Source: http://slideflix.net/doc/94812/el-caso-del-proceso-por-el-asesinato-de-facundo-quiroga-e..
Timestamp: 2018-03-19 08:28:13+00:00

Document:
El caso del proceso por el asesinato de Facundo Quiroga en la
Download El caso del proceso por el asesinato de Facundo Quiroga en la
El caso del proceso por el asesinato de
Facundo Quiroga en la historia del ritual
judicial argentino
Alan Iud*
En Argentina el proceso penal adquirió características propias luego
de la Independencia, asumiendo algunas de las funciones y elementos de
los procesos penales europeos y angloamericanos, pero careciendo decisivamente de otros, sufriendo así una continua deslegitimación política. En
este trabajo, se analiza este tópico a partir de un caso ocurrido en la etapa de
formación de nuestra justicia penal, que refleja las rupturas y continuidades
con el sistema propio de la época colonial.
Palabras clave: justicia penal, ritual judicia, proceso, Juan Manuel de
Rosas, Facundo Quiroga.
The Facundo Quiroga murder trial in the history of judicial rituals
In Argentina the criminal process took on its own characteristics after the Independence, assuming some of the functions and elements of the
Europeans and Anglo-Americans criminal processes, but not having others
that were crucial, suffering then a continuous lack of political legitimacy. In
this paper, this issue is analyzed with a case study that happened during the
* Abogado. Doctorando en Derecho Penal (UBA), [email protected]
El caso del proceso por el asesinato de Facundo Quiroga en la historia del ritual...
period of foundation of our criminal justice system, showing the interruptions
and continuities with the criminal justice system at the colonial period.
Keywords: criminal justice, rituals at trials, process, Juan Manuel de
En un breve pero estimulante artículo, Víctor Abramovich recuerda a
Rock Hudson personificando en una película a un famoso profesor de pesca
que jamás había pescado. Había construido su prestigio escribiendo decenas de libros elaborados a partir de la lectura de otros libros. Por eso, Abramovich nos dice: “A este especial dominio del saber teorético, logrado en
base a la lectura de libros sobre libros, con total prescindencia de la realidad
referida, lo llamaremos en su honor: complejo de Rock Hudson”. Y luego
señala sus distintas manifestaciones en el ámbito del estudio del derecho,
remarcando el análisis de los fallos judiciales “mutilados del proceso”, para
finalmente sugerirnos retomar el camino de Foucault y Marí proponiendo
un esquema de análisis de lo jurídico (y con ello de lo judicial) que comprenda las diversas batallas que se libran a través de un proceso.1 Este trabajo se
inspira en esta ambiciosa propuesta: trataré de reflejar elementos del ritual
judicial en la Argentina preconstitucional, con el objetivo de evidenciar sus
continuidades en nuestras prácticas actuales, a partir de un caso judicial
concreto, la causa penal seguida contra los responsables de la muerte de
Juan Facundo Quiroga y su comitiva.2 Como veremos, se trata de un caso
1. Abramovich, V., “El complejo de Rock Hudson. Sobre el menosprecio de la práctica judicial y de su propio discurso en el estudio y la enseñanza del derecho”, No hay Derecho,
1991, N°4, Buenos Aires.
2. Puede consultarse en el Tesoro de la Biblioteca Nacional de acuerdo a la siguiente cita:
“Causa criminal seguida contra los autores y cómplices de los asesinatos perpetrados en
Barranca-Yaco, territorio de Córdoba, el día 16 de febrero del año 1835, en las personas del Exmo. Sr. Brigadier General D. Juan Facundo Quiroga, comisionado del Exmo.
Gobierno de Buenos Aires, su secretario, Coronel Mayor D. José Santos Ortiz, y demás
individuos de su comitiva. Con las defensas de los reos, acusación del Fiscal del Estado,
dictámenes del Juez Comisionado, y del Asesor General, y de las última actuaciones hasta
la sentencia definitiva, y su egecución”. Publicación oficial, Imprenta del Estado, Buenos
Aires, 1837. Además, hay un detallado resumen en Levene, R., Historia del derecho argentino, Buenos Aires, VIII, 1954, pp. 477-537 y XI (documentos), 1958, pp. 239-334. Y
paradigmático, pues en un tiempo en que las disputas políticas se saldaban
con la guerra y la muerte, se incorporó al proceso penal como una herramienta específica de transmisión de mensajes políticos. Además, producto
del particular momento histórico que se vivía, con un orden moderno todavía no terminado de instituirse, el proceso a los asesinos de Quiroga aparece como un ritual judicial complejo en el que se manifiestan elementos de
tiempos históricos en disputa.
I. El proceso como ritual y la realidad histórica argentina
Afirma Ignacio Tedesco que “el juicio penal público, que se conformó
a partir de la segunda mitad del siglo XIX en la sociedad occidental, es un
ritual judicial cuya dramatización es la reconstrucción de una verdad producto de una ficción a través de la cual, por un lado, se produce una catarsis
individual y colectiva saludable en tanto se produce un proceso de identificación comunitaria, al mismo tiempo que el Estado legitima su poder de
castigar”, agregando que no sólo “es un proceso de escenificación dramática,
sino que […] es un ritual judicial que se constituye como ficción e imagen
cultural”.3
Como todo ritual, entonces, cumplirá una función integradora de valores. Así lo explica Tedesco: “Los rituales cumplen varias funciones. Por un
lado, expresan y liberan la inquietud humana ante el cuerpo y el mundo, su
transformación y aniquilamiento; por el otro, constituyen un mecanismo de
mediación con lo divino o con ciertas formas de valores ocultos o ideales;
y, finalmente, refuerzan el vínculo social a través de su función de comunicación y de regulación”.4 En este sentido, se ha dicho que el ritual “no sólo
pone fin a algo, sino que se organiza para formar y reformar toda la vida
social”.5
un resumen menor, con comentarios, en Zorraquín Becú, R., “El proceso a los asesinos de
Quiroga”, en Revista del Instituto de Historia Ricardo Levene, 1971, N°22, pp. 165-205,
Facultad de Derecho de la UBA, Buenos Aires.
3. Tedesco, I. F., El acusado en el ritual judicial. Ficción e imagen cultural, 1ª ed., Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007, p. 139 y ss., p. 118.
4. Tedesco, I. F., op. cit., p. 132.
5. Anitua, G. I., Justicia penal pública. Un estudio a partir del principio de publicidad
Así, según Garland, “para Durkheim los rituales de justicia penal –el
juicio en el tribunal, la aprobación de la sentencia, la ejecución del castigo–
son, en efecto, la encarnación y la representación formal de la conciencia colectiva”. Y continúa: “Los rituales no sólo ‘expresan’ emociones; las suscitan
y organizan su contenido; proporcionan una especie de teatro didáctico por
medio del cual se enseña al espectador qué sentir, cómo reaccionar y cuáles
sentimientos exhibir en esa situación. Los rituales –incluyendo los rituales
de justicia penal– son ceremonias que, mediante la manipulación de la emoción, despiertan compromisos de valor específicos en los participantes y en
el público, y actúan como una especie de educación sentimental, generando
y regenerando una mentalidad y sensibilidad definidas. […] En otras palabras, el proceso penal debe verse como el medio para suscitar, expresar y
modificar las pasiones, así como el juicio instrumental para administrar justicia a los transgresores. A la vez de ‘hacer algo’ con respecto al control del
delito, los rituales penales manipulan las formas simbólicas como un medio
para educar y tranquilizar al público. Los símbolos que se invocan en estas
ceremonias –al igual que todos los símbolos públicos– ‘funcionan en situaciones concretas para organizar las percepciones (significados, emociones,
conceptos y actitudes)’ y, de este modo, perfilan el ethos cultural y la sensibilidad personal. Por ello el castigo ayuda a estructurar nuestro discurso y
prácticas habituales para ‘acusar’, ‘culpar’ y reflexionar acerca del crimen.
Proporciona una guía moral, patrones de discernimiento y un lenguaje condenatorio con profundas repercusiones sociales para organizar la conducta
de todo tipo de personas, al igual que su papel en la retroalimentación directa de apoyo a las instituciones de castigo”.6
El juicio penal público, entonces, aparecerá en la modernidad para suplantar como ritual a la ejecución del castigo, que había sido la instancia comunicativa propia de la justicia inquisitiva. Así, “la conformación del juicio
penal público en los sistemas de enjuiciamiento penal occidentales, entre
fines del siglo XVIII y la centuria siguiente, fue una oportunidad para reflejar la racionalidad imperante en el proceso de imposición del castigo estatal.
de los juicios penales, 1º ed., Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003, con cita a Edward
Muir, p. 322.
6. Garland, David, Castigo y sociedad moderna, Siglo XXI editores, 2º ed. en español,
2006, México, pp. 88-90.
Las ‘ceremonias’ penales pasaron a ser predecibles, eficaces e incruentas.
Los procesos rituales del conflicto penal se confinaron al tribunal y a las
instancias de condena y sentencia, y no a su ejecución”.7
Resta aclarar que esta clase de ritual judicial requiere de ciertos elementos. Así, Tedesco explica que “esta escenificación del juicio implica necesariamente que este debe ser considerado un espectáculo que se representa ante un público determinado. Como tal, posee tres de las reglas del teatro
clásico. Por un lado, ‘unidad de lugar’: todo el proceso se desarrolla en la
sala de audiencia; ‘unidad de tiempo’: el juicio se condensa en un espacio de
tiempo determinado y continuo hasta que se llega a una decisión final; y una
‘unidad de acción’: a lo largo del proceso una sola acción humana es juzgada
y todo lo que acontezca lo será en derredor de ese caso”.8
Pues bien, la idea que inspira este trabajo es que el juicio penal en Argentina tomó características propias luego de la emancipación política del
reino de España, asumiendo algunas de las funciones y elementos presentes
en los procesos penales europeos y angloamericanos, pero careciendo decisivamente de otros, sufriendo así una continua deslegitimación política. No
en vano nuestro sistema procesal penal es ubicado conceptualmente como
un sistema de enjuiciamiento “inquisitivo reformado”.
Pero esta es una característica conocida de nuestra justicia penal. Lo
que yo me propongo, en todo caso, es ejemplificar con una causa criminal
en particular estos elementos. Y para ello he optado por analizar un proceso
que tuvo lugar durante la etapa formativa de nuestra justicia penal, pues
entiendo que es en ese momento donde mejor se ven las rupturas y continuidades con el sistema inquisitivo propio de la época colonial, a la par que
parto del presupuesto de que nuestro sistema de justicia penal no ha sufrido
desde entonces significativas variaciones.9
7. Tedesco, I. F., op. cit., p. 140.
8. Tedesco, I. F., op. cit., p. 120.
9. Por supuesto que esta afirmación es exagerada si se analizan las normas que regulan el
enjuiciamiento penal y, fundamentalmente, los progresos obtenidos en materia de derechos y garantías. Sin embargo, esas modificaciones constituyen más bien nuevos límites
del sistema de enjuiciamiento instaurado en aquel entonces, sin implicar su transformación. La instauración del juicio oral y público en 1992 no modifica sustancialmente este
análisis, dado que sólo una pequeña porción de los casos que ingresan al sistema llegan a
la etapa de juicio y que, además, la publicidad de los mismos es más declamativa que real.
Para ello, será imprescindible realizar un análisis contextualizado de
dicho proceso. Por eso, primero repasaré someramente la situación política originada luego de la Revolución de Mayo y sus implicancias en materia
jurídica. Luego reseñaré algunos datos históricos relevantes sobre el asesinato de Facundo Quiroga, sobre los cuales existe consenso entre las distintas corrientes historiográficas. Y, finalmente, pasaré a revisar el juicio a los
asesinos de Facundo, tratando de detectar sus particularidades y encontrar
algunas de sus razones.
II. Revolución y guerra. La Argentina preconstitucional y la
conformación del espacio judicial
Tulio Halperín Donghi sintetizó bajo la frase “revolución y guerra” el
período comprendido entre la Revolución de Mayo y la organización de la
República con la adopción de la Constitución Nacional en 1852.10 Pocas veces se resumió tan precisa y escuetamente unas cuatro décadas.
Como se sabe, la llamada Revolución de Mayo estuvo muy lejos de ser
el resultado de una lucha de liberación nacional. No existía tal cosa –una
“nación argentina”– y la revolución parece ser más efecto de una serie de
hechos desencadenados en otras latitudes, interpretados hábilmente por
una elite dirigente incipiente y diversa. Así, las distintas corrientes historiográficas parecen coincidir en que dos hechos fueron decisivos para ese
desenlace revolucionario: la contundente derrota de los invasores ingleses
en 1806 y 1807 propinada por los criollos11 –sin intervención de la corona
española– y la ocupación de España por la Francia liderada por Napoleón
Bonaparte. Estos hechos generaron la oportunidad política para concretar
un velado reclamo de la incipiente burguesía rioplatense: el comercio libre
con el mundo, pero especialmente con Inglaterra y Francia. En definitiva, la
Revolución de Mayo no tuvo el impulso de una comunidad constituida, con
signos identitarios definidos que estaban oprimidos y luchaban por su liber-
10. Halperín Donghi, T., Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la
argentina criolla, Siglo XXI, Buenos Aires, 1994.
11. En rigor, por criollos, negros y españoles, según David Rock. Argentina 1516-1987.
Desde la colonización española hasta Raúl Alfonsín, Alianza, Buenos Aires, 1ª ed., 1989,
5ª reed. 1999, p. 113.
tad, sino que, por el contrario, fue producto de la visión política de una elite,
representante de la burguesía mercantil porteña, que necesitaba expandir
Pues bien, la generación y distribución de la renta fue también el motor
de las disputas posteriores de esa elite dirigente y sus herederos. Así, después de la Revolución de Mayo y la consagración definitiva de la independencia en 1816, tiene lugar una feroz y duradera guerra civil que enfrenta a
dos facciones: los unitarios y los federales. Como se sabe, los unitarios eran
tributarios del centralismo, procuraban la aseguración de la renta comercial
para Buenos Aires y reivindicaban a esta como eje político-económico del
naciente país. Los federales, en cambio, representaban los intereses político-económicos del resto de las provincias y arrastraban tras de sí, a partir
de las figuras caudillescas de sus líderes, a las masas postergadas.12 Es que,
como dice Alberdi, la Revolución de Mayo creó “el estado metrópoli, Buenos
Aires, y el país vasallo […]. El uno gobierna, el otro obedece; el uno goza del
tesoro, el otro lo produce; el uno es feliz, el otro miserable; el uno tiene su
renta y su gasto garantido; el otro no tiene seguro su pan”.13
Es lógico que en este escenario de permanente y descarnado conflicto, donde ningún grupo conseguía imponerse de forma duradera al otro, la
organización político-jurídica como nación fuera una quimera. Así, fracasaron sucesivamente numerosos proyectos de constituciones nacionales. Y así
también en el campo judicial se mantenían fuertes continuidades de sus características hispánicas. En definitiva, la Revolución de Mayo trajo escasos
cambios para la resolución de los conflictos, a pesar de la proliferación de
ideas liberales, del florecimiento de un iluminismo sui generis, a la porteña,
y del dictado de algunas normas tributarias de esta filosofía.
El mejor reflejo esta tensión entre los cambios políticos y la continuidad del campo judicial colonial es, como señala Zorraquín Becú, el reemplazo de los miembros españoles de la Audiencia de Buenos Aires por jueces
criollos, realizado el 22 de junio de 1810, y de acuerdo a los procedimientos
12. Si bien estos dirigentes representaban a las burguesías provinciales en formación, es
indiscutible que muchos de ellos consiguieron encolumnar tras de sí a grandes sectores de
la población gauchesca. Al decir del historiador revisionista José María Rosa, “el caudillo
era el sindicato del gaucho” (Feinmann, J. P., La Sangre derramada. Ensayo sobre la
violencia política, Booket, Buenos Aires, 1ª ed. 1998, 3ª ed. 2007, p. 158).
13. Alberdi, J. B., op. cit., p. 110, citado por Feinmann, J. P., op. cit., p. 135.
legales establecidos por la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680.14 Es
decir que la conformación del nuevo gobierno –al fin y al cabo, del primer
gobierno patrio– impulsaba su desplazamiento, pero el mismo se atenía a la
legislación emanada de la propia España hacía más de un siglo.
Por otro lado, Osvaldo Barreneche, en un documentado estudio sobre
este período, sostiene que la creación de una fuerza policial en la década de
1810 –junto con una desafortunada reorganización judicial en la provincia
de Buenos Aires en la década siguiente– dejó a los jueces criminales sin la
dependencia directa de estos, que devino en “una justicia criminal de puertas adentro complementada por una fuerza policial auxiliar con gran poder
de interferencia entre los magistrados y la sociedad civil. El uniforme y no
la toga, en sentido figurado, pasarían a ser el símbolo visible de la justicia
republicana bonaerense para generaciones futuras”.15
En lo que respecta a la justicia criminal bajo el poder de Rosas, Ricardo
Salvatore cuenta que durante su dominio, se despliega en Buenos Aires un
complejo aparato judicial, en el que funcionan los códigos del espectáculo
y la retribución, como medio para la aplicación y difusión de la ley. Este
aparato judicial se caracterizaba por presentar dos instancias diferenciadas
de aplicación de la ley: una local, para la campaña, y otra central, para la ciudad. Explica Salvatore que “la justicia central estaba definitivamente marcada por objetivos militares. En período de campañas militares, justos y pecadores eran enrolados con excusas varias (delitos existentes o imputados);
sus destinos, decididos por el dictador, reflejaban los requerimientos de la
guerra. La justicia local, por otra parte, no parecía tan arbitraria; se ocupaba
de ‘pacificar’ y ‘ordenar’ la campaña con penalidades más variadas y atenuadas. Eran estos dos ejercicios disciplinarios diferentes: uno se orientaba a
imponer por la fuerza la ‘contribución’ que los ciudadanos debían al estado
guerrero, el otro trataba de consolidar un orden basado en la propiedad, las
buenas costumbres, y el respeto de la ley.” Y continúa: “la justicia en la era
rosista presenta características propias, a medio camino entre el antiguo modelo de espectáculo y poder real y el moderno modelo de prisiones-fábricas
14. Citado en Barreneche, Osvaldo, Dentro de la Ley, Todo. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina, Ediciones
Al Margen, La Plata, 2001, p. 77.
15. Barreneche, O., op. cit., p. 109.
e igualdad ante la ley. La dualidad entre la justicia local y la central esconde
una escisión mayor entre la visibilidad de algunos castigos y la invisibilidad
de otros. Aquí la didáctica popular del espectáculo se complementa con el
temor de lo oculto: un tiempo indefinido de prisión en Santos Lugares y una
sentencia muchas veces arbitraria y desproporcionada aguardaba a todos
los presos remitidos desde la campaña. Mientras que la justicia local (orden
vecinal y propietario) aparece inmediata, previsible, y visible, la justicia central (el poder autocrático, la maquinaria guerrera) se presentaba como algo
arbitrario, impredecible. Es que el estado rosista combina los atributos del
antiguo régimen –el absolutismo, la centralización del poder– con atributos
bien modernos, republicanos –la predictibilidad y visibilidad de la pena, el
principio de igualdad ante la ley y la especialización del poder punitivo. Por
ello, el sistema de delitos y penalidades construido por Rosas no encaja en
ningún ‘modelo punitivo’. Junto con esta compleja y a veces confusa justicia ‘dual’ (local-central), operaba un sistema judicial ‘moderno’ con asiento
en la Capital. Algunos casos de homicidios, robo, violaciones, injurias, etc.,
seguían un curso totalmente distinto al descripto anteriormente. Se iniciaba
un sumario policial, se elevaba el caso a un juez de primera instancia, se
sustanciaba el proceso con testigos y pruebas, fiscal y defensor presentaban
sus alegatos y el juez dictaba sentencia”.16
III. El jardín de los senderos que se bifurcan: ideas políticojurídicas y prácticas concretas
Como vimos, la Revolución de Mayo no trajo consigo grandes cambios
en materia judicial. Sin embargo, no puede decirse lo mismo en cuanto a las
ideas de los juristas y de los dirigentes sobre lo legal: el complejo de Rock
Hudson existió entre nosotros desde mucho antes de la organización de la
Es uniformemente aceptado por las distintas corrientes historiográficas que durante los años de la Revolución de Mayo (pre y pos 1810) hubo
una importante difusión del iluminismo entre la elite porteña. Primero a
través del contrabando y luego con mayor libertad, la elite lectora pudo dis-
16. Salvatore, R., “El imperio de la Ley. Delito, estado y sociedad en la era rosista”, en
revista Delito y Sociedad, año III, Nº4/5, 1993/94, Buenos Aires, p. 97 y ss.
poner de ejemplares de las obras de Montesquieu, Descartes, Locke, Voltaire
y Rousseau. Sin embargo, esta elite ilustrada recibe al liberalismo de una
forma “sui generis”, eliminando sus elementos “anticlericales” (simbolizado
por la célebre frase con la que Moreno justificó la supresión de los capítulos
y pasajes dedicados a la religión en su traducción de El contrato social, de
Jean Jacques Rousseau). Este mutilamiento es atribuido usualmente a la
influencia del “moderantismo español”, definido por Tomás y Valiente como
“el régimen político de una oligarquía que desea guardar las formas de un
régimen representativo sin perjuicio de renunciar de antemano a los resultados que comportaría una aplicación sincera del mismo”.17
En materia jurídica los principales referentes de estas nuevas ideas
indudablemente eran –en la década del 10– el propio Mariano Moreno,
Bernardo de Monteagudo, el deán Gregorio Funes y Pedro José Agrelo. Sin
embargo –como es de esperar que toda Revolución saque a la luz también
a sectores reaccionarios– no faltaban las expresiones a favor de la continuidad del orden legislativo: así se pronunciaban Vicente Pazos Silva o a
Manuel Antonio de Castro, quienes solían remarcar los riesgos de adoptar
reformas apresuradamente.18
De todas formas puede afirmarse que las ideas iluministas se vieron reflejadas en distintas normas jurídicas sancionadas en el período pos-Mayo,
dando cuenta de los profundos cambios políticos producidos,19 ellas son: el
Decreto de Seguridad Individual de 1811, el Estatuto Provisional de 1815, el
Reglamento Provisional de 1817, así como la Constitución de 1819.20 Se trata
17. Bunge Campos, L. M., “El decreto de seguridad individual de 1811” en Hendler, Edmundo (comp.), Las garantías penales y procesales, un enfoque histórico-comparado,
Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001, p. 6.
18. Puede consultarse una acabada reseña de sus posiciones en Tau Anzoátegui, V., La codificación en la Argentina (1810-1870). Mentalidad Social e Ideas Jurídicas, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Colección
de Estudios para la Historia del Derecho Argentino, XI, Buenos Aires, 1977.
19. Se debate la definición de estas normas como “leyes intermedias” (según Alberdi) o
“legislación patria” (según Ricardo Levene).
20. “Tanto un instrumento como el otro estaban en vigencia, al haber sido sancionados
por el Congreso General Constituyente. El de 1817 tuvo carácter provisional, hasta tanto
se sancionara la Constitución. Pero persistió legalmente después, en forma parcial, a través de una disposición de la propia Constitución del 19. En efecto, el art. 135 estableció
de normas jurídicas que consagraron derechos individuales característicos
de la República y el Estado de Derecho, entre los que claramente se encuentran el derecho a la vida, el honor, la libertad, la propiedad, el juicio previo
y la defensa en juicio, y los principios de la inviolabilidad del domicilio y de
legalidad. Como es sabido, la mayoría de ellos fue reconocido por primera
vez en el Decreto de Seguridad Individual, pero las normas que sucedieron
a este los recogieron igualmente (con algunas excepciones en el caso del
Reglamento Provisional de 1817, que como señala Bunge Campos, “representa un retroceso frente a las normas del estatuto, sobre todo en cuanto a
la resistencia al arresto ilegal y a la admisión expresa del arbitrio judicial en
lo referido a las penas”;21 asimismo, el Estatuto Provisional de 1815 contenía
una mayor recepción –con respecto al Decreto de Seguridad Individual– de
los principios de reserva y de legalidad).
Sin embargo, a pesar de estas y otras nuevas normas y del florecimiento discursivo del iluminismo, el derecho penal que siguió a la Revolución de
Mayo no se caracterizó precisamente por las rupturas con el régimen anterior.
En este sentido, Abelardo Levaggi afirma: “No debe suponerse […]
que la Revolución de Mayo produjera en el derecho penal argentino una
transformación radical. Para entender debidamente la situación es menes-
que continuarían ‘observándose la leyes, estatutos y reglamentos que hasta ahora rigen,
en lo que no hayan sido alterados ni digan contradicción con la Constitución presente,
hasta que reciban de la Legislatura las variantes o reformas que estime convenientes’. A
su vez, la Constitución de 1819, como es sabido, no sólo tuvo sanción, sino también principio de aplicación. De una [en referencia al Reglamento Provisional de 1817] y otra no
hubo, pues, derogación expresa alguna en forma total. No obstante, fue tal la conmoción
provocada en el año 1820, con la destrucción del Estado Nacional, que algunos coligieron
que, junto con el Congreso y el Director Supremo, también había caído la Constitución.
No he encontrado desenvuelto en la época el precedente argumento acerca de la vigencia
legal de estos instrumentos constitucionales, pero lo cierto es que ambos se hallan entre
las fuentes más importantes del derecho público provincial desde el mismo año 20 hasta
más allá de la mitad de la centuria. Tuvieron vigencia plena o fragmentada, según los
casos, pero se percibe que ello se realizaba con cierta libertad, acomodando los preceptos
a las peculiaridades locales y también a los mayores o menores resquicios que ofrecía
cada ordenamiento provincial”. Tau Anzoátegui, V., “En torno a la mentalidad de nuestros
juristas del ochocientos”, en Revista de Historia del Derecho, Nº5, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1977, pp. 430-431.
21. Bunge Campos, L. M., op. cit., p. 21.
ter hacer un distingo entre las ideas penales y las normas penales. Respecto
de las primeras, sí puede afirmarse que la Revolución activó el proceso de
cambio que ya se venía operando desde las últimas décadas del XVIII, con
más precisión, desde el reinado de Carlos III, como que, por ejemplo, es de
esta época que data la llegada a Buenos Aires de los libros de Beccaria y de
los ilustrados españoles, entre ellos Lardizábal y el práctico José Marcos
Gutiérrez. Este (las ideas) sería el elemento dinámico del proceso. En vez,
las normas, sólo muy despaciosamente se fueron reformando, a punto tal
que puede decirse sin exageración que entre el sistema penal de 1800 y el
de 1820 o 1840 no había diferencias sensibles, antes bien en algunos casos
se advertían retrocesos, en materia, por ejemplo, de una mayor severidad
de las penas por robos causados y sometidos a la jurisdicción de comisiones
especiales. He aquí el elemento estático de este período, que nos obliga a
recordar, una vez más, el hecho de la supervivencia del anterior derecho
castellano-indiano en la etapa patria precodificada, y aun el de su segunda
vida por la incorporación de sus normas –en mayor o menor medida según
las ramas del derecho– a los códigos. Es que el derecho argentino, no obstante la recepción de principios e instituciones de otros sistemas extranjeros
(considerados como ‘derecho científico’) ha guardado continuidad en lo vertebral, a lo largo del tiempo”.22
Este proceso de ruptura y continuidad trasunta notoriamente en el
Reglamento Provisorio de 1817 (sancionado por el Congreso General Constituyente, que se había reunido en Tucumán en 1816 y que para ese entonces se había trasladado a Buenos Aires), el cual expresamente disponía que:
“Hasta que la Constitución determine lo conveniente, subsistirán todos los
códigos legislativos, cédulas, reglamentos y demás disposiciones generales
del antiguo gobierno español, que no estén en oposición directa o indirecta
con la libertad e independencia de estas provincias, ni con este Reglamento,
y demás disposiciones que no sean contrarias a él, libradas desde el 25 de
Mayo de 1810”. Es decir que continuaban vigentes las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, la Nueva y Novísima Recopilación (aunque esta última nunca
fue muy contemplada) y demás normas españolas antiguas, pero en caso de
22. Levaggi, A., Historia del Derecho Penal Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Lecciones de Historia Jurídica IV, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1978. El destacado me pertenece.
conflicto con las normas sancionadas después de la Revolución, se impondrían estas últimas.
En el plano de las ideas jurídicas, Tau Anzoátegui señala que “era objetivo primordial del esquema racionalista iluminista la renovación legislativa, pero durante estos años las tareas más afanosas las absorbió una parte
de aquel ordenamiento: la constitución política del nuevo Estado. En cambio, el resto del antiguo orden legislativo mereció solo atención secundaria.
No obstante, a través de referencias directas o indirectas, es posible descubrir una actitud crítica predominante contra el ordenamiento existente,
continuando la tónica ilustrada de la segunda mitad del XVIII, acentuada
ahora con severas condenas al pasado colonial y con propuestas de radicales
reformas de inspiración racionalista”.23
Es así que, en los años posteriores a la Revolución, “los debates legislativos sobre nuevas leyes criminales y el código penal fueron generalmente
pospuestos hasta que una constitución fuese aprobada, lo que tomaría mucho más tiempo que el que los líderes de la Revolución de Mayo esperaban.
Pero esto no significó falta de interés en la discusión y aplicación de estas
ideas liberales a las leyes penales vigentes en esos momentos de transición.
Intelectuales, juristas, abogados y legisladores debatieron sobre estas nuevas concepciones que iban penetrando el discurso penal de las facciones políticas en el poder. Desde el momento en que ese pensamiento se difundió
en Buenos Aires, señalaba el periódico El Argos ‘nada fue más deseado que
la reforma de los códigos criminales’”.24
Esta distancia entre normas y realidad también la advierte Bunge Campos: “Período rico y difícil el que abre la segunda década del siglo XIX. En él
conviven los reveses de las armas, los conflictos internos, las diversas realidades locales, la lucha de las tendencias iluministas, con todas sus variantes,
y las tradicionalistas. […] Se trata de pensar un país, luchar una guerra y
unificar un pueblo, todo al mismo tiempo. Ello explica los movimientos pendulares de la legislación de todo el período patrio compuesta básicamente
por dos tipos de normas, las ideológicas por un lado y las empíricas por el
otro; las que tienden a fundar un Estado de derecho por un lado y las que
pretenden solucionar problemas coyunturales por el otro; las impulsan el
23. Tau Anzoátegui, V., La codificación…, op. cit., p. 72.
24. Barreneche, O., op. cit., p. 143.
cambio y las que reaccionan ante las dificultades. Estos dos grupos de normas convivirán en conflicto por largo tiempo en nuestra historia…”.25
Y finalmente, como señala Maier, “a pesar de que entre los principales
motivos que originan la Revolución de Mayo figura siempre, por lo menos
desde el punto de vista político-ideológico, el ingreso al entonces Virreinato
del Río de la Plata de las nuevas ideas liberales procedentes del Iluminismo,
no va a ser posible detectar en nuestro país un avance decisivo en este sentido hasta la Constitución de 1853. Ello es comprensible si se tiene presente
que, en materia de legislación procesal, ni siquiera la Constitución de 1853,
pese a los claros principios que contiene su texto, operó cambios profundos;
ellos debieron ser esperados hasta el siglo XX y, lamentablemente, aún hoy
no han alcanzado solidez cultural en la República Argentina, que conserva
todavía códigos procesales penales cuyas características están inspiradas en
el antiguo régimen (inquisitivo) y cuyos políticos, académicos y prácticos
[…] todavía discuten, y se ven necesitados de discutir, acerca de la implantación de instituciones procesales penales que la Constitución ordena y que,
universalmente, han dejado de ser discutidos…”.26
Sin embargo, esta distancia no parece que fuera exclusiva de nuestra
país ni de esa época. Tal como dice Maier, persiste hasta nuestros días. Es lo
que precisamente denuncia Abramovich al hablarnos del complejo de Rock
Hudson. Más precisamente, Foucault señala que se trata de una de las características de la sociedad contemporánea, a la cual denomina sociedad
disciplinaria. Así, el filósofo francés comienza la cuarta conferencia de La
verdad y las formas jurídicas analizando la formación de la sociedad disciplinaria en Europa, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, y remarca
que ese proceso puede ser caracterizado por la aparición “de dos hechos
contradictorios, o mejor dicho, de un hecho que tiene dos aspectos, dos lados que son aparentemente contradictorios: la reforma y la reorganización
del sistema judicial y penal en los diferentes países de Europa y del mundo”.
Y aclara que “esta transformación no presenta las mismas formas, amplitud
y cronología en los diferentes países. En Inglaterra, por ejemplo, las formas de la justicia permanecieron relativamente estables, mientras que el
25. Bunge Campos, L. M., op. cit., p. 11. El destacado me pertenece.
26. Maier, J. B. J., Derecho Procesal Penal, Tomo I. Fundamentos, Editores del Puerto,
Buenos Aires, 2ª ed., 1996, pp. 391-392.
contenido de las leyes, el conjunto de las conductas reprimibles desde el
punto de vista penal, se modificó profundamente. En el siglo XVIII había en
Inglaterra 313 o 315 conductas susceptibles de llevar a alguien a la horca, al
cadalso, 315 delitos que se castigaban con la pena de muerte. Esto convertía
el código, la ley y el sistema penal inglés del siglo XVIII en uno de los más
salvajes y sangrientos que conoce la historia de la civilización. Esta situación se modificó profundamente a comienzos del siglo XIX sin que cambiaran sustancialmente las formas y las instituciones judiciales inglesas. En
Francia, por el contrario, se produjeron modificaciones muy profundas en
las instituciones penales manteniendo intacto el contenido de la ley penal”.
Luego, Foucault reseña la consagración de la teoría de la infracción penal
(en tanto infracción al pacto social) y las penas pensadas ante la misma por
los teóricos iluministas y hasta recogidas por los legisladores revolucionarios: deportación, trabajo forzado, vergüenza, escándalo público y pena de
Talión. Pero finalmente nos revela que “si observamos lo que realmente ocurrió, cómo funcionó la penalidad tiempo después, hacia el año 1820, en la
época de la Restauración en Francia y de la Santa Alianza en Europa, notamos que el sistema de penalidades adoptado por las sociedades industriales
en formación, en vías de desarrollo, fue enteramente diferente del que se
había proyectado años antes. No es que la práctica haya desmentido a la
teoría, sino que se desvió rápidamente de los principios teóricos enunciados
por Beccaria y Bentham”. Está hablando, claro, del surgimiento de la pena
de prisión.27
Si bien este proceso en la incipiente Argentina indudablemente tuvo
características distintas, en definitiva permite poner en duda que la causa de
esa distancia en el período posrevolucionario fuera la quimérica organización nacional y el “caos” reinante. Sin embargo, el estudio de este problema
excede por completo a este trabajo. Basta con señalar que hay acuerdo entre
los estudiosos de nuestra historia del derecho en cuanto a la ausencia de
cambios profundos en la justicia penal rioplatense pos Mayo, a pesar de la
proliferación del ideario iluminista y la adopción de normas inspiradas en
esa ideología.
En todo caso, tal vez sí podamos decir que el período comprendido
entre 1810 y 1853 fue un tiempo en el cual convivieron elementos de la so-
27. Foucault, M., La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, 2ª ed., 2003, Barcelona, pp. 95-100.
ciedad colonial hispánica que se dejaba atrás y el proyecto de la modernidad
que afloraba. Encontraremos resabios de aquella sociedad y los orígenes de
la nuestra. Es de esperar entonces que podamos encontrar correlatos de estas tensiones en el espacio judicial de la época. Y más precisamente, que
hallemos en aquel ritual judicial similares características al del nuestro.
IV. El asesinato de Juan Facundo Quiroga y la causa
criminal contra sus victimarios
Como ya adelanté, la propuesta de este trabajo es analizar el ritual
judicial-penal en el Buenos Aires preconstitucional, a partir de un caso concreto: la causa penal instruida con motivo del asesinato de Juan Facundo
Quiroga y su comitiva.
La historia de la muerte de Quiroga ha sido ampliamente relatada por
nuestra historiografía y es bien conocida. Caudillo federal combativo y popular de las provincias del noroeste (su origen era La Rioja, pero su ascendencia sobre las provincias excedía ampliamente los límites geográficos),
luego de la derrota en la batalla de Oncativo, aquejado por problemas de salud, se instala en Buenos Aires. Allí, siguiendo el clásico libro de David Peña,
“adquiere una buena propiedad, dota de los mejores maestros a sus hijos;
los vincula a la mejor sociedad, casa a sus hijas con hombres distinguidos y
entra de lleno en el juego de la política sobre la base de su popularidad, de
su fortuna y de la gama extraordinaria, singular, de sus talentos, que lo presentarán ahora como un hombre de salón…”.28 Facundo modera su discurso
y hasta muestra acercamientos con un símbolo de los unitarios: Rivadavia.
Pero esto incomoda decisivamente a otro caudillo, mucho más poderoso:
Juan Manuel de Rosas. La muerte de Facundo quedará instalada como una
sospecha eterna sobre Rosas.
Sigamos aquí el ágil relato de Feinmann: “Facundo anda por los cuarenta y seis años. Su reuma lo corroe dolorosamente. Pero su prestigio es
muy grande. Tanto, que le piden que marche al norte para solucionar un
28. Peña, David, Juan Facundo Quiroga, Eudeba, Buenos Aires, 1968, p. 170.
conflicto que ha surgido entre las provincias de Salta y Tucumán.29 ¿Cómo
no habría de ir Facundo? Su nuevo rol de pacifista y organizador de la Nación se lo exige. Decide marchar sin escolta. Lo acompaña su secretario privado, el doctor Santos Ortiz. Un doctor en Filosofía.
El 20 de diciembre de 1834, Rosas, en la hacienda de Figueroa, le escribe una importante carta que le hace alcanzar con un chasqui. Es la célebre Carta de la hacienda de Figueroa, en la que el Restaurador explicita su
pensamiento político. Dice Rosas: “No habiendo, pues, hasta ahora entre
nosotros, como no hay, unión y tranquilidad menos mal es que no exista
esa Constitución que sufrir los estragos de su disolución”. Este párrafo de la
Carta de la hacienda de Figueroa es posiblemente el más importante y el
que tal vez arroje alguna luz sobre la muerte de Facundo.
Rosas se oponía al dictado de una Constitución. Previa a ella debía
existir la unidad del país. Facundo pensaba: la Constitución dará la unidad.
Rosas pensaba: antes hay que conquistar, en los hechos, la unidad y luego se
podrá dictar una Constitución.
Facundo viaja hacia el norte. Es un viaje penoso. Su reuma lo martiriza.
“[…] Facundo soluciona el conflicto del norte y emprende el regreso.
Le han dicho que los gobernantes de Córdoba, los hermanos Reynafé, han
preparado una partida que lo embosque y le quite la vida. Quiroga, soberbio,
responde: ‘Aún no ha nacido quien pueda matarme’.
Pero sí había nacido. Era un oscuro gaucho levantisco, un criminal obediente, un hombre más cercano a la imprudencia que al coraje. Su nombre
es Santos Pérez y aguarda a Quiroga en un pedregal llamado Barranca Yaco.
[…] El 16 de febrero de 1835, cerca del mediodía, la galera de Facundo
llega a Barranca Yaco. […] [Allí] los detiene la partida de Santos Pérez.30 El
Tigre de los Llanos se asoma por la ventanilla y pregunta: ‘¿Quien comanda
29. Corresponde precisar aquí el relato de Feinmann. El gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba por entonces a cargo, interinamente, de Manuel Vicente Maza, quien era
presidente de la Legislatura. Fue él quien formalmente le solicitó a Quiroga que interviniera. Las Instrucciones fueron publicadas por Enrique M. Barba, Correspondencia entre
Rosas y Quiroga en torno a la organización nacional, pp. 78-82, Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, 1945 (c.fr. Zorraquín Becú, R., op. cit., p. 167).
30. Nuevamente, es necesario aclarar que la partida estaba compuesta por
aproximadamente veinte hombres y que Santos Pérez era capitán de milicias en
esta partida?’. Recibe un pistoletazo en un ojo. Muere al instante. El resto…
es una brutal carnicería. Luego, cuando los asesinos se van, se descarga una
tormenta. Un aguacero de verano, abrupto y tórrido. Violento. Ha sido asesinado Juan Facundo Quiroga.”31
Luego, Feinmann relata que desde el primer momento se instaló la sospecha de que fue el propio Rosas quien mandó a matar a Facundo. Y dice:
“A Rosas se lo incrimina sobre la base de conjeturas. Que son: a) Facundo quería Constitución, Rosas no; b) Facundo había comenzado peligrosas
conversaciones con los unitarios, con los sectores cultos de la sociedad que
abominaban de don Juan Manuel; c) Facundo era el único político con prestigio como para oponerse a los planes de dominación absoluta de Rosas. De
estos tres puntos se deduce: Rosas ordenó la muerte de Facundo”. Pero el
autor nos recuerda que Rosas, desde su destierro en Southampton en 1870,
pregunta: “¿Lo han probado?”. Y es cierto, nadie lo probó.32
Y bien difícil hubiera sido probarlo. Con la muerte Facundo, Rosas
reaparece en el primer plano de la vida política: retorna al gobierno de la
provincia de Buenos Aires y se le adjudica la suma del poder público. En
su discurso de asunción en la Legislatura de Buenos Aires, el 13 de abril
de 1835, Rosas proclama: “Ninguno ignora que una fracción numerosa de
hombres corrompidos, haciendo alarde de su impiedad y poniéndose en
guerra abierta con la religión, la honestidad y la buena fe, ha introducido
por todas partes el desorden y la inmoralidad”. Y agrega: “El remedio a estos
males no puede sujetarse a formas y su aplicación debe ser pronta y expedita. […] La Divina Providencia nos ha puesto en esta terrible situación para
probar nuestra virtud y nuestra constancia. Persigamos a muerte al impío, al
31. Feinmann, J. P., op. cit., p. 170 y ss. Agregaremos aquí que ya había corrido la voz de
que a Facundo lo tratarían de matar al pasar por Córdoba en el viaje hacia el norte. Ese
intento fracasó, pues Facundo y su comitiva habrían pasado más rápido de lo esperado, o
bien porque quien se comprometió a asesinarlo no quiso hacerlo.
32. Feinmann, J. P., op. cit., p. 173. Vale decir que no todos los historiadores abonan esa
hipótesis ni sus presupuestos. Así, se expresa Cárcano, relatando el viaje al norte de Facundo: “El general Quiroga, achacoso y sedentario, encantado de su holganza y holgura,
viaja para servir lealmente aquellos propósitos y no para traicionarlos. Pensar que lo anima la intención de combatir a Rosas y procurar la Constitución del país es desconocer todas las circunstancias y atestiguar más ingenuidad que suspicacia” (Cárcano, R. J., Juan
Facundo Quiroga, p. 34).
sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo al pérfido y traidor que tenga la
osadía de burlarse de nuestra fe. […] Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y de espanto. […] El Todo Poderoso dirigirá nuestros pasos”.33
Pero volvamos a la muerte de Facundo. Inicialmente, la justicia de
Córdoba quedó a cargo de investigar los homicidios. Como era de esperar,
dominada por los hermanos Reynafé, simplemente allí se trató de exculpar
a Santos Pérez y su grupo.34 Los Reynafé, además, contaban con el respaldo
político de Estanislao López, gobernador de Santa Fe, sobre quien también
habían caído sospechas por el asesinato. Pero Rosas, que había hecho de la
muerte de Quiroga la justificación de su retorno –y por si fuera poco, con
la sospecha instalada en su persona–, no pensaba dejar las cosas así. Con
el apoyo de Felipe Ibarra, gobernador de Santiago del Estero, forzó a López
a cambiar de posición.35 Entonces “envió a las provincias la circular del 30
33. Citado en Feinmann, J. P., op. cit., pp. 175-176. A su vez el autor remite a Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas.
34. Se intentó presentar el caso como un robo, desprovisto de connotaciones políticas.
El propio Santos Pérez estaba a cargo de la investigación del hecho, junto con el capitán Francisco Antonio Sánchez, por indicación del Teniente Coronel Guillermo Reinafé.
Este último luego informaba a la Comisión creada por el Gobernador delegado –Domingo
Aguirre– que no había podido “‘columbrarse absolutamente noticia alguna que indique
quiénes hayan sido los perpetradores del delito más atroz que haya visto esta Provincia’.
Habían pasado cinco personas –por la dormida y Guayacaste– armadas y desconocidas y
algunos con caballos de tiro en dos divisiones ‘que al parecer se dirigen a la otra provincia,
quizá éstos sean los delincuentes’. Procuraría la captura de ellos y en caso de verificarse,
tenían orden de remitirlos a la Comisión especial”. Levene, R., Historia del Derecho argentino, T. VIII, ed. cit., p. 482 y ss. Levene luego reseña otros de los sujetos hacia los
cuales dirigieron las sospechas las autoridades cordobesas.
35. Levene reseña una carta de Ibarra al Gobernador de Córdoba: “¿Y se podrá
atribuir al solo deseo de robar, como manifiesta creerlo S. E.?, preguntaba Ibarra.
¿Será infundada la voz pública que predijo este acontecimiento? Y enseguida la
contestación tajante: El Gobernador de Santiago del Estero no encuentra reparo en
decir a S. E. que, antes de la salida del finado general de esta Capital, se supo que
en la Provincia de Córdoba se le esperaba para asesinarlo, que la ejecución estaba
encargada al llamado Santos Pérez, que antes se propuso a un comandante de
Tulumba, quien por negarse a ello fue destituido y desterrado. Se negó a admitir
la escolta con que el gobierno de Santiago quería custodiar su persona hasta la
Provincia de Santa Fe porque creyó que en admitirla ofendía el honor del gobierno
de junio de 1835, en la cual les pedía que interrumpieran sus comunicaciones con el gobierno de Córdoba, para que los Reinafé abandonaran sus
cargos y comparecieran para ser juzgados ante la autoridad encargada de las
Relaciones Exteriores, pues ‘el delito de que se trata es indudablemente de
lesa Patria, por su carácter y trascendencia, por el de la persona del Ilustre
General D. Juan Facundo Quiroga, y la alta y sagrada investidura que traía
de Representante de este Gobierno, para una negociación de Paz, y por consiguiente por la enorme ofensa que se ha hecho con él al honor y dignidad
de toda la República y muy particularmente al de esta Provincia’”.36 Además,
la nota fue publicada en La Gaceta Mercantil y en el Diario de la Tarde.37
Finalmente, la mayoría de las provincias otorgó a Rosas la autorización
que solicitaba para enjuiciar a los asesinos del Tigre de los Llanos.38 Rosas,
“en ejercicio de esta potestad, dictó el procedimiento a seguir. Un ‘letrado
de notoria probidad y suficiencia’ (que sería el camarista Manuel Vicente
Maza),39 debía substanciar la causa con arreglo a derecho hasta ponerla en
de Córdoba. Todavía al terminar, dice Ibarra, anticipando el curso ulterior del
proceso de Barranca Yaco: ‘Sean cuales fueren los sentimientos del Excmo. Gobierno
de Córdoba sobre este triste suceso, el de Santiago cumple un deber en protestarle
que trabajará con infatigable celo hasta descubrir el verdadero culpable y arrastrarle
a un Tribunal nacional, cuyo fallo no será impotente’”. Levene, R., Historia del
derecho argentino, T VIII, p. 485 y ss. La carta de Ibarra es de especial interés, pues
expresa que la de Quiroga fue una “muerte anunciada”, conociéndose desde antes
de su deceso quiénes habrían de matarlo. Según Levene, además, “Estanislao López
no sólo no ha tenido participación alguna en ese hecho, sino que [hubo] interés del
Gobierno de Santa Fe en que se hiciera la instrucción del proceso criminal”. Levene,
op. cit., p. 479. Luego presenta una serie de documentos que, a su entender, dan
cuenta de la voluntad de López de que se haga justicia con los asesinos de Facundo
y desmienten las versiones historiográficas que lo señalan como uno de los autores
intelectuales del crimen, junto con su ministro Domingo Cullen.
36. Zorraquín Becú, R., op. cit., p. 168.
37. Zorraquín Becú, R., op. cit., p. 168.
38. Zorraquín Becú señala las autorizaciones concedidas y afirma que no son idénticas,
pero que algunas señalan que se trataba de un crimen de “lesa patria”, y que Córdoba recién autorizó a Rosas cuando éste consiguió imponer al frente de esa provincia a Manuel
López, y el proceso en Buenos Aires ya había comenzado. Zorraquín Becú, R., op. cit., p.
39. El mismo que estaba a cargo de la provincia de Buenos Aires cuando ocurrió el asesi-
estado de sentencia, y elevarla al gobierno con un extracto del proceso y su
propio dictamen. Luego pasarían los autos al Asesor del Gobierno y separadamente a dos letrados más. De la sentencia podría interponerse recurso de
súplica. Se preveía también el procedimiento a seguir en caso de recusación
del Juez Comisionado.
El trámite establecido por este decreto era el que fijaban las leyes para
las causas que se iniciaban en los tribunales superiores, en los cuales se fallaba el pleito en vista y revista por los mismos magistrados, provocándose
la segunda instancia mediante el recurso de súplica o suplicación.40 Pero
la sentencia, en este caso, estaba a cargo del gobernador que detentaba la
suma del poder público: Juan Manuel de Rosas.
Se desarrolló entonces el proceso en Buenos Aires, acumulándose las
actuaciones de los que se habían iniciado en Córdoba.41 “En total los procesados fueron 63, incluyendo al prófugo Francisco Reinafé, a quienes participaron en la tentativa de diciembre de 1834 y a los encubridores que de una
u otra manera habían procurado evitar el procesamiento o la detención de
los acusados”.42 Pues bien, luego de más de un año y medio de sustanciación
(y con súplica incluida), Rosas dictó la sentencia definitiva el 9 de octubre
de 1837: condenó a pena de muerte a los hermanos Reinafé,43 a José Santos
Pérez, a los dos oficiales que los secundaron y a tres colaboradores, que debían ser sorteados entre ocho de ellos; los cinco que se salvaran, junto con
otros veinticuatro “cómplices y encubridores”, debían cumplir la pena de
presidio por un término que variaba entre los cuatro y los diez años; diez
personas fueron condenados al destierro en calidad de presos y trece resul-
nato, pues era el Presidente de la Junta de Representantes.
40. Zorraquín Becú, R., op. cit., p. 168 y ss., quien se remite a la obra de Ricardo Levene y
recuerda que no se cumplió lo relativo al dictamen de los dos letrados además del Asesor.
41. “El primero, hecho durante la época de los Reinafé, no encontró mérito para encausar
a Santos Pérez. El segundo, ordenado por el nuevo gobernador Manuel López, se hizo en
noviembre de 1835 y en él consta la amplia confesión de aquel.” Zorraquín Becú, R., op.
cit., p. 169.
42. Zorraquín Becú, R., op. cit., p. 169.
43. Los hermanos condenados a muerte eran cuatro. Sin embargo, uno de ellos falleció
antes del dictado de la sentencia definitiva y otro siempre estuvo prófugo.
taron absueltos por estar exentos de culpa. Los condenados a muerte fueron
ejecutados dos semanas después del fallo de Rosas.
V. ¿Cómo, para qué y para quién juzgar? Tensiones entre el
secreto y la publicidad
Si bien Rosas se reservó para sí mismo el dictado de la sentencia definitiva y ella implicó la muerte para los principales acusados, no deja de
sorprender que se hubiera desarrollado todo un proceso para llegar a ese
desenlace. Hubo una preocupación por parte de Rosas de que el caso se resolviera de acuerdo a procedimientos legales. Se puso en funcionamiento
toda una maquinaria judicial para llevar adelante una causa criminal de
gran envergadura, pues tenía a sesenta y tres personas como acusadas y revestía una gran trascendencia política por la entidad de la víctima y de los
principales acusados.
Rosas había retomado el poder a raíz del asesinato de Quiroga, prometiendo combatir a los “salvajes unitarios” y declarando en su discurso
de asunción que “el remedio a estos males no puede sujetarse a formas y
su aplicación debe ser pronta y expedita”. ¿Por qué entonces recurrió a un
dilatado proceso para aplicar una sanción a los asesinos de Quiroga? ¿Por
qué en una sociedad donde los crímenes políticos eran vengados con fusilamientos sin trámite, con ejecuciones directas, como derecho de los vencedores de turno, el gobernador catalogado como tirano, que concentra el poder
público, recurre a una causa criminal para establecer culpables e inocentes?
Rosas, recordemos, contaba en su aparato de poder con la temida “Mazorca”. Se trataba de un grupo parapolicial, brazo armado de la Sociedad
Popular Restauradora (como se sabe, Rosas era conocido como “El Restaurador de las leyes”), dueño de la vida y la muerte en la Buenos Aires de entonces.44 Hasta los propios historiadores rosistas lo reconocen: “La vida y la
hacienda de los ciudadanos dependió de una delación, de una orden policial
o de un asalto de mazorqueros. […] El degüello fue, durante el siglo pasado,
44. “La palabra mazorca, que significaba la espiga del maíz con sus granos muy juntos,
simboliza la fuerza mediante la unión, pero en realidad se popularizó porque su pronunciación sonaba en forma similar a ‘más horca’”. Lynch, John, Juan Manuel de Rosas,
Buenos Aires, Emecé, 1984, p. 206. Citado por Feinmann, J. P., op. cit., p. 178.
para el soldado y el gaucho, el medio preferido de deshacerse de sus enemigos. Experimentaba una fruición feroz y voluptuosa al hundir la daga en la
carne palpitante, sentir los estremecimientos de la víctima y ver borbotar la
sangre tibia”.45
¿Por qué entonces, quien cuenta con semejante poder, quien está al
margen de todo tipo de control y ordena ejecuciones como un trámite,46 quiso juzgar a los asesinos de Quiroga, sus cómplices y encubridores?47
Está claro que el poder de algunos de los sospechosos del crimen –los
Reinafé, recordemos, dominaban la provincia de Córdoba– hacía a la cuestión distinta a la de un opositor menor al régimen. Involucraba, además,
relaciones políticas entre las provincias. Una acción meramente guerrera
para reivindicar a Quiroga hubiera desatado, probablemente, varias batallas
y más muertes.48 El hecho de que el crimen inicialmente fuera investigado
en Córdoba agregaba complejidad al asunto. Y la sospecha sobre la participación de Rosas en la planificación del asesinato tampoco puede pasarse
por alto. En definitiva, no puede dudarse de que estamos frente a un caso
especial. Sin embargo, esta respuesta parece insuficiente como para entender la mediatización judicial del apabullante poder rosista. Parece, en todo
45. Ibarguren, op. cit., p. 238. Citado por Feinmann, J. P., op. cit., p. 179.
46. Dijo de él Sarmiento: “Falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin
pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo.
Tirano sin rival hoy en la tierra…”. Sarmiento, Domingo F., Facundo, Colihue, 1ª ed., Buenos Aires, 1998, p. 40. Sabemos que el sanjuanino no ha sido un cronista desinteresado
del régimen rosista y que buena cantidad de crímenes carga su recuerdo, pero ello no
desmiente las matanzas del Gaucho de los Cerrillos.
47. Debe tenerse presente, de todos modos que, como ya he reseñado, existía bajo el dominio rosista un aparato judicial desarrollado, que resolvía los conflictos interpersonales.
Sin embargo, la Mazorca parece haber sido la respuesta punitiva reservada para los disidentes políticos.
48. El propio Rosas lo hizo explícito en una carta que le envió al gobernador de Tucumán,
Alejandro Heredia, en búsqueda de apoyo para realizar el proceso y conseguir la renuncia de Reinafé a la gobernación de Córdoba. En esa carta, dice Rosas: “Ya nadie puede
dudar que los unitarios han sido con sus intrigas los autores y los Reinafé de Córdoba los
ejecutores del asesinato del infortunado señor General Quiroga y estamos tratando con
el Señor López, Gobernador de Santa Fe, como hemos de librar la República de hombres
tan funestos sin inferir perjuicios a la Provincia de Córdoba, los que serán inevitables si es
necesario cargarlos con fuerza armada”. La carta está citada por Levene, op. cit., p. 498.
caso, que Rosas aprovechó esta causa no sólo para demostrar su poder sino
también para reforzarlo.
Pero no será posible realizar este análisis sin conocer en mayor profundidad las características del juicio y las circunstancias que lo rodearon. ¿Qué
comunicación se dio del proceso desde el poder? ¿Cuál fue la recepción pública del hecho? ¿Se trató realmente de un juicio? Contestar estas preguntas
y algunas otras nos permitirá un análisis menos arbitrario.
En primer lugar, la llamada “opinión pública”49 aparece como un elemento de presión para la realización del juicio o, más bien, para vengar la
muerte de uno de los caudillos federales más populares de su tiempo. Aparece, incluso, anticipando la muerte de Quiroga y dando un veredicto sobre
sus autores: recordemos la carta de Ibarra del 7 de marzo de 1835.50 Hasta
el propio Facundo sabe, antes de partir, que en el viaje le espera la muerte.
A tal punto que inicialmente la presión por la “justicia” se dirigió al mismo gobernador Reinafé. Así, Levene reseña una carta que le envió a Rosas,
el gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, a dos semanas del crimen:
“‘Pero téngase entendido’, decía sugestivamente, ‘que su memoria por los
heroicos hechos ha dispensado a la Patria, quedará eternamente gravada en
los corazones de los buenos y decididos patriotas y que le recuerdo de sus
ilustres manes servirá de un activo y zeloso fiscal constantemente pondrá
en tortura a los autores inmediatos de tan orrendo crimen y los que hayan
cooperado con él, con su influxo o de cualquier otro modo’. A esta velada
49. Digo “llamada opinión pública” porque tal vez sería más apropiado referirnos
a la opinión publicada… es bien difícil saber qué pensaba la sociedad en aquel
entonces, por lo menos si integramos en ese concepto a los analfabetos, los esclavos y
otros grupos socialmente marginados, en fin, a todos aquellos sectores que no tenían
acceso a la prensa escrita: ni para su lectura ni para su publicación. Al respecto, Anitua
explica que según Habermas, “mientras desde el punto de vista político el concepto
de ‘opinión pública’ reflejará un espacio de discusión y crítica libre de la influencia
del Estado, desde el punto de vista sociológico debe calificarse de ‘burguesa’ puesto
que no representará al poder público pero tampoco al pueblo sino a aquel grupo
social privilegiado” (Anitua, G. I., Justicia penal pública, op. cit., p. 114).
50. Ver nota al pie nro. 29. También el gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia,
reveló en una carta al propio gobernador Reinafé que las noticias de que Facundo
sería atacado habían llegado hasta su provincia y que había intentado junto con
Ibarra, infructuosamente, convencer a Facundo de que cambiara de ruta (Levene,
R., op. cit., p. 486).
amenaza siguió la aseveración de que en Tucumán y Santiago del Estero,
la opinión pública se había pronunciado por los autores de ese escandaloso
crimen y le pedían que dedicara las más activas y extraordinarias medidas
para la captura de los asesinos y aplicar un castigo para la satisfacción ‘de
la nación misma que se halla altamente ofendida’”.51 Esta presión también
explica, entonces, que inicialmente se haya iniciado una causa en Córdoba,
aunque más no fuera para encontrar un chivo expiatorio. Sigamos nuevamente a Levene: “Las denuncias de Ibarra y Heredia ponían en descubierto,
en primer término, que se trataba de un espantoso crimen político, y hería
al Gobernador de Córdoba y más directamente al capitán José Santos Pérez, como autores o cómplices del hecho. Los comisionados consideraron
de urgencia esclarecer la denuncia para satisfacer la vindicta pública. Se encomendó al Juez de Alzada poner preso al capitán José Santos Pérez, y una
vez sometido a indagatoria, sin pérdida de momento debía remitirse a los
comisionados. Se pedía, asimismo, al Juez de Alzada de Tulumba practicase
las diligencias convenientes para informarse sobre la destitución o destierro
de algún jefe u oficial de esos departamentos”.52
En los diarios de la época se reflejan también las distintas versiones populares sobre quiénes eran los autores intelectuales del crimen. Como dijimos, inicialmente se difundió la idea de que el crimen había sido pergeñado
por los hermanos Reinafé, conjuntamente con el gobernador de Santa Fe,
Estanislao López, y su ministro Domingo Cullen, sobre la base de antiguas
51. Levene, R., op. cit., p. 487.
52. Recordemos que Ibarra había dicho en una de sus cartas que el intento de ataque
en el viaje de ida de Facundo se había frustrado porque el jefe policial de Tulumba, a
quien los Reinafé habían encomendado el crimen, optó por no realizarlo. Levene, R.,
op. cit., p. 487. Cárcano, en cambio, sostiene que quien se negó a realizar el asesinato
fue Rafael Cabanillas, un joven empleado del ministro de Gobierno cordobés y
militante de Reinafé (Cárcano, R. J., op. cit.,, p. 37 y ss.). Por otro lado, Levene
continúa narrando la construcción de los distintos chivos expiatorios y una carta del
Gobernador delegado de Córdoba en respuesta a Ibarra donde le dice que los datos
con que ha pretendido arrojar sombras sobre el Gobierno de Córdoba “están en
paralelo con la ligereza que ha procedido y tan notoriamente falsos que sólo se deben
creer inventados para hacerlos valer a la distancia”. Ibarra le respondió “nada tenía
que vindicarse, pues un paso semejante hacía poco honor a su Provincia ‘habiendo
ya pronunciado la opinión pública su irrevocable fallo’”.
peleas entre estos y el Tigre de los Llanos.53 López se defendió públicamente
de esa acusación: en La Gaceta Mercantil se publicaron cartas intercambiadas entre él y Facundo donde se revelaba no sólo el restablecimiento de
la relación sino también el deseo de éxito en su viaje del santafecino para
con el riojano. El diario incluso “invitaba al público a ver la carta original de
Quiroga a López y una copia testimoniada de la de López a Quiroga”.54
Los reclamos de la opinión pública serán la excusa de Rosas para exigir
para la provincia de Buenos Aires el derecho de juzgar el crimen. Así, en una
carta que le envió al Gobernador de Mendoza, general Pedro Molina, solicitándole su acuerdo para tal juzgamiento, Rosas le remarcaba que López
“está persuadido como yo lo estoy en que los ejecutores del asesinato del
Señor Quiroga son los mismos que señala la opinión pública uniformemente
por todas partes”.55
Con la decisión de las provincias de autorizar a Buenos Aires la investigación y juzgamiento del crimen, el interés por el caso en la prensa y la gente
no sólo se mantuvo vigente, sino que se incrementó. Dice Levene: “La entrada en la cárcel pública de Buenos Aires de los reos José Vicente, Guillermo,
José Antonio Reinafé y Domingo Aguirre, el 1 de noviembre de 1835, fue un
acontecimiento. La Gaceta Mercantil del día siguiente celebraba el hecho y
53. Según Levene, “la acusación se fundaba en distanciamientos en las relaciones de Quiroga y López –entre otros por la oposición de Quiroga en 1831 a la elección de Reinafé
como gobernador de Córdoba, patrocinada por Estanislao López– y en el hecho de que
Rosas se propuso dar al asesinato de Quiroga la mayor publicidad posible en tanto que el
Gobernador de Santa Fe se manifestaba por el contrario interesado en que no avanzasen
tales investigaciones”. Levene, R., op. cit., p. 491. En Cárcano, R. J., El General Quiroga,
puede encontrarse una transcripción de una carta de López a Rosas dando cuenta de las
diferencias entre el primero y Quiroga en ocasión de la elección de Reinafé (El General
Quiroga, Emecé, Buenos Aires, 1947, p. 16 y ss.).
54. Levene, R., op. cit., p. 492.
55. Carta del 30 de mayo de 1835. También se destaca otra referencia a la opinión
pública en otra carta de Rosas, en este caso a López, en la cual le decía que estaba
de acuerdo con su teoría de que los unitarios fueron los promotores del asesinato,
“pero jugando a la intriga y la tramoya en que son sobremanera diestros, de modo
que los ejecutores y perpetradores del crimen hayan venido a ser los que señala el
grito unísono de la opinión pública”, en referencia a los Reinafé. Levene, R., op. cit.,
exaltaba la satisfacción que sentía Rosas llamado a hacer justicia”.56 Y con
una prosa más distinguida, relata Sarmiento la llegada de Santos Pérez a
Buenos Aires: “A su vista gritaba el populacho: ‘¡Muera Santos Pérez!’, y él,
meneando desdeñosamente la cabeza y paseando sus miradas por aquella
multitud, murmuraba tan sólo estas palabras: ‘¡Tuviera aquí mi cuchillo!’.
Al bajar del carro que lo conducía a la cárcel, gritó repetidas veces ‘¡Muera
el tirano!’”.57
Pero lamentablemente, carecemos de elementos para conocer precisamente qué sucedió con el humor social durante el desarrollo del proceso.58
De todas formas, está claro que la sociedad ya había dado su veredicto. De
hecho, lo había dado el propio Rosas, que era quien estaba a cargo de dictar
56. Levene, R., op. cit., p. 504.
57. Sarmiento, D. F., op. cit., p. 195.
58. En la Biblioteca Nacional no hay publicaciones de periódicos de 1835 disponibles.
De todos modos, en la Gaceta Mercantil del 8 de febrero de 1836 se publicó una
crónica de la llegada de los restos mortuorios de Facundo a la Santa Iglesia de
Nuestro Padre Seráfico San Francisco de Asís, tratándose de una celebración pública
de gran trascendencia. Sin embargo, la crónica no hace referencias a la causa
criminal, limitándose a finalizar diciendo “De este modo solemne han sido recibidos
y honrados los restos mortuorios del Excmo. Sr. D. Juan Facundo Quiroga sacrificado
por el furor despiadado de la inicua logia unitaria: héroe que por sus eminentes
virtudes cívicas y heroicas proezas merece las sinceras demostraciones de la gratitud
pública”. La ausencia de referencias a la causa penal posiblemente esté vinculada a
su carácter “secreto”. Notas de este tipo, que no contienen referencias al proceso,
pero recuerdan el asesinato de Quiroga y se lo adjudican a los unitarios y reclaman
justicia, sí pueden encontrarse: La Gaceta Mercantil 22/02/1836, 15/10/1836,
31/10/1836, 01/12/1836, 13/12/1836 y 13/04/1837. La anteúltima nota recuerda el
asesinato de Dorrego, pues era su aniversario, y a partir de ahí otros crímenes de los
unitarios, incluyendo el de Quiroga, y termina con esta exaltación: “He aquí como
ellos mismos, por sus crímenes reiterados, por su incorregible perversidad, se han
constituido en el caso de no poder esperar más que el terrible y ejemplar castigo de
las leyes. […] La indulgencia con los feroces unitarios no sería otra cosa que sancionar
la impunidad de los malvados, de los traidores, de los asesinos. Justicia es lo que
reclaman los más preciosos derechos e intereses de la Confederación Argentina,
justicia contra las logias unitarias, justicia que ha de afianzar el orden, las leyes y la
prosperidad de los pueblos…”.
sentencia. El proceso fue escrito y se sustanció de acuerdo a un decreto dictado por el propio Rosas una vez que fue autorizado para el juzgamiento.59
El juez comisionado, Dr. Manuel Vicente Maza, estuvo a cargo de recibir las declaraciones indagatorias, en muchas de las cuales hubo confesiones, y reunir todas las pruebas que considerara pertinentes, hasta dejar el
sumario listo para el dictado de la sentencia, que quedaba a cargo del Restaurador.60 Al cabo de 1844 fojas, los autos pasaron al fiscal Manuel Insiarte,
quien formuló el dictamen acusatorio. Luego, los abogados defensores de
los sesenta y tres procesados formularon sus descargos. El más destacado
y esforzado de ellos, el Dr. Marcelo Gamboa –defensor de José Vicente y
José Antonio Reinafé–, solicitó autorización al Gobierno para publicar su
escrito.61 Como era de esperarse, no sólo su pedido fue rechazado sino que
Rosas le ordenó: “1) Que hasta nueva resolución superior no debía salir a
más distancia que veinte cuadras de la Plaza de la Victoria; 2) Que no ejercería la profesión de abogado ‘ni hacer escrito alguno de ninguna laya por
más simple e inocente que sea’; 3) Que no debía usar la divisa federal; 4)
Que por cualquier infracción de los artículos anteriores sería ‘paseado por
las calles en un burro celeste y castigado además según el tamaño de la falta’; 5) Que si trataba de fugar del país, luego que fuera aprehendido sería
inmediatamente fusilado”. Rosas, además, decía que “sólo un unitario tan
desgraciado como bribón ha podido concebir la idea de la publicación aislada de la defensa de los feroces ejecutores de una mortandad sin ejemplo en
59. Decreto del 24 de noviembre de 1835, cuyas características principales ya he descripto. Puede encontrarse una transcripción del mismo en Levene, R., op. cit., T XI, pp.
60. Como ya adelanté, Maza había sido gobernador interino de la provincia de Buenos
Aires, precisamente en el momento del asesinato de Facundo. Con el retorno de Rosas,
pasó a ser miembro del Tribunal de Justicia. Lógicamente, era de férrea filiación rosista.
Levene reproduce una carta que le envió a Rosas en plena sustanciación de la causa y en
base a ella afirma, concienzudamente, que “nada hacía en el proceso el juez comisionado
sin consultar con el Gobernador” (Levene, R., op. cit., p. 506).
61. Siete letrados asumieron la difícil tarea de defender a estas personas.
Indudablemente, quien formuló los planteos más profundos fue Gamboa. Puso su
mayor empeño en demostrar que Buenos Aires carecía de competencia para juzgar
el hecho, remarcando la ausencia de una ley constitucional que autorizara ese
juzgamiento. Tanto Levene como, muy especialmente, Zorraquín Becú realizan una
detallada reseña de sus planteos y de las respuestas que recibió por parte de Maza.
la historia del mundo civilizado; que sólo un hombre que haya renunciado a
toda idea de religión, de honor y de respeto al gobierno y a la opinión pública
y que, en consecuencia de su perversidad, no alimente sentimiento alguno
de amor y respeto al honor nacional, ha podido dirigirse oficialmente al gobierno pidiéndole permiso para publicar una defensa semejante. […] ‘Como
si la justicia, como si la opinión pública tuviesen una sola oreja para oír y
juzgar los delitos de los unitarios por las obras de defensa a su favor, como si
en el país existiera la ley del embudo dándole lo ancho para ellos y lo angosto
para los federales’. En pena ‘de su descarada insolencia’, dispuso que ‘en el
acto sobrerraye por su propia mano y uno por uno todos los renglones de la
atrevida representación’”.62 Huelga hacer comentarios, entonces, sobre la
publicidad del proceso.
Sin embargo, la prensa –absolutamente dependiente del poder rosista– no se mantuvo al margen del desarrollo del proceso. Así, merece la pena
destacar que en La Gaceta Mercantil del 26 de febrero de 1836 se publicó,
62. Levene, R. op. cit., T. VIII, p. 519. Así lo cuenta Cárcano: “El abogado de los Reinafé,
doctor Marcelo Gamboa, respetable por la dignidad de su conducta y famoso por su ciencia, presenta su primer escrito. Al mismo tiempo, en pliego separado, solicita al Superior
Gobierno, ‘se sirva concederle la venia necesaria para publicar por medio de imprenta la
defensa en original adjunta’. La respetuosa solicitud significa aplicar un derecho innegable y un justo anhelo. Se trata de una causa pública. Gamboa empieza por insinuar tímidamente en su alegato que el supremo juez de las provincias confederadas ha prejuzgado
sobre la culpabilidad de los Reinafé, en comunicaciones dirigidas a los gobernadores. El
hecho no importa la desconfianza sobre un juez tan alto y tan justo, pero crea una situación de derecho que como abogado se halla en el deber de invocar. La observación exaspera a Rosas y desata todas sus violencias. No puede, sin embargo, castigar por este motivo.
Atacaría la libertad de la defensa, cuyo respeto pregona con alarde. Pero él no sólo sabe
penar el delito, sino también crearlo para escarmentar al delincuente. Redacta entonces
él mismo un decreto espontáneo y suelto, y en páginas de su puño y letra desahoga su
cólera. Inventa el crimen, injuria soezmente a Gamboa, le acumula penas, lo condena a
pasear por las calles de Buenos Aires cabalgando en un ‘burro celeste’, y en el último caso
a sufrir la muerte. La crueldad está mezclada con la burla, el vejamen con la risa, brota el
sarcasmo como expresión de la suma del poder” (Cárcano, R. J., op. cit., p. 70). Pero vale
la pena destacar que en los diarios de la época pueden encontrarse publicaciones semejantes a la que quiso hacer Gamboa. Por ejemplo, el 29/12/1836, LGM publica un recurso
del abogado de Nicolás Anchorena contra una sentencia que lo perjudicaba, en una causa
por asuntos civiles. Claro que Anchorena era miembro de la Junta de Representantes y
aliado político de Rosas.
en la sección “Documentos oficiales”, el “Extracto de cuanto se ha actuado
en Córdoba, concerniente al esclarecimiento del asalto, saqueo y asesinados…” de Quiroga y su comitiva, que Manuel V. Maza elevó a Rosas el 15 de
enero de ese mismo año. Se trata de un resumen detallado de la causa, donde se hace un relato pormenorizado de los hechos, que se respalda fundamentalmente en declaraciones testimoniales y diversas cartas y notas, y se
asignan responsabilidades clasificadas en “autores del proyecto” (los cuatro
hermanos Reinafé), “agentes de inmediata ejecución”; “agentes inmediatos”
y “cómplices”. En fin, se trata de un auténtico auto de procesamiento, que
hasta finaliza con la siguiente aclaración: “Es de advertir, que si en este estado del sumario presenta el aspecto que manifiesta el extracto, no debe entenderse por ello, que más adelante no pueda, bien ofrecer alguna variación,
bien mejores luces sobre todo, así por los materiales que sucesivamente se
reciben de Córdoba, como por lo que avance la prosecución de lo que se
actúa”.63
El día siguiente de dicha publicación, el mismo diario le dedica un editorial a la causa: tras señalar que “Hay ciertos crímenes que se producen
raras veces en las sociedades, porque su misma enormidad y carácter feroz pugnan con ese sentimiento de humanidad que jamás se extingue totalmente aun en los corazones más criminales […]. Tal sucede en el caso de la
mortandad perpetrada en Barranca-Yaco el día 16 de febrero de 1835. Este
crimen de sangre, este acto de una fría barbarie, es horrendo por su naturaleza y circunstancias. […] Así es que luego de perpetrado en un día aciago
para los argentinos, y apenas trascendió con una asombrosa rapidez su origen, naturaleza, circunstancias, autores y egecutores, se sintió también el
63. Vale la pena señalar que la publicación de extractos de sumarios de las causas criminales de trascendencia parece haber sido práctica habitual durante la época. En varios
números de La Gaceta Mercantil de marzo de 1835 se publica un “Extracto del sumario
levantado sobre la fuga de Federico Hornung cajero de la casa de comercio de Sebastián
Lezica y hermanos, bancarrota que ha hecho su Encargado Faustino Lezica, falsificación
de firmas, que garantían las letras giradas sobre esta plaza, y ocultación de bienes por
José Iturriaga”. El 25 de marzo de 1837, dos años después, se publica la sentencia y en el
número siguiente se publican los fundamentos. Asimismo, también era habitual la publicación de un “Despacho de causas que ha tenido en el presente mes el Superior Tribunal
de Justicia”, que consistía en un listado de causas, con indicación de sus partes y asuntos
(ver LGM 02/12/1836, 04/04/1837, 01/06/1837).
pronunciamiento más enérgico y decisivo. Los Gobiernos alzaron su voz; los
pueblos mostraron su indignación; todos unánimemente designaron a los
despiadados verdugos y pidieron su castigo condigno, ejemplar, adecuado
a un crimen inaudito. Nuestro Gobierno, particularmente ofendido, e interesado como el que más en que la justicia y el honor nacional no sufriesen
mengua alguna, procedió con tino, decisión y energía. La voz tremenda, la
voz omnipotente de la ley y de la opinión pública aterró a los feroces asesinos
de Barranca-Yaco; y perseguidos en el territorio que habían escandalizado
con su maldad sin igual, pesquizados en toda la extensión de las Provincias Confederadas cayeron sucesivamente bajo la acción de la justicia; se les
aprisionó; se les designó Juez por los pueblos de la Confederación; se les formó causa; y la Ciudad de Buenos Ayres ha visto venir desde largas distancias
a los infames malhechores y tener entrada en esta cárcel pública; mediante
el decidido empeño de todos los Gobiernos Confederados para que tan feroz
atentado sea castigado ejemplarmente por la justicia nacional. Después de
esto y después de las disposiciones previas correspondientes, el proceso se
ha iniciado y seguido con constancia. El importante extracto del que hemos
publicado demuestra que, a pesa del cúmulo inmenso de autos, documentos
y demás incidencias en el particular, la causa sigue con admirable celeridad,
si se atiende a las grandes tareas que de suyo demanda. Todo comprueba
el celo con que se ha procedido para hacer efectivo el esclarecimiento de
los criminales; y dejar satisfecha la justicia y la vindicta pública, tanto más
recomendable es esto cuanto que en la represión de los crímenes atroces es
donde debe principalmente ejercerse todo el vigor de las leyes, todo el prestigio de los Gobiernos legales, y todo el celo de los magistrados; para que la
solemnidad de los procedimientos judiciales y la proporción de la pena a
tamaño atentado, produzcan un ejemplo saludable que sirva de antemular
al desenfreno de los malvados y de preservativo de los principios fundamentales y conservadores de las sociedades políticas. Hoy vemos, pues, el
resultado de la acción legal de los Gobiernos, desplegada a este respecto;
y mediante el tiempo indispensable para la conclusión de los trámites que
restan aún, veremos también a los asesinos de Barranca-Yaco sentir la pena
correspondiente a su enorme maldad”.
El 28 de febrero, también hay una publicación de interés en La Gaceta
Mercantil: en la sección “Documentos oficiales” se publica la “Lista de presos de Barranca-Yaco, y sus incidencias, que marchan”, que básicamente
consiste en el nombre de los imputados, seguida de una breves oraciones
descriptivas de la acusación que pesa contra cada uno de ellos, remitida por
Calixto María González, Oficial 1 de Relaciones con los Gobiernos Confederados a Rosas. Y nuevamente, al día siguiente, un editorial del diario analiza
la noticia, luego de una feroz crítica a los unitarios: “Por los documentos
oficiales que publicamos en el último número se viene en conocimiento de
que han tenido entrada en esta Cárcel pública diez y ocho reos remitidos por
el Exmo. Gobierno de Córdoba, por los motivos que en aquellos se espresan.
La justicia sigue pues ejecutando su deber; y oportunamente pronunciará
su fallo, presentando un ejemplar, saludable y tanto más solemne cuanto
mayor ha sido el empeño eficaz de los Gobiernos y de los pueblos de la Confederación para que los asesinos de Barranca-Yaco sientan la pena de las Leyes, después de haber sufrido la de la opinión pública” (1 de marzo de 1835).
No volverá a haber noticias en la prensa relacionadas con el desarrollo
el proceso hasta el 14 de abril de 1837, cuando se informa que la causa fue
elevada a Rosas para el dictado de la sentencia: “Nos es satisfactorio anunciar al público que ayer a las cuatro de la tarde el Sr. Presidente de la Exma.
Cámara de Justicia Dr. D. Manuel V. de Maza ha elevado al Superior Gobierno por el órgano del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores substanciada y
despachada por su parte la causa seguida a los reos de Barranca-Yaco por el
asesinato perpetrado en la persona del ilustre campeón de la Federación el
Exmo. Sr. General D. Juan Facundo Quiroga, su Secretario Dr. D. José Santos Ortiz y comitiva. El sumario contiene mil ochocientas cuarenta y cuatro
fojas y el extracto formado por dicho Sr. Presidente Juez Especial, con las
observaciones que hace y dictamen que eleva se compone de doscientas cincuenta y siete fojas. Es de la mayor consideración e importancia este servicio
que ha rendido a su Patria el recomendable Magistrado ciudadano Dr. D.
Manuel Vicente de Maza; aplicando a él con empeñoso celo y el más asiduo
trabajo sus luces y acreditada capacidad, en medio de tantos otros asuntos
que han reclamado su atención y desvelos, anexos a la Magistratura los unos
y los otros a diferentes objetos del servicio público encomendados especialmente por S. E. Nuestro Ilustre Restaurador de las Leyes. Esta es una nueva
recomendable muestra de patriotismo que agrega el Sr. Dr. Maza a las muchas y honrosas y relevantes que ha dado desde su juventud en la dilatada
serie de los importantes servicios que consagrado a la causa pública y con
especialidad a la Federación Argentina”.
La causa reaparecerá en la prensa apenas tres días después del dictado
de la primera sentencia de Rosas (que fue el 27 de mayo de 1837). Se infor-
ma a la población del fallo del Gobernador, pero sorprendentemente no se
publica su breve sentencia, sino que se inicia la nota con la reproducción del
dictamen del juez instructor, el Dr. Maza, para recién publicar la sentencia
de Rosas luego de su conclusión. La nota editorial que informaba del acontecimiento decía así: “Tenemos la satisfacción de empezar a publicar hoy en
nuestro diario la causa criminal seguida contra los autores y cómplices de
los asesinatos perpetrados en Barranca-Yaco. El Gobierno ha sentenciado
ya a los reos el 27 del corriente y estos han sido notificados el mismo día en
la debida forma: concediéndoles los diez días para entablar el recurso de
súplica según el superior decreto de 25 de Noviembre de 1835…”.
La nota continúa relatando las penas impuestas a cada uno de los
reos, así como de las absoluciones, y finaliza así: “He aquí, pues, el resultado de esta causa que tanto ha llamado la atención pública y empeñado
el celo del Gobierno y de los respetables ciudadanos que han ejercido en
ella sus deberes públicos de un modo tan digno. Rebozamos en satisfacción al anunciarlo al público, no porque nos complazca la triste suerte de
los miserables condenados; sino porque el honor de la Confederación, de
sus Gobiernos todos, de la justicia santa y de la opinión pública en ambos
hemisferios ha obtenido la más completa y satisfactoria vindicta. El crimen humillado; confundido y castigado por la Ley y ante la Ley atestigua
elocuentemente el imperio de la justicia y de la razón en nuestra querida
tierra. Si el espíritu infernal que ha guiado el puñal de Fieschi, de Alibeau
y de otros malvados, y que ha producido recientemente tantas escenas
cruentas y espantosas en la Europa, osó consternar la Confederación Argentina por el furor frenético de las logias unitarias, de que han sido viles
instrumentos los Reynafés, también la justicia nacional tronando desde
el augusto recinto de las Leyes ha llenado con dignidad uno de sus más
nobles cuanto saludables deberes. El Gobierno y los Magistrados que han
conocido de esta causa funestamente célebre pueden reposar satisfechos
en la obra de su justicia y sabiduría. La igualdad ante la Ley no ha visto
en los antes encumbrados Reynafés sino los reos de Barranca-Yaco; y las
influencias todas han permanecido silenciosas ante el imperio irresistible
de la justicia legal. Contemplen pues las feroces logias unitarias el pavoroso resultado de sus tenebrosas e inicuas maquinaciones: y sepan, si aun el
escarmiento puede tener cabida en ellas, que la impunidad del crimen ha
desaparecido de esta tierra para dejar expedita la inflexible acción de las
Leyes y la justicia nacional”.
Comienza entonces a publicarse diariamente el informe de Maza, bajo
el título “Historia y extracto de la causa criminal de Barranca-Yaco, territorio de Córdova” (sic), que contiene una síntesis de la acusación fiscal y de los
planteos de las defensas, así como continuas citas del expediente. Desde el
1 de junio de 1837, aparece en todos los ejemplares de La Gaceta Mercantil
durante dos semanas, siempre en primera página, con caracteres destacados.64 El 14 de junio finalizó la publicación de la “historia y extracto de la
causa…” y continúa con la “Calificación del crimen, sus autores y sus cómplices” y las observaciones y el dictamen del Juez Comisionado.
El 19 de junio de 1837, mientras continuaba publicándose el extracto
de Maza, aparece un extenso editorial a propósito de la causa. Allí, entre
otras cosas, se remarca que: “Sería preciso haber olvidado el instinto del
buen sentido común o tener embotado el espíritu de investigación para no
dar con el verdadero origen del crimen de Barranca-Yaco. Los hechos, circunstancia e incidentes forman una cadena luminosa que nos lleva hasta el
tenebroso retrete en que la logia unitaria eligió y designó a los Reinafés para
viles instrumentos de su sangrienta ferocidad. Hoy esta causa célebre está
pasante a todo el Mundo; y podemos usar el derecho de manifestar nuestras
No es nuestro ánimo penetrar en ese conjunto luminoso de pruebas
que convence y persuade de que los Reinafés, Santos Pérez y demás cómplices en ese bárbaro asesinato lo ejecutaron con ferocidad y alevosía. El
Gobierno y los Magistrados que han conocido de esta causa célebre han llenado a este respecto sus deberes con una justicia, dignidad y sabiduría que
harán honor eterno a la Confederación Argentina en unos tiempos calamitosos en que el Mundo Político sacudido por crímenes horrorosos en muchas
64. No es un dato para pasar por alto que La Gaceta Mercantil era un diario de cuatro
páginas: portada, dos páginas interiores y contratapa. Sus secciones habituales eran: Documentos Oficiales, donde se reproducían íntegros documentos públicos, como resoluciones de la Legislatura, de Rosas o de jueces, Revistas extranjeras, donde se informaba de lo
que acontecía en el mundo a partir de publicaciones foráneas, Correspondencia, que era
una sección menos habitual, donde se reproducían las cartas que intercambiaba Rosas
con otros caudillos, Misceláneas; una sección de avisos policía y diversos anuncios socioculturales, y, no siempre, una nota de tipo editorial donde se comentaban los hechos políticos más trascendentes. La publicación de la causa contra los asesinos de Quiroga vino
a ocupar, entonces, un tercio del diario por un mes, ubicándose siempre en la portada.
sociedades aventajadas ha ofrecido sangrientas escenas que conmueven al
hombre más impasible y en que o la impunidad o el escarnio de las Leyes, de
la Religión y de la moral ha dado al crimen una especie de triste celebridad
o de fama póstuma. Nuestro objeto al trazar estas líneas es marchar con
los hechos, con la opinión pública, con nuestra conciencia hasta señalar los
autores instigadores de la bárbara mortandad de Barranca-Yaco. Los unitarios, los feroces legistas unitarios: ved ahí los hombres que, poniendo en
juego el odio y las pasiones viles de los Reinafés, prepararon con una alevosía inaudita el asesinato del héroe a quien no habían podido mirar en rostro
sin temor en los campos de batalla. La opinión pública al señalarlos como
principales aunque solapados autores de este crimen feroz, no se engañó
porque la ilustraban hechos luminosos, antecedentes irrecusables, circunstancias e incidentes del todo convincentes…”.
El 4 de julio finaliza la publicación del dictamen de Maza. El día siguiente comienza la publicación del dictamen del Asesor General Lahitte,
que finaliza el 12 de julio. Ese mismo día se publica también la breve sentencia dictada por Rosas, que sorprendentemente aparece en la página interior
del diario. Es decir que, durante un mes y medio, una de las cuatro páginas
del periódico porteño fue destinada a publicar los dictámenes de Maza y
Lahitte, finalizando con la sentencia de Rosas, que aún estaba pendiente de
Pero no desaparecen allí las referencias públicas a este juicio. El 21 de
julio de 1837, se publica una carta del Gobernador de La Rioja, Juan Antonio Carmona, enviada a Rosas casi un año antes (el 12 de septiembre de
1836): “La Provincia de La Rioja y sus autoridades gratas a los bienes y distinciones con que siempre les honró la benemérita persona del Sr. Gobernador y Capitán General Brigadier D. Juan Manuel de Rosas, en general por
toda la República en la Santa Causa de la Federación que hoy hace el goce
de las libertades de todos los pueblos confederados, por cuya cooperación
tan distinguida, es justamente acreedor a nuestros inmortales recuerdos; y
particularmente por la que ha manifestado a favor de nuestra provincia en
parte tan activa como honrosa que ha tomado en la vindicación de la muerte
de nuestro Gefe y General Brigadier D. Juan Facundo Quiroga. Tan altas
consideraciones han resuelto a este Gobierno a adoptar el medio de legar su
memoria a la posteridad cual indicará el expediente y moneda que tiene el
honor de presentar por mano su enviado Coronel D. Juan Antonio Maurin.
El Brigadier General de esta Provincia es el autor privativo de este documento como aparece de los que en copia autorizada se acompañan. Los
habitantes de la Provincia esperan por momentos ver en la circulación al
vengador de la muerte de su Ilustre Gefe, y los ciudadanos del pueblo se
agolpan a grupos a la casa de monedación a conocer al héroe que por tantos
títulos es acreedor a su eterna gratitud. El Gobierno de la Provincia se honra
de hacer tan pequeña demostración con aclamación tan general, seguro de
que su importancia será la de la aceptación de V.E. Dios guarde a S.E. muchos años. Juan Antonio Carmona. Valentín Aramburú”.
Junto a esa carta se publica la respuesta de Rosas, del 16 de noviembre
de 1836, en la cual, luego de acusar recibo de la anterior, dice que el anuncio lo sorprendió, pues jamás esperó un reconocimiento semejante, pues
afirma que “todo lo que ha rendido a la República en general y a La Rioja
en particular, no ha hecho más que llenar fielmente los deberes de su posición conforme a los votos de todo buen Argentino, y muy especialmente de
la Provincia que tiene el honor de presidir”, para terminar pidiéndole que
“tengan a bien modificar su soberana sanción, restableciendo en el tipo de
la espresada moneda los símbolos de la Unión y Libertad, poniendo a su
reverso el gran sello de la Provincia con los trofeos militares…”. Y a continuación, una serie de cartas en las cuales el gobierno de La Rioja insiste con
el “homenaje” y Rosas con su humildad.
La siguiente referencia al proceso no es otra que la publicación de la
sentencia definitiva de Rosas, el 24 de octubre de 1837 (dos semanas después de su dictado). Apareció en la primera página interior del diario, bajo
el título “Sentencia” resaltado. La fecha de la publicación no es menor: las
ejecuciones debían practicarse el día siguiente, a las once de la mañana. La
noticia, entonces, aparece como aviso de la ejecución que tendría lugar al día
siguiente, promoviendo así la asistencia del público. También se publicaba
el resultado del sorteo entre los cómplices que serían ejecutados.
La publicación, por su puesto, fue acompañada de una nota editorial:
“Al fin ha terminado la causa criminal de triste celebridad seguida contra los autores, ejecutores y cómplices de la horrenda mortandad cometida en Barranca-Yaco, territorio de Córdova, el 16 de Febrero de 1835, en
la persona del Enviado de Buenos Aires, Ilustre Brigadier de la Nación, D.
Juan Facundo Quiroga, su Secretario Coronel Mayor D. José Santos Ortiz
y demás individuos de su comitiva, de regreso de una misión de paz cerca
de las provincias hermanas de Tucumán y Salta; y hoy se halla levantada ya
la cuchilla de la ley próxima a descargarse sobre las cabezas de los inicuos
La historia de este negro atentado si bien forma una de las páginas
más lúgubres de los anales del país, también sirve para ostentar de un modo
luminoso la incorruptible justicia de los Gobiernos y pueblos de la Confederación Argentina, y de los empeñosos esfuerzos con que han propendido a la
completa vindicta de la humanidad y de las leyes atrozmente ultrajadas. La
serie de acontecimientos que se sucedieron a la perpetración de aquel nefando crimen, son el encomio más elocuente de la inflexible perseverancia con
que los esclarecidos Gefes de las Provincias Confederadas se encaminaron
hacia su noble objeto, desbaratando las multiformes intrigas de la execrable
facción unitaria y superando con enérgica resolución todos los demás obstáculos con que tuvieron que luchar, hasta arrastrar a los presuntos reos ante
el augusto tribunal constituido por el voto nacional.
El Gobierno de Buenos Aires, a quien fue encomendado el alto encargo
de satisfacer las exigencias de la justicia, se contrajo al desempeño de su
honrosa misión con todo el acierto y prudencia que caracterizan su marcha;
manifestando desde luego en el decreto que expidió arreglando los procedimientos en la secuela de la causa, que al paso que cuidaría escrupulosamente que no fuesen defraudados los derechos de la vindicta pública, no
sufriría que fuesen menoscabados los de la defensa. El voluminoso proceso
acredita suficientemente con cuanta religiosidad sostuvo su propósito, y con
cuanto empeño y exactitud fue segundado por el venerable Juez Comisionado
y los demás funcionarios públicos que tuvieron en él una intervención oficial.
Nada se omitió que pudiese conducir al esclarecimiento de los hechos; nada
se desatendió de cuanto pudieran alegar en su favor los acusados; y el resultado ha sido la solemne ratificación de la sentencia que ya desde un principio
había fulminado la opinión pública. Al pronunciar el terrible fallo, el Gobierno
ha cedido a los impulsos de la clemencia de la Confederación hasta donde
era compatible el ejercicio de ella con las reclamaciones de la más rigorosa
Ya están en capilla los sentenciados a muerte, miserables víctimas de
las pérfidas sugestiones unitarias, y mañana deben expiar en el cadalso su
espantoso crimen… ¡Unitarios, contemplad vuestra miseria!”.
El día siguiente a la ejecución, el 27 de octubre, aparece esta breve nota
“La vindicta pública está satisfecha. Los asesinos de Barranca-Yaco,
condenados a la pena capital y que se hallaban presentes en la cárcel
pública, han sufrido ayer el condigno castigo, en los términos de la
última sentencia definitiva pronunciada por el Gobierno de Buenos
Aires especialmente autorizado al efecto por los de la Confederación.
Las tropas de la guarnición y un inmenso pueblo, han hecho con su
asistencia, más solemne este acto imponente de justicia nacional.
Así han perecido en el patíbulo unos hombres a quienes el roce contaminado de los perversos unitarios familiarizó con la idea del crimen; y
abrió sus pechos a las ponzoñosas inspiraciones que al fin los hicieron caer
en la red que habían tendido a su debilidad y rudeza esos asesinos del orden
social. Miserables!!”.
El 31 de octubre aparecerá otra nota editorial, esta vez un poco más
“El Gobierno de Buenos Aires, después de unos procedimientos que
le hacen honor al eterno, ha dejado cumplidas ante la Confederación
Argentina, y ante el mundo civilizado, las altas exigencias de la
justicia y del honor nacional, haciendo sufrir a los feroces asesinos
del Exmo. Sr. General D. Juan Facundo Quiroga y demás víctimas
de Barranca-Yaco, la pena que por las Leyes correspondía a tan
enorme maldad. Este resultado en todos respecto importante debido
a los principios de inflexible justicia que caracterizan a los Gobiernos
todos de la Confederación, a la firmeza del de Buenos Aires encargado
por preciosos derechos de la sociedad con el castigo ejemplar de un
crimen tan espantoso y al celo de los magistrados que han intervenido
oficialmente es esta causa de triste celebridad, viene a ser un testimonio
intergiversable en honor del país en general. Las leyes, la justicia, el
honor nacional, la humanidad misma se interesaban en que les diera
este solemne desagravio. La consolidación misma del orden social y
político de la Confederación demandaba imperiosamente esta lección
terrible para que contemplen en ella los feroces unitarios instigadores
de tan horrenda mortandad, su baldón, su miseria, y el fin triste que
tendrán siempre sus tramas inicuas…”.
El 23 de noviembre comenzó la publicación de la vista del Fiscal sobre
el recurso de súplica. El 24, su continuación y el dictamen del Asesor General. El 28 de noviembre comienzan a publicarse los “Escritos de Suplicación”
presentados por los abogados defensores. Finalmente, el 5 de diciembre se
vuelve a publicar la sentencia definitiva de Rosas. El 7 de diciembre se publica el acta del sorteo de las ejecuciones. Finalizan así las publicaciones sobre
el caso en La Gaceta Mercantil.
Vemos entonces que si bien se trató de un procedimiento escrito y
no hubieron audiencias que permitieran la asistencia de público, se utilizó
decididamente a la prensa no sólo para comunicar las responsabilidades
asignadas y las penas impuestas, sino también para difundir con detalle
todo el desarrollo de la investigación, durante y al finalizar su tramitación.
Asimismo, se dispuso de la editorialización para entregar a los lectores
una determinada decodificación del mensaje del juicio. No se trata de un
hecho menor: si bien el surgimiento de la prensa porteña también es un
acontecimiento pos Mayo, la preocupación por otorgarles visos públicos
de legalidad a la imposición del castigo no parece un elemento heredado
del período hispánico.
Recapitulando, está claro que estamos frente a un procedimiento de
neto corte inquisitivo. Sin embargo, parece haber una serie de rupturas con
los procesos penales propios de la Inquisición en la América hispánica. Hay
tres elementos que no se pueden pasar por alto: la presencia de los abogados
defensores (y el reconocimiento, aunque sea declamativo, del derecho de
defensa), la ausencia de la tortura y la difusión pública de la investigación.
En cuanto a los primeros, si bien no puede decirse que tuvieran libertad para
ejercer su tarea,65 al menos algunos de ellos pueden haber tenido incidencia:
trece de los procesados resultaron absueltos.66 Y en cuanto a la tortura, si
65. Por lo menos no con los parámetros actuales, claro está.
66. Zorraquín Becú, no sabemos con qué parámetro, afirma que “el proceso a los asesinos
de Quiroga se desarrolló, al menos formalmente, de acuerdo con las normas establecidas
y dando amplias facilidades para la defensa. Los abogados pudieron oponer, y en efecto
lo hicieron, todos los argumentos que consideraron oportunos, y aun llegaron, como en el
caso de Gamboa, a una imprudente extralimitación que por cierto fue duramente sancionada” (Zorraquín Becú, R., op. cit., p. 197). En un sentido similar se expresa Levene: “Se
había seguido […] un procedimiento irregular, dado el triple carácter de Rosas de acusador, juez extraordinario y legislador, pero no se privó a los reos de ser oídos no obstante
bien es cierto que hoy sería difícil encontrar evidencias de su producción,
lo cierto es que ni los abogados defensores ni los historiadores las han denunciado, así que no tenemos por qué pensar que las hubo. Asimismo, no
todos los imputados confesaron, lo cual también puede ser una pauta de la
ausencia de tormentos. En esta línea, también hay que recordar la tradición
política inaugurada con las llamadas “leyes intermedias”, de inspiración iluminista, dictadas entre 1810 y 1819, a pesar de que sea dudoso su impacto
concreto.67 Por último, la publicación en la prensa adicta al poder de extractos del sumario también constituye un elemento diferenciador de la mera
comunicación de la pena por medio de una ejecución pública.
El contraste entre el procedimiento elegido por Rosas y la divulgación
pública del mismo con el propio del sistema inquisitivo queda en evidencia
con la descripción que de este último hace Maier, quien señala que merece
remarcarse de dicho proceso: “El secreto absoluto de las actuaciones, que
comprendía, incluso, el nombre de los denunciantes y de los testigos de cargo, y hasta la misma sentencia, razón por la cual el imputado absuelto seguía
preso si no pedía su libertad –y de oficio no se disponía– y acababa su vida
en la prisión, porque el secreto comprendía al público que, prácticamente,
sólo constataba la desaparición de un vecino.
La obligatoriedad de la denuncia o de la delación, aun entre parientes
próximos, con el fin de adquirir información a todo trance y tornar punible
su número tan considerable que demoraban el curso de la causa y el reclamo de la opinión
por su pronta terminación. Tampoco se había privado a los procesados de los medios
legales de defensa, aunque se atacó la personalidad del Dr. Marcelo Gamboa…” (Levene,
R., op. cit., T. VIII, p. 536). Cárcano tiene una mirada menos ingenua: “Rosas procura
satisfacer la expectativa y el sentimiento públicos, Asegura aparentemente al proceso de
Barranca-Yaco todas las garantías legales y externas. Estrictamente se observan las leyes
en la secuela del famoso juicio. Se acumulan tranquilamente las pruebas, se respetan los
términos, se admiten los recursos legítimos, la defensa obra libremente, sólo contenida
por su propia discreción. Pero, con todo, la sentencia está pronunciada por el supremo
juez antes de instaurarse la causa. Es un juez inicuo, pero siquiera es responsable” (Cárcano, R. J., op. cit., p. 69). Por otro lado, para quien esté interesado en un fácil acceso, tanto
la primera sentencia como la definitiva, ambas dictadas por Rosas, están reproducidas
por Levene (op. cit., T. XI, pp. 305-315).
67. Ver una breve enumeración y reseña en el punto II de este trabajo.
El interrogatorio del imputado bajo juramento y tortura, sin que existieran privilegios personales que eximieran de la aplicación del tormento”.68
Evidentemente este juicio ocurrió en un momento muy particular, en
una etapa de lenta transición entre dos eras. Lo vemos reflejado también en
las penas impuestas: diez personas fueron condenadas a muerte;69 veintinueve a prisión por entre cuatro y diez años; y otros diez a destierro. Como
se sabe, la pena capital fue la pena por excelencia durante la Inquisición, en
tanto que la prisión como pena surge con el capitalismo. Incluso, no todas
las ejecuciones habrían sido públicas.
Los condenados a muerte fueron ejecutados exactamente dos semanas
después del fallo de Rosas. La sentencia ordenaba que la ejecución de los
Reinafé y de Santos Pérez debía realizarse en la Plaza de la Victoria, ubicada
en centro de la Ciudad, frente al Cabildo y la Catedral,70 “debiendo ensegui-
68. Maier, J. B. J., op. cit., p. 302.
69. Como ya dije, los condenados a muerte fueron los hermanos Reinafé, Santos Pérez,
dos oficiales que lo secundaban y otros tres “ejecutores y cooperadores” que fueron sorteados entre ocho. Al respecto del sorteo, la sentencia definitiva de Rosas ordena: “Pásense los autos al Camarista Juez Comisionado, a quien se ordena, que haciendo comparecer
ante sí los Defensores de los ocho reos que deben ser sorteados, estando también presentes el Fiscal del Estado, y el Escribano de la causa, introduzca este dentro de un cántaro
ocho cédulas de la misma extensión e igualmente dobladas, de las que cinco llevarán la
siguiente inscripción “Salvó la vida por la clemencia discreta de la Confederación” , y
las tres restantes “Sufrirá la pena de muerte que le impone la ley”. Las expresadas ocho
cédulas, antes de ser dobladas y colocadas en el cántaro prevenido, serán manifestadas
por el Escribano Fiscal público, y a los Defensores de los reos; extendiéndose de esta diligencia, y de haberse hecho de común conformidad la correspondiente acta, que firmarán
el Camarista Juez Comisionado, el Fiscal y Defensores, y autorizará el Escribano de la
causa. Verificado esto, y acto continuo, el dicho Escribano, contadas una por una las ocho
cédulas, las introducirá en el cántaro, y el ejecutor de la justicia sacará una por una dichas
cédulas, anunciándose antes de cada acto, por el Escribano en alta voz, el nombre del reo
a que haya de corresponder la cédula que va a sacarse…”.
70. La Plaza de la Victoria se encontraba por aquel entonces donde hoy está la Plaza de
Mayo. Esta resultó de la unión, a fines del siglo XIX, de la Plaza de la Victoria y la Plaza 25
de Mayo, que estaba frente a lo que hoy es la Casa Rosada y, a la época de las ejecuciones,
el Fuerte. La Plaza de la Victoria era lugar habitual de ejecuciones públicas. Puede consultarse un relato de algunas de las principales ejecuciones que allí tuvieron lugar en el
siglo XIX, incluyendo la de los Reinafé y Santos Pérez, en Lafuente Machain, R., La Plaza
da de la ejecución suspenderse sus cadáveres por seis horas, en la misma
plaza”, en tanto que el resto de los condenados a muerte debían ser ejecutados en la Plaza de Marte, sin especificarse nada en cuanto a la exposición
pública de los cuerpos.71 Sarmiento, en su célebre Facundo; resume así el
espectáculo: “El Gobierno de Buenos Aires dio un aparato solemne a la ejecución de los asesinos de Juan Facundo Quiroga; la galera ensangrentada y
acribillada de balazos estuvo largo tiempo expuesta al examen del pueblo, y
el retrato de Quiroga, como la vista del patíbulo y de los ajusticiados, fueron
litografiados y distribuidos por millares, como también extractos del proceso, que se dio a la luz en un volumen en folio”.72
Como cuenta Sarmiento, el Gaucho de los Cerrillos hizo imprimir la causa –gracias a lo cual hoy se encuentra accesible fácilmente en varias bibliotecas públicas–73 y remitió copias a los gobernadores que lo habían autorizado
a realizar el juicio, así como hizo publicar la sentencia en los diarios y dispuso
de carteles públicos para difundirla. El envío de las copias iba acompañado
de una circular emitida por Rosas, donde este decía: “[…] Después que los
Pueblos y los Gobiernos de la Confederación sintieron la necesidad de poner
bajo el imperio de la ley a los perpetradores de un atentado que cubrió de luto
a la República, y comprometió su orden interior, su propio honor y crédito,
el infrascripto, a quien delegaron uniformemente todos los Gobiernos Confederados la honrosa atribución de juzgar a los que resultasen criminales por
aquella causa, no ha perdido un solo instante en dejar satisfecha su misión de
un modo que correspondiese a la alta confianza que se le había hecho, y a la
expectación pública pendiente del desagravio de la justicia.
trágica, Cuadernos de Buenos Aires XVII, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
Secretaría de Cultura, Buenos Aires, segunda edición, 1973.
71. Mabel Pagano, en una novela histórica sobre el caso, sostiene que estas ejecuciones
no eran públicas y que sólo podían asistir quienes se salvaran de la ejecución por
sorteo (cfr. Pagano, M., Lorenza Reynafé o Quiroga, la barranca de la tragedia,
Ediciones del Boulevard, Córdoba, 2004, p. 219). Por mi parte, no he encontrado
referencia cierta sobre tal carácter de la ejecución.
72. Sarmiento, D. F., op. cit., p. 195. El párrafo de Sarmiento finaliza con una velada acusación a Rosas: “La Historia imparcial espera todavía datos y revelaciones para señalar con
su dedo al instigador de los asesinos”.
73. Ver cita n. 3.
Pero una causa que por su misma naturaleza y circunstancias exigía ser
llevada con pulso, que debía seguirse con entera sujeción al orden jurídico,
para que los mismos reos pudiesen ser oídos y defendidos, y que necesitaba
una larga actuación por el número considerable de reos sujetos al juicio, y
por otras razones que son fáciles de concebirse debía naturalmente resentirse de larga demora en su curso.
Al fin ella ha llegado a su término con el completo esclarecimiento de
la verdad, y los Pueblos de la Confederación Argentina tendrán esta vez un
nuevo motivo de gloriarse, respecto a la prudencia y acierto en sus juicios,
cuando apenas fueron sabedores que aquella sangrienta escena, guiados por
ese impulso secreto que dirige el criterio de los pueblos, señalaron los agentes principales de aquella catástrofe lamentable.
El extracto de esta célebre causa, y demás piezas principales de ella,
que el infrascripto acompaña a S.E. en el libro adjunto, le instruirán de lo
que se ha obrado en la materia, y del resultado final del proceso que se ha
terminado por una sentencia arreglada a las leyes que ha satisfecho la justicia pública y borrado las impresiones profundas que había grabado en el corazón de los buenos Argentinos el horrendo crimen de Barranca-Yaco…”.74
La circular revela, una vez más, el uso de la opinión pública como justificación de la necesidad del juzgamiento y también la necesidad de que este
se realizara “con entera sujeción al orden jurídico”. Rosas hace explícito que
debía permitirse a todos los procesados ejercer su defensa y que por eso se
ha demorado tanto la resolución de la causa.
Sarmiento también daba cuenta de que una litografía de la ejecución
había sido “distribuida por millares”. En efecto, en La Gaceta Mercantil,
74. Circular de Rosas del 27 de octubre de 1837 a los Gobernadores de las Provincias
Confederadas, reproducida en Levene, R., op. cit., T. XI, pp. 316-318. También Levene
reproduce una carta de Rosas al gobernador riojano, Tomás Brizuela, luego del dictado
de la primera sentencia, en la cual decía: “Esto también aumenta la dignidad, crédito y
respeto de la Confederación. […] Sé que los extranjeros, agrega, están admirados. Tienen
razón, porque ven que hemos hecho en nuestra Confederación lo que los potentados de
Europa no han podido hacer en casos parecidos”. Y también hay una respuesta de Ibarra
a Rosas, acusando recibo del ejemplar de la causa: “Todo en él es digno de admiración y
los pueblos verán que ha correspondido Ud. superadamente a la confianza que depositaron en su respetable persona para ejercer las augustas funciones de la Justicia Nacional”
(Levene, R., op. cit., T. VIII, p. 536).
entre el 3 y el 17 de noviembre de 1837, pudo leerse este aviso, usualmente
en la portada del diario:
“Ejecución. La vista de la ejecución de Vicente y Guillermo Reynafé
y de Santos Pérez, principales autores del asesinato cometido en la
persona del Sr. General D. Juan Facundo Quiroga y su comitiva, ha
salido y se vende desde hoy, sea iluminado, sea de negro, en la rienda
de la Litografía del Estado e imprenta del Comercio calle de la Catedral
núm. 17”.75
Recapitulando, tanto la difusión dada al proceso, que durante su desarrollo fue secreto, como las penas impuestas, reflejan la mezcla de rituales que significó este juzgamiento. Así explica Tedesco las transformaciones
del ritual penal: “El procedimiento inquisitivo que predominó a partir de
1215 en el continente europeo estableció que el ritual debía concentrarse
en otro momento. Fue la ceremonia del castigo en el que el secreto del proceso corrió su velo y el público asistió a las circunstancias que rodeaban al
crimen atacado por la voluntad soberana. […] La ejecución era en sí misma
la demostración ritual de fuerza y poder, llevada adelante con la pompa y
circunstancia de toda ceremonia pública. […] El ritual llevado adelante frente al cuerpo de los supliciados buscaba efectos perennes en la mentalidad
del cuerpo social”. Y luego: “Mas con el tiempo el espectáculo cambió de
escenario. Fue el proceso penal el que cumplió estas funciones dramatúrgicas propias de la ejecución del castigo impuesto. El papel que la tortura
y la pena capital del Antiguo Régimen tenían dentro del esquema de poder
pasó a estar realizado por el ritual del juicio, el que se correspondía con las
nuevas sensibilidades y mentalidades culturales imperantes en el proceso
de civilización: el escepticismo en las ejecuciones públicas minaba el orden,
en vez de reforzar las normas sociales. Afirma Foucault que la ‘sombría fiesta punitiva’ va extinguiéndose. Desaparece el ‘espectáculo punitivo’, el cual
se convierte en un nuevo acto de administración. […] Según él, ‘el castigo
tenderá, pues, a convertirse en la parte más oculta del proceso penal’. De allí
75. Puede verse una litografía de la ejecución Cárcano, Ramón, op. cit.
Lamentablemente, la ausencia de referencias impide identificar si se trata de aquella
que promocionaba La Gaceta Mercantil.
que será la ‘publicidad […] de los debates y de la sentencia’, en donde descansará la luz. Y, con ello, el sitio donde el espectáculo quedará radicado”.76
En esta misma dirección se expresa Anitua: “El paso de un modelo social (y penal y procesal) a otro implicó más continuidades que rupturas. Así
como las ‘ceremonias’ de tortura y de castigo del Antiguo Régimen cumplían
un importante papel dentro de un esquema de poder; ahora las ‘ceremonias’
del juicio deberían reemplazarlo, pero con mayor eficacia y menor riesgo de
sublevaciones populares”.77
¿Qué mejor reflejo, entonces, del cruce de dos épocas que las penas
impuestas en este proceso? Ejecuciones públicas y secretas, presidio y destierro. ¿Qué mejor ejemplo que un proceso secreto que, una vez concluido,
es impreso íntegramente y distribuido por todo el país? No en vano Rosas
ha sido descripto como una contradicción andante entre el pensamiento
medieval y la modernidad naciente. No en vano era conocido como “El Restaurador de las leyes”. Concretaba en su persona todo el poder público, a la
manera de los reyes. Pero también era conciente de que los tiempos habían
cambiado y que quien quisiera consolidar su poder debía diversificar sus
herramientas.78
76. Tedesco, I. F., op. cit., p. 139 y ss.
77. Anitua, G. I., “El principio de publicidad procesal penal, un análisis con base en la
historia y el derecho comparado”, en Hendler, E. (comp.), op. cit., p. 72. Véase también en
la p. 79 el paso del castigo público a uno de carácter secreto y la asignación de la función
de prevención general al proceso. En un trabajo más amplio, este autor señala que “en
algunos casos, ni siquiera reemplazando aquella ceremonia sino conviviendo con ella.
Así, Lardizábal y Uribe en su famoso Discurso sobre las penas, en el que manifestaba
que ‘Uno de los fines esenciales de las penas es el ejemplo que con ellas debe darse para
que sirvan de escarmiento a quienes no han delinquido y se abstengan de hacerlo, y por
esa razón hemos dicho que deben ser públicas’” (Anitua, G. I., Justicia penal pública, op.
cit., p. 85).
78. Al respecto, es interesante el relato que hace Feinmann de un encuentro de Rosas
con Santiago Vázquez, enviado de la Banda Oriental en ocasión de su primera asunción
al poder: “Confiesa, don Juan Manuel, que los errores de quienes los han presidido en la
conducción del país han radicado, grandemente, en ignorar a los hombres pobres, a los
hombres de las clases bajas, a los hombres de la campaña, que son, piensa él, la gente
de acción. Le advierte a Vázquez, como haciéndole un guiño, sobre la animadversión,
sobre la natural hostilidad que existe siempre en los pobres contra los ‘ricos y superiores’.
Con este somero estudio, podemos ver que Rosas eligió responder al
asesinato de Quiroga, no con la guerra, sino con la ley. Dispuso también de
la prensa, pues quiso que esa respuesta sea percibida e internalizada por
el público. Si bien era el juez, no podía permitirse que su sentencia fuera
arbitraria.79 Del mismo modo, se dio espacio para revisar su propia sentencia, condonar algunas ejecuciones y aminorar las penas. Como dice Cárcano: “Rosas realiza su programa. En una causa célebre él se destaca como el
único misericordioso. Aparece en una lucha de conciencia entre los deberes
austeros del magistrado y los sentimientos piadosos del hombre. No basta
que le aconsejen la muerte. Es necesario que le insten a la matanza. Rosas
al lado de su obra de justicia, venganza y persecución, realiza también una
obra de arte”.80
A esta altura, ya se podría objetarme que se trata de una historia interesante, pero que no nos dice nada sobre nosotros. Que es pasado. Que Rosas
era un dictador, concentraba el poder público. Y hasta fue él mismo quien
dictó la sentencia.
Sin embargo, no es difícil advertir que el procedimiento que se adoptó para esta causa no difiere sustancialmente del que se implementó a lo
largo de la mayor parte de la historia judicial de nuestro de país, que tuvo
su consagración normativa con el Código de Procedimiento en Materia
Penal,81 con la evidente –y por supuesto que nada menor– diferencia de
que el dictado de la sentencia quedó en manos del Gobernador en vez del
Vázquez lo sabe: teme, como todos los de las clases ilustradas temen, que la plebe se soliviante. Rosas lo serena: sabe cómo evitarlo. Y se lo dice: siempre, en efecto, le ha parecido
‘muy importante conseguir una influencia grande esa clase para contenerla o para dirigirla’. Vemos, aquí, que Rosas ha sido consciente acerca de las necesidades del control social
para gobernar” (Feinmann, J. P., op. cit., p. 174).
79. Es cierto que su sentencia no estuvo fundada, limitándose simplemente a asignar
responsabilidades e imponer penas, sin remitirse al proceso. Su justificación es, en todo
caso, el sumario y dictamen que le eleva Maza.
80. Cárcano, R., op. cit., p. 78. Este autor dice “no basta que le aconsejen la muerte”, pues
cuando se interpuso el recurso de súplica, tanto el dictamen de Maza, como el del fiscal y
el del asesor letrado, pedían la confirmación de todas las condenas.
81. Ley 2372, sancionada el 17 de octubre de 1888, redactada por Manuel Obarrio.
juez instructor. Este sistema, como se sabe, fue modificado a nivel federal
en 1992, con la adopción del Código Procesal Penal de la Nación. Pero la
etapa de instrucción no varió sustantivamente y se ha convertido en el pilar
fundamental del proceso, impactando incluso decisivamente sobre el juicio
oral, en ocasiones desdibujándolo por completo por vías “excepcionales”,
transformándolo en la mera lectura de actuaciones previas.82 Asimismo, se
mantiene su carácter “secreto”, aun en palmaria inobservancia de normas
de jerarquía constitucional.83
Es indudable que el sistema penal contemporáneo es mucho más complejo que el del rosismo. Asimismo, hoy parece difícil encontrar una decisión
82. Al respecto, se ha dicho que “la mera posibilidad de la presencia pasiva de los ciudadanos en una sala de audiencias, sin posibilidad de conocer qué es lo que allí está ocurriendo, más se parece a la observación de una obra de teatro de la que ni siquiera se puede
saber su argumento, ya que la incorporación por su lectura en el acta de debate de declaraciones de testigos ausentes, que ni siquiera son oralizadas efectivamente, lo mismo
que otras evidencias documentales, hacen que el hilo argumental del caso aparezca ciertamente retaceado al espectador, que sólo puede interpretar que lo que en un debate se
está desarrollando es un rito secreto sumamente incomprensible para su entendimiento
de lego y que no le brinda ningún esquema de interpretación del fenómeno” (Rodríguez,
Mariano, Los límites de la jurisdicción penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1997, p. 96, citado
por Anitua, G. I., Justicia penal pública, op. cit., p. 333).
83. El art. 204 del CPPN dispone que “el sumario será público para las partes y sus defensores…” y que “será siempre secreto para los extraños”. En cambio la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8 inc. 5, dispone que “el proceso penal debe
ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. Por
otro lado, en relación a la etapa de juicio, que sí es oral y público, creo que es trasladable
el análisis de Foucault sobre el proceso público francés: “Nadie sabe lo que ocurre realmente en el curso de un proceso. Y ello resulta como mínimo sorprendente en la medida
en que se trata de un procedimiento en principio público. Por desconfianza hacia lo escrito y lo secreto (que eran dos principios de la justicia penal bajo la monarquía) nuestra
justicia, desde 1794, se considera oral y pública. Todo debe juzgarse en un teatro en el
que la conciencia pública ha de estar presente. Pues bien, concretamente, no asisten a
la sala más que cincuenta personas, algunos periodistas, un precoz presidente, jurados
desbordados. No hay ninguna duda: en Francia la justicia es secreta y, tras el veredicto,
continúa siéndolo. Resulta al menos extraordinario que todos los días decenas de acusaciones fiscales sean pronunciadas en nombre de un ‘pueblo francés’ que en esencia las
ignora” (en Foucault, Michel, “La angustia de juzgar. Debate sobre la pena de muerte”, en
Saber y Verdad, Madrid, La Piqueta, 1991, p. 108, citado por Anitua, G. I., Justicia penal
pública, p. 20).
deliberada de algún gobernante de utilizar el sistema judicial como mecanismo de respuesta pública para algún conflicto en particular.84 Sin embargo,
no deja de sorprender que la forma habitual de administrar justicia penal en
nuestro sistema, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, guarde muchas
similitudes con aquella que adoptó Rosas. Y eso, pasados algo más de ciento
setenta años, en una democracia, no puede dejar de preocuparnos.
“Causa criminal seguida contra los autores y cómplices de los asesinatos
perpetrados en Barranca-Yaco, territorio de Córdoba, el día 16 de febrero
del año 1835, en las personas del Exmo. Sr. Brigadier General D. Juan
Facundo Quiroga, comisionado del Exmo. Gobierno de Buenos Aires; su
secretario, Coronel Mayor D. José Santos Ortiz, y demás individuos de
su comitiva. Con las defensas de los reos, acusación del Fiscal del Estado,
dictámenes del Juez Comisionado, y del Asesor General, y de las última
actuaciones hasta la sentencia definitiva, y su egecución”. Publicación
oficial, Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1837.
Abramovich, V., “El complejo de Rock Hudson. Sobre el menosprecio de la
práctica judicial y de su propio discurso en el estudio y la enseñanza del
derecho”, No hay Derecho, N°4, Buenos Aires, 1991.
Anitua, G. I., Justicia penal pública. Un estudio a partir del principio de
publicidad de los juicios penales, 1ª ed., Buenos Aires, Editores del
Puerto, 2003.
Barreneche, Osvaldo, Dentro de la Ley, Todo. La justicia criminal de
Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la
Argentina, La Plata, Ediciones Al Margen, 2001.
Cárcano, Ramón J., El General Quiroga, Buenos Aires, Emecé, 1947.
Feinmann, José Pablo, La Sangre derramada. Ensayo sobre la violencia
política, Buenos Aires, Booket, 1ª ed. 1998, 3ª ed. 2007.
84. Puede discutirse que en el caso que estudiamos haya habido una decisión deliberada
en tal sentido de Rosas. Sin embargo, el pedido de autorización a las demás provincias para
proceder al juzgamiento de los Reinafé no puede pasarse, sin más, por alto. Es evidente
que Rosas quería dar una respuesta al asesinato de Quiroga y a los rumores públicos sobre
el mismo, muchos de los cuales lo involucraban en la planificación del crimen.
Foucault, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Gedisa, 2ª
Garland, David, Castigo y sociedad moderna, México, Siglo XXI, 2ª ed. en
español, 2006.
Halperín Donghi, T., Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente
en la argentina criolla, Buenos Aires, Siglo XXI, 1994.
Hendler, Edmundo (comp.), Las garantías penales y procesales, un enfoque
histórico-comparado, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2001.
Lafuente Machain, Ricardo de, La Plaza trágica, Cuadernos de Buenos
Aires XVII, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de
Cultura, segunda edición, 1973.
Levaggi, Abelardo, Historia del Derecho Penal Argentino, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia del Derecho Ricardo
Levene, Lecciones de Historia Jurídica IV, Buenos Aires, Perrot, 1978.
Levene, R., Historia del derecho argentino, VIII, 1954, y XI (documentos),
Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, Tomo I, Buenos Aires, Editores
del Puerto, 2ª ed., 1996.
Pagano, Mabel, Lorenza Reynafé o Quiroga, la barranca de la tragedia,
Córdoba, Ediciones del Boulevard, 2004.
Rock, David, Argentina 1516-1987. Desde la colonización española hasta
Raúl Alfonsín, Buenos Aires, Alianza, 1ª ed., 1989, 5ª reed. 1999.
Salvatore, Ricardo, “El imperio de la Ley. Delito, estado y sociedad en la era
rosista”, en revista Delito y Sociedad, año III, Nº4/5, Buenos Aires, 1993/94.
Sarmiento, Domingo F., Facundo, Buenos Aires, Colihue, 1ª ed., 1998.
Tau Anzoátegui, Víctor, “En torno a la mentalidad de nuestros juristas del
ochocientos”, en Revista de Historia del Derecho, Nº5, Instituto de
Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1977.
Tau Anzoátegui, Víctor, La codificación en la Argentina (1810-1870).
Mentalidad Social e Ideas Jurídicas, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Colección de
Estudios para la Historia del Derecho Argentino, XI, Buenos Aires, 1977.
Tedesco, Ignacio F., El acusado en el ritual judicial. Ficción e imagen
cultural, 1ª ed., Buenos Aires, Editores del Puerto, 2007.
Zorraquín Becú, R., “El proceso a los asesinos de Quiroga”, en Revista del
Instituto de Historia Ricardo Levene, N°22, Facultad de Derecho de la
UBA, Buenos Aires, 1971, pp. 165-205.
Donde nos encuentras? - Flores y Rosas ON LINE
Alguien desordena estas rosas - Revista de la Universidad de México

References: resolución 
sui generis
sui generis
 resolución 
 resolución 
 resolución