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Timestamp: 2016-10-22 10:08:26+00:00

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REAL DECRETO 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado	REAL DECRETO 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado Mis Leyes
REAL DECRETO 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado Estado	:
1333/2005	Boletín Oficial	:
CAPÍTULO I. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, MANIPULACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE MERCADO.
Artículo 1. Concepto de información privilegiada.
Artículo 2. Prácticas que falsean la libre formación de los precios.
Artículo 4. Aceptación de prácticas de mercado.
Artículo 5. Circulares de la CNMV en materia de aceptación de prácticas de mercado.
CAPÍTULO II. OBLIGACIONES DE LOS EMISORES EN MATERIA DE INFORMACIÓN RELEVANTE.
Artículo 6. Medios y plazos para la comunicación de la información relevante.
Artículo 7. Deber de confidencialidad.
Artículo 8. Elaboración de registros documentales.
CAPÍTULO III. COMUNICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES DE LOS ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS.
Artículo 9. Comunicación de las transacciones de los administradores y directivos.
CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN IMPARCIAL DE LAS RECOMENDACIONES DE INVERSIÓN Y DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS.
Artículo 10. Definiciones aplicables e identidad de las personas que elaboran recomendaciones.
Artículo 11. Normas para la presentación imparcial de las recomendaciones.
Artículo 12. Normas para informar sobre los intereses y conflictos de interés.
Artículo 13. Obligaciones adicionales relacionadas con la información sobre intereses o conflictos de interés.
Artículo 14. Identidad de las personas que difunden las recomendaciones elaboradas por un tercero.
Artículo 15. Normas generales para la difusión de las recomendaciones elaboradas por un tercero.
Artículo 16. Obligaciones adicionales para las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito para la difusión de las recomendaciones elaboradas por un tercero.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Habilitación para desarrollo normativo.
Por ello, la Directiva 2003/6/CE, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, es una directiva marco o de principios que ha sido debidamente desarrollada mediante la adopción por la Comisión Europea de los correspondientes instrumentos normativos de ejecución en concreto, el Reglamento (CE) n.º 2273/2003 y las Directivas 2003/124/CE; 2003/125/CE y 2004/72/CE.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de noviembre de 2005, dispongo:
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, MANIPULACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE MERCADO.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se considerará información privilegiada toda información de carácter concreto que se refiera directa o indirectamente a uno o varios valores negociables o instrumentos financieros de los comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, o a uno o varios emisores de los citados valores negociables o instrumentos financieros, que no se haya hecho pública y que, de hacerse o haberse hecho pública, podría influir o hubiera influido de manera apreciable sobre su cotización. A los efectos de lo dispuesto en el citado precepto legal, se entenderá incluida en el concepto de cotización, además de la correspondiente a los valores negociables o instrumentos financieros, la cotización de los instrumentos financieros derivados relacionados con aquéllos.
2. En relación con los instrumentos financieros derivados sobre materias primas, se considerará información privilegiada toda información de carácter concreto, que no se haya hecho pública, y que se refiera directa o indirectamente a uno o a varios de esos instrumentos financieros derivados, que los usuarios de los mercados en que se negocien esos productos esperarían recibir con arreglo a las prácticas de mercado aceptadas en dichos mercados.
1. Se considerarán prácticas que falsean la libre formación de los precios, es decir, que constituyen manipulación de mercado, a los efectos del artículo 83 ter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, entre otros, los siguientes comportamientos:
Aprovecharse del acceso ocasional o periódico a los medios de comunicación tradicionales o electrónicos exponiendo una opinión sobre un valor o instrumento financiero o, de modo indirecto sobre su emisor, después de haber tomado posiciones sobre ese valor o instrumento financiero y haberse beneficiado, por lo tanto, de las repercusiones de la opinión expresada sobre el precio de dicho valor o instrumento financiero, sin haber comunicado simultáneamente ese conflicto de interés a la opinión pública de manera adecuada y efectiva. En el caso de los periodistas que actúen a título profesional les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 83 ter.1 c de la Ley 24/1988, de 28 de julio.
2. Se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV) para establecer una relación y descripción no exhaustiva de otras prácticas concretas contrarias a la libre formación de precios.
1. A los efectos de determinar si una conducta constituye o no una práctica que falsee la libre formación de precios, es decir, manipulación de mercado, la CNMV se asegurará de que se tengan en cuenta los indicios que se establecen en este artículo, sin perjuicio de aquellos otros que, en el futuro, mediante circular, aquélla pudiera añadir, en el momento en el que la propia CNMV o los miembros o participantes en el mercado examinen las operaciones u órdenes de negociar. En cualquier caso, los indicios no podrán considerarse por sí mismos constitutivos de manipulación de mercado.
2. En relación con lo dispuesto en el artículo 83 ter.1 a de la Ley 24/1988, de 28 de julio, la CNMV y los operadores de mercado tendrán en cuenta, al menos, los siguientes indicios cuando examinen las operaciones u órdenes de negociar:
3. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83 ter.1 b de la Ley 24/1988, de 28 de julio, la CNMV y los operadores de mercado tendrán en cuenta, al menos, los siguientes indicios cuando examinen las operaciones u órdenes de negociar:
1. Son prácticas de mercado aceptadas aquellas realizadas o que pueda esperarse razonablemente que se realicen en uno o más mercados secundarios oficiales y que están aceptadas por la CNMV de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.
2. A la hora de determinar si una práctica de mercado es aceptada a los efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 81.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, en cuanto a las prácticas de mercado aceptadas en los mercados en que se negocien instrumentos financieros derivados sobre materias primas, así como a los efectos de lo dispuesto en el artículo 83 ter.1 a de la citada ley, en cuanto a las prácticas de mercado aceptadas en el mercado secundario oficial de que se trate, la CNMV tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios, sin perjuicio, además, de la colaboración con otras autoridades:
3. La CNMV revisará regularmente las prácticas que hayan sido aceptadas, teniendo en cuenta en particular los cambios producidos en el mercado en cuestión, tales como las modificaciones de las normas de negociación o de la infraestructura del mercado.
4. En ningún caso una práctica de mercado, en particular una práctica de mercado nueva o emergente, tendrá la consideración de práctica inaceptable, simplemente por el hecho de que dicha práctica de mercado no hubiera sido aceptada con anterioridad por la CNMV.
1. La CNMV aceptará o rechazará prácticas de mercado mediante la aprobación y publicación de la correspondiente circular.
2. La circular deberá incluir las descripciones que considere oportunas sobre la práctica de mercado aceptada o rechazada. Además, deberá remitir la circular lo antes posible al Comité de Supervisores Europeos de Valores, que la publicará inmediatamente en su sitio de Internet.
3. En aquellos casos en que se hayan iniciado investigaciones, la aprobación de la correspondiente circular podrá retrasarse hasta que finalice la investigación y, en su caso, hasta la imposición de las eventuales sanciones.
4. Una práctica de mercado aceptada mediante la correspondiente circular sólo podrá ser modificada siguiendo el procedimiento establecido en este artículo.
OBLIGACIONES DE LOS EMISORES EN MATERIA DE INFORMACIÓN RELEVANTE.
1. Los emisores de valores están obligados a difundir inmediatamente al mercado, mediante comunicación a la CNMV, toda información relevante a que se refiere el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio.
La comunicación a la CNMV deberá hacerse tan pronto como sea conocido el hecho o en cuanto se haya adoptado la decisión o firmado el acuerdo o contrato con terceros de que se trate, sin perjuicio de que, en estos últimos casos, pueda efectuarse con anterioridad si el emisor estima que ello no lesiona sus legítimos intereses o en cumplimiento de lo previsto en el artículo 83 bis.1 f de la Ley 24/1988, de 28 de julio.
2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, los emisores difundirán a través de su página web el contenido de tales comunicaciones.
3. Los emisores no podrán combinar, de manera que pueda resultar engañosa, la difusión de información relevante al mercado con la comercialización de sus actividades.
4. Cuando los valores de un emisor estén admitidos a cotización en uno o varios mercados regulados en la Unión Europea, el emisor deberá, de manera diligente, tratar de asegurarse de que la comunicación de la información relevante se efectúe de la forma más sincronizada posible entre todas las categorías de inversores de todos los Estados miembros en los que el emisor haya solicitado o acordado la admisión a cotización de esos valores.
5. El Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, la CNMV podrán desarrollar las especificaciones técnicas y jurídicas a las que deberán someterse las páginas web de los emisores.
1. Quedarán excluidos del deber de información al público, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 83 bis.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, siempre que se mantengan las debidas salvaguardas de confidencialidad, los actos de estudio, preparación o negociación previos a la adopción de decisiones que tengan la consideración de relevantes.
2. Cuando un emisor o una persona que actúe en su nombre o por cuenta de aquél revele información relevante en el normal ejercicio de su trabajo, profesión o sus funciones, deberá hacerla pública en su integridad, y hacerlo simultáneamente en el caso de revelación intencional, o bien prontamente, en el caso de revelación no intencional.
3. Además, para asegurar la confidencialidad de esa información los emisores habrán de controlar el acceso a ésta y, en particular, deberán adoptar las medidas necesarias para:
1. Los emisores deberán incluir en los registros documentales regulados en el artículo 83 bis.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, a todas las personas, internas o externas al emisor, que trabajan para él, en virtud de un contrato laboral o de otra forma, que tengan acceso a información privilegiada relacionada, directa o indirectamente, con el emisor, ya sea de forma regular u ocasional.
2. Dichos registros deberán mencionar como mínimo:
3. Dicho registro habrá de ser actualizado inmediatamente en los siguientes casos:
4. Los emisores de valores habrán de advertir expresamente a las personas incluidas en el registro documental del carácter de la información y de su deber de confidencialidad y de prohibición de su uso, así como de las infracciones y sanciones derivadas de su uso inadecuado.
Asimismo, los emisores informarán a los interesados acerca de su inclusión en el registro y de los demás extremos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
5. Los emisores de valores habrán de conservar los datos inscritos en el registro documental al menos durante cinco años después de haber sido inscritos o actualizados por última vez. Asimismo, deberán poner el registro a disposición de la CNMV cuando ésta lo solicite.
COMUNICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES DE LOS ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS.
1. Cuando el emisor tenga su domicilio social en España, sus administradores y directivos, así como las personas que tengan un vínculo estrecho con éstos, habrán de comunicar a la CNMV todas las operaciones realizadas sobre acciones del emisor admitidas a negociación en un mercado regulado o sobre derivados u otros instrumentos financieros ligados a dichas acciones.
2. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por directivo cualquier responsable de alto nivel que tenga habitualmente acceso a la información privilegiada relacionada, directa o indirectamente, con el emisor y que, además, tenga competencia para adoptar las decisiones de gestión que afecten al desarrollo futuro y a las perspectivas empresariales del emisor.
3. Asimismo, se entenderá por persona que tiene un vínculo estrecho con los administradores o directivos:
4. La notificación a que se refiere este artículo habrá de efectuarse en los cinco días hábiles siguientes a aquel en el que tiene lugar la transacción. Además, dicha notificación deberá incluir la siguiente información:
5. Si el emisor no tiene su domicilio social en la Unión Europea, también habrán de ser comunicadas a la CNMV las transacciones a que se refiere el apartado 1 cuando las acciones del emisor hayan sido admitidas a cotización en primer lugar dentro de la Unión Europea en un mercado secundario oficial español.
6. La CNMV inscribirá las notificaciones en el registro previsto en el artículo 92 j de la Ley 24/1988, de 28 de julio.
7. Se habilita a la CNMV para establecer los modelos de notificación de las transacciones de administradores y directivos. Además, la CNMV podrá regular procedimientos con el fin de evitar la duplicación de notificaciones de una misma persona en el caso de concurrencia de la obligación de notificación establecida en este artículo con la establecida en el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, sobre comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisiciones por éstas de acciones propias.
PRESENTACIÓN IMPARCIAL DE LAS RECOMENDACIONES DE INVERSIÓN Y DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, y en este capítulo, se entenderá por recomendación toda información destinada al público, relacionada con uno o varios valores o instrumentos financieros o con los emisores de éstos, incluido cualquier informe sobre el valor presente o futuro o sobre el precio de dichos instrumentos, que aconseje o sugiera una estrategia de inversión.
2. A los efectos de este real decreto, se entenderá por persona relevante aquellas personas físicas o jurídicas que elaboren o difundan recomendaciones en el ejercicio de su profesión o de la gestión de su actividad empresarial.
3. Cualquier recomendación habrá de contener de manera clara y destacada la identidad de la persona responsable de su elaboración, en especial, el nombre y función del individuo que elabora la recomendación, además del nombre de la persona jurídica responsable de su elaboración.
4. En el caso de que la persona relevante sea una empresa de servicios de inversión o una entidad de crédito, la recomendación habrá de hacer referencia a su autoridad supervisora competente.
5. En el caso en que las recomendaciones a que se refiere este artículo no sean escritas, se deberá hacer una referencia al lugar en el que la información exigida en los apartados anteriores está disponible fácil y directamente para el público, como, por ejemplo, la página web de la persona relevante.
6. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los periodistas sujetos a una normativa apropiada equivalente, incluidas normas equivalentes apropiadas contenidas en sus códigos deontológicos, siempre que dicha normativa tenga efectos similares a los mencionados en este artículo.
1. Todas las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior tendrán el cuidado razonable de asegurarse de que:
2. Cuando la recomendación no se realice por escrito, será suficiente con que se indique el lugar donde el público pueda tener acceso fácil y directo a la información exigida, como, por ejemplo, una página web de la persona relevante.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será aplicable a los periodistas sujetos a una normativa apropiada equivalente, incluidas normas equivalentes apropiadas contenidas en sus códigos deontológicos, siempre que dicha normativa tenga efectos similares a los mencionados en los apartados anteriores.
4. Cuando la persona relevante sea una empresa de servicios de inversión, una entidad de crédito, un analista independiente, una persona jurídica vinculada, cualquier otra persona relevante cuya actividad principal sea elaborar recomendaciones o una persona física que trabaje para ellos, con un contrato laboral o de otra forma, ha de tener cuidado razonable de asegurarse de que, en función de la naturaleza del instrumento de valoración y del método de análisis aplicado:
5. En el caso de que el cumplimiento de los párrafos a, b o c del apartado anterior resulte desproporcionado en relación con la amplitud de la recomendación difundida, será suficiente la referencia en la propia recomendación al lugar donde el público pueda tener acceso fácil y directo a la información exigida, como, por ejemplo, un enlace directo de Internet a tal información en una página web de la persona relevante, siempre que no haya habido ningún cambio en la metodología o la base de la evaluación utilizada.
1. Cualquier persona que elabore una recomendación definida en los términos del artículo 10, hará constar todas las circunstancias que puedan razonablemente poner en peligro la objetividad de la recomendación, en particular, todos los intereses financieros relevantes en uno o más de los instrumentos financieros que constituyan el objeto de la recomendación, o los conflictos de interés relevantes con el emisor al que se refiera la recomendación.
2. Cuando la persona a que se refiere el apartado anterior sea una persona jurídica, la obligación referida en el apartado anterior se extenderá a cualquier persona física o jurídica que trabaje para aquella con arreglo a un contrato de trabajo o de otra forma, encargada de elaborar la recomendación.
3. En el caso de que el cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores resulte desproporcionado en relación con la amplitud de la recomendación difundida, será suficiente la referencia en la propia recomendación al lugar donde el público pueda tener acceso fácil y directo a la información exigida como, por ejemplo, un enlace directo de Internet con dicha información en una página web de la persona relevante.
4. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los periodistas sujetos a una normativa apropiada equivalente, incluidas normas equivalentes apropiadas contenidas en sus códigos deontológicos, siempre que dicha normativa tenga efectos similares a los mencionados en este artículo.
1. Además de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, cualquier recomendación elaborada por un analista independiente, una empresa de inversión, una entidad de crédito, cualquier persona jurídica vinculada o cualquier otra persona relevante cuyo principal trabajo sea la elaboración de recomendaciones deberá revelar de manera clara y destacada la siguiente información sobre sus intereses y conflictos de intereses:
2. Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito revelarán, de forma general, las normas de sus reglamentos internos de conducta establecidas para prevenir y evitar conflictos de interés con respecto a las recomendaciones, incluidas barreras a la información.
3. En el caso de las personas físicas o jurídicas que trabajen para una empresa de servicios de inversión o una entidad de crédito con arreglo a un contrato de trabajo o de otra forma, y que estén relacionados con la elaboración de la recomendación, la exigencia prevista en el artículo 11.2 incluirá, en particular, la información sobre si la remuneración de dichas personas está vinculada a operaciones de banca de inversión realizadas por la empresa de servicios de inversión o la entidad de crédito o cualquier persona jurídica vinculada. Cuando estas personas físicas reciban o compren las acciones de los emisores antes de una oferta pública de aquéllas, también deberá revelarse el precio y la fecha de adquisición de las acciones.
4. Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito revelarán, trimestralmente, la proporción de todas las recomendaciones de comprar, mantener , vender u otros términos equivalentes, así como la proporción de emisores correspondientes a cada una de estas categorías a las que la empresa de servicios de inversión o la entidad de crédito haya prestado servicios de banca de inversión importantes durante los 12 meses previos.
5. Las recomendaciones habrán de incluir la información recogida en los apartados anteriores. Cuando estas exigencias sean desproporcionadas con relación a la amplitud de la recomendación distribuida, bastará con hacer una referencia clara y destacada en la propia recomendación al lugar en el que dicha información pueda ser accesible para el público de manera fácil y directa, por ejemplo, mediante un enlace directo de Internet a la información en una página web de la empresa de inversión o de la entidad de crédito.
1. Cuando al difundir una recomendación elaborada por un tercero ésta se modifique de manera importante, se deberá indicar detalladamente en la información difundida esa modificación.
2. Cuando la modificación consista en un cambio de orientación de la recomendación, principalmente cambiar una recomendación de comprar por una de mantener o vender, o viceversa, la persona que difunda la información habrá de cumplir con los requisitos recogidos en los artículos 10 a 12, indicando la modificación realizada.
3. Las personas jurídicas pertinentes que, por sí o a través de personas físicas, difundan una recomendación modificada de manera importante han de contar con un procedimiento formal para que las personas que reciban la información conozcan dónde pueden tener acceso a la identidad de la persona que haya elaborado la recomendación original, a la propia recomendación y a la revelación de los intereses o conflictos de interés de las personas que la hayan elaborado, a condición de que estos datos sean públicamente accesibles.
4. Lo previsto en los apartados anteriores no será de aplicación a las noticias que informen sobre las recomendaciones elaboradas por un tercero cuando no se modifique de manera importante lo esencial de esas recomendaciones.
5. En el caso de que se divulgue el resumen de una recomendación elaborada por un tercero, las personas relevantes que lo divulguen garantizarán que el resumen sea claro y que no sea engañoso, mencionando el documento originario y el lugar donde el público puede acceder de manera fácil y directa a la información relacionada con dicho documento originario, siempre que tal información esté disponible públicamente.
Este Real Decreto se dicta al amparo de los títulos competenciales previstos en el artículo 149.1.6ª y 11ª de la Constitución.
Artículo 9 (apdo. 3.d):
Redacción según Real Decreto 364/2007, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, el Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, de desarrollo de la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras, el Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, y el Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado. Cerrar
REAL Decreto 364/2007, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, el Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, de desarrollo de la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras, el Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, y el Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercadoLEY 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisoresREAL Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión EuropeaCIRCULAR 3/2007, de 19 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los Contratos de Liquidez a los efectos de su aceptación como práctica de mercadoORDEN EHA/1421/2009, de 1 de junio, por la que se desarrolla el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de información relevante	Cerrar PDF
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Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 81
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 81
 artículo 83
 artículo 82
 artículo 83
 artículo 82
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 92
 Real Decreto 
 artículo 83
 artículo 10
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 149

Artículo 9
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 artículo 82

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