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Timestamp: 2018-02-19 06:03:12+00:00

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El contrato de mandato | Serna Castejón Abogados: Abogados en Alcalá de Henares
El contrato de mandato encuentra su origen en el mandatum romano, contrato que se basaba en la relación de amistad que existía entre los dos contratantes y que, etimológicamente, vendría de manum dare o “confiar una cosa a otro”. Actualmente, podemos encontrar la regulación de este tipo de contrato en los artículos 1.709 a 1.739 de nuestro Código Civil. El primero de estos artículos se encarga de dar una definición de mandato, refiriéndose al mandato como el contrato por el cual una persona se obliga a prestar un servicio o a realizar alguna cosa por encargo o por cuenta de otra persona distinta.
Al mismo tiempo que da una definición de mandato, el artículo 1.709 CC ofrece una identificación de las dos partes que integran el contrato de mandato. Mandatario sería aquella persona que se obliga a realizar la cosa o a prestar el servicio, mientras que la que lo recibirá obtiene la denominación de mandante.
En cuanto a las características principales de este contrato, podríamos decir que son las siguientes:
Es un contrato consensual, puesto que se llega al perfeccionamiento del mismo simplemente con el consentimiento, y no es necesario que se realice ningún acto material posterior.
Rige respecto al mandato el principio de libertad de forma. Además, puede constituirse el mismo de forma expresa o de forma tácita, al igual que la aceptación. Se consideraría como aceptación tácita en el caso de que el mandatario llevase a cabo actos que puedan hacer presumir que se ha aceptado el encargo.
Es un contrato tendencialmente gratuito. De hecho, en el Derecho romano, lo que distinguía el mandato del arrendamiento de servicios era precisamente su carácter de no retribuido. A pesar de ello, a día de hoy se puede llevar a cabo un mandato con contraprestación económica, en el caso de que ambas partes lo pacten así. Si no existiese pacto al respecto, tal y como establece el artículo 1.711.1 del Código Civil, se consideraría como un contrato gratuito.
Por lo anteriormente dicho, es un contrato que puede ser tanto unilateral como bilateral. Sería unilateral en el caso de ser gratuito, pues solo una de las partes, el mandatario, tendría como tal obligación de llevar a cabo una acción. En cambio, si se ha pactado algún tipo de retribución, el mandato será bilateral, puesto que ambas partes tendrían que cumplir con sus respectivas obligaciones, hacer el encargo y abonar la contraprestación pactada.
Es un contrato intuitu personae. Esto quiere decir que se celebra debido a la relación de confianza que existe entre ambas partes del contrato y, por lo tanto, se trata de un contrato personalísimo.
Como hemos señalado, la diferencia principal que existía en el Derecho romano con respecto al arrendamiento de servicios era su gratuidad, pero, dado que actualmente esa diferencia se ha difuminado, al permitirse la contraprestación también en el mandato, ¿cómo se distingue el mandato del arrendamiento de servicios? Se considera que es un mandato si la obligación es gestionar los intereses del mandante a través de la ejecución de actos jurídicos. Por otro lado, se tratará de un contrato de arrendamiento, ya sea de obra o ya sea de servicios, si lo que se obliga es a llevar a cabo una actividad material que beneficiará a un tercero.
El mandato también encuentra puntos coincidentes con la representación, pero son dos figuras jurídicas distingas. Durante muchos años, el Tribunal Supremo y la doctrina consideraron ambas figuras como equivalentes, pero actualmente se declara su distinción. El mandato es un contrato, por lo que, en todo caso, es necesario que el mandatario acepte el mismo. En cambio, la representación no requiere de la aceptación, pues se trata de una declaración de voluntad unilateral. Otra diferencia es que, mientras que el mandato conlleva una obligación de realizar un acto, que puede llevarse a cabo sin necesidad de representar al mandante, la representación conlleva la eficacia de aquellos negocios que el representante lleva a fin con terceras personas, pudiendo esta representación basarse en otro tipo de relación, como podría ser un arrendamiento de servicios o un contrato de comisión.
Podemos establecer varios tipos de mandatos:
Mandato simple o mandato representativo. Sería mandato simple aquel en el cual el mandatario actúa en su propio nombre, sin que tenga lugar una representación como tal del mandante. En este caso, las terceras personas involucradas en los actos realizados solo podrían actuar contra el mandatario, sin perjuicio de aquellas acciones que puedan derivarse del propio mandato. En cambio, en el mandato representativo, el mandatario actúa en representación de su mandante, y será éste parte en todos los contratos o actos que el mandante celebre con terceras personas.
Mandato general o especial. Será general el que comprenda todos los negocios del mandante, mientras que el especial solo conlleva la realización de uno o más negocios determinados, tal y como establece el artículo 1.712 del Código Civil.
Mandato concebido en términos generales, que solo permitiría llevar a cabo actos de administración, y mandato expreso, que además permitiría enajenar, hipotecar y ejecutar.
En caso de haberse conferido el mandato a más de una persona, el artículo 1.723 del Código Civil señala que la responsabilidad no se considerará como solidaria, salvo en el caso de que hubiera sido así establecida.
Respecto al contrato en sí, éste supone que ambas partes contraigan una serie de obligaciones. En cuanto al mandante, éste estará obligado a:
Anticipar al mandatario todas las cantidades que sean necesarias para llevar a cabo el mandato, si se hubiera dado el caso. Si las cantidades necesarias hubieran sido anticipadas por el propio mandatario, el mandante estará obligado a reembolsárselas, salvo si el negocio hubiera acabado mal por culpa del mandatario.
Deberá indemnizar todos aquellos daños y perjuicios que se le hayan producido al mandante por cumplir con el mandato.
En el caso de que se hubiera pactado una retribución o contraprestación por llevar a cabo el mandado, el mandante deberá abonársela al mandatario.
Si se tratara de un contrato representativo, además, estaría obligado el mandante a cumplir con todas aquellas obligaciones que el mandatario hubiera contraído con terceros durante el mandato, siempre y cuando éste no se hubiera excedido en sus funciones, aunque el mandante podrá consentir el exceso, ya sea de forma tácita, ya sea de forma expresa.
Por otro lado, el mandatario estará obligado a:
Llevar a cabo el mandato según las instrucciones que el mandante le haya proporcionado. Si no hubiera recibido ningún tipo de indicación, deberá ejecutar el mandato con la diligencia del buen padre de familia.
Deberá informar a su mandante y rendirle cuenta de sus operaciones, así como abonarle todos los beneficios que pudiera haber obtenido por la ejecución del mandato.
En caso de que gestión haya producido al mandante algún tipo de daño o de perjuicio, deberá indemnizar a éste, siempre que hubiera mediado dolo o culpa por su parte.
Si el mandato no era un mandato representativo, el mandatario quedará obligado con los terceros con que se haya realizado negocios o actos jurídicos como si lo hubiera hecho para sí.
Correlativamente a estas obligaciones, el mandatario tiene a su disposición un derecho de retención de los objetos del contrato. Este derecho se podrá ejercer en el caso de que el mandatario hubiera adelantado cantidades, hasta que se le reembolsen. También podrá ejercerlo el mandatario cuando tenga que recibir algún tipo de indemnización por haber sufrido daños o perjuicios a consecuencia del mandato. Por último, en el caso de que se hubiera pactado alguna retribución, también podrá el mandatario recurrir al derecho de retención hasta que se le abonen las cantidades pactadas.
El mandatario, a su vez, podrá nombrar un sustituto en el caso de que el mandante le hubiera autorizado a ello. Si el mandante no autorizó el nombramiento, pero tampoco lo vetó, el mandatario podrá nombrar sustituto, pero seguirá siendo responsable del mandato. Si el mandante hubiera prohibido el nombramiento de un sustituto, deberá responder de ello el mandatario. En cambio, si el mandante autorizó la sustitución, tan solo deberá responder el mandatario en el caso de que hubiera elegido a alguien notoriamente incapaz o insolvente.
Por último, las causas de extinción del contrato de mandato serías las siguientes, según señala el artículo 1.732 del Código Civil:
La revocación unilateral por parte del mandante, debido a la relación de confianza que se presume existente entre ambos. Tendrá efecto esta revocación desde que se le haga saber al mandatario.
La renuncia o incapacitación. Si el mandante renuncia, deberá continuar la gestión hasta que el mandatario tome las medidas necesarias para que sus asuntos no se vean interrumpidos.
La muerte, declaración de prodigalidad, concurso o insolvencia del mandante o del mandatario. Esta causa de extinción proviene del carácter personalísimo del contrato de mandato. Lo realizado por el mandatario que no conocía de la muerte del mandante se considerará como válido.
La incapacitación sobrevenida del mandante, salvo que se hubiera dispuesto la continuación o se hubiera establecido el mandato para caso de incapacidad, terminando entonces con la resolución judicial que constituya un organismo tutelar o a instancia del tutor, una vez nombrado.
By Lidia| 2017-06-19T12:48:59+00:00 junio 19th, 2017|Civil|0 Comments

References: artículo 1
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 resolución