Source: https://www.scribd.com/document/276511367/01-Los-Informes-de-Control-Moron-Urbina
Timestamp: 2018-12-17 09:30:54+00:00

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Sentencia del TC que declara infundada demanda de Toledo contra Com. de Fiscalización
La Técnica de Casación en El Sistema Penal Acusatorio_causas de Inadmisión Del Recurso
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Morón Urbina_Comentarios a la LPAG
Principales Cuestiones Acerca Del Código Orgánico General de Procesos
Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) Comentada - Juan Carlos Morón Urbina
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Laboral Prueba Confesional
proyecto reforma Código Procesal Civil
BOLILLA 13- Peyrano J. - Sobre La Prueba Cientifi
Casación N° 709-2016-Lambayeque
Karina 2004
Evidencia Digital en El Derecho Argentino Rivolta, Mercedes
Audiencia Preparatoria , Parte de La Defensa
498-99 Cajamarca Sociedad de Gananciales
Teoría Gral. de La Prueba
Rayford, Regindald R. y Otros S-Tenencia de Estupefacientes
El_juez_y_la_prueba
La Oralidad en El Proceso Civil y Su Marco Constitucional
Copia Proyecto de Investigacion II
Principios y Fundamentos Del Derecho Procesal Penal
SAP MURCIA 55:2016, DE 28-01-2016
Los informes de control y su calidad de
prueba preconstituida: La posición de la Corte
Suprema al respecto
Juan Carlos Morón Urbina(*)
Primera Parte(**)
I.	Evolución normativa de la naturaleza
de prueba preconstituida de los informes de control.
II.	La prueba preconstituida dentro de las
clasificaciones doctrinarias acerca de la
III.	El carácter de prueba preconstituida es
independiente de la obligación de implementar las recomendaciones contenidas en el informe sobre deslinde de
IV. ¿El informe de control es requisito de
procedibilidad para deslindar responsabilidades funcionales? ¿El informe
de control circunscribe el alcance del
deslinde judicial?
V.	Reglas jurisprudenciales para valorar
el mérito de un informe de control en
sede judicial con ocasión de la sindicación de responsabilidades funcionales.
VI.	Conclusiones.
"(…) estamos de acuerdo con la
tesis que sustenta la Corte Suprema cuando indica que el informe de control no circunscribe el ejercicio de la jurisdicción
penal ni vinculan al Ministerio
Público ni al Poder Judicial."
(*)	Socio del Estudio Echecopar. Catedrático en la
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex Catedrático de la
en los Postítulos de Derecho Público, Contratación Estatal y Procesos Constitucionales de
la Pontificia Universidad Católica del Perú, en
la Universidad de Lima (Diplomado Gestión
Pública) y en la Universidad San Ignacio de
Loyola (Diplomado de Formación Practica en
Contratación Publica). Consultor en Gestión
Pública, Contratación Estatal y Concesiones.
(**)	La segunda parte del presente artículo se
publicará en la Revista de Gestión Pública y
Desarrollo – Edición Octubre 2011.
El Informe de Control es un documento que tiene por objeto exponer aquellos hechos
que evidencian indicios razonables de la comisión de un delito, hallados durante una
acción de control o exámenes de auditoría, previa evaluación de las aclaraciones y comentarios. Este documento tiene a su vez, según la normativa actual, la calidad de prueba
pre-constituida, sirviendo de esta manera para el inicio de las acciones administrativas
y/o legales que sean recomendadas en dichos informes.
Según Gómez Orbaneja, la prueba pre-constituida es “aquella en que el medio o fuente
de prueba preexiste al proceso, o sea, la prueba mediante la cual se trae al proceso una
representación ya formada a fin de comunicar al Juez por ese medio y fijar en la sentencia
la existencia del hecho representado que constituye el thema probandum”. En otras palabras -y aplicando dicha definición al tema que nos interesa-, la prueba pre-constituida
sirve para dar inicio a los procesos judiciales o procedimientos administrativos sancionadores pertinentes (según sea el caso), teniendo validez probatoria para definir la situación
jurídica del imputado.
En el presente artículo, el autor realiza un análisis de las propuestas para modificar el artículo
15 literal f) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de
la Republica - Ley Nº 27785, el cual propone la supresión del carácter de prueba preconstituida a los informes de control y sustituirlo por el deber de las autoridades de “merituar su
contenido para las acciones subsiguientes”. Como bien apunta el autor, dichas propuestas
desconocen los alcances de la prueba pre-constituida, confundiéndola con el valor probatorio pleno o tasado como se conoce en la doctrina procesal.
ace no mucho tiempo atrás se
elaboró un proyecto de modificación al artículo 15 literal f) de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la
República (Ley Nº 27785) preparado por
el Poder Ejecutivo, el cual propone la supresión del carácter de prueba preconstituida a los informes de control y sustituirlo por el deber de las autoridades de
“merituar su contenido para las acciones
subsiguientes”.
Dicha propuesta, explícitamente reemplaza la frase referida a que los informes de control son “prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y/legales que sean recomendadas
en dichos informes”, y reemplazarla por
la frase “(los informes de control) serán
merituados debidamente como material
probatorio para el inicio de las acciones
administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos informes”.
El argumento esencial de esta propuesta de reforma es que la calificación
de prueba preconstituida de los informes
derivados de una acción de control en
cualquiera de sus variedades (en adelante solo “informes de control”) sería
inconstitucional por cuanto el Tribunal
Constitucional ha descalificado las pruebas plenas o tasadas dado que nuestro
sistema constitucional sigue el criterio de
la libertad de apreciación judicial de todas
las pruebas(1). Como se puede apreciar,
los autores de la propuesta asumen que
la calidad de prueba preconstituida de los
informes de auditoria equivale a dar mérito de prueba plena o de prueba tasada a
la opinión profesional del auditor gubernamental y por ende, que las autoridades
destinatarias de las recomendaciones de
un informe de auditoría (jueces o autoridades administrativas) no tienen facultad
alguna para apreciar el merito de estos
documentos y deben resolver automáticamente en base de ellos. Ello resulta particularmente implicante en aquellos casos
en que mediante informes especiales o a
través de las recomendaciones contenidas
en los informes de control se recomienda
el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles o penales en algún funcionario. Según esta tesis, el carácter de
prueba preconstituida conduciría a que el
sindicado debiera ser sancionado directamente -sin admitir prueba de descargoen la vía administrativa o judicial.
constituyendo prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos informes. Del mismo modo. En el caso de que los informes generados de una acción de control cuenten con la participación del Ministerio Público y/o la Policía Nacional. Por ende. identificando el tipo de responsabilidad incurrida. no advirtiéndose de autos al no obrar declaración en contrario. conforme a las exigencias de la ley de la materia. la instauración de proceso de fiscalización. por la que es atribución del Sistema “exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en la función que desempeñan. En esta cláusula se supera la imperfección señalada en la norma predecesora y atribuye per se a los informes resultado de las acciones de control el carácter de prueba preconstituida.“Emitir. Lamentablemente por tratarse de un decreto ley no es posible conocer la exposición de motivos o debates del anteproyecto de norma. desde una perspectiva literal no eran los auditados quienes debían asumir que los informes eran prueba preconstituida. las ya mencionadas NAGU también regulan lo referido a la oportunidad del Informe (4. ii) El informe debe contar con el debido sustento técnico y/o legal. cuando dentro de la facultad de declarar responsabilidades y determinar sanciones como consecuencia de las acciones de control.10(2) define dicho Informe de control. Por tanto. descalifica como pruebas preconstituidas las denominadas “Hojas de Recomendación” formuladas de manera unilateral por los órganos del sistema. conforme lo exige el artículo 32 de la Ley Nº 27444. incluyendo a los denominados informes especiales que revelan indicios de delitos(3) y responsabilidades civiles(4)(5) y aquellos que solo contienen medidas correctivas de gestión y responsabilidades administrativas. la propuesta de reforma constituye la cúspide de una secuencia de equivocaciones suscitadas por el desconocimiento generalizado del carácter de “prueba preconstituida” que la ley atribuye a los informes de control. No queda claro si para el legislador por la característica de prueba preconstituida se deberían emprender las acciones recomendadas o solo es que esos informes técnicos tienen como destino ser empleados en los procedimientos que se sucedan.. características (4. se colige que el citado medio probatorio no demuestra. constituyendo simples dichos” Setiembre de 2011 C7 . la calidad de prueba preconstituida no resultaba ser un atributo per se y erga omnes de todos los informes de control. los Informes respectivos con el debido sustento técnico y legal. civil o penal y recomendando la adopción de las acciones preventivas y correctivas necesarias para su implementación”. Ellos se emiten en ejercicio de la facultad que le acuerda el artículo 15 literal e) de la misma Ley. sino que eran los integrantes del sistema quienes podían considerarlos así. Para no contaminar el análisis con apreciaciones personales.Sistemas Administrativos Cierto es que la noción de prueba preconstituida es inusual en nuestra legislación nacional. Por ello. no corresponderá abrir investigación policial o indagatoria previa. Claro esta. que ratificó y precisó el carácter de prueba preconstituida de dichos informes de la siguiente manera: I. En ese sentido. lo que nos hubiese orientado para reconocer el sentido que con la calidad de prueba preconstituida se quería asignar a los informes de control. menos si no se encuentran respaldados con otras pruebas que corroboren las afirmaciones vertidas.. En efecto. sino mas bien era una atribución de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Sectorial e Institucional considerar como tales a los informes y dictámenes. sea administrativa funcional.“Considerar que los informes y/o dictámenes resultado de una acción de control emitidos por cualquier órgano del Sistema constituyen prueba pre-constituida para la iniciación de las acciones administrativas y/o legales a que hubiera lugar”. Como veremos en este ensayo. Como sabemos la NAGU 4.30) y contenido del Informe (4. se arriba a la conclusión que la citada Hoja de Recomendación es un documento elaborado unilateralmente el Auditor del demandante.20).40). con la finalidad de brindar suficiente información a los funcionarios de la entidad auditada y estamentos pertinentes. pero ello no es justificación para que los autores de la propuesta (fundamentalmente auditados) desconozcan los alcances de dicho carácter y procedan a confundirlo con el valor probatorio pleno o tasado como se conoce en la doctrina procesal. como: “el documento escrito mediante el cual la Comisión de Auditoría expone el resultado final de su trabajo. Cabe resaltar que la norma incorpora dos exigencias -aunque obvias. por ejemplo. la Corte Suprema(6) ha restado su calidad afirmando que: “”DECIMO PRIMERO. por tanto. Así parece desprenderse de la frase “constituyen prueba pre-constituida para la iniciación de las acciones administrativas y/o legales a que hubiera lugar”. Reincorporados al régimen democrático. Lo que sí vale apreciar es que por la forma en que se redactó la disposición legal. Luego volveremos sobre este efecto de las pruebas preconstituidas. además del Informe Especial (4. como resultado de las acciones de control efectuadas. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.. los argumentos que sustentan la pretensión de la actora. nos limitaremos a exponer la posición que sobre este tema ha enarbolado correctamente el Poder Judicial cuando al momento de valorar el mérito de algún informe de control ha cumplido con exponer sus propiedades y también sus límites.50). Artículo 15° f). se estableció como atribución de los diversos órganos del SNC: Artículo 16° inciso f).Siendo esto así. para arribar al informe debe haberse seguido regularmente el procedimiento establecido para su generación y contar con un debido sustento técnico y legal. a través de juicios fundamentados en las evidencias obtenidas durante la fase de ejecución. y. en el que a la recurrente se le hubiese dado la oportunidad de efectuar los descargos correspondientes con la finalidad de desvirtuar cada una de las imputaciones contenidas en dicho informe. e incluir las recomendaciones que permitan promover mejoras en la conducción de las C actividades u operaciones del área o áreas examinadas”. dicho decreto ley fue derogado por la Ley Nº 27785. cualquier otro documento proveniente del Sistema Nacional de Control carente de estas condiciones no podrá ser considerado como una prueba preconstituida. tenemos ya definido en vía jurisprudencial qué es y qué no es una prueba preconstituida. consideramos conforme a derecho la posición de la Corte Suprema de la Republica cuando. así como solicitar u ordenar de oficio la actuación de pericias contables”.para que dicho informe adquiera ese carácter preconstituido: i) El informe debe ser el resultado de una acción de control efectuada. comprendemos que la calidad de prueba preconstituida alcanza a todos los informes consecuencia de una acción de control. Ley del Sistema Nacional de Control. sobre las deficiencias o desviaciones más significativas. Por tanto. Lo que sí resulta importante es que este carácter de prueba preconstituida tiene como propósito ulterior el inicio de las acciones administrativas y/o legales a que hubiera lugar. Evolución normativa de la naturaleza de prueba preconstituida de los informes de control La calificación de prueba preconstituida para los informes derivados de una acción de control surgió en el Decreto Ley Nº 26162 de 1992.
no podemos soslayar que existe una diferencia importante -que redundaremos luego en la apreciación de su mérito. los informes y/o dictámenes resultado de una acción de control. Así se exige a algunas de las más conocidas pruebas preconstituidas del proceso penal: las actas policiales de incautación. ya que “(. Cartas. en tal sentido. es decir. inmovilización. emitidos por cualquier órgano del sistema constituyen prueba preconstituida para iniciar las acciones administrativas y/o legales a que hubiera lugar. pero que resultan empleadas en los procesos judiciales. para ser empleados eventualmente y con posterioridad como prueba jurídica. un contrato o una declaración testimonial tomada previamente al proceso. por otro lado. la observancia de los principios de contradicción y publicidad y la necesidad de delimitarlo a los casos en que esos medios de prueba sean irrepetibles al interior del proceso mismo (como cuando la probanza de los hechos deben ser asegurados urgentemente debido a su fugacidad)(11). En opinión que compartimos. resultados de las pruebas alcoholométricas. Por ende. diferenciado entre las pruebas instrumentales escritas causales y las pruebas instrumentales escritas preconstituidas. Como se puede apreciar. Es curioso advertir que ha sido en el derecho procesal penal que la noción de prueba preconstituida ha sufrido los más serios condicionamientos para reconocerse su validez probatoria en el proceso judicial correspondiente. esta conceptualización originaria de la prueba preconstituida estaba referida a la acción de preconstituir fuentes de prueba con miras a una eventual controversia o quizás para desalentarla.. estas clases de pruebas preconstituidas suelen ser vistas con mayor desconfianza. Por ello. A estas últimas pertenecen los informes de control. las actas de los verificadores tributarios. entre otras. Como se puede apreciar. las pruebas escritas preconstituidas serian aquellos escritos hechos con sujeción a ciertas reglas legales. Devis Echeandia(9) afirma que según la intención o no de producir un medio de prueba. Ley del Sistema Nacional de Control. las cosas que sirven de indicios. Nada más equivocado es señalar. como el siguiente: “Décimo: que. las pruebas pueden ser preconstituidas o causales. que el informe de control como prueba preconstituida sea una prueba plena para los procesos judiciales o procedimientos administrativos que se deriven del cumplimiento de la recomendación.no existe una actividad bilateral. en la prueba preconstituida -por definición. solo reconocer que salvo la existencia de elementos de prueba que enerven su eficacia su solo mérito basta para que el juez pueda con absoluta . esto es. el arma con que se dio muerte a una persona)”. el informe antes referido (en virtud del carácter de prueba preconstituida) constituye un verdadero acto de prueba formalizado con anterioridad al inicio de este proceso y que tiene mérito suficiente para poder demostrar los hechos que constituyeron objeto de su investigación. Pero debemos tener claro que esta vertiente penal de las pruebas preconstituidas no es aplicable a todo el universo de casos. del grado de vinculación de su contenido para su destinatario. la preconstitución de pruebas con carácter previo al proceso ha sido restringida hasta condicionarla a los casos en que se cumpla con algunas condiciones. con ánimo meramente preventivo. claro esta. como por ejemplo. por cuanto es la misma parte quien «preconstituye» la evidencia ante la inminencia de un proceso que el mismo va a proponer su inicio y muchas veces. Atendiendo a esta doctrina es que el artículo 325° del Código Procesal Penal. y. ello. etc. Pero coincidimos con Montero Aroca(8) cuando afirma que esta distinción entre prueba preconstituida y causal “parte de una grave confusión entre fuente y medio de prueba”. la información obrante en los archivos de las dependencias estatales. Por el contrario. vigente hasta el veintitrés de julio del dos mil dos. (Ej. en los que el mismo que las formula concibe deliberadamente que sean empleadas en el proceso posterior que el mismo se encargara de promover. entonces. debemos concluir que la calidad de “prueba preconstituida” no corresponde a un criterio clasificatorio en función del merito valorativo de la prueba. porque como bien ha señalado La Defensoría del Pueblo(12).C Sistemas Administrativos II. Desde la perspectiva analizada. de la mano de los principios de verdad material e inmediatez que caracteriza al proceso penal. en el “es evidente que este concepto (de prueba preconstituida en el procesal penal) no resulta aplicable a los informes emitidos como consecuencia de una acción de control”. Para Bentham. o sobre la forma cómo debe ser valorado por éste.. no implica otorgar a esta prueba el carácter de prueba absoluta e incontrovertible sino. es decir. en una suerte de preparación probatoria de explotación posterior y no tanto a saber si son producidos antes del proceso o durante su curso (pues así evitan confundirse con las denominadas pruebas procesales y las extraprocesales). En efecto. y las que sus autores no tienen la intencionalidad al crearlas pero llegan a servir como prueba posteriormente en el proceso y entonces son causales (las huellas o rastros. etc. tales como su necesaria práctica en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decidor. de intervención. y las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya lectura en el juicio oral autoriza este Código”.). con intención directa por parte de su autor que ellas sirvan como prueba jurídica. Undécimo: Que. aunque si puede ser cierto que la fuente de prueba puede surgir ocasionalmente (la persona que presencia un accidente simplemente porque pasaba por allí) o puede preconstituirse pensando en el proceso futuro (el contrato verbal que se realiza ante testigos)”. sin el control o intervención suficiente de la otra parte interesada.entre aquellas pruebas preconstituidas que se preparan por adelantado ante una eventualidad de tener que acreditar un hecho o circunstancia ante terceros o en sede judicial. según se haya tenido la intencionalidad de producir un medio de prueba estaremos frente a pruebas preconstituidas (como el documento en que se hace constar un contrato o la declaración extrajudicial y todas las que se aducen en el curso de un proceso). Esta posición ha sido esclarecida por suficiente y reiterados fallos de la Corte Suprema de la Republica. Para los efectos de la sentencia tienen carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas recibidas de conformidad con los artículos 242° y siguientes. tenemos aquellas pruebas preconstituidas en las que su autor o promotor las preparan única y exclusivamente con el fin inmediato de ser utilizadas en un proceso(10). las pruebas instrumentales causales eran los escritos que no han sido hechos originariamente para esta causa. los atestados policiales y demás provenientes de autoridades públicas. la noción de prueba preconstituida queda referida al destino C8 Setiembre de 2011 pretendido por sus autores al momento de la creación de este tipo de pruebas. La prueba preconstituida dentro de las clasificaciones doctrinarias acerca de la prueba La doctrina procesal nos informa que el término prueba preconstituida fue acuñado por primera vez por el pensador ingles y padre del utilitarismo Jeremías Bentham(7) al desarrollar su quinta clasificación de las pruebas judiciales. de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del artículo dieciséis de la Ley Numero veintiséis mil ciento sesentaidos. la vertiente penal de las pruebas preconstituidas las asocia con las actuaciones que por su carácter irrepetible pueden formar parte de las pruebas que se presentan en el juicio oral. aprobado por Decreto Legislativo N° 297 ha señalado que: “Las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. Ahora bien. registros y asientos contables.) todas las fuentes de prueba existen antes del proceso (el documento o la persona que conoce los hechos) y todos los medios de prueba se proponen y practican en el proceso. En ese sentido. sino que es la parte interesada la que propende a su producción.
En efecto. No obstante. el Ministerio Publico(18) tiene establecido dos supuestos distintos: i) Si al tiempo de realizar una investigación fiscal hubiere concluido o estuviere aún en curso una acción de control. nos queda por entender si las recomendaciones de deslinde de responsabilidades administrativas. quien se hace responsable de verificar la capacidad técnica de los peritos y del debido procedimiento en su preparación.(17) Desde esa perspectiva. supervisar su cumplimiento y sancionar en caso de desatención. Nos queda por apreciar las particularidades de la valoración de este medio probatorio.Sistemas Administrativos convicción establecer el derecho que corresponde a las partes en el proceso. Ahora bien. en algunos casos de apreciación compleja puede resultar altamente conveniente para la autoridad instructora solicitar y contar con esta opinión técnica independiente respecto de los hechos investigados. En esa línea..) El Informe de Auditoría posee un carácter jurídico penal no vinculante al Ministerio Público y al órgano ju- Setiembre de 2011 C9 . y del otro las facultades del Sistema Nacional de Control para proponer recomendaciones vinculantes. ii) Si no se hubiese realizado alguna acción de control sobre estos hechos. La Circular en mención establece lo siguiente: “2. el carácter obligatorio de los recomendaciones de deslinde de responsabilidades funcionales -como cualquier otra recomendación. el informe de control como pericia técnica siempre se limita a revelar hechos debidamente comprobados por el auditor. mas no en la calificación jurídica que de ellos realiza (esto es si califica como determinado delito o como una específica falta administrativa) porque la competencia calificadora corresponde a los jueces y a las autoridades de la administración activa. Ciertamente ninguna norma califica al informe de control como un re- C quisito de procedibilidad en tales términos respecto al deslinde de responsabilidades civil. en caso de delitos y faltas respectivamente.Los Fiscales Provinciales Penales o Mixtos en los casos de denuncias sobre supuesto mal uso de los recursos del Estado. presentar la demanda o la denuncia correspondiente. respecto al deslinde de responsabilidades penales. sujeto a control judicial posterior. posee naturaleza vinculante.queda claramente establecido a partir de entender los alcances de la capacidad de influencia vinculante que posee la administración de control (afincada en el Sistema Nacional de Control) sobre la administración activa. deberán solicitar sus resultados. por su propia naturaleza.	El carácter de prueba preconstituida es independiente de la obligación de implementar las recomendaciones contenidas en el informe sobre deslinde de responsabilidades Establecido que el carácter de prueba preconstituida conferido por la ley a los informes de control se refiere al objetivo con el cual se elaboran por el auditor y a no a su merito probatorio. Por un lado. IV. y la denuncia del Procurador no circunscriben el ejercicio de la jurisdicción penal -no constituyen propiamente requisitos de procedibilidad (. porque dicho carácter vinculante del informe deriva solo de la especial relación de control existente entre el Sistema Nacional y la administración pública activa. a efecto de ser incluido en la investigación de su competencia”. estamos de acuerdo con la tesis que sustenta la Corte Suprema cuando indica que el informe de control no circunscribe el ejercicio de la jurisdicción penal ni vinculan al Ministerio Público ni al Poder Judicial: “El Informe de Auditoría. 3. en este caso la Ley ya ha decidido de antemano la utilidad de contar con esta prueba en materia de responsabilidad funcional y sustituye la designación judicial del perito por la designación efectuada por la autoridad administrativa. Nótese que para ello resulta indiferente la calificación de los informes como prueba preconstituida. En consecuencia. penal o administrativo. Por ello que. que es objeto de competencia de las autoridades a cargo del proceso y ulterior sanción. sin la cual no procedería adelantar las investigaciones administrativas. podemos concluir que calidad de prueba preconstituida del informe de control hace de ella una prueba formalizada con anterioridad al proceso. si un informe de auditoría descarta la existencia de responsabilidades funcionales o las halla en determinado sentido. deben solicitar el Informe resultante de la acción de control iniciada o que se encuentre en curso en la Contraloría General de la República o Sistema Nacional de Control. posee un carácter preprocesal pero no es una prueba con valor probatorio pleno o definitivo. en los casos en los cuales exista un informe de control no existe subordinación de las autoridades judiciales a su contenido debido a que la competencia investigatoria corresponde al Ministerio Publico y al Juez. civiles o penales(14) tienen carácter obligatorio o no para las autoridades receptoras de los mismos. por ejemplo. (13) Conforme a esta posición de la Corte Suprema.versará siempre sobre los hechos que revela y no sobre los criterios de calificación normativa o subsunción jurídica que hagan los auditores respecto a determinadas infracciones. y. canalizarán a través del Despacho del Fiscal de la Nación su solicitud ante el Contralor General de la Republica a fin de que disponga el apoyo técnico en relación con el asunto materia de investigación”. constituye una condición legal necesaria que debe cumplirse. por lo que sus conclusiones y recomendaciones son de seguimiento obligatorio por parte de la administración activa conformando la motivación fundamental de aquellos actos que se dictan en su aplicación. es su mérito acreditar las irregularidades en que incurrió el actor en el desempeño de sus funciones (.En los casos en que los Fiscales Provinciales Penales o Mixtos realicen una investigación y la Contraloría General de la Republica no haya iniciado una acción de control.. por lo que su valor radica en esos aspectos fácticos que revela y en la correspondiente opinión técnica sobre ellos. no enervan la capacidad del Ministerio Público y del Juez para poder llegar a conclusiones distintas y hasta contrarias con el debido fundamento.. podrá ser solicitado pero por medio del despacho del Fiscal de la Nación y no por cada fiscal. debemos advertir que su utilidad como prueba -conforme a su naturaleza de prueba pericial. tenemos el deber legal que tienen los titulares de las entidades de implementar todas las recomendaciones planteadas por el Sistema Nacional de Control(16).existe la obligación funcional del destinatario de abrir el procedimiento disciplinario aplicable según la recomendación...)”. Por ello. ¿El informe de control es requisito de procedibilidad para deslindar responsabilidades funcionales? ¿El informe de control circunscribe el alcance del deslinde judicial? Un primer aspecto incierto es determinar si es necesario que para cualquier procesamiento por responsabilidad funcional. III. el informe de control para la entidad receptora. Por ello. A diferencia de la prueba pericial constituida dentro del proceso (a pedido de las partes o de oficio siguiendo el criterio judicial). sin adelantar aún cuales son las reglas para la apreciación judicial del informe de control y su mérito probatorio. esto es. el pronunciamiento del control gubernamental a través del informe de control. Habiendo establecido que -en base a un informe de control cabalmente realizado. No obstante. de gestión o auditada.. su mérito está en poder demostrar cuales fueron los hechos que constituyeron objeto de su investigación y no en su calificación jurídica. En nuestra opinión. conforme a lo que es el consenso internacional en materia de fiscalización superior(15). no existiendo prueba en autos que desvirtué su validez.
si la entidad pudiera resarcir un pago indebido a un proveedor. Este libro dedica su Libro IV a analizar diversos aspectos de esta clase de prueba como su utilidad. sino solo sindicar los indicios de responsabilidad y recomendar su procesamiento. fund 156-B) (2)	Resolución de Contraloría N° 162-95-GC. 1999.el mérito del Informe de Auditoría. p. Derecho Jurisdiccional. de 08 ENE. como por ejemplo. Es necesario que el daño económico sea ocasionado incumpliendo el funcionario o servidor público sus funciones. (8)	Montero Aroca. iv) Imposibilidad de recupero del perjui- C10 Setiembre de 2011 cio indemnizable en sede administrativa. la sentencia debe motivar como corresponde todos los cargos penales a los que hace referencia el informe de auditoría. (13)	Cas. para llegar a una certeza legal para definir la situación jurídica del imputado (seguido contra Mercedes Rodríguez Bustinza y otros por delito de Abuso de Autoridad y otros en agravio del Estado y la Municipalidad Distrital de Miraflores).. Juan. o en caso de incumplimiento. por todo lo cual su calidad de prueba tampoco se determina del mismo modo que respecto de la prueba anticipada”.Ab. ii) Una acción u omisión por parte de algún funcionario o servidor publico imputable a titulo de dolo. o frente a una no aplicación de una penalidad por mora. f) Implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones emitidas por la propia entidad (informe de autoevaluación).asp (11)	Esta posición no es compartida unánimemente por la doctrina porque implica una asociación incorrecta entre la prueba preconstituida y la prueba anticipada.. esencialmente distinto (una declaración testifical anticipada no ha de ser considerada. RN Nº 1004-2005-Huancavelica EP 3JUN05. ej. Tomo I. las siguientes: Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del Sistema. (14)	Por recomendaciones de deslinde de responsabilidades funcionales. “Tratado de las pruebas judiciales. Juan y otros. 021-2004-MP-FN. el Contralor General de la República se encuentra facultado para: d) Ejercer e impulsar directamente.. le impide o establece como incompatible dicha actitud. 1835. Teoría General de la Prueba Judicial. a través de la autoridad llamada por ley. ni que se respete la contradicción. Por su propia naturaleza no corresponde al control gubernamental -sino a la administración activa. iii) Una relación causal entre la acción u omisión funcional y el efecto dañoso producido en la entidad o en el Estado. 935-2005 ICA 24. en el momento del juicio. ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. publicada el 26 de septiembre de 1995. puesto que el Juez en su condición de Director del proceso puede incorporar otros medios probatorios a fin de corroborar si fuere el caso.Atribuciones Son atribuciones de la Contraloría General. no existe el sistema de la prueba tasada o prueba plena.a diferencia de la anticipada. Barcelona. las acciones pertinentes para asegurar la implementación de las recomendaciones y acciones legales derivadas del proceso de control a cargo del Sistema". (16)	Ley 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado "Artículo 6º. 1994. "Artículo 42º. ¿Sería necesaria su regulación? http://www. los órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de fiscalización que correspondan. realizar su ejecución al proveedor directamente en sede administrativa. 208. Como bien afirman Montero Aroca y otros. 001. tal vez. 2004. 53 y ss. " (17)	Ley Nº 27785. Bosh. denominado “Balance a dos años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública”. Proceso Civil.Infracciones Constituyen infracciones sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría General: d) La omisión en la implantación de las medidas correctivas recomendadas en los informes realizados por los Órganos del Sistema". la que deberá efectuarse bajo el criterio de conciencia (Exp. No. Edición de la Contraloría General de la Republica de Venezuela. La mismo posición -pero el ámbito penal. Derecho Jurisdiccional II. 1991. por dolo o culpa. en el ejercicio de sus funciones. (19)	Ejecutoria Suprema de 25MAY05 recaída en Exp.Es aquélla en la que incurren los servidores o funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito (4)	Responsabilidad Civil. (6)	Casación No. referidos a las sentencias del Tribunal Constitucional que sustentan aquella posición: “el TC parece equipararla (la prueba anticipada) a la prueba preconstituida (p. Bosch. El Control Externo de la Administración Publica.Es aquélla en la que incurren los servidores y funcionarios públicos. véase ROQUE CITADINI..podemos advertir en la Ejecutoria Suprema del primero de febrero de 2005 (Expediente Nº 2554-2004 AREQUIPA). y. (9)	DEVIS ECHEANDIA. Jeremías. 513.. Madrid.) estando al principio de exhaustividad. ni constatación formal de irreproductibilidad de la prueba. etc." "Artículo 32º.. Antonio. existe la libertad de apreciación por el Juez de todas las pruebas.com. pues conforme a lo dispuesto por el Art. en el que afirmo análogamente que: “Si bien es cierto que el examen de Contraloría General de la República. 329 (12)	Informe Defensorial N° 96. NOTAS:---------------(1)	“En nuestro ordenamiento interno y concretamente en el proceso penal. relativas a la implantación y funcionamiento del control interno: e) Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes. P. (18)	Circular Nro.Facultades del Contralor General En el desempeño de su gestión.C (…) Sistemas Administrativos risdiccional (.2007. como una prueba documental. MONTERO AROCA. y la acción correspondiente prescribe a los diez (10) años de ocurridos los hechos que generan el daño económico. y. (15) Para una visión comparada de este tema. Hernando. constituye un medio probatorio. valorar en toda su dimensión -en relación con las exigencias típicas de los ilícitos acusados.ar/ suplementos/procesal/i_doctrinaNP.intervención de un órgano jurisdiccional. compensándolo en la liquidación. Caracas.Obligaciones del Titular y funcionarios Son obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad. La obligación del resarcimiento a la Entidad o al Estado es de carácter contractual y solidaria. los objetos sobre los cuales puede recaer. culpa leve o culpa inexcusable. 31-32. (7)	BENTHAM.. o como la propia norma establece. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República "Artículo 22º. El concepto de prueba preconstituida (constatación documental de un hecho representativo a efectos probatorios) es mas amplio que el de prueba anticipada y.sancionar directamente ni proponer la sanción administrativa que crea aplicable. III Proceso Penal. se aprobaron las Normas de Auditoría Gubernamental (en adelante. STC 182/1989 217/1989) lo que no es acertado. que por su acción u omisión. una vinculación de causa adecuada al efecto entre la conducta activa u omisiva que importe un incumplimiento de las funciones y obligaciones por parte del funcionario o servidor publico y el efecto dañoso irrigado o la configuración del hecho previsto como sancionable. esto no puede considerarse prueba plena y definitiva. 283º del C de PP. p. N 0010-2002-PI/TC.eldial. (incumplimiento a un deber funcional explícito). sea ésta inexcusable o leve.. 3026-2007-La Libertad. que constituya un incumplimiento a una normativa expresa y concreta que le prohibe. hayan ocasionado un daño económico a su Entidad o al Estado. (10)	Paula Eugenia Porzio La actividad probatoria preliminar.. (…) . de la pericia contable oficial y de las pericias de parte en relación a la totalidad de cargos materia de acusación fiscal”(19). “NAGU”) (3)	Responsabilidad Penal. La formación de la prueba preconstituida no requiere . (5)	Para la determinación de la existencia de responsabilidad patrimonial o pecuniaria en un servidor debe concurrir los siguientes elementos: i) La existencia de un daño económico o perjuicio indemnizable a su entidad o al Estado. entendemos a las recomendaciones que realiza el auditor con respecto a algún funcionario o servidor para que se proceda a deslindar su responsabilidad administrativa-funcional por algún acto u omisión indebida o para efectuar la denuncia penal por los indicios de delito revelados o la demanda civil por el perjuicio económico irrogado al patrimonio institucional.-2004-MP-FN aprobada por Resolución Fiscalía de la Nación No. sacado de los manuscritos de Jeremías Bentham”.
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15
 artículo 15
 artículo 32
 artículo 15
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 Artículo 16
 artículo 325
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