Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-4977-de-octubre-22-de-1997?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920417509f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 09:33:32+00:00

Document:
SENTENCIA 4977 DE 22 DE OCTUBRE DE 1997
CONTENIDO:SE REQUIERE PARA LA INTERVENCIÓN DEL TÍTULO DE MERO TENEDOR O POSEEDOR LA PRUEBA INEQUÍVOCA DE QUE SE TIENE EL BIEN CON ÁNIMO DE SEÑORÍO Y DE DOMINIO POR EL TIEMPO EXIGIDO POR LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:BIEN, PROCESO CIVIL, POSEEDOR, BIEN INMUEBLE, MERO TENEDOR, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Ref.: Expediente 4977
Santafé de Bogotá, D.C., veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete.
Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Agustín Peralta Zúñiga y Emelina Francisca Zúñiga de Peralta contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha —Sala Civil—, el 26 de enero de 1994, en el proceso ordinario promovido por el municipio de Fonseca (Guajira) contra Emelina Francisca Zúñiga de Peralta, cónyuge supérstite de Víctor Manuel Peralta, Jesús María Peralta Zúñiga, María Peralta de Bequis, Antonia María, Dominga, Rodrigo, Vicente y Agustín Peralta Zúñiga, así como contra Rocío, María Luisa, Lucila, Édgar, Silvio y Víctor Emilio Peralta Mejía representados estos por Fidelina Mejía Calderón, todos como herederos del causante mencionado.
1. El municipio de Fonseca, departamento de la Guajira, mediante demanda que obra a folios 20 a 24 del cuaderno 1, dirigida al juzgado promiscuo del circuito de San Juan del Cesar, admitida por auto de 10 de octubre de 1988 (fl. 40, cdno. citado), convocó a un proceso ordinario a Emelina Francisca Zúñiga de Peralta, cónyuge supérstite de Víctor Manuel Peralta, Jesús María Peralta Zúñiga, María Peralta de Bequis, Antonia María, Dominga, Rodrigo, Vicente y Agustín Peralta Zúñiga, así como contra Rocío, María Luisa, Lucila, Édgar, Silvio y Víctor Emilio Peralta Mejía, representados por Fidelina Mejía Calderón, todos como herederos del causante mencionado, para que cumplida la tramitación que le es propia al proceso ordinario de mayor cuantía, se declarase(sic) que el municipio demandante es el titular del derecho de dominio del inmueble ubicado en la calle 12 entre carreras 17 y 18 y distinguido con los números 12-01, 12-05, 12-11, 12-17, 12-23, 12-27, 17-71, 17-75, 17-79 y 17-89 de su nomenclatura urbana comprendido dentro de los linderos especificados en el hecho 1º de la demanda, inmueble que adquirió por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.
2. En resumen, funda sus pretensiones el municipio demandante en que éste ha poseído el inmueble aludido, con ánimo de señor y dueño, en forma ininterrumpida por más de 20 años, ejerciendo sobre el mismo hechos positivos de señorío, tales como realizar mejoras para “reparaciones locativas, construcción de baños, pintura y las demás necesarias para el normal funcionamiento de las entidades allí establecidas”, tales como “la alcaldía municipal, la tesorería municipal, la Escuela La Inmaculada, la Policía Nacional, la Escuela Urbana de Varones a partir del año de 1962”, al igual que, en la actualidad tienen allí sede “la Escuela Urbana de Varones Nº 4, la oficina seccional del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, la oficina de supervisión preescolar y primaria del departamento y el Colegio de Bachillerato Ernesto Parodi Medina” (fl. 21 C-1).
3. Los demandados Agustín Peralta Zúñiga, Víctor Emilio, María Luisa, Édgar, Lucila Peralta Mejía y Rocío Peralta Mejía, representada esta última por su progenitora Fidelina Mejía Calderón, le dieron contestación a la demanda, en escrito visible a folios 101 a 103 del cuaderno 1, con expresa oposición a la prosperidad de las pretensiones de la parte actora, por cuanto, según su afirmación, no es cierto que el municipio demandante haya ejercido la posesión que ahora invoca sobre el inmueble aludido, por cuanto “se desprendió de todo ánimo de señor y dueño desde el 23 de octubre de 1939, cuando la alcaldía municipal de Fonseca mediante resolución 10 concede al señor Víctor Peralta permiso para ocupar y construir la edificación sobre el bien raíz objeto de este proceso, resolución confirmada por otra, emanada de la personería municipal el “30 de junio de 1941, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 98 de 1928 y el Decreto 1415 de 1941”, luego de lo cual se hizo “entrega material al señor Víctor Peralta del inmueble en cuestión”. Posteriormente, agregan los demandados referidos que el señor Víctor Peralta el 13 de octubre de 1953 celebró un contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble mencionado con el departamento del Magdalena, el que dispuso la ocupación de ese bien con las instalaciones del “Colegio Departamental La Inmaculada”, en el cual se adelantó posteriormente la construcción del edificio donde funciona ese establecimiento educativo. De manera tal que, luego de la segregación de algunos municipios del antiguo departamento del Magdalena para erigir la Intendencia Nacional de La Guajira, elevada más tarde a la categoría de departamento conforme a lo dispuesto por la Ley 19 de 1964, el inmueble en cuestión continuó siendo de propiedad del mismo municipio, antes perteneciente al Magdalena.
Por otra parte, agregan los demandados citados que el municipio de Fonseca no ejerce posesión sobre ese bien por el funcionamiento en él de la Escuela Urbana de Varones Nº 4, la oficina de supervisión preescolar y de primaria del departamento de La Guajira y el Colegio Departamental Nocturno Ernesto Parodi, pues el pago de los respectivos funcionarios, celadores y servicios públicos de esas entidades no se sufraga por ese distrito, sino por el departamento y, por último, manifiestan que el Incora no tiene allí sus oficinas.
4. Los demandados Silvio Peralta Mejía, Emelina Francisca Zúñiga de Peralta, Vicente Antonia María, Rodrigo, Dominga y Jesús María Peralta Zúñiga, así como María Peralta de Bequis, en escrito que aparece a folios 108 a 110 del cuaderno 1, se opusieron a las pretensiones del municipio demandante y negaron, en su totalidad, los hechos en que se apoyan las pretensiones de la parte actora.
5. En memorial que obra a folio 249 del cuaderno 1, el demandado Agustín Peralta Zúñiga quien, como abogado venía actuando en su propio nombre y en el de Jesús María, Dominga, Juan Antonio, María, Rodrigo, Antonia María y Vicente Peralta Zúñiga, al igual que como apoderado de María Luisa, Silvio, Lucila, Víctor Emilio, Édgar Manuel y Rocío Peralta Mejía, manifestó que, en adelante sólo continuaría actuando como apoderado judicial de su progenitora, Emelina Francisca Zúñiga de Peralta y en su propio nombre, por cuanto respecto de los demás demandados sustituye el poder en otro profesional del derecho, sustitución que fue aceptada por el juzgado en auto de 23 de abril de 1992.
6. El juzgado promiscuo del circuito de San Juan del Cesar, puso fin a la primera instancia, con sentencia proferida el 25 de marzo de 1993 (fls. 264 a 265, C-1), en la cual denegó las pretensiones del municipio demandante, decisión que fue apelada por la parte vencida en memorial que obra a folios 268 a 272 del cuaderno citado.
7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha —Sala Civil—, en sentencia proferida el 26 de enero de 1994 (fls. 128 a 137, C-2), desató el recurso de apelación contra el fallo de primer grado, el cual fue revocado y, en su lugar, se declaró como propietario del inmueble a que se refiere el proceso, al municipio de Fonseca, por haber operado a su favor la usucapión extraordinaria.
8. En memorial que obra a folio 138 del cuaderno 2, el demandado Agustín Peralta Zúñiga quien, a la sazón venía actuando en su propio nombre y como apoderado de Emelina Francisca Zúñiga de Peralta, conforme a lo expuesto en el numeral 5º, interpuso el recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segundo grado, el cual fue concedido por el Tribunal Superior de Riohacha en auto de 19 de abril de 1994, visible a folio 157 del cuaderno 2, recurso este de cuya decisión se ocupa ahora la Corte.
1. El tribunal, luego de sintetizar la demanda y las contestaciones de los demandados a la misma, así como la actuación cumplida en la primera instancia, encuentra reunidos los presupuestos procesales y, en virtud de ello, estima que ha de dictarse sentencia de mérito (fls. 128 a 131, C-2).
2. A continuación, expresa el tribunal que, conforme a lo dispuesto por los artículos 633 del Código Civil, 27 de la Ley 57 de 1887, 4º y 166 del Decreto-Ley 1333 de 1886, los municipios son personas jurídicas y, por ello, tienen capacidad jurídica para adquirir derechos, como el de dominio, y para contraer obligaciones civiles.
3. Asevera luego el sentenciador de segundo grado, que pese a que se ordenó allegar copia auténtica de la escritura pública 72 del 9 de diciembre de 1953, ella no obra en el expediente, razón por la cual no se encuentra probado que el señor Víctor Peralta hubiere sido propietario del inmueble a que se refiere el proceso, debidamente identificado en inspección judicial (fl. 132, C-2).
4. En cuanto al tiempo en que el municipio demandante ha ejercido posesión sobre el inmueble, manifiesta el tribunal que, conforme al testimonio rendido por Luis Fernando Marulanda y a lo establecido en la inspección judicial practicada el 4 de agosto de 1989, puede concluirse que el Municipio de Fonseca empezó a ejercer actos de posesión sobre ese bien desde 1953 ó 1954, por lo que “han transcurrido más de veinte (20) años sin interrupción conocida” (fls. 132 y 133, C-2), la que se encuentra demostrada, además, con la declaración testifical de Rodrigo Parodi González y otros testigos “y documentos con plena capacidad de convicción”, que obran en el expediente, sin que la parte opositora haya logrado desvirtuarlos, ni demostrar por su parte que ha realizado posesión sobre el mismo inmueble (fl. 133, C-2).
5. Agrega luego el fallador de segunda instancia, que la posesión ejercida por el Municipio de Fonseca sobre el inmueble aludido “no es viciosa”, ha sido continua, durante por lo menos veinte años, pública e inequívoca, razones estas por las cuales ha de prosperar la pretensión de que se declare que a su favor operó la prescripción adquisitiva del derecho de dominio impetrada en la demanda, sobre el inmueble cuya descripción realiza a folios 134 y 135 del cuaderno citado, invocando al efecto la inspección judicial practicada en el mismo (fls. 134 y 135, C-2).
6. Por último, concluye el tribunal que, por las razones expuestas ha de revocarse el fallo de primera instancia y, en su lugar, declarar la prosperidad de las pretensiones de la parte actora, lo que efectivamente se hace en la decisión judicial objeto de este recurso extraordinario de casación (fls. 135 y 136, C-2).
Dos cargos formulan los recurrentes contra la sentencia impugnada. De ellos, el primero con invocación de la quinta de las causales de casación consagradas por el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil y el segundo, con apoyo en la primera de dichas causales por violación indirecta de normas de derecho sustancial, cargos estos que, en atención a lo dispuesto por el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil serán despachados en el orden en que fueron propuestos.
Acusan en este cargo los recurrentes la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha en segunda instancia en este proceso, con fundamento en la causal 5ª de las previstas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, “por haberse incurrido en el motivo de nulidad insaneable de que trata el numeral 9º del artículo 140 de la misma obra, nulidad consistente en no haberse emplazado por medio de edicto y por consiguiente no haberse notificado a las personas indeterminadas que se crean con derechos sobre el bien pretendido en usucapión”, como lo exige el artículo 407, numeral 9º del Código de Procedimiento Civil (fl. 15, cdno. Corte).
En procura de sustentar la acusación así propuesta, tras citar el artículo 17 del Código Civil, se recuerda en la demanda de casación que los fallos judiciales solo tienen efectos interpartes por regla general y que, excepcionalmente, se surten también erga omnes, cual sucede con los fallos en torno a la legitimidad del hijo (C.C., art. 401), en el caso previsto en el artículo 402 del mismo código respecto de las sentencias sobre filiación extramatrimonial, o en los procesos que, como el de pertenencia, se adelantan con emplazamiento de todo aquél que pretenda tener derechos que hacer valer en ese proceso, como se desprende de la regulación del mismo en el artículo 407, numerales 6º a 9º del Código de Procedimiento Civil y en el numeral 11 del mismo artículo que, cumplidos tales emplazamientos preceptúa que una vez consultado el fallo de primer grado y en firme la sentencia, ella produce efectos erga omnes (fls. 15 a 19, cdno. Corte).
A continuación, expresa la censura que en este proceso, “ni siquiera se ordenó” el emplazamiento de quienes consideraran tener derechos sobre el bien que se pretende usucapir por el municipio de Fonseca, deficiencia esta que no tuvo en cuenta el tribunal al surtirse la segunda instancia, razón esta por la cual el proceso es nulo a partir del auto admisorio de la demanda”, conforme a lo preceptuado por el artículo 140, numeral 9º del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto transcribe y analiza el recurrente (fls. 20 y 21, cdno. Corte).
Siendo ello así, concluye el cargo con la solicitud de que se declare “próspera la causal quinta de casación invocada” y, como consecuencia de ello, se impetra decretar “la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del auto admisorio de la demanda inclusive, ordenando que el juzgado promiscuo del circuito de San Juan del Cesar proceda a renovar la actuación”, para que ésta se adelante conforme a la ley (fls. 22 y 23, cdno Corte).
1. En orden a la protección eficaz del derecho fundamental al debido proceso, el Código de Procedimiento Civil consagró en su integridad el capítulo II del título 11 (hoy arts. 140 a 148, con la redacción imprimida por el D. 2282/89), lo atinente a las nulidades en que pueda incurrirse en la tramitación del proceso, cuyo régimen se encuentra presidido por los principios de la taxatividad o especificidad, la protección a la parte agraviada con el vicio de la actuación, la legitimación para alegarlas, la trascendencia de la irregularidad y la convalidación o saneamiento de la misma, cuando ella es posible conforme a la ley.
2. En virtud de tales principios, la decisión sobre las irregularidades que eventualmente puedan afectar de nulidad, en todo o en parte el proceso, ha de adoptarse en el curso de las instancias del mismo por regla general, y, por ello el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil autoriza impetrar el decreto de la nulidad alegada “en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella”, norma que guarda estrecha relación y perfecta armonía con lo prescrito por el artículo 145 del mismo código, que le impone al juzgador el deber jurídico de “declarar de oficio las nulidades insaneables que observe”, al igual que poner en conocimiento de las partes las que pudieren sanearse, todo en aplicación estricta del principio de la economía procesal.
3. No obstante lo anterior, el legislador colombiano, para mayor abundamiento en la protección del derecho de los asociados al debido proceso, tanto en el régimen procesal de la Ley 105 de 1931 como en el ordenamiento positivo vigente, autorizó como causal específica de casación el haberse incurrido en nulidades procesales insaneables, como puede observarse en los artículos 520, numeral 6º del Código Judicial y 368, numeral 5º del Código de Procedimiento Civil. Es decir que como lo dijo esta corporación en sentencia de 2 de diciembre de 1993 (Exp. 4159), “tanto entonces como ahora, sólo puede alegarse esta causal de casación en presencia de nulidades absolutas, insaneables y, en ningún caso respecto de aquellas en relación con las cuales hubiere operado alguna de las circunstancias de saneamiento señaladas por la ley”.
4. En el caso de autos, se observa por la Corte que los recurrentes en casación, Agustín Peralta Zúñiga y Emelina Francisca Zúñiga de Peralta, fueron notificados personalmente del auto admisorio de la demanda y le dieron contestación a ésta, como aparece a folios 101 a 103 y 108 a 110 del cuaderno 1, lo que ciertamente descarta, por completo, la violación de su derecho de defensa, como quiera que fueron convocados al proceso, se notificaron de ello y actuaron como parte en el mismo. Ello significa, entonces, que carecen de legitimación para proponer ahora la nulidad por falta de citación o emplazamiento a quienes creyeren tener algún derecho sobre el bien que se pretende usucapir, pues, como lo tiene por sentado la jurisprudencia de esta corporación, entre otras en sentencia de 25 de noviembre de 1993 (ordinario Genaro Juan Bautista Montenegro Vallejo contra el “comité Municipal de la Cruz Roja de Ipiales”), “tratándose de la causal de nulidad contemplada por el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil”, ella “afecta exclusivamente a quien no ha sido legalmente notificado o emplazado en el proceso, debiendo ser citado como parte” por cuanto “es la vulneración de su derecho de defensa la que le proporciona legitimación para solicitar la nulidad en casación”, y, por consiguiente, de ella carece quien “no se halla en esa circunstancia”, como ocurre en este caso.
El cargo, por lo dicho, no prospera.
Se acusa en este cargo la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, con invocación para el efecto de la primera de las causales de casación establecidas por el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, “por ser violatoria, por indebida aplicación de los artículos 762, 770, 2518, 2527, 2531, 2532 modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1936 y 2534 del Código Civil y el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil”, así como “por falta de aplicación del artículo 2514 del Código Civil”, todo como consecuencia de haberse incurrido por el sentenciador en errores de hecho en la apreciación probatoria (fl. 23, cdno. Corte).
Para concretar el cargo, expresan los recurrentes que el tribunal incurrió en errores de hecho por la “suposición de la confesión de que el municipio demandante es poseedor”, así como por haber supuesto la demostración de la posesión del actor desde 1953, con los testimonios de Luis Fernando Marulanda y Rodrigo Parodi González; por preterición de los “actos administrativos de las gobernaciones de Magdalena y La Guajira” que obran en el expediente y, conforme a los cuales se demuestra que la tenencia del bien por parte de esas entidades, “excluye la posesión del municipio”; e igualmente, preterición por el tribunal del “acta de entrega del inmueble” en el proceso de sucesión de Víctor Manuel Peralta, y mutilación del acta de inspección judicial sobre el inmueble practicada en este proceso (fl. 24, cdno. Corte).
En la argumentación expuesta para sustentar la acusación, manifiesta la censura que el tribunal supone la existencia de una prueba de confesión por la parte demandada respecto de la posesión del bien a que se refiere el proceso por el municipio demandante, la que al decir del tribunal se encuentra contenida en el numeral 3º de las consideraciones de la sentencia acusada, quienes informaron “que el departamento del Magdalena en virtud de contrato de promesa de venta” ocupó el inmueble aludido, en 1953, conclusión esta contraria a la evidencia ya que ese “informe de los demandados” no permite deducir que se reconoció la posesión del municipio de Fonseca sobre el inmueble que pretende usucapir, lo que significa entonces que esa prueba tan sólo tiene existencia en la “imaginación del sentenciador de instancia”, máxime si se tiene en cuenta que toda la actividad probatoria de los demandados se dirigió a negar la posesión del inmueble por parte del municipio demandante (fl. 25, cdno. Corte).
De igual manera, expresan los recurrentes que el tribunal, en forma contraria a la realidad procesal, asevera que de; testimonio de Luis Fernando Marulanda se concluye que la posesión del municipio de Fonseca sobre el inmueble en litigio se inició entre 1953 y 1954, a pesar de que el declarante sobre ello nada dijo pues, simplemente se limitó a relatar que “por allá en el año de 1953, cuando ocupaba el cargo de secretario de la alcaldía de ese municipio”, se trasladó a “despachar en el inmueble objeto de la acción de pertenencia”. Tal afirmación nada dice respecto a que desde esa época la alcaldía empezara a poseer el inmueble “con ánimo de señor y dueño”, como lo exige la ley, y, mucho menos, si se tiene en cuenta que mediante Decreto 1005 de 8 de octubre de 1953 la gobernación del departamento del Magdalena “autorizó al señor secretario de Obras Públicas para comprar el inmueble objeto del proceso” y dispuso que mientras se perfeccionaba la compraventa el Secretario de Hacienda quedaba autorizado para celebrar una promesa de compraventa. Agregan los recurrentes que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º del decreto en mención, tal inmueble sería adquirido por el departamento del Magdalena para destinarlo al “servicio de las oficinas del Palacio Municipal de Fonseca”, decisión administrativa esta que explica la razón por la cual “el municipio trasladó en ese año sus oficinas a ese inmueble”, como simple tenedor del mismo (fl. 29, cdno. Corte).
De esta suerte, el tribunal no sólo supuso la confesión de los demandados respecto de la posesión del municipio sobre el inmueble en cuestión, sino también la fecha de iniciación de la misma, alterando para ello el contenido del testimonio de Luis Fernando Marulanda, “porque una cosa es decir que al alcaldía funcionó en ese local a partir de 1953, y otra muy distinta es decir que en esa fecha empezó una posesión inexistente y éticamente imposible, pues ello supondría considerar al municipio como invasor”, cuando actuó como mero tenedor “en nombre del departamento, entidad pública esta última que negoció con los dueños el derecho de propiedad” y para el efecto celebró una promesa de compraventa, cuyo incumplimiento “no implica que esa entidad haya dejado de poseer” ni, tampoco permite afirmar que desde entonces se hubiere iniciado la posesión por parte del municipio (fl. 30, cdno. Corte).
En cuanto a la declaración del testigo Rodrigo Parodi González “y otros testigos no mencionados por el tribunal”, asevera la censura que aquél, aun cuando expresa que el municipio de Fonseca entró en posesión del inmueble en 1953, no indica la razón de su dicho, ni tampoco desvirtúa en manera alguna el contenido del Decreto 1005 de 8 de octubre de 1953 expedido por el señor gobernador del departamento del Magdalena, por lo que resulta evidente el error de hecho del tribunal al considerar que con esa declaración se demuestra la posesión del municipio de Fonseca sobre el inmueble litigado, lo mismo que aparece como inexistente lo declarado por “otros testigos que no menciona” el sentenciador, por lo que no tiene asidero la afirmación de que a estos y a aquél pueda atribuírsele “plena capacidad de convicción”, respecto de la posesión del inmueble a que se refiere la demanda inicial (fls. 31 y 32, cdno. Corte).
De otra parte, alegan los recurrentes que el tribunal cercenó parcialmente la declaración del testigo Rodrigo Parodi González, por cuanto omitió las afirmaciones de éste respecto a la terminación de la tenencia del inmueble por parte del municipio en el año de 1962, época en la cual fue desocupado por la alcaldía, la personería, la tesorería y el juzgado municipal, para que en él funcionaran “otras dependencias oficiales, que nadie se preocupó por probar si son del orden nacional o departamental, como la Policía, el Incora, una inspección de educación y una peluquería” (fl. 34, cdno. Corte). De esta manera, conforme a “lo relatado por el testigo en la parte que el tribunal pretermitió, la tenencia del Municipio duró apenas de finales de 1953 a 1962, es decir, que ni siquiera duró diez años. A partir de entonces otras entidades nacionales o departamentales ocupan el inmueble. Lo cierto es que al salir del inmueble el municipio, el departamento, ahora de La Guajira, recuperó plenamente la tenencia sobre el inmueble”, con posterioridad “a esa devolución” ha reconocido “insistentemente” el derecho de dominio de los demandados sobre el mismo (fl. 34, cdno. Corte).
Si, luego de que el departamento recuperó la tenencia de ese bien en virtud de su devolución por el municipio, se sucedieron en el tiempo “una serie de tenencias precarias, de parte de entidades nacionales”, a ellas fue ajeno por completo el Municipio de Fonseca, lo que significa que no tuvo por entonces, tampoco, la calidad de poseedor. En cambio, lo que sí se encuentra demostrado es que, “en últimas el edificio está ocupado por la escuela urbana IV y el Colegio Nocturno Ernesto Parodi Medina de propiedad del departamento y una oficina de coordinación departamental de educación”.
De esta manera se explica que el demandado Agustín Peralta reclamara la “devolución del inmueble a la gobernación del departamento de La Guajira en memorial que obra a folios 89, 90 y 91 del cuaderno principal, también pretermitidos por el tribunal”, luego de lo cual se suscribió “el contrato de arrendamiento fechado el 2 de mayo de 1990, el cual obra a folios 139 y 140 del cuaderno principal”, igualmente omitido por el tribunal (fls. 35 y 36, cdno. Corte).
Analizan luego los recurrentes el acta de inspección judicial practicada en el inmueble objeto del proceso (fls. 133 a 137, cdno. principal), junto con los documentos aportados en el curso de la misma y, al efecto expresan que, conforme al acta respectiva allí se encontró en funcionamiento una “sala de belleza” de nombre “HAIR”, ocupada por Margarita Mejía López, quien dijo ser inquilina de Agustín Peralta, pese a lo cual el tribunal afirmó que la posesión del municipio de Fonseca sobre el inmueble se encuentra demostrada entre otras pruebas con la inspección practicada en el mismo, conclusión que resulta contraria a la realidad procesal, por lo menos en cuanto al local comercial ocupado por la sala de belleza mencionada (fls. 36 y 37, cdno. Corte).
A continuación manifiestan los recurrentes que el tribunal ignoró por completo el Decreto 1005 de 8 de octubre de 1953, expedido por la gobernación del Magdalena, cuya copia auténtica (fl. 203, cdno. principal) fue remitida con oficio que obra a folio 202 del cuaderno citado, y que también aparece a folios 36 y 96 del cuaderno del tribunal, pese a lo cual el tribunal no lo vio.
De igual manera, tampoco se tuvieron en cuenta por el sentenciador la promesa de compraventa celebrada entre el departamento del Magdalena y Víctor Manuel Peralta en desarrollo del decreto aludido el 15 de octubre de 1953, que obra a folio 87 del cuaderno principal y que en copias aparece a folio 34 y 35 del cuaderno del tribunal, y en cuya virtud se le hizo entrega anticipada del inmueble al prometiente comprador, que lo dio en tenencia al municipio de Fonseca para que en él funcionaran sus oficinas.
Omitió igualmente el sentenciador la consideración como pruebas de la “certificación expedida por el oficial mayor archivero de la asamblea departamental de La Guajira, expedida el 7 de octubre de 1976, según la cual no existe en los archivos de esa dependencia ninguna ordenanza por la cual el departamento hubiese cedido al municipio de Fonseca ese inmueble”; la “copia de un informe para segundo debate sobre un proyecto de ordenanza por el cual se le otorgaban al gobernador del departamento de La Guajira autorizaciones para adquirir el inmueble prometido en compra en octubre de 1953”, que obra a folio 98 del cuaderno principal; la “copia auténtica de la ordenanza de la asamblea departamental de La Guajira número 021 de 1976, por la cual se otorgan facultades al gobernador del departamento para adquirir el inmueble objeto del proceso de pertenencia”; la “copia del memorial de 4 de marzo de 1977”, suscrito por el demandado Agustín Peralta, dirigido a la gobernadora del departamento, insistiendo en el cumplimiento de la ordenanza 021 de 1976 y del memorial de 21 de octubre de 1987, suscrito por el mismo demandado, así como del oficio de 8 de enero de 1988, suscrito por el gobernador de La Guajira en respuesta al anterior, del memorial de 21 de enero de 1988 que aparece a folios 99 y 100, de la “ordenanza 020 de 1989, por la cual nuevamente se autoriza al gobernador para adquirir el inmueble donde funciona el Colegio Ernesto Parodi Medina”, y, por último, la copia del contrato de arrendamiento celebrado el 2 de noviembre de 1990, que obra a folios 139 y 140 del cuaderno principal, documentos todos estos que dejan, claramente establecido, que el departamento del Magdalena primero y luego el de La Guajira siempre reconocieron como dueño del inmueble a Víctor Manuel Peralta y posteriormente a sus sucesores, así como también que el municipio de Fonseca no fue poseedor sino tenedor de ese bien (fls. 37 a 45, cdno. Corte).
De otro lado, en la diligencia de entrega del inmueble practicada “dentro del proceso de sucesión de don Víctor Manuel Peralta y de que da cuenta el acta de inspección judicial sobre el inmueble pretendido en usucapión”, fechada el 4 de agosto de 1989, aparece que el municipio no se opuso “a la diligencia de secuestro del inmueble” primero, ni, posteriormente a la “entrega que el secuestre hizo al doctor Agustín Peralta, a través del juzgado (fls. 46 y 47, cdno. Corte), hecho este que “está indicando sin ningún margen de duda que en el evento de que el municipio ya hubiese adquirido por prescripción pero antes de iniciar el proceso de pertenencia, renunció expresamente a la usucapión al haber aceptado dominio ajeno. Es decir, dejó de ser poseedor”, y, con ello, renunció a la “eventual prescripción”, conforme a lo dispuesto por el artículo 2514 del Código Civil, que el tribunal dejó de aplicar (fls. 47 y 48, cdno. Corte).
En razón de encontrarse demostrados los errores evidentes de hecho en que incurrió el tribunal en su labor de apreciación de las pruebas mencionadas, concluyen los recurrentes que ha de casarse la sentencia impugnada y, en su reemplazo dictarse por la Corte, como tribunal de instancia una nueva que confirme, en todas sus partes, la de primer grado (fls. 48 a 52, cdno. Corte).
1. Como se sabe, en relación con las cosas puede encontrarse la persona en una de estas tres posiciones, cuyas consecuencias jurídicas varían en cada caso y confieren a su titular derechos subjetivos distintos: la primera, denominada tenencia, en que simplemente se ejerce poder externo y material sobre el bien, (C.C., art. 775); la segunda —posesión—, en la que a ese poder material se une el comportarse respecto del bien como si se fuese dueño (C.C., art. 762) y la tercera, —propiedad—, en que se tiene efectivamente un derecho in re, con exclusión de todas las demás personas y que autoriza a su titular para usar, gozar y disponer del bien dentro del marco que le señala la ley y obviamente, dando cumplimiento a la función social que a ese derecho corresponde (C.C., art. 669).
2. Acorde con lo anterior, se tiene por establecido que el ánimo de señorío sobre el bien, marca la diferenciación entre lo que es solo tenencia y la posesión, a tal punto que el propio legislador así lo consagró en el derecho positivo, al disponer que el simple transcurso del tiempo “no muda la mera tenencia en posesión” (C.C., arts. 777 y 780).
3. Como quiera que la posesión se manifiesta necesariamente por la realización de hechos perceptibles por los sentidos, la ley ha revestido de singular protección a quien ostenta esa calidad, como puede observarse de la presunción de ser el poseedor propietario (C.C., art. 762) y de permitirle, en esa calidad, incoar acciones posesorias, ejercer la acción publiciana e inclusive, reclamar del Estado la declaración jurisdiccional de haber adquirido el dominio de un bien singular por haberlo poseído durante el tiempo señalado por la ley, con ánimo de señorío, esto es, sin reconocer dominio ajeno, efecto este último para el cual se distinguen por la ley dos especies de prescripción adquisitiva, a saber: la ordinaria, que requiere justo título, buena fe y posesión no interrumpida por diez años a lo menos si se refiere a inmuebles o de tres años si a bienes muebles (C.C., arts. 2528, 2529, 762 y 764); y la extraordinaria, para cuya operancia no se requiere justo título, se presume la buena fe, salvo lo dispuesto la regla 3ª del artículo 2531 del Código Civil y que exige la posesión por veinte años a lo menos (arts. 2531, 2532, 762, L. 50/36, art. 1º).
4. La posesión, como de su propia definición normativa se desprende, comprende dos elementos sine qua non para su existencia, cuales son los actos materiales o externos ejecutados por una persona determinada sobre el bien singular —corpus— de un lado y, de otro, la intención de ser dueño, elemento sicológico, de carácter interno —animus domini—, elemento este que, como lo dijo la Corte en sentencia de 9 de noviembre de 1956, por ser intencional, “se puede presumir de los hechos externos que son su indicio, mientras no aparezcan otros que demuestren lo contrario, así como el poseedor, a su vez, se presume dueño, mientras otro no demuestre serlo” (G.J., tomo LXXXIII, pág. 776).
4.1. No obstante las diferencias existentes entre la mera tenencia y la posesión, puede ocurrir sin embargo que el simple tenedor transmute esa calidad en la de poseedor, hipótesis esta en la cual, a efectos de la prescripción adquisitiva de dominio no puede de ninguna manera computarse como posesión el tiempo en que se detentó el bien a título de mera tenencia, pues ella no puede conducir nunca a la usucapión y, como es lógico, esta última sólo podría alcanzarse si se demuestra la intervención de la tenencia a la posesión y sólo a partir del comienzo de la segunda además, si, se tiene el bien con ánimo de señorío y de dominio por el tiempo exigido por la ley.
4.2. Precisamente a este respecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 7 de diciembre de 1967, expresó: “por ello, al precisar el código los requisitos de la prescripción extraordinaria (2531, 2532), se basta con el establecimiento y uso por cierto tiempo, sin exigencia adicional alguna (casación julio 30 de 1952, LXXII, 582), pero consagra simultáneamente la posibilidad de oposición fundada en un título de mera tenencia, excluyente de la possessio ad usucapionem, revelador de la intimidad de hechos contrastantes con el concepto genuino de posesión por lo cual, quien se hallaba asentado en las dichas apariencias equivocas (casación diciembre 13 de 1954, LXXIX, 256; casación noviembre 9 de 1956, LXXXIII, 775/776), de inmediato y por fuerza de ese traslado de las cargas, es despojado de lo que traía en su favor, compelido a demostrar la interversión de su título y, además, una real posesión de allí en adelante hasta el extremo cronológico, cumplida con actos ciertos y unívocos, “sentencia en la cual, se agregó que esa mutación de mero tenedor a poseedor para alegar prescripción, exige que “en el proceso se palpe su posesión cabal posterior, en cómputo suficiente, y no se encuentre dato de nuevo reconocimiento suyo de dominio ajeno. Imperativos estos de precisa configuración para el juego de las pretensiones dentro de un terreno restringido a tales supuestos, que exigen al tenedor la prueba de la interversio possessionis, por medio de un acto traslaticio emanado de un tercero o del propio contendor naturalmente titular del derecho) (casación, agosto 22 de 1957, LXXXVI, 14), dentro de una ubicación temporal que permita referir la medida a un punto cierto, seguido de actos “categóricos, patentes e inequívocos” de afirmación propia, autónoma. Pues, en el último caso, le es indispensable descargar indiciariamente la presunción de que las cosas continúan conforme empezaron, aplicación elemental del principio de inercia, consagrada en los artículos 777 y 780 del Código Civil, y volver a montar la construcción sobre el nuevo sustento, expuesto como siempre a los descargos de interrupción y renuncia” (G.J., tomo CXIX, números 2285 y 2286, 1967, —primera parte—, págs. 352 y 353).
5. Aplicadas las nociones anteriores al caso sub lite, encuentra la Corte que el cargo que aquí se analiza ha de prosperar, por cuanto:
5.1. El tribunal, en la sentencia acusada, da por establecido que el municipio de Fonseca ha poseído por más de 20 años el inmueble que pretende usucapir, hecho este que encuentra demostrado por confesión de la parte demandada, así como por las declaraciones testificales de Luis Fernando Marulanda, Rodrigo Parodi González y “otros” testigos, además de “documentos” de los que predica tienen “plena capacidad de convicción” e igualmente, en el acta de entrega de 4 de agosto de 1989, practicada en el proceso de sucesión de Víctor Manuel Peralta y en la diligencia de inspección judicial realizada sobre el predio objeto del litigio (fls. 132 a 135, C-2).
5.2. Los recurrentes en casación, como se observa en el cargo propuesto, afirman que el tribunal incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas mencionadas, aseveración esta en la cual les asiste la razón. En efecto:
5.2.1. El tribunal a folio 132 del cuaderno 2 manifiesta que la posesión del municipio demandante respecto del predio que pretende usucapir se encuentra demostrada “conforme a lo confesado por los opositores”, según se desprende de su informe de que “el departamento del Magdalena en virtud del contrato de promesa de venta” celebrado con Víctor Manuel Peralta “entró a ocupar el bien raíz”:
Esta aserción, examinado el expediente, resulta contraria a la realidad, como quiera que si bien es verdad que en la contestación de la demanda (fl. 101, C-1) se expresa que el 14 de octubre de 1953 el señor Víctor Peralta (cuyos sucesores son los demandados) celebró con el departamento del Magdalena “un contrato de promesa de compraventa” sobre el inmueble a que se refiere el proceso, no menos cierto es que a renglón seguido se manifiesta que, en virtud de ese contrato el departamento del Magdalena entra a ocupar el inmueble” con algunas dependencias suyas, e igualmente resulta reñida con la contestación de la demanda de otros de los demandados (fls. 108 y 109, C-1), quienes insisten en que el inmueble de que fue propietario el causante se encuentra ocupado por el departamento de La Guajira, que sucedió en tal ocupación al departamento del Magdalena, a raíz de la celebración del contrato de promesa de compraventa celebrado por Víctor Manuel Peralta con este último.
5.2.2. En relación con la declaración testimonial de Luis Fernando Marulanda, de la cual expresa el tribunal que permite deducir que la iniciación de la posesión del inmueble por el municipio de Fonseca se llevó a efecto entre los años de 1953 y 1954 (fl. 132, C-2), encuentra la Corte que el testigo en mención (fls. 103 a 106, C-2), se limita a declarar que fue secretario de la Alcaldía Municipal de Fonseca en el año de 1953, y luego en dos ocasiones más, que sitúa en 1956 y 1958, razón esta por la cual le consta que allí funcionaron algunas oficinas locales, así como “la Escuela Inmaculada, la Policía Nacional, la Escuela Urbana de Varones, a partir del año de 1962” y ahora la “Escuela Urbana de Varones Nº 4”, al igual que la seccional del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, la oficina de supervisión preescolar y primaria del departamento y el colegio de bachillerato Ernesto Parodi Medina. Más adelante manifestó el testigo que no tuvo conocimiento de la existencia del Decreto 1005 del 8 de octubre de 1953, expedido por el gobernador del Departamento del Magdalena, para la adquisición del inmueble con destino a las oficinas del Palacio Municipal de Fonseca, y que simplemente sabe que allí han funcionado algunas dependencias oficiales, sin que pueda afirmar “si todas sean por cuenta del municipio o si haya habido alguna de carácter departamental” (fl. 105, C-2).
Siendo ello así, resulta claro que del testimonio aludido mal puede concluirse, como lo hizo el tribunal que la “posesión” del inmueble por parte del municipio de Fonseca se hubiere iniciado por los años de 1953 o 1954, pues de lo único que da cuenta esa declaración es de que por esa época empezaron a funcionar allí la alcaldía y otras dependencias del orden municipal, así como de que, con posterioridad, también funcionaron en ese inmueble otras dependencias oficiales, hecho este del que no puede concluirse que demuestre el ánimo de señor y dueño indispensable para la existencia de la posesión, máxime si ese municipio por su carácter de tal no podía ignorar la negociación celebrada par el departamento del Magdalena, del cual formaba parte en virtud de la cual éste se propuso adquirir ese bien para que en él funcionaran las oficinas municipales.
5.2.3. Con respecto al testimonio de Rodrigo Parodi González (fls. 88 a 91, cdno. tribunal), quien expresa haber sido tesorero de la Alcaldía Municipal de Fonseca, ha de observarse que de un lado, afirma que ese municipio entró en posesión del inmueble desde antes de 1953 “porque era un basurero público y le hacía mantenimiento” (fl. 90, C-2), y, de otro lado, manifiesta que luego de haberlo ocupado con oficinas municipales desde 1953, dejó de hacerlo “en el año de 1962” (fl. 90 citado), año en el que las oficinas municipales se trasladaron al “edificio donde funcionaba la fábrica de licores”, de donde se trasladaron luego a la “edificación donde funciona actualmente”. De tal suerte que, mirada en conjunto esa declaración, a lo sumo habría posesión del inmueble por el municipio, en gracia de discusión, hasta el año de 1962, en que dejó de ocuparse con dependencias municipales; y, si con posterioridad a este año allí han funcionado otras dependencias oficiales, de carácter nacional y departamental, como el Incora, la Policía Nacional, una inspección escolar de carácter departamental y establecimientos educativos, al igual que un salón de belleza, es inevitable concluir que la supuesta posesión que ahora se alega como fundamento de la pretensión de haber adquirido el dominio del bien por usucapión extraordinaria, en caso de haber existido, no habría tenido duración por 20 años a lo menos, razón esta suficiente para que el testimonio de Rodrigo Parodi González no pueda ser tenido como soporte jurídico de la decisión judicial que se impugna.
5.2.4. En cuanto a la prueba documental que obra en el expediente, respecto de la cual el censor le enrostra al tribunal haber cometido error de hecho, encuentra la Corte lo siguiente:
5.2.4.1. Ciertamente el tribunal no aludió al Decreto 1005 de 8 de octubre de 1953, expedido por la gobernación del Magdalena cuya copia auténtica obra a folio 203 del cuaderno 1, mediante el cual se autorizó al secretario de obras públicas departamental del Magdalena para celebrar “un contrato de compraventa con el señor Víctor Peralta” sobre el inmueble a que se refiere este proceso (art. 1º), inmueble que sería destinado “para el servicio de las oficinas del Palacio Municipal de Fonseca” (art. 4º). Además, en el mismo decreto mencionado se comisionó al señor secretario de Hacienda del departamento del Magdalena para celebrar, entre tanto, “un contrato de promesa de venta sobre el mencionado bien raíz”.
5.2.4.2. De igual manera se observa que a folios 87 y 88 del cuaderno 1 obra copia auténtica del contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble en referencia, suscrito por el secretario de Hacienda del departamento del Magdalena y el señor Víctor Peralta, contrato este que, como salta a la vista, fue celebrado en desarrollo del Decreto 1005 de 8 de octubre de 1953, expedido por el gobernador del Magdalena y a que se hizo mención en el numeral precedente.
5.2.4.3. Así mismo, a folios 99 y 100 del cuaderno 1, obra copia auténtica de la ordenanza 021 de 1976, de la asamblea departamental de La Guajira, en la cual se faculta al gobernador de este departamento, segregado del departamento del Magdalena, para realizar las gestiones tendientes a adquirir en su totalidad el inmueble prometido en venta por Víctor Manuel Peralta al departamento del Magdalena en el año de 1953, conforme al contrato protocolizado en la escritura pública Nº 72 del 9 de diciembre de 1953, otorgada ante el notario único del círculo de Fonseca.
5.2.4.4. Vencidas las autorizaciones a que se alude en el numeral anterior, nuevamente se invistió de ellas al gobernador de La Guajira, mediante ordenanza 20 de 1989, con lo cual no queda duda alguna de que el departamento de La Guajira como sucesor en el tiempo del departamento del Magdalena, expresó su voluntad de adquirir por compra el inmueble objeto del litigio.
5.2.5. Siendo éste, entonces, el acervo documental que se dice mal apreciado, dicho error resulta trascendente para quebrar el fallo atacado, de ser suficiente para llegar a una conclusión adversa a la pretensión demandada.
En efecto, de los documentos arriba mencionados sólo puede establecerse que el departamento del Magdalena celebró un contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble que le fue entregado en forma anticipada por el prometiente vendedor para que allí funcionarán dependencias oficiales de la alcaldía de Fonseca, en el año de 1953; igualmente queda claro que el contrato prometido no se ha celebrado todavía, por circunstancias ajenas al litigio aquí planteado entre las partes; y, de la misma manera, aparece que si el municipio de Fonseca, en el año de 1953 ocupó ese inmueble con oficinas suyas, lo hizo porque el departamento del Magdalena adelantó la negociación de ese bien para destinarlo al funcionamiento de las dependencias municipales aludidas, hecho que no podía ser desconocido por el municipio en mención.
Ahora, si a ello se agrega que en dicha promesa de contrato no se otorga en forma expresa la posesión del bien prometido en venta, entregado en forma anticipada puede concluirse entonces que el tribunal, al no tener en cuenta el contenido expreso de dicho contrato, habría incurrido en error evidente de hecho al dar por demostrada la posesión, no estándolo, lo que lo habría conducido, a su turno, a estimar equivocadamente la prosperidad de la pretensión demandada.
5.3. Pero en el evento en que se considere que en dicha apreciación no incurrió el tribunal en error evidente de hecho, o si se estimase que éste es intrascendente, porque de su contenido y de otros puntos también pueda desprenderse razonablemente la demostración de la posesión inicial por parte del demandante; no es menos cierto que le asiste razón al recurrente en la censura al tribunal por la comisión de error evidente y trascendente de hecho en la apreciación de los medios de convicción que sustentan la no demostración del término legal para que opere la usucapión, que equivocadamente diera por acreditado el ad quem. Porque ciertamente el análisis de los medios de prueba obrantes en el proceso conducen a demostrar que, de un lado, la eventual posesión del municipio demandante sólo pudo extenderse hasta el año de 1962, y, del otro, que con posterioridad han sido el departamento del Magdalena y el de La Guajira los que han asumido aún por contrato de arrendamiento, el disfrute del inmueble litigado, permitiendo de contera, expresa o tácitamente, el uso por parte de otras oficinas distintas a las del municipio demandante. En efecto:
5.3.1. En la declaración rendida por Luis Fernando Marulanda, que obra a folios 130 a 136 del cuaderno del tribunal, aparece que éste expresó que “en el año de 1953, cuando ocupaba el cargo de secretario de la alcaldía de ese municipio” la oficinas fueron trasladadas para “despachar” en el inmueble a que se refiere el litigo, declaración testifical que, como salta a la vista, no señala, de manera alguna, que el municipio de Fonseca empezara a poseer el inmueble, entonces, “con ánimo de señor y dueño”, como lo exige la ley, para que pueda entenderse que actuó como poseedor del mismo.
5.3.2. En la declaración testimonial rendida por Rodrigo Parodi González, que obra a folios 88 a 91 del cuaderno del tribunal, éste manifestó que desde el año de 1953, en el inmueble a que se refiere el litigio “han funcionado la tesorería municipal, la alcaldía municipal”, y la administración de Fonseca “le ha hecho mantenimiento”, pero, al mismo tiempo, agrega que, en ese edificio han funcionado “igualmente la oficina seccional del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, la oficina de supervisión preescolar y primaria del departamento y el colegio de bachillerato “Ernesto Parodi Medina”, inmueble que es el mismo “donde está actualmente el salón de belleza”. Además, manifestó que “en el año de 1962” la alcaldía se trasladó a “la fábrica de licores”.
5.3.3. El Decreto 1005 de 8 de octubre de 1953, proferido por el gobernador del departamento del Magdalena, cuya copia auténtica obra a folio 96 del cuaderno del tribunal, y 206 del cuaderno principal autorizó al secretario de obras públicas de ese departamento para celebrar un contrato de compraventa sobre el inmueble en litigio con el señor Víctor Peralta (art. 1º) y, además, dispuso que, “mientras el departamento cancela el valor total del inmueble y se corre la escritura de compraventa”, se autoriza la celebración de “un contrato de promesa de venta sobre el mencionado bien raíz” (art. 3º).
A folios 139 y 140 del cuaderno principal obra como prueba copia auténtica del “contrato de arrendamiento 001 de 1990”, en el que aparece como arrendador del inmueble cuya usucapión se pretende el señor Agustín Peralta Zúñiga y como arrendatario el departamento de La Guajira, contrato este que fue celebrado entre las partes con posterioridad a la solicitud que Agustín Peralta Zúñiga hizo al departamento de La Guajira para la restitución de ese inmueble.
5.3.4. En el acta de inspección judicial practicada por el juzgado promiscuo del circuito de San Juan del Cesar el 22 de junio de 1990 al inmueble en cuestión, se encontró que allí funciona “un colegio”, lo mismo que “una sala de belleza”, denominada “HAIR”, en la que se encontró como ocupante a Margarita Mejía López, quien dijo ser inquilina de la porción que ocupa, por contrato de arrendamiento celebrado con Agustín Peralta.
5.3.5. A folio 162 del cuaderno principal aparece copia auténtica de la ordenanza 021 de 1976, expedida por la asamblea departamental de La Guajira, en la cual se confieren facultades extraordinarias al gobernador de ese departamento para la celebración del contrato a que se refiere la promesa de compraventa celebrada el 9 de diciembre de 1953 con Víctor Manuel Peralta sobre el inmueble allí escrito y, a folio 164 del mismo cuaderno, obra copia auténtica de la ordenanza 020 de la asamblea departamental de La Guajira, en la que se faculta al gobernador del departamento para “comprar” el lote de terreno ubicado en el perímetro urbano del municipio de Fonseca, donde funciona el colegio Ernesto Parodi Medina, “de propiedad del departamento”.
Del mismo modo, a folios 193 de 194 del cuaderno principal, obra copia de la diligencia de secuestro del inmueble a que se refiere este litigio, practicada por el juzgado promiscuo municipal de Fonseca el 20 de agosto de 1988, en la que se practicó esa medida cautelar “dentro del proceso de sucesión” del causante Víctor Manuel Peralta, sin que se opusiera el municipio de Fonseca.
5.4. Como se observa, de las pruebas anteriormente mencionadas, surge como conclusión que no podía darse por demostrada, por parte del municipio demandante una posesión veintenaria sobre el inmueble a que se refiere este proceso, cuando ella, a lo sumo podría aproximarse a los diez años, lo que tampoco podría entonces autorizar la conclusión de que se reúnen los requisitos para la operancia de la usucapión extraordinaria en favor de la parte demandante, como modo de adquirir el dominio de los bienes ajenos, sin que ello signifique que se haga por la Corte pronunciamiento alguno sobre la titularidad actual respecto del bien objeto del litigio.
5.5. De allí que si ese error de apreciación probatoria llevó al tribunal a revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, a declarar como dueño de ese inmueble por haberlo adquirido por usucapión extraordinaria, al municipio de Fonseca, ha de casarse la sentencia impugnada, para proferir luego la que corresponda, conforme a derecho, en sede de instancia.
1. Dada la prosperidad del segundo de los cargos formulados en casación contra la sentencia proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha —Sala Civil—, el 26 de enero de 1994, procede la Sala, en sede de instancia, a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primer grado, emanado del juzgado promiscuo del circuito de San Juan del Cesar, el 25 de marzo de 1993 (fls. 264 a 266, C-1).
2. En cuanto a la existencia de los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito, advierte la Corte, de entrada, que el certificado expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos del círculo de Riohacha, que obra a folio 2 del cuaderno principal, expresa que en esa oficina “aparece en el libro 2º, tomo I, partida 144, folio 267, de fecha diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953)”, registrada “la escritura pública Nº 72 de fecha 9 de diciembre de 1953, notaría de Fonseca, por medio de la cual el señor Víctor M. Peralta, hizo protocolizar el expediente relacionado con la construcción y propiedad de una casa, ubicada en Fonseca”, en el lote de terreno cuyos linderos allí se especifican, certificado este que, como resulta evidente, no reúne los requisitos exigidos por el texto inicial del artículo 413, numeral 5º Código de Procedimiento Civil, norma que hoy se conserva en el artículo 407 del mismo código, luego de la reforma que le fue introducida por el Decreto 2289 de 1989, disposición esta respecto de la cual tiene dicho la jurisprudencia de esta corporación que “los juzgadores han de tener en cuenta que la ley exige, no la presentación de un certificado cualquiera, sino uno en que, de manera expresa, se indiquen las personas que, con relación al específico bien cuya declaración de pertenencia se pretende, figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o uno que de manera clara diga que sobre ese inmueble no aparece ninguna persona como titular de derechos tales””, (Sentencia Revisión 30 de noviembre de 1976, sentencia 15 de octubre de 1976, G.J. CLIX, primera parte, págs. 295 y 296, reiteradas en sentencia de 22 de agosto de 1995, expediente 4543, ordinario Asociación Provivienda Social de Cali, como cesionaria de Carlos Quintero Tafur contra personas indeterminadas, archivo Corte), deficiencia que trae entonces como consecuencia ineluctable, que la demanda inicial resulta afectada de ineptitud formal para la tramitación del proceso, vicio este que ya no es posible subsanar y cuyo control debió realizarse oportunamente por el juzgador de primer grado conforme a lo preceptuado por los artículos 85, numerales 1º y 2º, y 37 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil.
3. Agrégase a lo anterior, que en este proceso, aún prescindiendo de la ineptitud formal de la demanda, a que ya se hizo alusión, no fueron emplazadas las personas indeterminadas que se creyeren con derecho para intervenir en él (fls. 40 y 58 cdno. Nº 1), como imperativamente lo exige al artículo 407, numeral 6º, literal b), del Código de Procedimiento Civil, lo que acarrearía la nulidad de la actuación.
4. Así las cosas, la sentencia proferida por el juzgado promiscuo del circuito de San Juan del Cesar el 25 de marzo de 1993 (fls. 264 a 266 cuaderno Nº 1), apelada por la parte vencida en memorial que aparece a folios 268 a 272 del mismo cuaderno habrá de revocarse y, en su lugar, se declarará la inhibición para dictar fallo de mérito.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha —Sala Civil—, el 26 de enero de 1994 en el proceso ordinario promovido por el municipio de Fonseca contra Emelina Francisca Zúñiga de Peralta, cónyuge supérstite de Víctor Manuel Peralta, Jesús María Peralta Zúñiga, María Peralta de Bequis, Antonia María, Dominga, Rodrigo, Vicente y Agustín Peralta Zúñiga, así como contra Rocío, María Luisa, Lucila, Édgar, Silvio y Víctor Emilio Peralta Mejía, representados por Fidelina Mejía Calderón, todos estos como herederos del causante mencionado y, en su lugar, esta corporación, obrando en sede de instancia, conforme a lo preceptuado por el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil,
DECLÁRASE la inhibición para proferir sentencia de mérito en este proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de las consideraciones para dictar sentencia sustitutiva de la impugnada con el recurso extraordinario de casación a que se refiere esta providencia. Condénase en costas de las instancias a la parte demandante del proceso. Liquídense conforme a la ley.
José Fernando Ramírez Gómez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo—Rugeles—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianetta—Rafael Romero Sierrra—Jorge Santos Ballesteros.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 368
 artículo 375
 artículo 368
 artículo 140
 artículo 407
 artículo 17
 artículo 402
 artículo 407
 artículo 140
 artículo 142
 artículo 145
 artículo 140
 artículo 368
 artículo 1
 artículo 407
 artículo 2514
 artículo 4
 artículo 2514
 artículo 2531
 artículo 413
 artículo 407
 artículo 407
 artículo 375