Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0241_ES.html
Timestamp: 2020-07-11 14:01:00+00:00

Document:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios
Ciclo relativo al documento : B8-0241/2018
sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios (2018/2714(RSP))
Resolución del Parlamento Europeo sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios (2018/2714(RSP))
– Vistos el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(1) y su modificación posterior mediante el Reglamento (UE, Euratom) n.º 2017/1123 del Consejo, de 20 de junio de 2017(2),
– Vistos los artículos 106 bis y 171 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,
– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 608/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea(5),
– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 609/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios tradicionales y basados en el IVA y en la RNB y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería(6),
– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre la preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a la propuesta de la Comisión(7),
– Vista la ratificación del Acuerdo de París por el Parlamento Europeo y el Consejo el 4 de octubre de 2016(9),
– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales(10),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de octubre de 2017, titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea» (COM(2017)0623),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2017, titulada «Un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cinco ámbitos de actuación fundamentales» (COM(2017)0547),
– Vista su Resolución, de 29 de marzo de 2007, sobre el futuro de los recursos propios de la Unión Europea(11),
– Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, titulada «Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora»(12),
– Vista su Resolución, de 15 de abril de 2014, titulada «Negociaciones sobre el marco financiero plurianual 2014‑2020: conclusiones que cabe extraer y reflexiones para el futuro»(13),
– Vista su Resolución, de 16 de abril de 2014, sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea(14),
– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades(15),
– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre la preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020,(16)
– Visto el informe de diciembre de 2016 titulado «El futuro de la financiación de la UE – informe final y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios»,
– Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0041/2018),
– Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos, las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Control Presupuestario, la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Pesca, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0048/2018),
A. Considerando que los efectos de la crisis económica y social que recayó sobre los Estados miembros en 2007 y 2008 aún se dejan sentir y que persisten las desigualdades y diferencias sociales, económicas y territoriales entre los Estados miembros; que el presupuesto de la Unión debe promover la inversión pública mediante el apoyo a los sectores productivos y estratégicos (incluidas su modernización y sostenibilidad), los servicios públicos, la creación de puestos de trabajo que protejan los derechos de los trabajadores, la lucha contra la pobreza, la exclusión social y las desigualdades, la protección del medio ambiente y el pleno uso del potencial de cada país y región, así como la búsqueda de relaciones exteriores basadas en la solidaridad, la cooperación, el respeto mutuo y la paz;
B. Considerando que el MFP 2014-2020 demostró rápidamente que no era adecuado para abordar las necesidades constatadas, en particular las derivadas de la absolutamente desproporcionada carga de la deuda, que es consecuencia de las políticas asimétricas y de la naturaleza del proceso de integración, y se ha visto agravada por ellas, por lo que algunos países se benefician en tanto que otros se han visto sumidos en una grave depresión económica; que la carga de la deuda ha sido utilizada como pretexto para imponer la austeridad, que a su vez ha ahondado la recesión y menoscabado la función social del Estado y los derechos de los trabajadores y de los pueblos y, en consecuencia, ha conducido al aumento del desempleo y la pobreza, importantes recortes salariales, el aumento de la edad de jubilación y la reducción del gasto en ámbitos como la educación, la cultura y la sanidad; que el MFP 2014-2020 tuvo que hacer frente a una serie de crisis y desafíos emergentes en ámbitos que no se habían tenido en cuenta, como el sumamente desigual desarrollo económico y la carga de la deuda, un elevado desempleo, la reducción de los derechos sociales y laborales y el aumento de las desigualdades socioeconómicas, y no consumó la ruptura con las políticas que desarrolla actualmente la Unión ni el cambio a políticas —a escala nacional y de la Unión— que intensifiquen los esfuerzos de los Estados miembros por crear prosperidad para todos, una distribución justa del bienestar, un crecimiento económico sostenible, pleno empleo, seguridad en el empleo y protección social, provisión de calidad, servicios públicos gratuitos y universales, bienestar medioambiental en un entorno natural saludable, inversión en educación e infraestructuras, una vida digna para las personas de edad avanzada y vivienda, energía y comunicaciones asequibles; que, a fin de alcanzar dichos objetivos, serían vitales, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, políticas integrales destinadas a combatir la pobreza, la exclusión social y las desigualdades a nivel de ingresos, en particular mediante políticas de redistribución e inversiones públicas en la creación de empleo;
C. Considerando que el marco financiero plurianual de la Unión refleja las políticas neoliberales y de austeridad impuestas mediante el marco de gobernanza económica, que ha agudizado las desigualdades socioeconómicas dentro de los Estados miembros, y entre estos, y aumentado el número de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social; que la desregulación del mercado laboral y los sistemas de tributación regresiva han contribuido a la transferencia de riqueza de los trabajadores a los grandes capitalistas y exacerbado la desigualdad en los ingresos y la riqueza; que el marco de gobernanza económica ha retirado decisiones políticas de las manos de Gobiernos y Parlamentos nacionales democráticamente elegidos, impidiendo el control democrático por parte de los pueblos de Europa y conduciendo a la austeridad institucionalizada; que la creciente oposición contra este tipo de integración europea refleja la necesidad urgente de un proceso de integración diferente que persiga el progreso social y democrático en la Unión, soluciones justas y pacíficas a los desafíos internacionales y el diálogo cultural a escala mundial y que se base firmemente en la cooperación entre países con iguales derechos;
D. Considerando que la regla de la unanimidad debe seguir siendo una garantía de que el MFP sea positivo para todos los Estados miembros y no solo para algunos de ellos; aboga por el aumento de la capacidad de gestión autónoma y flexible del nuevo MFP para cada Estado miembro, rechazando una mayor centralización y una burocratización excesiva por lo que respecta a las normas comunes de su aplicación;
E. Considerando que la Comisión presentó su conjunto de propuestas sobre «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero plurianual para el período 2021-2027», incluidos los futuros recursos propios, el 2 de mayo de 2018, en tanto que el Reglamento (UE) n.º 1311/2013 del Consejo estipula que las propuestas deberían haberse presentado antes del 1 de enero de 2018; que los valores que han sido proclamados como base de la solidaridad de la Unión, del crecimiento sostenible y de la integración —a saber, democracia y participación, igualdad, justicia social y respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos— han sido y siguen siendo socavados en dicha propuesta; que las decisiones en materia presupuestaria propuestas por la Comisión no reflejan las prioridades necesarias para estimular un crecimiento sostenible, cualitativo y socialmente equilibrado ni tienen en cuenta la necesidad de solidaridad y cohesión económica y social entre los Estados miembros;
F. Considerando que las propuestas de la Comisión sobre «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero plurianual para el período 2021-2027», incluidos futuros recursos propios, no aborda el sumamente desigual desarrollo económico y la carga de la deuda de la Unión, un elevado desempleo, la reducción de los derechos sociales y laborales y el aumento de las desigualdades socioeconómicas; que es esencial que se produzca una ruptura con las políticas que desarrolla actualmente la Unión y un cambio hacia políticas —a escala nacional y de la Unión— que intensifiquen los esfuerzos de los Estados miembros por crear prosperidad para todos, una distribución justa del bienestar, un crecimiento económico sostenible, pleno empleo, seguridad en el empleo y protección social, provisión de calidad, servicios públicos gratuitos y universales, bienestar medioambiental en un entorno natural saludable, inversión en educación e infraestructuras, una vida digna para las personas de edad avanzada y vivienda, energía y comunicaciones asequibles;
G. Considerando que el conjunto de propuestas de la Comisión sobre «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero plurianual para el período 2021-2027», incluidos futuros recursos propios, insiste en mantener y apoyar las estructuras fiscales actuales, lo que favorece a los grandes capitalistas en vez a la clase trabajadora y a los pueblos; que las medidas de estricta disciplina presupuestaria, junto con las grandes pérdidas de ingresos públicos derivadas de la evasión y la elusión fiscales, suponen una presión añadida para los presupuestos de los Estados miembros y perjudican los intereses de los pueblos y de los trabajadores;
H. Considerando que la crisis climática y la pérdida de biodiversidad siguen constituyendo una amenaza para la estabilidad, la salud y los medios de vida de las sociedades de todo el mundo, así como para el bienestar de los animales; que los compromisos contraídos en la COP21, si bien aparentemente ambiciosos, deberían reforzarse en la dirección correcta;
I. Considerando que las políticas europeas de migración, en lugar de fomentar la solidaridad entre los Estados miembros y los países más afectados por la crisis mundial de los refugiados, que son los países más pobres del mundo, crean un doble rasero para la migración entre los nacionales procedentes del norte y los del sur, empeorando así la situación en los países más pobres, y están cada vez más marcadas por criterios racistas y xenófobos;
Para una Europa verdaderamente progresista, social, pacífica, inclusiva, ecológica y feminista
1. Recuerda que el próximo MFP de la Unión debe integrarse en una estrategia de cohesión económica, social y territorial, y debe apoyar una agricultura sostenible a fin de beneficiar a todos sus ciudadanos; considera que el próximo MFP debe contribuir a construir una Europa respetuosa con el medio ambiente y socialmente justa; rechaza, en este sentido, la propuesta presentada por la Comisión el 2 de mayo de 2018 relativa a un nuevo MFP, que anuncia el declive de la política de cohesión y respalda la idea de una «fortaleza europea» que se aleja de las preocupaciones de sus ciudadanos;
2. Hace hincapié en que los objetivos y las políticas del MFP deben ser acordados antes de la asignación de los respectivos importes, y subraya que el Parlamento y el Consejo deben celebrar negociaciones en toda regla sobre todos los aspectos relacionados con el MFP antes de asignar los importes y de hacer los ajustes finales en la totalidad del paquete del MFP; recuerda que, de acuerdo con los artículos 312, apartado 5, y 324 del TFUE, el Parlamento ha de participar debidamente en el proceso de negociación del próximo MFP; solicita a la Comisión y al Consejo Europeo que lleven a cabo negociaciones transparentes y de buena fe con el Parlamento; subraya que el Parlamento Europeo es el único parlamento que puede pronunciarse en materia de gastos pero no en materia de ingresos, y reitera su llamamiento para que se corrija esta anomalía democrática;
3. Rechaza los recortes en la política de cohesión y en la política agrícola común (PAC); pide, por tanto, un apoyo constante y reforzado para el objetivo de equilibrar las diferencias de riqueza entre las regiones más pobres y las más ricas, así como las diferencias salariales entre los diversos grupos sociales en el contexto del próximo periodo de programación;
4. Se opone a cualquier disminución nominal o relativa del volumen del presupuesto de la Unión en el próximo MFP; considera necesario un aumento sustancial del presupuesto de la Unión, con el objetivo de reforzar su función redistributiva, contribuyendo así a la aplicación del principio de cohesión económica y social; opina que este refuerzo debe lograrse aumentando las contribuciones de los Estados miembros en base a sus respectivas rentas nacionales brutas (RNB), fortaleciendo, mediante la redistribución, el principio fundamental según el cual los Estados miembros con mayor RNB deben contribuir proporcionalmente en mayor medida, lo que refuerza la efectividad de la cohesión económica y social y evita que se amplíen las disparidades en la Unión Europea;
5. Defiende la necesidad de que los recursos del presupuesto de la Unión se redistribuyan de forma adecuada entre los Estados miembros, teniendo en cuenta sus respectivos niveles de desarrollo económico y social; rechaza el aumento de la centralización del gasto del presupuesto de la Unión por la Comisión y aboga por un incremento de los recursos gestionados a nivel nacional con arreglo a las necesidades de cada país;
6. Pide un sólido y nuevo plan socioecológico de inversiones públicas a escala de la Unión, con el fin de contribuir a una transición justa desde el punto de vista social y medioambiental; considera que los Fondos Estructurales y el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), entre otros, deberían formar parte de este nuevo plan de inversiones, que programas como Horizonte 2020 deben orientarse a la investigación, la innovación y el cambio tecnológico con el fin de lograr que el modelo de producción sea más sostenible, y que el programa COSME debe garantizar que la ayuda llegue a la economía social, que es independiente de las grandes empresas, dado que, en el marco de las empresas vinculadas entre sí, muchas pymes están al servicio de empresas fundamentales (como filiales, subcontratistas, franquicias o empresas auxiliares); pide que todos los recursos de la Unión que sean utilizados como garantía o como contribución pública parcial se identifiquen claramente como tal, en particular en el caso del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que debe ser objeto de revisión para convertirse en un instrumento financiero esencial de este nuevo plan socioecológico de inversiones públicas, con el objetivo de reforzar la inversión pública directa;
7. Considera que algunos de los límites máximos específicos del MFP deben aumentarse de forma significativa, en particular, aquellos que tienen potencial para transformar el MFP en un sistema flexible y organizado de los programas de la Unión diseñado para abordar específicamente la falta de convergencia económica real, reducir las desigualdades, estimular la inversión en el cambio del modelo de producción, abordar los desafíos del cambio climático y mejorar la cooperación entre los pueblos de Europa;
8. Considera que el incremento del presupuesto comunitario debería dar lugar al refuerzo de la inversión pública y el aumento de la ayuda a los sectores productivos, a la reducción de las múltiples dependencias estructurales de algunos países, a la creación de puestos de trabajo que protejan los derechos de los trabajadores, a servicios públicos de calidad y al pleno aprovechamiento del potencial de los países; hace hincapié en que debe rechazarse cualquier condicionalidad en la aplicación de los fondos comunitarios;
9. Insta a la Comisión a que reconozca las repercusiones negativas del Brexit en los derechos y la seguridad económica de los ciudadanos, y a que aproveche la oportunidad que brinda el MFP 2021-2027 para abordar los posibles efectos perjudiciales, dedicando recursos a la atenuación del impacto sobre los Estados miembros y las regiones más afectadas;
10. Estima que los recursos necesarios deben estar asignados en el próximo MFP con miras a generar una cohesión económica, social y territorial en las regiones ultraperiféricas de la Unión, y aplicar las medidas específicas en favor de estas regiones contempladas en el artículo 349 del TFUE (y nunca aplicadas por entero), en coherencia con los objetivos y principios establecidos en la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre el fomento de la cohesión y el desarrollo en las regiones ultraperiféricas de la UE: aplicación del artículo 349 del TFUE(17), así como en la Comunicación de la Comisión titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea»; insiste en que ningún programa ni fondo que beneficie a las regiones ultraperiféricas sea objeto de recortes en el próximo MFP, sino que, por el contrario, se refuercen;
11. Considera que el peso de la política de cohesión en el presupuesto total de la Unión ha de aumentarse considerablemente en el período posterior a 2020, dado que el Fondo de Cohesión y los Fondos Estructurales deben desempeñar una labor eficaz en la lucha contra las asimetrías entre Estados miembros y dentro de los mismos;
12. Acoge con satisfacción el compromiso, recogido en la propuesta de MFP de la Comisión, de prolongar el crucial Fondo Europeo de Desarrollo Regional para Irlanda, norte y sur, tras el Brexit; reconoce que este hecho supone una demostración decisiva del compromiso de la Unión Europea con el Acuerdo del Viernes Santo;
Cuestiones económicas y monetarias
13. Cree que existe un consenso que acepta que el MFP ha sido superado por los hechos; entiende que el MFP ha desempeñado un papel claro en la limitación y contención del gasto, visto su volumen y limitación dentro de las rúbricas del presupuesto de la Unión a lo largo de sus siete años de duración, con un escaso margen de maniobra; estima que los límites máximos de gasto, los pequeños márgenes de flexibilidad entre las rúbricas del presupuesto y la prohibición del déficit contribuyen a convertir el MFP en un mecanismo económico procíclico, en lugar de uno anticíclico que, en caso de recesión, permita al presupuesto reactivar la economía de la Unión y ser compensado en el ciclo de prosperidad; opina que el MFP debe desempeñar un rol anticíclico de ahora en adelante;
14. Critica enérgicamente la orientación general del MFP 2021-2027 de la Comisión; observa que se ha dado preferencia a nuevas prioridades frente a programas tradicionales con un impacto social positivo, pese a la falta de información detallada sobre la reestructuración del presupuesto europeo y de cifras directamente comparables; lamenta profundamente la tendencia continuada hacia un uso incluso mayor de los instrumentos financieros en detrimento de las subvenciones, a pesar de la opinión generalizada de falta de responsabilidad y transparencia inherentes a su utilización;
15. Rechaza la prioridad concedida a los instrumentos financieros y las inversiones en asociaciones público-privadas; considera que el futuro MFP debería, por el contrario, promover el aumento de la inversión pública, reforzando los sectores productivos estratégicos, su modernización y sostenibilidad, la creación de empleos que protejan los derechos de los trabajadores, la lucha contra la pobreza y la exclusión social y las desigualdades, la protección del medio ambiente y el pleno aprovechamiento del potencial de cada país y región;
16. Se opone firmemente a la subordinación de la política de cohesión a las reformas estructurales impuestas en el marco de la gobernanza económica de la Unión, ya que la política de cohesión no debería utilizarse como un instrumento de castigo financiero en caso de que Estados miembros o regiones rechacen las políticas de desregulación y privatización;
17. Solicita la creación de programas de apoyo a los Estados miembros que deseen negociar una salida del euro debido a que su participación se haya convertido en insostenible e insoportable; considera que dichos programas deben ofrecer una indemnización adecuada por los perjuicios sociales y económicos causados por la adhesión a la moneda única;
Personas, cohesión social y valores
18. Cree que Europa tiene una responsabilidad a la hora de ofrecer la perspectiva de un futuro mejor a las generaciones más jóvenes, que sufrirán las desastrosas consecuencias de las políticas económicas adoptadas en la Unión en las últimas décadas; está decidido a reforzar sustancialmente su programa emblemático Erasmus+, que debe beneficiar a todos los jóvenes europeos y no solo a un número limitado de estudiantes que disponen de medios para sufragar una estancia en el extranjero, pues este programa no puede satisfacer en la actualidad la elevada demanda de candidatos de alta calidad debido a su muy escasa financiación en el presupuesto actual; propone que el presupuesto de Erasmus+ se triplique, como mínimo, en el próximo MFP y que al menos la mitad de dicha financiación se conceda a jóvenes procedentes de las clases sociales más desfavorecidas;
19. Rechaza firmemente cualquier tipo de condicionalidad macroeconómica en la aplicación de los fondos de la Unión; pone de relieve los riesgos asociados a la creación de formas de condicionalidad política y, asimismo, las rechaza;
20. Aboga por que se incremente la financiación de los programas destinados a fomentar el empleo con derechos y la inclusión social de los jóvenes, garantizando que los fondos de la Unión no contribuyan a la creación de períodos de prácticas no remuneradas, condiciones de trabajo precarias o la sustitución de puestos de trabajo permanentes por puestos temporales o por períodos de prácticas no remuneradas;
21. Insta con firmeza a que la política agrícola y pesquera se expanda en términos financieros, mediante la modificación del modelo de subvenciones que favorece a los propietarios; subraya que tal hecho comporta el desarrollo de una nueva política para promover la soberanía alimentaria, la agricultura local y las cooperativas, y un cambio hacia un modelo de agricultura más sostenible, garantizando el suministro alimentario a los consumidores a través de empresas públicas y evitando la subordinación de los pequeños agricultores al sector de la gran distribución; considera que la política de pesca debe tener en cuenta el agotamiento de los océanos e incorporar la autocontención en la explotación de los mares;
22. Hace hincapié en la necesidad de una PAC pública que otorgue prioridad al mercado interior, sitúe los precios remunerativos en el centro de la política agraria y cree instrumentos de regulación de los mercados y la producción; rechaza cualquier intento de renacionalizar costes de la PAC; destaca la necesidad de establecer unos mecanismos de regulación pública de la producción y los mercados, con el fin de garantizar unos precios justos a los productores y una renta estable y justa a los agricultores;
23. Pide un enfoque renovado de uno de los principios fundacionales de la PAC, «garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola», con miras a combatir el incremento de la concentración de la producción, la reducción de la agricultura a pequeña escala, así como el aumento de las asimetrías regionales y la dependencia de bienes extranjeros, que favorece a las economías más importantes de la Unión y a las grandes empresas agrícolas; lamenta que este fenómeno esté poniendo en riesgo un patrimonio agrícola y rural de importancia mundial, mientras que las grandes empresas agrícolas expanden sus márgenes e imponen su modelo de un sistema global de alimentación, con efectos medioambientales destructivos; hace hincapié en el papel central de los agricultores en la política agrícola y alimentaria;
24. Opina que la PAC, desde su concepción, no ha logrado uno de sus principios fundacionales: «garantizar un nivel de vida equitativo a quienes trabajan la tierra»; cree que la futura reforma ha de contemplar una atención renovada a dicho principio básico, al objeto de luchar contra el incremento de la concentración de la producción y la reducción de la agricultura a pequeña escala, que acelera la despoblación del medio rural; se opone enérgicamente a la dominación del mercado y la fijación de precios injustos por parte de las grandes empresas agroalimentarias en detrimento de la seguridad, calidad y soberanía alimentarias, la salud humana y animal, el bienestar de los animales y el medio ambiente; hace hincapié en la importancia de la lucha contra la desigualdad en las economías rurales y del fomento del relevo generacional en el sector agrícola; pide a la Comisión que, en vísperas de la próxima reforma de la PAC, cambie el enfoque de la PAC actual, dominada por la agricultura intensiva y los monocultivos extensivos, hacia una agricultura y política alimentaria sostenibles, teniendo en cuenta los distintos problemas y desafíos económicos, sociales, medioambientales, nutricionales y sanitarios; lamenta, por lo tanto, los recortes en el presupuesto destinado a la agricultura; deplora que los recortes se centren en la inversión agroambiental y de desarrollo rural vital, en lugar de pagos directos, afectados en menor medida; considera que estos recortes desproporcionados y la eliminación del dinero garantizado (la denominada «ecologización») para el medio ambiente en el primer pilar demuestran que, a pesar de la retórica, hay un alejamiento general de la innovación agroambiental en favor de la incorporación de comportamientos a largo plazo que generan problemas agroambientales; pide a la Comisión que ponga en práctica medidas para aumentar la visibilidad y mejorar el papel de las mujeres en el sector agrícola; condena enérgicamente el acaparamiento de tierras y exige a la Comisión y los Estados miembros que actúen con rapidez; reafirma que el agua es un derecho universal que debe estar garantizado para todo el mundo y que no debe ser objeto de privatización; pide a la Comisión que prohíba cualquier forma de patente sobre las semillas, al objeto de proteger a los agricultores frente a la presión de la competencia generada por las multinacionales productoras de semillas, y que proteja las variedades locales, así como nuestro patrimonio genético y cultural; pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, prohíba la autorización, el cultivo y la comercialización de OMG y que incluya la gestión integrada de plagas (GIP) como una condición de la nueva PAC de cara a reducir el uso de plaguicidas;
25. Lamenta la reducción de la financiación para el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en la propuesta de MFP 2021-2027 de la Comisión; insta a la Comisión a que publique cifras más detalladas y comparables que permitan una evaluación más precisa del apoyo que se presta y una mejor orientación de las acciones futuras; insta a la Comisión a que reconozca la importancia del FEMP y asegure que cuente con una dotación financiera adecuada al objeto de satisfacer las expectativas de las comunidades costeras y las personas afectadas, mejorar la sostenibilidad medioambiental y afrontar los desafíos que plantea el agotamiento de las poblaciones de peces y la pérdida de biodiversidad;
26. Pide un refuerzo del FEMP, dirigido fundamentalmente a: el apoyo a la pesca a pequeña escala, costera y artesanal; la mejora de la seguridad de la flota, las condiciones de trabajo, la salud y la higiene a bordo; el aseguramiento de las poblaciones de peces futuras; la mejora del conocimiento de los recursos estatales; y la contribución a la capacitación científica y técnica de las instituciones de I+D de los Estados miembros; defiende la creación de mecanismos de compensación y apoyo de los ingresos de los pescadores, debido a la inestabilidad asociada a las actividades pesqueras; propugna la instauración de un programa dirigido a las necesidades y dificultades específicas de las regiones ultraperiféricas, recuperando el POSEI-Pesca y creando un POSEI-Transporte;
27. Considera, a la luz de la emergencia humanitaria relacionada con los desafíos en lo que respecta a la recepción de migrantes y refugiados, que se precisa otra política centrada en la protección de las personas, el acceso a los servicios y derechos básicos, la ayuda humanitaria y las operaciones de rescate; expresa su profunda preocupación, desde este punto de vista, por la transferencia de fondos destinados a la migración del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) al Fondo Social Europeo (FSE);
28. Se opone a cualquier incremento de fondos para Frontex, especialmente a la vista de la participación de dicha agencia en las políticas en materia de retorno y las medidas de control fronterizo y seguridad; propone, en su lugar, que se reasignen dichos fondos a una agencia que cuente con un único mandato consistente en operaciones de ayuda humanitaria y de búsqueda y rescate;
29. Reitera su convicción de que la financiación de la Unión para la acogida e integración de migrantes y solicitantes de asilo debe incrementarse sustancialmente, desviándose de las prioridades actuales del control de fronteras y otras medidas de seguridad costosas, como la detención administrativa y los grandes sistemas informáticos de control de fronteras, que no han mostrado su eficacia y, a menudo, vulneran los derechos de los migrantes; pide a la Comisión que asigne recursos adicionales a medidas específicas de aquellos Estados miembros que se ofrezcan voluntarios para llevar a cabo acciones destinadas a la recepción e integración de los migrantes y solicitantes de asilo, como se propone en la opinión de la Comisión LIBE relativa al presupuesto de 2016;
30. Opina que el impacto positivo de los fondos de migración de la Unión depende de unos procesos a escala nacional y de la Unión que garanticen la transparencia, el seguimiento eficaz y la rendición de cuentas; resalta la necesidad imperiosa de introducir mecanismos de vigilancia y evaluación in itinere, y no solamente ex post, que garanticen la eficacia del gasto y valoren si la Unión está logrando sus objetivos políticos; pide, por consiguiente, a la Comisión, que vele por que se definan a nivel político y de proyecto indicadores de resultados y objetivos cuantificables basados en las actividades llevadas a cabo; pide que se establezcan indicadores cualitativos y cuantitativos, que habrán de ser comparables y estables en el tiempo, con el fin de medir el impacto de los fondos de la Unión y la consecución de sus objetivos; resalta que los datos cuantificados han de ser recopilados de forma sistemática; estima que el Tribunal de Cuentas Europeo debe llevar a cabo una supervisión a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y no solamente al final del mismo;
31. Considera que las autoridades responsables deben garantizar una mayor transparencia durante todo el proceso de solicitud y que las licitaciones deben difundirse ampliamente y ser fácilmente accesibles; sugiere que en los Estados miembros los órganos técnicos locales y regionales podrían desempeñar un papel activo en esta difusión y prestando apoyo en el proceso de solicitud; destaca que cada año la Comisión debería publicar la siguiente información relativa a los proyectos y programas seleccionados: los nombres y el carácter de todos los proyectos que reciben ayuda (evitando títulos genéricos que no reflejan el contenido real, como «creación de capacidades»); el año de financiación; la duración del proyecto; la cuantía de la contribución de la Unión y la prioridad política a la que atiende; el número total de solicitantes que responden a la convocatoria; los criterios de evaluación; y la cuantía restante de la contribución de la Unión que no se ha asignado;
32. Pide que los fondos de desarrollo y la ayuda humanitaria de la Unión no se vinculen a la capacidad de los países socios ni a su voluntad de colaborar en el control de la migración, por ejemplo mediante cláusulas de readmisión; insiste en que no deben apoyarse proyectos que se opongan a los derechos fundamentales de los migrantes y que legitimen regímenes dictatoriales;
33. Considera que la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG), desempeña un importante papel en la salvaguarda, la promoción y el ejercicio de los derechos de los migrantes; destaca que estas ONG deben recibir apoyo para desempeñar su papel de guardianas y promotoras de los derechos fundamentales como proveedoras directas e innovadoras en el desarrollo de nuevos instrumentos y en la creación de capacidades de las distintas partes interesadas; pide, por lo tanto, que se establezcan principios de asociación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil que garanticen que se les consulta para preparar, planificar, controlar, ejecutar y evaluar la financiación tanto a escala nacional como de la Unión; subraya que tales principios deben ser obligatorios;
34. Considera que los fondos utilizados para la acogida e integración de migrantes y de solicitantes de asilo deben estar exentos de las normas de déficit de la Unión contempladas en su Pacto de Estabilidad y Crecimiento;
35. Rechaza la creación de una Unión Europea de Defensa y la activación de la cooperación estructurada permanente (PESCO), lo que perjudica el principio de consenso dentro de la política exterior y de seguridad común (PESC) y de la política común de seguridad y defensa (PCSD) orientado a la creación de un ejército de la Unión y directamente a más conflictos y menos paz; se opone, por tanto, a todo incremento de los presupuestos de los Estados miembros en materia de seguridad y defensa; insiste en que la Unión y los Estados miembros deben trabajar por la paz, la resolución de los conflictos por vías diplomáticas y pacíficas, también mediante iniciativas de mediación, y en favor de programas de desarme, desmovilización y reintegración en línea con la Carta de las Naciones Unidas; apoya el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) y el desarme nuclear;
36. Rechaza firmemente la creación del Fondo Europeo de Defensa y el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, y la creación de un nuevo título V «Seguridad y Defensa» para financiar el Fondo Europeo de Defensa a partir de 2020; recuerda que, de conformidad con el artículo 41, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, no se imputará al presupuesto de la Unión ningún gasto derivado de operaciones que tengan implicaciones militares o en materia de defensa; denuncia y lamenta profundamente la velocidad sin precedentes a la que se está militarizando la Unión; pide el desarme, incluido el desarme nuclear, la desmovilización de las tropas y el fin de las intervenciones militares exteriores; pide la disolución de la OTAN; recuerda que la mejor manera de fomentar la paz consiste en apoyar las medidas encaminadas a la erradicación de la pobreza, la ayuda humanitaria y el desarrollo económico y social equitativo y sostenible; afirma que la cooperación exterior debe basarse en el principio de solidaridad internacional y en el respeto absoluto del deseo de paz y desarrollo de cada país;
37. Subraya la importancia del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para responder a las grandes catástrofes naturales y toma nota del incremento propuesto de los créditos de compromiso y de pago para el FSUE; pide a la Comisión que supervise un nuevo incremento de este fondo y que adapte las normas para que su movilización sea más flexible y oportuna, cubra una mayor variedad de catástrofes con impactos significativos y reduzca el tiempo transcurrido entre el momento en que se produce la catástrofe y aquel en que están disponibles los fondos;
38. Se opone a la propuesta de la Comisión de fusionar prácticamente todos los instrumentos externos en uno solo (el denominado «Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional — NDICI»), porque reducirá y pondrá en peligro el control democrático, la trazabilidad de los fondos y el gasto, y el control parlamentario;
39. Considera que los fondos de la Unión existentes para los países en desarrollo deben ser instrumentos que contribuyan al desarrollo y a la solidaridad entre los pueblos, y no a la promoción y defensa de los intereses económicos y financieros de las multinacionales o de los intereses políticos de las potencias de la Unión;
40. Manifiesta su preocupación por su actual política de recursos humanos, teniendo en cuenta que los retos y la carga de trabajo de las instituciones de la Unión están aumentando; observa que existe una falta de intérpretes y traductores, lo que constituye un problema para el mantenimiento y la defensa del principio de multilingüismo y para el trabajo de las delegaciones de diferentes países; rechaza nuevos recortes en recursos humanos;
41. Reitera su convencimiento de que la sincronización de la programación financiera con el mandato político de la Comisión y del Parlamento Europeo aumentaría la responsabilidad democrática, la credibilidad y la legitimidad; acoge con satisfacción el modelo de 5+5, con un proceso de revisión intermedio, si se adapta al ciclo económico; toma nota de que el MFP se ha estructurado hasta ahora en ciclos de siete años y de que un nuevo modelo de 5 + 5 podría garantizar el control político del Parlamento en cada legislatura; destaca también que podría ofrecer más flexibilidad para modificar la gestión de los programas, teniendo en cuenta que los ciclos económicos son más cortos que en el pasado, dando la oportunidad de aprobar un MFP expansionista en períodos de recesión y un enfoque más moderado en períodos de bonanza económica, sin sacrificar la estabilidad de los programas a largo plazo que podrían continuar durante todo el período de 10 años;
42. Opina que la aplicación de medidas efectivas contra la corrupción y el fraude fiscal practicados por las multinacionales y las personas más ricas permitiría devolver a los presupuestos de los Estados miembros una cuantía que la Comisión Europea estima en un billón de euros al año, y que ha habido en este ámbito una grave omisión de la Unión; señala la necesidad urgente de instituir una autoridad europea facultada para combatir la evasión y el fraude fiscales;
43. Considera que Europa solo será más fuerte y más progresista si se reforma para aproximarse lo más posible a las expectativas de los ciudadanos en materia de solidaridad, cohesión, asilo, protección del medio ambiente y de la biodiversidad, ecologización de la economía y de la producción de energía, y apoyo a la investigación, la educación y el progreso social; considera que solo un sistema de ingresos basado en unos recursos verdaderamente propios procedentes de la fiscalidad de las grandes fortunas, de las transacciones financieras y de las industrias más contaminantes podría permitir una financiación adecuada de la acción de la Unión en estos ámbitos;
44. Pide a este respecto la introducción de impuestos al sector financiero y a las grandes multinacionales de la informática, de una base común de imposición a las empresas y de un impuesto fronterizo al carbón para llegar a un sistema financiero autónomo, más justo, más transparente, más sencillo y más equitativo que los ciudadanos puedan entender mejor y que muestre de manera más clara su contribución al presupuesto de la Unión;
45. Recuerda la posibilidad de aplicar medidas fiscales coordinadas entre los diferentes Estados miembros, dirigidas al gran capital y en beneficio de la población, los trabajadores y los distintos países; rechaza la creación de una «política fiscal europea»;
46. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a las demás instituciones y organismos interesados.

References: RESOLUCIÓN 

Resolución 
 artículo 349
 Resolución 
 artículo 349
 resolución 
 artículo 41
 Resolución