Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1559
Timestamp: 2020-08-09 14:23:32+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 134/1990
SENTENCIA 134/1990, de 19 de julio
ECLI:ES:TC:1990:134
En el recurso de amparo 418/88, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María Rodríguez Puyol, en nombre y representación de doña María Victoria Sánchez-Toscano Esteban, asistida de la Letrada doña María Mercedes Pérez Dobón, contra la Sentencia núm. 16 de la Sección Segunda de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 8 de febrero de 1988, recaída en el recurso de apelación 91/87 que revocó la dictada por el Juzgado de Distrito núm. 8 de Madrid, en fecha 31 de enero de 1987, en autos de juicio de cognición sobre resolución de contrato de arrendamiento de vivienda. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y don Juan Manuel Colón de Carvajal y Maroto, representado por la Procuradora doña Isabel Soberón García de Enterría y asistido por el Letrado don Tomás Gómez García, y ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 8 de marzo de 1988, la Procuradora de los Tribunales doña María Rodríguez Puyol, en nombre y representación de doña María Victoria Sánchez-Toscano Esteban, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de 8 de febrero de 1988 de la Sección Segunda de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid dictada en el rollo de apelación 91/87, que, estimando dicho recurso, revocó la Sentencia dictada por el Juzgado de Distrito núm. 8 de esta misma capital, de fecha 31 de enero de 1987, en autos sobre resolución de contrato de arrendamiento de vivienda.
B) La demandante había arrendado en fecha 1 de septiembre de 1965, a don Juan Manuel Colón de Carvajal y Maroto, una vivienda de su propiedad sita en el paseo de la Castellana, núm. 131, de Madrid, de la que era titular por compra desde el año anterior. Al consumarse la ruptura de convivencia con su hermana a que antes se hizo referencia, doña María Victoria Sánchez Toscano, comunicó al señor Colón de Carvajal la necesidad de denegar la prórroga del contrato de arrendamiento, al amparo de lo dispuesto en los artículos 63, 65 y 66 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, texto refundido de 24 de diciembre de 1964, verificando el requerimiento de desalojo por conducto notarial en fecha 28 de febrero de 1984. El arrendatario se opuso, alegando la falta de veracidad en la causa de necesidad invocada para la resolución contractual y la existencia de defectos formales en el requerimiento.
Transcurrido el plazo de preaviso, la señora Sánchez Toscano entabló demanda de resolución contractual, en virtud de lo dispuesto en el art. 114 núm. 11 de la L.A.U. en su relación con los arts. 62 y 63 de la misma Ley, tramitándose el proceso de cognición con el núm. 288/86, en el Juzgado de Distrito núm. 8 de los de Madrid, al que correspondió su conocimiento por turno de reparto.
4. Mediante escrito presentado el 27 de abril de 1988, don Juan Manuel Colón de Carvajal y Maroto, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Soberón García de Enterría, se persona en el procedimiento, solicitando se entiendan con él las sucesivas actuaciones.
5. Por providencia de 23 de mayo de 1988, la Sección acuerda tener por recibido testimonio de las actuaciones reclamadas y por personada y parte a la representación procesal de don Juan Manuel Colón de Carvajal y Maroto; asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el art. 52.1 de la LOTC, acuerda dar vista de las presentes actuaciones y de las remitidas por los órganos judiciales al Ministerio Fiscal y a la representación de las partes personadas a fin de que, en el plazo de veinte días, formulen las alegaciones que estimen pertinentes.
8. Doña Isabel Soberón García de Enterría, en nombre y representación de don Juan Manuel Colón de Carvajal y Maroto, formuló alegaciones mediante escrito registrado en fecha 24 de junio de 1988; en ellas, alega, en esencia, que se muestra disconforme con las pretensiones de la parte actora por entender que la cuestión sometida al Tribunal Constitucional excede los límites de la valoración de constitucionalidad y mediante ella se pretende la revisión y nuevo enjuiciamiento de unos hechos decididos ya por Sentencia firme. Niega que la ruptura de convivencia y desavenencias con su hermana, alegadas por la actora sean reales, sino una mera apariencia preconstituida a los efectos de obtener el desahucio. Destaca el hecho de que la actora haya vendido a su sobrino la vivienda discutida, con posterioridad a la Sentencia que se impugna, así como que la actora es propietaria de otras tres viviendas de similares características que la que actualmente ocupa (propiedad de otra hermana) y respecto de las cuales, la certificación aportada en el proceso del Registro de la Propiedad demuestra su condición de viviendas sin que se haya demostrado ni su arrendamiento ni su destino a oficinas. Indica que, con anterioridad al proceso de que trae causa este recurso de amparo, la actora intentó otro desahucio sin indicar siquiera la existencia de otras viviendas de su propiedad, y el acierto y equidad de la Sala al revocar la resolución de instancia, pues la demanda inicial de la actora sólo pretendía la resolución del contrato suscrito con el arrendatario más antiguo y, por ende, más desfasado económicamente en relación con los precios actuales de mercado. Afirma que la jurisprudencia citada por la recurrente no se encuentra confirmada por la más reciente doctrina de las diferentes Audiencias Provinciales y termina, en virtud de todo ello, interesando la desestimación del recurso.
Por último, ha de hacerse una precisión sobre el contenido y alcance del fallo; la estimación parcial del recurso en el sentido expuesto, conlleva el reconocimiento del derecho de la actora a obtener tutela judicial efectiva, lo que, en este supuesto se concreta -sin necesidad de un nuevo pronunciamiento judicial- en la declaración de nulidad de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial en el extremo relativo a la imposición de !as costas procesales de la segunda instancia.
Estimar parcialmente el amparo solicitado por doña Victoria Sánchez Toscano Esteban y, en consecuencia:
Tipo y número de registro Recurso de amparo 418-1988
Contra Sentencia de la Sección Segunda de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid en recurso de apelación en autos de juicio de cognición sobre resolución de contrato de arrendamiento. Vulneración del derecho a latutela judicial efectiva, en cuanto a la interposición de costas procesales
Como se ha señalado con anterioridad por este Tribunal, la unificación de doctrina jurisprudencial entre las decisiones provinientes de diferentes órganos judiciales no es función que corresponda al mismo a través de la vía del recurso de amparo. [F.J. 2]
Artículo 63.2.1, f. 4
Artículo 63.2.3, f. 4
Necesidad del local arrendadoNecesidad del local arrendado, f. 4
Costas procesalesCostas procesales, ff. 5, 6

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 63

Artículo 63