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Timestamp: 2019-09-16 04:55:51+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 990709, 30-04-2003 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990709 de 30 de Abril de 2003
Núm. Resolución: 990709
Se solicita el levantamiento de sanción por utilización de gasóleo no autorizado, alegando que el vehículo se encontraba realizando trabajos propios de la actividad agraria, y que en todo caso, no concurre culpabilidad. Se desestima el recurso. Para que proceda dicha utilización es necesario el uso del vehículo en agricultura, no en labores agrícolas que no estén directamente conectadas con el cultivo de la tierra, ya que si no, se estaría alterando la naturaleza de la actividad agrícola. Al no haber conexión entre la actividad desarrollada de nivelación de fincas rústicas, y la agricultura, se confirma la resolución impugnada.
Visto escrito presentado por don (?) en representación del ente sin personalidad jurídica ?(?)?, con D.N.I. número (...) y domicilio en (...) (Navarra), en relación con sanción impuesta con motivo de infracción contra la normativa de Impuestos Especiales.
PRIMERO.- Mediante actas de denuncia números (...), (...), (...) y (...) levantadas el día (?) de marzo de 1999 suscritas por parte de la Comandancia de Navarra de la Guardia Civil, Puestos de (...) y de (...), se constata que por los vehículos Tractores John Deere, matrículas (?), (?), (?) y (?), de titularidad del reclamante, se estaba utilizando gasóleo tipo B.
SEGUNDO.- Habiéndose ofrecido al ente interesado el correspondiente trámite de alegaciones, el procedimiento administrativo culminó con la imposición de sanción, mediante Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de agosto de 1999, por entender que con la comisión de dichas conductas se habrían producido infracciones de la normativa vigente en materia de Impuestos Especiales, ya que los vehículos citados en el expositivo anterior no están autorizados a utilizar ese tipo de combustible en las circunstancias que se describen en las actas de denuncia.
TERCERO.- Y contra dicho acto administrativo viene ahora la representación del ente interesado a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de septiembre de 1999, señalando que los vehículos del caso son unos tractores agrícolas que, en el momento de formularse la denuncia, se hallaban realizando labores agrícolas (concretamente, el ente reclamante había sido contratado por la empresa (?) para efectuar trabajos de nivelación de fincas rústicas afectadas por la Concentración Parcelaria); que, independientemente de lo anterior, no puede olvidarse que para que se pueda sancionar una conducta es preciso que ésta sea antijurídica y culpable, sin que pueda decirse que en un caso, como el presente, en que existen dudas razonables acerca de la interpretación de la norma, concurra dicho elemento de culpabilidad. Solicita, por tanto, sea anulada la sanción impuesta.
PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.
SEGUNDO.- Desde su redacción original y pasando por las sucesivas modificaciones que ha venido padeciendo, el artículo 54.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, ha venido exigiendo para la utilización de gasóleo bonificado en el ámbito de la agricultura la concurrencia de dos requisitos: su empleo en tractores y maquinaria agrícola y la realización con dichos artefactos de tareas agrícolas. Así, dicho precepto, en su redacción original hablaba de ?los motores de tractores y maquinaria utilizados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?. A partir de la modificación operada en dicho precepto por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, se autorizó la utilización de gasóleo bonificado a ?los motores de tractores y maquinaria agrícola utilizados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?, redacción que permaneció tras la entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Véase que las normas ni siquiera hablan de labores o tareas agrícolas como hemos llegado a decir en un principio, sino que se refieren lisa y llanamente a empleo o utilización de tractores y maquinaria agrícola en agricultura. Y de conformidad con lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española, agricultura no es ni más ni menos que la ?labranza o cultivo de la tierra?, sin que puedan acogerse bajo esta denominación tareas que no estén directamente conectadas con el cultivo de la tierra. Es más: cuando el legislador concede la autorización para la utilización de gasóleo bonificado está pensando en beneficiar estrictamente a la agricultura; si hubiera querido otra cosa hubiera reflejado legalmente la autorización de utilización de gasóleo bonificado para aquellas otras tareas que se hallasen indirectamente conectadas con el cultivo o labranza de la tierra. De la misma opinión es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla, quien en su Sentencia de 16 de febrero de 2000 dice lo siguiente: ?La conservación de los canales, desagües y carreteras de las tierras de arrozal no pueden considerarse que constituyan uso agrícola, pues, como dice el señor Abogado del Estado, estaríamos extendiendo el concepto de uso agrícola más allá de lo que es propio. Llega a decir que la producción de tractores, dado que éstos sólo se usan en agricultura, también sería un uso agrícola a los efectos de consumo de gasóleo ?B?. No podemos, por una parte, interpretar extensivamente las exenciones tributarias y, de otra, no alterar la naturaleza de la actividad agrícola hasta el punto de llevarla a conclusiones absurdas. Las normas exigen no sólo una interpretación jurídica, sino que dicha interpretación nos lleve a una solución razonable del problema examinado, sin que en ningún supuesto podamos caer en el absurdo, lo que ocurriría de considerar uso agrícola el gasóleo ?B? consumido por la maquinaria que arregla los caminos de tierra de los arrozales, o que también pueda usar gasóleo ?B? el camión del distribuidor de abonos que suministre los mismos a los socios de la Comunidad de Regantes actora?.
En conclusión: no podemos admitir que la realización de labores relacionadas con la nivelación de fincas rústicas afectadas por la Concentración Parcelaria sea labor agrícola, puesto que, parafraseando la Sentencia antes transcrita, la admisión de la premisa anterior nos habría de conducir al absurdo de admitir también, por ejemplo, la utilización de gasóleo bonificado en un camión dedicado a dicha labor.
TERCERO.- Abundando en la anterior argumentación, hay que indicar que el ente reclamante se halla dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 502.3, denominado ?Consolidación y preparación de terrenos para la realización de obras civiles, incluidos sistemas de agotamiento y dragados?. Es decir, el ente reclamante se halla dedicado habitualmente a la realización de este tipo de labores, que, desde luego, no tienen, en absoluto, carácter agrícola (no están encuadradas, con razón, como tales en las tarifas del mencionado Impuesto), salvo que utilicemos un concepto de agricultura que exceda con mucho del que habitualmente se viene manejando. Lo anterior da lugar a que, por tanto, tampoco haya de estimarse la alegación encaminada a considerar que no ha existido culpabilidad en la comisión de las conductas sancionadas, y ello porque a la vista está que la interpretación de la norma es clara y concluyente, sin que quepa duda alguna acerca del sentido que haya de atribuirse a la norma examinada.
Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación del ente ?(?)? contra Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de agosto de 1999, por la que vino a imponerse al ente interesado sendas sanciones de 300.000 pesetas y precintado e inmovilización de los vehículos Tractores John Deere, matrículas (?), (?), (?) y (?), por un período de dos meses, confirmándose dicho acto administrativo en sus propios términos.
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