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Timestamp: 2019-06-19 21:44:56+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 631, de 23/10/2018
cve: DSCD-12-CO-631
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 631
- Proyecto de ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre). (Número de expediente 121/000015) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO DE COMERCIO, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, Y LA LEY 22/2015, DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2017, DE 24 DE NOVIEMBRE). (Número de expediente 121/000015).
Abrimos la sesión de la Comisión de Economía y Empresa, procediéndose a tramitar el siguiente orden del día: en primer lugar, ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre.
¿Queda ratificada la ponencia por asentimiento? (Asentimiento). Bien. Agradezco a todos los grupos el trabajo para llevar adelante la ponencia, que ha sido muy constructivo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley que he mencionado en el primer punto del orden del día.
Según han acordado los portavoces, se utilizará un solo turno para defensa del texto de las enmiendas que queden vivas y fijación de posiciones, comenzando por el Grupo Parlamentario Popular, de mayor a menor, y cerrando el Grupo Parlamentario Socialista. Para defender las enmiendas, propongo desde la Presidencia un tiempo máximo de diez minutos; no hay por qué utilizarlo entero, no es obligatorio. (Risas).
Damos paso al Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra doña Teresa Palmer, como portavoz del grupo en este informe y en la defensa de las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera.
La señora PALMER TOUS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, decidimos hoy en esta Comisión sobre una nueva normativa que ha despertado el interés de todos por su contenido y por su impacto. Esta nueva legislación, que en principio podría parecer de carácter puramente técnico y por tanto poco interesante, es sin embargo trascendental por lo que implica en cuanto a la obligación de transparencia en diversa información de las empresas que la sociedad reclama conocer. Y es que el principal objetivo de esta normativa no es otro que mejorar la medición del impacto social que tienen las empresas en la sociedad. Se trata de conocer los efectos reales de la actuación de las empresas en las sociedades en las que están imbricadas, lo que implica avanzar más allá del análisis estrictamente financiero o de los efectos puramente monetarios. Una visión a largo plazo, un enfoque sostenible, implica ir más allá de indicadores financieros y numéricos y añadir variables que son imprescindibles para garantizar un desarrollo sostenible. Implica en definitiva, señorías, pasar de números a valores.
Históricamente la prioridad había sido perfeccionar las metodologías para calcular el beneficio empresarial como garantía de pervivencia de las entidades y en realidad única motivación para su existencia. El volumen de negocio, la capacidad de generar empleo o los beneficios obtenidos habían sido históricamente las únicas variables relevantes para definir el papel de las entidades empresariales en la sociedad en la que desempeñaban su labor. Sin embargo, a medida que la sociedad ha ido evolucionando,
nos hemos dado cuenta de que el beneficio empresarial, aun siendo muy relevante evidentemente, no puede ser el único objetivo de una empresa y el único elemento importante para valorar la aportación de esta. Nos hemos dado cuenta de que las empresas deben asumir un papel que va más allá de la valiosa función que hoy llevan a cabo como impulsoras del crecimiento económico. Las sociedades modernas reclaman que las empresas contraigan responsabilidades en otros ámbitos de vital importancia para alcanzar un desarrollo sostenible. Por ello, para valorar esa asunción de responsabilidades que se reclaman, debemos disponer de toda la información que nos permita evaluar la verdadera aportación de estas entidades a las sociedades en las que actúan, una información basada en indicadores no monetarios o financieros, porque esa es la demanda que hace la sociedad y, por eso, debemos ser conscientes de ello y atenderla. La sociedad nos reclama transparencia, la sociedad reclama información sobre el comportamiento social de las empresas, la sociedad reclama compromisos como la igualdad de género, reclama el pago de impuestos como forma de devolución a la sociedad, como forma de reinversión social. La sociedad también reclama responsabilidad medioambiental, reclama una estructura salarial justa y también diversidad en la composición de los consejos de administración en cuestiones como la edad, el género, la discapacidad, la formación o la experiencia profesional.
Todas esas demandas son -y estamos convencidos de ello- no solo una exigencia de las sociedades modernas, sino una garantía de la supervivencia de las propias empresas y son precisamente las materias objeto de la legislación que hoy nos trae aquí. Por tanto, esta nueva norma implanta la obligación de publicar información denominada no financiera por parte de grandes empresas y grupos empresariales del país que cumplen una serie de requisitos, información, no relativa a grandes números de carácter puramente financiero, que pueden ser útiles -lo sabemos- para considerar y valorar no solo inversiones u otro tipo de operaciones económicas, sino también información sobre todas las variables que he relatado antes. En definitiva, perseguimos aumentar la transparencia, mejorar la sostenibilidad e incrementar la confianza de inversores y consumidores, de la sociedad en general hacia las empresas. Por todo lo que he descrito, porque creemos en su relevancia y valoramos la aportación que supone, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor en esta ponencia.
No quiero finalizar sin destacar que el texto que hoy presentamos es fruto de la negociación de todos los grupos parlamentarios que tenemos representación en esta Comisión. A la redacción inicial del texto se han añadido una serie de enmiendas de todos los grupos, que en una gran mayoría han sido aceptadas por el resto de grupos. Por lo tanto, podemos hablar de un texto de gran consenso. En particular, este grupo parlamentario quisiera agradecer al resto de grupos la incorporación de las propuestas que hizo en su momento el Grupo Parlamentario Popular.
En suma, señorías, agradecemos la colaboración y el esfuerzo de todos y nos congratulamos de haber participado en esta tarea que, como ya he tratado de señalar, supone un importante avance en la transición hacia una economía mundial verdaderamente sostenible.
Vista la celeridad que está tomando el debate, debo advertir a los miembros de la Comisión que la votación no será antes de las doce para dar tiempo a todos.
Pasamos el turno al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, cuya portavoz, la señora Martínez, tiene la palabra.
Nuestro grupo también votará favor de este texto que, efectivamente, se ha construido con las aportaciones y con un espíritu constructivo por parte de todos los grupos. Me gustaría destacar que este real decreto se traspuso casi con un año de retraso respecto a la directiva, que tendría que haber sido traspuesta el 31 de diciembre de 2016. Casi dos años después, finalmente, el texto toma su forma definitiva.
Hasta ahora hemos vivido un sistema económico en el que el beneficio económico, la maximización de los beneficios empresariales, se ha hecho a costa de cualquier cosa: la vulneración de derechos humanos, la explotación y destrucción del medio ambiente, la explotación laboral, las malas condiciones laborales, a veces la corrupción y el soborno. Hemos visto que con este sistema económico ciertas empresas actúan de espaldas a la sociedad y al entorno en el que viven. Esta directiva está inspirada, sin duda, por el enfoque de la economía del bien común, en la que se exige que se incluya información sobre los impactos que la actividad empresarial tiene en la sociedad. Empieza a ser una demanda de cada vez
una mayor parte de la ciudadanía conocer qué impacto tiene la actividad empresarial en un mundo que sufre una crisis ecológica, que cada vez tiene mayor desigualdad y que, junto con una mayor conciencia ciudadana y un mayor empoderamiento, quiere conocer el impacto de las empresas; como personas consumidoras, los ciudadanos quieren saber si la manera en que las empresas generan sus beneficios contribuye o no a hacer un mundo mejor.
El texto del real decreto inicialmente era bastante abstracto, poco concreto, no incluía ni el tipo de información ni ningún tipo de obligación y convertía en papel mojado una buena intención y, sobre todo, una herramienta poderosa de conocimiento y transparencia. Podemos decir que no cumplía el objetivo de la directiva. Hay tres principales mejoras que se han incorporado con aportaciones de todos los grupos, y es que las enmiendas de todos los grupos han ido en la misma dirección. En primer lugar, la ampliación del ámbito de aplicación, que una vez que se termine la implantación progresiva en tres años, nos dará como resultado que España tendrá una de las trasposiciones más avanzadas de esta directiva en toda Europa. En segundo lugar, la definición de las cuestiones que se tienen que incluir en el informe: cuestiones medioambientales, que cubren contaminación, economía circular, cambio climático y biodiversidad; cuestiones sociales y personales, como el empleo, la organización del trabajo, las relaciones sociales, la formación, la accesibilidad de las personas con discapacidad, el respeto por los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y los sobornos, atención a cuestiones como la subcontratación, a las personas consumidoras o la fiscalidad. Es un panorama bastante completo del impacto que tienen las actividades empresariales. Sin embargo, este tipo de información no sería del todo útil si no hubiéramos incluido en el texto indicadores homologados que permitan que los informes de las empresas sean comparables y, por tanto, tengan una cierta homogeneidad. Por último, creo que es muy relevante la obligación de publicar este informe en la web, lo que contribuye, sin duda, a la publicidad y a la transparencia. Echamos en falta un régimen sancionador, es decir, qué pasa con las empresas que no cumplan, pero creemos que parte de lo que le toca al desarrollo reglamentario que realizará el Gobierno son esta y otras muchas cuestiones que harán de este real decreto una herramienta realmente útil.
Deseo agradecer, por último, al Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, a Comisiones Obreras y a Cepes sus aportaciones; a todos los ponentes de los otros grupos parlamentarios, su voluntad constructiva, especialmente a Patricia Blanquer, que desde el primer momento tuvo muy claro que esta ley debería salir por consenso. Creo que es un texto con el que estamos todos bastante conformes, por lo menos nuestro grupo confederal está muy satisfecho del trabajo realizado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente. Muy buenos días, señorías.
La sociedad reclama transparencia, diversidad y garantías para erradicar la discriminación. Me alegra muchísimo que la señora Palmer estableciera esa afirmación, porque lo cierto es que esto viene con un retraso de dos años y había que hacerlo lo antes posible.
Entrando en el ámbito de actuación, quería resaltar que, según el artículo 86.2 de la Constitución, este Real decreto 18/2017, de información no financiera y diversidad fue sometido a debate y votación de totalidad en el Congreso el pasado 13 de diciembre de 2017, cuando acordamos su convalidación. Ahora lo tramitamos como proyecto de ley de reforma del Código de Comercio, del texto refundido de la Ley de sociedades de capital, de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas.
Nuestro grupo parlamentario, Ciudadanos, votará a favor de este texto legislativo. Quisiera empezar agradeciendo el trabajo a todas las personas que han hecho posible este texto, especialmente a la letrada especialmente. Agradezco el trabajo que ha realizado la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Blanquer, y el que han llevado a cabo todos y cada uno de los ponentes de este texto legislativo y, cómo no, los técnicos y juristas y, especialmente, los grupos parlamentarios pequeños, que hacen un gran esfuerzo.
Ciudadanos presentó dieciocho enmiendas, de las cuales catorce se ven reflejadas en el texto, bien porque se han aprobado directamente o bien porque pertenecen a esas veintitrés enmiendas transaccionales que incorpora el texto. Retiramos una de ellas, la 18, por motivos técnicos. Ahora les anuncio que vamos a retirar la número 16, que era una habilitación presupuestaria para la Red Cervera de transferencia tecnológica, que ya está aprobada en los presupuestos de 2018, y la número 17, en la que entraré un poco detalle a continuación. Solo nos queda viva, por un lado, la enmienda número 12, que pretendía mejorar la igualdad de trato. Saben ustedes que, por el artículo 514, las sociedades anónimas
cotizadas garantizarán en todo momento la igualdad de trato a todos los accionistas, y esta enmienda pretende reflejar esas garantías de accesibilidad, especialmente para el ejercicio del derecho de información previa y el voto de aquellas personas que tienen discapacidad y personas mayores. Espero que el resto de grupos la apoyen y por eso mismo insistimos en mantenerla viva. Este texto legislativo ha pretendido el mejor desarrollo de los conceptos que deben incluirse en los estados de información no financiera, dando mayor descripción a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como a las actuaciones de prevención y atenuación de los riesgos e impactos significativos.
Quería hacer especial referencia a las enmiendas en las que hemos participado, esas catorce que hemos integrado en el texto legislativo. Es un orgullo para nuestro grupo parlamentario y, aunque no voy a recogerlas todas, sí me gustaría hacer especial mención, en la enmienda transaccional número 2, a la igualdad de trato entre mujeres y hombres; en la 3, a la prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos; en la 4, a la mejora de los criterios de comparabilidad de los indicadores estándar de resultados de información no financiera; en la 5, a la mejora de la transparencia dando la posibilidad a la publicación del portal en el Ministerio de Trabajo; en la 6, a la mejora de la diversidad en los consejos de administración, eliminando cualquier sesgo que propicie esa discriminación por razón de edad, género, discapacidad, y en especial, a la vigilancia del desequilibrio entre hombres y mujeres. Además, en la 7, se da mucha más transparencia política a los nombramientos del consejo de administración; en la 8, se equilibran mejor los intereses de los socios minoritarios; en la 13, para no repetir el concepto -entendemos que está así recogido en la definición del estado de información no financiera-, se incorpora ese concepto de disfrutar por fin del derecho de los padres. Saben que gracias a nuestro grupo parlamentario, a través del acuerdo presupuestario, los padres ya pueden disfrutar en la actualidad de los derechos de paternidad, de esas cinco semanas. Se trataba especialmente de facilitar ese derecho de conciliación. Y en la 23, se trata de verificar la información incluida en el mismo; es realmente relevante que no solo se verifique que está esa información no financiera, sino la veracidad de la misma, y por eso hacíamos especial hincapié en incorporar esa enmienda al texto. Termino, señor presidente. Mayor transparencia en los procedimientos de publicación. No estamos de acuerdo con la no publicación de las sanciones que comentaba el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos.
Reitero el agradecimiento al apoyo a las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha incorporado al texto legislativo, con el convencimiento además de que mi grupo parlamentario, Ciudadanos, en este proyecto de ley de información no financiera ha dejado la estampa de esa transparencia que comentaba al principio de mi exposición, de esa accesibilidad a la información y de ese respeto por la diversidad sin discriminación alguna, potenciando, desde luego, la conciliación personal, familiar y laboral.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra, el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. Bon dia, buenos días.
Aunque con dos años de retraso, nos sumamos al alborozo de esta mañana por haber mejorado la publicidad y el respeto y el compromiso de las empresas con los valores, buscando la forma de que se publiciten los indicadores de la verdadera responsabilidad social corporativa de las empresas, hacia dentro de las corporaciones y hacia la sociedad, midiendo -en la medida en que son mensurables- la implicación con el medio ambiente, con la discriminación y con tantos otros valores que sabemos que los inversores aprecian cada vez más.
Agradezco las aportaciones de todos los comparecientes y el buen ambiente de trabajo que ha habido entre los ponentes, la letrada y los servicios de la Cámara y, particularmente, el trabajo de Patricia Blanquer. No por ello podemos dejar de subrayar que hemos contribuido a un pequeño 'fistro' (risas) legislativo, y hago referencia a la enmienda transaccional de adición que, sobre la base de las enmiendas del Grupo Ciudadanos -número 19- y del Grupo Popular -número 108-, añade a la ley de información no financiera una disposición final nueva, que de facto viola el propio título de la disposición que estamos a punto de aprobar y mandar al Senado. Aporta una última redacción para la modificación del artículo 34 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que se refiere al derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos, que apenas difiere de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular publicada el 1 de diciembre de 2017. El señor presidente, en su condición de ministro, recordará las circunstancias. Ignoro las causas, pero se quiso aprovechar y se añadió aquí con ocasión de la citada proposición de ley. En nombre de Esquerra, la sugerencia era introducir en el
texto propuesto por el Grupo Popular la remisión a las cuentas anuales consolidadas en caso de tratarse de sociedades dominantes de un grupo, pues es bien frecuente que, por decisión del socio mayoritario, las sociedades filiales no repartan dividendos a la dominante, burlando así el derecho del socio minoritario. Existen antecedentes jurisdiccionales y sentencias dictadas por el Mercantil número 9 de Barcelona, y pongo a su disposición la referencia a las sentencias por no aburrirles. También sugerimos la conveniencia de entender cumplido el requisito de haber obtenido beneficios durante los tres años anteriores en caso de que en cualquiera de esos ejercicios la sociedad hubiese tenido pérdidas por causa de deterioros de valor y las cuentas anuales no se hallasen verificadas por auditor.
Dichas sugerencias siguen vigentes en el nuevo redactado contenido en la enmienda de referencia a la ley de información no financiera y, con carácter previo a tales sugerencias, nos permitimos llamar su atención sobre la proyección del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital como eficaz incentivo para la captación de inversión para las pymes -a las que todos los grupos aquí presentes decimos representar y con cuyas reivindicaciones nos sentimos vinculados-, en la medida en que la distribución regular del dividendo y el derecho a desinvertir en caso contrario que el precepto propicia abre una evidente alternativa de inversión en favor de las pymes, y eso otorga un relevante aliciente a la condición de socio. Sostenemos por ello con convicción -y, por tanto aunque damos por retiradas nuestras enmiendas, en el trámite senatorial vamos a volver a intentarlo-, que la propuesta de nueva redacción para el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, además de aspirar, en el marco del conflicto societario, a establecer un mayor equilibrio entre la sostenibilidad financiera de la sociedad y el legítimo deseo de los socios a participar de los beneficios, debe reformularse en términos que alienten la inversión y añadan seguridad jurídica a la posición del socio, pues solo así puede ayudar el precepto con éxito a alcanzar el objetivo de contribuir a la capitalización de las pymes y a evitar los posibles abusos. Nos volveremos a ver en el Senado.
Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco, cuya portavoz, la señora Sagastizabal, tiene la palabra.
Primero, quiero dar las gracias a las personas que han estado en la ponencia y hoy en la Comisión por su buena predisposición, que ha facilitado que hayamos llegado a un gran consenso que se traduce prácticamente en las enmiendas transaccionales que hemos acordado y en aquellas que hemos aceptado. Asimismo, quiero dar las gracias a la letrada, Mónica, por su trabajo, ya que nos ha facilitado el nuestro, y por su ayuda en cuantas dudas nos han surgido en esta ponencia.
Nosotros estamos contentos, porque nuestras enmiendas están todas en el texto, bien porque se han transaccionado, bien porque se han aceptado, por lo que vuelvo a dar las gracias al resto de grupos y también al grupo del Gobierno, sobre todo a Patricia Blanquer por su disposición.
Además, este texto, con este gran consenso, ha ido un poquito más allá de lo que establecía la propia directiva. Aunque sea casi dos años después parece que hemos conseguido consensuarlo. Hace unos años la transparencia corporativa, sobre todo en cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno se percibía como una materia de buenas prácticas y de cumplimiento voluntario, sin embargo hoy en día se configura como una cuestión esencial de la actividad empresarial, y es que ahora no solo vemos a la empresa como un agente económico, sino también como un agente con un rol social, cultural y medioambiental. La transparencia, por lo tanto, es un valor instrumental, porque reduce las incertidumbres del mercado sobre las preferencias de los policy makers, generando mercados financieros más eficientes e incrementa la inversión mientras que la opacidad hace lo contrario, la desincentiva. Para las organizaciones, además, genera confianza entre los stakeholders o grupos de interés y, en definitiva, entendemos que contribuye al crecimiento económico y a la calidad regulatoria. Y es que la responsabilidad social corporativa junto con la transparencia corporativa ha pasado de ser considerada como un gasto a ser percibida como una inversión que desde luego aportará beneficios a las empresas.
En este contexto, entendemos que la Directiva 2014/95 ha sido un gran paso, ya que establece el marco regulatorio a nivel internacional sobre el reporting corporativo extrafinanciero y sobre diversidad. Con esta ley, como hemos dicho, se trata de trasponer esta directiva por la que se modificaba la Directiva 2013/34, en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, entre los que cabe
destacar la obligatoriedad de elaborar el denominado estado no financiero a incluir en el informe de gestión o por separado.
Por otro lado, es un texto que obliga a las empresas a incluir en este informe información acerca de cuestiones sociales y medioambientales, además de los contenidos relacionados con el personal de la compañía, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. La divulgación de esta información servirá para identificar posibles riesgos para la sostenibilidad y de esta forma aumentar la confianza, como he dicho, en los inversores, consumidores y en la sociedad en general. La información no financiera, por tanto, es tan importante como la financiera y también en el proceso de toma de decisiones, porque esto conllevará una mejor definición de los problemas, la evaluación de las alternativas posibles y, desde luego, a elegir entre ellas la mejor opción y realizar un seguimiento de las estrategias de implementación y comprobar el progreso más periódicamente. La transparencia, tanto financiera como en materia social y medioambiental, desde luego lleva a una mejor gestión de la empresa a largo plazo, contribuye a reducir los costes y la coloca en una posición de mayor competitividad. Por tanto la nueva filosofía empresarial del siglo XXI se basa en la transparencia, porque en esta sociedad globalizada los distintos grupos de interés así lo demandan, y la información no financiera además contribuye al logro de ese objetivo.
Por ello nuestro grupo va a votar a favor, y nuevamente doy las gracias a todos por haber contribuido a esto.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Campuzano.
Mi grupo también va a votar a favor del texto de esta ley, singularmente en las materias que afectan estrictamente a la trasposición de la Directiva Europea de Información No Financiera. Ya lo decía el señor Capdevila, y tenía razón, en este trámite parlamentario hemos vuelto a incurrir en el error -que en técnica legislativa demasiado a menudo ocurre- de aprovechar una materia que se tramita para intentar resolver esta cuestión, que era el objetivo principal de esta ley. Eso no es bueno para nadie, ni para los operadores jurídicos ni tampoco para que los debates, en términos políticos, los podamos distinguir. Todos deberíamos esforzarnos en no repetir este tipo de prácticas que generan confusión.
En lo que es estrictamente la trasposición de la directiva, más allá de la crítica que hacemos todos al retraso por parte de España en la trasposición de la misma, debemos valorar que su tramitación parlamentaria ha mejorado sustancialmente las previsiones iniciales del real decreto. Hemos aprovechado el trámite parlamentario, las comparecencias que se han producido, para introducir mejoras en la regulación de la información no financiera de las grandes compañías. Yo necesariamente he de ubicar este trámite legislativo de hoy en un recorrido largo en esta materia, que a nivel europeo empieza en el año 2000 con el Libro Verde sobre la Responsabilidad Social de las Empresas, que tuvo eco en esta casa con la creación de una subcomisión parlamentaria, que elaboró un informe en materia de responsabilidad social de las empresas que ha tenido recorrido. En ese informe -que si no recuerdo mal se aprobó en el año 2005 o 2006- el Congreso mandataba el desarrollo de los informes -entonces no se denominaban de información no financiera- RSC y RSE de las compañías; mandatamos regular estos informes. Durante este periodo el debate en relación con la información no financiera ha evolucionado de una posición más voluntarista sobre aquello que debían hacer las empresas a una posición más exigente en términos de obligación o en términos de cumplimiento o información. Distintas legislaciones europeas se empezaron en esa misma dirección. La directiva europea recoge ese planteamiento de algunas legislaciones estatales, y finalmente el Estado español asume este planteamiento.
El trabajo parlamentario ha permitido profundizar más en el nivel de concreción de la información que se exige; ha permitido identificar algunas de las prioridades que deben configurar esa información, y ha incluido dos elementos que son importantes: en primer lugar, una obligación de verificación de terceros sobre esa información; no es menor ese cambio. Quizá el texto legislativo nos ha quedado demasiado abierto. Nosotros manteníamos una enmienda que preveía un desarrollo reglamentario de esa información, porque en los términos en los que queda formulada esa previsión vamos a ver cómo se desarrolla esa verificación de terceros en la práctica, e insisto en que no es un tema ni mucho menos menor. Y también una segunda cuestión importante, que es una ampliación del perímetro de empresas que van a estar sometidas en los próximos años a estas exigencias de información. Estos son dos cambios que tienen
calado, que no son menores, y que en cualquier caso mejoran el texto inicialmente previsto. De ahí que, como el resto de portavoces, quiera agradecer el esfuerzo de trabajo que se ha hecho por todos los grupos, y singularmente por la portavoz del Grupo Socialista, que ha demostrado cintura y capacidad de aceptar y de construir estos contextos.
En este sentido quiero decir que mi grupo finalmente mantiene dos enmiendas vivas para su votación: en primer lugar, la enmienda número 96, que hace referencia a la necesidad de que anualmente el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas establezca un informe sobre la calidad de estos informes. En la elaboración de los informes los aspectos de la calidad de la información van a ser muy relevantes en los próximos años. Ahí podemos atribuir al consejo estatal -que vive una vida muy tranquila, muy lánguida, quizá poco activa- una función que beneficiaría la actividad del Consejo. Por otro lado, mantenemos la enmienda número 100, que también pretende atribuir al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas la necesidad de informar de los distintos proyectos legislativos que tengan impacto en materia de responsabilidad social y sostenibilidad de las empresas. Porque, señorías, y con esto termino, la regulación de la información no financiera -más allá de afectar al marco legal que regula a las empresas reguladas en el Código Mercantil, las empresas incluidas en la Ley de Sociedad de Capitales- afecta directamente a la política pública en materia de fomento y promoción de la responsabilidad social de las empresas. Y nos parecía imprescindible que este trámite legislativo sirviese para potenciar el instrumento de participación de la sociedad civil en esta política pública, que no es otro que el consejo estatal. Por tanto a sus señorías les pido que tengan en consideración estas dos enmiendas. En cualquier caso el texto va a contar con nuestro apoyo en la votación final del mismo, al margen de que en el trámite del Senado, y en aspectos que no afectan directamente a la información no financiera, podamos también enmendar el texto que salga de la Cámara.
Para finalizar este turno, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Blanquer.
Como bien se ha dicho procedemos a la aprobación del proyecto de ley que se tramitó una vez convalidado el Real Decreto-ley para trasponer la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre divulgación e información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes sociedades y determinados grupos. Esta trasposición se realizó de forma muy limitada y tarde, condicionada por la urgencia de estar abierto un procedimiento formal de infracción por parte de la Comisión Europea; un texto que no facilitaba una presentación homogénea de la información ni la verificación de la misma, constituyendo una trasposición de mínimos. Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Socialista defendimos desde el primer momento en el Pleno del día 13 de diciembre de 2017 la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley para intentar mejorarlo.
Para los socialistas no se trataba ni se trata de un tema menor, porque la información exclusivamente financiera ya no es suficiente para valorar a las empresas, como bien han dicho los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Existen otros muchos aspectos no reconocidos contablemente que también son generadores de valor. Conocer que se toman medidas para prevenir aspectos que pueden poner en riesgo la sostenibilidad del negocio es clave para fortalecer la confianza en ellas. Por ello ya muchas empresas ofrecen información no financiera a partir de sus políticas de responsabilidad social corporativa de manera voluntaria, al entender que los costes asociados a las mismas son inferiores a los beneficios que entraña la difusión de dicha información. Con mayor transparencia aumenta la credibilidad, y la imagen transparente de la empresa va adquiriendo un peso cada vez más importante en el valor de la entidad con el paso del tiempo, sobre todo a la hora de conseguir nuevos inversores, mayor financiación o simplemente conquistar más clientes consumidores. Dar mayor información también implica una mejor gestión interna y reducción de la asimetría informativa, que pueden influir en el aumento de su competitividad, en el ahorro de costes, en un acceso más fácil al capital y en tener mayor estabilidad en el mercado y menor riesgo de sufrir daños. Además con esta práctica se pone en valor la práctica empresarial responsable, el objetivo último: conseguir avanzar en una economía mundial que combine rentabilidad a largo plazo con justicia social y la protección del planeta, es decir, cambiar hacia un modelo económico sostenible.
Después de diez meses de tramitación, y gracias al nuevo impulso por el cambio de Gobierno, hoy nos congratulamos de poder decir que se ha conseguido mejorar el texto que se aprobó en su día para facilitar
la transparencia corporativa y la presentación homogénea de la información no financiera por las sociedades obligadas. Todos los grupos parlamentarios hemos contribuido a las mejoras al incluir en ponencia muchas de las propuestas vía empresas. En consecuencia quiero, en primer lugar, agradecer la predisposición, tanto de los Gobiernos implicados en la tramitación de este proyecto de ley como de todos los miembros de la ponencia para llegar a acuerdos, y que finalmente se hayan visto materializados en el texto que hoy aprobamos. Quisiera nombrar a cada uno de ellos, pero no tengo tiempo, aunque por lo menos nombraré a aquellos ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, especialmente a la señora Palmer, a la señora Martínez, al señor Ten, a la señora Sagastizabal, al señor Capdevila y al señor Campuzano; sin ellos la verdad es que esto no habría salido adelante.
Quiero dar las gracias también a los comparecientes que el 26 de febrero acudieron a la Comisión para darnos su visión sobre el real decreto-ley, especialmente al señor Larrinaga González, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, de la Universidad de Burgos, por darnos a conocer su análisis y visión técnica de la ley, de lo que quiero resaltar entre sus conclusiones que este proyecto de ley suponía una oportunidad para las empresas, más que un coste, y al señor Vázquez Oteo, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social, que nos dio su visión después de muchos años de estudio y análisis en el observatorio sobre esta materia. Quiero destacar que hemos aprobado, bien por unanimidad o por mayoría en ponencia, veintitrés enmiendas transaccionales -veinticuatro si se aprueba la que hoy se presenta- y diecisiete enmiendas, lo que podemos considerar todo un éxito parlamentario, y lo es también teniendo en cuenta que se ha tramitado en pleno proceso de cambio de Gobierno. Además en este texto se han incorporado cuestiones ajenas al proyecto, como la trasposición de la Directiva 2014/900, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. Su inclusión fue justificada en su día, y lo es hoy también, por la urgente necesidad de trasposición al encontrarse también en procedimiento de infracción. Se han realizado cambios en los términos de garantizarse la correcta trasposición en la misma.
De las cuestiones incorporadas propias de la ley nos gustaría destacar los siguientes aspectos. El primero de ellos es que la información no financiera requiere dotarse de homogeneidad para facilitar la comparabilidad entre empresas, y disponer de un acceso sencillo a la información sobre las repercusiones de las empresas en la sociedad, con el objetivo de ayudar a canalizar las inversiones y el consumo hacia empresas socialmente éticas y responsables. En este sentido hemos incorporado un listado detallado de temas sobre los que consideramos que la empresa debiera informar para poner en valor aquellas que está llevando a cabo. Los hemos centrado en cinco bloques. El primero es sobre cuestiones medioambientales -no voy a entrar en detalle, porque los miembros de la Comisión ya han hablado de ello-, y quiero hacer referencia a aquellos efectos que la acción de la empresa tiene sobre el medio ambiente y sobre la salud: la incorporación de políticas de economía circular, gestión de residuos, consumo sostenible de los mismos, etcétera. El segundo bloque es respecto a cuestiones sociales y relativas al personal empleado de la empresa, como la tipología de contratación, la remuneración, políticas de igualdad, medidas de conciliación, políticas de desconexión laboral, algo de lo que ya hemos hablado en el Pleno de la semana pasada y cuya incorporación ha sido un éxito, como derecho, formación, accesibilidad de empleados con discapacidad. El tercer bloque es de información relativa al respeto de los derechos humanos. El cuarto bloque es sobre información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno o medidas para luchar contra el blanqueo de capitales. Y el quinto bloque es sobre el impacto social que genera la actividad en la empresa, como es la generación de empleo indirecto, patrocinios locales, la información sobre los países en los que opera la empresa informando sobre beneficios impuestos o ayudas públicas recibidas en cada uno de ellos.
El segundo de los aspectos es que la información que se aporte debe basarse en estándares internacionales reconocidos que faciliten que la información detallada sea precisa, comparable y verificable. El tercer aspecto es la incorporación de un verificador independiente que verifique la información incluida. El cuarto aspecto es que este informe será publicado en la web de la sociedad durante un periodo mínimo de cinco años, teniendo también la posibilidad de publicarlo en el portal de responsabilidad social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del informe de información no financiera contenida en el informe de gestión. Y el quinto aspecto es la ampliación significativa del ámbito de aplicación de la ley, que incluía originalmente el mínimo propuesto por la directiva. Con los cambios introducidos en la ponencia se establece un periodo transitorio de tres años para ampliar el ámbito de aplicación, y siempre siendo respetuosos con la condición exigida por la directiva de no incluir
a las pequeñas y medianas empresas. Aspectos todos ellos interesantes y que sin duda hacen que califiquemos este proyecto de ley, de la misma manera que hicieron los expertos, como una buena oportunidad para las empresas que operan en España. Queremos que las empresas pongan en valor los impactos positivos que generan en su entorno como consecuencia del desarrollo de su actividad, y que adopten medidas para la prevención de los posibles riesgos que les puedan afectar. Como dije en el Pleno, la transparencia empresarial contribuye a contar con sociedades más resilientes, propiciar inversiones a más largo plazo, un crecimiento económico y un empleo más sólido, por lo que votaremos a favor de este proyecto de ley.
Para finalizar no quiero terminar sin agradecer a los servicios de la Cámara su labor, especialmente a la letrada de esta Comisión, por facilitar y mejorar el trabajo de esta ponencia.
Muchísimas gracias a todos, de verdad. (Aplausos).
Hemos finalizado pues el turno de defensa de las enmiendas. Tal y como habíamos comprometido, la votación no tendrá lugar hasta las doce, de manera que ruego a los portavoces que reúnan a sus huestes (risas) para que efectivamente pueda llevarse a cabo sin más dilación esta votación, habida cuenta de que tampoco es muy complicada. Agradezco también la retirada de enmiendas que se ha producido por parte de algunos grupos.
Gracias, y esperamos hasta las doce para votar. (Pausa).
Continuamos con la sesión, señorías.
Vamos a someter a votación, en primer lugar, la enmienda transaccional a las enmiendas números 5, 11 y 33, que han sido repartidas.
Procedemos a votar conjuntamente las enmiendas del Grupo Mixto números 96 y 100.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 26; abstenciones, 8.
Pasamos a votar la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Señorías, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha retirado sus enmiendas números 31, 38 y 40. Por tanto pasamos a votar el texto del informe de la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado con competencia legislativa plena el texto de la ley. Agradezco a todos el trabajo que se ha realizado, especialmente a los servicios de la Cámara, y muy particularmente a la letrada, que ha hecho un gran trabajo.

References: Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 86
 Real decreto 
 artículo 514
 artículo 34
 artículo 348
 artículo 348