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Timestamp: 2016-10-28 10:47:14+00:00

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RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Torrejón de Ardoz, don Joaquín Delibes Senna-Cheribbo, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Torrejón de Ardoz, don Joaquín Delibes Senna-Cheribbo, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Torrejón de Ardoz, don Joaquín Delibes Senna-Cheribbo, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por el Notario de Torrejón de Ardoz don Joaquín Delibes Senna-Cheribbo contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 19 de Madrid, don Rafael Arnaiz Eguren, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
El día 19 de enero de 2007 don Joaquín Delibes Senna-Cheribbo, Notario de Torrejón de Ardoz, autorizó una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca otorgada por determinada entidad de crédito.
En dicha escritura se expresa que la citada entidad acreedora, cuyas circunstancias identificativas se detallan (entre ellas las relativas a la escritura de constitución y a su inscripción en el Registro Mercantil), está representada por los apoderados cuyas circunstancias de identidad se especifican; que acreditan la representación mediante escrituras de poder conferido en su favor por dicha entidad (escrituras de apoderamiento cuyos datos se reseñan, con indicación del Notario autorizante, fecha de otorgamiento, número de protocolo e inscripción en el Registro Mercantil). Respecto de los apoderados, el Notario Sr. Delibes Senna-Cheribbo expresa que le han aportado copia autorizada de dichas escritura de apoderamiento y añade que, a su juicio, «... las facultades representativas acreditadas son suficientes para el otorgamiento de la presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca».
El título se presentó en el Registro de la Propiedad número 19 de Madrid el 3 de abril de 2007, con asiento 1561 del Diario 64.º; y fue objeto de calificación negativa que a continuación se transcribe parcialmente:
... En el título que se califica, la entidad acreedora interviene representada por Don... y Don..., que hacen uso de los poderes, vigentes, según aseguran, cuyas circunstancias de fechas, Notarios y datos de inscripción son objeto de reseña por el Notario autorizante, que además, afirma lo siguiente "... a mi juicio, las facultades representativas acreditadas son suficientes para el otorgamiento de la presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca".
I. El Notario autorizante se limita a señalar que los apoderados tienen facultades representativas suficientes "para el otorgamiento de la presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca", si bien no especifica cuáles son esas facultades representativas. Este tipo de redacción, impide que el Registrador de la Propiedad califique la suficiencia del poder alegado en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
A. La constancia del juicio de suficiencia es una formalidad básica (como se ha señalado anteriormente) exigida por el articulo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Decimos que se trata de una formalidad porque de todos modos, si el Notario considera que el poder no es suficiente, debe abstenerse de la formalización de la escritura o denegarla, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 145 inciso 2.° del Reglamento Notarial ya citado. Ahora bien, el juicio de suficiencia produce sus efectos en el ámbito propio del contrato formalizado en escritura pública, tal y como resulta de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril de 2002, cuya doctrina ha sido posteriormente alterada en múltiples resoluciones sobre la base de que se trata de diversas reinterpretaciones. Lo cierto es que supone una "reinterpretación" de tal alcance que implica una revocación de su fallo inicial, que tenía carácter general e interpretativo de una Ley, y que no ha sido declarada lesiva ni revocada expresamente por el Centro Directivo que la dictó.
En contra de la afirmación anterior, la doctrina notarialista (llevada hasta sus últimos extremos por la Dirección General de los Registros y del Notariado en sus últimas Resoluciones), parte de la base de que la actuación notarial no sólo implica la utilización de una "forma" determinada, sino también el ejercicio de un "control de legalidad" de similar alcance y efectos del que realiza el Registrador al calificar. Este criterio, que puede llevar a pensar que es innecesaria la calificación del Registrador, puesto que es suficiente el juicio de legalidad del Notario, es el que se manifiesta en distintas resoluciones de la D.G.R.N., así como en determinadas Sentencias de Instancia y en algunas provenientes de Audiencias Territoriales (concretamente la de Valladolid).
"No puede admitirse que el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, pueda haber atribuido de forma exclusiva y excluyente a los Notarios la facultad de valoración de la capacidad legal de los otorgantes, asumiendo una responsabilidad que perfectamente no solo podría privar a los mismos de la confianza en ellos depositada, sino que obviaría las competencias de los Registradores y dejaría sin eficacia alguna, su función calificadora. Al asumir esta postura (ejercicio de la calificación) el Registrador, no está haciendo sino mantener el principio de legalidad y seguridad jurídica en el ámbito de sus atribuciones de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, al decir que -los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase".
También este último punto se refleja, en la ya citada Sentencia de 17 de enero de 2007, que en el mismo Fundamento Tercero párrafo 6.°, expresa lo siguiente ",... es la misma argumentación que expone la DGRN en la resolución recurrida la que determina que no sea posible que el Registrador cumpla, no ya la función que literalmente le encomienda el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, sino la función que la DGRN entiende que debe cumplir, esto es, y citando a su vez literalmente la resolución recurrida «calificar que se ha practicado la reseñe del modo adecuado y que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste, y de la calificación que hace el Notario, congruente con el acto o negocio jurídico documentado". Es decir, que se impone el Registrador un "juicio de congruencia entre el juicio de valor del Notario y el acto a efectuar", juicio de congruencia que, sin expresar las facultades en que se basa el Notario para emitir su juicio de valor, resulta no ya difícil, sino imposible saber cómo va a poder efectuarlo el Registrador, como no sea obviando su función de control. Así expresiones limitada a "tiene a mi juicio capacidad para otorgar este acto por esta escritura de fecha» sin más como el que nos ocupan, impiden cumplir la función encomendada al Registrador, pues no es posible con esa fórmula genérica y sin que se acompañen las escrituras al no ser obligatorio, saber si es congruente o no que se otorgue la escritura por esa persona para ese acto, como congruencia en cuanto a su capacidad".
Además de todo lo dicho, es necesario añadir el contenido de la Sentencia dictada el día 14 de marzo de 2007 por la Ilma. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia N° 53 de Barcelona, doña Berta Pellicer Ortiz, que ratifica plenamente la facultad calificadora del Registrador y, especialmente, la que le corresponde respecto de la congruencia del juicio de suficiencia del Notario en relación con el documento presentado, además de señalar expresamente que toda la doctrina posterior a la fundamental Resolución vinculante de 12 de abril de 2002 resulta ineficaz por las razones que señala don José Manuel García García, Registrador de la Propiedad de Martorell en el escrito que da lugar a la Sentencia citada. En tal sentido resulta inexacta la afirmación contenida en las Resoluciones de la DGRN de fechas 14 y 20 de febrero de 2007, y como consecuencia la negación de la facultad de calificación que por otra parte está recogida de forma expresa en el artículo 98 de la Ley 24/01 modificada por la Ley 24/05, como se argumente suficientemente en la nota de calificación recurrida, y se ratifica por la citada Sentencia del Juzgado de Primera Instancia N° 53 de Barcelona, según la cual, si se siguiera el criterio de la DGRN "conllevaría que el Registrador no pueda cumplir ni la función que literalmente le encomienda el artículo 18 de la Ley Hipotecaria (...) pues no se entiende cómo va a poder el Registrador ese (sic) juicio de congruencia entre el juicio de valor del Notario y el negocio jurídico documentado objeto de inscripción, si no se expresan las facultades en que se basa el Notario para emitir su juicio de valor. De este modo la expresión de fórmulas genérica ('ad exemplum' 'Tiene a mi juicio suficiente capacidad' (...) impiden el Registrador desarrollar sus funciones calificadoras en cuanto al juicio de congruencia sin una mínima expresión de las facultades representativas".
Madrid, 10 de abril de 2007.-El Registrador (Firma ilegible. Existe sello con el nombre y apellidos del Registrador).»
El mencionado Notario solicitó la calificación sustitutoria el 16 de abril de 2007 en el Registro de la Propiedad número 4 de Alcalá de Henares. El Registrador titular de dicho Registro, don Enrique Rajoy Brey, mediante calificación con fecha 25 de abril de 2007, confirmó la calificación negativa realizada por el Registrador sustituido.
La calificación sustitutoria fue notificada al Notario autorizante de la escritura calificada el 26 de abril de 2007, según afirma el Registrador sustituido (sin que se justifique tal extremo). El Notario recurrente reconoce haber tenido conocimiento de dicha calificación sustitutoria, pero no expresa la fecha de tal hecho.
Por escrito que tiene fecha de 14 de mayo de 2007, que causó entrada en el Registro el día 15 del mismo mes, dicho Notario interpuso recurso contra la calificación del Sr. Arnaiz Eguren en el que alegó los siguientes argumentos:
1.º Carácter vinculante de la Doctrina vigente de esta Dirección General:
En este sentido, la atribución de carácter vinculante a las Resoluciones de esta Dirección General (art. 327 LH) viene a suponer una acomodación del régimen de la calificación registral a los principios generales que inspiran nuestro ordenamiento, de manera que se limita el alcance de aquélla cuando su ejercicio colisiona con principios jurídicos superiores, en particular del procedimiento administrativo general: derecho del ciudadano a la seguridad jurídica; principio de unidad de la Administración; principio de respeto por la Administración de sus propios actos; principio de respeto a la dependencia jerárquica dentro de la Administración.
Esta novedad legislativa redunda en una triple protección:
1) Del administrado, garantizándole su seguridad jurídica y poniéndole al abrigo de interpretaciones u opiniones que pueden ser arbitrarias, injustas, o simplemente originales y distintas.
2) Del Registrador de la Propiedad, que, consciente de que la materia jurídica es susceptible de diversas interpretaciones y de que en muchos casos su opinión particular no se compadecerá con la mayoritariamente aplicada, encuentra un cauce jurídico idóneo para, sin renunciar a su criterio o convicción personal -ya irrelevante por estar la cuestión resuelta en un plano jerárquico superior-, satisfacer la legítimas pretensiones del administrado con salvaguarda de su responsabilidad por gozar de un apoyo legal similar al que tiene cuando inscribe en cumplimiento de una resolución que le rectifica su nota de calificación.
3) Del propio sistema en fin, evitando algunas de sus contradicciones derivadas de la disparidad de criterios calificadores, así como facilitando una aplicación uniforme del derecho, necesaria para la seguridad jurídica y para la agilidad del tráfico inmobiliario.-(Baste señalar al respecto cómo la fórmula empleada por el notario que recurre en la escritura de referencia ha sido admitida sin ninguna limitación ni reserva o salvedad por todos los registradores que en el último año han calificado las correspondientes escrituras -cientos de ellas-; dándose la circunstancia sorprendente de que incluso el propio registrador sustituto -eso sí, cuando actúa como registrador titular- ha aceptado repetida y recientemente la mencionada fórmula inscribiendo las correspondiente escrituras, por lo que no se alcanza a entender su cambio de criterio cuando actúa como sustituto de un compañero).
Desde este punto de vista, el carácter vinculante atribuido a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, tiene una doble consecuencia práctica:
a) Por una parte, limita las facultades calificadoras del Registrador, de manera que cuando una cuestión jurídica de fondo ya ha sido resuelta por esta Dirección General, el Registrador no tiene facultades para entrar de nuevo en el fondo del asunto. El Registrador deberá, pues, constatar si entre el supuesto resuelto y el planteado existe identidad de razón, y en caso afirmativo, su obligación será calificar conforme a la doctrina fijada por su superior jerárquico con independencia de cual sea su criterio u opinión jurídica personal.
b) Por otra parte, amplía las facultades de defensa del particular frente a una calificación injusta o arbitraria: cuando el interesado estime que la calificación negativa es contraria a una Resolución de la Dirección General, bastará que demuestre la identidad de razón entre ambos supuestos para que sin entrar de nuevo en el fondo del asunto se estime su recurso por el hecho de haber sido objeto de una calificación injusta que no respetó el criterio vinculante expresado por la administración a través de sus resoluciones: así como es improcedente entrar a considerar en un recurso cuestiones de fondo planteadas en momento procesal inoportuno en aras de garantizar el derecho de defensa, de igual manera el respeto al principio de tutela efectiva y seguridad jurídica exigen que si el interesado acredita que fue perjudicado por una calificación injusta -que no aplicó criterios vinculantes-, la Administración debe reparar el perjuicio corrigiendo aquélla y sin capacidad para abrir un debate de fondo que no debió iniciarse. Sólo así se garantizan efectivamente los derechos del ciudadano: de nada sirve que la Administración fije y publique un criterio interpretativo y declare su carácter vinculante si a continuación cualquiera de sus funcionarios puede desconocerlo imponiendo al administrado la formulación de un recurso donde de nuevo se va a entrar en el fondo del asunto, lo que equivale a hacer inefectiva la condición de vinculante de la decisión inicialmente adoptada. (En esta línea de sensibilidad, las últimas modificaciones de la ley fiscal imponen la necesidad de respetar y atribuir carácter vinculante a las consultas emanadas de la administración).
No se argumente, por último, que la interpretación citada invita a un encorsetamiento de la interpretación jurídica: ello no es así. No se niega a la administración la posibilidad de variar de criterio, sino que únicamente se exige que ello se lleve a efecto mediante los procedimientos idóneos, ya se inicien de oficio o a instancias de cualquier particular, funcionario o entidad, o se adopten por la autoridad judicial (art. 327 LH). Lo que se rechaza de plano es que el procedimiento para modificar un criterio de interpretación descanse sobre la espalda del ciudadano que de buena fe confió en la doctrina previamente manifestada y publicada por la propia Administración quien además le garantiza o debe garantizar su condición de «vinculante».
Pues bien, sentado lo anterior procede poner de manifiesto que la forma en que el Notario autorizante ha reseñado la representación en la escritura objeto de recurso reproduce literalmente la aceptada por la Resolución de fecha 30 de septiembre de 2002, y se ajusta estrictamente a la doctrina vigente de esta Dirección General en numerosísimas y reiteradas resoluciones, sobradamente conocidas, y por todas se destacan las siguientes:
La Resolución de 4 de mayo de 2005, precisamente dictada en un recurso similar al presente y en el que el mismo notario que recurre lo hacía contra la calificación emitida por el propio Sr. Arnaiz Eguren.
La esclarecedora Resolución de fecha 30 de marzo de 2007 -de nuevo contra una calificación del Sr. Arnaiz-, cuyos fundamentos de derecho y numerosísimas resoluciones citadas en ellos se dan aquí por reproducidos.
En conclusión y como cuestión previa se solicita que una vez constatada la identidad de razón entre la cuestión objeto de este recurso y las resueltas en las resoluciones mencionadas, se revoque la calificación efectuada en tanto no se ajusta a la doctrina vinculante de la Dirección General de los Registros y del Notariado, todo ello sin necesidad de entrar de nuevo en el fondo del asunto, amparando el derecho de los afectados a recibir una calificación acorde con la doctrina vigente de la citada Dirección General, como superior jerárquico de quien califica.
2.º Argumentación subsidiaria: Cuestión de fondo.
Con carácter subsidiario y para el solo caso de que se estime pertinente entrar en el fondo del asunto, el recurrente da por reproducidos todos los argumentos y fundamentos de derecho obrantes en las resoluciones citadas, en particular de fecha 30 de marzo de 2007, destacando en todo caso:
a) Que no se acepta la exigencia del Registrador de que el Notario deba «transcribir» facultad alguna, ni que ello sea preciso para que el Registrador lleve a efecto su calificación. Según el artículo 18 de la Ley Hipotecaria en relación con el artículo 98 de la Ley 24/2001 (confirmado por la Ley 24/2005) y conforme a la reiteradísima interpretación formulada en numerosas y recientes Resoluciones de esta Dirección General, las facultades del funcionario al calificar la representación se limitan a comprobar «si en la escritura figura la reseña de los datos identificativos del documento de representación y la valoración de la suficiencia de las facultades en congruencia con el contenido de la propia escritura y del Registro, de ahí que (ÚNICAMENTE) si la reseña es errónea, o la valoración de la suficiencia de las facultades contradicha por el contenido de la escritura o por los asientos registrales, el Registrador deberá denegar la inscripción» (Resoluciones de 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo de 2002, y las más recientes de 17, 20, 21 y 22 de septiembre, y las de 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2004).
Pues bien, en este caso es evidente que el Notario ha reseñado correctamente los datos identificativos del documento de representación (aspecto éste no cuestionado por el Registrador) y que ha valorado la suficiencia de las facultades en congruencia con el contenido de la propia escritura («para el otorgamiento de la presente escritura de carta de pago y de cancelación de hipoteca») y del Registro, por todo lo cual no procede efectuar transcripción alguna, ni aportar documento alguno.
b) Que en el título presentado a calificación el notario ha reseñado adecuadamente el documento auténtico del que nacen las facultades representativas. Y que al expresar el Notario que las facultades representativas acreditadas son «suficientes para el otorgamiento de la presente escritura de carta de pago y de cancelación de hipoteca», resulta evidente que ese juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste ya que se trata de una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
c) Que no se acepta que se aporte como únicos fundamentos de derecho el «artículo 18 LH, 143, 145, 2°, 166 Reglamento Notarial; artículo 98 de la Ley 24/2001, todo ello sin tener en cuenta, como ha quedado de relieve, que los artículos y la resolución mencionada han sido aclarados, interpretados y desarrollados de forma inequívoca por la multitud de resoluciones de esta Dirección General antes citadas, todas las cuales ignora el Registrador en su nota de calificación, a pesar de su carácter vinculante.
d) Que se considera interesada, parcial, e inexacta, la cita de jurisprudencia emitida por el Registrador en su nota, por cuanto busca apoyo a su criterio en una serie de sentencias cuya reseña ni es completa (se omiten algunas otras y entre ellas todas las que apoyan un criterio más flexible, véase por todas la del Juzgado de 1.ª Instancia número 6 de Vitoria, de fecha 31 de marzo de 2003, o la de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003), ni es procedente (por cuanto conforme se ha dicho, la obligación del funcionario calificador es aplicar la doctrina vinculante de la Dirección General mientras esta no se anule por los Tribunales (art. 327 LH).
e) Que el Notario que recurre considera que «de hecho» se le ha privado de su derecho a una calificación supletoria, dando la impresión de que el registrador sustituto se ha limitado a amparar la actuación de su compañero, sin emitir una nueva calificación. Y ello en base a lo siguiente:
La calificación del registrador sustituto no cumple los requisitos formales exigidos por Ley (ni siquiera en cuanto a la necesidad de distinguir claramente hechos y fundamentos de derecho), no siendo de recibo el reenvío que hace a otros documentos (la primitiva calificación).
La calificación emitida por el registrador sustituto, en cuanto al fondo, no cumple la obligación de atenerse a las resoluciones vinculantes de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
La calificación emitida por el registrador sustituto se separa -de forma sorprendente y sin ninguna motivación o justificación-del criterio que ese mismo registrador mantiene cuando actúa como titular en relación a las escrituras autorizadas por el Notario que recurre, en todas las cuales admite la expresión del juicio de suficiencia en forma idéntica a la obrante en la escritura objeto de este recurso.
Por todo lo cual, y sin entrar en otras valoraciones, este Notario se suma a la crítica contenida en la Resolución de 30 de marzo de 2007 respecto al funcionamiento de la calificación supletoria (la oficina registral no puede ser elegida por el particular, al margen la posibilidad de solicitar la calificación de un Registrador sustituto en el estrecho margen preestablecido que en la práctica no ha dado el resultado más deseable), y aboga por una reforma del cuadro de sustituciones que agilice su funcionamiento e impida situaciones tan injustas como las que son objeto del presente recurso.
3.º Como conclusión:
a) Se rechaza en su integridad la calificación recurrida por no ajustarse a Ley en tanto no aplica resoluciones vinculantes de la Dirección General; se niega la aseveración del Registrador de ser preciso efectuar transcripción alguna; se afirma que se ha emitido el juicio de suficiencia de facultades con formalidad correcta.
b) El recurrente se ratifica en que la escritura calificada cumple escrupulosamente con los requisitos impuestos por el artículo 98.2 citado en relación con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, toda vez que no emite un juicio abstracto o genérico de suficiencia de representación (lo que incluso sería válido conforme a la interpretación más flexible: sentencias de Vitoria, Audiencia Provincial de Valladolid, y algunas Resoluciones de abril y mayo -sic-), sino que lo articula en congruencia con el concreto acto o negocio objeto del documento.
Mediante escrito con fecha 25 de mayo de 2007, el Registrador emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo (con registro de entrada el 28 de mayo de 2007).
En el presente caso el título calificado es una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca en cuyo otorgamiento la entidad acreedora está representada por dos apoderados que acreditan la representación mediante la exhibición de copia auténtica de determinadas escrituras de apoderamiento, cuyos datos se reseñan, con indicación respectiva del Notario autorizante, la fecha de otorgamiento, número de protocolo e inscripción en el Registro Mercantil.
Respecto del juicio de suficiencia de la representación el Notario autorizante expresa que le exhiben copia autorizada de dichas escrituras de poder y añade que, a su juicio, «... las facultades representativas acreditadas son suficientes para el otorgamiento de la presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca».
Algunas de tales Resoluciones fueron dictadas para estimar recursos interpuestos contra calificaciones del Registrador Sr. Arnaiz Eguren sobre la misma materia (las de 21, 22 y 23 de febrero, 1 de abril y 4 de mayo de 2005, así como las más recientes de 30 de marzo, 2 de abril, 30 y 31 de mayo, 1 y 2 de junio, 29, 30 y 31 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2007). Y, aunque todas ellas son conocidas, interesa recordar brevemente su contenido una vez más, habida cuenta del proceder de dicho funcionario calificador.
Por ello, la calificación ahora impugnada no hace sino poner de manifiesto la actitud injustificada y deliberadamente rebelde del Registrador al cumplimiento no sólo de la propia Ley sino de la doctrina contenida en las mencionadas Resoluciones, agravada dicha actitud por determinadas afirmaciones incluidas en su calificación con las cuales pretende apoyar su actitud basada en una opinión que es a todas luces infundada, según esta Dirección General ha manifestado reiteradamente y resulta de una recta y literal interpretación del artículo 98 de la Ley 24/2001, según la modificación del mismo introducida por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. Y la gravedad de esta conducta del funcionario calificador, Sr. Arnaiz Eguren, se muestra en este caso acrecentada por el hecho de que al tiempo de elevar el presente expediente a este Centro Directivo por no rectificar su calificación ahora impugnada ya habían sido revocadas otras calificaciones suyas casi idénticas a la presente por las Resoluciones de esta Dirección General de 30 de marzo y 2 de abril de 2007 (publicadas en el «B.O.E.» 14 de abril).
4. Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el respectivo documento auténtico del que nacen las facultades representativas. Y, al expresar el Notario en el título que, a su juicio, «... las facultades representativas acreditadas son suficientes para el otorgamiento de la presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca, resulta evidente que ese juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
Debe reiterarse una vez más que entre las competencias que legalmente se atribuyen al Registrador en ningún caso se encuentra la que consista en una revisión de fondo del juicio efectuado por el Notario sobre la suficiencia de las facultades representativas acreditadas, pues tal posibilidad le está legalmente vedada ex artículo 98 ya reiterado. Por ello, y en contra de lo que afirma el Registrador en su calificación, el artículo 143.4 del Reglamento Notarial no ha aumentado las facultades calificadores del funcionario calificador, puesto que ésta debe limitarse a calificar lo que su norma atributiva de competencia (vid. artículo 143.4, «in fine») le permite, siempre que no esté excluido por otra norma de idéntico rango, como sucede con el mencionado juicio de suficiencia de las facultades representativas.
5. Por cuanto antecede, esta Dirección General entiende que, a la vista de la calificación impugnada, pueden existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario conforme al artículo 313, apartados B).k) de la Ley Hipotecaria, pues el Registrador procede en dicha calificación en sentido materialmente contrario al reiterado criterio de este Centro Directivo en las sucesivas resoluciones por las que ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas que tienen como objeto la aplicación del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y que son citadas en la presente, entre ellas las de 21, 22 y 23 de febrero, 1 de abril y 4 de mayo de 2005 que estimaron recursos interpuestos contra calificaciones del propio Sr. Arnaiz Eguren).
6. Por último, por lo que se refiere a las alegaciones vertidas por el Notario recurrente sobre la calificación del Registrador sustituto, cabe recordar que el presente recurso únicamente puede tener como objeto la calificación del Registrador sustituido («a los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del Registrador sustituido», establece la regla 5.ª del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria), lo que debe entenderse sin perjuicio de que, ante la calificación del Registrador sustituto que se limita a confirmar la calificación emitida por el Registrador sustituido -demostrativa, como ha quedado expuesto, de la actitud injustificada y deliberadamente rebelde del Registrador al cumplimiento no sólo de la propia Ley sino de la doctrina contenida en las numerosísimas Resoluciones de este Centro Directivo-, proceda estimar que por la vía oportuna puedan existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario también contra el Registrador sustituto conforme al artículo 313, apartados B).k) de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 7 de noviembre de 2007.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 18
 resolución 
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 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 18
 artículo 98
 artículo 98
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 Resolución 
 artículo 98
 artículo 18
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 143
 artículo 143
in fine
 artículo 313
e contrario
 artículo 98
 artículo 19
 artículo 313