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Timestamp: 2017-09-25 22:28:30+00:00

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Hidrocarburos Bolivia: abril 2009
Etiquetas: HIDROCARBUROS, NOTAS DE INTERES
BOLIVIA: ANALISIS DE INGRESOS POR EXPORTACIONES DE GAS Y ESTACIONALIDAD DE LOS MERCADOS
Analizar los ingresos por exportaciones de gas de Bolivia el 2009 que reflejen los nuevos precios y volúmenes a ser demandados.
Analizar la estacionalidad de los mercados de Brasil, Argentina y de Bolivia y su influencia en la oferta desde Bolivia, así como la capacidad de producción.
Establecer la necesidad de diseñar un mecanismo de planificación y control que maneje esta estacionalidad hacia el 2010, 2011 y 2012 de manera de permitir un despacho mas coordinado y permita un mejor aprovechamiento del energético, que beneficie a los tres países y la industria del gas en particular.
Los precios del petróleo afectan a los Fuel oils FO1, FO2 y F03, mismos que determinan los precios de gas para exportación a Brasil y Argentina.
Entre el primer y segundo trimestre 2009, los precios de exportación de gas natural se contrajeron nuevamente en un 41% a Argentina y 25% a Brasil, después de una caída fuerte durante el primer trimestre de 2009.
GELA ha estimado precios de exportación de gas a Brasil y Argentina con precios de petróleo de 45 y 50 US$/bbl para el tercer trimestre y entre 50 y 55 US$/bbl para el cuarto trimestre.
GELA estima que durante el tercer trimestre se producirán leves incrementos en los precios del petróleo debido a que se tiende a una recuperación de la economía mundial y del precio del t ól www.gasenergy.com.br 4 petróleo.
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Reactivarán conexiones de gas natural con una inversión de $us 100 millones
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reactivará conexiones de gas natural a domicilio con una inversión de 100 millones de dólares.
La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca serán los departamentos más beneficiados durante la presente gestión.
Para ese fin, la Administradora de Redes de Gas Domiciliario Industrial Comercial transfirió a otras empresas subsidiarias la responsabilidad de administrar las instalaciones de gas natural domiciliario, anulando contratos con Sergas, Emcogas, Ervigas, Enfagas, empresas que contrataban a otras pequeñas subsidiarias para realizar obras de conexión al interior del domicilio gas natural.
En el departamento de Santa Cruz YPFB suscribió un nuevo contrato de concesión con la empresa Sergas, y en la ciudad de Sucre se entregó la administración a la empresa Emdigas, firmas que en adelante administrarán las conexiones de gas natural.
La Administradora de Redes de Gas Domiciliario Industrial Comercial empezará a reactivar el programa de conexiones de gas domiciliario inicialmente en ciudades de El Alto, Santa Cruz, Sucre.
En esas regiones el programa de conexiones quedó paralizado desde el pasado mes de diciembre del 2008 debido a los hechos de corrupción registrados en la estatal petrolera ante la suscripción del contrato entre Catler Uniservice – YPFB para la instalación de una Planta de Separación de Líquidos en Río Grande.
La inversión calculada para ese emprendimiento económico alcanza a 86.3 millones de dólares, pero la muerte del ingeniero Jorge O’Connor y el robo de 450 mil dólares reveló irregularidades al interior de la estatal petrolera.
Esos hechos aún no esclarecidos en YPFB, paralizaron las actividades en varias direcciones y gerencias administrativas, entre ellas la Dirección de Gas Domiciliario, en la que se despidió a “lecturadores” y personal técnico.
Intervenida YPFB por Carlos Villegas, nuevo titular interino, en enero del 2009, la Dirección de Gas Domiciliario es sujeto de una evaluación técnica que durará hasta este mes de abril.
Una vez finalizada esa etapa se restablece el programa de conexión de gas natural, y YPFB suscribe nuevos contratos con otras empresas subsidiarias para la administración e instalaciones de gas a domicilio.
La decisión se enmarca en el Decreto Supremo 28.70, promulgado por el ex presidente Carlos de Mesa, el año del 2004, que autoriza una primera fase de 11 mil instalaciones domiciliarias favor de la ciudad de El Alto, por su esfuerzo combativo tras la guerra del gas.
La determinación también está amparada en el Decreto Supremo 28.701, y la Superintendencia de Hidrocarburos en atribución al DS 28.291 debe dar cumplimiento y ejecución al Programa de Gas Domiciliario, obligando a la estatal petrolera a reactivar los planes de conexiones de redes de gas natural a domicilio.
Durante este mes de abril, YPFB hará la transferencia a nuevas empresas subsidiarias la responsabilidad de asumir las tareas de conexiones de gas domiciliario.
Según datos de la Dirección de Comunicación de YPFB, desde 1994 hasta el 2005, se realizaron 27 mil instalaciones de gas domiciliario.
Después el proceso de conexiones se suspendió bruscamente debido a los obstáculos de precios en el acero, caída del valor del petróleo, materias primas primordiales para la ejecución de proyectos de redes de gas.
Posteriormente, ya en las gestiones 2006-2008 se construyeron 75 mil conexiones de gas natural domiciliario, incrementando sustancialmente el número de instalaciones.
A nivel nacional, que involucra a los departamentos del eje troncal, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, se tiene una matriz extendida de 2.220.000 metros de ductos de gas natural para uso domiciliario, comercial, familiar.
Delta Consult auditará a YPFB y se confirma ruptura con Andina
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó que el contrato con YPFB-Andina se rompió. Además, Delta Consult Ltda. auditará el periodo de administración en la estatal petrolera de Santos Ramírez cuando fue su presidente y parte del periodo de Guillermo Aruquipa.
Ramírez fue presidente de la estatal en reemplazo de Aruquipa, quien pasó a ser superintendente del área, en marzo de 2008. Después de diez meses fue destituido por supuesta corrupción en la firma del contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice. En este caso fue imputado y encarcelado en San Pedro.
También enfrenta otra investigación por la creación de la empresa privada YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA), al igual que Aruquipa, quien fue detenido.
El presidente de la petrolera estatal, Carlos Villegas, dijo que Andina resolvió el contrato de alquiler del taladro PDV-08 con la ilegal firma privada YPFB-SIPSA, para la perforación de los pozos 34D y 35H del campo Víbora (Santa Cruz).
Sin embargo, este trabajo seguirá en suspenso, en tanto se encuentra la modalidad para que el taladro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) comience a operar plenamente.
El 16 de diciembre de 2008, YPFB-SIPSA firmó contrato con Andina para el alquiler del equipo traído de Venezuela.
Por otra parte, mediante Resolución Administrativa GNAF 12/2009, del 8 de abril, se adjudicó la auditoría especial de ingresos y gastos de 13 meses de gestión, de enero a diciembre de 2008 y enero de 2009, en YPFB.
El gerente nacional de Administración y Finanzas, Róger Uzquiano, fue el responsable de la adjudicación. El documento base de contratación dice que la auditoría verificará que los ingresos de Yacimientos fueron recibidos, sumados y registrados en su totalidad, y también los egresos.
A la licitación se presentaron ocho consultoras: R.V. Consult, Alcázar & Morales, Zelada Arias María Teresa, Tudela Consult, CADES S.R.L., PMA Consult S.R.L., Delta Consult y SIAC Consultores S.R.L. La adjudicada deberá entregar dos informes: el borrador final y un documento conclusivo. La convocatoria concedió un plazo de 70 días para la entrega de conclusiones de la auditoría. Delta trabajó en las auditorías a las petroleras.
El contrato con andina
YPFB cedió la administración del equipo de perforación a la sociedad anónima SIPSA.
Con el control del equipo, firmó un contrato con YPFB-Andina para el alquiler.
Existían varios precios de acuerdo con las condiciones de operación.
Delta Consult ya fue contratada antes para auditar los contratos petroleros.
YPFB alista operar el taladro de campo Víbora
Mientras la petrolera Andina comenzó a analizar la ruptura en su relación contractual con la firma creada por el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, YPFB-Sipsa, ayer el director de Yacimientos, Fernando Vincenti, adelantó a EL DEBER que la estatal alista hacerse cargo del equipo de perforación EJZJ-70 DB de 2.000 caballos de fuerza (taladro) en los próximos días.
Por un lado, fuentes cercanas a YPFB Andina señalaron que se espera una resolución del directorio para avanzar en la disolución del contrato que se tenía con la firma privada Sipsa. Una vez que suceda esto, se buscará establecer una relación directa con la estatal para iniciar los trabajos.
Se habla de que la empresa Andina evalúa la ruptura con la compañía recientemente creada Sipsa S.A. ¿YPFB conoce esta situación?, se le consultó a Vincenti, a lo que respondió: “Sí existe esa posibilidad...la idea siempre fue que YPFB realice este servicio, pero ya contractualmente se estableció un vínculo entre Andina y YPFB Sipsa, pero como ésta es ilegal, ahora Andina tiene que romper ese acuerdo”, indicó.
El director aseguró que el objetivo del convenio entre el Gobierno boliviano y Venezuela establecía la administración de ese taladro; sin embargo, para el directorio de YPFB, la empresa Sipsa se constituyó de manera ilegal y oculta, sin ninguna autorización del directorio.
“Santos Ramírez concedió de manera graciosa el taladro a Sipsa, cuando ésta en realidad es una empresa de derecho privado. En ese sentido, Ramírez ni ninguna autoridad del Gobierno puede disponer de un bien público”, sostuvo.
¿Quién se hará cargo de ese taladro y desde cuándo?, se cuestionó a Vincenti, a lo que señaló: “YPFB a través del convenio que tiene con Pdvsa. No sé si vamos a hacernos cargo desde la próxima semana, pero hay que coordinar algunas cosas todavía como la relación contractual con Andina, pero está claro que Sipsa no va más”, acotó.
Por otro lado, los comunitarios de San Juan Campo Víbora, a través del subalcalde Santiago Santos, denunciaron que el pasado miércoles y la madrugada del jueves personal desconocido retiró dos generadores de energía eléctrica y otros equipos del área donde fue instalado el taladro de Pdvsa, específicamente en el pozo 34D donde se piensa efectuar los trabajos de perforación.
EL DEBER llegó al lugar; sin embargo, el acceso no le fue permitido porque dos guardias impiden su ingreso.
“Nosotros hemos pedido al Gobierno que nos garantice el funcionamiento del taladro, ya que desde la salida del ex presidente de YPFB Santos Ramírez todo está paralizado y más bien están desapareciendo algunos equipos. Ahora el campamento está resguardado sin luces y apenas tiene mecheros", dijo la autoridad edil.
Por su lado, un dirigente de base, identificado como Romero Machaca, dijo: “El Gobierno inauguró con bombos y platillos este equipo y parece que lo hizo por campaña política. Hay unos cuantos venezolanos en el lugar y parece que quieren desmontar la planta, eso no lo vamos a permitir".
El ex presidente del directorio YPFB-Sipsa Misael Gemio afirmó que la intervención de la firma causó un daño económico de $us 6 millones al Estado porque no se pudo iniciar la perforación del pozo 34D en el campo Víbora.
Cabe recordar que tras el cierre de las oficinas de Sipsa, ubicadas en el Parque Urbano en Santa Cruz, el congelamiento de cuentas bancarias y el corte de energía en el campo petrolero Víbora, efectuado el 2 de febrero por la comisión interventora de YPFB, se paralizó el inicio de operaciones del taladro.
Contratarán árbitros en caso Catler
Con la finalidad de asumir defensa legal en el caso Catler, el Gobierno faculta a YPFB a contratar abogados y asesores externos, además de peritos y árbitros nacionales y extranjeros; así lo establece el Decreto Supremo 70.
La norma, que tiene fecha del 8 de abril, también aprueba el Reglamento para la contratación de expertos en leyes, tanto profesionales como bufete de abogados. Ésta será "por comparación de ofertas", porque "permite la selección rápida y oportuna de servicios profesionales en el ámbito nacional e internacional".
Si bien el Gobierno rechaza el proceso arbitral que Catler-Uniservice anunció, demandando al Estado por daños y perjuicios, igual el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, aseguró que YPFB tiene todos los elementos para defenderse y demostrar las irregularidades y los delitos en los que han incurrido ex autoridades y personas particulares.
Según el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y el presidente de YPFB, Carlos Villegas, la empresa ni el Estado tienen obligaciones con Catler-Uniservice. Sin embargo, el contrato está firmado y no puede ser anulado por la petrolera estatal./ANF
Andina está dispuesta a dejar sin efecto el contrato suscrito con SIPSA
La empresa Andina está dispuesta a dejar sin efecto su relación contractual con la firma creada por Santos Ramírez, YPFB-SIPSA, luego de su intervención para continuar con la perforación del pozo Víbora, que quedó paralizada este año.
Fuentes cercanas a la compañía informaron que sólo se espera una resolución del directorio para avanzar en la disolución del contrato que se tenía con la firma privada SIPSA.
Una vez que suceda aquello, se buscará establecer una relación directa con Yacimientos para iniciar los trabajos.
El director de la estatal, Fernando Vincenti, informó que el contrato original para el alquiler del taladro era con YPFB, y de manera inexplicable la firma creada por Santos Ramírez se hizo cargo del equipo.
“SIPSA es una empresa de papel, virtual, no es su taladro, el contrato original siempre fue de YPFB”. Por lo tanto, ahora que la empresa fue intervenida y se sigue un proceso legal contra sus administradores, lo que corresponde es que la petrolera se haga cargo.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció el viernes 10 que quedó sin efecto el contrato con SIPSA para la recalificación de garrafas de gas licuado (GLP) por 1,8 millones de dólares y que buscará la contratación de una nueva firma.
El taladro SIPSA cobraba por el alquiler 18.200 dólares diarios a Andina, aunque la compañía aseguró que no pagó.
YPFB compró acciones para SIPSA 29 veces más caras que las de Transredes
Cada acción de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) le costó a la estatal petrolera 29 veces más de lo que se pagó a Transredes por cada una de sus acciones cuando se procedió con su nacionalización, el 2 de junio de 2008. Además, por el contrato de recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) se adelantó a la firma creada por Santos Ramírez Valverde el 44,4 por ciento, monto que fue desviado.
En declaraciones a la Red Erbol, el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, confirmó esta irregularidad.
Señaló que cada acción que la estatal petrolera compró de Full Industry valía 815 dólares, monto elevado en comparación con los 28 dólares que se pagó a Transredes S.A. TR-Holdings. “No hay punto de comparación, Transredes era una empresa solvente, de capacidad técnica”.
El 20 de agosto de 2008, Ramírez, como presidente de Yacimientos, compró 220 acciones de la firma recalificadora por un valor de 216.000 dólares y posteriormente formó YPFB- SIPSA.
Según el monto indicado por Villegas, por todo el paquete accionario sólo se habían comprometido 179.300 dólares.
En su declaración ante el Ministerio Público del 8 de abril, Ramírez aseguró que YPFB no pagó el precio de compra a Full Industry, lo cual fue confirmado a mediados de febrero en declaraciones a La Prensa por la accionista minoritaria Lucy Barberí.
Contrariamente, el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dejó abierta la posibilidad de que el monto se haya cancelado, debido a que la auditoría técnica-legal a YPFB-SIPSA determinó un daño económico al Estado de al menos 60,7 millones de dólares.
Full Industry era propiedad de tres socios, Mario Orsini, quien tenía la mayor parte accionaria; Lucy Barberí y Nilda Domínguez.
En el momento de su compra, la firma estaba paralizada porque YPFB ordenó que se suspendiera el servicio de recalificación de garrafas porque asumiría este servicio con su propia planta.
En febrero, Barberí explicó a La Prensa que la compañía tenía muchas deudas y que Yacimientos, en la negociación, se comprometió a asumir los pasivos. Esta situación condujo al cierre del taller que se tenía montado en Santa Cruz y a trasladar la maquinaria a La Paz. Además, el precio se fijó sólo sobre la base de un avalúo de las máquinas que se encuentran en el taller de El Alto, que está instalado en un terreno alquilado a la firma Indubar.
El 31 de enero, a raíz de los indicios de corrupción en la firma del contrato entre Yacimientos y la asociación accidental Catler-Uniservice, el presidente Evo Morales ordenó la intervención a la estatal petrolera, lo cual permitió conocer la conformación de SIPSA
El director de YPFB, Fernando Vincenti, informó que cuando se entró en la oficina de la compañía en Santa Cruz se encontraron sólo computadoras y una impresora de propiedad de Yacimientos y que sus ambientes habían sido entregados “de favor” por una empresa constructora.
Por el contrario, Transredes S.A., sociedad suscrita en partes iguales entre Ashmore Energy Internacional (AEI) y Shell Gas, era dueña de la mayor parte de los oleoductos, gasoductos y poliductos de Bolivia, entre éstos el que transporta gas a Brasil. Permaneció 11 años en el país al cargo del servicio de transporte de productos hidrocarburíferos.
Fue nacionalizada el 2 de junio de 2008 en virtud del Decreto Supremo 29586, con lo que el 98 por ciento de las acciones pasaron a nombre de YPFB.
Después de su constitución YPFB-SIPSA suscribió con Yacimientos un contrato para la recalificación de garrafas de GLP, por un valor de 1,8 millones de dólares.
Villegas informó que se desembolsó un adelanto de algo más de 800.000 dólares por este acuerdo, sin embargo se desviaron a otro fin. “Lo que se hace al interior de SIPSA es que esos recursos se trasladan para otra actividad, que es el ofrecimiento de servicios de perforación”, entonces, “es ahí donde se invierte una cantidad importante en el marco de un acuerdo que tienen YPFB (y) PDVSA”.
De acuerdo con el registro en Fundempresa, YPFB-SIPSA amplió sus servicios iniciales de recalificación de garrafas a la prestación de servicios petroleros y gasíferos, exploratorios y de mantenimiento de pozos productivos, construcción de plantas y equipamiento de campos petroleros y gasíferos, y así se promocionaba en el exterior.
Villegas confirmó que en la reunión de la semana pasada del Directorio de YPFB se resolvió anular el contrato con SIPSA, que está en proceso de liquidación anunciada hace un mes, aunque aún no se define la empresa que asumirá este trabajo.
“No existe relación con Catler”
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, confirmó que “YPFB no tiene ninguna relación contractual con la empresa Catler-Uniservice”, por lo que tampoco existe “ninguna obligación de ninguna naturaleza con la empresa”.
La decisión fue tomada después de que el Directorio de la estatal petrolera anulara el proceso de contratación para construir una planta gasífera en Santa Cruz.
Sin embargo, Yacimientos pidió que se ejecutaran las tres pólizas de seguros entregadas por Catler conforme al contrato y espera recuperar nueve millones de dólares de los 16,5 millones desembolsados.
Villegas informó que existe una estrategia para volver a contar con los fondos y los 35 millones de dólares de una carta de crédito abierta en el Commerce Bank (Estados Unidos) sobre el que aún no puede dar detalles. Anunció el inicio de una auditoría técnica sobre el avance de obras de las tres empresas subcontratadas: Gulsby Process System, en EEUU, y Sica Metalúrgica y Lito Gonella, en Argentina.
Credinform sólo ejecutará póliza cuando la estatal petrolera demuestre incumplimiento de contrato
La aseguradora Credinform Internacional informó ayer que sólo ejecutará la póliza de garantías de correcta inversión de anticipo exigida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuando la estatal demuestre que hubo incumplimiento de contrato por parte de Catler-Uniservice.
Así lo reveló el subgerente general de la compañía, Nilton López, en una entrevista con La Prensa en la que confirmó la recepción de la carta de solicitud formulada por YPFB el 7 de abril.
El jueves de la semana pasada, la estatal petrolera decidió romper el contrato suscrito con la asociación accidental para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, además de exigir a Credinform las pólizas de garantía por nueve millones de dólares.
López aclaró que la compañía avaló sólo una póliza de garantía de 1.650.000 dólares por la correcta inversión de anticipo, es decir, los recursos otorgados por YPFB a la asociación accidental y que se hubiesen gastado en la compra de maquinaria, el capital de operaciones, que fue el destino inicial de los fondos.
“Si Catler-Uniservice demuestra que se usó los fondos otorgados para ese fin, no habría incumplimiento al contrato de las garantías”.
Según López, YPFB debía hacer llegar una resolución administrativa firmada por la máxima autoridad ejecutiva, en este caso Carlos Villegas, demostrando el incumplimiento o mal uso del anticipo.
Sin embargo, señaló que después de haber hecho conocer a Catler-Uniservice la solicitud de YPBF, sus ejecutivos respondieron el 9 de abril que el consorcio no incumplió el contrato y que cuenta con todo el respaldo documentado de las obras.
Por eso, Credinform solicitó que se le haga llegar los papeles para evaluarlos y que Catler-Uniservice presente en 15 días sus descargos.
“Estamos esperando esa documentación para analizar si el requerimiento de YPFB es procedente o no. Hemos dado una semana, pero tenemos 15 días hábiles para pronunciarnos”.
Sin embargo, si terminado el plazo ninguna de las partes demuestra fehacientemente sus argumentos, Credinform podrá solicitar un peritaje que deberá resolverse en la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).
Las otras pólizas
Para la construcción de la planta separadora de Río Grande, Catler-Uniservice garantizó otras dos pólizas por 1.650.000 dólares (cada una de 825.000 dólares), por la correcta inversión de anticipo avalada por Seguros Illimani, y otra por 6.044.615 dólares, equivalente al 7 por ciento del contrato principal de la separadora de líquidos (86 millones de dólares),
Esto para garantizar el cumplimiento de contrato de obra, y fue respaldada por la compañía Bisa Seguros y Reaseguros.
La investigación conducida por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Fiscalía cuestionó que en las adendas incluidas en el contrato con Catler-Uniservice se hubiese aceptado la entrega de pólizas en lugar de boletas de garantía.
Esta observación fue ratificada ayer por el presidente de YPFB, Carlos Villegas, quien sin embargo dijo desconocer la existencia de las pólizas respaldadas por Illimani y Bisa. Por ello, la única carta que envió la estatal petrolera para la ejecución de aquéllas fue a Credinform.
“Yo tengo la información de que solamente tenemos pólizas de seguro con la empresa Credinform Internacional, por nueve millones de dólares”, fue la respuesta que dio a una consulta formulada por La Prensa.
La estatal aún analiza cómo dará continuidad al proyecto y evitar que se produzca en los siguientes meses una escasez de gas licuado de petróleo (GLP) que debía ser aliviada por la planta separadora.
Cronología de la constitución de YPFB-SIPSA
Santos Ramírez Valverde adquiere 220 acciones de Full Industry el 20 de agosto.
El 4 de septiembre inscriben ante Notario de Fe Pública el cambio de nombre a YPFB-SIPSA.
Entregan sendas acciones a Lucy Barberí y Nilda Domínguez, antes propietarias de Full Industry.
Con tres accionistas forman una sociedad anónima de carácter privado aunque es de YPFB.
El 12 de febrero, el Presidente de YPFB, Carlos Villegas, ordena una auditoría técnica-legal a SIPSA.
Se cuestionaban dos aspectos: primero, la constitución de la empresa de carácter privado.
Segundo, la situación financiera, porque se encontró que tenían deudas.
La tarea fue delegada al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
El informe de este despacho concluyó un posible daño económico de 60,7 millones de dólares.
Por ello, YPFB pone una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Santos Ramírez.
Bolivia apela a la argentina Refinol para tener más GLP
Bolivia apelará a la empresa argentina Refinol para separar los líquidos del gas que se envía a ese país y, así, obtener más Gas Licuado de Petróleo (GLP) para el consumo interno, informó ayer el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas Quiroga.
“Hemos llegado a un acuerdo, como aún no tenemos planta de separación, el gas que estamos enviando se va a separar en Refinol y solamente vamos a pagar los costos de separación para traer el GLP”, señaló Villegas en una conferencia de prensa. Agregó que con esta acción no será necesario importar gas licuado.
En marzo, la estatal petrolera anunció que sería necesario importar gasolina y GLP, debido a que el país estaba produciendo menos gas natural porque la demanda de Brasil había caído.
Ayer Villegas ratificó esa denuncia y sostuvo que, pese al compromiso del gobierno de Lula da Silva de comprar 24 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas, ese país “no ha cumplido”. “Están comprando 20 MMmcd. Estamos conversando con Brasil, de tal manera de asegurar que a partir de mayo, como ellos indicaron, aumenten las nominaciones”, manifestó.
En cuanto a la Argentina, ayer debió realizarse una reunión entre autoridades energéticas de ese país y las de Bolivia. Sin embargo, el encuentro se realizará el lunes 20. Villegas recordó que ya existe un acuerdo con Argentina para que este año se envíe un mínimo de 4 MMmcd. “Como máximo, vamos a llenar la capacidad del gasoducto. Estos días estamos en este segundo escenario, llenando todo el gasoducto”.
Argentina y Bolivia discuten ventas de gas
La capital cruceña será sede de la reunión entre técnicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Energía Argentina S.A. (Enarsa) que comenzará hoy y contará con representantes del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia y el Ministerio de Planificación de Argentina.
Los principales puntos de la reunión serán los volúmenes de gas natural boliviano que se enviarán en invierno y la situación actual del proyecto del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA). Bolivia se comprometió a exportar 6,5 millones de metros cúbicos diarios.
YPFB decide anular contratos con Catler-Uniservice y SIPSA
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció el viernes su decisión de romper definitivamente el contrato suscrito con la asociación accidental Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande y con SIPSA, empresa creada por Santos Ramírez.
Una ex autoridad reguladora cree que la determinación obligará a importar gas licuado de petróleo (GLP).
Según El Deber, la decisión fue tomada el jueves luego de que el presidente de la estatal, Carlos Villegas, exigiera las boletas de garantía a la empresa de seguros y reaseguros Credinform por un monto de nueve millones de dólares (cumplimiento de contrato y correcta inversión de anticipo).
Esta aseguradora y Bisa e Illimani respaldaron las pólizas.
Después de dos días de intensas reuniones del directorio de la petrolera en la casa ejecutiva de YPFB, situada en el lujoso barrio Las Palmas de Santa Cruz, Villegas confirmó la anulación del contrato y, en consecuencia, que Yacimientos ya no tiene ninguna relación contractual con Catler-Uniservice.
La anterior semana, el directorio de la estatal instruyó a Villegas tomar todas las acciones técnicas, legales y administrativas y, en ese marco, el ejecutivo envió una carta a la compañía de seguros Credinform para que ejecute las garantías establecidas en el contrato. “Esto significa que se van a recuperar siete millones de dólares, además de las garantías de desempeño de cumplimiento de anticipo. En realidad son dos, cada una de 850.000 dólares, es decir que vamos a recuperar casi nueve millones de dólares. Ésta será la primera recuperación real por parte de YPFB”. Esto corresponde a una parte de los 16,5 millones de dólares desembolsados a Gulsby y a Catler-Uniservice. El Gobierno y la Fiscalía observaron que el contrato no fue protocolizado ante la Notaría de Gobierno ni remitido a la Contraloría General de la República, así como la constitución de Catler-Uniservice, que se realizó tres días antes de la suscripción del contrato con YPFB el 14 de julio de la pasada gestión, y el aval que se le dio para que entregue pólizas en lugar de garantías.
Los 16,5 millones fueron canalizados como anticipos a favor de Gulsby (13,2 millones) y a Uniservice (3,3 millones). El costo de la construcción de la planta asciende a 86 millones de dólares; de éstos, 45 millones fueron depositados en un fideicomiso a favor de YPFB. El resto debía ser gestionado en el exterior.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de La Fuente opinó que la resolución del contrato con Catler-Uniservice y el inicio de un arbitraje por parte del consorcio no es el mejor escenario para YPFB.
Esto porque terminará dilatando la conclusión de la planta separadora de líquidos. Con la demora, al país no le quedará otra alternativa que recurrir a la importación de GLP, debido a que existe un déficit de 150 toneladas.
El país producía aproximadamente 1.150 toneladas del energético al día, pero en la actualidad sólo llega a 1.000.
Firma de Ramírez no va
El presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, anunció que el viernes quedó cancelado el contrato con SIPSA para la recalificación de garrafas de gas licuado (GLP).
La decisión fue adoptada debido a que la empresa incumplió el acuerdo.
La firma había logrado un contrato con YPFB para este trabajo por 1,8 millones de dólares.
Además, se había favorecido de una resolución del ex superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa, por el que el costo de esta labor se incrementó entre 48 y 68,1 por ciento, pese a que no tenía facultad para hacerlo.
Para la recalificación de garrafas se evalúa la contratación de nuevas empresas a partir del próximo mes. SIPSA también logró un contrato para la perforación del pozo 34D y 35H en el campo Víbora, operado por Andina S.A.
Al respecto, Villegas dijo que se conversa con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para que el taladro sea administrado directamente por YPFB y no por una subsidiaria y se continúe con la perforación en Víbora.
La estatal busca opciones para acabar separadora
Luego de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) optó por romper el contrato con la empresa Catler-Uniservice, el siguiente paso es encontrar una opción para que el proyecto de la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz) se realice.
Integrantes del directorio de la estatal petrolera que pidieron no ser identificados explicaron que se están analizando dos posibles escenarios para no frenar los trabajos que hasta la fecha no se iniciaron, como verificó la Fiscalía en una inspección.
Se baraja la posibilidad de llamar nuevamente a una licitación pública e internacional para comenzar “de cero” con la instalación de esta planta separadora de licuables. Esta opción, según las fuentes de Yacimientos, es la que más seduce, pero muchos ponen reparo en que llevará más tiempo de lo programado.
La otra alternativa es renegociar sobre lo acordado con la firma estadounidense Gulsby, que fue contratada por Catler, y con las compañías argentinas Lito Gonella y Sica Metalúrgica Argentina.
Sobre este punto, el ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de La Fuente precisó que un contrato directo con las empresas subcontratadas por Catler es una salida válida, dado que Gulsby ya recibió un importante adelanto, pero expresó que se debe analizar con cuidado si la estadounidense y las empresas argentinas no tienen un contrato con Catler que las impida trabajar de forma directa con Yacimientos.
Para el analista Carlos Alberto López, la ruptura del contrato con Catler era la única salida que tenía la estatal petrolera, dado que se trata de un acuerdo con varios indicios de ilegalidad y muy cuestionado por la opinión pública.
“Lo ideal es volver a empezar, se debe realizar una licitación pública e internacional. La excusa del tiempo ya no sirve, porque tener una planta separadora de líquidos a fin de año no es de utilidad, pues se la precisaba para responder la demanda interna de GLP durante el invierno, y eso no se va a poder cumplir”.
El precio del gas de exportación caerá a $us 3,07 el millón de BTU
Este año, el precio para el gas de exportación se desplomará casi la mitad del promedio registrado en 2008. La caída será de $us 6,22 a 3,07 por millón de BTU (unidades térmicas británicas), es decir un 49%, de acuerdo con los cálculos de la Fundación Milenio.
Al derrumbe de las cotizaciones, en esta gestión se debe añadir la reducción del volumen por parte de Brasil, que en el primer trimestre consumió entre 18 y 24 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) y, aunque Argentina está tomando hasta más de 6 MMm3/d, igual no se compensa. El año pasado la cotización del energético llegó a sus máximos históricos, superando $us 10 el millón de BTU para Argentina y más de $us 8 pagó Brasil, en el último trimestre. En los tres meses precedentes los valores estuvieron en $us 9 y $us 7 respectivamente, de acuerdo con datos oficiales. Con la caída de los precios, el salvavidas está perforado, aseguró el presidente de la Fundación Milenio, Roberto Laserna. /ANF
YPFB elevó de cargo a un funcionario procesado por dotar diésel a las FFAA
El actual gerente nacional de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gary Medrano Villamor, favoreció con cupos de diésel y gasolina a la Policía Nacional y al Ejército cuando era responsable de la Distrital Comercial Oriente (DCO) en Santa Cruz entre enero y mayo de 2008, hecho por el que enfrentó un proceso administrativo interno que concluyó con una sanción.
Pese a esos antecedentes, la autoridad fue designada en uno de los cargos más altos por el presidente de la estatal, Carlos Villegas, tras la intervención del 31 de enero.
La Prensa intentó contactarse con el funcionario a través de la Dirección de Comunicación de YPFB. En tres ocasiones se apersonó a su oficina central, siendo que sólo en la última obtuvo la respuesta oficial de que “Yacimientos no tiene funcionarios que hubieran sido objeto de procesos administrativos o sanciones” y los que están actualmente en la institución “fueron elegidos por su profesionalismo”.
Se insistió en conocer la versión del Presidente de YPFB, ante lo cual respondieron que estaba en Santa Cruz.
De acuerdo con la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno ALG-SCZ-013/08, del 15 de septiembre de 2008, a la que accedió La Prensa, Medrano fue sancionado con 30 días de suspensión en su cargo sin goce de haberes “por acción de vulneración al Ordenamiento Jurídico Administrativo”, es decir, por vulnerar la Ley 1178 de Administración de Bienes y Servicios (Safco). El documento fue firmado por el abogado sumariante de YPFB, Carlos Pérez López.
Sin embargo, el mismo abogado reconoce que “este accionar debería castigarse con la máxima sanción”, de acuerdo con la mencionada norma, “como es la destitución”. Pero, como el funcionario sancionado no cuenta con experiencia en el manejo y administración de bienes del Estado, se opta por una sanción menor.
El 6 de junio de 2008, el asesor legal de la DCO, Shalmar Vacaflores Laguna, envió el informe legal AL-DCO-09-08, en el que informa al administrador Germán Copa sobre la entrega de diésel oil al Batallón de Policía Militar II Amezaga sin contar con las autorizaciones necesarias.
Según el informe, Medrano instruyó al Administrador de la DCO proyectar un convenio, contrato u otro tipo de documento que respalde la entrega del combustible. Sin embargo, se descubrió que ya existía un cupo asignado que se entregaba desde el 8 de enero de 2008 sin autorización del entonces presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa —aunque posteriormente aparecieron autorizaciones firmadas—, ni de la Gerencia Nacional de Comercialización, ni de la Dirección Nacional. La acción se justificaba como “consumo interno de Yacimientos” y no contaba con un convenio de respaldo.
Además, este beneficio alcanzaba a la Policía Nacional como lo señala la misma nota. El combustible salía del Surtidor Cuarto Anillo, en Santa Cruz, por orden verbal de Medrano. Según el informe 0090, del 28 de mayo de 2008, era entregado por el encargado de la estación de servicio, Richard Vargas Acebey.
En el informe legal AL-DCO 11/08, del 23 de junio de 2008, Vacaflores informa que al Batallón de Policía se entregó un total de 5.215 litros de diésel por un valor de 19.399 bolivianos, desde el 8 de enero de 2008 hasta el 26 de mayo. Además, a la Policía le dotaron de 306 litros del mismo combustible por valor de 1.140 bolivianos y de 141 litros de gasolina por 527 bolivianos durante la primera quincena de mayo del año pasado.
El 28 de junio de 2008, el nuevo presidente de YPFB, Santos Ramírez, ordenó a Pérez el inicio de un proceso administrativo interno contra cuatro funcionarios, de los cuales Medrano y Richard Vargas Acebey fueron sancionados. El proceso se amplió a Édgar Michel Toledo como nuevo administrador de la estación de servicio que continuó la entrega del carburante a la Policía y el Ejército por orden de Medrano, a pesar del inicio del proceso.
En la resolución final, Pérez observa que la entrega del combustible fue justificada como un intercambio de servicios de seguridad con la Policía y el Ejército; sin embargo, afirma que es obligación de ambas instituciones cumplir esta función por ser YPFB del Estado.
Medrano fue nombrado por Villegas en oportunidad de la intervención de la estatal, el 31 de enero, por supuestos hechos de corrupción en el contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.
Directorio decide sobre SIPSA
El Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reunirá hoy en Santa Cruz para analizar los documentos de constitución de la empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) y tomar una decisión final.
El órgano es la máxima instancia de decisión de la estatal petrolera de acuerdo con sus estatutos. El representante por el Ministerio de la Presidencia, Fernando Vincenti, informó la pasada semana que de la misma forma que se procedió con el contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice, se tomará una decisión sobre la sociedad anónima creada mediante procesos irregulares.
El miércoles 1 de abril, el directorio emitió la Resolución 3/2009 por la que anuló el proceso de licitación y adjudicación del contrato para la extracción de gasolina natural y gas licuado de petróleo (GLP) en el campo Río Grande de Santa Cruz.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó hace un mes que se concluirá el contrato con YPFB-SIPSA y se la reemplazará con otra empresa que aún está en gestación.
YPFB-SIPSA es una compañía que creó el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez Valverde. En su constitución se hallaron por lo menos cinco irregularidades: primero, la compra de la totalidad de las acciones de la recalificadora de garrafas Full Industry que estaba en proceso de quiebra. Segundo, el traspaso de dos acciones a dos personas particulares ajenas a las funciones del Estado, quienes además eran ex propietarias de dicha empresa. Tercero, el hecho anterior permitió que se conforme una sociedad anónima de carácter privado a pesar de que el Estado no puede formar este tipo de firmas. Cuarto, la carencia de un respaldo legal para la creación de una subsidiaria de propiedad del Estado, que debió hacerse mediante decreto o resolución. Y quinto, la ampliación de sus servicios a tareas petroleras que requieren equipos y personal con los que no contaba la empresa que le dio origen.
Bolivia produjo 47.017 barriles equivalentes por día (BePD) de líquidos combustibles.
Esta cifra es menor en comparación con 2007, cuando se produjo cerca de 49.000 BePD.
El decaimiento generó una situación de escasez durante algunos meses de 2008 que afectó al agro.
El diésel oil es el combustible con más demanda en el país, por eso se lo importa desde Venezuela.
El Gobierno anunció que este año importará gasolina natural si el mercado lo requiere.
La Superintendencia de Hidrocarburos creó el Plan Puño de Hierro para evitar el contrabando.
El consumo de gas llegó a 30 millones de metros cúbicos
En marzo, el consumo de gas natural llegó a un promedio diario de 30,58 millones de metros cúbicos. Se exportaron 24,93 millones y la demanda interna estuvo en 5,65 millones, de acuerdo con el informe de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH).
El país exportó un promedio diario de 24,93 millones de metros cúbicos de gas natural. De ese total, 19,7 millones millones se destinaron a Brasil y 5,23 a la Argentina. El consumo de gas en el mes pasado fue menor en 25 por ciento en comparación con la demanda del año pasado. En diciembre del 2008, el volumen estaba en más de 40 millones de metros cúbicos diarios. El año pasado, tan sólo el mercado brasileño demandó un volumen por encima del promedio diario de marzo, es decir, 31 millones. ANF
Empresarios argentinos venden cadena Genex y se van del país
El grupo empresarial argentino Di Tella decidió deshacerse de la mayor cadena de surtidores (15) de Gas Natural Vehicular (GNV) Genex S.A. de Bolivia al venderla al grupo empresarial nacional Las Lomas y retirarse del mercado.
La operación, según hizo conocer la propia firma Genex, fue cerrada en diciembre de 2008 en la que el 100% del paquete accionario de Genex pasó a manos del empresario y gerente propietario del Grupo Las Lomas, Juan Carlos Zurita, que también es dueño del hotel Las Américas, de la cerámica Sanzur y es accionista de la aerolínea AeroSur.
Aunque no fueron dados a conocer oficialmente los motivos de la salida del Grupo Di Tella, después de 15 años de vigencia, extraoficialmente se conoció que gravitaron tres aspectos: la muerte del padre de los Di Tella y fundador del Grupo empresarial, la decisión de la Superintendencia de Hidrocarburos de obligar a los empresarios del GNV a aportar con un porcentaje de sus utilidades al denominado Fondo de Reconversión Vehicular y finalmente la inseguridad jurídica para las inversiones.
De los 15 surtidores, 10 eran de propiedad exclusiva de Di Tella y los restantes cinco eran en sociedad con empresarios independientes.
A pesar de que no se precisó el monto de la operación de compraventa, se indicó que Zurita prometió mantener a los 300 funcionarios que hay en el país y además dio su voto de confianza a la planta ejecutiva. Lo único que renovó fue el directorio.
Para este año prevé hacer inversiones y expandir Genex con otras cinco estaciones.
Cabe señalar que, antes de comprar Genex, Zurita tenía cinco surtidores de GNV: Guaracachi y Tres Cruces (Santa Cruz), Bolivia y Aroma (La Paz) y Palmeras (Cochabamba). Es decir, ahora tiene 20 estaciones y hasta diciembre tendrá 25.
Según el titular de la Asociación de Surtidores de Bolivia (Asosur), Moisés Hidalgo, en el país hay unos 550 surtidores dedicados a la comercialización de carburantes (GNV, gasolina y diésel).
“Este tipo de negociación en un mercado es normal. Lo rescatable tiene que ver con la decisión de que un empresario nacional asuma el desafío de tomar las riendas de un megaproyecto que prevé la inyección de unos miles de dólares. Considero que hacer este tipo de transacciones en este tiempo de crisis es un ejemplo”.
Gerente de la Feria del Gas
“Estoy casi convencido de que el grupo empresarial Di Tella, ex propietario de los surtidores Genex, se deshizo de la cadena de surtidores porque se cansó de la inseguridad jurídica que hay en el país y de ceder un margen de utilidad al fondo de reconversión de gas vehicular, algo que le impide crecer empresarialmente”.
“Preocupa la inseguridad que está sembrando el Estado en su intención de centralizar el control de las operaciones y servicios que se generan en torno a la actividad hidrocarburífera en el país. Que inversionistas del sector privado decidan ceder sus emprendimientos no es una buena señal y es algo que tiene que preocupar”.
Petrobras tuvo pérdidas en Latinoamérica
Las inversiones de la estatal petrolera brasileña Petrobras (Petróleos Brasileños), durante los dos últimos años en Latinoamérica, reportaron pérdidas por 600 millones de reales (unos 272,1 millones de dólares), revelaron ayer los medios locales, según un reporte de EFE desde Sao Paulo.
Sólo en Ecuador la estatal tuvo un perjuicio de 400 millones de reales (alrededor de 181,4 millones de dólares) por la devolución al Gobierno de ese país de un bloque de explotación, según apuntó la edición digital del diario Folha de Sao Paulo.
Entre 2007 y 2008 las inversiones en Venezuela tuvieron una caída de 175 millones de reales (es decir aproximadamente 79,3 millones de dólares).
En Bolivia, a pesar del proceso de nacionalización de los hidrocarburos en esa nación, Petrobras logró, en el mismo período, un lucro de 66,2 millones de reales (o sea unos 30 millones de dólares), después de vender sus acciones al Gobierno boliviano por 112 millones de dólares.
El analista de la corredora de bolsa Agora Luiz Otávio Broad dijo que los "riesgos políticos" en la región perjudicaron las inversiones de la estatal.
Si bien Petrobras tuvo que deshacerse de las dos refinerías que operaba en Bolivia, respetando el proceso de nacionalización, aún se mantiene como importante socia en algunos pozos gasíferos como San Alberto y San Antonio, cuya producción de gas natural, que aún es la más importante, está destinada, en su mayoría, al mercado de Sao Paulo, para mover su gran industria.
El Gobierno anuncia caída de 40% en el ingreso por venta de gas y prevé ajustes en el Presupuesto
El Gobierno anunció ayer que durante este trimestre (1 de abril y 30 de junio) el valor de las exportaciones de gas a Brasil y Argentina sufrirá una caída de aproximadamente 40 por ciento, por lo que será necesario ajustar el Presupuesto General de la Nación (PGN) y las metas de crecimiento en él fijadas.
El ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, explicó que el descenso en las ventas del energético es producto de la recesión internacional que, a su vez, ocasionó una baja en el precio del petróleo en el mercado externo.
Esa autoridad dijo, a través de Radio Fides, que la baja estará en el orden del 40 por ciento. En la Isla del Sol, donde ayer se reunió el gabinete ampliado convocado por el presidente Evo Morales, Coca detalló a La Prensa que en el caso de Brasil ese decremento puede estar entre el 19 y 30 por ciento y con Argentina podría llegar al 19 por ciento.
La autoridad no adelantó cuál será el nuevo precio que regirá este trimestre. Sin embargo, analistas de materia hidrocarburífera ya pronostican que el costo del gas será de 4,34 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU), con Brasil, y de 4,58 dólares por millón de BTU, con Argentina.
Hasta el 31 de marzo, según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Brasil pagaba 5,64 dólares por millón de BTU, y Argentina, 7,83 dólares.
El especialista del sector petrolero Hugo del Granado calculó que con el nuevo precio de 4,34 dólares por millar de BTU, y si se mantiene el promedio de exportación de 20 millones de metros cúbicos día (MMCD), el país percibirá 1.100 millones de dólares este año.
En el caso de Argentina, prevé ingresos del orden de los 265 millones de dólares, si es que ese país mantiene un promedio de compra de gas de 4,5 MMCD y considerando un precio de 4,58 dólares por millón de BTU.
El ministro Coca espera que las cifras negativas mejoren para el tercer trimestre, cuando podría haber un repunte.
En YPFB confirmaron que, como consecuencia de la caída de los precios, los ingresos del país se verán mermados.
Sin embargo, se explicó que “no se sabe cuánto o en qué cantidad afectaría al TGN, ya que para dar este dato se necesita un respaldo técnico del equipo de YPFB, Ministerio de Hidrocarburos y el Ministerio de Economía, que viene trabajando para dar una respuesta real y correcta”.
El ministro Coca aseguró que, “consciente del acontecer internacional, el país ha planeado una reformulación (del presupuesto) con parámetros más reales, esto ha llevado a que no vamos a crecer a la tasa esperada, aunque a pesar de eso vamos a tener superávit”.
El actual PGN prevé un crecimiento de 5,5 por ciento y un déficit de 1,84 por ciento.
El ministro de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, precisó, también en la Isla del Sol, que las posibilidades de ese ajuste están siendo analizadas. “Estamos en negociaciones, obviamente va a afectar a los ingresos del país, pero también estamos analizando algunas medidas que puedan ayudar a paliar este tipo de efecto”.
Los ingresos por la venta de hidrocarburos benefician a las prefecturas, las alcaldías, las universidades y al Tesoro General de la Nación (TGN).
Por ello, los analistas temen que las regiones, las casas de estudios superiores y aun el Gobierno sean golpeados con un ajuste en el Presupuesto.
La autoridad dijo que un eventual ajuste tendrá que ir acompañado de medidas y mecanismos que compensen la caída de esos ingresos, pero no especificó cómo se hará eso.
El Ejecutivo también prevé acelerar la inversión pública para compensar la baja de ingresos.
Bolivia alcanzó un récord histórico en sus exportaciones el año pasado con 6.836 millones de dólares, de los que 3.132 millones fueron por ventas de gas a Brasil y Argentina. En segundo lugar se ubicaron los minerales, cuyos precios también experimentaron severas bajas tras la crisis financiera global.
Los buenos precios de las materias primas, que representan poco más del 70 por ciento de las exportaciones bolivianas, permitieron que el país incrementara sus reservas internacionales en tres años de 1.714 millones de dólares a 7.774 millones de dólares a finales del año pasado, lo que representa un colchón financiero.
“Los ingresos van a disminuir en la misma proporción que van a bajar las exportaciones. Es un duro golpe para los gobiernos departamentales. Hasta ahora, el Gobierno nos ha quitado en las dos últimas gestiones cerca de 580 millones de bolivianos, con este recorte poco vamos a poder hacer como gobierno departamental. Hay que conocer los resultados y ver el efecto en los proyectos, nuestras prioridades han sido energía eléctrica, agua potable y caminos”.
“La baja en los precios de exportación de gas a Argentina y a Brasil y un descenso en los volúmenes son dos elementos que están configurando un escenario muy crítico porque, obviamente, lo que va a ocurrir es que las regiones se van a ver notablemente afectadas por esta situación que está marcada por una gran improvisación en el sector hidrocarburos. Va a afectar a prefecturas, gobiernos municipales, universidades y al propio Tesoro General, son las consecuencias a corto plazo”.
“Hay otros ingresos que tienen las regiones además del IDH, otras fuentes de financiamiento, entonces no es para hacer escándalo. Son efectos de tiempos de vacas gordas y vacas flacas, como cuando el barril de petróleo subió y llegaron bastantes millones. Esto es una crisis del mercado internacional, no es cuestión de Gobierno, es cuestión de la crisis. Obviamente que va a afectar, incluyendo al TGN, pero se tiene que ver que el IDH no es la única fuente financiamiento”.
“Eso significa que el presupuesto en IDH se va a reducir para los municipios y por supuesto van a resultar más afectados los municipios que tienen gran parte de su presupuesto basado en el IDH, que son municipios relativamente pequeños, municipios medianos que están ubicados en Beni, Pando, Oruro y Potosí. Se van a tener que suprimir muchos de los proyectos que se tenían que realizar con esos recursos en áreas como salud, educación, desarrollo productivo, infraestructura”.
Jefe de Bancada Podemos
“Esto, lo único que hace es demostrar la totalidad incapacidad que tienen don Evo Morales y su Gobierno para llevar adelante el Estado boliviano, que con la única intención de tener un Gobierno totalitario han venido engañando al país y no siendo capaces de solucionar los verdaderos problemas. Lo lamentable es que los primeros afectados van a ser los municipios y universidades, que son los directos dependientes del IDH y que ya tienen sus POA aprobados desde el año pasado”.
Bolivia alcanzó un récord histórico en sus exportaciones el año pasado con $us 6.836 millones.
De ese monto, 3.132 millones de dólares fueron por ventas de gas a Brasil y Argentina.
Las materias primas representan poco más del 70 por ciento de las ventas.
Esos ingresos permitieron al país incrementar sus reservas internacionales a $us 7.774.000.000.
Inicián la transferencia de la Emcogas a YPFB
Hace 15 días, aproximadamente, ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Cochabambina de Gas (Emcogas) iniciaron negociaciones para transferir a fines de julio la administración del servicio de distribución de gas natural para uso industrial, comercial y domiciliario en el departamento de Cochabamba a la entidad estatal del petróleo.
Considerando que el 20 de julio próximo fenece el contrato que Emcogas y el Gobierno suscribieron hace 20 años para la distribución y venta de gas natural en todas sus modalidades en la ciudad de Cochabamba y poblaciones adyacentes, a partir del 21 de julio YPFB debe hacerse cargo de la distribución de gas natural, de acuerdo a ley, informó el gerente General de Emcogas, Juan Carlos Orsini.
Para concretar la transferencia de toda la infraestructura productiva y de servicios construida por Emcogas, en los últimos 20 años, el contrato establece que YPFB o la entidad que se haga cargo del servicio debe compensar a la distribuidora de gas cochabambina con el valor de las inversiones ejecutadas tanto en redes secundarias como primarias de distribución, monto que fácilmente supera los 13 millones de dólares.
“¿Qué va a pasar el 21 de julio próximo? No lo sabemos, es una incógnita”, sostuvo el Gerente General de Emcogas a tiempo de señalar que en las negociaciones con YPFB se están conciliando activos, revisando y auditando el valor de las redes y del patrimonio de la empresa distribuidora.
Consultado sobre la oposición expresada por varias entidades empresariales de Cochabamba como la Cámara Departamental de Industrias a la transferencia de Emcogas a YPFB, señaló que en su condición de Gerente General, “no puedo hacer juicio de valores, sino cumplir simplemente lo que dice el contrato que administro y las disposiciones legales que establecen la transferencia a YPFB de los activos afines a la distribución”.
La propuesta de varios sectores empresariales de conformar empresas departamentales mediante contratos específicos que asimilen los modelos administrativos de las empresas privadas y de YPFB en la distribución y comercialización de gas natural sería, en su criterio, otra opción que no puede descartarse.
20 años de distribuir gas
Emcogas es una Sociedad Anónima Mixta (SAM) constituida en fecha 19 de junio de 1989, con domicilio legal en la ciudad de Cochabamba; pudiendo establecer sus oficinas, agencias y/o sucursales en otros distritos del país. Es una empresa de economía mixta constituida por un grupo empresarial de Cochabamba, que posee el 94,75 por ciento del paquete accionario; la Alcaldía de Cochabamba que detenta el 2,73 por ciento y YPFB el restante 2,52 por ciento.
El objetivo principal de la sociedad es la instalación de una red y la administración del servicio de distribución de gas natural para uso industrial, comercial y domiciliario en la ciudad de Cochabamba y poblaciones adyacentes y toda otra actividad conexa con la finalidad indicada.
En los últimos 20 años, Emcogas construyó un patrimonio valorado en algo más de 13 millones de dólares y logró beneficiar con la dotación de gas natural a alrededor de 20 mil usuarios y 540 industrias, mediante 500 mil metros de una red de distribución que abarca la ciudad y las ciudades provinciales de Cliza, Punata en el valle alto, Sacaba y Quillacollo.
El precio de exportación de gas a Argentina cayó a 4,6 dólares
Fuentes del sector petrolero informaron que los precios del gas natural que Bolivia vende a Brasil y Argentina descendieron a 4,6 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU).
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que aún no tienen información oficial para el respectivo ajuste. Este medio también solicitó información al despacho de YPFB, pero sin éxito.
Según la versión de Efe, en el caso de Argentina, ese país pagó hasta el último día de marzo 7,8 dólares por millón BTU, mientras que la misma cantidad de gas enviado a Brasil se situaba en 5,7 dólares.
Sin embargo, según HidrocarburosBolivia.com, el descenso es mayor y se sitúa en 4,34 dólares para Argentina y 4,58 dólares para Brasil.
Los precios del gas que Bolivia exporta a esas dos nacionales cayeron debido al descenso del coste internacional de los hidrocarburos.
Bolivia exporta actualmente a Brasil unos 18 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, mientras que a Argentina envía 4,5 millones.
Talleres de conversión dicen que se instala kits de GNV en desuso
La Asociación de Talleres de Conversión de Gas Natural Vehicular (GNV) denunció que al menos 35 talleres ilegales operan en las ciudades de La Paz y El Alto e instalan kits de GNV en desuso. Esos equipos, según esa organización, ingresa contrabando, constituyéndose en un peligro para la población.
Sin embargo, ése no es el único problema con esos equipos. La Superintendencia de Hidrocarburos alertó que los kits que ya cumplieron su vida útil, principalmente en Cochabamba y Santa Cruz, se constituyen en “bombas de tiempo”.
El presidente de esa asociación, Gustavo Sejas, explicó que esos talleres compran equipos sin la debida certificación y otros que ya fueron desechados en otros países, cuyo costo es menor.
Incluso en esos lugares, según la denuncia, clonan la roseta y los carnets que la Superintendencia de Hidrocarburos entrega a los centros de conversión que operan de manera legal.
La portación de la roseta es obligatoria para que los choferes puedan cargar combustible.
Sejas explicó que su organización comenzó una investigación sobre los talleres clandestinos, porque los clientes que consultan el costo les cuestionan por qué otros lugares cobran hasta un 50 por ciento menos.
Precisó que en un taller legal el precio promedio de conversión para un taxi es de 550 a 600 dólares. Sin embargo, con equipos en desuso oscila entre 400 y 450 dólares. En el caso de un minibús, el precio del kit va de 650 a 700 dólares; y para un micro, entre 850 a 1.000 dólares. En estos últimos dos casos, la diferencia llega hasta un 50 por ciento.
Según la investigación realizada por la Asociación, los kits usados proceden principalmente de Argentina, donde hay muchos fabricantes. Sejas explicó que al igual que en el país, los propietarios de vehículos a GNV realizan una recalificación o revisión cada cinco años. Llega un momento en que los equipos ya no cumplen las exigencias técnicas y son dados de baja.
Sin embargo, dijo que “hay gente que rescata esos cilindros y estos equipos, y esos son los que entran vía contrabando al país”.
Una vez que son internados en Bolivia, el tanque es pintado como si fuera nuevo.
Este periódico buscó información sobre posibles incautaciones de este material por parte de la Aduana Nacional. Sin embargo, esa entidad no tiene esa información.
En cambio, los talleres legales cumplen un procedimiento riguroso para internar los kits de GNV. Cuando esos equipos llegan a la Aduana, Ibnorca debe revisarlos y certificar su calidad.
Los equipos de talleres legales deben llevar la certificación de calidad de Ibnorca.
Los operadores legales también alertaron que se clonan rosetas y certificados.
Esos documentos son otorgados por la Superintendencia de Hidrocarburos.
Catler pide disolver el contrato por falta de pagos de YPFB
Mediante una carta notariada enviada el 17 de marzo, el consorcio Catler-Uniservice comunicó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) su intención de resolución del contrato de construcción de la planta de extracción de licuables de gas en Río Grande, Santa Cruz.
La misiva, dirigida al presidente de YPFB, Carlos Villegas, señala que el pedido se justifica ante la falta de desembolsos de tres certificados de pago por parte de la estatal petrolera, que debían ser destinados a los trabajos de fabricación de la planta.
“De acuerdo con la cláusula vigésima séptima (Forma de Pago) del contrato de obras, el contratante ha sobrepasado ampliamente los plazos estipulados para la cancelación de estas planillas. (...) Esta situación se encuentra estipulada como causal de resolución en los incisos A y B del punto 21.2.2 del contrato suscrito entre YPFB y Catler-Uniservice”, se puede leer en la carta, firmada por el representante de dicha empresa, Miguel O’Connor.
Los desembolsos adeudados por YPFB sobrepasan los nueve millones de dólares, según lo confirmó este jueves O’Connor.
Hace dos semanas, Villegas señaló públicamente su decisión de suspender el pago de esos conceptos, mientras dure la investigación judicial del caso de corrupción en Yacimientos, que provocó la salida y el encarcelamiento del ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez.
La decisión de Villegas “implica no respetar ni reconocer las obligaciones contractuales; esta determinación es una tácita instrucción de suspensión de la ejecución de obras, al ser evidente la imposibilidad de continuar las mismas por falta de pagos”, agrega la carta emitida por O’Connor.
El plazo estipulado para el desembolso de los montos adeudados vence la próxima semana.
El martes, el directorio de la estatal petrolera declaró la nulidad del proceso de contratación del consorcio. Pese a haber hecho pública la carta ayer, el consorcio advirtió con acudir a un tribunal arbitral en caso de que YPFB anule el contrato. Aunque, O’Connor manifestó la predisposición de Catler de llegar a un acuerdo con Yacimientos para que los trabajos de la planta se realicen de forma directa con las tres empresas subcontratistas.
Avance • O’Connor informó ayer que la construcción de la planta no se detuvo y que el proyecto tiene un avance del 45%, lo que representa unos $us 40 millones. Dijo que no se utilizó la totalidad de los $us 35 millones de la primera carta de crédito emitida por el Estado.
Resolución • Fernando Vincenti, miembro del directorio de YPFB, dijo que una posibilidad para disolver el contrato es mediante una concertación.
El escándalo en YPFB se cobra la cabeza de Aruquipa
Guillermo Aruquipa comunicó ayer su renuncia irrevocable al cargo de Superintendente interino de Hidrocarburos, y se puso a disposición de la comisión de fiscales que investiga los hechos de corrupción detectados al interior de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Horas después del anuncio de Aruquipa, el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca Antezana, posesionó en su despacho a Guido Aguilar Arévalo como nuevo superintendente del área.
En marzo, los investigadores del Ministerio Público informaron que encontraron “indicios de responsabilidad” en Aruquipa en el caso de la empresa Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA), que presuntamente fue creada en forma irregular como filial de YPFB para la recalificación de garrafas y para alquilar equipos de perforación, por aproximadamente dos millones de dólares.
Un mes antes, la comisión del Senado que investigó el caso YPFB-Catler Uniservice anunció que había hallado “indicios de responsabilidad” en contra del también ex presidente de la estatal petrolera, por el contrato de construcción de la planta de extracción de licuables de gas en Río Grande, Santa Cruz. Entonces, el Senado pidió a la Fiscalía ampliar las investigaciones a la ahora ex autoridad de la Súper.
“(En) las últimas semanas algunas personas, utilizando algunos medios de comunicación, me han condenado prácticamente mellando mi dignidad, a tiempo de conocerse que he sido citado para declarar ante las autoridades del Ministerio Público, sobre las investigaciones de casos de corrupción en YPFB; vulnerando mis derechos constitucionales previstos en (...) la Constitución”, dice la carta enviada ayer por Guillermo Aruquipa al presidente Evo Morales.
“En efecto, decidí presentar ante su autoridad mi renuncia irrevocable al cargo de Superintendente interino de Hidrocarburos, a objeto de demostrar mi inocencia ante el Ministerio Público como cualquier ciudadano”, añade el documento.
La ex autoridad anunció su alejamiento del ente regulador en una conferencia de prensa ofrecida en la tarde. “Me presentaré al Ministerio Público a esclarecer los posibles indicios de sospecha que tengan en contra de mi persona. No quiero presentarme como autoridad, porque podría insinuarse que tengo influencia política o privilegios como autoridad”, aseguró.
En febrero, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, denunció que su predecesor, Santos Ramírez, había transformado a la empresa estatal del petróleo en una “agencia de empleos”. Además, aseguró que la planilla de la empresa superaba los 1.500 funcionarios, tan sólo en la oficina central de YPFB en La Paz.
Según ex autoridades de la estatal, la contratación de supernumerarios comenzó durante la gestión de Aruquipa en YPFB.
Entre los funcionarios que fueron contratados por Aruquipa el 2007 se encontraba Rodrigo Carrasco, quien fue acusado por el propio presidente Morales de ser uno de los “infiltrados” de la CIA estadounidense que —según el Jefe de Estado— promovió acciones irregulares y de espionaje en YPFB. Meses después de su contratación como asesor de Aruquipa, Carrasco formó parte de la estructura administrativa de Santos Ramírez y llegó a ascender hasta el cargo de Gerente Nacional de Comercialización.
Tras la renuncia de Aruquipa, anoche el Ejecutivo posesionó a Guido Aguilar, hasta ayer responsable de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco).
“Demostraré ante el Ministerio Público mi inocencia, como cualquier ciudadano de a pie”.
Guillermo Aruquipa, ex Súper de Hidrocarburos.
El Súper de Hidrocarburos dice que kits de GNV también son bombas de tiempo
La Superintendencia de Hidrocarburos alertó que no sólo los vehículos que funcionan con gas licuado de petróleo (GLP) se constituyen en una bomba de tiempo, sino también los que fueron transformados a gas natural vehicular (GNV). El riesgo se presenta principalmente en Cochabamba y Santa Cruz, donde los kits ya cumplieron su vida útil.
El 2 de julio de 2008, mediante el Decreto Supremo 29629, el Gobierno dispuso que a principios de este año comience la recalificación (revisión) y reposición del equipo de GNV que utilizan los vehículos, es decir, cilindro o tanque de almacenamiento, medidor de presión y switch conmutador del combustible, entre otras piezas; así como la conversión de los que todavía funcionan con otro tipo de carburante.
Esa normativa también creó un fondo y estableció un plazo de 180 días para que se elabore un reglamento a fin de dar inicio a esa tarea, pero no se cumplió. El Gobierno estima que el dinero recaudado hasta la fecha llega a unos 30 millones de bolivianos, pues por cada metro cúbico de GNV vendido, 20 centavos van a esa bolsa.
La falta de recalificación de los equipos de GNV pone en riesgo a la población ante una inesperada explosión. En la Superintendencia de Hidrocarburos y un taller de conversión afirmaron que el daño es mayor que el ocasionado por una garrafa de gas licuado de petróleo (GLP).
El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes de Cochabamba, Édgar Zurita, reconoció que tienen problemas con los kits caducados, pues datan, en algunos casos, de hace 15 años. Acusó al Ejecutivo de haber incumplido en la ejecución de la recalificación.
Guillermo Aruquipa, superintendente de Hidrocarburos, también admitió la necesidad de hacer una verificación técnica del estado de los equipos de GNV porque algunos caducaron.
“Aquí, ahorita, hay dos bombas de tiempo: uso del GLP y uso del GNV, de los kits que no están recalificados”.
El propietario de la importadora y taller de conversión a GNV Tecno Centro, Gustavo Sejas, explicó que ese aparato tiene una vida útil de cinco años. Pasado ese tiempo se debe hacer una revisión especializada para determinar si existe oxidación o deformaciones internas y si la pieza puede usarse por otros cinco años o debe desecharse.
En caso de haber algún tipo de desperfecto, el cilindro puede explotar por la presión del gas.
El dirigente del autotransporte cochabambino explicó que la conversión de la matriz energética a GNV comenzó hace diez años. Dijo que entonces los talleres particulares instalaron los equipos con una garantía de hasta 15 años, cuando en realidad su vida útil es de cinco años, por lo que corresponde hacer una verificación.
Explicó que en el valle sólo existen dos talleres para la recalificación, pero son particulares y cobran 50 dólares.
Aruquipa dijo que el precio incluso puede llegar a los 800 bolivianos.
Ni la Superintendencia de Hidrocarburos, ni los choferes del transporte público tienen una idea clara sobre cuántos motorizados representan un riesgo para los usuarios.
Sin embargo, a la fecha, de acuerdo con la versión de los conductores, existen 55.000 motorizados del transporte público y privado en el país que funcionan con GNV. Se estima que esa cifra va en ascenso porque otros 1.000 coches al mes optan por transformar sus vehículos para el uso del gas natural.
Aruquipa anunció que el Gobierno trabaja en una normativa que permitirá dar solución a este problema, la que estaría lista en los próximos días.
El equipo para el uso del gas debe pasar controles
Los autos cuya matriz energética de gasolina o diésel fue transformada a gas natural vehicular (GNV) tienen que pasar por procesos de control para certificar su buen funcionamiento y precautelar la seguridad del usuario.
El propietario de la importadora y taller de recalificación Tecno Centro, Gustavo Sejas, explicó que las normas internacionales establecen la necesidad de hacer un proceso de recalificación cada cinco años a partir de la fabricación de un cilindro para GNV porque después de ese tiempo existe un desgaste de todo el equipo que es necesario evaluar.
Explicó que se trata de hacer un examen exhaustivo que permite observar si hay oxidación o deformaciones internas que afecten el correcto funcionamiento de los mecanismos.
Esta verificación está fijada en el Decreto 29629 de reconversión a GNV, el cual aprueba la creación de un fondo para ese fin.
Según Sejas, cada año los vehículos deben pasar por una revisión menos detallada en la que sólo se evalúa el buen funcionamiento de todas las piezas del equipo para gas natural (kit). Si están en buenas condiciones, se les entrega una roseta y un carnet donde están registrados todos los datos del equipo, entre ellos la procedencia, marca, año de fabricación y el nombre del propietario del auto.
Sin embargo, explicó que si un vehículo tiene un cilindro que debe ser recalificado, no se le debe entregar el certificado de evaluación y, más bien, se lo debe despachar a un taller que haga dicha revisión.
De acuerdo con Sejas, el problema es que no hay talleres ni en La Paz ni en Santa Cruz, sólo se establecieron dos en Cochabamba.
Un cilindro de GNV que ya cumplió su tiempo de vida útil puede estallar por una alta presión del gas natural en el interior.
Aunque este combustible no produce fuego en la misma intensidad que el gas licuado de petróleo (GLP), una explosión puede provocar mayor daño porque existe alta presión en su composición. Esto significa que no sólo puede causar quemaduras sino destrozos.
Un kit de GNV está compuesto de cinco partes: un switch conmutador del combustible.
También de un regulador de presión y de una unidad de mezcla de aire y GNV.
Está compuesto además por un cilindro o tanque para almacenar el carburante.
Este equipo, según la Superintendencia y los talleres, tiene una vital útil de cinco años.
Sin embargo, la conversión a gas natural vehicular data de hace 10 a 15 años.
Por ello, los choferes expresaron su preocupación porque los kits son bombas de tiempo.
Etiquetas: GNV, Superintendencia de Hidrocarburos
ONU califica de “notable” Balance Social y Ambiental de Petrobras
La Organización de Naciones Unidas (ONU) califica de “notable” el Balance Social y Ambiental de Petrobras, además de “un ejemplo a seguir”, señala el informe de la petrolera al indicar que es el tercer año consecutivo que alcanza esta apreciación.
El Balance “representa una declaración de apoyo continuo de Petrobras a los principios del Pacto Global”, además “describe de forma clara las acciones utilizadas para implementar esos principios, acompaña los resultados de esas acciones”.
El Balance, también, “demuestra confiabilidad, claridad y actualidad en las informaciones que presenta”. Además que incluye el diálogo con sus diferentes públicos.
El objetivo del Pacto Global es estimular la cooperación intersectorial para emprender acciones relacionadas con los diez principios sobre derechos humanos, cuestiones laborales, protección del medio ambiente y combatir la corrupción.
Petrobras se sumó voluntariamente al Pacto Social el 2003, comprometiéndose a basar su actuación social y ambiental en los principios de este acuerdo que agrupa a más de 3.800 participantes de 100 países.
En abril del 2006, el Presidente de Petrobras integra el Consejo Internacional del Pacto Global. Como un reconocimiento a la actuación de la empresa en responsabilidad social y ambiental. La petrolera brasileña es la única latinoamericana que representa al sector en ese máximo organismo, señala el informe.
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