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Timestamp: 2020-07-14 03:05:37+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 671/01 de Corte Constitucional, 28 de Junio de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614902
Sentencia de Constitucionalidad nº 671/01 de Corte Constitucional, 28 de Junio de 2001
Ley 618 de 2000. Aprobacion de la enmienda del protocolo de montreal aprobada por la novena reunion de las partes. Suscrita en montreal el 17 de septiembre de 1997. La enmienda solo requiere la aprobacion del estado colombiano. Instrumentos colombianos frente al agotamiento de la capa de ozono. Internacionalizacion de las relaciones ecologicas. Exequible.
Sentencia citada en: 101 sentencias, 19 artículos doctrinales, una noticia
Revisión constitucional de la ley 618 de 2000, "por medio de la cual se aprueba la `Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes', suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997".
en el proceso de revisión de la ley 618 de 2000 "Por medio de la cual se aprueba la 'Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes', suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997".
El Magistrado sustanciador, mediante auto del 31 de octubre de 2000, avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas, mediante auto del 7 de diciembre de 2000 ordenó continuar con el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor P. General de la Nación para el concepto correspondiente.
"LEY 618 DE 2000
por medio de la cual se aprueba la `Enmienda del Protocolo de Montreal
aprobada por la Novena Reunión de las Partes', suscrita en Montreal el 17 de
Artículo 4º párrafo 1 qua.
qua. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente párrafo, toda Parte prohibirá la importación de la sustancia controlada que figura en el anexo E de cualquier Estado que no sea Parte en el presente Protocolo.
Artículo 4, párrafo 2 qua.
qua. Transcurrido un año a partir de la entrada en vigor del presente párrafo, toda Parte prohibirá la exportación de la sustancia controlada que figura en el anexo E a Estados que no sean Partes en el presente Protocolo.
1 C.A. 4º, párrafos 5, 6 y 7
El párrafo 1 del presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 del Convenio y en el procedimiento relativo al incumplimiento elaborado en virtud del artículo 8 del Protocolo.
Las Partes establecerán y pondrán en práctica, para el 1° de enero de 2000 o en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente artículo para cada una de ellas, un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y regeneradas enumeradas en los anexos A, B y C.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, si una
En el plazo de tres meses a partir de la fecha en que introduzcan su sistema
La Secretaría preparará y distribuirá periódicamente a todas las Partes una
La presente Enmienda entrará en vigor el 1° de enero de 1999, siempre que se
A los efectos del párrafo 1, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se contarán como adicionales a los depositados por los Estados miembros de esa organización.
Después de la entrada en vigor de la presente Enmienda, según lo dispuesto en el párrafo 1, la Enmienda entrará en vigor para cualquier otra Parte en el Protocolo el nonagésimo día contado desde la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
G.F. de Soto
El S. General del honorable Senado de la Republica,
Dada en Bogotá, D.C., a 6 de octubre de 2000.
La ciudadana J.M.L.O., actuando como apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la "Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes" y de la ley aprobatoria de la misma, por las siguientes razones:
A juicio de la interviniente, "los principios de control del deterioro ambiental, de la reparación de los daños causados al medio ambiente y de la protección del entorno, tienen soporte en la Constitución Política, en la cual se hacen repetidas referencias al desarrollo económico sostenible y el bienestar de la comunidad, así como el respeto del derecho internacional." Entre los preceptos que se relacionan con estas materias se encuentran los artículos 9, 49, 79, 80, 226 y 227 de la Carta, los dos últimos que promueven la internacionalización y la integración de las relaciones políticas, económicas y sociales. Así mismo, considera que se cumplió con lo estipulado en los artículos 150-16 y 189-2 superiores.
El P. General de la Nación, mediante concepto No. 2437 recibido el 14 de febrero de 2001, solicita a la Corte la declaración de constitucionalidad de la Enmienda y de su ley aprobatoria, para lo cual hace un análisis formal y material de la misma.
La Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes sólo requiere de su aprobación por parte del Estado colombiano
Revisión formal de la ley aprobatoria: trámite ante el Congreso de la República
- El proyecto de ley fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de los entonces Ministros de Relaciones Exteriores (E), Dra. M.F.C.S., y del Medio Ambiente, Dr. J.M., el día 9 de julio de 1999. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 447 del 18 de noviembre de 1999. El proyecto fue radicado bajo el número 175 de 1999 y repartido por parte del Presidente del Senado a la Comisión Segunda.
- La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue presentada por el Dr. F.M.R. y aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 551 del 14 de diciembre de 1999.
- El proyecto de ley fue aprobado en primer debate, en la Comisión Segunda del Senado el día 14 de diciembre de 1999, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 10 de los 13 miembros de esa célula legislativa, con una votación de 10 votos a favor, según consta en el Acta No. 22 de la misma fecha y según certificación expedida por el S. General de la Comisión Segunda del Senado, el 8 de noviembre de 2000.
- El proyecto de ley fue radicado bajo el número 257 de 2000 y se designó como ponente a la congresista N.M.R.. El texto de la ponencia para primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 213 del 14 de junio de 2000.
- El proyecto fue aprobado por unanimidad, en primer debate, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el día 2 de agosto de 2000, con la asistencia de 17 miembros de esa célula legislativa, según certificación expedida por el S. General de la misma el 4 de diciembre de 2000.
Sobre este punto es necesario aclarar al P., quien arguye que en el expediente no existe prueba que demuestre tal hecho, que en el expediente aparece bajo el folio 105, la certificación expedida por el S. General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en la que se señala el quórum y la votación con que se aprobó el proyecto de ley en la citada Comisión, documento que tal vez pudo haber pasado por alto.
- En el artículo 1° se modifica el artículo 4° del Protocolo en el siguiente sentido: a) se incorpora el párrafo 1 qua, en el que se señala que en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigencia de dicho párrafo, toda Parte prohibirá la importación de la mencionada sustancia de cualquier otro Estado que no sea Parte en el Protocolo; b) se incorpora el párrafo 2 qua, ordenando que transcurrido un año a partir de la entrada en vigor del referido párrafo, toda Parte prohibirá la exportación de la sustancia a Estados que no sean Partes en el Protocolo; c) se sustituyen las expresiones " y en el Grupo II del anexo C" por "en el Grupo II del anexo C y en el anexo E", contenidas en los párrafos 5, 6 y 7 del mismo; d) se sustituyen las expresiones "artículo 2G" por "artículos 2G y 2H" contenidas en el párrafo 8; e) se adiciona el artículo 4A relativo al control del comercio con Estados que sean partes en el Protocolo; f) se agrega el artículo 4B, que hace referencia al sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de sustancias controladas.
Existen evidencias de que los daños en la capa de ozono se originaron en el año 1979, pero hasta 1985 se le dio a este acontecimiento la importancia que realmente tiene, a raíz del descubrimiento en la Antártida de un agujero más extenso que el territorio de los Estados Unidos. G., R.. "El argumento según el cual el mundo ha llegado a sus límites". En: Desarrollo Económico Sostenible. Tercer Mundo Editores y Ediciones Uniandes. Bogotá, 1994. Pg. 35 Dicho agotamiento, en palabras de R.G., es un indicador de que "el mundo está llegando a sus límites". Según él, los efectos de tal suceso son devastadores no sólo para la subsistencia y la salud humana, sino para el equilibrio de los diversos ecosistemas en el planeta entero:
"Todas las pruebas han demostrado que la capa de ozono pierde espesor con mucha mayor rapidez de la que predecían los modelos. Es bien conocida la relación entre el aumento de radiación ultravioleta B que pasan a través de la deteriorada capa de ozono y el cáncer en la piel y las cataratas -cada disminución de un 1% en la capa de ozono produce un 5% más de ciertos casos de cáncer de piel- y es alarmante en las regiones vecinas a los agujeros (por ejemplo, Queensland). El mundo parece estar sujeto a mil millones más de casos de cáncer en la piel, muchos de ellos fatales, entre la gente que hoy vive. Posiblemente el efecto más serio sobre la salud humana es un descenso en nuestros sistemas inmunológicos, aumentando nuestra vulnerabilidad a un conjunto de tumores, parásitos, y enfermedades infecciosas. Además, a medida que la capa se debilita, las cosechas y la pesca marina y continental declinan. Pero el efecto más grave puede ser la incertidumbre, como ocurre en la alteración de los balances normales de la vegetación natural. Las especies fundamentales -aquellas de las que muchas otras dependen para sobrevivir- pueden disminuir su preponderancia hasta llegar a una perturbación extendida de los servicios ambientales, provocando extinciones aceleradas" Ibídem Pgs. 35-36
Ante este panorama, en el año de 1985 un considerable número de Estados suscribieron el "Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono", al cual Colombia se adhirió el 16 de julio de 1990, previa la aprobación del Congreso contenida en la ley 30 de 1990. Para desarrollar los principios establecidos en dicho instrumento, se celebró en el año de 1987 el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, al cual nuestro país también se adhirió y que fue aprobado por el Congreso de la República mediante la ley 29/92, junto con sus enmiendas, aprobadas en Londres el 29 de junio de 1990 y Nairobi el 21 de junio de 1991, ordenamientos que fueron declarados exequibles en su totalidad por la Corte Constitucional en la sentencia C-379 de 1993 M.P.A.B.C..
Dicho Protocolo fue modificado mediante la Enmienda de Copenhague del 25 de noviembre de 1992, dando su aprobación el Congreso de Colombia por medio de la ley 306/96, la cual fue declarada exequible por esta Corte en la sentencia C-146 de 1997 M.P.J.G.H.G.. En este instrumento se fijan plazos máximos para la eliminación de la producción y el consumo de las sustancias que agotan y destruyen la capa estratosférica de ozono identificadas hasta la fecha. Así mismo, se establece obligaciones diferenciadas para los países en desarrollo que tengan un consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono inferior a 0.3 Kg per cápita (Art. 5). Vale la pena señalar que el consumo actual de Colombia es de aproximadamente 1000 toneladas métricas de SAO (Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono), que se califica como un consumo de mediano a moderado, según la información allegada a la Corte por la Unidad Técnica de Ozono del Ministerio del Medio Ambiente.
En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano aprobó un conjunto de principios encaminados a orientar la relación entre desarrollo y medio ambiente, afirmando que debía implementarse un uso racional de los recursos naturales. En 1973, con la expedición del Código de Recursos Naturales, la legislación nacional dio un salto importante hacia la implementación de una política ambiental, cuyo principal objetivo se centraba en "prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional", de conformidad con el artículo 1° de dicho código. Posteriormente se expidió la ley 99 de 1993 en la que se consagra la política ambiental del Estado colombiano y se reitera la necesidad de asegurar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, que, la protección y aprovechamiento de la diversidad y el derecho de todas las personas a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza (art. 1).
El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, como ya lo ha señalado esta corporación, "involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo. En efecto, la protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos" Sentencia T-254/93. A.B.C.. (Artículo 366 C.P.)"
"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado "Constitución ecológica", conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección Consultar, entre otras, las Sentencias T411/92 y T-046/99..
En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de la Constitución Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera."
"El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental". Sentencia T-092/93 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez
Ahora bien, en el caso concreto, tenemos que el bromuro de metilo, además de poseer un alto potencial de agotamiento de la capa de ozono, es considerado un gas irritante y vesicante, extremadamente tóxico para la salud humana, que afecta diferentes órganos y sistemas con un alto riesgo de producir intoxicación aguda por inhalación y absorción a través de piel y las mucosas. Además, según la International Agency for Research on Cancer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con "suficiente evidencia de actividad genética en corto plazo, se ha identificado como uno de los más agotadores de ozono atmosférico y, por tanto, favorece indirectamente los efectos de la radiación solar en la producción de la cáncer de piel". De igual forma, al agotar la capa de ozono, afecta las defensas inmunológicas, produce ceguera y cataratas, entre otras afectaciones a la salud.
El control respecto del bromuro de metilo que se establece en la Enmienda que aquí se examina se ajusta a los postulados de la Carta Política, por cuanto pretende proteger, de una parte, la vida y la salud humanas de los efectos nocivos que produce la referida sustancia, y de otra, el medio ambiente. En armonía con este postulado, el Principio 1 consagrado en la Carta de la Tierra, redactada en Río en el año 1992, señala que "Los seres humanos constituyen el centro de preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza."
Igualmente, la Enmienda busca proteger el derecho a un ambiente sano, al determinar mecanismos para que los Estados puedan erradicar el consumo, comercialización y utilización en su totalidad de las sustancias tóxicas mencionadas, entre ellas el bromuro de metilo. El derecho a un ambiente sano, que implica la protección del medio ambiente en el que se desarrolla cada individuo, encuentra cabal protección en la Carta Política, la cual a su vez consagra el desarrollo sostenible como un derecho de los ciudadanos y como un deber del Estado, en el sentido de que éste debe propugnar por "un desarrollo sin un aumento en el consumo de recursos que supere la capacidad de carga del medio ambiente" Comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Nuestro Futuro Común (El Informe Brundtland).Oxford University Press, 1987. o, en otras palabras, un desarrollo que "satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades." Ibídem.
"Es indudable que la dimensión ecológica de la Constitución, como norma de normas que es (CP art 4), confiere un sentido totalmente diverso a todo un conjunto de conceptos jurídicos y económicos. Estos ya no pueden ser entendidos de manera reduccionista o economicista, o con criterios cortoplacistas, como se hacía antaño, sino que deben ser interpretados conforme a los principios, derechos y obligaciones estatales que en materia ecológica ha establecido la Constitución, y en particular conforme a los principios del desarrollo sostenible.
Por todo lo anterior, considera la Corte que hoy no tienen ningún respaldo constitucional ciertos procesos y conceptos que anteriormente pudieron ser considerados legítimos, cuando los valores ecológicos no habían adquirido el reconocimiento nacional e internacional que se les ha conferido en la actualidad. Y eso sucede en particular con el concepto de que la colonización puede ser predatoria, puesto que, por las razones empíricas y normativas señaladas anteriormente, estos procesos son inaceptables ya que se efectúan en contradicción con los principios ecológicos establecidos por la Constitución. Hoy en Colombia no es legítima una colonización incompatible con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Sentencia C-058 de 1994. MP A.M.C.. Fundamento Jurídico No 4.3.
El agotamiento de la capa de ozono es uno de esos hechos donde se evidencia la necesidad de una regulación común de todos los Estados frente a un problema que afecta al ecosistema global. En palabras de G.:
"...la capacidad de vertedero del ecosistema mundial para absorber la contaminación con CFC fue sobrepasada hace tiempo. Los límites se alcanzaron y se rebasaron, y la humanidad es culpable del deterioro de los servicios ambientales, de la salud humana y de la producción de alimento. Este es un buen ejemplo, porque el 85% de los CFC es liberado en el Norte industrializado, pero el agujero principal apareció en la capa de ozono a 20 km por encima de la Antártida, mostrando que el daño se ha extendido y es de naturaleza realmente mundial." G., R.. Op. Cit. Pg. 36.
En este orden de ideas, ya muy pocos países consideran la política ambiental un asunto interno en sentido estricto, pues la protección del medio ambiente requiere una regulación internacional que permita consolidar instrumentos bilaterales y multilaterales para afrontar dicho propósito común de manera efectiva, no sólo jurídicamente sino social, política y económicamente. Así lo demuestra el preámbulo de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual se reconoce "la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar".
"...el factor ecológico forma parte de un todo; por tanto, puede afirmarse que los recursos naturales son de interés primordial no sólo para los habitantes de Colombia sino para toda la humanidad. En el cuidado y desarrollo sostenible de la naturaleza está comprometido el planeta entero, en virtud de que el objeto jurídico protegido, como se dijo, es por esencia universal." Sentencia C-423/94 M.P.V.N.M.
En el mismo sentido, ha sostenido que el derecho ambiental "es un asunto que escapa las fronteras de cualquier país para convertirse en una preocupación que requiere, siempre, el compromiso universal." Sentencia C-418/95 M.P.V.N.M.
Tal compromiso impone al Estado adoptar medidas de cooperación con otros países, que a su vez se traducen en la suscripción de instrumentos jurídicos de carácter internacional, como el que aquí se revisa. Esta nueva orientación es expresión de la "Constitución ecológica", así llamada debido a las numerosas disposiciones dirigidas hacia una efectiva protección del medio ambiente y a la decidida adopción por parte del constituyente de un modelo de desarrollo sostenible que irradia toda la gestión del Estado.
...los factores que conducen al deterioro ambiental no se pueden considerar en sus efectos, como problema que ataña exclusivamente a un país en particular, sino que dicho problema concierne a todos los países, toda vez que la preservación del ambiente interesa a toda la humanidad, sin distingo de fronteras. Por lo tanto, se impone a nuestro Estado, el deber de adoptar medidas de cooperación con otros países, como lo prevé el artículo 226 de la Carta Política, para impedir que las acciones nocivas de los diferentes agentes, puedan deteriorar el ambiente, como sucede en el caso del ozono, pues dichas acciones tienen ocurrencia en todos los países y de no controlarse, pueden afectar gravemente las condiciones y la calidad de vida de los habitantes del planeta.
"Los problemas ambientales y específicamente los factores que conducen al deterioro ambiental, no se pueden considerar en sus consecuencias, como asuntos que atañan exclusivamente a un país en particular, pues aquéllos pueden tener efectos y repercutir y por lo tanto concernir a algunos o a todos los estados. Es decir, que la necesidad de preservar un ambiente sano, constituye un interés universal de los estados.
La repercusión internacional en el manejo, administración y explotación de los recursos y de los problemas ambientales, impone la necesidad de que a través de tratados o convenios internacionales se establezcan normas reguladoras de la conducta de los estados que apunten a facilitar, hacer operativas y viables, en todo sentido, las acciones que conciernen al referido manejo y aprovechamiento y a asegurar la cooperación de los estados en lo que concierne a la protección del ambiente y a contrarrestar las causas y efectos del deterioro ambiental." Sentencia C-359/96 M.P.A.B.C.
Estos postulados se enmarcan dentro del principio de la internacionalización de las relaciones ecológicas, consagrado por el constituyente como orientador de la interacción entre Colombia y las demás naciones. La Constitución Política, al señalar en el artículo 226 que: "El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional", enfatiza la importancia de los diversos instrumentos internacionales para la protección del medio ambiente, como lo es la Enmienda bajo revisión, ya que ellos permiten concretar y hacer efectivas medidas y acciones para prevenir y contrarrestar las causas que lo deterioran, fijando políticas y metas específicas para cada país con el fin de eliminar o reducir las actividades que generan el impacto negativo sobre el ambiente, atendiendo el grado de injerencia de cada país sobre aquél, siendo de especial consideración los países en vías de desarrollo.
Por todo lo anterior, la "Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes", suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997, así como su respectiva ley aprobatoria, esto es, la 618 de 2000, no adolecen de vicio alguno de inconstitucionalidad y, por tanto, será declarada exequible, por ajustarse a las disposiciones de la Carta Política y de esta forma garantizar el cumplimiento de sus postulados en materia de protección del medio ambiente y los derechos a la vida y la salud de las personas.
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE la "Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes, suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997".

References: Artículo 4

Artículo 4
 artículo 11
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 226
 artículo 226