Source: http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/PROPIEDAD/INFORMES/2010-septiembre.htm
Timestamp: 2017-09-20 14:43:05+00:00

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Informe de septiembre de 2010 para la Oficina Registral.
BOE SEPTIEMBRE 2010
CATALUÑA. Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo.
En este texto se refunden el anterior texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, del 26 de julio, y las modificaciones introducidas en el mencionado texto refundido por la Ley 2/2007, del 5 de junio, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, por el Decreto ley 1/2007, del 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, y por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, que es la que ordena la publicación de este texto refundido.
La habilitación ampara regularizar, aclarar y armonizar los textos legales referidos. Los ajustes introducidos han servido, entre otros fines:
- para aclarar el sentido de algunos preceptos,
- para unificar expresiones terminológicas,
- para corregir errores de concordancias,
- para actualizar referencias normativas,
- para reordenar artículos demasiado extensos y, consecuentemente, para adaptar su numeración, o
- para adecuar las disposiciones transitorias.
Entró en vigor el 6 de agosto de 2010.
PDF (BOE-A-2010-13883 - 115 págs. - 2510 KB) Otros formatos
***MERCADO DE TRABAJO. Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
Esta reforma viene impuesta por la situación de crisis económica que padecemos y que ha motivado la pérdida de más de dos millones de puestos de trabajo.
Inicialmente se dictó el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Posteriormente su contenido fue modificado en su paso por las Cortes, hasta dar lugar a la Ley actual.
La promulgación de esta reforma ha sido la causa principal de la huelga general del pasado 29 de septiembre.
Se parte aquí del resumen en su día publicado, aludiendo a las principales modificaciones posteriores.
Trata de incentivar la creación de empleo, intentando modificar algunas particularidades estructurales de nuestro mercado laboral que pudieran acentuar más el daño sobre el empleo en los momentos bajos del ciclo económico.
Se citan al respecto, como particularidades, la existencia de un tercio de trabajadores con contrato temporal; poca flexibilidad interna en las empresas; una insuficiente capacidad de colocación de los servicios públicos de empleo, o la persistencia de elementos de discriminación en el mercado de trabajo por edad, sexo, etc.
Estas modificaciones legales continuación de otras- se inscriben en un marco de reformas más amplio, integradas en la denominada Estrategia de Economía Sostenible, pensada para acelerar la renovación de nuestro modelo productivo.
Se citan como objetivos fundamentales:
1º.- Reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, impulsando la creación de empleo estable y de calidad. De ello trata el Capítulo I
- Medidas dirigidas a restringir el uso injustificado de las modalidades temporales de contratación como:
- establecimiento de un límite temporal máximo en los contratos para obra o servicio determinado, a partir del cual ha de considerarse que las tareas contratadas tienen naturaleza permanente;
- se reduce la posibilidad del encadenamiento sucesivo de contratos temporales;
- se incrementa gradualmente de ocho hasta doce días la indemnización por finalización de contratos temporales, concluyendo el proceso en 2015.
- Medidas para una utilización más extensa de la contratación indefinida, que se centran en la regulación del contrato de fomento de la contratación indefinida:
- Se amplían los colectivos destinatarios, reduciendo a un mes la exigencia del período de permanencia en el desempleo y aplicándolo a los que sólo hayan suscrito contratos temporales los últimos años y a las que hayan tenido una extinción de contrato indefinido.
- Se reducen las cantidades a abonar por las empresas en caso de despidos económicos (no disciplinarios) mediante la asunción transitoria por el Fondo de Garantía Salarial de una parte de las indemnizaciones.
- Se anuncia un futuro fondo de capitalización individual nutrido a lo largo de la vida laboral, que podrá hacerse efectivo por el trabajador para los casos de despido o jubilación sobre todo.
- Se redefinen las causas del despido por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que establece el Estatuto de los Trabajadores, para evitar que se desplacen despidos económicos a disciplinarios improcedentes, incorporando interpretaciones jurisprudenciales.
- Al ampliarse dichas causas incluyendo pérdidas previstas o disminución de ingresos-, se genera un foco importante de conflictividad social, pues los trabajadores cuyos contratos se extingan por despido colectivo sólo tendrán derecho a una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades.
2º.- Reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las relaciones laborales como las medidas de reducción temporal de jornada, para disminuir las extinciones de contratos. Están en el Capítulo II que intenta flexibilizar procedimientos y fomenta el que, para resolver conflictos, se acuda a soluciones extrajudiciales.
- Regulación de los traslados colectivos (art. 40 ET);
- modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo (art. 41 ET);
- las cláusulas de inaplicación salarial de los convenios colectivos (art. 82 ET);
- suspensión de contratos y
- reducción de jornada por causas económicas (art. 47), ampliándose los incentivos para trabajadores y empresarios, consistentes, respectivamente, en la reposición de las prestaciones de desempleo y en las bonificaciones de las cotizaciones empresariales.
3º.- Aumentar las oportunidades de los desempleados, reordenando la política de bonificaciones a la contratación indefinida, haciendo más atractivos los contratos formativos y mejorando los mecanismos de intermediación laboral. Capítulos III y IV.
- Se modifica la política de bonificaciones a la contratación indefinida, evitando su generalización, con un horizonte temporal. Se centrará en:
- jóvenes hasta 30 años con especiales problemas de empleabilidad;
- mayores de 45 años con una permanencia prolongada en el desempleo;
- y conversión de contratos formativos y de relevo en contratos indefinidos.
- Se mejoran las bonificaciones si se contrata a mujeres.
- Se mantiene la regulación actual de las siguientes bonificaciones:
- constitución inicial de trabajadores autónomos,
- empresas de inserción,
- víctimas de violencia de género y
- las dirigidas a mayores de 59 años.
- Se modifica la regulación de los contratos para la formación, con una bonificación total de las cotizaciones sociales, mejora del salario y reconocimiento de la prestación de desempleo al término.
- En el contrato en prácticas, varían los títulos que habilitan para realizar estos contratos y al plazo dentro del cual es posible realizarlos.
- Se reduce de 100 a 30 días el periodo de gracia del que disponen los desempleados para rechazar cursos de formación sin ser penalizados.
- En intermediación laboral, se regula legalmente la actividad de las agencias de colocación con ánimo de lucro, exigiendo una autorización administrativa para el desarrollo de su actividad
- Se modifica la regulación de las empresas de trabajo temporal, incorporando al respecto a nuestro Derecho de la Directiva 2008/104/CE, reconociendo igualdad de trato a esos trabajadores, y reduciendo las restricciones a as que estaban sometidas, con un periodo de adaptación.
Desarrollamos, a continuación algunos aspectos concretos de la reforma:
A) Contratos temporales. Afecta a los arts. 15 y 49, D.Ad. 15ª y D.Tr. 13ª del Estatuto de los Trabajadores.
- Se podrá realizar un contrato de duración determinada: a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.
- En los nuevos contratos, también adquirirán la condición de trabajadores fijos los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada. Se aplicará también a los casos de sucesión o subrogación empresarial. No se aplica a los contratos formativos, de relevo e interinidad. La D. Ad. 15ª lo moraliza para las Administraciones Públicas.
- En los casos anteriores, el empresario deberá facilitar por escrito al trabajador, en los diez días siguientes al cumplimiento de los plazos indicados, un documento justificativo sobre su nueva condición de trabajador fijo de la empresa.
- Al concluir el contrato por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. Se exceptúan el contrato de interinidad y los contratos formativos. La D. Tr. 13ª prevé su aplicación gradual, siendo la indemnización de sólo 8 días para los contratos anteriores al 31 de diciembre de 2011 y aumentando un día por año hasta llegar a los doce días para contratos posteriores al 1º de enero de 2015.
- Prórroga. Los contratos de duración determinada que tengan establecido plazo máximo de duración, incluidos los contratos en prácticas y para la formación, concertados por una duración inferior a la máxima legalmente establecida, se entenderán prorrogados automáticamente hasta dicho plazo cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el trabajador continúe prestando servicios. Expirada dicha duración máxima o realizada la obra o servicio objeto del contrato, si no hubiera denuncia y se continuara en la prestación laboral, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación.
- Prenotificación. Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una antelación mínima de quince días.
B) Extinción del contrato de trabajo. Afecta a los arts. 51, 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores y 122 de la Ley de Procedimiento Laboral.
- Se define el concepto de despido colectivo:
I) Como la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a:
- Cuándo concurren causas económicas: cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.
- Cuándo concurren causas técnicas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción;
- Cuándo concurren causas organizativas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal
- Cuándo concurren causas productivas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
- Prueba: La empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a mejorar la situación de la empresa o a prevenir una evolución negativa de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.
II) También es despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa de más de cinco trabajadores, cuando se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las causas señaladas.
- Si no hay acuerdo: Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución estimando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud empresarial. Si no hay respuesta en quince días, se entiende estimada la solicitud. Con acuerdo, serán siete días.
- Preaviso. Han de transcurrir quince días desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo.
- Decisión nula o improcedente. Se modifican los casos en los que la decisión extintiva ha de reputarse nula. Pero la decisión extintiva se considerará improcedente y no nula- cuando no se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó o cuando no se hubieren cumplido los requisitos de comunicación, indemnización y preaviso. No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia del despido.
C) Movilidad geográfica. Afecta al art. 40.2 ET.
- Se regula el periodo de consulta con los representantes de los trabajadores que no excederá de quince días.
- Las consultas pueden ser sustituidas por mediación o arbitraje.
D) Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Varía el art. 41 ET.
- La dirección de la empresa las puede acordar, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se dan esas causas cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.
- Entre ellas están la jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, turnos, sistema de remuneración y funciones.
- Las modificaciones individuales han de ser notificadas con treinta días. Las colectivas precisan de un periodo de consultas de hasta quince días.
- En caso de desacuerdo entre las partes, se podrá acudir a los procedimientos de mediación
- Si el trabajador discrepa, podrá rescindir el contrato con una indemnización de veinte días de salario por año de servicio y con un máximo de nueve meses.
E) Contenido de los convenios colectivos. Se modifican los arts. 82.3 y 85 ET.
- Regla general: Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.
- Cabe inaplicar el régimen salarial previsto en los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, cuando la situación y perspectivas económicas de ésta pudieran verse dañadas como consecuencia de tal aplicación, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma. Para ello se precisa que haya acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, previo desarrollo de un periodo de consultas. Es la llamada cláusula de descuelgue.
F) Suspensión del contrato o reducción de jornada. Retoca el artículo 47.
- El contrato de trabajo podrá ser suspendido a iniciativa del empresario por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor. La autorización de la medida no generará derecho a indemnización alguna.
- La jornada de trabajo podrá reducirse por las mismas causas y procedimiento. Se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual.
- El artículo 203 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social redefine cuándo el desempleo se considerará total o parcial.
- Se incluyen medidas de apoyo a la reducción de jornada, modificando la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, tales como incremento hasta el 80 por ciento de deducción en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, o derecho para el trabajador a la reposición de la duración de la prestación por desempleo.
G) Bonificaciones de cuotas de cotización.
- Por la contratación indefinida.
-Requisitos comunes. Contratos hasta el 31 de diciembre de 2011, incremento del nivel de empleo fijo de la empresa y mantenimiento del mismo nivel, durante el periodo de duración de la bonificación.
- Personas de hasta 30 años inscritos como desempleados al menos doce meses de los últimos dieciocho y sin la escolaridad obligatoria o que carezcan de titulación profesional. 800 euros durante tres años ó 1000 si son mujeres.
- Mayores de 45 años, inscritos en la Oficina de Empleo durante al menos doce meses de los últimos dieciocho: 1200 durante tres años y 1400 euros si son mujeres.
- Transformación de contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, en indefinidos: 500 euros durante tres años o 700 en mujeres.
- En los contratos para la formación.
- Requisitos generales. Contratos de formación y sus prórrogas celebrados hasta el 31 de diciembre de 2011 con trabajadores desempleados e inscritos en la oficina de empleo, incremento del nivel de empleo fijo de la empresa.
- Ventaja: durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, una bonificación del cien por cien de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, correspondientes a dichos contratos. También se bonificará el cien por cien de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social.
H) Contratos en prácticas. Art. 11.1 ET.
- Destinatarios. Los que estén en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o equivalentes, o de certificado de profesionalidad, dentro de los cinco años, o de siete años en caso de discapacitados, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, de acuerdo con las siguientes reglas.
- Requisitos. Entre ellos, están:
b) La duración del contrato estará entre seis meses y de dos años, límite global por trabajador aunque cambie de empresa.
c) La retribución no podrá ser inferior, salvo convenio colectivo, al 60 o al 75 por 100 durante el primero o el segundo año, respecto al salario fijado en convenio para un trabajador con puesto similar.
I) Contrato para la formación. Art. 11.2 ET
- Objeto del contrato: La adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación,
- Destinatarios: trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veintiún años que carezcan de la titulación o del certificado de profesionalidad requerido para realizar un contrato en prácticas. Se llega a los veinticuatro años para desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios. Y no habrá límite de edad para desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de talleres de empleo o se trate de personas con discapacidad. Hasta el 31 de diciembre de 2011 podrán realizarse contratos para la formación con trabajadores menores de veinticinco años
- La duración del contrato estará entre seis meses y de dos años, límite global por trabajador aunque cambie de empresa. Por convenio puede llegar a tres años o a cuatro para discapacitados.
- La formación teórica deberá abarcar al menos el 15% de la jornada máxima y su trabajo efectivo deberá estar relacionado con las tareas propias del nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo objeto del contrato. Si se incumple por el empresario la formación teórica, el contrato pasará a ser común.
- La retribución durante el primer año no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Durante el segundo año, no podrá ser inferior a dicho salario mínimo, con independencia del tiempo dedicado a la formación teórica.
- La acción protectora de la Seguridad Social incluirá el desempleo.
J) FOGASA. Según la D. Tr. 3ª, parte de la indemnización será pagada por el Fondo de Garantía Salarial en los nuevos contratos de carácter indefinido.
- Contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, celebrados con posterioridad al 18 de junio de 2010.
- Extinción del contrato por las causas previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores o en el artículo 64 de la Ley Concursal.
- Contrato de duración superior al año.
- Cuantía. El Fondo abonará directamente al trabajador una cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año.
- Duración. Lo establecido en esta disposición será de aplicación hasta la entrada en funcionamiento del Fondo de capitalización que veremos seguidamente.
- El abono del 40 por ciento de la indemnización legal en las empresas de menos de 25 trabajadores, para los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores para los casos en él previstos.
Ver artículo sobre el FOGASA, respecto a notarios y registradores y modelo de solicitud.
K) Fondo de capitalización.
- El Gobierno, antes del 18 de junio de 2011, aprobará un proyecto de ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar. Se trata del modelo austriaco.
- El trabajador podrá hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en el Fondo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.
- Las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirán en un número de días por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo.
- El Fondo deberá estar operativo a partir de 1 de enero de 2012.
L) Absentismo laboral.
El contrato de trabajo podrá extinguirse, tras la reforma del art. 52 d) del Estatuto de los Trabajadores:
d) Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5 % en los mismos periodos de tiempo (antes el 5%). Se enumeran las situaciones que no se considerarán faltas de asistencia.
Entrada en vigor: El 19 de septiembre de 2010, salvo las disposiciones sobre agencias de colocación que precisan de normativa de desarrollo.
Ver resumen del RDL de junio.
Agencia EFE Cinco Días Google.
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PERÚ. Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre la adhesión de Perú al Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961 (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" n.º 229, de 25 de septiembre de 1978).
Será pues admisible para Perú el sistema de legalización mediante la Apostilla de La Haya a partir del 30 de septiembre de 2010.
En consecuencia, la única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esta revestido, será la fijación de la apostilla expedida por la autoridad competente del estado del que dimane el documento.
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ASTURIAS. Ley 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, establece, en su artículo 10.1.27, que el Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en materia de cooperativas.
La presente ley se aplicará a las sociedades cooperativas que desarrollen total o principalmente la actividad cooperativizada con sus socios en Asturias, sin perjuicio de la actividad que realicen con terceros no socios, de la instrumental o de la personal accesoria que puedan realizar fuera de dicho ámbito territorial. También se aplicará a todas las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas que, con domicilio social en el Principado de Asturias, desarrollen su objeto social principalmente en ese ámbito territorial.
La cooperativa se constituirá mediante escritura pública y adquirirá personalidad jurídica desde el momento en que se inscriba en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias.
El Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias, adscrito a la Consejería competente en materia de cooperativas, tiene carácter público y estructura orgánica unitaria y competencia sobre todo el territorio asturiano. Entre sus competencias se encuentran las de calificación, depósito de cuentas, nombramiento de auditores o legalización de libros. Se aplicarán los principios de principios de publicidad material y formal, legalidad, legitimación, prioridad y tracto sucesivo ()
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MINISTERIO DE JUSTICIA. Real Decreto 1203/2010, de 24 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 869/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Esta reforma procede de un Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 abril 2010 que acordó modificar la estructura orgánica de los departamentos ministeriales, dentro del marco del plan de austeridad del gasto público.
Como consecuencia de él, se dictó el Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, de carácter general que, en cuanto a Justicia, suprimió la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional.
Posteriormente, el Real Decreto 869/2010, de 2 de julio, exclusivamente dedicado al Ministerio de Justicia, refundió la referida Dirección General suprimida y la de Relaciones con las Confesiones, en la nueva Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, que dependerá de la Secretaria de Estado.
Este Decreto ahora como complemento del anterior:
- Encuadra la nueva Dirección General en la Secretaría de Estado de Justicia y no en la Subsecretaría.
- La Abogacía General del Estado-Servicio Jurídico del Estado pasa a depender directamente del Ministro.
- Y la Dirección General de los Registros y del Notariado pasa a depender directamente de la Subsecretaría. Antes dependía de la Secretaría de estado de Justicia.
En el artículo 9 se recogen las funciones y estructura de la DGRN:
Se deroga el Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.
Ver reseña del Consejo de Ministros.
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CASTILLALEÓN. Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León.
Esta ley tiene como objeto establecer las normas pertinentes para hacer efectivo en Castilla y León el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, regulando, entre otras materias:
- El régimen de las viviendas de protección pública.
- Las medidas administrativas de fomento y garantía de la calidad de las viviendas.
- La protección de adquirentes y arrendatarios de viviendas.
- Las competencias de las Administraciones Públicas de Castilla y León en materia de vivienda.
Libro del edificio. A él se destinan los artículos 20 y 21.
- Se define como el conjunto de documentos, cualquiera que sea su soporte, que recoge la información técnica y jurídica del edificio así como las incidencias que puedan afectarle.
- Se enumeran los documentos que lo forman.
- Los promotores deben entregar el Libro del Edificio al primer adquirente y, en posteriores transmisiones, el libro debe entregarse siempre al nuevo adquirente. En caso de una comunidad de propietarios, lo recibirá su presidente quien lo pondrá a disposición de los propietarios.
- El promotor deberá proceder al depósito de un ejemplar del Libro del Edificio, acompañado de la certificación del arquitecto director de la obra, en que se acredite que ése es el Libro del edificio y que le ha sido entregado al promotor.
La publicidad e información que ha de darse sobre viviendas que se pretenden transmitir o arrendar se encuentran en los arts. 23 al 29. Incluye:
- Información para primeras transmisiones.
- Información para segundas transmisiones.
- Información para arrendatarios.
- Se define el concepto de viviendas de protección pública, pudiendo llegar a serlo las viviendas libres cuando se califiquen como tales ()
Los promotores deberán otorgar la escritura pública de compraventa y entregar las viviendas a sus adquirentes en el plazo de tres meses a contar desde la calificación definitiva o desde la fecha del contrato de compraventa si éste fuera posterior, siempre previa obtención de la licencia de primera ocupación.
Dentro del plazo previsto reglamentariamente los adquirentes y los promotores individuales para uso propio no podrán transmitir ínter vivos las viviendas ni ceder su uso por ningún título, salvo autorización administrativa si se prevé en el correspondiente plan de vivienda.
3. Las viviendas de protección pública quedarán gravadas con una afección de naturaleza real, en garantía de la devolución de las ayudas y subvenciones recibidas, cuando tenga lugar su transmisión dentro del plazo de vigencia de las limitaciones referidas.
La Administración de la Comunidad de Castilla y León ostenta un derecho de adquisición preferente en la segunda y posterior transmisión de las vpp y sus anejos vinculados, excepto en los casos en los que la transmisión tenga lugar entre cónyuges, entre miembros de una pareja de hecho inscrita o entre parientes hasta el segundo grado por consanguinidad, cuando se transmita a un cotitular, en las transmisiones mortis causa, así como en los casos de subasta o adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo.
Tiene derecho de retracto legal la Administración de la Comunidad de Castilla y León, o el Ayuntamiento respectivo cuando se trate de viviendas construidas sobre patrimonios municipales de suelo, sobre las segundas y posteriores transmisiones de las vpp.
Colaboración con Notarios y Registradores. Según el artículo 88, la Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá establecer cauces de cooperación y colaboración con el Colegio Notarial de Castilla y León o con el Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla y León, mediante la celebración de convenios, sin perjuicio de los ya celebrados, en los que se establecerán el contenido, alcance, procedimientos y características de la colaboración.
Se modifica la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León para permitir ceder o enajenar inmuebles propiedad de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León a favor de empresas, públicas o privadas, únicamente a los efectos de promover la construcción de viviendas de protección pública.
La Ley entró en vigor el 8 de septiembre de 2010.
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OPOSICIONES REGISTROS. Resolución de 23 de agosto de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos a las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, se corrigen errores y se señala lugar y fecha del sorteo.
PDF (BOE-A-2010-13599 - 2 págs. - 166 KB) Otros formatos Corrección de errores.
CONCURSO REGISTROS DGRN. Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario nº 280 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado por Resolución de 30 de junio de 2010, y se dispone su comunicación a las comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.
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CONCURSO REGISTROS CATALUÑA. Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocado por Resolución JUS/2310/2010, de 30 de junio.
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OPOSICIONES A REGISTROS: TRIBUNAL. Orden JUS/2407/2010, de 9 de septiembre, por la que se nombran los miembros del Tribunal Calificador de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 13 de mayo de 2010.
El Tribunal examinador tendrá la siguiente composición:
- Presidente: D. José Poveda Díaz, Registrador de la Propiedad de Torrejón de Ardoz n.º 1, Registrador adscrito a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
- Vocal: D.ª Carmen García de Leaniz Cavallé, Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid.
- Vocal: D.ª Monserrat Martínez López, Notaria de Gijón.
- Vocal: D.ª Gema María Díez-Picazo, Profesora Titular de Derecho Civil, Univ. Autónoma de Madrid.
- Vocal: D. Emilio Jiménez Aparicio, Abogado del Estado.
- Vocal: D. Emilio Campmany Bermejo, Registrador de Guadalajara n.º 1 y Mercantil.
- Secretaria: D.ª María Belén Menéndez García, Registradora de la Propiedad de Illescas n.º 2, Vocal Adjunta al Decano del Colegio de Registradores.
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Don Jacinto Maqueda Morales, Registrador de la Propiedad de Santa Fe nº 2.
Don Manuel Ridruejo González, Registrador de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor n.º 1.
Don Ángel García Miranda, Registrador de la Propiedad de Madrid n.º 23.
NO SE HAN PUBLICADO EN EL BOE DE SEPTIEMBRE 2010
Se plantea si la venta de una participación indivisa de una finca rústica sin asignación de uso puede considerarse parcelación que precise licencia o declaración de innecesariedad, teniendo en cuenta que el vendedor en el número anterior de protocolo, con consentimiento de los de­­más condueños, declaró la obra nueva de una vivienda en concepto de autopromoción a los efectos de que no proceda seguro decenal, y que en el historial registral de la finca tras 3 segregaciones, se fueron vendiendo participaciones indivisas y en las ultimas inscripciones declarando viviendas rurales aisladas.
() (MN)
(). (AFS)
Visita nº desde el 18 de octubre de 2010.

References: resolución 
 artículo 47
 artículo 203
 artículo 64
 artículo 33
 Resolución 
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 88
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución