Source: http://palabrasdelderecho.com.ar/articulo.php?id=379
Timestamp: 2019-04-20 21:00:54+00:00

Document:
Lucas José Zudaire 16-01-2019 noticias
A modo de introducción señalamos que en el recientemente culminado año 2018, la Legislatura bonaerense superó el número de quince mil leyes sancionadas.
Con la aprobación de un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y agentes públicos bonaerenses, se alcanzó la marca de 15.000 leyes, que fue luego superado con la por las normas que modifican el Código Procesal Penal (15.001), el Código de Transito (15.002), las facultades del imputado (15.004), la creación de la Policía Judicial (15.005), la transferencia al Estado Nacional del Parque Otamendi (15.006), la reforma del Código Fiscal (15.007) y el nuevo régimen jubilatorio para empleados del Banco Provincia (15.008).-
A continuación, analizaremos brevemente alguna cuestiones que se presentaron como las más destacadas en su temática, sea por su reconocimiento normativo, como por las decisiones judiciales adoptadas en el transcurso del año pasado, sabiendo que el empeño en ser breves juega en contra del deseo de completo del resumen anual.
Durante el año 2018 la Provincia de Buenos Aires prorrogó su estado de emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria; administrativa y tecnológica; y, en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos. Al respecto cabe realizar un acotado repaso.
A pocos días del inicio de gestión de María Eugenia Vidal, representante de la lista ganadora de las elecciones del año 2015 por la alianza Cambiemos, como gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, se inició la actividad normativa para atender los asuntos que se consideraron más urgentes.
La Ley n° 14.806(1), declaró la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, por el período de 12 meses, hasta enero de 2017. Antes del vencimiento de dicho plazo, en noviembre de 2016, se dictó la Ley n° 14.866 que prorrogó su vigencia por un año (hasta enero de 2018), e igual decisión se tomó por medio del dictado de la Ley n° 14.990, completando así la provincia de Buenos Aires tres años corridos de emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria (enero de 2016 a enero de 2019).
Entre otras cuestiones, la ley citada prevé la autorización a los Ministerios de Seguridad y Justicia para ejecutar obras y contratar los servicios y suministros que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la ley, utilizando normas de excepción y eximiéndose de las prescripciones de diversas leyes y decretos que implican el paso previo de los expedientes por los organismos de control de la Provincia.
Por otro lado, la emergencia declarada faculta asimismo a los Ministerios de Seguridad y Justicia tanto a convocar para prestar servicios a personal de la Policía y del Servicio Penitenciario Bonaerense en situación de retiro, como a reasignar funciones, destinos, resolver la disponibilidad o desafectar del servicio a los agentes.
Poco tiempo después, el 31 de marzo de 2016, se declaró la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la provincia mediante la Ley n° 14.812(2) y, el 19 de mayo del mismo año, se estableció la emergencia administrativa y tecnológica en la provincia, por Ley n° 14.815.
Al igual que la emergencia en seguridad, éstas últimas fueron prorrogadas en dos oportunidades por el término de un año cada una, pero con la diferencia que la primera prorroga mediante decreto (3) y la segunda por ley (4), ya que las normas declarativas de la emergencia prevén la facultad del Poder Ejecutivo de prorrogar su vigencia por el plazo de un año y por única vez, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado (art. 1 de la Ley n° 14.812 y de la Ley n° 14.815).
Es por ello que en oportunidad de extender el plazo de vigencia por segunda vez surgió la necesidad del dictado de una nueva ley, la Ley n° 15.022 que prorroga ambas emergencias (infraestructura y administrativa) y faculta al Ejecutivo para ampliar su vigencia por igual plazo y única vez, en el supuesto de verificarse que las causales que justifican la emergencia persistan, y previa comunicación a la Comisión Bicameral prevista en el artículo 10 de la Ley n° 14.812 y artículo 8 de la Ley n° 14.815 (art. 1).-
Por su similitud en lo sustancial, podemos decir que ambas normas autorizan a todos los Ministerios, Secretarías y entidades autárquicas, en el marco de sus competencias, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de dichas leyes, haciendo uso de las normas de excepción y pudiendo eximirse del cumplimiento de las prescripciones de las normas de los Organismos de Asesoramiento y Control.
Sin perjuicio de ello, a diferencia de la emergencia en seguridad, se dispone que previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en todo el proceso de contratación, deberá dar cuenta de su actuación a los Organismos de Asesoramiento y Control, los que deben expedir sus informes, dictámenes y vistas en un plazo máximo y común de 7 días hábiles, entendiéndose que no existen objeciones que formular si no lo remitieren en dicho plazo.
A la luz de lo antes mencionado y sin desconocer la existencia de otras normas que regulan la emergencia en otros campos, las emergencias en trato apuntan a obtener procedimientos de contratación más simples (menor cantidad y alcance de las publicaciones, plazos abreviados, intervenciones conjuntas, etc.), en desmedro del control, ya que la intervención de los órganos de control se encuentra limitada temporalmente, e incluso postergada a un momento posterior al dictado del acto de adjudicación, y en ocasiones con posterioridad de ejecutada la contratación al solo efecto de dar cuenta de la actuación [vg. emergencia en seguridad –art. 4 Ley n° 14.806-(5)].-
Con ánimo de no extender más esta temática, cabe finalmente preguntarse en este inicio del año 2019, si el Poder Ejecutivo hará uso de la facultad otorgada por la ley de ampliar el plazo de vigencia de las declaraciones de emergencia, cumpliendo así los cuatro años consecutivos de mandato bajo el régimen de normas de excepción.
La norma que rige el procedimiento administrativo bonaerense, dec.-ley n° 7647 del año 1970, se encuentra en estudio para su reforma.
Para ello, la gobernadora María Eugenia Vidal, mediante el dictado del Decreto n° 661/17, creó, en el ámbito de la Secretaria Legal y Técnica, una "Comisión para el Estudio de la reforma del dec.-ley nº 7647/70 y modificatorias”.
Dicha comisión tiene como objeto el de elevar al Poder Ejecutivo, en el plazo de un año a contar desde la fecha de su primera reunión, un anteproyecto de ley de actualización integral del procedimiento administrativo.
La misma se encuentra integrada por miembros de los siguientes organismos: Secretaría Legal y Técnica, Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Justicia, Asesoría General de Gobierno, Contaduría General y Fiscalía de Estado; y personalidades académicas.
En materia laboral, pueden enumerarse varios aspectos que merecen importancia:
Reforma del fuero
En primer lugar, corresponde señalas que la Provincia de Buenos Aires, en el transcurso del año pasado dictó la reforma del fuero laboral, con el fin de agilizar los juicios y transformar los tribunales en juzgados unipersonales, además de establecer una instancia de apelación con una cámara propia.
En segundo término, en una de las cuestiones más tratadas en dicho fuero, se modificó la norma vigente al adherir a la establecida a nivel nacional. La legislatura Bonaerense a través del dictado de la Ley n° 14.997, adhirió a la Ley de Riesgos del Trabajo Nacional, Ley n° 27.348, complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Dentro de los puntos más destacables de la norma que modificó el sistema de riegos del trabajo, se encuentra la de la creación de Comisiones Médicas como instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente a la que debe recurrir un trabajador que sufre un accidente laboral.
En lo que hace a conflictos gremiales, la justicia bonaerense ordenó al Gobierno bonaerense convocar a la paritaria para los empleados judiciales, al admitir una medida cautelar solicitada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB); y, también ordenó reactivar las paritarias docentes, conforme lo peticionado por el Frente de Unidad Docente (FUD), recordando que deberán concurrir y negociar en un marco de buena fe, tal y como lo manda el artículo 11 de la ley 13.552.
Asimismo, frente a las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, y de acuerdo con lo solicitado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Plata, ordenó al Ministerio de Trabajo bonaerense que se abstenga de imponer multa a raíz de las huelgas llevadas adelantes por los docentes en 2017 y 2018.
También en materia laboral, y estrictamente en lo que hace al trabajo de los profesionales abogados, se establecieron cambios en la regulación de honorarios.
En el año 2017 se sancionó la Ley n° 14.967 que regula los honorarios de los profesionales abogados y procuradores. Durante el año 2018, al momento de regular honorarios se suscitaron algunos planteos por parte de los abogados de las partes, que acabaron con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 que establece que incurrirán en mal desempeño si establecen honorarios por bajo del límite legal.
Específicamente para los procesos de amparos o juicios de apremios, la Legislatura efectuó modificaciones, mediante el dictado de la Ley n° 15.016. Se estableció para los juicios de apremios se establecerán siguiendo las pautas de los juicios ejecutivos, reducidos en un 10% con un mínimo de tres jus calculados conforme a la derogada Ley 8904, mientras que en los amparos, se contempló su forma de regulación dado que la Ley Arancelaria vigente no los había previsto.
Dicha norma no estuvo exenta de planteos de inconstitucionalidad en el fuero contencioso administrativo, los que fueron desechados por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata en diferentes actuaciones, dentro de las que se destaca el caso “Malerba Stella Maris c/ Secretaria de Derechos Humanos s/ Amparo por mora”, en el que se declaró la constitucionalidad del artículo 3 de la Ley 15.016 y fijó en 5 JUS los honorarios profesionales en dichas causas.
Al igual que en Nación, en la Provincia de Buenos Aires se estableció la prohibición de contratar familiares de funcionarios en el sector público, mediante el Decreto n° 61/2018 suscripto por la Gobernadora María Eugenia Vidal.
En dicha norma se instituye que "no podrán efectuarse designaciones de personas en todo el Sector Público Provincial que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado con el Gobernador y Vicegobernador, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro".
La justicia platense, admitiendo un pedido de una asociación civil en conjunto con un afectado directo, ordenó a una empresa de colectivos que adapte sus unidades a personas con discapacidad, de modo que garantice la circulación de automotores adaptadas a personas con discapacidad motriz o movilidad reducida.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, al confirmar la sentencia de primera instancia, ordenó a una obra social (IOMA) la cobertura de un tratamiento de fertilización asistida para una pareja de mujeres.
La acción de amparo tuvo origen en que la obra social exigía un año de prueba de infertilidad para cubrir el tratamiento pero los jueces señalaron que "la propia integración de la pareja impide naturalmente la concepción, mal puede exigírsele el transcurso de un año de vida sexual activa o bien, un diagnóstico basado en una patología, para acceder a la cobertura en salud reproductiva, cuando surge acreditada la existencia de la pareja (...) y la calidad de afiliada”.
Madre no gestante - Licencia
Luego de la solicitud realizada por el rechazo de una licencia por maternidad, la Justicia Contencioso Administrativa de La Plata ordenó que se otorgue la misma licencia de maternidad (90 días) a la madre no gestante, haciendo lugar a la acción contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Además de ello el magistrado exhortó a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires a dictar una normativa respecto del régimen de licencias para el sector público provincial, que contemple las diversas conformaciones familiares.
Respecto de los servicios públicos, fue un año agitado en el que hubo mucha actividad judicial a raíz de los aumentos de las tarifas, en particular en la energía eléctrica y en el gas.
Resultan algunos puntos destacables, el reconocimiento de la competencia para conocer en una causa colectiva contra la suba del gas emitida por la Justicia Federal de Dolores, en la que titular del Juzgado, Alejo Ramos Padilla, rechazó un planteo de inhibitoria del juez Enrique Lavié Pico del Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que le remita la causa colectiva del "Consumidores Argentinos".
Asimismo, el mismo magistrado y en el marco de la misma causa, dispuso una medida cautelar en la que ordenó a todas las prestatarias del servicio de gas del país que se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas por falta de pago, en el entendimiento de que que "los ciudadanos más vulnerables que se encuentren económicamente imposibilitados de abonar el nuevo cuadro tarifario que ha sido impugnado judicialmente, deben ser protegidos por el Estado" y por ello evitar que se queden sin el servicio.
Respecto de los aumentos de la tarifa del servicio de energía eléctrica, en una causa en la que en primera instancia y cautelarmente se había resuelto la suspensión de la medida que aprobó el aumento, la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata revocó el decisorio y la Suprema Corte resolvió, por cuatro votos contra tres, confirmar la denegatoria de concesión de un recurso contra el fallo de alzada.
La mayoría, integrada por los jueces Pettigiani, Genoud, Kogan y Natiello, consideró que la decisión no era recurrible; la minoría, integrada por los jueces Negri, Soria y De Lázzari, señalaron que como la decisión negaba legitimación al Defensor del Pueblo bonaerense y la configuración de un caso colectivo, era equiparable a sentencia definitiva y debía conocer la Suprema Corte.
Responsabilidad por omisión – violencia de género
En materia de Responsabilidad del Estado, en un importante fallo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia reconoció la responsabilidad por omisión del Estado ante un caso de violencia de género.
La decisión hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios presentada por una mujer que había denunciado por violencia de género en reiteradas oportunidades a su ex esposo y padre de sus hijos. Sin embargo, la Justicia de Mar del Plata ignoró la gravedad de las presentaciones y el hombre asesinó a los niños.
En materia ambiental es dable destacar la decisión adoptada en la causa que tramitó la contaminación de un acuífero freático que afecta a los habitantes de 18 municipios del conurbano bonaerense.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por medio de la facultad del artículo 280 del Código Procesal, rechazó los recursos y confirmó la sentencia que admitió una demanda con alcances colectivos promovida por una asociación dedicada a la protección ambiental de Quilmes que solicitó la recomposición del ambiente.
En concreto, se ordenó que se impida que se siga contaminando el acuífero freático, lo que eleva las napas freáticas a una altura casi superficial que afectan la salud y la propiedad de la población del área comprendida por los municipios de: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre y Vicente López.
En la decisión confirmada, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró la responsabilidad solidaria de Aguas Argentinas S.A., Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., Estado Nacional, Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), Agencia de Planificación (APLA) y Provincia de Buenos Aires y, además de la futura condena patrimonial para recomponer el ambiente, les impuso una serie de obligaciones a efectos del saneamiento de dicha problemática.
La Cámara Civil y Comercial de Dolores, en voto mayoritario, sostuvo que, no reconocer a un hijo biológico puede generar responsabilidad civil.
El tribunal sostuvo que si bien el “no reconocimiento” como hecho material per se no genera responsabilidad civil, si lo hace cuando concurren los restantes presupuestos: atribución subjetiva, daño y relación causal; tratándose de una responsabilidad subjetiva, con fundamento en la culpa o dolo de quien sabiendo, o debiendo saber, que es padre, se sustrajo a su deber jurídico.
Asimismo, se señaló que el daño moral en materia filiatoria tiene carácter eminentemente resarcitorio, derivado de la existencia de una ilicitud civil, que se da ante el no reconocimiento espontáneo del hijo biológico, que genera lesiones a las más íntimas afecciones, entre ellas la identidad.
A raíz de una presentación judicial iniciada por el Centro de Orientación, Defensa y Educación del consumidor contra la cadena de restaurantes La Trattoria, la Cámara Civil y Comercial de La Plata determinó que es ilegal cobrar el "servicio de mesa" si los comensales no lo solicitan.
La Corte Bonaerense confirmó la aplicación de daño punitivo por la apertura de cuenta sin consentimiento, por una tarjeta de crédito que nunca le había sido otorgada. La sentencia dispone que entidad bancaria (Banco Galicia) debe abonarle a la consumidora la suma de $20.000 por daño moral y $1.000.000 en concepto de daño punitivo.
El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de San Martín condenó a prisión perpetua a un hombre que asesinó a otro en el marco de un robo en el gran Buenos Aires. Lo novedoso fue que, para adoptar dicha decisión, se utilizaron como prueba mensajes de WhatsApp, donde el autor confesaba el crimen a otros integrantes de la banda que había llevado el ilícito.
Finalmente, no se puede pasar por alto que durante el año próximo pasado, el jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerenses, con 9 votos a favor de la destitución y 2 en contra, decidió la destitución de Luis Federico Arias de su cargo como juez frente al juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata.
El ex magistrado estaba suspendido debido por varios cargos en su contra, entre ellos abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes como funcionario púbico.
En el último año en su cargo había hecho lugar a medidas cautelares para suspender el aumento en las tarifas de los servicios públicos en la provincia de Buenos Aires.
En su alegato, Arias expresó: "Las verdaderas razones por las cuales yo estoy siendo juzgado no están explícitas en este juzgado. Tienen que ver con mi intervención en materia tarifaria, en el conflicto docente y de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires a quienes decretaron descuentos salariales por los días de paro estableciendo una conciliación obligatoria ilícita. Hemos tratado de poner límites al Poder Ejecutivo cuando consideramos que avasallaban los derechos de los trabajadores”
El año 2018 fue un gran año para la Provincia de Buenos Aires en cuanto al ingreso de fondos, ya que se estableció que recibiría 65 mil millones de pesos de compensación por el Fondo del Conurbano.
El Poder Ejecutivo bonaerense, a través del Decreto 6/2018, promulgó la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Pacto Fiscal de la Nación con las provincias (excepto San Luis), aprobado por la ley 15.017.
A través de esta norma, la gestión de María Eugenia Vidal recibió $21 mil millones en el año 2018 y recibirá $44 mil millones este año, de parte de Nación en compensación por el Fondo del Conurbano y la Provincia,
Dedicaremos éstas últimas líneas a resaltar un acotado de detalles normativos y judiciales que se vinculan con el funcionamiento y régimen de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Insistimos en lo acotado del análisis, sabiendo que los aspectos municipales del 2018 pueden dar para un trabajo independiente, pero no nos permitimos pasar por alto ciertas cuestiones como las siguientes:
La Suprema Corte bonaerense suspendió la reglamentación de la Ley de Empleo Público Municipal. Así lo hizo al decretar una medida cautelar que suspende gran parte del Decreto n° 784/16, por el cual, la Gobernadora María Eugenia Vidal reglamentó Ley n° 14.656 que regula el empleo público municipal.
Coparticipación - Autonomía
A su vez, se definió la coparticipación de sus 135 municipios, a través de la Resolución 248/2018 firmada por el ministro de Economía Lacunza, con fecha 28 de diciembre de 2017. De dicha manera se oficializó el esquema de Coparticipación municipal para el año 2018 con la publicación del nuevo Código Único de Distribución (CUD), y mientras que 56 comunas salieron ganando, 78 recibieron menos fondos y solo una se mantuvo igual que el año 2017.
Así, el distrito de Escobar resultó el más beneficiado con una suba del 22,1%, seguido por José C. Paz con 11,9% y Hurlingham con un 10,9%. Del otro lado, las cuentas más perjudicadas para ese ejercicio fueron las de General Pinto, que recibió un 8,8% menos que en 2017, seguida por Suipacha con menos 8,7% y Luján con menos 8,6%. Las comunas que encabezaron la distribución fueron las de La Matanza (7,73%), Merlo (3,59%), Malvinas Argentinas (3,33%) y La Plata (2,82%).
Respecto del reparto de la coparticipación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó el principio de autonomía municipal ante un caso de discriminación. Si bien la decisión refiere a un municipio de la provincia de Santiago del Estero, significa un precedente para todo el territorio nacional.
El máximo tribunal ordenó al Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a tratar el planteo por el cual la Ciudad de la Banda denunció que el gobierno de la provincia de Santiago del Estero no actualizaba los índices en base a los cuales distribuía los fondos de la coparticipación entre los municipios de la provincia, considerando que la Constitución Nacional otorgó jerarquía constitucional a la autonomía de los municipios en el artículo 123 y, consecuentemente, la obligación de las provincias de materializar ese mandato.
La justicia bonaerense, en diferentes oportunidades debió evaluar Ordenanzas Municipales en las que se prohíben el uso de fuegos artificiales. Sobre el tema, existen decisiones de primera instancia del fuero contencioso administrativo y, con mayor repercusión un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a raíz de una demanda originaria de inconstitucionalidad iniciada por la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales.
En este último, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza que prohibió la comercialización y el uso particular de elementos de pirotecnia, destacando que el poder de policía no debe llegar al extremo de prohibir una actividad lícita con tanta generalidad, ya que la función reglamentaria debe propender a equilibrar el ejercicio del derecho involucrado en su vinculación con el resto de los intereses que concurren, haciendo uso del análisis de razonabilidad de la norma, que nace de preguntarse respecto de la adecuada relación entre los costos de la medida y los beneficios que reporta.
(1) Dicha previsión es igual a la dispuesta en la Ley n° 11.304, que faculta al Poder Ejecutivo a declarar de Emergencia Obras y/o acciones indispensables de ejecutar en forma inmediata por una reconocida urgencia o debido a imprevistas circunstancias, ante situaciones de desastre que se produzcan en zonas de la Provincia, afectadas por casos de fuerza mayor, tales como: incendios, inundaciones, terremotos, epidemias, y establece que “ejecutada la obra y/o acción encarada, el Poder Ejecutivo deberá dar cuenta de su actuación a los Organismos de la Constitución, conforme a la legislación vigente” (art. 4).
(2) Su entrada en vigencia data del día 20 de abril de 2016, día que fue publicada en el Boletín Oficial
(3) El Decreto n° 52/17 prorroga por un año la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, y el Decreto n° 53/17, hace lo propio en referencia a la emergencia administrativa y tecnológica. Ambos decretos fueron suscriptos por la Gobernadora María Eugenia Vidal el 17 de abril de 2017.-
(4) Ley n° 15.022
(5) Sancionada el día 15, promulgada el 16 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de enero de 2016
http://palabrasdelderecho.com.ar/articulo.php?id=379

References: artículo 10
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 280
 Resolución 
 artículo 123