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Timestamp: 2018-07-19 09:44:58+00:00

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Recortes de Prensa Lunes 17 Agosto 2009
EDITORIAL Libertad Digital 17 Agosto 2009
Pensamos que cualquier cosa sería mejor que Bermejo en el Ministerio de Justicia y seguramente acertamos. Pero que lo actual sea ligeramente mejor que lo que se fue de cacería en cacería no significa que sea bueno. De hecho, en muy pocos días Caamaño ha demostrado que pertenece exactamente a la misma ganadería sectaria y amante del uso alternativo del Derecho, que tanto aprecian los magistrados de izquierdas porque les permite saltarse la Ley a la torera para hacer lo que los suyos les dicen que conviene.
Para los fieles practicantes de esta alternativa a la manera tradicional de hacer Justicia, es decir, aplicar la ley, el Derecho debe emplearse como herramienta al servicio de las clases oprimidas frente a las dominantes. Desde su punto de vista, naturalmente, eso supone que el juez debe dictaminar lo que su conciencia de izquierdas diga que debe dictaminar, al margen de las leyes aprobadas en el parlamento o de la Constitución que protege los derechos de los ciudadanos frente al poder.
Si no fuera porque algunos jueces consideran que sus ideas deben pasar por encima de la Constitución que aprobamos en referéndum todos los españoles, nadie tendría ninguna duda de que el TC echaría abajo una buena parte del Estatuto catalán. De hecho, cuando desde el Gobierno de esta región española se ha presionado al tribunal para que dé su beneplácito al texto no se ha intentado defenderlo desde una perspectiva jurídica, sino que se ha procurado imponerlo bajo la idea de que si algo ha sido aprobado por la mayoría de los catalanes, las pocas personas que interpretan la Constitución carecen de legitimidad para echarlo abajo. Sin embargo, al dar esta razón olvidan un hecho esencial, como es que la carta magna ha sido aprobada por todos los españoles y tiene un rango superior a cualquier estatuto regional, que sólo es aprobado por una parte de los ciudadanos.
Ahora Caamaño, preparando el terreno para un fallo que use el Derecho como herramienta al servicio de la clase dominante, la política, ha argumentado que "no ha pasado nada excepcional" tras dos años de aplicación del Estatuto catalán. Suponemos que al ministro de Justicia no le parecerá excepcional que se apruebe una ley educativa que proscribe el idioma que "todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar", según la Constitución, y que es una de las cosas que aún unen a todos los ciudadanos de nuestro país. Pero lo más asombroso es que no le parezca excepcional que un texto legal de constitucionalidad tan dudosa se esté aplicando sin esperar a que el TC se pronuncie al respecto.
El problema, no obstante, es que no es sólo el Gobierno y los nacionalistas quienes están aportando su granito de arena para hacerles más tragable a los miembros del TC el sapo jurídico que se tendrían que tragar de bendecir el Estatuto tal cual está. También el PP parece haberse sumado a esta carrera enterrando toda oposición a este intento de voladura controlada del régimen nacido en 1978, prefiriendo un hipotético pacto con CiU que la defensa de sus ideas en todas las regiones de España. ¿Qué pueden hacer los españoles cuando ninguno de los dos partidos que pueden gobernar defiende unas ideas compartidas por la mayoría de los ciudadanos?
Editorial La Razón 17 Agosto 2009
Con el desempleo en más de cuatro millones de personas, el Gobierno está muy satisfecho con los resultados de su medida estrella contra el paro. Según los últimos datos, el Fondo de Inversión Local de 8.000 millones ha creado más de 400.000 puestos de trabajo. Para el Ejecutivo, la experiencia ha sido tan positiva que ha puesto en marcha un segundo Fondo, dotado con 5.000 millones de euros. El Gobierno saca pecho con una estadística que es una verdad a medias. Obviamente, en un panorama de destrucción de empleo galopante como el español, cualquier iniciativa que palíe en parte la situación siempre será mejor que no hacer nada.
Pero la realidad es que detrás de esos 400.000 puestos hay trabajo precario y temporal que no resuelve en absoluto el problema de fondo. Es un parche que ayuda a maquillar las crudas estadísticas de desempleo, similar a los casos de esos otros cientos de miles de personas que no figuran en las tablas oficiales porque están inscritas en cursos de formación, son demandantes de empleo con disponibilidad limitada o serán beneficiarios del nuevo subsidio que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros.
En un país con cerca de 3 millones de funcionarios y una crisis galopante, que el número de empleados que trabaja para el conjunto de las administraciones públicas (local, autonómica y central) aumentara un 5,4% interanual en el primer trimestre de 2009, el mayor ritmo de los últimos seis años, es un despropósito que sólo tiene motivaciones políticas y no laborales. El propio presidente Zapatero se comprometió a un necesario recorte del 70% de la oferta pública de empleo.
El recurso a la figura del Estado como patrono nos parece una salida fácil e improvisada cuando no se sabe qué hacer o no se tiene la audacia precisa para tomar las decisiones adecuadas. No hay principio alguno que confirme que a más funcionarios, mayor eficacia, diligencia y productividad en la Administración. Más bien, la experiencia nos dice lo contrario. Las estructuras sobredimensionadas suelen ser poco resolutivas.
DANIEL INNERARITY El Correo 17 Agosto 2009
| PROFESOR DE FILOSOFÍA EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y PROFESOR INVITADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SORBONA
La actual es una «crisis de la política, de los Estados (que son, hoy por hoy, los principales actores políticos)», asegura el autor. «El Estado que emerge tras la crisis es menos poderoso, debido a la naturaleza global de la crisis y a la limitada eficacia de los instrumentos tradicionales de la política económica»
Las situaciones de crisis no son las más propicias para someter a prueba los conceptos con los que tratamos de interpretarlas. Parece como si en ellas los tópicos se instalaran con mayor finalidad. Uno de los que ha hecho furor es el que achaca la actual crisis económica a un fallo del mercado y anuncia gozoso un retorno del Estado. Seguramente han contribuído a fortalecer esta impresión de vuelta al keynesianismo clásico las medidas presupuestarias y monetarias adoptadas por muchos Estados, principalmente las decisiones de rescate financiero adoptadas desde septiembre de 2008.
Por supuesto que la crisis únicamente puede explicarse como una conjunción de fracasos, pero se ha monopolizado tanto la acusación contra el mercado que me parece necesario, para comprender bien su naturaleza, insistir en que se trata, sobre todo, de una crisis de la política, es decir, de los Estados (que son, hoy por hoy, los principales actores políticos).
Todas las apariencias apuntan hacia los excesos del mercado como responsables de la crisis actual: los bancos han olvidado las reglas prudenciales, los inversores han arriesgado excesivamente, las agencias de rating han inducido al error sobre la apreciación de los riesgos... El mercado ha cometido muchos errores y es normal que la crisis los sancione. Ahora bien, afirmar que el mercado es el único culpable equivale a no haber entendido bien el correspondiente fracaso de las instituciones políticas. Y un mal diagnóstico no presagia nada bueno cuando se trata de pensar también las soluciones.
Uno de los planteamientos menos afortunados a la hora de entender la crisis económica ha sido interpretarla en el interior del debate entre neoliberalismo y socialdemocracia, como si ése fuera el verdadero campo de juego ideológico en el que se habrían de mover las posibles soluciones, y sin entender que es precisamente esa alternativa la que ha dejado de tener sentido a la hora de abordar las crisis globales. El neoliberalismo ha salido, lógicamente, peor parado de la crisis, pero eso no da motivo para especiales celebraciones entre quienes auguran un retorno del Estado y no están en condiciones de aclarar qué puede significar ese retorno. Lo que hay que explicar -y a lo que debe hacerse frente- es que el Estado que emerge tras la crisis es un Estado menos poderoso, debido a la naturaleza global de la crisis y a la limitada eficacia de los instrumentos tradicionales de la política económica.
En el curso de los últimos años los Estados han cometido grandes errores de política monetaria y presupuestaria. El incremento del efecto de apalancamiento en la economía mundial es imputable más al fracaso de la política macroeconómica, especialmente de la política monetaria norteamericana, que a un fallo de los mercados, cuyo único error ha sido reaccionar como era previsible a las incitaciones de la política. Fue el Estado el que incitó a los bancos a desarrollar sus créditos 'subprimes', ya con la Administración Clinton en 1999, presionada por las asociaciones que denunciaban el carácter discriminatorio de los préstamos hipotecarios. En Francia, unas semanas antes de que se desatara la crisis, tanto los parlamentarios de la izquierda como los de la derecha discutían una proposición de ley sobre el acceso universal al crédito. Interesa subrayarlo para poner de manifiesto que también las decisiones públicas, y no sólo las decisiones de los actores en el mercado, están dictadas por unas agendas electorales de corto plazo y con un gran riesgo de convertirse pronto en algo incoherente.
Se dice con frecuencia que la crisis se ha debido a una insuficiencia de regulación financiera, pero se olvida que tan mala es una falta de regulación como una mala regulación. No podemos perder de vista el hecho de que los bancos han tomado el camino de la titulización porque les incitaba a ello una regulación que no imponía ninguna exigencia de capital sobre ese tipo de créditos, fuera la que fuera su calidad, mientras cargaba pesadamente en capital los créditos registrados en los balances de los bancos, especialmente los créditos de peor calidad como las 'subprimes'. Los reguladores parecen no haber tenido suficientemente en cuenta que el sistema bancario puede ser afectado tanto por la explosión de riesgos exteriores a su balance como por la de los riesgos interiores a su balance, una vez que esta explosión sobrepasa una cierta amplitud y adquiere una dimension sistémica.
Éste me parece que es el principal fallo de la política ante una crisis de carácter global: el gran error de los Estados ha sido olvidar su responsabilidad en materia de riesgos sistémicos. El sistema político, absorbido por los riesgos sociales más inmediatos, ha incumplido sus responsabilidades en materia de supervision y prevención de riesgos sistémicos, que había delegado en otras instancias a quienes no corresponde esa responsabilidad, como el mercado o las autoridades independientes.
Probablemente estemos saliendo de la era del Estado de Bienestar entendido como aquel Estado cuya única fuente de legitimidad era la redistribución, y entramos en otra nueva en la que tan importante al menos es la prevención de riesgos sistémicos. La crisis nos está haciendo descubrir que la protección contra los riesgos sistémicos es tan decisiva como la lucha contra las desigualdades sociales, y que esto sólo es posible si se cumplen aquellos deberes. Para esta nueva tarea carecen de utilidad tanto el programa de disolución neoliberal de los Estados como el intervencionismo clásico socialdemócrata; de lo que se trata es de salvar una de las instancias más importantes de configuración de la voluntad política, pero en un contexto global que exige otras estrategias.
La recomposición a la que nos va a obligar la crisis incluye una renovación global del papel de los Estados para devolverles los márgenes de maniobra que han ido perdiendo. El debate entre partidarios y detractores distrae la atención del problema fundamental: no es una cuestión de más o menos Estado, ni siquiera de reforma del Estado, sino de redefinición de sus misiones en una sociedad del conocimiento global, es decir, en un mundo en el que la soberanía está abocada a la impotencia y en el que los poderes públicos no tienen más conocimientos que los actores a los que deben regular. Si no reflexionamos nuevamente en este contexto sobre las finalidades de la política -para las cuales el Estado no es más que un medio- seguiremos impidiendo que el Estado cumpla las misiones que le son propias.
Manuel Molares do Val Periodista Digital 17 Agosto 2009
Quien detestaba a Francisco Franco o a Carrero Blanco no era gallegofóbico-gallegófobo o cantabrofóbico-cantabrófobo, sino solamente enemigo de su régimen.
Pero si a usted le gustan los catalanes, pero no el presidente de la Generalitat, o la troupe de los Carod-Rovira, o quienes mandan en ERC, no se dirá que usted es catalanófilo, o amante de lo catalán, sino lo contrario, catalanofóbico.
Y si usted afirma que José Luís Rodríguez Z. ha entregado a los españoles como rehenes de esa Esquerra Republicana que se lleva un tercio de los fondos autonómicos extraordinarios, usted no es leonofóbico-leonófobo porque Z. sea de León: usted sólo denuncia que 296.473 votos, el 1,17 del censo, secuestran los intereses de los 45 millones de ciudadanos del país.
Le hemos prestado poca atención a las revelaciones de Joan Ridao, portavoz de ERC, recogidas hace unos días por Victoria Prego, en las que explicaba cómo consiguió “echar” del Gobierno a Pedro Solbes.
Ridao cuenta que le dijo a Z: “tienes un problema, ¿con qué socios vas a aprobar los presupuestos y cómo vas a ir a la presidencia de la UE si no los sacas? Haz un esfuerzo y pon más dinero”. Igual que Don Vito Corleone a Johnny Fontane: “Le haré una oferta que no podrá rechazar”.
Y Z. echó a Solbes, “un cajero incómodo: cicatero, tacaño. A mí me dijo Zapatero que Solbes era el verdadero problema”, revela engreído Ridao.
Ante esto, no hay catalanofobia, sino rechazo hacia los políticos modelo Corleone, aunque sean andaluces que dicen encarnar el espíritu sardanero.
Y que, en cuanto se denuncian sus coerciones, reafirman el victimismo patriótico local tratando de lanzar a todos los catalanes que usted aprecia contra el resto de los españoles.
Irregularidad constitucional
El ministro de Justicia justifica el retraso de tres años en el fallo del TC sobre el Estatut
El fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña no llega. Más de tres años de deliberaciones han sido insuficientes para que los magistrados fueran capaces de emitir un dictamen sobre una norma crucial. Se conoce que los debates han sido intensos y que las diferencias no lo han sido menos. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha justificado en una extensa entrevista la demora del Alto Tribunal en la extraordinaria complejidad del texto, al que en distintos foros se considera prácticamente una constitución paralela. Para apuntalar su posición, el ministro ha explicado que hay otras muchas leyes que están pendientes de resolución «desde hace seis y siete años» y ha apuntado que «la media» de tiempo que necesita el pleno del TC para dictar sus sentencias «excede con mucho los tres años». Si la resolución a debate es «la más compleja de su historia», la conclusión, según el criterio de Caamaño, es que podemos seguir esperando.
Pese a que el ministro valore esta circunstancia como lógica, creemos que no puede serlo, como tampoco que un Estado de Derecho consecuente asuma sin más que una deliberación de esa trascendencia lleve más de tres años de trabajo. Asistimos a una irregularidad constitucional que ha perpetuado un escenario de inseguridad y provisionalidad. Es seguro que la complejidad del asunto ha ralentizado extraordinariamente la labor de los magistrados, pero nos cuesta creer que haya sido sólo eso. Puede que el afán por lograr un fallo unánime haya prolongado esta indeseada situación sin que podamos descartar razones políticas. Sea como fuere, el Gobierno no debe presentar ante la sociedad como irremediable algo que sencillamente no puede serlo, porque se abre un espacio para la conjetura y la sospecha.
Nos parece igualmente sorprendente que el ministro Caamaño resalte que esta norma «lleva aplicándose dos años y pico largos y no ha pasado nada excepcional». Es otra apreciación poco afortunada. Precisamente, esa política de hechos consumados ha provocado un escenario de tensión territorial y de crispación política, al margen de que se han sacado adelante distintas reformas legales, como la Ley de Educación, en virtud de un Estatut que está recurrido y que puede ser teóricamente declarado inconstitucional. ¿Qué ocurrirá si el Tribunal recorta sustancialmente unas competencias que llevan ejerciéndose más de dos años? Salvo que Caamaño tenga información privilegiada, este enredo jurídico es perfectamente posible y se podría haber evitado si se hubiera actuado con más prudencia y diligencia. Conocemos el vínculo personal del ministro con el Estatut, porque en su día jugó un papel clave en la complicada negociación parlamentaria, pero nos sorprende que valore con normalidad situaciones que resultarían excepcionales en otras democracias consolidadas.
Lo que sí compartimos con Caamaño es que la sentencia del Estatut «marcará el futuro del Estado de las Autonomías y hacia dónde pueden o no evolucionar». Cabe, por tanto, esperar del Alto Tribunal que se ajuste por completo al marco jurídico definido en la Constitución y que corrija con claridad y precisión los excesos que puedan darse. En este campo, no hay lugar para dictámenes interpretativos que ayuden a que la sentencia sea más digerible para unos y para otros, porque lo importante es que resulte rigurosa y jurídicamente inapelable. El Tribunal no se debe a partido alguno, sino sólo a la Constitución. El fallo no puede esperar más.
Manuel Martín Ferrand Estrella Digital 17 Agosto 2009
"Los funcionarios son los empleados
que el ciudadano paga para ser
la víctima de su insolente vejación"
Llegado el momento de la Transición, los padres de la Constitución, y sus mentores, no quisieron que España careciera de nada y salieron a los supermercados democráticos del mundo para adquirir todo tipo de accesorios con los que embellecer y engordar al Estado. Así, por ese procedimiento, tenemos de todo. No solo dos grandes Cámaras legislativas y otras diecisiete de carácter autonómico, sino un montón de defensores del pueblo -¡como si las otras instituciones estuvieran para atacarle!- y un diverso surtido de organismos de dudosa utilidad. Entre ellos destaca el Tribunal Constitucional. Hubiera bastado con añadirle una sala más al Tribunal Supremo, especializada en la defensa de los valores constitucionales, y nos hubiéramos ahorrado doce rimbombantes magistrados, centenares de letrados y funcionarios y un capítulo más -suma y sigue- en la cuenta del gasto público.
El Tribunal Constitucional -TC- no solo es innecesario, sino que sirve para añadirle conflictividad y dudas al sistema. El propio titular de Justicia, Francisco Caamaño, el ministro que no se nota, acaba de declarar que siente "inquietud por el hecho de que el TC no haya dictado sentencia sobre el Estatuto de Cataluña tres años después de que el PP presentara su recurso de inconstitucionalidad". No es para menos. El Estatut es una pieza legislativa que, estimulada por la alegre irresponsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero como pago por los servicios prestados desde el tripartito que gobierna Cataluña, lleva cerca de tres año en vigor. En todo ese tiempo, la institución que preside María Emilia Casas no ha sido capaz de dictar una sentencia que, sea como fuere, producirá una gran perturbación cuando se dicte en razón de los efectos que ya ha producido tan polémico Estatuto.
Desde su origen, el TC ha suscitado más pena que gloria. Quienes tengan memoria recordaran la triste figura de su primer presidente, Manuel García Pelayo, que, tras decidir a favor de un Gobierno del PSOE en el escabroso asunto de la privatización de Rumasa se marcho apenado de España y murió en Caracas.
El mal le viene al TC, sobre el de su innecesariedad, por el mecanismo designador de sus doce componentes. Cuatro de sus magistrados son nombrados por el Congreso, otros cuatro por el Senado -a propuesta de los parlamentos autonómicos-, dos directamente por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. No hay que hacer muchas cábalas para deducir el sesgo político que, según sean las mayorías parlamentarias de cada momento, se traslada a tan decisoria institución. En eso se sustenta el problema actual.
Un tercio de los magistrados del Constitucional, entre ellos su presidenta, esperan su reglamentaria sustitución desde diciembre del 2.007. El PSOE y el PP no se ponen de acuerdo en los nombres sustitutos y la exigencia de una ma-yoría de tres quintos imposibilita los nombramientos.
Mal está que, en ejercicio reflejo del partidismo de su procedencia, los diez magistrados que componen la sala que decide sobre el recurso del PP ante la posible incostitucionallidad del Estatut no sea capaz, con los votos particulares que fueran menester, de redactar una sentencia; pero tampoco está bien y es sintomático que, llevados de su sentido funcionarial, se hayan ido de vacaciones dejando pendiente tan trascendental tarea. En el Vaticano, cuando se trata de elegir un nuevo pontífice, los cardenales se encierran en la Capilla Sextina y no se abre la puerta de tan hermosísimo reciento hasta que han cumplido con su tarea.
Es decir y por resumir: un Tribunal innecesario, guarnecido por magistrados dependientes de las coloración política de sus designadores, cumplido su tiempo reglamentario, retrasa la emisión de una sentencia urgente y trascendente y se va de vacaciones. Olé. Es el Tribunal de los Horrores y me quedo corto con el mote. El "intérprete supremo" de la Cons-titución no solo no se ajusta al espíritu de lo que debe proteger, sino que trabaja según el calendario laboral de un peón de la construcción.
El propio ministro de Justicia, que no es sospechoso de imparcialidad partidaria, ha dicho que "la política se mueve con criterios de oportunidad y el derecho por criterios de ra-zonabilidad". Desde ese juicio de valor, que comparto, el TC de los horrores no está ni en la política ni en el derecho. Además, salta a la vista.
Caamaño: «El fallo del Estatut decide el futuro del Estado de las autonomías»
Caamaño no se sorprende porque hay «muchas leyes que están pendientes de resolución desde hace siete años».
Madrid - R. N. La Razón 17 Agosto 2009
Ya han pasado tres años desde que el PP presentara su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut y aún no ha recibido respuesta. Así lo recuerda el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que muestra su «inquietud» por el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no haya dictado una sentencia sobre el texto catalán. Aunque, admite que no se sorprende de que este fallo judicial se haya alargado en el tiempo puesto que «hay otras muchas leyes que están pendientes de resolución desde hace seis y siete años».
Y es que, según explica Caamaño en una entrevista a Ep, «la media» de tiempo que necesita el Pleno del TC para dictar sus sentencias «excede con mucho los tres años», que llevaba bloqueado el Estatut. El período es demasiado largo para una resolución que, para Caamaño, será «la más compleja de su historia» y marcará «el futuro del Estado de las Autonomías y hacia dónde pueden o no evolucionar».
De este modo, el ministro de Justicia apoya las palabras del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quien hace apenas tres días aseguraba que la sentencia sobre el Estatut será «trascendente» porque conllevará «una nueva interpretación de la Constitución». Asimismo, Juanes señaló que hubiera sido «deseable» que el fallo «se hubiera dictado antes», pero que se trata de «sentencias complicadas» y que el TC «tiene su propia dinámica».
Por otra parte, Caamaño reconoce «la dificultad y la complejidad de esa sentencia», y no duda en expresar su confianza en que el TC hará «una buena interpretación de la Constitución, aunque luego, políticamente, la resolución guste más a unos o a otros».
El ministro también se muestra convencido de que el modelo autonómico establecido en 1978 conlleva que en España «siempre se van a vivir tensiones, como en cualquier Estado de tipo federal, entre el centro y la periferia». «Habrá ciclos en los que, por la situación económica, social o política, dentro de los márgenes de la Constitución, el Estado se hará más centralista y habrá momentos en los que sea más descentralizado. Ésa es la forma de vivir democrática de nuestro sistema», asevera Caamaño.
Proyecto a las Cortes
Por ese motivo, considera que «quien no esté de acuerdo» con la interpretación de la Carta Magna que realice el alto tribunal en su sentencia sobre el Estatut lleve a las Cortes Generales un proyecto para «cambiar» los artículos con los que no esté de acuerdo.
Durante la entrevista, Caamaño también lamenta que el Estatut se haya visto sometido a «un debate excesivamente beligerante y casi traumático» que derivó en la convocatoria de «una especie de referéndum exótico» por parte del PP. Y aprovecha para recordar que esta norma «lleva aplicándose dos años y pico largos y no ha pasado nada excepcional».
Tanto es así, manifiesta el ministro, que «ni se ha roto la unidad de mercado, ni los catalanes tienen derechos distintos a los que tenemos el resto de los españoles. Es decir, se ha vivido y seguiremos viviendo con absoluta normalidad». A su juicio, «es paradójico que un estatuto tan manifiestamente inconstitucional, según dicen, y que iba a acabar con toda la estructura de nuestro país, ya esté aplicándose todos los días y no haya habido consecuencias tan dramáticas, como algunos nos han querido vender», matiza.
Estatutos «iguales»
Así, destaca que tras el de Cataluña se aprobaron otros estatutos «absolutamente iguales». El ministro de Justicia insiste, además, en que «todos tienen derechos, preceptos en materia de financiación, comisiones bilaterales Estado-comunidades autónomas y cláusulas y ampliaciones de competencias», por lo que le parece irónico que «el único que es manifiestamente inconstitucional es el de Cataluña, cuando además tiene 60 artículos literalmente iguales al Estatuto de Andalucía».
Sobre la posibilidad de que fuera la presidenta del TC, María Emilia Casas, la que pudiera decantar con su voto de calidad la orientación de la sentencia en favor de la constitucionalidad del Estatut, Caamaño señala que no existe «un problema de mayorías de calidad ni de mayorías más amplias o menos amplias», ya que «cualquier tribunal ha de legitimarse por el peso de sus sentencias y por la capacidad de explicación y de convicción de sus decisiones».
Desarrollar el Estatut a dos velocidades y mirar de reojo al Tribunal Constitucional
La Razón 17 Agosto 2009
- ¿A quién corresponde el desarrollo del Estatut?
–Gobierno y Generalitat son los encargados de desarrollar el Estatut. Durante los tres años que lleva en vigor la norma catalana, se han evidenciado dos ritmos bien distintos en el despliegue. Mientras el Gobierno ha paralizado prácticamente la adaptación de la legislación estatal a la autonómica –sólo han reformado 2 de las 30 que contempla el Estatut–, la Generalitat ha tratado de imprimir una velocidad de crucero aprobando en el Parlamento de Cataluña hasta 32 leyes que se derivan del Estatut. La Generalitat ha denunciado a menudo la parálisis del Gobierno para impulsar su desarrollo. La explicación de esta lentitud es que el Gobierno prefiere conocer la sentencia del Tribunal Constitucional para luego no tener que rectificar.
- ¿Cuáles han sido los frutos más emblemáticos?
–Sin duda, la nueva financiación de Cataluña es el resultado más notable que se desprende del Estatut. También sobresalen las inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña durante siete años. En el capítulo de leyes, hay que citar la Ley de Educación, la Ley de Fosas y la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano que no sólo será consultivo sino que dictará doctrina sobre las normas que apruebe el Parlamento catalán, lo cual ha hecho que el PP lo tache de «Tribunal Constitucional catalán». Todas estas normas han emanado de la Cámara catalana.
- ¿Qué transferencias ha realizado el Gobierno?
–En los primeros tres años del Estatut se han materializado una veintena de traspasos, la gran mayoría de poco calado. El de más relumbrón es el de la gestión de Cercanías, que, sin embargo, no entrará en funcionamiento hasta el 1 de enero de 2010. La otra transferencia más significativa es la de la Inspección del Trabajo que, aunque está pactada, no se concretará hasta marzo de 2010.
- ¿Qué hay pendiente?
–Además de la adaptación de 28 leyes estatales –la del CGPJ, la del Banco de España y la del Tribunal de Cuentas, entre otras–, la Generalitat ha fijado como prioritaria la gestión compartida del aeropuerto de El Prat en la que Cataluña aspira a tener una «postura determinante».
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carles Cruz aseguró ayer que el retraso del Tribunal Constitucional para emitir su sentencia sobre el Estatut se explica por la «sobrecarga» de asuntos que le llegan, y no apreció en esta demora motivaciones políticas. Cruz manifestó que a él, como a muchos, le hubiera gustado tener la sentencia antes, ya que han pasado tres años y la Generalitat va legislando en base el texto aprobado en 2006. Además, constató que se trata de una sentencia de «complejidad extraordinaria», e insistió en que un TC menos cargado de temas tendría más recursos para dedicarse a asuntos trascendentes para la vida política y social.
Catalanofobia, no, leonofobia, tampoco: irritación con los vampiros.
estatuto de cataluña El debate sobre el Estatuto catalán coarta el futuro del Constitucional
El tercer borrador de la sentencia sobre la legalidad de la norma quedó sobre la mesa estas vacaciones
El tribunal se encamina a los dos años de interinidad sin que PP y PSOE pretendan abordar su renovación
A. Torices La Voz 17 Agosto 2009
Los continuos retrasos del Tribunal Constitucional a la hora de dictar la sentencia que resolverá el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña tienen como efecto colateral que se eternice la situación de provisionalidad en que vive y trabaja el pleno de esta órgano de justicia.
Un tercio de los miembros del tribunal, entre ellos la propia presidenta del máximo intérprete de la Carta Magna, llevan desde diciembre del 2007 a la espera de la renovación, tras haber agotado su mandato de nueve años, y todo apunta a que pueden alcanzar el segundo aniversario de interinidad sin que PP y PSOE hayan llegado a acuerdo alguno para impulsar su sustitución por el pleno del Senado, según las fuentes políticas consultadas.
El motivo oficial de la no renovación de los puestos es el desencuentro existente entre los dos grandes partidos desde septiembre del 2008 a la hora de pactar el nombre de los cuatro nuevos magistrados que deben elegir, pero es un secreto a voces que la verdadera razón de la parálisis es que ninguno quiere variar la actual composición de la sala que delibera desde hace año y medio sobre el Estatut.
En el caso del PSOE, ante el riesgo cierto de que el nuevo tribunal tuviese que retomar el debate del recurso casi desde el principio y en el caso del PP, porque los cambios romperían el actual empate entre magistrados progresistas y conservadores en favor de los primeros.
Los diez magistrados que componen la sala que debate el recurso se marcharon de vacaciones en los últimos días de julio con el tercer borrador de sentencia sobre la mesa, con numerosos puntos de importancia aún sin acordar, con francos desacuerdos en otros y sin estimación alguna sobre el tiempo que todavía necesitarán para cerrar una resolución final con un apoyo suficiente. Lo único cierto es que retomarán el debate en los primeros días de septiembre.
«Complejidad extraordinaria»
Ayer en una entrevista en un medio catalán, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carles Cruz, negó que el retraso de la sentencia -de la que subrayó su «complejidad extraordinaria»- obedeciese a motivos políticos y lo explicó por la «sobrecarga» de trabajo del Constitucional. Igualmente, apuntó, se evidencia la necesidad de abordar una reforma que posibilite que al TC lleguen cuestiones importantes, para que puedan ser resueltas en un plazo «razonable».
Si la sentencia sobre el Estatuto catalán es el punto determinante para que los dos grandes partidos se planteen abordar la sustitución de los magistrados del Constitucional, el inicio de la negociación se puede ver también dificultado por las pésimas relaciones que viven ambos partidos, al borde de la ruptura institucional e inmersos en acusaciones de espionaje ilegal y técnicas de eliminación del contrario por el caso Gürtel.
Pero lo cierto es que si el tribunal supera el mes de octubre sin haber sido renovado (algo probable) batirá el triste récord de interinidad institucional en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, también debido a la lucha partidista entre PP y PSOE, estuvo un año y diez meses en situación de provisionalidad y a la espera de renovación.
La presidenta del tribunal, María Emilia Casas; el vicepresidente, Guillermo Jiménez; y los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde deberían haber dejado sus puestos el 17 de diciembre del 2007. La situación se agravó en mayo del 2008, cuando se produjo una quinta vacante en la corte por el fallecimiento de Roberto García-Calvo, que amplió la situación de interinidad a casi la mitad del pleno, compuesto por doce magistrados. El quinto nombramiento debe hacerlo el Congreso, pero no se hará efectivo hasta que exista consenso para realizar los del Senado.
El ministro de Justicia muestra su «inquietud» por la tardanza del TC en dictar sentencia sobre el texto catalán. Admite que la norma ya se aplica desde hace dos años y «no pasa nada»
El tripartito catalán se olvida de la austeridad y ya cuenta con 225 asesores
En dos meses, y pese a la crisis, el gobierno que preside el socialista José Montilla ha contratado a otros siete cargos de confianza
MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA ABC 17 Agosto 2009
-Coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno.
-Asesor de apoyo a las relaciones externas.
-Asesor del consejero en proyectos transversales.
-Asesor en materia de responsabilidad social.
-Asesor en materia de plan de gobierno y sociedad del conocimiento.
-Asesora de la consejera.
-Asesora de políticas sociolaborales en el ámbito internacional.
A pesar el enorme déficit público, cifrado en más de 4.800 millones, y de las promesas de austeridad y congelación del gasto, el número de asesores al servicio del gobierno catalán no ha dejado de crecer. En los últimos dos meses, el tripartito ha contratado a siete nuevos cargos de confianza con sueldos que oscilan entre los 38.800 euros anuales y los 66.045 euros, y ha prescindido de dos que tenía en nómina, según se desprende del listado de puestos de trabajo de personal eventual actualizado en el mes de julio. La suma de los sueldos anuales de las siete incorporaciones alcanza el medio millón de euros.
Actualmente, el Ejecutivo de José Montilla dispone de 225 cargos de confianza, frente a los 220 contabilizados en mayo, siendo la Consejería de Interior, dirigida por el ecosocialista Joan Saura, la que registra una cifra mayor de incorporaciones, un total de cuatro.
La Generalitat hace pública cada dos meses la relación de personal eventual contratado y el último balance facilitado revela que las medidas de congelación de plantillas anunciadas hace varias semanas no afectan a los cargos de confianza, pero sí al funcionariado, tal como denunciaron en su día los sindicatos con mayor representación en la administración pública catalana (CATAC-IAC, CC.OO y UGT). El total de plazas creadas asciende a 249, una más que en mayo, pero no todas ellas están ocupadas.
Así, el departamento de Interior, que en mayo disponía de 16 plazas de personal eventual, de las cuales estaban ocupadas trece, ha creado una nueva plaza, hecha a la medida de Rafael Olmos, cesado como director de la policía autonómica a raíz de la polémica carga de los Mossos d´Esquadra contra los estudiantes anti-Bolonia y que ha sido recuperado como asesor del consejero en proyectos transversales. Interior posee, por tanto, 17 plazas de personal eventual, todas ellas actualmente ocupadas. Además de Olmos, Saura ha contratado desde mayo a un asesor de apoyo a las relaciones externas, un asesor en materia de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad y un asesor del plan de gobierno y sociedad del conocimiento.
Por su parte, el departamento de Trabajo, dirigido por la socialista Mar Serna, disponía de diez asesores y ahora dispone de doce, tras haber contratado a una asesora de la consejera y a una asesora en políticas sociolaborales en el ámbito internacional. El propio presidente José Montilla, ha reducido el número de plazas del departamento de Presidencia, pero las plazas ocupadas han pasado de 47 a 48 al contratar a una coordinadora de asesores de la secretaría de gobierno.A destacar las dos consejerías, ambas socialistas, que sí comienzan a estrecharse el cinturón y han rebajado su personal eventual. Se trata de Justicia, dirigida por Montserrat Tura, que ha prescindido de un cargo de confianza, y Agricultura, cuyo titular es Joaquim Llena, que también ha eliminado a uno de sus asesores. El resto de departamentos mantienen el número de personal eventual.

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