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Timestamp: 2018-06-24 16:44:56+00:00

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05001 23 31 000 1993 00355 01 16396 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
ARMA DE DOTACION - Prueba &nbsp; Los elementos de juicio legalmente acopiados en este proceso, constituidos exclusivamente por declaraciones, no permiten establecer con certeza que materialmente el homicidio fue cometido con arma de dotación oficial, ni que un agente de policía haya sido el autor material del homicidio. Estos testimonios a más de mostrar el ánimo de favorecer decididamente los intereses de la parte actora, presentan –como se indicó- muchos vacíos y contradicciones frente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon los hechos materia de estudio. En tal virtud, las pruebas obrantes en el proceso no apuntan a establecer con claridad meridiana una autoría material del daño antijurídico en un agente del estado, en ejercicio de sus funciones y por medio de su arma de dotación oficial, por lo que no se configuró un presupuesto fundamental para entrar a estudiar la responsabilidad de la Administración. Nota de Relatoría: Ver Sentencia d
05001 23 31 000 1995 00196 01 16630 Económico y financiero, Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
FOTOGRAFIAS - Valor probatorio &nbsp; Debe advertirse que para acreditar los daños ocasionados al local se aportaron con la demanda unas fotografías, las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al establecimiento de que se trata en este proceso, es decir, sólo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso. Nota de Relatoría: Ver sentencias de febrero 3 de 2002, exp: 12.497, 25 de julio de 2002, exp: 13.811 y 1° de noviembre de 2001, AP-263 y 21 de agosto de 2003, AP-01289. &nbsp; ACTOS TERRORISTAS - Responsabilidad el Estado. Eventos. Requisitos / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ATENTADOS TERRORISTAS - Presupuestos / CONFLICTO ARMADO INTERNO - Daños. Responsabilidad del estado / ATAQUE TERRORISTA - R
05001 23 31 000 1998 02330 01 25363 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
INCIDENTE DE NULIDAD - Toma de posesión. Suspensión del proceso ejecutivo / TOMA DE POSESION - Suspensión del proceso ejecutivo. Incidente de nulidad / SUSPENSION DE PROCESO EJECUTIVO - Toma de posesión. Incidente de nulidad &nbsp; Por otra parte, llama la atención de la Sala el hecho de que si la medida de toma de posesión de dicha aseguradora se adoptó en noviembre de 2003, sólo hasta marzo de 2004 su apoderado hubiera dado a conocer tal circunstancia, cuando por mandato constitucional y legal, artículos 95 de la Constitución Política y 75 del Código de Procedimiento Civil, es deber de los ciudadanos, de las partes dentro de un proceso judicial o sus apoderados, colaborar con los jueces en su tarea de administrar justicia, en casos como el presente, poniendo en su conocimiento los hechos que de alguna manera puedan incidir en el curso o resultado del proceso. Pero independiente de todo ello, y aceptando en gracia de discusión que, efectivamente, se haya dado l
05001 23 31 000 1998 02967 01 31385 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
CONCILIACION JUDICIAL - Generalidades / ACUERDO CONCILIATORIO - Presupuestos de aprobación / ACUERDO CONCILIATORIO - Respaldo probatorio &nbsp; De conformidad con el artículo 59 de la ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la ley 446 de 1998, podrán conciliar, total o parcialmente, prejudicial o judicialmente, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A. En materias contencioso administrativas la ley autoriza el uso de este mecanismo, siempre que se acrediten unas exigencias especiales que deben ser valoradas por el juez. Al respecto esta Corporación ha señalado, de manera reiterada, que el acuerdo conciliatorio se someterá a los siguientes supuestos de aprobación: La debida
05001 23 31 000 1999 00905 01 31232 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
PROCESO DE REPARACION DIRECTA - La determinación de su cuantía no puede tomar en conjunto las reclamaciones por perjuicios morales y materiales &nbsp; Si se tomara en consideración la pretensión subsidiaria relacionada con que el perjuicio material debe considerarse en suma equivalente a 4.000 gramos de oro, la situación no varía, dado que por este concepto reclaman indemnización los dos padres, la hermana y la hija de la víctima, y como no se dispuso en qué proporción cada uno, la Jurisprudencia entiende que concurren por partes iguales, esto es, 1.000 gramos para cada uno, cantidad ésta que como se dijo, es inferior al monto exigido para que el proceso tenga vocación de doble instancia. Finalmente, la Sala estima necesario aclarar, como lo ha hecho en otras oportunidades, que las sumas que reclaman los demandantes por concepto de perjuicio moral y material, no pueden tomarse en conjunto para establecer la pretensión mayor de la demanda, en consideración a que u
05001 23 31 000 1999 01798 01 32388 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
READECUACION DE COMPETENCIAS - Ley 954 de 27 de abril de 2005 / PRINCIPIO DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS - Excepción. Ley procesal. Legislador &nbsp; Resulta que al entrar a regir la ley 954 de 27 de abril de 2005 que, entre otros, readecuó las competencias previstas en la ley 446 de 7 de julio 1998, el legislador dispuso nuevas reglas para la apelación al indicar en el ARTÍCULO 7º que la “La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, en lo términos pertinentes del artículo 164 de la ley 446 de 1998, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.”. Y aunque la perpetuatio jurisdicitionis es un principio legal que tiene como regla la inmodificabilidad de “ciertos derechos de las partes, como los relativos a la competencia del juez que ha de decidir la litis, a que el proceso se desarrolle conforme a la ordenación ritual y a que no se alteren las actuaciones fundamentales del mismo” y se determina al momento de la interposición de la de
05001 23 31 000 1999 03328 01 26351 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
CONCILIACION - Requisitos. Pruebas &nbsp; De conformidad con el art. 70 de la ley 446 de 1998, pueden conciliar, total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial, las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Conforme a la norma vigente, el juez para aprobar el acuerdo, debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: -1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 61 ley 23 de 1.991, modificado por el art. 81 ley 446 de 1.998). -La demanda fue presentada el 30 de septiembre de 1.999, los hechos que la originaron ocurrieron el 26 de agosto del mismo año. Lo anterior significa que fue presentada en tiempo, puesto que el término para intent
05001 23 31 000 2001 01680 01 29094 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
DESISTIMIENTO - Conciliación / CONCILIACION JUDICIAL - Desistimiento / ACUERDO CONCILIATORIO - Aprobación &nbsp; La parte actora desistió en su recurso de las pretensiones de algunos demandantes, frente a quienes no se demostraron los perjuicios causados con el fin de aprobar la conciliación judicial que celebraron. Al respecto, la Sala observa que la apoderada de la parte demandante está debidamente facultada para desistir como se observa de los poderes conferidos por los actores y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 345 del C. P. C., razón por la cual se aceptará. La Sala encuentra que ante el desistimiento de los actores con relación a las pretensiones de los hermanos de la víctima directa, frente a quienes no se demostraron los perjuicios causados en la conciliación, ahora sí es posible impartir la aprobación, toda vez que como se analizó en el auto recurrido, los demás requisitos exigidos por la ley para tal efecto se cumplieron. En consecuen
05001 23 31 000 2002 00283 01 31212 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
TITULO EJECUTIVO - Valor probatorio de las copias. Copias simples, no tienen vocación para constituir título ejecutivo &nbsp; La Sección Tercera se ha pronunciado en este sentido en varias oportunidades, con ocasión de la valoración de documentos aportados para constituir título ejecutivo. En aquellas oportunidades, la Sala concluyó, con base en la ley, que la copia de un documento tiene el mismo valor del original si se obtiene de alguna de las formas señaladas en el artículo 254 del C. P. C. Asimismo, resaltó que el documento aportado en original o en copia es auténtico cuando exista certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado y que el documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con base en el artículo 252 de la ley procesal civil; para mayor entendimiento la Sala acudió a jurisprudencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se declararon exequibles los numerales 2º del a
05001 23 31 000 2003 00122 01 29956 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
REFORMA DE LA DEMANDA - Caducidad &nbsp; De fundamental importancia resulta la constatación de que la demanda se haya formulado antes de que se consolide el fenómeno de la caducidad, cuya ocurrencia inhibe la posibilidad de acceder a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en busca de que se decida en relación con algunas pretensiones. Este requisito debe estar satisfecho también cuando por la vía de la reforma de la demanda se adicionan demandantes, demandados o pretensiones, por cuanto otros demandantes solo podrán intervenir a formular sus propias pretensiones mientras que el término para ejercer su propia acción no haya vencido; o la demanda no se podrá dirigir contra otro demandado cuando el término para intentar la acción en su contra haya caducado; o no se podrán incluir nuevas pretensiones si el término para intentar la acción a través de la cual pueden ser reclamadas ya ha vencido, esto es ya ha operado el fenómeno de la caducidad. &nbsp; CADUCID
05001 23 31 000 2003 02486 01 29752 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
PERENCION DEL PROCESO - Concepto &nbsp; La perención, en los términos del artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, constituye un mecanismo de terminación anticipada del proceso, concebido por el legislador para sancionar la inactividad de la parte demandante cuando a esta corresponda el impulso del proceso. El carácter sancionatorio de esa figura procesal, en cuanto al alcance de su aplicación, se encuentra restringido y delimitado a aquellos eventos de inactividad de la parte actora para los cuales la ley tenga prevista dicha consecuencia jurídica. En sentido estricto, entonces, la perención del proceso sólo procede en aquellos eventos en que el impulso del proceso corresponda única y exclusivamente a la parte demandante. &nbsp; PERENCION DEL PROCESO - No puede tenerse como eximente el hurto del vehículo del apoderado &nbsp; La Sala no puede acoger los argumentos expuestos por el recurrente en cuanto que el hurto de su vehículo y de la agenda que c
08001 23 31 000 1981 05570 01 19484 Económico y financiero, Administrativo, Familia JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA - Expropiación. Sentencia que la decide / JUICIOS EXPROPIATORIOS - Procedimiento / SENTENCIA QUE RESULVE EXPROPIACION - Recursos / FALLO DE EXPROPIACION - Grado jurisdiccional de consulta / GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA - Condena al INCORA / ASUNTO AGRARIO - Grado jurisdiccional de consulta &nbsp; La Sala conoce en ese grado jurisdiccional, que se surte a favor de la entidad pública INCORA, porque la sentencia del A Quo le impuso a esta persona pública una obligación dineraria por $2’765.582,oo a favor de la sucesión ilíquida del señor SIMÓN PARRA UTRIA, correspondiente al valor de la indemnización por la expropiación del inmueble de su propiedad y de las mejoras del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del C. C. A, artículo anterior a la reforma que introdujo la ley 446 de 7 de julio 1998. Y la remisión al citado artículo 184 del C. C. A la efectuó la ley agraria No. 160 de de 1994, vigente en materia de
08001 23 31 000 1986 06117 01 12251 Administrativo, Familia JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA - Excepción / EXCEPCION DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA - Objeto / INCORA - Entidad demandada / INTERPRETACION DE LA DEMANDA - Evitar decisiones inhibitorias &nbsp; La excepción de ineptitud sustantiva de la demanda tiene por objeto alegar hechos o razones, distintos a los de contenido de la demanda, dirigidos a impedir la prosperidad de la pretensión por ausencia de los requisitos mínimos necesarios para analizar la cuestión planteada. Entonces, no todas las irregularidades impiden el pronunciamiento judicial, pues la inhibición por ineptitud de la demanda no sólo es excepcional sino que solamente puede adoptarse cuando no es posible interpretar la demanda ni garantizar el ejercicio del derecho a la defensa del demandado. Ahora bien, es cierto que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria fue creado por la Ley 135 de 1961 como un establecimiento público de orden nacional, naturaleza jurídica que se mantuvo con el artícul
08001 23 31 000 1988 05057 01 15091 Administrativo, Familia JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
DAÑO - Prueba / PRUEBA - Daño / RELACION DE CAUSALIDAD - Prueba / FALLA DEL SERVICIO - Prueba. Daño. Relación de causalidad / FALLA DEL SERVICIO - Carga de la prueba &nbsp; Como es sabido, el daño constituye el primer elemento de la responsabilidad, cuya inexistencia (o falta de prueba) hace inocuo el estudio de los demás, esto es, de la relación de causalidad entre aquél y la actuación estatal, así como la naturaleza de la falla del servicio en que pudo haber incurrido ésta última, en los casos en que debe darse aplicación a un régimen subjetivo. De la misma manera, no basta acreditar el daño para tener por demostrada la relación de causalidad. Faltando la prueba del daño alegado o su nexo causal con la falla del servicio demandada, se impone, necesariamente, revocar la sentencia apelada y en su lugar negar las pretensiones de la demanda. Debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Incumbe a las partes p
08001 23 31 000 1993 07485 01 31226 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
NULIDAD PROCESAL - Notificación del auto admisorio de la demanda / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - Notificación del auto admisorio de la demanda / AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA - Principio de publicidad &nbsp; Los antecedentes narrados evidencian que sobre el proceso pesa una causal de nulidad insaneable, la cual se concreta en la omisión en que se ha incurrido en el trámite de la notificación del auto admisorio de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3º del artículo 207 del C.C.A. Este canon legal, fiel reflejo del principio de publicidad que debe rodear toda providencia judicial y norma de obligatorio cumplimiento en los procesos contencioso administrativos por estar regulado expresamente por el C.C.A. y porque según el artículo 6 del C. de P. C. las normas procesales son de derecho público y de orden público y en ningún caso, pueden ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la l
08001 23 31 000 2001 00343 01 26566 Económico y financiero, Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
FINDETER - Funciones. Naturaleza. Recursos / FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES - Liquidación. Findeter &nbsp; La ley 57 de 1989, por la cual se autoriza la creación de FINDETER, establece que se trata de una sociedad por acciones cuyo objeto social consiste en la promoción del desarrollo urbano y regional, mediante la financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. De la misma manera, en los estatutos de la Financiera de Desarrollo Territorial, quedó previsto que se trata de una sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de las entidades públicas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 y 68 de la ley 489 de 1998, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, sometida al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado y vinculada al Ministerio de Hacienda y
08001 23 31 000 2002 00769 01 32324 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
LLAMAMIENTO EN GARANTIA - Requisitos / LLAMAMIENTO EN GARANTIA - Finalidad El llamamiento en garantía procede cuando entre el llamado y llamante existe una relación de garantía de orden real o personal, de la que surge la obligación, a cargo de aquél, de resarcir un perjuicio o de efectuar un pago que pudiera ser impuesto en la sentencia que decida el respectivo proceso. En el mismo sentido, se ha reiterado también que, “la procedencia del llamamiento en garantía está supeditada a la existencia de un derecho legal o contractual que ampara a la persona frente al tercero a quien solicita sea vinculado al proceso, en orden a que en la misma litis principal se defina la relación que tienen aquellos dos”. Como lo ha sostenido la Sala, los requisitos formales que debe reunir el escrito de llamamiento en garantía son los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, es decir, el nombre de la persona llamada y el de su representante si aquél no puede comparecer por s
08001 23 31 000 2003 00452 01 31390 Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS - Requisitos de forma / MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS - Requisitos de fondo / PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL - Medidas cautelares previas &nbsp; Son entonces requisitos necesarios para la procedencia del decreto de MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS, esto es anteriores a la notificación del mandamiento de pago al ejecutado, los siguientes: Requisitos de forma: a) Solicitud en escrito separado al tiempo que presenta la demanda. b) Denuncia de bienes bajo la gravedad del juramento que se entiende con la presentación del escrito. c) El ejecutante debe prestar caución en dinero, bancaria o de compañía de seguros, equivalente al 10% del valor total de la ejecución, para responder por los perjuicios que se causen con la práctica de dichas medidas cautelares. Requisitos de fondo: Bienes denunciados deben ser susceptibles de medida cautelar (“rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación” no). Y en todo caso, el valor de los biene
08001 23 31 000 2004 01970 01 31809 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa &nbsp; Ha definido la Sala que entratándose de demandas indemnizatorias por los daños causados por las Empresa Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios estatales, la competencia está radicada en la justicia ordinaria, bajo el entendimiento de que la prestación del servicio público no está inmerso en el concepto de función publica y mucho menos en el de función administrativa, Esta regla encuentra su excepción con los conflictos derivados del uso de las prerrogativas de autoridad pública propias del derecho público que otorga la ley 142 de 1.994 a las empresas prestadoras de servicios Públicos Domiciliarios en los artículos 56, 57, 116, 117 y 118, en relación con las cales se ha reconocido que la competencia para su conocimiento es de esta Jurisdicción. El tema discutido en este caso tiene su fuente precisamente en la facultad conferida por el artículo 57
11001 03 26 000 1996 02482 01 12482 Ambiental, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2006 100%
ASUNTO MINERO - Competencia Consejo de estado &nbsp; Para introducir el tema es necesario ratificar la competencia de esta Corporación para conocer del presente proceso, porque versa sobre un asunto minero, expresado en actos administrativos dictados con ocasión de la autorización de la explotación de materiales de río, por parte de una entidad estatal. De acuerdo con lo que expresaba el artículo 128, num. 11, del CCA, y lo hace actualmente el mismo artículo 128, num. 6., “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá privativamente y en única instancia: (...) “11. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la nación o una Entidad territorial o descentralizada, con excepción de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos, contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales.” F.F : CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTR
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References: artículo 59
 artículo 70
 ARTÍCULO 7
 artículo 164
 artículo 345
 artículo 254
 artículo 252
 artículo 148
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 177
 artículo 207
 artículo 6
 artículo 57
 artículo 128
 artículo 128