Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Prescripcion/51/PUB
Timestamp: 2019-06-17 01:47:01+00:00

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ROJ: STS 4215/2008 - ECLI:ES:TS:2008:4215
Nº Recurso: 3859/2001
Resumen: Juicio declarativo de menor cuantía en reclamación de los daños y perjuicios derivados de accidente de aeronave. Recurso extraordinario por infracción procesal: Prescripción de la acción por el transcurso de los seis meses a que se refiere el artículo 124 de la ley de Navegación Aérea desde la fecha del siniestro:Se desestima; al plazo de prescripción de la acción ejercitada en la demanda se le aplica el artículo 1.968.2 del Código Civil , no el artículo 124 de la Ley 48/1.960 al existir en este caso una responsabilidad por culpa grave, y no corresponde aplicar el plazo de prescripción de 6 meses sino el de un año por interpretar dicho artículo 124 en el sentido de que "las indemnizaciones a que se refiere este capítulo" son sólo las específicamente establecidas en el artículo 119 para el caso de responsabilidad objetiva y limitada. Alteración de la carga de la prueba:Se desestima; se respeta plenamente la regla que disciplina su distribución, correspondiendo a la parte demandante la acreditación de los hechos constitutivos de su pretensión y no se infringe el precepto regulador de la carga de la prueba aunque la parte entienda que ha desplegado la actividad necesaria para acreditar los hechos, ni tampoco sirve su cita para discutir la convicción del juez sobre la prueba practicada como tampoco permite bajo su invocación volver a valorar nuevamente todo el material probatorio pues el artículo 1214 del Código Civil no contiene regla de valoración de la prueba.
ROJ: STS 4495/2013 - ECLI:ES:TS:2013:4495
Nº Recurso: 2173/2012
Resumen: Consorcio de compensación de seguros. Responsabilidad por daños causados por vehículo no asegurado y en accidente ocurrido en Cataluña. Prescripción de la acción: aplicación del plazo anual previsto en la LRCSCVM y no el de tres establecido en el Código Civil catalán. Recurso de casación: interés casacional por existencia de jurisprudencia contradictoria de audiencias provinciales. El ejercicio de la acción contra el Consorcio de Compensación de Seguros nace precisamente de un derecho de carácter extraordinario que no confiere al perjudicado la legislación civil catalana sino la LRCSCVM y el Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, normas de las que deriva la obligación de dicho organismo de indemnizar cuando el daño haya sido causado por vehículo no asegurado. Nacida de la ley la obligación del Consorcio de Compensación de Seguros, ha de entenderse aplicable el plazo de prescripción que la propia ley establece para la exigencia del cumplimiento de tal obligación ante los tribunales, que en este caso es el de un año. La propia DF 1ª de dicha ley refiere que el Texto Refundido se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.6ª de la Constitución Española, según el cual el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación mercantil, por lo que las normas de dicha ley rigen directamente en todo su territorio, sin que pueda operar en este caso el principio de territorialidad para reclamar la aplicación de norma catalana.
ROJ: STS 614/2016 - ECLI:ES:TS:2016:614
Nº Recurso: 4044/2014
Resumen: Se desestima el recurso de casación de la mercantil, pues: - La operación de diciembre de 2004 no produjo efectos hasta 2005 y 2006. - La sentencia recurrida justifica su opinión sobre los informes periciales y utiliza válidamente las presunciones. - Los arts. 68.6 y 150.4 de la Ley General Tributaria (LGT) no justifican una cuestión de inconstitucionalidad. - La duración de las actuaciones inspectoras más allá de 12 meses está amparada por dilaciones y la remisión de actuaciones a la jurisdicción penal, por lo que no es aplicable el art 150.3 de la LGT. Como tampoco el art. 132.2 del CP a la prescripción tributaria. - La proyección que hace el Tribunal a quo del negocio simulado a las operaciones que describe impide la revisión casacional. - Los gastos financieros no son deducibles al resultar de una retribución de fondos propios. - Es causa de abstención la intervención del funcionario en el mismo procedimiento como perito o testigo, lo que no se combate por la recurrente. - La recurrente intervino en conductas típicas para disimular la realidad que describe la Sala de instancia. - El procedimiento sancionador se inició, tramitó y concluyó correctamente, debiendo excluirse la caducidad. La nueva liquidación es fruto, en su caso, de la ejecución de la sentencia. Se estima el recurso de casación del Abogado del Estado y en parte el recurso contencioso-administrativo, pues se aprecia la existencia de ocultación y se califica la conducta como infracción tributaria grave.
ROJ: STS 203/2015 - ECLI:ES:TS:2015:203
Nº Recurso: 3118/2012
Resumen: Accidente de vehículos a motor. Reclamación a la aseguradora por daños sufridos. Falta de personación en juicio de faltas por prescripción de acción penal. Prescripción de la acción civil. La determinación del día inicial para el cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones corresponde en principio a la Audiencia Provincial, en cuanto está estrechamente ligado a la apreciación de los hechos, función que entra dentro de sus facultades exclusivas, sin posible revisión en casación. El día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, según el principio de que la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir. La tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción civil, al constituir un impedimento u obstáculo legal a su ejercicio en los procedimientos civiles seguidos en ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, una vez concluido el correspondiente proceso penal previo, el plazo de prescripción de las acciones, cuando las partes están personadas en el procedimiento, empezará a contarse desde el día en que pudieron ejercitarse. Seguido pleito penal por los mismos hechos, este subsiste, como impedimento u obstáculo legal para el ejercicio de la acción civil, hasta que no alcance firmeza la sentencia absolutoria o resolución de sobreseimiento libre o provisional y de archivo, esté o no personado en las actuaciones.
ROJ: STS 5778/2010 - ECLI:ES:TS:2010:5778
Nº Recurso: 2147/2006
Resumen: Responsabilidad civil de entidad bancaria por gestión fraudulenta de un director de sucursal. Estimación en ambas instancias. Litisconsorcio pasivo necesario. En este caso, se ha demandado a la entidad en su calidad de contratante de los depósitos bancarios, desaparecidos por la infidelidad del director de la sucursal. De ello hay que deducir que la herencia yacente del director fallecido no tiene ningún tipo de responsabilidad, por no haber sido parte en el contrato, concluido exclusivamente entre los demandantes y la recurrente. No puede alegarse en absoluto la incongruencia por alterar, en más, las peticiones de la demanda, porque examinado el conjunto de la misma, se debe constatar que se ha alegado como fundamento jurídico de la petición el art. 1101 CC y la sentencia recurrida ha condenado por incumplimiento contractual, en concordancia con lo pedido. No cabe revisar la prueba sobre la alegada participación de los actores en la estafa, que la sentencia no tiene por acreditada. Prescripción: no cabe aplicar el plazo de un año por ser la responsabilidad de caracter contractual. Intereses según nueva doctrina sobre la iliquidez: necesidad de estar a la razonabilidad de la oposición para decidir sobre su imposición y fijación del dies a quo. Procedencia de su imposición desde la demanda al quedar ya en ese momento clara la cantidad reclamada, sin necesidad de liquidación posterior.
ROJ: STS 4048/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4048
Nº Recurso: 2422/2014
Resumen: Propiedad horizontal. La acción entablada pretende obtener una condena de los demandados a reintegrar a su estado anterior el forjado que cubre el sótano y que ha sido alterado para pasar a través del mismo ciertas conducciones de desagüe. Lo característico de la acción real es que proporciona al titular de un derecho de tal clase la facultad de dirigirse judicialmente, y de manera directa, al bien o la cosa que es objeto de su derecho. La acción personal responde a una relación jurídica entre personas de modo que únicamente puede dirigirse la acción contra el obligado o, en su caso, contra quienes traigan causa de él. Las acciones por las que la comunidad reclama la restitución de cualquier elemento común a su estado anterior frente al titular del elemento privativo que pudiera beneficiarse de dicha alteración tienen carácter real y, por tanto, el plazo de prescripción aplicable a las mismas es el de treinta años. En el caso presente no cabe considerar que haya habido consentimiento: el conocimiento no equivale a consentimiento ni el silencio supone genéricamente una declaración. Inexistencia de actos propios: solo tienen tal condición aquellos que, por su carácter trascendental o por constituir convención, causan estado, definen de forma inalterable la situación jurídica de su autor o aquellos que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho, lo que no puede predicarse en los supuestos de error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia.
ROJ: STS 69/2009 - ECLI:ES:TS:2009:69
Nº Recurso: 2018/2004
Resumen: Demanda por la que se solicita que se declare que el demandado, en su condición de administrador de la sociedad mercantil actora, durante un determinado periodo de tiempo, se apoderó sin causa legítima ni contraprestación de una determinada cantidad. En ambas instancias se desestimó la demanda. No cabe basar la acción en la existencia de responsabilidad civil "ex delicto", como se hace en la demanda, sin que exista una previa sentencia que en el orden penal declare la existencia del hecho delictivo. Se está ante una reclamación de cantidad ejercitada por la sociedad de la que el demandado era administrador, por lo que es adecuada la incardinación de la acción en el art. 134 TRLSA. Por tanto, al no estar ante una acción personal que, improcedentemente, trata de relacionar la recurrente con la responsabilidad "ex delicto" del art. 1092 CC, y al haber transcurrido el plazo de cuatro años desde el cese del demandado como administrador, la acción se encuentra prescrita.
ROJ: STS 3031/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3031
Nº Recurso: 1937/2012
Resumen: La cuestión fundamental que se plantea en el presente recurso es si para que la remisión del expediente al Ministerio Fiscal tenga eficacia a efectos del plazo prescriptivo es preciso que tal remisión se realice con el conocimiento formal del obligado tributario. Pues bien, dicha cuestión ha sido resuelta por este Alto Tribunal, pudiendo citar las sentencias de 10 de marzo de 2011 (cas. nº 2372/2006) y de 20 de abril de 2011 (cas. nº 371/2006), cuyo criterio debe trasladarse al presente supuesto, al resultar aplicable la misma normativa que la que fue analizada por este Tribunal Supremo en las referidas sentencias.Por ello, hasta que la Inspección comunica formalmente al obligado tributario la remisión de lo actuado a la Fiscalía no se puede considerar interrumpido el procedimiento inspector a los efectos del artículo 31 del RGIT.
ROJ: STS 6780/2006 - ECLI:ES:TS:2006:6780
Nº Recurso: 3393/1999
Resumen: Planteada la prescripción anual de las acciones posesorias ejercitadas a través de un juicio ordinario, esta sentencia expone los argumentos por los que no cabe aceptar tal criterio, entre otras que no hay razones para excluir su ejercicio del plazo general de prescripción de las acciones reales, y así se deriva de la propia regulación de la acción interdictal que contempla la posibilidad, caso de ejercitarse transcurrido el año, de reservar al actor la posibilidad de obtener la propiedad o la posesión a través del juicio plenario correspondiente. El plazo para el ejercicio de las acciones interdictales se revela como una excepción al plazo general de prescripción de las acciones reales y exige una interpretación restrictiva. La acción publiciana permite al actor probar su mejor título reclamando la cosa de quien la posea con menor derecho. El deber de congruencia se satisface con la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proeso y existe allí donde la relación entre estos dos términos -fallo y pretensiones- no está sustancialemente alterada.
ROJ: SAP SE 1468/2013 - ECLI:ES:APSE:2013:1468
Nº Recurso: 2734/2012
Resumen: Se plantea una reclamación de cantidad basada en un contrato de compraventa de vehículo de motor. El actor sostenía que el vehículo se le entregó con graves defectos por lo que sufrió una avería que obligó a su reparación, la que se efectuó a su costa, por lo que solicita la condena a la demandada al pago de la dicha suma, o subsidiariamente, la resolución del contrato de compraventa. La demandada alega que intervino en la venta como mero intermediario, no como vendedor, y que desconocía cualquier incidencia relativa a la avería habiéndose entregado el vehículo sin defecto alguno. Estimada la demanda condenando a la demandada al pago de la suma reclamada, recurre el demandado alegando la caducidad de la acción por aplicación del plazo de 6 meses del art 1490 del C. Civil, lo que se rechaza pues no se está ejercitando acción edilicia alguna sino una acción de cumplimiento contractual sujeta al plazo general de prescripción de 15 años. Alega asimismo que los desperfectos no son imputables a la vendedora, pues habiendo transcurrido varios meses desde la venta, los mismos se deben a un mal uso del vehículo. Se rechaza, pues tal alegación constituye una cuestión nueva, pero asimismo resulta de la prueba practicada que los defectos eran importantes y no era posible la circulación en el estado en que se encontraba, por lo que habiendo surgido los defectos al mes de su adquisición, y no habiendo probado la demandada que los defectos se debieran al actor, debe estimarse la demanda.

References: artículo 124
 artículo 1
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 119
 artículo 1214
 artículo 149
 resolución 
 artículo 31
 resolución