Source: https://lpderecho.pe/acredita-violencia-familiar-modalidad-maltrato-psicologico-casacion-2215-2017-del-santa/
Timestamp: 2020-08-14 05:45:45+00:00

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¿Cómo se acredita violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico? [Casación 2215-2017, Del Santa] | LP
Inicio Jurisprudencia Casación ¿Cómo se acredita violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico?
SEXTO.- Que, estando al sustento del recurso de casación, es necesario destacar que, el debido proceso es un derecho complejo; pues está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se refieren a las estructuras, características del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. «El Derecho a un Juicio Justo». En: Las garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) entre otros.
NOVENO.- Que, el principio de la motivación de los fallos judiciales constituye una exigencia que está regulada como garantía constitucional, consagrada en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, el cual asegura la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, ella resguarda a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias de los jueces, quienes de este modo no pueden ampararse en imprecisiones subjetivas ni decir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas en que sostienen sus juicios y a valorarlas racionalmente; en tal sentido, la falta de motivación no puede consistir, simplemente, en que el juzgador no exponga la línea de razonamiento que lo determina a decidir la controversia, sino también en no ponderar los elementos introducidos en el proceso de acuerdo con el sistema legal, es decir, no justificar suficientemente la parte resolutiva de la sentencia a fin de legitimarla. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional señala que «el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificados en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso»[1]
DÉCIMO PRIMERO.- Habiéndose desestimado la infracción normativa procesal, corresponde emitir pronunciamiento respecto de la infracción normativa material del articulo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley número 26260 – Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobado por el Decreto Supremo número 006-97-JUS. Sobre ello, es necesario precisar que atendiendo a que los actos de Violencia Familiar no afectan sólo al agraviado directo sino que crean una situación de zozobra dentro de su entorno, alcanzando a los demás miembros que conviven con la víctima así como a la comunidad en general, es que como parte de la política de protección a los derechos fundamentales se ha implementado un proceso expeditivo cuyo principal objetivo es lograr la erradicación definitiva de toda clase de violencia en el interior de la familia, objetivo que constituye una necesidad social para el aseguramiento del desarrollo de una sana convivencia social, reconociéndose a la lucha contra la violencia familiar como política de Estado a fin de desarrollar un rol de protección de los derechos al interior de la familia, estableciéndose en esa línea en nuestro sistema jurídico normas destinadas a ese fin, como la Ley número 26260 – Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, que en su artículo 2 modificado por el artículo 1 de la Ley número 27306, establece que: «(…) se entenderá por violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzcan entre: a) Cónyuges, b) Ex cónyuges, c) Convivientes, d) Ex convivientes, e) Ascendientes, f) Descendientes, g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, h) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, i) Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia, j) Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho.» (Énfasis agregado).
Por lo tanto, atendiendo a lo expuesto, corresponde amparar el recurso de casación conforme a lo señalado por el artículo 396 del Código Procesal Civil; por lo que declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada Dina Delicia Alva de Diestra a fojas trescientos treinta y uno; en consecuencia CASARON la Sentencia de Vista contenida en la resolución número veintitrés de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos quince y siguientes, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la Sentencia apelada que declaró infundada la demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial «El Peruano», bajo responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio Público contra Dina Delicia Alva de Diestra y otros, sobre Violencia Familiar; y los devolvieron. Ponente Señor De la Barra Barrera, Juez Supremo.

References: artículo 139
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 396
 resolución 
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