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Timestamp: 2020-05-26 07:00:57+00:00

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diariolaley - Documento Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 149/2019 de 28 Feb. 2019, Rec. 508/2017
S TS 28/2/2019
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Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 149/2019 de 28 Feb. 2019, Rec. 508/2017
Nº de Sentencia: 149/2019
Nº de Recurso: 508/2017
Diario La Ley, Nº 9412, Sección Jurisprudencia, 10 de Mayo de 2019, Wolters Kluwer
LA LEY 31021/2019
Si el encargado no cumple la normativa de prevención temerariamente, la empresa no es responsable del accidente del subordinado
ACCIDENTE LABORAL. Instalador de equipos electrónicos que recibió una grave descarga porque su jefe de equipo y supervisor olvidó desconectar las fuentes de tensión de la línea. El superior ha sido despedido. Al empresario no se le pueden imponer el recargo de prestaciones de S.S., porque no hay culpa. Se ha roto el nexo causal. Se trata de un acto doloso o temerario de un tercero, que, aunque compañero del accidentado, estaba formado suficientemente y obligado a cumplir el protocolo de actuación. Su actuación es difícil de prever y evitar. Ni siquiera se puede imputar a la empresa culpa in vigilando porque sería diabólico exigirle el don de la ubicuidad para estar presente en cualquier lugar de trabajo que entrañase un peligro.
El TS desestima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto contra sentencia del TSJ Cataluña y confirma que no procede el recargo de prestaciones de S.S. en un accidente laboral.
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 508/2017
Sentencia núm. 149/2019
Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Fausto representado y asistido por el letrado D. Cándido Jornet Forner contra la sentencia dictada el 21 de octubre de 2016 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en recurso de suplicación nº 4739/2016 (LA LEY 213886/2016) , interpuesto contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2016, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Tortosa , en autos nº 520/2015, seguidos a instancias de Sociedad Española de Montajes Industriales SA contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y D. Fausto sobre recargo.
Ha comparecido como parte recurrida el Instituto Nacional de la Seguridad Social representado por el letrado de la Administración de la Seguridad Social D. Andrés Ramón Trillo García y Sociedad Española de Montajes Industriales SA representada por la Procuradora Dª. Adela Gilsanz Madroño y asistida por la letrada Dª. Sonia de Santiago Maigí.
PRIMERO.- Con fecha 31 de mayo de 2016 el Juzgado de lo Social nº 1 de Tortosa dictó sentencia , en la que se declararon probados los siguientes hechos:
SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por Sociedad Española de Montajes Industriales SA ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la cual dictó sentencia en fecha 21 de octubre de 2016 , en la que consta el siguiente fallo: "Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por la empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A. (SEMI) contra la sentencia de 31 de mayo de 2016 dictada por el Juzgado de lo Social 1 de Tortosa en los autos 520/2015 seguidos a su instancia contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y y D. Fausto ; debemos revocar y revocamos la citada resolución, absolviendo a la recurrente de la pretensión deducida en su contra. Reintégrese a la misma el depósito constituido; firme que sea la presente resolución.".
TERCERO.- Por la representación de D. Fausto se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ante la misma Sala de suplicación el 31 de enero de 2017. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Galicia en fecha 20 de diciembre de 1999 (RS 4628/1996 ) (LA LEY 186938/1999).
CUARTO.- Con fecha 4 de septiembre de 2017 se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalice su impugnación en el plazo de quince días.
QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación, por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente. Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 30 de enero de 2019, acto que fué suspendido por providencia de 27 de noviembre de 2018, señalándose para votación y fallo el día 24 de enero de 2019, fecha en que tuvo lugar.
PRIMERO.- La cuestión planteada en el presente recurso consiste en resolver si procede la imposición a la empresa empleadora el recargo por falta de medidas de seguridad, que reclamó el actor en su demanda por causa del accidente de trabajo que sufrió el 26 de octubre de 2014.
SEGUNDO.- Contra el anterior pronunciamiento se interpone el presente recurso de casación unificadora que como sentencia de contraste, a fin de acreditar la existencia de contradicción doctrinal que, conforme al art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) (LJS) viabiliza el recurso, cita la dictada por el TSJ de Galicia el 20 de diciembre de 1999 (RS 4628/1996 ). En esa sentencia (Fundamento de Derecho Tercero) se resumen los hechos que son sintetizados así: "en diciembre de 1.989 UNIÓN FENOSA, S.A. contrata con la empresa COBRA, S.A., la cesión de trabajadores de esta última como refuerzo para la supervisión de líneas eléctricas en la provincia de Pontevedra, quedando los trabajadores cedidos bajo las órdenes del personal de FENOSA. En la tarde del 16- 12-89, debido al temporal reinante de lluvia y fuerte viento, se recibió en la subestación de Tibo (Caldas de Reis) comunicación de que el circuito 2 de la línea doble de 66 kv de Tibo a Mourente estaba cortado por haberse disparado los automáticos. Sobre las 21 horas de dicho día, el jefe de Brigada de Fenosa, Don Jose Ignacio , se dispuso a realizar una revisión visual de la línea Tibo-Mourente al objeto de localizar la avería, organizando dos equipos, uno de ellos dirigido por él y en el que iba el trabajador luego accidentado y otro compañero (ambos de la empresa COBRA, S.A.), portando como único instrumento de trabajo unas linternas. Antes de salir a efectuar el recorrido, se le comunicó al jefe de Brigada que el circuito número 1 de la línea seguía en tensión. Llegados al lugar, como pareciese estar fogueada una cadena de aisladores de la línea de la derecha, sentido Pontevedra, y no poder apreciarse bien tal circunstancia desde el pie de apoyo, el jefe de Brigada indicó a los operarlos a sus órdenes que subieran a la torreta, siendo entonces requerido por éstos para que les indicase si las líneas tenían tensión, indicándoles equivocadamente el jefe de Brigada que el circuito que no tenía servicio era el de la derecha, en sentido Pontevedra, que era el circuito nº 1, es decir, el que seguía en tensión, subiendo entonces uno de los trabajadores (marido de la demandante) que falleció electrocutado al aproximarse a comprobar el tendido de la derecha. Como consecuencia de las actuaciones penales seguidas, el jefe de Brigada fue condenado, como autor responsable criminalmente de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, a la pena de 6 meses y 1 día de prisión menor, así como al abono de una indemnización de 12.000.000 pts a la viuda y otra de 15.000.000 pts al hijo, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria de UNIÓN FENOSA, S.A.".
TERCERO.- 1. La parte recurrida alega la falta de contradicción de las sentencias comparadas y, como se trata de la concurrencia de un requisito de orden público procesal establecido por el art. 219 de la LJS (LA LEY 19110/2011), procede su examen en primer lugar y en tal sentido recordar la doctrina de la Sala sobre la materia. Según ella, la contradicción "requiere no solo que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos, sino que estos recaigan ante controversias esencialmente iguales; porque la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de la oposición de los pronunciamientos concretos recaídos en conflictos iguales" ( sentencias de 27 y 28-1-92 [ recs. 824/91 y 1053/91 ], 18-7 , 14-10 y 17-12-97 [ recs. 4067/96 , 94/97 y 4203/96 ], 17-5 y 22-6-00 [ recs. 1253/99 y 1785/99 ], 21-7 y 21-12-03 [ recs. 2112/02 y 4373/02 ] y 29-1 y 1-3-04 [ recs. 1917/03 y 1149/03 ] y 28-3-06 [2336/05 ] entre otras muchas).
Por esa razón, el término de referencia en el juicio de contradicción, ha de ser necesariamente "una sentencia que, al decidir sobre un recurso extraordinario, está limitada por los motivos propuestos por el recurrente" y, por ello, la identidad de la controversia debe establecerse teniendo en cuenta los términos en que el debate ha sido planteado en suplicación. Sentencias de 13-12-91 [rec. 771/91 (LA LEY 10998/1991) ], 5-6 y 9-12-93 [ recs. 241/92 y 3729/92 ], 14-3-97 [rec. 3415/96 (LA LEY 6282/1997) ], 16 y 23-1-02 [ recs. 34/01 y 58/01 ]. 26-3-02 [rec.1840/00 (LA LEY 63693/2002) ], 25-9-03 [rec. 3080/02 (LA LEY 148843/2003) ] y 13-10-04 [rec. 5089/03 (LA LEY 212101/2004) ] entre otras). De otro lado, la Sala ha señalado con reiteración que los fundamentos que han de compararse no son los de las sentencias, sino los de las pretensiones y resistencias de las partes ( sentencias de 25-5-95 [rec. 2876/94 (LA LEY 14559/1995) ], 17-4-96 [rec. 3078/95 (LA LEY 5451/1996) ], 16-6-98 [rec. 1830/97 (LA LEY 7771/1998) ] y 27-7-01 [rec. 4409/00 (LA LEY 8580/2001) ] entre otras)".
CUARTO.- 1. Sobre la procedencia del recargo.
El recurso se remite al acta de infracción levantada por la inspección de trabajo, donde se imputa la infracción del Anexo 1, punto 1-16, del Real Decreto 1215/1997 (LA LEY 2897/1997) sobre los equipos de trabajo. Todo ese RD se limita a reglamentar como deben ser los equipos de trabajo, pero ninguna de sus normas concretas parece que fuese infringida, pues consta que los trabajadores estaban formados y habilitados para el trabajo a realizar y que el accidente no se debió a la falta de unos equipos de trabajo adecuados, sino a la negligencia del jefe de servicio.
Así mismo, la inspección alude a la infracción del artículo 2 del RD 614/2001 (LA LEY 894/2001) , en relación con el apartado A-1 del Anexo II del mismo. Pero esta infracción tampoco se produjo porque el protocolo de actuación contemplaba en primer lugar la desconexión de la tensión, labor encomendada a un trabajador cualificado, cuya preparación no se ha puesto en duda, y que era precisamente el jefe del equipo, quien obró negligentemente y no cumplió su misión.
Sin embargo, la doctrina constitucional ( sentencia 76/90, de 26 abril (LA LEY 58461-JF/0000) , entre otras) y la jurisprudencia vienen exigiendo la traslación al ámbito de la potestad administrativa sancionadora de los principios constitucionales que limitan la responsabilidad penal, principios entre los que se encuentra el de la culpa, que impide toda clase de responsabilidad objetiva y exige la concurrencia siempre de dolo o culpa, aunque sea levísima, para poder sancionar ( sentencias del Tribunal Supremo de 24 enero y 8 febrero 1990 y de 18 enero 1999 , entre otras).
La culpa está conectada con la diligencia que es exigible al deudor en cada supuesto. En esta materia es exigible la máxima diligencia objetiva y técnicamente. Por ello, como se deriva del art. 5.° de la Directiva 89/391 (LA LEY 3736/1989), de la Comunidad Europea , sólo impedirán la existencia de culpa y el nacimiento de responsabilidad aquellos hechos extraños por completo al sujeto responsable, como son las situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y situación de necesidad. Sin embargo, el error o la imprevisión no liberarán de culpa leve, porque el patrono debe conocer su industria y prever los diferentes riesgos.
El requisito típico de la responsabilidad es que los daños y perjuicios se hayan causado mediante culpa o negligencia ( arts. 1.101 (LA LEY 1/1889) , 1.103 (LA LEY 1/1889) Y 1.902 del Código Civil (LA LEY 1/1889) ).
Además debe recordarse que, conforme al art. 1.105 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , fuera de los casos mencionados por la ley y de aquéllos en que la obligación lo señale, "nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables".
La clave de este cambio radica en la forma de abordar el problema de la apreciación y valoración de la culpa. En que debe tenerse en cuenta que, como la carga de la prueba, conforme al art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , gravita sobre el empresario, será éste quien deba probar que obró con la diligencia debida, que adoptó todas las medidas de seguridad reglamentarias y las demás previsibles en atención a las circunstancias y que el hecho causante del daño no le era imputable. El art. 1.104 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , aplicable en los supuestos de responsabilidad contractual, considera que existe culpa o negligencia del deudor (de seguridad) cuando el mismo omite aquella diligencia que requiere la naturaleza de su obligación y corresponde a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar. Añade, además, que, cuando la obligación no exprese la diligencia exigible, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia, mandato que la jurisprudencia interpreta en el sentido de ser exigible la diligencia que adopta una persona razonable y sensata que actúa en el sector del tráfico mercantil, comercial, industrial o social de la misma clase de actividad que se enjuicia ( Sentencias de la Sala 1.ª del TS de 25 de enero de 1985 , 8 de mayo de 1986 , 9 de febrero de 1998 y 10 de julio de 2003 ). Por consiguiente, es el empresario quien debe probar que obró con la diligencia que le era exigible y que el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad de sus empleados no le era imputable, pues así se deriva de lo dispuesto en los preceptos citados y en el art. 1.183 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , donde se establece la presunción "iuris tantum" de que si la cosa se pierde en poder del deudor se presume que el incumplimiento de la obligación se debe a la culpa del deudor, presunción que el Tribunal Supremo (Sala 1.ª), en Sentencia de 2 de octubre de 1995 , extiende al incumplimiento de las obligaciones de hacer. Lo que es lógico, ya que el daño prueba la realidad del incumplimiento imputable al deudor mientras no acredite lo contrario, esto es, que hizo todo lo posible para cumplir con su obligación.
Estas ideas son las que han motivado la sentencia de la Sala 4ª de 30 de junio de 2010 (Rcud. 4123/2008 (LA LEY 162103/2010) ), dictada en Sala General. En ella, sobre la base de que el empresario es deudor de seguridad, se concluye que estamos ante un supuesto de responsabilidad contractual, lo que conlleva, conforme al art. 217 de la L.E.C. (LA LEY 58/2000) y al 1.183 del Código Civil , que sea el empresario quien deba probar que actuó con toda la diligencias que le era exigible, quedando exento de responsabilidad, como en esta sentencia, se dice "cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC (LA LEY 1/1889) y 15.4 LPRL (LA LEY 3838/1995) ], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente". Doctrina que no objetiva la responsabilidad del empresario por las razones que da la sentencia comentada y que antes se expusieron.
Esta doctrina ha sido recogida por la Ley 36/2011 de 10 de octubre (LA LEY 19110/2011), Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuyo artículo 96-2 establece: "En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira" y el art. 15.4 LPRL (LA LEY 3838/1995) sirve, igualmente, de referente en esta materia.
La reciente S.TS. de 4-5-2015 (R. 1281/2014 (LA LEY 85371/2015) ) reitera esta doctrina.
Conviene aclarar que no existirá culpa del patrono-deudor cuando pruebe que obró con la diligencia exigible, que el acto dañoso no le es imputable por imprevisible o inevitable. Quedará liberado en los supuestos del art. 1.105 del Código Civil (LA LEY 1/1889) .
Primera. El artículo 14-2 de la Ley de Prevención de Riegos Laborales que obliga al empresario a garantizar la seguridad y salud de sus empleados en el trabajo y a realizar toda la actividad preventiva necesaria debe ser interpretado a la luz de los artículos 4-2 , 12-a ) y 16, entre otros del Convenio 155 de la OIT, de 22 de junio de 1981, así como del art. 5 de la Directiva 89/391/CEE (LA LEY 3736/1989) que lo implementa en nuestro Derecho, son normas que obligan a la adopción de las medidas que sean razonables y factibles y que permiten a los estados excluir y minorar la responsabilidad de los empresarios por hechos y circunstancias que les sean ajenas o sean anormales e imprevisible o que no se hubieran podido evitar a pesar de la diligencia empleada. En este sentido la STJUE, de 14 de junio de 2007, da por buena la norma contenida en art. 2 de la Ley del Reino Unido que obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores en la medida en que sea razonable y viable.
Segunda. Lo antes dicho abona nuestra doctrina sobre la inexistencia de responsabilidad objetiva y la exigencia de un principio de culpa que determine la responsabilidad del empleador, así como que sea él quien venga obligado a probar que obró con la diligencia debida: la exigible conforme a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias de las personas, de tiempo y lugar y en definitiva a un buen empresario de la misma actividad en que se encuentre encuadrado ( art. 1104 del Código Civil (LA LEY 1/1889) ). También apoya esta solución, como se dijo antes, la necesidad de incentivar al empresario empleador de las normas de prevención, porque en otro caso, la objetivización de su responsabilidad desmotivaría el gasto en prevenir siniestros.
Cuestión diferente y con más enjundia se produce cuando el causante es un trabajador de la empresa, sea o no el accidentado. Sobre este particular debe destacarse en primer lugar que, conforme al artículo 15 (LA LEY 3838/1995)-4 de la LPRL (LA LEY 3838/1995) el plan de prevención "deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias del trabajador" actuaciones que, por ende, no liberan de responsabilidad a quien debió haberlas previsto y tomado las oportunas medidas preventivas, cual remacha el artículo 96 (LA LEY 19110/2011)-2 de la LJS.
Diferente es el supuesto en el que haya existido imprudencia temeraria del trabajador accidentado o de un compañero. De salida conviene señalar que la imprudencia temeraria del accidentado libera a su patrono de responsabilidad, conforme a los artículos 115-4 y 123-1 de la LGSS (hoy art. 156-4 y 164-1 del vigente Texto Refundido de esa ley), en relación con el 15-4 de la LPRL (LA LEY 3838/1995) . A igual solución debe llegarse en los supuestos de dolo o imprudencia temeraria de otro empleado, porque esa actuación dolosa o temeraria era difícil de prever y de evitar, como nos muestra el art. 15 (LA LEY 3838/1995)-4 de la LPRL cuando no obliga al patrono a prever ese tipo de actuaciones imprevisibles. En efecto, es difícil de prever que un jefe de equipo, formado, capacitado e instruido para la realización de trabajos eléctricos con alta tensión omita realizar su principal misión, según el protocolo de actuación establecido, desconectar la tensión antes de iniciar los trabajos a realizar, acción omisiva que fue la causa del accidente. Esta acción puede calificarse de temeraria porque violó una norma que le imponía primero advertir la inminencia y gravedad del peligro y segundo actuar de acuerdo con el protocolo establecido para evitar el riesgo existente para él y para los compañeros de trabajo a sus órdenes, esto es infringió los deberes objetivos que tenía y las órdenes expresas recibidas que las más elementales normas de prudencia le obligaban a cumplir, lo que fue la causa del daño producido, actuación calificable de temeraria, grave según el Código Penal vigente (artículos 5 , 10 , 12 , 152 , 317 y otros), calificación concreta que no procede hacer aquí, aunque si dejar constancia de que obró con omisión de las más elementales normas de prudencia que deben observarse cuando existe riesgo para la integridad física de otros y propia, omisión que dió lugar a su despido que fue calificado de procedente.
La responsabilidad civil por los actos de los empleados que tiene su origen en el artículo 1.903 del Código Civil (LA LEY 1/1889) y que supone la obligación de reparar los daños causados culposamente por los auxiliares (empleados) del empresario para realizar su actividad, también llamada responsabilidad vicaria, supone el establecimiento de esa responsabilidad sin que intervenga la culpa del empleador, quien responde civilmente por los actos de su auxiliar que no respeten "el estándar de conducta exigible", que no actúe con la diligencia exigible y cause un daño. En estos casos de "responsabilidad vicaria" por el acto del empleado, pero sin culpa del empresario a quien se le hace responsable del acto de otro, por no haber controlado debidamente su actividad, resulta que la responsabilidad que se le impone es sin culpa.
Si ello es así, la llamada "culpa in vigilando" podrá justificar la reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios causados y así como la condena al pago de la misma. Pero una cosa es la responsabilidad civil por el acto de un empleado y otra diferente la responsabilidad penal y la administrativa por la comisión de infracciones penales o administrativas, cuya sanción requiere la culpa del infractor, cual sucede con el recargo de prestaciones que tiene naturaleza sancionadora, lo que obliga a interpretar esa responsabilidad de forma estricta ( STC 81/1995 (LA LEY 13082/1995) ), esto es exigiendo la culpa de la empresa de forma más rigurosa que cuando responde civilmente por actos de sus empleados.
En apoyo de esta solución pueden citarse los artículos 4-2, 12-A y 16, números 1 y 2 del Convenio 155 de la OIT que nos dicen que deben tomarse medidas "razonables y factibles". Pues bien, dado que en el presente caso el siniestro acaeció cuando se sustituía una torre de un tendido eléctrico la pregunta es si era razonable y factible que el empresario (persona jurídica) estuviese allí controlando la operación, al igual que en otros lugares donde se estuvieran realizando actividades peligrosas o bastaba con haber enviado a realizar esa misión a personal formado y suficientemente cualificado con un jefe de servicio igualmente cualificado y con un protocolo de actuación conocido por todos. La respuesta es que no es razonable y factible esta exigencia, solución apuntada y seguida por la sentencia recurrida, porque sería diabólico exigir al titular de la empresa el don de la ubicuidad para estar presente en todos los lugares en que se desarrollan actividades de peligro. La LPRL (LA LEY 3838/1995) no establece expresamente esa obligación, salvo aparentemente en su artículo 17 , que no parece que se violara en el presente caso usando los equipos adecuados y personal formado, sin que conste infracción alguna de lo dispuesto en los Reales Decretos 1215/1997, de 18 de Julio (LA LEY 2897/1997), sobre equipos de trabajo y 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección.
QUINTO.- Las precedentes consideraciones, oído el Ministerio Fiscal, obligan a estimar que la doctrina correcta se contiene en la sentencia recurrida porque no existió infracción imputable a la misma, ni medió culpa en su actuación. Consiguientemente, procede su confirmación y la desestimación del recurso. Sin costas.
1. Desestimar el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la representación legal de D. Fausto contra la sentencia dictada el 21 de octubre de 2016 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en recurso de suplicación nº 4739/2016 (LA LEY 213886/2016) , interpuesto contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2016, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Tortosa , en autos nº 520/2015.

References: artículo 770
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 96
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 96
 artículo 1
 artículo 17