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Timestamp: 2018-02-21 10:49:33+00:00

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DICTAMEN 11/2013, de 13 de septiembre, sobre el Real decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.
Publicado en DOGC núm. 6478 de 11 de Octubre de 2013
Solicitado por el Gobierno de la Generalitat, sobre el Real decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica (BOE núm. 146, de 19 de junio de 2013).
1. El día 29 de agosto de 2013 tuvo entrada en el Registro del Consell de Garanties Estatutàries (Reg. núm. 3412) un escrito de 27 de agosto de 2013, de la vicepresidenta del Gobierno, por el que, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 16.2.b y 31.2 de la Ley 2/2009, de 12 de febrero, se comunicaba al Consell el Acuerdo del Gobierno de la Generalitat, de 27 de agosto de 2013, de solicitud de emisión de dictamen sobre los artículos 12.1.f y 15.h y las disposiciones adicionales cuarta y quinta del Real decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica (BOE núm. 146, de 19 de junio de 2013).
Con anterioridad, el Gobierno de la Generalitat, en fecha 30 de julio de 2013, había formulado el requerimiento previo de incompetencia al Gobierno del Estado con relación a la citada Resolución. El texto del requerimiento se adjunta como anexo a la solicitud de dictamen.
El órgano solicitante pide de este Consell el dictamen, dado su carácter preceptivo, para el caso de que se acordara interponer el correspondiente conflicto positivo de competencia.
2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sesión del día 29 de agosto de 2013, tras examinar la legitimación y el contenido de la solicitud, la admitió a trámite y se declaró competente para emitir el correspondiente dictamen. Se designó ponente al consejero Jaume Vernet Llobet.
4. En fecha 10 de septiembre de 2013 se recibió en el Registro del Consell (Reg. núm. 3438) un escrito de documentación complementaria enviado por el Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya, con la respuesta del Gobierno del Estado al requerimiento de incompetencia.
5. Finalmente, tras las correspondientes sesiones de deliberación, se fijó como fecha para la votación y la aprobación del Dictamen el día 13 de septiembre de 2013.
Como se ha expuesto en los antecedentes, el Gobierno de la Generalitat ha solicitado dictamen a este Consell, con carácter previo al eventual planteamiento de un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional (arts. 76.3 EAC y 16.2.b y 31.2 de la Ley 2/2009, de 12 de febrero), con relación a los artículos 12.1.f y 15.h y a las disposiciones adicionales cuarta y quinta del Real decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.
En este primer fundamento, delimitaremos el objeto del Dictamen, exponiendo el contexto normativo en el que se inscribe el Real decreto 396/2013, su contenido y el de los preceptos solicitados, así como las dudas de constitucionalidad y estatutariedad que suscitan en el Gobierno de la Generalitat. Finalmente, señalaremos la estructura que adoptará el resto del Dictamen con el fin de dar respuesta a la petición formulada.
1. El Real decreto 396/2013, como se dice en su exposición de motivos, «es el resultado de una larga evolución histórica» en el proceso de implementación progresiva del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el seno de la Administración de justicia (1r párr.). En general, sobre esta evolución y sus etapas más destacadas, nos remitimos a la exposición efectuada en el fundamento jurídico primero del recientemente aprobado DCGE 10/2013, de 3 de septiembre. Por lo que ahora interesa, debemos indicar que dicho Real decreto tiene su antecedente normativo más inmediato en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación de la Administración de justicia, la cual no ha sido objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional, y que, entre otras finalidades, pretende la generalización del uso de los medios electrónicos en el ámbito judicial, así como dotar de rango legal el conjunto de los requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de las diversas aplicaciones de esta Administración.
De acuerdo con ello, dicha Ley consolida un marco de colaboración y cooperación entre las administraciones públicas competentes en materia de justicia, con la creación de un órgano, el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica (en adelante, el Comité técnico o el Comité), para que, según la propia exposición de motivos, «fije las pautas necesarias para asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones de la Administración de justicia y la cooperación entre las distintas administraciones» (4º párr.). A estos efectos, el capítulo I del libro V (arts. 44 y 45) regula los rasgos esenciales de este órgano, mientras que la disposición adicional primera remite a la potestad reglamentaria del Gobierno del Estado el desarrollo de su estructura, composición y funciones, aunque la Ley ya le atribuye directamente algunas (como las previstas en los arts. 13.2, 24.2, 25.2, 42, 49.3, 51 y 52.2 y en la disp. adicional tercera). Como resultado de esta habilitación, se ha dictado el Real decreto 396/2013, de 7 de junio, que es la norma objeto de este Dictamen.
Así, esta norma reglamentaria, que, según su exposición de motivos, tiene carácter organizativo, considera que el Comité estatal es «una de las piezas esenciales para la consecución de los objetivos establecidos en la Ley 18/2011, de 5 de julio, en orden a la interoperabilidad de las distintas aplicaciones que se utilizan en la Administración de Justicia, de modo que, en este contexto, dicho órgano ostentará la dirección, coordinación, impulso y competencias para desarrollar el Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad» (7º párr.).
De acuerdo con lo anterior, su regulación se efectúa desde la perspectiva de atender las previsiones expresas de la Ley 18/2011, pero también con la flexibilidad suficiente para permitirle emprender las acciones oportunas que exija la evolución del estado tecnológico de la Administración de justicia. Así, se consolida el cambio de modelo diseñado previamente a la aprobación de dicha Ley, en el sentido de que, junto con el Consejo General del Poder Judicial -que, hasta entonces, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 230.5 LOPJ, se erigía en la principal institución con la función de asegurar la homogeneidad de los sistemas de información en el ámbito de la Administración de justicia-, se incorpora este otro órgano, el Comité técnico, también con la función de «garante de la compatibilidad de los sistemas informáticos», con la salvaguardia de que lo anterior es, en todo caso, «sin perjuicio de las competencias del Consejo General» (arts. 44.2 de la Ley 18/2011, y 3, 8.5 y 15, letra l, y disp. transitoria primera RD 396/2013).
La atribución de esta función al Comité técnico se refleja también en las competencias que en este ámbito le confiere la reciente reforma del artículo 560.3 LOPJ, cuando le asigna la competencia de definición y validación funcional de los programas y aplicaciones informáticos en el seno del procedimiento de aprobación de estos, que corresponde, en última instancia, al Consejo General del Poder Judicial. Precisamente, la constitucionalidad y estatutariedad de la citada reforma, realizada por la Ley orgánica 4/2013, de 28 de junio, ha sido el cuodlibeto del DCGE 10/2013, antes citado, pero, dado que esta cuestión concreta, aunque está relacionada, excede del objeto del presente Dictamen, nos remitimos, en términos generales, a lo que allí ya hemos argumentado suficientemente. Solo cabe recordar, a modo de resumen, que la actuación del Comité no es sustitutoria de la del Consejo General, sino que lo que hace el primero es aprobar las medidas o criterios que deberán tener una posterior traducción en la norma reglamentaria que elabore el Consejo General sobre las bases y estándares de compatibilidad (art. 560.1.16, letra l, LOPJ), y que, en su caso, deberán ser implementados en los programas y aplicaciones que las comunidades autónomas le presenten para su aprobación (FJ 3).
En cuanto al contenido del Real decreto 396/2013, se estructura en tres capítulos, que comprenden veinte artículos, siete disposiciones adicionales, dos transitorias y una final.
El capítulo I, que contiene las disposiciones generales (arts. 1 a 5), dispone que el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica es un órgano de cooperación, que actúa con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones y que se rige por este reglamento, las normas de funcionamiento interno que pueda aprobar y, supletoriamente, la legislación de procedimiento administrativo común (arts. 1, 3 y 5).
El capítulo II regula las competencias, composición (arts. 6 y 7) y función consultiva del Comité como órgano impulsor de la cooperación en materia de Administración judicial electrónica (art. 8).
El capítulo III, dividido en cinco secciones, desarrolla la organización y funcionamiento del Comité. A estos efectos, configura los cuatro órganos que, necesariamente, lo integran: el Pleno, la Comisión Permanente, el presidente y la Secretaría General, sin perjuicio de que pueda crear otros órganos, oficinas o grupos de trabajo que le asesoren y le sirvan de apoyo. Seguidamente, establece su composición y el régimen de funcionamiento interno y enumera, detallada y exhaustivamente, las competencias y funciones que corresponden a cada uno de ellos (arts. 9 a 20).
Las disposiciones adicionales, transitorias y finales, según expresa la exposición de motivos del Real decreto, están «dirigidas en general, a garantizar la participación de otras Instituciones o Administraciones así como determinadas previsiones de futuro como la continuidad de las actividades y normativa hasta ahora desarrolladas en el seno de los referidos Convenios de colaboración y adhesión, por cuanto que, de no darse la misma, podrían frustrarse las iniciativas que, en materia de Administración judicial electrónica, han ejecutado el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia» (9º párr.). Por otra parte, la disposición final primera declara que el reglamento se ha dictado al amparo del título competencial del Estado del artículo 149.1.5 CE, que le atribuye la competencia exclusiva sobre la Administración de justicia, y la segunda dispone que el Real decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el día 20 de junio de 2013.
Por último, en este marco de colaboración y cooperación institucional entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias sobre los medios materiales de la Administración de justicia, resulta de interés destacar, a modo de ejemplo, los diversos convenios y protocolos firmados por la Generalitat con la finalidad de desarrollar el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en que se establecen los correspondientes órganos o comisiones de seguimiento y evaluación de este proceso.
Así, dentro del proyecto e-justícia.cat, cuyo objetivo es modernizar la justicia en Cataluña e incentivar la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión procesal, se han firmado diversos convenios entre órganos del Estado y de la Generalitat: el Convenio de cooperación tecnológica entre el Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya para la implantación y ejecución de la presentación telemática de escritos y notificaciones -sistema Lexnet- en las oficinas judiciales de Cataluña, de 5 de mayo de 2006; y el Convenio de cooperación tecnológica entre el Consejo General del Poder Judicial, el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya y el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, para la transmisión telemática de asuntos -sistema e-justícia.cat- en las oficinas judiciales de Cataluña, de 23 de abril de 2007, que regula la implantación y utilización de este sistema (validado por el Consejo General del Poder Judicial).
Por otra parte, de las actuaciones de colaboración entre órganos radicados en el territorio de Cataluña, todos ellos relacionados con el ámbito judicial, podemos mencionar: el Protocolo de actuación entre el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, para el envío de notificaciones y la realización de otros actos procesales de comunicación por vía telemática -sistema Lexnet- en las oficinas judiciales de Cataluña, de 25 de mayo de 2007; y el Protocolo, entre los mismos signatarios, sobre instrucciones de uso de la aplicación de presentación de asuntos y de escritos y documentos en las oficinas judiciales de Cataluña a través del Portal profesional de la Administración de justicia, de 30 de noviembre de 2009. Asimismo, cabe citar el Protocolo de actuación de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre instrucciones para el envío de demandas por vía telemática en los juzgados de primera instancia y de familia en todos los partidos judiciales de Cataluña, que entró en vigor el 15 de marzo de 2013.
La implantación de la Administración de justicia informática y telemática en Cataluña ha sido puntera en el Estado, de gran alcance y una tarea prioritaria de la Generalitat.
2. Una vez descrito el contexto normativo y el contenido del Real decreto 396/2013, debemos indicar cuáles son los preceptos respecto de los que se solicita nuestra opinión consultiva y los motivos que, de manera general y de acuerdo con el escrito del Gobierno, fundamentan las dudas de constitucionalidad y estatutariedad.
Del conjunto de previsiones del Real decreto, son objeto de la petición los artículos 12.1.f y 15.h y las disposiciones adicionales cuarta y quinta.
El artículo 12, que regula las competencias del Pleno del Comité técnico estatal, le atribuye, en la letra f del apartado 1, la de establecer, aprobar y autorizar la difusión de los planes e informes que deben elaborarse para el conocimiento y seguimiento periódicos del estado de la interoperabilidad, la seguridad y el grado de implantación de la Administración judicial electrónica.
El artículo 15, que enuncia las competencias de la Comisión Permanente, prevé, entre otras, en la letra h, la de elaborar la propuesta de los análisis de rediseño funcional y simplificación en la aplicación de los medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos o servicios.
La disposición adicional cuarta prescribe que este Comité deberá entregar al Ministerio de Justicia los informes que contengan el análisis jurídico y técnico necesario en tres ámbitos: los sistemas de videoconferencia, la universalización del acceso a los servicios electrónicos y el funcionamiento electrónico de los archivos judiciales. Asimismo, el Comité, que puede encomendar la ejecución de este informe a otros órganos o grupos de apoyo, puede ordenar los plazos, requisitos y condiciones de su elaboración.
La disposición adicional quinta encarga también al Comité la creación de un grupo de trabajo, que tendrá carácter técnico y composición paritaria con el Consejo General de Procuradores de los Tribunales, y que deberá iniciar la colaboración debida con el fin de posibilitar la ejecución de los convenios, acuerdos y proyectos necesarios para la plena y efectiva implantación de la Administración judicial electrónica, así como de los principios y requisitos que recoge la Ley 18/2011 en el ámbito de la práctica de los actos procesales de comunicación y traslados de copias previas entre los procuradores de los tribunales y su interoperabilidad con los sistemas informáticos de gestión procesal.
Por otra parte, en cuanto a la composición del citado grupo de trabajo, esta disposición prevé que cuente con la participación de la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia (o el órgano que ejerza sus funciones en el Ministerio de Justicia), en la medida en que es la responsable del sistema informático Lexnet. La implantación del citado sistema, dedicado a la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios electrónicos, está regulada en el Real decreto 84/2007, de 26 de enero, contemplado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (arts. 135.5, 135.6 y 162) y prevé la celebración de convenios con las comunidades autónomas ( art. 1.3 RD 84/2007) y que sea de uso obligatorio con los colegios de procuradores (art. 4.1, 2º párr., RD 84/2007).
En términos generales, ya que para los argumentos referidos a cada precepto nos remitimos a lo que expondremos específicamente en el fundamento jurídico siguiente, el Gobierno de la Generalitat considera que los artículos del Real decreto 396/2013 controvertidos «han conferido al Comité funciones no previstas en aquella Ley 18/2011, que exceden de los objetivos de cooperación en orden a la interoperabilidad y seguridad de los sistemas de información y comunicación, y comportan una invasión de las competencias que la Generalitat ha asumido en materia de medios materiales de la Administración de Justicia». Concretamente, las competencias que prevé el artículo 104.c EAC «deben ejercerse conforme a los estándares fijados por el Consejo General del Poder Judicial» y comprenden «la definición de las especificaciones, la programación, el mantenimiento, la supervisión y control de calidad, la auditoría del sistema de información y de su código fuente, incluidos los indicadores de gestión». Además, añade que tampoco parece que pueda tener cobertura en las potestades de coordinación y homologación que corresponden al Estado (previstas en el art. 104.c EAC), «no solo porque esta función de homologación ya se ha residenciado en el Consejo General del Poder Judicial, sino también porque la coordinación estatal no puede dar cobertura a la reasunción por un único órgano estatal, como es el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, de la adopción de decisiones inherentes a las potestades que corresponden a cada Comunidad Autónoma», ni siquiera si, «como es el caso, un representante de cada Comunidad Autónoma participa en este Comité».
A estos efectos, el Gobierno recuerda que, en ejercicio de dicha competencia, ha puesto en funcionamiento diversos módulos del sistema informático e-justícia.cat que utilizan los juzgados y tribunales de Cataluña y que han obtenido siempre la aprobación previa del Consejo General. Asimismo, manifiesta que los programas y aplicaciones implementados por la Generalitat han obtenido en diversas ocasiones el reconocimiento y la concesión de distinciones y premios por parte del Consejo General del Poder Judicial.
3. Para dar respuesta a las cuestiones anteriores, en el fundamento jurídico siguiente deberemos encuadrar los preceptos solicitados, relativos a los sistemas informáticos y de comunicación en el ámbito de la Administración de justicia, dentro del reparto constitucional y estatutario de competencias. Y, seguidamente, examinaremos la adecuación de cada uno de los preceptos del Real decreto 396/2013, solicitados, a este marco de distribución competencial.
Segundo. El examen de la adecuación de los preceptos solicitados al marco constitucional y estatutario de competencias
1. Con el fin de dar adecuada respuesta a las dudas competenciales de constitucionalidad y estatutariedad suscitadas por el Gobierno, en el presente fundamento jurídico, como hemos anunciado, deberemos determinar el encuadre de los preceptos solicitados en la materia correspondiente del sistema constitucional y estatutario de reparto de competencias. Posteriormente, delimitaremos el régimen de distribución de competencias en este ámbito, específicamente, en relación con los sistemas informáticos y de comunicación. Asimismo, nos referiremos al principio de cooperación y a la naturaleza del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. Finalmente, aplicaremos el régimen competencial descrito a los preceptos solicitados, que examinaremos separadamente.
Respecto al encuadre competencial, tanto el Real decreto que examinamos como la solicitud de dictamen sitúan su contenido en la materia «Administración de justicia», en particular la Administración judicial en su vertiente electrónico, aunque dentro de esta materia se distinguen ámbitos que tienen una atribución competencial distinta, como veremos, según su finalidad. Por tanto, corresponderá analizar la distribución de competencias en esta materia, que la Constitución enmarca en el artículo 149.1.5 CE.
Efectivamente, en la disposición final primera RD 396/2013 se afirma que el decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.5 CE. Por su parte, el Gobierno de la Generalitat, en su petición de dictamen, también parte de este precepto constitucional y la fundamenta en la asunción competencial que efectúa el artículo 104.c EAC, relativo a la competencia de la Generalitat sobre medios materiales al servicio de la Administración de justicia, en el ámbito electrónico.
Como se ve claramente, el debate competencial suscitado se ubica en el mismo campo material que hemos examinado en el DCGE 10/2013, por lo que damos por reproducido el análisis que allí se realiza del régimen de distribución de competencias en materia de sistemas informáticos y de comunicación en el ámbito de la Administración de justicia y nos limitaremos a exponer las líneas maestras de aquella doctrina.
La reserva competencial estatal respecto de la Administración de justicia tiene relación directa con el llamado jurisprudencialmente «sentido estricto» de esta, que se vincula con el «elemento esencial» de la función jurisdiccional ( art. 117.5 CE) y el gobierno de los juzgados y tribunales ( art. 122 CE). Fuera de este núcleo esencial, en particular, en todo lo relativo a los medios personales y materiales al servicio de la referida Administración, dentro de lo que se comprende la actividad administrativa al servicio de la Administración de justicia, las comunidades autónomas pueden asumir competencias (véase, por todas, la STC 162/2012, de 20 de septiembre, FJ 5).
Igualmente, la jurisprudencia reconoce una función de delimitación competencial, sin perjuicio de un hipotético control posterior de constitucionalidad, a la Ley orgánica del poder judicial, que delimita qué atribuye al Consejo General del Poder Judicial y qué atribuye al Gobierno central, facultades estas últimas que, en virtud de las llamadas cláusulas subrogatorias, establecidas estatutariamente, pueden corresponder a las comunidades autónomas (véase, por todas, la STC 56/1990, de 29 de marzo, FJ 6).
En el ámbito de la Administración judicial electrónica, el artículo 104.c EAC describe cuáles son las tareas que corresponden a la Generalitat («[l]a configuración, la implantación y el mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación»), con una expresa excepción «sin perjuicio de las competencias de coordinación y homologación que corresponden al Estado», las cuales están limitadas a una finalidad específica «para garantizar la compatibilidad del sistema» informático, lo que es congruente con la previsión del artículo 230.5 LOPJ, que determina que el Consejo General del Poder Judicial deberá asegurar la compatibilidad de los programas y aplicaciones informáticos, y con la del artículo 560.1.16, letra l, LOPJ, que faculta al Consejo General del Poder Judicial para establecer reglamentariamente las bases y estándares de compatibilidad de los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de justicia.
Las competencias de la Generalitat previstas estatutariamente, con respecto a medios personales y materiales (arts. 103 y 104 EAC), se vinculan directamente con su plena competencia en la determinación de la creación, diseño, organización, dotación y gestión de las oficinas judiciales y los órganos y servicios de soporte (art. 105 EAC), en tanto que aquellas son herramientas al servicio de la oficina judicial, como nuevo concepto de funcionamiento de la Administración de justicia de una forma más integrada y eficiente.
En el marco normativo relativo a la Administración judicial electrónica, siguiendo los pasos precedentes en materia de compatibilidad dados por el Consejo General del Poder Judicial mediante la adopción del llamado «Test de compatibilidad» de 1999, posteriormente revisado y actualizado en diversas ocasiones, así como con la firma por parte de las diferentes administraciones y órganos con competencias en materia de administración de justicia del Convenio EJIS de 2010 (examinado en el DCGE 10/2013), la Ley 18/2011 crea el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, que tendrá competencias, según la exposición de motivos, «en orden a la interoperabilidad de las distintas aplicaciones que se utilizan en la Administración de Justicia», sin perjuicio de las previstas para el Consejo General del Poder Judicial. La finalidad de la Ley, declarada en su preámbulo (parte IV), es «favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleadas» por la Administración de justicia (expresada como función del Comité en el art. 44.2.a de la Ley 18/2011 y reiterada por el art. 2 RD 396/2013).
El citado Comité es un órgano fundamentalmente de colaboración y consultivo (como hemos dicho en el DCGE 10/2013, FJ 3.4), mientras que el Consejo General del Poder Judicial tiene atribuidas funciones coordinadoras en el campo de la Administración de justicia electrónica en virtud de la Ley orgánica del poder judicial ( art. 230.5 LOPJ). Este Comité tiene la naturaleza de un órgano de cooperación ( art. 3 RD 396/2013), integrado por una representación del Ministerio de Justicia y de cada una de las comunidades autónomas con competencias en la materia, así como por los representantes designados por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (art. 44.1 de la Ley 18/2011). Como tal órgano de cooperación, reúne las características de estos, señaladas en el fundamento jurídico segundo del DCGE 10/2013. Aun así, vale la pena recordar que, mientras que la imposición es uno de los rasgos distintivos de la coordinación, en cambio, la voluntariedad caracteriza las fórmulas cooperativas (STC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 13).
Seguidamente, una vez determinada la materia en la que se encuadran los preceptos objeto de dictamen y delimitado el régimen de distribución de competencias en este ámbito, así como enunciados los demás elementos de trascendencia constitucional o estatutaria, pasamos a examinar individualmente los preceptos del RD 396/2013 solicitados.
2. El primero de los preceptos que debemos analizar, de acuerdo con el orden de la petición, desde la perspectiva competencial, es el artículo 12.1.f RD 396/2013. Este artículo señala, entre las competencias del Pleno del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, la de «[e]stablecer los planes e informes a elaborar para el conocimiento y seguimiento periódicos del estado de la interoperabilidad, seguridad y grado de implantación de la Administración judicial electrónica. Aprobar los mismos y autorizar su difusión pública». Igualmente, el artículo 6.b RD 396/2013 afirma que el Comité prepara «planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la Administración judicial electrónica, respetando, en todo caso, las distintas competencias atinentes a los medios materiales de la Administración de Justicia», y, además, entre las competencias no atribuidas nominalmente a ningún órgano interno del Comité técnico.
El Gobierno de la Generalitat, en su solicitud de dictamen, no discute la competencia del Estado para establecer, aprobar o autorizar la difusión de los planes e informes para el conocimiento y realizar el seguimiento del estado de la interoperabilidad y la seguridad, pero, en cambio, sí lo censura cuando dichos planes e informes tienen como objetivo uno más amplio: el de conocer y realizar el seguimiento «del grado de implantación» de la Administración judicial electrónica, ya que considera que invade la competencia de la Generalitat asumida en el artículo 104.c EAC.
Sin embargo, en el RD 396/2013 existen otras referencias al grado de implantación de la Administración judicial electrónica que no han sido cuestionadas. Así, el precepto que estamos dictaminando presenta una relación directa con la letra n del artículo 15 de este propio decreto, que atribuye a la Comisión Permanente del Comité técnico la competencia preliminar para «[p]roponer al Pleno los planes e informes, generales o sectoriales, y criterios para su análisis y elaboración, que permitan el conocimiento y seguimiento periódicos del [...] grado de implantación de la Administración judicial electrónica»; y tiene conexión también con la letra o de este artículo, que atribuye a dicha Comisión Permanente la ejecución de los «planes e informes que establezca» el Comité «para el conocimiento y seguimiento periódicos del [...] grado de implantación de la Administración judicial electrónica». De esta manera, sobre el mismo objeto, de acuerdo con el RD 396/2013, la Comisión Permanente del Comité se encargaría de la propuesta (art. 15.n) y de la ejecución (art. 15.o), esto es, de las fases previa y posterior al establecimiento, aprobación y autorización de la difusión, que corresponden al Pleno del Comité (art. 12.1.f).
Todo ello, sin olvidar que dicha previsión reglamentaria concuerda, además, con lo dispuesto en el artículo 44.2.b de la Ley 18/2011. Según este último precepto legal, sin perjuicio de las competencias del Consejo General del Poder Judicial como garante de la compatibilidad de los sistemas informáticos, el citado Comité tiene, entre otras funciones, la de «[p]reparar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la Administración judicial electrónica, respetando en todo caso las competencias autonómicas referentes a los medios materiales de la Administración de Justicia».
Además, el apartado 2 del artículo 12 RD 396/2013 dispone, sin que tampoco el Gobierno haya planteado dudas, que el Pleno, anualmente, deberá elevar al Consejo de Ministros y al Consejo General del Poder Judicial «un informe en el que se recogerá el grado de avance en la implantación de la Administración judicial electrónica».
De esta manera, lo que resolvamos para el precepto que estamos examinando será también trasladable al resto de preceptos reglamentarios relacionados.
El artículo 12.1.f RD 396/2013 prescribe, en la parte cuestionada, que el Pleno del Comité deberá establecer, aprobar y difundir los planes e informes que deben elaborarse para el conocimiento y seguimiento periódicos del grado de implantación de la Administración judicial electrónica, dejando de lado las mismas actividades con referencia a la interoperabilidad y seguridad de los sistemas informáticos (atribuidos al Comité por el art. 6.a RD 396/2013), que no son objeto de controversia competencial, porque se consideran ligados a la compatibilidad de los sistemas, como ya hemos destacado.
La acción de establecer, aprobar y autorizar la difusión de los planes e informes para el conocimiento y seguimiento periódicos del estado del grado de implantación de la Administración de justicia electrónica no sustrae ni limita las competencias de la Generalitat, como veremos, ya que son actividades meramente accesorias o complementarias, no decisorias, de manera que no tienen propiamente el carácter de competencias ejecutivas, por sí solas.
Sobre la definición de las competencias ejecutivas, el Tribunal Constitucional asimila «ejecución» al «conjunto de actos concretos de ejecución relativos a una determinada materia» (STC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 3). Asimismo, se ha efectuado una delimitación negativa de la función ejecutiva por contraposición con la noción de «legislación», pero no se ha avanzado mucho más en la determinación, en positivo, de qué son las competencias ejecutivas.
El Tribunal Constitucional ha declarado que las competencias ejecutivas «son por regla general aplicativas, llevando a la práctica lo establecido por disposiciones normativas» (STC 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 7). De esta manera, más allá de que se trate de actividades de aplicación del ordenamiento jurídico, que incluyen la potestad de administración, así como la de dictar reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes (STC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2), podemos integrar en el concepto de competencias ejecutivas un haz diverso de facultades.
Entre estas potestades ejecutivas podemos citar las de autoorganización (que permiten estructurar, planificar, crear, configurar, poner en marcha o modificar los órganos), las de autorización (que incluirían, a su vez, la recepción, la inscripción, la comprobación, la concesión o denegación, la ratificación, cancelación o revocación, entre otras decisiones que puedan adoptarse), las de gestión (como las de aprobación, liquidación e inspección), las de certificación y homologación, y las de control y sanción.
Todas estas facultades ejecutivas se caracterizan por tener un componente de índole resolutiva, en vez de disponer de un carácter meramente informativo o de estudio, que las convertiría en actividades complementarias y no en atribuciones decisorias, particularidad esta última común a todas las demás potestades citadas. En este sentido, este tipo de acciones accesorias no pueden entenderse como competencias propiamente ejecutivas, que aplican directamente el ordenamiento mediante actos decisorios, y que pueden tener sentido especialmente en los órganos de cooperación, en tanto que las administraciones competentes ponen en común experiencias, información y estudios, con vistas a la realización de una actividad consultiva de conjunto, que servirá para que cada ente, en el ámbito de sus competencias, tome la correspondiente decisión.
En relación con las funciones de carácter informativo que se atribuyen al Comité, puede mencionarse la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual el Estado puede prever «aquellas estructuras organizativas que, configuradas como órganos de deliberación, consulta o propuesta, vienen a responder adecuadamente a la finalidad que es propio a los principios de cooperación y colaboración, siempre y cuando a través de los mismos no se pretenda substituir el ejercicio de las competencias de ejecución que son indisponibles e irrenunciables» (STC 244/2012, de 18 de diciembre, FJ 8). El carácter irrenunciable e indisponible de las competencias constituye, en todo caso, el límite ineludible que debe respetar la atribución de funciones a un órgano de cooperación como el Comité técnico regulado por el RD 396/2013.
Además, debemos examinar si las actividades controvertidas pueden entenderse relacionadas o no con el favorecimiento de la compatibilidad de los sistemas (que incluye asegurar su interoperabilidad y seguridad), que corresponde desarrollar al Estado. La compatibilidad no es, sin embargo, sinónimo de la aplicabilidad o implementación de los sistemas informáticos, que, por otro lado, corresponde desarrollar a la Generalitat, en tanto que introductora de la Administración judicial electrónica, dentro de su competencia en medios materiales (informáticos, en este caso) de la Administración de justicia. La interconexión de sistemas o compartición de datos, que implica la compatibilidad, no es equivalente a la conversión de una idea, método, esquema, algoritmo, etc., en un circuito, objeto o proceso informático en estado operativo. La compatibilidad es una previsión o requerimiento del sistema y su aplicación o implementación constituye la ejecución práctica, la puesta en marcha de la Administración judicial electrónica. La compatibilidad consiste en una calidad de los sistemas que debe garantizarse antes de implementarlos.
Por tanto, volviendo al dictado de la norma, conocer y obtener información actualizada de la implantación de la Administración judicial electrónica, como establece el precepto que dictaminamos, no tiene una relación clara y directa con la compatibilidad de los sistemas, que constituye la única limitación estatutaria expresa que permite la coordinación estatal. De esta manera, deberemos seguir el estudio del precepto para averiguar la conformidad con el bloque de la constitucionalidad respecto de otros motivos.
Además, debemos destacar que una cosa es implantar la Administración judicial electrónica, mediante la implementación de los precitados sistemas, y realizar un plan de su desarrollo, actividades reservadas plenamente a la Generalitat (art. 560.3, 2º párr., LOPJ, y art. 104.c EAC), y otra diferente, a los efectos de este Dictamen, es establecer, aprobar y autorizar la difusión pública de los planes e informes para su conocimiento y seguimiento periódicos, respecto del nivel de implantación de la Administración judicial electrónica, es decir, en cuanto a la extensión o alcance conseguidos en el funcionamiento electrónico de la Administración de justicia.
El precepto no permite que el Comité técnico apruebe un plan de implantación de los sistemas, que constituyen la forma de introducir una gestión electrónica de la Administración judicial, sino que simplemente prevé la realización de dos tareas accesorias, en relación con la progresión realizada en la generalización de la Administración judicial electrónica. Por una parte, le consiente «conocer» el grado de implantación de los sistemas, en un determinado momento. Y, por otra, realizar su «seguimiento» periódico, es decir, disponer de datos del proceso dinámico de implantación de la informática en los juzgados y tribunales y, por extensión, en todos los que se relacionan con ellos.
En cuanto al primero, el conocimiento consiste esencialmente en una actividad de estudio, de recepción y sistematización de información y datos, que no es decisoria y que no impide el ejercicio en plenitud de las competencias de la Generalitat. Por el contrario, puede coadyuvar a tomar las decisiones correspondientes, en tanto que el Comité facilitará los estudios que realice a las comunidades autónomas, que están representadas en su seno, precisamente porque son competentes en la materia de medios materiales electrónicos en la Administración de justicia.
Y con respecto al seguimiento, debe entenderse que tiene también una finalidad meramente informativa, puesto que se centra en estar al corriente del alcance y el avance de la informática en la Administración de justicia. Realizar el seguimiento periódico del nivel de implantación es conocerlo a efectos estadísticos y para obtener los datos actualizados de su evolución. De esta manera, no se trata de un control, en sentido estricto, y no excluye la supervisión que deberá efectuar la Generalitat, en relación con la implantación electrónica en los juzgados y tribunales en Cataluña, quien deberá informar al Estado, de acuerdo con el principio general de colaboración. En este sentido, recientemente el Tribunal Constitucional, en la STC 95/2013, de 23 de abril, ha recordado que:
«La elaboración de informes, estudios o propuestas […] responde a los principios generales de colaboración y cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y tiene por objeto favorecer la adecuada articulación de las respectivas competencias, sin que tales funciones sean susceptibles de alterar el marco competencial, permitiendo, al contrario, la coordinación entre las Administraciones implicadas con vistas a un funcionamiento del sistema más eficiente […].» (FJ 5)
Las actividades cuestionadas son actividades simplemente informativas, de conocimiento o seguimiento, que no son propiamente competencias ejecutivas. Otra cosa es que la expresión contenida en el precepto dictaminado no sea del todo precisa. La dicción formal el establecimiento y la aprobación de planes nos conduce confusamente a las competencias de carácter ejecutivo, pero, en este caso, la planificación (o su difusión) se refiere a un contenido material nada decisorio: el conocimiento de un ámbito concreto. Por tanto, unos planes para el conocimiento, referidos al «grado de implantación», no limitan la competencia de la Generalitat sobre los medios materiales electrónicos de la Administración de justicia, consistente, de acuerdo con el artículo 104.c EAC, en «la configuración, la implantación y el mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación».
De esta manera, la referencia de otros preceptos del Real decreto 396/2013 a su grado de implantación, con otros matices y efectos, tampoco queda afectada de antiestatutariedad.
En consecuencia, las funciones previstas en el artículo 12.1.f RD 396/2013 no tienen carácter vinculante ni tampoco la capacidad de traducirse en actos de gestión, de manera que no implican el ejercicio de funciones de carácter ejecutivo y, por tanto, no pueden incidir sobre el ámbito propio de las competencias, que corresponden a las comunidades autónomas, en nuestro caso a la Generalitat.
Por tanto, las funciones previstas en el artículo 12.f RD 396/2013 no invaden las competencias de la Generalitat, asumidas en virtud del artículo 104.c EAC.
3. Es también objeto de la solicitud de dictamen el artículo 15.h RD 396/2013. Este precepto señala entre las competencias de la Comisión Permanente del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica la de «[e]laborar la propuesta de los análisis de rediseño funcional y simplificación en la aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos o servicios».
El Gobierno de la Generalitat lo cuestiona porque considera que la norma estatal excede de su competencia, puesto que, en su opinión, va más allá de la facultad de determinar los procedimientos y procesos, en tanto que «dispone directamente sobre la aplicación de estos medios electrónicos».
El precepto que dictaminamos constituye el desarrollo reglamentario del artículo 25.2 de la Ley 18/2011, el cual, en su primer párrafo, dispone lo siguiente:
«La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios irá siempre precedida de la realización por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica de un análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio [...].»
Como se observa fácilmente, la función que ahora se otorga reglamentariamente, por medio del artículo 15.h RD 396/2013, a la Comisión Permanente del Comité técnico, figura genéricamente atribuida por el artículo 25.2 de la Ley 18/2011 a este Comité. Debemos destacar que el hecho de que este precepto legal no haya sido impugnado no excluye, sin embargo, la posibilidad de que pueda plantearse un conflicto de competencia en relación con la disposición reglamentaria de desarrollo ( art. 67 LOTC); por tanto, la conformidad o disconformidad con el sistema de distribución de competencias del precepto solicitado no resulta prejuzgada por la vigencia del citado precepto legal.
El Comité técnico, según el artículo 6.k RD 396/2013, dispone, sin atribuirla expresamente a ninguno de sus órganos internos, de la función de llevar a cabo el análisis correspondiente «de rediseño funcional de los procedimientos, procesos y servicios, a cuya gestión se apliquen los medios electrónicos», asignado de forma expresa a la Comisión Permanente por el artículo 15.h RD 396/2013, objeto de dictamen. Tanto en aquel precepto reglamentario (art. 6.k) como en el de la citada Ley (art. 25.2), el rediseño funcional (y la simplificación) se refiere a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios.
Esta función de análisis no implica la configuración del sistema o programa informáticos, susceptible de una aplicación electrónica inmediata, sino que se trata de una propuesta de análisis, es decir, de una actividad previa a la configuración, que, por otra parte, no tiene que ver con la interoperabilidad y seguridad de los sistemas, donde la intervención estatal de coordinación está prevista. Es importante subrayar que estamos ubicados en una fase preliminar, incluso anterior a la configuración de un sistema o programa informáticos, y lo es porque el acento no puede ponerse, como hace el Gobierno, en el hecho de que se trata de la efectiva aplicación de los medios electrónicos por parte del Estado. Esta atribución corresponde, sin ningún tipo de duda, a la Generalitat, de acuerdo con el artículo 104.c EAC, que menciona precisamente «la configuración [...] de sistemas informáticos y de comunicación», dentro de la competencia sobre medios materiales en la Administración de justicia. No se trata, pues, de una acción de prefiguración o una limitación de la competencia de la Generalitat consistente en la configuración de los sistemas y programas informáticos, susceptibles de ser aplicados, sino que lo que hay es una propuesta de la Comisión Permanente, que pretende facilitar, a través de un análisis, un grado más elevado de informatización de la gestión de los procedimientos, procesos y servicios.
En este sentido, la parte final del artículo 25.2 de la citada Ley aclara que, en el análisis de rediseño funcional y simplificación, deben considerarse, a modo de criterios que no son de aplicación directa, los siguientes aspectos:
«a) La posible supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones.
c) La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas y la introducción de indicadores de gestión.»
El alcance del análisis del rediseño no está delimitado con precisión, pero tal como se ha efectuado en virtud de otras normas (como el art. 34 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos), es lógico que comprenda el estudio de la composición de la secuencia del procedimiento con el fin de proceder a su adaptación sobre la base de detectar si conlleva trámites prescindibles o susceptibles de mejora, ya sea alterando su ubicación, acumulándolos con otros trámites o cambiando la forma en que se desarrollan, aparte de otros aspectos considerados legalmente.
El precepto cuestionado, pues, no puede ser interpretado en el sentido de que se reduce la capacidad de decisión propia de la Generalitat, dentro de la competencia sobre medios materiales en la Administración de justicia, concretamente en la «configuración» de los sistemas informáticos (art. 104.c EAC). La Comisión Permanente del Comité no tiene facultades para actuar directamente en la aplicación electrónica, ni tampoco le corresponde configurar unilateralmente el programa o sistema informáticos susceptibles de ser implementados, sino que, a nuestro entender, simplemente debe realizar una propuesta de análisis con vistas a su ulterior configuración e implantación, que llevarán a cabo las administraciones competentes. Por lo tanto, una interpretación de la norma que permitiera al Estado invocar la coordinación como título habilitante para efectuar este tipo de actividades, que sobrepasan las funciones de mero análisis y estudio, en un ámbito que no es el de la interoperabilidad, no es compartida por este Consell. En consecuencia, si la Comisión pretendiera realizar una recomendación que comportara una reducción del campo de decisión de la Generalitat para configurar el sistema, capaz de ser aplicado, entonces esta actuación sería totalmente antiestatutaria.
A partir de aquí, el hecho de que diga «la» propuesta, lo que podría indicar que solo existe una, no concuerda con que las comunidades autónomas puedan desarrollar otros proyectos de rediseño o simplificación y ejecutarlos, si cumplen los requerimientos de compatibilidad establecidos por el Estado. Igualmente, el significado y alcance de realizar una «propuesta», en tanto que esta pueda equivaler a emitir una indicación, para que sea llevada a cabo, también pierde fuerza; y más todavía cuando constituye una propuesta «de los análisis», es decir, de los estudios o informes relativos al rediseño o simplificación de trámites. No puede considerarse que proponer un análisis, atendiendo a los aspectos o criterios legales señalados supra, sea propiamente el ejercicio de una competencia ejecutiva, que no le corresponde. En nuestra opinión, la actividad de la Comisión Permanente debe interpretarse en el sentido de que se realiza puramente una función propositiva, sin carácter vinculante, en un ámbito preliminar o preparatorio, que se toma en el seno de un órgano cooperativo de índole consultiva, que puede ayudar a las comunidades autónomas con competencias en la materia a decidirse en una u otra dirección.
En conclusión, el artículo 15.h RD 396/2013, si se interpreta en el sentido que hemos expuesto, no vulnera las competencias de la Generalitat sobre la Administración judicial electrónica, establecidas por el artículo 104.c EAC.
4. Además de los citados artículos, el Gobierno de la Generalitat también solicita nuestra opinión consultiva sobre dos disposiciones adicionales del Real decreto 396/2013. Concretamente, sobre la disposición adicional cuarta, que examinaremos seguidamente, y sobre la disposición adicional quinta, lo que haremos a continuación.
La disposición adicional cuarta RD 396/2013 se refiere a los informes consultivos del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, que precisamente la intitula, y establece sintéticamente que deberán dirigirse al ministro de Justicia y que, cuando el Comité los encomiende, ordenará los plazos, requisitos y condiciones de elaboración de estos informes. Concretamente, en el precepto se determina que:
«En el plazo de seis meses desde su constitución, el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica entregará al Ministro de Justicia los informes que contengan el análisis jurídico y técnico necesario para el uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de Justicia, la universalización del acceso a los servicios electrónicos y el funcionamiento electrónico de los Archivos Judiciales de Gestión Territoriales y Central. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, en el momento de encomendar la ejecución de estas actividades, podrá ordenar los plazos, requisitos y condiciones de elaboración de dicho informe.»
El Gobierno de la Generalitat se opone a que estos informes se emitan en unos ámbitos como el uso de los sistemas de videoconferencia, la universalización del acceso a los servicios electrónicos y el funcionamiento electrónico de los archivos judiciales. Estos ámbitos, a juicio del Gobierno, exceden de la competencia reservada al Estado, ya que «nada tienen que ver con la interoperabilidad y seguridad» de la Administración judicial electrónica, objetivos que perfilan la competencia estatal.
Este precepto reglamentario se completa, respecto de los tres subámbitos mencionados, con tres disposiciones de la Ley 18/2011, reiteradamente citada. Así, la disposición final tercera de esta Ley, con respecto a la regulación del uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de justicia, indica que el Gobierno del Estado deberá presentar un proyecto legislativo que regule de manera integral su uso. Asimismo, la disposición adicional cuarta de la Ley 18/2011 establece el criterio de que las administraciones con competencias en materia de justicia deberán garantizar que todos los ciudadanos que se relacionan con la Administración de justicia puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos. De manera que el Gobierno del Estado deberá regular por reglamento las características de los medios que permitan la universalización del acceso a los servicios electrónicos. Y, finalmente, el artículo 29.1, segundo párrafo, de la Ley 18/2011 prescribe que los archivos judiciales deberán gestionarse mediante programas y aplicaciones informáticos, compatibles con los ya existentes en juzgados y tribunales, adaptados a las funciones y cometidos de cada uno, cuyo funcionamiento electrónico deberá regularse mediante un real decreto aprobado por el Gobierno del Estado.
Nuevamente se trata de una actividad de estudio, consultiva y no decisoria, no relacionada con la interoperabilidad, donde se reserva la coordinación al Estado, realizada por un órgano de carácter consultivo ( art. 8.1 RD 396/2013), que no limita las competencias que corresponden a la Generalitat de acuerdo con la letra c del artículo 104 EAC, ni tampoco con la letra d con respecto específicamente a los archivos.
Consiguientemente, la disposición adicional cuarta RD 396/2013 no vulnera las competencias de la Generalitat sobre la Administración judicial electrónica, previstas en el artículo 104 EAC.
5. La disposición adicional quinta RD 396/2013 se titula «Colaboración con la procura para la práctica electrónica de actos procesales de comunicación y traslados de copias previas entre procuradores de los tribunales».
Esta disposición prevé, en el primer párrafo, la colaboración con el Consejo General de Procuradores de los Tribunales, de manera que permita la ejecución concertada a través de convenios, acuerdos y proyectos necesarios para la plena y efectiva implantación de la Administración judicial electrónica en la procura (previsto genéricamente en la disposición adicional duodécima de la Ley 18/2011). Con esta finalidad, dispone la creación de un grupo de trabajo de composición paritaria para iniciar la debida colaboración. Literalmente, en el primer párrafo de la disposición adicional quinta RD 396/2013 se establece:
«En el plazo de un mes a contar desde la constitución del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, deberá crearse en su seno un Grupo de Trabajo, de carácter técnico y composición paritaria con el Consejo General de Procuradores de los Tribunales a los efectos de iniciar la debida colaboración que permita la ejecución de los convenios, acuerdos y proyectos necesarios para la plena y efectiva implantación de la Administración judicial electrónica, y los principios y requisitos de la misma recogidos en la Ley 18/2011, de 5 de julio, en el ámbito de la práctica de los actos procesales de comunicación y traslados de copias previas entre los Procuradores de los Tribunales y su interoperabilidad con los sistemas informáticos de gestión procesal.»
Por su parte, en el segundo párrafo se prevé que participe en este grupo, necesariamente, la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia. Así, el texto del segundo párrafo determina:
«En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos, en dicho Grupo, deberá darse oportuna participación a la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia, u órgano que ejerciere sus funciones, como responsable del citado sistema informático, con independencia de la participación que el Ministerio de Justicia pudiera tener, en su condición de miembro de pleno derecho del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.»
El Gobierno de la Generalitat entiende que esta previsión general, para todo el Estado, puede comportar que queden sin efecto las actuaciones que esta ha convenido con el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña y otras instituciones.
Además, el Gobierno plantea su disconformidad sobre el posible uso obligatorio de determinadas aplicaciones. Esta discrepancia puede contextualizarse nuevamente en la citada Ley 18/2011, que prevé, por una parte, en el artículo 6.3, que: «Los profesionales de la justicia [...] tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las Administraciones competentes en materia de justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate». Y, por otra, en el artículo 8, dispone que: «Los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán de uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de los órganos y oficinas judiciales y de las fiscalías por parte de todos los integrantes de las mismas, conforme a los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus competencias», con cita del Consejo General del Poder Judicial y las administraciones competentes.
La disposición adicional quinta encomienda a un grupo de trabajo, constituido en el seno del Comité técnico, la tarea «de iniciar la debida colaboración que permita la ejecución de los convenios, acuerdos y proyectos necesarios para la plena y efectiva implantación de la Administración judicial electrónica». Los términos de la disposición «iniciar» y «que permita» ponen de relieve la función de promoción o fomento de este grupo de trabajo. En este sentido, el grupo de trabajo creado en el seno del Comité, como el propio Comité, no son otra cosa que impulsores o catalizadores de convenios entre las instituciones competentes, tanto estatales como autonómicas. Propiamente, de este precepto no se desprende que se atribuya al Comité técnico, y menos todavía al grupo de trabajo constituido, la capacidad de firmar convenios o acuerdos con el Consejo General de Procuradores de los Tribunales en relación con el desarrollo de las aplicaciones informáticas en la Administración de justicia. La firma de convenios en ningún caso podría asumirla el Comité, el cual, como órgano consultivo de cooperación, no puede sustituir el ejercicio de las competencias que estatutariamente han asumido las comunidades autónomas, ni los demás órganos e instituciones que allí están representados. Son las comunidades autónomas, y en particular la Generalitat, las que, ejerciendo las funciones correspondientes en materia de medios materiales al servicio de la Administración de justicia, pueden firmar los convenios que consideren convenientes con el Consejo y con los colegios de procuradores con el fin de extender el uso de los medios telemáticos de comunicación de los actos procesales.
Además, es obvio que la firma de acuerdos o de otros instrumentos de colaboración es absolutamente de carácter voluntario para quienes los suscriben. No existe una relación jerárquica entre el Estado y la Generalitat que impida a esta convenir con una diversidad de actores relacionados con el ámbito judicial, como los procuradores. En la procura tampoco existe una relación vertical entre los distintos consejos o colegios profesionales, en razón de su alcance territorial.
En este sentido, la vigencia de los convenios firmados no queda en suspenso por la disposición adicional quinta RD 396/2013. Este precepto no invalida ni afecta a los convenios ya firmados, porque no opera directamente en tanto que depende de la firma de los convenios, que, según la disposición cuestionada, solo son promovidos.
Igualmente, este precepto, que solo promueve la firma de convenios en el ámbito estatal, no excluye en absoluto la concertación futura mediante otros acuerdos en los que participen las comunidades autónomas y los respectivos consejos o los colegios de procuradores.
En todo caso, la Generalitat y el resto de las comunidades autónomas pueden participar en los convenios, acuerdos y proyectos que se prevén en la disposición adicional quinta RD 396/2013, en consonancia con la composición del Comité técnico ( art. 7.d RD 396/2013), que es su impulsor, y no se alteran las respectivas competencias en ningún caso, ni la Generalitat queda vinculada. El párrafo primero del artículo 176 EAC deja bien claro que la participación de la Generalitat en órganos de colaboración con el Estado y otras comunidades autónomas no altera la titularidad de las competencias que le corresponden. Y en el segundo párrafo del propio artículo se recuerda que la Generalitat no queda vinculada por las decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos multilaterales de colaboración voluntaria, cuando no haya manifestado su acuerdo.
Finalmente, precisamente porque operamos en un marco de cooperación y concertación, el hecho de que algunas comunidades autónomas no utilicen el sistema Lexnet no excluye que el Comité impulse la gestión de notificaciones y traslados de copias mediante este sistema u otro, puesto que ello no es óbice para que la administración autonómica competente establezca el programa que considere oportuno, siempre y cuando garantice su compatibilidad, no estando de otro modo obligada. De esta manera, la previsión del segundo párrafo de la disposición adicional quinta solo puede referirse a quienes estén aplicando el sistema Lexnet.
En consecuencia, la disposición adicional quinta RD 396/2013 no vulnera las competencias de la Generalitat en el ámbito de la Administración judicial electrónica.
Primera. El artículo 15.h del Real decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, interpretado de acuerdo con el fundamento jurídico segundo, no vulnera las competencias de la Generalitat de Catalunya.
Segunda. El artículo 12.1.f y las disposiciones adicionales cuarta y quinta del Real decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, no vulneran las competencias de la Generalitat de Catalunya.

References: Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 artículo 230
 artículo 560
 Real decreto 
 artículo 149
 Real decreto 
 Real decreto 
 artículo 12
 artículo 15
 Real decreto 
 Real decreto 
 artículo 104
 Real decreto 
 Real decreto 
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 230
 artículo 560
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 104
 artículo 15
 artículo 44
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 104
 Real decreto 
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 104
 artículo 15
 artículo 25
 artículo 15
 artículo 25
 artículo 6
 artículo 15
 artículo 104
 artículo 25
 artículo 15
 artículo 104
 Real decreto 
 artículo 29
 real decreto 
 artículo 104
 artículo 104
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 176
 artículo 15
 Real decreto 
 artículo 12
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