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Timestamp: 2018-09-18 23:57:17+00:00

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Corte Suprema rechaza recursos de casación contra sentencia que anuló el caso de proyecto “Recolección y Disposición de las Aguas Servidas de Temuco y Padre las Casas” – Microjuris - Chile
Corte Suprema rechaza recursos de casación contra sentencia que anuló el caso de proyecto “Recolección y Disposición de las Aguas Servidas de Temuco y Padre las Casas”
La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Ambiental, que acogió la reclamación deducida por Aguas Araucanía y declaró que la Resolución Exenta de la Comisión Evaluadora de Proyectos de la Región de la Araucanía, que sancionó a la reclamante con una multa de 500 UTM, no se conforma a la normativa vigente.
En cuanto al recurso de casación de forma:
El recurrente afirma que la sentencia se dictó con omisión del requisito establecido en el número 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que no contiene las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento; que está dispuesto, a su vez, en el artículo 26 de la Ley N° 20.600, en relación con lo previsto en el artículo 25, que exige que la sentencia se haga cargo de todas las pruebas. La sala sostuvo, que la sentencia impugnada se emitió conforme al mérito del proceso y contiene las consideraciones de hecho y de derecho relativas a la controversia que fue sometida a la decisión del tribunal, que quedó circunscrito al evento que motivó la sanción, esto es, el resultado de la toma de la muestra que se obtuvo el 19 de noviembre de 2012, a las 17:50 único antecedente que se tuvo presente para imponerla, y, además, la circunstancia que el recurrente no las comparte no configura el vicio formal invocado, corresponde que el recurso de nulidad formal sea desestimado.
En cuanto al recurso de casación de fondo:
El recurrente acusa la contravención de los incisos 2° y 3° del articulo 13 y en los incisos 1° y 2° del artículo 53, ambos de la Ley N° 19.880, al concluir que las deficiencias en la metodología del muestreo puntual impedían dar por
acreditada el incumplimiento del considerando 3.3 de la Resolución N° 94/2001, sin realizarse ningún análisis
respecto a la existencia o no del perjuicio irrogado al reclamante, indispensable al momento de declararse la
nulidad de un acto administrativo; indicando que no se aplicó el denominado principio de conservación del reclamado, que impone una multa ante el incumplimiento en que el titular del proyecto incurrió, que, en caso de su nulidad, quedaría sin sanción.
En relación a ello, la Corte Suprema indicó, “de acuerdo a lo que disponen los artículos 767 y 771 del Código de Procedimiento Civil el recurso de casación en el fondo tiene lugar contra las sentencias que participan de la naturaleza jurídica que indica la primera disposición, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley con influencia substancial en su parte dispositiva; y debe interponerse por la parte agraviada. Así, respecto de lo primero, tiene que necesariamente acusarse la conculcación de normas que se denominan decisoria Litis, que son aquellas que se caracterizan porque sirven para resolver la cuestión materia de la controversia, esto es, para decidir el juicio, pues son las únicas que pueden influir de modo substancial en la parte dispositiva de la sentencia; y en lo que concierne a lo segundo, debe entenderse por tal a aquel litigante a quien no se le acogieron en todo o en parte las alegaciones o defensas que planteó en los escritos principales del pleito o en las instancias orales establecidas al efecto, ergo, durante todo el juicio ha de mantener, necesariamente, un discurso coherente y, por lo mismo, no puede fundar su recurso de nulidad sustancial en otras”.
Concluye que las normas que según se vulneraron no son decisorias para la litis pues la Ley Nº19.880 establece las las bases para los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; y la de la Ley 20.473 sólo otorga, transitoriamente, las facultades fiscalizadoras y sancionadoras que indica a la comisión señalada en el artículo 86 de la Ley 19.300 y establece el procedimiento de reclamo en contra de las resoluciones que se adopten.
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References: Resolución 
 artículo 170
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 53
 Resolución 
 artículo 86