Source: https://arcadiafoundation.org/es/category/acciones/
Timestamp: 2019-12-08 06:40:24+00:00

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Acciones Archives - Arcadia Foundation
Arcadia exige a Bachelet que incluya el asesinato de Acosta Arévalo en el informe del #5Jul
Arcadia exige a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluya en el Informe que habrá de presentar el 5 de julio al Consejo de DDHH una referencia y condena específica al brutal asesinato del CC Rafael Acosta Arévalo.
Acciones - 07/01/2019
La Fundación Arcadia consideró inaceptable que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, excediendo su mandato y sus funciones, intervenga en los asuntos internos de Venezuela y promueva diálogos que los mismos venezolanos han cuestionado, por considerar que hasta ahora solo han servido al régimen para ganar tiempo y oxigenarse con el fin canalla de perpetuarse en el poder.
Acciones / Noticias - 06/24/2019
Arcadia Foundation pide que la CPI inicie una investigación formal sobre muerte de Fernando Albán
La Fundación Arcadia condena enérgicamente el vil asesinato del concejal de Primero Justicia Fernando Albán, el pasado domingo 07 de octubre, un crimen que se inserta en la política generalizada y sistemática del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
La comunidad internacional reacciona ante tan abominable hecho y exige de manera inmediata, la investigación de los hechos, hasta determinar la verdad y las responsabilidades de los agentes del horror y sus superiores, sea cual fuere el rango que ocupan en la cadena de mundo de la narco-dictadura venezolana.
La presencia de los mecanismos de protección de Derechos Humanos en el país, para realizar de manera independiente y veraz esta investigación, es indispensable para lograr el esclarecimiento de este crimen que se agrega a los cientos cometidos
durante estos últimos años.
Es por ello que la Fundación Arcadia le exige a la Asamblea Nacional que invite, como Poder legítimo del Estado, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuanto antes el país para que participe en el esclarecimiento de los hechos en torno al asesinato del Concejal Albán.
De igual forma la Fundación Arcadia pide a la Asamblea Nacional que, de la manera más enérgica posible, le exija a la Fiscal de la Corte Penal Internacional que inicie de una vez por todas la investigación formal de la situación en Venezuela para que se procese y castigue a los autores de estos horribles crímenes y se detenga, en definitiva, la ola criminal en la que nos ha sumergido el narco-régimen de Nicolás Maduro.
Debemos juntos ejercer todos los mecanismos de presión necesarios para que la narco-tiranía abra paso al deseo unísono de democracia y libertad que piden todos los venezolanos.
Comunicado 030-2018
Acciones - 10/10/2018
Es Tiempo que la MACCIH Retome la Legalidad en la Lucha Contra la Corrupción
La Fundación Arcadia expresa su mayor satisfacción por la designación temporal de Ana María Calderón Boy como Vocera de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), constituida en base al Acuerdo suscrito entre el Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos del 19 de enero de 2016, en el que se estableció “un Mecanismo Interinstitucional de Cooperación Bilateral entre el Ministerio Público de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos”, para contribuir con el Gobierno y las instituciones hondureñas en la lucha contra la corrupción y por su erradicación definitiva en el país.
La Misión debe realizar una labor de cooperación y asistencia, dentro del marco del Acuerdo bilateral en el que se definen sus funciones, las que lamentablemente, el Vocero anterior, el abogado peruano Juan Jiménez Mayor, desvirtuó al extralimitarse en sus funciones que iban en cada rueda de prensa que ofrecía, más allá de las definidas en el Acuerdo, dándole, lamentablemente, forma política y personal a una gestión tan delicada como fundamental para Honduras y los hondureños, una gestión que mostró más bien su desesperado interés en ganar elogios y fama profesional, con fines personales inconfesables.
La lucha contra la ilegalidad no puede basarse en actuaciones ilegales e ilegitimas, como las que habría pretendido hacer el Vocero Jiménez Mayor, quien lejos de contribuir con la lucha contra la corrupción, creó un ambiente de confusión negativo y contraproducente.
Sus opiniones y anuncios unilaterales, fueron desacertados, así como sus posturas impropias ante temas de suma sensibilidad en el país como el Caso de Berta Cáceres, sobre el cual formuló declaraciones marcadas de tono político innecesario, favoreciendo más bien el amarillismo mediático y un debate vacío sobre el tema de la corrupción, en un caso tan serio y delicado como ese que debe ser investigado con el mayor profesionalismo posible para evitar que los agentes activos de ese abominable crimen no enfrenten justicia.
El Acuerdo bilateral fue irrespetado por el Señor Jiménez Mayor, en particular, en las obligaciones derivadas del orden jurídico interno, al que remite, en particular, las normas relativas al debido proceso y al respeto, en general de los derechos humanos de los ciudadanos.
No respetó tampoco el Señor Juan Jiménez, a pesar de ser abogado de profesión, una norma fundamental del orden jurídico hondureño y propia de todas las actuaciones de investigaciones mundiales: la confidencialidad, tal como lo determina el Artículo 7.4 del mismo Acuerdo en el que se garantiza la confidencialidad de sus actuaciones, al publicar las acciones que emprendería sin reservarse las líneas de la investigación ni los nombres de eventuales investigados, a los que habría expuesto a la opinión pública, en perjuicio de su dignidad e integridad moral, actuando mucho más allá de sus funciones, abusando de su autoridad, dejando sin efecto lo central de su actuación que era generar “buenas prácticas” para combatir la corrupción y lograr la mayor efectividad en la investigación y persecución penal integrada.
El Articulo 9º del Acuerdo, debemos recordar también, reitera la obligación de confidencialidad que la Misión debe garantizar en sus actuaciones. Así como el Ministerio Publico está sujeto a esta regla de confidencialidad y reserva en las actuaciones, el principio es absolutamente aplicable a la Misión y su Vocería, lo que lamentablemente irrespetó el peruano Jiménez Mayor en perjuicio de la credibilidad y eficiencia de una Misión tan importante como la MACCIH.
La remisión al orden interno, establecida en el Acuerdo bilateral hace aplicable el Articulo
278º del Código Procesal Penal que dispone que “las investigaciones realizadas por las autoridades competentes, se mantendrán en secreto respecto de toda persona que no forme parte de las mismas, mientras sus resultados no sean presentados ante los órganos jurisdiccionales. Las autoridades encargadas de la investigación, procurarán no lesionar los derechos de los investigados durante la práctica de sus investigaciones”. (Resaltado, Subrayado y en Itálicas nuestro)
Esta exigencia de reserva y confidencialidad en las actuaciones de investigación y persecución penal integrada son reiterativas en este Mecanismo. No podría ser de otra manera, si partimos que Honduras es un Estado de Derecho y por tanto sus autoridades deben someter sus actuaciones a la Ley. El Artículo 7º del Mecanismo señala a este respecto que “de considerar la MACCIH-OEA que uno o más casos deberán ser asumidos y designados como de Investigación y Persecución Penal Integrada, el Representante Especial/Vocero de la MACCIH-OEA lo comunicará directamente al Fiscal General de la República, para que se traslade el Expediente o se abra uno nuevo en la UFECIC y se comparta toda la información correspondiente a la investigación, acusación, enjuiciamiento y ejecución de la pena. Sin perjuicio del Artículo 8º de este mecanismo, UFECIC manejará la información, manteniéndose la reserva que determinan los Artículos 7º de la Ley del Ministerio Público y 275º del Código Procesal Penal”.
El Artículo 7º de la Ley del Ministerio Público precisa, por su parte, que éste “… no podrá divulgar información que atente contra el secreto de las investigaciones o que pueda lesionar los derechos de las personas…”, (Resaltado, Subrayado y en Itálicas nuestro), impedimento que abarca en su aplicación, desde luego, a la Misión de la OEA y al mecanismo establecido.
Las investigaciones anunciadas en un sin número de oportunidades por el peruano Jiménez Mayor no solo violaban el principio de la confidencialidad establecido en el Acuerdo bilateral y en las Leyes hondureñas, sino el pleno respeto de los Derechos Humanos de las personas, tal como lo establece, entre otros, el Artículo 275º del Código Procesal Penal de Honduras en el que se determinan las obligaciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar.
La designación de un nuevo Vocero plantea un nuevo reto a la MACCIH que debe contribuir en esta lucha, pero siempre dentro del mayor respeto que merecen las instituciones y las legislaciones de Honduras. La primera actuación de la Vocera temporal, lamentablemente, parece no ir en la dirección correcta al adjudicarse una detención y una responsabilidad que no lo corresponde. Independientemente de si las personas señaladas son o no culpables de algún delito, ello solo podría, para generar la confianza debida en los hondureños, fundarse en una decisión judicial pronunciada conforme a derecho.
Todos tenemos confianza en el éxito de la MACCIH, en su Vocería, en la OEA y en las autoridades de Honduras para enfrentar con éxito la lucha contra la impunidad por la corrupción que ha golpeado como nunca antes a la sociedad de Hondureña, pero siempre dentro de los límites estrictos de la legalidad y de la justicia, lo que precisamente ha desatendido la nueva Vocera de la Misión en sus primeras actuaciones, lo que, lamentablemente, lejos de generar confianza, desestimula y enflaquece todos los esfuerzos que suman el gobierno y el pueblo hondureño.
Acciones - 03/04/2018
¿Quién es el que odia en Venezuela?
En Venezuela se ha decretado una nueva ley que atenta contra la tolerancia, la dignidad, la convivencia entre ciudadanos, la libertad de expresión. El 8 de Noviembre de 2017 entró en vigencia esta normativa jurídica llamada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.
La manipulación, el engaño y las contradicciones, marcadas con un cinismo sin precedentes, han sido una constante en el proceder de los representantes de la llamada “revolución bolivariana”, quienes bajo el amparo de la Asamblea Nacional Constituyente, organismo creado a la medida de una ideología y un partido, sin ningún tipo de respaldo jurídico, sin el debido respeto al marco legal establecido y aún vigente en la Constitución Bolivariana de Venezuela, basándose en la interpretación a conveniencia, ajustando a sus necesidades y deseos, obviando elementos jurídicos y procedimentales elementales promulgan esta Ley.
A pesar de promover el odio en todas sus formas, desde lo alto del poder que todavía ejerce y hacia todas las esferas de la sociedad venezolana y de los medios de comunicación dominados por ellos que son mayoría, en sus actos públicos y privados, en su vida diaria, el régimen de Maduro a través de su Constituyente fraudulenta, ha adoptado esta Ley para erradicar el “odio”.
Una contradicción que debe mostrarse al mundo:
cuando promueven la igualdad y discriminan ideológicamente a los ciudadanos;
cuando promueven el socialismo y viven en el mejor de los capitalismos;
cuando ofrecen alimentos que son adquiridos con dólares preferenciales y vendidos al pueblo venezolano con sobreprecio;
cuando en materia de salud son atendidos en clínicas privadas en casos de accidente o se tratan sus enfermedades fuera del país;
cuando la educación de sus hijos es adquirida en colegios privados y universidades fuera de Venezuela;
cuando se práctica con el mayor descaro el nepotismo en las instituciones públicas amparados en altos cargos e invadiendo con personal no calificado puestos claves en estos organismos. Así pretenden despojar a los venezolanos de los derechos mas elementales que les corresponden, minimizando la capacidad que les permitirían ejercerlos y disfrutarlos.
La Fundación Arcadia, empeñada en promover la democracia y los derechos humanos, en luchar en contra la corrupción presenta en un video de 4 minutos con imágenes que reflejan la realidad de esta resolución adoptada por la ilegal e ilegítima Constituyente, que les descubre una vez más, en la farsa y el engaño, en la manipulación y el cinismo que ha llevado a nuestro país a la más grande desgracia de su historia.
En tal sentido aquí la Fundación Arcadia responde a las preguntas de los venezolanos sobre quién es el que odia en Venezuela:
¿Quién odia en Venezuela?
Los que montaron el gigantesco fraude de una constituyente sin base y sin reconocimiento popular.
Los que ignoran a venezolanos que mueren por enfermedades que ya habían sido erradicadas, los que ignoran a otros ciudadanos que no consiguen medicamentos para tratar enfermedades crónicas y también los que ignoran a los que enferman y no consiguen los medicamentos básicos para garantizar su salud. .
Los que hacen caso omiso del hambre que somete a niños y adultos a sufrir y morir por desnutrición, que hace que nuestras madres sufran el dolor de no poder alimentar a sus hijos, donde la familia no tiene el poder adquisitivo sustentado en el salario para adquirir los alimentos mínimos de supervivencia.
Quienes desde los medios de comunicación del pueblo lanzan mensajes que nos dividen y buscan ponernos los unos contra los otros en un ataque diario y sin descanso señalando de apátrida, traidor a cualquiera que pretenda emitir una opinión en contra de un régimen que ha devastado a la nación.
Quienes se han enriquecido a costa de la miseria de un pueblo y sin embargo se permiten insultar y agredir a quienes ejercen su legítimo derecho a denunciarlos
¡Dile NO AL ODIO de quienes secuestraron nuestra LIBERTAD!
Acciones - 11/22/2017
108 personas arrestadas en Brasil tras operativos policiales contra pedofilia
Tras una investigación de seis meses, la policía brasileña arrestó a 108 personas el viernes durante un operativo contra pedofilia por todo el país.
Acciones - 10/22/2017
VENEZUELA: Oposición convoca a protestas ante fraude electoral
En las elecciones regionales realizadas este domingo, se escogieron a 23 gobernadores para cada estado asignado. Fue la primera elección general desde las protestas violentas iniciadas en marzo y la criticada instalación de la Asamblea Constituyente en agosto.
Acciones - 10/19/2017

References: Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 7
 Artículo 275
 resolución