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Timestamp: 2018-12-12 18:31:18+00:00

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Constitución de la República DominicanaVotada y proclamada por el Congreso Nacional
el 26 de enero de 2010.
La República Dominicana, de acuerdo a las disposiciones del artículo 26, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución, al decretar la República Dominicana como Estado miembro de la comunidad internacional, le obliga a reconocer y aplicar las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado; las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno una vez publicados de manera oficial; las relaciones internacionales se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional
En su artículo 74 numerales 3 y 4, instituye la jerarquía constitucional de Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano; dispone la interpretación y aplicación de las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución
Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 en el Palacio de Chaillot, París, Francia.
Del 16 de diciembre de 1966, ratificado por la República Dominicana el 14 de noviembre de 1977.
Dispone en su articulado que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: El derecho al trabajo... El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano... El derecho a las mismas oportunidades de empleo... El derecho a elegir libremente profesión y empleo... El derecho a igual remuneración... El derecho a la seguridad social... El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo... A fin de impedir la discriminación contra la mujer... Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales... Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social... El derecho a prestaciones familiares... El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero... Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres... Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles... Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones
Adoptada el 9 de junio de 1994, aprobada por el Congreso Nacional el 07 de marzo de 1996.
En su artículo 8, literales a) y c), señala como deber de los Estados Parte: a) fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; c) fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto San José.
Del 22 de noviembre de 1969, aprobada por nuestro país el 19 de abril de 1978
En su artículo 24 establece que todas las personas son iguales ante la ley. En
Celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995.
Aprobada por la República Dominicana, en la Cumbre del Milenio celebrada en septiembre de 2000. El Objetivo 3 de Desarrollo del Milenio promueve la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, buscando eliminar las desigualdades. La igualdad de género es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; por ello el Poder Judicial persigue garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación por género en las decisiones judiciales, en el servicio público de la administración de justicia y en el funcionamiento interno del Poder Judicial integrar la perspectiva de género como una prioridad horizontal junto a la defensa de los derechos humanos.
Desarrollar programas de cooperación internacional para el mejoramiento de los servicios.
Para hacer posible el logro del compromiso asumido, factible su ejecución y viable el seguimiento a tales acciones, uno de los mecanismos utilizados por los Poderes Judiciales de la Región es el establecimiento de órganos especializados en género.
Celebrado en San Salvador, El Salvador, en el 2005. En la Declaración de San Salvador se exhorta a los Estados a implementar y aplicar la CEDAW y Belém do Pará y que dichos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres sean dados a conocer a las y los operadores judiciales, especialmente los relacionados con la salud sexual y reproductiva y aquellos que buscan prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual.
VIII Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica Por una Justicia de Género.
Celebrado en Asunción, Paraguay, en el 2007.
En la Declaración adoptada se contempla establecer, a nivel regional, un Observatorio de Justicia y Género que brinde un espacio de reflexión para el mejoramiento, reforma y acceso de las mujeres a la justicia y, a nivel nacional, Observatorios con Perspectiva de Género y propiciar que los mismos se articulen y se entrelacen en red con el Observatorio de Justicia y Género.
Ley núm. 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer, que introduce modificaciones al Código Penal.
Resolución núm. 1924-2008, del 19 de junio de 2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que crea la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial.
El objetivo primordial para la creación de dicha Comisión es monitorear e informar del cumplimiento de todos los compromisos asumidos por el Poder Judicial en el ámbito nacional e internacional, así como de las acciones

References: artículo 26
 artículo 74
 resolución 
 artículo 8
 artículo 24

Resolución