Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831029.html
Timestamp: 2018-12-11 15:38:33+00:00

Document:
se201831029
Expediente : 081/2016-CA
Demandante : Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda.
Resolución Impugnada : AGIT-RJ 0250/2016 de 8 de marzo de 2016.
Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0250/2016 de 8 de marzo, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 26 a 31, la notificación a tercero interesado de fs. 148, la respuesta de la entidad demandada de fs. 152 a 158 vta., la réplica de fs. 162 a 169 vta., la dúplica de fs. 175 a 177 vta., el decreto de Autos de fs. 178, los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;
Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., representada por su apoderado Felipe Vera Botello, se apersona a este Tribunal, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0250/2016 de 8 de marzo, emitida por la AGIT, demandando la nulidad de la Resolución Determinativa 115/2011 de 2 de diciembre de 2011, con los argumentos siguientes:
Acusa como único punto de su demanda que, al no haberse declarado expresamente nula y sin valor legal la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 115/2011 de 2 de diciembre de 2011, emergente de la Declaración Única de Importación C-8983 de 10 de julio de 2007, que se encuentra prescrita en la acción, sanción y ejecución tributaria, lo que ocasiona indefensión y vulneración a su derecho a la defensa de su empresa, ya que conforme dispone el Reglamento al Código Tributario Boliviano D.S. 27310, en su art. 5, que establece que el sujeto pasivo o tercero responsable puede solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria; hace cita a la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, que ha sido seguida, entre otras, por sus similares SSCC 0992/2005-R, 1029 /2005-R y 1261/2005-R, señala que, de ello resulta que el recurrente debió oponer expresamente la prescripción dentro del trámite administrativo seguido por la administración tributaria.
En ese orden de análisis, argumenta que, en mérito a lo dispuesto por el art. 59 del Código Tributario solicitó oportunamente ante la Gerencia Regional de la Aduana Nacional de La Paz la prescripción tributaria por haber transcurrido más de cuatro años en la presente causa, solicitud que fue rechazada sin fundamento por la administración aduanera, aspecto que deberá ser subsanado por este tribunal.
Alega que, se puede evidenciar que los hechos generadores en el presente caso, gozan de la exoneración de tributos aduaneros, por tratarse de mercancía exenta o liberada del pago de tributos, por lo que, el cómputo de la prescripción se inició, conforme establece el art. 60 de la Ley 2492 (CT); como correctamente dispuso la Autoridad General de Impugnación Tributaria, pero sin haber dispuesto expresamente la nulidad de la Resolución Determinativa 115/2011 de 2 de diciembre de 2011, emergente de la Declaración Única de Importación DUI C- 8983 de 10 de julio de 2007, por haber transcurrido más de cuatro años en este caso.
Haciendo cita del art. 123 de la Constitución Política del Estado y del art. 150 del Código Tributario vigente, alega que corresponde aplicar al presente caso, lo dispuesto por el art. 59 numeral 3), de la Ley 2492, Código Tributario vigente, que señala que prescribirán a los cuatro años las acciones de la administración aduanera, para imponer sanciones administrativas por contravenciones tributarias.
Refiere que, para el cómputo de la prescripción de la posible sanción establecida por contravención tributaria aduanera, correspondiente a la Resolución Determinativa 115/2011 de 2 de diciembre de 2011; por lo que, la acción de la administración aduanera para imponer sanciones por la presunta comisión de contravenciones aduaneras, ha prescrito por el tiempo ya transcurrido, correspondiendo se declare nula y sin valor legal la Resolución Determinativa 115/2011 de 2 de diciembre de 2011, en resguardo del derecho al debido proceso y la seguridad jurídica.
Con los fundamentos descritos precedentemente, solicitó se dicte sentencia y se declare probada la demanda “y consecuentemente nula y sin valor legal la Resolución Determinativa 115/2011 de 2 de diciembre de 2011, que se encuentran prescritas en la acción, sanción y ejecución tributaria”
Que admitida la demanda mediante decreto de 8 de abril de 2016, cursante a fs. 34, es corrida en traslado a la autoridad demandada quien fue legamente citado, apersonándose por escrito de fs. 152 a 158 vta., el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria respondiendo negativamente la demanda con los argumentos siguientes:
La Autoridad General de Impugnación Tributaria, ratifica todos fundamentos técnico legales expresados en su Resolución AGIT-RJ 0250/2016 de 8 de marzo, negando que se haya vulnerado algún derecho del sujeto pasivo, aclarando que llama la atención que la empresa demandante refiera que las Resoluciones emitidas por esa Instancia Jerárquica; no dejaron nula y sin valor legal la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 115/2011 de 2 de diciembre de 2011, y llama más aún la atención, que dicho argumento sea el único fundamento con el que se impugne mediante Demanda Contencioso Administrativa la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0250/2016, precisamente para pedir a este Tribunal la declaración expresa de nulidad de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 115/2011, por haber operado la prescripción.
Observa que la ADA CIDEPA Ltda., mediante memorial dirigido a la administración aduanera, planteó oposición contra la ejecución por prescripción de la sanción de omisión de pago, así como contra la ejecución fiscal por prescripción de la acción de la vista de cargo y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ Nº 217/2015, que fue respondida por la administración aduanera con el proveído AN- GRLPZ-ULELR-SET-PV Nº 338-2015, de 4 de septiembre de 2015, que rechazó la referida solicitud de prescripción, aspecto que demuestra la falta de congruencia que existe en la demanda planteada contra la AGIT.
En ese comprendido, manifiesta que la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 115/2011 de 2 de diciembre de 2011 que alude la parte ahora demandante, fue el acto mediante el cual la administración aduanera determinó una deuda tributaria de 202.786,41 UFV, correspondiente al GA e IVA, que comprende el tributo omitido, intereses y multa del 100% del tributo omitido por la presunta contravención de omisión de pago, de conformidad con el artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CT), y la sanción de 200 UFV, por incumplimiento al plazo de la regularización del despacho inmediato, de lo que se debe destacar, además, que de la revisión de antecedentes se observa que las facultades para imponer sanciones en ningún momento fue declarada prescrita, pues las referidas sanciones fueron expresamente determinadas con la emisión de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 115/2011 de 2 de diciembre de 2011 que dicho sea de paso, adquirió calidad de título de ejecución tributaria, como consecuencia del proceso contencioso tributario que la misma ADA CIDEPA Ltda., ahora demandante, interpuso contra la administración aduanera y que concluyó con el auto de rechazo, lo que implica además, que la referida Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 115/2011 de 2 de diciembre de 2011 no fue objeto de revisión ante esta instancia jerárquica como refiere indebida o maliciosamente la parte ahora demandante debido a que el referido acto, a partir de la emisión del auto de rechazo, adquirió calidad de cosa juzgada.
En mérito a lo expuesto solicitó declarar improbada la demanda contenciosa administrativa y se mantenga firme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0250/2016 de 8 de marzo.
La Agencia Despachante CIDEPA Ltda., con memorial de fs. 162 a 169 vta., formulo réplica, reiterando los términos de su demanda.
Por su parte, en la dúplica de fs. 175 a 177 vta., la AGIT observó nuevamente la falta de congruencia y falta de fundamentación técnica y fáctica de la demanda, misma que a entender de la instancia jerárquica redunda en aspectos de fondo como la prescripción y la exención que no fueron objeto de revisión en instancia recursiva.
Que, el 28 de junio de 2011, la administración aduanera emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLl/944/11, que en su parte de conclusiones y recomendaciones concluye que el despacho inmediato correspondiente a la Declaración Única de Importación C-8983 de 10 de julio de 2007, está pendiente de regularización, toda vez, que ni el importador ni el agente despachante de aduana presentaron la resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas conforme lo señala el art. 131 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA) D.S. 25870, al no haberse realizado la regularización correspondiente dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días, recomendado la emisión de la vista de cargo incluyendo la sanción de 200.- UFV's.
El 17 de octubre de 2011 la administración aduanera notificó por cédula, a la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA BOLIVIA) con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 086/2011 de 28 de junio de 2011; apersonándose ante la administración tributaria la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., solicitando se deje sin efecto la vista de cargo, por prescripción.
El 14 de diciembre de 2012 la administración aduanera notificó a ADRA-BOLIVIA y solidariamente a la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 115/2011, resolviendo declarar firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 086/2011 de 28 de junio de 2011, y sancionar por omisión de pago y contravención aduanera por el importe de 202.786,41 UFV's, en aplicación de los artículos 160, numeral 3 y 165 del Código Tributario.
Esta resolución fue objeto del recurso de alzada interpuesto por el representante legal de la Agencia Despachante de Aduana “CIDEPA Ltda.” ( fs. 15 a 17 vta. del anexo 1 de antecedentes administrativos), que mereció la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0998/2015 de 15 de diciembre (fs. 67 a 79), que resolvió revocar parcialmente el proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV N° 338/2015 de 4 de septiembre, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido más intereses por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado, dejando sin efecto legal la prescripción de la sanción por omisión de pago establecida en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 115/2011.
En conocimiento de la resolución de alzada, la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., interpuso recurso jerárquico (fs. 92 a 96 vta., del anexo 1 de antecedentes administrativos), que fue resuelto con el pronunciamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0250/2016 de 8 de marzo, (fs. 129 a 139 vta. del anexo 1 de antecedentes administrativos), en la que la AGIT anuló con reposición, hasta el Proveído AN-GRLPZ- ULELR-SET-PV Nº 338/2015, de 4 de septiembre de 2015, inclusive, a fin de que la administración aduanera, emita un nuevo acto administrativo, en el que fundamente y explique los motivos de su decisión; en cumplimiento del art. 28, incisos b) y e) de la Ley Nº 2341 (LPA) y 31 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), esto con el objeto de evitar nulidades posteriores y no vulnerar los derechos que le asisten al Sujeto Pasivo.
De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que la problemática traída a juicio de éste Tribunal se circunscribe a determinar, si la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0250/2016 de 8 de marzo de 2016, vulneró el derecho a defensa del sujeto pasivo al no haber declarado la nulidad de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 115/2011 de 2 de diciembre de 2011, por haber operado la prescripción.
Resulta imperativo resaltar que la demanda acusa como único punto la vulneración al derecho a la defensa del sujeto pasivo al no haberse declarado la nulidad de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 115/2011, ante cuya imputación, es preciso recapitular que el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que el proceso contencioso administrativo derivará en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado; asimismo, los arts. 779 y 781 del mismo cuerpo legal disponen que la demanda se interpondrá, ante la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) y el proceso será tramitado en la vía ordinaria de puro derecho; marco normativo que relieva el principio de control jurisdiccional de los actos emitidos en sede administrativa.
En ese orden, la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, se constituye en garantía formal en el que, la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, constituyéndose en un juicio de puro derecho en el que el tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo en consecuencia a este Tribunal realizar el control judicial de legalidad sobre los actos efectivamente, ejercidos y consumados dentro dicho procedimiento por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Expuesta así la naturaleza del proceso contencioso administrativo, en el contenido normativo referido, y en el recuadro de la demanda que plantea como acusación la nulidad de la resolución determinativa por vulneración al derecho a la defensa; de revisión de antecedentes administrativos se advierte que, el caso concreto fue iniciado por el proceso de determinación que efectuó la administración aduanera contra la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA. (ADA CIDEPA Ltda.), ahora demandante, que concluyó con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 115/2011 de 02 de diciembre de 2011, resolución que fue impugnada por la ADA CIDEPA Ltda., con la interposición de demanda contencioso tributaria ante el Juez Tercero de Partido, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito de La Paz, demanda que fue rechazada mediante Auto de 13 de febrero de 2012 (fs. 67 de anexo 1 de antecedentes administrativos), declarando la ejecutoria del acto impugnado; como consecuencia del referido auto de rechazo, en fechas 14 y 17 de agosto de 2015 respectivamente, la administración aduanera notificó a Johnny Velázquez Gutiérrez, representante de ADRA Bolivia y a Felipe Vera Botello, representante de la ADA CIDEPA Ltda., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR- SET-PIET-217/2015, de 21 de julio de 2015, conminando a que se daría inicio a la ejecución tributaria del citado título al tercer día de su legal notificación.
En conocimiento de la conminación, ADA CIDEPA Ltda., impugnó mediante recurso de alzada, el proveído AN-GRLPZ- ULELR-SET-PV Nº 338-2015, de 4 de septiembre de 2015, emitido por la administración aduanera, señalando que sin fundamento jurídico se rechazó su solicitud de extinción de la acción por prescripción de la acción y sanción, pidiendo revocar y/o anular dicho acto definitivo con reposición hasta el vicio más antiguo; de esta primera revisión, este tribunal puede establecer inicialmente que la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., no impugnó ante la Instancia Jerárquica la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 115/2011 de 02 de diciembre de 2011, sino más bien el Proveído AN-GRLPZ-ULE LR-SET-PV Nº 338-2015, de 4 de septiembre de 2015.
Atendiendo la solicitud de dicha agencia despachante, la ARIT La Paz, resolvió revocar parcialmente el proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV Nº 338/2015 de 4 de septiembre de 2015, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido más intereses por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado (IVA); dejando sin efecto legal por prescripción la sanción por omisión de pago.
Contra dicha determinación, ADA CIDEPA Ltda., interpuso recurso jerárquico, mismo que fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0250/2016 de 8 de marzo, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, resolviendo anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0998/2015, de 14 de diciembre de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con reposición hasta el Proveído AN-GRLPZ- ULELR-SET-PV Nº 338/2015, de 4 de septiembre de 2015, inclusive, a fin de que la administración aduanera, emita un nuevo acto administrativo, en el que fundamente y explique los motivos de su decisión.
Revisada la decisión de la autoridad jerárquica resulta necesario precisar que una de las características esenciales del acto administrativo es su fundamento, tal exigencia radica en que los actos emitidos por las instancias administrativas deberán ser expresados en forma fundada, expresando en forma concreta las razones que inducen a emitir dicho acto, sustentándose en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; conforme lo prevé el art. 28, inciso e) de la Ley Nº 2341 (LPA); en tal línea normativa, y analizado el proveído AN-GRLPZ- ULELR-SET-PV Nº 338-2015, de 4 de septiembre de 2015, se evidencia que lo expuesto en su contenido por la administración aduanera, no constituye fundamentación alguna, que observe la garantía del debido proceso en su elemento referido a la fundamentación y motivación, al no cumplir con uno de los requisitos previstos en el señalado art. 28, inciso e) (LPA), pues de análisis de dicho acto administrativo definitivo se evidencia que el mismo no explica los motivos que sustentan su decisión, aspecto que indudablemente impidió al sujeto pasivo efectuar una defensa ajustada al caso en instancia recursiva, hecho advertido adecuadamente por la instancia jerárquica resolviendo la anulación de obrados.
Ahora bien, conocidos los antecedentes administrativos necesarios del proceso, este Tribunal evidencia que los hechos denunciados en la demanda no guardan relación alguna con los agravios expresados en instancia recursiva administrativa, aspecto que importa al principio de congruencia, el cual se halla intrínsecamente ligado a la correspondencia que debe existir entre las pretensiones alegadas por el demandante y lo resuelto por el juzgador, toda vez que al ser competencia de este Tribunal analizar la correcta aplicación de la ley a los hechos acaecidos en el proceso administrativo, corresponderá en el marco del principio de congruencia realizar el control judicial de legalidad sobre los actos efectivamente ejercidos y consumados dentro dicho procedimiento por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
En el marco del principio de congruencia, este Tribunal evidenció que la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., al encontrarse impedida por el rechazo de su demanda en sede jurisdiccional (Proceso Contencioso Tributario), mediante Auto de 13 de febrero de 2012 (fs. 67 de anexo 1 de antecedentes administrativos), que declaró la ejecutoria del acto impugnado, y al verse conminado por la administración tributaria al inicio de la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, accionó proceso impugnatorio en sede administrativa, impugnando ante instancia mediante recurso de alzada el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV Nº 338-2015, de 4 de septiembre de 2015 y no la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 115/2011 de 2 de diciembre de 2011 -de la que ahora pretende su nulidad- vulnerando de esa manera el principio de congruencia procesal, es decir; vulnerando la correspondencia que debe existir entre las pretensiones alegadas por el demandante en fase administrativa y las peticiones traídas a demanda que serán materia de pronunciamiento del Tribunal.
Como corolario de todo lo analizado, se observa que conforme los argumentos expuestos por la autoridad jerárquica, queda en evidencia que la respuesta emitida por la administración aduanera a la solicitud de prescripción, en su proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV Nº 338-2015, de 4 de septiembre de 2015, está viciada de nulidad, por carencia de fundamentación y motivación que importa al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; aspecto que exigió de la instancia jerárquica un pronunciamiento congruente y coherente, pronunciamiento que evidentemente no consideró los argumentos ajenos al proceso expresados por el sujeto pasivo en su recurso jerárquico, argumentos que evidentemente no condicen ni guardan congruencia con el acto impugnado; en consecuencia, demostrado por la instancia jerárquica en forma adecuada el yerro en el cual incurrió la administración aduanera, esta anomalía debe ser subsanada previamente por la administración; aduanera, conforme la línea impuesta por la resolución jerárquica impugnada; concluyéndose en el contexto referido, el adecuado acatamiento del principio de congruencia procesal de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0250/2016 de 8 de marzo.
Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., representada por su apoderado Felipe Vera Botello, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0250/2015, de 8 de marzo, deviene en improbada, al no haberse demostrado que la resolución impugnada contenga violación al debido proceso en su elemento de violación al derecho a defensa.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 26 a 31, presentada por Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., a través de su apoderado Felipe Vera Botello, demandando la nulidad de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0250/2015, de 8 de marzo, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; consiguientemente se mantiene firme y subsistente la resolución impugnada, conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

References: Resolución 
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 artículo 165
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