Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=684700
Timestamp: 2019-08-24 00:51:00+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Especial N°24
ASISTENCIA A SESIÓN DE COMISIÓN
Guillermo Ramirez Sanz
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE TRES HOSPITALES PÚBLICOS DONDE LA TOTALIDAD DE LOS MÉDICOS OBSTETRAS SE DECLARARON COMO OBJETORES DE CONCIENCIA (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN N° 121 Y 122)
INTERVENCIÓN : Ricardo Patricio Celis Araya
INTERVENCIÓN : Diego Ignacio Schalper Sepulveda
INTERVENCIÓN : Andres Celis Montt
Sesión 24ª, en miércoles 16 de mayo de 2018
(Especial, de 16.02 a 17.55 horas)
Presidencia accidental del señor Silber Romo, don Gabriel.
I.- ASISTENCIA 5
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE TRES HOSPITALES PÚBLICOS DONDE LA TOTALIDAD DE LOS MÉDICOS OBSTETRAS SE DECLARARON COMO OBJETORES
DE CONCIENCIA (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN NOS 121 Y 122) 11
1.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N°18.216. Rol 4151-17-INA. Acogido.
2.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N°18.216. Rol 4245-18-INA. Rechazado.
3.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N°18.216. Rol 4285-18-INA. Acogido.
4.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N°17.798 (Rechazado). Rol 4441-18-INA.
5.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N°18.216. Rol 4515-18-INA. Rechazado.
6.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N°17.798 (Rechazado). Rol 4445-18-INA.
7.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rechazado). Rol 4524-18-INA.
Del diputado señor Cruz-Coke
por la cual justifica su inasistencia a la sesión especial de hoy, 16 de mayo de 2018, en su calidad de Jefe de Bancada de Evópoli.
Del diputado señor Núñez, don Daniel
, por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 18 de mayo de 2018, para dirigirse a Argentina.
Del diputado señor Walker
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 17 de mayo de 2018, para dirigirse a Argentina.
-Asistieron 142 señores diputados, de los 155 en ejercicio.
-Se abrió la sesión a las 16.02 horas.
El acta de la sesión 14ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 15ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Esta sesión tiene por objeto analizar la inédita situación surgida en tres recintos hospitalarios públicos de las comunas de Osorno, San Felipe y Huasco, donde la totalidad de sus médicos obstetras se han declarado como objetores de conciencia ante la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, especialmente respecto de la causal de violación.
A la presente sesión ha sido invitado el ministro de Salud, señor Emilio Santelices , quien hasta el momento no se encuentra en la Sala.
Señora Presidenta, prefiero esperar una información oficial respecto de la asistencia del ministro de Salud para intervenir, porque no tiene sentido hacerlo sin contar con su presencia.
Se suspende la sesión hasta tener información sobre la asistencia a la sesión del ministro de Salud, señor Emilio Santelices .
Continúa la sesión. En el tiempo previo, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
Señora Presidenta, valoro la presencia del ministro de Salud, señor Emilio Santelices , para buscar una solución al problema que nos afecta.
Hace un par de semanas fuimos testigos de una interpelación al ministro de Salud, en la que hubiésemos querido recibir respuestas mucho más concretas; pero el objetivo de esta sesión no es polemizar con él, sino buscar soluciones en conjunto respecto del problema que existe en algunos hospitales públicos.
Lo concreto es que el gobierno del Presidente Piñera cambió el protocolo de objeción, porque disminuyó los requisitos a las instituciones privadas. La medida anunciada por el ministro de Salud, señor Emilio Santelices , fue ratificada con su publicación en el Diario Oficial. Tras esos cambios, el protocolo permitía que las instituciones privadas que se declarasen objetoras podrían mantener sus convenios con el Estado y seguir recibiendo financiamiento público; o sea, la ley del embudo.
Pero como era previsible, tras este nuevo cercenamiento a una ley ya acotada, que gracias al Tribunal Constitucional además creó la inédita figura jurídica de la "objeción de conciencia para instituciones", solo faltaba saber cuántos médicos del sistema público de salud se declararían objetores, porque en el caso de los privados, incluso aquellos que no tenían problemas para recibir recursos de todos los chilenos, era esperable que rechazarían la implementación de esta política pública nacional.
Así las cosas, el Ministerio de Salud realizó un catastro -voy a ser sintético en estoque determinó que de los 971 médicos obstetras, 306 se declararon objetores de conciencia, lo que representaba el 31 por ciento del total.
Como si esas cifras resolvieran el problema, Chile se enteró con sorpresa el pasado 13 de abril de que la totalidad de los 16 médicos obstetras que trabajan en el Servicio de Salud de la provincia de Osorno, que me honro representar en la Cámara de Diputados, se declararon objetores de conciencia en el marco de la ley de aborto terapéutico y determinaron rechazar la práctica de abortos en caso de violación. Solo un obstetra objetó la primera causal; cinco, la segunda, y 16, la última. Es decir, el ciento por ciento de los especialistas de dicha área rechazó el aborto en caso de ataque sexual.
Lamentablemente, la misma postura de Osorno se replicó en el hospital provincial de Huasco, en Atacama, donde los cuatro profesionales de ese recinto de salud se acogieron a la objeción de conciencia, lo que quería decir que si una mujer de Vallenar solicitaba que se le aplicase la ley tantas veces mencionada, debería ser trasladada hasta el hospital regional de Copiapó, a 147 kilómetros de distancia.
Otros casos similares son los de los hospitales de Puerto Natales y San Fernando , que tienen las mismas características y condiciones.
Ante esta cruda realidad, el ministro de Salud sostuvo que todos los centros hospitalarios que tengan convenio con el Estado y que estén acogidos a la objeción de conciencia, tendrían que dar una solución a las pacientes que requieran de esta atención.
La subsecretaria de Redes Asistenciales, señora Gloria Burgos , dijo que los flujos de resolución para los casos donde todos los médicos son objetores ya están establecidos y, por lo tanto, la institución que recibe a la paciente que requiera una interrupción voluntaria del embarazo tiene que proveerle esa prestación, porque está garantizada por ley.
El problema para el caso de Osorno es que desde el hospital público no era posible derivar a la paciente al sector privado, porque la Clínica Alemana de Osorno también podría ser objetora, y de hecho lo es. Es decir, la única alternativa -al igual que en Atacamaque tienen nuestras mujeres violentadas sexualmente -Osorno tiene los más altos índices de abuso sexuales que las lleven a Puerto Montt, ubicado a 107 kilómetros de distancia.
Pareciera ser que algunos olvidan que el objetivo de la ley es despenalizar la realización de abortos en tres causales para evitar abortos clandestinos, para salvar la vida de muchas mujeres y evitar que inescrupulosos, con o sin título, realizaran este tipo de procedimiento. Esta ley se hizo para que las mujeres chilenas tuvieran, aunque fuera parcialmente, un derecho que las mujeres del resto del mundo tienen desde hace mucho tiempo.
Esta ley no se hizo para establecer objeciones para los médicos, ni menos para objeciones del propio Ministerio de Salud. Por lo tanto, este ministerio no debe conformarse con hablar de derivaciones o de pago de servicios en establecimientos privados, como es su costumbre. El ministro y el ministerio deben hacer todo lo que esté a su alcance para que se cumpla la ley; ni más, ni menos.
Pero en medio de estas cifras de objeción, lo que más molesta e indigna son declaraciones como las del subdirector médico del Servicio de Salud de Osorno, señor Jorge Castilla , concejal de Osorno y supuestamente representante de las mujeres osorninas, quien sostuvo que lo importante es “comprobar la concordancia -atención a la gravedad de sus palabras entre relato y el periodo de gestación de la mujer que acusa el ultraje. Si concuerda, por el momento debe ser derivada hasta el hospital de Puerto Montt”. El subdirector médico del Servicio de Salud de Osorno tiene la arrogancia de decir que primero hay que verificar si es creíble o no la versión de la violación. O sea, tenemos una ley y un mal protocolo; pero además hay que aceptar que algunos médicos objetores, como el doctor Castilla, se atribuyan funciones más propias de la policía y de los tribunales.
Lo más terrible es que esta actitud cuestionadora de parte de los facultativos se da en una provincia que concentra, según las cifras del Ministerio Público, cerca de un tercio de las denuncias por violación y abuso sexual en mi región. En efecto, a abril de este año, de 244 causas por violación en mi región, 52 están radicadas en Osorno.
Por consiguiente, a la vejación sufrida a manos de los violadores, ahora las mujeres de Osorno víctimas de estos delitos tendrían que sumar la actitud poco comprometida de aquellos que algún día hicieron el juramento hipocrático.
Como si fuera poco todo esto, en el reportaje titulado “La ciudad de los objetores”, de la revista Qué Pasa, frente a todas las críticas públicas que han recibido los facultativos de Osorno, el ginecoobstetra señor Mario Gajardo , jefe del equipo de profesionales objetores, ante la consulta de cómo ha sido lidiar con estos cuestionamientos, responde: “Nosotros hicimos oídos sordos porque no nos afecta en nada”. En otras palabras, somos objetores y nos da lo mismo lo que opinen las víctimas, las mujeres y la sociedad. En esta entrevista, el mismo profesional agrega como argumento para validar la objeción en contra de la tercera causal y para considerar innecesaria la contratación de profesionales no objetores, que “si una paciente se hace el procedimiento en el hospital, va a pasar por pabellón, con gente conocida, y probablemente habrá gente que se va a enterar de algo que es sumamente privado.
Aquí, en cambio, nadie se va a enterar: la paciente fue a Puerto Montt, se trató, volvió y listo. Nadie supo. Nadie de nosotros sabe quién fue. No tenemos nombres, lo desconocemos...”. Eso dicen sus médicos, señor ministro.
Ante este escenario de brutal falta de empatía de parte de los profesionales y de falta de solución por parte de las autoridades, es un ejercicio casi natural preguntarse: ¿Cómo llegamos a este punto en que tras años de resistencia a legislar sobre el aborto, siendo uno de los pocos países en el mundo en esa situación, ahora vemos que se echa mano a argucias administrativas y mayorías circunstanciales en el Tribunal Constitucional para frenar, trabar y desnaturalizar la aplicación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales?
De inmediato se nos viene a la memoria la respuesta que ya casi sabemos de memoria: en julio de 1988, el almirante Merino , convertido en parte del Poder Legislativo de facto, presentó una moción para cambiar el Código Sanitario a solo meses de dejar ese gobierno, echando por tierra todos los avances que se habían dado en esta materia durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva , en el que se aprobó un nuevo Código Sanitario que mantuvo la interrupción del embarazo por razones terapéuticas.
Por su parte, el propio Presidente Salvador Allende , en su primer mensaje al país, en 1971, manifestó la necesidad de avanzar a la “eventual legalización de la interrupción del embarazo [...] y en términos más inmediatos una ampliación de los criterios para permitir el aborto terapéutico, en caso del fracaso de los métodos anticonceptivos”.
Lo que al parecer el ministerio, los médicos objetores e incluso parte del Tribunal Constitucional han olvidado es que el derecho a la salud es, valga la redundancia, un derecho que debe ser garantizado a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Este derecho se encuentra consagrado dentro del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que supone la obligación de los Estados a desarrollar progresivamente los derechos consagrados en la Carta de la OEA.
Además, el derecho a la salud se encuentra protegido en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención, que consagra a la salud como un bien público que el Estado debe reconocer, proteger y garantizar.
Este reconocimiento del derecho a la salud está contenido en varios instrumentos legales internacionales. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho a la salud como un nivel de vida adecuada que asegure “la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
El respeto al derecho a la salud exige que los Estados se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud.
Así, cuando un profesional de la salud ejerce el derecho a la objeción de conciencia, pese a que cuenta con la legítima libertad de hacerlo, el ejercicio del mismo debe ser cuidadosamente limitado, ya que puede terminar sirviendo como barrera para acceder a los servicios de salud reproductiva, como pareciera ser en este caso.
La bancada del Partido Socialista y gran parte de los parlamentarios de la Nueva Mayoría hemos actuado en concordancia con lo que creemos: proteger los derechos de las mujeres del país. Por eso, recurrimos en su momento a la Contraloría General de la República para señalar que había una equivocación en las modificaciones al protocolo. La Contraloría ha sido clara. El 9 de mayo pasado conocimos el texto del organismo, que en siete páginas responde las dudas y da claridad sobre lo que se podía o no hacer en esta materia.
En esta sesión no queremos polemizar con el ministro de Salud, sino que él nos dé luces de que habrá una fórmula del gobierno para solucionar este impasse. No puede haber mujeres, como ocurre en Osorno, Atacama y en otros lugares, que queden desprovistas de atención en salud. ¡Eso no puede ser porque es discriminatorio! Eso que dicen los médicos de que es mejor cuantos menos la vean es un atentado contra los derechos de la mujer.
Queremos que esta sesión sea una oportunidad no para polemizar con el ministro, sino para que las mujeres del país sientan que tenemos un ministro que se retracta de su equivocación inicial y busca mecanismos para solucionar el problema, y así poder garantizar en cada hospital de Chile que las mujeres van a estar protegidas en salud y que, aunque haya médicos objetores, habrá alguno que la atenderá y no será derivada a otra ciudad para que no la vean, como dicen algunos médicos.
Queremos que el ministro condene las atrocidades dichas por el subdirector médico del Servicio de Salud de Osorno. Se trata de declaraciones brutales que avergüenzan a una institución tan prestigiosa como el Ministerio de Salud.
Para terminar mi intervención, deseo expresar que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de legislar, y así lo ha hecho representando a la mayoría de la población y respetando el derecho a disentir de la minoría. Sin embargo, no parece justo ni correcto que la voluntad mayoritaria, expresada en este caso en la aprobación de la ley de aborto en tres causales, siga tratando de violentarse por la vía administrativa o por mayorías circunstanciales en el Tribunal Constitucional. Y, sobre todo, es profundamente injusto que se siga poniendo objeciones a la conciencia de las mujeres.
En el tiempo previo restante, tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres .
Señora Presidenta, por su intermedio quiero saludar al señor ministro y agradecer al diputado Fidel Espinoza por haberme cedido parte de su tiempo.
Me interesa dar a conocer algunos puntos de criterio que me parece relevante considerar en esta discusión.
Primero, cabe aclarar que la conciencia se funda en las personas, no en las instituciones. Por esa misma razón, estableciendo la objeción de conciencia como una cuestión excepcional ante el cumplimiento de lo que establece la ley, cual es el acceso a la prestación de la interrupción del embarazo en tres causales, esta se funda básicamente en ese derecho. Además, según lo que estableció el legislador, una vez que el proyecto es despachado por el Congreso Nacional, la objeción solo debía ser personal.
Dicho esto, en una acción contraria a lo que la norma entrega como competencia, el Tribunal Constitucional hizo extensiva esa interpretación y terminó otorgando la posibilidad de una objeción de conciencia institucional.
Hoy estamos convocados para resolver una situación que no se funda en lo que ha ocurrido con la objeción de conciencia institucional, sino más bien en aquellos hospitales públicos donde el ciento por ciento de los profesionales ha decidido ser objetor de conciencia.
Frente a eso, quiero recalcar lo que ha dicho el contralor en su fallo, que si bien se pronuncia respecto del protocolo, también da elementos importantes para el juicio respecto de esta materia.
Primero, que el Estado, a través del Ministerio de Salud, está obligado a garantizar el cumplimiento de la ley; por lo tanto, la primera obligación legal que tiene el Ministerio de Salud es garantizar que la ley se cumpla en todo el territorio nacional y, por cierto, en todos los hospitales públicos del país.
Dicho esto, y siendo un defensor de la objeción de conciencia personal, el Ministerio está obligado a resolver la situación que se da en los tres hospitales mencionados en la convocatoria de esta sesión o, eventualmente, en aquellos hospitales en que el ciento por ciento de los profesionales apelara a la objeción de conciencia personal.
Es relevante confirmar que la objeción de conciencia es de carácter excepcional. Lo recuerda el señor contralor textualmente: “Siendo así, la regulación de la objeción de conciencia debe respetar, en todo caso, dicha excepcionalidad, de manera que -salvo que el legislador disponga expresamente lo contrariola autoridad administrativa no puede dispensar del cumplimiento de requisitos, condiciones, o establecer presunciones o cualquier elemento que signifique alterar ese carácter de excepción.
Tal carácter se confirma del tenor del inciso tercero del citado artículo 119 ter -es decir, está expresamente establecido en la ley-, el cual contempla una contra excepción a la objeción de conciencia, señalando que quien la haya manifestado no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención -otra vez lo señala la ley-, en el caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, invocando la causal del N° 1 del inciso primero del artículo 119 del Código Sanitario.”.
Por lo tanto, la obligación legal que tiene el Ministerio de Salud es, precisamente, hacer cumplir lo que establece la ley. Más allá del respeto a esta cuestión excepcional, que es la objeción de conciencia, esa repartición debe promover el acceso a las mujeres a las prestaciones, lo que debe ser garantizado en toda red de salud pública.
Esperamos que el ministerio resuelva esta situación lo antes posible. De otro modo, vamos a estar frente a un incumplimiento flagrante de lo que la ley establece y obliga a la autoridad aquí presente.
¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala de la asesora del ministro de Salud, señora Daniela Vargas ?
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Marzán .
Señora Presidenta, por su intermedio saludo al señor ministro.
Se ha dicho que el aborto no es un tema de derechos y que no existe la posibilidad de que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Algunos, incluso, se han encargado de contrastar ese derecho tan importante con cuestiones morales sobre lo que es correcto y lo que no lo es.
La decisión de abortar no es fácil: implica un involucramiento emocional y físico que asumimos como mujeres; implica un reproche social que busca criminalizar una conducta que es lícita, una conducta relacionada con el ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en las tres causales que todos conocemos.
Resulta vergonzoso, por ejemplo, que en el hospital de Quilpué, que pertenece al distrito que represento, se hayan negado a practicar una interrupción de embarazo por la segunda causal, al haber objetado y no haber brindado la prestación con un médico no objetor.
Resulta alarmante que en San Felipe, en el hospital San Camilo , perteneciente al distrito Nº 6, que represento, casi la totalidad de sus médicos sean objetores de conciencia. El mensaje que nos mandan es: “Mujer, aquí no; mujer, aquí tú no tienes ese derecho; mujer, aquí no puedes decidir”.
Debemos ser capaces de concientizar que la interrupción del embarazo se debe garantizar, no criminalizar. En otros países se ha optado por contratar médicos no objetores, pues se requieren médicos con compromiso, sin la preconcepción de que interrumpir el embarazo en estas tres causales es una conducta criminal. No queremos, en definitiva, como mujeres, que se nos intente denigrar en el ejercicio del derecho a interrumpir el embarazo en alguna de las tres causales establecidas en la ley.
Hago un llamado a que se cumpla la ley; a que cada vez haya menos médicos objetores y más médicos precursores; más mujeres libres y no presas del martirio y el drama que conlleva la criminalización de la interrupción del embarazo por una de las tres causales, que ya son profundamente dramáticas.
El señor SILBER (Presidente accidental).-
Señor Presidente, parte de la citación a esta sesión dice: “analizar la inédita situación surgida en tres recintos hospitalarios…”. ¿Qué podría tener de inédito que personas a quienes la ley les consagra el derecho a ser objetores de conciencia hagan lo que la ley indica? ¿Qué podría tener ello de inédito?
Lo que aprobó la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional, que es ley y que se cumple, de alguna manera fue modificado por el Tribunal Constitucional respecto de la objeción de conciencia. Es el mismo Tribunal Constitucional que hoy aparece mencionado en un titular del diario La Tercera y que la Democracia Cristiana invoca para otras cosas; un Tribunal Constitucional al cual recurren cuando les conviene, pero que cuando no es así, le dan duro. Esas son las incongruencias que la gente no entiende.
El diputado Fidel Espinoza le pide al ministro, antes de que este pueda emitir una palabra, que condene, que se retracte, que sancione, y lo hace con gran vehemencia y falta de respeto.
Señor ministro, quiero decirle que nosotros, al menos, lo respetamos y que, en virtud de sus vastos conocimientos, lo vamos a oír, porque tenemos confianza en su gestión como ministro.
Antes de iniciar la sesión le pregunté cuántos abortos se han practicado desde septiembre del año pasado. Fueron doscientos, es decir, veinticinco por mes. Al lado de los cientos de miles de personas que esperan ser operadas, atendidas o vistas por los especialistas y de los cientos de miles de millones de pesos en deuda hospitalaria que nos heredó el gobierno pasado, hay algunos que están preocupados solo por 25 casos, los cuales, por cierto, me parecen atendibles. Pero pongamos las cosas en su contexto.
El derecho de las mujeres, consagrado en la ley, debe cumplirse, pero los cientos de miles de pacientes que esperan ser operados o ser vistos por especialistas también merecen nuestro respeto, como asimismo los proveedores que están a la espera de los pagos por parte del sistema de salud.
Señor ministro, cuenta con todo nuestro respaldo, porque sabemos que va a conducir los destinos de la salud en nuestro país de manera sabia. Obviamente, tengo la certeza de que, a través de su gestión y de su equipo, va a solucionar todos aquellos casos que se presentan como algo inédito.
Señor Presidente, en Chile estamos viviendo un momento muy especial, por la emergencia de los derechos de la mujer, que se está expresando en todos los lugares, derechos que se están reivindicando después de tantos años de postergación.
Hace ocho meses aprobamos una ley de aborto en tres causales y hemos vivido un período muy complejo. Si queremos interpretar qué es inédito, tendría que señalar que inédito fue lo que pasó durante los meses de marzo y abril, cuando vimos que hospitales públicos se autodeclaraban objetores de conciencia, en circunstancias de que la realidad jurídica aclarada por la Contraloría dijo que jamás un hospital público podía incurrir en esa condición, porque solo es válida la objeción personal, y que la red asistencial siempre va a incluir los establecimientos privados que estén en convenio, a los que entenderá como parte de esa red. ¡Pongamos las cosas en su lugar!
Aquí se ha legislado para garantizar un derecho y no la excepcionalidad. La excepcionalidad, particularmente la institucional, casi no tiene parangón en el resto del mundo, a pesar de que en nuestro país no la introdujo el Congreso Nacional, sino el Tribunal Constitucional. Por ese motivo es muy importante dejar asentadas dos cosas: primero, que las instituciones privadas pueden acogerse y tienen el derecho a la objeción institucional, pero no, a la vez, a mantener los flujos de dinero que vienen del Estado por concepto de prestaciones ginecológicas públicas, y segundo, que todos los hospitales públicos, a pesar de tener médicos que pueden incurrir en la objeción personal, no pueden dejar de brindar la prestación, a la hora y el día que sean, y rechazar o tener mecanismos de desplazamientos de las mujeres que invoquen algunas de las causales. Esa es la colisión que tuvimos en los últimos dos meses y ahora la Contraloría la ha despejado y clarificado.
Por lo tanto, los hospitales que hoy estamos aludiendo, que tuvieron esas contradicciones, deben tener claro que esta situación no debe continuar en el tiempo.
Por ese motivo, teniendo en consideración un proyecto de ley interpretativa que ayer aprobamos en general en la Comisión de Salud y que esperamos aprobar en particular en pocos días más, vamos a establecer, no por voluntad reglamentaria, sino por ley, que las cláusulas que garantizan el derecho a la mujer y que señalan que ninguna clínica privada puede tener convenio y, a la vez, rechazar la prestación queden firmes en la ley de una vez por todas. ¡Ese es el propósito que hoy estamos buscando! Todos queremos que se cierre ese episodio, a fin de comenzar a tratar los grandes temas de fondo que aún están pendientes en materia sanitaria, que son muchos.
La señorita MIX (doña Claudia) .-
Señor Presidente, primero, quiero referirme a la importancia de que exista este espacio para debatir sobre la difícil implementación de la ley de aborto en tres causales y las altas tasas de médicos objetores de conciencia que vemos reflejadas en los hospitales de Osorno, San Felipe y Huasco , donde todos se han declarado objetores de conciencia.
Resulta prioritario que podamos visibilizar y dar una pronta solución a la vulneración de derechos de que han sido víctimas las mujeres de nuestro país. Primero, por la implementación de un protocolo de objeción de conciencia ilegal y, segundo, por la obstrucción sistemática de los médicos objetores en el ámbito de los servicios de salud.
Recientemente, la Contraloría General de la República ha dictaminado que la resolución N° 432, del Ministerio de Salud, es contraria a derecho por no respetar los requisitos de forma y por realizar una interpretación de la ley extensiva en lo que se refiere a la objeción institucional de conciencia; es decir, permitir que instituciones de salud que tienen convenios con el Estado puedan ser objetores de conciencia transgrede la naturaleza del principio subsidiario y de estas mismas instituciones.
Por consiguiente, resulta preocupante que en diversos lugares del país existan tantos médicos objetores de conciencia, tanto en servicios públicos como privados, y -lo que es más grave aúnen territorios en que el acceso a la salud y la cobertura son muy limitados y, por ende, la posibilidad de la derivación es nula, lo que restringe a las mujeres el acceso al derecho a practicarse un aborto por las tres causales. Toda esta situación no se reduce solo al acceso a este derecho, sino que, además, pone en riesgo la vida de las mujeres.
En este punto, le recuerdo al diputado Barros que no puede poner en igualdad de condiciones la deuda de un proveedor y la vida de una mujer.
Pareciera que el clima imperante es restringir el acceso al aborto más que garantizarlo. Esto es consecuencia de una visión restrictiva de los derechos de las mujeres, una subvaloración de su propia vida, ya que siempre parece prevalecer el derecho a la libertad de ser objetor de conciencia por sobre el derecho de las mujeres a vivir y a decidir sobre sus cuerpos.
Me pregunto -y se lo consulto también al ministro, a quien aprovecho de saludar cuándo llegará el día en que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, sin tener que depender de una decisión obtusa de nuestras autoridades sanitarias.
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Salud y a su asesora.
Es muy importante precisar algunas cosas. Me voy a referir especialmente al caso del hospital de Osorno, en el cual no se ha dejado de atender a ninguna mujer, como aquí se ha pretendido decir o confundir.
En Osorno se atienden más de 2.000 partos al año y en los últimos seis meses se han atendido cinco casos de aborto, de los cuales uno fue por la tercera causal, en que se derivó a la paciente a Puerto Montt para llevar a cabo el procedimiento de interrupción de su embarazo. Esto ocurrió, porque los profesionales de Osorno se declaran, en pleno derecho, objetores de conciencia solo respecto de la tercera causal.
El procedimiento en el caso de la tercera causal no es un tratamiento que deba efectuarse con suma urgencia, a diferencia de la primera causal. Equivocadamente, se puede pensar que un aborto por la tercera causal es un procedimiento de urgencia, pero no es así. Afortunadamente, en Osorno, la tasa de requerimientos de este tipo de tratamiento es muy baja.
El único caso por la tercera causal que ha habido en Osorno en los últimos seis meses fue atendido como corresponde. Por consiguiente, debe quedar bien claro que la paciente fue atendida y, posteriormente, derivada a otro centro asistencial, asegurando los cuidados y tratamiento adecuados.
Todos estamos de acuerdo con que el Estado debe velar por que se cumpla la ley y que ninguna mujer quede sin atención, pero no podemos permitir que se discrimine a los profesionales o a las clínicas que pudiesen declararse objetores.
La objeción de conciencia es un derecho humano. Quienes representamos a la ciudadanía no podemos limitar el derecho humano a la objeción de conciencia a, quizás, la parte más noble de nuestra sociedad: los profesionales de la salud, que muestran día a día su compromiso al servicio de la comunidad, haciendo todo lo humanamente posible por curar, y que trabajan con corazón y alma en favor de la humanidad.
En Alemania, por ejemplo, existen clínicas y hospitales que tienen convenios de prestaciones con el Estado y que son objetores de conciencia, lo que no quiere decir que dejen de prestar servicios al Estado en otro tipo de cuidados o tratamientos.
Pretender quitarles convenios con el Estado a clínicas objetoras atenta contra el derecho de pacientes que a través del servicio público requieren de tratamientos especializados que solo en clínicas objetoras de conciencia se practican.
Lo que sí es muy urgente en Osorno, y probablemente en otros hospitales también, es contar con mejor equipamiento, sobre todo para poder diagnosticar con certeza la necesidad de un procedimiento por la segunda causal, la de inviabilidad fetal. Para aquello es imprescindible disponer de ecógrafos de última generación, equipos con que en la actualidad no cuenta el hospital San José de Osorno .
No podemos discriminar a quienes se declaran objetores de conciencia, sino reconocerles su derecho humano fundamental y plenamente establecido, que debe garantizarse en nuestro país.
Señor Presidente, por su intermedio deseo saludar al ministro de Salud, quien se encuentra presente en esta Sala. Espero que hoy el señor ministro venga con una disposición distinta a la que le hemos visto en las últimas semanas en los medios de comunicación y a aquella con que lo vimos en la interpelación realizada hace algunas semanas en este hemiciclo, oportunidad en que negó la afirmación que hicimos varios parlamentarios y parlamentarias respecto del acto ilegal que se cometió en el Ministerio de Salud en relación con el protocolo de objeción de conciencia institucional, que claramente hasta ahora ha sido una de las principales trabas para que una ley de la república, que muchísimo nos costó sacar adelante como parlamentarios del Congreso Nacional durante el período anterior, se aplique sin ser vulnerada de la forma en que hasta ahora lo ha sido.
Hoy nos convoca una situación bastante lamentable que analizar, cual es precisamente la imposibilidad de tres hospitales públicos de nuestro país de desarrollar o de implementar la ley como corresponde, por el hecho de tener solo médicos objetores de conciencia.
Lamentablemente -es curioso-, no hemos visto una reacción y una acción concretas para resolver esa situación, sino sencillamente un encogerse de hombros. Es decir, se señala que existe la voluntad real de garantizar el derecho de las mujeres a recibir las prestaciones que por lucha hemos conseguido, pero finalmente lo que queda en evidencia es que esa voluntad no se expresa en acciones concretas.
Como bien sabe la Cámara, el Ministerio de Salud ha intentado extender la aplicación de la objeción de conciencia más allá de lo estrictamente legal mediante una antojadiza interpretación de la ley y mediante un protocolo que, como señaló la Contraloría General de la República, no se ajusta a derecho.
El mandato de la ley es claro: el Ministerio de Salud es el encargado de dictar los protocolos relativos a la ejecución de la objeción de conciencia; pero esos protocolos deben asegurar la atención médica de las pacientes en relación con la interrupción de su embarazo en las tres causales. En ese sentido, la ley es clara, es rotunda y es contundente; y cuando el sentido de la ley es claro, no le corresponde al Ejecutivo intentar desvirtuar ese sentido interpretándola a su conveniencia.
Es innegable que la ley tiene un mandato general: permitir la interrupción del embarazo en tres causales, las cuales ya conocemos. La ley establece para la mujer el derecho a interrumpir su embarazo en dichas causales mediante el aseguramiento y la garantía de la prestación médica íntegra y oportuna. Por lo tanto, cualquier acción que dificulte su otorgamiento, aunque reconocida en la propia ley, es necesariamente excepcional y no es la norma que finalmente se ha permitido incorporar.
Señor Presidente, el Ministerio de Salud está absolutamente obligado a garantizar la prestación de la interrupción del embarazo en tres causales a la mujer que lo requiera. No se puede entender que en una institución del Estado no existan facultativos que puedan llevar adelante dichos procedimientos. Esto es una falta grave al cumplimiento de la ley y a la Constitución.
Pedimos al gobierno que tome medidas concretas para contratar personal necesario, adecuado y capacitado en cada una de las instituciones públicas de nuestro país, y que en el más breve plazo, tal como se lo solicitamos hace algún tiempo, modifique el protocolo para que todas las instituciones que reciben recursos del Estado se hagan cargo de su responsabilidad.
Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .
El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-
Señor Presidente, la contratación de médicos es una necesidad en todo sentido.
Por su intermedio, señor Presidente, solicito al ministro de Salud que genere una circular y que esté atento a que lo que ocurre en Osorno, en San Felipe y en Huasco no vuelva a suceder en algunas semanas más, y a que no se sumen a ello otros hospitales, de modo que no tengamos que volver a celebrar otra sesión como esta.
Señor ministro, quien le habla, en calidad de cristiano, está en contra de todo tipo de aborto; pero eso no quita que a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. En consecuencia, aquí en la tierra se tienen que cumplir las leyes que se han aprobado, en especial en este país.
Por lo tanto, el Ministerio de Salud debe realizar una permanente supervisión para que todos los servicios de salud y los hospitales de nuestro país que son públicos cuenten con los profesionales médicos, ya sean nacionales o extranjeros -estos últimos debidamente acreditados-, para que puedan estar al servicio de la mujer de nuestro país.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que me siento engañado. Esta sesión fue citada para hablar sobre la objeción de conciencia personal, pero aquí solo se han dicho cosas que no tienen nada que ver con la objeción de conciencia personal.
La primera línea argumental que he escuchado aquí es que existe una ilegalidad en el protocolo. Voy leer lo que dice exactamente el dictamen de la Contraloría General de la República, para que no se diga una media verdad: “Teniendo presente las anteriores consideraciones, es posible colegir que la anotada resolución exenta N° 432, de 2018...” -la que hizo este gobierno“... -así como aconteció con la citada resolución exenta N° 61, de ese año-, no se ajusta a derecho,...”.
Digamos las cosas de verdad: ambas no se ajustaron a derecho porque debieron haber sido vía reglamento y no vía protocolo.
Segunda línea argumental expresada aquí: existe un riesgo de poner en práctica la ley.
¡Perdón! ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que se pondría en riesgo la aplicación de la ley? ¿Porque hay personas que objetan? ¿O porque se tiene que derivar?
Veamos los dos antecedentes. Si existe derivación, con lo cual se pondría en riesgo la ley, cerremos todos los hospitales de Chile, porque resulta que no todos los hospitales de Chile atienden todas las especialidades y, por tanto, siempre deben derivar.
El hospital de Buin, ubicado al lado de donde vivo, es de muy baja complejidad y, por tanto, no realiza operaciones de tórax abierto. En consecuencia, si una persona llega a él por una urgencia, será necesario derivarla. ¿Significa eso que está en riesgo la aplicación de la ley? Es completamente absurdo.
Por tanto, si en un hospital todos los médicos y el equipo médico son objetores, lo que tiene que garantizar ese recinto es que la paciente sea derivada. Y si se trata de una urgencia, porque está en riesgo la vida de la madre, debe ser atendida en ese mismo lugar, ante lo cual no vale la objeción. ¿Por qué? Porque eso no es un aborto.
Pero también veamos la otra parte del argumento. Lo que aquí se ha dicho es que a algunos simplemente les molesta que exista la objeción de conciencia.
¿De dónde se desprende la objeción de conciencia? Es una garantía constitucional -no la objeción, sino la libre conciencia-, cuestión por la que han peleado muchas personas durante siglos.
Por supuesto, aquellos que tienen un pensamiento totalitario o que les gustan las dictaduras no comparten la objeción de conciencia, ni la libre conciencia ni tampoco las instituciones con idearios, porque no hay nada más contrario al totalitarismo y a las dictaduras que la libre conciencia. ¡Nada más contrario!
¡No sé por qué se ríe la diputada. Me parece una falta de respeto!
Además, es cosa de leer a los primeros pensadores sobre la libertad. De allí nace la convicción íntima de que es la libre conciencia la que nos permite ser libres. Por eso es parte de la declaración de los derechos humanos.
La objeción de conciencia -materia respecto de la que pensé se iba a centrar el debate que íbamos a tenerno es para cualquier cosa. Está bien que algunos quieran ridiculizarlo y decir: “Mire, yo no quiero pagar impuestos, porque…”. No se trata de eso, y las normas internacionales son muy claras en cuanto a cuáles son los límites al respecto.
Aquí hubo un caso extremo, tal como han dicho muchas personas; es en ese lugar en donde existe el derecho consagrado, sobre la base de nuestra Constitución Política, de plantear objeción de conciencia por la libre conciencia, el cual algunos argumentan es el primer derecho humano, razón por la que es el primero que las dictaduras tratan de coartar.
Entonces, ¿qué es realmente lo que estamos diciendo? ¿Que los médicos en el sector público deben estar obligados a practicar abortos? ¿Acaso queremos discriminar y preguntar antes: “No, si usted va a ser objetor, usted no puede trabajar en el servicio público”? ¿Eso es lo que nos están diciendo?
Varios de los que están acá…
Señor Presidente, le pido, por favor, que haya tolerancia.
Varios de los que están acá argumentan sobre cosas que no son ciertas. La atención está garantizada al derivar, así como está garantizada la atención al derivar en otras prestaciones, y nadie lo pone en duda.
Si tengo un tumor cerebral, no me van a atender en el hospital de Buin ni en el de Peñaflor. Por supuesto que no. Me tienen que derivar. Y en estos casos, en las causales dos y tres se puede derivar, porque son hospitalarias, y no todos los hospitales están capacitados para recibir ese tipo de atenciones.
Además, imagínense el argumento -si bien no es parte de la discusión, pero lo han puesto en el tapetesobre los cesfam que tiene la Universidad Católica en Puente Alto y La Pintana. Son centros de atención de salud familiar. No tienen atención hospitalaria; tienen solo atención ambulatoria. Por lo tanto, jamás podrían realizar un aborto. Sin embargo, los quieren cerrar. Dicen que no, que no pueden recibir un solo peso.
El diputado Castro , por intermedio del señor Presidente, dijo que se reducían solamente al ámbito ginecoobstétrico, pero eso no es lo que dice el dictamen ni lo que dicen los diputados afuera cuando se paran acá.
¿Quién les va a responder, entonces, al hospital parroquial de San Bernardo y a las mujeres del hospital parroquial de San Bernardo, que atiende a los seis consultorios en los partos?
¿O acaso me van a decir que las únicas atenciones ginecológicas son los abortos? ¿Y qué pasa con esas otras? Entonces, ¿no se pueden atender allá? ¿No puede atender el cesfam en La Pintana y Puente Alto?
¿Quién es el que pone la ideología por encima de las personas y las mujeres? ¿No es completamente absurdo?
Por lo tanto, la línea argumental que se ha entregado en esta Sala simplemente no se sostiene. Se permite la libertad de objeción personal; se permite que se cumpla la ley al derivar; tenemos que permitir que las personas de más escasos recursos puedan ser atendidas. Ese es el punto, ¿o no? El punto son las personas, ¿o no? ¿Son las mujeres? Si son las mujeres, entonces dejemos que puedan atenderse.
Voté en contra de la ley del aborto, pero se aprobó. Por lo tanto, se tiene que aplicar.
¿Cómo se hace? Si en un lugar hay objeción de conciencia, se tiene que derivar, para que se garantice la atención. Igual como si hubiese otra prestación de mayor complejidad. Ese es el punto.
Entonces, es mejor que desnudemos los argumentos y que digan simplemente que no les gusta la objeción de conciencia, ni personal ni institucional, y que quieren terminar con ella, exactamente como hacen las dictaduras. ¡Díganlo tal cual, nomás! ¡Díganlo tal cual!
Ahora -para terminar-, respecto de la objeción de conciencia institucional, ¿solo existe en nuestro país? No.
¿Qué dice el tribunal? No es que la institución tenga conciencia. Obvio que no tienen conciencia.
Ahora, ¡ojo!, las instituciones son ficticias. Obvio. Así las define nuestro Código Civil, por de pronto. Son personas las que hacen las personas jurídicas.
Las instituciones, ¿pueden tener un ideario? Pueden. En las democracias, pueden; en las repúblicas, pueden. De hecho, toda institución tiene un ideario. Decidir no tenerlo es también tenerlo. Ese es el punto.
En resumen, la ley se sigue implementando perfectamente bien; si en un lugar hay objeción, se deriva; las mujeres van a tener el debido resguardo de la atención que aquí se ha dicho; la objeción de conciencia es un derecho consagrado en la ley, pero que se deriva de nuestra Constitución Política, de la libre conciencia, que además es un derecho reconocido internacionalmente.
Por último, quiero señalar que entiendo que algunos estén buscando excusas para pegarle al gobierno por lo que sea, pero en este caso no les funcionó.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .
El señor CELIS.-
Señor Presidente, saludo al ministro y a quienes lo acompañan.
Tengo muy poco tiempo, pero solo quiero decir que hacemos una diferencia importante en lo que es la objeción de conciencia institucional de la personal.
Nosotros, y en lo personal, somos respetuosos de la objeción de conciencia personal, del equipo y del médico.
El punto radica en qué se va a hacer en aquellos establecimientos donde hay ciento por ciento de objeción de conciencia personal del equipo que allí está trabajando.
La situación me preocupa particularmente, porque de la estadística que hay de los 258 casos de pacientes que han vivido esta situación, el 17,8 ha sido por causa de aborto, y una buena cantidad de ellos, casi la mitad, ha sido en menores de 14 años de edad.
Por lo tanto, además de la acción del equipo que va a actuar directamente, del equipo en pabellón, me preocupan los equipos de apoyo.
El señor SILBER (Presidente en ejercicio).-
Señor Presidente, como atacameña y representante de la provincia del Huasco, que es donde se ubica este último recinto público, el hospital provincial, donde hay cien objetores de conciencia, me preocupan especialmente las eventuales consecuencias que pueda acarrear esta decisión.
En la práctica, hoy tenemos una ley que es inaplicable. Más allá de la legitimidad que pueda tener la opción personal de estos profesionales, nos enfrentamos a una situación que eventualmente podría impedir o dificultar nuevamente el derecho de las mujeres, especialmente de las de menores recursos, ante la interrupción voluntaria del embarazo en sus tres causales.
Uno respeta las convicciones personales, pero de manera muy personal quiero decir que habría esperado una mayor solidaridad hacia las mujeres. No de todos ni de la mayoría, pero sí de alguno de estos profesionales de la salud que no entienden ni son empáticos con la carga y el dolor de estas mujeres.
Nos gustaría escuchar a más profesionales de la salud ser objetores de conciencia en otros temas sobre derechos de la salud de la mujer, como oponerse a medidas de isapres que obtienen ganancias millonarias, pero que discriminan en el valor de sus planes a las mujeres por ser lo que son -¿no es cierto?-, instituciones a las que se les tuvo que obligar por ley a que dejaran de considerar el embarazo como una enfermedad, como una preexistencia.
Ojalá uno escuchara a más objetores de conciencia solidarizando ante los abusos laborales y sexuales que ocurren cada día en los espacios de trabajo, en las calles, en los colegios, en las universidades, o ante la diferencia de los sueldos entre hombres y mujeres.
Y mire, aun más. Respecto solo de la objeción institucional, ojalá existiera una mayor consecuencia a la que vemos en la clínica de la Universidad Católica, por ejemplo, que hoy recibe con los brazos abiertos al sacerdote Karadima . En ese sentido, uno se pregunta si en ese caso hay objeción de conciencia con el delito más grave de la humanidad, que es abusar de menores de edad.
Se entiende que recibir atención de salud, entonces, es un derecho humano, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno esperaría -lo exigimoslo mismo hacia las mujeres que, por ejemplo, hayan sido violadas y reclamen la atención ante estas tres causales.
Pero, en fin, más allá de aquello y volviendo a lo que nos convoca en esta Sala, sigue primando el deber del Estado de garantizar ese derecho. Por eso, me uno a la voz de las mujeres de la provincia del Huasco, que representa, además, la voz de millones de mujeres a lo largo de nuestro país, para exigir esta obligación por parte del Estado y de los recintos de salud privados y públicos, para decir: ¡basta! Basta a todo intento machista de detener por secretaría el ejercicio de este derecho, y para exigir que eso se cumpla para todas las mujeres de Chile, sin importar su condición social o económica, o el lugar donde vivan.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Diego Schalper .
El señor SCHALPER.-
Señor Presidente, se nos convocó a analizar una situación específica sobre tres lugares concretos, y la mínima rigurosidad exige hacerse cargo de ella.
El diputado Jürgensen ya se refirió a la situación de Osorno, y no tengo nada que agregar a su exposición.
Sobre Vallenar, de la provincia de Huasco, respecto de los casos de riesgo vital inminente -tal como lo explicó el diputado Bellolio-, evidentemente, el hospital de Vallenar se hará cargo de ellos. Y en los otros casos que no son de riesgo vital inminente, la solución ya existe: la derivación al hospital de Copiapó.
Por lo tanto, ¿cuál es el problema práctico que motiva esta inédita convocatoria?
Otra situación compleja es la de San Felipe, pero, según se nos informó, ahí no todos los médicos son objetores. Por tanto, con tal de perjudicar al gobierno y de generar una situación compleja se trata de traer a colación situaciones que no son reales. Entonces, por favor, pido un poco más de rigurosidad.
La Contraloría se permite decir que si un recinto privado de salud recibe fondos públicos se transforma en un establecimiento público. ¡Eso es inaceptable! Y es inaceptable porque no solo contradice al Tribunal Constitucional, sino además porque esos fondos públicos se reciben para dar prestaciones de salud a miles de pacientes que se atienden día a día gracias a la acción del ministerio, de su ministro y de sus equipos médicos.
Por consiguiente, ¿qué pretende la Contraloría? ¿Que las agrupaciones no puedan tener proyecto institucional? ¿Transformar esto en una dictadura, en la que por recibir fondos del Estado una institución deba sujetarse a una pauta ideológica? ¡Por favor!
La objeción de conciencia -lo explicó muy bien el diputado Bellolioes un derecho humano consagrado en la primera Declaración Universal de Derechos Humanos. Los invito a revisar su artículo 18, cuando dice que la libertad de conciencia se puede manifestar individual -fíjense en la palabra que empleay colectivamente, porque, al final, la objeción de conciencia responde a lo que es el hombre.
Me llama la atención que las personas de izquierda hablen en términos tan individualistas. Los hombres funcionan asociados, en colectivo, y, por tanto, la objeción de conciencia institucional finalmente responde a lo que es el hombre, que se asocia con ciertas motivaciones y, por ende, esos proyectos institucionales trascienden desde lo individual hacia lo colectivo. Por lo mismo, esta objeción de conciencia no es solo individual, sino también colectiva, porque en la primera Declaración Universal de Derechos Humanos ya se funcionaba en colectivo.
Por último, aquí se ha intentado armar una polémica artificial para seguir alargando algo que el ministro de Salud ha abordado lo suficientemente bien.
Sepa, ministro, que la bancada de Renovación Nacional lo apoya irrestrictamente y que seguiremos trayendo a colación la poca rigurosidad que se tiene para inventar este tipo de polémicas.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .
Señor Presidente, primero, saludo al señor ministro. En el poco tiempo de que dispongo, intentaré ser lo más exacto posible.
Como es sabido, hace algunos días un dictamen de la Contraloría dejó sin efecto los cambios realizados por el gobierno al protocolo de objeción de conciencia de la ley que regula el aborto en tres causales. Esta normativa establece que los recintos de salud privados que mantienen algún tipo de convenio con el Estado para dar atenciones ginecológicas y obstétricas no pueden declararse como objetores de conciencia.
Es importante resaltar que con esta revocación no se modifica ni la ley ni el reglamento ni la norma técnica, sino que únicamente se trata de un documento administrativo que se encuentra llamado a dictarse nuevamente, acorde con lo dictaminado por la Contraloría. Sin embargo, lo relevante y lo que buscamos resguardar es que una nueva normativa no ponga en jaque prestaciones importantes que van más allá de las ginecológicas y obstétricas.
Vamos al punto de fondo. Entendemos la objeción de conciencia como el derecho que tiene todo ser humano de abstenerse de realizar una acción considerada por la norma jurídica como un deber o mandato, anteponiendo razones morales o religiosas. Este tema cobra especial relevancia en la práctica médica, principalmente cuando se enfrentan situaciones relacionadas con el inicio de la vida o con pacientes terminales, decisiones que muchas veces implican juicios frente a valores que entran en conflicto.
En estos y en otros casos el médico puede enfrentar un conflicto entre sus valores personales, los de los pacientes o de sus familiares y lo dispuesto en alguna norma institucional o legal. Tomando en cuenta estos aspectos, ¿podemos cuestionar a un médico o a un equipo médico que tiene una profunda convicción religiosa o valórica y decide no realizar cierto procedimiento porque va en contra de sus creencias? A nuestro parecer, no, señor Presidente. Y considerando el derecho a la objeción de conciencia, tampoco.
Este es el caso que hoy conocemos de los tres recintos hospitalarios en que la totalidad de sus médicos obstetras se han declarado como objetores de conciencia. Ciertamente, aquí no se vulnera la ley, sino que las pacientes, como ocurre con muchas especialidades, son derivadas a centros cercanos que realicen estos procedimientos y no sean objetores de conciencia.
Obviamente, los casos de emergencia siempre serán atendidos.
Por estos motivos, y en cumplimiento de lo que ha resguardado el Tribunal Constitucional, en su momento apoyamos la decisión de revocar este protocolo para que los centros médicos que mantienen algún tipo de convenio con el Estado puedan declararse como objetores de conciencia. Esto va más allá de cualquier discusión valórica; es una cuestión legal que, como legisladores mandatados justamente a normar, debemos resguardar.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .
Señor Presidente, no sé si hay un programa de televisión o un comentario por ahí que dice: “Los que caen en su propia trampa”. Al respecto, haré un análisis para demostrar que la inédita situación surgida en tres recintos hospitalarios públicos del país finalmente no es tan inédita.
Formé parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en el período anterior, cuando justamente se discutió el proyecto de ley sobre aborto en tres causales. Ahí, majadera e insistentemente se dijo que en Chile la mayoría de la ciudadanía y los médicos estaban de acuerdo con este tipo de procedimientos.
Sin embargo, hoy vemos que en tres hospitales todos los médicos se declararon objetores de conciencia. ¿Qué pasó? Creo que lo que aquí sucedió fue que las encuestas que, como indiqué, en forma majadera nos entregaron, simplemente, eran falsas y engañaron a toda la ciudadanía, ciudadanía que, al final, no fue engañada en las elecciones presidenciales siguientes, porque los que eran mayoría pasaron a ser minoría. Ello hoy se está reflejando en esta situación: en tres hospitales, el ciento por ciento de sus médicos se declaran objetores de conciencia, a pesar de que –insisto las encuestas que se nos entregaron en su momento señalaban que la mayoría de los médicos y de la ciudadanía estaba a favor de las tres causales. Bueno, cayeron “en su propia trampa”.
Ya se mencionó la libertad de conciencia. Y no se trata solo de un derecho garantizado constitucionalmente en Chile, sino de un derecho internacional reconocido desde hace mucho tiempo y ratificado en los tratados suscritos por nuestro país sobre la materia.
Si queremos dejar esto de lado, atentaremos contra otro derecho reconocido por nuestra Constitución y también internacionalmente: el derecho al trabajo. Si a la gente se la obliga realizar actividades en contra de su libertad de conciencia, tiene la opción de renunciar a su trabajo para ejercer su derecho a la libertad de conciencia; sin embargo, con ello también se estará atentando contra su libertad de trabajo. Y si protege su libertad de trabajo, estará dejando de lado su libertad de conciencia y, además, atentando contra la vida.
Esa fue una situación que analizamos en forma lata en el período anterior. Pero, como señalé, luego de las pasadas elecciones, quedó claramente demostrado que los que dijeron ser mayoría no lo eran, cuestión que hoy de nuevo está siendo demostrada: aquí hay ciertos profesionales de equipos médicos que, por desgracia, no pueden ejercer la libertad de conciencia manifestando su objeción de conciencia, con lo cual se atenta claramente contra su libertad de trabajo.
Para finalizar mi intervención, recuerdo que un día conversé con un parlamentario de la Nueva Mayoría que no fue a la reelección, al que pregunté: “¿Qué les pasó? ¿Por qué después de haber tenido una tremenda mayoría finalmente perdieron la elección y bajaron tanto la votación?”. Y él me respondió: “Lo que sucede es que cuando uno empieza a defender a minorías y causas que no son de la mayoría ciudadana, se transforma también en minoría”.
Eso le pasó a la coalición gobernante, y en esta sesión especial se demuestra una vez más que el comentario que me hizo ese colega, que no fue a la reelección, tenía toda la razón.
Señor Presidente, algunos piensan que cuando insistimos en hablar de niñas violadas y de revictimización, simplemente exageramos. Muy probablemente, esas mismas personas consideran que las reivindicaciones de las mujeres no son más que eso: exageraciones. Quisiera, entonces, hablarles con números, para ver si ellos logran lo que no está logrando el rostro de una niña.
En 2016, más de 7.000 mujeres fueron víctimas de violación o abuso sexual. De ellas, el 58 por ciento eran menores de 18 años. En ese mismo sentido, el 41 por ciento de las mujeres que han accedido a la interrupción voluntaria del embarazo por la tercera causal corresponde a menores de edad. Aunque algunos prefieran los eufemismos, les recuerdo que la tercera causal es la violación.
Continuemos. El 100 por ciento de los médicos obstetras de los hospitales de Osorno, Huasco y San Felipe se han declarado objetores de conciencia, con lo cual, en los hechos, transforman esos hospitales en objetores de conciencia institucional. Esto es un sinsentido y una vergüenza para nuestro sistema de salud pública.
La situación se agudizó con la dictación de un protocolo que fue declarado ilegal, porque, como estableció la Contraloría, liberaba de requisitos que protegían el carácter excepcional de la objeción de conciencia.
En otras palabras, el ministro invirtió el mandato del legislador. Entonces, lo que debía ser la regla general, que es el ejercicio libre del derecho a abortar en alguna de las tres causales, fue transformado en la excepción. Si esa no es una infracción flagrante a la ley, estimados diputados y diputadas, no sé lo que es.
Veamos un caso concreto. El hospital de Osorno no cuenta con obstetras no objetores y la Clínica Alemana de esa ciudad declaró que será objetora institucional. ¿A qué obligarán esos hechos a las mujeres de esa ciudad? Son más de 100 kilómetros de distancia para llegar a Puerto Montt para atender un aborto por violación, con todo lo que eso implica para la víctima: contar nuevamente los hechos, extender el número de personas vinculadas, más exámenes ginecológicos, etcétera; es decir, habrá revictimización extrema, todo lo contrario a lo que expresa la evidencia psicológica, médica y ética. Ninguna mujer merece tanta desidia de parte del Estado.
Fui de quienes planteó, sin ningún pelo en la lengua, que el protocolo era ilegal. Con la diputada Marcela Hernando y un gran número de diputadas de distintas bancadas no tuvimos dudas frente a aquello. Semanas antes, junto con el diputado Crispi , acompañamos la presentación de las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo ante la Contraloría, y fue justamente esta institución la que confirmó que lo que decíamos era completamente cierto y que lo que hizo el ministro en este hemiciclo fue defender un protocolo ilegal.
¿Solo un error de forma? No, absolutamente no, pues este procedimiento formal también tenía un serio problema de fondo: un ministerio, encabezado por quien está abiertamente en contra del derecho de la mujer al aborto en tres causales, buscó torcer el espíritu de una ley, lo que logró durante varias semanas. Eso produjo efectos graves que, sin duda, se vinculan a la materia de esta sesión especial.
Por ello, el Congreso Nacional debe fiscalizar lo que no ha hecho el ministro: que no existan presiones indebidas para la objeción de conciencia, que se avance en la red preferente de médicos no objetores y asegurar una red de derivación nacional que garantice el derecho de las mujeres, a pesar de la existencia de objetores.
Como es de conocimiento público, he estado y estoy a favor de la acusación constitucional. ¡Cómo no voy a estarlo, si el ministro se niega a responder nuestras inquietudes! No lo hizo en la interpelación, no ha respondido los oficios de la Comisión de Salud ni los que le envié para saber acerca del cumplimiento de la ley en mi distrito.
El ministro no responde, señora Presidenta; el ministro no da garantías.
Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .
El señor CELIS (don Andrés).-
Señora Presidenta, la verdad es que no sé a qué vine, porque no obstante lo que se lee en la citación, esto parece ser una interpelación al ministro.
Me hubiera encantado, en primer lugar, un mea culpa de aquellos parlamentarios que aprobaron el artículo 119 ter, porque algunos diputados presentes, que fueron reelegidos, incluyeron la figura del protocolo, y fue la Contraloría la que señaló expresamente que el protocolo impugnado en el gobierno de Sebastián Piñera y el anterior eran ilegales en cuanto a las obligaciones.
Es decir, tenemos una norma aprobada por el Congreso Nacional, que estableció la figura del protocolo, pero la señorita Cariola y la señorita Vallejo , que más encima impugna una norma que ella misma aprobó, tienen la desfachatez de señalar que el que tiene la culpa es el Presidente Piñera o el ministro Santelices , en circunstancias de que la Contraloría -me lo dijo ayer el contralor observa los dos protocolos.
Debido al tenor que ha adquirido esta “interpelación”, me hubiese encantado que también hubiese estado presente la ministra Castillo . En una entrevista publicada por EMOL, ella señaló que no incurrió en ninguna ilegalidad, ya que la Contraloría no tuvo ninguna observación en cuanto a la conducta que ella tuvo al realizar el protocolo. ¡Miente! ¡Miente descaradamente! ¡Ambos gobiernos cometieron un error! Y lo que está diciendo la Contraloría es en lo que está trabajando el gobierno: en dictar un nuevo reglamento por un error del Congreso, con el contenido, normas y disposiciones que el contralor Bermúdez señaló. ¡En eso está trabajando el gobierno de Sebastián Piñera y en eso está trabajando el ministro Santelices !
¿Saben qué más? Hay otra solución, y es mucho más corta: modifiquemos el artículo 119 ter del Código Sanitario. Si la solución del reglamento no encuadra con lo que la Contraloría y el gobierno quieren, según nuestra legislación vigente, modifiquemos el artículo mencionado. Pero, por favor, no caigamos aquí en la burla de señalar que los del frente son los responsables y los malos y que ustedes son los buenos.
Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .
Señora Presidenta, la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, a pesar de que pueda gustarnos o no, introduce al Código Sanitario el artículo 119 ter, que garantiza la objeción de conciencia para los médicos cirujanos y para el resto del personal que desarrolla funciones en pabellón.
No tengo más tiempo, por lo que solo diré que esto va más allá de las responsabilidades del Estado, ya que se debe empatizar con las mujeres para que reciban atención médica en el caso concreto de violación.
Señora Presidenta, llama la atención la objeción de conciencia del ciento por ciento de los obstetras del Hospital Base San José de Osorno, porque atenta contra el derecho de las mujeres de nuestra provincia a decidir, y, por si fuera poco, la mayoría de esos médicos trabajan además en las clínicas privadas de Osorno. Es decir, ninguna mujer violada podrá optar por la tercera causal en nuestro territorio provincial.
Me pregunto, ¿qué sucede si una niña violada queda embarazada de su agresor y opta por la tercera causal? Si esa niña vive en un sector rural aislado, llegará a su hospital intercultural después de un largo viaje en micro o a caballo, después de salir de madrugada de su hogar. O sea, deberá relatar su tortuosa experiencia de violación en el hospital de su comuna, pero posteriormente deberá ser trasladada al Hospital Base San José de Osorno, donde nuevamente tendrá que repetir su relato al equipo de acompañamiento. Finalmente, deberá ser trasladada más lejos, a Puerto Montt...
Terminó su tiempo, señorita diputada. Tiene la palabra el ministro de Salud, señor Emilio Santelices .
Señora Presidenta, agradezco la invitación que me hicieron para responder las legítimas inquietudes de los parlamentarios en relación con tres centros de atención que, de acuerdo con los antecedentes de que disponen, no darían cobertura para la interrupción del embarazo en tres causales. Me refiero a los hospitales de Huasco, Osorno y San Felipe .
Quiero dar a conocer los detalles del trabajo que hemos realizado para, a partir de eso, darles la certeza de que, como dijo el diputado Fidel Espinoza , estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Además, como dijo la diputada Karol Cariola , es nuestro deber tomar medidas concretas.
Por eso, quiero aprovechar este espacio para trasmitir lo que siempre he sostenido, cual es que el Ministerio de Salud y este ministro estamos abocados a dar cumplimiento a la ley, más allá de cualquier otra consideración jurídica.
En relación con el Hospital Provincial del Huasco, la información ha ido evolucionando, porque hoy contamos con un médico, el doctor Mario Hidalgo Roco , quien se hará cargo de la atención de esas pacientes.
Además, hemos recibido el apoyo de las matronas de dicho recinto hospitalario para constituir un equipo pertinente que preste atención ante un eventual caso de esta naturaleza. De hecho, de acuerdo con nuestros registros, se atendió en el Hospital Provincial del Huasco a una paciente por la causal tres de la ley, situación que afortunadamente para ella se pudo resolver con el equipo médico local.
En cuanto al hospital de San Felipe, tenemos la información de que tres médicos no son objetores. En consecuencia, el hospital cuenta con las competencias y con los profesionales para dar respuesta a la eventual necesidad de atención de las mujeres por las causales que señala la ley. Se trata de la doctora Paulina Zúñiga y del doctor Sergio López ; no tengo el nombre del tercer profesional. Dicho recinto también cuenta con equipos de matronas que no son objetoras.
Respecto del hospital de Osorno, tal como han señalado algunos honorables diputados, existen profesionales que son objetores de conciencia en las tres causales; sin embargo, de acuerdo con nuestros registros, varios de ellos no son objetores respecto de las causales uno y dos.
En estas circunstancias, podemos entregar garantías de que existe cobertura ante una situación de urgencia relacionada con la primera causal, más allá de lo que la ley determina. Además, existe cobertura para la causal dos.
Respecto de la causal tres, dado que los profesionales son objetores de conciencia, hemos dispuesto un protocolo pormenorizado, detallado y afinado, que queremos compartir con ustedes. Para eso hemos entregado varias carpetas al honorable diputado Juan Luis Castro , en su calidad de Presidente de la Comisión de Salud, donde podrán encontrar el protocolo detallado para el Hospital Provincial del Huasco.
Además, hemos dispuesto un cargo para profesionales de otras regiones destinado a atender a las mujeres por la tercera causal de la ley, toda vez que es electiva.
Asimismo, estamos trabajando junto con el Colegio Médico, con el fin de que nos proponga algún profesional para contratar en el cargo disponible o que acuda como interconsultor para dar cuenta de esta situación.
Por otra parte, todos los dispositivos sanitarios de alta complejidad cuentan con equipos de acompañamiento para dar cumplimiento a la ley, información que se encuentra disponible para quien quiera revisarla en detalle.
De manera que, tal como se ha señalado, estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para dar cumplimiento a la ley, con el fin de que se haga efectiva en todos los hospitales, como lo demandó legítimamente el diputado Víctor Torres en su intervención.
En síntesis, estamos cumpliendo celosamente con la ley; estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que se aplique en su máxima expresión, norma inspirada en lo que los legisladores definieron en su momento.
Más allá de eso, este es un espacio privilegiado para dar en conjunto una señal al país. Tal cual señaló el diputado Fidel Espinoza , este es un espacio y una oportunidad para que todas las mujeres de Chile sepan que el Ministerio de Salud está cuidando sus derechos, el que hoy estamos discutiendo y todos los demás. Ellas pueden contar con nosotros.
Finalmente, quiero invitar a los honorables diputados a que sigamos trabajando en conjunto para que podamos resolver otros temas que son parte de la agenda que nuestro país debe cumplir y así responder a la ciudadanía, toda vez que nos encontramos en una situación crítica en materia de salud.
Señora Presidenta, honorables colegas:
¿Cómo pueden las sociedades alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de las mujeres a recibir la atención de salud reproductiva que necesitan y los derechos de los proveedores de atención sanitaria a cumplir los dictados de su conciencia?
Tomando como centro la salud, y las posibles consecuencias para la salud de las pacientes, debemos buscar las respuestas legales, regulatorias y profesionales.
La objeción de conciencia es la negativa a participar en una actividad que una persona considera incompatible con sus creencias religiosas, morales, filosóficas o éticas.
La negativa a suministrar servicios de salud reproductiva ha afectado a una amplia franja de tratamientos y procedimientos diagnósticos, entre ellos el aborto y su atención posterior, algunos componentes de las técnicas de reproducción asistida relacionados con la manipulación o la selección de embriones, los servicios de anticoncepción, incluso la anticoncepción de emergencia, el tratamiento en casos de pérdida inevitable del embarazo o enfermedad materna durante el embarazo y el diagnóstico prenatal.
Se han hecho esfuerzos para equilibrar los derechos de los proveedores y otros miembros del personal de atención sanitaria que expresan su objeción y los derechos de los pacientes.
Convenciones regionales e internacionales de derechos humanos han reconocido tanto el derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, aceptables y de calidad, como el derecho a la libertad de religión, conciencia y pensamiento.
Se entiende generalmente que el derecho a la conciencia corresponde a personas individuales y no a instituciones, y la invocación de la objeción de conciencia se considera un modo de mantener la integridad moral o religiosa de una persona.
También hay controversias sobre si las obligaciones y los derechos varían si un proveedor trabaja en el sector público o en el privado.
A mi juicio, los proveedores del sector público son empleados y tienen la obligación de atender al público por el bien de la comunidad, brindando las “normas de atención” más altas, según lo establecido en las leyes y políticas del Estado.
Señora Presidenta, honorables colegas: en suma, debemos abordar el tema de la prescripción de conciencia, primero con datos descriptivos sobre la prevalencia para evaluar la distribución y el alcance de este fenómeno y para comprender las preocupaciones de los objetores, con el fin de elaborar respuestas respetuosas y efectivas, respuestas que incluyen el establecimiento de criterios para obtener el estatus de objetor, la obligación de informar a los pacientes, la inscripción del estatus de objetor, la derivación obligatoria a proveedores dispuestos a brindar el servicio y la prestación de atención de emergencia. Todo ello nos llevará a determinar si lo regulamos en el caso de nuestro país a través de procesos de debate legislativo, constitucionales, jurisprudenciales, regulatorios, de requisitos laborales o de normas de atención profesional.
En definitiva, los casos específicos que dieron pie para realizar esta sesión especial, debemos abordarlos en su globalidad, normar y regular deberes y derechos de los objetores de conciencia tanto individuales como institucionales que actúan en el sector salud de nuestro país.
Debemos legislar sobre la obligatoriedad de todos los prestadores de servicios de salud tanto individual como institucional a registrarse como objetores de conciencia declarando antes qué prestación de salud no está dispuesto a intervenir, o normar que aquel objetor de conciencia que declara su decisión de no intervenir institucionalmente en los casos que respondan a las tres causales de aborto legal, no recibirá aportes estatales para su funcionamiento, o al igual que lo que señala la legislación laboral vigente, en cuanto la posibilidad del empresario de tener durante una huelga la opción de tener servicios mínimos trabajando, para el caso que nos ocupa, las clínicas y hospitales deberán tener, si reciben aportes fiscales, profesionales de la salud que declaren no ser objetores de conciencia para los efectos de atender abortos legales.
Señora Presidenta, colegas: el problema a resolver no es que circunstancialmente en tres hospitales públicos no existan profesionales dispuestos a actuar en interrupciones del embarazo por las tres causales que este Parlamento aprobó, sino, como se objetiviza, se regula, se obtiene el estatus de objetor de conciencia individual o institucional, para que en definitiva el derecho legítimo de declararse objetor de conciencia no signifique que, en lo que hoy nos ocupa, la legalidad dada al aborto en tres causales se convierta en un derecho al que no se pueda acceder.
Antes de proceder a su lectura, vamos a llamar a votar a los diputados que se encuentran en comisiones.
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 120.
Proyecto de resolución N° 120, de los diputados Juan Antonio Coloma , Christian Moreira , Sergio Gahona , Nino Baltolu , Joaquín Lavín Jaime Bellolio , Ramón Barros , Jorge Alessandri , Rolando Rentería y Virginia Troncoso , que en su parte dispositiva señala:
1. Apoyar la gestión del ministro Santelices , fundamentalmente en lo que dice relación con las listas de espera, la deuda de los hospitales y la deuda y retraso en infraestructura hospitalaria.
2. Mantener un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, ya sea a través de la Comisión de Salud, como en las demás instancias de trabajo propias de la labor legislativa y fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados.
Señora Presidenta, pido la palabra para plantear una cuestión reglamentaria.
Señora Presidenta, la sesión fue citada para analizar la inédita situación surgida a raíz de la aplicación de la ley que regula la despenalización voluntaria del embarazo en tres causales, especialmente respecto de la causal de violación. Por lo tanto, no sé si corresponde votar un proyecto de resolución que no dice relación con ese tema.
¿Se ajusta a Reglamento el que podamos votar este proyecto de resolución? Lo planteo porque de ser así podría presentar un proyecto de resolución respecto de la computación, la programación infantil, sobre el deporte o la reforma tributaria.
Por eso, solicito que Secretaría aclare el punto.
Nunca se han cuestionado los contenidos, pero es efectivo que los proyectos de resolución que se presentan en las sesiones especiales tienen que ver con el objeto de la sesión citada.
Tiene que leer los considerandos.
Señora Presidenta, pido la palabra.
Señora Presidenta, el cuerpo del proyecto de resolución N° 120, de acuerdo a lo que aparece en pantalla, no dice relación con lo que leyó el señor Prosecretario , por lo que pido que aclare lo que vamos a votar.
El señor Prosecretario dará lectura en forma íntegra al proyecto de resolución N° 120.
Los considerandos del proyecto son los siguientes:
1. Que en sesión celebrada el día miércoles 2 de mayo, la Cámara de Diputados citó a responder las preguntas sobre la gestión de su cartera.
2. Que, en relación al cuestionario temático, existe una serie de aspectos en relación a su ministerio que son de gran urgencia y requieren de soluciones al respecto, como son especialmente la deuda de los hospitales, la deuda y retraso en relación a la infraestructura hospitalaria y las listas de espera GES o no GES.
3. Dada la coyuntura política y que el ministro lleva en su cargo poco más de un mes, es fundamental que tanto la Cámara de Diputados como, en general, el Congreso Nacional y las principales autoridades del país colaboren de la mejor manera posible para que se logren soluciones genuinas a aspectos tan relevantes como son las listas de espera, la deuda de los hospitales y la deuda en infraestructura hospitalaria….”.
En verdad, no tiene que ver con el objeto de la sesión.
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .
Señora Presidenta, lo que hacemos en todas las sesiones especiales -por lo menos durante los últimos ocho años- tiene que ver con votar favorable o desfavorablemente proyectos de resolución o de acuerdo que dicen relación directa con el tema por el cual fue convocada la sesión.
En este caso, no ha habido una sola expresión, ni en la petición ni en las intervenciones -he estado presente durante toda la sesión y he escuchado todos los discursos- respecto de la deuda hospitalaria o de otras materias asociadas a los temas de salud.
De manera que solicito formalmente, en aplicación del Reglamento, no votar este proyecto de resolución, porque no dice relación con la materia de esta sesión.
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .
Señora Presidenta, en primer lugar, esta sesión especial no está citada para analizar el aborto en tres causales, sino la situación de tres hospitales y la objeción de conciencia.
En segundo lugar, bajo esa misma regla, el proyecto de resolución N° 121, que firmaron los señores parlamentarios de lo que queda de la Nueva Mayoría, está referido a la contratación de facultativos médicos para el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la convocatoria. Aun más, hay un tercer proyecto de resolución, que también presentaron algunos señores diputados, dice relación con el dictamen, cuestión que no tiene nada que ver con la sesión especial.
Entonces, usemos la misma vara; de lo contrario, lo que se exige a unos no se exige a otros. Los tres proyectos de resolución dicen relación con materias de salud y con el ministro de salud, por lo que se deben someter a votación. Si a algunos les molesta tanto que pongamos prioridad a las listas de espera, entonces voten en contra y listo.
El señor SOTO (don Leonardo).-
Señora Presidenta, es inadmisible. No se puede votar algo que no corresponde a la materia por la cual fuimos citados.
Según el artículo 114 del Reglamento de la Corporación, los proyectos de resolución que se presenten en sesiones especiales deben tener relación con la materia motivo de su convocatoria.
Por lo tanto, el proyecto de resolución N° 120 puede ser discutido en el tiempo destinado a proyectos de acuerdo y de resolución de una próxima sesión, pero no se puede tratar hoy, porque no dice relación con la convocatoria de la sesión.
Para un tema de Reglamento, tiene la palabra el diputado Coloma .
Es la última vez que ofrezco la palabra, porque la Mesa ya tomó una decisión.
El tema está resuelto, señora Presidenta. Sigamos adelante.
Señora Presidenta, quiero señalar dos situaciones.
Primero, sé que a muchas personas les puede molestar entender la deuda hospitalaria y de infraestructura que dejó el gobierno anterior, pero basta con leer el objeto de la sesión, que expresa: “analizar la inédita situación surgida en tres recintos hospitalarios públicos del país…”, en los cuales ocurre una determinada situación.
Parte de la deuda hospitalaria y de los problemas de infraestructura también se da en esos tres hospitales…
-Manifestaciones en la Sala y en las tribunas.
Señor diputado, la decisión ya fue tomada.
Señora Presidenta, déjeme terminar la intervención.
En segundo lugar, cuando uno analiza el proyecto de resolución N° 121, este hace referencia al protocolo. Aquello que es mencionado dice relación con la objeción de conciencia institucional y no con la objeción que aquí se intenta establecer.
Por lo tanto, si no se vota el proyecto de resolución N° 120, debe ocurrir lo mismo con el proyecto de resolución N° 121.
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de resolución N° 121.
Señora Presidenta, en su parte resolutiva, el proyecto de resolución N° 121 señala:
Por consiguiente, las diputadas y diputados abajo firmantes, en ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución Política, solicitan a su excelencia el Presidente de la República y al ministro de Salud cumplir con lo establecido en la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, y lo ratificado por el dictamen N° 11781-18 de la Contraloría General de la República del 09 de mayo de 2018.
En consecuencia, atendido lo expuesto, la autoridad administrativa deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de reemplazar la resolución exenta N° 432, de 2018, por una que se ajuste a derecho y asegure la atención de las mujeres que requieran la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales contempladas en la ley, y además contrate todos los médicos y personal necesarios para dar cumplimiento al mandato legal.
Señora Presidenta, de la lectura se desprende que el proyecto de resolución no dice relación con el objeto de esta sesión especial, sino con la política de contratación y con hacer un reglamento. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la situación de los tres hospitales públicos.
Por lo tanto, por el mismo criterio que usted invocó para no votar el proyecto de resolución N° 120, tampoco se puede someter a votación el proyecto de resolución N° 121.
Señora Presidenta, no corresponde empatar lo que es distinto.
El considerando 6) del proyecto de resolución N° 121 señala:
“6) Que habiendo tomado conocimiento esta Cámara de Diputados respecto a la lamentable situación que aqueja al menos a tres hospitales de la red pública, cuales son los Hospitales de Osorno, Huasco y San Felipe ,…”, y luego describe toda la situación que ha sido materia de esta sesión especial.
Por su parte, el considerando 7) señala: “Y de acuerdo a todo lo anterior (…) se hace necesario que el Ministerio de Salud cumpla con lo estipulado y adopte todas las medidas para contratar en los hospitales de las comunas de Osorno, Huasco y San Felipe en particular, y en general en todo el país, a los facultativos médicos que sean necesarios para que puedan cumplir con la interrupción del embarazo cuando el servicio público de salud sea requerido.”.
Por lo tanto, este proyecto de resolución es completamente admisible.
En votación el proyecto de resolución N° 121.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 5 abstenciones.
Alarcón Rojas, Florcita ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Crispi Serrano, Miguel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; González Gatica, Félix ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Santana Castillo, Juan ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .
Álvarez Ramírez, Sebastián ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Baltolu Rasera, Nino ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Cid Versalovic, Sofía ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Fuenzalida Cobo, Juan ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kuschel Silva, Carlos ; Leuquén Uribe, Aracely ; Luck Urban, Karin ; Mellado Suazo, Miguel ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .
Celis Montt, Andrés ; Flores García, Iván ; Olivera De La Fuente, Erika ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Soto Mardones, Raúl .
Señora Presidenta, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
Señora Presidenta, pido que la Secretaría aclare si es obligatorio votar para los diputados cuando están presentes en la Sala y si, de no hacerlo, se les debe cursar una multa.
Solicito que se dé lectura al artículo correspondiente del Reglamento y que se haga llegar a la Comisión Ética y Transparencia los nombres de todos quienes estaban presentes en la Sala y no votaron.
Señor diputado, efectivamente, es obligatorio votar para todos los diputados que estén presentes en la Sala.
De manera que vamos a revisar las imágenes de televisión y compararlas con la votación para determinar quiénes, eventualmente, no votaron.
Proyecto de resolución N° 122, de los diputados Florcita Alarcón , Fidel Espinoza , Daniella Cicardini , Raúl Leiva , José Pérez , Marcos Ilabaca , Carolina Marzán , Gastón Saavedra , Emilia Nuyado y Renato Garín , que en su parte dispositiva señala:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales adopte las medidas necesarias a fin de:
1. Garantizar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo de conformidad con la ley N° 21.030;
2. Establecer en forma clara que los establecimientos privados que invoquen objeción de conciencia no pueden celebrar los convenios a los que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, en materia de ginecología y obstetricia;
3. Que se establezca que la objeción de conciencia institucional siempre deberá ser manifestada previamente por escrito, indicando los fundamentos por los que solicita abstenerse de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo;
4. Que instruya al ministro de Salud a objeto de que garantice que los protocolos para la manifestación de objeción de conciencia, a los que se refiere el artículo 119 ter, se ajusten a derecho, a fin de asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo de manera segura, como expresión del respeto de sus derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales ratificados por Chile.
Señora Presidenta, quiero plantear un punto de Reglamento.
Señora Presidenta, los puntos 2, 3 y 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que se acaba de leer no guardan relación con lo que ocurrió en la sesión ni con la citación.
Por lo tanto, por la misma razón que usted esgrimió para no votar el proyecto de resolución N° 120, pido que si este proyecto se va a votar, solo se vote el punto 1.
Por otra parte, le digo al diputado Jackson que no tengo problema; no necesito que me amenace.
Pido respeto en la Sala. Tiene la palabra el señor Prosecretario .
En relación con la solicitud del diputado Bellolio , los considerandos hacen referencia a la citación.
No obstante, la sensación de la Secretaría es que el número 1, efectivamente, hace referencia al objeto de la sesión en forma específica. Los otros, si bien rozan el tema de la objeción de conciencia, no son materias específicas de la citación.
En votación el proyecto de resolución N° 122.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 54 votos. Hubo 3 abstenciones.
Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; González Gatica, Félix ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .
Alessandri Vergara, Jorge ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Mellado Suazo, Miguel ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .
Celis Montt, Andrés ; Flores García, Iván ; Rathgeb Schifferli , Jorge .

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 artículo 17
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 artículo 34
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 artículo 26
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 119
 artículo 119
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 artículo 18
 artículo 119
 artículo 119
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