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Timestamp: 2018-08-15 06:50:19+00:00

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﻿ Sentencia 43336 de febrero 15 de 2011
SENTENCIA 43336 DE 15 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN. EL RÉGIMEN DE TRANSICION GARANTIZA A SUS BENEFICIARIOS LA UTLIZACION DE LA NORMATIVIDAD QUE VENÍA APLICÁNDOSE EN CADA CASO, SÓLO EN LO ATINENTE A LA EDAD, EL TIEMPO DE SERVICIOS O EL NÚMERO DE SEMANAS COTIZADAS PARA ACCEDER AL DERECHO Y EL MONTO DE LA PRESTACIÓNPERO NO EN LO RELACIONADO CON EL INGRESO BASE DE LIQUIDACION DE LA PENSION, EL CUAL SE REGIRÁ, COMO REGLA GENERAL, POR LA NUEVA REGLAMENTACIÓN CONTENIDA EN LA LEY 100 DE 1993, CON LA SOLA EXCEPCION CONTENIDA EN EL INCISO 3 DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993, VALE DECIR, EL DE LAS PERSONAS A QUIENES, AL MOMENTO DE ENTRAR A REGIR EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, LES FALTABAN MENOS DE DIEZ AÑOS PARA ADQUIRIR EL DERECHO A LA PENSIÓN SERÁ EL ESPECIALMENTE ESTABLECIDO EN ESE INCISO.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:474 DE JUNIO DE 2011, PG.912
Sentencia 43336 de febrero 15 de 2011
Rad.: 43336
En lo que es esencial de su alegato, el recurrente sostiene que “La norma es clara y no se presta para duda alguna, ni para interpretaciones, pues como a la demandante le faltaba más de diez (10) años de cotización para obtener el derecho a la pensión por vejez, ese rango el legislador lo suplió remitiéndolo a las normas de afiliación o derechos adquiridos anteriores a la presente ley, o sea a la ley (sic) 758 de 1990, porque además, a los que les faltaba menos de diez (10) esas personas quedaron cobijadas dentro del inciso tercero de la Ley 100 de 1993, vuelvo y lo repito a los (sic) personas que les faltará más de (10) años los remitía a las normas anteriores”.
Para la Corte, el anterior discernimiento del recurrente no se corresponde con el espíritu que inspiró al legislador cuando estableció el régimen de transición pensional en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no cuenta con respaldo en las normas legales y reglamentarias que gobiernan ese especial sistema de tránsito entre las dos normatividades.
En efecto, ha sido reiterada y constante la jurisprudencia de la Corte en el sentido de que el aludido régimen de transición garantiza a sus beneficiarios la utilización de la normatividad que venía aplicándose en cada caso, solo en lo atinente a la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas para acceder al derecho y el monto de la prestación; pero no en lo relacionado con el ingreso base de liquidación de la pensión, el cual se regirá, como regla general, por la nueva reglamentación contenida en la Ley 100 de 1993, con la sola excepción contenida en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, vale decir, el de las personas a quienes, al momento de entrar a regir el sistema general de pensiones, les faltaban menos de diez años para adquirir el derecho a la pensión, caso en el cual el ingreso base de liquidación de la pensión será el especialmente establecido en ese inciso, esto es, “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.
Al explicar los lineamientos generales de ese régimen transitorio, en lo concerniente al ingreso base de liquidación de la pensión, ha dicho esta Sala de la Corte lo que a continuación se transcribe:
“Y es claro, además, que al ingreso base de liquidación de la pensión se le quiso continuar otorgando una naturaleza jurídica propia, no vinculada al monto, porcentaje o tasa de reemplazo de la prestación, que es otro elemento de esta, pero diferente e independiente; pues al paso que el ingreso base corresponde a los salarios devengados por el trabajador o a la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al sistema, según el caso y el régimen aplicable, el monto de la pensión debe entenderse como el porcentaje que se aplica a ese ingreso, para obtener la cuantía de la mesada (sent. de ago. 20/2008, Rad. 33343)”.
Los criterios expuestos en la sentencia arriba trascrita surgen de la interpretación armónica de los incisos segundo y tercero del citado artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el primero de los cuales establece:
Se colige de la norma citada que el régimen de transición pensional solo cobija la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la prestación, de modo que tales elementos de la prestación no se regulan por la nueva normatividad, sino por la correspondiente al régimen pensional que se aplicaba al beneficiario, antes de entrar a regir la Ley 100 de 1993 en materia pensional.
Pero la disposición también es nítida al señalar que las demás condiciones y requisitos se regirán por las disposiciones contenidas en la propia Ley 100 de 1993, y en esas condiciones y requisitos deben entenderse comprendidos todos aquellos a los que no se refiere la norma, dentro de ellos, sin duda, el ingreso base de liquidación que, así las cosas, se gobierna por lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que es el precepto de esa ley que, de manera general, trata sobre el ingreso base de liquidación de las pensiones previstas en ese cuerpo normativo, en los siguientes términos:
“Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo”.
Ahora bien, como se dijo con antelación, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció una excepción a la regla general sobre el ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen de transición pensional, en relación con beneficiarios que no se disciplinan por la norma anterior, salvedad que es la contenida en el tercer inciso de ese artículo, que, luego de la declaratoria de su inexequibilidad parcial, es del siguiente tenor literal:
“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.
Por manera que, dependiendo del tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho a la pensión cuando entró en vigencia el sistema integral de seguridad social en pensiones, respecto de los beneficiarios de la transición pensional se presentan dos situaciones:
(i) La de quienes al momento en que entró a regir el sistema pensional de la Ley 100 de 1993 les faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho, caso en el cual el ingreso base de liquidación será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE, y
(ii) La de quienes les faltaban más de 10 años para adquirir el derecho, caso en el cual el ingreso base de liquidación será el previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, si resulta superior al anterior, siempre y cuando el afiliado haya cotizado 1.250 semanas como mínimo.
El anteriormente reseñado es, en consecuencia, el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez de la actora, como que al 1º de abril de 1994, cuando comenzó a regir para ella el sistema general de pensiones, le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho a esa prestación.
De lo expuesto se concluye, entonces, que en ningún caso el ingreso base de liquidación de los afiliados al Seguro Social, beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se rige por las normas del Acuerdo 049 de 1990.
Como así lo concluyó el tribunal, no incurrió en los quebrantos normativos de orden jurídico que le atribuye el cargo, que, por esa razón, no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 18 de junio de 2009, proferida en el proceso ordinario laboral que Bárbara Galindo Cáceres le sigue al Instituto de Seguros Sociales.
Costas del recurso extraordinario a cargo de la demandante, porque hubo oposición.
Se fijan las agencias en derecho en dos millones ochocientos mil pesos ($ 2’800.000).

References: ARTÍCULO 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 21
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