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EL CONVENIO CONCURSAL | bsr-abogados
Video Albert Sala
Alberto Sala Reixachs, reelegido Presidente de la Sección de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Barcelona
Entrevista a Alberto Sala Reixachs en Barcelona Televisió
EL DEBER DE CONCURRENCIA DEL CONCURSADO A LA JUNTA Y SU ASISTENCIA LETRADA.
La mercantil MMM, bajo la dirección letrada de Alberto Sala Reixachs, levanta el concurso de acreedores
El triple de concursos. Alberto Sala Reixachs, presidente de la sección concursal del Col·legi d’Advocats de Barcelona
El Bufete Sala Reixachs en la dirección letrada del concurso de la textil Gorina
Jornada sobre crisis de las empresas y la ley concursal
Entrevista Alberto Sala Reixachs en “El Mundo”
Alberto Sala Reixachs en “La Gaceta de los Negocios”.
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By admin | Abril 1, 2005
EL CONVENIO EN LA NUEVA LEY CONCURSAL 1. El convenio. 1. Concepto. Podemos definir el convenio como un contrato sui generis de carácter bilateral (al obligarse recíprocamente los acreedores y el concursado), oneroso (al otorgarse igualmente ventajas) y único (al afectar sus cláusulas a to­dos los acreedores por igual) que contiene una reducción o aplazamiento de los créditos, te­niendo gran importancia la intervención de la autoridad judicial, cuya función debe dirigirse a excluir aquellos pactos y cláusulas incardina­dos en los distintos motivos de oposición, para asegurar la validez del acuerdo, y su posterior homologación con fuerza vinculante para los acreedores afectados por el mismo.
2. Contenido del convenio. 2. 1. Convenio de quita y convenio de espera. La nueva Ley Concursal prevé expresa­mente la posibilidad de proponer convenios dilatorios, remisorios o propuestas que con­tengan ambas eventualidades. Sin embargo, en los supuestos de quita ésta no podrá exceder del cincuenta por ciento del pasivo común y en el caso de espera el plazo de pago queda limitado a cinco años. No obstante, dicha dis­posición legal no tiene carácter imperativo si­no más bien discrecional, pues el párrafo se­gundo del art. 100 faculta al juez a autorizar motivadamente la superación de dichos lími­tes, únicamente cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad pueda tener espe­cial trascendencia para la economía y siempre que la necesidad de la ampliación de la quita o espera la contemple el plan de viabilidad. En la práctica, y dada la ambigüedad del enuncia­do del precepto, puede traducirse en una fa­cultad de la que harían uso innumerables em­presas. El enunciado del artículo 100.1 de la Ley se inspira en el artículo 872 del Código de comercio vigente, que limitaba la espera a tres años y prohíbe cualquier quita o rebaja de créditos. Sin embargo, y a pesar de que algu­nos autores consideraron vigente el artículo 872, éste debe considerarse derogado desde la promulgación de la Ley de 26 de julio de 1922 que en su artículo 2, número 4, no esta­blece límite a la espera ni prohíbe los conve­nios remisorios sea cual sea el porcentaje de la quita. En el mismo sentido, el párrafo tercero del artículo 14 de la citada Ley autoriza ex­presamente que la espera exceda de tres años, sin prohibir la quita. Únicamente en relación con estos convenios, se exige un quórum re­forzado de los tres cuartos del pasivo en pri­mera junta y dos tercios en segunda. 2.2. Propuestas alternativas. No es infrecuente en la práctica concursal, que se vote un convenio que contenga dis­tintas propuestas alternativas (ad exemplum «pago de la totalidad de la deuda en cinco años» o «pago del setenta por ciento de los créditos en tres años» o «conversión de los créditos acciones de la entidad deudora»), dando la posibilidad a los acreedores que acepten y suscriban la que consideren oportu­na. Las propuestas alternativas en los procedi­mientos concursales suelen infringir la par con­ditio creditorum respecto a los acreedores no concurrentes a la junta o disidentes. La Ley concursal para evitar la nulidad del convenio obliga al concursado y, en su caso, a los acreedores proponentes a determinar cual será la alternativa aplicable para el acreedor que no concurra a la junta o vote en contra del con­venio. Dicha obligatoriedad de elección agra­vará sin duda la situación actual. La propuesta más onerosa será votada probablemente por los acreedores afianzados, los ficticios y los confabulados con el concursado con la única finalidad de obtener el quórum mediante ma­niobras clandestinas y secretas dirigidas a la aprobación del convenio. Concluyendo, en la vigente normativa concursal las propuestas alternativas generalmente vulneran la igualdad de condición de todos los acreedores. La Ley Concursal empeora esta situación al provocar el fraude a través de conductas torticeras. 2.3. Prohibición de los denominados convenios de liquidación. La Ley concursal prohíbe los convenios de liquidación, tanto bajo la forma de la datio pro soluto como de la datio pro solvendo al quedar excluidos del concurso. Es grave que la normativa concursal vede a los acreedores y al concursado suscribir convenios de reali­zación de bienes cuando estos sean equitativos y justos. La negación de estos acuerdos liquidatorios no sólo infringe la autonomía de la voluntad de los contratantes sino que vulnera el artículo 1.255 del Código civil y el principio cardinal de celeridad en los pro­cedimientos concursales. Obliga a iniciar un dilatado proceso de liquidación en contra del interés de los acreedores y del concursado. Es cierto que la mayoría de los procedi­mientos concursales concluyen en la actuali­dad con un convenio de venta de los activos a través de una comisión. En los referidos acuerdos, los acreedores difícilmente perciben alguna cantidad, pero ello no es debido a la falta de bondad de los concordatos liquidato­rios sino a la dejación de funciones del órgano jurisdiccional, al autorizar la propuesta de un convenio de dación en pago o para pago cuando los activos del deudor son inexisten­tes.Concluyendo, la Ley veda la autonomía de la voluntad, impide una transacción entre deudor y acreedores y obliga a una realiza­ción de bienes reglada a través de los admi­nistradores concursales. Todo ello, en la prác­tica, puede redundar en grave perjuicio de todos los interesados (por ejemplo, en los ca­sos de ventas en pública subasta). 2.4. Plan de pagos y plan de viabilidad.
La Ley Concursal, inspirándose en el derecho comparado determina que la pro­puesta de convenio debe ir acompañada de un plan de pagos y de un plan de viabilidad, cuando para cumplir el convenio se prevea contar con los recursos que genere la activi­dad profesional o empresarial del concursa­do. La «cautela» de la Ley la consideramos fruto de una doctrina halagüeña pero qui­mérica. Entiende la normativa concursal que cuanta mayor complejidad y solemnidades se den en fase de convenio, mayores garantías tendrán los acuerdos alcanzados. No obs­tante, en nuestra normativa concursal nunca ha sido así. El legislador, al promulgar la antigua Ley de suspensión de pagos de 26 de julio de 1922, ya exigió para admitir a trá­mite la solicitud que se acompañaran a ésta, entre otros documentos, un balance detalla­do del activo y pasivo (artículo 2, número 1), una memoria de las causas por las que se presenta suspensión de pagos y medios con los que cuenta el deudor para resolver esta situación (artículo 2, número 3), unos libros de comercio (artículo 3), etc. En la práctica judicial, y para cumplir el formalismo, acostumbran a confeccionarse los libros de comercio días antes de la pre­sentación del expediente y con escasísimos apuntes contables, la memoria suele extenderse de un modelo de ordenador o de un libro de formularios y el estado de situación, que no el balance, carece de todo detalle.La Ley concursal, que en todo su articula­do ignora la práctica jurídica, logrará sin lugar a dudas alargar el procedimiento, conseguir que el acuerdo sea exageradamente complejo o que los planes de pagos o viabilidad sean un mero requisito formal carente de contenido.
3. Proposición anticipada de convenio. 3. 1. Plazo de presentación y prohibiciones. El plazo para presentar la propuesta anti­cipada de convenio arranca desde la solicitud del concurso voluntario, o declaración del concurso necesario, y expira cuando conclu­ye el término para la comunicación de cré­ditos. La Ley, prohíbe expresamente pre­sentar propuesta anticipada de convenio al deudor que hubiese solicitado la liquidación o su situación se incardine en alguna de las prohibiciones que señala el artículo 105. El referido precepto contiene interdicciones que, a nuestro juicio, exteriorizan el carácter taxativo y poco meditado de la norma. Así pues, es falta de buen sentido la prohibición de presentar una propuesta anticipada de convenio a aquellos administradores que, sin tener la condición de legales representantes de la sociedad, sucedan en el cargo al admi­nistrador que tres años antes a la presenta­ción de la propuesta de convenio, fuera condenado por alguno de los delitos que se indican. Tampoco encontramos acertado que se confunda la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil con la facultad de proponer un convenio. De mayor enjundia es la prevista en el ordinal 4 del número 1 del citado art. 105, pues sanciona expresa­mente con la prohibición de presentar pro­puesta anticipada a la persona que, habiendo estado sometida a concurso, haya cumplido todos los pagos, declarándose la conclusión del concurso. Pues bien, si el plazo de tiem­po transcurrido desde la terminación del concurso hasta la propuesta anticipada no excede de tres años, la Ley sanciona al deu­dor cumplidor, y a sus acreedores, con la prohibición de presentar propuesta anticipa­da de convenio. Asimismo, dentro de las prohibiciones merece especial mención la enunciada en el propio ordinal 5.° letra d), esto es, la referida a la constitución o ampliación dentro de los tres años anteriores a la fecha de solicitud del concurso de garantías reales para el aseguramiento de obligaciones preexistentes. Dicha práctica no es infre­cuente en la actualidad. En numerosas oca­siones las entidades de crédito confabuladas con el deudor, pero antes de la presentación del procedimiento concursal garantizan su crédito común con hipoteca a fin de ostentar la titularidad de un crédito singularmente privilegiado en el proceso de quiebra o en el expediente de suspensión de pagos. La ac­tuación se realiza en fraude de acreedores y es rescindible en la suspensión de pagos me­diante el ejercicio de la acción pauliana (artí­culo 1.291, número 3.° del Código civil). En el procedimiento de quiebra el ejercicio de la acción reviste mayor sencillez al incar­dinarse en el párrafo 2° del artículo 878 del Código de comercio. No obstante, si la ga­rantía hipotecaría de créditos comunes pre­existentes no se halla afectada por la retroac­ción, la Sindicatura deberá residenciar su pe­tición en el artículo 882 del Código de comercio que alude al periodo sospechoso y amplía el periodo de retroacción en dos años siempre que exista fraude. 3.2. Admisión a trámite, informe de la administración judicial, adhesiones de los acreedores y aprobación del convenio anticipado. Para la admisión a trámite de la pro­puesta anticipada de convenio, ésta deberá venir suscrita por acreedores que represen­ten la quinta parte del pasivo (quórum a nuestro juicio excesivo). El juez resolverá sobre la admisión de la propuesta anticipada al declarar el concurso, salvo en aquellos su­puestos que la proposición se formule con posterioridad, en cuyo caso el titular del órgano jurisdiccional resolverá dentro de los tres días hábiles a contar desde la pre­sentación. La propuesta anticipada, en lo que se re­fiere al plan de pagos y al plan de viabilidad, debe ser informada por los administradores. Dicho informe, para cuya elaboración el anteproyecto no fija plazo, en el supuesto de ser desfavorable puede dar lugar al rechazo de la propuesta anticipada por parte del juez. Si dentro del término establecido por el artí­culo 108 de la Ley se obtienen adhesiones que sumen la mitad del total pasivo común del concurso, el juez dictará sentencia po­niendo fin al procedimiento y declarará aprobado el convenio. La propuesta de convenio anticipada se caracteriza tanto por su complejidad como por su carácter dilatorio. La complejidad se exterioriza en el momento de presentar la propuesta, los requisitos para su aceptación, el informe de los administradores, el trá­mite de adhesiones y la aprobación del convenio cuando aún están pendientes de resolución las posibles impugnaciones. El carácter dilatorio normalmente es fruto de la complejidad, pero se agrava al no establecerse plazo para el informe de los adminis­tradores y por el prolongado periodo para la presentación de las adhesiones que, con toda seguridad y dado el contenido de los ar­tículos 74, 95 y concordantes de la Ley, en la práctica puede ser superior a un año. Todo ello sin tener en cuenta el tiempo de tramitación de los incidentes anteriores a la oposición a la declaración del concurso. Es inadmisible que la forma más rápida para concluir el concurso previsto en la Ley, se prolongue en la práctica por un periodo superior al año. 4. Apertura de la fase de convenio. La apertura de la fase de convenio viene regulada por los artículos 111 al 115 de la Ley que ordena cronológicamente el momento procesal en el que el juez dicta el auto de apertura, los efectos de la referida resolución, la presentación de la propuesta de convenio, la admisión a trámite de la misma y su trami­tación. No vamos a comentar separadamente cada uno de los preceptos ni a profundizar so­bre su contenido, pues desbordaría el conteni­do del artículo. No obstante, es preciso reite­rar su desacertada redacción, la proliferación de innumerables plazos que conllevan la dila­ción del procedimiento vulnerando nueva­mente el espíritu de celeridad que debió ins­pirar la nueva Ley.
5. La Junta de acreedores. 5. 1. Constitución. La Junta, al igual que establece el artí­culo 10, párrafo segundo, de la Ley de 26 de julio de 1922, se celebrará el lugar, día y hora señalado en la convocatoria. La Ley determina que la junta será presidida por el juez o excepcionalmente por el miembro de la administración concursal que por él se de­signe. En la mayoría de los casos, por no de­cir en casi su totalidad, el titular del órgano jurisdiccional, apoyándose en otros señala­mientos del juzgado, designará el adminis­trador que debe sustituirlo, por lo que lo ex­cepcional se convertirá en normal. 5.2. Deber de asistencia. La Ley obliga a asistir a la Junta: -Al concursado, por sí o mediante apo­deramiento con facultades suficientes para aceptar y negociar convenios. Dicho pre­cepto contiene una importante laguna legal al no establecer las consecuencias en el su­puesto de no concurrir a la junta el deudor. Es decir, no determina si se procederá a la apertura de la fase de liquidación, si se con­vocará nuevamente la junta o si se celebrará ésta sin la concurrencia del deudor. El dic­tamen del Consejo de Estado hacía especial mención en la oscuridad del Anteproyecto al no establecer las consecuencias de la inasis­tencia, mencionando que en el trámite parlamentario debía resolverse. Desgraciadamente, la Ley se ha promulgado con el mis­mo enunciado del Anteproyecto. -A los administradores judiciales, si estos no concurren, la Ley prevé expresamente la pérdida de su remuneración. 5.3. Derecho de asistencia. La Ley autoriza a comparecer a la junta a todos los acreedores que figuren en el texto definitivo de la lista. En el supuesto de apo­deramiento, los poderes no es preciso que sean ad litem, pero el procurador deberá estar ex­presamente facultado para asistir a juntas de acreedores en procedimientos concursales. 5.4. Lista de asistentes. La Ley obvia la forma en que podrán ser relacionados los acreedores concurrentes a la junta, optando por el sistema tradicional de verificar las facultades de todos y cada uno de los concurrentes. Tal falta de previsión y ante la inexistencia de un procedimiento es­crito (artículos 18 y 19 Ley de suspensión de pagos), no será infrecuente que en juntas de cientos de acreedores los administradores empleen varias horas cuando no días en re­señar los poderes de los asistentes y, realizada la comprobación, la discusión del convenio y la votación del mismo se resuelva en pocos minutos. Ello supone un claro desprecio al ciudadano en general y al acreedor en particular, cuando no una burla a su dignidad. 5.5. Deliberación y votación.
La Ley establece que el presidente diri­girá las deliberaciones, decidirá sobre los apoderamientos, analizará la acreditación de los comparecientes u otros extremos de ca­rácter jurídico. En cuanto a las deliberacio­nes es lógico que, en primer lugar se vote la propuesta del concursado y, de no aceptarse, la de los acreedores sucesivamente de mayor a menor cuantía. La intervención de tres acreedores a favor y tres en contra del convenio viene recogida res­pecto al concurso en el artículo 1139, número 3 de la antigua Ley de Tramitar (sin embargo limita el número a dos) y en relación con la suspensión de pagos, dicha posibilidad, se incar­dina en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de 26 de julio de 1922. Dichos preceptos están en vigor desde hace ciento veinte años y ochenta años respectivamente, y la práctica ju­rídica después de la celebración de numerosas juntas ha demostrado que su contenido es ne­fasto, bien por su no-utilización (se propone un convenio sin que ningún acreedor hable a fa­vor o en contra del mismo), bien porque su aplicación ha sido fraudulenta (es frecuente que, para evitar que se intervenga en contra del convenio, el proponente llegue a un acuerdo con tres acreedores a fin de que agoten los tur­nos en contra sin atacar le convenio). La Ley ignora lo que ha ocurrido en los más de cien años de vigencia de la normativa concursal y reproduce el enunciado de dos artículos que tanto daño han causado en las juntas de acree­dores. No es necesario excluir los turnos a favor y en contra, basta facultar al presidente de la junta para dirigir las deliberaciones con amplias facultades. 5. 6. Acreedores sin derecho de voto. La interdicción de votar el convenio a los acreedores de la masa o contra la masa (aquellos nacidos con posterioridad a la de­claración del concurso) es de buen sentido, pero es una conclusión tan notoria y mani­fiesta que la Ley debería haber obviado in­cluirla en el enunciado de un precepto. 5. 7. Acreedores privilegiados. La Ley, a diferencia de la vigente nor­mativa concursal, autoriza a los créditos pri­vilegiados no sólo a asistir a la junta sino in­cluso a participar en las deliberaciones y, concurriendo e interviniendo, no les afectará el convenio sino se adhieren al mismo. El contenido del artículo 123 de la nueva normativa concursal choca frontalmente con el penúltimo párrafo del ar­tículo 15 de la Ley de suspensión de pagos, que somete a los efectos del convenio a los acreedores comprendidos en los nú­meros 1, 2 y 3 del artículo 913 del Códi­go de comercio que comparezcan a la junta. El artículo 900 del Código de co­mercio relativo a la quiebra, faculta a los titulares de créditos privilegiados a con­currir a la junta pero prohíbe que partici­pen en las deliberaciones, y de hacerlo quedarán afectados por acuerdo. La Ley, en contradicción con la norma­tiva anterior (la mejor doctrina es la conte­nida en el artículo 15 de la Ley de 26 de julio de 1922) llega al principio del absur­do. Autoriza a los acreedores privilegiados a asistir a la junta, a utilizar los turnos a favor y en contra, y a influir directamente en el voto de los acreedores comunes (bien in­formando que de no someterse a su volun­tad ejecutarán sus garantías reales, bien ejerciendo presión sobre los acreedores concurrentes en el caso de créditos labora­les, bien utilizando la fuerza del estado en el supuesto de la Seguridad Social o la Ha­cienda Pública, o bien por muchísimas otras razones), obligándoles a adherirse al convenio que más les interese pese a que no les afecte. 5.8. Quórum de aprobación del convenio. Como regla general la Ley exige para la aprobación del convenio el voto favorable de la mitad del pasivo del concurso. No obstante, cuando se convenga el pago de la totalidad del pasivo común en un plazo in­ferior a tres años, o se plantee satisfacer el ochenta por ciento de los créditos inmedia­tamente, la Ley reduce sensiblemente los quórums. La finalidad de primar con la reducción del quórum los convenios más benignos a los acreedores en principio parece digna de encomio, pero la Ley no ha previsto que ello significa también un campo abonado al fraude. Efectivamente, el deudor que no tenga posibilidad de obtener el quórum de la mi­tad del pasivo pero por circunstancias obvias le interese conseguir un convenio, no du­dará en proponer un acuerdo que ab inicio es plenamente consciente de su imposible cumplimiento pero que está obligado a sus­cribir para evitar la liquidación del patrimonio. 5.9. Trato singular. La normativa concursal establece que cuando se otorgue una trato singular a favor de determinados acreedores serán necesarias, además de las mayorías recogidas en el ar­tículo 124 de la Ley (apartado 5.8 de este ar­tículo), el voto favorable en la misma pro­porción, del pasivo no afectado por el trato singular. El enunciado del precepto es copia casi literal del penúltimo párrafo del artí­culo 14 de la Ley de suspensión de pagos que establece: «Cuando en el convenio se es­tablezcan ventajas especiales a favor de deter­minados grupos de acreedores, no se tendrán en cuenta los votos de éstos en cuanto a los extremos que les beneficien». El precepto se in­fringe reiteradamente en la mayoría de los convenios rompiendo el principio de la par conditio creditorum. Efectivamente, es frecuente introducir en los convenios pactos que faculten a acreedores que por descuentos, suministros o financiaciones hayan practicado retenciones a la suspensa, a aplicarlas al cobro de sus créditos una vez aprobado el convenio. También suele incluirse una cláusula que autoriza a la suspensa a otorgar un trato es­pecial a los acreedores que, con posterioridad al auto de aprobación del convenio, conti­nuaran suministrando mercancías o descon­tando efectos. En ambos supuestos el conve­nio se sancionará con la nulidad por las si­guientes razones: 1ª. Los acreedores favorecidos no se identifican en el convenio por lo que impide conocer a qué titulares de créditos se esta­blecen ventajas.
2ª. La cláusula autoriza una com­pensación prohibida en los convenios concursales.
3ª. El pacto rompe el principio de la par conditio creditorum, informador de los procedimientos concursales. 6. La impugnación al convenio. 6.1. Plazo. El plazo para oponerse al convenio es de diez días hábiles al tratarse de un términoProcesal. 6.2. Legitimación. Están legitimados para impugnar el con­venio los administradores judiciales, los acreedores no concurrentes, los privados ile­gítimamente de voto y los que hubieran votado en contra. 6.3. Causas. La oposición podrá fundarse en la in­fracción legal en la constitución de la junta, en su celebración o en el contenido del con­venio. 6.4. Infracción legal en la celebración de la junta. La Ley considera motivos de infracción legal en la celebración de la junta, aquellos supuestos en que el voto decisivo para la aprobación del convenio sea emitido por acreedores ficticios, aparentes, simulados o falsos, u obtenidos mediante maniobras torti­ceras dirigidas a romper la par conditio credi­torum. Incomprensiblemente, el falseamiento o simulación de los créditos y las inteligen­cias fraudulentas para obtener el voto decisi­vo para la aprobación del convenio, no las sanciona la Ley con la nulidad del acuerdo sino que, haciendo caso omiso de la actuación del deudor y los acreedores ficticios y confa­bulados, premia su conducta casi-delictiva con la convocatoria de una nueva junta (ar­tículos 128.1, párrafo cuarto y 129). 6.5. Requisitos para oponerse a un convenio inviable.
Cuando el convenio sea inviable, única­mente podrá impugnarse por la administra­ción judicial y acreedores que representen el cinco por ciento de los créditos ordinarios. Dicha previsión del art. 128.2 de la Ley, nos parece cuando menos desacertada, pues si el convenio es inviable y de imposible cumplimiento debería estar legitimado para im­pugnarlo cualquier acreedor, con exclusión del crédito que represente. 6.6. Necesidad de denunciar la infracción legal en el momento de producirse.
La Ley, en su art. 128.4, veda la oposi­ción fundada en infracción legal en la cons­titución o celebración de la junta a quien habiendo asistido a ella no la denuncia en el momento de su comisión. De nuevo la Ley parece desconocer la práctica jurídica en los procedimientos concursales (cómo se celebra una junta, la actuación de los intervinientes, etc.). Es obvio que difícilmente el acreedor de buena fe podrá apercibirse durante la ce­lebración de la junta de las infracciones legales cometidas. Desconocerá los inte­reses y representación de los que utilicen los turnos a favor o en contra y la realidad jurídica de estas empresas o particulares, su interés en el convenio y sus relaciones con el deudor. También carecerá de los datos suficientes para constatar la falta o defectos de representación, el contenido de la convocatoria, etc., será después de la junta y en el plazo de diez días hábiles que la Ley confiere para impugnar el convenio cuando el acreedor, mediante el análisis del acta de la junta, la consulta de registro pú­blicos (Registro mercantil, Registro de la propiedad, etc.), las manifestaciones de otros acreedores y el soporte documental examinado, podrá determinar si se ha pro­ducido o no la infracción legal en la cons­titución o celebración de la junta. Preten­der que en el mismo momento de la junta, el futuro impugnante pueda conocer he­chos que aún no se han producido o que son clandestinos y secretos, nos parece una interpretación desatinada por parte del Legislador. 6.7. Tramitación. La impugnación se tramita por el cau­ce del incidente concursal. Producida la infracción legal en la constitución y cele­bración de la junta se acordará una nueva convocatoria. No obstante, si la infracción afecta al contenido del convenio éste será rechazado. 7. Rechazo de oficio del convenio por el juez. El titular del órgano jurisdiccional, haya sido o no formulada oposición, re­chazará de oficio el convenio si aprecia la existencia de infracción legal en la cons­titución de la junta, su celebración o en el contenido del convenio. Si la infracción afectase a la constitución o celebración de la junta acordará la convocatoria de una nueva junta. 8. Eficacia del convenio. El convenio obliga a los acreedores or­dinarios (concurrentes, ausente e incluso a los disidentes) y a los subordinados. También sus efectos alcanzan a los privilegiados que se hubiesen adherido al convenio, no así a los acreedores de la masa nacidos con posterio­ridad a la declaración del concurso.
9. Cumplimiento e incumplimiento del convenio. 9. 1. Cumplimiento del convenio. Cumplido el convenio y acreditado por el deudor el juez lo declarará mediante auto. 9.2. Incumplimiento del convenio. Cualquier acreedor que considere incumplido el convenio en lo que le afecte, podrá solicitar ante el titular del órgano ju­risdiccional la declaración de incumpli­miento. La acción podrá ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y cadu­cará a los dos meses desde la publicidad de la declaración de cumplimiento. A nuestro parecer el último párrafo del artículo 17 de la Ley de 26 de julio de 1922 y el artículo 906 del Código de comercio de 1885, referi­dos respectivamente a la solicitud de rescisión por incumplimiento en la suspensión de pagos y la quiebra, gozan de un mayor rigor jurídico que la previsión de declaración de incumplimiento regulado en la Ley, esencialmente porque los citados preceptos observan un plazo arbitrario en per­juicio de los acreedores.
10. Conclusión. La regulación del convenio en la Ley Concursal no sólo carece de rigor jurídico sino que la mayoría de sus preceptos, de forma harto compleja, dilatan la obtención de un acuerdo y alargan el procedimiento. También es de destacar que el enunciado de numerosos artículos es un campo abo­nado al fraude. Por último mencionar que la Ley Concursal no ha sabido armonizar el Derecho con la realidad económica y jurídica actual. A nuestro juicio, y am­pliando lo que ya informó el Consejo de Estado, entendemos que en la Ley Con­cursal, y esencialmente en la disciplina del convenio, destacan la oscuridad, la con­tradicción, la incoherencia, la reiteración innecesaria de conceptos, la extensión ex­cesiva de sus preceptos, un intento vano de regular taxativamente y con carácter de numerus clausus todas las situaciones y, en definitiva, una manifiesta desconexión con la realidad mercantil.
ALBERTO SALA REIXACHS. Abogado. Doctor en Derecho.
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References: sui generis
 artículo 100
 artículo 872
 artículo 872
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 105
 artículo 878
 artículo 882
 resolución 
 artículo 1139
 artículo 14
 artículo 123
 artículo 913
 artículo 900
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 906