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Timestamp: 2020-01-25 11:12:34+00:00

Document:
Divorcio - Países Bajos
Uno de los cónyuges (demanda unilateral) o ambos (demanda conjunta) pueden interponer una demanda de divorcio. El procedimiento es el mismo (véase la pregunta 11).
En cualquier caso, las partes deberán estar representadas por un abogado durante el proceso. La demanda de divorcio se resuelve en el tribunal de distrito (rechtbank) del lugar de residencia del demandante o donde resida uno de los demandantes. Se puede interponer una demanda de divorcio en cualquier momento desde la celebración del matrimonio; las partes no tienen la obligación de haber estado casadas por un periodo determinado de tiempo. El divorcio se hace efectivo con la inscripción de la resolución judicial en el Registro Civil (burgerlijke stand). La inscripción solo puede efectuarse cuando la resolución de divorcio es firme (y ha adquirido fuerza de cosa juzgada). El divorcio debe inscribirse en el registro en el plazo de seis meses desde que adquiere fuerza de cosa juzgada, de lo contrario la sentencia pierde su efecto y no podrá inscribirse en el registro. Si el matrimonio se celebra en el extranjero y el acta matrimonial no se ha inscrito en un registro civil de los Países Bajos, la sentencia de divorcio neerlandesa se inscribirá en el Registro Civil especial de la localidad de La Haya.
Según el Derecho de los Países Bajos, la única causa por la que puede concederse el divorcio es la ruptura irreparable del matrimonio. Un matrimonio se considera deteriorado de forma irreparable si la convivencia entre los cónyuges es insostenible y no hay posibilidad de retomar las relaciones conyugales de forma adecuada. Si la demanda la interpone solo uno de los cónyuges, el demandante debe declarar que el matrimonio se ha deteriorado de forma irreparable y, si el otro cónyuge lo niega, deberá presentar pruebas. El tribunal determinará si la ruptura del matrimonio es irreparable. Si se trata de una demanda conjunta, la sentencia de divorcio será otorgada basándose en el hecho de que ambos cónyuges creen que su matrimonio se ha deteriorado de forma irreparable.
El divorcio puede tener consecuencias en el uso de los apellidos del ex cónyuge. Una vez el divorcio es definitivo, el ex cónyuge puede volver a contraer matrimonio o formalizar una unión civil.
Régimen legal (comunidad de bienes)
Los Países Bajos tienen un régimen bastante peculiar en cuestiones de ingresos y bienes matrimoniales. El sistema ordinario previsto por la ley es la comunidad de bienes (algehele gemeenschap van goederen). En teoría, toda la propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges antes o durante el transcurso del matrimonio forma parte de la comunidad de bienes. Los bienes de ambos cónyuges se ponen en común. En teoría, todas las deudas contraídas antes o durante el matrimonio son responsabilidad conjunta, con independencia del cónyuge que las haya contraído. Un acreedor puede recuperar la deuda de la comunidad de bienes matrimonial. Esta se disuelve en el momento del divorcio, es decir, cuando la sentencia de divorcio es inscrita en el Registro Civil. En ese momento, los bienes dejan de ser comunes, y la comunidad de bienes debe repartirse. Se debe establecer qué cónyuge tiene derecho a los bienes comunes. La norma general es que cada cónyuge tiene derecho a la mitad de dichos bienes. Los cónyuges pueden decidir apartarse de esta norma y alcanzar otros acuerdos, bien en un acuerdo de divorcio (echtscheidingsconvenant) o en el momento del reparto de bienes (verdeling).
Los contrayentes pueden optar por un régimen distinto al previsto por la ley si llegan a un acuerdo antes o (en raras ocasiones) después de la celebración del matrimonio. Dichos acuerdos también establecen las normas para el reparto de bienes en caso de divorcio.
Tras el divorcio, ambos progenitores continúan disfrutando de la custodia compartida de los hijos, tal y como hacían durante el matrimonio. Se puede solicitar al tribunal la concesión de la patria potestad a un progenitor solo en casos excepcionales. Ambos progenitores pueden solicitar la patria potestad exclusiva. Si un progenitor no obtiene la patria potestad tiene derecho a visitar a los hijos. Cualquier progenitor o ambos pueden solicitar al tribunal que determine las normas que rijan el derecho de visitas.
Obligación de alimentos para los hijos
Si los progenitores siguen ejerciendo la custodia compartida tras el divorcio, la intención es que alcancen un acuerdo sobre cómo compartir la carga económica de educar a los hijos. Además, pueden solicitar al tribunal que registre lo que han acordado. Si no consiguen llegar a un acuerdo, el tribunal puede determinar la cantidad a pagar en concepto de pensión alimenticia. Si se otorga la custodia exclusiva a uno de los progenitores, éste podrá solicitar al tribunal que establezca en qué medida el otro progenitor deberá contribuir a los gastos diarios de los hijos. Como norma general, se espera que los padres organicen los pagos entre ellos. Para mas información al respecto, consúltese el sitio web de la Agencia Nacional de cobro de pensiones alimenticias (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) ( http://www.lbio.nl/).
La obligación de alimentos con respecto al otro cónyuge persiste tras la disolución del matrimonio. Si los ingresos de un ex cónyuge no son suficientes para sufragar sus gastos, o no puede obtenerlos de forma razonable, puede solicitar al tribunal una resolución para que el otro ex cónyuge le pague una pensión alimenticia para cubrir sus gastos. El tribunal puede resolver la cuestión en una sentencia de divorcio o en una sentencia posterior. A la hora de calcular los pagos de la pensión, el tribunal tendrá en cuenta las necesidades del cónyuge que percibirá el pago y los recursos económicos del otro cónyuge. También se considerarán factores no económicos, tales como la duración del matrimonio o de la convivencia entre los cónyuges. Si el tribunal no fija un límite en la duración del pago de la pensión, el deber de pagar cesará en doce años. En aquellos casos en los que el cónyuge que precisa de pensión alimenticia atraviese dificultades económicas, podrá solicitar al tribunal una prórroga de este plazo. En teoría, si un matrimonio ha durado poco (menos de cinco años) y no produjo descendencia, el periodo de tiempo de obligación de alimentos no excederá la duración del matrimonio. Si los cónyuges o ex cónyuges alcanzan un acuerdo sobre los pagos de la pensión, pueden incluir dicho acuerdo en el acuerdo de divorcio.
La separación legal (scheiding van tafel en bed: separación de mesa y lecho) es un medio legal por el cual los cónyuges cesan la convivencia sin disolver realmente el matrimonio. La separación legal interesa a aquellos cónyuges que desean separarse y abordar los efectos jurídicos de hacerlo, pero que prefieren continuar casados, quizá por motivos religiosos o económicos. La separación legal deja la vía abierta a la reconciliación, pero también puede ser el primer paso hacia la disolución del matrimonio. La separación legal entra en vigor a partir de la inscripción de la sentencia judicial en el Registro de la Propiedad. Como en el caso del divorcio, deberá hacerse en un plazo de seis meses.
El único motivo para la separación legal es la ruptura irreparable del matrimonio.
Las consecuencias de una separación legal para los bienes matrimoniales, la responsabilidad parental (régimen de visitas), la obligación de alimentos y las pensiones son las mismas que en el caso del divorcio. El matrimonio sigue existiendo. La ley estipula que los cónyuges que son parte de una separación legal no heredan la propiedad del otro en caso de defunción. Si, tras la separación legal, los cónyuges decidiesen que desean separarse totalmente, pueden interponer una demanda de divorcio. Las partes de una separación legal pueden vivir con la nueva pareja y rehacer su vida, pero no pueden contraer matrimonio de nuevo ni formalizar una unión de hecho.
Si tras la separación legal se interpone una demanda de divorcio de forma unilateral, se aplicarán ciertas restricciones. Las demandas unilaterales están sujetas a un periodo de espera de tres años. El tribunal puede reducir el periodo a un año en algunos casos. El periodo de tres años comienza a partir de la fecha de inscripción de la separación legal en el registro. Si se interpone una demanda de divorcio de forma conjunta tras una separación legal, no existe ningún periodo de espera. La disolución del matrimonio se hace efectiva con la inscripción de la sentencia en el Registro Civil.
El matrimonio solo puede anularse mediante resolución judicial. El proceso de anulación debe comenzar con la interposición de una demanda. Por lo tanto, un matrimonio contraído por las partes nunca es nulo de pleno derecho de manera automática; de hecho, el matrimonio sigue siendo válido hasta su anulación. La ley prescribe los motivos para la anulación y las personas que pueden solicitarla.
La ley establece los siguientes motivos para la demanda de anulación: las partes contrajeron matrimonio a pesar de la existencia de:
impedimentos al matrimonio (requisitos de edad mínima, falta de consentimiento de un menor, bigamia, grado de parentesco prohibido),
amenaza o error,
matrimonio simulado,
trastorno mental de uno de los cónyuges,
falta de competencia del funcionario del registro,
falta de testigos.
La anulación tiene efecto retroactivo y se aplica desde el momento de la celebración del matrimonio. Esto significa que después de la anulación por resolución judicial se considera que el matrimonio nunca existió. Se hará una excepción en determinadas circunstancias, en cuyo caso la anulación tiene los mismos efectos que el divorcio. Por ejemplo, los hijos nacidos en un matrimonio anulado siguen manteniendo relaciones jurídicas con ambos progenitores. Otra excepción hace referencia al matrimonio putativo, es decir, cuando un cónyuge desconocía que el matrimonio era defectuoso. Véanse también las condiciones para la anulación del matrimonio en la pregunta 8. Un cónyuge de buena fe puede, por ejemplo, solicitar al otro cónyuge el pago de pensión alimenticia.
La mediación es común en casos de divorcio en los Países Bajos. Con la ayuda de un mediador y, cuando sea necesario, de sus abogados, los cónyuges pueden intentar alcanzar un acuerdo relativo al divorcio y sus efectos. Este acuerdo se recogerá por escrito en un acuerdo de divorcio (echtscheidingsconvenant). Este puede abordar asuntos tales como el reparto de bienes, las obligaciones de alimentos entre cónyuges y un plan de cuidado de los hijos. El tribunal puede incluir el acuerdo que se redacte durante el proceso de mediación en su sentencia.
Existe la Asociación de abogados especializados en Derecho de familia y de mediadores del divorcio (Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars), cuyos miembros son especialistas en campos como el divorcio y el pago de alimentos. Además, son especialistas en mediación de divorcios y todo aquello que conlleva. Se puede encontrar información adicional en: http://www.vas-scheidingsbemiddeling.nl/.
El proceso de divorcio siempre se inicia con una demanda ante el tribunal (verzoekschrift). Esta demanda debe incluir los apellidos, nombres y dirección o lugar de residencia de los cónyuges. Si existen hijos menores afectados por el divorcio, los mismos datos deberán ser incluidos. El demandante puede solicitar medidas de compensación secundarias (nevenvoorzieningen). La demanda está relacionada con el divorcio. El tribunal puede conceder medidas de compensación secundarias en los siguientes casos, entre otros:
la responsabilidad parental respecto de los menores y el derecho de visita,
la obligación de alimentos respecto de un ex cónyuge o los hijos,
el reparto de bienes conyugales o la imposición del régimen acordado en capitulaciones matrimoniales,
el uso de la residencia conyugal,
la compensación de pensiones.
El abogado del demandante (advocaat) deberá interponer la demanda ante el tribunal de distrito (rechtbank). Si el demandante reside en los Países Bajos, la demanda se puede interponer ante el tribunal de distrito donde reside el demandante. Si el demandante no reside en los Países Bajos pero el otro cónyuge sí, la demanda deberá interponerse ante el tribunal de distrito donde reside el otro cónyuge. Si ambos cónyuges residen fuera de los Países Bajos, la demanda deberá interponerse ante el tribunal de distrito de La Haya.
extractos originales (emitidos en los últimos tres meses) del Registro Civil sobre ambos cónyuges, indicando nacionalidad, estado civil y, en el caso de ciudadanos no neerlandeses, la fecha de entrada a los Países Bajos; si uno de los cónyuges es ciudadano neerlandés y el otro no, la fecha de asentamiento en los Países Bajos deberá especificarse,
extractos originales de las inscripciones de nacimientos (emitidos en los últimos tres meses) de los hijos menores,
extracto original del acta matrimonial (que puede obtenerse en el ayuntamiento del lugar de celebración del matrimonio, y que deberá haber sido emitido en los últimos tres meses); si el matrimonio se celebró en el extranjero, el acta de matrimonio original o un extracto anterior serán suficientes,
si existen hijos menores, un plan de cuidados que especifique los acuerdos entre los progenitores relativos a sus hijos y contemple el cuidado diario de los niños, su educación, participación en eventos deportivos, atención médica, vacaciones, días festivos, finanzas y otros asuntos prácticos (recogida y transporte).
Si el demandante no puede sufragar los costes de un abogado o mediador, puede recibir asistencia jurídica gratuita, sujeta a determinadas condiciones. La Junta de asistencia jurídica (Raad voor de rechtsbijstand) ofrece asistencia jurídica solo a través de mediadores registrados con la Junta. Se puede obtener información adicional sobre los requisitos de elegibilidad en http://www.rvr.org/.
El derecho a la asistencia jurídica también se aplica en disputas transfronterizas si el demandante reside fuera de los Países Bajos pero en la Unión Europea, en virtud de la Directiva europea en materia de asistencia jurídica transfronteriza (DO L 26 de 31.1.2003). Se puede presentar una solicitud de asistencia jurídica a la Junta de asistencia jurídica de La Haya mediante un formulario estándar establecido en la citada Directiva, que es idéntico en todos los Estados miembros. En caso necesario, la Junta de asistencia jurídica puede ayudar a los demandantes a elegir un abogado. Se puede encontrar información adicional en: http://www.rvr.org/.
En determinados casos, y si existe un tratado, el demandante que reside fuera de la Unión Europea puede obtener asistencia jurídica en los Países Bajos. En este sentido, los siguientes tratados son pertinentes: el Convenio de La Haya sobre procedimiento civil (1954), el Acuerdo europeo sobre transmisión de solicitudes de asistencia jurídica (1977) y la Convención de La Haya sobre acceso internacional a la justicia (1980). Estos tratados incluyen una disposición que estipula que los ciudadanos de los Estados firmantes pueden acceder a la asistencia jurídica de otros Estados firmantes, bajo las mismas condiciones que los ciudadanos de esos Estados. Cuando se dan tales casos en los Países Bajos, una declaración de falta de recursos económicos (verklaring van onvermogen) debe solicitarse a la autoridad competente en el lugar de residencia habitual del demandante. La solicitud de asistencia jurídica y la declaración de recursos insuficientes las enviará tal autoridad a las autoridades competentes del país donde se conceda la asistencia jurídica. Estas últimas evaluarán si el demandante tiene derecho a asistencia jurídica.
Sí, se puede presentar un recurso en el registro del tribunal de apelación (gerechtshof) durante los tres meses posteriores a la fecha de la sentencia de divorcio. La sentencia del tribunal de apelación, por norma general, puede recurrirse de derecho en el Tribunal Supremo (Hoge Raad der Nederlanden). Las partes litigantes también precisan de representación legal en estos procesos.
El 1 de marzo de 2005 entró en vigor en los Estados miembros el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, conocido como Reglamento Bruselas II bis (o el Reglamento Bruselas II). El Reglamento Bruselas II bis es de aplicación en divorcios, separaciones y anulación de matrimonio. En virtud de este Reglamento, las resoluciones de divorcio dictadas en un Estado miembro (salvo Dinamarca) serán reconocidas en los Países Bajos sin necesidad de recurrir a un procedimiento especial (artículo 21, apartado 1). Del mismo modo, no hay necesidad de recurrir a procedimientos especiales para actualizar los registros de estado civil, por ejemplo, cuando debe añadirse una anotación a un acta de matrimonio.
Cualquier parte interesada puede iniciar procedimientos legales para determinar si es necesario reconocer o no una sentencia de divorcio emitida en otro país. El Reglamento Bruselas II bis prevé una lista de motivos de denegación del reconocimiento de la resolución de divorcio. Por ejemplo, si el reconocimiento contraviene el orden público. También se tendrá en cuenta si el demandado (la parte que no interpuso la demanda) fue debidamente informado del procedimiento. No obstante, la resolución no puede ser revisada. De conformidad con el Reglamento Bruselas II bis, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de origen de la sentencia expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, un certificado de dicha sentencia conforme al modelo de formulario estándar. El certificado incluirá información relativa al país de origen de la sentencia, los datos personales de las partes, si la decisión se adoptó por defecto de aparición, el tipo de sentencia, por ejemplo si es de divorcio o de separación legal, la fecha de la sentencia y el órgano jurisdiccional que la dictó.
Si una parte interesada desea oponerse al reconocimiento de una sentencia de divorcio extranjera en los Países Bajos, podrá presentar una solicitud de no reconocimiento ante el juez de medidas provisionales (voorzieningenrechter) del tribunal de distrito de su lugar de residencia habitual.
El 1 de enero de 2012 entró en vigor el Libro 10 del Código Civil neerlandés (Burgerlijk Wetboek). El Libro 10 del Código Civil incluye las normas de conflicto de leyes que determinan la legislación aplicable.
La norma principal es que los tribunales siempre aplicarán la ley de divorcio de los Países Bajos, con independencia de la nacionalidad y residencia habitual de los cónyuges. Si, por ejemplo, una pareja casada interpone una demanda de divorcio en los Países Bajos y ambos son ciudadanos neerlandeses que residen en este país, la ley de divorcio de los Países Bajos se aplicará de forma automática. El único caso en que no se aplica esto es cuando los cónyuges eligen la ley que se aplicará en el divorcio. Los cónyuges pueden optar específicamente por la ley nacional de aplicación durante el proceso de divorcio, en sustitución de la ley neerlandesa. Por consiguiente, una pareja belga puede elegir ampararse en la legislación belga en materia de divorcio.

References: resolución 
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