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Timestamp: 2018-07-18 01:18:59+00:00

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Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 25000-22-13-000-2014-00056-01 de 27 de Febrero de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 511940286
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 25000-22-13-000-2014-00056-01 de 27 de Febrero de 2014
Número de Proceso: 25000-22-13-000-2014-00056-01
Historial del Caso: Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, de 21 de Febrero de 2014
AHC943 – 2014
Radicación n° 25000-22-13-000-2014-00056-01
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014).
Se decide la impugnación formulada contra la providencia proferida el veintiuno de febrero de dos mil catorce por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acción constitucional de la referencia.
A través de apoderado judicial, el señor E.C.S. pretende que le sea concedido el habeas corpus por considerar que ha permanecido privado de su libertad por tiempo superior al establecido legalmente.
Contra el accionante se adelanta un proceso penal en el que se le atribuye la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, por hechos presuntamente ocurridos el veintitrés de agosto de dos mil cinco. [Folios 96 y 103, .c 1]
Dentro de ese trámite, al incriminado se le definió su situación jurídica, imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva a cumplir en establecimiento carcelario. [Folio 124, c. 1]
El órgano investigador profirió resolución de acusación el veinticinco de noviembre de dos mil trece, la cual cobró firmeza el seis de febrero último. [Folio 99, c. 1]
El ciudadano fue detenido el tres de febrero de dos mil catorce por miembros de la Policía Nacional adscritos a la DIJIN. [Folios 1 y 104, c. 1]
Habiéndose enterado de la captura realizada, la delegada de la Fiscalía General de la Nación que conoció la etapa instructiva, el tres de febrero libró orden al Primer Distrito de Policía Especial de Soacha a efectos de que allí se mantuviera en custodia al sindicado, hasta que se le asigne centro carcelario. [Folio 107, c. 1]
Como fundamento de su reclamo, asevera el actor que dentro de las treinta y seis horas siguientes a su aprehensión no se le puso a órdenes del juez de control de garantías, a efectos de que se analizara la legalidad de la misma. [Folio 1, c. 1]
En razón de la prolongación ilícita de la detención durante la cual no se le ha escuchado en indagatoria ni resuelto su situación jurídica, reclama que se ordene cesar la restricción de su derecho fundamental. [Folio 2, c. 1]
El veintiuno de febrero último se admitió a trámite la solicitud, ordenándose oficiar a las autoridades que fueron vinculadas para que emitieran pronunciamiento en relación con los hechos relatados por el reclamante. [Folio 87, c. 1]
La Fiscal 179 Seccional de la Unidad de Indagación e Instrucción indicó que como consecuencia de haber dictado resolución acusatoria, remitió el expediente a efectos de que se surtiera su reparto entre los jueces penales del circuito de Bogotá. [Folio 97, c. 1]
La Juez 51 Penal del Circuito de esta ciudad hizo referencia a la regularidad de las actuaciones adelantadas en el proceso, y aclaró que por tratarse de una causa que se sigue bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000, el aprehendido no debía ser puesto a disposición del juzgador de control de garantías. [Folio 112, c. 1]
La Fiscal 339 Delegada ante los juzgadores penales del circuito manifestó que no intervino en el sumario que cursó contra el detenido; sin embargo, pidió atender que aquel se rigió por el anterior Código de Procedimiento Penal. [Folio 122, c. 1]
El Tribunal denegó la protección solicitada con sustento en que la limitación sobre el derecho a la libertad deriva de la medida que decretó una autoridad judicial, y resulta improcedente adelantar la audiencia preliminar a la que aludió el peticionario por cuanto el procedimiento que se adelanta no es el reglado por la Ley 906 de 2004. [Folio 136, c. 1]
Inconforme con lo resuelto, el señor C.S. formuló impugnación. [F. 139 reverso, c. 1]
Al tenor de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1095 de 2006, el suscrito magistrado es competente para resolver el reclamo constitucional en segunda instancia.
El hábeas corpus participa de una doble connotación, pues a la par que se le concibe como prerrogativa fundamental, está consagrado como una acción constitucional expedita para reclamar la libertad personal de quien es privado de ella con violación de las garantías establecidas en la Constitución Política o en la ley, o cuando la restricción de ese derecho se prolonga de manera ilegal, esto es, más allá de los términos en los cuales la autoridad debe realizar las actuaciones que correspondan dentro del respectivo trámite judicial.
En reiterados pronunciamientos, esta Corporación ha precisado que el memorado mecanismo, consagrado en el artículo 30 de la Carta Política, debe resolverse a favor del peticionario, esencialmente en dos eventos, que se explican a continuación:
Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas o especies constitucional y legalmente previstas para ello, como son: con orden judicial previa (arts. 28 C Pol, 2 y 297 L 906/94), flagrancia (arts. 345 L 600/00 y 301 L 906/04), públicamente requerida (art. 348 L 600/00) y administrativa (C-24 enero 27/94), esta última con fundamento directo en el artículo 28 de la Constitución y por ello de no necesaria consagración legal, tal como sucedió -y ocurre- en vigencia de la Ley 600 de 2000.
Cuando ejecutada legalmente la captura la privación de libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Carta Política o en la ley para que el servidor público i) lleve a cabo la actividad a que está obligado (escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o ii) adopte la decisión que al caso corresponda (definir situación jurídica dentro del término, ordenar la libertad frente a captura ilegal -arts. 353 L 600/00 y 302 L 906/04- entre otras).(CSJ AHP, 7 Sep. 2009, R.. 32576).
De los lineamientos consignados, emerge con toda claridad que no sólo el hábeas corpus ha sido instituido como herramienta a favor de la persona que se considera ilegalmente privada de su libertad, y a través de ese medio pretende recobrarla, lo que constituye la materia de la decisión a adoptar, luego de que el juzgador verifique si existió violación de las garantías constitucionales y legales del accionante, sino que el instituto como tal tiene un carácter excepcional, de ahí que su procedencia esté limitada a los supuestos señalados en la ley, a los cuales acaba de hacerse referencia.
En el asunto sub examine, se evidencia que la actual privación de la libertad del ciudadano E.C.S. es consecuencia de la orden de captura que se emitió en su contra como resultado de la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.
Significa lo anterior que el derecho fundamental mencionado se halla restringido en virtud de un pronunciamiento debidamente ejecutoriado, de ahí que la aprehensión no puede calificarse de ilegal, circunstancia ante la cual deviene improcedente el mecanismo de protección incoado.
La razón de ese aserto reside –según lo ha explicado la jurisprudencia- en que en ese evento «la privación de la libertad no tiene como soporte la captura sino una providencia judicial, en la cual se encontraron satisfechos los elementos formales y sustanciales exigidos por la ley para ese propósito» (CSJ AHP, 30 Ago. 2012, R.. 39791).
3.1. Ahora bien, en lo que atañe a la alegada prolongación ilícita de la detención, no hay lugar a sostener que la misma se haya configurado porque de acuerdo con las pruebas recaudadas, la causa penal no se adelanta bajo el procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004 que otorga competencia al juez de control de garantías para legalizar la captura (artículo 2°, modificado por la Ley 1142 de 2007), sino que atendida la fecha de la presunta comisión de los hechos punibles endilgados al actor, el trámite que se surte es el fijado por la Ley 600 de 2000, en la que no está prevista aquella audiencia preliminar.
Sobre la formalización de la aprehensión realizada por orden jurisdiccional, el artículo 352 de la última normativa mencionada preceptúa lo siguiente:
Cuando el capturado, según las previsiones legales, deba ser recluido, el funcionario judicial bajo cuyas órdenes se encuentre dispondrá de un plazo máximo de treinta y seis (36) horas para legalizar dicha situación, contadas a partir del momento en que tenga noticia de la captura. En tal caso, expedirá mandamiento escrito al director del respectivo establecimiento de reclusión, para que en dicho lugar se le mantenga privado de libertad. La orden expresará el motivo de la captura y la fecha en que ésta se hubiere producido.
En ese orden de ideas, si la autoridad que adelantó el sumario al cual fue vinculado el actor en condición de sindicado, procedió a solicitar al organismo policial correspondiente que mantuviera la custodia de aquel hasta que se le asignara un centro carcelario, lo que hizo de manera inmediata al tener conocimiento de la materialización de la captura, no se advierte que se hubiere prolongado la restricción sobre la aludida garantía constitucional de manera contraria a la ley.
Las anteriores razones se estiman suficientes para concluir que la acción impetrada es improcedente, por lo que se confirmará lo resuelto por el a quo.
CONFIRMAR la determinación impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
lo decidido al interesado y a su apoderado judicial por el medio mas expedito, y, en oportunidad, devuélvase el diligenciamiento al Tribunal de origen.
Acuerdo nº PSAA06-3505 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 6 de Julio de 2006
Sentencia nº 05001-23-31-000-2000-02888-01(3074-04) de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 9 de Marzo de 2006

References: resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 28
 artículo 352