Source: https://issuu.com/politicaspublicas/docs/informe_defensoresdh_2013_web
Timestamp: 2018-09-20 16:26:38+00:00

Document:
Informe sobre la situación de defensores de derechos humanos en México: Actualización 2013 by Políticas Públicas - Issuu
o b r el as I n f o r mes i t u a c i 贸 n d el a s yl o s d e f e n s o r e s d ed e r e c h o sh u ma n o s 2012 e nM 茅 x i c o : a c t u a l i z a c i 贸 n
yb a l a n c e 2013
1a Edición, junio de 2013 DR© Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Alejandro Dumas No. 165, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo CP 11560, México, DF. Publicado por ONU-DH México Edición y coordinación editorial: Javier Hernández Valencia, Jesús Peña Palacios, Alán García Campos, Luisa Pérez Escobedo y Gabriela Gorjón Salcedo. Diseño y fotografía de portada: Gabriela Gorjón Salcedo, Sandra Martínez Platas y Santiago Betancourt. Diseño de interiores: Vinicius Marquet. ISBN: 978-607-8296-02-6 Impreso en México El material contenido en esta obra puede citarse o reproducirse libremente, a condición de que se mencione su procedencia y se envíe un ejemplar de la publicación que contenga el material reproducido a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido no es responsabilidad de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América y no refleja necesariamente su punto de vista.
RESUMEN Este informe prosigue el trabajo presentado en el Informe temático sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México publicado en 2009 y la subsecuente actualización publicada en 2010, para realizar además un primer balance sobre el nivel de implementación de las recomendaciones contenidas en el primer documento. En el presente informe se subraya que la incidencia de casos de agresiones contra las y los activistas de derechos humanos persiste y sigue afectando la plena vigencia del derecho a la defensa de los derechos humanos. Por ello se reitera la pertinencia de continuar abogando por la adopción e implementación de las recomendaciones emitidas desde el 2009, profundizando y perfeccionando aquellas en las cuales ya existen y se reconocen esfuerzos y acciones por parte del Estado mexicano.
3. Monitoreo de la situación
4. Balance del cumplimiento de las recomendaciones
30 -106
Anexo: síntesis de casos ilustrativos
SIGLAS (por orden alfabético) ACNUDH
CPGMD
1. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (en adelante “la Oficina del ACNUDH en México”) publicó en 2009 su primer Informe temático sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en el país1 y en 2010 una actualización del mismo2. El primero de los informes citados contiene 10 recomendaciones al Estado mexicano para mejorar las condiciones en que se ejerce el derecho a defender los derechos humanos en el país. 2. El presente documento realiza un balance de las iniciativas que permitieron algunos avances positivos en el cumplimiento de dichas recomendaciones y las áreas en las cuales aún perduran retos, varias de las cuales coinciden con lo señalado por diversos mecanismos internacionales sobre estas mismas materias.3 3. El reciente cambio de la Administración Pública Federal refuerza la necesidad e importancia de proponer elementos que actualicen y desarrollen la agenda del Estado mexicano con miras a promover y proteger el derecho a defender los derechos humanos, de allí la utilidad de compartir públicamente este informe de seguimiento.
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
1 Oficina del ACNUDH
en México. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México. Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Noviembre de 2009.
2 Oficina del ACNUDH
en México. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México. Octubre de 2010.
Consejo de Derechos Humanos (2009), el Comité de Derechos Humanos (2010), el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (2011), el Comité de los Derechos del Niño (2011), el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (2011) y el Comité para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer (2012), entre otros. Todas las recomendaciones formuladas están disponibles en www.recomendacionesdh.mx
4. Este informe recaba la información solicitada a las autoridades de la Administración Pública Federal que resultan directamente implicadas en el cumplimiento de las recomendaciones plasmadas en el Informe de 2009. Las respuestas oficiales obtenidas hasta finales de 2012 permitieron realizar una búsqueda más extensiva de información pública difundida en sitios oficiales de las instancias gubernamentales o en el Diario Oficial de la Federación (DOF ). Adicionalmente, este informe sistematiza la información sobre agresiones en contra de defensoras y defensores observada por la Oficina del ACNUDH en México con base en su mandato durante el período comprendido entre noviembre de 2010 a diciembre de 2012 ,4 así como datos aportados por el Informe sobre la situación de las y los defensores en México publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH )5, los informes anuales de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos presentados ante el Consejo de Derechos Humanos (2010 y 2011)6, la información sobre las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ) y las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH ). 5. La Oficina del ACNUDH en México agradece la apertura y cooperación mostrada por las autoridades que respondieron a nuestras solicitudes, así como la confianza de las y los defensores que nos presentaron sus testimonios. Renovamos el compromiso de la Oficina para seguir promoviendo y visibilizando todo intercambio que permita enriquecer el trabajo de las autoridades y la sociedad civil en beneficio de quienes se dedican a promover el respeto y realización de los derechos humanos en el país.
4 La Actualización 2010 del Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos huma-
nos en México abarcó el período de septiembre de 2009 a octubre de 2010.
5 CNDH . El Derecho a Defender. Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México. Julio 2011. 6 Informes de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos, del 20 de diciembre de 2010 (A/HRC/16/44 ); y del 21 de diciembre de 2011 (A/HRC/19/55).
6. El análisis que se presenta a continuación toma como base 89 eventos de agresiones registrados por la Oficina del ACNUDH en México en contra de personas defensoras, sus organizaciones o familiares, entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012. Son sucesos de los que la Oficina del ACNUDH en México pudo tener algunos elementos para evaluar prima facie la relación entre la actividad de defensa de los derechos humanos y las agresiones reportadas por las personas defensoras. Se estima que dichos eventos son ilustrativos, mas no representan la totalidad de los ocurridos o registrados por otras entidades durante el citado período.
a) Agresiones por año 7. El monitoreo periódico de la Oficina del ACNUDH en México refleja la instalación, desde 2006, de un clima de hostilidad en contra de las y los defensores en el marco de las actividades que realizan. 8. Según los datos registrados por la Oficina del ACNUDH en México desde 2006, 22 personas defensoras y cinco integrantes de sus familias han sido asesinadas por motivos relacionados con las causas que defendían y, además, se desconoce el paradero de seis personas defensoras. El año más crítico fue 2011, cuando ocurrió el asesinato de al menos los siguientes defensores:
50 45 40 35 30 25 20 Agresiones reportadas
Gráfica 1. Número de agresiones registradas por la Oficina del ACNUDH en México.
Nepomuceno Moreno, Pedro Leyva, Quetzalcóatl Leija y Trinidad de la Cruz, así como tres familiares de defensores y las desapariciones de la defensora Eva Alarcón y el defensor Marcial Bautista.
9. Aún cuando no existe una cifra consolidada a nivel nacional, los datos publicados por las comisiones de derechos humanos reflejan este clima de hostilidad contra los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, la CNDH documentó 27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras durante el período de enero de 2005 a mayo de 2011. Asimismo, a nivel nacional, el sistema de organismos públicos de protección a los derechos humanos inició, en el periodo mencionado, 523 expedientes de queja y solicitó 156 medidas cautelares por presuntas violaciones a los derechos humanos de personas defensoras, generando un total de 33 recomendaciones.7 En su Informe Anual 2011, la CNDH registró un incremento de 23% en los ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos en comparación con el año 2010.8 Este último dato coincide con lo documentado por la Oficina del ACNUDH en México respecto al incremento de agresiones durante el 2011. 10. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil recogen un mayor número de agresiones. Por ejemplo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró 109 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos durante 2012 y 26 asesinatos de defensoras en el periodo 2009 - 2012.9
b) Entidades federativas10 11. La Oficina del ACNUDH en México registró el mayor número de reportes por agresiones contra defensoras y defensores durante el periodo del presente balance en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Distrito Federal.
7 CNDH . El derecho a defender. Op. Cit. 8
48 quejas en 2010, 59 en 2011 y 51 en 2012. Informes anuales de la CNDH disponibles en http://www.cndh.org.mx/Informes_Actividades
9 Informe Defensoras de Derechos Humanos en México. Elaborado por Asociadas por lo Justo y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y suscrito por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. 4 de marzo de 2013. 10
Una selección de casos ilustrativos, ordenada por entidades federativas, acompaña el presente informe como anexo.
13. Algunas situaciones regionales parecen obedecer a dinámicas diferenciables, mientras que en los estados de Chihuahua y Coahuila los altos niveles de violencia e inseguridad concuerdan con la exacerbación de las agresiones en contra de defensoras y defensores allí observada, mientras que en los estados del sur, como Oaxaca, la vulnerabilidad de defensoras y defensores parece articularse a las confrontaciones que existen de algunas comunidades contra intereses privados de grupos económicamente fuertes que aceleran el despliegue de un determinado modelo económico.
c) Tipo de agresiones 14. Los tipos de agresiones más frecuentes continúan siendo las amenazas y las injerencias arbitrarias a través de allanamientos a las oficinas de las organizaciones de derechos humanos o mediante el robo de información vía electrónica. 15. Ejemplo de esta problemática es la situación vivida por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C., organización feminista que promueve propuestas a favor de la democratización de las leyes y las políticas públicas con perspectiva de género. Después de varios incidentes de seguridad, el 3 de noviembre de 2011 su oficina fue allanada y sustrajeron información sensible de la organización. Un evento similar ocurrió nuevamente el 3 de marzo de 2012. 16. Las amenazas en ocasiones son reiteradas, como en el caso de Lydia Cacho, periodista y defensora de los derechos de las mujeres. Desde 2005 ha sido objeto de amenazas y acoso judicial a partir de la investigación y denuncia de una red de pornografía infantil en el país. El 14 de junio de 2011, la Fundación Lydia Cacho recibió un correo electrónico con amenazas de muerte. Los días 17 de junio y 28 de julio de 2011 la defensora recibió nuevas amenaza de muerte en su teléfono celular. Lydia Cacho tiene medidas cautelares de la CIDH desde el mes de agosto de 2009. 11 Los estados de Chihuahua y Oaxaca también aparecen en el informe El Derecho a Defender.
Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México de la CNDH dentro de las cinco entidades federativas en donde se recibieron más quejas junto con Jalisco, el Distrito Federal y Chiapas.
12. Los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones en contra de defensoras y defensores en los dos informes temáticos publicados por la Oficina del ACNUDH en México.11
17. La defensora Norma Andrade, presidenta honoraria de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, el 2 de diciembre de 2011 sufrió un atentado con arma de fuego, en presencia de sus dos nietos menores de edad, afuera de su domicilio particular en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cinco días después apareció una manta en el exterior de la escuela primaria donde la defensora trabajaba como profesora, la cual hacía referencia al ataque sufrido y lo calificaba como “una advertencia” además de amenazar a la familia de la defensora. El 3 de febrero de 2012, Norma Andrade sufrió otra agresión afuera de su nuevo domicilio temporal en la Ciudad de México, cuando un hombre no identificado la atacó en el cuello con un objeto corto punzante. A
A Desaparición forzada
B Privación arbitraria de la vida
C Atentados
D Amenazas
E Hostigamiento
F Detenciones arbitrarias
G Injerencias arbitrarias
Gráfica 2. Tipo de agresiones registradas por la Oficina del ACNUDH en México.
18. Cada vez con mayor frecuencia, las y los defensores en situación de riesgo se ven obligados a desplazarse de sus localidades y lugares de residencia como una medida de seguridad y autoprotección. Durante el período analizado, la Oficina del ACNUDH en México constató que debieron desplazarse y reinstalarse, por ejemplo, las familias de Josefina Reyes Salazar, Marisela Escobedo, Blanca Velázquez, María Luisa García, Norma Andrade y José Enrique Morales Montaño. Asimismo, Nataniel Hernández Núñez, Marisela Ortiz, Alejandro Solalinde, María Teresa Vallejo, Vidulfo Rosales, Guadalupe Calzada y Lydia Cacho también optaron por dejar (en algunos casos de forma
temporal) el lugar donde realizaban sus labores ante el incremento de amenazas u hostigamientos en su contra.
20. Del análisis de los casos no puede identificarse una única causa o motivo que explique de manera inequívoca las variaciones anuales en el número de agresiones, su distribución geográfica o modalidades. Sin embargo, un análisis de los últimos seis años, con independencia de la fuente de información, refleja un preocupante número de ataques contra personas defensoras. La variación en el número, lugar y tipo de agresión podría estar relacionada con una mayor organización social, intereses económicos, situaciones de conflictividad social relacionadas con proyectos de desarrollo y un fortalecimiento de las capacidades para documentar y denunciar los casos y cambios en las dinámicas locales, tanto de actores no estatales, como de autoridades, entre otros factores.
d) Presuntos responsables 21. La identificación preliminar o el señalamiento de los presuntos responsables no se ha establecido en 39% de los casos que comprende el período de monitoreo del presente informe, a lo cual se suma el nulo o poco avance logrado en varias de las investigaciones pendientes. 22. En 61% de las situaciones en las que existe una identificación preliminar o señalamiento de presuntos responsables, es notorio que un segmento mayoritario de las mismas apunte a actores no estatales, principalmente identificados con cacicazgos locales12 o grupos delictivos que ven afectados sus intereses por la labor de las personas defensoras en la zona que exhiben o confrontan sus acciones ilegales u otros intereses. En algunos casos se ha logrado demostrar la aquiescencia de actores gubernamentales. Un dato que resalta es que en 23% de los casos se identificó la participación, por acción u omisión, de funcionarios públicos. 12
La expresión “cacicazgos locales” se refiere a personas que en una determinada región ejercen, por encima de las prácticas democráticas, una indebida influencia en asuntos políticos, administrativos o económicos, pudiendo tener o no cargos dentro de la función pública.
19. Es particularmente preocupante que al cambiar de lugar de residencia algunos afectados tampoco hayan disfrutado una situación de seguridad, tal como lo demuestran los casos de Adolfo Guzmán, Margarita Martínez y Obtilia Eugenio Manuel, quienes fueron objeto de nuevos ataques durante los años 2011 y 2012, a pesar de contar con medidas de protección a su favor.
Administración Pública Federal 12%
Gráfica 3. Presuntos responsables en los eventos registrados por la Oficina del ACNUDH en México.
23. La responsabilidad del Estado en relación con las acciones y omisiones de actores no estatales ha sido reiterada por varios organismos de derechos humanos. Los derechos consagrados en la normativa internacional, incluyendo el derecho a la vida y la libertad de asociación y de expresión, deben ser protegidos de violaciones no sólo por agentes del Estado, sino también por las personas o entidades privadas.13
e) Defensoras y defensores agredidos 24. El presente informe comprende un universo de 26 mujeres, 35 hombres, 11 organizaciones de derechos humanos y cuatro familiares de defensoras y defensores. De este universo, al menos 23 personas u organizaciones contaban ya con medidas cautelares a su favor14 al momento de ser agredidas dentro del actual periodo de reporte. Al menos 55 personas ya habían sido víctimas de algún tipo de agresión, directamente, contra algún familiar o contra la organización en la que trabajaban. 25. Estos contingentes de activistas, al momento de sufrir las agresiones aquí registradas, trabajaban temas relacionados principalmente con los derechos de la población migrante, la defensa de derechos civiles, los derechos 13 Informe de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos. 30 de diciembre de 2009 (A/HRC/13/22 ), párr. 43.
Por parte de la CNDH , algún organismo estatal de protección o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
económicos, sociales, culturales y ambientales (particularmente los relacionados con derechos laborales, el medio ambiente y el impacto de determinados proyectos de desarrollo), así como la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas.
DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE
Gráfica 4. Temáticas más recurrentes con base en los casos registrados por la Oficina del ACNUDH en México.
26. A modo ilustrativo, se puede citar el caso de Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, presidente y coordinadora general respectivamente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP ) en Guerrero. El 8 de diciembre de 2011 fueron privados de la libertad por sujetos civiles armados mientras se transportaban en un autobús con destino a la Ciudad de México y hasta la fecha se desconoce su paradero. Asimismo, el 15 de mayo de 2012, cuatro personas vestidas de civil privaron de la libertad al defensor José Enrique Morales Montaño, integrante del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT ), organización dedicada a la defensa de los derechos laborales en Puebla. Después de robarle sus pertenencias, golpearle y amenazarle de muerte por su labor, fue puesto en libertad. Al día siguiente la directora del CAT , Blanca Velázquez, recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje de texto en su celular.
f) Impunidad 27. En al menos 37 de las agresiones reportadas durante el período del presente balance, la Oficina del ACNUDH en México tuvo conocimiento del inicio de investigaciones en el ámbito penal por parte de las autoridades competentes.15 Los avances más significativos reportados fueron la identificación de los presuntos responsables en cinco casos, pero sólo en tres se logró su detención y consignación a la autoridad judicial. Hasta el momento de la publicación de este informe, los procesos penales no habían resultado en ninguna sentencia firme.
28. La falta de sanción a los perpetradores no solamente contribuye a la repetición de los hechos, sino que además agrava el nivel de riesgo en que las y los defensores continúan realizando su labor. Reiteradamente se ha considerado que una debida investigación y una sanción adecuada son una efectiva forma de protección para quienes defienden los derechos humanos. 29. El incumplimiento por parte de los Estados del deber de procesar y castigar a los culpables es una violación clara del artículo 12 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos,16 conocida como “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”.17
De este universo, 6 investigaciones se iniciaron en el último semestre de 2012 por lo cual no fueron ponderadas en este análisis, al tratarse generalmente de procedimientos complejos que requieren un plazo razonable para la integración del expediente por parte de la autoridad ministerial antes de adelantar una valoración de las mismas.
16 Informe de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos. 30 de diciembre de 2009 (A/HRC/13/22 ), párr. 42.
Fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, en su resolución 53/144. La Declaración reafirma derechos de los defensores y las defensoras ya existentes en otros instrumentos universales y regionales de derechos humanos y reitera el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades, actos u omisiones, imputables a los Estados o a terceros y que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
30. A partir de las recomendaciones emitidas en el Informe de 2009 de la Oficina del ACNUDH en México, en este apartado se realiza un análisis sobre el estado de cumplimiento u observancia que guardan las mismas, incluyendo los avances logrados y los retos pendientes para alcanzar su plena y eficaz implementación.18 Además, se resaltan algunas buenas prácticas que pueden contribuir a mejorar la respuesta del Estado mexicano frente a la actual situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el país.
1.Se recomienda a las autoridades federales y estatales articular una campaña masiva y sostenida para visibilizar y reconocer la legitimidad del trabajo de las y los defensores, así como para difundir la Declaración sobre defensores de derechos humanos entre la población en general y, de manera particular, entre las y los funcionarios de todos los poderes y niveles de gobierno. De manera conjunta con las y los defensores de derechos humanos, se recomienda también fortalecer la eficacia de los mecanismos para implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos, así como de los espacios de trabajo establecidos en el marco de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMD ).
31. Desde el año 2010 y a lo largo del bienio que le sucedió, la Oficina del ACNUDH en México sostuvo un diálogo permanente y directo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB ) con el objetivo de identificar acciones de cumplimiento de la recomendación. La Oficina del ACNUDH en México siempre fue recibida con prontitud y disposición y el tema de una posible campaña conjunta a favor del derecho a defender los derechos humanos ha generado interés entre los interlocutores. Las nuevas autoridades de la Unidad para la 18
En este balance no se han incorporado las siguiente tres propuestas albergadas en una de las recomendaciones porque la Oficina del ACNUDH en México carece de información sobre su implementación: i) “Revisar y reformar aquellos tipos penales que debido a su formulación abierta pueden llegar a ser aplicados de manera expansiva en contra de las y los defensores”; ii) “Revisar la legislación civil y fiscal con el fin de facilitar y hacer más accesible la constitución jurídica de las diversas organizaciones y agrupaciones de defensoras y defensores según su propia naturaleza y objetivos, así como el acceso al financiamiento público y privado”, y iii) “Revisar la legislación relativa a facilitar el acceso a las y los defensores a los centros de detención, particularmente para verificar o atender situaciones concretas”.
Defensa de los Derechos Humanos de SEGOB han reiterado su compromiso de seguir trabajando en esta materia. Sin embargo, hasta la publicación de este informe, no se había logrado concretar dicha iniciativa.
32. El Presidente de la República y el Secretario de Gobernación, así como varias otras altas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, federales y otras tantas de los niveles locales, han emitido declaraciones públicas resaltando la labor de quienes defienden los derechos humanos. En eventos simbólicos, el ex Presidente de la República, Felipe Calderón, tomó posiciones públicas destacadas.19 Por ejemplo, el 22 de junio de 2012, el entonces titular del Ejecutivo Federal, en el marco de la firma del Decreto de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señaló: “como Presidente de la República, reconozco la invaluable labor de quienes dedican su vida a investigar, a documentar y denunciar violaciones a derechos humanos. Se trata de mexicanas y mexicanos valientes que, a pesar de los obstáculos, a pesar de los riesgos, a pesar de las amenazas, día con día se esmeran por construir una sociedad fundada en principios democráticos, una sociedad donde se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos”. 20 33. Por su parte, el actual Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo que el “valor de los activistas sociales (…) nos inspira, nos contagia de energía, de pasión, de compromiso, para hacer más justa y digna la vida de nuestros semejantes”.21
19 Discurso Derechos Humanos. México y la ONU : Construyendo hacia el futuro (6 de julio de
2011) al firmar el Acuerdo Presidencial que establecía las bases para la creación de un Mecanismo de Protección para las y los defensores de derechos humanos. http://www.presidencia.gob.mx/2011/07/el-presidente-calderon-durante-el-evento-derechos-humanos-mexico-y-la-onu-construyendo-hacia-el-futuro/ (consultada en noviembre de 2012) Discurso al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2011 (9 de diciembre de 2011). http://www.presidencia.gob.mx/2011/12/el-presidente-calderon-en-la-entrega-del-premio-nacional-de-derechos-humanos-2011/ (consultada en noviembre de 2012). 20http://www.presidencia.gob.mx/2012/06/el-presidente-felipe-calderon-durante-la-fir-
ma-del-decreto-de-la-ley-para-la-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos/ (consultada en noviembre de 2012).
21 Discurso al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 (10 de diciembre de 2012). http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/ceremonia-de-entrega-del-premio-nacional-de-derechos-humanos-2012/ (consultada en enero de 2013).
34. SEGOB ha condenado públicamente algunas agresiones en contra de quienes defienden los derechos humanos y ha divulgado información relevante sobre el tema a través de su página de internet.
36. En el Congreso de la Unión, con motivo de la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en abril de 2012, se pronunciaron importantes discursos de reconocimiento a la actividad de las y los defensores de derechos humanos. Lo mismo ha ocurrido con motivo de la adopción de algunos puntos de acuerdo en ambas Cámaras a raíz de agresiones que han padecido las y los defensores de derechos humanos. 37. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece en su artículo 44, que la “Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto”. 38. La mayoría de los posicionamientos públicos se han dado con motivo de agresiones puntuales en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos como una medida reactiva de repudio a lo sucedido. Si bien es muy importante que desde las más altas esferas políticas se condenen estos hechos, es necesario abordar tareas más allá de cada coyuntura, de suerte que se genere una secuencia de contenidos y difusión que configuren un mensaje constante, dirigido y claro, cuya audiencia sea al mismo tiempo la población en general y los servidores públicos. En vista de ello, sigue siendo pertinente recomendar nuevamente la adopción de una campaña de esta naturaleza, como se señaló en el Informe 2009, a fin de contrarrestar los prejuicios y estigmas que fomentan un clima de hostilidad y falta de comprensión hacia el trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos en el país.23 22 Discursos del 17 de septiembre de 2011, 2 de febrero de 2012 y 6 de julio de 2012. 23 En apoyo a la labor de las personas defensoras y condena de las agresiones sufridas, la Oficina del ACNUDH en México ha emitido algunos comunicados de prensa. Comunicados de prensa: ONU-DH condena la nueva agresión contra Norma Andrade, activista de derechos
35. Juan N. Silva Meza, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha formulado varios discursos en los que resalta el papel de las y los impartidores de justicia como “defensores de los derechos humanos”.22
En el marco de la visita a México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en julio de 2011, la Oficina del ACNUDH en México lanzó una campaña para visibilizar la legítima labor que realizan las personas defensoras. Durante el acto público de lanzamiento, la Sra. Navi Pillay señaló: Les animo a involucrarse y convertirse en un defensor de derechos humanos. Invito a los diferentes integrantes de la sociedad, incluyendo artistas, líderes de opinión, estudiantes, colegas y a cualquier persona a ser parte de esta iniciativa, a sumarse a esta campaña. Hoy, junto a ustedes, en el lanzamiento oficial de la campaña es un honor decir: ¡YO ME DECLARO!
39. El 20 de marzo del 2013, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, un espacio de coordinación y enlace de 73 organizaciones de la sociedad civil con presencia en 21 estados de la República, dio inicio a su propia campaña de concienciación acerca del trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos en México denominada: “Defendamos la esperanza: Campaña Nacional en Favor de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos”.24 40. El “Pacto por México”, firmado el 2 de diciembre de 2012 por el Presidente de la República y las dirigencias de las principales fuerzas políticas (PAN , PRI
humanos (3 de febrero de 2012); ONU-DH condena enérgicamente el asesinato de Trinidad de la Cruz y las agresiones contra el MPJD (8 de diciembre de 2011); ONU-DH y ONU Mujeres condenan el asesinato de Nepomuceno Moreno y el atentado contra Norma Andrade, activistas de derechos humanos (5 de diciembre de 2011); La ONU-DH condena enérgicamente la violencia homicida en contra de la familia Reyes en Chihuahua (25 de febrero de 2011); La ONU-DH condena enérgicamente el asesinato de la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo en el Estado de Chihuahua (17 de diciembre de 2010). Asimismo, la Oficina del ACNUDH en México lanzó en julio de 2011 la campaña “Yo me declaro” para visibilizar la legítima labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos. A la fecha de redacción del presente informe, el video “Declárate, yo me declaro” (http:// youtu.be/t6zizschxCY) ha sido reproducido más de 230.000 veces y la página en Facebook de la campaña “Yo me declaro” (http://www.facebook.com/yomedeclaro) tiene un promedio de 12.000 vistas mensuales.
41. Con el acuerdo público para dar inicio a la elaboración de un nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos,27 la Oficina del ACNUDH en México se hace eco del llamado de la SEGOB para que los espacios de interlocución entre las organizaciones civiles y las autoridades sigan construyéndose sobre la base de un diálogo respetuoso y franco que pueda enriquecer el debate, el diseño y la implementación de toda política pública en materia de derechos humanos.
RECOMENDACIÓN 2.Con relación al marco jurídico que regula la labor de las y los defensores, es necesario seguir tomando medidas para incorporar plenamente la Declaración sobre defensores de derechos humanos en la legislación federal y estatal. Para ello, la Subcomisión de armonización legislativa 28 de la CPGMD podría servir como marco para la conformación de un grupo de trabajo en el que las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil y la ACNUDH evalúen la pertinencia de una legislación especializada y determinen los elementos que ésta debería contener.
Para mayor información consúltese la página de internet de la campaña: http://defendamoslaesperanza.org.mx/ (consultada en abril de 2013).
25 Disponible en http://pactopormexico.org/ 26 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Objetivo 1.5. “Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”. Estrategia 1.5.1. 27 Sesión de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, 27 de
28 Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.
y PRD ),25 menciona que “el siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos” y, entre otros compromisos, establece el “defender los derechos humanos como política de Estado”. De igual forma el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 refiere, como una de sus estrategias, el “instrumentar una política de Estado en derechos humanos”.26 La intención así expresada en el “Pacto por México” y en el Plan Nacional de Desarrollo podrían favorecer la mejora de las condiciones en las que las y los defensores de derechos humanos realizan su trabajo en México y deberían configurar un marco firme para brindar un mayor reconocimiento a la legitimidad del trabajo que desarrollan.
42. El 26 de junio de 2012 entró en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la promulgación de la Ley e hizo un llamado a su implementación inmediata.29
ONU-DH-MÉXICO
43. La Ley es un paso trascendental en el reconocimiento específico de las y los defensores de derechos humanos. El objeto de la Ley es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Mediante dicha Ley se crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se retoman aspectos fundamentales de la “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”, tales como el amplio concepto de persona defensora de derechos humanos y su especial protección.
En el marco de la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, emitió un comunicado en el que manifestó: Durante mi visita a México el año pasado [2011] me reuní con defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones que me compartieron los serios riesgos que enfrentan y la valentía con la que desarrollan su trabajo vital en una sociedad democrática. Ha sido alentador saber que la Ley, impulsada por las organizaciones de la sociedad civil y aprobada por el Congreso de la Unión (…), fue el resultado de un proceso abierto y participativo. A su vez, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, señaló: Los defensores de derechos humanos en México necesitan desesperadamente la protección efectiva del Estado ahora.
44. Cabe reconocer el trabajo desarrollado por la LXI Legislatura del Congreso de la Unión para la emisión de la Ley y el de las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron el proceso legislativo. La apertura, disponibilidad y liderazgo del Congreso de la Unión, especialmente del Senado de la República, así como la
capacidad y compromiso de las organizaciones, hicieron posible que se emitiera una ley que busca responder a una situación particularmente crítica.
2.1 Tomando en cuenta el compromiso reiterado por el Estado mexicano en el marco del Examen Periódico Universal, culminar el proceso de reforma constitucional en materia de derechos humanos garantizando, entre otras cuestiones, la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos y el principio pro personae.
45. El 10 de junio de 2011 se publicó el Decreto de reforma constitucional en derechos humanos mediante el cual se modifican once artículos de la Constitución Federal.30 La Alta Comisionada emitió un pronunciamiento saludando la reforma.31 46. Destacan en los contenidos de la reforma, el rango constitucional otorgado a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, la consagración del principio pro personae y de interpretación conforme y la enunciación de las obligaciones estatales. 47. No obstante la incorporación de plazos precisos en los artículos transitorios del Decreto de reforma constitucional, los cuales ya vencieron, a un año y medio de la entrada en vigor de la reforma aún no se emiten las leyes secundarias que permitan la implementación legislativa del cambio constitucional. Solamente se ha emitido una modificación a la Ley de la CNDH .32
29http://www.hchr.org.mx/files/comunicados/2012/06/COM_Pillay_saluda_ley_proteccion_ defensores_periodistas_ONU-DH.pdf 30 DOF
del 10 de junio de 2011.
31 http://www.hchr.org.mx/files/comunicados/2011/junio/reformaconstitucionalpillay.pdf 32 Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se adiciona el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el DOF el 15 de junio de 2012.
En particular, se recomienda también que el referido grupo de trabajo pueda revisar la legislación actual con el fin de reforzar los siguientes aspectos:
48. El “Pacto por México” establece como uno de sus compromisos la creación de una instancia federal que “permita dar seguimiento a la instrumentación de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos”.33 De igual forma, dicho acuerdo político hace referencia a la emisión de varias leyes reglamentarias de la reforma constitucional en derechos humanos.34
La Reforma es un hito resultado de años de arduo trabajo y discusiones (…) Esta Reforma positiva y palpable debe llevar a México a reconocer e implementar de mejor y más clara manera los derechos humanos contenidos en su Constitución y en los tratados internacionales. Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con motivo de la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
49. Es indispensable que a la brevedad se aprueben las leyes que garanticen la operatividad de los nuevos contenidos constitucionales. RECOMENDACIÓN 2.2 Reforzar los mecanismos de protección de derechos humanos, especialmente el juicio de amparo.
50. El 6 de junio de 2011 se publicó el Decreto de reforma constitucional en materia de amparo. 35 Esta reforma permite la procedencia del amparo ante la violación de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, establece el interés legítimo, permite la procedencia del amparo colectivo y concede, en ciertos supuestos, efectos generales a las normas declaradas como inconstitucionales. 33 Compromiso 21. 34 Ley de reparación del daño (compromiso 22), ley reglamentaria del artículo 29 constitucio-
nal (compromiso 23), ley reglamentaria del artículo 33 constitucional (compromiso 24), ley de la CNDH (compromiso 25) y reformas a las constituciones de los estados y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (compromiso 26). 35 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos
94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
52. En el cumplimiento de esta recomendación también han resultado importantes el reforzamiento de los mecanismos no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos, el mejoramiento del control abstracto de la constitucionalidad en atención a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales 36 y el reconocimiento constitucional y legal de las acciones colectivas.37 RECOMENDACIÓN 2.3 Regular a nivel federal, estatal y municipal el uso de la fuerza pública en la contención del derecho a la protesta social, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
a) En relación al uso de la fuerza 53. En la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2011, el Presidente de la República instruyó: “a las dependencias federales para que hagan públicas y, de ser necesario, actualicen sus directivas y sus protocolos aplicables en el uso legítimo de la fuerza”.38 54. A nivel federal, desde el 15 de octubre de 2009 se publicó en el DOF la Directiva 003/09, que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de la Secretaría de Marina y Armada de México, misma que fue reformada en 2012 en atención a la instrucción presidencial.39 36 Estos dos aspectos son objeto de la reforma constitucional en derechos humanos del 10 de
37 Artículo 17 constitucional, reformado el 30 de julio de 2010. 38http://www.presidencia.gob.mx/2011/12/el-presidente-calderon-en-la-entrega-del-pre-
mio-nacional-de-derechos-humanos-2011/ (consultada en noviembre de 2012).
Acuerdo Secretarial 27 por el que se reforma y adiciona la Directiva 003/09 del 30 de septiembre de 2009, mediante la cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho.
51. A pesar de que el Decreto de la reforma constitucional en materia de amparo de junio de 2011 especificó un plazo de 120 días para la aprobación de la ley secundaria, la nueva Ley de Amparo entró en vigor hasta el 3 de abril de 2013. La nueva legislación en materia de derechos humanos favorecerá la defensa jurisdiccional de los derechos humanos, incluyendo aquella que de manera destacada desarrollan las y los defensores.
55. El 23 de abril de 2012 se publicó en el DOF un Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.40 Dicho Convenio reconoció la necesidad de que las mencionadas instituciones reconocieran e implementaran los anexos relacionados, entre otras materias, con el uso legítimo de la fuerza.
56. Como parte de los anexos, ese mismo día se publicó una directiva de la SEDENA que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.41 Además de lo anterior, se publicó un acuerdo del Secretario de Seguridad Pública por medio del cual se emiten los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en dicha Secretaría.42 Asimismo, la PGR emitió un acuerdo que establece las directrices que deberán observar los servidores públicos en el uso legítimo de la fuerza.43
57. La Oficina del ACNUDH en México valora la adopción del convenio y anexos respectivos, mismos que, al haber sido publicados en el DOF , adquieren plena obligatoriedad para las instituciones involucradas. La Oficina del ACNUDH en México exhorta a que el siguiente paso sea emitir una legislación sobre el uso de la fuerza en total concordancia con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como los demás instrumentos internacionales aplicables. Se han dado algunos pasos importantes en esta dirección. La Cámara de Diputados aprobó el 28 de abril de 2009 una legislación sobre la materia, que posteriormente fue turnada al Senado, donde aún no ha sido dictaminada. En el “Pacto por México” se sostiene que se creará una ley que establecerá “parámetros claros para el uso de la fuerza pública”44 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se contempla como una de sus líneas de acción el “promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país”.45 En 40 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244753&fecha=23/04/2012 41 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244755&fecha=23/04/2012 42 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244759&fecha=23/04/2012 43 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244768&fecha=23/04/2012	44 Compromiso 29. 45 Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, Objetivo 1.5. “Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”. Estrategia 1.5.1. “Instrumentar una política de Estado en derechos humanos”.
58. A nivel local, se encuentra vigente la ley que regula el uso de la fuerza por los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, su respectivo reglamento46 y un acuerdo del Procurador General de Justicia del Distrito Federal por el que se emite el Protocolo de Detención para la Policía de Investigación el cual regula, entre otras cuestiones, el uso de la fuerza.47 En el estado de Oaxaca se emitió la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del estado de Oaxaca.48
b) En relación al derecho a la protesta social 59. En relación a la utilización de la fuerza para la contención de una manifestación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN ) sentó un importante precedente de interpretación judicial en febrero de 2009 como resultado de la facultad de investigación realizada con motivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas los días tres y cuatro de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.49 En la sentencia se hace un desarrollo sobre las normas y principios nacionales e internacionales aplicables a la regulación del uso de la fuerza en el marco de un operativo policial (legalidad, necesidad, proporcionalidad, entre otros). 60. La SCJN , a través de su Primera Sala, también aportó criterios generales relevantes al resolver los juicios de amparo promovidos por los integrantes 46
Gaceta Oficial del Distrito Federal del 22 de abril de 2008 y 25 de noviembre de 2010, respectivamente.
47 Acuerdo A/005/2012, Gaceta Oficial del Distrito Federal del 10 de mayo de 2012. 48 Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, del 20 de septiembre de 2011 49 Sentencia
dictada por el Tribunal Pleno en el dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la Comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada por el Ministro Genaro David Góngora Pimentel, para investigar violaciones graves de garantías individuales; así como los votos particulares de los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza. Disponible en: http://dof.gob.mx/index.php?year=2009&month=09&day=21
febrero del 2013 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación y el Comité Internacional de la Cruz Roja con la finalidad de obtener su asesoría especializada en la elaboración de un marco normativo que regule el uso de la fuerza. De acuerdo con la información recibida, el Gobierno Federal se encuentra trabajando en la elaboración de un proyecto de iniciativa de ley sobre el uso de la fuerza. Sería conveniente que la legislación a emitirse sea una ley “general” que regule a nivel federal, estatal y municipal el uso de la fuerza.
del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, luego de ser acusados del delito de secuestro equiparado.50 En dicha resolución, la SCJN sostuvo que la protesta social pacífica constituye “el ejercicio válido de un derecho”.
61. Es indispensable seguir abonando al análisis sobre los límites a los que debe sujetarse el ejercicio del poder punitivo estatal, ya sea en relación con el uso de la fuerza o el empleo del sistema penal para limitar la actividad de líderes sociales y/o defensores de derechos humanos. Por ello, la Oficina del ACNUDH en México reitera que las expresiones de protesta social pacífica son totalmente válidas como vehículo de participación política en regímenes democráticos.51
2.4 Según los lineamientos dados por la SCJN y los estándares internacionales, reconocer expresamente en la legislación a la radiodifusión comunitaria y adoptar políticas públicas para garantizar que opere bajo procedimientos equitativos, sencillos y que cuente con los medios necesarios para su desarrollo y subsistencia.
62. En sus informes de misión derivados de su visita oficial a México en agosto de 2010, Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión recomendaron al Estado mexicano: “adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible 50 Juicios de amparo directo 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 10/2010, resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de junio de 2010. 51 La participación en manifestaciones pacíficas son una forma importante de ejercer los derechos a la libertad de reunión pacífica, expresión y asociación, todos ellos derechos humanos garantizados a todas las personas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Para mayor información sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación se recomienda consultar la página de internet de la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación del Consejo de Derechos Humanos: http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
63. Sin embargo, la radiodifusión comunitaria sigue sin contar con un reconocimiento específico en la legislación y aún no se adoptan procedimientos claros, sencillos y equitativos en la asignación de frecuencias. Tampoco existen políticas públicas para garantizar que las radios comunitarias cuenten con los medios necesarios para su desarrollo y subsistencia. No obstante lo anterior, en 2010 seis permisos a radios comunitarias fueron otorgados. 64. Por lo anterior, la Oficina del ACNUDH en México reitera su recomendación e invita al Estado a atender el sentido de la misma en el marco de la reforma constitucional en telecomunicaciones.
a todos los sectores de la población”.52 El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión recomendó, adicionalmente, “crear un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias”.53
52 Informe de Misión a México del Relator Especial sobre la promoción y protección del dere-
cho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, mayo de 2011, párrafo 91, a), A/HRC/17/27/Add.3. Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011, párrafo 301. 53 Ibíd., párrafo 91, c).
RECOMENDACIÓN 3. A las autoridades federales se les recomienda que en concertación con las organizaciones de la sociedad civil, definan e implementen un mecanismo nacional de protección para defensoras y defensores, el cual podría extenderse a integrantes de otros grupos de población en especial situación de vulnerabilidad y/o discriminación, en particular periodistas. Este mecanismo debería contar con un presupuesto adecuado, tener la capacidad de articular el trabajo de las autoridades (federales y estatales), y servir como un canal de comunicación directo entre las y los defensores con autoridades de alto nivel. Este mecanismo debería tener capacidad y facultades para realizar una evaluación periódica de los niveles de riesgo; actuar preventivamente; implementar medidas efectivas de prevención; y definir, adoptar, retirar, monitorear y evaluar medidas urgentes de protección que sean otorgadas tanto por los organismos públicos de derechos humanos como por los mecanismos internacionales de protección, así como las solicitadas directamente al mecanismo por las organizaciones de defensores y defensoras. El mecanismo debería conformarse por funcionarios del ámbito federal y estatal, funcionarios de los organismos públicos, defensoras, defensores, y contar con la observación y asesoría de miembros de organismos internacionales y expertos en la materia. Para su definición se recomienda que se analice la experiencia y buenas prácticas de otros mecanismos similares en la región.
65. A partir de febrero de 2010 se generó un intercambio de experiencias regionales en materia de protección54 y, en el marco de la visita al país de la Alta Comisionada en julio del 2011, se publicó el Acuerdo Presidencial que Establece las Bases del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como sus respectivos lineamientos de operación.55
54 Mesa
de Diálogo para la construcción de un Mecanismo Nacional de Protección convocada por la Oficina del ACNUDH en México de forma conjunta con la CNDH y SEGOB . Participaron cuatro expertos colombianos: Rafael Bustamante, Luis Alfonso Novoa, Carlos Ríos y Jaime Prieto (febrero 2010). En enero de 2011, la Oficina del ACNUDH en México facilitó una visita simultánea a Colombia por parte de una delegación mexicana y dos representantes de la sociedad civil con la finalidad de conocer el Programa de Protección creado en dicho país. 55 DOF
del 7 de Julio de 2011 y 24 de mayo de 2012 respectivamente.
66. Como culminación del esfuerzo realizado primordialmente por la sociedad civil para contar con una legislación que brindara un sólido marco legal a la protección a defensoras y defensores, el 26 de junio de 2012 entró en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.56 67. Dicha Ley tiene el objetivo establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos o del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. A través de la Ley se crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 68. De manera específica, el “Pacto por México” refrenda políticamente los esfuerzos previos para garantizar condiciones eficaces de seguridad para que las y los defensores de derechos humanos desempeñen sus labores al incorporar el compromiso 29 relativo al “fortalecimiento a los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas”. En el mismo sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 adoptó como línea de acción “Fortalecer los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas”.57
del 25 de junio de 2012.
57 Plan
Aprecio, en particular, los esfuerzos valientes de las y los defensores de derechos humanos y de las organizaciones, así como del movimiento de víctimas, quienes a un creciente riesgo promueven el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en México. Discurso de la Alta Comisionada, Navi Pillay, al momento de la firma del Acuerdo Presidencial que establecía las bases del mecanismo de protección.
69. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está integrado por la Junta de Gobierno,58 que es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones;59 el Consejo Consultivo, que es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno;60 y la Coordinación Ejecutiva Nacional, que es “el órgano responsable de coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos el funcionamiento del Mecanismo”.61 Dicha coordinación está compuesta por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida; la Unidad de Evaluación de Riesgos; y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.62
70. El 19 de octubre de 2012, representantes de 51 organizaciones no gubernamentales,63 constituidos en pleno a través de una convocatoria pública, eligieron a los nueve integrantes del Consejo Consultivo (cuatro en representación de las personas defensoras de derechos humanos, cuatro de las y los periodistas y una del sector académico).64 El 26 de octubre se instaló el Consejo Consultivo
58 De acuerdo con el artículo 5 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “la Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán: un representante de la Secretaría de Gobernación; un representante de la Procuraduría General de la República; un representante de la Secretaría de Seguridad Pública; un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros”. Asimismo, en la Junta de Gobierno pueden participar como invitados permanentes con voz pero sin voto, un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un representante del Poder Judicial de la Federación, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (art. 6 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas). 59 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, artículo 4. 60 Ibíd, artículo 9. 61 Ibíd, artículo 17. 62 Ibídem. 63
Los artículos 9 a 13 y transitorios Quinto, Sexto y Séptimo de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establecen el procedimiento para la elección de los miembros. 64 El artículo 9 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece que “El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y estará integrado por nueve consejeros […]. En la integración del Consejo se buscará
y se designaron, entre sus integrantes, dos representantes de las personas defensoras de derechos humanos y otros dos de las y los periodistas ante la Junta de Gobierno del Mecanismo,65 con derecho a voz y voto.
72. Desde su puesta en funcionamiento, en noviembre de 2012, hasta abril de 2013, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha recibido 64 solicitudes de incorporación (38 de personas defensoras de derechos humanos y 26 de periodistas), 23 de las cuales han sido conocidas por la Junta de Gobierno.66 De total de solicitudes, 36 casos fueron sustanciados a través del procedimiento ordinario y 19 por el extraordinario, mientras que nueve casos no fueron incorporados por diversas razones. Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado otros instrumentos de funcionamiento, como las reglas de operación de un fideicomiso
un equilibrio entre personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. En este sentido, fueron elegidas como titulares y suplementes las siguientes personas: - En representación de las personas defensoras de los derechos humanos: Titulares: Agnieszcka Raczynska, Edgar Cortez Moralez, Michael W. Chamberlain Ruiz y Juan José Perdomo. Suplentes: Axel García, Daniel Joloy, Verónica Flores y Obed Loreto Sánchez. - En representación de los periodistas: Titulares: Rogelio Hernández, Jade Ramírez Cuevas Villanueva, Jorge Israel Hernández Herrera y José L. Buendía Suplentes: Andrés Arturo Solís, Guillermo Méndez y Abigail Gisela Martínez. - En representación del sector académicos, como titular Pablo Romo Cedano y como suplente Armando Hernández Cruz. 65
Edgar Cortez Moralez y Michael W. Chamberlain Ruiz como representantes de las personas defensoras de derechos humanos, y Jade Ramírez Cuevas Villanueva y Jorge Israel Hernández Herrera como representantes de las y los periodistas ante la Junta de Gobierno. Así mismo, se designó a Agnieszcka Raczynska como presidenta del Consejo Consultivo.
66 Sesión del 27 de noviembre de 2012: tres casos; sesión del 18 de diciembre de 2012: cuatro
casos; sesión del 29 de enero de 2013: tres casos; sesión del 27 de febrero de 2013: dos casos; sesión del 4 de marzo de 2013: dos casos; sesión del 22 de marzo de 2013: cuatro casos; sesión del 8 de abril de 2013: cinco casos; sesión del 26 de abril de 2013: tres casos.
71. El 30 de noviembre de 2012 se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Reglamento).
para el manejo de recursos67 y los protocolos de medidas de protección y evaluación de riesgos.68
73. Hasta diciembre de 2012, 25 entidades federativas habían suscrito un convenio de colaboración con SEGOB para garantizar la implementación de las medidas previstas por la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.69 La coordinación entre las autoridades federales y estatales es uno de los grandes retos para el naciente mecanismo de protección dada la estructura federal del Estado mexicano. Así se ha evidenciado en algunos casos como, por ejemplo, en la implementación de ciertas medidas de prevención y protección entre los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal en favor del albergue de inmigrantes “La 72 – Hogar Refugio para Personas Migrantes”, ubicado en Tenosique, Tabasco, al tiempo que el beneficiario reporta cierto nivel de incumplimiento de las medidas. En este sentido, es de esperar que los convenios suscritos sirvan como un vehículo que promueva la adecuada articulación entre los diversos órdenes de gobierno y garantice una respuesta coherente del Estado mexicano.
74. Si bien en la elaboración de la normativa reglamentaria y operativa del mecanismo de protección SEGOB ha promovido la consulta y participación de la sociedad civil, tal como se recomienda por los organismos internacionales, durante los primeros meses de funcionamiento el Mecanismo ha sido objeto de diversas críticas por parte de algunas personas beneficiarias y de la sociedad civil. 75. La organización “Artículo 19” ha señalado las dificultades para lograr una eficaz coordinación entre el mecanismo de protección a cargo del gobierno federal y las entidades federativas, así como la falta de claridad en los lineamientos y criterios para el manejo de los recursos económicos etiquetados para el Mecanismo.70
67 El 27 de febrero de 2013 se aprobaron en la Junta de Gobierno las reglas de operación del
Fideicomiso denominado “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. 68 Aprobados en la Junta de Gobierno del 27 de noviembre de 2012.
69 Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 70 Artículo 19. Doble asesinato: la prensa entre la violencia y la impunidad. México, 2012.
77. De acuerdo con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Oficina del ACNUDH en México es invitada, con derecho a voz, a todas las sesiones de la Junta de Gobierno del mecanismo de protección y en dicha calidad le ha asignado la máxima prioridad a participar activamente en sus sesiones y a convocar la atención y apoyo de otros actores de la comunidad internacional. Siendo el Mecanismo una institución que se encuentra en un estado temprano de operaciones, enfrenta retos que van desde lo administrativo a lo sustantivo, haciéndose muy notable en estos primeros meses la necesidad de superar a la mayor brevedad posible los obstáculos que se presentaron para disponer de recursos económicos, tener una adecuada estructura interna y dotar a ésta de los funcionarios adecuados.74
71 El listado de organizaciones y el informe sobre la Situación General de Derechos Humanos en México, 147º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, marzo de 2013, puede consultarse en http://cmdpdh.org/2013/03/informe-presentado-en-el-147-periodo-de-sesiones-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos-cidh/ 72 Ibídem. 73 Ibídem. 74 Sobre una plantilla oficial de 18 funcionarios, a mediados de mayo de 2013 sólo estaban con-
tratados y en funciones ocho funcionarios, incluidos dos dedicados a actividades administrativas.
76. Por su parte, un grupo de más de 80 organizaciones,durante el 147 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,71 señaló que “las medidas de protección implementadas no han sido efectivas para garantizar la protección de las personas beneficiarias del Mecanismo y no se han cumplido los plazos fijados por la Ley. Los análisis de riesgo no están siendo elaborados de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, lo que lleva a recomendar medidas que no reflejan el nivel de riesgo real”.72 Por lo anterior, añadieron, “Resulta de gran importancia que el personal encargado de la operación del Mecanismo cuente con el perfil adecuado para el desempeño de tales funciones, esté ampliamente capacitado y tenga conocimiento de la situación que enfrentan tanto personas defensoras de derechos humanos como periodistas, incluyendo una perspectiva de género. Asimismo, se requiere capacitación y entrenamiento para las autoridades locales que implementarán en los estados las medidas dictadas por el Mecanismo”.73
78. La elaboración de los informes de riesgo, de acuerdo con una metodología acordada con la sociedad civil y que recoge un amplio enfoque, exige un personal estable en sus puestos y en constante capacitación, junto con un fuerte respaldo político que permita superar formas y conceptos tradicionales de evaluar el riesgo. La adecuada implementación de las medidas de protección acordadas, el monitoreo de las mismas y una oportuna difusión de la existencia y funciones del propio Mecanismo, son también retos impostergables. Todo ello sin olvidar que mientras persistan los elevados niveles de impunidad que éste y otros informes siguen señalando respecto a los ataques contra las y los defensores de derechos humanos, el efecto de cualquier mecanismo de protección siempre será limitado.
79. La Oficina del ACNUDH en México confía en que la apertura mostrada por SEGOB , los avances en el diseño de un mecanismo institucional de protección y el entendimiento alcanzado hasta ahora entre las instancias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, reditúen en resultados tangibles en la protección de la vida, integridad y libertad de defensoras, defensores y periodistas. La Oficina del ACNUDH en México continuará brindando asesoría técnica y facilitando el diálogo entre los diversos actores. RECOMENDACIÓN 4. Abrir un canal de comunicación directa entre la SEDENA y las y los defensores de derechos humanos, especialmente en aquellas entidades en las que el Ejército mexicano participa con mayor intensidad en tareas de seguridad pública. La ACNUDH manifiesta su disposición para facilitar y acompañar el espacio de diálogo.
80. En junio de 2010, se creó la Unidad de Vinculación Ciudadana dentro de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tuvo bajo su cargo la responsabilidad de realizar una serie de Jornadas Vínculo Cívico-Militar en las 12 regiones militares del país. La información proporcionada por la SEDENA resalta los encuentros en los estados de Coahuila, Chihuahua y Guerrero. 81. La Oficina del ACNUDH en México espera que estos canales de comunicación directa se profundicen y enriquezcan entre dicha Secretaría y las defensoras y defensores de derechos humanos en cada entidad federativa.
82. Un mes después de la publicación en 2009 del Informe de la ACNUDH en México sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la primera de cuatro sentencias sobre los alcances de la jurisdicción militar en México.75 En los cuatro casos se ha determinado la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar y garantizar que las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos militares sean competencia exclusiva de la justicia civil. Con posterioridad a la emisión del Informe 2009, el Comité de Derechos Humanos76, el Comité de los Derechos del Niño77, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados78 y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias79 hicieron recomendaciones en la misma dirección. 83. El 18 de octubre de 2010, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar la cual pretendía excluir de la competencia del fuero militar los delitos de desaparición forzada de personas, violación y tortura. Al respecto, la Oficina del ACNUDH en México expresó que “la ruta […] abierta para armonizar el Código de Justicia Militar con los estándares internacionales de protección de derechos humanos plantea retos evidentes, dada la insuficiencia -entre otras- del muy limitado catálogo 75 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009; Caso Fernández Ortega y otros vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 30 de agosto de 2010; Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia de 26 de noviembre de 2010; y Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, sentencia de 15 de mayo de 2011. 76 Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con el artículo 40
del Pacto, CCPR/C/MEX/CO/5, 7 de abril de 2010, párrafos 11 y 18.
77 Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 8 del Proto-
colo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, CRC/C/OPAC/MEX/CO/1, 7 de abril, de 2011, párr. 30. b. 78 Informe
de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, A/ HRC/17/30/Add.3, 18 de abril de 2011, párr. 94. r.
79Informe del Grupo de Trabajo, A/HRC/19/58/Add.2 , 20 de diciembre de 2011, párr. 98.
5.En seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el marco del Programa Nacional de Derechos Humanos se recomienda revisar el Código de Justicia Militar a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar que las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos militares sean competencia exclusiva de la justicia civil.
de exclusiones que se incorpora a la iniciativa”80 y hacía votos para que el debate que se iniciaría en el Congreso de la Unión avanzara para garantizar que “todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas sean investigadas y juzgadas por tribunales civiles”. 81
84. El 9 de diciembre de 2011, el Presidente de la República instruyó para que se pusieran a disposición del Senado elementos “que [pudieran] enriquecer el proceso de dictaminación [sic] de la iniciativa”presentada por él en octubre de 2010 82 y dio una instrucción a la PGR y a la Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que explorasen mecanismos para que, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se buscara la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de las autoridades civiles.83
85. En abril del 2012, comisiones del Senado avanzaron en la aprobación de un proyecto de decreto por el que se reformaban, entre otros ordenamientos, el Código de Justicia Militar para restringir el alcance del fuero militar e impedir que conozca de los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, así como de violaciones a los derechos humanos.84 No obstante que el proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad en las comisiones del Senado, el mismo nunca fue elevado al Pleno para su votación. 86. Los avances fundamentales en esta materia se han dado en la SCJN . Como resultado del Expediente Varios 912/2010, la SCJN determinó que, para lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco,85 debía reasumir su 80 Comunicado del 19 de octubre de 2010. http://www.hchr.org.mx/Documentos/comunicados/2010/10/CDP191010.pdf 81 Ibídem. 82 Discurso al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2011.http://www.presidencia.gob.mx/2011/12/el-presidente-calderon-en-la-entrega-del-premio-nacional-de-derechos-humanos-2011/ (consultada en noviembre de 2012). 83 Ibídem. 84 Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, aprobado el 19 de abril de 2012 por las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado. 85 CorIDH, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009.
87. El 6 de agosto de 2012, se inició en el Pleno de la SCJN el análisis de 30 expedientes relacionados con jurisdicción penal militar.86 Dentro de las determinaciones más relevantes adoptadas por la SCJN destaca el criterio de que la justicia penal militar no podrá conocer de delitos cometidos por militares cuyos sujetos pasivos sean civiles, ni es competente para conocer de delitos que se configuren como violaciones a los derechos humanos, los cuales son ajenos a la disciplina militar y deben ser conocidos por tribunales ordinarios. Adicionalmente, la SCJN declaró que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar es inconstitucional e inconvencional pues no garantiza que los civiles que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tengan la posibilidad de que la investigación y sanción de estas conductas sean realizadas por la autoridad competente:87 un juez o tribunal ordinario. La Alta Comisionada reconoció la determinación de la SCJN .88 La Suprema Corte de Justicia de México tomó una decisión histórica al limitar el alcance de la justicia militar y establecer que la jurisdicción civil debe conocer las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar. Navi Pillay.
88. Derivado de las sentencias de la SCJN , el Gobierno Federal ha informado que ha instruido el establecer como práctica el que la Procuraduría General de Justicia Militar decline su competencia en favor de la jurisdicción penal ordinaria. 89. La Oficina del ACNUDH en México reconoce los avances logrados y espera que el alcance de su recomendación pueda ser atendido a la brevedad mediante la emisión de una nueva legislación en la materia. 86 http://fueromilitar.scjn.gob.mx/fm_sesiones.htm 87 La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el amparo es el recurso adecuado para que las víctimas o sus familiares cuestionen la definición indebida del juez competente en casos de violaciones a derechos humanos en donde se encuentren vinculados militares. 88 Discurso inaugural de la 21ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos. http://www.ohchr.
org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12486&LangID=E
competencia originaria para resolver los conflictos competenciales dados entre la jurisdicción militar y la ordinaria; lo anterior con el propósito de adoptar criterios en la materia para todo el poder judicial.
RECOMENDACIÓN 6.Con el fin de combatir la impunidad, trabajar de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil en un protocolo de investigación que sea implementado por las procuradurías de justicia en todos los casos en los que las y los defensores denuncien haber sido víctimas de algún delito relacionado con su actividad de defensa.
90. El 23 de abril de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el “Acuerdo número A/010/2010 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el cual se establecen los lineamientos respecto a la investigación e integración de averiguaciones previas donde se encuentren involucradas personas defensoras de los derechos humanos como víctimas de delitos, por el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas”.
91. Asimismo, en marzo de 2009, fue creada la Fiscalía Especializada en la protección de organismos no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos en Chiapas, que tiene el mandato de investigar las agresiones sufridas por personas defensoras en dicha entidad. 92. Por otra parte, en el marco de una mesa de implementación de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de defensores y defensoras en Guerrero, se elaboró, con el apoyo de la Oficina del ACNUDH en México, un proyecto de protocolo para investigar hechos presuntamente delictivos cometidos en agravio a defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, a raíz de los cambios de funcionarios en dicha Procuraduría en diciembre de 2011, la propuesta no ha sido aprobada hasta la fecha de publicación de este informe. El estado de Oaxaca también ha iniciado un proceso similar para la elaboración de un protocolo en la materia 93. La Oficina del ACNUDH en México confía en que los citados protocolos sean aprobados a la brevedad y se garantice su implementación mediante una adecuada capacitación a las autoridades encargadas de investigar las agresiones en contra de la comunidad de defensores, así como mediante la autorización de recursos humanos y materiales suficientes. 94. A pesar de que gran parte de las agresiones reportadas ocurre en el ámbito de la competencia del fuero común, es conveniente que también desde la PGR se impulse un protocolo de investigación a fin de dar certeza jurídica
sobre la actuación de esta instancia en el tema y pueda servir de referente para las procuradurías locales.
RECOMENDACIÓN 7. A los organismos públicos de derechos humanos se recomienda la creación de programas especializados en el tema de defensoras y defensores, que dentro de su metodología de calificación de quejas se tome en cuenta si el quejoso es una defensora o defensor; se activen y establezcan criterios objetivos para dictar medidas urgentes a favor de las y los defensores; y se mantengan y fortalezcan los espacios de diálogo y colaboración con las y los defensores sin ningún tipo de exclusión. También se recomienda revisar el marco regulatorio de los organismos públicos con el fin de garantizar su autonomía e independencia, así como la transparencia y participación de la sociedad civil en los procesos de selección de sus titulares.
96. No se cuenta con información relacionada con la creación de nuevos programas especializados para la atención de defensoras y defensores dentro de los organismos públicos de derechos humanos adicionales a los reportados en el Informe 2009 (CNDH y CDHDF ). 97. En el mes de octubre de 2010, la CNDH publicó la Guía para implementar medidas cautelares a favor de defensores de derechos humanos en México. Partiendo del reconocimiento a la labor que realizan defensoras y defensores, en dicho documento se establecen pautas generales para la construcción de un mecanismo de protección eficaz para dicho sector en condición particular de vulnerabilidad, abonando así al establecimiento de criterios objetivos en la emisión de las medidas cautelares por parte de los organismos públicos. 98. Asimismo, en julio de 2011, la CNDH publicó su primer informe temático sobre la situación de las y los defensores. 89 La Oficina del ACNUDH en México 89 CNDH .
El Derecho a Defender. Informe Especial Sobre la situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México. Julio 2011
95. La Oficina del ACNUDH en México reitera el sentido de su recomendación y hace un llamado para concluir la aprobación de las iniciativas en curso y adoptar herramientas de investigación criminal apropiadas para la eficaz identificación y sanción de los perpetradores de las agresiones hacia las y los defensores de derechos humanos.
confía que este tipo de iniciativas se reproduzcan en los organismos públicos de protección a los derechos humanos de las entidades federativas, tal como ya sucedió en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.90
Las oficinas del Ombudsperson y las instituciones nacionales de derechos humanos son una de las primeras líneas de defensa contra los abusos de derechos humanos y una de las primeras plataformas al llamado de las víctimas. Navi Pillay con motivo de la presentación del Informe El Derecho a Defender.
99. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011 fortaleció la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas y estableció que los procedimientos para la designación de los titulares y de las personas que integren los consejos consultivos de los organismos públicos de derechos humanos deberán ser transparentes y sujetos a una consulta pública. No obstante el importante avance registrado, aún es necesario que el nuevo contenido constitucional federal se vea reflejado en la legislación secundaria, en el marco constitucional y legislativo de las entidades federativas, así como en las normas procedimentales y prácticas que rodean las citadas designaciones. La fortaleza de los organismos públicos radica en su autonomía e independencia, así como en la legitimidad de sus titulares y cuerpos consultivos. RECOMENDACIÓN 8. A la comunidad internacional se recomienda articular una estrategia común para impulsar el trabajo de las y los defensores, fortalecer el enfoque de derechos humanos en sus actividades y temas que se siguen en México y, de manera particular, privilegiar la cooperación internacional hacia aquellas organizaciones que se encuentran en las zonas de mayor vulnerabilidad y riesgo, así como las que trabajan los temas más delicados.
100. Si bien la comunidad internacional ha mantenido un interés constante sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, los 90 CDHDF .
Informe especial sobre el derecho humano a defender los derechos humanos en la Ciudad de México. 2011.
101. La Oficina del ACNUDH en México confía en que seguirá profundizándose la cooperación internacional hacia aquellas organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en las zonas de mayor vulnerabilidad y riesgo en el país. De igual forma, espera que el interés de la comunidad internacional se vea reflejado en la próxima revisión de México en el marco del segundo ciclo del Examen Periódico Universal. 91 102. Por su parte, la Oficina del ACNUDH en México ha promovido activamente la aprobación, instalación y operación de los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas a nivel federal y del Distrito Federal, ha documentado casos, ha sostenido reuniones con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático para posicionar la agenda y ha mantenido un contacto estrecho con las instituciones, organizaciones y personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, entre otras actividades. RECOMENDACIÓN 9. A la sociedad civil se recomienda continuar fortaleciendo las redes de apoyo y sus estrategias de vinculación; compartir y transmitir información, capacidades y herramientas de trabajo con aquellas organizaciones que se encuentran en zonas más aisladas o de mayor riesgo; y seguir participando y contribuyendo en los espacios de diálogo con las autoridades, así como en la promoción de políticas públicas en la materia (PNDH ).
103. En el ámbito nacional, diversas organizaciones de la sociedad civil han continuado con el esfuerzo de articulación y socialización de herramientas de trabajo en diversos estados de la República lo que ha permitido, entre otras cuestiones, favorecer la auto identificación como defensoras y defensores, 91 Consejo de Derechos Humanos, 17ª. sesión, del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2013.
asesinatos del activista finlandés Jyri Antero Jaakkola y de la defensora mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, ocurridos el 27 de abril de 2010, en el estado de Oaxaca, dieron al tema una particular relevancia, al mismo tiempo que sensibilizaron de manera especial a un sector de la comunidad diplomática, llevándola a involucrarse de forma más cercana con ciertos temas e inclusive a promover visitas de acompañamiento y observación o a financiar proyectos locales.
fortalecer sus capacidades y compartir experiencias sobre posibles acciones para garantizar la seguridad y protección de las y los defensores en el país.
104. En el ámbito de las organizaciones internacionales, en enero de 2010, Amnistía Internacional presentó su informe titulado Exigiendo justicia y dignidad: defensores y defensoras de los derechos humanos en México. En diciembre de 2012, dicha organización presentó su informe, Transformar dolor en esperanza, sobre la situación en el continente americano.
Hago un llamado a todas y todos los defensores en México, América Latina y del mundo, para ayudarnos a difundir y utilizar el Comentario a la Declaración de Defensores. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, al presentar la versión en español de su Guía básica sobre el derecho a defender los derechos humanos.
105. Por su parte, en octubre de 2010, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos presentó su Informe Anual en la Ciudad de México. Asimismo, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos realizó un Diagnóstico sobre la violencia contra defensoras en Mesoamérica en 2010 y publicó una actualización en mayo de 2011. En junio de 2012, la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos presentó su Informe de violaciones a los derechos humanos cometidos contra defensores de derechos humanos. En marzo de 2013, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos presentó un informe sobre su situación en México y en abril Brigadas Internacionales de Paz (PBI ) publicó su informe sobre el trabajo de las y los defensores de derechos humanos en México Panorama de la Defensa de los Derechos Humanos en México: Iniciativas y Riesgos de la Sociedad Civil Mexicana.
10. A los medios de comunicación se recomienda dar mayor visibilidad al trabajo de las y los defensores, promover y difundir la Declaración sobre los derechos de los defensores de derechos humanos y dar mayor cobertura a los temas de derechos humanos. Asimismo, integrar en sus líneas editoriales un enfoque de derechos humanos que pueda dar mayor claridad sobre la legitimidad de la labor realizada por las y los defensores, tomar como referente a las organizaciones de la sociedad civil para contrastar la información y, con ello, garantizar una mirada más plural de los acontecimientos. La ACNUDH seguirá contribuyendo en la capacitación de periodistas en materia de derechos humanos.
106. No obstante el clima de inseguridad y violencia que enfrenta la prensa en México, y la consecuente autocensura que ello provoca para la cobertura de ciertas temáticas de interés público, se ha registrado un aumento paulatino en la cobertura mediática de temas relacionados con los derechos humanos, las acciones desplegadas por las y los defensores y las agresiones que han enfrentado con motivo de su labor. Sin desconocer estos avances, la Oficina del ACNUDH en México reitera su recomendación para que los medios de comunicación, especialmente los de las entidades federativas, brinden una mayor visibilidad al trabajo de las y los defensores, sobre todo al que se desarrolla fuera de la capital del país; incorporen en sus líneas editoriales la agenda de las y los defensores de derechos humanos, e impulsen la legitimidad de su trabajo, así como la difusión de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos.
5. CONCLUSIONES 107. El presente informe refleja la persistencia de la situación de adversidad que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México. El mayor número de reportes por agresiones contra defensoras y defensores durante el periodo del presente balance se registró en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Distrito Federal. Destaca el hecho que los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones desde 2006.
108. Los tipos de agresiones más frecuentes son las amenazas e injerencias arbitrarias. Resulta cada vez más frecuente que las y los defensores en situación de riesgo se vean obligados a salir de sus localidades y lugares de residencia, sin que en algunos casos este desplazamiento haya aminorado la situación de riesgo.
109. Perduran los impedimentos para identificar a la mayoría de los presuntos responsables de las agresiones, pero en el segmento visible de perpetradores el más importante corresponde a actores no estatales. La impunidad existente favorece la generación e incluso la repetición de las agresiones. 110. Desde la emisión de nuestras recomendaciones en 2009, han tenido lugar procesos cuya paulatina consolidación favorece el cumplimiento e implementación efectiva de varias medidas, las cuales deberían a su turno tener un impacto positivo para el pleno ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en México. Sin embargo, el resultado esperado aún no se refleja a la escala y extensión del daño sufrido por las y los activistas, ni al de la necesidad de justicia, reparación y garantías de no repetición que exigen sus casos. 111. Sin duda, la adopción en 2011 de la reforma constitucional en derechos humanos brindó una validación política y jurídica insoslayable al vasto conjunto de activistas que asumieron un liderazgo constructivo en el curso del debate político nacional mexicano, así como a aquellos cuyas denuncias y exigencias se hicieron incluso desde espacios contestatarios; no obstante, la plena implementación de la reforma constitucional a través de las leyes específicas que impone sigue pendiente. 112. A su turno, la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas significó el reconocimiento a la necesidad de proteger, desde un andamiaje legal, a personas y organizaciones cuyos aportes resultan imprescindibles para la defensa y promoción
113. Finalmente, las condenas públicas a las agresiones en contra de las y los defensores dan cuenta de una correcta adopción del rol político que se espera y exige de las autoridades para favorecer y reforzar la legitimidad de las causas que enarbolan las y los activistas y del repudio a los ataques que sufren. No obstante, las ocasiones en las que todavía emergen reacciones negativas o descalificatorias por parte de algunas autoridades, revalidan la pertinencia y utilidad de seguir señalando que deben elaborarse campañas sostenidas, más allá de las coyunturas, que expresen de manera inequívoca el sentido de las obligaciones y responsabilidades del Estado como parte de una estrategia de comunicación social y política que destaca y protege el rol positivo que cumplen las y los activistas a favor de la democracia y del imperio de la ley. 114. En conjunto, estos son elementos importantes que configuran un cambio positivo. Otros avances de los que también se da cuenta en el presente informe, podrían significar transformaciones cuyo impacto debería ser favorable, pero en la etapa actual de los respectivos procesos, aún se requiere que sean completados y, sobre todo, contrastados y refrendados con resultados concretos. En ese sentido, las recomendaciones de 2009 siguen constituyendo un marco útil de propuestas y la expectativa de su plena implementación merece seguir siendo parte del diálogo y asistencia que continuaremos desarrollando. El cambio de poderes a nivel federal brinda una nueva oportunidad para retomarlas, profundizarlas y materializarlas en un plazo razonable de manera participativa y en consulta constante con las y los defensores de derechos humanos. 115. La Oficina del ACNUDH en México reitera su compromiso de seguir promoviendo y visibilizando la agenda de las y los defensores de derechos humanos, así como brindando la asesoría y asistencia técnicas para favorecer la implementación de sus recomendaciones conjuntamente con las autoridades y actores de la sociedad civil que han abrazado el sentido de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
de los derechos humanos; sin embargo, el mecanismo de protección establecido por la ley aún se encuentra en una etapa inicial de operaciones y su eficacia real deberá ser medida cuando se consolide su funcionamiento.
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente,  a promover y procurar la protecci贸n y realizaci贸n de los derechos humanos y las libertades fundamentales  en los planos nacional e internacional. Art铆culo 1 Declaraci贸n de las Naciones Unidas  sobre las y los defensores de derechos humanos
BAJA CALIFORNIA 1. María Teresa Vallejo. Integrante del Centro de Rehabilitación Fuerza, Unión y
Tolerancia A.C., organización dedicada a brindar asistencia a familiares y personas privadas de la libertad. En el mes de mayo de 2011, sujetos desconocidos ingresaron a su domicilio particular y provocaron una fuga de gas. El 15 de julio de 2011 una persona armada y encapuchada amenazó a la defensora Vallejo Pérez cuando salía de su casa, advirtiéndole que abandonara su trabajo en las cárceles del Estado.
CHIAPAS 2. Adolfo Guzmán Ordaz y Margarita Guadalupe Martínez Martínez. Ambos colabo-
raron con la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C. Después de la denuncia penal que interpusieron por el allanamiento en su domicilio por parte de la policía estatal en el año 2009, recibieron múltiples amenazas que fueron reportadas en el informe de actualización del 2010. En octubre de 2011, luego de un viaje al extranjero del defensor Guzmán Ordaz para denunciar la situación de riesgo que vivían, nuevamente recibieron una amenaza en su domicilio. Hechos similares se repitieron el 11 de mayo y el 30 de junio de 2012, en el marco de la preparación de un viaje de la defensora Martínez para el examen de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Las amenazas hacían referencia a su vida personal, a las agresiones previamente padecidas y nuevamente se denostaba al Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, organización que acompañaba su denuncia.
CHIHUAHUA 3. Marisela Escobedo Ortiz. Fue asesinada la noche del 16 de diciembre de 2010, por
sujetos vestidos de civil, cuando se encontraba manifestándose en forma pacífica afuera del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. Junto con sus familiares, llevaba nueve días exigiendo justicia por el feminicidio cometido en contra de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, ocurrido el 29 de agosto de 2008. El 18 de diciembre el negocio familiar, una carpintería, fue incendiado. Este mismo día su cuñado, Manuel Monge Amparán, fue secuestrado y encontrado sin vida. Los familiares de la señora Escobedo se encuentran en el extranjero y han emprendido procesos de solicitud de refugio.
4. Marisela Ortiz Rivera y María Luisa García Andrade. La defensora Ortiz Rivera es fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y la defensora García Andrade es Directora de Asuntos Jurídicos de la misma organización, dedicada a combatir la impunidad en los casos de desapariciones y feminicidios cometidos en
SÍNTESIS DE CASOS ILUSTRATIVOS
Ciudad Juárez. El 16 de febrero de 2011, el domicilio de la defensora María Luisa García Andrade fue objeto de un connato de incendio. Posteriormente, el 10 de marzo de 2011, las defensoras y uno de los hijos de Marisela Ortiz Rivera fueron amenazados mediante una manta colocada en la escuela secundaria donde trabaja la defensora Ortiz Rivera. Ese mismo día en la madrugada, otra manta similar fue colocada en la escuela a donde acudía la hija de María Luisa García Andrade.
5. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Organización que brinda acompaña-
miento y asesoría legal a víctimas de tortura y a mujeres víctimas de la violencia, además de promover una cultura de respeto a los derechos de la infancia en los barrios de Ciudad Juárez. El 5 de junio de 2011, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que se trasladaron en cinco patrullas entraron sin orden de cateo, mediante el uso de fuerza, a las instalaciones de la organización en Ciudad Juárez bajo el argumento de localizar a una persona prófuga de la justicia.
6. Norma Andrade. Presidenta honoraria de la organización “Nuestras Hijas de regreso
a Casa”. El 2 de diciembre de 2011, sufrió un atentado con arma de fuego, en presencia de sus dos nietos menores de edad, afuera de su domicilio particular en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 7 de diciembre, apareció una manta afuera de la escuela primaria donde la defensora trabajaba como profesora, la cual hacía referencia al ataque sufrido y lo calificaba como “una advertencia” además de amenazar a su familia. El 3 de febrero de 2012, Norma Andrade sufrió una nueva agresión afuera de su nuevo domicilio temporal en Ciudad de México, cuando un hombre no identificado la atacó con un objeto corto punzante en el área del cuello.
7. Flor Karina Cuevas Vásquez. Visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 21 de diciembre de 2011, al llegar al domicilio de su madre, dos sujetos vestidos de civil intentaron privarla de la libertad y subirla a una camioneta. El intento fue frustrado por vecinas que pasaban cerca del lugar de los hechos.
8. Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís. El defensor Solorio era líder del movimiento denominado El Barzón. Junto con su esposa, Manuela Martha Solís, fueron asesinados, el 22 de octubre de 2012, en la carretera Ciudad Cuauhtémoc-Colonia Obregón, Chihuahua. Una semana antes de ser asesinado, el 13 de octubre, el defensor Solorio Urrutia y su hijo fueron golpeados por un grupo de ex empleados de una empresa minera que realiza operaciones de exploración en la zona. 9. Diana Esther Morales Rincón. Abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Los días 21 y 24 de octubre 2012 agentes de la policía ministerial realizaron rondines alrededor de su casa sin motivo aparente. Una semana antes la abogada había solicitado el inicio de una investigación en contra de elementos de la Fiscalía del Estado por presuntos actos de tortura.
COAHUILA 10. Casa del Migrante en Saltillo. Organización que se dedica a brindar asistencia hu-
manitaria a la población migrante y a documentar los abusos cometidos en su contra. El 6 de mayo de 2011, personas desconocidos trataron de ingresar al albergue bajo el
pretexto de estar buscando a un migrante. Ese mismo día le fue robado el teléfono celular a una de las colaboradoras del albergue. El 6 de noviembre de 2012, sujetos vestidos de civil interceptaron al Coordinador del Área de Salud Mental y después de despojarle de su teléfono celular le amenazaron. Durante el mes de diciembre de 2012, el equipo del albergue sufrió diversos incidentes de inseguridad, incluida una amenaza telefónica en contra del Presbítero Pedro Pantoja Arreola el 30 de diciembre, en la que se señalaba la intención de agredir a los colaboradores de la organización. taria a la población migrante en Piedras Negras. Durante el mes de mayo de 2011 la Casa del Migrante fue objeto de vigilancia y amenazas, además de actos de intimidación por parte de sujetos civiles. El 9 de mayo de 2011, un colaborador del albergue fue detenido y agredido por sujetos civiles que lo amenazaron por su labor.
12. Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi. Organización dedicada a la promoción
de los derechos humanos en Torreón. El 9 de septiembre de 2012, se llevó a cabo un operativo policial dentro de las instalaciones del Centro, ubicado dentro de una parroquia, bajo el argumento de estar actuando a raíz de una llamada anónima que denunciaba la supuesta existencia de narcóticos.
DISTRITO FEDERAL 13. Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC ). Organización periodística especializada en la perspectiva de género y los derechos humanos. El 20 de mayo de 2011 sujetos no identificados ingresaron a sus instalaciones mediante la fuerza y sustrajeron material de trabajo e información sensible. En mayo de 2012 la organización reportó que sus cuentas electrónicas habían sido intervenidas. 14. Comité Cerezo México. Organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de personas a quienes estiman privadas de su libertad por motivos políticos. El 8 de noviembre de 2011, cuatro integrantes de la organización recibieron amenazas anónimas de muerte en su correo electrónico. 15. Greenpeace México. Organización que promueve la protección y conservación del medio ambiente. El 13 de octubre de 2011 recibieron un correo electrónico con amenazas de muerte dirigidas contra el personal del Área de Publicidad y Diálogo Directo por un evento en el que participarían en Acapulco, Guerrero. El 25 de noviembre de 2011 recibieron en sus instalaciones un artefacto explosivo de fabricación casera, dirigido a uno de los coordinadores de la organización. El paquete no fue abierto y por lo tanto no causó lesiones ni daños.
ESTADO DE MÉXICO 16. Casa del Migrante San Juan Diego. Albergue ubicado en Lechería, municipio de
Tultitlán, destinado a brindar asistencia humanitaria a la población migrante en su tránsito por el país. El 16 de mayo 2011, un grupo de vecinos de la colonia Lechería se manifestaron afuera del albergue para exigir el cierre de las instalaciones bajo argumentos
11. Albergue “Frontera Digna”. Organización que se dedica a brindar asistencia humani-
hostiles de corte xenófobo. El 13 de agosto de 2011, el grupo de vecinos impidió una procesión en conmemoración de un migrante fallecido. A raíz del clima de hostigamiento en su contra, el 9 de julio de 2012 el albergue fue cerrado y posteriormente se instaló un comedor en Huehuetoca, localidad cercana, para brindar alimentos a las personas migrantes que transitaran por la zona. El 21 de julio de 2012, se encontraron cinco impactos de bala en la barda perimetral que protegía las instalaciones del comedor y otros tantos habían perforado la manta que anunciaba dicho servicio. Ante la prevalencia de los ataques y amenazas, el comedor tuvo que cerrar durante un tiempo.
GUERRERO 17. Quetzalcóatl Leija Herrera. Presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el
Desarrollo Humano Integral, organización dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTTTI . Fue asesinado el 3 de mayo de 2011, en la plaza central de Chilpancingo. Desde un mes antes estuvo preparando una movilización a favor de los derechos de los homosexuales y anteriormente habría instado a las autoridades para que investigaran crímenes cometidos presuntamente por homofobia en el estado de Guerrero.
18. Obtilia Eugenio Manuel. Presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa
en Ayutla de los Libres. Desde el 2005 cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde abril de 2009 con medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 16 de junio de 2011 recibió nuevas amenazas de muerte en el domicilio al que había decidido trasladarse recientemente, luego de una serie de amenazas previas. Dicho mensaje también hacía extensiva la amenaza al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, poco después de la reapertura de sus oficinas en Ayutla de los Libres, luego de dos años de permanecer cerradas por el hostigamiento y agresiones en su contra.
19. Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz. Presidente y Coordinadora General de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP ). El 8 de diciembre de 2011 fueron privados de la libertad por sujetos armados vestidos de civil mientras se transportaban en un autobús con destino a la ciudad de México a fin de participar en una reunión con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Desde aquel momento las familias de las víctimas no han recibido ninguna información sobre su paradero. 20. Maximino García Catarino. Integrante de la Organización para el Futuro del Pueblo
Mixteco. Fue detenido el 21 de enero de 2012 y falsamente acusado del delito de homicidio. Fue liberado el 20 de marzo de 2012, por una orden judicial que reconocía su inocencia por falta de pruebas.
21. Vidulfo Rosales Sierra. Coordinador del área de Defensa Integral del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización dedicada a promover los derechos de los pueblos indígenas en la zona de la Montaña en el estado de Guerrero. El 4 de mayo de 2012, se encontró una amenaza de muerte en su contra en las oficinas de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, ubicada en la ciudad de Chilpancingo.
JALISCO 22. Celedonio Monroy Prudencio. Integrante del Consejo Consultivo de la Comisión
MICHOACÁN 23. Pedro Leyva Domínguez. Fue nombrado por su comunidad como delegado ante el
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para denunciar un conflicto territorial de larga data en su comunidad. El 6 de octubre del 2011 fue asesinado por sujetos armados en las inmediaciones de la comunidad Xayakalan, municipio de Aquila.
24. Trinidad de la Cruz Crisóforo. Integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El 6 de diciembre de 2011 fue detenido por sujetos armados vestidos de civil en la comunidad de Santa María Ostula. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado sin vida en el municipio de Aquila.
OAXACA 25. Alejandro Solalinde. Coordinador de la Zona Sur de la Dimensión Pastoral de la
Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Mexicana y director del refugio para migrantes “Hermanos en el Camino” en la Ciudad de Ixtepec. El 16 de mayo del 2012 anunció, como medida de autoprotección, su salida de México debido a una serie de amenazas recibidas el 15 de abril de 2012. El defensor Alejandro Solalinde regresó a su albergue el 12 de julio de 2012, acompañado por la Oficina del ACNUDH en México.
26. Bernardo Vásquez Sánchez. Dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del
Valle de Ocotlán, movimiento opuesto a la operación de una mina en San José del Progreso. El 15 de marzo de 2012, Bernardo Vázquez fue asesinado en una emboscada en la carretera de Santa Lucía hacia Ocotlán. Dos familiares que lo acompañaban resultaron heridos.
27. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. Organización
feminista que promueve propuestas a favor de la democratización de las leyes y las políticas públicas con perspectiva de género. Después de diversos incidentes de seguridad, el 3 de noviembre de 2011 su oficina fue allanada por desconocidos que sustrajeron información sensible de la organización. Una agresión similar ocurrió nuevamente el 3 de marzo de 2012.
28. Lucila Bettina Cruz Velázquez. Cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, ha liderado una serie de campañas a favor de los derechos de los pueblos zapotecos e ikoots que han expresado su oposición a proyectos eólicos en la región. Desde octubre 2011 ha sufrido amenazas
Estatal Indígena de Jalisco, nominado por la autoridad tradicional del Consejo de Mayores de Ayotitlán por haberse destacado en la defensa de los derechos humanos de su comunidad nahua. El 22 de octubre de 2012 fue privado de la libertad por sujetos armados en la comunidad Loma Colorada, perteneciente al ejido Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
y hostigamientos por su participación en el Comité de Resistencia al proyecto eólico de Unión Hidalgo. El 22 de febrero 2012 fue detenida por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones en Juchitán, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de consumo ilegal de riqueza nacional y privación ilegal de libertad en agravio de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado. Hasta el momento la defensora enfrenta en libertad este proceso judicial.
PUEBLA 29. Centro de Apoyo al Trabajador (CAT ). Organización dedicada a la defensa de los
derechos laborales que brinda asesoría y formación a trabajadores de la industria maquiladora en Puebla. El 15 de mayo de 2012 cuatro personas vestidas de civil privaron de la libertad al defensor José Enrique Morales Montaño, integrante del CAT , y luego de robarle sus pertenencias, golpearle y amenazarle de muerte por su labor, fue puesto en libertad. Al día siguiente la directora del CAT , Blanca Velázquez, recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje de texto en su celular.
QUINTANA ROO 30. Lydia Cacho. Periodista y defensora de los derechos de las mujeres. Desde 2005 ha
sido objeto de amenazas y acoso judicial a partir de la investigación y denuncia de una red de pornografía y abusos infantiles en el país. El 14 de junio de 2011, la Fundación Lydia Cacho recibió un correo electrónico con amenazas de muerte. Los días 17 de junio y 28 de julio de 2011 la defensora recibió nuevas amenazas de muerte anónimas en su teléfono celular y a través su equipo de radio comunicación. Lydia Cacho tiene medidas cautelares de la CIDH desde el mes de agosto de 2009.
SONORA 31. Nepomuceno Moreno Núñez. Se unió como miembro activo del Movimiento por
la Paz con Justicia y Dignidad, luego de la desaparición de su hijo Jorge Mario Moreno León ocurrida el 1 de julio de 2010. El 28 de noviembre de 2011 fue asesinado en la ciudad de Hermosillo.
TABASCO 32. Hogar Refugio para Personas Migrantes. Albergue ubicado en el municipio de
Tenosique destinado a brindar asistencia humanitaria a la población migrante en su paso por el país. Desde el mes de julio de 2011 personal del albergue y los propios migrantes han sido objeto de diversos actos de hostigamiento y vigilancia, tales como los ocurridos el 5 de julio, cuando un joven dijo que serían secuestrados los migrantes durante la noche, y el 6 de julio por la madrugada, cuando varias personas trataron de entrar en el albergue empujando la puerta principal. El 13 de enero de 2012, en el marco del desalojo de la comunidad guatemalteca instalada en Nuevo Progreso, Tenosique,
Tabasco, un líder comunitario les informó que existía una denuncia anónima por el delito de tráfico de personas en contra de Fray Tomás González Castillo, director del mencionado hogar refugio. borador de dicho centro fue detenido por policías municipales quienes bajo amenazas le demandaron retirar una denuncia previa interpuesta contra el mismo cuerpo policiaco por los malos tratos infligidos durante una detención anterior ocurrida el 9 de octubre de 2010. El 29 de junio de 2011 el defensor Ezequiel Serafín Esteban, Director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta se marchaba de la oficina en su motocicleta cuando una camioneta con vidrios polarizados le cerró el paso y resultó herido tras caer de su motocicleta.
YUCATÁN 34. José Ricardo Maldonado Arroyo. Director de la Red de Personas Afectadas por VIH
(REPAVIH ) con sede en Mérida. El 4 de diciembre de 2010 el defensor Maldonado fue detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Judicial del Estado de Yucatán, bajo el pretexto de ser objeto de una presunta investigación penal. En el transcurso de su detención, fue agredido físicamente, resultando en lesiones, mientras le preguntaban cuestiones relativas a su trabajo de defensa de los derechos de las personas con VIH. Fue liberado horas más tarde sin ningún cargo en su contra y bajo la amenaza de volver a detenerlo si presentaba alguna queja por los hechos ocurridos.
33. Centro de Derechos Humanos del Usumacinta A.C. El 19 de junio de 2011, un cola-
Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance Se terminó de imprimir en los talleres de RMR Impresos y Acabados, en junio de 2013 Gavilán No. 181, Edificio D, Int. 202 Col. Barrio de San Miguel, 09360 México, DF, Tel. 56 98 69 72 Se tiraron 3000 ejemplares más sobrantes para reposición.
www. hc hr . or g. m
Es t ei nf or mepr os i guee l t r abaj opr e s e nt adoe ne lI nf or met e mát i c os obr el as i t uac i óndel asyl osde f e ns or e sdede r e c hos humanose nMé x i c opubl i c adoe n2009y l as ubs e c ue nt e ac t ual i z ac i ón publ i c ada e n2010,par ar e al i z arade másunpr i me r bal anc es obr ee l ni v e l dei mpl e me nt ac i ón del asr e c ome ndac i one sc ont e ni dase ne l pr i me rdoc ume nt o.
Ene l pr e s e nt ebal anc es es ubr ay aquel ai nc i de nc i adec as osdeagr e s i one sc ont r al asyl os ac t i v i s t asde de r e c hoshumanospe r s i s t ey s i gueaf e c t andol apl e nav i ge nc i ade l de r e c ho al ade f e ns adel osde r e c hoshumanos .P or e l l os er e i t e r al ape r t i ne nc i adec ont i nuarabogandoporl aadopc i ónei mpl e me nt ac i ónde l asr e c ome ndac i one se mi t i dasde s dee l2009, pr of undi z andoype r f e c c i onandoaque l l ase n l asc ual e sy ae x i s t e nys er e c onoc e ne s f ue r z os yac c i one sporpar t ede l Es t adome x i c ano.
A l e j a n d r oD u ma s 1 6 5 C o l . P o l a n c o , Mé x i c o , D F , 1 1 5 6 0 T e l . + 5 2 5 55 0 6 16 3 5 0 F a x+ 5 2 5 55 0 6 16 3 5 8 C o r r e o e : o a c n u d h @o h c h r . o r g w w w . h c h r . o r g . mx F a c e b o o k : O n u d hMé x i c o T w i t t e r : @O N U D H me x i c o V i s i t at a mb i é n : w w w . r e c o me n d a c i o n e s d h . mx
Es c ane ae l c ódi goQRpar ac ons u l t ar ot r aspu bl i c ac i one sdel aONUDH.
Informe sobre la situación de defensores de derechos humanos en México: Actualización 2013
Este informe prosigue el trabajo presentado en el Informe temático sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México...

References: artículo 12
 resolución 
 artículo 44
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 33
 Artículo 17
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 9
 Artículo 19
 artículo 40
 artículo 8
 artículo 57