Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1183202
Timestamp: 2018-12-11 01:13:02+00:00

Document:
El artículo 10.1.30 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia reconoce a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la competencia exclusiva en materia de publicidad, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. El artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece que los poderes públicos regionales promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificultan su plenitud y facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de la Región. Así mismo, tanto la Ley 5/1994, de 1 de agosto , del Estatuto Regional de la Actividad Política, como la Ley 6/2004, de 28 de diciembre , del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, fijan el ejercicio de las funciones políticas y ejecutivas del Gobierno regional, sus deberes y obligaciones, reflejadas a través de la acción de gobierno como una actividad de responsabilidad leal a los intereses generales de la ciudadanía, entre las cuales debe destacarse por su especial relevancia la actividad comunicativa y publicitaria desarrollada por parte de las Administraciones públicas en el ámbito de la Región de Murcia.
El principio de utilidad pública de la información y la comunicación institucional debe estar orientada, de modo prioritario, al servicio público y nunca al ensalce de la labor del gobierno. Como garantía de este principio se aprobó la Ley estatal 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, en la que se recoge expresamente que “La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla. Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del Gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opción política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos”.
La cultura del buen gobierno constata la necesidad de armonizar la comunicación como herramienta que aporta valor a la gestión de la Administración con un ejercicio profesionalizado de esta acción comunicativa en torno a los principios de objetividad, veracidad y utilidad pública. Esta ha sido la intención recogida en la Ley 29/2005, de 29 de diciembre , de Publicidad y Comunicación Institucional, que si bien su artículo 4 tiene carácter de legislación básica, en virtud de lo recogido en su disposición final segunda conforme a lo establecido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución española, sin embargo, no existe en nuestra Comunidad Autónoma ningún organismo que garantice su cumplimiento, por lo que se hace necesario avanzar en el desarrollo propio de una normativa regional sobre la publicidad institucional, en sintonía con lo que ha ocurrido en la mayor parte del resto de comunidades autónomas.
El tercero de los capítulos se refiere al ámbito de la publicidad institucional como una de las formas en las que se materializa la actividad comunicativa, desplegando sobre ellas el régimen jurídico aplicable en relación con sus soportes, alcance material, y las normas para los procesos electorales, y el cuarto de los capítulos a las prohibiciones y al proceso de planificación y evaluación. En el artículo 10 se regulan las “prohibiciones”, extendiendo su ámbito objetivo tanto a las campañas de publicidad institucional como a las campañas institucionales de comunicación tal y como se definen por la normativa básica estatal, respetándose de esa forma el contenido básico del artículo 4.1 de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. El capítulo se ocupa igualmente de la transparencia en relación con la actividad derivada de estas campañas.
f) La responsabilidad y rendición de cuentas como principios de actuación de los poderes públicos en contraprestación al legítimo derecho a la información de la ciudadanía.
g) La efectividad y profesionalidad en la gestión de la comunicación, mediante la normalización de procedimientos de planificación y evaluación. La comunicación institucional y la actividad publicitaria no podrán disponer en ningún caso de contenidos de carácter engañoso, desleal, subliminal o encubierto; debiendo respetar las prohibiciones y limitaciones normativas que en cada caso sean de aplicación.
j) La protección de la dignidad de las personas y los valores y derechos reconocidos en la Constitución , especialmente los recogidos en los artículos 18 y 20 , apartado 4 , de la Constitución española.
Artículo 6. Publicidad institucional.
Artículo 7. Criterios de contratación de la publicidad institucional, soportes y medios de difusión.
Artículo 8. Limitación de la publicidad mediante patrocinio.
Artículo 9. Procesos electorales, consultas y referéndums.
Artículo 11. Consejo de Publicidad y de Comunicación Institucional.
Artículo 12. Planificación anual de las campañas de publicidad y comunicación institucional.
1. Anualmente se elaborará en el seno del Consejo de Publicidad y Comunicación Institucional de la Región de Murcia un “Plan anual de comunicación y publicidad institucional” en el que se incluirán todas las campañas de comunicación y publicidad institucional que se prevea desarrollar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 13. Informe y evaluación anual de publicidad y comunicación.
Artículo 14. Derecho de cesación y rectificación.
Artículo 15. Procedimiento de la solicitud de cesación o rectificación.
Disposición adicional primera. Normas específicas para la Asamblea Regional, entidades locales y universidades de titularidad pública.
Disposición adicional segunda. Publicaciones periódicas.
Disposición adicional tercera. Autoedición de obras.
Primera. Desarrollo reglamentario e instrucciones.

References: artículo 10
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 149
 artículo 10
 artículo 4

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15