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Timestamp: 2017-01-17 07:25:55+00:00

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Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la exclusión social (Vigente hasta el 03 de Enero de 2001).
Publicado en BOPV núm. 105 de 08 de Junio de 1998 y BOE núm. 315 de 31 de Diciembre de 2011
Vigencia desde 09 de Junio de 1998. Esta revisión vigente desde 09 de Junio de 1998 hasta 03 de Enero de 2001.
Instrumentos de lucha contra la exclusión
Unidad económica de convivencia independiente
CAPITULO II. Convenios de Inserción
Elaboración y suscripción
Obligaciones de las partes intervinientes
Revisión, modificación y suspensión temporal
CAPITULO III. Organización institucional, Plan Vasco de Inserción y Programas para la inserción
Funciones de la Comisión Interinstitucional para la Inserción
Plan Vasco de Inserción
CAPITULO IV. Ingreso mínimo de inserción
Pago de la prestación a persona distinta del titular
CAPITULO V. Ayudas de emergencia social
Personas que pueden obtener las prestaciones
CAPITULO VI. Determinación del nivel de recursos
Consideración global de recursos
CAPITULO VII. Régimen Económico de las prestaciones
Importe anual de las ayudas económicas
CAPITULO VIII. Competencias y financiación
Competencias del Gobierno Vasco
Delegación de competencias de las Diputaciones Forales
CAPITULO IX. Normas Comunes de procedimiento
Comprobación de los recursos y prestaciones de contenido económico
Plazo para resolver y silencio administrativo
Derechos de quienes piden las ayudas
Concurso de más de una infracción
Normas de aplicación del Capítulo II
Miembros de las colectividades vascas
Modificación del Consejo Vasco de Bienestar Social
Ley [PAÍS VASCO] 12/1998, 22 mayo, derogada por letra a) del número 2 de la disposición derogatoria de la Ley [PAÍS VASCO] 18/2008, 23 diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social («B.O.P.V.» 31 diciembre) el 1 de enero de 2009.
LEY 12/1998, DE 22 DE MAYO, CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Exposición de Motivos
a) las personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades alimenticias básicas;
b) las personas que carecen de los recursos de todo tipo necesarios para acceder o mantener una vivienda digna y en condiciones,
c) y, de forma más genérica, cualquier persona incapacitada para acceder a los derechos sociales básicos derecho al empleo, a la educación, a la salud, etc., quedando como consecuencia de ello al margen de la posibilidad de desarrollar una vida independiente plenamente normalizada.
La Resolución del Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de 29 de septiembre de 1989 recomienda el desarrollo de acciones que favorezcan el acceso a la formación, al empleo, a la vivienda, a los servicios y a la atención sanitaria. En su Recomendación de 24 de junio de 1992 sobre Criterios Comunes Relativos a Recursos y Prestaciones Suficientes en los Sistemas de Protección Social, el Consejo recomienda la instauración de una renta mínima. La Comunicación de la Comisión de 23 de diciembre de 1992 («Hacia una Europa de la Solidaridad») se orienta hacia la intensificación de la lucha contra la exclusión social y la promoción de la integración. El Libro Blanco sobre la «Política Social Europea -Un paso adelante para la Unión-», documento determinante de la evolución futura de las iniciativas de la Unión Europea en estas materias, recoge la prioridad de estos objetivos.
La principal carencia detectada tiene sin duda que ver con el desarrollo de su tercer nivel de intervención -relativo a la inserción-, que no ha alcanzado, por diversas razones, todos los objetivos inicialmente previstos.
Finalmente el desarrollo del Plan Integral contra la Pobreza se ha visto claramente limitado, en lo relativo a la inserción, por su propio carácter de pacto interinstitucional de desarrollo limitado en el tiempo, circunstancia que no siempre ha favorecido un detallado desarrollo normativo posterior de sus contenidos. La ausencia de una normativa legal global que sustentara el plan en todos sus niveles de desarrollo ha constituido una rémora fundamental en lo relativo al desarrollo de su tercer nivel.
Estas razones tienen que ver con la necesidad de dar solución a algunas de las lagunas o deficiencias normativas existentes en relación al ingreso mínimo de inserción y a las ayudas de emergencia social, las cuales tienen que ver sobre todo con las siguientes cuestiones;
a) Una insuficiente claridad en la delimitación de las unidades susceptibles de beneficiarse del ingreso mínimo de inserción, particularmente en lo que se refiere a las personas que conviven juntas sin tener entre sí lazos de afinidad o consanguinidad y a ciertas categorías especiales.
b) Un excesivo rigor normativo en los criterios no económicos de acceso al ingreso mínimo de inserción que, al menos en relación a ciertos colectivos poblacionales, debería ser superado con unos planteamientos algo más abiertos.
c) Una excesiva rigidez en la regulación de las ayudas de emergencia social, prestaciones que requieren de un cierto nivel de análisis, valoración y decisión autónomos por los servicios sociales de base.
d) En general, una excesiva complejidad procedimental en la gestión de las prestaciones económicas.
e) La inexistencia de un régimen de infracciones y sanciones.
En consecuencia, y de conformidad con las directrices adoptadas por el Parlamento Vasco en su acuerdo de 21 de junio de 199@, se impone inscribir las medidas específicas de lucha contra la exclusión social en un marco de actuación ordinario, abandonando el carácter extraordinario del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, y, dada la acción complementaria de dichas medidas, poner término a la dispersión normativa, recogiéndolas en un único texto con rango de ley, todo ello sin perjuicio de su posterior desarrollo normativo.
En esta línea la ley, de una parte, da rango legal a la Comisión Interdepartamental para la Inserción, manteniendo dicho rango para la Comisión Interinsritucional para la Inserción, previendo además la creación de la Comisión Permanente para la Inserción en el seno del Consejo Vasco de Bienestar Social como órgano superior de participación de los sectores sociales implicados en la lucha contra la exclusión; de otra, prevé la aprobación del Plan Vasco de Inserción, instrumento que debe recoger, de forma coordinada y global, las líneas y directrices de intervención y actuación que deben orientar la actividad de las Administraciones competentes para la consecución de la inserción de las personas en situación de exclusión.
Se modifican parcialmente los criterios no económicos de acceso a las prestaciones, de forma que puedan acceder a las mismas ciertos colectivos necesitados que actualmente quedan excesivamente desprotegidos.
Se modifica el modelo de gesti6n a fin de garantizar el mejor desarrollo y aplicación de las prestaciones, facilitando en todo lo posible su tramitación.
Por su parte, el artículo 12.2. del texto estatutario atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral, procurando que las condiciones de trabajo se adecuen al nivel de desarrollo y progreso social, promoviendo la cualificación de los trabajadores y su formación integral. En esta línea, el Gobierno Vasco ha venido desarrollando una serie de programas de fomento del empleo y de la formación ocupacional.
El dispositivo de lucha contra la exclusión social articulado en la ley -a excepción del derecho a la inserción, que puede ejercerse con independencia de la percepción o no percepción de prestaciones económicas de protección social y con independencia, en su caso, de la naturaleza de las mismas- se configura como subsidiario y complementario de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico previstas en la legislación vigente. Se constituye así en el último nivel de protección, con la misión de amparar a aquellas personas y a aquellos colectivos que quedan al margen de la cobertura ordinaria del sistema de protección social.
Manteniendo la naturaleza que se le atribuía en el Plan de Lucha contra la Pobreza, el ingreso mínimo de inserción se define como una prestación periódica de naturaleza económica dirigida a cubrir las necesidades de aquellas personas que carezcan de recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para la supervivencia. Su carácter finalista, reflejado en la obligación contraida por los titulares de aplicar la misma a alimentos, hace de ella una prestación intransferible, excepto en los casos de compensación o descuento para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, y en los casos de retención o embargo previstos en la legislación general del Estado.
Debe tenerse en cuenta qué el órgano participativo por su propia esencia tiene que ser amplio, y además en la parte «pública» del mismo es coincidente casi en su totalidad con el vigente Consejo Vasco de Bienestar Social. Si se hubiese creado uno nuevo surgirían duplicidades en la composición de ambos órganos.
Las sanciones, cuya graduación atiende a la negligencia e intencionalidad del sujeto, a su capacidad de discernimiento, a la cuantía indebidamente percibida, al grado de incumplimiento de la obligación de comunicación, de las circunstancias sobrevenidas que pudieran afectar a las prestaciones, a la existencia o no de requerimientos previos por parte de las Administraciones públicas en relación a la modificación de dichas circunstancias y a las circunstancias familiares, pueden ser económicas -multas- o no económicas, consistentes en un mero apercibimiento, sin perjuicio, en todo caso, de la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas o en cuantía indebida.
Objeto La presente ley tiene por objeto regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los instrumentos de carácter social y las prestaciones económicas que resulten necesarios para prevenir el riesgo de exclusión personal, social y laboral, así como para contribuir a la inserción de quienes carezcan de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para desarrollar una vida independiente.
Instrumentos de lucha contra la exclusión Los instrumentos destinados a la inserción y a la prevención de la exclusión son los siguientes:
a) Los convenios de inserción, documentos-programa en los que se recogen las acciones específicas de carácter social necesarias para la inserción personal, social y laboral.
b) El ingreso mínimo de inserción, prestación económica dirigida a la cobertura de los gastos básicos para la supervivencia.
c) Las ayudas de emergencia social, prestaciones económicas dirigidas a la cobertura de gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, paliar o evitar situaciones de marginación social.
Unidad económica de convivencia independiente 1. A los efectos de la presente ley tendrán la consideración de unidad económica de convivencia independiente las siguientes personas o grupos de personas residentes en una vivienda o alojamiento:
a) Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento.
b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, consanguinidad o afinidad hasta el 4.º y 2.º grado, respectivamente.A los efectos de esta ley, la existencia de relaciones permanentes análogas a la conyugal deberá ser acreditada fehacientemente.
c) Dos o más personas que, no estando unidas entre sí por alguno de los vínculos previstos en el apartado anterior, viven juntas en una misma vivienda o alojamiento debido a situaciones constatables de extrema necesidad.
A partir de: 3 marzo 2005 Número 3 del artículo 3 introducido, en su actual redacción, por el número 1 de la Disposición Final 7.ª de la Ley [PAÍS VASCO] 4/2005, 18 febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres («B.O.P.V.» 2 marzo).
A partir de: 3 marzo 2005 Número 4 del artículo 3 renumerado por el número 1 de la Disposición Final 7.ª de la Ley [PAÍS VASCO] 4/2005, 18 febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres («B.O.P.V.» 2 marzo), su contenido literal se corresponde con el del anterior número 3.
A partir de: 1 enero 2009 Artículo 3 modificado por el número segundo del artículo único de la Ley [PAIS VASCO] 8/2008, de 25 de junio («B.O.P.V.» 4 julio) que da una nueva redacción a su apartado 2. Téngase en cuenta que la disposición final segunda de la citada Ley establece su entrada en vigor el día el 1 de enero de 2009 en lo referente a la modificación de la unidad de convivencia.
CAPITULO IIConvenios de Inserción
Definición y naturaleza 1. Los convenios de inserción son documentos-programa en los que las partes intervinientes establecen, de mutuo acuerdo, las acciones específicas de carácter social necesarias para conseguir la inserción personal, social y laboral o prevenir el riesgo de exclusión de los miembros de la unidad económica de convivencia independiente.
e) Acciones que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo, sea por cuenta ajena o por las vías de acceso existentes para la creación de una empresa propia.
f) Otras acciones que pudieran considerarse necesarias para garantizar la inserción social.
Partes intervinientes 1. Las partes intervinientes en los convenios de inserción serán, por un lado, los Ayuntamientos, y, por otro, las personas que, por encontrarse en situación o riesgo de exclusión, sean susceptibles de ser destinatarias de los convenios de inserción.
a) Incluir como destinatario o destinataria del convenio de inserción a otros miembros de la unidad económica de convivencia independiente cuando en los mismos concurran causas de exclusión distintas a las de naturaleza estrictamente económicas.
b) Eximir como destinatarios o destinatarias del convenio de inserción a quienes sean titulares del derecho al ingreso mínimo de inserción cuando en los mismos no concurran otras causas de exclusión que las de naturaleza estrictamente económica
c) Suscribir un convenio de inserción con cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una intervención o actuación específica para la inserción enfocada en el medio y largo plazo.
Elaboración y suscripción 1. Los Ayuntamientos desarrollarán, de forma individualizada, el diagnóstico relativo a las necesidades de inserción personal, social y laboral de las personas que sean destinatarias de los convenios de inserción.
De acuerdo con el mencionado diagnóstico, los Ayuntamientos diseñarán, para cada persona, la correspondiente propuesta de convenio de inserción. Este incluirá la relación de compromisos a asumir por las partes intervinientes, y, en concreto, los relativos a las medidas a desarrollar por las partes para la más eficaz integración económica, social y laboral de las personas a las que van destinados, estableciendo además la periodicidad con la que será evaluada la idoneidad de las acciones específicas aplicadas.
Una vez negociado el contenido de la propuesta de convenio de inserción por las partes intervinientes, los Ayuntamientos procederán a la elaboración definitiva dei convenio de inserción, procediéndose a la suscripción del mismo por ambas partes.
2. En el proceso de elaboración de los convenios de inserción los Ayuntamientos actuarán a través de los servicios sociales de base, teniendo en cuenta el conjunto de acciones para la inserción susceptibles de ser utilizadas, inclusive aquellas cuya titularidad corresponda al resto de las entidades publicas o privadas competentes.
3. A los efectos señalados, las demás Administraciones públicas vascas así como las entidades privadas inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras de Servicios Sociales vendrán obligadas a actuar en relación a los Ayuntamientos de acuerdo con los principios de coordinación, cooperación y servicio a los ciudadanos.
Obligaciones de las partes intervinientes 1. Son obligaciones de las partes intervinientes en los convenios de inserción:
b) Comunicar los cambios sobrevenidos que incidieran en la posibilidad de desarrollar las actuaciones comprometidas.
Revisión, modificación y suspensión temporal 1. El convenio de inserción deberá determinar la periodicidad con la que se efectuará la evaluación mismo. En función de dicha evaluación o por acuerdo de las partes intervinientes, previa solicitud de cualquiera de las mismas o por circunstancias dé fuerza mayor, podrá revisarse y modificarse el contenido del convenio de inserción o suspenderse su aplicación.
Causas de resolución Son causas de resolución del convenio de inserción:
CAPITULO IIIOrganización institucional, Plan Vasco de Inserción y Programas para la inserción
Organización institucional La organización institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la inserción social se integra por:
a) La Comisión Permanente para la Inserción.
b) La Comisión Interinstitucional para la Inserción.
c) La Comisión Interdepartamental para la Inserción.
Comisión Permanente para la Inserción 1. En el seno del Consejo Vasco de Bienestar Social se constituirá una Comisión Permanente para la inserción como foro específico de participación de los sectores sociales implicados en la lucha contra la exclusión y de consulta y asesoramiento respecto de los proyectos de ley, disposiciones generales y reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno Vasco en los aspectos a los que se refiere la presente ley.
a) Dieciocho representantes de las Administraciones públicas vascas, distribuidos de la siguiente manera:
- Seis representantes designados por el Gobierno Vasco, uno de los cuales la presidirá y otro actuará como secretario, con voz y con voto.
- Dos representantes designados por cada una de las Diputaciones Forales.
- Seis representantes designados por la asociación de municipios vascos más representativa, procurando reflejar los distintos tipos de municipios que existen en la Comunidad Autónoma.
b) Ocho representantes designados por aquellas entidades privadas, inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras de Servicios Sociales, cuyo objeto prioritario sea la lucha contra la exclusión. En caso de no existir unanimidad sobre la designación de todos o parte de estos representantes, éstos serán designados por el Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales.
c) Cuatro representantes designados por las asociaciones empresariales de la Comunidad Autónoma vasca que ostenten la representación institucional de los empresarios según la normativa general de aplicación.
d) Cuatro representantes designados por las organizaciones y confederaciones sindicales que ostenten la condición de más representativas y las representativas que hayan obtenido el 10% o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
e) Un representante designado por el Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.
f) Un representante de la Confederación de Cooperativas de Euskadi.
a) Detectar y analizar las necesidades básicas de las personas en situación de exclusión a fin de proponer a la Comisión Interinstitucional para la Inserción las líneas de actuación que deberían desarrollarse para hacerles frente.
b) Informar preceptivamente la propuesta de Plan Vasco de Inserción.
c) Elaborar anualmente un informe de seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Vasco de Inserción. A los efectos previstos en el artículo 40.2 de esta ley, los citados informes deberán ser remitidos al Gobierno antes del último trimestre de aplicación del Plan Vasco de Inserción.
d) Informar sobre el anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en lo referente a los recursos económicos consignados para la financiación de las cuantías de las prestaciones económicas a que se refiere esta ley.
e) Realizar, al resto de órganos o entidades públicos y a las entidades privadas competentes, propuestas relativas a las actuaciones que deberían desarrollarse para la inserción de las personas en situación de exclusión.
f) Informar preceptivamente las disposiciones normativas en materia de exclusión social así como los programas generales o sectoriales cuyo ámbito territorial sea la Comunidad Autónoma del País Vasco.
g) Elaborar su reglamento de organización y funcionamiento.
Comisión Interinstitucional para la Inserción 1. A fin de asegurar la coordinación interinstitucional en las diversas actuaciones derivadas de la aplicación de la presente ley por parte de las Administraciones públicas vascas competentes, se crea la Comisión Interinstitucional para la Inserción como máximo organismo de colaboración.
a) Tres representantes del Gobierno Vasco, designados por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales, de los cuales al menos uno actuará como presidente, pertenecerá a dicho Departamento.
b) Un representante designado por cada una de las Diputaciones Forales.
c) Tres representantes designados por la asociación de municipios vascos más representativa.
Funciones de la Comisión Interinstitucional para la Inserción Corresponde a la Comisión Interinstitucional para la Inserción el ejercicio de las siguientes funciones:
b) Elaborar la propuesta del Plan Vasco de Inserción.
c) Proponer a las distintas Administraciones públicas vascas la adopción de las medidas necesarias para la coordinación de sus actuaciones en las materias previstas en esta ley, con particular referencia al análisis de los recursos humanos y materiales para su desarrollo.
d) Realizar trienalmente un informe de control de calidad de la gestión dirigido a detectar las ineficiencias que pudiera generar la intervención de los tres niveles institucionales en la aplicación y ejecución de lo dispuesto en la presente ley, proponiendo, en su caso, las acciones precisas para su eficaz cumplimiento y desarrollo. A los efectos previstos en el artículo 40.2 de esta ley, el citado informe deberá ser remitido al Gobierno antes del último trimestre de aplicación del Plan Vasco de Inserción.
e) Analizar los criterios para la distribución del Gobierno Vasco a las Diputaciones Forales y de éstas a los Ayuntamientos de los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas de emergencia social, y proponer, en su caso, la revisión de los mismos.
A partir de: 3 enero 2001 Letra e) del artículo 13 redactada por el artículo único de la Ley [PAIS VASCO] 9/2000, 10 noviembre, para modificar la Ley contra la Exclusión Social («B.O.P.V.» 2 enero 2001).
Comisión Interdepartamental para la Inserción 1. Adscrita al Departamento competente en materia de servicios sociales, se crea la Comisión Interdepartamental para la Inserción como órgano de coordinación de las actuaciones del Gobierno Vasco en materia de inserción.
a) Identificar y censar las intervenciones y actuaciones específicas de lucha contra la exclusión así como las intervenciones y actuaciones de carácter general susceptibles de ser aplicadas para promover la inserción personal, social y laboral de las personas en situación de exclusión en el ámbito de competencia de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Establecer propuestas para la coordinación de las intervenciones y actuaciones interdepartamentales en materia de inserción así como, en su caso, respecto a los criterios para la distribución interdepartamental de las cargas financieras relativas a actuaciones que afecten a varios Departamentos.
d) Analizar la aplicación de las distintas intervenciones o actuaciones de lucha contra la exclusión, estudiando en su caso nuevas propuestas para el tratamiento de los problemas planteados por las realidades de exclusión.
e) Proponer las líneas básicas para la ejecución del Plan Vasco de Inserción por los Departamentos a través de los programas departamentales de inserción.
f) Elaborar anualmente un informe de seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Vasco de Inserción, en el que necesariamente se incluirá la evaluación de los objetivos de inserción alcanzados. A los efectos previstos en el artículo 40.2 de esta ley, los informes deberán ser remitidos al Gobierno antes del último trimestre de aplicación del Plan Vasco de Inserción
g) Elaborar su reglamento de organización y funcionamiento .
h) Las demás que le pueda atribuir el resto del ordenamiento jurídico.
Plan Vasco de Inserción 1. El Plan Vasco de Inserción, que tendrá carácter trienal, recogerá de forma coordinada y global las líneas y directrices de intervención y actuación que deben orientar la actividad de las Administraciones competentes para la consecución de la inserción de las personas en situación de exclusión.
2. El Plan Vasco de Inserción será elaborado por la Comisión Interinstitucional para la Inserción, y aprobación por el Gobierno Vasco previo informe preceptivo de la Comisión Permanente para la Inserción. El Gobierno lo elevará como comunicación al Parlamento Vasco.
Programas de inserción El Plan Vasco de Inserción se ejecutará mediante los diferentes programas que elaboren y desarrollen las distintas Administraciones en el ámbito de sus competencias.
CAPITULO IVIngreso mínimo de inserción
Definición, naturaleza y caracteres 1. El ingreso mínimo de inserción es una prestación periódica de naturaleza económica dirigida a cubrir las necesidades de aquellas personas que carezcan de recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para la supervivencia.
a) Tendrá carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico previstas en la legislación vigente que pudieran corresponder al titular o a cualquiera de los miembros de su unidad económica de convivencia independiente.
b) Se otorgará con carácter alimenticio en beneficio de todos los miembros de la unidad económica de convivencia independiente.
c) Será intransferible, y por tanto no podrá:
- ofrecerse en garantía de obligaciones.
- ser objeto de cesión total o parcial.
- ser objeto de compensación o descuento, salvo para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.
- ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que resulte de aplicación.
Titulares del derecho 1. Podrán ser titulares del derecho al ingreso mínimo de inserción, en las condiciones previstas en la presente ley, aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Constituir una unidad económica de convivencia independiente, como mínimo con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Quedan exceptuados de cumplir este plazo:
- quienes tuviesen económicamente a su cargo a menores o a personas con minusvalía o estuviesen unidos a otra persona por matrimonio o por otra forma de relación permanente análoga a la conyugal.
- quienes constituyeran una nueva unidad económica de convivencia independiente por separación, tanto matrimonial como de parejas de hecho, divorcio o nulidad matrimonial, siempre que la nueva unidad esté exclusivamente constituida por personas integrantes de la unidad económica de convivencia independiente anterior.
- quienes constituyeran una nueva unidad económica de convivencia independiente por fallecimiento de los padres, tutores o representantes legales.
b) Figurar en el Padrón de cualquier municipio de los integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.Para los ciudadanos que no lo sean de la Unión Europea, será necesario cumplir las condiciones previstas en el párrafo anterior o acreditar tres años de residencia legal en la Comunidad Autónoma, de los cuales doce meses han de ser inmediatamente anteriores a la solicitud, salvo que, según lo establecido en los tratados internacionales o, en su defecto, según el principio de reciprocidad, deban considerarse plazos inferiores.
c) No disponer de recursos suficientes. Se considerará que no se dispone de tales recursos cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
- Disponer de unos rendimientos mensuales, determinados conforme se establece en el Capítulo VI de esta ley, que sean inferiores a la cuantía mensual del ingreso mínimo de inserción correspondiente.
- En el supuesto de personas que, siendo susceptibles de ser consideradas unidad económica de convivencia independiente en virtud de lo previsto en el artículo 3.2 de esta ley y reglamentos de desarrollo, convivan en la misma vivienda o alojamiento con otras personas con las que mantengan alguno de los vínculos previstos en su artículo 3.1.b), disponer en conjunto todas ellas, para el periodo de tiempo que corresponda, de rendimientos propios cuyo valor sea inferior a cinco veces la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas relacionadas entre sí por los mencionados vínculos.
- Disponer de un patrimonio, determinado conforme se establece en el Capítulo VI de esta ley, cuyo valor sea inferior a cuatro veces la cuantía anual del ingreso mínimo de inserción que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas relacionadas entre sí por los mencionados vínculos.
d) Ser mayor de 25 años y menor de la edad mínima exigida por la legislación correspondiente para tener derecho a una pensión pública por vejez.
A partir de: 3 enero 2001 Letra d) del número 1 del artículo 18 redactada por el artículo único de la Ley [PAÍS VASCO] 8/2000, 10 noviembre, de modificación de la Ley contra la Exclusión Social («B.O.P.V.» 2 enero 2001).
Obligaciones de los titulares Son obligaciones de los titulares del derecho al ingreso mínimo de inserción:
a) Aplicar la prestación a la finalidad para la que se ha otorgado.
b) Comunicar los hechos sobrevenidos que, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación.
c) Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual del titular, sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que se hayan previsto en el convenio de inserción.
d) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida.
e) Negociar, suscribir y cumplir un convenio de inserción con la Administración, en los supuestos y términos previstos en el Capítulo II de la presente ley.
f) Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerido, sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que se hayan previsto en el convenio de inserción.
g) Todas aquellas que se deriven del objeto y finalidad del ingreso mínimo de inserción y que se determinen reglamentariamente.
Fijación de la cuantía 1. La cuantía mensual del ingreso mínimo de inserción aplicable a cada unidad económica de convivencia independiente será el resultado de añadir a la cuantía mensual establecida para una unidad constituida por una sola persona los complementos que se establezcan reglamentariamente por cada miembro de más que conviva con el titular, si los hubiese.
A partir de: 13 julio 2007 Número 1 del artículo 20 redactado por el número 2 del artículo 1 de la Ley [PAÍS VASCO] 4/2007, 22 junio, por la que se modifica la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social, y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales («B.O.P.V.» 12 julio).
Devengo y pago 1. La prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.
Duración del derecho y revisiones periódicas 1. El reconocimiento del derecho al ingreso mínimo de inserción se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su concesión y se cumplan las obligaciones previstas para los titulares en el artículo 19 de la presente ley.
2. El órgano competente realizará de oficio revisiones periódicas para comprobar si se mantienen las causas que motivaron la concesión del ingreso mínimo de inserción. A tal efecto, podrá requerirse a los titulares @del derecho a la prestación para que comparezcan ante la Administración y colaboren con la misma. En todo caso, se procederá al menos a una revisión anual del cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación.
Modificación de la cuantía Será causa de modificación de la cuantía del ingreso mínimo de inserción la modificación sobrevenida del número de miembros de la unidad económica de convivencia independiente o de los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la prestación. Se determinará el procedimiento para la modificación de la cuantía.
Suspensión del derecho 1. El derecho al ingreso mínimo de inserción se suspenderá por las siguientes causas:
b) Negativa a negociar o suscribir un convenio de inserción, en los supuestos y términos previstos en el Capítulo II de la presente ley.
4. Decaídas las causas que motivaron la suspensión del derecho al ingreso mínimo de inserción, de oficio o a instancia de parte, se procederá a comprobar si en ese momento concurren los requisitos para el devengo d@ la prestación y, en su caso, a establecer su cuantía. La prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.
Suspensión cautelar El órgano competente podrá proceder a la suspensión cautelar del pago de la prestación cuando se hubieran detectado en la unidad económica de convivencia independiente indicios de una situación que implique la pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento o mantenimiento de la prestación, y resolverá acerca del mantenimiento, suspensión o extinción del derecho a la prestación en el plazo de tres meses.
Extinción del derecho 1. El derecho al ingreso mínimo de inserción se extinguirá por las siguientes causas:
b) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
c) Mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado superior a 18 meses.
d) Renuncia del titular.
e) Resolución en tal sentido de un procedimiento sancionador.
f) Incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 47.2 de esta ley, siempre que el derecho al ingreso mínimo de inserción se hubiera reconocido.
2. Se tramitará con carácter de urgencia y prioritariamente el acceso a la prestación en los supuestos en que la extinción del derecho al ingreso mínimo de inserción correspondiente al hasta el entonces titular implique perjuicios manifiestos a los demás miembros de la unidad económica de convivencia independiente.
Pago de la prestación a persona distinta del titular 1. En la forma y en los supuestos que se establezcan reglamentariamente y en cualquier caso en los supuestos de declaración legal de incapacidad del titular y en los que se haya producido el incumplimiento del titular de la obligación de aplicar la prestación a la finalidad para la que se otorgó, el órgano competente podrá acordar el pago de la prestación a persona distinta del titular.
2. El pago de la prestación previsto en el párrafo anterior no implicará en ningún caso el cambio de la titularidad del derecho a la prestación.
CAPITULO VAyudas de emergencia social
Definición, naturaleza y caracteres 1. Las ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas de naturaleza económica y subvencional destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social.
- Gastos de alquiler.
- Gastos derivados de intereses y de amortización de créditos contraídos con anterioridad a la situación de emergencia social como consecuencia de la adquisición de una vivienda o alojamiento.
- Gastos de energía, agua, alcantarillado, basuras, así como los correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica.
b) Gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento básico de la vivienda o alojamiento habitual.
c) Gastos relativos a las necesidades primarias de una o más personas de la unidad económica de convivencia independiente, tales como vestido, educación y formación y atención sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.
d) Gastos de endeudamiento previo originados por alguno de los conceptos de gastos señalados con anterioridad o por la realización de gastos necesarios para atender necesidades básicas de la vida.
a) Tendrán carácter finalista, debiendo destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas.
b) Tendrán carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recurso y prestaciones sociales de contenido económico previstas en la legislación vigente que pudieran corresponder al beneficiario o a cualquiera de los miembros de su unidad económica de convivencia independiente así como, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 de esta ley, a otras personas residentes en la misma vivienda o alojamiento.
c) Serán intransferibles, y por tanto no podrán:
A partir de: 13 julio 2007 Número 5 del artículo 28 introducido por el número 3 del artículo 1 de la Ley [PAÍS VASCO] 4/2007, 22 junio, por la que se modifica la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social, y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales («B.O.P.V.» 12 julio).
Personas que pueden obtener las prestaciones 1. Podrán obtener las ayudas de emergencia social, en las condiciones previstas en la presente ley, aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Figurar en el Padrón de cualquier municipio integrado en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco como mínimo con seis meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.
b) Tener cumplidos 18 años.Quedan exceptuados quienes, no alcanzando dicha edad y reuniendo el resto de los requisitos, tengan económicamente a su cargo a personas dependientes, así como los huérfanos de padre y de madre.
c) No disponer de recursos suficientes con los que afrontar los gastos específicos contemplados en el artículo 28.2 de esta ley que afecten a los miembros de su unidad económica de convivencia independiente. Se considerará que no se dispone de recursos suficiente cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
- Disponer, en el último año o en el período de tiempo al que se asocian o vayan a asociarse los gastos par los que se solicitan las prestaciones, de unos rendimientos, determinados conforme se establece en el Capítulo VI de esta ley, inferiores al 150% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que le hubiera podido corresponder según el número de miembros de la unidad económica de convivencia independiente.Sin perjuicio de lo anterior, y en los supuestos que se determinen reglamentariamente, podrán considerarse además los rendimientos de las demás personas que, conviviendo en la misma vivienda o alojamiento que el solicitante, pudieran beneficiarse de las prestaciones.
- Disponer de un patrimonio, determinado conforme se establece en el Capítulo VI, cuyo valor sea inferior a cuatro veces la cuantía anual del ingreso mínimo de inserción que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas relacionadas entre sí por los mencionados vínculos.
Obligaciones de los beneficiarios 1. Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas de emergencia social:
a) Aplicar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que se hubieran otorgado.
b) Comunicar los hechos sobrevenidos en relación al cumplimiento de los requisitos que pudieran dar lugar al acceso a las prestaciones.
c) Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual del beneficiario.
e) En su caso, y en la forma que se establezca reglamentariamente, suscribir un documento de reconocimiento de deuda.
f) Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerido.
g) Todas aquellas que se deriven del objeto y finalidad de las ayudas de emergencia social y que se determinen reglamentariamente.
Fijación de la cuantía 1. Con carácter general se establecerán reglamentariamente para cada uno de los gastos específicos previstos en el artículo 28.2 de esta ley unas cuantías máximas en concepto de ayudas de emergencia social. En ningún caso podrán sobrepasarse las mencionadas cuantías.
a) La cuantía máxima aplicable a cada solicitante por cada uno de los gastos específicos previstos quedará determinada por:
- Los recursos del solicitante y de los demás miembros de su unidad económica de convivencia independiente así como, en su caso, de las demás personas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de esta ley, pudieran beneficiarse de las prestaciones.
- La cuantía de los gastos específicos realizados o por realizar.
- Las cuantías máximas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo.
b) La cuantía máxima aplicable podrá ser minorada en función de:
- Las disponibilidades presupuestarias existentes.
- La valoración que realicen los servicios sociales de base respecto a la efectiva necesidad del gasto, su importancia para contribuir a la inserción de las personas en situación de exclusión o su carácter prioritario.
Concesión y pago 1. Las ayudas de emergencia social se concederán, en todo caso, previa comprobación de la existencia de una situación real de necesidad por parte de los servicios sociales de base y de la existencia de crédito consignado para esa finalidad en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
CAPITULO VIDeterminación del nivel de recursos
Consideración global de recursos A efectos de las prestaciones contempladas en esta ley, para la determinación de los recursos del solicitante y de los demás miembros de su unidad económica de convivencia independiente así como, en su caso, de los correspondientes a las demás personas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2, pudieran beneficiarse de las prestaciones, se computará el conjunto de recursos de los mismos.
Determinación de los rendimientos 1. El cómputo de los rendimientos incluirá los procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena, del patrimonio, de pensiones o de cualquier otro título.
Determinación del patrimonio 1. El patrimonio de la unidad económica de convivencia independiente incluirá el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que se ostente un título jurídico de propiedad, posesión. o usufructo.
CAPITULO VIIRégimen Económico de las prestaciones
Prestaciones indebidamente percibidas 1. Las Administraciones que hayan concedido cualquiera de las prestaciones previstas en esta norma deberán proceder al cobro de las indebidamente percibidas.
Prescripción y caducidad 1. La obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas prescribirá de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable a los derechos y obligaciones de la Hacienda General del País Vasco.
Importe anual de las ayudas económicas 1. En el caso de personas que hubieran sido titulares del ingreso mínimo de inserción en el año en curso, el importe anual de las ayudas económicas que podrán obtener en concepto de ingreso mínimo de inserción y de ayudas de emergencia social no podrá en ningún supuesto exceder del 175% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera haber correspondido con carácter anual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del titular.
2. Para los beneficiarios de las ayudas de emergencia social que no hubieran sido titulares del ingreso mínimo de inserción en el ano en curso, el porcentaje señalado en el párrafo anterior será del 125%.
CAPITULO VIIICompetencias y financiación
Principio general Para el desarrollo y aplicación de esta ley y de sus disposiciones de desarrollo serán competentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes, el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos .
Competencias del Gobierno Vasco 1. Corresponde al Gobierno Vasco, a través de los Departamentos competentes en la materia, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Elaboración y aprobación de las normas de desarrollo de la presente ley.
b) Puesta en marcha de la Comisión Interdepartamental para la Inserción y de la Comisión Permanente para la Inserción e impulso al desarrollo de sus trabajos, así como promover la constitución de la Comisión Interinstitucional para la Inserción.
c) Aprobación del Plan Vasco de Inserción y elevación del mismo al Parlamento Vasco como comunicación.
d) Instrumentación con carácter general de los recursos y medios suficientes para la ejecución del Plan Vasco de Inserción, mediante los programas departamentales a incluir anualmente en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
e) Planificación, coordinación y diseño de las estadísticas relativas a las prestaciones económicas y demás instrumentos de carácter social previstos en la ley, así como elaboración y mantenimiento de las mismas, de acuerdo con la normativa estadística.
2. El Gobierno Vasco, a través del Departamento competente en materia de servicios sociales, elaborará trienalmente una memoria en base a los informes elaborados por la Comisión Permanente para la Inserción, previsto en el artículo ] 1.4 c), la Comisión Interinstitucional para la Inserción, previsto en el artículo 13 d), y por la Comisión Interdepartamental, previsto en el artículo 14.3 f), para su elevación al Parlamento Vasco en el último trimestre de aplicación del Plan Vasco de Inserción.
Competencias de las Diputaciones Forales Corresponde a la Diputación Foral de cada territorio histórico:
a) Elaboración y desarrollo de los programas forales de inserción aprobados en ejecución del Plan Vasco de Inserción.
b) Reconocimiento, denegación y, en su caso, revisión, modificación, suspensión y extinción del ingreso mínimo de inserción.
c) Realización del pago mensual del ingreso mínimo de inserción.
d) Las demás funciones que pudieran serle encomendadas por el ordenamiento jurídico.
e) Ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia, en los términos recogidos en el Capítulo X de la presente ley y demás normas que la desarrollen.
Competencias de los Ayuntamientos Corresponde a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco la realización de las siguientes funciones:
a) En su caso, elaboración y desarrollo de los programas municipales de inserción aprobados en ejecución del Plan Vasco de Inserción.
b) Detección de las personas en situación de exclusión y diagnóstico de sus necesidades.
c) Promoción, elaboración y desarrollo de intervenciones y actuaciones para la inserción por los servicios sociales de base.
d) Recepción de las solicitudes e instrucción de los expedientes relativos al ingreso mínimo de inserción, incluida la propuesta de resolución.
e) Negociación y elaboración de los convenios de inserción por los servicios sociales de base y suscripción de los mismos.
f) Reconocimiento y denegación de las ayudas de emergencia social.
g) Realización del pago de las ayudas de emergencia social.
h) Seguimiento continuado de los titulares y beneficiarios de las prestaciones económicas previstas en esta ley y de los correspondientes convenios de inserción. En su caso, suspensión temporal, revisión y modificación de los convenios de inserción conforme a lo previsto en el artículo 8 de la presente ley.
i) Las demás funciones que pudieran serles encomendadas por el ordenamiento jurídico.
j) Ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia, en los términos recogidos en el Capítulo X de la presente ley y demás normas que la desarrollen.
Financiación 1. En razón de la competencia de acción directa en materia de asistencia social, se consignarán anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco los recursos económicos necesarios para la financiación de las cuantías de las prestaciones económicas reguladas en la presente ley.
Delegación de competencias de las Diputaciones Forales Las Diputaciones Forales de los territorios históricos dé la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán delegar en los Ayuntamientos funciones que les fueran propias en relación al reconocimiento, denegación, revisión, modificación, suspensión, extinción y pago del ingreso mínimo de inserción.
CAPITULO IXNormas Comunes de procedimiento
Solicitudes 1. El reconocimiento de los instrumentos de carácter social y de las prestaciones económicas previstas en la presente ley se realizará previa solicitud del interesado dirigida al Ayuntamiento del municipio en el que tenga su residencia.
Instrucción 1. La instrucción del expediente se realizará por el Ayuntamiento del municipio en el que tenga su resic1encia el solicitante.
2. En todo caso, el Ayuntamiento comprobará el contenido de las solicitudes presentadas, pudiendo a estos efectos pedir cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades públicas y privadas o al propio solicitar1te, sin perjuicio de las demás actuaciones de control y revisión que al respecto pudieran desarrollar con posterioridad otras Administraciones públicas vascas competentes.
Comprobación de los recursos y prestaciones de contenido económico 1. El Ayuntamiento comprobará que los recursos y prestaciones sociales de contenido económico a los que pudieran tener derecho el solicitante o los miembros de su unidad económica de convivencia independiente se hubieran hecho valer íntegramente.
2. En el caso de que el solicitante o los miembros de su unidad económica de convivencia independiente fueran acreedores de derechos de carácter económico que no se hubiesen hecho valer, inclusive el derecho de alimentos en aquellos casos en los que se constate el cese efectivo dé la convivencia conyugal, el Ayuntamiento instará al solicitante para que, con carácter previo a la finalización de la instrucción del expediente, se hagan valer sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. La misma obligación recaerá sobre los titulares del ingreso mínimo de inserción cuando tales derechos nazcan con posterioridad a la prestación.
Plazo para resolver y silencio administrativo 1. En el caso de las prestaciones económicas, el órgano competente para resolver dictará la resolución de concesión o de denegación en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.
3. Los plazos citados en los números anteriores quedaran interrumpidos cuando el procedimiento se paralice por causa imputable al solicitante.
Confidencialidad Las Administraciones públicas vascas garantizarán la confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitación de los expedientes por parte de los organismos competentes.
Derechos de quienes piden las ayudas Contra las resoluciones denegatorias podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que correspondan.
CAPITULO XInfracciones y sanciones
Sujetos responsables Son sujetos responsables los que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en la presente ley.
a) Incumplimiento de la obligación de comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual del titular o beneficiario, cuando de dicho cambio no se derivara percepción o conservación indebida de alguna de las prestaciones previstas en la presente ley.
b) Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones no se hubiera derivado la obtención o la conservación pretendida.
c) Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de alguna de las prestaciones en cuantía inferior o igual al 50% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera corresponder con carácter anual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del presunto infractor.
a) Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de alguna de las prestaciones en cuantía superior al 50% e inferior o igual al 100% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera corresponder con carácter anual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del presunto infractor.
b) Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando, obtenido o no el resultado pretendido, en el momento de la comisión de esas actuaciones la unidad económica de convivencia independiente del presunto infractor dispusiera de unos recursos mensuales superiores al 200% e inferiores o iguales al 250% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera corresponder con carácter mensual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del presunto infractor.
a) Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de alguna de las prestaciones en cuantía superior al 100% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera corresponder con carácter anual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del presunto infractor.
b) Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando, obtenido o no el resultado pretendido, en el momento de la comisión de esas actuaciones la unidad económica de convivencia independiente del presunto infractor dispusiera de unos recursos mensuales superiores al 250% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera corresponder con carácter mensual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del presunto infractor.
Concurso de más de una infracción Cuando las actuaciones fraudulentas a las que se refieren los artículos 53.b) y 54.b) de esta ley hubieran dado lugar además a una percepción indebida del ingreso mínimo de inserción o de las ayudas de emergencia social tipificada en los artículos 52 c), 53 a) y 54 a), concurriendo en consecuencia más de una infracción, se procederá a sancionar solamente la más grave de las infracciones cometidas.
Sanciones 1. Las infracciones leves se sancionarán con el apercibimiento al sujeto infractor.
Graduación de las sanciones 1. Calificadas las infracciones, las sanciones económicas se graduarán en los niveles mínimo, medio y máximo teniendo en cuenta las circunstancias que pudieran, en su caso, atenuar o agravar las infracciones cometidas .
b) La capacidad real de discernimiento del infractor.
c) La cuantía económica percibida indebidamente.
d) El incumplimiento de requerimientos previos por parte de las Administraciones públicas vascas.
e) Las circunstancias familiares, en particular en lo relativo a su situación económica.
f) La realización en el término de un año, a contar desde la comisión de la infracción calificada, de otra u otras infracciones de la misma o distinta naturaleza que hayan sido declaradas firmes por resolución administrativa.
g) El arrepentimiento y la subsanación de los perjuicios que dieron lugar a la iniciación del procedimiento sancionador, siempre que se hubiera producido antes de la conclusión de dicho procedimiento.
Normas de aplicación del Capítulo II Los Ayuntamientos suscribirán los convenios de inserción regulados en el Capítulo II de esta ley con los perceptores del ingreso mínimo de inserción existentes a la entrada en vigor de la misma de forma progresiva según las posibilidades que se deriven de los medios humanos y materiales de los servicios sociales de base, priorizando las situaciones que puedan generar mayores riesgos de exclusión.
Miembros de las colectividades vascas El requisito previsto en los artículos 18.1 b) y 29.1 a) de esta ley no será exigible a los miembros de las colectividades vascas a que se refiere el artículo 11.1 dela Ley 8/1994, de 27 de mayo, de Relaciones con las colectividades y centros vascos en el exterior de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en dicho artículo.
Modificación del Consejo Vasco de Bienestar Social El artículo 16.1 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, queda redactado como sigue:
De acuerdo con las funciones que le encomienda el artículo 13 de esta ley, la Comisión Interinstitucional para la Inserción evaluará cada cinco años el desarrollo, la aplicación y, en su casó, la oportunidad de revisión de la presente ley. El informe de la Comisión Interinstitucional para la Inserción será remitido al Parlamento Vasco.
a) Ley 2/1990, de 3 de mayo, de Ingreso Mínimo de Inserción.
b) Decreto 200/1989, de 31 de agosto, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para el estudio y propuesta de medidas sectoriales derivadas del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza integrado en el Programa «Euskadi en la Europa de 1993».
c) Decreto 25/1993, de 9 de febrero, de desarrollo de la Ley 2/1990, de 3 de mayo, de Ingreso Mínimo de Inserción.
d) Decreto 26/1993, de 9 de febrero, por el que se establecen las Ayudas Económicas a Situaciones de Emergencia Social.
e) Orden de 10 de febrero de 1993, del Consejero de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establece el sistema de determinación de recursos previsto en el Decreto 25/1993, de 9 de febrero, de desarrollo de la Ley 2/1990, de 3 de mayo.
f) Orden de 10 de febrero de 1993, del Consejero de Trabajo y Seguridad Social, por la que se desarrolla el Decreto 26/1993, de 9 de febrero, por el que se establecen las Ayudas Económicas a Situaciones de Emergencia Social.
Registro de parejas de hecho La acreditación fehaciente a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3.1 b) de esta ley deberá realizarse, cuando exista un registro legalmente constituido para la inscripción de aquellas situaciones en el que los interesados puedan inscribirse, mediante certificación del mismo.
Régimen supletorio En lo no previsto en la presente ley serán de aplicación:
- En materia de procedimiento administrativo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- En materia de régimen sancionador, las normas sustantivas y de procedimiento previstas en la legislación general vigente sobre la materia.
- En materia de régimen subvencional por lo que afecta a las ayudas de emergencia social, la normativa general de subvenciones y ayudas.
Desarrollo reglamentario Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.
Entrada en vigor La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

References: Resolución 
 artículo 12
 artículo 3
 artículo 3
 Artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 13
 artículo 40
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 47
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 3