Source: http://corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=348&lang=es
Timestamp: 2017-09-23 13:01:25+00:00

Document:
Ficha Técnica: Vera Vera y otra Vs. Ecuador
Palabras Claves: Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Garantías judiciales y procesales, Libertad de asociación, Protección judicial, Salud
Convención Americana: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 16 (Derecho a la Libertad de Asociación) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)
Otros Instrumentos: Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos – Naciones Unidas
74. (…) [E]l Tribunal considera que la prueba referida es insuficiente para concluir que la intervención quirúrgica realizada en el Hospital Eugenio Espejo el 22 de abril de 1993 haya sido negligente. Por otra parte, la Comisión y el representante no aportaron elementos adicionales al respecto.
II. Violación de los artículos 5.1, 5.2 y 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
75. En definitiva, el Tribunal observa que en este caso, el Estado no brindó atención médica adecuada y oportuna al señor Pedro Miguel Vera Vera. Lo anterior, puesto que éste fue dado de alta luego de su primer internamiento en el Hospital de Santo Domingo de los Colorados sin que se hubiesen realizado los exámenes o diagnósticos pertinentes en atención a las lesiones que presentaba (…); cuando estuvo detenido en el Centro de Detención Provisional de Santo Domingo, el Estado no dispuso inmediatamente el traslado del señor Vera Vera a un hospital que contara con las facilidades para atender sus necesidades de salud sino que se le mantuvo en ese lugar hasta que las complicaciones de su herida fueron evidentes (…); cuando se le trasladó por segunda vez al Hospital de Santo Domingo de los Colorados el señor Vera Vera no fue intervenido quirúrgicamente ni se adoptaron otras medidas apropiadas para atender su grave estado de salud, lo cual le provocó un deterioro físico mayor (…). Posteriormente, en el hospital Eugenio Espejo de Quito ya no se pudo salvar la vida del señor Vera Vera dado que su condición de salud era ya muy delicada. En definitiva, la intervención quirúrgica que requería el señor Vera Vera no se realizó sino hasta diez días después de que recibió un impacto de bala y fue detenido, no obstante su grave estado de salud (…). Además, la atención médica brindada por el Estado fue impulsada por la señora Vera Valdez en reiteradas ocasiones (…). Para la Corte, la serie de omisiones en que incurrió el Estado a través de sus agentes a lo largo del tiempo en que Pedro Miguel Vera Vera estuvo bajo su custodia constituyó negligencia médica que resultó en su muerte, lo cual compromete su responsabilidad internacional.
77. Así, la Corte Europea ha tomado en cuenta factores tales como la falta de asistencia médica de emergencia y especializada pertinente, deterioro excesivo de la salud física y mental de la persona privada de la libertad y exposición a dolor severo o prolongado a consecuencia de la falta de atención médica oportuna y diligente, las condiciones excesivas de seguridad a las que se ha sometido a la persona a pesar de su evidente estado de salud grave y sin existir fundamentos o evidencias que las hicieran necesarias, entre otros, para valorar si se ha dado un tratamiento inhumano o degradante a la persona privada de la libertad.
78. Al respecto, el Tribunal observa que en el presente caso la negligencia médica de las autoridades estatales ante el tipo de lesión que sufrió el señor Vera Vera, es decir, una herida de bala, ocasionó un doloroso deterioro en su estado físico durante el transcurso de diez días, que culminó con su muerte, resultados que pudieron haberse evitado con tratamiento médico adecuado y oportuno (…). Asimismo, por su estado de salud y por su privación de libertad, era evidente que el señor Vera Vera no hubiera podido valerse por sí mismo para que fuera atendido de manera oportuna ya que ello era una obligación de las autoridades que estaban a cargo de su custodia. Para la Corte, estos hechos configuran tratos inhumanos y degradantes en el sentido del artículo 5.2 de la Convención Americana en detrimento del señor Vera Vera.
79. Por lo tanto, para este Tribunal es claro que la falta de atención adecuada y oportuna mientras el señor Pedro Miguel Vera Vera se encontraba bajo custodia del Estado generó violaciones a sus derechos a la integridad personal y a la vida, por lo cual estima que el Estado ecuatoriano violó los artículos 5.1, 5.2 y 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio.
III. Garantías judiciales y protección judicial en relación con Pedro Miguel Vera Vera y Francisca Mercedes Vera Valdez
86. La Corte ha señalado que del artículo 8 de la Convención Americana se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en la búsqueda de una debida reparación. Asimismo, la Corte ha considerado que los Estados tienen la obligación de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Asimismo, el Tribunal ha señalado que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no sólo se desprenden de las normas convencionales de derecho internacional, imperativas para los Estados Parte, sino que además deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas, peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos.
87. A la luz de ese deber, cuando se trata de la investigación de la muerte de una persona que se encontraba bajo custodia del Estado, como en el presente caso, las autoridades correspondientes tienen el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. (…)Es pertinente destacar que el deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultados. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios.
88. La Corte ha establecido que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia de los derechos a la vida y a la integridad personal de todo individuo que se halle bajo su custodia. Puede considerarse responsable al Estado por los tratos crueles, inhumanos o degradantes que sufre una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, o que ha fallecido en tales circunstancias, cuando las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de los responsables.
89. (…) [E]ste Tribunal considera que el informe policial del Estado ecuatoriano realizado dos años después de los hechos no cumple con los estándares establecidos por esta Corte para el cabal cumplimiento de su obligación de investigar bajo la Convención, ya que no se utilizaron todos los medios legales disponibles, la indagación no estuvo orientada a la determinación de la verdad y a la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos, ni fue realizada por una entidad imparcial sino por la propia institución policial. (…)
91. Así, la Corte estima que conforme al deber de custodia, una vez que el señor Vera Vera fue detenido y agentes estatales se percataron de que éste se encontraba herido de bala, el Estado debió iniciar una investigación sobre tal situación. Este deber de custodia también implicaba que inmediatamente después de la muerte del señor Vera Vera correspondía al Estado brindar una explicación satisfactoria al respecto, ya que no se trataba de cualquier persona sino de una que se encontraba bajo su resguardo.
92. Asimismo, la Corte observa que el deber de investigar las circunstancias del fallecimiento del señor Vera Vera mientras se encontraba bajo la custodia del Estado se desprendía de la legislación penal ecuatoriana al momento de los hechos. (…)
93. Al respecto, el Tribunal recuerda que el objeto de su mandato es la aplicación de la Convención Americana y de otros tratados que le otorguen competencia. No corresponde a este Tribunal determinar responsabilidades individuales, cuya definición compete a los tribunales penales internos o a otros tribunales internacionales, sino conocer los hechos traídos a su conocimiento y calificarlos en el ejercicio de su competencia contenciosa, según la prueba presentada por las partes (…).
94. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte se encuentra impedida para determinar si lo sucedido al señor Vera Vera se encuadra en los tipos penales de lesiones u homicidio señalados por el representante y el perito Manuel Ramiro Aguilar Torres ya que ello, precisamente, corresponde a las autoridades competentes del Estado. (…)
97. Es jurisprudencia de este Tribunal que el actuar omiso y negligente de los órganos estatales no es compatible con las obligaciones emanadas de la Convención Americana, con mayor razón si están en juego bienes jurídicos esenciales de las personas, como lo es la vida. Por lo anterior, la Corte considera que en el presente caso el Estado incumplió con su obligación general de investigar la muerte del señor Pedro Miguel Vera Vera. La Corte estima que esta obligación es aun más relevante en el presente caso, ya que su fallecimiento ocurrió cuando el señor Vera Vera se encontraba bajo custodia estatal. Lo anterior ha propiciado la impunidad de los hechos, la cual ha sido definida por el Tribunal como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. (…)
99. En consideración de todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, conjuntamente con el artículo 1.1 de este instrumento, en perjuicio del señor Pedro Miguel Vera Vera y de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez, por la falta de investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables del fallecimiento de aquél estando bajo custodia estatal.
IV. Derecho a la integridad personal en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos respecto de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez
100. El Tribunal tiene competencia, a la luz de la Convención Americana y con base en el principio iura novit curia, el cual se encuentra sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, para estudiar la posible violación de las normas de la Convención que no han sido alegadas en los escritos presentados ante ella (…).
101. En el presente caso ni la Comisión ni el representante alegaron la violación del derecho a la integridad personal que consagra el artículo 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez. No obstante, la Corte estima que los hechos de este caso, sobre los cuales las partes han tenido amplia posibilidad de presentar alegatos y defenderse, muestran una afectación a este derecho (…).
104. En otras oportunidades, el Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de algunos familiares con motivo del sufrimiento que estos han padecido a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, tomando en cuenta, entre otros, la existencia de un estrecho vínculo familiar.
105. Para el Tribunal es claro que los hechos establecidos en esta Sentencia demuestran el sufrimiento que padeció la señora Vera Valdez por el trato dispensado al señor Vera Vera mientras estuvo privado de libertad con una herida de bala, por el trato recibido por ella misma ante sus esfuerzos por procurarle una atención médica adecuada y por la falta de esclarecimiento de los responsables por el fallecimiento de su hijo. La Corte no considera necesario mayor abundamiento al respecto y, por lo tanto, considera que el Estado es responsable por la violación del derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez.

References: Artículo 1
 Artículo 16
 Artículo 25
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 8
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
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