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Sentencias | Blog personal de Pablo Burgueño
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el 16 octubre, 2009
ADSLzone acaba de decidir la retirada de más de cien comentarios de sus foros tras haber recibido un “cordial” C&D por parte de Superbanda.
ADSLzone es un sitio web en el que profesionales del sector de las telecomunicaciones y usuarios de banda ancha opinan libremente sobre los servicios de conexión y prestación de Internet. El usuario que desea opinar en la web tiene que registrarse mediante un formulario en el que debe aportar, entre otros datos, su nombre y un correo electrónico de contacto. Asimismo, se avisa en ese instante de que “el registro en la web conlleva la aceptación” del Aviso Legal, en cuyo apartado 11.2 se hace responsable al usuario de todo contenido que aporte, incluidos los comentarios. Esta declaración responsable de los usuarios permite que ADSLzone sea una zona de encuentro y opinión libre de censura, puesto que cada usuario debe responder de sus propias palabras y actos.
Sin embargo, ha sido precisamente esta libertad la que ha llevado a ciertos usuarios de ADSLzone a crear hilos en los que critican duramente a alguna de las empresas que ofrecen internet de banda ancha en España, usando incluso calificativos tales como mentirosos y sinvergüenzas para referirse a sus responsables.
A raíz de estas declaraciones, el representante miembros de Superbanda, mentados personalmente en varias ocasiones con calificativos un tanto desagradables, se han puesto en contacto con ADSLzone para solicitar la cancelación de datos y la supresión de los comentarios que los albergaban, con base en la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Ante este requerimiento, comúnmente denominado C&D (aunque en este caso no sea precisamente un C&D), los administradores de ADSLzone han decidido eliminar los comentarios conflictivos. Pero no lo han hecho para guardarse las espaldas, sino para proteger a sus usuarios de posibles acciones legales que Superbanda pudiera iniciar contra ellos por expresar sus opiniones sobre la calidad del servicio ofrecido por este operador. (Actualización: Superbanda ofrece su punto de vista sobre los hechos en los comentarios a este post).
Desde el punto de vista jurídico hay que hacer las siguientes apreciaciones:
– LOPD: A pesar de que el responsable miembros de Superbanda deseen ejercer su derecho de cancelación con base en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD), esta norma no es de aplicación en este caso concreto, puesto que no se trata de proteger datos que se encuentren incluidos en un fichero (entendido fichero como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”). Por tanto, no puede ejercer tal derecho por una razón tan sencilla como que no hay fichero sobre el que ejercerlo. La norma que aplica en este caso es la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
– LSSI: El responsable Los miembros mentados de Superbanda basa su solicitud de supresión de datos en el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (que, por cierto, el Magistrado Juez Titular del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, decidió llamar “Ley de Sociedades y del Servicio de Información” en un alarde de originalidad extrema mientras escribía el texto cargado de estulticia y necedad a partes iguales que conforma el auto 138/09) y, más en concreto, en el apartado a.1. Aquí os dejo el artículo completo con algunas frases subrayadas
a No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o
El conocimiento es efectivo es aquel que se tiene cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos o la existencia de lesión. En caso de que se aprecie la ilicitud de los datos, el órgano deberá, además, ordenar bien su retirada, bien el bloqueo del acceso a los mismos. A esta declaración, que será judicial en la mayoría de los casos, se le añade la necesidad de que el prestador (ADSLzone) conozca la resolución para que pueda ejecutarla.
Por tanto, la simple creencia de que el contenido puede ser ilícito no supone el nacimiento automático de responsabilidad, más allá de la propia de la “diligencia debida”, tal y como se señala en la sentencia de alasbarricadas.org. Sobre qué es “diligencia debida” y qué se entiende por “contenidos ilícitos” ya he escrito por lo que os remito al post titulado Responsabilidad por alojar contenido ilegal en España.
El hecho de que Superbanda algunos miembros de Superbanda hayan solicitado a ADSLzone la supresión de sus datos personales de sus directivos de las páginas del foro es razonable pero no de obligado cumplimiento por parte de los responsables del sitio web, en virtud del artículo 16 de la LSSI. No habría sido en absoluto razonable la solicitud de supresión de críticas sanas sobre su servicio puesto que el usuario es libre de opinar, siempre que lo haga con el debido respeto.
Por otro lado, la actitud de ADSLzone ha sido ciertamente conciliadora, ha ahorrado a sus usuarios y a sí misma problemas potenciales problemas, comunicados por burofax y alguna que otra visita a los juzgados, pero innecesaria desde un punto de vista estrictemente jurídico. Sin embargo, siendo justos con la realidad actual, también hay que tener en cuenta que aún bastantes jueces en España entienden que un foro o un sitio web es lo mismo que un períodico en papel y les aplican la normativa de prensa que hace responsable al Director (en este caso, a ADSLzone)del medio por todo lo que cualquiera haya podido publicar bajo su dominio, por lo que la decisión de ADSLzone también es acertada en este sentido, por si tocase lidiar con algún juez lego en la materia o de gran inventiva, como ciertos casos que se conocen…
(Actualización: Recomiendo leer los comentarios a esta entrada)
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el 12 marzo, 2009
En el post anterior de este blog hemos visto cómo el Ayuntamiento de Bilbao contrató a Santiago Calatrava el diseño y construcción de un puente que uniese ambos márgenes de la ría. Inaugurado éste, las autoridades locales contratan a otro arquitecto, Isozaki, la ampliación de la pasarela principal del puente por razones de utilidad e interés general.
Ante esta ampliación inconsentida de su construcción, Calatrava demanda al Ayuntamiento por vulneración de su derecho moral a la integridad de la obra. El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao, Provincia de Vizcaya determina en su Sentencia núm. 543/2007 de 23 noviembre que, en efecto, se han vulnerado los derechos morales de Calatrava pero que, sin embargo, prima en este caso el interés general y la funcionalidad ciudadana de la construcción sobre los derechos de propiedad intelectual del arquitecto. Calatrava, recurrió esta Sentencia ante la Audiencia Provincial de Bizcaia. Hace pocas horas hemos conocido el contenido de esta nueva Sentencia dictada por la Sección Cuarta del órgano jurisdiccional Vizcaino.
Como ya hemos repetido en varias ocasiones, todas las creaciones originales expresadas y realizadas por personas naturales son objeto de propiedad intelectual. Ésta es una máxima recogida en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, junto con un listado ejemplificativo de tipos de obras protegidas entre las que no figuran los edificio y puentes; en cambio, sí se mencionan expresamente “los proyectos, planos maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería” (art. 10.1.f). Este hecho ha propiciado que un pequeño número de juristas apoyasen la tesis de que las obras arquitectónicas y de ingeniería quedan fuera del ámbito de la propiedad intelectual, nada más lejos de la realidad.
En España pocas sentencias relevantes han tratado el tema de las obras arquitectónicas y de ingeniería. Para ver referentes en Europa tendríamos que irnos a sentencias como la alemana de 28 de noviembre de 2006 sobre la “super-estación de trenes de Berlín”, en la que el juez de distrito que llevó el caso declaró la existencia de una vulneración del derecho a la integridad de la obra tras unas modificaciones hechas al diseño original. También son de mencionar los conflictos jurídicos que cada dos por tres generan Christo y su mujer Jeanne-Claude por sus embalajes monumentales, como los del Pont Neuf de París o las sombrillas azules instaladas en Ibaraki, Japón.
En España, el referente de los conflictos jurídicos en esta materia es Santiago Calatrava. Y no es de extrañar viendo los proyectos en los que se embarca (Alamillo de Sevilla, Estación de Ferrocarril del Aeropuerto de Lyon, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Turning Torso, Edificio BCE, Puente de la Mujer en Buenos Aires…). Hace poco veíamos un caso curioso a raíz de una lista de precios por hacer fotografías a su famoso Auditorio de Tenerife. Y, ahora, le vuelve a tocar el turno a su puente de Bilbao: el Zubi Zuri.
El caso gira en torno a tres ejes principales:
1) Reconocimiento del puente como objeto de propiedad intelectual: Como era de esperar, la resolución judicial declara que el puente es “objeto de protección como obra de arte original con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual”, con base en los artículos 1 y 10 de la Ley de Propiedad Intelectual. Este reconocimiento lleva aparejada, como consecuencia natural, el reconocimiento de una serie de derechos morales y patrimoniales.
2) Reconocimiento de la vulneración de los derechos morales: La sentencia reconoce que la obra y el estilo de Calatrava han sido modificados y su derecho moral a la integridad de la obra, vulnerado. En concreto, señala que “el puente ideado por Calatrava ha sido objeto de la alteración, con la pérdida de su integridad y el confusionismo de estilos arquitectónicos”.
3) Preferencia del Derecho de Propiedad Intelectual al Interés General: Asimismo, la Audiencia Provincial reconoce que el derecho moral del arquitecto no queda anulado, solapado o excluído por el interés público que la obra contribuye a aportar o satisfacer.
Por tanto, vemos como ambas sentencias coinciden en los dos primeros ejes pero discrepan en el tercero, considerando la Audiencia que debe prevalecer en este caso el Derecho Moral, mientras que en primera instancia se consideró que Calatrava estaba obligado a sufrir la violación de su derecho “en atención al servicio público que dicha obra atiende”.
La explicación de este cambio jurisprudencial es doble: por un lado, la Audiencia reconoce la existencia de un derecho vulnerado que hay que compensar; por otro lado, la sentencia apunta a que el Ayuntamiento decidió vulnerar este derecho, aun teniendo la opción de no hacerlo. Aunque “la infracción de la obra mediante el adosamiento de la pasarela de Isozaki no respondió a un capricho de alguien para causar gratuitamente un daño al derecho moral del señor Calatrava”, bien podían haber habilitado rampas, ascensores o escaleras para acceder a la Alameda de Mazarredo, sin necesidad de alterar el diseño del puente ni de que éste sufriera daño alguno.
En este sentido, la Audiencia ha determinado que “es verdad que el puente Zubi Zuri satisface un interés público, pero queda limitado a la mera comunicación entre ambos márgenes de la ría”. Por tanto, el Ayuntamiento tenía la posibilidad de optar por medios alternativos de comunicación vial y optó por el que creyó conveniente sin tener en cuenta los derechos del autor de la estructura preexistente.
Cualquiera podría pensar en este punto que si el Ayuntamiento contrató y pagó la construcción del puente para sus ciudadanos, se presupone su derecho a modificarlo en pro del beneficio ciudadano y el interés general. Pues bien, además de que en Derecho no se presupone casi nada, en este caso nos encontramos, además, con una decisión previa del Ayuntamiento de vital importancia: decidió hacer algo más que un simple puente o plataforma de paso; acudió a un arquitecto y escultor de reconocido prestigio internacional para que diseñara una obra de arte peatonal para Bilbao. En definitiva, la sentencia obliga al Ayuntamiento a ser consecuente con sus decisiones.
Por lo que respecta a la satisfacción o recuperación del derecho moral por parte de Calatrava, la sentencia señala que la mejor forma de lograrla sería mediante la destrucción de la pasarela, pero constituiría una medida absolutamente excesiva y desproporcionada. Asimismo, la reclamación de Calatrava (3 millones de euros) se considera por la Audiencia igualmente desproporcionada y demedida. Respecto a la petición millonaria de Calatrava, la sentencia declara que:
“El recurrente pretende incrementar sus ingresos, por la violación de su derecho moral a que se respete la integridad de la obra, en un importe que casi quintuplica la cantidad percibida por su trabajo profesional, lo que no se explica, sino por una autocomplacencia intolerable y desmedida del actor en el contenido del derecho moral sobre la obra terminada o resultado objetivo de su trabajo”.
Con el fin de determinar la cuantía de la indemnización, la Audiencia se fija en que el puente “no ha sido afectado ni en su trazado, ni en la mayor parte de su estructura, ni en sus accesos mediante rampa y escaleras en ambas orillas, ni en su denominación habitual de “Puente Zubi Zuri” o “Puente de Calatrava” haciendo expresa referencia a su autor”. “Si bien afectado por la prolongación que supone la pasarela del señor Isozaki, se alza majestuoso sobre la ría de Bilbao en el centro de la ciudad y sigue siendo objeto de propaganda gráfica tanto a nivel turístico como en las publicaciones sobre arquitectura en general y en las que hacen referencia a la obra del señor Calatrava en particular”.
Por tanto, la Audiencia Provincial fija la indemnización que el Ayuntamiento de Bilbao tendrá que pagar a Calatrava por vulneración de su derecho moral en sólo 30.000 euros.
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el 20 noviembre, 2008
La sociedad demanda una reforma urgente la Ley de Propiedad Intelectual, que regule de manera real y práctica los derechos de los creadores en la era digital.
Cada día se publican infinidad de artículos sobre la inaplicabilidad de la actual Ley de Propiedad Intelectual al uso que los usuarios damos a los contenidos a través de Internet y otros medios digitales. No puedo decir que esté cansado de leer sobre este tema porque, como sabéis, me apasiona. Pero sí reconozco que resulta frustrante comprobar día a día como una ley obsoleta y falta de coherencia desampara a los autores, violenta las libertades “razonables” de los usuarios y genera una creciente inseguridad jurídica que no beneficia ni a unos ni a otros.
La mejor forma de demostrar la obsolescencia de la norma es por medio de ejemplos de la vida real. Espero que el legislador deje de tomarse cañas a la salud de “políticos pusilánimes, incapaces en su torpeza de entender hasta qué punto el traje normativo se le ha quedado pequeño a la nueva sociedad de la información (¿Tecnología obsoleta? Pásese al software libre)” y lea este post para solucionar de una vez un tema tan importante e influyente sobre la cadena de valor cultural de España.
Sobre la chapucera redacción del límite de Cita (artículo 32): Tamaño atropello contra el sentido común, genera como consecuencia el que no se pueda “citar” a no ser que se haga “con fines de investigación o docentes”. Sobre este tema recomiendo leer los post de David Maeztu titulados El citar se va a acabar y La Sexta, Telecinco y la propiedad intelectual.
La mayor parte de los vídeos en los que se cambia la voz de los famosos por la de cómicos, políticos o presentadores de televisión son ilegales debido a que carecen de las autorizaciones necesarias para su explotación (reproducción, transformación, comunicación pública…). Parece que al legislador le tembló la mano al redactar el artículo 39 y no contempló este supuesto.
Sobre el límite de copia privada, corren ríos de tinta. Muchos lo siguen llamando “Derecho” y la mayoría sigue viendo erroneamente en el 31 del TRLPI un paraíso que ampara las descargas del eMule. Resulta imprescindible en este punto una redacción clara e inequívoca que no de origen a confusiones e inseguridades como la que la actual está provocando.
Ya que hablamos de la copia privada, el llamado canon es en realidad una “compensación equitativa por copia privada” que el legislador de 2006 redactó a fovor de los autores a través del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual. Lo que pretende este artículo es dar a los autores una ínfima parte de lo que están dejando de obtener por cada copia privada que se hace. Pero puede que esa ínfima parte no lo sea tal si se confirma que este artículo (por error o de forma interesada…) se ha venido aplicando de forma que grava a más personas que las que debiera. En este sentido, estamos a la espera de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resuelva una cuestión elevada por la Audiencia Provincial de Barcelona en la que el Tribunal pregunta a la autoridad comunitaria si el canon regulado por el actual Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) no está contradiciendo la normativa europea.
En el sector de la prensa las cosas tampoco están siempre claras, principalmente debido al oscurantismo y la casuística provocada por las diversas interpretaciones de los artículos 32 y 33. Al margen de éstos, otro de los problemas prácticos con los que se encuentran los diarios digitales actualmente es el de las licencias de uso de fotografías cedidas para ilustrar una determinada noticia de actualidad, que deja de ser “de actualidad” a los dos días, y, sin embargo, sigue disponible años después en la red.
Las entidades de gestión de derechos (AGEDI, VEGAP, CEDRO, SGAE, AIE, EGEDA, AISGE y DAMA) existen en virtud del Título IV del Libro III del TRLPI. Son sociedades privadas sin ánimo de lucro, habilitadas por ley para representar a las distintas categorías de creadores, velar por sus derechos y gestionarlos en su nombre. Sin embargo, a pesar de estar reconocidas por una ley del siglo XXI, su composición, naturaleza y modelo de gestión de derechos responden a parámetros del siglo pasado. Soy un convencido de la necesidad de su existencia, pero cambiaría multitud de elementos de las mismas para adecuarlos a la nueva realidad digital:
Resulta muy poco operativo tener que negociar para una misma explotación el pago de las tarifas con cada una de estas sociedades. Se hace imprescindible el sistema de ventanilla única.
En la difusión de contenidos a través de Internet, las cláusulas de exclusividad territorial dejan de tener sentido. Las Sociedades de Autor de Bélgica y Holanda ya se han dado cuenta.
La Unión Europea se basa, entre otros principios, en el de libre competencia. La Comisión Europea ya ha advertido que las sociedades de gestión crean monopolios nacionales contrarios a este principio.
“Las entidades de gestión deberían cambiar hacia un escenario de gestión de derechos de forma no exclusiva en la que los titulares de derechos pudieran utilizar este tipo de licencias o realizar autorizaciones particulares para determinados casos, como ya se hace en países como EE.UU” (Andy Ramos – Sobre la autogestión y la conveniencia de la misma).
Sentencias como las dos últimas de Alemania en las que se declaran ilegales los thumbnails de Google Imágenes nos demuestran una vez más que el Derecho Europeo no ha sabido adaptarse a la era digital. La consecuencia del inmovilismo normativo es la aplicación injusta de normas obsoletas a usos razonables del derecho. Sin embargo, en España gracias al ingenio de los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona (en su sentencia 749/2007 de 17 de sep), se ha logrado adaptar e integrar la doctrina anglosajona del Fair Use (107 del Copyright Act) a nuestro derecho, dejando una puerta abierta al uso razonable de contenidos a través de Internet. No obstante, el hecho de que esta doctrina deba ser interpretada cada vez que llega a los tribunales e integrada desde el derecho anglosajón sin que esté prevista de forma clara en la legislación vigente, genera una elevada inseguridad jurídica en el sistema.
No me quiero extender más, pero al igual que podríamos seguir hablando de la Ley de Propiedad Intelectual, también cabría aquí la crítica a la Ley de Cine -irreal- que pretende regular la cadena de valor de la industria audiovisual con base en un determinado modelo impuesto por el Estado sin tener en cuenta que, debido a las nuevas tecnologías y a la globalización, este modelo cambia a diario.
En mi opinión, la solución no es olvidarnos del derecho continental y girar el sistema hacia la senda del copyright, sino legislar conforme a las posibilidades, virtudes y defectos de la era digital, entender sus limitaciones y regular permitiendo que la industria crezca en armonía con el nuevo medio y a los usuarios hacer un uso razonable de los derechos. De otra forma, mal vamos…
Os dejo con esta frase de El Abogado del Navegante -que ya he citado más arriba- en relación a la posibilidad de piratear un software necesario para la empresa si el fabricante lo ha dejado de comercializar:
[La actual Ley de Propiedad es…] “una ley cosida a remiendos por políticos pusilánimes, incapaces en su torpeza de entender hasta qué punto el traje normativo se le ha quedado pequeño a la nueva sociedad de la información”.
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el 21 julio, 2008
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el 15 julio, 2008
Hace unos días, la blogosfera entera se estremecía al escuchar a la Ima. Sª Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Cincuenta y Cinco de Madrid, Dña. XXXXXXXXXXXX denominar positero a quien comenta una entrada de un blog y posit al comentario dejado (Juicio Ordinario 743/07):
Los hechos en los que se fundamenta la demanda se concretan fundamentalmente en los comentarios, llamados posit y positero a quien lo hace La expresión tiene delito, pero más delito tiene el que sea la segunda vez que un Magistrado cometa esta falta grave de comprensión de Internet y de su comunidad de usuarios. Así, el Iltmo. Sr. D. XXXXXXXXXX, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, declaraba en su Sentencia de 26 Feb. 2007:
Los hechos por los que ha sido condenado el recurrente son relativos a comentarios, llamados posit y positero a quien lo hace, realizado el día 18 de abril de 2006 por persona no identificada.
La sentencia en la que se encuentra esta aberración lingüística de Dña. XXXXXXXX es la que condena a Julio Alonso por no censurar determinados comentarios contra la SGAE en su bitácora personal. Se trata, como bien señala Chiki en su blog (del que también he tomado la imagen -ligeramente modificada por mí- que ilustra esta entrada), de la consecuencia lógica de permitir que “Jueces analógicos” dicten “sentencias sobre hechos digitales”.
Casi un tercio del espacio que la sentencia dedica a los Fundamentos de Hecho no es más que un “copy paste” de otras sentencias y de páginas de internet; un intento desesperado de la Magistrada Juez por comprender qué es Internet, en qué se diferencia un blog de una página web y, mucho más complicado para ella -supongo-, determinar cuáles son los límites y responsabilidades técnico-legales de un “prestador de servicios de intermediación”.
Imaginémonos que, en un juicio contra un conductor, para determinar si su conducción ha sido temeraria, la Magistrada Juez tuviese que averiguar qué es una carratera y cuáles es la diferencia entre un coche y una carretilla. Patético, ¿no? Pero más patético resultaría si, haciendo alarde de su absoluto desconocimiento del medio, inventase definiciones absurdas o acudiese directamente al Rincón del Vago (con todos mis respetos) para copiar y pegar la primera definición que salga en el buscador.
Para seguir un poco en la misma línea de cosas ridículas que hacen los jueces analógicos, aquí tenéis las más curiosas (todas ciertas) de las que he tenido conocimiento:
Juez a perito: Si tengo un ordenador sin teclado, ¿qué hago?
Respuesta del perito: Poner un teclado
Juez une un CD a la documentación de un caso. Pero lo une ¡atando una cuerda al CD y el otro extremo al canutillo de los documentos!
Juez grapa disquetes flexibles de 5 1/4″ a los autos, para que queden unidos.
Se le muestran al Juez dos disquetes de 90 mm. o 3 1/2″ para determinar la identidad de contenidos. El Juez toma cada uno en una mano, los alza y dice: “Sí, en efecto, son iguales”.
Cada vez que pienso en este tipo de Jueces tecnófobos o legos tecnológicos, no puedo menos que dar la razón a Jesús Banegas, de AETIC, cuando en el foro Piratas del siglo XXI, plateó como solución la creación de “mecanismos o jueces especializados que actúen de forma rápida e incluso automática”. Él se refería a casos de la vulneración de Derechos de Autor, pero ¿por qué no ampliarlo a una rama especializada de Jueces de Nuevas Tecnologías?
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References: artículo 16
 resolución 
 artículo 16
 artículo 10
 resolución 
 artículo 39
 artículo 25