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Timestamp: 2020-01-22 09:00:27+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 1194 DE 2011
RESOLUCIÓN 1194 DE 03 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CONFORMA AL INTERIOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍAS PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ, UNA SUB-UNIDAD ÉLITE DE PERSECUCIÓN DE BIENES PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS INTEGRADA POR FUNCIONARIOS ESPECIALIZADOS EN INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y DETECCIÓN DE BIENES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PATRIMONIO, LEY DE JUSTICIA Y PAZ, ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TAREAS ESPECIALES, FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REPARACIÓN A LA VÍCTIMA DE HECHOS VIOLENTOS
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1408 DE JUNIO 15 DE 2011, PG1153
RESOLUCIÓN 1194 DE 2011
“Por la cual se conforma la Sub-Unidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas”.
Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 determina que, entre otras funciones, corresponde al Fiscal General de la Nación modificar la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con las necesidades del servicio y sin que ello implique cargo al tesoro u obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
Que mediante Decreto 122 del 18 de enero de 2008, el Presidente de la República modificó la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y, en particular, el artículo 3 de ese decreto creó cargos con carácter transitorio para atender las funciones asignadas a la entidad mediante Ley 975 de 2002.
Que mediante Resolución 683 del 21 de febrero de 2008, emanada del despacho del Fiscal General de la Nación, se organizó la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz y se distribuyó la planta de cargos.
Que la Ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios contemplan el deber de la Fiscalía General de la Nación de garantizar el derecho prevalente de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño ocasionado por las conductas punibles cometidas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley desmovilizados. Obligación que comprende la realización de las acciones necesarias para alcanzar la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de tales hechos.
Que conforme a la Ley 975 de 2005, la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de perseguir los bienes adquiridos ilícitamente por los miembros de las organizaciones armadas ilegales desmovilizadas, y por los terceros que se asociaron con ellas para beneficiarse de su actuar ilícito e incrementar su patrimonio, a través de adquisiciones irregulares de bienes de propiedad o en posesión de las víctimas del conflicto armado.
Que de acuerdo con la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, la Fiscalía General de la Nación también tiene la obligación de perseguir los bienes lícitos pertenecientes a los miembros de los grupos armados ilegales desmovilizados que se postularon a los beneficios de la Ley 975 de 2005, para contribuir con ellos a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Que en el marco de la Ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios, la Fiscalía General de la Nación no solo está obligada a realizar los actos de investigación necesarios para establecer la existencia, identificación, ubicación y estado de los bienes pertenecientes a los miembros de los grupos armados ilegales postulados a los beneficios de la Ley 975 de 2005 que tengan origen ilícito, o de las terceras personas que los tienen en nombre de aquellos, sino que también tiene el deber de solicitar a los jueces competentes la adopción de las medidas cautelares de carácter real que sean necesarias para impedir su enajenación, pérdida o destrucción.
Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., han manifestado, a través de diferentes pronunciamientos, que el derecho de las víctimas a la reparación integral solo puede ser garantizado dentro del marco jurídico de la Ley 975 y sus decretos reglamentarios, a través de la solicitud de medidas cautelares sobre bienes que tengan vocación de reparación ante el Magistrado con funciones de control de garantías de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales competentes.
Que la Fiscalía General de la Nación tiene el deber de realizar las acciones necesarias para identificar los bienes de titularidad real o aparente de los ciudadanos colombianos extraditados que fueron miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y velar por su destinación a la reparación de las víctimas de los hechos delictivos cometidos por estas personas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado del que se desmovilizaron.
Que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia de fecha 29 de junio de 2010, indicó que era absolutamente necesario para el cumplimiento de los fines de la Ley 975 de 2005, la creación de una unidad con personal especializado en el análisis de operaciones financieras nacionales e internacionales, estudio de títulos y lavado de dinero, que además de culminar el proceso de verificación de los bienes ofrecidos por los postulados en sus versiones libres se dedique también de manera rigurosa, a la identificación de los bienes de las personas y grupos armados a que se refiere la Ley 975 de 2005 y a solicitar su aseguramiento ante el magistrado de control de garantías.
Que por lo expuesto se hace necesario crear al interior de la Unidad de Justicia y Paz, una Sub-Unidad Élite con personal especializado en la investigación patrimonial, detección y persecución de los bienes que por ministerio de la ley deben destinarse a la reparación de las víctimas del conflicto armado, y que además sirva de enlace entre la Fiscalía General de la Nación y las demás entidades gubernamentales comprometidas con la restitución de los derechos de los que fueron despojadas las víctimas a causa de las acciones de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley desmovilizados, o que les fueron arrebatados obligándolas a negociar sus propiedades bajo el imperio de la violencia.
ART. 1º—Conformar al interior de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, una Sub-Unidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas integrada por funcionarios especializados en investigaciones patrimoniales y detección de bienes.
ART. 2º—La Sub-Unidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz estará conformada por los siguientes funcionarios de la planta de personal de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz:
1. Tres (3) fiscales delegados ante el Tribunal de Justicia y Paz.
2. Seis (6) fiscales delegados ante los jueces penales del circuito o ante los jueces penales del circuito especializado.
3. Seis (6) auxiliares administrativos.
4. Seis (6) asistentes de fiscal.
5. Treinta (30) investigadores con funciones de policía judicial.
PAR.—El Fiscal Coordinador de la Sub-Unidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas será nombrado por el Fiscal Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.
ART. 3º—Los funcionarios de la Sub-Unidad tendrán competencia en todo el territorio nacional, independientemente de la ubicación de los bienes objeto de investigación, y su sede será la ciudad de Bogotá.
El reparto de los procesos entre los fiscales delegados ante el Tribunal de Justicia y Paz que integren la Sub-Unidad se realizará por la Jefatura de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, teniendo en cuenta la georreferenciación de los bloques y frentes que conformaban los grupos armados organizados al margen de ley desmovilizados colectivamente, o de los bloques y frentes que conformaban los grupos armados a los que pertenecían los postulados desmovilizados individualmente.
ART. 4º—La Sub-Unidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas, cumplirá las siguientes funciones, en el marco de la Ley 975 de 2005:
1. Realizar los actos de investigación tendientes a determinar la existencia, la identificación plena, la ubicación y el estado de los bienes de titularidad real o aparente de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley desmovilizados colectivamente, o de los miembros de grupos armados desmovilizados individualmente, y/o de los terceros que se asociaron con los referidos grupos para obtener beneficios económicos de las actividades delictivas de los mismos.
2. Identificar las tierras de las personas que fueron víctimas de despojo o de ventas forzadas, a causa de las acciones realizadas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley desmovilizados colectivamente, o de los miembros de grupos armados desmovilizados individualmente, o de terceros asociados con los mismos.
3. Recaudar los elementos materiales probatorios o evidencias físicas necesarios para determinar el origen o destinación de los bienes pertenecientes a los miembros de los grupos armados ilegales desmovilizados colectivamente, o de los miembros de grupos armados desmovilizados individualmente.
4. Recaudar los elementos materiales de prueba o evidencias físicas necesarios, para determinar si los terceros que son titulares de derechos reales sobre bienes que deben ser destinados a la reparación, restablecimiento del derecho o restitución a las víctimas, adquirieron esos derechos de buena fe exenta de culpa.
5. Solicitar ante la autoridad competente la adopción de medidas cautelares de carácter real sobre los bienes destinados a la reparación de las víctimas o que deban ser restituidos a sus legítimos propietarios.
6. Garantizar los intereses de las víctimas en los incidentes que se propongan para debatir los derechos que invoquen terceros sobre los bienes afectados dentro del proceso de justicia y paz.
7. Realizar los actos de investigación necesarios para determinar la existencia, identificación, ubicación y estado de los bienes de titularidad real o aparente de los ciudadanos colombianos extraditados que fueron miembros de los grupos armados ilegales desmovilizados, y velar por su destinación a la reparación de las víctimas de los hechos delictivos cometidos por estas personas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado del que se desmovilizaron.
8. Solicitar las medidas cautelares sobre bienes que fueron restituidos directamente a las víctimas, en orden a garantizar su disponibilidad para efectos de su restitución judicial.
9. Las demás que se desprendan de las anteriores.
ART. 5º—Corresponde al Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz impartir las directrices para el eficaz cumplimiento de las funciones asignadas a esta Sub-Unidad.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 11
 artículo 3
 Resolución