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Timestamp: 2017-09-21 23:08:47+00:00

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UTILIDADES Y "CURIOSIDADES": 08-jun-2013
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán
creació n y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y
a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
1. La diginidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias
con España. En estos mismos países, aún cuando no reconozcan a sus ciudadanos un
23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado
o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales
militares para tiempos de guerra.
1. Se garantiza la libertad ideoló gica, religiosa y de culto de los individuos y las
de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos
obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las
diligencias policiales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata
puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley
se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto
Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho
al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la
información en virtud de resolución judicial.
no necesitará de autorización previa.
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y
defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra
ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a
utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí
mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no
se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según
la legislación vigente en aquel momento.
expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena
y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los
beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y
al desarrollo integral de su personalidad.
Se prohiben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las
programación general de la enseñanza, con participació n efectiva de todos los
sectores afectados y la creación de centros docentes.
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en
los términos que la ley establezca.
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y
a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar
confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad,
de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la
2. Los poderes públicos aseguran asimismo, la protección integral de los hijos,
iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera
que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que
equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial
y readaptación profesionales, velaran por la seguridad e higiene en el trabajo y
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y
prestaciones complementarias serán libres.
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes
que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal
sancionará los atentados contra este patrimonio.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación
e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute
de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca
vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar
su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que
se tutearán de acuerdo con lo previsto en el Artículo 161, 1, a)
Tribunales ordinarios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso
Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación
de los poderes públicos. Sólo podrán ser legados ante la Jurisdicción ordinaria de
derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de
la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20,
apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2,
sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido
anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado
apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con
las investigaciones correpondientes a la actuación de bandas armadas o elementos
1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el
funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado
Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su
comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán
siempre refrendados en la forma establecida en el Artículo 64, careciendo de validez sin
dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el Artículo 65.2.
Borbón, legitimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el
orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea
anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al mas remoto; en el
mismo grado,
el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de mas edad a la de menos.
3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la
sucesión en la Corona en la forma que mas convenga a los intereses de España.
excluidas en la sucesión a la Corona por si y sus descendientes.
5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el
orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.
La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales,
salvo lo dispuesto para la Regencia.
1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el
pariente mayor de edad mas próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido
en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la eje rcerá durante el
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada
por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey
nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo
nombraran las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de
autor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación
1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar
fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los
derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno, y en su caso, nombrarlo, así como
poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles
y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del
Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente de Gobierno.
3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y
1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por
los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno,
y la disolución prevista en el Artículo 99, serán refrendados por el Presidente del
1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento
de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
1. Las Cortes Generales representan al pueblo Español y están formadas por el Congreso
de los Diputados y el Senado.
1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de
una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
vincularán a las Cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y de un máximo de 400 Diputados,
2. La circunscripció n electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán
representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el numero total de
Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y
4. El Congreso es elegido por cuatro años, El mandato de los Diputados termina cuatro
años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
5. Son electores y elegibles todos los Españoles que estén en pleno uso de sus derechos
políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los
6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación
del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días
directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley
correspondiendo tres a cada una de las islas mayores - Gran Canaria, Mallorca y Tenerife
- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentara, Menorca,
5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro mas por cada
Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que aseguraran, en todo caso,
6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años
después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
Policía en activo.
sometida al control judicial en los términos que establezca la ley electoral.
1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en
2. Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozaran asimismo de
inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser
Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votació n final sobre su
totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un
Reglamento de la s Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.
1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el
primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la
Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las
determinado y serán clausuradas una vez que este haya sido agotado.
legislativas que el Título III atribuye expresamente a las Cortes Generales.
2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94,1; 145, 2, y 158, 2,
se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el
presentará un texto, que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación
de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier
momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido
objeto de esta delegación.
3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional,
las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales
1. El Congreso y el Senado, y en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar
Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés publico. Sus conclusiones
no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin
perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para
el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito,
quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está
obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.
veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su
facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso
de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los
poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunidas.
3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán
ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
1. Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con
asistencia de la mayoría de sus Miembros.
2. Dichos acuerdos para ser validos deberán ser aprobados por la mayoría de los
leyes orgánicas y las que para elecció n de personas establezcan los Reglamentos de las
Las sesiones plenarias de las Cámaras serán publicas, salvo acuerdo en contrario de cada
Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las
libertades publicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral
1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con
rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.
2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto
sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir
varios textos legales en uno solo.
3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia
concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que
de ella haga al Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá
entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá
permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se
refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera
formalicen de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los
legislativa en vigor, el Gobierno esta facultado para oponerse a su tramitación. En tal
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones
legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y
libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las
Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general.
3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos como
proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de
1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulara por los Reglamentos de las
2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el Artículo 87 tome en consideració n el
Senado, se remitirán al Congreso para su tramite en este como tal proposición.
1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su
Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá
a la deliberación de éste.
2. El Senado, en el plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto, puede,
mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto
deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para
sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto
3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se
reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno
o por el Congreso de los Diputados.
El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales,
y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya
a una organizació n o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la
Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la
garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los
convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos
y deberes fundamentales establecidos en el Título primero.
e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan
1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la
Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
para que declare si existe o no esa contradicción.
1. Los tratados internacionales validamente celebrados, una vez publicados oficialmente
en España, formaran parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser
derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de
acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.
defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con
1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los
miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las
propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función publica que no derive de su
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos
constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes
designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del
Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el
Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y
solicitara la confianza de la Cámara.
otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse
dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas
después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría
ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas
Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta
1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de perdida de
la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será
exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traició n o por cualquier delito contra la seguridad del Estado
en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte
de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente
1. La Administración Publica sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función publica
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como
misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos
asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica
Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquella s, la
información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera
preguntas que se le formulen en las Cámaras, Para esta clase de debate los Reglamentos
2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear
ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una
declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor
de la misma la mayoría simple de los Diputados.
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno
mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su
presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán
presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.
1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey,
procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobie rno presentará su dimisión al
Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la
1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su
exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las
Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha
2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en tramite una moción de
3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo
1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las
Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de
los Diputados, reunido inmediatamente el efecto y sin cuya autorización no podrá ser
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en
Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización
y proclamación del Estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del
mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de
treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinara su ámbito
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de
los estados comprendidos en el presente Artículo, quedando automáticamente convocadas
las Cámaras si no estuvieren en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de
los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la
vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere
alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias
del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el
principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la
jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán mas funciones que las señaladas en el apartado
anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de
los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito
estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios
Tribunales, así como prestar la colaboració n requerida por estos en el curso del proceso y
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes
1. Las actuaciones judiciales serán publicas, con las excepciones que prevean las leyes de
orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y
sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal
Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo
de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías
de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría
de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida
competencia y con mas de quince años de ejercicio en su profesión.
2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene
por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de
los ciudadanos y del interés publico tutelado por la ley, de oficio o a petición de los
interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la
satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los
principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso,
a los de legalidad e imparcialidad.
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de
Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos
penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus
funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente,
en los términos que la ley establezca.
1. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no
podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces,
2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial,
que deberá asegurar la total independencia de los mismos.
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad esta
2. Se reconoce la iniciativa publica en la actividad económica. Mediante ley se podrá
reservar al sector publico recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de
monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el
1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social
y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad
de la vida o al bienestar general.
También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad
1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores
económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la
2. Con el mismo fin, se dispensara un tratamiento especial a las zonas de montaña.
1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a
las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y
estimular el crecimie nto de la renta y de la riqueza y su mas justa distribución.
2. El Gobierno elaborara los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones
que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y
colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y
desarrollaran por ley.
1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio publico y de los
2. Son bienes de dominio publico estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona
marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir
4. Las administraciones publicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar
gastos de acuerdo con las leyes.
1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a
las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.
2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de
los gastos e ingresos del sector publico estatal y en ellos se consignará el importe de los
beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
4. Si la ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del
ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, sólo el Gobierno podrá presentar
proyectos de ley que impliquen aumento del gasto publico o disminución de los ingresos
6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de
los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
7. La ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley
tributaria sustantiva así lo prevea.
1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Publica o contraer
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Publica del
1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión
económica del Estado, así como del sector publico. Dependerá directamente de las Cortes
Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación
de la Cuenta General del Estado.
2. Las cuentas del Estado y del sector publico estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y
serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción,
remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará
las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión
de sus respectivos intereses.
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el
Artículo 2. de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio
económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio Español, y atendiendo
en particular a las circunstancias del hecho insular.
1. Todos los Españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la
libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad
elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y
secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales
o por los vecinos. La ley regulara las condiciones en las que proceda el régimen del
1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la
agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del
Estado. Cualquier alteració n de los limites provinciales habrá de ser aprobada por las
Cortes Generales mediante ley orgánica.
2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a
Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de
Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de
las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán
22º. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás
10º. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11º. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del
12º. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13º. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14º. Hacienda general y Deuda del Estado.
15º. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
16º. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre
17º. Legislación Básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la
18º. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones publicas y del régimen
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones publicas.
19º. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se
atribuyan a las Comunidades Autónomas.
20º. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales
aéreo, transito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
21º. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de
22º. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos
cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de
las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el
transporte de energía salga de su ámbito territorial.
23º. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las
protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías
24º. Obras publicas de interés general o cuya realización afecte a mas de una Comunidad
25º. Bases del régimen minero y energético.
26º. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
27º. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los
medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y
28º. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental Español contra la
29º. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las
30º. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del Artículo 27 de la
Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
31º. Estadística para fines estatales.
2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el
Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará
comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
corresponderá al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las
1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a
alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para si mismas, normas
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la
2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley
orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia
correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que
se reserve el Estado.
3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar
las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias
atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a
las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta
1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2
del Artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del
plazo del Artículo 143, 2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares
correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las
provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada
una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo
mayoría absoluta de los electores de cada provincia , en los términos que establezca una
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del
Estatuto será el siguiente:
1º. El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las
2º. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la
Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo
examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente
para determinar de común acuerdo su formalicen definitiva.
3º. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del
4º. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos
validamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras
decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo
5º. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2º. de este numero, el proyecto
de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto
aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias
comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado
por la mayoría de los votos validamente emitidos en cada provincia, procederá su
3. En los casos de los párrafos 4º. y 5º. del apartado anterior, la no aprobación del
proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las
restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley
orgánica prevista en el apartado 1 de este Artículo.
1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el Artículo anterior, la
organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa elegida por
sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure,
además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno
con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente, elegido por la Asamblea de
entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo
de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del
Estado en aquella. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán
políticamente responsables ante la Asamblea. Un tribunal Superior de Justicia, sin
perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la
organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos
de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de
participación de aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio.
Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley independencia de éste. Sin perjuicio de
lo dispuesto en el Artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se
agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad
Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.
2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser
modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los
electores inscritos en los censos correspondientes.
3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer
circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica.
a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones
b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones
delegadas a que se refiere el apartado 2 del Artículo 150.
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus
Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la administración del Estado en el
territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras
leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de
España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y,
en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá
1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y
ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la
Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los Españoles.
2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del
Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquel,
de acuerdo con las leyes y los Estatutos.
a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos
estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
c) Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con
2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias
sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre
circulación de mercancías o servicios.
3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras
enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que
pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades
1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las
Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales
que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios
públicos fundamentales en todo el territorio Español.
2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el
principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos
de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las
Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de
ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros;
cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos
a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y
Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas
de reconocida competencia con mas de quince años de ejercicio profesional.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve
años y se renovarán por terceras partes cada tres.
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo
mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de
funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de
los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal; y con cualquier actividad
profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán
las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el
ejercicio de su mandato.
El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a
propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres años.
competente para conocer.
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza
de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley,
interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el
Artículo 53,2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de
los de estas entre sí.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y
resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación
producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su
caso, deberá ratific arla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el
Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados
ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un
interés legitimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley,
aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución,
planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con
los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del
Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir
del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que
que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a
2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte
no afectada por la inconstitucionalidad.
Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de
sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las
La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los
apartados 1 y 2 del Artículo 87.
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres
quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará
obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y
Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y
siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del
Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su
ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación,
una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al
Título Preliminar, al Capitulo II, Sección primera del Título primero, o al Título II, se
procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la
disolución inmediata de las Cortes.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto
constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno
de los estados previstos en el Artículo 116.
Disponibles adicionales
La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco
de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
La declaración de mayoría de edad contenida en el Artículo 12 de esta Constitución no
perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho
La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá
informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional
En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede mas de una Audiencia Territorial,
los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las
competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del
poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este.
En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos
colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus
miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del Artículo 143 atribuye a las
Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.
Los territorios que en el pasado hubiesen plesbicitado afirmativamente proyectos de
Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con
regímenes provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la forma que
se prevé en el apartado 2 del Artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta,
sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El
proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el Artículo 151,
número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.
La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus
miembros, prevista en el apartado 2 del Artículo 143, se entiende diferida, con todos sus
efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la
1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al
régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el Artículo 143
de la Constitución, la iniciativa corresponde al Organo Foral competente, el cual adoptará
su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha
iniciativa será preciso, además, que la decisión del Organo Foral competente sea
ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de
los votos válidos emitidos.
2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto
periodo de mandato del Organo Foral competente, y en todo caso cuando haya
transcurrido el plazo mínimo que establece el Artículo 143.
Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo
deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría
absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley
orgánica, en los términos previstos en el Artículo 144.
Cuando se remitieran a la Comisión de Constitución del Congreso varios proyectos de
estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquella, y el plazo de dos meses a que
se refiere el Artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del
proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.
Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes
b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por
no cumplir los requisitos previstos en el Artículo 143.
transitoria primera en el plazo de tres años.
1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en
vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente,
para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda mas allá del
15 de junio de 1981.
2. A los efectos de lo establecido en el Artículo 99, la promulgación de la Constitución se
considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a
partir de la citada promulgación se abrirá un periodo de treinta días para la aplicación de
lo dispuesto en dicho Artículo. Durante este periodo, el actual Presidente del Gobierno,
que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución,
podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el Artículo 115 o dar paso, mediante
la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el Artículo 99, quedando en este último
caso en la situación prevista en el apartado 2 del Artículo 101.
3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 115 y si no se hubiera
desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las
elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo
referente a ineligibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el
inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del Artículo 70 de la Constitución, así como
lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el Artículo
miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos
efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos
designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el
Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros
tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se
estará a lo establecido en el numero 3 del Artículo 159.
1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en
tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada ley, la de
Principios Fundamentales del Movimiento de 17 de mayo de 1958, el Fuero de los
Españoles de 17 de julio de 1945, el del Trabajo de 9 de marzo de 1938, la Ley
Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942, la Ley de Sucesión en la Jefatura del
Estado de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado de
10 de enero de 1967 y en los mismos términos esta ultima y la de Referéndum Nacional
de 22 de octubre de 1945.
2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente
derogado el Real Decreto de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las
provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera
3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta
Esta Constitució n entrara en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el
Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.
Publicado por pedro jose zaragoza lopez en 18:41 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
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References: resolución 
 Artículo 161
 artículo 37
 artículo 17
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 99
 Artículo 87

Artículo 2
 Artículo 27
 Artículo 148
 Artículo 143
 Artículo 123
 Artículo 150

Artículo 53
 resolución 
 Artículo 87
 Artículo 116
 Artículo 12
 Artículo 143
 Artículo 148
 Artículo 151
 Artículo 143
 Artículo 143
 Artículo 143
 Artículo 144
 Artículo 151
 Artículo 143
 Artículo 99
 Artículo 115
 Artículo 99
 Artículo 101
 Artículo 115
 Artículo 70
 Artículo 159
 Real Decreto