Source: https://www.scribd.com/document/153215230/MEDIOS-DE-FISCALIZACION-Y-LIMITACIONES
Timestamp: 2017-04-29 01:41:07+00:00

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ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinMEDIOS DE FISCALIZACIÓN Y LIMITACIONESUploaded by Apuntes De Derecho0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMEDIOS DE FISCALIZACIÓNForma en que se ejerce la Acción Fiscalizadora. El artículo 59º del Código Tributario consagra legalmente la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, respecto de las declaraciones de impuestos, que como hemos señalado constituye la determinación de la obligación tributaria hecha por el propio contribuyente. Junto a esta limitación se encuentran aquellas que dicen relación con los derechos y garantías del contribuyente, según veremos más adelante. Al efecto, dicha norma señala: "Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deberán ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo fatal de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar para los efectos referidos en el artículo 63, liquidar o formular giros………". Medios de fiscalización en general. La presentación de declaraciones por parte del contribuyente, no sólo constituye la autodeterminación del impuesto a pagar, sino que además el primer paso en la secuencia del cumplimiento de la obligación tributaria, al que siguen los siguientes, a partir del vencimiento del plazo legal del pago de los impuestos, época límite en que ellas deben ser formuladas, dichas etapas son las siguientes: a) Presentación de declaraciones de impuestos y/o antecedentes por parte del contribuyente. b) Examen, revisión y verificación de tales antecedentes. c) Citación facultativa del contribuyente de conformidad al artículo 63º del Código Tributario, para que realice alguna de las actuaciones que esa norma señala. d) Liquidación del impuesto por la administración. e) Aceptación expresa o tácita del contribuyente, u oposición mediante la reclamación respectiva. f) Giro del impuesto. g) Cobro y/o pago del impuesto.
Algunas facultades en especial.
El Código del ramo y otras normativas establecen múltiples facultades fiscalizadoras, algunas de estas, con más detalle, son las siguientes: A.- Examen de documentos: De acuerdo a lo establecido en el Art. 60 del Código Tributario, el Servicio está facultado para verificar la exactitud de las declaraciones u obtener información, examinando los inventarios, balances, libros de contabilidad y documentos del contribuyente, que deban servir de base para la determinación del impuesto o con otros puntos que figuren o debieran figurar en la declaración. Documentos a que se refiere: Según la norma, estos documentos son los balances, libros de contabilidad y cualquier otro documento del contribuyente, en cuanto se relacione con los elementos que deben servir de base ya sea para la determinación del impuesto o con otros puntos que figuren o debieran figurar en la declaración. Además, el Código incluye la factibilidad de poder examinar los libros y documentos de las personas obligadas a retener un impuesto. Debe tenerse presente la limitación general que impone el artículo en cuanto a la documentación que puede ser objeto del ejercicio de esta facultad; en efecto, ha de ser documentación relacionada con aspectos tributarios de la actividad del contribuyente, aunque sea indirectamente. Este examen se efectúa en el marco de las denominadas auditorias tributarias, a cuyo concepto nos referimos en las siguientes líneas y según los términos que se contienen en la circular 58 de 21 de septiembre de 2000, referida a dicho procedimiento. Auditoria tributaria La auditoría tributaria es un procedimiento destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de su obligación tributaria principal, como también de aquellas accesorias o formales contenidas en la normativa legal y administrativa vigente, con el propósito de: Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad y de la documentación soportante, y que reflejen todas las transacciones económicas efectuadas. a).- Establecer si las bases imponibles, créditos, exenciones, franquicias, tasas e impuestos, están debidamente determinados y de existir diferencias, proceder a efectuar el cobro de los tributos con los consecuentes recargos legales. b).- Detectar oportunamente a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias. Procedimiento:
El procedimiento comprende las notificaciones (requerimientos), citaciones y liquidaciones de impuesto, en el entendido que el proceso puede terminar antes si en definitiva no se detectan diferencias de impuesto. En cuanto a la notificación, requerimiento al que se le da este nombre, pero que igualmente debe ser notificado, es la primera etapa del proceso, en que se comunica el S.I.I. con el contribuyente, solicitando los antecedentes necesarios para iniciar una revisión. La notificación al contribuyente se debe realizar personalmente, por cédula o por carta certificada de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 al 14 del C. T. En particular, para examinar la exactitud de las declaraciones y verificar la correcta determinación y pagos mensuales de los impuestos contemplados en el Decreto Ley N° 825 de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, se debe contemplar lo establecido en la Ley N° 18.320 de 1984 y sus modificaciones. Esta normativa altera el procedimiento que veremos a continuación, en cuanto a plazos y trámites obligatorios, pero solamente respecto del I.V.A. Será analizada en la unidad siguiente. Resultado de la notificación: Si el contribuyente notificado responde y presenta la documentación dentro del plazo establecido, el funcionario debe levantar un Acta de Recepción de la documentación, que podrá ser total o parcial, dependiendo de sí aporta todos los antecedentes solicitados o sólo una parte de estos. Si el contribuyente notificado no ha respondido ni presentado la documentación solicitada y ha vencido el plazo, se le puede efectuar una denuncia por la infracción tipificada en el Art. 97 N° 21, incorporado al Código por Ley N° 19.738, infracción que se describe de la siguiente forma: "La no comparecencia injustificada ante el Servicio, a un segundo requerimiento notificado al contribuyente conforme a lo dispuesto en el artículo 11, con una multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, la que se aplicará en relación al perjuicio fiscal comprometido y procederá transcurridos 20 días desde el plazo de comparecencia indicado en la segunda notificación. El Servicio deberá certificar la concurrencia del contribuyente al requerimiento notificado." La conducta consiste en la no comparecencia injustificada ante el Servicio a un segundo requerimiento notificado al contribuyente conforme a lo dispuesto en el Código. Para que se configure la conducta sancionada por esta norma, el contribuyente debe haber sido notificado del requerimiento por dos veces, sea en forma personal, por cédula o por carta certificada. Procede notificar la infracción sólo transcurridos 20 días desde el vencimiento del plazo de comparecencia indicado en la segunda notificación del requerimiento. De esta manera, si el contribuyente concurre al requerimiento, después de la fecha de comparecencia indicada en la segunda notificación, pero antes de transcurridos 20 días, a contar de la misma fecha, no se configurará la infracción.
El plazo de 20 días a que se refiere esta norma es de días hábiles. Sin embargo, por tratarse de una actuación del contribuyente distinta a la declaración y pago, es un plazo fatal e improrrogable y, en caso de que se cumpla en un día sábado, no se prorroga al día hábil siguiente. El contribuyente incurre en la conducta de comparecencia injustificada, cuando no prueba que su inconcurrencia obedeció a razones de fuerza mayor o caso fortuito que no le eran imputables. El Servicio entiende por requerimiento cualquier resolución o documento emitido por el Servicio, en que se solicite la comparecencia del contribuyente, vinculada al cumplimiento de una obligación tributaria. En la determinación de la multa que corresponda aplicar, se considera el perjuicio fiscal que se derive de la no concurrencia del contribuyente denunciado. Para estos efectos, el perjuicio fiscal se vincula con las diferencias de impuestos involucradas en la fiscalización llevada a cabo por el Servicio. En caso de que no sea posible esta determinación, considerando que la no concurrencia de un contribuyente, por los recursos desplegados por el organismo fiscalizador, importan un perjuicio pecuniario para el Fisco, siempre procederá aplicar la multa base de una unidad tributaria mensual. Finalmente, cabe hacer presente que por modificación introducida por la Ley N° 19.738 al inciso 1° del artículo 192 del Código Tributario, los contribuyentes que no concurran luego de haber sido sancionados conforme al N° 21 del artículo 97 del mismo cuerpo legal, no podrán ser beneficiados con la celebración de convenios de pago, para lo cual el Servicio remite la información sobre estos contribuyentes a Tesorería.
Resultado de la auditoría. Efectuada la auditoría a las declaraciones y documentación Contable (Libros, Registros, Documentación de Respaldo, etc.) es posible que se llegue a los siguientes resultados: 1.- No hay diferencias de Impuestos. El funcionario debe comunicar al contribuyente, mediante una carta aviso, que su revisión ha concluido, indicando que en la auditoría no se han determinado diferencias de impuesto. Sin embargo, el Servicio se encuentra facultado para reexaminar períodos auditados, dentro de los plazos de prescripción que establece el Código Tributario. 2.- Hay diferencia de Impuestos. Se sigue a las etapas siguientes, citación y liquidación de los impuestos que corresponda.
B.- Confección y/o Modificación de Inventarios.
Esta es otra de las facultades que señala el artículo 60 citado. Conforme a lo señalado en la norma legal los inventarios son confeccionados o modificados por el contribuyente, pudiendo ser presenciada esa actuación por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, quienes, además, pueden confeccionar inventarios o confrontar en cualquier momento los del contribuyente con las existencias reales, con la limitación de que con ello no se interfiera el normal desenvolvimiento de la actividad correspondiente. C.- Citación de testigos y petición de declaraciones juradas. Citación de testigos y petición de declaraciones juradas a toda persona que tenga conocimiento de hechos, datos o antecedentes de cualquier naturaleza relacionados con terceras personas, en cuanto sea necesario para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias. Señala esta norma “Para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, el Servicio podrá pedir declaración jurada por escrito o citar a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la oficina que la cite, para que concurra al declarar, bajo juramento, sobre hechos, datos o antecedentes de cualquier naturaleza relacionados con terceras personas”. D.- Control de emisión y registro de documentos. La Presencia Fiscalizadora en terreno es un procedimiento de revisión permanente que abarca todas las actividades económicas con el objetivo fundamental de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias con respecto a la emisión de los documentos respectivos, su registro, declaración y pago de impuestos. Consiste principalmente en visitar y controlar a los contribuyentes, verificar el nivel de cumplimiento de las disposiciones tributarias vigentes, conocer la actividad comercial que desarrollan y promover el cumplimiento tributario voluntario. Se ha instruido por el Servicio en circular 64 del año 2001, que las notificaciones de infracción no son el objetivo principal, sino una consecuencia de haber detectado claramente infracciones de las disposiciones legales vigentes en el proceso de control o revisión. Estas normas administrativas constituyen un gran avance en la forma de enfrentar esta labor que, sin la necesaria regulación, puede llevar a importantes abusos con la excusa del celo funcionario fiscalizador. El control de la emisión y registro de documentos es una actividad selectiva y de gran cobertura que consiste en revisar el cumplimiento de las disposiciones legales en lo referente a la emisión y registro de documentos de todos los contribuyentes obligados a emitir: facturas, boletas o guías de despacho y otros documentos de carácter tributario. Esta actividad puede realizarse de acuerdo a una muestra de ciertos sectores o actividad económica, teniendo en cuenta el comportamiento de
los contribuyentes o considerando denuncias fundadas por parte de la ciudadanía. E.- Incautaciones del art. 161º, nº 10, del Código Tributario. Mediante la Ley N° 19.806, publicada en el Diario Oficial de 31 de mayo de 2002, que adecua el Codigo Tributario y otras leyes a la Reforma Procesal Penal, se modificó el N 10 del artículo 161, en la siguiente forma: 10°.- No se aplicará el procedimiento de este Párrafo tratándose de infracciones que este Código sanciona con multa y pena corporal. En estos casos corresponderá al Servicio recopilar los antecedentes que habrán de servir de fundamento a la decisión del Director a que se refiere el artículo 162, inciso tercero. Con el objeto de llevar a cabo la recopilación a que se refiere el inciso precedente, el Director podrá ordenar la aposición de sellos y la incautación de los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con el giro del negocio del presunto infractor. Las medidas mencionadas en el inciso anterior podrán ordenarse para ser cumplidas en el lugar en que se encuentren o puedan encontrarse los respectivos libros de contabilidad y documentos, aunque aquél no corresponda al domicilio del presunto infractor. Para llevar a efecto las medidas de que tratan los incisos anteriores el funcionario encargado de la diligencia podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública la que será concedida por el Jefe de Carabineros más inmediato sin más trámite que la exhibición de la resolución que ordena dicha medida, pudiendo procederse con allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario. Contra la resolución que ordene dichas medidas y sin que ello obste a su cumplimiento, podrá ocurrirse ante el juez de letras en lo civil de turno del domicilio del contribuyente, quien resolverá con citación del Jefe del Servicio del lugar donde se haya cometido la infracción. El fallo que se dicte sólo será apelable en lo devolutivo.” En el artículo 161º, Nº 10º, del Código Tributario, se hacía mención a la investigación administrativa previa que debía realizar el Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de investigar la posible comisión de hechos delictivos, los que luego, mediante denuncia o querella serán comunicados al Juez del Crimen que corresponda. En el ejercicio de esta investigación administrativa, la ley dispone que el Director podrá ordenar la aposición de sellos y la incautación de los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con el giro del negocio del presunto infractor”. Si en las labores de incautación hubiese oposición por parte del contribuyente, el Servicio está facultado para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública. Debe levantarse acta de todos y cada uno de los objetos que han sido incautados. La ley ha previsto la posibilidad de que el contribuyente impugne una medida de incautación decretada en su contra, para lo cual deberá recurrir ante el Juez Civil, (antes debía hacerlo ante el Juez del Crimen) quien solicitará informe a la autoridad que la decretó y analizará si ella fue o no
dictada en los casos y formas que la ley ha dispuesto. De este fallo se puede apelar ante la Corte de Apelaciones respectiva. En el ejercicio de esta facultad es posible incurrir en ilegalidad, si no se adoptan los resguardes necesarios. A modo de ejemplo: a) Se decreta la medida de incautación fuera de los casos previstos por la ley. Nos encontramos aquí en la situación en que la autoridad tributaria dispone una medida de incautación de documentos, sin encontrarse la situación prevista en el artículo 161º, Nº 10, del Código Tributario. Esto es, que no exista investigación administrativa por hechos constitutivos delito tributario. En este caso se constituye una manifiesta ilegalidad, toda vez que la incautación es una actuación eminentemente excepcional y que solo procede en los casos y con las condiciones que la ley establece, no siendo posible su aplicación o utilización fuera de ellos. La incautación sólo puede referirse a antecedentes relacionados con la investigación administrativa en desarrollo y no podrá ser utilizada para la obtención, por ejemplo, de antecedentes no contemplados o ajenos a la investigación. Tampoco podría comprender o extenderse a antecedentes relativos a terceros, ajenos a la investigación. Los antecedentes deben encontrarse directa o indirectamente relacionados con el giro del contribuyente. De manera tal que debemos excluir todo antecedente que no tenga relevancia tributaria, aun cuando permita configurar un delito de otra naturaleza. Por otra parte, se excluye todo tipo de antecedente que por su naturaleza revista el carácter de personal y no tenga relevancia tributaria. La orden de incautación no permite el registro de personas. Debe considerarse para estos efectos la necesidad de la medida y sus efectos sobre la actividad del afectado. Además, deberá tenerse presente que es posible incurrir en ilegalidad, en la medida que la retención, por parte del Servicio, de los elementos incautados, se prolongue más allá de lo prudente y lo estrictamente necesario para cumplir con el fin que se tuvo en vista al decretar la medida de incautación. Desde ya debemos tener presente que, con la modificación introducida, se consagra que, tratándose de infracciones tributarias que el Código sanciona con multa y pena corporal, corresponde al Servicio de Impuestos Internos recopilar los antecedentes necesarios que sirvan de fundamento para la decisión que debe adoptar el Director, en cuanto a interponer denuncia o querella o enviar los antecedentes al Director Regional para la aplicación de la multa que correspondiere a través del procedimiento administrativo previsto en los números 1° a 9° de este mismo artículo. De esta forma se elimina la expresión investigar, exclusiva del Ministerio Público. Conforme a lo anterior, cuando en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, el Servicio detecte hechos que pudieren ser indiciarios de la existencia de un delito tributario, iniciará un procedimiento de recopilación de los antecedentes para que el Director cuente con los elementos de juicio
necesarios para adoptar la decisión contemplada en el inciso 3° del artículo 162 del Código Tributario. En caso que el Director opte por perseguir la aplicación de la multa y de la pena corporal previstas como sanciones copulativas, deberá interponer por sí o por intermedio del Consejo de Defensa del Estado, la correspondiente querella o denuncia, circunstancia en la cual los antecedentes recopilados se pondrán a disposición del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional que corresponda. El Servicio ha dicho en Circular 40 de 2002, que se entiende por recopilación de antecedentes, la acción del Servicio por la cual se hace acopio de los elementos que se consideren necesarios para que el Director adopte la decisión consagrada en el inciso 3° del artículo 162 del Código Tributario, vale decir, los antecedentes que demuestren la materialidad de los hechos que puedan configurar un ilícito tributario, así como la participación de las personas involucradas en su ejecución y el monto del perjuicio fiscal, si corresponde. En este aspecto, con el objeto que la modificación adecuatoria introducida a la norma no sea meramente cosmética, el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo, dispuso que solamente en el entendido que se trate de recopilación y no de una investigación la norma es constitucional y agrega que tan pronto como el Servicio tenga antecedentes de que se está en presencia de un delito, debe poner los antecedentes en manos del Ministerio Público. (Volveremos sobre el punto al tratar los procedimientos por delito tributario). Por otra parte, la Ley 19.806 modificó el inciso 2° del artículo 161 N° 10 del Código Tributario, facultando al Director para ordenar la aposición de sellos y la incautación de los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con el giro del infractor, con el objeto de llevar a cabo el procedimiento de recopilación de antecedentes de que trata el inciso precedente. Estas medidas, conforme a lo dispuesto en los incisos 3° y 4° de esta norma legal, podrán cumplirse en el lugar en que se encuentre o pueda encontrarse aquella documentación, recurriendo al auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, la que será concedida sin más trámite que la exhibición de la resolución que ordena la medida, pudiendo procederse con allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario.
F.- CITACIÓN DEL ARTÍCULO 63 CÓDIGO TRIBUTARIO.
ARTICULO 63.- “El Servicio hará uso de todos los medios legales para comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y para obtener las informaciones y antecedentes relativos a los impuestos que se adeuden o pudieran adeudarse.” “El Jefe de la Oficina respectiva del Servicio podrá citar al contribuyente para que, dentro del plazo de un mes, presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior. Sin embargo, dicha citación deberá practicarse en los casos en que la ley la establezca como trámite previo. A solicitud del interesado dicho funcionario podrá ampliar este plazo por una sola vez, hasta por un mes. Esta facultad podrá ser delegada en otros jefes de las respectivas oficinas.”
“La citación producirá el efecto de aumentar los plazos de prescripción en los términos del inciso 3º del artículo 200 respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se indiquen determinadamente en ella.” Finalidad 1) Por una parte, constituye un importante medio de fiscalización con que cuenta el Servicio de Impuestos Internos, puesto que mediante ella puede requerir al contribuyente para que presente una declaración omitida; o bien para que proceda a su verificación, aclaración o ampliación, todo ello derivado de los antecedentes que le sirven de fundamento al Servicio. 2) Además, desde el punto de vista del contribuyente, constituye una nueva oportunidad que se le brinda para subsanar omisiones, o errores en que se hubiera podido incurrir respecto a la obligación de tener que efectuar declaraciones de impuestos, o en su defecto, insistir en la determinación del impuesto o una diferencia, vía la formulación de una liquidación o reliquidación. Contenido: Se solicita al contribuyente que: a.- Que presente una declaración que no presentó en su oportunidad o b.- Que rectifique rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior declaración. Al tenor de las disposiciones legales transcritas artículo 63, inciso tercero en relación con el artículo 200, inciso tercero, la citación debe especificar las materias sobre las que el contribuyente tiene obligación de declarar o rectificar, aclarar, ampliar o confirmar lo declarado anteriormente. Dicha especificación trascendental, pues delimita el ámbito de aplicación del aumento de los plazos de prescripción. Funcionario competente para formular la citación: La ley ha señalado que la citación puede hacerla "el Jefe de la oficina respectiva del Servicio", agregando más adelante que "Esta facultad podrá ser delegada en otros jefes de las respectivas oficinas". Por "Jefe de oficina respectiva" se ha entendido que son los Directores Regionales, en la jurisdicción de sus respectivos territorios. Diversas resoluciones de delegación de facultades han autorizado a Jefes de Fiscalización, Jefes de Grupos de Fiscalización, para Practicar estas citaciones.
Carácter facultativo u obligatorio: a) La citación como trámite facultativo: Por regla general, la citación es un trámite que el SII. podrá practicar o no, según lo estime conveniente. Lo hará, por lo tanto, en todos aquellos casos en que del estudio de los antecedentes reunidos durante la revisión se desprenda la necesidad de citar al contribuyente. Esto aparece del empleo que hace la ley de la expresión verbal "podrá ", que deja en claro que se trata de una facultad del Servicio y no, por lo general, de una obligación.
b) La citación como trámite obligatorio: El propio artículo 63º, en su inciso 29, establece que "Sin embargo, dicha citación deberá practicarse en los casos en que la ley la establezca como trámite previo". De esto resulta que en aquellas oportunidades en que la ley se haya preocupado de disponer expresamente que será necesario citar previamente al contribuyente, antes de practicarle una liquidación de impuestos, la citación no va a ser una mera facultad, sino que será obligatorio hacerla antes de emitir una liquidación. Los casos en que esta diligencia está concebida como necesaria en el Código Tributario, son los siguientes: 1.- Cuando el contribuyente, estando obligado a presentar una declaración de impuestos, no la hubiera presentado; el artículo 22º del Código Tributario dispone que el Servicio, "previos los trámites establecidos en los artículos 63 y 64", puede fijar los impuestos que adeude. 2.- El artículo 27º del Código Tributario, en su inciso 1° contempla diversos casos en que es necesario prorratear el valor de bienes raíces y muebles y en su inciso 2° establece: "Cuando para otros efectos tributarios sea necesario separar o prorratear diversos tipos de ingresos o de gastos y el contribuyente no esté obligado a llevar una contabilidad separada, el Servicio pedirá a éste los antecedentes que correspondan, haciendo uso del procedimiento contemplado en el artículo 63º. A falta de antecedentes o si ellos fueren incompletos, el Servicio hará directamente la separación o prorrateo pertinente". 3.- Cuando las declaraciones, documentos, libros de contabilidad o antecedentes presentados por el contribuyente, sean tachados como no fidedignos por el Servicio. Art. 21º inciso segundo. Por contabilidad fidedigna debe entenderse la que registra en forma fiel y por orden cronológico y por los verdaderos montos, ajustándose a las normas legales y reglamentarias vigentes, las operaciones, ingresos, egresos, inversiones y existencia de bienes correspondientes a las actividades del contribuyente, que dan como resultado las rentas efectivas que la ley obliga a declarar, con la sola excepción de aquellas partidas que la ley permite no anotar. Por consiguiente, la contabilidad podrá ser tildada como no fidedigna, por ejemplo, cuando omite registrar ingresos, no registra determinadas inversiones, gastos o compras, su anotaciones no aparecen respaldadas por la documentación probatoria respectiva, cuando es usual u obligatorio el otorgamiento de comprobantes; cuando se omiten bienes en los inventarios; cuando se adultera o falsean las cifras que deben incluirse en los balances o en la contabilidad. El artículo 21º del Código Tributario, que se pone en este caso, establece en su inciso 2° que en tal evento, "el Servicio, previos los trámites establecidos en los artículos 63º y 64º practicar las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder". Efectos de la omisión de la citación cuando es obligatoria.
La omisión del trámite de la citación, en aquellos casos en que la ley la ha establecido como un trámite obligatorio previo a la liquidación, acarrea la nulidad de la tasación y liquidación de los respectivos impuestos. Plazo de citación. La citación del artículo 63º, inciso 2°, constituye una actuación administrativa del Servicio que debe ser notificada válidamente al contribuyente, en alguna de las formas que el Código Tributario contempla, esto es, por carta certificada, personalmente, o por cédula. A partir de la fecha de notificación empieza a correr el plazo de que dispone el contribuyente para dar respuesta, que es de un mes. El plazo de la citación es prorrogable, a solicitud del interesado, por una sola vez, y hasta por un mes. La ampliación del plazo es una facultad del Servicio, que ha instruido a sus funcionarios en el sentido de que sólo debe otorgarse: 1. Cuando el contribuyente se encuentre en una situación de imposibilidad absoluta de cumplir con lo que se le ha pedido, dentro del plazo primitivo. 2. Que se haga la petición por escrito, antes del vencimiento del plazo primitivo. El plazo se amplía por el número de días necesario, y en ningún caso puede exceder de un mes. La prórroga sólo puede otorgarse por una vez, aunque se haya dado por un lapso inferior de un mes. Tanto el otorgamiento de la prórroga como su denegación o la concesión de la misma por un plazo menor que el solicitado por el contribuyente, deberá comunicarse a éste por una resolución simple, la cual le debe ser notificada en forma legal (Circ. 73- 2001). Se ha instruido a los funcionarios del Servicio (Circ. 73- 2001) en el sentido que el Servicio debe abstenerse de citar al contribuyente, si de los antecedentes existentes en poder del Servicio se puede desprender, sin lugar a dudas, que la irregularidad que se impute al contribuyente incidirá en diferencias impositivas en períodos que exceden de los plazos previstos en el artículo 200° del Código Tributario.. Respuesta a la citación. El contribuyente puede dar o no respuesta a la citación, dentro del plazo primitivo o prorrogado de que dispone. Pueden, por consiguiente, darse las siguientes situaciones: 1. El contribuyente no da respuesta a la citación. Una vez transcurrido el plazo, el Servicio procede a efectuar una liquidación en que se incluirán todos los cobros contenidos en la citación, o bien, tasar la base imponible con los antecedentes de que disponga, según los casos. 2. El contribuyente da respuesta por escrito.
Posición del contribuyente ante la citación: a.- El contribuyente puede aceptar en forma expresa o tácita la objeción o reparo efectuado por el Servicio, con lo cual éste quedará en situación de incluir los respectivos reparos en la liquidación que se practique. b.- También puede adoptar la posición contraria, oponiéndose a los reparos que se le hayan formulado, e incluso acompañando documentos o antecedentes para apoyar su posición. En este último caso, el Servicio deberá proceder al estudio de tales antecedentes, del que podrá resultar alguna de las siguientes posibilidades: 1. Dar la razón al contribuyente y estimar improcedentes los reparos efectuados, en cuyo caso no se practicará la liquidación, por haber sido probada la corrección de la posición del contribuyente, mediante la agregación o exhibición de documentos o antecedentes que desvirtúen los reparos o la exposición de argumentos o razones que demuestren la improcedencia de los cobros que se querían efectuar. 2. Dar por justificada una parte. En tal evento será el saldo no justificado el que deberá ser tomado en cuenta por el Servicio para la liquidación que va a practicar. 3. No se desvirtúan los reparos efectuados por el Servicio, caso en el cual se procederá a la emisión de las liquidaciones respectivas.
Efectos que produce la citación. Por el hecho de citarse al contribuyente, se produce aumento de los plazos de prescripción, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del artículo 63 del Código, “la citación producirá el efecto de aumentar los plazos de prescripción en los términos del inciso 3° del artículo 200 respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se indiquen determinadamente en ella”. Esta materia, como afecta los plazos de prescripción, la veremos en la próxima unidad.
LIMITACIONES A LAS ACTUACIONES FISCALIZADORAS DEL SERVICIO
La facultad fiscalizadora de que está investido el servicio de Impuestos Internos y, que ejerce a través de los denominados medios de fiscalización, a que nos hemos referido, se encuentra limitada por diversas disposiciones del Código Tributario y otras leyes tributarias. Algunas de estas limitaciones, son las siguientes y pueden estar referidas: I.- A la utilización de ciertos medios de fiscalización, a saber:
a) Reserva de la cuenta corriente bancaria (Art. 61) b) Secreto profesional (Art. 61) c) Excepción de la obligación de prestar declaración (Art. 60 inciso 8°).
I.- LIMITACIÓN A LA UTILIZACIÓN FISCALIZACIÓN
DE CIERTOS MEDIOS DE
A.- RESERVA DE LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS. (Art. 61) Regla general El Código Tributario, en su artículo 61, contiene esta limitación o prohibición al expresar: "Salvo disposición en contrario, los preceptos de este Código, no modifican las normas vigentes sobre secreto profesional, reserva de la cuenta corriente bancaria y demás operaciones a que la ley dé carácter confidencial". Conforme lo anterior, el Servicio no podría, en principio, requerir a un contribuyente o a un Banco, la información referente a la Cuenta Corriente; ni por la vía de requerir declaración respecto de hechos de terceros, ni por la vía de examinar documentos. De acuerdo con la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, los Bancos deberán mantener en estricta reserva, respecto de terceros, el movimiento de la cuenta corriente y sus saldos y sólo podrán proporcionar estas informaciones al librador o a quien éste haya facultado expresamente. . En efecto, el inciso 2° del art. l° del D.F.L. N° 707, de 07.10.82, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, dispone: "El Banco deberá mantener en estricta reserva, respecto de terceros, el movimiento de la cuenta corriente y sus saldos, y sólo podrá proporcionar estas informaciones al librador o a quien éste haya facultado expresamente". Esta norma debe ser vinculada con lo dispuesto en el artículo 154º de la Ley General de Bancos, que expresa: “Los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos están sujetos a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o la persona que lo represente legalmente. El que infringiere la norma anterior será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio. Las demás operaciones quedan sujetas a reserva y los bancos solamente podrán darlas a conocer a quien demuestre un interés legítimo y siempre que no sea previsible que el conocimiento de los antecedentes pueda causar daño patrimonial al cliente.” El inciso final de este precepto agrega, “La justicia ordinaria y la militar, en las causas que estuvieren conociendo, podrán ordenar la remisión de aquellos antecedentes relativos a operaciones específicas que tengan relación directa con el proceso, sobre los depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza
que hayan efectuado quienes tengan el carácter de parte o inculpado o reo en esas causas u ordenar su examen, si fuere necesario”.
Excepción. Por su parte el artículo 62º del Código Tributario contiene dos excepciones a esta limitación que impone la reserva: 1. Concede a la justicia ordinaria la faculta de ordenar el examen de las cuentas corrientes en el caso de procesos por delitos que digan relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias. 2. Faculta al Director para disponer dicho examen, por resolución fundada, cuando el Servicio se encuentre investigando infracciones a las leyes tributarias sancionadas con pena corporal. Sin embargo, debe advertirse que para algunos, de conformidad a lo expresado en los textos legales citados más arriba, la reserva de la cuenta corriente bancaria sólo admitiría como excepción a los tribunales de Justicia, de manera que sólo ellos podrían solicitar información relativa a los saldos y sus movimientos. En este sentido, se sostiene que la facultad contenida en el artículo 62º, inciso segundo, del Código Tributario, habría sido tácitamente derogada.
Operaciones a que la ley da carácter confidencial. El Servicio tampoco puede imponerse de aquellas operaciones a las cuales una ley haya dado expresamente el carácter de confidencial. Operaciones de captación y depósito: Estarían afectas al régimen de secreto bancario y el Servicio de Impuestos Internos no estaría comprendido entre las excepciones que contempla el inciso final del artículo 154º de la Ley General de Bancos, de manera tal que por aplicación de este texto, en relación con el artículo 61º del Código Tributario, es posible concluir que el Servicio de Impuestos Internos no puede acceder lícitamente a esta información, sino a través del propio titular de dicha depósito o crédito.
B.- SECRETO PROFESIONAL. (Art. 61) Consiste en la reserva que un profesional debe guardar respecto de los hechos que llegan a su conocimiento o le son revelados en el ejercicio de su profesión. Al profesional le está prohibido, por razones obvias, divulgar o hacer públicos estos hechos. La violación del secreto profesional está expresamente sancionada en el Código Penal. En consecuencia, los profesionales (médicos, abogados, etc), pueden legítimamente negarse a proporcionar antecedentes relativos a terceros y que digan relación con hechos que han sido conocidos, precisamente, en el ejercicio de la profesión de que se trate. El Secreto Profesional consiste en la obligación de reserva que recae sobre los profesionales respecto de los hechos que llegan a su conocimiento o le son revelados con motivo u ocasión del ejercicio de
su respectiva profesión. El artículo 247 del Código Penal castiga como delito la violación del secreto profesional, impidiendo de este modo que los profesionales divulguen o hagan públicos estos hechos. El artículo 61 del Código Tributario señala que sus normas no modifican aquellas disposiciones vigentes sobre secreto profesional. En consecuencia, los funcionarios fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos están obligados a respetar la negativa a proporcionar información relativa a sus clientes o a terceros y que tengan relación con antecedentes de que han tomado conocimiento, precisamente, en el ejercicio de la profesión de que se trate.
Quedan amparadas por el secreto tanto las informaciones que le son proporcionadas al profesional por su cliente como aquellas que éste llegue a conocer o constate por sí mismo en el desempeño de su profesión. Personas que deben guardar el secreto profesional. Son aquellas personas que desempeñan una profesión que requiera, para su ejercicio, de un título y que haya sido reglamentada por el Estado, como ocurre por ejemplo con los médicos, dentistas, matronas, enfermeras, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, etc. Alcances del secreto profesional. El secreto profesional no sólo comprende lo que el profesional no debe decir sino también los documentos que puedan comprometer el deber de reserva. Es así como el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal contempla la obligación de toda persona de exhibir y entregar a la autoridad aquellos objetos o papeles que puedan servir para una investigación judicial; pero exceptúa expresamente a las personas "a quienes la ley autoriza para negarse a declarar". Tratándose de hechos que por su naturaleza permanecen ocultos, la calificación acerca de si son o no de aquéllos que deban mantenerse en reserva queda librada, en gran medida, a la determinación que al respecto adopte el propio profesional, salvo que la naturaleza de la información misma nos lleve a una conclusión distinta. En general, no podrán considerarse amparados por el secreto profesional todos aquellos documentos que se refieran al propio cumplimiento tributario del profesional, incluyendo sus libros de contabilidad, talonarios de boletas, balances, inventarios, documentos justificativos de gastos y toda la documentación que se relacione con los elementos que deban servir de base para la determinación del impuesto o con otros puntos que figuren o deban figurar en la declaración de impuestos. Profesionales que han intervenido en una declaración. El artículo 34 del Código Tributario contiene una disposición que se cita como una excepción al secreto profesional, ya que establece que los técnicos y asesores que hayan intervenido en la confección de una declaración de impuestos, en su preparación o en la de sus antecedentes, están obligados a atestiguar bajo juramento sobre los puntos contenidos en la declaración.
Tratándose de una norma de carácter excepcional, sólo excluye el secreto profesional en la medida que concurran los siguientes supuestos: a) Que se trate de técnicos o asesores que hayan intervenido en la confección de una declaración de impuestos, en su preparación o en la de sus antecedentes: b) Que sean citados a atestiguar bajo juramento acerca de puntos contenidos en esa precisa declaración; en lo que sea ajeno a esa declaración, estarán en el derecho de invocar el secreto profesional y negarse a prestar declaración.
C.- EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR. (Art. 60 inc. 8º)
Persona exceptuadas. Vimos que cualquier persona puede ser citada a declarar respecto de otra persona, sin embargo, están exceptuados de esta obligación el cónyuge, los parientes por consanguinidad en la línea recta o dentro del cuarto grado en la colateral, el adoptante, el adoptado, los parientes por afinidad en la línea recta o dentro del segundo grado en la colateral de dichos terceros y las personas obligadas a guardar el secreto profesional. No están exceptuados de esta obligación el cónyuge y los mencionados parientes, en los casos que ellos sean miembros de una sucesión, o de otro tipo de comunidad y la declaración que se les solicite diga relación con hechos, datos o antecedentes relativos a esas comunidades. Personas exceptuadas de la obligación de concurrir. No están obligadas a concurrir a declarar las personas indicadas en el artículo 191 del Código de Procedimiento Penal, a las cuales el Servicio, para los fines expresados en el párrafo precedente, deberá pedir declaración jurada por escrito. Las referidas personas son las siguientes: 1°.- El Presidente de la República y los ex Presidentes: los Ministros de Estado: los Senadores y Diputados: el Contralor General de la República; los Intendentes y los Gobernadores de Departamento, dentro del territorio de su jurisdicción; los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apelaciones; los Fiscales de estos Tribunales; los Jueces Letrados; los Generales., el Arzobispo y los obispos los Vicarios Generales y los Vicarios Capitulares. 2°.Las personas que gozan en el país de inmunidades diplomáticas. 3°.- Las religiosas y las mujeres que por su estado o posición no puedan concurrir sin grave molestia; y 4°.- Los que, por enfermedad u otro impedimento calificado por el juez, se hallan en imposibilidad de hacerlo.
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