Source: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/c-775_1910.htm
Timestamp: 2020-07-10 19:06:01+00:00

Document:
Normograma Municipio de Medellin [C-775_1910]
1.3.2	Intervención de los ciudadanos Jairo Augusto Quintana Riveros y Freddy Giovanny Vanegas
Afirmar que la norma demandada es exequible, en aras de proteger los derechos patrimoniales de la persona que se encarga de un menor que ha sido abandonado, siempre y cuando no se menoscaben los derechos del menor de dieciocho años.
Afirmar que es inexequible, por cuanto se vulneran los derechos fundamentales de los menores de edad, tal y como argumenta la demanda.
Afirmar que es exequible condicionada, si es posible armonizar los derechos patrimoniales del tercero y los derechos fundamentales del menor de dieciocho años que ha sido abandonado.
Supuestos que consagra la norma acusada: cumplimiento del requisito de certeza.
La derogación y el control de constitucionalidad
En términos generales se ha reconocido que la derogación es la revocación total o parcial de un precepto por disposición del legislador quien, en ejercicio de su libertad de configuración normativa, decide expresamente sustituir una disposición por otra o dejarla sin efectos, lo que se conoce como derogación expresa, o, regular un determinado hecho o fenómeno en forma diversa a como se venía tratando en normas anteriores, sin señalar expresamente qué disposiciones quedan sin efectos, lo que implica que aquellas se tornan incompatibles con la nueva regulación. A esta clase de derogación se conoce como derogación tácita. Estas dos clases de derogación se encuentran reglamentadas en los artículos 71y 72 del Código Civil, así:
"Artículo 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
"Artículo 72. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley"[4].
En términos de esta Corporación "la derogación es la cesación de la vigencia de una disposición como efecto de una norma posterior, por cuanto la derogación no se basa en un cuestionamiento de la validez de la norma -como sucede cuando ésta es anulada o declarada inexequible por los jueces- sino en criterios de oportunidad libremente evaluados por las autoridades competentes, y en especial, en relación con las leyes, por el Congreso"[6]. En otros términos, la derogación es expresión plena del principio democrático.
"la acción pública de inconstitucionalidad exige de esta Corporación un juicio de validez y un análisis constitucional. No ha sido concebida para que la Corte haga un juicio de vigencia ni un estudio de los efectos derogatorios de las normas jurídicas. Cuando la Corte ha entrado a definir si la norma demandada está vigente, lo ha hecho para determinar la materia legal sujeta a su control. El análisis de vigencia de la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para determinar el objeto del control"[7].
"la derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social, mientras la inexequibilidad es un fenómeno de teoría jurídica que incide tanto en la vigencia como en la validez de la norma. Luego, dentro del ordenamiento jurídico no es lo mismo inexequibilidad que derogación"[8]
"Ciertamente, la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que la sustitución o derogatoria de una norma no es por sí misma motivo o causa para el rechazo de la demanda o para que la Corte profiera un fallo inhibitorio; lo anterior por cuanto la norma puede encontrarse produciendo efectos jurídicos, o llegar a producirlos en el futuro, por lo cual puede ser necesario un pronunciamiento de mérito. Así pues, si la Corte ha considerado que mantiene competencia para conocer y decidir demandas de inconstitucionalidad dirigidas en contra de disposiciones que han perdido vigencia mas no eficacia, es decir que siguen produciendo efectos jurídicos a pesar de haber sido derogadas o sustituidas" [9]
Los supuestos de hecho de la norma acusada fueron derogados por el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor y posteriormente por el sistema de protección integral que el Constituyente de 1991 exigió para los niños, niñas y adolescentes y que el legislador implementó mediante la Ley 1098 de 2006.
El artículo acusado hace parte de la redacción original del Código Civil, adoptado como legislación para toda la Unión mediante la Ley 57 de 1887, no obstante, es necesario recordar que el código fue sancionado en 1876, razón por la que el primer aspecto que debe preguntarse la Corte, es sobre su vigencia, especialmente, porque en los años 1989 y 2006, se expidieron normativas concretas para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a las cuales es necesario analizar si se introdujo alguna modificación, derogación o sustitución que permita sostener que el artículo 268 no está vigente.
Lo primero que se debe advertir, es que las normas expedidas con anterioridad a la Constitución de 1991 no perdieron su fuerza normativa por el sólo hecho de la promulgación de la nueva Carta. Sólo aquellos preceptos manifiestamente contrarios a los valores y principios de la Constitución podían entenderse derogados tácitamente por la entrada en vigencia de la Constitución.[10]
El Decreto 2737 de 1989, Código del Menor, fue la primera regulación integral que expidió el legislador colombiano para codificar los temas relacionados con los menores de dieciocho años. En especial lo que se denominó como situaciones irregulares en las que un niño, niña o adolescente podía encontrarse.
En ese sentido, el artículo 31 enumeró los casos en que un niño, niña o adolescente se encontraba en situación de abandono o peligro, fijando, entre otras circunstancias, la del numeral 3, que hace referencia a la falta "... en forma absoluta o temporal las personas que, conforme a la Ley, han de tener el cuidado personal de su crianza y educación; o existiendo, incumplieren las obligaciones o deberes correspondientes, o carecieren de las calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta formación del menor".
Decretada la medida de protección, los padres del niño, niña o adolescente podían solicitar al funcionario correspondiente su suspensión, si demostraban plenamente superadas las circunstancias que dieron lugar a su imposición y "razonables motivos para esperar que no volverán a producirse", artículo 64 del Decreto 2737 de 1989. Esta norma, por ejemplo, deja sin sustento la afirmación de la demanda, según la cual, no existe un procedimiento que permita a los padres que han abandonado a sus hijos buscar la garantía de sus derechos.
2.5.5	Bajo esta normativa, el otro supuesto de hecho que consagra la norma acusada: la sustracción del menor por parte de los padres biológicos no era permisible, dado que, para que tal hecho pudiera ocurrir, se requería la autorización de la autoridad competente, en este caso, del Instituto de Bienestar Familiar, a través de los defensores de familia o del juez competente.
2.5.6. En relación con los costos por el cuidado y manutención del menor de dieciocho años, y que según los demandantes generan un derecho de retención sobre él, fueron regulados en el artículo 79 del código en comento, cuando se señaló que el "Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá asignar un aporte mensual al hogar sustituto, para atender exclusivamente los gastos del menor. Por consiguiente, el hogar sustituto no tendrá derecho a reclamar remuneración alguna por el cuidado del menor, ni por ello se configurará relación laboral o contractual onerosa con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar."
Este aporte, en los términos del mismo precepto, permitía al Instituto subrogarse contra toda persona que, conforme a la ley, tenía la obligación alimentaria frente al niño, niña o adolescente abandonado. El artículo 81 por su parte, señalaba que: "Mientras un menor permanezca en colocación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se subrogará en los derechos del menor contra toda persona que conforme a la ley le deba los alimentos. Si como consecuencia del ejercicio de las acciones correspondientes, el Instituto recibiere sumas superiores a los aportes que estuviere entregando, o a los gastos que hubiere ocasionado la atención del menor, esos mayores se invertirán en beneficio de éste."
Así mismo, este Código regulaba la posibilidad del cuidador de un niño, niña o adolescente, de recurrir al Defensor, al Comisario o el Juez de Familia, para solicitar el pago de las obligaciones alimentarias, que en términos del artículo 133, consistían en "todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del menor."
El abandono, en esta legislación, se constituye en la primera situación de la que un niño, niña o adolescente debe ser protegido, tal como lo estipula el artículo 20, numeral 1, al señalar que todo menor de dieciocho años se debe resguardar de "El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y protección".
Igualmente se reconoció expresamente a la familia de crianza o solidaria, en el artículo 67 de la misma ley, definida como aquella que en cumplimiento del deber de solidaridad "asume la protección permanente de un niño, niña o adolescente y le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e integral de sus derechos", en estos casos, el legislador señala que no se modifica el parentesco.
En consecuencia, no se puede admitir que una familia de crianza o solidaria pueda retener a un niño, niña o adolescente por el no pago de los gastos en que incurrió, porque lo primero que debe resolverse es si ésta está en la obligación de entregar al menor de dieciocho años y si la familia biológica tiene el derecho a su cuidado, pues, tal como lo señaló esta Corporación en la sentencia T-510 de 2003[12], "el hecho de haber delegado el cuidado diario de un menor de edad en personas distintas de sus padres", puede constituir un motivo determinante para separarlo de su núcleo familiar, asunto que debe definir el sistema de protección, es decir, el Defensor o el juez de familia, entendiendo que si hay un vínculo fuerte entre la familia que cuidó y protegió al niño, niña o adolescente, como la prevalencia del interés superior de éste, se impone el mantenimiento del menor de dieciocho años en la familia de crianza o solidaria y no en la biológica.
"En ella [artículo 268 del Código Civil], según la teoría de los dos elementos de la norma jurídica, acogida y explicada por la Corte, el elemento material, o sea la hipótesis que se hace sobre una situación de hecho determinada, consistente en que haya un hijo que por ser abandonado por sus padres ha sido alimentado y criado por otra persona, y elemento formal, esto es, la consecuencia que el legislador le asigna a ese estado de hecho, y que aquí es el derecho del tercero para ser reembolsado de los costos de la crianza y educación, judicialmente tasados. La fuente de esta obligación paternal se vincula, pues, esencialmente al hecho de que el hijo haya sido abandonado y que este desamparo sea la causa determinante para que el protector hubiera echado sobre sí la carga de atender con su propio patrimonio las obligaciones que legalmente le corresponden a los padres, con ánimo de crear una relación jurídica que le dé base para demandar su reembolso, y no simplemente con un propósito caritativo y de mera liberalidad....Aunque el artículo 268 del c.c. contempla solamente la oportunidad de reembolso con ocasión de que los padres quieran sacar su hijo del poder de la persona que lo ha criado y alimentado, no hay en realidad ningún inconveniente de doctrina para aceptar la posibilidad de que el tercero, como es el caso, pueda demandar judicialmente a los padres para obligarlos a que le paguen los referidos gastos de crianza, teniendo en cuenta que tales expensas son una deuda impuesta por la ley a los padres y que no sería justo eximirlos de pagarla, pudiendo hacerlo, por el hecho de haber mediado el abandono...no hay duda de que la demanda del tercero debe sujetarse, no a las reglas generales del cuasicontrato, sino a las precisas y terminantes del artículo 268, que exige como elemento primordial que la deuda ajena se haya pagado por consecuencia del abandono físico"[14]
No obstante lo anterior, el Código Civil, en su redacción original, artículo 310, sí consagraba la pérdida de la patria potestad "por larga ausencia del padre, de la cual se siga perjuicio grave en los intereses del hijo, a que el padre ausente no provee". Precepto que fue modificado por los decretos 2820 de 1974 y 772 de 1975, que consagraron el abandono de los hijos como causal expresa de suspensión de la patria potestad y la emancipación judicial del hijo.
"Artículo 395. El que abandonare o expusiere un niño recién nacido, no inserto todavía en los registros del estado civil, estará sujeto a prisión de uno a tres años.
"Si tal cosa se hiciere para salvar el honor propio o el de su madre, mujer, descendiente, hija adoptiva o hermana, la sanción se reducirá a la mitad."
"Artículo 346: El que abandone a un menor de doce años o a persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de dos a seis años.
"Si el hecho descrito en el inciso anterior se cometiere en lugar despoblado o solitario, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte"
"El que abandone a un menor de doce años[15] o a una persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses."
"Si la conducta descrita en el inciso anterior se cometiere en lugar despoblado o solitario, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte."
Sobre el particular, es importante recordar que esta Corporación, entre otros casos, en sentencia T-292 de 2004[16] protegió el derecho de una niña a continuar con su familia de crianza frente al reclamo de su familia biológica para que la devolviera después de un año y medio de abandono. En esa oportunidad, la Corte Constitucional reconoció que la presunción constitucional a favor de la familia biológica cesa, por ejemplo, cuando ésta ha entregado al niño, niña o adolescente a una familia distinta y ésta lo ha cuidado durante un tiempo suficiente como para generar vínculos afectivos y de dependencia sólidos.
En efecto, los mencionados estatutos regulan lo concerniente a la situación jurídica de abandono, declarada por el Estado en el marco de un procedimiento administrativo encaminado a la adopción de un menor. Por el contrario, el artículo 286 del Código Civil versa sobre una situación fáctica o de hecho, que se presenta justamente al margen de la intervención del Estado, previendo una serie de consecuencias de orden económico en un ámbito diferente al proceso de adopción, en concreto frente a los derechos de quienes voluntariamente asumen la crianza y educación de hijos que luego pretenden ser "reclamados" por sus padres.
"2.5.12. Dentro de este contexto, aceptar que la norma acusada está vigente o que está produciendo efectos jurídicos, como parece lo entendieron no sólo los demandantes sino algunos intervinientes, implicaría desconocer de forma abierta todo el sistema de protección integral que concibió el Constituyente de 1991 para los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección y que fue desarrollado por el legislador ordinario en la Ley 1098 de 2006. Igualmente, sería un desconocimiento claro de la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, e incorporada a nuestro derecho interno mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991 y que a partir del 7 de julio de 1991, hace parte del bloque de constitucionalidad, en los términos del artículo 93 de la Constitución, en especial del artículo 3 que ordena la primacía del interés superior del niño, niña y adolescente".
El Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor, derogado) y la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia ) dentro del contexto de lo que se denominó "situaciones irregulares", en el primero, y "situaciones de vulnerabilidad", en el segundo, regulan una circunstancia diversa a la contenida en el artículo 268 de la Ley 57 de 1887.
En el primer estatuto, específicamente ante la situación de abandono o peligro de un menor de edad, preveía como una de las medidas posibles de protección, la figura denominada "colocación familiar", ordenada por el Defensor de Familia, que consistía en la entrega del menor que se encontraba en situación de abandono o de peligro a una familia que se comprometía a brindarle la protección necesaria, en sustitución de la de origen, de acuerdo con el artículo 73 del Código del Menor, derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006. En este evento, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podía asignar un aporte mensual al hogar sustituto, para atender exclusivamente los gastos del menor, caso en el cual, no tenía derecho a reclamar remuneración alguna por su cuidado.
En el segundo estatuto, (Ley 1098 de 2006) ante la misma circunstancia de abandono o peligro de un menor de edad, se prevé de manera genérica la ubicación inmediata en medio familiar, categoría de la cual hace parte, entre otras, la medida de protección provisional, adoptada por autoridad competente, denominada "ubicación en hogar sustituto". Ésta, de conformidad con su artículo 59, consiste en la ubicación del niño, niña o adolescente en una familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en reemplazo de la familia de origen. El hogar sustituto recibe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar un aporte mensual para atender exclusivamente a los gastos del menor.
[1] . Cfr. Folio 55 del expediente original.
[2] . Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 4 de octubre de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En este fallo se especifican los requisitos mínimos que debe cumplir toda demanda de constitucionalidad.
[3] En sentencia C-442 de 8 de julio de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto, se señaló que la mejor expresión para referirse a los niños, niñas y adolescentes era la de "menores de 18 años", y proscribir así, términos como menores de edad, menores, etc. Esta es la razón por la que en este fallo se hace constante mención a dicha expresión, obviando utilizar aquellas que se consideran contrarias a la dignidad y la protección especial que merecen estos sujetos.
[4] . La Corte Constitucional, en sentencia C-159 de 24 de febrero de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra, declaró la exequibilidad de estos dos artículos.
[5] . Consejo de Estado. Sentencia No.1675 del 31 de agosto de 2005. C.P. Gustavo Aponte Santos.
[6] . Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-154 de 24 de febrero de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[8] . Corte Constitucional. Sentencia C-145 de marzo 23 de 1994. MP Alejandro Martínez Caballero.
[10] . Cfr. Sentencia C-155 de 10 de marzo de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[12] . Cfr, Corte Constitucional. Sentencia T- 510 de 19 de junio de 2003. M.P. Manuel José Cepeda.
[13] . La Corte Constitucional ha fallado diversos casos en los que menores de dieciocho años han sido dejados al cuidado de personas diferentes a su familia biología y luego ésta pretende recuperarlos. En todos ellos se ha protegido el derecho del niño o niña a permanecer con la familia solidaria, aquella que le brindó amor y cuidado, ver entre otras, sentencias T-217 de mayo 2 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-278 de junio 15 de 1994.M.P. Hernando Herrera Vergara; T-049 de febrero 1 de 1999; M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-715 de septiembre 27 de 1999.M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-941 de noviembre 25 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[14] . Cfr, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 13 de abril 1950. Gaceta Judicial. T. LXVII, pág 158.

References: artículo 268
e contrario
 artículo 31
 artículo 64
 artículo 79
 artículo 81
 artículo 133
 artículo 20
 artículo 67
 artículo 268
 artículo 268
 artículo 310
 artículo 286
 artículo 93
 artículo 3
 artículo 268
 artículo 73
 artículo 217
 artículo 59