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﻿ DECRETO 4171 DE 2004
DECRETO 4171 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:RAMA JUDICIAL, DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR. SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA SALARIAL Y PRESTACIONAL. DEROGA EL DECRETO 3568 DE 2003.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1254 DE ENERO 15 DE 2005, PG.1074
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 935 DE 2005 ARTÍCULO 28 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
(Nota: Derogado por el Decreto 935 de 2005 artículo 28 del Departamento Administrativo de la Función Pública)
ART. 1º—Del régimen salarial ordinario de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, tendrán derecho a la remuneración establecida en el presente artículo, incluyendo la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, la cual no tendrá carácter salarial, así:
Asignación básica mensual: un millón doscientos once mil ochocientos ochenta pesos ($ 1.211.880) m/cte; gastos de representación mensual: dos millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos ($ 2.154.452) m/cte y prima técnica: dos millones diecinueve mil setecientos noventa y nueve pesos ($ 2.019.799) m/cte.
ART. 2º—Del régimen salarial optativo para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y director ejecutivo de administración judicial. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que optaron por el régimen establecido en el artículo 2º del Decreto 903 de 1992, el director ejecutivo de administración judicial y quienes se vincularon al servicio con posterioridad a la vigencia de dicho decreto, tendrán derecho a percibir a partir del 1º de enero de 2004 por concepto de asignación básica: dos millones trescientos doce mil cuatrocientos treinta y nueve pesos ($ 2.312.439) m/cte y por concepto de gastos de representación: cuatro millones ciento once mil dos pesos ($ 4.111.002) m/cte.
Los funcionarios que optaron por este régimen no podrán recibir el pago de cesantías retroactivas. Las demás prestaciones sociales diferentes de las primas y las cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes.
ART. 4º—A partir del 1º de enero de 2004, la asignación básica mensual de los servidores públicos de la rama judicial, del Ministerio Público y de la justicia penal militar, será la señalada para su grado, de acuerdo con la siguiente escala:
1 357.997 12 829.350
2 377.927 13 847.934
3 443.089 14 886.207
4 479.602 15 1.017.097
5 544.108 16 1.115.554
6 593.351 17 1.297.799
7 627.644 18 1.345.900
8 685.241 19 1.438.796
9 714.234 20 1.467.647
10 755.496 21 1.674.254
11 803.456 22 1.828.107
ART. 5º—La remuneración mínima mensual del viceprocurador general de la Nación será de tres millones cuarenta y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos ($ 3.044.628) m/cte. El sesenta y cuatro por ciento (64%) de esta remuneración tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
ART. 6º—La remuneración mínima mensual del secretario general de la Procuraduría General de la Nación y del procurador auxiliar, será de dos millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos ($ 2.934.844) m/cte. El cincuenta por ciento (50%) de esta remuneración tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
La remuneración mínima mensual de los procuradores delegados grado 22, el director de la dirección nacional de investigaciones especiales grado 22, los procuradores departamentales y provinciales grado 21, los procuradores agrarios grado 21, el veedor grado 22 y el secretario privado grado 22 del procurador, será de dos millones setecientos setenta y un mil setecientos setenta y ocho pesos ($ 2.771.778) m/cte. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
ART. 7º—Los funcionarios a que se refieren los artículos 5º y 6º del presente decreto, tendrán derecho a una prima especial mensual, sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica y los gastos de representación y sustituye la prima de que trata el artículo 7º del Decreto 903 de 1992.
ART. 8º—El Procurador General de la Nación podrá asignar primas técnicas hasta por un treinta por ciento (30%) del valor de la remuneración mínima mensual o de la asignación básica mensual, según sea el caso, al secretario privado, a los jefes de división grado 22, a los jefes de oficina grado 22, a los abogados asesores grado 22 y a los jefes de sección grado 17, con el lleno de los requisitos que establezca mediante reglamentación interna y previa viabilidad presupuestal, en los términos de los decretos 2573 de 1991 y 1336 de 2003.
ART. 9º—(Nulo).* Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, con excepción de los señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho a percibir a partir del 1º de enero de 2004, una prima especial, sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico. La prima a que se refiere el presente artículo, es incompatible con la prima a que hace referencia el artículo 7º del presente decreto.
ART. 11.—La remuneración mínima mensual del secretario general de la Corte Constitucional, del secretario general de la Corte Suprema de Justicia, del secretario general del Consejo de Estado y del secretario judicial del Consejo Superior de la Judicatura, será de dos millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos ($ 2.934.844) m/cte. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación únicamente para efectos fiscales.
ART. 12.—La escala de remuneración de que trata el artículo 4º no se aplicará a los funcionarios a que se refieren el artículo 206, numeral 7º del Decreto Extraordinario 624 de 1989 y el artículo 13 del Decreto 535 de 1987.
a) Para los magistrados de tribunal y sus fiscales grado 21, un millón quinientos diecisiete mil setecientos cincuenta y nueve pesos ($ 1.517.759) m/cte, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;
b) para jueces de orden público cuya remuneración corresponde a la señalada para el grado 21 de la escala salarial de la rama judicial será de un millón quinientos diecisiete mil setecientos cincuenta y nueve pesos ($ 1.517.759) m/cte, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;
c) Para jueces y fiscales grado 17, un millón doscientos quince mil seiscientos cincuenta y nueve pesos ($ 1.215.659) m/cte, de asignación básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;
d) Para jueces grado 15, novecientos ochenta y ocho mil ochenta y cuatro pesos ($ 988.084) m/cte, de asignación básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;
e) Para procuradores delegados grado 22 y el director de la dirección nacional de investigaciones especiales grado 22, un millón seiscientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta pesos ($ 1.638.660) m/cte, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;
f) Para procuradores agrarios, procuradores departamentales, procuradores provinciales, del Distrito Capital de Bogotá grado 21, un millón quinientos diecisiete mil setecientos cincuenta y nueve pesos ($ 1.517.759) m/cte, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
PAR.—Los magistrados auxiliares y abogados asistentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; los magistrados del tribunal y sus fiscales grado 21 y los jueces de orden público cuya remuneración corresponda a la señalada para el grado 21, tendrán una remuneración mínima mensual de dos millones setecientos setenta y un mil setecientos setenta y ocho pesos ($ 2.771.778) m/cte. Esta remuneración se aplicará cuando la suma de la asignación básica y las primas mensuales sean inferiores a dicho valor.
ART. 13.—Los funcionarios y empleados a quienes se les aplica el presente decreto y que laboren ordinariamente en los departamentos creados en el artículo 309 de la Constitución Política, continuarán devengando una remuneración adicional correspondiente al ocho por ciento (8%) de la asignación básica mensual que les corresponda. Dicha remuneración se percibirá por cada mes completo de servicio.
ART. 14.—A partir del 1º de enero de 2004, los citadores que presten sus servicios en las corporaciones judiciales, incluidos los tribunales superiores y administrativos, juzgados penales, civiles, laborales, de familia, promiscuos de familia y juzgados de menores, Procuraduría General de la Nación y los asistentes sociales de los juzgados de menores, de familia y promiscuos de familia, tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:
a) Para ciudades de más de un millón de habitantes, cuarenta y un mil trescientos setenta y cinco pesos ($ 41.375) m/cte, mensuales;
b) Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes, veintiséis mil ochenta pesos ($ 26.080) m/cte, mensuales;
c) Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes dieciséis mil quinientos sesenta y seis pesos ($ 16.566) m/cte, mensuales.
ART. 15.—Los servidores públicos de que trata este decreto tendrán derecho a un auxilio de transporte en los mismos términos y cuantías que establezca el gobierno para los trabajadores particulares y empleados y trabajadores del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.
ART. 16.—A partir del 1º de enero de 2004, el subsidio de alimentación para empleados que perciban una asignación básica mensual no superior a la señalada para el grado 13 en la escala de que trata el artículo 4º de este decreto, será de treinta mil novecientos sesenta y siete pesos ($ 30.967) m/cte, pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente.
ART. 17.—La prima de antigüedad se continuará reconociendo y pagando de conformidad con las disposiciones que regulan la materia. A partir de la fecha de vigencia del presente decreto, el retiro del servicio por cualquier causa, salvo por destitución, no implica la pérdida de antigüedad que se hubiera alcanzado, ni del tiempo transcurrido para la causación del próximo porcentaje, cuando la persona reingrese al servicio de la rama judicial o Ministerio Público, dentro de un plazo que no exceda de veintisiete (27) meses, evento en el cual estarán sujetos para todo efecto al régimen establecido en el presente decreto y por consiguiente, no le es aplicable el régimen que de manera general rige obligatoriamente a las personas que ingresen a la rama judicial.
ART. 21.—Los conductores y choferes que laboran en los organismos a los cuales se les aplica el presente decreto, tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras en los mismos términos del artículo 4º del Decreto 244 de 1981 y del Decreto 1692 de 1996. En todo caso la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal.
ART. 24.—Las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar que no optaron por el régimen especial establecido en el desarrollo del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Así mismo, las disposiciones de que trata el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que no optaron por el régimen especial establecido en el Decreto 54 de 1993.
ART. 25.—El monto de las cotizaciones para el sistema general de pensiones de los magistrados y de los procuradores delegados ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Consejo de Estado que se encuentren en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, será el establecido para los senadores y representantes en el literal a) del artículo 6º del Decreto 1293 de 1994, calculado sobre el ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los magistrados, en el entendido que el 75% del aporte corresponderá al empleador y el 25% restante al servidor.
ART. 27.—Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
ART. 28.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 3568 de 2003 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2004.

References: ARTÍCULO 28
 artículo 28
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 309
 artículo 32
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 19