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Timestamp: 2018-01-24 00:26:26+00:00

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Biodiversidad abr 2009 by Red en Defensa del Maíz - issuu
El nuevo acaparamiento mundial de la tierra Maíz transgénico “legalizado” en México La importancia de Acción Ecológica en Ecuador Primer triunfo de la Minga en Colombia
¡Se adueñan de la tierra!: el nuevo acaparamiento agrario
Organizaciones coeditoras Acción Ecológica notransgenicos@accionecologica.org Acción por la Biodiversidad agenciabiodla@gmail.com Campaña de la Semilla de la Vía Campesina – Anamuri internacional@anamuri.cl Centro Ecológico revbiodiversidade@centroecologico.org.br grain carlos@grain.org Grupo etc verónica@etcgroup.org Grupo Semillas semillas@semillas.org.co Red de Coordinación en Biodiversidad rcbcostarica@gmail.com REDES-AT Uruguay biodiv@redes.org.uy
Número 60, abril de 2009
Comité Editorial Carlos Vicente, Argentina Ma. Eugenia Jeria, Argentina Ciro Correa, Brasil Maria José Guazzelli, Brasil Germán Vélez, Colombia Alejandra Porras (Coeco-at), Costa Rica Silvia Rodríguez Cervantes, Costa Rica Camila Montecinos, Chile Francisca Rodríguez, Chile Elizabeth Bravo, Ecuador Ma. Fernanda Vallejo, Ecuador Silvia Ribeiro, México Magda Lanuza, Nicaragua Martin Drago, Uruguay Carlos Santos, Uruguay Administración Ingrid Kossmann ingridbiodiversidad@gmail.com Edición Ramón Vera Herrera constelacion@laneta.apc.org Diseño y formación Daniel Passarge, Claudio Araujo danielpassarge@gmail.com
La contaminación legal del maíz Por decreto transgénico Maíz transgénico, funcionarios delincuentes Mensajes cruzados, prácticas oscuras
Primer triunfo de la Minga de la Resistencia Social y Comunitaria
declaración de Heredia: climas, bosques y plantaciones | Costa Rica: el doble discurso del carbono neutral | ¿arroz transgénico en Brasil? | ¿es peligrosa la nueva ley estadounidense HR 875? | el mito de las tierras marginales | datos de la desaparición de las lenguas | ¡no al maíz transgénico!: red en defensa del maíz en México | rechazo al tratado de libre comercio con la Unión Europea | Ecuador: el malestar por la minería | A rgentina: ﬁebre minera en territorio mapuche | Paraguay: efectos de la concentración del manejo de semillas DE UN VISTAZO Y MUCHAS ARISTAS
El agua encarcelada: la resistencia contra las presas
Las fotografías de este número fueron tomadas en Brasil y en Ecuador. Las fotos de Ecuador, incluida la portada, fueron tomadas por Carlos Vicente en 2008 en la comunidad de Achullay San Agustín, cantón Guamote, Chimborazo. La foto de la portada corresponde a la chacra de Bernardo Guzñay y Rosario Cutuguan. las fotografías de Brasil son de Leonardo Melgarejo, fotógrafo de Jornal Brasil de Fato y fueron tomadas en el sur del país. Todos los dibujos que acompañan el número salvo donde se indique, son dibujos de Rini Templeton [Lucille Corinne Templeton] (1935-1986), una artista y luchadora social estadounidense que vivió y trabajo en México, Centroamérica y El Caribe, presenció la resistencia en México y Guatemala, y la experiencia de las revoluciones cubana, nicaragüense y salvadoreña. Con su trabajo, ella le dio sentido a muchas luchas por la justicia pero además ella insistió siempre en que su obra le pertenecía a todas las personas y colectivos que luchaban. Una muestra contundente de esta actitud puede verse en la página www. riniart.org, donde quienes han mantenido el legado de Rini permiten descargar los dibujos de la artista libres de cargo, si el uso que se dará a éstos no tiene ﬁnes de lucro o es para apoyar luchas de resistencia en folletos, panﬂetos, banderolas, mantas y pancartas. A quienes desean utilizar su obra para algún ﬁn que implique dinero, se les pide una colaboración para mantener el sitio electrónico. En Biodiversidad, sustento y culturas iniciamos una recuperación de su obra, y seguiremos publicando dibujos. En este número, brindamos apenas una pequeñísima muestra de toda su trayectoria, tomada del libro de John Nicols, et al, El Arte de/The Art of Rini Templeton. México, df: Centro de Documentacion Rini Templeton y Seattle: The Real Comet Press, 1988. Los otros dibujos son parte de la obra gráﬁca del artista mexicano Diego Rivera y se indica en el lugar donde aparecen. Las organizaciones populares y las ong de América Latina pueden recibir gratuitamente la revista. Contactar a redes-at: biodiv@redes.org.uy / http://www.grain.org/suscribe Les invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos envíen sus experiencias, sugerencias y comentarios. Dirigirse a Ingrid Kossman ingridbiodiversidadla@gmail.com Los artículos ﬁrmados son responsabilidad de sus autores. El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque agradeceríamos que citaran la fuente. Por favor envíennos una copia para nuestro conocimiento. Agradecemos la colaboración de la Cooperación al desarrollo de la Consejería de la Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco.
Biodiversidad, sustento y culturas es una revista trimestral (cuatro números por año). Las organizaciones populares, las ONG y las instituciones de América Latina pueden recibirla gratuitamente. Por favor envíen sus datos con la mayor precisión posible para simpliﬁcar la tarea de distribución de la revista. Los datos necesarios son: País, organización, nombre y apellido, dirección postal: código postal, ciudad, provincia, departamento o estado. (Correo electrónico, teléfono y/o fax, si se cuenta con ellos.) Envíen por favor su solicitud a BIODIVERSIDAD, REDES-AT Uruguay, San José 1423, 11200, Montevideo, Uruguay. Teléfonos (598 2) 902 23 55/908 2730. biodiv@redes.org.uy / http://www.grain.org/suscribe
a fotografía muestra a Rosario Cutuguan que con orgullo auténtico nos brinda desde Ecuador los frutos surgidos de su tierra. En esa misma fotografía uno adivina la dignidad de su familia y su comunidad, y entiende que la resistencia es algo basado en su historia, su experiencia y su decisión. Para quienes elaboramos Biodiversidad, sustento y culturas, la imagen nos recuerda también que en Ecuador ahora, como en toda América Latina, se libra día con día la batalla de la legitimidad. Y en esa batalla, la sociedad civil ecuatoriana ha insistido siempre en que la legitimidad viene de la transparencia, del quehacer cotidiano respetuoso pero crítico (que no evade el debate y le otorga peso a la palabra), pero que no por eso ceja en su afán de una justicia verdadera. Por eso desde estas páginas respaldamos el continuado trabajo de Acción Ecológica, su reﬂexión y pensamiento compartido, su mirada crítica y su trabajo de acompañamiento de los movimientos sociales del Ecuador y de América Latina. Y es que en esta época hace mucha falta la justicia. La época es ésta, la de la nueva Gran Crisis. En realidad una época donde se acumulan una crisis energética, una crisis alimentaria, una crisis ﬁnanciera, una crisis económica general. También hacen crisis los sistema políticos. Y no son difíciles las confrontaciones. El mundo se calienta en muchos sentidos. Motines por comida, despidos masivos, miles de desalojados de sus casas por las deudas inmobiliarias, campamentos de desamparados en todo Estados Unidos. La crisis hizo crisis, o para decirlo de otro modo, el modelo general del capitalismo actual —con todos sus instrumentos de control y regulación— hizo crisis. Está en crisis. Que haya hecho crisis no signiﬁca que llegó a su ﬁn. El capitalismo se reorganiza con las crisis y éstas le dan oportunidad de hacer más negocios, de volver a hacer ganancias, de idear nuevos remiendos tecnológicos para reactivar sus conceptos y sus laboratorios, produciendo así nuevos procesos industriales. En paralelo, condiciones como las actuales propician legislaciones favorables a los intereses de las empresas mejor colocadas, y aseguran su control sobre más segmentos de los procesos clave, sobre todo la cadena alimenticia. Estas empresas buscan también un nuevo aseguramiento de la tierra, las semillas, las fuentes energéticas, las materias primas, el agua.
or efecto de sus aparatos ﬁnancieros que luchan todos contra todos, los países desarrollados ya sintieron los primeros coletazos del monstruo y tal vez su crisis parezca amainar conforme avanza el año, pero los países en desarrollo van a comenzar a sentir más los embates en cuanto las naciones más ricas dejen de invertir en el mundo en desarrollo o dejen de adquirir sus exportaciones.
El cambio climático comienza ser demasiado real y ya muchos países que son clave en producir grandes cantidades de alimentos sienten los embates de severas sequías. Tal vez quienes más lo resientan sean los pobres de las ciudades o la gente del ámbito rural atada a los círculos de la agricultura comercial, por magra que sea. China, India, pero también Argentina y Brasil, están sufriendo los efectos de tales sequías: caídas espectaculares en los rendimientos, merma enorme de las existencias y una dramática subida en los precios. Los grandes afectados son el trigo (alimento básico de muchos pueblos), pero también el maíz donde se siembra comercialmente. Según un informe de la fao, “precipitaciones escasas y erráticas, altas temperaturas y precios relativamente altos en los insumos [muchos derivados de petroquímicos] han demorado las operaciones de cultivo y en algunos casos han evitado que se siembre del todo”, con lo que las pérdidas por la sequía están en un rango de entre 40 y 60%. Por eso mismo, como lo ilustra el informe de grain que abre este número (ver página 3) los gobiernos y las empresas están desatados comprando o arrendando tierras en el extranjero para cultivar en ellas alimentos que habrán de sacar de los países “huéspedes” para llevarlos a sus propias poblaciones. Inician con ello una tendencia de desnacionalización de las tierras propias de cada país, sean privadas, sociales o gubernamentales, e inauguran la dislocación de las producciones de innumerables cultivos, con efectos poco entendibles hasta el momento. En esta privatización desde el extranjero, los gobiernos pueden presumir que su interés es la seguridad alimentaria de sus propias poblaciones, pero los grupos ﬁnancieros van por el puro negocio. Otra de las aristas en todo este enredo climático, energético, tecnológico, ﬁnanciero, inmobiliario, alimentario, es el gran control que las compañías de semillas y agroquímicos siguen desarrollando sobre los cultivos comerciales mediante sus variedades diseñadas en laboratorio y que están patentadas. Un control logrado con base en sus contactos clave en los sistemas políticos nacionales, en las legislaciones que por todo el mundo se aprueban de país en país con los mismos lineamientos y previsiones. El caso del maíz transgénico y su implantación a la mala en México, es una historia de corrupción (ver página 11) pero también una historia de resistencia que vale la pena ser contada por la lucidez con que se le enfrentan las comunidades indígenas y campesinas —que desde siempre han valorado sus propias visiones, sus propios medios, sus propias experiencias, con perspectivas de larga duración y variadas estrategias cotidianas. Son comunidades indígenas tan lúcidas y antiguas como las que recorrieron Colombia en 2008 para reivindicar su historia, su identidad y su existencia digna en el mundo a través de la Minga de la Resistencia Social y Comunitaria, y que lograron echar abajo un estatuto rural que ponía en peligro su ancestral posesión comunitaria de la tierra, y fragilizaba su trabajo en pos de un merecido autogobierno (ver página 20). Para entender todo esto y compartirlo es que existe Biodiversidad, sustento y culturas. Y para que, pese a las crisis desatadas, tengamos que pensar y sentir y contar y reﬂexionar y discutir en nuestros círculos de conﬁanza y cariño —que son, desde siempre, vacunas conocidas contra la desesperación y la barbarie. El miércoles 8 de abril murió nuestra amiga y compañera María Eugenia Jaque. María trabajó muchos años en la Fundación Böll y desde allí apoyó varias de las organizaciones que formamos parte de Biodiversidad, y la misma revista. María se caracterizó por tender puentes entre organizaciones y por establecer relaciones respetuosas, solidarias y de mucho compromiso. La recordaremos con cariño y trabajaremos para que sus semillas sigan dando frutos. l BIODIVERSIDAD
¡Se adueñan de la tierra! El nuevo acaparamiento agrario GRAIN octubre de 2008
Juntas, las crisis alimentaria y ﬁnanciera actuales dispararon un nuevo ciclo mundial de apropiación de tierras. Los gobiernos con “inseguridad alimentaria”, que dependen de importaciones para alimentar a su población, están arrebatando tierras agrícolas fuera de su país en las que pretenden producir alimentos propios. Las corporaciones alimentarias y los inversionistas privados, ávidos de ganancias en medio de la crisis ﬁnanciera, ven la inversión en tierras agrícolas extranjeras como una importante y nueva fuente de lucro. Las tierras agrícolas fértiles se privatizan y se concentran más y más. De no poner coto a este proceso, el acaparamiento mundial de tierras puede signiﬁcar en muchos sitios el ﬁn de la agricultura en pequeña escala como medio de vida y sustento.
América desencadenó una brutal expulsión de comunidades indígenas. Los colonialistas blancos se adueñaron de los territorios ocupados por los maoríes en Nueva Zelanda y por los zulúes en Sudáfrica. Es un proceso violento muy vivo hoy en día, de China a Perú. La prensa informa a diario de luchas por la tierra —mineras como Barrick Gold invaden las montañas de América del Sur, o corporaciones alimentarias como Dole o San Miguel estafan a los campesinos ﬁlipinos y se quedan con sus derechos agrarios. En numerosos países los inversionistas privados compran grandes extensiones para disponer de ellas como parques naturales o áreas de conservación. Crecen los casos en que la nueva industria de los agrocombustibles, promovida como respuesta al cambio climático, expulsa gente de su tierra. Pero ahora crece una nueva y preocupante tendencia a comprar y acaparar tierras para desplazar su producción de alimentos a otros países, del mismo modo en que muchas empresas desplazan a otros países variados procesos industriales, productivos o incluso ﬁnancieros, algo que hoy se conoce como “dislocación”: que un proceso (en este caso el cultivo de alimentos) se saque fuera del “contexto social, económico y político-jurídico original” (el país que busca comprar tierras), “con tal de extraer ventajas de las condiciones económicas, sociales y políticojurídicas de los países a donde se lleva la producción”. Esto lo engendró la crisis alimentaria mundial (y la crisis ﬁnanciera más vasta de la que es parte) —al estallar casi juntas en los últimos 15 meses.
Las fotos de esta sección son del sur de Brasil de Leonardo Melgarejo
Nuevo acaparamiento. El “descubrimiento” de
La seguridad alimentaria es una razón de peso. Depender de la importación de alimentos hace que muchos países preﬁeran dislocar su producción de alimentos que competir duramente en los mercados. Ésta es una innovadora estrategia de largo plazo para alimentar a sus pueblos a buen precio y mucha mayor seguridad. Signiﬁca comprar, rentar o apoderarse de tierras agrícolas en otros países mediante tratos desiguales y cultivar en ellas los alimentos que necesitan. Arabia Saudita, Japón, China, India, Corea, Libia y Egipto van en ese camino. Desde marzo de 2008, funcionarios de alto rango de muchos de esos países han movido activamente sus hilos diplomáticos en busca de tierras fértiles en Uganda, Brasil, Camboya, Sudán y Pakistán. Los gobiernos “cortejados” generalmente reciben bien los ofrecimientos extranjeros de inversión.
Otros van por las ganancias. Ante el desplome ﬁnanciero, los especuladores ﬁnancieros y la industria alimentaria —las casas de inversión que manejan las pensiones de los trabajadores, los fondos de capitales privados que van tras las ganancias rápidas, los fondos de cobertura que huyen del desplome del mercado de los instrumentos derivados, los comerciantes de granos con nuevas estrategias de crecimiento— ven nuevas fuentes de lucro en el control de tierras para producir alimentos y combustibles. Puede sonar disparatado que gobiernos extranjeros estén comprando tierras en Sudán para producir y exportar alimentos a sus propios ciudadanos, cuando la crisis en Darfur (en el oeste sudanés) hace que el Programa Mundial de Alimentos intente alimentar a 5.6 millones de refugiados. Lo mismo ocurre en Camboya, donde 100 mil familias (medio millón de personas), carecen de alimentos. Pero ocurre. La tierra no ha sido una inversión típica para muchas empresas transnacionales. Es tan fácil que la tierra quede envuelta en conﬂictos políticos que muchos países ni siquiera permiten que sea propiedad de extranjeros. Y la tierra no se valoriza de la noche a la mañana, como los cerdos cebados o el oro. Para lograr rentabilidad los inversionistas requieren aumentar sus capacidades productivas —y a veces ensuciarse las manos operando sus establecimientos agropecuarios. Pero con las crisis alimentaria y ﬁnanciera, juntas, en muchos países se dispararon los precios de los alimentos y los precios de la tierra son bajos. Ahora es negocio controlar cuanto antes las mejores tierras: aquellas cercanas a los suministros de agua disponibles. Los gobiernos pueden promover “seguridad alimentaria” con su agenda de políticas públicas, pero son los inversionistas quienes hacen el negocio y ganan. No nos engañemos. Si bien los funcionarios públicos negocian los contratos de apropiación de tierras destinadas a cumplir con una “seguridad alimentaria”, se espera explícitamente que el sector privado se adueñe de la tierra y entregue productos. A ﬁn de cuentas, en estos nuevos acaparamientos, las empresas privadas extranjeras terminan controlando las tierras agrícolas que producen alimentos para otros, no para las comunidades locales. ¿Alguien dijo que el colonialismo era una cosa del pasado? Seguridad alimentaria. Arabia Saudita y China
compran tierras por todo el mundo, desde Somalia a Kazajstán. Son también India, Japón, Malasia y Corea del Sur en Asia. Egipto y Libia en África. Bahréin, Jordán, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos en Medio Oriente.
China es ostensiblemente autosuﬁciente en alimentos. Pero tiene una población gigantesca, sus tierras agrícolas desaparecen ante el avance industrial, sus fuentes de agua están sometidas a graves presiones. No es sorpresa que la seguridad alimentaria sea uno de los puntos principales de la agenda de su gobierno: tiene 40% de los agricultores del mundo y sólo 9% de las tierras agrícolas mundiales. Pero tiene más de 1.8 billones de dólares de reservas en divisas, así que China cuenta con bastante dinero para invertir en su propia seguridad alimentaria “dislocada”. Desde bastante antes del estallido de la crisis alimentaria mundial en 2007, Pekín se comenzó a llevar parte de su producción de alimentos al extranjero. En años recientes funcionarios concretaron unos 30 tratados de cooperación agrícola que dan a empresas chinas acceso a tierras agrícolas de “países amigos” a cambio de tecnología, capacitación y fondos para infraestructura. Ocurre en Asia y en toda África. Es una serie de proyectos muy diversos y complejos. De Kazajstán a Queensland, y de Mozambique a Filipinas hay un proceso sistemático: las compañías chinas arriendan o compran tierra, montan grandes establecimientos agrícolas a los que envían a sus agricultores, cientíﬁcos y extensionistas para hacerlas producir. La mayor parte de la agricultura china en el extranjero se dedica a producir arroz, soja (soya) y maíz, junto con cultivos para agrocombustibles: caña de azúcar, mandioca o sorgo. El arroz producido fuera es invariablemente híbrido y procede de semillas llevadas de China. Los agricultores y cientíﬁcos chinos le enseñan a los trabajadores rurales locales a cultivar arroz “a la manera china”. A menudo, tales jornaleros, contratados para trabajar en los establecimientos agrícolas chinos, en África por ejemplo, no saben si el arroz es para alimentar a su pueblo o a los chinos, pero la naturaleza furtiva de varios negocios relacionados con la tierra los hace entender el destino de las cosechas, y crece el resentimiento. De hecho, la enorme pérdida de tierras agrícolas y fuentes de agua en China es tan grande que “China no tiene otra opción” que producir en el extranjero, dice un experto de la Academia China de Ciencias Agrícolas. A principios de 2008, el Ministerio de Agricultura trazó una política gubernamental central para dislocar su producción de alimentos. Hay indicios de que el sector privado puede jugar un papel cada vez mayor. Por ser naciones del desierto, los Estados del Golfo Pérsico —Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos— tienen escasez de suelo y agua para cultivar alimentos o criar ganado. Pero poseen enormes cantidades de petró-
leo y dinero, lo que les permite producir sus alimentos en otros países. La crisis alimentaria actual los afectó muy fuerte. Como no les queda sino importar alimentos (sobre todo de Europa) y puesto que sus divisas tienen paridad con el dólar estadounidense (excepto Kuwait), el aumento simultáneo de los precios de los alimentos en el mercado mundial y la caída del dólar implicó que su gasto en importación alimentaria se inﬂara en los últimos cinco años, de 8 mil millones de dólares a 20 mil millones. Además, tienen enormes poblaciones de trabajadores inmigrantes poco remunerados (son quienes construyen las ciudades y atienden en los hospitales), por lo que es imprescindible que las dinastías políticas del Golfo les proporcionen alimentos a precios razonables si pretenden desactivar estallidos sociales. Cuando se disparó la crisis alimentaria y se cortó el suministro de arroz de Asia, los Emiratos Árabes Unidos entraron en pánico —80% de su población son trabajadores inmigrantes casi todos consumidores de arroz. Ante la inminente escasez de agua, los sauditas tuvieron que reconocer que tendrían que dejar de producir incluso trigo (su principal alimento) hacia el año 2016. Todo esto hizo que, bajo la égida del Consejo de Cooperación del Golfo (ccg), se unieran con Bahréin y los otros países del Golfo para formular una estrategia colectiva de producción de alimentos en el exterior. Ahora buscan acuerdos comerciales, sobre todo con los países islámicos: su compromiso es proporcionar capital y contratos petroleros mientras se garantice que sus corporaciones tengan acceso a tierras agrícolas y que saquen el producto de regreso a su país. Los Estados preferidos son Sudán y Pakistán, seguidos de Birmania, Camboya, Indonesia, Laos, Filipinas, Tailandia y Vietnam, Turquía, Kazajstán, Uganda, Ucrania, Georgia, Brasil. Japón y Corea del Sur también buscan afanosos tierras agrícolas en el extranjero. Ambos reciben alrededor de 60% de sus alimentos de fuera (en Corea, es más de 90% si se excluye el arroz). A principios de 2008, el gobierno coreano formuló un plan nacional de adquisición de tierras extranjeras, designando al sector privado como actor central. Las empresas coreanas de alimentos ya compran tierras en Mongolia y Rusia oriental para producir alimentos que serán exportados a su país. El gobierno ex-
plora varias opciones en Sudán, Argentina y Asia sudoriental. Japón parece basarse en el sector privado para organizar importaciones de alimentos mientras el gobierno hace malabarismos con el marco político mediante acuerdos de libre comercio, tratados bilaterales de inversión y pactos de cooperación para el desarrollo. Los sucesivos gobiernos japoneses han resistido todo tipo de presiones que los impulsan a reestructurar la agricultura japonesa: ahí reinan las ﬁncas agrícolas familiares y las corporaciones no tienen autorización para ser dueñas de la tierra. Esa presión puede crecer ahora que las empresas japonesas compran tierras en lugares como China y Brasil. La agricultura industrial de India está en serios problemas: por un lado los costos de producción, por otro la mermada fertilidad del suelo. Es dudosa la disponibilidad de agua a largo plazo. Las luchas por el acceso a la tierra se complican: hay una resistencia social generalizada a las llamadas Zonas Económicas Especiales. Estimulados por la crisis alimentaria mundial y probablemente porque no quieren quedarse al margen, varios ejecutivos de agroempresas, y la Corporación Estatal de Comercio, propiedad del gobierno de India, ven necesario
producir fuera parte de los alimentos del país. Los cultivos de oleaginosas, legumbres y algodón se van a producir en el extranjero y continuarán con la producción nacional de trigo y arroz pues calculan que eso es más barato. Birmania le abastece 1 millón de los 4 millones de toneladas de lentejas que India importa cada año para complementar su producción interna de 15 millones de toneladas. Ahora, en vez de comprarle a Birmania, los comerciantes y fabricantes indios quie❱ pasa a la p. 7
Compras de tierra en América Latina Los acaparadores
Los ministerios de comercio, economía y ﬁnanzas del Consejo de Cooperación del Golfo recomendaron establecer una empresa o fondo común y producir alimentos fuera, en Brasil entre otros países.
14 compañías indias de aceite vegetal, incluidas Ruchi Soya y KS Oils, formaron un consorcio para comprar o arrendar grandes extensiones de tierra en Birmania, Paraguay y Uruguay para producir soja, girasol y legumbres. 10 mil hectáreas en Paraguay podrían usarse en el cultivo de soja. Hay ofertas en Brasil y Argentina. Su capital inicial es 45 millones de dólares para autoﬁnanciar 25% de las operaciones y conseguir préstamos para el resto.
Mitsui compró 100 mil hectáreas agrícolas en Brasil —un 2% de la superﬁcie cultivada de Japón— para producir soja. Las tierras están en Bahía, Minas Gerais y Maranhão. Mitsui compró la tierra mediante 25% de su participación en Multigrain SA, el comerciante de granos brasileño que cerró el trato. La inversión total de Mitsui en Multigrain, asciende a 95 millones de dólares.
Una medida oﬁcial del ministerio de Agricultura de China alienta a empresas nacionales a rentar o comprar tierra en el extranjero con ﬁnes agrícolas, y abastecer a China de soja a largo plazo. La medida está en suspenso. Suntime International Techno-Economic Cooperation creó empresas conjuntas para producir arroz en Cuba (5 mil hectáreas) y México (1 050 hectáreas).
El gobierno coreano es dueño de casi 21 mil hectáreas de pastizal en Argentina, para la cría de ganado. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) buscan comprar tierras en América del Sur para su abasto alimentario.
EL PURO NEGOCIO Dexion Capital (Reino Unido)
Corporación Financiera Internacional, CFI (Banco Mundial)
Louis Dreyfus (Holanda)
A través de Calyx Agro, su fondo de capitales privado para adquirir tierras agrícolas en América del Sur, Louis Dreyfus Commodities posee 60 mil hectáreas en Brasil, y ya comprometió 120 millones de dólares. Se espera obtener beneﬁcios en la reventa, con el aumento de la productividad de las tierras.
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ren entrar y cultivar ahí, ellos mismos, las lentejas. Es más barato y tienen más control sobre el proceso. Con el apoyo de su gobierno, las empresas indias rentan tierras agrícolas birmanas para producir cultivos destinados a India. El gobierno indio le proporciona a la junta militar birmana nuevos fondos especiales para mejorar su infraestructura portuaria, e impulsa un acuerdo bilateral de libre comercio e inversión, adaptado para allanar las diferencias en las políticas de ambos Estados. Ahora, los gerentes de las corporaciones de la India están comprando también plantaciones de palma aceitera indonesias y buscan en Uruguay, Paraguay y Brasil tierras para cultivar lentejas y soja.
convertido en un llamado a que prácticamente todas las autoridades y expertos encargados de resolver la crisis alimentaria mundial cierren ﬁlas. Y los diplomáticos e inversionistas saltan de país en país buscando tierras y haciendo propuestas. Pero los gobiernos cortejados aceptan rápidamente: son ingresos nuevos de capital extranjero para construir infraestructura rural, mejorar instalaciones de almacenamiento y embarque, consolidar estableci-
damiento campos arroceros khmer a Qatar y Kuwait, para que éstos produjeran su propio arroz. Si bien no se especiﬁcó la región, debe ser bastante grande pues el gobierno obtiene a cambio casi 600 millones de dólares en préstamos. Al mismo tiempo, el Programa Mundial de Alimentos tuvo que comenzar a enviar ayuda alimentaria por un valor de 35 millones de dólares para mitigar el hambre que azota el ámbito rural en Camboya. En Filipinas, donde mucha gente tuvo que reducir su ingesta de comida, desde marzo de 2008 Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin van una y otra vez al país a asegurar tierras para su propio suministro de alimentos. Para cortar de raíz toda controversia, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo logró introducir de contrabando el acuerdo de apropiación de tierras ﬁrmado con los Emiratos Árabes Unidos (donde muchos ﬁlipinos trabajan para mantener en marcha la economía ﬁlipina) según la nueva política industrial halal (conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana) de su gobierno. De este modo, el proyecto de los Emiratos Árabes Unidos aparece como un componente integral de un programa ﬁnanciado por el gobierno para construir una nueva industria nacional, y no lo
mientos agropecuarios e industrializar sus procesos. En varios de esos acuerdos se prometen innumerables programas de investigación y mejoramiento genético. No obstante, tras la retórica de los acuerdos en los que supuestamente todos salen ganando, el objetivo real no es el desarrollo agrícola o rural, sino el desarrollo de las agroempresas. Hace unos meses, el primer ministro de Camboya, Hun Sen, anunció públicamente que daba en arren-
que realmente es: desviarle a extranjeros ricos tierras agrícolas fértiles y probablemente en disputa. Los movimientos sociales de la región protestan porque los diversos fondos recibidos por Birmania a cambio del uso exclusivo de parte de sus tierras agrícolas son un apoyo subrepticio que se le brinda al régimen militar represivo que gobierna ese país. En Uganda estalló una enorme protesta pública cuando Reuters informó de las conversaciones del gobierno con el ministerio de Agricultura de Egipto,
Contradicciones. “Invertir en agricultura” se ha
dando detalles de un arrendamiento de más de 840 mil hectáreas de tierras agrícolas ugandesas (¡2.2% de la superﬁcie total de Uganda!) a empresas egipcias para producir trigo y maíz con destino a El Cairo. Los funcionarios de gobierno negaron el acuerdo, pero el parlamento de Uganda exigió una sesión de emergencia para investigar el tema. Imán de inversión. Ante el embate conjunto de cri-
sis alimentaria y ﬁnanciera, controlar la tierra es un nuevo imán para los inversionistas privados. No son las operaciones típicas de las agroempresas transnacionales —por ejemplo, que Cargill invierta en una planta de procesamiento de soja en el Mato Grosso de Brasil. Hablamos de asumir el control de tierras agrícolas. Los actores principales son la industria alimentaria y con mucho mayor peso las ﬁrmas ﬁnancieras. En los círculos de la industria alimenticia, las empresas japonesas y árabes de comercialización y procesamiento son quizás las más involucradas en adquirir tierras en el extranjero. Cinco conglomerados comerciales dominan el mercado de alimentos y
agronegocios de Japón —Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni y Sumitomo— mediante la compra, el procesamiento, el transporte, la comercialización y la venta al público. En gran medida se centran en satisfacer las necesidades del mercado interno japonés, pero ahora captan nuevos mercados en el extranjero, le dan más importancia que antes a la producción y ya poseen 12 millones de hectáreas de tierras agrícolas en el extranjero donde cultivan alimentos y forraje. Parte de esas tierras están en China, donde en 2006 Asahi, Itochu y Sumitomo comenzaron a arrendar cientos de hectáreas para producir alimentos orgánicos con destino a los mercados chino y coreano. En 2007, Asahi expandió su proyecto y creó el primer establecimiento lechero japonés en China. Un año después Asahi aprovechó la tragedia de la melamina en la leche para lanzar su primer producto de leche líquida con un precio 50% más caro: ¡el capitalismo del desastre en su mejor expresión! Las empresas japonesas también están metidas en Brasil (ver recuadro). Fiebre por la tierra. El cambio climático, la destruc-
ción del suelo, la pérdida de las fuentes de agua y el estancamiento de los rendimientos de los cultivos dentro del paradigma del monocultivo se han vuelto la gran amenaza contra el futuro suministro de alimentos del planeta según la gente en el poder. Para ellos se traduce en poco margen de ganancia, precios elevados y urgencia de más tierra. Y las ﬁnanzas, que tanto apostaron y perdieron, están buscando refugios seguros y las tierras agrícolas son un juguete nueva que brinda dividendos. Es vital producir alimentos, los precios seguirán altos, hay tierra barata disponible: negocio redondo. A lo largo de 2008, un ejército de casas de inversión, fondos de capitales privados, fondos de cobertura y otros por el estilo han estado comprando ávidamente tierras agrícolas en todo el mundo —con gran ayuda de organismos como el Banco Mundial, su Corporación Financiera Internacional y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, quienes allanan el camino para esta corriente de inversión y “convencen” a los gobiernos de que cambien las leyes de propiedad de la tierra. Los precios de la tierra suben y activan una vertiginosa ﬁebre por adueñarse de tierras. En septiembre de 2008 mientras todos los ojos estaban puestos nerviosamente en Wall Street, Deutsche Bank y Goldman Sachs ponían su dinero a resguardo inviertiendo en China, en los mayores establecimientos porcinos y avícolas, en las procesadoras de carne, y en derechos a tierras agrícolas. La empresa BlackRock Inc., con sede en Nueva York,
una de las mayores administradoras de dinero del mundo, con casi 1.5 billones de dólares en sus libros, acaba de crear un fondo de cobertura agrícola de 200 millones de dólares, 30 millones de los cuales se utilizarán para adquirir tierras en todo el mundo. Morgan Stanley, que casi engrosa la ﬁla de los rescatados por el Departamento de Hacienda estadounidense, compró 40 mil hectáreas de tierras agrícolas en Ucrania. Muchos compiten por el fértil cinturón que desde Ucrania atraviesa el sur de Rusia. Renaissance Capital, casa de inversiones rusa, adquirió derechos sobre 300 mil hectáreas de tierras ucranianas. Black Earth Farming, un grupo sueco de inversiones, adquirió el control de 331 mil hectáreas de tierras en la región de tierra negra de Rusia. Alpcot-Agro, otra empresa sueca, compró los derechos de 128 mil hectáreas. Landkom, grupo británico de inversiones, compró 100 mil hectáreas de tierras en Ucrania y aspira a 350 mil hectáreas para 2011. En toda esta tierra se producirán cereales, aceite, carne y productos lácteos para quienes pueden pagarlo. Los países escogidos en esta nueva tendencia —entre los que se cuentan Malawi, Senegal, Nigeria, Ucrania, Rusia, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Brasil, Paraguay o Australia— ofrecen tierra fértil, relativa disponibilidad de agua y cierto nivel de crecimiento de la productividad agrícola. El horizonte temporal del que hablan los inversionistas es, en promedio, de 10 años. Entienden que hay que hacer producir la tierra y crear infraestructura comercial —las tasas de retorno anuales proyectadas son de 10 a 40% en Europa o hasta 400% en África. Cambios en la propiedad agraria. Muchos países
están cambiando leyes, políticas y prácticas sobre la propiedad de la tierra. China está en vías de una importante reforma que facilite que los campesinos vendan sus derechos al uso de la tierra, que de lo contrario sería propiedad del Estado en nombre del pueblo. La reforma facilitará que, a título individual, los agricultores vendan o arrienden sus derechos, y que utilicen sus títulos agrarios como garantías colaterales de préstamos. Esto puede alentar una enorme reestructuración del medio rural en China, que pasaría de los innumerables pequeños establecimientos agrícolas actuales —injustamente culpados de las últimas crisis de seguridad alimentaria de China— a una menor cantidad de grandes establecimientos, sobre los que las empresas podrán entonces tener derechos más sólidos. Se especula que muy pronto Ucrania depondrá su prohibición de venta de tierra a extranjeros. Sudán, donde la mayoría de la tierra es propiedad del gobierno, está
emitiendo arrendamientos de 99 años a un precio muy bajo, si no es que gratis. Pakistán tiene normas claras que permiten a inversionistas extranjeros ser dueños y trabajar en lo que se clasiﬁca como “establecimientos agropecuarios empresariales”, donde las leyes laborales del país no se aplican. El Banco Mundial y el Banco Europeo para la Investigación y el Desarrollo, asesoran activamente a los gobiernos para que modiﬁquen las políticas y prácticas de propiedad de la tierra de manera que los inversionistas extranjeros tengan más incentivos para volcar su dinero. Según funcionarios del Banco Mundial, cambiar las leyes de propiedad agraria es un objetivo integral del programa de 1 200 millones de dólares del Banco para manejar la crisis alimentaria en África. El Banco Europeo para la Investigación y el Desarrollo promueve una reforma de políticas agrarias en respuesta a la crisis alimentaria en Europa y Asia Central, con especial atención en los posibles grandes exportadores de granos: Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria y Kazajstán. ¿Y entonces? Este auge de adquisición de tierras demuestra que los gobiernos perdieron su fe en el
mercado. La crisis alimentaria mundial sacudió esa fe cuando los países se enfrentaron súbitamente a una falsa escasez ocasionada por la especulación más que por la oferta y la demanda. Los Estados del Golfo son bastante lúcidos en su intención de controlar o acaparar tierras agrícolas extranjeras para garantizar su abasto directo de alimentos, excluyendo lo más posible a los mercaderes y otros intermediarios, lo que reduce en un 20-25% sus gastos de importación. De todo lo anterior subyace un desprecio por los mercados abiertos y el libre comercio, tan laureados por los asesores occidentales en los últimos cuarenta años. Con esta tendencia, los trabajadores, los campesinos y las comunidades locales inevitablemente perderán acceso a una tierra donde podrían producir alimentos localmente. Se está entregando la base misma sobre la que podría construirse soberanía alimentaria. Nada reemplaza la tierra ni la posibilidad de laborarla y vivir de ella. Y el problema central es la reestructuración. Esas tierras (pequeñas propiedades o bosques) serán transformadas en grandes plantas industriales conectadas a lejanos mercados. Los campesinos no volverán a ser agricultores reales, haya o no trabajo. Ésta será tal vez la mayor consecuencia. Se insiste que es necesario invertir más en agricultura y construir solidaridad entre los países del Sur creando una economía cooperativa, fuera del alcance del imperialismo (occidental o del Sur). Pero ¿qué agricultura? ¿Qué tipo de economías? ¿Quién controlará esas inversiones y quién se beneﬁciará de ellas? Esas operaciones no harán mella en la crisis alimentaria ni traerán “desarrollo” necesariamente a las comunidades locales. Muchas de esas inversiones agrícolas en el extranjero son facilitadas mediante tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio más amplios, lo que diﬁculta la solución de futuros problemas. Es muy probable que concederle tierras agrícolas a otros países o a inversionistas privados para producir alimentos que serán enviados a otra gente, le aseste duros golpes a las luchas de tantos movimientos que reclaman una reforma agraria genuina y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Muchos de los países escogidos son importadores netos de alimentos, con conﬂictos muy serios en torno a la tierra. En Pakistán, los movimientos campesinos ya suenan la alarma sobre 25 mil poblados
que serán desplazados si se acepta la propuesta de Qatar de producir parte de su producción de alimentos en la provincia de Punjab. En Egipto, campesinos del distrito de Qena han estado luchando con uñas y dientes por recuperar 1 600 hectáreas que se le concedieron a Kobebussan, un conglomerado japonés de agronegocios, para producir alimentos con destino a Japón. En Indonesia, la ﬁnca arrocera saudita de Merauke, —1.6 millones de hectáreas entregadas a un consorcio de 15 empresas que producirán arroz para exportarlo a Riyadh—, desprecia el derecho nacional de los habitantes de Papúa que no encuentra cómo vetar el proyecto. La tenacidad del Banco Mundial y otros por facilitar el control agrario a los ávidos inversionistas extranjeros como solución retorcida a la crisis alimentaria, puede culminar en conﬂictos explosivos. Es verdad que algunos acuerdos reservan parte de los alimentos producidos para las comunidades de la región o para el mercado interno del país huésped. Algunos incluyen agendas sociales, la construcción de hospitales o escuelas. Pero promueven un modelo industrial de agricultura con grandes ﬁncas empresariales que genera pobreza y destrucción ambiental, exacerba la pérdida de biodiversidad, contamina con agroquímicos y organismos genéticamente modiﬁcados, y aﬁanza la agricultura orientada a la exportación —fórmula que provocó que la crisis alimentaria 2007-2008 fuera tan difícil para tanta gente, sobre todo en Asia y África. Por último: ¿qué ocurre en el largo plazo cuando concedes el control de las tierras agrícolas de tu país a naciones e inversionistas extranjeros? Esta es una versión resumida. El documento completo está disponible en: http://www.grain.org/brieﬁngs/?id=214 Las fuentes pueden consultarse en http://tinyurl.com/ landgrab2008.
La contaminación legal del maíz en México Presentamos tres miradas al reciente anuncio gubernamental que levanta la moratoria a sembrar maíz transgénico en México. Reciclamos dos de los análisis publicados a principios de marzo, fecha del anuncio, porque los consideramos muy pertinentes para entender el momento. Como tercer elemento presentamos un recuento de la situación.
Por decreto transgénico Ana de Ita
l pasado viernes 6 de marzo, a partir de un decreto presidencial, ﬁrmado además por las secretarías de Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Educación y Salud, quedó sin efecto la moratoria de facto establecida por cientíﬁcos mexicanos, que durante 10 años prohibió en México la siembra experimental y comercial de maíz transgénico, por ser país centro de origen, diversidad y domesticación. La siembra experimental que se permite a partir de este decreto no pretende comprobar alguna hipótesis o reportar algún hallazgo cientíﬁco. Es sólo un trámite para que en un plazo de uno o dos años se generalice la siembra comercial de maíz transgénico en México. Lo que ningún experimento cambiará es la biología del maíz, que al ser un cultivo de polinización abierta hace imposible la coexistencia de variedades transgénicas y variedades no transgénicas, ya que las primeras inevitablemente contaminarán al resto. De ahí que el decreto se impone sin resolver el problema que fundamentaba la moratoria: la contaminación transgénica del maíz nativo, reconocida por el gobierno mexicano desde 2001.
A partir de ahora y en cuenta descendente el maíz transgénico se esparcirá como pandemia a los campos del principal cultivo y alimento básico de México. Monsanto ha declarado que a ellos les interesa avanzar en los cultivos comerciales del norte del país, principalmente en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, que producen maíz con métodos industriales. Los productores de estos
producen los híbridos convencionales, pero también los transgénicos, dependerá de su oferta que los productores puedan escoger sembrar maíz convencional. El año pasado, la contaminación en Chihuahua demostró que la variedad 7525, que distribuye la empresa Producers Hybrids como híbrido convencional —pues hasta hoy está prohibida la venta comercial de semillas transgéni-
estados, sembrando con semillas mejoradas e híbridas convencionales y un paquete tecnológico con muy alto contenido de insumos químicos, capital, mecanización y riego, están logrando rendimientos muy altos, cerca de 20 toneladas por hectárea, que difícilmente los transgénicos podrán superar. Sin embargo, ya que el mercado de semillas en México está controlado por las corporaciones que
cas de maíz— en realidad contenía variedades genéticamente modiﬁcadas de Monsanto. Más temprano que tarde, los productores industriales de maíz correrán la suerte de los productores de Estados Unidos: aunque quieran no conseguirán sembrar variedades de maíz no transgénicas. Los agricultores comerciales en la mira de las corporaciones son quienes proveen la mayor parte del volumen de maíz que
entra al mercado para consumo humano y que hasta ahora no es transgénico (12 millones de toneladas). Y aunque se importa alrededor de 11 millones de toneladas anuales de maíz amarillo provenientes de Estados Unidos, donde 80 por ciento de las siembras son transgénicas, este maíz se utiliza sobre todo —aunque no exclusivamente— para alimentar el ganado. La agricultura campesina produce cerca de 8 millones de toneladas de maíz con mucho menos insumos químicos y utilizando variedades de semillas nativas o criollas, pero participa marginalmente en el mercado, pues destina al autoconsumo gran parte de su producción. Los campesinos son quienes conservan la gran diversidad de razas y variedades de maíz que existen en el país. Aunque parecerían no ser del interés
de las corporaciones, pues sus condiciones de producción les impiden el uso de un paquete tecnológico homogéneo y no existen las variedades de semillas comerciales que puedan adaptarse a tan diversas condiciones ecológicas, los programas del gobierno se empeñan en incorporarlos a la agricultura industrial, promoviendo el uso de paquetes tecnológicos que incluyen variedades homogéneas de semillas, como el actual programa de apoyo a productores de maíz y frijol (Promaf). Desde 2002 y hasta la fecha, los diagnósticos participativos de la presencia de transgenes en las milpas campesinas, elaborados por la Red en Defensa del Maíz, registraron contaminación transgénica en regiones campesinas muy apartadas de las zonas de agricultura industrial. La apertura de la siembra de maíz transgé-
nico en México indudablemente expandirá la contaminación a las variedades nativas y criollas de maíz. La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, en el informe Maíz y biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México, 2004, recomendó hacer una evaluación profunda de los impactos en la salud, debido al alto consumo de maíz por la población mexicana (229 kilogramos anuales por persona en promedio), muy superior al de los países desarrollados. El decreto presidencial del 6 de marzo nos impone en el corto plazo que no exista otro tipo de maíz, a menos que como sociedad impidamos este desastre. (La Jornada, 21 de marzo) * Directora de Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
Maíz transgénico, funcionarios delincuentes Alejandro Nadal
n la historia de la tecnología hay muchos ejemplos de innovaciones que marcaron trayectorias decadentes y peligrosas. La industria nuclear es desde luego uno de los mejores ejemplos. Pero la biotecnología molecular no se queda atrás. La tecnología agrícola basada en organismos genéticamente modiﬁcados ha desembocado en un callejón sin salida. Los argumentos que se adelantan para justiﬁcarla son falsos. Ni es más productiva, ni es más barata, ni es más amistosa con el medio ambiente. Tampoco es claro que sea inocua para la salud humana, pues aún en esa dimensión hay una gran polémica en la comunidad cientíﬁca. Todo ese debate no le importa a las compañías de biotecnología. Su objetivo es la rentabilidad y
para ello necesitan obtener el control del proceso de producción que existe en el campo. Este proceso de producción, por muchas razones, se resiste desde hace 500 años a someterse por completo a la lógica del capital. Hoy, en plena crisis, las compañías de biotecnología molecular necesitan implantarse de lleno en el campo mexicano. Pero enfrentan un obstáculo. La legislación mexicana que ellas mismas diseñaron contiene un artículo que obliga a establecer un régimen de protección especial para el maíz, antes de proceder a la siembra de grano transgénico. Para darle la vuelta a este mandato y poder implantar y consolidar el maíz transgénico en el campo mexicano, las empresas de biotecnología han necesitado la ayuda de los funcionarios públicos en
las secretarías competentes. Hoy la conducta de las autoridades de la Secretaría de Agricultura, ganadería desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo conﬁrma una vez más. El 6 de marzo el gobierno federal publicó en el Diario Oﬁcial una serie de reformas al reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modiﬁcados (lbogm). El decreto pretende formalizar el inicio de la desregulación del cultivo de maíz transgénico en México. Es un golpe sucio que en su momento recibirá la respuesta adecuada de la sociedad civil. Desde que se publicó la lbogm hemos denunciado sus contradicciones, su subordinación a las grandes corporaciones y el estado de indefensión en que queda el
pueblo de México y el medio ambiente. Pero esa misma ley contiene (artículo 2, fracción xi) la obligación de establecer un régimen de protección especial para el maíz. En un primer intento de engaño, el gobierno emitió un reglamento a la lbogm en el que se relegaba esa obligación a un artículo vacío. En efecto, el último artículo del reglamento decía, simple y llanamente, que el régimen de protección del maíz se conformaría por disposiciones jurídicas que establecería la autoridad. Es decir, se admitía claramente que el régimen de protección especial no existía en el reglamento. Posteriormente, el titular de Sagarpa intentó un golpe de mano con un acuerdo administrativo que contenía una simulación de régimen de protección. El acuerdo era además inconstitucional. Y como le cayó una lluvia de críticas, Sagarpa cambió de táctica. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) le aconsejó a Sagarpa incluir el régimen de
protección especial en el reglamento de la lbogm en lugar de relegarlo a un simple acto administrativo. En su dictamen, la Cofemer le señaló a la Sagarpa que era preferible esa vía porque la observancia del simple acto administrativo podría interpretarse como potestativa, algo contrario al objetivo de una ley. Ahora que sale publicado el decreto con las reformas al reglamento, podemos observar que el régimen de protección especial del maíz ha desaparecido por completo. Han culminado tres años de manipulación y engaños. La propia Cofemer queda en entredicho porque la simulación nunca había sido tan descarada. Su dictamen señala que es preferible llevar el régimen de protección especial del maíz al reglamento debido a la necesidad de emitir principios de observancia general, impersonales, objetivos y obligatorios, que resultan necesarios para aplicar la lbogm. Pues bien, la Cofemer debería haber rechazado el decreto porque en el mismo el régimen de protec-
ción especial sencillamente ha desaparecido. El lobby de las empresas de biotecnología y sus amigos en el gobierno deben estar de plácemes. Sienten que lograron su objetivo, abrir el camino a la desregulación del maíz transgénico. Deben recordar lo siguiente. Los funcionarios que ﬁrman el decreto del 6 de marzo reformando el reglamento de la Ley de Bioseguridad se han colocado de lleno en el supuesto del artículo 216 del Código Penal Federal: “Cometen el delito de coalición de servidores públicos los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución […]”. Ese delito se castiga con una pena de dos a siete años de prisión. Es la pena que deberán purgar por violar el orden jurídico federal que alguna vez juraron hacer cumplir. Es la pena por los daños irreversibles que podrían provocar en el campo mexicano. (La jornada, 11 de marzo de 2009) * Investigador del Colegio de México
Mensajes cruzados, prácticas oscuras GRAIN La contaminación ilegal. En septiembre de 2008, la
investigadora mexicana Ana de Ita escribía: “Para Monsanto, es una prioridad el levantamiento de la moratoria a la siembra de maíz transgénico establecida en México hace diez años” pues en el actual entorno favorable a las empresas “lograr la siembra de maíz transgénico en México, donde cerca de la mitad de la superﬁcie agrícola se destina al maíz, parece un negocio jugoso”. Esta moratoria, llegará a su ﬁn, “cuando se otorgue el primer permiso de siembra experimental y en cuestión de meses será legal la siembra comercial”. Ana de Ita insistía: “México ocupa el cuarto lugar en las ventas de Monsanto, una vez que las compañías semilleras nacionales sucumbieron ante la feroz competencia… A escala mundial, Monsanto triplicó sus ganancias en el primer trimestre del 2008 con
base en la venta de semillas de maíz (transgénico e híbrido) y de herbicidas. El auge de los agrocombustibles y el uso de maíz para fabricar etanol en Estados Unidos aumentaron el valor de sus acciones en 21%”. Monsanto, dice De Ita, “ha contado con el apoyo de los legisladores que aprobaron en su favor la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modiﬁcados (lbogm), y con el respaldo de funcionarios de las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, que publicaron el reglamento de la ley y burocráticamente intentan concluir el Régimen de Protección Especial al Maíz” (“Granjeros modernos o siervos de Monsanto”, La Jornada del campo, número 8). En septiembre de 2008 se comprobó la siembra y consumo de maíz transgénico en Chihuahua, al norte del país, “sin que el productor ni el vendedor de la semilla se den cuenta que se trata de un producto genéticamente modiﬁcado”, aﬁrmaba Lourdes Díaz López en El Diario, el 24 de septiembre de 2008. Eran casi 25 mil hectáreas de acuerdo al muestreo que levantó Greenpeace en su momento y que el activista Víctor Quintana comentó diciendo: “Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa) quieren curarse en salud diciendo que son 70 hectáreas y que el problema se está atendiendo”. Poco después se hizo el anuncio oﬁcial de que habían ocurrido estas siembras. El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ignacio Legarreta Castillo, indicó “que en Chihuahua se ha detectado el primer caso a nivel nacional de siembra de maíz transgénico, lo cual investiga ya el Ministerio Público Federal (mpf), luego de los estudios de laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y será el mpf quien determine de quién es la responsabilidad, si del productor, el vendedor de semilla o de aduanas al momento de la importación”. Es decir, estábamos ante una embestida clandestina e ilegal para hacer de la siembra de maíz transgénico un hecho consumado que terminara de facto la moratoria.
Muere la moratoria entre mensajes cruzados. El 6 de marzo de 2009 (a escasos 6 meses del descubrimiento de siembras transgénicas masivas e ilegales en el norte del país), se anunció una serie de reformas al reglamento de la lbogm “bajo las cuales se podrá hacer uso experimental del maíz genéticamente modiﬁcado”. Y en el artículo 67 de reglamento referido se hizo una misteriosa salvedad por la cual “no se permitirá la experimentación ni la liberación al ambiente de maíz genéticamente modiﬁcado que contenga características que impidan o limiten su uso o consumo humano o animal, o bien su uso en procesamiento de alimentos para consumo humano”, [sic]. Indagando un poco, uno acaba por entender que el artículo se reﬁere a maíces trasngénicos que contengan plásticos, biorreactores, u otros elementos que los hacen deﬁnitivamente no-comestibles, pero de su confusa redacción uno podría derivar dos posibles alternativas de su puesta en práctica: o se activa la moratoria, toda vez que ningún transgénico ha logrado demostrar su inocuidad (es decir no habría ningún maíz transgénico que haya probado no tener características que “impidan o limiten su uso o consumo humano”), o se promueve que animales y humanos tengan mayor acceso a los transgénicos experimentales, para no limitar ni su “uso ni su consumo”. La primera alternativa la rompieron de facto al levantar la moratoria; la segunda es absolutamente aberrante y suicida. Alberto Cárdenas, titular de la Sagarpa dijo entonces que el país “abrirá la puerta poco a poco, y no de par en par, sino con todo cuidado y responsabilidad a la tecnología para el desarrollo de organismos genéticamente modiﬁcados, que se desarrolla en 55 países y con la cual se cultivan 115 millones de hectáreas”. Pese al anuncio de la liberación transgénica, Patricio Patrón Laviada, titular de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) insistió en esos mismos días en que “los agricultores de Chihuahua y Sinaloa que siembren maíz transgénico serán sancionados, por ejemplo, con destruir la cosecha. Además se harán inspecciones continuas en esas entidades, porque es un compromiso histórico evitar la contaminación
15 Dibujo: Diego Rivera
del centro de origen del grano”. El funcionario dijo a la reportera: “vamos en serio. La ley se cumple. A manera de ejemplo, recordó los casos de inspecciones y clausuras de hoteles por incumplir las normas ambientales. Me va a temblar la mano, pero voy a ﬁrmar a la hora de que lo tengan que botar (el maíz transgénico). Más vale una advertencia, aseveró. Se busca, explicó, evitar la entrada de organismos genéticamente modiﬁcados al centro de origen de ese grano, sobre todo a los estados de Oaxaca y Puebla”. (Angélica Enciso, La Jornada, 9 de marzo). Y como en una comedia de enredos, al otro día el titular de la Semarnat, Juan Elvira Quesada, anunció que se recibirían solicitudes para el cultivo experimental de maíz transgénico. Advirtió que “si no hay políticas en la materia y no se dan permisos puede haber más casos de introducción ilegal del producto, lo cual a la larga ocasionará más daños a la biodiversidad”. Para el funcionario —y es uno de los pretextos preferidos por las autoridades mexicanas en otras situaciones—, lo mejor es hacer legal lo que ya ocurría pero de lo cual la autoridad no se enteraba. Hechos consumados, para después legalizarlos. Por eso aﬁrmó: “hay casos documentados de contaminación de cultivos tradicionales de maíz con transgénicos en la Sierra Juárez de Oaxaca y en Chihuahua. En este último, aún no se sabe de dónde se obtuvo la semilla transgénica y la investigación aún no concluye. México tiene ese riesgo, como lo han tenido muchos otros países en otros cultivos, teniendo o no permisos; la movilización de semillas o de granos de manera ilegal puede ser algún factor totalmente natural”. (Angélica Enciso, La Jornada, 10 de marzo, 2009). Para Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo etc, “al abrirle las puertas a la experimentación con maíz transgénico el gobierno mexicano comete un delito histórico que marca la decisión de enajenar y colocar en alto riesgo el patrimonio genético alimentario más importante del país. Obviando la ilegalidad, los funcionarios argumentan que esta apertura es necesaria porque el maíz transgénico aumentaría la producción. Y además, no pondrá en riesgo las zonas que deﬁnan como centro de origen del maíz. Se trata solamente de experimentos, puntualizan, que serán evaluados antes de autorizar plantaciones comerciales. Son argumentos falsos, empezando porque todo México es centro de origen y diversidad del maíz, por lo que no debería haber maíz transgénico en ninguna parte. Ocultan la discusión sobre el punto nodal. Todos los transgénicos están patentados y son propiedad de 6 transnacionales. Monsanto controla el 86 por ciento de éstos,
y con Syngenta y DuPont-Pioneer, cerca del 95 por ciento. Un grado de concentración corporativa sin precedentes en la historia de la agricultura y la alimentación. Cuando hablamos de transgénicos, el punto de partida es la entrega de la soberanía alimentaria, dándoles la llave de toda la red alimentaria a unas pocas transnacionales”. Esa llave son las semillas. Lo que se juega es el control de las semillas. Y la controvertida ley de semillas mexicana, parte integral del paquete jurídico que refuerza a la lbogm, contiene un estilo particular en todo su articulado que apunta a identiﬁcar las variedades vegetales de modo que puedan catalogarse, certiﬁcarse, homologarse, pues es una tendencia mundial, aunque esto sea un desatino imposible (por la perenne transformación de las semillas). Se trata de imponer un sistema centrado en defender la propiedad privada de las empresas sobre las semillas. Dicha ley impulsa la ﬁscalización mediante “organismos de certiﬁcación acreditados y aprobados”, promoviendo “semillas de calidad” mediante “organizaciones, asociaciones y empresas productoras y distribuidoras de semillas”, en un sistema nacional de semillas que recabe, sistematice y proporcione “los informes y datos que permitan fortalecer la toma de decisiones de los agentes representados en el sistema…” Así, mientras se promueve la siembra experimental de cultivos transgénicos y se fortalece el papel de las empresas que los diseñan y que son sus dueñas, en las leyes y reglamentos se promueve (de acuerdo a una valoración de Camila Montecinos al respecto de la citada ley): “un procedimiento de caliﬁcación de semillas que cumple dos funciones principales.
Por un lado garantizar que se respetará la propiedad de las empresas sobre las semillas. Por otro lado, asegurar que todos quienes produzcan semillas serán ﬁscalizados, no importa qué tipo de semilla produzcan o cómo la intercambien. Es decir, las comunidades indígenas y campesinas quedarán bajo la ﬁscalización del sistema y podrían ser sancionados si no se ciñen a las reglas que se elaborarán. Dado que el sector empresarial podrá deﬁnir políticas y reglas y además crear organismos ﬁscalizadores, las posibilidades de agresiones graves contra los sistemas campesinos se multiplican”. En su artículo 28, relativo a su reglamento, la ley señala que “se establecerán los requisitos para la conservación de generaciones de cada categoría [de especies], excepto la Certiﬁcada. Lo anterior será aplicable también a las variedades de uso común”. “Éste es un artículo extremadamente peligroso”, dice Camila Montecinos. “Signiﬁca que el gobierno podrá reglamentar cómo mantienen los campesinos sus variedades. Dado que la visión general de la ley es estática y no considera el papel central de la diversidad, el texto enfatiza una conservación estática, momiﬁcada. Si acataran la ley, las comunidades campesinas tendrían que elegir entre: detener totalmente cualquier proceso de selección y mejoramiento continuo de sus semillas o pedir que caliﬁquen cada año sus semillas para poder venderlas o intercambiarlas”. También se caliﬁca la posible “puesta en circulación”, lo que signiﬁca que estará sujeto a normatividades obligatorias incluso el intercambio, “lo que en los hechos, ilegaliza los intercambios de millones de campesinos” que no se sometan a “la caliﬁcación”. Cuál panorama. Si añadimos que en el artículo 72 del nuevo reglamento de la lbogm se promueve el monitoreo gubernamental de una contaminación transgénica que el propio gobierno promovió junto con las empresas, más piezas del rompecabezas de este favoritismo caen en su lugar. En dicho artículo se dice: “En los casos en que las autoridades deter-
minen la presencia no permitida de material genéticamente modiﬁcado en razas, variedades y parientes silvestres de maíz, deberán establecer medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia. Para el caso de las razas y variedades, la atribución corresponderá a la Sagarpa, y para el caso de los parientes silvestres, a la Semarnat”. Es muy pronto para entender el panorama que se nos presenta, pero podemos apuntar varios razonamientos tentativos que juntos nos hacen levantar las antenas de alarma. El primer paso fue promover la contaminación del maíz nativo mexicano, de modo aislado, casi clandestino, sobre todo en zonas indígenas. Luego se ocultaron los resultados de muestreos que aﬁrman la contaminación, y los legisladores de todos los partidos aprobaron una batería de leyes (sobre todo la lbogm) que le brindan a las empresas, en charola de plata, muchos eslabones de la cadena alimentaria, de la semilla a la comercialización abriendo el camino para echar abajo la moratoria. Más tarde, de espaldas a la gente, aprobaron leyes que potencialmente ilegalizarán el guardar, intercambiar y reutilizar las semillas nativas que durante milenios han sido el corazón del maíz y la agricultura campesina. A ﬁnes de 2008 se descubrieron miles de hectáreas sembradas con maíces transgénicos. Pocos meses después el gobierno levantó la moratoria a la siembra del maíz transgénico, y de modo desaseado modiﬁcó leyes y reglamentos que lo permitan. Declaró a todos los vientos que cuidará del maíz nativo mientras en los hechos santiﬁcó en las leyes monitoreos institucionales “legales”. Tales monitoreos podrían erradicar grandes colecciones de variedades de semillas que con la prohibitiva y homologante naturaleza de Ley de Semillas ahora se vuelven las principales “sospechosas” de una contaminación que en realidad comenzó el gobierno y las empresas con sus semillas de laboratorio. Y mientras, crece la contaminación y la desconﬁanza en las instituciones del gobierno mexicano. l
¿Volver ilegal la crítica que ejercen las ONG? BIODIVERSIDAD
l 2 de marzo, Caroline Chang Campos, ministra de Salud Pública de Ecuador, anunció que derogaba la personería jurídica de la ong Acción Ecológica, una organización insignia de la sociedad civil ecuatoriana, con veinte años de acompañar a las comunidades y pueblos afectados “por la actividad petrolera, los pesticidas y agrotóxicos usados en las plantaciones, los intentos de la minería de establecer sus actividades en el país, el ingreso de transgénicos y la producción de biocombustibles”. Acción Ecológica ha acompañado también la reivindicación de derechos reconocidos por la Constitución ecuatoriana y en los instrumentos internacionales, pero también “ha aportado a los procesos constituyentes y de generación de leyes para posicionar los derechos de las personas y la naturaleza, ha aportado su conocimiento en escenarios internacionales en los que Ecuador reclama por afectaciones causadas en su territorio, como se recuerda en relación con las fumigaciones realizadas en la frontera con Colombia”, por parte de efectivos del ejército colombiano. En todas estas situaciones Acción Ecológica ha estado siempre en franca defensa de las poblaciones ecuatorianas y a ﬁn de cuenta de la gente común de toda la región. La decisión de la ministra Chang cayó como una lápida en el entorno social ecuatoriano, toda vez que la funcionaria esgrimía el argumento de que “La Corporación Acción Ecológica, ha incumplido los ﬁnes para los que fue creada, sin que sus acciones dentro del campo de la salud hayan sido coordinadas con esta Cartera del Estado”. En pocas palabras, un ministerio o secretaría del gobierno de Rafael Correa tornaba ilegal a una asociación civil,
sin ﬁnes de lucro, de reconocida trayectoria internacional y que incluso ha participado en la asesoría legal de querellas del gobierno con otros países y en la reformulación participativa de la misma Constitución ecuatoriana.
Es pertinente recordar que cuando Acción Ecológica obtuvo su “personería jurídica”, no existía el ministerio del Ambiente, por lo que fue adscrita al ministerio de Salud. Sin embargo, sus ﬁnes (y sus estatutos) fueron claros desde su fundación y eran y siguen siendo los mismos. Fines que al perseguir una acción integral de derechos abarcantes, podrían caber en varios ministerios a la vez, sin vulnerar su perﬁl de práctica y alcances. • Promover la defensa de la naturaleza con el ﬁn de asegurar la preservación del un medio ambiente sano. • Difundir la problemática que tenga que ver con el uso, y especialmente, con la contaminación de los ríos, mares, aire y tierra, etcétera. • Impulsar programas de capacitación y educación en los sectores rurales y
Feria zonal de la soberanía alimentaria en Riobamba, Ecuador. La mayoría del grupo en esta foto son de la comunidad de San Martín Alto-Chimborazo. Fotos Carlos Vicente
Acción Ecológica ha aportado en los procesos constituyentes y de generación de leyes para posicionar los derechos de las personas y la naturaleza. También en escenarios internacionales en los que Ecuador reclama por afectaciones causadas en su territorio, como se recuerda en relación con las fumigaciones realizadas en la frontera con Colombia
Acción Ecológica emprendió de inmediato una defensa legal con un Recurso de Reposición donde enfatizó los hechos, presentó documentación en respaldo de sus palabras y estableció las causales de su querella puesto que se vulneró su derecho fundamental al “debido proceso”
Delfín Tenesaca dirigiéndose a la concurrencia. Foto Carlos Vicente
urbano marginales del país, en las áreas de educación ambiental y preservación del medio ambiente. • Impulsar investigaciones y de difusión de tecnologías apropiadas a la realidad ambiental, social y económica de cada localidad; e impulsar programas de ecodesarrollo con sectores marginales. • Colaborar con las instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras en la defensa y protección del medio ambiente. Ocho días después el presidente Correa aﬁrmó en entrevista con Radio Caravana de Guayaquil que “muchas ong hacen lo que se les da la gana, se inmiscuyen en política, no registran a los directivos, no dan informes periódicamente, no presentan cuentas […] es un caos pero ya estamos ordenando ese caos”. Correa continuó: “Tenemos 30 mil ong en este país, fundaciones, organizaciones sin ﬁnes de lucro, y la idea es que el 95% no cumple con absolutamente ninguno de los requerimientos legales, por eso estamos haciendo una depuración”, ver afp (El Comercio, 10 de marzo de 2009). Comenzaron a llegar andanadas de cartas, maniﬁestos y comunicados desde muchos países: movimientos sociales, organismos no gubernamentales, instituciones de investigación y desarrollo, universidades, medios de comunicación y personalidades cientíﬁcas, sociales, periodísticas y hasta literarias.
La ministra Chang y el presidente Correa aﬁrmaron entonces que no se trataba de perjudicar a Acción Ecológica sino de que iniciara su trámite de registro en el ministerio del Ambiente, lo que claramente abría la posibilidad de que se les negara el nuevo estatuto “legalmente”, además de fragilizar su posición sin mediar ninguna infracción por parte de la asociación civil. Acción Ecológica emprendió de inmediato una defensa legal con un Recurso de Reposición donde enfatizó los hechos, presentó documentación en respaldo de sus palabras y estableció las causales de su querella puesto que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, es decir el “derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, ﬁscal u otro cualquiera”. Y es que Acción Ecológica no fue notiﬁcada del desarrollo de un procedimiento de vigilancia y evaluación respecto del desarrollo de sus actividades y el consecuente cumplimiento de sus ﬁnes, ni fue llamada a “rendir los descargos derivados del resultado de la evaluación realizada sobre nuestras actividades y métodos de trabajo”. También se vulneró su “derecho a asociarse, reunirse en forma libre voluntaria y durable para la realización común de un ﬁn lícito”. Las acciones probadas de la ong han estado en concordancia con la propia Constitución ecuatoriana que en su artículo 83 declara: “Defender la integridad territorial de Ecuador y sus recursos naturales […] Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. Conservar el patrimonio cultural y
Niños de San Isidro Cotopaxi. Foto Carlos Vicente
natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos”. Por lo demás, Acción Ecológica ha cumplido ﬁelmente sus obligaciones administrativas, ﬁscales y laborales, “presentando de manera oportuna y completa la información requerida” por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas y todas aquellas instituciones relacionadas con el pago de Impuestos municipales y prediales. “La gestión de nuestra organización goza de una total transparencia, siendo así que oportunamente nos inscribimos sin reparo alguno ante la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Por lo anterior no puede aﬁrmarse que Acción Ecológica integra el presunto 95% de organizaciones no gubernamentales que incumple los requerimientos legales vigentes y por tanto, resulta desproporcionado sugerir que debemos registrarnos de nuevo”, aﬁrman en su defensa legal. El 18 de marzo se le notiﬁcó a Acción Ecológica que el Ministerio de Salud suspendió provisionalmente la ejecución del Acuerdo Ministerial que determinó derogar su personería jurídica. Acción Ecológica reaﬁrma: “Conﬁamos en la restitución deﬁnitiva de nuestra personería jurídica, en particular después de escuchar el pasado 14 de marzo al presidente de la República, quien corroboró que nuestra organización ha cumplido con todos los reque-
rimientos legales. Es más, el Presidente […] se manifestó a favor de dar una salida a esta situación a través de la suscripción de un acuerdo inter-ministerial entre los ministerios de Salud y Ambiente, camino que debió haberse seguido desde el principio y así evitar la arbitrariedad de la que fuimos víctimas. Para nosotros es importante aclarar que estamos de acuerdo con la organización interna de las diferentes carteras ministeriales […], pero insistimos que tal labor debe seguirse con estricto respeto de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del Ecuador.” Lejos de mostrar un ejercicio de ordenamiento en la enorme pléyade de ong en Ecuador, el Ejecutivo pareció querer enmudecer la crítica ejercida en lo cotidiano por muchas instituciones de la sociedad civil —pese a que éstas cuentan con personería jurídica, es decir, pese a que actúan dentro de los márgenes legales del Estado ecuatoriano. Estamos ante un caso paradigmático en que desde muchos rincones del mundo, no sólo desde Ecuador, los individuos, las organizaciones, movimientos y organismos de la sociedad civil exigimos una coherencia entre el discurso progresista de los gobiernos y la irrenunciable necesidad de que los movimientos gocen de libertad para luchar por sus derechos señalando en cada momento, sin cortapisas, las críticas, los puntos de vista y las denuncias fundamentadas. l
“Conﬁamos en la restitución deﬁnitiva de nuestra personería jurídica, en particular después de escuchar el pasado 14 de marzo al presidente de la República, quien corroboró que nuestra organización ha cumplido con todos los requerimientos legales”
El 18 de marzo la Corte Constitucional declaró inexequible el Estatuto de Desarrollo Rural [Ley 1152 de 2007] que fuera uno de los motivadores de la protesta generalizada
Las fotos de esta sección fueron tomadas en el sur de Brasil por Leonardo Melgarejo
os días 20 y 21 de marzo se reunieron en La María Piendamó delegados de organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, estudiantes, desplazados, ambientalistas, sindicalistas, mujeres, plataformas nacionales, ong de derechos humanos, más periodistas de medios alternativos y movimientos religiosos para reaﬁrmar el signiﬁcado y trascendencia de la Minga Social y Comunitaria que recorrió el país entre octubre y noviembre de 2008 reivindicando su existencia humana y como tal sus exigencias de respeto y dignidad. Fue un momento importante porque el 18 de marzo habían obtenido el enorme logro de que la Corte Constitucional declarara inexequible el Estatuto de Desarrollo Rural que fuera uno de los motivadores de la protesta generalizada. Es decir, dicha Corte declaró inconstitucional la Ley 1152 de 2007, argumentando que “el gobierno nacional no realizó una consulta con los pueblos indígenas y afrodescendientes para que se pronunciaran sobre la conveniencia o no que iría a tener la norma en sus tierras y en sus vidas”. A este contexto de reaﬁrmación de la Minga, se suma el hecho de que, desde principios de marzo, el Consejo Regional Indígena del Cauca (cric) había decidido continuar fortaleciendo su mandato “unidos en la Segunda Minga del Pensamiento del Cxab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo)” y fortalecer su “resistencia y autonomía frente a la agresión y ocupación integral contra la vida y los territorios”. Es entonces un momento de visibilidad y de valoración de lo logrado, sabiendo muy bien que en el estado de
guerra permanente que se vive en Colombia, no es posible bajar la guardia ni ser en exceso triunfalistas. Así, la Minga no ceja en su empeño de que se dé cumplimiento a los compromisos que tiene el Estado Nacional “y sobre los cuales las instituciones no supieron responder en el mes de noviembre del 2008”. Las autoridades indígenas, líderes sociales y delegados de organizaciones de derechos humanos, provenientes de todo el territorio nacional evaluaron “el comportamiento que tuvo el gobierno nacional durante el debate presidencial y la interlocución institucional en el 2008, así como su negligencia para dar respuestas eﬁcaces a las demandas hechas por las organizaciones sociales”. Exigieron también que se entreguen resultados concretos sobre las investigaciones frente a “los asesinatos de Taurino Ramos y Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del cric, Aída Quilcue, víctimas del Estado, a las más de 150 personas heridas al ser invadido por la fuerza pública el territorio guambiano de La María Piendamó, y a todas las víctimas del Estado durante el proceso de Minga de Resistencia Social y Comunitaria que se adelantó en el país”. Tampoco ceja en exigirle a los “agentes de la guerra” [Estado y guerrillas] “actos de responsabilidad política que conlleven a un acuerdo humanitario y a una salida política dialogada al conﬂicto armado, como instrumento hacia el respeto de la población civil y al ejercicio de autonomía territorial de los pueblos indígenas”. Por eso, en la plenaria del 20 de marzo en La María Piendamó, la Minga Social y Comunitaria manifestó su “decisión de defensa del agua como derecho humano fundamental y de globalizar el tema de la liberación de la madre Tierra como acción legítima de defensa de la naturaleza”. Manifestó también su empeño en “el seguimiento a las conclusiones y recomendaciones hechas por Naciones Unidas al Estado colombiano”, al igual que las planteadas por el relator especial de la onu para pueblos indígenas, su rechazo a la decisión pre-
sidencial de enviar colombianos a participar en el conﬂicto árabe-israelí, “más cuando el compromiso [gubernamental] es con las fuerzas invasoras que han cometido delitos de lesa humanidad y están promoviendo el genocidio del pueblo palestino a quien la Minga le expresa su solidaridad y apoyo en la resistencia”. La plenaria en La María ratiﬁcó su “disposición a continuar trabajando por la unidad en la diversidad de los sectores sociales de la nación colombiana, y de movimientos y organizaciones del continente y del mundo que trabajan por una sociedad libre y la construcción de Estados realmente democráticos” y ratiﬁcó también “la estructura y vocerías de Aida Quilcué, Feliciano Valencia, y Marilén Serna, reconocidas durante el proceso de Minga del 2008, dando a la Comisión Política la facultad de deﬁnir nuevas vocerías para coyunturas especíﬁcas de movilización y exigibilidad”. Sin duda, uno de los puntos centrales en su declaración es constatar “la vigencia de la resistencia y la movilización como únicas alternativas para la defensa de la dignidad y de los derechos fundamentales”, urgidos “ante la grave
situación que viven amplios sectores de la sociedad colombiana, en especial los pueblos awá de Nariño; eperara siapidara de la Costa Pacíﬁca caucana y kankuamos de la Sierra Nevada, quienes en los últimos dos meses han sido objeto de agresiones contra su vida, integridad y territorios por parte de todos los actores armados”. La Minga es muy clara en condenar a las farc por su “acción brutal contra el pueblo awá de Nariño”, pero también al gobierno colombiano “por persistir en sus acciones sistemáticas de involucramiento de la sociedad civil en el conﬂicto armado”. La Minga repudia igualmente “la situación violatoria de los derechos humanos que se repite en la Costa Pacíﬁca caucana contra el pueblo eperara siapidara, víctima del desplazamiento forzado por la acción de todos los grupos armados tanto ilegales como fuerza pública del Estado colombiano”.
n este momento de valoración, el logro de haber podido incidir en el fallo de la Corte con respecto al Estatuto Rural no es de ningún modo menor. Por eso la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (acin) aﬁrma con fundamento que la Minga
La plenaria en La María ratiﬁcó su “disposición a continuar trabajando por la unidad en la diversidad de los sectores sociales de la nación colombiana, y de movimientos y organizaciones del 21 continente y del mundo que trabajan por una sociedad libre y la construcción de Estados realmente democráticos”
No podemos permitir que la legislación de despojo siga imperando para someter a los pueblos. Ya antes se había caído por inexequible la Ley Forestal y ahora el Estatuto Rural, entonces tiene que caerse todo el arsenal legislativo del régimen. Ésa es la resistencia y la exigencia que debemos seguir liderando. Mientras no se caiga la legislación de despojo, el TLC y el modelo de desarrollo basado en la codicia transnacional y el terror, no tendremos país de los pueblos
ganó. “La caída de la ley 1152 es un triunfo de la gran Minga de los Pueblos indígenas y de los movimientos sociales que participaron activamente en la movilización realizada entre octubre y noviembre de 2008, porque el objetivo central de los 5 puntos de la agenda propuesta era echar abajo la legislación del despojo, junto con el rechazo al modelo económico neoliberal representado en los tlc”. E insisten, “no podemos permitir que la legislación de despojo siga imperando para someter a los pueblos. Ya antes se había caído por inexequible la Ley Forestal y ahora el Estatuto Rural, entonces tiene que caerse todo el arsenal legislativo del régimen. Ésa es la resistencia y la exigencia que debemos seguir liderando. Todas se tienen que caer, empezando por los tlc. En consecuencia, el llamado desde las organizaciones sociales y populares, del Movimiento Indígena y en especial el que hace la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-acin, es a retomar la agenda de la Minga con total contundencia. Porque mientras no se caiga la legislación de despojo, el tlc y el modelo de desarrollo basado en la codicia transnacional y el terror, no tendremos país de los pueblos. Ya se ha demostrado que los podemos tumbar, los estamos tumbando y así vamos a seguir. No es por la vía de acomodarnos al modelo y rogar por nuestros derechos en migajas, sino por la lucha política y la movilización consciente con una agenda clara y compartida que recoja el dolor y las aspiraciones de todas y todos. Llamamos de inmediato a la celebración y a la movilización. No podemos quedarnos quietos, debemos exigir que se derogue el Código Minero, el Plan de Aguas y todo lo demás que afecta a nuestras comunidades y a todo el pueblo colombiano. Convocamos a seguir en Minga para defender la vida y el territorio nacional, porque el modelo y su régimen deben caerse”. Y dicen: “Es necesario construir alternativas entre los pueblos, fortalecer el camino que hemos recorrido para resistir… luchar por la tierra no es un pro-
blema ni un deber solamente de los indígenas, sino un mandato ancestral de todos los pueblos, de todos los hombres y mujeres que deﬁenden la vida. Porque sólo en la lucha para poner en libertad a nuestra madre recuperamos la dignidad, alcanzamos la justicia y la equidad, y caminamos la palabra que deﬁende la vida. Seguiremos coordinando, haciendo las alianzas estratégicas y llamando desde las palabras convertidas en acción en el espíritu de la comunidad a despertar las conciencias y a recuperar la Madre Tierra para ser libres. Desde este rincón sagrado del planeta, como pueblos ancestrales arrai-
gados en estas tierras del Cauca, hacemos lo que nos corresponde por la tierra y por la vida, luchamos por la tierra y por la vida y en ese camino, la recuperamos, transformamos el derecho de propiedad para que sea colectivo y convocamos las conciencias a caminar palabras de libertad”. “Es hora de celebrar y conmemorar” aﬁrman por último “a quiénes ya no están con nosotros: Taurino Valencia, Edwin Legarda, Edgar Ocoró, Lorenzo Largo Dagua y todas y todos los muertos, los heridos, los desplazados, los perseguidos, los oprimidos y maltratados en diversos grados por defender la vida. Todas y todos ganamos hoy”. l
Ataques, políticas, resistencia, relatos Declaración de Heredia
Clima, bosques y plantaciones Organizaciones de la sociedad civil de todos los continentes nos hemos reunido en Costa Rica entre el 24 y el 28 de marzo para compartir experiencias, visitar comunidades campesinas, reﬂexionar y generar propuestas sobre la temática de clima, bosques y plantaciones. En la primera parte de nuestro encuentro visitamos comunidades campesinas de la zona norte y pudimos veriﬁcar el impacto del monocultivo de piña sobre comunidades locales, sus territorios, sus fuentes de agua, su salud y los ecosistemas locales y comprobar que las comunidades campesinas continúan protegiendo sus bosques y regenerándolos frente a todas las agresiones que reciben. Pudimos constatar la imposición de un modelo agroexportador que se repite con distintas formas y productos a lo largo de todo el globo y que nos conduce hacia la presente debacle ambiental. Este modelo de exportación de productos básicos, con sus monocultivos, el uso intensivo de agroquímicos, el transporte de productos a través de miles de kilómetros para el consumo de un norte opulento es una de las principales causas de la actual crisis climática. Costa Rica se vende al mundo como un país “verde” que deﬁende sus bosques y su biodiversidad. Sin embargo hemos veriﬁcado que ésta es una imagen falsa que no reﬂeja la realidad que vive el pueblo y el ambiente en Costa Rica. Después de dos días de reﬂexionar sobre las causas que han llevado a nuestra sociedad a esta situación y sobre la propuestas que desde los ámbitos oﬁciales se están realizando queremos compartir nuestras conclusiones, nuestros compromisos y nuestras propuestas para enfrentar el cambio climático. Nuestra primera conclusión es que el cambio climático es la consecuencia inevitable de un sistema socioeconómico y político que ha convertido a la naturaleza y a las
personas en una mercancía y que si bien es una de las amenazas más serias que deberemos enfrentar hacia el futuro, es parte de una cadena de crisis que vienen sucediéndose los últimos años. En segundo lugar hemos llegado a la conclusión de que ninguna de las soluciones propuestas desde los ámbitos gubernamentales y de Naciones Unidas enfrenta realmente las causas del cambio climático. Hemos concluido que el mercado de los bonos de carbono, el mecanismo conocido por su sigla en inglés como redd, el pago por servicios ambientales y todos los mecanismos de mitigación o compensación basados en el mercado son instrumentos que no sólo no cumplen el objetivo declarado, sino que avanzan en la mercantilización de toda la vida y por lo tanto en la destrucción de nuestro planeta y en el agravamiento del cambio climático. Todos estas propuestas se convierten en “blancos móviles” que cambiando permanentemente intentan distraernos de los verdaderos problemas. El mercado global y sus grandes corporaciones se han apropiado de las negociaciones sobre cambio climático en las Naciones Unidas y las han secuestrado, convirtiéndolas en un espacio para negocios que de ninguna manera responden a las necesidades y las medidas que urgentemente se deben tomar. El Banco Mundial, que ha sido responsable de ﬁnanciar la destrucción del planeta, ahora está adoptando un papel de liderazgo en las negociaciones sobre clima, promoviendo modelos de mercado fracasados que convierten en una burla los intentos de enfrentarse a la crisis climática. Tampoco las tecnologías que se están desarrollando como respuesta, tales como los agrocombustibles, nuevas variedades de transgénicos, el uso del “biochar” y otras similares son una respuesta real al cambio climático. Detrás de todas estas falsas soluciones están las grandes corporaciones con la complicidad de los gobiernos, que se
han convertido en simples facilitadores de los negocios de las mismas. Al mismo tiempo, son también los gobiernos quienes promueven la represión y la criminalización de las personas y organizaciones que resisten a la imposición de plantaciones, monocultivos y todas estas falsas soluciones. Por este motivo, nos hemos comprometido a desarrollar nuestra propia agenda, centrada en las necesidades y luchas de nuestros pueblos, para generar y contribuir a un movimiento social amplio que busque transformar este sistema desde abajo hacia arriba. En este marco, la defensa del clima, los bosques y otros ecosistemas de la mano de los pueblos es la única alternativa posible para el futuro que estamos construyendo. Las mujeres desempeñan un papel de liderazgo fundamental en el camino hacia un cambio de relaciones entre las personas y con la naturaleza que privilegie la cooperación por sobre la dominación y el control. Al mismo tiempo rechazamos las plantaciones y monocultivos porque desplazan comunidades, destruyen bosques, contaminan el planeta y generan más cambio climático y éste será uno de los puntos principales de nuestra agenda a futuro. Deﬁnitivamente resaltamos que las plantaciones no son bosques. Sobre esta base es que nos proponemos: 1. La defensa de la tierra y territorios en oposición a cualquier tipo de concentración de la tierra en poca manos. Proponemos la realización de una reforma agraria integral, partiendo de la integración solidaria de mujeres y hombres con su tierra y protegiendo el agua y la biodiversidad que nos sustenta. Nos oponemos terminantemente a las reformas agrarias de mercado promovidas por el Banco Mundial, que sólo buscan el desplazamiento de las comunidades para ocupar sus territorios.
Nuestra propuesta es relacionarnos con la tierra de manera respetuosa y sin agredirla. Entendemos que defender el territorio es defender nuestra cultura y nuestro modo de relacionarnos entre nosotros y con la tierra. 2. Soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir sobre todo lo concerniente a la producción de alimentos y la agricultura. La soberanía alimentaria comienza con la defensa de las semillas criollas y el vínculo con la naturaleza. Para poder ser soberanos necesitamos producir localmente y de manera diversiﬁcada la mayor parte de nuestros alimentos para nuestro consumo en armonía con la naturaleza y de esta manera podemos producir alimentos para todos, “enfriando el planeta” y combatiendo el cambio climático. Éste es el camino para lograr pueblos y ecosistemas saludables y en equilibrio. 3. Oponernos a los mecanismos de mercado para el clima, resistiéndolos y denunciándolos. Denunciaremos en todos los ámbitos posibles la falsedad de los bonos de carbono, el mecanismo redd o todas las propuestas similares que puedan surgir a futuro. Nos comprometemos a explicar en todos los ámbitos posibles con claridad las razones por las que estos mecanismos jamás podrán dar una respuesta a la actual crisis climática. Estos objetivos los concretaremos a través de realización de actividades en las que nos iremos coordinando y apoyando: * Educación y concientización a través de la producción de materiales educativos, audiovisuales y todas aquellas herramientas que permitan ampliar la base de personas concientes de la problemática. * Realización de estudios de caso para documentar los impactos del cambio climático y sus falsas soluciones, acompañando a las comunidades afectadas en sus denuncias. * Creación de alianzas con todos los movimientos sociales que cuestionan este sistema socioeconómico: organizaciones campesinas, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, organismos de derechos humanos, sindicatos, etcétera. * Apoyo a los movimientos de afectados por el cambio climático para ayudar a que su voz se escuche y fortalecer su estrategias de sobrevivencia. * Trabajo a nivel local, nacional e internacional de manera coordinada y solidaria. Volvemos a nuestros países hermanados con el pueblo de Costa Rica en sus luchas contra los Tratados de Libre Comercio y en defensa de la biodiversidad, el agua, la producción en armonía con la naturaleza y un mundo justo y solidario.l Heredia, Costa Rica, 28 de marzo de 2009
Ataques, políticas, resistencia, relatos El doble discurso del carbono neutral Javier Baltodano, Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica. El Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Calentamiento Global (ipcc) señala en su último informe que la temperatura promedio de nuestro planeta está incrementando y podría elevarse de 3 a 6 grados centígrados en el presente siglo si no se logra reducir las emisiones de dióxido de carbono (co2) entre 60 y 80%. Sin embargo, los gobiernos y las empresas abordan el tema con un doble discurso. En vez de asumir la responsabilidad y promover reducciones concretas de emisiones alejándose del uso de los combustibles fósiles, se limitan al juego de las compensaciones y mercados del carbono. Así, los niveles de consumo y producción de co2 se mantienen sin cambio mientras se compran a manera de indulgencia o con intención publicitaria las reducciones que supuestamente otros llevaron a cabo. Más que reducir emisiones de su fuente, las propuestas conocidas como Carbono Neutral dicen compensar mediante el comercio de las emisiones. (Un crédito es igual a una tonelada de carbono que supuestamente se deja de emitir o se retira de la atmósfera.) Por ejemplo, uno de los esquemas de compensación utilizados, se relaciona con la siembra de arbolitos. En teoría los arbolitos crecen y ﬁjan en su madera carbono que toman de la atmósfera. Se dice que sembrar 2 hectáreas de bosque tropical compensa el carbono emitido por un europeo promedio durante un año. Pero no se especiﬁca que no es bosque lo sembrado sino plantaciones de árboles en monocultivo, que usan gran cantidad de insumos y destruyen la biodiversidad. Se dice también que con 25 dólares se ﬁnancia la siembra de cinco arbolitos que compensan el carbón emitido durante un viaje en avión. Pero nadie garantiza el futuro de los arbolitos. A menudo ni siquiera se garantiza la sobrevivencia del primer año.
Tampoco se reﬂexiona sobre el hecho de que las estimaciones de ﬁjación de co2 por parte de una plantación de árboles posee niveles altos de incertidumbre. Mucho menos se informa si las compañías encargadas de la siembra desplazaron campesinos o indígenas para sembrar esos arbolitos y menos se analiza que oﬁcializar el comercio de carbono crea una especie de “derechos de contaminación de la atmósfera” lo que viene a impulsar el proceso de privatización del último de los grandes espacios comunes. En Costa Rica, la actual política oﬁcial para enfrentar el Cambio Climático se limita al discurso C-Neutral. Se publicita la siembra de 5 millones de arbolitos durante el 2007, pero no se menciona que 80% fueron árboles de especies exóticas, de crecimiento rápido, sembrados por empresas como parte de un negocio. Tampoco se dice que van a ser cortados mediante tala rasa en un lapso relativamente corto y que una buena parte será aprovechado en fabricar tarimas para la exportación de frutas. Estas tarimas por lo general se desechan a los pocos días, liberando el carbono ﬁjado. No es casual que la primera empresa en declararse C-Neutral fue justo una transnacional productora de fruta. La misma declaró que iba a neutralizar únicamente las emisiones producto del transporte terrestre de su fruta en Costa Rica mediante la compra de créditos de carbono a la institución que justamente subvenciona las plantaciones de arbolitos utilizados en la producción de tarimas. Mientras los mercados de carbono alcanzan tasas de crecimiento de 300%, generando intercambios de varios cientos de millones de euros al año, las emisiones también crecen. Las inversiones en la producción de combustibles fósiles incremen-
taron 70%, llegando a 340 millones de euros anuales hacia 2005. Es decir, los mercados de carbono no ayudan a disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. El mercado libre y voluntario no es la manera de saldar la deuda ecológica ni de ﬁnanciar la conservación de bosques. Se deben establecer, a nivel internacional, cánones y regulaciones drásticas a la contaminación de la atmósfera. Se necesita crear, con estos cánones, fondos internacionales de fomento a la restauración y conservación de bosques cuya administración implique la participación de los pueblos indígenas y las comunidades relacionadas al bosque. Hay que erradicar también la íntima relación entre los gobiernos y las empresas del petróleo, del transporte, la fabricación y la comercialización de vehículos. Fomentar políticas alternativas que nos desintoxiquen de los combustibles fósiles. Urge promover, tal y como lo señalan organizaciones ecologistas y campesinas en todo el mundo, la soberanía alimentaria sustentada en la parcela campesina, en sistemas agroforestales y en mercados locales que reduzcan drásticamente las necesidades de transporte masivo de alimentos y de uso de agroquímicos que caracteriza la producción agropecuaria industrial, responsable de mucho del calentamiento global. l
Ataques, políticas, resistencia, relatos Arroz transgénico en Brasil
Silvia Adoue, Radioagencia NP, 19 de marzo de 2009. Organizaciones ambientalistas están en campaña contra la liberación comercial de una variedad de arroz transgénico en Brasil. La variedad ll62 pertenece a la multinacional Bayer y será el tema de una audiencia pública en Brasilia, capital del país. El día siguiente, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (ctnBio) tiene marcada una reunión en la cual el producto de la Bayer será motivo de discusión. De acuerdo con el coordinador de la campaña de Transgénicos de Greenpeace, Rafael Cruz, los transgénicos hasta hoy no fueron debidamente estudiados. Sin embargo, en la opinión del especialista, la ctnBio no se caracteriza por el principio de precaución.
¿Es peligrosa la nueva ley estadunidense HR 875? Según Simon C. Hart, director del programa latinoamericano de la organización Where There be Dragons (www.wheretherebedragons.com) la nueva ley de seguridad en los alimentos conocida como hr 875, que sometió al Congreso la representante Rosa DeLauro el 4 de febrero de 2009, es un nuevo instrumento que “virtualmente criminaliza todos los cultivos orgánicos” con el pretexto de que ponen en riesgo la seguridad de los alimentos. Dice Hart: “Con esta legislación, las semillas orgánicas tradicionales, transmitidas de generación en generación, se consideran de hecho ‘semillas contaminantes’, una amenaza para la ‘seguridad’ en los alimentos”.
“Si Brasil autoriza el plantío de ese arroz, será el primer país que lo siembre con ﬁnes comerciales y que comerá un arroz que posee efectos desconocidos para la salud humana. Se sabe que los residuos agrotóxicos pueden implicar pérdida de la masa neurológica. Las pruebas realizadas mostraron que las cobayas transmitieron residuos en la leche materna para sus hijos. Entonces, la campaña pide básicamente que las personas digan no al arroz para no ser cobayas.” Según Cruz, en la época de la autorización del maíz transgénico de la Bayer, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) requirió más estudios sobre el herbicida glufosinato de amonio, el mismo utilizado en el arroz. Pero, la ctnBio ignoró el pedido y aprobó el producto. Europa, que autorizó el uso del herbicida, dio marcha atrás y ya decidió que no renovará su licencia. l
En su artículo “Monsanto’s dream bill” [“La soñada ley Monsanto”], aparecido el 9 de marzo en Opednews, (http://www.opednews.com/ articles/Monsanto-s-dream-bill-hrby-Linn-Cohen-Cole-090309-337. html) Linn Cohen-Cole aﬁrma que la citada ley “es monstruosa nivel tras nivel. Son el poder que le otorgará a Monsanto, la criminalización de cualquier banco de semillas, los términos por los cuales pueden los agricultores caer en prisión, las multas conﬁscatorias en las que pueden incurrir, el rastreo satelital de sus animales, las facilidades que le otorga a los funcionarios para que se metan en las propiedades de los granjeros sin ningún requisito legal, el despojo de sus derechos de propiedad, la imposición de los criterios internacionales ‘industriales’ (que son el lado voraz, sucio empresarial y anticampesino) a los establecimientos agropecuarios indepen-
dientes —la única parte de nuestro sistema alimentario que todavía funciona— y por último la eliminación planeada de los agricultores mediante estos elementos”. Para Linn Cohen Cole, “las corporaciones quieren la tierra, quieren más industrialización intensiva, quieren ponerle ﬁn a los animales normales para sustituirlos con ejemplares diseñados genéticamente y que serán propiedad de las empresas, quieren ponerle ﬁn a las semillas nativas normales y como tal al resguardo y ahorro de las semillas que hacen los agricultores y las personas. Quieren el control de todas las semillas, los animales, las plantas y la tierra”. Para Simon C. Hart, es casi imposible que dicha ley tan disparatada pase (apenas está en los primeros periodos de revisión), pero “históricamente está en la línea de la legislación agrícola federal. Políticas semejantes ‘tan absurdas’ son responsables de la desaparición de los ranchos familiares en muchas de nuestras comunidades. El proyecto de ley hr 875 es un legajo enorme y engorroso pero vale la pena revisarlo para encontrar un espejo de las varias leyes de semillas, o de leyes relativas a aspectos de agricultura y alimentación que en otros países legalizan ya la avidez de control que ahora se cierne también sobre los agricultores estadunidenses. l
Ataques, políticas, resistencia, relatos El mito de las tierras marginales The Gaia Foundation, Biofuelwatch, African Biodiversity Network, Salva la Selva, Watch Indonesia, Econexus.
Se les llama tierras marginales, ociosas, degradadas, subutilizadas, eriales, dormidas, tierras de cultivo abandonadas. Con todos estos términos se promueve una “solución” a los impactos de los crecientes cultivos de agrocombustibles. En parte para responder a las acusaciones de que los agrocombustibles compiten con la producción de alimentos, algunos planiﬁcadores ya proponen que esos cultivos se siembren en tierras llamadas ociosas o marginales. Se nos dice que hay millones de hectáreas por todo el mundo, especialmente en África, y que no son de importancia ni para la diversidad ni para secuestrar carbono, que no juegan en la producción de alimentos ni en garantizar (eso nos dicen) el sustento de la gente. Algunos proponen que plantar en “tierras marginales” los agrocombustibles, será muy posi-
tivo, que dará ingresos a las comunidades locales además de brindar alternativas a los combustibles fósiles en el mercado. Se ha dicho que incluso debería haber incentivos al uso de esas dizque tierras marginales como licencias para emitir más co2. Hay la suposición extendida de que los países en desarrollo tienen vastas superﬁcies de erial que esperan a que alguien les dé buen uso. Pero si miramos con mayor detalle estas tierras “marginales” resulta que tales tierras deﬁnidas como “marginales”, “erial”, “ociosas”, son vitales para el sustento de familias campesinas, de pastores de las mujeres o los pueblos indígenas. Lo que los gobiernos o las corporaciones consideran tierras “marginales” son de hecho tierras que han estado bajo régimen comunal o que tienen usos tradicionales durante muchas ge-
Datos de la desaparición de las lenguas “Según el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro de desaparición”, dice una nota de Agencia de Noticas del Ecuador y unesco, “más de 200 de los 6 mil idiomas existentes se han extinguido en el curso de las tres últimas generaciones, 538 están en situación crítica, 502 están seriamente en peligro, 632 tienen riesgo de perderse y 607 se hallan en situación vulnerable”. El Atlas indica que “199 idiomas cuentan con menos de diez hablantes y 178 más tienen un número de hablantes que va de los 10 a los 50. Entre las lenguas muertas recientemente, el Atlas cita el manés de la Isla de Man, que se extinguió en 1974 con la muerte de Ned Maddrell; el aasax de Tanzania, extinguido en 1976; el ubyh de Turquía, que se extinguió en 1992 con la muerte de Tefvic Esenc, y el eyak de Alaska, que desapareció en 2008 con la muerte de Marie Smith Jones”. El Atlas se detiene a considerar cuál es el futuro de algunas lenguas. “En el África Subsahariana, cuya población se entiende en más de 2 mil idiomas (casi un tercio de todos los del mundo), es muy probable que un 10 por ciento
neraciones. Que no son privadas ni tienen una producción agrícola intensiva. La vida de los pueblos que las utilizan ha sido ignorada. Las comunidades que se relacionan con estas tierras ricas en biodiversidad, que se alimentan de ellas, que le sacan provecho, que sirven para pastoreo o para colectar medicamentos tradicionales no entienden que se ignore el valor de su existencia. l
de estas lenguas desaparezcan en los próximos cien años. India, Estados Unidos, Brasil, Indonesia y México, países con gran diversidad lingüística, son al mismo tiempo los que tienen más lenguas en peligro”. Con todo, la alarma no es sistemática y obedece a condiciones complejas que habría que determinar caso por caso. “Papua Nueva Guinea, el país con la mayor diversidad lingüística del mundo (más de 800 lenguas), es también uno de los que, proporcionalmente, tiene menos en peligro (sólo 88 de sus lenguas). Hay lenguas que el Atlas señala como extintas y que son objeto de una revitalización activa. Es el caso del córnico (Cornualles) o el sîshëë de Nueva Caledonia, que podrían transformarse de nuevo en lenguas vivas”. Para el director general de unesco, Koichiro Matsuura, “La desaparición de una lengua conduce a la desaparición de varias formas de patrimonio cultural inmaterial y, en particular, del legado invaluable de las tradiciones y expresiones orales de la comunidad que la habla… la pérdida de los idiomas indígenas va también en detrimento de la biodiversidad, porque las lenguas vehiculan numerosos saberes tradicionales sobre la naturaleza y el universo”. l
Ataques, políticas, resistencia, relatos ¡No al maíz transgénico! Al pueblo de México A los pueblos del mundo Al gobierno de México Al Convenio de Diversidad Biológica / Protocolo Internacional de Cartagena sobre Bioseguridad A la Organización de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas / FAO
Las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, ambientales, de educación popular, organizaciones de base, comunidades eclesiales, grupos de productores, integrantes de movimientos urbanos, académicos y cientíﬁcos, analistas políticos de la Red en Defensa del Maíz, rechazamos enérgicamente la siembra de maíz transgénico en México. Es un crimen histórico contra los pueblos del maíz, contra la biodiversidad y contra la soberanía alimentaria, contra diez mil años de agricultura campesina e indígena que legaron esta semilla para el bien de todos los pueblos de mundo. Declaramos que el decreto presidencial del 6 de marzo del 2009, que permite la siembra de maíz transgénico, intencionalmente no considera que: México es centro de origen y diversidad del maíz. Existen más de 59 razas reconocidas y miles de variedades, que serán indefectiblemente contaminadas. Los pueblos indígenas y campesinos son quienes han creado y mantienen este tesoro genético del maíz, uno de los principales cultivos de los que depende la alimentación humana y animal en el planeta. El maíz es alimento básico de la población mexicana. En ninguna parte se ha evaluado su consumo cotidiano y en grandes cantidades, como sucede aquí. Existen estudios cientíﬁcos que, con mucho menor consumo, reportan alergias y otros impactos a la salud humana y de los animales alimentados con transgénicos. Las variedades de maíz transgénico que se propone plantar en el país no resuelven los problemas de la agricultura mexicana: son más caros, pues el costo de las semillas y la licencia son mayores que los cultivos convencionales; no aumentan los rendimientos (son iguales o incluso los disminuyen, a menos que exista una muy fuerte incidencia de plagas que no son frecuentes en México); utilizan más plaguicidas, pues emiten la toxina Bt constantemente, generando resistencia y plagas secundarias que deben controlarse con otros plaguicidas. Provocarán daños a la diversidad biológica y al ambiente: al ser México un país megadiverso, ningún estudio realizado en otras condiciones es aplicable pues las variables e interconexiones aumentan exponencialmente. Por ser un cultivo de polinización abierta es imposible evitar la contaminación transgénica del maíz cuando se
siembra a campo abierto. La contaminación ocurre también en los almacenes, transportes, industrias. Los transgénicos no sirven para la agricultura campesina ni orgánica, pero irremediablemente contaminarán las variedades nativas y criollas de maíz, además de ser una amenaza para la producción orgánica que perderá su nicho de mercado. Todas las semillas transgénicas se encuentran patentadas y están controladas por seis multinacionales (Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Basf), por lo que provocan una dependencia absoluta de los campesinos y agricultores hacia esas multinacionales y criminalizan a las víctimas de contaminación. Los pueblos originarios de México crearon el maíz y han sido los guardianes y creadores de la diversidad de variedades que actualmente existe. De la integridad de sus derechos dependerá la soberanía alimentaria y la preservación de esta diversidad. Por ello, la contaminación transgénica es una herida a la identidad de los pueblos mesoamericanos y atenta contra diez mil años de agricultura. La siembra de maíz transgénico es un ataque frontal a los pueblos originarios y campesinos y una violación a sus derechos. El maíz para los pueblos que constituimos México no es una mercancía, si no el origen de una civilización y base del sustento de las vidas y economías campesinas. No permitiremos que se pierdan nuestras semillas, ni que se contaminen por transgenes propiedad de empresas transnacionales. No acatare-
Ataques, políticas, resistencia, relatos mos las leyes injustas que criminalizan las semillas y la vida campesina. Seguiremos cuidando el maíz y la vida de los pueblos. Responsabilizamos de la pérdida y daños al maíz mexicano a las corporaciones productoras de semillas transgénicas; al poder legislativo que aprobó una Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modiﬁcados (Ley Monsanto) a favor de las empresas, al gobierno de México, a los secretarios de Agricultura, Medio Ambiente y a la Cibiogem que son responsables de las medidas ﬁnales para eliminar toda protección legal al maíz. Por todas estas razones: Rechazamos la siembra experimental o comercial de maíz transgénico y exigimos su prohibición en México. Rechazamos la “Ley Monsanto”, su reglamento y cualquier otra forma de criminalización de las semillas campesinas.
Rechazo al Tratado de Libre Comercio con la UE Tras la salida de Nicaragua de la mesa de negociación, la ronda de negociaciones entre la ue y América Central ha sido suspendida. Con esta salida las políticas agresivas de la ue por el momento fueron bloqueadas. La Coordinadora Europea Via Campesina felicita a las organizaciones de Vía Campesina en Centroamérica y a las otras organizaciones de los sectores sociales por su gran oposición a estas negociaciones y su resistencia exitosa. El denominado Acuerdo de Asociación no es más que un Tratado de Libre Comercio que tiene como objetivos principales la liberalización, a favor de grandes empresas multinacionales y la privatización de los recursos naturales y los servicios públicos (salud, vivienda, educación, agua, telefonía entre otros). Con el Acuerdo de Asociación, la ue intenta continuar con su agenda neoliberal, descrita en la estrategia “Europa Global”, ya fracasada y que no se ha podido realizar dentro de la
Rechazamos el monitoreo gubernamental de las milpas campesinas, porque es usado como pretexto para eliminar aún más semillas campesinas. Nos comprometemos y llamamos a todas las comunidades y pueblos indígenas y campesinos a defender las semillas nativas y a continuar sembrando, guardando, intercambiando y distribuyendo sus semillas propias, así como a ejercer el derecho sobre sus territorios e impedir la siembra de maíz transgénico. Llamamos a la población a exigir que todos los alimentos que comemos diariamente garanticen estar libres de transgénicos. Llamamos a los organismos internacionales a condenar al gobierno de México por esta violación a los derechos ancestrales de los campesinos, a la biodiversidad, a la soberanía alimentaria y al principio precautorio en centros de origen de un cultivo básico para la alimentación y economía mundial. l Red en Defensa del Maíz Más información: http://www.endefensadelmaiz.org
omc. Por más que este acuerdo incluya algunas cláusulas de derechos humanos o de medioambiente, queda claro que éstas lo que pretenden es que las empresas transnacionales se apoderen de los servicios públicos, recursos naturales, sistema ﬁnanciero, biodiversidad y recursos genéticos que son abundantes en la región centroamericana. Respaldamos la decisión del gobierno nicaragüense de abandonar la mesa y llamamos a los gobiernos centroamericanos a tomar en cuenta las necesidades de sus pueblos y no defender los intereses de las multinacionales. En el ámbito de la agricultura es obvio que los intereses de la agroindustria pretenden imponer un modelo depredador, agroexportador y altamente dependiente de la tecnología y del capital ﬁnanciero europeo. Este tratado pone en peligro la región centroamericana porque mediante las patentes la región perderá sus semillas criollas, los saberes ancestrales, la soberanía de los pueblos y la producción de alimentos sanos. Además, les roban a las comunidades campesinas la posibilidad de ejer-
cer su función principal de provisión de alimentos a nivel local. En realidad lo que está en juego en los tlc con Europa son modelos totalmente diferentes, es decir, la ue impulsa el modelo agro-industrial y los campesinos/ as e indígenas de Centro América y Europa optamos por el modelo de la Soberanía Alimentaría. La Coordinadora Europea Via Campesina y La Via Campesina de Centroamérica con otros sectores sociales de la región rechazamos cualquier pretensión de reactivar las negociaciones en las condiciones que se ha venido negociando en absoluta desigualdad atentando con la soberanía y la integración de los pueblos centroamericanos. l ¡El comercio desigual, es un acto criminal! Globalicemos la lucha, Globalicemos la esperanza Coordinadora Europea Via Campesina y La Via Campesina Centroamérica, 8 de abril 2009 www.viacampesina.org www.eurovia.org
Ataques, políticas, resistencia, relatos Ecuador
El malestar por la minería
Durante todo el periodo de gobierno de Rafael Correa ha estado a discusión la ley minera que otorga amplias potestades a las empresas para explotar varios tipos de minerales por todo el país. En un comunicado del 12 de enero de este año, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) criticaba que desde el propio Ejecutivo que se anuncia progresista, se promoviera una ley minera de carácter neoliberal que “generará graves consecuencias sociales, ambientales y económicas para el país”. Conaie aﬁrmaba: “Hemos venido insistiendo por todos los medios en que es imperativo un debate nacional serio, responsable y riguroso sobre la minería en el país y hemos emplazado al presidente y a los ministros diversos que hablen al país con la verdad: la minería a gran escala y a cielo abierto, que es la que se pretende imponer en el país con la actual ley minera, es una práctica lesiva en todos los países donde se ha practicado”. Para Conaie, como para muchas organizaciones de la sociedad civil, con la ley minera “se ha desconocido derechos fundamentales como el de la consulta, y no hay garantías suﬁcientes para la protección del entorno natural y del agua”. En su comunicado, la Conaie puntualizaba que “es de conocimiento mundial que esta actividad genera graves impactos de orden ambiental si no se la hace con el máximo rigor”, y agregaba que hay imágenes y testimonios “sobre la violencia contra las comunidades que resisten a la ley minera: decenas de hombres y mujeres asﬁxiados por los gases lacrimógenos, incluso niños y personas de la tercera edad, un líder que fue desaparecido en perfecto estado de salud y que ahora apareció gravemente herido, su vida está en peligro… Decenas de comunidades están sumidas en una situación de terror al saber que sus tierras están concesionadas a empresas transna-
cionales y que muchas de ellas deberán abandonar sus hogares o cohabitar con una industria que los matará progresivamente de contaminación y destrucción de su hábitat”. En su evaluación, la Conaie insistía: “No hay minería segura a nivel mundial. En las minas de mayor control y donde se ha usado alta tecnología se han dado accidentes graves que han contaminado irreversiblemente cuencas de agua e intoxicado a cientos de personas… El país aún no cuenta con la tecnología ni con las instancias de control que reduzcan a la expresión mínima de estas tragedias. La experiencia de la Amazonía Norte debe servirnos de escuela: la contaminación originada por la explotación petrolera es gigante, irreversible y cientos de ecuatorianos y ecuatorianas han sido víctimas de lo que se considera una hecatombe ambiental. Nos preguntamos si esto se entiende en el gobierno actual o simplemente no se lo quiere entender y se considera que el derecho a la vida, a un medio ambiente sano, a vivir en paz y seguridad y a la salud es para unos pocos ecuatorianos y que la muerte de otros es el precio a pagar por lo que erradamente se ha llamado progreso”. Por último, la Conaie alertaba: “Se está criminalizando la protesta social, se está estigmatizando irresponsablemente a personas y organizaciones y se está satanizando posiciones que desde el inicio han pedido diálogo, debate, transparencia, responsabilidad”. Pese a todo, la ley minera se aprobó. El 31 de marzo pasado, aﬁrmaba Gloria Chicaiza en un comunicado de Acción Ecológica, “representantes
de los Sistemas Comunitarios de Agua de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, y varias comunidades de la provincia del Azuay, presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por la aprobación en enero de la Ley Minera. Esta acción se suma a la demanda de inconstitucionalidad que presentó la Conaie el pasado 17 de marzo”. Para los usuarios de los sistemas de agua del Azuay la multicitada ley minera viola varios derechos establecidos en la nueva Constitución: “El derecho a la consulta, los de la naturaleza, el derecho humano al agua y la prelación en su uso, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al buen vivir, el derecho que garantiza la alimentación. También se violentan Convenios Internacionales como el 169 de la oit, la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas entre otros”. “Esta nueva demanda”, aﬁrma en su comunicado Acción Ecológica “evidencia el proceso sostenido y creciente de oposición que mantienen las comunidades afectadas por proyectos mineros de gran escala a la reciente ley minera aprobada, sobre la que ya se viene dando una lluvia de acciones legales. El compromiso expresado por el presidente de la Corte Constitucional de actuar con justicia pone la mirada nacional e internacional sobre el cumplimiento de su palabra, basado en los principios de avanzada que rigen la nueva Constitución y que le han dado enorme reconocimiento fuera del país”. l
Ataques, políticas, resistencia, relatos Argentina
Fiebre minera en territorio mapuche Marcelo Maggio y Nicolás Gildenegers, Biodiversidadla. El gobierno de Neuquén otorgó permiso de exploración a una empresa minera de accionistas chinos y californianos en territorio mapuche. La futura mina de cobre se ubicará a 12 kilómetros al sur de Loncopué, a orillas del río Agrio y al pie del cerro Tres Puntas, en territorio de la comunidad Mellao Morales. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida resiste este proyecto y le dice “No a la Mina”. Loncopué se ubica en zona cordillerana y la separan 376 kilómetros de la capital de Neuquén. Con poca vegetación y especies en riesgo de extinción, la atraviesa el río Agrio, cauce que nace del volcán Copahue. Una geografía provincial cuyos nombres remiten de modo permanente a la cultura mapuche, a cuyas comunidades los gobiernos locales se empeñan en avasallar de modo sistemático. Emprendimientos Mineros sa es una empresa constituida principalmente con capitales chinos, presidida por Jihuan Wo. La otra accionista es A Grade Trading, compañía con sede en Los Ángeles, California. En Argentina estos capitales ya se encuentran explotando la mina de hierro de Sierra Grande (río Negro). La mina se sitúa en Campana Mahuida, un paraje que está 15 kilómetros al sur de la localidad de Loncopué. Allí viven criollos y mapuche. En 2007 la empresa CorMiNe (Corporación Minera de Neuquén, una sociedad del estado provincial) hizo contrato de exploración con opción a compra por parte de Emprendimientos Mineros sa. La compañía china compró los derechos en abril de 2007 y a partir de allí comenzó a proyectar su mina de cobre. Ni gobierno ni empresa consultaron a los pobladores y productores de la zona, que están amenazados por otras nueve minas en la comarca (proyectos que involucran la propiedad de ex-legisladores y de la familia Sapag). La población de Loncopué sabe que el método de extracción será el que ya han hecho tristemente célebre en Argentina las empresas mineras Barrick Gold (Veladero, San Juan) y Xstrata (La Alumbrera, Catamarca): volado de montañas con dinamita y lixiviación de roca con ácido sulfúrico, el método de la “minería a cielo abierto”. Se dinamitarán a diario 28 mil toneladas del cerro Tres Puntas. Las voladuras generan levantamiento de polvo contaminante en la atmósfera, lo que afecta la salud de los habitantes, los animales y la vegetación de vastas zonas, según el viento. Como se usan camiones de gran altura y tamaño, destruyen los caminos y contribuyen a esparcir el polvo que permanecía
oculto en las montañas. El ácido sulfúrico con el que se rocía la roca se ﬁltra en las capas de agua superﬁciales y en las subterráneas. Como Emprendimientos Mineros sa estima que no puede adquirir suﬁciente ácido sulfúrico en Neuquén, establecerá una planta en el territorio de la comunidad mapuche Mellao Morales. Las nubes tóxicas que generan estas plantas precipitan como lluvia ácida y no sólo afectarán la zona, sino que, por las características de la Patagonia, estas nubes pueden recorrer hasta mil kilómetros, aﬁrman los vecinos de la asamblea de Campana Mahuida. Hay dos insumos fundamentales para la minería a cielo abierto: agua y electricidad. Según averiguó la asamblea, como la electricidad de la zona no es suﬁciente, ni es posible hacer un tendido de alta tensión por los campos (pues hay fuertes negativas de la población), la empresa evalúa producir electricidad mediante un generador diesel, mediante la constante quema de combustible fósil. El más grave de los puntos es que el agua necesaria para rociar las pilas de roca triturada provendrá de las fuentes de agua en la zona, el río Agrio, que también será el lugar donde se volcará parte de los residuos. Y el problema entonces pasará a ser de gran parte de la provincia, desde Zapala y Cutral-Có hasta Neuquén capital, adonde llegará el ácido sulfúrico y el gasoil que derramen en el río Agrio. Toda la cuenca se verá afectada porque el Agrio es uno de los aﬂuentes del río Neuquén. Cristian Hendrickse participa en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida y colabora como asesor legal. Él explica: “el gobierno apoya este emprendimiento y apoya la minería en general. Para ellos, Neuquén tiene una matriz económica de cuatro puntos: el petróleo, la energía, la minería y la forestación. Este proyecto no ha sido consultado con nadie, ni siquiera con la comunidad mapuche Mellao Morales, que vive sobre un territorio que ahora es la corteza que envuelve los minerales que se quieren llevar. La actitud del gobierno ha sido la de ignorar a la comunidad mapuche, desconocerla. Con los únicos que hablan es con los empresarios mineros. Esto es un ﬂagrante incumplimiento del Convenio 169 de la oit (que establece los derechos de los pueblos originarios) y que en Argentina tiene rango constitucional, por lo tanto está por encima del Código de Minería. Las empresas prometen fuentes de traba-
jo, y hay necesidades. Pero en realidad son puestos que requieren otra capacitación a la que tiene la gente de acá. La gente local tiene experiencia en el trabajo agrícola y ganadero, no en lo minero. Entonces van a traer gente de otros lugares, ellos mismos lo han dicho. La consecuencia será la pérdida de puestos de trabajo en lo relacionado a la economía regional, el turismo y la agricultura orgánica principalmente. También se generará un aumento en el costo de vida porque va a haber un movimiento de dinero de una clase gerencial, sobre todo en lo relacionado a la vivienda, ya que éste es un lugar donde hay un déﬁcit de
Efectos de la concentración del manejo de semillas La Nación, 17 de febrero. El Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) emitió un comunicado en el que informará a la opinión pública sobre la falta de semillas en el país. Por esta razón, se aguarda que se disponga la utilización de granos como semillas, como una medida paliativa, según reﬁrió el propio presidente de la institución, Luis Llano Imas, luego de reunirse con las máximas autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (mag). Esta disposición fue propuesta por el ministro de Agricultura y Ganade-
viviendas muy importante. Nos hemos autoconvocado como vecinos resistiendo este proyecto. Se ha hecho un plebiscito en la Comunidad Mapuche Mellao Morales y 99% votó por el no al emprendimiento minero. Entonces aquí estamos en una pulseada, si el gobierno va a poner el oído en lo que quiere la gente o si va a poner el oído en la billetera de las grandes compañías. l Ver nota completa en: http://www.biodiversidadla.org/ Principal/Agencia_de_Noticias_Biodiversidadla/Argentina_ ﬁebre_minera_en_territorio_mapuche
ría, Cándido Vera Bejarano, días atrás, luego del problema registrado con las semillas entregadas por la Entidad Binacional Yacyretá, que no contaban con el valor germinativo requerido. Según Llano Imas, esta disposición será adoptada porque en el mercado interno ya no se cuenta con las semillas para abastecer la demanda interna, por ende se adoptará esta medida, durante el tiempo que sea necesario para que las empresas semilleristas estén con capacidad de abastecer la demanda. La causa de la falta de semillas, según el titular del Senave, se debe a que la sequía también colaboró para perjudicar el desarrollo de la producción de semillas, por ende la situación es
crítica, ya que no se cuenta con semillas y en el caso de que exista, es muy escasa. “Esta medida ya la habíamos adelantado, mediante la Resolución 55, que bajaba los estándares para determinar el porcentaje germinativo de las semillas”, destacó el funcionario, quien desde hace algunos días viene coordinando con Agricultura y productores la manera de salvar esta falta de material germinativo en el país. “Pero ahora vamos a informar a la ciudadanía sobre el caso, que no existe semilla alguna en el mercado y que se puede dar lugar a la consideración de los granos como semillas”, reﬁrió Llano Imas. El titular del mag había adelantado hace pocos días que la entidad que él encabeza traspasará los fondos asignados al rubro semillas a la oei (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura), para que se encargue de comercializar las semientes. Alegó que el mag no quiere involucrarse en la parte comercial de las semientes. La institución recibirá un millón de dólares para la adquisición de los granos que serán considerados como semillas, según el titular del mag. l http://www.lanacion.com.py/noticias230493-2009-02-17.htm
El agua encarcelada Esta vez presentamos una panorámica de los impactos de las represas, sean de irrigación, hidroeléctricas o de almacenamiento de agua, sobre las regiones, las economías, la ecología y la vida de los millones de desplazados que han sufrido en carne propia decisiones de “desarrollo” tomadas en otro lugar y otros tiempos por personas ajenas a las que no les importa sino “el mayor bien común” —uno deﬁnido muy ambigua y tendenciosamente. Los fragmentos de comunicados, estudios, reportajes, informes y reﬂexiones provienen como siempre de muchas partes. No agotan un tema candente que podría llenar las páginas de varios números de Biodiversidad. Ésta es sólo una primera revisión, que ojalá les incite más búsquedas, uno de los objetivos de esta sección.
Las represas alteran el funcionamiento natural de los ríos. Pueblos bajo las aguas, territorios expropia-
dos, medios de subsistencia de comunidades ribereñas desaparecidos, personas desplazadas, pactos incumplidos con los afectados, daños al medio ambiente… Aunque los beneﬁcios inmediatos se solían considerar suﬁcientes para justiﬁcar las enormes inversiones, el costo total de las grandes presas es hoy una preocupación pública grave. La justiﬁcación económica no se ha hecho realidad en los sistemas de irrigación, suministro de agua e higiene pública. Tampoco en el control de inundaciones ni en la producción de electricidad. Los impactos ambientales son más negativos que positivos y entrañan pérdidas irreparables de especies y ecosistemas. El desplazamiento físico de las personas afectadas, con demasiada frecuencia involuntario, implica coerción y fuerza, y en algunos casos la pérdida de vidas… Después de que la Comisión Mundial de Represas cuestionó la eﬁciencia de estas obras, en Europa se aprobó una directiva-marco con el ﬁn de recuperar el buen estado de los ríos, y un cambio en el concepto de gestión del recurso… basado en el respeto a los ríos por lo que son y a las personas que habitan sus valles por su cultura y su identidad, apostando por las energías alternativas más respetuosas con el medio ambiente… [entonces] varias empresas españolas marcharon a otros lugares donde se les permite seguir sacando jugosas tajadas económicas por abu-
sar de los recursos naturales, sin tener presente los desequilibrios ambientales y sociales que la comunidad cientíﬁca a nivel mundial denuncia como consecuencia de las más de 45 mil represas construidas. Estas entidades se ven apoyadas por una iniciativa reciente del gobierno español que creó un Foro Empresarial para defender intereses en Latinoamérica. Participan altos cargos del gobierno español y algunos de los máximos ejecutivos de 12 empresas: Telefónica, Bancos Santander y bbva, Repsol, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Agbar, prisa, Sol Meliá, acs. Informe de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, junio de 2005 Gran estafa es la presa El Cajón, en México. Hace
unos años circuló la historia: “Y ahora cómo le decimos al presidente Fox que estamos equivocados”, comentó el secretario de Energía, Ernesto Martens, a Manuel Frías Alcaraz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (cfe), quien lo había convencido de que el proyecto hidroeléctrico El Cajón —la obra de infraestructura más sonada de gobierno de Vicente Fox— tenía “serias fallas de concepto y de planeación”. Frías Alcaraz reﬁere que se reunió en privado con Martens y el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), Nicéforo Guerrero, a principios de octubre de 2001, para decirles que la hidroeléctrica no iba a servir porque su principal problema sería la falta de agua para sustentar una
operación normal. Les advirtió: “Van a tener que esperarse a que desafortunadamente ya no produzca cuando la terminen”. En febrero de ese año Ingenieros Civiles Asociados (ica) y sus socios ganaron la licitación para construir la hidroeléctrica El Cajón en Nayarit. El Congreso autorizó 812 millones de dólares. Sorprendido, Frías Alcaraz expresa: “Pensé que iban a reﬂexionar. Es un proyecto con problemas de funcionamiento continuo y conﬁable, y de baja rentabilidad. Es un error haber seleccionado esta obra”.
Foto: Leonardo Melgarejo. Páginas 34, 35, Sur de Brasil
Frías Alcaraz relata que Martens manifestó su incredulidad. “Me decía: ‘¿cómo es posible que con una obra de esta magnitud, con tanta experiencia que se tiene en la ingeniería mexicana y en la cfe para estos proyectos, vayamos a estar equivocados? Son proyectos que se estudian muchos años’.” Varias veces explicó a Martens y a Nicéforo Guerrero que los defectos de la obra no estaban propiamente en la ingeniería de la hidroeléctrica, sino en el sitio escogido, ya que no contaba con suﬁciente agua. Les pidió entonces que plantearan la situación en esos términos al presidente Fox, “porque no es justo que el pueblo de México tenga que pagar los errores de ustedes. Deﬁnan correctamente la línea de responsabilidades. No es justo que toda una institución y todo un gobierno paguen las consecuencias”. Frías Alcaraz atribuye el silencio de Martens y Nicéforo Guerrero al hecho de que la obra ya estaba aprobada por el Congreso y los recursos presupuestados por la Secretaría de Hacienda, además de que contaba con la aprobación de expertos de México y del extranjero. Fernando Ortega, “El Cajón. Una presa que no tendrá agua”. Contralínea, 11 de junio de 2003.
Bolivia ratiﬁcó su “preocupación” por el impacto ambiental “que tendrán las represas Santo Antonio
y Jirau, sobre el río Madeira a unos 100 kilómetros de los límites con Bolivia”, dijo el viceministro de Medio Ambiente boliviano, Juan Pablo Ramos. Las constataciones ﬁguran en estudios realizados por las autoridades de Bolivia, entregados al canciller brasileño, Celso Amorim, por su homólogo boliviano, David Choquehuanca, durante la reunión que mantuvieron la víspera en Brasilia, explicó Ramos. Una de las mayores preocupaciones es que los espejos de agua creados por las represas pueden favorecer la proliferación de enfermedades tropicales como dengue o malaria, en una zona amazónica de potenciales riesgos, indicó. Ramos desmintió versiones sobre la ﬁrma de un acuerdo mediante el cual Bolivia cesaría sus reclamos y aﬁrmó que, por el contrario, Brasil ha reconocido “por primera vez” que el asunto debe ser discutido y negociado… Según el proyecto en desarrollo, ambas represas provocarán la inundación de un área de unos 500 kilómetros cuadrados y las obras tendrán un costo superior a los 12 mil millones de dólares. Los canteros de obras fueron visitados la víspera por el jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien garantizó que el gobierno ha creado grupos para vigilar las condiciones de trabajo y el posible impacto ambiental de las construcciones. En diciembre pasado, las autoridades ambientales brasileñas multaron con 3.35 millones de dólares al consorcio encargado de Santo Antonio por la muerte de once toneladas de peces durante la primera fase de las obras, en la que fueron contenidas las aguas del río para sentar las bases de la represa. Agencia Efe, La razón, 13 de marzo de 2009 En vísperas del Día Internacional de Acción en contra de las Represas, la Segunda Asamblea del
Movimento dos Atingidos por Barragens (mab) o Movimiento de Afectados por las Represas se dirigió al Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (incra), en una manifestación pacíﬁca, animada por cantos en defensa de los derechos de los pueblos afectados y pancartas con mensajes como: “¿Represas para qué y para quién?” o “Agua y energía no son mercadería”. Mujeres y hombres de todas las edades recorrieron 5 kilómetros hasta el incra e ingresaron a sus instalaciones. Acompañó a la manifestación de los ribereños un grupo representante de Bolivia, país que también sería afectado por la construcción de las represas en el río Madeira o Madera. Si bien parecía que los funcionarios del incra tenían “toda” la predisposi-
ción de tener una reunión pacíﬁca con los manifestantes, repentinamente entraron al recinto doce policías federales fuertemente armados con metralletas y gases lacrimógenos y detuvieron a seis bolivianos que se encontraban en el café del incra. Los llevaron escoltados a la Policía Federal y después los deportaron. A pesar del atropello, los manifestantes, concluyeron la reunión de manera pacíﬁca. Esto devela la relación directa que tiene la lucha sin fronteras por los derechos humanos y la represión sin fronteras. Los intereses que son defendidos por el capital son los mismos en todo lugar e incluso suelen tener las mismas expresiones represivas y ofensivas. Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, Las Comunidades y el Agua Redlar (marzo de 2009) La lucha contra la presa Sardar Sarovar en India
ha venido a representar mucho más que la lucha por un río. Ésta ha sido su fuerza, pero también su debilidad. Al generar debate, aumentó lo que estaba en juego y la complexión de la batalla cambió. De ser una lucha donde se jugaba el destino de un valle ribereño pasó a cuestionar el sistema político completo. Se puso en juego la naturaleza misma de nuestra democracia. Quién posee la tierra. De quién son los ríos, los bosques, los peces. Son preguntas inmensas. Y el Estado las toma muy en serio. Y las responde con una sola voz a través de cada una de las instituciones que lo obedecen: el ejército, la policía, la burocracia, las cortes. Y no sólo las responde, las responde sin ambigüedad, de modos amargos y brutales. Para la gente del valle, el hecho de que aumente a este grado lo que está en juego signiﬁca que su arma más efectiva —los datos especíﬁcos sobre aspectos especíﬁcos en este valle especíﬁco— quedó sin ﬁlo por culpa del debate sobre los grandes aspectos. La premisa básica del argumento estalló en fragmentos que se esfumaron con el tiempo. De vez en vez alguna pieza del rompecabezas ﬂota por ahí —un
recuento emocional del horrible trato que el gobierno le propinó a los desplazados; un regaño desde las alturas por el hecho de que “un puñado de activistas” tenga la nación como rehén; un reportero informa del progreso de las demandas que ahora llegan a la Suprema Corte… Los expertos y los consultores secuestran algunos de esos aspectos —el desplazamiento, la rehabilitación, la hidrología, el drenaje, el acopio de agua, el tratamiento de las aguas, la pasión, lo político— y se los llevan a sus guaridas para resguardarlos de la curiosidad no autorizada de la gente común. Los antropólogos sociales conducen acres debates con los economistas por la jurisdicción de las investigaciones. Los ingenieros se rehusan a hablar de política cuando presentan sus propuestas. Pero desconectar la política de la economía, de la emoción y la tragedia humana del desarraigo es como romper un ensamble musical. Las partes ya no suenan igual. Queda el ruido pero no se entiende… Arundhati Roy, El álgebra de la justicia inﬁnita, 2001. Les vamos a pedir que se vayan de sus casas des-
pués de que terminemos la cortina de la presa. Si se van, todo estará bien. De otro modo, soltaremos las aguas y todos se ahogarán. Morarji Desai, hablando en una reunión para la gente de la zona de inundación de la presa Pong en 1961. Ver: Patrick MacCully, Silenced Rivers: The Ecology and Politics of Large Dams, Orient Longman, 1998. La represa eliminó, paulatinamente, la economía y los modos de vida de los afectados: “pescadores
comerciales y de subsistencia, fabricantes artesanales de ladrillos y tejas, recolectores de juncos para techar quinchos, lavanderas, dueños de pequeños astilleros, agricultores, tanto de la margen paraguaya como de la argentina, en las provincias de Misiones y Corrientes”. Debajo de las 100 mil hectáreas inundadas han quedado historias, culturas y un impacto ambiental aun no sospechado. A ello se suma que el río Paraná en esa parte está contaminado por tres papeleras de capitales chilenos. “Los paraguayos reclaman por el mal uso que se le da al río, por no haber estudios de impacto de esas papeleras. En el Paraguay la población entera que fue trasladada a esos ghettos no tiene trabajo y no tiene de qué vivir. ¿Dónde se fueron?, al basural a competir con los chanchos, los perros y las ratas. Lo cuento y a mí me hace llorar, porque recuerdo lo que vi en San Cosme, en Encarnación, en tantos lugares”, agrega Coco. Testimonios de los afectados por la represa Yaciretá en el río Paraná. http://picasaweb. google.es/afectadosyacyreta
Históricos pobladores del valle del río Ibáñez y de la cuenca del Baker, en Chile, junto a vecinos de
Coyhaique, Puerto Aysén, Bahía Murta y Cochrane, entre otras localidades, enfatizaron la necesidad de recuperar la propiedad de aguas para la subsistencia actual y futura de las comunidades de Aysén, cuestionando que hoy los recursos hídricos de la Patagonia se encuentren mayoritariamente en manos de empresas eléctricas chilenas y extranjeras. Sus palabras las sustentaban decenas de lienzos y carteles con la consigna “Devuelvan las Aguas”. Francisco, hijo del poblador de Villa Cerro Castillo, Juan Antrillao Hueitra (acompañado por su padre), señaló: “muchas veces la gente de HidroAysén y quienes dicen estar a favor de este proyecto dicen que no somos representativos. Nosotros nos criamos con las aguas del río Ibáñez, vivimos, cultivamos la tierra, y nuestros padres dejaron su vida y su juventud en estas montañas”. Agregó que “nosotros somos los más indicados para decir: alto señores de HidroAysén, no queremos ser atropellados una vez más, porque esto parece una segunda colonización” Testimonios de los afectados por la transnacional Endesa. www.mapuexpress.net, 15 de marzo de 2009 La Corte Constitucional de Ecuador ordenó al Ministerio del Ambiente revisar la autorización ambiental del Proyecto Multipropósito de Baba (pmb)
y reformular los términos de la licencia ambiental. A la contraloría general le ordenó auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental. Según su decisión del 15 de diciembre, sí existen riesgos de causar impactos severos e irreversibles en la biodiversidad ecuatoriana, mismos que no fueron valorados adecuadamente, como incluso habían concluido expertos del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta resolución del máximo tribunal ecuatoriano es consecuencia de la acción de amparo promovida por Ecolex en mayo de 2007, rechazada en primera instancia. La apelación ante el Tribunal (ahora Corte Constitucional), insistió en que se afectaban los derechos humanos al ambiente sano, al agua, a la propiedad, al trabajo, a la alimentación y a la consulta, entre otros. aida y las organizaciones International Rivers y fian Internacional apoyamos la apelación denunciando las violaciones a es-
tándares internacionales ambientales y de derechos humanos, vinculantes para el Estado ecuatoriano. Expertos de Elaw de Estados Unidos habían informado acerca de las graves fallas del estudio de impacto ambiental. “Esta decisión es un triunfo inmenso para las comunidades afectadas y para el país, pues reitera que la protección ambiental es también de interés nacional” dijo Silvana Rivadeneira de Ecolex y abogada del caso. El pmb implicaría la inundación de más de mil hectáreas de importantes ecosistemas de la provincia de los Ríos, afectando a las poblaciones ribereñas del río Baba, Quevedo y Vinces. El proyecto fue autorizado por el Ministerio del Ambiente en noviembre de 2006 y está a cargo de la empresa Hidronación sa quien asumió la construcción del proyecto después que la empresa brasilera Odebrecht fuera expulsada del país por el gobierno ecuatoriano. “El Proyecto Baba es un ejemplo de lo que no son energía limpia y al contrario, podría contribuir a empeorar el cambio climático. La decisión de la Corte conﬁrma su falta de sustentabilidad”, sostuvo Monti Aguirre de International Rivers. “Dados los efectos negativos para el ambiente, las personas y el cambio climático de las grandes hidroeléctricas —razón por la cual apoyamos la demanda—, el ordenar la evaluación integral del Proyecto Baba es una excelente noticia. Estaremos pendientes de la revisión, y esperamos que esta decisión sirva de precedente para los cientos de proyectos hidroeléctricos que están en curso en las Américas, con fallas muy similares al de Baba”, dijo Astrid Puentes, codirectora de aida. Comunicado de Prensa FIAN Internacional, AIDA, Ecolex, International Rivers, enero de 2009. Ver http://www.ﬁan.org
Foto: Carlos Vicente. Riobamba, Ecuador
Foto: Carlos Vicente.
Los gobiernos de Ecuador e Irán ﬁrmaron el jueves un acuerdo para el ﬁnanciamiento y construcción de
dos proyectos hidroeléctricos. Esto cubrirá el 60% del costo total de las nuevas centrales. Los proyectos beneﬁciados por el convenio son la represa de Quijos-Baeza, con capacidad para generar 100 megavatios, y la de río Luis, que podría producir 15 megavatios. La constructora iraní Farab asumiría la construcción de dichas centrales. El acuerdo fue suscrito entre el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Alecksey Mosquera, y su similar del Ministerio de Energía de Irán, Hamid Chitchian. El preacuerdo determina que debe entregarse el ﬁnanciamiento de 40% que corresponde al Ecuador, que tiene más de 10 proyectos hidroeléctricos, analizados por Irán y que tal vez podrían ser ﬁnanciados. AméricaEconomía.com, 6 de marzo de 2009 En México, el capitalismo neoliberal y los gobiernos federal y estatal han impuesto en los últimos
tiempos políticas económicas de desarrollo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Plan Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamericano. Son proyectos de explotación minera, construcción de represas para la generación de energía, corredores eólicos y de infraestructura vial que les facilite el intercambio comercial. Este modelo ha puesto precio a la tierra, ríos, bosques, agua, minerales, hasta los propios territorios de los pueblos indígenas y campesinos. Bajo este contexto se inscribe el proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, que pretenden imponernos en los municipios de Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Tetepec, Santiago Jamiltepec, Tataltepec de Valdés y San Pedro Tututepec, Oaxaca.
Por las razones anteriores y frente a la necedad de la Comisión Federal de Electricidad de llevar a cabo este proyecto, los pueblos mixtecos, chatinos, afrodecendientes y mestizos de las comunidades afectadas, decidimos organizarnos en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde con el ﬁn de parar este megaproyecto. Hombres y mujeres, de los municipios y comunidades afectadas, así como organizaciones civiles, organizaciones comunitarias, redes nacionales movimientos sociales, nos reunimos en Tataltepec de Valdés los días 27 y 28 de febrero del 2009, en el V foro por la Defensa del Agua, el Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la ﬁnalidad de fortalecer la articulación regional y las alianzas, para tomar acciones conjuntas en la defensa de los recursos naturales. Y consideramos: Que el proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, pone en peligro la vida de los pueblos indígenas y campesinos de la región. Representa una amenaza para el ecosistema de la cuenca del río Verde y el parque nacional de Chacahua, entre otros. El proyecto sólo beneﬁcia a las grandes empresas trasnacionales y conlleva al desplazamiento forzoso de las comunidades de sus territorios. Violenta los derechos más fundamentales de los pueblos indígenas y campesinos como la libre determinación, la consulta e información, y el decidir sobre el manejo de sus tierras, territorios y recursos naturales. Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, 28 de febrero de 2009 En Colombia, el gobierno nacional declaró de utilidad pública e interés social los terrenos necesarios
para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. El proyecto hidroeléctrico, se encuentra localizado al sur del departamento del
Foto: Carlos Vicente. Bernardo Gusñay en su parcela, Chimborazo, Ecuador
ambiental, incumpliendo la normatividad ambiental vigente”. Aquí no caben mayores ilusiones. Quienes juzgan terminarán subordinados a la multinacional Emgesa debido a que existen poderosos intereses económicos y políticos que impondrán, por la fuerza, el otorgamiento inmediato de la licencia ambiental a Emgesa, desconociendo las voces mayoritarias y los argumentos sólidos de oposición al proyecto. Así se otorgue la licencia ambiental continuaremos con la resistencia civil. Ver comunicados de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, febrero de 2009. Tres pueblos se encuentran amenazados de muerte, una vez más, en nombre del desarrollo: Temaca-
Huila, sobre la cuenca alta del río Magdalena, en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado y Altamira. “Para cumplir con este propósito se construirá una presa sobre el cauce del río, formando un embalse cuya caída es aprovechada en una central superﬁcial que luego descarga los caudales turbinados al mismo río Magdalena, aguas abajo del sitio de la presa.” La declaratoria de utilidad pública fue hecha a favor de la Empresa Generadora de Energía (Emgesa), mediante la resolución número 321 del primero de septiembre de 2008, previa solicitud tramitada ante el ministerio de Minas y Energía. El decreto explica que mediante oﬁcio, la dirección de Etnias del ministerio del Interior y de Justicia, certiﬁcó que en esta zona “no se registraron comunidades indígenas ni negras que se pudieran ver afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico”. Por su parte, el Incoder certiﬁcó que de acuerdo con las coordenadas del proyecto “no se cruza o traslapa con territorio legalmente titulado a resguardos indígenas o tierras de las comunidades negras”. Por fortuna, la dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales notiﬁcó a Emgesa para que inicie los descargos en cumplimiento de la resolución 227 del 11 de febrero de 2009, por medio de la cual “se formula un cargo en contra de Emgesa por presuntamente iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo... sin contar con licencia
pulín, Acasico y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, México. El gobierno federal y estatal pretenden imponer a toda costa la construcción de una presa de almacenamiento de agua, llamada presa Zapotillo, que traerá como consecuencia la inundación de toda la región. Al principio las autoridades del agua negaron constantemente la existencia del proyecto y después, una vez reconocida la pretendida obra, las autoridades federales y estatales no han dejado de hostigar a los habitantes y dueños de predios de las zonas afectadas con diversas estrategias: reuniones amañadas con pobladores, intimidación casa por casa, organización de grandes ﬁestas y comilonas —donde se ofrece cerveza a cambio de escrituras— el convencimiento de algunos pobladores que sirven de intermediarios del gobierno, llamadas telefónicas a las casas de los hijos ausentes o migrantes (sin importar si están en Guadalajara, Monterrey o Estados Unidos), volantes que dejan debajo de las puertas, spots de radio y un largo etcétera. La respuesta mayoritaria de los pobladores es siempre la misma: “no queremos su presa”, “háganla en otro lado”, “no nos negamos a compartir el agua del río, pero no nos inunden”, “déjennos vivir en paz”. Esta negativa se la han hecho saber a las autoridades por todos los medios que les ha sido posible: reuniones, cartas, marchas, mítines, caravanas, volantes, conferencias de prensa, movilizaciones pacíﬁcas al sitio donde se está construyendo la presa, al Congreso del Estado, a las presidencias municipales, a las oﬁcinas de la Comisión Nacional del Agua, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del gobierno de Jalisco. Es aterrador el desprecio de las autoridades federales y estatales del agua tienen por la gente. En enero de 2008 el gerente regional del Organismo de Cuenca de la Conagua, Raúl Antonio Iglesias Benítez, ante la oposición de los pobladores, declaró: “se sa-
len o se ahogan, les vamos a comprar lanchas y salvavidas para que no se preocupen”. Se le ha exigido a la población que presente alternativas técnicas para la solución de los problemas de agua de la región, cuando es el gobierno quien debería de estar buscándolas, pues tienen los recursos, los medios y la obligación de hacerlo. Desde su saber, los pueblos del mundo están conscientes que las grandes represas no son la solución a los problemas de agua y que no pueden considerarse una alternativa sustentable de energía. Este tipo de presas terminan contaminando y matando los ríos, como toda agua estancada, y contribuyen al incremento del calentamiento global. Por eso, en las ﬁestas patronales de enero, la ﬁesta fue de la nostalgia a la resistencia, de la rabia a la alegría, de la desesperanza al ánimo. La gente no tiene idea de lo que les depare el gobierno, pero saben que no se van a dejar, algunos han decidido que esperarán el agua, mientras siguen buscando alguien que los quiera escuchar. En la asamblea de pobladores de Temacapulín, junto con los comités Salvemos Temaca de Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal, Los Ángeles, San Francisco o Tijuana, todos los hijos de Temaca, los ausentes y los presentes, ratiﬁcaron su rechazo a la presa y su voluntad de seguir en pie de lucha, contra lo que ellos mismo llamaron un delito de “necia” humanidad. Claudia Godoy, Colectivo Coa, marzo de 2009
base en Estados Unidos, ha seguido buscando ﬁnanciamiento. Con información de Talli Nauman, ecoportal.com, y Olmedo Carrasquilla II, radioplaneta77@gmail.com
En Panamá, las autoridades de Bocas del Toro iniciaron la persecución de dirigentes indígenas naso y
Nos aseguraron hasta el cansancio que con ese mar de petróleo navegaríamos en la gloria. Y lo
ngobe desde el pasado viernes 27 de marzo, luego de las masivas protestas del domingo 22, Día Mundial de Agua. Una multitud de indígenas salió a las calles y cerró el transito vehicular en varios puntos de la provincia, manifestándose en contra de los proyectos hidroeléctricos, mineros y turísticos que afectan sus territorios y su forma de vida. Su modo y medios de vida se encuentran cada vez más amenazados por megaproyectos como la presa hidroeléctrica Bonyik propuesta por Empresas Públicas de Medellín (epm), de Colombia, por desarrollos costeros para jubilados y por la expansión de la industria ganadera. Su desplazamiento ha forzado a algunos miembros de las 11 comunidades naso a trabajar en las plantaciones bananeras que han hecho a las trasnacionales famosas en Centroamérica. El proyecto Bonyik, una de cuatro presas planeadas para el río Teribe, es tan polémico que en 2005 el Banco Interamericano de Desarrollo suspendió la consideración de los créditos para su construcción que había buscado epm, empresa con sede en Colombia, país vecino de Panamá. Pero aes Corp, con
creímos. Entonces explotaron Caño Limón lo que signiﬁcó para el pueblo guahibo su destrucción. Alcoholismo, prostitución, violencia y desarraigo. Hoy, veinticinco años después, el guahibo está herido, Caño Limón se agota y el desarrollo que nos auguraron fue una falacia. Luego aﬁrmaron que con la represa terminarían los desbordamientos del Sinú; con estos argumentos construyeron Urrá que anegó también al pueblo embera katio. Les quitaron el pescado, asesinaron a Kimy, a Lucindo, los desplazaron. Hoy, seis años después, el Sinú rebosó la presa llevando a la miseria a miles de pescadores y campesinos que perdieron todo cuanto tenían. Cabildo indígena Cerro Tijeras, Altamira, Colombia, 6 de septiembre de 2007
Foto: Leonardo Melgarejo. Abriendo cacao, Sur de Brasil
En Brasil, las represas expulsaron cerca de 1 millón de personas y más de 34 mil kilómetros cuadrados de superﬁcie fueron anegadas por embalses. mab denuncia que estos proyectos beneﬁcian prioritariamente a empresas transnacionales que se apropian de la naturaleza y destruyen la vida en nombre del “desarrollo” y del lucro. Argentina cuenta, para diferentes propósitos, con unas 130 represas. Actualmente hay cuatro licitaciones nacionales en marcha en las provincias de Neuquén, Mendoza, Catamarca y Santa Cruz. En la provincia de Corrientes un grupo privado presentó un proyecto para represar el arroyo Ayuí, que inundará 8 mil hectáreas con un ﬁn agroindustrial. También está en marcha el llamado a preclasiﬁcación de consorcios de ﬁrmas consultoras para el estudio de factibilidad de Corpus Christi sobre el río Paraná y ya se instaló en Buenos Aires la empresa de ingeniería del grupo Camargo Correa, para realizar estudios para la represa de Garabí sobre el río Uruguay. www. pescapira.com.ar Quedó suspendida la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, México. Se le
consideraba uno de los proyectos de inversión más importantes del gobierno foxista, pero la juez federal Livia Larumbe Radilla concedió una suspensión deﬁnitiva en vía de amparo a los pobladores del municipio de Cacahuatepec, Guerrero, y ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (cfe) que de inmediato detenga la construcción del embalse. La resolución ordena “que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y las autoridades se abstengan de autorizar la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales
del río Papagayo para el proyecto hidroeléctrico La Parota, por los daños irreversibles a los quejosos que viven en Cacahuatepec”. Este megaproyecto, emprendido hace cuatro años, provocó fuerte resistencia de los pobladores que resultarían afectados y de movimientos ambientalistas, quienes argumentan que la construcción de la presa provocaría el desplazamiento de 25 mil personas, la inundación de 17 300 hectáreas y un grave deterioro ecológico. Los opositores al proyecto formaron una agrupación denominada Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (cecop). Esta lucha no ha estado exenta de víctimas: tres campesinos fueron asesinados por impedir que la cfe construyera el embalse. Los campesinos han enfrentado constantes amenazas de expropiación de tierras por parte del gobierno federal. Alfredo Méndez, La Jornada, 14 de septiembre, 2007 India presume de ser la tercera constructora de presas más grande del mundo. Según la Comisión
Central de Aguas, tenemos 3 600 presas que caliﬁcan como grandes, de las cuales 3 300 se construyeron después de la independencia… Según un estudio detallado sobre 54 grandes presas, realizado por el Instituto de Administración Pública de India, el número promedio de gente desplazada por cada represa en el país es de 44 182 personas… para errar cautelosamente, quitémosle la mitad a ese número. O mejor, erremos del lado excesivo de cautela y digamos que el promedio de personas desplazadas es de apenas 10 mil por represa grande. Es una cifra muy baja e improbable, pero bueno, no le hace… saquen sus calculadoras: 3 300 presas por 10 mil personas, suman 33 millones de personas desplazadas. Desplazadas en India tan sólo por las grandes presas en 50 años. Si a eso les sumamos los desplazados por otros proyectos de desarrollo en la región la suma crece a 50 millones, de los cuales 57.6 son adivasis, el mayor pueblo indígena de India. Cincuenta millones es casi tres veces la población de Australia. Más de tres veces los refugiados producidos por la partición de India. Diez veces el número de refugiados palestinos. El mundo occidental se convulsionó por el futuro de un millón que había huido de Kosovo. Arundhati Roy, El álgebra de la justicia inﬁnita, 2001. l
Biodiversidad abr 2009

References: artículo 216
 artículo 67
 artículo 28
 artículo 72
 artículo 83
 Resolución 
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