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Timestamp: 2019-04-22 00:32:25+00:00

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Aizpurua y Fernandez. Determinacion de La Edad de Responsabilidad Penal
Cargado por Kimberley Bauer
Artículo 5/2013, julio-septiembre (n.º 145)
Determinación de la edad de responsabilidad penal de los menores
Eva Aizpurúa González y Esther Fernández Molina
(Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha)
Resumen: En contraste con los valores
que orientaron el nacimiento de la justicia
juvenil, las reformas practicadas durante
las últimas décadas han otorgado
preeminencia al delito cometido,
relegando la importancia de la madurez
en la determinación de la responsabilidad
penal de los menores. Dichas
modificaciones, cuya materialización
ha entrañado una creciente atribución
de culpabilidad, han sido justificadas
aludiendo a las demandas ciudadanas.
Por ello, el presente estudio tiene como
objeto explorar la opinión pública acerca
de la edad mínima de asunción de la
responsabilidad penal. Los resultados
alcanzados constatan el respaldo
de la población hacia el tratamiento
indiferenciado de los adolescentes
más mayores, mostrando asimismo
una opinión ambivalente hacia la
transferencia de cuotas de autonomía en
las diversas esferas sociales.
Palabras clave: justicia juvenil,
responsabilidad penal, opinión pública,
Title: When is it too late? Determining the age
Abstract: In contrast to the social values
prevalent at the advent of juvenile justice,
the reforms carried out during the last few
decades have granted pre-eminence to the
crime committed, reducing the importance of
maturity in the determination of the criminal
responsibility of minors. These modifications,
the introduction of which has resulted in
an increasing attribution of guilt, have been
justified by claims that they were what society
was demanding. This study aims to explore
public opinion with regard to the minimum age
at which criminal liability should be attributed.
The results obtained show public support for
undifferentiated treatment of older adolescents
and at the same time an ambivalent
opinion regarding the transfer of degrees of
responsibility in the various areas.
Keywords: juvenile justice, criminal
responsibility, public opinion, age.
Recepción del original: 19 junio 2013
Fecha de aceptación: 30 julio 2013
Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología. 2.1. Diseño de investigación e instrumento
de medida. 2.2. Universo y muestra. 2.3. Variables empleadas y tratamiento
estadístico de los datos. 3. Discusión y resultados. 3.1. La edad mínima indispensable
para que los infractores juveniles sean tratados como adultos por el sistema de
justicia penal. 3.2. El impacto de las variables sociodemográficas y los factores
referidos a la madurez de los menores. 4. Conclusiones y recomendaciones
Cuando a finales del siglo XIX se instauraron los primeros tribunales de menores, los delincuentes juveniles eran concebidos como sujetos vulnerables, cuyas conductas obedecían a déficits madurativos y a entornos adversos (Applegate & Davis, 2006; Garland, Melton & Hass,
2012). La presunción de su menor culpabilidad unida a la convicción de su mayor maleabilidad
constituyeron los principios rectores de este incipiente sistema que, abrazando una orientación benevolente, procuraba alejar a los adolescentes del entramado penal (Applegate, Davis
& Cullen, 2009; Mears, Hay, Gertz & Mancini, 2007; Scott & Steinberg, 2003). En concreto,
fue esta última tesis la que condujo al establecimiento de procesos informales que adolecían
de las garantías procesales requeridas. Y ello fue así porque, al identificar la protección y la
reeducación de los menores como objetivos preferentes de la justicia juvenil, tales garantías se
presumían innecesarias (Sabo, 1996).
No obstante, en el curso del siglo XX dicho ideal fue deteriorándose, al tiempo que se gestaba un nuevo paradigma. Los Estados emprendieron profundas reformas que condujeron a la
progresiva asimilación de las respuestas ofrecidas a los infractores juveniles y adultos (Garland
et al., 2012; Guetti & Redlich, 2001; Sprott, 1998). La proporcionalidad y la punición se adhirieron entonces a los fundamentos de la jurisdicción de menores, consagrándose el tránsito
desde un modelo proteccionista a otro que, contraponiendo el paternalismo originario, entrañaba una creciente atribución de culpabilidad (Scott & Steinberg, 2003). Este desplazamiento
no se produjo de manera aislada, sino que fue concomitante a la transformación operada en la
representación colectiva de los menores infractores. De este modo, a medida que el legislador
exigía mayores cuotas de responsabilidad, la concepción de los delincuentes juveniles evolucionaba desde la figura de individuos desamparados, a la imagen de depredadores (super-predators)
de los que la sociedad había de protegerse (Estrada, 2001).
Dicho proceso, que se tradujo en un endurecimiento significativo de las sanciones aplicables
a los menores, tuvo como muestra paradigmática el enjuiciamiento de los adolescentes en tribunales ordinarios (Applegate et al., 2009; Moon, Sundt, Cullen & Wright, 2000). Bajo este procedimiento subyacía la asunción, implícita, de que los adolescentes –particularmente aquellos
de mayor edad– eran plenamente responsables de sus actos y, en consecuencia, podían ser
juzgados como sus homólogos adultos. Este extremo adquirió especial relevancia, pues la consideración del desarrollo evolutivo como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal
había constituido el elemento justificador del establecimiento de un sistema de justicia penal
diferenciado y propio (Applegate et al., 2009; Scott & Steinberg, 2003).
Si bien las preferencias colectivas fueron identificadas como promotoras, en primera
instancia, de las reformas practicadas, se han acumulado pruebas que contradicen la asunción
de una sociedad intrínsecamente punitiva (Scott, Repucci, Antonishak & DeGennaro, 2006),
exponiendo la naturaleza ambivalente de las actitudes en esta materia (Aizpurúa & Fernández,
2011; Mascini & Houtman, 2006). Tal heterogeneidad ha quedado plasmada también en la
determinación de la edad de responsabilidad penal. Así, las aproximaciones efectuadas han
revelado cómo la ciudadanía avala una multiplicidad de límites legales que, en función de las
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respectivamente.7979. Miller & Laver. se compone de 1. Piquero & Gordon.6929 1. Olufs.000 2. Variables empleadas y tratamiento estadístico de los datos La variable dependiente empleada en la articulación de la investigación fue la edad que los sujetos consideraban pertinente para la adquisición de la mayoría de edad penal. Variables independientes VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS VARIABLE AMPLITUD Sexo 1 (Hombre) – 2 (Mujer) Edad 18 – 88 Nivel de instrucción Tendencia política DT - - 46. Schefter. extraída mediante muestreo estratificado polietápico. en su versión 19.1. y la desviación típica de 1. seguida. siendo el III Barómetro de la Actividad Judicial (2012). DT Edad precisa para igualar el tratamiento ofrecido a los infractores juveniles y adultos 10 años 21 años 15.1. 3. 2. julio-septiembre (n... 2012..032 p = q (Varianza poblacional) = 50% n (Población encuestada) = 1. el procesamiento y tratamiento estadístico de los datos se efectuó utilizando el software IBM SPSS Statistics. a cargo de la Fundación Wolters Kluwer. Discusión y resultados 3. hallándose los individuos menores de esta edad –y mayores de catorce años–.8023 1.º 145) competencias concretas. valorando la carencia de trabajos consagrados al abordaje de esta temática en nuestro contexto más inmediato.4633 Edad imprescindible para mantener relaciones sexuales consentidas 14 años – 25 años 16.7541 1. el valor promedio fue de 15. el desarrollo de este cuerpo teórico resulta indispensable. Mayzer. la edad.5780 Tabla 2.0. reduciéndose este límite en aquellos supuestos que entrañan violencia (Scott et al. 2007. 2006). 2007). pues revela un respaldo más pro- Tabla 1.7979 Me 16 . de los dieciocho y los catorce años –suscritos. y examinar las variables que lo modulan. 2010).3448 Edad indispensable para que los menores regresen a casa sin permiso paterno 14 años – 25 años 17. mantener relaciones sexuales consentidas y abandonar los estudios– (ver tabla 1).451 1 (No sabe leer) – 8 (3 grado universitario) - - 1 (Conservador) – 2 (No conservador) - - er VARIABLES VINCULADAS A LA PERCEPCIÓN DE MADUREZ VARIABLE AMPLITUD DT Edad mínima requerida para ejercer el derecho a voto 14 años – 25 años 17. 2006). sujetos a la Ley Orgánica 5/2000. Scott et al. Tal y como recoge la tabla 2. Picket & Chiricos.9341 1. Trascendiendo la valoración de aptitudes específicas. Finalmente. regresar tarde a casa sin permiso paterno. Metodología 2. pruebas de asociación entre variables. Z (Nivel de confianza) = 2 e (Margen de error) = 0. consecutivamente.9841 1.5%.4% de la muestra–. Cullen. el instrumento a través del cual se recogieron los datos objeto de análisis. el presente estudio responde al doble propósito de explorar el límite de responsabilidad penal que identifica la sociedad española. Dieciséis constituyó la edad mayoritaria –habiéndola escogido el 39. Diseño de investigación e instrumento de medida La metodología vertebradora del estudio ha sido de carácter cuantitativo. residente en España.0% de los sujetos–. la literatura anglosajona ha mostrado que la población establece la exclusión de la jurisdicción juvenil entre los quince y los dieciséis años (Mears et al. Por ello. Dada la creciente autoridad otorgada a la opinión pública. este límite reside en los dieciocho años. y de acuerdo a la hipótesis de máxima indeterminación.33 16. para un nivel de confianza del 95. 2 BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 5/2013.7578 Edad mínima requerida para abandonar los estudios 14 años – 25 años 16. 2012) y los 19. lo cual sugiere que la naturaleza del delito posee el potencial de modular el efecto atenuante de la edad. las variables independientes comprendieron las características sociodemográficas de los participantes –esto es. ¿A partir de qué edad una persona que cometa un delito debería ser tratada por la justicia como un adulto en vez de como un delincuente juvenil?”.8023 años.3. De conformidad con la normativa vigente.8 años (Clark.Pág. Máx.2. Por su parte. Este hallazgo adquiere especial trascendencia. El mismo incorporó estadísticos descriptivos. se estudió la edad a la que los sujetos consideraban que el tratamiento proporcionado a los adultos habría de extrapolarse a los infractores juveniles. Estadísticos descriptivos de la variable dependiente VARIABLE Mín. así como un conjunto de factores concernientes al grado de madurez atribuido a los menores –englobando en ellos la edad mínima requerida para ejercer el derecho a voto.000 sujetos. 2. el nivel de instrucción y la orientación política–. oscilan entre los doce (Bradley. Partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple. La muestra. La misma fue cuantificada a través de la pregunta “Se habla y se discute mucho sobre la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada adulta para determinadas actividades. así como la vinculación incierta entre ésta y las reformas legales adoptadas (Piquero. por el 22.0% y el 21. Según su opinión. de responsabilidad penal de los menores (en adelante LORPM). el margen de error de los datos referidos al total de la muestra es de ±3. Universo y muestra El universo de estudio lo compone la población de dieciocho años en adelante. así como análisis factoriales y de fiabilidad. el sexo. Unnever. La edad mínima indispensable para que los infractores juveniles sean tratados como adultos por el sistema de justicia penal Con el propósito de satisfacer el primer objetivo.2 puntos.
604 Votar . cabe recalcar dos aspectos particularmente relevantes. No obstante. evidenciando que la población atribuye un mayor grado de responsabilidad por los hechos cometidos a los adolescentes más mayores (gráfico 2).076.elemento Correlación elemento-total corregida α de Cronbach si se elimina el elemento Regresar a casa sin permiso paterno .0% 3. efectuando un análisis factorial de componentes principales con rotación varimax. por su parte. el hecho de que este elemento sea el que correlaciona en menor medida con la escala global (. Igualmente.543). Los estadísticos aplicados indican que la supresión de la variable dependiente produce un incremento de . tan sólo un 6. Los contrastes efectuados mostraron que la determinación de la edad de responsabilidad penal guardó una relación directa con la delimitación de la edad precisa para ejercer el derecho a voto (rxy= . 2013).2% 22. Análisis de fiabilidad.BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 52013. tratándose.315. Atendiendo a los descriptivos. El impacto de las variables sociodemográficas y los factores referidos a la madurez de los menores Además de examinar la edad considerada idónea para equiparar la responsabilidad penal de jóvenes y adultos.482 VARIABLE . reflejando que el comportamiento de dicho ítem se aleja de los restantes. pudiendo no estar midiendo la misma dimensión que cuantifican éstos. Edad mínima indispensable para que los menores infractores sean tratados como adultos en el sistema de justicia penal 40.8% 0. estima que la mayoría de edad penal habría de adquirirse en primer lugar ( =15.412 . A esta heterogeneidad en la especificación de las edades subyacen tres postulados fundamentales. se redujo la dimensionalidad de las variables estudiadas. observamos que la población atribuye responsabilidades a los adolescentes de forma escalonada.05).4%– estima que la mayoría de edad penal habría de adquirirse antes de los dieciocho años.05). el tercero reafirma el supuesto de que los adultos transfieren a los jóvenes cuotas de autonomía sin aplicar un criterio estricto y coherente (Fernández. se investigó la incidencia de los caracteres sociodemográficos y de aquellos vinculados con la percepción de madurez de los adolescentes.8% nunciado hacía el límite de edad que contemplaba la legislación precedente –dieciséis años– que al estipulado con la entrada en vigor de la LORPM. revelando que aquellos sujetos mejor formados fueron más proclives a determinar un límite de edad más elevado. en todos los casos.426 Mantener relaciones sexuales .2% 1.3% de los encuestados colocó este límite por debajo de los catorce años.7541). aplicando para ello un análisis de fiabilidad cuyos principales resultados se exponen en la tabla 3.6929) y.º 145) Pág. p ≤. 3. en la medida Tabla 3. .9341). se examinó el grado de homogeneidad de los mismos.8 años.2. En segundo término. avala la premisa de que tales competencias se obtienen paulatinamente. Estadísticos total . para abandonar los estudios ( =16. Finalmente.4% 3. En primera instancia.403 . .126 . El primero de ellos es que una proporción muy significativa de la población estudiada –que totaliza el 76. el reducido valor asociado al coeficiente de Spearman indicó la debilidad de la vinculación lineal entre ambos extremos.320. El segundo. se procedió a explorar el rol desempeñado por aquellos ítems concernientes al grado de madurez atribuido a los menores. julio-septiembre (n.05) así como para abandonar la formación reglada (rxy= .8 años.126. Los resultados alcanzados mostraron la existencia de una correlación directa entre el nivel de instrucción y la variable dependiente (rs= . y que los distintos procesos exigen del desarrollo de aptitudes diferentes. en contraste con . Partiendo de los hallazgos referidos a este conjunto de factores.05). de la potestad para consentir relaciones sexuales ( =16. al articular sus respuestas. Con objeto de ahondar en el conocimiento de los elementos que matizan la opinión pública en esta materia. De este modo.0 % 30. en función de las acciones concretas de que se trate.412) avala el presupuesto de que la variable en cuestión pudiera no evaluar el mismo atributo o campo de contenido. en último término. p ≤0.9841). seguida.315 .8023). para regresar tarde a casa sin autorización paterna ( =17.0% 0. p ≤0. de asociaciones débiles.320 .5% 39.8% 21.0 % 20. El primero de ellos denota que la ciudadanía. para mantener relaciones sexuales (rxy= .403 y .0% 6.059 sobre el valor de alfa. para ejercer el derecho a voto ( =17.0 % 10.081.0 % Edad 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1. p ≤0. Igualmente.086. negándoles la capacidad para decidir autónomamente a qué hora regresar a casa hasta los 17.0 % 0. Los contrastes preliminares confirmaron su viabilidad.421 Abandonar los estudios .069.3% 0. al tiempo que les presumen competentes para responder por su comportamiento delictivo a los 15.482 Ser tratados como adultos por el sistema penal . advertimos que la coincidencia entre elementos es escasa (α=. reconoce el desarrollo diferencial de los adolescentes y su repercusión en la toma de decisiones reflexiva.0% 0. 3 Gráfico 2. sucesivamente. Con la pretensión de contrastar esta posibilidad.
Contacto con las autoras: Eva. “consentir relaciones sexuales”. Finalmente. desarrollando modelos confirmatorios que permitan verificar tales relaciones. 2010) y el impacto de las particularidades del hecho delictivo y el infractor en las preferencias hacia el castigo (Applegate & Davis. en Boletín Criminológico.8 años–. “votar” y “abandonar la formación reglada”. 2011. indicando que los mismos configuran un grupo homogéneo y diferenciado dentro de la matriz de correlaciones. Todo ello con la finalidad última de clarificar el grado en que la sociedad avala el viraje punitivo experimentado. p = .Aizpurua@uclm.932 Valor Eigen 1. De este modo. conjuntamente. evitando el estudio de lo que Yankelovich (1991) denomina “opinión pública simple” –caracterizada por su superficialidad e inconsistencia–. agrupó los ítems “decidir la hora de regreso a casa”.003 21. los sujetos manifiestan una flexibilidad notoria en la transferencia de determinadas facultades –como es la responsabilidad penal. de un factor propiamente dicho.3% cuando el umbral se reduce a catorce años.592% de la varianza común. Futuras investigaciones habrán de explorar esta hipótesis. queda conformado por un único indicador “mayoría de edad penal”.818 Mantener relaciones sexuales . En este sentido. atendiendo a dos condicionantes esenciales. 4.000) y el coeficiente KaiserMeyer-Olkin fue aceptable (KMO = .079 % de la varianza explicada 36.385 .491. a este propósito. siendo el único que saturó simultáneamente en ambos factores –si bien su intensidad fue más modesta en el segundo–.uma. julio-septiembre (n. La última de las recomendaciones que emanan del trabajo alude a la conveniencia de perfeccionar los procedimientos de medición de las actitudes. De este modo. coexistiendo con el reconocimiento de los déficits madurativos que limitan la toma de decisiones juiciosa. 4 BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 5/2013. artículo 5/2013. que no compartió información con las restantes. manifestando su alejamiento de las restantes variables y su adhesión a una dimensión diferenciada.847. Reafirmando la noción de adquisición progresiva de la madurez. postergada hasta los 17.. El primero de ellos. modestamente. Sprott. no podría hablarse.Pág. “votar” y “abandonar la formación reglada”. cuya determinación ha de fundamentarse en un análisis preciso y empírico de la realidad social. valores eigen y varianza explicada de los factores COMPONENTE 1 Regresar a casa sin permiso paterno . otorgada a los 15. 2006). mientras que “abandonar la formación reglada” supuso el indicador menos representativo.663 Abandonar la formación reglada . el 57. la población confiere mayores cuotas de responsabilidad conforme aumenta la edad de los jóvenes.8% del total. restringiéndose esta proporción a un 6. Dado que la opinión pública ha certificado su potencial para influir en tales decisiones. “Decidir la hora de regreso a casa” constituyó el ítem que mejor definió este primer constructo. pertenece a una dimensión independiente. julio-septiembre (n.º 145).818 y . que oscilaron entre . identificando las discrepancias existentes entre los juicios colectivos y las políticas promulgadas. quedó integrado por una sola variable. El primero de ellos (“competencia para adoptar decisiones relativas a la propia persona”). Puesto que los factores representan constructos latentes que explican las correlaciones entre diversos ítems. Esta circunstancia es coherente con un cuerpo de estudios que ha sugerido que la tendencia a tratar a los adolescentes como si fuesen adultos constituye uno de los elementos que conforma el punitivismo (Gelb. los hallazgos obtenidos revelan una opinión ambivalente que no aplica un criterio uniforme en la atribución de competencias. pudiendo estructurarse en tres conclusiones fundamentales. Tal y como se aprecia en la tabla 4.boletincriminologico. Todos los elementos presentaron cargas factoriales elevadas. Conclusiones y recomendaciones La concreción del límite de edad de la responsabilidad penal constituye una de las principales decisiones político-criminales. 1998). su conocimiento riguroso resulta indispensable. sino de una variable que. 2009. Versión electrónica disponible en http://www. tras el análisis operado se retuvieron dos factores que explicaron. los análisis practicados evidencian que los diversos comportamientos se agrupan en dos factores independientes. Eva y FERNÁNDEZ MOLINA. Piquero et al. “mayoría de edad penal”. En primer término. se constata el pronunciado apoyo hacia el tratamiento indiferenciado de los adultos y de los menores infractores de mayor edad.º 145) Tabla 4. que son la inconsistencia entre las actitudes globales y específicas (Applegate et al.876 1. “¿Cuándo es demasiado tarde? Determinación de la edad de responsabilidad penal de los menores”. definido por los elementos “regresar tarde a casa sin autorización previa”. “consentir relaciones sexuales”. representa la “competencia para adoptar decisiones relativas a la propia persona”. es reseñable que quienes postulan el tratamiento adulto de los menores de dieciséis años suponen el 33. Los resultados emanados del estudio contribuyen. gl= 10. En segundo lugar. Saturaciones factoriales rotadas.671 Votar .es Cómo citar este artículo: AIZPURÚA GONZÁLEZ. por su parte. cuya medición ha contribuido a sustentar el populismo punitivo.589 en que la prueba de esfericidad de Bartlett resultó significativa (X2Bartlett = 310.. la aproximación a este cuerpo teórico mediante la utilización de casos-escenario emerge como estrategia destacada.651).491 Ser tratados como adultos por el sistema penal 2 . El componente 2 (“capacidad para responder por las conductas delictivas”). al tiempo que se muestran especialmente restrictivos en la asignación de otras –muestra de ello es la determinación autónoma de la hora de regreso a casa. Esther. en rigor. Por tanto. la combinación de esta técnica con la articulación de preguntas generales –como la formulada en esta aproximación– facilitará la obtención de una visión más precisa y matizada de la opinión pública en esta materia.8 años–. al no relacionarse con las demás.pdf [Fecha de consulta] .es/boletines/145. El segundo.
Controlling other people´s children: Racialized views of delinquency and whites´ punitive attitudes toward juvenile offenders.. 5 Referencias Bibliografía: AIZPURÚA. E.BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 52013. & STEINBERG. Criminology.. Juvenile violence as a social problem. (2003).K. Youth Violence and Juvenile Justice. UNNEVER. R. Public and professionals´ views of the juvenile justice system in Georgia. Blaming youth. SCOTT. Journal of Applied Social Psychology. & WRIGHT. GERTZ. Public opinion on juvenile blended sentencing. (2007). (2007). Syracuse: Syracuse University Press. Sobre las autoras: Eva Aizpurúa González es becaria FPU en el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha. (2011). 44(3). Georgia: Carl Vinson. (2006). media attention and societal response. MASCINI. Sus líneas de investigación principales son: justicia de menores y actitudes hacia el castigo juvenil. Re-assessing their ideological embeddedness.. The impact of ofender. E.. (1991). & LAVER. PIQUERO. Rehabilitation and repression. B. 187 – 207.T.D. 81(3). M. C. 673 – 710. 46(5). Trends. & DEGENNARO. Never too late: Public optimism about juvenile rehabilitation.T. F. Youth Violence and Juvenile Justice. N. MAYZER. E. & CHIRICOS. Melbourne: Sentencing Advisory Council. British Journal of Criminology. Una aproximación a la figura del abogado en la justicia de menores. A.K. F. 4(1). MILLER.. Información. (2012). E. 64(5). 2425 – 2454. R. 33 – 52. 799 – 840. (2011). K. C.L. 24(6). 135 – 154. MEARS. Crime Delinquency. (2006). J. (2013). 45(1). 42(10).. R.. BRADLEY. SABO.. Behavioral Sciences and the Law. M. GARLAND. (2012). S.L. 399 – 411. & GORDON. PIQUERO..T.. & DAVIS. CLARK. Sus principales líneas de investigación son: justicia juvenil y actitudes hacia el castigo de los menores infractores.S.M... ANTONISHAK. Predictors of punitiveness: Community views in Victoria.. OLUFS.R. Rights of passage: An analysis of waiver of juvenile court jurisdiction. Public attitudes about the culpability and punishment of young offenders.K. 55(1). Behavioral Sciences and the Law. 2411 – 2432. 38 – 60. MELTON. B. Public views on sentencing juvenile murderers. R. Coming to public judgement: Making democracy work in a complex world. M. S. M.T. YANKELOVICH.A.S. 223 – 257. J. J. GELB.D. Esther Fernández Molina es profesora del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha. Punishment & Society. Understanding public opposition to a separate Youth Justice System. F. Reactions to youth crime: perceptions of accountability and competence. D. N.º 145) Pág. (1996). APPLEGATE. & FERNÁNDEZ. (2000). J. DAVIS. Revista Española de Investigación Criminológica. J. British Journal of Criminology. Fordham Law Review. Crime & Delinquency.. 41(4). 19 (1). A. 639 – 655. & CULLEN. julio-septiembre (n. APPLEGATE. E.. A. FERNÁNDEZ. Texas Law Review. & HASS. J. T. Juvenile competency and responsibility: Public perceptions. SPROTT.B. & HOUTMAN. 822 – 836. B. F. 109. PICKET. 12(2).D. 10(2). 55 – 74. (2001).P. (1998). Cuadernos de Política Criminal. & MANCINI. GUETTI. Is child saving dead? Public support for juvenile rehabilitation. D. MOON. ¿Antídoto frente al “populismo punitivo”? Estudio sobre las actitudes hacia el castigo de los menores infractores y el Sistema de Justicia Juvenil. P. SUNDT. M. CULLEN. D. 815 – 832. 9. offense and perceived maturity. (2012). 51 – 77. (2009). Crime & Delinquency. (2010).P. L. J. & REDLICH. Public opinion and the foundation of the Juvenile Court. A. REPUCCI. ESTRADA. 50(3). J. SCOTT. E.T. HAY. J. SCHEFTER. (2006).K. (2001). L. 46(1). Reconsidering child saving: The extent and correlates of public support for excluding youths from the juvenile court. CULLEN. R. . Criminology.
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