Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/3026
Timestamp: 2020-05-26 09:03:48+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 172/1995
SENTENCIA 172/1995, de 21 de noviembre
ECLI:ES:TC:1995:172
En el recurso de amparo núm. 3.542/93, promovido por FEREGAMA, S.L., y COMPAÑIA DE MENSAJEROS CMM, S.L., representadas por el Procurador de los Tribunales don Carlos Ibáñez de la Cardiniere y asistidas por el Letrado don Juan Francisco Casani Lluna, contra la providencia del Juzgado de lo Social núm. 12 de Valencia de 21 de octubre de 1993. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en el Registro de este Tribunal el 26 de noviembre de 1993, el Procurador de los Tribunales don Carlos Ibáñez de la Cardiniere, en nombre y representación de FEREGAMA, S.L., y COMPAÑIA DE MENSAJEROS CMM, S.L., interpuso recurso de amparo contra la providencia del Juzgado de lo Social núm. 12 de Valencia de 21 de octubre de 1993 por entender que vulnera el art. 24 C.E.
a) En febrero de 1993 la empresa MAEVAL, S.A. procedió al despido de doña Ana María Flores Lorente, trabajadora de aquélla, alegando faltas injustificadas al trabajo. En el correspondiente juicio por despido y habiéndose demandado también a FEREGAMA, S.A., y a COMPAÑIA DE MENSAJEROS CMM, S.L., se alcanzó conciliación judicial, llegando las empresas demandadas con la trabajadora al siguiente acuerdo, el día 1 de julio de 1993:
"FEREGAMA, S.L. readmite a los trabajadores demandantes (junto a doña Ana Flores se encontraba como actor don Melchor Perales Pla) en su centro de trabajo de la calle Doctor Beltrán Bigorra, 8, de Valencia, con reconocimiento a todos los efectos, incluidos los de un hipotético despido, de las condiciones de categoría, antigüedad, retribuciones y demás derechos que detentaban los actores en MAEVAL, S.A., produciéndose dicha reincorporación el día 5 de julio del presente año, en el delimitado centro de trabajo.
La mencionada empresa abonará a doña Ana María Flores Lorente la cantidad de 720.868 pesetas en concepto de salarios de tramitación desde la fecha del despido (...).
Por MAEVAL, S.A., y COMPAÑIA DE MENSAJEROS CMM, S.L., se asume y responsabilizan solidariamente, de las obligaciones contraídas en la presente conciliación por FEREGAMA, S.L. en cuanto a las obligaciones económicas derivadas de la reincorporación relativas al abono de los salarios de tramitación".
Los motivos alegados por la trabajadora para considerar irregular su readmisión fueron el impago de parte de los salarios de tramitación, así como la demora en el abono de las retribuciones del mes de julio, retraso que no se produjo en ningún otro compañero de trabajo; el hecho de haber presentado la empresa fuera de plazo el alta en Seguridad Social y la reducida asignación de tareas a su puesto de trabajo. En aplicación de la normativa laboral correspondiente, se solicitaba que se declarase extinguida la relación laboral y se le abonase la indemnización legal por despido junto a la adicional del art. 278.2.b) L.P.L. y los salarios de tramitación.
c) Contra dicho Auto interpusieron recurso de reposición FEREGAMA, S.L., y COMPAÑIA DE MENSAJEROS CMM, S.L., por entender que la resolución judicial desconocía el acuerdo alcanzado en la conciliación judicial anterior, a tenor del cual la COMPAÑIA DE MENSAJEROS CMM, S.L. únicamente asumía responsabilidad solidaria respecto de los salarios de tramitación, pero no de la indemnización por despido.
Por su parte, el Ministerio Fiscal recuerda que la línea de actuación del Tribunal en estos casos viene siendo la de no suspender la ejecución habida cuenta del interés general que se desprende de aquélla, salvo que el amparo pudiese perder su finalidad.Siendo el supuesto el del pago de cantidades en metálico a la trabajadora y entrando en colisión con el derecho de aquélla a que no se posponga el percibo de lo reconocido en Sentencia judicial, propone el Fiscal que debe predominar el interés general, y el particular de la trabajadora, interesando la no suspensión de la ejecución, sin perjuicio de que habida cuenta de la entidad de la cantidad a percibir, pueda proceder la fijación por el Juzgado de una caución bastante que asegure, en su caso, la devolución de dicha cantidad.
Mediante Auto de 23 de mayo de 1994, la Sala Primera decide la no suspensión del Auto de 5 de octubre de 1993 y de las actuaciones en ejecución del mismo, aplicando doctrina general según la cual en los supuestos de resoluciones con efectos meramente económicos únicamente se suspende la ejecución cuando se produce un perjuicio difícilmente reparable, o irreparable, requisito que en este caso no parece acreditarse de forma incuestionable. Acuerda así denegar la suspensión, si bien el Juzgado encargado dela ejecución deberá fijar las garantías que estime pertinentes para asegurar en su caso la devolución de las cantidades que se satisfagan a la trabajadora.
6. Por providencia de 18 de julio de 1994, la Sección Primera acuerda tener por recibidas las actuaciones y dar vista de ellas al Ministerio Fiscal y a las solicitantes de amparo para que formulen las alegaciones que estimen convenientes. Las recurrentesse afirman en el contenido de la demanda de amparo, entendiendo que la inadmisión del recurso de reposición por no citar los preceptos procesales infringidos supone una interpretación del art. 377 L.E.C. que contraría la jurisprudencia constitucional y lesione el art. 24 C.E. en el derecho a los recursos, al tiempo que insiste en los perjuicios que se les han derivado de la no suspensión de la ejecución.
1. El presente recurso de amparo tiene su origen en la providencia del Juzgado de lo Social núm. 12 de Valencia, de 21 de octubre de 1993, que inadmitió el recurso de reposición interpuesto por FEREGAMA, S.L. y COMPAÑIA DE MENSAJEROS CMM, S.L., frente al Auto de 5 de octubre. Esta última resolución judicial, tras los trámites previstos para la ejecución de Sentencia firme por despido, declaró extinguida la relación laboral existente entre las empresas recurrentes en amparo y una trabajadora, condenando a aquéllas al pago de las indemnizaciones por despido y al abono de los correspondientes salarios de tramitación.
El recurso de reposición interpuesto frente a dicho Auto volvía a plantear al órgano judicial los motivos según los cuales la empresa entendía que no se había producido la readmisión irregular, apoyándose en que la trabajadora había abierto el trámite dela ejecución de la Sentencia de despido. Alegaban las empresas que aquella irregularidad no podía deducirse del impago de parte de los salarios de tramitación y de una mensualidad: estas pretensiones debían articularse a través de una reclamación de cantidad. La escasa ocupación efectiva respondía a la baja cantidad de tareas de su puesto de trabajo y el retraso en formalizar el alta en Seguridad Social, que no en la cotización por la trabajadora, únicamente constituiría en su caso una infracción administrativa.
Ahora bien, nuestra jurisprudencia ha establecido una distinción fundamental entre el acceso a la justicia, como elemento esencial del contenido de la tutela judicial, y el acceso a los recursos. La STC 37/1995 expone de forma clara y rotunda la doctrina: "El principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión cuya es la sustancia medularde la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos" (fundamento jurídico 5º). O con otras palabras de la misma STC 37/1995: "En (el) acceso, o entrada, funciona con toda su intensidad el principio pro actione que, sin embargo, ha de ser matizado cuando se trata de los siguientes grados procesales que, eventualmente pueden configurarse. El derecho a poder dirigirse a un Juez en busca de protección para hacer valer el derecho de cada quien, tiene naturaleza constitucional por nacer directamente de la propia Ley suprema. En cambio, que se revise la respuesta judicial, meollo de la tutela, que muy bien pudiera agotarse en sí misma, es un derecho cuya configuración se defiere a las leyes. Son, por tanto, cualitativa y cuantitativamente distintos" (fundamento jurídico 5º).
Por otro lado, este Tribunal ha venido entendiendo, dentro de una línea interpretativa sobre las formalidades procesales en general, que éstas no son "valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino que sólo sirven en la medida en que sean instrumentos para conseguir esa finalidad legítima" (SSTC 36/1986, 21/1990), de modo que un recto entendimiento de los requisitos formales, incluidos los de los recursos, impide al legislador establecer exigencias no razonables y a los órganos judiciales efectuar interpretaciones apartadas de la efectividad del derecho en el que tienen su razón de ser (SSTC 19/1983, 59/1989, entre otras), pudiendo plantear problemas de colisión con el art. 24 C.E. cuando aquella interpretación judicial es manifiestamente arbitraria o irrazonable o incurre en error patente (STC 245/1993), supuestos en los que dejan de garantizar el citado precepto constitucional.
Han sido precisamente los anteriores criterios los que este Tribunal ha llevado a la solución de los problemas planteados en relación al art. 377 L.E.C. al establecer que "el recurso de reposición deberá interponerse dentro del tercer día y citarse la disposición de esta Ley que haya sido infringida. Si no se llenaran estos dos requisitos el Juez declarará de plano y sin ulterior recurso no haber lugar a proveer".
Siendo tal la finalidad de la exigencia legal, ésta no puede ser trasladada automáticamente a los supuestos en los que el recurso de reposición no se interpone por razones formales sino que se fundamenta en la infracción de preceptos sustantivos, como sucede específicamente en materia laboral, en la que la tramitación de aquel recurso se lleva a cabo según el art. 377 L.E.C., al ser de aplicación supletoria de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera L.P.L. La exigencia literal delcitado requisito legal resulta de todo punto innecesaria en un recurso pensado para impugnar la resolución judicial por razones de fondo, puesto que obligaría al recurrente a citar imaginados preceptos procesales infringidos, como señaló ya este Tribunal (STC 162/1990, fundamento jurídico 4º).
La interpretación judicial de este requisito, con la consiguiente inadmisión del recurso de reposición, se ha entendido por el Tribunal Constitucional como una interpretación que no aparece congruente con el sentido y finalidad del recurso interpuesto apoyándose en preceptos sustantivos (STC 69/1987, fundamento jurídico 4º). Una incongruencia que es consecuencia de un excesivo rigorismo en la interpretación de la norma legal, injustificado y desproporcionado (STC 162/1990, fundamento jurídico 4º y 213/1993, fundamento jurídico 2º), contrario a una interpretación dirigida desde los parámetros constitucionales y orientada por tanto a satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva, al constituir "una aplicación incongruente de las normas (que impide)a la parte el acceso a un recurso que paladinamente la Ley le confiera, dejándola indefensa ante una resolución judicial (...) sin respuesta adecuada y, por tanto, imprejuzgado, no resuelto o no determinado el derecho sustantivo en conflicto" (STC 113/1988, fundamento jurídico 5º).
3. La anterior doctrina de este Tribunal resulta de aplicación al presente recurso de amparo, concurriendo todos los elementos interpretativos arriba indicados. Se está ante un recurso de reposición contra un Auto dictado en ejecución de una Sentencia dedespido y, atendiendo a lo que este procedimiento de ejecución constituye, su interposición no se realiza por razones procesales, sino por motivos sustantivos. En efecto, el denominado incidente de no readmisión (aquí de readmisión irregular) se dirige a la ejecución de un título previo ya configurado pero que precisamente por ello se abre con motivo de que la obligación principal contenida en aquél -la readmisión de la trabajadora- no se ha cumplido, de modo que, acreditado tal incumplimiento, el órgano judicial declara extinguida la relación laboral y sustituye la obligación de readmisión por el pago de las indemnizaciones por despido (arts. 278 L.P.L. de 1990, 279 en la L.P.L. de 1995).
En este caso lo que se planteó precisamente fue la discusión sobre la existencia del incumplimiento mismo por parte de la empresa, sólo a partir del cual se abre la vía de la ejecución de la sentencia de despido. No otro era el motivo que llevó a la empresa a interponer el recurso de reposición por entender que de ninguno de los extremos alegados por la trabajadora (impago de salarios de tramitación y mensuales, retraso en la presentación del alta a la Seguridad Social y ocupación efectiva reducida) podía deducirse la irregularidad de la readmisión, que el Auto que se recurría decidió en favor de la extinción de la relación laboral. Con independencia de los motivos que en este caso llevaran a la empresa a estar en desacuerdo con la resolución judicial,lo cierto es que el recurso de reposición no se presentó en ningún caso por motivos formales, sino por causas claramente sustantivas.
La providencia recurrida en amparo cerró el acceso al recurso de reposición -abierto según el art. 183 L.P.L. (hoy 184)- con un motivo ajeno a la fundamentación de aquél, como fue la falta de cita de los preceptos procesales infringidos, que dispone el art. 377 L.E.C. Se produce así una evidente falta de correlación entre la finalidad del recurso y la causa que veta el acceso a él, imposible de cumplir en un caso en el que no se discute la tramitación procesal, desencadenando una inadmisión que no sólo cierra la posibilidad de que el órgano judicial vuelva a considerar el motivo de fondo planteado, sino que es una decisión judicial en sí misma irrecurrible, a tenor del art. 377 L.E.C. La inadmisión del recurso es una decisión claramente irrazonable o arbitraria y contraria, por tanto, al derecho reconocido y tutelado por el art. 24 C.E.
Estimar el recurso de amparo presentado por FEREGAMA, S.L. y COMPAÑIA DE MENSAJEROS CMM, S.L. y, en consecuencia:
1º Reconocer el derecho de las recurrentes a la tutela judicial efectiva del art. 24 C.E.
2º Anular la providencia del Juzgado de lo Social núm. 12 de Valencia, de 21 de octubre de 1993, dictada en ejecución de Sentencia en el procedimiento núm. 198/93.
3º Disponer que dicho Juzgado de lo Social proceda a tramitar el recurso de reposición que la parte recurrente interpuso contra el Auto de 5 de octubre de 1993.
Type and record number Recurso de amparo 3542-1993
Contra providencia del Juzgado de lo Social núm. 12 de Valencia que inadmitió recurso de reposición contra Auto anterior declaranto extinguida relación laboral.
Constituye jurisprudencia consolidada de este Tribunal que el derecho a los recursos no se integra en la tutela judicial efectiva del art. 24 C.E. -excepto en materia penal-, de modo que el legislador no viene obligado a diseñar un sistema determinado de recursos, si bien, como también se ha dicho, una vez que la ley ha establecido aquel sistema, el derecho al recurso en los términos y con los requisitos establecidos legalmente pasa a integrar, en principio, el derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, SSTC 3/1983, 54/1984, 69/1987, 171/1991 y 27/1994). [F.J. 2]
Este Tribunal ha venido entendiendo, dentro de una línea interpretativa sobre las formalidades procesales en general, que éstas no son «valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino que sólo sirven en la medida en que sean instrumentos para conseguir esa finalidad legitima» (SSTC 36/1986 y 21/1990), de modo que un recto entendimiento de los requisitos formales, incluidos los de los recursos, impide al legislador establecer exigencias no razonables y a los órganos judiciales efectuar interpretaciones apartadas de la efectividad del derecho en el que tienen su razón de ser (SSTC 19/1983, 59/1989, entre otras), pudiendo plantear problemas de colisión con el art. 24 C.E. cuando aquella interpretación judicial es manifiestamente arbitraria o irrazonable o incurre en error patente (STC 245/1993), supuestos en los que dejan de garantizar el citado precepto constitucional. [F.J. 2]
Reiteradamente ha entendido la jurisprudencia constitucional (SSTC 69/1987, 113/1988, 162/1990 y 213/1993) que la interpretación de la exigencia de citar los preceptos procesales infringidos para acceder al recurso de reposición se corresponde con la regulación de un recurso procesal, a efectos de procedimiento, dentro del cual tiene pleno sentido que, pretendiendo recurrir una resolución judicial de trámite, se exija la cita precisamente del precepto de la propia ley procesal que aquélla ha infringido. Siendo tal la finalidad de la exigencia legal, ésta no puede ser trasladada automáticamente a los supuestos en los que el recurso de reposición no se interpone por razones formales sino que se fundamenta en la infracción de preceptos sustantivos, como sucede específicamente en materia laboral, en la que la tramitación de aquel recurso se lleva a cabo según el art. 377 L.E.C., al ser de aplicación supletoria de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera L.P.L. La exigencia literal del citado requisito legal resulta de todo punto innecesaria en un recurso pensado para impugnar la resolución judicial por razones de fondo, puesto que obligaría al recurrente a citar imaginados preceptos procesales infringidos (STC 162/1990). [F.J. 2]
La providencia recurrida en amparo cerró el acceso al recurso de reposición -abierto según el art. 183 L.P.L. (hoy 184)- con un motivo ajeno a la fundamentación de aquél, como fue la falta de cita de los preceptos procesales infringidos, que dispone el art. 377 L.E.C. Se produce así una evidente falta de correlación entre la finalidad del recurso y la causa que veta el acceso a él, imposible de cumplir en un caso en el que no se discute la tramitación procesal, desencadenando una inadmisión que no solo cierra la posibilidad de que el órgano judicial vuelva a considerar el motivo de fondo planteado, sino que es una decisión judicial en sí misma irrecurrible, a tenor del art. 377 L.E.C. La inadmisión del recurso es una decisión claramente irrazonable o arbitraria y contraria, por tanto, al derecho reconocido y tutelado por el art. 24 C.E. [F.J. 3]
Inadmisión por no citar el precepto infringidoInadmisión por no citar el precepto infringido, ff. 2, 3
Recurso de reposiciónRecurso de reposición, ff. 2, 3

References: resolución 
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