Source: https://es.scribd.com/document/142783692/Juicio-Previo
Timestamp: 2017-09-20 14:56:48+00:00

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Cargado por James Williams
JUIC IO
PRE VIO
La limitac ión objetiv
a implic a que el juici
Públi co, Contr adict
orio, Conti nuo,O ral.
Debe ser un juicio
prepa rado ycont
rolad o .
La limitac ión subjeti
va implic a que el juici
o debe ser desarr
ollado por un jue z.
COMISIÓN 7731
PROFESORES ------------ Dr. AGUSTÍN VALOTTA ------------------------ Dr. GONZALO TAFEL ------------TEMAS "EL DEBIDO PROCESO LEGAL" "AUTOINCRIMINACIÓN" "SUJETO Y OBJETO DE LA PRUEBA" INTEGRANTES: ELIZONDO, RICARDO GALLO, CAROLINA GIOSFRE, CECILIA OCAÑA, VALERIA
(Haga click sobre el tema que le interesa) Introducción 3 Garantías analizadas:
Non bis in Idem Principios que limitan la facultad del Estado para recolectar información Auto incriminación Juicio previo Irretroactividad de la ley penal Irretroactividad de la ley procesal Inviolabilidad de defensa en juicio Derecho a contar con un abogado defensor Derecho a exclusión de prueba obtenida ilegalmente
Inviolabilidad del domicilio y registros privados Principio de inocencia Juez natural y prohibición de comisiones especiales
Normas generales analizadas Análisis jerárquico de las garantías tratadas
Caso: Juanito Álvarez Caso: Zambrana Daza
Índice de fallos
La potestad que tiene el Estado de imponer una sanción al delincuente, debe ejercerla mediante la realización previa de un proceso, en el cual se juzgue el comportamiento del presunto responsable.
El principio nulla poena sine culpa, en cuya virtud nadie puede ser castigado si no es culpable, determina que en todos los casos será necesario verificar la culpabilidad del imputado, mediante la sustanciación del juicio penal. En consecuencia, el fundamento del Derecho procesal penal, es el deber del Estado de garantizar la realización de justicia a los ciudadanos, lo que se corresponde a la idea de estado de derecho. La administración de justicia logra la más acabada materialización del ideal de justicia en la sentencia, pues permite obtener un efecto positivo en la vida social, que se había visto alterada por la comisión del delito. Sin proceso no podrían lograrse los fines de la pena. Veremos que los principios constitucionales actúan como reguladores de la actividad procesal, garantizando tanto el interés colectivo como individual. Tales principios son la igualdad ante la ley, supresión de fueros y privilegios, juicio previo (legalidad procesal), defensa en juicio, Juez natural, non bis in ídem, el principio de inocencia y arresto por autoridad competente. Todos
ellos nombrados implícita o explícitamente en los art. 16 y 18 de la Constitución Nacional.
A continuación, durante el cuerpo del trabajo, trataremos las siguientes garantías:
Non bis in Idem Principios que limitan la facultad del Estado para recolectar información Auto incriminación Juicio Previo Irretroactividad de la Ley Penal Irretroactividad de la Ley Procesal Inviolabilidad de defensa en juicio Derecho a contar con un abogado defensor Derecho a exclusión de Prueba Obtenida Ilegalmente Inviolabilidad del Domicilio y Registros Privados Principio de Inocencia
Estas garantías son el conjunto que conforma la garantía "madre", del "debido proceso".
( inadmisibilidad de la persecución penal múltiple)
Esta garantía no aparece en forma explícita en nuestra Constitución. La misma puede ser considerada como una derivación del principio de la inviolabilidad de la defensa contenido en el art. 18 de la Constitución. En cambio en los tratados internacionales, especialmente el "Pacto de San José de Costa Rica" art. n º 8.4 y el "Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos" art. n º 14 en donde dicen que ninguna persona puede ser sometida a proceso, cuando haya sido absuelto por sentencia firme y respetuosa de la ley de
procedimiento de cada país, así como también las constituciones provinciales preveen este principio entre las garantías que rigen el proceso penal. Queda claro, entonces, que el Estado no puede someter a proceso a un imputado dos veces por el mismo hecho en forma sucesiva o simultánea, solo puede ser sometido a un segundo proceso si el objeto de este último consiste en revisar la sentencia condenatoria del primero para determinar si es admisible una revocación de esa condena y una absolución. Hay tres requisitos con respecto a la garantía: 1- Se debe tratar de la misma persona. 2- Se debe tratar de mismo hecho. 3- Debe tratarse del mismo motivo de persecución. La primera siempre la cosa juzgada tiene referencia a una persona que ha sido involucrada. Se ha discutido, si la desestimación que puede ocurrir cuando todavía no se ha individualizado el imputado, se puede producir un efecto "erga omnes", lo que ocurre es que la desestimación produce el rechazo, por inadmisible, de una denuncia que puede ser admitida nuevamente si se modifican las condiciones por las que antes fue rechazada. Por lo tanto un nuevo proceso, dirigido contra un nuevo cómplice o contra una persona determinada, resultaría plenamente admisible. En la segunda, la necesaria identidad de los hechos, en realidad son aquellos en que se basan los procesos penales y que tienen algún tipo de significado jurídico. La exigencia de "eadem res", significa que debe existir correspondencia entre las hipótesis que fundan los procesos en cuestión. Existe una excepción a este principio, por ejemplo un mismo hecho puede encuadrarse dentro de un delito de acción pública y al mismo tiempo dentro de la acción privada. Estos dos tipos de proceso, que responden a dos tipos diferentes de acción, no se pueden acumular; en este caso se puede tramitar simultáneamente o sucesivamente, dos procesos basados en los mismos hechos. Sin embargo, existe un mecanismo procesal que permite el dictado de una condena única o unificación de las penas, restaurando así la necesaria unidad del proceso que no pudo realizarse debido a la vigencia de reglas diferentes para cada tipo de acción. Todos los procesos que buscan una sanción, tienen en última instancia, la misma causa pretendi. Y tratándose de la misma hipótesis fáctica comienza a operar el principio de non bis in ídem.
Uno de los problemas que se plantea a esto, es que no existen criterios racionales muy claros para determinar cuando se conserva la estructura básica del hecho, la solución a esos casos es valorativa, es decir, en aquellos casos en los que se ha ejercido el poder penal con suficiente intensidad, y además ha existido la posibilidad de completar adecuadamente la descripción del hecho; la entidad del hecho debe ser comprendida del modo más amplio posible. En resumen, para la determinación de la identidad del hecho, es imprescindible remitirse a su significado jurídico. Solo cuando claramente se trate de hechos diferentes será admisible una nueva persecución penal. La tercera correspondencia, es que debe tratarse de un mismo motivo de persecución, la misma razón jurídica y política de persecución penal, el mismo objetivo final del proceso. Serán diferentes los motivos del proceso si se procura la reparación de un daño (civil), que si se pretende la sanción del causante (penal). El principio de non bis in ídem tiene efectos muy concretos, el primero es la imposibilidad de revisar una sentencia firme en contra del imputado, cuando ha sido absuelto, no puede ser condenado en un segundo juicio, y si fue condenado no se lo puede condenar más gravemente, solo se efectúa la revisión a favor del imputado. La segunda consiste en dar fundamento a lo que se denomina la excepción de littis pendencia, como una persona no puede estar sometida a dos procesos por el mismo hecho y el mismo motivo existe una excepción o defensa anticipada, cuya finalidad es la unificación de los procesos o la suspensión del proceso llevado adelante contra ese principio, dicha excepción, el imputado puede interponerla en cualquier etapa del proceso desde los propios inicios
Principios que limitan la facultad del Estado para recolectar información El juicio es la etapa principal del proceso y en el se encuentran las garantías procesales, por lo tanto es lógico que el Estado tenga la posibilidad de preparar el juicio, es decir, analizar un conjunto de actividades, muchas de ellas orientadas a la búsqueda de información para poder fundamentar la acusación y poder presentar las pruebas en el juicio. La principal de las etapas preparatorias consiste en la investigación que permitirá fundar la acusación que abre el juicio. El hecho de que las garantías procesales básicas cumplan su papel primordialmente durante la etapa del
juicio, no significa que tengan ejecución durante la etapa preparatoria. Por lo tanto, el carácter protector de las garantías debe actuar desde el comienzo del proceso. En consecuencia, existe un grupo de garantías específicas cuya finalidad consiste en limitar la posibilidad que el Estado tiene de recolectar información. En la práctica del proceso penal, es frecuente que no se repare en los medios para averiguar la verdad, la investigación se convierte en una especie de campo minado, con la intención de trabar al imputado y provocar su confesión. El proceso penal no debe abandonar la particular relación que lo liga al tema de la verdad, pero tampoco debe obstaculizarla. La consecuencia más importante y directa de estas limitaciones que restringen el acceso del proceso penal a la verdad histórica es la limitación y formalización de canales de acceso de la información al proceso. Estas limitaciones pueden afectar en distintos niveles:
En primer lugar, existen ciertos campos, temas y métodos que son absolutamente prohibidos, por ejemplo la tortura, las amenazas, y la coacción para que la persona confiese. Existe otro nivel de formalización y limitación de las posibilidades de buscar información, constituidos por aquellos casos en que tal información puede ser obtenida solamente si existe una autorización judicial expresa y específica. Por ejemplo, registros particulares, allanamientos, intercepción de comunicaciones, etc. Es el de la pura formalización, esto es lo que se denomina "legalidad de prueba" e implica que no puede ingresar al proceso información proveniente de rumores, testimonios, anónimos, etc.
Todo esto demuestra que el proceso penal no esta abierto a la información en forma indiscriminada con tal de acercarse a la verdad, sino que solo admite ciertos canales preestablecidos y relativamente rígidos para el acceso de información
Auto incriminación El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que "... nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo." Se halla contemplada esta garantía, también en la Carta Magna de los Estados Unidos.
Declaraciones bajo juramento Esta garantía se vería afectada al exigir juramento al imputado a quien se va a interrogar ya que esto constituiría una manera de obligarle a declarar en su contra. Toda declaración de quien es juzgado por delitos, faltas o contravenciones, debe emanar de la libre voluntad del encausado, quien no debe verse siquiera enfrentado con un problema de conciencia, cual sería colocarlo en la disyuntiva de faltar a su juramento o decir la verdad. ( fallo Mendoza, CSJN, 1:350)
Identificación en rueda de presos e intimación a entregar documentación. Una vez establecida la garantía el enfoque pase a ser su alcance. En Estados Unidos el alcance de esta garantía se refiere a las "comunicaciones verbales" del acusado, y no abarca cosas tales como pedirle que camine de determinada manera, se preste a abstracción de huellas digitales, identificación de su mano hábil, obtención de un mechón de pelo, etc. La jurisprudencia argentina permite la intimación al acusado a la entrega de documentación relativa a las operaciones tildadas de defraudatorias por parte del Juez de Instrucción. ( fallo CSJN, 249:530)
Testigo que declara falsamente para no incriminarse Diversos Tribunales Inferiores han sentado el criterio de que la garantía de no ser obligado a declarar contra uno mismo protege al testigo que declare falsamente a fin de no incriminarse. Si de las preguntas formuladas en juicio puede derivar responsabilidad personal para el testigo, ha de entenderse que declara en causa propia y por lo tanto no le es exigible la verdad de los hechos mencionados en el interrogatorio.
Exhortación al imputado a decir la verdad.
Lo que la Constitución rechaza es cualquier intento de obligar a un imputado a declarar en su contra y que la declaración de quien es juzgado por delitos, faltas o contravenciones, debe emanar de la libre voluntad del encausado. Le debe quedar claro al acusado que no tiene ninguna obligación de declarar, que no hacerlo no perjudica sus posteriores chances de demostrar su inocencia, y que esa negativa tampoco afecta otros derechos suyos tales como, por ejemplo, la obtención de una excarcelación. Por ello, la opinión de la doctrina sostiene que sería de suma importancia el reconocimiento constitucional del presente derecho del imputado.
No hacerle saber al imputado su derecho a negarse a declarar Actualmente, al parecer, lo constitucionalmente exigible es que se le brinde al imputado la posibilidad de "oponerse" al acto, sin que exista obligación ninguna de comunicarle que él goza de ese derecho.
La garantía en al ámbito extrajudicial Las declaraciones policiales "espontáneas" En el código vigente, art. 286, se consagra la obligación del policía que ha practicado una detención sin orden judicial, de presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda las seis horas ante la autoridad judicial competente. Sin embargo sería ingenuo negar que pese a ésta aparente intención del legislador, la policía desarrolló durante muchísimos años la costumbre de tomar declaración a las personas detenidas, llamadas "declaraciones espontáneas", las cuales debido a la estricta privacidad, resulta imposible determinar el grado de "espontaneidad". En el caso Montenegro, la defensa interpuso contra la sentencia condenatoria un recurso extraordinario, el cual fue admitido por la Corte afirmando que la discusión sobre la validez de una confesión extrajudicial obtenida mediante apremios ilegales, constituía una cuestión federal. El Alto Tribunal anuló la condena impuesta y ordenó a la Cámara el dictado de un nuevo pronunciamiento que prescindiera de tomar como elemento de cargo esa confesión inválida.
Esta exclusión de la confesión de Montenegro significó el escalón inicial sobre el que por años después apoyaría la Corte su doctrina de invalidación de prueba obtenida como consecuencia de un allanamiento ilegal, aun cuando hubieren prestado utilidad para la investigación. El Código Procesal Penal opta por una solución drástica. Su artículo 184 establece que: "Los funcionarios de la Policía... no podrán recibir declaración al imputado. Solo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad, previa lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos y garantías..." Para evitar caer en la violación de esta garantía , cuando la policía ha detenido a un individuo, solo deberíamos aceptar como válidos los dichos incriminatorios del detenido bajo la órbita policial a condición de que:
éste haya sido alertado de que tiene el derecho constitucional a no contestar ninguna pregunta, incluyendo su identidad. el imputado sepa que será llevado inmediatamente ante el juez para prestar la declaración que desee, previo a lo cual podrá entrevistarse con su abogado. la policía no transforme su derecho a indagar la identidad en un interrogatorio, en cualquier otro tipo de indagación. quede a cargo del Estado demostrar que estos principios fueron respetados para poder utilizar en el procedimiento cualquier dicho incriminatorio por parte del imputado, ya sea por confesión o por los dichos del policía que los escuchó.
Son la obtención de huellas dactilares, un mechón de pelo del acusado, o la extracción de sangre de su cuerpo violaciones a esta garantía? El caso "Aranguren" se pronuncia a favor de la licitud de estos procedimientos. Alega que el procesado está sujeto a la revisada corporal de modo "activo" aun contra su voluntad si es realizado por persona idónea y no presenta peligro para su persona. Un límite razonable al alcance de esta garantía respecto a este punto serían las "comunicaciones verbales" del acusado, dejando fuera los supuestos de las requisas corporales.
Juicio Previo El art. 18 de la Constitución Nacional establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Si bien se trata de una disposición que generalmente ha sido
relacionada exclusivamente con el proceso penal, entendemos que ella es aplicable a todo tipo de proceso judicial en donde se analiza la restricción y limitación de los derechos de una persona, aunque no revista naturaleza criminal. Así es, en todos los casos, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación social conflictiva, es indispensable un juicio previo fundado en ley para hacer efectiva una restricción o limitación de los derechos constitucionales del hombre. Todo acto generado por una exigencia estatal o particular por el cual se concrete en forma definitiva una restricción para las libertades constitucionales del hombre y con referencia a un caso concreto, debe estar fundado en ley y dispuesto en el curso de un juicio previo o, al menos, tener la posibilidad de someter su revisión a la autoridad de un magistrado judicial y en un proceso judicial. La garantía del juicio previo evita el ejercicio abusivo de los derechos, los excesos del poder y la arbitrariedad en la solución de las controversias. Toda persona a la cual se pretende privar de alguno de sus derechos o de limitar sus contenidos, tiene la potestad inviolable de exigir que tales pretensiones se materialicen en un proceso judicial. Una restricción definitiva para las libertades sólo puede ser dispuesta por un juez competente dentro de un proceso judicial y sobre la base de una ley anterior.
Irretroactividad de la ley penal Conforme al precepto constitucional, nadie puede ser sancionado penalmente por la comisión de un hecho delictivo si al tiempo de su producción no estaba tipificado como tal por una ley del Congreso. Asimismo, la pena aplicable debe ser la contemplada por la ley anterior al hecho y no la contenida en una norma posterior. Estos principios están regulados por el Código Penal. En su artículo 2º dispone. ‘Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por la ley’. En todos los casos del presente artículo. Los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho.
A su vez el art. 3º establece que en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado. La Corte Suprema de Justicia Nacional, efectuando una distinción entre las normas constitucionales y las contenidas en el Código Penal, ha establecido que el principio de la irretroactividad de la ley penal es absoluto y de naturaleza constitucional. En cambio, el principio de la aplicación de la ley penal más benigna posterior al hecho delictivo es de naturaleza legal y no constitucional, pudiendo ser dejado sin efecto por una ley general o especial. No compartimos esta última conclusión por entender que la aplicación de la ley penal más benigna posterior al hecho delictivo no tenía solamente fundamento legal sino constitucional, por estar contenida en tratados internacionales sobre derechos humanos mencionados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución. Así, el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Cláusula similar está contenida en el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Conforme a estos principios, cabe efectuar la siguiente sistematización :
1. La ley que establece un delito no es aplicable a los hechos producidos antes de su entrada en vigencia. 2. Las penas más severas establecidas por ley no son aplicables a los hechos producidos antes de su entrada en vigencia. (art. 18 CN) 3. La ley nueva que priva de su carácter delictivo a un hecho tipificado por una ley anterior, es aplicable con efecto retroactivo por tratarse de la norma más benigna, siendo aplicables a las causas pendientes, a las penas pendientes de cumplimiento en las causas concluidas y a las causas pendientes de iniciación. 4. La ley nueva que establece penas más benignas que una ley anterior, es aplicable con efecto retroactivo a las causas pendientes y a las penas pendientes de cumplimiento en las causas concluidas.
Habrá entonces retroactividad de la ley penal más benigna y ultra-actividad de la ley penal más benigna. Se consagra el principio de la benignidad de la ley penal, considerando que no es necesario para le defensa de la sociedad mantener bajo pena más gravosa determinado tipo de conducta. De modo que
en beneficio de la libertad, y no para restringirla en cuyo caso sí es aceptable la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. Se plantea una situación particular con las leyes penales temporarias, que son aquellas que preveen su vigencia durante un lapso determinado en la norma. La ley penal temporaria no puede ser retroactiva, en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución. Sin embargo, se ha entendido que a su respecto no rige el principio de la benignidad de la ley penal, sí ella prevee su ultra-actividad para hechos cometidos durante su vigencia y juzgados con posterioridad a su derogación automática.
Irretroactividad de la ley procesal Las leyes procesales que regulan la organización judicial y el procedimiento que se debe seguir en el curso de los procesos judiciales, son normas de orden público cuya aplicación se opera a partir del momento de su entrada en vigencia y sobre relaciones procesales no concluidas hasta ese momento. La aplicación de las nuevas normas procesales a las instancias no concluidas de un proceso judicial iniciado con anterioridad, no importa asignarles efectos retroactivos a aquellas en la medida que no alteren las posiciones procesales concluidas y, el principio de la cosa juzgada. Sistematizando las diversas situaciones que se pueden presentar con motivo de la aplicación retroactiva de una ley especial, cabe sostener :
Es viable la aplicación retroactiva de las leyes procesales, siempre que no afecten derechos adquiridos y las restantes garantías constitucionales, en particular la que impone el juzgamiento por los jueces naturales. Son aplicables, desde el momento de su entrada en vigencia, a las relaciones procesales pendientes, siempre que no alteren los efectos de los actos procesales cumplidos o retrotraigan al Estado procesal de las causas judiciales vulnerando el derecho de defensa o la posición procesal alcanzada por las partes en los juicios contradictorios. Si bien las leyes sobre procedimiento y competencia son de orden público y que, en consecuencia, conforme a la doctrina de la CSJN, las nuevas leyes que se dictan pueden aplicarse a las causas pendientes, no es menos cierto que el principio se limita a los supuestos en que no se venga a afectar con ello actos ya concluidos, o siempre que no se deje sin efectos lo actuado de conformidad a las leyes anteriores. Por ende, las leyes que organizan los procedimiento son de inmediato aplicables a los juicios en trámite, en tanto no se invaliden actuaciones cumplidas con arreglo a las leyes anteriores. Las garantías constitucionales no sufren manoseado alguno cuando, de consecuencia de las reformas introducidas por la ley, ocurre alguna alteración en
las jurisdicciones establecidas, atribuyendo a nuevos tribunales permanentes cierto tipo de causas que antes conocían otros tribunales que se suprimen por lo cual, la interpretación contraria sería un obstáculo para toda reforma que propiciara una mejora en esta materia.
En ningún caso pueden alterar el principio de cosa juzgada. En este sentido, el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Disposición similar la encontramos en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Inviolabilidad de la defensa en juicio El art. 18 de la Constitución Nacional establece que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Consagra así la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, que consiste en la facultad reconocida a toda persona para ejecutar, o solicitar la ejecución, de todos aquellos actos razonablemente necesarios o convenientes para participar en el proceso, ser oído por el juez, producir las pruebas que hacen a su derecho y obtener una respuesta justa con arreglo a la ley. Esta garantía no es absoluta en cuanto a los medios, formas y plazos en que puede ser ejercida. Ella debe estar sujeta a una razonable reglamentación, porque si cada uno pudiera invocarla en juicio, porque sí, se caería en la anarquía procesal, en la desnaturalización de la garantía del debido proceso, y se privaría de efectividad a la administración de justicia. La garantía de inviolabilidad de defensa en juicio si no es ejercida por voluntad o negligencia de la persona de cuya protección se trata, la omisión no puede acarrear la nulidad de los procedimientos judiciales realizados, ni retrotraer el estado procesal del juicio. No puede ser suplida por el juez, ya que alteraría el equilibrio procesal de los litigantes y en desmedro del derecho de defensa de la contraparte generando una desigualdad arbitraria que no se compare con el art. 16 de la Constitución Nacional. Uno de los principios que garantiza adecuadamente la vigencia de la inviolabilidad de la defensa en juicio es el que impone obligatoriamente la asistencia letrada de las partes en un proceso judicial, llegando a imponer al Estado él deber de ofrecer un patrocinio gratuito a todos aquellos que no designan a sus letrados. Otro tanto acontece con el principio de la rapidez razonable del proceso, ya que su dilación injustificada, además de pervertir la seguridad jurídica, desnaturaliza la eficiencia de la garantía de defensa en juicio y de la función jurisdiccional del Estado.
Ambos principios están establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 18) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14). En síntesis, esta garantía requiere que se otorgue a los interesados la oportunidad adecuada y razonable para ser oídos por el juez, de producir y presentar sus cargos y descargos, demandas y contestaciones, de ofrecer y producir todas las medidas de prueba autorizadas por la ley dentro de los plazos y con las modalidades por ella exigidas, de sustanciar los recursos previstos por la ley, de contar con los medios coercitivos que permitan la producción de ciertas pruebas y que todas esas constancias resulten debidamente valoradas por el juez en su sentencia. Asimismo, la garantía se cumple si los jueces se ciñen al objeto del litigio y a las pretensiones de las partes, asegurando la necesaria primacía de la verdad jurídica objetiva por sobre todo.
Derecho a contar con un abogado defensor Esta garantía no está redactada directamente en la Constitución Nacional. Se halla implícita dentro del principio de inviolabilidad de la defensa, en el artículo 18 de la misma. Algunas reglas generales fueron enunciadas en el caso "Rojas Molina".
El juez debe hacerle saber al imputado el derecho a nombrar un defensor, De no hacerlo el acusado, el juez nombrará un defensor letrado, Si no lo hace, se le nombrará un defensor de oficio. El tribunal de segunda instancia debe nombrar defensor al procesado que no lo tuviere. El término para expresar agravios sólo corre desde la aceptación del defensor.
El juez podrá entonces imponer al acusado un abogado, contra su voluntad, si su autodefensa obstaculizara la buena tramitación de la causa. En un principio la Corte entendió que la obligación de los tribunales a nombrarle defensor a quien no lo tuviere no se aplica a instancias extraordinarias ("Mendez") Sienta un criterio diferente al arriba mencionado el reciente caso "Gordillo", donde el abogado nombrado en segunda instancia se presentó ante la Alzada manifestando que no hubo tiempo material para preparar la defensa, el
tribunal revocó la designación del abogado y Gordillo interpuso el recurso extraordinario federal. La Corte entendió que el tribunal debió darle al abogado la posibilidad real traducida en tiempo suficiente a organizar la defensa, o haberlo reemplazarlo por otro. La omisión de cumplir éstas opciones constituye una violación al derecho de defensa.
Límites Los límites de esta garantía surgen ante los civiles juzgados por tribunales militares, donde éste derecho desaparece. Este criterio es fuertemente cuestionado. Otro límite también discutido es el de declaración ante autoridad policial sin asistencia letrada habiéndole informado al imputado su derecho a oponer defensas y presentar descargos en ese acto. Ligado a esta situación se encuentra la de la incomunicación de los detenidos debido a que el tiempo de incomunicación no es apenas momentáneo. Pueden transcurrir de cuatro a cinco días. El nuevo Código Procesal Penal señala que la incomunicación no impedirá que el imputado se contacte con su defensor antes de realizar cualquier acto de intervención personal, como por ejemplo ; declarar. Cabe mencionar que esta garantía no es de cumplimiento formal sino efectivo. El Alto Tribunal se pronunció al respecto en el caso "Rojas Molinas" "... Se han violado reglas esenciales del procedimiento ; el acusado ha sido condenado sin ser oído, puesto que el defensor que se le designó no ha dicho una sola palabra en defensa del acusado... Toda la estructura del Código de Procedimientos demuestra la necesidad de una defensa efectiva". Si se presenta el caso donde el acusado y su defensor no están de acuerdo, en principio la voluntad del procesado es la suprema. Sentó éste precedente el caso "Mac Leod" Paralelamente los tribunales deben arbitrar los medios para que la voluntad del acusado de recurrir una sentencia se cumpla ( caso "López"). Ese respeto a la voluntad tiene límites arriba mencionados : el Estado puede imponerle al procesado un abogado aun contra su voluntad, tanto en primera,
como en segunda instancia, supliendo incluso la negligencia del letrado designado.
Derecho a exclusión de la prueba obtenida ilegalmente Para nuestro sistema jurídico los medios de prueba obtenidos en violación a garantías constitucionales no son admisibles como prueba de cargo. La fundamentación a este criterio se basa en que aceptar una prueba obtenida en violación a estas garantías equivale a otorgar valor al resultado de un delito y a comprometer la buena administración de Justicia. Los tres primeros casos que dieron solidez a esta garantía son : "Charles Hermanos" , "Montenegro" y "Fiorentino". En los tres, la policía obtuvo pruebas de la comisión del delito a partir de procedimientos con violación de preceptos de jerarquía constitucional. En "Charles Hermanos" y "Fiorentino" a través de un allanamiento ilegal. En el caso "Montenegro" por medio de una confesión bajo tortura. Gracias a estas pruebas se corroboró la comisión del delito cometido por los acusados. Sin embargo la Corte Suprema excluyó del procedimiento estas pruebas. Su fundamento fue de carácter ético. La garantía del "Debido Proceso" y la de "Juicio Previo" se verían menoscabadas si se permite que se utilice en contra de un individuo pruebas obtenidas en violación a sus derechos básicos. La crítica que recibe esta garantía es que entorpece la acción de Justicia descalificando pruebas concluyentes en la comisión de un delito.
Alcances La doctrina del "Fruto del árbol venenoso" nace en Estados Unidos. Es aplicada en nuestro país. Esta teoría nos indica que si el procedimiento inicial es violatorio de garantías constitucionales, tal ilegalidad se proyecta a todos aquellos actos que son su consecuencia y que se ven así alcanzados o teñidos por la misma ilegalidad.
Resultan inadmisibles las pruebas directas de la ilegalidad así como también las indirectas, "fruto" de la ilegalidad originaria. En la Argentina las aguas con respecto a esta teoría están divididas. Se puede anular todo el procedimiento por culpa de la obtención de la prueba ilegal, o sólo los frutos ilegales de esa prueba ilegal. Estamos hablando de una interpretación limitada de esta teoría si en un procedimiento donde una prueba es obtenida ilegalmente y se ha llegado al imputado a través de ella ; pero a su vez también se ha podido, o pudo haberse podido llegar a él por otro medio independiente de esa prueba "venenosa". (caso "Losada" ). Por otro lado, estamos en presencia de una interpretación amplia de esta misma teoría si en un procedimiento donde una prueba es obtenida ilegalmente, cae todo el procedimiento. Este es caso dominante. ( caso "G.E.J.M.") Otro alcance es la invocación de esta garantía por terceros, gracias al fallo "Rayford y otros". Este es el caso donde, por ejemplo, en el procedimiento inicial se obtiene una prueba mediante tortura y se llega a un tercer implicado en la comisión del delito. Este tiene la facultad de invocar esta garantía.
Excepciones Las excepciones a esta garantía son :
La existencia de una fuente independiente. Si hay un cause de investigación distinto del que culmina con el procedimiento ilegítimo, de resultas de lo cual pueda afirmarse que existía la posibilidad de adquirir la prueba cuestionada por una fuente distinta o autónoma. No requiere la efectiva adquisición por un medio independiente, sino tan sólo la posibilidad de que ello hubiera ocurrido en el caso concreto. Actuación de la policía de buena fe, y en cumplimiento de una orden judicial aun cuando luego se determine que estuvo mal redactada. Cuando la "seguridad pública" requiera acción inmediata por parte de la policía.
Inviolabilidad del domicilio y los registros privados
El artículo 18 de nuestra constitución nacional establece que el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinara en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Esta garantía constitucional tiene como objetivo proteger al individuo contra la búsqueda de información concerniente al ámbito privado sin una autorización expresa por parte de juez. Es importante destacar que el vocablo domicilio, debe ser interpretado en forma extensiva y debe entenderse por tal, tanto a la vivienda particular, como así también al ámbito donde se desarrollan las actividades comerciales o profesionales inherentes a la actividad personal regular. La búsqueda de información en los anteriormente mencionados ámbitos privados, solo es admisible ante la presencia de una orden de allanamiento o registro en la cual se encuentre precisado el lugar que será objeto del registro y lo que se desea encontrar. Las excepciones a esta garantía acontecen en los casos en que la situación o riesgo de muerte amerite en el ingreso de la autoridad a un domicilio privado sin la orden correspondiente. Con respecto al allanamiento de lugares públicos existe un régimen especial cuando este se produzca dentro de los horarios en que el publico concurra a dichos lugares. Pero es importante destacar que la excepción no incluye la facultad de registrar a las personas que se encuentren allí. En el eventual caso de que se necesite buscar algo sin efectuar interferencia en las actividades regulares de las personas y en los casos en que no se afecte la intimidad de las mismas, la autoridad no necesitará contar con la mencionada orden. No debemos olvidar la protección de esta garantía con respecto a la correspondencia y documentos privados, los cuales no son susceptibles de ser examinados sin una orden expresa del juez. Se encuentran protegidos por esta garantía las cartas, documentos, comunicaciones telefónicas, faxes y registros informáticos. Tampoco pueden ser utilizadas en proceso penal las comunicaciones entre el abogado defensor y el imputado ya que se estaría impidiendo el derecho de defensa del imputado.
Por consiguiente, de lo precedentemente expuesto, se desprende la inadmisibilidad del allanamiento del domicilio o de documentos privados en el proceso penal llevado a cabo.
Principio de inocencia o de no culpabilidad El artículo18 de nuestra Constitución Nacional establece entre otras garantías, que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Del citado mandato constitucional, se desprende que ningún individuo debe ser calificado como culpable sin una sentencia que lo declare como tal, la cual debe ser el resultado de un proceso judicial acorde y adecuado a las disposiciones legales. Por consiguiente toda persona es inocente y de dicha forma debe ser considerado y tratado por el Estado y por la sociedad hasta tanto no sea declarada su culpabilidad en un debido proceso judicial. Todas las garantías expuestas por el artículo 18 de la Constitución Nacional y el principio de inocencia, actúan como derechos que auxilian a las personas contra eventuales abusos de poder. La importancia de este principio es fundamental para prevenir situaciones tales como las planteadas por ciertas tendencias procesales un tanto autoritarias, las cuales no admitían la validez de este principio, principalmente con respecto a determinados imputados considerados peligrosos o reincidentes. Como se mencionó con anterioridad, todo individuo es inocente hasta tanto una sentencia judicial declare su culpabilidad. Pero dicha declaración debe ser fundada, de acuerdo con las exigencias republicanas y principios de Justicia. En la situación hipotética de la inexistencia de la mencionada fundamentación o cuando exista algún grado de duda, no se debe declarar la culpabilidad ya que se estaría afectando, sin un alto grado de certeza, uno de los derechos fundamentales de las personas, la libertad, la que constituye un pilar fundamental del constitucionalismo y del principio republicano. Es por ello que el Estado, como órgano de persecución, debe procurar agotar todos los procedimientos a su alcance con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de información para incorporarla al proceso judicial y arribar a una solución acorde a los hechos acaecidos.
Del punto precedente y con relación al mismo es necesario destacar que no está a cargo del imputado demostrar su inocencia ya que de no acontecer esto, toda persona que se encontrara en el seno de una sociedad autoritaria o represiva se encontraría en permanente riesgo de ser considerada ¨sospechosa¨.
Juez natural y prohibición de comisiones especiales La Constitución Nacional en su artículo 18 establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. El objetivo al que apunta la garantía constitucional precedentemente citada es el resguardo de la imparcialidad en el proceso judicial. Si nos remitimos al origen histórico de esta garantía, nos es posible advertir que nació como una forma de defender al individuo contra la parcialidad de los sistemas monárquicos y feudales. Pero también apuntaba a que el juez natural conociera la vida local y las costumbres del lugar donde ocurrían los hechos y donde serían juzgados. Este criterio y su consecuente aplicación podría prevenir determinadas injusticias que acontecen dentro del sistema judicial cuando la brecha social existente entre el juez y el imputado, no permite que el primero comprenda los valores y criterios de vida del procesado, sin tener en cuenta los valores culturales por el cual se rige. La evolución histórica de estas garantías ha desembocado en el concepto de predeterminación legal del juez, lo cual significa que su competencia para entender sobre determinado caso, debe ser determinada o establecida por ley. Es por consiguiente el legislador el que tiene a su cargo la determinación de la competencia de los jueces y otro punto de suma importancia es el que ésta debe ser previa al hecho que produjo la intervención judicial. La mencionada predeterminación legal de la competencia judicial apunta a impedir cierto grado de parcialidad del juez con respecto a algunas de las partes, lo que violaría el principio de igualdad ante la ley. El artículo 18 establece también la imposibilidad de que un individuo sea juzgado por comisiones especiales. Esta garantía se propone evitar la creación de órganos no jurisdiccionales creados por alguna designación especial de los
dos restantes poderes de la Nación que pudiese desembocar en algún grado de parcialidad. Este criterio es sustentado también por el artículo 109 de nuestra Carta Magna, el cual establece que en ningún caso el presidente puede ejercer funciones judiciales, arrojarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Por último cabe destacar que el concepto de ¨ juez natural ¨ tiene como objetivo asegurar las condiciones necesarias para que el juez comprenda las circunstancias históricas, culturales y sociales que rodearon el hecho a juzgar.
NORMAS ANALIZADAS A continuación se transcriben algunos artículos "madre" que protegen a las garantías en una visión conglobante nacional e internacional. Las mismas son fuente de casi todas las garantías analizadas.
CONSTITUCION NACIONAL: ARTICULO 18: "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni jugado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación... ¨¨ ARTICULO 33: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno."
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA): Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Análisis jerárquico de las garantías analizadas Non bis in ídem Pacto de San José de Costa Rica - art. 8.4 " El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos." Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 14.7 " Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país." Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos. Código Procesal Penal - Garantías fundamentales - art. 1 ¨ Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta ley, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.
Auto incriminación Pacto de San José de Costa Rica - art. 8.2.G "derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable" Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos. Código Procesal Penal - art. 296 "el imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda."
Juicio previo Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos.
Irretroactividad de la ley penal Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 15 "nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión de un delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Nada de lo dispuesto en este art. Se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional."
Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos. También en el art. 75.22 "Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de las miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional." Código Penal art. 2 y 3 "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente art., los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho." "en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado."
Irretroactividad de la ley procesal Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 14
Inviolabilidad de la defensa en juicio Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 14 Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos.
Derecho a contar con un abogado defensor Pacto de San José de Costa Rica - art. 8.2.d y e d) "derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor." e) "derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley." Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos. El art. 18 está implícito de manera indirecta.
Derecho a la exclusión de la prueba obtenida ilegalmente Pacto de San José de Costa Rica - art. 8.3 "La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza." Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos.
Inviolabilidad del domicilio y registros privados Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - art. 9 y 10 ¨ Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio ¨. ¨ Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia¨.
Declaración Universal de Derechos Humanos - art. 12 ¨ Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ¨. Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 17 ¨ Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, domicilio o correspondencia ¨. Código Penal - art 151 y 153 " Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años, el funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina ." " Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido, o se apodere indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado, o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida."
Principio de inocencia Pacto de San José de Costa Rica - art. 8.2 ¨ Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...¨ Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - 15 y 16 ¨ Nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud de leyes preexistentes ¨. ¨ Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable... A ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes¨. Declaración Universal de Derechos Humanos - art. 11 ¨ Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad ¨.
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 14.2 ¨ Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley ¨. Código Procesal Penal - art. 1 " Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta ley, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho."
Juez Natural Pacto San José de Costa Rica - art. 8.1 ¨ Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter ¨. Código Procesal Penal - art. 1 " Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta ley, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho."
CASO: JUANITO ÁLVAREZ:
El Señor Juanito Álvarez fue detenido día el 21 de Mayo de 1985, a su arribo al hotel Concorde desde Ezeiza, tras su viaje desde Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia. Desde allí fue trasladado al hospital Ramos Mejía, por el personal policial interviniente, junto con un testigo y un médico legista. En dicho nosocomio se le sacó una placa radiográfica y se le practicaron enemas con su consentimiento y autorización. Como resultado de aquéllas se obtuvieron 67 cápsulas de 2,5 cm. de largo por 1 cm. de diámetro, conteniendo en total casi 600 gramos de clorhidrato de cocaína de altísima pureza, las que había ingerido en su país de origen, Bolivia, con el propósito de ingresarlas en forma ilegal a nuestro país.
FORMULACIONES EMITIDAS POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL: Decisión expresada por el Dr. Riggi: Vota por rechazar la nulidad del procedimiento articulada por la defensa, ya que el principio constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, el cual constituye un pilar del derecho procesal penal, se basa justamente en que debe invalidarse cualquier medio coercitivo que venza la voluntad del individuo de mantenerse en silencio con relación al hecho sobre el que es investigado. Debido a que por el contrario, en el caso de autos, la voluntad del procesado, que sí puede mantenerse en silencio toda la vida si así lo desea, no podría evitar en modo alguno que tarde o temprano la naturaleza culmine evacuando el contenido de su cavidad intestinal, pues dicho proceso no se encuentra dirigido por el ser humano e inexorablemente ocurrirá más allá de su propia voluntad. Expresa también que por la notoria gravedad del hecho que se reprocha al encartado y la necesaria finalidad resocializadora de las penas, estima prudente elevar la condena de prisión a 7 años de cumplimiento efectivo y el debido incremento de la pena de inhabilitación absoluta para desempeñarse como funcionario o empleado público a 14 años, conforme el artículo 876 inciso h del Código Aduanero y eleva a 3 años y 6 meses la inhabilitación impuesta para el ejercicio del comercio.
Decisión expresada por el Dr. Cortelezzi:
Vota porque no se haga lugar a la nulidad solicitada, cuestión en la que coincide con su colega el Dr. Riggi. Pero en cuanto al monto de las penas impuestas, entiende que no procede incrementarlas, tal como propone el anteriormente citado letrado.
Decisión expresada por el Dr. Hendler (en disidencia): Sostiene que la declaración del enfermero que le puso el enema, declarando que el imputado hacía esfuerzos por evitar la evacuación y las declaraciones de Álvarez negando el hecho aún después de obtenida la radiografía que mostraba cuerpos extraños en el intestino, son dos actitudes obviamente incompatibles con la voluntad de someterse al enema. Y opina también que el ¨ no oponerse ¨ en el contexto del caso, está muy lejos de ser equivalente a haber prestado consentimiento. Sostiene que si hubiera de admitirse la legitimidad del procedimiento, bastaría que un funcionario de determinado rango sospeche un tráfico ilícito para que le estuviera permitido practicar la requisa corporal de cualquier persona y la exploración de cualquiera de sus cavidades corporales. Expresa que en el caso de autos, la autoridad policial se abstuvo de dar intervención judicial durante todo el tiempo del procedimiento y esto podría hacer suponer que no se vieron satisfechos los requisitos del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Concluye expresando que el artículo 468 del Código de Procedimiento en materia penal que pone a cargo de la acusación la prueba de los hechos, lo que lleva a considerar que la sentencia apelada no se ajusta a derecho.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: Por mayoría el tribunal resuelve rechazar el planteo de nulidad y confirmar la sentencia apelada en todas sus partes. Secuestro de estupefacientes: Autoincriminación - Violación de Secreto Profesional Caso: Zambrana Daza, Norma Beatriz sobre infracción a la ley 23.737. CSJN, 1999
Hechos: La imputada Zambrana Daza, Norma Beatriz ingresó al país, procedente de Bolivia, lugar, que por motivos económicos e inducida por Mario Blanco quien le propuso introducir en la Argentina cápsulas que contenían "oro en polvo". Aduciendo la misma desconocer que en realidad contenían clorhidrato de cocaína. Al llegar a la Capital Federal, la imputada comenzó a sentirse mal, con fuertes dolores estomacales, lo cual la llevó a solicitar asistencia médica en un hospital público siendo atendida por la doctora Rosario Pacheco, quien luego de practicarle atención de urgencia, obtuvo como resultado la expulsión oral de cuatro bombitas de látex conteniendo la sustancia antes mencionada; procediendo así a la denuncia policial. Al finalizar el proceso de desintoxicación se obtuvo un total de cuarenta y cuatro bombitas de látex con clorhidrato de cocaína. En primera Instancia del juicio por el delito de transporte de estupefacientes fue condenada a la pena de prisión de cuatro años. En la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, se declaró la nulidad de todo lo actuado, y la posterior absolución de la imputada por considerar que se incurrió en vicio durante el procedimiento ya que el mismo tuvo como base la violación del Secreto Profesional por parte de la médico interviniente. Consideró que se vulneró la garantía constitucional que proscribe la autoincriminación, pues la acusada actuó bajo el temor a la muerte. Se procede a dar curso al Recurso Extraordinario.
Convención de las Naciones Unidas, art. 3 inc. 6 - art. 11 inc 3 (ley 24.072) Constitución Nacional, art. 18 - art. 31 Código Penal, art. 156 y 277 inc 1 - art. 34 inc. 3 Código de Procedimientos en Materia Penal, art. 164 - 167 - 184 inc. 5 y 9 - 165 - 275 inc. 5 - 183 Código de Rito, art. 167 - 696 Ley 48, art. 14 - 15
Voto a Favor: Dr. Boggiano. Afirma que existió un vicio en el procedimiento por cuanto a la instrucción del sumario, tuvo como base la violación del Secreto Profesional, por parte de la médico interviniente. Voto en Disidencia: Se fundamenta en la obligación de informar al Juez acerca de la comisión de un delito, antes que la obligación a guardar el secreto profesional. Conclusión: Los integrantes de la Corte, se basaron en el mismo artículo pero le dieron diferente interpretación. Indice de fallos Derecho a contar con un abogado defensor
Rojas Molina - fallos CSJN, 189 :34 Mendez - fallos CSJN, 298 :279 Gordillo- fallos CSJN, 310 :1934, LL, 1988-A-169 Rojas Molinas - CSJN, 189 :34 Mac Leod - CSJN - 217 :1022 López - CSJN, 310 :1797, LL, 1988-B-252
Derecho a exclusión de prueba obtenida ilegalmente
Charles Hermanos - fallos CSJN, 46 :36 Montenegro - fallos CSJN, 303 :1938 Fiorentino - LL, 1985-A-159 Losada - Cámara Federal La Plata, sala II, 16/02/84, LL, 1984-C-47 G.E.J.M. - CN Criminal Corr., sala VI, 4/8/83, ED, 107-342
CSJN, 306 :1752
Gonra de Naumow, CSJN, 299 :221
Inviolabilidad de defensa en juicio
Charles Hermanos - fallos CSJN, 46 :36
Prohibición de comisiones especiales
Guillermo Klein CS, 29 :986 Conclusión
Hemos llegado a la conclusión de que las garantías analizadas se están viendo disminuidas en relación a su alcance, para darle mayor poder al Estado a través de la policía. Dicho otorgamiento de poder es justificado por el Estado al hacer referencia al alto índice de inseguridad social. A raíz del análisis, en el grupo se encontraron dos opiniones disidentes: Por un lado se considera que el aumento de las atribuciones a la policía están justificadas en beneficio de la Sociedad, puesto que de esta forma se contribuiría a agilizar el trámite judicial mejorando la relación del Poder Judicial y de la Policía. Somos conscientes de que la Policía en la actualidad debería sufrir un cambio para evitar represiones injustificadas y abusos de poder, pero consideramos que estas atribuciones son necesarias para mejorar el trabajo en cuanto a la administración. Y es aquí donde comienza nuestro debate, ya que las opiniones disidentes dicen que en la actualidad la policía no se encuentra preparada ni psicológica ni educacionalmente, para hacer una adecuado uso de una mayor atribución de poder. Los mismos proponen como solución un acortamiento burocrático en cuanto a la administración, efectivizando de esta forma la aplicación de las garantías; considerando que el otorgamiento de mayores facultades a la fuerza policial desembocaría en una Sociedad autoritaria, represiva y restrictiva contra las libertades individuales y derechos humanos.
Los que estamos a favor del aumento de las atribuciones a la Policía consideramos que lo aducido por los disidentes esta justificado pero se encuentra en un marco utópico, a que en realidad nos encontramos con una administración de justicia lenta y obstaculizadora, viendo también que no esta en sus planes próximos agilizarlos ni modificarlos. La Sociedad actual no esta en condiciones de esperar que el trámite burocrático se agilice, sino que necesita medidas concretas para solucionar el conflicto actual. Discurrimos finalmente en que nuestra conclusión ha quedado abierta en base a estas dos opiniones. Desde ya gracias por permitirnos comunicar algunas de nuestras ideas. Bibliografía
Alejandro Carrió, "Las garantías constitucionales en el proceso penal" Francisco D’Albora, "Código Procesal de la Nación comentado" Código Penal Código Procesal Penal Constitución Nacional Esteban Righi / Alberto Fernández, "Derecho Penal" Gregorio Badeni, "Instituciones de Derecho Constitucional Pacto San José de Costa Rica Declaración Universal de Derechos Humanos Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos
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El debido proceso es un principio legal POR LO TANTO el gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley. El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los procedimientos legales (véase Debido proceso fundamental) por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos. El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión "due process of law" (traducible como "debido proceso legal"). Procede de la cláusula 39 de la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna), texto sancionado en Londres el 15 de junio de 1215por el rey Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra. Cuando las leyes inglesas y americanas fueron divergiendo gradualmente, el proceso debido dejó de aplicarse en Inglaterra, pero se incorporó a la Constitución de los Estados Unidos. El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente (QUISBERT, Ermo, ¿Que es el Debido Proceso Penal?). Este principio procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su conjunto: • • Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro del proceso. La sociedad tiene interés en que el proceso sea realizado de la manera más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones dejusticia que permitan mantener el orden social.
Derecho al juez predeterminado por la ley [editar]
Derecho a un juez imparcial [editar]
No puede haber debido proceso si el juez es tendencioso. El juez debe ser equidistante respecto de las partes, lo que se concreta en la llamada "bilateralidad de la audiencia". Para evitar estas situaciones hay varios mecanismos jurídicos: • La mayor parte de las legislaciones contemplan la posibilidad de recusar al juez que no aparezca dotado de la suficiente imparcialidad, por estar relacionado de alguna manera (vínculo de parentesco, afinidad, amistad, negocios, etc.) con la parte contraria en juicio. • Una de las garantías básicas en el estado de derecho, es que el tribunal se encuentre establecido con anterioridad a los hechos que motivan el juicio y, además, atienda genéricamente una clase particular de casos y no sea, por tanto, un tribunal ad hoccreado especialmente para resolver una situación jurídica puntual.
Legalidad de la sentencia judicial [editar]
En el área civil, la sentencia judicial debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso, lo que se concreta en la proscripción de la institución de la ultra petita. En el área penal, la sentencia judicial sólo puede establecer penas establecidas por la ley, por delitostambién contemplados por la misma.
Derecho a asistencia letrada [editar]
Toda persona tiene derecho a ser asesorado por un especialista que entienda de cuestiones jurídicas (generalmente un abogado). En el caso de que la persona no pueda procurarse defensa jurídica por sí misma, se contempla la institución del defensor o abogado de oficio, designado por el Estado, que le procura ayuda jurídica gratuita. Con la finalidad de garantizar que cualquier particular inmerso en un proceso judicial pueda contar con las mejoras formas de defender su derecho (y de estar realmente informado del verdadero alcance del mismo) es que se consolida dentro del derecho al debido proceso el derecho de toda persona a contar con el asesoramiento de un letrado (abogado), una persona versada en Derecho. De esa forma se busca garantizar el cumplimiento del principio de igualdad y el uso efectivo del derecho de contradicción.
Existen algunos sistemas jurídicos donde esta garantía es irrenunciable, debiendo los particulares contar siempre con la asesoría de un abogado. Sin embargo existen también sistemas jurídicos que liberalizaron el principio estableciendo la obligación sólo en determinadas materias (Derecho penal). El derecho se consideraría vulnerado si a algún particular no se le permitiera asesorarse mediante un abogado aunque también se señala que se causaría una vulneración al mismo cuando la asesoría brindada (principalmente en el caso de abogados de oficio brindados por el estado) no ha sido la idónea. Dentro de este derecho, se podría identificar dos caracteres: • • El derecho a la defensa de carácter privado, concretado en el derecho de los particulares a ser representadas por profesionales libremente designados por ellas. El derecho a la defensa de carácter público, o derecho del justiciable a que le sea proporcionado letrado de oficio cuando fuera necesario y se encontrase en uno de los supuestos que señala la ley respectiva.
Derecho a usar la propia lengua y a ser auxiliado por un intérprete [editar]
Basado en el reconocimiento al derecho fundamental de la identidad cultural, se señala que toda persona tiene el derecho de ser escuchada por un Tribunal mediante el uso de su propia lengua materna. Asimismo, en el caso de que una persona comparezca ante un tribunal cuya lengua oficial no es la natural, tiene el derecho a ser asistido por un intérprete calificado. Este derecho adquiere peculiar significado en zonas geográficas donde la variedad lingüística es amplia (principalmente Europa donde es recogido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Sin embargo, su contenido no sólo se entiende a nivel internacional sino incluso nacional en el caso de que dentro de un país exista más de una lengua oficial o la Constitución del mismo reconozca del derecho de las personas de usar su lengua materna. las reglas del Debido Proceso influyen y se aplican a las actuaciones y formalidades realizadas por aquellas personas que accionan activamente en justicia sea en calidad de demandantes, acusadores privados, querellantes etc., así también se aplican a los actos procesales de aquellos individuos que son sujetos a dicha acción, por ejemplo los justiciables, imputados o demandados. Por lo que las normas del Debido Proceso deben beneficiar igualitariamente a todas las partes en un Proceso Judicial, sean demandantes o fueren demandados o acusados.
El problema de asegurar el debido proceso a las personas [editar]
La institución del debido proceso fue una conquista de la Revolución francesa, en contra de los jueces venales y corruptos que aplicaban la voluntad del rey y no la justicia. En ese sentido, dentro del moderno estado de derecho, se entiende que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la justicia. Sin embargo, ello no siempre se condice con las condiciones del mundo actual. Es que, en alguna situaciones los jueces se ven influenciados por la promoción, publicidad y consecuencias que pudieren tener sus actos. Además, no siempre las partes están en equivalencia de condiciones, debido a que el litigante con mayores recursos tendrá la oportunidad de contratar mejores abogados, mientras que los litigantes de menores recursos
dependerán muchas veces de defensores de oficio ofrecidos por el Estado, que se encargan de una gran cantidad de casos y cuentan con reducidos recursos. Por otra parte, el acceso del ciudadano común y corriente a la justicia se ve dificultado por el hecho de que el quehacer jurídico genera su propia jerga o argot, lleno de términos dificiles de comprender para el profano y que, por tanto, no siempre entiende con claridad qué es lo que sucede dentro del proceso. Todas estas situaciones desvirtuan el debido proceso y son materia de debate en la actualidad. Generan, en consecuencia, una constante busqueda de soluciones para resolver la cuestión.
Regulación por país [editar]
La Constitución Nacional establece en su artículo 18 los principios fundamentales del derecho al debido proceso: Art. 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.
La Constitución chilena establece en el artículo 19 N° 3 que se garantiza a toda persona La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos . Este numeral desarrolla luego una serie de garantías relativas a este derecho, que son: • • • • • Derecho a la defensa jurídica y a la intervención del juez (incisos 2° y 3°). Juez natural y anterior al hecho, y prohibición de comisiones especiales (inciso 4°) Legalidad del proceso (inciso 5°) No presunción de derecho de la responsabilidad penal (inciso 6°) En materia penal, ley previa y expresa (incisos 7° y 8°)
El derecho está tutelado por distintas acciones constitucionales. Ante el Tribunal Constitucional se puede solicitar, por los órganos colegisladores, la anulación de proyectos de ley, tratados internacionales, decretos del Presidente y autos acordados de los tribunales superiores. También ante el Tribunal Constitucional, las partes de un proceso pueden solicitar que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto que vulnere alguno de los aspectos del debido proceso. Además, el artículo 20 de la Constitución permite el ejercicio recurso de protección contra actos u omisiones ilegales o arbitrarios que vulneren la garantía de prohibición de comisiones especiales.
El derecho a un debido proceso se trata de una garantía constitucional consagrada por el art. 24.2 Constitución española, aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales, tanto a los ordinarios como a los militares o a los sancionadores. Los antecedentes más remotos del proceso están en la Carta Magna, otorgada por Juan Sin Tierra en 1215, en la que se establecía el derecho a un juicio legal por los pares, conforme a la ley de la tierra. Pero la formación del debido proceso se sustentó fundamentalmente en los textos ilustrados; la Declaración de Derechos de Virginia (1776), Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), etc. En España, la Constitución de 1812 se hizo eco de todos estos antecedentes, y a raíz de ella, todos los textos constitucionales posteriores han ido recogiendo la regulación del debido proceso. La Constitución Española de 1978 lo recoge en su art. 24.2, cuya eficacia vincula tanto a poderes públicos como a ciudadanos, y puede ser alegado directamente ante los tribunales, sin necesidad de desarrollo legislativo. Las garantías que contiene el art. 24.2 se reflejan en otros preceptos constitucionales: el art. 117, 118, etc., incluso alcanzan una dimensión supraestatal, pues este derecho ha sido reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por España; Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), etc. Estos tratados deben entenderse como parte integrante del ordenamiento jurídico interno, a tenor de lo dispuesto por el art. 10 de la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido muy amplia. El contenido del derecho al debido proceso ha sido relacionado con otros derechos; a la defensa, a no declarar contra sí mismo, a la tutela judicial efectiva, etc. Sin embargo, toda norma procesal debe tener en cuenta a la hora de regular el debido proceso una doble dimensión: • • Orgánica, vinculada a la potestad jurisdiccional. Desde el punto de vista orgánico, la principal garantía a la que se refiere es la del juez ordinario predeterminado por la ley. Procesal, ligada al desarrollo de la actividad o función jurisdiccional. Desde el punto de vista procesal, la principal garantía es la del derecho de defensa en sentido amplio que ha configurado el Tribunal Constitucional, como interdicción de la indefensión. Esta garantía procesal es el centro de todas las demás.
El debido proceso en
la legislación venezolan a La Constituci ón de la Rep ública Boliva riana de Ven
ezuela en su sartículos 49 y 51; laDeclaración Universal, artículos 10 y 11; Declaración Americana
artículo25; el PactoInternac ional de Dere chos Civiles y Políticos en su artículo 14 y laConvenció n Americana en su artículo
8, contemplan el derecho al debidoproces o.El Artículo 49 de la vigente Constitución reza:
“El debido pr oceso se aplic ará a todas la s actuaciones judiciales y a dministrativas ; en consecuencia: 1.
La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todoestado y grado de la investigación y del proceso.
Toda persona tienederecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, deacceder a l as pruebas y
de disponer del tiempo y de los medio sadecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidasmed
iante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpabletiene derecho a recurrir del fallo, con las
excepciones establecidas enesta Constitución y la ley. 2. Toda person a se presume inocente mie
ntras no se p ruebe locontr ario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de
proceso,con l as debidas garantías y de ntro del plazo razonable det erminadolega lmente, por u n tribunal co mpetente, in
dependiente e imparciales tablecido con anterioridad. Quien no hab le castellano o no puedaco municarse de manera
verbal, tiene derecho a un intérprete. 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales
enlas jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidase n esta Constitución
y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la
juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contr a sí misma, su
cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentrodel cuarto grado de consanguinid ad y segundo
de afinidad.La co nfesión sola mente será v álida si fuere hecha sin coa cción dening una naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que nofueren pre
vistos como delitos, falta s o infraccio nes en leyes preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser
sometida a juicio por los mismos hechosen virtud de los cuales hubiese sido juzgada
anteriormente . 8. Toda person a podrá solic itar del Esta do el restabl ecimiento or eparación de
la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo uomisión injustificados. Queda a salvo el derecho del
o de la particular deexigir la responsabilid ad personal del magistrado o de la
magistrada, del
DEBIDO PROCESO Tenemos como concepto el debido proceso penal que es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente. Posteriormente, La Constitución de 1999 consagra asimismo una serie de principios generales relativos a los Derechos Humanos que constituyen un marco sumamente amplio para desarrollar una Teoría del Delito Garantista que asegure el máximo respeto a la persona humana y a su dignidad El Art.49 de la constitución establece una serie de derechos o garantías semejantes a los que existen en la mayoría de las constituciones del mundo, y que son consecuencia de épocas en que el absolutismo de los gobiernos privaba de toda garantía de defensa a los acusados de algún hecho ilícito y era legal. Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia, este articulo se plica a las personas para que sean escuchado y saber la causa de que se le acusa, donde le garantice que no podrá ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Es un principio legal y jurídico procesal ya que toda persona tiene derecho para asegurar un resultado justo y equitativo donde permita tener oportunidad para hacer valer sus peticiones jurídicas. El denominado principio del debido proceso de ley (Due Process of Law), en cuanto su origen, debe ser enmarcado en conjunto dentro del liberalismo o
ideología política democrático-burguesa, en la cual el constitucionalismo es uno de sus aspectos doctrinales esenciales, fruto de las grandes revoluciones burguesas Este principio procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su conjunto:
 Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro
 La sociedad tiene interés en que el proceso sea realizado de la manera más
adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener el orden social. Naturaleza del principio del Debido Proceso. El debido proceso de Ley, como un derecho que resulta por ser un atributo de la persona humana, es inherente a todo individuo en razón de su condición de ser humano, tal como lo enuncian, junto a otros derechos y garantías fundamentales que ostentan el mismo carácter, los ordenamientos constitucionales de los Estados, así como el ordenamiento internacional. En cuanto a su naturaleza, constituye uno de los llamados principios generales del derecho, con vocación universal, subyacente a todo ordenamiento jurídico particular y general, constituyendo, dentro de los mismos, un valor supremo en la escala de los valores normativos o fuentes que implica las siguientes consecuencias: La Constitución y el principio del Debido Proceso La recepción del principio del Debido Proceso, siendo considerado como uno de los derechos, así como una garantía fundamental del individuo, inherente a su condición, y por ende, trascendente en el tiempo y en el espacio, es consagrado en la actualidad, ya de modo indirecto, o ya directamente, por las constituciones políticas de los distintos Estados que se proclaman como Estado democráticos y de derecho, adquiriendo rango o categoría constitucional como derecho fundamental, reconocido para todo justiciable sin distinción de ninguna especie. En consecuencia, teniendo presente que las normas de procedimiento son una expresión de los valores constitucionales, la acción de amparo contra resoluciones, sentencias, actos u omisiones de los Tribunales de la República. De esta manera se puede decir que el principio del debido proceso es mas que nuestra garantía como personas cuando somos sometida a un juicio tenemos derecho a ser juzgado a conocer de que se nos acusa, ya que tenemos derecho
como personas ya que tenemos derecho a no ser discriminado aun cuando se haya pagado una condena. Leyes que rige el bebido proceso para defender y garantizar los derechos En el Código Orgánico Procesal Penal trata de los juicios previos para salvaguardar todos los derechos y garantía eso lo establece en el Título Preliminar de Principios y Garantías Procesales en su artículo • Artículo 1. Juicio previo y debido proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Por lo tanto cabe mencionar que el debido proceso contienen garantías que tienen como común denominador el procurar la existencia, no solo de un proceso legal, sino también de un proceso justo que permita al Estado el ejercicio del poder penal y al imputado la oportunidad de defenderse. Del conjunto de estos artículos se derivan los requisitos esenciales del debido proceso que pueden sistematizarse en cinco categorías: a) Juez Natural, b) Derecho a ser oído, c) Duración razonable del proceso, d) Publicidad del proceso y e) Prohibición del doble Juzgamiento; de cada uno de ellos hablaremos más adelante.
3 Juez natural yjuicioprevio- listindiario.com
www.listindiario.com/puntos-de-vista/2013/2/26/267403/print 1/1 Imprimir sin imágenes ASUNTOS DE DERECHO Juez natural y juicio previo Matías Modesto Del Rosario Hijo modestomatias@gmail.com
La normativa penal dominicana contiene garantías tan fundamentales como lo son un juicio previo y el derecho a ser juzgado por el juez natural, osea por un tribunal dominicano, no por un juez foráneo. A continuación algunos principios y garantías fundamentales que es bueno maneje y conozca todo ciudadano, a saber: JUICIO PREVIO: Nadie puede ser sancionado a pena o medida de seguridad sin un juicio previo. El juicio debe ajustarse a los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y concentración. JUEZ NATURAL: Nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una medida de seguridad, por comisiones o tribunales especiales, ni sometido a otros tribunales que los constituidos, conforme al código procesal penal con anterioridad a los hechos de la causa. IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA: Los jueces solo están vinculados a la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial y son independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de los demás integrantes del poder judicial o de los particulares. PLAZO RAZONABLE: toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable ya que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la víctima el derecho a presentar acción o recurso conforme lo establece el código procesal penal, frente a la inacción de la autoridad. IGUALDAD ANTE LA LEY: todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Los jueces y el ministerio público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, raza, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias. ÚNICA PERSECUCION: Nadie pue-de ser perseguido, juzgado ni condenado dos veces por un mismo hecho. NO AUTOINCRIMINACION: Nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo y todo imputado tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no puede ser considerado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad, ni puede ser valorado en su contra. En otras entregas seguiremos con la presunción de inocencia, límite razonable de la
prisión preventiva, personalidad de la persecución etc.
Son jueces naturales aquellos cuya designación ha sido anterior al proceso que motiva la cuestión y basado en normas constitucionales y legales. No son jueces naturales aquellos que compongan comisiones o tribunales especiales constituidos luego del hecho motivo del proceso. Está proclamada internacionalmente tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8 inciso 1), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14 inciso 1). Esta garantía procesal penal está consagrada en la República argentina como constitucional, pues lo contempla el artículo 18 de la Carta Magna, y su fundamento es asegurar un proceso imparcial. La referencia no es a la designación de un determinado juez para entender la cuestión, que si pudo haber cambiado luego del hecho que se imputa, sino el tribunal como institución, que debe ser constituido para ejercer la jurisdicción en forma general y abstracta y no para juzgar el hecho específico de que se trata. El Presidente no puede ejercer funciones judiciales, según el artículo 109 de la C.N. lo que lo descarta como Juez natural. El artículo 108 le atribuye funciones judiciales a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores. Se deben respetar las jurisdicciones federal o provincial según el lugar donde el delito se hubiera cometido. Por lo tanto además de ser un tribunal constituido antes del proceso de acuerdo a la Constitución, debe tener competencia. En el caso de los procesos administrativos, agotada esa instancia administrativa debe poder recurrirse a la instancia judicial, para resguardar esta garantía.
cívica más elemental” . (A. Binder. Introducci ón al
Derecho ProcesalP enal. Edit. Alfa Beta, Bs. As. 1993,
Pág. 118). Dado que parecieraq ue pudiera existir colisión o
contradicci ón entre estas garantías y laaplicació
n de medidas cautelares (tanto personale s como
reales)qu e tienen e strecha r elación c on la imp osición d
e medida scautelare s y que son: el principio del juicio
previo y el principio deinocenci a.
7.1. JUICIO PREVIO. Nuestra Constituci ón
vigente, señala en su artículo 77, que: en todoproce
so penal en que se haya privado de la libertad a una
persona,s e observará n las siguientes
La privaci ón de la li bertad se aplicará e
xcepciona lmentecua ndo sea necesaria para garantizar
la comparec encia en elproc eso, o pa ra asegur
ar el cum plimiento de la pen a;procede rá por orden
escrita de jueza o juez competent e, enlos casos, por
el tiempo y con las formalidad es establecid asen la
ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo casono
podrá mantener se a la persona detenida sin
fórmula de juicio por más de veinticu atro horas. La
jueza o juez siemp re podrá ord enar medi das caute
lares disti ntas a la prisiónpre ventiva”.1 1. La juez a o juez a
plicará de forma pri oritaria sa nciones y medidas cautelare
s alternati vas a la p rivación d e libertad contempla das en la
ley. Las sanciones alternativa s se aplicar án
deacuerd o con las circunstan cias, la pe rsonalida d de la pe
rsonainfra ctora y la s exigenci as de rein serción so cial de la
personas entenciad a”.De este precepto constitucio nal se
pueden deducir tanto la forma deimpone r un casti
go así co mo la aut oridad co mpetente paraimpo nerla, que
es el juez. L a forma es la relativa al “cómo”,
el“proces o que se sigue” para que se condene
a un ciudadan o, ysegún el precepto constitucio
nal, esto sólo ocurre luego de un juicioal cabo del
cual una sentencia declara la culpabilida d de la persona.L
a sanción penal no puede ser impuesta por invest igadores
ofiscales, pues esto desnatural iza el sentido de l
juicio. Las prácticasy la rutina h an hecho que tanto investiga
dores co mo fiscal espresum an el dolo o inviertan
la carga de la prueba, es decir,obli gando al
detenido a demostr ar su inoc encia, viol ando su
derechos humanos e incluso imponiénd ole penas, lo que
viola el juicio previo.“La cuestión en princip io, se mu
eve sólo entre dos extremos: libertad o su restricc ión por la
pena. Y como la sanción sólo seconcibe después
del juicio previo, durante la tramitació n de éstefuncio
nará la garantía constitucio nal pertinente, esto
permite afirmar qu e el estado normal -por así
llamarlode una persona sometida aproceso, antes de
ser condenad a, es el de libertad.
UICI O
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Addenda DLeg 1097
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Escrito Camucha

References: artículo 18
 artículo 184
 artículo 2
 artículo 75
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 109
 Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 1
 artículo 876
 artículo 18
 artículo 468

RESOLUCIÓN 
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 20

artículo25
 artículo 14
 artículo
8
 Artículo 49
 Artículo 49
 Artículo 1
 artículo 18
 artículo 109
 artículo 108
 artículo 77