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Timestamp: 2020-08-05 21:00:17+00:00

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Experimentación científica, genética aviar y dictadura militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1956-1976) | Agricultura | Economias
Experimentación científica, genética aviar y dictadura militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1956-1976)
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Experimentación científica, genética aviar y dictadura militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(1956-1976)
Cecilia Gárgano Mundo Agrario, vol. 15, nº 28, abril 2014. ISSN 1515-5994 http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
Scientific experimentation, avian genetics and military dictatorship in the National Agricultural Technology Institute (1956-1976)
Cecilia Gárgano (*)
Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) Becaria doctoral. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina garganocecilia@gmail.com
Cita sugerida: Gárgano, C. (2014). Experimentación científica, genética aviar y dictadura militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1956-1976). Mundo Agrario, vol. 15, nº 28, abril 2014 . Recuperado de: http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv15n01
Resumen Este artículo analiza una experiencia pionera de investigación y experimentación orientada a la actividad agropecuaria argentina, radicada en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Con el objetivo de identificar rupturas y continuidades en la orientación de las actividades del Instituto durante su intervención militar y conexiones con la dinámica socio-económica del período, se estudia una de sus líneas de investigación, abocada a desarrollar una línea genética aviar nacional. A partir de publicaciones científicas, documentos institucionales, prensa de la época y entrevistas a informantes clave, se reconstruye y analiza esta trayectoria y su desmantelamiento durante la última dictadura (1976-1983).
Palabras clave: genética aviar - dictadura militar – INTA – gallinas - tecnología agropecuaria
Abstract This article deals with a pioneering experience in research and experimentation aimed at Argentine farming, developed in the National Institute of Agricultural Technology (INTA). Aiming to assess changes and continuities in the orientation of the Institute's activities during the military intervention, and its links with the socio-economic dynamics of the period, the paper examines one of its research lines, dedicated to the development of a national avian genetic line. Based on scientific publications, institutional documents, contemporary press and interviews with key informants, it reconstructs and analyzes this development and its decommissioning during the last dictatorship (1976-1983).
Key words: avian genetics - military dictatorship - INTA - hens - farming technology
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Historia Argentina y Americana
Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina
Mundo Agrario, vol. 15, nº 28, abril 2014. ISSN 1515-5994
Si bien el campo historiográfico constituido en torno al estudio de la historia reciente ha crecido en forma significativa en los últimos años, el análisis de los cambios producidos en la producción de ciencia y tecnología en relación a las transformaciones económicas y políticas registradas durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) constituye una temática no analizada en profundidad aún. En particular, las investigaciones oficiales orientadas al sector agropecuario, radicadas fundamentalmente en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aún no han sido sistemáticamente indagadas mediante estudios que analicen la orientación de sus agendas en este período. Mientras que estudios como el de Adler han analizado cambios en las políticas científico-tecnológicas entre 1966 y 1982 (Adler, 1987) y distintos especialistas de la historia económica reciente argentina han destacado aspectos significativos de la producción científica y tecnológica del período (Azpiazu, Basualdo y Nochteff, 1988; Chudnovsky y López, 1996), restan todavía indagaciones empíricas que analicen la intervención de los organismos de ciencia y técnica durante la última dictadura (1976-1983). Para el caso del INTA, a excepción de un estudio previo centrado en la agenda de los estudios sociales del organismo (Gárgano, 2011), no se cuenta con trabajos que analicen la orientación de sus actividades de investigación y extensión rural antes y después de su intervención.
Este artículo analiza investigaciones vinculadas al sector agropecuario nucleadas en un organismo público, el INTA, y su orientación durante la última dictadura (1976-1983). En particular, se analiza la trayectoria de un equipo de investigación dedicado a mejoramiento genético aviar, radicado en una de las principales estaciones experimentales agronómicas del Instituto. Se reconstruye su conformación, principales actividades y posterior desmantelamiento durante la intervención militar del Instituto en 1976, señalando conexiones entre esta trayectoria de investigación, otras actividades del organismo y transformaciones económicas y políticas del período.
El trabajo se enmarca en una investigación mayor en curso que analiza continuidades y rupturas en las tareas del INTA a raíz de su intervención durante la última dictadura, a partir del estudio de la implementación de diferentes políticas sectoriales (agropecuarias y científico-tecnológicas), de los cambios en los patrones de acumulación y de la introducción de mecanismos represivos en el Instituto.
La elección del caso se sustenta en tres razones fundamentales. En primer lugar, en función del rol histórico del agro en la estructura productiva de la región y del país, la investigación agropecuaria resultó un área central desde los comienzos del siglo XX. En segundo lugar, el
propio diseño del INTA -el primero en su tipo de toda América Latina- imbricó las tareas de investigación y extensión rural por medio de una amplia estructura territorial que cubrió buena parte de la superficie del país, lo que lo ubicó como un referente para sus pares latinoamericanos y lo distinguió de otros organismos locales. Por último, en razón de la magnitud de su intervención militar a partir de 1976. Estas razones hacen del INTA un objeto de estudio relevante para reconstruir transformaciones recientes en la producción de conocimientos orientados al ámbito agropecuario.
El estudio del INTA se enmarca en una conceptualización de las instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico en tanto espacios materiales, normativos e ideológicos (Hurtado, 2010), cuya dinámica se encuentra en directa relación con el escenario sociopolítico y económico. La producción científica y tecnológica es estudiada a partir de sus condicionantes histórico-sociales (Katz, 1998), sus vinculaciones con transformaciones económicas y sectoriales (Bonneuil y Thomas, 2009; Bercovich y Katz, 1990; Rose y Rose, 1976); con la configuración social de la producción cognitiva (Shinn, 1982), y con elementos propios de la historia argentina reciente.
El artículo se organiza en tres apartados. El primero presenta una breve reseña sobre la creación y los comienzos del INTA. El segundo sintetiza los sucesos vinculados a la intervención del Instituto durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y señala las principales transformaciones registradas. El tercer apartado analiza la trayectoria de un equipo de investigación dedicado a desarrollar una línea genética aviar, radicado en una de las principales estaciones experimentales del Instituto debido a su ubicación, antigüedad y dotación de profesionales. Finalmente, en las conclusiones se puntualizan los resultados obtenidos y se sugieren nuevos interrogantes de investigación.
2- Creación y puesta en marcha del INTA
Las investigaciones vinculadas a la actividad agropecuaria poseen una larga trayectoria en la Argentina, en consonancia con el histórico peso del sector en la estructura productiva del país. Ya a fines del siglo XIX habían sido organizados los primeros centros de estudios agronómicos de nivel universitario y las escuelas agrícolas, y a principios del siglo XX, el Servicio de Agronomías Regionales y la Oficina de Estaciones Experimentales. La organización de un espacio de investigación, experimentación y extensión rural, específicamente centrado en la generación y adaptación de tecnologías para el agro, tuvo lugar con la creación del INTA en 1956. A lo largo de su historia, desarrollaría sus actividades atravesando distintas coyunturas políticas y socio-económicas en general, y diferentes cambios de la estructura social agraria en particular.
A fines de la década de 1950, en un marco de crisis caracterizado por el estancamiento registrado en los saldos exportables de los productos provenientes de la región pampeana (INTA, 1997), la necesidad de generar y aplicar tecnología agropecuaria cobró nuevo impulso. Junto a otras de las instituciones del complejo científico-tecnológico nacional, el INTA fue creado en el marco del llamado Plan Prebisch, elaborado por el economista argentino y secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Raúl Prebisch, entre octubre de 1955 y enero de 1956. El Plan, fuertemente criticado por la apertura a capitales extranjeros planteada, fue elevado a la autodenominada “Revolución Libertadora” que en 1955 había derrocado al presidente Perón. Ahondando en las causas del estancamiento agrario, mencionaba la erosión y el retraso en la tecnificación y aplicación de conocimientos científicos al sector (Oteiza, 1992). El diagnóstico coincidente con la creación del Instituto fue que había que aumentar los rendimientos por unidad de superficie, para lo que se fomentaría la incorporación de tecnología al agro.
Su creación fue también impulsada por un grupo de ideólogos y profesionales vinculados a la actividad, cuyos debates pusieron de manifiesto la preocupación que desde distintos sectores y por diferentes razones generaba su puesta en marcha. Mientras que las universidades manifestaban su preocupación por la disputa en tanto centro reconocido de producción de conocimiento orientado al agro y por la posible burocratización de un organismo de la magnitud del INTA (Losada, 2005), la Sociedad Rural Argentina (SRA) debía afrontar que el financiamiento proviniera del 1,5% ad valorem de las exportaciones agropecuarias y manifestaba su interés por que el INTA se mantuviera exclusivamente restringido a tareas técnicas (León y Losada, 2002).
El retraso en el sector agrícola constituía por entonces un tema central en la agenda internacional, y en particular a nivel regional. Poco tiempo después de la reunión en Punta del Este en 1961 del Consejo Interamericano Económico y Social, integrado por todos los países miembros de la OEA (incluida Cuba), surgiría la Alianza para el Progreso, promovida por Estados Unidos en el marco de la Revolución Cubana (1959) y en un álgido momento de la Guerra Fría. También la necesitad de contribuir al proceso de industrialización por sustituciones excedía la particularidad nacional y se revelaba central en las agendas y en los debates agrarios de la región, en los que la modernización técnica del campo ocupaba un rol destacado (Faiguenbaum, 2011).
Primer organismo dedicado oficialmente a la investigación y extensión rural en el país y en toda América Latina, el INTA tuvo una dotación inicial otorgada por el Estado de 300 millones de pesos (moneda nacional) y recibió un importante número de estaciones experimentales que estaban en manos del entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería
(Leon y Losada, 2002). Fueron cedidas 31 estaciones experimentales que conformaban unas 27.667 hectáreas y un Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias ubicado en Castelar, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires (INTA, s/a). El Instituto se organizó creando nuevas estaciones experimentales y agencias de extensión rural, que al estar repartidas a lo largo del territorio nacional lograron una cobertura territorial única. Creado por decreto el 4 de diciembre de 1956 como organismo autárquico, se dedicaría, según su carta fundacional, a organizar, desarrollar y estimular “la investigación, experimentación y extensión agraria” (Valeiras, 1992: 143). El mandato que atravesó su creación también se ligaba al trabajo con “la familia rural”, y explicitaba la necesidad de sostener la extensión rural mediante la “asistencia educacional, técnica y cultural del productor rural y su familia y el mejoramiento de la comunidad que integra” (Decreto-ley 21.680, citado en Valeiras, 1992: 143).
Mientras que el servicio de extensión adoptó en buena medida la estructura estadounidense, el Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) francés sirvió de modelo institucional, sin que esto implicara no confrontar el diseño inicial con las características geográficas, económicas y socio-culturales del medio rural local. La integración de las tareas de investigación (dirigida a las problemáticas de la producción agropecuaria) y extensión (mediante tareas de enseñanza y del contacto directo con las comunidades rurales) distinguió al organismo de sus pares, y lo ubicó como referente en la materia. También su estructura territorial le otorgó un sello distintivo y resultó clave, dada la composición social del agro y la extensión de la población rural a lo largo y ancho del país.
Desde su creación, junto a un órgano técnico administrativo encargado de asesorarlo (la Dirección Nacional), estuvo presidido por un Consejo Directivo, verdadero enlace con el Poder Ejecutivo, las universidades y las principales entidades agropecuarias del país (INTA, 1996). La estructura interna del Consejo contó con representantes de las principales entidades; algunas, como la SRA y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), representantes de los productores más capitalizados e históricamente actores políticos de peso en la coyuntura nacional (Basco, 1973), que estuvieron habilitados con voz y voto para influir en las decisiones del organismo. En el marco de una dinámica de acumulación signada por la disputa de las ganancias provenientes de la actividad agroexportadora y un medio rural caracterizado por la existencia de profundas inequidades sociales, la presencia de estas corporaciones no sería menor.
Si bien desde sus inicios el fortalecimiento del sector privado fue una de las razones de ser del INTA, y su rol como instrumento de la política agropecuaria careció muchas veces de definiciones precisas, su incidencia real en el territorio adquirió distintas manifestaciones a lo
largo de su historia, que en ocasiones superaron los propios objetivos del organismo. En otras palabras, bajo una misma “carcasa” institucional convivieron proyectos y orientaciones diversas, e iniciativas encarnadas en grupos o figuras que tradujeron de modo disímil, y en ocasiones antagónico, la letra que instaba a ejercer un trabajo en beneficio de “la familia rural y la comunidad que integra” (decreto-ley 21.680, citado en Valeiras, 1992: 143). El reconocimiento social del organismo también fue creciendo y modificándose, al igual que la construcción del sentido de pertenencia e identidad de sus integrantes.
Con equipos en áreas diversas, el INTA abarcó una vasta cartera de proyectos en aspectos relevantes para la producción agropecuaria del país. Desarrolló múltiples investigaciones vinculadas al estudio de condiciones ambientales y, sobre todo, a la producción animal y vegetal. Fue también pionero en realizar estudios abocados a la conservación de suelos, responsable de la confección de todos las cartas de suelos del país y encargado de llevar “el Ministerio al campo” a través de sus extensionistas. Además de contar con el logro de algunos hitos, como la vacuna oleosa contra la aftosa, fue un agente clave en el proceso de transformaciones registrado en la década de 1970 en la agricultura local, cuyo cambio tecnológico principal estuvo protagonizado por el mejoramiento genético incorporado a las semillas (Gutiérrez, 1986).
Las transformaciones que por entonces experimentaba la agricultura argentina, con eje en la región pampeana, se vinculaban como hito local a los ecos que la llamada “revolución verde” generaba a nivel internacional. Luego de una primera recuperación durante 1960, a lo largo de la década de 1970 el crecimiento de la producción agrícola pampeana se tornó vertiginoso, hasta alcanzar una cosecha record a nivel nacional en 1984/1985 de 36 millones de toneladas de cereales y oleaginosas en la región pampeana, y 44 millones de toneladas en todo el país (Balsa, 2006). La contracara de esta expansión estuvo dada por las crisis de las economías regionales y el agravamiento de las condiciones de producción de los productores familiares y minifundistas (Alemany, 2009). El proceso de concentración y centralización de capital en el agro, la reorientación de las políticas agropecuarias y el avance de la modernización agrícola conformarían el escenario en el que se desarrollaron las tareas del Instituto en las décadas subsiguientes.
3- INTA y dictadura
Durante los años previos a la última dictadura el Instituto no permaneció ajeno al alto grado de movilización social y política que atravesaba al país. Junto a distintas iniciativas a nivel gremial, hubo cuestionamientos a su rol tradicional, que buscaron poner en cuestión para quién y cómo debía producir conocimientos y tecnología agropecuaria. La mayoría de estas
iniciativas, aunque heterogéneas y acotadas, se dirigían a grandes problemas del sector: el histórico desequilibrio entre la región pampeana y el “resto del país” mediante modelos regionales de planeamiento, planes de extensión rural orientados a instrumentar reordenaciones territoriales (en línea con algunas de las medidas de la cartera agropecuaria, como el frustrado proyecto de Ley Agraria); estudios que analizaran “la brecha creciente entre los beneficios potenciales del progreso tecnológico y sus adelantos concretos (beneficios no socializados)”; la composición de la estructura social agraria y del régimen de propiedad de los recursos naturales, los “sistemas de tenencia, concentración de la propiedad, usos de tales recursos y efectos sociales de esta distribución” (INTA, 1974). Los debates en torno a políticas agropecuarias en general, tecnológicas en particular para el INTA y sobre problemas estructurales del sector, que desde posiciones políticas heterogéneas y en muchos casos minoritarias se estaban desarrollando en los años previos al golpe de Estado, se enfrentaron también con la resistencia interna de los sectores más conservadores del organismo. En este proceso, un eje particular fue la articulación que se planteó entre el proyecto reformista encabezado por Horacio Giberti desde la Secretaría de Agricultura (Fiszbein y Rougier, 2006), y el rol del Instituto como brazo técnico del paquete agropecuario. Estas y otras iniciativas fueron desarticuladas antes de que pudieran ser implementadas, primero durante el último tramo del gobierno peronista y luego durante la intervención militar del organismo.
Por otro lado, en estos años previos al golpe militar también es posible identificar la existencia de un ciclo represivo de largo plazo a nivel nacional, en el que tanto la violencia paraestatal como la proliferación de leyes y disposiciones que radicalizaron la función represiva del Estado crecieron, definiendo y normalizando desde el propio estado de derecho la necesidad de combatir la “subversión” (Franco, 2012). En este sentido, también en INTA es necesario enmarcar la represión en un proceso anterior al golpe militar. En los años previos, el organismo sufrió múltiples tareas de inteligencia e infiltración. Estas actividades de espionaje posibilitaron la confección de un mapa de datos sobre trabajadores del Instituto, que luego fue utilizado en la instrumentación de la represión. Los cables enviados por personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA), personal civil encargado de realizar tareas de inteligencia para el batallón 601 del ejército y personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dieron cuenta en forma detallada de actividades y personas dentro de INTA acusadas de “subversión” y señaladas como potencialmente peligrosas.
Asimismo, en 1974, en el INTA se produjeron las primeras cesantías enmarcadas en la ley de prescindibilidad para la administración pública, la Ley 20.549, que permitía dejar cesante
personal del Estado a criterio de cada dependencia, y prohibía al personal afectado su reingreso al ámbito estatal por cinco años. Según Marina Franco, “para muchos técnicos y profesionales la ‘prescindibilidad’ fue el inicio de largos exilios o de situaciones más graves en términos de persecución política” (2012: 95). En el Instituto, el 30 de diciembre de 1974 fueron dejados cesantes doce integrantes pertenecientes a las estaciones experimentales de Salta, Paraná, Pergamino, Mendoza, Manfredi (Córdoba) y Oliveros (Santa Fe) (INTA, 1974; Res. 835). Entre ellos, se encontraban activistas gremiales, técnicos e investigadores. Como recuerda un investigador del Instituto, antes del golpe de Estado “el huevo de la serpiente ya estaba en la institución” (investigador de la experimental de Paraná, 2010, entrevista).
En mayo de 1975, en un contexto de derechización del peronismo, crisis económica y virulenta reacción de las principales corporaciones agropecuarias, el INTA sufrió una primera intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo, que reorganizó en buena medida los principales cargos directivos. Un año después, con las Fuerzas Armadas en el poder, se concretó la intervención militar.
La intervención dispuesta en 1976 puso al Instituto bajo la órbita de la Marina y designó como interventor al entonces capitán de fragata Alberto Rafael Heredia, que pronto pasó a ocupar distintos cargos (delegado de la Junta Militar en la Secretaria de Agricultura y Ganadería en 1976, asesor del Ministerio de Bienestar Social en 1977), y dejó el rol de interventor del INTA en manos de un civil, David Arias, de profesión abogado y activo inversor del grupo local La Martona. El 29 de marzo de 1976, el predio correspondiente a su Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias fue objeto de un operativo militar, en el que gran parte del personal fue interrogado en sus instalaciones y decenas de miembros detenidos en distintas dependencias; mientras que a partir de la intervención la estación experimental de Famaillá, en el noroeste argentino, fue ocupada parcialmente por personal militar durante dos años y otras unidades, como Pergamino, también sufrieron la presencia militar directa y la detención de algunos de sus integrantes.
El accionar represivo desplegado en el INTA incluyó detenciones y secuestros a trabajadores del organismo -dentro de los cuales al menos cinco permanecen desaparecidos-, reorganización de los cuadros institucionales, cesantías y aplicación de traslados de personal como herramienta punitiva. La Ley 21.260, sancionada y promulgada el 24 de marzo de 1976, autorizaba a dar de baja por “razones de seguridad” a empleados del sector público. En el INTA, el interventor militar firmó como primera medida una primera resolución enmarcada en esta disposición, que disponía “dar de baja por razones de seguridad” a 194 personas en las distintas unidades del organismo de todo el país (INTA,
1976, Res. 1/76). Para 1976, el Instituto contaba con 1437 integrantes dedicados a tareas de investigación y extensión rural, 877 investigadores y 560 extensionistas (INTA, 1976). La cantidad de cesantías que afectaron a las áreas de investigación y extensión rural fue significativa. Además de las 194 cesantías dispuestas por la intervención militar el 31 de marzo de 1976, entre 1974 y 1980 fueron dejados fuera del organismo 600 trabajadores (INTA, 1981, Acta de Consejo N° 9). Si bien durante la dictadura también se realizaron distintas convocatorias para el ingreso de profesionales, éstas tuvieron como paso previo el complejo proceso de depuración interna vivido en el organismo.
La introducción de mecanismos represivos en los organismos de ciencia y técnica presentó elementos comunes: implementación de cesantías, desmantelamiento de equipos de trabajo
e interrupción de líneas de investigación, persecución ideológica y gremial, detenciones y
secuestros en los propios lugares de trabajo y frecuentes articulaciones entre civiles y militares. El INTA fue uno de los organismos donde la represión operó en forma amplificada,
según consta en numerosos testimonios y declaraciones judiciales, así como en documentos de inteligencia desclasificados.
Con la clausura de las actividades gremiales y políticas y la restricción que la censura impuso, el propio desarrollo de las tareas científicas y tecnológicas realizadas en el ámbito público fue sujeto y objeto de las transformaciones económicas del período. Los presupuestos de distintas instituciones de ciencia y técnica fueron recortados, y algunas -como el INTA- perdieron su autarquía financiera, bajo los parámetros de un ideario liberal que proclamaba en forma insistente la necesidad de “achicar” el Estado, reducir su “ineficiencia”, lograr un “saneamiento económico”, eliminar “las políticas estatizantes”, “combatir la burocracia y asegurar la racionalización progresiva de la administración pública
y las empresas del Estado” (Junta Militar, 1980: 19). En un marco de restricción del gasto
público, aumento descomunal del endeudamiento externo, ajustes salariales y financierización de la economía, también la desregulación del régimen de importación de tecnología afectó la capacidad endógena de investigación y desarrollo. Junto al desmantelamiento, común a gran parte del sector público, algunas instituciones y áreas de trabajo dentro de ellas registraron una continuidad, expresada en líneas y planes de investigación, que en ocasiones formaron parte de la trama corporativa (Castellani, 2009; Pucciarelli, 2004) que el Estado generó asociándose a grupos económicos concentrados y favoreciendo su accionar. Inclusive hubo organismos, como la CNEA, cuyo presupuesto se incrementó en forma cualitativa en estos años (Hurtado, 2010). En el INTA mismo, éste no experimentó mermas sustanciales. En este sentido, el vaciamiento estatal en general -y en las áreas de ciencia y técnica en particular- fue una de las caras de una dinámica cuyo
reverso estuvo dado por el fortalecimiento del papel del Estado como canal de amplificación de diversos mecanismos de apropiación privada de productos, resultados y conocimientos generados en el ámbito público (Gárgano, 2013).
En este contexto, también muchos programas de investigación experimentaron durante la intervención militar del INTA una continuidad. Sin embargo, su desarrollo se produjo en paralelo a la clausura de las disputas en torno a cómo, para qué y para quiénes era necesario orientar las actividades del Instituto. Analizar y caracterizar el período en relación con la trayectoria institucional del Instituto requiere, por lo tanto, indagar en la transformación de sus agendas de investigación y extensión rural.
Junto a la introducción de un entramado represivo, algunos de los contenidos de investigación y extensión del INTA experimentaron en este período transformaciones cualitativas. Fue clausurada una experiencia pionera en formación de posgrado, la Escuela de Graduados en Ciencias Agropecuarias, reorientado el perfil de las actividades de extensión rural y desmantelados buena parte de los equipos de Economía y Sociología. El área de extensión, vía de contacto territorial directo, fue particularmente reorganizada por considerar que se encontraba con un “acentuado déficit en el cumplimiento de funciones de jefes regionales y supervisores de área, lo que se traducía en deterioro de coordinación y control” (INTA, 1978: 11). Fue suprimido el trabajo con las juventudes a través de los Clubs 4-A (Acción, Ayuda, Amistad, Adiestramiento), un canal institucional dedicado a las juventudes, que tomó originalmente el modelo de extensión rural norteamericano y fue definiendo luego su propio perfil, e incorporándose como un actor de peso en la vida social y cultural del por entonces aún aislado medio rural.
Precisamente, en los años previos al golpe, extensionistas en contacto directo con las problemáticas sociales y económicas del medio habían incorporado herramientas provenientes de la educación popular (Alemany, 2009) y muchos buscaban un sentido alternativo al tradicional en su tarea. La presencia a nivel territorial disminuyó, transformó su perfil promoviendo un discurso que se dedicó a promover conductas “empresariales” y alentó en forma creciente el contacto con los productores fuertemente capitalizados. En la misma línea, los estudios sociales dejaron a un lado los grandes problemas estructurales del agro y la acuciante desintegración a nivel nacional para concentrarse en cálculos y costos a nivel micro, en forma fragmentada y en desconexión con las grandes problemáticas sociales y económicas del sector (Gárgano, 2011). Al mismo tiempo, la pérdida de la autarquía financiera motivó nuevas formas de financiamiento que intensificaron sus lazos con el sector privado.
El área de fitomejoramiento vegetal, en la que el INTA venía ocupando posiciones destacadas, en particular en la producción de híbridos de maíz y en la introducción de trigos de origen mejicano provistos por el CIMMyT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), también experimentó modificaciones. Los mecanismos de apropiación por parte del sector privado de los conocimientos producidos en el ámbito público venían jugando ya un rol destacado en la década previa, y fueron fundamentales para la conformación de la industria semillera. En 1979, una resolución tendiente a direccionar su actividad institucional en mejoramiento genético explicitaba la necesidad de enmarcar esta actividad “dentro de la política económica de subsidiaridad del Estado fijada por el Superior Gobierno” (INTA, 1979) y resolvía que el INTA proporcionaría a los criaderos privados que lo solicitasen material de crianza de las diversas especies, con lo que se retiraba en los hechos de la fase (altamente rentable) de terminación de las variedades.
Para 1978, el interventor civil designado por la Marina y las autoridades del INTA, realizaban un informe de los primeros dos años de gestión. En él, explicaba: “El Proceso de Reorganización Nacional marca para el INTA la iniciación de un camino de adecuación institucional para mejor cumplir sus funciones en beneficio del agro argentino” (INTA, 1978:
1). El diagnóstico, que autojustificaba la intervención, describía los planes de trabajo como “paralizados” y el material de trabajo, como “escaso, obsoleto y a veces inexistente” (INTA, 1978: 2). En definitiva, a pesar de que lideraba importantes transformaciones en la agricultura local, se afirmaba que se había encontrado el organismo “en estado casi estático” (INTA, 1978: 1). Entre los puntos más destacados de la estrategia se encontraban la designación de directores interinos en las unidades experimentales, con el objeto de “implementar un proceso de cambio en la conducción y manejo de las experimentales”, la renovación de la conducción de departamentos y centros de investigación y de las agencias de extensión rural, así como la “modificación de los criterios de selección del personal” (INTA, 1978:6). Mientras que el informe explicitaba la necesidad de reorganizar los cuadros institucionales internos y los criterios de ingreso, rescataba como logro de los primeros dos años de intervención haber enfatizado “una política de investigación básica, aplicada y de extensión al productor” acorde a “los objetivos económicos definidos por las más altas autoridades nacionales” (INTA, 1978: 2).
La re-evaluación de las tareas de investigación y extensión del Instituto tenía por objetivo que estas respondieran a “las necesidades de la política agropecuaria nacional, tanto en el plano técnico como en el económico” (INTA, 1978: 11). Se destacaba la necesidad de “adecuarlo [al INTA] a las necesidades actuales en materia agropecuaria” y de “contribuir
dentro del accionar específico del instituto al logro de la expansión de la frontera agropecuaria.” (INTA, 1978: 2). ¿Cuál era la situación del sector rural para entonces?
Como han resaltado distintos especialistas, la dictadura de 1976 marcó un punto de inflexión dentro del patrón de acumulación local. En este proceso, la especulación financiera fue combinada con la expansión local de los sectores extractivos, agropecuario, pesqueros, energéticos y minero (Azpiazu y Schorr, 2010). Las principales medidas orientadas al agro apuntaron a suprimir los derechos de exportación, eliminar las retenciones y las diferencias de cambio, liberalizar el comercio exterior y otorgar una reducción arancelaria a insumos clave (insecticidas, herbicidas, fertilizantes), promoviendo la concentración del sector. Al mismo tiempo, la política monetaria y la reforma financiera a elevadas tasas de interés produjeron el endeudamiento masivo de muchos productores. El histórico desequilibrio entre la región pampeana -dotada de ventajas diferenciales a escala internacional- y el “resto del país” fue profundizado por las políticas de apertura económica, impuestas en forma creciente a partir del golpe de Estado. Como indica Aparicio (1982), se destacaron proyectos referidos a la privatización de tierra pública, a la expansión de la frontera agropecuaria, y reformas a la ley vigente sobre arrendamientos y aparcerías rurales. En este sentido, distintos estudios han señalado el rol de la cúpula terrateniente destacando su imbricación con la especulación financiera, lo que le habría permitido consolidar su posición en el agro regional e incrementar la concentración de la propiedad de la tierra (Basualdo y Khavisse, 1993). Para mediados de la década del ochenta las economías regionales atravesaban una crisis profunda, en sintonía con las políticas impuestas desde 1976 (Aparicio, 1982). La expansión agrícola, en la que el uso de semillas modificadas resultó crucial, se caracterizó por mantener el acceso a las innovaciones restringido a los grandes productores capitalizados, mientras que los minifundistas y familiares no contaron con las condiciones para reimplantar las nuevas variedades, incorporar los insumos y maquinaria “de punta” ni realizar los tratamientos sanitarios correspondientes. La tecnología de insumos, controlada por estos grandes capitales concentrados, aventajó ampliamente a la de procesos. Dentro de esta expansión, un elemento relevante fue el cambio en el método de siembra (Alapin, 2008). La reorganización del agro, fuertemente ligada a las fluctuaciones en la demanda internacional, alcanzaría en las décadas subsiguientes nuevos umbrales, signados por la concentración en manos de un puñado de transnacionales del comercio agrícola a nivel mundial y por el constante incremento de la emigración rural a nivel local y regional (Katz,
Después de cuatro años de intervención, en noviembre de 1980 el decreto 2.348 dictaminó la “normalización” del INTA y reorganizó el funcionamiento de su Consejo Directivo. En un
acto presidido por el secretario de Agricultura y Ganadería, Jorge Zorreguieta, y el secretario de Programación y Coordinación Económica Guillermo Walter Klein, fueron puestas en funciones las nuevas autoridades del organismo. El Consejo Directivo retomaba su composición habitual, con representantes del sector privado, del Poder Ejecutivo (en esta oportunidad, designados por la Junta) y las universidades nacionales. El nuevo presidente recibió el nombramiento recordando que el INTA había sido “afectado antes de su intervención [militar] por una penetración disolvente que actuó destruyendo trabajos de investigación, experimentación y extensión” (La Prensa, 1980). Dentro del Consejo Directivo, un discurso en torno a la figura del “saneamiento” expresó una tríada clave. Esta categoría, propia del quehacer técnico ligado al saneamiento animal y vegetal, fue desplazándose al “saneamiento” entendido como depuración en el interior del organismo. Asimismo, el desplazamiento de esta categoría hacia el saneamiento institucional acompañó la puesta en marcha de la pretendida “reorganización” bajo persecuciones ideológicas y políticas, y también incorporando en ocasiones rivalidades (académicas y hasta personales) preexistentes. En tercer lugar, en sintonía con el discurso de la época, se amalgamó a la idea de “sanear” la administración pública y recortar el gasto “ineficiente” como vía para incrementar su productividad.
A nivel internacional, se registraba un avance -situado alrededor de la década de 1970- hacia la privatización de la ciencia y la tecnología (Rose y Rose 1976; Nuñez Jover, 2001; Pestre, 2005). En el plano regional, el caso chileno, país modelo en cuanto al nivel de implementación de las recetas de los economistas de la Escuela de Chicago, registró para el área agropecuaria algunas conexiones con la trayectoria local. Según Faiguenbaum en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) chileno comenzó a ganar terreno la idea de que el Instituto “tenía que actuar como una empresa, vale decir que sus actividades debían ajustarse a una lógica de beneficio-costos” (2011: 74). Los directores y coordinadores pasaron a denominarse “gerentes” y la necesidad de aumentar los recursos del organismo, debida al recorte presupuestario implementado, intensificó nuevos mecanismos. En un sentido similar al que adoptó la trayectoria del INTA, aunque con un alcance significativamente mayor, el INIA aumentó la venta de servicios y convenios con el sector privado. Otro punto de contacto entre ambas trayectorias institucionales fue el rol que asumió la “transferencia de tecnología”, el nuevo eslogan. Mediante el accionar de “grupos de transferencia tecnológica” destinados a agricultores de nivel empresarial, el INIA consiguió ganar prestigio entre los empresarios del medio y fortalecerse políticamente (Faiguenbaum, 2011).
En este marco, junto a la espiral represiva, a la clausura de las agendas en pugna y al incremento sustantivo de la mercantilización de sus actividades, se dio en el INTA una trayectoria que recibió sin mediaciones la fractura. Su historia, si bien no explica por sí misma la intervención militar ni ejemplifica el común denominador de las trayectorias de investigación (muchas modificadas en forma más mediada y compleja, y otras consolidadas en este período) aporta elementos relevantes para comprender sus alcances e implicancias.
4- Historia de una trayectoria científica interrumpida
Creada en 1912 como parte del servicio de estaciones experimentales regionales, la estación experimental agropecuaria de Pergamino quedó bajo la órbita del INTA con la creación del Instituto en 1956. Destacada por su ubicación geográfica en plena zona núcleo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, así como por su extensión y cantidad de profesionales asignados, ocupó históricamente un lugar relevante en las actividades del organismo. Habría de destacarse particularmente por sus investigaciones en mejoramiento genético vegetal, en especial en híbridos de maíz y en la introducción de trigos de gran rendimiento cruzados a partir de germoplasma de origen mejicano. También, por algunos de sus estudios en sociología rural y economía y por su peso en el área de extensión, sobre todo con los clubes juveniles 4-A.
Para 1959, la estación experimental aún se encontraba en proceso de reorganización y conformación de sus equipos de trabajo. Un joven traductor de la Food and Agriculture Organization (FAO), graduado de la Facultad de Agronomía de La Plata, se incorporó al INTA y fue enviado a realizar un máster en zootecnia centrado en alimentación avícola en Auburn University, Alabama. A su regreso, luego de dos años de acercamiento al estudio de las gallinas, tuvo como misión organizar un equipo dedicado al mejoramiento genético aviar dentro de la experimental de Pergamino.
En un comienzo, los únicos animales y corrales estaban en Oliveros, lugar de asiento de otra de las estaciones experimentales del organismo. A medida que en Pergamino fueron instrumentándose las instalaciones necesarias para comenzar a realizar ensayos experimentales, el grupo fue tomando impulso. En sintonía con aquella primera formación de posgrado en Alabama, sostenida por el INTA, uno de sus primeros trabajos en Pergamino estuvo vinculado a investigar y experimentar sobre alimentación en gallinas ponedoras. Buscando reemplazar la alimentación tradicional, comenzaron a experimentar con nuevos elementos hasta entonces no utilizados con esos fines.
La tarea estuvo atravesada por otro objetivo fundamental planteado por el equipo de trabajo:
realizar una contribución que combatiera la deficiencia nutricional de las regiones más postergadas del país. Así, señalando en un mapa las provincias más afectadas, “empezamos a pensar cuáles eran las regiones del país más pobres, norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el este de Salta. Pensamos cómo podrían criar animales en su ambiente, donde había sorgo y algodón.” (Kraft, 2013, entrevista). La idea era “que pudieran tener gallinas que no necesitaran insumos y que mejoraran su dieta”. Con este objetivo inicial, la investigación afrontaría al menos tres obstáculos.
El primero, experimentar con elementos nuevos, el sorgo y la harina de semillas de algodón, sin antecedentes en su uso para la alimentación animal y con demostrados efectos nocivos en su ingesta. El segundo, los intereses afectados por las potenciales derivaciones de la investigación. El tercer obstáculo era, en realidad, la condición necesaria de cualquier investigación que incursiona en una nueva temática: la continuidad del proyecto y de sus principales elementos (profesionales, técnicos, instalaciones, animales sometidos a experimentación).
Usadas para pruebas de laboratorio desde 1893, el consumo de aves y huevos fue creciendo en paralelo a la estructuración de diferentes industrias vinculadas a su explotación comercial. En particular, la producción de alimentos balanceados y de productos farmacéuticos destinados al cuidado de pollos y gallinas fue conformando un mercado altamente concentrado y de configuración transnacional. Para 1973, una de las principales características de este rubro en países periféricos tenía ya consolidado un obstáculo fundamental: la necesidad de importar las líneas genéticas de las gallinas reproductoras constituía el primer eslabón de una cadena atravesada por la dependencia tecnológica (Gai,
De resultar exitoso, el proyecto de INTA abría la puerta a la generación de una línea genética nacional, lo que podría reducir la importación que usualmente daba inicio a la producción local. También prometía incorporar nuevos reemplazos en una cadena cuya producción era cada vez más integrada: las gallinas no necesitarían alimento balanceado (éste sería reemplazado por productos como el sorgo y la harina de semillas de algodón, de amplia disponibilidad local), ni insumos veterinarios, ya que las que no resistían la nueva alimentación serían faenadas y las aves “exitosas” reproducidas entre sí.
Una vez realizados los primeros ensayos, la mayoría de las aves respondieron negativamente: crecían cada vez menos. Después de algunas pruebas, en el equipo comenzaron a preguntarse por qué algunas resistían y otras no. Según recuerda su principal
investigador, “esperábamos, con una selección dirigida por la resistencia a una alimentación determinada, traer a la luz a genes dormidos que permitiesen utilizar principios nutricionales ignorados o descuidados” (Kraft, 2012, entrevista). A base de realizar cruzamientos entre las sobrevivientes a la nueva alimentación, y de registrar meticulosamente la evolución del peso de las aves, pudieron advertir que las sobrevivientes eran las que descendían de aves tratadas con sorgo, “como si hubieran heredado una condición oculta que se manifestaba después de 3, 4 o 5 generaciones, que sí respondían bien al sorgo” (Kraft, 2013, entrevista).
En el marco de esta investigación, primero fueron alimentadas durante sucesivas generaciones con una dieta de alto contenido de sorgo “anti-pájaro” (la variedad birth resistance creada en USA en 1964), un grano con alto contenido de tanino, una sustancia astringente, depresora de crecimiento y nociva en su ingesta, incorporada al sorgo para evitar que las aves depredaran las cosechas. La dieta a base de sorgo fue completada con harina de semillas de algodón (20%), cuya ingesta también estaba desaconsejada en grandes porcentajes por contener gosipol, un alcaloide venenoso que el algodón produce como defensa natural contra las plagas, otro depresor del crecimiento.
La desconfianza ante el uso de elementos no utilizados antes para estos fines, y probadamente nocivos, generaba fuertes cuestionamientos por parte de las autoridades de la estación experimental. Mientras que los resultados eran expuestos en los principales congresos académicos a nivel internacional, al interior el trabajo se desarrollaba en un marco de poco crédito al proyecto, criticado por la falta de experiencias previas que sostuvieran las investigaciones. Las críticas técnicas y científicas, que cuestionaban la necesidad de contar con una mayor cantidad de animales para las experimentaciones, la dispersión de los datos obtenidos y la falta de antecedentes, también contenían una visión en torno al rol del INTA. En una reunión planteada para evaluar el proyecto, organizada en Castelar en el Centro Nacional de investigaciones Agropecuarias, el responsable del Instituto de Genética planteaba que era muy difícil que el INTA pudiera llevarlo a la práctica, que “a lo sumo podrá demostrar que ese factor [la genética nutricional] existe y las grandes empresas que hacen selección decir que funciona e incorporarlo” (INTA, 1967). Junto a estos cuestionamientos, había también presiones internas “ligadas a los importadores de Pergamino” (Kraft, 2012, entrevista), representantes de casas matrices de grandes compañías productoras de líneas genéticas, que llevaban a que “tuviéramos pocos animales, para que no se descubriera lo que estaba haciendo”. Así, mientras en la estación experimental el grupo mantenía en reserva los adelantos, presentaba los resultados en congresos de la especialidad celebrados fuera del INTA.
En los círculos científicos y académicos a nivel local e internacional donde se iban presentando los resultados preliminares en forma de ponencias y artículos, el reconocimiento era creciente. Los primeros resultados de la experimentación fueron presentados en 1966 en Kiev, en el XIII Congreso Mundial de Avicultura, tradicionalmente reconocido como el principal encuentro científico de la especialidad (Castelló Llobert, 1984), donde se encontraban representados 52 países. Dos años después, las investigaciones le valían al responsable la mención como “joven sobresaliente del año” en la cámara junior de Buenos Aires, y la atención de una de las principales compañías farmacéuticas a nivel internacional.
IV. 1. Una rama muy concentrada
Si bien desde 1857 fue incorporándose a las economías domésticas, a escala industrial la actividad avícola local se consolida a comienzos de la década de 1950, fundamentalmente centrada en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires (Espíndola, 2008) . A partir de 1960 se destaca la presencia de empresas transnacionales, situación compartida con otros países de la región (Espíndola, 2008); y para 1970/1980 registra una segunda fase de modernización, con la introducción de nuevas tecnologías para nutrición, manejo y sanidad. En consonancia con Domínguez (2007), quien remarca el peso de la producción de tipo familiar en Entre Ríos y de capitales nacionales en la actividad, Espíndola (2008) señala que el proceso de internacionalización de la producción convivió con la presencia de capitales locales. Asimismo, el desarrollo mundial de la avicultura estuvo signado por la estandarización creciente de un paquete tecnológico basado en la uniformidad de la raza de gallinas productoras, y el uso de productos veterinarios especiales y de alimentos balanceados con formulaciones específicas, que se incrementó notablemente a partir de la década de 1980 (Noriega y Perales, 1993.). En distintos países de la región, los circuitos avícolas crecieron en paralelo a la ausencia de un manejo autónomo de la soberanía alimentaria de las poblaciones implicadas (Pengue, 2001). Según Rodríguez (2009), el incremento a partir de 1970 de la dependencia externa proteica venezolana se inscribió en un contexto regional de similares características. Desde otra óptica, con una explicación centrada en las culturas empresariales y otros elementos afines al individualismo metodológico, Senesi y Palau (2008) plantean que entre 1976 y 1983 el complejo avícola argentino experimentó un fuerte proceso de integración y coordinación vertical, liderado por pocas y grandes firmas. Para 1989, mientras China ocupaba el primer lugar en la producción de huevos a nivel mundial, la Argentina figuraba como el quinto país productor americano precedido de Estados Unidos, Brasil, México y Canadá), con su producción del paquete tecnológico monopolizada por firmas de origen estadounidense (Noriega y Perales, 1993).
Desde la clausura del Mercado de Concentración Municipal de Aves y Huevos, creado en 1935, y la prohibición de comercialización de aves vivas por razones de sanidad, una amplia red de transportistas, consignatarios, obreros e intermediarios fue reemplazada por grandes plantas de faena. La particular integración vertical de la rama estuvo dada porque las mismas firmas que controlaban la faena y la comercialización pasaron también a fabricar alimento balanceado. Las mismas firmas productoras de balanceado proveían los pollos BB, compraban después las aves criadas por los engordadores y luego los faenaban y comercializaban. Al mismo tiempo, la fusión entre las principales compañías farmacéuticas a nivel mundial y las principales cabañas determinaron la gran concentración del sector. Tradicionalmente, el primer eslabón de la cadena productiva comenzaba con la importación de los huevos que, incubados en cabañas avícolas, daban luego origen a los pollos reproductores. A su vez, estos eran vendidos a los “planteleros”, encargados de su cría hasta la obtención de gallos y gallinas reproductoras, que daban finalmente origen a los pollos parrilleros. Los “engordadores”, el siguiente paso en la cadena, eran los responsables de engordarlos por aproximadamente 10 semanas, y de comprar y aplicar distintos insumos veterinarios, fundamentalmente alimento balanceado y vacunas. Como última instancia, grandes empresas fijaban el precio al engordador y comercializaban las aves. Para 1973, las firmas que dominaban esta fase de la cadena productiva en la Argentina eran principalmente filiales locales de empresas estadounidenses: Cargill, Provita, Sapra y San Sebastián (Giai, 1973).
Históricamente, las líneas originarias no eran producidas en el país. Ocupado sobre todo por Estados Unidos, el mercado también tenía participación de Israel y Holanda. La ausencia de líneas genéticas nacionales en la década de 1960 ya era vista como determinante para la dependencia tecnológica que caracterizaba a la rama. Sobre las posibilidades de obtenerlas, en 1973 un artículo dedicado a la temática señalaba:
[…] obtener esas líneas genéticas hubiese sido posible coordinando una labor de Universidades nacionales con el INTA. (…) Sin embargo, este tipo de inversión en investigación es desalentada y aun frenada, sobre todo si está encaminada a desplazar el negocio de importación de grandes intereses multinacionales. (Giai, 1973: 61).
Precisamente, el equipo de INTA Pergamino liderado por Siegfrido Kraft buscaba producir líneas que no necesitaran productos farmacéuticos producidos en el exterior. A la novedosa experimentación en alimentación que buscaba reemplazar el balanceado comercial por elementos disponibles en ambientes geográficos locales, para lograr aves reproductoras que se adaptaran a ambientes habitados por población de bajos recursos y graves problemas nutricionales; el equipo sumó también investigaciones dirigidas a obtener una alta
resistencia a enfermedades usuales. Bajo la misma prerrogativa, lograr una selección aviar dirigida que permitiese el uso de una nueva (además de barata y disponible) alimentación, incorporaron el estudio de resistencias inmunológicas. En especial, algunos ensayos estaban dirigidos a generar una selección de grupos resistentes a la coccidiosis, una enfermedad parasitaria muy común producida por parásitos (coccidios) en el intestino delgado. La enfermedad, que en 1926 motivó la creación de las “jaulas de postura” para pájaros con el fin de evitar el contagio del animal por el contacto con sus propias heces, se asociaba al uso de coccidiostáticos para combatirla.
En 1968 Kraft viajó como ponente a la Segunda Conferencia de la Asociación Mundial de Producción Animal (WAAP) que, patrocinada por distintos organismos estadounidenses entre los que figuraban la propia WAAP y la FAO, tuvo sede en Maryland. En esa oportunidad, el trabajo mostraba los resultados de experimentación con aves dirigidos a generar resistencia a la coccidiosis, y explicaba que el objetivo era superar la necesidad de utilizar fármacos para combatirla (Kraft et al., 1968). Esto, según percibían, “frente a las grandes corporaciones era otro insulto” (Kraft, 2012). Junto a una distinción recibida en el evento, la presentación le valdría la visita del director de una de las principales compañías farmacéuticas productoras de Amprol, el coccidiostático más reconocido por entonces como fármaco encargado de combatir la enfermedad.
A los pocos días de finalizado el Congreso, el presidente de una de las principales
compañías farmacéuticas estadounidenses arribó a la estación experimental de Pergamino. Buscaba consultar al investigador que había presentado el paper sobre resistencia
inmunológica. Una vez reunidos, el investigador de INTA explicó que utilizaban el coccidióstático pero que “pretendía no hacerlo en un futuro y para eso seleccionaba las que vivían bien sin Amprol”. Deslizó además una sospecha al comentar que no le extrañaría “si
la compañía compraba las cabañas genéticas [las que producen los huevos o los pollos
bebés]” (Kraft, 2012, entrevista). La preocupación remitía a la posibilidad de que se desarrollase el proceso inverso al buscado por la investigación: generar gallinas dependientes del fármaco. Si bien nunca existieron pruebas al respecto, al poco tiempo las revistas de agricultura anunciaban la fusión entre las principales compañías farmacéuticas y
las cabañas avícolas. En este contexto, desarrollar líneas genéticas nacionales constituía un escollo: la posibilidad de no depender del alimento balanceado, ni de fármacos o insumos veterinarios, aunque no estuviera planteada en una escala industrial era vista con recelo en
un contexto en el que los actores ligados a la investigación pública y los representantes del
sector privado participaban de un mismo entorno. Los importadores locales de la zona, representantes de casas matrices extranjeras, compartían eventos sociales y académicos
con los investigadores de INTA y mantenían lazos fluidos con ellos, al igual que sucedía en otros rubros del sector.
A la tarea del equipo radicado en la experimental, su principal investigador fue aportando herramientas que eran producto de su trabajo de años recolectando aves de orígenes diversos respecto de tolerancia de climas, alimentación y enfermedades, en función de “tener algún día razas argentinas de carne y de postura lo más resistentes posible a nuestras condiciones del interior” (Kraft, 1966). Mientras los resultados preliminares iban siendo presentados en sucesivos foros internacionales, algunos huevos provenientes del África llegaron a la estación experimental pergaminense del INTA a raíz de un contacto establecido en el XIV Congreso Mundial de Avicultura, realizado en Madrid en 1970. Allí, además de volver a presentar los avances del grupo (Kraft, 1970 a, b), Kraft fue invitado por los encargados de la ayuda agrícola externa alemana para Túnez (también participantes del Congreso) a visitar la capital de Liberia, donde radicaban sus actividades. A doscientos kilómetros, en Banga, una pequeña aldea, las aves sobrevivían a condiciones sanitarias deficientes y además ponían huevos de cáscara dura, característica que por facilitar el transporte y manejo era siempre muy buscada. Producto de ese intercambio, fueron luego incubados algunos ejemplares en la estación experimental. Tres hembras ponedoras y dos machos dieron inicio a una nueva línea genética, la “liberiana”, que durante otras nueve generaciones fue cruzada con distintas estirpes comerciales para aprovechar algunas de las características originarias: dureza de cáscara y extrema rusticidad (Kraft, 2009).
Para 1968, el proyecto había alcanzado un avance cualitativo. La octava generación, para la cual fue acuñado el término “Genética Nutricional” (Kraft et al., 1968), mostraba una supervivencia creciente a la nueva alimentación. Del 20% original, los ejemplares sometidos al tratamiento nutricional tenían, a la octava generación, una supervivencia de un 85% (Kraft, 2009). El resto de la alimentación se completaría, después de lograr una población estable y más numerosa, con la libre ingesta que los animales pudieran obtener en el medio natural para el que estaban destinados.
Sin la utilización de insumos veterinarios, (las vacunas nunca fueron utilizadas, ya que se buscaba emular las condiciones que tendrían las aves en las zonas carentes de recursos para las que estaban destinadas), el trabajo requería más constancia que grandes inversiones. En comparación con las estirpes comerciales híbridas, alimentadas a base de alimentos balanceados de máxima calidad, su calidad industrial era menor pero las primeras tenían “un precio que el poblador del norte santafesino o del interior chaqueño o formoseño jamás podría pagar” (Kraft, 2009).
Habiendo alcanzado un adelanto sustantivo respecto del punto de partida original, restaba la segunda fase: probar las nuevas líneas de animales, únicas en su tipo, en el interior del país y comprobar su resistencia allí a las condiciones alimenticias planteadas (Kraft, 2009). El proyecto preveía también, en caso de lograr los resultados esperados, instrumentar su exportación a regiones de África e India, también caracterizadas por una gran disponibilidad de sorgo y algodón, y por poblaciones con grandes déficits de proteínas en su alimentación. Sin embargo, los años de ensayos y experimentaciones estaban por terminar.
4.1 Intervención y desmantelamiento
Para 1976 la investigación había evolucionado con algunas dificultades, entre ellas la falta de animales, pero no obstante mostraba una población estable. Mil doscientas familias de aves, alrededor de treinta y tres mil animales, integraban la población total y la selección la integraban 35 familias de aves, alrededor de 2400 aves seleccionadas y endocriadas (Kraft, 2012, entrevista).
Una vez producido el golpe de Estado, la intervención militar del INTA reconfiguró en buena medida el mapa institucional. En la estación experimental de Pergamino, mientras el director y algunos responsables de secciones permanecieron en sus funciones, 46 trabajadores (operarios, técnicos, extensionistas e investigadores) fueron dejados cesantes por “razones” de seguridad el 2 de abril de 1976, dos fueron separados a fines del mismo año, y seis trabajadores fueron detenidos y privados ilegalmente de su libertad. Otros cuatro, entre quienes figuraba el entonces jefe de la agencia de extensión, habían sido ya prescindidos en 1974 en la primera “limpieza” que se produjo antes del golpe de Estado. Una gran cantidad, en todas las categorías, desarrollaba actividad gremial.
Dentro de las cesantías producidas en el área de investigación, una fue la de Siegfrido Kraft. Estando ya cesante y teniendo prohibido el ingreso al predio del INTA, consiguió entrevistarse con el interventor militar en Buenos Aires. El pedido concreto que llevó era que se preservasen los ensayos e investigaciones realizados en avicultura. A partir de una comunicación entre el interventor y el director de la estación experimental de Pergamino, el aviso fue que continuarían su curso.
Tiempo antes, el director del Instituto de Ciencias Médicas de Rosario había viajado a Pergamino a ver los ensayos y, estando al tanto de la situación de la estación experimental, propuso llevarse los animales exitosos a la Escuela de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario. Sin embargo, este movimiento fue interpretado por Kraft como una traición a la institución: “yo pensé que no podía robarle al INTA sus propios materiales. En
eso operó la mística del INTA. Era como traicionar al ejército” (Kraft, 2013, entrevista). La conformación de una identidad institucional dentro del Instituto, signada por un alto sentido de pertenencia de muchos de sus integrantes pero también por una estructura fuertemente corporativa, mostraba así sus efectos. También, el papel que el establecimiento de redes personales (de ayuda mutua, así como de rivalidad entre equipos y áreas de trabajo) jugaba en la dinámica institucional. Sin el apoyo “protector” de antiguos directivos a nivel nacional, aislado en el marco de su estación experimental y con la rivalidad manifiesta del director de la misma, la posición de Kraft se había debilitado.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1976 Jorge Rafael Videla, jefe del ejército y designado Presidente de facto por la Junta Militar, realizó una visita a Junín. Por su proximidad, el itinerario contemplaba una visita a la estación experimental de Pergamino. Una tormenta impidió que el avión aterrizara y la visita nunca se concretó. Sin embargo, parte del personal militar que escoltaba la actividad llegó por tierra a Pergamino. Una de las tareas realizadas consistió en buscar (sin éxito) a Kraft en su domicilio y requisar la casa de su principal ayudante, integrante del mismo equipo de trabajo en la estación experimental del INTA y encargada de llevar el registro del peso de las aves. Sin encontrarla en su domicilio, procedieron a desvalijar la vivienda y a llevarse a su padre maniatado, para dejarlo finalmente en un pueblo cercano. Aparentemente sin demasiados elementos o comprensión sobre su contenido, la frase que repetía el personal militar usado como fuerza de choque era “que se dejen de joder con las gallinas”. Al día siguiente, presentaba la renuncia al INTA.
Para diciembre de ese mismo año estaba prevista la cesión de los animales a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), con el objetivo de someter a nuevas pruebas los ensayos y fomentar la reproducción por avicultores de todo el país, emulando una experiencia similar desarrollada en Francia por el INRA. No llegó a concretarse. Poco tiempo después de la actuación del personal militar en Pergamino llegó a la estación experimental del INTA una orden que parecía conjugar la irracionalidad extrema con la pericia: eliminar las aves que integraban los ensayos experimentales. La totalidad del material genético fue destruido y las 35 familias obtenidas, integradas por miles de aves endocriadas y seleccionadas, fueron destinadas a faena. El equipo de investigación fue dispersado y cesanteado.
Después de cuatro años de circular por oficios y ocupaciones varios (repartidor de leña, asistente en una semillería, veterinario en un criadero), que sólo tenían en común la interrupción reiterada del trabajo, “me volvían a echar, llegaba una llamada desde el INTA”, Kraft se trasladó a la provincia de Córdoba y comenzó a ejercer como profesor en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sin personal a cargo, su actividad se centró más en la
docencia y la investigación sostenida por años no encontró, pese a algunos intentos, continuidad.
Con el retorno de la democracia, en 1984 el INTA ofreció reincorporar al personal separado del organismo por normativas de la Junta Militar (SAyG-INTA, 1984). A pesar de que muchos reingresaron, los retornos no fueron sencillos. En muchos casos implicaba volver a un mismo espacio, con antiguos directivos o integrantes sospechados de participar en la implementación de las cesantías y la conformación de “listas negras”. En otros, la antigüedad, el lugar o el puesto de trabajo eran materia de conflicto. No faltó quienes iniciaron acciones judiciales y quienes denegaron el ofrecimiento. En el caso de Kraft, se le ofrecía retornar al Instituto pero en Concepción del Uruguay, donde nunca antes había trabajado. No aceptó y pasarían muchos años aún para que el capítulo de las gallinas ponedoras pudiera ser incorporado a la historia de la institución.
Desde 1989, el impulso a la autoproducción de alimentos sería fomentado por el programa ProHuerta del INTA y, aunque centrado en la generación de huertas familiares, incorporaría la provisión de animales de pastura (las gallinas negra INTA) y de carne (los pollos camperos). Sin embargo, las investigaciones que entre 1956 y 1976 se desarrollaron en Pergamino no tendrían continuidad dentro del Instituto ni fuera de él.
La trayectoria reconstruida, radicada en una de las principales y más antiguas estaciones experimentales del INTA, contiene algunas particularidades ligadas a su objeto y a los objetivos de trabajo que motivaron su reconstrucción. Al mismo tiempo, su desarrollo se encuentra ligado a la situación general no sólo del INTA sino también de la propia estación experimental en este período.
Junto a una explícita persecución dirigida contra cualquier tipo de organización política y gremial, también los contenidos y los destinatarios de las agendas de investigación y extensión del INTA se vieron afectados. En algunas áreas, en función de su articulación con la reorientación de las políticas sectoriales y en línea con las principales transformaciones económicas del período. Como se ha mencionado, tanto las actividades de extensión rural como los estudios en sociología y economía rural vieron reorientados sus principales enfoques, en sincronía con la creciente polarización social que experimentaba la estructura social agraria. También investigaciones en áreas específicas de producción de experimentaciones científicas y conocimientos tecnológicos, como los estudios de fitomejoramiento, experimentaron transformaciones cualitativas.
En relación con la situación de la estación experimental de Pergamino donde se asentó el trabajo de investigación analizado, el número de cesantías fue de los más altos del INTA. Del total de las cesantías registradas durante la intervención militar en la estación experimental, el 10 % se desempeñaba en funciones administrativas, el 14% como obreros, el 27% eran extensionistas y el 49% desarrollaba tareas de investigación (científicos y técnicos).
Dentro de las distintas áreas de investigación, como se ilustra a continuación en la figura N ° 1, las más afectadas en cantidad de cesantías de técnicos e investigadores fueron Suelos (36%), Producción vegetal- fitomejoramiento (24%), Economía (20%) y Producción animal (avícola y porcinos, 20%).
Acompañada de múltiples mediaciones y complejas vinculaciones, establecidas entre la continuidad de programas y planes de investigación y la profundización de la apropiación privada de los conocimientos científico-tecnológicos generados en el ámbito público, una experiencia pionera de investigación abocada a generar una selección aviar dirigida fue desestructurada. Por su contenido, motivaciones y potencialidades, muestra una de las facetas más explícitas en la relación entre actividades científicas y el régimen dictatorial. Si bien la desarticulación de arriba hacia abajo no fue la única variante en esta dinámica, sí fue una de sus manifestaciones. En este caso, en una trayectoria de investigación signada por la búsqueda de un camino alternativo que conjugara experimentación científica, autonomía tecnológica y compromiso social.
Figura 1. Distribución de cesantías por áreas de investigación (EEA INTA Pergamino)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería; INTA; capitán de fragata Alberto Rafael Heredia [interventor militar] (1976). “Resolución N° 1/76 y Planilla Anexa”. Buenos Aires: INTA [Personal declarado cesante por la intervención militar]. Entrevistas a integrantes de la EEA INTA Pergamino.
(*) Doctoranda del Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y Letras (FFyL-UBA), becaria (CONICET) e investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini (UNSAM). En distintas publicaciones analiza la producción de ciencia y tecnología durante la última dictadura militar argentina en general y las investigaciones dirigidas al ámbito agropecuario en particular.
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Investigador del Instituto de Genética del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INTA. Castelar, 29/12/2012.
Investigador de la estación experimental INTA Pergamino hasta 1976, reincorporado en 1987, magíster en Economía Agraria por la Escuela Para Graduados en Ciencias Agropecuarias de INTA. Pergamino, 26/11/2012.
Ex becario del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias desde 1979, investigador del organismo. Buenos Aires, 08 de septiembre, 2012.
Veterinario, investigador del INTA desde 1960. Balcarce, 11/11 2012.
Socióloga, integrante del equipo de Economía de la EEA INTA Pergamino hasta 1976. Buenos Aires, 25/10/2012
Extensionista de la estación experimental INTA Pergamino. Nueve de Julio, 04/09/2011.
Técnica del área de Suelos de la estación experimental INTA Pergamino hasta 1976. Pergamino, 26/11/2010.
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Fecha de recibido: 4 de abril de 2013 Fecha de aceptado: 17 de octubre de 2013 Fecha de publicado: 15 de abril de 2014
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