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Timestamp: 2019-12-16 06:24:24+00:00

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Colectivo Diversitat denuncia ante fiscalía posible delito de odio
El otro día informábamos de que se produjeron insultos homófobos a los asistentes del Salón del Comic celebrado en Alicante el fin de semana. Aquellos que insultaron fueron los anteriores asistentes de un evento en el mismo recinto, eran grupos de ultraderecha seguidores de Vox.
El colectivo Diversitat ya anuncio del suceso, ahora ha llevado el asunto a la Fiscalía, para que se investigue un posible delito de incitación al odio al discurso que dio el líder de Vox, Santiago Abascal, momentos antes de que se iniciara el evento del Salón del Comic. Este delito está recogido en el artículo 510 del Código Penal.
Asimismo, se ha solicitado la identificación de aquellos que increparon e insultaron a los asistentes que portaban banderas arcoíris con gritos homófobos, así como que se tomen las medidas legales establecidas ante tales sucesos.
Y ante la pasividad mostrada por el Ayuntamiento de Alicante, han exigido a la Generalitat Valenciana, que se abra un expediente al recinto que organizo ambos eventos, por poner en peligro la integridad física y moral de las personas que asistieron al Salón del Comic, haciéndolo coincidir de manera muy imprudente con un acto de precampaña electoral del grupo de extrema derecha.
El colectivo ha informado que han recibido apoyo por parte de la ministra de justicia en funciones, Dolores Delgado y de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por los hechos ocurridos el fin de semana.
El presidente de Diversitat, Toño Abad, manifestó este lunes al respecto de este ataque que «no podemos permitir que en el espacio público se vulneren los derechos de las personas que estaban en un acto pacífico y que se han visto involucradas en un acto político de la extrema derecha». Añadió que «IFA no tuvo en cuenta las consecuencias que tendría» (refiriéndose a la celebración simultánea de ambos actos) y añadió que «desde Diversitat le exigimos tanto al ayuntamiento y la diputación de Alicante, como a la Generalitat y al patronato de IFA, compuesto por los alcaldes y alcaldesas de varias ciudades de la provincia, que no cedan espacio participado por entidades públicas a aquellas personas que nos condenan día a día e intentan coartar nuestra libertad». En su opinión, «permitir que, en el espacio público, pagado por todas las personas que residen en la provincia, se perpetúe el discurso de odio convierte a la institución en cómplice de los insultos con los que nos atacan. Así mismo, instamos al gobierno de la Generalitat a que realicen todas las acciones pertinentes recogidas en la Ley LGTBI Valenciana para que estos actos no queden impunes. Como sociedad y como colectivo no vamos a permitir que ni una persona más sufra las represalias de la expresión de su libertad».
Desde Diversitat, consideran que permitir que un espacio público pagado por todos, se use como herramienta para discursos de ultraderecha convierte a la propia institución en cómplice de los mismos insultos. Por eso instan a la Generalitat valenciana a tomar medidas urgentes recogidas en las leyes LGTB valenciana para que no se vuelvan a repetir los hechos ocurridos el sábado.
El colectivo LGTB de Alicante opina que no se puede defender a la diversidad si se abraza a fuerzas de extrema derecha para poder conseguir el gobierno.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, condenó el ataque homófobo sufrido «empujado y auspiciado por miembros de un partido de la ultraderecha». De esta manera se refirió la ministra al ataque denunciado por el colectivo Diversitat que ha reclamado a la Generalitat y al ayuntamiento de Alicante que «actúe mediante los mecanismos recogidos en la ley LGTBI».
Delgado se pronunció así durante la presentación en Madrid del libro ‘Derecho penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso’, de Guillermo Portilla Contreras, que ha publicado el ministerio de Justicia, donde la ministra lamentó que la LGTBIfobia «existió y existe ahora con otras connotaciones y vestido con otro mant. Ataques como el de ayer demuestran que ahora la sociedad es diversa y plural, pero siguen los episodios homófobos que ponen de manifiesto que no hemos terminado y que no vamos a permitir dar un paso atrás en los derechos que tenemos adquiridos», advirtió.
Por otro lado, han criticado a la concejala de LGTBI, María del Carmen Sánchez, cuando esta pidió que no se use el colectivo LGTBI como bandera política. También han reclamado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, del Partido Popular, que retire de la competencia LGTBI a la concejala, por tardar tanto en condenar el incidente, alegando que no les representa.
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Denuncian insultos homofobos en el Salón del Comic IFA
Varios asistentes al mitin de Abascal se colaron en el Salón del Cómic y el Videojuego y gritaron “maricón” a algunos asistentes y “si no te gusta España, vete a tu país, maricón”. Diversitat denuncia el ataque y pide responsabilidades políticas
El colectivo Diversitat ha presentado denuncias por delitos de odio contra grupos de ultraderecha vinculados a Vox. Estos hechos ocurrieron el sábado en el Salón del Comic en el Instituto Ferial de Alicante, cuando estos grupos empezaron a increpar e insultar a algunos asistentes del salón del comic que portaban banderas LGTB.
En el mismo recinto, momentos antes había habido un mitin de Santiago Abascal. Una vez finalizó el acto de Vox, en lugar de abandonarlo por la salida pertinente, un grupo se coló por unas puertas que comunican ambos pabellones y que normalmente utiliza el personal del catering y la limpieza.«Eran varios, algunos echaron un vistazo a los stands y salieron sin más. Pero unos cuatro o cinco ya entraron gritando «Arriba España» o «Viva Franco y a quien no le guste, le meto un puñetazo», explicó a este diario una de las personas a las que insultaron y que iba vestida con un disfraz cosplay. «Empezaron a burlarse de mi escote, que se me iban a salir las tetas y que si se salían mucho mejor». Esta chica charlaba con otra en un puesto donde vendían varios objetos y en ese momento, ambas tenían una bandera LGTBI en las manos. «Se pusieron a insultar a la otra chica, la llamaron ‘sucia’ e ‘hija de puta’», indicó.
En ese momento, otro joven se percató de los insultos y salió en defensa de las dos mujeres y pidió a estas personas que se fueran. Fue ahí donde los atacantes se pusieron más violentos y empezaron a gritarle «maricón» y «si no te gusta España, vete a tu país, maricón», tal y como ha quedado recogido en los vídeos difundidos en las redes sociales. Según el testimonio de esta persona, «lo amenazaron y tenían intención de pegarle pero la novia del chico se lo llevó y la cosa no fue a más». Esta persona criticó que los insultos tuvieron lugar bajo la «permisividad» del personal de seguridad y que «nadie de Institución Ferial Alicantina se manifestó, dio explicaciones de la irrupción de estas personas o lamentó lo ocurrido, cosa que sí hizo la organización del certamen». También lamentó que todo esto sucedió en una zona infantil en la que había «multitud de niños de entre cinco y ocho años».
Diversitat público un video en redes sociales en que se puede observar al grupo con banderas de España comienzan a insultar. Seguido de un tuit, en el que denuncia el ataque homofóbico por parte de los asistentes al mitin de Vox.
Ayer IFA decidió que era muy buena idea poner a la vez la Video Game Comic y un mitin de Vox.
El vídeo no es mío es de @ witchydulles (Instagram) pic.twitter.com/M68tnSQHtb
— Mókona con tilde (@MokonaCosplay) 27 de octubre de 2019
El colectivo ha informado que el recinto ferial sirvió para que Abascal volviera a deleitar a sus seguidores de la única manera que sabe, con mensajes de odio homofóbico, misógino y xenófobo. Algo que no se debería permitir en un espacio público, que sirviera para tales medios, ha afirmado el presidente de Diversitat, Toño Abad.
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Un individuo de 42 años, vecino de una pareja gay, ha sido condenado a ocho meses de cárcel y a cumplir una orden de alejamiento de la pareja tras llamarles «maricones de mierda» y amenazarles con «cortarles el cuello». La propia Policía Nacional fue testigo, en este caso, de la virulencia del acoso homófobo. Ha ocurrido en Denia (Alicante).
Según recoge el diario Información, el acoso del individuo a la pareja gay venía produciéndose desde hace meses, después de que las víctimas se quejaran por los continuos ladridos de su perro. En la madrugada del pasado 4 de julio, la pareja decidió por fin llamar a la Policía. El agresor no solo les había insultado y amenazado, sino que incluso les había saboteado la conexión a internet. Al llegar los agentes al exterior del edificio, el individuo se asomó al balcón y, pese a la presencia policia, siguió insultando a sus vecinos: «Maricones de mierda, os váis a enterar; me da igual que llaméis a la Policía», gritó.
Las víctimas denunciaron ante los agentes el acoso homófobo que estaban viviendo por parte de su vecino, quien según ha informado la propia Comisaría Provincial de Alicante «enfilaba todos los insultos y amenazas en torno a la orientación sexual de la pareja». Un acoso del que los propios agentes fueron testigos, ya que ante su presencia y mientras lo trasladaban a dependencias policiales el individuo continuó llamando a sus vecinos «maricones de mierda» y amenazó con «cortarles el cuello». Los agentes le incautaron además un arma blanca.
Cabe destacar que desde la propia Comisaría de Denia se puso en marcha de forma inmediata un protocolo de actuación ante este tipo de delitos, dando una protección inmediata a las víctimas, informándoles de sus derechos y de las medidas que podrían tomar hacia el presunto autor del delito, motivo que llevó a la pareja a solicitar una orden de protección. Por lo que se refiere al detenido, tras ser puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de odio, ha sido condenado en un juicio rápido a ocho meses de cárcel por amenazas y a cumplir una orden de alejamiento de 500 metros de la pareja.
El Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.
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El último Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante ((UA) de 2017 aprobará mañana, según todas las previsiones, un protocolo que tiene como objetivo “garantizar de forma integral los derechos del colectivo trans universitario”, según un comunicado de la institución académica.
Se trata del “Protocolo de Atención a la identidad y a la expresión de género en la Universidad de Alicante“, uno de los denominados Protocolo Trans “más avanzado y novedoso del país“, destaca la nota de prensa.
Según ha avanzado la vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la UA, María José Rodríguez Jaume, el objetivo de este protocolo es “garantizar de forma integral los derechos del colectivo trans universitario”.
El protocolo incluye una tramitación rápida para el cambio de nombre elegido y garantiza “la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en los estudios al establecer mecanismos de adaptación curricular para el alumnado que se encuentre en terapia farmacológica, hormonal y/o psicológica”, explica el comunicado.
Rodríguez Jaume ha indicado que se contemplan “acciones frente al acoso por identidad de género y la violencia por transfobia y homofobia, pues, según ha asegurado, en la actualidad, “el colectivo trans se encuentra entre los que más discriminación y exclusión social viven en su cotidianeidad”.
Entre los aspectos más destacados se contempla la realización de acciones de concienciación, formación y protección para “velar por que exista un clima de seguridad, libre de acoso, agresión o discriminación basada en prejuicios”.
La UA establece “un trato acorde con la identidad y expresión de género”, incluyendo cuartos de aseo, vestuarios y duchas individuales, y se compromete a estudiar la viabilidad de espacios “unisex” que serán señalizados de forma clara a fin de que sean fácilmente identificados.
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Las asociaciones Trinchera GSD y Plataforma por la Igualdad Raspeig han denunciado esta semana una agresión de carácter homófobo, ocurrida en la madrugada del 23 de julio en el racó fogueril “Las Acacias” de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Desde esta hoguera, por su parte, niegan su implicación y anuncian que emprenderán acciones legales contra estos dos colectivos por dañar su buen nombre. El secretario general de Diversitat y director del Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio, Toño Abad, ha reclamado por su parte la aprobación de una ley autonómica contra la LGTBIfobia, después de que en poco tiempo se hayan denunciado diversos incidentes.
Según la denuncia interpuesta por los dos agredidos a la Guardia Civil, un grupo de jóvenes empezó a increparles con insultos homófobos (“maricones”, “asquerosos cerdos”, etc.) hasta que finalmente uno se abalanzó sobre ellos, iniciándose una trifulca a a la que se sumaron otros varones que les agredieron a golpes. En el comunicado en el que Trinchera GSD y Plataforma por la Igualdad Raspeig dieron a conocer la agresión se asegura que en el altercado intervinieron “presuntos socios y/o personas vinculadas a dicho racó”, así como una persona de la empresa de seguridad contratada por la hoguera. “Estamos ante un delito de odio por LGTBfobia deleznable e intolerable, cuya agresión no solo constituye un delito de lesiones tipificado en el artículo 148 del Código Penal, sino que se enmarca dentro de los delitos de odio recogidos en el artículo 510 del citado Código Penal”, añaden.
Desde la hoguera “Las Acacias” niegan esta acusación y aseguran que el altercado, que sí reconocen que existió, se produjo entre personas ajenas a la hoguera. “Nosotros intervenimos para separar y que las cosas se calmaran. No tendrían que habernos metido en esta polémica porque dicen que los socios intervinieron en la pelea y eso es totalmente mentira”, ha asegurado la presidenta de la comisión de la hoguera, María José Orts, al diario Información. La hoguera habría denunciado a su vez a las dos asociaciones por dañar “la imagen y el nombre de la hoguera”. También según Información, los festeros niegan que la trifulca estuviera relacionada con la orientación sexual de los agredidos (nos llama la atención, en cualquier caso, que si la trifulca fue ajena a la hoguera, desde esta se niegue la existencia de una motivación homófoba).
Las dos asociaciones denunciantes, mientras tanto, reclamaron al Ayuntamiento que ponga de una vez todos los medios posibles para que el municipio de Sant Vicent del Raspeig quede libre de agresiones por LGTBfobia, “tal y como se comprometió en el pleno del 29 de julio de 2015, al aprobar por unanimidad una moción contra la LGTBfobia”. “Los derechos de las personas LGTBI no se conquistan con actos institucionales, sino con la condena contundente hacia quienes coartan las libertades y cometen delitos de odio en nuestro municipio”, añadían. “Le instamos a que se empiecen a promover en el municipio, en las competencias que le son propias, y de manera transversal en todas las secciones, políticas favorables a la igualdad de trato hacia las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y cualquiera otra orientación sexual, identidad y/o expresión de género, en defensa de su dignidad, e impulsando la consolidación y reconocimiento de la plena igualdad de derechos y oportunidades”, finalizaba su comunicado. El pasado martes, además, decenas de personas mostraban su repulsa por lo sucedido frente al Ayuntamiento de la localidad.
Piden que se acelere la aprobación de una ley autonómica
Desde el colectivo alicantino Diversitat, por su parte, se asegura que lo ocurrido en San Vicente del Raspeig demuestra “lo imprescindible que es una ley autonómica contra la LGTBfobia”. “Picassent, Teulada y ahora San Vicente son tres ejemplos de agresiones directas con resultado de lesiones a parejas gais en fiestas populares, pero el grueso de las agresiones son verbales con el fin de intimidar a las personas por orientación sexual e identidad de género. Con este son 19 casos registrados en lo que va de año. La mayoría se trata de vejaciones, insultos, acoso y hostigamiento”, añade en un comunicado.
Según el secretario general de Diversitat y director del recientemente creado Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio, Toño Abad, “al Observatorio nos llegan toda clase de consultas, lo más habitual por insultos o algún tipo de conducta hostigadora, pero lo que estamos viviendo este verano resulta alarmante”. Abad asegura que hay un patrón más o menos definido: “pareja de chicos gais o bisexuales jóvenes, que comparten espacio festivo con personas al parecer heterosexuales, que consideran una agresión las muestras de afecto entre ellos y que, a la mínima oportunidad, reaccionan con violencia y les agreden físicamente con resultado de lesiones”.
“Es muy lamentable que a estas alturas, y después de todo lo recorrido y luchado, tengamos que estar escondiéndonos para no molestar a personas que consideran que nuestra igualdad y nuestra libertad es algo prescindible”, añade. Abad, en este sentido, considera imprescindible la aprobación de la prometida ley autonómica de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, “que entre otros aspectos genere herramientas para la lucha contra la violencia”.
En cualquier caso, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos ni siquiera llega a denunciar. Algo que confirman, por ejemplo, los datos de los observatorios promovidos desde el colectivo LGTB. En Cataluña, por ejemplo, según el informe correspondiente al año 2016 del Observatori contra l’Homofòbia, la entidad tuvo noticia de 84 incidencias por LGTBfobia, frente a las 60 oficialmente recogidas. Más divergencia se produce incluso en el caso de la Comunidad de Madrid: el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, en su primer informe anual, referido precisamente a 2016, recogió un total de 240 incidentes de odio motivados por LGTBfobia, un número considerablemente mayor a los 42 incidentes recogidos por las cifras oficiales
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Aunque la agresión ocurrió el pasado 9 de julio, no la hemos conocido hasta dos semanas después. Ocurrió en Moraira (Alicante), donde dos chicos gais fueron agredidos por su orientación sexual. Las víctimas, además, han continuado siendo acosadas en redes sociales. Lo peor, sin embargo, es la pasividad que según han denunciado las víctimas mostró en el momento de la agresión la Policía Local. El Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio ha exigido una investigación a a fondo.
Según cuenta el diario El Mundo, todo comenzó cuando las dos víctimas se encontraban bailando junto a varios amigos en las fiestas patronales de Moraira. Uno de los chicos sufrió un violento empujón por parte de una persona que en ese momento se encontraba a su espalda. Una de las amigas de la víctima vio que se trataba de un antiguo compañero de instituto del agredido, con el que el mantiene una mala relación precisamente debido a su homofobia. Al ser interpelado, el agresor mantuvo una actitud amenazadora. La pareja de la víctima (que no es residente en el pueblo) intentó mediar, dado lugar a una trifulca en la que este sufrió además un puñetazo por parte de otro agresor.
En el lugar se personó una patrulla de la Policía Local de Teulada (el municipio al que pertenece Moraira), que según los agredidos, de acuerdo a lo que recoge Teulada Moraira Digital, no atendió su denuncia y dejó que los agresores se marcharan sin ser identificados. La pareja, de hecho, tuvo que acudir al cuartel de la Guardia Civil para que se les tomara en serio. Durante las horas posteriores a la agresión, además, el joven que desató la agresión continuó su acoso en redes sociales. En concreto, subió fotos a Instagram acompañadas de textos en los que amenaza de muerte a los dos jóvenes y a su amiga si aparecen de nuevo por el pueblo y frases homófobas del tipo de “le pegas a un maricón y te la cargas tú”, “los maricones tienen más derechos que tú” o “ayer me desahogué con un guiri y hoy con un maricón”.
El denunciado ha tratado de llegar a un acuerdo de conformidad, pero las víctimas de la agresión, que han solicitado una orden de alejamiento para ellos y para la testigo, se han negado. El jueves 27 de celebrará la vista oral en el juzgado de lo penal de Benidorm por un posible delito de odio.
El Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio pide explicaciones
Confiemos en que en esta ocasión la justicia cumpla con su obligación. Mientras tanto, el Observatorio Valenciano contra los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, de reciente creación, ha exigido a la Policía Local de Teulada explicaciones de lo sucedido a sus responsables, “tanto políticos como técnicos, y en caso de que no nos satisfagan, planteamos la posibilidad de estudiar emprender acciones legales contra el propio Ayuntamiento por omisión del deber de dedicación profesional”, en palabras de su director, Toño Abad.
Pediremos explicaciones, en los próximos días a las autoridades por la falta de asistencia de la Policía Local.https://t.co/dklPAHzYUJ
— Observatorio LGTBI (@ObservatoriLGTB) 22 de julio de 2017
“La ausencia de un trato debido a los culpables provocó que las víctimas tuvieran que acudir al Cuartel de la Guardia Civil y que los culpables de la agresión tuvieran todavía tiempo de hostigarles y acosarles a través de las redes sociales, amedrentándoles y regocijándose en la propia agresión que provocaron horas antes, con el ánimo de menoscabar su integridad moral”, se lamentan desde el Observatorio en un comunicado.
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Sin el trabajo de las entidades LGTB, las víctimas de los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género estarían especialmente desprotegidas. Hoy nos hacemos eco de una nueva iniciativa en ese sentido, que surge del colectivo alicantino Diversitat y que tiene como ámbito de actuación la Comunidad Valenciana. Se trata del Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Según datos de Diversitat, en la Comunidad Valenciana se cometen cerca de un centenar de incidentes relacionados con delitos de odio por LGTBfobia al año, muchos de los cuales no se denuncian por miedo a revelar la identidad o a recibir represalias. “Solo en Alicante, durante 2016 se registraron 22 agresiones a personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. En lo que va de año llevamos 11 consultas por agresión”, explican. Son datos, desde luego, superiores a los oficialmente registrados. Según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2015 (último año del que hay datos completos publicados), en la provincia de Alicante se registraron solo 5 incidentes (1 en la de Castellón y 11 en la de Valencia). Una discordancia que ya han puesto de manifiesto otras entidades en la Comunidad de Madrid o en Cataluña.
Una realidad ante la cual Diversitat han decidido poner en marcha un Observatorio similar a los existentes, por ejemplo, en esas dos comunidades. De carácter autonómico, asistirá a las personas que hayan sufrido una agresión o incidente de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Valenciana. El acceso será a través de un teléfono y medios telemáticos, como correo electrónico e internet, y pondrá en contacto directo a las víctimas con un equipo de atención psicológica y jurídica especializada que brindará atencion ininterrumpida. El equipo de asistencia, formado por un psicólogo y una abogada experta en delitos de odio, realizará un acompañamiento integral a las víctimas a lo largo de todo el procedimiento policial como, llegado el caso, judicial. Según Toño Abad, “lo que nos encontramos a la hora de realizar el acompañamiento son personas destrozadas que sienten que parte de la culpa de la agresión es debido a ellas, a su aspecto, expresión, orientación o identidad (…) Nuestro trabajo es recomponer a estas personas y darles herramientas, sensación de acogimiento y acompañamiento para que puedan denunciar sin miedo ni temor”.
Según el director del Observatorio, Toño Abad, Diversitat pretende “luchar contra el fenómeno de la infradenuncia”. “La situación que se produce con el miedo a denunciar por no sentir comprensión por parte de los funcionarios, la normalización de la violencia que sufren las personas LGTBI, el sentimiento de culpa muy asociado a la vítima del delito de odio o no querer ser públicamente reconocido por tu orientación o identidad, provocan que muchas víctimas tengan miedo a denunciar”, explica. Esta situación da lugar a que haya delitos penales “que en su mayoría quedan impunes, reforzando precisamente el agresor frente a la víctima”.
Según los datos que maneja Diversitat, la mayor parte de las agresiones son verbales y físicas, pero también psicológicas, de discriminación en entornos laborales o en centros educativos, de acoso, hostigamiento y amenazas. Según Abad, “a veces la violencia es de baja intensidad pero mantenida en el tiempo, lo que a la larga produce crisis de ansiedad, depresión y situaciones emocionales cuya reparacion es muy complicada”. Por ello el asesoramiento psicológico es esencial y formará parte de todo el proceso a través de la atención especializada.
El Observatorio estará compuesto, además del área de asistencia a las víctimas, por una mesa de delitos de odio, en la que participarán todas las entidades e instituciones que quieran sumarse y que coordinará las acciones, políticas y actividades propuestas, así como por un área de análisis, docencia e investigación, que estará coordinada por la Universidad de Alicante (en concreto, por el vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión y la Unidad de Atención a la Diversidad). El objetivo de esta última es el de documentar, sistematizar y analizar los datos de agresiones.
Futuro convenio con el Colegio Provincial de Abogados
Según explican desde Diversitat, la iniciativa ha sido ya presentada al decano del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, que ha mostrado sun interés por establecer una colaboración con el Observatorio. En palabras de Toño Abad, “es muy importante tener de nuestro lado a las instituciones públicas y a los representantes de la sociedad, y en este caso, el Colegio de Abogados es un gran aliado, tanto a la hora de realizar formación específica en materia de delitos de odio a colegiados y profesionales del derecho como en difundir el servicio que prestamos a sus colegiados de forma que todos los abogados de Alicante tengan conocimiento de que hay entidades que trabajamos específicamente con la víctima de delitos de odio”.
Ambas entidades, de hecho, se han comprometido a elaborar próximamente un convenio de colaboración.
Seguiremos con atención la evolución del Observatorio valenciano contra los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Por lo pronto, puedes seguirlo en su cuenta de Twitter.
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Foto blog MoonMamas
La Direccion General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia ha fallado a favor de María José Torres y Brenda Kelleher, el matrimonio de mujeres al que el Registro Civil de Denia negó la inscripción de su tercer hijo por no aportar una proueba documental de cómo se había gestado, algo que jamás se le pide a las parejas de distinto sexo. Así lo han anunciado María José y Brenda en su blog, en el que además adelantan que la resolución, tal y como está redactada, abre las puertas a otros matrimonios de mujeres con hijos, con independencia de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida.
Seguramente ya conocéis la historia: Lennon, tercer hijo del matrimonio, nació en junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron al Ayuntamiento de Benidoleig, donde ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos). Sin embargo, la funcionaria que les atendió las remitió al Registro Civil de Denia.
Allí se encontraron con la negativa del juez encargado, que consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda, que en este caso fue la gestante, se había sometido a inseminación. Como consecuencia de la negativa, la unidad familiar pasó a tener dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con los dos primeros hijos. Otro, solo de Brenda con el tercer hijo, con la consecuente desprotección que ello supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos.
La situación era kafkiana, si se compara con lo sucede con parejas de distinto sexo, a las que cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro no se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre y que la mujer no ha recurrido a otro varón para quedarse embarazada. Es por eso que María José y Brenda pusieron en marcha una petición en change.org que consiguió el respaldo de más de 100.000 firmas y que hace pocos días presentaron ante la propia Dirección General de Registros y Notariado.
Finalmente, la respuesta ha sido positiva, como la propia pareja narra en su blog, MoonMamas. Según explican, la resolución cita el artículo 44 de la Ley del Registro Civil de 2011 (según el cual “También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última manifestara que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”). La resolución, en este caso, asegura que “cabe colegir que la intención del legislador ha sido facilitar la determinación de la filiación de los hijos nacidos en el marco de un matrimonio formado por mujeres, independientemente de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida”.
En palabras de María José Torres, “ésto, como me ha dicho uno de los abogados que ha seguido de cerca nuestro caso, es un ladrillo en la historia de la igualdad LGTB en este país. Abre las puertas de otras opciones de embarazo que hasta ahora no eran una opción para las parejas de mujeres en España”. “Esto realmente era uno de nuestros mayores deseos cuando nos lanzamos a mover nuestra reivindicación y realmente nos llena de alegría que no solo se haya arreglado nuestra situación familiar sino que se haya abierto un nuevo camino para muchas otras mujeres y sus bebés“, añade. Si esto es así, se trata sin duda, de una novedad sobre cuyo desarrollo estaremos expectantes.
¡Nuestra enhorabuena a la pareja!
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Más de cien mil firmas, recogidas a través de la plataforma change.org, han sido entregadas este lunes en la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia para pedir que Lennon, el tercer hijo de María José Torres y Brenda Kelleher, pueda ser inscrito como hijo de ambas. Algo que el Registro Civil de Denia se ha negado a hacer si Brenda no demuestra cómo se quedó embarazada. Una petición que jamás se hace a parejas de distinto sexo a la hora de inscribir a sus hijos.
Ya en octubre recogíamos la historia. Lennon, tercer hijo del matrimonio formado por María José y Brenda, nació el 30 de junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron a las oficinas del Ayuntamiento de Benidoleig, la localidad en la que ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos). Sin embargo, la funcionaria que les atendió no quiso hacer el trámite y y las envió al Registro Civil de Denia. Allí se encontraron con la negativa del juez encargado, que consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda, que en este caso fue la gestante, se había sometido a inseminación. Algo que la pareja considera que viola su intimidad, motivo por el cual han recurrido la negativa.
La unidad familiar que conforman María José, Brenda y sus hijos está, en este momento, partida en dos. Tienen dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con sus dos primeros hijos. Otro, de Brenda con el tercer hijo, que por el momento solo tiene reconocida una madre legal, con la consecuente desprotección que ello le supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos. La pareja, por supuesto, se ha negado en redondo a iniciar un proceso de adopción de Lennon por parte de María José, la alternativa que les propusieron si no presentaban la documentación que acredite que Brenda se sometió a reproducción asistida.
La situación es kafkiana, si se compara con lo sucede con parejas de distinto sexo, a las que cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro no se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre y que la mujer no ha recurrido a otro varón para quedarse embarazada. Se trata, pura y simplemente, de un ejercicio de discriminación por razón de orientación sexual. Ejercida en este caso, además, sobre un matrimonio, algo dificil de entender si se tiene en cuenta que el artículo 7.3 de la ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida estipula que “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”.
Es por eso que María José y Brenda pusieron en marcha la petición en change.org, que ya ha conseguido el respaldo de más de 100.000 firmas, que esta mañana han presentado ante la Dirección General de Registros y Notariado junto a representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que las están respaldando en el proceso. Esperamos que se resuelva pronto su caso y se marquen, de una vez por todas, unas directrices claras, no discriminatorias y de obligado cumplimiento para el registro de los hijos de familias homoparentales por parte de jueces y funcionarios, con independencia de sus opiniones o creencias.
Os dejamos con un vídeo, en el que la propia familia de María José y Brenda explica su historia:
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Consternación. No se nos ocurre otra palabra después de conocer el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los dos acusados por la muerte de Lyssa da Silva, una mujer transexual que falleció a consecuencia de la brutal paliza que le propinaron. El acuerdo rebaja la pena del principal de los acusados a solo diez años (pedía inicialmente quince) y prácticamente anula la del otro, para el que inicialmente la Fiscalía solicitaba otros quince años pero que será liberado en próximos días al sustituirse la imputación por homicidio por la de simple encubrimiento.
Precisamente antes de ayer nos hacíamos eco del inicio del juicio por la terrible muerte de Lyssa da Silva, ocurrida en julio de 2015. Lyssa, de nacionalidad brasileña, fue encontrada en el ascensor de un edificio del barrio alicantino de la Albufereta después de haber sufrido una brutal paliza a manos de dos turistas franceses de 32 y 21 años. Según la investigación, la mujer y uno de los imputados se conocieron en un local cercano y se fueron juntos al apartamento en el que los agresores pasaban las vacaciones. Según la versión del fiscal, llegaron a mantener relaciones sexuales y la discusión se inició por una cuestión de dinero. Sin embargo, el acusado argumentó en su momento que la discusión se inició porque él “se negó” a mantener relaciones al descubrir su condición transexual y que Lyssa ejercía el trabajo sexual. Alegó también que fue la propia mujer la que se dio golpes en la cabeza contra la pared, cuando lo cierto es que según la autopsia la causa de la muerte fue la hemorragia interna que sufrió debido a las patadas que recibió en el abdomen.
Siguiendo con la versión de la Fiscalía habia sostenido hasta ahora, cuando Lyssa y uno de los imputados se encontraban en plena discusión apareció el segundo imputado. Habría sido ahí donde se desencadenó la agresión en toda su crudeza. Lyssa fue brutalmente golpeada en todas las partes de su cuerpo (tenía múltiples contusiones y los dientes rotos). Tras dejarla semiinconsciente, los dos imputados la vistieron (aún se encontraba desnuda cuando fue agredida) y abandonaron su cuerpo en el ascensor del edificio, donde fue finalmente descubierta por una vecina sin que se pudiera ya hacer por salvar su vida. Los agresores, entretanto, intentaron borrar cualquier rastro de la agresión: fregaron los restos de sangre; metieron la colcha, también manchada de sangre, a la lavadora… No pudieron evitar que horas después los detuviera la Policía. Ingresaron en prisión provisional, donde permanecen desde entonces.
Pues bien, pese a que la Fiscalía pedía quince años de prisión a cada uno de los dos imputados por un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad, así como una indemnización de 200.000 euros para el marido de la víctima por los daños morales, el acuerdo alcanzado con los acusados rebaja considerablemente esas penas. En el caso de Ilan Laouni R.M., la condena queda rebajada a diez años, a cambio de declararse culpable de un delito de homicidio. Daoud D. se libra de la acusación de homicidio y queda como simple encubridor del crimen, aceptando a cambio una pena de un año y casi cinco meses de cárcel: precisamente el tiempo que lleva en prisión preventiva. Saldrá, por tanto, de la cárcel una vez que este miércoles se celebre el juicio. Y es que pese al acuerdo, al ser la pena solicitada mayor de seis años, el juicio debe celebrarse. En la sesión está previsto que declaren el viudo de la víctima, dos policías y los médicos forenses. Se tratará, no obstante, de un mero formalismo, ya que en este caso el jurado popular deberá ceñirse a la calificación fiscal.
Indignación del marido de la víctima y del colectivo Diversitat
Como es natural, la noticia ha causado indignación tanto al marido de la víctima, para el cual ya la petición inicial de quince años de cárcel era “irrisoria” como al colectivo alicantino Diversitat, que esta misma mañana había convocado una concentración frente a la Audiencia Provincial de Alicante para reclamar que la muerte de Lyssa fuese considerada un delito de odio, de acuerdo a la declaración inicial del principal acusado.
Para Toño Abad, su secretario general, el acuerdo alcanzado se trata de “un auténtico insulto” para la víctima, para su familia y para el propio colectivo LGTB. “Nos hace sentirnos desprotegidos y desprotegidas por las instituciones del Estado, que deberían de velar por el respeto y la garantía de nuestros derechos. Se cierra un caso sin tener las consecuencias penales que debía tener, como otros tantos casos en los que la Fiscalía no aprecia delito de odio, los jueces ponen multas irrisorias por agresiones homófobas o agresiones quedan sin juzgar porque no se consideran que atenten contra nuestra dignidad como colectivo o minoría”, ha declarado. “Así de barato sale asesinarnos. 10 años para uno y libertad para el otro”, rezaba esta tarde el perfil de Twitter de Diversitat:
Así de barato sale asesinarnos. 10 años para uno y libertad para el otro. #transfobia #lgtbfobia #delitodeodio Escándalo! pic.twitter.com/WUbzF9XJNg
— Diversitat Alacant (@diversitat) 12 de diciembre de 2016
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Este lunes comienza el juicio a los dos acusados por la muerte de Lyssa da Silva, una mujer transexual que falleció a consecuencia de la brutal paliza que le propinaron dos ciudadanos franceses. El colectivo alicantino Diversitat ha convocado este lunes una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, frente a la Audiencia Provincial, para protestar por el hecho de que el fiscal no haya considerado lo sucedido un delito de odio.
Ocurrió en julio de 2015. Ya entonces nos hicimos eco del caso, del que se desconocían entonces muchos detalles. Los hechos que se conocían, sin embargo, eran ya suficientemente horripilantes. Lyssa da Silva, de 41 años y nacionalidad brasileña, fue encontrada en el ascensor de un edificio del barrio alicantino de la Albufereta después de haber sufrido una brutal paliza a manos de dos turistas franceses de 32 y 21 años.
Según la investigación, la mujer y uno de los imputados se conocieron en un local cercano y se fueron juntos al apartamento en el que los agresores pasaban las vacaciones. Según la versión del fiscal, llegaron a mantener relaciones sexuales y la discusión se inició por una cuestión de dinero. Sin embargo, el acusado argumentó en su momento que la discusión se inició porque él “se negó” a mantener relaciones al descubrir su condición transexual y que Lyssa da Silva ejercía el trabajo sexual. Alegó también que fue la propia Lyssa la que se dio golpes en la cabeza contra la pared, cuando lo cierto es que según la autopsia la causa de la muerte fue la hemorragia interna que sufrió debido a las patadas que recibió en el abdomen.
En cualquier caso, siguiendo con la versión de la Fiscalía, cuando Lyssa y uno de los imputados se encontraban en plena discusión apareció el otro imputado. Fue ahí donde se desencadenó la agresión en toda su crudeza. Lyssa fue brutalmente golpeada en todas las partes de su cuerpo (tenía múltiples contusiones y los dientes rotos). Tras dejarla semiinconsciente, los dos imputados la vistieron (aún se encontraba desnuda cuando fue agredida) y abandonaron su cuerpo en el ascensor del edificio, donde fue finalmente descubierta por una vecina sin que se pudiera ya hacer por salvar su vida. Los agresores, entretanto, intentaron borrar cualquier rastro de la agresión: fregaron los restos de sangre; metieron la colcha, también manchada de sangre, a la lavadora… No pudieron evitar que horas después los detuviera la Policía. Ingresaron en prisión provisional, donde permanecen desde entonces.
El juicio que tendrá lugar con jurado, da comienzo este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante. La Fiscalía pide quince años de prisión a cada uno de los dos imputados por un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad, así como una indemnización de 200.000 euros para el marido de la víctima por los daños morales. El colectivo alicantino Diversitat, sin embargo, no está ni mucho menos satisfecho, al no haberse contemplado lo que ya desde un primer momento pedía: que la muerte de Lyssa se considerase un delito de odio.
Concentración este lunes a las 11:00 horas
“Hemos sabido que el fiscal no alegará delito de odio pese a que uno de los asesinos reconoció que la golpeó hasta matarla cuando descubrió que era una mujer transexual”, alega Diversitat, que ha convocado este lunes, 12 de diciembre, una concentración de protesta por lo que considera un crimen machista y tránsfobo. “Os esperamos para recordar a Lyssa y exigir al fiscal que recalifique el delito como un delito de odio por identidad sexual. La transfobia mata”, pide el colectivo alicantino.
Será a las 11:00 de la mañana frente a la Audiencia Provincial de Alicante, en la Plaza del Ayuntamiento.
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References: artículo 510
 artículo 148
 artículo 510
 resolución 
 artículo 44
 artículo 7