Source: https://psicolog.org/asunto-del-complejo-penitenciario-de-curado.html?page=4
Timestamp: 2020-07-16 02:01:32+00:00

Document:
Asegurar condiciones de seguridad, respeto a la vida e integridad personal y eliminar la presencia de armas
Asunto del complejo penitenciario de curado
El Estado informó que la Superintendencia de Seguridad Penitenciaria (en adelante SSP) realizó el diagnóstico de todas las unidades de Pernambuco. Asimismo, destacó que la SSP tiene autoridad para transferir a las personas privadas de libertad entre las unidades del Complejo, para facilitar las acciones de prevención de los crímenes de agresión y amenazas. Sostuvo que si en un determinado caso se confirma la implicación de algún servidor, efectivo o contratado, en situaciones irregulares o ilegales, se encamina la denuncia o investigación sumaria a la Comisión Permanente de Disciplina (CPD) de la SERES.
Los procedimientos disciplinarios de reeducación son responsabilidad de las respectivas unidades. Se presentó la siguiente información en relación a los procesos instaurados y los procesos que llegaron a una conclusión en el primer cuatrimestre de 2017: a) PAMFA: 30 instaurados y 33 concluidos; b) PFBD: 34 instaurados y 18 concluidos; c) PJALLB: 125 instaurados y 106 concluidos.
En audiencia pública del 19 de mayo de 2017, el Estado informó sobre una muerte en el Complejo de Curado. Refirió que 42 funcionarios fueron responsabilizados, sancionados y fueron separados de sus funciones debido a estas conductas. Además informó que en el año 2016 se presentaron 43 casos de muertes intencionales en las 23 unidades carcelarias del Estado de Pernambuco. Según el Estado el Complejo de Curado no enfrenta motines desde febrero de 2015 debido a las reformas estructurales así como a la capacitación del personal con el fin de evitar conflictos, fugas y otros eventos que puedan generar amenazas para la vida e integridad de los reeducados, familiares y los servidores públicos.
Por otro lado, informó que un concurso público para la contratación inicial de 200 agentes de seguridad penitenciaria se encuentra en curso y presuntamente sería concluido para principios del 2018. Agregó que mediante selección simplificada se contrataron 181 profesionales para el área de salud, atención psicosocial, y también asistencia jurídica.
El Diagnóstico Técnico indicó que existe una ausencia histórica de controles efectivos de entradas de materiales y rigurosa fiscalización en el Complejo Penitenciario de Curado, lo que permitió la constitución en el pasado de prácticas de autogobierno en el interior de la unidad, mediante las cuales los internos negociaban condiciones de vida y negociaban la ocupación y control de espacios.
Así, en relación a la problemática de la presencia de armas en el Complejo de Curado, el Estado señaló que el Centro Integrado de Operaciones de Defensa Social (CIODS), recibe información en tiempo real de los órganos de seguridad del estado, por medio de denuncias y video-monitoreo, principalmente en los alrededores del Complejo. En el mismo sentido, el Estado informó que máquinas de rayos-X donadas por el Gobierno Federal han contribuido a las requisas realizadas a los visitantes. Asimismo, destacó que han sido frecuentes las incautaciones de armas de fuego, armas blancas y otros objetos ilícitos en el interior de las unidades por medio de requisas a las celdas y demás dependencias.
El Estado afirmó que las citadas inspecciones generales en el Complejo, son realizadas con la colaboración de agentes provenientes de varias unidades de la región metropolitana de Recife y del interior del estado, en días específicos, y con el apoyo de la Policía Militar (PM) estadual. Las requisas realizadas y los objetos encontrados durante las mismas al interior del Complejo de Curado en sus distintas unidades, tuvieron como resultado la incautación de al menos 14 armas de fuego, 432 objetos corto-punzantes, 210 celulares, diferentes tipos de drogas ilícitas, entre otros24. Todo ello en el período comprendido entre enero a abril de 2017.
Por otro lado, el Estado presentó información sobre el circuito de monitoreo por cámaras. Se detalla que éste se encuentra en todos los pabellones y áreas externas del Complejo de Curado, se compone de 74 cámaras, con capacidad para monitorear 97.000m². Las señales del sistema de circuito cerrado de cada unidad del Complejo convergen y se almacenan y se supervisan las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.
Los Representantes destacaron que rebeliones, muertes violentas, torturas y demás formas de violencia ocurren diariamente en las unidades penitenciarias del Complejo de Curado. Presentaron información que da cuenta de diversos episodios de violencia en el Complejo en el período comprendido entre junio y septiembre de 2017: a) el 28 de junio de 2017, Jefferson Veronez da Silva, conocido como "Alemán", fue asesinado a tiros en el PFDB; b) el 11 de julio de 2017, Fábio Ferreira de Santana fue asesinado en el PJALLN, por dos disparos de arma de fuego, presuntamente efectuados por otros dos detenidos y c) el 9 de agosto de 2017, Edinaldo da Silva Santos fue asesinado por disparos de arma de fuego cerca del Pabellón del Presidio Frei Damião de Bozzano.
Además, argumentaron que continúa en funcionamiento el sistema de "chaveiros", quienes son personas privadas de libertad que ejercen determinada función de control de la penitenciaria, los cuales, tienen acceso y poder sobre los demás personas privadas de libertad.
En este contexto, destacaron que de acuerdo con la información presentada por el Estado, no se puede determinar a cuáles sectores fueron asignados los nuevos agentes contratados. Además, resaltaron que entre las acciones previstas por el Estado, se encuentra la contratación de "al menos" 200 agentes penitenciarios para Pernambuco. No obstante, hicieron notar que sólo 50 de ellos serán asignados al Complejo Penitenciario de Curado. Lo anterior, señalaron que no responde a lo requerido por la Corte en el sentido de que se cumpla la proporción mínima establecida por el CNPCP.
Destacaron igualmente que aún con las requisas diarias realizadas por la SERES, se evidencia la presencia de armas en grandes cantidades. En tal virtud, cuestionaron cuáles son los mecanismos en que las armas ingresan al Complejo de Curado. Para los Representantes, no parece razonable la hipótesis del Estado que sugiere que las armas que entran al Complejo son arrojadas por encima de los muros. Señalaron también que en cada visita que han realizado al Complejo, ha sido percibido el aumento del número de armas en posesión de los detenidos en el Complejo, primordialmente, armas de fuego. Relacionaron este hecho al bajo número de agentes penitenciarios presentes en las unidades del Complejo así como a la presencia de internos con función de “chaveiros” en los pabellones.
Reiteraron las razones expuestas y las solicitudes realizadas en escritos anteriores, en cuanto al deber estatal de erradicar completamente la presencia de armas en el Complejo de Curado.
Los Representantes también manifestaron que las acciones del plan de contingencia son insuficientes e ineficaces para la eliminación de la presencia de armas en el Complejo. En tal virtud, solicitaron que sea requerido al Estado: (i) instaurar procedimientos investigativos, preferentemente conducidos por autoridades federales, con el objeto de dilucidar y establecer si existe la eventual implicación de agentes, profesionales técnicos, gestores, directores e incluso autoridades, en la entrada y el comercio de armas en el centro penitenciario y (ii) revisar el plan de contingencia, en lo que se refiere a la contratación de agentes penitenciarios, para cumplir la determinación de la Resolución del 23 de noviembre de 2016, en relación con la proporción mínima establecida por el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria.
En las observaciones al Diagnóstico Técnico, destacaron que las medidas planteadas en el Plan de Contingencia, son propuestas que el Estado afirma haber emprendido desde el inicio de la vigencia de las presentes medidas provisionales. En consideración de los representantes, la persistencia de hechos de violencia demuestra la ineficacia de las mismas. Consideraron también que se dejó por fuera puntos centrales como la investigación y responsabilidad de aquellos que participaron o posibilitaron la existencia de episodios violentos dentro de las unidades.
La Corte toma nota de la información presentada por el Estado y los esfuerzos que se vienen realizando al interior de las unidades del Complejo de Curado para eliminar la presencia de armas, sin embargo reitera el carácter sumamente peligroso de dicha situación.
El Tribunal recuerda que el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de quienes se encuentran privados de la libertad y de abstenerse, bajo cualquier circunstancia, de actuar de manera tal que éstos se vulneren. Por ende, las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, incluyen la adopción de las medidas que puedan favorecer al mantenimiento de un clima de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad entre sí, reducir el hacinamiento, y procurar que las condiciones de detención mínimas sean compatibles con su dignidad, lo que implica proveer suficiente personal capacitado para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro penitenciario25. Además, dadas las características de los centros de detención, el Estado debe proteger a los reclusos de la violencia que, en la ausencia de control estatal, pueda ocurrir entre los privados de libertad26.
En ese sentido, la Corte considera nuevamente que es necesario hacer referencia a las Reglas de Mandela de Naciones Unidas, que determinan que el personal penitenciario esté conformado por profesionales contratados a tiempo completo con la condición de funcionarios públicos y, por tanto, con la seguridad de que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física27. Asimismo, el Principio XXIII de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas determina que los Estados adopten medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad y que realicen investigaciones serias, exhaustivas, imparciales y ágiles sobre todo tipo de actos de violencia o situaciones de emergencia ocurridas al interior de los lugares de privación de libertad, con el fin de esclarecer sus causas, individualizar a los responsables e imponer las sanciones legales correspondientes28.
De acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, en su resolución N° 14/1994, el orden y la disciplina deberán ser mantenidos, sin imponerse restricciones más allá de las necesarias para la seguridad y la buena organización de la vida en común29.
Respecto a la presencia de “chaveiros”, el Artículo 22 de la Resolución No. 14/1994 del CNPCP determina que ninguna persona privada de libertad deberá desempeñar función o tarea disciplinar en el establecimiento penitenciario30. En este sentido, el Tribunal estima útil remitirse a la Resolución No. 01/2009 del CNPCP, la cual determina que en establecimientos penales destinados a personas detenidas provisionalmente y en régimen cerrado, se debe contar con un agente penitenciario para cada cinco personas privadas de libertad. Aunque dicha norma fue aprobada en 2009, el Tribunal constata que el número de guardas trabajando en el Complejo de Curado es muy inferior al mínimo requerido, poniendo en riesgo tanto la integridad de los internos como de los propios funcionarios. El Estado ha informado en varias ocasiones sobre procesos para la contratación de guardias, pero transcurridos más de tres años desde la adopción de las presentes Medidas Provisionales, el Estado no ha cumplido con el mínimo exigido por la Resolución No. 01/2009. Para la Corte, es prioritario que el Estado cumpla con dicha disposición.
Por otro lado, el Tribunal recuerda que de acuerdo con el Principio XXIII 1(d) de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en los establecimientos de privación de libertad, se evitará de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u objetos prohibidos por la ley, a través de registros e inspecciones periódicas, y la utilización de medios tecnológicos u otros métodos apropiados, incluyendo la requisa al propio personal. En ese sentido, la Corte hace notar que el Estado ha informado sobre centenares de armas y otros objetos prohibidos decomisados regularmente en el Complejo de Curado (supra considerando 71). Lo anterior denota una situación continua de falta de control respecto de la entrada (o fabricación) de armas dentro de ese centro de detención, lo que resulta en una situación de riesgo inmediato a la integridad y la vida de los internos, funcionarios y visitantes.
Este Tribunal hace notar la importancia de las acciones puntuales que se están llevando a cabo para el combate a esta situación —como la confiscación de armas a través de revisiones en las celdas de los internos, la instalación de nuevos equipos de rayos-X y el sistema de monitoreo a través de cámaras—. No obstante, para eliminar de manera efectiva la presencia de armas, a juicio del Tribunal, las actuaciones estatales deben estar focalizadas en impedir la entrada y la fabricación de armas en el interior del Complejo. Ello implica, inter alia, la desarticulación de las estructuras criminales que participan y facilitan dichas circunstancias, así como la investigación de la posible colaboración o aquiescencia de autoridades o funcionarios. Asimismo, la Corte estima que la situación actual guarda estrecha relación con la débil presencia estatal dentro de las Unidades Penitenciarias, lo que permite que los “chaveiros” ejerzan control sobre la población y el centro penitenciario y, en consecuencia, faciliten la entrada y utilización de armas.
El Estado debe continuar implementando –con carácter urgente– las medidas que sean necesarias para evitar la presencia de cualquier tipo de armamento dentro de los establecimientos: continuar con las requisas mensuales en el interior de los de las diferentes unidades del Complejo de Curado, con un adecuado monitoreo, y con presencia y control judicial, a efectos de garantizar su legalidad. Asimismo, se deberán adoptar las medidas que sean necesarias para evitar el ingreso y fabricación clandestina de armas de fuego, blancas, drogas ilícitas, celulares, etc. La Corte considera que ello supone un fuerte componente de investigación, identificación y desarticulación de las estructuras criminales que participan en dichos ilícitos.
En este sentido, la Corte reitera la responsabilidad de los Estados de mantener un clima de respeto de los derechos humanos en establecimientos de privación de libertad y evitar la presencia de armas en poder de los internos dentro de los establecimientos31.
Sin perjuicio de lo anterior, el Estado debe tomar inmediatamente todas aquellas medidas necesarias para evitar que ocurran más muertes en el Complejo. Asimismo, la Corte requiere al Estado que informe de manera detallada y precisa de las acciones concretas emprendidas para prevenir más decesos de personas beneficiarias.

References: Resolución 
 resolución 
 Artículo 22
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución