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Timestamp: 2018-05-27 01:37:45+00:00

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Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY ORGÁNICA 1/1996, DE 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR, DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (BOE DEL 17)
Título I. De los derechos de los menores (Arts. 1 a 11)
Capítulo I. Ámbito y principios generales (Arts. 1 y 2)
Capítulo II. Derechos del menor (Arts. 3 a 9)
Art. 3. Referencia a Instrumentos Internacionales
Art. 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
Art. 5. Derecho a la información
Art. 6. Libertad ideológica
Art. 7. Derecho de participación, asociación y reunión
Art. 8. Derecho a la libertad de expresión
Art. 9. Derecho a ser oído
Capítulo III. Medidas y principios rectores de la acción administrativa (Arts. 10 y 11)
Art. 10. Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos
Art. 11. Principios rectores de la acción administrativa
Título II. Actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones de protección de menores (Arts. 12 a 25)
Capítulo I. Actuaciones en situaciones de desprotección social del menor (Arts. 12 a 22)
Art. 12. Actuaciones de protección
Art. 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva
Art. 14. Atención inmediata
Art. 15. Principio de colaboración
Art. 16. Evaluación de la situación
Art. 17. Actuaciones en situaciones de riesgo
Art. 18. Actuaciones en situación de desamparo
Art. 19. Guarda de menores
Art. 20. Acogimiento familiar
Art. 21. Servicios especializados
Art. 22. Información a los familiares
Capítulo II. De la tutela (Art. 23)
Art. 23. Índices de tutelas
Capítulo III. De la adopción (Arts. 24 y 25)
Art. 24. Adopción de menores
Art. 25. Adopción internacional
Primera. Jurisdicción voluntaria
Segunda. Inscripción registral de adopciones internacionales
Tercera. Particularidades del procedimiento de jurisdicción voluntaria
Única. Procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor
Primera. Modificación del art. 9.4 del CC
Segunda. Modificación del art. 9.5 del CC
Tercera. Modificación del artículo 149 del CC
Cuarta. Modificación del artículo 158 del CC
Quinta. Modificación del artículo 172 del CC
Sexta. Modificación del artículo 173 del CC
Séptima. Introducción del art. 173 bis en el CC
Octava. Modificación del artículo 174.2 del CC
Novena. Modificación del artículo 175.1 del CC
Décima. Modificación del artículo 176 del CC
Undécima. Modificación del artículo 177 del CC
Duodécima. Modificación del artículo 211
Decimotercera. Modificación del artículo 216 del CC
Decimocuarta. Modificación del artículo 234 del CC
Decimoquinta. Modificación del artículo 247 del CC
Decimosexta. Modificación del artículo 248 del CC
Decimoséptima. Modificación del artículo 260 del CC
Decimoctava. Modificación de diversos artículos del CC
Decimonovena. Modificación de artículos de la LEC
Vigésima. Actuaciones del Ministerio Fiscal
Vigésima primera. Carácter de las disposiciones
Vigésima segunda. Entidades públicas
Vigésima tercera. Carácter de ley ordinaria
Vigésima cuarta. Entrada en vigor
Téngase en cuenta que la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, modifica la redacción del artículo 9.4 y 5 del Código Civil e introduce los artículos 1901 a 1909 de la LEC de 1881.
Esta necesidad ha sido compartida por otras instancias internacionales, como el Parlamento Europeo que, a través de la Resolución A 3—0172/1992, aprobó la Carta Europea de los Derechos del Niño.
Numerosas instituciones, tanto públicas como privadas —las dos Cámaras Parlamentarias, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado y diversas asociaciones relacionadas con los menores—, se han hecho eco de estas demandas, trasladando al Gobierno la necesidad de adecuar el ordenamiento a la realidad de nuestra sociedad actual.
En este sentido —y aunque el núcleo central de la Ley lo constituye, como no podía ser de otra forma, la modificación de los correspondientes preceptos del citado Código—, su contenido trasciende los límites de éste para construir un amplio marco jurídico de protección que vincula a todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente relacionadas con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general.
El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante entre las necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía como sujetos. De esta manera podrán ir construyendo progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su proyección de futuro. Éste es el punto crítico de todos los sistemas de protección a la infancia en la actualidad. Y, por lo tanto, es el reto para todos los ordenamientos jurídicos y los dispositivos de promoción y protección de las personas menores de edad. Ésta es la concepción del sujeto sobre la que descansa la presente Ley: las necesidades de los menores como eje de sus derechos y de su protección.
Ésta es la razón por la que, además de establecerse como principio general, el de que toda actuación habrá de tener fundamentalmente en cuenta el interés del menor y no interferir en su vida escolar, social o laboral, se determina que las resoluciones que aprecien la existencia de la situación de desamparo deberán notificarse a los padres, tutores y guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas, informándoles, asimismo, y, a ser posible, de forma presencial y de modo claro y comprensible, de las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada.
Mención especial merece el acogimiento familiar, figura que introdujo la Ley 21/1987. Éste puede constituirse por la entidad pública competente cuando concurre el consentimiento de los padres. En otro caso, debe dirigirse al Juez para que sea éste quien constituya el acogimiento. La aplicación de este precepto ha obligado, hasta ahora, a las entidades públicas a internar a los menores en algún centro, incluso en aquellos casos en los que la familia extensa ha manifestado su intención de acoger al menor, por no contar con la voluntad de los padres con el consiguiente perjuicio psicológico y emocional que ello lleva consigo para los niños, que se ven privados innecesariamente de la permanencia en un ambiente familiar.
Para remediar esta situación, la presente Ley recoge la posibilidad de que la entidad pública pueda acordar en interés del menor un acogimiento provisional en familia. Éste podrá ser acordado por la entidad pública cuando los padres no consientan o se opongan al acogimiento, y subsistirá mientras se tramita el necesario expediente, en tanto no se produzca resolución judicial. De esta manera, se facilita la constitución del acogimiento de aquellos niños sobre los que sus padres han mostrado el máximo desinterés.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.—La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.
Artículo 2. Principios generales.—En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de la presente Ley deberán tener un carácter educativo.
Artículo 3. Referencia a Instrumentos Internacionales.—Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.
Artículo 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.—1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.
Artículo 5. Derecho a la información.—1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo.
Artículo 6. Libertad ideológica.—1. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión.
Artículo 7. Derecho de participación, asociación y reunión.—1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa.
Artículo 8. Derecho a la libertad de expresión.—1. Los menores gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresión tiene también su límite en la protección de la intimidad y la imagen del propio menor recogida en el artículo 4 de esta Ley.
Artículo 9. Derecho a ser oído.—1. El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social.
Artículo 10. Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos.—1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos y que se garantice su respeto.
Artículo 11. Principios rectores de la acción administrativa.—1. Las Administraciones públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos.
f ) Promover la participación y la solidaridad social.
Artículo 12. Actuaciones de protección.—1. La protección del menor por los poderes públicos se realizará mediante la prevención y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda, y, en los casos de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la Ley.
Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.—1. Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.
Artículo 14. Atención inmediata.—Las autoridades y servicios públicos tienen obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor, o cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal.
Artículo 15. Principio de colaboración.—En toda intervención se procurará contar con la colaboración del menor y su familia y no interferir en su vida escolar, social o laboral.
Artículo 16. Evaluación de la situación.—Las entidades públicas competentes en materia de protección de menores estarán obligadas a verificar la situación denunciada y a adoptar las medidas necesarias para resolverla en función del resultado de aquella actuación.
Artículo 17. Actuaciones en situaciones de riesgo.—En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por ministerio de la Ley, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de protección del menor y su familia.
Artículo 18. Actuaciones en situación de desamparo.—1. Cuando la entidad pública competente considere que el menor se encuentra en situación de desamparo, actuará en la forma prevista en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, asumiendo la tutela de aquél, adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Artículo 19. Guarda de menores.—Además de la guarda de los menores tutelados por encontrarse en situación de desamparo, la entidad pública podrá asumir la guarda en los términos previstos en el artículo 172 del Código Civil, cuando los padres o tutores no puedan cuidar de un menor o cuando así lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.
Artículo 20. Acogimiento familiar.—El acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se acuerde, revestirá las modalidades establecidas en el Código Civil.
Artículo 21. Servicios especializados.—1. Cuando la entidad pública acuerde la acogida residencial de un menor, teniendo en cuenta que es necesario que tenga una experiencia de vida familiar, principalmente en la primera infancia, procurará que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga al interés del menor.
Artículo 22. Información a los familiares.—La entidad pública que tenga menores bajo su guarda o tutela deberá informar a los padres, tutores o guardadores sobre la situación de aquéllos cuando no exista resolución judicial que lo prohíba.
Artículo 23. Índices de tutelas.—Para el ejercicio de la función de vigilancia de la tutela que atribuyen al Ministerio Fiscal los artículos 174 y 232 del Código Civil, se llevará en cada Fiscalía un Índice de Tutelas de Menores.
Artículo 24. Adopción de menores.—La adopción se ajustará a lo establecido por la legislación civil aplicable.
Artículo 25. Adopción internacional.— [...]
Este artículo 25 ha sido derogado por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre (BOE del 29), de Adopción internacional.
VIGENTE DE 16 DE FEBRERO DE 1996 A 29 DE DICIEMBRE DE 2007.
Artículo 25. Adopción internacional.—1. En materia de adopción internacional, corresponde a las entidades públicas:
— Información y asesoramiento a los interesados en materia de adopción internacional.
— Intervención en la tramitación de expedientes de adopción ante las autoridades competentes, tanto españolas como extranjeras.
— Asesoramiento y apoyo a los solicitantes de adopción en los trámites y gestiones que deben realizar en España y en el extranjero.
Disposición adicional primera.—Se aplicarán las normas de la jurisdicción voluntaria a las actuaciones que se sigan:
Disposición adicional segunda.—Para la inscripción en el Registro español de las adopciones constituidas en el extranjero, el encargado del Registro apreciará la concurrencia de los requisitos del artículo 9.5 del Código Civil.
Disposición adicional tercera.—Con excepción de las declaraciones de incapacitación y de prodigalidad, las demás actuaciones judiciales previstas en los Títulos IX y X del Libro I del Código Civil se ajustarán al procedimiento previsto para la jurisdicción voluntaria, con las siguientes particularidades:
Disposición transitoria única.—	Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior.
Disposición derogatoria única.—Queda derogado el Decreto de 2 de julio de 1948 por el que se aprueba el texto refundido de la Legislación sobre Protección de Menores y cuantas normas se opongan a la presente Ley.
Disposición final primera.—El artículo 9.4 del Código Civil, tendrá la siguiente redacción:
Disposición final segunda.—El artículo 9.5 del Código Civil, párrafos tercero, cuarto y quinto, tendrá la siguiente redacción:
Disposición final tercera.—El artículo 149 del Código Civil, tendrá la siguiente redacción:
Disposición final cuarta.—El artículo 158 del Código Civil, tendrá la siguiente redacción:
2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio del titular de la potestad de guarda.
Disposición final quinta.—El artículo 172 del Código Civil queda redactado como sigue:
«1. La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la notificación se les informará de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada.
6. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la tutela por el ministerio de la Ley serán recurribles ante la jurisdicción civil sin necesidad de reclamación administrativa previa».
Disposición final sexta.—El artículo 173 del Código Civil, tendrá la siguiente redacción:
Este acogimiento se podrá ejercer por persona o personas que sustituyan al núcleo familiar del menor o por responsable del hogar funcional.
El documento de formalización del acogimiento familiar, a que se refiere el párrafo anterior, incluirán los siguientes extremos:
Disposición final séptima.—Se introduce en el Código Civil un nuevo artículo con el número 173 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 173 bis.—El acogimiento familiar, podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su finalidad:
La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogimiento familiar preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, que fuera necesario establecer un periodo de adaptación del menor a la familia.
Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá exceder del plazo de un año».
Disposición final octava.—El artículo 174.2 del Código Civil queda redactado como sigue:
El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor, y promoverá ante el Juez las medidas de protección que estime necesarias».
Disposición final novena.—El artículo 175.1 del Código Civil queda redactado como sigue:
Disposición final décima.—El artículo 176 del Código Civil quedará redactado como sigue:
Disposición final undécima.—El artículo 177 del Código Civil quedará redactado como sigue:
4.º La entidad pública, a fin de apreciar la idoneidad del adoptante, cuando el adoptando lleve más de un año acogido legalmente por aquél».
Disposición final duodécima.—El primer párrafo del artículo 211 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:
«El internamiento por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad, requerirá autorización judicial. Ésta será previa al internamiento, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se dará cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. El internamiento de menores, se realizará en todo caso en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor».
Disposición final decimotercera.—El artículo 216 del Código Civil tendrá un segundo párrafo con la siguiente redacción:
Disposición final decimocuarta.—El artículo 234 del Código Civil tendrá un último párrafo con la siguiente redacción:
Disposición final decimoquinta.—El artículo 247 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:
Disposición final decimosexta.—El artículo 248 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:
«El Juez de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado o de otra persona interesada, decretará la remoción del tutor, previa audiencia de éste si, citado, compareciere. Asimismo, se dará audiencia al tutelado si tuviere suficiente juicio».
Disposición final decimoséptima.—Se añade un segundo párrafo al artículo 260 del Código Civil con la siguiente redacción:
Disposición final decimoctava.—Los artículos del Código Civil que se relacionan a continuación quedarán redactados como sigue:
«Serán aplicables a los representantes dativos del ausente en cuanto se adapten a su especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los tutores».
«Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los dos artículos anteriores, el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de doce años o lo considera oportuno, y recabará los informes que le sean solicitados o estime pertinentes».
«Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria en favor de quien sea tutor o curator del testador, salvo cuando se haya hecho después de aprobadas definitivamente las cuentas o, en el caso en que no tuviese que rendirse éstas, después de la extinción de la tutela o curatela.
«Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aunque entre los coherederos haya alguno sometido a patria potestad o tutela, o a curatela por prodigalidad o por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas; pero el contador partidor deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de los representantes legales o curadores de dicha personas».
Disposición final decimonovena.—La Ley de Enjuiciamiento Civil quedará modificada en el siguiente sentido:
«Artículo 1.901.—En los supuestos en que, siendo aplicable un convenio internacional, se pretenda la restitución de un menor que hubiera sido objeto de un traslado o retención ilícita, se procederá de acuerdo con lo previsto en esta Sección.
Artículo 1.902.—Será competente el Juez de Primera Instancia en cuya demarcación judicial se halle el menor que ha sido objeto de un traslado o retención ilícitos.
Artículo 1.903.—A petición de quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, el Juez podrá adoptar la medida provisional de custodia del menor prevista en la Sección siguiente de esta Ley y cualquier otra medida de aseguramiento que estime pertinente.
Artículo 1.904.—Promovido el expediente mediante la solicitud a la que se acompañará la documentación requerida por el correspondiente convenio internacional, el Juez dictará, en el plazo de veinticuatro horas, resolución en la que se requerirá a la persona que ha sustraído o retiene al menor, con los apercibimientos legales, para que en la fecha que se determine, que no podrá exceder de los tres días siguientes, comparezca en el juzgado con el menor y manifieste:
a) Si accede voluntariamente, a la restitución del menor a la persona, institución y organismo que es titular del derecho de custodia; o, en otro caso,
Artículo 1.905.—Si no compareciese el requerido, el Juez dispondrá a continuación del procedimiento de su rebeldía citando a los interesados y al Ministerio Fiscal a una comparecencia que tendrá lugar en plazo no superior a los cinco días siguientes y decretará las medidas provisionales que juzgue pertinentes en relación con el menor.
Artículo 1.906.—Si compareciese el requerido y accediere a la restitución voluntaria del menor, se levantará acta, acordando el Juez, mediante auto, la conclusión del procedimiento y la entrega del menor a la persona, institución y organismo titular del derecho de custodia, así como lo procedente en cuanto a costas y gastos.
Artículo 1.907.—Si en la primera comparecencia el requerido formulase oposición a la restitución del menor, al amparo de las causas establecidas en el correspondiente convenio, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.817 de esta Ley, ventilándose la oposición ante el mismo Juez por los trámites del juicio verbal. A este fin:
Artículo 1.908.—Celebrada la comparecencia y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes dentro de los seis días posteriores, el Juez dictará auto dentro de los tres días siguientes, resolviendo, en interés del menor y en los términos del convenio, si procede o no su restitución. Contra dicho auto sólo cabrá recurso de apelación en un solo efecto, que deberá resolverse en el improrrogable plazo de veinte días.
Artículo 1.909.—Si el Juez resolviese la restitución del menor, en el auto se establecerá que la persona que trasladó o retuvo al menor abone las costas del procedimiento así como los gastos en que haya incurrido el solicitante, incluidos los del viaje y los que ocasione la restitución del menor al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, que se harán efectivos por los trámites previstos en el artículo 928 y concordantes de esta Ley.
Disposición final vigésima.—El Ministerio Fiscal velará para que, incoado un procedimiento sobre reclamación frente a las resoluciones de las entidades públicas que surjan con motivo del ejercicio de sus funciones en materia de tutela o de guarda, se resuelvan en el mismo expediente todas las acciones e incidencias que afecten a un mismo menor. A tal efecto, promoverá ante los órganos jurisdiccionales las actuaciones oportunas previstas en la legislación procesal.
Disposición final vigésima primera.—1. El artículo 5 en sus apartados 3 y 4; el artículo 7 en su apartado 1; el artículo 8 en su apartado 2 letra c); el artículo 10 en sus apartados 1 y 2 letras a), b) y d); los artículos 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, en su apartado 2, 21, en sus apartados 1, 2 y 3, y el artículo 22 son legislación supletoria de la que dicten las Comunidades Autónomas con competencia en materia de asistencia social.
2. El artículo 10 en su apartado 3, el artículo 21 en su apartado 4, el artículo 23 las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera la disposición transitoria única y las disposiciones finales decimonovena y vigésima se dictan al amparo del artículo 149.1.2.ª, 5.ª y 6.ª de la Constitución.
Disposición final vigésima segunda.—Las entidades públicas mencionadas en esta Ley son las designadas por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con sus respectivas normas de organización.
Disposición final vigésima tercera.—Tienen carácter de Ley ordinaria los artículos 1, 2, 5 apartados 3 y 4; 7 apartado 1; 8 apartado 2 letra c); 10 apartados 1 y 2, letras a), b) y d), 3 y 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera la disposición transitoria la disposición derogatoria y las disposiciones finales primera a vigésima segunda y vigésima cuarta.
Disposición final vigésima cuarta.—La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

References: artículo 149
 artículo 158
 artículo 172
 artículo 173
 artículo 174
 artículo 175
 artículo 176
 artículo 177
 artículo 211
 artículo 216
 artículo 234
 artículo 247
 artículo 248
 artículo 260
 artículo 9
 Resolución 
 resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 4

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 172

Artículo 19
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Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
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Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25
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Artículo 25
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 149
 artículo 158
 artículo 172
 artículo 173
 artículo 174
 artículo 175
 artículo 176
 artículo 177
 artículo 211
 artículo 216
 artículo 234
 artículo 247
 artículo 248
 artículo 260

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1
 resolución 

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1
 artículo 1

Artículo 1

Artículo 1
 artículo 928
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 22
 artículo 10
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 149