Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-00866-de-noviembre-17-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b760f1c992a30156e0430a0101510156&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-16 14:45:08+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2006-00866 de noviembre 17 de 2011
SENTENCIA 2006-00866 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:DEUDAS PERDIDAS O SIN VALOR. EL DERECHO A CASTIGAR LA CARTERA PERDIDA NO ESTA LIMITADO A LA EXIGENCIA DE UNA ÚNICA PRUEBA COMO ES LA CONSTANCIA DE UN PROCESO JUDICIAL CONCLUIDO Y CON UN RESULTADO ADVERSO AL ACREEDOR, AL CONTRARIO, SOLO EXIGE QUE SE TENGA ALGUNA CAUSA QUE PERMITA CONSIDERARLAS COMO ACTUALMENTE PERDIDAS, DE ACUERDO CON UNA SANA PRÁCTICA COMERCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:COSTUMBRE COMERCIAL, DEDUCCIÓN POR CARTERA MOROSA
Sentencia 2006-00866 de noviembre 17 de 2011
Rad.: 250002327000200600866-01 (18100)
Actor: Compañía de Promociones Internacionales de Servicios de Salud S.A. - Soprinsa S.A. NIT: 800.125.872-5
Bogotá D.C, diecisiete de noviembre de dos mil once.
Corresponde a la Sala decidir sobre la procedencia en derecho de la liquidación oficial de revisión por medio de la cual la DIAN determinó el impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2002, a cargo de la sociedad Soprinsa S.A. y de la resolución que la modificó al decidir el recurso de reconsideración.
La actora solicitó como deducción el castigo de cartera como “Deudas perdidas o sin valor” registrada en el renglón 49 (CX) de la declaración de renta por el año gravable 2002, la suma de $ 4.409.106.000, de los cuales $ 2.686.249.000 se registraron en la cuenta PUC 531035 como “Retiro de otros activos” que correspondían a préstamos efectuados a las sociedades argentinas Sánitas Nubial S.A. y Club Sánitas S.A., según la conciliación de cifras contables y fiscales del año 2002(5).
La deducción se soportó contablemente como sigue:
En la sub cuenta PUC 13900101 “Deudas difícil cobro-préstamo a particulares - Sánitas Nubial S.A. - Club Sánitas S.A. se acreditaron $ 2.686.249.000, como se constata en los libros auxiliares(6). En los mismos auxiliares, se registra como contrapartida un débito por el mismo valor, en la sub cuenta 53103501 “Retiro de otros activos - préstamos a particulares”(7).
La administración tributaria desconoció esta partida con el argumento de que los documentos aportados por el actor no eran prueba suficiente para hacer efectiva la deducción, ya que lo pertinente sería demostrar la realidad de la deuda y el agotamiento de todas las acciones legales, ya sean penales o ejecutivas.
La deducción que se discute fue solicitada en uso de la facultad conferida por el artículo 146 estatuto tributario, que dispone:
ART. 146.—Deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor. Son deducibles para los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, las deudas manifiestamente perdidas o sin valor que se hayan descargado durante el año o periodo gravable, siempre que se demuestre la realidad de la deuda, se justifique su descargo y se pruebe que se ha originado en operaciones productoras de renta. Cuando se establezca que una deuda es cobrable solo en parte, puede aceptarse la cantidad correspondiente a la parte no cobrable. Cuando los contribuyentes no lleven la contabilidad indicada, tienen derecho a esta deducción conservando el documento concerniente a la deuda con constancia de su anulación.
Por otra parte, en lo que hace a la prueba contable, el estatuto tributario cuenta con normativa especial al respecto, cuando ordena:
Artículo 772, estatuto tributario. “La contabilidad como medio de prueba. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma”.
Artículo 773, estatuto tributario. “Forma y requisitos para llevar la contabilidad. Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes deberá sujetarse al título IV del libro I del Código de Comercio y:1) mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se especifiquen de modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados. 2) Cumplir los requisitos señalados por el Gobierno mediante reglamentos, en forma que, sin tener que emplear libros incompatibles con las características del negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar en uno o más libros, la situación económica y financiera de la empresa”.
Artículo 774, estatuto tributario. “Requisitos para que la contabilidad constituya prueba: tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como para quienes no estando legalmente obligados lleven libros de contabilidad, estos serán prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 1) estar registrados en la cámara de comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, según el caso. 2) Estar respaldados por comprobantes internos y externos.3) Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural. 4) No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley. 5) No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio”.
Artículo 777, estatuto tributario. “La certificación de contador público y revisor fiscal es prueba contable: cuando se trate de presentar en las oficinas de la administración pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la facultad que tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes”.
Finalmente, el artículo 781 del estatuto tributario dispone: “El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor, y tal hecho se tendrá como indicio en su contra”.
Respecto de las pruebas contables, el tribunal de primera instancia enfatiza en que constituyen prueba a favor del contribuyente “siempre que se lleven en debida forma, de tal manera que deben sujetarse al título IV del libro I del Código de Comercio”. Además anota que “la contabilidad será prueba suficiente siempre que se lleve en debida forma, pero perderá su valor probatorio si el contribuyente no presenta los libros y documentos contables cuando la administración los exija, caso en el cual no podrá invocarlos posteriormente en su favor”. Por último, en relación con los certificados de revisor fiscal, expone que “deben sujetarse a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad, por cuanto en los mismos se debe expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales, si los libros se encuentran registrados en la cámara de comercio, si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y si reflejan la situación financiera del ente económico” , requisitos que afirma no se cumplen en los documentos aportados.
Con el fin de establecer el derecho de acceder a la deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor, la Sala procederá a constatar si la documentación contable reúne los requisitos para fungir como prueba y analizará, además, las restantes pruebas documentales que obran en el expediente, como sigue:
Una vez iniciada la correspondiente investigación por medio de auto de apertura del 8 de agosto de 2003,(8) la administración tributaria profirió el auto de verificación o cruce notificado el 8 de septiembre de 2003(9) y, dentro de dicha diligencia, remitió a la actora el requerimiento ordinario notificado el 25 de septiembre de la misma anualidad el cual se solicitó: 1) estados financieros comparativos por los años 2001 y 2002 con notas a los mismos y dictamen del revisor fiscal. 2) Confirmación contable a nivel de subcuentas PUC de cada renglón de la declaración de renta 2002. 3) Conciliación entre utilidad comercial y renta líquida gravable por el año 2002. 4) Fotocopia del balance de prueba, antes de cancelar las cuentas de resultado (auxiliar) a 31 de diciembre de 2002. 5) Detalle de cuentas no monetarias que originaron los ajustes por inflación. 6) Discriminación del renglón CE - honorarios, comisiones y servicios. 7) Cuadro totalizado de aportes parafiscales. 8) Relación de intereses financieros deducidos con sus certificados. 9) Cuadro de depreciación, con movimiento de los activos. 10) Discriminación por tercero, concepto y valor del renglón CX - “otras deducciones”. 11) Anexo de la liquidación de la renta presuntiva 2002. 12) Cuadro comparación patrimonial contable y fiscal. 13) Relación de las retenciones en la fuente que le practicaron y certificados. 14) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio, donde conste la inscripción del representante legal y revisor fiscal(10).
Es de anotar que el anterior documento fue el único proferido dentro de la investigación ordenada, ya que no fue realizada inspección tributaria ni contable, ni se solicitó documentación diferente a lo relacionado en el requerimiento ordinario. Se observa que, respecto de la glosa cuestionada, únicamente se solicita discriminación en el numeral 10), por lo que no es dable negar el valor probatorio de las pruebas contables aportadas con la respuesta al mismo, ni a las allegadas con posterioridad, dentro de la vía gubernativa, o, en todo caso, antes de proferir sentencia de primera instancia, con el argumento del artículo 781 estatuto tributario ya que, respecto de este punto, no fueron solicitados libros ni comprobantes de contabilidad adicionales, dentro de la investigación realizada.
Del requerimiento anotado dio respuesta parcial la sociedad el 9 de octubre de 2003, en la que, en 55 folios, satisfizo lo solicitado en los numerales 1º, 2º, 4º y 14 de la solicitud enviada por la entidad fiscal(11).
Dentro de la documentación allegada en dicha oportunidad, obra el certificado de la cámara de comercio, en el cual consta el nombramiento de la firma “Price Waterhouse Coopers” como revisora fiscal a partir del 15 de marzo de 2002 y en su representación a la revisora fiscal,(12) que en su informe de auditoría conceptúa sobre la forma de llevar la contabilidad y demás requisitos exigidos por la ley para la validez del mismo, y, dentro del balance de comprobación,(13) se registra: cuenta PUC 1390 “Deudas de difícil cobro”, 139001 - préstamos a particulares - 13900101: Sánitas Nubial S.A. (debitada y acreditada por $ 394.554.090,83) y Club Sánitas S.A. (debitada y acreditada por $ 2.291.694.909,17); total préstamos a particulares (débito y crédito por $ 2.686.249.000).
El 17 de febrero de 2004, Soprinsa radicó la respuesta a los restantes puntos requeridos por la administración(14). Respecto de la información sobre “Otras deducciones” consignó en la cuenta PUC 5310: “Retiro de otros activos - préstamos” $ 2.686.249.000 (fl. 224 cdno. anexo). Aporta igualmente el “Comprobante de diario 10 del 31 de diciembre de 2002 en el que registra el valor de las deudas en dicha fecha a cargo de Club Sánitas S.A. por $ 2.291.694.909,17 y Sánitas Nubial $ 394.554.090,83, y efectúa el correspondiente castigo. Se observa en el enunciado comprobante, que, si bien se registró cada partida como “Provisión”, al final se aclara:”Para registrar descargo de deudas en moneda extranjera con Argentina” (15).
También allegó copia de la “Oferta mercantil irrevocable”, en la que la sociedad Uruguaya “Winkleport” se compromete a pagar, sobre la deuda que soporta Club Sánitas S.A. con Soprinsa, la suma de US$ 577.915,07, pagaderos en cinco cuotas anuales, entre el 31 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2007(16). Dicho valor fue sustraído de la deuda antes de efectuar el castigo de la deuda como perdida.
Además de lo discriminado anteriormente, obran en el informativo:
— Certificado de revisor fiscal expedido por la firma de contadores públicos “Iberaudit Ltda.” NIT: 800.130.307-5, donde se informa que tuvieron la calidad de revisores fiscales de la actora hasta el 31 de diciembre de 2001, y hace constar: “a) Que Soprinsa llevó durante los años que ejercieron dicho cargo contabilidad por el sistema de causación, según las exigencias del título IV libro I artículos 48 a 74 del Código de Comercio, y que los libros de contabilidad: 1) están registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., 2) Los movimientos registrados en dichos libros oficiales y en los auxiliares se encuentran respaldados por comprobantes internos y/o externos. 3) Que durante los años descritos (1996 a 2001) no se contabilizó provisión alguna para deudas de difícil cobro. 4) Los movimientos descritos, tienen como origen actividades ejercidas con carácter oneroso y debidamente respaldados por comprobantes internos y/o externos”.
Además de lo anterior certifica: “Que de acuerdo con los libros de contabilidad de Soprinsa S.A. los siguientes ingresos y/o gastos fueron contabilizados y apropiadamente incluidos en las correspondientes declaraciones de renta y patrimonio de conformidad con la normatividad legal aplicable”.
Procede a continuación a discriminar los ingresos causados a favor de Soprinsa y a cargo del Club Sánitas S.A. y Sánitas Nubial S.A. entre los años 1996 a 2001 así:
“Por diferencia en cambio (cuenta PUC 421020) $ 1.842.896.501,63.
Por intereses (cuenta PUC 421005) $ 231.015.734,10.
Total $ 2.073.912.235,73”.(17)
— Certificado expedido el 8 de febrero de 2005 por la revisora fiscal Marcela Salas TP 65.422-T de la firma “Price Waterhouse Coopers”, con el siguiente texto:
Certificó que: “1) La compañía lleva su contabilidad bajo el sistema de causación de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 2) De acuerdo con los registros contables se han registrado movimientos en las cuentas por cobrar por operaciones con las compañías Club Sánitas S.A. desde el año 1998 y Sánitas Nubial S.A. desde el año 1999. 3) De acuerdo con el comprobante de contabilidad 10 del 31 de diciembre de 2002 incluido en el folio 1053 SPRDI del libro diario, la compañía registró castigo de cuentas por cobrar así: Club Sánitas S.A. $ 2.291.694.909; Sánitas Nubial $ 394.554.090. Totales: $ 2.686.249.000. 4) De acuerdo con registros contables durante el periodo comprendido entre los años 1998 y 2002 los rendimientos de intereses sobre las deudas de Sánitas Nubial y Club Sánitas, ascendieron a $ 212.023.618 y $ 818.886.609 respectivamente. 5) De acuerdo con registros contables, durante el periodo comprendido entre los años 1998 y 2002 la diferencia en cambio originada sobre deudas de Sánitas Nubial S.A. y Club Sánitas S.A. ascendieron a $ 403.848.551 y $ 825.358.801 respectivamente”(18).
— Obra otro certificado de la misma revisora fiscal fechado el 25 de abril de 2006, el cual certificó que: “1) Los libros oficiales de contabilidad están registrados en la cámara de comercio de Bogotá D.C. así:
Libro: Registro Fecha:
Libro mayor 0829077 21 de agosto de 1998
Libro diario 00934643 11 de enero de 2001
Libro de inventarios y balances 00974169 13 de noviembre de 2001
2) De acuerdo con registros contables a 31 de diciembre de 2002, de Soprinsa S.A. el saldo de la cuenta por cobrar por préstamos a la compañía Club Sánitas S.A. antes de castigos era el siguiente:
Asiento contable Valores en pesos colombianos
Saldo al 30 de diciembre de 2002 $ 3.046.454.044
Ajuste por diferencia en cambio diciembre de 2002 07-9010/9012 88.169.810
Intereses de mora del año 2002 07-9137 812.876.914
Transferencia de la deuda a Winkleport 07-9142 (1.655.805.859)
Saldo al 31 de diciembre de 2002 $ 2.291.694.909
3) De acuerdo con registros contables al 31 de diciembre de 2002 de Soprinsa S.A. el saldo de la cuenta por cobrar por préstamos a la compañía Sánitas Nubial S.A. antes de castigos era el siguiente:
Saldo al 30 de diciembre de 2002 - $ 383.456.185
Ajuste por diferencia en cambio diciembre de 2002 07-9006 11.097.905
Saldo final al 31 de diciembre de 2002 394.554.090
4) De acuerdo con registros contables al 31 de diciembre de 2002 de Soprinsa S.A, el saldo de la cuenta de provisiones por préstamos a particulares, código 139965 es cero (0).
5) De acuerdo con comprobante de diario 10 del 31 de diciembre de 2002 (incluido en el fl. 1053 SPRDI del libro diario, fl. 282 SPRBA del libro mayor y fl. 145 SPRIB del libro de inventarios y balances), la compañía contabilizó un castigo sobre las cuentas por cobrar relacionadas en los puntos 2 y 3, debitando la cuenta 5310 “Pérdida, venta y retiro de bienes” y acreditó la cuenta 1390 “Deudas de difícil cobro”, por los valores relacionados a continuación:
Asiento contable Nº Valores en pesos colombianos
Club Sánitas S.A. 06-9399 $ 2.291.694.909
Sánitas Nubial S.A. 06-9389 394.554.090”
Luego, en los numerales 6º) y 7º) relacionó los ingresos y gastos por diferencia en cambio y por intereses generados a favor de Soprinsa por los préstamos efectuados a las antedichas compañías, y concluyó en el numeral 8º): “Adicionalmente, conceptúo que la contabilidad de la compañía durante el año terminado a 31 de diciembre de 2002 se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; que las operaciones registradas en los libros se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas y los comprobantes de las cuentas se conservaron debidamente”(19).
— Resume y reitera lo que consta en los tres anteriores certificados, en el expedido por la misma revisora fiscal el 19 de septiembre de 2006 que obra a folios 154 a 157 del cuaderno principal.
— Documentos sobre la crisis argentina en el año 2002, extraídos de la página web de la Unesco, verificados y autenticados por la Notaría 19 del círculo de Bogotá(20).
— Cuatro ejemplares del “Boletín Oficial de la República Argentina”: 29.787 del 3 de diciembre de 2001, 29.810 del 7 de enero de 2002, 29813 del 10 de enero de 2002 y 29830 del 4 de febrero de 2002, debidamente autenticados y apostillados, en los que fueron publicados las leyes y decretos que a) declararon la emergencia pública y financiera de la República Argentina. b) restringieron los retiros de dinero de los bancos y la realización de transferencias al exterior. c) Ordenaron la conversión con igual valor a los pesos argentinos de las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en US$ u otras monedas extranjeras. d) Ordenó suspender los procesos judiciales y las medidas cautelares sobre entidades y personas argentinas(21).
— Copia de las reformas de estatutos de Club Sánitas S.A. y Sánitas Nubial S.A. en las que consta que se trata de entidades que tienen como objeto social la prestación de servicios de salud en la República Argentina.
— Certificado expedido por la oficina de abogados de Buenos Aires “Estudio Wilson Rae”, debidamente autenticado y apostillado, en el que consta sobre las diligencias judiciales iniciadas en el año 2001 por cuenta de Winkleport sobre las deudas de Sánitas Nubial, y que concluye “Así, se acudió a los tribunales de la Argentina, en los cuales, después de una lucha jurídica que tuvo, además de lo extenso en el tiempo, la pesificación de las deudas en dólares, solo se pudo obtener un pago menor, precisamente, debido a la conversión de dólares a pesos argentinos, entre otras varias causas fuera de nuestro control”(22).
— Oficio del 15 de septiembre de 2006 suscrito por la abogada Adriana Rodríguez Prieto T.P. 68.008 - gerente de la central jurídica de Soprinsa, donde constan las diversas gestiones directas y legales para recuperar las deudas con el Club Sánitas y Sánitas Nubial, sociedades que, según su informe, “quedaron reducidas a inactividad desde cuando las compró SMG con las consabidas repercusiones económicas que toda inactividad produce”, de donde “Lo recobrable quedaba reducido notoriamente, y así, se justificaba no dilatar más la decisión de castigar $ 2.686.249.000 como deudas manifiestamente perdidas, frente a la posibilidad de algún recobro parcial a través de la sociedad Winkleport S.A”. Finalmente informa que, “en el año 2006 se logró una recuperación de US$ 872.891”(23).
Es pertinente observar que, con ocasión de los alegatos de la apelación, la actora aportó otros documentos probatorios relacionados con la glosa en discusión(24). Sobre el particular, el despacho del conocimiento profirió el 7 de julio de 2010 auto en que les niega el carácter probatorio dentro del proceso, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 212 y 214 de Código Contencioso Administrativo. Por lo tanto, no se efectuará análisis alguno sobre dichas pruebas por extemporáneas.
La Sala, teniendo en cuenta que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil establece que “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, avocará el análisis de la documentación allegada dentro de la oportunidad probatoria, vale decir, de las pruebas aportadas hasta antes de proferirse la sentencia de primera instancia, siguiendo la regla establecida en el artículo 187 ibídem(25).
La administración tributaria, en los actos demandados, afirma entre otras, que
“No obra dentro del expediente prueba alguna en que la sociedad demuestre:
— La realidad de la deuda.
— Que el préstamo concedido haya producido renta en años anteriores.
— Que la sociedad haya efectuado todas las gestiones necesarias para considerarla como deuda manifiestamente perdida.
— No hay prueba documenta del cobro jurídico ni evidencia del cobro judicial que establezca la insolvencia de los deudores y la falta de garantías reales para justificar su descargo.
— La sociedad debió agotar la gestión de cobro en su totalidad, es decir, que mediante fallo de un juez se decidiera la calidad de las deudas como manifiestamente perdidas”.
Con el fin de verificar la veracidad de dichas afirmaciones, se analizan las pruebas aportadas, como sigue:
Tanto el artículo 146 estatuto tributario como el 80 del Decreto 187 de 1975 coinciden en exigir para la procedencia de la deducción:
1) Que la obligación se haya contraído con justa causa y a título oneroso, requisito que no solo se deriva del mismo objeto social de Soprinsa, que como su nombre lo indica, es el de “Promover internacionalmente los servicios de salud”, servicios que, de acuerdo con los estatutos de las deudoras, estas prestaban en la República Argentina; sino que, taxativamente lo enuncia el revisor fiscal de la firma “Iberaudit”, cuando asevera: los movimientos descritos, tienen como origen actividades ejercidas con carácter oneroso y debidamente respaldados por comprobantes internos y/o externos”. Además, no dejan duda al respecto los diferentes certificados de revisor fiscal que dan cuenta de las sumas que desde el año 1998 hasta el 2002 fueron registradas y declaradas por Soprinsa como ingresos originados en los préstamos castigados que se discuten, así:
De Sánitas Nubial S.A. $ 212.023.618
De Club Sánitas S.A. $ 818.886.000
Diferencia en cambio:
De Sánitas Nubial S.A. $ 403.848.551
De Club Sánitas S.A. $ 825.358.801
Total ingreso percibido de las deudoras: $ 2.260.116.970
Los certificados transcritos, fueron expedidos por los revisores fiscales cuyo nombramiento consta en las diferentes certificaciones de constitución expedidas por la Cámara de Comercio de Bogotá(26) que obran en el informativo, cumplen con la totalidad de requisitos exigidos por la normativa vigente para su validez como prueba contable y fueron expedidos y aportados al proceso en forma oportuna, antes de ser proferida la sentencia de primera instancia, como se desprende de los textos transcritos.
2) Que se haya tomado en cuenta al computar la renta declarada en años anteriores o que se trate de créditos que hayan producido rentas declaradas en tales años.
Sobre los créditos cuyo castigo se solicita como deducible, desde el momento en que estos se originaron (año 1998 con Club Sánitas y desde 1999 con Sánitas Nubial), como se verifica en todos los certificados, especialmente en el expedido por la revisora fiscal el 8 de febrero de 2005 y cuyos soportes obran en el expediente fueron causadas y declaradas rentas por intereses sobre los créditos concedidos y diferencia en cambio sobre el capital adeudado por un total de $ 2.260.116.970, lo que demuestra que dichos créditos, hasta el momento de su descargo produjeron rentas que fueron debidamente declaradas y generaron el correspondiente impuesto.
Este requisito ya había sido aceptado por la administración, cuando, al decidir el recurso de reconsideración, expuso: “En cuanto al requisito de que “el préstamo concedido haya producido renta en los años anteriores”, el revisor certifica que entre 1998 y 2002 se recibieron intereses de las enunciadas sociedades por $ 212.023.618 y $ 818.886.609 respectivamente; así como $ 403.848.551 y $ 825.358.801 en calidad de diferencia en cambio; no obstante, como lo exige taxativamente la ley, no basta con que se cumplan una o varias de las exigencias para la viabilidad de la deducción, sino que esta solo es procedente si se cumplen la totalidad de requisitos contenidos por los artículos 146 del estatuto tributario y el artículo 80 del Decreto 187 de 1975”(27).
3) Que se haya descargado en el año o periodo gravable de que se trata, mediante abono a la cuenta incobrable y cargo directo a pérdidas y ganancias.
Como consta en el numeral 3º del certificado expedido por la revisora fiscal del 8 de febrero de 2005, y en los numerales 4º y 5º del expedido el 25 de abril de 2006, analizado en la sentencia de primera instancia,(28) mediante “comprobante de diario 10 del 31 de diciembre de 2002 (incluido en el fl. 1053 SPRDI del libro diario, fl. 282 SPRBA del libro mayor y fl. 145 SPRIB del libro de inventarios y balances), la compañía contabilizó un castigo sobre las cuentas por cobrar relacionadas en los puntos 2 y 3, debitando la cuenta 5310 “Pérdida venta y retiro de bienes” y acreditando la cuenta 1390 “Deudas de difícil cobro”, por los valores relacionados a continuación:
Lo anterior evidencia que el castigo fue efectivamente realizado, mediante el descargo en la contabilidad de las cuentas correspondientes y por los valores solicitados en la declaración de renta como incobrables, los cuales constan, como dan fe los revisores fiscales, en los libros de contabilidad debidamente registrados y cuyos movimientos se pueden verificar a partir de la fecha de los préstamos, y hasta el momento de su descargo como cartera castigada (dic. 31/2002).
4) Que la obligación exista en el momento del descargo.
Afirman los actos demandados “... vemos que, de acuerdo con la certificación del revisor fiscal, si bien tratan del movimiento efectuado en las cuentas por cobrar con las sociedades deudoras, desde 1998 y 1999, no hace constar el valor exacto de las deudas a la fecha del descargo, toda vez que una cosa es que se hayan descargado determinados valores, y otra, que estos coincidan con la deuda actual contabilizada...”(29).
En el numeral 2º del certificado de revisor fiscal del 8 de febrero de 2005, se lee que “De acuerdo con los registros contables se han registrado movimientos en las cuentas por cobrar por operaciones con las compañías Club Sánitas S.A. desde el año 1998 y Sánitas Nubial S.A. desde el año 1999”, información que confirma la realidad de la deuda y existencia durante los dos y tres años anteriores a la vigencia declarada, de las dos deudas objeto del castigo, debidamente registradas en las “cuentas por cobrar”, es decir, dentro de los créditos activos a favor de Soprinsa y, a cargo de las dos sociedades relacionadas.
Así mismo, confirman la realidad de las obligaciones citadas, y su existencia en el momento de ser castigadas, los asientos contables descritos en los numerales 2º y 3º del certificado de revisor fiscal fechado el 25 de abril de 2006, en los cuales se indican los números de comprobantes que soportan cada una de las transacciones y que determinan el resultado “Antes del castigo”, de los saldos registrados en la “Cuenta por cobrar” correspondientes a los préstamos a las sociedades “Club Sánitas” y Sánitas Nubial” en su orden.
Es de anotar que, en el monto de dichas deudas al 30 de diciembre de 2002, se incluyeron los valores correspondientes a los intereses y la diferencia en cambio originados por las citadas acreencias y debidamente declarados en los años que se causaron, con el fin de establecer el valor real de las deudas a la fecha de su descargo, de donde mal puede afirmar la administración que no fue posible establecer el valor preciso de las obligaciones al momento de su descargo.
Ahora, antes de proceder al castigo de las deudas por considerarlas perdidas, como se constata en el mismo numeral 2º del certificado del 8 de febrero de 2005, al valor de la acreencia a cargo de Club Sánitas S.A., le fue sustraída la cantidad de $ 1.655.805.859, suma acreditada como resultado de la “Oferta mercantil irrevocable” remitida el 23 de diciembre de 2002 por la sociedad Uruguaya “Winkleport” en la que se compromete a pagar, sobre la deuda que soporta Club Sánitas S.A. con Soprinsa, la suma de US$ 577.915,07, pagaderos en cinco cuotas anuales, entre el 31 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2007(30).
Respecto de dicho documento observa la entidad tributaria que “En primer lugar, la fotocopia de un documento expedido en el exterior por un tercero que no es parte del proceso, no presta mérito probatorio para demostrar la incobrabilidad de una deuda ante la administración de impuestos...”(31). Por su parte, el a quo expone: “Es claro para la Sala, que el perfeccionamiento de la oferta mercantil irrevocable presentada por la sociedad Winkleport a Soprinsa S.A. estaba supeditada a la aceptación de la misma por parte de esta, situación fáctica que en el “sub judice” brilla por su ausencia, por lo que mal podría tenerse como cierto tal negocio jurídico, cuando no se encuentra probada su aceptación, y tan solo obra en el expediente una copia simple del mismo”(32).
Como vemos, ninguna de las dos observaciones conducen a una determinación razonable de los hechos materia de la prueba que pretenden obtener las autoridades tributarias y la jurisdiccional de primera instancia, toda vez que, desde luego, el efecto de haber aceptado o no por parte de Soprinsa la “Oferta mercantil irrevocable” realizada por Winkleport no podía de forma alguna, llevar al convencimiento ni de la realidad, ni de incobrabilidad de la deuda, por cuanto lo que se demuestra con los comprobantes de contabilidad, es precisamente que, una vez incrementadas contablemente las deudas a cargo de Sánitas Nubial y Club Sánitas al 30 de diciembre de 2002 con los valores causados a favor de la actora por intereses y diferencia en cambio, la establecida a cargo de la última de las deudoras nombradas, se disminuyó con el valor que prometió pagar Winkleport mediante la “Oferta mercantil irrevocable” objeto de debate, antes de realizar, el 31 de diciembre de 2002, el castigo de las deudas como incobrables.
Luego, en el evento en que se desconozca la realidad de la citada oferta y el consecuente abono a la deuda, a causa de no existir prueba de su aceptación, el efecto contable y tributario de dicho rechazo conduciría a incrementar de nuevo la deuda con Club Sánitas, lo que llevaría a que el descargo y el valor de la deducción hubiera sido superior al solicitado, de donde el resultado de hacer efectiva la oferta mercantil, lo que logró fue hacer inferior la deducción que se discute de lo que hubiera resultado de no existir la misma.
5) Que existan razones para considerar la deuda manifiestamente perdida o sin valor”.
El tribunal de primera instancia, niega la existencia de razones válidas para justificar las obligaciones castigadas, con el argumento de que “... la accionante afirma haber adelantado “varias conversaciones y conferencias” con el fin de obtener el cobro de las deudas, con lo cual no es posible acreditar que se atendieron criterios de una sana práctica comercial, pues no se especifican las gestiones realizadas para lograr el cobro de las obligaciones, ni se mencionan los informes profesionales en los que se aconsejaba la baja de la obligación por no ser viable su cobro, ni se demuestra que los deudores estaban insolventes o, al menos, los criterios mercantiles tenidos en cuenta para concluir que no se iba a obtener el pago de las obligaciones”(33).
Posteriormente, respecto de la gestión de los abogados argentinos, informa que, con la demanda el actor presentó “el documento sin el lleno de los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil para ser tenido como prueba, falencia que fue subsanada en el curso del proceso”, y concluye: “Sin embargo, la sala no encuentra que aquellos hayan ejercitado las acciones ejecutivas para recuperar el valor de las deudas de las cuales la accionante es acreedora (Soprinsa), en cuanto que la prueba conducente y pertinente lo sería la certificación de la existencia de los procesos”(34).
En la relación de medios probatorios se pueden verificar encontramos, aparte de documentos de la Unesco sobre la crisis económica argentina del año 2002 y boletines oficiales que dan cuenta de la legislación que decretó la citada emergencia, debidamente apostillados, y, que entre otras medidas para conjurar la crisis, prohibió los retiros bancarios que excedieran el monto fijado, ordenó equiparar en todas las deudas contraídas por las empresas argentinas en moneda extranjera, el valor del dólar al del peso argentino, ocasionando que estas perdieran su valor real, a mas de ordenar la suspensión de los procesos judiciales y las medidas cautelares sobre las empresas argentinas, fenómeno que puso en evidencia la insolvencia de las empresas argentinas frente a sus acreedores.
Además de lo relacionado, encontramos, también debidamente apostillado, el certificado expedido por la oficina de abogados de Buenos Aires “Estudio Wilson Rae”, el cual informa sobre las diligencias judiciales iniciadas en el año 2001 por cuenta de Winkleport sobre las deudas de Sánitas Nubial, en el que, por parte de los abogados, se explica que al ocurrir la pesificación de las deudas en dólares “solo se pudo obtener un pago menor, precisamente, debido a la conversión de dólares a pesos argentinos, entre otras varias causas fuera de nuestro control”(35).
Se relaciona también el informe de la abogada de la actora donde constan las diversas gestiones directas y legales para recuperar las deudas con el Club Sánitas y Sánitas Nubial, aparte de la probada insolvencia de las deudoras por cuanto “quedaron reducidas a inactividad desde cuando las compró SMG con las consabidas repercusiones económicas que toda inactividad produce”.
Concluye dicha certificación aseverando que “Lo recobrable quedaba reducido notoriamente, y así, se justificaba no dilatar más la decisión de castigar $ 2.686.249.000 como deudas manifiestamente perdidas...”.
Luego, no es acertado el argumento de la administración en cuanto a que en el informativo no se hace referencia a las gestiones realizadas para lograr el cobro de las obligaciones, o a que no se mencionan informes profesionales en que se aconseje la baja de la obligación por no ser viable su cobro, como tampoco que no se haga alusión a la insolvencia de los deudores.
Por otra parte, si bien se iniciaron procesos judiciales en el domicilio de las deudoras, no fue posible, mediante ellos, la recuperación esperada, dadas las circunstancias que fueron descritas en los acápites anteriores. No obstante, contrario a lo afirmado por la administración y el a quo, el resultado adverso en un proceso no es la única prueba pertinente, conducente y útil para demostrar la procedencia del castigo de cartera por deudas perdidas, ya que, contrario a la tesis expuesta por el tribunal de primera instancia, cuando dice que “la jurisprudencia ha señalado que los medios probatorios previstos en la legislación tributaria son específicos y no siempre coincidentes en su contenido y alcance con los consagrados en otras materias jurídicas, como la comercial, la civil o la penal, por lo que tratándose de establecer obligaciones o deberes fiscales, prevalecen las regulaciones específicas que en relación con cada uno de los medios probatorios se consagran en las normas fiscales, y solo en lo no regulado por ellas es posible acudir a regulaciones distintas, tal como está previsto en el artículo 742 estatuto tributario”(36).
Lo anterior corrobora que para la administración tributaria y el fallador de primera instancia, la única razón válida que justifica el descargo de las deudas y que permite que se les considerara irrecuperables, es la constancia de un proceso judicial archivado que diera fe de la pérdida de la deuda, porque según ellos la ley consagra una “regulación específica”.
Sin embargo, en ninguna de las normas tributarias existentes sobre el tema se consagra tal exigencia, ya que si bien el artículo 79 del Decreto 187 de 1975 contempla como razones viables la insolvencia de deudores o fiadores y la falta de garantías reales, dichas causas no son las únicas valederas, ni constituyen una tarifa legal de la prueba, ya que el texto del artículo citado concluye que es pertinente probar “por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial”, por lo que otorga así un amplio margen a los medios probatorios que se pueden aportar para tal fin, y en lugar alguno circunscribe su viabilidad a la demostración de un proceso judicial archivado.
Así lo aclara la jurisprudencia de la Sala al referirse a las pruebas que demuestran las razones para castigar la cartera por medios diferentes a la constancia de proceso judicial concluido:
“Adicionalmente, esta Sección, al referirse a las formas en que puede acreditarse la existencia de razones para considerar una cartera como perdida, precisó que, dado el amplio margen de apreciación que otorga la norma, puede acudirse, por ejemplo, a los informes de los abogados en los que se aconseje la baja de la obligación por no ser viable su cobro, a la demostración de la insolvencia de los deudores o acreditar la especificidad de las gestiones realizadas para lograr el cobro de las obligaciones, etc.”(37).
No es viable limitar el derecho a la deducción con el argumento de que la única prueba contundente para considerar una deuda como manifiestamente perdida o sin valor eran los fallos judiciales proferidos por la jurisdicción competente. Si la norma otorga la posibilidad de aducir y probar cualquier causa justificable dentro de una sana práctica comercial, necesariamente se deben valorar esas circunstancias y las pruebas que las respalden”(38).
La tesis expuesta, se confirma en sentencias recientes, cuando se afirma:
No obstante, desde el punto de vista de una “sana práctica comercial”, no puede exigírsele al contribuyente, como lo pretende la DIAN, que tenga como recuperada la deuda con las acciones recibidas, cuando en realidad estas no cubren el valor total de la acreencia”(39).
Analizados los textos jurisprudenciales anteriores, no queda duda que, contrario a la posición de la entidad tributaria, la normativa aplicable al tema no limita el derecho a castigar la cartera perdida, a la exigencia de una única prueba como es la constancia de un proceso judicial concluido y con un resultado adverso al acreedor. Por el contrario, solo exige que se tenga alguna “causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial”, sin ninguna restricción adicional para tal fin.
Como se observa, a manera ejemplificativa se citan algunos elementos probatorios “suficientes para considerar las deudas como perdidas o sin valor”, entre las que figuran: informes suscritos por el representante legal de la empresa, comunicaciones de abogados respecto de las gestiones llevadas a cabo para tal fin, descripción de las diligencias tendientes a la recuperación de las deudas y la recomendación de su castigo, concluidas las diligencias tendientes a su recuperación, sin lograrlo.
Para el evento en estudio, existe en el proceso, como se desprende de los documentos analizados, la demostración de la realidad de la deuda y su existencia en el momento del descargo, su valor, la efectiva y correcta contabilización de su castigo, así como de los rendimientos producidos y declarados como renta en años anteriores y en el objeto de estudio. Por otra parte, demuestra las razones para darlas por perdidas, la legislación argentina que lleva a la conclusión sobre la insolvencia de los deudores y los informes de los profesionales que iniciaron los procesos en contra de las sociedades deudoras, pero que no hicieron posible recuperarlas en su totalidad dadas las circunstancias de crisis que las afectaban, y por último, el informe de la abogada de la actora que da cuenta sobre las gestiones fallidas, realizadas para buscar el reintegro de las deudas, y la recomendación expresa de su castigo.
De todo lo analizado, queda claro que no es procedente negar la deducibilidad del castigo de una deuda que se considere manifiestamente perdida, cuando esta se ha recuperado parcialmente, ni pretender que se demuestre en forma absoluta la irrecuperabilidad de la misma con posterioridad a su descargo, ya que dicha exigencia haría nugatoria la orden impartida por el artículo 82 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, el cual determina:
“La recuperación total o parcial de la deuda cuya deducción se hubiere obtenido por considerarla manifiestamente perdida o sin valor, constituye renta líquida en el año en que se produzca”.
El informe de la abogada de la empresa concluye dejando a salvo la posibilidad antedicha y termina informando que “en el año 2006 se logró una recuperación de US$ 872.891”(40) sobre las aludidas deudas, suma que de acuerdo con la ley, fue declarada en el año de su ocurrencia, por lo que, el desconocimiento de la deducción por deudas perdidas, de la que hace parte dicha cantidad, terminaría generando un doble gravamen, figura proscrita en la legislación colombiana.
Por último, aducen los actos acusados que, “el apoderado al dar respuesta al requerimiento especial expone que “se trata de una contingencia sobre la cual Soprinsa efectuó la correspondiente provisión” y, mal podría hacer uso del castigo de cartera, si previamente la deuda fue provisionada, toda vez que al incluirla como provisión dentro de la depuración de la renta, se deduce fiscalmente en dicho momento, siendo improcedente posteriormente volver a solicitarla como deuda perdida o sin valor”(41).
En el numeral 4º) del certificado de revisor fiscal del 25 de abril de 2006 (transcrito) se lee: “De acuerdo con registros contables al 31 de diciembre de 2002 de Soprinsa S.A, el saldo de la cuenta de provisiones por préstamos a particulares, código 139965 es cero (0)”, afirmación corroborada desde la demanda por el apoderado de la sociedad, quien advirtió que la manifestación a que se refirió el funcionario de la DIAN sobre haber efectuado provisión respecto de las deudas castigadas, se trató simplemente de un error de transcripción, consistente en la omisión del no, al pretender explicar que nunca se había efectuado provisión alguna por el artículo 145 estatuto tributario sobre las aludidas deudas.
De todas maneras, no le asiste razón a la DIAN en su afirmación al respecto, ya que, como se ha venido sosteniendo en jurisprudencia de la Sala “Los artículos 145 y 146 del estatuto tributario constituyen dos formas diferentes de realizar la deducción por cartera morosa o perdida, pero de ninguno de los dos preceptos puede establecerse que el hecho de que el contribuyente adopte en primera instancia la provisión por deudas de dudoso o difícil cobro, luego no pueda castigar esas mismas acreencias con fundamento en el artículo 146 estatuto tributario pues no existe prohibición legal ni reglamentaria en ese sentido”, y concluye: “Lo anterior permite confirmar, que tributariamente no hubo doble beneficio, porque finalmente la actora dedujo únicamente lo que legalmente le correspondía, es decir, el valor no recuperado de la deuda”(42).
Por tanto, en el evento de que llegara a demostrase, que no se hizo, que la demandante hubiera hecho uso de la provisión por “Deudas de dudoso o difícil cobro”, esto no constituiría obstáculo alguno para tener derecho a la deducción por castigo de cartera perdida solicitada.
Todo lo anterior, conduce a concluir que a la demandante le asistía, para el año gravable 2002, el derecho de hacer efectiva la deducción por castigo de cartera por “deudas perdidas o sin valor” y que, además, se encontraban satisfechas todas las exigencias legales para ello, por lo que es viable aceptar la pretensión sobre este aspecto.
Ahora, los actos acusados incluyeron un rechazo de $ 84.000, solicitados como deducción por “Pago de contribución al Fondo de Empleados Colsánitas”, suma que no fue objeto de demanda, por lo que su desconocimiento debe permanecer, lo que hace que proceda efectuar una nueva liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2002.
Por último y en relación con la sanción por inexactitud prevista en el artículo 647 del estatuto tributario, si bien la Sala había considerado de manera reiterada que ni por controversias de interpretación, ni por falta de pruebas era pertinente aplicar la sanción,(43) la jurisprudencia reciente de esta Sección ha señalado que la falta de prueba sobre la realidad y procedencia de las partidas declaradas no es motivo para no aplicar la sanción por inexactitud.
En efecto, la Sala en sentencia del 28 de junio de 2010 consideró que la falta de prueba sobre la realización de los costos, significaba la inclusión en la declaración de costos inexistentes que daban lugar a un menor impuesto a pagar, conducta que era sancionable en virtud del artículo 647 del estatuto tributario(44). Así mismo, mediante sentencia del 19 de agosto de 2010, la Sala indicó que generaba la sanción por inexactitud la conducta del contribuyente de incluir en la declaración, como deducciones, partidas frente a las cuales no se demostró su realidad y procedencia, que afectaron la base gravable y dieron lugar a un menor impuesto a cargo. En esa oportunidad advirtió que no era necesario que la administración estableciera que los gastos fueron irreales, pues lo cierto era que fueron solicitados como deducción, sin demostrar su procedencia; máxime cuando correspondía al contribuyente desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos(45).
En efecto, para que una partida declarada se tenga como real y verdadera, a juicio de la Sala, como regla general, debe probarse la realización de la misma, que existe, que fue efectuada y de ahí que se pueda probar que se configuraron los supuestos de hecho que la norma consagra. Es decir, requiere de una actividad probatoria suficiente y adecuada sobre la existencia de esos hechos que originan la partida. La sanción no tiene como condición que se evidencie una conducta evasiva o fraudulenta por parte del contribuyente, pero sí se requiere que los datos declarados sean reales(46).
Por consiguiente, en el presente caso la sanción por inexactitud debe mantenerse únicamente respecto del valor cuyo rechazo se mantiene, porque la deficiencia probatoria no exonera de su imposición.
La nueva liquidación del tributo, quedará como sigue:
Concepto Liquidación privada Resolución recurso reconsideración Sentencia Consejo del Estado
Ventas brutas IL 0 0 0
Servicios, honorarios y comisiones IS 4.556.070.000 4.556.070.000 4.556.070.000
Interés y rendimientos financieros IC 3.440.539.000 3.440.539.000 3.440.539.000
Dividendos y participaciones ID 5.237.402.000 5.237.402.000 5.237.402.000
Otros ingresos distintos de los anteriores IE 985.829.000 985.829.000 985.829.000
Total ingresos brutos IV 14.219.840.000 14.219.840.000 14.219.840.000
Devoluciones, descuentos y rebajas IR 0 0 0
Dividendos y participaciones IU 5.218.784.000 5.218.784.000 5.218.784.000
Otros ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional LV 0 0 0
Total ingresos netos IG 9.001.056.000 9.001.056.000 9.001.056.000
Costo de ventas CV 0 0 0
Más: aportes al sistema de seguridad social GE 0 0 0
Otros costos CG 0 0 0
Total costos CT 0 0 0
Más: comisiones, honorarios y servicios CE 174.553.000 174.553.000 174.553.000
Salarios, prestaciones y otros conceptos laborales DC 77.728.000 77.728.000 77.728.000
Más: aportes al sistema de seguridad social DM 15.613.000 15.613.000 15.613.000
Intereses y demás gastos financieros nacionales DF 2.064.302.000 2.064.302.000 2.064.302.000
Gastos efectuados en el exterior DH 392.826.000 392.826.000 392.826.000
Depreciación ,amortización, agotamiento DP 193.298.000 193.298.000 193.298.000
Otras deducciones CX 4.409.106.000 1.722.773.000 4.409.022.000
Total deducciones DT 7.327.426.000 4.641.093.000 7.327.342.000
Renta líquida del ejercicio GJ 1.673.630.000 4.359.963.000 1.673.714.000
Renta líquida RA 1.673.630.000 4.359.963.000 1.673.714.000
Pérdida líquida RB 0 0 0
Renta presuntiva RC 440.286.000 440.286.000 440.286.000
Otras rentas exentas EC 0 0 0
Renta líquida gravable RE 1.673.630.000 4.359.963.000 1.673.714.000
Impuesto sobre renta gravable LA 585.771.000 1.525.987.000 585.800.000
Descuento generación de empleo LO 0 0 0
Impuesto neto de renta LC 585.771.000 1.525.987.000 585.800.000
Total impuesto neto de renta LN 585.771.000 1.525.987.000 585.800.000
Total impuesto a cargo FU 585.771.000 1.525.987.000 585.800.000
Rendimientos financieros MC 6.044.000 6.044.000 6.044.000
Honorarios, comisiones y servicios MY 370.465.000 370.465.000 370.465.000
Arrendamientos MG 726.000 726.000 726.000
Ventas MH 0 0 0
Otros conceptos MI 35.741.000 35.741.000 35.741.000
Total retenciones año gravable GR 412.976.000 412.976.000 412.976.000
Menos anticipo año gravable GX 106.236.000 106.236.000 106.236.000
Más: anticipo a la sobretasa OZ 29.289.000 29.289.000 29.289.000
Más: sanciones VS 0 1.504.346.000 160.000
Total saldo a pagar HA 95.848.000 2.540.410.000 96.037.000
Saldo a pagar determinado sentencia (sin sanción)......... $ 95.877.000
Saldo a pagar año 2002 declarado (sin sanción).............. $ 95.848.000
Diferencia que constituye Base para la sanción: .............. $ 29.000
Por tarifa sanción por inexactitud (E.T., art. 647) = 160%...$ 46.400
Sanción por inexactitud determinada: ............................... $ 46.000
Sanción mínima año 2002.................................................. $ 160.000
1. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE como saldo a pagar por la sociedad Compañía de Promociones Internacionales de Servicios de Salud S.A. “Soprinsa S.A”. correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios, año gravable 2002, la suma de noventa y seis millones treinta y siete mil pesos ($ 96.037.000) m/cte.
Reconócese personería para actuar a nombre de la DIAN a la doctora Ana Isabel Camargo Ángel, en los términos del poder que obra en el informativo.
(5) Folio 40, cuaderno anexo.
(6) Folio 33, cuaderno anexo.
(7) Folio 17, cuaderno anexo.
(8) Folio 1, cuaderno anexo.
(9) Folio 4, cuaderno anexo.
(10) Folios 6 a 9, cuaderno anexo.
(11) Folios 10 a 65, cuaderno anexo.
(12) Folio 11 reverso, cuaderno anexo.
(13) Folio 33, cuaderno anexo.
(14) Folios 99 a 251, cuaderno anexo.
(15) Folio 109, cuaderno anexo.
(16) Folios 107 y 108, cuaderno anexo.
(17) Folios 158 a 160, cuaderno principal.
(18) Folios 418 y 419, cuaderno anexo.
(19) Folios 82 a 85, cuaderno principal.
(20) Folios 170 a 195, cuaderno principal.
(21) Folios 261 a 270, cuaderno principal.
(22) Folios 206 a 208, cuaderno principal.
(23) Folios 194 y 195, cuaderno principal.
(24) Folios 364 a 367, cuaderno principal.
(25) Artículo 187, Código de Procedimiento Civil. “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”.
(26) Folios: 78, cuaderno principal, 270, 328 y 413, cuaderno anexo.
(27) Folio 442, cuaderno anexo.
(28) Folio 302, cuaderno principal.
(29) Folio 442, cuaderno anexo.
(30) Folios 107 y 108, cuaderno anexo.
(31) Folio 443, cuaderno anexo.
(32) Folio 307, cuaderno principal.
(33) Folio 308, cuaderno principal.
(34) Folio 309, cuaderno principal.
(35) Folios 206 a 208, cuaderno principal.
(36) Folio 304, cuaderno anexo.
(37) Sentencia del 24 de julio del 2003, Expediente 13443, C.P. Ligia López Díaz.
(38) Sentencia 16448 de mayo 12 de 2010; M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(39) Sentencia 17202 de enero 28 de 2010. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(40) $ 1.954.219.642 en pesos colombianos.
(41) Folio 441, cuaderno anexo.
(42) Consejo de Estado - Sentencia del 28 de enero de 2010. Expediente 17202. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(43) Sentencias del 29 de agosto de 2002, Expediente 12697, C.P. Dra. Ligia López Díaz, del 22 de febrero de 2007, Expediente 15164, C.P. Dra. María Inés Ortiz y del 12 de mayo de 2010, Expediente 16810. C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(44) Expediente 16791. C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(45) Expediente 16988, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo.
(46) Sentencia del 24 de marzo de 2011, Expediente 17152, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

References: resolución 
 artículo 146

Artículo 772

Artículo 773

Artículo 774
 artículo 74

Artículo 777
 artículo 781
 artículo 781
 artículo 174
 artículo 187
 artículo 146
 artículo 80
 artículo 742
 artículo 79
 artículo 82
 artículo 145
 artículo 146
 artículo 647
 artículo 647
 Resolución 
 Artículo 187