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Relaciones Laborales nº90 | PDF Flipbook
Relaciones Laborales nº90
relaciones laborales /90 Marzo 2014 Época V Revista del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia Miguel Segovia Cabanes Jefe de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de Valencia “Desde el inicio de la crisis ha repuntado muy seriamente el trabajo no declarado” Información colegial / Noticias sociolaborales Aula técnica / Jurisprudencia
sumario_03 04_reportaje/entrevista Miguel Segovia Cabanes. Jefe de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de Valencia. 11_información colegial 13_aula técnica Próximas actividades formativas organizadas por el Colegio: cursos, jornadas, etc. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español. La refoma laboral amplía su cauce. La impugnación procesal de los desplazamientos. 17_noticias sociolaborales 18_jurisprudencia 23_área fiscal Novedades de la Sala IV del Tribunal Supremo. Comentarios de actualidad sobre impuestos. 23_bolsa de trabajo Edita De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero propiedad del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales, cuya finalidad es [la gestión y el control de la actividad profesional y la defensa de los intereses de los Graduados Sociales, organización de eventos y actividades para el interés del colectivo]. La información contenida en el fichero incluye nombre y apellidos, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional (incluyendo domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica) y datos de pertenencia al grupo (número de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional). Estos datos son imprescindibles para poder realizar adecuadamente las funciones asignadas al Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales y formarán parte de las Guías Profesionales que se editen, teniendo el fichero la consideración de de fuente accesible al público. Empresas privadas podrán acceder al fichero de colegiados. Si no desea que sus datos sean utilizados para el envío de publicidad o información comercial sobre productos o servicios, podrá indicarlo dirigiéndose por escrito al Excmo Colegio Oficial de Graduados Sociales, para que así conste en la Guía Profesional y los soportes electrónicos que se generen. Sus datos podrán ser cedidos al Consejo General de Graduados Sociales y al Consejo Valenciano de Graduados Sociales, para que pueda gestionarse el censo y la realización de actividades que repercutan en beneficio del colectivo. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. CL Grabador Esteve, 4 1ª – 46004 Valencia. Relaciones Laborales es una publicación mensual del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. Todos aquellos colectivos o personas que deseen colaborar en la misma podrán hacerlo, enviándonos artículos, opiniones o cualquier otro tipo de material periodístico de interés para la linea editorial de la revista a la dirección del Colegio: Grabador Esteve, 4, 1ª • 46004 Valencia • colegio@cograsova.es. Las colaboraciones, opiniones y artículos irán firmados por sus autores y serán responsables a todos los efectos de su contenido. Consejo de Redacción Presidente: Ricardo Gabaldón Gabaldón Directora: Carmen Pleite Broseta Subdirector: Óscar Martorell Tronchoni Jefe de Redacción: Rafa Lupión Ruiz Consejo de Redacción: Salvador Aguado Martínez, Dulce Aguilar Llácer, Enrique Albelda Salom, Joaquín Alcoy Moncholí, José Buenaventura Barberá, Mariano Ferrando Durán, Carmen García Ros, Andrés González Rayo, Teresa Luengo Lloret, José Madolell Pedrajas, Raquel Martínez Pardo, Araceli Sanchis Sanjuán, Lourdes Sanz Calderón, Ana Tur García, Elsa Zamora García. Gerente: Pablo Pernas Verdugo Coordinadora: Mada Rivas Rausell Sede: Grabador Esteve, 4, 1ª 46004 Valencia Impresión: www.iplgrafica.com Depósito legal: V-3244-2007 Núm. ejemplares: 2.500 Distribución gratuita.
4_entrevista Miguel Segovia Cabanes Jefe de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de Valencia “Las denuncias anónimas deben ser objeto de un análisis individualizado y de una selección restrictiva” ¿Cómo cree que ha influido la crisis económica en el fraude laboral? Hemos de discernir entre el fraude laboral en sentido estricto y el fraude en Seguridad Social, en muchos aspectos vinculado a aquél. En cuanto al primero, sin duda, el paro resultante de la crisis económica ha generado una demanda de empleo situada muy por encima de la oferta existente, lo que facilita que los trabajadores, no siempre, pero en más ocasiones de las deseadas, se vean abocados a aceptar una condiciones reales de trabajo que se separan de las contractualmente pactadas y que, en consecuencia, transgreden los límites legales, lo que se ve abonado, a su vez, por las dificultades económicas y financieras que actualmente atraviesan las empresas, afectadas de lleno por la crisis. Ello se traduce en una merma de derechos en jornadas y descansos, normalmente, en un exceso no declarado de jornada que no se ve acompañado de la pertinente y preceptiva retribución salarial, lo que paralelamente repercute en una infracotización a la Seguridad Social, con la consiguiente minoración tanto de los ingresos de ésta, como de las futuras prestaciones sociales de los trabajadores, al verse afectadas sus bases de cotización y períodos de carencia, sin que, alternativamente, aquél exceso de jornada relaciones laborales a que aludíamos se vea compensado por tiempos equivalentes de descanso retribuido. Muestra de ello es la proliferación de la contratación a tiempo parcial, modalidad ésta en la que, sin ser un fenómeno nuevo producto de la crisis, sí se detecta, cada vez más, que las jornadas formalmente pactadas, de cuatro y hasta de dos horas diarias, se vean, en no pocas ocasiones, ampliamente rebasadas, hasta conformar la jornada a tiempo completo, cuando no superior, sin reflejo, como se decía en la retribución y cotización. Desde la perspectiva de la Seguridad Social, es obvio que desde el inicio de la crisis ha repuntado muy seriamente el trabajo no declarado, esto es, la prestación de servicios de trabajadores por cuenta ajena sin que se haya procedido por los receptores de tales servicios a la preceptiva comunicación de su alta en la Seguridad Social, dinámica ésta que incluye, en porcentajes considerables, a perceptores de las prestaciones por desempleo que las compatibilizan con el trabajo y a trabajadores extranjeros no comunitarios que carecen de la correspondiente autorización administrativa para trabajar. Ello conlleva, a su vez, que los trabajadores se vean desprovistos de protección social, ya que al no
entrevista_5 estar dados de alta no cotizan, ni acceden a la acción protectora del Sistema, y que las condiciones laborales a que se ven sometidos estén, con mucho, por debajo los mínimos legales. Sobra decir que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva volcada en este frente los últimos años, en aplicación del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. ¿Podemos decir que estamos mejor o peor que antes de la crisis? Que estamos peor que antes de que se iniciara la crisis es evidente, y con seguridad aún deberán transcurrir muchos años para recuperar los niveles de antaño, aunque sería deseable hacerlo sobre la base de un modelo económico distinto, sostenible, para no volver a incurrir en los mismos errores que trajeron aquélla. Inmersos en la crisis, a lo largo de estos últimos años se está a la espera de esa reactivación económica que vuelva poner en marcha, poco a poco, el tráfico mercantil, como única vía a la regeneración del mercado laboral con la consiguiente disminución del inasumible registro de trabajadores en paro. Lo que ocurre es que esa recuperación está siendo muy lenta, parece que todavía no ha llegado a las familias, y aún se ve lejana, por lo que la situación sigue siendo preocupante. ¿Trabajan ahora en peores condiciones quienes tienen ocupación? Las condiciones laborales actuales son, ni más ni menos, las establecidas por la Reforma laboral, aunque sería más exacto hablar, en plural, de reformas laborales. La visión o ideología personal que cada cual tenga acerca del modelo de sociedad a seguir, acerca del modelo de relaciones económicas y sociales, acerca de la mayor o menor intervención que deben tener el Estado y los Agentes sociales en la regulación del mundo laboral, y, en definitiva, la percepción que uno tenga de lo que es o debe ser el Derecho del Trabajo y su carácter “tuitivo”, determinará su valoración sobre esta reforma y el nuevo escenario de condiciones de trabajo que abre. De un lado, es claro que se ha debilitado la negociación colectiva sectorial, con lo que ello conlleva, y en consecuencia la función de los sindicatos, dando prioridad a los convenios de empresa, que se ha suprimido la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo, supeditándolos a la decisión del empresario, bien que sujeta a control jurisdiccional, y modificado la definición de sus causas motivadoras, dando más espacio a los mismos, que se ha visto igualmente afectada la regulación de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, extendiéndose expresamente a la cuantía salarial y que, en definitiva, las indemnizaciones por despido se han visto mermadas. De otro lado, se ha buscado por el legislador una mayor flexibilización en las relaciones laborales, dando más juego al poder de dirección empresarial y a su “ius variandi”, con la vista puesta en que este nuevo marco jurídico resulte más atractivo, favoreciendo la contratación de trabajadores, con la consiguiente disminución del número de desempleados. Bajo estas premisas, que ciertamante denotan cierta liberalización en el contenido de la Ley del estatuto de los Trabajadores, debemos someter a juicio el empeoramiento o no de las actuales condiciones de trabajo. ¿Qué valoración hace del Plan Integral contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social? La valoración que puedo hacer del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros de27 de abril de 2012, no puede ser, en términos generales, sino positiva, al devenir una herramienta necesaria, en plenos tiempos de crisis, para intensificar las actuaciones tendentes a combatir las conductas generadoras de reducción de los ingresos del Sistema de la Seguridad Social, incremento de sus gastos, deterioro de los derechos de los trabajadores y una indeseable competencia desleal. Dicho Plan, en definitiva, refuerza los instrumentos de control en una coyuntura como la actual. De otro lado, el Plan ha servido de vector para la potenciación de la colaboración institucional con las distintas Entidades Gestoras de la Seguridad Social, la Tesorería General y el Fogasa, y asimismo ha impulsado la suscripción de convenios de colaboración con la AEAT, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio Fiscal, el Consejo general del Notariado y el Colegio de Registradores. El Plan, no debe olvidarse, ha ido acompañado de una serie de modificaciones normativas que han afectado a distintos Cuerpos jurídicos, al Código Penal, a la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y a la ley del Estatuto de los Trabajadores. Respecto de estas modificaciones normativas, especialmente en las que refieren al Código Penal (tipificación de ciertas conductas, constitutivas en principio de infracción administrativa: art. 311.2º) y a la cuantía de las sanciones de la LISOS, quizás podría considerarse excesiva la mera concurrencia de elementos objetivos, con desaparición de los subjetivos, para la configuración del ilícito penal del artículo 311.2º, ilícito éste que va a encontrar su aplicación mayoritaria relaciones laborales
6_entrevista en la pequeña empresa, y quizás podría haberse dejado cierto margen al Inspector o Subinspector actuante en la fijación de la cuantía sancionadora previstas para el tipo del artículo 22.2 de la LISOS, mediante la regulación de ciertas atenuantes, que ante determinados supuestos y situaciones y cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejaran, permitieran rebajar la cuantía de la sanción específica prevista, aprovechando, por ejemplo, las fijadas con carácter general para las infracciones graves. Muchos dicen que la situación económica española solo es sostenible porque el índice de trabajo sumergido es muy alto. Hay quien mantiene que si las cifras oficiales de paro revelaran la realidad, el colapso económico sería aún mayor ¿Comparte estas afirmaciones? El trabajo sumergido siempre ha existido en la economía española, como en otras economías, y esto, aunque nunca es deseable, es inevitable. Pero ocurre que cuando se ha mantenido en unos índices tolerables no ha tenido repercusión en la marcha de la economía ni incidencia apreciable en los ingresos-gastos del Sistema de la Seguridad Social. Caso distinto son los actuales niveles de trabajo sumergido que sufrimos y que se vienen arrastrando en los últimos años como consecuencia de la crisis económica, superando ampliamente el 20 %, lo que deviene inadmisible, tanto por el deterioro que supone de los derechos de los trabajadores, como por la competencia desleal que genera, como por su impacto en la economía social. Es cierto que hay una tendencia a pensar que sin esa economía sumergida, la realidad socioeconómica en España, a la vista de las precarias condiciones económicas de muchas familias, sería de constante agitación social y no sostenible. Bien, aunque entendiéramos que ello pudiera ser cierto y que es ese trabajo sumergido el que permite, en las actuales circunstancias, más menos, el sostenimiento de las familias, no podemos dejar de ver que estamos ante conductas, además de ilícitas, insolidarias, que no constituyen en modo alguno solución al problema y que redundan en perjuicio de todos y ante las cuales no podemos bajar la guardia. . De ahí el gran esfuerzo desarrollado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a fin de erradicar tales prácticas, misión en la que está volcada y que está muy presente en la planificación anual de sus actuaciones, constituyendo la principal preocupación hoy por hoy de sus órganos directivos. ¿Las denuncias anónimas ante la Inspección de Trabajo son una buena herramienta para trabajar desde su punto de vista? Vaya por delante que la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha de basarse esencialmente en su propia planificación interna, en sus propios planes de actuación, eso ha de quedar claro. Junto a ello, el trabajo de la Inspección gira en torno a las denuncias presentadas en forma, que constituyen un porcentaje importante del mismo, y a las que hay que dar respuesta como Servicio Público que la Inspección es. Las denuncias anónimas, presentadas vía fax o correo electrónico, normalmente, o incluso en el Registro, han estado siempre presentes en el día a día, si bien constituyendo, hasta hace poco, un elemento marginal en su cuanto a su influencia en la actuación inspectora. Ocurre, sin embargo, que con la aparición del denominado buzón del fraude, centralizado en los Servicios Centrales de la Inspección relaciones laborales de Trabajo y Seguridad Social, se ha intensificado y mucho la formulación de las denuncias anónimas, ganando en incidencia en la actuación ordinaria de la Inspección. Partiendo de que la formulación de denuncias anónimas no obliga a su cumplimentación por parte de la Inspección y de que ésta actúa siempre de oficio, podemos valorar las mismas, al margen de su fiabilidad, elemento éste también a tener en cuenta, desde el momento que constituyen otra fuente de información de eventuales ilícitos que no llegaría de otro modo a conocimiento de la Inspección, que permite la selección de aquellas que resulten, por su contenido o relevancia social, de interés a efectos de inicio de actuaciones de comprobación. Pero debe vigilarse que esta entrada de denuncias anónimas, no distorsione en modo alguno la actividad ordinaria de la Inspección, más aún si se tiene en cuenta la limitada disponibilidad de recursos personales existente, preservando la propia planificación, la atención de denuncias presentadas en forma y la atención a las peticiones de los distintos organismos públicos. En definitiva, entiendo que las denuncias anónimos deben ser objeto, en todo caso, de un análisis individualizado y de una selección más bien restrictiva, lo que no siempre es fácil. ¿Qué opina de los Graduados Sociales y cómo cree que podría ayudar a la labor de la Inspección de Trabajo? En principio he de decir que la opinión que tengo de los Graduados Sociales es la misma que tengo de todo profesional que ejerce como tal profesional en el sentido puro y noble de la palabra. Ocurre, sin embargo, que es el colectivo de Graduados Sociales el que más asiduamente está en contacto con la Inspección de Trabajo en el día a día. De ahí, si se me permite, que podamos considerarlos en su mayoría como de la casa, habiéndose creado un cierto nexo de unión. A nadie escapa la trayectoria y evolución positiva que viene siguiendo, ya desde hace tiempo, el cuerpo de Graduados Sociales y la profesionalización alcanzada, con un trabajo sumamente especializado, como demanda una sociedad moderna, que los hace idóneos tanto para el asesoramiento de los intervinientes en este mundo de las relacionales socio-laborales como para colaborar, por su proximidad, con la Inspección de Trabajo y con los órganos judiciales del orden social. A modo de añadido, no me resisto a decir, aprovechando estas líneas y este espacio que se me ha proporcionado, que en un futuro muy próximo, uno de mis hijos, por decisión propia, pasará a formar parte con orgullo de ese colectivo de Graduados Sociales. A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su labor se la ayuda, y no descubro nada nuevo, actuando con profesionalidad, que es lo mismo que decir que con seriedad y responsabilidad, o dicho de otro modo universal, con honestidad. Todo ello tiene su inicio en el buen y serio asesoramiento de empresas y trabajadores. Dentro de las reglas del buen proceder se compagina perfecta y armoniosamente la defensa de los intereses de los representados con la colaboración institucional. Sobrados ejemplos de esa honestidad he tenido en mis relaciones, como Inspector, con los graduados sociales, hasta el punto de que en más de una ocasión, que aún recuerdo, me ha bastado su palabra sobre determinados hechos investigados, para proceder al archivo de las actuaciones, en base a la confianza y respeto ganada en el tiempo. En cualquier caso, esa ayuda, obligado es reconocer, ya se está produciendo y no desde hace poco en la generalidad de los casos, lo que desde estas líneas agradezco./RL
información colegial_7 Marzo Seminario CONCURSO DE ACREEDORES Y ESPECIALIDADES TRIBUTARIAS PARA EMPRENDEDORES 25 y 27 de Marzo De 16´30 a 19´30 h. Salón de Actos del Colegio 50€ colegiados D. Antonio Morillo Méndez, Abogado Tributarista y ExInspector de Hacienda del Estado. D. Jaime Igual Gorgonio, Abogado Tributarista. Conferencia LA MEDIACION EN EL SISTEMA JUDICIAL 28 de Marzo De 12´00 a 13´30 h. Ilmo. Sr. D. Pedro L. Viguer Soler, Decano de los Juzgados de Valencia. Mayo 5º - DESAYUNO DE TRABAJO 2014 – Temas de interés de Actualidad JurídicaLaboral LIBERTAD SINDICAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES. ELECCIONES SINDICALES. GARANTIAS. 9 de Mayo De 9 a 11 h. Hotel Hospes Porta de la Mar***** (C/ Navarro Reverter, 14 – Valencia) Excma. Sra. D. Mª. Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada Sala IV del Tribunal Supremo. Próximas actividades formativas Abril Seminario LA JUBILACIÓN EN SU MODALIDAD CONTRIBUTIVA 2 y 3 de Abril De 16´30 a 19´30 h. Salón de Actos Caja de Ahorros del Mediterráneo “La Llotgeta” (Plaza del Mercado, 4)40€ colegiados D. Francisco Ros Gimeno, Director de CAISS Roqueta. Charla PRIMERA JURISPRUDENCIA SOBRE LAS ÚLTIMAS REFORMA LABORALES Y OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 4 de Abril De 09´30 a 12´30 h. 15€ colegiados y asociados Sr. D.Carlos L. Alfonso Mellado, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Sra. Dª. Gemma Fabregat Monfort, Vicedecana de Asuntos Económicos y Profesora titular del Departamento del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia. COLABORA: ASOCIACIACIÓN DE OFICINAS Y DESPACHOS Junio 6º - DESAYUNO DE TRABAJO 2014 – Temas de interés de Actualidad JurídicaLaboral DESPIDOS COLECTIVOS 6 de Junio De 9 a 11 h. Hotel Hospes Porta de la Mar***** (C/ Navarro Reverter, 14 – Valencia) Ilma. Sra. Dª. Isabel Moreno de VianaCárdenas, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Julio 7º - DESAYUNO DE TRABAJO 2014 – Temas de interés de Actualidad JurídicaLaboral ÚLTIMOS CRITERIOS EN MATERIA DE DESPIDOS OBJETIVOS. 4 de Julio De 9 a 11 h. Hotel Hospes Porta de la Mar***** (C/ Navarro Reverter, 14 – Valencia) Excma. Sra. Dª. Rosa Mª. Virolés Piñol, Magistrada Sala IV del Tribunal Supremo. 4º - DESAYUNO DE TRABAJO 2014 – Temas de interés de Actualidad Jurídica-Laboral EL CONCURSO DE ACREEDORES, INCIDENCIAS 25 de Abril De 9 a 11 h. Hotel Hospes Porta de la Mar***** (C/ Navarro Reverter, 14 – Valencia) Ilmo. Sr. D. Salvador Vilata Menades, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia. relaciones laborales
8_información colegial Curso DOCTRINA DE JUZGADOS DE LO SOCIAL, AL DÍA EL DESPIDO COLECTIVO: APLICACIÓN PRáCTICA Y CRITERIOS INTERPRETATIVOS El pasado 9 de enero tuvo lugar en el Salón de Actos Caja Mediterráneo Obra Social” La Loncheta” la jornada sobre la doctrina de Juzgados de lo Social, al día. El Despido colectivo: Aplicación práctica y criterios interpretativos; distintas reformas legislativas; puntos críticos; diferentes pronunciamientos de los Juzgados, Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, organizada por el Colegio con la colaboración de Caja Mediterráneo Obra Social. Los ponentes fueron Miguel Ángel Beltrán Aleu, Magistrado Coordinador. Juzgado de lo Social número 1 de Valencia, José Ramón Hernández Dols, Magistrado del Juzgado de lo Social número 12 de Valencia y Sagrario Plaza Golvano, Secretaria del Juzgado de lo Social número 15 de Valencia. La Jornada fue inaugurada por el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, Ricardo Gabaldón y también esta acción formativa fue realizada online. relaciones laborales
información colegial_9 Conferencia INSTRUMENTOS DE PAGO SEPA GUÍA DE MIGRACIÓN PARA EL USUARIO Desayuno de trabajo INCIDENCIAS DE LAS DECLARACIONES AEAT, CRITERIO CAJA El 10 de enero tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio la conferencia, sobre los instrumentos de pago SEPA, guía de migración para el usuario, organizada por el Colegio de Graduados Sociales y el Banco Sabadell. El ponente fue Juan Segarra Cabedo, Delegado de BS Financiación de Banco Sabadell, fue inaugurada por José Molina Sarió, Vicepresidente 2º del Colegio y Alberto Rando Doblas, Gerente de instituciones y colectivos del Banco Sabadell. El pasado 24 de enero se celebró en el Hotel Hospes Porta de la Mar el primer Desayuno de Trabajo del 2014 organizado por el Colegio con la colaboración de Academia La Glorieta. En esta ocasión se trataron las incidencias de las declaraciones de la AEAT, el ponente fue Manuel Cabrera Pardo, Delegado Especial de Valencia de la AEAT. Este primer desayuno fue inaugurado por Ricardo Gabaldón, Presidente del Colegio. Jornada NOVEDADES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2014 El pasado 7 de febrero tuvo lugar en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia una jornada sobre las principales novedades laborales y de Seguridad Social organizada por Cograsova con la colaboración de Activa Mutua. Los ponentes fueron Bernardo Castelló Enguix, Director Provincial de la TGSS y del INSS de Castellón y Damián Beneyto Calabuig, Inspector de Trabajo y Segurida Social de Valencia. La Jornada fue inaugurada por el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, Ricardo Gabaldón y moderada por Teresa Hueso y José Molina, miembros de la Junta de Gobierno. La afluencia a la mencionada Jornada ha sido masiva, contando con medio millar de inscripciones. relaciones laborales
10_información colegial Desayuno de trabajo EL ENCUADRAMIENTO DE LOS SOCIOS ADMINISTRADORES EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES El pasado 14 de febrero se celebró en el Hotel Hospes Porta de la Mar un desayuno de Trabajo organizado por el Colegio con la colaboración de Academia La Glorieta. El asunto tratado fue el encuadramiento de los socios administradores en las sociedades mercantiles y la ponente fue Luisa Salas Martí, Subdirectora Provincial de Gestión Descentralizada de la TGSS. El desayuno fue inaugurado por Teresa Hueso, Tesorera del Colegio. Jornada GANDIA Y XàTIVA ACOGEN LA JORNADA ‘NOVEDADES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL’ La Casa de la Cultura Márquez de González de Quirós de Gandia acogió el pasado 18 de febrero la jornada “Novedades laborales y de Seguridad Social 2014” a cargo del Director Provincial de la TGSS y del INSS de Castellón, Bernardo Castelló Enguix. La jornada, organizada por Cograsova con la colaboración de Activa Mutua y el Grupo Glorieta fue inaugurada por Mª José Chavarria y por el delegado comarcal Josep Andreu Serra Esteve. Esta misma jornada se llevó a cabo el 26 de febrero en la Casa de la Cultura de Xàtiva. Curso NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL LEY ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Los Graduados Sociales formarán parte de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, decidió el pasado 21 de febrero incluir la figura procesal del Graduado Social en el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Así, del mismo modo que sucede con abogados y procuradores, quien elija a un Graduado Social para que lo represente ante la Jurisdicción del Orden Social podrá obtener derecho a la asistencia jurídica gratuita. Para la inclusión de nuestra profesión en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ha sido fundamental el impulso dado por el Consejo General con la colaboración de algunos colegios, como es el caso del Colegio de Graduados Sociales de Valencia. Nuestro Colegio fue pionero en este impulso y servicio, a través de la implantación de la Oficina de Información Sociolaboral ubicada en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Ahora es necesario esperar el trámite parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, para que el proyecto se convierta definitivamente en Ley. Del 3 al 24 de febrero se celebró en el Aulario del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia el curso de Nóminas y Seguridad Social correspondiente al nivel 1. La ponente fue la Graduado Social y Licenciada en Ciencias del Trabajo Ana Parreño Patón. El curso, organizado por el Colegio con la colaboración de Servisoft A3 Software, fue inaugurado por Carmen Pleite, Vicepresidenta 1ª del Colegio. relaciones laborales
información colegial_11 Seminario RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA Seminario PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA E INSPECCIÓN Los días 11 y 13 de febrero se celebró en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia un seminario sobre recursos y medios de defensa que tuvo como ponentes a Antonio Morillo Méndez, Abogado Tributarista y ExInspector de Hacienda del Estado y Jaime Igual Gorgonio, Abogado Tributarista. El seminario, organizado por Cograsova, fue inagurado por la vicepresidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, Carmen Pleite. Del 18 al 27 de febrero Cograsova organizó un seminario para abordar los procedimientos de gestión tributaria e inspección. Las jornadas se llevaron a cabo en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia y contaron como ponenetes con Antonio Morillo Méndez, abogado tributarista y exinspector de Hacienda y Jaime Igual Gorgorino, abogado tributarista. Mayte Alcaraz vocal de formación del Colegio, fue la encargada de inaugurar el seminario. CONSULTAS ASESORÍA LABORAL VIRTUAL CARLOS ALFONSO MELLADO, Catedrático Derecho del Trabajo y de la S.S de la Universidad de Valencia. GEMMA FABREGAT MONTFORT, Vicedecana de Asuntos Económicos y Profesora titular del Dpto. del Trabajo y S.S. de la Universidad de Valencia PREGUNTA 1 DESPIDO POR CIERRE Se trata de una empresa con actividad de pastelería-cafetería que va a cerrar por pérdidas. Tiene 3 trabajadoras, una de ellas con reducción de jornada por cuidado de hijo. El caso es que el local se va a traspasar pero la actividad va a ser de Pizzería. Se va a proceder a despedir a los trabajadores por causas económicas, pero el problema lo tengo con la que tiene reducción de jornada. Podría esta argumentar que es una sucesión de empresa. Necesito que me asesoren con el tema para que la trabajadora no me impugne el despido y que no pueda ser considerado nulo. RESPUESTA 1 La posibilidad de impugnación siempre existe. Para analizar la misma hay que diferenciar dos supuestos: 1º) El despido. Si la empresa tiene realmente pérdidas y lo puede acreditar, puede despedir a sus trabajadores, siempre que las pérdidas sean considerables conforme al art. 52 c) ET, cumpliendo todos los requisitos previstos en el art. 53. La existencia de una reducción por cuidado de hijo no impide el despido, lo que ocurre es que o el mismo está justificado y se hace bien - en cuyo caso será procedente - o el mismo se declara nulo (art. 53.4 ET), es decir lo que desaparece es la opción de la improcedencia, pero no la del despido procedente que depende, como hemos dicho de la existencia de causa y de que se hagan correctamente los trámites. 2º) La posible sucesión de empresa. La sucesión requiere que se transmita la empresa, para ello se analiza la cesión de bienes inmuebles y muebles, la similitud del objeto, la transmisión de clientela, etc. En este caso solo el análisis de todos los elementos permitiría llegar a una conclusión al respecto. En todo caso podemos orientarle: a) Si solo se traspasa el local no parece suficiente para que se entienda transmisión de empresa; diferente es que se traspase el local y además enseres, sillas, mesas, electrodomésticos, etc. En cuyo caso si aparece un indicio de transmisión de empresa. b) El objeto no es el mismo, pero tiene alguna similitud habría que ver si predominan las similitudes o no; por ejemplo había antes y ahora servicio en mesa o no, además de pizzas se van a hacer otras cosas que ya se hacían antes, etc. c) Por otro lado la transmisión de empresa hecha después de que los despidos sean firmes no debería afectar a los mismos, pues la subrogación en los derechos de los trabajadores solo se produce de aquellos que estén en activo en el momento de la transmisión. Teniendo en cuenta todo esto, deberían intentar eliminar todo aquello que pudiera entenderse transmisión de empresa, aunque los trabajadores siempre podrán alegarlo e intentar demostrar que esta se ha producido, lo que dependerá como le decimos del análisis de si se ha transmitido la actividad y los elementos materiales necesarios para realizarla. relaciones laborales
12_información colegial PREGUNTA 2 DESCUELGUE CONVENIO Necesito ayuda. Si una empresa está en concurso de acreedores¿ puede descolgarse del convenio y no aplicar las tablas salariales sin necesidad de solicitar autorización alguna? ¿Dónde puedo mirar normativa al respecto? Gracias. Por favor responda, que me urge bastante. RESPUESTA 2 Lo puede mirar en la Ley concursal, concretamente en su Artículo 66. Convenios colectivos, que dice: La modificación de las condiciones establecidas en los convenios regulados en el título III del Estatuto de los Trabajadores sólo podrá afectar a aquellas materias en las que sea admisible con arreglo a la legislación laboral, y, en todo caso, requerirá el acuerdo de los representantes legales de los trabajadores. En consecuencia es posible, efectivamente el descuelgue salarial, pues lo permite la legislación laboral (82.3 ET), pero siempre por acuerdo con los representantes legales de los trabajadores. Cabe la duda, pero sería lógico, que en estos momentos la empresa pudiera acogerse a todo lo que dice el art. 82.3 y que si no hay representantes se pueda nombrar una comisión de 3 representantes de los trabajadores e incluso que si no hay acuerdo se pueda solicitar la resolución o arbitraje de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivo o en la Comunidad Valenciana de la Comisión Tripartita que se ha regulado al efecto, pero en cualquier caso es claro que unilateralmente la empresa no lo puede hacer, además de que tendría que seguir todos los trámites de la legislación laboral: período de consultas, etc. PREGUNTA 3 ENCUADRAMIENTO RETA O NO EL SUPUESTO VERSA SOBRE UNA SOCIEDAD LIMITADA COMPUESTA POR UN SOCIO CON EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL. EL ORGANO DE ADMINISTRACION DE ESTA SOCIEDAD ESTA COMPUESTO POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMPUESTO POR UN PRESIDENTE (QUE ES EL SOCIO AL 100%), UN SECRETARIO Y TRES VOCALES. LOS 5 COMPONENTES SON FAMILIA DE MODO QUE EL PRESIDENTE ES EL PADRE Y EL RESTO (SECRETARIO Y VOCALES) SON HIJOS. TODOS LOS HIJOS ESTAN YA EMANCIPADOS Y NO EXISTE CONVIVENCIA NI ENTRE ELLOS NI CON EL SOCIO/PRESIDENTE DEL CONSEJO. LAS FUNCIONES/FACULTADES DEL CONSEJO ESTAN DELEGADAS (EXPRESAMENTE MEDIANTE ESCRITURA NOTARIAL) A UN CONSEJERO DELEGADO, EN ESTE CASO, ES UNO DE LOS VOCALES. CON ESTE PLANTEAMIENTO, LAS DUDAS QUE NOS SURGEN SON DOS, EN PRIMER LUGAR SABER EL ENCUADRAMIENTO DEL CONSEJERO DELEGADO QUE TIENE ATRIBUIDAS LAS FUNCIONES/FACULTADES DEL CONSEJO Y EN SEGUNDO LUGAR SABER EN QUE SITUACIÓN QUEDA EL SOCIO UNICO (Y PRESIDENTE DEL CONSEJO) TENIENDO EN CUENTA QUE VA A ACCEDER A LA JUBILACION EN LOS PROXIMOS DIAS. SALUDOS Y GRACIAS POR TODO. RESPUESTA 3 Por lo que expones las funciones de dirección y gerencia las realiza el hijo consejero, y entiendo lo siguiente: - SÍ que realiza funciones de dirección y gerencia. - SÍ que percibe retribuciones por ello. - NO posee el control de la sociedad. Si es este el caso se encuadraría en el Régimen General como asimilado a cuenta ajena, con exclusión de desempleo y FOGASA. Cosa distinta sería si no percibe retribución, entonces nos encontraríamos con: - SÍ funciones de dirección y gerencia. - NO retribución. - NO control de la sociedad. En este caso quedaría excluido del Sistema, pero al resultar extraño probablemente la Tesorería le pediría que justificara la situación. Respecto al padre cuando se jubila entiendo que: - NO realiza funciones de dirección y gerencia - NO percibe retribución por el cargo. - SÍ posee el control. No estaría incluido en el sistema y por tanto el percibo de la pensión no estaría afectado por ningún tipo de incompatibilidad. PREGUNTA 4 FOGASA Buenos días, mi duda es porque me ha llegado un tema de un trabajador el cuál fue despedido en fecha 29/02/2012 por causas objetivas en fecha 21/05/2012 se realiza acto conciliación con aveniencia.Con fecha 12/03/2012 se solicita ante el Juzgado ejecución de la misma, pero se decreta la inejecución puesto que la empresa se encuentra en concurso declarado desde 19/09/2012, y en base al art. 248.3 de la ley concursal dice que las acciones de ejecución deben realizarse ante el Juzgado Mercantil. Con lo cuál mi pregunta es que en base a esto no puede solicitar dicha deuda ante el FOGASA? y si fuera así que debe hacer para solicitar la ejecución al J. mercantil?. Gracias por vuestra atención. RESPUESTA 4 La ejecución ante el Juzgado mercantil la debe solicitar personándose ante él, pero en principio la ejecución quedará paralizada por el proceso concursal; en realidad, pues, lo que ha de hacer es instar el reconocimiento de la deuda con el trabajador a la administración concursal. En cuanto a la posibilidad de solicitar del FOGASA el pago de las cantidades va a tener un problema, pues si la conciliación lo que hizo fue fijar una indemnización la misma no goza de garantía por el FOGASA que, conforme al art. 33.2 ET solo garantiza las indemnizaciones reconocidas en sentencia, auto, resolución administrativa o CONCILIACIÓN JUDICIAL. Por tanto no las reconocidas en conciliación ante el SMAC; si la conciliación hubiese sido judicial si puede solicitar del FOGASA el abono de la misma una vez haya obtenido la certificación de que el crédito del trabajador ha sido reconocido en el proceso concursal. relaciones laborales
aula técnica_13 LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Abogado de Unión de Mutuas Pedro Agut La L.O. 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, ha introducido la responsabilidad estrictamente penal de las personas jurídicas. Con su entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010 se incorporó en el ordenamiento jurídico español un nuevo marco en el que las personas jurídicas son susceptibles de ser consideradas responsables desde un punto de vista penal. Esta responsabilidad es autónoma de las posibles consecuencias que se pudiesen derivar en la persona física. Por tanto, ahora, junto con las ya existentes responsabilidades civiles y administrativas de las personas jurídicas, nos encontramos con esta nueva figura que se encuentra regulada en el artículo 31 bis del Código Penal. Finalidad de la reforma Con esta colectivización de la responsabilidad penal, la tarea que se plantea a todos los actores jurídicos es realmente compleja y consiste en la nueva creación de un subsistema de derecho penal ad hoc, creador de un estatuto de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que debe convivir con el tradicional, propio de las personas físicas. Esta convivencia debe articularse tanto en el ámbito de la fundamentación de la responsabilidad, como en el de su medición (eximentes, circunstancias atenuantes y agravantes), y en el de las sanciones a aplicar. Probablemente, la función básica de esta nueva regulación es “motivar a las personas jurídicas a que adopten medidas de organización internas con el fin de prevenir y detectar la comisión de hechos delictivos. A los administradores de una empresa les es más fácil evitar los hechos delictivos que cometan sus empleados y descubrirlos, que al Estado.” Como podremos observar más adelante, esta necesidad de control supondrá un fuerte impacto en las empresas, ya que éstas deberán tener los medios, ante un posible cumplimiento de un tipo penal, para justificar que realmente lo ejercieron y que el ilícito cometido no es responsabilidad directa de la persona jurídica. En este sentido, el “debido control” que la reforma exige se lleve a cabo en la persona jurídica, respecto de subordinados y empleados, se llevaría a cabo por una triple vía: - vía preventiva: En ella, la empresa analiza los riesgos penales en que puede incurrir en atención a la actividad que se realiza, fija las normas y principios éticos por los que se rige, y fija expresamente las conductas prohibidas. - vía de control: un segundo paso sería la fijación de instrumentos de control de dicho código de conducta previo, como por ejemplo, el nombramiento de personal responsable de la supervisión del cumplimiento, o la generación de un canal de denuncia al alcance de todo el personal, con garantía de anonimato. - vía disciplinaria: finalmente, en el supuesto en que se lleve a cabo efectivamente el ilícito, la instauración de un catálogo de sanciones adecuadas (siempre dentro de la relación laboral). La implantación de estos instrumentos, como indica la circular 1/2011 de la Fiscalía General, no exonera de responsabilidad a la persona jurídica. A pesar de ello, si la persona jurídica acredita que sus órganos de gobierno han adoptado las medidas exigibles para la prevención, la detección y la reacción ante posibles delitos, no debería imponérsele responsabilidad penal en el supuesto de que uno de sus empleados consiga burlar tales medidas y cometer un delito, opinión que parece recoger también la referida circular. Supuestos de imputación Para la imputación de la responsabilidad, se parte del principio de que la actuación de determinadas personas físicas en la empresa podrá generar una responsabilidad relaciones laborales
14_aula técnica de índole penal en la misma. El art. 31 bis. 1 CP establece un doble sistema, según el delito haya sido cometido por el administrador/representante legal o por el empleado: 1º Los delitos deben ser cometidos por los administradores de hecho o de derecho o por un representante legal. 2º Los delitos son cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las propias empresas por un empleado, incluyendo un fallo, en el control/supervisión de la persona jurídica. En el primero de los casos, la actuación de los administradores de hecho o de derecho y de los representantes legales tiene que realizarse en provecho de la empresa, de forma que si se prueba que la actuación del autor se ha realizado solo en provecho propio y no de la empresa, esta última no será responsable. Son administradores de derecho los miembros del órgano de administración (son aquellos que representan a la empresa conforme a la normativa societaria); siendo aplicable el artículo 209 de la Ley de Sociedades de Capital, RDL 1/2010, de 2 de julio, que dice: “la administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, o a varios administradores que actúen de forma solidaria o conjunta o a un consejo de administración”. Los administradores de hecho son “aquellos que ejercen de facto el mismo poder de decisión que el administrador de derecho, a través del cual ejecutan su voluntad. Se entiende que tal poder fáctico de imposición es propio de personas físicas”. Lo componen: 1. El personal de alta dirección (consejeros delegados, directores generales) que en las empresas, grandes y medianas, son los que gestionan y controlan la actividad de la sociedad. En grandes empresas divididas en varias secciones o divisiones, que operan con un notable grado de autonomía, sus directores generales son administradores de hecho, por mucho que siempre exista un poder de supervisión sobre su labor por parte del consejo de administración. 2. Los administradores ocultos, que gobiernan la empresa a través de testaferros. 3. Los administradores y directivos de la empresa madre en relación con las filiales. El representante legal será la persona que ejerce la representación de la persona jurídica y que en las sociedades de capital se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos. Junto al primer supuesto de imputación, existe un segundo, el de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las empresas por un empleado, incluyendo un fallo, en el control/supervisión del mismo. En las empresas medianas y, sobre todo en las grandes, el supuesto más habitual en la práctica será aquel en el que el hecho delictivo es cometido por un subordinado y no por los administradores o el personal de alta dirección, lo que provoca que la falta de compromiso de la administración de la empresa con la necesidad de un sistema de prevención y detección de hechos delictivos, se pueda llegar a entender por ausencia del “debido control” atendidas las circunstancias concretas de cada caso; este nuevo concepto es el que principalmente provoca la necesidad de implementación de un plan de prevención jurídica. Utilizando las palabras del Código Penal, la acreditación de que se ha ejercido sobre los empleados el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso, exime de la imputación de responsabilidad penal a la empresa. Lo que se sanciona es precisamente la falta de control; acreditado el control adecuado, no existiría ilícito. Delitos susceptibles de ser cometidos por una persona jurídica Únicamente puede exigirse responsabilidad penal a una persona jurídica respecto de aquellos delitos en que expresamente así se haya previsto en las disposiciones del Libro II del Código Penal, que son: Delito de tráfico y transplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis CP), delito de trata de seres humanos (art. 177 bis CP), delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (arts. 187 a 189 CP), delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP), delitos de estafa (arts. 248 a 251 CP), delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261 CP), delito de daños informáticos (art. 264 CP), delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (arts. 270 a 288 CP), delito de blanqueo de capitales (art. 302 CP), delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 CP), delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis CP), delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP), delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 CP), delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos (art. 328 CP), delito relativo a las radiaciones ionizantes (art. 343 CP), delito de estragos (art. 348 CP), delito de tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP), delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP), delitos de cohecho (arts. 419 a 427 CP), delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP), delito de co- relaciones laborales
aula técnica_15 rrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 445 CP) y delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis CP). Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas El art. 31 bis CP establece un sistema tasado y propio de atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: la confesión de la infracción antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra la persona jurídica; la colaboración en la investigación; la reparación o disminución del daño causado con anterioridad al juicio oral; y el establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir futuros delitos (la instauración previa de dichas medidas eximiría de responsabilidad, al existir el “debido control”). Penas aplicables a las personas jurídicas La pena principal y obligatoria en todos los delitos, es la multa. Las accesorias y potestativas son: disolución de la persona jurídica; suspensión de las actividades; clausura de locales y establecimientos; prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social; e intervención judicial. Responsabilidad civil de la persona jurídica De acuerdo con lo dispuesto en el art. 116.3 CP, la responsabilidad penal de la persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos, remitiéndose a la regulación genérica del art. 110 CP en cuanto al contenido de la responsabilidad civil derivada del delito. Una mirada hacia el futuro: nuevo Proyecto de Reforma del Código Penal El 23 de septiembre de 2013, el Consejo de Ministro ha aprobado el texto de un nuevo proyecto de ley de reforma del Código Penal, que ha pasado a las Cortes para su debate y aprobación. Las novedades más significativas del mismo en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas son: - Implantación en empresas de modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para la prevención de delitos - Requisitos de los modelos de gestión (manuales de prevención): Identificar las actividades que puedan generar riesgo de comisión de delitos; establecer los protocolos para la formación de la voluntad de la empresa, adopción de decisiones y ejecución de las mismas; modelos de gestión de los recursos financieros adecuados; obligación de informar de posibles riesgos o incumplimientos; establecer un sistema disciplinario adecuado; verificación periódica del modelo y sus eventuales modificaciones y actualizaciones; la supervisión del funcionamiento y cumplimiento de dicho modelo se confíe a un órgano de la empresa pero con poder autónomo de iniciativa y control. - Nuevo delito, castigado con penas de prisión e inhabilitación para el administrador o gerente, si se da un supuesto de conducta tipificada en la empresa y no se había implantado el modelo de gestión preventivo. Como se ve, con esta nueva regulación, se da una vuelta de tuerca más a las exigencias legislativas respecto al grado de implantación en las empresas de la filosofía de la prevención en el ámbito penal./RL relaciones laborales

References: artículo 311
 artículo 22
 Artículo 66
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 209