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Timestamp: 2018-03-20 21:02:49+00:00

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Novedades legislativas Archives | ACLUNIA asesores
enero 23, 2017 /en Banca, Hipoteca, Novedades legislativas /por Marta
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2017/01/house-construction-1005491_960_720.jpg 626 960 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2017-01-23 09:26:322017-01-24 10:27:00Medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas de suelo
Nuevos formularios para la comunicación de los certificados de eficiencia energética de edificios existentes y edificios de nueva construcción en Galicia.
octubre 24, 2016 /en Novedades legislativas /por Marta
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2016/10/energy-efficiency-154006_960_720.png 539 960 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2016-10-24 18:35:542016-10-25 09:23:53Nuevos formularios para la comunicación de los certificados de eficiencia energética de edificios existentes y edificios de nueva construcción en Galicia.
¡Adiós, Ley 30/1992!
octubre 3, 2016 /en Novedades legislativas /por Marta
Con la entrada en vigor el pasado 2 de octubre de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, decimos adiós a la famosa Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Como decía Miguel de Unamuno “el progreso consiste en renovarse”, si bien esta reforma ha sido calificada de poco innovadora, pues la mayor parte de los artículos reguladores del Procedimiento Administrativo son idénticos a los de la Ley 30/1992, como es el caso de las causas de nulidad y anulabilidad, la revisión de los actos administrativos, los recursos de alzada y reposición o el extraordinario de revisión.
Una de las razones que ha servido para justificar la derogación de la Ley 30/1992 (y de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Público) y su sustitución por las mencionadas leyes 39/2015 y 40/2015 es el impulso definitivo a la Administración electrónica. De esta manera en la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 se recoge: “en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados”. No obstante, debemos tener en cuenta que parte de la nueva normativa, como es el Registro electrónico de apoderamientos, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo único electrónico, no entrarán en vigor hasta el 2 de octubre de 2018.
La Ley 39/2015 es una clara heredera desde el punto de vista dogmático de los principios de la Ley 30/1992, y en aquellos aspectos procedimentales que han quedado incluidos en ella, no obstante, ha introducido algunas novedades que serán objeto de mención:
Capacidad de obrar: la Ley extiende el reconocimiento de la capacidad de obrar a los grupos de afectados, entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos, cuando una Ley así lo declare expresamente.
Representación de las personas interesadas: se podrán acreditar mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Asimismo, en materia de representación establece nuevos medios para acreditarla en el ámbito de la Administraciones públicas: apoderamiento <<apud acta>> efectuado por comparecencia, personal o electrónica, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública u Organismo competente.
Identificación y firma electrónica: como una de las novedades más importantes de la Ley, se distingue entre identificación y firma electrónica, simplificándose los medios para acreditar una u otra. Con carácter general, sólo será necesaria la primera, y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) formular solicitudes; b) presentar declaraciones responsables o comunicaciones; c) interponer recursos; d) desistir de acciones; e) renunciar a derechos.
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: se establece que, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas; b) Las entidades sin personalidad jurídica; c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que se realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha activad profesional; d)Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración; e) Los empleados de las Administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.
Cómputo de plazos: como principal novedad destaca la introducción del cómputo de plazos se contarán de hora en hora y de minuto en minuto “desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días”. Asimismo, en aras de la necesidad de unificar los criterios administrativos y judiciales, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que los sábados son inhábiles, al igual que los domingos y los declarados festivos. Por otra parte, la Ley 39/2015 aclara la expresión “de fecha a fecha”, indicando que el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente o aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
Notificaciones electrónicas: las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso al contenido de la notificación. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Los interesados dispondrán de nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado. No obstante lo anterior, el artículo 42 regula la práctica de notificaciones en papel, estableciendo que deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas en forma voluntaria. Cuando la notificación se practique en papel, y haya que efectuar un segundo intento, si el primer intento de notificación se ha realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de tres horas entre ambos intentos de notificación.
Procedimiento administrativo común: se regula la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, que las Administraciones Públicas pueden acordar, de oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Asimismo, se establece que, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constará únicamente de los siguientes trámites: A)Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado; B) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso; c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. D) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. E) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. F) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo. G) Dictamen del Consejo de Estado y órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. H) Resolución. En el caso de que el procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto anteriormente, deberá ser tramitado de manera ordinaria.
Expediente electrónico: Igualmente, se incorpora la regulación del expediente administrativo estableciendo su formato electrónico y los documentos que deben integrarlo.
Potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial: entre las principales novedades del procedimiento administrativo común, destaca que la potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial regulados en la Ley 30/1992 como procedimientos especiales en títulos separados, ahora se configuran como especialidades del procedimiento administrativo común.
Ejecución: se establecen excepciones a la regla general de que los actos son inmediatamente ejecutivos. Por otra parte, se establecen medios electrónicos para las obligaciones de pago.
Revisión de actos en vía administrativa: se establece un plazo de seis meses para la resolución del procedimiento revisión de oficio. Se limita al plazo de prescripción la revocación de actos de gravamen o desfavorables. Por otra parte, cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo, y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. Se establecen causas de inadmisión para interponer recursos administrativos.
Desaparición de las reclamaciones previas a la vía civil y a la vía laboral: se suprimen la exigencia de interponer reclamaciones administrativas con carácter previo a la interposición de una demanda contra la Administración en vía civil o ante la Jurisdicción social.
Se regula la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones Públicas: se incluye la participación de la ciudadanía en su elaboración y tramitación. Asimismo, establece que las Administraciones Públicas deberán divulgar un Plan Anual Normativo en el que recogerán todas las propuestas con rango de ley o reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente.
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, se modifican los siguientes preceptos: artículo 64 (Excepciones a la conciliación o mediación previas); artículo 69 (Agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social); artículo 70 (Excepciones al agotamiento de la vía administrativa);artículo 72 (Vinculación respecto a la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o vía administrativa previa); artículo 73 (Efectos de la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social); artículo 85 (Celebración del juicio); artículo 103 (Presentación de la demanda por despido) y artículo 117 (Requisito del agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial).
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2016/10/ball-752057_960_720.jpg 720 720 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2016-10-03 19:55:562016-10-25 09:26:40¡Adiós, Ley 30/1992!
Procedimiento de recaudación de recursos no tributarios y aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.
julio 5, 2016 /en Novedades legislativas /por Marta
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/09/banner-909710_640.jpg 201 640 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2016-07-05 09:00:332016-07-08 14:44:14Procedimiento de recaudación de recursos no tributarios y aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.
Tramitación electrónica de prestaciones de la Seguridad Social
marzo 1, 2016 /en Novedades legislativas, Seguridad Social /por Marta
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2016/03/keyboard-932808_960_720.jpg 640 960 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2016-03-01 09:10:372016-03-01 17:46:37Tramitación electrónica de prestaciones de la Seguridad Social
febrero 11, 2016 /en Novedades legislativas, particulares /por Marta
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2016/02/computer-1149148_960_720.jpg 540 960 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2016-02-11 20:20:132016-07-11 13:57:51Precios públicos de las pericias efectuadas por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses
diciembre 18, 2015 /en IRPF, Novedades legislativas /por Marta
Mediante esta Resolución, que surtirá efectos en relación con las comunicaciones de datos al pagador, o de variación de los datos previamente comunicados, que deban efectuarse a partir del 18 de diciembre 2015, se sustituye el modelo 145 a que se refiere el artículo 88 del Reglamento del IRPF, aprobado por la Resolución de 18 de diciembre de 2014.
A través de esta Resolución, en el apartado 1 del modelo 145 de «Datos del perceptor que efectúa la comunicación», se ha incluido un nuevo subapartado relativo a la obtención, por parte del trabajador, durante los cinco períodos impositivos anteriores, de rendimientos con período de generación superior a dos años que se hayan beneficiado de la reducción contemplada en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley del Impuesto, pero dicha reducción no haya sido finalmente aplicada por el trabajador en su correspondiente autoliquidación del impuesto.
(En el anexo a la Resolución encontraréis el modelo completo)
El modelo 145 de Comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador es el modelo que debe ser cumplimentado por el trabajador con sus circunstancias personales y familiares para que el pagador le aplique la retención correspondiente.
Si tenéis alguna duda en relación al nuevo modelo 145 de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador no dudéis en consultarnos.
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/12/family-774301_960_720.jpg 640 960 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2015-12-18 08:55:592015-12-18 13:12:26Nuevo modelo 145
Novedades legislativas 31 de octubre
noviembre 3, 2015 /en Novedades legislativas /por Marta
El BOE del pasado 31 de octubre publicó el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Si bien no ha sido la única norma publicada el pasado sábado, en pleno puente del 1 de noviembre, sino que además el BOE nos trae como novedad el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
El legislador continúa infatigable, sin tregua. Esta vez en su labor de refundición, intentando poner orden al “maremagnum” normativo sobrevenido, haciendo uso del contenido y mandato del art. 1 de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, con el fin de regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de lo establecido en el art. 82 y siguientes de la Constitución.
A continuación trataremos de explicar, a efectos orientativos, las principales novedades que incorporan los citados textos refundidos:
Según recoge el texto refundido en su exposición de motivos, la norma viene a integrar en su contenido las disposiciones legales que han modificado el contenido del EBEP, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, de conformidad con el principio de seguridad jurídica.
La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ha sido objeto de modificaciones a través de distintas leyes, como ha ocurrido con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, o por el Real Decreto- ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se adoptan medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía; la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social; la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, o la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, entre otras disposiciones.
Se incorporan las normas aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, como el permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación.
El nuevo texto refundido mantiene el mismo número de artículos (100), pero es preciso indicar que existe una nueva numeración de los preceptos del EBEP. Os dejamos este enlace para que podáis acceder a la Tabla de equivalencias entre la Ley 7/2007, de 12 de abril, y el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
El texto refundido del EBEP entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 1 de noviembre. Respecto de la duración prevista para el permiso de paternidad en el artículo 49.c del texto refundido, se producirá en los términos previstos en la disposición transitoria sexta, que remite al 1 de enero de 2016. También se remite a esta fecha la entrada en vigor del apartado 2 del artículo 50 (sobre vacaciones de los funcionarios públicos con situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo que impidan su disfrute), como de la disposición adicional decimosexta del texto refundido (permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación).
Este nuevo texto unifica más de cien modificaciones normativas en materia de Seguridad Social, que incorpora casi toda la normativa con rango legal, a excepción del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, que por su particularidad se ha regulado a través de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.
Como ya indicábamos en una publicación anterior, este nuevo texto, junto con el Texto Refundido y la Ley de Empleo, da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y de buen gobierno.
El nuevo texto refundido abarca un total de 435 disposiciones: 373 artículos, 26 disposiciones adicionales, 25 transitorias y 8 finales. En cuanto a su estructura, se mantienen tres de los títulos ya existentes que recogen la normativa generada en estos años, y se le añaden tres títulos más:
Título I: Normas generales del sistema de la Seguridad Social. Integra la Ley reguladora del Fondo de Reserva.
Título II: Régimen General de la Seguridad Social. Se reestructura para recoger los nuevos supuestos especiales de cotización como son los contratos de corta duración, se crean dos capítulos que recogen las particularidades aplicables a los trabajadores a tiempo parcial, los contratos para la formación y el aprendizaje y los trabajadores por cuenta ajena de los sistemas especiales agrarios y de empleados del hogar.
Título IV: Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia. En este título se incorpora todo lo relativo a los trabajadores autónomos.
Título V: Prestación por cese de actividad. Se crea este Título específico para integrar la Ley 32/2010 d e5 de agosto que recoge la regulación de esta prestación.
El Real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día 2 de enero de 2016.
No obstante, el art. 60 que regula el complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social, será de aplicación cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, a las pensiones contributivas que se causen a partir del 1 de enero de 2016. Por su parte, el factor de sostenibilidad regulado en el art. 211, únicamente se aplicará a las pensiones que se causen a partir del 1 de enero de 2019.
A través de este nuevo texto refundido, se han recopilado las numerosas normas que han modificado el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial, al objeto de valorar las disposiciones recogidas en la parte final de cada una de ellas, con la finalidad de incorporar aquéllas cuya aplicación está en vigor y que, por su contenido, deben formar parte del texto refundido, lo que ha obligado a ordenar y numerar de nuevo las disposiciones.
Se ha actualizado y revisado el vocabulario utilizado, incluidas las cuestiones gramaticales. Asimismo se ha unificado el uso de ciertos términos que se empleaban a lo largo del texto de distinta forma, al objeto de dotarlo de la necesaria cohesión interna.
Por otra parte, se ha incluido la transposición de la Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, que se había recogido en la disposición final segunda de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, a cuya derogación se procede por entender que, por su contenido, debía integrarse en este texto refundido.
Por último, el nuevo texto ha sido adaptado a la reciente modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que convierte al BOE en un tablón edictal único, pasando a ser voluntaria la publicación en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.
El real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No obstante, el capítulo V «Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico» del Título V «Régimen Sancionador», así como los anexos V, VI y VII, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La nueva norma sistematiza en un solo texto legal la legislación del Estado que afecta a la legislación urbanística de las Comunidades Autónomas y al quehacer cotidiano en esta materia de los Ayuntamientos, todo ello con la finalidad de simplificar y clarificar la normativa en materia de urbanismo, así como aportar certidumbre a los operadores jurídicos.
Título I: Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos.
Título II: Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas civiles.
Título III: Informe de evaluación de los edificios.
Título IV: Cooperación y colaboración interadministrativa.
Título V: Valoraciones.
Título VI: Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.
Título VII: Función social de propiedad y gestión del suelo.
Título VIII: Régimen jurídico
El nuevo texto se enmarca dentro de la Estrategia Española de Rehabilitación, que recientemente ha sido valorada por la Comisión Europea como mejor de la Unión Europea, junto con los incentivos económicos del Plan Estatal 2013-2016 de fomento del alquiler y la rehabilitación, y los fondos FEDER 2014-2020 de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado.
Con la publicación del nuevo texto quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al al real decreto legislativo y al texto refundido que aprueba.
El real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba han entrado en vigor el mismo día de su publicación, esto es, el día 31 de octubre.
ACTUALIZACIÓN 20/11/2015:
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/11/lady-justice-677945_640.jpg 428 640 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2015-11-03 10:00:122015-11-23 12:55:14Novedades legislativas 31 de octubre
Portal único de subastas
octubre 30, 2015 /en Civil, Novedades legislativas /por Marta
La subasta es uno de los medios que permite transformar en dinero los bienes hipotecados o embargados, con el fin de que el deudor demandado pueda pagar la deuda reclamada con la cantidad que se obtenga en ella. El recurso a la subasta pública como medio de realización de bienes es muy común en nuestro ordenamiento, tanto en procedimientos notariales como judiciales o administrativos.
Con la entrada en vigor de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil en este mes de octubre, se ha llevado a cabo la reforma de los preceptos necesarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las subastas que tengan lugar en sede judicial se realicen de manera electrónica.
La aprobación de esta medida tiene dos objetivos: por un lado, obtener una mayor transparencia en el procedimiento y, por otro, la obtención del mayor rendimiento posible de la venta de los bienes.
La Ley se orienta a la puesta en marcha de un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del estado, lo que en principio supondría eliminar las pujas presenciales, y evita a quien quiera participar en una subasta judicial, ir de juzgado en juzgado a consultar la información relativa a las mismas.
A continuación trataremos de explicar a efectos orientativos y con carácter general, las claves de la nueva subasta electrónica:
Antecedentes de la subasta electrónica.
La subasta electrónica es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo. En el año 2000, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, contempla el procedimiento de ejecución celebrado en los Juzgados, realizándose la subasta a través de un Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución (Unidad de Subastas).
En el año 2007, se hace posible la realización y participación en subastas judiciales a través de Internet en la Región de Murcia. El Portal de Subastas Judiciales Electrónicas del Ministerio de Justicia puesto en marcha para la celebración de los procesos señalados por los Juzgados de Primera Instancia del partido judicial de Murcia supuso una experiencia pionera en España y en Europa.
En el año 2012 se lleva a cabo una nueva reforma de la LEC que hace posible la publicación de todas las subastas en el Portal de la Administración de Justicia. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, modificó el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, introduciendo la subasta electrónica única como la exclusiva forma posible para proceder a la venta forzosa extrajudicial ante Notario que tal artículo regula; pero hubo que esperar hasta el presente año 2015 para que el legislador estableciese un verdadero sistema de subastas electrónico, a través de la Ley 19/2015 y de la Ley 15/2015, de Jurisdicción voluntaria.
¿Quiénes son los agentes implicados en una subasta electrónica?
El ejecutante es quien inicia el procedimiento. Propietario del bien mueble o inmueble a subastar. Es representado por un Procurador.
La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado será responsable del Nuevo Portal de Subastas Electrónicas.
Postores: cualquier ciudadano interesado en participar en una subasta pública, que deberá acceder al nuevo portal de subastas electrónicas desde el cual realizará las pujas sobre los bienes subastados.
Los Órganos Judiciales, interactúan con el Portal de Subastas Electrónicas a través del Aplicativo de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones (CDCJ). Los letrados y funcionarios del OJ darán de alta los datos de las subastas a través del aplicativo CDCJ y serán enviados al Portal de Subastas del BOE para su publicación y celebración de la subasta.
Otras instituciones implicadas: la Agencia Tributaria, el Banco de España, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) y entidades financieras.
¿Qué bienes pueden ser objeto de subasta electrónica?
¿Qué requisitos debo cumplir para poder participar en una subasta electrónica?
Identificarse de forma suficiente: registrarse como usuario del portal de Subastas Judiciales utilizando un certificado electrónico o bien registrarse de modo presencial en las oficinas judiciales, donde se dará un login y contraseña. Para consultar a la información o bien para seguir en directo la celebración de la subasta no es necesario identificarse.
Declarar que se conocen las condiciones generales y particulares de la subasta establecidas en la ley y en el edicto correspondiente.
Presentar el resguardo que acredite que se ha depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones indicada en el edicto, el 5% del valor de tasación de los bienes, o que se ha prestado aval bancario por el mismo porcentaje. (El ingreso se hace en una cuenta de la entidad Santander asignada a la Oficina Judicial que ha de celebrar la subasta).
Acceder como usuario registrado y rellenar el formulario de acreditación de postor por Internet para la subasta.
¿Cómo se desarrollará la subasta electrónica?
La subasta admitirá pujas durante un plazo de 20 días naturales desde su apertura. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de 20 días por un máximo de 24 horas, según lo establecido en el artículo 649 de la LEC.
Al cierre de la subasta, el Portal de Subastas remitirá al Secretario Judicial información certificada de la postura telemática que resulte vencedora, y del resto de ofertas por orden de creciente de importe y de fecha en el caso de ser la oferta idéntica.
Terminada la subasta, y recibida la información, el Secretario judicial dejará constancia, expresando el nombre de quienes hubieran participado y de las posturas que formularon.
Finalizado el trámite, se devolverán las cantidades consignadas por los postores, excepto lo que corresponda al mejor postor. Esa cantidad se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta. Asimismo, es preciso señalar que, si los demás postores lo solicitan, también se mantendrá la reserva consignada (reserva de postura) para que, si el vencedor no entregase en plazo el resto del precio, pueda adjudicarse el bien a los postores siguientes, en el orden que quedaron.
El mejor postor no puede decir que se ha asegurado la adjudicación del bien hasta que ésta sea aprobada por el Secretario Judicial. La resolución que contiene esa aprobación se denomina decreto de aprobación de remate. Hasta ese momento el deudor puede pagar la deuda reclamada, con lo que quedaría sin efecto la subasta y se devolvería la consignación realizada para participar.
La persona a la que se le adjudique el bien debe proceder al ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones del resto del importe, hasta alcanzar la cantidad por la que se le adjudicó el bien dentro de los 10 días siguientes si la adjudicación fuera de un bien mueble, o de 40 días, si se tratara de un inmueble.
Será título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el testimonio, expedido por el Secretario Judicial, del decreto de adjudicación, compresivo de la resolución de aprobación del remate, en el que deberá expresarse, que se ha consignado el precio, así como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria.
¿Qué garantías jurídicas implica la subasta electrónica?
La seguridad jurídica está garantizada por la identificación inequívoca de todos los que intervienen, mediante certificado reconocido de firma electrónica o mediante firma con sistema de claves previamente concertadas. El sistema garantizará con certificado electrónico todas y cada una de las transacciones, en las que un sello determinará el momento exacto en el que tuvieron lugar.
Todos los intercambios de información que deban realizarse entre las Oficinas judiciales y el Portal de Subastas se realizarán de manera telemática. Cada subasta estará dotada con un número de identificación único.
El proyecto permitirá utilizar un buscador de subastas. En el buscador se indicará, por ejemplo, qué tipo de bien se va a subastar (un piso, un local…), la ubicación, el número de registro, las características registrales…
La Ley hace especial hincapié en la publicidad de todo lo que tenga que ver con las subastas, comenzando por un anuncio en el <<Boletín Oficial del Estado>>, continuando con la inserción en el Portal de la Administración de Justicia y finalizando con la publicidad en el Portal de Subastas.
¿Dónde puedo encontrar todos los detalles de la subasta y del bien subastado?
Para cada subasta, se encontrará la publicidad registral de los bienes y de los datos complementarios, como planos, fotografías, licencias u otros elementos que, a juicio del deudor, del acreedor o del Secretario Judicial puedan contribuir a la venta del bien.
Todos los datos serán enviados por los Órganos Judiciales al Portal de Subastas del BOE, donde deberá constar:
El edicto completo.
La tasación pericial completa.
La tasación de cargas.
Es importante averiguar si el bien que desea adquirir tiene alguna carga, ya que la persona que consiga la subasta deberá pagar, además del precio ofrecido, las cargas anteriores y preferentes que haya sobre el bien. Por ello es sumamente importante que se tenga bien claro si existen cargas y en caso positivo, cuál es el importe de las mismas (estamos ante el peligro latente de “meter la pata” y comprar un sapo).
¿Qué ocurrirá con los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley?
Veremos si el hecho de facilitar el acceso a los ciudadanos para participar en las subastas mediante la creación de este portal único de corrige la tendencia de que éstas queden desiertas.
Cuadro comparativo de subastas electrónicas
¿Qué otras modificaciones ha introducido la Ley 19/2015?
Actualización (6/11/2015)
Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales. Entrada en vigor el día 7 de noviembre de 2015.
Publicación relacionada: Constitución de depósitos para pujar en subastas electrónicas
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/10/substas-online.jpg 320 400 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2015-10-30 09:30:392015-11-30 11:41:44Portal único de subastas
Nuevos textos refundidos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley del Empleo
octubre 26, 2015 /en laboral, Novedades legislativas /por Marta
El pasado 23 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, publicándose el día 24 de octubre en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, simultáneamente a la publicación del nuevo Estatuto de los Trabajadores, se ha publicado el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. Ambos textos se encuadran en el proyecto del Ministerio del Empleo y Seguridad Social cuyo objetivo es el de integrar, armonizar, aclarar las normas y dotarlas de una estructura más ordenada, facilitando el conocimiento de las mismas por los ciudadanos.
Dicha vocación de facilitar a todos los ciudadanos, de manera sencilla y clara, el cumplimiento de los requisitos administrativos propios del ámbito laboral y de la Seguridad Social, será completado próximamente con la publicación de la nueva Ley General de la Seguridad Social.
El Estatuto de los Trabajadores fue aprobado en marzo de 1980, y se refundió por primera vez en el año 1995, si bien en estos veinte años que han transcurrido desde el año 95 ha sido modificado con mayor o menor intensidad hasta en cincuenta ocasiones.
Es por ello que este elevado número de modificaciones hace necesaria la aprobación de un nuevo texto refundido, que dicho sea de paso, no implica un régimen jurídico distinto al ya conocido, ni novedades sustantivas en la materia.
El nuevo texto refundido del Estatuto de los Trabajadores integra:
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que apostó por la flexibilidad interna de las relaciones laborales aprobando la rebaja de la indemnización por despido improcedente de los contratos indefinidos ordinarios, que pasó de ser de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Esta reforma supuso además que se haya invertido la carga de la prueba, de forma que el trabajador despedido es quien tiene que demostrar que su despido ha sido improcedente; que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) actúen como agencias de colocación; eliminó la autorización administrativa previa en los despidos colectivos; fijó la prioridad aplicativa de los convenios de empresa y limitó a 1 año la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otras.
El Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Que modificó la regulación de las comisiones negociadoras en representación de los trabajadores en los periodos de consulta en los despidos colectivos y en las medidas de flexibilidad interna; modificó también la disposición adicional séptima de la Ley de la Seguridad Social, introduciendo una fórmula (coeficiente de parcialidad) cuya pretensión es la de considerar del mismo modo los periodos de tiempo con contrato vigente a tiempo parcial que a tiempo completo, cambiando el cálculo para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, incapacidad temporal, maternidad o paternidad. Introduce, también, modificaciones en materia de empleo y protección por desempleo, introduciendo determinadas modificaciones en la regulación de los requisitos para percibir prestaciones o subsidios por desempleo, exigiendo a los beneficiarios estar inscritos y mantener dicha inscripción durante toda la percepción de la prestación, e introduce por otra parte, nuevos supuestos de suspensión de las prestaciones por desempleo, como por ejemplo, cuando el beneficiario de la prestación se traslade al extranjero para buscar o realizar trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional por un período continuado de 12 meses, o cuando el beneficiario esté en el extranjero por un período, continuado o no, de 90 días como máximo durante cada año natural.
El Real Decreto Ley 16/2013, que reformó el contrato a tiempo parcial, que aborda el régimen contractual de los contratos a tiempo parcial, de apoyo a emprendedores, de formación y aprendizaje, estableciendo su modelo oficial. Regula el período de prueba, la jornada, la conciliación de la vida familiar y laboral, Empresas de Trabajo Temporal, despido colectivo y cotización. Se prohíbe la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, pero se podrá ampliar la jornada a través de horas complementarias, en este tipo de contratos a tiempo parcial con, al menos, diez horas semanales de promedio en cómputo anual, distinguiéndose entre las horas complementarias pactadas, de realización obligatoria por el trabajador cuando haya firmado el preceptivo pacto, estableciéndose un máximo de horas complementarias pactadas en el 30% de la jornada pactada con el trabajador, ampliable hasta el 60% por convenio, y reduciéndose el plazo de preaviso para la realización de 7 a 3 días para agilización de las empresas; y las horas complementarias voluntarias, que únicamente pueden ser ofrecidas por la empresa en los contratos que tengan duración indefinida. Asimismo amplía la reducción de jornada por cuidado de hijos menores de edad, de 8 a los 12 años; se potencia la distribución irregular del tiempo de trabajo, al permitirse regular los excesos o defectos de jornada en “bolsas de horas” más allá del año en curso, entre otras medidas.
Como ya hemos indicado, este texto refundido tampoco supone cambios de orden sustantivo, manteniéndose la regulación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, las herramientas de activación, así como las medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo, pero sí comparte la aludida vocación de armonización de la norma y dotarla de una estructura más ordenada. Algunos ejemplos de armonización son:
Se prevé expresamente la novedad introducida por la Reforma Laboral en materia de políticas activas, en el sentido de realizarse una evaluación continuada de las mismas para dotar de mayor transparencia al sistema
La nueva Ley de empleo deroga:
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/10/trabajadores-aire.jpg 267 475 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2015-10-26 14:42:322015-11-11 17:47:36Nuevos textos refundidos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley del Empleo
Comunicación e inscripción de nacimientos desde el hospital
octubre 17, 2015 /en Civil, Novedades legislativas /por Marta
El pasado 15 de octubre entró en vigor la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Esta norma introduce un lote de medidas que suponen un avance en el ámbito de la gestión telemática de la Administración, dotando de una nueva vía de tramitación las peticiones de los ciudadanos, y que permitirá, entre otras cosas, que la inscripción de los recién nacidos se realice directamente desde los centros sanitarios.
Para delicia de los progenitores, por norma general, ya no será necesario acudir personalmente a la Oficina del Registro Civil correspondiente para realizar la inscripción del nacido, pues la citada Ley 19/2015 que modifica la Ley 20/2011, del Registro civil, permite que la comunicación se realice directamente desde los centros sanitarios, a modo de <<ventanilla única>>, donde los padres firmarán el formulario oficial de declaración al que se incorporará el parte facultativo acreditativo del nacimiento firmado por el personal sanitario que haya asistido al parto, y los documentos identificativos de los progenitores, que serán remitidos telemáticamente desde el centro sanitario al Registro Civil, en el plazo de setenta y dos hora desde el nacimiento.
A estos efectos, la Instrucción de 9 de octubre, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios, detalla en los anexos a la instrucción el contenido del formulario que comprenderá la identificación y nacionalidad de los declarantes, y sus declaraciones relativas al nombre elegido para el recién nacido, el orden de sus apellidos y su filiación paterna. Se prevén distintas variantes del formulario para comprender diversos supuestos, según exista o no matrimonio, se trate de madre soltera o se haya solicitado cambio en el orden de los apellidos. Dicho formulario deberá incluir la firma manuscrita de sus declarantes.
Como dispone el artículo 46 en el párrafo segundo de la Ley 20/2011, la comunicación se realizará mediante la remisión electrónica del formulario oficial de declaración debidamente cumplimentado por el centro sanitario y firmado por la persona o personas que tengan la obligación de comunicar el nacimiento.
El Registro Civil competente, una vez recibida y examinada la documentación, deberá practicar de modo inmediato la inscripción de nacimiento y expedir certificación literal (preferentemente electrónica) de la inscripción de nacimiento. Los documentos digitalizados y remitidos son título suficiente para practicar la inscripción del acto.
La expedición de la certificación de nacimiento tiene gran relevancia ya que conforme a la disposición adicional tercera de la Ley 19/2015, no será necesario actualizar el contenido del Libro de Familia cuando se acompañe de esta certificación literal electrónica acreditativa del nacimiento. Esta certificación se pondrá a disposición para su descarga por el interesado en la sede electrónica del Ministerio de Justicia. En el caso en el que el declarante no haya proporcionado una dirección de correo electrónico en el formulario, la remisión de dicho certificado se realizará por correo postal.
¿Qué requisitos deberán cumplirse?
La citada Instrucción de 9 de Octubre, de la DGRN, que tiene como objeto establecer los procedimientos y requisitos técnicos para hacer efectiva dicha remisión con pleno respeto al Esquema Nacional de Seguridad, y a la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter personal, dispone que este trámite sólo podrá llevarse a cabo en aquellos centros sanitarios que previamente hayan sido registrados y autorizados por la Dirección General del Registros y del Notariado.
¿En qué casos no podrá realizarse la remisión desde el centro sanitario?
La citada orden Instrucción de 9 de octubre de la DGRN, excluye esta posibilidad en los siguientes supuestos:
– Cuando se haya superado el plazo legal de setenta y dos horas desde el nacimiento. En estos casos la solicitud de inscripción podrá formularse de forma presencial en el plazo de los diez días siguientes al nacimiento. No obstante, este plazo podría llegar a los 30 días cuando se acredite justa causa.
-Cuando la comunicación del acto inscribible requiere declaración o expediente tramitado ante el Encargado del Registro Civil. De este modo, no podrán ser comunicados desde los centros sanitarios los nacimientos cuando la declaración sea contraria a la presunción de paternidad (artículos 116 del Código Civil y 44.4 b) de la Ley 20/2011 y 184 RRC); cuando alguno de los progenitores sea menor de edad o tenga la capacidad modificada judicialmente; cuando se trate de nacimientos de hijos no matrimoniales en el caso de ausencia, fallecimiento o incapacidad del padre, la madre o ambos (artículos 120.1 y 122 del Código Civil); cuando los dos progenitores sean extranjeros de distinta nacionalidad; o cuando la madre haya renunciado al hijo (artículo 45.3 de la Ley 20/2011).
-Quedan excluidos sin que quepa la personación en el Registro Civil, los nacimientos en el caso de que se pretenda inscribir como progenitores a dos mujeres no legalmente casadas (artículo 44.5 de la Ley 20/2011 y artículo 7 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida), ya que la Ley no contempla que la filiación con el segundo progenitor pueda establecerse en la inscripción del nacimiento en el Registro Civil. En estos casos se podrá efectuar la comunicación únicamente respecto de la filiación correspondiente al progenitor gestante.
– Instrucción de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios.
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/10/baby-feet-899436_640.jpg 426 640 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2015-10-17 10:30:112015-10-30 12:28:38Comunicación e inscripción de nacimientos desde el hospital
Novedades legislativas 15 de octubre
octubre 15, 2015 /en Novedades legislativas /por Marta
Hoy día 15 de octubre, el Boletín Oficial del Estado, además de traernos la reforma del Código Penal Militar y la modificación de la Ley 39/2007, de la carrera militar, publica la nueva Ley de Voluntariado y la Ley de Sociedades Laborales Participadas.
Como hemos indicado en post anteriores, no conviene perder de vista el BOE ni un solo día.
Según establece la Ley en su exposición de motivos, la iniciativa de promulgar un nuevo Código Penal Militar deriva del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y del mandato establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. La nueva Ley deroga la anterior Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar. En cuanto a su estructura, el nuevo texto legal se divide en dos libros, el primero dedicado a las disposiciones generales y el segundo a tipificar los delitos y al establecimiento de sus penas. Debemos destacar la reducción de contenido del texto punitivo castrense, como consecuencia del principio de complementariedad de la ley penal militar respecto del Código Penal común, en consonancia con los modelos actuales de códigos o leyes penales militares de los países de nuestro ámbito sociocultural. Su entrada en vigor está prevista a los tres meses desde su publicación, es decir, el día 16 de enero de 2016.
Más información: BOE nº 247 Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar.
Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar:
Modificación que se justifica en la necesidad de aclarar o detallar cuestiones que la experiencia ha demostrado insuficientemente definidas en la anterior normativa. De este modo se detallan aspectos relacionados con la recuperación de bajas en los centros de formación, la valoración de méritos en los procesos de promoción, la necesidad de especialización a partir de determinados empleos, la necesidad de regular reglamentariamente aspectos relacionados con evaluaciones y con los procedimientos para el pase a la situación de suspensión de funciones, la provisión de destinos y comisiones en circunstancias excepcionales, la unificación de criterio en las resoluciones de los recursos relacionados con expedientes de condiciones psicofísicas, el sistema de cómputos de períodos de bajas, el momento de la adquisición de la condición de militar de tropa y marinería, así como con la posibilidad de que el personal militar pueda solicitar la reducción del importe del complemento específico a los efectos de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Dicha norma entra en vigor mañana, día 16 de octubre de 2015.
Más información: BOE nº 247 Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
La nueva ley sustituye a la Ley 6/1996, de 15 de enero. En ella se incluye una nueva definición de voluntariado al que se añaden unos principios y valores que inspiran la acción voluntaria, presentes en las diferentes normas de voluntariado de las comunidades autónomas, así como en diferentes informes internacionales del voluntariado. Su alcance es muy amplio, pues afecta a entidades de voluntariado y a los voluntarios que desarrollan su labor dentro o fuera de nuestro territorio. La ley recoge asimismo, el régimen jurídico del voluntariado: en su Título II se abordan los requisitos que ha de reunir el voluntario para tener tal condición, haciendo especial referencia a los menores de edad, que podrán tener la condición de voluntarios (los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de sus progenitores, tutores o representantes legales; y los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales), personas con discapacidad y mayores.
Por otra parte, en su Título III, se regulan las entidades de voluntariado y se fijan sus requisitos, estableciéndose que en todo caso tendrán tan consideración las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado (personas jurídicas legalmente constituidas e inscritas, sin ánimo de lucro, integradas por personas voluntarias y que gestionen programas de voluntariado). El régimen jurídico del voluntariado se cierra con la regulación de los derechos y deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria en el Título IV.
Las relaciones entre el voluntario y la entidad de voluntariado se formalizarán obligatoriamente a través de un Acuerdo de Incorporación y se deberá suscribir una póliza de seguro que cubra los riesgos de accidente o enfermedad derivados de la práctica de la acción de voluntariado. Asimismo, para fomentar dicha actividad, facilita el voluntariado de los empleados públicos, contemplando el voluntariado corporativo (el llevado a cabo por empresas y sus trabajadores) y permite reconocer académicamente el voluntariado realizado por jóvenes universitarios.
Por último indicar que se amplían los ámbitos dónde se puede ejercer el voluntariado, pudiendo ser: voluntario social, voluntario internacional, voluntario ambiental, voluntario deportivo, voluntario cultural, voluntario educativo, voluntario socio-sanitario, voluntario de ocio y tiempo libre, voluntario comunitario o voluntario de protección civil.
Más información: BOE nº 247 Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas:
El objeto de la nueva Ley, según su exposición de motivos, pretende su adecuación al nuevo marco normativo, más acorde con la establecida en la Ley de Sociedades de Capital, aclarando y adaptando a la nueva realidad económica al contenido de la Ley 4/1997, de 24 de marzo.
La Ley consta de 20 artículos, estructurados en tres capítulos: I. Régimen Societario; II. Beneficios fiscales; III. Sociedades participadas por los trabajadores; seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y seis finales.
Su art. 1 define el concepto de sociedad laboral y sus rasgos esenciales, entre los que destaca la exigencia de que la mayoría del capital social sea propiedad de los trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, sin que ningún socio pueda tener acciones que representen más de la tercera parte del capital social. Asimismo, prevé la posibilidad de constituir una sociedad laboral con dos socios, siempre que ambos sean trabajadores y tengan distribuida de forma igualitaria su participación en la sociedad.
La calificación de “Sociedad Laboral” se otorgará previa solicitud de la sociedad y el otorgamiento de dicha calificación, así como el control del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. Se prevé asimismo que, corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o en su caso, a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, la facultad de resolver sobre la descalificación. La sociedad gozará de personalidad jurídica desde su inscripción el Registro Mercantil, si bien para la inscripción el dicho Registro de una sociedad calificada de “laboral” será necesario aportar el certificado que acredite que dicha sociedad ha sido calificada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o por el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma como tal e inscrita en el registro administrativo de sociedades laborales.
En cuanto a la administración de la sociedad laboral, la Ley prevé la existencia de administradores sociales, sin especificar su número, o de un consejo de administración. En todo caso, la actuación de estos órganos deberá ser diligente, leal, responsable, transparente y adecuada a las peculiaridades de la sociedad laboral. Deberán favorecer la generación de empleo estable, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, adoptar políticas de responsabilidad social, fomentando las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia.
En cuanto a los beneficios fiscales, La ley prevé bonificaciones de 800 euros anuales a lo largo de tres años (2.400 euros) para quienes se incorporen como socios a cooperativas o sociedades laborales de la economía social, cuantía que ascenderá 1.650 euros durante el primer año para los menores de 30 años o 35 años con discapacidad (3.250 euros en total).
En relación a las Sociedades participadas por trabajadores, se definen como tales las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que no alcancen los requisitos establecidos en el capítulo I de la norma, pero que promuevan el acceso a la condición de socio de los trabajadores, así como las distintas formas de participación de los mismos , y cumplan algunos de los siguientes requisitos: a) Que cuenten con trabajadores que posean participación en el capital y/o en los resultados de la sociedad. b) Que cuenten con trabajadores que posean participación en los derechos de voto y/o en la toma de decisiones de la sociedad. c) Que adopten una estrategia que fomente la incorporación de trabajadores a la condición de socios y, d) Que promuevan los principios de: – Promoción del acceso de los trabajadores al capital social y/o a los resultados de la empresa; – Fomento de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la sociedad; – Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad, previstos en el art. 18.3.
Por último indicar que las sociedades laborales deberán adaptar sus estatutos a las previsiones de la nueva Ley en el plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor.
Transcurrido el plazo, no se inscribirá en el Registro Mercantil documento alguno hasta que no se haya inscrito la adaptación de los estatutos sociales. Se exceptúan de la prohibición de inscripción el acuerdo de adaptación a la presente ley, los títulos relativos al cese o dimisión de los administradores, gerentes, directores generales y liquidadores, así como la transformación de la sociedad o su disolución, nombramiento de liquidadores, liquidación y extinción de la sociedad, y los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.
La citada Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación, es decir el 15 de noviembre de 2015.
Más infomación: BOE nº 247 Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas
http://www.aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/10/leon-180330_640.jpg 640 480 Marta http://aclunia.es/web2015/wp-content/uploads/2015/03/logo301.png Marta2015-10-15 12:53:082015-10-17 02:36:44Novedades legislativas 15 de octubre

References: artículo 42
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 artículo 69
 artículo 70
 artículo 73
 artículo 85
 artículo 103
 artículo 117
 artículo 88
 Resolución 
 artículo 18
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 49
 artículo 50
 Real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 129
 artículo 649
 resolución 
 resolución 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 46
 artículo 7