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Timestamp: 2020-06-06 07:05:08+00:00

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﻿ Resolución 134/18 UIF ✔ Prevención Del Lavado De Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo. Nueva Nómina De Personas Expuestas Políticamente.
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Resolución 134/18 UIF ✔ Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Nueva Nómina de Personas Expuestas Políticamente.
Última actualización el febrero 25th, 2019 at 08:35 am
Sumario: Se establece una nueva nómina de personas expuestas políticamente en nuestro país, teniendo en cuenta las funciones que desempeñan o han desempeñado, y en su caso el vínculo de cercanía o afinidad que posean terceros con las personas que desempeñen o hayan desempeñado tales funciones.
La nómina que se aprueba por la presente integra una nueva regulación que deberán observar todos los sujetos obligados enumerados en el Art. 20 de la Ley N° 25.246, respecto al tratamiento de las Personas Expuestas Políticamente desde un enfoque basado en riesgos.
Vigencia y Aplicación: a partir del 23/3/2019 (según art. 10)
Cantidad de Art.s: 11
Que en atención a lo dispuesto por el Art. 6° de la Ley N° 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF), es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT).
Que en el Art. 20 de la precitada norma se enumeran los sujetos obligados a informar a la UIF en los términos de los Art. s 20 bis, 21 y 21 bis del mismo cuerpo legal.
Que mediante el inciso 10 del Art. 14 de la Ley N° 25.246 se faculta a la UIF a emitir directivas e instrucciones que deben cumplir e implementar los sujetos obligados.
Que con sustento en tal facultad, la UIF ha dictado la Resolución UIF N° 11/2011 que establece las medidas, procedimientos y controles que los sujetos obligados enumerados en el Art. 20 de la Ley N° 25.246 deben adoptar y aplicar respecto de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que se encuentran enumeradas en la mencionada norma.
Que asimismo, en el Art. II de la mencionada Convención se establece que sus propósitos son: “1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y; 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.
Que en el Art. III de esa Convención se prevén medidas preventivas, indicándose que: “A los fines expuestos en el Art. II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: (…) 4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda (…) 10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción”.
Que su Art. 2º dispone que a los efectos de esa Convención se entenderá por “Funcionario Público” a: “i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado Parte…”.
Que en el mismo Art. 2° inciso b) dispone a los efectos de esa Convención que se entenderá por “Funcionario Público Extranjero” a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública.
Que la citada Convención en su Art. 7° establece respecto del lavado de dinero que “Cada Parte que haya tipificado como delito determinante el cohecho de su propio funcionario público, a efectos de la aplicación de su legislación sobre lavado de dinero, hará lo mismo y en las mismas condiciones respecto del cohecho de un funcionario público extranjero, sin tener en cuenta el lugar en que ocurrió el cohecho”.
Que asimismo, de conformidad con el Art. 12 de la citada Convención, nuestro país se comprometió a cooperar con la realización de un programa de seguimiento sistemático para controlar y promover su plena aplicación.
Que la UIF ha tenido en consideración lo dispuesto en el Art. 5º de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188.
Que la nómina que se aprueba por la presente integra una nueva regulación que deberán observar todos los sujetos obligados enumerados en el Art. 20 de la Ley N° 25.246, respecto al tratamiento de las Personas Expuestas Políticamente desde un enfoque basado en riesgos.
Que el Consejo Asesor emitió su opinión, de acuerdo con lo previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 25.246.
Art. 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE EXTRANJERAS.
Art. 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES.
t. Director o Administrador de alguna entidad sometida al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 120 de la Ley Nº 24.156.
Art. 3º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Art. 4º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.
Sin perjuicio de lo expuesto en los Art. s precedentes, son consideradas Personas Expuestas Políticamente aquellas personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:
2. realicen actividades con fines de lucro, para la organización o sus representados, que involucren la gestión, intermediación o contratación habitual con el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Inc. sustituido por el art. 1° de la Resolución N° 15/2019 UIF. Vigencia a partir del 25/2/2019).
Texto anterior decía: b. Autoridad de los órganos de conducción de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa). El alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio sindical.
d. Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con poder de control y disposición respecto del destino de dichos fondos. (Inc. sustituido por el art. 2° de la Resolución N° 15/2019 UIF. Vigencia a partir del 25/2/2019).
Texto anterior decía: d. Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros.
Art. 5º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los Art. s 1° a 4° de la presente.
b. Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. (Inc. sustituido por el art. 3° de la Resolución N° 15/2019 UIF. Vigencia a partir del 25/2/2019).
Texto anterior decía: b. Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
Art. 6º.- ANALISIS DEL NIVEL DEL RIESGO. MONITOREO.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación particular establecida para los sujetos obligados enumerados en el Art. 20 de la Ley 25.246, éstos deberán determinar el nivel de riesgo al momento de iniciar o continuar con la relación contractual con una Persona Expuesta Políticamente, contemplando al menos los siguientes parámetros:
El mismo tratamiento deberá propinarse a las personas consignadas en el Art. 5°, teniendo en consideración el grado de cercanía o afinidad con la Persona Expuesta Políticamente vinculada.
Art. 7º.- DECLARACIÓN JURADA DE PEP.
Los sujetos obligados enumerados en el Art. 20 de la Ley N° 25.246, deberán requerir a sus Clientes, al momento de iniciar la relación contractual, que suscriban una declaración jurada donde manifiesten si revisten o no la condición de Persona Expuesta Políticamente.
En forma previa a la firma de la declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente, los sujetos obligados deberán poner en conocimiento de sus Clientes el contenido de la presente Resolución a fin de que manifiesten si se encuentran incluidos en la nómina de personas establecidas en los Art. s 1° a 5°.
Art. 8º.- VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PEP.
Podrán requerir información, o en su caso documentación, respecto de la actividad desarrollada por sus Clientes, a efectos de determinar si el origen de los fondos involucrados en las operaciones se encuentran vinculados con el ejercicio de las funciones establecidas en los Art. s 1° y 4° de la presente, o puedan provenir de una persona relacionada por cercanía o afinidad en los términos del Art. 5° de esta Resolución.
Art. 9º.- REQUERIMIENTOS ESPECIALES.
Art. 10.- La presente Resolución comenzará a regir a los CIENTO VEINTE (120) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial; oportunidad en que perderá vigencia la Resolución UIF N° 11/2011.
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