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Timestamp: 2020-04-03 21:25:47+00:00

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LOPJ Examen 2
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¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde al Pleno del CGPJ?
47. A (Auxilio 2009) (560, 599, 609 LOPJ) Nadie AUTORIZA el escalafón. (560) CGPJ: 17.ª Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica.
B) Controlar el cumplimiento del presupuesto del Consejo
C) Resolver los expedientes de rehabilitación
A) Autorizar el escalafón de la carrera judicial
D) Elaborar el presupuesto del Consejo
Para la ejecución de un laudo arbitral es competente:
41. D (Auxilio 2009) (545 LEC) 2. Cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de mediación.
C) Juzgado de lo Mercantil del domicilio del ejecutado
B) Juzgado de 1ª Instancia del domicilio del ejecutante
D) Juzgado de 1ª Instancia del lugar en que se dictase
A) Juzgado de lo Mercantil del domicilio del ejecutante
A tenor de lo dispuesto en el art. 522.2 LOPJ, previo a la aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales de las CCAA con competencia en la materia, es preciso informe de:
36. D (Auxilio 2009) (522 LOPJ) 2. Las comunidades autónomas con competencias asumidas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales, procederán a la aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales de sus respectivos ámbitos territoriales. La aprobación definitiva corresponderá al Ministerio de Justicia que sólo podrá denegarla por razones de legalidad.
B) TSJ correspondiente
A) Ministerio de Justicia
D) CGPJ
C) Consejería de Justicia de la CCAA correspondiente
Los Jueces de Paz son elegidos por:
21. A (Auxilio 2009) (101 LOPJ) 2. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el pleno elegirá libremente.
B) Sala de Gobierno TSJ correspondiente
C) Presidente TSJ correspondiente
D) Secretario de Gobierno del TSJ correspondiente
A) Ayuntamiento correspondiente
La competencia para conocer del recurso de anulación de un laudo arbitral corresponde a:
16. D (Auxilio 2009) (8.5, Ley Arbitraje) 5. Para conocer de la acción de anulación del laudo será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquél se hubiere dictado.
A) Audiencia Provincial del lugar donde se hubiere dictado
D) Sala de lo Civil y Penal del TSJ del lugar donde se hubiere dictado
C) Juzgado 1ª Instancia del lugar donde se hubiere dictado
B) Juzgado de lo Mercantil del lugar donde se hubiere dictado
Según el art. 88 LOPJ, qué órgano judicial es competente para tramitar los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega:
6. D (Auxilio 2009) (88 LOPJ) En la villa de Madrid podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley.
A) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
D) Juzgados Centrales de Instrucción
C) Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid
B) Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
¿Quién tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita según la ley 1/1996?
97. A (Gestión 2009) (2, AJG) En los términos y con el alcance previstos en esta ley y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita: a) Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso. c) Las siguientes personas jurídicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar: 1.º Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 2.º Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente. d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales. Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo. e) En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo. f) En los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas físicas contempladas en el Capítulo VIII de esta ley, en los términos que en él se establecen. g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere esta letra, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá tras la firmeza de la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctima de los delitos a que se refiere esta letra y, en especial, en los de violencia de género, deberá ser el mismo abogado el que asista a aquélla, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. h) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos. i) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. (3, AJG) 1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales: a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros. c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.
A) Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso
C) Corporaciones Locales
B) Cualquier persona jurídica que haya tenido pérdidas en los dos últimos ejercicios
D) Las personas físicas cuyos ingresos sean inferiores a 2 veces y media el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual
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¿Según la LOPJ, contra la multa impuesta a los testigos que falten en la vista de palabra u obra a la consideración debida a los Jueces, ¿qué recurso cabe?
76. A (Gestión 2009) (556 LOPJ) Contra el acuerdo de imposición de la corrección podrá interponerse, en el plazo de cinco días, recurso de audiencia en justicia ante el secretario judicial, el juez o la sala, que lo resolverán en el siguiente día. Contra este acuerdo o contra el de imposición de la sanción, en el caso de que no se hubiese utilizado el recurso de audiencia en justicia, cabrá recurso de alzada, en el plazo de cinco días, ante la Sala de Gobierno, que lo resolverá previo informe del secretario judicial, del juez o de la sala que impuso la corrección, en la primera reunión que celebre.
A) Audiencia en justicia
B) Reforma
C) Súplica
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Según la LOPJ, ¿quién podrá ejercer la acción popular?
75. C (Gestión 2009) (19 LOPJ) 1. Los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidos en la ley. 2. Asimismo, podrán participar en la Administración de Justicia: mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine; en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en los demás casos previstos en esta Ley. 3. Tiene el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana. 4. Se reconoce el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional al denominado Consejo de Hombres Buenos de Murcia.
C) Los ciudadanos españoles
B) Los ciudadanos residentes en España de cualquier nacionalidad
A) Los ciudadanos residentes en España pero nacionales de los países miembros de la Unión Europea
D) Los ciudadanos residentes en España de cualquier nacionalidad con los que haya principio de reciprocidad
¿A qué órgano jurisdiccional corresponde resolver una cuestión de competencia planteada entre un Juzgado de Instrucción de Madrid y un Juzgado Central de Instrucción con sede en Madrid?
68. D (Gestión 2009) (51 LOPJ) 1. Las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional se resolverán por el órgano inmediato superior común, conforme a las normas establecidas en las leyes procesales. 2. En la resolución en que se declare la falta de competencia se expresará el órgano que se considere competente.
B) Sala de Conflictos Jurisdiccionales del Tribunal Supremo
A) Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
D) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
Según la LOPJ, ¿ante quién se deducirá la pretensión de declaración de error judicial en una sentencia civil dictada por un Juzgado de 1ª Instancia?
40. B (Gestión 2009) (293.1,b LOPJ) 1. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto de éste se aplicaran las reglas siguientes: a) La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses, a partir del día en que pudo ejercitarse. b) La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error, y si éste se atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo la competencia corresponderá a la Sala que se establece en el artículo 61. Cuando se trate de órganos de la jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo.
D) Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ correspondiente
B) Sala 1ª del Tribunal Supremo
A) Juzgado o Tribunal donde corresponda ejecutar la sentencia en que conste el error
C) Servicios de Responsabilidad Patrimonial del Ministerio de Justicia
¿Quién nombra y renueva al Secretario General del CGPJ?
36. C (Gestión 2009) (599.3ª LOPJ) Artículo 599. 1. El Pleno conocerá exclusivamente de las siguientes materias: 1.ª La propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial. 2.ª La propuesta de nombramiento, en los términos previstos por esta Ley Orgánica, del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como la emisión del informe previo sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado. 3.ª El nombramiento, en los términos previstos por esta Ley Orgánica, del Vicepresidente del Tribunal Supremo, del Secretario General y del Vicesecretario General del Consejo General del Poder Judicial. 4.ª Todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos. 5.ª La interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado. 6.ª La designación de los Vocales componentes de las diferentes Comisiones. 7.ª El ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos previstos en esta Ley. 8.ª La aprobación del Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial y la recepción de la rendición de cuentas de su ejecución. 9.ª La aprobación de la Memoria anual. 10.ª La resolución de aquellos expedientes disciplinarios en los que la propuesta de sanción consista en la separación de la carrera judicial. 11.ª La resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria. 12.ª La aprobación de los informes sobre los anteproyectos de ley o de disposiciones generales que se sometan a su dictamen por el Gobierno o las Cámaras legislativas.
B) Comisión Permanente del CGPJ
C) Pleno del CGPJ
A) Su Presidente
D) Comisión de Calificación del CGPJ
El Secretario Coordinador es nombrado por:
95. A (Auxilio 2009) (466 LOPJ) 1. En cada provincia existirá un Secretario Coordinador, nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designación, a propuesta del Secretario de Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, de entre todos aquellos que se presenten a la convocatoria pública. Antes del nombramiento se oirá al Consejo del Secretariado sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia.
D) Presidente del TSJ correspondiente por el procedimiento de libre designación
A) Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designación
B) Ministerio de Justicia por el procedimiento de concurso específico de méritos
C) Secretario de Gobierno por el procedimiento de libre designación
Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido son:
93. C (Auxilio 2009) (242 LOPJ) Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo.
B) Anulables en todo caso
A) Nulas de pleno derecho
C) Anulables cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo
D) Irregulares
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El periodo mínimo de permanencia en situación de excedencia voluntaria por interés particular, cuando sea a petición del interesado, es de:
90. B ? (Auxilio 2009) (89? EBEP) 2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma.
D) No hay periodo mínimo
A) 1 año
B) 2 años continuados
C) 5 años continuados
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References: artículo 32
 resolución 
 artículo 61
 Artículo 599
 resolución 
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