Source: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1262/16747
Timestamp: 2020-02-22 22:39:53+00:00

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Trabajar para evitar la impunidad exige la aplicación irrestricta de la ley, pero también requiere plantear reformas en la legislación para evitar resquicios por donde se pueda colar argumentos que puedan facilitar la no aplicación de la acción penal a quienes han cometido un delito.
En este mismo foro, la semana antepasada discutimos la reforma al artículo 19 constitucional para agregar delitos que ameriten prisión preventiva.
El argumento constitucional para su aprobación fue la existencia de una puerta giratoria que permite la salida de los delincuentes; sin embargo, no nos hemos puesto a pensar que hay otras puertas muy ocultas que también facilitan su salida.
En caso que después de un sinnúmero de obstáculos se logre vincular a alguien a proceso por motivos de corrupción, robo u homicidio, entre otros delitos, el Juez da un plazo de dos a seis meses para llevar a cabo las investigaciones complementarias.
Tras este proceso, la ley puede determinar una acusación, una suspensión del proceso o el sobreseimiento.
Relato un caso que conozco de primera mano en el cual se logró vincular a proceso a dos personas acusadas de corrupción. Y a pesar de ello bastó que la gente del Ministerio Público pidiera el sobreseimiento. ¿Raro, no?
Aparentemente no se realizó una investigación exhaustiva, incluso de manera sospechosa el Ministerio Público planteo al juez el sobreseimiento del caso.
Por ello, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 324, 327 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el propósito es generar certeza jurídica respecto a las solicitudes sobreseimiento, y evitar que se pueda paralizar algún procedimiento sobre un hecho delictivo.
Entre las normas que deben observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la necesaria intervención del Procurador en su carácter del titular del Ministerio Público de la Federación o del Ministerio Público de las entidades federativas o los fiscales generales en las entidades federativas o del servidor público en quien delegue esa intervención.
Una de las actuaciones del titular del Ministerio Público se encuentra previstas en el artículo 255 relativo a la determinación del no ejercicio de la acción penal.
Esta resolución conlleva a la conclusión del procedimiento e impide que una nueva persecución por los mismos hechos respecto al indiciado.
Otra intervención personal no menos importante es la prevista en el artículo 325, por ello se considera necesario que se establezca una intervención personal del procurador o del servidor público en quien delegue esta facultad para aquellos casos en que del agente del Ministerio Público actúe, solicite el sobreseimiento parcial o total.
Esto para evitar que pueda tener consecuencias como la determinación del no ejercicio de la acción penal.
Dato concluido el proceso e inhibir procedimientos para no perseguir los hechos podría llevar a la impunidad como es el caso que les señalo.
En caso de una actuación deficiente o regular del agente del Ministerio Público sacarlo de esa persecución.
Es por eso que se requiere una revisión detallada de los motivos y la fundamentación que sustentan la propuesta de sobreseimiento.
Y es en ese sentido que se plantea la reforma a la fracción I del artículo 324 y del primer párrafo del artículo 327.
Estas propuestas contribuirán a crear un sistema penal más justo, menos vulnerable y con mayor control por parte del procurador que es quien tiene la titularidad del Ministerio Público, y por ello la responsabilidad de una persecución eficaz de los delitos.
Reitero, los agentes del Ministerio Público no deben tener facultad para sobreseer.
Ya que esto, ha hecho que exista una puerta giratoria para que no se castiguen los casos.

References: artículo 19
 artículo 255
 resolución 
 artículo 325
 artículo 324
 artículo 327