Source: https://www.scribd.com/doc/152122138/data-LINEA-5-Conflicto-Armado-y-Construccion-de-Paz-MESA-12-Conflicto-armado-y-seguridad-01-Turbay-Jimenez-Catalina-Linea-5-Mesa-12-pdf
Timestamp: 2017-01-19 20:18:13+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinEL ESTATUTO DE SEGURIDAD: UN ESTUDIO DE CASOCATALINA TURBAY JIMENEZ
La seguridad ha sido un constante tema de estudio de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. En nuestro país, la ciencia política ha elaborado estudios sobre esta temática que han analizado las implicaciones de este concepto no sólo para las Relaciones Internacionales, sino para el ámbito interno, evidenciando indicadores y variables que han permitido construir marcos de análisis capaces de explicar y comparar el caso colombiano con otros regionales y mundiales. Sin embargo, en las últimas décadas este tema ha sido abordado desde otras ópticas de análisis que tienen como objetivo visibilizar las implicaciones que la seguridad tiene en otros temas como el de la ciudadanía, los derechos humanos, el exilio, la cooperación, la reconstrucción de la memoria, la verdad o la reparación de la comunidad política entre otros. Con la llegada a la presidencia del país de Álvaro Uribe Velez y la implementación de su política estatal conocida como la Seguridad Democrática, la opinión pública y la academia ha encontrado rasgos de similitud en las acciones, métodos e implicaciones con la política estatal de seguridad que llevó a cabo el presidente Julio César Turbay desde 1978 hasta 1982 conocido como el Estatuto de Seguridad. En este orden de ideas, el interrogante estructural de esta ponencia es: ¿La aplicación e instrumentalización de la política estatal conocida como estatuto de seguridad por parte del Gobierno de Turbay Ayala, es una adaptación de los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional? Para intentar resolver este interrogante, esta ponencia esta dividida en tres partes: La primera parte, analiza la instrumentalización del Estatuto de seguridad en tres ámbitos: la relación cívico – militares, la ideologización y la ocupación y administración de las instituciones del Estado, destacando los principios que esta herramienta tenía de la Doctrina de la Seguridad Nacional. La segunda parte, visibiliza y analiza los alcances del Estatuto de Seguridad respecto a la violación de los derechos fundamentales y a los tipos y grados de violación de los derechos procesales y constitucionales tanto en el proceso de detención, captura y acusación como en los tribunales militares. Además, se hace un contraste elemental (a razón de la falta de acceso a este tipo de documentación), sobre la aplicación del Estatuto en las zonas urbanas y rurales, presentándose en esta última un mayor número de casos de desaparición forzada y uso excesivo de acciones represivas debido a la militarización de estos espacios y el limitado acceso a un abogado por parte de estos detenidos.
La tercera y última parte, demuestra el desmantelamiento del Estatuto de seguridad a causa de factores externos e internos que en una coyuntura política específica se combinaron para que el ejecutivo tomara la decisión de levantar el estado de sitio y por ende el Estatuto de seguridad en junio de 1982, un mes antes de terminar su periodo de gobierno el Presidente Turbay. Respecto a la metodología que se uso para esta investigación, es un análisis de tipo cualitativo enmarcado en un estudio de caso; es decir, que a través de una explicación de tipo socio – político deduciremos la intencionalidad de los comportamientos y hechos de los agentes e instituciones que estuvieron involucrados en estos acontecimientos entendidos estos desde la ideologización de la doctrina de la Seguridad Nacional. Las fuentes utilizadas para la realización de este trabajo son algunos documentos oficiales de la Presidencia de la República de Colombia, así como el seguimiento de prensa que se hizo a las ediciones de 1978, 1979 y 1980 de la Revista Alternativa y el Bogotano. Se usó de forma especial estas revistas debido a las constantes denuncias que se hicieron sobre la aplicación del estatuto de seguridad y las consecuencias de ello para la sociedad y el escenario político nacional. También se han utilizado otras fuentes como ensayos, artículos de revista y libros que hacen referencia a la época y a la temática. Por último, queremos resaltar el acceso que algunas ONG nos dieron a su base de datos y documentación como fue el caso del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la inaccesibilidad a los documentos y archivos del ejército referidos a las detenciones y a los procesos judiciales de los Tribunales. Para finalizar, esta investigación que inicia como un estudio de caso pretende encontrar herramientas y marcos analíticos que permitan comparar este proceso con otros de la región como es el caso de Uruguay y los primeros años del gobierno de José María Bordaberry entre 1973 a 1976. Además, ampliar los estudios de investigación en la relación seguridad – derechos humanos – memoria, recordando a los desaparecidos, exiliados y ciudadanos víctimas de esta primera fase de “represión legal” y replantear una noción de seguridad estatal que este acorde a las transformaciones que de este concepto se han hecho después del fin de la guerra fría.
Seguridad: Algunos elementos teóricos e históricos
El concepto de seguridad tuvo una redefinición consecuencia de los movimientos revolucionarios europeos del siglo XVIII como la Revolución Francesa y de la filosofía política, así como de la ideología liberal que veían a la Nación como un conjunto de individuos1 que para que estuvieran seguros deben estar libres, de la posibilidad y por ello del temor, de un ataque a la persona o a la propiedad; en otras palabras, la seguridad
KANT, Emanuel, “Lo bello y lo sublime, la paz perpetua” Madrid, Espasa Calpe 1982.
del individuo y de la propiedad queda subyugada a la seguridad colectiva a través de la construcción de la nación o el Estado. Encontramos entonces que la noción de seguridad puede tener dos interpretaciones de acuerdo la condición u objetivo que se construye. La primera interpretación nos habla de un concepto de seguridad interna que se elabora desde la relación entre individuos y Estados o sociedad basado en el contrato social como el elemento fundamental que permitirá a las fuerzas legitimas del Estado garantizar los derechos y obligaciones de los ciudadanos que hacen parte del mismo, asegurando así la paz, la justicia y la libertad individual y colectiva. Así, es la Policía la fuerza estatal encargada de las funciones de vigilancia y mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de estos derechos y libertades, máxime cuando esta organización es de naturaleza civil. La segunda interpretación tiene una dimensión más externa y nos habla de un concepto de seguridad nacional que se elabora desde la relación entre Estados o sociedades y en donde se privilegia la consecución y unificación del poder de ese Estado frente a otros. Además, se considera que las amenazas a los intereses nacionales2 emanan de las acciones de otros Estados, razón por la que la que se debe tener suficiente poder y capacidad militar para proporcionar seguridad a la colectividad, la nación o la sociedad. Así, son los Militares la fuerza estatal encargada de las funciones de vigilancia y mantenimiento de las condiciones necesarias para la seguridad del país de una agresión externa. Respecto a Latinoamérica, la mayoría de países se encontraban en proceso de desarrollo tanto de sus proyectos nacionales como de sus instituciones militares a fines del siglo XIX y principios del XX, manteniendo los militares un peso significativo en el escenario nacional al sentirse defensores y protectores del orden y la seguridad nacional, los militares conciben como obligación intervenir en política cuando es lo “permanente” y no lo “accidental” de la sociedad lo que esta en peligro3. Ahora bien, el devenir de los acontecimientos políticos europeos de los años treinta y cuarenta del siglo XX que terminó con el estallido de la segunda guerra mundial y la importancia cada vez mayor de los Estados Unidos en el institucionalismo internacional y en las relaciones internacionales hizo que el término seguridad sufriera una revalorización con el fin de la segunda guerra mundial. Con la guerra fría, la noción de seguridad que se estableció por parte del bloque occidental se nutrió de la teoría realista que analiza el conflicto como un elemento continuo, por la tanto, la guerra es una característica más de la política y es más frecuente que la paz4, por ende son los Estados quienes deben garantizar la seguridad ya que son ellos los personajes principales del escenario internacional. Ahora bien,
ROCKWELL Richard y MOSS Richard, “La Reconceptualización de la seguridad: un comentario sobre la investigación”, En “Busca de la Seguridad perdida. Aproximaciones a la Seguridad Nacional Mexicana”, México, Siglo XXI Editores, 1990, pp 44 – 46. 3 TAPIA, Valdés Jorge, “La Doctrina de la Seguridad Nacional y el rol político del as fuerzas armadas”, En Juan Carlos Rubinstein (Compilador), El Estado Periférico latinoamericano. Buenos Aires; Editorial Eudeba, 1988, pp 238 –239. 4 SANCHEZ, Cano Javier, “El debate sobre el concepto de seguridad 1980 – 1997”, pp 20.
desde la óptica de la estructura ideológica y su funcionamiento la puesta en marcha durante la guerra fría de normativas políticas y económicas cargadas con recetas concretas para la acción política,5 hizo que los Estados mantuvieran esa fuerza irresistible que puede identificarse como el conflicto controlado, manteniendo así la seguridad interna y externa de sus ciudadanos. Es evidente entonces que esta noción de seguridad fue adoptada por parte de los militares latinoamericanos en el contexto de la guerra fría, quienes además, caracterizaron la seguridad como una ideología transformando el conflicto en una guerra de clases, la lucha contra el enemigo interior y la idea de que la defensa precisa también de una movilidad constante de recursos.6 En ese orden de ideas los Estados Unidos y los países latinoamericanos apoyados por todo tipo de instituciones incluyendo los medios de comunicación, derivaron a partir del comunismo una doctrina de seguridad nacional que modifico de forma dramática sus relaciones con el mundo y en palabras de Javier Sánchez un núcleo interno de actitudes que alimentaron esa percepción y que propician que gran parte de la actividad nacional se oriente hacia la defensa y contención frente al enemigo externo7 Ejemplo de esto son los programas de ayuda militar bilaterales (MAP) ejecutados entre 1952 y 1958 bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), que en opinión del investigador Francisco Leal: “fueron el punto de partida para que los ejércitos latinoamericanos se afincaran en la órbita tecnológica y operativa de los Estados Unidos8” permitiendo un avance en su proceso de equipamiento, organización y por ende de profesionalización. Esta modernización y politización gracias a la tutela norteamericana, logra que las fuerzas armadas latinoamericanas se hagan cargo de la orientación de la política militar que debería ser una de las funciones del gobierno, abandonando su función como coordinadores de la política militar estatal lo cual creó un vacío que las organizaciones castrenses repararon haciéndose cargo de su aplicación8 y redefiniendo nuevos conceptos sobre la seguridad y el papel de los militares en la estructura del Estado. Es en este contexto donde se creó la Doctrina de la seguridad Nacional, formula clave para entender nuestro problema de investigación. La doctrina de la Seguridad Nacional debe entenderse como una teoría militar del Estado que busco la supervivencia de la nación frente a todas las fuerzas adversas y el
5 BELL, Duncan, “ Anarchy, power and death: contemporary political realism as ideology”, en Journal of Political Ideologies, Vol 7, No 2, Cambridge, Centre of International Studies, Cambridge University, Junio 2002, pp 231 – 239, http://ejournals.ebsco.com/direct.asp?.ArticleID=T9AVV6YW6G7NAD3V9Q0A La traducción es nuestra.
LUCKHAM, David, Citado por Sánchez Cano Javier, Op Cit, pp 26. SÁNCHEZ, Cano Javier, Op Cit, pp 26. 8 LEAL, Francisco, “El oficio de la guerra, la seguridad nacional en Colombia”. Bogotá; Ediciones Tercer Mundo -IEPRI 1994, pp 22. 9 COMBLIN, Joseph, “Él poder militar en América Latina”, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1978, pp 67.
con las fuerzas armadas . 15 COMBLIN. “Fuerzas Armadas y estados de excepción en América Latina”. A partir de la militarización e ideologización del concepto de seguridad. pp 244. que el enemigo interno es cualquier adversario político que opera dentro de las fronteras de la nación y que significo o llego a significar una amenaza contra los objetivos nacionales que ellos pretenden defender y asegurar. Op Cit. 1978. Joseph. pp 66 TAPIA. “La Doctrina de la Seguridad Nacional y el rol político del as fuerzas armadas”.triunfo de los objetivos nacionales9. llegando a considerar que cualquier opositor o crítico al Estado era una seria amenaza a los valores políticos trascendentales que conformaban y caracterizaban la nación. Op Cit. En Los militares y la Democracia. pp 248. por lo que cualquier respuesta a esta situación fue considerado una legitima defensa de los objetivos nacionales. Editorial Siglo XXI. Buenos Aires.
COMBLIN. los militares consideraron que para su instrumentalización. De esta forma. Joseph. Siglo XXI Editores. México. la doctrina de la seguridad nacional de los años setenta es fruto de una contradicción entre las fuerzas armadas – partido. siendo más consciente de su participación y desarrollando así una tendencia a permanecer en el centro del poder. “Los intereses de las Fuerzas Armadas de América Latina en sostener regímenes democráticos”.aparato represivo del Estado que se resuelve únicamente con la redefinición ideológico del papel del ejército. Mario. 1988. esta unidad ideológica dio sentido a la idea del enemigo y basándose en la lógica militar de oposición se creó otro de los vértices de la Doctrina de la seguridad como fue el concepto de enemigo interno descubriendo que deben llevarse a cabo guerras de un nuevo tipo12 es decir.
. 1989. El Estado Periférico latinoamericano. queda claro el grado de politización e ideologización que los militares latinoamericanos hicieron de este concepto. 1990. “Estado y Política en Colombia”. pp 71. una segunda categoría defiende los elementos que construyen la idiosincrasia o características nacionales y una última categoría defiende los atributos de la soberanía en su sentido cásico13
CARRANZA. Estos objetivos nacionales se han agrupado en tres categorías: una primera categoría agrupa un legado de valores morales y espirituales. Al yuxtaponerse al concepto de enemigo clásico de la noción de seguridad el del enemigo interno de la Doctrina. Editorial Eudeba. Francisco. pp 68.10 Es decir. Montevideo.11 Ahora bien. ellos se deben “ocupar” de las instituciones estatales para así cumplir con su función y luchar cuando la seguridad nacional estuviera amenazada por parte del enemigo. que la unificación ideológica en torno al comunismo como enemigo redefinió tanto su estructura táctica como su postura política. Bogotá. Valdés Jorge. Juan.
LEAL. pp 370.
11 12RIAL. En Juan Carlos Rubinstein (Compilador). Peitho.
México. Joseph. pp 37. éticos e ideológicos16 que debían ser resueltos por las fuerzas militares instaurándose en el poder. Siglo XXI Editores. 1969. estuvieron presentes a través de la expedición en 1978 del Decreto Legislativo 1923 conocido como el Estatuto de Seguridad que instrumentalizo los principios de la Doctrina de la seguridad Nacional en Colombia. Op Cit. el tiempo que se considere necesario debido al peligro al que estaba expuesta la sociedad y por ende el ciudadano ya que su seguridad personal es función vital y obligada del régimen14 de allí la incondicionalidad que el ciudadano debe tener ha dicho sistema. La ideologización anticomunista que alimentó la noción de los militares de sentirse participes de una lucha mundial en defensa de los valores occidentales. se convirtieron en el ente de unión de la Nación frente a la inestabilidad política que solo creo vacíos institucionales. les dio un carácter de salvadores de la nación.
Escenario de Creación Para efectos de nuestra investigación debemos explicar la compleja década de los setenta haciendo referencia a dos hechos que serán fundamentales para explicar la aplicación del Estatuto de Seguridad. a ocupación de las instituciones y su administración es justificada con razones ideológicas de salvación de la nación. Por último. pp 80.
PINTO. lo cual no era un hecho pasajero sino fundamental y por ende todos los individuos especialmente los enemigos internos debían erradicarse para mantener esta seguridad. Citado por LEAL. Francisco. En resumen. incluyendo la institución militar. lo cual tendía a no tener ningún limite. la seguridad Nacional en Colombia”. ya que en vez de crear una seguridad absoluta creo inseguridad en la medida en que cada uno de los ciudadanos podía crear un problema de seguridad15. por lo cual. “Militarismo” En Nacionalismo y Militarismo. “El oficio de la guerra. los militares se mostraron como la única fuerza política organizada. así se muestran como un ente incorruptible y con una misión de desarrollo entendido por los militares creadores de la Doctrina de seguridad nacional como el crecimiento continuo de la capacidad del poder nacional17 Los elementos expuestos en líneas anteriores y que son las estructuras modulares de la Doctrina de la Seguridad Nacional. sino en la consolidación del modelo de democracia y representación. La aplicación de la doctrina de la seguridad nacional por parte de las dictaduras burocrático .Ahora bien. Costa Luis A.autoritarias dio paso no a la legitimación pero si a la justificación de acciones represivas para mantener el orden de la sociedad. el primer hecho.
. fue el lento resquebrajamiento de la experiencia política llamada Frente Nacional y que tuvo repercusiones importantes no solo en la organización institucional del Estado. 17 COMBLIN.
20 ORTIZ. “Síntesis de historia política contemporánea” En Colombia Hoy.
18 LEAL. pp 37. situación que permitió a los militares un desmarque frente a los partidos. comenzó el proceso de orientación de la institución de un control rural a uno urbano. del Frente Nacional a la posguerra fría”. 19 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
. “Compilaciones de disposiciones legales vigentes 1964 – 1965”. quedó de forma más o menos subordinada a las directrices de las fuerzas armadas20. Además.Ley 3398 o Estatuto para la Defensa Nacional de 196519en la justificación e institucionalización del concepto de seguridad al considerar la defensa de la nación como una tarea en la que el cuidado de los habitantes y sus recursos era la prioridad y en la que debían estar involucrados todos los colombianos. “La seguridad Nacional a la deriva. Imprenta de las Fuerzas Militares. Además. “Las relaciones civiles – militares en Colombia: control democrático de las fuerzas armadas en el contexto de un conflicto interno” En Olmeda. 1970.Para las fuerzas militares el Frente Nacional permitió el rompimiento de las lealtades de esta corporación frente a los partidos políticos. quienes estimulados por el reparto paritario de la burocracia estatal. Siglo XXI Editores. pp 267. además. reorganización del Consejo Superior de la Defensa Nacional y funciones de asesoría en la Defensa Nacional. Otro aparte del Decreto y que es de gran importancia para el tema que estamos analizando es la creación del Ministerio de Defensa Nacional cuya titularidad estuvo a cargo de un oficial militar de rango general encargado de crear y ejecutar los planes de seguridad exterior y nacional. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. 2005. este cambio incluyó entrenamiento de los oficiales en los Estados Unidos. Román. José (Compilador) “Democracias frágiles: las relaciones cívico – militares en el mundo Iberoamericano”. Bogotá. A partir de este hecho los gobiernos expidieron dos normas principales para reorganizar la Policía. Bogotá. Ediciones Tirant lo Blanc. A pesar de la ausencia de una política estatal coherente frente a la seguridad. permitieron a los militares adquirir cierta autonomía política. pp 215. 21 ARRUBLA. 1980. dentro de sus competencias incluyó el control del cuerpo de la Policía Nacional con lo que está institución encargada de la seguridad interior. que se refleja en el manejo del orden público y en la conservación y adquisición de prebendas institucionales18 Ahora bien. Valencia. debemos resaltar la importancia que tuvo el Decreto. Francisco. noción propia del “nuevo militarismo”. Tomo V. la primera en 1966 donde a través del Decreto 1667 se creó el primer estatuto orgánico de la Policía nacional y se inició la institucionalización del área investigativa especialmente de la policía judicial. este proceso coincide con la profesionalización y modernización tecnológica de esta institución enmarcada en lo que se ha denominado la revolución estratégica. pp 584. una ideologización anticomunista a través de manuales y publicaciones internas y planes de asistencia cívico – militar. Mario. Op Cit.
situación que demuestra la militarización de la Policía y la policivización de los militares. demostrando no solo la impotencia de las medidas antinflacionarias sino la fuerza de la clase empresarial colombiana para actuar: “Como un solo cuerpo incluso en los hechos y en las políticas económicas más inmediatos21” Este fenómeno inflacionario afectó a las masas urbanas que para los años setenta eran mayoría en el país y que estaban sensibilizados y en otros casos radicalizados respecto a la necesidad de una transformación real del Estado. cívicos y estudiantiles22 los cuales fueron determinantes en el paro Cívico Nacional de 1977 cuando movimientos y organizaciones sindicales tradicionales y de orientación más radical se unieron como un frente común de lucha popular. No 176. En Revista Controversia. campesinos. El segundo hecho. General Camacho Leyva al Presidente López Michelsen donde se le exige que tome medidas urgentes para que la institución militar pueda hacer lo necesario para defender la nación. los 14 muertos y 31 heridos que dejo la movilización así como el asesinato del ex ministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas a manos de un Comando de la Autodefensa Obrera (ADO) demostró el grado de radicalización social del país.Estos esfuerzos de profesionalización y modernización de la institución Policial bajo la influencia de los militares producto de la concepción de la seguridad nacional. “Las luchas sociales del postfrente nacional”. No sorprende entonces la declaración hecha por parte de 33 generales y almirantes encabezados por el Comandante de las Fuerzas Militares. posibilitando la confusión de funciones entre estas instituciones y los ámbitos de seguridad que deben defender. Mauricio. Bogotá. CINEP. permitió el uso de esta institución para la ejecución de tareas propias de la actividad militar.
Instrumentalización del estatuto de Seguridad
ARCHILA. será durante el Gobierno de Julio Cesar Turbay donde estas medidas se instrumentalizaran a través del Estatuto de Seguridad. pp 14.
. sin embargo. es la ola inflacionaria que caracterizaba la economía nacional desde 1970 y al que el Presidente Alfonso López quería reducir sin un elevado costo político y social. De esta forma los movimientos sociales más visibles en la época eran los laborales. la bonanza cafetera y el crecimiento de los ingresos del sector exportador permitieron una elevada circulación de dinero con un aumento desmesurado de los precios por parte de la clase empresarial. Abril del 2000. Si bien el paro cívico de septiembre de 1977 se había planteado por parte de los trabajadores como una expresión más del repertorio de acción de estos grupos. Sin embargo. Es claro entonces que la autonomía militar había llegado a su punto más alto de maduración y que la coyuntura política y económica así como la profunda ideologización y politización anticomunista de las Fuerzas Armadas Colombianas hicieron que estas ejercieran presión sobre el gobierno para poner en marcha estas medidas de protección de la seguridad nacional.
la instrumentalización del Estatuto (primera variable independiente) puede explicarse a través de las relaciones cívico – militares. en la que los primeros no intervenían y se sometían al poder civil a
REYES. 1978. Así con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia se declaró exequible el Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978. el Estado de sitio en la teoría política y en la historia de Colombia”. 26 ORTIZ. pp 585. Itinerario de una historia. Bogotá. pp 58. con el consecuente exceso del ejercicio de las atribuciones gubernamentales. “El Estado de sitio prolongado y el Estatuto de Seguridad frente a la Constitución.
. Op Cit. pp 16. conocido como el Estatuto de Seguridad un mes después de que Julio César Turbay Ayala tomara posesión como presidente en unas elecciones que se caracterizaron por tener una abstención del 70% y con un 3%24de los votos sobre su contrincante del partido conservador Belisario Betancourt. aumentaban las penas en las acciones relacionadas con el orden público. Op Cit. especialmente del ejército. En Derechos Humanos en Colombia 25 años. la rama castrense dominante debido a la estructura interna de la institución donde se le dio más relevancia a este último que al concepto de Estado Mayor Conjunto. CINEP. Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos. Ahora bien. se ejerció cierta presión sobre los magistrados que se pronunciaron en contra por parte de una organización conocida como la triple A (Alianza Anticomunista Americana). el atropello de las normas jurídicas y la violación de las garantías judiciales y de los derechos humanos contenidos en la misma Constitución. “La Prehistoria del Estatuto de Seguridad”. al tener este un número mayor de componentes26. En otras palabras.
REYES. Roman. Mauricio. Alejandro. Bogotá. 2004. 24 ARCHILA. amenazas que hacían temer a los juristas que se acabará de una vez con los pocos vestigios del Estado de Derecho a través de un golpe militar25. La ausencia de una política militar estatal permitió crear una especie de alianza entre militares y la clase política gobernante.Esta coyuntura favoreció y reforzó el uso de la figura del estado de sitio o excepción por parte del Jefe del Estado para hacer frente a graves situaciones de orden público que no pudieran ser resueltas por medio de los mecanismos ordinarios que dispone el Estado y por esencia limitada y de breve duración23. No 70 /71. Alcaldes y Comandantes de Policía y permitía el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares. En Revista Controversia.
Es importante señalar que durante el proceso de estudio de la exequibilidad del Estatuto. El Estatuto de seguridad estaba conformado por 16 artículos que reforzaban la ley penal existente. sirvió para ampliar las competencias militares en el mantenimiento de la seguridad tanto nacional como interna. pp 73. Echandia Alfonso. daban atribuciones y facultades judiciales a los inspectores de Policía.
se creaba el delito de perturbación del orden público y se ampliaron las modalidades del delito de asociación para delinquir con lo que delitos comunes fueron juzgados por tribunales militares. más que sustentarse en un ejercicio de contrapeso entre los militares y los organismos de control civil como el Congreso o el Ministerio de Defensa. 1978.cambio de que se cumplieran con cada una de las demandas referentes a asuntos estratégicos. en este caso Turbay Ayala. se censuró a los medios de comunicación al impedir transmitir por radio y televisión informaciones o declaraciones relativas al orden público. el contrapunto civil para ampliar la influencia de las fuerzas armadas y su estrategia de seguridad nacional e interna que en cabeza del Presidente por parte de los civiles y el General Luis Carlos Camacho Leyva por parte del estamento militar. el estatuto limitó al máximo las garantías procesales de defensa en el caso de la detención. No 191. Sin embargo. encontró en la influencia política del poder ejecutivo. huelgas.28 Con la ampliación de sus funciones y esa difusa frontera entre la influencia del poder civil y militar. Op Cit. el estatuto amplio en tres o cinco años las sentencias de la mayoría de los delitos y entregó nuevos campos de conflicto a la administración directa de la Policía como fue la sanción del delito de la contravención que al no ser definido claramente se aplicó de forma represiva e irregular. Bogotá. Roman. paros cívicos y otro tipo de acciones colectivas. el cual era su objetivo principal.27 Así. En cuanto al aumentó de penas. lo cual demuestra la superposición por parte de la institución militar y policial de los ámbitos de seguridad nacional e interna en la normatividad del estatuto de seguridad. convergieron en apoyar una política de seguridad enmarcada en los parámetros de la Seguridad Nacional de fines de los setenta. financieros y humanos en su lucha contra los grupos insurgentes. pp 2. pp 582 “Declaración de Guerra”. el estamento castrense encontró a través de las misiones asociadas a la lucha contra la guerrilla una puerta para ampliar la influencia en la orientación política del Estado. Este primer paquete de medidas se complementó con la promulgación del decreto 2144 de 1978 que le dio al ejército la tarea de controlar las aduanas. Así mismo. el decreto 0070 de 1978
ORTIZ. Además.
. en REVISTA ALTERNATIVA. ya que como afirmó Turbay en un discurso en la ciudad de Medellín: “Sin los militares es imposible gobernar y hoy encontramos que en todas partes esta empresa de paz y progreso esta bajo el control de las fuerzas militares y de las autoridades legítimamente constituidas. lo cual atentó contra el derecho a estar informado y permitió ahondar en un clima de autocensura. el allanamiento de muebles y la garantía del debido proceso especialmente en la relación con las sentencias que dictaban los Comandantes de las fuerzas armadas que en la atribución de nuevas competencias les permitió juzgar delitos de tipo político como manifestaciones.
los interrogatorios y las desapariciones como es el caso de Omaira Montoya la primera desaparecida de la que se tiene información y en las ejecuciones de ex – presos políticos como el caso de José Manuel Martínez Quiroz hallado asesinado en un basurero entre la vía Bogotá – Sibate con signos de tortura y los ojos vendados31 Hechos como estos demuestran que en los primeros meses de aplicación del estatuto se mostró una progresiva militarización de los estamentos judiciales y educativos con la consecuente polarización de la sociedad. Investigación publicada en el libro “El Terrorismo de Estado en Colombia”. Elsa. pp 1 A Y 9 A. BLAIR. “Las Fuerzas Armadas una mirada civil”.
.. había dado instrucciones de mantener bajo permanente seguimiento a este hombre. se volvió a recurrir al sentido de salvación nacional para legitimar y justificar las acciones del ejército. la puesta en marcha del Estatuto contó con el apoyo no solo de las elites económicas y políticas sino de un amplio sector de la clase media colombiana que encontraban en el Estatuto un refuerzo al sistema jurídico y a la labor de las fuerzas armadas. las requisas.en el que se amplió las facultades para interrogar y detener al que se considere sospechoso y el decreto 2482 de 1979 que le dio a los tribunales militares la capacidad de suprimir la lectura de los expedientes en los consejos de guerra a civiles.
EL TIEMPO. 1992. en el que se revela que el oficial Molano como jefe de inteligencia del Ejército. que se vio agudizada en los años 1979 y 1980 con la irrupción en el panorama nacional del movimiento guerrillero de tipo urbano M19 y sus acciones espectaculares como el robo de armas al ejército en un batallón conocido como el Cantón Norte y la toma de la Embajada de República Dominicana a principios de 1980 que tuvo una fuerte respuesta por parte de los militares que se sintieron burlados en su orgullo y en su función primordial. pp 135. Bogotá. ya que como afirmaron los lideres de los gremios económicos: “queremos hacer explícito reconocimiento de la obra reparadora de las Fuerzas armadas que en su encargo de defender la nación deben tener el apoyo solidario y permanente de todos los estamentos sociales29” Estas declaraciones se anudaban a la posición del sector más conservador del país que a través de los medios de comunicación alababan sus palabras ya que “mensajes como estos estimulan al régimen frente a los mensajes de los movimientos internacionales amigos de la izquierda30 refiriéndose a los editoriales de revistas como Alternativa o declaraciones de intelectuales y profesores de diferentes universidades públicas del país. Ahora bien. Identificados los actores y en el contexto de interpretación más fiel de la Doctrina de la Seguridad Nacional se iniciaron los allanamientos. es decir.
Según investigaciones de organizaciones de Derechos Humanos hay indicios que comprometen al General del Ejército Pedro Nel Vanegas Molano en esta ejecución. Bogotá. Ediciones NCOS. Editorial CINEP. 1993. entre ellos el oficio No 0941/CDE2-INT-726 de mayo 12 / 78. 3 de Marzo de 1979. Bruselas.
del frente Nacional a la postguerra fría”. Para finales de 1981. pp 6. ya que en su opinión era necesario que el estamento político supiera garantizar unas mejores condiciones de vida a la gente si sinceramente quiere combatir el fermento revolucionario34. 1979. pp 60. PERIODICO EL ESPECTADOR. Bogotá. el desgaste de la legitimidad gubernamental y el deterioro de la imagen de los militares producto de las denuncias de las prácticas ilegales hicieron que Turbay en el final de su periodo de gobierno y con la intención de bajar el tono bélico creara una comisión de paz que empezó a explorar la posibilidad de buscar negociaciones y acuerdos con los grupos subversivos. Bogotá. que en declaraciones a los medios de comunicación y en diferentes discursos aseguró que el país lo que debe esperar no es levantamiento sino el reforzamiento del Estatuto de Seguridad por que yo no soy de la escuela que prohíja aflojar las amarras de la ley32. militares retirados como el General Puyana García criticaron el uso del estatuto de seguridad para acabar con la situación crítica que vivía el país. pp 6. en REVISTA ALTERNATIVA. Op Cit. Aunque la mayoría de los sectores civiles apoyaban el Estatuto de Seguridad de forma irrestricta. Aunque el continente estaba viviendo una coyuntura de amortiguación de los efectos de la doctrina de la seguridad fruto del principio de los procesos de redemocratización en los países del cono sur. 1979.
LEAL. 1978.
. los militares colombianos se hallaron en una posición ambivalente ya que después de defender y aplicar con ahínco los principios de la seguridad nacional. No 199. Bogotá. algunos jerarcas de la Iglesia católica como Monseñor Dario Castrillon criticaron esta herramienta a la que califico como una puerta para la represión oficial que puede golpear muy seriamente al pueblo colombiano.Los excesos de represión y los primeros indicios sobre torturas y desapariciones permitieron un giro en las relaciones político – militares ya que la clase política empezó a ver con miedo el curso de las acciones militares y la figura del General Camacho Leyva. pp 1 A y 11 A.35 Estas declaraciones agravaron la crítica relación entre el estamento militar y no solo la clase política sino la sociedad civil que asistía con preocupación al deterioro de su seguridad y la visibilidad de las prácticas represivas que erosionaron la legitimidad de un Estado que tiene en la figura del Presidente a su componente más importante.. “La seguridad Nacional a la deriva. en REVISTA ALTERNATIVA. en REVISTA ALTERNATIVA. Bogotá. No 191.) las autoridades encargadas de combatir los fenómenos de la subversión y el terrorismo se han desbordado gravemente hasta poner en peligro las libertades y garantías individuales que consagra en la carta33. Además. Paralelo a las críticas de ciertos sectores de la élite política. No 21. se resistieron a apoyar el trabajo de la comisión y el levantamiento del Estado de sitio que dejaba inoperante el estatuto de seguridad36
“Manda decir mi General”. el senador por el Partido Conservador Federico Estrada Velez en una plenaria en el Senado afirmó que la actual situación del país ha tomado características de una dictadura constitucional (.. “Declaración de guerra”. 3 de Agosto de 1979. Sin trabajo no hay seguridad”. Francisco. pp 3..
REVISTA DE LAS FUERZAS ARMADAS.37 Ahora bien. Ejemplos como estos demuestran que los grandes debates teóricos sobre la seguridad estaban fuera de su interés. las detenciones y el clima de tensión social que caracterizó esta época. Ejemplo de ello es la Revista de las Fuerzas Armadas donde se publicaron artículos en donde sé explicitaba que “las manifestaciones exteriores del fenómeno revolucionario en Colombia tienen su origen en la acción soterrada o semiabierta del partido comunista Colombiano”38.
. No 83. Esta situación permitió que los militares interpretaran que cualquier acción por parte de cualquier actor era una amenaza a la seguridad tanto nacional como interior. En ese orden de ideas podemos explicar que las instituciones militares en su proceso de justificación teórica e ideológica de la Doctrina de la Seguridad a la realidad colombiana fueron ambiguas en la construcción de las medidas de control social.. al punto de identificar éste concepto con una gran variedad de formas de protesta que eran legítimas y legales lo cual produjo la represión. Mayo – Agosto. Op Cit. pp 210. 1976. Bogotá. Elsa. lo cual se explica por la yuxtaposición por parte de las fuerzas armadas de funciones propias del ámbito policial con la consecuente ideologización de las acciones y delitos que eran propios de la seguridad interior.Con el fin del gobierno de Turbay se produjo un cambio en las relaciones cívico – militares consecuencia no solo de la difícil situación interna que había generado la instrumentalización del Estatuto sino los cambios políticos internacionales como la política de protección de los derechos humanos del presidente Norteamericano Carter y el apoyo de Estados Unidos a Inglaterra en la guerra de las Malvinas en 1982 que demostró la fragilidad del TIAR y generó en las instituciones militares la necesidad de cuestionar la aplicación que se había hecho del concepto de seguridad nacional y en el caso Colombiano la necesidad de volver la acción militar hacia las fronteras. la instrumentalización del Estatuto de seguridad se justificó y asentó bajo la ideologización de un anticomunismo propio del discurso de la Doctrina de la seguridad nacional. Una situación que nos puede explicar estos hechos fue el Consejo de
BLAIR. pp 139. la puesta en marcha del Estatuto de seguridad con este tipo de ideologización amplió excesivamente el concepto de subversión. hacia “afuera”. Ahora bien. lo que realmente importaba era el estudio doctrinario y la adaptación de medidas de control social frente a cualquier situación en que la seguridad nacional identificada como los intereses vitales de la nación.
en REVISTA ALTERNATIVA. Otro espacio objeto de esta ideologización anticomunista fueron los medios de comunicación de oposición que eran considerados por parte de las autoridades militares como subversivas. Es en este contexto político y militar donde se desarrollo la XIII Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos en 1979. “Informe sobre el derecho de informar y ser informado: delitos de opinión y censura a los medios de comunicación en Colombia”. 25 años. “El poder militar en Colombia”. 41
PERIODICO EL ESPECTADOR. pp 13 A. 1982. Acciones como estas confirmaron la postura de los oficiales del ejército que consideraron que la estrategia subversiva.
. Ediciones Expresión. Bogotá. ejemplo de ello fue la censura de la radiodifusora Todelar o los allanamientos de las sedes del periódicos y de la Revista Alternativa42. Bogotá. busca infiltrarse en todas las instituciones nacionales. No 193. pp 319 – 320. Con el desarrollo del Estatuto en los años siguientes y las acciones “espectaculares” del movimiento guerrillero M – 19 se profundizó en la postura ideológica de las instituciones militares que en medios de opinión masivos aseguraron en una reflexión teórica muy ingenua que: “Si usted es un hombre honrado. En Derechos Humanos en Colombia. 1978. un hombre que no es subversivo ¿por qué va a estar contra el Estatuto de Seguridad?40 De esta manera todos los colombianos que no cumplieron estas características fueron considerados subversivos y en el contexto de la Doctrina de la seguridad un enemigo interno contra el que se debía combatir lo cual llevó a detenciones masivas en sectores como los estudiantiles. Julio 17 de 1981. pp 64. declaraciones como la del Jefe de Estado Mayor del Ejército General Lema Henao y el Ministro de Defensa que acusaron al comité central del partido comunista de ser promotores de la subversión41no ayudaron a mejorar la imagen de la institución militar. Comandante de la Brigada de Institutos Militares. Op Cit. un hombre que cumpla las leyes. desde la simple célula familiar hasta los mismos organismos del Estado. Itinerario de una historia”.
ROSSI. pp 4. Junto con este plan. los Comandantes del ejército discutieron la situación de Colombia que presentaba condiciones interesantes en la lucha contra la subversión y en el desarrollo
“A escarmentar se dijo”. Luis Carlos. Bogotá.Guerra que se les hizo a cuatro estudiantes de la Universidad Pedagógica de Bogotá por participar en un mitin de solidaridad por Nicaragua y a los cuales arrestaron lejos del mitin y cuando este había terminado39. sorda y clandestina.
40 Entrevista al General Miguel Vega Uribe. un hombre que cumple las normas que rigen la sociedad. Bogotá. académicos e indígenas. en donde se discutió y acordó el plan propuesto por el General Viola de Argentina de luchar conjuntamente contra la subversión comunista43 que sentará las bases de la conocida Operación Cóndor. Además. 9 de Septiembre de 1979. pp 7 A. Bermúdez Gonzalo. Periódico El Tiempo.
Bogotá. la creación por parte de Turbay a finales de su gobierno de una Comisión de Paz encargada de explorar un diálogo con los grupos guerrilleros. Cauca o Putumayo. las Fuerzas armadas se ven precisadas a ejercer el poder45”. El segundo hecho fue la apertura por parte del Congreso Nacional de un proceso de investigación al ejército sobre el exceso de acciones represivas en las zonas rurales y la violación de los derechos humanos. decide debido a la polarización de la opinión pública y a la consolidación del tema de los derechos humanos en la plataforma electoral del partido conservador. Idem. año en que el Presidente Turbay en las postrimerías de su gobierno. pp 5.de la Doctrina de la Seguridad Nacional frente a la acción sedicente de los mercenarios supranacionales que sólo profesan obediencia a ideologías foráneas44. Acto seguido. Es claro entonces que la ideología anticomunista que sustento la creación del Estatuto por parte de los militares Colombianos no había sufrido quiebre alguno en 1982. acabar con el estado de sitio y por ende con el Estatuto de Seguridad.
. Además. 1979. situación que en el contexto colombiano le dio a los militares una autoatributación de salvadores de la nación y la moralidad ya que están insertos en una lucha mundial en defensa de los valores de la patria La postura ideológica de los militares se radicalizó a principios de los años ochenta gracias a dos hechos: el primer hecho. No 238. fue el incremento de las acciones militares del M – 19 como él desembarcó en 1981 de unos cien guerrilleros en las costas del pacífico para establecerse en zonas de Caqueta. más que alabar el modelo de las dictaduras militares lo que hizo fue justificar el funcionamiento del ejército como vigilantes ideológicos. la existencia en el territorio colombiano de múltiples movimientos guerrilleros que tenían lazos de solidaridad con los proyectos insurreccionales de Centroamérica permitió a los militares seguir sustentando su postura
“Comandantes de todos los países uníos”. Este cambio se explicaba en el contexto que vivía la región de sustitución de los gobiernos militares por regímenes democráticos especialmente en los países del Cono Sur con el consecuente desmantelamiento de los preceptos de la Doctrina de la Seguridad Nacional. fue interpretado por parte de los militares como un retroceso en el proceso de liquidación de los movimientos subversivos y de los enemigos de la seguridad de la nación. Sin embargo. el presidente Turbay afirmó que “en los casos extremos en los que ante un ostensible vacío político que necesariamente conduce a la anarquía generalizada. limitando desde la óptica de las fuerzas armadas su acción castrense y la legitimidad a la función y medidas del Estatuto debido a que una de las sugerencias de los integrantes de la Comisión fue levantar el estado de sitio e iniciar un proceso de amnistía. pp 5. lo cual evidenció que a pesar de las limitaciones el poder legislativo no era irrelevante en el escenario político. en REVISTA ALTERNATIVA.
justificando una interpretación maniquea de malos contra buenos restando así la posibilidad a una vía alternativa. pp 253. Para que la instrumentalización del Estatuto fuera completa requirió la ocupación y administración por parte de los militares de espacios institucionales. especialmente del ejército. los militares colombianos en su aprehensión local de estos principios doctrinarios.ideología anticomunista a pesar del proceso de distensión internacional que se estaba viviendo. reconceptualizó el concepto de enemigo interno en una coyuntura histórica interna que polarizó las posiciones de los diferentes actores dificultando no solo la solución pacífica al conflicto sino que permitió el nacimiento de los primeros grupos paramilitares como Muerte a Secuestradores (MAS). En este caso. Algunos antecedentes de cómo los militares iniciaron el proceso de consolidación del cuerpo de la Doctrina de la Seguridad en las instituciones lo encontramos en las tareas complementarias que los militares hicieron en áreas de administración civil como fue su participación en el Consejo Nacional de Seguridad creado en 1972 a través del Decreto ejecutivo 2046 donde se creaban y coordinaban las tareas de orden público y seguridad. Muerte a Revolucionarios del Nordeste o Boinas Rojas46 especialmente en las zonas rurales que fueron interpretadas por los militares como áreas de base social de la guerrilla. Para terminar. Esta sobreideologización de las fuerzas militares. Nos encontramos ante una estrategia muy clara por parte de las fuerzas militares de salvaguardar y vigilar el cumplimiento de los objetivos nacionales frente a cualquier amenaza por parte no solo de los grupos subversivos sino de grupos o movimientos sociales y políticos que pudieran influir o interferir en la construcción de los programas
. aplicando uno de los principios más importantes de la Doctrina de Seguridad. Op Cit. el Estatuto de seguridad desde su ámbito ideológico se asentó en los principios de la militarización de la ideología anticomunista que había liderado los Estados Unidos y que encontró en los militares colombianos unos disciplinados socios debido a la situación política del país y a la aprehensión que las fuerzas armadas hicieron de este discurso para el país. Otra de las tareas del Ministerio de Defensa que se explica en la organización y aplicación de los principios doctrinarios consistió en la clasificación por parte de los militares de toda la documentación oficial del gobierno e instituciones estatales relacionada con la seguridad nacional. ocuparon el ámbito de la administración de la justicia y la vigilancia y control de las instituciones educativas públicas. Federico.
a la Doctrina de la Seguridad Nacional.
. se extendieron las competencias de la justicia penal militar para juzgar delitos como el contrabando o el tráfico de estupefacientes que correspondían a los jueces civiles47y se dificulto la aplicación del Habeas Corpus al suspenderse la garantía de que otro juez verificara la legalidad de la captura. el hecho de controlar este ámbito de la justicia les dio la opción de usar la represión entendido como requisas. El hecho de que civiles fueran juzgados por militares demostró no solo la militarización del sistema y el aparato judicial colombiano sino la creación de un Estatuto que fue una mutación de diferentes sistemas penales de hecho49que violaron las normas jurídicas y las garantías procesales existentes por parte de las autoridades militares y policiales. “La Justicia Militar y el juzgamiento de los civiles”. Universidad Autónoma de Colombia. “La Cara oculta del Derecho”. además. amplio su competencia bajo el artículo 170 dándole a los comandos militares la competencia excepcional del juzgamiento de los civiles por delitos relacionados con la seguridad. Op Cit. Alejandro.
48 BARRERA. cercanos como se ve. En Derechos Humanos en Colombia 25 años.
49 VAZQUEZ. En Revista Criterios. Op Cit. Humberto. lo cual en una finalidad preventiva y de seguridad de la nación permitió adecuar las armas
REYES. interrogatorios o torturas para lograr avances en su lucha contra la subversión para preservar la seguridad nacional. Carrizoza Alfredo. pp 82.y planes de acción de los gobiernos y que fueran contrarios o alejados de los principios que ellos defendían. Además. estableció nuevas modalidades de delito como la asociación para delinquir o la perturbación del orden público que paso de ser una contravención a tener un castigo de 1 a 5 años. pp 30. De esta forma la política de la seguridad nacional se consolido en todo el espectro institucional como uno de los vértices de la acción militar que vio en el poder judicial uno de los espacios más difíciles de supervisión y de fácil manipulación por parte de los enemigos de la nación debido a la interpretación que de la norma hacen los jueces o los abogados. sin fecha. pp 42. limitado y ocasional y que se usa como un elemento auxiliar para conservar la disciplina y la jerarquía de la institución armada. Estas medidas como se ha dicho antes.48 Estas competencias le dieron a las fuerzas armadas colombianas la responsabilidad y la legitimidad de acusar y dictar sentencias sobre la situación jurídica de muchos Colombianos que bajo la óptica de la Doctrina de la Seguridad fueron considerados enemigos internos. Itinerario de una historia. Centro de Investigaciones Socio – Jurídicas. A partir de esta premisa los militares incorporaron en el corpus del Estatuto de Seguridad una serie de medidas de emergencia en la justicia. ampliaron las penas para casi todo los delitos relacionados con el control del orden público y la seguridad especialmente en delitos como el secuestro. De esta forma el carácter de la Justicia Penal Militar que es especializado.
Este hecho. las Fuerzas Armadas Colombianas intentaron también controlar y
“Se acabo la defensa”. sino desde su perspectiva y siguiendo los preceptos de la Doctrina de seguridad un ente más eficiente e incorruptible legitimando de esa forma su papel como gobernantes. en REVISTA ALTERNATIVA. Es necesario aclarar que el Estatuto no define claramente cuales son los delitos que competen a la esfera de la seguridad nacional y a la de seguridad interior.
. estas no fueron las únicas competencias que se le dieron a los militares ya que en 1979 el gobierno expidió dos Decretos complementarios al Estatuto. REYES. Aunque la ocupación de la institución judicial es el ámbito más claro donde los militares aplicaron la militarización e ideologización propias de la Doctrina de la Seguridad Nacional. permitió que los militares interpretaran delitos o intentos del mismo como violatorios del Estatuto y por ende de la seguridad de la nación. razón que usaron los militares para interpretar desde la postura ideológica anticomunista estos hechos dándoles a delitos comunes la categoría de amenazas a la seguridad nacional y a las personas involucradas como enemigos internos. No 235.del régimen ante las contradicciones políticas. Alejandro. Ahora bien. Ante este panorama podemos deducir que a los militares se les entrego la administración directa de justicia sobre diferentes delitos contra el régimen constitucional51y la seguridad del Estado. Op Cit. pp 109. pp 16. Bogotá. 1979. Es claro entonces que los militares Colombianos pretendieron desde la ocupación de la institución judicial hacer no solo una instrumentalización más eficiente del Estatuto de Seguridad. económicas y sociales que significaba el fin del Frente Nacional como experiencia interna y a la situación internacional de la región donde se aplicaron los principios de la Doctrina de la Seguridad a través de las dictaduras burocrático – autoritarias. el decreto 2289 de 1979 determinó el envío a la isla Gorgona a los condenados en primera instancia por los delitos de homicidio y asesinato con la sola petición del presidente del Consejo de Guerra y el decreto 2482 en el que se elimino la lectura de los expedientes recopilados durante la investigación siendo leídos únicamente el concepto del Auditor de guerra y las piezas procesales que soliciten los vocales militares50 Otro ejemplo de ocupación de la institucional judicial por parte de los militares colombianos lo vemos en la creación por Decreto de una Corte Suprema de Justicia Militar y una Procuraduría General de las Fuerzas Armadas que bajo el Estado de sitio le dieron a estos organismos la posibilidad de juzgar delitos de la justicia ordinaria debilitando la institución judicial y por ende las estructuras que cimentaban el Estado de Derecho del país.
no podrían transmitirse por radio ni TV informaciones. “Sucursal de la BIM”. No 242. Enero 20 de 1982. Año 2. Pedro. pp 1 A Y 10 A. pp 21.) de esta forma sería aconsejable revisar los textos y planes educativos y prevenir la infiltración de adversos educadores como parte sustantiva de la estrategia contrarrevolucionaria por lo tanto la vigilancia de la educación debe ser más prioritaria55”. pp 20.
.ocupar la educación y los medios de comunicación. Para terminar haremos una referencia a los medios de comunicación que a través del Estatuto fueron objeto de control por parte del ejército aunque como en el caso educativo y judicial no se dio una ocupación y administración completa de los mismos. Sucursal de la BIM”. Bogotá. estructurándola en todos los estamentos de la nación con base en los principios. En Revista Panorama. crear. En cuanto a la institución educativa más que una ocupación directa por parte de los militares se promulgaron a través de declaraciones de funcionarios del gobierno advertencias públicas a los gobernantes y a la sociedad en general sobre como la educación pública y privada estaba abierto a la infiltración comunista tal como lo afirmó el Ministro de Educación Carlos Albán Holguín al asegurar que “esa infiltración comunista es evidente en la educación y afecta a algunos centros universitarios. 1979. Ahora bien. (.
SANTANA. demuestra el grado de militarización de la Universidad y el enfoque ideológico con que el ejército y la policía leía el establecimiento académico nacional.. No 224. colegios y escuelas públicas52” De esta forma el ejército y la policía iniciaron un proceso más de vigilancia de los estudiantes y profesores de las universidades públicas que de control del sistema y los programas educativos del país. quien consideró que “era necesario dentro de la estrategia global antisubversiva. la Universidad Nacional se convirtió en objeto de militarización en 1979 con la instalación definitiva de tropas en los predios universitarios y con la construcción de una malla que rodeo la institución y permitió el control por parte de los militares de toda la gente que entraba y salía del recinto53. No 5. en las postrimerías de 1982 la acción que los militares han hecho sobre la institución educativa se redefinió con la llegada a la Comandancia del ejército Nacional del General Fernando Landazabal Reyes. Ahora bien. así como la implementación de un régimen especial de validaciones para estudiantes y uno de evaluaciones académicas para los profesores con el objetivo de depurar e identificar el tipo de orientación académica. Enero – Marzo de 1982. “Los militares quieren vigilar la educación”.. organizar y dirigir la educación para la paz. pp 13. 1979.
PERIODICO LA REPUBLICA. Uno de los artículos del Estatuto de Seguridad dirigido a las comunicaciones señalo que mientras subsista la perturbación del orden público (entendido como la defensa de la seguridad de la nación). Bogotá. la creación y funcionamiento de un cuerpo especial de vigilancia interna liderado por dos oficiales retirados del ejército54.. Bogotá. normas e ideales dignos de conservar y defender. en REVISTA ALTERNATIVA. en REVISTA ALTERNATIVA. Así.
“Informe sobre el derecho de informar y ser informado: delitos de opinión y censura a los medios de comunicación en Colombia”. el control de los espacios educativos y los medios de comunicación. o noticias que inciten al delito o hagan su apología56. El tercero y último. En Derechos Humanos en Colombia. en REVISTA ALTERNATIVA. No 200. donde hacía una crítica al Estatuto y a las acciones represivas de los militares58. Para concluir. Bogotá. 1978. los periodistas vieron restringidos sus informes e investigaciones. Bogotá. Además. que veía con temor la apertura real del espacio político a otros partidos. En el ámbito ideológico. pp 4. 1979. comunicados o comentarios relativos al orden público. No 179. Así en 1979 fueron multadas o suspendidas 23 emisoras radiodifusoras y se mutilaron programas de opinión y noticieros de la televisión57. la agudización de los movimientos sociales y de los grupos subversivos consecuencia de las transformaciones políticas y económicas. el de las relaciones cívico .
. 25 años. los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Con la aplicación estricta de este aparte. Itinerario de una historia”. 58 “Abajo las vías de hecho”. Op Cit. al que se le censuro su columna en el periódico El Tiempo llamada ¡Abajo las vías de hecho!. usando para ello acciones represivas. la censura y veto a artículos de opinión se convirtió en un hecho normal como fue el caso del periodista Daniel Samper Pizano. en REVISTA ALTERNATIVA. Alcances del estatuto de Seguridad Respecto a los alcances del Estatuto (segunda variable independiente) cabe preguntarnos los alcances de las acciones represivas de las fuerzas militares y policiales colombianas durante la aplicación del Estatuto de Seguridad. además fueron objeto de vigilancia y censura de sus artículos periodísticos de forma directa o indirecta.64. pp 63 . nos evidencia la interiorización y aprehensión que los militares Colombianos habían hecho de la ideología anticomunista y la sobreideologización del concepto del enemigo interno justificando la necesidad de aplicar para mantener la seguridad de la nación.
57 GALAN. Se analizara entonces como la instrumentalización del Estatuto por parte de las fuerzas del Estado permitió un modelo de “represión legal” que se distinguió por diferentes tipos y grados
“Turbay se militariza”. con la consecuente “ocupación” de algunas de las funciones de diferentes instituciones del Estado como fue la de la administración de la justicia. Luis Carlos. al cese de actividades o a paros o huelgas ilegales.militares fue posible gracias al eco que la postura ideológica de los militares encontró en la clase política gobernante colombiana. El principio de una autocensura. la instrumentalización del Estatuto de Seguridad se dio en estos tres ámbitos: el primero. pp 8.declaraciones. el de la ocupación y administración del Estado se dio en una coyuntura política que permitió a los militares incorporar a través del articulado del Estatuto de Seguridad los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
“El año de la tortura”. allanamientos y desaparición de personas especialmente dirigentes sindicales.de prácticas violatorias de los derechos humanos enmarcadas en medidas legales expedidas y ratificadas por el gobierno. 1979. periodista.245.
“Cada día menos”. a las cuevas de Sacromonte que eran parte del Batallón Escuela de Comunicaciones en la ciudad de Facatativá y el Batallón Pichincha en Cali61. Este hecho permitió la intensificación de esta herramienta con la creación por parte del ejército de enormes listas de personas que podían ser detenidos bajo la premisa de ser sospechosos sin ningún tipo de certeza probatoria y que debían ser aprobados por el Consejo de Ministros. El Presidente Turbay facilitó a las Fuerzas Armadas la estructura del Estado para que aplicaran en una imitación de “ocupación” del Estado algunos de los preceptos de la Doctrina de la Seguridad Nacional. líderes de movimientos sociales e indígenas. tres meses después del robo de armas el Consejo de Ministros no había firmado la autorización pero si había 936 personas capturadas60 tanto en el campo como en la ciudad y que fueron llevados a diferentes Brigadas Militares como la Brigada de Institutos Militares (BIM) con sede en la Escuela de Caballería de Usaquen. en REVISTA ALTERNATIVA. pp 5. Bogotá. académicos e intelectuales el alcance del Estatuto de Seguridad. en las ciudades eran “novedosas” en cuanto a que las acciones represivas de los militares hicieron visibles a los sectores medios. ya que como justificó el Ministro de Defensa General Camacho Leyva: En Colombia estamos en guerra. en REVISTA ALTERNATIVA. Bogotá. Ahora bien.
. No 240. médicos entre otros. estudiantes. 1985. Con todas las facilidades concedidas al ejército por parte de gobierno. “Derechos Humanos en Colombia 1976 – 1985”. que si bien eran “comunes” en zonas rurales. Bogotá. Este instrumento contenía medidas que permitieron a los militares juzgar civiles a través de los Consejos de Guerra Verbales y que instrumentalizo tácticas contrainsurgentes en la aplicación del articulado del Estatuto enmarcados en una fuerte ideologización y politización que desde la óptica militar era el inicio de la lucha contra los enemigos de la seguridad. se abrió la puerta a la institucionalización de las acciones represivas bajo el argumento de la defensa de la seguridad nacional y el control del orden público convirtiendo en un hecho cotidiano las detenciones. intelectuales. pp 9.59 Aseveraciones como estas abrieron el camino a una oleada de acciones en pos del cumplimiento del Estatuto que se caracterizaron por un uso excesivo de la fuerza. académicos. abogados.
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. pp 12. No 244. 1979 – 1980. con el objeto de ampliar las competencias de los militares en el ámbito de la justicia a través del Estatuto de seguridad.
diferentes tipos y grados de violación de los derechos fundamentales y procesales con graves consecuencias en el espacio político y social del país.
Testimonio. en REVISTA ALTERNATIVA. No 198. Bogotá. ya que al obtenerse de esa forma se violaron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas y los derechos humanos tal como lo afirmó la misión de Amnistía internacional que visitó el país en marzo de 1980. Turbay niega.
. pp 8. Encontramos diferentes tipos de violación de los derechos fundamentales tales como: los allanamientos y detenciones masivas sin que medie una orden judicial. cubierto con telas acolchonadas (para evitar hematomas) en la cabeza y los brazos y golpeado repetidamente con objetos parecidos a piedras y como fue sometido a colgamientos por las muñecas y de los tobillos y que además lo mantuvieron varias horas en cuclillas. asilado en Embajada de México relata torturas”. Bogotá. pp 6. Consecuencia de estos hechos fue la petición de asilo y el exilio de muchos intelectuales y ciudadanos como fue el caso del estudiante de la Universidad Nacional Jesús Antonio Franco Galeano víctima de torturas por parte de los organismos de inteligencia del ejército el F –2 y el B-2 y quien logró refugiarse en la embajada Mexicana63 o de los hermanos Monje a los que la embajada de Costa Rica les dio calidad de refugiados
“Torturas. la limitación de la libertad de expresión. No 208. Un caso que ejemplifica el uso de torturas como método de búsqueda de información y que es una clara violación del fundamental derecho a la integridad y a la vid nos la brinda el testimonio del médico Emiro Mora. 1979. presos confirman”. 1979. las torturas físicas y psíquicas a los detenidos en las brigadas militares cuando el procedimiento legal exigía su traslado a la cárcel. Acciones de este tipo evidenció. como se ha dicho en un párrafo anterior. la inaplicabilidad del principio del Habeas Corpus. la desaparición forzada de ciudadanos especialmente en las zonas rurales donde los militares incumplían de forma sistemática los preceptos básicos que contenía el Estatuto. en REVISTA ALTERNATIVA.Las acciones en la aplicación del estatuto se caracterizaron no solo por el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército sino por irregularidades en las garantías judiciales a la que tenían derecho los implicados. que a través de su abogado informó como durante su interrogatorio le fue introducido un palo de escoba por el recto. golpeado brutalmente en los testículos. y cuando intentó cambiar de posición se dio cuenta de que estaba rodeado de objetos punzantes62 Este tipo de situaciones evidenció que no existían garantías efectivas contra la detención arbitraria y contra los procedimientos para la búsqueda de información que incluyeron la tortura. lo cual era inadmisible como evidencia en el caso de un juicio.
Rafael Prado y Edilbrando Joya y muchos más a quienes se les detuvo bajo presunción de pertenecer a la subversión65 y de los cuales no se volvió a saber su estado y paradero hasta ahora. A los diferentes tipos de violación se debe sumar que los militares en la aplicabilidad del Estatuto permitieron diferentes grados violatorios que se evidencian en dos variables: la primera. pp 7. No 237. los allanamientos a garrote y culata de fusil66. 68 Otro palo de ciego”. Abril 30 de 1979. pp 22. Pedro Silva. 1979. Bogotá. especialmente la madrugada A la fabricación de pruebas para implicar a todo tipo de personas identificadas por el ejército como subversivos se sumo las órdenes de captura en blanco que se llenaban a la hora de las detenciones.
. la detención de que fue objeto por seis meses el dirigente del Partido Comunista Álvaro Vázquez del Real en la Brigada del BIM y su no escucha de descargos por parte de los militares. Bogotá. No 231. Además. PERIODICO EL BOGOTANO. el allanamiento no tenía ninguna razón legal ya que no se especifico que artículo del Estatuto se había violado y solo se argumentó su simpatía por los preceptos ideológicos del M – 19. pp 6. al ser retenidos por parte de la Brigada de Institutos Militares (BIM) los sacerdotes Jorge Arango y Luis Alberto Restrepo el 3 de septiembre de 1979 en las instalaciones de la Casa de Juventud en Bogotá67 En este caso. en REVISTA ALTERNATIVA. Las persecuciones y hostigamientos llegaron a los sectores más progresistas de la orden de los Jesuitas. la encontramos en los procedimientos y garantías judiciales en el proceso de detención en el que se fabricaban pruebas y se hacia el procedimiento a horas prohibidas. vuelve y juega”.
“El año de la tortura”. cuando el Estatuto fijó en el artículo 11 un tiempo de veinticuatro horas para ser escuchado nos demuestra el incumplimiento y violación por parte de los militares de los procedimientos legales de esta herramienta. Op Cit.
“Detenciones y asilos. 1979 – 1980. en otras palabras. Así. enemigos de la seguridad nacional.políticos y que completaban la lista de 30 colombianos que desde la vigencia del estatuto de seguridad habían recurrido a esta acción en este país64. Isaías Tristancho. los hermanos Alfredo y Samuel San Juan Arévalo. pp 6 – 12. el número de desaparecidos políticos se incrementó entre los años 1979 a 1980 especialmente entre los estudiantes como fue el caso de los alumnos de la Universidad Nacional Orlando García. En cuanto a la desaparición forzada de personas se convirtió en una práctica común amparada bajo la búsqueda y captura de personas que pudieran representar inestabilidad. en REVISTA ALTERNATIVA. 1979. Así. ASOCIACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS. en REVISTA ALTERNATIVA. Gustavo Campos. Bogotá. No 244 – 245. se le acuso de rebelión permanente68 delito que no existió en el derecho colombiano ni en el Corpus de la Justicia penal militar frente a lo que argumentó el General Vega Uribe. pp 9. Bogotá.
TURBAY. pp 10. Estos consejos de guerra verbales por delitos políticos se llevaron a cabo en diferentes brigadas del ejército entre los años 1979 y 1980 siendo juzgadas un total de 472 personas a las que se les acuso de pertenecer a diferentes movimientos subversivos como el EPL. en REVISTA ALTERNATIVA. FARC. ELN.
70 “Los detenidos de la BIM. después de más de un mes de haber comenzado el proceso70”.
. Ayala Julio. No 244 – 245. No 199. Bogotá. en REVISTA ALTERNATIVA. regular. MAO y M-1969. las fuerzas armadas y los derechos humanos”. 1979 – 1980. ya que en algunos casos tal como afirmó la Asociación de los Abogados de Presos Políticos: “No se ha podido asumir la defensa. ordenado y coherente y si cuando se sustituyen los términos y las formas propias del juicio por el capricho o la arbitrariedad impune de los jueces71”. 1979. recibir testimonios y resolver la situación jurídica de un elevado número de sindicados y detenidos que en la mayoría de casos no sabían el delito por el que estaban siendo acusados. Es claro entonces que las múltiples denuncias sobre torturas y vejaciones a la que fueron sometidos los detenidos bajo el Estatuto de seguridad evidenciaron no solo la violación de los derechos humanos fundamentales sino que como afirman los familiares de los detenidos – desaparecidos: “Los derechos procesales garantizados en un Estado de Derecho se violaron en la medida en que en los juzgamientos no se observo un sistema procesal. y nuestro papel se ha reducido a oír indagatorias. PLA. demostrando así la arbitrariedad jurídica de estos tribunales y la dificultad a la que se enfrentaron los abogados para una correcta defensa. Colección Consigna.
“El año de la tortura”. 1985. pp 96. “Turbay Ayala. debilitar y limitar psicológica y legalmente a la oposición política Colombiana en la expresión más clara de aplicación de los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional. el calvario de un abogado defensor”. pp 8. A este grado violatorio se suma el control y entorpecimiento de los tiempos procesales por parte del ejército desconociendo los términos legales para ese tipo de acciones. Otros ejemplos del grado de violación de los procedimientos legales por parte de estos tribunales militares fueron: la permanencia en las Brigadas del ejército de los acusados el tiempo que los militares consideraban necesario cuando lo legal era trasladarlos a las cárceles.Pero es la administración de justicia a través de los Tribunales Militares o Consejos de guerra verbales (artículo 9) el ejemplo más claro de cómo el Estatuto de Seguridad fue un instrumento que usaron los militares para mantener un control político sobre un área que ellos consideraron “delicada” y que tenía como objeto identificar. Bogotá. La designación de solo cinco jueces militares para indagar. Bogotá. En la mayoría de casos los detenidos sufrieron no solo torturas sino que se les negó o dilató la atención médica a la cual tenían derecho y que denunciaron a través de sus abogados defensores creando nuevas irregularidades en la garantía judicial a un debido proceso.
Noviembre 1982. No 1 Bogotá. pp 14
. Los tipos y grados de violación de los derechos humanos debido a las acciones represivas por parte de los militares y analizados en apartados anteriores. debido a la lucha que hemos adelantado por la recuperación de la tierra. Bogotá. En cuanto a la segunda variable la aplicación de este instrumento en el campo y en la ciudad. ilustran el
“El CRIC: blanco de la represión”. es claro que los juicios de civiles por parte de la institución militar justificado por la vigencia de este instrumento buscó. No 235. Antioquia. así lo autorizaba. Meta y sur del Huila. la desaparición forzada de ciudadanos que en la mayoría de casos culminó con el posterior encuentro de cadáveres horriblemente mutilados y torturados73 como fue el caso del concejal del partido de izquierda (UNO) Dario Arango que murió tras prolongadas torturas en la IV Brigada y el cual fue enterrado en medio de la indignación por el estado que presentaba su cuerpo y la presencia del ejército en su entierro74 Estas desapariciones se dieron especialmente en las regiones comprendidas en el departamento de Caquetá. ha habido numerosas capturas y desapariciones de indígenas72”. Así. los indígenas organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y en voz de su dirigente Jesús Avirama declararon “que la totalidad de los resguardos indígenas estaba militarizada y que aunque la represión ha sido una constante. reprimió y sancionó delitos de orden político con graves consecuencias para la apertura y consolidación de las prácticas democráticas en el país. Boyacá y Caldas) zonas que estaban militarizadas por ser de una alta influencia subversiva y de los carteles del narcotráfico que empezaron a controlar grandes espacios de cultivos ilícitos en estas regiones y que paradójicamente no fueron objeto de ningún tipo de tribunal o detención militar a pesar de que un artículo del Decreto 2144 complementario del estatuto de seguridad. 74 Asesinato inocultable”. casi todas militarizadas y al control de la información que allí se hacía. 1979. No 231. la región del Magdalena Medio (departamento de Santander. en REVISTA ALTERNATIVA.Así mismo. Esa es la justificación que se han buscado. pp 12. pues los militares acusan a varios de nuestros compañeros de haber participado en el robo de armas. Además. Bogotá. podemos inferir que tuvo una intensidad diferente que se explica en la atención y cobertura que recibieron las capturas y detenciones de personas en la ciudad por parte de algunos medios de comunicación escrito y de las familias y abogados defensores de los detenidos frente a la poca inferencia de abogados en las zonas rurales. algunos periodistas denunciaron y difundieron a través de publicaciones restringidas y en este caso de la Revista Alternativa. 1979. estos años se ha recrudecido. A pesar de este control. en REVISTA ALTERNATIVA.
ASOCIACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS. pp 21.
para aplicar la fuerza necesaria para controlar y mantener la seguridad de la nación. quitándole de esa manera contenido al poder civil que carecía no solo de una política estatal militar sino de una política estatal en materia de derechos humanos. así como los sectores políticos críticos del Estatuto que abogaba por tratar de forma distinta el tema de la subversión. incendios premeditados y otros actos de “ferocidad y barbarie”.
Desmantelamiento del estatuto de Seguridad Respecto al desmantelamiento del estatuto (tercera variable independiente) se inicio en los últimos dos años del gobierno del Presidente Turbay cuando se da un quiebre en el sólido binomio militares – ejecutivo. “Crónica de dos décadas de política colombiana 1968 – 1988” Bogotá.alcance que tuvo el Estatuto de seguridad respecto a la violación de derechos humanos debido no solo a la autonomía que tenían los militares en materia de seguridad sino que el régimen de excepción o estado de sitio permitió la justificación de este instrumento dejando las manos libres a las fuerzas castrenses.
. Así. algunos sectores progresistas de los partidos políticos tradicionales y de organizaciones sociales junto con organismos internacionales iniciaron un proceso de presión a finales de 1981 para desmantelar el estatuto de seguridad. las numerosas denuncias sobre las torturas y desapariciones políticas. siempre que no hubiesen estado implicados en secuestros. Finalmente. Daniel. Siglo XXI Editores. el gobierno determinaría si aceptaría las peticiones de los presos detenidos. debido a la decisión del jefe de Estado de apoyar las iniciativas que los expresidentes liberales y conservadores. procesados o condenados por cargos de rebelión. los exilios y los graves tipos y grados de violación de los derechos fundamentales y garantías procesales en los Tribunales Militares o Consejos de Guerra. hicieron visible para algunos sectores de la población no solo el grado de militarización que vivía el país sino como se establecía un modelo de “represión legal” que tendió a desbordarse. extorsiones. pp 349. El desmantelamiento de este instrumento es lo que analizaremos en el último apartado. Ante esta situación. tras ese periodo y de acuerdo a la respuesta de la guerrilla en lo relativo a los combatientes libres. la primera táctica consistió en someter al Congreso Nacional un proyecto de ley de amnistía para los guerrilleros que obligó a los insurgentes a deponer las armas dentro de los cuatro meses siguientes de forma individual o colectiva a las autoridades. sedición o asonada. 1987. incluyendo la policía nacional.75
pp 348. en REVISTA ALTERNATIVA. Ante nosotros se abre una alternativa: “o desarrollo y progreso o destrucción y muerte. consecuencia de los informes y reportajes periodísticos que diferentes medios escritos como el diario Francés Le Monde u otras agencias de información publicaron sobre el aumento de la represión estatal y el reemplazo creciente de la justicia civil ordinaria por la justicia penal militar en Colombia. No 215.La segunda táctica apuntó a la creación de una Comisión Nacional de Paz que contó con el respaldo del gobierno y que estuvo encabezada por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo en el que se inició un acercamiento a los líderes de los grupos subversivos y se reafirma por parte de muchas personalidades políticas como el ex general en retiro Matallana. 1979.
Idem.76” Estas tácticas por parte del ejecutivo fueron el resultado de una combinación de factores externos e internos que visibilizaron a la opinión pública y a las elites políticas colombianas el nivel de “represión legal” al que había llegado la institución militar. Colombia ante el mundo”.
“Viaje ahora. pague después. pp 6. El objetivo principal de esta visita fue explicar las medidas del Estatuto y consolidar ante los gobiernos Europeos la legitimidad del estado de derecho en Colombia así como su institucionalidad. Sin embargo. el ex Ministro conservador de Relaciones Exteriores Alfredo Vázquez Carrizosa o el senador oficialista Jaime Castro “la necesidad de una apertura política ya que estamos convencidos de que hemos llegado a un umbral. Estas publicaciones e informes que el gobierno de Turbay denominó “mala prensa” y “periodismo negativo”77 fueron factores determinantes a la hora de hacer su agenda para la primera visita oficial a los gobiernos Europeos junto con su Ministro de Defensa General Camacho Leyva. Respecto a los factores externos que posibilitaron el desmantelamiento del Estatuto de seguridad esta la presión de los medios y la opinión pública internacional.
. en diferentes reuniones con funcionarios de los gobiernos Europeos se discutió los informes de Amnistía Internacional y de otros organismos de defensa de los derechos humanos que obligaron al Presidente a aceptar una visita por parte de los funcionarios de este organismo. uno de los pocos sistemas democráticos que se mantenían en un momento en el que Latinoamérica se caracterizó por las dictaduras autoritarias – burocráticas. su influencia en las instituciones del Estado y el gran número de denuncias sobre violaciones de derechos humanos en una coyuntura política internacional que legitimaba la protección de los derechos fundamentales y la apertura política como un valor fundamental para la consolidación de la democracia a principios de la década de los ochenta. Bogotá.
.L/V/II. Bogotá. convocado gran Foro Nacional”. Además. Además. derogar el Estatuto de Seguridad y reglamentar de forma más precisa todo lo referido a la retención de personas. mediante la ley 74 de 1968. estos informes le dieron legitimidad al trabajo que habían venido desarrollando estos grupos y permitió que la cúpula militar fuera objeto de crítica por parte de algunos sectores del legislativo. 1979. se le recomendó tomar las medidas legales correspondientes para asegurar el derecho a la vida. garantía de defensa y situación jurídica para que la decisión que me la autoridad competente este en armonía con los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre derechos humanos. Op Cit. Citado por la Procuraduría General de la Nación. 22)79 donde después de una visita.
Derechos Humanos. pp 10. Ayala Julio. que incluyeron torturas como la suspensión del preso por los brazos. se recomendó al gobierno colombiano levantar el estado de sitio. descargas eléctricas. testimonios que el médico de la misión declaró compatibles después de una examen físico y psicológico a estas personas78 Los resultados de este informe tuvieron consecuencias favorables para los sectores políticos críticos de este instrumento y los colectivos de abogados defensores que demostraban ante la opinión pública la existencia de acciones represivas y la violación de derechos y garantías constitucionales y judiciales por parte de las fuerzas castrenses. múltiples denuncias sobre arrestos políticos. doc. en REVISTA ALTERNATIVA. (OEA/SER. la seguridad e integridad personal80 como es su obligación debido a la firma por parte del Gobierno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Colombia vinculó al ordenamiento jurídico nacional. 79 80
TURBAY. encarcelados y procesados donde coincidían en los procedimientos utilizados en los interrogatorios. donde se confirmó que el Estado de sitio vigente y las leyes de seguridad especiales promulgadas recientemente. Un tercer factor externo fue el informe de 1981 de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). pp 40.53. uso de drogas. en especial al disponer el procesamiento de civiles ante tribunales militares por una amplia gama de cargos y con el derecho de defensa limitado. el informe cito mas de seiscientos casos individuales tanto de detenidos. habían facilitado el abuso de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. pp 14. Así mismo. no 202. violación y la práctica de casi ahogar a la víctima.El segundo factor externo que explica este proceso son los informes de la misión de Amnistía Internacional en marzo de 1980. prácticas de tortura y garantías inadecuadas de defensa que se confirmaron con esta visita.
78 Estos son algunas de las conclusiones del Informe que Amnistía Internacional entregó al Gobierno Colombiano en agosto de 1980. y es que entre 1979 y el siguiente año este organismo recibió por parte de exiliados y abogados Colombianos a nombre de sus defendidos. Op Cit. así como la adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que ratificó en 1973.
Un cuarto factor externo que explica el proceso de desmantelamiento del Estatuto fue el cambio en el discurso internacional. Respecto a los factores internos. Bogotá. bajo la presidencia de Gabriel García Márquez y con sede en México. No 201. 1979. Ahora bien. así como
“Investigaciones y torturas. el peor ciego”. pp 13. las conclusiones de estas misiones y el cambio político internacional fueron factores importantes respecto a la veracidad de la situación de los derechos humanos en Colombia. que tenía como objetivo ocuparse inmediatamente de tareas de mediación con los gobiernos en donde los pueblos son víctimas de la represión y activar la liberación efectiva de miles de prisioneros políticos para tratar de ayudar al Presidente James Carter a hacer realidad su política de defensa de los derechos humanos81 Estas acciones internacionales y el cambio en la política internacional evidenciaron no solo una distensión ideológica en la postura del concepto de seguridad nacional que se había aplicado en la región sino la deslegitimación e inaplicabilidad de los preceptos de la Doctrina de la seguridad Nacional. A esto se sumo el cambio en la política del Presidente Norteamericano Jimmy Carter que erigió la problemática de la defensa de los derechos humanos como prioritaria para la consolidación de la seguridad del continente. la presión de los medios y la opinión pública internacional. Ahora bien.
. caracterizó los resultados de superficiales y ambiguos. permitiendo así la activación de mecanismos democráticos que agudizaron los factores internos que permitieron el desmantelamiento del estatuto de seguridad. que convirtió el tema de los Derechos Humanos como un valor político que debía protegerse independientemente de cualquier ideología o sistema político y que ayuda a explicar los cambios políticos que se estaban presentando en la región latinoamericana consecuencia del fin de las dictaduras militares y el inicio de los procesos de redemocratización en los países del cono sur. la visita de estos organismos y la elaboración de sus informes responden a una coyuntura política internacional donde la protección de los derechos fundamentales por parte de los gobiernos era una necesidad para la consolidación de la democracia y que respondió a una activación del hacer y el quehacer de organismos e instituciones supranacionales y regionales. HABEAS. los códigos y el Estatuto de seguridad. Ejemplo de ello es la creación de la fundación para los derechos humanos en América Latina y el Caribe.Frente a los informes de Amnistía y la CIDH el gobierno de Turbay consideró que estos eran inconsistentes y que eran una violación a la soberanía en la medida en que estos organismos no podían permitirse ese tipo de licencias tales como la revisión de la legalidad de la Constitución Nacional. la movilización de acciones colectivas por parte diferentes sectores de los partidos políticos tradicionales y de izquierda. en REVISTA ALTERNATIVA. Además.
Represión Política y Defensa de los Derechos Humanos.
FRUHLING. 1986.
. La activación de estos mecanismos se hizo de dos maneras: la primera. en REVISTA ALTERNATIVA. especialmente la urbana el poder visible de las acciones represivas de las fuerzas militares. de un repertorio de acciones colectivas que tenían como objeto denunciar y llevar ante la población en general. Chile. Programa de Derechos Humanos. pp 6. de coordinar una acción política82para derogar el estatuto de seguridad. No 202. en REVISTA ALTERNATIVA. los abogados llegaron a identificar los distintos tipos de irregularidades procesales y constitucionales que los militares en el proceso de captura y juzgamiento de los civiles habían hecho durante la vigencia de esta herramienta. 1978. erigiéndose la convocatoria al primer Gran Foro Nacional sobre los Derechos Humanos y la puesta en marcha de un plebiscito como las acciones políticas más importantes. la legalidad del Estatuto de Seguridad. La segunda usada especialmente por el colectivo de abogados defensores. Un segundo factor interno fue la activación de mecanismos políticos. En cuanto a los resultados de la documentación y conocimiento de los mecanismos represivos. la temática de la defensa de los derechos humanos se convirtió en un argumento de tensión entre el Gobierno en cabeza del Ministro de Defensa y las diferentes asociaciones y políticos que iniciaron una lucha de declaraciones en las que el gobierno quería desvirtuar lo que estaba sucediendo asegurando que no hay torturas ni “superpoderes” y unas organizaciones que día a día denunciaban que si existían con la decisión inclusive de poner en marcha otras acciones políticas que no funcionaron debido a la aplicación del estatuto de seguridad a los líderes de esta propuesta. el uso por parte de diferente asociaciones de derechos humanos creados en esta coyuntura. Además. Bogotá. les sirvió para unificar los criterios de defensa y los procesos de denuncias de esta situación en los contextos nacionales e internacionales que se requería. pp 20. En Hugo Fruhling (Editores). que consistió no solo en la documentación de las situaciones violatorias de los derechos fundamentales sino en una actuación en los tribunales que permitió avanzar considerablemente en el conocimiento de los mecanismos represivos83 Así. Este Foro contó con personalidades de todos los partidos. 1979. artistas. intelectuales y dirigentes sindicales que discutieron la situación de los derechos humanos. dilemas perspectivas hacia el futuro”.colectivos de abogados. Hugo. la Asociación de Juristas Demócratas y el Comité Permanente para la defensa de los derechos humanos presionaron la apertura de investigaciones oficiales al gobierno de Turbay y a los militares para que se diera fin a las acciones represivas. los malos tratos a los presos políticos y la militarización de las zonas campesinas84
“Como firmar contra el estatuto”. Centro de Estudios Sociales. pp 10. convocado gran Foro Nacional”. además. Bogotá. “La defensa de los derechos humanos en el Cono sur. No 191.
“Derechos humanos.
hicieron de esta la institución con mayor credibilidad. la creación de una Comisión fue su avance más significativo. hacer una apertura real del espacio político amortiguando los efectos ideológicos que se tenían sobre cualquier movimiento social o político y en último lugar. con la misión de activar intercambios políticos con diferentes sectores de los partidos tradicionales y del gobierno.Aunque el impacto de este Foro no fue inmediato y su repetición los años siguientes contó con un número menor de participantes debido al exilio de algunos y a la desaparición de otros. desapariciones por razones políticas y se tenían indicios de la formación de grupos paramilitares Además dio una serie de recomendaciones donde se solicito al ejecutivo tomar las medidas pertinentes para que la Procuraduría General de la Nación vigilara y estuviera presente en los interrogatorios debido a las falencias en las garantías procesales de los detenidos. ya que en Colombia a diferencia de las experiencias de las dictaduras militares el Congreso Nacional como institución democrática mantuvo un papel relevante en la medida en que frente a la deslegitimada figura del Presidente y la desconfianza de la ciudadanía frente a los militares y a la institución judicial. la validez del Estado de sitio y el poder de los militares. un grupo de parlamentarios en cabeza del Representante Luis Villar Borda logro que la Cámara de Representantes autorizara la creación de una Comisión Accidental en la que se investigaron las diferentes denuncias sobre torturas y detención Estos hechos permiten la agudización de un cuarto factor interno como fue la acción del poder legislativo. se inicia una serie de reuniones con el objeto de crear una base común para poder alcanzar tres objetivos: en primer lugar. en segundo lugar. Un tercer factor interno fue la creación de una Comisión política. comprobaron que si había habido torturas. El informe del Congreso fue fundamental en el proceso de desmantelamiento del estatuto en la medida en que los parlamentarios después de entrevistar y tener acceso a los informes de medicina legal. situación que le permitió convertirse en un legitimo espacio de denuncia y controversia sobre el alcance del Estatuto. Así. se informará a las familias de los detenidos políticos sobre su estado y paradero y la más importante. crear una política institucional de defensa de los derechos humanos que limitará las acciones represivas de los militares derogando el Estatuto. limitar el nivel de autonomía de los militares respecto al tema de la seguridad y la defensa del orden público. retirarle a las fuerzas armadas el juzgamiento de civiles
. A partir del trabajo de esta Comisión y con los efectos aun latentes de las conclusiones y recomendaciones hechas por Amnistía Internacional y la CIDH.
Torturas. Este cambio evidenció una receptividad y movilización de las élites políticas frente a esta situación y que demuestra un cambio en la lógica política interna. 1979. Sin embargo. la situación de seguridad nacional y la muerte de opositores y representantes políticos de izquierda en las zonas rurales militarizadas. No 244 – 245. 1978. La respuesta de este fue negar la existencia de esta situación aduciendo que solo eran sofismas de la subversión87 para evitar que la sociedad colombiana reconociera los éxitos de las acciones militares. La consecuencia de todos estos informes fue la citación al Congreso Nacional del General Camacho Leyva por parte del representante del Partido Comunista para que respondiera sobre las múltiples denuncias de torturas. sino que al haberla hecho un grupo de representantes del poder legislativo mostró que existía un amplio sector del país político que no estaba dispuesto a cohonestar los abusos de los militares en todas las esferas de la vida nacional. el año de la tortura”. frente a la negación de estos hechos por arte de los militares el Ministro de Gobierno Germán Zea reconoció públicamente: “que por lo menos el diez por ciento de las denuncias que se habían presentado eran ciertas88”. nuevos testimonios”. en REVISTA ALTERNATIVA. Que las hay las hay”. en REVISTA ALTERNATIVA. De este informe se desprende el quinto factor interno que consistió en la apertura de investigaciones por parte de otras instituciones estatales como fue el Concejo de Bogotá. consecuencia no solo de la situación internacional sino de una moderación por parte de senadores y antiguos y nuevos líderes de los partidos tradicionales. “Torturas.
. Bogotá. “El año de la Tortura”. 1978. pp 10. el Instituto de Medicina Legal por cuya elaboración fue despedido su director Odilio Méndez. en REVISTA ALTERNATIVA. No 200. Otro de los informes determinantes fue el de la Procuraduría General de la Nación que en febrero de 1981 aseguró que no solo las torturas y desapariciones eran realidad sino que se tenían informes sobre la relación de miembros del F – 2 de la Policía Nacional con algunas ejecuciones extrajudiciales. Bogotá. Bogotá. NO 191. pp 4. pp 10. Represión. No 191. pp 4.ya que es una carga para la cual no están destinadas y que al ejercerla de forma permanente logra el perjuicio a la propia institución85 La importancia de este informe no es solo por la veracidad de la existencia de acciones represivas por parte de la institución militar. en REVISTA ALTERNATIVA. Bogotá. la Asamblea de Antioquia y otro tipo de instituciones y agremiaciones86. 1979 – 1980. del discurso contra la contención de la subversión lo cual convierte el tema de la paz como el gran objetivo de la campaña presidencial de 1982.
es evidente que los factores internos y externos fueron determinantes en la resolución del Presidente Turbay de poner en marcha las tácticas descritas al inicio de este apartado y que tuvieron resultado desalentadores en la medida en que los grupos subversivos rechazaron la oferta de amnistía del gobierno ya que no se tocaba el tema de la derogación del estatuto. Bogotá. el hecho de su existencia confirmaba un principio de cambio en la postura ideológica de los sectores políticos y sociales. y para el gobierno era imperativo la aceptación total de esta amnistía. dificultó este proceso. Con todos estos factores en juego el Presidente Turbay un mes antes del fin del periodo de gobierno. presentándose al interior de la institución tensiones entre este sector fiel a los principios del estatuto de seguridad y otro en cabeza del General Landazabal Reyes. el sector militar fiel al General Camacho Leyva interpretó la ley de amnistía y en la Comisión Nacional de Paz como un retroceso en la lucha contra la subversión y en su autonomía. la Comisión logró la reglamentación del artículo de la Constitución que autorizó las detenciones preventivas durante diez días. siendo esto un factor determinante en el desmantelamiento de este instrumento. los informes de los estatales y otros entes institucionales y no institucionales habían logrado con sus denuncias y actividades legales en los diferentes tribunales militares deslegitimar no solo a esta institución sino a la figura del Jefe de Gobierno.
. pero la renuncia del líder del partido comunista Gerardo Molina y en los meses siguientes la de todos los integrantes de la Comisión alegando falta de condiciones de seguridad para trabajar90. PERIODICO EL ESPECTADOR. como un paso necesario hacía el levantamiento definitivo del Estado de sitio y por ende del estatuto de seguridad89 Es en esta coyuntura donde la Comisión Nacional de Paz se encargó de discutir este asunto. que es como se ha dicho. el punto de tensión que equilibró y equilibra la democracia colombiana. A pesar de la corta duración de esta Comisión de paz y de los nulos resultados que logró. Op Cit. Frente a este proceso. Mayo 14 de 1982. Además. pp 1 A y 10 A.La tensión entre los militares y el gobierno debe entenderse en un contexto de cambio por parte de los gobernantes colombianos en su estrategia política de lucha contra los movimientos guerrilleros y en la contención de la autonomía que había alcanzado la institución militar. pp 16. No obstante los pocos resultados. tomo la decisión con el apoyo de sus Ministros de Gobierno en junio de 1982 y amparado bajo el decreto 1674 del 9 de junio declarar restablecido el orden publico levantando el estado de sitio en todo el territorio nacional y derogando la
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. Ahora bien.
vigencia del estatuto de seguridad argumentando que la situación subversiva estaba controlada90.
. sino que las fuerzas armadas desgastadas ante la opinión pública nacional e internacional iniciaron un viraje hacía su identidad funcional institucional sin ceder en su autonomía política. Y son las fuerzas armadas las que incorporan a su corpus esta noción de seguridad nacional sufriendo una transformación después de la revolución cubana. este instrumento que consistió en 16 artículos en el que se ampliaron las competencias de los militares estuvo atravesada y construida desde la óptica teórica de la seguridad entendida esta como una necesidad primordial en la conformación del Estado y de la cual es responsable a través del monopolio de la fuerza. Esta situación no solo dejaba un enorme problema político a su sucesor el candidato del partido conservador Belisario Betancur. En primer lugar. Así. Turbay Ayala busco dejar la impresión de que las condiciones de orden público volvían a la normalidad y que él ejecutivo era independiente de cualquier tipo de influencia por parte de los militares. Al ponerse fin al estado de sitio y la inoperancia del estatuto de seguridad. la decisión de Turbay de desmantelar el Estatuto de seguridad fue posible por la convergencia de los factores externos e internos que permitieron una receptividad y movilización de las élites políticas y de movimientos y organizaciones que visibilizaron la “represión legal” de la que estaba siendo objeto la sociedad por parte de los militares colombianos. Este hecho permitió la redefinición de la noción de seguridad al inscribirse dentro de las instituciones militares él término de enemigo interior. CONCLUSIONES El estatuto de Seguridad que se creó e instrumentalizó en Colombia entre 1978 y 1982 por parte de los militares Colombianos con la plausible aprobación del Jefe del Estado Julio Cesar Turbay Ayala. el concepto de seguridad que se aplicó y extendió a lo largo del continente se enmarco desde la óptica de la teoría realista y de la disuasión que reforzó su matiz militar y a la que debe sumarse su ideologización por parte de los Estados Unidos que con el objeto de reducir la expansión de la potencia enemiga homogeneizó y tecnifico a las fuerzas armadas de la región. fue la expresión local de los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional que caracterizaron las dictaduras autoritario – burocráticas que se presentaron en la región latinoamericana durante la década de los setenta y principios de los ochenta. Finalmente.
el Estatuto de seguridad se creó en una coyuntura política y económica en Colombia en la que se llegaba al fin del modelo de alternancia política del Frente Nacional que durante su vigencia había roto las lealtades de las fuerzas armadas con los partidos políticos tradicionales. permitiendo a los militares junto con la clase política y económica gobernante la justificación necesaria para llevar a cabo la aplicación del articulado del estatuto que incluyó una “ocupación” de la administración de la institución judicial al haberles permitido el juzgamiento de civiles por parte de tribunales penales militares. situación que desdibujó los ámbitos de competencia de seguridad interna y nacional y que permitió y justificó acciones represivas. la aplicabilidad del Estatuto tuvo graves alcances en
. Así mismo. permitió la yuxtaposición de funciones de estos entes presentándose la militarización de la policía y la policivización de los militares. el grado de autonomía al que habían llegado los militares colombianos se puede explicar por la falta de una política militar estatal. la militarización de la universidad pública la autocensura de los medios de comunicación. la aplicación del articulado del estatuto por parte de las fuerzas castrenses tuvo graves alcances respecto al tema de los derechos humanos y la violación de las garantías procesales y judiciales a las que tenían derecho todos los ciudadanos.De esta forma. las fuerzas armadas en la década de los setenta cuando recrudeció la lucha antisubversiva tuvieron un amplio espacio de maniobra para aprehender en las políticas y tácticas de su institución una ideologización anticomunista que justificó la aplicación de los principios de la Doctrina a través de la instrumentalización de esta herramienta. especialmente el ejército y la policía. ideologización y la ocupación y administración de las instituciones del Estado. En segundo lugar. La instrumentalización de esta herramienta por parte de las fuerzas estatales. una Doctrina de Seguridad Nacional en la que los militares en una clara postura política tomaron el poder y justificaron la defensa de los objetivos nacionales frente al enemigo interno. De esta forma el estatuto se instrumentalizó en tres ámbitos: el de las relaciones cívico– militares. ya que tradicionalmente los gobiernos dejaron este asunto en manos de los militares. situación que les permitió a lo largo de este tiempo adquirir una gran autonomía que se reflejó en el tema de la seguridad y el orden público. ocupación de las instituciones el Estado y él quiebre del modelo democrático. Ahora bien. lo cual incluyó práctica de tácticas represivas. de esa forma. las cuales no actuaron aisladas sino de forma conjunta. permitiendo un modelo de “represión legal” que se distinguió por diversos tipos de prácticas violatorias. los militares latinoamericanos en la década de los sesenta crearon bajo la influencia de esta noción de seguridad y de la política e ideológica norteamericana. En tercer lugar. como un asunto primordial en el que era valido el uso de cualquier estrategia para mantener la seguridad de la nación.
es el cambio en el discurso internacional de la temática de la protección de los derechos humanos como un valor político fundamental para la consolidación de la democracia. las cuales pasaron a ser juzgados por tribunales militares. Es claro entonces que la suma de los factores externos e internos activaron mecanismos políticos que hicieron que el Presidente Turbay tomara una distancia frente a la institución militar. el informe de Amnistía Internacional donde se aseguraba la práctica sistemática de la tortura. Entre los factores externos encontramos: la presión de los medios y la opinión pública internacional. la cual se encargó de investigar las denuncias sobre la situación de los derechos humanos y que llevo a que otras instituciones estatales abrieran investigaciones sobre estos hechos. la cual fue más intensa y violenta en las zonas rurales donde fue frecuente la desaparición forzada de personas y la violación sistemática de garantías judiciales. evidenciando un cambio en la lógica política frente al tema de la subversión y la seguridad nacional. nos permite construir indicadores de análisis que permiten elaborar un trabajo comparativo respecto a la ocupación y administración de la justicia del modelo uruguayo de golpe de Estado “prolongado” de julio de 1973 a 1976 cuando los militares dejaron al Presidente electo Bodaberry como jefe de Estado. y arropándose en el Congreso y en las figuras históricas de los expresidentes toma la decisión de levantar el estado de sitio y con el Estatuto de Seguridad. el informe de la CIDH que demostró la importancia que este tema estaba alcanzado a nivel regional en plena coyuntura de los procesos de transición a la democracia y el último factor que explica la importancia de los tres primeros.dos variables: la primera. respecto a la presencia en el proceso de detención y en el juzgamiento de civiles por parte de los Tribunales Militares al presentase diferentes grados de violación de los procedimientos y garantías judiciales y constitucionales a los que tenían derecho los acusados por parte de la institución militar. los delitos y las contravenciones que pudieran tener relación con actividades subversivas. La visibilización ante la opinión pública de estas prácticas violatorias fue posible gracias a la combinación de factores externos e internos que propiciaron un cambio en la lógica política de las elites gobernantes que terminó con el desmantelamiento en 1982 de este instrumento. frente a las ciudades donde las acciones represivas. movilizando así la acción del poder legislativo que era un poder relevante y receptivo frente a lo que estaba sucediendo y que criticó la acción militar. Antes de finalizar es necesario resaltar que este trabajo de investigación enmarcado en un estudio de caso. La segunda se refiere a la aplicación de esta herramienta en el campo y en la ciudad. Respecto a los factores internos determinantes en el desmantelamiento del Estatuto encontramos: la movilización de acciones colectivas que permitieron la activación de mecanismos políticos como fue la creación de una Comisión Política.
. con el fin de dictar medidas de emergencia en la justicia.
ya que con el objeto de mantener la seguridad nacional el Gobierno colombiano llegó a erosionar gravemente la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos. ANGULO. abriendo como en una especie de caja de Pandora. pp 14-16. 2.
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o con fines puramente políticos o de publicidad. incurrirán en presidio de diez a veinte años. les causen lesiones o las sometan a torturas. honra y bienes. secuestros.
DECRETO LEGISLATIVO No 1923 de 1978 Por el cual se dictan normas para la protección de la vida. la suspensión de la detención preventiva o de la pena.
encaminados a desvirtuar el régimen republicano vigente o en la apología del delito. las autoridades de la República están instruidas para proteger a todas las personas en sus vidas. Bogotá. Que es indispensable adoptar medidas de seguridad para mantener el orden social y la paz en el territorio de la República. la pena de presidio será de veinte a treinta años.
Si por causa o con ocasión del secuestro se produce la muerte de la persona secuestrada o de terceros. debiendo prestar a los funcionarios judiciales. honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados. legalmente constituido. planee. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (1970): Compilaciones de disposiciones legales vigentes 1972 . Que igualmente corresponde al Presidente de la República conservar en todo el territorio de la Nación el orden público. en lo que se refiere a la formación. motín o asonada. restablecerlo donde fuere turbado y defender el trabajo que es una obligación social que merece la especial protección del Estado. con arreglo a las leyes. y CONSIDERANDO: Que por medio del Decreto no 2131 de 1976 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional. Los que promuevan. funcionamiento o renovación de los poderes públicos u órganos de la soberanía. o en el curso de su ejecución o consumación. Bogotá. A los sindicados o condenados por el delito de secuestro no les será aplicable. Bogotá. Quien o quienes secuestren a las personas y para realizar el delito.1973. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (1985): Derechos humanos en Colombia. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y especialmente de las que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional. velar por que en toda la República se administre pronta y cumplidamente. Al que con el propósito de obtener para sí o para otro un provecho o utilidad ilícitos. o en prácticas terroristas dirigidas a producir efectos políticos
Artículo 1. organice o coordine tales actos. actos estos que atentan contra los derechos ciudadanos reconocidos por la Constitución y por las leyes y que son esenciales para el funcionamiento y preservación del orden público. quedarán sujetos a presidio de ocho a catorce años y a la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. Que corresponde al presidente de la República. sedición. o las obliguen a actuar contra su voluntad y exijan dinero u otras condiciones para darles libertad. en ningún caso. se le impondrá pena de presidio de ocho a doce años.DOCUMENTOS OFICIALES
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (1970): Compilaciones de disposiciones legales vigentes 1964 – 1965. los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias. o para cambiar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente. El Presidente de la República de Colombia. Imprenta de las Fuerzas Militares. prive a otro de su libertad.
. y Que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución.
Artículo 2. Imprenta de las Fuerzas Militares. Que periódicamente se han venido reiterando y agudizando las causas de perturbación del orden público que crean un estado de inseguridad general y degeneran en homicidios. encabecen o dirijan un alzamiento en armas para derrocar al Gobierno Nacional. Informe de Amnistía internacional 1976 – 1985. en relación con la administración de justicia.
o alteren el pacífico desarrollo de las actividades sociales. Los que en los centros o lugares urbanos causen o participen en perturbaciones del orden público. tales como armas de fuego. y con el fin de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito. la pena será de cuatro a diez años. y en tales circunstancias supriman la vida de las personas. la pena será de uno a diez años. incendios o daños en los bienes. dinero o documentos capaces de producir efectos jurídicos. disminuidas en dos terceras partes. Las penas de que se trata el presente artículo se aumentarán en una tercera parte si los autores ocultaren su identidad mediante el uso de máscaras. obliguen a otro a entregar. enviar. Si solo se causaren daños a la
. la sanción será de uno a cinco años de prisión.
Artículo 4. haciendas. poseedores o administradores a entregarlos o establezcan contribuciones con el pretexto de garantizar. cuchillos. Exijan dinero o especies con destino a actividades ilegales. a quienes o quienes: a) Ocupen transitoriamente lugares públicos. antifaces. Si solo ocasionan lesiones a la integridad de las personas. Se impondrá arresto inconmutable hasta por un año. incurrirán en presidio de veinte a veinticuatro años. sustancias químicas o inflamables incurrirán en prisión de dos a seis años. c) Usen injustificadamente máscaras. o poner a su disposición cosas. Los demás individuos comprometidos en la rebelión incurrirán en las mismas sanciones. depositar. Cuando los hechos previstos en este artículo no atenten contra la vida e integridad de las personas. botellas con gasolina. machetes. varillas. piedras. cuadrillas o grupos armados de tres o más personas e invaden o asalten poblaciones. o por medio de violencia a las personas o a las cosas cometan otros delitos contra la seguridad e integridad colectivas. o mediante amenazas se apoderen de semovientes. antifaces u otros elementos destinados a ocultar la identidad o alteren. d) Porten injustificadamente objetos utilizables para cometer infracciones contra la vida e integridad de las personas. En igual sanción incurrirá el que por los mismos medios obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. u oficinas de entidades públicas o privadas. la pena será de veinte a veinticuatro años de presidio. puñales. o abiertos al público. carreteras o vías públicas causando muertes. destruyan u oculten las placas de identificación de los vehículos. detonantes. incurrirán en presidio de diez a quince años. mechas. Los que provoquen daños en los bienes mediante la utilización de bombas. mallas u otros elementos destinados a ocultar su identidad o en tales circunstancias utilizaren armas de fuego. o de distribuir en ellas propaganda subversiva o de fijar en tales lugares escritos o dibujos ultrajantes o subversivos o de exhortar a la ciudadanía a la rebelión. política o judicial. quedarán sujetos a las dos terceras partes de las sanciones indicadas en el inciso anterior.
b) Inciten a quebrantar la ley o a desobedecer a las autoridades o desatiendan orden legitima de autoridad competente. sustancias químicas o explosivos.
integridad personal. incurrirán en presidio de cuatro a diez años. Quien o quienes por medio de amenazas o violencias o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma. para permitir el tránsito de las personas.
Artículo 6. predios. con el fin de presionar una decisión de las autoridades legitimas. Los que integren bandas. valores o de cualquier cosa mueble ajena u obliguen a sus propietarios. tacos.
Artículo 7. como empleados de ella con mando o jurisdicción militar. explosivos.Los que simplemente tomen parte en la rebelión. bienes o vehículos
Artículo 5. Si como consecuencia de los hechos descritos en el inciso primero del presente artículo se ocasionare la muerte de una o más personas. mallas.
Artículo 3. respetar o defender la vida o los derechos de las personas. o provoquen incendios.
Las sanciones de que se tratan los apartes a) y b) del artículo 7 y el artículo 10 serán aplicadas por los Comandantes de Brigada.
Artículo 12. los Gobernadores. Intendente o Comisario.
Si vencido este plazo no compareciere. mediante el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales. si se le declara responsable. municiones o explosivos. Artículo 8.
A partir del día siguiente al de esta diligencia. la sanción que se le impone y el lugar donde deba cumplirla. mediante el procedimiento señalado en el artículo anterior.5 y 6 y. además de los que se cometan contra la vida e integridad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas y contra civiles al servicio de las mismas y contra miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). según el caso. incurrirá en arresto hasta por un año y en el decomiso de dichos elementos. Si el arma de fuego o la munición fuere del uso privativo de las Fuerzas Militares. según el caso. Los Alcaldes Municipales darán inmediato aviso del hecho al Gobernador. quienes conocerán a prevención. prohibir o regular el expendio y consumo de bebidas embriagantes y las manifestaciones. Artículo 10. además de la competencia que le esta atribuida por disposiciones legales vigentes. Mientras subsista la perturbación del orden público. y si se le exonera del cargo y estuviere capturado. transporte. y contra los funcionarios públicos por razón de su investidura o por causa del ejercicio de sus funciones.
Los términos fijados en este artículo se ampliarán hasta el doble.
La resolución a la que se refieren las disposiciones anteriores de este artículo será notificada personalmente al contraventor o al defensor de oficio.
Si dentro de las veinticuatro horas al conocimiento de los hechos no hubiere sido posible oír en descargos al contraventor por no haber comparecido. se le declarará contraventor ausente y se le nombrará defensor de oficio a un abogado para que actúe hasta la terminación de la investigación. Fuerza Naval o Base Aérea. diligencia para la cual deberá estar asistido por un apoderado. el arresto será de uno a tres años. se le emplazará por edicto que permanecerá fijado durante dos días en la Ayundatía del Comando de Brigada de la Fuerza Naval o Base Aérea. empezará a correr un término de cuatro días para practicar las pruebas que hubieren sido
Artículo 13. el cual debe ser interpuesto dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación y resuelto dentro del subsiguiente día. en la cual se harán constar la identificación del contraventor. encuéntrense o no en actos de servicio. Intendentes y Comisarios en las capitales de las respectivas secciones y los Alcaldes Municipales podrán decretar el toque de queda. desfiles y reuniones públicas. Mientas subsista la perturbación del orden público no podrán transmitirse por las
Artículo 9. si los contraventores fueren cinco o más personas.
Artículo 11.4. y contra ella solamente procederá al recurso de reposición. El que sin permiso de autoridad competente fabrique. 2. d) y e) del artículo 7 serán impuestas por los Comandantes de la Estación de Policía con grado no inferior al de Capitán.
Transcurridos los anteriores términos se dictará la correspondiente resolución escrita y motivada. adquiera o porte armas de fuego. 3. Las sanciones de que se tratan los apartes c).
solicitadas por el incriminado o su apoderado u ordenadas por el funcionario.e impidan la libre circulación de unos u otros. el hecho que se le imputa. respectivamente. será puesto inmediatamente en libertad. sin prejuicio del correspondiente decomiso. venda. suministre. almacene. de conformidad con el siguiente procedimiento:Se oirá en descargos al contraventor dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos. En los lugares donde no existan dichos Comandantes conocerán los Alcaldes o Inspectores de Policía. La justicia penal militar. conocerá de los delitos a que se refieren los artículos 1. distribuya. el Alcalde del Distrito Especial de Bogotá.
Artículo 16. declaraciones.
Artículo 14. comunicados o comentarios relativos al orden público. D. Las licencias para la prestación de los servicios de radiodifusión que recobre el Estado Colombiano se entenderán suspendidas temporalmente. Dado en Bogotá. a favor del Estado.
Comuníquese y cúmplase. E.
Artículo 15. Este Decreto rige desde su expedición y pende las disposiciones legales que le sean contrarias.
El Ministerio de Comunicaciones mediante resolución motivada.estaciones de radiodifusión y por los canales de televisión informaciones. contra la cual sólo procede al recurso de reposición. sancionará las infracciones a que se refiere este artículo de conformidad con las normas pertinentes de la Ley 74 de 1966 y el Decreto 2085 de 1975. a 6 de septiembre de1978. Facúltase al Ministerio de Comunicaciones para que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3418 de 1954..
. al cese de actividades o a paros o huelgas ilegales o noticias que inciten al delito o hagan su apología. Las penas de que se tratan los artículos 209. recobre transitoriamente. 212 y 213 del Titulo V del libro 2 del Código Penal sobre Asociación e Investigación para delinquir serán de uno a ocho años de prisión. el dominio pleno de algunas o de todas las frecuencias o canales de radiodifusión explotadas por particulares en la medida que sea necesario para conjurar la perturbación del orden público y restablecer la normalidad. 211.
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