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Timestamp: 2018-09-23 10:00:40+00:00

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LOS QUE MÁS DEBEN AL ESTADO Y SUBASTAN AL PAÍS. Por Por Eduardo Ruilova Quezada*
lalineadefuego.info septiembre 11, 2018 Análisis, Economía
El Movimiento Alianza País y sus acólitos, que hacían mayoría en la Asamblea Nacional en asociación con el Estado ecuatoriano, promulgaron la denominada “Ley de Remisión de Intereses Multas y Recargos” o de amnistía tributaria, aprobada el 28 de abril del 2015 por 109 Asambleístas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial número 493, el 5 de mayo.
La economista y master Ximena Amoroso, ex directora del SRI, manifestaba que la aprobación de esa ley, enviada como económico urgente, se dio tras la reunión que mantuvieron el sector empresarial y el ex presidente de la república Rafael Correa Delgado, el 2 de marzo. Ley creada exclusivamente, en “respuesta a un pedido del sector empresarial, cuyos representantes se reunieron con el Presidente en marzo, y pidieron al Ejecutivo impulsar este mecanismo. Es un pacto”.
“Esto es un ganar-ganar, los empresarios no pagan los intereses o multas con la condición de que cancelen el 100% del capital y así el Estado recauda esos dineros pendientes que serán reinvertidos en obras”. (…) Leonardo Orlando, ex subdirector general de desarrollo del SRI, expresaba que “…8 empresas tienen deudas por un valor de $898 millones, de los cuales $455 millones corresponden al capital o impuestos y el restante a intereses, multas o recargos ($443 millones). (…) entre estas grandes empresas que adeudan al Estado están los bancos del Pichincha y Guayaquil, y las operadoras telefónicas Conecel y Otecel, aunque no especificó cuál es el monto de cada una”.
Entre las empresas que más adeudan al Estado están las “compañías dedicadas al sector de la explotación de minas y canteras, seguidas de las que se dedican al comercio al por mayor. (…) entre las sociedades que más le deben al fisco están Andes Petroleum con $328’443.348 (impugnada) y Banco Pichincha con $ 190’283.358 (entre en firme e impugnada).
De acogerse a la ley de remisión, Andes Petroleum se ahorraría $168’767.187, mientras que Banco Pichincha, $94’912.884. (…) Otras de las sociedades que mantienen deudas importantes con el SRI son Exportadora Bananera Noboa con $68’928.153 ($ 32’184.101 entre intereses y multas), el Banco de Guayaquil con $34’448.395 ($ 15’976.500 entre intereses, multas y recargos; Pronaca con $ 18’736.181 ($10’361.220 entre intereses y multa). (…) también constan medios de comunicación como El Universo, con una deuda impugnada de $2’646.927 ($1’323.587 entre intereses y multa) y el grupo El Comercio con $2’743.722 ($1’317.344 entre interés y multa).
Según Orlando, el SRI tenía previsto recaudar $800 millones extras durante ese año, lo que significaría un ahorro de $400 millones por los desistimientos de los procesos judiciales. La distribución de los potenciales beneficiarios principalmente está en las declaraciones y anexos con 975 mil contribuyentes; deudas pendientes, 209 mil contribuyentes; impuestos vehiculares, 725 mil contribuyentes (deben al menos un período del impuesto fiscal o ambiental); y en régimen simplificado hay clientes que tienen 271 cuotas pendientes, detalló Orlando. El rubro con mayor monto de deuda acumulada es el Impuesto a la Renta (IR) con $ 4.993 millones, que corresponde a 42.000 contribuyentes. Le sigue el Impuesto a los Consumos Especiales con $559 millones y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con $351 millones”.
El Estado encubre a los grandes deudores y para recuperar los 6.200 millones de dólares que deben, (50% de capital y 50% de intereses), abrieron el abanico a todos los contribuyentes; según “el SRI el proceso fue exitoso y 1’107.162 contribuyentes están al día con sus obligaciones tributarias. El 90% de los beneficiarios son personas naturales y de ese porcentaje, más de 134.401 corresponden al Régimen Impositivo Simplificado (RISE). Esto es muy importante, los del RISE son los más pequeños, los que pagan desde $ 2 hasta $ 100. Beneficiarse con el 50% de remisión quizá les representa su capital de trabajo”.
“La cartera total del SRI asciende a $ 6.173 millones, de los cuales el 50,2% corresponde a los intereses por mora, multas y recargos tributarios. (…) Las sociedades privadas son las principales deudoras con más de $5.700 millones. Un total de 106.726 empresas podrían aplicar la ley, entre ellas los 23 bancos del país que mantienen deudas con el SRI por $346,6 millones en impuestos.
Entre intereses multas o recargos, las entidades financieras adeudan $169,4 millones, cifra que dejarían de pagar si se acogen a la remisión. Los bancos que más obligaciones pendientes -entre deuda en firme e impugnada- son Pichincha, Internacional, Solidario, Guayaquil y Pacífico (banco estatal), con $190,2 millones, $38,5 millones, $35,5 millones, $34,4 millones, y $14,2 millones, respectivamente”.
(…) Los bancos que más recursos adeudan al fisco son también los que más ganancias netas reportaron en 2014; entre las cinco entidades acumularon $ 220,8 millones. El año pasado las utilidades de las 23 instituciones financieras fueron de $ 334,7 millones, un crecimiento del 24,8% en comparación con 2013 ($268 millones)”.
La Superintendencia de Bancos, informa muy campante que “en promedio, en los últimos ocho años los bancos han obtenido 395 millones de dólares anuales por cobro de servicios a los usuarios, frente a los 281,5 millones de dólares de utilidad nominal alcanzada en promedio en el mismo período”. Ganancias que en los primeros 8 años de Revolución Ciudadana les permitió obtener 5.412 millones de dólares de ganancia. Utilidad descomunal que permite la acumular más riqueza a un grupo pequeño de banqueros y que no rinde ningún tributo al Estado; el cual en demostración clara y frontal a los ecuatorianos debería imponerles un impuesto directo y no como lo hizo con los empleados privados que obtenían más de 8.000 dólares de utilidades por su trabajo digno.
Como triunfo político-económico el SRI anunció que durante “los 90 días de remisión la entidad recaudó $ 971’694.922, por encima de lo que estaba previsto por las autoridades que estimaban recaudar al menos $ 500 millones”.
Para conseguir aquella recaudación les otorgaron facilidades: quienes realizaban los pagos dentro de los primeros 60 días a partir de la promulgación de dicha ley, es decir hasta el 28 de julio el descuentos sobre intereses de mora, multas o recargos, será del 100% y quienes los hagan a partir de la segunda etapa que corre desde el 29 de julio hasta el 9 de septiembre la remisión será del 50%.
“para lograr una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos, fue agrupar a los contribuyentes que más recaudación generan en la economía. Es así que pasamos de 42 grupos económicos con 1.751 empresas en el 2008, a un total de 125 grupos económicos con 3.820 empresas en el 2015” (…)”.
Pese a la magnitud de las cifras por recuperar, el SRI no ha clausurado ni clausurará ninguna compañía, empresa, banco, fábrica o comercio por la vinculación, dependencia y hasta una especie de temor que tienen los gobernantes hacia la burguesía comercial-financiera-empresarial, propietarios de grandes grupos económicos nacionales y extranjeros; para quienes, no hay ley, solamente notificaciones telefónicas o escritas, pidiéndoles de favor, humillándose, casi arrodillándose que se acerquen a cancelar sus impuestos, les dan prorrogas, amplían el o los plazos para los cobros hasta cuando ellos tengan la buena voluntad de acercarse al SRI y cancelar sus tributos al Estado.
Mientras que, a pequeños y medianos negocios, pertenecientes a sectores pobres y clase media de la población, en impresionantes operativos arremeten con arrogancia los funcionarios del SRI, acompañados de fuertes contingentes de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía para clausurarles sus almacenes, comercios, bazares, centros de belleza, tiendas de abarrote, restaurantes, panaderías, amenazándoles que cumplan con la “ley”, en caso de ser reincidentes hasta los amenazan con la clausura definitiva. Solo falta que se dediquen a poner sellos de clausura a los negocios rodantes de los comerciantes informales, a quienes pomposamente los llaman emprendedores, palabra con la cual encubren el desempleo galopante en el país.
“Si el gran hecho político del siglo XX fue el haberse consolidado la democracia (…), es también cierto que la legitimización del Estado, con base exclusiva en la democracia representativa se agotó por su creciente distanciamiento de la mayoría absoluta de la sociedad. La política se subordinó a la economía, dominada por un sector financiero que busca riqueza sin producción. En estas condiciones, el poder político del Estado no deja de perder legitimidad. En América Latina, el desarrollo económico no redujo las desigualdades sociales: la intensificación continua de la pobreza y el triste espectáculo de la miseria llevó a un proceso de banalización del horror”.
El historiador Juan Paz y Miño en su columna del 9 de octubre del 2017, desenmascara el carácter mezquino y corrupto que mantiene el sector financiero-comercial-exportador (burguesía ecuatoriana vinculada a dueños de capital extranjero), al presionar y atacar históricamente a los gobiernos de turno para mantener sus exclusivos intereses económicos, con un afán desmesurado por incrementar sus fortunas a pretexto de contribuir al desarrollo del país.
Lo cual no es cierto ya que ellos, desde el Estado al introducir a sus representantes en los gobiernos de turno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo hacen en exclusivo beneficio de cuidar y proteger sus intereses, escudándose siempre en una aparente defensa y protección al pueblo y al trabajador; más en los hechos, resulta que ni siquiera les pagan un salario justo y a tiempo, evaden el aseguramiento al IESS, no les cancelan utilidades y los despiden intempestivamente.
El columnista anota que según el SRI, “…hay 215 grupos económicos, cuya presión fiscal no llega al 3%, y sin embargo adeudan $ 2.260’157.584 al Estado. Además, “hay 15.719 contribuyentes que han utilizado comprobantes de venta emitidos por 512 empresas fantasmas. El monto de transacciones realizadas por estas empresas fantasmas con sus clientes asciende a $ 2.100 millones, generando un perjuicio al fisco de $ 655 millones en Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA)”; y también “alrededor de $ 4.700 millones salieron a paraísos fiscales entre 2014 y diciembre de 2016”. Sobre esta gigantesca ‘corrupción privada’ nadie habla”.
Los que más deben al Estado
Descarado continuismo laboral
Sin tapujos el gobierno de Alianza País, con Lenín Moreno a la cabeza, en acólito acompañamiento de sus ministros, Ingeniero electrónico Carlos Pérez García, ex gerente general de Halliburton y encargado de las operaciones y mantenimiento de los equipos electrónicos e hidráulicos de Schlumberger en Ecuador; es el ministro de Electricidad y Energía Renovables y de Hidrocarburos; el ingeniero Pablo Campana Sáenz (ha ocupado cargos importantes en las empresas de su suegra, la señora Isabel Noboa Pontón), responsable de la cartera de Comercio Exterior y el economista Richard Martínez Alvarado de Economía y Finanzas (ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano -2015-2018 y ex presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción -2014-2018-), han expresado que para solucionar en algo el déficit fiscal hay que eliminar los subsidios a los combustibles y vender algunos activos del Estado, es decir vender empresas públicas.
La oferta que podrán al mercado con seguridad será: más de 1.500 KM en concesiones viales; las 8 hidroeléctricas: Coca Codo Siclair, Sopladora, Mandariacu, Mazar Dudas, Quijos, San Francisco, Toachi Pilatón, Delsitanisagua; telecomunicaciones; instituciones financieras como el Banco del Pacífico, Inmobiliar y Seguros Sucre; Flopec-EP; Tame-EP; la Cementera Nacional y los canales de televisión incautados al Grupo Isaías; la entrega de grandes extensiones de tierras a corporaciones transnacionales; los puertos quedan descartados porque ya fueron subastados y entregados a empresas extranjeras en el gobierno anterior que se ufanaba de nacionalista. Según el propio ministro Pablo Campana, los activos del Estado ecuatoriano ascienden a 400.000 millones de dólares.
Las concesiones o privatizaciones las realizarán mediante las denominadas Alianzas Público-Privadas, aplicando las leyes aprobadas en el gobierno anterior y que el presidente Lenín como sucesor presidencial, ni la Asamblea Nacional se interesaron en reformarlas, peor en eliminarlas o derogarlas, demostrando clara y fehacientemente el continuismo gubernativo vende patria de Alianza País lista 35, por deshacerse urgente y desesperadamente del patrimonio nacional, acudiendo de forma descarada al asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM), asesores y ejecutores de las denominadas Alianzas Público-Privadas.
Leyes del correísmo para enajenar el patrimonio nacional
Para la enajenación del patrimonio nacional, la mesa quedó servida desde el gobierno anterior y el actual lo que hace es echarle mano a las leyes, reglamentos y/o artículos que dejó elaboradas y aplicarlas para ejecutar el plan privatizador de Alianza País; demostrando fehacientemente, que el gobierno de Lenin Moreno Garcés es la continuidad del correismo, porque una elemental o simple ruptura invocaba una reforma a la estructura de gobierno, a las leyes represivas y controladoras, pero nada de ello ocurrió, solamente maquilló su administración cambiando algunas personas en los ministerios y ratificando a los correistas en los cargos más importantes y estratégicos.
Acción que deja en claro que continuamos gobernados con los mismos, tanto en lo político como en lo económico, una prueba de ello, es la aplicación de las leyes privatizadoras dejadas y utilizadas por el gobierno actual veamos:
1).- Las concesiones por un lapso de 30 años ya fue hecha pública por el ex presidente Rafael Correa Delgado, en el enlace ciudadano 462 del 13 de febrero de 2016: “…para este año la adjudicación para la construcción de cinco superautopistas, que serán concesionadas mediante alianzas público-privadas. Detalló que se encuentran listos los proyectos viales Río Siete-Huaquillas, Longitud: 95 Km, Peajes/Tarifas: $3/$1.50, Fecha de adjudicación: febrero 2016; Naranjal-Río Siete, Longitud 50 Km., Peajes/Tarifas: $1/$1.50, Fecha de adjudicación: agosto 2016; Santo Domingo-Esmeraldas, Longitud 170 Km., Peajes/Tarifas: $3/$1,50, Fecha de adjudicación agosto 2016; Santo Domingo-Quevedo, Longitud 113,1 Km., Peajes/Tarifas: $3/$1.50, Fecha de adjudicación agosto 2016; Quevedo-Jujan, Longitud 113.1 Km., Peajes/Tarifas: $3/$1.50, Fecha de adjudicación: agosto 2016. Comprenden en total 554 Km de vías. La inversión privada totaliza $ 4.757 millones, con un aporte de corto plazo de $ 2.327 millones. El Estado por su parte hará una inversión inicial de $520 millones.
2).- Se entregarán tierras a compañías transnacionales, de acuerdo a lo que establece la “Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales”, de acuerdo al artículo 20: Las empresas públicas extranjeras en garantía de la soberanía alimentaria, podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo, tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria, previa autorización de la Autoridad Agraria Nacional” (…) La inversión extranjera en materia agraria deberá procurar la generación de capacidad productiva, empleo, la incorporación de componentes nacionales y la transferencia de tecnología.
3).- Han hecho público la venta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), empresa que en el año 2016-2017 facturó por ventas más de 1.000 millones de dólares y por utilidades obtuvieron 221 millones de dólares; pese a su rentabilidad, la revolución ciudadana quieren entregarla a los trogloditas económicos nacionales o transnacionales a través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones recurriendo a los siguientes artículos:
“Artículo 14.- Formas de Gestión. Con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República, los servicios públicos de telecomunicaciones son provistos en forma directa por el Estado, a través de empresas públicas de telecomunicaciones o indirecta a través de delegación a empresas de economía mixta en las cuales el Estado tenga la mayoría accionaria o a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria.
Artículo 15.- Delegación. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para otorgar títulos habilitantes por delegación, considerará lo siguiente: literal “b) Para el caso de empresas públicas de propiedad Estatal de los países que forman parte de la comunidad internacional, la delegación para el uso o explotación del espectro radioeléctrico o para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, podrá hacerse en forma directa
En todos los casos, la delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en esta Ley y en las regulaciones que para el efecto remita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones”. El literal c anota que “para la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, se otorgarán títulos habilitantes para la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico asociado a dicha provisión”, el numeral 3, del mismo literal c apunta “cuando el Estado no tenga la capacidad técnica o económica”. Para consolidar lo descrito aplicaran la Ley de Modernización del Estado, artículo 43, literal ch) venta (sinónimo de delegar).
4).- Primero, la convirtieron en empresa pública mediante el Decreto Ejecutivo 740, según el Suplemento 442 del Registro Oficial del 6 de mayo de 2011, en su artículo 2 dice: “El objeto principal de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador “TAME EP”, comprende el transporte, comercial, aéreo, público, interno e internacional de pasajeros, de carga y correo; y, las actividades complementarias conexas al objeto principal; Para el cumplimiento de su objeto la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador “TAME EP”, podrá constituir filiales, subsidiarias, unidades de negocio, celebrar convenios de asociación, uniones transitorias, alianzas estratégicas, consorcios, empresas de coordinación u otras de naturaleza similar, con alcance nacional e internacional, y en general celebrar todo acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, de conformidad con la ley”.
Posteriormente reforma el decreto ya descrito, cambia el directorio de la empresa que estaba integrado por: “1. El Ministro de Defensa Nacional; 2. El Titular del Organismo Nacional de Planificación; 3. Un delegado del Presidente de la República; 4. El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y, 5. El Comandante de Fuerza más antiguo” y lo sustituye por otro directorio de carácter estrictamente civil, a las Fuerzas Armadas los sacan del directorio, no teniendo nada que ver, decir, ni hacer en la suerte y destino de la empresa aérea, quedando conformado por: “El Ministro de Transporte y Obras Públicas, quién lo presidirá; El Titular del Organismo Nacional de Planificación o su delegado; El miembro delegado por el Presidente de la República, que en este caso, se designa al Ministro de Turismo”.
5).- La creación de FLOPEC fue parte del proyecto de la Marina Mercante del Ecuador, al considerar que para “completar la riqueza petrolera nacional debía conformarse una Flota que transporte el crudo proveniente del Oleoducto Trans-ecuatoriano, manteniendo con ello la nacionalidad del petróleo no sólo mientras éste fluye por territorio nacional sino, hasta que arribe a los centros de refinación en los diferente puertos de América y del mundo” (…) Mediante Decreto Ejecutivo N° 62 del 7 de Marzo del presente año (…) se autoriza a la Comandancia General de la Marina a llamar a un Concurso Internacional de Ofertas para la conformación de una Flota Petrolera.
Los socialistas de siglo XXI le cambiaron su razón social, no hubo ninguna creación, la pasaron de empresa estatal a empresa pública, es decir de FLOPEC la cambiaron a EP-FLOPEC, mediante Decreto Ejecutivo número 1117, publicado en el Registro Oficial número 681 del 12 de abril del 2012, en los considerandos del Decreto mencionado dice: “Que la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) es una empresa estatal para el transporte marítimo del petróleo ecuatoriano, con personería jurídica, patrimonio propio, administración autónoma y domiciliada en la ciudad de Quito, creada originalmente como empresa de economía mixta mediante Decreto Supremo N° 1048 del 14 de septiembre de 1972, publicada en el Registro Oficial N° 145 del 15 de los mismos mes y año; y, transformada en empresa estatal mediante Decreto Supremo N° 2450 de 26 de abril de 1978, publicado en el Registro Oficial N° 579 del 4 de mayo de 1978; Que mediante Decreto Supremo N° 2625 de junio 22 de 1978, publicado en el Registro Oficial N° 624 de 7 julio de 1978, se estableció la permanencia de FLOPEC en la Armada Nacional”.
El Decreto Ejecutivo número 1117, fue reformado para convertirla a la antigua FLOPEC en Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana -EP-FLOPEC-, reformaron el Artículo 2 que describe “El objeto social de la Empresa Pública Flota Estatal Petrolera Ecuatoriana -EP-FLOPEC- comprende: la transportación de hidrocarburos por vía marítima desde y hacia los puertos nacionales y extranjeros; prestación de servicios de transporte comercial, marítimo y fluvial de hidrocarburos y sus derivados; y demás actividades relacionadas. Para el cumplimiento de su objeto la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana -EP-FLOPEC-, podrá celebrar todos los actos y contratos civiles, mercantiles, laborales y de cualquier otra naturaleza que sean permitidos por las leyes ecuatorianas y que directa o indirectamente se relacionen con su objeto”.
Esta empresa pública tiene 63 buques de los cuales 8 son de su propiedad, 4 en sociedad y los 41 son alquilados, en su mayoría son para transportar petróleo crudo (exportación) y refinado (importación de diésel nafta, en el 2016 transportarán gas sin costo para el Estado), cifras dadas por el Gerente de EP-FLOPEC, señor Danilo Moreno Oleas, demuestran su alta rentabilidad, en el año 2015 obtuvieron “ingresos por $ 538 millones y utilidades de $ 120 millones”, en “el año 2014 obtuvo ingresos por la suma de 437,20 millones de dólares, en el año 2016 alcanzaron los “605,20” millones de dólares.
6).- Las 8 centrales hidroeléctricas que le costaron al país algo más de 4.720 millones de dólares, serán subastadas con seguridad a menor costo, mediante la aplicación del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica que dice: “De las empresas públicas y mixtas.- El Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá autorizar a empresas públicas, Creadas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas las actividades de generación, transmisión; distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general. Para el cumplimiento de estas actividades las empresas públicas podrán celebrar todos los actos o contratos de adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios que considere necesarios…”.
* Estudió Sociología en la Universidad de Cuenca; realizó un curso de Educación Política en la Escuela “Julio Antonio Mella” de la Habana Cuba, ha participado en seminarios nacionales e internacionales. Militó en el Socialismo 35 años, fue secretario general y presidente provincial del Partido Socialista Ecuatoriano, entre otras organizaciones sociales.
Indignado	 el septiembre 12, 2018 a las 2:12 pm
Muy bien! Es más que hora que los españoles – REPSOL – pagan sus deudas. No hay muchos ecuatorianos en la peninsula para presionar públicamente??

References: artículo 20

Artículo 15
 artículo 43
 artículo 2
 Artículo 2
 artículo 24