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﻿ Sentencia C-942 de noviembre 24 de 2010
SENTENCIA C-942 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:LÍNEA JURISPRUDENCIAL SOBRE LAS EXIGENCIAS DE ADMISIBILIDAD DEL CARGO DE OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO PENAL FRENTE A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO. INHIBIDA PARA PRONUNCIARSE DE FONDO SOBRE LOS ARTÍCULOS 268271272 Y 442 DE LA LEY 906 DE 2004POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2004, REQUISITOS DE LA DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD
Sentencia C-942 de noviembre 24 de 2010
Sentencia C-942 de 2010
Ref.: Exp. D-8145
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 268, 271, 272 y 442 (parciales) de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal
ART. 268.—Facultades del imputado. El imputado o su defensor, durante la investigación, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Con la solicitud para que sean examinados y la constancia de la fiscalía de que es imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo(1).
ART. 271.—Facultad de entrevistar. El imputado o su defensor, podrán entrevistar a personas con el fin de encontrar información útil para la defensa. En esta entrevista se emplearán las técnicas aconsejadas por la criminalística.
ART. 272.—Obtención de declaración jurada. El imputado o su defensor podrán solicitar a un alcalde municipal, inspector de policía o notario público, que le reciba declaración jurada a la persona, cuya exposición pueda resultar de especial utilidad para la investigación. Esta podrá recogerse por escrito, grabación magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo.
Sobre lo primero observa que la demanda no se dirige en contra del texto, general y abstracto de los artículos demandados, sino en contra de una interpretación subjetiva, errónea y antitécnica efectuada por los actores de ellos(3). En los artículos 268, 271 y 272 del Código de Procedimiento Penal, se pretende incluir a la víctima dentro de preceptos que regulan puntualmente las facultades de la defensa y no se formula un solo cargo directo de inconstitucionalidad. Por su parte, con relación al artículo 442 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público destaca cómo no se entiende el sentido del cargo de omisión, en tanto no se pretende equiparar a la víctima en las facultades reconocidas por este precepto al imputado, su defensa o a la fiscalía para solicitar la absolución perentoria, sino atribuirle una facultad que no le ha sido conferida a ninguna parte ni interviniente.
En cuanto a lo segundo, porque la demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa presentada en este caso, no reúne las demás condiciones específicas exigidas al ciudadano para este tipo de cargos, en particular en lo que hace a la ruptura del principio de igualdad(4).
4. A los efectos de atender tales observaciones, la Corte en primer lugar reiterará la jurisprudencia sobre la naturaleza de la acción pública de inconstitucionalidad y las condiciones para su ejercicio, en particular cuando el cargo es por omisión legislativa relativa (2.1). En seguida se revisará la jurisprudencia sobre el cargo de omisión legislativa en materia de víctimas en el proceso penal fijada por la Corte Constitucional (2.2.); a continuación se estudiará el contenido de la demanda (2.3.). Por último se establecerán las conclusiones pertinentes sobre la aptitud o ineptitud de esta última, según el cumplimiento o no de los primeros supuestos (2.4.).
5. Reiterando la jurisprudencia de este tribunal(5), la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de participación ciudadana, con el cual se desarrolla el principio previsto en los artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución, de ser Colombia un Estado social de derecho democrático y participativo. Dicha acción está destinada a provocar que la Corte Constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tras el adelanto de un proceso, produzca una sentencia con efectos de cosa juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado con disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano representativo legislativo.
Porque, como lo ha expresado la jurisprudencia de esta corporación(6), no es función de esta actuar de oficio, suplir al demandante y pronunciarse sobre la exequibilidad de disposiciones que no han sido acusadas, ni tienen cargos concretos y conceptos de violación constitucional reconocibles, pues de actuar así la Corte se estaría convirtiendo en juez y parte, suplantando al ciudadano y contrariando su función institucional de ser guardiana imparcial de la Carta.
8. De tal suerte y no obstante su carácter de acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la demanda debe incluir todas las normas que deberían ser acusadas para que el fallo no sea inocuo. Y. en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, se establecen los demás requisitos que debe reunir la demanda, en los que se disponen las exigencias básicas con las cuales el ciudadano ejerce su derecho de manera responsable y participa activamente en el proceso del que trata el artículo 241 de la Constitución Política, suministrando la información necesaria que permite tanto activar el funcionamiento de la jurisdicción constitucional a instancias de la Corte, como la obtención de un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una determinada disposición jurídica.
9. Por lo que hace a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en reiterada jurisprudencia, en particular desde la Sentencia C-1052 de 2001(7) que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de “razones conducentes para hacer posible el debate”, con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados.
El objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales (D. 2067/91, art. 2º num. 1º), cuya transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido normativo es contrario a la Constitución.
El concepto de la violación, consiste en la “exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”. Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo caso debe concretar: (i) los “cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas”(8); (ii) el “contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan”(9); (iii) “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (D. 2067/91, art. 2º, num. 3º)”, que sean para el juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”(10). Esto último significa que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras, recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden ser ciertas, mostrar de forma específica cómo la o las disposiciones objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni referidos a situaciones puramente individuales. Por último, la argumentación del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada(11).
10. El lleno de todos estos requisitos es, por lo demás, condición para que, dado el caso excepcional que se enunció en el numeral anterior, pueda la Corte Constitucional integrar la unidad normativa. Pues la ocurrencia de las precisas y excepcionales circunstancias que permiten extender el examen de constitucionalidad a normas no acusadas, requieren en todo caso que se presente una demanda en forma en contra de un texto legal(12).
En efecto, como lo ha dicho la jurisprudencia, una omisión es relativa, “cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica; pero aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que, por razones lógicas o jurídicas —específicamente por razones constitucionales—, debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente”(13), en particular por producir por lo general violaciones del derecho a la igualdad(14) o el derecho al debido proceso(15).
De este modo, cuando el ciudadano plantea ante el juez constitucional que el legislador ha omitido un deber de regulación, con lo cual se crea una discriminación negativa injustificada, este debe cumplir con unas cargas de argumentación más exigentes. Es decir que “cuando de activar el control de constitucionalidad abstracto por vía de acción se trata, aduciendo la existencia de una omisión legislativa relativa, es menester que el ciudadano demuestre con razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes(16), que la norma acusada contiene una omisión legislativa relativa de conformidad con el artículo 2º numerales 3º y 5º del Decreto 2067 de 1991”(17).
12. El estudio de fondo de la omisión legislativa relativa por el juez constitucional, reclama entonces que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos “(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador”(18).
Con tales exigencias adicionales no se procura restringir per se el derecho a participar en la defensa de la supremacía de la Constitución, sino hacer “eficaz el diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior”(19). Un diálogo en el que se garantice que sea el demandante y no el juez quien define los contornos dentro de los cuales se ejerce en cada caso el control constitucional sobre las leyes y actos objeto de acusación(20).
2.2. El cargo de omisión legislativa relativa en la jurisprudencia constitucional sobre víctimas del proceso penal.
Conviene entonces revisar en algunas de estas decisiones, sobre la forma como se planteó el problema de la omisión ante la Corte y los razonamientos que sirvieron para estimar el cargo apto o no y dar lugar o no a un pronunciamiento de fondo (2.3.1.). En seguida se formularán las conclusiones sobre las exigencias que en términos de aptitud plantean el cargo de omisión legislativa relativa en materia de actuación y facultades de las víctimas en el proceso penal (2.3.2.).
2.2.1. Los cargos de omisión legislativa relativa en las sentencias C-454 de 2006, C-209 de 2007 y C-516 de 2007.
15. En la primera, la Sentencia C-454 de 2006, fueron acusados los artículos siguientes de la Ley 906 de 2004: artículo 11 en lo relacionado con algunos de los derechos de las víctimas; 132 en cuanto al concepto víctimas; artículos 133 y 134 sobre atención y protección inmediata y permanente de las víctimas; 135 sobre garantía de comunicación a la víctima, artículo 136 sobre el derecho a que esta reciba información; 137 sobre intervención de las víctimas en la actuación penal y artículo 357 sobre solicitudes probatorias durante la investigación.
16. A ese propósito, con base en la jurisprudencia, la Corte retomó los requisitos que deben reunir las demandas en donde se plantea la omisión legislativa relativa, señalando en lo referente a la norma sobre la cual se formula tal reparo, la importancia de que fuera sobre ella misma predicable la omisión alegada, en el sentido de excluir de sus consecuencias “aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico”(21).
En el mismo sentido, entonces se precisó cómo “la doctrina de esta corporación ha definido también que solo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. En este sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso”(22).
De este modo, se afirmó reiterando lo dicho en Sentencia C-041 de 2002, que para establecer la admisibilidad de un cargo de inconstitucionalidad derivado de omisión legislativa relativa, es necesaria “la determinación del objeto normativo sobre el cual recae la impugnación, lo cual se obtiene vinculando la omisión que se acusa a una norma específica contra la cual se dirige la demanda, y a la que es posible imputar válidamente el contenido normativo que se echa de menos”.
Tampoco le resulta admisible a la Corte en aquel entonces, la impugnación contra los artículos 132, 133 y 134, por cuanto encontró “[carente] de coherencia una acusación al legislador consistente en haber omitido incluir unas facultades procesales, en normas que tienen cometidos y finalidades distintas, como son los de regular medidas de protección y atención a las víctimas de los delitos. La acusación que se formula en contra de estas normas no cumple así con la exigencia de procedibilidad, consistente en vincular la omisión que se acusa con un contenido normativo específico, al cual le es imputable el contenido omitido”.
Se acusaron los artículos 11 y 137, arriba mencionados. Pero también los artículos 284, numeral 2º, sobre la prueba anticipada; el artículo 306 sobre solicitud de imposición de medida de aseguramiento, el artículo 316, en cuanto el mismo solo incluyó a la fiscalía y al Ministerio Público, como sujetos que podían solicitar reclusión en establecimiento carcelario del imputado o acusado que incumpliere alguna de las obligaciones impuestas al concederle la detención domiciliaria, o inherentes a la medida de aseguramiento no privativa de la libertad a que estuviere sometido; los artículos 324 y 327 sobre causales para la aplicación del principio de oportunidad y el control judicial sobre la misma; el artículo 333 sobre trámite a la solicitud de petición de preclusión; los artículos 337, 339 y 342, sobre el contenido de la acusación y documentos anexos, el trámite de la audiencia correspondiente y las medidas de protección que se pueden solicitar para la protección integral de las víctimas y testigos. También fue objeto de la demanda, el artículo 344 sobre el inicio del descubrimiento de la prueba dentro de la audiencia de formulación de acusación y los artículos 356, 357 358 y 359, sobre desarrollo de la audiencia preparatoria y las solicitudes probatorias, la exhibición de los elementos materiales de prueba y la exclusión, rechazo e inadmisibilidad de otros que resultaren inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos. Se demandó igualmente el artículo 371 sobre la declaración inicial y previa a la presentación y práctica de las pruebas, en la que se presenta la teoría del caso y el artículo 378, sobre el derecho de contradicción, los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en el proceso. En fin, también se demandaron los artículos 391, sobre el interrogatorio cruzado del testigo y 395, sobre oposiciones durante el interrogatorio.
A este respecto, la Corte constitucional retomó lo dicho en la Sentencia C-509 de 2004(23), en la que se señaló que el legislador incurre en una omisión legislativa relativa cuando ha regulado “de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad”(24).También repasó los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad en general y para el caso de la omisión legislativa relativa.
De estos elementos concluyó que si bien respecto de los mencionados artículos la argumentación del actor fue escasa y dispersa, de todas maneras había logrado confrontar las normas cuestionadas con el alcance de los derechos de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, y en algunos casos logró ejemplificar el tratamiento discriminatorio que de ellas surge al no incluir a la víctima. Dicho lo anterior, concluyó que los cargos formulados contra tales preceptos (L. 906/2004, arts. 306, 316, 324, 342, y 371), revestían “las condiciones mínimas de claridad y certeza exigidos para un pronunciamiento de fondo”.
22. Por lo demás, la Corte apunta que “Adicionalmente, ya hubo inhibición cuando en otro proceso se atacó solo un artículo. Aquí se ataca el conjunto de artículos que presumiblemente afectan los derechos de las víctimas”.
“Si a la luz de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación derivados de los artículos 1º, 2º, 15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta:
(i) ¿Son inconstitucionales en lo demandado los artículos 284, 344, 356, 357, 358, 359, 371, 378, y 395, 391 (sic) y el artículo 391, en razón de no prever que la víctima participe directamente en el debate probatorio y en el esclarecimiento de la verdad, ni solicite o controvierta los elementos probatorios aportados por las partes en las distintas fases de la actuación penal?
(vi) ¿Son inconstitucionales los artículos 11 y 137 de la Ley 906 de 2004, por no garantizar de manera electiva que la víctima pueda impugnar decisiones fundamentales a lo largo de la actuación penal?”.
24. Por último, como aspecto relevante para los efectos del presente proceso, en esa ocasión, la Corte para ofrecer la coherencia de la decisión por adoptar en cada caso y en general frente a los derechos de la víctima en el proceso penal, en ejercicio del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, efectuó la integración normativa de varias proposiciones normativas, como pasa a verse.
En primer lugar lo efectuó respecto del artículo 344, puesto que las expresiones acusadas de “la fiscalía” y la “defensa” empleadas en el inciso segundo, no podían analizarse aisladamente sino que era necesario situarlas en el contexto de toda la disposición para comprender su sentido normativo(25).
Lo propio hace con el artículo 358, puesto que la expresión acusada de “a solicitud de las partes”, tampoco puede analizarse aisladamente sino que es necesario situarla en el contexto de toda la disposición para comprender su sentido normativo(26); y con los artículos 378 y 395, en la medida en que la expresión “las partes” que se demanda del primero y “la parte que no está interrogando o el Ministerio Público” utilizada en el segundo, solo pueden ser entendidas según el cargo propuesto, desde el estudio de la totalidad de la disposición(27).
Ocurre otro tanto con el artículo 333, puesto que la acusación formulada sobre el inciso 4º que establece que “en ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas” y por la cual se alegaba en la demanda que se impedía a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud de preclusión que presente el fiscal, no podía ser estudiado sino a través del análisis global de la disposición respectiva(28).
En fin, reconoce la necesidad de integración normativa, ya no respecto de apartes de una disposición acusada no incluidos por el demandante, sino respecto de una norma no tenida en cuenta por él, sino de otras disposiciones que contemplen la participación de la víctima en las diferentes etapas del proceso. Se dijo en concreto: “Habiendo examinado las normas cuestionadas por el demandante en las que se excluía a la víctima de intervenir efectivamente en las etapas críticas del proceso penal, se pregunta la Corte Constitucional si existen otras disposiciones de la Ley 906 de 2004 relativas a etapas cruciales de la actuación penal en las que la intervención de la víctima no haya sido prevista ni se le haya reconocido la posibilidad de controlar las inacciones u omisiones del fiscal”(29).
A este respecto en la decisión en comento, la Corte encuentra que “el artículo 289(30) de la Ley 906 de 2004, que regula la audiencia de formulación de la imputación, no prevé la intervención efectiva de la víctima para la protección de sus derechos”, lo integra a la demanda y se pronuncia sobre su constitucionalidad.
26. La última decisión que se considera relevante para los efectos del presente asunto, es la contemplada en la Sentencia C-516 de 2007, donde se demandaron nuevamente los siguientes artículos: el 11, literal d), sobre derecho de las víctimas a ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas y literal h) a ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio; el artículo 136, numeral 11, sobre el derecho de la víctima a recibir información, en particular para ser escuchada tanto por la fiscalía como por el juez de control de garantías ante la posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad. Se demandó además el artículo 137, numeral 4º, en concordancia con el artículo 340, sobre intervención de las víctimas en la actuación penal, en materia de limitantes a su representación por abogado en general y durante la audiencia de juicio oral. Así mismo se acusaron los artículos 348 y 350 sobre preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado.
Mas retomando los criterios señalados de manera reiterada por la jurisprudencia y a los que se aludió en el presente caso(31), la Corte encontró admisible la demanda, pues frente a los artículos 11 ordinal “d” y 136 numeral 11, estimó que los demandantes presentaban argumentos sobre la omisión alegada, en cuanto las expresiones acusadas “entrañan formas incompletas del derecho de acceso pleno a un mecanismo judicial efectivo para la garantía de los derechos de las víctimas, en cuanto no incluyen la posibilidad de controvertir la prueba, de determinar libremente los testimonios que quieren llevar al proceso y de acceder al expediente”.
También entonces verificó la Corte, que los demandantes efectuaron “un esfuerzo analítico orientado a aplicar las reglas que regulan la omisión legislativa relativa al objeto normativo que impugnan para concluir que la restricción que hace el legislador en las normas acusadas respecto de la participación de las víctimas dentro del proceso penal —representada en el silencio sobre otras formas de participación— es un desconocimiento de preceptos superiores, en particular aquellos relacionados con el derecho a la justicia, el cual contiene dentro de sus elementos el acceso a un mecanismo judicial efectivo”. Aprecia entonces la Corte en la Sentencia C-516 de 2007, que el cargo que por omisión legislativa que se formula contra los artículos 11 ordinal “d” y 136 numeral 11, cumple con los requisitos mínimos de claridad, pues logra demostrar “que el legislador reguló de manera insuficiente o incompleta el mandato constitucional de protección de los derechos de las víctimas, creando una situación de inequidad de este interviniente procesal, vinculando en su argumentación la omisión a un objeto normativo que consideró de relevancia en impacto en las facultades probatorias de las víctimas, en tanto se trata de una norma o principio rector y por ende con poder irradiador sobre la actuación probatoria de la víctima ”(32).
30. Así se apreció en la Sentencia C-454 de 2006 donde la admisibilidad o inadmisibilidad de los cargos sobre las distintas disposiciones, se define especialmente desde el cumplimiento de la exigencia de que la omisión legislativa propuesta sea visible en una norma concreta frente a la cual no solo le sea consistente en términos semánticos y significativos la omisión y la pretensión de incluir con su declaratoria sujetos no contemplados en ella. También cuando se exige que las proposiciones jurídicas acusadas sean además completas, en cuanto a que la omisión propuesta debe encontrarse en las normas señaladas por el actor y no en otras que no han sido tenidas en cuenta en la demanda. De allí que excluyera algunas disposiciones de estudio de fondo, por considerar que la acusación que se formulaba contra ellas no se vinculaba razonablemente con el texto normativo acusado, ni con sus cometidos y finalidades que hacen que su contenido no se asocie con la omisión alegada o con la inclusión pretendida por la demanda. Es decir que ciertamente es necesario que al contenido de la norma objeto de demanda y del cargo de omisión legislativa relativa, pueda adscribirse legítimamente la materia no regulada y por incluir en su texto e interpretación.
A su vez, la Sentencia C-209 de 2007 confirma el primer aserto (reconocimiento de la norma concreta sobre la cual recae la omisión), mediante la aplicación no de la regla sino de la excepción del segundo (proposición jurídica completa), cuando efectúa la integración de unidad normativa, conforme lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 y el precedente trazado desde la Sentencia C-320 de 1997. Esto, a los efectos de que la Corte se pudiera pronunciar sobre un texto inteligible, mediante una decisión inteligible, pero también como forma de completar la proposición jurídica que origina la inconstitucionalidad alegada y al parecer ostensible. La carga argumentativa que se exigió en este caso por el juez constitucional, no dejó de considerar el contenido de la norma. No solo porque retomó el criterio de la necesidad de señalar la insuficiente o incompleta regulación que conduce a la violación del derecho a la igualdad, sino también porque reconoció como elemento esencial de admisibilidad, que las normas entonces cuestionadas, al no incluir a la víctima, entraban en contradicción con los derechos de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación.
31. Es en la norma jurídica sobre la cual se predica la omisión, en la que se aprecia el requisito central de admisión del cargo, pues es claro que el demandante no solo debe identificarla, sino que además debe argumentar con claridad, certeza y especificidad, por qué el texto normativo señalado alberga una omisión legislativa relativa y por qué de no ser por la omisión, cabría incluir a las personas no contempladas, o hacer efectivas en ellas sus consecuencias jurídicas, ingredientes normativos o condiciones.
Así, por citar las disposiciones que en tales decisiones fueron declaradas exequibles condicionadamente por razón de la omisión legislativa relativa observada sobre los mismos: el artículo 135, que hace parte del capítulo IV, sobre víctimas, de título IV sobre partes e intervinientes, del libro I sobre disposiciones generales, del Código de Procedimiento Penal; el artículo 284, numeral 2º, que pertenece al capítulo único del título II sobre medios cognoscitivos en la indagación e investigación, del libro II sobre técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio; el artículo 289, que hace parte del capítulo único del título III sobre formulación de imputación, del mencionado libro II; los artículos 306 y 316, sobre solicitud de medida de aseguramiento e incumplimiento de los deberes del imputado o inculpado a este respecto, del capítulo III alusivo a esta figura, del título IV sobre régimen de libertad y su restricción, libro II relativo a las técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio; el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, que pertenece al título VI, de la preclusión, del mismo libro II; los artículos 339 y 342 sobre trámite y medidas de protección durante la audiencia de formulación de acusación del capítulo II y el artículo 344, que hace parte del capítulo III sobre descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, todos del título I de la acusación, que a su vez hace parte del libro III sobre el juicio; los artículos 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004 del capítulo único, título II sobre preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, del libro III sobre el juicio; y los artículos 356, 357, 358 y 359, que hacen parte del capítulo I de trámite sobre la audiencia preparatoria de que trata el título III del libro III sobre el juicio.
2.3. Contenido de la demanda.
35. Los actores demandan los artículos 268, 271 y 272 de la Ley 906 de 2004, por considerar que en ellos el legislador ha incurrido en omisión relativa, al no reconocer a la víctima las mismas facultades de la defensa en la investigación, relacionadas con el recaudo de elementos probatorios y evidencia física, la práctica de entrevistas y declaraciones juradas ante autoridad competente. También señalan que se incurre en omisión legislativa relativa cuando en el artículo 442, no se faculta a la víctima a ser escuchada, frente a la solicitud de absolución perentoria, presentada por el fiscal o el defensor, durante la etapa del juicio.
— La omisión legislativa relativa se aprecia porque en estos preceptos se excluye a las víctimas del contenido normativo dispuesto para el imputado y su defensa, no obstante estar aquellas y este en una situación asimilable frente al interés de buscar, identificar, recoger y embalar elementos materiales probatorios y evidencia física, así como entrevistar y tomar declaraciones juradas.
— No existe en estos preceptos, razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión de las víctimas para adelantar tales actuaciones, pues las mismas resultan útiles para alcanzar sus pretensiones de justicia, verdad y reparación.
— No es suficiente que la Fiscalía General de la Nación pueda realizar estas actividades en nombre de la víctima, pues como se ha previsto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, durante la investigación se hace necesario que su actuación se efectúe de manera directa y sin intermediarios. Más aún cuando en el sistema acusatorio el aporte de pruebas depende de manera fundamental del recaudo de información que antecede al ejercicio del derecho de aportación probatoria.
— Lo anterior, es resultado de la fisonomía propia del sistema procesal penal colombiano (C-591/2005), que al no ser típicamente adversarial, ha reconocido la importancia de que el mismo proteja a la víctima para habilitarla normativamente para la aportación probatoria, tanto durante la indagación y la investigación, como en la etapa del juicio.
— En igual sentido la jurisprudencia (sents. C-228/2002, C-591/2005, C-1154/2005, C-454/2006, C-209/2007), han reconocido a las víctimas un papel determinante como interviniente especial, cuyos derechos e intereses deben ser especialmente protegidos, no solo a través de la actuación del fiscal, sino mediante su participación directa en el proceso.
— Con todo, el conjunto de facultades reconocidas por la jurisprudencia a la víctima del delito en el proceso penal podrían ser inanes o claramente disminuidas si, como lo ha hecho el legislador en los artículos 268, 271 y 272 del Código de Procedimiento Penal, se excluye a la víctima de la posibilidad de recaudar evidencia, recepcionar entrevistas y declaraciones juradas.
— Permitir tales actuaciones a las víctimas, permitiría un “esquema procesal equitativo” entre los intereses de la víctima y los del imputado, entendidos como los dos protagonistas del proceso.
— No obstante tales disposiciones hacen parte de las facultades del imputado, existe omisión legislativa relativa respecto de la víctima, pues conforme la Constitución es claro que se debe proteger tanto el derecho de defensa de aquel como de la víctima del delito.
— La necesidad de la actuación directa de la víctima en estas materias, se justifica además porque cuando la fiscalía decide archivar las diligencias de indagación, dicha actuación que solo puede ser revocada en tanto la víctima haya tenido oportunidad de recoger los medios probatorios y evidencias físicas en mención como formas de acreditar su solicitud de reapertura del caso.
37. En cuanto al artículo 442 del Código de Procedimiento Penal, la censura se expone así:
— El cercenar el derecho de la víctima a ser oída ante una decisión determinante como la absolución perentoria, desconoce su condición de protagonista principal del conflicto penal.
— El conjunto de derechos que le han sido reconocidos a la víctima en el proceso penal pierden efectividad cuando se le impide a esta ser oída por el juez antes de resolver sobre la petición de absolución perentoria presentada por el fiscal o la defensa.
— Teniendo en cuenta que en otras decisiones que tienen los mismos efectos de la absolución perentoria como es el caso de la petición de archivo de la indagación, la preclusión de investigación o la aplicación del principio de oportunidad donde la víctima si (sic) puede intervenir en procura de defender sus derechos, lo preceptuado por el artículo 442 resulta contradictorio.
— Se incluye también un análisis de la aplicación del precepto, aún en el caso de que se admita que la víctima fuera oída, previa la decisión del juez de conocimiento ante la solicitud de absolución perentoria presentada por el fiscal. Pues no obstante ser el sistema procesal penal colombiano de tendencia acusatoria y caracterizado por una identidad propia, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, dicha petición equivale al retiro de cargos, o a una declinación del interés del Estado en el hecho investigado. En tales condiciones el juez no puede emitir decisión distinta de la que allí se solicita. Por esto propone entender el precepto, en el sentido de que ante la mencionada solicitud del fiscal, el juez decida si acoge o no las propuestas formuladas por quienes conforme al artículo 443 del Código de Procedimiento Penal están autorizados a alegar en la conclusión del juicio oral.
2.4. Ineptitud sustancial de la demanda.
40. Así, con relación a la omisión legislativa relativa predicada de los artículos 268, 271 y 272 del Código de Procedimiento Penal, observa la Corte que la demanda no es clara, ni cierta ni específica.
Siguiendo lo observado en el estudio de la jurisprudencia constitucional que ha tratado el cargo de la omisión legislativa relativa en el Código de Procedimiento Penal con relación a la víctima analizada, así como las conclusiones que sobre el particular se trazaron entre los fundamentos jurídicos 29 a 33, no encuentra la Corte que en este caso dicha acusación se vincule razonablemente con los textos normativos acusados, ni con sus cometidos y finalidades. Porque no se está tratando en los artículos 268, 271 y 272 del Código de Procedimiento Penal, ni a las víctimas y sus potestades en el proceso como interviniente especial, ni se está regulando la actuación procesal en general, en la que participan el juez y las partes e intervinientes durante la investigación. En estas disposiciones se contemplan es algunas de las facultades que tiene la defensa durante esta etapa del proceso. Entonces, la omisión legislativa que se alega sobre ellas de no incluir a la víctima como habilitada para el recaudo de tales elementos probatorios, no puede adscribirse a la materia allí regulada.
Es decir que no se logra vincular la omisión que se acusa con el contenido normativo específico de los artículos 268, 271 y 272 y por lo mismo, la pretensión de que dichas disposiciones se entiendan constitucionales en el sentido de que las facultades allí conferidas sean reputables (sic) también para la víctima, no resulta coherente con lo preceptuado en ellos según su texto, su ubicación, su función en el sistema normativo que el Código de Procedimiento Penal representa.
Esta proposición de los ciudadanos que interponen la demanda, de algún modo plantea el problema de falta de certeza en ella, en cuanto la omisión legislativa propuesta no recae sobre una proposición jurídica real y existente, sino deducida por el actor o implícita. Pues el reclamar desde la perspectiva de la omisión en la que incurrió el legislador en los artículos 268, 271 y 272 del Código de Procedimiento Penal, la inconstitucionalidad por diferencia de trato entre la víctima y el inculpado o imputado en materia “aportación probatoria”, plantea una ausencia de comprensión de estas disposiciones. O sea que hay allí una interpretación errada de los mimos, de cuyo contenido no verificable deduce una omisión antes que inexistente imposible, al menos en esos preceptos. Pues, se reitera, en ellos se incluyen algunas de las facultades que durante la investigación tiene la defensa, no actuaciones procesales ni derechos de partes e intervinientes en materia probatoria, de las que se pudiera inferir la exclusión ilegítima de la víctima. Se deduce pues una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa que no se puede desprender de los textos acusados.
Por lo demás y dejando de lado el anterior supuesto, a pesar de que la demanda es rica en referencias sobre la importancia de proteger a la víctima del delito en el proceso penal, lo cierto es que no cuenta con razones específicas que definan con nitidez la manera como en ellas se desconoce o vulnera en particular el artículo 13 constitucional, a los efectos de reconocer el argumento exigido para este tipo de demandas, a saber “que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma”(33).
Los ciudadanos demandantes, parten de una equiparación plena entre la víctima y el inculpado o acusado como protagonistas del proceso, que no tiene soporte en la propia jurisprudencia que se cita. Pero además, no exponen las razones por las cuales no hay justificación para el trato diferenciado alegado ni por qué el mismo, en caso de existir, resulta ilegítimo e inconstitucional. De esta manera el cargo de omisión legislativa no es específico, en el sentido de que no establece “si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política”(34), lo que naturalmente impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.
42. A idéntica conclusión se llega sobre la demanda del artículo 442 del Código de Procedimiento Penal.
No es claro entonces de qué modo se sostiene la omisión legislativa relativa del artículo 442 del Código de Procedimiento Penal con respecto a la víctima, pues aunque es verdad que esta última no debe ser oída por el juez previo a resolver sobre la petición, tampoco lo han de ser los demás interesados, sean partes o intervinientes.
Y como se apuntó frente a las primeras disposiciones acusadas, esta situación también revela una falta de certeza, es decir, que la demanda se encamina a establecer una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, sobre una proposición inexistente. Ello, cuando los actores observan en el artículo 442 Código de Procedimiento Penal una omisión legislativa relativa alusiva solo a la víctima que la excluye de las consecuencias jurídicas que, por ser asimilables, tenían que estar comprendidas también para ella como forma de armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta. Pues, como se ha dicho, la exclusión de la oportunidad de ser oídos por el juez antes de que resuelva la petición de absolución perentoria, opera frente a todos los sujetos que pueden participar en el proceso: partes e intervinientes. La omisión legislativa relativa señalada se formula entonces sobre una proposición jurídica deducida por los actores, que no ha sido suministrada por el legislador.
En tales circunstancias, es comprensible que no se sustenten las razones específicas por las que se vulnera la Constitución en términos de la omisión legislativa alegada. En particular no hay exposición ninguna sobre por qué se crea aquí una desigualdad discriminatoria e injustificada, pues del texto del artículo 442 del Código de Procedimiento Penal se desprende que esta medida comprende a todas las partes e intervinientes, esto es, iguala.
(1) Mediante la Sentencia C-536 de 2008, la expresión subrayada fue declarada inexequible. Así mismo el último apartado del precepto según el cual “los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo” fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en la misma sentencia, “en el entendido de que el imputado o su defensor también podrán trasladar los elementos materiales probatorios y evidencia física a cualquier otro laboratorio público o privado, nacional o extranjero, para su respectivo examen”.
(3) El Ministerio del Interior y de Justicia sin proponer ineptitud de la demanda, estima que la interpretación del texto normativo acusado que proponen los actores es errada por efectuarse de manera aislada sin considerar el sistema normativo y dentro de él, la jurisprudencia constitucional sobre las víctimas.
(4) A este respecto también la Fiscalía General de la Nación también (sic) señaló la falta de claridad de la demanda, al no precisarse el vacío en la ley que vulnere la Constitución, es decir, la vulneración de la igualdad como resultado de la omisión legislativa relativa, que pueda ser llenado por la Corte Constitucional.
(5) Sentencia C-761 de 2009. Así mismo, entre muchas, sentencias C-041 de 2002, C-1095 de 2001, C-1143 de 2001, A. 178 de 2003, A. 114 de 2004 y C-405 de 2009.
(6) Entre otras, C-428 de 2008 y C-320 de 1997.
(7) Ver también sentencias C-370 de 2006, C-922 de 2007 y C-923 de 2008.
(8) Cfr. Sentencia C-142 de 2001.
(9) Cfr. Ibíd.
(10) Sentencia C-1052 de 2001
(12) Al respecto se señaló en la Sentencia C-320 de 1997, reiterada en numerosas ocasiones, que “la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y solo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad” (subrayado fuera de texto). En el mismo sentido la Sentencia C-185 de 2002, donde la Corte observó: “La atribución legal reconocida a esta corporación para integrar la unidad normativa, es decir, para vincular al proceso de inconstitucionalidad otros preceptos que no fueron materia de acusación, al margen de tener un alcance excepcional y restrictivo, solo puede ejercerse cuando se ha verificado previamente que la demanda fue presentada en debida forma; esto es, cuando se determine que la misma ha cumplido con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad”.
(13) Sentencia C-041 de 2001, criterio reiterado en la sentencias C-528 de 2003 y C-1009 de 2005.
(14) Sentencias C-185 de 2001; C-420 de 2000.
(15) Sentencias C-540 de 1997; C-041 de 2002.
(17) Sentencia C-192 de 2006.
(19) Sentencia 1052 de 2001.
(20) Ver en este sentido sentencias C-405 de 2009 y C-434 de 2010.
(21) C-427 de 2000.
(22) Sentencia C-454 de 2006. Se cita como soporte de lo anterior las sentencias C-185 de 2002, C-871 de 2002; C-041 de 2002; C-427 de 2000; C-1549 de 2000; C-543 de 1996; C-1009 de 2005.
(23) Sentencia C-509 de 2004.
(24) Sentencia C-1549 de 2000.
(25) Se explica en la sentencia que en ese evento, la integración normativa procede bajo la primera hipótesis señalada en la Sentencia C-320 de 1997, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. Según esa sentencia, la integración de unidad normativa solo procede de manera excepcional en tres eventos: (1) “cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada.” (2) “Cuando la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas”. Y (3) “pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad.” Sobre el tema de integración normativa, también se citan como referencias, las sentencias C-357 de 1999, C-539 de 1999, C-781 de 2003, C-227 de 2004; C-271 de 2003; C-409 de 2004; C-538 de 2005, C-536 de 2006.
(26) En este evento la integración de unidad normativa se hace bajo la primera hipótesis planteada en la Sentencia C-320 de 1997, esto es (1) “cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada”.
(27) También en este caso se produce la integración de unidad normativa bajo la primera hipótesis de la Sentencia C-320 de 1997, “esto es, porque lo demandado no tiene un sentido claro o unívoco que sea posible entenderlo o aplicarlo sin integrar su contenido normativo con el resto del artículo”.
(28) La integración de unidad normativa se produce igualmente por necesidad de crear pronunciarse sobre un texto claro, de modo claro.
(29) En este evento la integración de unidad normativa se hace bajo la tercera hipótesis planteada en la Sentencia C-320 de 1997, en la que a pesar de no ser necesario hacer la integración para asegurar su aplicación y entendimiento del texto normativo, ni porque lo demandado se encuentre reproducido en otras disposiciones, sino porque “la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad”.
(30) Ley 906 de 2004, artículo 289. “Formalidades. La formulación de la imputación se cumplirá con la presencia del imputado o su defensor, ya sea de confianza o, a falta de este, el que fuere designado por el sistema nacional de defensoría pública”.
(31) Se citan las sentencias C-041 de 2002; C-215 de 1999, C-146 de 1998; C-543 de 1996; C-155 de 2004; C-509 de 2004.
(32) En este caso se precisa cómo en la Sentencia C-454 de 2006, la Corte declaró la ineptitud sustantiva de una demanda por omisión legislativa relativa, la cual se dirigía contra todo el contenido del artículo 11 y todo el contenido del artículo 136 de la Ley 906 de 2004 sin vincular la omisión a un contenido normativo específico. La formulación del cargo se consideró, en esa oportunidad, “genérica y global, por lo que no responde a los principios de especificidad y concreción que determinan la aptitud de un cargo”.
(33) Sentencia C-185 de 2002.
(34) Sentencia C-1052 de 2001.

References: artículo 442
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 136
 artículo 357
 artículo 306
 artículo 316
 artículo 333
 artículo 344
 artículo 371
 artículo 378
 artículo 391
 artículo 6
 artículo 344
 artículo 358
 artículo 333
 artículo 289
 artículo 136
 artículo 137
 artículo 340
 artículo 6
 artículo 135
 artículo 284
 artículo 289
 artículo 333
 artículo 344
 artículo 442
 artículo 442
 artículo 442
 artículo 443
 artículo 13
 artículo 442
 artículo 442
 artículo 442
 artículo 442
 artículo 289
 artículo 11
 artículo 136