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Timestamp: 2020-08-03 21:01:53+00:00

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Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de Febrero de 2001. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Serie C No. 72 - Jurisprudencia - VLEX 428297946
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de Febrero de 2001. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Serie C No. 72
Caso: Baena Ricardo y otros Vs. Panamá
Solicitante: Paraguay
Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá
Sentencia de 2 de febrero de 2001
En el caso B.R. y otros,
de conformidad con los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia sobre el presente caso.
El 16 de enero de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra la República de Panamá (en adelante “el Estado” o “Panamá”) que se originó en una denuncia (No. 11.325) recibida en la Secretaría de la Comisión el 22 de febrero de 1994. En su demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y los artículos 26 y siguientes del Reglamento. La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación, por parte de Panamá, de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos); 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno); 8 (Garantías Judiciales); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 10 (Derecho a Indemnización); 15 (Derecho de Reunión); 16 (Libertad de Asociación); 25 (Protección Judicial), y 33 y 50.2 de la Convención, como resultado de
los hechos ocurridos a partir del 6 de diciembre de 1990 y especialmente a partir del 14 de diciembre de dicho año [, fecha] en que se aprobó la Ley No.25, [con base en la cual] fueron arbitrariamente destituidos de sus cargos 270 empleados públicos que habían participado en una manifestación por reclamos laborales, a quienes se acusó de complicidad con una asonada militar. Posteriormente a[l despido arbitrario de dichos trabajadores], en el procedimiento de sus quejas y demandas[,] se cometieron en su contra una sucesión de actos violatorios de sus derechos al debido proceso y [a] la protección judicial.
ASIMISMO, LA COMISIÓN SOLICITÓ A LA CORTE QUE DECLARARA QUE LA LEY 25 Y LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PANAMÁ SON CONTRARIAS A LA CONVENCIÓN, POR PERMITIR LA RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES Y QUE, EN CONSECUENCIA, DEBEN SER MODIFICADAS O DEROGADAS CONFORME AL ARTÍCULO 2 DE DICHA CONVENCIÓN. LA COMISIÓN TAMBIÉN SOLICITÓ A LA CORTE QUE REQUIRIERA AL ESTADO QUE RESTABLEZCA EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS A LOS 270 TRABAJADORES Y REPARE E INDEMNICE A LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS O A SUS FAMILIARES, POR LOS HECHOS COMETIDOS POR SUS AGENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN.
Finalmente, la Comisión solicitó que se condenara al Estado al pago de las costas y gastos de este proceso.
Los 270 trabajadores que la Comisión considera han sido víctimas en el presente caso son: L.A.B.R., A.B.A., F.J.C., A.B.V., S.V., E.D., J.O.S., P.R., L. delC.M.N., J. de Gracia, C.A.A., F.D., E.T., F.A., L.C., R.G., R.E., I.O., I.C., C.H., T.M., D.J.H., M.R., M.M., C.A., G.Y., S.M., J.L., E.J., L.M., J.C., F.H., M. de J., A.G., M.M., H.O., S.Q., E.S., E.M.O., E.M., D.M.D., C.A.C.P., M.E.V., E.C., I.C., E.W., R.S., R.M., Y.H., G.T., E.G., A.C., M.S., F.S., J.C., J.M., R.P., A.M., M.S., L.M., G.M., C.M., H.M., G.M., A.G., L.A., L.E., C.C., O.C., E.V., R.R., C.M., L.C., R.R., R.R., W.V., M.M., Tilcia Paredes, A.D., M.M., R.I., J.A., R.B., E.F., A.C., M.T., Elberto Cobos, Y.D., M.R., I.A., A.F., R.C., N.N., J.C., E. de León, A.A., M.L., W.R., S.R., P.V., R.G., J.M., M.G., N.S., E.W., Adela De Góndola, V.J.C., D.C., G.G., Aldo D’andrea, J.R., H.P., D.R., P.V., E.M., N.A., A.G., A.G., M.P.P., R.G., C. De Ovaldia, L.B., J.G., T.G., F.C., C.P., R.H., A.C., N.C., R.L., D.J., J.P., L.C., J.A., A.A., P. De Andrade, L.E.A., S.A., J.A.A., V.A., P.A., Á.A., R.D.B., C.B., S.B., A.B., M.B., L.B., Alba Berrio, M.B., M.B., J.B., V.B., V.B., J.B., H.B., L.B., J.C., J.C., R.C., L.C., R.C., M.C., M. De Campbell, X.C., C.C., L.C., N.C., Domingo De Gracia, F.D.R.G., A. De Del Vasto, M.D.V., R.E., C.E., J.E., J.F., J.F., A.G., E.G., R.G., A.G., B.G., E.G., R.G.R., Evangelista Granja, R.G., A.G., E.M.G., R.G., M.G., A.H., F.H., M. De Herrera, M.H., P.I., D.J., R.J., J.A.K., E.L., D.L., D.L., L.A.L., G.L., D.L., C.L., Z.L., J.M., M.M., L.M., O.D.M., L.M., V.M., N.M., R.M., E.N., A.N., S.O., A.O., G.O., O.O., L.O., M.A.O., E.O., E.P., M.P., C.P., F.P., R.D.P., M.P., G.P., P.P., T.P., J.B.Q., D.R., D.R., I.M.R., R.R., S.R., V.R., L.R., A.R., A.D.R., A.D.R., I.M.R., E.R., S.L.D.R., R.R., B.S., J.S., I.D.S., L.S., J.S., C.S., T.S., E.S., T. De Sierra, S.S., E. De Solórzano, L.S., V.J.S., R.T.Y., J.T., D.T., R.T., L.T., M.U., M.V., R.V., J.V., y R.W..
Panamá es Estado Parte en la Convención Americana desde el 22 de junio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de mayo de 1990. Por lo tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso.
El 22 de febrero de 1994 la Comisión recibió en su Secretaría una denuncia hecha por el Comité Panameño por los Derechos Humanos en favor de 270 empleados públicos destituidos como consecuencia de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. El 6 de julio de 1994 la Comisión comunicó la denuncia al Estado y le solicitó que presentara la información correspondiente en un plazo de 90 días.
El 24 de julio y el 19 de octubre de 1994, la Comisión envió al Estado información adicional presentada por el reclamante y, en el último envío, le solicitó que informara en un plazo de 60 días.
El 9 de septiembre de 1994 Panamá presentó su respuesta a la Comisión, quien se la remitió al peticionario el 25 de octubre de ese año y, el 24 de enero de 1995, el reclamante presentó sus observaciones a dicho escrito, las cuales se transmitieron al Estado el 31 de enero de 1995.
El 14 de febrero de 1995 el Estado presentó sus observaciones a la información adicional que la Comisión le había remitido el 19 de octubre de 1994 y, el 1 de marzo de 1995, la Comisión las transmitió al reclamante.
El 7 de abril de 1995 la Comisión se puso a disposición de las partes para procurar una solución amistosa. A pesar de que tanto el Estado como los peticionarios manifestaron a la Comisión su interés en llegar a una solución amistosa, después de casi tres años en los cuales se celebraron tres reuniones con el fin de intentar el arreglo, “la Comisión consideró agotada la vía de la conciliación y continuó con la tramitación contenciosa” del caso.
El 16 de octubre de 1997, durante su 97o. Período de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe No. 37/97, el cual fue transmitido al Estado el 17 de los mismos mes y año. En dicho informe, la Comisión concluyó:
Que los actos de los Poderes Públicos del Estado mediante los cuales la Asamblea Legislativa […] aprobó la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990[,] el Poder Judicial la declaró constitucional en casi su totalidad y el Poder Ejecutivo le dio aplicación, [...]violaron los derechos humanos de los peticionarios[,] rechazaron todos sus reclamos, [y] son incompatibles con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Que respecto de las 270 personas en cuyo nombre se promueve el presente caso, el Estado de Panamá ha dejado de cumplir con sus obligaciones en relación con las siguientes normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 8, derecho a las garantías judiciales; artículo 9, principio de legalidad y de irretroactividad; artículo 10, derecho a indemnización; artículo 15, derecho de reunión; artículo 16, derecho a la libertad de asociación; artículo 24, derecho a la igualdad ante la ley; artículo 25, derecho a la protección judicial.
Que respecto de las mismas personas, el Estado de Panamá ha dejado de cumplir con su obligación de reconocer y garantizar los derechos contenidos en los artículos 8 y 25, en conexión con los artículos 1.1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Panamá es Estado Parte.
Que el Estado no ha dado cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que no ha adaptado su legislación a las disposiciones de dicha Convención.
Asimismo, la Comisión decidió:
Recomendar al Estado panameño que [reincorpore a] los trabajadores despedidos por la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 identificados en el párrafo Vº del presente informe, a sus puestos respectivos o a otros en las mismas condiciones en las que prestaban servicios al momento de ser destituidos; que les reconozca los salarios caídos y los demás beneficios laborales a los que tienen derecho; y que se les pague una indemnización por los daños causados por el despido injustificado del que fueron objeto.
Recomendar al Estado adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y legislativos vigentes, las medidas que fueran necesarias para hacer efectivos a plenitud los derechos y garantías contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Recomendar al Estado modificar, derogar o en definitiva dejar sin efecto la referida [L]ey 25.
Recomendar al Estado que la expresión “penar sin previo juicio” del artículo 33 de la Constitución Política de Panamá sea debidamente interpretada, para dar cumplimiento al compromiso asumido por la República de Panamá de adecuar las normas de su legislación interna a las de la Convención.
RECOMENDAR QUE LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PANAMÁ, LA CUAL PERMITE LA RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES POR RAZONES DE “ORDEN PÚBLICO” O “INTERÉS SOCIAL”, SEA ENMENDADA Y/O...

References: ARTÍCULO 43
 ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 63
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 33
 ARTÍCULO 43