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Timestamp: 2020-08-08 12:42:50+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2017-2583
Documento BOE-A-2017-2583
«BOE» núm. 59, de 10 de marzo de 2017, páginas 17804 a 17808 (5 págs.)
BOE-A-2017-2583
En el recurso interpuesto por don J. G. M., procurador de los tribunales, en nombre y representación de la entidad «Caixabank, S.A.», contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Almería número 3, doña Isabel María Maldonado Vilela, por la que no practica la prórroga de anotaciones de embargo ordenadas.
En el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Almería se siguen autos de ejecución de títulos no judiciales número 2368/2008 de los que resultó la diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia, doña M. A. G. M., de fecha 24 de octubre de 2016, por la que se acordaba la prórroga de las anotaciones preventivas de embargo de determinados bienes inmuebles expidiendo mandamiento, de la misma fecha, dirigido al Registro por el que se ordenaba la práctica de las anotaciones preventivas correspondientes. El documento fue firmado electrónicamente el día 25 de octubre de 2016.
Presentada la referida documentación en el Registro de la Propiedad de Almería número 3, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Almería número tres Acuerdo recaído en este Registro de la Propiedad número tres de Almería, sobre la calificación del documento autorizado en Almería por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Almería, el día veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, con firma electrónica de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, presentado en este Registro el día nueve de noviembre del año dos mil dieciséis, con el asiento 1480 del Diario 61. Procedimiento: ejecución de títulos no judiciales 2368/2008. Hechos I El día nueve de Noviembre del año dos mil dieciséis, con el asiento 1480 del diario 61, fue presentado por duplicado el mandamiento referido en el encabezamiento. II Con esta fecha y en relación al contenido del mandamiento que resulta afectado por la calificación en los términos que se reflejan en los fundamentos de Derecho siguientes y que en este lugar se dan por reproducidas en evitación de repeticiones, recae el siguiente acuerdo: El documento que se califica está firmado electrónicamente y no tiene ningún signo externo que permita asegurar que es auténtico y no una mera fotocopia. Es decir, se duda si la reproducción del documento electrónico es auténtica (artículo 3 Ley Hipotecaria y Resoluciones de la DGRyN de fechas 19 de abril de 1972 y 11 de julio de 2011 y 16 de julio de 2012). No obstante, lo expuesto se hace constar que en relación a la finca 38510 del término de Níjar, no se podrá proceder a prorrogar la anotación preventiva según se ordena en el mandamiento que se califica, ya que, consultado el historial de la referida finca, no se ha hallado ninguna anotación por razón del citado procedimiento Ejecución de títulos no judiciales 2368/2008 (artículo 20 de la L.H.). Conforme a lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento Hipotecario, queda archivado en el legajo de esta oficina ejemplar del mandamiento. Fundamentos de Derecho Los anteriormente expresados. Acuerdo No se practica la anotación de prórroga ordenada, en virtud de los fundamentos de Derecho antes expresados. Contra la anterior calificación (…) Almería, treinta de noviembre del año dos mil dieciséis. La Registradora (firma ilegible) Fdo. Isabel María Maldonado Vilela».
Contra la anterior nota de calificación, don J. G. M., procurador de los tribunales, en nombre y representación de la entidad «Caixabank, S.A.», interpuso recurso el día 19 de diciembre de 2016 en virtud de escrito en el que alega, resumidamente, lo siguiente: Que la registradora alega como única causa de denegación la falta de signos externos que permitan deducir que el documento es original y no copia; Que parece que se refiere al sello de caucho llamado a desaparecer por la irrupción del documento electrónico que goza de una naturaleza distinta al tradicional documento en papel. En el documento digital, con firma electrónica, el original resulta ser el archivo informático que confecciona el Juzgado y que es firmado electrónicamente por el funcionario legalmente autorizado, cuya copia se remite al interesado que lo imprime en papel y lo presenta para su diligenciamiento; Que el Juzgado podría, al confeccionar el documento, incluir un sello como hace con el escudo de España, pero al imprimirlo en papel también sería indistinguible; Que, por ello, el artículo 28 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, dispone que las copias en papel dotadas de código seguro de verificación tendrán la consideración de auténticas, como ha confirmado la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de julio de 2012, así como la Resolución de 6 de marzo del mismo año, y Que, finalmente, la calificación denota una gran desconfianza hacia las nuevas tecnologías, pues tampoco existe motivo para afirmar que el documento no es auténtico.
Notificada la interposición del recurso al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Almería, la letrada de la Administración de Justicia de dicho Juzgado, doña M. A. G. M., realizó las siguientes alegaciones: «Conforme a lo previsto en la Ley 59/03 de 19 de diciembre, de firma electrónica, y la Ley 18/11 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación de la administración de justicia, la firma electrónica incorporada a un documento identifica al firmante y garantiza la autenticidad del documento firmado, pudiendo comprobarse tales extremos a través del código seguro de verificación incorporado al mismo en la dirección que allí consta. No hay motivos para dudar de la autenticidad del documento presentado por el Sr. G. M. ya que, sea original o fotocopia, su contenido se puede comprobar a través del citado código seguro de verificación».
1. De los dos defectos que resultan de la nota de calificación de la registradora de la Propiedad, el recurrente no hace referencia alguna en su escrito de recurso al relativo a la imposibilidad de practicar anotación de prórroga sobre determinada finca por no existir previa anotación preventiva de embargo sobre la misma decretada en el mismo procedimiento. El objeto de la presente se contrae, consecuentemente, a lo que resulta de los siguientes epígrafes.
Generado electrónicamente un mandamiento de prórroga de anotaciones preventivas de embargo en el ámbito de un procedimiento de ejecución, y remitido del mismo modo al procurador de la parte actora, éste procede a su traslado a soporte papel y a su presentación en el Registro de la Propiedad. El documento presentado presenta al pie de su único folio código seguro de verificación (CSV), la advertencia de que permite la verificación de la integridad de la copia del documento electrónico en determinada dirección, la afirmación de que el documento incorpora firma electrónica reconocida de conformidad con la Ley 59/2013, de 19 de diciembre, de firma electrónica, así como la identidad del firmante, fecha y hora. Finalmente, el documento incorpora en su pie código de barras correspondiente al código seguro de verificación.
La registradora no despacha el documento porque, a su juicio, no resulta la autenticidad de la copia presentada a los efectos del artículo 3 de la Ley Hipotecaria. El recurrente afirma que el código seguro de verificación es el elemento externo que requiere la registradora y que permite determinar su autenticidad.
De acuerdo a lo entonces expresado: «El código generado electrónicamente permite contrastar la autenticidad del documento, de conformidad con el artículo 30.5 de la Ley 11/2007. Éste constituye la simple referencia lógica -alfanumérica o gráfica- que identifica, dentro de la sede electrónica, cada documento electrónico, previamente autorizado, también en forma electrónica. Es una referencia o identificador que hace posible «contrastar la autenticidad del documento, mediante el acceso a los (correspondientes) archivos electrónicos», siempre que el documento haya sido objeto de autorización, mediante alguno de los sistemas de firma previsto por la Ley».
6. A la vista de las consideraciones anteriores el recurso debe prosperar pues presentada copia en soporte papel del documento judicial electrónico firmado con firma electrónica reconocida que incorpora código seguro de verificación, no existe problema alguno de autenticidad una vez que el registrador, en cumplimiento de su competencia, lleve a cabo la verificación oportuna en la sede judicial electrónica señalada al efecto (cuyos certificados de autenticidad pueden y deben ser igualmente verificados por el registrador si alberga dudas al respecto).
Madrid, 14 de febrero de 2017.–El Director General de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.

References: artículo 133
 artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 30