Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500409.html
Timestamp: 2019-03-25 14:12:17+00:00

Document:
se201500409
SENTENCIA: 409/2015.
EXPEDIENTE Nº: 303/2010.
PARTES: Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS S.A.) contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Pronunciada dentro el proceso contencioso-administrativo, interpuesto por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS S.A.) mediante su representante, contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativa de fs. 213 a 217, que impugna, la Resolución Ministerial RJ/APSB/Nº 03-A, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, decreto de admisión de fs. 220, contestación de fs. 427 a 430, demás antecedentes y;
CONSIDERANDO I: Que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS S.A.), mediante su representante legal, por escrito de fs. 213 a 217, expuso los siguientes antecedentes:
-Que el 6 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Saneamiento Básico, vía una Resolución Administrativa, comunicó a EPSAS S.A. un presunto incumplimiento a la cláusula 13.5 del “Contrato de Concesión”, por no brindar una correcta orientación técnica al propietario del inmueble sin fundamentar la decisión de exigir el cobro por conexión.
-Que EPSAS S.A. mediante el cite AL/204/2008 de 13 de noviembre informó a la Superintendencia de Saneamiento Básico que “…Felipe Burgoa (…) solicitó instalación nueva del servicio de agua potable” a consecuencia de ello se procedió a una inspección técnica “verificando que la conexión de agua potable era factible, además que el inmueble ya contaba con alcantarillado por servidumbre de paso”.
-Que la Superintendencia de Saneamiento Básico, pese a los descargos presentados, el 26 de diciembre de 2008, emitió la Resolución Administrativa Nº 668/2008, en la que determina que EPSAS S.A., pague por una “mal llamada regularización del servicio de alcantarillado sanitario en la suma de Bs. 500 y luego de pagado los montos establecidos habilitar el servicio de agua potable bajo pena de aplicarse sanciones de ley.”
-Que contra la referida Resolución, EPSAS. S.A. interpuso recurso de Revocatoria, resuelto por Resolución Administrativa Nº 070/2009, la que confirmó, la Resolución Nº 668/2008.
-Que EPSAS S.A. en Recurso Jerárquico, solicitó se revoque la Resolución Nº 070/2009, que fue resuelta por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, emitiéndose la Resolución Nº RJ/APSB/Nº03-A de 7 de abril de 2010, confirmando la resolución Nº 070/2009.
-Que EPSAS S.A., contra esta resolución, interpuso demanda contenciosa administrativa argumentando que:
1. Respecto a la conexión clandestina de Felipe Burgoa. Que éste, durante todo el proceso administrativo NO demostró la legalidad de su conexión de alcantarillado que tenía instalado en su inmueble ubicado en la calle M. Cervantes Nº 50 de la zona de San Antonio antes del proceso de división y participación del inmueble original.
Que el Art. 44 del Reglamento Nacional de Prestación de Servicios en su segunda parte establece: “El costo correspondiente y el pago del derecho de conexión será por cuenta del abonado del inmueble, requisitos sin los cuales será considerada como conexión clandestina”.
Que la División de Activos Fijos de EPSAS, por informe DAF/004/2010, verificó en sus archivos que Felipe Burgos no cuenta con registro alguno en EPSAS S.A, que acredite oficialmente su conexión y en consecuencia la legalidad de la misma.
Que el Art. 13 inc. 5), del Reglamento del Cliente, aprobado por la Superintendencia de Aguas, vía la Resolución Nº 41/99 de 25 de octubre, dentro las obligaciones derivadas del contrato, suscrito con la Empresa, en relación al cliente está la de: “Pagar un derecho de conexión que comprende el costo de la misma”. En consecuencia el pago debe solicitarse al usuario, caso contrario la empresa no podría instalar una nueva conexión de agua potable.
2. Sobre la carga de la prueba. Que la Empresa no es quien debe cumplir con la carga de la prueba, la Empresa no es la que se encuentra en la necesidad de demostrar la legalidad de la conexión, porque el derecho pretendido de no ejecutar una nueva conexión de alcantarillado y en consecuencia no pagar el “derecho de conexión”, fue iniciado por Felipe Burgoa.
Que el Reglamento Nacional, establece en su art. 44 que ante la falta de pago del Derecho a Conexión, la misma es considerada como clandestina, aspecto este que EPSAS demostró a través de la certificación de Activos Fijos, documentación que fue obviada por la SISAB (ahora AAPS).
Que el Art. 146 del referido Reglamento define el término “conexión clandestina, como la ejecutada sin autorización de la Empresa”.
3. Respecto a la aprobación del costo de la regularización de la Superintendencia. Que el Reglamento antes citado, en su Art. 69, con referencia a los centros urbanos establece: “la empresa está autorizada para cobrar sin excepción las tarifas establecidas y debidamente aprobadas a todos los usuarios”. De lo mencionado se asume que nadie puede ser beneficiado por algún tratamiento excepcional como se pretende en el presente caso, debido a que la generalidad cancela su Derecho a Conexión.
4. Sobre la nueva conexión del señor Fernando Burgoa. Que se le hizo conocer al solicitante vía el llenado del formulario, que para proceder con la conexión de Agua Potable, debía legalizar su conexión de alcantarillado por servidumbre de paso. El art. 22 del Reglamento establece: “Cuando un inmueble que tenga servicio de agua y/o alcantarillado subdividida, la conexión existente quedará asignada a la parte del inmueble por donde ingresa la acometida. Para la parte que quede sin el servicio, el propietario debe solicitar su correspondiente conexión domiciliaria separada y pagar los derecho y costos que haya lugar”, siendo esta la situación fáctica, respecto al presente caso.
Que el reclamo del usuario, respecto a regularizar su conexión no debía ser viable y tampoco correspondía el monto de Bs. 500, como costo de la misma, ya que él al independizar su servicio de agua y alcantarillado, está obligado por norma a realizar una nueva conexión y no mantener la que existía en todo el predio y ante la actitud del señor Burgoa de realizar una solicitud de nueva conexión está obligado a pagar el derecho de conexión primero; por que no existen documentos que demuestren la legalidad de la conexión existente que pretende mantener vigente y segundo porque fruto de la división su inmueble ahora independiente, quedó sin el servicio.
5. Sobre la extemporaneidad de la emisión de la Resolución Ministerial RJ/APSB/Nº 03-A. Que amparados en el D.S. Nº 0071 de 9 de abril, art. 4, parágrafo II, se emitió la Resolución Ministerial Nº 107 de 10 de agosto de 2009, que estableció que sea el Ministerio de Medio Ambiente y Agua quien deba resolver los trámites que estaban radicados en la ex Superintendencia General del SIRESE en materia de Saneamiento Básico.
Que la Disposición Final Primera, parágrafo segundo, del D.S. Nº 0071, estableció que: “El plazo de la etapa procesal en que se encuentre el recurso será nuevamente computado a partir de la notificación a las partes con la radicatória del proceso”.
Que el D.S. 27172 que reglamenta la Ley Nº 2341, en su art. 91 dispone: “El Superintendente General resolverá el recurso jerárquico en un plazo de 90 días, prorrogables por otros 60 días en caso de apertura de un término de prueba”.
Que la Empresa fue notificada con la Resolución Ministerial Nº 107 el 18 de agosto de 2009, pero en ningún momento con una prórroga de 60 días o un auto de término de prueba, consiguientemente, se activó a favor de la Empresa el silencio administrativo positivo, lo que implica que la solicitud de la Empresa fue aceptada, por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Que la Empresa, pide que todos estos argumentos sean valorados por este Tribunal, declarando probada la demanda y revoque la Resolución Ministerial RJ/APSB/Nº 03-A, de 7 de abril de 2010, en consecuencia revoque la Resoluciones Nº 070/2009 y Nº 668/2008.
CONSIDERANDO II. Que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, vía su representante legal, mediante escrito de fs. 427 a 430, contesto en forma negativa a la demanda, argumentando:
-Que Felipe Burgoa, presentó reclamo en contra de EPSAS S.A. por cobros indebidos por alcantarillado, esto en sentido que sólo realizó la solicitud de conexión del servicio de agua potable, toda vez que su inmueble ya contaba con la conexión de alcantarillado por servidumbre.
-Que cumplidas las formalidades procesales, la ex SISAB emitió la Resolución Nº 668/2008 de 26 de diciembre de 2008, por la cual declara fundada la reclamación del señor Felipe Burgoa, “toda vez que no se demostró con prueba idónea de parte de EPSAS S.A., que la conexión de alcantarillado sanitario que cuenta el inmueble, sea clandestino por falta de pago de la conexión y del derecho de conexión, disponiendo regularizar la conexión y el derecho de conexión del alcantarillado sanitario del inmueble del reclamante, pagando un monto de Bs. 500”. Decisión que fue confirmada en la instancia de Alzada y Jerárquico.
-Que en relación a la presunta conexión clandestina, la entidad demandada, sostiene que el señor Burgoa junto con su esposa, adquirieron un inmueble de 110 mts2, sito en zona de Villa San Antonio de La Paz, emergente de una división y partición que fue realizada por los anteriores propietarios. El hecho que no curse en archivos de activos fijos de EPSAS S.A. un trámite de solicitud a nombre del señor Felipe Burgoa Cuba o su esposa, no acredita la clandestinidad de dicha conexión de alcantarillado, en todo caso, por los antecedentes del inmueble se asume que quien hizo la respectiva instalación fueron los vendedores.
-Que referente a la carga de la prueba, es pertinente lo previsto en el art. 22 del Reglamento Nacional de Prestación de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. Esta disposición no hace referencia al término “conexión clandestina” y si bien señala que la parte que se quede sin el servicio deberá pagar los derechos y costos a que haya lugar, “no especifica cuáles son estos montos”, no se puede presumir que el valor de una conexión antigua tenga el mismo costo que una nueva, más aún si EPSAS S.A. no erogó gastos en materiales ni mano de obra.
-Que es insoslayable el hecho, que el alcantarillado del usuario se ha consolidado en merito a que se constituyó por servidumbre, conforme expresa el art. 281 del Código Civil.
-Que el D.S. Nº 27172, en sus arts. 58 y 63 señalan de manera clara y precisa que la carga de la prueba le corresponde al operador.
-Que referente a la aprobación del Costo de Regularización de la Superintendencia. La SISAB, al emitir la Resolución Administrativa Nº 070/2009 dio estricta aplicación a lo previsto en el art. 20 de la CPE.
-Que en relación a la extemporaneidad de la emisión de la Resolución Ministerial, por Auto Administrativa de 24 de diciembre de 2009, se apertura término de prueba, notificándose a EPSAS S.A. el 12 de enero de 2010.
Que con todos estos argumentos, pide se rechace la demanda contenciosa administrativa en todos sus extremos, consiguientemente, confirme las Resoluciones Ministeriales RJ/APSB/Nº 03-A, la Nº 070/2009 y la Nº 668/2008. Cumplidas las formalidades procesales, la presente causa quedó para estado de emisión de sentencia.
CONSIDERANDO III: Que en mérito a los antecedentes descritos anteriormente, este Tribunal Supremo de Justicia, constituido en Sala Plena a objeto de resolver la presente controversia considera necesario manifestar:
1. Que se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la presente causa, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo, que reviste las características del juicio de puro derecho, donde el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial de legalidad, sobre los actos ejercidos por la autoridad administrativa a tiempo de emitir la Resolución Jerárquica, aspecto este que acredita haberse agotado la vía administrativa, definición que tiene plena concordancia con el principio de “control judicial”, previsto en el art. 4 inc. i) de la Ley Nº 2341, que dispone: “El Poder Judicial, controla la actividad de la Administración Pública, conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables”.
2. Que en autos se asume que la controversia expuesta por EPSAS S.A., mediante su escrito de demanda, se resumen en: “Que la resolución de Recurso Jerárquico habría interpretado y aplicado erróneamente determinadas disposiciones administrativas a tiempo de referirse a) la conexión clandestina del señor Felipe Burgoa; b) la carga de la prueba que según la autoridad administrativa recaería en EPSAS S.A.; c) la competencia que tendría la Superintendencia, respecto a modificar los precios y tarifas y d) la emisión extemporánea de la Resolución Ministerial Nº R.J./APSB/Nº 03-A, situación que abría activado el silencio administrativo.
3. Revisado minuciosamente el expediente, a continuación se procede a resolver cada una de las controversias, con los siguientes argumentos:
3.1. Respecto a la conexión clandestina del alcantarillado, ubicada en el inmueble del señor Felipe Burgoa.
El señor Felipe Burgoa y su esposa, adquirieron a título de compra venta el año 2000 un inmueble, (ver fs. 300 a 304), sito en zona de Villa San Antonio Alto de la ciudad de La Paz, el cual cuenta con servicio de alcantarillado y no con servicio de agua potable. La razón para ello es que a consecuencia de una división y partición, la otra parte del inmueble se quedó con el referido servicio de agua potable.
Felipe Burgoa, acude a EPSAS S.A. a solicitar la instalación del servicio de agua potable, EPSAS S.A. a consecuencia de esta solicitud realiza inspecciones técnicas, finalmente la referida empresa concluye en que la instalación del alcantarillado del inmueble de propiedad del señor Felipe Burgoa sería clandestino, por lo que condiciona al propietario del inmueble a que primeramente debe cancelar – según el Anexo 10 núm. 3.2. del Contrato de Conexión- la suma de $us. 180 y posteriormente se procedería a la instalación de agua potable. (ver fs. 332 a 334).
El argumento legal de EPSAS S.A. para asumir esta decisión es la previsión del art. 44 del Reglamento Nacional de Prestación de Servicios de Agua Potable y alcantarillado para Centros Urbanos que dispone: ”La conexión domiciliaria externa será aprobada únicamente por la Empresa, de acuerdo a normas y especificaciones técnicas. El costo correspondiente y el pago del derecho de conexión serán por cuenta del abonado del inmueble, requisitos sin los cuales será considerada como Conexión Clandestina”.
Toda disposición legal, describe de manera abstracta y genérica una determinada conducta o acto, siendo imperativo tener presente que la materialización y eficacia de dicha disposición legal se la realizará a tiempo de aplicarlo a un caso concreto, momento en el cual se deberá interpretar el alcance de esta disposición desde la constitución y conforme a la constitución, precautelando de esta manera el debido proceso sustantivo como adjetivo.
Complementando lo manifestado, recordar que todos los derechos humanos que fueron constitucionalizados, bajo la denominación de derechos fundamentales, en la actual Constitución Política del Estado (CPE), a partir del 7 de febrero de 2009 son de aplicación directa, sin necesidad de norma infra constitucional que los interprete o regule, conforme lo previsto por el art. 109.I de esta CPE que dispone: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”. El art. 13.I de la CPE dispone: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son….progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlo, protegerlos y respetarlos”; el art. 16.I señala: “Todas las personas tienen derecho al agua…”; art. 20.I, indica: “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.” Seguidamente el parágrafo II taxativamente indica: “El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos…” (Las negrillas son nuestras).
Emergente del análisis jurídico realizado, acorde al principio de verdad material, se debe tener presente que el señor Felipe Burgoa y su esposa, adquirieron el inmueble con la conexión del alcantarillado ya existente y a consecuencia de una división y partición de la totalidad del inmueble, la parte que le corresponde al señor Felipe Burgoa, se quedó sin agua potable. A esto se suma que el alcantarillado existente en su inmueble, al margen de ser antiguo, recibe las aguas de otros inmuebles, por situaciones naturales, es decir que existen servidumbres de paso de aguas consolidadas.
Al haber acudido el señor Felipe Burgoa a EPSAS S.A. a solicitar la conexión de agua potable y permitir la respectiva inspección en su inmueble, ha demostrado buena fe, en sentido que no ocultó la existencia de la conexión de su alcantarillado, aspecto este que es esencial tener presente, por cuanto el art. 4 inc. e) de la Ley de Procedimiento Administrativo señala: “Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento administrativo”. (Las negrillas y cursiva es nuestra)
La buena fe es una regla de conducta, una calificación del comportamiento humano de acuerdo a determinados parámetros. (Gamarra Gamarra, J., Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, T. XVIII, Montevideo, 1987, p. 250) se refiere a la normatividad de actividad o criterio de valoración de un comportamiento, al analizar el principio de la buena fe. Esta pauta de comportamiento llena su contenido con las exigencias morales de la conciencia social de una comunidad determinada en un momento histórico dado, siendo por ello esencialmente variable.
Nuestro ordenamiento jurídico exige este comportamiento de buena fe, implicando no sólo un límite a la conducta deshonesta (aspecto negativo), sino también la necesidad de un actuar positivo, prestando al prójimo todo aquello que razonablemente exige una fraterna convivencia; en definitiva consiste en un modo de actuar en el cual los demás puedan confiar.
A todo lo manifestado se suma el principio de objetividad que debe estar presente a tiempo de hacer efectivo el principio de verdad material, ya sea dentro un proceso judicial o administrativo. Esto implica no solamente identificar las pruebas de cargo, sino también las de descargo y en el caso de autos, corresponde precisar: a) que si bien se ha demostrado que el inmueble donde está ubicado el referido alcantarillado es de propiedad del señor Felipe Burgoa, no se ha demostrado que el referido propietario sea quien habría instalado la referida conexión de alcantarillado sin la respectiva autorización de la empresa, como exige el art. 44 del referido Reglamento; b) disponer que el señor Felipe Burgoa sea quien regularice administrativamente la conexión del alcantarillado que está ubicado en su inmueble, sin que él haya sido el que haya autorizado o realizado dicha conexión, es desconocer el principio de verdad material y el valor de justicia; c) a ello se suma que EPSAS S.A. conmina al impetrante a que primeramente deba regularizar lo referido a la conexión del alcantarillado y recién se le procedería a instalar el agua potable, lo que implica omitir la obligación prevista en los arts. 108 núm. 1 y 109.I ambos de la Constitución Política del Estado, toda vez que el agua potable y el alcantarillado son derecho fundamentales, conforme lo previsto en los arts. 16. I y 20.I de la Ley Fundamental.
En virtud de todos estos argumentos se asume que lo ocurrido en el inmueble del señor Felipe Burgoa, respecto a la conexión del alcantarillado, no se acomoda a lo previsto en el art. 44 del Reglamento Nacional de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para Centros Urbanos, en consecuencia no debe ser considerado como “conexión clandestina”.
3.2. Respecto a la carga de la prueba que según la autoridad administrativa recaería en EPSAS S.A.
Teniendo presente que a consecuencia de la decisión asumida por EPSAS S.A. de conminar al señor Felipe Burgoa a que deba regularizar administrativamente la conexión de alcantarillado que se ubica en su inmueble, misma que se la calificó en principio como “conexión clandestina”, se activó un proceso administrativo de reclamación y posterior impugnación. En mérito de ello es plenamente pertinente aplicar la Ley de Procedimientos Administrativos (Nº 2341) y su respectivo Decreto Reglamentario (Nº 27172).
Con este antecedente, lo que debía demostrarse con prueba idónea era que el señor Felipe Burgoa fue quien procedió a realizar o autorizar la conexión del alcantarillado, ubicado dentro su inmueble, sin la autorización de la Empresa, para de esta manera concluir en que evidentemente se trataba de una “conexión clandestina”.
Por disposición expresa del art. 58 parágrafo III del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, quien debía acreditar estos extremos imperativamente era EPSAS S.A. toda vez que el referido precepto jurídico dispone: “La carga de la prueba será del operador”, concordante con el art. 63 parágrafo II del mismo cuerpo legal. En el caso de autos se acredita que esta obligación fue omitida por EPSAS S.A.. En el caso de autos esta obligación es coherente, toda vez que el usuario demostró desde un principio que su inmueble era consecuencia de una división y partición anterior y que la conexión del alcantarillado no la hizo él, debiendo en todo caso EPSAS S.A. desvirtuar este extremo, aspecto que no ocurrió.
3.3. Respecto a la competencia que tendría la Superintendencia para modificar los precios y tarifas.
EPSAS S.A., respecto a este argumento, refiere que por disposición del art. 69 del Reglamento Nacional de Prestación de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado para Centros Urbanos, “…la empresa está autorizada para cobrar sin excepción las tarifas establecidas y debidamente aprobadas a todos los usuarios”. El derecho de conexión se encuentra establecido en la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 004/2005 de 7 de enero, que fue aprobado por órgano competente, en consecuencia el costo que se dispuso deba pagar el usuario de $us. 180 para regularizar su conexión estaría conforme a derecho, no obstante la autoridad administrativa contrario a toda disposición legal, dispone que el usuario deba cancelar por concepto de regularización Bs. 500, decisión que a criterio de EPSAS S.A. sería arbitraria e ilegal.
Amparados en el principio de equidad, contenido en el art. 178 parágrafo I de la CPE, como parte de los principios que sustentan la potestad de impartir justicia, debemos tener presente que el referido principio es esencial tenerlo presente en el presente caso y se resume en la frase dar a cada quien lo que le corresponde.
“No cabe duda que el principio de equidad favorece a la más perfecta realización de justo jurídico y que en la realización de ese principio se concreta la trascendente función de los jueces de impartir justicia en la resolución de las controversias que son sometidas a su conocimiento, ya sea que recurran al mismo cuando: 1) no encuentran en el ordenamiento jurídico la fuente formal para fundar su decisión, ó 2) esencialmente, para interpretar la ley considerando las circunstancias particulares de cada caso frente al rigorismo de la norma general y abstracta, con miras de lograr, más que una justicia legal y formal, una justicia equilibrada y equitativa que se constituya en una respuesta efectiva para el caso concreto. Siendo allí donde la equidad juega un rol preponderante en miras de desentrañar la justicia que la ley pretende realizar, se debe tener presente que el principio de equidad no supone ir contra la ley, juzgarla o modificarla por el contrario supone encontrar el límite del campo de aplicación de una norma en un caso concreto, impidiendo que alguien sea injustamente tratado al aplicarle la literalidad de los términos abstractos y generales de la ley, cuando su caso, por cualquier circunstancia, no debe ser considerado dentro esa generalidad o abstracción prevista”. (Revista de Jurisprudencial 2do número-2014. Unidad de Sistematización de Jurisprudencia, del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. Pág. 18-19).
En el caso concreto, si bien no se ha demostrado que la conexión del alcantarillado sea clandestino, el mismo existe y debe ser debidamente regularizado, desde el punto de vista administrativo, en tal sentido se debe tener presente que en el caso concreto, la empresa no realizará una instalación nueva, sino que la conexión de alcantarillado ya existe, siendo lo justo y equitativo que el usuario pague a la empresa un monto de dinero conforme al principio de verdad material y que en el caso presente la autoridad administrativo dispuso que sea de Bs. 500, lo que se asume es equilibrado, siendo todo lo contrario lo pretendido por la empresa que es de $us. 180, suma de dinero que estar referido a conexiones nuevas, en las cuales el tiempo de trabajo que se invertiría y los materiales serían diferentes, en relación a una conexión que ya existe. Se asume en consecuencia de lo argumentado por la parte actora, no es evidente.
3.4. Respecto a la emisión extemporánea de la Resolución Ministerial Nº R.J./APSB/Nº 03-A, situación que abría activado el silencio administrativo.
SEBSA S.A. manifestó que su Recurso Jerárquico fue admitido por la Superintendencia General el 25 de marzo de 2009. El D.S. Nº 0071 de 9 de abril de 2009 en su art. 4.II, dispuso la extinción de las Superintendencia Generales y que las atribuciones de las mismas serían asumidas por los Ministros de cabeza de sector.
La Disposición Final Primera del referido D.S. Nº 0071, estableció que: “El plazo de la etapa procesal en que se encuentre el recurso, será nuevamente computado a partir de la notificación a las partes con la radicatoria del proceso”. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, emitió la Resolución Ministerial Nº 107 de 10 de agosto de 2009, disponiendo la radicatoria de los Recursos Jerárquicos que se venían tramitando ante la ex Superintendencia General del SIRESE. EPSAS S.A. fue notificada con esta Resolución Ministerial el 18 de agosto de 2009.
En mérito de este antecedente, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico APSB/Nº03-A el 14 de abril de 2010, fuera del plazo previsto en el art. 67 de la Ley Nº 2341, sumándose a ello –indica la parte actora- que no se notificó a la empresa con ninguna prorroga de plazo o cosa similar, correspondiendo activar el silencio administrativo positivo.
Con la finalidad de resolver esta controversia, precisar que el art. 91.I del D.S. Nº 27172 dispone: “El Superintendente General resolverá el recurso jerárquico en un plazo de noventa (90) días, prorrogables por otros sesenta (60) días en caso de la apertura de un término de prueba. Si el término de prueba es abierto de oficio, el auto de apertura deberá fundamentarse en las razones que lo justifiquen”.
En el caso de autos la Autoridad Jerárquica por Resolución Administrativa de 24 de diciembre de 2009, motiva y fundamenta su decisión de abrir un término probatorio de 20 días, decisión que cursa de fs. 390 a 391 del expediente. La entidad actora fue notificada con este acto administrativo el 12 de enero de 2010, conforme se evidencia a fs. 392, no habiendo impugnado dicha decisión, activándose en consecuencia una convalidación tácita.
El 15 de enero de 2010, se diligencio una audiencia de inspección, cuya acta cursa de fs. 127 a 128, actuado procesal al cual asistieron las partes en controversia, ejerciendo en todo caso su derecho a la defensa.
En fecha 01 de febrero de 2010, EPSAS S.A. presentó un memorial a la autoridad jerárquica en la cual no observa en ningún momento lo argumentado en este cuarto punto de controversia, documento que cursa a fs. 407.
Mediante resolución de 10 de febrero de 2010, la Autoridad Jerárquica, clausura el término probatorio, con la que fue notificado EPSAS S.A. el 01 de marzo de 2010, según se acredita a fs. 412.
Es con estos antecedentes procesales que posteriormente se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico, el 07 de abril de 2010.
En mérito de todo lo explicado, observando el principio de verdad material, formalmente se asume la Resolución de Recurso Jerárquico, se habría emitido fuero de los cinco meses de plazo previstos en el art. 91.I del Reglamento de la Ley Nº 2341, no obstante la referida dilación fue de pleno conocimiento de la entidad actora EPSAS S.A. y en ningún momento observo de manera oportuna el incumplimiento de plazos, activándose la convalidación, respecto a esta situación. Consiguientemente no es coherente que en esta etapa de impugnación judicial, se pretenda desconocer determinadas actitudes que fueron expresamente consentidas en reiteradas veces, en la fase administrativa, conforme se acredita de la relación de actuados, citada anteriormente. A ello se suma que la motivación esencial que tuvo la Autoridad Jerárquica para ampliar el plazo de emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico era materializar en el presente caso concreto una decisión, basada en el principio de verdad material y no en la verdad formal, aspecto que tiene plena pertinencia constitucional con lo previsto en la Ley Fundamental.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fs. 212 a 217, en consecuencia mantiene firme y subsistente lo resuelto por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Resolución Nº RJ/APSB/Nº 03-A de abril de 2010, cursante de fs. 419 a 420.

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