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Timestamp: 2018-09-24 06:14:41+00:00

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﻿ Sentencia STL11665-2014 de agosto 27 de 2014
SENTENCIA STL11665-2014 DE 27 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:IMPROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CUANDO PROCEDA EL RECURSO DE HABEAS CORPUS. SE OBSERVÓ QUE EL NUMERAL 2° DEL ARTÍCULO 6° DEL DECRETO 2591 DE 1991 CONSAGRA LA IMPROCEDIBILIDAD DEL TRÁMITE CONSTITUCIONAL DE TUTELA EN AQUELLOS EVENTOS EN LOS QUE PARA PROTEGER LOS DERECHOS SUPUESTAMENTE VULNERADOS, SE PUEDE INVOCAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS, EL CUAL TAMBIÉN GOZA DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL, AL ESTAR CONTENIDO DE MANERA ESPECIAL EN EL ARTÍCULO 30 DE LA CARTA POLÍTICA. DE ESTE MODO, AL EXISTIR UN MECANISMO ESPECIAL DE RANGO EQUIPARABLE AL DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES ESPECÍFICOS COMO LA LIBERTAD, DEBE SER A TRAVÉS DE AQUEL, QUE SE ATIENDAN Y RESUELVAN LAS SOLICITUDES DIRECCIONADAS AL AMPARO DE LOS MISMOS Y NO MEDIANTE LA DEFENSA GENERAL QUE OFRECE LA TUTELA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA LIBERTAD, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, ACUSADO PRIVADO DE LA LIBERTAD, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS
Sentencia STL11665-2014 de agosto 27 de 2014
STL11665-2014
Rad.: 55541
Bogotá, D. C., veintisiete de agosto de dos mil catorce.
Se resuelve la impugnación interpuesta por Luis Alfonso Plazas Vega, contra el fallo dictado por la Sala de Casación Civil el 19 de mayo de 2014, en el trámite de tutela que adelantó contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad, la cual se hizo extensiva a la Sala de Casación Penal de esta corporación.
El actor pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso y a la «dignidad personal», así como al principio de presunción de inocencia que estima quebrantados por las autoridades judiciales accionadas.
Indicó que el 2 de febrero de 2007 fue vinculado a un proceso penal por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19; que el 12 de julio de 2007 se ordenó su detención preventiva sin beneficio de excarcelación, la cual se hizo efectiva a partir del 16 de julio siguiente.
Expuso que el 11 de febrero de 2008 se dictó resolución de acusación por los delitos de «Secuestro y Desaparición Forzada Agravada»; el 9 de junio de 2010 el Juzgado accionado lo condenó como «coautor mediato de la conducta de desaparición forzada agravada» por 11 presuntos desaparecidos, pero el Tribunal, al desatar la apelación el 29 de enero de 2012, «declaró la nulidad parcial de lo actuado respecto de nueve (9) de los presuntos desaparecidos y se confirmó la condena por los dos restantes».
Señaló que su defensor y el Ministerio Público presentaron recurso de casación, los cuales admitió la Sala de Casación Penal de esta corporación el 23 de agosto de 2012.
Aseguró que el 28 de enero de 2014 solicitó la libertad, la cual se negó por el Juzgado el 21 de febrero siguiente, decisión que confirmó el Tribunal el 9 de mayo de 2014, con desconocimiento de la Constitución y el precedente jurisprudencial, toda vez que ha vencido el plazo razonable dentro del proceso penal que se lleva en su contra.
Reprochó que el Juzgado señalara que el plazo razonable de privación de libertad se establece desde el inicio de la audiencia de juzgamiento, mientras el Tribunal arguyó que el mismo se cuenta a partir de la interposición del recurso extraordinario de casación, lo que desconoce la jurisprudencia internacional, que enseña que es «desde el primer momento de mi vinculación al proceso penal»; agregó que le solicitó al ad quem declarar la nulidad de su providencia, pero no accedió a tal petición.
Por lo anterior solicitó ordenar su libertad inmediata, «sin perjuicio de continuar con el trámite procesal, y de ser necesario la presentación de una caución».
La Sala de Casación Civil por auto de 19 de junio de 2014 admitió la acción, ordenó enterar de su trámite a las partes e intervinientes en el proceso adelantado en contra del accionante y dispuso su notificación (fls. 139 y 140).
Un Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá señaló que la decisión que confirmó la negativa de libertad se adoptó conforme con la actuación procesal y la normatividad vigente, razón por la cual el amparo resulta improcedente (fls. 146 y 147).
El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, esgrimió que el numeral 5° del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, «no cuenta con una fórmula expresa para resolver la libertad provisional del acusado», que analizó y definió la petición «desde los supuestos mismos de la actuación, auscultando las principales piezas procesales e, incluso, atendiendo los derroteros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos» (fls. 150 a 152).
Un Magistrado de la Sala de Casación Penal señaló que en la actualidad «se encuentra en proceso de elaboración el proyecto que será presentado a consideración de la Sala» y añadió que el Juzgado Especializado es el competente para resolver las solicitudes de libertad (fls. 164 y 165).
La Sala de Casación Civil por sentencia de 3 de julio de 2014, rememoró los argumentos que esbozó tanto el aquo como el ad quem para negar la libertad provisional solicitada y estimó que tal determinación «responde a unos criterios jurídicos que, independientemente de que se prohíjen no pueden catalogarse de absurdos o antojadizos, toda vez que los argumentos expuestos gozan de un aceptable grado de razonabilidad y coherencia, que la distancian del defecto endilgado, pues están amparados en la situación fáctica del asunto y en la interpretación de la jurisprudencia, particularmente, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos». Señaló que frente a la supuesta «mora judicial» en que ha incurrido la Sala de Casación Penal, aquella solo se predica cuando existe una abierta y ostensible carencia de defensa producto de un comportamiento negligente de la autoridad y no cuando obedece a circunstancias objetivas, por ello recordó el volumen del expediente «compuesto de 237 cuadernos, más un libro, cadenas de custodia y al menos 136 discos compactos», por lo que sumado a los demás asuntos a su cargo se concluye que la demora no ha sido injustificada. Razones por las cuales negó el amparo (fls. 235 a 247).
El accionante impugnó; adujo que no solicitó que se estudiara si la mora era o no justificada, pidió que se determinara si el plazo razonable del proceso penal en su contra ya había vencido, pues pese al tiempo transcurrido, aún no cuenta con sentencia en firme y se le ha dejado con «una prisión preventiva que parece más una sentencia condenatoria»; por lo anterior insiste en que se ordene su libertad inmediata (fls. 287 a 291).
Su procedencia está limitada, primero a aquellas situaciones en las cuales el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, caso en que se convierte en mecanismo principal y, segundo, cuando existiendo otra vía, se utiliza de forma transitoria con el fin de evitar un perjuicio irremediable.
Así las cosas, los medios y recursos judiciales ordinarios, siguen siendo preferenciales, y a ellos deben recurrir las personas para solicitar la protección de sus derechos. La acción de tutela es subsidiaria frente a los demás modos de defensa judicial y su objetivo no es desplazarlos, sino que se convierte en el último recurso para obtener la protección efectiva de los derechos fundamentales, en la medida en que el ordenamiento jurídico no le ofrece al afectado otro medio de defensa judicial.
En este caso y previo a cualquier otra consideración, basta decir que por imperativo legal, no es procedente la acción de tutela cuando se promueve a fin de amparar derechos cuya protección puede lograrse invocando el recurso de Hábeas Corpus.
En efecto, el numeral 2° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 consagra la improcedibilidad del trámite constitucional de tutela en aquellos eventos en los que para proteger los derechos supuestamente vulnerados, se puede invocar el recurso de Hábeas Corpus, el cual también goza de carácter constitucional, al estar contenido de manera especial en el artículo 30 de la Carta Política; regulado por la Ley 1095 de 2006, que en su artículo 1° lo define de la siguiente manera:
«Artículo 1°. Definición. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine».
De este modo, al existir un mecanismo especial de rango equiparable al de la acción de tutela, dirigido a la protección de derechos fundamentales específicos como la libertad, debe ser a través de aquel, que se atiendan y resuelvan las solicitudes direccionadas al amparo de los mismos y no mediante la defensa general que ofrece la tutela.
Las breves consideraciones anteriores permiten concluir la improcedencia de la presente acción, razón por la cual se confirmará el fallo impugnado.
1. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, de fecha y procedencia precitadas.
Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno.—Jorge Mauricio Burgos Ruíz.—Elsy del Pilar Cuello Calderón.—Clara Cecilia Dueñas Quevedo.—Gustavo Hernando López Algarra.—Luis Gabriel Miranda Buelvas.—Carlos Ernesto Molina Monsalve.

References: ARTÍCULO 6
 ARTÍCULO 30
 resolución 
 artículo 365
 artículo 6
 artículo 30
 artículo 1