Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-980511-10-05-1999-103481
Timestamp: 2019-09-22 22:41:46+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 980511, 10-05-1999 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980511 de 10 de Mayo de 1999
Núm. Resolución: 980511
La sociedad realizó una dotación a la Reserva Especial para Inversiones mediante acuerdo de Junta General Ordinaria por una cantidad inferior a la permitida por la norma debido a un error de interpretación normativo, pretendiendo que mencionada dotación pueda ser rectificada mediante acuerdo de la Junta General Extraordinaria. Argumenta que la mencionada Junta General Extraordinaria tuvo el carácter de Universal, que la decisión sobre la mencionada dotación es unilateral sin que pueda en ello la Administración poner obstáculo alguno y que la limitación fue debida a un error. Se desestima. Aunque la junta extraordinaria en la que se rectifica la dotación fuese de carácter universal y por tanto no hubiese necesidad de convocatoria previa y se pudiese tratar cualquier tipo de asunto sin cortapisas, no hay que obviar que de la ley se desprende una clara distinción entre Juntas Ordinarias y Extraordinarias, por lo que la fundamentación del Organo en el acuerdo que la recurrente impugna de que la decisión sobre la distribución de resultados es competencia de la Junta General Ordinaria es perfectamente válido. Es cierto también que la decisión es de carácter unilateral, pero ello no impide que la Administración pueda intervenir (de hecho debe hacerlo obligatoriamente) en todo tipo de decisiones que tomen los sujetos pasivos en tanto en cuanto aquéllas tengan trascendencia tributaria. En cuanto al supuesto error que provocó una dotación inferior, la rectificación que se produjo en la Junta General Extraordinaria Universal no puede ser admitida porque en ella lo único que se produce es una nueva y distinta aplicación del resultado pero nunca una subsanación, ya que el acuerdo de la Junta General Ordinaria se adoptó libre y conscientemente sin mediar vicio o defecto alguno; el error debería haber sido esencial y excusable. No se demuestra en este caso que el acuerdo de la Junta General Ordinaria se haya visto viciado por factor externo alguno y además podría haberse salvado si los servicios administrativos y contables de la sociedad hubieran obrado con diligencia.
1º) Dotación a Reserva Especial para Inversiones por cuantía inferior a la permitida por la norma. 2º) Distinción de los diferentes tipos de juntas que se pueden constituir en una sociedad. 3º) El error como motivo invalidante de un acuerdo de junta. 4º) Competencia de la Administración para entrar en materia extratributaria.
Visto escrito presentado por Don (?) en representación de la Compañía Mercantil ?(?), S.A.?, con C.I.F. (?) y domicilio en (?) (Navarra), en relación con anterior Acuerdo de este Organo, de 22 de julio de 1998.
PRIMERO.- Mediante Acuerdo de este Organo, de 22 de julio de 1998, vino a desestimarse recurso interpuesto por la interesada contra liquidación provisional número (?) practicada por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1994.
SEGUNDO.- Disconforme con el pronunciamiento contenido en dicho Acuerdo, viene ahora la interesada a interponer recurso de reposición ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Navarra, de 8 de octubre de 1998, señalando que la dotación a la Reserva Especial para Inversiones realizada por medio de Acuerdo de la Junta General Ordinaria de 30 de junio de 1995 se vio mediatizada por una incorrecta interpretación del artículo 2 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre; que ello dio lugar a la realización de una dotación muy inferior a la permitida por la norma, cuando, además, existían posibilidades económicas para realizar una dotación muy superior; que tal error se trató de corregir a través del Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 2 de agosto de 1995 que elevó la dotación a la dicha Reserva; que la decisión que adopta la interesada a la hora de dotar la Reserva Especial para Inversiones es unilateral y no tiene en ella participación la Administración Tributaria, por lo que dicha decisión pudo modificarse unilateralmente por la recurrente sin que pueda la Administración Tributaria poner obstáculo alguno a ello; que habiendo fundamentado el Organo de Resolución Tributaria el Acuerdo impugnado en que la decisión acerca de la distribución del resultado es competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el tal razonamiento no es válido, puesto que la Junta del caso fue una Junta Universal, que se rige por lo dispuesto en el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, mucho más amplio en su contenido que los que regulan la Junta General Ordinaria y la Junta General Extraordinaria, al permitir que la Junta Universal conozca de cualquier asunto. Solicita, pues, sea admitida la rectificación del Acuerdo primitivo de la Junta General Ordinaria por el que vino a elevarse la cuantía de la dotación a la Reserva Especial para Inversiones.
SEGUNDO.- Ciertamente, el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establece que ?no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta?. Y no es menos cierto que Uría González, Menéndez Menéndez y Muñoz Planas hacen el comentario que transcribe la recurrente en su escrito, pero conviene leerlo en el contexto en que tal afirmación se hace para valorarlo en toda su amplitud: ?La competencia de las juntas universales es la misma que la de las juntas ordinarias o extraordinarias previamente convocadas. No habría razón alguna que justificase poner cortapisas a la competencia de estas juntas en las que precisamente está presente todo el capital. La ley declara explícitamente al efecto que la junta universal se reputará válidamente constituida ?para tratar cualquier asunto?. Todos los asuntos propios de la competencia de la junta general pueden ser decididos en junta universal de accionistas, incluso aquellos que son de la competencia exclusiva de la junta general ordinaria. Si dentro del primer semestre del ejercicio social, estando presente todo el capital social, acuerdan los socios celebrar sin previa convocatoria junta general ordinaria para censurar la gestión de los administradores, aprobar en su caso las cuentas y el balance y decidir sobre el reparto de beneficios, no podrá oponerse reparo alguno a la válida constitución de esa junta, que tendrá la condición de junta general ordinaria y universal. Cuando el artículo 99 comienza diciendo ?no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores?, expresa claramente que tanto las juntas ordinarias como las extraordinarias pueden celebrarse conservando ese carácter sin necesidad de haber realizado previamente la convocatoria de las mismas en la forma establecida por la ley y por los estatutos del caso?. Como puede verse, aun cuando la dicción del artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas parece tajante en cuanto a una eventual desconexión del régimen jurídico de las Juntas Universales respecto del de las Juntas Generales, la opinión de la doctrina nos conduce de nuevo a no olvidar la distinción entre Juntas Ordinarias y Extraordinarias, por lo que la doctrina contenida en el Acuerdo impugnado (y que no vamos a transcribir nuevamente aquí por no repetirla innecesariamente) es perfectamente aplicable al caso.
TERCERO.- Sostiene la recurrente en su escrito que la decisión de la dotación a la Reserva Especial para inversiones es unilateral y de exclusiva competencia suya, por lo que la Administración nada puede objetar a tal decisión y queda vinculada a los efectos fiscales que produce. De ello se derivaría como consecuencia que si la decisión original de dotar la reserva tiene carácter unilateral, su rectificación ha de tener forzosamente carácter unilateral. En toda esta argumentación olvida la recurrente que su decisión de dotar la Reserva Especial para Inversiones se halla en el marco de una auténtica relación jurídica con la Administración: la relación jurídico-tributaria. Dicha relación tiene verdadero carácter obligacional entre los sujetos pasivos de los tributos y la Administración Tributaria, y se ve condicionada por las actuaciones llevadas a cabo por los sujetos pasivos de los tributos, por lo que no puede decirse que la Administración Tributaria sea ajena a las decisiones adoptadas por los sujetos pasivos en cuanto se vea directamente afectada. Así que determinadas decisiones de los sujetos pasivos realizadas en ámbitos u órdenes distintos del tributario, en cuanto tienen finalmente trascendencia tributaria, pueden venir a ser objeto de toma en consideración por la Administración Tributaria para determinar su validez o nulidad, en definitiva, su eficacia jurídica, siempre en los estrictos límites de lo tributario. Así ha venido a reconocerlo, además, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 31 de diciembre de 1998: ?Entrando el fondo del asunto la Sala debe hacer aplicación de lo dispuesto en el artículo 4º de la L.J.C.A. de 1956, de contenido análogo al 4 de la Ley de 1998. La competencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa se extenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales no pertenecientes al orden administrativo y que estén directamente relacionadas con un recurso Contencioso-Administrativo, si bien la decisión que en esta Sentencia se pronuncie no producirá efectos fuera de este proceso y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente?.
CUARTO.- Visto ya que debe mantenerse la doctrina acerca de la imposibilidad de tomar como válido el Acuerdo de la Junta General Universal celebrada en 2 de agosto de 1995 en tanto en cuanto implicaría una nueva aplicación o distribución del resultado del ejercicio, debe examinarse ahora con más profundidad sin podríamos tomar el dicho Acuerdo como rectificativo del adoptado en Junta General Ordinaria de 30 de junio de 1995, por haberse incurrido en aquél en error que invalidaría el consentimiento prestado a la hora de la votación. Ya se decía en el Acuerdo impugnado que ?el Acuerdo de 30 de junio de 1995 se adoptó, pues, libre y conscientemente, sin haber mediado vicio de la voluntad alguno que lo invalide, y no cabe entonces hablar de subsanación de un acto en el cual no se observa defecto alguno, por lo que mediante Acuerdo de la Junta General Universal de 2 de agosto de 1995 no se produce sino una nueva y distinta aplicación del resultado, lo cual resulta inadmisible de todo punto?. Pues bien: pretende ahora la interesada hacer ver en esta fase de reposición que el error existió y que fue de una tal trascendencia que motivó la adopción de una decisión, a su vez, equivocada. La doctrina acerca del error en la formación de la voluntad en los negocios jurídicos es tremendamente restrictiva (Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1962, 14 de mayo de 1968 y 30 de mayo de 1991), de tal modo que no siempre que los contratantes sufren un error en la formación de su voluntad negocial da lugar el ordenamiento a la impugnación del negocio, teniendo el error con trascendencia anulatoria, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de septiembre de 1963, un sentido excepcional muy acusado. Ello da lugar a que en aras del principio de conservación del negocio los supuestos de anulación de negocios que se dicen viciados de error sean muy escasos, al exigirse para la invalidación del negocio, entre otros requisitos, que el error sea esencial y excusable para el que lo padece (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1978, 14 de julio de 1995 y 28 de septiembre de 1996).
A) En primer lugar, que el error sea esencial quiere decir que sea determinante de la voluntad del contratante que lo sufre, lo que exige, para empezar, que el error sólo da lugar a impugnación cuando existe un nexo de causalidad entre el mismo y la finalidad pretendida por el contratante (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1943 y 25 de mayo de 1963). En el caso que se somete a nuestra consideración se afirma por la interesada que ?por una interpretación equivocada del referido artículo 2, y especialmente en cuanto al límite de reducción del 40% de la base imponible, los servicios administrativos de (?), S.A., calcularon erróneamente la orden dada por los administradores, dotando a la reserva especial para inversiones -primera vez que figuraba tal reserva en la contabilidad social de la compañía-, en la cifra de 18.352.489 ptas., cuando el resultado del ejercicio permitía por su cuantía dotar holgadamente la citada reserva y en cifra notoriamente superior?, lo que motivó la adopción del Acuerdo de 30 de junio de 1995. Posteriormente se intentó subsanar el dicho error a través de la adopción del Acuerdo de 2 de agosto de 1995, rectificativo del anterior, una vez que se interpretó correctamente la normativa vigente. Pues bien: aunque se afirma que el error de los servicios contables motivó, a su vez, errores tanto en la distribución de los resultados del ejercicio 1994 como en los accionistas, que se votaron la propuesta convencidos de que estaban aprobando, dentro de las cuentas anuales, la creación de una reserva especial para inversiones, por el máximo permitido por la Ley Foral, sin que ello fuera así, lo cierto es que no se ha venido a demostrar que sucedieran esos avatares previos a la aprobación de la primitiva distribución de resultados ni que hubiera tal relación de causa a efecto entre esas circunstancias previas y la voluntad de los socios manifestada en la Junta General Ordinaria. Lo único que le consta fehacientemente a este Organo es que en 30 de junio de 1995 se adoptó por la Junta General Ordinaria de ?(?), S.A.? un Acuerdo que contenía una determinada distribución de beneficios, sin que pueda llegar a decirse que el Acuerdo se haya visto viciado por factor externo alguno.
B) Aunque el Código Civil no lo exige (a diferencia de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, en su ley 19.2), la jurisprudencia ha venido señalando reiteradamente que para que el error pueda resultar invalidante debe ser excusable (en la doctrina canónica se suele hablar de error invencible), en el sentido de que pueda salvarse con una diligencia normal (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1943, 16 de diciembre de 1953, 5 de marzo de 1962, 8 de junio de 1986, 14 de febrero de 1994 y 25 de enero de 1996, entre otras muchas) por no ser imputable a quien lo padece (Sentencias de 21 de octubre de 1932 y 16 de diciembre de 1957) y derivarse de actos para él desconocidos (Sentencias, entre otras, de 1 de julio de 1915, 16 de diciembre de 1927 y 26 de diciembre de 1944). Tampoco puede decirse que en el caso concurra este requisito, ya que el error provino de una inadecuada interpretación de la norma por los servicios administrativos y contables de la Sociedad, error que podría haberse salvado con la debida diligencia tanto de los propios servicios administrativos y contables de la propia sociedad como de los Socios al tomar su decisión. La mejor prueba de la falta de diligencia en este sentido es que trató de subsanarse el error sólo un mes después de cometerlo, lo que indica que bien pudieron tomarse las medidas oportunas para la adopción de una decisión mucho más meditada y correcta para los intereses sociales.
Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por la representación de la Compañía Mercantil ?(?), S.A.? contra anterior Acuerdo de este Organo, de 22 de julio de 1998, relativo a tributación por el Impuesto sobre Sociedades y ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1994, confirmándose dicho Acuerdo en sus propios términos.
Sentencia Civil Nº 24/2006, AP - Cadiz, Sec. 1, Rec 13/2006, 17-02-2006
Orden: Civil Fecha: 17/02/2006 Tribunal: Ap - Cadiz Ponente: Rodriguez De Sanabria Mesa, Fernando Francisco Num. Sentencia: 24/2006 Num. Recurso: 13/2006
ARAGÓN 2017 - DEDUCCIÓN IRPF INVERSIONES ENTIDADES MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL
Materia139543 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESDE 01/01/2015 LEYES 35/2006 Y 26/2014 - COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DEDUCCIONES AUTÓNOMICAS - ARAGÓN 2017Pregunta¿En qué consiste la deducción por inversión en acciones de entidades que coticen en el segme...

References: Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 4
 artículo 2