Source: https://ivkhistoriapedroamores.blogspot.com.es/2017/05/
Timestamp: 2017-06-29 07:26:39+00:00

Document:
COMENTARIOS SOBRE LA HISTORIA DE ESPAÑA: mayo 2017
Dada en Madrid, a cinco de agosto de mil novecientos ochenta y tres. Publicado por
Tras la aprobación de la Constitución en referéndum el
6 de diciembre de 1978, Adolfo Suárez era partidario de convocar elecciones de
forma inmediata y disolver las Cortes. Así pues, en el I Congreso nacional de UCD en octubre de 1978,
se iniciaron los preparativos de dicha confrontación electoral, que tendría
lugar en marzo de 1979. En estas elecciones, la UCD personificó el centro democrático, mientras que la
derecha la ocupó la Coalición Democrática,
formada por AP sin franquistas y algunos centristas como Areilza u Ossorio. Respecto a la izquierda, en este punto estaban los comunistas (PCE y otras formaciones) y el PSOE, que aún era
demasiado radical, con lo que no podría aún acceder al poder.
En las elecciones generales de marzo de 1979 ganó UCD seguido del PSOE (al que se
incorporó el PSP de Tierno Galván). En tercer lugar quedó el PCE, y, en cuarto, la Coalición
Democrática (formada principalmente por Alianza Popular y el Partido Demócrata Popular). No obstante, al igual
que en 1977, el partido del Gobierno no ganó con mayoría absoluta, sino con
mayoría simple. Por ello, necesitaba pactar. Justo después de estas elecciones generales, tuvieron
lugar las elecciones municipales en las que UCD ganó de nuevo. Sin embargo, la
UCD fue mayoritaria también porque Coalición Democrática, la principal fuerza de la derecha, no concurrió. Estas elecciones fueron históricas ya que en los
cuarenta años anteriores, los alcaldes no eran elegidos por el pueblo, sino que
eran designados por las autoridades franquistas (en los municipios de más de
10.000 habitantes, por el ministro de la Gobernación, y, en los de menos, por
el jefe provincial del Movimiento, que era también el Gobernador civil). Los concejales del sistema franquista, como sabemos,
eran elegidos por tercios. Uno de ellos eran los padres de familia del
municipio (hombres, viudas y mujeres solteras de más de 25 años). Otro tercio
correspondía a los sindicatos que existían en el término municipal, y, el
último, estaba formado por concejales designados entre los concejales de los
dos tercios anteriores entre las personas más importantes del citado término
municipal, o entre los pertenecientes a asociaciones culturales. Por ello, un
sistema completamente orgánico. Sin
embargo, las elecciones de 1979 fueron las primeras en las que se aplicaba el sufragio inorgánico a nivel local. El período posterior a 1979: En el año y medio que siguieron a las elecciones generales
de marzo de 1979, se produjo la caída como político y como presidente de Adolfo
Suárez. En realidad, el presidente del Gobierno cometió varios
errores que le desgastaron mucho. El primero de ellos tuvo lugar en el propio debate de investidura para la
formación de un nuevo gobierno. En este caso, el presidente pretendió una
votación sin debate, con lo que demostró desconocer los mecanismos del
parlamentarismo democrático.
En cuanto a la composición de este nuevo gabinete, los
ministros eran menos brillantes intelectualmente que en el anterior, pero, al
menos, este gobierno tendió a superar las baronías
autónomas (en palabras de Javier Tusell).
En este período se percibió el impacto de la crisis
económica como consecuencia de la elevación de los precios de los recursos
energéticos, además de los problemas derivados de los nacionalismos
periféricos. Como ejemplo de estas tensiones tenemos las primeras elecciones autonómicas, de marzo de 1979. En ellas vencieron los nacionalistas. Cuando
en febrero de 1980 se planteó el acceso de Andalucía a la autonomía con un
techo competencial inferior al que disfrutaban las regiones con precedentes
históricos, los andaluces protestaron por sufrir un agravio comparativo. El
Gobierno fomentó la abstención en contra del Estatuto (que sería adoptado por
la vía del artículo 151, en vez del artículo 143, que era la vía general para el resto de autonomías),
por lo que algún miembro del Gobierno dimitió (el andaluz Manuel Clavero). Es decir, hubo tensiones porque había políticos que defendían un acceso a la autonomía en igualdad de derechos que Cataluña, Galicia o el País Vasco (la vía del artículo 151), y otros que defendían la utilización de la vía del artículo 143, la general. Esta crisis benefició al PSOE. Por tanto, la
consecuencia política de las medidas sobre la organización del Estado fue el
debilitamiento del partido del gobierno. Debilitamiento que se agudizó por las
disputas internas por causas ideológicas, pero también por motivos de filiación
En mayo de 1980 Suárez nombró un nuevo gobierno en el que
la figura más descollante era Fernando Abril Martorell, el vicepresidente del
Gobierno, un hombre muy trabajador y eficaz en asuntos económicos,
pero mal parlamentario que acabó creando problemas en el seno de su propio
partido por su exceso de poder. Era el segundo gobierno parlamentario de Suárez y las tensiones eran demasiado importantes. A todo ello se sumó la actitud del PSOE, que sometió a UCD a un voto de
censura al acusar a Suárez de dirigir de forma demasiado personalista el
partido y el gobierno. Como consecuencia, se creó una Comisión permanente de
UCD, que en septiembre de 1980 se constituyó como nuevo gobierno en el que se
prescindió del polémico Fernando Abril Martorell, pero no se frenó el proceso
de descomposición del partido gubernamental. Por ello, la desintegración de UCD
no se puede achacar sólo a Suárez, sino a la actitud de los dirigentes de UCD.
Y, en este momento de crisis institucional, incluso
algún socialista llegó a hablar de un gobierno
de gestión presidido por un militar. Es decir, la solución propuesta por alguno de los golpistas del 23-F
A raíz de todas estas presiones, Suárez presentó su
dimisión como Presidente del Gobierno el
29 de enero de 1981, pese a que lo previsto era que siguiera en el poder hasta 1983, cuando concluía
A lo largo del proceso de transición a la democracia,
sólo cuando el Gobierno legalizó al PCE, hubo reales posibilidades de una
acción de los militares. Anteriormente manifestaban su malestar dimitiendo de
los cargos que ostentaban, pero nada más. El Ejército provenía de un régimen en el que había
desempeñado un papel muy relevante que trascendió más allá de una función defensiva
ante el exterior, ya que, como en todo sistema represivo, era el garante del
orden público. Esta situación iba a cambiar con la llegada de la democracia.
Además, el Ejecutivo redujo el porcentaje del PNB
destinado a defensa, pese a que el número de profesionales ha sido considerado
demasiado alto por algunos historiadores. Y, a finales de 1978, se modificaron
las reales ordenanzas que limitaban la jurisdicción militar y en 1980 se cambió
parcialmente el Código de Justicia Militar así como los principios básicos de
la organización castrense por medio de una Ley Orgánica.
Sumado a todo esto, la comentada legalización del PCE.
Evidentemente, el resultado era un fuerte malestar entre algunos militares,
como el teniente coronel de la Guardia Civil Tejero, el teniente general Torres
Rojas y el teniente general Milans del Bosch.
Como consecuencia de este descontento (que ya había
cristalizado en el intento de golpe de Estado, en 1978, en la operación Galaxia) el gobierno relegó a puestos de menor importancia o peligrosidad a
los militares potencialmente más peligrosos.
Y en todo este clima, la descomposición del partido
del gobierno, UCD: se facilitaba así el clima conspirador, que se tramaba desde
Además, ante la crisis gubernamental, hubo
personalidades como Tamames desde la izquierda, u Ossorio desde la derecha, que
comentaron la posibilidad de formar un gobierno de carácter excepcional
presidido por un militar, demostrando lo que algunos historiadores como Tusell
han calificado como actitud irresponsable.
Los hechos concretos del 23-F ocurrieron en la noche del 23 al 24 de febrero de 1981,
durante la segunda votación para la investidura del sucesor de Adolfo Suárez en
la Presidencia del Gobierno. En ese momento, el teniente coronel Tejero tomó
con alrededor de 400 guardias civiles el Congreso de los Diputados, secuestrando
a los allí presentes, esperando a la autoridad
militar competente que decidiera lo que se tenía que realizar. Y lo hizo en nombre del rey. Es decir, los
golpistas, con ese golpe de mano,
pretendían deponer al Gobierno legítimo e imponer una solución a los
representantes de la soberanía nacional. Sin embargo, no iba a ser tan fácil hacerse con las
riendas del Estado. Los golpistas necesitaban una sublevación militar en la
periferia, y, en principio, el teniente general Milans del Bosch, capitán
general de valencia, así lo hizo en la Región Militar en la que estaba
destinado, al sacar los tanques a la calle. Este militar esperaba órdenes del
Comandante en Jefe de las Fuerzas armadas, el Rey.
El resto de los generales no siguieron los actos del
sublevado, pese a que en Madrid el teniente general Torres Rojas iba a intentar
sublevar la División Acorazada Brunete. Los golpistas tampoco logran el apoyo
del monarca, quien no autorizó la presencia en el Congreso del general Armada (una
de las posibles soluciones a la crisis institucional del Gobierno), o del
citado Milans del Bosch. Es más, el momento decisivo de la derrota del golpe de
Estado fue la intervención de don Juan Carlos en televisión.
Ø Los altos mandos militares que cumplieron con su
deber, como Gabeiras, Quintana Lacaci, Aramburu Topete (de la Guardia Civil) y
Sáenz de Santamaría (director de la Policía Nacional).
Ø Las deficiencias en la conspiración, en la que no
había un líder claro, además de la incompatibilidad de los principales
Como consecuencia del golpe, se desprestigió todo tipo de conspiración
militar, y se fortaleció la institución monárquica. Además, entre otros
aspectos, en el seno del Ejército se abolió la obligatoriedad, definida dentro
de las Ordenanzas de Carlos III, de
obedecer sin cuestionamiento, las órdenes de un superior.
La persona que sugirió Adolfo Suárez como su sucesor
al frente del Ejecutivo fue Leopoldo Calvo Sotelo. Este político ya había
desempeñado puestos como procurador en Cortes por el tercio sindical, durante
el régimen franquista. Por ello, procedía del sistema político del general
Franco, durante el cual había sido un monárquico juanista. Como consecuencia,
era más derechista que el presidente saliente, pero también más sólido.
Su gobierno se tuvo que enfrentar a problemas
económicos como los generados por la segunda subida de precios del petróleo
(provocada entre otros factores por la excesiva dependencia energética del
exterior y ante la que sólo logra reducir el crecimiento de los precios y una
parcial moderación en el crecimiento del paro) o sociales como el del aceite de
colza adulterado que provocaron su deterioro político. Como solución a esta
subida de precios propuso la moderación salarial para frenar la inflación y
mantener la inversión exterior, que era necesaria para la entrada de tecnología
que sustituyera la mano de obra humana por la maquinaria. Como méritos suyos cabe citar:
Ø El juicio a los culpables del 23-F (en 1982 se juzgó a
32 personas).
Ø La Ley de Defensa de la Constitución, que reprime
cualquier intentona golpista.
Ø La LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso
Autonómico) que fue aprobada sin los vascos ni los catalanes ni comunistas.
Constituyó la concreción del Título VIII de la Constitución de 1978, puesto que
las autonomías sabían, con ella, a qué competencias podían aspirar y a cuáles
no. Así, la mayoría de los Estatutos de Autonomía se aprobaron bajo esa ley,
aunque dos años más tarde fue declarada anticonstitucional. Ø El ANE (Acuerdo Nacional por el Empleo, firmado por el
PSOE). Ø La Ley de Divorcio de marzo de 1981 que desembocó en
el primer caso de indisciplina parlamentaria por parte del sector más
conservador de UCD.
Ø La Ley de Autonomía Universitaria, que se pactó con el
PSOE y que generó la indignación de la derecha del partido. Por ello, no se llegó a aprobar.
Ø El intento de regulación de la televisión privada, que
tampoco se llegó a aprobar.
Ø La entrada en la OTAN, en diciembre de 1981, que fue
ratificada por el PSOE en 1986
embargo, tuvo que enfrentarse a un segundo intento de golpe de Estado militar,
descomposición de UCD
La descomposición del partido del Gobierno fue
simultánea a la del Gobierno mismo. Había demasiadas divergencias ideológicas,
que eran lógicas en un partido político, pero UCD no estaba consolidado como
tal. De esta forma, hubo un goteo ininterrumpido de abandonos de UCD. Estos
políticos, o bien desembocaron en otros partidos, o bien crearon unos nuevos.
Uno de ellos fue Suárez, quien no dimitió sólo como Presidente del Gobierno,
sino como Presidente del partido, cargo para el que fue elegido Agustín
Rodríguez Sahagún. Mientras tanto, Fernández Ordóñez, del sector
socialdemócrata, dimitió. El partido se estaba descomponiendo, pese a que Calvo
Sotelo sustituyó a Rodríguez Sahagún. Y, en 1982, el goteo de personalidades
centristas que abandonaron el partido gubernamental continuó con el paso de
Miguel Herrero de Miñón a AP y de Fernández Ordóñez y otros al Grupo Mixto. Es
decir, se escindieron, fundamentalmente, los socialdemócratas, que acabarían en PSOE (Fernández Odóñez) y los democristianos, que desembocaron en AP
(Herrero de Miñón). En ese 1982, en las elecciones autonómicas andaluzas,
ascendió AP y UCD retrocedió. Suárez, que ya había abandonado su partido, fundó
el Centro Democrático y Social (CDS),
y Óscar Alzaga y otros, el Partido
Demócrata Popular, de corte democristiano. Otros políticos centristas
fundaron el Partido Demócrata Liberal.
De esta forma, cuando Calvo Sotelo disolvió las Cortes en agosto, UCD casi
estaba liquidado por completo. En realidad no existió nunca como partido
político consolidado y no llegó a calar en la sociedad.
El descalabro de UCD presentó excelentes oportunidades
para el PSOE. Pero para ello antes se tuvo que transformar. Este cambio se
desarrolló en los dos congresos del partido en 1979 (XVIII y XVIII bis) en los que pasó de los
tradicionales planteamientos radicales del socialismo a posturas reformistas,
como estaba ocurriendo en todo el socialismo europeo. Es decir, que se fue
eliminando el marxismo de los
fundamentos ideológicos del partido. Una eliminación que no fue nominal, pero
sí fue real. Todo empezó cuando Felipe González, en el Congreso de mayo de 1979
(el citado XVIII Congreso del PSOE), renunció al marxismo, anunciando que había
que ser socialistas antes que marxistas.
En septiembre, en el XVIII bis, tras
las elecciones generales de marzo, y las municipales de abril, el PSOE decidió renunciar al marxismo, aunque
nominalmente no lo hizo del todo. El
partido estaba entonces implantado sobre todo en las clases medias y entre gran
parte de los profesionales liberales, que no iban a aceptar la pervivencia de
ese principio revolucionario. En este proceso de transformación, ejerció un papel
muy importante el ascenso a la dirección del partido del equipo dirigido por el
citado Felipe González, un joven abogado que procedía del catolicismo de
izquierdas. Éste líder consideraba que el Partido Socialista debía desplazarse
al centro político desplazando del mismo a UCD pero para ello el marxismo tenía
que desaparecer como principio ideológico. Ahora bien, aunque el monoteísmo marxista hubiera desaparecido,
continuó su mensaje radical en aspectos como las libertades, el desarrollo
constitucional, el federalismo, las relaciones económicas (en las que el
mercado es un medio y no un fin), las medidas ante la crisis económica
(estimular la demanda para aumentar un déficit que genere un reparto del
trabajo) y en política exterior (no a la OTAN y una relación estable con el
Movimiento de los No Alineados).
De esta forma, dentro del partido había dos
tendencias: la radical, marxista, que incluso quería pactar con los comunistas,
y la reformista de Felipe González. En el congreso de septiembre, el citado XVIII bis, la que venció fue ésta
última, la del socialismo democrático. El PSOE empezaba a prepararse para
disputar el poder a la UCD. La estrategia a la que recurrió el Partido para llegar
al poder se basó en un ataque a la formación de Suárez, a la que se acusó de
conservadora, sobre todo en el caso del gobierno de Calvo Sotelo. Esto fue muy
fácil por las divergencias internas en el partido gubernamental y por la
carencia de un rumbo claro.
El PCE, por su parte, se adscribió al eurocomunismo, que implicó la
desaparición del leninismo como premisa ideológica básica, aunque esta
formación continuaba defendiendo la dictadura del proletariado.
El PCE no era un partido monolítico, y tras las
elecciones de 1979, las tensiones internas que también sufre estallaron. La
consecuencia fue la escisión del comunismo catalán, que cayó en la ruina.
Por otro lado, el eurocomunismo de que hacía gala fue
cuestionado ante los sucesos de Polonia, donde un sindicato democrático (Solidaridad) era el principal opositor
del régimen comunista. En este caso, el PCE no reaccionó con firmeza, y, como
consecuencia, sufrió una sangría de votantes que se decantaron por el PSOE.
Las elecciones generales de octubre de 1982 marcaron,
para muchos autores, el final de la Transición a la Democracia en España. Las
razones fueron varias:
Ø UCD, el grupo político protagonista por excelencia,
fue desplazado y prácticamente desapareció. El PSOE inició un período de
victorias electorales que le permitieron desarrollar un programa político
pragmático. Ø Su sustituto fue un partido político en el que casi no
había elementos del régimen anterior. Por ello, no había atisbos de
continuismo. El PSOE que había abjurado del marxismo-leninismo. Incluso decidió
la entrada en la OTAN. Ø Casi ni había posibilidades de golpe de Estado.
En estas elecciones el partido que ganó, y lo hizo de
forma aplastante, fue el PSOE, que captó casi el 50% del voto comunista y el
30% del voto centrista. Así llegó a los diez
millones de votantes. Venció, por tanto, en todos los sectores profesionales y
de ocupación excepto entre los empresarios medios y pequeños. Principalmente,
entre los obreros industriales y también entre más de 1/3 de los agricultores,
tradicionalmente de mentalidad más conservadora.
La coalición AP-PDP también experimentó un ascenso, mientras
que UCD se derrumbó y el PCE obtuvo unos bajísimos resultados. En cuanto a los
nacionalistas vascos y catalanes, sus resultados fueron estables.
Con este proceso electoral España de forma efectiva
entró en un nuevo período, el democrático.
Durante la Transición predominó la política interna
sobre la exterior, lo cual era lógico. Sin embargo, con la estabilización y la
consolidación de la democracia el Gobierno trató de europeizar España y adecuarse a las estructuras políticas del mundo
El final del franquismo, si bien es cierto que a raíz
de la guerra fría el régimen se
benefició de la consideración de centinela
de occidente por el bloque capitalista y que la inserción en el contexto
internacional se estaba logrando sobre todo desde los Pactos con Estados Unidos
y desde el Concordato con la Santa Sede, no se terminó de salir de un cierto
aislamiento. De hecho, en los funerales de Franco no estaban presentes los jefes
de Estado o de gobierno de la Europa democrática. Otro ejemplo fue Francia, que
puso muchas objeciones a la entrada de España en el Mercado Común y tampoco
facilitaba la lucha contra el terrorismo.
Por otro lado, es cierto que el socialismo europeo apoyó
al socialismo español y que AP recibió la ayuda del CSV de Baviera, pero hubo muy
poco de relaciones exteriores de Estado a Estado.
Respecto a las relaciones con la Santa Sede, el gobierno
de Arias Navarro renunció al derecho de presentación y el Vaticano al
fuero eclesiástico. Así, las
estructuras políticas del Estado se secularizaban
Este proceso continuó tras la promulgación de la Constitución de 1978,
cuando el Concordato de 1953, en
puridad, dejó de existir. Sin embargo, el Gobierno de UCD y la Santa Sede
firmaron varios acuerdos el 3 de enero de 1979. Uno de ellos versa sobre
asuntos jurídicos, otro se encarga de Enseñanza y Asuntos Culturales, y otro
sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de
los religiosos. No obstante, y pese a la teórica separación entre la
Iglesia y el Estado, estos acuerdos, que forman el actual régimen concordatario
español, como ya hemos visto, aún ocasionan fricciones entre opciones políticas
y movimientos de orientación católica, y aquellos que defienden una radical
separación entre los asuntos de la Iglesia y los del Estado, sobre todo
teniendo en cuenta el actual texto constitucional. Otro punto espinoso fue la descolonización del Sahara
español, demasiado precipitada, lo cual generó una situación muy difícil para
el pueblo saharaui, muy presionado por Marruecos.
Respecto al Este de Europa, a principios de 1977 se
restablecieron relaciones democráticas plenas.
En cuanto a Europa Occidental, tras la promulgación de
la Constitución de 1978 España, como nuevo país democrático, era un candidato a
la entrada en el Mercado Común europeo. Sin embargo, como se ha comentado, la
Francia de Giscard d’Estaing mostró muchas reticencias.
En cuanto a las relaciones con Gran Bretaña, éstas
mejoraron en esta etapa. De hecho, por primera vez se planteó la cuestión de la
soberanía sobre el Peñón, pero el
entre Argentina y el Reino Unido impidió el avance de las negociaciones. Sobre la entrada en la OTAN, la UCD no se pronunció
con claridad. España fue invitada a entrar por todos sus miembros, pero el PSOE
hizo que la opinión pública española se negara a ello.
En otros aspectos, como la crisis de Oriente Medio,
España reconoció el Estado de Israel.
La situación económica durante el período estuvo muy
marcada por la situación de crisis internacional a raíz del petróleo. De hecho,
cuando el precio del crudo se triplicó a principios de los setenta, supuso un
golpe durísimo para la economía nacional. De esta forma, se redujo en 1/5 la
capacidad adquisitiva de los españoles, con lo que aumentó la deuda exterior y
la balanza de pagos se desequilibró.
Las medidas adoptadas por la UCD en este contexto
fueron calificadas de socialdemócratas por la patronal, entonces dirigida por
Carlos Ferrer Salat. Com o consecuencia, la UCD sufrió una importante erosión
desde la patronal. La situación era complicada porque el efecto de la
primera subida del petróleo no desapareció en 1979, cuando tuvo lugar la
segunda. Esto se debió a que una política económica contundente sólo sería
posible si había un sistema sólidamente implantado y si el partido en el
gobierno disfrutaba de una mayoría parlamentaria consistente. Pero no era el
caso de la UCD. De ahí que la crisis económica no se superó de forma definitiva
hasta 1985-1986, cuando el PSOE ya estaba consolidado. Por tanto, la transición a la democracia tuvo lugar en
un contexto económico claramente negativo: bancarrota estatal, una inflación
que llegó al 30%, etc. y aquí se desarrollaron los ya comentados Pactos de la Moncloa, por medio de los
cuales el Gobierno trató de conseguir la paz social gracias a una reforma
fiscal y a un aumento de los servicios sociales. Los Pactos de la
Moncloa fueron firmados por el
gobierno de Adolfo Suárez y por la oposición, y sus premisas básicas fueron las
Ø Se firmaron en octubre de 1977 y su duración fue de un
Ø Los firmantes acordaron moderar los salarios y limitar
los créditos, para controlar los precios y contener la inflación. Ø El Gobierno promocionó obras públicas para frenar el
Ø Se reformó el sistema tributario, tratando de hacerlo
más equilibrador, etc.
se pueden comentar las siguientes:
o Se redujo la
inflación a la mitad.
o Se disminuyó el
déficit de la balanza de pagos, ya que, al reducirse la inflación, la moneda se
fortaleció y las importaciones disminuyeron su valor. o Se produjo un
ligero aumento de los costes de crecimiento.
o Crecieron las
exportaciones en el sector terciario, con lo que mejoró la balanza de pagos.
o Se reforzó la
peseta al reducirse la inflación. Ø Aspectos
o Hubo un nulo
control sobre los precios.
o Se establecieron
topes salariales para controlar la inflación, que redujeron la capacidad
adquisitiva de la población. o Aumentó el
En el período entre 1979 y 1982 el desencuentro
político hizo muy difícil que se firmara otro pacto similar a los Pactos de la
Moncloa, y sólo se adoptaron medidas coyunturales en aspectos como política
monetaria y presupuestaria, como las siguientes:
Ø El Plan Energético Nacional de 1979, determinado con
perspectivas demasiado idealistas. Como consecuencia, las empresas eléctricas
tuvieron importantes problemas financieros.
Ø La reconversión industrial, que empezó en 1981 (cuando
en otros países hacía ya mucho que se había iniciado), durante el período de
Ø Para algunos autores, irresponsabilidad en el gasto
Todo ello generó un fortísimo paro aunque éste está
también estuvo provocado por otras causas, como el retorno de inmigrantes que
volvían de Europa y por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
Por otro lado, se acometió la reforma fiscal con proyectos
de ley sobre:
Ø IRPF. Ø Impuesto sobre Sociedades.
Ø Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Ø Impuesto sobre el Valor Añadido (impuesto indirecto). Ø Régimen transitorio de la Imposición Indirecta.
Evidentemente, se trató de una reforma fiscal muy
profunda que constituía la base de la reforma económica. De hecho, el trasfondo
fue la adopción de medidas fiscales socialmente equilibradoras, pero se logró
poco más. Como consecuencia, hubo un crecimiento económico
negativo en 1980 y 1981.
La estructura social española estaba cambiando: se
asistió a un aumento de la clase media y a una reducción de la población activa
agraria en beneficio del sector secundario y terciario, sobre todo de éste último.
Por tanto, la economía sufrió un proceso de terciarización. Ahora bien, este
cambio estructural venía ocurriendo desde los años sesenta. En la Transición,
como en los años 70 influyó considerablemente la crisis del petróleo, aunque hubo una terciarización las condiciones
laborales fueron muy duras. La
dureza de la vida se puso de manifiesto en las manifestaciones a favor de un
proceso democrático que no sólo desembocase en la democracia, sino en un
sistema de relaciones laborales que aliviase la crisis. Por ejemplo, los sucesos de Vitoria son un caso
representativo. Así
pues, fue necesario llegar a un pacto
social. Este pacto fueron los Pactos
de la Moncloa. Respecto a los aspectos demográficos, la Tasa Bruta de
Natalidad se redujo considerablemente, en parte por la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo. También se redujo por los cambios en las
estructuras mentales y en la jerarquía de valores, y por los gastos que
comporta el mantenimiento de los hijos en una sociedad que ya es de consumo. No
obstante, estos datos aún eran diferentes al resto de Europa Occidental.
En cuanto a la Tasa de Mortalidad, la mejora de las
condiciones médicas implicó una reducción de este indicador. En lo referente a las creencias, la sociedad española
experimentó una progresiva secularización tanto de sus valores como de sus
prácticas de vida, y el catolicismo practicante mermó claramente. Así pues,
aunque a finales del franquismo el catolicismo fue un elemento opositor, con la
recuperación de las libertades fue una seña de identidad de opciones políticas
conservadoras. CULTURA
En los momentos finales del franquismo, la cultura y
los intelectuales reaccionaron frente a él dando lugar a una fecunda creación
intelectual y artística. No obstante, las nuevas tendencias no cristalizaron
hasta mucho después de 1975, cuando se recuperaron las libertades. En estos momentos se recuperó la tradición intelectual
quebrada tras la guerra civil y que tuvo como estandartes a Alberti, Lorca,
Sánchez Albornoz, Valle Inclán, etc. es decir, autores de talla intelectual,
pero que estaban proscritos por el régimen franquista, pudieron volver a España
y retomar su actividad. Por otro lado, la cultura se popularizó y se percibió
un aumento de los asistentes a las exposiciones así como un incremento de los
libros editados. Sin embargo, aún no se
liberalizó la industria del libro.
En otros espectáculos como el cine o el teatro, la
escasa protección que las autoridades dispensaron, conllevó una reducción en el
número de espectadores. Además, hay que citar que no siempre se respetó la
libertad de expresión. Por ejemplo, en 1980 el Juzgado Militar número 5 decretó
el secuestro de la película de Pilar Miró El
crimen de Cuenca, o el proceso del Juzgado Militar número 6 contra Miguel Ángel
Aguilar, entonces director de Diario 16
por un artículo sobre intentos de golpe de Estado. Asimismo, Juan Luis Cebrián, entonces director de EL
PAÍS, fue condenado a tres meses de reclusión por un editorial. De todo esto se
deduce que las libertades se restablecieron, pero no en su totalidad, y, de
hecho, se necesitó un tiempo para que se normalizaran en toda su extensión. En otras facetas del arte, se pasó de un compromiso
militante de muchos artistas a nuevas corrientes basadas en el arte
por el arte, como ocurrió en las artes plásticas. Es decir, los artistas
fueron paulatinamente abandonando la
postura de arte de denuncia, como
había ocurrido en el cine El crimen de
Cuenca, de Pilar Miró, la Nova cançó
catalana, etc. para pasar a preocuparse más por unas manifestaciones artísticas
que sólo pretendían el goce estético. Otros aspectos como la educación, no hubo cambios
reales hasta poco antes de 1982, ni siquiera en lo que atañe a la Universidad.
No obstante, desde 1975 el sistema educativo, basado en la Ley Villar-Palasí de
1970, experimentó un incremento de los estudiantes de enseñanzas medias (el BUP
y el COU, así como el FP) y una elevación del índice de feminización de todo el
sistema educativo. Sí que hubo cambios importantes, como la Ley de
Autonomía Universitaria, o la Ley Orgánica de desarrollo del Estatuto de los Centros
Escolares (que generó un amplio movimiento opositor entre los reformistas de
UCD, por lo que contribuyó a la erosión de Suárez). Éste último instrumento fue
una ley que trataba de desarrollar, desde una perspectiva conservadora, el
artículo 27 de la Constitución. Por ello fue recurrida, y nunca llegó a entrar
en vigor. Publicado por
Ya sabemos que, tras la dimisión de Adolfo Suárez, era necesario encontrar un recambio al frente del Gobierno, pero que saliera de UCD, el partido que había ganado (con mayoría simple) las elecciones de 1979. El elegido fue Leopoldo Calvo Sotelo, que pertenecía al ala conservadora de UCD.
El día de la votación de la investidura de este candidato, varios guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero, entraron en el Congreso de los Diputados, como hizo en 1874 el general Pavía. El objetivo era detener el proceso de investidura y acabar con la soberanía nacional de la Constitución de 1978. Sin embargo, la actuación del rey, que era por la Constitución (y por las Leyes Fundamentales del Franquismo, ya abolidas), el capitán general del Ejército, fue clave. Desde su posición de cúpula del estamento militar, hizo un llamamiento a los militares para que no se sumasen al golpe, y, de esta forma, ese intento se abortó. Como consecuencia, el gobierno de Calvo Sotelo pudo establecerse e iniciar su andadura. Así pues, continuando la política de CONSENSO del segundo gobierno de Suárez, inició un paquete de medidas para terminar el proceso de transición hacia la recuperación de las libertades. En este gobierno la tarea más importante fue superar el golpe de Estado y sus consecuencias.Así pues, un elemento muy importante fue la Ley de Defensa de la Democracia, de marzo de 1981, que trataba de proteger al Estado contra la violencia terrorista de ETA y los golpistas de extrema derecha. Bajo su mandato, varias autonomías consiguieron aprobar sus estatutos. Como resultado, el sistema autonómico previsto en la Constitución se extendió a 11 Comunidades Autónomas, unas por la vía rápida, y otras por la vía del artículo 143, la más lenta. Sobre esta cuestión es necesario recordar que entre 1979 y 1983 se iban a crear las actuales 17 comunidades autónomas. Así pues, de ellas 11 se habían creado antes de 1982, fecha de las elecciones generales que llevaron al PSOE al poder. El 25
de Octubre de 1979 se habían aprobado los estatutos del País Vasco y Cataluña, y el resto con posterioridad
a estas fechas desarrollándose, a continuación, las elecciones para elegir a los
respectivos parlamentos. En el caso de Cataluña y País Vasco, la victoria electoral fue
para los partidos nacionalistas, CiU en Cataluña, a cuyo frente estaba Jordi Pujol, y el
PNV en el País Vasco, presidido por Carlos Garaikoetxea. En 1980 se aprobó la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas, cuya finalidad era regular los mecanismos de financiación de las
Autonomías a fin de que pudieran hacer frente a los gastos derivados de las
competencias que asumían. Por esta ley, todos los ingresos iban a parar al Estado que
luego asignaba a cada comunidad las cantidades acordadas según el gasto público de cada autonomía, y según el grado de aportación a las arcas del Estado (con exclusión del "cupo vasco"). En política interior, un problema muy importante fue la radicalización de los problemas sociales como efecto de la "segunda crisis del petróleo", lo cual se agravó por la cuestión del "aceite de colza adulterado", un aceite muy barato que provocó problemas de salud gravísimos. Esta cuestión estaba relacionada con el deterioro de los niveles de vida de los más desfavorecidos por efecto de la comentada crisis económica. Otra cuestión muy debatida fue la "Ley del Divorcio", que iba a crear fuertes tensiones con el sector católico, pero que era necesaria para avanzar en la secularización del sistema político. A nivel exterior, el gobierno de Calvo Sotelo se caracterizó por la entrada de España en la OTAN, la alianza militar que cubría la zona del Atlántico Norte y que se oponía al "Pacto de Varsovia" del bloque soviético. España ya estaba en el concierto internacional, lo cual se aceleró con las conversaciones para entrar en la CEE. Por último, como ya se ha apuntado, el gobierno convocó elecciones generales para 1982. En ellas la UCD, debilitada por la salida por la derecha de políticos hacia Alianza Popular (que se incluyó en coalición con el Partido Demócrata Popular) y por la izquierda hacia el PSOE, además de Suárez, que creó el Centro Democrático y Social (CDS), perdió de forma estrepitosa. La primera fuerza política pasó a ser el PSOE, pasando de los 200 escaños. La segunda fuerza, la derecha de Fraga (AP-PDP), y, más lejos, el PCE. Se habían puesto los cimientos de nuestro actual sistema de partidos
La distribución de competencias según la Constitución española de 1978
Como sabemos, con la llegada del sistema democrático se trató de resolver uno de los problemas más importantes que fueron generando conflictos a lo largo del proceso de construcción, consolidación y crisis del sistema liberal. Estos conflictos fueron una de las causas de la Guerra Civil, y fueron solucionados durante el sistema franquista mediante una centralización. Con la recuperación de la soberanía nacional, era necesario tratar de resolver este problema. Para ello, los "padres de la Constitución" redactaron los artículos 1 y 2 del texto, así como el Capítulo VIII, fundamentalmente. En estos artículos se defiende que, aunque la soberanía sea sólo una, y resida en el pueblo español, existe la capacidad de los territorios que lo deseen, de dotarse de una "autonomía", entendida de forma diferente según se trate de autonomía universitaria (art. 27.10), o de los municipios, provincias y comunidades autónomas, que son los "entes autonómicos" en el texto de 1978 (recuérdese que en el de 1931 eran las regiones autónomas). Como la autonomía en términos de entes autonómicos se entiende como la capacidad de un territorio y de los ciudadanos que viven en él, de dotarse de un ordenamiento jurídico entero y completo, pero que encaje en los preceptos de soberanía española de la Constitución (artículo 2, por ejemplo), se han previsto varios tipos de competencias a los que las Comunidades Autónomas pueden optar, dependiendo de la vía de que han gozado para llegar a esa autonomía. Así pues, mientras que la vía "rapida", o sea, la del artículo 151, permite todas las competencias previstas en la Constitución, las de la vía "lenta", la del artículo 143, sólo pueden tener las competencias del artículo 148 durante 5 años. Si hubieran querido ampliarlas, deberían modificar su Estatuto de Autonomía, que es el texto propio en el que estas competencias se especifican. Respecto a los tipos de competencias, hay una lista que pueden asumir las Comunidades Autónomas, que aparece en el artículo 148. Estas serían las que aparecieron en los estatutos de autonomía de las CCAA que llegaron a este status mediante la vía del artículo 143, pero sólo por cinco años. Después ampliaron estas competencias. Las competencias exclusivas del Estado, que son las que aparecen en el artículo 149.1, y que son de "legislación básica", mientras que, en estas cuestiones, las CCAA pueden legislar, pero con legislación "de desarrollo" o de concrección, y las pueden ejecutar. Otras competencias son las materias no reservadas al Estado central, pero que tampoco aparecen en el artículo 148. Son las del artículo 149.3
A éstas se suman la competencia residual del Estado, del artículo 149.3, aunque e Estado puede delegar competencias exclusivas propias, a las CCAA, mediante el artículo 150. Con todo este sistema, se ha creado un modelo de organización territorial del Estado en el que las Comunidades Históricas, esto es, Andalucía, Cataluña, Galicia y el País Vasco, lograron el máximo techo de competencias desde el primer momento, desde la aprobación de sus Estatutos de autonomía. El resto, las que siguieron el artículo 143 como vía de acceso, se tuvieron que conformar, como ya hemos apuntado, con las competencias que aparecen en el artículo 148 durante cinco años, hasta que modificaron sus Estatutos de autonomía. Con ello se trataba de dejar una vía abierta al diálogo entre los que consideraban que el término nacionalidades que aparece en la Constitución podría suponer la ruptura de España, y los que lo veían insuficiente para sus aspiraciones, sobre todo de autodeterminación. El tiempo dirá y dictará sentencia, porque el asunto aún no está resuelto. Publicado por
El 1 de marzo de 1979 tuvieron lugar las segundas elecciones generales del nuevo sistema político. UCD no consiguió la mayoría absoluta sobre el PSOE, pero fue relativamente cómoda (47 escaños más).
Las elecciones locales de abril de 1979
El día 3 de abril de 1979 tuvieron lugar las elecciones a ayuntamientos. Fue la primera vez en cuarenta años que los entes locales eran elegidos de forma inorgánica, y no como prescribía la LOE franquista, o como se hacía anteriormente, cuando las corporaciones municipales eran designadas por las autoridades del régimen.
En cuanto al resultado, ganaron las izquierdas, ya que en muchas localidades el PSOE y el PCE fueron juntos a las elecciones. Como resultado, el Gobierno de UCD sufrió una erosión aún más fuerte.

References: artículo 151
 artículo 143
 artículo 151
 artículo 143

artículo 27
 artículo 143
 artículo 151
 artículo 143
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 143
 artículo 149
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 150
 artículo 143
 artículo 148