Source: http://esquivel-zubiri.blogspot.mx/p/proyecto-de-codigo-ambiental.html
Timestamp: 2017-05-30 12:51:45+00:00

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JORGE LUIS ESQUIVEL ZUBIRI: INICIATIVA POPULAR DE CODIGO AMBIENTAL (PROYECTO EN ELABORACION PARA SU PRESENTACION A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
El presente proyecto de Iniciativa Popular, aun no ha culminado su fase de recolección de firmas, así como presentación final y formal de la iniciativa en ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En razón a ello, se presenta un anteproyecto, el cual ha tenido constantes modificaciones y que pudiera continuar, durante el proceso de revisión e incorporación de nuevas propuestas.
Así también, el libro susceptible de seguirse modificando, es el denominado “Exigibilidad de los Derechos Ambientales”, toda vez que la propuesta de las acciones colectivas y la posible creación de un Tribunal Ambiental, rebasan las competencias de legislar en la materia que tanto la Ley de Participación Ciudadana como los artículos 17 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimitan para el Distrito Federal.
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Los estudiantes de la carrera profesional de Licenciado en Derecho la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, las asociaciones civiles Pensamiento Ciudadano A.C., el Tianguis Cultural “El Chopo”, compañía teatral Aladyen, el grupo coralistas “Las Hijas del Silencio”; con las facultades previstas por el artículo 46 fracción IV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y numerales 39, 40 y 41 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, acompañamos la presente iniciativa popular ante la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el aval de 30,000 firmas emitidas por los ciudadanos, con el fin de proponer, el presente:
La presente iniciativa popular tiene su fundamento el artículo 46 fracción IV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y numerales 39, 40 y 41 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Una Iniciativa Popular es una figura reciente en el derecho constitucional. Existe en países de Europa: España, Suiza, Hungría, Lituania; en América, se encuentra Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia; la iniciativa popular permite que la ciudadanía, pueda presentar ante sus respectivos congresos iniciativas de ley, requiriéndoles únicamente, la iniciativa de ley, así como el aval de firmas de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
La presente Iniciativa Popular de Código Ambiental, es un proyecto que nace, precisamente de los ciudadanos jóvenes, universitarios y además estudiantes de la carrera de Derecho; pero también en ella se han sumado diversas voces de la sociedad civil, académicos, artistas, ciudadanos e inclusive niños y niñas. Cuenta con el aval del 0.4% de firmas del padrón electoral de quienes habitamos en el Distrito Federal equivalente a 30 mil firmas, de conformidad a lo previsto por el artículo 46 fracción IV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y numerales 39, 40 y 41 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
El proceso de recolección de firmas, fue un trabajo arduo, tomando en cuenta la poca cultura en la democracia participativa de quienes habitamos en esta gran Ciudad, el desconocimiento de la sociedad en conocer otras modalidades de ejercer la democracia, así como la ausencia de una política pública que fomente la participación ciudadana, fueron sin duda alguna, uno de los obstáculos que el Comité Promotor del Código Ambiental encontró durante el trayecto de compilación de firmas. Haber recabado las firmas y haber convencido a la ciudadanía a sumarse el proyecto con su firma; implicó un ejercicio participativo, que el día de hoy, presentamos a esta Soberanía.
2. Porqué un Código Ambiental
La expresión “Código”, genera algunas indicaciones, que resultan necesarias explicarlas en el presente documento. En la tradición jurídica, la escuela exegética del derecho nacida a consecuencia de las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, pretendió unificar y sintetizar todo el derecho existente, a través de una ley sistematizada, ordenada, compilada, sintetizada, al que denominaron Código; movimiento jurídico intelectual gestado en Francia, que realizó los primeras leyes “codificadas”, las más conocidas de ellas, el Código Civil y el Código Penal entre otros. Sin embargo, la expresión Código, es un término de la teoría de la comunicación, que tiene que ver con la información, concretamente, con la forma en que se comunica o se transmite algún dato o mensaje. En el caso concreto, Código Ambiental no es una compilación de leyes ambientales o ecológicas, ordenadas, sistematizadas y compiladas en una sóal ley; sino que se trata de una ley sencilla que contempla los principios éticos ambientales de un nuevo pacto político , no más de 250 artículos, que establecen un nuevo pacto entre gobierno y sociedad civil, para la constitución de un gobierno biocrático; que declara los principios de democracia, derechos humanos, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, biodiversidad y respeto a la vida entre otros, en un lenguaje llano, que permita a cualquier ciudadano, entender en un lenguaje claro, sencillo, no técnico ni sofisticado, cuales son sus principales derechos y obligaciones respecto al medio ambiente. La “Codificación” que se propone, implica necesariamente, transmitir los principios normativos a través de proposiciones que contengan los distintos comportamientos humanos que deben asumir los seres humanos con sus semejantes los seres vivos y el medio ambiente; así como señalar cuales son las permisiones, prohibiciones y obligaciones de las personas físicas, morales, autoridades, contenidos en diversos ordenamientos legales que regulan la actuación de la Ciudad de México; principios que deberán ser transmitidos a través de enunciados normativos de fácil interpretación, plasmados en una ley sencilla, menos técnica y sofisticada; por eso la presente iniciativa no sustituye de ninguna forma a los ordenamientos ecológicos que existen sobre la materia, sino que precisamente, aprehende sus principios, para poderlos sintetizar en oraciones normativas y con ello conformar un texto legal de fácil lectura, que permitirá a los habitantes del Valle de México, conocer en forma específica cuáles son sus derechos y obligaciones ambientales respecto a tópicos ambientales concretos, como el agua, el suelo, el aire, los residuos sólidos, el espacio público, la movilidad, el cambio climático, entre otros. Así pues la inserción del Código Ambiental en el ordenamiento jurídico actual, no contradice las disposiciones normativas ya reguladas, sino que redunda en ellas, al exponerlos en un solo documento legal, sin que ello implique, alguna contradicción normativa con otras disposiciones jurídicas del orden legal. 3. El Gobierno de la Ciudad de México y su política ambiental.
El Gobierno de la Ciudad de México ha mostrado su amplía disposición por reivindicar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, plasmados en distintos ordenamientos legales. La Ciudad de México, caracterizada por su amplió marco jurídico de libertades civiles, ha mostrado también su vocación por reconocer los derechos de la Ciudad, muestra de ellos, fue la suscripción de la Carta de la Ciudad de México, la cual tuvo como origen el Foro Social Mundial llevado a cabo en esta ciudad capital, en enero del 2008. Documento en el que participaron diversas organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como dependencias de la administración pública del Distrito Federal, haciendo posible que en V Foro Urbano Mundial convocado por Hábitat-Naciones Unidas y el Ministerio de las Ciudades de Brasil, llevada a cabo en marzo del 2010, se presentará el proyecto de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Asimismo, conforme a los distintos instrumentos que regulan la administración pública ambiental, se han emitido diversos planes que contienen las políticas públicas en materia ambiental que ha llevado a cabo el Gobierno del Distrito Federal, como lo es el caso del denominado “Plan Verde de la Ciudad de México”, el cual establece las estrategias y acciones para lograr en el mediano plazo de los quince años, el desarrollo sustentable de la Ciudad, sin comprometer el patrimonio natural que la hace viable.
Del mismo modo, tanto el Plan Verde, como los distintos ordenamientos legales que rigen la administración pública, ha sido fundamental el promover la participación ciudadana para la solución de los problemas ambientales que aquejan la ciudad, pero también desde luego, para la promoción, respeto y difusión de los derechos colectivos y ambientales de los habitantes de la Ciudad de México.
Por tal motivo, los que suscribimos la presente iniciativa, nos hemos dado la tarea de exponer ante esta Soberanía, las propuestas contenidas en este ordenamiento legal que se pone a su consideración.
4. Las propuestas contenidas en el Código Ambiental
Código Ambiental define la Zona Metropolitana del Valle de México, como una gran región económica, bioregional, sustentable, acorde a la realidad social, cultural, política de la región; pretende desaparecer por completo las diferencias políticas y jurídicas entre quienes habitamos en el Distrito Federal y el Estado de México.
Código Ambiental es la ley que protegerá al suelo urbano y el de conservación, que hará memoria y honor al Lago de Texcoco, la región más transparente de América. Reconocerá y restablecerá en todo lo posible nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad en reconocer nuestras diferencias. Establecerá el derecho al espacio público, donde puedan coincidir todos los seres vivientes, donde se pueda interactuar con el ecosistema y discutir los asuntos de la comunidad, donde puedan convivir las familias, nuestros amigos y semejantes.
Código Ambiental es la declaratoria del derecho al agua. A garantizar una dotación mínima de cien litros a cada persona habitante en el Distrito Federal, a convertir en cada inmueble, una unidad productiva recicladora de agua con azotea verde y hortalizas; es el ideal de habitar una ciudad sin ajetreo, sin estrés, sin perder horas de nuestras vidas en largos trayectos de la casa al trabajo a la escuela; es y será la ciudad de la igualdad, donde las clases sociales no tendrán distinción, en respetar los derechos del automovilista y del ciclista.
Es un proyecto importante, que ayudará a comprender a la población, conceptos ecológicos como contaminación y sustentabilidad; que difundirá las obligaciones a restituir los daños ambientales ocasionados. Pretende generar en la sociedad civil la corresponsabilidad de la tutela ambiental y también, nuevas formas de responsabilidad de quien contamine y vías de exigibilidad para el cumplimiento de los derechos ambientales.
Código Ambiental es también las bases de la educación ambiental. La fuente de energía que impulse la ciencia y tecnología de los educandos, que incentive la innovación y creatividad de los que aquí habitamos, que logre la desaparición del papel, del humo gris, del plástico, de todo material contaminante; es el proyecto científico mexicano de sustituir en los próximos cincuenta años, al petróleo y encontrar y nutrir a nuestro Valle, en otras fuentes alternativas de energía.
Lo más importante del proyecto, serán las políticas públicas que deberán seguirse para los próximos cuarenta años; la constitución de una nueva administración pública, con servidores públicos acordes a las necesidades de la región, con sensibilidad ambiental, pero también con conocimiento y compromiso social, que logren dar resultados, a corto, mediano y largo plazo, para la transformación ecológica de la Ciudad.
Por lo expuesto, se propone el siguiente proyecto: DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO AMBIENTAL DEL VALLE DE MÉXICO.
Artículo Único.- Se expide el Código Ambiental del Valle de México, para quedar en los siguientes términos:
CÓDIGO AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO
TITULO PRIMERO. –
Artículo 1. 1.1. Las disposiciones de este Código Ambiental regirán en el Distrito Federal; al igual que los convenios emitidos por el Gobierno del Distrito Federal con otras entidades federativas y/o municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana del Valle de México.
Artículo 1.1.2. Los derechos consagrados en el presente Código, son tanto individuales como colectivos. Cualquier persona a nombre propio o como representante o integrante de alguna comunidad, podrá hacer valer sus derechos colectivos y gozará de ellos de la protección más amplia.
Los sujetos colectivos son aquellos que se componen de individuos, grupos y organizaciones sociales. Podrán efectuar concertaciones de acciones ecológicas tendientes al cumplimiento del presente Código.
Artículo 1.1.3. Los derechos contenidos en el presente Código, conforman los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, reconocidos por el Estado mexicano. Por ende, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ambientales previstos en el presente Código, de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Gobierno del Distrito Federal deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos ambientales previstos en el presente Código y en las disposiciones jurídicas relacionadas con la materia.
TITULO SEGUNDO.-
DE LOS PRINCIPIOS AMBIENTALES
Artículo 1. 2.1. - Toda persona tiene derecho a un medio ambiente digno y saludable.
Artículo 1. 2.2.- Es obligación de toda persona, respetar la tierra y la vida en toda su diversidad.
Artículo 1. 2.3.- Es obligación de toda persona, grupo social, sociedad civil y también del Estado, velar por el cuidado y protección de la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluyendo de todos los ecosistemas, con entendimiento, compasión y amor. Asimismo deberá protegerse y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.
Artículo 1. 2.3. - La autoridad en participación conjunta con el sector privado y la sociedad civil, tiene el deber de construir una sociedad democrática, justa, transparente, participativa, sostenible y pacífica.
Artículo 1. 2.4.- La autoridad y sociedad civil deberán evitar el daño ambiental, como una medida de precaución, cuando el conocimiento que se tenga de la obra o actividad industrial, sea desconocido y limitado.
Artículo 1. 2.6.-. Es obligación de toda persona, grupo social, sociedad civil, autoridad, asegurar que los frutos y belleza de la tierra se preserven por las generaciones presentes y futuras.
Artículo 1. 2.7.- La autoridad y sociedad civil, adoptar patrones de producción, consumo y reproducción de bienes y servicios que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.
Artículo 1. 2.8. El Estado promoverá el estudio de la sostenibilidad ecológica y promoverá el intercambio y la extensa aplicación del conocimiento adquirido.
Artículo 1.2.9.- El mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como las actividades productivas, deben fundarse en medidas apropiadas de conservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
Artículo 1. 2. 10.- El Valle de México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual de la región al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Artículo 1. 2. 11.- La Ciudad de México es intercultural, expresada en la diversidad sociocultural de sus habitantes, así como por las personas de diferentes nacionalidades, orígenes, lenguas, creencias; basada en el reconocimiento de las diferencias de los rasgos socioculturales; haciendo posible la hibridación entre sociedades culturales, así como el derecho de todas las culturas participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad.
Artículo 1.2.12.- El Derecho a la Ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre auto determinación y a un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad de México es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.
Artículo 1.2.13.- Toda persona tiene derecho desde el momento en que nace, a gozar de todas sus libertades y dignidades, así como también, de hacer efectivos sus derechos de educación, salud física y bienestar espiritual, a fin de poder a ejercer toda su potencial humano, que le permita vivir en igualdad de oportunidades, su desarrollo humano, erradicando cualquier vestigio de pobreza que pueda restringir y interrumpir, su proyecto de vida. Artículo 1.2.14.- Toda persona que realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que cause.
Artículo 1.2.15. - Toda persona tiene derecho a ser educado ambientalmente, a fin de lograr conductas racionales a favor del desarrollo social y del ambiente; a comprender la asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias y conductas que tengan como propósito la preservación de la vida.
TITULO TECERO. –
DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO
Artículo 1. 3.1. - La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la continuidad física y demográfica formada por el Distrito Federal y los centros de población situados en los territorios municipales de las entidades federativas y circunvecinas.
Artículo 1.3.2.- Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y las del Estado de México deberán suscribir los convenios y acuerdos necesarios, así como reglamentar en la esfera de sus competencias y atribuciones, lo relacionado con el desarrollo urbano, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable, drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, ciencia y tecnología ambiental y todas las demás materias que resulten necesarias para el cumplimiento del presente Código.
Artículo 1.3.3.- Aplicara supletoriamente lo dispuesto en el presente Código, las disposiciones contempladas en la Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito Federal.
TITULO CUARTO.-
DE LA LEYES AMBIENTALES
Artículo 1. 4.1.- Se consideran leyes ambientales, las normas contenidas en el presente Código, así como también las disposiciones jurídicas contenidas en Tratados Internacionales, leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, que regulen materias especiales relacionadas con el medio ambiente; así como también las Normas Oficiales Técnicas y Normas Ambientales, que hayan sido publicados en el Diario Oficial de la Federación y/o Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Artículo 1. 4.2. - Se reconoce el carácter de Norma Oficial Mexicana, aquellas que se expidan y se modifiquen, conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización; gozando la misma de carácter de norma jurídica y por ende de cumplimiento obligatorio.
Artículo 1. 4.3.- Se reconoce el carácter de Norma Ambiental aquellas que se encuentren reguladas por la Ley Ambiental del Distrito Federal.
Artículo 1. 4. 4.- Una vez publicada una norma ambiental para el Distrito Federal en la Gaceta Oficial, será obligatoria. Las normas ambientales para el Distrito Federal señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación.
Artículo 1. 4.5. - En casos de emergencia que pongan en riesgo la integridad de las personas o del ambiente, la Secretaría podrá publicar en la Gaceta Oficial normas ambientales del Distrito Federal sin sujetarse al procedimiento establecido en el artículo anterior. Estas normas tendrán una vigencia máxima de seis meses. En ningún caso se podrá expedir más de dos veces consecutivas la misma norma en los términos de este artículo.
Artículo 1. 4.6.- Sera aplicable la norma jurídica ambiental vigente, en el momento de la realización del hecho contaminante o dañino.
Artículo 1. 4.7.- Cuando entre la realización de un daño ambiental o de un hecho contaminante que contravenga las disposiciones jurídicas ambientales, entrara en vigor otra norma al caso, se estará a lo dispuesto a la ley más favorable al medio ambiente. La autoridad administrativa o judicial que conozca del asunto, aplicará de oficio la norma más favorable.
Artículo 1.4.7.- Las normas ambientales tienen como objeto la conservación, preservación y restauración del ambiente.
Artículo 1.4.8.- Son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias que regulan la presente Ley.
Artículo 1.4.9.- Las leyes y normas jurídicas ambientales tendrán como objetivo la erradicación de los daños ambientales, la mitigación de los mismos, así como la prevención, restauración y conservación, según sea el caso de:
1.La modificación espacial, temporal y cuantitativas de lluvias, sequías, así como la distribución de escurrimientos superficiales e inundaciones.
2.La frecuencia de incendios forestales 3.Intensificación de los procesos forestales
4.Erosión
5.Liberación de carbono
6.Perdida de la biodiversidad
7.Reducción o desaparición de los ecosistemas forestales dentro del territorio del Valle de México
Artículo 1.5.1.- Desarrollo sustentable es el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y productividad de las personas que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
Artículo 1.5.2.- Aprovechamiento sustentable es la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por periodos indefinidos.
Artículo 1.5.3.- El aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad.
Artículo 1.5.4.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos.
Artículo 1.5.5.- La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable.
Artículo 1.5.6.- El Producto Interno Neto Ecológico en el Distrito Federal es la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas de un año determinado. Corresponde al Instituto de Ciencias y Tecnología en el Distrito Federal integrar dicho producto.
TITULO SEXTO.-
Artículo 1.6.1. Son autoridades ambientales:
1.Las entidades públicas de la administración pública federal, estatal, del Distrito Federal y las municipales, cada una conforme a sus leyes reglamentarias y al ámbito de sus atribuciones.
2.Las Procuraduría Ambiental y Ordenamiento del Territorio del Distrito Federal.
3.El Órgano Jurisdiccional competente en materia ambiental en el Distrito Federal.
4.El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.
5.La Comisión Ambiental Metropolitana.
Artículo 1.6.2.- Se consideraran también autoridades ambientales, las que se les reconozca tal investidura, conforme a los instrumentos de coordinación y concertación celebrados con las autoridades federales, estatales, municipales, así como con los sectores social y privado, en materia de protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente del Distrito Federal.
Artículo 1.6.3.- El ejercicio de las atribuciones que el presente Código y las leyes ambientales confieren a las autoridades para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se deberán considerar los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Artículo 1.6.4.- La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal es el organismo público que tiene por objeto la defensa de los derechos de los habitantes del Distrito Federal y de las personas que se movilizan en su territorio, a defensa de los derechos humanos ambientales, en los términos previstos de su Ley Orgánica y de las disposiciones de éste Código.
Artículo 1.6.5.- El Órgano Jurisdiccional en competencia Ambiental del Distrito Federal, es el organismo jurisdiccional especializado, que tiene como objeto dirimir las controversias suscitadas por el incumplimiento a las disposiciones del presente jurídico, de las leyes o disposiciones jurídicas aplicables, así como emitir la jurisprudencia especializada en la materia y en su caso, emitir opiniones consultivas respecto a la interpretación del derecho ambiental positivo en el Distrito Federal.
Artículo 1.6.6.- El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, es el organismo descentralizado de la administración pública del Distrito Federal, encargado de determinar, instrumentar, ejecutar y evaluar las políticas públicas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en materia ambiental. Aunado a sus atribuciones previstas en la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, será el vinculo entre la comunidad académica y empresarial, con las diferentes entidades de la Administración Pública del Distrito Federal para buscar las mejores soluciones científicas y tecnológicas a los problemas ambientales que aquejan a la Ciudad Capital.
Artículo 1.6.7.- La Comisión Ambiental Metropolitana conforme a la estructura y atribuciones emanadas de su Reglamento.
Artículo 1.6.8.- La Administración Pública del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Instituto Electoral del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Instituto de Información Pública del Distrito Federal y demás organismos autónomos del Distrito Federal, expedirán sus respectivos manuales para el manejo ambiental que tendrá por objeto la optimización de los recursos naturales que se empleen para el desarrollo de sus actividades, así como la introducción de sistemas electrónicos que sustituyan al papel, con el fin de reducir costos financieros y ambientales.
Artículo 1.6.9.- La Escuela de la Administración Pública del Distrito Federal impartirá cursos en forma periódica y en todas sus modalidades, dirigidos a los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, para la difusión del presente Código, así como para la difusión
Artículo 1.6.10.- En los procedimientos de adquisiciones que lleven a cabo las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la administración pública del Distrito Federal, velaran que las características y especificaciones de los bienes y servicios por adquirir, sean con el menor costo ambiental.
Artículo 1.6.11.- Los contratos de adquisiciones que celebren las Dependencias, los Órganos Desconcentrados y/o Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, cuando durante la vigencia del contrato y en el término de uno a treinta años dependiendo de la adquisición contratada, se llegara a presumir y a corroborar la comisión de un ilícito ambiental, podrán aplicarse las penas convencionales, la rescisión, o bien, en su caso hacer efectiva las garantía respectiva, cuando exista previamente una acción ambiental individual o colectiva determinada por el Tribunal. Debiéndose estar sujeto a lo dispuesto en el apartado de responsabilidad del presente código y a falta de disposición expresa de ésta, a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Artículo 1.6.12.- La administración pública llevara a cabo contratos de obra pública para la preservación, mantenimiento y restauración del medio ambiente.
Artículo 1.6.13.- Previo a la celebración de cualquier contrato de obra pública que celebren las Dependencias, los Órganos Desconcentrados y/o Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán efectuarse estudios previos a fin de determinar el impacto ambiental, así como las características ambientales donde se planea efectuar los trabajos. Artículo 1.6.14.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la administración pública del Distrito Federal, estarán obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano que puede causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los estudios de impacto ambiental, impacto urbano y los referentes a la materia de protección civil, previstos en las leyes de la materia.
Artículo 1.6.15.- Los contratos de obra pública deberán incluir las obras necesarias para preservar o restaurar las condiciones ambientales cuando estas pudieran deteriorarse.
Artículo 1.6.16- Los contratos de obra pública que celebren las Dependencias, los Órganos Desconcentrados y/o Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, cuando durante la vigencia del contrato y en el término de uno a treinta años de la terminación de la obra, se llegara a presumir y a corroborar la comisión de un ilícito ambiental, podrán aplicarse las penas convencionales, la rescisión, o bien, en su caso hacer efectiva las garantía respectiva, cuando exista previamente una acción ambiental individual o colectiva determinada por el Tribunal. Debiéndose estar sujeto a lo dispuesto en el apartado de responsabilidad del presente código y a falta de disposición expresa de ésta, a la Ley de Obras Publicas para el Distrito Federal.
TITULO SÉPTIMO.-
DEL ILICITO AMBIENTAL
Artículo 1.7.1.- Ilícito ambiental son los hechos contaminantes provocados en forma natural, accidental o provocada, en cualquiera de sus manifestaciones, materia o energía, ya sea en cualquiera de sus estados físicos o formas, que además de contravenir a las disposiciones jurídicas ambientales, provocan desequilibrio ecológico o alteran contra la paz y tranquilidad de las personas, dañando o poniendo en riesgo con ello, a los elementos del ambiente: atmosfera, agua, suelo, flora, fauna; la movilidad, habitabilidad, el espacio público, el paisaje, o cualquier otro elemento natural o artificial; o bien, genere la privación parcial, total, temporal o definitiva, de cualquiera de los elementos ambientales antes enunciados, a cualquiera de los seres vivientes.
Artículo 1.7.2.- Contaminación es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.
Artículo 1.7.3.- Contaminante es toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar con la atmosfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición o condición natural.
Artìculo 1.7.4.- Desequilibrio ecológico es la alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
Artículo 1.7.5.- Los ilícitos ambientales pueden generarse por acción u omisión.
Artículo 1.7.8.- Los ilícitos ambientales pueden ser:
a) Infracciones administrativas
c) Responsabilidades civiles
d) Faltas ambientales.
Las sanciones a las infracciones administrativas, los delitos y las responsabilidades civiles se estarán a lo conducente a sus propias legislaciones administrativa, penal y civil respectivamente. Tratándose de faltas ambientales, se estará a lo dispuesto en el presente Código.
TITULO SEPTIMO.-
RESPONSABILIDAD JURIDICA AMBIENTAL
Artículo 1.8.1.- La responsabilidad jurídica ambiental podrá ser preventiva o correctiva. Asimismo podrán ser sujetos de dicha responsabilidad, las personas públicas, privadas y sociales. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico comprende tanto las condiciones presentes como las que determinan la calidad de vida d las generaciones futuras.
Artículo 1.8.2.- Toda persona que realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que cause.
Artículo 1.8.3.- La responsabilidad jurídica ambiental preventiva, implica el deber de toda persona, que realice o no una obra o actividad, de evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, así como también, prevenir futuros daños ambientales y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Artículo 1.8.4.- Toda persona individual, colectiva, pública, privada o social, antes de implementar cualquier obra o actividad, según el caso y magnitud de la misma, que implique o pueda implicar afectación del medio ambiente o generación de riesgos, deberá tramitar la evaluación y/o autorización del impacto ambiental conforme a lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal.
Artículo 1.8.5.- Los responsables de los establecimiento industriales, mercantiles, de servicios y de espectáculos, podrán autorregularse a fin de conocer por parte de la autoridad ambiental o de instancia certificadora, en los términos de la Ley Ambiental, los riesgos generadores de contaminación, a fin de que estos puedan establecer su compromiso de cumplir con la normatividad correspondiente y con las recomendaciones derivadas de la auditoria de la que sean sujetos. Asimismo podrán convenir sus procesos voluntarios de autorregulación para el mejoramiento de su desempeño ambiental.
Artículo 1.8.6.- El que obre ilícitamente contra el ambiente, le causara daño a este o a las comunidades próximas a la misma, tendrá la obligación de indemnizar, al menos que demuestre que el daño ambiental ocasionando de produjo por alguna de las causas excluyentes reguladas en el presente Código.
Artículo 1.8.7.- Cuando alguna empresa, industria o corporación, haga uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por si mismos, por las emisiones, descargas o residuos que éstos generen o por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño ambiental que ocasione, aún cuando haya obrado lícitamente; a no ser que demuestre su falta de responsabilidad con alguna excluyente de responsabilidad ambiental.
Artículo 1.8.8.- la reparación del daño ambiental consistirá a elección de la comunidad afectada, en la restauración del medio ambiente afectado, cuando ello no sea posible y en forma subsidiaria, procederá el pago de un indemnización.
Artículo 1.8.9.- Cuando el responsable del daño ambiental sea una persona privada, un establecimiento, empresa o industria; se estará obligado a reparar el daño mediante el pago de una indemnización en dinero a la comunidad, por conducto de quien legítimamente lo represente, con independencia de los daños provocados en forma particular a las personas, los cuales podrán ser reclamados en forma directa por éstos.
Artículo 1.8.10.- El monto de la indemnización lo determinará el Tribunal Ambiental tomando en cuenta el daño ambiental ocasionado, los efectos del mismo que pueden resentir las personas o el ecosistema, las especies de flora y fauna, el grado de responsabilidad del infractor, la situación económica de éste y el de las víctimas, así como las demás circunstancias del caso.
Artículo 1.8.11.- Son excluyentes de responsabilidad ambiental:
1.Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades de una guerra civil o de una insurrección.
2.Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible.
3.Las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional y las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los desastres naturales.
Artículo 1.8.10.- La responsabilidad ambiental tiene una vigencia de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó. El plazo se computará desde el día en el que haya terminado por completo o se haya producido por última vez la emisión, descarga, residuo y/o el suceso o el incidente causante del daño.
TITULO PRIMERO.-
Artículo 2.1.1. La población del Valle de México es el conjunto de individuos que residen y se movilizan dentro de los límites territoriales del Distrito Federal y que cuentan con los derechos y las responsabilidades que establecen las disposiciones del presente Código.
Artículo 2.1.2. El Estado promoverá las acciones públicas necesarias para regular el desarrollo de la Ciudad Digital, el crecimiento sustentable de la población y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y transeúntes.
Artículo 2.1.3.- Ningún ser humano podrá ser identificado como ilegal por su condición migratoria. Tampoco podrá ser objeto de discriminación o exclusión por su condición migratoria.
Artículo.- 2.1.4.- Todas las comunidades tienen derecho, incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, en los términos previstos por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..
Artículo 2.1.5.- Toda persona tiene derecho a formar parte de una comunidad. Artículo 2.1.6.- Las comunidades tendrán derecho, dentro del marco de respeto a los derechos humanos, a su conciencia colectiva y sentimiento de pertenencia común, a manifestar libremente sus comportamientos, símbolos, valores y creencias.
Artículo 2.1.7.- Ninguna comunidad puede ser reprimida, expulsada, apartada o segregada del resto de la población.
Artículo 2.1.8.- Quedan prohibidas las formas de eliminación o destrucción de las identidades políticas, sociales o culturales esenciales y definitorias de un grupo, incluyendo las formas de prevención a la reproducción mediante la vía de la esterilización forzosa, así como la exterminación o genocidio.
Artículo 2.1.9.- Toda persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, a tener una forma propia o comunitaria para vestir, actuar, gesticular o tener tatuajes o perforaciones, sin que ello sea motivo de nulidad o menoscabo del reconocimiento y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, así como de igualdad de las personas. Artículo 2.1.10.- Toda persona es libre para expresar y manifestar libremente su origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol, edad, discapacidad, condición jurídica, social, económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual y/o estado civil; sin que ello sea motivo de discriminación, negación, distinción, exclusión, menoscabo o restricción de sus derechos humanos.
Artículo 2.1.11.- Se reconoce el vínculo natural, histórico, social, biológico, cultural y espiritual, entre las mujeres y el medio ambiente natural, así como su capacidad reproductora para crear vida.
Artículo 2.1.12.- Toda mujer tiene derecho a vivir libre de estereotipos y de lenguaje sexista o misógino. Artículo 2.1.13.- Toda persona tiene derecho a migrar y obtener transformaciones positivas en su proyecto de vida y desarrollo humano. A evitar las desigualdades, inequidades y a la discriminación.
Artículo 2.1.14.- Toda persona que transite y se movilice por la Ciudad de México, independientemente de su condición migratoria, tiene derecho a ser tratado con hospitalidad; así como acceder a los programas y servicios implementados por la administración pública, para el ejercicio universal de sus derechos humanos.
Artículo 2.1.15.- Toda persona tiene derecho a la alimentación y a la seguridad alimenticia.
Artículo 2.1.16.- Todos los menores tienen derecho a satisfacer sus necesidades alimenticias para su crecimiento y desarrollo adecuado.
Artículo 2.1.17.- Todos los adultos tienen derecho a satisfacer sus necesidades alimenticias que les permita conservar o alcanzar el peso esperado para sus tallas y prevención para el desarrollo de enfermedades.
Artículo 2.1.18.- Toda persona tiene derecho acceder acceder al uso de una computadora con conexión a internet y su capacidad para utilizar los recursos existentes en internet en su beneficio. Artículo 2.1.19.- Toda persona tiene derecho de adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para integrarse activamente a la Ciudad Digital y del Conocimiento. Artículo 2.1.20.- Toda persona tiene derecho acceder a libros y a publicaciones periódicas, ya sea mediante un lenguaje común, o en sus interpretaciones en sistema braille, audiolibros, o cualquier otra que atienda el acceso a las personas con capacidades diferentes.
Artículo 2.1.21.-Toda persona tiene derecho a la protección civil, para salvaguardar su vida, bienes y entorno, derivado de los efectos destructivos que fenómenos perturbadores – hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico o socio-organizativo – que pudieran ocasionar al a estructura de los servicios vitales y estratégicos de la Ciudad de México.
Artículo 2.1.22.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de ser capacitado e informarse sobre las acciones a realizar ante el peligro o riesgo de uan emergencia o desastre.
Artículo 2.1.123.- Lo no contemplado en el presente Código se estará a lo previsto por la Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la Población del Distrito Federal, Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, Ley de Seguridad Alimentaria Nutricional para el Distrito Federal, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal.
Artículo 2.2.1.- Biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos ente otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejo ecológicos de los que forman parte, comprenden la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas.
Artículo 2.2.2. Las 2,500 especies aproximadamente de flora y fauna inmersas en los ecosistemas y hábitats en el Valle de México y las que se llegaren a descubrir, tienen derecho a la protección que establece el presente Código, así como las acciones que instrumente el Estado.
Artículo 2.2.3.- Todas las especies animales – sivestres y domésticos - tienen derecho a su protección, al buen trato, a su manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas.
Artículo 2.2.4.- Todos los animales tendrán derecho al trato digno y respetuoso y deberá evitárseles dolor y angustia cuando estos animales se encuentren en propiedad o posesión, crianza, captura, traslado, exhibición, captura, cuarentena, comercialización, distribución, aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio.
Artículo 2.2.5.- No se podrá percutir armas de postas, diábolos, dardos o municiones contra personas o animales.
Artículo 2.2.6.- Los animales silvestres tienen derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. Los animales domésticos tienen derecho a crecer a un ritmo y en condiciones de vida y de libertad que le sean propias de su especie.
Artículo 2.2.7.- Las personas humanas tienen la obligación y asumen la responsabilidad de que los animales son sensibles, poseen movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie domestica o silvestre.
Artículo 2.2.8.- Ninguna persona podrá ser obligada o coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a los principios establecidos en este Código.
Artículo 2.2.9.- Nadie podrá organizar o participar en peleas de animales. Artículo 2.2.10.- Toda persona que posea animales, debe tomar las medidas de higiene necesarias que impidan hedores o la presencia de plagas que ocasionen molestias a los vecinos.
Artículo 2.2.11.- Todo propietario o poseedor de un animal que éste transite libremente o que transite con éste, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo, o no contenerlo.
Artículo 2.2.12.- Toda persona se encuentra obligada a recoger, de vías o lugares públicos, las heces fecales de un animal de su propiedad o bajo custodia. Las cuales deberá depositarlas en sus respectivos contenedores.
Articulo 2.2.13.- En las Unidades habitaciones condominales, ni en aquellas viviendas que compartan espacios en común, se podrán tener animales que por su número, tamaño o naturaleza afecten las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de los condóminos. En todos los casos, los condóminos, poseedores, serán absolutamente responsables de las acciones de los animales que introduzcan al condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección de los Animales del Distrito Federal. El Estado, el sector privado y la sociedad civil aseguraran la sanidad animal y la salud pública.
Artículo 2.2.134- Lo no previsto en el presente Código, se estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.
TITULO TERCERO.-
Artículo 2.3.1.- Toda persona en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley.
Artículo 2.3.2.- Toda persona, tiene derecho a una dotación mínima de cien litros diarios. El Estado llevará a cabo la gestión administrativa para garantizar dicho consumo.
Artículo 2.3.3.- Toda persona tiene derecho al agua salubre, libre de microorganismos patógenos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan riesgo a la salud humana.
Artículo 2.3.4.- El agua debe contener un sabor, olor y color aceptable para cada uso.
Artículo 2.3.5.- Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso domestico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de agua para consumo humano a quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales, del Distrito Federal o garrafones de agua potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad determinados por la autoridad ambiental.
La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por la autoridad competente, se sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, salvaguardando, en todo momento, el derecho al acceso de agua para consumo humano.
Articulo 2.3.6.- Las normas que tengan como objeto regular la gestión integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, estará a lo dispuesto a su ley reglamentaria.
Artículo 2.3.7.- Ninguna persona podrá desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deben tener acceso a ella en tuberías tanques o tinacos almacenadoras, así como utilizar indebidamente los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su uso.
Artículo 2.3.8.- En lo no previsto en el presente ordenamiento, se estará a lo sujeto por la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. TITULO CUARTO.-
Articulo 2.4.1. -Quedan prohibidos los asentamientos humanos irregulares en el Suelo de Conservación en el Distrito Federal.
Artículo 2.4.2.- Los litigios en trámite relacionadas con cuestiones civiles o agrarias, no pueden poner en riesgo bajo ninguna forma, el suelo de conservación.
Articulo 2.4.3.- Los habitantes del Valle de México tienen derecho al suelo de conservación, así como a los servicios ambientales que proporciona éste.
Artículo 2.4.4.-. Quedan prohibidas las acciones de deforestación que modifiquen los usos de la tierra y reduzcan la cubierta vegetal; así como aquellas acciones que provoquen la reducción del contenido de carbono en la vegetación natural ecosistemas o suelos.
Artículo 2.4.5. Los núcleos agrarios y pequeños productores del suelo de conservación, tienen derecho a ser retribuidos, por los servicios de vigilancia, protección, conservación, restauración, ampliación, promoción de proyectos ecológicos sustentables, fomento de actividades ecoturisticas, de conservación del suelo y agua y por los demás servicios ambientales que reciben los habitantes del Distrito Federal.
Artículo 2.4.6.- Nadie podrá derribar, transplantar, podar, talar u ocasionar la muerte de una o más arboles, salvo en los casos y requisitos previstos en los ordenamientos normativos y autoridades ambientales.
Artículo 2.4.7.- No se podrán modificar el uso y destino de las áreas verdes en las áreas condominales, ni aún con por el acuerdo de la Asamblea general de Condóminos; salvo en los casos y requisitos previstos por los ordenamientos normativos y autoridades ambientales.
Articulo 2.4.8.- Las áreas verdes de las unidades habitacionales condominales podrán ser delimitadas para su protección y conservación, preferentemente con vegetación arbórea y/o arbusiva, con las limitantes establecidas en los ordenamientos y autoridades ambientales.
Artículo 2.4.9.- Lo no previsto en el precepto precepto, se estará a lo dispuesto en la Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de Conservación del Distrito Federal.
Artículo 2.5.1.- Toda persona tiene el derecho al aire para su sana respiración. Las autoridades garantizarán este derecho, emprendiendo las acciones necesarias para el control de las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre y oxido nitroso.
Artículo 2.5.2.- Toda persona tiene derecho a vivir sin ruido para su tranquilidad. Las autoridades garantizaran este derecho, así como los grados permisibles y tolerables para la emisión del mismo. Asimismo sancionaran a quien contravengan dicho principio.
Tratándose del caso de establecimientos mercantiles de ruido, los mismos deberán instalar aislantes de sonido para no generar ruido, por encima de los niveles permitidos, que afecten el derecho de terceros.
Artículo 2.5.3.- En viviendas y en todo tipo de unidades habitacionales, no se podrán realizar obras y reparaciones en horario nocturno, salvo casos de fuerza mayor o por disposición legal. Artículo 2.5.4.- Toda persona tiene derecho a no inhalar involuntariamente el humo de la combustión del tabaco o de la cannabis sativa.
Artículo 2.5.5.- En lo no previsto en el presente precepto, se estará a lo regulado en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal.
Artículo 2.6.1.- Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente limpio de basura.
Artículo 2.6.2.- Toda persona que genere residuos sólidos tiene la propiedad y responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección, o depositados en los contenedores o sitios autorizados para tal efecto por la autoridad competente.
Artículo 2.6.3.- Toda persona generadora de residuos sólidos tiene la obligación de entregarlos al servicio de limpia.
Artículo 2.6.4.- Toda persona física o moral, tiene la obligación de separar, reducir y evitar la generación de residuos sólidos. Artículo 2.6.5.- Toda persona tiene la obligación de barrer diariamente las banquetas, andadores y pasillos y mantener limpios de residuos sólidos los frentes de sus viviendas o establecimientos industriales o mercantiles, así como los terrenos de su propiedad que no tengan construcción, a efecto de evitar contaminación o molestias a los vecinos. Artículo 2.6.6.- Toda persona tiene la obligación de fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos, así como cumplir con las disposiciones especificas, criterios, normas y recomendaciones técnicas. Artículo 2.6.7.- Toda persona tiene la obligación de almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y ambientales para evitar daño a terceros y facilitar la recolección. Artículo 2.6.8.- Ninguna persona puede arrojar o abandonar en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, y en general en sitios no autorizados, residuos sólidos de cualquier especie.
Articulo 2.6.9.- Ninguna persona podrá depositar animales muertos, residuos sólidos que despidan olores desagradables o aquellos provenientes de la construcción en los contenedores instalados en la vía pública para el arrojo temporal de residuos ´solidos de los transeúntes. Artículo 2.6.10.- Nadie puede quemar a cielo abierto o en lugares no autorizados, cualquier tipo de residuos sólidos.
Artículo 2.6.11.- Queda prohibido pepenar residuos solidos de los recipientes instalados en la vía pública y dentro de los sitios de disposición final y sus alrededores. Artículo 2.6.12.- Se prohíben la instalación de contenedores de residuos sólidos en lugares no autorizados, así como fomentar o crear basureros clandestinos.
Articulo 2..6.13.- No podrán confinarse residuos sólidos en parques, áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, zonas rurales o áreas de conservación ecológica.
Artículo 2.6.14.- No podrá tratarse térmicamente los residuos sólidos recolectados, sin considerarse las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 2.6.15.- No se pondrá fijar propaganda comercial o política en el equipamiento urbano destinado a la recolección de los residuos sólidos, así como fijar en los recipientes a otro mobiliario urbano destinado al depósito y recolección colores alusivos algún político.
Artículo 2.6.16.- No se podrá diluir o mezclar residuos sólidos o industriales peligrosos en cualquier líquido y su vertimiento al sistema de alcantarillado, a cualquier cuerpo de agua o sobre suelos con o sin cubierta vegetal. Artículo 2.6.17.- Ningún establecimiento mercantil podrá entregar a sus consumidores a título gratuito u oneroso, con motivo de cualquier acto comercial, bolsas de plásticos que no se encuentren sujetos a los criterios y normas para la producción y consumo sustentable.
Artículo 2.6.18.- No se podrán mezclar residuos peligrosos con residuos sólidos e industriales no peligrosos.
Artículo 2.6.19.- Los propietarios, directores responsables de obra, contratistas y encargados de inmuebles en construcción o demolición, son responsables solidarios en caso de provocarse la diseminación de materiales, escombros y cualquier otra clase de residuos sólidos, así como su mezcla con otros residuos ya sean de tipo orgánico o peligrosos. Artículo 2.6.20.- El frente de las construcciones o inmuebles en demolición deberán mantenerse en completa limpieza, quedando prohibido almacenar escombros y materiales en la vía pública. Artículo 2.6.21.- Los responsables deberán transportar los escombros en vehículos adecuados que eviten su dispersión durante el transporte a los sitios que determine la Secretaría de Obras y Servicios.
Artículo 2.6.22.- Toda persona generadora de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos e inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros educativos y dependencias gubernamentales y similares.
Artículo 2.6.23.- El servicio de recolección domiciliaria en casa habitación, unidades habitacionales y demás edificaciones destinadas a vivienda, así como los establecimientos mercantiles considerados como contribuyentes de ingresos menores, se realizará de manera gratuita.
Artículo 2.6.24.- Los establecimientos mercantiles y de servicios distintos a los establecidos en el párrafo anterior, empresas, fábricas, tianguis, mercados sobre ruedas autorizados, mercados públicos, centros de abasto, concentraciones comerciales, industrias y similares, así como las dependencias y entidades federales, que generen residuos sólidos en alto volumen, deberán pagar las tarifas correspondientes por los servicios de recolección y recepción de residuos sólidos que establece el Código Financiero del Distrito Federal.
Artículo 2.6.25.- El Estado, el sector privado y la sociedad civil, asumen la responsabilidad de implementar la tecnología necesaria y suficiente, que sistematice el manejo de los residuos sólidos que no genere emisiones de metano. Asimismo operaran las plantas de selección y tratamiento de los o residuos sólidos con tecnología de vanguardia que permitan generar energías alternas y verdes.
Artículo 2.6.26.- En lo no previsto por el presente ordenamiento, se estará a lo regulado en la Ley de Residuos Solidos del Distrito Federal.
Artículo 2.7.1.- Toda persona tiene derecho al espacio público sea este físico abierto o cerrado, o virtual. A ejercer este actos de recreación y disfrute de los mismos, aunado a los derechos ciudadanos de participación política, así como los derechos colectivos y culturales de identidad, expresión y pertenencia comunitaria. Ninguna persona o corporación pública o privada tiene derecho a privar a nadie en lo individual y en lo colectivo, los derechos de espacio público.
Artículo 2.7.2.- Toda persona tiene derecho a gozar y disfrutar un espacio público de por lo menos 9 metros cuadrados. El Estado implementara las políticas necesarias a efecto de garantizar que el número de metros cuadrados de espacios públicos en relación con el número de habitantes del Distrito federal, sea por lo menos esa cantidad.
Artículo 2.7.3.- Se declara las banquetas, calles, parques, bosques, jardines y plazas, como espacios públicos.
Artículo 2.7.4.- Será considerado como espacio público las explanadas de los edificios públicos, los estacionamientos, bibliotecas, escuelas, hospitales cuyo suelo o administración sea pública.
Artículo 2.7.5.- Los centros comerciales y las asociaciones religiosas promoverán el uso del espacio público, así como el uso social, comercial y cultural que quieran destinar en forma gratuita u onerosa a los particulares. Artículo 2.7.6.- En consecuencia, el Estado promoverá que el espacio público administrado por los sectores público, privado y social, se encuentren en condiciones dignas y saludables; así también emprenderá las acciones administrativas necesarias a fin de garantizar en cada Unidad Territorial, Barrio, Pueblo, Comunidad, la existencia de por lo menos un espacio público.
Artículo 2.7.7. El espacio público abiertos superiores a los 200 metros cuadrados, deberá contar por lo menos con el 10% un porcentaje de área verde y otro 10% de agua. Asimismo el Estado emprenderá y promoverá las acciones necesarias tendentes a instalar servicios hidrosanitarios en dichos espacios, de forma gratuita o con costo módico.
Artículo 2.7.8. Toda persona tiene derecho a observar, conocer, interactuar y apreciar a la naturaleza. A ejercer actos de democracia electoral y participativa sobre el mismo.
Artículo 2.7.9.- El derecho al espacio público virtual implica también, la existencia de la esfera pública, en condiciones de accesibilidad y disponibilidad para la libre manifestación de las ideas, la cultura y la discusión política. Sin más límite que el respeto a los derechos humanos.
Artículo 2.7.10.- Ninguna persona podrá orinar o defecar en los espacios públicos. El Estado proveerá la instalación de sanitarios fijos o móviles, gratuitos o a bajo costo, para dicho fin.
Artículo 2.7.11.- Queda prohibido colocar en la acera o en el arroyo vehicular, enseres o cualquier elemento propio de un establecimiento mercantil, sin la autorización correspondiente. Artículo 2.7.12.- Ninguna persona podrá arrojar en la vía pública desechos, sustancias peligrosas para la salud de las personas o que despidan olores desagradables. TITULO OCTAVO.-
Artículo 2.8.1. - Movilidad es el desplazamiento cotidiano o periódico, que una persona o más, realiza para desplazarse dentro de un sistema socioeconómico.
Artículo 2.8.2.- Toda persona tiene derecho a movilizarse dentro del territorio del Valle de México en condiciones saludables que eviten pérdidas de tiempo y cansancios innecesarios que deterioren la calidad de vida.
Articulo 2.8.3.- El derecho a la movilidad se ejerce cuando un individuo se desplaza en transporte público o privado.
Artículo 2.8.4.- El Gobierno del Distrito Federal llevaran a cabo las acciones administrativas necesarias que logren la reubicación de sus empleados, tomando en consideración su domicilio de residencia.
Artículo 2.8.5 - El Estado promoverá y privilegiara la utilización del sistema de transporte colectivo, así como la utilización de la bicicleta.
Artículo 2.8.6.- Toda persona tiene derecho a trasladarse de un lugar a otra a bordo de una bicicleta.
Artículo 2.8.7.- El transporte público constituye no solamente un medio de comunicación que facilita el desplazamiento, sino que también una parte de la vida de los usuarios, la cual debe ser proporcionada en forma optima, eficiente, menos costosa y agradable.
Artículo 2.8.8.- El parque vehicular destinado al transporte público no deberá tener una antigüedad mayor a diez años y deberá estar provista de los elementos tecnológicos culturales y de entretenimiento, que garanticen un desplazamiento agradable.
Artículo 2.8.9. - El Estado creara la infraestructura necesaria que pueda conjugar la movilidad en bicicleta con el transporte público. Así también creara la infraestructura vial necesaria –biciestacionamientos y ciclopistas - que garantice la utilización de la mismas, para salvaguardar la protección de los ciclistas.
Artículo 2.8.10 – La Ciudad tiene derecho a contar con vialidades que garanticen la velocidad de los vehículos que en ella se desplacen.
Artículo 2.8.11.- El Estado diseñará los planes y políticas publicas necesarias que promuevan la disminución de la utilización de los vehículos particulares, el tráfico vehicular y el aumento del transporte público de calidad y con energías alternativas.
Artículo 2.8.11.- Con el objeto de promover la disminución y utilización de los vehículos particulares, el tráfico vehicular y el transporte público de calidad y con independencia de las pre contingencias y contingencias ambientales que pudiera emitir la autoridad ambiental, se establece como obligación mínima para todo habitante propietario o poseedor de por lo menos un vehículo particular, el no circular:
a) Una vez a la semana que comprende de los días lunes a viernes.
b) Una vez cada día sábado de cada mes.
El Estado llevara a cabo las acciones necesarias para llevar a cabo por lo menos un día al año, la no circulación de ningún vehículo particular, sobre todas las vialidades del Distrito Federal.
Artículo 2.8.12.- Nadie podrá impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de transito, la movilidad o la acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello. Artículo 2.8.13.- Queda prohibido cubrir, borrar, pintar o alterar los letreros, señales, números de placas, que identifiquen las vialidades.
Lo no previsto en el presente Código, se estará a lo dispuesto en la Ley para el Transporte Público.
TITULO DECIMO.-
Artículo 2.10.1. Toda persona tiene derecho a disfrutar el paisaje natural y urbanístico en el Valle de México. En consecuencia, la imagen urbana de la Ciudad deberá ser estética.
Artículo 2.10.2. Toda persona tiene derecho a desarrollarse en un entorno natural y urbano armónico que propicie una mejor calidad de vida.
Artículo 2.10.3.- Toda persona tiene derecho al paisaje urbano, a gozar de las edificaciones y de una publicidad exterior que fomente el desarrollo económico de la ciudad.
Artículo 2.10.4.- La publicidad exterior deberá ser armónica con el paisaje, con la única limitante de no provocar saturación, la distorsión de la percepción visual del entorno, impedir la contemplación del paisaje o cualquier otra modalidad de contaminación visual.
Artículo 2.10.5.- Toda persona tiene derecho a percibir una ciudad libre de estímulos publicitarios.
Toda persona tiene derecho al acceso, respeto y disfrute del patrimonio arquitectónico del Valle de México.
Artículo 2.10.6.- Toda persona tiene derecho a observar, conocer, interactuar y apreciar la naturaleza y las manifestaciones culturales de los habitantes históricos de las zonas rurales, lo que implica tomar conciencia con respeto al aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos naturales y las formas de producir el menor impacto negativo sobre el ambiente y el entorno sociocultural de las comunidades anfitrionas.
Artículo 2.10.7- Toda persona tiene derecho participar en actividades propias de las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios con fines culturales, educativos y recreativos, que le permita conocer los valores culturales, formas de vida, manejo de los recursos agrícolas y naturales, usos y costumbres y aspectos de su historia.
Artículo 2.10.8.- Ninguna persona podrá dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa de éstos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes semejantes. Artículo 2.10.9.- En viviendas y condominios, no se podrá decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes exteriores desentonando la estructura estética o arquitectónica del condominio o de las aceras, calles o avenidas.
Artículo 2.10.10.- En lo no previsto en el presente Código, se estará a lo conducente a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, Ley de Turismo del Distrito Federal, Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, Ley de régimen de Propiedad en Condominio.
TITULO DÉCIMO PRIMERO.-
Artículo 2.11.1. El Estado, el Sector Privado y la Sociedad civil asumen la responsabilidad global de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático.
Artículo 2.11.2.- Toda persona tiene derecho a recibir información respecto al conocimiento de las causas y efectos que genera el calentamiento global, así como conocer las acciones emprendidas por la administración pública, privada y social para mitigar dichos efectos.
Artículo 2.11.3.- Toda persona deberá tener conocimiento sobre aquellas actividades humanas que varían el clima y altera la composición de la atmosfera mundial. A fin de asumir desde su posición individual, aquellas acciones individuales, colectivas y globales, que contribuyan a la mitigación del daño ambiental causado.
Artículo 2.11.4.- Las autoridades ambientales deberán evaluar las zonas vulnerables y formular escenarios para la adaptación al cambio climático y evitar escenarios catastróficos o que pongan en riesgo la seguridad de las personas y de las demás especies vivientes.
Articulo 2.11.6.- El Estado, el sector privado y la sociedad civil, asumen la responsabilidad de crear sitios para la absorción del bióxido de carbono, en consecuencia incrementará las áreas verdes, así como instalar sistemas de naturización de azoteas. Asimismo estimulara la generación de energía eléctrica.
Artículo 2.11.7.- Toda persona que se movilice en alguna edificación, tiene derecho a desarrollar sus actividades humanas, en forma segura, iluminada y con libre ventilación.
Artículo 2.11.5. Lo no previsto en el presente Código se estará a lo regulado en la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal.
DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS AMBIENTALES
Artículo 3.1.1. –La exigibilidad de los derechos ambientales tienen por objeto la promoción, difusión, observancia; así como sustanciar, conciliar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación del Presente Código y de las contenidas en los diversos ordenamientos jurídicos y normativos.
Artículo 3.1.2.- La exigibilidad en los que participen indígenas, se consideran los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan, mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3.1.3.- La exigibilidad en los que participen comunidades vecinales, la representación de los mismos será por conducto de los órganos de representación vecinal, de las organizaciones de la sociedad civil o por la suma de participaciones individuales.
Artículo 3.1.4.- La participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno en asuntos ambientales.
Artículo 3.1.5.- Los medios de comunicación informaran, difundirán, capacitaran y educaran, para una cultural ambiental de participación ciudadana.
Artículo 3.1.6.- Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual hicieren en su lengua, no necesitaran acompañarse de la traducción al español. La autoridad la hará de oficio por conducto de la persona autorizada para ello, así como de las demás actuaciones inherentes al proceso.
Artículo 3.1.7.- La exigibilidad de los derechos ambientales, así como la procuración e impartición de la justicia ambiental y de los servicios que este proporciona, serán gratuitos.
Artículo 3.1.8.- La carga de la prueba será para quien se le atribuye el ilícito ambiental.
Artículo 3.1.9.- En caso de duda, se estará a favor del medio ambiente, así como a los principio de desarrollo sustentable.
Artículo 3.1.10. En los litigios ambientales quedan exentos los actores de pagar costas judiciales, honorarios, gastos de peritos y otros gastos, a los demandados, en los casos en que su acción no haya procedido.
TITULO SEGUNDO DEL DERECHO DE PETICIÓN
Artículo 3.2.1.- El derecho de petición es el acto mediante el cual cualquier ciudadano, solicita en forma genérica a la autoridad, la exigibilidad de alguno de los derechos previstos en el presente Código. Artículo 3.2.2.- Los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal respetaran el ejercicio del derecho de petición que por causas ambientales o por derechos previstos en el presente Código, formulen los ciudadanos, siempre que ésta se formule por escrito en forma impresa o en vía electrónica, de manera pacífica y respetuosa.
Artículo 3.2.3.- A toda petición ambiental deberá recaer una contestación escrita por la autoridad, la cual deberá estar fundada y motivada; y que deberá ser respondida de manera personal en un término no mayor a ocho días hábiles.
Artículo 3.2.4.- En ningún caso podrá rechazarse los escritos de petición ambiental, toda autoridad estará obligada a recibirla y darle el trámite que conforme derecho corresponda.
Artículo 3.2.5.- Si la petición ambiental es presentada ante una autoridad incompetente o que no pueda resolver la problemática ambiental que le exponga, deberá turnarla a la autoridad que si pueda conocer de ella, informándole de ello al peticionario.
Artículo 3.2.6.- Si la autoridad al tener conocimiento de la problemática ambiental, advierte que los hechos que se le exponga, no pueda atenderlo dada la magnitud de éste y la imposibilidad física o presupuestal, deberá dar cuenta de ello al ciudadano, informándole sobre las políticas públicas implementadas para la mitigación del daño. Artículo 3.2.7.- Las peticiones ambientales que formulen los ciudadanos, en la que denuncien faltas al presente Código, se consideraran ciertos los hechos, salvo prueba en contario. La autoridad tendrá en todo tiempo la carga de efectuar el control y la verificación correspondiente.
Artículo 3.2.8.- Si la petición advirtiera alguna queja o denuncia en contra de algún sujeto contaminante, se actuará conforme a los ordenamientos legales y autoridades correspondientes. TITULO TERCERO
DE LA TRANSPARENCIA AMBIENTAL
Artículo 3.3.1.- El ejercicio del derecho a la información pública ambiental comprende difundir, investigar y recabar información en tópicos ambientales.
Artículo 3.3.2.- Toda la información ambiental es pública, salvo que se trate de información confidencial.
Artículo 3.3.3.- Para ejercer el derecho a la información pública en tópicos ambientales, no se requiere acreditar derechos subjetivos, interés legitimo o razones que motiven el procedimiento, salvo en el caso del derecho a la protección de datos personales y las disposiciones.
Artículo 3.3.4.- Toda Órgano Político Administrativo de Demarcación Territorial (Delegaciones Políticas) en el Distrito Federal, deberá establecer en sus respectivas páginas web de transparencia, adicionales a los previstos por los artículos 13 y 14 de las Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la siguiente información:
a) Superficie territorial que integra la demarcación territorial, especificando en éste, los distintos tipos de usos de suelo.
b) Censo sobre espacios públicos administrados por la demarcación.
c) Censo sobre el número de árboles y áreas verdes.
d) Reparaciones a las tuberías y suministros de agua efectuadas.
e) Informe ejecutivo sobre las acciones implementadas en la demarcación respecto al ahorro de agua.
f) Localización de los contenedores de residuos sólidos.
g) Número de camiones recolectores de basura, características de los mismos, operadores, rutas y horarios de servicio.
h) Informes ejecutivos sobre la recolección basura generada en la demarcación por periodos determinados.
i) Informe ejecutivo sobre las acciones tendientes a la conservación, restauración y mejoramiento del paisaje. Artículo 3.3.5.- En lo no previsto en el presente Código, se estará a lo prescrito a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
DE LA COLABORACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA
Artículo 3.4.1.- Los habitantes del Distrito Federal, podrán colaborar con las autoridades ambientales, así como con las Delegaciones Políticas, en la ejecución de actos culturales-ambientales, obras o prestaciones de servicios públicos, colectivos o comunitarios, aportando para su realización recursos económicos, materiales o trabajo personal.
Artículo 3.4.2.- Toda solicitud de colaboración deberá presentarse por escrito y firmada por el o los ciudadanos solicitantes, por los integrantes del Comité Ciudadano, Consejos del Pueblo o del Consejo Ciudadano, y representantes de las Organizaciones Ciudadanas, señalando su nombre y domicilio. En el escrito se señalaran la aportación que se ofrece o bien las tareas que se proponen aportan, o bien, las actividades culturales ambientales que se pretendan realizar.
Artículo 3.4.3.- Las dependencias y Delegaciones Políticas, resolverán si procede aceptar la colaboración ofrecida y, de acuerdo a su disponibilidad financiera o capacidad operativa, concurrirán con ello con recursos presupuestarios para coadyuvar en la ejecución de los trabajos que se realicen por colaboración, de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley de Participación Ciudadana.
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA AMBIENTAL
Artículo 3.5.1.- Los habitantes de la Ciudad tienen el derecho de recibir de las autoridades ambientales, los informes generales y específicos acerca de la gestión ambiental, a partir de ellos, evaluar la actuación de sus servidores públicos.
Articulo 3.5.2.- Los servidores públicos encargados e la política ambiental, conforme al ámbito de sus atribuciones, rendirán un informe por lo menos una vez al año y al final de su gestión para efectos de su evaluación sobre su desempeño por parte de los habitantes del Distrito federal.
Artículo 3.5.3.- Si se advirtiera la comisión de algún ilícito ambiental, a cargo del servidor público competente, se hará de conocimiento a las autoridades competentes.
Artículo 3.5.4.- En lo no previsto en el presente capitulo, se estará a lo dispuesto pro el Código Penal del Distrito Federal, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y todo ordenamiento normativo, que imponga deberes a los servidores públicos.
Artículo 3.6.1.- Las autoridades ambientales están obligadas a establecer programas de difusión pública a cerca de las acciones y funciones del cumplimiento del presente Código.
Artículo 3.6.2.- la difusión institucional en ningún caso se utilizara para fines de promoción de imagen de servidores públicos, partidos políticos o integrantes a puestos de elección popular.
DE LOS DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS
Artículo 3.2.1.- El presente capitulo tiene como objeto regular las acciones colectivas y la tutela de los intereses difusos, determinar las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el Distrito Federal.
Artículo 3.2.2.- Serán admisibles todo tipo de acciones colectivas capaces de proporcionar una protección adecuada y efectiva de los derechos d grupo y sus miembros. En todo caso, la acción colectiva puede ser intentada para proteger los derechos difusos así como los derechos individuales homogéneos.
Artículo 3.2.3.- La acción en los términos del presente Código, puede tener por objeto, pretensiones de carácter: declarativo, constitutivo, de cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer, así como de condena. Artículo 3.2.4.- A falta de disposición expresa, se estará a lo previsto por el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Dicha interpretación evitará una aplicación incompatible con los derechos colectivos o individuales difusos. Artículo 3.2.5.- Las acciones de intereses difusos, son aquellas interpuestas por un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que origino perjuicios individuales por dichas personas, en este caso, la personas afectadas no son determinadas por los daños ocasionados. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad y se ejercitarán solamente para obtener el reconocimiento y el pago de una indemnización de los perjuicios.
Artículo 3.2.6.- Las acciones colectivas son aquellas acciones interpuestas por un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que origino perjuicios a dichas personas, las cuales son determinadas o fácilmente determinables. TITULO SEGUNDO
ACCIONES COLECTIVAS (En construcción)
Artículo 3.2.1.- Las acciones colectivas ambientales, son aquellas promovidas por un representante con legitimidad colectiva, para proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales previstos en el presente Código y en los diversos ordenamientos legales dispersos que rigen a la Ciudad que pertenecen a un grupo de personas (objeto de litigio) y cuya sentencia, obligara al grupo como un todo.
Artículo 3.2.2.- Las acciones colectivas, pueden ser promovidas por los miembros de un grupo, por la procuraduría ambiental o cualquier otro ente público, o por organismos de la sociedad civil organizada. Artículo 3.2.3. Toda acción colectiva debe contar con la difusión necesaria, a efecto de que los miembros del grupo que promueven, puedan tener la opción de ingresar, permanecer o salir del grupo accionante, así como de manifestar libremente su consentimiento para entrar o no al litigio.
Artículo 3.2.4.- La difusión de la acción colectiva, deberá ser a través de los medios impresos y electrónicos, internet, telecomunicaciones; la difusión de la acción interpuesta y del litigio, deberá ser publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en tres diarios de circulación local; la difusión en telecomunicaciones, será a través de los espacios de comunicación social con el que se les dote al Tribunal, Procuraduría Ambiental o Ente Público.
Artículo 3.2.5.-. El Órgano Jurisdiccional en competencia ambiental empleara las medidas necesarias, para que el consentimiento recabado, sea en todo momento público, transparente, confiable y válido. Artículo 3.2.6.- En toda acción colectiva se dará vista al Ministerio Público. Artículo 3.2.7.- La intervención del Ministerio Público tiene como principal objetivo, la defensa de la legalidad, garantizar la adecuada representación de los intereses de los miembros ausentes del grupo, así como velar la administración de los depósitos a cuenta que el sujeto contaminante, realice a los participantes de la acción colectiva. TITULO SEGUNDO
DEL JUICIO AMBIENTAL
Único.- El presente Código entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

References: artículo 46
 artículo 46
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Artículo 1

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Artículo 2

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