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Timestamp: 2020-07-04 18:40:50+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 252-1839, de 24/10/2013
cve: BOCG_D_10_252_1839
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
Este Proyecto de Ley pretende crear la llamada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para garantizar el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Financiera.
No compartimos la necesidad de este tipo de entes para evaluar las políticas fiscales pues el Estado ya cuenta con instrumentos suficientes. Pero más allá de esta consideración, lo que cuestionamos, por sus efectos económicos y sociales negativos, es la propia naturaleza del principio de estabilidad presupuestaria plasmado, a efectos prácticos, en los objetivos de reducción del déficit y deuda y en la regla de gasto.
Las estrictas limitaciones al déficit, gasto y deuda pública, y la priorización absoluta del pago de la deuda, restringen sobremanera la capacidad del Estado para impulsar la economía asumiendo una función anticíclica y desarrollar el Estado social. Porque el Estado no solo invierte en infraestructuras
físicas, sino también en justicia, investigación, sanidad o educación que son gastos esenciales para el desarrollo económico del país y, por tanto, para fortalecer también los ingresos del Estado.
Las bases ideológicas de la reforma constitucional del artículo 135 y de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Financiera pretenden ahora reforzarse con la creación de una autoridad fiscal, que se dice independiente, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero lo que no se va a conseguir, en ningún caso, es que la política de la consolidación fiscal a cualquier coste contribuya positivamente al crecimiento económico y a la creación de empleo.
El objetivo real de todo este entramado legal es procurar dar confianza a los mercados ajustando el gasto público e intentando hacer lo propio con la deuda. Pero el problema es que los mercados son insaciables y los intereses que en ellos se dirimen no se basan en criterios sociales sino de maximización de ganancias, de tal forma que aprovecharán el marco legal para desarrollar sus movimientos financieros especulativos que llevan a las economías más débiles a una presión permanente.
En la práctica, todo ello se traduce en recortes en el gasto público que debilitan la actividad económica, alimentan la recesión, provocan menores ingresos públicos y dificultan el control del déficit y del endeudamiento público.
El desarrollo legal del principio de estabilidad presupuestaria obedece a las instrucciones de la Unión Europea (UE), cuya configuración económica e institucional no sólo es frágil y antidemocrática sino que también es contradictoria por los intereses económicos dispares de los países europeos del centro y la periferia, sin oportunidad para lograr una solución que podría entenderse como de interés general.
Así, seguir los mandatos de la UE supone aceptar un destino nada halagüeño para la cohesión social y el mantenimiento de las instituciones sociales europeas. El verdadero gobierno de la UE reside en los centros financieros, de donde provienen precisamente los líderes de muchas de sus instituciones, como es el caso del Banco Central Europeo, cuyos intereses tampoco coinciden con los de la mayoría de la población europea.
Según reza la exposición de motivos de este Proyecto de Ley, no sin cierta pomposidad, las autoridades fiscales han demostrado ser un elemento clave para los gobiernos a la hora de diseñar, implementar y evaluar las políticas fiscales, y más aún, se añade, cuando resulta imprescindible realizar un control exhaustivo y riguroso del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública así como de la regla de gasto.
Pero el caso es que todos los límites que se establecen cuando se habla de consolidación fiscal son arbitrarios y tienen poco sentido en plena recesión desde el punto de vista macroeconómico porque sus potenciales efectos sobre la economía y el empleo sólo pueden ser negativos. La crisis ha disparado el déficit y la deuda, alimentada también por los rescates al sector privado, y muchas administraciones tienen serios problemas de solvencia. Fijar la prioridad en los ajustes presupuestarios, sin reformas de calado en los ingresos públicos, conduce a recortes en la inversión pública y en el gasto social, al deterioro de los servicios públicos y a la amortización de empleo público.
Aún más, el problema es que la cuestión de la deuda no se circunscribe sólo a la esfera pública. Es igualmente aplicable para los agentes privados. De hecho, el riesgo real está precisamente en ellos.
En 2007 la deuda como proporción del PIB significaba el 50% en el caso de las administraciones públicas, el 100% en lo que respecta a las familias y el 200% en el caso de las empresas no financieras. Era precisamente ese sobreendeudamiento privado el que explicaba el elevado déficit exterior de nuestra economía. Y nada de lo que desarrolla el sacrosanto principio de estabilidad presupuestaria habla de esos verdaderos agentes problemáticos.
La explicación es sencilla. Se encorseta a las finanzas públicas y se las deja sin margen de maniobra. Y por la propia dinámica económica y del rol del Estado como prestamista de último recurso resulta que el Estado es precisamente quien absorbe la mayoría de los costes de la crisis. Por esta razón la deuda pública se dispara después de la crisis y no antes, al ser el instrumento que se utiliza para socializar las pérdidas y enjugar entre todos el impacto de la crisis. El Estado ve como su deuda pública se incrementa como consecuencia de intentar salir de la crisis a través de los planes de estímulo y de los rescates a las entidades financieras y otras ayudas a empresas privadas. Se transfieren rentas desde lo público hacia lo privado y riesgos en la dirección contraria.
Todo ello hace que nos encontremos con una palanca de destrucción del Estado social. Con un Estado absorbiendo los costes de la crisis y un encorsetamiento de las finanzas públicas la única alternativa que les queda a los gobiernos es el ajuste y los recortes. Pero como los recortes no resuelven los problemas reales de nuestra economía (inexistencia de un modelo productivo estable y sostenible y alta desigualdad
económica) y promueven un deterioro mayor de la misma (más recesión y menos ingresos públicos), el ajuste se vuelve permanente y los recortes avanzan por todas las esferas del Estado social.
Lo último que necesitamos para empezar a superar la crisis preservando al Estado social es el dogmatismo fiscal y una autoridad independiente a su servicio.
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2013.—Ester Capella i Farré.
El Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal responde supuestamente a la necesidad de alcanzar la consolidación fiscal para mejorar la competitividad de la economía española. Se pretende desarrollar una mejor gobernanza económica mediante el control y la disciplina presupuestaria sobre la base de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
Pues bien, el estricto cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria supone afectar gravemente a las políticas sociales. La disciplina presupuestaria que tiene por objetivo garantizar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal está repercutiendo en la atención a las personas y, especialmente, en las más necesitadas. Pero además, la falta de recursos públicos que supone, sirve como coartada para la privatización de los servicios sociales, afectando a su calidad y universalidad. Poner límites al déficit público, más cuando dichos límites están vinculados a decisiones europeas, supone el certificado de defunción de la política económica keynesiana y la aniquilación ideológica de la salida social a la crisis. Asimismo, la creación de una Autoridad que tenga como objetivo el control de dichos límites supone la culminación de dicha aniquilación.
Pero además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que se prevé no es en realidad tal, pese a su supuesta independencia orgánica y funcional no es más que un nuevo organismo a la merced del Gobierno de turno. En este sentido, tanto su Presidente como los directores de división serán nombrados por el Consejo de Ministros. Pese a supuestamente pretender la creación de una Autoridad Independiente, con el presente Proyecto de Ley Orgánica el Gobierno se ha reservado la facultad de nombrar a sus miembros sin mediar siquiera el control de las Cortes Generales, máximas representantes de la Soberanía Popular.
Por otro lado, la creación de la Autoridad supuestamente Independiente de Responsabilidad Fiscal supone la defunción definitiva de la mínima autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, sustrayendo el ámbito de decisión política de las mismas y depositándolo en un órgano cuyos miembros son nombrados a dedo por el Gobierno del Estado. De hecho, es la culminación del proceso centralizador iniciado mediante la última reforma constitucional. Se trata, pues, de imponer un marco homogéneo a una realidad autonómica heterogénea.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2013.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
Las estrictas limitaciones al déficit, gasto y deuda pública, y la priorización absoluta del pago de la deuda, restringen sobremanera la capacidad del Estado para impulsar la economía asumiendo una función anticíclica y desarrollar el Estado social. Porque el Estado no solo invierte en infraestructuras físicas, sino también en justicia, investigación, sanidad o educación que son gastos esenciales para el desarrollo económico del país y, por tanto, para fortalecer también los ingresos del Estado.
Según reza el Preámbulo de este Proyecto de Ley, no sin cierta pomposidad, las autoridades fiscales han demostrado ser un elemento clave para los gobiernos a la hora de diseñar, implementar y evaluar las políticas fiscales, y más aún, se añade, cuando resulta imprescindible realizar un control exhaustivo y riguroso del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública así como de la regla de gasto.
Todo ello hace que nos encontremos con una palanca de destrucción del Estado social. Con un Estado absorbiendo los costes de la crisis y un encorsetamiento de las finanzas públicas la única alternativa que les queda a los gobiernos es el ajuste y los recortes. Pero como los recortes no resuelven los problemas reales de nuestra economía (inexistencia de un modelo productivo estable y sostenible y alta desigualdad económica) y promueven un deterioro mayor de la misma (más recesión y menos ingresos públicos), el ajuste se vuelve permanente y los recortes avanzan por todas las esferas del Estado social.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.
La Directiva 2011/85/EU, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros, así como las recomendaciones del Consejo Europeo, contemplan la necesidad de contar con instituciones fiscales independientes que realicen el ejercicio de un seguimiento efectivo del cumplimiento de las reglas fiscales, basado en análisis fiables e independientes realizados por órganos con autonomía orgánica y funcional respecto de las autoridades presupuestarias de los Estados miembros.
Resulta claro que en el ámbito de la Directiva, la independencia, autonomía y la capacidad profesional de la institución fiscal constituye un aspecto irrenunciable para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. La credibilidad y prestigio de las instituciones es una condición necesaria e indispensable para el crecimiento económico y, en general, para el correcto funcionamiento de los sistemas democráticos.
El Proyecto de ley orgánica presentado por el Gobierno no cumple tales estándares mínimos, configurando una «Autoridad» de responsabilidad fiscal excesivamente dependiente del Gobierno a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La política de nombramientos del Gobierno en organismos y entidades públicas en lo que llevamos de legislatura sin duda dificultará la recuperación económica y dañará la credibilidad y reputación del país.
En este sentido, no sólo el nombramiento de dicha Autoridad corresponde al Gobierno, sino que también la elaboración y aprobación de su Estatuto orgánico, así como el acceso a la información económica y presupuestaria de las Administraciones Públicas, dependen de lo que disponga el citado ministerio.
Tal diseño institucional refleja una decidida intención del Gobierno de no someterse a una supervisión de las finanzas públicas realmente independiente. Nos encontramos, una vez más, ante un cumplimiento meramente formal de las exigencias de la Unión Europea, creándose una estructura cuasi ministerial, que va a imposibilitar mejorar la transparencia y la política fiscal de los distintos niveles de las Administraciones Públicas. Igualmente, el carácter presidencialista de la institución va a impedir una valoración plural y contrastada de las previsiones económicas, favoreciendo un mayor control gubernamental. La mayoría de las instituciones fiscales existentes en la actualidad en los países de nuestro entorno, como en Suecia, prevén órganos colegiados de decisión, como elemento básico para asegurar una evaluación independiente del grado de cumplimiento de los objetivos del Gobierno en materia de política fiscal.
Por otro lado, el necesario consenso político exigible para la creación de la institución fiscal independiente, hace imprescindible una configuración de la misma totalmente diferente de la contenida en el proyecto de ley. En este sentido, debe adscribirse la institución fiscal al Parlamento, crearse un órgano colegiado y plural de dirección, prever nombramientos avalados por las Cortes Generales para asegurar el mayor consenso y su independencia del Gobierno, mandatos de seis años, sin posibilidad de reelección, para evitar coincidencias con el ciclo político y, por último, introducir la capacidad de la institución para organizarse y elaborar su propio presupuesto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza el Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y formula el presente veto a este Proyecto de Ley Orgánica, solicitando su devolución al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2013.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.
En opinión del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el presente Proyecto de Ley vulnera e ignora el actual marco jurídico que en materia de política fiscal y financiera es aplicable en el ámbito de los regímenes forales.
Basado el Proyecto en el Ordenamiento Jurídico Comunitario y en el artículo 135 de la Constitución y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, no considera las especificidades que se derivan de la disposición adicional de la Constitución, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, del Concierto Económico y de los Órganos bilaterales de relación como es el caso de la Comisión Mixta del Concierto Económico.
Este «olvido» o no consideración del marco jurídico mencionado justifica sobradamente la solicitud de devolución del Proyecto al Gobierno.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2013.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
El texto remitido por el Congreso de los Diputados del «Proyecto de Ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal» no cumple con los requisitos mínimos, en la forma y en el contenido, que son exigibles ante la creación de un organismo supervisor de la acción de Gobierno en materia presupuestaria y fiscal.
En primer lugar, los senadores y senadoras firmantes de esta Propuesta de Veto no entienden y no comparten el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, reduciendo considerablemente la capacidad de enmienda del legislador. Por un lado, el Gobierno ha tenido tiempo suficiente para presentar y, lo que es más importante, intentar consensuar con las restantes fuerzas políticas el contenido de la norma. Pero, como viene siendo habitual en las propuestas legislativas del Gobierno del Partido Popular no ha sido así, y la consecuencia es que en su trámite en el Congreso registró seis enmiendas a la totalidad.
La Directiva 2011/85/EU, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros, impone la obligación a los Estados de contar con instituciones fiscales que realicen un examen efectivo del cumplimiento de las reglas fiscales, basado en análisis fiables e independientes realizados por órganos con autonomía funcional y orgánica respecto de las autoridades presupuestarias nacionales. Además, el Consejo Europeo recomendó específicamente a España «establecer una institución independiente que provea de análisis, asesoramiento y monitoreo de la política fiscal». Así fue también incluido como requerimiento dentro del Memorando de Entendimiento sobre la Condicionalidad de la Política del Sector Financiero (MoU) de julio de 2012 de la Comisión Europea y fue recomendado por la OCDE a principios de 2013. Todas estas recomendaciones incluyen unos requisitos mínimos exigibles de independencia, autonomía funcional, capacidad y competencia técnica, consenso político, recursos suficientes para el desempeño de sus funciones y acceso total a la información, a este tipo de organismo encargado del seguimiento del cumplimiento de las reglas fiscales de un Estado.
Si analizamos con detalle el contenido del proyecto de Ley podemos comprobar la farsa del Gobierno en la creación de la autoridad fiscal mal denominada «independiente», la elección y nombramiento de sus miembros, sus funciones, y su autonomía en el ejercicio de su labor.
No entendemos la «independencia» y «autonomía» de una Autoridad de responsabilidad fiscal adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo Presidente y miembros del equipo directivo los nombra el Consejo de Ministros, su Estatuto orgánico de funcionamiento también es aprobado por el Gobierno, y es el propio Ministerio el que determina el acceso a la información económica y presupuestaria de las diferentes Administraciones Públicas.
Consideramos que en una coyuntura como la actual de grave crisis económica y financiera, deberíamos ser extremadamente responsables y rigurosos en el control del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, con absoluta transparencia e independencia que despeje cualquier atisbo de duda sobre nuestras administraciones, para que ganemos en credibilidad y en reputación y aumentemos la confianza en nuestra economía. Y este proyecto de ley es un pésimo indicador que no cumple con la mayoría de requisitos mínimos exigidos.
En este sentido, y en consonancia con las recomendaciones del Consejo y de la Comisión Europea, habría que crear un órgano colegiado, adscrito a las Cortes Generales, con un Presidente y unos consejeros independientes elegidos por el Parlamento, con mandatos de seis años, con capacidad y autonomía para organizarse y elaborar su propio presupuesto y con acceso a toda la información económica y presupuestaria de todas las administraciones públicas.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.
El presente proyecto de Ley orgánica tiene por objeto la creación de un ente independiente de responsabilidad fiscal, que asista al gobierno en los objetivos de estabilidad presupuestaria, sin embargo, en su regulación la «independencia» no pasa de ser una mera apariencia.
Convergència i Unió apoyará la creación de la autoridad, si esta fuere realmente independiente, pero en la redacción del Proyecto de Ley presentada por el Gobierno no es esta la realidad, por lo que plantea diversas consideraciones:
En primer lugar, el nuevo órgano Autoridad «Independiente» de Responsabilidad Fiscal se considera que es dependiente del Gobierno por múltiples razones: tal y como establecen los artículos 24 y 26 del proyecto de ley, el nombramiento de su Presidente y de los directores de las divisiones (la totalidad de miembros del Comité Directivo) corresponde al Consejo de Ministros; será una Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la que determinará los datos, documentos y procedimientos a remitir a la Autoridad «Independiente» de Responsabilidad Fiscal; será el Consejo de Ministros quien aprobará su Estatuto Orgánico, el cual desarrollará la organización y funcionamiento interno de la nueva institución; y el régimen de variaciones y de vinculación de los créditos del presupuesto de la nueva institución será el que se establezca en el Estatuto orgánico de la Autoridad «Independiente» de Responsabilidad Fiscal, que habrá elaborado el Gobierno. ¿Dónde está pues la independencia de esta nueva institución?
En segundo lugar, el Gobierno en el presente proyecto de Ley incorpora nuevos recortes en la autonomía de las comunidades autónomas, al modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El artículo 18 establece que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que a su vez mantiene relevantes vínculos de dependencia del Gobierno, debe informar sobre la distribución de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas, lo cual condiciona enormemente la capacidad de las CCAA y del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera de participar en el proceso de distribución del objetivo.
En tercer lugar, en relación a los actos y decisiones de los órganos de la nueva autoridad, el proyecto de ley no contempla la posibilidad de interponer recursos por parte de estas, antes de su publicación, lo cual, vistas las competencias que se otorgan a la Autoridad Fiscal, como la fijación de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas, comporta también una efectiva vulneración de la autonomía de estas administraciones.
En cuarto lugar, el texto prevé la creación de la Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la cual se crea para financiar este nuevo ente creado con un claro espíritu de control de las CCAA y revirtiendo los costes de su financiación a las propias CCAA. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley General Tributaria, nada impide la creación de una tasa en la cual los contribuyentes son las entidades públicas, sin embargo, es preciso incorporar dos cuestiones, la primera respecto el hecho de considerar, al presupuesto de cada administración como base imponible para el cálculo de la tasa, cuestión esta que puede tener su lógica, pero que lamentablemente no se ha tenido en cuenta este mismo criterio para la distribución de los objetivos de déficit; la segunda consideración se refiere a que la propuesta del Gobierno castiga a aquellas comunidades que tienen asumidas competencias específicas, como Catalunya, y castiga también la incorporación de transferencias finalistas, como son las correspondientes a los ingresos recibidos en concepto de participación de los municipios en los ingresos del estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta una propuesta de veto sobre el Proyecto de Ley.

References: artículo 107
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 135
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 18
 artículo 2