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Timestamp: 2019-07-23 22:41:24+00:00

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Observatorio / Perú
Según el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006, Perú se ubica en la posición 82 entre 177 países (con un valor de 0,767), en la categoría de países calificados de desarrollo humano medio.
El Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006 coloca a Perú en la posición 67 entre 136 países (con un valor de 0,759). Este Informe muestra en los indicadores que conforman el IDG que la tasa de matriculación combinada en enseñanza primaria, secundaria y terciaria es de 88% para mujeres y 85% para hombres. En cuanto a la esperanza de vida, señala que las mujeres viven aproximadamente cinco años más que los hombres (72,9 y 67,8 respectivamente). Sin embargo, en los otros dos indicadores los datos muestran una brecha de género en detrimento de la mujer. Existe un margen de más de diez puntos en menoscabo de las mujeres con respecto a la tasa de alfabetización en adultos, detallándose que la tasa de hombres llega a 93,5% y la tasa de mujeres a 82,1%. Finalmente, en cuanto a los ingresos medios estimados en dólares (PPA), en Perú se observa que los ingresos de las mujeres representan menos de la mitad de los ingresos de los hombres (3.294 $ PPA las mujeres y los hombres 8.036).
Perú muestra una evolución irregular en el valor del indicador y en la clasificación relativa. Por otra parte, se puede notar un leve avance en cuanto a la clasificación, pues ocupaba la posición 48 del IPG en el Informe Mundial de 2005 entre 80 países pasando en el Informe Mundial de 2006 a la clasificación 39 entre 75 países.
En el Informe Mundial de Desarrollo Humano de 2006, se puntualiza que el porcentaje de mujeres que ocupan puestos ejecutivos y administrativos es del 19%, mientras que la participación de las mujeres en los puestos profesionales y técnicos asciende al 44%. La proporción de mujeres en escaños parlamentarios es del 29,0%. Finalmente, si la relación equitativa en los ingresos percibidos entre hombres y mujeres sería 1, en el caso de Perú es de 0,41, lo que indica una cifra muy desfavorable, para la mujer (muy por debajo de la mitad).
El Primer Informe sobre el avance de los ODM de 2004, titulado “Hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú”, presentado por la oficina de la ONU en este país, se puntualiza en torno a la relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior que “hay progreso hacia una casi igualdad entre niñas y niños en el caso de la educación primaria, un retroceso sostenido perjudicial para las niñas en el caso de la educación secundaria y cifras volátiles que pueden aproximarse a la igualdad en lo referido a la educación superior”. Aclara este Informe que esa “pseudo igualdad” mostrada deja de existir especialmente en los casos de educación secundaria y superior en el sector de pobreza extrema, donde la relación fue 80.49% niñas por cada 100 niños para la educación secundaria, y 79.4% mujeres por cada 100 hombres para la educación superior en el 2002. Es decir, agrega el Informe, “ante una situación de pobreza extrema, se tiende a sacrificar la educación de las niñas”. Esta desigualdad es mayor en el caso de la zona de Sierra rural, en donde la relación porcentual de niñas y niños en educación secundaria era en el 2002 de 66,58%, mientras que en Lima se observa una menor desigualdad con un 96,84%.
En cuanto a la relación entre las tasas de alfabetismo de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años este Informe asegura que “existe una diferencia muy pequeña (menos de 5 puntos porcentuales) a escala nacional en detrimento de las mujeres. Esta disparidad se agrava, al consideras únicamente a la población rural, ya que en este caso la relación disminuye a 84,5% para este grupo etáreo”. Este mismo Informe asegura que las diferencias se marcan aún más entre personas de mayor edad, lo cual, señala la existencia de “patrones ancestrales de exclusión de la mujer respecto a las oportunidades de superación provistas por la educación”.
Relación entre tasas de alfabetismo
de mujeres a hombres, 2002
Fuente: ENAHO 2002 - IV trimestre
La proporción de mujeres entre los empleados en el sector no agrícola en relación con el total de trabajadores en esas actividades, se mantiene estancada desde el año 1991, con un 41.29% y un 42.2% en el año 2002, puntualiza el mismo Informe, que además señala que “la década de 1990 se caracterizó por la participación creciente de la mujer en el mercado de trabajo. Entre 1993 y el 2001, las mujeres peruanas en edad de trabajar incrementaron su inserción en el mercado de 35% a 57%, mientras que en el mismo período la inserción masculina aumentó de 73% a 79%. El crecimiento de la oferta laboral se dio en un contexto de reestructuración de la economía, decrecimiento del empleo productivo e incremento vertiginoso del empleo informal. Por ello, la mayor parte de dicha oferta fue dirigida a trabajos de baja productividad, con exigencias mínimas de capacitación y carentes de protección y previsión social”.
Se observa que los ingresos percibidos por la mujer son menores que los del hombre aún en grupos de ocupación e instrucción similares. Por ejemplo, en el 2002, las mujeres en ocupaciones de mayor calificación percibieron en promedio 77% de los ingresos percibidos por los hombres en ocupaciones equivalentes. La brecha entre los ingresos tiende a acentuarse conforme disminuye el nivel de calificación requerido.
En cuanto a la proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional, luego de las elecciones realizadas en el 2006 el porcentaje de mujeres parlamentarias se incrementó más de diez puntos porcentuales respecto de la anterior jornada electoral, realizada en el 2001. El 29% de parlamentarias (35 mujeres) electas en el 2006 es el más alto de las últimas décadas:
Porcentaje de puestos ocupados por mujeres en procesos electorales parlamentarios
Con relación a la meta ponderada para la región para el ICC, establecida en el 77,75%, Perú muestra un avance en los valores aunque se mantiene aún distante de alcanzar la meta, con el 57.9% en 1995, 65.8% en el 2000, y 65.9% en el 2003.
Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a participación ciudadana y acceso al poder (ver documento). En esta área se observa que en Perú existen significativos retrocesos en el logro de la paridad, siendo el 50% la meta trazada para los indicadores que conforman esta área temática: representación en el poder ejecutivo, legislativo y local.
En cuanto al indicador de representación en el poder ejecutivo, que incluye cargos de Ministras de Estado o Secretarias Ministeriales nacionales o federales, se observa un marcado retroceso en el último año de los tres considerados, siendo: 0,0% en 1995, 20,0% en el 2000, descendiendo a 12,5% en el año 2003.
En torno a la representación en el poder legislativo, que incluye cargos parlamentarios nacionales o federales, a pesar de haber avanzado considerablemente en el segundo año, experimenta un retroceso en el año 2003, siendo las fluctuaciones así: 10,8% en 1995, aumentando a 21,7% en el 2000, retrocediendo para 2003 al 18,3%.
Como en los indicadores anteriores, respecto al poder local también se observa una tendencia a la disminución de la participación de las mujeres en el poder local, con una situación desfavorable para la mujer al presentar las siguientes variaciones: 3,2% en 1995, 4,7% en el 2000, retrocediendo a 2,6% en el 2003.
El Primer Informe sobre el avance de los ODM de 2004, titulado “Hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú”, presentado por la oficina de Naciones Unidas en este país, puntualiza que las mujeres peruanas obtuvieron el derecho al voto en 1955, pero su participación y representación política segue limitada. A partir de 1997 con la promulgación de la ley de cuotas del 30%, la proporción de puestos ocupados por mujeres en el Parlamento ha comenzado a incrementarse.
Según este mismo Informe las inequidades en el ejercicio del poder político se agudizan al considerar otras instancias de toma de decisiones a escala nacional, regional y local: de los 1624 alcaldes distritales, 48 son mujeres; de los 193 alcaldes provinciales, 4 son mujeres; de los 25 presidentes elegidos en los gobiernos regionales, 3 son mujeres; del total de directivos de los 21 partidos políticos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, 2 son mujeres y, finalmente, hay una mujer por cada dos hombres entre los directivos de los Comités Locales de Administración de Salud y entre los Coordinadores de Seguridad Ciudadana.
Los valores generales de esta área temática para los años 1995, 2000 y 2003 fueron: 71,7%, 76,2% y 76,9% respectivamente; avances importantes que sin embargo mantiene a Perú lejos de la meta total ponderada para la región (98,30%), a partir de los indicadores que lo constituyen: 1) Relación de ingresos medios de las mujeres ocupadas respecto de los hombres ocupados; 2) Hogares con jefatura femenina en categoría no pobres; 3) Mujeres alfabetizadas de 15 a 24 años de edad.
Respecto a la relación de ingresos medios, Perú muestra una leve evolución en el logro de la meta trazada para la región (100%), siendo 54,4% en 1995, 63,4% en el 2000, llegando a 67,1% en el 2003.
En cuanto al porcentaje de hogares con jefatura femenina en categoría no pobres, siendo la meta regional el 95%, Perú retrocedió levemente al final del período estudiado: 66,7% en 1995, 69,7% en el 2000, y 67,6% en el 2003, es decir, para este último año 2,1% de hogares con jefatura femenina pasaron a la categoría de pobres.
En torno al tercer indicador, la meta establecida para la región es que el 100% de mujeres de 15 a 24 sean alfabetizadas. Este es uno de los indicadores que evidencian un mayor avance en Perú, a poco de cinco por ciento de alcanzar la meta, siendo: 93,8% en 1995; 95,2% en el 2000 y llegando al 95,6% en el 2003.
Según un estudio de Flora Tristán, titulado Recomendaciones políticas para el cumplimiento de las Metas del Milenio, las mujeres destinan más del 50% de su tiempo al trabajo no remunerado, fundamentalmente para cocinar y realizar quehaceres de la casa. Esto las coloca en una situación de desigualdad para su incorporación y permanencia en el mercado de trabajo en comparación a los hombres. Por ello, “la atención a este sector demanda de políticas articuladas e integrales que recuperen y reconozcan también el derecho de las jefas de hogar al tiempo libre y al esparcimiento como componente de la calidad de vida”.
Por otra parte, según estadísticas de género de la CEPAL, se observa entre otros datos que la tasa de desempleo urbano en Perú durante el 2002 era del 7.6% para la mujer y del 6.8% para los hombres. Además, se agrega que el ingreso per cápita urbano por mujer era el 50.4 % del ingreso per cápita urbano por hombre, para el 2001.
Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos (ver documento). La evolución general en Perú, en torno a esta área, muestra un avance constante en los años considerados, siendo: 67,8% en 1995, 74,2% en el 2000, y 78,7% en el 2003, ello a partir de los indicadores que lo constituyen:
1) Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos modernos. Para este indicador la meta establecida a escala regional es de 60%, de ahí que se observe un avance sostenido en Perú, pues pasó del 32,7% de 1995, al 41,3% en el 2000, avanzando al 50,4% en el 2003,.
2) Nacidos vivos de madres de 20 o más años. En cuanto a este indicador, establecido con una meta regional de 95%, se observa que Perú se mantiene en una buena posición aunque haya experimentado leves retrocesos: siendo para 1995 el 90,6%, para el 2000 90,1%, y pasando a 90,5% en el 2003.
3) Atención institucional al parto. Partiendo de que la meta establecida para este indicador ha sido del 100%, se observa en Perú un aumento que sin embargo lo mantiene lejos de la alcanzar la meta, observando así las variaciones: 49,6% (en 1995), 57,8% (en 2000), siendo este país el tercero en la región con peor atención institucional al parto (después de Nicaragua y Bolivia) al llegar a 59,8% en el 2003.
En Recomendaciones políticas para el cumplimiento de las Metas del Milenio, elaborado por Ma. Jennie Dador Tozzini, se afirma que Perú, junto a Bolivia, Haití, Guatemala y Honduras, es uno de los países de América Latina y El Caribe que aún mantiene altos niveles de mortalidad materna: 185 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, lo que implica 1258 muertes anuales. El estudio denuncia que “ni siquiera se ha logrado la meta de la Conferencia de El Cairo: reducir la mortalidad materna a la mitad de los niveles de 1990 para el año 2000, mucho menos una nueva reducción a la mitad para el año 2015”.
Las principales causas de mortalidad materna en el 2001, según datos del Ministerio de Salud de Perú, eran: hemorragia (47%), otras (19%), infección (15%), hipertensión inducida por el embarazo (12%), aborto (5%), TBC (1%) y parto obstruido (1%). El tiempo en que se producen las muertes maternas según los registros al año 2000 es el 25% durante el embarazo, 50% dentro de las primeras 24 horas postparto, 20% del segundo al séptimo día postparto y el 5% desde la segunda a la sexta semana postparto.
El estudio también muestra que sólo el 57,9% de las gestantes atendieron sus partos en un establecimiento de salud, no habiendo variado significativamente del 54,9% reportado en 1996. En las zonas rurales el parto institucionalizado solo llega al 23%, lo cual refleja la falta de equidad en el acceso. En el caso de la población adolescente, sólo el 52% tuvo parto institucional, ligeramente más que el 48% reportado en 1996. Pese a ello el 85% de las mujeres acude a los controles prenatales. Pero este porcentaje disminuye considerablemente cuando se trata de adolescentes con menor grado de educación, sin parejas, que no usan métodos anticonceptivos y desconocen su ciclo menstrual.
El mismo estudio indica que las mujeres indígenas tienen un nivel de esperanza de vida mucho más bajo, debido a su exposición al riesgo de embarazos a temprana edad, a las complicaciones de salud que esto implica y a la inaccesibilidad a los servicios, ya sea por su ubicación geográfica, por los costos económicos o por la poca aceptabilidad de los servicios médicos a sus cosmovisiones sobre el cuerpo, la sexualidad y la enfermedad.
En cuanto al aborto, en el Perú éste es considerado ilegal y constituye un delito según el Código Penal de 1991. El único caso de aborto no sancionado por la ley es el que se realiza para salvar la vida de la mujer o evitarle un mal grave o permanente. La legislación prevé, además, que son atenuantes cuando el feto es incompatible con la vida y tiene no más de 6 meses y ha sido producto de una violación sexual. Las mujeres que se someten a un aborto pueden ser sancionadas con penas de 1 a 3 años de cárcel, mientras que aquellos que lo practican pueden ser condenados por 6 años de pena privativa de la libertad.
En el informe de país, presentado en el Foro Mundial sobre la Educación, se asegura que los niveles de alfabetismo de la población eran relativamente elevados en 1993 (87,2%) y se ha mantenido una tendencia creciente hacia su universalización. Sin embargo, se puntualiza, en cuanto al índice de paridad de género, “la condición de alfabetización no es homogénea, lo cual se hace aún más marcado en el caso de las poblaciones rurales y de mayor edad.”
Los datos más recientes en esta temática son los presentados por la UNESCO, en los que se observan las grandes brechas existentes en la tasa desagregada de alfabetismo y analfabetismo entre la población de quince años y más.
Tasa de alfabetismo y población analfabeta de 15 y más años, Abril 2006
1.965.087
1.473.815
(*) Perú: MED-SPE/UE; sobre la base de los resultados de la ENAHO 2005 realizada por el INEI
SIMBOLOS USADOS: s: Encuesta
Según el estudio cualitativo Violencia intrafamiliar: los caminos de las mujeres que rompieron el silencio de 1995 se indicaba entonces que seis de cada diez mujeres eran golpeadas y que el mayor índice de maltrato se produciría en la relación de pareja (74%). La persona más maltratada en la familia era la mujer (60%) y el tipo de maltrato más alto es la agresión física (76%), la que generalmente ocurre en estado de sobriedad del agresor.
La violencia física y sexual contra la mujer es la expresión más extrema de las inequidades de género, según el Primer Informe sobre el avance de los ODM de 2004. Según datos de 2004, el 42% de las mujeres de 15 a 49 años reportaron haber sido agredidas físicamente por su pareja.
La Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, Ley No. 26260 fue adoptada en diciembre de 1993 y modificada por la Ley No. 26763, adoptada en marzo de 1997.
De acuerdo con la oficina del UNFPA Perú, en 2005 la violencia de género afectaba a las mujeres en todas las regiones y los grupos sociales. Según UNFPA, el 48% de las mujeres entrevistadas en Lima y el 61% de las entrevistadas en Cuzco habían sufrido violencia física cometida por sus parejas.
La creación del Ministerio de la Mujer y Promoción del Desarrollo Humano (PROMUDEH) en 1996 marcó el inicio de un cambio en el tratamiento de los derechos de la mujer. En este momento, se le asignó la responsabilidad de ser el ente rector de las políticas y programas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con la potestad de monitorear los esfuerzos de todos los sectores del Estado en este tema. Este mandato convirtió al PROMUDEH en la institución principal, responsable de promover la igualdad de género en el país.
En el marco del proceso de reforma del Estado en el país, en 2002, se crea el Ministerio De La Mujer Y Desarrollo Social, MIMDES, como órgano ejecutivo encargado de diseñar, proponer y ejecutar la política de desarrollo social y humano mediante la promoción de la equidad de género y la igualdad de oportunidades para la mujer, la niñez, la tercera edad y las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema, discriminadas y excluidas. Este mandato vira sin embargo la acción del Ministerio hacia la lucha contra la pobreza en detrimento de su rol rector en materia de igualdad de género.
El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres (PIO) 2000-2005 es un instrumento de política nacional con los objetivos de promover el adelanto de las mujeres y su participación plena en la vida social, cultural y política del país, garantizar la igualdad de trato y oportunidades para las mujeres y varones, y contribuir a acortar las brechas de género mediante acciones afirmativas. Comenta el Primer Informe sobre el avance de los ODM, “que esta versión del PIO carece de una visión estratégica orientada a lograr cambios fundamentales en la condición y posición de la mujer, y carece de acciones estratégicas para la generación de capacidades en la administración pública orientadas a su eficiente implementación, monitoreo y evaluación”.
A pesar del señalamiento anterior, se han dado pasos importantes en términos de la aceptación de los acuerdos internacionales en materia de equidad de género y la promoción de legislación con avances sustantivos en términos de normatividad. El Estado peruano se ha comprometido a ejecutar acciones en temas puntuales, implementar mecanismos y acciones afirmativas a favor de las mujeres, y realizar el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas a fin de que incorporen los conceptos de equidad de género e igualdad de oportunidades. Estos esfuerzos se llevan a cabo en el marco de la firma y ratificación de los siguientes compromisos internacionales:
De nivel universal (ONU)
Declaración Universal De Los Derechos Humanos (1948) - Aprobada por Resolución Legislativa N° 13282 Del 15.12.1959.
Convención Sobre Los Derechos Políticos De La Mujer (1952) - Aprobada por Decreto Ley N° 21177 Del 10.06.1975.
Convención Internacional Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Racial (1965) - Aprobada por Decreto Ley N° 18969 Del 21.09.1971.
Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos (1966) - Aprobado por Decreto Ley N° 22128 Del 28.03.1978
Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (1979) - Aprobada por Resolución Legislativa N° 23432 Del 04.06.1982. y su Protocolo Facultativo, firmado (2000) y ratificado (2001)
De nivel regional (OEA)
Convención Interamericana Sobre Concesión de Los Derechos Políticos a La Mujer (1948) - Aprobada por Resolución Legislativa N° 12409 del 05.11.1955.
Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto De San José De Costa Rica” (1969) - Aprobada por Decreto Ley N° 22231 del 11.07.1978. Ratificada por la XVI Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1979 Vigente para el Perú desde 1981.
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Lamujer “Convención De Belém Do Pará” (1994) - Aprobada por Resolución Legislativa N° 26583 del 25.03.1996
Carta Democrática Interamericana - Aprobada el 11 de septiembre de 2001, en el 28 Período extraordinario de sesiones de la OEA
Resolución Sobre Promoción Y Fortalecimiento De La Democracia. Seguimiento De La Carta Interamericana -. Resolución de la Asamblea General de la OEA N° 1957 (XXXIII-0/03) 2003.
Carta Andina - Suscrita por los presidentes de las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Guayaquil, 2002.
Perú ha suscrito asimismo declaraciones, recomendaciones, programas, plataformas de acción y acuerdos políticos también en el nivel universal y en el regional.
Según información publicada por el Centro de Documentación del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) el 31 de marzo se publicó en Perú, por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS, la aprobación del reglamento de la ley que creó el registro de deudores alimentarios morosos. En ésta ley se entiende por deudor moroso a toda persona que se encuentra obligada a la prestación de alimentos en virtud de lo resuelto en un proceso judicial culminado, ya sea con sentencia consentida o ejecutoriada o por acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, siempre que se encuentre adeudando, por lo menos, tres cuotas sucesivas o alternadas de sus obligaciones alimentarias. También será deudor la persona que adeude, por lo menos, tres pensiones devengadas en un proceso cautelar o en un proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales.
Esta norma regula la aplicación de la Ley Nº 28970, estableciendo definiciones, responsabilidad del registro, condiciones para la Declaración Judicial, Procedimiento de Registro, así como las obligaciones de las entidades públicas tales como el Ministerio de Trabajo, Superintendencia Nacional de Registros Públicos y los órganos jurisdiccionales al respecto.

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