Source: http://leypenalinternacional.blogspot.com/2010/
Timestamp: 2017-07-23 12:42:55+00:00

Document:
Derecho Penal Internacional: 2010
El problema con la Corte Penal Internacional
Escrito por SIMON JENNINGS – Reporte de The Institute
for War & Peace.
La reciente visita al
Chad por el Presidente Sudanés Omar al-Bashir ilustra un problema fundamental
que confronta la Corte Penal Internacional.
Bashir fue acusado de crímenes de Guerra y
crímenes contra la humanidad en Marzo de 2009; a principios de este año, los
cargos fueron expandidos para incluir tres cargos de genocidio. De acuerdo con el Estatuto de Roma que
creó la Corte, todos los Estados miembros están obligados a arrestar acusados
si ellos entran en su territorio. Sin embargo, Chad, que ha firmado el
Estatuto de Roma, ofreció a Bashir una calurosa bienvenida en lugar de una
orden de arresto. Los líderes de Chad, quienes afirman que la Corte ha estado
persiguiendo injustamente a líderes africanos, dicen que su país no estaba
obligado a facilitar la captura de Bashir. Chad citó una resolución de la Unión
Africana, que urge a los Estados miembros a la no cooperaron con el envío del
Presidente Sudanés a la Haya.
La decisión del Presidente de Chad Idriss
Deby de anteponer las relaciones de su país con la Unión Africana antes que sus
obligaciones con la Corte internacional, ha resaltado la inhabilidad de la
Corte para requerir cumplimiento entre sus Estados miembros.
El asunto es el argumento de la Unión
Africana de que Bashir disfruta inmunidad frente a un proceso por ser un jefe
de Estado. La Corte insiste en que tal
inmunidad no existe, pero, en tanto Sudán no es signataria del Estatuto que
creó la Corte, algunos argumentan que el país no está cobijado por su poder.
Adicionalmente, el artículo 98 del
Estatuto de Roma estipula que un país no tiene que cumplir con las solicitudes
de la Corte si estas son contrarias a “sus obligaciones bajo la ley
internacional con respecto al Estado o la inmunidad diplomática de una persona
o propiedad de una tercer Estado”.
Al-Hadi Shalluf, un abogado Libio-Francés
dijo: “La Unión Africana es una organización regional y es reconocida por las
Naciones Unidas. Pero no tiene autoridad
ni mandato para violar la ley internacional”.
Otros expertos fueron más ambiguos. “Pueden haber obligaciones en los Estados
parte, creados por el Estatuto de Roma, y Chad está sujeto a esas obligaciones
bajo la ley internacional”, dijo el Profesor William Schabas, director del
Irish Centrer for Human Rights. “Pero Chad es también un miembro de la Unión
Africana como se refleja en la resolución.” Más allá del problema legal, el hecho es
que no existen sanciones punitivas establecidas en el Estatuto de Roma para
castigar a los países que no cumplen, lo que lleva a otros abogados a concluir
que las manos de la Corte están atadas.
“La Corte no puede hacer mucho porque el
Estatuto de Roma predica la complementariedad, los Estados cumplen sus
obligaciones estatutarias y no hay sanción para la falta de cumplimiento”,
explicó Karim Khan, quien trabaja como abogado de defensa en la Corte.
"La realidad es que un jefe de Estado
acusado solamente será arrestado cuando los Estados a quienes interesa deciden que
es de su interés llevarlo ante la justicia," dijo Khan.
Simon Jennings es reporter en La Haya
y escribe para el IWPR, una organización sin ánimo de luchro que entrena periodistas
en áreas de conflicto. Publicado por
Por Robert Howse y Ruti Teitel
del inglés por Carlos Manzano
en el periodico El Tiempo.
LONDRES. La reciente sentencia del Tribunal
Internacional sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo se
está interpretando como la concesión de luz verde a los movimientos
secesionistas para que consigan la condición de Estados. Según el presidente de
Kosovo, Fatmir Sejdiu, "la resolución despeja por fin todas las dudas que
podían abrigar los países que siguen sin reconocer a la República de
Pero esa interpretación es en gran medida
una simple ilusión falsa de quienes apoyan la secesión. El dictamen consultivo
y no vinculante fue la respuesta a una pregunta muy concreta de la Asamblea
General de las Naciones Unidas: la de si es legal declarar la independencia
conforme al derecho internacional. Los jueces sostuvieron con razón que no hay
ninguna norma internacional que impida a un grupo declarar su intención o su
deseo de constituir un Estado, pero nada decía sobre las condiciones aplicables
a la plasmación final de dicha intención: es decir, el acto mismo de secesión.
De hecho, el Tribunal procuró no dejar
duda alguna al respecto: "Se trata de una pregunta muy concreta... No se
pregunta si Kosovo ha alcanzado o no la condición de Estado". Los jueces
compararon su dictamen con el emitido por el Tribunal Supremo del Canadá cuando
se le pidió que resolviera sobre el derecho de Quebec a la sucesión unilateral.
En aquel caso, la pregunta se refería a mucho más que una declaración de
independencia; se preguntó al tribunal si Quebec tenía derecho -y en qué
condiciones- a separarse del Canadá conforme a la Constitución canadiense o al
No hay palabras, ni manera de explicarle a
una madre la muerte de un hijo destrozado por las balas. No hay palabras, ni
manera de explicarle a un paralítico, ni a su esposa, su estado por culpa de
las armas. Son atrocidades de las que no quiero tener culpa alguna, ni siquiera
indirectamente. De modo que, con el perdón de los lectores, aprovecharé estas
tontas bravuconadas de Chávez para hacer una condena muy radical de la guerra.
Es bonita la historia. De pequeño solía ir
con mis mayores, militares, a los cuarteles y regimientos y admiraba los
históricos trajes, coloridos, de los soldados durante los desfiles. Pero, ya
grande, me enteré de que muchos países, como Canadá y Australia, se
independizaron sin guerras, y hoy son más progresistas que toda América Latina.
Sigo teniendo un gran cariño por mis mayores, pero lamento profundamente las
inútiles muertes de las luchas armadas por todo el continente.
Ya en 1870, uno de los más grandes
pensadores de América Latina, Juan Bautista Alberdi, escribió, en 'El crimen de
la guerra', que "el derecho de la guerra es... el derecho del homicidio,
del robo, del incendio, de la devastación en la más grande escala posible;
porque esto es la guerra... el derecho del crimen, contrasentido espantoso y
sacrílego, que es un sarcasmo contra la civilización".
Según testimonios, ordenó quemar personas vivas, arrancarles las uñas y
degollarlas.
tribunal rebajó cinco años de pena al considerar que el ex jefe de la prisión
de Tuol Sleng o la S-21, detenido en 1999 y acusado formalmente en julio del
2007, estuvo encarcelado de forma ilegal y cooperó con la Justicia, por lo que
deberá cumplir otros 19 años de cárcel tras haber pasado ya 11 años entre
Fiscalía de las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya,
denominación oficial del órgano judicial auspiciado por la ONU, había pedido 40
años de prisión, la máxima pena contemplada por la legislación camboyana.
su parte, la defensa pidió la absolución de 'Duch', a quien pintó como servidor
de la jerarquía del Jemer Rojo, a la vez que cuestionó que el tribunal tuviera
"jurisdicción" para procesarlo.
Guek Eav, de 67 años y más conocido como 'Duch', es el primero de los cinco ex
destacados líderes de los Jemeres Rojos (organización guerrillera
comunista y ultramaoísta) que el Tribunal Internacional para el
Genocidio de Camboya ha condenado por su implicación en las atrocidades
cometidas durante aquel régimen, que causó la muerte de casi 2
millones de personas, es decir un cuarto de la población de ese momento
(de 8 millones de personas), de agotamiento, hambruna, enfermedades o tortura y
ejecuciones ordenadas en el marco de vastas purgas.
Sala I de la CPI ordena la liberación de Thomas Lubanga Dyilo
decisión del 8 de julio de 2010, que impone una suspensión incondicional de los
procedimientos en el caso del El Fiscal c. Thomas Lubanga Dyilo, la Sala I de
la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó hoy 15 de Julio, la liberación de los
acusados. Según los jueces, el
acusado no puede ser detenido preventivamente sobre unas bases especulativas,
es decir, sobre la base de que en algún momento en el futuro el procedimiento
podría ser reactivado.
embargo la orden no se aplicará con efecto inmediato. "Esta orden no se ejecutará hasta
que el término de cinco días disponibles para radicar una apelación, hayan
expirado", declaró Adrian Fulford, juez presidente en la audiencia de hoy. "Si se presenta una apelación en
el plazo de cinco días, y si se realiza una solicitud de suspender su efecto,
el acusado no saldrá de prisión hasta que la Sala de Apelaciones haya decidido
si la orden de conceder la libertad ha de ser suspendida”. La Cámara también señaló que una orden
de liberar el acusado sólo podrá llevarse a efecto después de que se hayan
hecho arreglos para su traslado a un Estado que esté obligado a recibirlo. En
su decisión oral, la Sala I también concedió la solicitud hecha por el fiscal
el 15 de julio para apelar la decisión de suspender el procedimiento.
Nota del editor: Thomas Lubanga Dyilo fue líder de la milicia en la guerra civil en la República Democrática del Congo. Lubanga, de 49 años, se declaró no culpable de los cargos de usar niños soldados en el brutal conflicto en la región oriental del Congo de Ituri, durante los años 2002-2003. El caso ha estado
inundado de problemas casi desde su inicio en Enero de 2009, cuando fiscales y
jueces chocaron en relación con la admisibilidad de las pruebas obtenidas de
personal de las Naciones Unidas y voluntarios no gubernamentales en el campo de
batalla, quienes opinaron que la revelación de sus identidades perjudicaría sus
vidas y trabajo. Lubanga ya completa un tiempo de detención de más de cuatro años. Su juicio era esperado para finales de este año, pero ahora existe la duda de que el caso completo podría quedar en el limbo legal. http://www.internationallawbureau.com/blog/?p=1564
Cuando el presidente Obama lanzó su
Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) en mayo, enfatizó que los Estados Unidos
y la comunidad internacional debían defender el concepto respaldado por la ONU
"responsabilidad de proteger", un concepto que declara el imperativo moral de
proteger a los pueblos y las naciones de genocidio y atrocidades en masa, por
medios militares si es necesario. El
concepto también clama por el fin de la impunidad.
"Aquellos que deliberadamente
persiguen a civiles inocentes deben ser responsables, y vamos a seguir apoyando
a las instituciones y procesos que avanzan en este importante interés", -afirma
la NSS-, inclusive, cuando más tarde se admite que Estados Unidos se niega a
someterse a la misma norma al negarse oficialmente a ser parte de la Corte
Penal Internacional, en la actualidad el principal vehículo para perseguir
presuntos delitos contra la humanidad.
Los cargos de genocidio, limpieza étnica y
atrocidades en masa son sólo los últimos de la lista de coartadas imperiales
que Washington utiliza para promover sus estrechos objetivos de política
exterior, acumulación de recursos y hegemonía mundial. Esto efectivamente llena el vacío
creado por el final de la Guerra Fría, la posterior cuasi desaparición de la
utilización del comunismo de Estado, y más tarde la gestión de la
administración Bush con la marca ineficaz de la "Guerra Global contra el
La predisposición de la administración
Obama hacia la intervención humanitaria y la popularidad que el
concepto ha tenido en los círculos liberales, marca la pauta del nuevo libro de
Edward S. Herman y David Peterson llamado La Política de Genocidio.
Qué fue realmente acordado en Kampala sobre el crimen de Agresión.
Astrid Reisinger Coracini ¿Qué es
exactamente lo que se acordó en Kampala sobre el crimen de agresión?
", una cuestión que, efectivamente, requiere una reflexión. La Resolución sobre el crimen de
agresión es un conglomerado de cuatro sofisticados documentos de valor
jurídico divergentes: una Resolución con fuerza legal, modificaciones al
Estatuto de la CPI que están sujetas a ratificación o aceptación, enmiendas a
los Elementos de los Crímenes y los "entendimientos". Dejando a un lado la complejidad de
estos textos, la interpretación jurídica se ve desafiada por el hecho de que no
hubo debate en el Pleno sobre las últimas tres versiones del Presidente y del
Proyecto de Resolución. Los
trabajos preparatorios son por lo tanto de poca ayuda, en lo que respecta a la
interpretación de algunas partes de la resolución.
por la discusión en línea sobre el crimen de agresión, me gustaría aportar
algunas ideas preliminares (que representan mis opiniones personales y no
reflejan necesariamente la opinión de la delegación de Austria) con un enfoque
particular en los aspectos de las condiciones bajo las cuales la CPI podrá
ejercer su competencia respecto del crimen de agresión y el procedimiento de
1. Demora adicional para el ejercicio de la jurisdicción
de la Corte sobre el crimen de agresión
1998, cuando el crimen de agresión fue catalogado como uno de los crímenes que
más preocupan a la comunidad internacional en su conjunto y por lo cual la CPI
tiene jurisdicción (art. 5 (1) Estatuto de la CPI), el ejercicio de la
jurisdicción de la Corte se retrasó hasta un momento en que la Asamblea de los
Estados Partes adoptaran una disposición que definiera el crimen y se enunciaran
las condiciones para ejercer la jurisdicción de la Corte (art. 5 (2) Estatuto
de la CPI). La disposición
adoptada en 2010 posterga aún más el ejercicio de dicha jurisdicción. "La
Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los delitos de
agresión cometidos un año después de la ratificación o aceptación de la
enmienda por treinta estados partes" (párrafo común. (2) del art. 15bis y
el art. 15ter). Además,
el régimen jurisdiccional requiere la activación mediante una decisión que debe
adoptar después del 1 de enero de 2017 (párrafo
común. (3) del art. 15bis y el art. 15ter). Esta
demora es lamentable, pero limitada por un lapso aceptable. Cualquier solución para adoptar la
definición y aplazar las deliberaciones relativas a las condiciones (o parte de
ellas) habría supuesto la amenaza potencial de negociaciones infinitas. En su forma final, el paquete aprobado
en Kampala comprende todas las cuestiones sustantivas y de procedimiento
pertinentes. La decisión de
activar debe ser un acto meramente formal, si los Estados Partes están detrás
de la aprobación por consenso y, sobre todo, si un número significativo de
Estados partes han ratificado las enmiendas para entonces.
Consejo de Derechos Humanos de la ONU: No ve el mal, no oye el mal.
Deberíamos honrar a la BP por su
protección al medio ambiente. En el entretanto, podemos nombrar a Jack
el Destripador en la Comisión para la Protección de la Mujer, y designar a la Philip
Morris como asesor especial sobre la salud pulmonar. Esto es posible cuando Irán se une al
Grupo de las Naciones Unidas sobre los derechos de la mujer. Todo esto tendría sentido si seguimos el
ejemplo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una de las
organizaciones más sorprendentes que ha ideado el mundo bajo el paraguas de la
El Consejo funciona como
una parodia de sí mismo, como si hubiera sido diseñado por un equipo de
comediantes escribiendo teatro del absurdo. La realidad, sin
embargo, es que el CDH es un desastre que requiere una actuación decidida de
los países que realmente valoran los derechos humanos, especialmente los EE.UU.
El CDH de las
Naciones Unidas de hoy se erige como uno de los mayores obstáculos que impiden
la protección de los derechos humanos por parte de la comunidad internacional. La organización es una burla a los
sufrimientos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, glorificando a
sus torturadores y privando a las víctimas de una voz de protección
desesperadamente necesaria. La
obscenamente disfuncional CDH ha eliminado del arsenal de la civilización una
herramienta crítica contra los regímenes que brutalizan a sus pueblos. Y ahora, añadido a su rendimiento
deslumbrante en la esfera de los derechos humanos, el Consejo está
desarrollando su magia contra la libertad de prensa.
ahora es ¿qué hace el gobierno de Obama - y las naciones democráticas del mundo
que piensan hacer acerca de esta llaga que supura en el cuerpo de la principal
organización internacional del mundo?
La agresión es finalmente un crimen. Pero... cómo se castiga?
Por Chandra Lekha Sriram
guardian.co.uk,	Lunes 14 de Junio de 2010. El crimen de agresión fue discutido en la conferencia de revisión de la Corte Penal Internacional, a la que asistí en Uganda la semana pasada. Esto me recordó la descripción clásica del negociar político de Estados Unidos: Es como ver cocinar salchichas. Muchas opciones fueron cortadas y picadas, algunas veces más allá del reconocimiento, pero el resultado no fue necesariamente atractivo.
El coordinador del grupo de trabajo sobre la agresión, el príncipe Zeid de Jordania, quiso encontrar el consenso, o al menos promover el compromiso entre Estados parte divergentes y Estados no- parte. A medida que el debate avanzaba, las discusiones en la plenaria fueron repetidamente suspendidas para facilitar negociaciones bilaterales y multilaterales. Las sesiones plenarias duraron más allá de la medianoche del Jueves y Viernes, arrojando un acuerdo final en la mañana del sábado. En definitiva, el resultado fue una definición del crimen, pero no un mecanismo operativo para castigarlo. Los riesgos no podrían haber sido más altos en las discusiones que podrían dar lugar a la adición de la agresión a la lista de crímenes sobre los cuales la Corte puede ejercer su jurisdicción.
A raíz de la guerra en Irak, las invasiones de Uganda y Ruanda de la República Democrática del Congo y el uso de aviones no tripulados de EE.UU. en Pakistán, los riesgos políticos son altos y evidentes. Si la definición de agresión hubiera existido antes de la guerra de Irak de 2003, la sátira acerca del juicio a Tony Blair podría haber estado cercana a la realidad. Sin embargo, la discusión en Kampala oscureció la importancia de considerar la agresión, en una lenta y compleja deliberación de lo que parecen ser asuntos técnico legales. Sorpresivamente, hay un relativamente robusto consenso relativo a los elementos del crimen de agresión, un crimen que ha desafiado la definición de abogados y diplomáticos por décadas. El debate real se realizó sobre dos asuntos relacionados: la aplicación de modificaciones al estatuto de la CPI relativo al crimen de agresión, a los Estados que no lo han aceptado, y a los factores desencadenantes y los filtros para remitir acusaciones por dicho crimen a la CPI. Con relación a los factores desencadenantes y los filtros. Los otros crímenes en el estatuto de la CPI pueden ser referidos a la Corte de tres maneras: A través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por referencia de los Estados parte y, a través del ejercicio de los poderes del fiscal, motu propio. Los jueces de la sala de cuestiones preliminares actúan entonces como un filtro, para determinar si una investigación debe ser autorizada. El procedimiento para referir el crimen de agresión fue un tópico de significante debate en la conferencia. No sorprende la posición de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo los Estados Unidos, un Estado no parte pero que interviene como un participante vocal en los debates, que propendía porque el Consejo de Seguridad fuera el único órgano con capacidad para referir. En marcado contraste, muchos países en vía de desarrollo y no alineados, refiriéndose a sus historias de colonialismo y recientes violaciones de soberanía, prefirieron desencadenadores adicionales y filtros en vez de depender de la sola voluntad del Consejo de Seguridad. Inicialmente, no solamente la acusación por los Estados parte y la iniciación de causas a iniciativa del fiscal, sino también la acusación de otros órganos como la Asamblea General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia estuvieron bajo discusión, pero estos últimos desencadenadores fueron objeto de controversia.
La resolución que aprobó las modificaciones del estatuto el sábado pasado incluyó el envío del asunto por el Consejo de Seguridad de la ONU, por un Estado parte o la iniciación de la causa a instancia del fiscal, pero la resolución otorga efectivamente una prioridad al Consejo de Seguridad, en la medida en que otros modos de remisión solo pueden ser efectivos si el Consejo de Seguridad no toma una determinación relativa a la agresión dentro del término de seis meses posterior a la notificación al Consejo de una posible situación susceptible de investigación. El escollo final fue un problema técnico aparentemente misterioso: cuándo debería cualquier modificación al estatuto, incluyendo la definición de, y el mecanismo para investigar el crimen de agresión entrar en vigor, y por quien?. Este fue por supuesto un asunto serio, relacionado no solamente con el consentimiento del Estado sino también con lo que constituye un valor precioso de los Estados nacionales: la soberanía de Estado. En pocas palabras, la disputa se refiere a si las modificaciones al estatuto relativas al crimen de agresión entran en vigor inmediatamente para la Corte, para los Estados que han aceptado las modificaciones y, de manera crucial, para los Estados parte que no han aceptado las modificaciones. En el lenguaje de la Conferencia: “Qué pasa con los Estados agresores que no han aceptado las modificaciones? Pueden sus funcionarios ser acusados de agresión si el Estado victima las ha aceptado?
La resolución final modifica el estatuto permitiendo a los Estados parte expedir una declaración por la cual indican que no aceptan las modificaciones relacionadas con el crimen de agresión. No existirá una posibilidad de ejercer jurisdicción sobre los ciudadanos de los Estados no parte por actos de agresión cometidos en su territorio cuando la remisión es hecha por otro Estado parte o motu propio (por el fiscal). Sin embargo, el Consejo de Seguridad podría referir un caso de agresión cometido por un ciudadano de un Estado no parte, tal y como se ha hecho con relación a los crímenes presuntamente cometidos en Darfur, que posibilitaron la acusación contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir.
Quizá inclusive de una manera más problemática, los términos que aseguran que gran parte del debate sostenido en Kampala se revisará en siete años. La resolución prevé que la Corte tendrá jurisdicción sobre actos de agresión sujeto a la decisión que se tomará después del primero de junio de 2017. Esto quiere decir que mientras que por una parte tenemos una definición del crimen de agresión, la jurisdicción sobre este delito se pospone para una decisión futura. Esto quiere decir que tenemos un crimen sin ningún medio para castigarlo ante la CPI. Al final de la conferencia muchos delegados se pusieron de pie y aplaudieron, y la publicidad de la Corte expone la decisión como un triunfo. En tanto que el consenso para definir la agresión es realmente un avance, no es muy claro lo que debe celebrarse de esta resolución. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jun/14/state-aggression-international-criminal-court
Estados parte de la CPI alcanzan un acuerdo sobre el crimen de Agresión.
KAMPALA — Los
Estados miembros de la Corte Penal Internacional acordaron el Viernes agregar
el crimen de agresión a la lista de ofensas enjuiciables por la Corte, y lograron
un compromiso sobre la manera como tal ofensa podría ser referida a la Corte.
nuevo acuerdo no podría entrar en vigor sino hasta el 2017.
La enmienda establece que el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas mantendrá la responsabilidad primaria al determinar si un
acto de agresión ha ocurrido. Si el Consejo
de Seguridad no toma acción, el Fiscal de la Corte Penal Internacional o un
Estado Parte podrían iniciar un caso de agresión. La enmienda faculta al Consejo de Seguridad para parar
un caso de agresión iniciado por el Fiscal o por un Estado Parte, mediante la
expedición de una resolución al efecto. Tal resolución
necesitaría ser renovada cada 12 meses a fin de que el enjuiciamiento no se lleve
El politizado nuevo delito de Agresión
Muyita Salomón, Ismail Galería Musala y Izama Angelo El uso de la violencia por un Estado
contra otro es ahora un crimen que puede ser juzgado por la Corte Penal
Internacional después de que los delegados, a raíz de un acuerdo de consenso,
lo incluyeron en el Estatuto de Roma el viernes por la noche.
El acuerdo, que fue inmediatamente
descrito como anti-clímax por grupos de derechos humanos, ya que se muestra
suave con las grandes potencias, fue alcanzado a las doce y media después de
casi quince días de batallas diplomáticas. Esto
significa que el uso de la fuerza en violación de la Carta de las Naciones
Unidas como lo es una invasión, un bombardeo, un bloqueo o cuando un país permite
a otro Estado utilizar su territorio para atacar a un tercer país, es ahora un
La decisión abre la puerta a los procesos
individuales de la Corte establecida en 2002, por un cuarto crimen. Los otros crímenes son genocidio,
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
"Estamos contentos con los resultados
dada la divergencia de opiniones, en virtud de la circunstancia de que fue lo
mejor que pudimos conseguir, y Kampala será conocida por este momento
histórico", dijo el embajador Mirjam Blaak uno de los principales
organizadores de la reunión de Uganda.
El indefinido crimen de agresión: Los Estados Unidos y la Corte Penal Internacional.
Por Jared Huntington
"Es la intención de los Estados
Unidos regresar a la relación con la Corte Penal Internacional." - Stephen Rapp - EE.UU. Embajador en Misión Especial
para Asuntos de Crímenes de Guerra
A pesar del precedente de dos
administraciones presidenciales anteriores y la voluntad del Congreso, la
Administración Obama está haciendo caso omiso a los deseos de los americanos como
que su gobierno ha prometido un nivel sin precedentes de cooperación entre los
EE.UU. y la Corte Penal Internacional. La
Corte Penal Internacional ejerce una jurisdicción supranacional y el punto de vista de la Corte siempre prevalece,
incluso sobre la objeción de los Estados Partes. Desde mayo 31 a junio 12 la Asamblea
de los Estados Partes se reunirán en Kampala, Uganda, para la primera conferencia de revisión de la
Corte. En Kampala los delegados
revisarán cuidadosamente los logros de la Corte y considerarán varias reformas
al Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional.
La enmienda más controvertida es la que
tiene que ver con el delito de agresión. Debido
a la ausencia de controles y equilibrios en el Estatuto de Roma, la Oficina del
Fiscal podría lanzar fácilmente una investigación politizada contra
los EE.UU. sobre la base de que los EE.UU. han cometido el delito de agresión. Una definición amplia de la agresión,
que se está estudiando, junto con la jurisdicción de los tribunales sobre todos
los Estados, independientemente de que sean Estados Partes en el Estatuto de
Roma, presentaría una grave amenaza para la soberanía estadounidense y la
seguridad nacional. La soberanía americana y la excepcionalidad enfrentan la
principal amenaza de la CPI, junto con su propuesta del crimen de agresión y
con la investigación en curso en los tribunales sobre las acciones de la OTAN
en Afganistán. Los EE.UU. deben
continuar con su oposición a esta institución supranacional.
A un lado del debate están los que creen
que la Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema del país, que el poder judicial
de los EE.UU. corresponde a nuestros tribunales y que la autoridad no puede ser
despojada. En el otro lado del
debate están los transnacionalístas que defienden la creencia de que los EE.UU.
deben ceder nuestra soberanía política, económica y militar a una maquinaria
internacional inherentemente anti- americana. Estos
transnationalistas se adhieren estrictamente a la creencia de que estas
instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional, debe
prevalecer sobre la soberanía nacional. La
administración del presidente Obama, liderada por Harold Koh, Stephen Rapp y
Hillary Clinton, ha declarado sus intenciones de llevar a Estados Unidos por el
camino del transnacionalismo y abandonar el ideal del excepcionalismo
estadounidense. Esto es evidente
a través de sus comentarios recientes y de los esfuerzos para integrar a los
EE.UU. a un arreglo amistoso con la CPI.
Anmistía internacional: La brecha en la justicia social condena a millones a sufrir abusos
2009 fue un año histórico para la justicia internacional, la política del poder
está agravando la brecha en la justicia global, ha afirmado hoy Amnistía
Internacional en su valoración anual de la situación de los derechos humanos en
presentación del Informe 2010 de Amnistía Internacional: El estado de los
derechos humanos en el mundo, que documenta abusos en 159 países, la
organización ha afirmado que gobiernos poderosos están bloqueando los avances
en la justicia internacional al actuar por encima de la ley con respecto a los
derechos humanos, proteger a sus aliados frente a las críticas, y tomar medidas
sólo cuando les conviene políticamente.
“En la brecha
de la justicia global prosperan la represión y la injusticia, y millones de
personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza”, ha afirmado Claudio
Cordone, secretario general interino de Amnistía Internacional.
“Los gobiernos
deben garantizar que nadie está por encima de la ley y que toda persona tiene
acceso a la justicia por todas las violaciones de derechos humanos. Mientras
los gobiernos sigan subordinando la justicia a los intereses políticos, la
mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y sufriendo
Internacional ha pedido a los gobiernos que garanticen la rendición de cuentas
por sus propias acciones, ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y garanticen que los crímenes de derecho internacional pueden ser
enjuiciados en cualquier lugar del mundo. También ha afirmado que los Estados
que reclaman el liderazgo global, como los del G-20, son especialmente
responsables de dar ejemplo.
Ataque Israelí contra convoy naval de ayuda humanitaria.
La autodenominada 'flotilla de la libertad', que se proponía llegar a la
Franja de Gaza con 10 mil toneladas de ayuda humanitaria para los palestinos,
fue interceptada por un comando de la marina israelí el lunes de madrugada
dentro de un operativo que concluyó con la muerte de nueve personas y que dejó
un saldo de 38 heridos, siete de ellos soldados israelíes.
pasado la “flotilla de la libertad” se reunió en Chipre y partió hacia Gaza.
Estaba compuesta por seis barcos que transportaban 750 activistas de 60
nacionalidades y algo así como diez mil toneladas de ayuda humanitaria. Las
autoridades israelíes habían advertido que no permitirían el desembarco. El
31 de mayo a las cuatro de la mañana, dos helicópteros con comandos especiales
del ejército israelí interceptaron la flotilla.
de la costa de Israel, todavía en aguas internacionales, los comandos
especiales que iban a bordo de los helicópteros y de lanchas, asaltaron el Mavi
Marmara, el navío más grande del grupo. El ataque provocó la muerte
de nueve personas y heridas a varias otras decenas. Leer más...
Por Guenael Mettraux El 14 de mayo, el Consejo General del
Poder Judicial suspendió al juez Baltasar Garzón de sus funciones tras ser
acusado por cargos de abuso de autoridad.
Su crimen? Garzón presuntamente excedió su
mandato a la hora de decidir iniciar una investigación sobre la desaparición de
civiles durante la dictadura de Francisco Franco, a pesar de una ley de
amnistía que cubría estos crímenes.
En los años anteriores, Garzón se había
convertido en un símbolo viviente de justicia internacional como que persiguió
a personajes de la talla de Augusto Pinochet y Osama bin Laden en nombre de los
principios universales de la dignidad humana, los derechos humanos y la lucha
internacional contra la impunidad.
La reacción a los últimos esfuerzos de
investigación de Garzón y la reciente decisión de la Corte Suprema Brasilera de
mantener una ley de amnistía que se aplica a los crímenes de la dictadura
militar de Brasil son recordatorios poderosos de que los Estados todavía pueden
decidir qué hacer con su pasado, incluso cuando ese pasado envuelve atrocidades
Esta posibilidad, sin embargo, no está
abierta a todos los Estados en la misma medida. Cuando la soberanía ha sido subyugada
(al igual que con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial) o cuando
pueden ser políticamente presionados a la sumisión (Serbia, la más reciente),
los Estados pueden verse obligados a someter sus acciones a la sentencia de
otras naciones en nombre de los mismos valores que habían validado los
esfuerzos de Garzón.
A pesar de las repetidas afirmaciones de
que un conjunto de prohibiciones penales universales aplicables a todos ha
crecido desde estos valores, siguen siendo en gran medida, "le droit des autres", un conjunto de reglas que parecen
dispuestas a aplicarse a los demás, pero no a nosotros mismos. Los "otros" son aquellos
Estados e individuos que han perdido el poder político para anticiparse o
evitar la aplicación de dicho régimen a ellos.
Por Erna París*
La Corte Penal Internacional puede ser
joven, pero su impacto está creciendo exponencialmente.
Frente a 1.000 cadetes de la Academia
Militar West Point a principios de este mes, el presidente Barack Obama rechazó
formalmente las estrategias nacionales de seguridad de su predecesor,
especialmente las que caracterizan el poder unilateral de América y el derecho
a librar una guerra preventiva contra supuestos enemigos. A diferencia de George W. Bush, cuya
política exterior levantó ampollas en todo el mundo, Obama declaró que Estados
Unidos trabajará para elaborar instituciones y estándares internacionales más
fuertes. "El orden
internacional que buscamos es uno que pueda resolver los desafíos de nuestro
tiempo", dijo a su joven audiencia.
Las palabras del Presidente fueron en
general, nobles y estimulantes por una buena razón. Muchos de estos jóvenes cadetes pronto
estarían en Afganistán sirviendo en un frente peligroso. Pero un grupo muy diferente que
observaba el evento de lejos pudo haberse sentido especialmente alentado por el
énfasis de Obama en la universalidad y en las instituciones internacionales. Estoy hablando de los mil y más
diplomáticos y miembros de organizaciones no gubernamentales de la sociedad
civil que se preparaban para asistir a una conferencia internacional celebrada
en Kampala, que comienza hoy. Ellos se reúnen para examinar
las fortalezas y debilidades del Estatuto de Roma, el tratado jurídico que
apoya y dirige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, ahora que el
tribunal ha estado en pleno funcionamiento desde hace varios años.
En su próxima revisión, la Corte Penal Internacional
tiene cosas que celebrar, cosas para mejorar y trampas que evitar
Una editorial de The
Cada vez que el mundo se entera de algún
ultraje incalificable en una zona de batalla, un grito se produce diciendo que
tales cosas nunca deben repetirse. Esa
fue la reacción después del genocidio de Ruanda, después de la limpieza étnica,
asesinatos en masa y violación perpetrados en la ex Yugoslavia, después de las
terribles atrocidades de Sierra Leona y el Congo, y después de los ataques
contra civiles en la región sudanesa de Darfur. Así que para sus partidarios, la
apertura hace ocho años de una Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La
Haya, lista para actuar en los casos en que nadie detuviera y juzgara a los
peores perpetradores de esos crímenes, fue un paso en la dirección correcta. Sin embargo, en la reunión de Kampala,
Uganda, el 31 de mayo, para una revisión del funcionamiento de la CPI, los 111
estados que aceptan su competencia enfrentan grandes responsabilidades.
Su mirada inquisitiva al papel de Corte,
que se origina en los tribunales ad hoc creados para juzgar a los responsables
de las atrocidades en Ruanda, Yugoslavia y Sierra Leona (antes de que la CPI
existiera) la presenta como decadente. Como
su reemplazo permanente, la CPI ha ganando autoridad como el tribunal apropiado
de última instancia para tres grupos de delitos: crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra y genocidio. Su
historial en el manejo de los casos que ha procesado hasta ahora, estará bajo un
escrutunio estrecho. Mientras tanto, la conferencia de Kampala
también debe decidir qué hacer en referencia a un cuarto crimen que figura en
el estatuto fundacional de la Corte en el Estatuto de Roma: la agresión. Una discusión que podría ahogar todo
el trabajo útil que se ha estado preparando para mejorar el rendimiento de la
CPI y alentar a más países a unirse.
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References: resolución 
 artículo 98
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