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diciembre 2012 - Ignacio Constantino
Portada Newsletter Diciembre 2012
09/12/2012 /0 Comentarios/en Portada Newsletter /por emartin
Laboral Diciembre 2012
06/12/2012 /0 Comentarios/en Laboral /por emartin
contrato Colectivos Cuantía
anual Duración Vigencia
Media Normaríva
Indefinido Para empresas de menos de 50 trabajadores. Apoyo a emprendedores
Mayores de 45 años desempleados más de 12 meses(1)
/as 1.300 €/año
Mujeres subrepre-
sentadas (2)
Jóvenes de 16 y 30 años, ambos inclusive, inscritos en la Oficina de Empleo Desempleados
/as 1.er año, 1.000; 2.º, 1.100 y 3.º, 1.200 3 años (3) Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%
Ley 3/2012 (art. 4 y DT 9ª.2)
Las anteriores cuantías se incrementarán en 100 euros/año
Víctimas del terrorismo (4)
(art. 34 L 29/2011; art. 2.4
bis L 43/2006) 1.500 €/año
125 €/mes 4 años
Víctimas de violencia de género o
de violencia doméstica (4) (art. 2.4 Ley 43/2006) 850 €/año
70,83 €/mes 4 años Indefinida
Trabajadores en situación de
exclusión social (art. 2.5 Ley 43/2006) 600 €/año
Personas con discapacidad (art. 2.2 Ley 43/2006) Menores de 45 años En general 4.500 €/año
445.83 €/mes
– Ley 43/2006
495.83 €/mes
Menores de 45 años En general
6.300 €/año
Contratación de un trabajador con discapacidad por un CEE (6) (Relación de carácter especial) (art. 2.3 L. 43/2006) 100% cuotas empresariales por todos los conceptos Indefinida Indefinida
CONTRATO COLECTÍVOS CUANTÍA ANUAL DURACIÓN VIGENCIA
MEDIA NORMATIVA
Indefinido Conversión de contratos en prácticas, de relevo y sustitución por jubilación en empresas de menos de 50 trabajadores Mujeres
– Ley 3/2012 (art. 7)
58,33 €/mes
Conversión de contratos para la formación y el aprendizaje (7)
– Ley 3/2012 (art. 3.2 y DT 13ª)
– Conversión de contratos temporales
– Misma bonificación que las contrataciones
indefinidas iniciales (empresas ordinarias)
– Ley 43/2006 (art. 2.6)
– Conversión de contratos temporales celebrados con CEE (6) (art. 2.3 Ley 43/2006)
– 100% de las cuotas empresariales a la SS por todos
los conceptos y cuotas de recaudación en conjunto (CEE)
Víctimas de violencia de género (LO 1/2004)
4 añosIndefinida
Víctimas del terrorismo (art. 34 Ley 29/2011)
Conversión de contratos temporales
– Misma bonificación que las contrataciones indefinidas
iniciales (empresas ordinarias)
– Ley 45/2002 (DA 9ª)
Contrato temporal fomento del empleo (art. 2.2.4 L 43/2006)
291,66 €/mes
– Ley 43/2006 (DA 1ª)
4.100 €/año 341,66 €/mes
391,66 €/mes
Mujeres Menores 45 años
441,66 €/mes
Contratados en CEE (6) (art.2.3. Ley 43/2006)
100% cuotas empresariales por todos los conceptos
Víctima violencia de género o doméstica (art. 2.4 Ley 43/2006)
Trabajadores en situación de exclusión social (art. 2.5 Ley 43/2006)
Víctimas del terrorismo (art. 34 Ley 29/2011; art. 2.4 bis Ley 43/2006)
Jóvenes desempleados inscritos en la O. E., mayores de 16 años y menores de 30 (9), contratados para la formación y el aprendizaje
Reducción del 75% o del 100% de las cuotas del empresario (10)
– Ley 3/2012 (art. 3)
(1) Desaparece la exigencia contenida en el RD-Ley 3/2012 de haber estado inscritos en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación (art. 4.5 Ley 3/2012).
(2) Mujeres en sectores en los que este colectivo esté menos representado.
(3) Asimismo deberá mantener el nivel de empleo alcanzado durante, al menos, un año desde la celebración del contrato.
(4) Sin que sea necesaria la condición de estar en desempleo (DF 14ª Ley 3/2012).
(5) Discapacidad severa: Personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual igual o superior al 33% y discapacidad física o sensorial igual o superior al 65% (art. 2.parr. 2.2 Ley 43/2006).
(6) Centro Especial de Empleo.
(7) Serán de aplicación en los supuestos de contratos para la formación celebrados con anterioridad al 31-8-2010 y que se transformen en indefinidos a partir del 1-1-2012.
(8) En el supuesto de trabajadores discapacitados, no se aplica el límite de edad.
(9) Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%, se podrá concertar este contrato con menores de 30 años (Disposición Transitoria novena Ley 3/2012).
(10) Si la contratación la realiza una empresa con plantilla inferior a 250 personas (100%) y si es = a 250 (75%).
OBJETO COLECTIVO CUANTÍA DURACIÓN Y OBSERVACIONES NORMATIVA
Mantenimiento empleo afectados por procedimientos de regulación de empleo (11) Trabajadores cuyos contratos queden suspendidos –incluidas las suspensiones tramitadas por la Ley Concursal– o a quienes se les reduzca la jornada de trabajo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o fuerza mayor, que se inicien entre 1/01/2012 y 31/12/2013 50% cuota empresarial por contingencias comunes de los trabajadores afectados – Duración: Durante situación de desempleo, máx. 240 días por trabajador – Ley 3/2012 (art. 15)
Conciliación de la vida personal, laboral y familiar Contratos interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante losperíodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad o riesgo durante el embarazo o la lactancia
– Duración: Mientras dure la sustitución
– RDL 11/1998
– Ley 12/2001 (DA 2ª)
Contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato ejercitando su derecho a la movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes
– Duración: mientras dure la sustitución.
– 6 meses en el caso de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.
– Ley Orgánica 1/2004 (art. 21.3)
(11) Procedimientos en tramitación a fecha de 12/2/2012 se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio. Procedimientos resueltos por la Autoridad laboral y en vigencia en su aplicación el 12/2/2012, se regirán por la normativa en vigor cuando se dictó la resolución (Ley 3/2012 DT 10ª).
Bonificaciones al trabajo autónomo Nuevas altas de familiares colaboradores detrabajadores autónomos. El cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción y colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate, incluyendo a los de los trabajadores por cuenta propia del RE del Mar) 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo correspondiente de cotización vigente en cada momento en el Régimen Especial de trabajo por cuenta propia que corresponda 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta Ley 3/2011 (DA 11ª)
Trabajadores autónomos que cesen la actividad por encontrarse en período de descanso por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural y que sean sustituidos por desempleados con contrato de interinidad bonificado
– RDL 11/1998 (art.1)
Autónomos con discapacidad 50% de la cuota correspondiente a la basemínima de autónomos
Cinco años siguientes a la fecha de alta
– Ley 45/2002 (DA 11ª)
Personas incorporadas al RE de Trabajadores Autónomos a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo (12-10-2007). Límite de edad: hombres hasta 30 años y mujeres hasta 35 años 30% de la cuota mínima de autónomos 30 meses (15 meses de reducción y 15 de meses de bonificación tras el periodo de reducción) – LGSS (DA 35ª)
Trabajadores autónomos en Ceuta y Melilla en los sectores de Agricultura, Pesca y Acuicultura; Industria, excepto Energía y Agua; Comercio; Turismo; Hostelería y resto de servicios, excepto el Transporte Aéreo, Construcción de Edificios, Actividades Financieras y de Seguros y Actividades Inmobiliarias 50% de la Base de cotización por contingencias comunes (Primer año de vigencia de la norma 43%, segundo año 46% y tercero y sucesivos el 50%) Indefinida – LGSS (DA 30ª.2)
Fiscal Diciembre 2012
04/12/2012 /0 Comentarios/en Fiscal /por emartin
Un año más, nos encontramos al final del ejercicio sabiendo de antemano que del resultado de nuestras cuentas a fecha de 31 de diciembre surgirá la cuota tributaria a ingresar en las arcas públicas. Constituye un deber para todo ciudadano contribuir al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a su capacidad económica, ya lo dice la Constitución, pero ello no significa que dicho mandato no comprenda la posibilidad para quien debe contribuir de utilizar los medios legales existentes en cada momento para reducir, dentro del ámbito permitido por la ley, la factura fiscal. Es cierto que el empleo de los beneficios fiscales requiere un profundo conocimiento del ámbito tributario, pero no lo es menos que las circunstancias presentes conducen a la aparición de normas que a menudo desdicen a sus inmediatas antecesoras, lo que en poco ayuda a ajustar la cuota fiscal a lo pretendido por la propia ley. En las siguientes líneas trataremos de mostrar las novedades más importantes aparecidas en el último tramo del presente año.
I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. LAS NORMAS APARECIDAS A LO LARGO DEL 2012
En el presente ejercicio, y hasta fecha de hoy, hemos asistido, no sin asombro, a la aparición de un sinfín de reales decretos leyes, leyes, órdenes, instrucciones, o leyes que regulan lo dispuesto con carácter previo por reales decretos leyes. En definitiva, pese a que deberíamos estar ya acostumbrados, no podemos menos que hacer notar una vez más el despropósito que constituye para cualquier operador jurídico (y por lo que se refiere a la materia impositiva, todos lo somos) verse sometido a tamaña inseguridad en lo relativo a la correcta aplicación de la normativa tributaria; especialmente si se tiene en cuenta la facilidad con que la Administración inicia los procedimientos sancionadores ante un posible incumplimiento, incluso cuando el mismo viene provocado por la propia oscuridad generada por una norma modificada en el mismo ejercicio, de signo diametralmente opuesto. Sirva como ejemplo lo sucedido el pasado año con la deducción por adquisición de vivienda habitual.
No constituye el objeto de estas líneas referirnos nuevamente a todas las novedades aparecidas a lo largo del ejercicio, y ello porque ya en números anteriores hemos tenido la oportunidad de desgranar su contenido, tratando de hacer inteligible en la medida de nuestras posibilidades la tremenda complejidad de las mismas. Pese a lo dicho, sí nos referiremos nuevamente a alguna de las medidas contenidas en Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, y en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Y ello porque algunas de dichas medidas habrán empezado a tener efectividad a partir del mes de octubre, con el cálculo del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, entendiendo que resultan de capital importancia.
De igual modo, nos referiremos a las novedades introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que ha modificado la Ley del IRPF. Y, por último, haremos una especial mención al Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, toda vez que, en el caso de que se aprobara con su actual redacción, comportaría una modificación importantísima de la relación entre los contribuyentes y la Administración tributaria.
II. UNA ESPECIAL REFERENCIA A LAS NOVEDADES FISCALES DEL PRESENTE EJERCICIO. LAS MEDIDAS QUE RESULTAN ESPECIALMENTE NOVEDOSAS
1. La modificación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (LPGE) regula la forma de determinar los pagos fraccionados del Impuesto durante el ejercicio 2012, fijando el porcentaje del 18% para la modalidad prevista en el artículo 45.2 de la Ley del Impuesto, mientras que establece la obligación de determinar el cálculo del pago fraccionado por la vía del artículo 45.3 de la misma Ley para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones haya superado la cifra de 6.010.121,04 euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los periodos impositivos dentro del 2012. Al mismo tiempo, y por obra de lo establecido por el Real Decreto-Ley 20/2012, se introducen modificaciones en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades calculados con arreglo a la modalidad del artículo 45.3 del TRLIS, adecuando su importe en función del volumen de operaciones de la entidad. Así, para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 10 millones de euros, el porcentaje será del 21%; entre 10 y 20 millones de euros, el 23%; entre 20 y 60 millones de euros, el 26%; y más de 60 millones de euros, el 29%.Ç
2. La modificación de las exenciones de las indemnizaciones por despido
La disposición final undécima de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha incorporado una reforma de calado en el ámbito tributario. La Ley introduce una modificación en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en relación con las indemnizaciones por despido o cese del trabajador. Y en este sentido, se modifica el artículo 7c) de la Ley del Impuesto y se añade una nueva disposición transitoria vigésima segunda a la misma.
A tenor de la modificación operada por la Ley, para que proceda la exención de la indemnización por despido del trabajador será necesaria la declaración de la improcedencia del mismo en acto de conciliación o en sede judicial. Debe tenerse en cuenta que al mismo tiempo, y por esta misma Ley, se ha visto modificada la cuantía de la indemnización por despido improcedente, que ha quedado fijada con carácter general en 33 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades, lo que incide de pleno en la exención contemplada en la Ley, por ser este el importe que gozaría de exención.
La propia Ley se ha encargado de regular los supuestos en que el trabajador afectado por esta medida hubiese celebrado su contrato con la empresa con carácter previo a su entrada en vigor. Así, la nueva cuantía de indemnización será aplicable a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012, mientras que para los formalizados con anterioridad a dicha fecha la indemnización se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a esa fecha.
3. La nueva deducción por creación de empleo
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha introducido una modificación en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a cuyo tenor, con efectos a partir del 12 de febrero de 2012 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012), se da una nueva redacción al artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Las entidades que contraten a su primer trabajador a través de un contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, que sea menor de 30 años, podrán deducir de la cuota íntegra la cantidad de 3.000 euros.
Las entidades que tengan una plantilla inferior a 50 trabajadores en el momento en que concierten contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, con desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo podrán deducir de la cuota íntegra el 50% del menor de los siguientes importes:
Esta deducción resultará de aplicación respecto de aquellos contratos realizados en el periodo impositivo hasta alcanzar una plantilla de 50 trabajadores, y siempre que, en los 12 meses siguientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador, un incremento de la plantilla media total de la entidad en, al menos, una unidad respecto a la existente en los 12 meses anteriores. La aplicación de esta deducción estará condicionada a que el trabajador contratado hubiera percibido la prestación por desempleo durante, al menos, 3 meses antes del inicio de la relación laboral.
Estas deducciones se aplicarán en la cuota íntegra del periodo impositivo correspondiente a la finalización del periodo de prueba de un año exigido en el correspondiente tipo de contrato y estarán condicionadas al mantenimiento de esta relación laboral durante al menos 3 años desde la fecha de su inicio. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados determinará la pérdida de la deducción, que deberá regularizarse. No obstante, no se entenderá incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga, una vez transcurrido el periodo de prueba, por causas objetivas o despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.
El trabajador contratado que diera derecho a una de las deducciones a que hemos hecho referencia no se computará a efectos del incremento de plantilla para la libertad de amortización por las empresas de reducida dimensión.
4. La limitación en la deducibilidad de gastos financieros
En el ejercicio 2012, se extiende la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros a todas las empresas, salvo determinadas excepciones, sin que se exija para su aplicación la pertenencia a grupos mercantiles.
III. LEY 7/2012, DE 29 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y PRESUPUESTARIA Y DE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA FINANCIERA PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
1. La limitación de los pagos en efectivo
El artículo 7 de la Ley establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional. Pero se permite que dicho importe se incremente hasta 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.
La principal crítica que merece la redacción propuesta es la generalización de la medida, toda vez que presume la existencia de un fraude fiscal en operaciones que nada tienen que ver con dicha figura. Si realmente se quiere controlar el movimiento de dinero en efectivo, resultaría mucho menos invasivo el establecimiento de una obligación informativa para el movimiento de estos capitales.
Constituye infracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo. Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga, y la Administración podrá dirigirse de forma indistinta contra cualquiera de ellos o contra ambos. La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 o 15.000 euros, y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25% de la base de la sanción.
El límite establecido por la Ley podría generar numerosos problemas prácticos con pequeños contribuyentes que no han cometido infracción alguna. Por ello, su aplicación generalizada resultaría desproporcionada.
2. La obligación de información sobre bienes y derechos en el extranjero
Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, respecto a los bienes de que sean titulares o beneficiarios de bienes en otros países, la siguiente información:
El régimen sancionador por incumplir el suministro de la información es especialmente severo. Y así, constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas. También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios. La sanción prevista para dicho incumplimiento se fija en un mínimo de 5.000 euros.
3. Las ganancias no justificadas de patrimonio
Se modifica el artículo 39 de la Ley de IRPF, de tal manera que su redacción pasa a ser la que a continuación comentamos. Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales. Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde una fecha anterior a la del periodo de prescripción. En todo caso, tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

References: resolución 
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 7
 artículo 43
 artículo 7
 artículo 39