Source: http://revistachiapas.org/No1/ch1heau-rajch.html
Timestamp: 2019-02-22 20:37:35+00:00

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Chiapas 1 - 1914-1994: Dos convenciones en la historia contemporánea de México
Catherine Heau-Lambert y Enrique Rajchenberg
Cuando el subcomandante Marcos propuso a la realización de una Convención Nacional Democrática en algún lugar que tomaría por nombre Aguascalientes, invocaba un acontecimiento de la Revolución Mexicana poco frecuentado por la conciencia nacional. Las razones del opacamiento de la historia de la Convención de 1914 son varias, pero hay por lo menos dos que son relevantes. La primera es a la arraigada convicción de que sólo ameritan ser recordados los acontecimientos y proyectos sociales y políticos que pasaron por debajo del arco del triunfo; los demás, derrotados y fracasados, se supone, no logran quedar impresos en el devenir histórico y, por lo tanto, no interesa detenerse en ellos. La derrota no es sólo entrega de armas y rendición ante el enemigo, sino también silencio histórico. Existiría una suerte de darwinismo que operaría una selección de hechos históricos, unos destinados a perdurar y otros consagrados al olvido.
La segunda razón estriba en que los vencedores de una contienda son los que escriben la historia. La historia de la Revolución Mexicana no escapa a este axioma. Tal vez los mismos vencidos caen presa del primer argumento enunciado: se vuelven cómplices involuntarios de la creencia de que solamente los movimientos triunfantes y sus protagonistas serán escuchados. Evidentemente, son ellos los que sucumben en el campo de batalla y los que conforman el contingente de prisioneros y, consecuentemente, de los silenciados por el nuevo poder. A veces, después de mucho tiempo, vuelven a hablar, pero esto ocurre cuando la oficialización de la historia se encuentra tan consolidada que las voces disidentes no permiten dudar de que la verdadera historia es la que ya fue escrita. Peor aún, los vencidos llegan a asumir la perspectiva de los vencedores y de su historia convertida en ideología oficial, nuevo cimiento legitimador del poder político. Sin embargo, generalmente los vencidos se vuelven ágrafos.
La historia oficial de la Revolución, e incluso la que pretendió no serlo, detalló con minuciosidad los pormenores y los resultados del Congreso Constituyente de Querétaro, pero concedió poco espacio, salpicado de ninguneo, a la Soberana Convención Revolucionaria de 1914-1916. Desde el punto de vista de las resoluciones de uno y otra, fueron las del primero las que adquirieron vigencia y no las de la Convención. No obstante, desde la perspectiva de los protagonistas, fue esté y no aquél la que reflejó más intensamente la diversidad de ideas políticosociales de los muchos Méxicos y de los personajes que se la estaban rifando en la fragua de aquello que todos los revolucionarios de 1910 vislumbraban como un nuevo México.
En Querétaro fueron admitidos únicamente los carrancistas; en Aguascalientes, a pesar del intento de Venustiano Carranza de excluir a quienes no eran adictos a su causa, el espectro de delegados fue mucho más amplio y, por lo tanto, el abanico de propuestas revistió una textura más rica. Tampoco aquí fueron los representantes de toda la sociedad política evidentemente estuvieron excluidos los colaboradores o simpatizantes del usurpador y de su golpe de febrero de 1913, aunque sí estuvieron presentes las principales fuerzas que contribuyeron al derrocamiento del régimen huertista. La confrontación de propuestas, en un intento por unir y construir la esperanza de una paz restablecida en un México vuelto a fundar, constituyó un espacio no reeditado en la historia del país durante los siguientes ochenta años. Este es, para nosotros, el sentido atribuido a la convocatoria lanzada desde la selva lacandona en las postrimerías de este siglo. Visitar nuevamente la historia de la Soberana Convención nos permite, por un lado, descubrir un camino por el que la mayoría de los mexicanos hubiera querido transitar a partir de 1914 y que, independientemente de sus posibilidades objetivas de realización, fue truncado al año siguiente; por otro lado, dar cuenta de las diferencias y similitudes de contexto entre la Convención de 1914 y la de Aguascalientes, Chiapas.
El 10 de octubre de 1914 sesionaron por primera vez los delegados de la Convención reunida en Aguascalientes. Llegaban a término varios meses de negociaciones entre las fuerzas que habían colaborado al derrocamiento del huertismo. Aquello que en febrero de 1913 parecía ser un levantamiento para regresar al orden constitucional quebrado por el golpe de Estado, se había convertido en la destrucción de uno de los pilares de la pax porfiriana: los acuerdos de Teoloyucan signados en agosto de 1914 decretaban la disolución del ejército federal. Consignaban asimismo la designación del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, como presidente provisional.
Aunque la propuesta de realización de una convención de revolucionarios había sido formulada con anterioridad[1], fue en julio de 1914, en las llamadas Conferencias de Torreón, que villistas y carrancistas convinieron en la celebración de una Convención que debería "discutir y fijar la fecha en que se verifiquen las elecciones, el programa de gobierno que deberán poner en práctica los funcionarios que resulten electos y los demás asuntos de interés general"[2].
Una de las fuerzas, el zapatismo, no se encontraba en el recinto. Arribarían sus delegados unos quince días después gracias a la activa mediación de Felipe Angeles, uno de los más destacados generales y de mejor preparación militar de la División del Norte, comandada por Francisco Villa. Carranza había invitado al Ejército Libertador del Sur, pero los representantes de Zapata habían exigido la aceptación previa del Plan de Ayala por los constitucionalistas, condición que no fue admitida.
De los alrededor de 150 delegados, sólo un tercio formaba parte de los divisionarios del Norte. El resto estaba vinculado al Primer Jefe. Los delegados, se había acordado con anterioridad, debían ser aquellos que con sus espadas, no con su palabra, habían coadyuvado al derrocamiento del usurpador. Ello implicó que los civiles, entre los que se encontraban brillantes ideólogos de Carranza, permanecieran en su casa. La habilidad política y destreza oratoria de ellos constituyeron virtudes a las que el Primer Jefe tuvo que renunciar. Igualmente tenían derecho a asistir los gobernadores, lo cual reforzaba las filas carrancistas puesto que habían sido nombrados por él o con su venia. A pesar de su abrumadora mayoría, los "carrancistas" no configuraban un núcleo compacto y cohesionado. En su interior, se manifestarían las diferencias de opiniones y de propuestas. Básicamente, un grupo de generales, entre los cuales se hallaba Alvaro Obregón, llevaría a cabo procedimientos conciliatorios con los villistas que alteraban los puntos de vista de Carranza.
Por su parte, la denominación de villistas a los generales, o sus delegados, de la División del Norte resulta abusiva. Sus lazos identitarios no eran tan sólidos entre ellos. Tenían orígenes diversos y no traían ningún esbozo de programa por hacer valer en el seno de la Convención. Su aglutinamiento en torno a Villa correspondía a la exaltación de las cualidades militares del Centauro del Norte, a su pragmática política agraria o a su rechazo al encumbramiento de Carranza.
Aunque los allegados a Carranza eran más numerosos en el recinto de la Convención, los villistas poseían la fuerza numérica militar más poderosa. La correlación de fuerzas no se establecería con base exclusiva en los porcentajes de votos de cada bando, sino también en función del poderío de las armas. Carranza, a su vez, contaba con un apoyo crucial, el del gobierno de Estados Unidos. Gracias al cual, Carranza había logrado detener el avance de Villa hacia la ciudad de México[3] y quedó en sus manos el importante depósito de armamentos que el ejército norteamericano había desembarcado en el puerto de Veracruz durante su ocupación[4].
Una de las más relevantes cuestiones resueltas en el seno de la Convención, luego de la realización de ciertos actos de alto valor simbólico como la firma de cada delegado en la bandera, fue el de su soberanía pues de ella dependía, por una parte, la efectividad legal de los acuerdos tomados y, por otra, la definición de quién era la cabeza política del país. Ello implicó la petición de renuncia de Carranza quien se negó a acatar esa decisión.
A pesar de la superioridad numérica de los delegados carrancistas, la debilidad de Carranza era notable. Incluso la designación del presidente del gobierno convencionista no recayó en un carrancista, Antonio Villarreal, sino en un constitucionalista radical, Eulalio Gutiérrez[5].
La Convención había ido subiendo de tono político. La llegada de una comisión de 26 zapatistas a finales del mes de octubre radicalizaría aún más los propósitos de la Convención. Tras un desaguisado, cuya autoría correspondió a Díaz Soto y Gama[6], los hombres del Sur, aunque en posición numérica minoritaria, hicieron valer su prestigio moral y lograron que la asamblea aceptara dos condiciones para que el Ejército Libertador se incorporara plenamente a la Convención:
Las dos razones que tenemos son tan claras, que mis compañeros no quieren una inconsecuencia: la primera es que se acepte el Plan de Ayala, y segunda, que se quite al hombre-estorbo, como yo califico al ciudadano Venustiano Carranza, al cual no hemos reconocido ni reconoceremos; se trata de las condiciones sine qua non de la pacificación[7].
La conformidad de los convencionistas significó que las tres fuerzas revolucionarias, a pesar de sus disimilitudes, se unían en la voluntad de conformación de las bases del nuevo régimen. Fue el momento más alto de convergencia política durante los años revolucionarios. Los caudillos, con excepción de Carranza, ofrendaron sus intereses personales al proyecto de institucionalización del poder recién conquistado. En este punto estaban claros: la "redención de la patria" requería del abandono de los personalismos.
La euforia duró poco. Carranza, declarado rebelde por la Convención debido a su rechazo a someterse a sus disposiciones, y ante el temor de un cambio de lealtad de sus altos oficiales en la Convención, procedió a ascender al grado de general a los cuadros medios de su ejército[8]; hizo llegar a Aguascalientes un "cañonazo" de 50,000 pesos a manera de pago de los convencionistas y mandó llamar a sus allegados a la ciudad de México. Algunos no regresaron a la sede de la Convención, sino que partieron con el Primer Jefe en su huida hacia Veracruz, donde el gobierno estatal lo apoyaba, cuando el gobierno convencionista decidió trasladarse a la capital, para asumir simbólicamente la conducción política de un país cuyo destino se jugaba fundamentalmente y se jugaría hasta por lo menos el campo de batalla. Inició en ese momento la etapa legislativa de la Convención realizada en un largo peregrinaje, pautado por los avatares de la lucha militar de sus miembros por Cuernavaca, la ciudad de México nuevamente, Toluca y, por fin, reducida a sus elementos zapatistas, en Jojutla. Pero en diciembre de 1914, la esperanza de la paz recobrada y de un nuevo pacto social con la participación de todas las fuerzas sociales había concluido.
La Convención de Aguascalientes en la ideología oficial de la Revolución
La interpretación oficial más socorrida de la Convención fue durante un tiempo la que vio en ella un escenario para redimir un conflicto personal entre Villa y Carranza, o bien una "junta vocinglera de jefes revolucionarios escandalosos"[9]. Como apunta Amaya, los autores de este punto de vista fueron "los mismos revolucionarios tránsfugas de la Revolución"[10], posteriormente convertidos en ideólogos del poder o sus obras empleadas para sustentar la postura oficialista.
De hecho, ninguna de las dos versiones es falsa, aunque ambas son superficiales. Es cierto que una vez destruida la estructura institucional del Estado porfiriano tras la derrota del huertismo en 1914, floreció el caudillismo, contenido, equilibrado o, en los casos de rebeldía insobornable, suprimido durante los tiempos de don Porfirio.
Todo caudillo basa su poder, entre otros, en la posesión de rasgos personales, y valorados por las masas que lo siguen. Las relaciones entre caudillos son por ello forzosamente conflictivas y asumen un halo de rivalidad interindividual en que las masas acaudilladas parecen seguir irracionalmente a su jefe en la disputa con su contrincante, sea cual fuera la causa de la refriega.
En lo que concierne a la Convención, sus mismos protagonistas así lo percibieron:
Sabemos bien, decían unos generales constitucionalistas a Carranza, que esperaba usted la ocasión de opacar un sol que opaca el brillo de usted y contraría su deseo de que no haya en la Revolución hombre de poder que no sea incondicional carrancista[...][11]
A menos que se confiera a las masas una total pasividad obediente a las órdenes del caudillo, la dominación de éste no se afirma en los vaivenes de su conducta caprichosa, a pesar de que los actos litúrgicos de refrendo de su poder ofrecen el espectáculo de individuos despojados de voluntad para ofrendársela al líder.
Los dirigentes de la Revolución Mexicana no habían elaborado programas políticos que encauzaran la lucha y organizaran la vida posrevolucionaria. El Plan de San Luis, firmado por Madero, que constituye en esencia una proclama, cobijó a los diversos actores decididos a colaborar en la caída del Antiguo Régimen. Sus aspiraciones no asumían aún la forma de un programa sistemático, sino que se expresaron de manera diversa y aceptando los liderazgos más antiguos o aquellos forjados al calor del levantamiento, al margen de la perfección de los planes, con tal de conjurar al enemigo.
Las interpretaciones históricas que concentran la mirada sólo en los caudillos tienden a explicar los acontecimientos como un efecto de la conducta de aquéllos y no observan que ellos también actúan de acuerdo con la dinámica de los procesos colectivos. A diferencia de Carranza, quien postergaba para el final de la lucha contra el usurpador las reformas sociales[12], Zapata y Villa procedían a éstas a medida que se luchaba. Tras los ejércitos vencedores de la División del Norte, los campesinos tomaban las tierras y se efectuaba su reparto. Una de las primeras acciones de este género sucedió bajo el mando de Lucio Blanco, quien llevó a cabo la primera expropiación constitucionalista y que tanto disgustó al Primer Jefe. Se trataba de la hacienda de Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, en Tamaulipas a mediados de 1913.
La disputa entre los caudillos revolucionarios que fue explicada como una rivalidad entre personalidades correspondía a la censura del varón de Cuatro iénegas a un reparto agrario fuera del control de las autoridades y protagonizado por los campesinos[13] y, más generalmente, al modo político en que se irían estableciendo las reformas sociales de la Revolución. La Convención es el lugar de elaboración del que andaba ausente el programa de reformas de la Revolución. Esta tarea es simultáneamente encuentro de caudillos y sus representantes con toda la escenografía de una "junta vocinglera" que de ello resulta. Muchos de los convencionistas recibían en Aguascalientes su bautizo oratorio; algunos, tal vez impuestos por el lugar de realización de las sesiones -el teatro Morelos-, intervenían con un lenguaje profusamente adornado. El propósito de sus alocuciones quedaba oculto tras los epítetos. Para otros, sus propias participaciones parecían engolosinarlos; son los que Vito Alessio Robles llamó latifundistas de la palabra[14]. Tras la maraña argumentativa, se debe buscar en realidad el "relámpago de amistad y lucidez del pueblo y sus líderes", como definió Luis González y González a la Convención.
En 1989, el Estado mexicano conmemoró el 75 aniversario de la celebración de la Convención de Aguascalientes. Parecería que al mismo tiempo que la Revolución Mexicana dejaba de ser insumo exclusivo de la legitimidad estatal, se abrían áreas anteriormente no tan veneradas de manera oficial. El evento realizado con la asistencia del presidente de la República, gobernadores, intelectuales y funcionarios públicos, dio cabida a varios actos, entre conferencias, mesas redondas y espectáculos de diversa índole. Interesa particularmente aquí oir a los hombres del poder.
La Convención destacaría por ser antecedente del Constituyente de 1917. Su relevancia, en otras palabras, deriva no de su naturaleza misma, sino de su carácter de inspiradora de los hacedores de la Carta Magna[15], es decir, vale la pena detenerse en ella sólo para entender mejor la trama genética de la Constitución de Querétaro.
Este abordaje de la Convención, además de subalternizarla relegándola al ámbito de los antecedentes, suerte de barril sin fondo, permite vestir al constituyente con un ropaje que le es en realidad extraño: el de la pluralidad política e ideológica. El carácter de antecedente de una la emparenta y presta sus rasgos al segundo: "La historia finalmente como proceso dialéctico asimilaría las propuestas sociales de este movimiento y daría la razón al constitucionalismo social mexicano"[16].
¿Qué hay de cierto en la pretendida filiación convencionista de los artículos 3º, 27 y 123 constitucionales? Ciertamente los contenidos de los artículos fueron debatidos en la Convención y quedaron incluidos en el Programa de Reformas Político-Sociales de la Revolución, pero también es cierto que estaban presentes en los múltiples idearios de los reformadores sociales que precedieron al movimiento de 1910 o lo protagonizaron. Lo fundamental, empero, reside en los moldes políticos que organizan la cuestión educativa, de la tierra y del trabajo en el Programa de Reformas, por una parte, y en la Carta Magna, por otra. De hecho, divergen profundamente.
Desde hace unos años ha cobrado nuevos bríos el binomio tradición-modernidad con que la antropología del decenio del cuarenta y la sociología del cincuenta estudiaron el cambio social. La historiografía recoge actualmente esta fórmula teórica para expresar cómo el conflicto entre los dos polos es el que genera movilizaciones sociales. La tradición sería, en esta perspectiva, el universo de lo estático e inmóvil, el mundo añorado del pasado; la modernidad, en cambio, sería movimiento, abandono de viejas ataduras. La consigna modernizadora de los gobiernos actuales ha extendido el campo de aplicación de esta añeja matriz teórica que representa a la tradición con lo viejo -y a veces caduco- y a la modernidad con lo inédito. Igualmente, el primer polo correspondería con la estrechez de las miradas parroquiales, mientras el segundo con las vocaciones de alcance nacional.
Al aplicar el esquema a la caracterización de las fuerzas políticosociales convencionistas, Zapata es pintado con los colores de la tradición, mientras Carranza con los de la modernidad. Las estructuras clasistas de la sociedad y sus expresiones políticas contradictorias se diluyen de este modo en relaciones conflictivas entre agentes culturales de lo estático-tradicional y lo dinámico-moderno. Por ello, parece congratularse Palacios Alcocer, Carranza no podía ni debía adherir al Plan de Ayala: "La historia lo hubiera reseñado como una capitulación de la modernidad ante la tradición"[17]. El zapatismo fincado en la tradición se haría extensivo a la Convención en su conjunto:
La labor legislativa de la Convención optó así al final por la recuperación romántica y nostálgica de los 'buenos tiempos' que, como diría Enrique Krauze, era una creencia en la edad dorada[18].
Bajo estas premisas, la conclusión es evidente: la derrota de los zapatistas era inevitable debido a sus "estrategias idealistas"[19].
Por consiguiente, si para unos la Convención posee un nicho en la historia patria por su carácter de antecedente del Constituyente de 1917, para otros justifica la victoria del constitucionalismo sobre las fuerzas convencionistas arrolladas por la superioridad de la marea modernizadora. En suma, la Soberana Convención debe contentarse con ser el capítulo uno -o el prefacio- de la historia de la Constitución, o bien, la tragedia de su derrota se transforma en instrumento de legitimación de la larga vida de la revolución institucionalizada.
La Convención legisladora e innovadora
A lo largo del siglo XIX, la cultura occidental ha asociado patriotismo con militarismo. México no fue la excepción y de hecho su independencia se fincó en una larga gesta militar popular. El novel ejército confiscó la victoria para sí y se adueñó del país. En una lucha de largo aliento se intenta una y otra vez poner al país en manos de civiles. Es el viacrucis de una sociedad civil que debe sufrir no sólo los embates de las asonadas militares, sino, sobre todo, los frecuentes asaltos a su soberanía por parte de europeos y norteamericanos que pensaban en México como en un botín de guerra.
Como bien lo dijo Antonio Díaz Soto y Gama en la Convención de Aguascalientes, la independencia frustró el anhelo agrarista del pueblo que tuvo que volver a lanzarse a la lucha un siglo después para recuperar sus tierras[20].
Si bien el problema agrario fue el detonante de la Revolución del Sur, la Convención que reagrupó a las diversas facciones revolucionarias tuvo que resolver muchos problemas más. Tres grandes líneas de trabajo aparecieron:
Asegurar un gobierno civil que tuviera autoridad sobre las fuerzas armadas y evitar el caudillismo.
Resolver el problema de la tierra que no sólo siguió vigente a lo largo del siglo XIX, sino que se agudizó.
Afianzar un sistema político democrático que garantizara los derechos ciudadanos; la Convención entendía por derechos ciudadanos los derechos políticos tradicionales, pero sobre todo los derechos sociales.
Gobierno civil vs. Junta militar
La propuesta zapatista de una "junta de los principales jefes revolucionarios" para designar un presidente interino no consistía en un gobierno militar ya que los zapatistas, como la gran mayoría de los revolucionarios, no eran militares de formación, sino "ciudadanos en armas"; además, los soldados del Ejército Libertador eran todos los habitantes del estado de Morelos[21] que peleaban para poder "estar en paz en el estado de Morelos", como canta el himno zapatista[22]. Por su parte, Francisco Villa, al romper con Carranza después de la toma de Zacatecas, aceptó reunirse con sus homólogos constitucionalistas. Gracias a los buenos oficios de Obregón, Carranza aceptó una junta de generales. Se admitió que la "pacificación" sólo podía emanar de un gobierno civil, pero escogido por los militares:
Tanto el constitucionalismo como el villismo se habían caracterizado hasta esos momentos en privilegiar lo militar sobre lo civil; sólo el zapatismo se definía precisamente por haber invertido la relación y la prioridad[23].
Esta difícil tensión entre lo civil y lo militar se ve claramente reflejada en la inauguración de la Convención constitucionalista (la famosa "junta" aceptada por Carranza y antecedente inmediato de la Convención de Aguascalientes) en la ciudad de México, cuando los generales llegaron vestidos de civil:
Obregón parecía un currutaco de pueblo, Eulalio Gutiérrez recordaba a uno de esos libaneses que vendían colchas en abonos, de puerta en puerta; Eduardo Hay parecía un tenaz predicador protestante, y Rafael Buelna un estudiante semifósil escapado de las aulas. No alcanzaban a comprender los capitalinos cómo aquellas gentes sencillas, gente del pueblo, hubieran propinado soberanas palizas a los arrogantes jefes federales de sombrero montado y continente heroico[24].
Pero estos lobos disfrazados de oveja no tardaron en enseñar los colmillos y Gertrudis Sánchez o Eduardo Hay reclamaban un militar en el Poder Ejecutivo, y que se expulsara a los civiles de la Convención. De ahora en adelante la "batalla por la paz" estaría a cargo de aguerridos militares, lo que equivalía a darla por perdida de antemano.
El segundo problema crucial que tuvieron que enfrentar los convencionistas fue el agrario. El primer gran levantamiento agrario en México fue encabezado por Hidalgo en 1810. A estas fechas remonta John Tutino las bases sociales de la violencia agraria del siglo XIX[25]. Insurrección agraria fracasada que volverá endémicas las rebeliones campesinas a todo lo largo y ancho del siglo XIX. La historia de México en la larga duración es la historia de la lucha de su gente por la tierra. Una y otra vez intentan hacer valer sus derechos. Una y otra vez son sometidos, pero algún día "esos airados hombres del agro suelen volverse violentos insurgentes":[26]
Lo que inició Hidalgo lo continuaron otros muchos. Durante los años siguientes, mientras México se enzarzaba en los dilemas de su naciente nacionalidad, proliferaron los conflictos agrarios, y los rebeldes rurales empezaron a adoptar programas que exigían cambios estructurales en la vida mexicana[27].
Ahí es cuando la lucha agraria de Zapata se embona con la lucha política de Madero y con los reclamos sociales de los villistas.
Una vez invitados a la Convención por los villistas, los zapatistas llegaron enarbolando su Plan de Ayala que fue adoptado por todos. La tierra para quien la trabaja, pero ¿bajo qué forma jurídica? Poco tienen en común los comuneros morelenses con los aguerridos rancheros herederos de las colonias militares de Juárez. El primer altercado surgió a propósito del Artículo 7 del Plan de Ayala que trata de la restitución de sus tierras a los pueblos. Ahí cundió todo el atavismo histórico de México: para los sureños, las tierras son herencia indígena con títulos de propiedad que remontan a la Colonia; para los norteños, las tierras son para ser conquistadas, desplazando a las tribus nómadas de "indios ociosos" incapaces de hacer producir las tierras que, por ende, no tienen dueños "legítimos"[28]. La "tradición sonorense", como la llama Héctor Aguilar Camín, se finca en la guerra contra los indios. La tradición morelense, en cambio, se finca en costumbres prehispánicas. El general norteño, Hay, se escandaliza porque se iba a quitar a un propietario honrado lo que había logrado con su trabajo. Ante los reclamos sureños argumenta que defiende al latifundio, mas no a los latifundistas. Los norteños serían a veces propensos a reivindicar el espíritu "frontier" (conquista del Oeste) de los norteamericanos, mientras que los sureños el ánimo justiciero de Cuauhtémoc. Como bien reza el dicho "hablando se entiende la gente"; después de horas de tensas discusiones la Convención hizo suyos los planteamientos agraristas de los zapatistas. Para éstos, la forma natural de propiedad era el ejido; para los norteños, la pequeña propiedad. Cuando la Convención redacta, en febrero de 1915, su Proyecto de programa de reformas político-sociales, ambas formas de tenencia de la tierra quedaron contempladas:
Artículo 1°. Destruir el latifundismo; crear la pequeña propiedad y proporcionar a cada mexicano que lo solicite, tierra bastante para subvenir a las necesidades de su familia, dándoles en todo caso la preferencia a los campesinos.
Artículo 2°. Devolver a los pueblos los ejidos y aguas de que han sido despojados y dotar de ambos a las poblaciones, que, necesitándolos, no los tengan, o los posean en cantidad insuficiente para sus necesidades.
La Constitución de 1917 retomará preferentemente los conceptos vertidos en el Artículo 2° y el reparto agrario se promoverá bajo la modalidad del ejido colectivo. Federico Reyes Heroles en su participación en los actos conmemorativos del 75 aniversario de la Convención en Aguascalientes[29], lamenta que los constituyentes del 17 hayan favorecido el ejido sobre la pequeña propiedad y lanza un velado llamado a reformar el Artículo 27 constitucional:
El planteamiento agrario de la Convención retomó las reivindicaciones de restitución de tierras, planteó un esquema antimonopólico, pero de pequeña propiedad. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿dónde están las clases medias campesinas que a partir de tal proyecto hubieran nacido? Los contrastes en el agro mexicano difícilmente podrían ser mayores: riqueza y miseria. Algo en la legislación agraria anda mal y todos lo sabemos.
Pero además algunos estudios han establecido claras correlaciones entre la existencia y extensión de las clases medias campesinas con la estabilidad política de las naciones, con el desarrollo de la vida democrática. La tesis llevada a una gran simplificación podría leerse así: aquellos países que cuentan con clases medias rurales muestran tendencias hacia regímenes democráticos. Las clases medias rurales fungen como un gran paliador de los movimientos tradicionales de las urbes. En cambio, los países que carecen de clases medias rurales y que han optado por esquemas de reparto agrario organizado, parecieran mostrar una alta tendencia al autoritarismo. La organización misma de los repartos lleva a la constitución de burocracias y aparatos partidarios del Estado. Debemos reflexionar sobre el asunto[30].
Estos argumentos fueron retomados para "reformar" el Artículo 27, aun cuando tergiversaran la realidad. En efecto, el Artículo 2 de la Convención claramente pide la "restitución de los ejidos y aguas a los pueblos", basándose en el Plan de Ayala. Queda claro que la tenencia de la tierra se divide entre costumbres indígenas de propiedad colectiva y costumbres "liberales" de pequeña propiedad. Esta disputa va más allá de un mero asunto de niveles de ingresos en el agro: abarca dos maneras de concebir el mundo. En una, se valoriza la solidaridad comunal donde el individuo y las tierras se funden hasta sólo existir bajo el concepto "pueblo"; es la concepción de Fuente ovejuna de Lope de Vega. En la otra, se premia la competitividad ranchera, el logro individual, bajo el ensueño de que cada campesino sabrá defender su propiedad y acceder al envidioso estatus de "clasemediero"; las "leyes de la vida" deben dejar que el pez gordo se coma al chico, dejando a los más pequeños desprovistos e inermes. En suma, el valor social propiedad de la tierra tiene un sentido muy diferente de acuerdo al sistema de creencias de los campesinos sureños y de los rancheros norteños.
Si bien la historia nos ha enseñado el fracaso de la explotación socializada del agro, también nos enseñó que las experiencias de incremento de la rentabilidad en el campo implicaron la reducción de los campesinos hasta sólo el 5% de la población total en Europa o el 3% en Estados Unidos. El sistema ejidal, sin embargo, ha permitido que 60, luego 50 y ahora el 40% de la población mexicana sobreviviera gracias al cultivo de sus tierras. Si se reduce de esta manera la población, la nueva pregunta es: ¿Acaso el 5% o el 3% de clasemedieros rurales contribuirá realmente al advenimiento de un régimen democrático?
Haciendo alarde de optimismo, podemos especular con que la maquila logre emplear al 20% de la población actualmente campesina. ¿Qué pasará con el 20% restante? ¿Lograrán realmente mejorar sus niveles de vida hasta volverse clasemedieros a pesar de las leyes del mercado? ¿Qué pasará con los 20% restantes? Si el desempleo en las ciudades ya es alarmante, ¿dónde irán a parar?
El problema no radica en las formas de tenencia de la tierra, sino en los medios para explotarla. Los convencionistas, hombres del campo por excelencia, lo sabían muy bien e inmediatamente después del reparto agrario. Sigue el Artículo 3° donde se exigen bancos y vías de comunicación para poder aprovechar a su máximo la tierra y apoyar a los "agricultores en pequeño"[31].
Retomaremos la feliz expresión de Federico Reyes Heroles: "Los contrastes en el agro mexicano difícilmente podrían ser mayores: riqueza y miseria. Algo en la legislación agraria anda mal y todos lo sabemos"[32]. ¿Será la legislación agraria el origen de todos los males o será la falta de apoyo financiero al campesinado? En efecto, todos sabemos que préstamos e inversiones públicas favorecen las tierras de mejor rendimiento. Al olvidarse del Artículo 3° de la Convención, se ha dejado el campo a merced de la ley de la selva y en manos caciquiles que han hecho de la ignorancia y de la pobreza su caldo de cultivo electoral.
Más allá del derecho a la tierra, la Convención reclama derechos políticos y sociales. Desde 1908, el país es muy sensible a la democratización y al sufragio efectivo. La Convención se pronuncia por el municipio libre[33] y apoya el sufragio universal[34] después de una fuerte discusión donde salen a relucir las viejas ideologías positivistas que afirman que el "indio" es analfabeto e inculto, y, por lo tanto, incapaz de autogobernarse. Ahí prevaleció el argumento pragmático: si el "indio" fue capaz de derrocar a Porfirio Díaz y sostener por años un ejército guerrillero, bien puede administrar su propio municipio. A pesar de los prejuicios vigentes, quien administra la guerra, puede administrar la paz; una paz descentralizada en manos de los municipios. La nueva administración debería ejercerse desde la provincia hacia el centro. El poder judicial debería gozar de plena independencia y autonomía[35].
El tan mentado "analfabetismo" del indio -el no saber leer o escribir- es muy relativo en un mundo de cultura oral. Rara vez se estaba en contacto con la autoridad bajo su modalidad "escrita", es decir, actas notariales, contratos, avisos, etc. La memoria colectiva de los viejos suplirá a la memoria escrita de la nueva burocracia. Basta que algunas personas del pueblo supieran leer y escribir y ayudaran a sus coterráneos y familiares en sus trámites con la autoridad, para romper la barrera de la incomunicabilidad. Ese era el papel de Otilio Montaño en Villa de Ayala, por ejemplo. Una persona lee y escribe por muchas, bajo la vieja tradición de solidaridad pueblerina o familiar[36].
Sin embargo, pronto aprendieron los pueblos a insertarse en la nueva cultura escrita. El Plan de Ayala se redacta por escrito, se copia a máquina y se publica. En 1915 vienen los agrimensores a medir y apuntar los repartos agrarios, etc. La Convención exige mejorar la educación y extenderla[37]. Contempla también la protección de los hijos naturales[38] y el Artículo 23 reza así: "Favorecer la emancipación de la mujer por medio de una juiciosa ley sobre el divorcio". ¡Estamos en febrero de 1915 y se firmó en Cuernavaca!
Este Programa de Gobierno de la Convención antecede las grandes reformas cardenistas no sólo cuando prevé bancos agrícolas, obras de comunicación e irrigación, sino, y sobre todo, en su Artículo 5º que prohíbe los monopolios y más específicamente (según la discusión preliminar a la aprobación del Artículo), los monopolios sobre recursos naturales[39].
El Programa prevé también el derecho de huelga (Artículo14), la legalización de los sindicatos (Artículo 13) y una extensa protección laboral por medio de "una legislación que haga menos cruel la explotación del proletario", e incluya los accidentes de trabajo y pensión[40]. El programa final, firmado en Jojutla, Morelos, el 18 de abril de 1916 es incluso más amplio en su cobertura de protección social. Ahí se reglamentan las sociedades anónimas, los repartos de utilidades y se implanta un impuesto progresivo sobre las herencias. Al respecto, señala Reyes Heroles:
Todo lo anterior llama la atención por dos motivos. En primer lugar por la antelación con la que se plantearon muchos de los problemas que después serían retomados por el carrancismo o incluso por gestiones posteriores. Pero además debemos recordar que la Soberana Convención Revolucionaria tuvo la característica de ser una representación de una gran autenticidad. A diferencia de otras reuniones revolucionarias, aquí la injerencia de grupos ilustrados se dio sólo en los primeros momentos de la Convención y de manera muy reducida[41].
El Programa de la Convención demuestra fehacientemente que tradición no significa arcaísmo y que uno puede crecer, según la lógica del mundo moderno, dentro de sus propias tradiciones. Demuestra también qué injusta y equivocada es la demasiado famosa aserción de Womack acerca del zapatismo: "Este es es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, hiceron una revolución"[42]. Cae también por tierra la hipótesis de François-Xavier Guerra[43] para quien la Revolución resultó del choque entre un mundo campesino tradicional y unas élites modernizadoras. Intenta demostrar la total incomprensión e incomunicación de ambos mundos. El pueblo negándose a cualquier transformación y las élites tratando de sacar al país adelante.
La realidad demuestra que el pueblo resultó ser mucho más transformador e innovador que las élites porfirianas. El núcleo de sus demandas revolucionarias fincó el México moderno aun cuando éste tomaría otro giro a partir de los años cuarenta, desvinculando la teoría política de la práctica: se seguía afirmando la herencia social de la revolución, pero sin apoyar suficientemente al agro que fue utilizado como palanca para la industrialización.
Ochenta años después resulta difícil criticar y condenar el Artículo 27 constitucional en nombre de la miseria imperante en el campo, cuando durante 50 años se negó, salvo honrosas excepciones, todo apoyo al ejidatario. Los recursos federales quedaron a menudo en manos de la burocracia agraria sin llegar a su destino. La planeación se hizo desde el centro para grandes obras que desgraciadamente dieron pie al mayor de los despilfarros. No se corregirán 50 años de política agraria equivocada de un plumazo tachando el Artículo 27. El problema no reside en la forma de tenencia de la tierra ni tampoco se debe culpar al "ignorante" campesino de su miseria y atraso. Ahora que se ha revocado el Artículo 27 no se ha visto ninguna mejoría sustancial. Los convencionistas trataron por igual el problema del campesino y del obrero. La política posterior protegió a la industria, concebida como la panacea del mundo moderno, descobijando a la agricultura.
1914-1994: la historia no se repite. En el México de inicios de este siglo, el 80% de la población estaba ligado a la tierra. Era un país agrícola con un problema agrario que jerarquizaba a todos los demás. La cuestión obrera, como se le llamó en aquel entonces, ya se había hecho sentir en 1906 y 1907, y la organización de los asalariados urbanos en el seno de la Casa del Obrero Mundial demostraba sus frutos. Sin embargo, no hegemonizaba a las luchas agrarias cuya continuidad y enraizamiento se remontaba a varios siglos antes. Ante éstas, la cuestión obrera constituía un problema emergente; la agraria, uno endémico. Ello no impidió que los convencionistas tributaran un reconocimiento a las huelgas obreras del porfiriato por su contribución al movimiento de 1910. Todavía estaban frescos en la memoria los acontecimientos de 1906 y 1907 cuando discutieron la legalidad de los sindicatos [44].
Volver a fundar un pacto social, reformar las leyes, en síntesis, replantear la esencia de la nación significaba en primer término construir el marco de solución a la secular cuestión agraria. Parafraseando a Andrés Molina Enríquez, puede decirse que éste era el gran problema nacional número uno. Las propuestas que así lo consideraban venían formulándose tiempo atrás y se extendieron por lo menos hasta el inicio del cincuenta con la última obra sobre México, de Frank Tannenbaum[45], que fue intelectualmente lapidada y descalificada. En estas circunstancias, la insistencia de la Convención sobre el tema, y de sus miembros zapatistas en particular, no expresa una actitud gremialista o una visión estrecha de la nación, como a veces se afirma.
En la Convención, no había homogeneidad de puntos de vista sobre cómo resolver la cuestión agraria. Como se dijo, el Norte y el Sur concebían diferentemente el asunto. Empero, se lograron rescatar ambas propuestas sin pretensiones de imponerse una sobre otra. En ese sentido, las dos caras de México, la norteña y la sureña, fueron compatibilizadas y sus aspiraciones complementadas. Se arribó incluso a un acuerdo sobre la esencia simbólica de la nación que tendría posteriormente un enorme impacto cultural. El indio mexicano fue exaltado, revalorizado y otorgó sentido al concepto de pueblo por el que todas las fuerzas revolucionarias aseguraban luchar. La lucha zapatista fué definida como lucha indigena, y en esta definición fueron incluidos Villa y los villistas.
Esta identidad étnica inventada los hermanó frente a los carrancistas, por ello Alvaro Obregón rápidamente adoptó la piel indígena y se proclamó "indio mayo puro" que había compartido penalidades con sus semejantes, y además marcó un vuelco en la herencia del porfirismo. La identidad indígena dejaba de ser una identidad estigmatizada (Para un mayor desarrollo, ver nuestro artículo "177 hombres en busca de una identidad", art. cit.)
Los convencionistas de 1914 podían plantearse, a diferencia de los de 1994, un horizonte de acción política abierto: las fuerzas revolucionarias habían desmantelado el aparato represivo del Estado porfiriano y, en su calidad de protagonistas de una revolución, interpretaban su quehacer como un borrón y cuenta nueva. No renunciaban a sus tradiciones ni a las figuras heroicas veneradas por la historia patria; las reinterpretaban y utilizaban para justificar y ayudarse en la exposición de lo que concebían como el México posrevolucionario.
Los derechos ciudadanos estaban consagrados en la Constitución de 1857, pero existían solamente en un plano teórico. La Convención fue el primer ensayo de ejercicio de la ciudadanía real. Fue una discusión pública; un intento de contener la violencia mediante el diálogo entre ciudadanos armados, no entre militares. La reiteración de los convencionistas de su carácter de ciudadanos en armas significaba un pronunciamiento acerca de su distancia con respecto al siglo XIX y su secuela de cuartelazos y con respecto al huertismo; pero entrañaba también la reivindicación de los derechos sociales, no la asfixia militar de la incipiente sociedad civil.
La preocupación central fue el problema de la tierra, pero su resolución requería de la construcción de un contexto político particular. El objetivo de destrucción del latifundismo y de mejoría de las condiciones de trabajo fue acompañado de fórmulas democráticas. El proyecto democrático consistió en la autonomía municipal y en una forma de representación de la voluntad política del pueblo que provenía de la provincia y que el centro recogía y acataba. Probablemente en este punto radicó la debilidad de la Convención zapatista-villista. La configuración del poder político que los convencionistas desearon requería para garantizar su viabilidad de la instrumentación de una estrategia política diferente durante la coyuntura revolucionaria. Carranza, en cambio, sí evaluó correctamente la situación. Con todo, los objetivos de la Soberana Convención Revolucionaria siguen siendo las asignaturas pendientes del México de este fin de siglo.
1914-1994: No, definitivamente la historia no se repite, ¡pero cómo se parece!
P.D.: Catherine manda decir que hay otra diferencia fundamental entre la Convención de Aguascalientes y la versión 1994. A la segunda asistieron mujeres; a la primera no, a pesar de las palabras del zapatista Otilio Montaño: "Señores: cuando la mujer toma un participio en la revolución, permitidme que os lo diga, la revolución se salva"[46].
El Artículo 12 del Plan de Ayala indicaba que al término de la Revolución tendría lugar una "junta de los principales jefes revolucionarios". La función atribuida a dicha junta era la de convocar a la elección del Congreso de la Unión y éste a su vez la de los demás poderes federales. Por su parte David Berlanga, quien posteriormente sería uno de los convencionistas de Aguascalientes había urgido a la organización de una Asamblea Nacional Revolucionaria "que discuta las reformas necesarias para conseguir nuestra Regeneración Nacional" ("Pro-patria" [1914], en En torno a la democracia. El debate político en México (1901-1916), INEHRM, 1989, p. 382).
Citado por Luis Fernando Amaya, La Soberana Convención Revolucionaria. 1914-1916, México, Ed. Trillas, 1966, p. 27.
Se trató del corte al suministro de carbón para los trenes de Villa.
John Hart ofrece un detallado inventario de las armas abandonadas en los cobertizos del puerto. Ver El México revoucionario, México, Alianza editorial, 1990, cap. 9.
"Gutiérrez era mal visto por haber encabezado ataques guerrilleros sobre minas propiedad de norteamericanos y luego, en cuanto se apoderó de San Luis Potosí en octubre de 1914, había amenazado con nacionalizar las propiedades extranjeras, abolir el peonaje por deudas, establecer salarios mínimos y prohibir la exportación de alimentos de las haciendas comerciales" (Ibid., p. 404).
Se trata del famoso incidente sobre la bandera que los delegados habían juramentado y firmado. Sobre el significado de este tormentoso hecho, ver nuestro artículo "177 hombres en busca de una identidad. Los primeros tiempos de la Soberana Convención Revolucionaria", en Relaciones, no.55, El Colegio de Michoacán, 1994.
Intervención de Antonio Díaz Soto y Gama, 28 de octubre de 1914, Crónicas y debates de las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria, 3 vols, INEHRM, 1964-1965, tomo I, p. 547.
"Dice usted, escribió Carranza a Eulalio Gutiérrez, que le parece inconveniente que yo llame en cumplimiento de su deber a los generales y jefes, y que los conmine con poner las fuerzas a las órdenes de los coroneles. Si yo he hecho esto, es porque he querido ofrecer a los jefes secundarios y a la oficialidad, la oportunidad de no hacerse solidarios de la conducta de los jefes[...]" (Citado por Vito Alessio Robles, México, INEHRM, 1989, p. 345).
Luis F. Amaya, La Soberana Convención Revolucionaria. 1914-1916, op. cit., p. 5.
Es el caso de Martín Luis Guzmán que Adolfo Gilly define como "escritor reaccionario, fugaz pequeñoburgués villista de las horas de triunfo que desertó de Villa cuando vio aproximarse las derrotas".
Citado por Vito Alessio Robles, op. cit., p.31. Juan Barragán, jefe del Estado Mayor de Carranza, aprecia de modo semejante la coyuntura convencionista y la conducta de los delegados: "En vez de dedicar sus actividades a discutir un plan político y social de acuerdo con las exigencias del país, se convirtió la asamblea en un centro de intrigas, puramente personalistas, los zapo-villistas tratando de eliminar al Primer Jefe" (Ibid., p. 295). El mismo Carranza se describió como redentor de la patria y salvador de la Revolución: "...Faltaría a mi deber como Jefe de la Revolución si me retirara de la Jefatura del Ejército Constitucionalista, privando a éste de la cohesión que le da mi personalidad, dejándolo debilitado frente a las tendencias y a los procedimientos de dominio del General Villa" (Ibid., p. 338).
"Pero sepa el pueblo de México que, terminada la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha social, la lucha de clases(...)" (Venustiano Carranza, "Discurso del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en Hermosillo, Sonora", 24 de septiembre de 1913, en: La Revolución Mexicana. Textos de su historia, México, SEP-Instituto Mora, 1985, tomo III, p. 345).
La ley del 6 de enero de 1915 expedida por Carranza expresa su postura frente al reparto agrario y a su realización bajo cauces políticos debidamente acreditados. Las tierras, dice su artículo 12º, se solicitarán ante los gobernadores, autoridades políticas o, en su defecto, jefes militares. En otras palabras, las tierras se solicitan, no se toman
Con acierto señala un historiador que paulatinamente la Convención devino un "mere talking shop" y "a forum for Díaz Soto's enraged speeches" (Alan Knight, The Mexican Revolution, 2 vols, Cambridge University Press, 1986, tomo II, p. 310).
"No puede justificarse, explicarse Querétaro en 1917, sino acudimos a la cantera histórica de la Convención de Aguascalientes. Fue ... un precedente quizás, guardando las proporciones en el tiempo y en el espacio y en las circunstancias en la sociedad, como la Comuna de París" (Miguel Angel Barberena, gobernador de Aguascalientes, "Discurso de instalación de la Comisión Conmemorativa," en La Soberana Convención Revolucionaria en Aguascalientes, Gobierno del Estado de Aguascalientes-Instituto Cultural de Aguascalientes, 1990, p. 17).
Mariano Palacios Alcocer, gobernador de Querétaro, "La Convención de Aguascalientes como antecedente de las reformas sociales contenidas en la Constitución de 1917" en, op. cit., p. 99.
M. Palacios Alcocer, "La Soberana Convención Revolucionaria como antecedente...", op. cit., p. 97.
"Lo que se llama nuestra independencia, no fue la independencia del indígena: fue la independencia de la raza criolla y de los herederos de la conquista, para seguir infamemente burlando al oprimido y al indígena" (La Convención, núm. 41, p. 3, citado por Luis F. Amaya, op. cit., p. 133).
"No era el Libertador un ejército en la acepción técnica de la palabra: los grados en él eran simple fórmula. Los jefes eran designados por los soldados, y cuando no se hacían merecedores al nombramiento los mismos subalternos los destituían; las armas y municiones se obtenían quitándoselas al enemigo, y los hombres que no habían logrado hacerse de un fusil cultivaban la tierra para alimentar a los combatientes. La alimentación era increíblemente frugal: un puñado de habas tostadas o unas cuantas tortillas al día; y todo lo soportaban los soldados porque los sostenía su fe inconmovible en el Plan de Ayala; ese plan, sencillo y rudo, que compendiaba los anhelos de los campesinos del Sur. Así, el Ejército Libertador, en la forma en que está constituido, es perfectamente indomable, y sólo podría ser aniquilado con el exterminio total de la población del estado de Morelos. Tampoco debía pensarse ni por un momento en el engaño como un arma efectiva contra el agrarismo: Zapata estaba bien prevenido contra esa táctica reaccionaria" (Citado por Luis Fernado Amaya, op. cit., p. 142).
"Soy zapatista del estado de Morelos / porque proclamo el Plan de Ayala y de San Luis: / si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron / sobre las armas lo hemos de hacer cumplir.
"Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña / ni se le trata con enérgica crueldad; / si semos hijos no entenados de la patria, / los herederos de la paz y libertad."Sublime general, / patriota guerrillero, / que peleó con gran lealtad / por defender su patrio suelo.
"Espero que ha de triunfar / por gracia del Ser supremo, / para poder estar en paz / en el estado de Morelos.
Así cantaban la Revolución, Catalina H. de Giménez. Ed. Grijalbo, México, 1991, p. 298.
Felipe Ávila, El pensamiento económico. político y social de la Convención de Aguascalientes,INEHRM, 1991, p. 99.
Luis Fernando Amaya, op.cit., pp. 75-76.
"Esta revuelta de masas fue en gran medida un levantamiento agrario. Es cierto que Hidalgo reclutó a residentes citadinos de Dolores, San Miguel y Celaya, junto a mineros de Guanajuato. Pero gran parte de los rebeldes de 1810 - probablemente una maciza mayoría - eran arrendatarios y empleados de haciendas rurales del Bajío. Los relatos de Pedro García, partícipe en la revuelta, señalan el reclutamiento de rebeldes conforme los insurgentes pasaban por la campiña. Cada asentamiento rural parecía proporcionar nuevos insurgentes. El conservador Lucas Alamán, político e historiados que vivió la revuelta siendo joven en Guanajuato y la estudió en detalle más tarde, describió la rebelión de Hidalgo como el levantamiento de todo un pueblo rural. Hizo notar que muchos oficiales rebeldes eran administradores y capataces de haciendas, mientras la caballería estaba formada en su mayor parte por vaqueros de haciendas. [...] La revuelta de Hidalgo fue una insurrección agraria, a despecho de los objetivos más políticos de su jefe." en John Tutino, De la insurrección a la revolución en México. Las bases sociales de la violencia agraria, México, Ed. Era, 1990, p. 47.
"Este señor, decía Soto y Gama a propósito del villista Roque González Garza, ha dicho en esta tribuna que ante el hambre ya resultan lirismos de tierras, que muy pronto por el hambre todos tendremos que alquilar tierras, seguramente a los hacendados, no sé a quién, alquilar tierras para ponernos nosotros a sembrar, a trabajarlas con la pala y el azadón [...] ¿Qué la Revolución se ha hecho para reconocer los derechos actuales de los terratenientes y luego tomarles en alquiler las tierras?" (Intervención de A. Díaz Soto y Gama en la sesión del 20 de mayo de 1915 en Isidro Fabela y Josefina de Fabela, Documentos históricos de la Revolución Mexicana. La Convención, México, Ed. Jus, 1972, tomo VI, pp.67-68.
Federico Reyes Heroles, "Conmorar la Convención: un acto con impactos múltiples" en La Convención de Aguascalientes 1914, op. cit.
"Artículo 3° Fomentar la agricultura, fundando bancos agrícolas que provean de fondos a los agricultores en pequeño e invirtiendo en trabajos de irrigación, plantíos de bosques, vías de comunicación y en general en las obras de mejoramiento agrícola, todas las que sean necesarias, a fin de que nuestro suelo produzca las riquezas de que es capaz".
Federico Reyes Heroles, op. cit. ,p. 125.
Artículo 9. Realizar la independencia de los Municipios, procurando a éstos una amplia libertad de acción que les permita atender eficazmente los intereses comunales y los preserve de los ataques y usurpaciones de los Gobiernos Federal y Local.
Artículo 10. Procurar la efectividad del sufragio, con la adopción de procedimientos que eviten la indebida intromisión de las autoridades en las elecciones, y castigar severamente los fraudes y abusos de aquéllas.
Artículo 11. Implantar el sistema de voto directo, tanto en las elecciones locales como en las federales, y facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decida si así lo piden lo electores, en última instancia, sobre la validez de las elecciones de los Poderes de los Estados.
Artículo 19. Reorganizar sobre nuevas bases el Poder Judicial para obtener la independencia, aptitud y responsabilidad efectiva de sus funcionarios y hacer efectivas también las responsabilidades en que incurran los demás funcionarios públicos que falten al cumplimiento de sus obligaciones.
Este mismo fenómeno se repite actualmente en los círculos chicanos de Estados Unidos, donde un miembro angloparlante de la comunidad ayuda a los hispanohablantes en sus contactos con la autoridad sajona.
Artículo 24. Atender a las urgentes necesidades de educación y de instrucción laica que reclama el pueblo, elevando la remuneración y consideración del profesorado, estableciendo escuelas normales en cada estado o regionales en donde se necesiten, exigiendo en los programas de instrucción que se dedique mayor tiempo a la cultura física y a los trabajos manuales y de instrucción práctica, e impidiendo a instituciones religiosas que impartan la instrucción pública en las escuelas particulares.
Artículo 22. Proteger a los hijos naturales y a las mujeres que sean víctimas de la seducción masculina, por medio de leyes que les reconozcan amplio derechos y sancionen la investigación de la paternidad.
Artículo 5° Evitar la creación de toda clase de monopolios; destruir los ya existentes; y revisar las leyes y concesiones que los protegen.
Artículo 16. Precaver de la miseria y del prematuro agotamiento a los trabajadores, por medio de oportunas reformas sociales y económicas, como son: una educación moralizadora, leyes sobre accidentes de trabajo, pensiones de retiro, reglamentación de horas de labor, higiene y seguridad en los talleres, fábricas, minas, etcétera, y, en general, por medio de una legislación que haga menos cruel la explotación del proletario.
John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, México, ed. Siglo XXI, 1980, p. XI.
François-Xavier Guerra, México, del Antiguo Régimen a la Revolución, México, FCE, 2 vols, 1988.
Ante la reticencia de algunos delegados en legalizar jurídicamente a los sindicatos, Soto y Gama preguntó si "¿habían olvidado los señores delegados las huelgas de Cananea y Río Blanco? Aquellas huelgas habían surgido por la bestial represión del porfirismo y habían sido la chispa que encendió la Revolución[...]" (Luis F. Amaya, op. cit., p. 262).
Frank Tannenbaum, "La lucha por la paz y por el pan" en nº4, vol. 3, México, 1951.
Isidro Fabela y Josefina de Fabela, op. cit., tomo IV, p.144.

References: Artículo 7

Artículo 1

Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 23
 Artículo 5
 Artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 27
 resolución 
 Artículo 12
 artículo 12

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 19

Artículo 24

Artículo 22

Artículo 5

Artículo 16