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Timestamp: 2020-01-23 07:52:17+00:00

Document:
Constitución - Durango
DE LOS DERECHOS PUBLICOS INDIVIDUALES Y SOCIALES
DE SU ELECCION Y FUNCIONAMIENTO
DE LAS FALTAS Y LICENCIAS DEL GOBERNADOR
DE LAS SECRETARIAS DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO
DE LAS PROCURADURIAS Y DEFENSORIAS DE OFICIO
SECCION B.I
DISPOSICIONES PRELIMINARES Indice
En el Estado de Durango todas las personas gozan de los derechos públicos individuales y de los derechos públicos sociales que la Constitución Federal les otorga, los que no podrán suspenderse ni restringirse si no en los casos y condiciones previstos en la misma. Disfrutan además de las garantías que esta Constitución establece.
En el Estado de Durango queda prohibida toda clase de servidumbre que implique la explotación o menoscabo de la dignidad de los trabajadores; las leyes reconocerán la diversidad cultural y protegerán y promoverán el desarrollo de las etnias duranguenses, de sus lenguas, valores culturales, usos, costumbres, recursos y formas de organización social.
En el Estado de Durango, toda persona tiene derecho a la libertad, la seguridad personal, un medio ambiente sano, vivienda digna y decorosa, adecuada a las necesidades del hogar, al trabajo y a la educación, en el caso de las etnias duranguenses, ésta será bilingüe y respetando sus costumbres y tradiciones.
En los términos de la legislación aplicable, el Gobierno del Estado podrá otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica; también podrá otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los señalados en este párrafo.
Además de impartir la educación básica, el Gobierno del Estado, promoverá y prestará la educación media superior y la superior; asimismo promoverá la investigación científica y tecnológica y la difusión de la cultura duranguense en el contexto de la cultura nacional.
A toda petición deberá recaer un acuerdo de la autoridad a quien se haya formulado, en el que ésta expresará, motivada y fundadamentada, si concede o niega lo solicitado. La autoridad tiene obligación de notificar su resolución al peticionario dentro del término que señalan las leyes aplicables y que en ningún caso excederá de noventa días naturales, contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.
No deben expedirse ni aplicarse leyes privativas; nadie será juzgado por Tribunales o Autoridades Especiales.
Toda persona tiene derecho a que se administre justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las Leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; sus servicios serán gratuitos, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales.
Toda resolución de autoridad administrativa será de acuerdo a la letra de la Ley y en su caso conforme a la interpretación jurídica de la misma. Para tal objeto se instituye un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena autonomía; que tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los Particulares; debiéndose promulgar el decreto que establezca las normas para su organización, funcionamiento, procedimiento y recursos contra sus resoluciones.
El patrimonio familiar es inalienable. En ningún caso podrá menoscabarse y no será objeto de embargo ni de gravamen alguno.
La Autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal.
En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud a la del ministerio público.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público, podrá bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenar su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la Ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Ningún juicio podrá tener más de tres instancias.
La correspondencia, sea cual fuere su forma de circulación, estará libre de todo registro y su violación será penada por la Ley.
La propiedad es un derecho que debe desempeñar una función social y en el Estado de Durango:
I.- Es contraria al interés público la tenencia de terrenos rústicos en superficies superiores a los límites que las Leyes señalen a la pequeña propiedad;
II.- Se declara de utilidad pública e interés social el aprovechamiento de terrenos urbanos ociosos o desocupados, para beneficio de la colectividad;
III.- Las Leyes propiciarán el fraccionamiento, la urbanización, la regeneración urbana, el mejoramiento y la adquisición por parte del Estado de los inmuebles necesarios para resolver los problemas habitacionales de los grupos mayoritarios de la población y en particular de los de más bajo nivel económico, así como para cualesquier otro fin de utilidad pública o de beneficio colectivo, señalando los casos en que proceda la expropiación correspondiente;
IV.- La expropiación de bienes pertenecientes a particulares sólo podrá decretarse por causa de utilidad pública, en los casos y de conformidad con el procedimiento que señale la Ley de Expropiación, mediante la indemnización correspondiente; para fijar el monto de ésta tratándose de bienes inmuebles, se atenderá al valor fiscal con que aparezcan registrados en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario, o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones sobre esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de inmuebles cuyo valor no esté fijado en las oficinas recaudadoras o catastrales;
V.- El patrimonio del Estado se compone de los bienes que son de su propiedad y de los que adquiera conforme a la Ley; del producto de las contribuciones decretadas por el Congreso; de los bienes vacantes que están dentro de su territorio; de los bienes mostrencos; de los créditos que tenga a su favor; de las donaciones, legados, herencias o reintegros que se hagan o se dejen en beneficio del Estado; de los derechos, productos y aprovechamientos; así como de los subsidios y de las participaciones en el rendimiento de impuestos federales que conforme a las Leyes deba percibir; y
VI.- Los bienes afectos a un servicio proporcionado por el Estado, son inalienables e imprescriptibles. Los bienes del Estado, desafectados de un servicio público y que pasen al dominio privado del Estado, podrán ser enajenados, previa autorización del Congreso, mediante los requisitos que señala esta Constitución y la Ley de Bienes del Estado que expedirá el Congreso.
El varón y la mujer, son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
En el Estado de Durango, todas las personas en la medida de los recursos económicos de la Administración Pública gozarán de los siguientes derechos:
1o. - Protección asistencial a la maternidad y a la infancia, cuando así lo requiera la situación económica de una o de otra;
2o. - Prestación de servicios médico-asistenciales y funerarios a personas indigentes; y
3o. - Otorgamiento de becas cuando se trate de estudiantes indigentes, que se hayan distinguido por su aprovechamiento y puedan así continuar sus estudios y perfeccionar sus conocimientos en los centros de educación media y superior.
La actividad económica estatal será planeada, conducida, coordinada y orientada por el Ejecutivo del Estado quien llevará a cabo la regularización y fomento de las acciones que demanda el interés general.
En el desarrollo económico del Estado participarán con responsabilidad social, los sectores público, social y privado sin menoscabo de otras formas de actividad económica. El Ejecutivo Estatal bajo este contexto organizará un Sistema Estatal de Planeación Democrática, la cual recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarse al plan y a los programas de desarrollo estatal.
Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al cual se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal.
Son duranguenses:
I.- Las personas nacidas en el Estado de Durango;
II.- Los mexicanos que tengan una residencia mínima de cinco años en el Estado y un modo honesto de vivir; y
III.- Los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, hijos de padre o madre duranguense.
Son ciudadanos del Estado los duranguenses que hayan cumplido 18 años y que tengan un modo honesto de vivir.
Son derechos y obligaciones de los duranguenses los que para todo mexicano consigna la Constitución General de la República.
Son prerrogativas del ciudadano duranguense:
I.- Votar en las elecciones;
II.- Poder ser votado para cargos de elección Popular, y nombrado para empleos o comisiones, teniendo los requisitos que establezca la Ley;
III.- Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para asegurar y defender el territorio, el honor, los derechos o intereses del Estado y de la Nación;
IV.- Asociarse individual, libre y pacíficamente para tratar los asuntos políticos del Estado;
V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; y
VI.- Ser preferido a los extranjeros, y aún a los mexicanos que no sean ciudadanos duranguenses en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones, y para todos los empleos, comisiones o cargos públicos.
Son obligaciones del ciudadano duranguense:
I.- Inscribirse en los padrones de causantes del Estado y de la municipalidad, así como también inscribirse en los padrones electorales, en los términos que determinen las leyes;
III.-Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley;
IV.-Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o del Estado, que en ningún caso serán gratuitos, ni renunciables; y
V.-Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.
Toda persona que permanente o transitoriamente, se encuentre en el territorio de la Entidad, tiene obligación de acatar y cumplir sus leyes y las disposiciones de sus autoridades sin que pueda, por propia decisión, eximirse de su observancia, por ignorarlas, por considerar que son injustas o porque pugnan con sus opiniones, y tiene la obligación de prestar auxilio a las autoridades cuando para ello sea legalmente requerida.
Pierde la calidad de duranguense quien deje de tener la nacionalidad mexicana conforme a la Constitución General de la República, o se comprometa ante ministro de algún culto o ante cualquier persona a no observar la Constitución Federal, la particular del Estado o las Leyes que de ellas emanen.
La calidad del ciudadano duranguense se pierde:
I.- Por sentencia condenatoria que imponga esa pena;
II.- Por solicitar la ciudadanía de otro Estado de la República; y
III.- Por cualesquiera de las causas de pérdida de la ciudadanía mexicana establecidas en la Constitución General de la República.
Los derechos del ciudadano duranguense se suspenden:
I.- Por no dar debido cumplimiento a las obligaciones que impone el Artículo 18 de esta Constitución, salvo causa justificada. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señale la Ley;
II.- Por permitir que derechos de propiedad ajenas, se registren u ostenten como de su pertenencia. Esta suspensión durará mientras subsista la causa y cinco años más, sin perjuicio de otras penas que establezca la Ley;
III.- Por estado de interdicción judicialmente declarado; y
IV.- En los casos y términos previstos en la Constitución General de la República.
Los derechos del ciudadano se recobrarán al cesar la causa que dio motivo a la suspensión, excepto lo dispuesto en las fracciones I y II.
En los casos de pérdida de la calidad de duranguense o de ciudadano del Estado, el Congreso, o en su receso la Comisión Permanente, hará la declaración o la rehabilitación conforme a la Ley Reglamentaria. El Congreso expedirá la Ley de Población del Estado.
El Estado de Durango es libre y soberano y en su régimen de Gobierno no reconoce más restricciones que las prescritas en la Constitución General de la República, a cuya observancia está obligada como Entidad Federativa de la Nación.
La soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo y la ejerce por medio de sus legítimos representantes en los términos establecidos en esta Constitución. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar esta Constitución, así como las demás leyes que de ella emanen.
Los partidos políticos tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la Representación Estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postula mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.
Los partidos políticos nacionales y estatales registrados, tendrán derecho a participar en las elecciones Estatales y Municipales. Así mismo tendrán derecho, a conservar su registro y a las prerrogativas que establezca la ley, todo aquel partido que alcance cuando menos el 1.5% de la votación emitida.
La ley de la materia establecerá las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, así como los límites a las erogaciones y los montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de los recursos, estableciendo las sanciones correspondientes al incumplimiento. Igualmente fijará las condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgarán conforme a los siguiente y a lo que disponga la ley:
a)- El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña calculados por el Organo Superior de Dirección del Instituto Estatal Electoral, el número de diputados a elegir, el número de partidos políticos con representación en el Congreso y la duración de las campañas electorales. El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b)- El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, equivaldrá a una cantidad igual al monto del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año, y;
C)- Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.
La ley tipificará los delitos y las faltas en materia electoral y establecerá las sanciones que deban imponerse.
La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, que se denominará Instituto Estatal Electoral de Durango, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurrirán el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos según lo disponga la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores.
El Instituto Estatal Electoral de Durango, será autoridad en la materia, profesional en su desempeño e independiente en su funcionamiento y decisiones; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El órgano superior de dirección, denominado Consejo Estatal Electoral, se integrará por un consejero presidente y por consejeros electorales, designados en los términos que establezca la ley, con derecho a voz y voto; y, por los representantes del Poder Legislativo, quien designará uno por cada fracción parlamentaria, por un representante nombrado por cada partido político con registro y un Secretario Ejecutivo, los que tendrán derecho a voz, de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley de la materia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal necesario para prestar el servicio profesional electoral. Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos con los requisitos y procedimientos que la ley establezca. Las mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos.
El Instituto Estatal Electoral de Durango, tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas al padrón y lista de electores, preparación de la jornada electoral, cómputos y otorgamiento de constancias, en los términos que señale la ley, capacitación electoral y educación cívica e impresión de materiales electorales, así como la regulación de la observación electoral, de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Asimismo, atenderá lo relativo a los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos. Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas en los términos que determine la ley.
Para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación, en el cual se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar y ser votado y de asociación.
Los Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral deberán satisfacer los requisitos que señale la ley y serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados de entre las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios de la propia Cámara.
La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.
Durante los recesos del Congreso del Estado, para la elección a que se refieren los dos párrafos anteriores, se convocará a un periodo extraordinario de sesiones.
El Estado de Durango está integrado por los siguiente Municipios: Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, el Oro, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Simón Bolívar, Súchil, Tamazula, Tepehuanes, Tlahualilo, Topia y Vicente Guerrero y con los demás que se formen en lo sucesivo. El territorio del Estado tiene la extensión y límites que señala la Ley de División Territorial.
El Estado de Durango reconoce y adopta en su régimen interior la forma de Gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, de acuerdo con las bases que señala la Constitución General de la República
En el Estado de Durango el poder público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
La residencia de los poderes es la Capital del Estado.
El ejercicio de las funciones que esta Constitución señala al Poder Legislativo, se deposita en el Congreso del Estado de Durango.
El Congreso se integra con Diputados electos popular y directamente cada tres años. Por cada Diputado propietario se elegirá un Suplente.
El Congreso del Estado se integrará con 15 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa en distritos electorales uninominales, y con 10 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante listas votadas en la circunscripción plurinominal que corresponderá a la totalidad del territorio del Estado.
La elección de los diputados de representación proporcional, bajo el sistema de listas, deberá sujetarse a lo que en particular disponga la legislación electoral relativa, de conformidad con las siguientes bases:
I.- Para obtener la inscripción de sus listas, el partido político que lo solicite, deberá acreditar que tiene su registro y que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos dos terceras partes de los distritos electorales uninominales;
II.- Tendrá derecho a que le sean asignados diputados electos según el principio de proporcionalidad, todo aquel partido que alcance al menos el 2.5% de la votación total emitida.
La demarcación territorial de los quince distritos electorales uninominales, será la que resulte de dividir la población total del Estado entre los distritos señalados y será fijada en el Código Estatal Electoral.
Para ser Diputado Propietario y Suplente se requiere:
I.- Ser ciudadano duranguense por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, o ciudadano duranguense en pleno ejercicio de sus derechos con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de seis años inmediatamente anteriores al día de la elección. Si es nativo del Estado, tener cuando menos dos años de residencia efectiva dentro del territorio del Estado inmediatamente anteriores al día de la elección;
III.- Tener para el día de la elección una edad mínima de veintiún años cumplidos;
IV.- No haber sido condenado a más de un año de prisión, excepto el caso de delito de culpa. Tratándose de delitos patrimoniales o de aquellos cuya comisión lastime seriamente la buena fama en el concepto de la opinión pública, el responsable quedará inhabilitado para el cargo, independientemente de la pena impuesta; y
V.- No ser Secretario o Subsecretario de Despacho en el Poder Ejecutivo del Estado, Procurador o Subprocurador General de Justicia del Estado; Directores Generales de la Administración Estatal, Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales, servidor público de mando superior de la Federación, militar en servicio activo, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Estatal Electoral, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Estado, salvo que se hubieran separado de su cargo noventa días antes de la elección.
Los Diputados Propietarios no podrán ser reelectos para el período inmediato, ni aún en el carácter de suplentes. Los Diputados Suplentes podrán ser electos para el período inmediato, con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio.
Los Diputados Propietarios, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, del Estado, o de los Municipios por los cuales disfruten de sueldo, sin licencia previa de la Legislatura o de la Comisión Permanente, en su caso, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los Diputados Suplentes cuando estuvieran en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de Diputado.
El Presidente de la Legislatura velará por el respeto al fuero Constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto en donde se reúnen a sesionar.
Los Diputados que sin licencia dejaren de concurrir por un mes seguido a cualquier período de sesiones, quedarán suspensos de su encargo y de los derechos de ciudadano por todo el período para el que fueron electos.
Igual pena sufrirán los suplentes, en su caso, desde que sean llamados para reemplazar al propietario. Para la aplicación de esta pena se necesita la declaración expresa del Congreso. Las faltas sin licencias, de menos de un mes, se sujetarán a las prescripciones y penas que señale la Ley Orgánica del propio Congreso.
El Instituto Estatal Electoral de Durango, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados en cada uno de los distritos electorales uninominales y otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos; igualmente declarará la validez de las elecciones de los miembros de los Ayuntamientos. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados y regidores según el principio de representación proporcional de conformidad con las normas establecidas en la Constitución y en la Ley de la materia.
El asiento del Congreso es la Capital del Estado. Podrá trasladarse provisionalmente a otro lugar cuando se presenten circunstancias que lo ameriten y así lo acuerden cuando menos las dos terceras partes de los Diputados presentes en la sesión en que se trate.
El Congreso iniciará sus sesiones, el 1o. de Septiembre posterior a la elección, sesionará ordinariamente del 1o. de Septiembre al 15 de Diciembre y del 15 de Marzo al 15 de Junio de cada año, no pudiendo instalarse ni ejercer sus funciones sin la concurrencia de la mayoría de los Diputados integrantes.
El Congreso se reunirá en períodos extraordinarios de sesiones cuando fuere convocado por la Comisión Permanente y sólo podrán tratarse los asuntos que los motiven y se precisen en la convocatoria.
Todas las sesiones serán públicas, con excepción de los casos señalados por la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
El Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, expedirá la Convocatoria para las elecciones que procedan de acuerdo con la Ley Electoral del Estado. En caso de falta absoluta de alguno o varios Diputados Propietarios y de sus respectivos Suplentes, el Congreso convocará a elecciones para integrar el total de sus miembros, siempre que esta circunstancia no ocurra dentro del último semestre del período Constitucional y que estuviere en funciones la mayoría de los Diputados; a falta de esta mayoría, el Ejecutivo expedirá la Convocatoria respectiva.
Durante el mes de Agosto del año de la elección, la Comisión Permanente convocará a los Diputados Electos a una Junta Preparatoria.
En la Junta Preparatoria a que se refiere el Artículo anterior, los Diputados electos designarán la Directiva Inicial de la nueva Legislatura.
Los Diputados son defensores de los derechos sociales de los habitantes que representan en el Congreso del Estado. Tienen el deber de ser gestores de los problemas que afecten a los habitantes de sus Distritos o a sus representaciones proporcionales minoritarias. Los Diputados de Mayoría relativa tienen además la obligación de recorrer los Municipios de sus Distritos durante los períodos de receso. Se exceptúan de esta obligación los Diputados que integran la Comisión Permanente.
Los Diputados de Mayoría Relativa enviarán por escrito a los H.H. Cabildos de los Municipios comprendidos en sus respectivos distritos electorales, un informe de sus gestiones e intervenciones en beneficio de los habitantes de sus respectivos distritos. Los Diputados de Representación Proporcional presentarán su informe ante la Comisión permanente del H. Congreso del Estado. Los informes serán presentados durante la segunda quincena del mes de junio de cada año. En ambos casos los Diputados podrán comparecer, si así lo estiman pertinente, ante sus representados.
El 12 de Septiembre de cada año, el Gobernador del Estado, enviará al Congreso, por escrito un informe de la situación que guarda la Administración Pública. Podrá comparecer a la sesión para dirigir un mensaje, en cuyo caso, el Presidente del Congreso hará las apreciaciones correspondientes.
El derecho de iniciar Leyes y Decretos compete:
I.- A los Diputados del Congreso del Estado;
II.- Al Gobernador del Estado;
III.- Al Tribunal Superior de Justicia; y
Las iniciativas se turnarán a Comisión para dictamen y en su discusión y resolución se seguirán los trámites que señalen las disposiciones reglamentarias respectivas.
Las Leyes o Decretos aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo para su promulgación y publicación. El Gobernador del Estado, dentro de los 10 días siguientes al recibo de las Leyes o Decretos, podrá formular observaciones. En caso de hacerlas las remitirá al Congreso, donde serán de nuevo discutidas en las partes relativas, previo estudio y dictamen de las Comisiones, y si fueren confirmados en su forma primitiva por las dos terceras partes de los Diputados presentes, volverán al Ejecutivo para su inmediata promulgación y publicación.
El Ejecutivo no podrá hacer observaciones cuando el Congreso funcione como jurado o cuando declare que haya lugar a la formación de causa en contra de funcionarios públicos por la comisión de delitos comunes.
Ninguna iniciativa que sea desechada por el Congreso podrá ser presentada de nuevo en el mismo período de sesiones.
El Congreso tiene facultades para legislar en todo aquello que no esté expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o de alguna de sus Cámaras y además para:
I.- Resolver sobre los convenios que el Ejecutivo celebre con los Estados vecinos sobre cuestiones de límites; para que surtan efectos tales convenios se requiere la aprobación del Congreso de la Unión;
II.- Legislar en lo relativo a la administración interior del Estado;
III.- Aprobar y modificar el presupuesto de egresos del Estado y Decretar contribuciones suficientes para cubrirlo, tomando en consideración las participaciones y subsidios federales y estatales, en su caso;
IV.- Decretar las contribuciones y otros ingresos suficientes para atender las necesidades de los Municipios, tomando en consideración las participaciones y subsidios federales y estatales, y en todo caso, incluyendo las contribuciones y percepciones a que se refiere el Artículo 111 de esta Constitución;
V.- Autorizar al Ejecutivo para concertar empréstitos a largo plazo destinados a la realización de obras públicas que los justifiquen;
VI.- Derogar, adicionar y reformar las Leyes del Estado;
VII.- Otorgar premios o distinciones a las personas que hayan prestado servicios de importancia a la Nación o al Estado;
VIII.- Cambiar provisionalmente la residencia de los poderes del Estado;
IX.- Nombrar Gobernador Provisional, Interino o Substituto;
X.- Expedir la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos.
Esta Ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia. Expedir asimismo la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado;
XI.- Expedir leyes sobre el fraccionamiento de las propiedades rústicas y urbanas;
XII.- Crear nuevos municipios en las circunstancias y condiciones que señala la Ley del Municipio Libre;
XIII.- Suprimir aquellos Municipios que dejen de tener la población suficiente y los recursos económicos indispensables para la satisfacción de los servicios municipales;
XIV.- Establecer la nomenclatura y categoría política de los pueblos, villas y ciudades del Estado y legislar en todo lo concerniente a sus fundos legales, a su planificación y a su urbanización;
XV.- Legislar sobre el aprovechamiento de las aguas que queden bajo el régimen del Estado, conforme a la Constitución General de la República;
XVI.- Hacer la declaración de pérdida de la calidad de duranguenses o de ciudadanos del Estado, y de rehabilitación en ambos casos;
XVII.- Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos que haga el Gobernador del Estado de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como las renuncias o licencias que ante el propio Ejecutivo sometan los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en los términos del Artículo 93;
XVIII.- Convocar a elecciones para Gobernador, Diputados y Munícipes;
XIX.- Legislar sobre el funcionamiento del Municipio Libre y expedir las bases normativas a las que deberán sujetarse los Ayuntamientos para la formación de los reglamentos respectivos;
XX.- Resolver los conflictos que sobre límites se susciten entre los Municipios;
XXI.- Expedir el bando solemne para dar a conocer en todo el Estado la declaración de Gobernador que hubiere hecho el Tribunal Estatal Electoral;
XXII.- Tomarles la protesta de Ley al Gobernador y a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral y a los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado;
XXIII.- Erigirse en Jurado de Acusación en los casos de presunta responsabilidad política y penal;
XXIV.- Recibir los avisos de ausencia del Gobernador y conceder, en los términos de esta Constitución y de la Ley, las autorizaciones o en su caso, licencias al Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral y a los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado;
XXV.- Revisar, discutir y aprobar, en su caso, con vista del informe que rinda la Contaduría Mayor de Hacienda, la Cuenta Pública que anualmente le presentará el Ejecutivo y los Ayuntamientos, separadamente, sobre los gastos de Administración; debiendo comprender el examen, no sólo la conformidad de las erogaciones en las partidas del correspondiente presupuesto de egresos, sino también la exactitud y la justificación de tales erogaciones;
XXVI.- Decretar amnistías; conceder indultos, en los casos que se señala la Legislación penal;
XXVII.- Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado o Municipales respectivamente. En el caso de venta ésta deberá efectuarse en pública subasta y al mejor postor, teniendo como base su valor real y con expresa prohibición de que se finque a favor de un funcionario público federal, estatal o municipal, de sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado o transversal hasta el cuarto grado o de sus parientes por afinidad, o consanguíneos de éstos hasta el tercer grado;
XXVIII.- Designar a los miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en los términos que determina esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial;
XXVIII BIS.- Designar a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral de acuerdo con lo establecido por esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
XXIX.- Llevar un registro del patrimonio de los servidores públicos a que se refiere el Artículo 122 de esta Constitución, e investigar en el caso de que exista presunción de enriquecimiento ilícito de alguno de los servidores mencionados en dicho Artículo, procediendo en tal caso, conforme a lo establecido en las leyes correspondientes;
XXX.- Expedir Leyes tendientes a normar las medidas de protección y a corrección de conductas en su caso, de los menores, con el fin de propiciar su correcta incorporación al desarrollo de la sociedad;
XXXI.- Vigilar por medio de una comisión de su seno el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor;
XXXII.- Nombrar y remover, en su caso, al Contador Mayor de Hacienda del Congreso;
XXXIII.- Conocer de los actos, procedimientos y resolver, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, sobre la suspensión definitiva de Ayuntamientos y declarar, en consecuencia, que éstos han desaparecido, así como suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros; en ambos casos, siempre y cuando los miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, observándose lo siguiente:
a)- Procederá la suspensión de Ayuntamientos, en forma definitiva, con la consecuente declaración de desaparición, cuando se hayan presentado circunstancias, de hecho, como la desintegración del cuerpo edilicio, por renuncia o falta de la mayoría de sus miembros; cuando la mayoría de los integrantes de cabildo no asistan a tres sesiones consecutivas, sin causa justificada; cuando la mayoría o la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento se encuentren en el caso en que proceda su suspensión en lo particular por la comisión de delito doloso; o cuando el Ayuntamiento, como tal haya violado reiteradamente, las Leyes del Estado y/o Federales.
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento en los dos primeros años de período, si conforme a la Ley no procediere que entraren en funciones los suplentes, el Congreso de inmediato nombrará un Concejo Municipal, a la vez que convocará a elecciones extraordinarias, que deberán celebrarse a más tardar a los noventa días después de haberse publicado la convocatoria. Cuando la declaración de desaparición de un Ayuntamiento ocurriere en el último año del período y que conforme a la Ley tampoco procediere que entraren en funciones los suplentes, el Congreso de inmediato designará de entre los vecinos un Concejo Municipal, que concluirá el período respectivo.
b)- Procederá la suspensión temporal de uno de los miembros del Ayuntamiento, cuando el munícipe de que se trate se le dicte auto de formal prisión, por la comisión de delito doloso, la suspensión temporal permanecerá hasta que lo determine la sentencia definitiva correspondiente y que haya causado ejecutoria.
c)- Procederá la suspensión definitiva de alguno de los miembros del Ayuntamiento, cuando el munícipe de que se trate se encuentre en cualquiera de los casos siguientes:
Cuando se le haya dictado sentencia condenatoria y que ésta haya causado ejecutoria; y cuando deje de asistir consecutivamente a tres sesiones de cabildo, sin causa justificada, la suspensión definitiva del munícipe dará lugar a la revocación del mandato respectivo.
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será substituido por su suplente, o se procederá según lo dispone la Ley;
XXXIV.- Resolver sobre las controversias que se susciten entre los Municipios; y entre éstos y el Ejecutivo del Estado;
XXXV.- Expedir, con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, leyes que rijan las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores y entre los Municipios y quienes laboran a su servicio;
XXXVI.- Recibir las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión en materia de responsabilidades de los servidores públicos;
XXXVII.- El Congreso del Estado, a solicitud de una cuarta parte de sus miembros, podrá citar a los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, al Procurador de Justicia y a los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados, durante el Primer Período de Sesiones del Ejercicio Legal correspondiente, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, debiendo enviarle citatorio, con la anticipación razonable, y haciéndole saber el motivo exacto de su comparecencia; y
XXXVIII.- Expedir leyes para la conservación, educación e instrucción de los grupos étnicos del Estado.
Durante los recesos del Congreso, habrá una Comisión Permanente que se compondrá de cinco Diputados Propietarios y cinco Suplentes. En la víspera de la clausura de cualquiera de los períodos de sesiones será nombrada por la Legislatura, instalándose al día siguiente.
I.- Llevar la correspondencia;
II.- Recibir la protesta al Gobernador, Magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura del Estado, en los casos prescritos por esta Constitución;
III.- Recibir los avisos de ausencia del Gobernador y conceder las autorizaciones, o, en su caso, licencias que solicite el Gobernador y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados Electorales y miembros del Consejo de la Judicatura;
IV.- Acordar por sí o a pedimento del Ejecutivo, la celebración de períodos extraordinarios de sesiones del Congreso;
V.- Presidir los períodos extraordinarios de sesiones del Congreso; y
VI.- Las demás que le confiere esta Constitución.
La Comisión Permanente dará cuenta en la segunda sesión del período ordinario siguiente de la Legislatura, de las labores desarrolladas, presentando al efecto una memoria escrita de sus trabajos, así como de los expedientes que hubiere formado.
DE SU ELECCION Y FUNCIONAMIENTO.
El Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que se denomina Gobernador del Estado y que durará 6 años en su encargo.
El Gobernador del Estado cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, substituto o encargado del Despacho.
a)- El Gobernador substituto;
b)- El Gobernador Provisional cuando hubiere desempeñado el cargo en los dos últimos años del período;
c)- El Gobernador Interino cuando haya desempeñado el cargo en los dos últimos años del período, o el ciudadano que con cualquier denominación desempeñe el cargo en ese período por más de tres meses continuos.
IV.- Los duranguenses por nacimiento deberán tener por lo menos dos años de residencia efectiva dentro del territorio del Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección;
V.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de culto alguno;
VI.- Saber leer y escribir;
VII.- No ser Secretario o Subsecretario del Despacho en el Poder Ejecutivo del Estado, Procurador o Subprocurador de Justicia en el Estado, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Tribunal Estatal Electoral o miembro del Consejo de la Judicatura del propio Poder Judicial, Directores Generales de la Administración Estatal, Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales, servidor público de mando superior de la Federación, ni militar en servicio activo, salvo que se hubieran separado de su cargo noventa días antes de la elección; y
VIII.- No haber sido condenado a más de un año de prisión excepto el caso de delito por culpa. Tratándose de delitos patrimoniales o de aquellos cuya misión lastime seriamente la buena fama en el concepto de la opinión pública, el responsable quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que hubiere sido la pena impuesta.
La elección de Gobernador será directa, a través del voto universal, libre y secreto de los ciudadanos que cumplan con las cualidades que establece la ley. El Congreso del Estado, en los términos que señala esta Constitución, expedirá bando solemne para dar a conocer en todo el territorio del Estado, la declaración de Gobernador electo que haya hecho el Tribunal Estatal Electoral.
El ciudadano electo o designado Gobernador, otorgará la Protesta de Ley ante el Congreso del Estado o su Comisión Permanente.
En caso de falta absoluta del Gobernador ocurrida en los dos primeros años del período respectivo, el Congreso de inmediato nombrará un Gobernador Interino, a la vez que convocará a elecciones que tendrán lugar dentro de los seis meses siguientes.
Cuando la falta absoluta del Gobernador ocurriese en los cuatro últimos años, el Congreso designará de inmediato al Gobernador substituto que concluirá el período respectivo. Si el Congreso estuviere en receso la Comisión Permanente designará un Gobernador Provisional y procederá a convocar a un período extraordinario de sesiones que tendrá lugar dentro de las setenta y dos horas siguientes, para que hagan la designación del Gobernador Substituto.
Si al comenzar un Período Constitucional no se presentase el Gobernador Electo, por causas de fuerza mayor o justificada a juicio del Congreso, éste designará un Gobernador Provisional que fungirá en tanto el Gobernador Electo no se presente a rendir la protesta de Ley. Si dentro de las setenta y dos horas siguientes de haber desaparecido las causas que motivaron la ausencia, el Gobernador Electo no se presenta, el Congreso designará un Gobernador Interino y convocará a nuevas elecciones que se efectuarán en un término no mayor de seis meses. Si la elección no estuviere hecha y declarada al iniciarse un período Constitucional, la nueva Legislatura designará un Gobernador Interino y convocará a elecciones que se efectuarán en un término no mayor de seis meses.
En el caso de que el Gobernador Interino no pueda ser designado por la nueva Legislatura porque sus integrantes no se presenten, o la elección de Diputados no estuviere hecha y declarada, la Comisión Permanente de la Legislatura anterior nombrará un Gobernador Provisional, quien convocará a elecciones, que deberán verificarse dentro de los tres meses siguientes.
Si fuera necesario convocar a elecciones y éstas no se pudieren verificar por trastornos graves del orden público en la mayor parte del Estado, el Congreso designará Gobernador Interino, pero si el orden público quedare restablecido antes de un año, el Congreso convocará a elecciones, de lo contrario designará al Gobernador Substituto que deba terminar el período Constitucional, no pudiendo ser quien haya fungido como Interino.
Cuando el Gobernador se ausente del Estado por un término que exceda de siete días, pero no mayor de quince, debe dar aviso al Congreso o a la Comisión Permanente.
En las faltas temporales del Gobernador que no excedan de tres meses consecutivos, el Secretario General de Gobierno se hará cargo del despacho del Poder Ejecutivo.
El cargo de Gobernador no es renunciable y sólo por causa justificada, el Congreso podrá conceder licencia hasta la terminación del período respectivo.
Las autorizaciones para las ausencias temporales y de las licencias del Gobernador, sólo serán concedidas por causa justificada a juicio del Congreso o de la Comisión Permanente.
I.- Publicar, en su caso, cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales que no menoscaben la soberanía del Estado;
II.- Promulgar, publicar y ejecutar las Leyes y Decretos que expida el Congreso del Estado, reglamentando su observancia en la esfera administrativa;
III.- Coordinar en base a los principios de la Ciencia de la Administración Pública, en forma permanente y continua los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros del Estado, con el fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia en la producción de bienes y servicios inherentes al beneficio económico, social y cultural del pueblo y cuidar del orden, tranquilidad y seguridad sociales;
IV.- Iniciar ante el Congreso Leyes y Decretos;
V.- Nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de confianza de las dependencias del Poder Ejecutivo; concederles licencias con o sin goce de sueldo y aceptarles renuncias;
VI.- Nombrar a los servidores públicos del Poder Ejecutivo y removerlos cuando haya causa que lo justifique; así como plantear al Congreso del Estado los casos de los servidores públicos que ameriten la iniciación de un juicio político por faltas u omisiones graves que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; independientemente de las facultades concedidas por la Ley respectiva en caso de responsabilidad administrativa y civil;
VII.- Excitar a los Tribunales a la más pronta y cumplida administración de justicia;
VIII.- Visitar periódicamente los Municipios del Estado;
IX.- Hacer observaciones a las Leyes y Decretos que expidiere el Congreso del Estado, en los términos que señala el Artículo 52;
X.- Facilitar al Poder Judicial los auxilios que requiere para el ejercicio expedito de sus funciones;
XI.- Solicitar a la Comisión Permanente que convoque al Congreso a períodos extraordinarios de sesiones cuando lo considere necesario;
XII.- Enviar al Congreso el día 12 de Septiembre de cada año, un Informe por escrito sobre el estado que guarda la Administración Pública;
XIV.- Presentar al Congreso dentro del período ordinario de sesiones pero a más tardar el día 12 de Diciembre de cada año, los proyectos de Ley de Ingresos y de Ley de Egresos para el ejercicio fiscal siguiente, incluyendo este último el presupuesto respectivo; en el segundo período ordinario de sesiones deberá presentar la Cuenta Pública de gastos erogados por el Estado durante el año anterior;
XV.- Hacer transferencias de las partidas del Presupuesto de Egresos, dando aviso oportuno al Congreso;
XVI.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, debiendo hacerlo preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la Administración de Justicia, o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, sometiendo tal designación a la aprobación del Congreso;
XVII.- Concertar créditos, cuando así lo demanden las condiciones del erario estatal, para la satisfacción de las necesidades administrativas;
XVIII.- Concertar convenios sobre límites con los Estados vecinos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso;
XIX.- Resolver los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos y que no sean de los que corresponda conocer al Congreso;
XX.- Intervenir conciliatoriamente en las controversias que surjan entre los miembros de un Ayuntamiento, cuando así lo soliciten;
XXI.- Nombrar y remover libremente a los jefes y oficiales de Policía urbana del lugar donde tengan su asiento los poderes del Estado, los cuerpos policiacos municipales de los lugares donde transitoriamente se encuentre el Ejecutivo quedarán automáticamente bajo su mando;
XXII.- Declarar la utilidad pública y decretar la expropiación de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución General de la República y a lo establecido en el Artículo 11 de la presente Constitución y demás Leyes relativas;
XXIII.- Representar a la Hacienda Pública, pudiendo, en los casos que lo estime conveniente delegar esa representación y celebrar convenios de coordinación con las autoridades hacendarias federales;
XXIV.- Fomentar la educación popular, las actividades deportivas y el mejoramiento moral y material de la colectividad, sustentando siempre los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;
XXV.- Dictar las medidas correspondientes para la organización del sistema penitenciario sobre la base de la educación y del trabajo como medios de rehabilitación del delincuente;
XXVI.- Cuidar de que las elecciones se efectúen en el tiempo señalado por las Leyes relativas;
XXVII.- Promover el desarrollo económico del Estado en forma integral y equilibrada, conforme a los principios de justicia social;
XXVIII.- Crear por Decreto, Organismos Descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos, comités, direcciones y departamentos dependientes del Titular del Poder Ejecutivo;
XXIX.- Fomentar y estimular la creación de industrias y empresas rurales, buscando la participación armónica del capital y del trabajo en una verdadera alianza para la producción;
XXX.- Celebrar convenios con la Federación o Municipios con respecto a la administración y recaudación de las contribuciones. También podrá celebrar convenios con la Federación, o sus Municipios respectivos, para que se asuman por unos u otros la ejecución y operación de obras; así como otorgar, revocar o modificar concesiones a los particulares que conforme a la legislación vigente competa al Ejecutivo para que asuman la ejecución y operación de obras, y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Las leyes reglamentarias de la materia normarán las modalidades del procedimiento; y
XXXI.- Las demás que expresamente le confiere esta Constitución y las Leyes reglamentarias respectivas.
Para el auxilio en el despacho de asuntos, competencia del Poder Ejecutivo, sin que sea limitativo, habrá las siguientes Secretarías: General de Gobierno; Finanzas y de Administración; Comunicaciones y Obras Públicas; Desarrollo Industrial, Comercial y Minero; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Salud; Educación, Cultura y Deporte; Contraloría; así como una Procuraduría General de Justicia; además de las Secretarías que determine la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Para ser Secretario General de Gobierno y Sub-secretario, se requiere:
I.- Ser ciudadano duranguense por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos o ciudadano duranguense en pleno ejercicio de sus derechos con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de diez años inmediatamente anteriores al día de su designación. Si es nativo del Estado, tener cuando menos seis años de residencia efectiva dentro del territorio del Estado inmediatamente anteriores al día de su designación;
II.- Ser mayor de 28 años de edad;
III.- Poseer Título Profesional en grado de licenciatura;
V.- No haber sido Gobernador del Estado por elección popular ordinaria o extraordinaria; y
VI.- Ser de reconocida probidad y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, excepto los delitos por culpa, pero tratándose de delitos patrimoniales o de aquellos cuya comisión lastime seriamente la buena fama en el concepto de la opinión pública, el responsable quedará inhabilitado para el cargo.
I.- Refrendar los reglamentos, decretos, iniciativas, acuerdos de observancia general, nombramientos, convenios con el Gobierno Federal y con los Gobiernos Estatales y otros documentos que a juicio del Gobernador deberá refrendar;
II.- Encargarse del despacho del Poder Ejecutivo durante las faltas temporales del Gobernador, que no excedan de tres meses; y
III.- Desempeñar las comisiones y cargos que las leyes expresamente le confieran.
Los requisitos para ocupar las Secretarías, excepto las especificadas en esta Constitución, se determinarán en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
La Hacienda del Estado la constituyen:
I.- Los bienes que sean propiedad del Estado;
II.- El producto de las contribuciones decretadas por el Congreso;
III.- Los bienes vacantes en el Estado;
IV.- Los bienes mostrencos;
V.- Las donaciones, legados, herencias o reintegros que se hagan o que se dejen en beneficio del Estado; y
VI.- Los créditos que tengan a su favor, los derechos, los productos y los aprovechamientos, así como los subsidios y las participaciones en el rendimiento de impuestos federales que conforme a las Leyes deba percibir el Erario.
Las contribuciones serán decretadas por el Congreso en cantidad suficiente para cubrir los gastos tanto ordinarios como extraordinarios que demande la administración pública, tomando en consideración las participaciones y subsidios federales, en su caso.
Los habitantes del Estado y quienes residiendo en él tuvieren bienes en su territorio o ejecuten actos que deban surtir efectos en el mismo, están obligados a contribuir para los gastos públicos de la Entidad de la manera que señalen las Leyes relativas.
La coordinación, planeación y control de la Hacienda Pública, estará a cargo del Secretario de Finanzas y de Administración, dependiente del Ejecutivo, cuyas atribuciones determinará la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
El Secretario de Finanzas y de Administración, así como los funcionarios y empleados de la dependencia a su cargo, que manejen fondos públicos, otorgarán ante el Ejecutivo fianza suficiente para garantizar su manejo.
En el Estado de Durango no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la industria.
El Ministerio Público es una institución que representa los intereses de la sociedad para los efectos que se precisan en esta Constitución y Leyes relativas.
Son facultades y obligaciones del Ministerio Público:
I.- Ejercitar la acción penal por los delitos del orden común ante los Tribunales Judiciales;
II.- Promover lo necesario en la esfera de su competencia, para que la administración de justicia sea recta, pronta y expedita;
III.- Intervenir en todos los juicios en que se ventilen intereses de los ausentes, ignorados, menores o incapacitados y en los que se interesen establecimientos de beneficencia pública y de bienestar social, a los cuales representará;
IV.- Intervenir por conducto del Procurador de Justicia, en todos los asuntos en que el Estado sea parte, salvo lo referente al interés fiscal, en que se atenderá a las disposiciones del Gobernador del Estado para la representación de la Secretaría de Finanzas y de Administración; y
V.- Las demás que esta Constitución y Leyes respectivas le señalen.
El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se deposita en un Procurador de Justicia, un Sub-Procurador y en los agentes que determine la Ley respectiva, los que serán nombrados y removidos libremente por el Gobernador del Estado.
Para ser Procurador o Sub-Procurador se requiere:
I.- Ser ciudadano duranguense por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos; o ciudadano duranguense en pleno ejercicio de sus derechos con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de diez años inmediatamente anteriores al día de su designación. Si es nativo del Estado tener cuando menos seis años de residencia efectiva dentro del territorio del Estado; inmediatamente anterior al día de su designación;
II.- Ser mayor de veintiocho años de edad;
IV.- Poseer, el día del nombramiento, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de Licenciado en Derecho; y
V.- No haber sido condenado a más de un año de prisión, excepto el caso de delito por culpa. Tratándose de delitos patrimoniales o de aquellos cuya comisión lastime seriamente la buena fama en el concepto de la opinión pública, el responsable quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que hubiere sido la pena impuesta.
Para ser Agente del Ministerio Público se debe satisfacer los requisitos que al efecto establece la Ley reglamentaria respectiva.
El Sub-Procurador de Justicia suplirá al Procurador en sus faltas temporales.
Para la defensa y patrocinio en juicio de los intereses de las personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para sufragar los honorarios de un profesional del derecho, funcionarán:
I.- Las Defensorías de Oficio en materia penal;
II.- Procuradurías para el asesoramiento, representación y patrocinio de personas en negocios de carácter civil y familiar;
III.- Procuradurías de la Defensa del Trabajo para el asesoramiento y patrocinio de los trabajadores de la Entidad; y
IV.- Procuradurías para la Defensa del Menor.
El Ejecutivo del Estado nombrará y removerá libremente a los Defensores de Oficio, Procuradores de Asuntos Civiles y Familiares; Procuradores de la Defensa del Trabajo; y Procuradores de la Defensa del Menor.
Para ocupar los cargos a que se refiere el artículo anterior, se deben satisfacer los requisitos que establecen las leyes reglamentarias respectivas.
El Poder Judicial del Estado es autónomo y en el ejercicio de sus funciones, actuará con absoluta independencia y sólo estará sujeto a las normas constitucionales y leyes que de ellas emanen. Se deposita su ejercicio en:
1o.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado;
2o.- El Tribunal Estatal Electoral
3o.- El Consejo de la Judicatura
4o.- Los Juzgados Civiles y Mercantiles;
5o.- Los Juzgados Familiares;
6o.- Los Juzgados Penales;
7o.- Los Juzgados de Primera Instancia con jurisdicción mixta;
8o.- Los Juzgados Auxiliares;
9o.- Los Juzgados Municipales; y
10o.- Los Funcionarios y Auxiliares de la Administración de Justicia, en los términos que establece la Ley.
Los Magistrados así como los miembros del Consejo de la Judicatura y Jueces percibirán una remuneración adecuada que les proporcione una total entrega a sus funciones.
La competencia del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, del Consejo de la Judicatura, el funcionamiento del Pleno y de las Salas y la competencia de éstas, las atribuciones de los Magistrados, de los Consejeros, el número y competencia de los jueces, la división del Estado en Distritos Judiciales, las responsabilidades en que incurran aquellos, así como los demás funcionarios y empleados del Poder Judicial, se regirán por lo que dispone esta Constitución y las Leyes relativas.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado se integra por ocho Magistrados Numerarios y ocho Magistrados Super Numerarios; éstos últimos suplirán a aquellos en sus faltas temporales y también temporalmente en sus faltas definitivas, a cuyo efecto, serán llamados en el orden numérico en que hubieren sido electos.
El Consejo de la Judicatura es el órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del poder judicial del Estado y ejercerá las atribuciones relativas al gasto público; nombramiento, adscripción y remoción de jueces y personal; carrera judicial; control jurisdiccional, y aquellas que le competan de acuerdo con esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estará integrado por cinco miembros, de los cuales uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; los restantes serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso de entre la lista de Jueces de Primera Instancia o funcionarios judiciales en ejercicio que se formule en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los Consejeros designados deberán ser personas que se hayan distinguido por su profesionalismo, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurisdiccionales.
Los Consejeros deberán reunir cuando menos los requisitos señalados en esta Constitución para ser Juez de Primera Instancia y tratándose de éstos gozarán de licencia por el plazo que funjan como consejeros.
El Consejo funcionará en pleno o en comisiones, el pleno resolverá sobre la integración de ternas para Magistrados Electorales, designación, adscripción y remoción de jueces, secretarios y actuarios así como de los demás asuntos que la ley determine.
El Consejo gozará de plena autonomía y estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la Ley.
Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso del Estado, el que otorgará o negará su aprobación, por mayoría simple dentro del improrrogable término de quince días. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho término se tendrán por aprobados los nombramientos.
Si el Congreso no ratifica el nombramiento, el Gobernador hará una segunda designación que surtirá sus efectos, desde luego como provisional, debiendo someterse a la aprobación del Congreso en el siguiente período de sesiones. En este período de sesiones, dentro de los primeros cinco días hábiles, el Congreso deberá aprobar o reprobar el nombramiento. Si lo aprueba o nada resuelve, el Magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo.
Si el Congreso desaprueba el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el Magistrado provisional y el Gobernador someterá nuevo nombramiento a la aprobación del Congreso en los términos señalados.
La renuncia de los Magistrados se presentará ante el Titular del Ejecutivo, el que de encontrarla procedente la turnará con su opinión al Congreso para su aceptación definitiva. En este caso, se observará el procedimiento señalado para los efectos de la nueva designación.
Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Estatal Electoral se requiere:
I.- Ser ciudadano duranguense por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; o ciudadano duranguense, en pleno ejercicio de sus derechos con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de diez años inmediatamente anteriores al día de la ratificación de su nombramiento por el Congreso del Estado. Si es nativo del Estado, tener cuando menos seis años de residencia efectiva dentro del territorio del Estado inmediatamente anteriores al día de la ratificación de su nombramiento por el Congreso del Estado;
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
V.- No haber sido Senador, Diputado Federal, Diputado Local, Presidente Municipal, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento, durante el año previo al de su nombramiento.
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán seis años en sus cargos y rendirán la protesta de ley ante el Congreso del Estado o su Comisión Permanente. Podrán ser nombrados nuevamente y si lo fueren para el período inmediato, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinan la Constitución Política del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
Salvo el Presidente del Consejo de la Judicatura, los demás Consejeros durarán cuatro años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período inmediato.
Los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Quinto de esta Constitución.
El Tribunal Superior de Justicia tendrá un Presidente, que será el Magistrado electo cada tres años por mayoría de votos de sus miembros, pudiendo ser reelecto para un período igual.
El Magistrado Presidente no integrará Sala y sus actividades se dirigirán a vigilar el estricto cumplimiento de las determinaciones del Tribunal Pleno, a representar oficialmente al Poder Judicial, a, presidir el Consejo de la Judicatura y a cuidar de la administración de justicia, conforme a las obligaciones que le fijen las leyes.
El Magistrado Presidente deberá rendir, durante la primera quincena del mes de diciembre de cada año, ante el Tribunal Pleno, un informe por escrito por el que se dé cuenta del estado que guarda la administración de justicia, mismo que inmediatamente enviará al Congreso del Estado.
Son facultades y obligaciones del Tribunal Superior de Justicia:
I.- Iniciar ante el Congreso las Leyes, decretos y reglamentos que tengan por objeto mejorar la administración de la justicia;
II.- Ser Tribunal de apelación o bien de última instancia en los negocios civiles, penales y mercantiles conforme a las Leyes respectivas;
III.- Dirimir las competencias de jurisdicción que se susciten entre los jueces del Estado, así como las que surjan entre cualquiera autoridad judicial del Estado y la Junta Central de Conciliación y Arbitraje y entre aquellos y las Juntas Municipales de Conciliación;
IV.- Conocer como jurado de sentencia en las causas de responsabilidad de los funcionarios públicos en los términos señalados por esta Constitución;
V.- Conceder permisos económicos a los Magistrados para separarse de sus cargos hasta por diez días al año;
VII.- (Derogada)
VIII.- Formular su reglamento interior;
IX.- Dirimir los conflictos que surjan entre los Ayuntamientos y los Poderes del Estado;
XI.- Las demás que le confieren esta Constitución y las leyes;
XII.- Derogada.
ARTICULO 97 BIS
El Tribunal Estatal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial del Estado. Para el ejercicio de sus atribuciones el Tribunal funcionará con una Sala Colegiada y sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La Sala se integrará con cinco Magistrados Electorales que ejercerán el cargo por un período de cuatro años y que podrá ser prorrogado por otro período más. El Presidente del Tribunal será elegido de entre sus miembros para fungir durante cuatro años.
El Tribunal se organizará en los términos que señale la ley.
El Tribunal Estatal Electoral, realizará la declaración de validez de la elección de Gobernador y declarará Gobernador electo al ciudadano que hubiese obtenido la mayoría de votos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma; resolver en forma definitiva y firme, en los términos de esta Constitución y de la ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral y las que establece el artículo 37 de ésta constitución. Realizará las demás atribuciones que le confiere la ley.
Para el ejercicio de su competencia los Magistrados Electorales serán independientes y responderán sólo al mandato de la ley. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, de entre las ternas propuestas por el Consejo de la Judicatura, el cual las integrará conforme lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si dicha mayoría no se logra en la primera votación, el Consejo presentará nuevas ternas.
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Estatal Electoral corresponderán, en los términos que señala la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura del Estado, que se integrará por el Presidente del Tribunal Estatal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura del Estado. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión en el proyecto del presupuesto del Poder Judicial del Estado. Asimismo el Tribunal Estatal Electoral expedirá su Reglamento Interno y los Acuerdos Generales para su adecuado funcionamiento.
Los Jueces Civiles, Mercantiles, Familiares, Penales, de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta, Auxiliares y Municipales, serán nombrados por el Consejo de la Judicatura, en los términos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial; dichos nombramientos se harán preferentemente en favor de aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. En todos los casos la designación se hará mediante examen por oposición.
Para ser Juez Civil, Mercantil, Familiar, Penal, de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta y Auxiliar, se requiere:
I.- Ser ciudadano duranguense en pleno ejercicio de sus derechos;
II.- Ser mayor de 25 años y tener una residencia efectiva en el Estado cuando menos dos años inmediatamente anteriores a la fecha del nombramiento;
III.- Poseer para la fecha del nombramiento, con antigüedad mínima de tres años, título de Licenciado en Derecho; y
IV.- Ser de reconocida probidad y no haber sido condenado a más de un año de prisión, excepto el caso de delito por culpa. Tratándose de delitos patrimoniales o de aquellos cuya comisión lastime seriamente la buena fama en el concepto de la opinión pública, el responsable quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que hubiere sido la pena impuesta.
Para ser Juez Municipal deben satisfacerse los requisitos del artículo anterior excepto el que se refiere al título profesional, pero los nombrados deberán tener conocimientos generales de derecho, a juicio del Consejo de la Judicatura Estatal.
Los Jueces Civiles, Mercantiles, Familiares, Penales, de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta, Auxiliares y Municipales, serán nombrados para períodos de tres años y su permanencia en los cargos se determinará en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los jueces tendrán la competencia que las leyes les fijen.
Los Presidentes Municipales, de las Juntas Municipales, Jefes de Cuartel, de Manzana, y demás autoridades que señale la ley, son auxiliares en la administración de la justicia y, para ese efecto, se sujetarán a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Estado de Durango tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.
Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento electo popular y directamente que se renovará cada tres años en los términos que dispone la Legislación Estatal Electoral del Estado de Durango y no habrá ninguna autoridad intermedia entre los titulares de los Poderes del Estado y los Ayuntamientos.
Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores no podrán ocupar el mismo cargo en el período inmediato. Sin embargo quienes hayan desempeñado el cargo de Regidor podrán ser electos como Presidente Municipal o Síndico y los que hayan desempeñado el cargo de Síndico podrán ser electos para el cargo de Regidor o Presidente Municipal para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias en esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplente, para el mismo cargo; pero los que tengan el carácter de suplente sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.
Los Municipios, estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley.
Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir, de acuerdo con las bases normativas que deberá establecer la Legislatura del Estado, los Bandos de Policía y Buen Gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.
La Ley del Municipio Libre del Estado de Durango, precisará el carácter de servidores públicos, de quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en la Administración Municipal, para los efectos de sus responsabilidades.
El número de Regidores, que juntamente con el Síndico y Presidente Municipal compongan los Ayuntamientos, se determinará en la Ley Orgánica del Municipio Libre y en el Código Estatal Electoral.
Los Ayuntamientos se integrarán con munícipes electos popular y directamente, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos de la Ley de la materia.
Para ser electos Presidentes, Síndicos o Regidores de un ayuntamiento, se requiere:
I.- Ser ciudadano duranguense, en pleno ejercicio de sus derechos y nativo del municipio, o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del municipio que no sea menor de seis años inmediatamente anteriores al día de la elección.
II.- Ser mayor de 21 años de edad;
III.- Ser de reconocida probidad y no haber sido condenado a más de un año de prisión, excepto el caso de delito por culpa. Tratándose de delitos patrimoniales o de aquellos cuya comisión lastime seriamente la buena fama en el concepto de la opinión pública, el responsable quedará inhabilitado para el cargo independientemente de la pena impuesta; y
IV.- No ser Secretario o subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo del Estado, Procurador o Subprocurador General de Justicia del Estado, Diputado en ejercicio ante el Congreso del Estado, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado o del Tribunal Estatal Electoral, miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, funcionario municipal, servidor público de mando superior de la Federación, ni militar en servicio activo, salvo que se hubieran separado de su cargo noventa días antes de la elección.
Los Municipios, con el concurso del Estado, cuando así fuere necesario y lo determinen las Leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:
a).- Agua potable y alcantarillado;
c).- Limpia;
d).- Mercados y centrales de abastos;
g).- Calles, pavimentos, repavimentación, parques y jardines;
h).- Seguridad Pública y tránsito;
i).- Estacionamientos públicos, entendiéndose como tales, aquellos que se establezcan en las vías públicas de circulación; y
j).- Los demás que la Legislatura del Estado determine, según las condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Los Municipios del Estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la Ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponda.
El Estado podrá celebrar convenios, en los términos de Ley, con los municipios a fin de que éstos asuman la ejecución y la operación de obras y prestación de servicios, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.
Los Municipios, previo acuerdo de sus Ayuntamientos, podrán concesionar a los particulares la ejecución y operación de obras, así como la prestación de los servicios públicos que les correspondan, cuando por razones económicas, sociales o técnicas así se requiera.
Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos para construcciones y participará en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Federal, expedirá los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.
Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley Federal de la Materia.
La hacienda municipal se forma de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y financiamiento. En consecuencia, la hacienda municipal, administrada libremente por el ayuntamiento se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca a su favor y en todo caso:
a).- Percibirá las contribuciones, incluyendo tasas adicionadas que determine el Estado sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tenga por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones;
b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios, por conducto del Gobierno del Estado, con apego a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la Legislatura.
La Secretaría de Finanzas y de Administración está obligada a publicar en los periódicos de mayor circulación en la localidad, los informes mensuales detallados de las participaciones que en ese lapso corresponda a cada municipio de la entidad;
c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, así como los productos y aprovechamientos que le correspondan.
La Legislatura del Estado tendrá facultades para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c)Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio Público de la Federación, del Estado o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones.
La Legislatura aprobará la Ley de Ingresos de los Municipios y revisará sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en los ingresos municipales disponibles.
El Presidente del Ayuntamiento es el representante jurídico del mismo y tiene el carácter de ejecutor de las resoluciones y acuerdos del propio cuerpo edilicio.
Los Ayuntamientos, en ningún caso podrán contraer sin previa autorización del Congreso del Estado, obligaciones que, para su cumplimiento, tengan señalado un término que exceda al período de su gestión.
Se establece el servicio civil de carrera para el personal administrativo dependiente de los Ayuntamientos. La Ley determinará sus modalidades y forma de aplicación de acuerdo con la tipología municipal del Estado.
Son propiedad del municipio los bienes inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción territorial y que no pertenezcan a la Federación, al Estado o a los particulares; y los bienes muebles que adquiera o que por cualquier otro concepto pasen a ser parte de su patrimonio. Su enajenación se sujetará a lo dispuesto por la Fracción XXVII del Artículo 55 de esta Constitución.
Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Capítulo, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o de los municipios, así como a quienes presten servicios en los organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado de traición a la Patria, y por delitos graves del orden común.
Las normas conducentes a sancionar a quienes teniendo el carácter de servidores públicos y que incurran en responsabilidad, se fijarán conforme a las siguientes prevenciones:
I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones previstas en el Artículo 118 de este Capítulo, a los servidores públicos señalados en dicho precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el cumplimiento de sus empleos, cargos o comisiones.
A cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y aportando elementos de prueba, se le concede acción popular para denunciar por escrito ante el Congreso del Estado, las conductas ilícitas a que se refiere el presente Artículo.
Podrán ser sujetos de juicio político los Diputados del Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Consejeros del Consejo de la Judicatura Estatal, los Jueces de los Juzgados a que se refiere el artículo 90 de esta Constitución, los Secretarios y Subsecretarios de Despacho, los Jefes o Directores de Departamentos Gubernamentales; el Procurador y Subprocurador de Justicia; los Presidentes Municipales, el Tesorero, el Secretario, Síndico y Regidores de los Ayuntamientos; así como los Directores o sus equivalentes de los organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal mayoritaria.
Para proceder penalmente contra los Diputados del Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Consejeros del Consejo de la Judicatura Estatal, los Jueces de Primera Instancia, los Secretarios de Despacho, el Procurador General de Justicia y los Presidentes Municipales, el Congreso declarará por mayoría absoluta de los integrantes de la Legislatura si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el inculpado quedará a disposición de las autoridades competentes, para que actúen con arreglo de la Ley. El efecto de la declaración que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina con sentencia absolutoria, el servidor público podrá reasumir su función; si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
Las Leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, así como las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y, los procedimientos y autoridades para aplicarlas.
Todo servidor público, antes de tomar posesión de su cargo protestará guardar la Constitución General de la República y la del Estado, según la fórmula siguiente: "¿PROTESTAIS GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE.... QUE EL PUEBLO OS HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACION Y DEL ESTADO?". Después de haber contestado el interpelado: "SI, PROTESTO", el que interroga dirá: "SI ASI NO LO HICIEREIS, QUE LA NACION Y EL ESTADO OS LO DEMANDEN".
El Gobernador Constitucional del Estado, los Diputados del Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral, los Consejeros del Consejo de la Judicatura Estatal, y los Jueces, los Secretarios de Despacho, los Recaudadores de Rentas, y el Procurador General de Justicia, los Presidentes, Regidores, Síndicos, Tesoreros y Secretarios de los Ayuntamientos, así como todos los demás servidores públicos que determine la Ley de Responsabilidades respectiva, deberán presentar ante la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, bajo protesta de decir verdad, una declaración anual de su estado patrimonial, la que deberá contener: una relación escrita de sus bienes inmuebles, valores, depósitos en numerario, acciones de sociedades, bonos o títulos financieros, vehículos y en general los bienes que integran su patrimonio.
El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Constitución General de la República, esta Constitución y las Leyes que de ellas emanen, son las Leyes supremas del Estado Libre y Soberano de Durango.
Los Diputados, el Gobernador, los Secretarios del Despacho, el Procurador y Subprocurador General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral, los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Menores, los Presidentes y los Síndicos Municipales, durante el período de sus respectivos encargos, no podrán desempeñar otra comisión o empleo por el que se disfrute sueldo o remuneración, ni ejercer profesión alguna. Se exceptúan de esta prohibición, los cargos o comisiones de oficio o de índole educativa.
El Gobernador y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral, así como los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado, podrán desempeñar otra comisión o empleo de la Federación, del Estado o de los Municipios, por los cuales se disfrute sueldo, con licencia previa del Congreso o de la Comisión Permanente, pero entonces cesarán de sus funciones mientras dure la nueva ocupación.
Sólo se considerará que han desaparecido los poderes en el Estado de Durango, cuando falten físicamente los titulares de los mismos. En este caso, el Secretario General de Gobierno, se hará cargo del Poder Ejecutivo y convocará a elecciones que deberán efectuarse en un plazo máximo de seis meses.
Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir los objetivos y programas a que estén destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación que haya de celebrarse para la ejecución de obras públicas, serán adjudicados o se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que, de manera libre, se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que se refiere el párrafo anterior, no sean idóneas para garantizar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
La administración de Recursos Económicos Estatales, se sujetará a las bases de este artículo.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Quinto de esta Constitución.
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas, cuyo título contenga palabra o indicación cualquiera que las relacione con alguna confesión religiosa.
La residencia señalada como requisito de elegibilidad o de nombramiento para cargos públicos, no se pierde por ausencia debida al desempeño de cargos públicos de elección popular, o de cargos y comisiones encomendados por la Federación o por el Estado.
La presente Constitución podrá ser reformada o adicionada en todo tiempo con la condición precisa que no han de ser atacadas de manera alguna los principios establecidos en la Carta Fundamental de la República, debiendo observarse el procedimiento y tiempos determinados en este Artículo:
I.- Las Iniciativas de reforma o adición a esta Constitución se darán a conocer ampliamente a la ciudadanía a través de la prensa, por el Congreso del Estado, quien además solicitará al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y al Tribunal Superior de Justicia que emitan su opinión por escrito. Lo mismo hará con los Ayuntamientos, quienes emitirán su opinión las cuales serán computadas por la Legislatura en funciones y deberán ser de mayoría afirmativa.
II.- Cumplidos los requisitos anteriores, el Congreso del Estado discutirá, y en su caso aprobará las reformas o adiciones con las modificaciones que considere pertinentes, con el voto de las dos terceras partes de los Diputados que lo integran y la mayoría de los votos de los Ayuntamientos;
III.- Una vez aprobadas las iniciativas, el Congreso emitirá el decreto correspondiente y lo remitirá al Poder Ejecutivo para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado; y
IV.- La iniciación, difusión, discusión y aprobación de las reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado de Durango, previstas en este artículo, se efectuarán en un plazo no menor de 90 días.
En ningún caso perderá esta Constitución su fuerza y vigor, y siempre que hubiera un trastorno público continuará su observancia tan luego como el pueblo recobre su libertad.
El actual Tribunal de Justicia, funcionará durante el período constitucional para el que fue electo con el personal que lo integra. Para suplir las faltas temporales o absolutas de los Magistrados Propietarios, serán llamados los supernumerarios: en primer término, a los titulados en el orden en que han sido electos; y a falta de éstos, a los no titulados en el orden de su elección.
En tanto no se reforme la Ley Orgánica de la Administración de Justicia en lo referente a lo prevenido en la Fracción VI del Artículo 19 de esta Constitución, los Jueces del Ramo Penal seguirán conociendo de todos los negocios criminales.
Queda derogada la Constitución Política anterior, así como también quedan derogadas todas las demás Leyes del Estado, en todo aquello que se oponga a la presente Constitución, y a la General de la República de 1917.
Los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio subsisten como independientes con sus demarcaciones respectivas.
La municipalidad de Pedriceña, creado económicamente por el Gobierno Pre-Constitucional del Estado, queda sujeto a la reconsideración de la Legislatura, la que decretará o no su existencia como tal; según reúna o no los requisitos presentados en el Artículo 39 de esta Constitución.
Esta Constitución será promulgada por bando solemne. Rendirán la protesta de la misma Constitución ante el Congreso del Estado al día siguiente al de su promulgación: el Poder Ejecutivo, el Legislativo, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Jueces de Primera Instancia y Defensores de Oficio, que se encuentren en esta Capital. Los miembros y empleados del Ayuntamiento de la Capital la otorgarán el mismo día ante esta Corporación, y al día siguiente, ante el Superior respectivo, los demás empleados de la Administración Pública.
Los Jueces de Primera Instancia y Jueces Municipales foráneos rendirán por esta vez dicha protesta, al día siguiente de la promulgación de esta Constitución en el lugar de su residencia, ante el Ayuntamiento respectivo, y ante el Superior que corresponda, los demás empleados de la Administración Pública.
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en la Ciudad de Durango a cinco de octubre del mil novecientos diecisiete.
Las presentes adiciones y reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, entrarán en vigor treinta días después de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Quedan derogados los Artículos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 59, 60, 67, derogada una parte del 85, 90, derogada una parte del 94, 101, 105, 107, 108, 113, 114, 117, 118, 119, y 120.
El Artículo 2 pasa a ser el 1, la Fracción "d" del Artículo 26 pasa a ser el 3., el 4 queda con el mismo número., el 9 pasa a ser el 5., el 13 pasa a ser el 6., el 22 pasa a ser el 9., el 24 pasa a ser el 10., una parte del 26 pasa a ser las fracciones 4, 5 y 6 del Artículo 11., la otra parte del 26 pasa a ser el 12., una parte de la fracción "d" del 26 pasa a ser el 13., el 27 pasa a ser el 14., el 28 pasa a ser el 15., el 29 pasa a ser el 16., el 30 pasa a ser el 17., el 31 pasa a ser el 18., el 33 pasa a ser el 21., el 32 pasa a ser el 22., la última parte del 33 y 34 pasan a ser el 23., el 35 pasa a ser el 24., el 37 pasa a ser el 25., el 39 pasa a ser el 26., el 36 pasa a ser el 27., el 38 pasa a ser el 28., el 43 pasa a ser el 104., el 53 pasa a ser el 115., la primera parte del primer párrafo del 54 pasa a ser el 29., la segunda parte del primer párrafo del 54 pasa a ser el 30., el segundo párrafo del 54 pasa a ser el 31., el 55 pasa a ser el 32., el 56 pasa a ser el 34., el 57 pasa a ser el 35., el 58 pasa a ser el 36., el 62 pasa a ser el 37., el 59 y último párrafo del 66 pasan a ser el 39., el párrafo primero del 62 pasa a ser el 42., el párrafo segundo del 62 pasa a ser el 43., el 65 pasa a ser el 45., el 63 pasa a ser el 50 y 51., el 61 pasa a ser el 52., el último párrafo del 63 pasa a ser el 54., el 64 pasa a ser el 55., el 68 pasa a ser el 56., el 69 pasa a ser el 57., el 70 pasa a ser el 59., el 71 pasa a ser el 60., el 72 pasa a ser el 61., el 73 pasa a ser el 62., el 80 pasa a ser el 63., el 74 pasa a ser el 64., el 75 pasa a ser el 66., el 77 pasa a ser el 67., el 76 pasa a ser el 68., los 78 y 79 pasan a ser el 69., el 81 pasa a ser el 70., el 82 pasa a ser el 71 y 72., los dos primeros párrafos del 83 pasan a ser el 73., el párrafo tercero del 83 pasa a ser el 74., el 102 pasa a ser el 75 y 76., el 103 pasa a ser el 78., el 104 pasa a ser el 79., el 106 pasa a ser el 80., el 109 pasa a ser el 116., el 110 pasa a ser el 117., el 111 pasa a ser el 118., el 112 pasa a ser el 119., el 115 pasa a ser el 120., el 116 pasa a ser el 121., los Artículos 85 (una parte), 92, 93 y 94 (una parte) pasan a ser los 81, 82, 83, 84, 85 y 86. Una parte del 85, una parte del 94 y el 96 pasan a ser el 87, 88 y 89., el 84 pasa a ser el 90 y 102., el 86 pasa a ser el 92., el 87 pasa a ser el 93., el 88 pasa a ser el 95., el 89 pasa a ser el 98., el 91 pasa a ser una parte del 93; el 93 pasa a ser el 94., el 95 pasa a ser el 94., el 96 pasa a ser el 99., el 97 pasa a ser el 100., el 98 pasa a ser el 95., los 99 y 100 pasan a ser el 97., el 40 pasa a ser el 106., el 41 pasa a ser el 108., la última parte del 41 pasa a ser el 109., el 42 pasa a ser el 105., el 44 pasa a ser el 110., el 46 pasa a ser el 111., el 49 pasa a ser el 114., el 121 pasa a ser el 127., el 122 pasa a ser el 130., el 123 pasa a ser el 131. Innovaciones los Artículos 2, 7, 8 y parte del 11, 19, 20, 47, 48, 49, 53, 58, 65, 77, 91, 96, 101 y 126.
Las Leyes reglamentarias continuarán en vigor en lo que no se opongan a las nuevas disposiciones Constitucionales, mientras el Congreso no expida las adiciones y reformas que proceden.
El Congreso del Estado expedirá las reformas conducentes a la Ley Electoral; a la Ley de Expropiación; a la Ley de Municipios; al Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso; a la Ley Orgánica del Poder Judicial; a la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás disposiciones normativas que requieran de modificaciones o adiciones para adecuarlas a las presentes adiciones y reformas Constitucionales.
Unicamente y por el presente año de 1973 mil novecientos setenta y tres, el Gobernador del Estado presentará el informe del Estado que guarda la administración pública, el día 15 de Septiembre, en lo sucesivo, se estará a lo dispuesto en la Fracción XII del Artículo 70 Constitucional.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (6) seis días del mes de Septiembre de año de (1973) mil novecientos setenta y tres.
Lic. Eduardo Campos Rodríguez.- D.P.; Jesús Leodegario Soto Cesaretti.- D.S. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y comunique a quienes corresponda para su exacta observancia.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Victoria de Durango, Dgo. a los seis días del mes de Septiembre del año de mil novecientos setenta y tres.
El Gobernador Constitucional del Estado.- Ing. Alejandro Paez Urquidi. El Secretario General de Gobierno.- Lic. A. Sergio Guerrero Mier. Rúbricas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 18
 resolución 
 Artículo 111
 Artículo 93
 Artículo 122
 Artículo 123
 Artículo 52
 Artículo 27
 Artículo 11
 resolución 
 artículo 37
 Artículo 27
 Artículo 55
 Artículo 118
 artículo 90
 Artículo 19
 Artículo 39
 Artículo 2
 Artículo 26
 Artículo 11
 Artículo 70