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Timestamp: 2019-01-19 21:11:22+00:00

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﻿ Sentencia 17863 de mayo 9 de 2011
SENTENCIA 17863 DE 09 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. TIENEN PROHIBIDO, CONSTITUCIONALMENTE, OTORGAR, EN TODOS SUS ACTOS O NEGOCIOS, PRIVILEGIOS O INTRODUCIR DISCRIMINACIONES INJUSTIFICADAS A LOS USUARIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, USUARIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Sentencia 17863 de mayo 9 de 2011
Actor: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. CHEC
“4. En firme esta providencia, archívese el expediente y cancélese su radicación” (fl. 144 cdno. ppal. 2ª instancia - mayúsculas y negrillas del original).
1.1. El 23 de agosto de 1996, mediante apoderado judicial, la Central Hidroeléctrica de Caldas Ltda., interpuso demanda contractual contra el Municipio de Manizales, con la finalidad de que se decrete lo siguiente:
“Con fundamento en los hechos anteriores respetuosamente solicito a ese despacho se decrete la nulidad del contrato suscrito entre la Central Hidroeléctrica de Caldas y el Municipio de Manizales el 5 de noviembre de 1960 y protocolizado mediante la escritura pública 1855 de noviembre 24 de 1960, cuya copia auténtica se acompaña”. (fls. 20 y 21 cdno. ppal.).
En apoyatura de la pretensión se expusieron, en síntesis, los siguientes hechos:
1.1.1. Entre la Central Hidroeléctrica de Caldas Ltda. “CHEC” y el Municipio de Manizales se celebró un contrato el 5 de noviembre de 1960, y fue protocolizado mediante la escritura pública número 1855 de 24 de los citados mes y año.
1.1.2. En la cláusula primera de ese negocio jurídico se pactó que el municipio prestaría a la empresa demandante el servicio de control y vigilancia de consumo de energía con personal especializado para evitar el contrabando de ese servicio público. Como contraprestación a ese servicio la Central Hidroeléctrica adquirió la obligación de suministrar a la entidad territorial de forma permanente y gratuita el alumbrado público de las calles de la ciudad, tanto para las existentes al momento de suscripción del contrato como respecto de las que en el futuro se construyeran, así como para todos los establecimientos y dependencias municipales.
1.1.3. En la cláusula cuarta del contrato se acordó como término de duración de la convención todo el tiempo de existencia de la Central, sea que subsistiera como sociedad independiente o que se incorporara o se transformara en otra u otras de igual o diversa naturaleza.
1.1.4. La Central Hidroeléctrica de Caldas jamás facturó suma alguna a cargo del municipio con anterioridad a 1996, a pesar de que el negocio jurídico contravenía la ley, específicamente el estatuto de los servicios públicos (Ley 142 de 1994). Además, la entidad territorial no cumplió con las obligaciones adquiridas, lo que se deduce del contenido del memorando de octubre 4 de 1993.
1.1.5. La empresa demandante ha soportado los rigores del citado contrato, altamente perjudicial para sus intereses económicos, ya que exonerar del pago del servicio público de energía a una capital de departamento como lo es Manizales, riñe gravemente con principios como la justicia y la equidad.
1.2. El Tribunal Administrativo de Caldas rechazó la demanda al considerar que había operado la caducidad de la acción (fls. 27 a 32 cdno. ppal.), proveído que fue revocado por esta Corporación en auto de 29 de mayo de 1997, oportunidad en que se consideró dudosa la ocurrencia o no del citado fenómeno procesal, razón por la que se aplicó el principio pro actione y, por lo tanto, se admitió la misma y se defirió a la sentencia el análisis de fondo sobre la materia (fls. 49 a 54 cdno. ppal.). En providencia de 5 de febrero de 1998, se abrió a pruebas el proceso para decretar las solicitadas (fl. 67 cdno. ppal.) y, por último, en auto del 18 de febrero de 1998, se corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 69 cdno. ppal.).
1.3. En la contestación de la demanda, el municipio de Manizales se opuso a las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Sostuvo que no existe causa que afecte la legalidad y validez del contrato objeto de la litis. Además, señaló que ninguna de las disposiciones invocadas constituyen nulidad absoluta en los términos de los artículos 44 y siguientes de la ley 80 de 1993, o del artículo 1741 del Código Civil. Así mismo, propuso la excepción de caducidad de la acción, con fundamento en el siguiente razonamiento:
“En este orden de ideas, si la demandante considera que con el advenimiento de la Ley 142 de 11 de julio de 1994 sobrevino una causal que vicia de nulidad el contrato que nos ocupa, el término para demandar precluyó el 11 de julio de 1996, es decir, un mes 12 días después de vencido el término para impetrar la acción.” (fl. 64 cdno. ppal.).
1.4. En la primera instancia rindió concepto el Agente Delegado del Ministerio Público y solicitó que se declare probada la excepción propuesta por la entidad demandada, ya que, en su criterio, en el caso concreto operó la caducidad de la acción contractual para deprecar la nulidad absoluta del negocio jurídico.
No obstante, insistió, que en el evento de que el Tribunal no encontrara demostrado el medio exceptivo, se declarara el rompimiento del equilibrio económico del contrato en los términos del artículo 27 de la ley 80 de 1993 (fls. 70 a 75 cdno. ppal.).
En sentencia del 7 de septiembre de 1999, el Tribunal Administrativo de Caldas accedió a las súplicas de la demanda. En criterio de esa Corporación, en el asunto sub examine, no se configuró la caducidad de la acción contractual y, de otro lado, el negocio jurídico quedó afectado con una nulidad absoluta sobreviniente en la medida en que el legislador cambió de manera esencial y drástica las reglas a las que debían ajustarse las partes del contrato, lo que significa que en la actualidad la convención desconoce normas imperativas de orden público.
“(…) si bien es cierto, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, prescribe que las acciones contractuales caducan en dos años de ocurridos los motivos de hecho y de derecho que le sirvan de fundamento, no es menos cierto que el canon constitucional 228 consagra la prevalencia del derecho sustancial en la actuación judicial, y a este precepto acudirá esta Sala de tal forme que le esté permitido analizar el asunto controvertido, el que califica de una importancia singular y de un interés público netamente…
“(…) La trasgresión del ordenamiento jurídico configura una causal de nulidad absoluta, insaneable y como sucede en este caso, la vulneración de la ley va ocurriendo cada día, a medida que continúa la ejecución del contrato, que es de tracto sucesivo, con todo y sus cláusulas que desatienden lo dispuesto por la normatividad que viene rigiéndolo últimamente. Al ser trasgredida todos los días la ley, dada la vigencia actual del contrato pues el suministro de la energía se pactó que fuera permanente, sin precisar plazo alguno cierto, no hay forma de determinar a partir de cuál fecha se empieza a contar el término de caducidad, extremo exigido por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente por la época de iniciación de este proceso, variado sustancialmente por la ley 446 de 1998.
“(…) El artículo 27 de la ley 80 de 1993, igualmente citado por el actor, sí aparece ostensiblemente vulnerado, ya que éste consagra la obligación para las partes contratantes de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidas al momento de contratar. Consagra que en caso de ocurrir el rompimiento de esta ecuación, las partes deben adoptar, en el menor tiempo posible, las medidas necesarias para su restablecimiento, señalando cuáles. Ya quedó consignado cómo otra cosa bien diferente ocurrió en el contrato objeto de análisis.
“Respecto a las normas de la Ley 142 de 1994, citadas por el actor como violadas, en un principio, podría decirse que mal podrán ser trasgredidas por las entidades que celebraron el contrato en cuestión, en razón a que el alumbrado público no es un servicio público domiciliario y esta ley se ocupa de establecer el régimen de los servicios públicos domiciliarios, razón por la cual sus preceptos no cobijan esta clase de servicio, pero sí cabe el análisis de la trasgresión del ordenamiento puesto que directamente en el contrato no se está aludiendo a la forma de prestación de dicho servicio de alumbrado sino a la forma como el municipio obtendrá la energía eléctrica requerida para cumplir con la satisfacción de esta necesidad.
“(…) En este orden de ideas, aparece trasgredido el artículo 27 numeral 1º de la Ley 142 de 1994, pues quedó prohibido a las entidades territoriales y a las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo, así como a la Nación, otorgar o recibir de las empresas de servicios públicos privilegio o subsidio distinto de los que precisa esa misma ley…
“(…) Esta ley no tiene consagrado privilegio semejante en ninguna parte de su articulado, máxime que el establecimiento de las tarifas constituye el eje central de la Ley 142 de 1994 y fueron establecidas en un ambiente de libre mercado y competencia perfecta…
“(…) Resulta también trasgredido el artículo 34 de la Ley 142 de 1994, citado por el actor, cuando la CHEC permite la continuación en el tiempo de un contrato en el cual se está otorgando un privilegio no debido al municipio, norma que prohíbe prácticas discriminatorias así…
“(…) No se ajusta tampoco a los mandatos de la Ley 143 de 1994, conocida como la ley eléctrica, que establece las normas que regulan la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética.
“(…) Así las cosas, el objeto de dicho contrato, como consecuencia de la nueva legislación en materia de servicios públicos, al tenor del artículo 1523 del Código Civil, deviene en objeto ilícito, al contravenir la esencia misma del contrato, el ordenamiento jurídico que lo gobierna y que deben acatar actualmente las entidades prestadoras de esos servicios, las partes contratantes están obligadas a observar el principio de equilibrio financiero y su persistencia durante la ejecución del mismo contrato. Conforme lo dispone el artículo 1741 ibídem, la nulidad producida por un objeto ilícito es nulidad absoluta y en tal sentido se pronunciará la Sala.
“(…) Todas estas consideraciones de carácter jurídico, llevadas a cabo con la nueva concepción del juez originada en la Constitución de 1991, el cual debe observar en sus decisiones el mantenimiento de un orden justo y equitativo, sin ceñirse al rigor del ordenamiento jurídico, conducen a la Sala a declarar la nulidad absoluta del contrato celebrado el 15 de noviembre de 1960 entre LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CARLDAS(sic) S.A. y el MUNICIPIO DE MANIZALES, contenido en la escritura pública No. 1855 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Manizales, el 24 de noviembre de 1960, sin que tal declaración conlleve indemnización alguna a ninguna de las partes contratantes, resultando prósperas las pretensiones de la demanda.
“(…)” (fls. 113 a 149 cdno. ppal. 2ª instancia).
Uno de los magistrados integrantes del Tribunal de primera instancia salvó su voto, con fundamento en que su ponencia inicial, esto es, la que declaraba probada la excepción de caducidad de la acción fue derrotada por la posición mayoritaria. En criterio del magistrado disidente, con fundamento en el principio de la prevalencia del derecho sustancial no es posible desconocer las disposiciones procesales, las cuales son de orden público igualmente y, por lo tanto, el fin de ese postulado constitucional no es generar un desconocimiento de las normas adjetivas, pues se llegaría a un paternalismo estatal que no se aviene con la definición de Estado social de derecho (fls. 146 a 153 cdno. ppal. 2ª instancia).
Inconforme con lo decidido, la demandada interpuso recurso de apelación (fls. 157 a 161 cdno. ppal. 2ª instancia), que fue concedido por el a quo en proveído del 26 de octubre de 1999 (fls. 164 y 165 cdno. ppal. 2ª instancia) y admitido por esta Corporación en auto del 2 de marzo de 2000 (fls. 179 y 180 cdno. ppal. 2ª instancia).
El fundamento del recurso fue desarrollado como se expone a continuación:
3.1. En el asunto objeto del recurso, la posición mayoritaria del Tribunal de primera instancia está aplicando de manera peligrosa un precepto superior que exige a las autoridades judiciales hacer prevalecer el derecho sustancial en sus actuaciones, olvidando de paso que esta misma disposición es clara, concreta y precisa al señalar que “los términos procesales se observarán con diligencia…”.
3.2. Y se señala que el postulado constitucional se aplicó de manera peligrosa, pues, si se acepta esa teoría se tendría que anunciar que las excepciones procesales, o al menos la de caducidad, han desaparecido del ordenamiento jurídico positivo, como quiera que se tendría que aceptar que las excepciones previas —como la caducidad— son formalismos procesales que impiden a los jueces conocer lo sustancial de las demandas.
3.3. Olvida el tribunal que la caducidad de la acción contractual, según lo expresaba el inciso sexto del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, se daba al cabo de los dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le servían de fundamento.
El motivo de la supuesta nulidad no se origina a diario como lo aduce el Tribunal, sino que nació con el advenimiento de la Ley 142 de 1994, de aceptar en gracia de discusión el alegato de la demandante. En efecto, la supuesta causa de la nulidad no está dada por la vigencia del contrato o de las obligaciones como desacertadamente se expresa en la providencia que se cuestiona; si ella existe de manera sobreviniente se produce y consolida una sola vez y es al momento de la entrada en vigencia de la actual normativa de los servicios públicos. Aceptar este argumento sería tanto como afirmar que la caducidad de la acción contractual se cuenta desde el momento en que pierde vigencia el contrato, pues, siempre y cuando las obligaciones estén activas y el contrato en vigencia, todos los días de su vida jurídica se produciría la violación de la ley, en consecuencia, mientras las cláusulas estén activas se violaría todos los días la normativa, luego la caducidad se prolongaría en el tiempo.
3.4. Una cosa es que un contrato esté viciado de nulidad con motivo de la entrada en vigencia de una ley y otra bien distinta es la oportunidad de que dispone el interesado para demandar ese vicio del negocio jurídico.
Con la caducidad lo que ha pretendido el legislador es sancionar la pasividad o la omisión de la persona interesada en demandar la validez de un acto jurídico. En el presente asunto se está premiando de manera injusta a la empresa demandante, quien no estuvo atenta a llevar a los estrados judiciales la controversia concreta.
3.5. Por último, en la sentencia se afirmó de manera categórica que en la ejecución del contrato se rompió el equilibrio económico. A esa conclusión se llegó sin que existiera una mínima valoración de lo que en dinero representa para la CHEC el suministro de la energía en los términos convenidos y lo que le cuesta al municipio cumplir con la obligación a la que se comprometió.
En providencia del 22 de marzo de 2000, se corrió traslado para alegar de conclusión, etapa en la que las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fls. 182 y 183 cdno. ppal. 2ª instancia).
5. Cesión de derechos litigiosos
Mediante contrato que obra de folios 227 a 230 del cuaderno principal de segunda instancia, la CHEC cedió los derechos litigiosos de este proceso a favor del cesionario Fideicomiso Chec Fiducafé S.A. En auto del 18 de octubre de 2005 (fl. 231 cdno. ppal. 2ª instancia), se corrió traslado a la demandada para que manifestara si aceptaba o no la mencionada cesión, etapa en la que guardó silencio, motivo por el que en proveído del 14 de febrero de 2006, se dispuso tener a la sociedad Fiduciaria Cafetera S.A., como litisconsorte de la parte actora en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil (fl. 233 cdno. ppal. 2ª instancia).
Se es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, toda vez que si bien en las pretensiones no se solicitó una condena, lo cierto es que sí se razonó la cuantía en $ 123.142.118, suma que corresponde al valor facturado entre octubre de 1995 y julio de 1996, y que resulta superior a la exigida para que un proceso iniciado en el año 1996, tuviera vocación de doble instancia, esto es, $ 13.460.000, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en el Decreto 597 de 1988.
3. La excepción de caducidad en el caso concreto
“Sin embargo, la Sala ha sido flexible y ha garantizado el acceso a la administración de justicia en eventos en los que no se tiene certeza sobre cuándo se inicia el cómputo del término de caducidad, para que dentro del proceso se demuestren las condiciones que permitan determinar si operó o no dicho fenómeno (...) En casos, como el que se analiza, la Sala ha sido flexible y ha garantizado el acceso a la justicia para que dentro del proceso se demuestren las condiciones que permitan suponer una fecha distinta —a la que primeramente parece obvia—, para iniciar el cómputo del término de caducidad. En otras palabras, cuando no es manifiesta la caducidad, es viable admitir la demanda sin perjuicio de que el juez al momento de fallar, previo el análisis del material probatorio, vuelva sobre el punto. Con fundamento en todo lo anterior la Sala revocará el auto apelado y se resolverá sobre la admisión de la demanda. Ahora bien, de su estudio, encuentra la Sala que sí cumple con los requisitos formales previstos en la ley y, por lo tanto la admitirá(2)”(destaca la Sala).
Para el caso concreto, la norma que se encontraba vigente al momento de la “supuesta” configuración de los motivos de hecho o de derecho que le dieron apoyatura al libelo demandatorio, así como al instante de la presentación judicial de éste era el artículo 136 del C.C.C., modificado por el Decreto 2304 de 1989, es decir, antes de la entrada en vigencia de las normas especiales que en materia de caducidad de la acción contractual introdujo la Ley 446 de 1998. En consecuencia, el precepto aplicable a la presente controversia señalaba:
“Las relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento.
“El único entendimiento posible del contenido normativo de los referidos preceptos de Ley 80 de 1993, que consagran la responsabilidad civil de las entidades estatales, no es otro que el de considerar que dicha responsabilidad concierne a aspectos relativos a conductas positivas o negativas, imputables a las entidades públicas, que causan perjuicio a los contratistas, derivadas de la inobservancia de preceptos de las normas civiles que rigen su actividad contractual, y a las cuales expresamente dicha ley remite, responsabilidad de naturaleza especial que no puede hacerse exigible mediante la formulación de las pretensiones autorizadas por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. El artículo 55 de la Ley 80 de 1993 reguló la prescripción de la acción civil por responsabilidad contractual contra las entidades estatales, los servidores públicos, los contratistas, consultores, interventores y asesores externos por las conductas y omisiones que les sean imputables en el proceso de contratación y que ocasionen perjuicios. Dicha acción, por su naturaleza estrictamente civil, esto es, sustentada en normas de derecho privado, es diferente a las acciones contractuales, fundadas en normas de derecho público a que se refiere el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, que tenían un término de caducidad especial en la norma acusada(3)”.
Para la Sala no se encuentra probada la excepción de caducidad de la acción contractual, toda vez que con fundamento en la jurisprudencia de la corporación que fijó la hermenéutica del postulado contenido en el inciso final del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. —modificado por el Decreto 2304 de 1989—, mientras el contrato se encuentre en ejecución no resulta viable señalar que ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción en relación con la pretensión puntual de nulidad absoluta del mismo.
“En este orden de ideas, como la demanda está orientada a declarar la nulidad absoluta de un contrato de donación, que al parecer se celebró contraviniendo un mandato constitucional, no resulta admisible pensar en un rechazo de la demanda con base en el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, menos aún teniendo en cuenta la naturaleza del bien objeto de disposición, ya que de ser un bien fiscal su dominio o posesión es susceptible de transferencia, pero no puede adquirirse por prescripción (CPC , art. 407 num. 4º); por lo tanto, en casos como el que ocupa la atención de la Sala, resulta aplicable el criterio de que el simple transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de sanear la ilegalidad de una actuación estatal para convertirla en lícita(5). Adicionalmente, el parágrafo 1º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que la acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto(6)”.
“(...) Primera. El municipio se obliga para con la central a prestarle dentro del territorio que compone el distrito de Manizales y con personal especialmente destinado para ello, al servicio de control y vigilancia de consumo de energía a fin de evitar contrabandos y de las canalizaciones eléctricas, tanto urbanas como rurales, de propiedad de La Central, con obligación de mantener a ésta permanentemente informada sobre el desarrollo de las labores a que se obliga por este contrato. Segunda. El servicio de control y vigilancia de que trata la cláusula anterior se obliga a prestarlo El municipio en forma permanente y cuidadosa a fin de que La Central obtenga resultados positivos relacionados con la represión del contrabando de energía y con el estado de conservación de las líneas de transmisión y las redes de distribución de energía eléctrica. Tercera. Como contraprestación por los servicios a que se obliga el municipio por este contrato, la central se obliga a suministrarle a aquél en forma permanente y gratuita, la energía para el alumbrado público de las calles de la ciudad que se requiera actualmente y la que en el futuro se instale, y para los establecimientos que dependan directa y exclusivamente de la administración municipal... Cuarta. El presente contrato durará vigente por todo el tiempo de existencia de la central, sea que ésta subsista como sociedad independiente cualquiera que sea su naturaleza, o que se incorpore o se transforme en otra u otra de igual o diverso tipo. Así mismo, la duración de este contrato se prorrogará automáticamente por el mismo período por el cual se prorrogue la existencia de la central, o por el tiempo de duración de la sociedad o sociedades en que aquella se incorpore o transforme...” (fls. 9 a 14, cdno. ppal.).
Así las cosas, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, no constituye una patente de corso para que las partes de un negocio jurídico puedan continuar ejecutando prestaciones que a la luz del ordenamiento contravienen normas de rango superior y, concretamente de orden público, al margen de la fecha de su expedición por cuanto que a partir del artículo 4º de la Constitución Política, las disposiciones de la misma prevalecen sobre cualquier otro precepto legal o convencional que le sea contrario, primacía que se ve reflejada inclusive a nivel legal en el artículo 18 de la Ley 153 ibídem, que determina que “[l]as leyes que por motivos de moralidad, salubridad o utilidad pública restrinjan derechos amparados por la ley anterior, tienen efecto general inmediato... Si la ley establece nuevas condiciones para el ejercicio de una industria, se concederá a los interesados el término que la ley señale, y si no lo señala el de seis meses”. En similar dirección, el artículo 9 de ese mismo cuerpo normativo consagra el principio de primacía absoluta de los cánones constitucionales, al consagrar que “[l]a Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente”.
“ART. 1602.—Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” (negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, al margen de que los efectos de los negocios jurídicos puedan ser eventualmente ultractivos respecto a la expedición de leyes posteriores a su celebración —en los términos del artículo 1602 ibidem que establece que el acuerdo contractual es ley para las partes— lo cierto es que esta disposición no puede ser ajena a su propio contenido, así como a los postulados de los artículos 4º superior, 9º y 18 de la Ley 153 de 1887, que, se itera, regulan la prevalencia de las normas constitucionales y legales relacionadas con el interés público.
De igual forma, a partir del principio de buena fe contractual se desprenden una serie de subprincipios, reglas y subreglas que sirven para establecer la hermenéutica del negocio jurídico, así como para efectuar su integración, es decir, que al margen de las estipulaciones literales que están contenidas en el acuerdo negocial, es posible desentrañar el verdadero contenido y alcance de la voluntad emitida por los contratantes en determinadas condiciones de tiempo, modo y lugar (v.gr. el principio de lealtad, la regla del venire contra factum propium, y el principio de información, entre otras).
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido nítida al considerar que la vigencia de la Constitución de 1991 no trajo consigo la derogación en bloque de la legislación preexistente, legislación que, conforme a lo anotado, a lo sumo podría ser acusada de contrariar los nuevos preceptos superiores y, de acuerdo con esa jurisprudencia, en caso de comprobarse tal contradicción lo procedente es retirar la norma anterior a la Carta vigente, dada su inconstitucionalidad sobreviniente(8)”
“La que llamamos la interpretación integradoras recae sobre puntos de la regulación negocial que, no estando comprendidos en la fórmula, pueden en todo caso comprenderse en la idea que ella expresa, siendo, por ello, encuadrados en el contenido del negocio. Los puntos a indagar en vía de interpretación se infieren siempre del complejo de la declaración valorado con la medida de la buena fe, de los usos sociales, etc., de forma que en tal medida son inteligibles y recognoscibles por las mismas partes.
“(...)(14)”.
En esa línea de pensamiento, es posible que desde el plano subjetivo el acuerdo de voluntades sea lo suficientemente claro al grado que no sea necesario aplicar los criterios hermenéuticos para indagar por la voluntad real; no obstante, será procedente la interpretación del contrato desde la perspectiva objetiva, en aras de fijar si el acuerdo se acompasa con los lineamientos jurídicos imperativos, las buenas costumbres, la moralidad, los derechos fundamentales e inclusive con los principios generales del derecho (v.gr. principio de buena fe(15) y de no abuso del derecho)(16). Esta importante herramienta, huelga reiterarlo, no puede erigirse en un instrumento para cercenar o modificar la voluntad del los contratantes en aquellos aspectos o lugares donde la autonomía de la voluntad no tiene restricciones o limitaciones derivadas de los factores legales o normativos enunciados.
“De este modo, el ejercicio de la autonomía de la voluntad para contratar encuentra restricciones constitucionales, propias de la función social que la Constitución Política le adscribe a la propiedad privada y, por ende, a la empresa (C.P., arts. 58 y 333). Es evidente que tales restricciones se potencian para el caso de las entidades que prestan servicios públicos y adquieren un contenido aún más significativo cuando, como sucede con las entidades de medicina prepagada, el objetivo contractual tiene estrecha relación con la eficacia de derechos fundamentales y por ende el ejercicio de la autonomía de la voluntad para contratar por parte de las empresas de medicina prepagada debe producir efectos compatibles con la preservación del contenido esencial del derecho a la salud y los derechos constitucionales que le son inherentes al mismo...
“(...) Podría sostenerse que, dada la autonomía de la voluntad que informa las relaciones entre particulares, este asunto, debería ser dirimido por la jurisdicción ordinaria civil, empero, el debate tal y como está planteado excede la discusión meramente legal para involucrar un asunto de relevancia constitucional en la cual están involucrados derechos amparados consagrados en tratados internacionales conforme a los cuales deben interpretarse aquellos reconocidos en la Carta Política (C.P., art. 93) y respecto de los cuales el Estado colombiano debe garantizar su efectividad (art. 2º Superior). Así mismo, sería viable afirmar que el actor tuvo la alternativa de seguir beneficiándose de los servicios de la medicina prepagada que le venía prestando la accionada, suscribiendo el nuevo contrato en las condiciones por ella impuesta (contrato de adhesión), no obstante, a sabiendas de las consecuencias optó libremente por no acceder a las condiciones que le imponía Cafesalud MP, todo lo cual llevaría a sostener, como lo hizo el ad quem que la tutela era improcedente.
“No obstante, esa posición sería aceptable en un Estado de derecho, en el que las consecuencias perversas de la aplicación de las normas no eran tenidas en cuenta por los operadores jurídicos, lo cual no opera en el nuevo modelo político acogido por el Constituyente de 1991, en el cual la razón de ser de todo ordenamiento jurídico es la persona. Así las cosas, la eficacia directa de los derechos fundamentales entre particulares obliga a llegar a una conclusión diferente a la que adoptó el juez de tutela de segunda instancia y más cuando la lesión que se prodiga a uno de los contratantes es desproporcionada frente al deber de respeto de los derechos que a toda persona incumbe, de allí que el artículo 95-1 de la Carta imponga como deber de la persona “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios(17)” (negrillas de la Sala).
“De igual manera, el contrato ha dejado de ser el producto de voluntades soberanas y autónomas. La convención es tanto más respetable cuanto mejor interprete las necesidades e intereses colectivos. Si sus cláusulas son leoninas, si atropellan a la parte contractualmente débil, si sus condiciones no podrían subsistir sin constituir una injusticia por causa del cambio de la situación imperante al momento de pactarse, si ellas revelan el aprovechamiento de circunstancias en forma excesivamente onerosa para la parte que tuvo que ceder a la presión de las circunstancias, si a la obligación de una de dichas partes falta, en todo o en parte, su causa, interviene el juez y modifica o destruye el contrato.
“El argumento es especioso. Parte del supuesto de que, bajo el vicio de la exégesis, el juzgador o el intérprete no pueden llegar a ser, al igual que bajo otro sistema, injustos o arbitrarios. En todo intento de interpretación de un texto glegal y de aplicación del derecho, tiene el juzgador poderes y facultades que, precisamente por su posición, pueden llevarlo a la arbitrariedad y a la injusticia. Pero esto no es patrimonio exclusivo de un solo sistema. Ya hemos visto a qué conclusiones monstruosas puede llevar el método tradicional que parte del supuesto de un “absoluto respeto a las normas legales”.
“En toda época las leyes han dicho lo que los intérpretes y juzgadores han querido que digan. Sólo que el criterio predominante es el fruto del desarrollo económico y social.
“Inútil es, como lo hace Laurent, dirigir sus quejas al legislador. Éste se ha demostrado impotente para resolver adecuadamente el problema. Sólo el jurista puede enmendar sus yerros y corregir sus equivocaciones. El verdadero “sentido de la ley” no lo imprime quien la dicta sino quien la aplica. Y es porque a los encargados de aplicarla les falta un suficiente bagaje de equidad y sensibilidad social, por lo que sus fallos reflejan la injusticia de un sistema jurídico anticuado o encaminado a la defensa de mezquinos intereses dominantes(18)” (Cursivas del original – negrillas adicionales).
“(...) Se dice y repite que la interpretación del negocio jurídico tiene por finalidad desentrañar la intención genuina de su autor o sus autores; que la tarea del juez al respecto consiste en ello, y dijérase que nada más que en ello, o sea, que en últimas, en establecer que lo importante y definitivo no es qué pudo haber querido este o aquel sujeto negocial, solo o junto con otro, sino cuál es el sentido común, socialmente reconocible y aceptable de su comportamiento dispositivo, cómo pudo haberlo entendido rectamente su destinatario u observador, y cómo lo entendió, valorando la lealtad y la corrección de cada cual(20)” (negrillas y subrayado fuera del texto).
Por último, conforme a los artículos 1746 y 1525 del Código Civi(22), en virtud de la nulidad que se decretará no habrá lugar a restituciones mutuas entre las entidades contratantes, precisamente porque el negocio estatal a que se contrae la actuación no se rige por los postulados de la Ley 80 de 1993, y se encuentra viciado por objeto ilícito como se viene de indicar al entrar en directa contradicción su contenido con varios principios y postulados del texto constitucional.
1. Confírmase la sentencia apelada, esto es, la proferida el 7 de septiembre de 1999, por el Tribunal Administrativo de Caldas.
(1) “(...) durante la marcha del proceso son innumerables las ocasiones en que corresponde a la parte ejercitar determinado acto, cuya omisión le traerá la pérdida de una oportunidad procesal; es lo que se denomina cargas procesales.” DEVIS Echandía, Hernando “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad Editores, Buenos Aires, Pág. 44.
(5) Ver al respecto el auto del 25 de octubre de 1999, Exp. 16153, actor: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 13 de diciembre de 2001, Exp. 20609, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
(9) “En el centro del problema de una dinámica jurídica se encuentra la cuestión acerca de los diferentes métodos de producción jurídica, o acerca de las formas del derecho. Si se reconoce como función esencial de la norma jurídica el que ella obligue a los hombres a determinada conducta (enlazando la conducta opuesta con un acto coactivo, con la llamada consecuencia jurídica), el punto de vista decisivo, desde el que ha de juzgarse la producción de la norma jurídica, resulta ser el siguiente: si el hombre ha de ser obligado por la norma, el sometido a la norma, participa o no en la producción de esta norma que le obliga. En otros términos: si la obligación tiene lugar con su voluntad o sin ella, y eventualmente hasta en contra de su voluntad. En aquella diferencia que de ordinario se designa como la antítesis de autonomía y heteronomia, y que la doctrina jurídica suele emplear en el dominio del derecho público…”.KELSEN, Hans “Teoría Pura del Derecho”, Ed. Losada S.A., Buenos Aires, Pág 146.
(10) “Según las reglas de uno de los tipos, que bien puede ser considerado el tipo básico o primario, se prescribe que los seres humanos hagan u omitan ciertas acciones, lo quieran o no. Las reglas del otro tipo dependen, en cierto sentido, de las del primero, o son secundarias en relación con ellas. Porque las reglas del segundo tipo establecen que los seres humanos pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, introducir nuevas reglas del tipo primario, extinguir o modificar reglas anteriores, o determinar de diversas maneras el efecto de ellas, o controlar su actuación. Las reglas de primer tipo imponen deberes; las de segundo tipo confieren potestades, públicas o privadas. Las reglas de primer tipo se refieren a acciones que impliquen movimiento o cambios físicos; las de segundo tipo prevén actos que conducen no simplemente a movimiento o cambio físico, sino a la creación o modificación de deberes u obligaciones.” HART, H.L.A. “El concepto de derecho”, Ed. Abeledo Perrot, 2ª edición, Buenos Aires, Pág. 101.
(11) “Ocurre la integración cuando el texto adolece de defectos, de oscuridad o ambigüedad, o es incompleto o equivocado, o cuando las expresiones y aun las mismas ideas de las partes carecen de claridad o de exactitud, o bien, porque la consecuencia jurídica no la conocen las partes lo suficiente, o bien a causa de que ellas no previeron determinada situación que se produce después. En los casos de integración, corresponde al intérprete rectificar las faltas del contrato, resultantes de la deficiente expresión del querer de las partes y colmar las lagunas y omisiones que hubieren quedado en esta…” (negrillas fuera de texto). Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 19 de junio de 1935, citada extraída de: Jaramillo, Carlos Ignacio “La interpretación del contrato en el derecho privado colombiano. Panorámico examen legal, jurisprudencial y doctrinal.” en: “Tratado de Interpretación del Contrato en América Latina”, Carlos Alberto Soto Coaguila (Director), Ed. Grijley, Universidad Externado de Colombia, Rubinzal - Culzoni, Tomo II, 2007, Lima, pág. 894.
(12) “III. No hay que confundir con la interpretación, que se limita a revelar e indagar la voluntad de las partes, la operación encaminada a suplir las lagunas del contrato. En el planteamiento y solución de cuestiones contractuales, puede ocurrir que se presenten problemas que las partes, al contratar, no previeron y que mal podían, por tanto, resolver.” VON TUHR, Arthur “Tratado de las Obligaciones”, Ed. Comares, 2007, Granada, pág. 159.
(13) “El resultado de toda interpretación, ya verse sobre las declaraciones de voluntad del legislador o de los particulares, es siempre el completar la declaración de voluntad. Se desmenuza, se analiza la declaración de voluntad, y este sentido ampliado —simplemente en cuanto al aspecto externo—, completado, de sus palabras es el que se aplica.” DANZ, Erich “La interpretación de los negocios jurídicos.” Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 3ª ed., Madrid, 1955, pág. 90 y 91.
(15) “En este orden de ideas, “bona fides negotiae” obliga, no sólo a lo fijado en la convención y a los cuidados generales usuales entre personas honorables, sino a todas aquellas prestaciones accesorias que rodean el negocio en cada momento vayan poniendo de manifiesto, con independencia de que hayan o no sido pactadas expresamente, comoquiera que la fuerza de la buena fe, como principio normativo, integra el contenido del contrato, formándolo permanentemente a través del establecimiento de reglas concretas mediante las que se otorga la exacta dimensión al contenido de las obligaciones de las partes a la luz de la buena fe.
“Esta función integradora del contenido del negocio que emana de la buena fe, la cual participa a su vez de las características ya enunciadas como inherentes al principio, se manifiesta grosso modo en dos tipos de reglas: aquellas relativas al surgimiento, en cabeza de las partes contratantes, de obligaciones adicionales no previstas expresamente en el contrato, y las concernientes a la restricción de las obligaciones previstas en el orden contractual.” NEME Villareal, Martha Lucía “La buena fe en el derecho romano – Extensión del deber de actuar conforme a buena fe en materia contractual”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, pág. 240.
(16) Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado: “… [T]odo el derecho no está encerrado dentro de la legalidad; alrededor de la regla formal, alrededor del derecho escrito, vive y hierve todo un mundo de principios, de directivas y de standars, en los cuales distingue muy justamente Hauriou los principios constitucionales del comercio jurídico, y como una especie de super-legalidad (...) Entre esas directivas pueden citarse… la regla error communis facit jus, la teoría del enriquecimiento sin causa y, sobre todo, la del abuso del derecho: aunque ningún texto de derecho positivo las enuncie en su forma general, la realidad de esos dogmas consuetudinarios es tan cierta como puede serlo la de los principios consignados en los términos más expresos e imperativos. Más aún: aquellos dogmas consuetudinarios están por encima de estos principios, puesto que escapan a la arbitrariedad del legislador, que no podría desconocer esas verdades superiores, a las cuales él mismo está subordinado, ya que no emanan de él. Los derechos que éste reglamenta no se realizan abstractamente y en el vacío: funcionan en un medio social; desempeñan un papel en ese medio, socialmente, no en una dirección cualquiera sino en vista de fines determinados; su misión es la de realizar la justicia y ellos no podrían rebelarse contra ésta sin que se incurriera en un contrasentido jurídico, en un abuso que acarrearía una sanción” (Sentencia de 20 de mayo de 1936, G.J. XLIII, 47-48).
“(...) El intérprete debe confiar en el hombre contratante, pero la misión del derecho es velar y promover un orden social justo.” (negrillas adicionales). VIGO, Rodolfo Luis “Interpretación jurídica”, Ed. Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, pág. 162 y 163.
(20) Hinestrosa, Fernando “Interpretación de la conducta concluyente negocial” en: “Tratado de Interpretación del Contrato en América Latina”, Carlos Alberto Soto Coaguila (Director), Ed. Grijley, Universidad Externado de Colombia, Rubinzal - Culzoni, Tomo II, 2007, Lima, pág. 798 y 799.

References: artículo 1741
 artículo 27
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 34
 artículo 1523
 artículo 1741
 artículo 136
 artículo 60
 artículo 136
 artículo 87
 artículo 55
 artículo 87
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 38
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 9
 artículo 1602
 artículo 95