Source: http://www.slideshare.net/Coljuristas/informe-sobre-el-derecho-a-la-restitucin-de-las-tierras-de-las-vctimas-del-desplazamiento-forzado-en-colombia
Timestamp: 2016-05-31 10:17:27+00:00

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Informe sobre el derecho a la restitución de las tierras de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia Bogotá, septiembre de 2010Calle 72 # 12 – 65 piso 7 | www.coljuristas.org | info@coljuristas.org | teléfono: (+571) 376 8200 | fax: (+571) 376 8230 | Bogotá, Colombia
Tabla de contenidoPresentación1. Panorama del desplazamiento forzado en Colombia2. El despojo de tierras de las víctimas presenta diversas modalidades2.1 Tipologías de despojo de tierras reconocidas por el Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural2.2 Tipologías del despojo propuesta por el Área de Memoria Histórica de la ComisiónNacional de Reparación y Reconciliación –CNRR-3. Los instrumentos internacionales de protección reconocen el derecho a la restituciónde las tierras de las personas internamente desplazada3.1 Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos reconocen el derecho a la protección yrestitución de las tierras3.2 Los Principios sobre la Restitución de las Viviendas, Tierras y el Patrimonio de los Refugiados y lasPersonas Desplazadas desarrollan el contenido de los derechos de las víctimas3.3 Los Principios para la protección y la promoción de los Derechos humanos mediante la lucha contra laimpunidad contemplan las medidas de restitución en el ámbito del derecho a obtener reparación3.4 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce los derechos delos pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios3.5 La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial reconoceel derecho a la propiedad y la vivienda sin discriminación3.6 La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el territorio tradicional4. El derecho sobre la tierra está reconocido en el ordenamiento jurídico interno4.1 La legislación interna reconoce el derecho a la tierra4.1.1 La ley 160 de 1994 creó un sistema de reforma agraria basada en subsidios para el accesoa la propiedad de la tierra 2
4.1.2 La ley 387 de 1997 estableció las obligaciones estatales para proteger las tierrasabandonadas por las víctimas del desplazamiento forzado y para garantizar el derecho derestitución4.1.3 El decreto 2007 de 2001 reglamentó la ley 387 en los relativo a la protección de la tierrade la población desplazada o que se encuentra en riesgo de desplazamiento4.1.4 El Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada contempla algunas medidas paragarantizar el derecho a la tierra5. El Gobierno ha promovido reformas legislativas que vulneran el derecho a larestitución de las tierras de las víctimas del desplazamiento forzado5.1 El marco normativo de las negociaciones con los grupos paramilitares legalizó eldespojo de las tierras5.2 Los decretos reglamentarios de la ley 975 de 2005 contienen disposiciones contrarias alderecho a la restitución de los bienes a las víctimas5.3. Los Planes Nacionales de Desarrollo promueven la agroindustria en detrimento de losderechos de las poblaciones afrocolombianas, campesinas, indígenas y desplazadas5.4 El Programa Agro Ingreso Seguro favorece a las empresas latifundistas5.5 El Gobierno impulsó la legalización del despojo de las tierras de las víctimas deldesplazamiento forzado5.6. El proyecto de reforma del Código de Minas afecta el derecho al territorio de lascomunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas5.7 Algunas de las leyes agrarias promovidas por el Gobierno han sido declaradasinconstitucionales5.7.1 La Ley Forestal fue declarada inconstitucional debido a que no fue consultada con lospueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas5.7.2 El Estatuto de Desarrollo Rural fue declarado inconstitucional debido a que no fueconsultado con los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas6. La política de militarización es funcional al reordenamiento territorial y laimplementación de megaproyectos 3
7. Los órganos internacionales de protección de los derechos humanos han llamado laatención sobre de la situación del derecho a la tierra de las víctimas del desplazamientoforzado en Colombia7.1 Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión delos desplazados internos advirtió que el desplazamiento es un medio para adquirir tierras paradesarrollar proyectos a gran escala7.2 El Relator Especial sobre la restitución de viviendas y de patrimonio con motivo delregreso de los refugiados y desplazados internos ha promovido los derechos de las víctimas7.3 La División Interagencial de las Naciones Unidas sobre Desplazamiento Interno observó elfenómeno del despojo de tierras por medio del desplazamiento forzado7.4 El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los derechoshumanos de las personas internamente desplazadas advirtió la influencia de los intereseseconómicos sobre las tierras en el desplazamiento forzado7.5 La oficina del Acnur en Colombia ha brindado al Estado colombiano asistencia técnica enmateria de protección y restitución de los bienes de la población desplazada7.6 El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha llamado la atención sobre lasituación de las personas desplazadas en Colombia y el despojo de sus bienes8. El Estado no ha garantizado el derecho de restitución de las tierras8.1 Los obstáculos para garantizar el derecho de restitución de las tierras son consecuencia delas medidas adoptadas por el Estado en contravía de sus obligaciones8.2. El registro de las tierras de las víctimas del desplazamiento y los mecanismos de protecciónhan sido implementados parcialmente8.3 La implementación de las medidas de protección de las tierras abandonadas por lasvíctimas del desplazamiento previstas en la normatividad ha tenido una baja cobertura8.4 La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no ha ejercido su papel comogarante del derecho a la restitución de las víctimas del desplazamiento8.5 El Programa de Restitución de Bienes aún se encuentra en fase de formulación8.6 La aplicación de la ley 975 de 2005 no ha garantizado la devolución de los bienes usurpadospor los grupos paramilitares 4
8.7 La Corte Constitucional ha ordenado la reformulación de la política de tierras para lapoblación desplazada8.8 Los proyectos piloto implementados por el Gobierno resultan insuficientes para garantizarla restitución de las tierras8.9 Las víctimas no disponen de información adecuada para exigir el derecho a la restitución desus tierras8.10 Los derechos sobre la tierra de los poseedores, tenedores y las mujeres en situación dedesplazamiento aún carecen de garantías8.11 Las víctimas que reclaman la restitución de sus tierras no cuentan con garantías para suderecho a la vida9. Conclusiones y recomendaciones 5
Informe sobre el derecho a la restitución de las tierras de las víctimas del desplazamiento forzado en ColombiaPresentaciónLa Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- trabaja por la promoción de los derechos humanosy del derecho humanitario, y la utilización de instrumentos internacionales de protección de losmismos. Entre sus actividades se encuentra la publicación periódica de informes sobre lasituación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia.En este marco, la CCJ ha contribuido al monitoreo de la situación del desplazamiento forzadoy de la aplicación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos así como de lasrecomendaciones internacionales en la materia, participando en la preparación de informestemáticos de seguimiento dirigidos al Representante Especial del Secretario General sobre losderechos de las personas internamente desplazadas y a otros órganos temáticos de lasNaciones Unidas, lo mismo que a la Corte Constitucional colombiana.En consideración al agravamiento de la situación del desplazamiento en Colombia ycontinuando con el monitoreo de dicho fenómeno, la CCJ preparó el presente Informe sobre elderecho a la restitución de las tierras de las víctimas del desplazamiento forzado. El documento tiene elpropósito de brindar información acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionalesdel Estado colombiano, en particular sobre la aplicación de los Principios Rectores de losDesplazamientos Internos y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiadosy las personas desplazadas, al igual que sobre la aplicación de las recomendaciones en la materia,en los años 2007 a 2009.El primer capítulo del informe presenta un breve panorama sobre la situación deldesplazamiento forzado en Colombia. En el segundo capítulo se exponen las características ymodalidades del despojo de las tierras.El capítulo tercero del documento contiene un recuento de las obligaciones estatales degarantizar el derecho a la tierra, que están contenidas en los instrumentos internacionales deprotección y el capítulo cuarto expone la normatividad interna que reconoce el derecho a latierra.El capítulo quinto del informe se ocupa de suministrar información sobre la promulgación denormas internas contrarias al derecho a la tierra, que comprenden el marco normativo de lanegociación con los grupos paramilitares y las leyes que vulneran los derechos sobre la tierra dela población campesina y las personas desplazadas, lo mismo que el derecho sobre losterritorios ancestrales de las poblaciones afrocolombianas e indígenas. Asimismo, el capítuloseis explica la funcionalidad de la política de militarización y “seguridad democrática” conrespecto a las vulneraciones del derecho a al tierra. 6
Por otra parte, el capítulo siete se ocupa de la cooperación en materia de tierras brindada alEstado colombiano por órganos internacionales especializados. El capítulo ocho examina elcumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano con relación al derecho a la tierra.Por último, el documento presenta un conjunto de conclusiones y recomendaciones dirigidasal cumplimiento de la obligación estatal de garantizar el derecho de restitución de los bienes dela población en situación de desplazamiento en Colombia.1. Panorama del desplazamiento forzado en ColombiaEl desplazamiento forzado es una de las principales manifestaciones de la crisis de derechoshumanos en Colombia que afecta una población estimada de hasta 4.360.000 personas, cifraque lo coloca como el segundo país con mayor número de personas desplazadas en el mundo,después de Sudán1. Las cifras oficiales subestiman la magnitud del desplazamiento ya quereportan solamente 2.977.424 personas desplazadas2. En muchos casos las autoridades noregistran a todas las víctimas de los desplazamientos intraurbanos e intraveredales, ni losdesplazamientos causados por los grupos paramilitares y por la Fuerza Pública, ni los causadospor las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito. Tal como lo ha indicado el AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –Acnur-, las fallas en el sistema deregistro gubernamental se presentan desde el momento mismo de la declaración de losdesplazamientos individuales y en la valoración de esas declaraciones, por parte de la AgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-, lo mismoque en el registro de desplazamientos masivos y retornos3.En Colombia el desplazamiento forzado es consecuencia directa de las violaciones a losderechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas portodas las partes del conflicto armado interno. El reclutamiento forzado y la utilización de niñosy niñas en las hostilidades, el uso de minas antipersona, así como el involucramiento de lapoblación civil en las hostilidades son causas del desplazamiento. Adicionalmente, una serie deacciones llevadas a cabo por la Fuerza Pública que afectan a la población civil son causas deldesplazamiento forzado, tales como las actividades militares en lugares habitados por lascomunidades, lo que genera temor en la población civil ante la inminencia u ocurrencia decombates; las restricciones a la movilidad y al tránsito de víveres para la población civil, eldesarrollo de programas de erradicación y sustitución de cultivos que involucran operacionesmilitares y que con frecuencia son atacadas por los grupos guerrilleros. Tal como lo ha1 Internal Displacement Monitoring Centre, Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in 2008, April 2009,page 13.2 Acción Social, Subdirección de Atención a la Población Desplazada, Registro Único de Población Desplazada –RUPD-. Estacifra comprende la población en situación de desplazamiento registrada en el RUPD entre 1997 y marzo de 2009. Cuadroresumen anualizado, Personas y hogares desplazados por año de Expulsión, Recepción y de Declaración. Disponible enhttp://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20junio%20de%202009.htm3 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados .Acnur-, Balance de la Política Pública para la Atención Integral delDesplazamiento Forzado en Colombia Enero 2004 – abril 2007, Bogotá D.C., agosto de 2007, pág. 199. 7
reconocido el Acnur, la impunidad sobre el delito de desplazamiento forzado también seencuentra entre las causas del desplazamiento forzado4.Aunque prevalecen los desplazamientos individuales y familiares, en 2007 y 2008 ocurrierongran número de desplazamientos masivos5 ocasionados por operaciones militares yenfrentamientos armados; fumigaciones aéreas de cultivos por parte de la Fuerza Pública;violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública y grupos paramilitares;infracciones al derecho humanitario por parte de todas las partes del conflicto armado, talescomo el uso de minas antipersona y el reclutamiento y utilización de niños y niñas en lashostilidades6.En 2007 y 2008 fueron frecuentes los desplazamientos masivos de comunidadesafrocolombianas y de pueblos indígenas. En 2008 el Gobierno inscribió en su registro 9.831indígenas y 33.519 afrocolombianos desplazados7.En muchas ocasiones los desplazamientos son provocados con el propósito de desalojar ydespojar a las poblaciones rurales de sus tierras. Así lo advirtió el Representante Especial delSecretario General de las Naciones Unidas para los derechos humanos de las personasinternamente desplazadas, luego de su misión a Colombia realizada en 2006: “ (… ) [A]lgunas de las causas subyacentes de los desplazamientos y de muchos de los obstáculos para encontrar soluciones duraderas guardan relación con cuestiones relativas a la propiedad de la tierra y a títulos de propiedad que no han sido solucionadas adecuadamente durante décadas. Los desplazados tienen la impresión generalizada de que no hay voluntad de devolverles la tierra y demás bienes y, en algunas regiones del país, sospechan que aunque la causa original de los desplazamientos podía haber sido el conflicto armado, la apropiación de las tierras por parte de grandes empresas era, cuando menos, un efecto colateral, si no parte de una política de desplazamiento forzado. Se denunció ante el Representante la ocupación ilegal de tierras, bien mediante la transferencia de títulos bajo coacción por una compensación financiera mínima o mediante su falsificación. Asimismo, se denunciaron muchos casos de adquisición de tierras indígenas y propiedades colectivas afrocolombianas en violación del artículo 60 de la Constitución de Colombia y la Ley Nº 70. De hecho, en el informe de la Procuraduría se indica que Acción Social informó de que durante los últimos diez años se habían abandonado más de 6 millones de hectáreas de tierra agrícola” 8.4 Ibídem5 Entre enero y junio de 2008, la CCJ tuvo conocimiento de la ocurrencia de al menos 26 desplazamientos masivos a partir defuentes de prensa y denuncias de organizaciones sociales y de derechos humanos.6 Comisión Colombiana de Juristas, V Informe de Seguimiento a la aplicación en Colombia de las Recomendaciones del RepresentanteEspecial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas (enero – junio de2008), mimeo, marzo de 2009, págs. 2 y 3.7 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, “Minoría étnica según tipo de desplazamiento y año desalida” http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20feb%2028%20de%202009.htm8 Naciones Unidas, Consejo de Derechos humanos, Cuarto período de sesiones. Informe presentado por el Representante del SecretarioGeneral sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Sr. Walter Kälin, Adición Misión a Colombia. A/HRC/4/38/Add. 3 24 deenero de 2007, párr. 53. 8
El Acnur ha manifestado su preocupación porque, más allá de la polémica de las cifras, losdesplazados en Colombia no tienen todavía acceso a tierras y los retornos no pueden sermasivos porque no están dadas las condiciones de seguridad9.Además de la dimensión que ha alcanzado el desplazamiento, los derechos humanos de laspersonas desplazadas en Colombia carecen de garantías, razón que llevó a la CorteConstitucional a declarar “la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de lapoblación desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechosreconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamentedestinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar loscorrespondientes mandatos constitucionales y legales”10.De acuerdo la sentencia T-025 de 2004 a través de la cual se declaró el “estado de cosasinconstitucional”, las omisiones estatales comprenden, entre otros aspectos, la protección de lastierras abandonadas por las personas desplazadas, ya que “[t]ampoco se han implementado losmecanismos que protegen la propiedad o la posesión de las tierras de las personas desplazadas”11.En el mismo fallo, la Corte señala los aspectos concretos de la omisión estatal en la protecciónde las tierras cuando advierte que: “los sistemas de registro no incluyen información acerca de las tierrasabandonadas por los desplazados”12; y que “no han sido implementadas las políticas de protección de laposesión o la propiedad de los bienes abandonados por causa del desplazamiento, o los programas dirigidos a laadjudicación de tierras”13.Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del desplazamiento forzadotampoco cuentan con garantías. La Corte Constitucional ha señalado que no se han cumplidolas obligaciones establecidas en los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de losrefugiados y las personas desplazadas de las Naciones Unidas, ante lo cual ordenó a la AgenciaPresidencial para la Acción Social y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR- cumplir con sus obligaciones de garantía la restitución de los bienes rurales y urbanosde la población desplazada14.2. El despojo de tierras de las víctimas presenta diversas modalidadesCon frecuencia, los desplazamientos forzados y el despojo de las tierras están precedidos poramenazas de muerte, asesinatos, masacres y desapariciones forzadas. Los distintos factores quecontribuyen al despojo de las tierras así como las distintas modalidades de despojo de las9 Colombia, segundo en desplazados, diario El Tiempo, junio 17 de 2008, págs. 1-6.10 Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004, Bogotá, DC., enero 22 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.11 Ibídem.12 Ibídem.13 Ibídem.14 Corte Constitucional, Sentencia T-821 de 2007, M.P.: Catalina Botero. 9
tierras han sido objeto de preocupación desde los años 90, cuando el desplazamiento forzadoen Colombia comenzó a ser denunciado y monitoreado por la comunidad nacional einternacional.El Acnur ha seguido con atención el fenómeno del despojo de las tierras y ha identificado lasdiversas formas de afectación de los derechos sobre las tierras como consecuencia deldesplazamiento forzado15:a) Las personas desplazadas no pueden cumplir sus obligaciones crediticias, razón por la cualestán frente al riesgo de perder sus bienes como resultado de la acción de la justicia.b) Los bienes abandonados pueden ser ocupados por terceros, tanto de buena como de malafe, quienes pueden beneficiarse de la explotación temporal de éstos o pueden pretenderconvertirse en propietarios de los mismos, a través de la prescripción adquisitiva.c) Las personas desplazadas enfrentan dificultades para probar su posesión sobre los bienesabandonados.d) Los grupos armados no estatales propician el poblamiento de las tierras abandonadas porparte de sectores afines a sus proyectos económicos y políticos.e) El conflicto armado y la acción de los actores armados producen cambios en el valor de latierra, lo cual genera el interés por beneficiarse de tales variaciones en el valor de la tierra,llevando en muchos casos a la población a vender sus propiedades a un menor precio.f) Los proyectos de infraestructura y de desarrollo económico generan presiones que, en unasituación de conflicto armado, incrementan los riesgos de desplazamiento y el impacto delmismo sobre la población, en la medida en que existe el interés de aprovecharse del mayorvalor que la tierra adquiere en virtud de los proyectos. La vulnerabilidad generada por laviolencia y el desplazamiento, limita la capacidad de de las comunidades para definir lavocación productiva del territorio y sus expectativas de explotación, con lo que se facilitan usosde la tierra no definidos por ellas mismas. Asimismo, el desplazamiento favorece la explotaciónpor parte de terceros de los territorios de propiedad colectiva de pueblos indígenas ycomunidades afro colombianas.g) La existencia de derechos no inscritos y la indefinición en territorios colectivosafrocolombianos e indígenas facilitan los procesos de apropiación y explotación de las tierras ydel territorio, situación que aumenta el riesgo de desplazamiento.Como consecuencia de las anteriores formas de afectación de los derechos, una gran extensiónde las tierras abandonadas por la población desplazada se encuentra en manos de ocupantes demala fe, como paramilitares, los testaferros de estos, algunos ganaderos y algunas empresas de15 Acnur, citado supra en Nota 3, págs. 152 y 153. 10
cultivos agroindustriales como palma aceitera. Otras tierras han cambiado de dueño bajopresión o a través de diligencias administrativas fraudulentas y se encuentran en manos detestaferros de los paramilitares o han sido vendidas a terceros de buena fe. Finalmente, algunospredios se encuentran ocupados por ocupantes de buena fe, como campesinos sin tierra ypersonas desplazadas de otras regiones16.Mientras que otros diagnósticos hacen una aproximación más integral de la problemática en elcontexto de la crisis de derechos humanos y conflicto armado, los diagnósticosgubernamentales abordan el problema del despojo de tierras por fuera del contexto deconflicto armado, de graves violaciones a los derechos humanos y de impunidad para dichasviolaciones.A continuación se resumen las tipologías de despojo de tierras propuesta por el Ministerio deAgricultura y Desarrollo Rural y las tipologías propuestas por el Área de Memoria Histórica dela CNRR.2.1 Tipologías del despojo de tierras reconocidas por el Ministerio de Agricultura y DesarrolloRuralCon base en la información de las consultas presentadas por las víctimas del desplazamientoacerca de sus derechos sobre las tierras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural elaboróun “Documento diagnóstico 2008”17, en el que reconoce la existencia de ocho tipologías dedespojo de tierras:a) Desplazamiento de propietarios: Personas con titularidad del derecho de dominio18 sobre lospredios que han perdido la posesión material sobre los mismos predios como consecuencia deldesplazamiento forzado.b) Transferencias forzadas de dominio que se refieren a casos de víctimas que fueron objeto dela comisión de lesión enorme19 y el uso de la fuerza como vicio del consentimiento20 paratransferir el derecho de dominio sobre sus tierras.16 “Las Caras del Despojo de Tierras”, Boletín Hechos del Callejón, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-,no 47, junio de 2009, pág. 16.17 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Programa de Consultas en Recuperación de Tierras –Conret, DocumentoDiagnóstico 2008, pág. 7, Disponible en http:// http://www.minagricultura.gov.co/archivos/diagn.ostico_conret_2008.pdf18 En su Artículo 669 el Código Civil Colombiano establece que “[e]l dominio que se llama también propiedad es el derecho real en unacosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno”. Comprende el dominio radical, que puede recaersobre la sustancia misma de la cosa, y el dominio de usufructo que recae sobre el uso o sobre los frutos. El derecho depropiedad es un derecho perfecto, pues por él, todo propietario puede reclamar o defender la posesión de la cosa y disponerplenamente de su utilidad y aun de su substancia.19 La “lesión enorme” es una figura jurídica a la que puede recurrir un comprador o vendedor para exigir que se rescinda uncontrato de compraventa, cuando el valor del contrato difiere desproporcionadamente del valor real. El Código Civil en suArtículo 1947 establece que “[e]l vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa quevende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella”. 11
c) Ventas falsas en los casos en los que la escritura o el registro son documentos falsos.d) Caducidad administrativa en los casos en los que ha ocurrido desplazamiento forzado yabandono y despojo de predios adjudicados por parte del Instituto Colombiano de la ReformaAgraria - Incora –, lo que generó declaratorias de caducidad y revocatorias de las resolucionesde adjudicación, con segunda adjudicación a un tercero por parte del Incora.e) Desplazamiento forzado de poseedores y ocupantes de un bien baldío durante undeterminado tiempo, quienes no habían iniciado trámites judiciales de declaración depertenencia por haber adquirido el bien por prescripción21.f) Informalidad de la propiedad: Se trata de casos de compraventa de predios sin cumplimientode las solemnidades, venta de posesiones o venta de derechos gerenciales.g) Despojo de bienes inadjudicables, imprescriptibles, inembargables tales como, parquesnaturales, zonas de riego, costas desiertas o islas marítimas.h) El Ministerio de Agricultura agrupa en una tipología llamada “varios” a las situaciones queno corresponden exactamente a situaciones de despojo. Por ejemplo, casos de expansiónterritorial indígena y procesos de retorno que encuentran terceros ocupantes en los prediosabandonados como consecuencia del desplazamiento.El diagnóstico del Ministerio presenta serias limitaciones para su utilización como insumo en eldiseño de una política de restitución de bienes, puesto que ignora aspectos claves delfenómeno masivo del despojo de las tierras que obstaculizan de manera determinante cualquieracción tendiente a garantizar la restitución de las tierras a las víctimas, como por ejemplo laexistencia de una estrategia paramilitar de despojo que incluye prácticas de testaferrato. ElMinisterio tampoco incluye en su diagnóstico la responsabilidad en el despojo de sectoreseconómicos y políticos interesados en apropiarse y explotar las tierras despojadas.Además, dicho diagnóstico no toma en cuenta la existencia del conflicto armado, la presenciade los grupos paramilitares en los lugares de expulsión de la población desplazada, la influenciade estos grupos sobre las decisiones de las autoridades y la responsabilidad de las autoridadesen los hechos de despojo.20 Los “vicios del consentimiento” se refieren a la coacción ejercida sobre la voluntad de una persona, sea por fuerza material o poramenazas, para determinarla a consentir en un acto jurídico. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error,fuerza y dolo. La fuerza, o violencia física, existe cuando se emplea contra el sujeto "una fuerza irresistible". Existe la intimidacióno violencia moral existe "cuando se inspire a uno de los agentes, un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad,honra o bienes, o de su cónyuge, descendientes o ascendentes, legítimos o ilegítimos".21 En la legislación colombiana está establecido el proceso de declaración de pertenencia, para invocar la prescripción adquisitiva dedominio dentro de la pretensión procesal. De acuerdo con el numeral 10 artículo 407 del Código de procedimiento civil,dispone en su numeral 10 que "[l]a declaración de pertenencia puede ser pedida por todo aquel que pretenda haber adquirido el bien porprescripción.". 12
2.2 Tipología de despojo propuesta por el Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacionalde Reparación y Reconciliación –CNRR-El Área de Memoria Histórica de la CNRR desarrolló una investigación especializada acercadel despojo en el marco del conflicto armado, que, entre otros aspectos, tiene el valor deabordar los medios empleados por los perpetradores del despojo, así como los usos dados a lastierras despojadas.En ese sentido, el estudio del Área de Memoria Histórica da cuenta de la diversidad ycomplejidad del despojo de las tierras en Colombia: “[l]as causas, las consecuencias y las modalidadesdel despojo varían de un caso a otro, aún dentro de una misma región y en una misma época”22. Dichotrabajo señala que el despojo de tierras suele “combinar de manera compleja y variable la coerción físicacon la movilización de recursos legales –judiciales, administrativos y políticos-, o bien pueden caracterizarse porel uso preferencial de uno de estos instrumentos. Igualmente, para cada caso puede encontrase que el despojo de lapoblación rural y, subsecuentemente, la apropiación de sus tierras por parte de actores armados y sus aliadoseconómicos, obedece a una complicada conjunción de móviles y tipos de aprovechamiento militar, económico ypolítico”23.De acuerdo con la complejidad del fenómeno del despojo de tierras, el estudio del Área deMemoria Histórica propone una tipología de las modalidades del despojo de tierras yterritorios en Colombia24, la cual consta de las siguientes modalidades:a. Despojo mediante coerción y violencia sin uso de figuras jurídicas: comprende amenazas demuerte, órdenes de desalojo del territorio bajo amenaza y otras violaciones a la vida eintegridad personal de los miembros de las comunidades rurales, al igual que daños a bienes einfraestructura. Además, esta modalidad de despojo incluye prácticas como la destrucción detítulos, documentos y oficinas de registro de instrumentos públicos y notariales; la compraventa forzada y la ocupación y apropiación de predios del Estado.Frecuentemente, el abandono de las tierras ocurre como consecuencia de las amenazasdirigidas contra toda una comunidad o contra una persona o familia. En otros casos lasmasacres u homicidios selectivos, lo mismo que la practica de la tortura y la violencia sexualpor parte de los grupos paramilitares generan terror en las comunidades y el consecuentedesplazamiento forzado con abandono de las tierras.El Área de Memoria Histórica también da cuenta de la destrucción de documentación oficialen la que se establece el ordenamiento jurídico de la propiedad, con el objetivo de eliminar elregistro sobre las relaciones de propiedad de la tierra, prácticas que suelen ser complementarias22 Área de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Línea de Investigación Tierra y Conflicto,“El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación Conceptual”, Bogotá, julio de 2009, pág. 35.23 Ibídem.24 Ibídem, págs. 36 a 53. 13
al despojo materia de las tierras por medio de la violencia y/o la falsificación de títulos depropiedad. Esta modalidad es ilustrada por las acciones de los grupos paramilitares: “[…] En Valledupar, zona de influencia del Bloque Norte, cuyos jefes eran Salvatore Mancuso y Jorge 40, el 29 de enero de 2006 se prendió fuego a 20.000 folios. Las autoridades están seguras de que se pretendía borrar evidencia. Además de esto se está investigando el móvil de los asesinatos de dos funcionarios, Oscar A. Moreno y Marta I. de Sánchez, respectivamente de Oficinas de Instrumentos Públicos de Sucre y Valle de Cauca. Marta Sánchez había descubierto una red de testaferrato con bienes de un conocido narcotraficante y de un paramilitar. Según la investigación, en esa oficina se han hallado casos de familias a las que les figuran bienes por 17.000 millones de pesos. En julio de 2006, un jefe de registro de un pueblo de Antioquia fue trasladado ante las amenazas de muerte de un líder paramilitar.25”b. Uso ilegal de figuras jurídicas e instituciones, con o sin coerción y violencia: Esta categoríaincluye cuatro modalidades:- Actos ilegales de enajenación entre particulares, tales como la compra venta de propiedades y mejoras, el arrendamiento con o sin contrato y el contrato de usufructo.- Vía de hecho administrativa, que comprende la adjudicación de derechos sobre la tierra de manera ilegal; revocatoria de resolución de adjudicación a campesinos beneficiarios de reforma agraria y readjudicación de predios a los victimarios o sus testaferros; y la adjudicación fraudulenta en zonas de colonización.- Vía de hecho judicial, que consiste en la adjudicación de derechos sobre las tierras mediante sentencias judiciales.- Falsificación de títulos de propiedad y escrituras realizada mediante coerción para obtener del propietario la firma de documentos en blanco.c. Otras modalidades de despojo de tierras identificadas por el Área de Memoria Históricason las siguientes: - Embargo y remate de propiedades abandonadas por parte de entidades financieras y empresas de servicios públicos a través de procesos judiciales. - Intercambio de propiedades.25Comisión Colombiana de Juristas, Revertir el desplazamiento forzado. Protección y restitución de los territorios usurpados a la poblaciónDesplazada en Colombia. Obstáculos y desafíos para garantizar el derecho al patrimonio de la población desplazada en Colombia Bogotá,Colombia, diciembre de 2006, pág. 30 Disponible enhttp://www.coljuristas.org/Portals/0/Revertir%20el%20destierro%20forzado%202.pdf 14
- Abandono y apropiación de predios de propiedad del Estado, tales como baldíos, manglares, ciénagas y predios en extinción de dominio; y la apropiación de predios sin que medie transacción comercial alguna. - Usufructo de predios abandonados sin apropiación por parte de vecinos o de campesinos desplazados. - Compra de derechos de propiedad a partir de la adquisición de deudas e hipotecas: los propietarios son presionados por los paramilitares o empresarios para vender la deuda o los derechos de propiedad de predios hipotecados.La investigación del grupo de Memoria Histórica de la CNRR es un valioso aporte para elreconocimiento y diagnóstico de las tierras de las víctimas del desplazamiento forzado. Esnecesario que se garantice la continuidad de la su línea de investigación sobre tierra y conflictode manera que sus hallazgos contribuyan al conocimiento de la verdad sobre el despojo de lastierras y a la formulación de una política publica que contribuya a la protección de las tierras yterritorios de las comunidades desplazadas o en riesgo de desplazamiento y al diseño de unpolítica pública que garantice efectivamente el derecho de restitución de las tierras y viviendasde las víctimas.3. Los instrumentos internacionales de protección reconocen el derecho a la restituciónde las tierras de las personas internamente desplazadasLas Naciones Unidas han reconocido el derecho a la restitución de los b i e n e s d e l apoblación desplazada a través de dos instrumentos de protección. Los Principios Rectores de losDesplazamientos Internos26, los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiadosy las personas desplazadas27 establecen la obligación del Estado de garantizar de manera eficientela protección de los derechos sobre la tierra, la propiedad y el patrimonio de las personas ensituación de desplazamiento. Asimismo otros instrumentos internacionales señalan lasobligaciones estatales con relación al derecho a la tierra. Dichos instrumentos son el Convenio169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes28, la Declaración delas Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas29, la Convención26 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 54º periodo de sesiones, Informe del Representante del Secretario General, Sr.Francis M. Deng, Adición Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, E/CN.4/1998/53/Add. 2*, 11 de febrero de 1998,E/CN.4/1998/53/Add.2*, 11 de febrero de 1998.27 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 57º período de sesiones. “Informe definitivo del Relator Especial, Sr. PauloSergio Pinheiro - Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas”,E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005.28 Ley 21 de 1991 Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptadopor la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.29 Naciones Unidas, Sexagésimo primer período de sesiones, Informe del Consejo de Derechos Humanos Declaración de lasNaciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, A/61/L.67, septiembre 7 de 2007. 15
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial30 y losPrincipios Internacionales sobre la Lucha contra la Impunidad31.Los instrumentos internacionales citados hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano,ya que, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional “hacen parte del bloque de constitucionalidad,por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política”32.3.1 Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos reconocen el derecho a la protección yrestitución de las tierrasLos Principios Rectores de los Desplazamientos Internos reconocen los derechos de lasvíctimas del desplazamiento sobre sus propiedades y posesiones, lo mismo que las respectivasresponsabilidades estatales: el Principio Rector no 21 señala que las propiedades y posesionesde las personas desplazadas disfrutarán de protección en toda circunstancia, particularmentecontra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.En el mismo sentido, el Principio Rector no 29 establece que las autoridades competentestienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos quehayan retornado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de loposible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídoscuando se desplazaron. Este Principio también señala que, en caso de que la recuperación delas propiedades y posesiones de las personas desplazadas resulte imposible, las autoridadescompetentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma dereparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan.3.2 Los Principios sobre la Restitución de las Viviendas, Tierras y el Patrimonio de los Refugiados y lasPersonas Desplazadas desarrollan el contenido de los derechos de las víctimasEstos Principios sobre la Restitución constituyen un avance en la protección, ya quedesarrollan el contenido del derecho y la garantía y protección del mismo a favor de laspersonas que se encuentran en condición de desplazamiento y que han sido despojadasarbitrariamente de sus bienes y propiedades, cuya restitución debe garantizarseindependientemente de la decisión que tomen las víctimas de retornar o no a los lugares deorigen.30 Naciones Unidas, Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Adoptada y abierta a la firmay ratificación por la Asamblea General en su Resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. Ratificada por Colombia el2 de septiembre de 1981.31 Comisión Colombiana de Juristas, Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones. Compilación de documentos de laOrganización de las Naciones Unidas. Bogotá, Colombia, enero de 2007.32 En la sentencia T-327 de 2001, la Corte Constitucional señaló que “[l]a interpretación más favorable a la protección de los derechoshumanos de los desplazados hace necesaria la aplicación de los Principios Rectores del Desplazamiento interno”. La Corte también señaló quelos Principios Rectores “son parte del cuerpo normativo supranacional que integra el bloque de constitucionalidad”. 16
Igualmente los Principios sobre la Restitución aportan un marco para el tratamiento que sedebe dar a las cuestiones jurídicas y técnicas relativas a la protección y restitución de viviendas,tierras y patrimonio en situaciones de desplazamiento, cuando las personas afectadas se hayanvisto privadas de forma arbitraria o ilegal de sus bienes, tierras o viviendas. Dicho marcoseñala un conjunto de obligaciones estatales acordes con los estándares internacionales acercade la manera en que se deben establecer mecanismos legales y procedimientos judiciales pararesponder adecuadamente al reclamo justo de propietarios, poseedores y ocupantes que hansido víctimas del desplazamiento forzado.Además, estos Principios establecen que los Estados deben otorgar prioridad al derecho derestitución como medio preferente de reparación en los casos de desplazamiento y comoelemento fundamental de la justicia restitutiva, precisando que el derecho a la restitución de lasviviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí mismo, y que es independiente de quelas personas desplazadas y refugiadas retornen a sus lugares de origen.3.3 Los Principios para la protección y la promoción de los Derechos humanos mediante la lucha contra laimpunidad contemplan las medidas de restitución en el ámbito del derecho a obtener reparaciónEl derecho a obtener reparación está reconocido en los Principios para la protección y la promociónde los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Dichos Principios determinan que todaviolación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes aobtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar a la víctima y el derecho dedirigirse contra el autor de la violación (Principio no 31).Asimismo, en el ámbito de aplicación del derecho a obtener reparación el Principio no 34reconoce la totalidad de los daños sufridos por las víctimas, y contempla entre otras, lasmedidas de restitución: “El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas; comprenderá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional”33.3.4 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce los derechos delos pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios.El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- sobre pueblos indígenasy tribales en países independientes, ratificado por Colombia34, reconoce que el concepto detierra o territorio comprende la totalidad del hábitat que una comunidad o pueblo utiliza y33 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 61º período de sesiones, Informe de Diane Orentlicher, experta independienteencargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad Adición Conjunto de principios actualizado para la protección yla promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add. 1, 8 de Febrero de 2005.34 Ley 21 de 1991 citado supra en Nota 28. 17
cuida, así como la tierra que sus miembros poseen o usan a título individual, como por ejemplolos lotes de la vivienda (Artículo 13).Asimismo, el Convenio 169 en su Artículo 14 establece la obligación estatal de reconocimientodel derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan lospueblos indígenas o tribales; y de adoptar las medidas que sean necesarias para garantizardichos derechos. Las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos interesadoscorresponden a las tierras que han habitado desde tiempo inmemorial y que han utilizado yadministrado mediante sus prácticas tradicionales.El Convenio en su Artículo 16 establece la prohibición de trasladar a los pueblos indígenas ytribales de las tierras que ocupan, puesto que el desplazamiento de sus territorios tradicionalestiene graves consecuencias para su forma de vida, bienestar e identidad cultural. Elmencionado artículo reconoce además el derecho de los pueblos de regresar a las tierrastradicionales cuando cesen las causas que motivaron su desplazamiento.Por otra parte, en su Artículo 17, el Convenio 169 señala que debe impedirse que personasextrañas a los pueblos indígenas y tribales se aprovechen del desconocimiento de las leyes porparte de los miembros de estas comunidades para arrogarse la propiedad, la posesión o el usode las tierras pertenecientes a ellos.En el mismo sentido, el Artículo 18 del Convenio establece que la ley debe sancionarapropiadamente a los responsables de toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblosindígenas o tribales o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y quelos Gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.3.5 La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial reconoceel derecho a la propiedad y la vivienda sin discriminaciónLa Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial,en su Artículo 5 establece la obligación de los Estados de prohibir y eliminar la discriminaciónracial en todas sus formas y garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sindistinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos,entre estos los derechos a ser propietario y a la vivienda35.3.6 La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el territorio tradicionalLa Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobadarecientemente por la Asamblea General, reconoce el derecho de estos pueblos sobre susterritorios y la prohibición de su desplazamiento.La Declaración en su Artículo 8 establece la obligación de los Estados de establecermecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de, entre otros, “[t]odo acto que tenga35 Naciones Unidas, citado supra en Nota 30. 18
por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos” 36a los pueblos indígenas, al igualque de “[t]oda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o elmenoscabo de cualquiera de sus derechos”37.De igual manera, en su Artículo 10, la Declaración establece que “[l]os pueblos indígenas no serándesplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimientolibre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnizaciónjusta y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”38.El Artículo 26 de la Declaración señala que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras,territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado oadquirido; y que estos pueblos tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar lastierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra formatradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Elmismo Artículo de la Declaración establece la obligación de los Estados de asegurar elreconocimiento y protección jurídicos de las tierras, territorios y recursos de los pueblosindígenas, con respeto a las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra dedichos pueblos.Para los propósitos del presente informe, resulta de gran relevancia que la Declaración, en suArtículo 28, reconoce el derecho a la restitución de los territorios de los pueblos indígenas: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada”39.En último término, el Artículo 30 de la Declaración protege los territorios de los pueblosindígenas del desarrollo de actividades militares, estableciendo que dichas actividades debenconsultarse previamente con los pueblos indígenas.Es altamente preocupante la abstención de Colombia durante la votación de la Declaración enla Asamblea General de las Naciones Unidas, al igual que las objeciones planteadas a tres desus artículos: el Artículo 19 que establece la obligación de realizar consultas antes de adoptarmedidas legislativas y administrativas que afecten a estos pueblos; el 30 que prohíbe el36 Naciones Unidas, citado supra en Nota 29.37 Ibídem.38 Ibídem.39 Ibídem. 19
desarrollo de operaciones militares dentro de los territorios indígenas sin consulta a los pueblosinteresados; y el 32 relativo al derecho a determinar las prioridades para la utilización de sustierras y recursos, y la obligación de consultar con estos pueblos antes de aprobar cualquierproyecto en sus territorios y de establecer mecanismos eficaces para la reparación justa por losdaños causados por dichos proyectos. Tales objeciones contravienen la Constitución Políticacolombiana.Como se puede observar, el Estado colombiano está obligado por numerosos instrumentosinternacionales de protección a reconocer y garantizar el derecho sobre la tierra y el territorio.4. El derecho sobre la tierra está reconocido en el ordenamiento jurídico interno peroalgunas reformas legislativas han sido contrarias a su garantíaEl derecho sobre la tierra de las poblaciones campesina, indígena y afrocolombiana estáreconocido en la Constitución Política. Algunas normas desarrollan la Constitución en lorelativo al derecho a la tierra.No obstante, en los últimos años, precisamente cuando se hizo evidente el fenómeno deldesplazamiento forzado, las reformas legislativas, impulsadas a partir de 2002 por el Gobiernodel Presidente Álvaro Uribe Vélez, han resultado contrarias a la obligación de garantizar dichoderecho a las comunidades rurales.No obstante, como consecuencia de la importante labor desarrollada por la CorteConstitucional, a partir de 2004 el Gobierno se ha visto obligado a adoptar algunas medidasrelacionadas con el derecho a la tierras de las poblaciones rurales y los derechos de las víctimasa la verdad, la justicia y la reparación. La mayoría de estas medidas favorables a los derechos delas víctimas han sido formuladas pero no implementadas efectivamente.La Constitución Política garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos conarreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyesposteriores (Artículo 58). Asimismo, la Carta establece la obligación del Estado de promover yproteger las formas asociativas y solidarias de propiedad (Artículo 58).De la misma manera, los derechos colectivos a la propiedad sobre el territorio de los gruposétnicos y la propiedad colectiva de los resguardos indígenas están reconocidos por laConstitución Política, en los artículos 63, 72 y 32940.El reconocimiento constitucional de los derechos sobre la tierra fue inicialmente desarrolladoen la legislación posterior a la Constitución Política, pero a partir de 2002 el Gobierno40 La Constitución Política en su Artículo 63 establece el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de las tierrascomunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo. En su Artículo 72 plantea que: “(…) La ley establecerá los mecanismos parareadquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados enterritorios de riqueza arqueológica” y el artículo 329 que señala “(…) Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable”. 20
comenzó a promover la aprobación de leyes contrarias al derecho a la tierra de la poblaciónrural y de la población desplazada.A continuación se presentarán algunas de las normas que desarrollaron la Constitución demanera garantista con respecto al derecho a la tierra. Seguidamente se reseñarán las normasregresivas impulsadas a partir de 2002.4.1 La legislación reconoce el derecho a la tierraEl derecho a la tierra se encuentra reconocido en la legislación colombiana. A continuación sehará mención de la ley 160 de 1994 y la ley 387 de 1997, las cuales contienen normas quedesarrollan la Constitución Política con relación al derecho a la tierra. También se presentaránalgunos de los decretos que reglamentan dichas leyes.4.1.1 La ley 160 de 1994 creó un sistema de reforma agraria basada en subsidios para el accesoa la propiedad de la tierra41La ley 160 reconocía el deber constitucional del Estado de promover el acceso progresivo a lapropiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos, con el fin demejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. La ley 160 tenía entre otros,los siguientes dos objetivos:- Reformar la estructura social agraria y eliminar y prevenir la inequitativa concentración de lapropiedad rural o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a los campesinos máspobres, las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales establecidopor el Gobierno nacional; y apoyar a la población campesina de escasos recursos en losprocesos de adquisición de tierras a través de crédito y subsidio directo (Artículo 1).- Promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la poblaciónrural y estimular la participación de las organizaciones campesinas en el proceso integral de laReforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino para lograr su fortalecimiento (Artículo 7).Para conseguir sus objetivos, la ley 160 estableció un subsidio para la compra de tierras comocrédito no reembolsable, con cargo al presupuesto del Instituto Colombiano de la ReformaAgraria -Incora –, que se otorgaba por una sola vez al campesino sujeto de la reforma agraria(Artículo 20), equivalente al 70% del valor correspondiente a la respectiva unidad agrícolafamiliar (Artículo 21). Los beneficiarios del subsidio eran los campesinos no propietarios detierras en condiciones de pobreza y marginalidad o que derivaran sus ingresos de la actividadagropecuaria. La ley establecía criterios de selección preferencial a la situación de las mujerescampesinas jefes de hogar y las que se encontraban en estado de desprotección social y41Ley 160 de 1994 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para laadquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. 21
económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez y carecieran de tierra propia osuficiente (Artículo 24).La ley 160 responsabilizaba al Incora de dotar a las comunidades indígenas de las tierrasindispensables para su adecuado asentamiento y desarrollo, y además de llevar a cabo el estudiode los títulos que aquellas presentaran con el fin de establecer la existencia legal de losresguardos. Con tal objeto, el Incora estaba facultado para constituir o ampliar resguardosindígenas y proceder al saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que nopertenecieran a la respectiva parcialidad; y para reestructurar y ampliar los resguardos indígenasde origen colonial (Artículo 85).Aunque el subsidio otorgado no cubría la totalidad del precio de la tierra adjudicada a loscampesinos, la ley 160 estaba enfocada a garantizar el acceso a la tierra de los campesinospobres y a promover la economía campesina.Posteriormente, el Incora reglamentó la ley en lo relativo al acceso a la tierra de los campesinosdesplazados, mediante el acuerdo 018 de 199542, el cual estableció como criterios de selecciónpara beneficiarios pertenecientes a la población desplazada, los cuales definió como personasque residieran en centros urbanos y hubieran sido desplazadas del campo por razones deviolencia (Artículo 1), que carecieran de tierras propias, que el aspirante fuera titular deldominio de una parcela minifundiaria; que se trate del poseedor, ocupante o tenedor de unterreno cuya extensión sea igual o equivalente a una unidad agrícola familiar; que no exista laposibilidad de ejercer directamente la posesión o usufructo sobre tales tierras, por causa deldesplazamiento forzoso (Artículo 3).Asimismo, el acuerdo 018 establecía la obligación del Incora de prestar a las personasdesplazadas la asesoría necesaria para la recuperación del predio y los derechos que sobre él lecorrespondan, sin perjuicio de que promueva su negociación en el mercado de tierras, o ejerzael derecho preferencial de compra o autorice su venta, de conformidad con la ley (Artículo 3).Como se expondrá más adelante en este documento, ela ley 160 de 1994 fue reformada por laley 812 de 200342Acuerdo 018 de 1995 del Incora Por el cual se establece el reglamento especial de dotación de tierras para las personas quetengan la condición de desplazados forzosos por causa de la violencia. 22
4.1.2 La ley 387 de 1997 estableció las obligaciones estatales para proteger las tierrasabandonadas por las víctimas del desplazamiento forzado y para garantizar el derecho derestitución43.Colombia cuenta con una amplia normatividad para la atención a la población desplazada. Enprimer lugar, la ley 387 de 1997 contiene disposiciones para prevenir y responder aldesplazamiento forzado, y ordena la adopción de medidas relativas al registro, protección yrestitución de las tierras abandonadas por la población desplazada.La ley 387 ordena al Gobierno nacional promover acciones y medidas de mediano y largoplazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para lapoblación desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonasrurales o urbanas. Dichas medidas deben permitir el acceso directo de la población desplazadaa la oferta social del Gobierno, entre otros a los programas relacionados con el SistemaNacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino creado por la ley 160 de 1994(Artículo 17). Asimismo, la ley 387 en su Artículo 19, estableció que el Incora (actualmenteInstituto Colombiano para el Desarrollo Rural –Incoder-) tiene la obligación de:- Adoptar programas y procedimientos especiales para la enajenación, adjudicación y titulaciónde tierras, en las zonas de expulsión y de recepción de la población afectada por eldesplazamiento forzado, así como líneas especiales de crédito, dando prelación a la poblacióndesplazada.- Llevar un registro de los predios rurales abandonados por la población desplazada e informara las autoridades competentes para que procedan a impedir cualquier acción de enajenación otransferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra lavoluntad de los titulares de los derechos respectivos.- Crear un programa que permita al Incora (actualmente Incoder) recibir la tierra de personasdesplazadas a cambio de la adjudicación de otros predios de similares características en otraszonas del país. Este programa correspondería a la alternativa del reasentamiento para lapoblación desplazada.- Implementar programas y procedimientos especiales para la adjudicación de tierras en laszonas de expulsión de población desplazada, así como líneas especiales de crédito, dandoprelación a dicha población.Por otra parte, la ley 387 ordena al Gobierno la formulación del Plan Nacional de AtenciónIntegral a la Población Desplazada, el cual debe incluir la creación y aplicación de mecanismosque brinden asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación43 Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación yestabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. 23
de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados(artículo 10).Las medidas ordenadas por la ley 387 han sido adoptadas de manera muy precaria por elEstado, como se señaló anteriormente en este documento. Con respecto a las medidas paragarantizar el derecho a la tierra de la población desplazada, la creación de programas yprocedimientos especiales para la adjudicación de tierras se han limitado a la aplicación dealgunas de las disposiciones del acuerdo 018 de 1995 del Incora en materia de asignación detierras y del subsidio del 70% del precio del predio, con lo cual se posibilitó el reasentamientocon acceso a la tierra de algunas comunidades en Cundinamarca y Tolima44.4.1.3 El decreto 2007 de 2001 reglamentó la ley 387 en lo relativo a la protección de la tierra dela población desplazada o que se encuentra en riesgo de desplazamiento45El decreto 2007 de 2001 reglamentario de la ley 387, contiene medidas encaminadas a laprotección de los bienes en aquellas regiones donde se ha emitido la declaratoria de riesgoinminente de desplazamiento o desplazamiento forzado, conocidas como “ruta de proteccióncolectiva”. Además, el decreto adopta una serie de medidas relacionadas con el derecho a latierra de la población desplazada: para el acceso a bienes inmuebles de manera temporal odefinitiva.En lo concerniente a la protección de las tierras, el decreto 2007 dispone que, durante losperíodos en que se haya hecho declaratoria de riesgo de desplazamiento, a través de uninventario, se establezcan los predios que podrían verse afectados, las personas que ostentantitularidad de derechos bien sea en calidad de propietaria, poseedora o por cualquier otrovínculo con el bien que podría verse amenazado con el abandono. La entidad encargada delregistro de transacciones sobre los bienes, debe estar al tanto de los inmuebles incluidos enzonas de declaratoria de riesgo para que se abstenga de inscribir enajenaciones o cualquier otrotrámite de transferencia de la propiedad. El decreto también establece la autorización de partedel Comité Municipal o Departamental de Atención a la población desplazada, como requisitoprevio para que pueda realizarse la enajenación de bienes rurales, que deberá ser exigida por elregistrador de instrumentos públicos del lugar a fin autorizar la inscripción de la transacción.Como se verá más adelante en este documento, la protección de las tierras ordenada por eldecreto 2007 fue implementada solamente en algunos municipios. En sus primeros años eldecreto 2007 fue aplicado experimentalmente mediante un proyecto piloto, en dos municipios,por el Proyecto de Protección de Bienes Tierras y Bienes Patrimoniales de la población44 Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados –GAD-, Memorias del Primer encuentro de experiencias de reasentamiento agrario„Reubicación con dignidad‟, julio de 1998.45 Decreto 2007 de 2001, “Por el cual se reglamentan parcialmente los Artículos 7º,17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo relativo a la oportunaatención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugary se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación”. 24
desplazada de Acción Social –PPTP-46. En dicho proyecto ha recaido el desarrollo de lametodología para la identificación de los bienes abandonados por la población desplazada y delos instrumentos para su aplicación. Sin embargo, debido a que a partir de 2002 la política deatención al desplazamiento del gobierno actual se basó en el retorno, las obligacionesrelacionadas con el componente de reasentamiento agrario y titulación de tierras a la poblacióndesplazada no han sido cumplidas. Por su parte, la política de retorno de la poblacióndesplazada no ha integrado medidas de restitución de las propiedades y las posesiones de lasvíctimas.4.1.4 El Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada dispuso algunas medidas paragarantizar el derecho a la tierraLa ley 387 ordena al Gobierno la formulación del Plan Nacional de Atención a la PoblaciónDesplazada. La expedición de las órdenes de la sentencia T-025 de 2004 de la CorteConstitucional para lograr la superación del estado de cosas inconstitucional con relación a losderechos de la población desplazada hicieron que en 2005 el Gobierno expidiera dicho Plan,cuya versión anterior databa de 199847. Después de la expedición de dicho fallo, el Gobiernoexpidió el decreto 250 de 2005 por el cual se aprobó un nuevo Plan Nacional de Atención a laPoblación Desplazada48.El decreto 250 señala que el Plan está orientado por “un principio restitutivo” y reitera laresponsabilidad del Incoder en materia de tierras, en coordinación con las demás entidades delSistema de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-, de implementar losprocesos de adjudicación y titulación de predios y demás mecanismos tanto provisionalescomo definitivos para el acceso a tierras.Como se demostrará en una sección siguiente, las medidas ordenadas por el Plan Nacional deAtención a la Población Desplazada no han sido plenamente adoptadas, razón por la cual laCorte Constitucional ha emitido órdenes específicas para la reformulación de varioscomponentes de la política de atención a dicha población, entre los que se encuentra elcomponente de tierras.46 El Proyecto de Protección de Bienes de Bienes Patrimoniales de la Población Desplazada es una iniciativa adelantada por laAcción Social, en su calidad de coordinadora del SNAIPD, que originalmente tuvo como principal objeto de intervención laprotección de las tierras y territorios afectados por la violencia o el desplazamiento. Su campo de acción también comprendetemas relativos la formalización y restitución de los derechos sobre tierras y territorios abandonados o despojados. Susactividades consisten asesoría, capacitación y acompañamiento a entidades públicas, diferentes instancias y comunidades, se harealizado a través de la formulación y diseño de conceptos, procedimientos, instrumentos, herramientas informáticas,propuestas normativas y estrategias pedagógicas. El proyecto cuenta con financiación del Banco Mundial, la Agencia Sueca deCooperación Internacional para el Desarrollo, el ACNUR-, la Comisión Europea, la Agencia de los Estados Unidos deAmérica para el Desarrollo Internacional y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.47 Decreto 173 de enero 26 de 1998, Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia.48 Decreto 250 de 2005, “Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y sedictan otras disposiciones”. 25
En la misma línea establecida por el decreto 2007 de 2001, el Plan Nacional no otorgaprioridad al reasentamiento de la población desplazada para garantizar soluciones duraderas aldesplazamiento. En la implementación del Plan, el gobierno ha dado prioridad a la reubicaciónde las familias desplazadas en predios de paso o en predios en extinción de dominio49 para quesean explotados temporalmente para el sostenimiento económico de esta población. Por lotanto, dicha solución temporal no garantiza las víctimas la seguridad jurídica de la tenencia dela tierra ni representa una solución a su situación de desplazamiento.En lo que se refiere a comunidades afrocolombianas e indígenas, el decreto 250 define que lasacciones de las entidades del SNAIPD deben orientarse a la constitución, ampliación ysaneamiento de sus territorios colectivos. Esta medida también ha tenido una precariaimplementación y, por el contrario, el Gobierno ha promovido la aprobación de leyescontrarias al derecho al territorio de las poblaciones afrocolombianas e indígenas, que seránanalizadas en la siguiente sección del presente informe.5. El Gobierno ha promovido reformas legislativas que vulneran el derecho a larestitución de las tierras de las víctimas del desplazamiento forzadoComo se expuso anteriormente, a partir de 2002 el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe V.ha promovido decididamente reformas legislativas que son contrarias a los derechos sobre latierra y a la restitución de la misma. Estas reformas que se exponen a continuación se refieren alos acuerdos con los grupos paramilitares, que incluyen la promulgación de normas que nogarantizan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. También hacenreferencia a un conjunto de leyes que legalizan el despojo de las tierras de la poblacióndesplazada. Algunas de estas normas han sido declaradas inconstitucionales.A continuación se mencionan dichas normas regresivas para el derecho a la tierra, lo mismoque para el derecho a al restitución de la misma:5.1 El marco normativo de las negociaciones con los grupos paramilitares legalizó eldespojo de las tierrasEn diciembre de 2002, el Gobierno inició un proceso de negociación con los gruposparamilitares que no cumplió con los estándares internacionales de derechos humanos. Hastala fecha, no ha existido la voluntad política necesaria para juzgar a los jefes paramilitares, nipara establecer la verdad sobre el paramilitarismo, la responsabilidad del Estado y de losempresarios privados en su creación y su expansión, ni las responsabilidades en el despojo delas tierras de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.49 La ley 793 de 2002 Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio en su Artículo1 define la extinción de dominio como “la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contra prestación ni compensación de naturalezaalguna para su titular. Esta acción es autónoma en los términos de la presente ley”. 26
Los grupos paramilitares continúan siendo los principales violadores del derecho a la vida ycausantes de los desplazamientos forzados originados por estos asesinatos, masacres ydesapariciones forzadas. Entre la fecha de inicio del prometido cese de hostilidades por partede los grupos paramilitares el 1° de diciembre de 2002 y el 30 de junio de 2008, la ComisiónColombiana de Juristas ha registrado que por lo menos 4.300 personas han sido asesinadas odesaparecidas por fuera de combate por grupos paramilitares 50.El mencionado proceso de negociación inició una etapa de legitimación del paramilitarismo,para lo cual el marco normativo impulsado por el Gobierno, principalmente el decreto 128 de200351 y la ley 975 de 200552, conceden importantes beneficios a los paramilitares, endetrimento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.El decreto 128 de 2003, que concedió una amnistía a los paramilitares que no estén siendoprocesados o no hayan sido condenadas, afecta especialmente a las víctimas deldesplazamiento forzado porque abrió la posibilidad para que este delito no sea judicializado, yaque un porcentaje mínimo de las denuncias por dicho ilícito, presentadas a la Fiscalía Generalde la Nación son tramitadas ante los despachos judiciales, se conoce de solamente 11 casos consentencia53. Por esta vía, muchos paramilitares lograron evadir su responsabilidad endesplazamientos forzados y no aportaron ninguna información sobre los bienes que hanusurpado.Ante esta situación, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-370 de 200654, por la que,producto de una demanda ciudadana de inconstitucionalidad, se ejerció control deconstitucionalidad sobre la ley 975 de 2005, dio nuevas luces al marco jurídico. Sí el Gobiernohubiera acatado las órdenes de este fallo, se habrían evitado muchas violaciones a los derechosde las víctimas.La ley 975 de 2005 señala que el derecho de las víctimas a la reparación comprende lasacciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las50 Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares - Segundo informe de balancesobre la aplicación de la Ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2010, mimeo, pág. 15.51 El decreto 128 de 2003 por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil permite a todas las personas desmovilizadas que no tienen procesos judiciales ocondenas no amnistiables o indultables, no ser investigadas judicialmente. En estos casos, la Fiscalía General de la Nación noindaga más si estas personas tienen información o están involucradas en otros delitos atribuibles al grupo armado en la regióndonde operaba. Así, todos los crímenes cometidos en los que no exista un proceso penal, o habiéndolo no esté individualizadoun paramilitar como presunto autor, quedan en la impunidad. Esta disposición se aplicó a la gran mayoría de los paramilitaresdesmovilizados.52 Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.53 Fiscalía General de la Nación, Informe de Gestión 2008-2009. Bogotá, 2009, Pág. 135. Disponible enhttp://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/archivos/RendiciondeCuenta/informe_de_gestion_09.pdf. Sin embargo, en laRespuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del 29 deseptiembre de 2009, a Derecho de Petición formulado por la Comisión Colombiana de Juristas, este alto Tribunal indicó quetiene conocimiento de 9 sentencias condenatorias y 3 sentencias absolutorias.54 Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Treviño, RodrigoEscobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. 27
garantías de no repetición de las conductas55. La ley creó el Fondo Nacional de Reparación –FNR-56, pero este Fondo no garantiza la restitución directa de los bienes, ya que la ley dispusoque al mismo no deben ingresar los bienes entregados por los paramilitares “desmovilizados”para reparar a las víctimas, correspondiendo al Fondo efectuar los pagos de las reparacioneseconómicas con los bienes que debían entregar los paramilitares y con los recursos que recibadel presupuesto nacional y de donaciones. Por lo tanto, no existe garantía de que el propietarioo poseedor de un bien del cual haya sido despojado por los paramilitares beneficiarios de la ley975 reciba el mismo bien de parte del Fondo, pues el bien en cuestión podría ser entregado auna tercera persona, debido a que tanto la ley 975 como el decreto 4760 de 2005 no fueronconcebidos para garantizar la restitución directa de los bienes a la respectiva víctima. Por elcontrario, la ley y el decreto establecen un fondo común para efectuar las reparaciones a lasvíctimas. Por lo tanto, también existe el riesgo de que el bien usurpado a una personadesplazada sea enajenado o fraccionado para realizar acciones de reparación en relación conotras víctimas.Como se expondrá a continuación, a través de la reglamentación de la ley 975, el Gobierno hadispuesto medidas contrarias al derecho de restitución de los bienes de las víctimas deldesplazamiento forzado.5.2 Los decretos reglamentarios de la ley 975 de 2005 contienen disposiciones contrarias alderecho a la restitución de los bienes a las víctimasA través de los decretos reglamentarios de la ley 975, el Gobierno ha desconocido muchas delas disposiciones de la Corte Constitucional que favorecen los derechos de las víctimas,incluyendo la restitución de los bienes.El decreto 3391 de 200657 es la norma reglamentaria general de la ley 975, ya que trata aspectoscomo el objeto y ámbito de aplicación de la ley, se establece el procedimiento concreto paraque los paramilitares “desmovilizados” obtengan los beneficios otorgados por la ley, y sedefinen medidas de participación, protección, reparación y reconciliación para las víctimas. Ensu Artículo 4, el decreto ordena a la Superintendencia de Notariado y Registro –SNR- y alInstituto Geográfico Agustín Codazzi –Igac- adoptar las medias necesarias para que estédisponible la información sobre los bienes inmuebles rurales y urbanos que han sido objeto dedespojo por parte de los grupos paramilitares.Pero lo más preocupante del decreto 3391 es que no desarrolló la ley 975 sino que la modificó,contradiciendo de esta manera aspectos esenciales de la sentencia C-370 de 2006 de la CorteConstitucional, al establecer disposiciones que facilitan la impunidad de los crímenescometidos por los grupos paramilitares y negando los derechos de las víctimas a la verdad, la55 Artículo 8 de la ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados almargen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.56 Ley 975 de 2005, citado supra en Nota 52, Artículo 54.57 Decreto 3391 de 2006 de 2006 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 975 de 200.5 28
justicia y la reparación, especialmente el derecho a la restitución de los bienes de las personasdesplazadas.Contraviniendo lo dispuesto en la sentencia C-370 de 200658, el decreto 3391 señala que losparamilitares postulados a los beneficios de la ley 975 de 2005 deben informar en las versioneslibres solamente sobre los bienes de origen ilícito59. Si bien la declaratoria de la existencia de losbienes debe realizarse en la versión libre, esta adquirirá importancia en el incidente dereparación integral, pero continuará dependiendo de la voluntad del paramilitar“desmovilizado” el poner a disposición de la autoridad competente los bienes de su dominioque decida denunciar.De otro lado, el decreto 3391 de 2006 reproduce el contenido del artículo 8 del decreto 4760de 2005, al autorizar al Fiscal para que se abstenga de investigar a los testaferros, en aplicacióndel “principio de oportunidad”, otorgando así amnistía de hecho a los testaferros de losparamilitares. De esta manera, el decreto ignora los casos en los que los testaferros han sidocómplices de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los paramilitares. ElGobierno ha pretendido justificar esta medida afirmando que representa una salida para ladevolución de los bienes a las víctimas, pero en realidad permite la usurpación de los mismos aldejar intacta la estrategia del testaferrato, utilizada comúnmente por los paramilitares.Por las razones expuestas, las víctimas que han sido despojadas de la posesión o propiedad deun bien disponen de escasas posibilidades de intervenir de manera efectiva durante el trámitedel procedimiento de la ley 975.El decreto 4760 de 200560, en su artículo 12, introdujo la entrega de bienes por parte de los“desmovilizados” como medida de reparación colectiva, destinados al desarrollo de proyectosproductivos en zonas afectadas por la violencia, que beneficien, conjuntamente, a personasdesplazadas, campesinos y reinsertados de los grupos paramilitares que carezcan de medioseconómicos para su subsistencia, lo que constituye una política de “reconciliación forzada”.Adicionalmente, el decreto ordena al Incoder la implementación de programas de asignaciónde tierras a favor de paramilitares “desmovilizados”. Se trata de predios respecto de los cualesla Dirección Nacional de Estupefacientes logró extinguir de manera definitiva el derecho dedominio que detentaban narcotraficantes y los cuales, en vez de ser destinados a favor de lasvíctimas del desplazamiento, son asignados a paramilitares supuestamente desmovilizados,quienes están siendo beneficiarios en virtud de una política gubernamental de legalización delos títulos de dominio de predios urbanos y rurales que ellos mismos usurparon a loscampesinos.58 En la sentencia C-370 de 2006, numeral 6.4.1, la Corte Constitucional declaró que la implementación de medidas dereparación colectiva no excluye medidas de reparación individual, pues la reparación debe ser integral, esto es, incluir medidasde reparación individual y colectiva, e incorporar concurrentemente prestaciones conducentes a la restitución, indemnización,rehabilitación, satisfacción y medidas de no repetición.59 Decreto 3391 de 2006 de 2006 citado supra en Nota 57.60 Decreto 4760 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 975 de 2005, parágrafo 3 del artículo 12. 29
El artículo 13 del decreto 4760 crea mecanismos para que los tenedores actuales de los predios,en muchos casos los paramilitares o los repobladores a su servicio, mantengan el control sobrelos bienes ilícitamente obtenidos. De esta manera se impide que las víctimas promuevan larecuperación de sus bienes, haciendo ineficaces los mecanismos de protección de los bienesabandonados por la población desplazada.El decreto 4488 de 2005 es complementario del decreto 4760, ya que ordena al Incoder elestablecimiento de un programa especial de adquisición y adjudicación de tierras en favor delos “desmovilizados”, en forma individual o colectiva, en el marco del proceso adelantado porel Gobierno Nacional61. Dicho programa está dirigido a campesinos sin tierra y personasdesplazadas, con la condición de que se asocien con “desmovilizados” en la implementación deproyectos agropecuarios comerciales. Este programa de adjudicación de tierras constituye unamodalidad de “reconciliación forzada” que coloca a las víctimas en una situación desubordinación y de riesgo, teniendo en cuenta las dificultades existentes para establecer quelos paramilitares que se desmovilizaron efectivamente. El impulso de dicho programa contrastanotablemente con la baja efectividad del programa de tierras para población desplazada62.Los decretos reglamentarios de la ley 975 desarrollan lo pertinente a la obligación de parte delos paramilitares “desmovilizados” de entregar los bienes de origen ilícito para que se destinena la reparación. De otro lado, se considera que la obligación a la reparación tanto individualcomo colectiva de las víctimas se supedita a la declaratoria de responsabilidad penal en elmarco de los procesos de justicia y paz63 y a la denuncia que debe hacer la persona despojadade su bien en el marco del incidente de reparación integral64. Igualmente en el decreto 4760, seconsidera que al “exhortar”65 a los paramilitares “desmovilizados” para que hagan la restitucióndirectamente, se podrá conseguir que los bienes usurpados vuelvan a manos de suspropietarios originales.El mencionado decreto 4670 establece el procedimiento que se debe adelantar para laprotección de los bienes que sean mencionados por los desmovilizados, igualmente coloca encabeza de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR- la creación delPrograma de restitución de bienes a través de un trabajo coordinado con las ComisionesRegionales para la Restitución de Bienes66 -CRB-.Por otra parte, el decreto 176 de 200867 desarrolla el marco institucional para el Programa deRestitución de Tierras a través de las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes –CRB- yla CNRR. El decreto asignó a las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes la61 Decreto 4488 de 2005 Por medio del cual se establece un programa especial de adquisición y adjudicación de tierras en favor de las personasreincorporadas a la vida civil.62 Corte Constitucional, auto 008 de 2009, Ref. sentencia T-025 de 2004 Persistencia del estado de cosas inconstitucional, M.P.: ManuelJosé Cepeda Espinosa.63 Artículo 12, Decreto 4670 de 2005, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005”64 Ibídem. Artículo 14.65 Ibíd. Parágrafo 1, Artículo 12.66 Decreto 3391 de 2006, citado supra en Nota 57, Artículo 4.67 Decreto 176 de 2008, “Por el cual se reglamentan los artículos 51, numeral. 52.7; 52 Y 53 de la Ley 975 de 2005” 30
responsabilidad de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad ytenencia de bienes en el marco del proceso establecido en el artículo 52 de la ley 975 de 2005, através de 26 funciones68. A pesar de las numerosas funciones asignadas a las Comisiones, estasno incluyen tareas de restitución, puesto que están limitadas al suministro información a lasautoridades y la asesoría a las víctimas.Entre las funciones de las Comisiones Regionales están apoyar a la CNRR en el diseño de unPrograma de Restitución de Bienes y a las autoridades en su implementación; promover antelas autoridades correspondientes la entrega de la información para el sistema de registro depredios abandonados; suministrar a las autoridades judiciales la información sobre bienes queno figuren formalmente a nombre de los desmovilizados o que no se encuentren en su poder,al igual que las pruebas que tengan sobre el cumplimiento de la entrega de bienes; e informar alas autoridades judiciales sobre los actos preprocesales de restitución de bienes efectuados porlos desmovilizados directamente a las víctimas y sobre incumplimientos de las obligaciones quese le imponen a los condenadosCon relación a las víctimas, las funciones asignadas a las Comisiones Regionales de Restituciónde Bienes comprenden asesoría para solicitar el ingreso al registro único de prediosabandonados –Rupta- y en la formulación de solicitudes de medidas cautelares ante la UnidadNacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, sobre los bienes que anuncien que entreguen losparamilitares; orientación en los trámites de sus pretensiones y acompañamiento en elseguimiento de las sentencias en las que se ordene la restitución de bienes.De acuerdo con la CNRR, para el primer semestre de 2009 se planteó la puesta enfuncionamiento, como proyecto piloto, de las cuatro primeras Comisiones Regionales deRestitución de Bienes en Bogotá, Barranquilla (Atlántico), Sincelejo (Sucre) y Medellín(Antioquia)69, de las cuales solamente las dos últimas estaban funcionando a la fecha de cierredel presente reporte.Adicionalmente, mediante el decreto 1290 de 2008 el Gobierno creó el “Programa de ReparaciónIndividual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de laley”70. En realidad, este decreto no plantea una política de reparación, puesto que las medidasque ordena se fundamentan en el principio de solidaridad del Estado, sin reconocer suresponsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que las personas han sufrido,razón por la cual más bien se trata de una oferta de asistencia humanitaria y asistencia social alas víctimas, en lugar de una iniciativa para resarcirlas.El Programa creado por el decreto 1290 nombra en el Artículo 6 las medidas de restitución debienes, al mencionar que el Comité de Reparaciones Administrativas dispondrá, “cuando ello68 Ibídem.69 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Informe de Gestión 2005-2008, pág. 25. Disponible en http://www.cnrr.org.co/new/interior_otros/InfGestion2005-2008.pdf70 Decreto 1290 de 2008 “por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los GruposArmados Organizados al Margen de la ley”. 31
fuera posible”, las acciones que permitan regresar a la víctima a la situación anterior a lacomisión del delito, pero sin aclarar en qué consisten dichas acciones ni cuándo es posiblerealizarlas.El decreto 1290 establece que la restitución de las tierras a las víctimas se regirá por lanormatividad existente y expresamente excluye del Programa de reparaciones por víaadministrativa las violaciones derivadas de la comisión de delitos contra la propiedad y elpatrimonio71. Lo anterior significa que no se va a adelantar ninguna acción específica pararestituir las tierras como medida de reparación administrativa y que, mientras no exista unPrograma de Restitución, para intentar recuperar los predios que les fueron usurpados lasvíctimas deberán seguir acudiendo a dispendiosos procesos judiciales.Además del marco normativo de las negociaciones con los grupos paramilitares, por iniciativao con respaldo gubernamental, el Congreso de la República ha aprobado un conjunto dereformas legislativas que contienen disposiciones que vulneran los derechos de lascomunidades afrocolombianas y campesinas, de los pueblos indígenas y de las víctimas deldesplazamiento forzado sobre sus tierras. Este conjunto de leyes promueven modelos dedesarrollo agroindustrial por la vía de la propiedad latifundista y de la explotación minera, quecontienen medidas contrarias a las obligaciones estatales de garantizar los derechos a la tierra ya la restitución de la misma en caso de desplazamiento forzado y despojo.Dichas normas son los Planes Nacionales de Desarrollo –PND-72, la Ley General Forestal73, elEstatuto de Desarrollo Rural74, el Programa Agro Ingreso Seguro (AIS)75, la ley deSaneamiento de la Titulación de la Propiedad Inmueble76 y la reforma del Código de Minas77.A continuación se analizarán los aspectos de dichas leyes que son lesivos para los derechos delas poblaciones rurales y las víctimas del desplazamiento forzado.5.3 Los Planes Nacionales de Desarrollo promueven la agroindustria en detrimento de losderechos de las poblaciones afrocolombianas, campesinas, indígenas y desplazadasLos Planes Nacionales de Desarrollo presentados en los dos períodos de Gobierno delPresidente Álvaro Uribe V. que fueron aprobados por el Congreso de la República78, fijan una71 “VIOLACIONES NO INCLUIDAS. Los delitos contra la propiedad, el patrimonio y las violaciones colectivas o atribuibles a agentes delEstado, no están incluidos en el presente programa y serán regulados por las normas aplicables en estas materias”, Decreto 1290 de 2008,Artículo 2.72 Mediante la ley 1151 de 2007 se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.73 Ley 1021 de 2006 Por la cual se expide la ley general forestal”74 Ley 1152 de 2007 Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder-, yse dictan otras disposiciones.75 Ley 1133 de 2007 “Por medio de la cual se crea e implementa el programa “Agro, Ingreso Seguro – AIS”.76 Ley 1182 de 2008 “por medio de la cual se establece un proceso especial para el saneamiento de la propiedad inmueble”.77 Proyecto de ley 10/2007 y 042/2007 de Senado (acumulados) y 334/2008 Cámara.78 La Constitución Política en su Artículo 339 establece que “[h]abrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general yun plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largoplazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 32
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resciue

References: artículo 60
 Artículo 669
 artículo 407
 resolución 
 artículo 93
 Resolución 
 Artículo 14
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 5
 Artículo 8
 Artículo 10
 Artículo 26
 Artículo 30
 Artículo 19
 Artículo 63
 Artículo 72
 artículo 329
 Artículo 19
 Artículo1
 Artículo 4
 Artículo 8
 Artículo 54
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 13
 Artículo 12
 Artículo 14
 Artículo 12
 Artículo 4
 artículo 52
 Artículo 6
 Artículo 339