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Timestamp: 2020-07-04 04:02:00+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 56, de 19/04/2016
cve: BOCG-11-D-56
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso.
Cese ... (Página4)
Nombramientos ... (Página4)
161/000440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en lo relativo a la construcción del pantano del Cenajo ... (Página5)
161/000385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo al proceso negociador de la Unión Europea con Cuba en pro de un espacio de libertad y respeto de los Derechos Humanos ... (Página6)
161/000419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo a la Ley de Amnistía y Reconciliación de la República Bolivariana de Venezuela ... (Página7)
161/000463 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de las 21 trabajadoras del servicio de cocina y comedor del Ministerio de Defensa en la provincia de Burgos ... (Página10)
161/000391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el avance en la electrificación de la línea ferroviaria entre Salamanca y Fuentes de Oñoro ... (Página11)
161/000425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las mejoras de las instalaciones ferroviarias en Cuenca ... (Página12)
161/000426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para garantizar la ruta aérea entre Mahón y Madrid ... (Página13)
161/000427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias entre Palencia y Santander ... (Página14)
161/000470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre procedimientos comunes relativos a la asistencia a las víctimas de accidentes marítimos ... (Página15)
161/000471 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a avanzar hacia un sistema de transporte integrado intermodal ... (Página16)
161/000472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de los pesos y dimensiones del transporte de mercancías por carretera ... (Página17)
161/000473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a avanzar en el desarrollo normativo previsto en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario ... (Página18)
161/000474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actualización de la declaración de Obligaciones de Servicio Público (OSP) de transporte ferroviario de viajeros ... (Página18)
161/000475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la creación de la Autoridad Estatal del Transporte ... (Página19)
161/000476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adaptación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres a las modificaciones introducidas en la misma por la Ley 9/2013, de 4 de julio ... (Página20)
161/000477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de la regulación de las actividades en las que intervienen aeronaves tripuladas por control remoto ... (Página21)
161/000442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a introducir una mayor agilización en la convalidación y homologación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria ... (Página22)
161/000456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la tasa de idoneidad en el sistema educativo español ... (Página23)
161/000457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación de una Estrategia Española para la Educación Superior ... (Página24)
161/000469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a combatir el fraude laboral a la Seguridad Social, incidiendo en las irregularidades derivadas de las prácticas académicas externas en empresas ... (Página25)
161/000420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Destinos Turísticos Inteligentes ... (Página27)
161/000421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de fomento del turismo de compras ... (Página29)
161/000424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a continuar fortaleciendo la conectividad internacional de España ... (Página29)
161/000468 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a los emprendedores y a las PYMES turísticas ... (Página30)
161/000483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes ... (Página31)
161/000384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas en apoyo de la caza ... (Página33)
161/000401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al sector del cangrejo rojo ... (Página34)
161/000432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la limpieza del río Eo ... (Página35)
161/000436 proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la limpieza del río Masma ... (Página36)
161/000381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar el diagnóstico y tratamiento de las pacientes afectadas por endometriosis ... (Página36)
161/000382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para evitar riesgos en las exploraciones radiológicas ... (Página37)
161/000466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar medidas de lucha contra la violencia de género y actuaciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en los programas de responsabilidad social empresarial ... (Página38)
161/000467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento del Día de la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal y la Corresponsabilidad ... (Página39)
161/000423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a declarar el "Día Nacional de la Movilidad Ciclista" ... (Página40)
093/000005 Convenio de adhesión de la Comunidad Foral de Navarra a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Eurorregión Aquitania/Euskadi" ... (Página42)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de abril de 2016 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con efectos de 11 de abril de 2016, de D. Francisco José Gil Fuertes, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de abril de 2016 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Elena Cardezo Añón, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con efectos de 14 de abril de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de abril de 2016 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Sergi Cutillas Márquez, a propuesta del Excmo. Sr. D. Xavier Domènech Sampere, con efectos de 13 de abril de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de abril de 2016 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Juan Ignacio Fraguas del Pozo, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con efectos de 14 de abril de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de abril de 2016 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Rosa Sánchez Seseña, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con efectos de 13 de abril de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de abril de 2016 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Borja Roger Ull, a propuesta del Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, con efectos de 11 de abril de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/000440
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en lo relativo a la construcción del pantano del Cenajo, para su debate en la Comisión Constitucional.
En los límites de las provincias de Murcia y Albacete se encuentra el embalse y presa del Cenajo. Los antecedentes de este proyecto, según constan en la información oficial de la web de la Confederación
Hidrográfica del Segura, se remontan a finales del siglo XIX, pero no fue hasta marzo de 1947 cuando dieron comienzo las obras principales de la presa. El 6 de junio de 1963, el dictador Francisco Franco, inauguró el pantano.
Las obras de construcción del pantano duraron casi 20 años, y significaron 20 años de sufrimiento e incluso de muerte para algunos. Tras la Guerra Civil española, ya en plena dictadura franquista, los presos políticos represaliados por el régimen franquista acabaron realizando trabajos forzados en la construcción de este embalse y presa del Cenajo.
Gracias al trabajo realizado hace pocos años por un joven historiador murciano, don Víctor Peñalver Guirao, así como a la labor comprometida de otros que han venido reivindicando el reconocimiento a la memoria de los allí fallecidos, se han conseguido recuperar retazos de la historia de sufrimiento que generó la construcción de esta estructura y rescatar la necesidad de recordar y honrar a quienes sufrieron la represión de la dictadura, pagando incluso con su vida.
Así mismo, este es un ejemplo de tantos otros en los que la memoria y la historia no deben quedar en el olvido y es obligación de las instituciones dar cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que, en cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, la Confederación Hidrográfica del Segura:
1. Proceda a la colocación de una placa en memoria y homenaje de los represaliados por la dictadura que fueron sometidos a trabajos forzados para la construcción del embalse del Cenajo.
2. Reconozca e incluya, entre los textos sobre la historia de las infraestructuras hidráulicas que se encuentran a disposición pública en formato digital o físico, el contenido y la existencia de los trabajos de investigación sobre la represión y los trabajos forzados ocurridos durante las obras de las citadas infraestructuras."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2016.-María González Veracruz, Pedro Saura García y Manuel Gabriel González Ramos, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000385
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al proceso negociador de la Unión Europea con Cuba en pro de un espacio de libertad y respeto de los Derechos Humanos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Durante la pasada Legislatura, la Unión Europea primero y los Estados Unidos después, iniciaron conversaciones con la República de Cuba que se prevé impulsaran las relaciones de Cuba con una parte importante de los países democráticos del mundo.
Durante el mes de marzo de 2016 han tenido lugar varios hitos que han constituido importantes avances en la apertura del país al resto del mundo. El pasado día 11, concluyeron en la Habana las negociaciones para un acuerdo de diálogo político y de cooperación (PDCA por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Cuba, que ponen broche final a dos años y siete rondas de negociaciones desde abril de 2014. Con este acuerdo, que ahora se someterá a procesos internos por ambas partes para lograr las firmas y ratificaciones pertinentes, se iniciará una nueva etapa en sus relaciones que supondrá una importante oportunidad para promover los valores y los intereses europeos y para acompañar el proceso de cambio en Cuba. En los próximos meses se celebrará la segunda reunión en el marco del diálogo de Derechos Humanos con Cuba, que está destinado a convertirse en un elemento importante dentro del nuevo marco del PDCA.
También ha constituido un importante hito para la normalización de las relaciones de la isla, la visita del Presidente de Estados Unidos al país el pasado 21 de marzo. Después de más de 50 años de ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el Presidente Barak Obama se convertía en el primer presidente estadounidense en activo que visita la isla desde 1928. En su visita, también puso de manifiesto su interés por la situación de los derechos humanos y de la disidencia, y mantuvo una reunión con 13 miembros de la disidencia y la sociedad civil, en la que alabó el valor extraordinario de todos sus interlocutores en la mesa.
Durante todo este tiempo, el Gobierno de Cuba ha destacado las oportunidades económicas para las inversiones extranjeras en su país dejando en segundo lugar la crisis social, política y económica que sitúa a esa República en una situación muy difícil.
Desde febrero del 2014, esta Cámara, con un amplio respaldo, Grupo Popular, Grupo Socialista, CIU, PNV y UPyD, hizo una valoración positiva de la negociación; se refería a la negociación con Europa ya que entonces Estados Unidos no se había manifestado, siempre que en dicha negociación permanecieran presentes las cláusulas democráticas, incluida la libertad sindical.
Transcurrido tiempo de aquella votación y estando al inicio de una nueva Legislatura, parece oportuno insistir en nuestro esfuerzo para que, con absoluto respeto a la soberanía del pueblo de Cuba y aprovechando las conversaciones en curso, se renueve el compromiso de esta Cámara con la libertad, la democracia del pueblo de Cuba incluido, por supuesto, el derecho de los trabajadores a defender mejores condiciones de trabajo mediante la asociación, tal y como les reconoce su propia constitución.
Por todo ello y en coherencia con la posición fijada en esta Cámara en distintas ocasiones, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
"- El Congreso de los Diputados entiende que las negociaciones abiertas entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América con la República de Cuba ofrecen una oportunidad para hacer valer las Cláusulas Democráticas, Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en beneficio del pueblo de Cuba.
- El Congreso de los Diputados entiende que el proceso abierto debe lograr un espacio de más libertad para los cubanos, y que éste sirva para que los trabajadores de Cuba sean beneficiarios directos de cualquier reactivación de la economía de la isla. Aun cuando procesos históricos de esta naturaleza son complicados, los trabajadores de Cuba deben tener la oportunidad de defender en libertad y con garantías democráticas sus derechos como trabajadores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000419
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo a la Ley de Amnistía y Reconciliación de la República Bolivariana de Venezuela, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
La situación política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela continúa siendo muy complicada y el país está atravesando una grave crisis cuyos efectos inciden intensamente en el sufrimiento de la población. El país cerró el 2015 con una contracción estimada del 10 % en su PIB, un 275 % de inflación y una escasez generalizada de bienes de consumo y suministros básicos, y una importante disminución de las reservas internacionales del Banco Central. Según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional el PIB del país se contraerá un 8 % en 2016 y la inflación podrá llegar a 720 %. Las instituciones democráticas del país están seriamente deterioradas, y siguen existiendo amenazas a la libertad de expresión, una violencia generalizada y un obstruccionismo no democrático por parte del oficialismo en todas las instancias y con el más evidente desprecio al juego democrático por el Tribunal Supremo de Justicia.
Las elecciones legislativas celebradas el pasado 6 de diciembre, con una participación cercana al 75 %, supusieron una oportunidad para el cambio y un importante avance para la democracia del país. Por primera vez en 17 años, la oposición democrática vence al oficialismo, pese a todas las trabas, con una victoria que le posibilita a obtener mayoría indiscutible en la Asamblea Nacional, con un 56,3 % de los votos para la Mesa de Unidad Democrática (MUD). El resultado es incontestable aunque desde el Chavismo se habla sin ningún miedo al ridículo de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, en vez de hablar de la nueva mayoría política de Venezuela.
A pesar de estos resultados, y del importante trabajo que ha venido desempeñando la MUD durante todo este tiempo, todavía existen muchos obstáculos no democráticos para lograr un sistema donde exista un respeto escrupuloso a la Ley y al Estado de Derecho, donde la justicia sea independiente, con un sistema plural de partidos, medios libres y una sociedad abierta. Se comporta como una pseudodemocracia, en la que el poder judicial no es independiente, con miembros que fueron parte de las listas electorales del oficialismo, donde se manipula fraudulentamente el contenido de la ley y se retienen en las cárceles a los presos injustamente encarcelados.
Desde las pasadas elecciones, el gobierno de Maduro no ha querido asumir la responsabilidad de la derrota y desde entonces no han cesado las maniobras para torpedear la labor democrática de la mayoría política de Venezuela. El gobierno sigue utilizando las instituciones para sus propios intereses, como es el caso del poder judicial y ampliando los poderes del ejecutivo más allá de su legitimidad, en un desafío constante a la nueva realidad expresada en las urnas.
Por otro lado, los esfuerzos de la MUD y su representación mayoritaria en el legislativo están impulsando relevantes avances para abordar los desafíos económicos, sociales y de seguridad que enfrenta el país, sobre todo la Ley de Amnistía y para paliar los efectos de la grave crisis a la que el oficialismo somete a la población.
La aprobación de esta Ley de Amnistía supondrá un primer paso necesario para la libertad de todos los presos políticos encarcelados de forma arbitraria, y contribuirá también a conseguir el cese de la persecución de aquellas personas críticas con el gobierno de la nación o cuyos actos van en contra de sus intereses. Ese es el fundamento de cualquier sistema democrático. El respeto al adversario y el cumplimiento de la ley. Las detenciones arbitrarias y sobre todo el uso de un lenguaje y métodos propios de los mayores fanáticos y totalitarios de todas las épocas, como es la cárcel conocida como "la tumba", hace que el resto del mundo democrático no pueda permanecer indiferente, o lo que es peor negar esa evidencia por cualquier oscura, impertinente o partidista razón. La libertad no admite parcelación, lo que es válido aquí en Venezuela también debe serlo; pero ya hemos aprendido cual es el valor de la libertad, por él han dado la vida personas de todos los credos, todas las culturas, todas las épocas; y contra ella han combatido personas de todos los países, haciendo de la libertad un valor universal y de su defensa una tarea permanente. Por eso no nos vamos a rendir jamás, y desenmascararemos a los enemigos de la libertad cualquiera que sea su ropaje, su color y su acción política en cualquier país del mundo.
Más de cien presos políticos venezolanos, deberán ser liberados a partir de la aprobación de esta ley. Entre ellos, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a trece años y nueve meses de prisión en un juicio farsa, Antonio Ledezma, elegido democráticamente en dos ocasiones como alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, o el también alcalde, de San Cristóbal, Daniel Ceballos. En último término, la Ley de Amnistía y Reconciliación busca rescatar la democracia del país y la construcción de un futuro de reconciliación para todos los venezolanos.
Nuestro país ha sido siempre solidario con la situación que vive Venezuela, especialmente con la persecución y censura a la que se enfrentan sus ciudadanos y medios de comunicación, y por ello siempre hemos manifestado nuestro compromiso con la defensa de las libertades y la promoción de los derechos
humanos en el país. Durante la pasada legislatura, en este Parlamento hemos presentado y aprobado con amplia mayoría, iniciativas de apoyo al pueblo de Venezuela, exigiendo el respeto a los principios universales de la democracia, del Estado de Derecho y de los DDHH, y hemos firmado consensos para la inmediata liberación de opositores, estudiantes y manifestantes arbitrariamente encarcelados en el contexto de protestas pacíficas iniciadas en enero de 2014.
Diferentes organismos internacionales también han calificado estas detenciones como arbitrarias y han instado al Gobierno de Venezuela a poner en libertad a muchas de estas personas. Entre otras, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asociaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, así como varios gobiernos americanos que han calificado las detenciones de dirigentes opositores venezolanos como ilegales y arbitrarias.
Los profundos vínculos históricos, culturales y económicos que unen a ambas naciones hermanas, impulsan el compromiso de esta Cámara con los valores democráticos y el rechazo a toda forma de violencia y de opresión contra estos principios en Venezuela, y hacen necesario un rechazo explícito a todas las formas de pseudodemocracia, así como a las posiciones equidistantes entre defensores de los derechos humanos y aquellos que no los respetan y los oprimen.
Venezuela está viviendo una situación económica tan extrema, que está produciendo un deterioro preocupante en las condiciones básicas de desarrollo en la población, los supermercados están desabastecidos, y la población se enfrenta a eternas colas donde los productos básicos de la cesta de la compra escasean y se encuentran a precios desorbitados. Se vive una crisis humanitaria que desde esta cámara parlamentaria estamos dispuestos a hacer seguimiento y a paliar, instando a los distintos actores internacionales y, especialmente, a Naciones Unidas con el fin de buscar soluciones a este drama siempre que se acepten cláusulas democráticas.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
1. Expresa su preocupación por la situación que se vive en Venezuela y por la vulneración de los derechos constitucionales, civiles, económicos y sociales a la que se continúan enfrentando sus ciudadanos.
2. Muestra una vez más su solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso con la lucha por las libertades y la democracia, y con la defensa del pleno respeto al estado de derecho y a los Derechos Humanos en el país.
3. Manifiesta un especial reconocimiento a todo el trabajo que ha desarrollado y que sigue impulsando la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en su lucha por la libertad, los derechos y libertades de Venezuela de forma pacífica y siempre por las vías democráticas, que hacen posible hoy la tramitación de esta Ley de Amnistía y Reconciliación.
4. Declara su interés en coordinar una visita de trabajo, integrada por representantes de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, con el objeto de mostrar su respaldo a la labor de la nueva mayoría en el país y apoyar la Ley de Amnistía y Reconciliación, que permita la puesta en libertad de todos los presos políticos.
5. Hace seguimiento de la grave crisis humanitaria y alimenticia del país y hace un llamamiento al gobierno de Venezuela para que acepte los ofrecimientos de ayuda formulados desde países amigos de Venezuela como España.
6. Manifiesta la necesidad de respaldar la Ley de Amnistía y Reconciliación, que contribuya a poner fin a las injusticias que ha creado la absoluta falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial de Venezuela, y a las situaciones en las que se encuentran personas privadas de libertad y de sus derechos civiles, cuyos crímenes nunca fueron adecuadamente sustanciados y cuyas sentencias de prisión tienen una clara motivación política."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000463
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre situación de las 21 trabajadoras del servicio de cocina y comedor del Ministerio de Defensa en la provincia de Burgos, para su debate en la Comisión de Defensa.
Con fecha 31 de diciembre de 2015, el Ministerio de Defensa dio por extinguido el contrato por el que se adjudicaba a la empresa Unión Castellana de Alimentación, S.A. (UCALSA) la prestación del servicio de cocina y comedor para la Base Militar El Cid, el Acuartelamiento Diego Porcelos y el Cuartel Capitán Mayoral, en la provincia de Burgos. Este servicio era realizado por 21 trabajadoras contratadas por UCALSA.
A partir de esa fecha, el servicio de cocina y comedor en dichos establecimientos militares pasó a ser realizado directamente por personal de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas y personal civil no funcionario del Ministerio de Defensa.
Al tratarse de un supuesto de sucesión de empresas en la realización de una actividad, el Ministerio de Defensa debiera haberse subrogado en la posición de UCALSA en la relación laboral con las trabajadoras; tal y como, por otra parte, señala la Sentencia 110/2016, de fecha 15 de marzo de 2016, del Juzgado de lo Social de Burgos en su fundamento de derecho tercero, donde se afirma:
"En toda empresa hay un elemento patrimonial consistente en los bienes adscritos a la actividad. En el caso de autos ese elemento patrimonial está constituido por los inmuebles donde se prestaba el servicio, los utensilios y enseres de cocina y comedor. Este elemento patrimonial era y sigue siendo propiedad del contratante. No hay más elementos patrimoniales. Esto significa que la única titularidad del contratista era la que recaía sobre las relaciones laborales habidas con los trabajadores.
Si esto es así, resulta que la empresa como tal solo eran los servicios de los trabajadores y lo que hace el contratante es no asumir esta empresa cuando continúa en la actividad. Esta actividad es la misma. [...].
Por tanto, estamos ante un supuesto de sucesión de empresas del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en relación con lo que establece la Directiva 2001/23/CE de 12 de marzo y la sentencia del TJUE 2015/283 de 26-11-15. El contratante debió suceder al contratista en la relación laboral de las actoras y no lo ha hecho, lo cual constituye un despido improcedente con todas las consecuencias inherentes a su declaración."
Pese a ello, el Ministerio de Defensa no se ha hecho cargo de las trabajadoras, ni de la situación generada por la actuación ministerial, hasta que se ha producido el pronunciamiento judicial antes señalado; en el que además se declaran los despidos improcedentes. Este comportamiento del Ministerio de Defensa, además del despido de las 21 trabajadoras, ha supuesto un retraso innecesario en su derecho a recibir la prestación por desempleo (hasta el 10 de marzo 2016) toda vez que el Servicio Público de Empleo Estatal, no reconocía la situación de desempleo sin saber cuál había sido la empresa que había procedido al despido.
1. Velar por el respeto de los derechos laborales de las trabajadoras despedidas en Burgos que prestaban su servicio, hasta el 31 de diciembre de 2015, a través de la empresa UCALSA.
2. Estudiar la viabilidad de su recolocación en las unidades del Ministerio de Defensa en Burgos, toda vez que como señala la Sentencia 110/2016, de 15 de marzo de 2016, del Juzgado de lo Social n.º 1 de Burgos, la actividad que desarrollaban continúa siendo realizada por el Ministerio de Defensa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2016.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000391
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el avance en la electrificación de la línea ferroviaria entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, para su debate en Comisión de Fomento.
La línea ferroviaria Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro prolonga el Corredor Ferroviario Norte-Noroeste hasta Salamanca. La segunda parte del trazado cruza toda la provincia de Salamanca y llega hasta la frontera con Portugal. Es precisamente su situación fronteriza con Portugal lo que convierte en estratégica esta línea ferroviaria.
Siendo la línea ferroviaria más importante de las que hacen frontera con el país luso no se entiende que el último gobierno socialista no impulsara el paso de la tracción diesel a la eléctrica, condenándola a ser una línea ferroviaria totalmente ineficiente, que fue perdiendo viajeros, y que hacía poco rentable el tráfico de mercancías.
En la pasada legislatura, el Gobierno del Partido Popular, consciente del carácter estratégico de la misma, de la importancia que representaba no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional para el tráfico de viajeros y mercancías -integrándose en el corredor Atlántico con el impacto que ello supone en términos de actividad económica y creación de empleo-, y del bienestar que podía aportar a los más de 350.000 habitantes de toda la provincia de Salamanca, se comprometió a completar la electrificación del tramo completo Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro, corrigiendo así la falta de impulso político del anterior ejecutivo socialista.
Para ello, abrió el correspondiente proyecto plurianual en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2013 -"Electrificación Medina-Fuentes de Oñoro" con código de proyecto 4014 e inició los correspondientes estudios medioambientales. En los últimos PGE aprobados para 2016, considerando los ahorros derivados de la optimización del proyecto que se ha ido ejecutando cada año, se estima un coste total final de 101.758.000 euros.
Fruto de la ejecución del primer tramo, el correspondiente a Medina del Campo-Salamanca inaugurado en diciembre del año pasado, hoy se puede viajar de Madrid a Salamanca en aproximadamente hora y media, con un ahorro de una hora respecto al tiempo anterior.
La ejecución del segundo tramo, la electrificación de Salamanca a Fuentes de Oñoro, estaba pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que finalmente se aprobó mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el pasado 16 de noviembre de 2015.
Apenas unos días después, el Ministerio de Fomento aprobó definitivamente las actuaciones necesarias, optimizando el número de subestaciones y líneas eléctricas, lo que supone una mejora significativa desde el punto de vista ambiental y económico.
Con la aprobación de este expediente por parte de Fomento, culminan los trámites necesarios, previstos en la legislación medioambiental y ferroviaria, previos a la ejecución de unas obras que permitirán completar la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro, con las que se favorecerá el tráfico
internacional por el corredor atlántico de mercancías, impulsado por la Unión Europea para mejorar la competitividad del ferrocarril.
Las principales actuaciones contempladas para completar la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro son las siguientes:
- Electrificación de la línea a 25 kV.
- Adecuación de las instalaciones de seguridad de la línea.
- 2 subestaciones de tracción (Barbadillo y Ciudad Rodrigo), y sus líneas de alimentación eléctrica.
- 2 centros de autotransformación (Fuente de San Esteban y Fuentes de Oñoro).
- Diversas actuaciones de mejora de gálibo (necesarias para poder electrificar), fundamentalmente bajo pasos superiores.
1. Continuar con la mejora de la línea ferroviaria Salamanca-Medina del Campo, con actuaciones concretas como la finalización de la subestación de Pitiegua, la eliminación progresiva de los pasos a nivel existentes conforme los criterios de financiación establecidos en la normativa vigente y acometiendo el cerramiento de la línea.
2. Analizar la posibilidad de incrementar los servicios Alvia actuales, a través de Renfe-Operadora.
3. Seguir avanzando en la electrificación de la línea ferroviaria entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, con objeto favorecer el tráfico internacional por el corredor atlántico tanto de viajeros como de mercancías, tal y como recomienda la Unión Europea para mejorar la competitividad del ferrocarril."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000425
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre las mejoras de las instalaciones ferroviarias en Cuenca, para su debate en la Comisión de Fomento.
En junio de 2006 se firmó un Convenio entre Adif y Ayuntamiento de Cuenca para la urbanización de los terrenos sobrantes así como para realizar algunas actuaciones en la estación.
Sin embargo, pasado el tiempo, el acuerdo quedó bloqueado y no se llegó a desarrollar, así como tampoco los nuevos compromisos incluidos en el Protocolo de Colaboración firmado por el Ministerio de Fomento con el Ayuntamiento de Cuenca y con Adif en octubre de 2011.
De hecho, el acuerdo de 2011 incluía actuaciones que no se podrían llegar a acometer, ya que no quedaba asegurado el origen de los recursos. Según estaba previsto, los proyectos de construcción los asumiría el Ministerio de Fomento, las expropiaciones correrían a cargo del Ayuntamiento de Cuenca y las actuaciones ferroviarias se acometerían con cargo a los recursos económicos generados por los terrenos liberados. No obstante, la operación no resultaba viable en términos económicos.
Por este motivo, se han venido celebrando reuniones entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Cuenca y Adif para desbloquear la situación. Entre otros aspectos se ha acordado crear un grupo de trabajo que analice el futuro urbanístico de los suelos en el entorno de la línea ferroviaria convencional y plantee las
actuaciones a acometer que resulten viables. De esta manera, se ha iniciado ya el proceso por el cual Cuenca podrá beneficiarse de un desarrollo urbano adecuado y mejoras en las comunicaciones ferroviarias.
Además, entre las muestras del compromiso existente por parte de este Gobierno con la ciudad, se encuentra el desarrollo de otras actuaciones, como la sustitución por parte de Adif de la cubierta de la estación de red convencional y otras mejoras en la misma, como la sustitución de la megafonía. Asimismo, en febrero de 2016 Adif licitó las obras para el recrecido de los andenes de la estación.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar los trabajos iniciados para mejorar las instalaciones ferroviarias en Cuenca e impulsar, a través del grupo de trabajo que se creará entre el Ministerio de Fomento, Adif y el Ayuntamiento de Cuenca, el desarrollo de nuevas actuaciones ferroviarias y urbanísticas que beneficiarán a la ciudad."
161/000426
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la ruta aérea entre Mahón y Madrid, para debate en la Comisión de Fomento.
La conectividad aérea de los territorios españoles no peninsulares debe ser una de las prioridades de nuestro Gobierno en materia de transporte por cuanto garantiza la vertebración y cohesión interior de nuestro país.
A pesar de la difícil coyuntura atravesada en estos últimos años, el Gobierno ha incrementado el conjunto de ayudas otorgadas en esta materia; manteniendo la bonificación del 50 % del billete para los residentes en esos territorios y fortaleciendo el conjunto de rutas operadas bajo obligaciones de servicio público. Todo ello al margen de otras ayudas generales que afectan al conjunto del país, como las correspondientes a los billetes de las familias numerosas.
El establecimiento de Obligaciones de Servicio Público (OSP) constituye una excepción al principio comunitario general de libertad de acceso al mercado, que debe sujetarse a las condiciones que establece el Reglamento UE 1008/2008; una excepción a la que el Gobierno se acogió en 2012 para garantizar la prestación del servicio aéreo entre Mahón y Madrid durante los meses de menor demanda (octubre a mayo), cuando el mercado no atiende las necesidades de los usuarios, singularmente de los residentes insulares, en las condiciones adecuadas de continuidad, regularidad, horarios y precios.
Un enlace aéreo cuyo contrato de prestación vence el próximo mes de mayo y que resulta imprescindible renovar para garantizar la conectividad de la isla de Menorca a partir del mes de octubre.
"El Congreso de los Diputados considera esencial garantizar, a través de un nuevo contrato, la continuidad de las operaciones de la ruta aérea entre Mahón y Madrid que se presta actualmente, durante los meses de menor demanda bajo obligaciones de servicio público y compensación económica por el Ministerio de Fomento, a fin de asegurar la adecuada conectividad de la isla de Menorca."
161/000427
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias entre Palencia y Santander, para su debate en la Comisión de Fomento.
A finales de 2011, la línea de alta velocidad entre Palencia y Santander se encontraba bloqueada.
En el año 2010 se licitaron y adjudicaron las obras de plataforma de los subtramos Palencia-Amusco, Amusco-Marcilla de Campos y Marcilla-Villaprovedo, pero como consecuencia del reajuste presupuestario dichas obras fueron rescindidas en el año 2011 y desde entonces no volvieron a licitarse.
En cuanto a los estudios informativos entre Alar de Rey y Santander, que incluía el tramo Reinosa-Guarnizo, y Villaprovedo-Reinosa, nunca se llegó a obtener Declaración de Impacto Ambiental ni se llegaron a aprobar.
Por tanto, con objeto de disponer cuanto antes de un mejor servicio ferroviario, la prioridad en la Legislatura 2012-2015 ha sido la de actuar, en primer lugar, en la línea existente entre Palencia y Santander ahorrando tiempos de viaje. Para ello, en este periodo se presupuestaron 124,2 millones de euros para modernizar toda la línea y se han finalizado las siguientes actuaciones:
- Renovación de catenaria entre Palencia y Santander.
- Renovación de las subestaciones de Monzón y Frómista.
- Renovación de vía entre Palencia y Mataporquera.
- Obras en trincheras.
- Rehabilitación del túnel de Hijando y terraplenes.
- Actuaciones en instalaciones.
Gracias a las inversiones ejecutadas se ha conseguido aumentar la velocidad hasta 160 km/h y consecuentemente disminuir los tiempos de viaje. Así, se ha reducido en 25 minutos el viaje desde Madrid a Santander y el trayecto Palencia-Aguilar-Reinosa-Torrelavega-Santander se realiza en 2 horas y 27 minutos, ya que se mantienen paradas en Reinosa, Aguilar de Campoo y Torrelavega.
Además continúan en ejecución otras actuaciones por importe superior a 52,36 millones de euros que mejorarán la seguridad y la fiabilidad en la línea. Consisten principalmente en adecuaciones de las instalaciones de seguridad.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento ha decidido continuar trabajando para el desarrollo de una línea de alta velocidad entre Palencia y Santander que ofrezca un tiempo de viaje entre Madrid y Santander de unas tres horas de viaje con paradas intermedias limitadas, con unos costes de inversión lo más ajustados posibles. Por este motivo, se han mantenido reuniones entre el Ministerio de Fomento y la Universidad de Cantabria, con objeto de analizar la alternativa que ésta ha presentado para el desarrollo de esta actuación.
Tras el análisis de la propuesta, el Ministerio de Fomento ha definido las actuaciones que se van a acometer en este trazado. La valoración de todas las actuaciones asciende a algo menos de 340 millones de euros, aunque desde el Ministerio se estima necesaria una definición pormenorizada en fase de proyecto tanto de los costes como de los tiempos de viaje. La propuesta plantea crear un itinerario de vía única de velocidad alta (velocidad máxima 200 km/h) aprovechando parcialmente la línea actual. Las principales actuaciones contempladas serían las siguientes:
- Una gran variante de trazado entre Palencia y Alar del Rey (que aprovecha algunos tramos de la vía actual).
- Dos pequeñas variantes de trazado entre Alar del Rey y Reinosa (en las curvas de La Muñeca y Villaescusa de las Torres).
- La duplicación de vía en el tramo Torrelavega-Santander.
- La supresión de los pasos a nivel entre Palencia y Mataporquera y entre Torrelavega y Santander.
Y en 2015 ya se han dado pasos muy importantes que reflejan el compromiso con esta nueva infraestructura, comenzando entre Palencia y Alar del Rey y entre Torrelavega y Santander. Así:
- Entre Palencia y Alar del Rey se está elaborando el proyecto básico para la conexión de altas prestaciones.
- Entre Torrelavega y Santander se está elaborando el proyecto básico y constructivo de duplicación de la línea C1 de Cercanías. Los trabajos de renovación se desarrollarán a lo largo de 30 kilómetros de vía electrificada de la línea convencional Palencia-Santander. En este tramo se ubican seis estaciones y ocho apeaderos. Las actuaciones previstas incluyen tanto obras de estructura, o superestructura, como instalaciones complementarias.
Estos estudios se financiarán con una dotación presupuestaria prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 de 1,5 millones de euros, que corresponden 0,5 M? al presupuesto de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y 1,0 millón de euros del presupuesto de ADIF.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar desarrollando las mejoras de las infraestructuras ferroviarias puestas en marcha entre Palencia y Santander, que aumentarán la fiabilidad y seguridad de los servicios prestados. Asimismo, deberá continuarse el desarrollo de las actuaciones que ya se encuentran en marcha para acometer la nueva línea de alta velocidad entre estas dos localidades."
161/000470
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre procedimientos comunes relativos a la asistencia a las víctimas de accidentes marítimos, para su debate en la Comisión de Fomento.
El Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar (en vigor desde 1987), nacido en el seno de la Organización Marítima Internacional, establece a nivel internacional un régimen de responsabilidad por los daños sufridos por los pasajeros de transporte marítimo por la muerte o las lesiones de un pasajero y por la pérdida o daño de equipaje y vehículos.
Asimismo, el Protocolo de 2002 (en vigor desde 2014), introdujo un seguro obligatorio para cubrir los pasajeros a bordo de buques y elevó los límites de indemnización de la responsabilidad por la muerte o lesiones corporales de un pasajero. No obstante, el citado Convenio no contiene disposiciones relativas a la asistencia a las víctimas y sus familiares en caso de accidente.
En el ámbito del transporte aéreo, la Unión Europea ha regulado las obligaciones de asistencia a víctimas de accidentes aéreos y sus familiares por parte de las compañías aéreas, y España ha traspuesto la normativa europea en este ámbito.
Accidentes como el del crucero Costa Concordia en el año 2012 hacen recomendable contar con una normativa similar en el ámbito del transporte marítimo. Sin embargo, España no puede avanzar aisladamente en este aspecto, que al igual que en el modo aéreo debe abordarse a nivel internacional.
En este sentido, resulta necesario completar y perfeccionar el marco legislativo en base a un nuevo marco europeo e internacional que asegure una adecuada respuesta ante una emergencia en el ámbito de la actividad de los grandes buques de pasaje, especialmente de la industria del crucero, para lograr
una respuesta coordinada de las distintas administraciones que resulten involucradas y de las compañías navieras, todo ello con el fin de garantizar una asistencia integral a las posibles víctimas y a sus familiares.
"El Congreso de los Diputados considera esencial promover y apoyar cualquier iniciativa que en el marco de la Organización Marítima Internacional y de la Unión Europea suponga iniciar los trabajos y avanzar en una normativa que establezca unos procedimientos comunes relativos a la asistencia a las víctimas de accidentes marítimos y sus familiares, con un enfoque especial en los barcos de crucero, sector cuya actividad ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años y que es generador de riqueza y puestos de trabajo para España."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000471
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a avanzar hacia un sistema de transporte integrado intermodal, para su debate en la Comisión de Fomento.
La mejora de la movilidad es un objetivo compartido por todas las Administraciones Públicas en sus respectivas competencias. Para la consecución de este objetivo, la intermodalidad desempeña un papel clave, permitiendo que los viajeros utilicen en cada momento el medio de transporte más adecuado para sus desplazamientos.
Sin embargo, el propio reparto de las competencias en infraestructuras y servicios de transporte, tanto en el ámbito urbano como en el interurbano, hace que en muchas ocasiones el sistema de transporte sea difícil de entender y de utilizar por parte de los ciudadanos: mapas no integrados entre los distintos modos de transporte, horarios no coordinados, tarifas no compatibles, infraestructuras e inversiones planeadas con una visión fragmentada y con falta de coordinación, son realidades con las que en muchas ocasiones se encuentran los usuarios.
Además, es importante considerar el peso cada vez mayor de las nuevas tecnologías, que si bien se ofrecen como instrumentos valiosos para avanzar en una mejora de la experiencia del usuario del transporte, en ocasiones se diseñan con un ámbito de aplicación restringido que impide una visión global e integrada.
Resulta por tanto esencial avanzar hacia un sistema de transporte integrado que mejore la experiencia del usuario, de forma que le brinde soluciones de movilidad "puerta a puerta" sin que tenga por qué percibir que hay distintas administraciones competentes o distintas empresas tras los servicios que recibe.
Este objetivo también se incluye en el Libro Blanco del Transporte publicado por la Comisión Europea en 2011, donde se recoge la necesidad de definir las medidas necesarias para integrar en mayor medida los distintos modos de transporte de pasajeros para ofrecer viajes multimodales puerta a puerta sin solución de continuidad, así como crear las condiciones marco para fomentar el desarrollo y uso de sistemas inteligentes interoperables y multimodales de confección de horarios, información, sistemas de reservas en línea, y expedición de billetes inteligentes. Entre las medidas que plantea el Libro Blanco se incluye una propuesta legislativa para garantizar el acceso de los prestadores privados de servicios a información de viaje y de tráfico en tiempo real.
Por lo tanto, el avance hacia un sistema de transporte integrado, orientado al ciudadano y basado en la movilidad sostenible debe acometerse en el marco de las distintas iniciativas europeas e internacionales que avancen en este sentido. Ejemplos de iniciativas que pueden contribuir a este objetivo son los programas europeos de infraestructuras de transporte (iniciativa TEN-T), de impulso a la investigación y
desarrollo (Horizonte 2020) o a posibles iniciativas legislativas en el marco de la UE, así como en iniciativas internacionales en el marco del "International Transport Forum" de la OCDE.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de avanzar hacia un sistema de transporte integrado, con enfoque intermodal, orientado al ciudadano y basado en la movilidad sostenible, en el que se mejore la experiencia del usuario proporcionándole soluciones de movilidad punto a punto sin perjuicio por parte de distintas administraciones competentes o distintas empresas tras los servicios que recibe."
161/000472
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la modificación de los pesos y dimensiones del transporte de mercancías por carretera, para su debate en Comisión de Fomento.
El pasado diciembre se aprobó la Orden que modifica el Reglamento General de Vehículos, y que ha incluido en nuestro ordenamiento jurídico la denominada "configuración euro-modular de vehículos pesados", según la cual se permite la circulación en nuestro país de conjuntos de vehículos con una masa máxima de 60 toneladas y una longitud máxima de 25,25 metros -debiendo en todo caso estar supeditada a la obtención de una autorización expedida por el órgano competente en materia de tráfico- y que supone una ampliación muy relevante de las masas y longitudes máximas reguladas en nuestro país.
Sin embargo, es necesario profundizar el estudio de este tipo de medidas que permiten a nuestras empresas reducir los costes logísticos que soportan, permitiéndoles ser más competitivos en los mercados internacionales y en aquellos sectores que tienen riesgos de deslocalización (como por ejemplo, en el sector de la automoción).
No hay que olvidar que nuestra situación periférica en Europa (que nos dificulta hacer llegar nuestros productos a los centros de actividad europeos) y las propias características de nuestro país (baja densidad de población, amplia extensión geográfica) son factores que también aconsejan impulsar esta actuación.
Pero no solo existen razones de eficiencia económica o estratégicas para seguir en este camino. El aumento de la eficiencia de nuestro sistema de transporte daría lugar a una reducción del tráfico de vehículos pesados en nuestro excelente sistema de autovías, que traería como consecuencia un aumento del nivel de seguridad en la circulación, y una reducción tanto de los gases de efecto invernadero como de nuestro consumo de combustibles fósiles, con los efectos medioambientales que ello conlleva.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de analizar la modificación de los pesos y dimensiones del transporte de mercancías por carretera, sobre la base del consenso entre los distintos sectores afectados, con objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de los sectores económicos y la eficiencia y seguridad en el transporte por carretera."
161/000473
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para avanzar en el desarrollo normativo previsto en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, para su debate en la Comisión de Fomento.
La reciente Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario estableció un nuevo marco jurídico con el fin de contribuir al desarrollo de un modelo ferroviario de máxima calidad, reforzando los mecanismos relativos a la seguridad.
Entre sus aspectos más destacables, la ley consolida el rigor en la planificación y construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias, exigiendo que existan las fuentes de financiación suficientes.
En el ámbito del transporte de viajeros se propicia la apertura de la red para potenciar el uso de la alta velocidad mediante la mejora de la calidad y el aumento de la oferta, y se imponen condiciones a los operadores para garantizar un funcionamiento transparente del mercado.
Asimismo, se incluyen nuevas medidas para mejorar la competitividad del transporte ferroviario de mercancías como es una mayor liberalización de los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas, la imposición de mayor transparencia en la actuación de los administradores de infraestructuras, la simplificación del régimen tarifario y de las autorizaciones necesarias, la eliminación de barreras a la entrada, y el impulso del papel de los puertos como administradores de las infraestructuras ferroviarias dentro de su dominio público.
Por otra parte, el texto incluye un nuevo título específico dedicado a seguridad ferroviaria, reforzando la independencia de la Agencia de Seguridad Ferroviaria dotándola de mecanismos propios de financiación. Asimismo, se establece que las empresas deben contar con un plan de asistencia a víctimas, se recogen los derechos de las víctimas de accidentes y se mejora el régimen sancionador, reforzando las sanciones sobre derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad.
Con la entrada en vigor de esta Ley se logró unificar y concentrar en una sola norma el régimen legal completo del modo de transporte por ferrocarril. No obstante, la propia Ley prevé que determinados elementos, dada su especificidad o carácter técnico, podrán ser objeto de un desarrollo reglamentario ulterior.
"El Congreso de los Diputados considera fundamental avanzar en el desarrollo normativo previsto en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, con el objetivo de desarrollar un marco jurídico que permita seguir impulsando un modelo ferroviario de máxima calidad y un transporte ferroviario competitivo."
161/000474
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la actualización de la declaración de Obligaciones de Servicio Público (OSP) de transporte ferroviario de viajeros, para su debate en la Comisión de Fomento.
El fin último del Ministerio de Fomento en materia de transporte terrestre es garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, de la manera más eficiente. Para la consecución de dicho objetivo, a lo largo de la última legislatura se han llevado a cabo actuaciones para el diseño de una oferta de servicios de transporte público combinando los principales modos de transporte terrestre, el autobús y el ferrocarril, de forma que los dos sean complementarios. La elección entre ambos modos debe guiarse por criterios objetivos de eficiencia social, medioambiental y económica.
Así, partiendo del objetivo irrenunciable de garantizar la movilidad de todos los ciudadanos, debe apostarse por aquel modo que, en cada caso, sea más eficiente, suponga menores costes para el ciudadano, y garantice los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del servicio.
Con este planteamiento, el Consejo de Ministros, en sendos acuerdos de 28 de diciembre de 2012 y de 5 de julio de 2013, declaró qué servicios ferroviarios de transporte de viajeros quedarían sujetos a Obligaciones de Servicio Público (OSP) en servicios de media distancia, incluyendo los servicios de velocidad convencional, los servicios de media distancia y alta velocidad (servicios AVANT) y los servicios sobre vía de ancho métrico (antigua FEVE). A estos servicios se unen los servicios ferroviarios de cercanías, también declarados OSP.
En el momento actual, habiendo transcurrido tres años desde la última declaración de OSP en servicios de media distancia, parece necesario revisar la adecuación de la oferta a las condiciones de demanda actuales. Asimismo, es importante tener en consideración que en los próximos meses se va a producir la entrada en servicio de diversas infraestructuras que afectarán a las OSP actuales (nuevas líneas de alta velocidad, nuevas estaciones, etc.).
Por todo ello, resulta necesario trabajar en una actualización de la declaración de las OSP de servicios de transporte ferroviario de viajeros.
Esta revisión debe basarse en criterios de eficiencia global y sostenibilidad, y debe considerar la existencia de modos de transporte alternativos, en particular el mapa de concesiones de autobuses.
"El Congreso de los Diputados considera fundamental que, habiendo transcurrido tres años desde la última declaración de Obligaciones de Servicio Público (OSP) de transporte ferroviario de viajeros, se trabaje en una actualización de la misma basada en criterios de eficiencia global y sostenibilidad, que continúe garantizando la movilidad de los ciudadanos y su adecuación a las condiciones de demanda actuales, teniendo en consideración la entrada en servicio de nuevas infraestructuras ferroviarias que se ha producido y la que se prevé para los próximos meses, así como la existencia de modos de transporte alternativos."
161/000475
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para creación de la Autoridad Estatal del Transporte, para su debate en la Comisión de Fomento.
En la pasada legislatura se produjeron significativos avances en la racionalización organizativa de nuestro sistema de transporte de competencia estatal, siendo especialmente relevante la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Por otro lado, las competencias relacionadas con la inspección y la seguridad en los modos de transporte de competencia estatal se distribuyen históricamente entre diversos organismos, debido a que cada modo tiene unas especificidades que condicionan la forma en la que se gestionan todas las actuaciones relacionadas con la seguridad.
Sin embargo, las nuevas necesidades de la sociedad y de un sistema de transporte cada vez más complejo y especializado, obligan a modificar nuestra estructura con el objetivo de ganar en eficiencia y eficacia.
Es necesario por tanto unificar las competencias relativas a inspección y seguridad en los modos de transporte de competencia estatal en un único organismo, consiguiendo así una mayor fortaleza institucional, y por consiguiente, una mayor capacidad, autonomía y disponibilidad, y un aumento de la eficacia, tanto desde un punto de vista económico, consecuencia de la gestión unificada de servicios comunes, como desde un punto de vista de la seguridad, al conseguir una mejor gestión del conocimiento y una mayor adaptabilidad al progreso tecnológico en el que está inmerso nuestro sistema de transporte.
"El Congreso de los Diputados considera fundamental desarrollar las actuaciones que permitan la creación de la Autoridad Estatal del Transporte, con objeto de disponer de un organismo único cuyo objeto sea supervisar, preservar y promover la seguridad en el transporte en beneficio de los ciudadanos y de la actividad económica."
161/000476
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para adaptar el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para su debate en la Comisión de Fomento.
La Ley 9/2013, de 4 de julio, modificó sustancialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. La citada ley, con casi 30 años a las espaldas y numerosos retoques, resultaba obsoleta en relación a la situación actual del transporte por carretera y necesitaba, por otra parte, adaptarse a la más reciente normativa comunitaria.
La modificación de la ley persiguió, básicamente, tres objetivos: mejorar la competitividad y eficiencia del sector del transporte, mejorar el servicio público de transporte de viajeros y mejorar las condiciones de competencia en el mercado a través del perfeccionamiento de las reglas de control y del régimen sancionador anteriormente vigente.
La consecución de los citados objetivos obligó a importantes cambios en la norma que obligan a actualizar el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre a la nueva regulación, con objeto de consolidar y desarrollar convenientemente los preceptos recogidos en la Ley 9/2013 y dar mayor seguridad jurídica al conjunto del sector, como por ejemplo en los requisitos de acceso al mercado, la forma de gestión de los transportes públicos regulares de viajeros, o los diferentes órganos de consulta como el Comité Nacional del Transporte por Carretera o el Consejo Nacional del Transporte Terrestre, entre otros, siguiendo en cualquier caso la línea marcada por la Unión Europea y los diferentes Reglamentos comunitarios dictados en materia de transporte terrestre.
"El Congreso de los Diputados considera fundamental adaptar el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a las modificaciones introducidas en la misma por la Ley 9/2013, de 4 de julio, con objeto de garantizar un óptimo desarrollo de esas modificaciones y con el fin de avanzar en la seguridad jurídica."
161/000477
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para desarrollar la regulación de las actividades en las que intervienen aeronaves tripuladas por control remoto, para su debate en la Comisión de Fomento.
La aprobación del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que a continuación se tramitó como Ley 18/2014, de 15 de octubre, ha permitido establecer una primera regulación para la realización de actividades con aeronaves tripuladas por control remoto, conocidas popularmente como drones.
Este novedoso marco normativo ha facilitado el crecimiento de un nuevo sector económico que apunta a un importante desarrollo en los próximos años, por cuanto permite la realización de un buen número de actividades aéreas de manera mucho más eficiente y respetuosa con el medio ambiente al reducir los costes de operación y las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Así, y según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, ya se han registrado más de mil operadores de drones dedicados a las más variadas actividades; desde las destinadas a la filmación o al levantamiento topográfico hasta las dedicadas a la búsqueda y el salvamento, sin olvidar otras muchas como las de tratamiento fitosanitario, calibración de equipos, exploración meteorológica, marítima, geológica, petrolífera o arqueológica, o las de enlace y repetición de señales de radio o televisión.
Sin duda, una excelente iniciativa normativa, aprobada con carácter temporal y cuyo fin respondía a la necesidad de facilitar las oportunidades del sector conforme al estado de la técnica y la seguridad aérea. Confirmada esa creciente trayectoria de actividad, es preciso sustituir la norma temporal por una regulación nueva y definitiva que regule exhaustivamente el régimen de uso de estas aeronaves, con nuevas facilidades operativas a fin de facilitar su despliegue en nuevos ámbitos económicos.
"El Congreso de los Diputados considera fundamental desarrollar reglamentariamente la actual regulación de las operaciones en las que intervienen aeronaves tripuladas por control remoto, a fin de facilitar el crecimiento de un sector económico emergente, con amplias posibilidades de desarrollo, en las necesarias condiciones de seguridad para las personas, los bienes y las cosas."
161/000442
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a introducir una mayor agilización en la convalidación y homologación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
En el mundo globalizado actual la movilidad de personas es un fenómeno en constante expansión. Estos desplazamientos cuando son familiares implican la necesaria escolarización de los menores conforme a la regulación vigente en ese territorio y, a su regreso, homologar y convalidar los estudios cursados en el extranjero.
La homologación de títulos obtenidos y de estudios cursados conforme a sistemas educativos extranjeros supone el reconocimiento parcial o total al título académico correspondiente y con validez oficial en toda España.
Por su parte, la convalidación de estudios extranjeros de educación no universitaria implica la declaración de la equivalencia de estos estudios con los correspondientes españoles. El reconocimiento y declaración, en cada caso, permitirá a los estudiantes continuar con su formación.
En estos supuestos los poderes públicos deben gestionar con la máxima celeridad los trámites establecidos, evitando demoras innecesarias y dificultades que puedan tener consecuencias negativas para la movilidad de las personas y la inserción social a su regreso.
Las competencias sobre homologación de títulos y convalidación de estudios extranjeros no universitarios corresponden al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y desde el 1 de enero de 2009 a la Comunidad Autónoma de Galicia y a la Generalitat de Cataluña, y desde el 1 de julio de 2011 a la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales, siempre de acuerdo con los criterios previamente establecidos para homogeneizar y armonizar la homologación y convalidación de estudios.
La regulación actual de estos trámites está prevista en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria, que detalla la forma de solicitar la convalidación y homologación. Sucesivas órdenes han ido completando y definiendo el régimen jurídico aplicable, en especial, los documentos que se deben aportar para la tramitación del expediente.
Según el Informe 2015 sobre "El estado del sistema educativo", del Consejo Escolar del Estado, en el año 2014 se presentaron un total de 22.977 solicitudes. El número de expedientes resueltos fue de 22.564, con independencia de su año de iniciación, siendo favorables 19.605, denegatorios 140 y teniendo otras formas de terminación un total de 2.819 solicitudes.
La Administración Pública debe resolver los expedientes de acuerdo a los principios de eficacia y eficiencia, sin dilatar los procedimientos para facilitar la movilidad de las familias y la reincorporación de los hijos al sistema educativo español mediante la automatización y la simplificación de los trámites burocráticos.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de desarrollar medidas de automatización y agilización en la gestión de la homologación y convalidación de los estudios educativos extranjeros de educación no universitaria, con las debidas garantías de seguridad y fiabilidad, con el objetivo de facilitar la movilidad de las familias y la efectiva incorporación de sus hijos al sistema educativo español."
161/000456
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la tasa de idoneidad en el sistema educativo español, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La tasa de idoneidad es el porcentaje del alumnado que se encuentra matriculado en el curso teórico que por su edad le correspondería.
Un elevado porcentaje de alumnos que repiten uno o dos cursos es un indicador asociado a un bajo rendimiento educativo, a una alta tasa de abandono educativo temprano y, en consecuencia, a un mayor riesgo de exclusión social.
En España, y a pesar de haberse reducido, aún una quinta parte de los alumnos españoles deja los estudios antes de finalizar la etapa obligatoria, un tercio repite curso, y casi una cuarta parte finaliza sus estudios hasta 2 años más tarde que el resto de sus compañeros, unas ratios que se sitúan por encima de la media de los países de la OCDE.
Además las tasas de idoneidad van descendiendo en el conjunto del territorio nacional. Si con 10 años la tasa de idoneidad es del 89,4 %, cuando se inicia la educación secundaria, a la edad de 12 años, es del 84,4 %, es decir el 15,6 % del alumnado ya no inicia los estudios de secundaria a la edad adecuada y, al llegar a la edad de los 15 años la tasa de idoneidad es solo del 63,6 %.
Si bien hay que reconocer que estos porcentajes han mejorado en estos últimos años en 2,6 puntos, pasando de una tasa de idoneidad del 61 % a la dad de 15 años en el curso 2010/2011 al 63,6 % en el curso 2013/2014.
Se concluye que el retraso se va acumulando a medida que los alumnos transitan por el sistema reglado, lo que constituye una anomalía del sistema educativo español que es preciso abordar.
La OCDE en su informe "Estrategia de Competencias 2015" estima que España ha acometido una serie de reformas encaminadas a mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia de los centros de educación secundaria. Y destaca de entre estas reformas, la introducción de programas curriculares estructurados en torno al desarrollo de competencias y la modernización de la Formación Profesional.
Pero reconoce que los índices de repetición de curso, abandono escolar prematuro y finalización tardía de los estudios siguen siendo elevados y costosos. Por ello, recomienda la necesidad de mantener este esfuerzo por mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia de la enseñanza obligatoria.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) ha abordado esta cuestión para lograr el éxito escolar al regular la evaluación y promoción en las diferentes etapas educativas, y al prever la realización de diagnósticos precoces y el establecimiento de mecanismos de refuerzo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
"El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de:
- Establecer y alcanzar el objetivo de incrementar la tasa de idoneidad, similar a la tasa del conjunto de la media de los países de la OCDE y de la UE, en condiciones que permita a los alumnos promocionar de curso cumpliendo los objetivos y el grado de adquisición de competencias, mediante acciones educativas de calidad.
- Impulsar en el seno de la Unión Europea la inclusión como un nuevo objetivo y punto de referencia europeo, en el marco de la Estrategia Educación y Formación de la Unión Europea, el de la tasa de idoneidad.
- Realizar un seguimiento de la evolución de las tasas de idoneidad alcanzadas por curso escolar en las diferentes etapas educativas obligatorias, a través de la Comisión de Estadística de la Conferencia Sectorial de Educación.
- Impulsar la colaboración entre los centros y administraciones educativas de experiencias compartidas en la adopción de medidas pedagógicas, especialmente en educación infantil y primeros cursos de primaria, que permitan la detección y atención a las necesidades educativas.
- Favorecer la coordinación entre los equipos docentes de las etapas educativas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
- Impulsar la colaboración de la familia-escuela y la incentivación a la labor del profesorado mediante formación en las metodologías de enseñanza y la evaluación de su impacto, con la finalidad de lograr el éxito escolar."
161/000457
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de una Estrategia Española para la Educación Superior, para su debate en la Comisión de Educación.
El Sistema Universitario en España, con más de 1,5 millones de estudiantes, se asienta sobre una arquitectura compleja basada en la autonomía universitaria reconocida en la Constitución, la transferencia de competencias en la materia a las comunidades autónomas y el deber del Estado de articular las políticas universitarias.
Las universidades españolas participan en la construcción de nuestra sociedad a través de la formación de ciudadanos cultos, libres, críticos, creativos con los mejores conocimientos, habilidades y competencias. Asimismo, las universidades españolas cumplen con la función social de generar y transmitir conocimiento, impulsando la investigación e innovación, aspectos esenciales para mejorar su posicionamiento internacional y para convertirlas en la verdadera palanca sobre la que promover la economía del conocimiento, especialmente en las regiones donde se encuentran.
La Agenda Europea 2020 para la educación superior marcada por la Comisión Europea, así como las recomendaciones emanadas de los comunicados de los ministros del Espacio Europeo de Educación Superior, tienen como objetivo promover un sistema universitario competitivo con una visión holística, a través de universidades internacionalmente excelentes pero también relevantes en el territorio en que se asientan.
Las Universidades más competitivas se caracterizan por tener modelos flexibles de gestión, ser internacionalmente reconocidas y formar a los alumnos en las competencias que el mercado laboral exige. Por ser intensivas en investigación especializada, por ser protagonistas principales en los procesos de innovación abierta y por ser pioneras en el empleo de las tecnologías digitales.
Durante los pasados años, las medidas dirigidas a alcanzar estos objetivos han sido numerosas, siendo ejemplos el Programa Campus de Excelencia Internacional o la Estrategia para la Internacionalización de la Universidad Española.
Sin embargo, aún necesitan promover, mejorar, y lo que es más importante, coordinar entre administraciones, instituciones y agentes implicados en la educación superior, diferentes aspectos que preocupan al mundo universitario en particular y a la sociedad en general. Estos objetivos se deben acometer con urgencia en el marco de una Estrategia Española para la Educación Superior, con la participación y compromiso de todos los agentes implicados.
La Estrategia Española para la Educación Superior debe ser un compromiso compartido entre el Estado, las comunidades autónomas, instituciones, organizaciones y colectivos implicados en la educación superior con el objetivo de establecer un horizonte común, con una duración de, al menos 5 años, y que
pueda evaluarse a través de informes e indicadores de seguimiento y cumplimiento de los que deberá estar informado el Congreso de los Diputados.
Asimismo, la Estrategia Española para la Educación Superior deberá estar alineada con la Agenda Educativa Europea 2020, el Horizonte 2020 y la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación, así como establecer las sinergias y relaciones entre todos los niveles de educación superior (enseñanzas universitarias, artísticas superiores, formación profesional de grado superior, de artes plásticas y diseño de grado superior y enseñanzas deportivas de grado superior).
"El Congreso de los Diputados considera conveniente que el Gobierno coordine la elaboración de la Estrategia Española para la Educación Superior con la implicación de los diferentes departamentos ministeriales, comunidades autónomas, universidades, instituciones y agentes implicados en la educación superior.
Esta Estrategia debe perseguir, entre otros, los siguientes objetivos:
1. Ubicar a los alumnos en el centro de la Estrategia y formarlos en competencias para que alcancen los resultados de aprendizaje que le faciliten el acceso al mercado laboral así como su formación a lo largo de la vida.
2. Establecer sistemas más flexibles en los que la autonomía universitaria junto con la rendición de cuentas, facilite un modelo de financiación estable y plurianual, asentado en la autonomía de las instituciones y en la rendición de cuentas en docencia, investigación y transferencia de conocimiento.
3. Promover en las universidades la internacionalización y la especialización que facilite su competitividad, diferenciación y atracción de talento y recursos.
4. Establecer una carrera académica previsible con las escalas que requiere un sistema que reconozca mejor los méritos y capacidades de los profesores universitarios a través de un estatuto del personal docente e investigador.
5. Impulsar la relevancia, modernización, especialización e internacionalización de las instituciones de educación superior, asegurando una educación superior inclusiva entre estudiantes, profesores y personal de administración.
6. Garantizar un modelo de becas y ayudas al estudio, nacionales e internacionales, basado en la cohesión social y el acceso al mercado laboral.
7. Intensificar la movilidad y la relación entre las Universidades, los Organismos Públicos de Investigación y las Empresas, tanto para facilitar el empleo a los egresados como para incrementar la competitividad del sector empresarial a través de actividades innovadoras y la excelencia en investigación.
8. Incrementar la relación y la presencia de la sociedad en las instituciones de educación superior y de estas en la sociedad, fomentando, asimismo, la relación entre los diferentes agentes en educación superior, investigación e innovación tanto públicos como privados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000469
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a combatir el fraude laboral a la Seguridad Social, incidiendo en las irregularidades derivadas de las prácticas académicas externas en empresas, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
La lucha contra el fraude laboral ha sido y sigue siendo una prioridad para el Gobierno del Partido Popular, junto con la creación de empleo estable y de calidad, la activación para el empleo de las personas desempleadas y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
Este Plan ha tenido unos resultados muy positivos, en términos de empleos irregulares aflorados, empresas ficticias descubiertas y de contratos temporales fraudulentos convertidos en contratos indefinidos, con un impacto económico de aproximadamente 13.000 millones de euros desde 2012 hasta finales de 2015.
Debemos destacar el papel jugado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en este balance positivo, reafirmándose como una institución esencial para continuar mejorando la estabilidad y la calidad en el empleo.
La aprobación de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha puesto en marcha un nuevo modelo de Inspección, que permite reforzar la coordinación y la eficacia en la actuación al servicio de los trabajadores, de los empresarios y de la sociedad en su conjunto. Se crea, además, una Oficina de lucha contra el fraude, que será un instrumento eficaz para luchar contra el empleo sumergido, el fraude laboral y a la Seguridad Social.
En definitiva, desde el Gobierno del Partido Popular se han desplegado medios y se ha actuado con gran contundencia ante una situación que menoscaba los derechos de los trabajadores y provoca competencia desleal hacia la gran mayoría de empresarios que cumplen con normalidad la legislación laboral y de Seguridad Social.
Sin embargo, no podemos obviar -a pesar del éxito de las medidas adoptadas- que la erradicación definitiva de esta lacra no ha sido posible y a día de hoy siguen existiendo situaciones de fraude laboral a las que entre todos debemos hacer frente. Tampoco podemos pasar por alto que en la nueva realidad del mercado de trabajo, han proliferado nuevas formas de irregularidades relacionadas con la contratación.
Los estudiantes universitarios o jóvenes recién graduados se encuentran entre los colectivos más vulnerables y propensos a padecer algún tipo de fraude laboral, a causa de una mala aplicación por parte de ciertas empresas de las denominadas prácticas académicas externas.
El principal objetivo de las prácticas externas en empresas es el de favorecer la incorporación de los universitarios al mercado de trabajo y tienen finalidad formativa. En julio de 2014 se aprobó el Real Decreto 592/2014 por el que se regulan estas prácticas, y donde entre otras disposiciones y medidas se establece en el artículo 2.3 que: "de su realización no se derivarán, en ningún caso obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo". A pesar de que la regulación es clara y tajante al respecto y que la gran mayoría de entidades se atienen a la legalidad, es una realidad que existen empresas incumplidoras que utilizan a los estudiantes en prácticas para sacar rédito económico y empresarial a costa del estudiante aprendiz.
Es por ello, que entre todos debemos luchar para que las prácticas académicas externas en empresas cumplan estrictamente la finalidad formativa para las que han sido creadas, para que los jóvenes no padezcan jornadas maratonianas, responsabilidades que exceden su función o tareas ingratas ajenas a su cometido.
Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude y hacer frente a las conductas insolidarias e injustas.
"El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de:
- Continuar combatiendo el fraude laboral y a la Seguridad Social en toda su extensión y a todos los efectos.
- Intensificar las actuaciones de los organismos públicos competentes para combatir las irregularidades derivadas de las prácticas académicas externas en empresas, ya que afectan a un colectivo especialmente vulnerable como son los estudiantes universitarios o recién graduados."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre Destinos Turísticos Inteligentes, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
La transferencia de las competencias turísticas a las CCAA limita la actuación del Gobierno central en el territorio que, en los últimos veinte años, se ha articulado vía planes de actuación (PICTE, Futures I, Futures II, el Plan Horizonte 2020 o el más reciente Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015). Los proyectos de Destinos Turísticos Inteligentes se postulan ahora como un instrumento estratégico y una gran oportunidad para articular una línea de acción que dé continuidad a los planes de intervención en el territorio, los Planes de Competitividad Turística, que actualmente se encuentran en fase de justificación y cierre.
Es innegable que el marco en que nacieron los primeros planes de excelencia nada tiene que ver con el panorama actual, caracterizado por la economía del conocimiento y la innovación, la influencia de elementos transversales como la tecnología, la sensibilización hacia la sostenibilidad o la accesibilidad universal, que son precisamente los ejes sobre los que pivota el proyecto de los destinos inteligentes.
El establecimiento de nuevos planes en el territorio debería, por tanto, dar respuesta a estas características que requieren flexibilidad y rápida adaptación. La tecnología ha cambiado la forma de planificar y reservar los viajes, pero también la forma de disfrutarlos y compartirlos. El perfil del turista ha cambiado mucho en los últimos años. Es exigente, multicanal, independiente, busca la mejor relación calidad-precio, espera recibir un servicio personalizado y necesita poder estar conectado de forma permanente. Además, demanda experiencias auténticas, destinos que ofrezcan una oferta turística diferencial, coherentes con el entorno natural, social y cultural.
Por el lado de la oferta, empresas y gestores del destino deben evolucionar para poder dar respuesta a este nuevo turista digital en todo el ciclo del viaje (antes, durante y después). Promoción, comercialización, prestación de servicios en el destino, se imponen a una renovación integral en los destinos que no repita o modifique viejos patrones, sino que cree un nuevo modelo. El objetivo final es que el destino sea sostenible a largo plazo económica, socio-cultural y medioambientalmente. Para ello el sector empresarial, las administraciones públicas, entes y agentes locales, centros tecnológicos y universidades entre otros, deben coordinarse y colaborar para lograr este objetivo.
Además, sabemos que el turismo es una industria global muy competitiva y en permanente evolución. En este contexto cambiante en el que cada día aparecen nuevas propuestas en todo el mundo para atraer turistas, la innovación junto con la sostenibilidad, la accesibilidad universal y el uso de las tecnologías se convierten en aliados indispensables para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos. Estamos asistiendo a la creación del nuevo modelo turístico del siglo XXI.
A este nuevo modelo se le ha denominado Destino Turístico Inteligente (DTI). Ya no se trata solamente de ofrecer lo que el turista necesita de forma aislada, sino de anticiparse a sus aspiraciones. Se trata de un destino capaz de innovar implementando nuevos sistemas que permitan el análisis de múltiples fuentes de información y que coloque al turista en el centro de la acción, siendo no solo beneficiario sino también contribuyendo él mismo a muchos servicios con los datos e información que genera a través de una multitud de microexperiencias a lo largo del viaje.
Sin duda, el programa de Destinos Turísticos Inteligentes debe ser uno de los pilares de la política turística de España, dado su valor estratégico, sus efectos sobre la competitividad de los destinos, sobre la experiencia del turista, la sociedad receptora y la mejora del posicionamiento de la marca-país España y de sus destinos, asociadas a una imagen de modernidad, que encuentran en el turismo uno de sus vectores más potentes.
En 2015, el sector turístico español fue considerado el más competitivo del mundo, según el Índice de Competitividad Turística del Foro Económico Mundial, pero si España desea mantener su posición de
liderazgo turístico mundial, deberá apostar por una mejora constante y esta iniciativa de los destinos inteligentes ha sido una de las grandes apuestas de la política turística española de los últimos años. Gracias a ella, España se está consolidando como líder en la implantación de una metodología única en el mundo para la transformación de los destinos hacia un nuevo modelo basado en la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología como eje vertebrador. Se trata de una gran oportunidad para la Administración Turística de España a todos los niveles territoriales para diferenciarse en el entorno competitivo internacional vía este nuevo modelo turístico.
La decisión de convertirse en DTI supone el establecimiento de una estrategia de revalorización del destino que permita aumentar su competitividad, mediante un mejor aprovechamiento de sus atractivos, la creación de otros recursos innovadores y la mejora en la eficiencia de los servicios que finalmente impulse el desarrollo sostenible y facilite la interacción del visitante con el destino. Para ello, será necesario contar con un ente gestor del destino turístico inteligente, que asuma el liderazgo, planifique y asegure el cumplimiento de los objetivos establecidos a través de diferentes acciones. Previamente, los destinos turísticos deben conocer su propia realidad mediante la realización de un diagnóstico de situación con el fin de planificar su estrategia en base a un Plan Director.
Este sistema de gestión es aplicable a todo destino turístico, independientemente de su tipología (vacacional, de compras, enogastronómico, de negocios, de naturaleza, cultural, de mayores, etc.), puesto que es un sistema flexible que permite a cada destino personalizar sus objetivos y definir sus propias acciones para lograrlos. Entre los beneficios de la implementación de esta iniciativa a nivel nacional destacan:
- Creación de sinergias positivas en base a una estrategia común.
- Mejora de la experiencia del turista antes, durante y después del viaje.
- Mayor competitividad y mejora del posicionamiento turístico.
- Eficiencia en la gestión mediante la incorporación de la innovación y de la gestión de los datos ("Big Data" y "Open Data") como factor clave, así como de herramientas tecnológicas orientadas a realizar estos objetivos.
- Mejora de la conectividad de personas, empresas, servicios y destinos.
- Mejora de la sostenibilidad en sus tres vertientes: ambiental, social y económica.
- Mejora de la accesibilidad universal, que es un derecho y abre un mercado de cientos de millones de personas en todo el mundo.
- Incremento de la calidad de vida de los residentes.
El distintivo "Smart Destinations", creado para certificar la puesta en marcha de esta iniciativa por los destinos, genera muchas expectativas y ya cuenta con gran reconocimiento, tanto dentro como fuera de España. El proyecto ha tenido gran acogida entre las entidades locales y sector privado, que rápidamente han mostrado interés en el mismo, y cada vez son más destinos los que solicitan adherirse al proyecto. Desde el lanzamiento del programa, se han llevado a cabo con éxito 11 experiencias piloto que han servido para sentar las bases de una iniciativa que está marcando el futuro de la industria turística. Durante este tiempo, la Administración turística española, a través de la sociedad estatal SEGITTUR, ha acumulado un "know-how" único en el mundo con enorme potencial para que nuestro país pueda continuar a la cabeza del ranking mundial de competitividad.
2. Poner en marcha un nuevo modelo de planes territoriales basados en la metodología de los Destinos Turísticos Inteligentes que den continuidad a los Planes de Competitividad Turística."
161/000421
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas de fomento del turismo de compras, para su debate en Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Con el desarrollo de nuevas tendencias en el panorama turístico actual, diversos tipos de turismo han adquirido una relevancia especial, como es el caso del turismo de compras.
El turismo de compras o "shopping" ha sido siempre una actividad presente en los viajes, ya sea de forma complementaria o principal. Hace unos años era un accesorio para el viaje pero hoy en día se convierte en una de las causas por las que elegir destino.
El turismo de compras se ha convertido, por tanto, en uno de los principales motores económicos para el desarrollo del sector turístico y comercial en muchos países.
Tal y como ha comentado el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Talef Rifai "las compras es una de las actividades relacionadas con el turismo en todas partes del mundo, puesto que se suele hacer en familia o en grupo y además anima a gastar dinero, lo que ayuda a la economía".
Dentro de este segmento, China es uno de los mercados con mayor potencial. Este país se sitúa como la región más dinámica del mundo en términos económicos, demográficos y turísticos.
Las cifras de turismo emisor chino y de gasto realizado en sus viajes al exterior revelan un crecimiento sostenido en los últimos años y auguran un incremento de esas cifras en el corto y medio plazo.
Según las cifras de la China National Tourism Administration (CNTA), en los últimos años el turismo emisor chino ha registrado un crecimiento medio anual del 15 %, pasando de 34 millones de turistas chinos en el año 2006 hasta alcanzar los más de 97 millones en 2013. Así mismo, según los datos de gasto turístico emisor de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2012 China se situó en la primera posición del ranking mundial por volumen de gasto en sus viajes al extranjero, superando a Alemania y Estados Unidos que en los últimos años habían ocupado la primera y segunda posición respectivamente.
El Grupo Parlamentario Popular es consciente de los esfuerzos realizados por el Gobierno de España en la agilización de los visados en mercados como el chino y el ruso. Además es constatable el crecimiento en la política de promoción segmentada que se ha realizado con el objetivo de captar turistas de alto poder adquisitivo y con motivaciones diferentes al de sol y playa. Asimismo el Plan de Turismo de Compras con medidas que implican a cuatro Ministerios también ha conseguido grandes avances en la captación de estos turistas como reflejan las cifras obtenidas.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar adoptando medidas de fomento del turismo de compras con especial atención al mercado chino y demás mercados emergentes."
161/000424
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para continuar fortaleciendo la conectividad internacional de España, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
La progresiva e imparable globalización que caracteriza el panorama internacional viene imponiendo la necesidad de fortalecer la conectividad de nuestro país más allá de nuestras fronteras para garantizar su presencia en el escenario global, y facilitar así la proyección exterior de las empresas españolas y el fortalecimiento de alguno de nuestros sectores estratégicos como el del turismo.
Con más de 200 millones de pasajeros al año, una moderna red de aeropuertos gestionada por el primer operador aeroportuario del mundo, AENA, y un sistema de control de la navegación aérea de referencia internacional, España ocupa uno de los primeros lugares en el escalafón de la aviación civil mundial.
Esa fortaleza y la importante capacidad para absorber nuevas demandas son las piezas clave para incrementar la conectividad entre nuestro país y aquellos donde la conectividad aérea se encuentra plenamente liberalizada, como los del espacio europeo comunitario; y también con los países donde es necesario establecer un marco de actuación regulado mediante un convenio internacional en el que se fijan las condiciones y dimensión de esa conectividad.
Así, la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales de transporte aéreo con terceros países o la modernización de los ya existentes, singularmente aquellos de alto valor estratégico para España, debe ser una prioridad del Gobierno por cuanto pueden contribuir de manera decisiva al crecimiento económico y la creación de empleo.
En esa línea, deben tenerse muy en cuenta las oportunidades que ofrece la apertura de nuevos canales de comunicación con mercados tan relevantes como los del continente asiático hacia los que nuestro país debe prestar cada día una atención más especial.
161/000468
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a los emprendedores y a las PYMES turísticas, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Los emprendedores y los empresarios innovadores son una pieza clave en la regeneración del sector turístico español, por ello el Gobierno del Partido Popular ha apostado por ellos.
Desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de que con el programa "Emprendetur" se apoya específicamente a proyectos de jóvenes emprendedores y de emprendedores innovadores en el sector turístico.
Estas líneas de financiación han facilitado, desde su primera convocatoria en 2012, el desarrollo de modelos de negocio innovadores que mejoran la competitividad y la rentabilidad del sector turístico español.
Las líneas Emprendetur dan respuesta a una de sus principales necesidades y demandas consistente en facilitar el acceso a la financiación. Con las líneas Emprendetur se cumple con el compromiso adquirido
en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) por el que se establecen los mecanismos para apoyar a los emprendedores, tanto a jóvenes como a empresas innovadoras.
Además, pretenden estimular la capacidad innovadora en el seno de la industria turística española y aprovechar las oportunidades de negocio aún por explorar en nuestro país aprovechando el desarrollo de las nuevas tecnologías. De hecho, el turista es cada vez más digital, multiconectado y multicanal. Las nuevas tecnologías pueden ofrecer y están ofreciendo una serie de servicios que mejoran la experiencia del turista y su interacción con el destino.
Por otro lado, las tecnologías nos aportan información sobre qué hacen y qué les gusta hacer a los turistas cuando vienen a nuestro país. Y por último y no menos importante, que nos permita ser más eficiente en la gestión.
A modo de resumen, las líneas Emprendetur constan de varios programas:
- Línea Jóvenes Emprendedores: Facilitan el desarrollo de modelos de negocio innovadores que mejoren la competitividad y rentabilidad del sector turístico español, fomentan la incorporación al tejido turístico empresarial de jóvenes emprendedores innovadores, y apoyan la puesta en marcha de los proyectos innovadores desarrollados por jóvenes emprendedores.
- Línea I+D+i: Apoyan la investigación y desarrollo aplicado a productos del sector turístico y fortalecen los procesos de I+D+i en el sector turístico.
- Línea Productos Innovadores: Impulsan el desarrollo de productos turísticos innovadores y mejoran la competitividad y rentabilidad del sector turístico español.
- Emprendetur Internacionalización: pretende la proyección internacional de empresas españolas innovadoras en el sector turístico.
Asimismo, el pasado 18 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó la convocatoria de Emprendetur para 2016, dotada con 45 millones de euros.
"El Congreso de los Diputados considera necesario que se siga apoyando a los emprendedores y a las PYMES turísticas a través de líneas de ayuda que fomenten la innovación, el talento y la integración de las nuevas tecnologías en el sector, así como su internacionalización y salida al exterior."
161/000483
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El trabajo conjunto de ciudades, administraciones, industrias y organismos normalizadores ha creado en España un ecosistema propicio para el desarrollo de las ciudades inteligentes reconocido por el número y calidad de sus iniciativas. Nuestro modelo está caracterizado por la existencia de un diagnóstico compartido y un acuerdo respecto las características de los instrumentos de intervención más adecuados para seguir impulsando la transformación de nuestras ciudades, la calidad de vida de nuestras comunidades y la capacidad exportadora de nuestra industria.
Los acuerdos básicos que han movilizado este consenso parten de considerar, tal como hace el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, que:
- Las ciudades son el ámbito de intervención en el que la ciudadanía puede implicarse, con más claridad, en la resolución de problemas públicos de carácter global.
- Es necesario extender el concepto de Ciudad Inteligente ya que muchos de los problemas públicos a resolver no coinciden con los límites de la ciudad. En este sentido se habla de Destinos Turísticos Inteligentes, Islas Inteligentes, y Territorios Rurales Inteligentes.
- Para orientar los esfuerzos de las ciudades en su proceso de transformación, el conjunto de los actores (ciudades, administraciones, industria y expertos) ha impulsado la normalización de los elementos que constituyen una Ciudad Inteligente. Las normas orientan a las ciudades en la formulación de sus proyectos y enfoca la producción industrial hacia sus necesidades; ya se han publicado 15 normas y hay 5 más que se publicarán en breve plazo. Las normas españolas han sido presentadas internacionalmente (Unión Internacional de Telecomunicaciones, Singapur, enero 2016) y siete de ellas han sido consideradas como documentos de trabajo para redactar la futura normativa internacional. El próximo mes de mayo España presentará sus propuestas en la reunión de este organismo que se celebrará en Ginebra.
- Se trata de unas necesidades y un mercado en expansión. Hogares y empresas han realizado esfuerzos sostenidos para digitalizarse y debido a ello algunos segmentos de esos mercados han llegado a sus límites. Existe, por el contrario, un consenso generalizado respecto al notable crecimiento del mercado asociado a las Ciudades Inteligentes, buena parte de la futura demanda estará enmarcada por estas iniciativas que harán un uso intensivo de la llamada Internet de las Cosas y de plataformas de ciudad para gestionar datos, servicios y participación de formas novedosas. Un reciente dictamen del Comité Económico y Social Europeo ha concluido que las Ciudades Inteligentes son "motor de una nueva política industrial europea" (2015/C 383/05). Es igualmente reconocido que España cuenta con una industria que compite ya con éxito mundial y un significativo número de empresas que pueden abrir nuevos mercados al afrontar problemas de forma original o definir nuevos servicios.
- El uso de las tecnologías permite a las ciudades ser más transparentes, más participativas, más productivas y con mejor calidad de vida, a la vez que las posibilita prestar mejores servicios públicos con un menor coste y una mayor satisfacción de la ciudadanía. El consenso existente valora positivamente la rica variedad de enfoques con las que cada comunidad ha desarrollado este concepto y, detecta dos riesgos que deben ser objeto de atención preferente:
? Garantizar un acceso igualitario a los servicios públicos exige profundizar en el despliegue de infraestructuras, muy particularmente en el caso del mundo rural.
? Un mundo caracterizado por el despliegue masivo de la llamada Internet de las Cosas y la generalización de plataformas de ciudad para que integren la prestación de los servicios exige realizar un énfasis en la ciberseguridad.
Para estructurar y movilizar el consenso existente entre todos los agentes el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes promovió un foro de diálogo estable entre administraciones, ayuntamientos e industria, por lo que se constituyó el Foro Sectorial de Ciudades Inteligentes.
"El Congreso de los Diputados, en línea con el consenso articulado en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, considera necesario:
- Estudiar la ampliación, dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de los fondos asignados a las convocatorias del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes: "Convocatoria de Islas Inteligentes de la Agenda Digital para España" y "Segunda Convocatoria de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España", dado el alto número de proyectos presentados por ciudades e islas ratificando la necesidad de estas políticas.
- Elaborar en diálogo con la FEMP y las Comunidades Autónomas, un modelo de Ciudad Inteligente apropiado al mundo rural, para garantizar la igualdad de derechos de la ciudadanía con independencia de su lugar de residencia. Promoviendo proyectos que identifiquen necesidades singulares de estos entornos y modelicen sus soluciones.
- Impulsar internacionalmente la normativa española de ciudades inteligentes en ámbitos que resultan de interés para nuestras ciudades y nuestra industria: "Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas integrales de gestión de la Ciudad Inteligente", "Destinos Turísticos Inteligentes", "Territorios Rurales Inteligentes", "Datos Abiertos".
- Promover la ciberseguridad mediante la investigación, diseño e implementación de soluciones que puedan extenderse al conjunto de las ciudades.
- Institucionalizar el modelo de gobernanza del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes publicando el real decreto por el que el Foro Sectorial de Ciudades Inteligentes se convierta en Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes."
161/000384
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en apoyo de la caza, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Desde la VI Legislatura (1996-2000) el Grupo Parlamentario Popular trae al ámbito del Congreso de los Diputados, y por ello, de la acción política, problemas que afectaban a la actividad de cazar, y desde este ámbito hemos contribuido a la solución de algunos de ellos.
Esta receptiva y positiva actitud en relación con la caza trae causa de reconocer el importante peso que tiene en el ámbito de la economía del medio rural como generadora de renta y empleo consecuencia de un turismo cinegético que se practica fundamentalmente en otoño e invierno, y reportan un claro beneficio económico y social para las zonas geográficas en las que se practica esta actividad.
Si bien la razón antes expuesta es importante, no es menos cierto y hoy cuenta con amplio apoyo, que las poblaciones de fauna y los espacios naturales requieren gestión para su adecuada conservación ya que en caso contrario, por sobrepoblación y por falta de atención, la naturaleza se acaba degradando, y la caza es un útil instrumento de gestión. Esta actividad, la caza, además forma parte de nuestra historia y tradiciones hasta el punto que ciertas modalidades solo existen o surgen en nuestro país.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, en absoluto respeto a la libertad individual y colectiva, siempre que esta no afecta a la de otras personas, hemos considerado necesario prestar atención a la actividad de caza por las razones ya expuestas y por ello, ante el gran número de personas que la práctica y la importante cantidad de personas que trabajan en el sector, formulamos al inicio de la XI Legislatura la siguiente
- Considera que la caza en nuestro país cuenta con gran número de practicantes demostrando así sus raíces profundas en nuestras tradiciones.
- Valora la caza como instrumento de gestión fundamental para la conservación tanto de poblaciones de especies de fauna, como de espacios naturales.
2. El Congreso de los Diputados así entiende por ello oportuno que:
- Con base científica y con la ayuda del sector se trabaje por el desarrollo de planes de conservación de espacios naturales y de los adecuados niveles de población de especies aprovechando las medidas de desarrollo rural contemplados en el ámbito de la Política Agrícola Común."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo al sector del cangrejo rojo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Tribunal Supremo dictó sentencia el pasado 16 de marzo, estimando parcialmente el recurso presentado por Ecologistas en Acción y otros grupos conservacionistas, contra el Real Decreto 630/2013 por el que se aprueba el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras.
Dicho Real Decreto, establece que estas especies no pueden ser introducidas en el medio natural ni ser objeto de aprovechamientos, puesto que queda prohibida su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, incluyendo el comercio exterior.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado, modificando los términos de inclusión de determinadas especies en el mencionado Catálogo.
Una de las especies afectadas es el cangrejo rojo, que aunque estaba incluido como especie exótica invasora, gozaba de una excepción gracias a lo recogido en la disposición adicional quinta del Real Decreto 630/213, la cual excluía la comercialización de cangrejo rojo del ámbito de aplicación del Real Decreto sometiéndolo a la normativa de sanidad y consumo.
La sentencia anula esta disposición adicional, por lo que la especie se someterá ahora a las prohibiciones genéricas previstas en la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la redacción dada por la Ley 33/2015.
La situación de incertidumbre generada por la sentencia incide gravemente en el sector alimentario, factorías y actividades relacionadas con la extracción y comercialización del crustáceo y por tanto en la economía del municipio de Isla Mayor y su entorno.
Se trata de un sector consolidado que factura más de 20 millones de euros al año, tercer productor mundial con 4.000 toneladas de las que el 90% se vende al extranjero, y segundo exportador de cangrejo rojo por detrás de China.
Este sector genera en torno a 550 empleos equivalentes a tiempo completo al año, siendo pilar económico y sustento principal de muchas familias, principalmente en Isla Mayor (Sevilla), y también en Coria del Río, Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo, todos ellos en la provincia de Sevilla, así como Trebujena (Cádiz).
Concretamente, Isla Mayor cuenta con cinco empresas dedicadas a la comercialización de este crustáceo en las que trabajan unas 200 personas, en su mayoría mujeres, a las que se suman más de 500 pescadores de la zona en las faenas extractivas.
Debe tenerse en cuenta, además, a los productores de arroz, pues de no pescarse el cangrejo rojo su expansión incontrolada afectaría también a los arrozales de toda la comarca.
El cese de la actividad en torno a este crustáceo y sus negativas consecuencias también para el cultivo del arroz supondría, en resumen, el colapso prácticamente total de la economía de Isla Mayor y un impacto considerable en los municipios de su entorno.
1. Manifiesta su total apoyo al sector del cangrejo rojo, y respaldar las actuaciones que sean necesarias adoptar por el Gobierno en coordinación con la Junta de Andalucía para que desde el mayor respeto a las decisiones del Tribunal Supremo, se garanticen la seguridad jurídica al sector y su continuidad en la zona.
2. Se muestra favorable a la modificación urgente y sin demora de la normativa ambiental que afecta a esta actividad económica, de forma que se permita la captura y comercialización del cangrejo rojo, sometiéndola a la regulación de sanidad y consumo como recurso de la industria agroalimentaria.
3. Manifiesta su apoyo a que se reclame ante las autoridades comunitarias el reconocimiento de las ventajas económicas de esta industria para Isla Mayor (Sevilla) y su comarca así como los beneficios ambientales, pues evita la proliferación incontrolada de esta especie en sus entornos naturales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-José Manuel Girela De la Fuente, Antonio Francisco Pradas Torres, Antonio Gutiérrez Limones, Carmen Rocío Cuello Pérez y Juana Amalia Rodríguez Hernández, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000432
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la limpieza del río Eo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La acumulación de áridos de las semanas pasadas, por las intensas lluvias, creó una zona muy peligrosa en la Ría de Abres.
El cauce del río Eo en el entorno correspondiente a Ría de Abres en Trabada y Abres, en Vegadeo, presenta una gran acumulación de materiales transportados y depositados por el agua que impiden el curso regular de la misma y generan problemas de sedimentación, esto contribuye a que haya zonas inundables incluso en parcelas que están habitadas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista formula la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico limpie el cauce del río Eo en el entorno de Ría de Abres, en Trabada y Abres, en Vegadeo para evitar los riesgos de inundación derivados de la excesiva acumulación de áridos por las lluvias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-Margarita Pérez Herraiz y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000436
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la limpieza del río Masma, para su debate en la Comisión Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El municipio de Barreiros en la provincia de Lugo obtiene el agua para su red de abastecimiento del río Masma. Dicho río acumula mucha suciedad de todo tipo antes del punto de captación de agua para su potabilización lo que dificulta el proceso.
Barreiros es un pueblo turístico que tiene una población máxima estimada actualmente de 15.125 personas y con el desarrollo de las promociones de viviendas alcanzará 21.698 personas en sus picos más altos.
Se están abordando mejoras en la red de distribución, en la potabilizadora de Celeiro y en los depósitos de almacenamiento pero sería precisa también una limpieza del río Masma en la zona anterior a la captación.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Confederación del Cantábrico realice las labores de mantenimiento y conservación del cauce del río Masma en la zona anterior a la captación de agua para la red de abastecimiento de Barreiros para que sea posible el adecuado tratamiento del agua para su potabilización."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-Margarita Pérez Herraiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000381
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para desarrollar las acciones necesarias para mejorar el diagnóstico y tratamiento de las pacientes afectadas por endometriosis, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La endometriosis es una enfermedad crónica que, según distintas fuentes, padecen entre 1 y 2 de cada 10 mujeres en edad fértil, estando afectadas entre un 30 y un 40% de las mujeres con infertilidad. Se dan también numerosos casos de mujeres con endometriosis ya histerectomizadas o con menopausia que sufren los mismos o peores síntomas, y que no son tratadas por especialistas en ginecología, ya que el sistema sanitario no recoge su excepcionalidad.
La endometriosis es una afección en la cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece en otras áreas del cuerpo, causando, entre otros efectos, dolor, sangrado irregular y, en muchas ocasiones, infertilidad. La endometriosis es un proceso de evolución imprevisible y no se conoce su causa, habiendo diversas teorías al respecto. El síntoma principal de la enfermedad es el dolor, antes, durante y tras la menstruación, que no remite con el tratamiento habitual y que puede llegar a ser tan
severo que incapacita a la mujer. Además esta enfermedad produce, entre otros problemas, astenia, dispareunia, síndrome miccional y trastornos intestinales, compromete la fertilidad y se asocia en muchas ocasiones con síntomas de fatiga crónica, fibromialgia e hipotiroidismo.
En muchas ocasiones, las mujeres afectadas no reciben información suficiente, por lo que han surgido asociaciones de afectadas que tienen como objetivo el informar y ofrecer ayuda a las pacientes y a sus familiares; realizar una labor de concienciación a nivel social e institucional; y conseguir visibilizar la enfermedad y sus síntomas.
Cuando una mujer muestra síntomas de endometriosis suele tardar demasiado tiempo en ser diagnosticada y saber cuáles son las consecuencias reales de su afección. Esto es así porque un gran número de profesionales de la salud tienen un conocimiento limitado de esta enfermedad y, o bien no la identifican, llevando a la paciente por un camino de visitas constantes a urgencias sin resultado positivo y derivaciones a ciegas a distintos especialistas (urólogos, reumatólogos, psiquiatras...), o bien le aplican un tratamiento parcial e insuficiente.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover con las Comunidades Autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar el diagnóstico y tratamiento de las pacientes afectadas por endometriosis, siguiendo las recomendaciones contenidas en la Guía de Atención a Mujeres con Endometriosis en el Sistema Nacional de Salud, impulsando actividades de formación y concienciación de profesionales sobre esta enfermedad, así como actuaciones para atender las necesidades y expectativas de las afectadas, en colaboración con las asociaciones de pacientes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2016.-María Guadalupe Martín González, María del Puerto Gallego Arriola y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000382
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para evitar riesgos en las exploraciones radiológicas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La tomografía computarizada (TC) es una tecnología para diagnóstico con imágenes que utiliza un equipo de rayos X especial para crear imágenes transversales del cuerpo que implica un alto nivel de radiación para el paciente.
Su práctica ha aumentado sustancialmente desde la década de 1980, por lo que su uso abusivo, muchas veces inconsciente debido a que el profesional que la prescribe o la realiza no conoce la historia radiográfica del paciente y su exposición previa a la radiación, la hace potencialmente peligrosa. Aunque se sabe que grandes dosis de radiación ionizante pueden venir acompañadas de un mayor riesgo de producir cáncer, existe incertidumbre sobre los riesgos que dosis más bajas y acumuladas de radiación pueden acarrear. Es especialmente alto el riesgo de producir enfermedades por radiación entre la población infantil debido al carácter menos desarrollado de sus tejidos.
En dos recientes publicaciones se alcanzan las siguientes conclusiones:
1. The Lancet 2012, volumen 380, número 9.840: "La exposición a radiación de la TC en la infancia y el posterior riesgo de leucemia y tumores cerebrales: Estudio retrospectivo de cohorte": la acumulación en niños, sujetos a la práctica de TCs, de dosis de 50 mGy de radiación podría casi triplicar el riesgo de leucemia y dosis de aproximadamente 60 mGy pueden triplicar el riesgo de cáncer de cerebro.
2. BMJ, 2013: entre 680.000 australianos, entre cero y 19 años, expuestos a una tomografía computarizada, la incidencia de cáncer se incrementó en un 24% en comparación con la incidencia en más de 10 millones de personas no expuestas. Las tasas de incidencia aumentaron entre distintos tipos de cáncer sólido y de leucemias, mielodisplasias y otros cánceres linfoides.
Los autores de ambos trabajos de investigación recomiendan que las exploraciones con TCs se limiten a situaciones en las que haya una clara indicación clínica, intentando las dosis más bajas posibles de radiación y recurriendo a procedimientos alternativos, que no impliquen radiaciones ionizantes.
En nuestro país existen ya diversas experiencias en varias Comunidades Autónomas sobre el uso de una tarjeta de registro y cuantificación de las radiaciones recibidas por la población infantil.
Los datos obtenidos avalan la necesidad de realizar actividades de promoción de la salud dirigidas a prevenir los efectos secundarios de las pruebas complementarias radiológicas en la infancia. Entre estas actividades destacan campañas informativas dirigidas a familias y profesionales, de los ámbitos de primaria y especializada, así la promoción de buenas prácticas en unidades de radiología y pediatría.
1. Diseñar e implantar en colaboración con las Comunidades Autónomas planes de protección frente a los riesgos de la exposición radiológica en su uso clínico que incluyan, entre otros, la sensibilización de la población frente a los riesgos, el desarrollo y utilización de buenas prácticas en los servicios de radiodiagnóstico, la inclusión de la valoración de riesgos a la exposición radiológica en los protocolos y guías clínicas diagnósticas, y en particular la eliminación de pruebas de control radiológico, y en especial TACs, innecesarios.
2. Promover el acceso universal a los bancos de imágenes radiológicas dentro de la historia digital nacional interoperable del paciente, con el objeto de evitar la repetición de pruebas radiológicas innecesarias.
3. Diseñar y extender una tarjeta radiológica para registrar y cuantificar la exposición a radiaciones de la población infantil en todo el Sistema Nacional de Salud, que se hará constar en la historia clínica de cada paciente."
161/000466
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar medidas de lucha contra la violencia de género y actuaciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en los programas de responsabilidad social empresarial, para su debate en la Comisión de Igualdad.
La responsabilidad social empresarial se entiende como el conjunto de compromisos de carácter voluntario que una empresa adquiere con la finalidad de mejorar su entorno laboral, social, económico y ambiental.
Esta estrategia de negocio además de mostrar un fuerte compromiso social, supone un retorno económico fundamental ya que mejora su situación competitiva y le otorga un importante valor añadido. Bajo esta denominación se engloban prácticas, programas y actuaciones que manifiestan la responsabilidad ética de la empresa, no solo cumpliendo con rigor lo que el marco legislativo establece en materia social, económica o medioambiental, sino incorporando ejercicios diferentes que singularicen su capacidad de mejorar su entorno.
De esta manera, en la responsabilidad social empresarial tienen cabida actuaciones cuyo objetivo, entre otros, es mejorar las condiciones laborales y de salud de los trabajadores y trabajadoras, respetar los derechos humanos, establecer un mayor compromiso con la igualdad y la diversidad y favorecer el desarrollo profesional y humano del personal de la empresa.
Desde finales del siglo pasado el Gobierno de España ha trabajado activamente por la incorporación del principio de igualdad y la eliminación de la violencia de género en el ámbito de la empresa, a través de diversas actuaciones y la creación de diferentes sellos de calidad para destacar a aquellas empresas modelo en el impulso de este tipo de acciones.
Posteriormente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, establece en su título VII sobre la responsabilidad social empresarial, actuaciones que promuevan condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en el seno de la empresa y en su entorno social.
Está generalmente asumido que promover actuaciones de este tipo dentro de las empresas mejora su reputación como marca, retiene el talento profesional, fideliza a trabajadores y trabajadoras e incrementa la productividad a través de la satisfacción de estos, que se sienten más motivados y vinculados emocionalmente con la empresa para la cual desarrollan su actividad profesional. Asimismo, en el área de violencia de género el Gobierno ha implantado el Programa de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género, suscribiendo convenios de colaboración en materia de sensibilización y de inserción socio-laboral de mujeres víctimas con un total de cincuenta y seis empresas adheridas, hasta la fecha.
A ello cabe añadir que el 24 de octubre de 2014, se aprobó la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 que se articula en diez líneas de actuación. Una de ellas es la gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo.
En este ámbito, figuran medidas dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades y la diversidad en las plantillas, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, actuaciones cuyo objetivo es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras, la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares y pautas que mejoren las condiciones laborales de las mujeres víctimas de violencia de género.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales, actuaciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y medidas de lucha contra la violencia de género en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, por entender que se trata de un campo idóneo para alcanzar resultados en la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores y en la situación del entorno social y empresarial."
161/000467
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a establecer el Día de la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal y la Corresponsabilidad, para su debate en la Comisión de Igualdad.
La Organización Internacional del Trabajo promueve la importancia de legislar para hacer compatible la vida familiar y laboral sobre la base de políticas y programas que fomenten la corresponsabilidad, haciendo posible que las tareas familiares sean compartidas entre hombres y mujeres y favoreciendo la puesta en marcha de medidas tanto por parte de los gobiernos como de las empresas que faciliten esta conciliación.
En España se han producido avances significativos en la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Ejemplos de ello son la ampliación en cuatro años del periodo de tiempo en el que los trabajadores pueden solicitar una reducción de jornada para el cuidado de los hijos; la regulación del teletrabajo o el adelanto del "prime time" de TVE animando al resto de las cadenas a seguir este ejemplo con el fin de avanzar hacia una efectiva racionalización de horarios.
A pesar de todo lo expuesto, nos queda un largo camino por delante que pasa por un cambio de mentalidad y exige el compromiso de las administraciones, de las empresas, y de toda la sociedad en general con el fin de favorecer un mayor entendimiento de la "doble jornada" de trabajo fuera y dentro de casa.
Las dificultades para conciliar los papeles de trabajadora y madre, según el estudio "Fecundidad y trayectoria laboral de las mujeres en España" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han supuesto que un tercio de las mujeres que trabajan hayan tenido que tomar decisiones que coartan su carrera profesional. Además, un 26% de las mujeres han tenido que abandonar temporalmente su trabajo, siendo un 11% las que han abandonado su actividad profesional definitivamente tras ser madres.
Del mismo modo, es necesario hacer un mayor esfuerzo de sensibilización social con el objetivo de que exista un mayor compromiso por parte de los hombres a la hora de compartir las tareas familiares y del hogar.
Al igual que ocurre con otros muchos temas, el establecimiento de un día en una fecha concreta que se dedicara a sensibilizar y a reivindicar mayores avances en materia de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y de corresponsabilidad sería importante para continuar avanzando en este camino y concienciar a la sociedad de que invertir en conciliación es hacerlo en un bien social y económico.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de establecer de forma consensuada la celebración del Día de la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal, y la Corresponsabilidad, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de avanzar en estas materias."
161/000423
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para declarar el "Día Nacional de la Movilidad Ciclista", para su debate en Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Cada vez más, no solo en España, sino prácticamente en la totalidad de los países desarrollados, las estrategias de movilidad buscan fomentar otros modos de transportes (alternativos y/o complementarios) mucho más "sostenibles" y "saludables".
Esta movilidad "sostenible" debe basarse en la planificación ya existente y, por supuesto, ha de tener en cuenta los principios de integración y de participación. Además, de manera más específica, deberá:
- Permitir un desarrollo más equilibrado y una mejor integración de los diferentes modos de transporte.
- Cumplir con las premisas de sostenibilidad (viabilidad económica, equidad social y calidad ambiental, reduciendo la contaminación acústica, atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero).
- Optimizar la eficiencia y la rentabilidad del sistema.
- Mejorar el atractivo del entorno, la calidad de vida y la salud.
Solo de esta forma se podrá conseguir un sistema de movilidad que sea sostenible, seguro, universal, competitivo y saludable. Sin duda, atributos que reúne con creces la bicicleta como modo de transporte alternativo.
Pero a estas innegables ventajas socio-ambientales, se unen otras de carácter socio-económico no menos relevantes que las anteriores. Por un lado, están las oportunidades de negocio innovador que ofrece el sector de la bicicleta; un sector que ya impacta de manera considerable dentro de la industria de artículos deportivos en España, donde el ciclismo es la principal fuente de ingresos con un porcentaje estimado en torno al 20% del total.
Y, por otro, no es menos relevante el potencial de regeneración que dentro del sector turístico ofrece la bicicleta.
Como destino turístico preferido de los europeos, debemos apuntarnos a la corriente que la iniciativa privada ya ha detectado. El "cicloturismo" es una realidad que mueve cifras de vértigo en Europa (2.300 millones de desplazamientos y 44.000 millones de euros de facturación anuales); capaz además, de desarrollar todo un sector empresarial completo y muy dinámico, que tiene la virtud de ofertar puestos de trabajo estables geográficamente y de generar riqueza de manera territorialmente distribuida.
Y España, por nuestra climatología, por patrimonio natural y cultural, por nuestros éxitos deportivos en este campo y por tradición, es un país donde existe toda una tradición ciclista, una tradición que hace del "cicloturismo" una actividad muy atractiva.
En consecuencia, desde las Instituciones debemos apoyar este tipo de iniciativas y ayudar al sector privado a aprovechar estas oportunidades de crecimiento y competitividad que giran alrededor de la bicicleta. Entre las acciones que permiten evidenciar este apoyo institucional resulta de especial interés, por su efecto pedagógico a través de la participación activa tanto del sector (fabricantes, ciclistas, etc.) como de los propios responsables políticos, la "Celebración de un Día Nacional de la Movilidad Ciclista", como así queda suficientemente demostrado con las experiencias ya puestas en marcha, por ejemplo, alrededor de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de declarar el tercer domingo del mes de septiembre "Día Nacional de la Movilidad Ciclista, coincidiendo con el último día de la Semana Europea de la Movilidad."
093/000005
Autor: Comunidad Autónoma del País Vasco-Gobierno.
Convenio de adhesión de la Comunidad Foral de Navarra a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Eurorregión Aquitania/Euskadi".
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la Presidencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
CONVENIO DE ADHESIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA A LA AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL "EURORREGIÓN AQUITANIA/EUSKADI"
Visto el Reglamento (CE) n.º 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).
Visto el Reglamento (UE) n.º 1302/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1082/2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones.
Visto el Tratado de Bayona hecho el 10 de marzo de 1995 entre la República francesa y el ,Reino de España relativo a la cooperación transfronteriza entre las colectividades territoriales.
Visto el Código General de las Colectividades Territoriales, especialmente los artículos L1115- 4-2 y L5721-1 y siguientes.
Visto el Real Decreto 23/2015, de 23 de enero, por el que se adoptan las medidas necesarias para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) n.º 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), modificado por el Reglamento (UE) n.º 1302/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones.
Vista la Ley n.º 2015-09, de 16 de enero de 2015, relativa a la delimitación de las regiones, las elecciones regionales y departamentales y que modifica el calendario electoral, especialmente su artículo 1.
Vista la Ley n.º 2015-991, de 7 de agosto 2015, sobre la Nueva organización del territorio de la república, especialmente su artículo 133 (VIII).
Vistas las cláusulas séptima y décima del Convenio y los artículos 8 y 18 de los Estatutos aprobados en la Asamblea constitutiva de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Eurorregión Aquitania/Euskadi", celebrada el 12 de diciembre de 2011 en Vitoria-Gasteiz.
Vista la decisión de la Comunidad Foral de Navarra, adoptada por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 21 de octubre de 2015, por el que se solicita la adhesión de la Comunidad Foral de Navarra a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Eurorregión Aquitania/Euskadi".
Vista la deliberación n.o XXX de la Asamblea de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Eurorregión Aquitania/Euskadi", celebrada el 18 de marzo de 2016, por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Foral de Navarra a la citada AECT
Vista la deliberación de (13 de abril de 2016) del Consejo Regional de Aquitania Limousin Poitou-Charentes n.º XXX.
Vista la decisión de la Comunidad Autónoma de Euskadi, adoptada por Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el (22 de marzo de 2016).
Vista la decisión de la Comunidad Foral de Navarra, adoptada por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de (23 de marzo de 2016).
Don Alain Rousset, Presidente del Consejo Regional de Aquitania Limousin Poitou-Charentes,
Don Iñígo Urkullu, Lehendakari de Euskadi y
Doña Uxue Barkos, Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.
Tras reconocer mutuamente la capacidad legal del otorgamiento de este Convenio
Que desde 1992, la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Región de Aquitania y la Comunidad Foral de Navarra han desarrollado históricamente una cooperación transfronteriza activa que se ha traducido en la puesta en marcha y financiación de proyectos comunes.
Que se ha desarrollado un marco de colaboración para mantener relaciones institucionales en el ámbito de sus competencias con la finalidad de alcanzar objetivos comunes entre las tres regiones hasta el año 2000, fecha en la que el Gobierno de Navarra suscribió un convenio de cooperación transfronterizo de carácter bilateral con la Región de Aquitania.
Que animada por la proximidad cultural y lingüística en una parte de estos territorios, por la convergencia constante de intereses en el seno de la Unión Europea y dentro de los diferentes espacios geográficos, atlántico y pirenaico especialmente, la cooperación Euskadi-Aquitania y Navarra-Aquitania ha contribuido al acercamiento de las poblaciones y a la construcción de la identidad de este nuevo conjunto regional.
Que recientemente, a través de Acuerdo del Gobierno de Navarra, adoptado el 21 de octubre de 2015, la Comunidad Foral de Navarra, ha manifestado su voluntad de formar parte de esta Eurorregión.
Que en consecuencia con lo anteriormente expuesto, las partes estiman conveniente formalizar la adhesión de la Comunidad Foral de Navarra a la AECT "Eurorregión Aquitania/Euskadi" y, en consecuencia, adaptar los Estatutos, que figuran como anexo al presente Convenio.
Que las modificaciones consustanciales a dicha adhesión afectarán a las cláusulas primera, quinta, séptima y octava del Convenio constitutivo y a los artículos 1, 2, 6, 8, 9, 18 y 23 de los Estatutos que regulan la "Eurorregión Aquitania/Euskadi".
Que así mismo, en aplicación de la Ley n.º 2015-09, de 16 de enero de 2015, relativa a la delimitación de las regiones, las elecciones regionales y departamentales y que modifica el calendario electoral, las regiones de Aquitania, Limousin y Poitou-Charentes han sido reagrupadas, formando así una región única. Esta nueva región sustituye de pleno derecho a la antigua Región de Aquitania en todos sus derechos y obligaciones, incluida su participación en esta Eurorregión. No siendo jurídicamente obligatorio actualizar las referencias que en el Convenio constitutivo y en los Estatutos se realizan a la Región de Aquitania, los miembros de la Eurorregión consideran apropiada dicha actualización, manteniéndose únicamente en la denominación de la Agrupación. En consecuencia, se modifican las cláusulas segunda y séptima del Convenio constitutivo y los artículos 1, 3, 8, 9 y 10 de los Estatutos, aprobados en la Asamblea constitutiva del 12 de diciembre de 2011.
Que además, teniendo en cuenta que el Reglamento (CE) n.º 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), ha sido modificado por el Reglamento (UE) n.º 1302/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, procede actualizar las referencias que a dicha normativa se realizan en las cláusulas octava y décima del Convenio constitutivo y en los artículos 1 y 21 de los Estatutos.
CONFORME A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS
Primera. El presente convenio tiene por objeto formalizar la adhesión de la Comunidad Foral de Navarra a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Eurorregión Aquitania/Euskadi", que en adelante queda constituida por la Región de Aquitania Limousin Poitou-Charentes, la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra, así como actualizar los apartados correspondientes del Convenio constitutivo y de los Estatutos en lo referente al nuevo nombre de la Región de Aquitania Limousin Poitou-Charentes y a la modificación del Reglamento (CE) n.º 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), por el Reglamento (UE) n.º 1302/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Segunda. Se modifica la cláusula primera del Convenio de la AECT entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Región de Aquitania para la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Eurorregión Aquitania/Euskadi" (en adelante, Convenio constitutivo), que queda sustituida por el siguiente texto:
"Primera. Denominación.
La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) se denomina "Eurorregión Aquitania/Euskadi/Navarra."
Tercera. Se modifica la cláusula segunda del Convenio constitutivo que queda redactada del modo siguiente:
"Segunda. Lugar de la sede.
La sede se fija en Hendaya, Aquitania Limousin Poitou-Charentes (Francia). Se podrá cambiar su ubicación a otro lugar de la Región de Aquitania Limousin Poitou-Charentes, bajo decisión unánime de sus miembros y modificación consiguiente del convenio y los estatutos."
Cuarta. Se modifica el apartado B del punto 2 de la cláusula quinta del Convenio constitutivo que queda redactado del modo siguiente:
"B. El establecimiento y el desarrollo de la cooperación territorial, por medio de la financiación de redes y de acciones propicias al desarrollo territorial integrado en los ámbitos siguientes:
- El medioambiente.
- El desarrollo urbano sostenible.
A título enunciativo, se enumeran las siguientes acciones:
- La mejora de las comunicaciones entre los miembros de la Eurorregión, favoreciendo particularmente la accesibilidad, así como los modos de transporte de personas y de mercancías respetuosas con el medio ambiente.
- La complementariedad y la valorización de las actividades de investigación y de innovación, a fin de que surja en el conjunto de este territorio una nueva dinámica tecnológica, económica y social, acompañada por una nueva gobernanza.
- La puesta en marcha de proyectos que permitan promover el desarrollo sostenible del territorio, especialmente en materia de energías renovables y de valorización de los bosques.
- La puesta en común de métodos y de medios en materia de educación y de formación para garantizar el pleno desarrollo de los ciudadanos.
- El tratamiento común de cuestiones ligadas a la agricultura, a la alimentación y a la salud, potenciando acciones dentro del ámbito de la calidad, el origen, la trazabilidad y desarrollando prácticas agrícolas sostenibles que valoricen los territorios.
- El reforzamiento de la dinámica cultural y artística, especialmente la promoción de la lengua y de la cultura vascas, a través de una nueva dimensión, que sea integrada en las manifestaciones de esta creatividad.
- La valorización conjunta de los recursos turísticos, en el marco de la perspectiva de un desarrollo controlado, respetuoso de las identidades geográficas y culturales."
Quinta. Se modifica la cláusula séptima del convenio que queda sustituida por el siguiente texto:
"Séptima. Miembros de la AECT.
Son miembros de la AECT:
- La Comunidad Autónoma de Euskadi.
- La Región de Aquitania Limousin Poitou-Charentes.
- La Comunidad Foral de Navarra.
Los Estatutos prevén las modalidades y procedimientos de adhesión de nuevos miembros."
Sexta. Se modifica la cláusula octava del convenio constitutivo que queda sustituida por el siguiente texto:
"Octava. Derecho aplicable al convenio y a su interpretación.
Este Convenio se concluye con arreglo a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), y del Reglamento (UE) n.º 1302/2013, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1082/2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones .
El derecho aplicable al presente convenio así como a su interpretación y a su aplicación, en el respeto al derecho de la Unión Europea, es el derecho francés.
En caso de discrepancia, centrada sobre la interpretación o aplicación del presente convenio, las partes interesadas se comprometen a facilitar su resolución amistosamente, recurriendo, si fuera el caso, al arbitraje de una comisión compuesta de cinco personalidades exteriores de la AECT. Tanto la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Región de Aquitania Limousin Poitou-Charentes como la Comunidad Foral de Navarra se esforzarán en designar una personalidad imparcial cada una. La cuarta y quinta personas serán elegidas por las tres últimas de forma conjunta.
A falta de un arreglo amigable, los litigios resultantes de la interpretación y la aplicación del presente convenio y estatutos dependen de la competencia de la jurisdicción francesa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, en su redacción dada por el Reglamento (UE) n.º 1302/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones."
Séptima. Se modifica la cláusula décima del convenio constitutivo que queda sustituida por el siguiente texto:
"Toda modificación del presente convenio, decidida según las modalidades definidas en el artículo 18 de los estatutos, solo será efectiva después de haber sido aprobada por unanimidad de los miembros de la AECT y realizada conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), en su redacción dada por el Reglamento (UE) n.º 1302/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013."
Octava. Entrada en vigor.
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma.
Novena. Estatutos.
Como anexo al presente Convenio figuran los Estatutos de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Eurorregión Aquitania/Euskadi/Navarra", adaptados a las modificaciones que derivan de la adhesión de la Comunidad Foral de Navarra a la AECT, así como de la actualización de sus apartados correspondientes en lo referente al nuevo nombre de la Región de Aquitania Linnousin Poitou-Charentes y a la modificación de la normativa de la UE sobre las AECTs.
Suscrito en Vitoria-Gasteiz, el XX de XX de XXXX, cada uno de ellos en euskera, castellano y francés, surtiendo efectos los tres textos.
ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL "EURORREGIÓN AQUITANIA/EUSKADI/NAVARRA"
Artículo 1. Creación y régimen aplicable.
En 2011 se creó entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Región Aquitania una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) de derecho público.
Mediante la modificación del convenio constitutivo y la aprobación de estos nuevos Estatutos, se procede a la adhesión de la Comunidad Foral de Navarra a esa AECT así como a actualización de los apartados correspondientes del convenio constitutivo y de los estatutos, necesaria tras el reagrupación de las regiones de Aquitania, Limousin y Poitou-Charentes y la modificación de la normativa de la UE sobre las AECTs.
Esta AECT de derecho público estará regida por el Reglamento (CE) n.º 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 2006, relativo a una agrupación europea de cooperación territorial ,y por el Reglamento (UE) n.º 1302/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013; por el convenio constitutivo y su modificación; por los presentes Estatutos, y a título subsidiario por el derecho francés y en cuanto concierne a las actividades que le sean confiadas en sus Estatutos, por el derecho de la parte en cuyo territorio se lleven a cabo.
La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) se denomina "Eurorregión Aquitania/Euskadi/Navarra".
Artículo 3. Lugar de la sede.
La sede se fija en Hendaya (dirección), Aquitania Limousín Poitou-Charentes (Francia). Se podrá cambiar su ubicación a otro lugar de la Región de Aquitania Limousin Poitou-Charentes bajo decisión unánime de los miembros de la AECT y modificación consiguiente del convenio y los estatutos.
Artículo 4. Territorio.
El territorio de acción de la AECT cubre el que ejercen las competencias de sus miembros en virtud de su derecho interno.
Artículo 5. Objetivo.
El objetivo específico de la AECT es el de llevar a cabo las acciones de cooperación que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de la Eurorregión. Igualmente, tiene por objetivo representar a la Eurorregión, tanto en las instancias locales, regionales y nacionales, como europeas e internacionales.
La AECT debe facilitar y promover, entre sus miembros y en su favor, la cooperación transfronteriza, transnacional y/o interregional, a partir de ahora denominada "cooperación territorial". Todo ello a fin de reforzar su cohesión económica y social, en el seno de la Unión Europea y dentro del respeto de las organizaciones territoriales nacionales.
La AECT asegura la representación con respecto al objeto de la AECT ante instituciones terceras (a nivel local, nacional, europeo o internacional).
6.1 Marco.
Las funciones determinadas por sus miembros se enmarcan dentro de las competencias de cada uno en virtud de su derecho interno.
En este marco, la AECT puede llevar a cabo toda acción necesaria dentro del respeto a su objeto y funciones.
Las funciones de la AECT se centran principalmente en la puesta en marcha de los programas o de los proyectos de cooperación territorial cofinanciados por la Unión Europea, especialmente, en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo y/o del Fondo de Cohesión.
Puede igualmente realizar otras acciones específicas de cooperación territorial que tengan por objetivo específico reforzar la cohesión económica y social, con o sin contribución financiera comunitaria.
6.2 Funciones y ámbitos de actuación.
Las funciones son las siguientes y se ejercerán en los siguientes ámbitos de actuación:
A. El desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas por medio de estrategias conjuntas en favor del desarrollo territorial sostenible.
B. El establecimiento y el desarrollo de la cooperación territorial, por medio de la financiación de redes y de acciones propicias al desarrollo territorial integrado en los ámbitos siguientes:
- La puesta en marcha de proyectos que permitan promover el desarrollo sostenible del territorio especialmente en materia de energías renovables y de valorización de los bosques.
- La valorización conjunta de los recursos turísticos, en el marco de la perspectiva de un desarrollo controlado, respetuoso de las identidades geográficas y culturales.
C. La mejora de la eficacia de la política regional a través de la promoción de:
- La cooperación territorial centrada en la innovación y la economía del conocimiento, así como en el medioambiente y la prevención de riesgos.
- Los intercambios de experiencias relativas a la identificación, la transferencia y la difusión de las mejores prácticas, incluidas aquellas referentes al desarrollo urbano sostenible.
Las acciones ligadas a los estudios, a la recogida de datos así como a la observación y al análisis de los ejes de desarrollo en la Unión Europea.
D. Gestionar los recursos necesarios para la realización de las funciones de la AECT.
6.3 Medios.
La AECT podrá dotarse de tos medios que estime necesarios y, en particular, de:
- Estudios o prestaciones de servicio necesarias, por su cuenta o por cuenta de sus miembros en aras de llegar al cumplimiento de sus objetivos.
- Financiación propia y subvenciones de la Unión europea y/o de los estados a los que pertenecen los miembros de la AECT.
Las funciones pueden ser delegadas conforme a lo que se establezca en los Estatutos.
Entre las funciones de la AECT se excluye el ejercicio de poderes del estado conferidos por el derecho público ni las funciones cuyo objeto sea la salvaguarda de los intereses generales del Estado o de cualesquiera otras autoridades públicas, tales como las competencias policiales y reglamentarias, la justicia y la política exterior.
Artículo 7. Duración y disolución.
La AECT se constituye con duración ilimitada.
Podrá ser disuelta por unanimidad de los miembros de la AECT, dentro de las condiciones y modalidades fijadas por las legislaciones comunitaria y francesa.
Artículo 8. Miembros de la AECT.
La admisión de un miembro en la AECT implicará la modificación de los estatutos.
Artículo 9. Órganos de la AECT.
La AECT tiene por órganos:
- El/la Presidente/a.
- El/la Director/a.
9.1 La Asamblea.
Órgano deliberante de la AECT, la Asamblea estará compuesta por 18 miembros elegidos de forma paritaria por la Región de Aquitania Limousin Poitou-Charentes, la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra. Cada territorio elegirá 6 miembros titulares y en su caso, 6 suplentes. Es competente de pleno derecho para todas las cuestiones relativas a la AECT. Sin embargo, podrá decidir delegar algunas de sus competencias a otros órganos de la AECT.
Se reúne, al menos, dos veces por año para deliberar sobre las orientaciones de política general, los proyectos y programas de acciones de la AECT.
Para que la Asamblea esté válidamente constituida, deberán estar presentes al menos 9 de sus miembros, de los cuales al menos 3 deberán representar cada una de las regiones que forman parte en la AECT.
Decide sobre la creación de comisiones de trabajo, desprovistas de poder decisorio, en los ámbitos que correspondan a las funciones de la AECT. Ellas podrán asociar a sus trabajos, en función de su objeto, personas del exterior de la AECT.
La Asamblea podrá, en el marco de la preparación y seguimiento de sus decisiones, solicitar la opinión de órganos consultivos ya constituidos, en cada miembro de la AECT.
La Asamblea buscará el consenso y, a falta de este, adopta sus decisiones por mayoría cualificada, de tres quintos de los presentes y el voto favorable de representantes de los 3 miembros de la Eurorregión.
Delibera y aprueba el informe anual del Presidente de la AECT y del Contable Público.
La Asamblea fija anualmente el importe de la aportación obligatoria de cada uno de los miembros de la AECT y aprueba, en su caso, el presupuesto anual de la AECT para el año siguiente.
Los miembros de la Asamblea podrán delegar su voto en otro miembro respecto de todos o algunos de los asuntos incluidos en el orden del día.
9.2. El/La Presidente/a
El Presidente es designado por la Asamblea.
La Presidencia será asumida sucesivamente, cada dos años, por cada miembro de la AECT, por la persona que ostente la presidencia de cada uno de los miembros que integran la AECT, correspondiendo la primera presidencia a la Región de Aquitania Limousin Poitou-Charentes.
La sucesión en la Presidencia seguirá el siguiente orden: Región de Aquitania Limousin Poitou-Charentes, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Autónoma de Euskadi.
El/La Presidente/a convoca y preside la Asamblea. Fija el orden del día.
Representa a la AECT, actúa en nombre y por cuenta de esta. Ejecuta las decisiones de la Asamblea. Ordena los gastos y prescribe el abono de ingresos. Puede delegar su firma al Director tras autorización de la Asamblea.
Puede representar a la AECT ante la justicia previa autorización de la Asamblea. Preside el Comité Ejecutivo.
El/La Presidente/a podrá ser representado/a por un miembro del Comité Ejecutivo.
Modera el debate de las sesiones, propone a la Asamblea, para su aprobación, el presupuesto anual de la AECT y elabora y presenta el informe anual.
9.3 El Comité Ejecutivo.
La Asamblea elige el Comité Ejecutivo en su seno. Estará compuesto por 6 miembros, designados paritariamente por cada miembro, siendo uno de ellos el Presidente de la AECT.
El Comité Ejecutivo designará de entre sus miembros el que desempeñará las funciones de coordinación de sus actividades.
El Comité Ejecutivo se reunirá al menos tres veces al año, y antes de cada Asamblea.
Propondrá el orden del día de la Asamblea y velará por la buena ejecución de las decisiones de la Asamblea. El Comité Ejecutivo puede asociar al Director a sus trabajos.
Podrá, en su caso, designar, dentro del respeto a las reglas de la concurrencia, un organismo de auditoría externa independiente como complemento del control precisado en el artículo 12 de los presentes estatutos.
9.4 El/la Directora/a.
El/la Directora/a será nombrado/a y cesado/ a por el/a Presidente/a de la AECT a propuesta del Comité Ejecutivo.
Asegura la administración general y dirige la actividad de la AECT en el marco de las orientaciones y funciones decididas por la Asamblea, y bajo la autoridad del Presidente.
Recibe las órdenes del/de la Presidente/a para aplicar las deliberaciones de la Asamblea. Tiene poder de propuesta y puede solicitar ser escuchado por el Comité Ejecutivo.
Dirige el Personal y es su responsable. Propone los perfiles de puestos necesarios pero no tiene la competencia exclusiva. El Comité Ejecutivo tiene toda potestad en este terreno.
Puede ser cesado/a conforme a lo establecido en el derecho francés, si ha sido contratado/a de forma directa o reintegrado/a en su comunidad o región de origen, si ha sido puesto a disposición de la AECT o destacado/a.
Artículo 10. Presupuesto y contabilidad.
La contabilidad de la AECT es adoptada y su gestión se realiza conforme a las reglas de la contabilidad pública francesa, aquellas del reglamento financiero comunitario y sus textos de aplicación.
El contable público de la AECT es designado por el Prefecto de la Región de Aquitania Limousin Poitou-Charentes, previa opinión del Tesorero Pagador General.
El presupuesto anual estará compuesto de un apartado de funcionamiento y, en su caso, de un apartado de operaciones. Es aprobado por la Asamblea, a propuesta del Presidente. Tratándose del primer presupuesto, deberá ser aprobado dentro de un plazo de tres meses, siguientes a la publicación o registro de los presentes estatutos.
Artículo 11. Recursos de la AECT.
El presupuesto estará financiado por:
1. Las aportaciones obligatorias de sus miembros, a partes iguales, tal y como son acordadas por la Asamblea, para el apartado de funcionamiento y el apartado de operaciones. Cada miembro de la AECT se obligará a consignar el gasto correspondiente dentro de su propio presupuesto anual ordinario.
2. Subvenciones públicas.
3. Donativos y legados.
4. El producto de préstamos, en su caso.
5. Cualesquiera otros ingresos autorizados por las legislaciones en vigor.
Artículo 12. Control de la gestión de fondos públicos.
Los miembros de la AECT se esforzarán por tomar medidas destinadas a facilitar la puesta en marcha de las decisiones y las acciones de la AECT en sus territorios respectivos.
El control administrativo presupuestario y financiero de la Agrupación será realizada conforme al derecho francés. La Cámara regional de las cuentas participa en el control de la Agrupación como organismo de auditoría externa independiente.
Las autoridades francesas encargadas del control informan a las autoridades españolas de los eventuales comentarios formulados con ocasión de dicho control y les comunican además toda información solicitada por estas últimas. Las autoridades españolas podrán efectuar los controles sobre las acciones de la AECT llevadas a cabo en España cuando la legislación española lo exija.
Además de las disposiciones citadas, cuando la función de la AECT cubra acciones cofinanciadas por la Unión Europea, la legislación pertinente en materia de control de fondos comunitarios será aplicable.
Artículo 13. Procedimientos de decisión.
Salvo previsión contraria en el marco de los presentes estatutos, se buscará el consenso.
Artículo 14. Lenguas de trabajo.
Las lenguas de trabajo de la AECT son: el castellano, el euskera y el francés.
Artículo 15. Modalidades de funcionamiento: Gestión de Personal de la AECT/procedimientos de contratación/naturaleza de los contratos.
Este personal será o bien, puesto a disposición o destacado por los miembros; o bien, contratado específicamente por la AECT.
El personal de la AECT estará integrado, además de por el Director o Directora, por un equipo técnico puesto a su disposición para conducir los trabajos decididos por la AECT.
15.1 La Gestión de Personal.
La naturaleza de los contratos de trabajo del personal, contratado directamente por la AECT, provendrá de la legislación francesa y en particular, de los títulos I y II del Estatuto General de la Función Pública.
No adquirirá el derecho a ser integrado en el personal de los miembros de la AECT, incluso en caso de despido ligado a la disolución o a la liquidación de la AECT.
El personal puesto a disposición o destacado depende de su propio estatuto inicial para todo lo relacionado con los anticipos, antigüedad, jubilaciones, derechos ligados a su grado y carrera.
15.2. Los procedimientos de contratación.
El personal es contratado y, en su caso, cesado por el/la Presidente/a, a propuesta del Director o Directora, previa aprobación del Comité Ejecutivo, tras dar audiencia a la persona interesada, si así lo solicitare. La contratación de personal por la AECT será objeto de una convocatoria pública de candidaturas.
El cese de la puesta a disposición es propuesto por el Director y decidido por el Presidente. La persona puede solicitar, antes de su retorno de su puesta a disposición, ser oída por el Comité Ejecutivo. El personal destacado o puesto a disposición por una de las colectividades depende para su progreso de su colectividad de origen.
Con respecto a las licencias, estas serán propuestas por el Director y decididas por el Presidente.
Artículo 16. Sobre la responsabilidad de la AECT y sus miembros.
La AECT es la única responsable de sus deudas, compromisos contractuales en su nombre y de las actividades de sus órganos.
Cuando los recursos de la AECT fuesen insuficientes para cumplir con los compromisos o hacer frente a sus deudas de toda naturaleza, incluidos todos aquellos adquiridos hasta la fecha de extinción de la AECT, la distribución de las deudas se realizará conforme al reparto de las aportaciones financieras.
En caso de disolución de la AECT, sus miembros quedan responsables de las obligaciones que dependan de las actividades realizadas.
Artículo 17. Reconocimiento mutuo.
Los miembros de la AECT adoptarán medidas destinadas a facilitar la puesta en marcha de las decisiones y las acciones de la AECT en sus territorios respectivos.
El control financiero será ejercido por las autoridades francesas competentes y que será aplicada la legislación de la Unión Europea para el control de la utilización de fondos comunitarios. Será, en todo caso, facilitado por los estados miembros de la Unión Europea concernidos.
Artículo 18. Modificación de los estatutos.
Toda modificación de los estatutos es propuesta por el Presidente o por la Asamblea con una mayoría de 3/5 de los sufragios expresados, siempre que esta incluya el voto favorable de representantes de los 3 miembros de la Eurorregión. Debe ser presentada por escrito y ser motivada.
La Asamblea debe especialmente convocada a este fin por el Presidente. El orden del día estará acompañado de un texto de la propuesta de modificación.
La decisión será objeto de una deliberación de la Asamblea adoptada por mayoría de 3/5 de los presentes siempre que esta incluya el voto favorable de representantes de los 3 miembros de la Eurorregión.
Las modificaciones sustanciales de los estatutos deberán ser aprobadas por los miembros de la AECT y por los Estados miembros conforme a la propuesta definida por la legislación comunitaria.
Este procedimiento se aplica en los mismos términos a las modificaciones del convenio.
Artículo 19. Liquidación.
En aplicación de la legislación comunitaria, la liquidación de la AECT se someterá al derecho francés. Las condiciones son precisadas principalmente en los artículos L. 5222-25-1 y 5211-26 del CGCT.
Artículo 20. Insolvencia y cese de pagos.
En aplicación de la legislación comunitaria, la insolvencia, el cese de los pagos y cualquier otro procedimiento análogo de la AECT estarán sometidos a la legislación francesa.
Sin perjuicio de la responsabilidad financiera de los Estados miembros, respecto a una eventual financiación de los fondos estructurales y/o de cohesión confiados a la AECT, en tanto que organismo intermediario, la responsabilidad financiera de sus miembros será plena.
En la medida en que los recursos de la AECT sean insuficientes para hacer frente a sus compromisos, el reparto de sus deudas, sean estas de la naturaleza que sean, se hará proporcionalmente a la aportación financiera de cada uno de sus miembros.
Artículo 21. Competencia jurisdiccional.
Para resolver cualquier tipo de discrepancia susceptible de producirse en el marco de la actividad de la AECT, se aplicará el artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, en su redacción dada por el Reglamento (UE) n.o 1302/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones.
Artículo 22. Reglamento interior.
El Reglamento interior será elaborado por el Comité Ejecutivo y posteriormente aprobado por la Asamblea.
Este Reglamento fijará las condiciones de funcionamiento de la AECT no previstas por los estatutos.
Podrá ser modificado en los mismos términos que los de su adopción.
Artículo 23. Entrada en vigor.
Los presentes estatutos entrarán en vigor en la fecha de su firma.
Los miembros de la AECT informarán a los Estados miembros afectados y al Comité de las Regiones del registro o la publicación del convenio y los estatutos.
En Vitoria-Gasteiz, en castellano, euskera y francés, a X de X de 2016.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 44
 artículo 193
 Resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 real decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 166
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 133
 resolución 
 artículo 15
 artículo 18

Artículo 1

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 12

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 15

Artículo 22

Artículo 23