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Timestamp: 2020-08-11 00:36:05+00:00

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Sentencia nº 94 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 282943111
Sentencia nº 94 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2011
Número de Expediente: 11-0074
Recibido el presente expediente de la Sala; y, habiéndose dado cuenta en fecha 1º de febrero de 2011, este Juzgado para decidir acerca de su admisibilidad, observa:
Mediante escrito consignado en fecha 25 de enero de 2011, la ciudadana M.B.C.D.H., actuando en nombre propio y en representación de sus hijos G.H.C. y J.C.H.C., asistida por el abogado R.H.C., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 62.741, interpusieron demanda por cobro de bolívares, contra el BANCO LATINO C. A., sociedad mercantil en proceso de liquidación, según Resolución Nº 265 de la Junta de Regulación Financiera de fecha 23 de agosto de 2000, por el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), hoy Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios. Igualmente, por escrito presentado en fecha 1º de febrero de 2011, el mencionado abogado R.H.C., actuando en nombre propio y en representación de la sucesión de R.H.A., reformó la referida demanda.
Ahora bien, al examinar las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en particular la referida al requisito para instaurar demandas contra la República, advierte que el referido artículo dispone: “La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes: (...) Incumplimiento con el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa... ”, esto es, lo que se distingue como el antejuicio administrativo; que es la petición que el interesado dirige a la Administración con el fin de obtener la satisfacción de su pretensión sin necesidad de acudir a la vía judicial.
Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios.
Por tanto, conforme a lo establecido en la sentencia N° 00489, de fecha 22 de marzo de 2001, esta Sala reitera que el uso de la vía administrativa no responde al cumplimiento de una simple formalidad, sino que es necesaria para garantizar a los administrados la posibilidad de resolver el conflicto en sede administrativa, antes de acudir a la vía jurisdiccional, a través de la figura de la conciliación y con el fin de garantizar de una manera efectiva la tutela de los intereses del Estado y la participación ciudadana en la resolución de sus conflictos; en consecuencia, se declara con lugar la cuestión previa opuesta contenida en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y por ende, se desecha la demanda y se declara extinguido el presente proceso. Así se declara.
(Caso: Fondo de Desarrollo Regional del Estado Guárico (FONDER) contra Inversora Finanvalor, C.A. Sentencia N° 01542 de fecha 14.10.03). (Resaltado de este Juzgado)
Conforme al fallo parcialmente transcrito, el antejuicio administrativo constituye un privilegio procesal previo a las acciones contra la República, el cual es extensible a los institutos autónomos por mandato expreso del artículo 97 de la Ley Orgánica de Administración Pública; en este sentido, se observa que por cuanto en el presente juicio el ente demandado es el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), ahora Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, instituto autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, debió cumplirse estrictamente con la instancia del procedimiento administrativo previo a las acciones que contra la República se intenten o, como es el caso de autos, contra un instituto autónomo.
En tal virtud, como quiera que de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, este Juzgado constata la omisión del agotamiento de la instancia administrativa previa a las demandas contra la República, toda vez que los demandantes no acompañaron al libelo ningún documento que permita determinar el cumplimiento de este requisito, resulta forzoso declarar la inadmisibilidad del presente asunto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, así se decide.
N. delV.A.
Exp. 2011-0074/ndp.
Decisión nº 7149-08 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 10 de Octubre de 2008

References: Resolución 
 artículo 35
 resolución 
 artículo 346
 artículo 97
 artículo 35

Decisión nº