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Timestamp: 2020-04-07 19:22:38+00:00

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Boletín de Documentación. 1ª quincena septiembre 2013.
ESTEVE PARDO,J. La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis. Marcial Pons, Madrid, 2013.
Legislación de la Unión Europea.
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.
Proyectos de Ley (Cataluña).
Proyectos de Ley (Congreso).
Novedades monográficas y doctrinales.
La crisis económica en la que vivimos desde hace ya unos cuantos años está acompañada por una crisis política e institucional más profunda y seguramente de más largo alcance. Por ello, tratar de buscar las causas de esta segunda crisis es un reto inaplazable para poder empezar a diseñar las vías para salir de la misma cuando logremos superar la crisis económica.
Este es el objetivo del libro del profesor Esteve Pardo como nos indica su subtítulo, “aproximación al trasfondo de la crisis”.
La tesis del libro es clara. La relación Estado-Sociedad, que ha evolucionado desde los postulados liberales del siglo XIX hacia el Estado social que se construye a lo largo del siglo XX, sufre un cambio radical a finales del siglo pasado cuando la posición del Estado se debilita por la primacía de otros poderes que se sitúan fuera de su control, concretamente el poder económico-financiero y el que deriva del conocimiento. El problema no es ya como articular la relación del Estado con la Sociedad, sino como defender al Estado de los nuevos poderes. Y al mismo tiempo, como recomponer la defensa del interés general, entendido en el sentido de Tomás Aquino como el bien común, como un valor superior y diverso a la suma de los intereses particulares. El Estado desconoce cuál es el interés general que debe perseguir y carece de la fuerza suficiente para garantizarlo.
Un claro ejemplo de este planteamiento general lo tenemos en el caso de los poderes económico financieros. Estos han impuesto al Estado la reforma del artículo 135 de la Constitución y la primacía absoluta del valor de la estabilidad presupuestaria por encima de otros valores constitucionales. Como nos pone de relieve Esteve Pardo esta reforma constitucional es un claro signo de debilidad. El Estado ha debido llevar a cabo la reforma de su norma fundamental para poder subsistir, para respetar los dictados de otros poderes externos. La Constitución ya no actúa como garante de los derechos y libertades frente al poder, sino que el Estado recurre a la Constitución para defenderse de otros poderes ajenos.
Estas y otras reflexiones en torno a la posición del Estado en la sociedad actual conforman este breve e interesante libro que nos invita a analizar cuáles son las razones que subyacen en la actual crisis institucional de nuestro sistema político.
Real Decreto 608/2013, de 2 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1636/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (BOE núm. 213, de 5 de septiembre)
Real Decreto 684/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears (BOE núm. 215, de 7 de septiembre)
Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifican la de 28 de julio de 1998, por la que se estructuran los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y la de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE núm. 218, de 11 de septiembre)
Orden de 6 de septiembre de 2013, por la que se modifica la de 23 de julio de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013 (BOJA de 12 de septiembre)
Ley 3/2013, de 30 de julio, de medidas aplicables al destino del Fondo Canario de Financiación Municipal durante 2013 (BOC núm. 150, de 6 de agosto)
Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y se aprueba su organización y funcionamiento (DOGC núm. 6454, de 5 de septiembre)
Acuerdo GOV/120/2013, de 3 de septiembre, por el que se crea el Plan interdepartamental de interacción de los servicios sanitarios y sociales (DOGC núm. 6454, de 5 de septiembre)
Decreto 116/2013, de 6 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), aprobado por el Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell (DOCV núm. 7106, de 9 de septiembre)
Reglamento Delegado (UE) nº 876/2013 de la Comisión, de 28 de mayo de 2013, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las normas técnicas de regulación relativas a los colegios de entidades de contrapartida central (L 244, de 13 de septiembre)
Reglamento Delegado (UE) nº 877/2013 de la Comisión, de 27 de junio de 2013, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (L 244, de 13 de septiembre)
Recurso de inconstitucionalidad núm. 1598-2004, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con varios preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (sentencia) (DOGC núm. 6451, de 2 de septiembre)
Sentencia de 22 de abril de 2013 (Sala 1ª)
La Sala 1ª estima en parte, el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que estimó parcialmente la demanda por entender que existió negligencia profesional en la actuación de una abogada. Cuando un abogado acepta un encargo profesional debe poner todos los medios jurídicos precisos para obtener el resultado perseguido por el cliente sin que pueda valorarse la conducta del cliente
Sentencia de 19 de julio de 2013
Número de recurso 2703/2010
Parque eólico Mingorrubio: aprobación de proyecto del parque y autorización administrativa y aprobación del proyecto de subestación transformadora y línea eléctrica de evacuación de energía
Número de recurso 3572/2010
Admisión a trámite de solicitudes de autorización para la instalación de parques eólicos en Galicia
Número de recurso 3288/2010
Expediente sancionador auditoría de cuentas (NTU 21/2002): infracciones graves art. 16.2.c) Ley auditoría de cuentas en auditoría de cuentas anuales de la Fundación ONCE ejercicios 1999 y 2000
Número de recurso 1923/2010
Liquidación definitiva de gastos derivados de la ejecución subsidiaria ante el incumplimiento de sus obligaciones con sus pasajeros como consecuencia de la suspensión de autorización y licencia de explotación practicada a AIR MADRID. Estimación por no haber quedado acreditado que el gasto reclamado se haya efectuado para el traslado de los pasajeros en los términos delimitados en la resolución de la Dirección General de Aviación Civil
Sentencia de 28 de mayo de 2013
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección 2ª
La Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, de 13 de agosto de 2009, que desestimó el recurso de reposición contra la resolución también del Presidente de dicho Organismo de Cuenca de 6 de abril de 2009, que denegó la concesión del aprovechamiento de aguas subterráneas en la unidad hidrogeológica
Sentencia de 8 de enero de 2013
El TSJ establece la obligación de reparar el daño medioambiental causado y la reposición de las cosas a su estado original, prevista en el art. 55 Ley 11/1994, de espacios naturales protegidos, aun cuando haya prescrito la infracción
Sentencia de 25 de abril de 2013
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección 1ª
Impuesto autonómico sobre instalaciones que inciden sobre el medio ambiente
La entidad mercantil “Iberdrola Generación S.A.U.” pretende que se declare la nulidad del acto administrativo sobre declaración-liquidación correspondiente a este impuesto. Para ello se basa fundamentalmente en la falta de regulación legal del devengo del tributo, que coincide con el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y que da origen a la obligación tributaria principal
Sentencia de 12 de septiembre de 2013
Asunto C-526/11
En esta sentencia se analiza el concepto de “organismo de derecho público” a efectos de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. El Tribunal analiza los requisitos relativos a la financiación de la actividad y el control de gestión o el control de la actividad por parte del Estado, de las autoridades locales y de otros organismos públicos, en relación con un colegio profesional
Informe 8/2013, de 26 de julio (Comisión Permanente)
Capacidad de obrar de las cooperativas de viviendas para participar en procedimientos de contratación de promoción de vivienda de protección oficial
Informe 9/2013, de 26 de julio (Comisión Permanente)
Composición y características de los órganos de resolución de recursos especiales en materia de contratación pública de las entidades locales
Informe 10/2013, de 26 de julio (Comisión Permanente)
Adecuación del objeto social de una entidad o empresa licitadora o candidata a las prestaciones objeto del contrato en el procedimiento de contratación en el cual participa
Informe 11/2013, de 26 de julio (Comisión Permanente)
El cáracter confidencial de determinada información facilitada por los licitadores o por los candidatos en el procedimiento de selección y de adjudicación de los contratos
Informe 12/2013, de 26 de julio (Comisión Permanente)
Condición especial de incompatibilidad prevista en el artículo 56.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, consistente en haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, si esta participación puede provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado respecto del resto de las empresas licitadoras
Número de resolución 225/2013, 12 de junio de 2013
Recurso contra exclusión y adjudicación. Contrato de suministro de víveres para buques, unidades e instalaciones de la Armada del Ministerio de Defensa. Exclusión por no haber cumplimentado requerimiento de constitución de garantía definitiva en plazo. Eficacia jurídica vinculante del pliego. Redacción confusa de la cláusula referida a la garantía definitiva, materialización de cláusula contra legem, el importe debe fijarse sobre el presupuesto base de licitación art. 95.3 TRLCSP. Incumplimiento imputable a la Administración. Imposibilidad ampliación del plazo art. 151.2, no procede aplicación supletoria art. 49 Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Falta de constitución de garantía, defecto insubsanable. Aplicación rigorista contraria a los principios de buena fe y confianza legítima, error no imputable al licitador. Estimación
Número de resolución 235/2013, de 20 de junio de 2013
Recurso contra pliegos. Contrato para la prestación de los servicios postales en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (excepto Dirección General del Catastro) y Organismos Públicos. Impugnación cláusula que valora mayor volumen de oficinas ofertado, que exceda del exigido como mínimo en los medios a adscribir en la ejecución del contrato como condición especial de solvencia. Doctrina TJUE y TACRC: las condiciones de solvencia no pueden servir de base para valoración de ofertas. Pertinencia de valorar los medios que excedan de los exigidos para acreditar la solvencia técnica. Determinadas cualidades de la empresa pueden servir para determinar la calidad de la oferta. Sentencia TJUE “Concordia Bus Finland”. Ausencia de desproporcionalidad en la cláusula. No sé establece en el pliego enjuiciado de obligación de valerse de los servicios del operador designado para prestar el Servicio Postal Universal. Son disposiciones legales y no el pliego las que establecen distinto modo de producir la fehaciencia de las notificaciones, art. 39 Reglamento para la Prestación de Servicios Postales. Desestimación
Número de resolución 236/2013, de 20 de junio de 2013
Recurso contra el pliego de prescripciones técnicas. Contrato para la adquisición de material fungible de infusión y presión venosa. Reconocimiento de error material por el órgano de contratación. Desestimiento de la recurrente, forma de terminación del procedimiento que resulta posible por aplicación de los arts. 46.1 TRLCSP y 87 Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No se aprecian motivos de interés público que exijan la resolución del procedimiento, art. 93.3 LRJAP y PAC. Aceptación del desestimiento
Número de recurso 114/2013
Resolución 105/2013, de 7 de agosto
UTE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. y REYCA, S.L. contra el acto de la mesa de contratación por el que se la excluye de la licitación del acuerdo marco con un único empresario denominado “Obras de mantenimiento y conservación en las instalaciones y dependencias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada”
Acuerdo 21/2013, de 7 de agosto
Asociación Cederna-Garalur convocó un procedimiento negociado para la contratación del servicio de asistencia técnica para la valoración de afecciones y expropiaciones del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal de recuperación del antiguo trazado del Plazaola. Resolución impugnada al considerar que contenía un error en la suma de puntuaciones y que se había aplicado de forma incorrecta el criterio de valoración de la oferta económica
Dictamen número 689/2013, de 18 de julio de 2013
Proyecto de real decreto por el que se modifica el Real Decreto 1636/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
Dictamen número 690/2013, de 18 de julio de 2013
Proyecto de real decreto por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio y Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional
Proyecto de ley de la acción exterior de Cataluña
Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
Presentado el 2 de agosto, calificado el 3 de septiembre
Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental
Presentado el 30 de agosto, calificado el 10 de septiembre
La Ley, 2013 (2ª ed.) (2 vols.)
Aranzadi, 2013
Civitas, 2013
Costas y urbanismo: el litoral tras la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas
Pino Miklavec, Noemi P.
La tutela judicial administrativa de los intereses ambientales: (estudio comparativo de los ordenamientos español y argentino)
Soriano García, José Eugenio y Brufao Curiel, Pedro
Claves del derecho ambiental – III
Iustel, 2013
Análisis de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Actualidad Civil, núm. 9 (2013)
Flores Domínguez, Luis Enrique
El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Novedades de la versión definitivamente aprobada (primera y segunda parte)
Diario Iustel de 5 y 10 de septiembre
La ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de costas (II)
Actualidad Administrativa, núm. 9 (2013)
Santamaría Ramos, Francisco José
Reutilización de la información en el sector público
Sanz Gómez, Rafael J.
El proyecto de Ley de transparencia, el secreto tributario y la relación cooperativa. Control sobre los acuerdos transaccionales ante la Administración Tributaria y los grandes contribuyentes
Impuestos septiembre 2013
Weber, Martin; Witkos, Bernard
Auditoría Pública, núm. 60 (2013): 29-41
Núm. 127 (septiembre-octubre)
– ¿Es conforme a derecho el acuerdo plenario por el que se constituye una mesa de contratación con carácter permanente?
– Prestación del servicio de zona azul en una parte del caso urbano. ¿Qué tipo de contrato y procedimiento se ha de seguir?
– Cea Ayala, Ángel
Aspectos prácticos en los procedimientos de resolución de los contratos
– Escrihuela, F. Javier
La reconvención en la resolución de oficio de los contratos administrativos
– Modificaciones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley de Emprendedores: al fin una simplificación de los procedimientos de contratación
– Interpretación de la Directiva 89/665/CEE relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obra (TJUE, sala décima, sentencia de 4 de julio de 2013)
– Impugnación de la resolución de adjudicación del contrato para la instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas, dictada por la sociedad estatal a la que el ayuntamiento encomendó la realización de cuantas actividades fueran precisas para la contratación (TS, sala 3ª CA, sección 7ª, sentencia de 26 de junio de 2013)
– Modificación de la referencia para el cómputo de la indemnización por anulación de adjudicación de contrato (TSJGalicia, sala CA, sección 2ª, sentencia de 27 de junio de 2013)
– ACTUALIDAD NORMATIVA COMENTADA
– RDL 11/2013, de 2 de agosto, protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social
– RD 657/2013, de 30 de agosto, Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
– R Fondo para la financiación de los pagos a proveedores
∙ La Comisión Nacional de la Competencia, a poco más de un mes de ser disuelta como consecuencia de la constitución del regulador único, ha aprobado el esperado informe sobre los problemas en el mercado del suelo, donde plantea limitar el poder de los ayuntamientos en la gestión de los terrenos urbanizables, así como acabar con la delimitación del suelo urbanizable
∙ Canarias: El Gobierno recurre la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional
∙ Castilla y León: La nueva ordenación del territorio avanza su tramitación. Los grupos refuerzan los servicios en el territorio, la autonomía municipal, las entidades locales menores y dejan abierta la puerta a la comarca
∙ Junta Consultiva de Contratación Administrativa: Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el asunto C-388/2012
En fecha 5 de septiembre de 2013 se han presentado estas conclusiones en las cuales se analiza el deber de cumplimiento de la normativa de contratación pública en relación con actividades financiadas con Fondos Estructurales de la Unión Europea, con motivo de la concesión de la gestión de la infraestructura objeto de subvención abonada con cargo en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a un proveedor de servicios externo sin una convocatoria previa de licitación
∙ Congreso: Aprobará el jueves 12 de septiembre, para su remisión al Senado la Ley de Transparencia
∙ Los procuradores alertan que la futura Ley de Servicios Profesionales puede causar un “daño irremediable” a la Justicia
El Consejo General de los Procuradores de España (CGPE) ha alertado de que el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales promovido por el Ministerio de Economía puede causar un “daño importante, si no irremediable”, para los usuarios de la Justicia. Por ello, ha urgido al Gobierno a abrir un diálogo con los sectores afectados para evitar “situaciones conflictivas”.
El Consejo de Ministros, en sesión del día 2 de agosto de 2013, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, ha aprobado el Anteproyecto de Ley Servicios y Colegios Profesionales. A efectos de someter el Anteproyecto a audiencia pública hasta el 16 de septiembre, se pone a disposición de cualquier persona interesada el texto del Anteproyecto, para que puedan cursarse las observaciones que se consideren convenientes.
∙ Los procuradores, en pie de guerra contra Economía
Diario La Ley, Nº 8143, del 6 al 8 Sep. 2013
El colectivo anuncia que dará la batalla contra la reforma de los servicios profesionales impulsada por el Ministerio, que suprime los aranceles y elimina la incompatibilidad entre abogado y procurador.
La reciente aprobación del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales ha supuesto un fuerte revulsivo para el sector legal. Uno de los colectivos más molestos con la reforma es el de los procuradores, que inicia una guerra con el Ministerio de Economía y Competitividad, al que culpa de acometer una reforma que podría causar «daños importantes a la Justicia», empeorando considerablemente su funcionamiento y «retrocediendo a situaciones de hace más de 30 años».
En declaraciones a Expansión, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, asegura que «este no es el final, sino el principio de la batalla». Además, manifiesta su intención de luchar en una guerra a vida o muerte por el futuro de la profesión.
El Anteproyecto acaba con sus aranceles, para que sus honorarios sean fijados libremente con los clientes, y elimina la incompatibilidad entre abogados y procuradores. Estévez ve especialmente preocupante esto último, que se traduciría en un auténtico «caos» en la Administración de Justicia. Según explica, el colectivo gestiona anualmente 50 millones de notificaciones de los tribunales, de las cuales 28 millones son tramitadas en papel y 22 millones a través del sistema informático LexNet, cuyo coste asumen los colegios de procuradores. Para todo ello, recuerda, actualmente la Justicia tiene 67 interlocutores, uno por cada institución colegial, que pasarían a ser 150.000 si se confirma la posibilidad de que los letrados ejerzan también funciones de notificación. El presidente, que entiende que la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del 2 de agosto se hizo «de tapadillo» y lo califica de «puñalada a traición», recuerda que el propio Anteproyecto reconoce que será necesario un período transitorio para que los colegios de abogados establezcan su presencia en los salones de notificación de los tribunales.
Además, niega que el hecho de que los abogados lleven no sólo la defensa sino también la representación del cliente ante los tribunales vaya a reducir la factura final, ya que el despacho necesitaría tener un equipo que asuma las nuevas funciones y cree que la mayoría seguirá contratando el servicio de los procuradores «porque sale más rentable».
A Estévez le consta que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no quería esto y ha luchado «a brazo partido» por defender al colectivo en las negociaciones con Economía, pese a lo cual el ministro del ramo, Luis de Guindos, ha decidido seguir adelante con la reforma. Como muestra del respaldo de Justicia a los procuradores, cabe recordar que el pasado mes de mayo, el Ministerio de Justicia aprobó el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el que les entregaba nuevas competencias. Sin embargo, de aprobarse la reforma de los servicios profesionales, podría iniciarse un camino de refundición entre abogados y procuradores, donde la procura como especialidad se restringiría a la función pública.
El resultado de esta revolución legislativa tardará, al menos, un año en llegar, entre el período de informes y la tramitación parlamentaria. Estévez asegura que no estarán solos, ya que cuentan con apoyos de parlamentarios de diversos grupos, incluido el partido en el Gobierno.
∙ El Gobierno aprobará previsiblemente el viernes el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales
Arias Cañete ha adelantado que esta normativa pretende «recuperar competencias» en estas figuras de protección que sean «compatibles» con la sentencia del Tribunal Constitucional, del 4 de noviembre de 2004, que declaró que la gestión ordinaria de los Parques Nacionales recaía sobre las Comunidades Autónomas.
En este sentido, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, que también ha estado presente en el evento, ha señalado que la resolución del TC, «permite mucha maniobra de acción todavía» al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
En concreto, Ramos ha explicado que, por ejemplo, el MAGRAMA podría pedir a las administraciones locales que reportaran información actualizada al Estado e incluso les podría exigir una gestión «adecuada». En definitiva, ha apuntado que lo que se pretende conseguir es que en el manejo de estas áreas protegidas pueda intervenir el Gobierno central.
Por otro lado, el secretario de Estado ha comentado que el balance de la formación del Parque Nacional del Guadarrama ha sido «positivo», dentro de la «complejidad» que conlleva crear una zona, que implica restricción de usos, con tantos núcleos urbanos. Asimismo, ha señalado que el punto donde han encontrado más oposición es en el de la caza tradicional, donde todavía se están buscando acuerdos, ya que esta figura de protección prohíbe el aprovechamiento cinegético.
Finalmente, Arias Cañete ha puntualizado, que las gasolineras flotantes, práctica conocida como bunkering, sólo estarán prohibidas en zonas marinas de especial protección, como es el caso de las aguas del Estrecho, lo que no está reñido con la existencia de almacenes de combustible localizados en Algeciras, que no tiene ninguna figura de conservación y que, además, sus evaluaciones de impacto ambiental son positivas
∙ Tratamiento en el IVA de indemnización por responsabilidad patrimonial consistente en financiar la reparación del bien lesionado (Consulta DGT V1893-13, de 10 Jun.)
Actualidad Civil, 27 Ago. 2013, LA LEY
Se suscita consulta por parte de un órgano de la Administración del Estado que tramita y resuelve reclamaciones de responsabilidad patrimonial; gran parte de las que son estimadas dan lugar al abono de una indemnización que suele ser el importe de la factura o el presupuesto de reparación del bien lesionado (por ejemplo, un vehículo o un bien inmueble).
Se suscita la duda de si en la cuantía indemnizatoria debe incluirse el importe correspondiente al IVA cuando la valoración viene recogida en un presupuesto de reparación en lugar de una factura y si debe incluirse cuando se trate de una compañía de seguros que actúa subrogándose en la posición del asegurado.
A dichas preguntas contesta la Dirección General de Tributos, en consulta vinculante de 10 Jun. 2013 indicando lo siguiente:
– En el momento del pago de la indemnización a satisfacer por la Administración a los damnificados, no procede repercusión alguna del tributo porque no hay operación sujeta. Como no hay operación sujeta a tributación, no procede la expedición de factura a estos efectos, sin perjuicio de la expedición de cualquier otro documento con el que se justifique el cobro del importe correspondiente.
– Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de que los servicios de reparación que vayan a ser prestados o que ya lo hayan sido al damnificado están sujetos al IVA conforme a la legislación aplicable, siendo ello independiente de que sea ese importe, IVA incluido, el que tenga en cuenta la Administración para determinar la cuantía de la indemnización.
Normativa aplicable: artículos 4.Uno, 5.Dos, 11.Uno y 78.Uno y Tres (Ley 37/1992)
10/2013. Boletín de Documentación 2ª quincena… 07/2013. Boletín de Novedades núm. 5/2013 del…

References: artículo 135

Real Decreto 
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Resolución 
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 artículo 56
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