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Aspectos jurídicos de interés. para familiares de personas con Alzheimer
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Montserrat Lucero Villalba
1 Aspectos jurídicos de interés para familiares de personas con Alzheimer
2 El presente estudio ha sido financiado gracias a la Fundación PwC y realizado por el Departamento de Derecho Público de Landwell-PwC Autores: Rodrigo Marrero Macías Ignacio San Juan Vilches Ottón Sanchez Vizcaíno Valdés Pablo Toral Oropesa Pedro Molina Prados María Bolós Larios Coordinación Rodrigo Marrero Macías Dirección José Luis Beotas López José Miguel López García
3 El olvido está lleno de memoria Mario Benedetti
5 Índice Capítulo 1. Procedimiento de incapacitación 7 Capítulo 2. Instituciones de guarda de la persona con discapacidad 23 Capítulo 3. Internamiento no voluntario 39 Capítulo 4. Voluntades anticipadas y/o instrucciones previas 53 Capítulo 5. Protección patrimonial de las personas con discapacidad 69 Capítulo 6. Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 83 Capítulo 7. Ámbito laboral 99 Capítulo 8. Protección frente a los malos tratos 121 Capítulo 9. Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 137 Capítulo 10. Toma de decisiones difíciles 151
7 Capítulo 1. Procedimiento de incapacitación Capítulo 1 Procedimiento de incapacitación Contenidos 1. Concepto de discapacidad 2. Concepto de incapacitación A. Capacidad jurídica B. Capacidad de obrar C. Incapacitación 3. Protección constitucional de la discapacidad A. Previsiones constitucionales B. Principales normas de España de protección a las personas con discapacidad 4. Procedimiento de incapacitación A. Principios inspiradores del procedimiento de incapacitación B. Las personas con discapacidad como titulares de la tutela judicial efectiva C. Legitimación activa D. Competencia E. Trámites 7
8 Aspectos jurídicos de interés para familiares de personas con Alzheimer Resumen de los principales puntos del tema 1. Concepto de personas con discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 2. Incapacitación: Es el procedimiento judicial por el cual un juez declara mediante sentencia la incapacidad de una persona para la realización de determinados actos. Puede ser de carácter total (personal y patrimonial) o parcial (patrimonial), siendo necesaria la figura del tutor o del curador para complementar la capacidad de la persona declarada incapaz. 3. Protección constitucional de la discapacidad: La Constitución española, la norma de más alto rango en nuestro país, recoge la protección de las personas con discapacidad en sus artículos 49, 14 y 9, en los cuales se regula la obligación de los Poderes públicos de fomentar la integración de todos los ciudadanos, así como el principio de igualdad. 4. Principales normas de España de protección a las personas con discapacidad: En nuestro país se ha ido desarrollando distinta normativa según los mandatos constitucionales. De la misma es necesario destacar dos: i) Ley 3/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos: sus principios guían toda la normativa en materia de discapacidad; ii) Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad de las Personas con Discapacidad. 5. Procedimiento de incapacitación: Es el procedimiento judicial por el cual se procede a averiguar si la persona para la que se pide la incapacitación reúne los requisitos que exige la Ley para poder ser declarada como tal. 8
9 Capítulo 1. Procedimiento de incapacitación 1. Concepto de discapacidad La definición del concepto de discapacidad ha sido objeto de numerosas construcciones doctrinales y terminológicas a lo largo de la historia, debido principalmente a que ni el concepto ni el término han resultado satisfactorios para describir la situación que tratamos en el presente punto del tema. En primer lugar conviene recordar lo que establece la Real Academia Española, que define el concepto de discapacitado como: dicho de una persona: que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas. No obstante, con el tiempo y la lucha constante y efectiva de las personas con discapacidad, se ha conseguido ir abandonando la utilización de discapacitado (una acepción que podría ser considerada negativa), sustituyéndola por personas con discapacidad o personas discapacitadas (fórmula menos utilizada), además de ir definiendo el concepto y adaptando la terminología a la realidad actual: de esta forma se han superado conceptos y terminología asociada que adolecían de un suficiente grado de objetividad, imparcialidad y descripción. A modo de precedente histórico, de los esfuerzos internacionales que se han venido produciendo debemos destacar que en el año 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una clasificación general y comprensiva de lo que debía entenderse por discapacidad, que iba desde las causas médicas y de salud hasta llegar a las manifestaciones últimas en la vida diaria. Esta clasificación, conocida como CIDDM (Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías), ha sido de gran valor durante todo este tiempo, habiendo tenido gran repercusión en esferas como la rehabilitación, la educación, la política, la normativa, etc. Esta primera clasificación de la CIDDM diferenciaba: 1. Deficiencias: que se presentan en lo corporal, fisiológico u orgánico. 2. Discapacidades: entendidas como la restricción en la/s actividad/es de un individuo debido a cualquier deficiencia. 3. Minusvalías: entendidas como situaciones desventajosas, derivadas de deficiencias o discapacidades, que limitan o impiden la participación social en niveles considerados normales. Sin embargo, muchas personas con discapacidad mostraron su falta de identificación con la clasificación enunciada, por lo que la OMS decidió someterla a una revisión y reformulación conceptual que se expresa en la CIDDM-2 1 o CIF. El primer cambio que introdujo esta Resolución es el documento denominación Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. De esta manera, se pretendió que los términos funcionamiento y discapacidad fueran genéricos y que abarcasen tres dimensiones: i) funciones y estructuras corporales; ii) actividades en el nivel individual; iii) participación en la sociedad. En el ámbito español, se ha podido observar cómo la terminología empleada para las personas con discapacidad (que incide directamente en el concepto) ha ido sufriendo igualmente una transformación y adaptación, tanto a las influencias internacionales, como a los esfuerzos de las distintas entidades representativas de las personas con discapacidad. De este modo, hemos pasado de la terminología empleada por la Constitución española de disminuidos (art. 49), a la Disposición Adicional Octava de la Ley 39/2006, de Promoción de la 1 Aprobada por Resolución WHA
10 Aspectos jurídicos de interés para familiares de personas con Alzheimer Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que establece lo siguiente: Terminología. Las referencias que en los textos normativos se efectúan a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones públicas utilizarán los términos persona con discapacidad o personas con discapacidad para denominarlas. En último lugar, debemos destacar el concepto actual de lo que se entiende por persona con discapacidad, tanto a nivel internacional como a nivel nacional; este concepto viene definido en el artículo 1 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 2. Concepto de incapacitación En el Ordenamiento jurídico español se diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, conceptos que son necesarios distinguir y aclarar para poder obtener un concepto preciso del significado de incapacitación. A. Capacidad jurídica La capacidad jurídica parte de que toda persona, por el mero hecho de serlo, es sujeto de derechos y obligaciones a lo largo de toda su vida. Parte esta concepción del artículo 29 del Código Civil que estipula que: El nacimiento determina la personalidad [ ] y tal y como han recogido las profesoras Elena Comes Muñoz y Blanca M.ª Escalonilla Morales, entronca con los principios de igualdad y dignidad que la Constitución española reconoce a todo ser humano. Por esta razón, los principales caracteres de la capacidad jurídica son los siguientes: Ininmutable Porque perdura de la misma manera durante toda la existencia del individuo, sin que admita graduación alguna Incondicional Porque no se requiere requisito alguno para esta condición Universal Porque este carácter es común y alcanza a todo ser humano A la luz de las características enunciadas, la capacidad jurídica la tiene toda persona independientemente de sus circunstancias o condiciones personales, las cuales no tendrían incidencia alguna a la hora de ser sujeto de derechos y obligaciones en el tráfico jurídico. 10
11 Capítulo 1. Procedimiento de incapacitación Ejemplo Imaginemos una persona con Alzheimer la cual, por la evolución propia de esta enfermedad, ha llevado a que la misma no sea consciente de su persona, su familia y su patrimonio. Estas condiciones particulares que rodean a la persona no afectan en modo alguno a que siga manteniendo la titularidad de sus propiedades y las obligaciones que estas conllevan: pago de impuestos, tasa de basuras, etc. De esta forma su capacidad jurídica no se ve afectada en modo alguno por las circunstancias de la persona. De esta manera, podemos afirmar que la discapacidad puede afectar a la capacidad de obrar (en contraste con la capacidad jurídica, que es inmutable). Sin embargo, la limitación de la misma no puede operar automáticamente, sino que se necesitará bien una sentencia que lo disponga expresamente o bien una previsión legal (como ocurre en caso de los menores de edad). En conclusión: quien carece de una capacidad natural de autogobernarse, por cualquier circunstancia natural, ostentará plenamente la capacidad jurídica, pero podrá ver limitada su capacidad de obrar. C. Incapacitación B. Capacidad de obrar La capacidad de obrar se define como la posibilidad de realizar actos jurídicos con validez en el tráfico jurídico, teniendo por lo tanto no sólo validez sino eficacia. Los principales caracteres de la capacidad de obrar vienen enunciados por las profesoras Elena Comes Muñoz y Blanca M.ª Escalonilla Morales, siendo los que se recogen en el siguiente diagrama: Variable Admite la graduación distinguiendo entre la capacidad de obrar plena, limitada o incapacidad de obrar Condicionada Sólo se dan si concurren determinados presupuestos de inteligencia, madurez y experiencia Específica Es propia de cada persona, afectando, por tanto, las especiales circunstancias de cada una de ellas Las circunstancias particulares de cada persona pueden afectar directamente en la capacidad de obrar: pueden llevar a la limitación de la misma. Una vez que se han diferenciado tanto la capacidad jurídica como la capacidad de obrar es necesario identificar qué es lo que se entiende por incapacitación. Tal y como se ha expuesto en el punto anterior, la capacidad de obrar puede ser condicionada y limitada si las condiciones de la persona así lo requieren y lo decide un juez. De este modo, la incapacitación viene configurada en nuestro Ordenamiento jurídico como una limitación parcial o absoluta de la capacidad de obrar que tiene que ser declarada judicialmente mediante sentencia (art. 199 del CC). Sin embargo, es necesario que se den los motivos que recoge el Código Civil en su artículo 200: la presencia de enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. En otras palabras, cuando una persona no pueda gobernarse a sí misma por causa de una enfermedad o discapacidad de cualquier tipo, se puede iniciar un procedimiento judicial de incapacitación, mediante el cual será el juez el que decida si efectivamente se dan las causas para la incapacitación y las consecuencias que esta tendrá para los actos realizados por la persona. 11
12 Aspectos jurídicos de interés para familiares de personas con Alzheimer 3. Protección constitucional de la discapacidad A. Previsiones constitucionales La Constitución española de 1978 establece en su artículo 49 un precepto específico de protección para las personas con discapacidad, expresándolo de la siguiente manera: Los Poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. Esta previsión constitucional fue pionera, junto con la Constitución de Portugal, en incluir dentro de su texto un artículo mediante el cual se establece un mandato expreso a los Poderes públicos para que establezcan una política activa en la defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad. Hasta ese momento era, cuanto menos, no habitual, que los textos constitucionales dedicaran alguno de sus preceptos a las personas con discapacidad, abriendo una puerta a los textos constitucionales posteriores a recoger previsiones en este tema, en mayor o menor medida. El referido artículo 49 de la Constitución española se integra dentro de los Principios Rectores de la Política Social y Económica y no dentro de los Derechos y Libertades Fundamentales. Los Principios Rectores de la Política Social y Económica son aquellos que deben inspirar la acción de los Poderes públicos en su gestión a favor del interés común. Esto no debe llevar a pensar, en ningún caso, que nos encontramos ante una mera declaración de intenciones carente de sustrato material, es decir, que los derechos de las personas con discapacidad no están estructurados y protegidos como ocurre con otros dentro del texto constitucional. Esta condición de principios rectores debe ser considerada tal y como establece el artículo 53.3 de la Constitución: El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los Poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. La importancia de este artículo (que vincula directamente a todos los Poderes públicos en sus actuaciones) resulta a todas luces indudable, puesto que se debe recordar que en un tema como la protección a los derechos de las personas con discapacidad están implicados todos los Poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). En este sentido, la actuación de los Poderes públicos debe garantizar entre otros los siguientes principios para la defensa de los intereses de todos los ciudadanos: el principio de igualdad, no discriminación y cohesión social El artículo 14 de la Constitución española reviste una especial importancia para el tema que tratamos, puesto que consagra el Derecho a la igualdad, formal y material, en los siguientes términos: 2 Los profesores Rafael de Lorenzo y Agustina Palacios han clarificado este aspecto de la siguiente manera: Pero esta condición de informadores de estos principios en absoluto es retórica [ ]. El artículo 53.3 CE impide considerar tales principios como normas sin contenido, obligando a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes, como también ha dejado clarificado el propio Tribunal Constitucional (SSTC 19/1982, de 5 de mayo; 15/1989, de 26 de enero; 14/1992, de 10 de febrero). Efectivamente, el citado Tribunal Constitucional considera que estamos ante unos principios que obligan al legislador (STC 172/1989, de 19 de octubre) y al conjunto de los Poderes públicos (STC 83/1984, de 24 de julio) y han de informar la práctica judicial (STC 14/1992, de 10 de febrero). 12
13 Capítulo 1. Procedimiento de incapacitación Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Como se desprende del anterior artículo, la virtualidad del artículo 14 no se agota con el concepto general de igualdad, sino que presta una especial atención a determinados tipos de discriminación que históricamente han producido unas desigualdades muy significativas, entre ellas, cualquier circunstancia personal (que puede ser entendida como la discapacidad que, en mayor o menor medida, puede acompañar a una persona). Además, el artículo 9.2 de la Carta Magna estipula: Corresponde a los Poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Pues bien, de la lectura de estos dos artículos se desprende la consagración de los principios de igualdad y no discriminación, íntimamente relacionados, puesto que la actitud que obedece a un propósito claramente discriminatorio conculcará obligatoriamente el Derecho a la igualdad (entre otros) y el principio de cohesión social que pretende la mejora de la calidad de vida de las personas. De esta manera la obligación de promover las condiciones de igualdad efectiva y real en todos los campos de la vida es un mandato y, por lo tanto, una obligación de todos los Poderes públicos del Estado. En definitiva este principio trata de remover todos los obstáculos para conseguir la igualdad efectiva. La participación en la sociedad de las personas con discapacidad La participación, configurada como un derecho esencial de cualquier persona, cobra especial importancia en el ámbito de las personas con discapacidad: sólo en su virtud se puede alcanzar la efectiva integración y defensa de los derechos de estas personas. Ello implica que para que realmente se consiga una mejora sustantiva en la calidad de vida de las personas con discapacidad es necesario que, dentro de los órganos legislativos o representativos (por ejemplo, mediante su inclusión en comités o conferencias sectoriales), este colectivo tenga presencia propia. Lo que determinará, entre otras cosas, que las medidas que se puedan adoptar en el seno de las actividades públicas se ajusten y adapten de manera más realista a las necesidades de las personas con discapacidad. B. Principales normas de España de protección a las personas con discapacidad Tal y como hemos enunciado en este tema, el punto de partida del desarrollo legislativo en materia de defensa de los derechos de las personas con discapacidad viene del artículo 49 de la Carta Magna. Por lo tanto, desde la aprobación de la Constitución se ha venido desarrollando una labor legislativa que comenzó con la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (conocida como LISMI). Esta Ley se caracteriza porque trata de aunar toda la actuación institucional pública en favor de las personas con discapacidad y sus familias. Por esta razón, ha venido siendo considerada como una Ley marco, en el sentido que establece los principios que han de guiar toda la normativa y posteriores actuaciones en materia de discapacidad. 13
14 Aspectos jurídicos de interés para familiares de personas con Alzheimer Establece esta norma en su artículo 3 que: Los Poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos que les reconoce esta Ley, constituyendo una obligación del Estado la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos económicos jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social. Esta obligación corresponde, en función de su ámbito de competencias tanto a la Administración General del Estado, como a las Comunidades Autónomas, entidades locales, sindicatos, entidades y organismos públicos y las asociaciones y personas privadas. Mediante esta norma se pretende, por tanto, la verdadera integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida: educativo, cultural, laboral y social. En el desarrollo legislativo de nuestro país, otra norma de especial importancia es la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (conocida como LIONDAU). Esta norma que completa la anterior fue dictada 20 años después de la LISMI e introduce nuevos conceptos de discriminación e igualdad de oportunidades, esto es, amplía el abanico de supuestos que tienen la consideración de discriminatorios a la vez que describe nuevas garantías para las personas con discapacidad. Además, los Poderes públicos, conscientes del peligro de dictar normas en cierto modo abstractas y generalistas, recogen de manera expresa en sus disposiciones finales mandatos de desarrollo de la norma y su aplicación en fases y tiempos. Resulta especialmente destacable de la norma su artículo 2, que resalta la aptitud de las personas con discapacidad para poder llevar una vida autónoma introduciendo el concepto de vida independiente en los siguientes términos: La situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, la persona con discapacidad pasa a ser conceptuada únicamente como aquella integrante de un colectivo que debe protegerse y entenderse como una persona capaz de llevar a cabo labores y participar en similares términos que el resto de la sociedad en la vida activa y productiva. 4. Procedimiento de incapacitación En este cuarto punto del tema se tratará todo el procedimiento de incapacitación, para lo cual es necesario trazar una breve introducción explicativa que despeje las dudas en relación a su objeto, quién puede declararla y su finalidad. Objeto La incapacidad es una situación derivada de una enfermedad o discapacidad física o psíquica, de carácter permanente, que priva a algunas personas de su capacidad de obrar. Como medida de protección de estas personas que no poseen una voluntad consciente y libre, ni suficiente discernimiento para adoptar las decisiones adecuadas en la esfera personal y/o en la de administración de sus bienes, la Ley ha previsto la declaración de incapacidad. Quién puede declararla Al tratarse de un asunto de una importancia capital en la esfera más íntima de las personas y con consecuencias tan trascendentes, el Ordenamiento jurídico determina que la incapacitación sólo puede declararla un juez mediante sentencia, tras haberse tramitado el oportuno procedimiento judicial
15 Capítulo 1. Procedimiento de incapacitación... Las causas para poder declarar a una persona como incapacitada vienen recogidas en el Código Civil (art. 200), que, si bien no determina las enfermedades o deficiencias que dan lugar a la incapacitación, exige como requisitos ineludibles que las mismas sean persistentes en el tiempo, no meramente temporales, y que impidan a la persona gobernarse. Finalidad La declaración judicial de incapacitación hay que entenderla en un sentido positivo y protector de la persona, pues tiene por finalidad posibilitar que personas que o bien carezcan de capacidad suficiente de obrar o con su capacidad disminuida, puedan actuar a través de sus representantes legales o con la debida asistencia, buscando siempre la protección jurídica y, en definitiva, el mayor beneficio de los mismos. A. Principios inspiradores del procedimiento de incapacitación El procedimiento de incapacitación es contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil 3 (en adelante LEC), regulado como un cauce procesal específico (arts. 748 y ss.) para sustanciar y conocer la acción de incapacitación. De estos artículos se desprende una serie de principios que inspiran y guían el mismo, los cuales han sido tratados por las profesoras Elena Comes Muñoz y Blanca M.ª Escalonilla Morales y son los siguientes, que serán expuestos de manera muy breve: 1. Principio de especialidad Es un proceso de carácter especial puesto que, si bien se remite al juicio verbal 4 (un tipo de procedimiento más sencillo) para su sustanciación, tiene sus propias características y rasgos que le aportan esa especialidad. 2. Principio de legalidad, potestad exclusiva de la jurisdicción o proceso debido Estos principios explican la premisa fundamental que se ha indicado en la introducción de este punto y que no es otra que nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial, previo procedimiento y en virtud de las causas establecidas por la Ley. 3. Principio del interés del presunto incapaz demandado o del mayor beneficio del discapacitado Este principio se vincula a dos notas características: la necesidad y la proporcionalidad. Esto viene motivado a que el beneficio de la persona sujeta a una posible incapacitación exige que se acredite la necesidad de la incapacitación para su adecuada protección y la proporcionalidad entre la restricción que conlleva la declaración de incapacidad, junto con el beneficio que supondría para el mismo. 4. Principio de oficialidad de la acción o carácter inquisitivo del proceso Este principio significa que, por el interés público que tiene la protección del beneficio de la persona presuntamente incapaz, siempre intervendrá preceptivamente el Ministerio Fiscal (art. 749 de la LEC). Además, se hará una búsqueda de la verdad material (de la situación real de la persona), siendo 2 Ley 1/2000, de 7 de enero. 3 La Ley de Enjuiciamiento Civil recoge dos tipos de procedimientos declarativos: el juicio verbal y el juicio ordinario. 15
16 Aspectos jurídicos de interés para familiares de personas con Alzheimer el propio juez el que puede acordar la práctica de cuantas pruebas estime necesarias, al margen de las aportadas por las partes. Igualmente existirá flexibilidad en la aportación y práctica de las pruebas, así como indisponibilidad del objeto del proceso. Como consecuencia de todo ello existe una atenuación de la necesidad de congruencia de la sentencia, esto es, que el juez podrá tomar las medidas que estime más beneficiosas para la persona, cualquiera que fueran las peticiones de las partes. En primer lugar tenemos que establecer como premisa fundamental que las personas con discapacidad no son sujetos de un procedimiento de incapacitación por el mero hecho de la discapacidad. Es necesario que se den una serie de presupuestos que incidan directamente sobre su posibilidad de autogobernarse. 5. Principio de contradicción Este principio explica que el procedimiento de incapacitación se configura como un proceso en que existen dos partes, el demandante o actor, que sería la parte que solicita la declaración de incapacidad para su familiar, y la demandada, siendo esta la persona sujeta al proceso de incapacitación. Ambas con su propia representación (abogado y procurador). Sin embargo, si el demandado el presunto incapaz no se presentara asistido por abogado y procurador, o no asistiera, podrá asistirlo el Ministerio Fiscal, siempre que no sea el promotor de la demanda, o el defensor judicial que se le nombre si no hiciera uso de su derecho a personarse y oponerse. B. Las personas con discapacidad como titulares de la tutela judicial efectiva En este apartado se analizará qué personas pueden ser sujetos de declaración de incapacitación y cuáles son los requisitos que se vienen exigiendo tanto por la normativa como por la jurisprudencia para que el juez, mediante sentencia, proceda a la incapacitación. Persona con discapacidad Persona incapacitada Persona incapacitada Persona con discapacidad Una vez sentada esta premisa fundamental, que deberá tenerse en cuenta a lo largo de todo el tema para una correcta comprensión, se procederá a realizar un análisis de los criterios que se tienen en cuenta por parte de los jueces para la declaración de la incapacidad. En primer lugar, debemos volver a citar el ya mencionado artículo 2006 del Código Civil, que define las causas de incapacitación, siempre como numerus apertus (no son las causas únicas) con una concepción más jurídica que técnico médica, y que son las siguientes: Persistencia de la patología Enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico Privación o restricción del autogobierno 6 Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma. 5 Esto significa que no cabe la renuncia, allanamiento, transacción ni arbitraje y el desistimiento exige la conformidad del Ministerio Fiscal. 16
17 Capítulo 1. Procedimiento de incapacitación El significado concreto de estos caracteres es el siguiente: Enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico En primer lugar es necesario clarificar lo que se entiende jurídicamente por enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico puesto que como ya hemos dicho, no es lo mismo el concepto médico que el jurídico. De hecho, si bien es necesario que exista una enfermedad o deficiencia, no es esencial que el diagnóstico médico (enfermedad concreta) sea claro, siendo suficiente la existencia de una patología acreditada, persistente e invalidante. El Tribunal Supremo ha dictaminado que se entienden por enfermedad o deficiencia : Aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanencial y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en la conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes 6. Se desprende de este pronunciamiento judicial que la enfermedad o deficiencia: i) debe afectar la capacidad volitiva, es decir, la voluntad; ii) ha de inhabilitar para el ejercicio de los derechos civiles. De este modo se tiene que tener en cuenta que las circunstancias de la persona sólo serán valoradas cuando limiten o, en su caso, anulen la capacidad de autogobierno. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la nueva línea jurisprudencial se está viendo afectada por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que va a influir desfavorablemente a este tipo de apreciaciones, algo que será tratado en el presente curso. Persistencia de la patología La persistencia o previsión de la misma explica que las personas que ven limitada o anulada su capacidad de autogobierno por motivos de enfermedad o deficiencia con carácter temporal no pueden ser sujeto de un proceso de incapacitación. La persistencia debe ser entendida como una permanencia continuada en el tiempo, e incluso, de carácter progresivo, en el caso de las demencias, donde se encuentra el Alzheimer, que suele encuadrarse dentro de estos casos. En este sentido, es necesario precisar que en lo relativo a los intervalos lúcidos que se dan en determinadas enfermedades y que tienen una manifestación cíclica, la jurisprudencia ha declarado que pueden ser causa de incapacitación. Todo ello va encaminado a la protección de la persona, de tal manera que cuando el carácter no sea permanente requerirá la persona una protección puntual y proporcional, pero cuando haya una permanencia patente, la protección deberá ser continuada y acorde con la situación de la persona. Es necesario precisar que persistencia no equivale a irreversibilidad puesto que la LEC recoge un procedimiento específico para modificar o rehabilitar la incapacitación ya adoptada. Privación o restricción del autogobierno Este es el presupuesto fundamental, básico y capital de todo el proceso de incapacitación, absolutamente necesario para que la sentencia judicial pueda acordar la misma. El autogobierno se puede definir como la capacidad real y efectiva que tiene la persona de tomar decisiones sobre los distintos aspectos de su vida con pleno conocimiento de las causas y consecuencias que tienen en su esfera jurídica. 7 STS
18 Aspectos jurídicos de interés para familiares de personas con Alzheimer Es el juez el que, preceptivamente, valora la capacidad de conocimiento y voluntad de la persona y, así, gradúa según las habilidades funcionales la restricción de derechos que conllevará la declaración de incapacidad. De este modo será necesario investigar en el procedimiento de incapacidad caso por caso el grado de autonomía concreto en el ámbito de las funciones básicas, también denominadas ABVD (actividades básicas de la vida diaria), es decir, el aseo, la alimentación, el transporte, etc., así como será necesario analizar las relaciones sociales, laborales (si las tuviera) y la planificación y programación de sus propios intereses. Ejemplo Por ser ilustrativo, traemos el ejemplo que don Fernando Santos Urbaneja expuso en las Jornadas de la Fundación Aequitas en el año 2004: Dos hijos interponen demanda de incapacitación contra su padre porque no están de acuerdo con la nueva relación que mantiene. Se reproduce el contenido del Acta de examen del presunto incapaz. A preguntas del juez, don Diego responde: Que se levanta a las ocho de la mañana, se viste, desayuna y se va al hogar del pensionista, que es la actividad que más le gusta. Que no sabe leer ni escribir. Que él se viste solo. Que, aunque tiene 92 años, va solo al médico, al Hogar del Pensionista y a la farmacia. Que Francisca sólo le ayuda a bañarse. Que también vota solo en las elecciones. Que al banco va voluntariamente con Francisca y no porque esta le fuerce. Que es pensionista y tiene en el banco dos millones de pesetas. Que actualmente la pensión es de ptas. Que le paga a Francisca ptas. mensuales porque le da la gana. Que desea continuar con Francisca porque se encuentra convenientemente atendido, incluso en exceso, y que se siente mejor con ella que con sus propios hijos. De esta manera, el juez decidió no declarar la incapacitación de esta persona, por no padecer enfermedad de carácter persistente y no tener mermadas sus capacidades de autogobierno, al encontrarse lúcido y con buenas capacidades cognitivas y volitivas. C. Legitimación activa La legitimación activa es la posibilidad que tienen determinadas personas establecidas por la Ley para promover interponer la demanda de incapacitación. La Ley ha tasado que sólo quien ostente respecto del demandado (el presunto incapaz) el vínculo familiar previsto puede interponer la demanda. Por lo tanto, se trata de una legitimación cerrada. En este sentido, la LEC (art. 757) distingue dos tipos de supuestos para estipular quiénes son las personas legitimadas para interponer la demanda, según sea el presunto incapacitado mayor o menor de edad: 1. La declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz. 2. El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no la hubieran solicitado. 3. Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la incapacitación de menores de edad, en los casos en que proceda conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela. [ ]. 18
19 Capítulo 1. Procedimiento de incapacitación En el siguiente cuadro se muestra las personas legitimadas: LEGITIMACIÓN ACTIVA Mayores de edad El presunto incapaz Cónyuge o pareja de hecho Descendientes Ascendientes Hermanos El Ministerio Fiscal promoverá la incapacitación si las referidas personas no existieran o no lo hubieran solicitado Pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal: Cualquier persona Autoridades y funcionarios Menores de edad Quienes ejerzan la patria potestad Tutela Si bien son claros los términos relativos a qué personas pueden interponer la demanda de incapacitación, resulta necesario hacer algunas precisiones: En primer lugar, no tiene legitimación el juez de oficio; no podrá iniciar el procedimiento judicial de incapacitación, aunque sí que podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación concreta del presunto incapaz. En el caso de los menores de edad, la LEC establece que sólo podrán promover el procedimiento los progenitores que ejerzan la patria potestad. Esto supone que quienes la tuvieran suspendida o hubieran sido privados de la misma no podrán promover la acción de incapacitación. A partir del presente punto, se procederá a realizar una descripción de los principales pasos que se siguen para poder declarar la incapacitación de una persona. D. Competencia Los juzgados y tribunales españoles son competentes en materia de incapacitación para todos los españoles, además de poder adoptar las medidas de protección a la persona y sus bienes, cuando la persona resida en España y no tenga nuestra nacionalidad. En este sentido, serán los tribunales de primera instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiera la declaración que se solicite, los encargados de conocer la demanda de incapacitación que se promueva (art. 756 de la LEC). Es destacable que: En el presente caso no se establece que los tribunales competentes serán los del domicilio del demandado (presunto incapaz), sino los del lugar de residencia. Debe entenderse por lugar de residencia habitual la que viene utilizando normalmente y es previsible que lo siga haciendo para el futuro. Por lo tanto, el legislador optó por establecer el lugar donde pasa la mayor parte del tiempo la persona sujeta a un proceso de incapacitación. En el lugar de residencia no sólo se va a realizar el emplazamiento y las notificaciones necesarias, sino que también se realizará la práctica de la exploración judicial (en el supuesto de que no pueda desplazarse al juzgado). En caso de personas ingresadas en centros de larga estancia, siempre que no se prevea la 19
20 Aspectos jurídicos de interés para familiares de personas con Alzheimer Demanda Contestación a la demanda vuelta a su domicilio, se puede tomar el mismo como lugar de residencia habitual (las personas con Alzheimer ingresadas en un centro residencial, se presume que trasladan allí su domicilio, a no ser que el ingreso tenga carácter temporal). Pues bien, una vez que se ha dejado sentados estos presupuestos básicos para la comprensión del procedimiento, se analizará el mismo, que se puede adelantar en el siguiente diagrama: E. Trámites Demanda Juicio Prueba La demanda es el escrito mediante el cual se promueve la incapacitación de una persona y es preceptivo abogado y procurador para interponerla; además, la misma deberá reunir todos los requisitos recogidos, con carácter general para todas las demandas, del artículo 399 de la LEC, esto es: Datos y circunstancias identificativos de la parte que demanda. Datos y circunstancias identificativos de la parte demandada (persona que se pretende incapacitar). El domicilio o la residencia habitual en donde puedan ser emplazados. Exposición de los hechos y los fundamentos de Derecho. Precisión de lo que se solicita. Sentencia Otros documentos que deben acompañar a la demanda son los siguientes: Certificado literal de nacimiento del demandado. Certificado literal de nacimiento del demandante. Certificado literal de nacimiento para la persona propuesta para tutor. Los antecedentes penales del propuesto para tutor (en caso de no aportarse, el juzgado lo solicitará de oficio). Certificado médico acreditativo de la enfermedad que padece la persona que se pretende incapacitar (si no se pudiera aportar, lo podrá solicitar el juez). Una vez presentada la demanda, el juez examinará la misma con carácter previo y de oficio, pudiendo rechazar la demanda que venga promovida por persona que no esté legalmente legitimada para hacerlo 8. El plazo para el emplazamiento de la parte contraria, en este caso la persona que se pretende incapacitar, es de 20 días. Contestación de la demanda Una vez presentada la demanda se le da traslado a la persona frente a la que se interpone (a la que se pretende incapacitar), que tendrá 20 días para contestar a la demanda, igualmente mediante abogado y procurador. En caso de no tener abogado y procurador, el Ministerio Fiscal, siempre que no hubiese sido este el que promoviera el procedimiento, podrá llevar la defensa del mismo, actuando como defensor judicial (art. 758 de la LEC). Al igual que ocurre con la demanda, la contestación también tiene que reunir una serie de requisitos contemplados en el artículo 405 de la LEC, que además de los recogidos en el punto 8 Debemos recordar que las personas que no estén legitimadas para promover la demanda de incapacitación podrán poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación, para que sea este el encargado de promoverla. 20

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 200
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 53
 artículo 14
 artículo 53
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 49
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2006
 artículo 399
 artículo 405