Source: https://www.otrosi.net/administrativo/jurisprudencia/2019-725737
Timestamp: 2020-01-20 04:31:41+00:00

Document:
Tribunal Supremo 3, 11-11-2019 , nº 1731/2016, rec.1551/2019,
ECLI: ES:TS:2019:3545
La representación procesal de don Santos interpuso ante esta Sala, con fecha 12 de febrero de 2016, recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015, que desestimó la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ley 24/2001), desde enero de 2002 hasta diciembre de 2010.
Considera que la Sala, entre otras en la sentencia dictada en el recurso 312/2015, ya se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo que debe dirimirse en el presente procedimiento, declarando la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños ocasionados por la aplicación del IVMDH, criterio que considera debe seguirse en el presente recurso por exigencia del principio de igualdad en la aplicación de la ley atendida la identidad sustancial en lo que al fondo se refiere.
Trascribe el artículo 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (aplicable por razones temporales) y concluye que, según su parecer, el solicitante en la reclamación puede señalar que la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial es la resultante de la suma de los importes del impuesto abonados en las facturas adjuntadas al escrito, como así hizo. Invoca en abono de su tesis el artículo 219 de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC); los principios antiformalista y de proporcionalidad que rigen el derecho administrativo y el artículo 71.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (LJCA). Sostiene por tanto que la concreción delquantumindemnizatorio en vía contenciosa no supone desviación procesal ni impide conocer de la pretensión formulada en los supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Cuantifica finalmente el importe indemnizatorio, entendiendo éste como la suma de las cantidades del IVMDH abonadas y que constan en las facturas obrantes en el expediente administrativo, en 1.636,21 euros.
Por todo ello, suplica a la Sala que "[...] previos los trámites legales oportunos, declare nula y sin efecto la resolución dictada por el Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015 con número de expediente NUM000, declare asimismo la obligación por parte de la Administración General del Estado de indemnizar a mi mandante por las cantidades abonadas durante la vigencia del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos por ser contrario al Derecho de la Unión Europea, y reclamadas en el presente recurso contencioso administrativo, y que ascienden a un total de 1.636,21 euros".
De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado quien, en nombre y representación de la Administración demandada, contestó a la misma mediante escrito de 19 de junio de 2019 en el que, tras negar "[...] todos los hechos recogidos en la demanda en cuanto no obren expresamente en el expediente administrativo y en los autos" manifiesta que las cuestiones de fondo que se plantean en el presente recurso han sido resueltas por la Sala en numerosas sentencias firmes que reconocen la procedencia de la indemnización, de manera que ninguna alegación va a efectuar sobre ese extremo.
En cuanto al importe reclamado, después de transcribir el último párrafo del fundamento segundo y el suplico de la demanda concluye que la indemnización máxima a abonar por la Hacienda Pública no puede superar la cantidad de 1.636,21 euros pues ese importe es el que expresa en el suplico, sin referencia alguna a los posibles intereses de demora y dejando a salvo los que podrían corresponder conforme al art. 106.2 LJCA una vez que se dicte sentencia.
No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, por decreto de 21 de junio de 2019 se fijó la cuantía del recurso y habiendo solicitado la parte recurrente la formulación de conclusiones escritas se le concedió plazo para que las presentara.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña Mercedes Caro Bonilla, en nombre y representación de don Santos, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015, por el que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos creado por la Ley 24/2001, anulando la expresada resolución por su disconformidad a Derecho.

References: artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 219
 artículo 71
 resolución 
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