Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-521700346
Timestamp: 2019-02-23 09:45:33+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 244/14 de Corte Constitucional, 11 de Abril de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 521700346
Actor: Alvaro Antonio BolaÑo Orcasita Representante Legal de la Asociacion de Desplazados Parceleros de la Nueva Villa Diana
Expediente: T-4126848
Se alega la violación de derechos fundamentales en virtud de la negativa de las entidades accionadas de ordenar la reubicación de las personas integrantes de la asociación demandante en otro predio diferente al que actualmente habitan, toda vez que han vuelto a ser víctimas de hechos violentos. Se pretende la reubicación de las 26 familias afectadas en terrenos aptos para cultivar la tierra y con agua, no solo para el cultivo y la cría de animales, sino potable para el consumo humano. Igualmente, que cuente con vías de acceso y con garantías para el desarrollo integral de la vida de los niños. La solicitud de amparo se sustenta en los hechos violentos presentados en el territorio que les fue adjudicado en su primer desplazamiento. Concepto de reubicación y derecho a la reubicación de los desplazados. La ley 1448 de 2011. La sentencia c-280/13. La sala de revisión concluye que se vulneran los derechos a la reubicación y a la vivienda digna de los desplazados, si la unidad administrativa especial para la atención y reparación de víctimas y el incoder niegan la reubicación argumentando que las personas desplazadas ya fueron beneficiarios de la adjudicación de tierras, cuando se demuestra que en dichos terrenos se han generado hechos violentos que traen como consecuencia un nuevo desplazamiento. Concedida.
Referencia: expediente T-4.126.848 Fallos de tutela objeto de revisión: Sentencia del 31 de julio de 2013, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura  Sala Jurisdiccional Disciplinaria  que revocó la sentencia del 8 de julio de 2013, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, que tuteló los derechos invocados. A.: Á.A.B.O. representante legal de la Asociación de Desplazados Parceleros de la Nueva V.D.. Accionados: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas. Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: M.G.C., L.G.G.P. y G.E. M.M.. Magistrado ponente: M.G. CUERVO.
1.2.2. En el año 2007, INCODER seleccionó a 66 familias de campesinos desplazados por la violencia, para adjudicarles tres fincas, ubicadas a 21 kilómetros del municipio de Maicao en el departamento de la Guajira (corregimiento de la Majaruya), denominadas V.D., Rancho Luna y La Luna, con una extensión de 932 hectáreas aproximadamente, las cuales fueron divididas por predios de 14 hectáreas para cada familia.
1.2.4. El predio de V.D. ha sido objeto de incursiones guerrilleras[3], por ejemplo: (i) el 26 de marzo de 2011 fue dinamitado el gaseoducto A.R., el cual pasa por los predios de V.D.; (ii) 22 de junio de 2011 hubo un enfrentamiento entre el ejercito y la guerrilla; (iii) 16 de julio de 2011 nuevamente dinamitan el gaseoducto; (iv) el 17 de agosto de 2011 intentaron dinamitar nuevamente el gaseoducto; (v) el 27 de septiembre de 2011, se desactivo un cilindro bomba; (vi) el 21 de enero de 2012 se produjo un enfrentamiento dentro de la zona comunal, dejando 1 soldado muerto y 4 gravemente heridos, y desactivando 4 cilindros bomba.
1.2.5. El 11 de julio de 2011, se realizó una mesa de prevención y protección de riesgo en la comunidad V.D., asistieron la administración municipal, la defensoría del pueblo, la Umata  Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria  y miembros de la parcela V.D., los cuales relataron, con preocupación, los hechos ocurridos el 26 de marzo y el 22 de junio. Todos los asistentes se comprometieron a trabajar en conjunto para encontrar solución a la problemática[4].
1.2.6. El 26 de enero de 2012, se realizó una reunión del Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada, donde el señor Á.B. expuso las situaciones relatadas en el punto 1.2.4., manifestando que temían por sus vidas y por lo tanto no volverían a sus parcelas[5]. En consecuencia, las 26 familias se desplazaron al municipio de Maicao y solicitaron al INCODER su reubicación, pues consideran que no deben regresar a V.D..
1.2.8. El 28 de junio de 2012, se realizó una nueva reunión donde la administración municipal se comprometió a firmar un convenio con el INCODER para la Titulación de Baldíos para Desplazados, con un plazo no mayor al 31 de diciembre de 2012; la Secretaría de Salud se comprometió a prestar el servicio de salud a todos los desplazados, y el Departamento de Planeación se comprometió a informar el proceso en que se encuentra el proyecto de vivienda[6].
2.1. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  INCODER [10].
2.1.1. Que el predio V.D. se adjudicó el 20 de noviembre de 2007 a 66 familias, y en la actualidad es de propiedad privada, por lo tanto, el INCODER no cuenta con la legitimación para realizar la reubicación solicitada. Adicionalmente, acorde con la Ley 1448 de 2011, son la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los Comités de Justicia Transicional Municipales y Departamentales, las instancias competentes para la atención de la problemática de reubicación.
Declaraciones juramentadas rendidas ante el juez de primera instancia.
3.1. D.E.R., X.P.W.. Dijeron ser parte de la Asociación de Desplazados de la Parcela Nueva Villa Diana desde el año 2010, la cual está conformada por 26 familias, manifestaron que autorizaron al señor Á.A.B. para que presentara la acción de tutela en representación de la asociación, y que lo que buscan es la reubicación.
4.1. Sentencia del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira  Sala Jurisdiccional Disciplinaria , del 8 de julio de 2013[12].
Concedió el amparo. Luego de avalar la legitimidad por activa, consideró que el INCODER no sólo desconoció la situación de desplazamiento de los accionantes, sino la obligación que tiene como autoridad pública encargada del manejo y la adjudicación de tierras de explotación rural, de atender de forma, oportuna, eficaz y sin dilación alguna, la problemática de desplazamiento masivo que afronta la comunidad NUEVA V.D.. Adicionalmente, en los comités realizados para solucionar la problemática de los accionantes, se acordó que el INCODER haría todo lo posible por reubicar a la comunidad, sin embargo, hasta la fecha ello no ha sido posible, ni siquiera se han tomado medidas transitorias.
4.2.1. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  INCODER [13]. Reiteró que la competencia para la reubicación de los accionantes está en cabeza de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas.
4.3. Sentencia del Consejo Superior de la Judicatura  Sala Jurisdiccional Disciplinaria , del 31 de julio de 2013[14].
En el caso concreto, (i) quien interpone la acción de tutela es el señor A.A.B.O., quien es el representante legal de la asociación de Desplazados Parceleros de la Nueva V.D.;[18] (ii) los miembros de la asociación en cuya representación se eleva la solicitud de amparo constitucional aparecen claramente identificados mediante un listado consignado en el expediente de tutela, con la correspondiente identificación de cada uno de ellos, además, esta información se encuentra respaldada por la declaración juramentada de dos integrantes de la Asociación; y (iii) ninguno de los agenciados hizo manifestación alguna de no querer que la acción se interponga en su nombre, ni existe ninguna evidencia dentro de las pruebas disponibles de tal ausencia de voluntad.
2.3.2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es una entidad pública del orden nacional que tiene como objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, P. y de Desarrollo Rural (Decreto 2478/99, art. 2). Por tanto, es una entidad de carácter público, contra la cual, también resulta procedente la acción de tutela.
2.4. I.. La pretensión de los accionantes busca su reubicación, pues desde el 21 de enero de 2012, se vieron forzados a salir de su territorio, a causa de la violencia armada. Desde esa fecha se han llevado a cado diferentes reuniones, donde los afectados y las autoridades accionadas han concertado algunos mecanismos de solución a los problemas de la comunidad, la última fue realizada en octubre de 2012. Sin embargo, al 20 de junio de 2013, fecha en la cual se presentó la acción de tutela, no se han implementado las soluciones acordadas en dichos comités.
2.5. Subsidiariedad. Según la jurisprudencia constitucional[20], en el caso de las víctimas y población desplazada, se ha establecido que la acción de tutela es el mecanismo de defensa idóneo para garantizar los derechos fundamentales de las personas que se encuentren en un particular estado de vulnerabilidad o indefensión; en virtud de lo cual, requieren de una defensa constitucional preferente.
Esta S. no comparte la decisión adoptada por el juez de instancia, pues de las pruebas aportadas al proceso sí es evidente la existencia del perjuicio, pues nos encontramos frente a una comunidad conformada por personas mayores y menores de edad, que fueron desplazadas de su territorio donde trabajaban y habitaban, quienes actualmente no cuentan con la satisfacción de los servicios y bienes de primera necesidad. Máxime cuando las autoridades accionadas, teniendo conocimiento de la situación de la comunidad, no han dado una solución de fondo.
Concepto de reubicación y derecho a la reubicación de los desplazados.
4.1. Acorde con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, formulados en 1998 por las Naciones Unidas, las autoridades públicas deben garantizar que las personas desplazadas i) tengan acceso a alimentos, a agua potable, a alojamiento, a vivienda y a saneamiento esenciales[23]; ii) tengan la posibilidad de regresar voluntariamente a su hogar o de ubicarse en otra parte del país, en condiciones de seguridad, participando en la planificación y gestión de su regreso o reasentamiento y, finalmente, iii) tengan la posibilidad de recuperar sus propiedades abandonadas o de ser indemnizadas o reparadas de manera justa. Es así como, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la Corte se pronunció en por lo menos dos oportunidades, respecto de estos principios, así:
4.2. En la sentencia T-1115 de 2008, se estudió el caso de unas familias desplazadas que habían sido reubicadas en un predio rural que no tenía las condiciones mínimas necesarias para su habitabilidad ni para la explotación agraria a la cual estaba destinado esta Corporación ordenó su reubicación en un predio que tenga condiciones de habitabilidad, agua potable y posibilidades de establecer cultivos que les permitan obtener una subsistencia digna, pero que también tenga vocación agropecuaria que asegure su estabilización socioeconómica. En este proceso de reubicación se deberán respetar los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad señalados y asegurar la plena participación de los afectados.
4.3. En la sentencia T-528 de 2010, se estudió el caso de un desplazado a quien se le otorgó un predio con las siguientes características: i) el predio adjudicado no tenía vivienda; ii) la tierra era árida e improductiva; iii) no tenía agua potable y, iv) nunca le otorgaron ningún crédito para poder llevar a cabo el proyecto productivo que permitiría su estabilización socioeconómica.; adicionalmente el actor se vio obligado a abandonar su parcela debido a las amenazas proferidas por algunos de sus vecinos que, al parecer, pertenecían a grupos al margen de la ley. La Corte consideró que I. desconoció flagrantemente el derecho a la reubicación en el caso concreto, puesto que el predio no reunía las condiciones mínimas necesarias para asegurar al hogar desplazado el derecho a un nivel de vida adecuado, contenido en el principio 18 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, formulados en 1998 por las Naciones Unidas, pues por sus características, la familia del actor no pudo acceder ni a alimentos, ni a agua potable, ni a vivienda, ni a saneamiento esenciales. Además, tampoco se dio cumplimiento al principio 28 antes citado porque el INCODER adjudicó un predio al peticionario sin garantizar la seguridad de la familia.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2001[24] Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones., se estableció la figura de la reubicación de personas víctimas de desplazamiento forzado, contemplada en el artículo 66:
Artículo 72.De la reubicación.La reubicación es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado deciden asentarse en un lugar distinto del que se vieron forzados a salir.
Artículo 73.Objeto.El presente capítulo tiene por objeto establecer las condiciones para aquellas personas u hogares que deciden regresar a sus tierras voluntariamente o deciden establecerse en un lugar diferente al de su expulsión, contribuyendo a la atención y reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado.
Artículo 74.Principios que deben regir los procesos de retorno y reubicación. En los procesos de retorno y reubicación se tendrán en cuenta los siguientes principios:
Seguridad. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas coordinará con las autoridades competentes las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad requeridas para evitar la vulneración de los Derechos Humanos y la ocurrencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Voluntariedad. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas ofrecerá las condiciones necesarias para que la decisión de retorno o reubicación de las víctimas se tome de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las condiciones en que se encuentra el lugar de destino.
Dignidad. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas brindará acceso a planes, programas y proyectos orientados a la atención y reparación integral de las víctimas, con el fin de contribuir al goce efectivo de sus derechos en condiciones de respeto a su integridad y dignidad.
Artículo 75.Gradualidad en la garantía de los derechos en la ejecución de los planes retorno y reubicación. En la ejecución de los planes de retorno y reubicación, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, en coordinación con las demás autoridades involucradas en el proceso de atención, asistencia y reparación a las víctimas, garantizará de manera prioritaria la atención básica en salud, educación, alimentación, identificación, reunificación familiar, orientación ocupacional, vivienda y atención psicosocial; y de manera complementaria, progresiva y gradual, el acceso o restitución de tierras, servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo y fortalecimiento de la organización social.
Artículo 76.Responsabilidades institucionales. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas coordinará y articulará el diseño e implementación de las acciones dirigidas a garantizar la implementación integral de los procesos de retorno y reubicación, en conjunto con las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas.
P.. Las acciones de coordinación, planeación, seguimiento y participación de las víctimas incluidas en los procesos de retorno y reubicación se realizarán en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional bajo los lineamientos previstos en el Protocolo de Retorno y Reubicación.
Artículo 77.Esquemas especiales de acompañamiento para la población retornada y reubicada.La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas desarrollará esquemas especiales de acompañamiento para atender de manera prioritaria aspectos relacionados con vivienda, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo, a los hogares en proceso de retorno o reubicación individuales o colectivos en zonas rurales y urbanas.
Parágrafo 1°.La implementación de los esquemas especiales de acompañamiento se hará bajo criterios de focalización definidos por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas en concordancia con los principios de gradualidad y complementariedad.
Parágrafo 2°.Los esquemas especiales de acompañamiento tendrán una duración máxima de dos (2) años y se aplicarán de manera preferente a aquellos retornos o reubicaciones que se deriven de los procesos de restitución de bienes inmuebles.
Parágrafo 3°.La población víctima del desplazamiento que se encuentre fuera del territorio nacional y que manifieste su voluntad de retornar o reubicarse podrá ser incorporada en los esquemas especiales de acompañamiento.
Artículo 78.Protocolo de retorno y reubicación.El Protocolo de Retorno y Reubicación es el instrumento técnico para la coordinación, planeación, seguimiento y control de los procesos de retorno y reubicación a las personas, familias o comunidades víctimas del desplazamiento forzado en los contextos urbanos o rurales que hayan retornado o se hayan reubicado con o sin el apoyo institucional, para lograr el acompañamiento estatal en el marco de su competencia.
La sentencia C-280 de 2013.
6.2. Establecer que las personas, quienes después de haber padecido un desplazamiento forzado, decidan voluntariamente retornar o reubicarse procurarán permanecer en el sitio que hayan elegido, en opinión de la Corte ese parámetro resulta razonable, en cuanto pretende rodear el proceso del retorno de mínimas condiciones de seriedad y estabilidad que favorezcan su sostenibilidad hacia el futuro, aunque sin limitar ni impedir de manera absoluta la posible reconsideración, e incluso el abandono de la locación inicialmente escogida, si sobrevinieren circunstancias que así lo ameriten.
Acorde con las consideraciones expuestas en esta sentencia y los hechos planteados en la demanda y en las contestaciones de la misma, considera la Sala Segunda de Revisión, que las autoridades accionadas, en cabeza de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, vulneraron los derechos fundamentales de los representados por el señor Á.A.B.O..
7.1. En efecto, el señor Á.A.B.O. interpuso acción de tutela en representación de las siguientes personas, las cuales hacen parte de la Asociación de Desplazados Parceleros de la Nueva V.D.:
No. Nombre y Apellidos Identificación Están registrados en el INCODER?
1 Á. B.O. c.c. 77.151.928 SI
2 F. R.A. c.c. 18.933.477 SI
3 C. E.R.D. c.c. 9.136.690 SI
4 D. J.M.J. c.c. 84.070.753 SI
5 E. M.J.T. c.c. 30.057.187 SI
6 M. N.V. c.c. 32.605.578 SI
7 J. A.G.G. c.c. 91.105.196 SI
8 J. R.G. c.c. 84.041.480 SI
9 W. R.S. de Á. c.c. 18.935.175 NO, pero aparece como firmante en una de las actas de los comités. Folio 33.
10 P. C.R.A. c.c. 18.932.797 SI
11 C. F.M. c.c. 42.401.135 SI
12 M. A.M.F. c.c. 84.070.840 SI
13 L. S.M.R. c.c. 26.231.359 SI
14 X. P.W. c.c. 43.728.765 SI
15 D. A.C.A. c.c. 17.904.456 SI
16 L. P.N.A. c.c. 1.123.993.048 SI
17 I. P.M.G. c.c. 1.123.991.315 SI
18 N. P.S. c.c. 36.518.695 SI
19 S. C.M.M. c.c. 9.153.848 SI
20 D. E.R. c.c. 49.695.833 SI
7.2. Como consecuencia del desplazamiento forzado del que fueron víctimas, en el año 2007 a los accionantes les fue adjudicado un predio en el municipio de Maicao, en el departamento de la Guajira, el cual fue denominado como la Nueva V.D., y les fue entregado un capital semilla para labrar la tierra y criar animales.
7.4.1. El 26 de marzo de 2011, sufrieron la voladura de la línea del gasoducto A.R. a escasos 400 metros de la comunidad.
7.5.1. El 24 de junio de 2011, se realizó un consejo de seguridad con 15 participantes de la comunidad de V.D. y los lideres O.P. y J.G., para solicitarle a las autoridades locales tomar medidas para evitar un nuevo desplazamiento, entre ellas maquinaria para el despeje de las zonas montañosas.
7.5.2. El 11 de julio de 2011, se reunieron en las instalaciones de la alcaldía municipal de Maicao, la Administración Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Umata y miembros de la parcela V.D., con el fin de realizar una mesa de prevención y protección para hacer una análisis de la situación que se presentaba en la comunidad.
7.5.3. El 21 de julio de 2011, se realizó una segunda reunión con los líderes Á.B. y J.G., en donde se manifestó el incumplimiento de las autoridades de los acuerdos.
7.5.4. El 26 de enero de 2012, se reunieron en el auditorio de la secretaría municipal de salud, los miembros del comité municipal de atención a la población desplazada, con el fin de tratar de manera urgente la situación de desplazamiento de miembros de la comunidad de V.D..
7.5.4.2. Parceleros: (i) el señor Á. bolaños hizo un relato de los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2001, el 22 de junio de 2011, el 16 de julio de 2011, el 17 de agosto de 2011, el 27 de septiembre de 2011, y el 21 de enero de 2012; (ii) que se han incumplido los compromisos de parte de las autoridades; (iii) denunciaron que temían por sus vidas; (iv) que no cuentan con vías de acceso, con seguridad, con servicio de agua, la educación es precaria; y (v) que por todo lo anterior, no volverán a sus parcelas.
7.5.5.1. Personería Municipal: que recibió la declaración de 26 familias que decidieron evacuar las parcelas de V.D., realizó el proceso de protección de tierras en la oficina de instrumentos públicos, y realizó un censo de las personas en condición de desplazamiento que lo entregaría a los entes correspondientes.
7.5.6.3. Defensoría del Pueblo: de acuerdo con la visita realizada a V.D., se evidenció que son personas que viven de sus tierras y no tienen otra manera de subsistir, tiene carencia de agua y dificultades para que los niños estudien.
7.5.7.2. Alcaldía municipal: (i) a través de la Resolución No. 0598 del 19 de junio de 2012, se aprobó un subsidio de arrendamiento para las personas desplazadas de V.D., el cual podrían reclamar en el banco; (ii) que el INCODER debe emprender una gestión en Bogotá para que el gobierno central contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de V.D., pues fue el INCODER quien adjudicó ese terreno; (iii) que el INCODER debe gestionar ante Bogotá la reubicación de los desplazados.
7.5.7.3. Unidad de Víctimas: dejó en claro que el INCODER a pesar de ser invitado, no asistió, y está de acuerdo con la alcaldía respecto de que la solución definitiva a la problemática de V.D. la tiene el gobierno central y tiene mucha incidencia el INCODER.
7.7. El 24 de abril de 2012, se realizó una reunión de los parceleros con el INCODER, en ella, los primeros se comprometieron a llevar censos, recortes de periódicos, publicaciones y actas de comités; los segundos a enviar un informe completo a la subgerencia de promoción sobre el caso V.D..
7.11. La Sala concluye que: (i) los accionantes son desplazados por la violencia - en los comités fueron reconocidos como tal -, la Defensoría del Pueblo dijo haber tomado las declaraciones del caso, y en la respuesta a la acción de tutela las accionadas no refutaron tal hecho; (ii) pese a tener conocimiento de la situación de la comunidad de V.D., la alcaldía municipal, el INCODER y la Unidad de Víctimas, en los casi 2 años transcurridos desde el desplazamiento hasta la fecha de presentación de la tutela, no han otorgado a los accionantes una solución concreta a sus problemas surgidos con ocasión del desplazamiento, esto, sin desconocer el ánimo de colaboración que han expresado en las diferentes reuniones.
Los accionantes, integrantes de la comunidad de V.D. solicitan por vía de tutela su reubicación en otro predio, pues el que les fue adjudicado por el INCODER, por su condición de desplazados, ha sido blanco de ataques por grupos al margen de la ley, por lo que consideran que su vida corre peligro. Los hechos de violencia y el deseo de ser reubicados son conocidos por el Ministerio Público, por las autoridades locales, por la unidad de víctimas, por el INCODER, entre otros; y pese a ello, desde marzo de 2011, no se ha dado una solución de fondo y concreta al desplazamiento de estas personas.
La Sala Segunda de Revisión considera que se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, al dilatar en el tiempo una decisión definitiva respecto de la reubicación solicitada por los accionantes, a pesar del desplazamiento forzado sufrido por los integrantes de la comunidad de V.D..
PRIMERO.- REVOCARel fallo proferido el 31 de julio de 2013, por el Consejo Superior de la Judicatura  Sala Jurisdiccional Disciplinaria , que revocó el fallo proferido el 08 de julio de 2013 por el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira  Sala Jurisdiccional Disciplinaria  que concedió el amparo solicitado, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de los accionantes en los términos de la presente sentencia.
SEGUNDO.- ORDENARa la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación las Víctimas y al INCODER, que en el término de 4 meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, coordine y articule el diseño e implementación de las acciones dirigidas a garantizar integralmente la reubicación de los accionantes en este proceso, en conjunto con las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. El cual deberá terminar con la reubicación efectiva de los demandantes, en el mismo término establecido. En este proceso de reubicación se deberán respetar los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad señalados y asegurar la plena participación de los afectados.
TERCERO.- ORDENARa la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación las Víctimas que, mientras se reubica a estas familias y hasta tanto se logre su restablecimiento socioeconómico, dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación de la presente sentencia, coordine con las autoridades nacionales y locales responsables, las acciones pertinentes, oportunas y efectivas que aseguren que estas familias reciban la provisión adecuada y suficiente de agua potable, alimentos, vestuario y demás componentes de la ayuda humanitaria de emergencia, así como para asegurar el goce efectivo de sus derechos a la educación y a la salud. Esto incluye la entrega de las ayudas o auxilios necesarios que aseguren a los accionantes una vivienda que cumplan con condiciones de dignidad y salubridad, así esta sea de carácter temporal.
CUARTO. El cumplimiento de este fallo será verificado por el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira  Sala Jurisdiccional Disciplinaria , como juez de primera instancia en el proceso de tutela; con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, a quién se le enviará copia de este fallo.
QUINTO.- LÍBRENSEpor Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[16] El certificado de inscripción de ASODPNVD, expedido por la Cámara de Comercio de la Guajira, da constancia expresa de que el ciudadano Á.A.B.O. obra como representante legal de la asociación. Folios 10 al 12.
[18] En los folios 205 al 209 reposan declaraciones de las señoras D.E.R. y X.P.W., donde indican que el señor Á. esta actuando en representación de la Asociación, para reclamar los derechos que los corresponden.
[21] Principio 18:
Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de la mujer en la planificación y distribución de estos suministros básicos
[22] Principio 28:
Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.
Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.
[23] Principio 29:
Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.
Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan.
Sentencia nº 13001-23-31-000-2012-00387-01 de Consejo de Estado - Sección Primera, de 10 de Octubre de 2012
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 34038 de 21 de Julio de 2010

References: artículo 66

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78
 Resolución 
 artículo 36