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Timestamp: 2016-12-06 14:01:40+00:00

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Ministerio Público de la Nación1Juz. 13- Sec. 25 – Sala E N° 11896/2008."González Oro Oscar Mario s/ concurso preventivo” (FG Nº 110408).Excma. Cámara:1. El juez de primera instancia rechazó la impugnación formuladapor Ricardo Garat y homologó el acuerdo preventivo presentado por Oscar MarioGonzález Oro respecto de los acreedores quirografarios y fiscales (fs. 755/60).Señaló el juez que, evaluadas las circunstancias del caso, lacomposición del activo y del pasivo y demás elementos colectados respecto delconcursado, la propuesta ofrecida no vulnera el orden público económico porque nodaña la protección del crédito.Expuso que el acuerdo preventivo propuesto resulta congruentecon la finalidad que persigue el sistema concursal porque respeta el interés general,procura la conservación de la actividad, la superación del estado de cesación depagos y prima facie tutela el crédito.Refirió que si bien podría pensarse que un pago del 42% nominalpuede importar en cinco años la pérdida, a valores reales, de más del capital mínimoantes regulado por la ley 24.522, esa exigencia perdió vigencia formal con el dictadode la ley 25563, art. 2.Consideró que aún cuando puede parecer bajo el interéspropuesto (2%), su condición de capitalizable hace que tal debilidad sea rápidamentesuperada, lo que ha de robustecer el pago de las cuotas y su espera.Indicó que en ese contexto, el acuerdo no resulta violatorio de lanueva redacción del art. 52 impuesto por la ley 25589, ya que no se detecta abuso ofraude a la ley.2. Apeló Ricardo Esteban Garat. Expresó agravios a fs. 781/7.Manifestó que la propuesta de acuerdo preventivo presentada enautos y su mejora son abusivas debido a la espera y quita previstas. Criticó laafirmación relativa a que si bien la tasa de interés ofrecida puede parecer exigüa, el2hecho de que sea capitalizable hace que la debilidad sea rápidamente superada.Expuso al respecto que los índices de inflación superan el 2% ofrecido.Refirió que la composición del activo del concursado estágravemente cuestionada en estas actuaciones. Señaló que en su oportunidaddenunció la existencia de ocultamiento de activos tanto en lo que se refiere a losingresos mensuales del concursado por su actividad como locutor y conductor, comoen lo atinente a la titularidad de un automotor y de dos chacras ubicadas en Puntadel Este, República Oriental del Uruguay.Indicó, con respecto a esas chacras, que habrían sido enajenadaspor el deudor a la sociedad uruguaya Noelcor S.A., cuyo presidente es el hijo delconcursado, Agustín González Pérez Corral. Refirió además que el concursado nodenunció el supuesto ingreso de U$S 60.000 obtenido por la venta de esosinmuebles.En cuanto a los ingresos mensuales del concursado, señaló que elconcursado al principio no atendió a las intimaciones que el tribunal le formuló yfinalmente adjuntó contratos sin fecha cierta celebrados entre Productora Oro SRL yel deudor. Refirió que a través de esa sociedad, constituida por el concursado (90%del capital social) y Rodrigo Bernárdez (10 % del capital social), el concursadoadministra los ingresos provenientes de su actividad profesional.Expuso que el síndico aconsejó excluir del cómputo de lasmayorías a Rodrigo Bernárdez, quien es, junto con el concursado, socio fundador deProductora Oro SRL.Denunció que el concursado y su hijo ocultaron la verdaderatitularidad de las cuotas parte de las que era titular el deudor en esa sociedad. Indicóque es prueba de ello que sólo dos meses después de la constitución de la sociedad,el concursado las cedió a favor de su único hijo. Informó que el precio de $ 13.500que supuestamente se pagó por esa operación es irrisorio y demostrativo de laexistencia de fraude y simulación ilícita de la cesión, porque coincide con el valornominal de las cuotas.Ministerio Público de la Nación3Manifestó además que la confirmación del ocultamiento del activoquedó fehacientemente demostrada con el contrato mediante el cual Productora OroSRL se obligó a abonar al concursado $ 13.000 mensuales por serviciosprofesionales. Indicó que no parece muy creíble que alguien venda en $ 13.500 el90% del capital social de una sociedad y después la misma persona aparezcacelebrando un contrato con la misma sociedad – de la cual su hijo es sociomayoritario y gerente- por la suma de $ 13.000 mensuales.Señaló que el concursado nunca acreditó la veracidad de susingresos mensuales con transferencias bancarias o recibos de pago.Sostuvo que estas pruebas evidencian el ocultamiento del activo ypermiten además demostrar el carácter abusivo de la propuesta.3. El concursado contestó el memorial a fs. 795/8.Señaló, en primer lugar, que el recurso debe ser rechazadoporque el apelante no es uno de los sujetos legitimados para apelar la resoluciónhomologatoria. Fundó esa afirmación señalando que Ricardo Garat no impugnó elacuerdo, sino que solo intentó hacerlo mediante una presentación extemporánea.Expuso, por otro lado, que la propuesta por él ofrecida refleja suposibilidad de pago, garantiza el derecho de propiedad de los acreedores y fueaprobada por la libre voluntad de la mayoría de ellos. Señaló que además es másventajosa para los acreedores que la declaración de quiebra.El síndico contestó el memorial a fs. 800/1, aconsejando elrechazo del recurso interpuesto.4. En mi opinión, V.E. debe hacer lugar al recurso de apelacióninterpuesto.En primer lugar, me referiré al planteo de falta de legitimaciónintroducido por el concursado en la contestación del memorial.De acuerdo a lo dispuesto por el art. 51 tercer párrafo de la ley24.522, quien se encuentra legitimado para apelar la resolución mediante la cual sedeclaró improcedente la impugnación del acuerdo, es el acreedor impugnante.4El concursado sostuvo que el Sr. Garat carece de legitimaciónpara apelar porque sólo introdujo un cuestionamiento que no puede ser consideradouna impugnación al acuerdo, debido a su extemporaneidad.El art. 50 de la ley 24.522 fija el plazo dentro del cual debenpresentarse las impugnaciones al acuerdo: cinco días siguientes a aquél en quequede notificada por ministerio ley la resolución del art. 49.En el caso, el juez hizo saber la existencia del acuerdo el 8 dejunio de 2009 (fs. 661). Esa resolución fue apelada por Ricardo Garat. La Cámararechazó el mentado recurso el 9 de septiembre de 2009 y confirmó la resoluciónapelada, lo cual fue notificado a Ricardo Garat el 25 de septiembre de 2009 (fs. 734).La impugnación a la que se refirió el concursado en su planteo de falta delegitimación fue presentada el 21 de octubre de 2009 (fs. 738/9).No obstante ello, la mentada presentación del 21 de octubre de2009 no fue la primera oportunidad en la que Garat denunció que el concursadoincurrió en la causal de impugnación de ocultamiento fraudulento de activo previstapor el art.50 de la ley 24.522. Había hecho varias presentaciones en tal sentidodesde mucho antes del dictado de la resolución que hizo saber la existencia delacuerdo y esas objeciones estaban pendientes de resolución por parte del Tribunal(fs. 366/7, 396/401, 431/2, 451/7, 597/8). De ello se deriva que, cuando el juez pusolos autos a los fines del art. 50 de la ley 24.522 (fs. 661 y 717/8), el deudor ya habíaformulado su impugnación y ésta estaba pendiente de resolución.En este contexto, entender que la impugnación al acuerdo esextemporánea cuando los cuestionamientos fueron presentados antes del momentoprocesalmente previsto al efecto, importa adoptar una decisión de exceso rigorformal, que se aleja de la verdad jurídica objetiva, que es el norte de todo procesojudicial (CSJN, “Colalillo c. Compañía de Seguros España y Río de la Plata”, Fallos238:550).Esta solución se impone en el caso de un concurso, donde no sólose encuentra en juego el interés del deudor y de los acreedores, sino el interés delMinisterio Público de la Nación5Estado y de la sociedad en general en virtud de la repercusión negativa que producela eventual desaparición de agentes económicos y la preservación de crédito. Así seexplica que la ley concursal haya instituido un órgano extrapoder, el MinisterioPúblico Fiscal, como “parte” en la impugnación del acuerdo preventivo (art. 276 LC),cuya presencia resultaría incompatible en un juicio común donde sólo se ventilenintereses particulares disponibles para las partes.Además, cabe recordar que la ley concursal impone al juez eldeber de rechazar de oficio la homologación del acuerdo en caso de abuso o fraude(artículo 52 inc. 4 LCQ). Ello es así, porque en el proceso concursal se hallainvolucrado el orden público, que no es disponible para las partes (artículo 21 CódigoCivil).Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que esta Fiscalíainterviene como parte en este proceso (arts. 51 y 276, LC, art. 25, incs. a, b, d, f y h,LOMP y 1047, CC.En consecuencia, los agravios deben ser tratados por el Tribunal.5. Asiste razón al apelante cuando afirma que la propuesta esabusiva.La Corte Suprema ha señalado que “en el análisis del abuso delderecho relacionado con la admisibilidad de una propuesta de acuerdo preventivo, eljuez, debe apreciar objetivamente si el deudor –en ejercicio de su derecho, hacontrariado la finalidad económico – social del mismo que, en la especie, no estásolamente dada por la conservación de la empresa como fuente de producción ytrabajo, sino que también está definida por el logro de una finalidad satisfactiva delderecho de los acreedores, la cual, naturalmente resulta negada cuando la pérdidaque se les impone es claramente excesiva (CSJN, “Arcángel Maggio S.A. s/concurso preventivo”, considerando 9°, párrafo terc ero, suplemento Concursos yQuiebras (marzo), 50, La Ley 04/06/07).La Corte coincidió con el criterio explicitado por la Cámara, alsostener que “la sentencia apelada no se exhibe como arbitraria pues, en verdad, por6el hecho de aplazar el pago del 40%, el deudor está en la obligación de pagar elinterés moratorio a fin de que el pago siga siendo de por lo menos del 40% delcapital comprometido; de no ser así, el plazo o división en cuotas del pago, reduceesa parte alícuota precisamente en la medida correspondiente al interés adeudado.El reproche del a quo a la propuesta de acuerdo se asienta, pues, en la exigencia –que hace a la transparencia del proceso concursal y a la captación de buena fe delvoto de los acreedores- de que la quita formalmente ofrecida, se corresponda con laque realmente se pagará” (considerando 8°, párrafo cuarto y quinto del fallo citado).Desde esta óptica cabe analizar la propuesta de pago ofrecidapor el deudor en autos.La propuesta concordataria para los créditos quirografariosconsiste en el pago del 42% de los créditos en el plazo de trece años desde la fechaen que la homologación del acuerdo quede firme. La propuesta prevé un plazo degracia de cinco años y el pago en ocho cuotas anuales a partir del vencimiento delplazo de gracia en los siguientes porcentuales: 5% al sexto año, 8% al séptimo año,9% al octavo año, 12% al noveno año, 15% al décimo año, 16% al decimo primeraño, 17 % al duodécimo año y 18% al decimotercer año. Asimismo, se prevé el pagode intereses a la tasa del 2% anual desde la fecha en que quede firme lahomologación, a capitalizar al término del período de espera (fin del quinto año) (fs.567 y mejora de fs. 722).La espera se cuenta desde una fecha incierta, esto es, desde quequede firme la homologación. En esa misma fecha, se iniciará el cómputo de losintereses, que se capitalizarán recién al término del período de espera.Vale decir, el plazo establecido para el pago de los créditos esindeterminado porque no se sabe cuándo quedará firme la homologación delconcordato. Esa forma de computar los plazos de espera es abusiva, porque tiende adesalentar a los acreedores para realizar planteos de impugnación al acuerdo, o sea,tiende a desalentar el ejercicio del derecho de defensa en juicio que es un derechofundamental de base constitucional. Ello es así porque cualquier reclamo de losMinisterio Público de la Nación7acreedores conspira contra su derecho de propiedad, dado que implica postergar elpago de todos los créditos en beneficio de la deudora.Una propuesta realizada en esas condiciones no debe seradmitida porque viola el orden público (art. 21 del Código Civil). No es posiblesometer a los acreedores a la aprobación de concordatos con plazo indeterminado,lo que incide directamente sobre el valor del crédito que percibirán en definitiva.Dado que el concurso de Oscar Mario González Oro se inició el 4de abril de 2008, hasta hoy, la espera total que padecerían los acreedores parapercibir el pago total del concordato es de más de quince años.Teniendo en cuenta el excesivo plazo de espera y que el pago encuotas contempla el pago de intereses insuficientes para compensar ladesvalorización de la moneda, es posible estimar que, si el acuerdo fuerahomologado durante el año en curso, el valor real de la propuesta no superaría el16,47% de los créditos. Este porcentaje surge de la suma de dos quitas: a) lacorrespondiente al 58% del capital ofrecida por la concursada y b) la quita producidacomo consecuencia de dos factores, a saber, la desvalorización de la moneda y elcosto de la oportunidad de poder haber utilizado el dinero durante el lapso que corredesde la presentación en concurso hasta el pago total. Ese plazo es deaproximadamente quince años.Uno de los principios fundamentales de las finanzas establece que“un peso hoy vale más que un peso mañana”. Ello, en virtud de que el dinero pierdevalor por el paso del tiempo, de ahí surge el concepto de costo de oportunidad. Elcosto de oportunidad del dinero puede calcularse según el interés que se devengaríasi ese dinero hubiese estado invertido por el beneficiario. Otro factor a tener encuenta es la licuación del capital que se produce por la desvalorización de la monedadurante un lapso prolongado.Por lo tanto, y a los efectos de calcular la quita real de lapropuesta, resulta necesario utilizar una fórmula financiera que permite estimar8cuánto percibiría hoy un acreedor si su crédito es pagado conforme lo estipula lapropuesta: el valor presente del crédito.Ahora bien, para lograr un mayor entendimiento, se tomará uncrédito de $ 1000. Sobre ese crédito, debe hacerse la primer quita del 58%, es decir,que el crédito se reduce a $ 420. Esos $ 420 se pagarán en 8 cuotas anuales de lasiguiente manera: 1) la primera cuota será del 5%, es decir $ 32,34; 2) la segundacuota será del 8% de $ 420, es decir, $ 45,74; 3) la tercera cuota representará el 9%de $ 420, es decir $ 49,62; 4) la cuarta cuota representará el 12%, es decir $ 62,65;5) la quinta cuota será del 15%, es decir $ 75,82; 6) la sexta cuota será del 16%, esdecir $ 79,05; 7) la séptima cuota será del17%, es decir $ 82,19 y 8) la octava cuotaserá del 18%, es decir $ 85,23.Hasta aquí se hizo la quita propuesta por la concursada. Sinembargo, a los efectos de conocer el valor real de lo que el acreedor percibiría por sucrédito, resulta necesario calcular el valor presente de cada cuota.Para hacer ese cálculo, las variables a considerar son: (i) laespera debe computarse desde la presentación en concurso (en el caso tomaremosabril de 2008) dado que desde entonces los acreedores dejaron de percibir loscréditos verificados; (ii) la tasa de actualización estará compuesta por un interés del6% anual y una inflación estimada del 10% anual, adoptando un criterio favorable aldeudor.Teniendo en cuenta estas variables, debe tomarse cada una delas cuotas y llevarlas al momento de la presentación en concurso. Para ello, se tomael monto de la cuota y se lo divide por 1 más la tasa de descuento, la cual seencuentra compuesta por la tasa de interés que devengaría ese dinero si estuvierainvertido más la tasa de inflación. Asimismo, el denominador se lo eleva a unapotencia. Esa potencia se corresponde con los años transcurridos hasta el cobro decada cuota. Finalmente, la suma del valor presente de cada cuota en particular, melleva al valor presente de todo el crédito.Ministerio Público de la Nación9Así las cosas, la suma del valor presente del crédito representael monto del crédito a valores de hoy. Este monto es de $ 164,68 sobre un créditooriginario de $1000. Por lo tanto, la propuesta de la concursada pagaría sólo un16,47 % del crédito, es decir que la quita real sería del 83,53%.Como consecuencia de ello, la propuesta presentada en autos porel deudor es abusiva, por lo que el acuerdo no debe ser homologado.6. En cuanto a la impugnación fundada en el ocultamientofraudulento de activo, cabe efectuar las siguientes consideraciones.6.1. El concurso preventivo es un régimen de excepción que tienecomo objeto que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores para lacancelación de su pasivo –al que no se puede hacer frente en forma regular- que lepermita continuar con su actividad.El deudor que decidió utilizar esta herramienta para sanear supasivo, tiene la carga de aportar en forma completa, clara y transparente, toda lainformación relativa a la actividad que desarrolla y a la conformación de su activo yde su pasivo. Esa información es indispensable (i) para que los acreedores puedanevaluar la propuesta de acuerdo; (ii) para que el síndico pueda elaborar el informeindividual y el informe general previstos por los arts. 35 y 39 de la LCQ; (iii) yfinalmente para que el juez pueda ejercer el control jurisdiccional que le impone elart. 52 inc. 4 LCQ.Esa es la razón por la cual el art. 11 de la ley 24.522 estableceuna serie de requisitos que deben ser cumplidos por quien solicite la apertura de suconcurso preventivo. Este deber del deudor de explicar su situación patrimonial estádirectamente relacionado con su deber de colaboración que consiste en la obligaciónde suministrar la información que le sea requerida por el juez y por el síndico. Esa estambién la razón por la cual el art. 50 de la ley citada establece la ocultación oexageración fraudulenta del activo como causal de impugnación del acuerdo.Es evidente que el interés del deudor por superar su situación deinsolvencia está en clara oposición al interés de los acreedores de cobrar sus10créditos. Si se permitiera que un deudor tramite su concurso sin aportar en formacompleta información acerca de su situación patrimonial, se estaría dejando en susmanos la decisión sobre la forma de solucionar el conflicto con sus acreedores.Además, se estaría privando a éstos de las herramientas que deberían estar a sudisposición para defender y hacer valer sus derechos.Es que la insuficiencia de información obsta al ejercicio delderecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso (art. 18 C.N.), y afectael derecho de propiedad de los acreedores, ya que nadie puede ser privado deaquélla sin un juicio previo (art. 17 C.N.). Si el acreedor no cuenta con suficienteinformación sobre la composición del activo del deudor concursado, no podrá emitirun consentimiento informado, y por ende válido, respecto de la propuesta de acuerdoque se le formula.Por otro lado, para que prospere la impugnación con base en lacausal prevista por el art. 50 inc. 4 ley 24.522, debe evaluarse el peso que laexageración o el ocultamiento de activo haya tenido en la formación de la voluntadde los acreedores.6.2 En el caso, un acreedor se presentó formulandocuestionamientos de ocultamiento de activos por parte del deudor.Me refiero al acreedor Garat, que denunció que el concursado espropietario de dos chacras en Punta del este, República Oriental del Uruguay.También denunció que esas chacras fueron vendidas por el deudor a una sociedadanónima cuyo directorio está presidido por su hijo y calificó esa venta como unaoperación simulada ilícitamente (fs. 597/8).El acreedor impugnante agregó dos minutas del Registro de laPropiedad Inmueble de Maldonado, Uruguay, en las que consta que pocos mesesantes de la presentación en concurso, el concursado cedió derechos de compromisode compraventa que tenía sobre dos inmuebles a Noelcor S.A. Surge también deesas minutas que el presidente del directorio de esa sociedad es Agustín GonzálezPérez Corral, el hijo del concursado.Ministerio Público de la Nación11Frente a esas manifestaciones y frente a la documentaciónaportada por el acreedor en su sustento (fs. 576/96), pesaba sobre el concursado lacarga de brindar toda la información necesaria para despejar las dudas existentesrespecto de la composición del activo. Esa carga fue asumida por el deudor cuandodecidió concursarse, pues al acogerse a tal régimen de excepción se sometió a laobligación de exponer claramente su situación económica y brindar todas lasexplicaciones que resulten necesarias para clarificar tal situación.Cuando se le corrió traslado de esa denuncia, el concursado negóque la operación de venta sea simulada y dijo que no tiene ninguna relación con lasociedad compradora y que no conoce a sus accionistas. Sin embargo, no aportódocumentación respecto de la operación, sino que se limitó a solicitar el libramientode oficio al Colegio de Notarios de la República Oriental del Uruguay, con el objetode solicitar los datos personales de la notaria interviniente. Ello, para posteriormentelibrar oficio a esa notaria para que remita copia fiel de los documentos firmados conNoelcor S.A.Con esa contestación, el concursado apareció cumpliendoformalmente con su deber de información, pero en realidad esquivó el requerimientoque le había formulado el juez (fs. 600). Es que, el deudor, en lugar de aportar ladocumentación sustentatoria de sus afirmaciones, ofreció prueba para que unanotaria de otro país las aporte, conociendo que existía la posibilidad de que esetrámite demore lo suficiente para que las pruebas no estén agregadas a la causaantes del vencimiento del período de exclusividad.No puede escudarse el deudor en la afirmación de que ladocumentación no obraba en su poder. González Oro fue parte en la operación deque se trata. Por ende, hubiera bastado con que éste hiciera un simple llamadotelefónico a la notaria interviniente para que ella le envíe la documentación que debíaser presentada en autos.Si no lo hizo, fue porque decidió no cumplir con su deber deinformación y ocultar al juez, al síndico y a los acreedores las circunstancias que12rodearon la salida de los inmuebles de su patrimonio. Esa falta de informacióndenota en el caso ocultamiento fraudulento de activo, lo cual obsta a la homologación(art. 50 ley 24.522).6.3. Tampoco hay en la causa suficiente información respecto delmonto de los honorarios que el concursado percibe por su trabajo como periodista yconductor de programas radiales y televisivos.El concursado informó que percibe por tales actividades la sumade $ 13.000 por mes (fs. 27 y 310). Sin embargo, los únicos elementos que aportópara demostrar que esos son sus ingresos son fotocopias de contratos de locaciónde servicios celebrados con Productora Oro SRL (fs. 667/9). Esos contratos carecende fecha cierta y son constancias fáciles de preconstituir, máxime teniendo en cuentaque, en representación de Productora Oro SRL intervino el propio hijo delconcursado. Es decir, que los firmantes de los contratos en cuestión son elconcursado y su hijo.Cabe señalar a esta altura que Productora Oro SRL es unasociedad constituida por Oscar Mario González Oro (90%) y Rodrigo Bernárdez(10%) (fs. .278/82) con fecha 24 de mayo de 2007 e inscripta en la InspecciónGeneral de Justicia el 2 de julio de 2007. Diez días después de la inscripción de esasociedad, esto es el 12 de julio de 2007, el concursado cedió sus cuotas sociales asu hijo (fs.283/7). El acreedor impugnante del acuerdo señaló esta cesión comosusceptible de ser revocada (arts. 118 y 119 LCQ).Teniendo en cuenta las circunstancias precedentemente referidas,señalo que no cabe descartar que la constitución de la mentada sociedad, bien pudohaber tenido como objetivo poner los honorarios del concursado a resguardo de laagresión de sus acreedores. Es que, a la fecha en que la sociedad se creó, elconcursado ya estaba en estado de cesación de pagos, de acuerdo al informegeneral (fs. 387). Además, a esa fecha el concursado ya había afianzado a LaCabaña Distribuidora S.A. frente al Banco Credicoop, al Banco Santander y aRicardo Garat. No cabe descartar pues, que el concursado haya decidido crear unaMinisterio Público de la Nación13productora controlada por él o por su hijo, para percibir a través de ella los honorariosprofesionales por su trabajo como conductor y periodista y sustraer sus ingresos dela agresión de los acreedores a quienes ya sabía que no iba poder satisfacer.Teniendo en cuenta que en la causa se había puesto en tela dejuicio el monto de los honorarios del deudor, éste tenía la carga de aportar otroselementos que demuestren la veracidad de sus afirmaciones, tales como depósitosen cuentas bancarias u otros elementos de los cuales surja fehacientemente el datoen cuestión.El concursado no cumplió con esa carga. Ni siquiera lo hizocuando fracasó el intento de conseguir la información a través de las dos empresasen las que se denunció que presta servicios (fs. 500 y 509).Nuevamente cabe señalar al respecto que si en la causa existíandudas respecto del monto de los honorarios que cobraba el deudor, pesaba sobreéste la carga, incumplida, de despejar esas dudas y presentar toda la informacióncorrespondiente.El incumplimiento de esa carga constituye un ocultamiento dolosode esa información, y, por ende, de la conformación de su activo, en tanto puso a losacreedores en situación de tener que votar una propuesta sin tener conocimientofehaciente de cómo estaba compuesto el activo de su deudor.6.4. Otra circunstancia que arroja sombras respecto de laconformación del activo del deudor es que éste haya afianzado deudas de LaCabaña Distribuidora S.A. y de Cerro Mollejón S.A. Máxime teniendo en cuenta quese trata de obligaciones de una entidad económica que no se corresponde con losingresos que el deudor denunció en la causa.De acuerdo al legajo individual del Banco Credicoop Coop.Ltdo.,que tengo a la vista, el 22 de marzo de 2006 el concursado se constituyó en fiador deLa Cabaña S.A. Afianzó también a esa sociedad con fecha 20 de noviembre de2006, frente al Banco Santander, de acuerdo a lo que surge del correspondientelegajo. También afianzó a la misma sociedad, a su hermano, a Cerro Mollejón S.A. y14a Productora La Tita S.R.L. con fecha 28 de diciembre de 2006, frente a RicardoGarat (fs. 42). Posteriormente, el 11 de julio de 2007, cuando, de acuerdo al informegeneral, ya estaba en estado de cesación de pagos, el concursado asumió, frente alBanco Macro S.A. la deuda de La Cabaña y de Cerro Mollejón, de acuerdo a lo quesurge del respectivo legajo individual que tengo a la vista.Cabe señalar que la deuda que el concursado asumió frente alBanco Macro S.A. asciende a la suma de $ 1.020.158. De esa suma, sólo el importede $ 109.406,36 correspondía a una deuda propia del concursado. De acuerdo alinforme del síndico de fs. 324 vta., el resto de la deuda asumida correspondía:Productora La Tita SRL ($ 121.798,07), La Cabaña Distribuidora S.A. ($ 576.232,46)y Cerro Mollejón S.A. ($ 212.721,11).Ahora bien, si el concursado afirmó que no tiene vinculaciónalguna con las dos últimas sociedades mencionadas (fs. 104), no hallo explicaciónpara que haya asumido una deuda imposible de pagar para él. Más aún teniendo encuenta que si sus únicos ingresos mensuales ascendían a $ 13.000, es evidente queno iba a poder abonar las cuotas que se comprometió a pagar, de $ 15.374,24mensuales, conforme cláusula III.3.1 del contrato de mutuo agregado en el legajoindividual del Banco Macro S.A. De hecho, el deudor incumplió el pago desde laprimera cuota y se produjo la caducidad de los plazos.Dicho en otras palabras, el deudor, cuando ya estaba en estadode cesación de pagos, asumió una importante deuda, que hasta entonces nointegraba su pasivo, sabiendo que no la iba a poder pagar, y sabiendo que la falta depago de la primera cuota iba a provocar la exigibilidad de una deuda que hoy es lamás importante de su pasivo.La pregunta que corresponde formularse es por qué el deudorasumió esta deuda en tales condiciones. Y en mi parecer son dos las posiblesrespuestas.La primer posible respuesta a esa pregunta es que, cuando estabaen cesación de pagos, agravó aún más su insolvencia, incluyendo en su pasivo unMinisterio Público de la Nación15crédito cuyo titular le iba a ser funcional si se presentaba en concurso. La gravedadde ello es evidente si se advierte que el voto del Banco Macro S.A. fue determinantepara la obtención de las mayorías. Cabe apuntar al respecto la relación de amistadde que dan cuenta informaciones periodísticas que adjunto al presente entre elconcursado y el presidente del Banco Macro S.A. Se configura entonces un caso deplanificación abusiva de la insolvencia en perjuicio de los acreedores, que impide lahomologación en virtud de lo dispuesto por el art. 52 inc. 4 de la ley 24.522. Para elcaso que la Sala lo estime necesario, deberá librarse oficio a la institución bancariapara que aporte (i) los dictámenes de la línea previos a la aprobación del acuerdo porparte del directorio y (ii) la resolución del directorio mediante la cual se aprobó elacuerdo.La segunda posible respuesta es que asumió esa deuda porquetenía algún tipo de participación en los negocios de las sociedades afianzadas,participación ésta que no denunció en estos autos. No cabe descartar estaposibilidad si se tiene en cuenta que de acuerdo a los extractos de cuenta obrantesen el legajo del Banco Macro S.A., La Cabaña Distribuidora S.A. y Cerro MollejónS.A. tienen denunciado domicilio en Posadas 1380 3° “B”, que es el domicilio delconcursado, de acuerdo a lo informado por él mismo a fs. 3 de estos autos.De todos modos, sea cual fuere la respuesta a la pregunta queformulé, lo que sí es evidente es que las circunstancias apuntadas son demostrativasde la falta de transparencia en la información sobre la base de la cual los acreedorestuvieron que decidir si aprobaban el acuerdo.La Corte Suprema ha dicho en los autos “Sociedad Comercial delPlata s/ concurso preventivo” que “la tutela del debido proceso, en este caso,significa que los jueces deben dedicar especial cuidado a garantizar losprocedimientos destinados a obtener la expresión del consentimiento positivo onegativo, pero con información transparente, comprensible y sin obstáculospara expresarla, de una mayoría sustancialmente representativa de la voluntad delos acreedores” (el destacado me pertenece).16Y agregó que “el proceso concursal…requiere indispensablementede una absoluta transparencia en los actos que lo conforman y, particularmente, entodo aquello que hace a la captación de buena fe del voto de los acreedores, demanera que no puede convertirse en una carrera de obstáculos para quienes debenconcurrir a fin de ejercer sus derechos, en la que se introducen imprevistamenteexigencias que no han sido exteriorizadas con la publicidad propia a la naturaleza delandamiento, y restringen los medios tendientes a consumar, acabadamente, lasfacultades inherentes a la decisión de aceptar o no la propuesta” (el destacado mepertenece).Tal como señalé, en el caso, no hubo información transparente adisposición de los acreedores, lo cual obsta a la homologación.6.5. Existen otros datos en el caso que tornan poco clara ladenuncia de activo. En el legajo del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. aparece,como correspondiente al deudor, en la ficha en que se detallaron sus datospersonales, un número de teléfono, indicado como teléfono particular, quecorresponde a la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires (0322-644048). Deacuerdo a la página web telexplorer, ese teléfono corresponde al domicilio sito enHaras Pilar Establo UF 44, La Lonja, Marcos Paz.Además, surge de ese mismo legajo individual, que el deudordenunció, en la misma ficha de datos personales, que el inmueble de la callePosadas 1380 es de su propiedad, cuando ese bien no fue denunciado en esteproceso como integrante del activo.Por otro lado, en la causa el deudor denunció que se domicilia enPosadas 1380 piso 3° “B”, sin explicar el carácter de su ocupación, esto es si espropietario, locatario, etc. Y en la solicitud de crédito hipotecario existente en ellegajo del Banco Macro, González Oro denunció su domicilio particular en Posadas1371 piso 1°, domicilio distinto del denunciado en esta causa y respecto del cual noobra información alguna. Lo mismo ocurre con el domicilio al que llegan losresúmenes de las tarjetas de crédito de acuerdo al legajo de Banco Macro., sito enMinisterio Público de la Nación17Rodríguez Peña 2053 3° “B” (el concursado tiene un departamento en el mismoedificio, pero en la planta baja).Por las razones expuestas, considero que V.E. debe hacer lugar alrecurso de apelación interpuesto y revocar la resolución apelada.7. Para el caso de que la sentencia deniegue lo solicitado por elMinisterio Público en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (art. 120Constitución Nacional) o dicte una resolución contraria al respecto que vulnere elderecho de propiedad de los acreedores (art. 14, 17 Constitución Nacional), desde yaformulo reserva para ocurrir por la vía extraordinaria federal ante la Corte Suprema.Buenos Aires, junio 15 de 2010.7.Fdo. Alejandra Gils Carbó. Fiscal General.Dictamen N° 129.386
LA OCULTA QUIEBRA DE GONZALEZ ORO
Poder Judicial de la Nación"Año del Bicentenario"" GONZALEZ ORO OSCAR MARIO S/ CONCURSO PREVENTIVO " (Expte. N° 094273)Juzgado Comercial N° 13; Secretaría N° 25Buenos Aires,22 de octubre de 2010.MMI. Por contestado el traslado conferido a fs. 930.I.1. Puesto el suscripto a una nueva revisión de estos autos, advierte que el concursado no ha dado cumplimiento con las observaciones formuladas por el Superior -quien compartió en lo sustancial los fundamentos expuestos por la señora Fiscal General- en lo que a la carencia de información fehaciente y clara sobre la composición del activo del deudor respecta.Véase que si bien podría entenderse que con la nueva propuesta ahora introducida se encontraría desvirtuada la abusividad por el Superior señalada, lo cierto es que no hizo lo propio en cuanto al referido ocultamiento de activo.Destaca al efecto la señora Fiscal General, el compromiso de venta de dos inmuebles en la República Oriental del Uruguay a una sociedad anónima cuyo presidente sería el hijo del concursado, la falta de documentación fehaciente sobre los honorarios que percibe como periodista, ya que los recibos los firma su hijo y el concursado, en este punto también hace pie en la cesión del porcentaje accionario del concursado a favor de su hijo, pues conforme el informe general del funcionario concursal obrante en autos, a la fecha de esa cesión el concursado estaba en cesación de pagos, habiendo afianzado además obligaciones de La Cabaña Distribuidora S.A., frente a tres acreedores. Algo similar ocurrió con Cerro Mollejón S.A. y Productora La Tita S.R.L.Destácase por último que esta actitud renuente ya ha sido señalada en el transcurso del presente proceso, en donde se intimó al deudor a poner a disposición del síndico la documentación e información por él requerida bajo la previsión en caso contrario de remitir las actuaciones a la Justicia Penal -654/662-, apercibimiento que se hizo efectivo a 720/1 -y constancia de diligenciado obrante a fs. 741-.Sentado ello, sabido es que el activo, tal como lo resume la Sra. Fiscal, es indispensable para que los acreedores conozcan y evaluen la propuesta de acuerdo, y para que el síndico elabore los informes individual y general -arts. 35 y 39 LCQ-, y finalmente, para que el juez ejerza el control que le impone el art. 52 inc 4 LCQ; por lo que las circunstancias señaladas precedentemente, y sin perjuicio de la procedencia y oportunidad de la propuesta ahora efectuada, la misma no será admitida.Merituando lo expuesto, y habiéndose soslayado toda explicación en lo que a la información fehaciente y clara sobre la composición del activo del deudor respecta, resulta imperativo decretar la quiebra en el presente concurso preventivo.II. Sentado ello, hallándose reunidos los requisitos exigidos por los arts. 1, 2, 77: 1 y concordantes de la ley 24.522, RESUELVO:1. Decretar la quiebra de: GONZÁLEZ ORO OSCAR MARIO , DNI 10.403.790, CUIT 23-10403790-9.-2. En los términos y a los efectos que prescribe la ley 24.522: 288 se califica éste proceso como "pequeña quiebra" ya que en esta etapa procesal se carece de elementos que permitan arribar a una disímil conclusión.-I. En mérito a ello y conforme lo preceptuado por los arts. 88 y 89 de la ley citada, dispónese:1. Publicar edictos en el Boletín Oficial por cinco días a cuyo fin líbrese oficio por Secretaría dentro de las 24 hs. de la aceptación del cargo por el síndico.-2. Hacer saber a los acreedores la existencia de este juicio para que hasta el día 17.12.2010 presenten a la sindicatura los títulos justificativos de sus créditos en el horario de 12 a 18 hs., quien deberá presentar el informe que establece el art. 35 de la citada ley el día 03.03.2011, y el estatuidopor el art. 39 el día 15.04.2011, contando con plazo el Tribunal para dictar la providencia que prescribe el art. 36 del citado cuerpo normativo hasta el día 17.03.2011.-3. Oficiar para hacer saber esta quiebra al Registro de Juicios Universales, -en tanto no se han reglamentado aún el funcionamiento y la organización del Registro Nacional de Concursos y Quiebras al que alude el art. 295 de la ley vigente- y a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.-4.1. Decretar la inhibición general de bienes del fallido, a cuyo fin líbrense los oficios y testimonios correspondientes, en su caso por ley 22.172, al Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires y al Registro de la Propiedad Automotor que corresponda, competiendo al síndico fiscalizar la vigencia de la medida.-Debiendo constar en dicha diligencia que la misma se traba sin plazo de caducidad.4.2. Líbrese oficio ley 22.172 a los jueces de las jurisdicciones de las distintas capitales de las provincias argentinas a fin de que instruyan a la Fiscalía que corresponda para que proceda a trabar la inhibición general de bienes en dichos registros inmobiliarios provinciales (L.C.:25, sin previo pago de arancel alguno (L.C.:273, inc. 8vo).Requiérese al síndico que dentro de las 48 horas de aceptado el cargo, presente los proyectos de tales piezas al confronte (rogatorias y los oficios a la Delegación de la Policía Federal Argentina, quien remitirá las mismas a los jueces provinciales), debiendo retirarlas inmediatamente de firmadas por el suscripto y acreditar su diligenciamiento dentro de las 24 hs. posteriores.5. La intercepción de la correspondencia de carácter comercial de la fallida, la que deberá ser entregada directamente al síndico, librándose a tal fin oficio a las empresas de Correos y Telecomunicaciones.-6. Oficiar al Banco Central de la República Argentina, haciéndosele saber el decreto de ésta quiebra, para que comunique el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero, plazos fijos y otros valores que se encuentren a nombre de la fallida, las que serán transferidas a la cuenta de autos en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales y a la orden del suscripto como pertenecientes a éstos obrados.-Aclarándose en las piezas que se diligencien, que solo deberán contestarla aquellas instituciones que tengan fondos pertenecientes al fallido.7. La interdicción de salida del país del fallido,sin previa autorización del Tribunal (art. L.C.:103), la cual cesará en forma automática el 15.04.2011. A fin de asegurar su cumplimiento ofíciese al Ministerio del Interior a efectos de que se por su intermedio comunique tal circunstancia a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Dirección Nacional de Migraciones, Gendarmería Nacional y Dirección de Policía Aeronáutica.-8. Decretar la inhabilitación definitiva del fallido por el término de un año desde la fecha del decreto de quiebra, la cual cesará de pleno derecho el día 21.10.2011; sin perjuicio de lo que cupiere eventualmente decidirse en los supuestos de los párrafos 2 y 3 de los arts. 236 y 237 (cf. arts. citados y 235 y 238 L.C.Q.). Comuníquese por oficio a la Inspección General de Justicia.-9. Librar los oficios necesarios -en los términos del Cpr.:400- para comunicar la presente quiebra y producir la atracción de los juicios de contenido patrimonial iniciados contra el deudora, salvo, es obvio, los expedientes en que se hubiese dictado sentencia (CSJN 12.02.02, "Miranda...").10. Intimar a la deudora y a sus integrantes, para que cumplan con los siguientes recaudos: a) den satisfacción dentro de las 48 hs. a los requisitos exigidos por el art. 86; b) entreguen al síndico dentro de las 24 hs. los bienes que tuviere en su poder o informe el lugar de su ubicación y dentro del mismo plazo entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad que llevare.-11. Intimar a los terceros que tuviesen bienes o documentos de la fallida a que los entreguen en el término de cinco días al síndico, previniéndose a dichos terceros la prohibición de hacer pagos a la misma bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces.-12. Intimar al fallido para que en el plazo de 48 hs. constituyan domicilio en esta jurisdicción bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Tribunal, en caso de no haberlo hecho hasta el presente.-13. Líbrese mandamiento de constatación designándose a la sindicatura como oficial de justicia ad hoc, a los siguientes domicilios :*POSADAS 1380 3° B, *POSADAS 1371 1°, *RODRIGUEZ PEÑA 2053 PB A, *RODRIGUEZ PEÑA 2053 3° B, todos de Cap. Fed., y * HARAS PILAR ESTABLO UF 44, LA LONJA, MARCOS PAZ, PCIA. BS. AS. , para el caso de hallarse signos de desplegarse actividad comercial atribuíble al fallido, se procederá a la clausura del inmueble, requiriéndose la consigna que fuese necesaria y comunicando dentro de las 24 hs. al Tribunal y procederá al embargo sobre los bienes susceptibles de tal medida (art. 107 L.C.Q.). En el mismo acto se procederá a la incautación de los libros, papeles y bienes que se encuentren en el lugar. Constatará el estado de ocupación e identificará eventuales ocupantes requiriéndoles asimismo el título respectivo. El oficial de justicia deberá realizar un inventario de los bienes el cual comprenderá sólo rubros generales.Se prescindirá de efectivizarse la clausura si en el inmueble se realizan actividades comerciales no imputables al fallido en el supuesto de tratarse de una vivienda particular, sin perjuicio en tal caso de la incautación de documentación del fallido y el embargo de bienes que fuere menester.El mandamiento se diligenciará con habilitación de días y hora inhábiles.-Encomiéndase su confección y diligenciamiento al síndico.14. La realización de los bienes de la fallida que se hallaren, difiriéndose la designación del enajenador y la decisión sobre la modalidad de venta hasta tanto se decrete la existencia de los mismos y sus características, en cuyo caso deberá el funcionario concursal acompañar las piezas necesarias para la formación del incidente de venta, donde se proveerá lo pertinente.-A los efectos de la realización de bienes déjese constancia que no se realizarán más citaciones que la edictal y que se procederá a la venta en los términos de la L.C.: 217,1, realizándose el patrimonio con inmediata distribución de los fondos entre los acreedores verificados, sin perjuicio de las reservas para los insinuados.-Póngase esta advertencia en los edictos.III. Hacer saber al síndico que deberá:a) proyectar y diligenciar dentro del quinto día de aceptado el cargo las piezas ordenadas, co n excepción de las vinculadas a la publicación edictal y los oficios al Superior, debiendo vigilar el estricto cumplimiento de las diligencias dispuestas;b) concurrir a Secretaría martes y viernes para notificarse de todas las providencia que se pronuncien en el principal e incidentes y formular las peticiones inherentes a la consecución de los objetivos del trámite concursal.-c) al producir el informe general indicará inequívocamente el modo de proceder en atención al contexto existente en ese momento, aconsejando cuál debiera ser el modo de conclusión o clausura de la quiebra.-Ello bajo apercibimiento de decidirse con los antecedentes existentes en la causa.-IV. Modifíquese la carátula, el sistema informático de secretaría y el libro de entradas.-V. Notifíquese por Secretaría a la fallida el decreto de quiebra y las intimaciones cursadas.-VI. Con copia de la presente, fórmese el legajo previsto por la L.C.: 279.-VII. Al momento de aceptar el cargo el síndico deberá expresar si acepta que las decisiones mas importantes a criterio de este Tribunal le sean comunicadas vía e-mail, sin perjuicio de las notificaciones que se efectuasen conforme L.C.: 273, 5.-En su caso, al aceptarse el cargo menciónese la dirección a la cual deberán dirigirse dichas notificaciones.-VIII. Hácese saber al síndico que los informes previstos por la LC:: 35 y 39 deberán ser presentados tanto en papel, cuanto en soporte magnético, (en versión de Lex Doctor compatible para Windows) de modo que puedan ser incluidos en el sistema informático (CNCom, Acuerdo del 24/09/03). Ello bajo apercibimiento de considerar no presentado lo que resultara incompleto oregistrase defecto que imposibilitase su lectura en la "historia" del expediente.Asimismo, hágase saber a la sindicatura que de conformidad con lo resuelto en el Acuerdo de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Comercial celebrado el 03/09/2004 y resolución del 21/04/2005 a partir del 02/05/2005 deberá remitir los informes previstos por la ley 24522: 35 y 39, vía correo electrónico en formato de documento digital portátil de Adobe reader (PDF) a la dirección: informes_concursales@cncom.gov.ar.-Deberá la sindicatura expedirse sobre los activos destacados por el Superior en su decisión antes mencionada y si procede adoptar medidas tendientes a resguardar el interés de la masa.FERNANDO M. DURAOJUEZ
QUE INCREÍBLE QUE ALGUNA GENTE TENGA PRECIO...ALGUNOS SE LLAMAN DINERO... OTROS HIPOTECAS... Y BUEHHH...
POR FAVOR SI ALGUIEN PUEDE SACAR A NAZARENA VELEZ DEL CASINO DE PUERTO MADERO DONDE LA EX RUBIA JUEGA FORTUNAS...
EL OBJETIVO QUE SE HA IMPUESTO TINELLI ES QUE NINGUNA DE LAS FIGURAS DE LA REVISTA DE CARMEN BARBIERI QUEDE EN LAS FILAS DEL MUSICAL DE TUS SUEÑOS.... SABEN QUE LA PANTALLA DE CANAL 13 ES MUY FUERTE Y ES PUBLICIDAD GRATIS PARA LAS OBRAS... Y A ESTO SE DEBE, NI MAS NI MENOS, QUE LA ESCUDERO CASADA CON WALDO HABRÍA SIDO ADVERTIDA DE ESTO Y RAJÓ ANTES QUE LE LLEGUE LA OLA... DICEN QUE TINELLI ES QUIEN PONE LA GUITA EN MAS DE UN ESPECTÁCULO DE ESTE VERANO Y NO PIENSA HACERLE EL CALDO GORDO A LA GORDA.CONVENGAMOS QUE LA ESPOSA DE CUBERO ES MENOS POPULAR QUE PINOCHET COMO PARA GANARLE A ALÉ (QUE ES UNA ESPECIE DE BOLUDO POPULAR)...FIJAOS BIEN LECTORICILLOS QUE SOLO UNA FIGURA DE BARBIERI SE MANTIENE EN EL MUSICAL Y ES LA NEGRITA CHUPAPIJA DE LA ESCUDERO, NO LA OTRA CHUPAPIJA, SINO LA NEGRITA... CUANTO DURARÁ?...
VOLVIÓOOOOO UNA NOCHEEEEEEE.... NO LA ESPERABAAAAA
TENÍA GANAS DE CERRAR EL BLOG, PERO UNA CONCHUDITA AMIGA MIA ME DIJO "NO SEAS BOLUDO ANTES DE CERRARLO PONELE PARA QUE ENTREN SOLO ALGUNOS..." Y ASÍ FUE ME INVITÉ A MI SOLO Y NO ENTRÉ PARA NO DARME EL GUSTO.NOOOOO MENTIRA! EN REALIDAD LO QUE PASÓ FUE LO SIGUIENTE.... A VER... COMO LEÍ UN POST TAN TERRIBLE SOBRE VALERIA MAZZA ESCRITO POR TUVETUVENENO.... ERA TAN TERRIBLE QUE DECIDÍ CERRARLO (ESO DICE ELLA EN SU BLOG Y YO LE CREO!).NANANAN EN REALIDAD ME CAGUE ANTE LOS COMENTRIOS FULMINANTES DEL DENUNCIADO OPIPUTI (EL QUE SE VE AHOGAR EN LA LAGUNA LEGAL) Y DECIDÍ PRIVATIZAR EL BLOG CON EL SOLO Y ÚNICO FIN DE ADQUIRIR EL PETIT HOTEL DE MARIA JULIA... NO, NO, NO...TAMPOCO...EN REALIDAD CERRÉ POR DUELO... POR DUELO? ES CUANDO SE MUERE ALGUIEN NO? NO, ENTONCES POR DUELO NO... CERRÉ EL BLOG POR UN PEDIDO ESPECIAL DE UN GRUPITO DE AMIGUITOS DE AZUL QUE COMO HICIERON UN BACKUP DE TODO LO ESCRITO ME PIEDIERON QUE NADIE ENTRARA Y NADIE SALIERA... Y YO PARA ESO SOY COMO CHABAN SI NO QUIERO QUE SALGA NADIE NO SALE NADIE...NADA CHE... PASÓ ALGO QUE NO PUEDO DECIR PERO ESTÁ VINCULADO A UN TEMITA LEGAL POR UNA DENUNCIA QUE HIZO EL AUTOR DEL BLOG, ES DECIR YO, Y NADA... YA ESTÁ... NO PRIVATICE NADA PORQUE NO PUEDO NO PORQUE NO QUIERA, YA QUE LA CANTIDAD MÁXIMA DE LECTORES QUE PERMITE BLOGSPOT ES MUY INFERIOR A LA CANTIDAD DE LECTORES DIARIOS DE ESTE BLOG QUE SON UNOS 3600 Y BLOGSPOT SOLO ME PERMITE 100... UNA BOLUDEZ!. Publicado por

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