Source: http://justiciabol.blogspot.com/2014/07/
Timestamp: 2019-10-16 09:09:31+00:00

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Justicia en Bolivia: July 2014
Magistradas podrían recibir una condena de hasta 10 años
Las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez y Soraida Chanez, que serán procesadas por tres delitos penales por haber dejado en suspenso la Ley del Notariado, podrían recibir una sentencia de hasta de 10 años de privación de libertad, pena máxima que establece el Código Penal para estos casos.
La Cámara de Diputados suspendió y aprobó el lunes un juicio en la Cámara de Senadores contra las dos magistradas por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por emitir una resolución que suspendió la aplicación de la Ley del Notariado.
En ese marco, el vicepresidente Álvaro García Linera exigió ayer al Senado "castigar a base de la ley, a los argumentos, a base de la racionalidad de la manera que corresponda”.
El castigo máximo "para las autoridades que desempeñen funciones análogas de decisión o resolución que incurran en prevaricato” -según el artículo 173 del Código Penal- es de una pena privativa de libertad de tres a ocho años.
Mientras que la condena por emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes –indica el artículo 153– es de cinco a 10 años de privación de libertad, y por incumplimiento de deberes, la sentencia es de uno a cuatro año de cárcel.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas –quien tiene la tarea de sustentar la acusación en la Cámara de Senadores–, no quiso anticipar cuál será la pena máxima que solicitará la comisión al Senado.
"En este momento no puedo decir que pediremos uno, dos, 10 o 15 años de cárcel. Anticipar sería vicio de nulidad de nuestro trabajo”, manifestó Cejas a Página Siete.
Por su parte, el diputado Rodolfo Calle (MAS) señaló que la sanción máxima que pedirán será la "suspensión especial”, que es la pérdida de mandato, que establece la Ley 044 de Juzgamiento de las autoridades judiciales. "Será el Senado –como Tribunal de Sentencia– que aprobará una sentencia de privación de libertad o decidirá otra pena”, dijo.
El Senado debe aprobar la sentencia por al menos dos tercios de votos de los miembros presentes.
Iver Pereira Constitucionalista
El MAS busca descabezar al TCP
Éste es un juicio político y sin duda que pueden ser sentenciadas y condenadas.
Pero más allá de esto, debo decir que estamos entrando en una figura sui géneris en la historia de Bolivia, puesto que hay una lógica de descabezamiento de la justicia.
Creo que independientemente de que puedan ser o no sentenciadas estas dos magistradas, está claro que el MAS pretende enjuiciarlas y descabezar al Órgano Judicial.
Si la Cámara de Senadores se atreve a condenar a las magistradas con una privación de libertad, sin duda lo que condenarán será el ejercicio de la función pública.
El MAS anticipó que aplicará el Código Penal y en ese sentido la condena máxima sería la privación de libertad. Pero en mi criterio, el MAS no está buscando meterlas a la cárcel, lo que busca es la desestructuración del Tribunal Constitucional, porque las magistradas actuaron según las leyes.
Delgado pide procesar al magistrado Rudy Flores
La diputada Rebeca Delgado pidió ayer a la Asamblea Legislativa que se inicie un proceso penal por incumplimiento de deberes al magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Rudy Flores, por rechazar la inconstitucionalidad de la Ley de Juicio de Responsabilidades 044.
Delgado explicó que el 20 de febrero de este año presentó ante el TCP un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 30 de la Ley 044, pero fue rechazada por Flores, entonces presidente del Tribunal Constitucional, a pesar de existir jurisprudencia que declaraba la inconstitucionalidad.
"El texto del Capítulo I del Título IX de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización del 19 de julio de 2010 también establecía suspensión temporal de autoridades sin sentencia ejecutoriada y esto fue declarado por el TCP de inconstitucional”, dijo Delgado, quien calificó de político el juicio contra dos magistradas.
Por su parte, el procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó que las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chanez no podían dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado porque en cualquier sistema de Estado de Derecho las normas jurídicas "se las presume constitucionales”.
"No se puede, en ningún país, en ningún sistema de derecho a base de un libertinaje sin ninguna razón, fundamento o explicación, dejar sin efecto una norma jurídica en su totalidad, y más aun tratándose de una ley tan importante”, dijo Arce.
Pobladores de Sucre mantienen cercada la sede del TCP en la capital
Decenas de pobladores de los distritos rurales del Municipio de Sucre mantenían el jueves cercado el edificio del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, en protesta por la no admisión de la Carta Orgánica Municipal.
Las protestas contra el TCP detonaron en la víspera a la cabeza de los dirigentes de la provincia Oropeza y la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH) que exigen la admisión de ese documento para avanzar en el proceso autonómico municipal.
"La toma del edificio del TCP es una decisión de los compañeros del Distrito 8 del municipio de Sucre hasta que los magistrados puedan aprobar la Carta Orgánica Municipal de Sucre", dijo el asesor jurídico de la FUTPOCH, Gustavo Cuéllar.
El municipio de Sucre presentó la Carta Orgánica ante el TCP el 13 de julio de 2013 y hasta la fecha no fue admitida para su revisión constitucional.
En Sucre existe otro grupo de pobladores que exige la reelaboración de ese documento porque no habría sido consensuado con todos los sectores sociales.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Autonómica Legislativa de Concejo Municipal de Sucre, Norma Rojas, advirtió que esa movilización podría masificarse en los próximos días.
"No es la única movilización que surgió, a través de la Comisión de Seguimiento y Defensa de la Carta Autonómica y de los distritos 6,7 y 8, sino, se dará con los demás distritos del municipio de Sucre, porque hay una organización de defensa", señaló.
Rojas también informó que los dirigentes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia presentaron ayer en ventanilla única de la Asamblea Legislativa Plurinacional una demanda de juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del TCP por el retraso en la revisión de las Cartas Orgánicas.
"Existe excesiva demora en el control constitucional de las cartas orgánicas, en el caso de la Carta Orgánica de Sucre fue presentada al TCP el 12 de julio de 2013 y a la fecha, más de un año que este documento ni siquiera fue admitido", precisó.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, negó ayer que ejerza una acción política contra las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Zoraida Chanez, como lo habían denunciado ellas mismas.
“(Quiero) desvirtuar algunas acusaciones totalmente falsas, infundadas, que han vertido las dos magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional en sentido de que la Procuraduría General del Estado estaría detrás de una acción política en contra de estas dos magistradas y un tercer magistrado (Gualberto Cusi). Categóricamente la refutamos como absurda, absolutamente incorrecta y la negamos de la manera más abierta y categórica”, dijo el Procurador, en una conferencia de prensa realizada en El Alto.
Arce recordó que el trabajo de la Procuraduría está “totalmente separado de las funciones jurisdiccionales” y que actualmente se dedica a temas como arbitrajes internaciones y la reivindicación marítima.
No obstante, el Procurador emitió su opinión personal sobre la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado que fue decidida por Chanez, Velásquez y Cusi. Sostuvo que dicha resolución “es totalmente inadmisible”.
Explicó que tanto la Ley del Tribunal Constitucional y la Ley del Procedimiento Constitucional disponen que se presume la constitucionalidad de las normas hasta que exista un fallo de inconstitucionalidad, sin embargo, la aplicación de la Ley del Notariado fue postergada por sólo la admisión de un recurso de inconstitucionalidad.(Erbol)
PIDEN ELIMINAR 3 FASES DE PROCESOS PENALES
El proyecto de Ley para el Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal presentado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) propone eliminar tres etapas de los procesos penales. Esta norma pretende agilizar las causas paralizadas en los juzgados del país.
En el documento se toma en cuenta eliminar las audiencias conclusivas, la apelación restringida y el recurso de casación para cortar la retardación de justicia que se observa en los tribunales.
Actualmente, hay más de 180.000 expedientes apilados en los juzgados, sobre todo penales, que no han sido vistos por los jueces y, de ese total, cerca de 900 concluyen anualmente con el fallo.
El abogado Rogelio Mayta Mayta afirmó que si bien es un medida interesante para agilizar los procesos, continuarán los incidentes y las excepciones que los propios litigantes exigen a sus defensores para ganar un proceso penal.
Recordó que existen procesos menores que causan la mora.
"Los jueces y fiscales, inicialmente, deben priorizar las causas. Una vez que se identifiquen los procesos, estos deben ser encarados hasta su conclusión que es la sentencia".
Corrupción. Empero, en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, litigantes y abogados consultados por La Prensa afirmaron que la eliminación de éstas y otras etapas del proceso no ofrecerán soluciones reales a la retardación de justicia, pues la corrupción es la gran culpable.
Uno de los litigantes que se animó a decir sólo su nombre, Ramiro, afirmó que "los fiscales y jueces son quienes dilatan los procesos, porque nos piden dinero para acortar o alargar un juicio".
Sobre este hecho, Mayta Mayta explicó que la Ley 007, que modificó el Código de Procedimiento Penal, no mejoró el sistema judicial en la materia y que, por el contrario, puso más trabas al procedimiento, que también influyen sobre la mora procesal.
Según el abogado Mayta, "el sistema no funciona y está colapsado. Estas modificaciones o eliminaciones deben ser integrales y no superficiales. Debe participar un equipo multidisciplinario integrado por abogados, sociólogos, psicólogos e incluso antropólogos" para resolver estructuralmente los problemas de la justicia penal en el país.
Mayta recordó que una de las etapas, la conclusiva, no fue acordada con los jueces y que se la modificó a dedo y se le atribuyó mayor responsabilidad a los jueces antes de entablarse oficialmente los juicios orales ante los tribunales de Sentencia.
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Presidente del TCP repudia juicio a tribunos
El presidente del Tribunal Constitucional, Efren Choque, dijo ayer que la suspensión de las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chanez “vulnera el estado de derecho” y afecta a la Constitución y la democracia boliviana”. En tanto, las sancionadas señalaron que el juicio es “político e inconstitucional” porque quebranta las atribuciones del Órgano Judicial.
Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que las magistradas “cometieron una arbitrariedad aberrante” al suspender la aplicación de la Ley del Notariado.
Mientras dure el juicio en el Senado, que aún no tiene fecha, los magistrados suplentes Juan Valencia y Zenón Bacarreza asumirán las funciones de sus colegas suspendidas.
Las magistradas suspendidas Ligia Velásquez y Zoraida Chanez están procesadas por suspender la aplicación de la Ley de Notariado mientras se resuelve un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta norma. Chanez afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tiene la competencia para enjuiciar a autoridades electas.
En tanto el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efren Choque, calificó como “día negro para la justicia constitucional” la suspensión de las magistradas, quienes serán sometidas a un juicio de responsabilidades en el Senado.
“Queremos decir con todo respeto y de manera reflexiva, que esta crisis institucional afecta a la estabilidad del Tribunal y también afecta al estado de derecho de la democracia boliviana”, dijo Choque.
Respecto a las consecuencias que tendrá en el TCP el alejamiento de dos de sus miembros, Choque reconoció que la medida “genera inestabilidad en sus tareas jurisdiccionales”.
El presidente del TCP convocó a los otros poderes del Estado a establecer una relación “horizontal” de coordinación con el objetivo de mejorar el servicio a la sociedad.
Silvia Salame, exmagistrada del TCP, manifestó que en la Constitución no existe revocatorio para el ámbito judicial.
“La propia norma establece que será el Consejo de la Magistratura quien siga un proceso y, si fuera un caso penal, se remitirá al Ministerio Público”, aclaró.
Según Salame, no se puede suspender el mandato a un magistrado por emitir una resolución, más aun si se trata de una resolución que está sujeta a revisión.
La diputada Rebeca Delgado Burgoa, afirmó que la aprobación del proyecto de acusación a dos magistradas del TCP carece de tipificación, tiene defectos procesales y se basa en una medida precautoria, no en una resolución, por lo que se estaría dando un duro golpe a la democracia.
Ante denuncias de partidos de oposición y de las magistradas suspendidas, de que el juicio fue por instrucción del Gobierno, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez respondió que el Ejecutivo no influyó en la decisión de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, justificó el proceso a las magistradas coincidiendo con las opiniones vertidas por el vicepresidente Álvaro García Linera y los parlamentarios del oficialismo.
“Estamos viendo ir a un revocatorio, ellos fueron elegidos por el pueblo y será el pueblo quien defina si realmente esas personas tengan que ser revocadas, aquí no será una situación unilateral, el Gobierno no actuará a dedazo, ni arbitrariamente.
Será el pueblo quien decida si estas autoridades judiciales se tienen que ir o se quedan”, apuntó la Ministra.
Y mientras dure el juicio contra las magistradas, los suplentes Juan Valencia y Zenón Bacarreza cubrirán las funciones de sus colegas suspendidos.
“Después que llegue la notificación al Tribunal Constitucional Plurinacional, en las próximas horas, los magistrados suplentes estarían asumiendo la titularidad” informó el magistrado Ruddy Flores.
La candidata a diputada por Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, sostuvo que el juicio es una acción gubernamental para tratar de retomar el control del TCP, esto también implicaría el retorno del magistrado Rudy Flores a la presidencia de esta entidad judicial. Por su parte, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco, calificó el juicio de responsabilidades como una “aberración”.
“Es la segunda aberración más grande desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a la justicia, la primera fue elegir autoridades judiciales del tribunal con consigna política, militancia política del Movimiento Al Socialismo”, dijo.
En el caso del magistrado Cusi, el informe de la Comisión de Justicia Plural señala que éste presentó una acción de libertad, que fue concedida en resguardo a su derecho a la vida, “disponiendo el cese de cualquier proceso hasta que su salud esté restituida y asuma sus funciones.
La exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Silvia Salame, asegura que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tiene competencia para suspender o procesar a los magistrados del Órgano Judicial, porque estos fueron elegidos por el voto popular.
Dijo que los magistrados no se equivocaron en determinar la suspensión temporal de la Ley del Notariado porque evitaron con esta acción que se provoque un “caos jurídico”.
“Se pidió las medidas cautelares en razón a que iba a causar un grave caos jurídico a todo lo que es el ámbito notarial, porque iba a pasar temporalmente al Ministerio de Justicia y si se declaraba inconstitucional nuevamente volvía al Órgano Judicial.
Para evitar ese daño se pidió esa medida cautelar”, explicó Salame.
Aseguró que la acción de Diputados significa un “golpe de estado” al Tribunal Constitucional “porque la ALP no tiene competencia. La CPE establece que a los magistrados los elige el pueblo no la Asamblea, esa modalidad que establece la Ley 44 era cuando los magistrados eran electos por la Asamblea”.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Sejas, dijo ayer que no entrará en detalles sobre el momento en que las magistradas del TCP, Ligia Velásquez y Zoraida Chanez, supuestamente cometieron los delitos por los que la mayoría oficialista las suspendieron y las enviaron a juicio de responsabilidades. “Todavía no concluyó el proceso, yo debo mencionar que los supuestos ilícitos serían incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y prevaricato. Erbol consultó ¿en qué momento las magistradas ahora suspendidas incurrieron en los delitos que se menciona? Y el legislador respondió: “No voy a entrar en detalle por cuestiones obvias, estoy explicando que todavía voy a conocer la causa en la etapa del juicio mismo”.
ÁLVARO GARCÍA LINERA NEGÓ INJERENCIA
Vice: El próximo será el magistrado Cusi
El vicepresidente en ejercicio, Álvaro García Linera, dijo ayer que las dos magistradas suspendidas en sus cargos por decisión de la Cámara de Diputados son procesadas por cometer una “arbitrariedad aberrante, injustificada” al suspender la Ley del Notariado y que el magistrado Gualberto Cusi también será sometido al mismo procedimiento.
“Aquí están inventándose un procedimiento o por desconocimiento o por ineptitud o por incapacidad o por mala fe pero el dañado es el Estado y no es Álvaro García, el dañado es el Estado, el ciudadano de a pie que no puede aplicar una ley muy buena”, dijo ayer en Cochabamba.
La madrugada de ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta el inicio de un juicio de responsabilidades contra las magistradas Soraida Rosario Chanez Chire y Ligia Mónica Velásquez Castaños,
Chanez y Velásquez, junto con el magistrado Gualberto Cusi Mamani, en su condición de miembros de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, dictaron, el 13 de marzo de 2014, un Auto Constitucional que suspende la aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional.
“El Tribunal (Constitucional) sin sentencia solamente habiendo admitido la demanda se le ha ocurrido, por primera vez en la vida, anular la aplicación de la ley, anular la aplicación de sus artículos. Entonces este es un antecedente funesto contra el funcionamiento del Estado”, aseguró García Linera.
Dijo que lejos de un procedimiento político y de una intromisión “de lo que se trata es que de una buena vez exigir al sistema de justicia -no a todas las instituciones sino a algunas- que dejen de hacer chacota y que trabajen. Ya han llegado a un tope de intolerancia, de arbitrariedades, de abusos por eso la justicia está mal y se pide a los tribunos elegidos por el voto popular que cumplan su mandato, no que bloqueen al Estado ni que fomenten más actos de corrupción”.
García Linera explicó que la sanción a las magistradas puede llegar incluso a la destitución y después pasar a un proceso administrativo o incluso penal. “Ahora están suspendidos no pueden ejercer su función y dependerá de lo que diga el Senado pero en principio puede ser la destitución de esos funcionarios y veremos si hay algún tipo de sanción administrativa o penal”.
Ligia Velásquez, magistrada suspendida
Se trata de un juicio político
La magistrada Ligia Velásquez denunció ayer que es sometida a un juicio político, lo que acaba con la institucionalidad del Órgano Judicial. Anunció que como mecanismo de defensa presentó ante la Asamblea una excepción de incompetencia del Legislativo para juzgar supuestos delitos a magistrados del TCP, además de una acción de inconstitucionalidad concreta, afirmando que la única entidad de impartir justicia es el Órgano Judicial.
Zoraida Chanez, magistrada suspendida
Quieren dar efecto ejemplificador
La magistrada suspendida, Zoraida Chanez, advirtió que la intención del oficialismo con esta decisión es “dar un efecto ejemplificador”. “Si algún magistrado, vocal, juez o cualquier autoridad judicial ose impartir justicia con imparcialidad e independencia, entonces le va a pasar lo que a nosotros”, alertó. Sostuvo que su suspensión y enjuiciamiento fueron una orden política que partió del actual procurador general del Estado, Héctor Arce.
Efren Choque, presidente del TCP
Sólo cumplieron con su trabajo
Efren Choque, presidente del TCP, defendió la actuación de las magistradas suspendidas al haber admitido el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley del Notariado. “Lo único que han hecho las magistradas es cumplir con sus tareas constitucionales en beneficio de los sectores sociales toda vez que el trabajo de los notarios está íntimamente vinculado con el pueblo”, señaló. El presidente dijo que la sanción es un acto inconstitucional.
Funcionario judicial condenado a dos años de cárcel por extorsión
El juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, presidido por Oswaldo Aguilar, decidió sentenciar a dos años de prisión al funcionario del Consejo de la Magistratura, César Choque, quien trabajaba en la Unidad de Planificación, acusado de extorsionar a una funcionaria de esta instancia judicial.
El fiscal de Distrito de Chuquisaca, Roberto Ramírez, informó, ayer, que el acusado decidió someterse a un proceso abreviado, por lo que el lunes pasado se desarrolló la audiencia donde se determinó su reclusión en el penal de San Roque de la capital del país.
“Se ha llegado a emitir un requerimiento conclusivo y fruto de ello es que el principal acusado en este caso se ha sometido a un procedimiento abreviado. El día de ayer (lunes) se ha celebrado la audiencia y por lo tanto respecto a esta proceso tenemos una persona que ya tiene una sentencia condenatoria”, explicó el fiscal a la Red ACLO Chuquisaca.
Cusi presume que juicio contra magistrados busca eternizar a Evo
“Presumimos que el Gobierno tiene planes maquiavélicos con el país y uno de ellos es eternizarse en el poder y seguramente mediante la próxima asamblea legislativa van a lograr eso, siempre y cuando controlen el TSC”, advirtió Cusi.
“En este caso, diría (que fue iniciado) por capricho y los objetivos políticos de Evo Morales y el MAS. Nosotros, injusta y arbitrariamente, estamos siendo procesados por delitos que jamás hemos cometido”, dijo Cusi en una entrevista con la red Unitel.
Suspensión de magistradas es “día negro” para justicia
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efren Choque, calificó, ayer, como “día negro para la justicia constitucional” tras la suspensión de dos magistradas de ese órgano por parte del Legislativo, las cuales serán sometidas a un juicio de responsabilidades.
Las magistradas Soraide Chánez y Lidia Velásquez serán sometidas a un proceso por haber aceptado, al ser parte de la Comisión de Admisión del TCP, una demanda contra la Ley del Notariado y, además, disponer la suspensión temporal de su aplicación mientras se resuelve el recurso, informó ANF.
“Queremos decir con todo respeto y de manera reflexiva, que esta crisis institucional afecta a su estabilidad, afecta al estado de derecho constitucional y también afecta al Estado de derecho de la democracia boliviana”, dijo Choque en conferencia de prensa.
Choque no quiso referirse a los próximos pasos que deberá seguir ese órgano, como la designación de dos magistrados suplentes, pues indicó que el TCP no fue notificado oficialmente con la decisión de la Asamblea.
“Sin embargo, nosotros queremos dar nuestro mensaje del TCP de todos sus magistrados que esta institución se encuentra con la frente alta, también en el marco de la dignidad institucional seguiremos administrando justicia constitucional en el marco de la idoneidad jurídica y de manera imparcial”, manifestó.
Choque también defendió la actuación de ambas magistradas al haber admitido el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley del Notariado. “Lo único que han hecho las magistradas es cumplir con sus tareas constitucionales en beneficio de los sectores sociales toda vez que el trabajo de los notarios está íntimamente vinculados con el pueblo”, indicó.
“Queremos dar un mensaje a otros poderes de que el TCP va a seguir trabajando en el marco que establecen nuestras leyes y vamos a generar una relación de interdependencia horizontal entre poderes”, sostuvo.
Soraide Chánez Chaire: “Mi suplente fue el relator que viabilizó la relección de Evo”
Decepcionada. Así se declara la magistrada del Tribunal Constitucional, Soraida Chánez Chiré, luego de dos años y seis meses de gestión y no teme hacer revelaciones. Magistrada, ¿por qué las enjuician?
La suscrita y otros dos magistrados emitimos un auto de admisión de un recurso que planteó un diputado; sin embargo, lo que se informa incorrectamente es que el Tribunal hubiese emitido un fallo, lo que no es cierto, porque solo se verificaron los aspectos de forma para su admisión, asimismo se emitió una medida cautelar que está en el Código Procesal Constitucional y cuyo proyectista es Héctor Arce.
¿Qué decía la medida cautelar que emitieron?
Son tres medidas que no afectan al fondo de la ley, pero lo que no dicen las autoridades es que ellos incumplieron los plazos que se pusieron porque no emitieron el reglamento en más de tres meses, no nombraron un director y no pasaron la documentación al Órgano Ejecutivo.
¿Fue notificada para el proceso?
No, para todos los actuados fui notificada por cedulón, en el Tribunal en mi domicilio y como una forma de intimidación y amedrentamiento en mi domicilio de origen, que es Oruro porque soy de allí.
¿Quién es el magistrado que la suplirá?
La verdad no sé, lo único que puedo decir es que él ( Zenón Hugo Bacarreza Morales) fue el magistrado relator de la sentencia que viabilizó la relección del presidente Evo Morales
Crisis judicial aviva la polémica sobre la relección de Evo Morales
En el Tribunal Constitucional Plurinacional aguardan la notificación oficial de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la apertura de un juicio de responsabilidades en contra de las magistradas Soraide Chánez y de Ligia Velásquez para convocar a sus suplentes. La espera se produce en medio de un cruce de acusaciones entre las magistradas, que aseguran que el Gobierno busca los mecanismos para cambiar la Constitución Política del Estado y del Ejecutivo, que insiste en que se equivocó en la elección de jueces.
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, negó ayer que el Gobierno esté involucrado en este caso de los magistrados, pero insistió en que analizan la posibilidad de ir a un referendo revocatorio, porque los magistrados fueron elegidos por el pueblo y será el pueblo quien defina si realmente esas personas tengan que ser revocadas. “No será una situación unilateral, el Gobierno no actuará a dedazo, ni arbitrariamente, será el pueblo quien decida si estas autoridades judiciales se tienen que ir o se quedan”, apuntó Gutiérrez.
Según las suspendidas y los diputados opositores, el Ejecutivo cumplió con la primera tarea, porque todos los partidos prevén remover el Órgano Judicial; el lunes dio el otro paso al suspender a las dos magistradas del Tribunal Constitucional (TC); hasta el fin de semana se aprobará el proyecto de ley que asigna recursos para compras directas al Órgano Electoral para todo tipo de procesos; el cuarto paso está listo porque los vocales dentro el TC ya tienen la mayoría para promover el cambio de presidente y reponer a Ruddy Flores, que renunció a su cargo en febrero de este año pero se arrepintió; finalmente el último punto se cumpliría con la posesión de los dos suplentes, Macario Cortez Chávez, que ejerce la titularidad en vez de Gualberto Cusi, y Zenón Bacarreza Morales, en lugar de Soraida Chánez, que firmaron la sentencia 0003/2013, que viabilizó la relección de Evo Morales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, y la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, desmintieron, por separado, la intención del Gobierno de tomar el control del TC y aseguraron que se actuó de forma legal. Chánez insistió en que el oficialismo busca retomar el control del Tribunal, que perdió tras la renuncia de Ruddy Flores y la asunción de Choque.
“Esta crisis institucional afecta al estado de derecho constitucional y al Estado de derecho de la democracia boliviana”, reflexionó Choque
Enjuiciadas deben defenderse en Senado, según Von Borries
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Isaac von Borries, señaló que el Senado, que hace las veces de Tribunal de Sentencia, deberá resolver si correspondía o no disponer la medida precautoria dispuesta por las magistradas ahora acusadas y que paralizó la aplicación de la Ley del Notariado, perjudicando no solo a esta ley sino al Código Procesal Civil cuya aplicación fue suspendida por un año.
“En la Cámara Alta, las magistradas tendrán que hacer la defensa correspondiente, demostrar la procedencia y licitud de su actuación”, aseguró Von Borries.
Por su parte, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Marco Antonio Baldivieso dijo que esta situación es una señal de que la crisis del sistema judicial está agonizando y por eso el propio Gobierno ha apostado por el cambio de autoridades porque se dio cuenta de que no únicamente los “ponchos y polleras” van a solucionar los problemas de la justicia sino que se necesita honestidad, capacidad e idoneidad para el ejercicio de estas altas funciones.
En criterio de Baldivieso, puede ser que el Gobierno esté apostando a reacomodar las fuerzas dentro del TCP, porque tras la salida de Rudy Flores de la presidencia, su influencia en este órgano judicial es parcial.
Agregó que la denuncia contra las dos magistradas es una de las más de 240 que se tramitan en el Legislativo contra magistrados del TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Consejeros de la Magistratura. “Puede que este sea uno de los primeros procesos que obliguen a renunciar y evitar el gasto de un nuevo referéndum”.
En opinión del decano del Consejo de la Magistratura, Roger Triveño, las leyes en Bolivia están para aplicarse y en ese marco la Asamblea Legislativa tomó la decisión de suspender a las dos magistradas del TCP y esta institución continuará con su labor con los suplentes.
El magistrado suplente del TCP, Milton Mendoza, señaló que esta crisis responde a que los magistrados electos pueden ser legítimos pero no son idóneos. “La magistratura no es un cargo político sino técnico y como hay gente que no conoce esos cargos por, supuesto va a cometer errores y es pasible a procesos
El presidente de la comisión de Constitución de Diputados, Lucio Marca (MAS), negó que se trate de una persecución contra las magistradas y aseguró que la denuncia fue presentada por Norka Soto Serrudo y Stenka Udaeta España, representantes de los notarios.
Cámara de Diputados activa juicio a dos magistradas del TCP
HAY 180 JUZGADOS Y 200 JUECES EN LA PAZ DICEN QUE CADA JUEZ CONOCE 2.000 CAUSAS POR MES
Cada uno de los 200 jueces del Tribunal Departamental de La Paz conoce 2.000 causas al mes son de conocimiento de cada uno de los 200 jueces, afirmó Juan Carlos Berríos, presidente de ese organismo.
Berríos afirmó que la carga procesal recae sobre los 180 juzgados, 200 jueces y 20 vocales que son parte del Tribunal de La Paz y que cada día son cuestionados por los litigantes por retardación de justicia de la que también son corresponsables abogados, policías y fiscales, así como de los litigantes.
La autoridad explicó que en 2013 el Tribunal atendió cerca de 220.000 procesos, 1.110 casos al mes por cada uno de los responsables de los 180 juzgados, de los que los penales son los más ocupados.
El uno por ciento. Juan Carlos Berríos puso como ejemplo un estudio desarrollado en septiembre de 2013, en el que se identifica que de 1.000 audiencias programadas sólo se llevaron a cabo 276, mientras que 724 fueron suspendidas por diversas causas, entre ellas la ausencia de jueces ciudadanos (30 por ciento); ausencia de partes (el 24%); ausencia de fiscales (23%); ausencia de jueces (13%) y el restante 10 por ciento por presiones sociales, marchas, manifestaciones, falta de transporte y de custodios.
“En cifras globales, debemos manifestar que en 2013 los jueces influyeron sólo en un 1 por ciento en la retardación de justicia y apoyaron de forma efectiva el decreto de indulto o amnistía liberando a 800 personas, de las cuales la mitad corresponde al departamento de La Paz”.
Empero afirmó que desde diciembre de 2013 a la fecha, estos casos se han incrementado en hasta 100 por ciento, debido a que se judicializaron los niveles de conflictos com los familiares, institucionales, políticos y sociales.
Berríos declaró que "no se debe focalizar las debilidades del sistema judicial en los tribunales de Justicia, sino también en otros actores que forman parte de esta cadena. Cada juez debe atender un promedio de 2.000 causas al mes. Por ello debemos buscar soluciones estructurales a este problema".
deficiencias. El Presidente del Tribunal de Justicia de La Paz afirmó que algunos juzgados carecen de apoyo humano y equipamiento para acelerar las causas y que, por ello, se observan montañas de expedientes en los juzgados. a lo que suma el recorte de ítems en personal en enero de 2014, a fin de reorganizar el Órgano Judicial.
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TCP aprueba estatutos autonómicos de Chuquisaca, La Paz y Tarija
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobó los estatutos autonómicos de Chuquisaca, La Paz y Tarija, además de cinco cartas orgánicas municipales, informó ayer su presidente, Efrén Choque.
“Las sentencias constitucionales son el resultado de un arduo trabajo de consensos y disensos entre los miembros que conforman este Tribunal”, dijo a los periodistas.
Los estatutos autonómicos departamentales aprobados son de Chuquisaca, La Paz y Tarija, detalló el magistrado. En tanto que las cartas orgánicas corresponden a los municipios de Huanuni (Oruro), San Andrés (Beni), Sicaya (Cochabamba), Cocapata (Cochabamba) y Santa Ana de Yacuma (Beni).
“Comprenderá el pueblo boliviano que para los magistrados del TCP, al igual que para los que construyeron los estatutos y cartas autonómicas, (que este proceso y su trámite) son una experiencia nueva que, por lo tanto, conlleva dificultades en su revisión y control de constitucionalidad”, remarcó Choque.
“Desde la presidencia del TCP hemos impulsado el tratamiento preferente de los estatutos y cartas orgánicas a través de una mesa de trabajo y de diálogo al interior del Tribunal”, recalcó ante las críticas que recibieron de autoridades y distintos sectores por un supuesto desinterés y retraso en la revisión de los documentos autonómicos.
Hasta ahora Pando era el único departamento con un estatuto autonómico aprobado por el TCP.
Al igual que Pando, Tarija puede aplicar su estatuto autonómico y consolidar el proceso de descentralización administrativa que vive Bolivia, porque ya aprobó ese documento en 2009 en un referendo.
Mientras que La Paz y Chuquisaca deben someter sus estatutos aprobados por el TCP a un referendo, para cumplir con los requerimientos del proceso autonómico.
Ante las dudas legales entorno a las audiencia vía “Skype”, llevadas adelante por Régimen Penitenciario, mañana se analizará el tema en una mesa Interinstitucional, ya que el uso de las redes sociales como “Skype” no estaría normado y recién se trataría su inclusión en el nuevo Código Procesal, informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Juan Carlos Berrios.
Aseverando que este tema debe ser analizado con más profundidad, Berrios manifestó que esta solicitud, planteada por el director general de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, también podría infringir algunos principios judiciales, en este caso, el contacto directo del juez con las partes.
“Mire habría que analizarlo porque estamos viendo que se rompería con el contacto directo entre el Juez y las partes, precisamente (este 30 de agosto) estaremos con los especialistas en materia penal para ver cuáles son las ventajas y desventajas”, aseveró Berrios.
Sobre la legalidad de las audiencias vía “Skype”, el abogado penalista Franz Bustos dijo que este tipo de audiencias podría caer en una ilegalidad tomando en cuenta que la actual normativa jurídica no contempla la realización de audiencias virtuales, “Esto ocasionaría una serie de inconvenientes como el hecho de la competencia territorial de los jueces. Además que obligaría a modificar el Código Penal”.
Por su lado, Berrios aclaró que la sugerencia de Aramayo no está normada en la actual ley pero que con seguridad, será tratada en las reuniones donde se revisa el nuevo código procesal penal.
Con el propósito de ahorrar en el desplazamiento de seguridad para trasladar a los internos de los recintos penitenciarios a sus respectivas audiencias judiciales, el pasado 14 de julio, Régimen Penitenciario inició de manera oficial la primera teleaudiencia entre La Paz y Tarija por un caso de violación.
La primera audiencia de juicio oral tuvo como principal protagonista a Mauricio Eduardo V. G., imputado por el delito de asesinato, se inició el 15 de julio vía ‘skype’ y conectó con el centro penitenciario de San Pedro de La Paz y el tribunal dirigido por el juez técnico de Ejecución Penal, Víctor Vejarano Montellano, y el fiscal de Materia Daniel Lobo, proceso avalado por el Ministerio Público.
La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Zoraida Chanez, denunció ayer un intento de golpe del Movimiento Al Socialismo (MAS) a esa entidad del Estado con el propósito de validar posibles modificaciones a la Constitución. Dijo que esta acción se consolidará con la suspensión de tres magistrados.
Bajo pretexto de la ley del Notariado, el MAS busca cortar las cabezas de tres magistrados “librepensantes” del Tribunal Constitucional Plurinacional con un juicio ilegal, improvisado y manipulado para garantizar la reelección indefinida de Evo Morales y establecer un sistema legal que viabilice y valide los atropellos a los derechos ciudadanos, alertó ayer el jefe de la Bancada de Diputados de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco y los legisladores Antonio Franco, Luis Gantier y Marcela Revollo.(Erbol)
Tarija Jueces recuerdan su día bajo la sombra de la corrupción, acefalias y renuncias
Este 27 de julio se recuerda el Día del Juez Boliviano, fecha en la que resalta la labor que realizan los administradores de justicia en el país, sin embargo en estos últimos tiempos la Justicia Boliviana está estigmatizada y bajo la sombra de la corrupción, la retardación de justicia, la mora procesal, acefalias en algunos juzgados y renuncias, que se dan precisamente por procesos disciplinarios, procesos legales y enfermedades en contra de jueces.
La representante del Consejo de la Magistratura de Tarija, Paola Chirinos Montoya, lamentó que algunos actos de corrupción estén empañando el Día del Juez, debido a que la justicia en el país se encuentra estigmatizada por una serie de aspectos y se debe a los “malos jueces”.
“Eso depende de la formación de cada juez, de la ética profesional que tengan, la ética es la ciencia de la moral y entonces tienen que responder ellos a eso, pero lamentablemente hay algunos no la tienen o no la conocen”.
Sobre las denuncias, Chirinos señaló que en vía de anticorrupción hay denuncias que están en trámite en contra de algunos jueces.
Con relación a juzgados que estarían acéfalos, Chirinos dijo que no existen, solamente el caso del Juzgado en Yacuiba, en el que presentó su renuncia Edgar Abircata Alí, quien está siendo procesado por concusión, sin embargo el mismo goza de vacaciones y se cumplen a mediados de agosto.
Chirinos, también reveló que la juez del Juzgado Agroambiental, ya está casi nueve meses con baja médica, por lo que control y fiscalización del Consejo de la Magistratura está haciendo el seguimiento de este caso, porque se está pagando doble sueldo, al suplente y a la titular.
“Este Juzgado lo está conociendo el Juez Mixto de San Lorenzo, quien ya está cansado, porque él tiene que venir desde allá hasta Tarija, para atender esos casos, entonces esa es una situación difícil, eso (los jueces o vocales) no se ponen a pensar hay veces que los jueces hacen sacrificios”.
Para la representante de la Magistratura, no se trata de pedir bajas médicas y perjudicar a la población, porque no es lo mismo que un Juzgado tenga un juez permanente a que haya un juez en suplencia legal.
“Eso estamos revisando con la Caja Nacional de Salud, yo he pedido un informe al médico que le ha otorgado la baja y a la Caja, si corresponde o no, eso en los próximos días lo vamos a hacer conocer”.
El secretario general de la Asociación de Jueces y Magistrados de Tarija, AMATA, Horacio Paredes Carranza, aseguró que en Bolivia no existe una Escuela de Jueces para que puedan especializarse y que haga un seguimiento real y oportuno para cubrir algunos factores que provocan fallas.
“Tenemos las instancias que se están movilizando al respecto y yo creo que lo principal será encontrar primero eso, presupuesto para que pueda funcionar mejor la administración de justicia”.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, TDJ, Nilo Velasco Albornoz, reconoció que existe carga procesal en el Distrito Judicial de Tarija al igual que en todos en el país, pero la misma no es responsabilidad de las autoridades judiciales y que no se acompañó el crecimiento poblacional.
“Ningún en Tarija ni en el país, tiene mora procesal o rezago judicial, porque no lo hace intencional o voluntariamente, todos los jueces trabajamos responsablemente, incluso en horas y días extraordinarios. Yo creo que todos los jueces ponemos gran esfuerzo y empeño en cumplir con la función judicial”.
En la capital la demanda es la apertura de dos Juzgados Cautelares más y de Tribunales de Sentencia, porque incluso algunos tienen programados juicios hasta el mes de septiembre del 2015.
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Según Ministra Abre la posibilidad de cambiar magistrados
Según declaraciones de la ministra de justicia, Sandra Gutiérrez, existe la posibilidad de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para viabilizar el revocatorio de los magistrados electos en 2011. En una entrevista se refirió a la situación de la justicia en el país y a las medidas por las que se pueden optar para efectivizar la transición del Poder Judicial al Órgano Judicial. Cabe resaltar que el 16 de octubre de 2011 la población boliviana acudió a las urnas, por primera vez en la historia, para elegir mediante el voto universal a las autoridades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional; sin embargo a tres años de aquel acontecimiento, el Gobierno admite que ese procedimiento no fue suficiente para cambiar a la justicia en el país. “Les aseguro que si nos vamos a un referéndum ganamos. La población está cansada”, sostuvo Gutiérrez.
Destacan labor de jueces en la administración de justicia
En instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia, se llevó a cabo ayer en la mañana, el acto en homenaje el Día del Juez boliviano. En el evento se destacó la labor que realizan los jueces del departamento en la administración de justicia y se recordó al ilustre jurista boliviano Pantaleón Dalence.
En el acto estuvieron presentes invitados especiales a nivel local, departamental y nacional, como la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carmen Núñez Villegas. Al referir que la Justicia es una palabra utilizada en todos los ámbitos y en toda tarea, acciones como sinónimo de igualdad, equidad y muchos más.
“La ley no es otra cosa que un instrumento para la realización de la justicia y no útil en sí misma, es un instrumento a través el cual es posible lograr la justicia y lograr la paz social”, dijo. Los administradores de justicia ahora tienen el reto de renovar el compromiso de la vocación de servicio, de la importancia de ofrecer a la colectividad una justicia pronta.
“En el Día del Juez, recordando la excelsa figura del jurisconsulto de la justicia boliviana el doctor Pantaleón Dalence, permítanme saludar con el mayor respeto y con un abrazo a los magistrados y magistradas, jueces y juezas, así como al personal de apoyo, quienes obedeciendo la ley y el mandato del pueblo sin fueros ni privilegios, con independencia, prestan servicios de impartir justicia con su sabiduría, idoneidad, honestidad”, manifestó el secretario de la Asociación de Magistrados de Tarija, Horacio Paredes.
Mientras tanto el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Adolfo Nilo Velasco, indicó que la labor de un juez es respetada, puesto que es el que administra la justicia, por eso debe ser resaltada en el día que se recuerda el día de juez boliviano. “Pese al requerimiento de poder tener un tiempo para celebrar el día del juez, se nos negó por parte del Consejo de la Magistratura, por ello es que no vamos a descansar y continuar con nuestra labor de todos los días”, manifestó.
El Día del Juez Boliviano fue instaurado en honor al destacado abogado, político, estadista y notable jurisconsulto, Pantaleón Dalence, nacido en Oruro un 27 de julio de 1815.
Estudió en la Universidad San Andrés de la ciudad de La Paz recibiendo e título de abogado a los 21 años de edad. Se inició en el trabajo de la Administración de Justicia como Juez de Letras del Juzgado de Instrucción de la Villa de Poopó.
Aprueban plan para los juicios penales
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, plan que fue remitido al pleno camaral para su tratamiento.
“En la actualidad y casi a diario se escucha que hay retardación de justicia, hay gente que está en las cárceles, hay juicios que no se empiezan y es por eso que el Órgano Judicial ha propuesto este proyecto de ley que incluye varias modificaciones al Código Procesal Penal y al Código Penal, explicó el titular de la comisión, Juan Carlos Cejas.
El proyecto de ley sugiere, entre otros elementos, que se conmine a los fiscales para que en el plazo de cinco días emitan resolución conclusiva de una investigación preliminar.
Comisión de Justicia Plural aprobó proyecto de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal
El proyecto contempla implementar procedimientos para las causas penales, evitar la retardación de justicia y otorgar una justicia pronta y efectiva. El proyecto sugiere también que se conmine a los fiscales para que en el plazo de cinco días emitan resolución conclusiva de una investigación preliminar.
Es así que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó el jueves el proyecto de Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, el mismo que fue remitido al Pleno camaral para su tratamiento.
“En la actualidad y casi a diario se escucha de que hay retardación de justicia, hay gente que está en las cárceles, hay juicios que no se empiezan y es por eso que el Órgano Judicial ha propuesto este proyecto de ley que incluye varias modificaciones al Código Procesal Penal y al Código Penal, explicó el presidente de la comisión, Juan Carlos Cejas.
Según el legislador, el proyecto plantea la eliminación de jueces ciudadanos, toda vez que la conformación de los Tribunales de Sentencia es complicada y lleva muchos días, e incluso meses; a eso se suma que a muchos de los jueces no se les reconoce económicamente aunque la ley lo establece.
Cejas confirmó que con esta medida se quiere descongestionar las causas, como las excusas, las recusaciones, la audiencia conclusiva y las excepciones. “Esto va a servir de mucho para que los operadores de justicia puedan tener también un trabajo rápido y más justo como todos queremos”, agregó.
La propuesta también determina por única vez la conversión de acciones transcurridos tres meses con la notificación a la víctima o querellante cuando el fiscal asignado al caso se hubiere hecho vencer con el plazo de conminatoria para que presente resolución conclusiva.
Establece además que en todas las causas con resolución de imputación que se encuentran con vencimiento de plazos a la promulgación de la futura ley, los jueces podrán conminar por única vez para que los fiscales asignados al caso presenten requerimiento conclusivo en 30 días.
Se sugiere que el Consejo de la Magistratura designe a los jueces instructores en materia penal de las listas elaboradas como efecto de las convocatorias internas y externas para jueces penales. Asimismo, los tribunales departamentales contratarán a personal de apoyo el cual será contratado por el lapso de ocho meses a partir de la publicación de la ley.
Señala que las vacaciones de las y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y de las y los vocales departamentales de justicia como de los servidores públicos, sean individuales.
Video Plantean crear 45 nuevos juzgados en el país con reducción de cargos administrativos
Cada proceso penal tendrá cuatro fiscales a fin de dar celeridad
Cada proceso será atendido por cuatro fiscales y no por uno como ocurre ahora. La reforma será implementada, cuando concluya el encuentro de fiscales que se realiza en Cochabamba, aseguró ayer el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.
La enmienda permitirá la continuidad en las investigaciones y garantizará celeridad en los casos.
Explicó que lo que sucede actualmente es que las audiencias se suspenden por la ausencia de un representante del Ministerio Público. Con la nueva medida sería imposible que estén ausentes los cuatro.
Otra de las dificultades es el cambio de los acusadores, los nuevos no tienen los antecedentes necesarios para realizar un trabajo eficiente.
“Un fiscal no será más el dueño de una causa”, enfatizó.
Las causas serán llevadas adelante por un equipo y permitirá mayor control.
Estos cambios corresponden a un Modelo de Fiscalía Corporativa, que tiene la finalidad de promover las investigaciones inteligentes.
Guerrero aclaró que la medida no significa el incremento del número de fiscales. “Debemos trabajar con lo que tenemos”, insistió.
Más bien, responderá a una redistribución de la carga procesal entre todos los funcionarios, de acuerdo a los resultados que se obtendrán del inventario que desarrolla la Fiscalía General.
INVENTARIO Guerrero dijo que se lleva adelante un censo de las causas pendientes en todo el país. Reconoció que no se conoce con exactitud el número preciso aunque se habla de 160.000.
El estudio no se limitará a una cifra fría. A partir de la información obtenida se diseñará una política institucional y una estrategia de persecución penal. Los datos van a orientar y dirigir las decisiones institucionales.
También se clasificarán las zonas del país de acuerdo a la cantidad de delitos que se cometen con mayor habitualidad. Por ejemplo, el personal especializado en sustancias controladas será enviado al trópico. Los de homicidio serán designados a lugares donde se presentan estos crímenes.
EVENTO Cerca de cien fiscales del país participan del Segundo Encuentro Nacional de Fiscales, donde se elaboran propuestas concretas para implementarlas de manera inmediata a fin de mejorar la gestión del Ministerio Público.
Trazan plan de ocho puntos para reforma judicial
Ocho lineamientos servirán como insumos para la reforma de la justicia boliviana, anunció ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, en el cierre del Seminario Internacional del Ministerio Público en Cochabamba.
Entre los puntos, Guerrero citó la persecución penal estratégica, la protección de las víctimas, continuidad y fortalecimiento institucional, rendición pública de cuentas y voluntad política para emprender las reformas.
Las sugerencias, cuya aplicación será discutida en el corto plazo, provienen de expertos de Guatemala, Cuba, Ecuador y Argentina que participaron del evento inaugurado el pasado lunes.
El objetivo principal del seminario, según dijo Guerrero, fue conocer las experiencias de otros países que también impulsaron las reformas en la justicia para que mediante el derecho comparado se pueda construir una mejor justicia en Bolivia.
El evento que duró dos días, contó con la participación de fiscales, magistrados, abogados e incluso universitarios de la carrera de Derecho.
Con las ponencias de los expertos en justicia y las conclusiones del evento, aseguró que a la brevedad posible se compilará un libro.
Guerrero, al iniciar su discurso indicó que tomaba de “muy buena forma” la reflexión que hizo el presidente Evo Morales en el acto de inauguración quien dijo que la justicia estaba “estancada”. El Fiscal aseguró que ese era el sentimiento de la gente que todavía tiene una demanda insatisfecha de justicia.
A manera de conclusión, mencionó que para la creación de los nuevos tipos penales se deben identificar los bienes jurídicos que se quieren proteger y velar desde el Estado.
Aseguró que para reducir los índices de violencia en la sociedad, “no es efectivo que el Estado presione con más violencia siendo la cárcel la peor de sus manifestaciones. Por el contrario, se debe promover la búsqueda de la mejor convivencia”.
Agregó que una verdadera revolución del sistema penal implica un cambio cultural y de pensamiento, actitud y práctica de los operadores como de la sociedad. “El sistema penal no puede convertirse en una herramienta de exclusión y de intimidación”.
Guerrero indicó que tanto el Derecho Romano como el anglosajón deben servir de “puente” para construir una verdadera justicia boliviana que se identifique con la realidad del país.
“Insumos importantes para la construcción de un nuevo sistema penal boliviano, elementos que los vamos a tomar en cuenta y los vamos a aplicar. No sólo las leyes y códigos necesitamos cambiar también a los que imparten la justicia, operadores, abogados. Necesitamos un cambio de actitud”, agregó.
El Fiscal General dijo que todo cambio o reforma de la justicia es un proceso, por lo tanto no se puede esperar que los resultados lleguen de un día para otro. “Lleva tiempo de desmontaje y hay que convivir con el viejo sistema”. Dijo que está presente el compromiso de asumir la transformación en el Ministerio Público y de dotar de una identidad propia a la institución.
Bolivia avanza en construir una legislación propia
El procurador general del Estado, Héctor Arce, que participó ayer como expositor en el seminario internacional sobre la justicia penal dijo que Bolivia está avanzando en una justicia propia con la construcción de una legislación auténtica, basada en la realidad de los bolivianos y no del extranjero.
Informó que en el evento se pudo analizar a profundidad las carencias que la justicia tiene desde el ámbito pena, pero que también han surgido propuestas innovadoras que pueden ser aplicables a la legislación boliviana.
“El Gobierno del presidente Evo Morales está llevando adelante la tercera codificación del país, los códigos morales no solamente son morales por ser promulgados y puestos en vigencia por el primer presidente indígena de Bolivia sino porque tiene una gran carga moral”, dijo.
Aseguró que por primera vez se está construyendo una legislación propia, una legislación basada en el trabajo de los bolivianos y “no es derivada de los diferentes derechos ni del romano ni del germánico ni anglosajón, sino es un derecho propio”.
Agregó que se está descolonizando el derecho para nacionalizar la justicia.
Tarija TDJ prepara celebración por el Día de Juez boliviano
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Nilo Velasco, recordó que el 27 de julio se recuerda el Día del Juez boliviano, motivo por el cual se prepara para el viernes 25 de julio un acto protocolar para los 70 jueces y ocho vocales están a cargo de la justicia en el departamento
Indicó que el Día del Juez boliviano se lo toma con mucha responsabilidad, puesto que ni siquiera tienen un día libre y estarán trabajando en la fecha, solamente se tramitará tolerancia en horas de la tarde pero con cargo a compensar la próxima semana, las horas que no se trabajen.
Velasco manifestó que actualmente los jueces tropiezan con el problema de infraestructura, aunque también se habla de retardación de justicia, “Sin embargo, no lo tomamos así, si no que son demoras judiciales, pero eso no depende de los mismos jueces porque hay una responsabilidad de otros actores que hacen que haya el retraso judicial y una de esas es la no creación de más juzgados, porque es necesario”, argumentó.
Velásco, hizo conocer que la labor del Consejo de la Magistratura es el de ver los problemas y los actos de corrupción de los jueces, sin embargo los jueces no estuvieron encubriendo los casos de corrupción que existen en el órgano judicial.
“Si hay corrupción tienen que denunciarlo en el caso correspondiente que se habrá la investigación, pero si daña la imagen de la administración de justicia”, añadió.
Por otro lado, se espera que aprovechando la implementación del nuevo Código Procesal Civil se pueda refuncionalizar, ampliar competencias para diferentes juzgados de manera de que se equilibre la carga procesal.
“La implementación ha quedado postergado porque se tiene conocimiento que el nuevo Código Procesal Civil, se ha postergado por un año”, finalizó.
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Jueces ciudadanos serán reemplazados por Tribunal
La participación de los jueces ciudadanos debe suspenderse y en su reemplazo debe incorporarse un Tribunal Técnico. El nuevo Codigo Procesal Penal incluye esta propuesta.
La declaración la realizó el Procurador General del Estado, Héctor Arce, en el seminario internacional Hacia la Construcción del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que concluyó ayer.
Arce explicó que una norma no es buena solo por su contenido, pero sí por los resultados.
En este sentido, reconoció que no funciona la participación de los pobladores en los juicios. Las dificultades son constantes, no se los encuentran y rechaza asumir la responsabilidad de emitir un fallo. Eso dilata los procesos.
Es importante la participación de profesionales expertos en la sentencia de las causas. Deben ser tres expertos.
Reconoció que la debilidad del actual procedimiento penal es su carácter punitivo. “Tendemos a penalizar todo, incluso, se fuerzan los procesos”, reprochó.
Muchas demandas que podrían ser ventiladas en juzgados civiles o tributarios son ingresadas a los penales. Actualmente, en los tribunales civiles se ven procesos que tienen que durar seis meses y están durante seis años.
Las víctimas consideran la pena como la única vía alternativa para sancionar con más celeridad a los supuestos delincuentes.
Como consecuencia se acumulan los procesos y pueden pasar años hasta que los procesados cuenten con una sentencia ejecutoriada. Según Arce, los errores se repiten por la excesiva carga penal.
Cuestionó el sistema extremadamente punitivo “porque se juega con la libertad de la persona, con su vida”.
Calificó de inadmisible la cantidad de reclusos sin veredictos que se encuentran en los penales, el 87 por ciento . Esta realidad es peor que en países como Haití y Paraguay.
Se deben sumar esfuerzos para cumplir con las garantías constitucionales primero para las víctimas y después para los juzgados.
﻿Experta dice que se necesita un sistema judicial de cara a la gente
En los países latinoamericanos se necesita un sistema judicial de cara a la gente, dijo la representante del Instituto de Formación de Jueces de Neuquén (Argentina) Leticia Maria Flavia Lorenzo.
Reconoció que uno de los principales problemas para la administración de justicia es la burocracia, porque se inicia un proceso y no se sabe cuándo ni cómo va a terminar.
Explicó que las reformas que se realicen deben responder a dos objetivos, que la gente tenga respuestas y que lleguen rápido.
Se debe abandonar la burocracia porque es común que uno presenta una denuncia o una demanda, se frenan con una serie de formalidades que si uno no es abogado o si no lo tiene es un obstáculo.
En segundo lugar, los tiempos de la justicia son eternos. Se traba el conflicto, el juez se toma tiempo, el expediente judicial perjudica.
En las audiencias deben plantearse los casos y resolverlos. Así es más rápido y más transparente porque no hay posibilidad de sospechas de que alguna de las partes haya pagado.
Señaló que el expediente judicial es el principal foco de corrupción en América Latina. “Cuando más hago durar el expediente más chance tengo de que la decisión sea oscura”, dijo.
Todos los procesos deben ser orales, especialmente los andinos que tienen naturaleza originaria sobre la base de decisiones comunitarias y de asamblea.
“Tendríamos que ver a nuestros ancestros para copiar sistemas de administración de justicia”, dijo.
Expertos recomiendan cómo mejorar la justicia
Las reformas al sistema de justicia en un Estado deben realizarse necesariamente en escenarios técnicos y no políticos, según el experto ecuatoriano Ernesto Pazmiño, quien participa en el seminario internacional denominado “Hacia la construcción del nuevo sistema de justicia penal” organizado por la Fiscalía General en Cochabamba.
“El camino de la justicia en Bolivia, Ecuador y en cualquier país del mundo no está en los códigos porque si hacemos un código muy bonito, con penas muy altas y con eso ya hemos combatido el delito. Eso no es cierto, no es verdad. Por eso yo siempre insisto que estas leyes tienen que hacerse en escenarios técnicos alejados de la política”, dijo.
El experto, que participará hoy como expositor en el seminario realizado en el hotel Regina de Tiquipaya, dijo que el excesivo “punitivismo” genera una espiral inflacionaria del delito que en lugar de disminuir aumenta. “Lo que necesitamos son códigos, leyes que nos permitan evitar la impunidad por un lado, pero también debemos evitar el exceso de castigo que tampoco es adecuado”.
Definir lo prioritario
En tanto, Luis Rodolfo Ramírez, de Guatemala, dijo que las reformas pasan primero porque la Fiscalía no priorice la persecución penal, sino los intereses de la víctima.
“Una de las lecciones más importantes es que el Ministerio Público logre establecer una política donde la víctima se sienta cómoda, sienta una institución que la respalda”.
Indicó que en América Latina es común que existan una cantidad considerable de presos sin condena por lo tanto debería haber un mecanismo de resolución de casos “más simple” donde se dé prioridad a la conciliación y mediación. Aseguró que en Guatemala más del 50 por ciento de los casos se resuelve por esas dos vías.
Finalmente, el experto cubano en el área judicial, Luis Lorenzo Palenzuela, indicó que en su país la justicia se enfoca en la prevención en enfrentar la conducta y rehabilitar a la persona, sea víctima o victimario para que después de los sucesos puedan reincorporase a la sociedad “porque lo más importante en Cuba es el ser humano”.
“La corrupción no se va a resolver nunca reprimiendo, la represión es parte de la aprehensión porque la prevención tiene tres elementos: aprehensión, enfrentamiento y tiene la rehabilitación”, dijo.
Hay más de 160 mil casos de retardación de justicia en el país
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó ayer que hasta la fecha se identificó más de 160 mil casos de retardación de justicia en el Ministerio Público, lo cual busca ser subsanado cambiando la forma de pensar de los fiscales, que a criterio de la autoridad deberían servir a la sociedad y no servirse de su institución.
"En lo que significa llegar a un modelo de despacho fiscal, a construir el perfil del nuevo fiscal, lamentablemente nos hemos encontrado con una gran carga de más 160 mil casos en todo el país. En los casos de corrupción en el Ministerio Público tenemos más de 6.500, el Ministerio Público a pesar de estas debilidades es la única institución que tiene los fiscales anticorrupción”, manifestó Guerrero.
A su turno Suxo entregó todas las denuncias a nivel nacional en contra de fiscales, con nombres, casos y temas, para que se asuman las acciones necesarias sobre hechos de corrupción. "Quiero entregarle esta carpeta doctor Guerrero para que usted tome las acciones necesarias”.
"Hemos hecho una carpeta, departamento por departamento, de todas las denuncias que tenemos contra los fiscales, con nombres, con casos, con temas muy puntuales”, dijo al indicar que "que la lucha contra la corrupción no tiene tregua y no puede ser encarada por una sola institución”.
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó que hasta la fecha se identificó más de 160 mil casos de retardación de justicia en el Ministerio Público, lo cual busca ser subsanado cambiando la forma de pensar de los fiscales, que a criterio de la autoridad deberían servir a la sociedad y no servirse de su institución.
"En lo que significa llegar a un modelo de despacho fiscal, a construir el perfil del nuevo fiscal, lamentablemente nos hemos encontrado con una gran carga de más 160 mil casos en todo el país. En los casos de corrupción en el Ministerio Público tenemos más de 6.500 casos, el Ministerio Público a pesar de estas debilidades es la única institución que tiene los fiscales anticorrupción", manifestó Guerrero.
El representante departamental del Ministerio de Transparencia de Cochabamba, Álvaro Mamani Guzmán, informó ayer que el Órgano Judicial de esa región es la entidad que recibió más denuncias por corrupción en lo que va del año. Las denuncias también comprenden a funcionarios del Ministerio Público, indicó.
“Entre las entidades más denunciadas en este último tiempo lamentablemente se encuentra el Órgano Judicial con un 20 por ciento del total, porque son un poco más de 22 denuncias que hemos recibido hasta ahora con tema de resoluciones de jueces, retardación de justicia, parcialización, eso implica lógicamente también una buena cantidad de denuncias contra el Ministerio Público y los fiscales que llevan adelante procesos penales”, declaró Mamani a radio Pío XII de Erbol. /
Ayllus realizan vigilia El TCP dice que no emitirá fallos bajo presión
El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores afirmó el lunes que esa instancia emitirá fallos en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y no por la presión de sectores sociales.
"Los fallos se emitirán no por presión, sino por respeto a la Constitución Política del Estado”, afirmó Flores durante una nueva reunión con los comunarios de Qhara Qhara, Yampara y Quila Quila, que realizan una vigilia en las puertas del TCP para pedir la inconstitucionalidad de los documentos autonómicos, que no reconocen a las naciones originarias minoritarias.
Flores afirmó que el TCP ejerce el control de constitucionalidad de los estatutos autonómicos y cartas orgánicas precautelando el respeto y la vigencia de los derechos establecidos en la CPE.
La autoridad originaria de Qhara Qhara, Zenobio Fernández, afirmó que la vigilia es pacífica, según la ABI.
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia alista un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional por el delito de incumplimiento de deberes, por retener y no emitir fallos sobre las más de 200 cartas orgánicas que presentaron los gobiernos municipales y que a la fecha sólo un municipio cuenta con resolución.
El presidente de la FAM, Juan Carlos León, responsabilizó al TCP de retrasar la implementación de las autonomías en los municipios; asimismo, cree que con el cambio de las autoridades municipales el próximo año los proyectos de cartas orgánicas pueden sufrir alteraciones.
Oruro Órgano Judicial reanudó actividades con bastante afluencia de litigantes
El Órgano Judicial de Oruro a través del Tribunal Departamental de Justicia, reanudó ayer, luego de 27 días de receso, sus actividades, con la característica de una buena afluencia de litigantes.
La jornada se vivió en el ambiente del Tribunal de Justicia ubicado en el edificio de las calles Ayacucho y La Plata, donde están instalados los diferentes tribunales y salas judiciales, que estuvieron funcionando a "media máquina", durante el receso judicial.
La información fue confirmada por el decano en ejercicio, Bernardo Bernal, quien detalló que luego de reunirse con el funcionario responsable de Recursos Humanos se constató la asistencia de todo el personal del Órgano Judicial.
"Conforme se tenía planificado ciertamente a partir de la fecha que es 21 de julio se dio inicio a la actividad judicial en forma normal, las actividades tanto en el orden jurisdiccional como en lo relativo a los cautelares tratados en el aspecto penal como también de los tribunales", detalló la autoridad judicial.
Bernal detalló que en el caso de los tribunales que se quedaron de turno durante el receso, los mismos ya cumplieron quedando sin efecto desde ayer, cuando fueron habilitados los ordinarios.
Pero Bernal también se refirió a la elección del presidente titular del Tribunal Departamental de Justicia, autoridad que no se tiene por varias fechas debido a que los postulantes elegidos entre los 10 vocales, no recibieron el apoyo por mayoría absoluta, postergándose su elección por varias jornadas.
"Con relación a la presidencia que en este caso aún no se eligió en este distrito, naturalmente lo vamos a tomar en la Sala Plena que se realizará el próximo lunes pero hasta el presente, de los postulantes que se tenía no se tuvo un apoyo de parte de los miembros de Sala Plena aspecto que imposibilitó la designación de un presidente titular del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro", detalló.
Sus pisos y paredes serán revestidos con azulejos para facilitar la limpieza, se construirá una sala de autopsias, una oficina con computadoras para el llenado de certificados de defunción y que contará con un software para determinar la edad y el sexo de los cadáveres NN.
Habrá, también, una sala de espera para los familiares y un vestidor y un baño para los médicos forenses, informó ayer el coordinador general del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores.
Las obras comenzaron el 17 de julio, luego de un acuerdo suscrito entre el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Ministerio Público, a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), cuyo objetivo es “mejorar la calidad de los servicios”, explicó el funcionario.
La sala de autopsias contará con dos mesas de disección y extractores de aire para que los galenos trabajen con mayor seguridad. En inmediaciones del depósito de cadáveres se construirá una oficina para la atención de los familiares.
El director del Servicio Departamental de Salud de La Paz (Sedes), Henry Flores, señaló que la Cruz Roja entregó el material de construcción: arena, azulejos, cemento y otros. La Gobernación paceña contrató a seis albañiles, un carpintero y un electricista. El IDIF entregará computadoras, extractores de aire y se encargará de la mejora de la iluminación, tanto de los recintos como de las otras instalaciones y accesos.
El director del Hospital de Clínicas, Jorge Juaniquina, explicó que la mejora permitirá realizar un adecuado aseo de los ambientes, ya que los restos humanos permanecen más de un mes convirtiéndose en un foco de infección. La morgue recibe por día de dos a tres cuerpos.
“Desde junio se encuentran depositados ocho cadáveres, los cuales serán inhumados a inicios de agosto”, indicó Flores.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) busca frenar el uso abusivo de las excusas, recusaciones, excepciones e incidentes que alargan los juicios. Para ello propone límites para garantizar que un proceso termine con una sentencia y baje la mora procesal.
Este planteamiento está contenido en el proyecto de Ley para el Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal que fue elaborado por la Sala Plena del TSJ y presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el fin de implementar procedimientos para agilizar el trámite de causas penales.
El anteproyecto de ley contiene 33 artículos y tres disposiciones transitorias que modifican el Código de Procedimiento Penal y la Ley del Órgano Judicial.
Plan. La propuesta parte de un análisis de la realidad de la Justicia y plantea soluciones para combatir las denominadas “chicanas” y reducir la cantidad excesiva de procesos, el tiempo de duración de éstos, además de velar por el cumplimiento de plazos y evitar el abuso de las excepciones e incidentes, excusas y recusaciones que dilatan los juicios.
El anteproyecto identifica como uno de los males de la Justicia justamente el uso y abuso de esos recursos judiciales. Por ello, se indica que si un abogado plantea indebidamente una excepción por segunda vez, el término de la prescripción se computará de cero.
Por ejemplo, si un tipo de delito que haya cometido el imputado prescribe en ocho años y hasta ese momento ya transcurrieron siete gestiones y continúa planteando los mecanismos de defensa y los mismos son rechazados por segunda vez, el cómputo comienza nuevamente de cero.
La exageración del uso de estas figuras de defensa se hizo más conocida en el caso Terrorismo. En ese proceso, en los cinco años de juicio, ya se llegaron a superar los 220 incidentes. Similar situación se presenta en el caso 24 de mayo, que se desarrolla en Padilla-Chuquisaca, donde los abogados de la defensa de los 18 acusados plantearon más de 100 incidentes en los dos años de juicio.
Otro cuello de botella son los procesos que están en manos de fiscales. En Bolivia hay 200.000 procesos penales, de los cuales 150.000 están en etapa preliminar de la pesquisa que dependen del Ministerio Público y el resto de los jueces.
Ante esa constatación, el anteproyecto plantea crear la figura de la “conversión extraordinaria de acción de investigación preliminar”. Es decir que en caso de que el fiscal conminado a los 20 días no toma ninguna acción, la víctima por su parte y con un abogado podrá seguir la acción, sin necesidad del fiscal. En este caso existe un vacío legal, toda vez que el juez no puede conminar al fiscal a presentar su imputación en los 20 días que establece la ley.
Ahora se propone crear esa figura para que, en caso de que el fiscal conminado a los 20 días no tome ninguna acción, la víctima, con un abogado, podrá seguir la acción, sin necesidad del fiscal.
Esta propuesta también plantea que mientras dure el periodo de descongestionamiento del sistema judicial, los tribunales de sentencia puedan funcionar con un juez técnico y dos ciudadanos. Con esta medida, el segundo juez puede realizar más audiencias en otro caso. Ahora, ese tribunal está compuesto por dos técnicos y tres ciudadanos.
El análisis arrojó que existe una abusiva determinación de algunos fiscales de ampliar el plazo de su investigación. La ley le faculta extender su labor por seis meses o más tiempo cuando se trata de temas complejos, sin embargo se constató que el Ministerio Público incluso alarga el proceso por años.
Ante esa situación, se obliga a los jueces que controlen la ampliación arbitraria del término de las investigaciones.
Críticas a la tarea judicial
“Traté de entender por qué tiene mala imagen la Justicia boliviana y llegué a la siguiente conclusión: la retardación y la corrupción son el cáncer de la Justicia boliviana”, afirmó el presidente Evo Morales en febrero.
“Sigue una pena, sigue una lágrima, la Justicia está muy mal, estaba muy mal antes y hoy sigue igual que antes”, señaló el vicepresidente Álvaro García Linera, a fines del año pasado, cuando le tocó evaluar la aplicación de la justicia por las nuevas autoridades electas.
Sugieren anular la vacación judicial colectiva
El anteproyecto de Ley para el Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal plantea que las vacaciones judiciales en Bolivia sean individuales y ya no colectivas, toda vez que se estableció que la suspensión de las actividades judiciales por 25 días genera mayor mora procesal.
La propuesta establece que los magistrados, los vocales y jueces, así como también los servidores de apoyo jurisdiccional, gozarán de vacación anual de 25 días calendario, continuos e individuales que serán regulados por el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales departamentales.
Durante la vacación individual, el TSJ y los tribunales departamentales deberán garantizar la continuidad de los servicios. En tanto dure el descanso de un juez, permanecerá en funciones su juzgado público en suplencia para la atención de las causas.
Este planteamiento está justificado toda vez que la vacación colectiva obliga a la suspensión de los plazos procesales y se ha constatado que contribuye a la mora procesal en Bolivia. Incluso este beneficio social ha sido utilizado discrecionalmente, cuando en la gestión 2013 los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia quisieron tener dos vacaciones en el mismo año.
El problema de la mora procesal es una constante en la administración judicial boliviana. En el sistema penitenciario se estableció que cerca del 85% de los internos en los penales del país tienen detención preventiva, debido a que todavía se lleva adelante sus procesos.
“Es necesario, para frenar la mora procesal, crear más juzgados en Bolivia”, sostuvo a principios de este año el decano del Consejo de la Magistratura, Róger Triveño.
En el departamento de La Paz cada juez tiene que atender entre 1.100 a 2.000 juicios, según Juan Carlos Berríos, presidente del Tribunal Departamental de Justicia. “En 2013, los 180 juzgados, cerca de 200 jueces y los 20 vocales hemos hecho frente a cerca de 220.000 procesos, es decir, casi 1.100 causas por juez promedio. Existen casos muy preocupantes en el área penal donde un juez tiene más de 2.000 causas”, dijo.
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References: resolución 
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 artículo 173
 artículo 153
 artículo 30
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