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﻿ Sentencia 2011-02875 de noviembre 29 de 2011
SENTENCIA 2011-02875 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:INCONSISTENCIAS EN EL PROCESO, EN CUANTO AL CONFLICTO DE COMPETENCIA, PERMITEN INFERIR EL TRATO QUE SE LES DARÁ A LAS VÍCTIMAS. SI NO SE CUENTA CON LA MÍNIMA COLABORACIÓN POR PARTE DE LA REPRESENTANTE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR, PARA ACCEDER AL CONOCIMIENTO DEL MATERIAL RECAUDADO, EN PRO DE DESPEJAR LA DUDA QUE EMERGE SOBRE LA RELACIÓN DE LOS HECHOS INVESTIGADOS, RESULTA APENAS RAZONABLE INFERIR QUE TAMPOCO LAS VICTIMAS CONTARÁN CON LAS GARANTÍAS QUE LES ASISTEN COMO INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE MARRAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DE LA VÍCTIMA, GARANTÍAS EN EL DERECHO PROCESAL, JURISDICCIÓN PENAL MILITAR, PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL
Sentencia 2011-02875 de noviembre 29 de 2011
Rad. 110010102000201102875 00/1711C
Aprobado según Acta 112 de la misma fecha
Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil once.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para dirimir conflictos de jurisdicciones, en virtud del mandato consagrado en el artículo 256 numeral 6º de la Carta Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 112 numeral 2º de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la administración de justicia) y de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004.
2. La posición de la Sala respecto de los conflictos penales a partir de la Ley 906 de 2004.
Antes de que se produjera el tránsito en nuestro ordenamiento jurídico, del sistema penal inquisitivo característico del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, hacia el sistema acusatorio conforme al mandato constitucional del Acto Legislativo 3 de 2002, desarrollado en la Ley 906 de 2004, con fundamento en las normas que acaban de citarse, tradicionalmente esta superioridad venía sosteniendo que, para entender debidamente trabado un conflicto de jurisdicciones, se requería como elemento esencial, la presencia de una disputa entre dos autoridades, bien fuera reclamando ambas la competencia para dirimir un litigio (conflicto positivo), o ambas rehusando su conocimiento (conflicto negativo). Así, entonces, se tenía sentado lo siguiente:
“... Concepto jurídico de jurisdicción. En sentido propio se define como la soberanía del Estado, ejercida por conducto de una de sus ramas del poder público, destinada a la administración de justicia, con el fin de satisfacer intereses generales y, en particular, de aplicar el derecho material a un caso particular y concreto, caracterizándose por ser general, exclusiva, permanente e independiente; dividiéndose para su funcionamiento de acuerdo a la pretensión reclamada.
4. Que los funcionarios entre quienes se disputan formen parte de distinta jurisdicción”(3).
De tal manera que, cuando faltaba el pronunciamiento de alguna de las autoridades, se entendía que el conflicto no estaba trabado y, en consecuencia, la Sala se inhibía de dirimirlo, disponiendo la remisión de las diligencias al representante de la jurisdicción que aún no se había expresado sobre el asunto y, una vez cumplido tal requisito, se procedía por la colegiatura a adoptar la decisión que en derecho correspondía. Tal postura se mantuvo en forma pacífica hasta que, al entrar en vigencia la Ley 906 de 2004, surgió al interior de este tribunal de los conflictos, la discusión atinente a si con el nuevo sistema penal acusatorio era aún sostenible tal postura o si, por el contrario, debía cambiarse el criterio, dirimiendo los “conflictos” aún faltando el pronunciamiento de una de las autoridades que podrían reclamar o rehusar la competencia para dirimir un asunto criminal. Así, por ejemplo, en el Radicado 110010102000200601121-00, mediante auto calendado el 14 de agosto de 2006, con ponencia del magistrado Jorge Alonso Flechas Díaz, se resolvió el “conflicto” con sustento en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, bajo los siguientes razonamientos:
“No obstante, al respecto, conviene precisar que el presente pronunciamiento ha de desarrollarse con fundamento en el artículo 54 de de la Ley 906 de 2004(4), actual Código de Procedimiento Penal que regula el sistema acusatorio, uno de cuyos pilares fundamentales lo constituye, entre otros principios, el “de la necesidad de lograr la eficacia en el ejercicio de la justicia”, según voces del principio rector consagrado en el artículo 10 ibídem.
Lo anterior por cuanto como se sabe, en esa línea de búsqueda de eficiencia y eficacia de la función de administrar justicia el nuevo sistema penal acusatorio que regula el trámite del proceso penal en estudio, y en especial el artículo 54 citado, varió el trámite del conflicto de competencias consagrado en la anterior legislación procesal penal en el capítulo VII del título 11, artículo 93 y siguientes, previendo actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficacia en el ejercicio de la función judicial tal como lo prevé el principio rector previsto en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004,
En ese orden de ideas y en aras de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema puesto a su consideración en el entendido de que bajo la vigencia del actual régimen penal acusatorio oral, para efectos de definir la competencia de una autoridad judicial para conocer de determinado asunto, basta, sin más, que el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia y remita el expediente a quien por virtud de la ley corresponda definir el asunto para que de plano se pronuncie sobre el tema...”.
Esa línea se mantuvo, hasta que, entre otros, en el Radicado 1100101102000200901433 00, a través de auto aprobado en Sala 71, con fecha 17 de junio de 2009, se abstuvo de dirimir el aparente conflicto, al estimar que, al obrar pronunciamiento sólo de una de las autoridades judiciales, en modo alguno se podía predicar la existencia de un conflicto de jurisdicciones.
Decisión que contó con aclaración de voto del magistrado que en esta oportunidad cumple el cometido de ser ponente, destacando, entre otros aspectos, que “Lo anterior permite sostener que si bien en la citada normatividad no aparece de manera puntual definido el conflicto de competencias que se suscrita entre diversas jurisdicciones, es lo cierto, que como tal es un instituto de raigambre constitucional y la competencia para dirimirlo está adscrita a esta colegiatura”, pidiendo, además, que se diseñaran líneas claras, en punto a tres aspectos fundamentales, a saber: i) cómo se traba el conflicto; ii) ante qué autoridad se presenta; y, iii) cuál es el procedimiento a seguir, manteniendo los criterios hasta ese momento tomados en cuenta por la colegiatura para entender debidamente trabado el conflicto. Sobre el segundo aspecto, destacó que el tránsito constitucional y legislativo sobre el sistema penal, supone, entre otras cosas, que ya el fiscal no está legitimado para proponer el conflicto, habida cuenta de su condición de parte, en el esquema adversarial propio del nuevo sistema penal acusatorio. Y, en punto al procedimiento a seguir para estructurar la colisión, se expuso por parte de quien en esta oportunidad funge como ponente:
“(...) Conforme lo prevé el artículo 153 de la Ley 906 de 2004, toda actuación, petición y decisión que no deba ordenarse en audiencia de formulación de acusación, preparatoria o del juicio oral, se resolverán o decidirán en audiencia preliminar ante el juez de control de garantías.
Para ello si la petición está encaminada a presentar un conflicto de competencias entre diferentes jurisdicciones, el juez de control de garantías o el de conocimiento según el caso, citará a quienes deban concurrir en términos del arto 172 y S.S. Y en tal sentido, se convocará a la audiencia al juez de instancia o fiscal penal militar —CPM, art. 273— al fiscal, defensor, imputado y demás intervinientes.
Iniciada la audiencia se le otorgará el uso de la palabra a quien solicita la audiencia para que exponga su pretensión, con la indicación y descubrimiento de los medios probatorios mínimos que la soporten que entratándose de un conflicto —aquí no se va a discutir responsabilidad— serán los que estén orientados a verificar “a relación con el servicio”, y así con cada uno de los asistentes. A su turno, el juez de control de garantías, fijará su posición en torno al conflicto para proponer la colisión negativa o positiva según se trate.
Si se hace presente el juez de instancia o de brigada o el fiscal penal militar según el caso, argumentarán su posición, sino comparece, lo podrá hacer por escrito en el término judicial que fije el juez de control de garantías que no podrá exceder de cinco días —CPP, art. 159—.
Considero que como órgano límite de una jurisdicción constitucionalmente prevista para dirimir este tipo de conflictos, y de cara a la multiplicidad de problemas que generan la indebida o inadecuada presentación del conflicto, con las consiguientes consecuencias, es por lo que insisto, se deben fijar unas reglas claras para que se entienda debidamente trabado el conflicto, y ahí si se envíe a esta superioridad para su definición”.
Posteriormente, en el Radicado 110010102000200902089 00, a través de auto aprobado en la Sala 92 de 2009, con fecha 14 de septiembre de ese año, con ponencia de la magistrada María Mercedes López Mora, se produjo un cambio sustancial, pues en esta oportunidad la Sala se abstuvo de hacer un pronunciamiento de fondo, finalísticamente orientada a garantizar la intervención de las autoridades interesadas en asumir o rehusar el conocimiento del asunto, lo mismo que a permitir que el juez del conflicto conozca los argumentos de ambas autoridades, para poder determinar a quién le concede la razón para declarar el derecho. Tal decisión, se adoptó con fundamento en que “mientras no se trabe entre dichos funcionarios esa controversia jurídica, no puede presentarse procesalmente la colisión, en otras palabras, si no surge el conflicto, si no aparece la controversia entre distintos funcionarios judiciales o por lo menos habilitados para ejercer jurisdicción, no puede presentarse el fenómeno de la colisión y por obvias razones no se habilita la competencia para resolver por este juez del conflicto”.
Luego de hacer un análisis sobre los conceptos de jurisdicción y competencia, y de exponer distintas posturas asumidas por esta Sala desde la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, concluyó que “la Sala no resuelve sobre impugnación de competencia cuando se ha manifestado una sola jurisdicción, excepto que previo requerimiento por parte del juez de garantías o ante quien se presente la acusación, no haga presencia ni remita por escrito las razones el representante de la otra jurisdicción, cuya contumacia habrá de entenderse como desprendimiento o falta de interés en asumir para su jurisdicción el conocimiento del asunto puesto de presente”.
Dicha determinación contó con aclaración de voto de los magistrados Nancy Ángel M., José Ovidio Claros Polanco, Angelino Lizcano Rivera y Henry Villarraga Oliveros, al estimar que “en oportunidad anterior, en el Radicado 2009-2080, aprobamos la decisión de asignar la competencia a la jurisdicción ordinaria, no obstante no encontrarse debidamente trabado el conflicto, por cuanto en ese específico caso la Sala se apartó del precedente en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social de las conductas objeto de investigación y la salvaguarda de preclaros derechos fundamentales tanto de los sujetos procesales, como de las víctimas, toda vez que al analizar el caso concreto es necesario garantizar por parte de esta colegiatura una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de investigación y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal —C.N., art. 228” (negrilla no original).
Bajo los mismos lineamientos, se resolvió, entre otros, el Radicado 110010102000200902385 00, aprobado en la Sala 96 de fecha 21 de septiembre de 2009, con ponencia del magistrado Angelino Lizcano Rivera.
En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que en el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, siguiendo la línea doctrinaria mayoritariamente adoptada por la corporación, el magistrado que hoy cumple la misión de ser ponente, intentó obtener pronunciamiento de la justicia penal militar decretando como prueba para mejor proveer, entre otras, la inspección judicial al expediente que se sigue en el Juzgado 142 de Instrucción Penal Militar con sede en la dirección general de la Policía Nacional, bajo el Radicado 1447, comisionando para dicha diligencia al doctor Germán Londoño Carvajal, magistrado auxiliar del despacho, quien el 23 de noviembre hogaño, se presentó a la sede del susodicho juzgado penal militar; pero la titular del despacho no le permitió acceder al expediente bajo el argumento de que el empleado judicial comisionado no era sujeto procesal, procederá la Sala a hacer el pronunciamiento que en derecho corresponda.
Tal pronunciamiento se hace, no solamente retomando el planteamiento que hicieran los magistrados Nancy Ángel M., José Ovidio Claros Polanco, Angelino Lizcano Rivera y Henry Villarraga Oliveros, al aclarar la providencia en el Radicado 110010102000200902089 00, aprobada en la Sala 92 de 2009, con fecha 14 de septiembre de ese año, con ponencia de la magistrada María Mercedes López Mora, pues en este caso, se hace necesario y urgente garantizar no solo el principio de economía procesal, sino también —y, principalmente— la salvaguarda de los derechos fundamentales tanto de los sujetos procesales, como de las víctimas, a efectos de adoptar por parte de esta colegiatura una decisión de fondo, buscando privilegiar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme a los mandatos superiores contenidos en el artículo 228 de la Constitución Política.
3. De la legitimidad de las víctimas para proponer el conflicto de jurisdicciones
Ahora bien, en cuanto atañe a las víctimas, es inocultable que, dentro de los últimos avances en la doctrina y en la jurisprudencia, tanto vernáculas como foráneas, se destaca el papel preponderante que se le asigna a la víctima en el proceso penal, en procura de principios tan profundamente democráticos e inherentes al Estado social y democrático de derecho, tales como el derecho de acceso a la administración de Justicia y a conocer el o los responsables de la comisión del delito, conforme a las reglas de competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.
En este nuevo panorama, en el ámbito internacional, encontramos instrumentos tan valiosos como la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada mediante Resolución 40/34 de la asamblea general; la aplicación de la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, incorporada mediante Resolución 1989/57 del Consejo Económico y Social); o la protección de los derechos humanos de las víctimas de la delincuencia y del abuso de poder y la decisión marco del Consejo de Europa de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal.
A este nuevo contexto, no puede ser ajeno el Consejo Superior de la Judicatura, en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria como tribunal de conflictos en el país, y es por eso que, entendiendo que en el nuevo sistema penal acusatorio, la víctima adquiere el rol de sujeto procesal; que esta —como los demás sujetos procesales— está habilitada al interior del proceso, en la jurisdicción que lo esté conociendo, para impugnar la competencia; la Sala encuentra viable que, en aras de preservar los principios de economía y celeridad de la administración de justicia, y los derechos de las víctimas en el proceso penal, el apoderado judicial de éstas acuda directamente ante esta superioridad a solicitar la definición de competencias, cuando éstas —conforme ocurre en el caso sub análisis— involucran dos jurisdicciones diversas y cuando acontece que, según se tiene conocimiento en estas diligencias, los representantes de ambas jurisdicciones no se traban en lo que se conocía como conflicto entre jurisdicciones, pues la Fiscalía 13 Seccional de Bogotá remitió el expediente a la justicia penal militar, por considerar que allí radica la competencia, y la Jueza 142 de Instrucción Penal Militar accede a ello, por considerarse la llamada a resolver el proceso, pese a que la vocera de las víctimas defiende la tesis de que el proceso debe ser asignado a la justicia ordinaria.
En consecuencia, no acceder a realizar un pronunciamiento de fondo como tribunal de conflictos, por no contar con pronunciamientos de quienes representan a las dos jurisdicciones mencionadas, sería tanto como desconocer los derechos de las víctimas, recientemente incorporados a nuestro ordenamiento positivo en la ley de víctimas y restitución de tierras, Ley 1448 de 2011.
Además de lo anterior, no puede dejarse de lado el desarrollo jurisprudencial que el máximo Tribunal Constitucional, ha realizado en torno a la intervención de las víctimas en el proceso penal, de tal manera que en Sentencia C-209 de 2007, recordó que “se le otorgó a la víctima una capacidad procesal mayor, permitiéndosele intervenir a lo largo de todas las etapas del proceso, salvo en la audiencia pública del juicio. En esta oportunidad el alto tribunal fundamentó su argumentación con base en el artículo 250, numeral 7º de la Constitución, considerando que en el nuevo sistema penal acusatorio la víctima actúa como un interviniente especial”(5), otorgándole así un mayor nivel de participación y preponderancia, lo que hace viable entrar a resolver su solicitud, en el presente asunto.
Así las cosas, procede la Sala a pronunciarse sobre la definición de competencia solicitada por la abogada Myrian Pachón Murcia, en su condición de representante de las víctimas, dentro del proceso penal iniciado con ocasión del homicidio del menor Diego Felipe Becerra Lizarazo, que tuvo lugar el día 19 de agosto de 2011 en Bogotá; cuya investigación penal se impulsó en la Fiscalía 13 Delegada de la Unidad de Vida de esta ciudad, contra el patrullero de la Policía Nacional Wilmer Antonio Alarcón Vargas, siendo enviadas las diligencias posteriormente al Juzgado 142 Penal Militar con sede en la dirección general de la Policía Nacional.
Debe entonces, en primer lugar resolver los problemas jurídicos relativos al fuero militar, sus condiciones y la relación con el servicio que deben guardar los actos que se reputan como delictivos, pues ellos serán determinantes para establecer la competencia para conocer del presente asunto donde se vincula a un miembro de la Policía Nacional en servicio activo.
4.1. Del fuero militar y la relación con el servicio.
Ha dicho esta Sala en reiteradas oportunidades que el fuero militar tradicionalmente se ha concebido como la institución por la cual los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, en cumplimiento de la misión que la Constitución les ha asignado, son conocidos por tribunales militares, atendiendo la especialidad que reviste la labor que desarrollan tales servidores públicos, pero porque adicionalmente se requiere de un especial conocimiento del funcionario judicial sobre los procedimientos y las actividades que en cumplimiento de tales cometidos constitucionales les corresponde adelantar.
No obstante, no será cualquier conducta punible la que conozcan estas instancias, sino que será indispensable que sea aquella que tuvo ocurrencia en cumplimiento de sus especializadas labores según la misión que la Constitución les ha encomendado cumplir.
En este orden, la razón de la aplicación del fuero militar debe tener un carácter sustancial, y no meramente formal. Concebirlo de otra manera desvertebraría su esencia y lo convertiría en un privilegio estatal, pues se desligaría el elemento funcional, y el fuero se discerniría por la sola circunstancia de que el sujeto activo del delito es miembro de la fuerza pública, todo lo cual resultaría inaceptable en un Estado social de derecho.
Así, es la propia Carta Política la que en el artículo 221 consagra los elementos que determinan la aplicación del fuero militar al señalar que “De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro”.
Y en punto a ello la jurisprudencia constitucional(6) ha definido tres factores para solucionar estos conflictos de competencia a saber:
i) La existencia de un vínculo claro de origen entre el delito y la actividad del servicio dentro del marco de la función propia del cuerpo armado, excluyendo por supuesto cuando el agente tiene un propósito criminal y el ejercicio de las funciones militares constituye un enmascaramiento de la actividad delictiva.
ii) La gravedad inusitada del delito. Esta regla tiene como fundamento, que delitos como los de lesa humanidad, que desconocen abiertamente el principio de la dignidad humana y que conllevan la vulneración de derechos fundamentales de los asociados, no podrán ser considerados como actos relacionados con el servicio.
iii) El análisis de relación con el servicio debe provenir claramente de las pruebas que obran en el proceso. La regla se basa en que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria, y ésta solo será competente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse.
4.2. Del caso en concreto.
En el presente asunto, como ya se anunció, tan sólo se cuenta con la solicitud realizada por la doctora Myrian Pachón Murcia, en calidad de apoderada de las víctimas, quien señaló que el día 19 de agosto de 2011, el citado joven perdió la vida “por un disparo que le propinara el patrullero de la policía Wilmer Antonio Alarcón Vargas, instantes después de haberlo requisado, constatar que no estaba armado, que se trataba de un menor de edad (con el cual incluso caminó) y que no representaba peligro”; lo anterior, pues tal y como quedó expuesto, el despacho que tiene a su cargo la investigación penal, no permitió realizar la diligencia, con el objeto de obtener mayores elementos de juicio.
De modo que, si bien todo operador judicial, para adoptar cualquier decisión, debe recaudar pruebas y realizar análisis serios de las diferentes hipótesis delictivas que muestra una investigación, pero en particular de todos los medios probatorios que conforman la foliatura, pues de ellos surgirán los elementos necesarios que, en últimas, servirán para establecer cuál es la autoridad competente, lo cierto es que en el presente caso hay ausencia total de tales elementos, ello ante la renuencia de la justicia penal militar a permitir el acceso al expediente.
De esta manera, y pese a que se ha entendido por esta corporación que el acto u omisión realizada por un miembro de la fuerza pública debe tener relación con el mismo servicio oficial, para ser asignado el conocimiento a la justicia militar; en el presente asunto ante la no obtención de elementos de juicio que permitan verificar cada una de las exigencias establecidas constitucionalmente para asignar el conocimiento a la justicia militar, y que a su vez permitan desvirtuar cualquier sombra de duda frente a la forma como ocurrieron los hechos, la competencia será asignada a la jurisdicción ordinaria.
Así las cosas, en situaciones como la presente, en las que existe algún grado de incertidumbre acerca de qué fue lo que verdaderamente aconteció, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, la competencia debe asignarse a la justicia ordinaria, pues no se pudo demostrar plenamente que se configura la excepción al principio del juez natural general(7).
Finalmente, de igual manera, considera la Sala que ante la falta de garantías que tuvo para acceder a la información requerida con el objeto conocer y tener a su alcance los elementos probatorios recaudados dentro de la investigación penal en un asunto de esta trascendencia nacional, siendo el supremo tribunal que dirime conflictos por mandato constitucional; constituye esta una razón de más para enviar las diligencias al juez ordinario, pues si no se contó con la mínima colaboración por parte de la representante de la justicia penal militar para acceder al conocimiento del material recaudado con miras a despejar la duda que emerge sobre la relación de los hechos investigados con el servicio por parte de quien dice haber actuado en cumplimiento de la misión constitucionalmente confiada a la Policía Nacional, aspecto determinante para, eventualmente, adscribir el asunto a la justicia castrense, resulta apenas razonable inferir que tampoco las víctimas contarán con las garantías que les asisten como intervinientes en el proceso de marras.
En consecuencia, existiendo para el juez del conflicto una duda razonable sobre la relación de los hechos con el servicio, debe atenderse al principio general de competencia en materia penal, según el cual, es la justicia ordinaria quien debe seguir conociendo del proceso penal en referencia, y como corolario de ello, la Sala asignará conocimiento de las diligencias a la jurisdicción ordinaria representada en este caso por la Fiscalía 13 Delegada de la Unidad de Vida de esta ciudad, a quien el Juzgado 142 de Instrucción Penal Militar con sede en la dirección general de la Policía Nacional se remitirá de inmediato el expediente, para que continúe con el trámite correspondiente.
1. ASIGNAR la competencia para conocer del presente asunto a la JURISDICCIÓN ORDINARIA representada por la Fiscalía 13 Delegada de la Unidad de Vida de esta ciudad, a la que se le remitirá de inmediato el expediente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
2. Envíese copia de este proveído, para su conocimiento, al Juzgado 142 Penal Militar, con sede en la dirección general de la Policía Nacional.
Por la secretaría judicial de la Sala entérese de lo dispuesto en la presente providencia a los sujetos procesales.
(3) Providencia del Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria M.P. Rubén Darío Henao Orozco, Rad. 20032928 01 09 Aprobada en Acta 127 del 17 de septiembre de 2003.
(4) Este artículo señala: “Cuando el juez ante el cual se haya presentando la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano (... )” La nota es del texto original.
(5) La intervención procesal de la víctima especial consideración a los sistemas procesales de la Ley 906 de 2004, 975 de 2005, sistema interamericano de derechos humanos y Corte Penal Internacional/ed. María Cristina Patiño González-Bogotá Universidad Nacional de Colombia facultad de derecho, ciencias políticas y sociales, 2008.
(6) Corte Constitucional. Sentencia C-358 de 1997. Exp. 0-1445, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, 5 de agosto de 1997.
(7) C-358-97.

References: artículo 256
 artículo 112
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 10
 artículo 54
 artículo 93
 artículo 10
 artículo 153
 artículo 228
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 250
 artículo 221