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Timestamp: 2017-10-23 09:48:27+00:00

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La celosía: Leyes y Lobbies
El consejo de Prisa evita que la junta de accionistas autorice y supervise los injustificables bonus de Juan Luis Cebrián
El consejo de administración de Prisa, el grupo español con más peso en los medios de comunicación, incumple sistemáticamente las normas de Buen Gobierno, y en especial las que atañen a la remuneración de su principal directivo, el académico de la lengua y ex director de El País, Juan Luis Cebrián.
En la convocatoria de la Junta de Accionistas a celebrar el próximo 23 de junio,ninguno de los puntos del orden del día para su aprobación atañe al informe sobre remuneraciones del consejo y los directores del grupo, que desde la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, es obligado elaborar anualmente y remitirlo a votación en la junta. Resulta especialmente grave este hecho después de los injustificables bonus cobrados por el consejero delegado, Juan Luis Cebrián, quien siendo uno de los máximos responsables de haber puesto al grupo al borde de la quiebrsa, recibió el pasado 1 de abril más de cuatro millones de euros en acciones. La Celosía ha preguntado a la compañía sobre este asunto, y ésta ha preferido no comentar.
El consejo propuso el año pasado en la Junta ordinaria, bajo el disfraz del punto de autorización de la compra de acciones propias, permiso para comprar acciones con el fin de repartirlas en el ejercicio 2011 entre el personal de alta dirección y consejeros ejecutivos, con un máximo de 12.000 euros por persona.
Esta aprobación tuvo lugar en junio, pero cinco meses después se convocó una junta extraordinaria en noviembre, en la que el principal punto del día era la aprobación de entrada de nuevos accionistas (Liberty) con una brutal dilución de los hasta entonces propietarios, en la que el punto séptimo, del que no se presentó informe, propugnaba la aprobación de un plan de entrega de "acciones-opciones", nada menos que para cuatro años (2010-2013). Con la vergonzosa justificación de "facilitar o incrementar su participación en el accionariado de la sociedad" el plan no especificaba las cantidades a cobrar por los beneficiarios, más allá de estipular un límite del 2% del capital social (cuando éste se multiplicaba por 20 con la ampliación) en el caso de las acciones, y del 1% en las opciones.
El Consejo podía delegar en el Comité de Remuneraciones el "desarrollo, la aplicación y ejecución" del plan. Dada la opacidad que impera sobre este asunto se desconoce si el Consejo consiguió la coartada de un informe favorable de ese comité para conceder a Cebrián los cuatro millones de euros, repartidos en dos paquetes, uno de 661.000 acciones a 2,04 euros, y otro de 1,35 millones de títulos, a 2 euros).
Hay que subrayar que Prisa, que ha modificado sensiblemente sus estatutos y propone en la junta nuevos cambios, mantiene inalterable el artículo 28, en el que se da autorización al Consejo para remunerar como le plazca al Presidente, Consejero Delegado y los Vicepresidentes (este artículo procede de la época en la que mandaba el difunto Jesús Polanco).
No obstante, y para no perder el hilo es conveniente resaltar el informe anual que ha presentado el citado comité de remuneraciones a los accionistas de cara a la junta del 23 de junio. Dice que "va a proponer al Consejo el informe sobre la política de retribución para el año 2011" y, que también " propuso al Consejo las retribuciones para 2010 de los consejeros ejecutivos.......Dicha propuesta fue, en línea con la política de austeridad.......". Los multimillonarios bonus de Cebrián no encajan en esta línea, por lo que al Comité de Remuneraciones se le han debido olvidar los propios dictámenes o el Consejo no ha requerido su informe previo. En cualquier caso, mala práctica de Gobierno Corporativo.
No resulta extraño este comportamiento cuando Prisa sostiene como consejero "independiente" y presidente del Comité de Remuneraciones al marqués de Marañón, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, quien difícilmente puede ser independiente sentándose desde hace 18 años en el consejo de Prisa, cobrando 200.000 euros anuales por prestación de servicios, aparte de la retribución de consejero, y, según asegura en su propia semblanza, haber compartido con Juan Luis Cebrián consejo editorial en la revista universitaria que dirigió el aristócrata, Libra. Entre los innumerables cargos que ha ostentado y ostenta este ciudadano hay uno que viene al caso, el de presidente del consejo asesor de Spencer Stuart, la consultora contratada por Prisa para que "asesore" en materia de bonus y salarios.
También era "independiente", el abogado Matías Cortés, miembro del consejo desde el año 1.977, nada más y nada menos que 34 años. Con esta consideración fue reelegido por la junta extraordinaria de hace menos de seis meses, a pesar de que el año pasado facturó 22 millones de euros a Prisa, aunque en diciembre se le cambió la calificación cuando alguien se debió dar cuenta del disparate, pasándole de independiente a "otro externo".
La iglesia católica española no entra en el debate ético de los sueldos de los banqueros y directivos de empresa
Algunas iglesias, sobre todo las del Reino Unido, han comenzado a ser beligerantes respecto a los escandalosos salarios de los directivos, que se mantienen en niveles estratosféricos como si nada hubiera ocurrido en el sistema desde que se desatase hace tres años la gran recesión económica.
The Church Investors Group (CIG), un colectivo de inversores ligados a las iglesias de Gran Bretaña e Irlanda, se opuso a la propuesta salarial que el consejo de la petrolera BP presentó hace un mes a los accionistas en la junta, y que cosechó un 25% de votos contrarios y abstenciones. Esta decisión causó un importante revuelo en el mundo corporativo anglosajón, y motivó un editorial del Financial Times bastante favorable a las tesis eclesiáticas.
La posición de estos inversores, que en conjunto disponen de activos financieros valorados en 15.000 millones de euros, es muy clara y compartida en gran medida por el Interfaith Center on Corporate Responsibility, que apoyó el voto contrario en BP y aglutina a 300 inversones institucionales con más de 100.000 millones de dólares en activos. La otra gran organización coaligada en este caso es la Christian Brothers Investment Services, formada por 1.000 instituciones católicas, en su mayoría de Estados Unidos.
La guía de inversión responsable del CIG, muy completa en diversos ámbitos de la responsabilidad social corporativa, recomienda dar más relevancia a la hora de juzgar las remuneraciones a las diferencias salariales en la empresa que a las cantidades absolutas. Al respecto, subrayan que debería medirse el salario medio del 10% que menos cobra en la empresa e impedir que alguien cobre 75 veces más que aquél.
Este filtro apenas lo pasarían un puñado de empresas que cotizan en el Ibex 35. Los últimos datos publicados por El País, muestran que un total de 75 personas rigen el día a día de las empresas que cotizan en Bolsa más relevantes del país y el año pasado, con la cifra de parados acercándose a los 5 millones, se embolsaron 170,3 millones de euros, a una media de 2,27 millones, lo que supone 100 veces el salario medio en España, que es de 22.000 euros, y este salario medio es muy posible que sea superior al que cobran el 10% de la plantilla menos afortunado de estas empresas.
Hay que tener en cuenta que de esos 75, hay muchos que superan de lejos la cifra de 2,27 millones, como es el caso de Alfredo Sáenz, Francisco González, César Alierta, Sánchez Galán y Brufau, entre otros, todos ellos con salarios entre 5 y 9 millones de euros. En definitiva, el filtro de estas asociaciones de iglesias cristianas no lo pasarían muchos de los directivos católicos españoles.
La Iglesia Católica Española no se da por enterada de este asunto, que sí preocupa y mucho a las organizaciones de base de la feligresía y también a algunas órdenes que han apostado claramente por los pobres en su apostolado y cuidado solidario. La Conferencia Episcopal, a pesar de considerar que la gravedad de la situación en la que nos encontramos tiene su origen “en la pérdida de valores morales, la falta de honradez, la codicia, que es raíz de todos los males, y la carencia de control de las estructuras financieras, potenciada por la economía globalizada”, según su propia declaración ante la crisis moral y económica con motivo de la Asamblea Plenaria en 2009, no ha tocado ni siquiera de refilón el asunto de los escandalosos sueldos.
La Conferencia Episcopal que preside el cardenal Antonio Rouco Varela, a preguntas de La Celosía, asegura desconocer si algún obispo en sus propias pastorales ha entrado en este asunto, y subraya que su guía es la doctrina social mostrada en las encíclicas papales, iniciada con la ya centenaria Rerum Novarum de Leon XIII. Resulta bastante incomprensible que en Caritas in Veritate, escrita por el actual Obispo de Roma, Benedicto XVI, no aparezca la palabra codicia en la traducción oficial al español.
Manuel Lamela, uno de los lobistas más activos que hay en España, abogado del Estado en excedencia y ejerciendo como socio del despacho de Cremades&Calvo Sotelo, ha ampliado su actividad en el sector de la salud, que lo conoce muy bien por haber sido consejero de Sanidad de Madrid en uno de los gobiernos de Esperanza Aguirre.
Lamela entra en el negocio de turismo sanitario, que consiste en traer extranjeros con posibles a España para que sean atendidos de alguna patología o también por razones de estética. Aunque ocupará la presidencia de la empresa Madrid Medical Destination, de la que es socio, y donde ejercerá un papel clave para promocionar la Autonomía como “referente mundial” en medicina, el cerebro del negocio es no obstante Mario Esteban Domínguez, un gestor reputado que dirigió el grupo Londres, de clínicas de cirugía estética, hasta poco después de que fuera adquirido por la especializada en cirugía ocular, Clínica Baviera, que ahora cotiza en Bolsa.
Mario Esteban está también involucrado en otro proyecto, éste a más largo plazo, que encabeza el político del Partido Popular, la creación de un gran complejo hospitalario en la comunidad capitalina, pero su atención se centra en el negocio nuevo. “Está muy desarrollado en Estados Unidos y comienza a despegar en Europa. Mucha gente no puede pagar el precio desorbitante de los seguros médicos en algunos países, y busca una buena salida en relación calidad-precio como la que ofrece España”, asegura.
El negocio tiene tres promotores, los socios que desembolsarán el capital según se vaya desarrollando; “en pocos meses estaremos operando” confía Esteban, la Comunidad de Madrid a través de Madrid Network, la red de parques y clústeres, en la que el de Salud juega un papel clave para este asunto a través de sus socios, y por último, patrocinadores que tengan intereses conexos. Mario Esteban da algunos nombres, Iberia, Mutua Madrileña, Philips e Iberdrola.
“Hemos alcanzado ya acuerdos con los principales operadores sanitarios de Madrid, y nos centramos en patología y no estética. Nosotros cobraremos una comisión sobre la factura del cliente que traigamos. La llegada de estos turistas sanitarios es muy rentable para todos los agentes del sector”, sostiene el consejero delegado de Madrid Medical Destination.
Por el momento, en la nueva empresa no participan los socios habituales de Lamela, como es el caso de Germán Rasilla quien trabajó bajo su mandato en Sanidad como responsable de comunicación y, posteriormente, como director de marketing de Metro de Madrid, cuando Lamela fue nombrado consejero de Transportes. Tampoco Elena Sánchez, quien fuera esposa de Juan Costa, el ex ministro del PP, figura de momento como consejera del nuevo negocio.
Mario Esteban trabaja también como socio en temas sanitarios con el doctor José Antonio González-Nicolás, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética, quien trabajó en la Clínica Londres.
En el caso de que este negocio funcionase bien, debería servir de respaldo al otro proyecto de construir una gran infraestructura hospitalaria, para lo cual se necesita un relevante apoyo financiero, como fue el caso del plan de José María Rodríguez Pomatta, cuando éste presidía Mutua Madrileña, que esta compañía desechó tras relevarle del cargo. Aquella ciudad hospitalaria en la que se mojó como político Manuel Lamela se iba a construir, con 500 millones de euros de inversión, en Boadilla, pueblo madrileño cuyos últimos alcaldes populares se han visto imputados en innumerables casos de corrupción.
ACS pierde la batalla con Competencia por el reparto del negocio de los residuos sanitarios
Pocas batallas pierde ACS en el campo jurídico y en el administrativo, pero el grupo que preside Florentino Pérez ha sido derrotado por la Comisión Nacional de la Competencia, el organismo que vela por la libertad de mercado. Consenur, líder española en el tratamiento de residuos sanitarios con más del 40% de cuota, y filial del grupo que controlan millonarios españoles, los Albertos, familias March y Fluxá y el presidente del galáctico Real Madrid, ha mordido el polvo y tras ser desestimado su recurso judicial, se ha visto forzosamente obligado a hacer público su pecado el pasado sábado en un anuncio particular publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Competencia, presidida por Luis Berenguer, sancionó hace más de un año a la filial de ACS con 4 millones de euros por acordar repartirse el mercado de residuos sanitarios con otras empresas del sector, Cespa que pertenece a Ferrovial, la extremeña Interlun y Sissa, de la ONCE.
Sin embargo, ACS decidió interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, que a primeros de este mes ha fallado en su contra, desestimando la reclamación de Consenur para que se anulara la multa de Competencia.
El grupo de Florentino Pérez no se consideraba inocente de la gravísima infracción mercantil de la que había sido acusada su filial en la interposición del recurso sino que alegaba en su defensa que el expediente sancionador debía ser anulado porque se había vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio en el registro que hizo la CNC, así como el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente y el de los correos electrónicos de los empleados.
La Audiencia ha desestimado todos los argumentos de la filial de ACS dejando clara la jurisprudencia existente sobre la materia. Al respecto hay que señalar que Competencia cuenta ya con la suficiente experiencia en materia de inspección como para no patinar en la vulneración de los derechos fundamentales a la hora de realizar los registros.
En otra batalla reciente, Florentino ha salido ganador. Ha sido la de la opa sobre la alemana Hochtief, que no ha estado libre de marrullerías por ambos bandos. En el caso de ACS hay que alertar sobre el hecho de que siendo una oferta de intercambio de acciones, la española intervino en el mercado abierto con la generación de autocartera, lo que no es precisamente muy ortodoxo, según se infiere de la documentación aportada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida por Julio Segura.
La última comunicación de autocartera al regulador corresponde a una operación del 7 de octubre del año pasado, según la cual ACS se aplicaba (compra y venta simultánea propia) 18,88 millones de títulos (6% del capital) a un precio de 34,95 euros. Sin embargo, la compañía ha declarado en su memoria que a 31 de diciembre tenía 656.320 acciones más en autocartera, de donde se deduce que desde el anuncio de la oferta intervino en el mercado ayudando a sostener la cotización para hacer más digerible una oferta, que aún mejorada, era muy mala para los accionistas de la alemana. No hay datos de lo que pudo hacer en el mercado desde final de año hasta el 18 de enero, cuando terminó el plazo de aceptación.
La deficiente normativa española sólo obliga a las empresas a comunicar la compra de autocartera, por lo que ahora mismo ACS figura en los registros públicos con las acciones propias comunicadas en octubre, cifra que ha quedado desfasada por la oficial publicada en la memoria, y que debería ser muy inferior si se tiene en cuenta que ha tenido que intercambiar más de 5 millones de títulos por acciones de Hochtief tras finalizar la opa en febrero.
Si ya la creación y enajenación de autocartera es un tema muy sensible, de tal suerte que hay empresas que nunca intervienen en el mercado, en el caso de ACS la vigilancia debería ser máxima por parte del regulador, ya que el año pasado gastó 333 millones en comprar más de 10 millones de títulos, lo que supone un mes de contratación en compras, y en los últimos ejercicios su “inversión” en autocartera ha sido de 1.500 millones de euros.
Florentino Pérez ha jugado siempre con este instrumento a veces de manera muy poco ortodoxa, tal es el caso de cuando compró sin dar la opción a un tercero la autocartera que había generado OCP, la predecesora de ACS. Esta operación, ya entonces irregular y hoy en día ilegal, supuso un hito en su carrera directiva fulgurante tras suceder a Jesús Roa. Éste había tenido que dejar la presidencia tras asumir la responsabilidad de la acusación de cohecho de Ocisa (hubo que cambiarle el nombre por OCP) para conseguir obras públicas.
Los socios de Yoigo contabilizan con mucha diferencia el valor de la telefónica
Yoigo, el cuarto operador de telefonía móvil, tiene un valor “razonable” en libros de los socios que difiere exponencialmente dependiendo del socio que presente las cuentas, bien sea TeliaSonera, ACS, Abengoa o FCC. La telefónica de bajo coste pertenece a la sociedad Xfera, ésta con un lamentable historial, desde que comenzase su andadura en el año 2000 gracias a que el gobierno de Aznar premió a un grupo ilustre de afortunados con la cuarta licencia de telefonía móvil. ACS, la familia Benjumea, FCC, Vivendi como socio industrial, los March , entre otros, consiguieron por cuatro perras una autorización para operar, que en países como Alemania y Gran Bretaña costaron varios miles de millones de euros.
Para llegar al accionariado actual se produjeron una serie de acontecimientos, tecnológicos y de otro orden, algunos incluso penales, que hicieron de aquel sueño una pesadilla, y en el año 2006, ACS como principal accionista español de la operadora alcanzaba un acuerdo con la escandinava TeliaSonera para que ésta tomara el 76,6% del capital de Xfera, quedándose la empresa de Florentino con un 17% como segundo accionista y FCC y Abengoa, con un 3,44% y 3% respectivamente, como socios acompañantes.
Vayamos al valor de la compañía, que el año pasado consiguió grandes éxitos, con una captación de 777.000 nuevos clientes, un incremento del 51,6%, y un cuarto trimestre con un ebitda positivo, primer beneficio bruto en diez años de licencia. TeliaSonera tiene contabilizado en su balance el paquete del 76,6% por 2.549 millones de coronas suecas, al cambio son 286 millones de euros, y supondría valorar el total de la compañía en 373 millones de euros.
Los socios españoles, que han atravesado vicisitudes muy diferentes en Xfera, valoran su activo de manera radicalmente diferente. Así, ACS , la compañía que preside el mandamás del Real Madrid, considera razonable imputar un valor de 79,2 millones al 17% de Yoigo, lo que supone a porcentaje equivalente un 20% más del neto contable marcado por la escandinava que controla la telefónica.
Donde las diferencias se disparan sin dar explicaciones es en el valor que se imputa Abengoa. Su 3% de Yoigo lo valora en 33 millones de euros, que duplica con creces el contabilizado por Florentino. Para entender esta “prima” hay que remontarse a la ominosa compra de este activo. La familia Benjumea fue a título personal la propietaria del paquete cuando se concedió la licencia y lo traspasó a la cotizada que controlan por el mismo precio pagado, 25 millones, cuando la inversión se convirtió de alto riesgo. Mantener ahora una valoración tan alta justificaría en cierto modo la discutida pertinencia de esa inversión.
El caso terminó en el juzgado, con una demanda con petición de prisión de la Fiscalía Anticorrupción contra los hermanos Felipe y Javier Benjumea, entre otros miembros de la familia. Finalmente, el juez archivó la causa al aplicar la doctrina según la cual es necesario que exista la acusación particular, además de la pública.
El paquete de FCC ha desaparecido este año del balance sin que la sociedad que comanda Baldomero Falcones haya comunicado nada al respecto. En el ejercicio 2009, la participación en Yoigo estaba provisionada.
Las dotaciones que TeliaSonera tiene en su balance para comprar el 23,4% que aún no controla, operación sujeta a unos condicionantes de beneficio en el plazo de 20 años de límite de la licencia, hasta 2020, suman 154 millones de euros (1.371 millones de coronas).
Ferrovial obtiene un ingreso fiscal a pesar de ganar 1.730 millones
El desplome de la recaudación fiscal por el impuesto de sociedades, que el año pasado recaudó 16.198 millones de euros, lo que supone un descenso del 64% desde 2007, y un 19,8% inferior a lo ingresado un año antes, ha desatado todas las alarmas en la Agencia Tributaria y el Ministerio de Economía es consciente, al igual que ocurre en otros países, de que la internacionalización de las empresas está originando agujeros negros fiscales a los que hay que poner freno. De los más de 10.000 millones de euros recaudados este año en la lucha contra el fraude es mayoritaria la parte que corresponde al impuesto de grandes empresas, según fuentes de la inspección de Hacienda.
La elusión fiscal se consigue gracias al buen y costoso asesoramiento del que disponen las multinacionales, incluidas las españolas. El beneficio de las compañías que cotizan en el Ibex 35 aumentó el año pasado casi en igual proporción que cayó la recaudación fiscal, entre otras causas debido a las primas por reinversión que creó Rodrigo Rato cuando era ministro y a que los dividendos procedentes de las filiales extranjeras no tributan.
El primer caso del que se tienen ya cifras contrastadas es el de Ferrovial, empresa concesionaria y constructora española cuyas ventas proceden ya en un 69% del extranjero y en más de un 80% cuando se trata del resultado bruto de explotación.
El grupo que preside Rafael del Pino y sobre la que su familia ejerce el control efectivo, con cerca del 44% del capital, ha registrado no un gasto sino un ingreso de 85 millones en concepto de impuesto de sociedades a pesar de haber obtenido un beneficio antes de impuestos de 1.730 millones, según datos aportados por la propia sociedad.
Ferrovial ha conseguido un tipo efectivo final negativo del 4,9% en el grupo de empresas, que operan en España, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, fundamentalmente. Los 85 millones de ingresos resultan de impuestos totales negativos por valor de 47 millones en España, 240 millones en Reino Unido, compensados con los tipos positivos que pagó en Estados Unidos, 12, Canadá, 50 y el resto de países, fundamentalmente Polonia y Chile, donde sí le salía a pagar 140 millones de euros.
De cara a los próximos ejercicios, Ferrovial cuenta con un importante colchón fiscal, que sólo en lo que atañe a crédito fiscal asciende a 1.386 millones, de los cuales 706 millones corresponden a España.
La compañía sigue teniendo un problema de endeudamiento muy notable, de casi 20.000 millones de euros, lo que le obliga a renegociar el pago a vencimiento y vender activos. Así, la deuda de las autopistas españolas, Ausol y Radial 4 de Madrid, de casi 1.000 millones de euros, que vence este año está siendo renegociada con los bancos. En cuanto a la venta de activos, el objetivo para este ejercicio se centra en colocar un 10% del grupo aeroportuario británico BAA, cuya joya es el aeropuerto londinense de Heathrow. Esta venta no se produce en el mejor momento ante la carestía del combustible para los grandes clientes, que son las aerolíneas, y las incertidumbres sobre
Ferrovial celebrará junta el próximo 1 de abril, con una propuesta de dividendo con cargo a reservas de 221 millones de euros, ya que el beneficio de la matriz fue de 93,98 millones, de los cuales 88 se destinan también a dividendos. Uno de los aspectos novedosos de la auditoría de Ferrovial, que marcará el paso de otras sociedades es que incluye un párrafo de énfasis, indicación novedosa, en lo que atañe a la existencia de operaciones significativas con empresas del grupo. Se mencionan las operaciones que Ferrovial ha facturado como constructora a las concesionarias del grupo y no han sido eliminadas en el proceso de consolidación. En concreto, obras y anticipos por valor de 712 millones que han originado un beneficio no eliminado de 25 millones.
Caja Madrid y Bancaja se dejan la mitad
del patrimonio para colocar
su nuevo Banco Financiero
El nuevo Banco Financiero y de Ahorros, en el que Caja Madrid tiene el 52% del capital, Bancaja, el 38%, y el resto se reparte entre pequeñas cajas, Laietana, Ávila, Canarias y Rioja, saldrá al mercado en busca de capital con un balance impóluto, tras los saneamientos extraordinarios realizados por la caja madrileña y la valenciana, que han cargado contra sus recursos propios, saneamientos de 4.000 millones en el caso de la caja que preside Rodrigo Rato, y de 2.500 millones en la que pilota José Luis Olivas.
Las dos cajas de ahorros cerraron el ejercicio pasado con unos beneficios cosméticos, ya que si hubieran pasado las dotaciones extraordinarias por la cuenta de resultados, las pérdidas serían también astronómicas. Caja Madrid ganó de esta forma 181 millones, y 102 millones se apuntó Bancaja. Rato y Olivas han decidido vestir bien a la novia de cara a captar el dinero de los inversores en la salida a Bolsa del Banco Financiero, prevista para este año tan pronto como sea posible. Aunque la cuenta de resultados no se presume boyante debido a la crisis de crecimiento que sufre la economía española, al menos se quiere seducir a los inversores con un banco muy sólido de activo.
Las entidades, que no han presentado memoria consolidada, han conseguido que el Banco de España les exima de cumplir los requerimientos de recursos propios a título individual, comprometiéndose a hacerlo en el banco. De esta forma, han saneado los balances con cargo a reservas, que han pasado de 9.700 millones a 5.700 en el caso de la entidad madrileña, y se han hundido en el caso de Bancaja, que pierde dos terceras partes de su patrimonio: Contaba con 3.500 millones de fondos propios en 2009 y ha empezado este ejercicio con solamente 1.000 millones. La quiebra patrimonial, del 50%, es de gran calado como reflejan estas cifras.
Caja Madrid ha puesto su cartera de participaciones a un valor mucho más razonable del que tenía, limando 350 millones el de sus paquetes en empresas cotizadas, que pasan de 734 millones a 388. El valor de Cibeles, que aglutina sus activos financieros, es ahora de 2.204 millones, mientras que el de su Corporación Financiera, donde integra NH, Indra y Sos, entre otras, suma 652 millones. La limpia contra reservas, incluyendo una minusvaloración de Torre Caja Madrid (350 millones, en libros), ha sido de 676 millones de euros.
Hasta los 4.000 millones que se ha comido de fondos propios, se deben sumar otros 2.500 millones de saneamiento en la cartera de créditos. Hay que señalar que mientras las dotaciones de 680 millones para reducir plantilla, 4.000 personas entre las seis cajas, Rato las ha realizado contra resultados, las que deben imputarse a una mala gestión, créditos y compras muy caras, se palían reduciendo el patrimonio hecho a lo largo de la historia de la caja. De esta forma, el desastre de la gestión de los últimos años queda maquillado.
El nuevo equipo ha decidido dotar con 41 millones a la Obra Social, cifra muy corta si se compara con los 71 millones de gastos del ejercicio pasado. No obstante, mantiene un remanente de 37 millones con los que puede acometer los compromisos ineludibles de este año. Tanto Caja Madrid como Bancaja han traspasado cartera de inversión a vencimiento a la cuenta de Activos Disponibles para la venta, ante la necesidad de conseguir más liquidez. En el caso de la madrileña, han sido 14.560 millones, y 2.250 millones en Bancaja. De esta forma puede ir vendiendo esa cartera según las necesidades de liquidez.
Un factor demostrativo de la pésima gestión realizada en ambas entidades con respecto a las filiales constituidas es que en los dos casos tienen números rojos en la cuenta de resultados particular entre matriz y filiales. En Caja Madrid, del orden de 200 millones, y de 10 millones en Bancaja.
La entidad que preside Olivas ha tenido que dotar contra reservas 1.800 millones en sus participadas, con un agujero negro de casi 1.000 millones en Cinsa, que cobija todo el inmobiliario malo. La holding en la que están las participaciones de cotizadas como Iberdrola y otras, Bancaja Inversiones, ha sido saneada con 623 millones. La promotora Habitat ha requerido casi 400 millones. Estas cifras contrastan con los 22 millones que se llevará ese año la Obra Social.
El Banco de España aportó su granito de arena a ambas cajas, aumentando sus depósitos de forma exponencial, multiplicó por cuatro los de Caja Madrid, hasta 12.000 millones y casi por dos los de Bancaja, hasta 7.400 millones. Frente a los 6.500 millones de patrimonio que se han dejado el año pasado las cajas para sanear el balance del nuevo banco, el Estado, a través del Frob ha comprometido 4.500 millones de euros para capitalizar la nueva entidad financiera.
El Gobierno "hiberna" la ley de opas para ayudar a las cajas y sus bancos
El Real Decreto 2/2011 publicado el sábado por el Gobierno para el "reforzamiento del sistema financiero" aporta una novedad relevante para la Bolsa, los minoritarios de algunas sociedades y los afanes de algunos tiburones del mundo de las finanzas y los negocios. Está inscrita en la disposición adicional primera bajo el epígrafe " excepción a la obligación de formular una oferta pública de adquisición en procesos de reestructuración o integración". Este régimen de excepcionalidad, uno más de los que abundan en las leyes españolas, en las que todo poderoso tiene derecho a incluir un párrafo que convenga a sus intereses, sorprende porque no solamente da fuerza legal a una aspiración legítima como es la de eximir de una opa por producirse circunstancias sobrevenidas; hasta ahora ha surgido un caso en los procesos de consolidación de entidades financieras, que es el de Banco de Valencia, sino que la nueva norma va mucho más lejos.
La disposición adicional consta de dos párrafos. En el primero se dice que "quien alcance el control de una sociedad cotizada como consecuencia de procesos de reestructuración o integración en el marco del Real Decreto 9/2009 ( es decir el que alumbró el fondo de rescate bancario FROB)........ no estará obligado a formular una oferta pública de adquisición en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley 24/1988, más conocida por ley del Mercado de Valores, y que no es otro que el que regula en concreto en qué circunstancias un inversor debe hacer forzosamente una opa. Aquí se encuadra la exención al nuevo banco que preside Rodrigo Rato, que asume la participación, superior al 30% del Banco de Valencia, procedente de Bancaja, coaligada de Caja Madrid en la nueva entidad.
Hasta aquí lo que se preveía, pero alguien ha decidido regar el campo de juego con un punto y aparte, que no final, y añadir un segundo párrafo que reza así:"Lo dispuesto en esta disposición será de aplicación a las tomas de control en sociedades cotizadas (cualquier empresa que esté en Bolsa) derivadas del cumplimiento de acuerdos de reestructuración o integración celebrados ( y aquí viene lo sorprendente) con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 9/2009.
Con esta redacción se da por bueno que la venta de participaciones en sociedades cotizadas que se lleven a cabo para fortalecer los balances de las entidades financieras sometidas a reestructuración, no estará sometidas al régimen de opas, según el cual no se pueden alcanzar porcentajes del 30% del capital de una cotizada sin lanzar una oferta a todos los accionistas y tampoco permite que diferentes inversores que sumen ese porcentaje pueden actuar en concierto.
En definitiva, y según la norma publicada en el BOE, quien alcance el porcentaje del 30% mediante la compra a una entidad financiera en apuros, léase caja o banco con déficit de recursos propios, de la participación en una sociedad cotizada, queda eximido de hacer la opa. Todo por la patria.
La medida no es baladí ya que las cajas sometidas a reestructuraciones y cuyo saneamiento pasa por vender activos cuentan con posiciones notables, superiores al 5, 10 y 20% en algunos casos, que pueden ser determinantes en Indra, Iberdrola, NH, Pescanova, Ence, Europac, Tecnocom y Sos, entre otras.
Esta medida aumenta el valor de estos activos en los nuevos bancos ya que es más fácil encontrar comprador a buen precio para porcentajes relevantes si la medida no conlleva lanzar una opa. La participación agrupada de BBK, Bancaja y otras, suma el 15% en el capital de Iberdrola, por debajo del 20% de ACS. Resultaría barato para Florentino Pérez superar el 30% en la eléctrica vasca si consiguiera que las cajas le vendieran su parte, en una operación.
La cadena hotelera NH está en manos de las cajas de ahorros y del grupo Santander, prestamista de los dueños de Hesperia, que tienen el 25%. Casi un 20% de Tecnocom está en manos de la nueva caja gallega, una de las más necesitadas de vender, que también cuenta con el 25% de Pescanova. En la Indra de Javier Monzón suman más del 30% las participaciones de Cajastur, Caja Madrid y Alba, donde los March han hecho caja con la venta de un 5% de ACS. En SOS, las cajas también son decisivas, con un paquete próximo al 30%.
El Gobierno tendrá que aclarar el alcance de esta disposición, que incluso podría amparar la superación del 30% en el capital de los nuevos bancos que se configuren, una vez que coticen en Bolsa, sin tener que hacer la opa de rigor.
El rey sólo ha ennoblecido a cuatro mujeres en los años de la Democracia
El rey Juan Carlos tiene consagrada por la Constitución de 1978 la potestad para “la concesión de honores y distinciones de toda clase, con arreglo a las leyes”. Los últimos cuatro marquesados concedidos la semana pasada, premiando a personalidades de la Cultura, Mario Vargas Llosa, Deporte, Vicente del Bosque, Derecho, Aurelio Menéndez y Empresa, Juan Miguel Villar Mir, ratifican el sesgo “machista” del monarca en lo que atañe a la concesión de reales aprecios. Rasgo éste que curiosamente comenzó en la etapa democrática, tras proclamase la Constitución de 1978, que consagra la igualdad de género. Hasta entonces había sido lo contrario, siendo las mujeres las premiadas, aunque se entiende por el significado político que conlleva a veces la distinción.
Juan Carlos de Borbón comenzó ya a repartir títulos en la época preconstitucional y en este periodo de tiempo concedió dos ducados, un señorío, un condado y un marquesado. Los tres primeros fueron todos con el marchamo de Grandeza de España. La mujer del dictador, Carmen Polo, y su hija Carmen Franco, se transmutaron en Señora de Meirás y Duquesa de Franco, seis días después de la muerte del dictador. Pocos meses después, también fue declarado Marqués de Arias Navarro, Carlos Arias, más conocido por las víctimas de su represión como “carnicerito de Málaga”.
Dos de los tres presidentes que tuvieron las Cortes franquistas, Alejandro Rodríguez Valcárcel (encargado del traspaso de poderes al rey) y Antonio Iturmendi (tomó juramento al príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco), consiguieron ser condes, el primero a título póstumo, y el segundo por persona interpuesta, su viuda Rita Gómez. La última concesión, un ducado, de la etapa preconstitucional recayó en uno de los artífices de la transición, Torcuato Fernández Miranda,
Mientras que en este período, tres mujeres equilibraron la balanza de los seis títulos, cuando llegó la democracia y la igualdad de género, cambiaron las tornas y de 38 nuevos premios nobiliarios, dejando al margen los concedidos a sus hijas Elena y Cristina y su hermana Pilar, solamente, cuatro mujeres han sido merecedoras de una distinción de honor del rey. Las afortunadas son la condesa de Fenosa, Carmela Arias (viuda de Barrie de la Maza), título que ha pasado al sobrino banquero José María, la bioquímica investigadora Margarita Salas, marquesa de Canero, el pueblo asturiano donde nación, la marquesa de O’Shea, Paloma O’Shea Artiñano, promotora de la cultura musical y conocida también por ser mujer del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y la editora catalana Roser Rahola, Baronesa de Perpinyà, viuda del ilustre historiador represaliado por el franquismo, Jaume Vicens Vives.
La preponderancia del varón en la aristocracia española dio un vuelco definitivo con la sentencia del Tribunal Supremo de hace tres años cuando, en pleno y por unanimidad, los magistrados decidieron que la Ley de Igualdad promulgada dos años antes era aplicable a los procesos civiles pendientes cuando entró la ley de Aído. Esta sentencia ha originado rupturas familiares, debido a la no aceptación por parte de los varones a ser desposeídos del título reclamado por sus hermanas. El ministerio de Justicia se ocupa de reglamentar los actos sucesorios.
Desde la Ley de Igualdad, el rey Juan Carlos, que había estado cuatro años (2004-2008) sin otorgar una nobleza, ha concedido 13 y solamente en tres ocasiones a féminas, las tres últimas citadas anteriormente.
Los títulos conllevan una especie de patente de uso, protegida por los tribunales. Al respecto es relevante recordar que el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que consideró una intromisión ilegítima el etiquetado de un vino con el nombre de Marqués de Bradomín, que es un personaje de ficción creado por Valle Inclán, aprovechado por el rey Juan Carlos para crear ese título que concedió a su hijo Carlos Valle en 1981. En definitiva el que quiera usar el nombre de un título como marca comercial debe pagar al titular del mismo.
El monarca ha tratado de mejorar la imagen periclitada de la aristocracia con la incorporación a la nobleza de nombres ilustres del mundo del arte y de la cultura, o con guiños simpáticos como en el caso de Valle y el reciente de Del Bosque, el seleccionador de “la Roja”.
Salvador Dalí y Antoni Tapiés, son los pintores premiados, Andrés Segovia y Joaquín Rodrigo, músicos, Camilos José Cela y Vargas Llosa, literatos. El mundo editorial está representado por la grandeza de España que añadió al Conde de Godó, o los marquesados concedidos al fundador de Planeta, José Manuel Lara , y a Guillermo Luca de Tena, el que fuera director de ABC, el periódico monárquico, y único marqués, junto a Gregorio Marañón hijo y Leopoldo Calvo Sotelo, a quien el rey le ha hecho grande de España.
De la banca, dos nombres Alfonso Escámez, ex presidente del Central, y cuyo título lo utiliza ahora su sobrino, director del Santander, y José Ángel Sánchez Asiain, ex presidente del Banco Bilbao, purgado por Francisco González y fortalecido con el premio real concedido el año pasado.
En los últimos 12 meses, el jefe del Estado ha otorgado títulos nobiliarios a 10 personas, una cifra muy alta, teniendo en cuenta que tardó 11 años en alcanzar igual número tras ser proclamado rey por las Cortes elegidas por el pueblo.
Lunes 7 de febrero de 2
FG ficha de consejero
del BBVA al ex auditor
El BBVA ha convocado a su más de un millón de accionistas a una junta general en Bilbao el 11 de marzo para que aprueben el balance y cuentas de resultados del ejercicio 2010 y el reparto del beneficio atribuido de 2.904 millones de euros (un 37%, 1.079 millones, para el dividendo). Una de las sorpresas de la convocatoria es la propuesta que hace el banco presidido por Francisco González para nombrar un nuevo consejero independiente, que sustituiría en el cargo a Román Knorr, quien se jubiló en marzo del pasado año.
El elegido para sucederle, a falta de que su nombramiento sea ratificado por la asamblea, es José Luis Palao García-Suelto. La elección de Palao conlleva cierto grado de sorpresa por varias razones. La primera es que el BBVA desaprovecha una ocasión propicia para elegir a una mujer para el cargo en un órgano muy descompensado en igualdad de género, ya que contaba con 11 hombres y sólo una fémina, Susana Rodríguez Vidarte, en su composición.
La segunda es que el talento financiero vasco del banco, que durante 150 años ha dado exitosos réditos, pierde aún más peso, continuando la purga que FG inició un año después de la fusión, al no sustituirle a Knorr por un notable de la tierra que acoge la sede de la entidad. La traza bilbaína que queda en el consejo queda limitada a la ya citada Vidarte y la de Juan Carlos Álvarez Mezquiriz, quien ha demostrado sus dotes de buen gestor durante muchos años en Eulen.
El “accionista” José Luis Palao, así se le ha calificado oficialmente, no entrará como consejero dominical como pudiera intuirse por el calificativo, sino como independiente. Hay que subrayar que el currículo oficial del nuevo consejero presentado a la Junta se ha quedado un poco corto, y es por ello que también en Capitalmadrid hemos querido desvelar algunos de los quehaceres olvidados del elegido por FG (vía el comité de nombramientos). Palao, además de ser un español con un magnífico expediente académico de ingeniero agrónomo y economista, ha destacado efectivamente en el campo profesional como senior partner del sector financiero en la extinta multinacional auditora Arthur Andersen, pero lo que no le ha parecido relevante contar al BBVA es que Palao fue el auditor del Santander desde el año que se produjo la fusión del banco de Botín con el Central Hispano, 1999, hasta que su empresa Arthur Andersen fuera forzada a disolverse por su negligencia en el caso Enron, una de las mayores manipulaciones contables de todas las épocas.
Palao, que en su primer año de auditor del Santander mantuvo una salvedad, fue quien firmó las cuentas del banco de Botín en un ejercicio tormentoso para la entidad, el de 2001, cuando entró en quiebra Argentina, originando un terremoto en el sector financiero de Iberoamérica, donde el Santander era el banco con mayor exposición. Las cuentas de ese año, sometidas a un alto maquillaje contable, fueron respaldadas con una auditoría limpia que firmó el próximo nuevo consejero independiente del BBVA. Esa auditoría y la aprobación de las cuentas por el consejo fueron denunciadas y Palao tuvo que acudir al juzgado a dar explicaciones. A pesar de que la denuncia provenía de un grupo claramente hostil a los gestores del Santander, y de que ha sido ganada por éstos en todas las instancias hasta ahora, sí desveló una serie de operaciones intragrupo encaminadas a obtener una plusvalía contable de 3.000 millones de euros con la venta de acciones del Royal Bank of Scotland, que dejaron en mal lugar al auditor, a quien tampoco ayudaron sus torpes declaraciones en sede judicial.
El BBVA obviamente no ha debido fichar a Palao para que le instruya sobre los desagües del Santander, sino para que aporte valor con su experiencia en el campo contable, muy valiosa en los momentos actuales, de endurecimiento de la regulación y supervisión financiera. Otro elemento curricular que el banco ha olvidado, y no es baladí, es la pertenencia de Palao al consejo de administración de la andorrana Banca Mora. Esta entidad estuvo bajo control del BBVA hasta el año 2006, cuando Francisco González decidió venderlo a la familia fundadora Aristot Mora. En ese mismo año es cuando Palao se incorpora al consejo de este banco, conocido mediáticamente en España durante los años que Andorra ha sido paraíso fiscal por la cobertura que concedía al dinero negro, incluso de procedencia delictiva en algunos casos. Otra propuesta del BBVA a sus accionistas de la que apenas se ha comentado es la de la fusión por absorción de Finanzia, el banco filial utilizado para el crédito al consumo.
El grupo que preside Francisco González ha decidido tirar la toalla y acabar con el coste reputacional que supone mantener una filial financiera en pérdidas, además de tener que capitalizarlo.Finanzia llevaba tres años consecutivos en números rojo (137 millones es la cifra de los últimos conocidos) y con una caída constante de la actividad. Aportará a la matriz en la fusión un activo inferior a 8.000 millones. En el negocio de la financiación al consumo, el BBVA decidió hace muchos años dejar el camino expédito al Santander en este campo. El banco de Botín, que cuenta con un activo superior a 50.000 millones de euros en Santander Consumer Finance, fichó hace tres años a Magda Salarich para sanear la filial, con una gran implantación en Escandinavia y Alemania, habiendo recibido más de 2.000 millones de fondos de la matriz en los dos últimos años, acercándose su capitalización a los 4.000 millones.
El otro asunto sobre el que deben pronunciarse los accionistas del banco es la retribución del presidente Francisco González, el consejero delegado Ángel Cano y el resto de consejeros y directores generales. Clarificaremos las ideas en un próximo artículo.
Juan Costa, al lobby de la energía nuclear
El que fuera secretario de Estado de Hacienda, secretario de Estado de Comercio y Turismo y posteriormente ministro de Ciencia y Tecnología en los gobierrnos de José María Aznar, ha abandonado su escaño de diputado por Castellón, en contra de las afirmaciones que hizo la pasada primavera en diversas entrevistas. Por aquella época estaba de gira presentando su libro "La revolución imparable", en el que ofrece su recetario para conseguir una economía sostenible, que pasa por una defensa de la energía nuclear, con un nuevo argumento más seductor: las desventajas económicas y tecnológicas que generaría el no disponer de ella.
Costa deja el Congreso para hacer lobby desde su nuevo cargo de responsable mundial del negocio de Sostenibilidad y Cambio Climático de la multinacional de la consultoría y abogacía, Ernst and Young.
Este político del Partido Popular, que ya abandonó antes de tiempo su escaño en la anterior legislatura para irse a trabajar con Rodrigo Rato al Fondo Monetario Internacional, se ha despedido de manera patética de la ciudadanía castellonense que le votó, con un emocionado adiós a Carlos Fabra, mandamás del PP en la provincia y acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, quien en su defensa alega ser un protegido de la diosa Fortuna llamada lotería nacional.
Fabra le dejó claro que el billete de vuelta lo paga él: "Castellón se ha quedado huérno de un gran diputado, aunque cuando quiera podrá regresar a la política por la puerta grande", dijo. El tercer Fabra que preside la Diputación de Castellón, sobrevive gracias al trasplante de hígado que le hicieron este año en un hospital público madrileño, unos días después de que su yerno Juan José Güemes, ex consejero de Sandidad del gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, dejase el cargo en un mutis por el foro muy comentado.
Volviendo a Costa, hay que decir que su actividad en el Congreso ha sido muy baja y excepcionalmente pobre para un ex ministro como él, que además era miembro vocal de las comisiones de Economía y Hacienda y de Presupuestos. Desde que comenzase la legislatura actual no tuvo ninguna intervención parlamentaria, no presentó ninguna iniciativa parlamentaria, no hizo ninguna pregunta oral ni solicitó comparecencia alguna ni siquiera recabó informe alguno, pero eso sí, demostró que lo suyo era la ecología y no la economía, como podía deducirse de sus vocalías en comisiones.
Asómbrense, Costa hizo el 31 de mayo una batería de preguntas por escrito al Gobierno, todas ellas sobre el uso, la protección, el consumo y la gestión del agua. Dos días después requirió también por escrito al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero las primeras conclusiones de la IV Conferencia Euromediterránea sobre el agua. Este es el balance de Juan Costa durante este año en la Cámara. Ahora que ya trabaja para Ernst and Young se puede explicar su interés por la materia prima vital para la supervivencia del planeta.
El Constitucional, los millonarios y el delito fiscal
El delito fiscal es sin duda uno de los más habituales, más impunes y menos penado. Las cantidades defraudadas a la Hacienda para poder ser perseguido por la fiscalía sólo están al alcance de la gente con posibles y la costumbre, fuente original del derecho, es que los ricos no visiten las cárceles, incluso aquellas tan pobladas como las españolas, las más de Europa en términos relativos.
Los tribunales con mayúsculas, Supremo y Constitucional, muestran sin pudor su conciencia de clase, y son quienes se encargan de retorcer cualquier doctrina, con tal de fallar pro reo, siempre que éste haya sido tocado por la diosa Fortuna.
El último caso innoble ha sido el de Francisco Hernando, quien a pesar de tener el underground alias de “El Pocero”, con mayúsculas siempre, acaba de ser amparado por el tribunal constitucional, cuyo tesón de inmoralidad le hace ganador de las minúsculas.
Lo más grave es que en el juego progresista-conservador que se traen estos magistrados, el amparo a El Pocero se lo han dado en la deplorable sentencia los tres miembros del ala derecha, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas, victoriosos por el voto de calidad del primero, y a los que no ha importado la reprimenda brutal desde el punto de vista del derecho positivo del ala izquierda, formada por Pascual Sala, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay. Los hechos delictivos juzgados corresponden a los años 1992 y 1993, y fueron condenados por primera vez en 2004, como se aprecia una justicia rápida y ágil, tal como manda la Constitución, que nunca ha sido apreciada por los poderosos, a los que siempre se juzga con varios lustros de retraso.
Las acusaciones de Hacienda y otras muchas más de particulares y funcionarios públicos no impidieron que El Pocero recibiera honores, medalla al mérito en el trabajo, del ínclito Eduardo Zaplana (monsieur estoy en política para enriquecerme) cuando éste era ministro del ramo en el Gobierno de José María Aznar en 2004.
Otro elemento triste de este feo asunto es que la defensa del ciudadano Hernando la asumía, se supone que a precio de oro, el colaborador del Instituto de Estudios Fiscales, entidad ligada a Hacienda, y experto en derecho tributario Claudio García Díez, quien en algún estudio ya había demostrado ser buen conocedor de las sentencias del ponente Guillermo Jiménez.
Ante esta nueva muestra de la falta de ceguera de la Justicia resulta chocante que la Administración se atreva a sacar pecho en materia de delito fiscal. Así, el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, ha revelado recientemente que en las cárceles españolas hay 89 contribuyentes condenados por evadir impuestos. No ha desagregado aquellos que sólo lo están por la elusión fiscal (se cuentan con los dedos de una mano) y no por otros delitos, malversación, soborno y blanqueo, que son los más. En cualquier caso, esa cifra total no llegaría al 10% de los 1.054 condenados por los tribunales en los últimos tres años.
En uno de los pocos delitos en el que debe primarse la justicia retributiva, frente a la restaurativa, el fracaso judicial y administrativo es clamoroso, ya que la deuda para las arcas públicas por este clase de delito ronda los 6.000 millones, según se informa en un demoledor informe sobre la conciencia social de este asunto en España, presentado por Francisco de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. Veremos si el Estado recauda mejor estas deudas con la prevista reforma del Código Penal que modifica el delito fiscal.
Insurrección de los colegios privados
por el apoyo de Esperanza Aguirre
a los centros concertados
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, comienza a sufrir la insurrección de los liberales en un terreno ideológico especialmente sensible para ella, el de la Educación. La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, ACADE, en la que se integran los colegios privados que no reciben subvención pública, se ha quejado oficialmente de la política que sigue Aguirre de promocionar activamente la construcción de nuevos centros concertados, especialmente en zonas en las que la oferta está cubierta sin problemas por la enseñanza gratuita pública, y la enteramente privada.
En definitiva, los centros en los que los padres sufragan completamente el coste de la educación consideran que esta política origina una competencia desleal, en la que los colegios del Opus, Kikos, Comunión y Liberación, y otras organizaciones católicas aún más a la derecha de éstas, como es el caso del grupo ultra Educatio Servanda, ganan peso en el adoctrinamiento subvencionado, exceptuando los de Los Legionarios de Cristo, chivo expiatorio de la pedofilia en la iglesia de Roma. En Madrid, el crecimiento de los centros concertados casi triplica el de la media nacional.
A tal grado ha llegado la revuelta que un grupo de 25 colegios, encabezado por Estudio, SEK y San Patricio, en donde estudian hijos de la elite económica de Madrid, ha creado su propia asociación, Asociación de Colegios Privados Independientes-Círculo de Calidad, escindiéndose de ACADE, a la que consideran tibia en sus protestas y contradictoria, por entender que entre sus miembros hay algunos con intereses en la enseñanza concertada.
¿Cómo es posible que a la Condesa de Murillo, que entró en política de la mano del Partido Liberal, le hayan surgido respondones en el campo ideológico orteguiano?. No sólo eso, sino que de las acusaciones de competencia desleal debería responder también el muy liberal economista Pedro Schwartz, mentor político de la aristócrata abogada, y actualmente presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, nombrado por su apadrinada, y que quizá debería intervenir en el tema y en el debate, para airear de nuevo las bondades del cheque escolar, del que hace ya muchos años no se habla.
Quizá los insurgentes se replieguen cuando amaine la crisis económica, que afecta y mucho al negocio educativo privado, y menos al concertado, dado que los colegios encuadrados en el modelo favorito del gobierno de Aguirre acostumbran con carácter muy generalizado a pedir “donativos” a los padres que solicitan plaza para sus hijos. Un caso muy grave ocurrió en el centro Monte Tabor, del movimiento católico Schoenstatt, donde la petición ascendía a la módica cantidad de 1.750 euros.
Posdata: Un mes después, Aguirre ha introducido en la Ley de Medidas Fiscales de 2011, un aumento en la deducción de las declaraciones de la renta de aquellos que envíen a sus hijos a colegios privados, ampliando los tramos de renta y la cuantía. A partir de ahora una familia con 90.000 euros anuales de ingresos podrá acogerse a la deducción, que será de 900 euros por hijo. Parece que las presiones de Acade y la mala conciencia de Aguirre han forzado el cambio.
CAF tendrá que contratar mejores conseguidores
La multinacional vasca fabricante de trenes, CAF, una de las compañías con mejor I+D de España, ha perdido dos grandes proyectos para renovación de vagones metro, uno ya adjudicado en Houston (Estados Unidos) y el otro en Montreal, en el plazo de cinco días. En vista de la resolución de estos contratos, que han forzado la intervención del Gobierno español con quejas diplomáticas y carta de Zapatero al presidente de Québec, Jean Charest, la empresa de Beasain deberá cuidar mejor a partir de ahora su política de contactos.
El pasado 1 de octubre, la Federal Transit Administration, rechazó la petición de CAF para que reconsiderase la decisión de cancelar el contrato de 330 millones de dólares, alrededor de 240 millones de euros, tomada el 7 de septiembre, tras una queja de la multinacional francesa Alstom. Aunque CAF podría todavía recurrir a los tribunales, se da por hecho que no lo hará, sobre todo teniendo en cuenta el informe demoledor de las autoridades federales, y las insinuaciones de que el gerente del metro de Houston, David Wolff, actuó de forma sospechosa a favor de la puja española.
También en Norteamérica, pero en este caso en Canadá, y concretamente en la región francófona de Québec, la multinacional vasca ha sufrido un serio traspiés. El pasado 6 de octubre, con una medida discrecional, electoralista y lesiva para los intereses de los contribuyentes de Montreal, el Gobierno quebequés decidía retirar el concurso abierto para suministrar 500 trenes al metro de la ciudad, en el cual CAF había realizado de largo, la mejor oferta, frente a la opción elegida a dedo por los canadienses, la de una alianza Alstom-Bombardier, todo por la unión francófona.
Los vagones de la española salían por menos de 1,5 millones de dólares, mientras que los de Bombardier , que en España tiene de presidente a Álvaro Rengifo, y Alstom (sin presidente en España tras la salida de Antonio Oporto) cuestan 2,6 millones. Para sortear la vigente oferta internacional de pujas, el concurso ha reducido a la mitad el millar de vagones que se preveían en el concurso. También en este caso, CAF podría acudir a los tribunales e incluso denunciarlo ante la Organización Mundial de Comercio, pero todo apunta a que tratará de salvar los muebles de forma diplomática.
La Celosía ya ha contado en una información reciente los entresijos de las luchas de los diferentes grupos de presión en estos contratos, pero lo que ahora está claro es que CAF tendrá que buscar otros grupos de presión más eficaces para conseguir contratos, más aún cuando ya hay empresas chinas, como Zhuzhou, buscando vender sus trenes fuera a precios incontestables, con tecnología denunciada como copia de la de las empresas occidentales.
En la lucha por el contrato de Montreal, ha actuado como portavoz de CAF el nuevo alcalde de Mont-Royal (pequeña ciudad de la isla de Montreal), Philippe Roy, elegido esta semana, y quien obviamente ha dejado de representar los intereses de la compañía vasca. Roy era vicepresidente de la firma especializada en asuntos públicos, Ryan, en la cual sorprendentemente seguirá trabajando a tiempo parcial, según la prensa canadiense.
Alonso Majón, ex de Ono y Ericsson, a Industria
Pedro Alonso Majón, un experto en despliege de redes de telecomunicaciones, y en regulación y normativa por haber trabajado 9 años en la Administración, dentro del sector de las Telecomunicaciones, ha sido el hombre elegido por el nuevo Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo Almendros. Ambos coincidieron en la Secretaría General durante los años noventa. Alonso Majón es desde el pasado 1 de septiembre el Director del Gabinete de la poderosa secretaría del Ministerio que encabeza Miguel Sebastián. El nombramiento de un experto en redes como Alonso Majón, que fue quien se responsabilizó del despliegue de la red de ONO, en gran parte de fibra óptica, y de la ingeniería asociadada a la misma, es muy relevante teniendo en cuenta que las operadoras han rebajado sensiblemente sus inversiones en los últimos años, y están pidiendo a los reguladores y al Gobierno que les permitan cobrar más por servicios de internet y telefonía como contrapartida a compromisos de inversión más elevada.
El nuevo jefe de Gabinete del secretario de Estado de Telecomunicaciones ha sido "fichado" de Ericsson, donde se había hecho cargo de la cuenta de las Administraciones Públicas, puesto en el que ha estado poco más de un año. Un experto también en financiación de proyectos tras haber llevado a cabo uno hace dos años para la chilena Telefónica del Sur, Alonso parece la persona ideal para un cargo como el que asume. Sus primeros trabajos atañen a la realización de una propuesta concreta de actuaciones en materia de espectro radioeléctrico durante el próximo otoño, una vez analizadas las aportaciones de los agentes del sector en la consulta pública que se ha realizado. Lo que se ha conocido como el dividendo digital es un fruto que codician todas las operadoras, e incluye el refarming en las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz y la licitación de las bandas de 800 MHz (dividendo digital) y de 2,6 GHz y tiene como objetivos la optimización y flexibilización del uso del espectro y la puesta a disposición del sector de todo el disponible. El secretario de Estado ha indicado también recientemente que en las próximas semanas se aprobará el nuevo Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) en edificios, que facilitará el despliegue de las nuevas redes de telecomunicaciones.
CAF y Alstom mantienen una guerra sin cuartel, con delaciones incluidas
La pérdida de un contrato valorado en más de 250 millones de euros por el cual la empresa vasca CAF iba a construir 103 trenes para el Metro de Houston, si bien es cierto que se ha debido a las irregularidades detectadas por la Federal Transit Administration (FTA), la verdad es que fue una delación de Alstom, la multinacional francesa, la que ha propulsado la investigación. La empresa vasca ganó este contrato con la mejor oferta en la primavera del año pasado, superando a Siemens y Alstom. La alemana había alertado un año antes a las autoridades federales para que vigilasen el proceso y se cumpliera la norma de contratar y comprar en Estados Unidos (Buy America). Se ha sabido ahora que fue finalmente Siemens la que había ofrecido la segunda mejor oferta tras la de la centenaria compañía vasca.
Sin embargo, no fue hasta este verano cuando Alstom se personó en el proceso con una serie de alegaciones que fueron aceptadas por la dirección de FTA, cuyo informe final es demoledor, e incluso se habla ya de que el anterior consejero delegado del metro de Houston, Frank Wilson (un personaje turbio envuelto en bastantes escándalos), será sometido a una investigación por si hubiera prevaricado.
CAF, que ha conseguido en pocos años entrar en el pelotón de los grandes del negocio de trenes, formado por Siemens, Alstom y Bombardier (sin contar con los asiáticos), ha sufrido una venganza en toda regla de la empresa francesa, que se ha tomado la revancha de la posible pérdida de un contrato millonario para el Metro de Montreal, valorado en más de 3.000 millones de euros. La intromisión de la empresa vasca en este grupo, incluso con el desarrollo de un nuevo tren AVE, conlleva riesgos, y la entrada en territorio francófono de Canadá, enfrentado a una alianza Bombardier-Alstom, le ha costado cara.
En el año 2006, la autoridad del transporte de Montreal (STM) decide renovar los trenes del metro de la ciudad francófona canadiense, y se determina que sea Bombardier el adjudicatario del contrato. La francesa Alstom recurre esta decisión en los tribunales y gana. Bombardier le ofrece hacer la tarea juntos, y todos amigos. Sin embargo, en enero de este año, cuando el gobierno decide ampliar el contrato elevando el pedido a 786 vagones, CAF exige entrar en la puja y la STM decide el pasado 13 de julio que se abra el concurso para que participe la empresa vasca, en uno de los contratos más relevantes del momento.
En definitiva, CAF ha conseguido que Alstom y Bombardier Transport, ahora dirigida por el francés André Navarri, no se lleven el contrato sin antes ofrecer la mejor puja, pero la francesa ya había contraatacado anteriormente con la denuncia en Houston, que ahora le servirá en Canadá, donde ya se asegura que la compañía vasca no puede cumplir la obligación de que el 60% del contrato se haga con empresas canadienses. Portavoces de la compañía vasca, que factura anualmente 1.200 millones de euros y el año pasado ganó 134 millones, se han apresurado tras la revocación del contrato en Houston a tranquilizar a las autoridades canadienses, asegurándoles que cumplirán con las exigencias de Buy Canadá.
El contrato canadiense está muy envenenado, con más de 18 millones de dólares gastados por las autoridades en abogados y burocracia, según la prensa local. El espionaje y la actividad de los grupos de presión han aparecido, habiendo sido revelado por el periodista Martin Bisaillon que tres ex directivos de Bombardier habían contactado con CAF para advertirle que las autoridades de Montreal habían decidido ampliar las compras de vagones, desde los 340 vagones iniciales concedidos a la unión Bombardier-Alstom, hasta 765, con una opción incluso de añadir otros 288, y que debían someter el pedido a un concurso internacional de ofertas.
Bisaillon ha desvelado un encuentro celebrado a finales de 2009 en Biarritz entre directivos de CAF y los tres ex Bombardier, donde estos últimos aparentemente fueron contratados por la compañía vasca para que consiguieran su participación en el multimillonario contrato de Montreal, lo que consiguieron finalmente el pasado 13 de julio, aunque Bombardier ha apelado a los tribunales alegando que CAF no puede cumplir con los requerimientos, para lo cual se servirá del informa de la FTA que ha revocado el de Houston.
CAF asegura que abrirá una fábrica en Québec, donde puede crear 300 empleos, y que ha demostrado ya en Chile su capacidad para fabricar vagones al ritmo que demanda Montreal. Los ex directivos de Bombardier, que han ayudado a la compañía vasca, están encabezados por Jules Pleau, que trabajó con los vascos en el contrato del metro de México, donde la empresa canadiense y CAF unieron fuerzas con éxito.
Así las cosas, la guerra es total. La empresa que cotiza en la Bolsa española con una de las mayores generaciones de valor auténtico que se recuerdan, que dirige Alejandro Legarda y preside José María Baztarrica, y que está bajo control accionarial de los empleados, la Kutxa y Bestinver, acaba de ganar a Alstom un contrato para suministrar 130 coches (cama, restaurante y equipaje) al operador estadounidense Amtrak, por un valor de casi 300 millones de dólares.
La francesa, por su parte, no dudaba en anunciar la semana pasada, que había ganado a CAF el contrato del nuevo tranvía de Tours (Francia), con un valor de 73 millones de euros. De momento, la vasca, apoyada en un I+D muy potente y con capacidad de liderar la financiación de proyectos, mantiene una cartera de pedidos de casi 4.500 millones de euros.
Villar Mir elude a la CNMV en la venta de acciones de OHL con pacto de recompra
Juan Miguel Villar Mir ha vendido un paquete de 1,1 millones de títulos de su grupo de construcción OHL, en una operación realizada el pasado 11 de agosto, y hecha pública un mes después por su yerno, Javier López Madrid (presidente de la sociedad de valores Tressis), quien actúa como representante de Espacio Activos Financieros, filial 100% del grupo Villar Mir. La operación, realizada a 19,13 euros, por debajo del precio de cierre de ayer, 20,3 euros, ha servido, según portavoces del empresario, para financiar al grupo, ya que ha sido estructurada mediante un 'equity swap' con una entidad financiera no identificada, con la cual, Villar Mir ha firmado un pacto de recompra a un año. Bajo esta fórmula de equity swap, el grupo de control de la constructora OHL, ya tenía aparcado anteriormente el 5,06% del capital, mediante acuerdos con las entidades financieras Banesto y Caja Madrid.
El nuevo equity swap no ha sido comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como hecho relevante, ni tampoco lo ha sido la nueva rebaja del rating de la deuda del grupo constructor y de concesiones.
Cuando Villar Mir utilizó por primera vez la fórmula de financiar su grupo mediante esta operativa, sí hizo un comunicado explicativo para el mercado. A finales de 2007, el empresario, que controla también Fertiberia, Ferroatántica y desde hace poco Recol, consiguió de Banesto 75 millones de euros con un swap por algo más del 2,8% del capital que ha ido venciendo anualmente y ha sido renovado. El que atañe a Caja Madrid, nunca se anunció en el momento de acordarlo, sólo en su renovación. Los contratos son liquidables a opción del grupo Villar Mir mediante la entrega de las acciones o por diferencias.
En aquel hecho relevante, del que se cumplirán tres años en breve, Villar Mir aseguraba que "no tenía previsto adquirir más acciones de la compañía mientras tuviera vigencia el equity swap". Entonces, declaró tener el 50,724% del capital de OHL.
Sin embargo, este compromiso nunca se ha cumplido, y aquel mismo ejercicio lo terminó con un paquete de control superior, cifrado en el 53,615%. Un año después, con el contrato del swap renovado, y aparentemente ampliado con otro de Caja Madrid, Villar Mir declaraba tener el 56,015%. En el último ejercicio completo, la memoria de OHL informa que el grupo Villar Mir controlaba el 57,16%, y en estos momentos, sus portavoces han informado a Capitalmadrid de que controla el 58% (más del 6% con el aparcamiento mediante swaps).
OHL ha sufrido en los dos últimos días una penalización por parte de los inversores, con una caída próxima al 5%, una vez que la agencia de calificación Moody's informase de que la empeoraba la calificación de la deuda de la compañía, situada ahora a sólo un paso de aquella que "no se caracteriza por ser una inversión deseable". Moody's alerta sobre el alto grado de apalancamiento de la compañía y los problemas de liquidez a los que se puede enfrentar si continúa la mala situación económica, preocupante para las constructoras por los recortes de gasto público, a pesar de que el año pasado amplió capital 200 millones de euros y en abril de este mismo año emitió bonos por otros 700 millones.
Aunque OHL sí declaró como hechos relevantes las peores calificaciones que hace un año también le concedieron Moody's y Fitch, en esta ocasión no lo ha hecho público ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además de la reducción, dándole ahora una calificación de Ba2, la agencia mantiene el sesgo negativo sobre el valor. A Juan Miguel Villar Mir, presidente de la compañía, no parece preocuparle demasiado el alto grado de endeudamiento, que se ha incrementado en 1.800 millones en el primer semestre de este año, situándose ya en el grupo consolidado en 6.300 millones. El financiero y ex ministro de Economía con el gobierno de Arias Navarro aseguró el pasado mes de abril, tras conseguir los 700 millones con una emisión de bonos, que habían rebajado la deuda neta con recurso de OHL "hasta dos veces nuestro ebitda con recurso", y soberbiamente crecido, añadió: "esperamos noticias de las agencias de calificación". El primer sopapo ya se lo ha dado Moody's.
OHL tiene el problema de que, perdida la calificación de empresa con "investment grade", que es al que muchos fondos de inversión y de pensiones se vinculan para inyectar dinero de los inversores, le resulta cada vez más caro acudir a un mercado de capitales, muy reducido ya de por sí. Villar Mir, enardecido porque había conseguido colocar sin problemas los 700 millones, llegó a decir hace unos meses que, su única empresa que cotiza en Bolsa, sería un "emisor recurrente de bonos".
El disgusto que le ha dado la agencia de calificación lo intenta superar con una nueva dosis de vanidad, anunciando a los periódicos (que le regalaron fotos y ditirambos) que había recibido la condecoración de "mayor rango" que se concede en Francia. El hecho es que, Villar Mir, quien cuenta ya con una hagiografía sonrojante, ha obtenido la insignia de Caballero de la Legión de Honor, que es el escalafón más bajo de este ejército de elites civiles. Ahora tendrá que hacer más méritos para obtener los rangos superiores, Oficial, Comandante, Gran Oficial y Gran Cruz.
No obstante, la insignia que le ha concedido Francia debería ayudarle un poco en la consecución de un título monárquico en España. Méritos, aparentemente, le sobran.

References: artículo 28
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 60
 Real Decreto 
 resolución