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Timestamp: 2018-07-20 22:04:12+00:00

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El consentimiento del sujeto pasivo para ser explotado sexualmente no tiene efectos jurídicos, por lo que basta con que el sujeto activo de alguna forma restrinja el ámbito de autodeterminación del sujeto pasivo para la configuración del delito de trata de persona – AL DÍA | ARGENTINA
El consentimiento del sujeto pasivo para ser explotado sexualmente no tiene efectos jurídicos, por lo que basta con que el sujeto activo de alguna forma restrinja el ámbito de autodeterminación del sujeto pasivo para la configuración del delito de trata de persona
Partes: C. L. M. y otros s/ recurso de casación
Cita: MJ-JU-M-105487-AR | MJJ105487 | MJJ105487
El consentimiento del sujeto pasivo para ser explotado sexualmente no tiene efectos jurídicos, por lo que basta con que el sujeto activo de alguna forma restrinja el ámbito de autodeterminación del sujeto pasivo para la configuración del delito de trata de persona.
1.-Corresponde rechazar los recursos interpuestos por la defensa de los imputados y confirmar la resolución que los imputó por delitos en infracción a la ley 26.364 , entendiendo que las conclusiones arribadas en dicho resolutivo constituyen una derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa y de la aplicación del derecho vigente al caso concreto, contando con el grado de certeza necesario exigido a todo veredicto de condena.
2.-No puede prosperar al argumento introducido por la defensa del imputado, en cuanto afirma que las damnificadas no estaban obligadas a ejercer la prostitución sino que se encontraban en el lugar por propia voluntad ejerciendo libremente dicha actividad, toda vez que estas mujeres poseen una libertad determinación relativa o nula, debido a la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, a raíz de falencias educativas, carencias económicas, hijos a cargo, hasta algunas con calidad de extrajeras y sin vivienda ni arraigo.
3.-El aspecto sustancial subyacente e inherente de este delito, desde una adecuada interpretación del tipo penal a través del prisma del bien jurídico tutelado, abarca conductas que interfieren en el libre y voluntario ámbito de determinación individual de las personas: es decir, aquella capacidad para decidir libremente, con plena intensión y voluntad sobre un plan de vida y desarrollo personal, por lo que basta con que el sujeto activo de alguna forma restrinja dicho ámbito de autodeterminación del sujeto pasivo para la configuración del delito de trata de persona.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 dias del mes de mayo del año dos mil diecisiete, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente, y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos a fs. 4178/4182 vta. y 4183/4189 de la presente causa FSM 109/2012/TO1/CFC2, del Registro de esta Sala, caratulada: “CALDERÓN, Lucía Myrian y otros s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral Federal nro. 2 de la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires resolvió, el día 23 de mayo de 2016, en el marco de la causa de referencia del registro de la secretaría del Tribunal, en cuanto aquí interesa;
“I) CONDENA[R] A JOSÉ LAUREANO BELIZÁN [.] a la PENA DE SEIS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, MULTA DE CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000) ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS por considerarlo coautor penalmente responsable del delito previsto en el art. 145 bis, segundo párrafo, inciso 2o del CP según ley 26.364 cometido en perjuicio de Justina Raquel Galeano Acosta que fuera constatado el día 9 de julio de 2011 en la localidad de San Miguel, Pcia. de Buenos Aires; el que concurre realmente con el reprimido en el art. 17 de la ley 12.331 constatado el 4 de enero de 2012 en la calle Italia 876 de la localidad de San Miguel, Pcia. Buenos Aires, por el que debe responder en calidad de autor; los que a su vez concurren materialmente con el de explotación de la prostitución agravado establecido en el art. 127 segundo párrafo, inciso Io del CP según ley 26.842, en calidad de autor, corroborado el día 8 de mayo de 2013 en el inmueble sito en Italia 876 de la localidad de San Miguel, Pcia.de Buenos Aires (artículos 12, 19, 21, 29 inciso 3o, 45, 55 del Código Penal y art. 531 y cc. del CPPN).
II) CONDENA[R] A LUCÍA MYRIAN CALDERÓN [.] a la PENA DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, por considerarla autora penalmente responsable del delito previsto en el art. 127 segundo párrafo, inciso Io del CP según ley 26.842 que fuera constatado el 21 de junio de 2013 en la calle Conesa 909 de la localidad de San Miguel, Pcia. de Buenos Aires (arts. 12, 29 inc. 3o, 45 del CP y art. 531 y cc. del CPPN). “(ver fs. 4031/4034 y fundamentos dados a conocer el dia 23 de mayo de 2016 a fs. 4074/4114).
II. Que, contra esa decisión, interpusieron recurso de casación los Dres. Martin Felipe López, en su carácter de letrado defensor de José Laureano Belizán y Alberto José Vázquez Villamagna y Sergio Andrés Díaz, en representación de Lucia Myrian Calderón (fs. 4178/4182 vta. y 4183/4189, respectivamente), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 4191/4192 vta. y mantenidos en esta instancia a fs. 4265 y 4260/4261, respectivamente.
III. 1.Recurso de la defensa de José Belizán
El letrado encarriló sus agravios en ambos incisos del artículo 456 del C.P.P.N.
Así, luego de exponer sobre la procedencia del recurso y los hechos de la causa, consideró que ninguna prueba vinculó a Belizán con la casa de tolerancia investigada.
Concretamente, la defensa consideró que ser propietario del inmueble en el que se ejerce la prostitución, no transforma a su titular en cómplice del delito.
Por otro lado, resaltó que del testimonio de una de las víctimas no se desprendía que las damnificadas fueran obligadas a ejercer la prostitución, sino que, antes bien, se encontraban en el lugar por su propia voluntad y ejercían su actividad libremente.
Asimismo, cuestionó el monto de la pena impuesta a su asistido, por cuanto sólo se valoró como atenuante la ausencia de antecedentes y como agravante la supuesta maniobra de encubrimiento para esconder su carácter de locatario del inmueble de calle Italia y su condición socio económica, lo cual no resultaría suficiente para apartarse del mínimo legal.
2.Recurso de la defensa de Lucía Miriam Calderón
La defensa particular encuadró sus agravios en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.
Bajo ese cauce, los letrados plantearon en primer lugar, la violación al derecho de defensa en juicio, por cuanto a su entender, la imputada Calderón sufrió de una inactividad por parte de su anterior abogado que la colocó en un estado de indefensión irreparable.
Concretamente, señalaron que el anterior defensor no sólo no ofreció prueba de descargo ni controló la prueba sino que tampoco negó los hechos ni cuestionó la acusación.
A criterio de los recurrentes, no se proveyó de una defensa sustancial y efectiva, sino que solamente se limitó a lo formal, en clara violación a la normativa imperante en la materia.
En esa dirección, realizaron una reseña de los cuestionamientos que a su entender no se efectuaron y que podrían haber acarreado la desincriminación de la imputada.
Cuestionaron el testimonio de Olga Estefanía González y otro grupo de testigos que omitió, a entender de la defensa, hacer saber al tribunal que habían alquilado la propiedad de la calle Conesa 909, Muñiz, San Miguel, Pcia de Buenos Aires, a la imputada Calderón.
Por otro lado, objetaron que se atribuyera responsabilidad penal a Calderón como encargada del lugar en base a lo expresado por un policía al momento del allanamiento, circunstancia que no fue en ningún momento ratificada en el juicio.
Asimismo, se agraviaron de que el anterior defensor no acompañara la prueba que señala a la imputada como titular del bien desde 1998 -el cual adquirió a su pareja Oscar Alberto Viera, con quien tuvo un hijo, por medio de un boleto de compra venta-, que luego alquilara a las testigos que declararon en el debate.
Y, que los mensajes de texto utilizados como prueba de cargo, no podían dirigirse en ese sentido puesto que no se encontraba acreditado que fuera su teléfono celular.
Cuestionó el encuadre típico en el art.127, 2o párrafo, inc. 1 del CP, pues su defendida cobra escasos 4000 pesos en virtud del contrato de alquiler acompañado a la causa, de manos de sus inquilinas -testigos alternadoras- o terceros designados por ellas.
Finalmente, cuestionó el monto de la pena impuesta por excesiva.
IV. Que en la oportunidad que otorgan los arts. 465 y 466 del código adjetivo se presentó el Sr. Fiscal General ante esta instancia, Dr. Raúl Ornar Pleé quien solicitó fundadamente el rechazo del recurso de la defensa (ver fs. 4272/4275).
En ese sentido, consideró que los argumentos de la defensa en orden a la arbitraria valoración de la prueba que redundó en una errónea aplicación de la ley sustantiva no fue tal, sino que la defensa realizó una apreciación parcializada y fragmentada de los elementos tenidos en cuenta por el tribunal para arribar al fallo condenatorio.
Señaló el Fiscal General que la declaración de la víctima que la defensa cuestiona, fue sólo uno de los elementos tenidos en cuenta por el tribunal para emitir condena, todo lo cual, puesto en conjunto, no fue rebatido por el recurrente.
En tal sentido, expresó que el resolutorio no presenta fisura lógica alguna a su respecto y que se encuentra ajustado a las reglas de la sana crítica, todo lo cual, lleva al rechazo del recurso de la defensa de Belizán.
Del mismo modo, propició el rechazo del recurso de la defensa de Calderón, ya que a su entender, no se verificó un perjuicio concreto en la supuesta indefensión sufrida por la imputada.
Al respecto, sostuvo el Fiscal que la mera discrepancia de estrategias procesales no permite tener por acreditada la violación al derecho alegado, máxime teniendo en cuenta la comparecencia del abogado a todas las audiencias y la elaboración de una estrategia que no puede juzgarse ex post frente al resultado final.
A fs. 4269/4270 vta.se presentó en los mismos términos la defensa particular de Lucía Mirian Calderón, ocasión en la cual presentaron copias de distintos instrumentos (fs. 4204/4259) en apoyo de los argumentos expuestos por la parte en su presentación recursiva.
V. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia a fs. 4278 la causa quedó encondiciones de ser resuelta. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación:
doctores Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos.
I. Que los recursos de casación interpuestos son formalmente admisibles, toda vez que la sentencia recurrida es de aquellas definitivas previstas en el art. 457 del C.P.P.N., la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla -art. 459 del C.P.P.N.-, los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código ritual.
II. Sorteado el test de admisibilidad vale recordar los sucesos que el tribunal tuvo por probados en el marco de la causa y que motivaran la condena aquí puesta en crisis, los cuales, fueron expuestos en forma separada para una mejor comprensión en cinco hechos.
Respecto del primero, señalaron J. [e]n En los primeros minutos del 9 de julio de 2011 se produjo el allanamiento de la finca sita en Primera Junta 970 de la localidad de San Miguel, Partido del mismo nombre, esta provincia, donde se constató la existencia de un establecimiento destinado al ejercicio de la prostitución, y la presencia de diez mujeres y dos hombres.En esas circunstancias se dio a conocer como recepcionista la hoy juzgada Marcela Esther Carreras yf como empleado de seguridad del lugar, el también imputado Pedro Pablo Roldan, encontrándose el “cliente” Hugo Ernesto Figueroa y las mujeres que trabajaban en el sitio (de los llamados “privados” en el argot, como ya se adelantó M. I. O. C., J. R. G. A., N. B. L.-todas de nacionalidad paraguaya-, I. C. N. L., M. C. F. F ., M. N. G.-estas tres de origen Dominicano- y finalmente las argentinas O. A. S., Y. A. V. y C. V. A.
El inmueble constaba de dos pisos, el primero con tres habitaciones, salón de espera, sala de estar-cocina, baño y depósito y en la planta alta otros cuatro dormitorios, otro baño y una terraza, con sistema de monitoreo para la entrada. Además de realizarse esta constatación se incautaron en el lugar teléfonos celulares, un papel con tarifas detalladas (20 min 70, 30 min 80, una hora 130, descuento sábana 20$), otros varios con anotaciones, planillas con registros de pases, 39 preservativos, 3254 pesos dentro de una caja registradora y una anotación que rezaba desde hoy a la señorita que no colabore con la limpieza se le descontaran $ 10 Anibal.
En el marco de este registro, y luego de realizarse las entrevistas por parte de la oficina de rescate, se determinó asimismo que Justina Raquel Galeano Acosta había sido trasladada desde su país natal, Paraguay, aprovechando su condición de vulnerabilidad para ser explotada en el ejercicio de la prostitución, y acogida en el lugar con ese mismo fin.
Que el ingreso al país se produjo el 17 de mayo de 2011 por el paso internacional de Clorinda.
En este procedimiento actuaron los funcionarios policiales Hugo Coria, Maximiliano Armeli, Héctor Guzmán, Daniel Langellotti, Fabián Lencina y Lidia Escobares, con la presencia de dos testigos civiles, Carlos Alberto Lar rosa y Carlos v Felipe Con dora Cardenas, la asistencia de las profesionales de la oficina de rescate y acompañamiento de las víctimas detrata Myriam Graciela Rúa y Eugenia Cuadra, y de la Dirección Nacional de Migraciones, Mariel Rovella”. ( ver fs. 4076/4076 vta.)
El segundo de los hechos, relató el tribunal que “[p]oco después de las 19 hs. del ,4 de enero de 2012, personal policial procedió al allanamiento del inmueble ubicado en la calle Italia 876 de la localidad de San Miguel, en el que ya en la entrada se observó la existencia de una cámara de circuito cerrado que apuntaba a los que ingresaban. En el lugar se constató se trataba de un establecimiento destinado al comercio sexual, habiendo dos parejas en sendas habitaciones.
Que en la planta inferior existían cuatro?
habitaciones, un hall de recepción, baño y cocina- recepción-guardarropa, en tanto en el piso de arriba otras dos habitaciones. Se determinó la presencia de varias personas a saber, Graciela Marcela Gálvez, a quien se indicó como recepcionista, Elso Martín González señalado como portero-seguridad del lugar, los ocasionales clientes Sergio Ramón Ibarrola, Ornar Palavecino, Enrique Miranda Ferreí y Jorge Ornar Aguirre, y las alternadoras Y. A. D., L. R. F.-ambas de nacionalidad paraguaya-, Mirta Vidalia Quiroz, carmen Teresa Bazán y Lorena Beatriz Villasanti, nacidas en el país.
Se incautó una caja registradora con 1543 pesos, preservativos, un cuaderno, talonario, formularios con anotaciones y celulares, y actuaron en la diligencia el oficial principal Néstor Hugo Coria, los funcionarios policiales Fabián Lencina, Jorge Melgarejo, Cynthia Muñoz Cueli, los testigos civiles Carlos Ángel Fernández y Jonathan Matías Godoy y las funcionarías de la oficina de rescate licenciadas Patricia Fridman y María Cecilia Dalla Cía”, (ver fs.4084 vta./4085).
En orden al tercer hecho, relataron que “[e]n la misma fecha y hora que el procedimiento anterior, se allanó el inmueble ubicado en Conesa 909 de la misma localidad de San Miguel, donde también se comprobó la existencia de comercio sexual en el lugar, en la modalidad llamada corrientemente “privado”. Al llegar el personal policial se pudo constatar la existencia de cámaras de seguridad, tanto en el exterior como en el interior, siendo atendidos por quien se sindicó cumplía funciones de seguridad, Osvaldo Gabriel Pulían, en tanto lo hacía como encargada Patricia Liliana Peralta. Allí se relevó la presencia de cinco mujeres que ejercían la prostitución, identificadas como S. E. Y., V. B. U., ambas nacidas en el país, y las ciudadanas paraguayas Y. O. C., A. R. M. M. y E. B. R.
En la planta baja del inmueble existía un salón, un baño y un pasillo que accede a seis habitaciones y a otro baño. Atrás del salón un patio, y también una cocina, lavadero, terraza y otro ambiente utilizado como vestuario por las mujeres que allí trabajaban. Se incautaron en el lugar una libreta con anotaciones, fotocopias de documentos, preservativos, gel íntimo, carpetas con anotaciones referidas a bebidas vendidas y pases, planilla con precio de bebidas, entre otros efectos.
Participaron de este procedimiento los funcionarios policiales Maximiliano Ariel Armelíi, Héctor Guzmán, Víctor Piccinini, Paula Fernández, los testigos civiles Sergio Maximiliano Fernández¡ y Catalino Peralta Zarza, y las licenciadas Dalla Cía y Fridman de la oficina de rescate”, (ver fs. 4087 vta./4088).
El hecho cuarto, se recordó de la siguiente manera “[e]l 21 de junio de 2013, siendo las 1930 hs.se efectúa el allanamiento en el establecimiento sito en Conesa 909 de la localidad de San Miguel, ésta provincia, donde se constata la existencia de un inmueble destinado al comercio sexual, del tipo denominado “privados”. Este procedimiento es llevado a cabo por personal de la policía Federal a cargo del oficial Ariel Gustavo Bessone, secundado por los funcionarios Antonio Muraca, Carolina Garbarino, Analia Castromán y Eugenio Martín Principato, por las funcionarías de la oficina de rescate y acompañamiento de víctimas de trata licenciadas Julieta Rusterholz y Clara Mayaud, por Marcelo Roberano de la Dirección Nacional de Migraciones y los testigos convocados al efecto, Carlos Ezequiel López y Andrea Soledad Rojas.
Al ingresar al inmueble el primer contacto que tuvo la comisión fue con Gastón Ezequiel Báez, quien oficiaba como portero del lugar, quien los acompañó hasta una habitación donde estaba una mujer – vestida normalmente a diferencia del resto- con una computadora, quien dijo ser la encargada del lugar y fuera identificada como Lucia Myrian Calderón, quien estaba acompañada por Gustavo Esteban Almada, que adujo ser gasista.
En el inmueble, el mismo que se vinculara al hecho 3, había dos hombres sentados en un sillón esperando ser atendidos, Leonardo Marcelo Pulían y Matías Daniel Montivero, y otros tres en las habitaciones manteniendo relaciones con las trabajadoras del lugar, clientes que fueron identificados como Germán Luis Ramos, Jorge Alberto Rojas y Guillermo Fabián Ramírez. Las mujeres que prestaban servicios sexuales en el lugar fueron indivudalizadas como O. B. B., V. B. M., V. B. U., O. E. G., estas nacidas en la República Argentina, E. R. D. de V., A. S. L., S. N. G. A., V. S. B. estas cuatro de nacionalidad paraguaya y finalmente la mujer oriunda de Reública Dominicana Y. A. B. L.Otra mujer presente, Ménica Alejandra Aguirre, alegó se encontraba vendiendo distintos productos a las mujeres del sitio.
En el lugar se incautaron diversos elementos, entre los que cabe señalar, 16 libretas sanitarias, celulares, 482 pesos, una notebook, cuadernos, lista de aranceles, una bolsa con preservativos y otros efectos relacionados con el comercio que se desarrollaba. Estas circunstancias fueron documentadas en el acta que obra a fs. 765 y ss. y fueron recreadas en el debate mediante prueba testimonial.”, (ver fs. 4091 vta./4092 vta.).
Finalmente, el hecho denominado como quinto recordaron que “[e]l Fiscal Provincial Juan Manuel Fernández Buzzi, junto con la Dra. Lorena Latorre, acompañados por los funcionarios policiales de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Pastore, Javier Roldan, Néstor Segovia, José Ensado, José Tiznado, Gabriel Nestler, Leonardo Maciel, Juan Ibáñez, Natalia Pili, Zulma Moran y Yamila Vallejos, con la presencia de los testigos Lucas José Vera y Jorge Roberto Santa Cruz, y la psicóloga Flavia Casado, el día 8 de mayo de 2013 en horas de la noche, procedieron a allanar nuevamente el establecimiento ubicadoen Italia 876 de la localidad de San Miguel.
Al ingresar identificaron como el responsable del lugar a Eladio Ariel González, y a Elso Martín González como quien allí cumplía funciones de seguridad. También constataron la presencia de mujeres que trabajaban en el sitio ofreciendo sus _servicios sexuales y que fueron identificadas como M. Z. P. de L., M. M. C., L. S. R. D., B. G.-todas ellas paraguayas, R. G. G. y G. G. B., ambas argentinas. También se encontraban ocasionales clientes, Fernando Martin Soria y Leonardo Oscar Ramón Bustos.
En el inmueble, además, se incautaron entre otros elementos, teléfonos celulares, planillas con inscripciones de aranceles, nombres, tiempos y horarios de entrada y salidaf dos bolsas con gran cantidad de preservativos, cuadernos, folletos, dinero, papeles varios y las cámaras de seguridad”. (ver fs.4099 vta./4100).
Esta plataforma fáctica se construyó a partir del producido del debate oral, elementos que el tribunal se encargó de detallar minuciosamente, reflejando en cada uno de los hechos los soportes probatorios que tuvo a disposición.
III. Sobre la situación procesal de Lucía Myrian Calderón.-
A. – Ahora bien, a los efectos de facilitar la exposición y por cuestiones de lógica argumental, me adentraré en primer lugar al análisis del planteo de la defensa actual de Calderón, ejercida por los letrados particulares Alberto José Villamagna y Sergio Andrés Díaz.
Según surge de la compulsa de la causa, Lucía Myrian Calderón fue asistida en la etapa de juicio oral por el abogado Gustavo Semorile, previo a la audiencia de debate junto con la Dra. Catalina Santoro, y luego que ésta renunciara, con el Dr. García Maañon.
Así, el abogado Semorile, junto con la Dra. Catalina Santoro ofrecieron prueba a fs. 3131/3132, ocasión en la cual adhirieron a las pruebas ofrecidas por el fiscal a fs. 3120/3125 – quien además de aquellas documentales solicitó se recibiera declaración testimonial a 121 personas y pidió instrucción suplementaria- y solicitaron prueba documental y tes timonial.
Y, en las distintas fechas en que celebró el juicio oral y público, fue asistida por el Dr. García Maañon (codefensor designado por la nombrada en el juicio oral -fs. 3998 vta.), quien argumentó en contra de que se le revocara la excarcelación a la nombrada, tal como surge del acta de debate (concretamente fs. 4004vta./4005).
Luego que el tribunal ordenara la detención de su pupila, el defensor García Maañon solicitó un cuarto intermedio para readecuar la estrategia de la defensa, solicitud que fue rechazada por los judicantes. Cuando se reanudó el debate el 22 de abril de 2016 con la asistencia técnica del Dr. Semorile, el letrado brindó nuevos y esforzados argumentos en contra de la detención de su asistida, que lucen transcriptos a fs.4009vta./4010.
También acudió Semorile a las audiencias celebradas el 25 de abril de 2016 y 2 de mayo de 2016, esta última, fecha en la cual se realizaron los alegatos. Así, el abogado Semorile señaló concretamente, entre varios argumentos, que Calderón está relacionada con esta investigación penal porque es dueña del inmueble de la calle Conesa 909 a raíz de lo cual la relacionaron con la actividad de prostitución que allí se desarrollaba.
Y, que se encontraba vinculada desde el primer procedimiento, realizado el 4/1/12, razón por la cual no podía aplicársele -como pretendió el fiscal en su alegato- la reforma legislativa efectuada en la ley de trata, correspondiendo la aplicación de la ley de profilaxis (art. 17 de la ley 12331) y, en subsidio, el art. 126 conforme a la ley 25087, que no “trataba la vulnerabilidad, y en orden a esta idea [resultaba] más serio [pues] se trataba de proteger la autodeterminación sexual”. Además señaló falencias probatorias y falta de motivación en el allanamiento realizado en el inmueble de mención (fs. 4023/4025).
Con anterioridad al debate, el abogado Semorile, junto con la Dra. Catalina Santoro ofreció prueba a fs. 3131/3132, ocasión en la cual adhirió a las pruebas ofrecidas por el fiscal a fs. 3120/3125 -además de aquellas documentales solicitó se recibiera declaración testimonial a 121 personas y pidió instrucción suplementaria- y solicitó prueba documental y testimonial.
B. – Sentado cuanto precede, corresponde destacar que ya he tenido oportunidad de afirmar en ocasión de votar en la causa CCC 13149/2013/TO1//1/CFC2 – CNC1 “Alvarez Mujica, René Manuel s/ recurso de casación”, rta. el 1/10/15, reg. 1932.15.4 que “.la representación y asistencia del abogado defensor frente a su asistido debe brindarse durante todo el proceso, junto o en el lugar de su asistido, y debe traducirse en un asesoramiento integral al imputado.La defensa, entonces, no debe limitarse a una defensa material sino que la misma debe tratarse de una defensa técnica, exigencia necesaria en todo proceso penal”.
Sobre este punto, señala Eduardo M. Jauchen que: “Es preciso concluir que la imperativa forma que los actos de defensa técnica deben reunir para satisfacer la garantía constitucional es su necesariedad, obligatoriedad, realización efectiva y con contenido fundado en una crítica oposición a la tesis acusatoria. Toda defensa que no se consume bajo esos parámetros viola la garantía en cuestión y con ello el debido proceso legal, lo cual debe conducir, en tal caso, a la nulificación del proceso” (“Derechos del imputado”, Eduardo M. Jauchen, Rubinzal – Culzoni Editores, año 2007, pág. 161).
En tal sentido se ha expedido nuestro Máximo Tribunal, en el fallo de José Rojas Molina, al expresar que “se han violado reglas esenciales de procedimiento y que el acusado ha sidoo condenado sin ser oído, puesto que el defensor que se le designó no ha dicho una sola palabra en defensa del acusado [.] toda la estructura del Código de Procedimientos demuestra la necesidad de una defensa efectiva [.] esta interpretación concuerda con la garantía constitucional del art. 18 de la Constitución Nacional” (cfr. C.S.J.N., Fallos: 189:34).
C. – De esta manera, cotejando el reconto efectuado en el punto a) relativo a la concreta actividad de la defensa anterior de Calderón ante el Tribunal Oral Federal, con el punto b), donde se establecieron los parámetros para considerar que existe violación a la garantía de defensa en juicio contemplada en el art.18 de la Constitución Nacional, se concluye que éstos no se cumplen en autos, ya que más allá de las estrategias de defensa optadas por los letrados en los momentos señalados – que pueden ser compartidas o no por quien asumió la labor con posterioridad al dictado de la condena- lo cierto es que Calderón no se ha visto privada de la asistencia de sus abogados, quienes presentaron pruebas en los términos del art. 354 del ordenamiento adjetivo, brindaron sendos argumentos a favor de que se mantuviera el estado de libertad ambulatoria de sus asistida durante el debate, y formularon un extenso alegato al final del debate.
En razón de lo expuesto, el agravio impetrado habrá de ser rechazado.
D.- En cuanto a los cuestionamientos del testimonio de O. E. G. corresponde destacar que del acta de debate y de los fundamentos de la sentencia (concretamente, fs. 4005 vta. y 4092) indicó que a Calderón se la presentó una chica porque estaba desesperada buscando trabajo, ya que tenía tres hijas que alimentar, y entonces se la señaló como la dueña del lugar.
Que incluso Calderón fue quien le explicó qué podía o no hacer, los horarios y cuánto cobraría. Que estuvo en los dos allanamientos de la calle Conesa, en uno de ellos estaba prestando servicios al momento en que llegó la policía.
A su vez declaró J. C.A., quien trabajaba como prostituta en el domicilio de Conesa 909, relató que cuando comenzó a trabajar no conocía ni sabía de la existencia de Lucía Calderón y luego de dos meses la conoció y se dio cuenta que era la propietaria porque iba a buscar el dinero.
A su vez, de la sentencia surge que el día del allanamiento, ingresó una comisión conformada por personal de la policía federal a cargo del oficial Ariel Gustavo Bessone, secundado por los funcionarios Antonio Muraca, Carolina Garbarino, Analia Castroman y Eugenio Martín Principato, por las funcionarías de rescate y acompañamiento de las víctimas de trata, licenciadas Julieta Rusterholz y Clara Mayaud, por Marcelo Roberano de la Dirección Nacional de Migraciones y, por los testigos Carlos Ezequiel López y Andrea Soledad Rojas, siendo que además en el marco de esa medida se secuestraron diversos elementos, reseñados en el acta de fs. 765 y ss., entre ellos teléfonos celulares.
Que el primer contacto que tuvo la comisión fue con Gastón Baez, que oficiaba de portero, quien los acompañó hacia “una habitación donde estaba una mujer -vestida normalmente a diferencia del resto- con una computadora, quien dijo ser la encargada del lugar y fue identificada como Lucía Myrian Calderón”.
Se incorporó por lectura el informe realizado por las psicólogas del equipo técnico Programa Nacional de Rescate (obrante a fs. 871/876), ratificado por la Lic. Julieta Rusterholtz, en donde se consignó, concretamente, que “la encargada del lugar sería la Sra. ‘Lucía’ [.] esta sería quien se encargaba del pago del alquiler y de realizar las anotaciones de los ‘pases’, al mismo tiempo que realizaría ‘pases’ en el lugar”.
En el apartado donde se e.nalizó concretamente la responsabilidad de Calderón se agregó que “el teléfono con el que se promocionaba el burdel de la calle Conesa, estaba allí instalado y a nombre de Calderón (tel 4664 5488, ver
especialmente fs.650/1 y 624/6), lo que coincide con que el gas está instalado a su nombre desde el año 1997 (ver informe de Gas Natural de fs. 602) y el servicio eléctrico desde mayo de 2011 (informe de Edenor glosado a fs. 631)”.
Además, se constató que “en el celular que se le secuestrara existían mensajes de texto intercambiados con varias alternadoras que corroboran lo anterior, al mencionar horarios, turnos, etc”.
La defensa actual de la nombrada argumenta en su recurso que no se encuentra acreditado que el celular al que se refieren los jueces en el párrafo anterior fuera de Calderón.
A fin de aclarar ese extremo, vale destacar que de la compulsa de las actuaciones, concretamente de fs. 765/767 donde se agregó el acta del allanamiento al que se hace referencia, suscripta por el Inspector Ariel Gastón Bessone, el Auxiliar 3ro. Antonio Muraca, el Auxiliar 4to Carolina Garbarino, Agente Analía Castroman y Agente Principato, surge que “se ingresó a la finca tomando contacto con el Sr. GASTÓN EZEQUIEL BAEZ [.] quien cumplía funciones de portero [.] acompañándonos hasta una habitación en los fondos de la propiedad, siendo esta la única que se hallaba iluminada, donde se encontraba una persona de sexo femenino manipulando una netbook, encontrándose vestida en forma regular, en comparación con las demás [mujeres] que se hallaban en el lugar. Esta adujo ser la encargada [.] Que una vez identificada, resultó ser y llamarse CALDERON LUCIA MYRIAN ARGENTINA DE 43 AÑOS, DNI 21.458.917, FECHA DE NACIMIENTO 24/11/69, DDA en Sargento Cabral 2272 de la localidad de San Miguel PBA Finalmente, se dejó constancia del secuestro de distintos elementos de interés, entre ellos “UN TELÉFONO CELULAR MARCA SAMSUNG, con batería y chip de la empresa MOVISTAR Nro. 072100449290429, IMEI 357154/04/023153/6, sin tarjeta de memoria funcionando, perteneciente a la encargada LUCIA CALDERON.”
Estos datos surgen también de las declaraciones prestadas en sede policial por los funcionarios que intervinieron en la medida, Antonio Muraca (fs.773/775) y Martín Nicolás Ruiz (fs. 776/778 vta),
Del análisis efectuado por la División Apoyo Tecnológico Judicial de la P.F.A (ver fs. 886/908) surgen distintos mensajes de texto que colocan a Calderón indefectiblemente en el rol que se le ha asignado en la sentencia de condena. En efecto, su actual defensa pretende desconocer que el aparato celular secuestrado en su poder en el allanamiento le pertenecía -circunstancia que surge del a cta pertinente y de los testimonios de dos de los preventores que intervinieron en la medida-, amén que, a modo de ejemplo, se desprende de los mensajes de texto intercambiados con otros abonados que la nombran como “Lu” (desde el nro. 01125658267 Hola lu soy mia), respondiendo “cual mia turno dia o noche” (sic), ante lo cual desde aquél abonado replican “Noche sabri soy”. También recibió “Hola lu soy sabri n me dijist si pued seguir yend o n? Xq n pued ir mas días ma si n iria” (sic); “Lu voy a yegar tarde xq estoy yevando a mi hija a lo d mi suegra xq no la pudieron venir a buscar” (textual).
De esta manera, se disipan las dudas expuestas por la esforzada defensa de Calderón, pues queda claro que las trabajadoras sexuales de Conesa 909 de San Miguel, Pcia. de Buenos Aires, se dirigían a Calderón a fin de organizar y cumplir con la labor que desempeñaban en ese domicilio, amén que ésta fue quien el día del allanamiento se presentó como encargada del lugar, siendo la única mujer que se encontraba en una habitación diferenciada iluminada, con una computadora-, resultando sindicada por las testigos que declararon en el debate como la “dueña” o “propietaria”.
E.- A su vez, corresponde que me expida respecto al embate encausado en el inciso primero del art. 456 del CPPN, pues en su recurso los letrados indicaron que “[c]uestionan [.] la Calificación Legal, Punto Quinto, como autora del delito de explotación de la prostitución agravado previsto en [e]l art.127_2do Párrafo inc. 1 del CP, según Ley 26842 y la aplicación del art. 45 del Código de fondo [pues Calderón] cobraba pesos cuatro mil ($ 4.000) en virtud del contrato de alquiler hoy acompañado y de manos de sus inquilinas y/o ocasionalmente de terceros designados por ellas al efecto”.
En primer lugar, en cuanto a esta última afirmación, corresponde aclarar que la cuestión fáctica que da por probada la defensa no altera ni modifica de modo alguno las conclusiones a las que se ha arribado en los puntos anteriores, por las extensas razones allí expuestas, de modo tal que la circunstancia de haber presentado el mencionado contrato al que hacen referencia no quita su presencia en el día del allanamiento, el rol que cumplió en el lugar, el intercambio de mensajes de texto y su señalamiento por las trabajadoras del privado, al menos como encargada del sitio donde distintas mujeres ejercían la prostitución.
Al respecto, los integrantes del tribunal oral señalaron que “nos encontramos con un supuesto de explotación de la prostitución ajena, agravada por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. La explotación cae de madura [.] a poco que vemos que el supuesto ‘trato comercial’ se basa en que las trabajadoras deben dejar al dueño el 50% de lo cobrado, en tanto ellas deben hacerse cargo de todo lo referido a la limpieza, comida, etc. Este contrato desigual, leonino, sólo puede entenderse cuando vemos las condiciones de alta vulnerabilidad de las víctimas, lo que además impuso la agravante del inciso Io del art. 127 del Código de fondo”.
Para sustentar tal agravante, los judicantes remarcaron los testimonios de QlffL quien explicó que “tuvo que trabajar por necesidad porque no tenía como mantener a las hijas”, y BSBHM BflHB que señaló que “tiene 5 hijos y se mantiene sola, tenía que pagar el alquiler, medicamentos, comida”, y, las circunstancias remarcadas en el informe técnico labrado a fs.871/876, que ya han sido señaladas.
Al respecto, se ha dicho que “el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, se da respecto de quien puede ser fácilmente sometido a los designios y voluntad del autor de la comisión delictiva en virtud de las especiales circunstancias en que se encuentra (pobreza, desamparo, carencia de necesidad.es básicas, etcétera), la que deberá ser juzgada en cada caso teniendo en cuenta las particularidades propias del nivel socio-cultural y de las condiciones de vida de la víctima del delito”.
Pues, en efecto, “deberá tenerse especial consideración al grado de desarrollo cultural de las posibles víctimas, las concretas posibilidades de esas personas de satisfacer sus necesidades básicas, la mayor o menor dificultad para lograr un sustento económico aceptable en relación a las probabilidades de obtener un empleo o trabajo acorde a su condición social y educativa, el marco social en el que pudo haberse criado y desarrollado en las distintas facetas de su vida personal, y toda otra circunstancia que pueda haber servido para influir en su decisión de someterse o ser sometida a la clase de tareas que conforman el núcleo de la ‘explotación’ característico de este tipo penal” (Tazza, Alejandro 0., “La trata de personas. Su influencia en los delitos sexuales, la Ley de Migraciones y la Ley de Profilaxis Antivenèrea”, Hammurabi, 2014, p. 156/157).
Todas estas circunstancias se observan con claridad en las mujeres que trabajaban ofreciendo servicios sexuales en la vivienda de mención, han referido tener hijos menores a su cargo, la mayoría emigraron de otros países donde se encontraban en pésimas condiciones económicas, muchas no tenían estudios e incluso alguna era analfabeta.
No se necesita mayor esfuerzo interpretativo de la norma para concluir que la agravante en cuestión ha sido incluida en el precepto legal precisamente para punir con más ímpetu los casos en que las víctimas sean como aquellas involucradas pasivamente en este hecho.
En consecuencia, el agravio incoado no tendrá recepción favorable.
F.- Por último, cuestionó el monto de la pena impuesta “por excesiva”.
En los fundamentos de la sentencia, los judicantes expusieron que consideraban como atenuantes, el prolongado lapso que demandó la sustanciación del proceso -iniciado en 2011- y la ausencia de condenas anteriores computables.
A su vez, se tuvo en consideración como atenuante que tiene hijos menores.
Y, como agravante, la pluralidad de mujeres explotadas sexualmente.
En función de ello, impusieron a Calderón la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas.
Teniendo en consideración que el delito por el cual fue condenada la imputada Calderón contempla una pena de cinco a diez años de prisión, y que, la defensa se agravia porque considera elevada la pena impuesta de cinco años, no es necesario mayor esfuerzo argumentativo para concluir que si le fue impuesto el mínimo posible de la pena, difícilmente, entonces, ello pueda considerarse excesivo.
Más allá del control de ausencia arbitrariedad, superado por los jueces a quo pues brindaron suficientes argumentos en el acápite destinado a la fundamentación de la pena, no corresponde ahondar más en el tópico, pues tampoco la parte ha efectuado algún planteo de constitucionalidad del mínimo de la escala penal prevista en la norma que pudiera habilitar a analizar el pretendido exceso, sostenido, sin retórica alguna, por la defensa de Calderón.
IV. – De la situación procesal de José Laureano Belizan.-
A. – En otro orden de cosas, la defensa de José Laureano Belizan expuso que no existía prueba alguna que vinculara a su pupilo con la casa de tolerancia investigada.Remarcó que el único nexo de Belizan con los hechos fue el ser propietario de un inmueble donde se ejercía la prostitución.
Sin embargo, de la lectura de los fundamentos de la sentencia se colige que no ha sido esa circunstancia el fundamento exclusivo de la imputación que pesa sobre Belizan.
Para que quede claro, al nombrado Belizan se lo vincula con los hechos porque luego de comprobarse que en la finca sita en Primera Junta 970 de la localidad de San Miguel Peía, de Buenos Aires se ejercía la prostitución, se acreditó que él era el titular de la línea telefónica allí instalada (nro. de abonado 4664-2287), además que el número de teléfono 154-451-1129 registrado a su nombre figuraba con el mismo domicilio.
El mencionado admitió que era su vivienda, y que incluso allí funcionaba un comercio de quesos y fiambres de su propiedad llamado “Aníbal”.
Además de ello, se tuvo en cuenta que al momento del allanamiento se secuestró el teléfono celular de la encargada del prostíbulo, Marcela Esther Carreras, que poseía indexado el número de teléfono que luego se secuestrara al imputado, con el nombre “Pata”.
Esta circunstancia surge del informe pericial que luce a fs. 224/41 (concretamente fs. 232), donde se consignó que de la tarjeta SIM del aparato Samsung LGT 1086L -que tenía en su poder la encargada Carreras- surge agendado el número 1154299316 con la denominación “Pata”. Y, de fs. 238 que éste abonado corresponde a “Belizán José Laureano”.
A su vez, se acreditó la titularidad de Belizán de los abonados 01146677510 y 01146642287 (ya mencionado) y, a nombre de su hijo Aníbal Sandoval las líneas 01146676548 y 01137502528, emplazados en los domicilios de las calles Primera Junta e Italia de San Miguel.
A través de la Dirección de Análisis e Investigación de Comunicaciones de la Policía de la Pcia.de Buenos Aires, se constató la existencia de 96 comunicaciones entre los abonados 01146642287 – emplazado en Primera Junta 970- y el 01146677510 ubicado en Italia 876 -ambos, como se señaló, a nombre de Belizán-.
Además, se acreditaron 36 comunicaciones entre los números 01146677510 (el nombrado en último término, de la calle Italia), y el 01150635131, que se le secuestrara al encargado de seguridad de esta finca en el allanamiento, Elso González, que, justamente, estaba registrado a nombre de la esposa de Belizán, Silvia Sandoval.
Por otra parte, en el allanamiento realizado en la finca de la calle Primera Junta se secuestró un cuaderno que fue peritado a fs. 3658/3738, donde se determinó que las grafías existentes a partir del 4 de mayo de 2011 -donde hay datos de turnos, alternadoras y caja, corresponden al puño y letra de José Belizán.
Concretamente, de fs. 3735 se desprende que “las grafías dubitadas evidencian el mismo aspecto general que las bases de cotejo atribuidas a Belizán José Laureano impuestas en el legajo de la P.F.A [.] las semejanzas observadas inicialmente no se agotan en si mismas, sino que se ven confirmadas y ampliadas al analizar cada construcción en particular y los movimientos seguidos para lograr las formas [.] tiempos de ejecución, grado de angulosidades y fundamentalmente los ritmos escritúrales con que han sido confeccionadas, elementos derivados de las alternativas de presionado y velocidad que las personas aplican al elemento escritor”.
Todas estas circunstancias lo vinculan con los hechos imputados, pues si no tuviese ninguna relación con estos eventos como lo arguye su defensa mas que la titularidad de uno de los inmuebles, no se comprende por qué han existido tantas comunicacjiones vía telefónica con las personas que estaban en el prostíbulo como encargados al momento del allanamiento, de qué modo aparece como titular de teléfonos registrados no sólo en el burdel de la calle Primera Junta -admitida como su propiedad- sino también con otros registrados en la calle Italia -qpien según se acreditó fue garante del contrato de alquiler- y de qué modo llegaron a su interior las notas y libretas donde estaban los precios y “reglas” de la actividad sexual que allí prestaban las víctimas, escritas de puño y letra del nombrado Belizán.
B.- Por otro lado, la defensa del nombrado remarcó que las mujeres que estaban en estos locales ejercían la prostitución libremente y por propia voluntad.
Sin embargo, basta con repasar algunos de los testimonios de las mujeres que trabajaban en los prostíbulos allanados para dilucidar que ello no era así, por distintas razones.
En efecto, corresponde recalcar que como prueba del hecho nro. 1 -primer allanamiento en Primera Junta 970 de San Miguel- respecto del cual Belizán fue condenado únicamente en relación al delito por el cual fuera víctima JflHHPI GMW7 AflM, tipificado por el art.145 bis, segundo párrafo, inciso 2 del CP según ley 26364 – pues el hecho calificado como infracción a la ley de profilaxis fue declarado prescripto-, adquiere particular relevancia el testimonio de la propia damnificada, incorporado por lectura al debate.
Ésta manifestó que trabajaba, “como promotora en la Ciudad de Asunción del Paraguay, hasta el 17′ de mayo de [2011], aproximadamente, tiempo en el cual se le acercó una persona de nombre Víctor Ruiz Díaz, conocido de la dicente, quien le manifestó que tenía una buena propuesta laboral para ella [.] iba a trabajar en un local donde se jugaba al pool y se expendía alcoholf en el que la dicente sólo debía departir con los eventuales clientes, sin que ello implique actividad sexual alguna [.] al tener un hijo de tres años [.] a quien casi no podía mantenerf decidió aceptar la propuesta de Víctor, con quien al día siguiente emprendieron el viaje hacia la Argentina [.] su pasaje de micro lo pagó un tal ‘Aníbal’, que a la postre resultó ser el dueño del establecimiento de la calle Primera Junta 970 de San Miguel, que desde la terminal de Retiro en la ciudad de Buenos Aires la llevaron directamente al referido local, donde ‘Aníbal’ le dijo que su trabajo iba a ser el de compartir con los eventuales clientes y que si quería también podía bailar en el caño, que con eso iba a ganar bien, manifestándole que la mitad de las ganancias eran para ella, pero con el tiempo pudo constatar que esto no era así, pues la ganancia que se le pagaba por cliente por compartir alguna bebida con ellos, era bastante inferior a lo pactado, pero en el caso de las relaciones sexuales, si se le pagaba la mitad. si no le gustaba se podía ir. que lo único que tenía que hacer era devolver el importe del pasaje desde Paraguay hasta el país.Por ello y por la necesidad económica que padecía la deponente, decidió quedarse un mes para probar suerte, siempre como se le había dicho, sólo para compartir con los clientes y no para mantener relaciones sexuales con ellos. Que pasado un tiempo y como en el lugar la trataban bien, decidió quedarse un poco más, pero aclara que mantenía relaciones sexuales con algunos clientes, que ello lo hacía por voluntad propia, pero que en definitiva estaba impulsada por la necesidad de mandar dinero a su país cosa que hizo un par de veces. También utilicé eso dinero para devolverle a Aníbal parte del importe del pasaje que había abonado para que ella llegara a la Argentina [.]
Durante el tiempo que trabajé a la noche, la encargada siempre fue ‘Marcela’, que estaba el día del allanamiento [.] cuando la dicente no quería pasar con algún cliente porque estaba demasiado alcoholizado o drogado, le ponía mala cara e
inmediatamente llamaba a Aníbal, quien a su vez llamaba a la deponente y le manifestaba que aproveche, que trabaje que había plata, que ahí estaba para trabajar y no para estar al pedo [.] de Aníbal refiere que no conoce sus demás datos filiatorios, pero sí sabe que tiene otro local de este tipo en la calle Italia 876 de San Miguel, donde la deponente fue algunas veces por falta de mujeres.”.
De esta forma, si bien la defensa no brindó argumentos suficientes dirigidos a cuestionar el encuadre típico en relación a este hecho, sino que sólo se dolió genéricamente refiriendo que “se encontraban en el lugar por su propia voluntad”, he de aclarar que no existe arbitrariedad alguna en la calificación legal adoptada por el tribunal.
En efecto, se dan los indicadores del delito de trata de personas con fines de^explotación sexual al sopesar la existencia de una oferta de trabajo engañosa en un país vecino, la compra del pasaje -con la deuda generada a raíz de ello que seguía subsistente mucho tiempo después-y la presión que le ponían para que tuviera relaciones sexuales con clientes.
En un estudio sobre el tema se ha determinado que “La mayoría de las personas que han atravesado por una situación de trata mencionan como su motivación principal mejorar económicamente. La falta de empleo o el empleo precarizado, los salarios bajos o muy bajos, y en general la percepción de no poder progresar económicamente conduce a las mujeres a pensar en la migración1 como una opción. La falta de expectativas, de oportunidades, la desesperanza, la miseria, la pobreza, el endeudamiento, son causas señaladas. como el contexto que empuja a salir del país.” (Organización Internacional para las Migraciones – OIM-, Estudio sobre la trata de personas en Paraguay, p. 25).
En relación al hecho identificado como nro. 5, que ha sido encuadrado típicamente como explotación de la prostitución agravado -art. 127, segundo párrafo, inciso 1 del CP según ley 26862-, relacionado con el allanamiento realizado en la calle Italia 876 de la localidad de San Miguel el día 8 de mayo de 2013, corresponde mencionar que en el sitio se constató la presencia de 6 mujeres que ofrecían servicios sexuales, y ocasionales clientes.
Respecto a la libertad de determinación de las víctimas -único agravio de la defensa-, resulta importante destacar el informe labrado por la psicóloga Flavia Casado, quien realizó el primer relevamiento de las mujeres que allí trabajaban, y resaltó que “todas manifestaron ejercer la prostitución, ser mayores de edad y que esta actividad representa su único medio de vida y subsistencia. Refieren que el domicilio allanado les fue recomendado por personas conocidas y que acceden a realizar esta actividad por su propia voluntad dejando allí un porcentaje establecido del total de sus ganancias. Teniendo en cuenta la historia personal, así como la realidad económica y sociocultural propia de cada persona entrevistada, puedo inferir que poseen personalidades vulnerables.”.
Sentado ello, me remito al análisis efectuado en el punto III) E.respecto del tópico, por resultar aplicable a este caso, ya que, en definitiva, se da una situación similar a aquella a la que se hizo referencia en el apartado correspondiente a la responsabilidad de Lucía Mirian Calderón. Pues, estas mujeres poseen una libertad de determinación relativa, sino nula, debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran, a raíz de falencias educaciones, carencias económicas, hijos a cargo, algunas extranjeras y encontrándose sin vivienda ni arraigo.
C.- Por último, la defensa de Belizán cuestionó el monto de la pena impuesta a su pupilo, ya que sólo se valoró como atenuante la ausencia de antecedentes y que las agravantes consideradas no son suficientes para apartarse del mínimo legal.
A fin de determinar si resulta justa y proporcionada la pena impuesta a Belizán por parte del tribunal oral, he de dejar sentada mi posición respecto a la necesidad y medida de la sanción penal frente a una infracción de deber.
Pues, considero que “[l]a confirmación contrafáctica de la vigencia de la norma es también, en cualquier caso el único efecto especial a que puede dar lugar a la pena en relación con el suceso. Un sistema penal funcional, orientado según el principio de la compensación de la culpabilidad por el hecho y que con ello pretende ser un genuino sistema jurídico penal, no puede entonces establecerse con relación al contenido del deber, sino sólo con relación al símbolo del deber mismo, esto es, con relación a la expectativa de que determinadas reglas elementales de relacionamiento sean obligatorias.De ello se desprende que el injusto penal no es materialmente -esto es, según su concepto- ninguna “contradictoria oposición” al comportamiento que está establecido como contenido de la norma, esto es, especialmente no es una lesión a un (objeto de) bien jurídico, sino un ataque al deber mismo, una protesta contra la obligatoriedad de la regla simbolizada a través del deber, una demostración de falta de consenso sobre la vigencia de la norma para la situación de hecho. La “esencia del injusto delictivo” está -con las adecuadas palabras de HÁLSCHNER- sólo “en que, el hecho delictivo individual se basa en una máxima general, generada en el arbitrio del autor, y que el autor, en la realización del hecho, ha colocado como la norma que regla y dirige su manera de pr oceder, de manera que quiebra el dominio del Derecho y coloca en su lugar, su arbitrio como el válido y dominante” (Lesch, Heiko ¡Hartmut, “El concepto de delito. Las ideas fundamentales de una revisión funcional”, traducción de Juan Carlos Gemignani, Marcial Pons, 2016, p. 212).
Con esta premisa como norte, vale recordar que al nombrado se lo condenó a la pena de seis años y seis meses de prisión y multa de 40000 pesos en orden a tres hechos que concurren materialmente entre sí, previstos por los arts. 145 bis, segundo
párrafo, inciso 2 del CP según ley 26364 (constatado el 9/1/11), art. 17 de la ley 12.331 (del 4/1/12) y en el art. 127, segundo párrafo, inciso 1 del CP según ley 26842 (8/5/13).
El concurso de estos delitos arroja una escala penal que tiene un mínimo de cinco años y asciende a veinte años de prisión más la pena de multa.De esta forma, los jueces expresaron que valoraban como circunstancias agravantes “su buena situación económica en general, lo que aleja toda necesidad como motivadora de su conducta, y las maniobras desplegadas para mantenerse oculto, específicamente respecto de la titularidad del inmueble de la calle Italia.”.
En consecuencia, teniendo en cuenta estas circunstancias mencionadas por los judicantes a la luz de la escala penal antedicha, se advierte que el monto finalmente impuesto de 6 años y 6 meses de prisión y 40000 pesos de multa no resulta arbitrario sino que, por el contrario, se ajusta a los lineamientos mencionados ut supra pues la cantidad de tiempo que Belizán deberá cumplir pena aparece como ajustada con la necesaria para la restitución de la vigencia de la norma, y por ende, el agravio impetrado al respecto también habrá de ser rechazado.
V.- Por último, resta efectuar una mención en relación a una circunstancia que si bien puede calificarse de sumamente irresponsable y repudiable, no modifica ni altera las condenas dictadas en autos.
De la compulsa de las actuaciones surge agregado, dentro de las actuaciones labradas por personal policial con motivo de las tareas de investigación encomendadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 2 de San Martín, concretamente, a fs. 1056/1058, un punteo de las ‘ actuaciones “informal” pero aparentemente realizado desde alguna de las computadoras del juzgado, en el cual se refieren a las mujeres víctimas de estas actuaciones con reiterados términos despectivos, repudiables e insultantes.
De esta forma, corresponde que el tribunal de origen extraiga copias de las actuaciones de mención a fin de que el organismo correspondiente lleve a cabo la investigación y/o medidas disciplinarias que correspondan.
VI. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo:
1.- Rechazar los recursos de casación interpuestos a fs. 4178/4182 vta. por el Dr. Martín Felipe López, en su carácter de letrado defensor de José Laureano Belizán y a fs. 4183/4189 por los Dres.Alberto José Vázquez Villamagna y Sergio Andrés Díaz, en representación de Lucía Myrian Calderón, con costas en la instancia (arts. 470 y 471 ambos “a contrario sensu” y 530 y 531 del C.P.P.N.).
2. “Tener presente las reservas del caso federal.
El señor j uez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Que coincido en lo sustancial con las consideraciones expuestas por el distinguido colega que lidera el acuerdo, doctor Juan Carlos Gemignani, con relación a los agravios motivo de los recursos de casación interpuestos por las defensas de Lucía Myrian Calderón y de José Laureano Belizán.
En efecto, del examen de las presentes actuaciones se advierte que la sentencia condenatoria que ha sido impugnada ante esta instancia se encuentra suficientemente fundada, de conformidad con las constancias comprobadas de la causa, las que fueron descriptas en el voto precedente, a cuya reseña me remito por motivos de brevedad.
En la resolución recurrida, los magistrados de la instancia anterior han analizado y brindado una respuesta adecuada a los hechos investigados, propuesto una calificación jurídica acorde con los mismos y mensurado adecuadamente la pena a imponer en cada caso. Por dichas razones, las partes no logran demostrar la arbitrariedad de la sentencia o la errónea aplicación de la ley sustantiva que invocan en sustento de sus pretensiones. Por el contrario, los agravios articulados por las defensas en sus recursos de casación revelan su disconformidad con lo resuelto por el “a quo”, más no logran rebatir los fundamentos expuestos en la sentencia, los que se comparten.
Cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta ausencia de fundamentación (Fallos:295:140, 329:2206 y sus citas; 330:133, entre otros). De allí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido de modo reiterado que dicha doctrina no es invocable en tanto la sentencia contenga fundamentos jurídicos mínimos que impidan su descalificación como acto judicial (Fallos: 290:95; 325:924 y sus citas, entre otros), déficit que no ha sido demostrado por las partes recurrentes en el sub examíne.
Por último, en cuanto al agravio de la defensa de Lucía Myrian Calderón, quien aduce que el anterior abogado de la nombrada no cumplió eficazmente con su defensa, coincido con mi colega preopinante en cuanto a que las posiciones asumidas por dicha parte resultan más bien relativas a la elección de estrategias defensistas y que las razones interpuestas por la recurrente no conllevan a que se haya violado la garantía constitucional de defensa en juicio tal como lo señala.
Por ello, de conformidad con lo propuesto por el doctor Raúl Ornar Pleé, Fiscal General ante esta Cámara Federal de Casación Penal, adhiero a la solución propuesta, en tanto corresponde:
1) RECHAZAR los recursos de casación
interpuestos por las defensas que asisten técnicamente a Lucía Myrian Calderón y a José Laureano Belizán, sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
2) Tener presente la reserva del caso federal.
I.Por coincidir en lo sustancial con las consideraciones vertidas por mis colegas preopinantes en sus votos, adhiero a la solución que allí proponen.
En efecto, luego de haber efectuado la revisión de la sentencia que las defensas reclaman, de acuerdo a los parámetros señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Casal, Matías Eugenio” (Fallos 328:3399), conforme los fundamentos desarrollados en los votos precedentes, concluyo que el fallo recurrido, en lo relativo a la ponderación de las pruebas, a la acreditación de la ocurrencia de los hechos juzgados, a la participación que en ellos cupo a los nombrados, a la subsunción legal atribuida y a la individualización diferenciada de las consecuencias jurídicas del delito, se encuentra correctamente fundada y no presenta fisuras de logicidad en su razonamiento.
Es que las conclusiones a las que se arriba en la sentencia constituyen la derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa, y la aplicación del derecho vigente al caso concreto, contando con el grado de certeza necesario exigido a todo veredicto de condena, sin que las críticas que formula la defensa logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido (arts. 123, 398, 404, inc.2o del C.P.P.N.).
En otro orden de ideas, adhiero también al criterio expuestos por mis colegas al sostener que Lucía Calderón no se ha visto privada de la asistencia de su letrado defensor en tanto no se desprende de las actuaciones que versan en la causa, que la imputada hubiera soportado la supuesta inactividad por parte de su anterior abogado, que la situara en un estado de indefensión irreparable, conforme fuera alegado por su actual defensa en el recurso casatorio.
Al respecto, en honor a la brevedad, me remito a los argumentos expuestos en el voto del colega que lidera el presente acuerdo para sostener que no se ha violado la garantía constitucional de defensa en juicio con respecto a la imputada sino, antes bien, que sus dichos traslucen su disconformidad con la elección de las estrategias defensistas oportunamente desplegadas.
II. Brevemente habré de efectuar algunas consideraciones en relación al argumento introducido por la defensa de José Laureano Belizan mediante el cual sostuvo que las damnificadas no eran obligadas a ejercer la prostitución sino que se encontraban en el lugar por su propia voluntad y ejercían que libremente esa actividad.
Conviene entonces recordar que el a quo calificó los hechos que se tuvieron por acreditados con respecto a José Laureano Belizan como constitutivos del delito de trata de personas previsto en el art. 145 bis, segundo párrafo, inciso 2 del C. P. – según ley 26.364-, en calidad de autor (hecho 1), que concurre realmente con el regenteo de una casa de tolerancia previsto en el art. 17 de la Ley nro. 12.331 también en calidad de autor (hecho 2), los que a su vez concurren materialmente con el de explotación de la prostitución agravado prevista en el art.127, segundo párrafo, inciso 1° del Código Penal -según ley 26.842- también en calidad de autor (hecho 5).
Me parece oportuno recordar -como sostuve en diversos precedentes sobre el tema- que, mediante la sanción de la ley N° 26.364 de abril de 2008, el Estado argentino dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (“Protocolo de Palermo”), anexo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República Argentina mediante la ley N° 25.632, en el año 2002).
Fue a partir de esta normativa internacional, que la Argentina, mediante el dictado de la citada ley, incorporó el delito de trata de personas como un delito contra la libertad, especialmente contra la Libertad Individual (Titulo
V, Capítulo I del Código Penal), entendida no sólo como libertad de locomoción o ambulatoria de la persona sino también como la capacidad de decidir libremente con plena intención y voluntad; es decir: la libertad de autodeterminación de la persona. Con independencia de la lesión a otros bienes, como pueden ser la integridad sexual o la integridad corporal de las víctimas (cfr. mi voto en la causa n° FSA 2699/2013/CFC1 caratulada: “LAMAS, Marina del Valle y TERAGUI, Héctor Nazareno s/ recurso de casación”, Registro 939/2015.4 rta.21/5/15).
De esta forma, desde una adecuada interpretación del tipo penal a partir del prisma del bien jurídico tutelado, cabe concluir que el aspecto sustancial subyacente e inherente de este delito abarca conductas que interfieren en el libre y voluntario ámbito de determinación individual de las personas; es decir, aquella capacidad para decidir libremente, con plena intención y voluntad sobre un plan de vida o desarrollo personal.
Esta interferencia en la libertad del sujeto pasivo puede configurarse, aún sin una restricción a la libertad física o, incluso, sin una afectación al contexto económico de la víctima, pues basta con que el sujeto activo de alguna forma (que puede ser engaño, amenaza, coacción, aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, o cualquier otra) restrinja este ámbito de autodeterminación del sujeto pasivo, para configurar el delito estudiado.
Es más, tal es la entidad asignada al bien jurídico tutelado, que a partir de la reforma por ley 26.842 se reconoció que el consentimiento de la víctima para ser explotado no tendrá efectos jurídicos, por cuanto se encuentra implícito en la naturaleza del bien jurídico tutelado (libertad) que no es posible otorgar consenso para ser considerado un objeto o una cosa y formar parte del mercado de bienes y servicios. Se trata de la esencia de lo humano, cuya propia explotación no puede ser consentida por el sujeto sin afectación de la condición de persona, de su libertad como bien que le es inherente.
Puede sostenerse que la reforma operada por la ley nro. 26.842 fue más allá y extendió su protección a un nuevo valor social con la misma intensidad que el bien jurídico ya tutelado:la dignidad de la persona -el derecho a su dignidad-; eliminando del tipo básico toda distinción entre víctimas de trata mayores o menores de edad y previendo la configuración del delito más allá del consentimiento que la víctima haya podido -o no- prestar .
Ello asi, en tanto el legislador consideró que el consentimiento de la víctima resulta irrelevante cuando es otorgado en evidente situación de sumisión, sometimiento y maltrato de la víctima, bajo circunstancias en las cuales jamás podría
o considerarse que la víctima brindaría un consentimiento válido.
Es decir, como principio general, nadie brinda su consentimiento para ser explotado sexualmente.
Es que, como bien se puso de resalto durante el debate parlamentario, la persona en situación de trata es considerada una mercancía u objeto de intercambio por parte de quienes se dedican- a esta actividad, con el fin de obtener un rédito económico; nadie podría, razonablemente, consentir su propia explotación.
En el caso bajo análisis endilgado a Belizan, específicamente, el tribunal de mérito ponderó, entre otros, el testimonio
de J. R. G. A. incorporado por lectura al debate, quien trabajara como promotora en la ciudad de Asunción del Paraguay hasta el momento en que decidió aceptar una propuesta laboral (compelida por la situación que atravesaba con su hijo de tres años a quien ya casi no podía mantener, al que dejó al cuidado de su abuela), efectuada por un conocido de la dicente en esa ciudad, con quien al día siguiente de aceptarla viajó a la Argentina en ómnibus, hacia la terminal de Retiro, y desde allí en un remis hasta el local donde iba a trabajar, en la calle Primera Junta 970 de San Miguel, Prov. de Buenos Aires.
G. A. narró a las psicólogas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas que participaron del allanamiento de dicho local (cuyo informe obra a fs.183/196) que “el ofrecimiento que le habrían realizado para viajar a la República Argentina habría sido engañoso ya que el Sr. Ruiz le habría dicho que la realización de “pases” era a elección de la mujer y que tendría un salario fijo, mientras que cuando llegó al país el dueño del “privado” allanado le informó que el lugar no era un boliche con pool sino un “privado” y las ganancias que pudiera obtener de su permanencia en el lugar eran directamente proporcional a los “pases” y “copas” que allí realizara. A esto se suma el hecho de que al no contar con dinero para poder viajar hasta la provincia de Buenos Aires, el dueño del “privado” se habría hecho cargo de su traslado, generando de este modo una deuda que debería ser saldada con el “trabajo” en el domicilio allanado. De esta manera, la deuda adquirida con el dueño del| “privado”, sumada a la ausencia de una red de social capaz de brindarle auxilio, podría limitar la posibilidad de retirarse del lugar en caso de vivir situaciones abusivas o generadoras de malestar.”
Indicaron las profesionales también que G. A. les dijo que “en reiteradas oportunidades se sintió presionada por el dueño del lugar y las encargadas para “trabajar” las 24 horas. Que el dueño le decía “tenes que trabajar, tenes que ganar más plata. ¿Para qué viniste si no es para trabajar?”.
En las conclusiones del informe se detalló la situación de vulnerabilidad de las victimas, que se cimienta desde momentos previos al ingreso y permanencia en el “privado” allanado: “La mayoría de las mujeres no ha tenido la oportunidad de finalizar el ciclo de educación formal. Una de ellas no tiene dominio de la lectoescritura.Además la mayoría de las mujeres refirieron ser las únicas encargadas de la manutención de sus hijos, ya que sus ex parejas no cumplen con el cuidado correspondiente para con los mencionados (.) La situación de vulnerabilidad se profundiza con el hecho de que la mayoría de las mujeres entrevistadas son migrantes, ay que suele serles más difícil acceder a puestos de trabajo regulados formalmente (.) podría afirmarle que la [vulnerabilidad] se vería profundizada en tanto el vínculo establecido con el dueño del local’seria de suma dependencia. Lo dicho se vería reflejado en el hecho de que algunas de las mujeres accederían a la vivienda mientras permanecen en “privado”, lo cual sería imposible si las mujeres no “trabajaran” en el
mismo. Además se observa que las condiciones de trabajo serían impuestas por el Sr. Aníbal [José Laureano Belizan] quien les retendría el 50% (cincuenta por ciento) de las ganancias que cada mujer genera por noche y quien les cobraría una suma de dinero diaria para la limpieza de las sábanas utilizadas para la realización de “pases”.’.
En suma, pudo el a quo verificar en el caso el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad -prevista en la norma como una de las referencias de modo en que se realizan las acciones típicas-. En tal sentido, se destacó que la mayoría de las víctimas poseían incompleta instrucción escolar, que incluso uno de ellas era analfabeta, que provenían de familias con escasos recursos, apremiadas por la situación económica por cuanto la mayoría de ellas eran las únicas encargadas de la manutención de sus hijos, que llegaron solas a un país desconocido y conducidas al domicilio de la calle Primera Junta 970 de San Miguel, sin personas o autoridades a las que recurrir, generándose así el ambiente propicio para ser explotadas por el imputado estando permanentemente bajo el monitoreo del causante en forma directa o a través de personas de su confianza.
Cabe resaltar que las conclusiones arribadas en elinforme aludido de las profesiones intervinientes pertenecientes a la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas considerado por el tribunal de mérito se compadece con la definición de la condición de vulnerabilidad definida en las “Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” (Cumbre Judicial Iberoamericana de Brasilia, marzo de 2008), a las que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada Nro. 5/2009), en donde se estableció que “se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico [.] Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimizaciónr la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico” (Capítulo 1, sección segunda).
III. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, en tanto José Laureano Belizan ha sido condenado a la pena de seis (6) años y seis (6) meses de prisión, multa de cuarenta mil pesos ($40.000), accesorias legales y costas, y Lucía Myrian Calderón, a la pena de cinco (5) años de prisión, accesorias legales y costas; y con remisión a lo que he tenido oportunidad de sostener en las causas “Basualdo, Néstor Silvestre Maximiliano s/recurso de casación (CCC 7934/2013/TO3/CFC1, Reg. Nro. 2964/14.4, rta. el día 17 de diciembre de 2014) y “Ramírez, Juan Ramón s/recurso de casación”, (causa n° 871/2013, Reg. Nro. 2331/14.4, rta.el día 6 de noviembre de 2014), habré de señalar que la imposición de las accesorias legales previstas en la segunda y tercera disposición del art. 12 del C.P., en tanto restringen el ejercicio de la patria potestad y la disposición y administración de los bienes de las personas condenadas a pena privativas de la libertad mayores a tre s (3) años, resultan contrarias a la Constitución Nacional.
En efecto, las disposiciones citadas resultan vulneratorias del principio de resocialización de la ejecución de las penas en tanto afecta la continuidad de los lazos familiares y sociales y el contacto fluido del interno con el mundo exterior, así como el ejercicio de sus derechos de contenido patrimonial, en tanto le impide cumplir adecuadamente con sus obligaciones inherentes a la patria potestad y de actuar en un plano de igualdad frente a terceros en la administración y disposición de sus bienes por acto entre vivos, sometiéndolo de manera forzada al régimen de la cúratela, generando un efecto estigmatizante que se aparta de la finalidad resocializadora de la ejecución de la pena.
El carácter genérico de la norma y su aplicación automática impide que se realice una reflexión particular del caso concreto que permitiera evaluar la concreta vulneración a los derechos humanos que su aplicación pudiera generar.
La aplicación irrestricta de las accesorias legales previstas en la segunda y tercera disposición del articulo 12 del Código Penal, menoscaban el principio de intrascendencia de la pena establecido en el art.5.3 de la C.A.D.H., en tanto hace extensibles las consecuencias de la pena impuesta al condenado a todo el entorno familiar, impidiendo que los padres puedan decidir sobre la crianza de sus hijos de acuerdo al proyecto de vida que aquéllos elijan.
Asimismo, la privación de la patria potestad ajtenta contra el interés superior del niño reconocido; por la ley 26.061 como la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías y el deber que tiene el Estado en la protección de la familia, entendida como el elemento natural y fundamental de la sociedad.
Por lo expuesto, como ya se adelantó, se vislumbra la incompatibilidad de la segunda y tercera disposición previstas en el artículo 12 de Código Penal con la Constitución Nacional, debiendo prevalecer, como siempre, las normas de la Ley
Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una reciente resolución (“González Castillo, Cristián Maximiliano y otro s/robo con arma de fuego”, CSJN 3341/2015/RH1, Rta. 11/05/17) ha resuelto en favor de la constitucionalidad de las mencionadas disposiciones legales.
IV. Por lo expuesto, propicio al acuerdo:
1.- RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares de Lucía Myrian Calderón y José Laureano Belizán, sin costas (arts. 530 y 531 in fine CPPN).
I.- RECHAZAR los recursos de casación interpuestos a fs. 4178/4182 vta. por el Dr. Martín Felipe López, en su carácter de letrado defensor de José Laureano Belizán y a fs. 4183/4189 por los Dres. Alberto José Vázquez Villamagna y Sergio Andrés Díaz, en representación de Lucía Myrian Calderón (arts. 470 y 471 ambos “a contrario sensu”).
Por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.)
II. TENER PRESENTE las reservas de caso federal.
Regístrese, notifíquese y oportunamente comuniqúese (Acordada CSJN 15/13 y Lex 100). Remítase al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Tag: DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, TRATA DE PERSONAS, VÍCTIMA DEL DELITO
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References: resolución 
 artículo 456
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 artículo 12
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