Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0370&language=ES
Timestamp: 2019-06-25 05:50:55+00:00

Document:
INFORME sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social - A7-0370/2011
Procedimiento : 2011/2052(INI)
Ciclo relativo al documento : A7-0370/2011
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PE 464.970v03-00 A7-0370/2011
sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social
(2011/2052(INI))
Ponente: Frédéric Daerden
– Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 3, apartado 3, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 9, 148, 160 y 168,
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 1, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 31 y 34(1),
– Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(2),
– Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(3),
– Vista la Decisión 1098/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010)(4),
– Vistas las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores celebrado del día 8 de junio de 2010, sobre el tema: «La equidad y la salud en todas las políticas: solidaridad en materia de salud»(5),
– Vista la Declaración del Consejo, de 6 de diciembre de 2010, sobre el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social: trabajar juntos para luchar contra la pobreza en 2010 y después(6),
– Vistas las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) celebrado el día 7 de marzo de 2011(7),
– Visto el Dictamen del Comité de Protección Social, de 15 de febrero de 2011, sobre la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión social – Iniciativa emblemática de la Estrategia «Europa 2020»(8),
– Visto el informe de 10 de febrero de 2011 del Comité de Protección Social titulado «Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy»(9),
– Visto el dictamen del Comité de Protección Social titulado «Solidaridad en materia de salud: Reducción de las desigualdades en el ámbito de la salud en la Unión Europea»(10),
– Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social(11),
– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social(12),
– Vista la Recomendación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral(13),
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud en la UE» (COM(2009)0567),
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea» (COM(2010)0573),
– Vista la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras (COM(2010)0636),
– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173),
– Vista su Resolución de 4 de octubre de 2001 sobre las Naciones Unidas: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza(14),
– Vista su Resolución, de 9 de octubre de 2008, sobre la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea(15),
– Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral(16),
– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social(17),
– Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 2020(18),
– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020(19),
– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del aprendiz(20),
– Vista su Resolución legislativa, de 8 de septiembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros: Parte II de las Directrices Integradas Europa 2020(21),
– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que deberán adoptarse(22),
– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa(23),
– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2011 sobre el Libro Verde de la Comisión titulado «En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros»(24),
– Vista su Resolución de 8 de marzo de 2011 sobre el rostro de la pobreza femenina en la Unión Europea(25),
– Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece(26),
– Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre el Programa de distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión(27),
– Vista su Resolución de 9 de marzo de 2011 sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní (2010/2276(INI)(28),
– Vistas sus Declaraciones de 22 de abril de 2008 sobre la resolución del problema de las personas sin hogar instaladas en la vía pública y de 16 de diciembre de 2010 sobre la estrategia de la UE en relación a las personas sin hogar(29),
– Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre una estrategia de la UE para las personas sin hogar(30),
– Vista su Resolución, de ... , sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020(31),
– Vistas las conclusiones del Consejo sobre el Pacto Europeo por la Igualdad de Género para el periodo 2011-2020(32),
– Vista la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 (COM(2010)0491),
– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de la recesión económica y la crisis financiera(33),
– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el futuro de los servicios sociales de interés general(34),
– Vista su Resolución, de 19 de octubre de 2010, sobre las trabajadoras en situación precaria(35),
– Vista la publicación de Eurostat de 2010 titulada «Combating poverty and social exclusion - A statistical portrait of the European Union 2010»,
– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010) 0758),
– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0370/2011),
A. Considerando que 116 millones de personas en la Unión Europea están amenazadas de pobreza y que 42 millones (es decir, el 8 %) viven «en condiciones de privación material grave y no pueden cubrir una serie de necesidades consideradas esenciales para llevar una vida digna en Europa»(36); considerando que la pobreza es el reflejo inaceptable de una distribución desigual de la riqueza, los ingresos y los recursos en una economía europea próspera; considerando que las poblaciones más vulnerables, como son las personas mayores y las personas con discapacidad, han sido las más afectadas por la crisis financiera, económica y social; que las medidas de austeridad adoptadas o que se van a adoptar en la Unión Europea no pueden suponer un ataque contra el empleo y la protección social, ni agravar la situación de las personas más desfavorecidas y entrañar el riesgo de desempleo, precariedad o pobreza para millones de personas que todavía logran vivir o hacer frente a sus necesidades y a su existencia gracias a su trabajo o a su pensión de jubilación, en particular debido a los recortes presupuestarios realizados en los servicios públicos y las ayudas sociales; considerando que el endurecimiento de la condicionalidad y las sanciones en las políticas de activación social en respuesta a la crisis aumenta las dificultades para los más vulnerables, en un momento en que se ofrecen pocos puestos de trabajo dignos; Considerando que la distancia entre ricos y pobres se hace cada vez mayor a raíz de la crisis;
B. Considerando la nueva estrategia de la Comisión para la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales que pretende, en particular, mejorar el acceso de los más desfavorecidos a los derechos fundamentales; que dicha Carta debe respetarse en su integridad y que la pobreza extrema representa una violación de los derechos humanos y un grave atentado contra la dignidad humana, lo que favorece la estigmatización y las injusticias; considerando que el objetivo central de los regímenes de ayuda a la renta ha de consistir en sacar a las personas de la pobreza y permitirles vivir con dignidad;
C. Considerando que, de 2000 a 2008, la pobreza y la exclusión social se incrementaron y afectaron a nuevas categorías sociales a pesar de los compromisos de la Unión respecto del objetivo de erradicación de la pobreza en la UE hasta 2010, adoptado con ocasión de la Cumbre de Lisboa celebrada los días 23 y 24 de marzo de 2000, o de los progresos que habían de realizarse según lo acordado en el Consejo Europeo de Niza, celebrado los días 7 y 9 de diciembre de 2000; que la pobreza y la exclusión no se podrán reducir, ni se podrá realizar un crecimiento integrador, si no se lucha contra las desigualdades y la discriminación o si no se garantiza el florecimiento de las economías nacionales y de la solidaridad con los grupos más desfavorecidos de la sociedad, o dicho de otro modo sin un reparto justo y adecuado del bienestar del país;
D. Considerando que el riesgo de pobreza afecta directamente al medio rural y, en particular, a las pequeñas explotaciones y a los jóvenes agricultores amenazados por los efectos de la crisis económica, así como por la fluctuación excesiva de las cotizaciones de las materias primas;
- 20 millones
E. Considerando que la Estrategia Europa 2020, entre sus cinco grandes objetivos, cuenta con el objetivo —por el que no es posible imponer sanciones— de reducir en 20 millones el número de personas amenazadas con la pobreza en función de tres indicadores acordados por los Estados miembros (la tasa de riesgo de pobreza una vez percibidas las transferencias sociales, el índice de privación material y el porcentaje de personas que viven en hogares con intensidad de trabajo muy baja o sin empleo), y que en comparación con los 116 millones de personas amenazadas de pobreza y los 42 millones que viven en condiciones de privación material extrema, este objetivo, que reconoce sin duda la importancia de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, refleja de entrada el abandono de millones de personas en Europa, con el riesgo de efectos de umbral que dejen a los más débiles al margen de las políticas que persiguen resultados cuantitativos; considerando que, si no se parte de las situaciones más difíciles de resolver, las políticas aplicadas no las alcanzarán; considerando que la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social constituye una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020;
F. Considerando el incremento de las desigualdades sociales en algunos Estados miembros, resultantes, en particular, de la desigualdad económica en la distribución de los ingresos y la riqueza, desigualdades en el mercado laboral, lo que entraña una precariedad social, desigualdades en el acceso a funciones sociales del Estado, como la seguridad social, la salud, la educación y la justicia, entre otras;
Relación economía/pobreza
G. Considerando que la pobreza, que alcanza en los Estados miembros de la UE un nivel elevado desde hace muchos años, repercute de un modo cada vez más importante en la economía, perjudica el crecimiento, aumenta los déficits de los presupuestos públicos y disminuye la competitividad europea, y que estos fenómenos acarrean pobreza y desempleo, sobre todo el paro de larga duración que afecta a uno de cada tres desempleados, y que esta situación es aun peor en los países con una economía más vulnerable; considerando que es fundamental preservar los derechos sociales de la Unión para la lucha contra la pobreza;
H. Considerando que la pobreza, que puede asimilarse a una violación de los derechos humanos, da testimonio de los esfuerzos que todavía quedan por realizar para alcanzar los objetivos contemplados en el artículo 3, apartado 3, del Tratado UE;
I. Considerando que toda política de rigor debe ser inteligente y permitir la inversión anticíclica en grandes prioridades políticas;
J. Considerando que es primordial llevar a cabo reformas estructurales para garantizar la competitividad europea, crear empleo y luchar contra la pobreza;
Pobreza pluridimensional
K. Considerando que la pobreza es un fenómeno con múltiples facetas, que exige una respuesta integrada que tenga en cuenta las distintas fases de la vida y los múltiples aspectos de las necesidades de las personas, y que debe basarse asimismo en la garantía de acceso a derechos, recursos y servicios, como se refleja en los objetivos comunes del método abierto de coordinación sobre protección e inclusión social (2006) con el fin de responder a las necesidades elementales y de evitar la exclusión social;
L. Considerando que el Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010) logró sensibilizar al público y obtener un compromiso político;
Trabajo digno/trabajadores pobres
M. Considerando que el crecimiento y el empleo, incluso el de calidad, no permiten por sí solos a las personas salir de la pobreza, que la segmentación del mercado de trabajo se ha incrementado, que las condiciones de vida y de trabajo se han deteriorado considerablemente, en particular a consecuencia de la crisis financiera, que aumenta gravemente la precariedad en el trabajo, problema contra el que conviene luchar, que ha aumentado el reconocimiento del fenómeno de los trabajadores pobres en los últimos años, pero sigue siendo un problema que no parece tenerse en cuenta en consonancia con los retos que plantea a nuestras sociedades, y que el número de éstos ha crecido sensiblemente, ya que un 8 % de los trabajadores se enfrenta a la pobreza y un 22 % de las personas en riesgo de pobreza tiene un empleo(37); considerando que el hecho de tener acceso a unas condiciones de trabajo dignas y en condiciones de igualdad representa un paso adelante para frenar la pobreza y la exclusión social de las familias y las personas aisladas;
N. Considerando, sin embargo, que las personas con un bajo nivel de cualificación, o sin cualificación alguna, están más expuestas a los riesgos del mercado de trabajo, al trabajo precario y mal remunerado, y a la pobreza;
O. Considerando que no tener hogar representa una de las formas más extremas de pobreza y privación y un problema que sigue sin estar resuelto en todos los Estados miembros; considerando que, por diversas razones, hay muchas personas sin hogar en la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que exige medidas específicas orientadas a su integración social; considerando que, según el Eurobarómetro, cerca de un europeo de cada cuatro considera que una de las principales causas de la pobreza es el coste excesivo de una vivienda digna y que cerca de nueve europeos de cada diez opinan que la pobreza obstaculiza el acceso a una vivienda digna; considerando que la pérdida de contacto de las autoridades públicas con los ciudadanos cuando estos últimos pierden su vivienda no solo es perjudicial para cualquier iniciativa de ayuda a estos últimos, sino que también revela una fase avanzada del proceso de exclusión de la persona;
P. Considerando que también influyen en la pobreza la accesibilidad y la calidad de los servicios sociales, como la sanidad, la cultura, la vivienda y la educación;
Q. Considerando que la falta de vivienda o una vivienda indigna constituyen un atentado muy grave a la dignidad humana, con considerables consecuencias sobre todos los demás derechos;
Cesta de necesidades y servicios fundamentales
R. Considerando que el umbral de pobreza del 60 % de la renta mediana nacional constituye un indicador útil y necesario de la pobreza relativa, pero que debe completarse mediante otros indicadores como el concepto y el cálculo de una «cesta de bienes y servicios fundamentales» a escala nacional (que sólo constituye una respuesta inmediata a la situación específica de las personas víctimas de la pobreza) y los acordados por el Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Política del Consumidor (EPSCO) en junio de 2010 (riesgo de pobreza, privación material y hogares con una intensidad de empleo muy baja) con el fin de responder a las necesidades de las políticas públicas;
S. Considerando que la protección social, incluidos los sistemas de renta mínima, es un elemento fundamental de las democracias modernas, que garantiza de forma sustancial el derecho de cada persona a la participación en los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de la sociedad y desempeña un papel clave de estabilización económica, al limitar la repercusión de las crisis, y de redistribución a lo largo de toda la vida, al proteger contra los riesgos sociales y prevenir la pobreza y la exclusión social durante todo el ciclo de vida;
T. Considerando que, según la OCDE, los casos de falta de recurso a las prestaciones sociales representan entre el 20 % y el 40 % de las mismas;
U. Considerando que la pobreza y la exclusión social siguen siendo un determinante social clave de la salud(38) y de las condiciones de vida, incluida la esperanza de vida, en particular teniendo en cuenta los efectos que la pobreza infantil tiene en la salud y el bienestar de los niños, y que la diferencia en materia de salud entre ricos y pobres en lo que respecta al acceso asequible a los servicios sanitarios, así como a la renta y la riqueza, sigue siendo importante y se incrementa cada vez más en determinados ámbitos;
V. Considerando que algunos grupos de la sociedad, como las familias monoparentales, las mujeres mayores, las minorías, las personas con discapacidad y las personas sin hogar, se encuentran entre las más vulnerables amenazadas por la pobreza;
W. Considerando que el principio de no discriminación constituye una piedra angular de los derechos fundamentales, incluida la discriminación de origen social;
X. Considerando que, debido al envejecimiento de la sociedad, el número de personas dependientes aumentará de forma considerable en un futuro próximo; considerando que las personas mayores, y en especial las mujeres, están expuestas, en varios países, a un riesgo de pobreza mayor que la población general debido al descenso de ingresos con la jubilación, así como a otros factores como la dependencia física, la soledad y la exclusión social; considerando que la ruptura del vínculo social intergeneracional constituye un problema capital de nuestras sociedades;
Y. Considerando que las políticas en materia de pensiones son fundamentales en la lucha contra la pobreza;
Z. Considerando que las mujeres son, en general, más vulnerables que los hombres a la pobreza debido a diversos factores, como la discriminación de género en el ámbito profesional, que se traduce en las persistentes diferencias en materia salarial entre los sexos, las consiguientes diferencias en las pensiones, así como por las interrupciones en las carreras profesiones con el fin de ocuparse de las personas dependientes, o las discriminaciones en el empleo; considerando que en Europa trabaja sólo un 63 % de mujeres en comparación con el 76 % de hombres, y que la falta de redes de apoyo y de medidas concretas destinadas a ayudar a las personas que trabajan a conciliar vida familiar y vida profesional, en particular la ausencia de servicios de asistencia asequibles;
AA. Considerando que la pobreza tiene un impacto diferente en las mujeres y los hombres pobres, así como en los niños y las niñas, puesto que las mujeres y las niñas pobres suelen encontrar más dificultades para acceder a los servicios sociales y tener ingresos adecuados;
AB. Considerando que la Plataforma no toma en consideración los factores específicos relacionados con el género que afectan a hombres y mujeres, y no se presta suficiente atención a la feminización de la pobreza;
AC. Considerando que el efecto que engendra la diferencia salarial por razón de género en los ingresos obtenidos a lo largo de la vida laboral se traduce en pensiones más bajas para las mujeres, y que, a consecuencia de ello, la pobreza persistente y extrema afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres; que el 22 % de las mujeres mayores de 65 años se encuentra en riesgo de pobreza frente a un 16 % de los hombres;
AD. Considerando que el 20 % de los niños están sometidos a un riesgo de pobreza, frente al 17 % de la población global europea, y que las familias de renta baja se encuentran entre las categorías más amenazadas por la pobreza;
AE. Considerando que las políticas familiares son esenciales en el marco de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social;
AF. Considerando que los primeros signos de abandono escolar son señales importantes de la reproducción cíclica de la pobreza;
AG. Considerando que, con la crisis, el desempleo entre los jóvenes, que ya era más alto que en los demás grupos de edad, ha registrado un aumento drástico hasta superar el 20 % y alcanzar un nivel crítico en todos los Estados miembros, lo que puede hacerles caer en la pobreza desde una edad muy temprana; considerando que esta situación preocupante requiere respuestas políticas, económicas y sociales urgentes y que, en combinación con los cambios demográficos, incrementará la falta de competencias; considerando el papel fundamental que la formación profesional puede desempeñar para ayudar a los jóvenes y los trabajadores poco cualificados a introducirse en el mercado laboral, pero considerando asimismo que encontrar un empleo no equivale siempre a salir de la pobreza y que los jóvenes tienen grandes posibilidades de encontrase en la categoría de trabajadores pobres;
AH. Considerando que los inmigrantes y las minorías étnicas son trabajadores particularmente vulnerables y sufren con dureza la crisis económica y, por ello, el agravamiento de la pobreza y la exclusión social debido a los empleos precarios, temporales o atípicos a los que están expuestos por su procedencia, origen o cualificación; considerando necesario que los trabajadores migrantes se beneficien de las mismas condiciones respecto del trabajo, el salario, el acceso a la formación y protección social que los nacionales de los países en los que ejercen su actividad;
AI. Considerando que las personas con discapacidad, cuya tasa de pobreza es superior en un 70 % a la media, tienen que ser el centro de una estrategia cuyo objeto consista en resaltar su valor añadido una vez integradas en el mercado laboral;
AJ. Considerando que la tasa de pobreza de las personas con discapacidad es superior en un 70 % a la media;
Población romaní
AK. Considerando que una parte importante de la población romaní de Europa está marginada, vive en unas condiciones socioeconómicas deplorables y a menudo es objeto de graves discriminaciones y de segregación en todas las esferas de la vida, al igual que otras comunidades marginadas;
AL. Considerando que la agravación de la pobreza existente en la UE se ve exacerbada en estos momentos por la crisis económica y financiera, así como por el fuerte aumento de los precios de los alimentos en un contexto de ausencia casi total de excedentes alimentarios en la UE, y que 43 millones de personas corren riesgo de caer en la pobreza alimentaria; considerando que el programa de distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión, creado en 1987, presta actualmente ayuda alimentaria a 13 millones de personas que se encuentran en la pobreza en 19 Estados miembros y que en las cadenas de distribución participan 240 bancos de alimentos e instituciones de beneficencia; considerando que la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en el Asunto T-576/08, que considera ilegal la compra de alimentos en el mercado para este programa, pone en peligro la ayuda alimentaria de la UE a las personas más necesitadas, en vista de la creciente dependencia de las compras en el mercado que realiza el programa, y considerando que la anulación por parte del Tribunal de Justicia del artículo nº 2 del Reglamento (CE) nº 983/2008 tendrá al parecer un efecto negativo inmediato en el programa en 2012 y los años siguientes, que provocará un final abrupto de la ayuda alimentaria a los ciudadanos más necesitados de 19 Estados miembros;
AM. Considerando que deben tenerse en cuenta como factores fundamentales del riesgo de pobreza las nada despreciables partidas presupuestarias que representan la vivienda y la energía en los hogares, que se incrementaron en el pasado decenio;
AN. Considerando que los cuidadores familiares son los que se ocupan en mayor medida de las personas dependientes en la UE;
AO. Considerando que la incapacidad de las personas en estado de pobreza para acceder a los servicios bancarios básicos, como la retirada, la transferencia o la domiciliación, representa un freno importante a su reinserción en el mercado de trabajo y en la sociedad;
1. Pide a la Comisión que se refuerce la participación, a la hora de elaborar una estrategia europea en todos los niveles de gobernanza (europea, nacional, regional y local), de la sociedad civil organizada y de todas las partes interesadas, como son ONG, organizaciones de la economía social, prestadores de servicios, expertos en innovación social e interlocutores sociales, así como las propias personas en situación de pobreza, junto con las asociaciones dentro de las cuales se expresan libremente y que han desarrollado una experiencia y unos conocimientos, en particular mediante la creación de plataformas nacionales contra la pobreza y la exclusión social en cada Estado miembro; pide a la Comisión que refuerce la cooperación entre las autoridades locales, regionales y nacionales, y las instituciones europeas, especialmente el Parlamento Europeo; estima que deberían establecerse sinergias entre todos los participantes, incluidas las PYME y los jefes de empresa; pide la ampliación de los encuentros de personas en situación de pobreza y de exclusión social a escala nacional, así como la formalización de su participación y su contribución a la Convención anual sobre la pobreza y la exclusión social, como elemento fundamental de dicha Convención, y que las recomendaciones así formuladas sean objeto de un seguimiento adecuado y periódico;
2. Pide a la Comisión Europea que desempeñe el papel de coordinadora y guía de los Estados miembros para hacer frente a los retos actuales y luchar contra la pobreza y la exclusión social, sin olvidar nunca que la lucha contra la pobreza es primordialmente responsabilidad de las políticas nacionales, y para ofrecer la solidaridad y asistencia necesaria y la asistencia técnica útil;
3. Pide que la plataforma de lucha contra la pobreza sirva también para federar a escala europea las organizaciones nacionales de representación de los grupos más vulnerables al riesgo de pobreza que todavía no estén incluidos en ella;
4. Pide que las instituciones europeas y los Gobiernos de los Estados miembros organicen seminarios de sensibilización sobre la pobreza, a cargo de organizaciones con experiencia concreta en la lucha contra la pobreza y que se experimente una formación conjunta sobre cuestiones relacionadas con la pobreza y la exclusión social entre funcionarios europeos y personas que tienen una experiencia «en la vida» de lucha contra la pobreza;
5. Pide a los Estados miembros que hagan accesible a todos los sectores de la sociedad el disfrute del patrimonio cultural y que eviten el recorte de los recursos en este ámbito, lo que garantiza la inclusión social y ofrece empleos de calidad;
6. Reitera el papel esencial que desempeña el voluntariado y la ciudadanía activa como instrumentos de cohesión y lucha contra las disparidades económicas, sociales y medioambientales, animando a los ciudadanos a participar en la vida pública a través del deporte, de la cultura, las artes y del activismo social y político;
7. Solicita que se garantice el acceso de las personas desfavorecidas a los programas de movilidad para el estudio y el trabajo y que se incremente la parte del presupuesto destinada a estos programas; llama la atención sobre el hecho de que «Juventud en Movimiento» debe fomentar la movilidad de todos los aprendices, becarios y estudiantes, y el reconocimiento de las aptitudes profesionales adquiridas de forma no reglada e informal;
8. Apoya iniciativas, en especial intergeneracionales, para reducir la brecha digital de las personas desfavorecidas, facilitándoles el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, en consonancia con la Agenda Digital Europea;
9. Pide a los Estados miembros que fomenten la enseñanza de nuevas tecnologías desde una fase temprana como parte del programa de estudios;
10. Pide el establecimiento de un mecanismo de evaluación crítica y periódica, con la participación del Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo, basado en indicadores precisos a escala nacional y europea, que permita evaluar las múltiples dimensiones de la pobreza y medir el progreso de los Estados miembros en la consecución del objetivo de reducción de la pobreza y su transposición en objetivos secundarios por los Estados miembros, teniendo en cuenta el reparto en función del sexo y la edad, en la medida en que, debido a la falta de una definición exacta de la pobreza, los Estados miembros disponen de un margen de evaluación excesivo, lo que origina un riesgo de interpretaciones divergentes; solicita a la Comisión la mejora de los indicadores nacionales y europeos relativos a la comparabilidad de las estadísticas nacionales sobre la pobreza de las personas vulnerables, y el fomento, junto con Eurostat, de la producción de estadísticas más precisas con arreglo a un cuadro de indicadores completo sobre la pobreza y la exclusión social que permita, en particular, el número de personas que se encuentran por debajo del 50 % y el 40 % de la renta mediana y que establezca sobre esta base una evaluación anual de las situaciones de pobreza en la UE, con un planteamiento estadístico que se complete mediante un enfoque cualitativo y participativo; pide a la Comisión que se asegure de que las políticas aplicadas beneficien a todos y no solo a las personas que se hallan más próximas al umbral de pobreza;
11. Pide a la Comisión/Eurostat que lleve a cabo un análisis integral de la pobreza y la exclusión social, y reúna las estadísticas con un enfoque cualitativo y participativo desglosado por sexo y edad, a fin de poner de manifiesto el problema de la pobreza entre las mujeres de edad avanzada; confía en que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, tan pronto como esté plenamente operativo, ayude a resolver el problema de falta de datos sistemáticos y comparables, desglosados por sexo;
12. Pide la mejora y comparabilidad de las estadísticas nacionales sobre pobreza mediante la elaboración de indicadores a nivel europeo;
13. Pide que, ante la actual situación de crisis, se elabore con urgencia un estudio detallado y actualizado del número de personas que viven en la pobreza y del número de personas que corren riesgo de pobreza en los próximos meses;
14 Pide a la Comisión que elabore y presente al Parlamento Europeo un informe anual sobre los progresos realizados por los Estados miembros en la reducción de la pobreza y la exclusión social;
Cláusula social horizontal
15. Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta la cláusula social horizontal correcta, como prevé el artículo 9 del TFUE, según el cual la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana, y le solicita que precise la función de la plataforma a la hora de evaluar su aplicación; pide que se profundicen los estudios de impacto social de las políticas europeas, incluso cuando no sean iniciativa de la Comisión, sino por el Consejo Europeo, como el Pacto por el Euro Plus; considera que profundizar la aplicación de esta cláusula permitirá evitar una nivelación a la baja de las normas sociales en Europa y facilitará el desarrollo de una base normativa social común en Europa; solicita que dicho estudio de impacto social se realice con las asociaciones de lucha contra la pobreza, teniendo en cuenta como referencia la situación de las personas más pobres de Europa; considera que en estos estudios deberían participa el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social, así como los servicios de la Comisión a cargo de los asuntos sociales bajo la responsabilidad de un director general vinculado a la Secretaría General de la Comisión Europea;
16. Pide a la Comisión que identifique con más precisión las líneas presupuestarias afectadas por la plataforma, en particular por lo que se refiere al FSE y su contribución a esta iniciativa emblemática a través de la financiación de sus prioridades políticas, que son la prevención del abandono escolar y la lucha contra la pobreza de los niños, las mujeres, las personas mayores y los trabajadores inmigrantes, así como su nivel de dotación presupuestaria; pide a la Comisión que indique sus propuestas en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco presupuestario plurianual 2014-2020, a fin de garantizar una financiación adecuada de las iniciativas lanzadas para luchar contra la pobreza y la exclusión social; pide a la Comisión que identifique las ayudas financieras necesarias para las prioridades temáticas acordadas, y que solicite a los Estados miembros que apoyen económicamente a los interlocutores de la sociedad civil participantes a escala nacional en los programas nacionales de reforma en la plataforma emblemática y en las estrategias nacionales para la protección e inclusión sociales; recomienda que se prosigan los programas europeos, y se les asigne un mayor apoyo presupuestario, que permitan contribuir a los distintos aspectos de la lucha contra la exclusión social, la pobreza y las desigualdades socioeconómicas, incluidas las desigualdades en el ámbito de la salud (Programa Marco de Investigación, programa PROGRESS;
17. Toma nota de que, en el proyecto de presupuesto para 2012, la Comisión Europea ha calculado un aumento de los créditos asignados a la iniciativa emblemática Plataforma Europea contra la Pobreza del 3,3 % con respecto al ejercicio anterior; pide a la Comisión que explique con mayor detalle la contribución del Fondo Social Europeo (FSE) a su iniciativa emblemática, así como las medidas concretas orientadas a prioridades como la lucha contra la pobreza de niños, mujeres, personas mayores y trabajadores inmigrantes, o la prevención del abandono escolar prematuro; en este contexto, lamenta la falta de claridad y el solapamiento de los instrumentos y las líneas presupuestarias a través de los cuales se tienen que alcanzar los objetivos de Europa 2020 con cargo al presupuesto de la UE;
Programa de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas
18. Manifiesta su disconformidad con la decisión de la Comisión de revisar a la baja, pasando de 500 millones de euros a 113,5 millones, el presupuesto asignado al programa 2012 de distribución de alimentos entre las personas más necesitadas de la Unión Europea; lamenta profundamente esta situación, que se produce en el contexto actual de grave crisis económica y social; pide, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo que encuentren la forma de continuar el programa de distribución durante los dos últimos ejercicios del actual período de financiación (2012 y 2013) y para el nuevo período de financiación 2014-2020, vinculándole un fundamento jurídico que no pueda ser impugnado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y manteniendo el límite máximo anual de 500 millones de euros, con el fin de garantizar que las personas dependientes de la ayuda alimentaria no sufrirán pobreza alimentaria;
Método abierto de coordinación en el ámbito social
19. Pide que se refuerce el método abierto de coordinación social y se aplique correctamente al ámbito de la pobreza, en particular mediante estrategias nacionales de inclusión y protección social desarrolladas, aplicadas y evaluadas de forma conjunta, sobre la base de objetivos definidos en común, a través de las plataformas nacionales de lucha contra la pobreza, de intercambios de buenas prácticas sobre las políticas de acceso efectivo a los derechos fundamentales, de la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Carta Social revisada (no ratificada por todos los Estados miembros), en particular los artículos 30 y 31; resalta que, en este contexto, habrá que seguir teniendo en cuenta la labor del Comité de Protección Social del Consejo; pide que la Plataforma promueva la participación de las autoridades locales, de las empresas de la economía social y de otros interlocutores locales en el elaboración y la puesta en práctica de los informes estratégicos nacionales y que haga un seguimiento al respecto;
Cesta de bienes y servicios fundamentales
20. Pide a la Comisión que, en concertación con el Banco Central Europeo, proponga los principios comunes de definición de la «cesta de bienes y servicios fundamentales» necesarios para garantizar una vida digna para todos, y recuerda que esas necesidades inmediatas deben ir acompañadas del respeto de la dignidad humana y de un acceso efectivo a todos los derechos fundamentales —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— sin excepción; solicita que se aclare el objetivo de estabilidad de los precios con el fin de posibilitar que se tengan en cuenta las particularidades nacional que no tienen necesariamente un impacto significativo en los indicadores para el eurosistema;
21. Pide que se conceda a la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo un papel explícito en la plataforma, en particular para el seguimiento de su eficacia y de la eficacia de las políticas de la Unión Europea y los Estados miembros en materia de reducción de la pobreza y la exclusión social en el contexto de la Estrategia Europa 2020;
22. Pide que la Plataforma permita cartografiar con la mayor precisión posible el acceso a estas necesidades (que varían según los lugares y los grupos considerados) en función de los distintos mecanismos de ayuda a las personas pobres;
23. Pide a la Comisión que precise los objetivos y el contenido de la Convención Anual de la Plataforma de Lucha contra la Pobreza, que podrían ser, entre otros, el intercambio de buenas prácticas y la consideración directa de las personas en situación de pobreza; sugiere que dicho encuentro se desarrolle por lo menos durante toda la semana en la que se inscriba el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre);
24. Considera que la mejora de la calidad y la comparabilidad de las estadísticas nacionales en el marco de la Plataforma, a fin de medir las tendencias en las desigualdades y la evolución del bienestar, constituye la base para la mejora de las políticas de la Unión en la materia;
25. Pide a la Comisión que la Plataforma tenga en cuenta los resultados del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010) y del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012);
Recomendación de 2008
26. Celebra el anuncio efectuado por la Comisión de una comunicación sobre la aplicación de la Recomendación de la Comisión de 2008 relativa la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral, y pide que incluya, en particular, un calendario de aplicación de sus tres capítulos y precise un programa de acción plurianual a escala nacional y de la Unión Europea; manifiesta su inquietud por el aplazamiento hasta 2012 de la Comunicación sobre la inclusión activa hasta 2012, y pide a la Comisión que adelante la publicación de esta comunicación a 2011; pide un compromiso explícito del Consejo, la Comisión y el Parlamento para movilizar todas las políticas a fin de reducir la pobreza, garantizando que las políticas económicas, de empleo y de inclusión social contribuyan a la erradicación de la pobreza y no a su aumento;
27. Recuerda los tres capítulos de la estrategia europea para la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral que figuran en la Recomendación de la Comisión de 2008:
- un apoyo a la renta adecuado; los Estados miembros deberían reconocer el derecho fundamental del individuo a los recursos y la ayuda social suficientes como parte de un dispositivo global y coherente para combatir la exclusión social;
- mercados de trabajo inclusivos; los Estados miembros deberían aportar a las personas cuya condición las hace aptas para el trabajo una ayuda efectiva para conseguir (de nuevo) un empleo acorde a su capacidad de trabajo, y permanecer en el mismo;
- acceso a unos servicios de calidad; los Estados miembros deberían garantizar un apoyo social adecuado a las personas afectadas para promover la inclusión económica y social;
Realización de los derechos fundamentales
28. Pide que la Plataforma se oriente hacia la realización de derechos que garanticen una vida digna para todos, en particular en los ámbitos del empleo, la vivienda, la protección de la salud, la seguridad social y un nivel de vida suficiente, la justicia, la educación, la formación y la cultura, y la protección de la familia y la infancia; pide que la Agencia de los Derechos Fundamentales realice un estudio sobre el acceso efectivo de las personas más pobres a todos los derechos fundamentales y sobre las discriminaciones de que son víctimas, así como de otros derechos incluidos en los convenios y textos internacionales firmados por los Estados miembros, asociando a las ONG dentro de las cuales las personas en situación de exclusión social se expresen libremente, y teniendo presente que es necesario realizar el derecho a la vivienda para la completa realización de los demás derechos fundamentales, incluidos los derechos políticos y sociales;
29. Considera que la situación de las personas sin hogar merece especial atención y requiere medidas adicionales tanto por parte de los Estados miembros como de la Comisión Europea, con vistas a su plena integración social de aquí a 2015, lo que implica la recopilación de datos comparables y estadísticas fiables a escala de la Unión, su publicación anual acompañada de los progresos obtenidos y de los objetivos definidos en las respectivas estrategias nacionales y de la Unión de lucha contra la pobreza y la exclusión social; pide a la Comisión Europea que elabore con carácter urgente una estrategia europea para las personas sin hogar de acuerdo con lo expuesto en el Informe conjunto de la Comisión y el Consejo sobre protección social e inclusión social 2010, la recomendación final de la Conferencia Europea de Consenso sobre las personas sin hogar (2010) y la Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia de la UE en relación a las personas sin hogar; pide a la Comisión Europea que elabore una hoja de ruta detallada para la aplicación de esta estrategia en el período 2011-2020; pide a la Plataforma que favorezca el intercambio de buenas prácticas para evitar la pérdida de contacto de las instituciones públicas con las personas sin hogar;
30. Pide al Comité de Protección Social que realice cada año un seguimiento de los avances realizados por los Estados miembros en relación con las personas sin hogar sobre la base de los informes anuales temáticos nacionales sobre las personas sin hogar (2009) y de acuerdo con el Informe conjunto del Consejo y la Comisión sobre la protección e inclusión social 2010;
31. Considera que la salida efectiva y absoluta de la pobreza puede conseguirse únicamente si se el incremento necesario de los instrumentos de protección social se acompaña con un refuerzo decidido de los itinerarios de educación y formación en todos los niveles; apoya el desarrollo de sistemas de educación más integradores, que combatan el abandono escolar y permitan a los jóvenes procedentes de grupos desfavorecidos acceder a unos niveles escolares más elevados, para luchar contra la transmisión de la pobreza entre generaciones; apoya el acceso a la validación de aprendizajes obtenidos por experiencia y a la formación permanente en la reducción de la pobreza mediante la integración en el mercado laboral, en particular para los grupos desfavorecidos, a fin de facilitar su acceso a puestos de trabajo de calidad; considera esencial, por ello, aplicar correctamente y profundizar los programas de formación permanente, así como la cooperación entre Estados miembros en los ámbitos de la educación y la formación profesional y los dispositivos de ayuda individualizada a la búsqueda de empleo, y subraya que estas acciones deben reforzarse cuando se trata de las personas más vulnerables que padecen dificultades sociales; recomienda que se ponga a punto una estrategia de la UE para hacer frente a la pobreza de los trabajadores y crear puestos de trabajo de calidad, y que se acuerden principios para el trabajo de calidad;
32. Recuerda que la proliferación de contratos de trabajo precarios en la mayoría de los Estados miembros tiende a agravar la segmentación del mercado laboral y reducir la protección de las personas más vulnerables; destaca, por tanto, que, más allá de la formación profesional y la educación continua, la creación de nuevos puestos de trabajo debe obedecer a los principios fundamentales de la OIT, mediante la realización del concepto de trabajo digno y puestos de trabajo de calidad (condiciones de trabajo dignas, derecho al trabajo, seguridad y salud de los trabajadores, protección social, capacidad de representación y diálogo de los empleados), así como mediante la aplicación de la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la igualdad de trato entre los trabajadores de la Unión Europea y los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión; pide a los Estados miembros que realicen mayores esfuerzos a la hora de luchar de forma esencial y eficaz contra el fenómeno del trabajo no declarado que, más allá de sus efectos negativos extremos en la viabilidad de los sistemas de seguridad social, no es conforme con los principios de un empleo digno e impide el acceso de las personas a los sistemas de seguridad social creando un gran riesgo de pobreza; pide a la Comisión que haga frente al fenómeno de los trabajadores pobres y que apoye la creación de puestos de trabajo seguros y garantice la correcta aplicación de las cláusulas contractuales flexibles a fin de que no se abuse de ellas;
33. Insiste en que la principal preocupación de los jóvenes es ser autónomos y tener acceso a la atención sanitaria ya un alojamiento digno a un precio razonable, así como poder formarse, trabajar y realizarse; pide en consecuencia a los Estados miembros que eliminen las discriminaciones por motivos de edad para acceder a los programas de renta mínima, como la exclusión de los jóvenes respecto de dichos programas por no falta de cotización a la seguridad social;
34. Insiste en la necesidad de prestaciones adicionales específicas para los grupos más desfavorecidos (personas con discapacidad o enfermedades crónicas, familias monoparentales o familias numerosas) que cubran costes adicionales derivados de su situación, en particular gracias a un apoyo personal, a la utilización de instalaciones específicas, asistencia sanitaria y apoyo social;
35. Pide a los Estados miembros que refuercen la eficacia de los servicios públicos de empleo, entre otros, mediante un diagnóstico más eficaz de las necesidades del mercado laboral, dado que el empleo constituye la primera medida de prevención y de lucha contra la pobreza y la exclusión social;
36. Hace hincapié en que es necesario preparar mejora la transición de la educación secundaria, la formación profesional o la enseñanza superior al empleo y que esta debe seguir directamente a la educación o formación; destaca, por consiguiente, la gran importancia de aplicar eficazmente la iniciativa «Garantía Juvenil Europea» y convertirla en un instrumento para la integración activa en el mercado laboral; considera que los interlocutores sociales, las autoridades locales y regionales y las organizaciones juveniles deben participar en la elaboración de una estrategia sostenible destinada a reducir el desempleo juvenil, en la que se reconozcan formalmente las cualificaciones obtenidas;
37. Recomienda a los Estados miembros que, en el marco de la aplicación de los principios de la flexiguridad en el mercado laboral, garanticen que, una vez consultados los interlocutores sociales, realmente se dé igual relevancia tanto a la flexibilidad como a la seguridad de los trabajadores y que se refuerce, mediante incentivos, la participación de estos trabajadores en la formación profesional;
38. Recuerda que el riesgo de caer en la pobreza extrema es mayor para las mujeres que para los hombres, dada la insuficiencia de los sistemas de protección social y las discriminaciones que persisten, en particular en el mercado laboral, lo que exige respuestas políticas específicas y múltiples, en función del género y de la situación concreta;
39. Pide a los Estados miembros que incrementen los medios destinados a la eficacia de los servicios públicos de empleo;
40. Pide a la Comisión Europea que flexibilice las normas y los procedimientos de control de la financiación de las compensaciones de obligación de servicio público a que deben atenerse las autoridades locales que establecen servicios públicos locales para ayudar a las personas más necesitadas;
41. Pide que se valoren los conocimientos, la experiencia y las competencias y destrezas informales de las personas desfavorecidas en situación de pobreza y exclusión social y/o de las comunidades tradicionales, así como que se fomenten sistemas de validación de la experiencia adquirida en el marco de formaciones no formal e informales, y se defina el modo en que aquellos pueden contribuir a su integración en el mercado laboral;
42. solicita, respetando plenamente las distintas prácticas, los convenios colectivos o la ley de los distintos Estados miembros, así como el principio de subsidiariedad, que se observe la igualdad de derechos y la protección social para todos dentro de cada Estado miembro, ya se trate de ciudadanos de la Unión o de nacionales de terceros países; pide a los Estados miembros que luchen contra el trabajo ilegal y no declarado;
43. Pide, en particular, medidas destinadas a la integración cultural y lingüística en el país de acogida a fin de superar la exclusión social;
44. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su cooperación con los terceros países en el ámbito de la educación y la cultura, con vistas a reducir la pobreza y la exclusión social en esos países, apoyar el desarrollo y evitar, asimismo, una inmigración motivada exclusivamente por factores económicos.
45. Considera que la pobreza que afecta a las personas que ya tienen un empleo refleja unas condiciones laborales no equitativas y solicita que se concentren los esfuerzos en modificar esta situación, por medio de la remuneración en general y los salarios mínimos en particular que, independientemente de que se rijan por la legislación o por convenios colectivos, deben permitir garantizar un nivel de vida digno;
46. Observa que tener un empleo no es suficiente para garantizar la salida de la pobreza, dado que se requieren medidas adicionales para combatir el fenómeno de los trabajadores pobres y garantizar el acceso a un empleo duradero y de calidad;
47. Insta a los Estados miembros a que promuevan la plena participación de las mujeres en el mercado laboral, la aplicación de la legislación sobre igualdad salarial y a que dediquen mayor atención a la adecuación de las pensiones para las mujeres;
48. Recomienda que se aplique una imposición adecuada a las remuneraciones muy elevadas, a fin de contribuir a la financiación de los sistemas de protección social y de la renta mínima y reducir las diferencias de ingresos;
49. Recomienda a los Estados miembros que apliquen nuevas medidas referentes a la integración de los grupos vulnerables y excluidos socialmente, en particular de las personas con discapacidad, en las empresas, incluidas las empresas de la economía social y los servicios públicos, a fin de estimular la inclusión especialmente en las regiones más débiles económicamente y socialmente más vulnerables, o que profundicen la legislación existente, como la Directiva de 2000 relativa al empleo de las personas con discapacidad; recomienda a los Estados miembros que velen por que estas personas participen en la enseñanza desde edades tempranas eliminando los obstáculos existentes y prestándoles ayuda; recomienda a los Estados miembros que promuevan un entorno accesible en favor de las personas con discapacidad y les pide que presten especial atención a la situación de la educación y los cuidados en la primera infancia, con el fin de evitar la exclusión definitiva y sin esperanza de los niños que viven con una discapacidad desde el nacimiento; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen el intercambio de mejores prácticas en la aplicación de medidas versátiles para la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral; recomienda a los Estados miembros que garanticen el acceso a los servicios sociales y de asistencia sanitaria a las personas mayores y a las personas con discapacidad;
50. Critica duramente que el aspecto de género de la pobreza y la exclusión social se haya ignorado completamente en la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Comisión;
51. Destaca que las mujeres en las zonas rurales no suelen considerarse como población activa pese a que su contribución al trabajo agrícola diario sea tan importante como la contribución de los hombres, por lo que quedan excluidas socialmente de sus derechos como trabajadoras y son vulnerables a la pobreza;
52. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la perspectiva de género como un componente esencial de todas las políticas comunes y programas nacionales a fin de erradicar la pobreza y luchar contra la exclusión social; opina, asimismo, que los Estados miembros deben tener en cuenta la dimensión de género en sus planes de recuperación de la recesión;
53. Subraya, teniendo en cuenta la importancia de las políticas de protección social en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la importancia de la existencia de prestaciones sociales eficaces y suficientes que apoyen a los grupos sociales vulnerables (como son, por ejemplo, las personas con discapacidad, las familias monoparentales, los desempleados, etc.), así como a categorías específicas de población (como son, por ejemplo, las familias numerosas);
54. Pide a los Estados miembros que mejoren la protección de los trabajadores no aptos para continuar su empleo debido a una enfermedad, un accidente laboral o una enfermedad profesional, evitando que se vean reducidos a la inseguridad económica; expresa, por consiguiente, su deseo de que se refuercen las legislaciones nacionales a fin de que sea obligatorio ofrecer un nuevo puesto antes de rescindir el contrato de trabajo;
55. Pide a la Plataforma que trabaje en la definición de un estatuto específico del trabajador con discapacidad, que le garantice un empleo duradero;
56. Insta a los Estados miembros, a la hora de reforzar la participación en el empleo, especialmente de las mujeres, a que refuercen, mediante la conciliación de la vida familiar y profesional, el acceso a estructuras de protección que sean de buena calidad y asequibles desde el punto de vista económico, dado que una parte importante de los ciudadanos de la Unión se encuentra fuera del mercado laboral al hacerse cargo de la atención a algún miembro de la familia, de lo que se deriva un aumento del riesgo de que caigan en la pobreza;
57. Reconoce la necesidad de evaluar, allí donde sea posible, la eficacia, la repercusión, la coordinación y la mejor rentabilidad de los fondos europeos, en particular del Fondo Social Europeo (FSE), con vistas a lograr el objetivo de reducción de la pobreza, incluso cuando dichos fondos no tengan este objetivo primero, reduciendo las diferencias económicas, los desequilibrios de prosperidad y las diferencias de nivel de vida entre los Estados miembros y las regiones de la Unión Europea y, por consiguiente, promover la cohesión económica y social; considera prioritarios los proyectos que combinen objetivos y estrategias de empleo, pero también enfoques integrados de inclusión activa, como por ejemplo los proyectos encaminados a reforzar la solidaridad intergeneracional a escala regional y local o que contribuyan específicamente a conseguir la igualdad de género y la inclusión activa de los grupos vulnerables; subraya la importancia de las medidas efectivas de solidaridad, incluido el refuerzo, el adelanto de las transferencias y la disminución de la parte de los Estados en la cofinanciación de fondos presupuestarios, con objeto de crear empleo digno, apoyar a los sectores productivos y luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como de evitar nuevas dependencias; destaca la importancia de apoyar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, para el acceso al empleo de calidad y la no discriminación, garantizando unos ingresos adecuado y promoviendo el acceso a servicios de calidad;
58. Subraya el papel fundamental desempeñado por la política de cohesión y los Fondos Estructurales en favor del empleo y de la inclusión social y en la lucha contra la pobreza tanto en las zonas urbanas donde reside la mayoría de las personas desfavorecidas, como en las zonas rurales; destaca la importante contribución del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) a la prevención de la pobreza entre los trabajadores afectados por la crisis, y del instrumento europeo de microfinanciación Progress en su apoyo a las empresas; pide que se mantenga la función específica de cada fondo en el próximo marco financiero plurianual (MFP);
59. Subraya que el Fondo Social Europeo sigue siendo el principal instrumento cuyo fin específico es la inclusión social y considera que hay que reforzarlo para responder adecuadamente a los ambiciosos objetivos fijados en la estrategia UE 2020 y en la Plataforma contra la Pobreza;
60. Considera que herramientas como el instrumento europeo de microfinanciación Progress y el Programa Grundtvig desempeñan un papel importante en la prevención de la pobreza y la exclusión social, y considera que su aplicación debe realizarse sobre la base de análisis exhaustivos;
61. Pide a la Comisión Europea que identifique los ámbitos prioritarios para el gasto de la Unión Europea de modo que la financiación pueda orientarse más eficazmente a las microrregiones y/o a los barrios cuyos habitantes están más afectados por la pobreza y la exclusión social;
62. Considera que, dado que el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización permite conceder una ayuda específica e individualizada a los trabajadores despedidos a causa de la crisis o la globalización, debe perpetuarse su funcionamiento más allá de 2013 y su financiación debe estar plenamente garantizada en el presupuesto europeo, tanto en compromisos como en pagos;
Gobernanza económica / semestre europeo
63. Insta a los Estados miembros a que presenten programas nacionales de reforma coherentes con el objetivo de la Plataforma y con los objetivos de la Unión en materia de desarrollo social y sostenible, y, compartiendo la conclusión de la Comisión de que la pobreza es intolerable en la Europa del siglo XXI, a no cuestionar de nuevo los sistemas de indexación de los salarios y los convenios colectivos generales, o restringir de manera irracional e injustificada su capacidad de inversión y gasto social en el marco de la gobernanza económica, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad de la hacienda pública y la creación de puestos de trabajo remuneradores, teniendo en cuenta que la reducción de la pobreza es un corolario esencial de un crecimiento inteligente, duradero e inclusivo; solicita que se aclare el estatuto de los planes de acción nacionales para la inclusión social y, en particular, la cuestión de su integración en los programas nacionales de reforma en el marco de la Estrategia UE 2020; pide a la Comisión que elabore recomendaciones específicas para cada país a fin de alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza, en particular en caso de fracaso, ya que la disminución de la pobreza exige un esfuerzo acrecentado y la movilización de todas las partes y todos los medios para reducir a medio plazo y de forma significativa la pobreza y la pobreza extrema y alcanzar un bajo nivel de pobreza, o incluso la erradicación de la misma, a más tardar en 2020; propone a la Comisión que elabore a escala europea unas directrices destinadas a los Estados miembros a fin de garantizar que las colectividades territoriales y demás partes interesadas participen de forma efectiva en la preparación de los programas nacionales de reforma; señala que los «pactos territoriales» pueden constituir el mecanismo más completo y coherente para una asociación de las colectividades territoriales a este proceso, como propone el quinto informe sobre la cohesión; considera que el objetivo de la Estrategia UE 2020 de reducir en 20 millones el número de personas amenazadas de pobreza solo puede lograrse si las medidas de austeridad adoptadas o que hayan de adoptarse en la Unión no perjudican el empleo y la protección social, en particular para las personas más desfavorecidas;
64. Considera que los Estados miembros deben intentar traducir los objetivos de reducción de la exclusión social y la pobreza en ambiciosos objetivos nacionales y regionales, y deben incluir un objetivo específico referente a la pobreza de la infancia, así como estrategias concretas que adopten un enfoque multidimensional para la pobreza infantil y familiar;
65. Pide que todas las ONG y pequeñas asociaciones reciban apoyo en su lucha a favor de los derechos fundamentales, a fin de reforzar la inversión humana necesaria, permitir la participación de las personas en situación de pobreza e informarlas mejor sobre su acceso a los derechos y a la justicia;
66. Acoge con satisfacción la propuesta que contempla subvenciones globales que podrían ayudar a un grupo de ONG y asociaciones pequeñas en su labor de lucha contra la pobreza;
67. Insta a los Estados miembros a aceptar y adoptar lo antes posible la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426); pide a la Comisión que siga contribuyendo a superar las dificultades técnicas en el Consejo a fin de alcanzar rápidamente un acuerdo y de colmar las lagunas existentes en la legislación que actualmente no contempla todos los aspectos pertinentes, con el fin de proseguir la erradicación de las discriminaciones, incluida la discriminación de origen social;
68. Sugiere que las acciones propuestas en la Plataforma reconozcan las consecuencias de la discriminación de carácter múltiple e introduzcan medidas de orientación política tal como está actualmente previsto, por ejemplo, en las legislaciones española y rumana y, en particular, que se desarrolle el concepto de integración de la perspectiva de género en todas las políticas a fin de dar respuesta a la discriminación múltiple;
69. Pide la aplicación de la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la igualdad de trato entre los trabajadores de la Unión Europea y los nacionales de terceros países;
70. Insta a la Comisión a que celebre consultas sobre la mejor manera de luchar contra la discriminación negativa por motivos de origen social;
71. Celebra la voluntad de la Comisión de tener mejor en cuenta, mediante diversas iniciativa, la función de los agentes de la economía social —tal como se definen en la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social—, en particular por su compromiso de aclarar el marco jurídico de las empresas de economía social (mutualidades, fundaciones y cooperativas), a fin de que no haya más obstáculos para que contribuyan plenamente y con seguridad jurídica a la reducción de la pobreza y la exclusión social, proponiendo respuestas innovadoras y sostenibles a las necesidades de los ciudadanos, al mismo tiempo que se destaca que la economía social no se limita a este ámbito de actividades; manifiesta, no obstante, su preocupación por la ausencia de referencias al estatuto de la asociación europea, cuando el sector asociativo es un agente fundamental de la lucha contra la pobreza; subraya, no obstante, que las medidas actualmente propuestas en materia de economía social, en particular las asociaciones y las mutualidades, no están a la altura de su contribución a la política de lucha contra la pobreza y la exclusión social y a la economía y el modelo social europeos y, en general, de su respuesta a las consecuencias de la crisis económica y social; destaca en particular sus solicitudes y expectativas en materia de reconocimiento de los SSIG, tal como se reafirman en la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2011, sobre el futuro de los servicios sociales de interés general (A7-0239/2011); toma nota de las propuestas de revisión de las disposiciones de la Unión en materia de celebración de contratos públicos y de ayudas estatales, y reitera su petición de que sean adaptadas a las características específicas de las misiones asignadas a los SSIG y a su modo de organización; apoya la creación de puestos de trabajo de calidad, así como los sistemas de ayuda individualizada a la búsqueda de empleo a través de las empresas de inserción y de las empresas de la economía social, por sus conocimientos en materia de inserción socioprofesional de las personas desfavorecidas; reitera su solicitud de iniciativas legislativas sectoriales sobre la calidad y la accesibilidad de los servicios sociales de interés general, en particular en los ámbitos de la salud, la educación, el transporte público, la energía, el agua y la comunicación;
72. Destaca la importancia de los servicios sociales, sanitarios, de atención y de educación para colmar las deficiencias de cualificación, promover la integración social de las personas y luchar contra la pobreza y la exclusión social; recuerda su potencial para crear nuevos puestos de trabajo y pide una inversión sólida y sostenible en estos servicios e infraestructuras clave y su desarrollo; celebra el plan de acción de la Comisión para subsanar el déficit de trabajadores del sector sanitario;
73. Pide una directiva marco sobre la calidad y la accesibilidad de los servicios sociales de interés general, en particular en los ámbitos de la salud, la educación, el transporte público, la energía, el agua y la comunicación;
74. Pide un apoyo considerable para garantizar la calidad y accesibilidad de los servicios sociales, en particular en el sector de la salud, la asistencia de larga duración, la educación, el transporte, la energía, el agua y las comunicaciones;
75. Recomienda a los Estados miembros una política proactiva en materia de vivienda digna, para velar por el acceso universal a una vivienda de calidad, que garantice el acceso a los servicios esenciales desde el punto de vista de la salud y la seguridad, a un coste asequible o a un precio de compra preferente, y para evitar su pérdida, pues la carencia de vivienda constituye un grave atentado a la dignidad, así como una política proactiva en materia energética, reforzando el uso de las energías renovables y la eficacia energética, a fin de luchar contra la precariedad energética; pide que se preste más atención a la vivienda para los inmigrantes, que a menudo son explotados y obligados a vivir en viviendas insalubres; recuerda la existencia del Protocolo 26 del Tratado de Lisboa en materia de vivienda social y pide que se respeten las disposiciones contenidas en el mismo, en particular la libertad de los Estados miembros para organizar este ámbito, también por lo que respecta a su financiación; alienta a los Estados miembros a que pongan en marcha programas especiales de vivienda y ofrezcan oportunidades a las personas sin hogar con el fin de garantizar las normas de vida más básicas a las personas más vulnerables de la sociedad;
76. Recomienda a los Estados miembros que desarrollen la oferta de viviendas sociales y de emergencia de calidad, a fin de garantizar el acceso de todos, y en especial de los más desfavorecidos, a una vivienda decente a un coste asequible; considera que es más caro para la sociedad y la colectividad realojar a las personas que han sido expulsadas de su vivienda que mantenerlas en ella; recomienda, por consiguiente, la aplicación de políticas de prevención de las expulsiones de viviendas de alquiler, en particular mediante la asunción por las entidades públicas de las rentas de alquiler y los atrasos de las mismas de las personas amenazadas de desahucio;
77. Recuerda la relación entre vivir en barrios desfavorecidos y el aumento de la pobreza, la exclusión social y los problemas de salud; considera, por tanto, que las intervenciones europeas en los barrios desfavorecidos constituyen una forma rentable de luchar contra la exclusión y reducir el gasto en materia de salud, y pide a la Comisión Europea que intensifique estas intervenciones en la próxima Política de Cohesión y otros programas de la UE;
78. Pide que se incremente la dotación del FEDER destinada a financiar medidas de mejora de la eficacia energética en las viviendas sociales, a fin de luchar contra la precariedad energética;
79. Resalta los importantes esfuerzos que deben realizar la Unión y los Estados miembros para reducir el coste de la energía en el presupuesto de los hogares, la primera garantizando la seguridad del abastecimiento, a fin de prevenir fluctuaciones importantes de los precios en el mercado de la energía, y los segundos, reforzando sus políticas de ayuda a la eficiencia energética en los hogares;
80. Pide que la población romaní y las organizaciones que la representan y trabajan con ella participen activamente en la elaboración y aplicación de las estrategias nacionales para la integración de la población romaní hasta 2020, con el fin de contribuir a alcanzar el objetivo de la UE relativo a la pobreza; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que apliquen lo antes posible la estrategia de la UE en favor de la integración de la población romaní y pide a los Estados miembros que propongan antes de finales de este año sus medidas a favor de la integración de la población romaní, de conformidad con el Marco europeo para las estrategias nacionales de integración de la población gitana hasta 2020, presentado por la Comisión en abril de 2011; subraya que la inclusión y la integración de la población romaní requerirá, del mismo modo que la lucha contra la pobreza y la exclusión social, un esfuerzo acrecentado, a fin de lograr la plena inclusión y poner fin a las numerosas discriminaciones de que es víctima de aquí a 2020; pide que las demás comunidades marginadas como los inmigrantes participen en todas las políticas de la Unión o de los Estados miembros que tengan por objeto su integración social;
81. Destaca la importancia de los servicios sociales, sanitarios, de atención y de educación para colmar las lagunas, promover la integración social de las personas y luchar contra la pobreza y la exclusión social; recuerda su potencial para crear de nuevos puestos de trabajo y pide una inversión importante y sostenible en estos servicios e infraestructuras esenciales y su desarrollo; espera con impaciencia el plan de acción de la Comisión para subsanar el déficit de trabajadores del sector sanitario;
82. Pide que se tengan en cuenta los intereses de las personas con discapacidad durante la programación, la utilización y el seguimiento de las financiaciones de la Unión, especialmente en los ámbitos de la promoción de la enseñanza, la formación, el empleo y la autonomía (transporte y comunicación);
83. Pide que la lucha contra la pobreza infantil se concentre en la prevención, garantizando el acceso a unos servicios de educación y acogida de la infancia de alta calidad, con el fin de evitar que inicien su vida escolar con desventajas múltiples, así como a otros dispositivos destinados a los niños (centros de actividades en período escolar y de vacaciones, etc., actividades fuera de horario escolar, culturales, deportivas y otros, servicios de día), mediante una adecuada cobertura de los territorios con este tipo de servicios, y solicita un apoyo financiero para los servicios de los que se reconozca que han demostrado su eficacia, así como una integración sistemática de las políticas de apoyo a las familias empobrecidas en todos los ámbitos de intervención pertinentes, combinando un enfoque universal con medidas orientadas a las familias más vulnerables, en particular las familias con hijos con discapacidad, las familias monoparentales y las familias numerosas; pide que las relaciones entre padres e hijos sean objeto de especial atención en los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, a fin de evitar el acogimiento de niños asociado a las consecuencias de la pobreza extrema;
84. Hace hincapié en que, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, todos los niños y jóvenes tienen derecho a la educación, incluidos aquellos que no disponen de un permiso de residencia en el país en el que se encuentran;
85. Recuerda que miles de niños son separados de sus padres debido a sus condiciones de vida (carencia de vivienda) o porque sus padres, en situación de pobreza extrema (material, social y cultural) no han recibido el apoyo necesario para asumir su responsabilidad parental;
86. Pide que se preste especial atención al futuro de los jóvenes, así como una estrategia clara para favorecer el acceso de los jóvenes a un primer empleo digno y acorde con su nivel de formación;
87. Subraya que la lucha contra la pobreza entraña un enfoque global y continuado que incluya la totalidad de los sectores de la política; recuerda además la importancia particular que reviste el refuerzo de las acciones adoptadas a escala tanto europea como nacional, en lo referente a la prevención de este fenómeno y a la lucha contra el mismo;
88. Destaca la necesidad de adoptar un enfoque más completo para el problema de la pobreza infantil, subrayando al mismo tiempo los resultados obtenidos hasta ahora al establecer «principios comunes», como constatan las conclusiones del Consejo de Empleo de 6 de diciembre de 2010, que invitan a elevar a prioridad la pobreza infantil;
89. Alienta la voluntad de la Comisión de presentar una recomendación sobre la pobreza infantil durante el año 2012;
90. Apoya las conclusiones del Consejo EPSCO del mes de junio a favor de una estrategia integrada para evitar la pobreza infantil y promover el bienestar de los niños, que se centre en una renta familiar adecuada, el acceso a los servicios, incluida la enseñanza preescolar y las guarderías, así como la participación de los niños; pide una hoja de ruta detallada para la aplicación de la Comunicación propuesta en 2012;
91. Destaca la importancia de los Fondos Estructurales, en particular del Fondo Social Europeo, como instrumento esencial para ayudar a los Estados miembros a luchar contra la pobreza y la exclusión social; pide a los Estados miembros que lleven a cabo más acciones cofinanciadas para prestar apoyo a servicios, como los centros de asistencia a niños, personas mayores y personas dependientes;
92. Pide a la Comisión que vele por que las políticas de austeridad acordadas con los Estados miembros no obstaculicen ni pongan en peligro la consecución del objetivo de la Estrategia Europa 2020 de sacar a 20 millones de personas de la pobreza;
93. Insta a luchar contra el círculo vicioso de la pobreza a fin de evitar la perpetuación de la pobreza en las futuras generaciones;
94. Pide a los Estados miembros que reconozcan el verdadero valor del papel de los artistas en la integración social y en la lucha contra la pobreza, favoreciendo en particular su entorno y situación laboral;
95. Expresa su deseo de que la Comisión, respetando plenamente el principio de subsidiariedad, lance consulta respecto de una posible iniciativa legislativa sobre los ingresos mínimos, adecuados y que permitan el desarrollo económico, para posibilitar la prevención de la pobreza y aportar una base para vivir dignamente, participar plenamente y sin restricciones en la sociedad y avanzar en la búsqueda de empleo o formación, y para desempeñar un papel de estabilizador automático para la economía, dentro del respeto de las distintas prácticas, los convenios colectivos o la ley de los distintos Estados miembros ya que la definición de unos ingresos mínimos sigue siendo prerrogativa de cada Estado miembro; Desea que la Comisión ayude a los Estados miembros a intercambiar las mejores prácticas sobre los niveles de ingresos mínimos, y alienta a los Estados miembros a desarrollar regímenes de ingresos mínimos basados al menos en el 60 % de la renta mediana de cada Estado miembro;
Abstención de recurrir a prestaciones
96. Recuerda que, según la OCDE, la abstención de recurrir a las prestaciones representa del 20 % al 40 % de las mismas; pide a los Estados miembros que evalúen sus sistemas de apoyo a los ingresos y de subsidios a fin de evitar la creación de una pobreza oculta, aumentando la transparencia, informando a los beneficiarios de un modo más eficaz de sus derechos, creando servicios de asesoramiento más eficaces, simplificando los procedimientos y adoptando medidas y políticas encaminadas a luchar contra la estigmatización y la discriminación que acompañan a los beneficiarios de una renta mínima;
97. Pide a los Estados miembros que presten asistencia, formación y servicios de apoyo temporal a las personas que se ocupan de la atención a sus familiares, a fin de que las personas mayores y aquellas que necesitan cuidados puedan permanecer en sus hogares y comunidades todo el tiempo que deseen;
98. Pide a la Comisión que evalúe la contribución de las situaciones de endeudamiento excesivo al fenómeno de la pobreza y que favorezca el intercambio de prácticas sobre los dispositivos de lucha contra el endeudamiento excesivo en la Plataforma;
Personas mayores – permiso de cuidador
99. Considera que, en todos los Estados miembros, se deben establecer y revisar programas de atención a las personas mayores, incluida la atención a domicilio, para impedir que estas personas caigan en la exclusión o la pobreza, y añade que debe fomentarse asimismo la atención de las personas mayores por parte de su familia, y de ser posible apoyarse económicamente, conforme al objetivo de conseguir una sociedad sostenible, con vistas sobre todo a apoyar el envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones, fomentar la accesibilidad y la solidaridad, y mejorar la calidad de los cuidados a largo plazo; pide a la Comisión que evalúe si una directiva sobre un permiso de cuidador podría contribuir a todo ello;
100. Pide a la Comisión que haga suficiente hincapié en el desarrollo de la innovación social, el fomento de la política social basada en hechos, así como en una aplicación más fundamentada de los estudios de impacto con el fin de aportar un valor añadido y de proponer soluciones innovadoras, sostenibles y compatibles con las tendencias demográficas;
101. Subraya la importancia de elaborar propuestas políticas a escala de los Estados miembros para hacer frente a los problemas asociados a la pobreza y la exclusión, como la falta de hogar y la adicción a las drogas y al alcohol; pide un intercambio más eficaz de mejores prácticas en estos ámbitos entre los Estados miembros;
102. Subraya la importancia de proponer medidas encaminadas a simplificar el acceso de los organismos que operan en el sector del voluntariado a las financiaciones europeas;
103. Pide a la Comisión que tenga en cuenta el informe del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde de la Comisión titulado «En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros»;
104. Recomienda a los Estados miembros que instauren una pensión mínima adecuada, que permita a las personas mayores vivir dignamente;
105. Pide a la Comisión que prevea una serie de directrices y principios destinados a garantizar unos regímenes de pensiones adecuados y sostenibles, con el fin de luchar de forma eficaz contra el riesgo de pobreza al que se enfrentan las mujeres, como consecuencia del empleo precario y esporádico y de los salarios bajos; señala la necesidad de velar por que las disposiciones de protección social sean más coherentes con las circunstancias personales y familiares, al mismo tiempo que se refuerza el valor que se reconoce a la maternidad y las tareas de atención;
106. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
Consejo de la UE, comunicado de prensa 10560/10 (Press 156), sesión nº 3019 del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, Luxemburgo, 7 y 8 de junio de 2010.
Consejo de la UE, comunicado de prensa 7360/11 (Press 52), sesión nº 3073 del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, Luxemburgo, 7 de marzo de 2011.
Dictamen del Comité de Protección Social (CPS) al Consejo, Consejo de la Unión Europea, 6491/11, SOC 124, 15 de febrero de 2011.
Dictamen del Comité de Protección Social al Consejo, Consejo de la UE, 9960/10, SOC 357, SAN 122, de 20 de mayo de 2010.
CdR 402/2010 final, http://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/012&id=20923.
CESE, 1000/2011-SOC/405, 15 de junio de 2011.
DO C 87E de 11.4.2002, p. 253.
DO C 9E de 15.1.2010, p. 11.
DO C 212E de 5.8.2010, p. 23.
DO C 76 E de 25.3.2010, p. 16.
Textos Aprobados, P7_TA(2010)0223.
Textos Aprobados, P7_TA(2010)0191.
Textos Aprobados, P7_TA(2010)0262
Textos Aprobados, P7_TA(2010)0309.
Textos Aprobados, P7_TA(2010)0375.
Textos Aprobados, P7_TA(2011)0058.
Textos Aprobados, P7_TA(2011)0086.
Textos Aprobados, P7_TA(2010)0306.
Textos Aprobados, P7_TA(2011)0338.
Textos Aprobados, P7_TA(2011)0092.
Textos Aprobados, P6_TA(2008)0163.
Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2011)0383.
Textos Aprobados, P7_TA(2011)0000. (Informe A7-0263/2011 previsto para aprobación en Octubre II)
Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011, Bruselas.
P7_TA(2010)0231.
P7_TA(2011)0319.
P7_TA(2010)0365.
Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (COM(2010)0758 final).
EUROSTAT (2009), Informe del Comité de Protección Social: Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy (10 de febrero de 2011).
Determinantes Sociales de la Salud (2008). Subsanar las desigualdades en una generación – alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Informe final de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud.
A pesar de ser una de las regiones más ricas del mundo, en la Unión Europea hay más de 80 millones de personas amenazadas de pobreza, entre ellas 20 millones de niños y un 8 % de la población activa.
Esta situación es incompatible con los valores europeos de justicia y solidaridad recogidos en los Tratados.
Sin embargo, y a pesar del compromiso de la Unión de reducirlas, la pobreza y la exclusión social han ido en aumento en los últimos años.
La crisis de 2008 y sus consecuencias acentuaron aún más el problema, presionando a las poblaciones más vulnerables.
Aunque la lucha contra la pobreza y la exclusión social es en esencia responsabilidad de los gobiernos nacionales, la Unión puede desempeñar un papel importante en materia de sensibilización, coordinación y financiación.
Para garantizar un crecimiento sostenible e integrador, es fundamental integrar a las categorías más vulnerables en el centro del proyecto europeo, ya que la reducción de la pobreza constituye un motor para el crecimiento futuro.
El Parlamento Europeo y el Consejo proclamaron 2010 «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social», a fin de reafirmar y reforzar el compromiso político inicialmente contraído por la Unión Europea con ocasión del lanzamiento de la Estrategia de Lisboa de adoptar «medidas que tengan un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza».
Ese mismo año, el Parlamento Europeo adoptó, en particular, el informe sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa.
Por su parte, la Comisión Europea publicó, el 16 de diciembre de 2010, su Comunicación sobre «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial».
Se trata de una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia UE 2020. La plataforma debe proponer a los Estados miembros un «marco de trabajo», que incluya un enfoque diversificado, a fin de alcanzar los objetivos cuantificados de la Estrategia UE 2020, a saber una disminución de 20 millones de personas en situación de precariedad de aquí a 2020.
La plataforma, que se inscribe en una estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se propone fomentar, en particular, la innovación y la experimentación social, la reducción de la pobreza en todas las formas que puede adoptar y a lo largo de todo el ciclo vital, la optimización de los fondos europeos, y la mejora de la eficacia de la protección social.
Los Estados miembros deberán presentar en los próximos meses su programa nacional de reforma a la Comisión Europea, indicando de qué modo piensan luchar contra la exclusión social y la pobreza. Rendirán cuentas de sus iniciativas en el marco de los informes nacionales sobre la Estrategia UE 2020.
Dado que la pobreza es un fenómeno multifactorial, requiere una respuesta integrada en la que participen los distintos niveles de poder público, desde el europeo al local, en cooperación con los actores sobre el terreno.
Este es el deseo que ha guiado la elaboración de este informe, al que han realizado una importante contribución los actores afectados, en particular por lo que respecta a las propuestas formuladas para contribuir a erradicar la plaga que representan la pobreza y la exclusión social.
OPINIÓN de la Comisión de Presupuestos (13.7.2011)
Ponente de opinión: Andrea Cozzolino
La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Subraya que la lucha contra la pobreza y la exclusión social es un objetivo clave de Europa 2020 y que, por consiguiente, se encuentra entre las principales prioridades del PE para el presupuesto de la UE;
2. Toma nota de que, en el proyecto de presupuesto para 2012, la Comisión Europea ha calculado un aumento de los créditos asignados a la iniciativa emblemática Plataforma europea contra la pobreza del 3,3 % con respecto al año pasado; pide a la Comisión que explique con mayor detalle la contribución del Fondo Social Europeo (FSE) a su iniciativa emblemática, así como sobre las medidas concretas orientadas a prioridades como la lucha contra la pobreza de niños, mujeres, personas mayores y trabajadores inmigrantes, o la prevención del abandono escolar prematuro; en este contexto, lamenta la falta de claridad y el solapamiento de los diferentes instrumentos y líneas presupuestarias a través de las cuales se tienen que alcanzar los objetivos de Europa 2020 con cargo al presupuesto de la UE;
3. Pide a la Comisión que garantice en el presupuesto de la UE la disponibilidad de los fondos suficientes para cumplir con los objetivos ambiciosos de las iniciativas clave identificados en la Comunicación de la Comisión sobre la Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social, así como en la estrategia Europa 2020;
4. Se manifiesta muy preocupado por el anuncio de la Comisión de recortes drásticos de las asignaciones presupuestarias del programa de distribución de alimentos para las personas más necesitadas de la Comunidad; pide, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo que encuentren la forma de continuar el Programa para las personas más necesitadas durante los restantes años del período de financiación (2012 y 2013) y el nuevo período de financiación 2014-2020, con un fundamento jurídico que no pueda ser impugnado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y manteniendo el techo financiero anual de 500 millones de euros, con el fin de garantizar que las personas dependientes de la ayuda alimentaria no sufrirán pobreza alimentaria;
5. Subraya el papel fundamental desempeñado por la política de cohesión y los Fondos Estructurales en favor del empleo y de la inclusión social y en la lucha contra la pobreza tanto en las zonas urbanas donde reside la mayoría de las personas más desfavorecidas, como en las zonas rurales; destaca la importante contribución del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) a la prevención de la pobreza entre los trabajadores afectados por la crisis, y del instrumento europeo de microfinanciación Progress en su apoyo a las empresas; pide que se mantenga la función específica de cada fondo en el próximo marco financiero plurianual (MFP);
6. Pide una mejora de la coordinación entre los instrumentos europeos para luchar contra la pobreza, contribuir a la inclusión social y al empleo, y una mejora también de la coordinación entre estos y los recursos nacionales; aboga además por una simplificación de las normas sobre los Fondos Estructurales, para ayudar así en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, garantizando al mismo tiempo un enfoque orientado a los resultados y pide unos criterios de eficacia transparentes y cuantificables;
7. Pide a los Estados miembros que, previa consulta a la sociedad civil y las partes interesadas organizadas, establezcan objetivos nacionales para definir su contribución a este objetivo de Europa 2020, que presenten información sobre las posibilidades de complementar las iniciativas propuestas con iniciativas actuales a escala nacional, local y de la UE, y que informen cada año a la Comisión, en el ámbito del procedimiento del semestre europeo, del nivel exacto de financiación que piensan asignar a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Damien Abad, Alexander Alvaro, Andrea Cozzolino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann
François Alfonsi, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Theodor Dumitru Stolojan
OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación (25.7.2011)
Ponente de opinión: Silvia Costa
1. Reafirma que la educación y la cultura contribuyen de forma significativa a la reducción de la pobreza y de la exclusión social, así como al fomento de la equidad social y a la eliminación de las actitudes discriminatorias; pide encarecidamente por ello a los Estados miembros que inviertan de manera más específica en los Planes Nacionales de Reforma (PNR); pide asimismo a los Estados miembros que garanticen una educación de calidad y una formación accesible a todos;
2. Pide a los Estados miembros que, en el marco de la próxima programación financiera de los Fondos Estructurales, mantengan entre sus prioridades las inversiones destinadas a ampliar la oferta existente en materia de educación y de formación y las relacionadas con la estrategia de apoyo a la transición de la formación al empleo;
3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen en mayor medida en reducir el abandono escolar, prestando una atención especial a los niños procedentes de familias desfavorecidas desde el punto de vista social o que tengan problemas de salud o discapacidades graves, además de promover la creación de pasarelas entre la educación y el trabajo, y entre los sistemas de formación, con el fin de eliminar la marginalización económica, social o de otro tipo;
4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sienten las bases para la definición y el desarrollo de políticas que permitan una detección rápida de los alumnos que puedan verse más afectados por el abandono escolar;
5. Pide a los Estados miembros que ejecuten programas de aprendizaje permanente y a distancia, así como de formación profesional e informal, y que garanticen la igualdad de acceso a los mismos; pide además a los Estados miembros que prevean un mayor reconocimiento de la educación no reglada y aceleren la aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), según la iniciativa emblemática «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos»;
6. Subraya la importancia de la educación preescolar en la lucha contra la pobreza; afirma, en particular, que la educación debe incluir el deporte y la educación artística –previendo, caso de ser necesario, las instalaciones e instituciones que se requiera–, con el fin de desarrollar las destrezas de los niños, ayudarles a adoptar decisiones de manera independiente y generar un sentido de responsabilidad social, a fin de impedir la pobreza y la transmisión de la consiguiente exclusión social a la generación siguiente; insiste en que se garantice la gratuidad e igualdad de acceso a dicha educación independientemente del lugar de residencia de los niños o de la condición financiera o social de sus familias;
7. Pide a los Estados miembros que reconozcan adecuadamente el papel de los artistas en la integración social y en la lucha contra la pobreza, favoreciendo en particular su entorno y estatus laboral;
8. Pone de relieve que, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, todos los niños y jóvenes tienen derecho a la educación, incluidos aquellos que no disponen de un permiso de residencia en el país en el que se encuentran;
9. Pide que se apoye una educación intercultural y multilingüe con el objetivo de luchar contra la exclusión social, facilitar la inclusión escolar y formativa de los grupos desfavorecidos, como la población romaní, y favorecer la integración de las minorías étnicas y los inmigrantes; pide que se organicen cursos de formación y talleres destinados a los profesores, al personal institucional, a los asistentes sociales y a las ONG que trabajan en este ámbito, con el fin de sensibilizarlos y hacer que centren su trabajo en la eliminación de la exclusión y/o la marginalización;
10. Pide, en particular, medidas destinadas a la integración cultural y lingüística en el país de acogida a fin de superar la exclusión social;
11. Pide a los Estados miembros que hagan accesible a todos los sectores de la sociedad el disfrute del patrimonio cultural evitando el recorte de los recursos en este ámbito, que garantiza la inclusión social y empleos de calidad;
12. Llama la atención sobre la necesidad de elaborar programas integrados destinados a las comunidades itinerantes para facilitarles el acceso a la educación, la salud y la seguridad social;
13. Reitera el papel esencial que desempeña el voluntariado y la ciudadanía activa como instrumentos de cohesión y lucha contra las disparidades económicas, sociales y medioambientales, animando a los ciudadanos a participar en la vida pública a través del deporte, de la cultura, del arte y del activismo social y político;
14. Solicita que se garantice el acceso de las personas desfavorecidas a los programas de movilidad para el estudio y el trabajo y que se incremente la parte del presupuesto destinada a estos programas; llama la atención sobre el hecho de que «Juventud en Movimiento» debe fomentar la movilidad de todos los aprendices, becarios y estudiantes, y el reconocimiento de las aptitudes profesionales adquiridas de forma no reglada e informal;
15. Apoya iniciativas, en especial intergeneracionales, para reducir la brecha digital de las personas desfavorecidas facilitándoles el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, en consonancia con la agenda digital europea;
16. Pide a los Estados miembros que fomenten la enseñanza de nuevas tecnologías desde una fase temprana como parte del programa de estudios;
17. Apoya el fomento de proyectos educativos y formativos de segunda oportunidad, así como el desarrollo de programas en régimen de semi-internado y de «tutoría» en los centros escolares, también en cooperación con las ONG, recurriendo para ello a los Fondos Estructurales y a medidas de apoyo y ayuda extraescolar destinadas a las personas que experimentan las mayores dificultades; reitera el papel de primer orden que desempeñan las organizaciones juveniles para motivar a los jóvenes a participar en programas cuyo objetivo es la inclusión social y la igualdad;
18. Pide que se valoren los conocimientos, la experiencia y las competencias y destrezas informales de las personas desfavorecidas en situación de pobreza y exclusión social y/o de las comunidades tradicionales, así como que se fomenten sistemas de validación de la experiencia adquirida en el marco de formaciones no regladas e informales, y se defina el modo en que aquellos pueden contribuir a su integración en el mercado laboral;
19. Pide a los Estados miembros que brinden oportunidades de formación y de mejora de las competencias destinadas a las mujeres después de períodos de inactividad laboral para velar por que puedan reintegrarse plenamente al entorno laboral y reducir el riesgo de que pierdan sus puestos de trabajo;
20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su cooperación con los terceros países en el ámbito de la educación y la cultura, con vistas a reducir la pobreza y la exclusión social en esos países, apoyar el desarrollo y evitar, asimismo, una inmigración motivada exclusivamente por factores económicos.
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Paul Nuttall, Georgios Papanikolaou
OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (30.8.2011)
Ponente de opinión: Anna Záborská
– Vista la Carta Social Europea revisada y, en particular, sus artículos 16, 30 y 31,
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 15, 21, 31, 34 y 36,
– Vista su Resolución de 13 de octubre de 2005 sobre mujeres y pobreza en la Unión Europea(1),
– Vistas las conclusiones del Consejo sobre el Pacto Europeo por la Igualdad de Género para el periodo 2011-2020(2),
– Vista su Resolución de 6 de mayo de 2009 sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral(3),
– Vista la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015(4),
– Vista su Resolución de 17 de junio de 2010 sobre la dimensión de género de la recesión económica y la crisis financiera(5),
– Vista su Resolución de 5 de julio de 2011 sobre el futuro de los servicios sociales de interés general(6),
– Vista su Resolución de 19 de octubre de 2010 sobre las trabajadoras precarias(7),
– Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el rostro de la pobreza femenina(8),
A. Considerando que la pobreza extrema constituye una violación de los derechos fundamentales y un grave atentado a la dignidad humana de mujeres, hombres y niños;
B. Considerando que el éxito en la reducción de la pobreza en las sociedades de las regiones pobres se ve especialmente favorecido por la participación activa de las mujeres y niñas pobres en el proceso de desarrollo;
C. Considerando que las mujeres con discapacidad se encuentran atrapadas en situaciones socialmente vulnerables y se exponen a un grave riesgo de discriminación, pobreza y exclusión social;
D. Considerando que la pobreza tiene un impacto diferente en las mujeres y los hombres pobres, así como en los niños y las niñas, puesto que las mujeres y las niñas pobres suelen encontrar más dificultades para acceder a los servicios sociales y tener ingresos adecuados;
E. Considerando que capacitar a las mujeres mejorando sus condiciones de vida y dejándolas participar activamente en la vida social y económica de un país es la clave para alcanzar un desarrollo sostenible a largo plazo y para luchar contra la pobreza;
F. Considerando que la Plataforma no toma en consideración los factores específicos relacionados con el género que afectan a hombres y mujeres, y no se presta suficiente atención a la feminización de la pobreza;
G. Considerando que la pobreza y la exclusión social constituyen violaciones de la dignidad humana y de los derechos humanos fundamentales y que el objetivo central de los regímenes de ayuda a la renta ha de consistir en sacar a las personas de la pobreza, permitiendo que vivan con dignidad, lo que resulta particularmente importante para las mujeres, más afectadas por situaciones de pobreza;
H. Considerando que los países en desarrollo con menos desigualdad de género suelen presentar tasas de pobreza más bajas;
I. Considerando que el efecto que engendra la diferencia salarial entre mujeres y hombres respecto de los ingresos obtenidos a lo largo de la vida laboral se traduce en pensiones más bajas para las mujeres, y que, a consecuencia de ello, la pobreza persistente y extrema afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres; el 22 % de las mujeres mayores de 65 años se encuentra en riesgo de pobreza frente a un 16 % de los hombres;
J. Considerando que, en los últimos diez años, el número de mujeres en situación de pobreza ha aumentado desproporcionadamente con respecto al de los hombres;
1. Pide a la Comisión/Eurostat que lleve a cabo un análisis integral de la pobreza y la exclusión social, y complete las estadísticas con un enfoque cualitativo y participativo desglosado por sexos y edad, a fin de poner de manifiesto el problema de la pobreza entre las mujeres de edad avanzada; confía en que cuando el Instituto Europeo de la Igualdad de Género esté plenamente operativo, ayude a resolver el problema de falta de datos sistemáticos y comparables, desglosados por sexos;
2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para evitar la feminización de la pobreza fomentando la iniciativa empresarial y el empleo femeninos, luchando contra la diferencia de retribuciones entre hombres y mujeres y facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar a través del desarrollo de guarderías infantiles, un sistema de servicios para personas dependientes, un reparto equitativo del permiso parental y la promoción de unas modalidades flexibles de trabajo;
3. Insiste en que las políticas sociales identificadas en la Plataforma deben aplicarse junto con las políticas de lucha contra la discriminación, ya que para muchas personas la raíz de la pobreza suele encontrarse en la restricción de las oportunidades;
4. Critica duramente el hecho de que el aspecto de género de la pobreza y la exclusión social se haya ignorado completamente en la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Comisión;
5. Destaca que las mujeres en las zonas rurales no suelen considerarse como población activa pese a que su contribución al trabajo agrícola diario sea tan importante como la contribución de los hombres, por lo que se les priva socialmente de sus derechos como trabajadoras y son vulnerables a la pobreza;
6. Pide a la Comisión que precise los principios comunes de definición de la «cesta de bienes y servicios fundamentales» para visualizar la pobreza y las discriminaciones por razón de sexo, edad u origen social;
7. Pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta la Recomendación 92/441/CEE(9) que reconoce «el derecho fundamental de la persona a recursos y prestaciones suficientes para vivir conforme a la dignidad humana», cuestión esencial para las mujeres, insistiendo en que el objetivo central de los regímenes de ayuda a la renta debe consistir en sacar a las personas de la pobreza, permitiéndoles vivir con dignidad, lo que incluye pensiones de invalidez y de jubilación dignas; recomienda a la Comisión, a tal efecto, que prevea la creación de un método común de cálculo del mínimo vital y del coste de la vida («cesta de bienes y servicios»), al objeto de disponer de mediciones comparables del nivel de pobreza y definir métodos de intervención social, incluyendo un sistema de ingresos mínimos;
8. Pide que el Programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas se mantenga como uno de los elementos de una política integrada ambiciosa que tenga por objetivo combatir la pobreza, teniendo en cuenta que las mujeres suelen ser las primeras víctimas de la pobreza alimentaria;
9. Pide que las relaciones entre padres e hijos sean objeto de especial atención, por ejemplo, mediante programas configurados específicamente para cada país, que incluyan medidas concretas para facilitar el máximo y el mejor apoyo posible al cumplimiento de las responsabilidades parentales de los tutores, para evitar los acogimientos de niños en centros sociales como consecuencia de situaciones de pobreza extrema y plantear esta posibilidad solo como último recurso;
10. Pide a los Estados miembros que garanticen un apoyo adecuado a las familias monoparentales, dado que presentan un riesgo mucho mayor de quedar expuestas a la pobreza que las familias donde ambos padres perciben ingresos; pide también en este sentido a los Estados miembros que garanticen el apoyo a las familias monoparentales creando suficientes instituciones de cuidado infantil y facilitando su acceso a ellas;
11. Pide a los Estados miembros que ofrezcan las prestaciones sociales adecuadas a las mujeres y hombres que asumen el cuidado de familiares de edad avanzada, enfermos o discapacitados, y a la Comisión que mantenga la dotación financiera destinada a las organizaciones de la sociedad civil para que la utilicen en la lucha contra la pobreza de las mujeres y la reducción de sus efectos;
12. Subraya que el acceso universal a servicios de asistencia asequibles y de calidad como guarderías infantiles es un factor importante para garantizar la igualdad de participación de mujeres y hombres en el mercado laboral y un medio para prevenir y reducir la pobreza;
13. Pide a la Comisión que combata de forma eficaz, mediante la previsión de un marco europeo de orientación y principios sobre la adecuación, además de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, el riesgo de pobreza de las mujeres, como consecuencia de la precariedad, de la discontinuidad laboral y de los salarios bajos; destaca asimismo la necesidad de una adaptabilidad social mayor a las condiciones personales y familiares, valorando más la maternidad y las tareas de cuidado;
14. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que presten especial atención al problema de la pobreza entre las mujeres de edad avanzada, motivado por el hecho de que reciben pensiones más reducidas, lo cual también es consecuencia de los periodos de desempleo que debieron asumir para poder cuidar de sus hijos y de otros miembros de la familia dependientes;
15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la perspectiva de género como un componente esencial de todas las políticas comunes y programas nacionales a fin de erradicar la pobreza y luchar contra la exclusión social; opina, asimismo, que los Estados miembros deben tener en cuenta la dimensión de género en sus planes de recuperación de la recesión;
16. Pide que la evaluación, en el marco de la mesa redonda ministerial semestral organizada el 17 de octubre —Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza—, se lleve a cabo con la participación de las asociaciones de ayuda a los más desfavorecidos y de los ciudadanos afectados adoptando una perspectiva específica de género y tomando como referencia a los grupos más pobres;
17. Está convencido de que el voluntariado puede desempeñar un papel muy importante en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad entre hombres y mujeres; recuerda que el año 2011 fue declarado Año Europeo del Voluntariado e insta a los Estados miembros a intensificar el intercambio de mejores prácticas y garantizar medidas efectivas de apoyo y ampliación de las actividades de voluntariado;
18. Propone que se preste especial atención a la situación y las necesidades específicas de los grupos vulnerables de mujeres que se encuentran en riesgo de pobreza (mujeres de edad avanzada, mujeres discapacitadas, mujeres que viven en zonas rurales, mujeres migrantes y mujeres víctimas de violencia y tráfico de seres humanos) y que se elaboren medidas políticas en materia de género;
19. Propone que las acciones propuestas en la Plataforma reconozcan las consecuencias de la discriminación de carácter múltiple e introduzcan medidas de orientación política tal como está actualmente previsto, por ejemplo, en las legislaciones española y rumana y, en particular, que se desarrolle el concepto de integración de la perspectiva de género en todas las políticas a fin de dar respuesta a la discriminación múltiple;
20. Pide a su Presidente que solicite a la Agencia de los Derechos Fundamentales, en colaboración con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, un estudio sobre el acceso efectivo de los grupos más pobres a todos los derechos fundamentales y sobre las discriminaciones de que son víctimas, contando con la participación de las organizaciones en cuyo seno las personas en situación de exclusión social se expresan libremente.
.RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN
Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská
Lena Ek, Sylvie Guillaume, Mojca Kleva, Kartika Tamara Liotard, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli
DO C 233 E de 28.9.2006, p. 130.
P6_TA(2009)0371.
COM(2010)0491.
1 Recomendación del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social (DO L 245 de 26.8.1992, p. 46).
Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric Daerden, Karima Delli, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck
Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Philippe De Backer, Julie Girling, Richard Howitt, Gesine Meissner, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Gabriele Zimmer
Última actualización: 8 de noviembre de 2011 Aviso jurídico

References: artículo 3
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 artículo 3
 artículo 9
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