan las facultades que les son propias, pues no resultan lo suficientemente claras.
El Gobierno anterior presentó un proyecto que no nos pareció el más adecuado, tanto es así que se sustituyó por el texto que finalmente se somete a nuestra consideración. Por ello, al menos yo quiero leerlo y ojalá todos puedan hacerlo sin tener en mente la detención por sospecha.
Con más de alguno de ustedes yo he conversado que, pasados los años, mi principal sustento ideológico es el sentido común -no digo el mío porque no siempre es el mejor- y que la legislación, en su mayor relevancia, debe ser cercana a ese principio.
Hemos tenido problemas no por las movilizaciones sino por el aprovechamiento de ellas. El fenómeno de los encapuchados ha perturbado la buena línea, la justificación o la legitimidad de las movilizaciones, porque muchos se aprovechan para desplegar acciones que nada tienen que ver con aquellas o, aunque así sea, representan visiones más extremistas.
¿Qué plantea la iniciativa legal en comento? El artículo 85 bis dice que "en el ejercicio de su rol de policía preventiva y con el solo objeto de precaver la ocurrencia de hechos que puedan poner en peligro la seguridad y el orden público," -es decir, al inquirírsele a Carabineros por qué intervino debe responder que tiene en su poder antecedentes que justifican la existencia de hechos que lo hicieron actuar de determinada manera- "Carabineros de Chile, a través de su personal en servicio, podrá solicitar la identificación y cotejar la existencia de órdenes de detención, de cualquier persona" -¿en qué situaciones?- "que se encuentre en lugares o zonas donde, por circunstancias fundadas," -nuevamente estamos hablando de hechos objetivos: Carabineros tendrá que asegurar que hay circunstancias fundadas; no el solo hecho de que una persona está frente al Estadio Nacional o La Moneda. ¡No! Debe ser un lugar donde haya circunstancias fundadas que permitan pensar...
Le daremos un minuto más.
Decía que deben mediar circunstancias fundadas donde "sea previsible la ocurrencia de hechos delictuales o que pongan en riesgo la seguridad y el orden público. Este procedimiento concluirá inmediatamente después que se obtenga la identificación de la persona que se controla".
¿Cómo se acredita la identificación? Mediante cualquier forma oficial, pero verosímil. Dice el artículo: "documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o por cualquier otro medio verosímil que permita establecer positivamente su identidad." -por ejemplo, un carné escolar- "El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.".
Por lo tanto, solo en caso de negativa y en ese único escenario, la persona podrá ser llevada a la comisaría. Si no, y acreditada la identificación, el procedimiento acaba ahí, salvo que tenga una orden de detención, caso en el cual podrá hacerse efectiva.
Por último, y por cierto, el abuso en el ejercicio de las facultades estará sujeto a las sanciones que correspondan.
En consecuencia, tengo la impresión de que no estamos frente a una situación de terrorismo o abuso policiales, sino ante la posibilidad de dar a la policía instrumentos para que pueda ejercer un mejor control preventivo. No me parece que esta iniciativa sea un exceso, y es posible avanzar en esta instancia corrigiéndola mejor todavía.
Hicimos un esfuerzo de corrección, de redacción para que pudiéramos llegar con una proposición adecuada, pues entendemos que el fantasma de la sospecha siempre ronda detrás de este tipo de discusiones.
Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que ser responsables ante el país y procurar contar con una legislación que le permita a Carabineros cumplir su función preventiva para brindar seguridad, tranquilidad y mejorar el orden público de nuestro país.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ha llegado a su término el Orden del Día.
Cerrado el debate de esta iniciativa y su votación queda aplazada, como fue solicitado.
--Queda aplazada la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se levanta la sesión, sin perjuicio de darse curso reglamentario a la petición de oficio que ha recibido Secretaría.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, para que informe acerca de CONTINUACIÓN DE PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CONDOMINIOS SOCIALES SEGUNDA OPORTUNIDAD.
--Se levantó la sesión a las 19:25.

References: artículo 206
 Artículo 22
 artículo 52
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 artículo 66
 artículo 52
 artículo 164
 artículo 24
 artículo 66
 artículo 3
 artículo 39
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 135
 resolución 
e contrario
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 85
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 artículo 7
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