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Relaciones Laborales nº104 | PDF Flipbook
Relaciones Laborales nº104
/104 Julio 2015 Época V relaciones laborales Revista del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia Gabriela Bravo Consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana “La administración de Justicia en la Comunidad Valenciana es un enfermo que agoniza” Información colegial / Noticias sociolaborales Aula técnica / Jurisprudencia
sumario_3 04_reportaje/entrevista Gabriela Bravo. Consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana. 06_información colegial 12_aula técnica Próximas actividades formativas organizadas por el Colegio: cursos, jornadas, etc. Carta Social Europea y Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales: Aplicación Directa en los Órganos Judiciales. Principales aspectos del reglamento de las empresas de trabajo temporal. 17_noticias sociolaborales 18_jurisprudencia 23_área fiscal Novedades de la Sala IV del Tribunal Supremo. Comentarios de actualidad sobre impuestos. Edita 23_bolsa de trabajo De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero propiedad del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales, cuya finalidad es [la gestión y el control de la actividad profesional y la defensa de los intereses de los Graduados Sociales, organización de eventos y actividades para el interés del colectivo]. La información contenida en el fichero incluye nombre y apellidos, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional (incluyendo domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica) y datos de pertenencia al grupo (número de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional). Estos datos son imprescindibles para poder realizar adecuadamente las funciones asignadas al Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales y formarán parte de las Guías Profesionales que se editen, teniendo el fichero la consideración de de fuente accesible al público. Empresas privadas podrán acceder al fichero de colegiados. Si no desea que sus datos sean utilizados para el envío de publicidad o información comercial sobre productos o servicios, podrá indicarlo dirigiéndose por escrito al Excmo Colegio Oficial de Graduados Sociales, para que así conste en la Guía Profesional y los soportes electrónicos que se generen. Sus datos podrán ser cedidos al Consejo General de Graduados Sociales y al Consejo Valenciano de Graduados Sociales, para que pueda gestionarse el censo y la realización de actividades que repercutan en beneficio del colectivo. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. CL Grabador Esteve, 4 1ª – 46004 Valencia. Relaciones Laborales es una publicación mensual del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. Todos aquellos colectivos o personas que deseen colaborar en la misma podrán hacerlo, enviándonos artículos, opiniones o cualquier otro tipo de material periodístico de interés para la linea editorial de la revista a la dirección del Colegio: Grabador Esteve, 4, 1ª • 46004 Valencia • colegio@cograsova.es. Las colaboraciones, opiniones y artículos irán firmados por sus autores y serán responsables a todos los efectos de su contenido. Consejo de Redacción Presidente: Ricardo Gabaldón Gabaldón Directora: Carmen Pleite Broseta Subdirector: Óscar Martorell Tronchoni Jefe de Redacción: Rafa Lupión Ruiz Consejo de Redacción: Salvador Aguado Martínez, Dulce Aguilar Llácer, Enrique Albelda Salom, Joaquín Alcoy Moncholí, José Buenaventura Barberá, Mariano Ferrando Durán, Carmen García Ros, Andrés González Rayo, Teresa Luengo Lloret, José Madolell Pedrajas, Raquel Martínez Pardo, Araceli Sanchis Sanjuán, Lourdes Sanz Calderón, Ana Tur García, Elsa Zamora García. Gerente: Pablo Pernas Verdugo Coordinadora: Mada Rivas Rausell Sede: Grabador Esteve, 4, 1ª 46004 Valencia Impresión: www.iplgrafica.com Depósito legal: V-3244-2007 Núm. ejemplares: 2.500 Distribución gratuita.
4_entrevista Gabriela Bravo Consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana “Los graduados sociales están llamados a jugar un importante papel en el futuro” ¿Qué análisis hace de la Justicia valenciana? ¿Cómo encuentra el paisaje del que acaba de hacerse cargo? El panorama que ofrece la administración de Justicia en la Comunidad Valenciana es muy preocupante, porque el listado de problemas a solucionar, la mayoría con urgencia, es interminable. La constante reducción presupuestaria sufrida en los últimos años se ha traducido en un grave deterioro del servicio público que presta la Justicia. Las sedes judiciales presentan deficiencias en muchos casos graves; las plantillas han sido reducidas hasta hacerlas insuficientes; la dotación tecnológica de juzgados y tribunales es obsoleta; los fondos asignados a la justicia gratuita son demasiado escasos… La situación es muy compleja, es un enfermo que agoniza. ¿Qué objetivos se plantea como consellera? Soy consciente de que no es fácil aumentar la dotación presupuestaria destinada a mejorar los medios materiales y humanos al servicio de la Administración de Justicia, dada la insuficiencia financiera de la Comunidad Valenciana. Pero soy ambiciosa. No renuncio a poner en marcha un plan de evaluación y reparación inmediata de las sedes judiciales. Tampoco a dotar a los órganos judiciales de los medios materiales y humanos suficientes para que puedan realizar su función con agilidad y eficacia. Por supuesto, hay que solucionar los problemas que atenazan al turno de oficio. Y quiero remodelar el servicio de atención a las víctimas de los delitos. Pero también hay otras opciones que no requieren relaciones laborales
entrevista_5 tanto esfuerzo presupuestario, y pretendo apoyar mecanismos de reducción de la litigiosidad, como la conciliación, la mediación y el arbitraje, así como potenciar los procedimientos de solución extrajudicial de los conflictos. Su conselleria es también la de Reformas Democráticas, ¿qué objetivos tienen en este sentido? También en este punto soy muy ambiciosa, porque pretendo que sea un factor de revitalización de las instituciones democráticas. El abanico de posibilidades es muy amplio, desde el impulso de aquellas iniciativas legislativas que contribuyan a potenciar la independencia de las instituciones valencianas tanto como su proximidad a los ciudadanos, así como actuaciones que favorezcan un mejor control democrático de la acción de gobierno. Si pensamos en todo lo ocurrido estos últimos años en la Comunidad Valenciana, fácil es entender que, además, es necesario implantar nuevos modelos de exigencia de responsabilidades políticas a los titulares de esas instituciones. Cuenta usted con una brillante carrera profesional, ¿de qué manera influirá su trayectoria anterior en el desempeño de su nuevo cargo? Mis casi treinta años de servicio en el Ministerio Fiscal me han permitido atesorar un conocimiento amplio y profundo de la realidad de la Justicia, tanto la española en general como la valenciana en particular. Estoy segura de que ese factor me permitirá afinar el análisis de las causas que entorpecen el trabajo de juzgados y tribunales como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos y me ayudará a perfilar las soluciones concretas a aplicar para mejorar el servicio público que presta la Justicia. ¿Se había planteado con anterioridad iniciar una carrera política? No. Soy fiscal por convicción y por pasión. Pero mi etapa en el Consejo General del Poder Judicial me enseñó que es posible cumplir con mi compromiso personal con la Justicia desde ámbitos distintos a mi ejercicio profesional y eso me dio otra perspectiva. Cuando el presidente de la Generalitat me ofreció ser consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, lo que me ofreció fue la posibilidad de tomar decisiones ejecutivas que redunden en beneficio de la administración de Justicia, un reto que de inmediato decidí asumir. ¿Qué espera que le aporte, a nivel personal, esta etapa? No es ese mi planteamiento. Lo que me ocupa ahora es qué puedo aportar yo, en esta etapa, a la mejora de la calidad democrática de la sociedad valenciana. Sé que esfuerzo y volumen de trabajo no van a faltar y confío en acertar con todas aquellas iniciativas que impulse la conselleria en beneficio de la ciudadanía. ¿Cuál cree que debe ser el papel de los Graduados Sociales en la actual coyuntura? ¿Qué espera de ellos? Dada su condición de expertos en relaciones laborales, economía laboral y de la empresa, recursos humanos y organización del trabajo, los graduados sociales están llamados a jugar un importante papel en el futuro de las relaciones laborales en la Comunidad Valenciana. El proceso de globalización, primero, y la crisis económica después han provocado un profundo terremoto en el mundo del trabajo, en el que se ha deteriorado de manera preocupante la capacidad de defensa de las clases trabajadoras. Deseo que los graduados sociales lideren la vigilancia frente a algunos fenómenos que me preocupan sobremanera, como la discriminación salarial por razón de sexo, la situación de los trabajadores inmigrantes que llegaron a España en épocas de bonanza o la escasez y precarización del empleo juvenil. /RL relaciones laborales
Septiembre Jornada LOS ÓRGANOS JUDICIALES: APLICACIÓN DIRECTA DE LA CARTA SOCIAL EUROPEA 11 de Septiembre de 2015 De 9´30 a 12´30 h. Salón de Actos del Colegio 20€ colegiados Dª. Carmen Salcedo Beltrán, Profesora Titular del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Miembro du Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne (Conseil de l´Europe). D. Luis Jimena Quesada, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y expresidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa. DOCTRINA DE JUZGADOS DE LO SOCIAL, AL DÍA. Última Doctrina y Jurisprudencia de los Juzgados y Tribunales en el Orden Jurisdiccional Social 17 de Septiembre de 2015 De 16´30 a 19´30 h. Salón de Actos del Colegio 20€ colegiados Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Beltrán Aleu, Magistrado- Coordinador. Juzgado de lo Social número 1 de Valencia. Ilmo. Sr. D. José Ramón Hernández Dols, Magistrado del Juzgado de lo Social número 12 de Valencia. Iltre. Sra. Dª. Sagrario Plaza Golvano, Secretaria del Juzgado de lo Social número 15 de Valencia. CURSO PRÁCTICO REPRESENTACIÓN COLECTIVA Y SINDICAL 18, 25 de Septiembre, 2 y 16 de Octubre de 2015 De 9´30 a 13´30 h. Salón de Actos del Colegio (C/ Grabador Esteve, 4- 1ª) 110€ colegiados D. Andrés González Fernández, Graduado Social, Abogado y Socio Director de AG&AG Auditores y Consultores Laborales. Noviembre Pendiente Jornada Informativa GESTIÓN ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 16 de Septiembre De 17 a 19´30 h. Lugar celebración: Pendiente CUOTA: Gratuita (Imprescindible inscribirse) Dª. Mª. Dolores Pérez Villaplana, Jefa Provincial de la Dirección General de Tráfico. Dª. Pilar Fúnez Asensio, Subjefa Provincial de la Dirección General de Tráfico. 5º DESAYUNO DE TRABAJO 2015 TIEMPO PARCIAL, TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS Y PERIÓDICOS 18 de Septiembre De 9 a 11 h. Sede Banco Santander (C/ Las Barcas, 8-2º piso) Colegiados: 30€ (Incluye desayuno) Ilma. Sra. Dª. Isabel Moreno de Viana-Cárdenas, Magistrada Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 7º DESAYUNO DE TRABAJO 2015 PROBLEMÁTICA TRÁMITES FOGASA 6 de Noviembre De 9 a 11 h. Colegiados: 30€ (Incluye desayuno) Sede Banco Santander (C/ Las Barcas, 8) Sr. D. José Poyatos Villena, Jefe Unidad Administrativa Fogasa. Octubre 6º DESAYUNO DE TRABAJO 2015 SITUACIÓN PROCESAL ACTUAL DE LAS DEMANDAS POR EXTINCIÓN IMPAGO SALARIOS (Última doctrina abandono puesto de trabajo medidas cautelares y acumulación a procesos anteriores) 2 de Octubre De 9 a 11 h. Sede Banco Santander (C/ Las Barcas, 8 – 2º piso) Colegiados: 30€ (Incluye desayuno) Ilmo. Sr. D. Javier Lluch Corell, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. XVI CURSO INTENSIVO DERECHO PROCESAL LABORAL (Teórico-Práctico) 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 de Octubre, 3, 4 y 5 de Noviembre de 2015 De 16´30 a 20 h. (42 horas lectivas) Salón de Actos del Colegio. 150€ colegiados Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Beltrán Aleu, Magistrado - Juez. Juzgado de lo Social nº. 1 de Valencia. Ilmo. Sr. D. José Ramón Hernández Dols, Magistrado - Juez. Juzgado de lo Social nº. 12 de Valencia. Iltre. Sra. Dª. Sagrario Plaza Golvano, Secretaria Judicial. Juzgado de lo Social nº. 15 de Valencia. Iltre. Sr. D. Lorenzo Navarro Lorente, Secretario Judicial. Juzgado de lo Social nº. 12 de Valencia. COORDINA: Iltre. Sra. Dª. Isabel Manglano Díe, Secretaria Judicial. Servicio de Subastas Judiciales. Decanato Juzgados de Valencia. Diciembre 8º DESAYUNO DE TRABAJO 2015 CRITERIOS Y PROBLEMÁTICA DE LA TRAMITACIÓN PENSIONES EN LA UNIÓN EUROPEA 11 de Diciembre De 9 a 11 h. Colegiados: 30€ (Incluye desayuno) Sede Banco Santander (C/ Las Barcas, 8) Sr. D. Ricardo Fontana Peris, Director de Programas Especiales Coordinador de CAISS. JORN. CUESTIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA EN EL PROCESO SOCIAL Y SU APLICACIÓN EN LOS CASOS DE DESPIDO DISCIPLINARIO 16 de Octubre de 2015 De 09´30 a 12´30 h. Salón de Actos del Colegio. 30€ colegiados Sr. D. Carlos L. Alfonso Mellado, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Sra. Dª. Gemma Fabregat Monfort, Vicedecana de Asuntos Económicos y Profesora Titular del Departamento del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia. relaciones laborales Próximas actividades formativas
8_información colegial CONSULTAS ASESORÍA LABORAL VIRTUAL PORTAL COGRASOVA CARLOS ALFONSO MELLADO Catedrático Derecho del Trabajo y de la S.S de la Universidad de Valencia. GEMMA FABREGAT MONTFORT Vicedecana de Asuntos Económicos y Profesora titular del Dpto. del Trabajo y S.S. de la Universidad de Valencia PREGUNTA 1 REVISION ALTA MEDICA IT Hola, El Art.128.1 LGSS establece que en caso de disconformidad con el alta médica, el trabajador puede instar procedimiento administrativo de revisión. Mi duda es la siguiente: Un empleado al que la mutua comunica el alta médica y en plazo presenta escrito mediante impreso normalizado alegando no haber mejoría que permita la reincorporación, pero sin adjuntar ningún informe médico al respecto, puede dejar de acudir a su puesto de trabajo alegando la prórroga de la situación de IT hasta que se reciba resolución del servicio público de salud. RESPUESTA 1 En primer lugar hay que matizar bien la situación planteada. Por lo que usted expone en su consulta deduzco que se trata de un proceso derivado de contingencia profesional, ya que es el único caso en que la Mutua tendría potestad para emitir directamente el alta médica al trabajador. Contra este alta, efectivamente, existe un procedimiento de revisión que consiste en lo siguiente: La solicitud se debe realizar en el modelo oficial, en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del alta. Se acompaña necesariamente con el historial médico, o en su caso, con copia de la solicitud de dicho historial a la Mutua. El trabajador lo comunica a la empresa el mismo día de presentación de la solicitud o al día hábil siguiente, con lo que queda justificada su ausencia al trabajo. La iniciación de este procedimiento prorroga el pago delegado de la incapacidad temporal, sin perjuicio de que posteriormente se pueda considerar indebidamente percibida la prestación. El INSS lo comunica a la Mutua, para que, en el plazo de 4 días hábiles, aporte los antecedentes que considere oportunos e informe sobre las causas del alta. En el caso de que la Mutua reconozca la improcedencia del alta se archivan las actuaciones. El director provincial de la Entidad Gestora dictará resolución en el plazo máximo de 15 días En uno de los siguientes sentidos: a) confirmando el alta emitida por la Mutua b) declarando sin efecto el alta de la Mutua c) cuando tras un alta expedida por una Mutua, se produzca una baja por contingencias comunes, se determinará los efectos de las bajas y si la contingencia es común o profesional d) acordar el alta médica pero modificando su fecha de efectos, al considerar que la Mutua la expidió prematuramente. Las resoluciones de este procedimiento son directamente recurribles ante el Juzgado de lo social. PREGUNTA 2 LIMITES A LA CONCATENACION DE CONTRATOS TEMPORALES Supuesto de hecho: - Contrato de puesta a disposición con una ETT (obra/servicio determinado) con una duración total de 31 meses. - Extinción por finalización del contrato y existencia posterior de tres meses de efectiva ruptura del vínculo laboral con la empresa. CONSULTA: La limitación a la concatenación de contratos temporales art. 15-5 ET sería aplicable en el caso de que la empresa, o nuevamente la ETT, contratara al trabajador mediante un contrato de duración determinada eventual por circunstancias de la producción de una duración de 6 + 6 meses? Debemos tener en cuenta que con el contrato de puesta a disposición ya hemos superado los 24 meses máximos en el periodo de 30 meses, pero solo se trataba de un único contrato temporal. ¿Adquiriría la condición de fijo en la empresa al realizar la nueva contratación temporal? ¿Qué prevalece, la limitación de concatenación art 15-5 ET o la efectiva ruptura del vínculo laboral permite poner el “contador” a cero de la contratación temporal? RESPUESTA 2 Se aplica la concatenación contractual porque esta requiere 24 meses en un periodo de 30 con más de un contrato y se da el requisito, solo si la ruptura del vínculo fuese superior a 6 meses se dejaría de cumplir el requisito del art. 15.5 Et. En ese artículo ya se contempla que no es obstáculo a su aplicación la existencia de ruptura contractual, se habla de 24 meses en un periodo de 30 luego puede haber períodos sin trabajo y además se señala que los contratos pueden ser con o sin solución de continuidad. PREGUNTA 3 DISFRUTE DE VACACIONES Una empresa de hostelería de la provincia de Valencia, en los meses de verano tiene mayor afluencia de clientes por lo que en los años anteriores ha pactado con sus trabajadores que las vacaciones se disfruten en períodos de menor actividad (en noviembre por ejemplo). Para este año no se ha elaborado todavía el calendario de vacaciones, pero hay un trabajador que ha solicitado el mes de vacaciones en los meses de julio y agosto. Mis dudas son, y de acuerdo con lo estipulado en art. 15 del convenio: 1. ¿La empresa puede negarse a que las vacaciones sean en dichas fechas? 2. ¿La empresa puede imponer que las vacaciones se disfruten en noviembre que es la costumbre de la empresa? 3. En caso de discrepancia de la fecha de disfrute, ¿Qué puede hacer la empresa?	RESPUESTA 3 Conforme a la ley y al convenio las vacaciones deben pactarse, no pueden imponerse unilateralmente y desde luego el trabajador no puede decidir que sean en Julio y Agosto. La empresa no está obligada a darlas en esos meses, incluso el convenio alude a que “preferentemente” serán de mayo a septiembre. En todo caso la empresa por si es demandada deberá tener razones para negar esas fechas de vacaciones, pudiendo ser admitida la de mayor cantidad de trabajo en ese período. Si no existe acuerdo la empresa fijará las vacaciones y el trabajador no puede tomarlas por su cuenta en otras fechas, pero si puede demandar a la empresa para que se fijen otras fechas de vacaciones. En cuanto a la posibilidad de darlas en noviembre, lo cierto es que el convenio alude a mayo a septiembre pero no con carácter absoluto, sino preferentemente e incluso si la empresa cierra en noviembre esa regla no se aplica pues entonces se dan cuando se cierra. La empresa puede fijarlas en noviembre amparándose en acuerdo mayoritaria con la plantilla, en razones de trabajo y más aún si va a cerrar en ese período (aunque también lo puede hacer pese a no cerrar); si el trabajador reclama deberá intentar aportar razones que justifiquen la indicada fecha y los precedentes de otros años. PREGUNTA 4 PERCEPCION ANTIGUEDAD SIN CORRESPONDER Buenos días, este mes de mayo pasado se ha detectado, que una trabajadora, de antigüedad 09/09/2002 se le estaban abonando por error una antigüedad que no le corresponde con respecto al convenio, de Industria Fotográfica. Ese convenio estipula para la antigüedad por Quinquenios a una determinada cantidad para cada quinquenio. Por error se le estaba abonando un 10% cada 4 años, percibiendo cantidades sin corresponder. Se ha calculado las cantidades percibidas indebidamente, y la pregunta es: Se pueden compensar entre lo que debió cobrar, con lo cobrado? como es lógico las cantidades son a favor de la empresa, ésta puede reclamarle las diferencias, y llegar a un acuerdo hasta la compensación?. RESPUESTA 4 En principio la cantidad puede ajustarse ahora a lo correcto, aunque habrá que demostrar que era un error y no una mejora concedida. En cuanto a lo pagado de más, es claro que todo lo que exceda del último año está prescrito. Lo restante sí podría ser objeto de compensación, aunque esta es la solución legal porque los órganos judiciales son bastante reacios a aceptar que el trabajador devuelva cantidades ya cobradas. En todo caso, legalmente la empresa podría reclamar lo pagado de más en los doce últimos meses (se aplica el art. 59.2 ET). relaciones laborales
información colegial_9 TRÁMITES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Como ya os hemos adelantado por mail, os informarmos del Acuerdo de Colaboración alcanzado recientemente con la Dirección Provincial de Tráfico, para realizar la gestión de los clientes de los colegiados ante la DGT, este Acuerdo de Colaboración, fruto de varias reuniones con los responsables de la Dirección Provincial de Tráfico, consiste en el establecimiento A PARTIR DEL DÍA 2 DE JUNIO, de un método de presentación de “carpetas” para trámites, esto es, el Graduado Social Colegiado, o la persona que éste designe, podrá acudir a una de las ventanillas habilitadas al tal efecto en la Dirección Provincial de Tráfico, con una carpeta que contendrá la documentación siguiente: -	Fotocopia y original del Carnet Colegial del Graduado Social, con el fin de compulsarlo, que le será devuelto, para que siempre que se realice algún trámite, se acompañe en las carpetas sin necesidad de volver a compulsarlo -	Escrito o impreso del trámite que se desee realizar. -	Original y fotocopia de la documentación requerida para realizar el trámite, que se compulsará en el momento de la presentación, en la Jefatura de Tráfico, para que se pueda devolver a los interesados sin demora. -	El pago de las tasas, se hará con carácter previo, de forma telemática (a través de la página de la DGT) o ante las entidades bancarias correspondientes, aportando, en ambos casos el justificante de pago. TODOS AQUELLOS COMPAÑEROS QUE DESEEN UTILIZAR ESTE NUEVO SERVICIO DEL COLEGIO. HAN DE REMITIR UN E-MAIL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: papu@cograsova.es, CON SU NOMBRE Y APELLIDOS, NÚMERO DE COLEGIADO, DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA, EMAIL Y NÚMERO DE TELÉFONO DE CONTACTO. Está previsto que, el día 16 de Septiembre a las 17:00 h. el Colegio en colaboración con la Dirección Provincial de Tráfico, organice una Jornada Informativa sobre Gestión ante la DGT, dirigida a todos los colegidos interesados en los principales trámites que se pueden realizar ante este Organismo. Con este nuevo servicio, además de abrir nuevas oportunidades para los compañeros, se va a facilitar enormemente la gestión de los trámites a los despacho por lo que entendemos que va a resultar de mucha utilidad para todos. Para ampliar información contactar con Amparo Mompó en Secretaría del Colegio. relaciones laborales
10_información colegial IMPORTANTE: SERVICIOS COLEGIALES Recordamos a todos los colegiados algunos de los servicios que presta este Colegio Profesional y que pueden resultar se su interés: - Presentación de “Solicitud de Prestaciones” ante el Fondo de Garantía Salarial, conforme a un Convenio suscrito el 12 de Diciembre de 2012, entre este Colegio y el FOGASA. - Certificación de Contenido: Este servicio consiste en que esta Corporación Profesional puede acreditar el contenido de las cartas certificadas de los colegiados, efectuando el Colegio el franqueo de las mismas en Correos y certificando su contenido, por lo que, con el acuse correspondiente, puede ser un servicio útil para reclamaciones de cantidad, o traslado de notificaciones por parte de la Administración a clientes, o en despidos en que sea conocido el domicilio, etc. En esta línea también se dispone de un Acuerdo con SEUR para remitir BUROFAX desde tu propio despacho, a través de internet, sin desplazarte. - Hospedaje de la página Web del despacho profesional de los colegiado, correo electrónico corporativo, y posibilidad de obtención de firma electrónica. - Asesoría Virtual, a través de la página Web del Colegio, en materias de laboral, fiscal y protección de datos. - Bases de datos de Legislación y Jurisprudencia ubicadas en el portal www.cograsova.es - Servicio de Extranjería: Asesoramiento, presentación de renovación de permisos de residencia y trabajo, así como el acceso a Citas Previas, impresos y documentación exigida en todos los trámites que se efectúan ante la Oficina de Extranjeros de Valencia. - Bolsa de Empleo: Para gestionar, tanto las ofertas de empleo de las asesorías y empresas que desean contratar a un Graduado Social colegiado, como para posibilitar el acceso al primer empleo, o la mejora de puesto de trabajo de aquellos compañeros que así lo deseen. - Solicitud de Vidas laborales y Bases de Cotización. - Diligencia de Libros de Visita: Desde el año 2009, y en virtud de un Acuerdo de Colaboración suscrito entre la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Valencia y esta Corporación Profesional, se pueden adquirir y diligenciar, con el sello de la Inspección de Trabajo, los Libros de Visitas de la Provincia de Valencia en la Secretaría de este Colegio. - Trámites en DGT: Aquellos compañeros interesados en tramitar ante la DGT, deberán remitir solicitud por mail a papu@cograsova. es. Estos servicios, entre otros, creemos que son de máxima utilidad para los colegiados, si bien hemos comprobado que algunos compañeros no los conocen en su totalidad, por todo ello, estimamos importante difundirlos de nuevo, ya que pueden suponerles una ayuda y facilitarle la gestión de los trámites de sus asesorías y despachos. Si desean ampliar información, pueden ponerse en contacto con la Secretaría del Colegio. relaciones laborales
información colegial_11 CAMBIO SERVIDOR CORREO ELECTRÓNICO Probablemente, el servicio más usado del Colegio es el correo electrónico y es por ello que hemos creído importante actualizarlo y ampliar en capacidad los actuales buzones. Así pues, hemos configurado un nuevo servidor, monitorizado 24 horas al día los siete días de la semana, cuyas principales características son: buzones de 1 GB, mayor seguridad en las comunicaciones desde dispositivos fijos o móviles y parámetros anti-spam mejorados. Por motivos de seguridad del nuevo servidor, hemos procedido a cambiar las contraseñas de todas las cuentas de correo alojadas en el dominio cograsova.es. La nueva contraseña (aleatoria) se envió de manera automatizada desde la cuenta soporte@ultimobyte.com, el pasado día 2 de julio. Desde el día 13 de Julio, el antiguo servidor dejará de ser operativo, siendo el nuevo servidor el encargado de procesar todo el correo. Desayuno de Trabajo COMPATIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON LA REALIZACIÓN DE TRABAJO Seminario PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA El tercer Desayuno de Trabajo de 2015 organizado por el Colegio se llevó a cabo el pasado 26 de junio en la sede del Banco Santander en la calle de las Barcas de Valencia. La Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo, Mª Luisa Segoviano fue la ponente en una jornada en la que se analizó la compatibilidad de las prestaciones de la Seguridad Social con la realización de trabajo. La organización contó con la colaboración del Grupo Glorieta y Banco Santander en un acto que fue inaugurado por el Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, Ricardo Gabaldón. Desayuno de trabajo EL SECTOR DEL TRANSPORTE: JORNADA Y PROBLEMÁTICA DE COTIZACIÓN Los pasados 10 y 11 de junio se celebró en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia un seminario para analizar las prestaciones por muerte y supervivencia en el Sistema de la Seguridad Social. El ponente fue Julio Alonso Cabrero, Graduado Social y D.P. del INSS – CAISS “Russafa”. El seminario, organizado por el Colegio, fue inaugurado por Miguel Ángel Amador, vocal de la Junta de Gobierno. Asesoría fiscal en Torrent, busca asesor laboral para compartir despacho y establecer colaboración. Se puede estudiar el traslado a otra localidad, pero preferiblemente en Torrent. TLF 670300108 El pasado 3 julio se llevó a cabo el cuarto Desayuno de Trabajo de 2015 organizado por el Colegio. En esta ocasión se abordó la jornada y la problemática de cotización en el sector del transporte con el Inspector de Trabajo y Seguridad Social Salvador Martínez Sierra como ponente. El desayuno, organizado con la colaboración del Grupo Glorieta y el Banco Santander, se celebró en la sede del Banco Santander en la calle de la Barcas y fue inaugurado por José Molina, VicePresidente 2º del Colegio. relaciones laborales
12_aula técnica CARTA SOCIAL EUROPEA Y JURISPRUDENCIA DEL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES: APLICACIÓN DIRECTA EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES Carmen Salcedo Beltrán Profesora Titular de Universidad del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Membre du Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne (Conseil de l’Europe) La Carta Social Europea es el Tratado internacional más importante en materia de derechos sociales. Lamentablemente, esta relevancia es prácticamente desconocida en el ámbito jurídico, así como las posibilidades que se derivan de su invocación en sede judicial como norma supranacional que forma parte del ordenamiento jurídico interno. Esta situación debería ser valorada y, en caso, corregida, en todos los niveles y principalmente por los profesionales del derecho, desde el momento en que apareció a finales de 2013, con gran repercusión en los medios de comunicación, la primera sentencia de un órgano de primera instancia que inaplicó una medida de la reforma laboral aprobada por la Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, por vulnerar la norma europea aludida, interpretada por su organismo de control, el Comité Europeo de Derechos Sociales (en adelante, CEDS). Con ello se evidenció su efectividad, que se ha visto acentuada desde que comenzó la crisis económica al haber emitido varias decisiones de fondo que anulaban las medidas ordenadas por la troika en Grecia1. Lejos de ser un pronunciamiento aislado, la materia ha continuado planteándose en los juzgados y tribunales, a resultas fundamentalmente del período de prueba del contrato de apoyo a emprendedores y de la desvinculación del incremento de las pensiones al IPC, contando en estos momentos con bastantes pronunciamientos que han abordado y resuelto los puntos que, a mi modo de ver, son fundamentales en este sentido y serán apuntados y analizados a grandes rasgos en las páginas siguientes, con el objetivo de demostrar, no sólo que es una norma a utilizar en las demandas y, en su caso, sentencias que se emitan, sino que es la más significativa en estos momentos. En concreto son los siguientes: 1º. La eficacia directa de la Carta Social Europea. 2º. La vinculación a la correctamente denominada a mi modo de ver, del CEDS. 3º. La articulación y resolución de un supuesto de hecho por los órganos judiciales cuando existe una norma interna, declarada constitucional, que vulnera, a su vez, un convenio internacional. Con referencia al primer punto, para situar al lector, señalaré brevemente que la Carta Social Europea es, como se ha apuntado, un Tratado que se debe encuadrar en el Consejo de Europa, organización internacional más numerosa y antigua que la Unión Europea. Creado el 5 de mayo de 1949, lo componen 47 Estados, de los que 43 han ratificado la Carta Social Europea. Fue adoptada originariamente en 1 Turín el 18 de octubre de 1961 como complemento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Centrándome en su contenido, la Parte II establece como compromisos de las Partes contratantes, a considerarse vinculadas por una serie de derechos y obligaciones, entre ellos, garantizar el efectivo derecho al trabajo (art. 1), condiciones de trabajo equitativas (art. 2), seguridad e higiene en el trabajo (art. 3), remuneración equitativa (art. 4), promoción de la libertad sindical de los trabajadores y empleadores (art. 5), la negociación colectiva (art. 6), la protección de niños y adolescentes (art. 7), la protección de las trabajadoras (art. 8), la orientación y formación profesional (arts. 9 y 10), la seguridad social (art. 12), la asistencia social y médica (art. 13), los beneficios de los servicios sociales (art. 14), la formación profesional y readaptación profesional y social de las personas física o mentalmente disminuidas (art. 15), la protección social, jurídica y económica de la familia, las madres y niños (arts. 16 y 17), el ejercicio de una actividad lucrativa en el territorio (art. 18) y, finalmente, la protección y asistencia de los trabajadores migrantes y sus familias (art. 19). España ratificó en su totalidad todos esos preceptos por Instrumento de 29 de abril de 1980 (BOE de 26 de junio de 1980), formando, en consecuencia, parte del ordenamiento interno (art. 96 CE), y está vinculada por las garantías y derechos reconocidos. Posteriormente fue completada con la aprobación de tres Protocolos, el primero de 5 de mayo de 1988 (Protocolo Adicional), que añade cuatro derechos, el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminaciones por razones de sexo (art. 1), el derecho a la información y consulta dentro de la empresa (art. 2), el derecho a tomar parte en la determinación y mejora de las condiciones de trabajo y del entorno laboral (art. 3) y, por último, el derecho a la protección social de las personas ancianas (art. 4). Fue ratificado, también en su totalidad, el 24 de enero de 2000 (BOE de 25 de abril). El segundo es de 21 de octubre de 1991 (Protocolo de Enmienda), que modifica algunos artículos de la Carta Social Europea con el fin de mejorar, como él mismo indica, “(…) la eficacia de la Carta y, en particular, el funcionamiento de su mecanismo de control”. Al igual que el anterior, fue suscrito el 24 de enero de 2000 (BOE de 25 de abril). Finalmente, el tercer Protocolo de 9 de noviembre de 1995, adiciona a la Carta Social Europea un importante procedimiento de reclamaciones colectivas con el objetivo de “(…) mejorar la aplicación efectiva de La jurisprudencia del CEDS, derivada del procedimiento de informes o de las reclamaciones colectivas, está disponible en la web del Consejo de Europea http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_FR.asp (consultado el 27/6/2015). En concreto en el texto me estoy refiriendo a las decisiones de fondo de 23 de mayo de 2012 (Reclamaciones nº 65 y 66) y a las de 7 de diciembre de 2012 (Reclamaciones nº 76 a 80). relaciones laborales
aula técnica_13 los derechos sociales garantizados por la Carta”, reforzando “(…) la participación de los empresarios y trabajadores, así como de las organizaciones no gubernamentales”. España no ha firmado ni ratificado este Protocolo. La necesidad de ordenar el panorama que se ha descrito llevó a que se aprobará el 3 de mayo de 1996 la Carta Social Europea revisada, que incluye un total de 31 derechos (19 de la versión originaria, 4 del primer protocolo y 8 nuevos derechos en los arts. 24 a 31). España la firmó el 23 de octubre de 2000 pero está pendiente su ratificación, siendo muy criticable desde el momento en que en la actualidad 33 países del Consejo de Europa sí lo han hecho, no existiendo ningún impedimento legislativo, como ha dictaminado el Consejo de Estado (Expediente nº 1740/2000, de 11 de mayo de 2000). En consecuencia, son aplicables y, en su caso, parámetro de exigibilidad, los derechos reconocidos y regulados en la versión originaria de la Carta Social Europea y el primer protocolo. Las sentencias que se analizarán posteriormente son muestra de ello, añadiendo la reciente STS de 11 de marzo de 2015 (Rec. 233/2013) que, aunque de forma muy breve, hace referencia al art. 6 del Tratado como uno más de sus fundamentos jurídicos para determinar la vigencia (ultraactividad) de convenio colectivo de Air Nostrum. En cuanto al segundo punto a abordar, el CEDS es el máximo órgano encargado de la interpretación, defensa y control de la conformidad de la normativa y práctica de los estados a la Carta Social Europea. Está compuesto por 15 expertos independientes (declaración formal de solemnidad), de máxima integridad y competencia reconocida en cuestiones sociales internacionales, elegidos por el Comité de Ministros, para un mandato de seis años, renovable una vez. No tiene formalmente carácter jurisdiccional, en el sentido de la denominación de como pueda tener su homólogo en el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero su consideración ha de ser muy similar, puesto que es el único y máximo supervisor del cumplimiento y respeto del Tratado. Los procedimientos de vigilancia a los Estados son dos, el de Informes y el de Reclamaciones colectivas, adoptando externamente los pronunciamientos la denominación de Conclusiones y Decisiones de fondo, ambos de carácter vinculante y ejecutados por el Comité de Ministros (art. 29 CSE). En coherencia con lo apuntado anteriormente, a España únicamente se le supervisa por medio del primero, que va unido a la ratificación de la Carta Social Europea en cualquiera de sus versiones, y no el segundo, puesto que, al no haber ratificado el protocolo que lo regula, los sujetos legitimados (principalmente las organizaciones internacionales de empleadores y de trabajadores, las organizaciones nacionales representativas sometidas a la jurisdicción de la Parte Contratante contra la que se dirige la reclamación y las ONG internacionales) no pueden dirigirse al CEDS para denunciar violaciones del Tratado que pueda cometer el Estado. Ahora bien, apunto que conviene distinguir entre la imposibilidad de presentar una reclamación y de utilizar el procedimiento, de la invocación de las decisiones de fondo que se han emitido al haber recurrido otros sujetos colectivos cuyos estados sí tienen ratificado el Protocolo (un total de 15), y que se pronuncien sobre cuestiones relacionadas o contengan delimitaciones de preceptos de la Carta Social Europea que sí tenemos ratificados, que, a mi juicio, es posible, y así lo han entendido algunos órganos judiciales de nuestro país. Otro de los problemas que se ha presentado, gira en torno a si son vinculantes esas interpretaciones, y, en menor medida, si se pueden denominar jurisprudencia. En los dos sentidos se han publicado sentencias, optando un sector de forma clara por la obligación de tener que observarlos, entre otros, la SJS nº 2 de Barcelona de 19 de noviembre de 2013 (nº 412/2013), la SJS nº 1 de Tarragona de 2 de abril de 2014 (nº 179/2014), la SJS nº 3 de Barcelona de 5 de noviembre de 2014 (nº 352/2014), la SJS nº 19 de Barcelona de 17 de noviembre de 2014 (nº 491/2014), la SJS nº 1 de Toledo de 27 de noviembre de 2014 (nº 667/2014) o recientemente la SJS nº 31 de Barcelona de 8 de junio de 2015, que afirma de forma contundente que puede utilizarse ese término, mientras que otros han mostrado su oposición a observarlos, relativizando su valor, como la SJS nº 9 de Madrid de 28 de marzo de 2014 (nº 154/2014) o la STSJ de Cataluña de 2 de diciembre de 2014 (Rec. 5253/2014), que justamente revocó la SJS nº 1 de Mataró de 29 de abril que 2014 (nº 144/2014), que así lo estimó. A mi modo de ver, el debate sobre esta caracterización debería estar superado actualmente puesto que limitar ese concepto exclusivamente a la que emana de órganos y resoluciones que tienen la denominación de “tribunal” y de “sentencias” supone desconocer la realidad de lo que es ese término, ya que, como acertadamente ha señalado la doctrina2, el término juris-dictio se concibe como “decir el Derecho”, es decir “(…) la interpretación última o final realizada por los órganos que están habilitados para ejercer esa función (…)”, siendo la denominación como Tribunal un aspecto a tener en cuenta a efectos de “(…) ponderar la ejecución (….) pero carente de relevancia si se pone el punto de mira propiamente en la jurisprudencia elaborada (…)” por instancias que no la tienen. Enlazando este debate con el tercer punto de este análisis, para situar al lector, la cuestión se ha centrado en torno a la figura del contrato de apoyo a emprendedores, regulado en el art. 4 de la Ley 3/2012. Brevemente señalaré que en Grecia, como consecuencia de la ayuda financiera recibida por la Unión Europea, se le impuso como condición que reformara la contratación laboral e incrementara a un año el período de prueba. Cumplida la exigencia comunitaria, al tener suscrito el Protocolo de reclamaciones colectivas, los sindicatos helenos demandaron al Estado por estimar que con esa medida se vulneraba el art. 4.4 de la Carta Social Europea. La decisión de fondo del CEDS llegó el 23 de mayo de 2012 (Reclamación nº 65/2011), hecha pública casi cuatro meses después, en la que condenó al país por vulneración del Tratado internacional. Con esta situación, establecido en España ese mismo período de prueba en el contrato de apoyo a emprendedores, una vez se fueron produciendo las correspondientes finalizaciones de los contratos faltando, en la mayoría de ellos, escasos días para alcanzar el período máximo, los demandantes reclamaron a los órganos judiciales la inaplicación de la norma interna (Ley 3/2012) y la consiguiente aplicación directa del Tratado, asumiendo la interpretación de la decisión de fondo citada, como interpretación auténtica y vinculante, para declarar la extinción improcedente. Todo ello, con fundamento en el art. 96 de la CE, en el principio de jerarquía normativa y en la Convención de Viena de Derechos de los Tratados (23 de mayo de 1969), también ratificada por España, y que determina en los arts. 26 y 27 que “todo Tratado en vigor obliga a las partes” (pacta sunt servanda) y que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. 2 JIMENA QUESADA, L.: “La vinculación del Juez a la jurisprudencia internacional”. En AA.VV. (Coord. REVENGA SÁNCHEZ, M.): El poder judicial. VI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España). Valencia, 2009. Tirant lo Blanch. Págs. 502 a 506. relaciones laborales
14_aula técnica Así lo interpretó la conocida SJS nº 2 de Barcelona de 19 de noviembre de 2013, a la que siguieron las SSJS nº 1 de Tarragona de 2 de abril de 2014 y Mataró de 29 de abril de 2014. La evidencia de que la materia presenta gran controversia en la segunda instancia la muestran los Votos particulares emitidos en los autos presentados en las cuestiones de constitucionalidad del País Vasco de 13 de enero de 2014 (Rec. 2018/2013) o de Cataluña de 24 de abril de 2014 (Rec. 5035/2013), en los que se pone de manifiesto expresamente la oposición a la presentación de la cuestión y la necesaria resolución del conflicto aplicando directamente la Carta Social Europea así como la decisión de fondo del CEDS de 23 de mayo de 2012, obligatoria en nuestro país, llegando incluso el último de esos autos a tener dos votos particulares totalmente opuestos. Seguidamente, llega la primera sentencia 119/2014 del Tribunal Constitucional, de 16 de julio, que declara la constitucionalidad de la Ley 3/2012 y del período de prueba, no realizando ninguna mención a la Carta Social Europea, a excepción del Voto particular emitido por tres magistrados, en el que señalan la vulneración que se está realizando del Tratado, interpretado por el CEDS. Cualquier profesional del derecho o investigador fácilmente habría pensado que el tema estaba resuelto y cerrado tras esta resolución y, con ello, que la eficacia y aplicabilidad directa de la Carta Social Europea se podía dar por finalizada. Pero no ocurrió así, puesto que el Juzgado nº 3 de Barcelona dictó el 5 de noviembre de 2014 una sentencia que, siguiendo el criterio interpretativo de las anteriores, estimó que el Tratado se debía aplicar directamente y dejar inoperativa la parte de la Ley 3/2012 que lo vulnera, en concreto, la del período de prueba de un año. Para fundamentar su resolución recurrió a todos los argumentos que ya se habían emitido, añadiendo los del Voto particular de la sentencia del Tribunal Constitucional, para concluir, por un lado, que las normas supranacionales, ratificadas y publicadas oficialmente cuando es necesario, vinculan al juzgador debiendo cumplir el mandato constitucional del art. 96.1 de la CE, que determina su incuestionable aplicabilidad directa, pues en el caso de no hacerlo estaría incumpliendo, además del precepto aludido, los principios de legalidad y de jerarquía normativa que el mismo texto recoge en el art. 9.3 en cuanto a las normas que forman parte del ordenamiento jurídico interno. Y, por otro lado, que “los tratados internacionales están por debajo de la Constitución Española, pero por encima de las leyes internas, de manera que si las disposiciones de una norma legal violan un tratado internacional, se debe aplicar preferentemente éste” (F.J. 5º). En suma, distingue entre la caracterización de constitucionalidad de una norma y su legalidad, para determinar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de la primera, pero no en cuanto a la segunda, que es la que corresponde hacer a los órganos jurisdiccionales ordinarios, y es en ese plano en el que entra la Carta Social Europea y debe aplicarla. Esta importante sentencia fue reiterada posteriormente por los Juzgados nº 19 de Barcelona de 17 de noviembre de 2014, nº 1 de Toledo de 27 de noviembre de 2014, nº 9 de Las Palmas de Gran Canaria de 31 de marzo de 2015 y nº 2 de Toledo de 9 de abril de 2015, siendo destacable de todas que, a su favor, y como argumentos adicionales a su resolución, utilizaron, por una parte, la condena directa a España que se publicó en enero de 2015, al emitir el CEDS las correspondientes Conclusiones XX-3 (2014) en las que valoró ese aspecto en concreto. Y, por otra parte, la aprobación, en desarrollo del art. 96 de la CE y de la Convención de Viena de Derechos de los Tratados que he citado en los párrafos precedentes, de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que incluye preceptos muy claros que confirman su interpretación en cuanto a su necesaria observancia y prevalencia (art. 29 “Todos los poderes públicos, órganos relaciones laborales y organismos del Estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el adecuado cumplimiento de dichos tratados” o el art. 31 “Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional”). Esta claridad argumental no está siendo apreciada por la segunda instancia puesto que, por el momento, a salvo de los votos particulares apuntados, está interpretando que la Carta Social Europea no es aplicable directamente y que las decisiones de fondo y/o conclusiones no tienen naturaleza vinculante. Es el caso de las sentencias del TSJ de Cataluña de 2 de diciembre de 2014 (Rec. 5253/2014) o de Castilla y León (Valladolid) de 25 de marzo y 22 de abril de 2015 (Rec. 60/2015 y 164/2015), que al no distinguir los niveles de constitucionalidad o legalidad de una norma, consideran que necesariamente se ha de observar la interpretación del Tribunal Constitucional, aunque apunto que otros argumentos utilizados, al menos por la segunda de las sentencias referenciadas, deben ser revisados puesto que están extraídos de doctrina científica escrita hace tiempo que está obsoleta con caracterizaciones y datos que han cambiado en la actualidad. El tema es complejo y va a seguir planteándose en los tribunales, y no sólo respecto de la Carta Social Europea y los pronunciamientos del CEDS. España, al haber ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 10 de diciembre de 2008, ha admitido la competencia del Comité que vigila la aplicación de ese Tratado para que se presenten de comunicaciones o denuncias individuales. Existiendo actualmente dos presentadas contra nuestro país (una está ya admitida a trámite), en el momento en que ese organismo se pronuncie y el Estado, en caso de tener que hacerlo, no modifique la normativa, se recurrirá a los tribunales ordinarios exigiendo su cumplimiento y, de nuevo, se planteará el problema que, a mi juicio no debería existir, en orden a la eficacia directa y vinculación. En resumen, en mi opinión, la ratificación de la Carta Social Europea y sus Protocolos complementarios, conlleva la necesidad de observar los compromisos que se han adquirido, como estándar común mínimo entre los Estados. En esta obligación se incluye la jurisprudencia del CEDS como interpretación auténtica. Los Estados deben modificar o derogar las normas internas que violen los compromisos internacionales que han suscrito. En el caso de no realizar ninguna actuación en ese sentido, son los órganos jurisdiccionales los que deben proceder, y así se les puede exigir, a aplicar directamente los Tratados y jurisprudencia o interpretación internacional, apartándose de la normativa que la vulnera, en cumplimiento del control de convencionalidad recogido en los arts. 10.2 y 96 de la Carta Magna o de las cláusulas de estándar mínimo establecidas, entre otros, en el artículo 32 Carta Social Europea (H de la revisada (“Las disposiciones de la presente Carta no afectarán a las disposiciones de derecho interno ni a las de los tratados, convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales que estén vigentes o puedan entrar en vigor y conforme a los cuales se conceda un trato más favorable a las personas protegidas”). Concluyo realizando una reflexión que pretende dejar patente la necesidad de valorar el derecho internacional como un instrumento fundamental que garantiza derechos básicos y condiciones de trabajo adecuadas, que no se pueden obviar en un Estado social y democrático de Derecho, debiendo ser tutelados en cualquier momento y mantenerse ajenos a las cíclicas situaciones de crisis económica. En el breve análisis realizado resulta evidente su importancia como instrumento efectivo de garantía y exigibilidad directa de los derechos sociales en los juzgados y tribunales, tanto del Tratado en sí mismo como de la interpretación que realiza el órgano que los supervisa, que, en última instancia, es contenido de la norma supranacional./RL
Información elaborada por aula técnica_15 PRINCIPALES ASPECTOS DEL REGLAMENTO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Artículo elaborado por Almudena Domínguez Martín y publicado en Checkpoint Laboral Antecedentes La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia realizó importantes modificaciones en la Ley 14/1994, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, con el objetivo fundamental de adaptarla a lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que establece como principio básico el de eficacia nacional de las autorizaciones. Si bien se mantuvo en la ley el régimen de autorización, dicho régimen se simplificó mucho con la supresión de toda limitación en cuanto al ámbito territorial de actuación de las ETT o cualquier exigencia de ampliación o prórroga de las autorizaciones. Por este motivo, y por el tiempo transcurrido desde la aprobación del Real Decreto 4/1995, al Ejecutivo le ha parecido necesaria la aprobación de un nuevo reglamento, aprobado por el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo (BOE de 20 de junio). Objetivos Los principales objetivos de este Real Decreto son: 1. Adecuar su contenido a los recientes cambios introducidos en la ley, fundamentalmente en lo que respecta al régimen de autorización administrativa para el desarrollo de la actividad constitutiva de ETT. Además, se recoge el nuevo plazo que la norma legal establece para que la autoridad laboral competente resuelva la solicitud de autorización presentada, plazo que ha pasado de tres meses a un mes. 2. Implantar la administración electrónica en todo el procedimiento administrativo en materia de empresas de trabajo temporal. Se establece la utilización obligatoria de medios electrónicos tanto para los trámites del procedimiento de autorización como, posteriormente, para el cumplimiento de las obligaciones de información, tanto para las autoridades administrativas como para las empresas, de cara a lograr una mayor agilidad y eficacia en todas las etapas. 3. En tercer lugar, actualizar la norma reglamentarían para adaptarla a los diferentes cambios normativos producidos a lo largo del periodo de vigencia del anterior real decreto. Autorización administrativa Las personas físicas o jurídicas que pretendan realizar la actividad constitutiva de empresa de trabajo temporal deberán obtener autorización administrativa previa de la autoridad laboral competente que será única, tendrá eficacia en todo el territorio nacional y se concederá sin límite de duración. La solicitud de autorización deberá contener, como mínimo, los siguientes datos: •	Identificación completa del solicitante. •	Denominación de la empresa, en la que se deberá incluir necesariamente los términos «empresa de trabajo temporal» o su abreviatura «ETT». •	Domicilio social de la empresa y domicilio de los centros de trabajo. •	Número de identificación fiscal y códigos de cuenta de cotización a la Seguridad Social. Además, deberá acompañarse de la siguiente documentación: •	Poder suficiente en derecho, si el solicitante actúa en representación de una persona jurídica. •	Cuando la solicitud se formule por personas jurídicas, certificación acreditativa de la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil o en el correspondiente Registro de Cooperativas. •	Copia de la documentación acreditativa de haber constituido la garantía financiera a que se refiere el artículo 3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio. •	Memoria explicativa de la estructura organizativa con la que cuenta la empresa. La autoridad laboral competente resolverá en el plazo de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano administrativo, estimando o desestimando la solicitud formulada. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el órgano superior jerárquico del que la dictó. La autorización expirará cuando la empresa deje de realizar la actividad consistente en la puesta a disposición de trabajadores durante un año ininterrumpido. Autorización por reanudación de actividades. La ETT deberá solicitar nueva autorización administrativa en los siguientes casos: a) Cuando la autorización haya expirado por no haber realizado la actividad consistente en la puesta a disposición de trabajadores durante al menos un año ininterrumpido. b) Cuando la autoridad laboral competente haya declarado la extinción de la autorización. c) Cuando haya sido sancionada con la suspensión de actividades durante un año por haber incurrido en reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas como muy graves en el artículo 18.3 de la LISOS. Garantía financiera Las ETT deberán constituir una garantía financiera que podrá consistir en: a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales. relaciones laborales

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 18