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Timestamp: 2020-01-21 20:43:58+00:00

Document:
Abogados adquisición nacionalidad española por residencia
Adquisición de la nacionalidad española por residencia
Abogados para la tramitación de la nacionalidad española por residencia legal, continuada e inmediatamente anterior. Nuevo procedimiento online.
¿Es usted residente en España y desea adquirir la nacionalidad española?
¿No sabe que requisitos se han de cumplir?
¿Quiere saber si se le aplica un plazo reducido de residencia para adquirir la nacionalidad?
Desde ABOGAEXTRANJERIA contamos con abogados expertos en adquisición de la nacionalidad española por residencia y le ayudaremos en su tramitación.
Este es un modo de adquisición de la nacionalidad por naturalización que permite a quien lleva residiendo un periodo de tiempo determinado en territorio español convertirse en nacional. Los requisitos son: residencia de 10 años, o menos según el caso, y que esta sea de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Además se debe acreditar buena conducta y suficiente grado de integración en la sociedad española.
Actualmente, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1004/2015 que aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, que desarrolla la Disposición final séptima y octava de la Ley 19/2015, del 13 de julio de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, se puede tramitar la solicitud de nacionalidad por residencia de forma telemática, a través de la página web del Ministerio de Justicia. Procedimiento que sustituirá por completo al actual presencial ante el Registro Civil, previéndose que el 30 de junio del 2017 todos los expedientes se presenten de forma telemática. Hasta entonces se puede presentar de las dos maneras.
Este Real Decreto también ha modificado el proceso actual añadiendo y eliminando algunos requisitos y documentación. Pero sin duda, la novedad más importante es la agilidad en su tramitación con la consecuente reducción en los plazos, estableciéndose un plazo máximo de resolución de 1 año.
En primer lugar vamos a ver cuales son los años y las características del periodo residencia que se requiere para obtener la nacionalidad. A continuación los documentos que se han de presentar, y las formas previstas para acreditar una suficiente integración. Finalmente, los trámites posteriores una vez otorgada la nacionalidad y las características del nuevo procedimiento telemático.
Periodo de residencia
Como ya hemos dicho la norma general aplicable a todos es la exigencia de un periodo de residencia en España de diez años. Sin embargo, existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce:
Cinco años: Aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado. Para ello deberá acreditar tal condición.
Para saber si una persona es nacional de uno de estos países, lo deberá de determinar el propio país y la persona demostrarlo a través de los pertinentes documentos de identidad o pasaporte. No pudiendo en ningún caso una autoridad española determinar por si misma si considera a alguien nacional de un país o no.
De esto se exceptúa a las personas de origen sefardí, quienes a través de las pruebas que establece la Ley pueden acreditar tal condición ante las autoridades españolas.
-El que haya nacido en territorio español.
Para aquella persona que hubiera nacido en España pero hubiera adquirido la nacionalidad de sus padres, por ser este el modo de adquisición de la nacionalidad que tiene preferencia en el sistema español. Se le permite entonces que por el hecho de residir en España, y demostrar un año de residencia legal y continuada, adquiera la nacionalidad española.
-El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad española por opción.
-El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si no continuara en esta situación en el momento de la solicitud.
-El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un español o española y no esté separado legalmente o de hecho.
-El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del cónyuge no estaban separados, de hecho o judicialmente.
-El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.
Características que ha de tener el periodo de residencia en España
El Código Civil establece que la residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición de nacionalidad española. Los tres requisitos son cumulativos y están relacionados entre si, ya que si la residencia no es legal, no se considera continuada o inmediatamente anterior y viceversa.
Al tratarse de requisitos pocos determinados y ambiguos, ha sido la jurisprudencia quien se ha encargado de matizarlos, vamos a examinar cada uno de ellos:
El concepto de legal se refiere a que esté acorde con la legislación, en este caso concreto con la legislación contenida en la Ley de extranjería que regula entre otras cosas la residencia de los extranjeros en territorio español. Excluyéndose por tanto a los extranjeros residentes en España de forma ilegal y sin los debidos permisos. También quedan excluidos aquellos que tienen permiso de residencia por estudios.
Sin embargo quedan incluidos aquellos que tengan residencia en España por tener estatuto de refugiado, o incluso el cónyuge que conviva con una funcionario o diplomático español acreditado en el extranjero, debiendo únicamente probar que la convivencia es real.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado en diferentes sentencias, así por ejemplo considera que el simple padrón en territorio español no es título válido para considerarse residencia legal en la STS de 28 de noviembre de 2011: “La inscripción en el padrón no constituye un título de residencia legal en España (...) pues el empadronamiento no presupone ni determina el carácter legal de la permanencia en España con arreglo a la normativa de extranjería”.
En otra sentencia, STS de 11 de mayo de 2010, establece que la pérdida de vigencia de la tarjeta de familiar de residente comunitario, no supone que necesariamente y de forma automática pase el solicitante a encontrarse en una situación de residencia ilegal en España, ya que puede ocurrir que éste tenga derecho a residir en territorio español por otros motivos.
Es necesario que el periodo de residencia exigido no se vea interrumpido en ningún momento, ya que de ocurrir, el cómputo del periodo deberá comenzar a contar de nuevo.
Para demostrar esta continuidad en territorio español, el interesado debe poder demostrar que su “centro de vida”, esto incluye su trabajo, centro de intereses, y sus relaciones personales y familiares se desarrollan principalmente en territorio español. Para ello es importante que su domicilio esté fijado en España.
Esto no quiere decir que la persona no pueda ausentarse de España bajo ninguna circunstancia, sino que estas ausencias deberán estar justificadas y no ser prolongadas. El Tribunal Supremo en la STS de 24 de mayo de 2007 establecía que “la no presencia física ocasional y por razones justificadas del territorio español no presupone el incumplimiento del requisito de residencia continuada siempre que no se traslade la residencia habitual y por ende el domicilio fuera del territorio español”. Entre las ausencias justificadas se incluyen las realizadas por motivos de trabajo o estudio.
Inmediatamente anterior
El periodo de residencia exigido debe ser simultáneo con la solicitud de nacionalidad, no siendo válidos los periodos anteriores de residencia en territorio español. Este concepto es el menos indeterminado de todos, no dejando lugar a la duda en cuanto al significado de inmediatamente anterior.
Documentación general para todas las solicitudes:
-Modelo de solicitud
-Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado del Registro Central de Extranjeros o del Registro de ciudadano de la Unión.
-Pasaporte completo y en vigor del país de origen.
-Justificación de la condición de refugiado mediante uno de los medios antes descritos.
-Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado.
-Certificado de antecedentes penales de su país de origen: debe además estar traducido y legalizado o apostillado. También es posible presentar un Certificado de buena conducta, expedido y legalizado por la autoridad nacional competente de su país de origen y legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
-Certificado de antecedentes penales del Registro Central de penados, puede sustituirse un certificado de antecedentes penales expedido por el Ministerio de Justicia español.
-Justificante del pago de la tasa
-Certificado de empadronamiento: disponible en el Ayuntamiento del domicilio del interesado, este puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud.
-Diplomas del Instituto Cervantes de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y la prueba de conocimiento del idioma español (DELE). Quedan exentos los menores e incapacitados judicialmente. Además cuando se trate de un solicitante nacional de un país en el que el castellano sea lengua oficial, este quedará exento de la realización del examen DELE siempre que acredite la efectiva nacionalidad del país hispanohablante. Además podrá sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud.
Documentación requerida para las situaciones especiales: las que requieren un periodo menor de residencia para adquirir la nacionalidad.
-Nacidos en territorio español:
1. Certificación de nacimiento del interesado que ha de estar inscrito en Registro Civil español.
-Refugiados: podrá acreditar tal condición aportando cualquiera de los siguientes documentos.
1. Tarjeta de Identidad de extranjeros donde conste su condición de refugiado.
2. Pasaporte Azul de la Convención de Ginebra de 1951 en caso de disponer del mismo.
3. Certificado de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior donde conste: nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padres y que mantiene su condición de refugiado. Este tiene una validez de seis meses desde la fecha de su expedición por lo que es necesario que acredite que tal condición sigue en vigor.
-Casado con español:
1. Certificado de matrimonio literal que tiene que expedir el Registro Civil que corresponda.
2. Certificado de Convivencia o de Empadronamiento conjunto con el cónyuge que demuestre su residencia conjunta.
3. Partida de nacimiento literal del cónyuge expedida por el Registro Civil.
-Viudo de español:
1. Certificación literal de nacimiento del cónyuge expedido por Registro civil español.
2. Certificación de matrimonio expedido por Registro civil español actualizado a la fecha de solicitud de la nacionalidad.
3. Certificación de defunción del cónyuge.
4. Certificado de Empadronamiento conjunto o Convivencia, que lo acredite a la fecha de fallecimiento del cónyuge.
-Descendiente de español, quienes no hayan ejercido oportunamente la facultad de optar:
1. Certificación literal de nacimiento del padre o madre español.
2. Certificación literal de nacimiento del abuelo o abuela españoles.
-Menores en régimen de tutela, guarda o acogimiento no provisional por español o institución española:
1. Cuando se trate de acogimiento familiar, auto del Tribunal competente donde designe a la persona responsable de ejercer la tutela, guarda o acogimiento.
2. Cuando se trate de acogimiento por una Institución española, resolución de la institución donde asuma la tutela, guarda o acogimiento.
-Sefarditas:
1. Acreditación de la condición de sefardí originario de España.
2. Acreditación de la especial vinculación con España.
Es una de las novedades de la Ley, el proceso antes gratuito tendrá ahora un coste de 100 euros que deberá ser abonado previamente al comienzo del proceso ya que se deberá presentar un justificante de abono de la tasa junto al resto de documentación. Los medios por lo que puede ser abonada son:
1/ Pago a través de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria:
Se realiza mediante formulario específico accesible en su Sede Electrónica. Para acreditar el pago hay dos opciones:
a. Mediante justificante que facilita la página web de la AEAT.
b. Comprobante de pago de la entidad bancaria, cuando ésta preste el servicio de banca electrónica para el pago de la tasa. En este deberá figurar el Número de Referencia Completo (NRC), junto con la hoja "Ejemplar para la Administración" del modelo 790- código 026.
2/Pago a través de sistemas de banca electrónica:
Para ello debe de disponer de cuenta abierta y firma electrónica para realizar el pago de forma electrónica a través de una de las entidades financieras colaboradoras. Es necesario descargarse el modelo 790-código 026 del portal del Ministerio de Justicia, e incluir su número de justificante en el apartado correspondiente de su sistema de banca electrónica.
3/ Presencial en España:
Solo disponible para personas que dispongan del NIE o DNI. Con el impreso 790- código 026 cumplimentado, disponible en el portal del Ministerio de Justicia, puede acudir a realizar el pago a una entidad financiera colaboradora con la Agencia Tributaria. Se justificará el pago con la validación mecánica o firma autorizada de la entidad financiera en la copia “Ejemplar para la Administración” del impreso 790- código 026 que deberá ser aportado junto con la solicitud.
Acreditación de un suficiente grado de integración en la sociedad española y buena conducta cívica
El artículo 22.4 del Código Civil, establece: "El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española".
Al no existir más artículos que desarrollen que se entiende por conducta cívica, este se trata de un concepto jurídico indeterminado y debemos acudir en gran medida a lo que digan los tribunales para definirlo. El Tribunal Supremo lo considera como ausencia de vulneración del ordenamiento jurídico, que debe ser valorado por la Administración en cada caso concreto y teniendo en cuenta un periodo de tiempo determinado. Es importante distinguirlo del concepto “suficiente grado de integración en España”, ya que el hecho de demostrar suficiente integración no justifica una buena conducta cívica, al ser conceptos distintos.
En cuanto a los medios para probarlo, al no establecerse nada, se entiende que se admite cualquier medio de prueba. En todo caso, es el solicitante quien debe aportarlas y no la Administración, este debe acreditar de forma positiva un comportamiento que sea acorde con los principios y valores cívicos de la comunidad en la que se integra. En cuanto a su valoración, esta debe ser considerada en su conjunto y durante un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los datos, antecedentes y referencias de los que se disponga. Se tendrá en cuenta la gravedad de los hechos, su lejanía en el tiempo, y si ha existido reiteración o no y su ponderación con los hechos favorables.
Es por ello, que el hecho de carecer de antecedentes penales, que estos hayan sido cancelados o no haber infringido nunca las normas de nuestro ordenamiento jurídico no suponen automáticamente contar con buena conducta cívica, de la misma manera que haber sido condenado penalmente no supone un criterio decisivo. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en la STS de 25 de febrero de 2011: “Nada tiene que ver pues el concepto jurídico indeterminado a que se refiere el artículo 22.4 del Código Civil, con la carencia de antecedentes penales, ya que la (además de suficiente grado de integración en la sociedad española) (artículo 22.4 del Código Civil), constituye un requisito adicional sobre la mera observancia de una conducta de no transgresión de las normas penales o administrativas sancionadoras, impuesto por el ordenamiento jurídico en razón del carácter excepcional que supone el reconocimiento de la nacionalidad por residencia y, por ende envuelve aspectos que trascienden los de orden penal y ha de ser valorada atendiendo a la conducta del solicitante durante un largo periodo de tiempo de permanencia en España y no puede identificarse sin más con la ausencia de antecedentes penales o policiales”.
Suficiente grado de integración
Para acreditar suficiente grado de integración en España, se debe demostrar un conocimiento del idioma español y de las instituciones y costumbres españolas. Anteriormente este requisito se comprobaba en el propio Registro Civil y en dependencias policiales, sin que existiera un procedimiento establecido para ello, lo que podía llevar a denegaciones por falta de integración. Actualmente con la nueva Ley ya en vigor, este requisito se acredita de forma obligatoria con la realización de dos exámenes: la prueba sobre conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y la prueba de conocimiento del idioma español (DELE). Estas pruebas serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Están exentos de realizar las pruebas los menores de edad y las personas con capacidad modificada judicialmente. Para justificarlo deberán aportar certificados de sus centros de formación, residencia, acogida, atención o educación especial en los que hubieran estado inscritos.
Prueba de conocimiento del idioma español (DELE)
El conocimiento del español es necesario para demostrar un grado de integración suficiente, ya que permite entablar relaciones sociales o trabajar en España. Esta es una prueba que acredita un conocimiento básico de la lengua española, nivel A2 o superior, del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa.
La superación del examen otorga un diploma de español como lengua extranjera DELE. Se puede realizar en cualquier sede o centro homologado del Instituto Cervantes en el mundo y su precio es de 124 euros, una vez realizado su validez no caduca.
Los solicitantes nacionales de países o territorios en los que el español sea idioma oficial estarán exentos de la prueba de dominio del español, siempre que demuestren que efectivamente son nacionales de uno de estos países: idioma oficial: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Prueba sobre conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE)
Esta prueba supone otro indicativo de un suficiente grado de integración en la sociedad, ya que se considera necesario un conocimiento básico de las instituciones, costumbres y sociedad española. También se puede realizar en cualquier sede o centro homologado del Instituto Cervantes en el mundo. Tiene una validez de 4 años y se recibe el certificado a los 20 días de realizarse.
El coste es de 85 euros y la inscripción da derecho a presentarse hasta un máximo de dos ocasiones, sin coste adicional. Si suspende la primera vez, debe presentarse a la segunda convocatoria en un plazo máximo de 18 meses desde la inscripción y en el mismo centro de examen que haya realizado la primera. No existe límite en cuanto al número de veces que puede inscribirse un candidato.
Para poder estudiar el examen, el Instituto Cervantes ha divulgado un Manual de Estudio con 300 preguntas y sus respuestas. El temario se centra en el Gobierno, leyes, participación ciudadana, cultura, historia y sociedad. El examen consta de 25 preguntas, de las cuales es necesario aprobar 15 para obtener el Certificado.
Quien puede solicitarlo y ante quién
-El interesado por sí mismo: cuando sea mayor de 18 años o se encuentre emancipado.
-Asistido por representante legal: cuando el interesado sea mayor de 14 años.
-Por representante legal: el menor de 14 años o incapacitado
-La persona con la capacidad modificada judicialmente: actuará por sí solo o a través de representante legal, en función de lo que señale la sentencia de incapacitación.
El interesado deberá presentar toda la documentación requerida junto al impreso oficial en el Registro Civil de su lugar de residencia. O de forma telemática, a través del procedimiento examinado más adelante, aportando la misma documentación y rellenando la solicitud online.
Una vez presentada la solicitud y los documentos que deben acompañarla, si estos adolecieran de algún defecto o faltase alguno, se requerirá al interesado o a su representante para que subsane la falta o defecto acompañando de forma física o telemática para su cotejo los documentos que procedan. Si se realizara de forma física, se realizarían las actuaciones necesarias para incluirlo de forma electrónica al expediente.
En el caso de que la subsanación no se produjera en el plazo de 3 meses desde la notificación que requería el aporte, se tendrá al interesado por desistido de su petición de nacionalidad española.
Concesión de la nacionalidad e inscripción en el Registro Civil
Con la entrega de la documentación y tras la acreditación de los requisitos, el Director General de los Registros y del Notario, elaborará una propuesta de resolución para la concesión o denegación de la solicitud de nacionalidad. Esta propuesta será elevada al Ministro de Justicia, quien la resolverá. Se notificará al solicitante en el domicilio indicado en la solicitud si se ha realizado de forma presencial o si se ha realizado telemáticamente mediante notificación en sede electrónica o cualquier otra modalidad de notificación telemática. En la notificación se hará mención a los recursos disponibles, el plazo y el órgano ante quién se puede interponer.
La resolución que declare la concesión o denegación de la nacionalidad española por residencia debe resolverse y notificarse al interesado en el plazo máximo de un año desde que la solicitud tuviera entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Transcurrido este plazo sin resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
Para que la adquisición de la nacionalidad pueda ser eficaz, el interesado debe prestar declaración ante el Encargado del Registro Civil en los 180 días siguientes a la notificación de la resolución, donde jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. Requisito del que quedan exceptuados los menores de 14 años e incapacitados.
Además, es necesario que en este mismo acto declare que renuncia a su nacionalidad de origen. Requisito del que quedan exceptuados los menores o incapacitados y los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, además de los sefardíes originarios de España, quienes pueden tener la doble nacionalidad. Entre los países iberoamericanos no se incluye a Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana, pero sí a Puerto Rico.
Una vez todos estos requisitos cumplidos y en el plazo de 5 días, el Encargado del Registro Civil competente por razón del domicilio del interesado, procederá a la inscripción de la nacionalidad española practicando el asiento correspondiente en el Registro. Posteriormente se procederá a expedir la partida de nacimiento para así solicitar el DNI y pasaporte español.
Nuevo procedimiento electrónico de adquisición de la nacionalidad española por residencia
Fue el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que aprobaba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia el que establece esta novedad, la tramitación electrónica del procedimiento en todas sus fases. Todo ello permite agilizar en gran medida el trámite y hacerlo más accesible, además de que la propia Ley establece un plazo máximo de tramitación de un año.
El Reglamento instaura un periodo transitorio en el que se podrán seguir presentando las solicitudes en formato papel ante el Registro Civil correspondiente al domicilio del interesado, este media desde la entrada en vigor del Real Decreto, esto es 8 de noviembre de 2015, hasta el 30 de junio de 2017. Durante este periodo se podrá realizar el procedimiento de una u otra manera, sin embargo al finalizar, únicamente podrán presentarse las solicitudes de forma electrónica.
Este procedimiento se hará enteramente de forma telemática, esto es, desde la solicitud inicial y la presentación de documentos hasta la notificación final donde se otorgue o deniegue la nacionalidad. También se podrá hacer un seguimiento del estado del proceso en todo momento. Entre las novedades se encuentra la obligación de pagar una tasa de 100 euros, y la de aprobar los dos exámenes para así demostrar un suficiente grado de integración.
La solicitud la puede realizar tanto el propio interesado, como el representante del menor o incapacitado judicialmente, o quien ejerce la patria potestad, tutela o curatela. También puede ser presentada por un abogado con su certificado digital profesional, cuando tenga tal poder en virtud de un mandato o poder de representación.
Para acceder a la tramitación online, se deberá entrar a través del portal del Ministerio de Justicia.
De forma previa a la presentación telemática, se ha de proceder al abono de la tasa de 100 euros en una de las formas previstas anteriormente, y que también puede realizarse a través de la página web del Ministerio de Justicia.
Una vez dentro del portal, se completará el formulario y se deberán aportar los mismos documentos que de forma presencial, para lo que será necesario escanear los documentos solicitados. Todos los documentos que se presenten y que requieran una firma del solicitante, serán suscritos mediante certificado electrónico reconocido del interesado, de su representante o del abogado habilitado.
Iniciado el procedimiento de forma telemática, dispondrá de un plazo de 4 meses para rellenar la solicitud y aportar toda la documentación requerida, pasado este plazo sin completarla, ésta se borrará de forma automática. La resolución sobre la concesión de nacionalidad o no deberá tener lugar en un plazo máximo de 1 año desde la solicitud, o se entenderá desestimada.
Sin duda este procedimiento supone un gran avance, ya que su principal objetivo es acelerar y agilizar el procedimiento de adquisición de la nacionalidad. Ya no será necesario pedir cita ni esperar unos 3 años para su concesión, sino que lo podrá realizar desde su domicilio, en cualquier momento y a cualquier hora.
Nuestros abogados expertos en extranjería les ayudarán con los trámites necesarios para su presentación tanto física como de forma telemática.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
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 Real Decreto 
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