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Timestamp: 2018-08-17 07:40:10+00:00

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﻿ Sentencia T-427 de julio 2 de 2014
SENTENCIA T-427 DE 02 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:EL DERECHO DE DEFENSA DE LOS DEMANDADOS EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TENENCIA POR ARRENDAMIENTO. SE ESTABLECE QUE COMO REGLA GENERAL, ES VÁLIDO EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO LIMITAR, EN LOS CASOS SEÑALADOS, EL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA DE LA PARTE PASIVA EN UN PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TENENCIA, COMO EL DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO, A FIN DE PROMOVER LA CELERIDAD Y EFICACIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. NO OBSTANTE, ESTA PAUTA GENERAL TIENE UNA SUBREGLA, DESARROLLADA POR LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, A PARTIR DE LA CUAL LA LIMITACIÓN A SER OÍDO EN JUICIO, NO TIENE CABIDA CUANDO SE PRESENTAN SERIAS DUDAS SOBRE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, PROCESO DE RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO, DERECHO DE DEFENSA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
Sentencia T-427 de julio 2 de 2014
Ref.: expediente T-4259499
1. Edilberto Olaya Murillo indicó que el 16 de marzo de 2013 fue notificado del proceso de restitución de bien inmueble arrendado adelantado por la señora Clara Eugenia Rodríguez de Rincón, en contra suya y de Angélica María Mogollón Sánchez, ante el Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá(1). La causal de restitución alegada fue el incumplimiento del contrato por ausencia de pago de los cánones de arrendamiento desde mayo de 2008 hasta octubre de 2012.
2. El accionante explicó que dentro de ese proceso de restitución se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso varias excepciones de mérito, en tanto consideró que la señora Rodríguez de Rincón no se encontraba legitimada en la causa por activa, pues aportó “una simple copia informal de un contrato de arrendamiento… que es prueba sumaria al cual (sic) me opuse por falta de veracidad de la misma” (fl. 6 cdno. inicial).
3. Manifestó el actor que el Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá aplicó el numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC, y tuvo por no contestada la demanda de restitución, en tanto verificó que él no canceló los cánones adeudados, requisito para ser oído en el proceso.
Sostuvo que en su caso no se tuvo en cuenta la subregla establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-067 de febrero 4 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) la cual establece que si se presentan serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento, no debe exigírsele al demandando el pago de los cánones adeudados para ser oído en el juicio, situación fáctica que, en opinión del actor, es la que ocurrió en este caso.
8. Por todo lo precedente, el señor Olaya Murillo solicitó al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, decretar la nulidad de toda la actuación dentro del “proceso de restitución de Clara Eugenia Rodríguez de Rincón, contra Edilberto Olaya Murillo y Angélica María Mogollón Sánchez bajo radicación 2012-00791” (fl. 8 ibíd.)(2).
1. Sentencia del 18 de octubre de 2013, proferida por el Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado, que ordenó “declarar terminado el contrato de arrendamiento”, y como consecuencia ordenar a “Edilberto Olaya Murillo y Angélica María Mogollón Sánchez, que en el término de diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, le restituya a la demandante Clara Eugenia Rodríguez de Rincón, el inmueble ubicado en la Calle 86 D Nº 30-30 de esta ciudad, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50C-393767” (fls. 1 a 5 ibíd.).
Mediante auto del 7 de noviembre de 2013, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá avocó el conocimiento de la acción de tutela, vinculó al Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá y ofició al Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, otorgando a ambos término para que ejercieran su derecho de defensa. Así mismo, solicitó en calidad de préstamo el expediente contentivo del proceso 2012-00791 (fl. 11 ibíd.).
Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá
El juez titular de ese despacho presentó escrito el 12 de noviembre de 2013, en el cual explicó que la sentencia atacada “se profirió conforme a las pruebas regular y oportunamente aportadas, aplicando las normas sustanciales y procesales que rigen la materia, por lo que mal se me puede endilgar amenaza, vulneración y mucho menos violación al debido proceso” (fl. 21 ibíd.).
Indicó que si bien el 18 de octubre de 2013, “al desanotar el expediente se incluyó el escrito de la sentencia… que adolecía de mi firma” (fl. 22 ibíd.), se emitió un auto posterior, del día 23 del mismo mes y año, corrigiendo el error y garantizando el debido proceso a las partes.
Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá
El 12 de noviembre de 2013, el titular de ese despacho precisó que no es posible emitir pronunciamiento, pues el 22 de mayo de ese año se remitió toda la actuación al Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá para que profiriera sentencia (fl. 23 ibíd.).
Clara Eugenia Rodríguez de Rincón
Mediante apoderado, la señora Clara Eugenia Rodríguez de Rincón presentó escrito del 18 de noviembre de 2013, en el cual se opuso a las pretensiones de la tutela y solicitó negar la acción, por considerarla desleal e infundada, ya que “oportunamente se aclaró todo lo referente a la propiedad del inmueble y el contrato que sostuvo la acción de restitución” (fl. 26 ibíd.).
Explicó que el juzgado accionado dio cabal aplicación al artículo 424 del estatuto procesal civil, por cuanto el arrendatario no cumplió sus obligaciones contractuales, por lo cual, no puede endilgársele ningún incumplimiento a la Constitución ni a la ley. Manifestó que “la falta de pago es cierta y las leyes procesales civiles se deben respetar” (fl. 28 ibíd.).
El 19 de noviembre de 2013, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá denegó el amparo pedido por el accionante(3), al considerar que se pretendió utilizar la acción de tutela como un mecanismo adicional a los procedimientos ordinarios que la ley consagra para la solución de controversias de tipo civil.
En dicho fallo se señaló que el Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá sí verificó los elementos constitutivos del contrato de arrendamiento, por lo cual le estaba permitido aplicar el numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC, en tanto el accionado no cumplió con el pago de los cánones. En la sentencia se lee (fl. 33 ibíd.):
“… la parte actora aportó copia auténtica del contrato de arrendamiento de fecha de 15 de julio de 2003 (fl. 20, exp. 2012-0791) donde figuran Edilberto Olaya como arrendatario y Matilde Rubio (q. e. p. d.) como arrendadora, derecho que le fue trasferido a la hoy demandante Clara Rodríguez, como consta en escritura pública de protocolización de la sucesión de la señora Rubio”.
Así mismo, el juez de tutela manifestó que no es posible dudar sobre la existencia del contrato de arrendamiento, a fin de inaplicar las normas que limitan el derecho de defensa al accionante, pues se “aclaró… que el extremo pasivo en ningún momento tachó de falso el documento contentivo de la relación contractual, como tampoco negó su calidad de arrendataria, circunstancias por las cuales, no se inaplicaron las normas procesales que disponen no escuchar al demandado sin la acreditación del pago de los cánones adeudados” (fl. 33 ibíd.).
Por último, el juez desestimó el argumento del accionante referente a la no notificación de la “cesión” del contrato de arrendamiento, señalando que “al notificarse del auto admisorio de la demanda mancomunadamente se notificó de la cesión del contrato que operó con la transmisión hecha a la señora Clara Eugenia Rodríguez de Rincón”, razón por la cual no estaba en duda la legitimidad por activa de esta (fl. 35 ibíd.).
El actor precisó que el a quo manifestó que el contrato de arrendamiento aportado era “copia auténtica del mismo”, porque se encontraba en la partición de la sucesión de la señora Matilde Rubio Rubio, “sin detenerse a revisar la misma causa mortuoria, pues si ello hubiera sido así, se hubiere dado cuenta que lo que se aportó a la misma, es una copia informal del contrato de arrendamiento” (fl. 43 ibíd.).
Por lo anterior, solicita que se revise de fondo el problema jurídico planteado, que es “la falta de legitimación en la causa de la señora Clara Eugenia Rodríguez de Rincón” (fl. 44 ibíd.) para incoar la acción de restitución de bien inmueble arrendado, siendo imperioso para ello que se le escuche en juicio, sin que se le obligue a pagar los cánones de arrendamiento adeudados.
El 11 de diciembre de 2013, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión impugnada, al concluir que el accionante debió acreditar el pago de los cánones, so pena de no ser escuchado en el proceso, requisito después del cual sí hubiera podido discutir la legitimidad de la arrendataria (fls. 3 a 9 cdno. 2).
3.1. Como es bien sabido, mediante la sentencia C-543 de octubre 1º de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) esta Corte declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, normas que establecían reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra determinaciones judiciales que pongan fin a un proceso, cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio democrático de la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en la carta política y en preceptos del bloque de constitucionalidad, esta Corte determinó que el juez de tutela no puede extender su actuación a resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constitucionales del debido proceso(4).
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (C.N., art. 86 y D. 2591/91, art. 8º). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.
Igualmente, con fundamento en que el constituyente estableció jurisdicciones autónomas y separadas cuyo funcionamiento ha de ser desconcentrado, ese fallo indicó que “no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa afin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas”.
En la jurisprudencia se vino desarrollando de tal forma, desde 1993, la noción de la vía de hecho(5), al igual que, en los últimos años, la concepción de algunos requisitos generales de procedencia y las causales especiales de procedibilidad.
En esta misma línea, la Corte ha realzado que la circunstancia de que el juez de tutela pueda, por rigurosa excepción, revisar una decisión judicial tildada de arbitraria, no lo convierte en juzgador de instancia, ni puede llevarle a sustituir a quien lo es. En efecto, el amparo constitucional constituye una confrontación de la actuación judicial con el texto superior, para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una interpretación de la ley o una particular forma de apreciación probatoria, que se considere más acertada a la razonadamente expuesta en el proceso y en la sentencia respectiva(6).
3.3. De otra parte, la sentencia C-590 de junio 8 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) circunscrita al estudio y declaración de inexequibilidad de un segmento normativo del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que conducía a la proscripción de la acción de tutela contra sentencias de casación penal, contiene también importantes reflexiones, muy pertinentes al propósito de fijar el espacio estrictamente excepcional dentro del cual es constitucionalmente admisible la tutela contra decisiones judiciales.
g)(sic) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h)(sic) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado(14).
i)(sic) Violación directa de la Constitución”.
3.5. Recapitulando esos desarrollos jurisprudenciales, merece también especial atención el criterio de esta Corte en cuanto a la labor específica del juez de tutela, en punto a que no puede desconocer “los conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho”(15).
4.1. El numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil colombiano(16), establece que cuando el arrendatario alega la causal de incumplimiento por falta de pago, la posibilidad del arrendador de ser oído en el proceso, queda sujeta al cumplimiento de una carga de tipo probatorio, como es presentar ante el juez de conocimiento la prueba de que efectivamente se han pagado los cánones de arrendamiento adeudados.
De igual manera, el numeral 3º del mismo parágrafo(17), limita el derecho del demandado a ser oído en el juicio cuando, cualquiera que sea la causal invocada, éste no consigne a órdenes del juzgado los cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias.
4.2. En varias oportunidades, esta Corte ha estudiado estas normas en sede de constitucionalidad, emitiéndose las sentencias C-070 del 25 de febrero de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)(18), C-056 del 15 de febrero de 1996 (M.P. Jorge Arango Mejía)(19) y C-122 del 17 de febrero de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra)(20), entre otras. En dichas providencias, la Corte concluyó que esas limitaciones al derecho de defensa procesal, expedidas en debida forma por el legislador, son constitucionales.
De igual forma, ha señalado que no obstante existir el principio procesal en virtud del cual quien alega un hecho debe probarlo en juicio, el hecho del “no pago de los cánones” es una negación indefinida casi imposible sustentar por parte del demandante y, por el contrario, muy fácil de desvirtuar por el demandado, pues con la sola presentación de los recibos de pago queda sin fundamento la demanda(21).
En esa medida, en las sentencias reseñadas esta corporación estimó como constitucional el actuar del legislador, que en desarrollo de los nombrados principios de celeridad y eficacia procesales, invirtió la carga de la prueba en las circunstancias específicas consagradas en los numerales 2º y 3º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC. Así, en la precitada sentencia C-070 de 1993, se precisó que:
“… el desplazamiento de la carga probatoria hacia el demandado cuando la causal es la falta de pago del canon de arrendamiento es razonable atendida la finalidad buscada por el legislador. En efecto, la norma acusada impone un requisito a una de las partes para darle celeridad y eficacia al proceso, el cual es de fácil cumplimiento para el obligado de conformidad con la costumbre y la razón práctica”.
4.3. Ahora bien, esa pauta general tiene una subregla, desarrollada por esta corporación en sentencias de tutela(22), a partir de la cual la limitación a ser oído en juicio, no tiene cabida cuando se presentan serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento.
Lo anterior encuentra fundamento, en la medida en que el contrato de arrendamiento es la fuente de derecho inicial que regula la relación entre arrendador y arrendatario, conteniendo éste las obligaciones y prerrogativas de cada parte contractual(23). Por lo tanto, si se cuestiona la existencia de tal convención, no es posible deducir claramente el incumplimiento de una de las partes. Así, atendiendo razones de justicia y equidad, el juez solo puede hacer uso de las limitantes al derecho de defensa cuando previamente ha efectuado la verificación de la existencia real del contrato de arrendamiento.
Así, por ejemplo, esta Corte en la sentencia T-162 del 24 de febrero de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) indicó que cuando el parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el demandado no será oído en juicio, lo hace desde el presupuesto de la existencia clara del contrato de arrendamiento, debidamente aportado al proceso, “pero si, por la razón que fuere, el juez encuentra un motivo grave para dudar de la validez de la prueba aportada…, mal haría en aplicar automáticamente la disposición”.
De igual manera, la ulterior sentencia T-1082 del 13 de diciembre de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) precisó:
“21. Ahora bien, para el caso que nos ocupa interesa precisar que los numerales 2º y 3º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC de manera general contienen una regla según la cual los demandados dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado, para ser oídos tienen que consignar los cánones que supuestamente adeudan o en su defecto demostrar que ya los cancelaron. De igual forma, esa misma disposición en su parágrafo 1º establece que a la demanda de esta clase de proceso deberá acompañarse, como anexo obligatorio, prueba siquiera sumaria del contrato de arrendamiento, de lo cual se desprende que, si no se ha probado la existencia del respectivo negocio jurídico no es posible la continuación del trámite procesal(24).
22. Lo anterior permite deducir que la aplicación de la regla que establece la carga procesal en cabeza de los demandados presupone de entrada la verificación de la existencia real del contrato de arrendamiento, prueba que se torna fundamental para otorgar las consecuencias jurídicas que contiene la norma que se pretende aplicar, esto es, limitar el derecho de defensa del demandado hasta tanto no cumpla con las cargas establecidas en la respectiva disposición”.
Ahora bien, por último, es claro que para esta Corte, quien debe efectuar la verificación de la existencia real del contrato de arrendamiento, es el juez natural, en cabeza del cual está el deber de estudiar si en cada caso concreto se presentan los supuestos fácticos y jurídicos necesarios para la aplicación de los numerales 2º y 3º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC, y con esa base, justificar razonadamente su decisión(25).
Esta Sala comprueba, que más allá de la posibilidad de presentar peticiones al Juzgado, el actor no contaba con la posibilidad de apelar el fallo, pues según el artículo 39 de la Ley 820 de 2003(26), “cuando la causal de restitución sea exclusivamente mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia”.
El 15 de julio de 2003, Edilberto Olaya Murillo y Angélica María Mogollón Sánchez suscribieron con la señora Matilde Rubio Rubio (q. e. p. d.), contrato privado de arrendamiento del bien con matrícula inmobiliaria “Nº 50C-393767”, por un canon de “$ 400.000 durante el primer año con incrementos anuales del índice del costo de vida” (fl. 1 cdno. inicial).
Ocurrida la muerte de la señora Matilde Rubio Rubio (q. e. p. d.)(27), se protocolizó ante la Notaría 16 del Círculo de Bogotá, la escritura pública 1775 del 19 de septiembre de 2012, presuntamente contentiva de su sucesión testada, que en partida única adjudicó a la señora Clara Eugenia Rodríguez de Rincón el contrato de arrendamiento que pesaba sobre el inmueble antes referido (fl. 3 ibíd.).
5.4.1. Inicialmente, debe reafirmarse que la subregla que ha desarrollado esta Corte, únicamente permite inaplicar las normas consagradas en los numerales 2º y 3º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC, cuando se presentan serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento.
Por su parte, la norma especial aplicable al caso, que es el artículo 2º de la Ley 820 de 2003, define el contrato de arrendamiento de vivienda urbana como “aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio determinado”.
De la lectura de los dos preceptos reseñados, se extrae que, son elementos esenciales de este tipo de contratos: i) la cosa arrendada, ii) el precio o canon y iii) el consentimiento de las partes, sin los cuales el contrato no produce efecto alguno o degeneraría en otro contrato(28).
Así, del relato efectuado por la parte accionante, unido al análisis del material probatorio que reposa en el expediente de tutela, esta Sala identificó que dos partes, de un lado, Matilde Rubio Rubio y del otro Edilberto Olaya Murillo y Angélica María Mogollón Sánchez, dieron su consentimiento para, la una, conceder el goce de una cosa de su propiedad, el bien inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-393767 y, la otra, pagar el canon o precio, inicialmente pactado en $ 400.000 mensuales, por el disfrute de la misma.
En esa media, para esta Sala es un hecho probado que entre Edilberto Olaya Murillo, Angélica María Mogollón Sánchez y Matilde Rubio Rubio existió claramente una relación contractual de arrendamiento del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-393767, que inició el 15 de julio de 2003. Por lo tanto, del análisis hasta aquí propuesto, no resultan dudas sobre la existencia real del contrato de arrendamiento.
En este punto es importante resaltar que de la lectura del artículo 2008 del Código Civil se observa que las causales que hacen expirar los contratos de arrendamiento de cosas son: i) el consentimiento mutuo, ii) la destrucción total de la cosa arrendada, iii) la expiración del tiempo estipulado, iv) la extinción del derecho de dominio del arrendador “según las reglas que más adelante se expresarán”(29) y v) una sentencia judicial en los casos previstos por la ley.
En este punto, el accionante fundamenta la presunta vulneración de su derecho al debido proceso en que hubo una supuesta cesión del contrato de arrendamiento que no le fue notificada(30) y, por ello, desconoce la legitimación en la causa por activa de Clara Eugenia Rodríguez de Rincón.
No obstante, esta Sala aclara que del material probatorio allegado y del análisis que efectuaron los juzgados de instancia en tutela(31), se colige que la transmisión del derecho de dominio sobre el bien objeto de arrendamiento, operó al llevarse a efecto la sucesión testada de Matilde Rubio Rubio(32), hecho que se acreditó en el proceso de restitución mediante copia de la escritura pública 1775 del 19 de septiembre de 2012, protocolizada en la Notaría 16 del Círculo de Bogotá (fl. 3 ibíd.).
De acuerdo con lo previsto en el ya referido numeral 1º del parágrafo 1º del artículo 424 del CPC(33)se tiene que en los procesos de restitución de inmueble arrendado la demanda debe estar acompañada obligatoriamente de la prueba siquiera sumaria de la existencia del contrato de arrendamiento, como por ejemplo, el contrato suscrito por las partes, la confesión prevista en el artículo 294 del CPC o un testimonio, requisito sin el cual la demanda no puede ser tenida en cuenta.
Adicionalmente, esta Sala estima que, como se explicó ut supra, es claro que el contrato de arrendamiento entre Edilberto Olaya Murillo y Matilde Rubio Rubio sí existió y que los elementos esenciales del mismo (precio o canon, cosa arrendada y consentimiento de las partes) perduraron. Así, si el artículo 3º de la Ley 820 de 2003, precisa que “el contrato de arrendamiento de vivienda urbana puede ser verbal o escrito”, no es posible pretender, como lo hace ahora el actor, que el valor probatorio del documento presentado genere serias dudas sobre su existencia.
Por ello, si el actor quería tachar de falso el documento o plantear la controversia jurídica sobre su valor probatorio, debió cumplir con la carga constitucional y legalmente válida consagrada en el numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC, es decir, debió pagar los cánones adeudados para ser oído en juicio.
ii) En el presente caso, está plenamente probada la relación contractual de arrendamiento del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-393767, existente entre el aquí accionante y la difunta Matilde Rubio Rubio.
v) La alegación probatoria del accionante no pone en serias dudas la existencia del contrato de arrendamiento, y en esa medida es claro que el Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá no estaba legitimado para inaplicar la norma del numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC, pues no se cumplía el presupuesto fáctico para la aplicación de la subregla jurisprudencial reseñada.
1. CONFIRMAR el fallo proferido el 11 de diciembre de 2013, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el dictado el 19 de noviembre del mismo año por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá.
(1) Según se deduce de otras piezas procesales obrantes en el expediente, el contrato de arrendamiento que habría dado origen a este proceso sería el celebrado en julio de 2003, siendo propietaria del inmueble y arrendadora la señora Matilde Rubio Rubio, posteriormente fallecida, y arrendatarios el actor y la señora Mogollón Sánchez a quien se ha hecho referencia.
(2) Si bien el accionante no alega expresamente ningún defecto en los términos de la sentencia C-590 de 2005, se puede deducir de su argumentación que se refiere a la posible ocurrencia de un defecto fáctico, por indebida valoración probatoria; y de un desconocimiento del precedente constitucional, especialmente referente a la sentencia T-067 de 2010.
(3) En el numeral cuarto de esta providencia se ordenó devolver el expediente contentivo del proceso de restitución de bien inmueble arrendado con radicación 2012-00791, solicitado en calidad de préstamo, mediante el auto admisorio de la acción de tutela.
(4) Cfr. T-133 de febrero 24 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(5) Esta Corte ha abordado el tema de la tutela contra providencias judiciales en gran número de pronunciamientos, pudiendo destacarse entre muchas otras las sentencias T-079 y T-173 de 1993; T-231 de 1994; T-492 y T-518 de 1995; T-008 de 1998; T-260 de 1999; T-1072 de 2000; T-1009 y SU-1184 de 2001; SU-132 y SU-159 de 2002;T-481,C-590ySU-881 de 2005;T-088,T-196, T-332, T-539,T-590, T-591, T-643, T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147, T-247, T-364, T-502A, T-680, T-794, T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-402, T-417, T-436, T-831, T-871, T-891, T-925, T-945, T-1029 y T-1263 de 2008; T-093, T-095, T-199 y T-249 de 2009; T-679 de 2010; T-030 y T-330 de 2011; T-106, T-201, T-256, T-298, T-390, T-429, T-639, T-812, T-813, T-981 y T-1043 de 2012; T-028, T-030, T-169, T-211, T-228A, T-410, T-452, T-464, T-509, T-643 y T-704 de 2013.
(6) Cfr. sobre este tema, entre muchas otras, las sentencias T-008 de enero 22 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-357 de abril 8 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; y T-952 de noviembre 16 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(15) Cfr. T-518 de noviembre 15 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, citada a su vez en la T-1036 de noviembre 28 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(16) El numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, es del siguiente tenor: “2. Si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, en favor de aquel”.
(17) El numeral 3º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, es del siguiente tenor: “3. Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo”.
(18) Por medio de la cual esta Corte resolvió: “PRIMERO. Declárase EXEQUIBLE el artículo 1º numeral 227 del Decreto 2282 de 1989, el cual modificó el parágrafo 2º numeral 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil”.
(19) Por la cual esta Corte declaró “EXEQUIBLE el numeral 3º, del parágrafo segundo, del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 227, del Decreto 2282 de 1989”.
(20) Por la cual esta corporación decidió “Estarse a lo resuelto en las sentencias C-070 de 1993 y C-056 de 1996, y en consecuencia, declarar EXEQUIBLES los numerales 2º y 3º del artículo 44 de la Ley 794 de 2003 ‘Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones’”.
(21) En sentencia C-070 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en donde la Corte estudió el contenido del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, se expuso: “La causal de terminación del contrato de arrendamiento por falta de pago de los cánones de arrendamiento, cuando ésta es invocada por el demandante para exigir la restitución del inmueble, coloca al arrendador ante la imposibilidad de demostrar un hecho indefinido: el no pago. No es lógico aplicar a este evento el principio general del derecho probatorio según el cual ‘incumbe al actor probar los hechos en los que basa su pretensión’. Si ello fuera así, el demandante se vería ante la necesidad de probar que el arrendatario no le ha pagado en ningún momento, en ningún lugar y bajo ninguna modalidad, lo cual resultaría imposible dadas las infinitas posibilidades en que pudo verificarse el pago. Precisamente por la calidad indefinida de la negación —no pago—, es que se opera, por virtud de la ley, la inversión de la carga de la prueba. Al arrendatario le corresponde entonces desvirtuar la causal invocada por el demandante, ya que para ello le bastará con la simple presentación de los recibos o consignaciones correspondientes exigidas como requisito procesal para rendir sus descargos (…)”.
(22) Entre otros se pueden nombrar los fallos T-838 del 1º de septiembre de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-162 del 24 de febrero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-494 del 13 de mayo de 2005 y T-601 del 27 de julio de 2006, en ambas, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-613 del 3 de agosto de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-150 del 2 de marzo de 2007, M.P. Manuel José Cepeda 2007; T-1082 del 13 de diciembre de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-067 del 4 de febrero de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En todos estos fallos se protegieron los derechos fundamentales de defensa y acceso a la administración de justicia de los actores, pues se estimó que los jueces que conocieron demandas por restitución de tenencia los vulneraron, ya que a pesar de que se presentaron serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento y/o sobre la legitimación por activa del demandante, no se escuchó al demandado, en virtud de la aplicación automática del numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil.
(23) Recuérdese el tenor literal del artículo 1602 del Código Civil: “Todo contrato legalmente celebrado es un ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales”.
(24) "ART. 424.—Restitución del inmueble arrendado. Cuando se trate de demanda para que el arrendatario restituya al arrendador el inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes reglas:
(25) “los jueces en el proceso de toma de decisiones no necesariamente tienen que utilizar un modelo específico de argumentación jurídica; lo importante es que otorguen racionalidad a sus decisiones, que en todos los casos, tienen que estar acorde con los postulados constitucionales a fin de garantizar la libertad, la igualdad, la justicia y la paz a los coasociados para asegurar un orden político, económico y social justo”. Ver T- 1082 de 2007, precitada.
(26) Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones.
(27) De las pruebas obrantes en el expediente, no es posible establecer la fecha de la muerte de la arrendataria original, señora Matilde Rubio Rubio.
(28) El artículo 1501 del Código Civil enuncia los elementos del contrato: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas, sin las cuales, o no producen efecto alguno o degeneraría en otro diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entiende pertenecerle, sin necesidad de cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales”.
(29) En este punto, el artículo se refiere a las situaciones previstas en el artículo 2016 del Código Civil, especialmente cuando el arrendador era usufructuario o propietario fiduciario de la cosa arrendada.
(30) La cesión de contratos, de manera general, es una figura mediante la cual se trasfiere la posición contractual con todas sus consecuencias jurídicas a un tercero. Esta figura tiene como fundamento el principio de autonomía de la voluntad de las partes, pues opera cuando ambos extremos de la relación contractual lo consienten, por lo cual, por regla general, debe ser notificado (Código de Comercio, libro cuarto, capítulo VI, artículos 887 y siguientes). La cesión de contratos, además, es un acto entre vivos.Ahora bien, la cesión de un contrato de arrendamiento, está específicamente regulada en los artículos 2004 del Código Civil y 17 de la Ley 820 de 2003. En dichos apartes normativos, se establece, como regla general, la prohibición la cesión del contrato por parte del arrendatario, a menos que se existe expresa autorización del arrendador.
(31) Que tuvieron conocimiento directo del expediente contentivo del proceso de restitución de inmueble arrendado.
(32) De otro modo, la sucesión testada es la que tiene lugar cuando el fallecido ha dejado constancia de su voluntad respecto al destino de sus bienes, a través de un testamento. Si bien es un acto unilateral que efectúa una persona en vida, este solo adquiere validez y vigencia una vez ocurre la muerte del testador. Debido a ello y a que el deceso de una persona, es un hecho generalmente incierto, la trasmisión de derechos que opera con la sucesión no requiere ser notificada previamente.
(33) “A la demanda deberá acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de éste prevista en el artículo 294, o prueba testimonial siquiera sumaria”.

References: artículo 424
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 185
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 39
 artículo 424
 artículo 2
 artículo 2008
 artículo 424
 artículo 294
 artículo 3
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 1
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 1
 artículo 44
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 1602
 artículo 1501
 artículo 2016
 artículo 294