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Timestamp: 2019-12-08 22:21:13+00:00

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título Denuncian. Solicitan corrimiento de lista a los fines de la proclamación de diputados electos
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DENUNCIAN. SOLICITAN CORRIMIENTO DE LISTA A LOS FINES DE LA PROCLAMACIÓN DE DIPUTADOS ELECTOS.
Exma. Junta Electoral Nacional:
FERNANDO O. ROZAS y JULIO C. GARRO (h), apoderados de la alianza “UNIÓN PRO”, y de los partidos UNIÓN CELESTE y BLANCO y PROPUESTA REPUBLICANA –respectivamente, DANIEL MADEO apoderado del PARTIDO FEDERAL, constituyendo domicilio en la calle 53 Nº 540 entre 5 y 6 de la ciudad de La Plata , a V.S. respetuosamente digo:
Mediante el presente venimos a solicitar que esa H. Junta Electoral se abstenga de emitir el diploma como diputado electo por el Distrito Buenos Aires del señor Julio Rubén LEDESMA quien ocupara el octavo lugar en la lista de candidatos oficializada por la alianza electoral “UNIÓN PRO” –Lista 503- para las elecciones que se desarrollaron el día 28 de junio de 2009 por haber incurrido en conductas que vulneran los principios de la representación política, la forma republicana de gobierno, y el rol de los partidos políticos como “instituciones fundamentales del sistema democrático” (art. 38 CN), como así también en el art. 164 del Código Electoral Nacional.
Asimismo, la pretensión comprende –consecuentemente- la petición de que se efectúe el corrimiento de la lista de candidatos ocupándose el lugar en virtud de la vacancia producida por el señor Ledesma, conforme lo prevé el 164 CEN.
Con fecha 26 de marzo del corriente, se sancionó la Ley 26.495 que dispuso el adelantamiento de las elecciones legislativas del año 2009. El Poder Ejecutivo dispuso por Decreto 230/09 que los comicios se realicen -en todo el país- el día 28 de junio de 2009.
Con fecha 27 de abril de 2009 los partidos que representamos, junto con otras agrupaciones políticas, conformaron una alianza electoral transitoria con miras a participar del acto eleccionario, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 23.298. Así, las agrupaciones políticas que conformaron UNIÓN PRO en el distrito Buenos Aires aprobaron –mediante sus órganos competentes- el acta constitutiva, los principios y bases de acción política, como así también la plataforma electoral que propusieron a la ciudadanía para enfrentar los problemas políticos, económicos y sociales a los que se enfrenta la Nación.
El día 9 de mayo de 2009, con las conformidades respectivas de los candidatos -los que en tal acto han adherido a los principios, bases y plataforma electoral de UNIÓN PRO-, la Mesa Ejecutiva de alianza electoral proclamó a los candidatos a diputados nacionales –titulares y suplentes-. Es así, como el señor Ledesma prestó su conformidad con su propia candidatura y con la plataforma electoral de UNIÓN PRO (conf. Art. 22 in fine Ley 23.298).
De tal modo, quedó conformada una oferta electoral a la ciudadanía que era respaldada por partidos políticos de importante tradición en la historia argentina, tales como el Partido Federal o el Movimiento de Integración y Desarrollo, como también por incipientes fuerzas políticas tales como Propuesta Republicana y Unión Celeste y Blanco, entre otros.
El desarrollo de la campaña electoral, la amplia difusión entre la ciudadanía que alcanzaron las propuestas de UNIÓN PRO, la inmensa y abnegada tarea de militantes y candidatos –entre los que se destacó la figura del señor Ledesma- llevaron a asentar entre la población los postulados y propuestas básicas de la alianza y de los programas que sostienen los partidos que la integraron.
El resultado de los comicios del 28 de junio resulta conocido para esa H. Junta Electoral, la alianza electoral UNIÓN PRO – lista 503- se impuso a otros frentes electorales integrados por los partidos más tradicionales de nuestro país. Las propuestas y la lista de UNIÓN PRO obtuvo, según los datos del escrutinio provisorio 2.504.252 votos de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires (fuente Ministerio del Interior http://www.elecciones.gov.ar ).
En base a ese resultado provisorio, resultaron electos al menos 13 diputados nacionales postulados por UNIÓN PRO, entre ellos el señor Julio Rubén LEDESMA, quien ocupó el lugar número ocho de la lista oficializada.
Sin embargo, en forma totalmente sorpresiva, al menos para las fuerzas políticas que representamos y para quienes han confiado su voto a UNIÓN PRO, el señor Ledesma, en públicas declaraciones ha reconocido la ruptura total con los partidos y con el programa político por el que fue electo y anunció su drástico pase a las filas de otra agrupación política, principal adversaria en los comicios del último 28 de junio de 2009.
A saber: el señor Ledesma ha dicho recientemente que “Nosotros no pertenecemos a Unión Pro desde el mismo 28 de junio y ya conformamos nuestro propio bloque, la Corriente Peronista Federal, así que nos están echando de un lugar del que nos fuimos hace meses” dijo en tono socarrón” (Diario La Nación, Sección Política, del 16.10.09, disponible en www.lanacion.com.ar ).
Estas declaraciones del diputado (en ejercicio) señor Julio Ledesma se produjeron el día después de que el mismo medio periodístico, efectuando la crónica de la media sanción al proyecto de ley de presupuesto para el año 2010, reportara “entre los sorpresivos respaldos figuran los de Julio Ledesma y Patricia Gardella, del bloque que lidera Francisco de Narváez. La noticia cayó como una bomba, anoche, en las bancadas de Pro y del PJ disidente. Allí corría el rumor insistente de que Ledesma se habría entrevistado con Néstor Kirchner en Olivos hace pocos días, pero no esperaban este cambio de postura tan repentino. Para peor, Ledesma renovó su mandato este año por la lista que lideraba De Narváez, a propuesta de su socio Mauricio Macri” (la negrita es nuestra, Diario La Nación, Sección Política, del día 16.10.09).
En la visión del matutino Página 12, la poco honorable y camaleónica conducta, fue reseñada así: “Dos diputados que integraban el interbloque Unión-PRO y que respondían al empresario Francisco de Narváez abandonaron la bancada y acompañaron con su voto al oficialismo. Se trata de los legisladores por la provincia de Buenos Aires Julio Ledesma y Patricia Susana Gardella, quienes les anunciaron a sus ex compañeros de bloque –antes de comenzar la sesión del miércoles– que dejarían ese espacio y votarían afirmativamente el Presupuesto (…) Este año [Ledesma] fue electo diputado por Unión-PRO, pero a menos de dos meses de asumir emigró de las filas del empresario” (Página 12, edición del viernes 16 de octubre de 2009).
Asimismo, esta muestra de travestismo político fue plasmada también por el Diario Clarín, que en su sección “el país” (de fecha 16.10.09), en una nota titulada “Presupuesto: giro sorpresivo de varios legisladores al votar”, firmada por el periodista Martín Bravo, se expresa “la holgada diferencia del oficialismo en la votación del Presupuesto 2010 -por primera vez en la era del kirchnerismo aprobado sin cambios en la Cámara de Diputados- dejó una serie de apoyos cubiertos de sospechas. Rubén Ledesma y Patricia Gardella abandonaron el bloque de Unión-Pro acusados de "borocotización", circularon versiones sobre la promesa de un cargo para la pattista Adriana Tomaz y también generó suspicacias el apoyo de la correntina María Areta, afín al gobernador Arturo Colombi. Ledesma y Gardella conformaban el bloque Unión Celeste y Blanca con Francisco De Narváez, quien no quiso pronunciarse sobre el sorpresivo cambio de postura. Desde su entorno intentaron despegarse vinculándolos al macrismo y mencionaron una reunión de los dos diputados con Néstor Kirchner en Olivos, como preámbulo del voto a favor del oficialismo”.
Al día siguiente, el mismo Diario Clarín, en su sección “el país”, ratifica los contactos de Ledesma con Kirchner –que encabezó una lista competidora y es el actual Presidente del Partido Justicialista Orden Nacional- de esta forma: “Ledesma aseguró que votó a favor del oficialismo con "absoluta convicción", aunque admitió que mantuvo una comunicación telefónica con Kirchner”.
De los dichos del señor Ledesma, de los indicios que han quedado plasmados en los medios periodísticos entendemos que surge en forma palmaria una tergiversación, estafa, engaño a sabiendas –por parte de Ledesma- de la voluntad del electorado de la Provincia de Buenos Aires los que resulta un hecho que -por ilegítimo- debe ser subsanado por la autoridad electoral.
Como se advierte de la simple lectura de los antecedentes que se acompañan, el presente caso resulta de especial gravedad institucional, toda vez que una persona que ha resultado electa por una agrupación habilitada constitucionalmente para postular candidatos a cargos públicos electivos reconoce públicamente que, desde el mismo día en que resultó elegido, ha dejado de pertenecer a sus filas y que ya no adhiere a los principios y propuestas que lo llevaron hasta allí.
Se da en el caso la figura de quien luego de haber abusado de la confianza de los partidos políticos que lo postularon, de los electores que han depositado su voto –bien supremo del ciudadano- el mismo día de la elección, mientras miles de ciudadanos y dirigentes contábamos los votos en una verdadera fiesta democrática, huye con un botín que es nada menos que un cargo público electivo que le valdría la representación del pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello, más allá de los fundamentos de derecho que expondremos seguidamente, la conducta del señor Ledesma constituye un verdadero abuso del instituto de la representación política. Como resulta un principio general de justicia universal una conducta abusiva nunca puede ser legítima y, por ende, resulta indispensable que la justicia electoral restablezca el orden justo, excluyendo al señor Ledesma de la proclamación de los diputados electos por el distrito Buenos Aires, absteniéndose –consecuentemente- de emitir el diploma en cuestión.
Entendemos que las circunstancias y los hechos narrados en el acápite anterior resultan suficientes para acceder a la pretensión, ello en base a los fundamentos constitucionales, legales y de derecho internacional que reseñamos en el presente.
La representación política y el mandato representativo.
El artículo 1º de la Constitución Nacional señala que “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal.” La forma representativa del gobierno es reafirmada en el artículo 22 de la Ley Fundamental, el que establece que el pueblo –manteniendo su soberanía- “no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”.
En base al sistema constitucional, las autoridades de la Nación tienen como base la legitimación popular, en forma directa o indirecta (que a su vez tiene grados), por lo que el mandato que ejercen resulta de la voluntad libre expresada por el cuerpo electoral.
Los funcionarios resultan entonces “representantes” de sus electores. Esa representación está, con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, fuertemente influida por la incorporación al plexo constitucional de los partidos políticos.
Así, ha dicho la Corte Suprema, que “los partidos políticos son organizaciones de derecho público no estatal, necesarias para el desenvolvimiento de la democracia representativa y por tanto, instrumentos de gobierno” (Fallos 310:819) y que “su función consiste en actuar como intermediarios entre el gobierno y las fuerzas sociales; de ellos surgen individuos que han de gobernar nuestra sociedad” (Fallos 253:133; 315:380 y 316:2117).
Lo expuesto resulta fundamental en la relación de representación política posterior a la Revolución Francesa, es decir, la que ha quebrado el mandato imperativo y ha pasado a la denominada representación libre. Si tenemos en consideración que -como reza la ya clásica definición de Weber- “la representación política que es una relación social por la que la acción de un partícipe se imputa a los demás” (Weber, Max, Economía y Sociedad, 3a reimpresión, México, 1977, t. III, pág. 46), debemos reconocer la importancia que amerita la facultad de adecuación y rectificación que poseen los partidos políticos a fin de dar plena eficacia a esa voluntad soberana.
En ese sentido, como tiene repetidamente expuesto la jurisprudencia del fuero electoral, la etapa de registro y oficialización de candidatos tiene como finalidad comprobar que éstos [los candidatos] reúnen las calidades constitucionales y legales necesarias para el cargo al que se postulan (cfr. Fallos CNE 751/89; 1045/91; 1062/91; 1128/91; 2338/97 y 2961/01, entre otros). Por ello, como ha dicho la Cámara Nacional Electoral “esta etapa reviste especial trascendencia dentro del proceso electoral pues el sistema está articulado teniendo como finalidad última y suprema, resguardar la manifestación segura e indubitable de la voluntad del elector” (cf. Fallo CNE 2321/97).
Como ha enseñado Loewenstein la representación política ha sido “la invención (…) tan decisiva para el desarrollo de Occidente y del mundo, como ha sido para el desarrollo de la humanidad la invención del vapor, la electricidad, el motor de explosión o la fuerza atómica. (…) [siendo] más bien un modo de resolver el problema de legitimidad del poder y concretamente un modo de organizar el asentamiento del pueblo y la responsabilidad política” (Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, páginas 85 y 87).
Ahora bien, la teoría política y la teoría constitucional se han ocupado extensamente de los mecanismos de evitar los vicios en el proceso de emisión de la voluntad soberana, llave primaria de la representación. Ello, a fin de que sean los representantes de esa voluntad, elegidos mediante el sufragio, el que no debe estar contaminado por vicios que lo anulen o lo desnaturalicen (cfr. González Calderón, Juan A., “Curso de Derecho Constitucional”, Depalma, 6º edición revisada y actualizada por Ernesto Miqueo Ferrero, Avellaneda, 1988, pág. 34)
Por ello, la Corte Suprema ha dicho que “más allá del modo en que esa imputación de facultades y deberes encuentre forma de expresión, es inevitable insistir en la aplicada defensa de su genuino ejercicio y en el control de su diáfano desenvolvimiento. En otras palabras, observar y custodiar la transparencia en la génesis de ese reconocimiento de poderes vinculantes” (Fallos 317:1469, voto de Fayt y Boggiano). O también que “la elección, en cuanto técnica para la designación de los gobernantes, hace visible y en cierto modo efectiva la vinculación entre representantes y representados” (Fayt, Carlos S., Sufragio y representación política, Bibliográfica Omeba, Bs. As., 1963, página 92).
Desde los albores de la patria, la Corte Suprema ha dicho: “es sustancial mantener la pureza del sufragio, que sirve de base a la forma representativa de gobierno sancionada por la Constitución Nacional, y reprimir todo lo que de cualquier manera pueda contribuir a alterarla, dando al pueblo representantes que no sean los que él ha tenido la voluntad de elegir.” (Fallos 9:314).
De conformidad con lo expuesto, el presupuesto de una representación legítima es el desarrollo de elecciones libres y transparentes. Esa transparencia debe mantenerse no sólo en el procedimiento de sufragio, sino en la genuina expresión de la voluntad de los votantes. Así, Sartori ha afirmado que “no puede existir representación mientras que el representante no sienta la expectativa de aquellos a los que representa, y no la siente como una expectativa vinculante. Por lo tanto, no sólo la representación es una ‘idea’, sino que es también, necesariamente un ‘deber’. [...] [L]a moderna representación política es ‘representación electiva’, desde el momento en que es esta asociación la que convierte a la representación, al mismo tiempo, en política y moderna. El medio (elecciones) no puede sustituir al animus (la intención representativa)” (“Elementos de la teoría política”, Alianza Editorial, España, 1ra. reimpresión, 2002, pág. 265). Por tanto, concluye el referido autor que “la teoría electoral de la representación es, en efecto, la teoría de la representación responsable: su problema no es el de satisfacer el requisito de la semejanza, sino de asegurar la obligación de responder” (citado de Fallo CNE Nro. 4168, op. cit., pág. 266).
O bien, la conducta resulta también ilegítima a la luz de la definición de Duverger del concepto “democracia” como el “régimen en el cual los gobernantes son escogidos por los gobernados, por medio de elecciones sinceras y libres” (Duverger, Maurice, “Los partidos políticos”, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1957, pág. 376).
El abuso como vicio para el acceso la representación política.
Sostenemos como pretensión la necesidad de que esa H. Junta Electoral desestime la proclamación como diputado electo del señor Julio Rubén Ledesma en virtud de que éste, al manifestar públicamente haber abandonado a las fuerzas políticas que lo postularon el mismo 28 de junio de 2009 tendría un acceso viciado al cargo, engañado al electorado, cometiendo un verdadero fraude a la voluntad popular.
A nuestro criterio, la presente situación resulta totalmente diferente a la analizada en la causa “Pagani, Enzo Luis” en la que se tratara el recordado caso “Borocotó”, que derivara en el Fallo CNE 3738/2006. En efecto, la extrema gravedad institucional de la conducta del señor Eduardo Lorenzo Borocotó ha sido poco menos que minimizada si se la analiza a través de los hechos y los dichos del señor Ledesma.
El señor Ledesma ha sostenido reiterada y públicamente que ha burlado a los votantes de UNIÓN PRO el mismo día en el que ellos concurrieron a las urnas para depositarle –a esa agrupación- sus esperanzas, sus deseos y su proyecto de país.
Por ello sostenemos que no resultan de aplicación las conclusiones del precedente de Fallos CNE 3738/06, toda vez que las circunstancias de hecho son distintas, a saber, el doctor Borocotó –al parecer- efectuó un misterioso cambio en sus convicciones políticas pocos días antes de asumir la banca de diputado nacional por la Capital Federal. El señor Ledesma, manifestó públicamente que, por el contrario ese cambio operó el mismo día de la elección, es decir una vez logrado el objetivo electoral birló en forma flagrante la voluntad de los votantes de UNIÓN PRO.
Cabe señalar que, en aquélla oportunidad se sostuvo que “los planteos dirigidos a cuestionar la idoneidad del demandado para desempeñar el cargo de diputado nacional no pueden ser atendidos en esta instancia, toda vez que -como ya se ha explicado en otras oportunidades es al momento en que las agrupaciones políticas registran a sus candidatos ante el juez electoral (arts. 60 y 61 CEN) cuando se realiza la verificación judicial del cumplimiento de las calidades constitucionales y legales requeridas para la función a que aquéllos se postulan (Fallo 3303/04 CNE y jurispr. allí cit.)”. El Tribunal asimismo reafirmó que, como “se ha explicado en numerosas oportunidades que “en relación con la elección de diputados nacionales, [no] existe [...] disposición alguna que admita la prevalencia de los partidos sobre los candidatos” (Fallos 312:2192 y Fallos CNE 2772/00, 2968/01, 2984/01, 3028/02, 3571/05).
A diferencia del planteo efectuado en aquella oportunidad por diversas agrupaciones política, el presente planteo implica –a diferencia- que la actitud del señor Ledesma ha constituido un abuso de la representación y de la voluntad popular que vicia, en esta etapa, su idoneidad para obtener la correspondiente proclamación como diputado electo.
En el caso Borocotó, la Cámara Nacional Electoral desestimó el corrimiento de la lista de candidatos sobre la base de una “renuncia tácita” del demandado, en los términos del artículo 164 del Código Electoral Nacional. He aquí una cuestión sustancialmente diferente en los hechos, el señor Ledesma manifestó públicamente que el mismo día de la elección, el 28 de junio abandonó UNIÓN PRO, ello a nuestro criterio nulifica o revoca el consentimiento que otorgare en la oportunidad de los artículos 60 del CEN, es decir cuando aceptó el programa y la candidatura de la lista nro. 503.
De tal modo, al haber renunciado al programa, propuestas y plataforma política de la alianza electoral que lo postuló en forma concomitante con el acto electoral, el señor Ledesma no guardaba –al momento de la elección- los requisitos que la Constitución, el Código Electoral y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos establecen para ser candidato a diputado nacional (cfr. Fallos CNE 3196/03 y 3304/04 entre otros). Es decir, la conformidad que expresa el artículo 22 de la Ley 23.298, había sido revocada por Ledesma –como el mismo lo manifestó- al momento del comicio.
Es decir que no se debate únicamente en este proceso, la pertenencia de las bancas de los legisladores electos, sino también la verificación de un proceso que no puede precluir con la mera oficialización del candidato.
Un punto esencial para diferenciar la conducta del señor Ledesma es el claro abuso al que sometió a sus votantes y a las agrupaciones que lo postularon.
En tal sentido, la Cámara Nacional Electoral ha advertido severamente que quienes participan de una elección como receptores del sufragio pasivo deben llevar una conducta que no pretenda el engaño o la estafa al electorado.
Así, en el causa “Novello Rafael Víctor - apoderado de la Unión Cívica Radical y otros s/impugnan candidatura a diputado nacional”, Fallo Nro. 4168/2009, se dijo que la justicia no puede objetar una candidatura por meras conjeturas y que debe atender a la voluntad de los candidatos. Así, el voto mayoritario expresó esa decisión “importa sino atenerse al principio de “buena fe” que debe primar en la evaluación de la exteriorización de conductas como las que aquí se atribuyen. Sin embargo, ésta obligada predisposición que deben ostentar los órganos del Estado, no precave a la ciudadanía del riesgo de que tal creencia -basada en la confianza que, como se dijo, deben merecer manifestaciones de esa naturaleza- resulte traicionada si, por acciones futuras, llegase luego a comprobarse que los candidatos no fueron “honestos” en su expresión ante el a quo y que ratificaron demodo nuevamente expreso ante este Tribunal (cf. fs. 94 vta./95).- Tales circunstancias importarían además fundamentalmente una inaceptable manipulación de las instituciones de la República, a la vez que una grave lesión al proyecto de Nación al que todos, electores y candidatos, deben tributar” (considerando 25).
De tal modo, vemos con helada preocupación como un simple plazo procesal –la oportunidad del artículo 60- bajo una interpretación preclusiva, pone en riesgo el sagrado principio de la soberanía del pueblo. La Corte Suprema desechó interpretaciones dogmáticas que frustran derechos electorales, por ejemplo, en el precedente “Gallego”. ( Fallos 330:4351)
Cabe recordar que, en los comicios, “el elector concede su asentimiento a una candidatura por medio del sufragio. En virtud de dicha candidatura el que solicita los sufragios ha presentado un programa que, en lo posible, tratará de realizar” (Hauriou, André, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Ariel, Barcelona, 1971, página 250).
El señor Ledesma sabía que era electo y no compartía –al momento de la elección- los postulados del programa en virtud del que los electores emitieron sus votos. De esta forma, mediante el burdo recurso de haberlo mantenido “in pectore” durante pocas semanas posteriores al comicio, el diputado Ledesma se encontraría habilitado a violar la Constitución Nacional. Como ha afirmado Bidart Campos (Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Ediar, T° II pág. 118) la interpretación constitucional debe efectuarse bajo parámetros objetivos de la realización del valor justicia, “ello quiere decir que existe un patrón, un criterio, un standard jurídico, que obliga a dar a la ley – y a los actos estatales de ella derivados, inmediata o mediatamente- un contenido razonable, justo y valioso.” Dicho de otra manera para que la ley y su hermenéutica sean válidas, es decir constitucionales, es necesario que se respeten ciertos juicios de valor a los que están íntimamente el orden, la seguridad, la paz y la justicia social.
En este sentido, la doctrina jurisprudencial según la cual “en nuestro ordenamiento jurídico la acreditación de las condiciones propias del cargo para el que se postulan los candidatos debe efectuarse en el estadio procesal que corresponde, esto es al momento del registro de las candidaturas (art. 60 del Código Electoral Nacional), por lo que es en esa oportunidad cuando los señores jueces electorales habrán de expedirse acerca del cumplimiento de tales condiciones (cf. Fallos CNE 2530/99)” no puede dársele sino el rango de principio general. Ello debido a que, en situaciones como la del sub examine, la rigidez de ese criterio implicaría la violación de los presupuestos fundantes del propio sistema republicano de gobierno, situación que per se torna irrazonable su aplicación.
Como reafirmó la Cámara Nacional Electoral en el caso “Novello” precedentemente citado, de configurarse una actitud maliciosa, “se habrá quebrantado la relación representante-representado que nuestros constituyentes han plasmado en la letra y en el espíritu de la Constitución Nacional y asimismo configurará un apartamiento ético, con la consiguiente desazón que producirá en parte del electorado”.
La interpretación que postulamos tiene asidero también en la hermenéutica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) que ha explicado que “la autenticidad que debe caracterizar a las elecciones, en los términos del artículo 23 de la Convención Americana, implica que exista una estructura legal e institucional que conduzca a que el resultado de las elecciones coincida con la voluntad de los electores” (OEA/Ser.L/V/II.76, “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá”, de 9 de noviembre de 1989). O bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que“los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, siempre y cuando sean razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Dichos estándares, deben garantizar, entre otras, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, igual y secreto como expresión de la voluntad de los electores que refleje la soberanía del pueblo” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Yatama vs. Nicaragua”, 23 de junio de 2005).-
En tal sentido, interpretar que mediante una maniobra grosera y burda pueda vulnerarse la voluntad del pueblo soberano conllevaría, a nuestro criterio, a postular una concepción absoluta de la delegación de esa soberanía popular que –históricamente- a traído consecuencias nefastas desde los tiempos posteriores a la Revolución Francesa, tal como advirtiera tempranamente Benjamin Constant (Curso de política constitucional, t. 1, Madrid, Imprenta de la Compañía, 1820, versión digitalizada por Google).
No es ocioso recordar, tal como lo hace en disidencia el juez Dalla Vía que “la expresión candidato proviene del latín “candidatus”. En Roma, el aspirante a un cargo blanqueaba su toga con cal antes de la inspección (ambitus) de los electores. De ese blanqueo, de lo cándido de la toga, deriva la palabra candidato y su significado alude a la persona que pretende o que es propuesta para ostentar una dignidad, honor o cargo, generalmente electivo, cuyo nombre figura entre los que han de ser seleccionados (Arlotti, Raúl, “Vocabulario técnico y científico de la política”, Ed. Dunken, Buenos Aires, 2003, pág. 61). La oferta electoral presupone un compromiso de carácter político por parte de quien la propone y si bien el vínculo jurídico-político de la representación se perfecciona con el sufragio, no pueden desconocerse las consecuencias que de la oferta electoral derivan en cuanto a los derechos y expectativas de los ciudadanos.” (Fallo CNE 4168/09).
No puede permitirse que, mediante un comportamiento reñido con la ética, un candidato –aún no proclamado- frustre las legítimas expectativas de la ciudadanía y de los partidos que han sostenido su candidatura. Ello porque, como ha explicado Armagnague, son los partidos quienes presentan las boletas a utilizar en el comicio; nadie puede ser elegido sin estar en la lista postulada por un partido político; es el partido –y la autoridad electoral- el encargado de la fiscalización del comicio; y que los principios a los que se adhieren –Carga Orgánica o Plataforma Electoral- resultan obligatorios para los afiliados y por lo tanto, más aún para los candidatos y legisladores (“La pertenencia de las bancas legislativas”, en El poder Legislativo. Aportes para el conocimiento del Congreso de la Nación Argentina. Comp. Jorge. H. Gentile, Konrad Adenauer Stiftung y Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Montevideo, 2008, pág. 390).
En virtud de lo expuesto en los apartados precedentes, consideramos que el señor Ledesma ha incurrido en las inhabilidades que prevé el artículo 60 del CEN al tiempo de la elección, o en caso en forma inmediata sobreviniente y que resulta procedente desestimar su proclamación como diputado electo por violar su conducta la Constitución Nacional y el supremo principio de la soberanía popular.
La titularidad de bancas según el artículo 45 de la Constitución Nacional. El transfuguismo político.
En virtud de la hermenéutica que venimos sosteniendo, reafirmamos la posición del doctor Jorge Reinaldo Vanossi conforme la cual la titularidad de las bancas de diputado nacional son atribuidas al pueblo de la Nación, de acuerdo con el texto del artículo 45 de la Ley Fundamental.
La representación del pueblo de la Nación, a partir de la reforma constitucional, puede ser únicamente ejercida a través de la postulación efectuada por un partido político. Ello, aún cuando el artículo 38 CN no reconoce la exclusividad, que sí ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re “Ríos” Fallos 310:819).
La importancia que la Ley Fundamental reconoce a los partidos políticos es acorde a las constituciones más modernas y refleja los avances de la teoría constitucional (véase Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1982).
El máximo Tribunal de la Nación ha reconocido a los partidos políticos como “mediadores entre la sociedad y el Estado” (Fallos 307:1774) y en razón de ello, a la luz del artículo 38, las leyes 23.298, 26.215 y el Código Electoral Nacional no puede ignorarse que el derecho al monopolio en la postulación de candidatos tiene su contracara en una prohibición natural a su autodestrucción por la vía del transfuguismo político.
En esta línea de pensamiento, como ha sostenido el maestro Morello “la Argentina es una democracia frágil, con instituciones precarias y demasiado volátiles. Requiere de un accionar permanente en pos de la consolidación de los buenos principios. El afianzamiento de los valores y el sustrato ético son la común plataforma de todas las instituciones y deben ser respetados cabalmente, traduciendo así el comportamiento responsable del civil en la vida, custodia y perfeccionamiento de las instituciones” (De nuevo sobre el caso "Borocotó", JA 2007-III-1337).
Las más modernas regulaciones en la materia, en vistas del enorme daño que las conductas políticas reñidas con la ética republicana, se enrolan en la promoción de sanciones de pérdida del escaño al que el diputado ha accedido. La Constitución de Portugal en su artículo 163, dice "Pérdida del mandato y renuncia al mismo", establece: "1. Perderán su mandato los diputados que: a) incurran en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas por la ley; b) no tomen asiento en la Asamblea o sobrepasen el número de faltas establecidas por el reglamento; c) se inscriban en un partido distinto de aquel por el cual se hayan presentado en las elecciones; d) sean judicialmente condenados por participar en organizaciones de ideología fascista. 2. Los diputados podrán renunciar a su acta mediante declaración escrita".
Evitar mediante la acción judicial el fraude, el engaño, la mala fe, la burla al electorado son principios esenciales tendientes a afianzar la justicia y a realizar –legítimamente- la representación política. Como ha explicado Vanossi –actualmente- “no se discute entonces la legitimidad de la representación. Pero lo que está en crisis es la calidad de la representatividad. No se discute que debe haber instituciones representativas; no se discute la existencia de los parlamentarios, lo que está en discusión, muchas veces, es la calidad de la representatividad con que operan esos cuerpos a través de las concretas composiciones humanas que los adornan o que los ejercen” (El significado constitucional de los congresos y parlamentos, LA LEY 1993-E, 1256).
Ello es claro porque, “el ciudadano votó un programa de gobierno, por eso cuando un diputado se desvincula del partido, lo que debería hacerse es que perdiese su banca. Y que ingrese otro que represente al mismo partido. El día que se desmorone el monopolio de las candidaturas partidarias, la opinión puede ser otra que la que se brinda ahora; porque el diputado electo, en tal hipótesis, no sería representante de un partido. Titularizaría su banca por otra naturaleza o modalidad de representación” (Ferreyra, Raúl Gustavo, La pertenencia de las bancas de los legisladores, LA LEY 2005-F, 1534).
La democracia necesita la participación activa de los demócratas. Es una exigencia no sólo ética sino también política, jurídica e institucional que quien se postule en representación de una parcialidad política asuma el deber jurídico de corresponder con su ideario y convicciones.
El no hacerlo desemboca en una sociedad injusta, que es lo contrario de la sociedad abierta y en libertad que propicia Karl R. Popper. La Argentina está obligada a construir la democracia sin concesiones que la debiliten. Ello requiere una sociedad basada sobre la legalidad y el respeto estricto y permanente de la ley. El bien común corre peligro; y con él, nuestra libertad. Es obligatorio defender la libertad activa en todas las circunstancias. (Morello, Augusto Mario, De nuevo sobre el caso "Borocotó", JA 2007-III-1337).
En este sentido, la Corte Suprema y el Poder Judicial en su conjunto, busca que las decisiones judiciales resulten jurídicamente valiosas (Fallos 302:1824, 1611), y en el trasfondo pesan los valores a preferenciar en una interpretación finalista que asegure la tutela efectiva de los que son determinantes (conf. Cueto Rúa, Julio C., "Factores axiológicos en el proceso de interpretación", Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, n. 35 [1997]).
Ofrecemos la siguiente prueba a producir:
Documental: Impresiones del diario La Nación del día 16/10/2009
Informativa Subsidiaria: Para el caso de que el Sr. Ledesma desconozca sus afirmaciones, se oficie a el diario La Nación a efectos de que informe que periodista tuvo la comunicación telefónica con el Sr. Ledesma, contenido de la misma, fecha, hora y duración, y remita el contenido de dicha conversación en el soporte en que se encontrare.
Efectuamos expresa reserva del caso federal, toda vez que para el hipotético e improbable supuesto de que la resolución de H. Junta Electoral no acceda a la pretensión expuesta en el presente escrito, estimaríamos la misma como violatoria los derechos constitucionales establecidos en los 1º, 18, 22, 37, 38 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en el artículo 22 de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, en el artículo 14 y 25 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y en artículo 16, 23 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto se podrían desconocer el principio republicano y representativo de gobierno, el derecho al sufragio libre, e igual y efectúa una interpretación incompatible de los textos fundamentales respecto del rol de los partidos políticos. De este modo hacemos expresa reserva de ocurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y/o ante los Tribunales internacionales que correspondan hasta hacer reconocer los derechos humanos vulnerados.
Por lo expuesto, solicitamos a la H. Junta Electoral:
Se tenga por presentado el escrito, se tenga presente el domicilio constituido.
Se ordene el traslado de ley al interesado, a fin de garantizar su derecho de defensa.
Se tenga presente la reserva del caso federal.
Oportunamente se resuelva no tener por proclamado al señor Julio Rubén Ledesma como diputado electo por la Provincia de Buenos Aires en las elecciones del 28 de junio de 2009 y, consecuentemente, se ordene el corrimiento de la lista nro. 503 en los términos del artículo 164 in fine del CEN.
Articulo 6 fines: La iglesia evangelica fundamental, buscara el desarrollo...
Capitulo II fines fundacionales y principios de actuación Artículo 4 Fines de la Fundación

References: artículo 10
in fine
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 164
 artículo 22
 artículo 60
 artículo 23
 artículo 60
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 163
 resolución 
 artículo 22
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 164
in fine
 Artículo 4