Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/5941
Timestamp: 2020-02-18 01:50:07+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 339/2006
SENTENCIA 339/2006, de 11 de diciembre
(BOE (Official State Gazzete) number 14, of 16 January 2007)
ECLI:ES:TC:2006:339
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 27 de noviembre de 2003, el Procurador de los Tribunales don Antonio Ángel Sánchez-Jáuregui Alcaide, en nombre y representación de doña Micaela Buendía del Olmo interpuso recurso de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento.
2. Los hechos de los que se deriva la presente demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:
a) Por Orden Ministerial 160/02227/97 de 12 de febrero, don Manuel Lancharro Fernández, Guardia civil, pasó a la situación de retiro por inutilidad física como consecuencia de haber sufrido un accidente en acto de servicio.
b) Una vez declarada la referida situación solicitó que se le abonara la indemnización prevista en el art. 2.1 de la Ley 19/1974, de 27 de junio, sobre mejora de clases pasivas, que dispone: “cuando … un funcionario … se inutilice o fallezca en acto de servicio o como consecuencia de él, sea por accidente o por riesgo específico del cargo, causará en su favor o en el de su familia, además de la pensión que corresponda, una indemnización, por una sola vez, equivalente a una mensualidad de su sueldo y trienios por cada año de servicios computable a efectos de trienios, con un mínimo de 100.000 pesetas”.
c) Por Resolución del Director General del Personal del Ministerio de Defensa de 6 de mayo de 1997 fue denegada la indemnización solicitada. Contra esta resolución se interpuso recurso ordinario ante el Ministro de Defensa, recurso que fue desestimado por Resolución de 7 de agosto de 1997.
d) Contra las referidas resoluciones se interpuso recurso contencioso-administrativo.
e) El 16 de abril de 1999 falleció don Manuel Lancharro Fernández, siendo sucedido por su esposa doña Micaela Buendía del Olmo, como causahabiente y en beneficio de la comunidad hereditaria.
f) Por Sentencia de 3 de junio de 2002 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se desestimó el recurso por considerar que las resoluciones impugnadas eran conformes a Derecho.
g) La ahora recurrente en amparo solicitó que se tuviera por preparado recurso de casación contra la Sentencia citada al entender que, en virtud de lo dispuesto en el art. 86.3 LJCA, en relación con el art. 26.1 de la misma Ley, era viable tal recurso, dado que se impugnaba indirectamente una disposición de carácter general.
h) Por Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de 30 de septiembre de 2002 se denegó la preparación del recurso de casación. Esta resolución fue recurrida en reposición en virtud de lo dispuesto en el art. 495 LEC; recurso que fue desestimado por Auto de 10 de diciembre de 2002.
i) Contra estas resoluciones se interpuso recurso de queja. La Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por Auto de 2 de octubre de 2003, desestimó el recurso.
3. En la demanda de amparo se alega, en primer lugar, que el Auto de 2 de octubre de 2003, de la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al desestimar el recurso de queja y confirmar las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que denegaron la preparación del recurso de casación contra la Sentencia de 3 de junio de 2002 dictada por esa misma Sala, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación de derecho de acceso al recurso al haber efectuado una interpretación de la legalidad que es arbitraria e irrazonable y que, además, según sostiene la recurrente, se sustenta en una causa legal inexistente, lo que le lleva a considerar que también incurre en un error patente. Según se afirma en la demanda de amparo, la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo de lo dispuesto en el art. 86.3 LJCA no es comprensible, incurre en contradicciones y, además, es discriminatoria. Entiende la recurrente que la Ley jurisdiccional no sujeta la impugnación de las normas reglamentarias al régimen general establecido en los apartados 1 y 2 del art. 86, constituyendo el apartado 3 de este precepto legal la norma específica que resulta de aplicación en estos casos. Por ello considera que al no haberlo interpretado así la Sala está estableciendo unos requisitos que impiden acceder al recurso de casación que no están previstos en la Ley.
4. Por providencia de la Sección Primera de 11 de enero de 2006 se acordó la admisión a trámite la demanda de amparo y, en virtud, de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que en el plazo de diez días remitieran respectivamente testimonio de los recursos 11-2003 y 4003/97, interesándose al mismo tiempo que se emplazase a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez puedieran comparecer en este proceso constitucional.
5. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 12 de enero de 2006 se personó en este proceso constitucional el Abogado del Estado.
6. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera, en virtud de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por un plazo común de veinte días para que, si lo estimaban pertinente, presentaran alegaciones.
7. El Fiscal, por escrito de 3 de abril de 2006, presentado el siguiente día, formuló, alegaciones. En relación con la queja por la que aduce la vulneración del derecho de acceso al recurso, el Fiscal considera que la cuestión suscitada ha sido ya resuelta por el ATC 190/2005 en el que se planteaba un supuesto igual al ahora examinado y en el que se sostuvo que la interpretación efectuado por el Tribunal Supremo sobre el régimen del recurso de casación frente a las Sentencias que resuelven impugnaciones indirectas no es contraria al derecho fundamental que consagra el art. 24.1 CE. Señala también que el caso que ahora se analiza es distinto del resuelto por la STC 221/2005, que otorgó el amparo por no contener la resolución impugnada el razonamiento jurídico por el que se consideró que no cabía el recurso de casación interpuesto; razonamiento que, las resoluciones ahora recurridas, sí contienen. Considera, además, que también carece de fundamento la queja por la que se aduce que el Auto del Tribunal Supremo vulnera el derecho a la igualdad. Según sostiene el Fiscal, existe una diferencia objetiva y que consta en la LJCA entre los órganos que tienen competencia para conocer de la impugnación indirecta de disposiciones generales y los que no la tienen; diferencia que se ha establecido legalmente atendiendo a la creación de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y al consiguiente aumento de órganos judiciales en este orden. Por todo ello considera que esta queja debe ser rechazada.
8. Por escrito registrado en este Tribunal el 6 de abril de 2006 el Abogado del Estado formuló alegaciones. A su juicio, no concurre ninguna de las infracciones constitucionales aducidas en la demanda de amparo. En su opinión, la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo del art. 86.3 LJCA no es contraria al derecho fundamental que consagra el art. 24.1 CE, pues entiende que ha expuesto de forma razonada los motivos por los que considera que no resulta de aplicación al caso el referido precepto legal. Señala también que en la STC 221/2005 este Tribunal hace referencia a la doctrina jurisprudencial de la que es aplicación el Auto impugnado y de ella se deduce que la interpretación efectuada de aquel precepto legal no es contraria al art. 24.1 CE. Considera también que la queja por la que se aduce que la interpretación realizada del art. 86.3 LJCA es contraria al art. 14 CE carece de fundamento, al no ser iguales la situaciones que pretenden compararse, ya que el diferente régimen procesal que la Ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa otorga a las sentencias de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia es consecuencia de que sean o no competentes para hacer una declaración general de conformidad a Derecho o nulidad de una disposición de carácter de general.
9. Por escrito presentado el 11 de abril de 2006, la representación de la recurrente en amparo presentó sus alegaciones dando por reproducidas las expuestas en su demanda.
10. Por providencia de 29 de noviembre de 2006 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 11 de diciembre del mismo año.
1. Como se ha indicado en los antecedentes, la recurrente impugna, por una parte, el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2003, por el que se desestima el recurso de queja interpuesto contra las resoluciones que denegaron la preparación del recurso de casación contra la Sentencia de 3 de junio de 2002 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, por entender que este Auto vulnera el art. 24.1 CE, en su vertiente de acceso al recurso, y el art. 14 CE; y por otra, se recurre la Sentencia recaída en la instancia por entender que infringe el principio de igualdad en la aplicación judicial de la Ley (art. 14 CE).
2. Es doctrina constitucional reiterada que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho sobre el fondo de las cuestiones planteadas, sea o no favorable a las pretensiones formuladas, si concurren todos los requisitos para ello. De ahí que este Tribunal haya sostenido que son conformes con el derecho fundamental que consagra el art. 24.1 CE las resoluciones judiciales de inadmisión, o de desestimación que se fundamenten en óbices procesales, cuando concurra alguna causa de inadmisibilidad y así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de la misma (SSTC 71/2002, de 8 de abril, FJ 1; 59/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 114/2004, de 12 de julio, FJ 3; 79/2005, de 4 de abril, FJ 2; 221/2005, de 12 de septiembre, entre otras muchas). Y es de recordar también que si bien el derecho a obtener una resolución de fondo se extiende tanto al ámbito del acceso a la jurisdicción como al del acceso al recurso, el alcance de este derecho no es el mismo en la fase inicial del proceso, que “es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial para acceder al sistema judicial” (STC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5) que, una vez conseguida una primera respuesta judicial a la pretensión, en las sucesivas fases de recursos que puedan interponerse contra esa decisión (STC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5, STC 221/2005, de 12 de septiembre, FJ 2). Por esta razón, es doctrina reiterada de este Tribunal que en materia de acceso al recurso no opera el principio pro actione, de suerte que “las resoluciones judiciales que declaren la inadmisibilidad de un recurso, excluyendo el pronunciamiento sobre el fondo en la fase impugnativa del proceso, sólo vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, cuando se funden en una interpretación de la legalidad que resulte arbitraria o manifiestamente irrazonable, se apoyen en una causa legal inexistente o hayan incurrido en un error patente (SSTC 63/2000, de 13 de marzo, FJ 2; 120/2002, de 20 de mayo, FJ 2; 58/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 114/2004, de 12 de julio, FJ 3)” (STC 221/2005, de 12 de septiembre, FJ 2).
3. Tampoco puede apreciarse que el Auto del Tribunal Supremo impugnado vulnere el derecho que consagra el art. 14 CE. Alega la demandante que esta resolución es discriminatoria porque establece un régimen diferente, a efectos de poder recurrir en casación, para las sentencias que resuelven recursos indirectos de reglamentos dependiendo de que el Tribunal que la ha dictado tenga también competencia para resolver un eventual recurso directo contra la disposición impugnada. Junto a ello se sostiene que también vulnera el art. 14 CE el diferente trato que se otorga, por un lado, a quienes recurrieron indirectamente una disposición general al amparo de lo dispuesto en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956, que prescribía que estas sentencias eran siempre susceptibles de casación y, por otro, a quienes interponen un recurso indirecto contra un reglamento al amparo de la vigente Ley, que sólo permite el recurso de casación en el caso de que el Tribunal pueda conocer también de los recursos directos que pudieran interponerse contra el reglamento impugnado.
4. Nos queda por analizar la queja que atribuye a la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, la lesión del derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la Ley al haberse apartado del criterio seguido por ese mismo órgano judicial en otros supuestos iguales.
a) La acreditación de un tertium comparationis, ya que el juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre la comparación entre la Sentencia impugnada y las precedentes resoluciones del mismo órgano judicial en que casos sustancialmente iguales hayan sido resueltos de forma contradictoria.
d) El tratamiento desigual ha de concretarse en la quiebra injustificada del criterio aplicativo consolidado y mantenido hasta entonces por el órgano jurisdiccional o de un antecedente inmediato en el tiempo y exactamente igual desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició (entre otras muchas, SSTC 54/2006, de 27 de febrero, FJ 4; 27/2006, de 30 de enero, FJ 3), respondiendo así a una ratio decidendi sólo válida para el caso concreto decidido, sin vocación de permanencia o generalidad, y ello a fin de excluir la arbitrariedad o la inadvertencia. Como hemos afirmado en reiteradas ocasiones (por todas, la ya citada 117/2004, de 12 de julio), “lo que prohíbe el principio de igualdad en la aplicación de la Ley es el cambio irreflexivo o arbitrario, lo cual equivale a mantener que el cambio es legítimo cuando es razonado, razonable y con vocación de futuro, esto es, destinado a ser mantenido con cierta continuidad con fundamento en razones jurídicas objetivas que excluyan todo significado de resolución ad personam, siendo ilegítimo si constituye tan sólo una ruptura ocasional en una línea que se viene manteniendo con normal uniformidad antes de la decisión divergente o se continúa con posterioridad (STC 201/1991, de 28 de octubre, FJ 2) y Sentencias en ella citadas)”. Por esta razón no podrá apreciarse la lesión de este derecho fundamental cuando puede constatarse que el cambio de criterio se efectúa con vocación de generalidad, ya sea porque en la resolución se explicitan las razones que llevan a apartarse de sus decisiones precedentes o porque se deduzca de otros elementos de juicio externos, como podrían ser posteriores pronunciamientos coincidentes con la línea abierta en la Sentencia impugnada, que permitan apreciar dicho cambio como solución genérica aplicable en casos futuros y no como fruto de un mero voluntarismo selectivo frente a casos anteriores resueltos de modo diverso (SSTC 117/2004, de 12 de julio, FJ 3, y 76/2005, de 4 de abril, FJ 2, entre otras muchas).
5. La recurrente en amparo aporta como término de comparación diversas Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, que resuelven supuestos similares al enjuiciado por la Sentencia impugnada en sentido opuesto. En la Sentencia recurrida en amparo se desestimó el recurso contencioso-administrativo por considerar que el art. 49.4 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, no había excedido los límites establecidos en la Ley de delegación y, en consecuencia, no incurría en ilegalidad por este motivo. Por ello confirmó la resolución administrativa impugnada que denegaba la indemnización en su día solicitada en aplicación del art. 2.1 de la Ley 19/1974, de 27 de junio. Las Sentencias aportadas como término de comparación, por el contrario, sostienen que el Gobierno se excedió en su tarea refundidora y que, por tanto, aquel precepto es ilegal, lo que determinaba el derecho de los recurrentes a la obtención de la indemnización que fue denegada en vía administrativa. Nos encontramos, por tanto, ante Sentencias que resuelven casos, en lo jurídicamente relevante, iguales con pronunciamiento de sentido contrario.
1º Reconocer su derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la Ley (art. 14 CE).
2º Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de 3 de junio de 2002, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 4003/97.
3º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la referida Sentencia a fin de que se dicte otra respetuosa con el derecho fundamental reconocido
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 14 ] 16/01/2007
Type and record number Recurso de amparo 7171-2003
Date of the decision 11/12/2006
Promovido por doña Micaela Buendía del Olmo frente al Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en litigio sobre retiro por inutilidad física.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al separarse de manera aislada y ocasional, de una consolidada línea jurisprudencial aplicada anteriormente por el mismo órgano judicial, sin justificar el cambio de criterio, ha lesionado el derecho de la recurrente en amparo a la igualdad en la aplicación judicial del Derecho [FJ 5].
La interpretación realizada por el Tribunal Supremo sobre el art. 86.3 LJCA ya fue estudiada por este Tribunal considerando que respondía a un silogismo jurídico atendible, no pudiéndose apreciar que el Auto del Tribunal Supremo vulnere el derecho consagrado en el art. 14 CE (ATC 190/2005) [FFJJ 2, 3].
Doctrina en materia de acceso al recurso y en particular sobre las resoluciones judiciales que declaren la inadmisibilidad que, sólo vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando se funden en una interpretación de la legalidad arbitraria o manifiestamente irrazonable, se apoyen en una causa legal inexistente o hayan incurrido en un error patente (STC 63/2003) [FJ 2].
Cambio de criterio del órgano judicialCambio de criterio del órgano judicial, ff. 4, 5
Derecho a obtener una resolución sobre el fondo de las pretensionesDerecho a obtener una resolución sobre el fondo de las pretensiones, f. 2
Igualdad en la aplicación de la leyIgualdad en la aplicación de la ley, Vulnerada, ff. 4, 5
Sentencias contradictoriasSentencias contradictorias, ff. 4, 5

References: Resolución 
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 Resolución 
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 Real Decreto 
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