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Timestamp: 2018-04-20 10:16:28+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/2SPR-19/72849
Dip. Macedonio Salomón
Tamez Guajardo
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD (CNS), AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESNSP) Y AL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN (CNCA), POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB), A QUE SE ELIMINE LA PRUEBA POLIGRÁFICA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PERMANENCIA DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
El que suscribe, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Diputado Federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 59, 76, fracción IV y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables que establecen la competencia de diputados para presentar puntos de acuerdo, someto a consideración la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificaicón y Acreditación (CNCA), por conducto de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a que se elimine la prueba poligráfica de la determinación de la permanencia de los miembros del personal de Seguridad Pública, con base en los siguientes:
En México la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de los infractores.
Las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de seguridad pública, para lo cual conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así lo disponen el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Uno de los principales temas relacionados con el desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.
Para ello, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé disposiciones relativas al desarrollo de la Carrera Policial y su Profesionalización, en el cual la certificación, acreditación y evaluación de los controles de confianza juega un papel fundamental.
Particularmente el artículo 7 de la referida Ley dispone que las Instituciones de Seguridad Pública deben regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de servidores públicos de sus miembros.
Este mismo ordenamiento, prevé como una de las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de evaluaciones para la certificación y control de confianza, la cual se desarrolla mediante una Comisión de Certificación y Acreditación. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuenta también con atribuciones para proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública.
De acuerdo con la citada ley, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación es el responsable de la certificación, acreditación y control de confianza, para lo cual debe verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación y de las entidades federativas realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública.
Tratándose de la certificación y acreditación, la Ley comentada dispone en sus artículos 88, 96 y 97, que los aspirantes a ingresar o permanecer prestando servicio activo en las Instituciones de Seguridad Pública, deberán cumplir constantemente con los requisitos previstos en la norma, dentro de los cuales se encuentra el relativo a aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.
La certificación, por tanto, tiene por objeto que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sometan a evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. Las instituciones de seguridad pública habrán de contratar únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su Centro de Control de Confianza.
En el mismo sentido la Ley de la Policía Federal establece la regulación del Servicio Profesional de Carrera Policial, cuyo artículo 17 dispone para el ingreso y permanencia de los miembros policiales, la aprobación de las evaluaciones de control de confianza.
Pese a los avances regulatorios en materia de certificación y acreditación de las personas que pertenecen a las Instituciones de Seguridad Pública, la falta de controles adecuados para garantizar el ingreso y permanencia de miembros que cuenten con las cualidades de probidad, honradez y honorabilidad, ha potenciado problemas tanto para los miembros de las instituciones de Seguridad Pública, como para la sociedad en general, que frente al inadecuado desarrollo de las certificaciones y acreditaciones, se encuentra más vulnerable a ilegalidades, arbitrariedades, abusos y violaciones de derechos.
Uno de los principales problemas que enfrentan los miembros de las instituciones de seguridad pública con relación a los mecanismos que buscan garantizar su certificación y acreditación, es el uso masivo de las pruebas poligráficas como única prueba para realizar los exámenes de control de confianza, ya que no existen condiciones en México para el desarrollo de la citada prueba de forma masiva y bajo criterios idóneos.
Aunado a lo anterior, las pruebas poligráficas han sido utilizadas de forma discrecional por los superiores jerárquicos de instituciones de seguridad pública y por sujetos de la clase política para controlar a la membresía, sin que se cumplan con ello los principios de legalidad y seguridad jurídica que supone la adecuada integración de pruebas en los expedientes para su ingreso y permanencia. Es fundamental que se cumpla con la diversidad de los requisitos previstos en la ley, y que se integre la valoración de los exámenes, como es el caso del control de confianza, a partir de diversas pruebas que puedan fundar y motivar adecuadamente la resolución de ingreso o permanencia de los miembros de las instituciones de seguridad pública. Lo anterior resulta imposible con la sola aplicación de la prueba poligráfica desarticulada del resto de los elementos de prueba necesarios para la adecuada valoración de los perfiles policiales.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han mostrado preocupación por la discrecionalidad e ilegalidad en la aplicación de la prueba poligráfica. El INAI solicitó a la Procuraduría General de la República información sobre el uso y aplicación de la prueba poligráfica a sus funcionarios. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2004 la Recomendación General 6/2004 mediante la cual advirtió que la práctica de la prueba poligráfica en procesos de selección, así como en evaluaciones para la permanencia, frente a la ausencia de regulación del uso de la prueba, puede constituir violaciones a la seguridad jurídica, legalidad y a diversos derechos humanos; en específico a la integridad psíquica, intimidad y dignidad humana [*], contenidos dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5 y artículo 11 bajo el título de protección de la honra y de la dignidad.
Específicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estudió más de 79 casos presentados con relación a esta situación, llegando a las siguientes observaciones:
Durante la prueba poligráfica, no se explica el método de evaluación empleado para considerar los resultados como no favorables y tampoco el destino de los resultados.
Es necesaria la aplicación de diversos exámenes en conjunto (no solo el poligráfico), para así poder tomar decisiones de una forma más objetiva, dado que generalmente se utiliza el resultado del examen poligráfico como argumento para solicitar la renuncia o decidir la remoción de empleados, sin que ninguna norma respalde o proteja estas arbitrariedades, omitiendo la antigüedad en el cargo y la carrera dentro del empleo.
Los resultados del examen no se hacen del conocimiento del agraviado y los responsables permanecen en el anonimato.
No existe regulación alguna sobre los parámetros de valoración para emitir los dictámenes.
Los servidores públicos adscritos a los órganos internos de control y agentes del Ministerio Público, amenazan con la pérdida de su trabajo a servidores bajo su mando, y se les obliga a firmar un documento de autorización de aplicación voluntaria de examen poligráfico en investigaciones administrativas o averiguaciones previas. [*]
Resulta, por tanto, fundamental llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza previstas en la Ley bajo criterios de idoneidad, mediante una adecuada integración de pruebas, bajo el amparo del principio de legalidad y seguridad jurídica que pueda garantizar la adecuada imparcialidad en las evaluaciones.
Lo anterior permitiría demostrar que los miembros de nuevo ingreso de las instituciones de seguridad pública, o los que están actualmente en funciones, cuentan con las cualidades de honradez y honorabilidad establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal. Esto permitiría garantizar a la población, que los policías cuentan con las características idóneas para realizar adecuadamente su trabajo.
La prueba poligráfica en México es aplicada en el mayor de los casos por técnicos sin estudios profesionales, que buscan intimidar a los examinados, generando condiciones adversas en las que predomina el estrés, que deriva en reacciones fisiológicas aleatorias ante preguntas ‘neutrales’, en comparación con la reacción ante preguntas ‘comprometedoras’. Se trata pues tan sólo de un indicio, que integrado a otros, y tras un análisis minucioso, podría coadyuvar a la verificación de las condiciones de ingreso o permanencia de miembros de instituciones de seguridad pública.
La prueba parte de la premisa de que las reacciones intensas muestran que la persona examinada miente, sin tomar en cuenta que es posible que la persona se encuentre alterada emocionalmente por la prueba, así como por las consecuencias laborales que en ella se soportan. El uso de la prueba poligráfica resulta, por tanto, una práctica intimidatoria que podría configurar incluso una violación al derecho a la integridad personal de las y los examinados.
“La única certeza científica que se obtiene derivada del uso del polígrafo, es que arroja datos sobre el grado de reacción psicofisiológica de los individuos, las cuales son:
3. Neumológica: Esta se toma a través de un accesorio en forma de tubo que capta los movimientos de los pulmones al expandirse o contraerse, y se muestra en la parte superior de la gráfica”. [*]
La prueba poligráfica realmente es una prueba de los niveles de estrés que experimentan las personas examinadas que nada pueden advertir de manera aislada y desarticulada de otras pruebas. Las reacciones que desencadenan el estrés en la persona afectan directamente los resultados de la prueba. Es necesario resaltar que los especialistas mencionan que los resultados dependen de las alteraciones psicofisiológicas de cada persona, ya que estas mismas modifican los resultados [*].
De allí que “los especialistas afirman que el polígrafo no debe ser utilizado en personas con problemas mentales (psicóticos); personas con presión arterial alta o descontrolada (sin medicamento); personas con diabetes; alcohólicos o drogadictos; cardíacos; nerviosos; mujeres embarazadas; personas con medicación especial (Tranquilizantes o ansiolíticos) y menores de 14 años. Ya que los resultados que arrojaría la prueba no serían confiables, pues las alteraciones psicofisiológicas alterarán del mismo modo los resultados.” [*]
En razón de lo expuesto, la presente Proposición con Punto de Acuerdo se sustenta en la necesidad de cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como en el respeto de los derechos humanos, en los exámenes de control de confianza de los miembros de instituciones de seguridad pública, cuyas consecuencias tienen una dimensión individual, en tanto se respeta la legalidad de los procesos de ingreso y permanencia de los miembros de las Instituciones, y una dimensión social, en tanto los adecuados procesos de evaluación pueden garantizar mejores condiciones para la sociedad en general.
Examinar a los miembros de las instituciones de seguridad pública que tendrán a su cargo actividades fundamentales como la prevención, investigación y sanción de delito, bajo condiciones contrarias al Principio de Legalidad y Seguridad Jurídica, contraviene la naturaleza del bien que busca garantizarse, pues los procesos inadecuados, arbitrarios, discrecionales, constituyen ejercicios inadecuados de poder en los que se germina la violencia. Por tanto es fundamental que las pruebas realizadas en los exámenes de confianza se ajusten a criterios objetivos, con bases científicas que permitan arrojar indicios que, integrados a otras pruebas determinen la idoneidad de la colaboración de las y los miembros de las instituciones de seguridad pública.
Por lo anteriormente expuesto, resulta fundamental regular adecuadamente las evaluaciones de control de confianza de los miembros de las instituciones de seguridad pública, mediante la incorporación de un catálogo más extenso de pruebas, que deberán integrarse para la adecuada valoración de las condiciones mediante las cuales se termine la pertinencia del ingreso y permanencia de cualquier persona en las referidas instituciones.
Único.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificaicón y Acreditación (CNCA), por conducto de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a que se elimine la prueba poligráfica de la determinación de la permanencia de los miembros del personal de Seguridad Pública.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro
Dip. Macedonio S. Tamez Guajardo
[*] Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Recomendación General Número 6, Sobre la Aplicación del Examen Poligráfico. (2004) México. p. 3
[*] Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Recomendación General Número 6, Sobre la Aplicación del Examen Poligráfico. (2004) México. pp. 4-8; Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación 22/2008. Expediente CDHDF/121/07/MHGO/D2237-II.
[*] Iniciativa que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 30 de octubre de 2012.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72849

References: artículo 21
 artículo 7
 artículo 17
 resolución 
 artículo 5
 artículo 11