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Timestamp: 2019-12-05 14:56:13+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 320, de 09/09/1998
Año 1998 VI Legislatura Comisiones. Núm. 320
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JUAN MOYA SANABRIA
celebrada el miércoles, 9 de septiembre de 1998
--Designar Ponencia, o en su caso dictaminar, la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por la que se suprimen las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y se rebajan las penas de inhabilitación para dichos supuestos (Número de expediente 624/000018).
--Designar, en su caso, Ponencia que informe la Proposición de Ley de modificación del artículo 14, apartados primero y tercero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Número de expediente 624/000017).
--Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de un mes se equipare el Juzgado de Paz de Formentera (Illes Balears), con aquellos situados en poblaciones con más de siete mil habitantes y se le dote de la plantilla necesaria y, en el plazo de seis meses, se realice un estudio, con la colaboración del sector de la Justicia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, a fin de valorar la creación de un partido judicial propio para Formentera y la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la isla (Número de expediente 661/000097).
Señorías, buenos días. En nombre de la Mesa y en el mío propio doy la bienvenida a todas sus señorías a este nuevo período de sesiones, esperando que la etapa estival haya sido de descanso para todos.
Ruego al señor Letrado proceda a la comprobación de los señores Senadores presentes y representados.
Por el señor Letrado se procede a la comprobación de los señores Senadores presentes y representados.
El señor PRESIDENTE: El acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de junio, ha sido distribuida a los señores portavoces por lo que, si la Comisión está de acuerdo, puede omitirse su lectura. ¿Podemos darla por aprobada? (Pausa.) Se aprueba por asentimiento y así consta.
--DESIGNAR PONENCIA O, EN SU CASO, DICTAMINAR LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL, POR LA QUE SE SUPRIMEN LAS PENAS DE PRISION Y MULTA PARA LOS SUPUESTOS DE NO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA Y SE REBAJAN LAS PENAS DE INHABILITACION PARA DICHOS SUPUESTOS (624/000018).
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la designación de Ponencia o, en su caso, emisión del dictamen en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por la que se suprimen las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y se rebajan las penas de inhabilitación para dichos supuestos.
Esta proposición de ley se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, por lo que tiene que ser necesariamente incluida en el orden del día del próximo Pleno del Senado, que dará comienzo, como todos saben, el próximo día 15. En consecuencia, propongo a la Comisión que se omita en este caso la designación de Ponencia y se pase a dictaminar directamente la proposición de ley. ¿Hay algún inconveniente? (Pausa.) ¿Está de acuerdo la Comisión? (Pausa.) ¿Lo hacemos de esta forma? (Asentimiento.) Entramos en la discusión de la proposición de ley y, al no haber informe de la Ponencia, lo que procede es debatir y votar las enmiendas antes de que se lleve a cabo la votación del texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Se han presentado en total, como sus señorías sabrán, 27 enmiendas: 8 del señor Román Clemente, 6 de la Senadora De Boneta y Piedra, 6 conjuntamente por el Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Costa Serra, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 6 del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado una corrección de errores de su enmienda, mediante la cual donde dice: «... artículo 2.º de esta Ley no juzgadas...» debe leerse «... artículo 2.º de esta Ley y juzgadas...». ¿Es así? (Pausa.) Después de la defensa de cada grupo de enmiendas, daremos un turno en contra y se producirá la intervención de los distintos grupos parlamentarios. Este turno podrá efectuarse, si así lo desean los portavoces, al finalizar la defensa de las enmiendas.
Entramos en la defensa de las enmiendas. El portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Senador Zubia, ha solicitado intervenir en primer lugar por tener que ausentarse y asistir a la Junta de Portavoces. ¿Hay inconveniente por parte del resto de los grupos? (Pausa.) En ese caso, tiene la palabra el Senador Zubia.
Señorías, gracias por posibilitar mi presencia en la Junta de Portavoces.
Mi grupo sólo ha presentado una enmienda a esta proposición de ley, que en este momento doy por defendida en sus justos términos, bien entendido, por supuesto, que en esa expresión de «en sus justos términos» se incluye la corrección de errores que ha sido leída por el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zubia.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero manifestar nuestra oposición a la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Entendemos que, de aceptarse, ello vulneraría el principio del juez predeterminado por la Ley, el principio constitucional, y en ese sentido la rechazaríamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iribas.
Las siguientes enmiendas son las números 1 a 8, del Senador Román Clemente; números 9 a 14, de la Senadora De Boneta y Piedra y número 16 a 21, del Senador Nieto Cicuéndez.
Para su defensa tiene la palabra la Senadora Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.
Pasaré a defender conjuntamente la totalidad de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, las enmiendas números 1 a 8, del Senador José Fermín Román Clemente, las damos por defendidas en sus justos términos, así como las enmiendas números 9 a 14 de la Senadora De Boneta y Piedra. Paso, en consecuencia, a defender las enmiendas números 16 a 21, presentadas por esta Senadora junto con el compañero del Grupo Mixto José Nieto.
Queremos decir en primer lugar que la proposición de ley orgánica que estamos debatiendo tiene como objetivo modificar el Código Penal, en definitiva, suprimir las penas de prisión y de multa para los supuestos de insumisión y rebajar las penas de inhabilitación para estos casos, y con nuestras enmiendas lo que pretendemos es precisamente eliminar y suprimir totalmente la penalización de estas conductas. Entendemos que la rebaja a la que se refiere la proposición de ley orgánica es del todo inadmisible, porque lo que se está haciendo es reconocer que estas conductas no tendrían que estar penalizadas ni castigadas, pero no se elimina totalmente esta penalización ni se suprimen estas penas que, aunque no sean de prisión, siguen estando tipificadas en el Código Penal y, por tanto, se siguen aplicando estas penas de inhabilitación.
Entendemos, como decía, que lo que se hace es reconocer que estas conductas no tendrían que estar castigadas por lo menos con la gravedad con la que lo estaban hasta el momento pero, por otra parte, tampoco se suprimen dichas penas. Creemos que esto pone de manifiesto la hipocresía con la que está tratada esta reforma, hipocresía en el sentido de que no existe reproche social alguno, no existe alarma social alguna que justifique la tipificación, todavía, de estas conductas en nuestro Código Penal.
Por tanto, tampoco nos sirve el que se intenten sustituir o que se intenten paliar estos efectos con la concesión de indultos, por cuanto los indultos tienen que ser concedidos de forma individual y tienen que ser estudiados caso por caso, y en estas conductas lo que se está pidiendo es que no se criminalice una decisión, un derecho totalmente personal de cada uno de estos jóvenes que optan por no hacer el servicio militar o la prestación sustitutoria, y más aún teniendo en cuenta que ya se ha anunciado una decisión política como es la supresión del servicio militar obligatorio, por lo que no tiene sentido alguno que en la actualidad se mantenga la penalización de estas conductas de una forma transitoria. Se dice: «No, esto dentro de un par de años deja de ser delito pero, de momento, nosotros lo seguimos considerando delito y, además, le aplicamos estas penas.» Como decía antes, yo creo que esta argumentación no se sostiene ni jurídicamente ni éticamente, porque se está criminalizando una serie de actuaciones que no sólo no tienen reproche social alguno, sino que incluso es de todos sabido que jueces y fiscales se ven en la tesitura de, por una parte, aplicar un Código o una norma no solamente injusta, porque ya ha sido proclamada la supresión de estas penas relacionadas con estas conductas en un par de años, y, por otra parte, también tienen que aplicar, como es su obligación, una ley que entendemos que a estas alturas no tiene ningún sentido seguir manteniendo. Decía que tampoco se sostiene jurídicamente por cuanto entendemos que el anuncio de la supresión del servicio militar obligatorio y, actualmente, la penalización de estas conductas es una contradicción incluso jurídica que no puede sostenerse.
Es por todo ello por lo que se mantienen las enmiendas presentadas por esta Senadora junto con el compañero del Grupo Mixto José Nieto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Costa.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: En nombre del Grupo Parlamentario Popular me posiciono en contra de todas las enmiendas. Con respecto a aquellas que han sido defendidas en sus propios términos he de señalar que las mismas no vienen sino a mantener las posiciones que se habían visto en la Cámara Baja y, evidentemente, nuestra postura está en coherencia con la que tuvimos también en el Congreso de los Diputados ante idénticos planteamientos.
Por otra parte, vienen a coincidir en algunas cuestiones sustancialmente con las enmiendas que ha defendido ya con explicación prolija la Senadora enmendante, y lo que sí hay que señalar es que partimos de criterios radicalmente diversos. Sí quiero traer a colación cómo en el Congreso de los Diputados --por parte creo recordar que de todos los grupos-- se manifestó que suponía un importante avance aunque para algunos no era el avance ideal o no era el avance suficiente, pero sí se destacó que era un avance importante el que se llevaría a cabo con la supresión de las penas de prisión y multa y con la rebaja de las penas de inhabilitación para los supuestos que contemplamos. Nosotros entendemos que el deber que estamos tratando es exigible con carácter permanente mientras que no se hayan profesionalizado las Fuerzas Armadas, es decir, no se trata de un deber transitorio, sino de un deber que, hoy por hoy, es permanente hasta que haya otro que, a su vez, cuando empiece a regir, será también permanente. Por lo tanto, no se trata de que se establezcan penas transitorias, se establecen penas para el momento en que hay una ley vigente, y, en el momento en que deje de estar vigente, obviamente al no haber incumplimiento no podrá haber pena, pero no hay, insisto, una pena transitoria.
Por otra parte, entendemos que para que el deber sea un deber jurídico que incluso tenga efectividad debe contar con una ley que, de alguna manera, disuada del incumplimiento y que no se convierta en una mera declaración de intenciones o cumplimientos morales. Las tesis que se han mantenido por parte de la Senadora enmendante nos llevarían, por ejemplo, a cuestiones de objeción fiscal, que también se están planteando por parte de los colectivos cuyas tesis se vienen a sostener por parte de la Senadora Costa y, en definitiva, nosotros entendemos que, de acuerdo con la valoración social y de acuerdo con la situación clara de que, en efecto, las Fuerzas Armadas van a cambiar su configuración y su estructura en unos años próximos, lo que tenía que producirse es la supresión de las penas de prisión y multa y la reducción de las penas de inhabilitación, por lo que, efectivamente, debe imponerse una sanción a quienes incumplen, sanción que entendemos que es proporcionada y debe imponerse en los términos propuestos.
Enmiendas números 22 a 27, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Senador Varela.
Hace tres años aprobábamos el Código Penal que tipifica las conductas de incumplimiento del deber constitucional de servicio militar para quienes no plantean objeción de conciencia en forma y el incumplimiento del deber sustitutorio de la prestación social, y lo aprobábamos por una amplísima mayoría. Hoy, todos los grupos coincidimos en la necesidad de introducir modificaciones en este Código Penal --y aquí radica la diferencia entre unos grupos y otros-- para reducir las penas o suprimir los tipos penales que las originan, dejando tales conductas sin ninguna sanción por algunos grupos parlamentarios o reconduciéndola al derecho administrativo sancionador en el caso del Grupo Socialista. Sin embargo, esta coincidencia en reducir o suprimir las sanciones por el incumplimiento de estos deberes legales no es el fruto --entendemos nosotros-- de un cambio de criterio con respecto a las posturas mantenidas en 1995 acerca de determinadas conductas, sino que se trata de una adaptación lógica y necesaria a la nueva situación creada por el anuncio del Gobierno de suprimir el servicio militar obligatorio, hecho en 1996, y a los pasos dados en esa dirección posteriormente por las Cortes Generales. Desde entonces se ha creado una Comisión Mixta para el estudio de la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la supresión del servicio militar. El dictamen de esta Comisión Mixta Congreso-Senado, aprobado recientemente por ambas Cámaras, establece como objetivo ineludible la total profesionalización de las Fuerzas Armadas para una fecha fija, el 31 de diciembre del año 2002. Además, la considera un plazo máximo, puesto que el propio dictamen manifiesta la necesidad de lograr esta meta en el plazo más breve posible. Es decir, si el plazo máximo es de cuatro años, es muy posible que quede reducido, no sé si a la mitad, pero sí a un plazo que ronda mucho esta cifra. Por ello, además del servicio militar obligatorio, también desaparece la prestación social sustitutoria, y, por tanto, ya no habrá ninguna conducta punible. Además, en el proceso de profesionalización progresiva y reducción simultánea de nuestros efectivos militares, el contingente de jóvenes incorporados efectivamente a filas es cada vez más reducido. Todo ello hace que la sociedad perciba que estas obligaciones se acaban ya, y por ello el reproche social es cada día menor.
Nosotros hemos presentado unas enmiendas que derivan de las propuestas por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, las cuales, a su vez, derivan de la proposición de ley presentada en su día por el Grupo Parlamentario Socialista; son la transcripción de esa proposición de ley que nosotros, en el trámite del Senado, hemos adaptado para que tengan cabida en la nueva Ley de regulación de la Objeción de Conciencia y la Prestación Social Sustitutoria que entró en vigor a principios de este verano.
Estas enmiendas pretenden algo muy importante: la despenalización de los delitos que hasta ahora estaban tipificados y que constituían ese grupo denominado insumisión, tanto al servicio militar obligatorio como a la prestación social sustitutoria. Nos parece que, si bien es necesaria la protección de un bien jurídico que todavía sigue estando vigente, y que va a seguir estándolo durante unos cuantos años, el rechazo social que corresponde a estas conductas no debe contemplarse dentro del Código Penal, porque en estos momentos sería una medida desproporcionada.
Actualmente, la sociedad española no percibe con la imperiosidad de hace unos cuantos años la necesidad de la incorporación obligatoria a filas o a la prestación social sustitutoria de todos los jóvenes; ya no existe esa universalidad, puesto que son muchos los que se libran del servicio militar, porque cada vez son menos los llamados a filas y cada vez lo serán menos en los próximos años. Por tanto, el reproche ya no es tan grande, si bien es necesario mantener una sanción para estas conductas, puesto que todavía las necesidades de la Defensa hacen precisa la incorporación de un determinado contingente todos los años y, por tanto, también el deber del cumplimiento de la prestación social sustitutoria para aquellos que se acogen al derecho constitucional de objetar al servicio militar obligatorio.
Por tanto, nosotros, que creemos que el Derecho Penal es la última «ratio» y que creemos en el principio de intervención mínima de las leyes penales, consideramos que la sanción a estas conductas, que todavía se debe de mantener hasta que desaparezca el servicio militar obligatorio, debe llevarse a cabo utilizando la figura de la tutela sancionadora, de la potestad sancionadora que tiene la Administración.
Si el procedimiento administrativo es el adecuado, existen todas las garantías para los interesados en cuanto a la aplicación correcta de la norma y, además, siempre es recurrible en vía de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por tanto, no se produce ninguna lesión, no se menoscaba ninguna garantía al hacer residenciar la potestad sancionadora en las autoridades administrativas en lugar de llevar a los interesados ante un Tribunal de lo Penal, es decir, sentarlos en el banquillo, que tiene siempre una carga superior a cualquier otro tipo de sanción, aunque sea la misma, de carácter administrativo.
En este sentido, se mantienen nuestras enmiendas que afectan a la nueva Ley de regulación de la Objeción de Conciencia y Prestación Social Sustitutoria --artículos 17 y 18-- y, también, a la Ley 13/1991 del Servicio Militar Obligatorio. Nos parece que deberían haberse tenido en cuenta en su trámite en el Congreso de los Diputados y tenemos escasa esperanza de que vayan a ser consideradas en su trámite en el Senado.
Aprovecho este turno de palabra para posicionarme con respecto a las enmiendas de los demás grupos parlamentarios, si procede.
El señor PRESIDENTE: Posteriormente, habrá un turno de portavoces.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Gracias, señor Presidente.
Es satisfactorio escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista --como se había venido manifestando en el trámite del Congreso-- que son unas conductas que deben ser sancionadas y las razones por las que deben serlo; es satisfactorio también coincidir en la penalización que sufre quien infringe; lo único en lo que no coincidimos es en la calificación.
Es decir, lo que el Grupo Parlamentario Popular plantea es tipificar como delito la sanción de una pena prevista en el Código Penal como grave, y lo que pretende el Grupo Parlamentario Socialista es que una pena que está prevista en el Código Penal como grave se llame sanción y se tramite por el procedimiento de las sanciones administrativas, pero con el mismo importe penalizador. Es decir, hablando en términos coloquiales, se le llame cinco pesetas o un duro, al final el castigo es el mismo, aunque es verdad que desde el punto de vista eufemístico o incluso formal ese planteamiento que se hace puede tener juego.
Nosotros, compartiendo con el Grupo Parlamentario Socialista que tales infracciones de la ley deben ser castigadas, coincidiendo con los argumentos por los que deben serlo y entendiendo también que hay una serie de razones que motivan que todos los grupos que tramitamos la proposición de ley hayamos planteado la supresión de la pena de prisión, la supresión de la pena de multa y una rebaja importante --a la mitad-- de la otra pena que se preveía, no podemos compartir que, aunque tengan la misma cuantía penalizadora --por decirlo de alguna manera--, se tipifiquen como sanciones administrativas, porque estamos convencidos de que eso perjudica las garantías de los administrados --de alguna manera el Senador socialista se ha puesto la venda antes de la herida--, que sólo pueden acudir a la vía judicial, lógicamente, en revisión y en aquellos casos en los que tengan la iniciativa, los medios, las posibilidades o los planteamientos de hacerlo, y que se ven afectados por una decisión de la Administración, incluso en materias que pueden constituir una privación del ejercicio de un derecho fundamental.
Entendemos que es bastante dudoso que la Administración pueda imponer sanciones que priven de un derecho fundamental como es el de acceder o mantenerse en cargos públicos, contemplado en el artículo 23 de la Constitución.
También entendemos que se puede contravenir la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General porque, según el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista, un órgano meramente administrativo podría imponer como sanción la privación del derecho de sufragio pasivo, lo cual contravendría la normativa vigente.
En definitiva, creemos que el hecho de que se llamen y estén tipificadas dentro del Código Penal, siendo de idéntica cuantía que las que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, no sólo no perjudica sino que beneficia los derechos de los administrados, les da más garantías e, incluso, más posibilidades, a tenor de cómo se plantean determinadas cuestiones como la tipicidad, la personalidad e, incluso, la existencia de determinadas atenuantes que en el Código Penal vigente y en la aplicación del mismo tienen plena virtualidad, y que en cuanto al procedimiento sancionador administrativo son en ocasiones de menor aplicación, no sólo doctrinal sino jurisprudencial.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Tiene la palabra la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Quiero adelantar que nos abstendremos respecto a las enmiendas presentadas, en este caso, por el Grupo Parlamentario Socialista, porque si bien es cierto que no compartimos el fondo de la argumentación aquí expuesta por el portavoz de dicho grupo en cuanto al contenido y a mantener las sanciones que ha expuesto, sí creemos que sería un paso adelante el que dichas conductas no estuvieran tipificadas en el Código Penal y, por tanto, se pasara al ámbito administrativo; pero, como decimos, si bien entendemos que sería un paso adelante porque se dejaría de criminalizar estas conductas, no compartimos el que tengan que ser merecedoras de una sanción.
Por último, de ningún modo podemos compartir el que se diga que, al final, lo único que importa es el contenido de la sanción, que, bien sea por la vía administrativa o por la penal, la cuantía es la misma --como creo recordar que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- y que, por tanto, tampoco hay mucha diferencia entre que se castigue por vía penal o por vía administrativa. Quiero pensar que esto es más bien un lapsus, porque creo que en un Estado social y democrático de Derecho no nos podemos plantear el que sea lo mismo que una conducta sea castigada por vía penal o por vía administrativa, porque ya se ha dicho hasta la saciedad que el Derecho penal tiene que intervenir de forma mínima, tiene que ser la última «ratio», pero esto no se puede quedar sólo en un discurso formal sino que, efectivamente, en un Estado social y democrático de Derecho el Derecho penal tiene que intervenir de forma mínima para los casos más graves, y éste no es el caso de las conductas que aquí se siguen tipificando y que estamos debatiendo hoy.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Costa.
En definitiva, quiero puntualizar que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha venido defendiendo, ya con motivo del debate del Código Penal, la abolición de las penas de prisión para los insumisos. No se logró en aquella ocasión pero, evidentemente, no fue por decisión de nuestro grupo.
La iniciativa que hoy debatimos aquí --y a la que se suma nuestro grupo parlamentario-- tiene un denominador común, que es el de acabar con las penas de prisión, dando, además, un carácter mínimo disuasorio a su regulación durante este período transitorio hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Entendemos que su regulación penal representa, así, una mayor garantía que si la regulación fuera únicamente administrativa, tal como se propone por el Grupo Parlamentario Socialista, a través de las enmiendas presentadas por el Senador Varela.
Además, con dicha proposición de ley se pretende la sustitución de las penas de inhabilitación absoluta por unas inhabilitaciones especiales, con una reducción muy considerable de la duración de las mismas contempladas en el Código Penal.
El planteamiento de esta proposición de ley, a la que nosotros vamos a votar favorablemente, encaja dentro del parámetro del conjunto de los países de Europa, está completamente ajustado a la realidad y demanda social del momento y, en coherencia con nuestra posición mantenida en el Congreso, vamos a votar de modo favorable, y no podemos apoyar las enmiendas presentadas en este acto por los demás grupos parlamentarios precisamente con el objeto de lograr una pronta aprobación de esta proposición de ley, su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y una pronta práctica de la misma, con el fin de que los que están cumpliendo condenas en prisiones puedan salir de inmediato.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA FLORES: En primer lugar, quiero anunciar que nosotros apoyaremos las enmiendas defendidas por la señora Costa números 16, 17 y 19 porque van en el sentido que nosotros consideramos que es el objetivo prioritario --la despenalización de estas conductas y la supresión de las penas de privación de libertad y de multa--, y nos abstendremos en las otras tres.
Por otro lado, dejaremos para el Pleno, si en su caso son defendidas, nuestro posicionamiento con respecto a las enmiendas de Izquierda Unida y de Eusko Alkartasuna.
También quiero manifestar que no apoyaremos la enmienda defendida aquí por el portavoz del PNV porque me parece que introduce un elemento que no es propio de esta ley, como es la objeción de conciencia sobrevenida o el rechazo a la prestación del servicio militar cuando ya se está en filas, y que me parece que debe tener un tratamiento sancionador muy específico, contemplado ya en las leyes que regulan el funcionamiento de las instituciones militares.
Quiero aprovechar para incidir en el mismo sentido en que lo ha hecho también la señora Costa con respecto a que aunque la pena o sanción establecida coincida, no es lo mismo ser sancionado mediante una sanción administrativa que serlo mediante una sentencia de un tribunal penal. Me parece que tiene una carga mucho mayor desde el punto de vista psicológico y también social el que una persona tenga que sentarse en un banquillo y ser sancionada por un delito que serlo directamente por las autoridades administrativas. Esto, hay que afirmarlo, no merma en absoluto las garantías que pueda tener el interesado.
El procedimiento administrativo es un procedimiento garantista que establece una serie de mecanismos a través de los cuales se puede defender y puede hacer valer sus razones el interesado y que, además, tiene como última vía el recurso a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por lo que aquí no consideramos que se pueda producir ningún tipo de merma.
Por tanto, nosotros pensamos que, en este momento, en que la percepción de la sociedad con respecto a este tipo de conductas no tiene ya en el reproche social la intensidad que tenía hace unos pocos años, antes del anuncio de la supresión de esta figura del servicio militar obligatorio y, por lo tanto, de la prestación social sustitutoria también, creemos que es suficiente mantener las sanciones administrativas y eludir toda tipificación en el Código Penal.
Quiero señalar varias cuestiones. En primer lugar, queremos mostrarnos satisfechos ya que se va a producir un avance substancial, con un mejor tratamiento --en el que creo que todos coincidimos-- de la situación vigente hasta este momento. Queremos mostrar nuestra satisfacción porque los grupos parlamentarios que hemos hecho esta iniciativa hayamos posibilitado esta mejora evidente para todos, aunque no suficiente.
Por otra parte, también queremos mostrar nuestra satisfacción porque la amplia mayoría de la Cámara señale que tiene que haber, efectivamente, un mínimo carácter disuasorio para penalizar o sancionar estas conductas, por decirlo en términos ambivalentes, y, puesto que la discrepancia está en cuál es la última «ratio», si en estos momentos cabría o no emplear el Derecho penal --por cierto, el Código Penal no sólo tipifica delitos sino que también tipifica faltas--, lo que sí es evidente es que, lógicamente, el reproche de un corpus legislativo como el Código Penal y una ley sancionadora no los he querido equiparar porque no tienen equiparación.
Lo que sí he querido expresar --no sé si bien o mal-- es que el importe cuantitativo de la sanción que se planteaba, en muchos casos, era idéntico. En todo caso nosotros entendemos, al igual que los grupos que han colaborado y trabajado conjuntamente en la presentación de esta proposición, que esta última ratio era la que había que plantear en este caso, con el carácter disuasorio que ya hemos señalado, para evitar tratos discriminatorios o agravios comparativos con quienes siguen teniendo la obligación de cumplir el servicio militar obligatorio o, en caso de que sean objetores de conciencia, la prestación social sustitutoria.
En este sentido, entendemos que los términos planteados en esta iniciativa son los adecuados y los que realmente garantizan que sean los tribunales de justicia los que intervengan en primer lugar. Cuando se trata de meras restricciones de derechos, como puede ser la intervención de la correspondencia o un registro domiciliario, nuestro ordenamiento jurídico no sólo requiere la tutela judicial inmediata sino incluso la previa autorización. Por la misma razón entendemos que en estos supuestos en que las infracciones se castigan, según los planteamientos del Grupo Socialista y del Grupo Popular, con unas sanciones que desde el punto de vista legal vienen tipificadas en el Código Penal como sanciones graves, debe haber una revisión directa, y no por remisión, por parte de los jueces y tribunales.
Después del debate, pasamos a votar las enmiendas. Les recuerdo que si fuese aprobada alguna enmienda se incorporaría al dictamen.
A la vista de la intervención de los portavoces propongo que votemos las enmiendas presentadas por cada uno de los ponentes. Es decir, de la número 1 a la 8 del Senador Román Clemente y de la 9 a 14 de la Senadora De Boneta. Asimismo, de acuerdo con la intervención del portavoz del Grupo Socialista, propongo que agrupemos para su votación las enmiendas presentadas por el Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Costa, de modo que votemos en un bloque las enmiendas números 16, 17 y 19 y en otro las números 18, 20 y 21. A continuación pasaremos a votar la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y seguidamente votaremos conjuntamente las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, pasamos a votar las enmiendas números 1 a 8 del Senador Román Clemente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve; en contra, 14.
Votamos las enmiendas números 9 a 14 de la Senadora De Boneta y Piedra.
(El señor Marín Rite pide la palabra.)
El señor MARIN RITE: Solicito la votación separada de la enmienda número 9.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Procedemos entonces a la votación de la enmienda número 9.
Seguidamente, votamos las restantes enmiendas de la Senadora De Boneta y Piedra, de la 10 a la 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 22.
Enmiendas números 16, 17 y 19 del Senador Nieto Cicuéndez y de la Senadora Costa.
Enmiendas números 18, 20 y 21 del Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Costa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 14; abstenciones, ocho.
Enmienda número 15 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 22; abstenciones, una.
Enmiendas números 22 a 27 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho; en contra, 14; abstenciones, una.
Pasamos a votar el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Les recuerdo que esta ley consta de dos artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y una final precedida de un preámbulo.
Entiendo que la votación puede hacerse de forma agrupada, salvo que haya alguna objeción al respecto. (Pausa.) Procedemos a votarla conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, ocho; abstenciones, una.
Terminadas las votaciones, se proclama que ha sido dictaminada por la Comisión de Justicia la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por la que se suprimen las penas de prisión y multa para los supuestos de incumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y se rebajan las penas de inhabilitación para dichos supuestos.
A la vista del dictamen de la proposición de ley, corresponde a la Comisión designar al representante de la misma que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno de la Cámara. (El señor Prada Presa pide la palabra.)
El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, el Grupo Popular propone que sea su señoría quien presente este dictamen ante el Pleno de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Si no hay ninguna objeción, acepto gustoso dicha propuesta y espero que el Pleno acoja mi presencia como siempre lo hace en estos casos.
--DESIGNAR, EN SU CASO, PONENCIA QUE INFORME LA PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ARTICULO 14, APARTADOS PRIMERO Y TERCERO, DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (624/000017).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la designación, en su caso, de la Ponencia que ha de informar de la proposición de ley de modificación del artículo 14, apartados primero y tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Como conocen sus señorías, esta proposición de ley se tramita por el procedimiento ordinario, finalizando el plazo de presentación de enmiendas el próximo día 11 de este mes. Dadas las características de esta iniciativa legislativa, que pretende modificar dos apartados del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pregunto a los portavoces y a los miembros de la Comisión si desean llevar a cabo la designación de la Ponencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento, o si prefieren dictaminar en su día de manera directa esta proposición de ley sin informe previo de la Ponencia. Ruego a los portavoces que se manifiesten al respecto.
El señor MARIN RITE: A nosotros nos parece interesante la designación de la Ponencia y por ello la solicitamos.
El señor PRESIDENTE: Proponen la designación de la Ponencia.
El señor PRADA PRESA: Compartimos el criterio de que sería interesante que en la tramitación legislativa llevada a cabo en el Senado se designara la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Por tanto, ruego a los portavoces que designen a los ponentes.
El señor PRADA PRESA: El Grupo Parlamentario Popular propone como ponentes a la Senadora doña Rosa Vindel y al Senador que tiene el honor de dirigirse a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Prada.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Designamos al Senador don Hilario Caballero y a mí mismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Senador Capdevila tiene la palabra.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió designa al Senador que en este momento tiene el honor de dirigirse a la Mesa.
La Ponencia se pondrá de acuerdo sobre el día en que se ha de reunir la misma cuando pase el plazo de enmiendas. (La señora Costa Serra pide la palabra.) Tiene la palabra la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Al no pertenecer a esta Comisión no sé, señor Presidente, si en las Ponencias hay algún representante del Grupo Parlamentario Mixto, como en otras comisiones.
El señor PRESIDENTE: No, el Grupo Mixto no está en las Ponencias. No se preocupe, Senadora Costa, en esta Comisión se admite cualquier tipo de error entre compañeros.
--MOCION DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN EL PLAZO EN UN MES, SE EQUIPARE EL JUZGADO DE PAZ DE FORMENTERA (ILLES BALEARS) CON AQUELLOS SITUADOS EN POBLACIONES CON MAS DE SIETE MIL HABITANTES Y SE LE DOTE DE LA PLANTILLA NECESARIA Y, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, SE REALICE UN ESTUDIO, CON LA COLABORACION DEL SECTOR DE LA JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES, A FIN DE VALORAR LA CREACION DE UN PARTIDO JUDICIAL PROPIO PARA FORMENTERA Y LA CREACION DE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION EN LA ISLA (661/000097).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Debate y votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de un mes, se equipare el Juzgado de Paz de Formentera (Illes Balears) con aquellos situados en poblaciones con más de siete mil habitantes y se le dote de la plantilla necesaria y, en el plazo de seis meses, se realice un estudio, con la colaboración del sector de la justicia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, a fin de valorar la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la isla.
Les recuerdo que, tal como dispone el artículo 176 del Reglamento, procederemos a iniciar el debate con un turno a favor y con un turno en contra por un tiempo máximo de 20 minutos cada uno. Pasaremos después al turno de portavoces de los grupos parlamentarios, que en este caso tendrán un tiempo máximo de intervención de 10 minutos cada uno.
Les recuerdo, igualmente, que si la moción fuese aprobada sería remitida a la Presidencia del Senado a los efectos reglamentarios.
Para turno a favor, tiene la palabra la Senadora Costa.
Paso a defender la moción presentada por esta Senadora, que tiene como objetivo que, en el plazo de un mes, se equipare el Juzgado de Paz de la isla de Formentera con los de aquellas poblaciones de más de siete mil habitantes y que en el plazo de seis meses se proceda a realizar un estudio, con la colaboración del sector de la justicia de las Illes Balears, a fin de que en Formentera se cree un partido judicial propio y, por tanto, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con los cambios legislativos que ello comportara.
La justificación de esta moción no viene motivada en tiempos recientes.
Si vemos lo que ha sido la historia del Juzgado de Paz de Formentera --seré muy breve, pues me voy a remitir al año 1980-- sabremos que en el Pleno del 31 de enero de 1980 el Ayuntamiento de Formentera ya acordó dirigirse al Ministerio de Justicia a fin de que en aquel entonces se creara lo que era el Juzgado de Distrito. Pero para no seguir con lo que han sido los casi 20 años de reivindicación de un partido judicial propio para la Isla de Formentera me remontaré a tiempos más recientes.
Precisamente, el año pasado, en 1997, el Ayuntamiento de Formentera en Pleno, en sesión del 2 de mayo de 1997, aprobó dirigirse al Ministerio de Justicia para que se creara un partido judicial propio en Formentera. Un mes después, el día 2 de junio de 1997 el Pleno del Conseil Insular de Ibiza y Formentera acordó, asimismo, dirigirse al Ministerio de Justicia en este mismo sentido de crear un partido judicial propio.
Nuestra moción consta de dos partes. Como ya he dicho, consta de una primera parte que pretende que se equipare el Juzgado de Paz de Formentera con los de aquellas poblaciones de más de siete mil habitantes que tienen también un Juzgado de Paz, con lo cual se mejoraría el tema del personal que tiene que estar al frente de estos juzgados de paz, al nombrar un secretario judicial, un oficial, etcétera. Esto no es una cuestión nueva. En octubre del año 1996, con la llegada del Partido Popular al Gobierno, el Ministerio de Justicia modificó la categoría que tenía entonces este Juzgado de Paz de Formentera.
Para nosotros la justificación más importante de esta equiparación con las poblaciones de más de siete mil habitantes es el aumento de la población en la isla. La isla de Formentera tiene, de derecho, 6.050 habitantes, aunque de hecho tiene una población muy superior, máxime si además tenemos en cuenta que en los meses de verano puede rozar los 30.000 habitantes. Este aumento de población flotante, no solamente de turistas sino también de personas que residen en Formentera durante unos meses al año, provoca un volumen de trabajo que luego no se ve reflejado en las infraestructuras de la Administración de Justicia, pues no se ve reflejado en el Juzgado de Paz de Formentera que tenemos actualmente. La equiparación supondría recuperar la categoría que tenía en el año 1996.
La segunda parte de nuestra moción, que creo que es totalmente asumible porque somos conscientes de que no se va a crear un partido judicial propio de un día para otro, pide que se realice un estudio a fin de valorar la creación de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
Como decía antes, para nosotros es motivación y justificación suficiente el hecho de que estamos hablando de una isla. Formentera es la única isla del Estado español que no cuenta con partido judicial propio. Por si la insularidad no fuera motivo suficiente para que se tuviera en cuenta la aprobación de esta moción, voy a dar unos datos recogidos de la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 1997 para comparar el volumen de algunos de los partidos judiciales. En este caso hemos recogido los cuatro partidos judiciales con menor volumen de asuntos judiciales: el de Valverde, en la isla de Hierro, que es el que más fácilmente se puede comparar con Formentera al tener también carácter insular; el de Logrosán, en Cáceres; el de Fonsagrada en Lugo y el de Bande en Orense.
Aportamos estos datos porque muchas veces se nos ha alegado, en las discusiones que ha habido sobre el tema de la creación de un partido judicial propio en Formentera, la escasa población que existe en la isla y que, por eso, tampoco hay un volumen muy elevado de asuntos judiciales.
Pues bien, a la vista de las poblaciones que he citado --y sé que las comparaciones son odiosas y no me gusta tener que recurrir a otros partidos judiciales para justificar esta demanda y esta petición, porque creo que la doble insularidad de esta isla justificaría la creación de un partido judicial-- me veo obligada a hacer comparaciones porque parece ser que, hasta el momento, no ha sido suficiente la doble insularidad de la isla para que se tenga en cuenta esta petición.
En la isla de Hierro en el año 1996 los asuntos penales tramitados, según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial, fueron 284, mientras que en la isla de Formentera --y éstos son datos recogidos y facilitados tanto por la Guardia Civil de esta isla como por la policía local-- los atestados incoados en el año 1996 han sido un total de 464, sin contar, por supuesto, todas aquellas denuncias o querellas que se han presentado directamente por las partes en el Decanato de Ibiza, que es el partido judicial del que depende la isla de Formentera. Vemos entonces que en materia penal la isla de Formentera dobla en asuntos a los de la isla de Hierro.
Si nos remitimos a asuntos civiles --por no alargarme en la defensa de la presente moción no citaré caso por caso los que he expuesto anteriormente--, les diré que si en el año 1996 hubiera existido en Formentera un juzgado de primera instancia e instrucción, se hubieran tramitado aproximadamente unos 150 asuntos civiles. Y digo que esta cifra es aproximada por cuanto que sería necesario hacer un estudio en el partido judicial de Ibiza, que consta de seis Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, para poder saber cuántos asuntos de los que se tramitan en cada uno de ellos habrían sido competencia del juzgado de Formentera. Este estudio se ha hecho concretamente en el Juzgado número 1, en el Decanato, lo que nos ha permitido calcular de forma aproximada, como digo, el volumen de
trabajo que hubiera habido en la isla de Formentera. Y por poner otro ejemplo les diré que en Fonsagrada, Lugo, el total de asuntos, tanto penales como civiles en el año 1996, era de 426, cifra que no llegaría siquiera al volumen de trabajo en materia penal de la isla de Formentera.
Pues bien, creo que estas razones son más que suficientes para que se aborde seriamente la posibilidad de crear un partido judicial propio en Formentera, no ya por lo de la doble insularidad --por cierto, tenemos que recordar que concretamente este año se ha aprobado el régimen especial de las Illes Balears--, sino porque tanto desde el Govern Balear como por parte del Gobierno central se nos ha dicho que ésta era precisamente una ley histórica y que se iba a acabar con los males de nuestra insularidad, pero ni se ha tratado ni tan siquiera se ha mencionado el sector justicia, que afecta gravemente a la isla de Formentera.
Por otra parte, quiero destacar que los acuerdos que se tomaron en Pleno, tanto en el Ayuntamiento como en el Consell Insular, máximas instituciones locales de la isla, fueron aprobados por unanimidad y a propuesta de la Presidencia, estando gobernadas ambas instituciones por el Partido Popular. Por eso yo confío en que esta propuesta cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y especialmente con el del Grupo Parlamentario Popular, al ser éste el Grupo mayoritario en esta Cámara.
De sus votos depende el que pueda salir adelante esta iniciativa.
Reitero que la segunda parte de nuestra moción es totalmente realista puesto que se da un plazo de seis meses para proceder a realizar un estudio más minucioso para ver el volumen de trabajo que hay en la isla de Formentera. Digo esto para quienes no resulta suficiente el argumento de la doble insularidad, teniendo en cuenta, además, que la tutela judicial efectiva y el facilitar el acceso a la Administración de Justicia, en este caso concreto con la creación de este juzgado, probablemente aumentaría el número de casos a tramitar en los juzgados. Y es que ahora muchas veces, ante las dificultades que existen --para llegar a un juzgado hay que coger un barco--, para acceder a la Administración de Justicia, los ciudadanos optan por otras vías, en ocasiones no recomendables, para solucionar los conflictos en que pueden verse involucrados.
Para un turno en contra tiene la palabra el Senador Cañellas.
El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias.
Permítame, señor Presidente, que de entrada le haga una reflexión, siquiera sea entre paréntesis, a la Senadora Costa.
La Senadora Costa es letrada en ejercicio. Yo también. Ello hace que el problema que plantea lo enfoque no sólo desde el punto de vista político, que es el que a la Senadora le interesa, sino también desde el punto de vista técnico, profesional.
No voy a seguir el orden en el que se nos presenta esta moción, sino que voy a empezar refiriéndome a la creación de un partido judicial en la isla de Formentera. Señor Presidente, la Senadora Costa se ha agarrado a lo de la doble insularidad, pero yo no le veo la punta a este argumento.
Y es que, aunque se cree un partido judicial y un juzgado de primera instancia e instrucción en Formentera, la doble insularidad seguirá subsistiendo, ya que las apelaciones tendrán que ir necesariamente a la isla de Mallorca, no se sustanciarán en Formentera. No sé si lo que la Senadora Costa pretende es que la Audiencia de Palma de Mallorca se traslade también a Formentera como lo hace periódicamente a la isla de Ibiza. Por tanto, no sé exactamente a qué viene el argumento de la doble insularidad.
Por otra parte, el volumen de trabajo nada tiene que ver con la insularidad --sola que no se reconoce en la propia moción y que la Senadora interviniente también ha dicho ante esta Comisión--, sino que está en función de la población --escasa la de derecho, pero importante la «de facto»--, problema este que afecta a todas las islas del archipiélago. Si la Senadora Costa me permite hablar de insularidad, no en el sentido de isla sino de ínsula, es decir, de una ínsula dentro de una isla, le plantearía el caso, por ejemplo, del Juzgado de Paz de Calvià. No pretenderá la Senadora Costa decirme que Formentera tiene ni más población ni más conflictividad que el término municipal de Calvià, donde aparte de los dos núcleos tradicionales, el de Calvià propiamente dicho y el de Capdellà, hay siete enclaves turísticos de la importancia de Palma Nova, de Santa Ponça o de Peguera, que multiplican, no sé si por 10 o por 100 la población del término municipal, a pesar de lo cual a nadie se le ha ocurrido nunca crear un partido judicial en el término municipal de Calviá con toda la problemática que tiene. Y podría hablarle también de Alcudia, de Pollensa, y de toda una serie de ínsulas dentro de la isla de la que soy representante electo, que justificarían con mayor motivo la creación de nuevos partidos judiciales.
Sin embargo, la técnica que seguimos en 1998, cuando se discutió la Ley de Demarcación y Planta Judicial --este Senador era entonces Diputado a Cortes por Baleares y coordinador del trabajo del Grupo Parlamentario Popular en esta importante materia--, no fue la de crear juzgados sino la de suprimir algunos, con todo el problema que entrañaba el tener que decir en los términos municipales que disfrutaban de la presencia de un Juzgado de Distrito que no sólo no se creaba un Juzgado de Primera Instancia, sino que, además, se suprimiría el de Distrito.
La Senadora Costa no vivió esto, pero yo tuve que aguantar --permítaseme la expresión coloquial-- las andanadas de Sóller, de Felanitx, de Sa Pobla, de Lluchmayor, poblaciones a las que de la noche a la mañana se les quitaba un juzgado que tenían desde hacía bastantes años. El problema de Formentera ya se estudió en aquel momento, como se estudió asimismo el de Ibiza. El problema de Formentera se seguirá estudiando cuando se proponga la nueva redacción de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
Por tanto, no es que el Ministerio diga no a la creación de un juzgado de primera instancia en Formentera, sino que dice no en el momento actual.
No es la ocasión. Lo que vamos a hacer es englobar este problema dentro de
otros muchos que planteará la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial.
Como ha dicho la Senadora Costa, señor Presidente, las comparaciones son odiosas. Su señoría ha ido a buscar los cuatro juzgados de menor importancia o de menor volumen de trabajo dentro del territorio español para justificar la posibilidad de que se acepte la creación de ese partido judicial. Lamento tener que volver del revés el argumento a la Senadora Costa, señor Presidente, pero creo que lo que quizá habrá que plantearse en el momento en que se redacte la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial es la supresición de estos juzgados que no reúnen el volumen de trabajo que el Consejo General del Poder Judicial ha estimado que debe concurrir en cada juzgado para su mantenimiento.
Por tanto, nuestra oposición a la creación de ese partido judicial no es una negativa; es una simple introducción de un compás de espera, un hasta cuándo. Y, ¿hasta cuándo? Pues hasta el momento en que el Gobierno, en que el Ministerio de Justicia traiga a la Cámara la nueva redacción de esa Ley de Demarcación y Planta Judicial.
En cuanto al funcionamiento en sí del Juzgado de Paz de Formentera, éste dispone del equipamiento con que cuentan la mayoría de los juzgados de paz del territorio nacional, es decir, un juez y un oficial secretario, aunque en algunos de ellos, repartidos por toda la geografía nacional, se cuenta además con un agente judicial; pero, como digo, ése no es el caso de la mayoría.
Por lo que respecta al comentario acerca de que el oficial de dicho juzgado tuvo que ser sustituido por un funcionario designado por el Ayuntamiento de Formentera, esa situación se ha reconducido a la existente antes de 1996; es decir, vuelve a existir un oficial con carácter interino --lo que debe hacerse necesariamente a través de la bolsa de trabajo de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Baleares--, oficial interino que es la misma persona que realizaba esa función antes de 1996, año en que tuvo que cumplir con el servicio militar. Por tanto, sólo durante parte de 1996 y en 1997 dicho puesto ha estado ocupado por un funcionario designado por el Ayuntamiento, pero, insisto, actualmente vuelve a desempeñar las funciones de oficial quien lo había sido, diríamos, tradicionalmente. No existe, pues, discriminación alguna ni se deben hacer comparaciones odiosas con otros juzgados. El sistema con que se trabaja y la infraestructura con que se cuenta en Formentera no son distintos de los del resto de los juzgados de paz existentes en nuestra geografía hispana.
En turno de portavoces, y por el Grupo Mixto, tiene la palabra la Senadora Costa.
De las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular se desprende que no van a dar apoyo a esta moción, y lamentamos que la misma no pueda seguir adelante. Se nos dice que éste no es el momento para hacerlo, pero ése es el argumento que se viene empleando desde hace dieciocho años. Se nos dice que nos encontramos en un compás de espera. Pero, ¿hasta cuándo? Porque la espera dura ya más de dieciocho años y, como ustedes comprenderán, la interpretación que nosotros hacemos de ese compás de espera es que no se quiere afrontar ni discutir seriamente la creación de ese partido judicial. Y digo que no se quiere afrontar este problema, porque, en todo caso, por lo menos se debería aceptar que se llevara a cabo un estudio sobre la problemática que existe debido a la insularidad --aunque parece ser que en estos momentos el señor Cañellas no aprecia esa problemática-- y el volumen de trabajo que se genera en la citada isla. Evidentemente, el que exista o no un juzgado no va a resolver la problemática general de la insularidad, como tampoco resuelve la doble insularidad de la isla el que haya un centro sanitario o un instituto.
Insisto, así no se va a resolver la doble insularidad, pero, por supuesto, pueden paliarse los efectos que ésta conlleva. En este sentido, la obligación del Estado es prestar unos servicios a unos ciudadanos que, debido a la condición de insularidad, se ven perjudicados a la hora de acceder a ellos, entre los que se encuentra el de la justicia.
También se ha dicho aquí que aunque existiera un juzgado de primera instancia e instrucción tampoco se resolvería el tema de las apelaciones, para lo cual hay que acudir a la Audiencia, que se encuentra en Palma de Mallorca. Es lógico, ya lo sabemos, y lo mismo ocurre en las islas de Ibiza y Menorca. En cualquier caso, creo que éste no es el momento de intentar ridiculizar diciendo que ahora no nos vamos a llevar la Audiencia a Formentera. No se trata de eso. El tema de las apelaciones es otro asunto, y lo que nosotros demandamos es la creación de un partido judicial propio.
Como ya he dicho, no acabo de entender cómo si desde las islas Baleares se reclama la creación de un partido judicial propio --además, a instancias del Partido Popular--, una vez que esa petición llega a la Cámara Alta por parte de un compañero de las islas Baleares se defienda el voto en contra de esa propuesta. Por tanto, creo que tendrán que explicar a los ciudadanos de dicha isla por qué el Ayuntamiento y el Consell Insular han apoyado esta petición --ellos fueron los que llevaron adelante esta iniciativa el año pasado, es decir, en 1997-- y en cambio ahora por parte del Partido Popular se da una argumentación totalmente en contra de la que se utilizó hace tan sólo unos meses.
Por otra parte, por supuesto, no es intención de esta Senadora que se tenga que reducir o eliminar ningún otro partido judicial. Creo que esa argumentación en forma de amenaza para otros juzgados es del todo injustificable. Si hay que elaborar un estudio serio para saber cuáles son los partidos judiciales en los que existe el suficiente volumen de trabajo como para que se mantengan y si es necesario crear nuevos partidos, que se realice dicho estudio con datos objetivos, como nosotros solicitamos en nuestra moción.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Capdevila.
Con brevedad, voy a dejar constancia de la posición de nuestro Grupo, en el sentido de que no podemos apoyar la moción presentada por la Senadora Costa. Lo hacemos ratificando los argumentos empleados por el Senador Cañellas, del Grupo Parlamentario Popular, y también por coherencia con la tesis mantenida por nuestro Grupo con ocasión de la modificación puntual de la Ley de Demarcación y Planta que debatimos en el Senado el pasado 24 de junio. Precisamente, nuestro Grupo no prestó su apoyo a una serie de enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara porque consideró que en cierto modo las enmiendas iban en contra del procedimiento que se establecía en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. En definitiva, lo que se persigue con esta moción no es sólo una modificación de la planta judicial, sino también la modificación de la demarcación judicial, para lo cual hay que seguir el procedimiento que establece el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 35. Por tanto, y reproduciendo en cierto modo los argumentos que ya utilizamos en la citada ocasión, lamentamos no poder apoyar la moción presentada en este acto.
También con brevedad, paso a fijar la posición de mi Grupo en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la Senadora Costa Serra.
Esta moción cuenta con dos partes bien diferenciadas, y creo que no sería vano precisar lo que realmente se pide en ella, es decir, situar la cuestión en sus justos términos. En el punto primero nos encontramos con una petición de equiparación de un juzgado de paz al régimen de los juzgados para poblaciones de más de 7.000 habitantes, lo que se fundamenta por la peticionaria en razones de trabajo y de insularidad.
Evidentemente, como ha dicho el Senador Cañellas, no hay forma humana de eliminar la insularidad, aunque es posible mitigar sus efectos negativos, y este tipo de medidas pueden, tanto en este caso como en otros, mitigar esos efectos.
Por lo que respecta al punto segundo de la moción, con él se solicita la elaboración de un estudio al objeto de valorar una posible modificación de la planta y la demarcación. Utilizo el orden que emplea el Tribunal Constitucional cuando habla de la planta y demarcación: en primer lugar, la planta, la creación del órgano, y posteriormente la demarcación, la fijación del territorio sobre el cual el órgano ejerce la jurisdicción.
Por tanto, se trata sólo de la elaboración de un estudio.
En este sentido, diré que este portavoz ha manifestado en más de una ocasión, y en nombre de su Grupo, las dificultades e inconvenientes que sin duda suponen la elaboración de la planta y la demarcación de manera parcial, y mucho más a golpe de iniciativa parlamentaria del tipo de una moción o de cualquier otra que sea parcial, incluso de un proyecto de ley. Es cierto que venimos haciéndolo y también lo es que en distintos momentos.
Nosotros pensamos que es hora de que enfoquemos la planta en términos generales. Creemos que ésta es una iniciativa de claro carácter gubernamental por su propia naturaleza y características, aunque, naturalmente, no cabe duda de que no está excluida de los tipos de iniciativa que corresponden a los grupos parlamentarios. Además, hay que enfocar la planta en términos generales porque, de lo contrario --tengo que decirlo con sinceridad--, nos vemos todos --y al Grupo al que represento también le ha ocurrido lo mismo-- inmersos en unas dinámicas difíciles de solucionar posteriormente, que son las que trae consigo el deseo, las aspiraciones de los territorios de disponer de órganos judiciales.
La única manera --no de evitar los problemas, como decía antes el Senador Cañellas Fons, que son duros y difíciles, y es cierto-- de racionalizar la cuestión es, sin duda, un definitivo enfoque general de la planta y de la demarcación.
También es cierto --quiero colocar sobre la mesa todos los elementos de la cuestión-- que están pendientes reformas procesales importantes. Desde el Gobierno se nos ha dicho en algunas ocasiones que no era oportuno hacer un enfoque general de la planta y de la demarcación estando pendientes reformas procesales. Pero también es cierto, señoras y señores Senadores, que hemos concluido felizmente la reforma procesal más inmediata, la de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; que tenemos pendientes dos grandes reformas procesales importantísimas, la jurisdicción civil y la penal, que están todavía en un estado incipiente, que ni siquiera han entrado en las Cámaras y que, por tanto, si disponíamos de un texto, presentado a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, aprobado en Ponencia por unanimidad, de reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y hemos tardado dos años en su elaboración, imaginemos lo que podríamos tardar en elaborar ese tremendo edificio jurisdiccional que supone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Con todo esto quiero decir que, a la vista del estado de estas cuestiones, es el momento de plantearse la necesidad de una revisión más amplia, más completa de la planta y de la demarcación, de lo que nosotros somos partidarios porque nos hemos visto, sin duda, inmersos en esas dinámicas que se generan.
Vamos a apoyar la moción. En el primer punto no hay una alteración de la demarcación, y en el segundo se pide un estudio para valorar la cuestión, que después --se dice en la propia moción-- iría por los cauces reglamentarios. Este apoyo no significa compromiso de futuro alguno en relación con el estudio por parte de nuestro Grupo, sino, simplemente, estar de acuerdo en que se haga al nivel planteado
en la moción, de realización simple de un estudio para valorar estas necesidades.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Marín Rite.
Tiene la palabra el Senador Cañellas Fons.
La verdad es que este Senador se congratula de oír que el representante del Grupo Parlamentario Socialista entiende que el problema de la demarcación y planta es un cúmulo de problemas que la convierten en un problemazo, si se me permite la expresión. Y ya lo fue la Ley de 1988, y lo he dicho antes. Ninguna demarcación, ningún partido judicial, ningún término municipal estaba dispuesto a que le quitaran el juzgado que tenía. Y hubo que quitarlos en mi propia circunscripción, y, por contra, se aumentaron en la de la Senadora Costa. En Ibiza se aumentaron juzgados de primera instancia e instrucción. En Mallorca desaparecieron algunos.
No hubo compensación en el sentido de que al desaparecer un distrito, se crea un juzgado de primera instancia e instrucción.
Fueron problemáticas, pacíficas si se quiere. Hubo que discutir los problemas y se hizo el estudio juzgado por juzgado, que es lo que le he dado a entender a la Senadora Costa, pero no quiere entenderlo. El estudio no se ha de hacer como pretende en Baleares, no sé si con la Gerencia Territorial, con el Tribunal Superior de Justicia o con el Decanato de los Juzgados de Ibiza. No, el Decanato no está para eso. El estudio --en el año 1988 ya lo hizo la Audiencia Territorial-- estaba iniciado y contemplado entonces con las necesidades de aquel momento.
El Ministerio --lo vuelvo a repetir-- tiene en estudio, y bastante avanzado, la nueva ley de demarcación y planta judicial, con independencia, como decía el Senador Marín Rite, de que se aprueben o no las leyes jurisdiccionales, porque le doy la razón en que no podremos esperar tanto, salvo que queramos discutir apresuradamente las leyes necesarias y desvistamos a un santo para vestir a otro. Y en este estudio se incluirá el análisis de la problemática de Formentera como, quizá en sentido contrario, se examinará la situación de esos juzgados que ha citado la Senadora Costa, y, si no responden, tendrán que suprimirse para integrarse en otros o para reagruparse. No lo sé. Yo no soy el autor del estudio de la nueva ley de demarcación y planta judicial.
Por tanto, no avancemos --como se decía desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y desde el Grupo Parlamentario Socialista-- a pequeños problemas lo que constituye un problema general de toda nuestra nación.
En segundo lugar, Senadora Costa, el que el ayuntamiento y el Consell Insular hayan pedido la creación de ese partido judicial a mí no me extraña. Lo piden todos, los gobernados por el Partido Popular y los no gobernados por él. Si no se me fuera a tomar a mal, yo le indicaría que, dado nuestro carácter fenicio, más el de las Pitiusas que el de las Baleares, dicen, por lo menos en mi tierra, que por pedir no hacen pagar nada. Por tanto, pedir por pedir, no uno, dos.
¿Sabe su señoría lo que nos ha costado --incluyo también al Grupo Parlamentario Socialista-- conseguir el partido judicial de Ciudadela en Menorca, desde el año 1988 hasta hoy? Y no me va a negar que Ciudadela, con todos los perdones, tiene una cierta categoría judicial mayor que la de Formentera. Pero el problema hay que estudiarlo a la luz de los datos reales. Su señoría habla de un estudio que ha hecho el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Ibiza, pero es un muestreo hecho al azar que no necesariamente puede reproducirse miméticamente en los otros cinco juzgados, porque el séptimo de Ibiza todavía no funciona; está creado, pero no constituido y, por tanto, nos limitamos a seis juzgados de primera instancia. No me diga que porque en el número uno le salen ciento y pico asuntos procedentes de Formentera, multiplicados por seis da setecientos. Esa matemática no rige en la Administración de Justicia.
De ahí que volvamos a repetir que la creación del partido judicial es una cuestión que ha de englobarse dentro del estudio general de la nueva ley de demarcación y planta judicial, y su señoría reconocerá que en la primera parte de la moción se ha vuelto a la situación anterior al año 1996, que es la que su señoría denunciaba que se había suprimido.
Terminado el debate, procedemos a la votación correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción presentada por la Senadora Costa.

References: artículo 14
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 23
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 65
 artículo 176
 artículo 29
 artículo 35