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Timestamp: 2020-04-01 08:46:59+00:00

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mayo 2019 – Página 2 – hay democracia?
Por ejemplo, ¿qué hacer con la falsa asamblea constituyente? Cómo lograr un equilibrio con contrapesos que dé garantías a las partes desde el TSJ y la AN?, Cómo organizar y preparar un proceso electoral complejo en medio de tanta desconfianza?
31 DE MAYO DE 2019 12:15 AM Una persona puede encontrarse privada de su libertad porque ha sido detenida o arrestada como presunto responsable de la comisión de un delito, o porque, en relación con ese delito, mediante una sentencia judicial, ha sido condenada a una pena privativa de libertad. A estas personas, por estar en prisión, tradicionalmente se les ha llamado “presos” pero, en el lenguaje revolucionario de la señora Iris Varela y sus camaradas, como si la semántica aliviara el hacinamiento carcelario y el sufrimiento de aquellos que se encuentran tras las rejas, ahora se les llama “privados de libertad”. Esta nueva denominación, además de ser una obviedad, tiene el inconveniente de que no permite distinguir entre quienes están tras las rejas en espera de juicio o en cumplimiento de una sentencia judicial, y quienes están privados de su libertad por razones totalmente ajenas a la comisión de un delito, como es el caso de los presos políticos, de quienes han sido detenidos y hoy se encuentran desaparecidos (como es el caso del diputado Zambrano), o de personas que, en contra de su voluntad, han sido internadas en una institución psiquiátrica o en un centro de salud, que también están “privados de libertad”, y sin muchas de las garantías legales que sí existen para los presos.
Menciono lo anterior porque, a través de la prensa, me acabo de enterar del caso de María “la Marrurra”, una cantaora de flamenco, nacida en Estados Unidos, enamorada de España y del flamenco, y cuya única familia eran sus padres, que quedaron atrás en su país natal y que periódicamente le enviaban dinero. Los vecinos de María se cansaron de sus excesos nocturnos, y la denunciaron, entre otras cosas, por su vestimenta estrafalaria y porque acumulaba mucha ropa en el piso. El resultado fue que, a los 73 años, a partir del informe de una trabajadora social, fue llevada a la fuerza a una residencia especializada en enfermos de alzheimer. Tomó varios días a sus amigos conocer su paradero y enterarse de que tenía restringidas las visitas. Cuando, finalmente, una amiga la pudo visitar, se abrazó a ella y, llorando desesperada, le decía que no estaba loca y que quería irse a su casa. Esta vez, el asunto terminó relativamente bien pues, un año después, el Tribunal Constitucional ordenó la inmediata puesta en libertad de la víctima en este caso. Pero ella estuvo privada de su libertad.
Un caso similar es el de un eminente intelectual español, ampliamente conocido por sus publicaciones, a quien tuve oportunidad de conocer y tratar, y a quien su esposa y uno de sus hijos le diagnosticaron alzheimer y, sin su consentimiento, lo encerraron en una institución privada. Este personaje ilustre, que también afirmaba estar en pleno uso de sus facultades mentales, y que quería irse a su casa, falleció hace un par de meses. ¿Quién determina si una persona padece alzheimer? En caso afirmativo, ¿quién decide su tratamiento? ¿Es el alzheimer una razón suficiente para que una persona sea privada de su libertad? Porque, si no hay garantías adecuadas para la libertad, el simple diagnóstico de un médico -o de una trabajadora social- podría ser fuente de abusos.
Lo mismo podría decirse de una persona que padezca una enfermedad infecciosa pues, probablemente, el bienestar general y la seguridad de todos requiere que esa persona sea internada. Pero tendrá que haber unas garantías mínimas a fin de demostrar la existencia de esos supuestos, cuya persistencia habrá que demostrar para mantenerla encerrada.
En la época de la antigua Unión Soviética fue una práctica frecuente que disidentes políticos perfectamente sanos, en vez de ser encarcelados, fueran enviados a instituciones para enfermos mentales, con lo que, además de desacreditarlos, humillarlos y someterlos a tratamientos psiquiátricos no consentidos y perjudiciales para su salud, se les mantenía privados de su libertad sin ninguna forma de juicio y en forma indefinida. En 1971, estos métodos fueron denunciados tanto por el renombrado científico Andréi Sájarov como por el disidente Vladimir Bukovski. En agosto de 2007, la BBC emitió un reportaje denunciando la misma práctica en la Federación Rusa. Pero el internamiento de una persona sana en una institución psiquiátrica no tiene, necesariamente, que ser parte de una política de Estado para perseguir y torturar a disidentes políticos; también podría ser el resultado de un informe suscrito por un médico inescrupuloso que, de acuerdo con la familia de la víctima, por razones económicas o de otro tipo, prive a ésta de su libertad.
Quienes estén privados de libertad, ya sea porque estén presos o porque estén sometidos a un tratamiento médico, tienen derecho a ser tratados con humanidad. Por supuesto, esto no tiene ninguna relevancia en un país en el que, desde hace dos décadas, ya no hay Estado de Derecho. Pero que se tenga presente para cuando recuperemos la democracia.
Fri, 31/05/2019 – 07:46
Guillermo A. Zurga’s blog
Viernes, 31 de Mayo de 2019 05:44
Algunos se afanan en autodenominarse como “radicales”, pero qué significa este término en verdad.
Un radical es una persona que no utiliza en su totalidad su capacidad de raciocinio, de análisis y menos reflexiona sobre sus actos como la del resto de personas que lo rodean.
Un radical es una persona que no acepta la divergencia, no que admite que los demás opinen diferente, que no le gusta debatir porque rechaza cualquier argumento que no sea el propio.
El radicalismo es el hermano del extremismo. Ser radical es no tener empatía con el resto, no reconocer los propios errores y creerse superior a los demás.
Radicales son los comunistas que matan por sus ansías de hegemonía a la libertad de pensamiento. Radicales son los fascistas que, al igual que los rojos, exterminaron a todo aquello que percibían como amenaza a su dogma político.
Radical es el fundamentalismo islámico que se inmola con el simple placer de eliminar a todo aquello que sea diferente a ellos y a sus creencias religiosas y sociales.
¡Señores! Venezuela no necesita más radicales, nos basta y nos sobra con el radicalismo marxista que se apoderó del Palacio de Miraflores y se empeña en sostener la usurpación sobre las penurias de millones de venezolanos.
No es hora de hombres o mujeres radicales. ¡No!
Es el momento de hombres y mujeres valientes, y esto significa que la corrección, que la humildad, que el reconocimiento del otro son factores esenciales. Uno no es valiente por la bravura de sus actos o discursos, uno es valiente cuando reconoce errores, cuando escucha críticas, cuando piensa antes de actuar y asume las consecuencias de sus acciones.
Prefiero un movimiento de ciudadanos valientes a uno de personas radicales. El radicalismo es sinónimo de desenfreno, irresponsabilidad, locura e improvisación, y el país está para lo diametralmente opuesto.
Como demócrata respeto a aquellos que optan por llamarse radicales, pero solo espero que esta definición sea simplemente un movimiento propagandístico y no una expresión real de un pensamiento político, porque de serlo sería catastrófico admitirlo.
Y aún peor sería que el calificativo de “radicales” sea empleado como una estrategia para socavar la imagen del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en un afán extemporáneo de “candidaturitis” o de “egoísmo insanos”.
A través de estas líneas llamo a la rectificación, no seamos radicales sino valientes. No seamos intolerantes sino compresivos. No allanemos el camino de la división sino que facilitemos la cohesión y el trabajo en equipo de quienes estamos luchando por el mismo objetivo: Un mejor mañana para Venezuela.
Haciendo más estruendoso el silencio
LA OPINIÓN DE Armando Martini Pietri@ArmandoMartini
31 DE MAYO DE 2019 12:11 AM Desde hace tres semanas los militares destacados en el Palacio Legislativo impiden el acceso de los periodistas a la sesión parlamentaria de la Asamblea Nacional y hay que preguntarse, no sin desconcierto, qué busca el régimen –qué ganan los obedientes y leales militares– con estos despliegues violatorios de la Constitución que juraron defender.
Si fuese como décadas atrás, cuando había que esperar horas para que los reporteros y camarógrafos llegaran a sus periódicos, emisoras y televisoras a redactar las notas para la edición del día siguiente o los noticiarios de la noche, podría uno entenderlo, retrasar, trabar la información, incluso enredar con versiones propias e interesadas.
Pero llevamos años en la era de la informática, grabaciones y transmisiones por Internet, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter y demás redes sociales, cuando los diputados, sus suplentes, asistentes pueden generar las informaciones que gusten o no al gobierno, rodear la sede legislativa con la prepotencia y soberbia de las armas, uniformes, cascos, escudos, el aparataje intimidante de los antimotines, no se entiende más allá de molestar o de hacer sentir esa chocante sensación de aquí estamos nosotros, los propios, los duros, los chévere y solo pasa quien nos dé la gana.
Debe existir alguna estrategia política, algún plan, pero francamente no se logra descifrar. El país está convulsionado por desabastecimiento de gasolina, dinero que cada día compra menos, pensionados que se quitan las camisas para demostrar hambre, falta de medicina, venezolanos que siguen buscando comida en las bolsas de basura, masas que ya no se dejan impresionar por los mensajes presidenciales aburridos, repetidos y engañosos, pero sí por el contraste entre millones de euros aprobados para material bélico mientras niños mueren por falta de atención, equipos e insumos en los hospitales.
Es inevitable la pregunta: ¿para qué?, ¿qué sentido tiene?, ¿qué cavilan los estrategas sociopolíticos y comunicacionales del régimen?, ¿una muralla de militares alrededor de la Asamblea Nacional hará olvidar los problemas, distraerá la atención de los molestos, generará admiración hacia Maduro?
Que no dejen pasar a los periodistas no significa que el público no se enterará de lo que discutan, se pondrán al corriente a través de las versiones personales de cada diputado opositor y, además, llamará la atención hacia esos parlamentarios, no los periodistas, o el Parlamento reconocido y legítimo, acosado, cercado, bloqueado, o sea, martirizado.
¿Es esa la recomendación de los expertos cubanos, iraníes, turcos y rusos? Asesoría por lo que se ve muy poco eficiente. Juan Guaidó, los diversos diputados, incluidos algunos que hasta no hace mucho eran desconocidos y silenciosos ignorados, crecen en conocimiento público. La impresión que da es que el régimen está desconcertado, vacilante, experimentando con patadas de ahogado que, como se sabe, suelen ser bastante inútiles.
No puede pretender –aunque parezca– el usurpador captar voluntades para convocar unas elecciones parlamentarias adelantadas, nadie va a ir conscientemente contra los victimizados que, repetimos, no son los profesionales de los medios de comunicación que de la prohibición sacarán titulares y notas, sino contra el victimizador. ¿Acaso no leen novelas, no ven telenovelas ni películas, los jerarcas castromaduristas? Los malos abusadores siempre pierden al final, el bien triunfa eternamente, ya no es solo cuando el presidente interino habla, es también cuando el régimen ocupa militarmente el centro de la capital cuando Guaidó en particular y la oposición en general suman los puntos que el gobierno blindado, equiparado y con protecciones pierde.
Por eso lo que tratan de callar suena más, la fuerza de un régimen no se ve tanto en el control como en el bienestar de los ciudadanos, y es allí, precisamente, donde está fallando el gobierno militarizado que trata de distraer. Pero el dolor del pueblo venezolano cada día empeora la crisis humanitaria y son muchos los ciudadanos afectados. El hambre y la angustia se entretienen poco tiempo con frases, duelen diariamente mañana, mediodía y noche.
Sin ninguna clase de explicación modificaron el Código Civil, concretamente el artículo 185 quedó derogado. ¿Y cuáles son las consecuencias?
31/05/2019 05:00 am
Cada vez que conversando se toca el tema del país, muchos afirman que vamos como el cangrejo, crustáceo muy conocido por su manera peculiar de ir hacia atrás. Hasta comentan, en chanza, hacen esfuerzos por comprar una mula, solípedo en extinción en Venezuela, para usarla, como antaño, de medio de transporte cuando ya sea casi imposible comprar gasolina.
Hay quienes califican al régimen de “Revolución Terrible” parafraseando al egregio Dr. Ángel Bernardo Viso, quien escribió un libro en el cual analiza las revoluciones de esa naturaleza.
El medio jurídico no es, en forma alguna, señalan connotados abogados del foro nacional, excepción a la revolución, porque las sentencias van y vienen con argumentos cambiantes que no permiten, a criterio de ellos, establecer una jurisprudencia adecuada, uniforme y mucho menos, garantizar una administración de justicia como la estipulada en el artículo 26 de la Constitución, que sea transparente, autónoma, idónea y demás calificativos.
En una de esas reuniones de leguleyos, como a veces se nos llama, uno de ellos indicaba que en materia civil no se estaba cumpliendo con lo pautado en el artículo 49 de la Carta Magna, allí se establece que el “debido proceso” se debe aplicar a todas las actuaciones tanto judiciales como administrativas, y de manera muy especial, refirió que la defensa y asistencia jurídica son inviolables en todo estado y grado de una causa, afirmando que se trata de un derecho humano.
Un colega, experto litigante en materia de familia, comenzó a comentar el desorden y los desaciertos que existen en los procesos judiciales donde se ventilan los temas de divorcio, que han dado al traste con el derecho a la defensa y el debido proceso.
Libreta en mano señaló: Sentencia 446 del 15/05/14, de la Sala Constitucional estableció la apertura de una articulación probatoria ante la negativa del demandado a separarse de su cónyuge; Sentencia 693 de fecha 02/06/15, misma Sala, indicó que las causales de divorcio no son sólo las que establece la ley; Sentencia 136 del 03/03/17, sede Constitucional, señaló que cuando uno de los cónyugues manifieste el desafecto para con el otro, es suficiente para que se decrete el divorcio sin contradictorio. Cerró la libreta donde tenía los datos, y lapidariamente dijo: Sin ninguna clase de explicación modificaron el Código Civil, concretamente el artículo 185 quedó derogado.
¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, cualquier cosa puede pasar, sobre todo en materia contractual. Por ejemplo, ya no quiero que seas mi inquilino, o no quiero continuar con la sociedad que tenemos. El argumento es el mismo que el del matrimonio, que era de orden público. La voluntad de una de las partes entonces será suficiente para terminar con las obligaciones contraídas, simplemente porque no le da la gana de continuar, de manera que dentro de poco nadie será responsable de las consecuencias de sus actos, y lo más grave, sin debido proceso, sin derecho a defenderse, como lo establece el artículo 49 constitucional: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Para muestra tienen al Contralor de la República con Guaidó, que por una sospecha, sin proceso alguno, lo inhabilitó por 15 años.
Hizo énfasis quien hablaba, que el Código de Procedimiento Civil, también reformado por esas sentencias en materia de Separación de Cuerpos y Divorcios, pues el artículo 755 ordenaba a los jueces no admitir una demanda sobre esos temas que no estuviese fundada en las causales señaladas en el artículo 185, judicialmente derogado. Vamos a ver cómo sigue evolucionado la jurisprudencia en revolución, afirmó.

References: artículo 185
 artículo 26
 artículo 49
 artículo 185
 artículo 49
 artículo 755
 artículo 185