Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16050
Timestamp: 2018-06-19 12:03:51+00:00

Document:
Sentencia C-1114 de 2004 Corte Constitucional
Sentencia C-1114/04
Referencia: expediente D-5131
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3° del artículo 499 del Estatuto Tributario tal como quedó modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003 "por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas."
Tulia Helena Hernández Burbano
Francisco Javier Pineda Ruíz
Bogotá D.C., nueve ( 9 ) de noviembre del año dos mil cuatro (2004).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Tulia Helena Hernández Burbano y Francisco Javier Pineda Ruíz presentaron demanda contra el numeral 3º del artículo 499 del Estatuto Tributario tal como quedó modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003 "por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas."
Mediante auto del 1° de abril de 2004, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda presentada en relación con el cargo por violación del artículo 13 constitucional y dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso de la República así como a los Ministros del Interior y de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, para que, de estimarlo oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas.
Mediante auto del 21 de abril de 2004 el Magistrado Sustanciador rechazó la demanda en relación con el cargo por violación del artículo 333 constitucional, debido a que los demandantes no corrigieron su libelo dentro del término legal, en el sentido que les fue indicado mediante auto del 1° de abril de 2004.
Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia1.
A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.415 del 29 de diciembre de 2003. Se subraya lo demandado.
" LEY 863 DE 2003"
1 Que en el año anterior hubieren poseído un patrimonio bruto inferior a ochenta millones de pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 y 2004) e ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valores años base 2003 y 2004).
Para los actores, con dicho numeral -que señala como una de las condiciones para pertenecer al régimen simplificado de impuesto a las ventas que el "establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se encuentre ubicado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena" y que para el efecto define por centro comercial "la construcción urbana que agrupe a más de veinte locales, oficinas y/o sedes de negocio"-, se establece un tratamiento discriminatorio a partir del señalamiento de un requisito que no tiene ninguna justificación legítima y que no responde a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad señalados en la jurisprudencia.
En ese sentido señalan que la norma acusada genera una desigualdad, toda vez que: "...El profesional que despacha desde su casa, evidentemente no necesita elevar el costo de sus servicios, por lo tanto sus clientes no van a afrontar un incremento en sus consultas. Por su parte el profesional que está localizado en un centro de profesionales, tendría que elevar el costo de sus tarifas en el porcentaje equivalente al IVA del cual es responsable...".
Precisa que dicho impuesto "ante las condiciones de desigualdad en que coloca la ley a los profesionales, tendrá que ser asumido no por el cliente o el receptor del servicio sino por el prestador, convirtiéndose en este caso el IVA en un impuesto más a cargo del profesional...".
Recuerda que: ".El Estatuto Tributario Decreto 624 de 1989, señala dos regímenes para clasificar a los responsables de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El régimen simplificado y el régimen común. Al primero de ellos pertenecen las personas naturales, los comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos que realicen operaciones gravadas, así como quienes presenten servicios gravados siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones previstas en la norma.".
Aduce que los supuestos de hecho a que se refiere la norma son diferentes dado que: ".uno es que el establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio NO se encuentre ubicado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena en el régimen simplificado, y otro es que el establecimiento comercial u oficina se encuentre ubicado en un centro comercial entendido como la construcción urbana que agrupe a más de 20 locales, oficinas, y/o sedes de negocio comercial en el régimen común.".
Finalmente aduce que la disposición acusada no vulnera el principio de eficiencia previsto en la Constitución, toda vez que el establecimiento del régimen simplificado del IVA: ".no se traduce en una carga para el contribuyente, que llegue a desestimular la realización de la actividad económica. En otros términos este gravamen guarda una razonable neutralidad respecto a las actividades que realizan los sujetos pasivos del régimen simplificado del IVA.".
2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
En ese sentido afirma que el legislador tributario en cumplimiento de lo previsto en los artículos 338 y 363 de la Constitución en especial acatando el principio impositivo de eficiencia ha previsto lo necesario con el fin de que sea el mismo contribuyente quien elija donde le convienen más sus negocios de producción o prestación de servicios, de forma tal que: "...si su establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio se encuentra ubicado en un centro comercial o dentro de los almacenes de cadena, entendiéndose por centro comercial la construcción urbana que agrupe más de veinte locales, oficinas y/o sedes de negocio; es apenas lógico que el contribuyente asuma las responsabilidades inherentes a la regla general, es decir al régimen común...".
Señala que la disposición acusada no vulnera los principios de justicia y equidad, toda vez que: "...la aparente distinción contenida en la norma que se impugna, contrario a lo que opinan los accionantes, viene a ser un instrumento de aplicación del principio de equidad, toda vez que quien ofrece los servicios profesionales, como se plantea en la demanda, lo hace acorde a sus propias capacidades económicas, y en al mismo sentido deberá ser la retribución de sus ingresos económicos...".
Aduce que los responsables del IVA tienen una carga legal derivada del principio de solidaridad que prevé el artículo 1° de la Constitución, de forma tal que las obligaciones a su cargo tienen dos objetivos: i) hacer eficiente la administración tributaria y ii) hacer general el pago de tributos, ambos objetivos encuadrados dentro de los principios, reglas y valores que establece la Carta Política.
En ese sentido señala que: "...Esos dos cometidos no se alcanzan en condiciones económicas bajas: cuando el nivel de ingresos es muy poco, el recaudador no tiene las condiciones educativas suficientes para desempeñar adecuadamente las funciones cuyo cumplimiento le discierne el Estado; y los ingresos públicos son tan bajos que no justifican el trabajo de los recaudadores ni el de las oficinas públicas que deben contratarlo, razones por las cuales se excluye de la condición de responsable del IVA a un sector de la población; crea con ellos un estamento especial, el llamado Régimen Simplificado, cuyas obligaciones tributarias son diferentes a las demás...".
Manifiesta que es costumbre general en Colombia que los prestadores de servicios desarrollen su actividad en oficinas elegidas para tal efecto, por lo que los profesionales generalmente figuran con dos direcciones: i) la de casa habitación y ii) la de la oficina. Considera que no ocurre lo mismo con aquellas personas que prestan sus servicios en muy pequeña escala económica como mecánicos, plomeros, entre otros, que atienden en sus propias residencias y cuyos clientes por regla general son también de escasos recursos o que tiene necesidades que el legislador no ha querido gravar como las reparaciones locativas, siempre bajo el supuesto de que su cuantía en conjunto no supera al año la cantidad de $60.000.000. Aduce que la norma acusada reconoció la realidad antes descrita y en consecuencia incluyó en el régimen simplificado a las personas que reúnan esas condiciones.
Finalmente afirma que dado que la ley no puede contemplar todos los supuestos posibles y sólo reglamenta los casos más frecuentes habrá situaciones que a pesar de merecer el trato especial que significa el régimen simplificado, están en la práctica excluidos o que algunos abusen de las instituciones jurídicas y se incluyan en el régimen favorable sin pertenecer al mismo.
El Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, atendiendo la invitación hecha por esta Corporación, hizo llegar el concepto que fue aprobado en sesión del Consejo Directivo de esa Institución el 25 de mayo de 2004 y en el que actuó como ponente el Doctor Juan I. Alfonso Bernal, quien solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del numeral acusado.
Recuerda que los criterios para calificar a las personas naturales en uno u otro régimen han venido variando en cada una de las reformas tributarias en las que se ha avocado esa materia (Ley 49 de 1990, Ley 223 de 1995, Ley 633 de 2000, Ley 716 de 2001, Ley 788 de 2002 y Ley 863 de 2003), en algunas ocasiones con relativa laxitud y en otras con mayores condicionamientos, de forma tal que se ha generado incertidumbre entre las personas naturales responsables del IVA, lo que a su vez se ha convertido en fuente de sanciones para quienes se inscriben en un régimen diferente al que se señala en la Ley.
Señala que la doble categorización fue eliminada en el artículo 14 de la Ley 863 de 2003 y adicionalmente se incluyó dentro de ella a los artesanos que sean minoristas o detallistas y a los agricultores y ganaderos que realicen operaciones gravadas; igualmente en relación con los requisitos para pertenecer al régimen simplificado unificó en sesenta millones ($60.000.000) el límite de ingresos brutos, se mantuvo la exigencia de tener en un solo establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio, pero se agregaron seis nuevos requisitos.
En esa medida afirma que: ".son tantos los requisitos de la nueva normatividad, que la gran mayoría de quienes antes calificaban para el régimen simplificado tendrán que inscribirse en adelante en el régimen común, con todas las consecuencias obligacionales respectivas.".
Advierte así mismo que perfectamente puede aducirse que los profesionales obtienen mejores beneficios y tienen mayor capacidad económica si su actividad la desarrollan en centros exclusivos con menos oficinas locales o sedes de negocio e incluso en la misma residencia del profesional y no en un centro comercial, especialmente si se considera que mientras mayor competencia haya, menores oportunidades se tienen de desarrollar con éxito la actividad generadora de ingresos y obtener mayor retribución de los clientes por la venta de bienes o la prestación de servicios.
Concluye entonces que: ".a pesar de que el distinto tratamiento dado en el numeral tercero del artículo 14 de la Ley 863 de 2003 no incide legalmente en mayores gravámenes para los sujetos pasivos jurídicos del IVA, puesto que su costo económico le corresponde asumirlo a los clientes o destinatarios de los bienes o servicios, el colocar a unos en desventaja frente a los otros en relación con obligaciones instrumentales, sin que objetiva y razonablemente esté justificado el diferente tratamiento, sí contraviene el principio de igualdad del artículo 13 constitucional.".
El Señor Procurador General de la Nación, allegó el concepto número 3605, recibido el 23 de junio de 2004, en el cual solicita a la Corte declarar la inexequibilidad de la norma acusada, de conformidad con las siguientes consideraciones.
Precisa que el régimen simplificado es un instrumento fiscal que en la práctica tiene como objetivo exonerar a los agentes sin capacidad contributiva del cumplimiento de obligaciones sustanciales e instrumentales, de forma tal que las personas que pertenecen al régimen simplificado sólo deben inscribirse en el registro único tributario RUT, entregar copia de dicho registro en la primera venta que efectúen a personas inscritas en el régimen común que así lo exijan y exhibir el documento en donde conste la inscripción en un lugar visible.
En ese sentido afirma que: ".quienes pertenecen al régimen simplificado realmente no son responsables del IVA, dado que cuando éstos le venden o prestan un servicio a un responsable del régimen común se genera el IVA pero sólo respecto de la compra, dado que el comprador (del régimen común) es quien asume el 75% del valor del impuesto (artículo 437-1 del Estatuto Tributario), pudiendo descontar dicho pago en la forma prevista en los artículos 483 y 485 del Estatuto. (.) De allí que el artículo 437 del Estatuto Tributario prohiba que los pertenecientes al régimen simplificado incluyan dentro del precio suma alguna por concepto del impuesto a las ventas. Así mismo, cuando se realizan operaciones entre personas pertenecientes al régimen simplificado simplemente no se genera el IVA respecto del vendedor ni del comprador.".
Aduce que los principios constitucionales del derecho tributario establecidos en los artículos 95-9, 338 y 363 constitucionales, son aplicables tanto a la obligación sustancial de pagar los impuestos, tasas y contribuciones como a las obligaciones instrumentales, entendidas éstas como las encaminadas a lograr que las rentas producto del cumplimiento de la obligación principal o sustancial sean percibidas efectivamente por el Estado.
En ese orden de ideas afirma que en ambos casos se debe tener en cuenta que como expresión de los principios de igualdad y progresividad ".el deber de contribuir debe consultar la capacidad real de pago de los sujetos pasivos, por lo tanto determina un sacrificio tributario mayor para quienes tienen mayor capacidad contributiva.". Al respecto cita la sentencia C-734 de 2002.
En ese orden de ideas considera que la disposición acusada al establecer: ".que el requisito para pertenecer al régimen simplificado consistente en que el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se encuentre ubicado en una construcción que agrupe a más de veinte (20) locales, oficinas o sedes de negocio, carece de racionalidad y de razonabilidad. Lo primero porque es evidente que el precepto acusado no persigue ningún propósito ni tiene fundamento alguno, es decir, es arbitrario y caprichoso, y lo segundo, porque no es necesario un exhaustivo análisis para demostrar que el número de locales, oficinas o negocios que pueda existir en determinada construcción no denota ni siquiera relativamente una aptitud para soportar las cargas fiscales que implican la pertenencia al régimen común.".
Afirma que el análisis pertinente en este caso es si el obligado puede o no asumir las cargas ligadas al régimen común, y que en este sentido una circunstancia que no es un elemento indiciario de la capacidad para pertenecer a un régimen u otro como es el hecho de realizar la actividad profesional en un sitio determinado, -en este caso en una construcción urbana con más de 20 oficinas locales o sedes de negocio- no puede ser tomada en cuenta. En este sentido hace énfasis en que resulta desproporcionado que, a quien cumple con los demás requisitos señalados en la ley para pertenecer al régimen simplificado, por la simple circunstancia que su establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio se encuentre ubicado en un centro comercial o almacén de cadena en los términos que los define la norma acusada, se le excluya de dicho régimen.
Para los demandantes, el numeral 3° del artículo 499 del Estatuto Tributario tal como quedó modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003 desconoce el artículo 13 superior por cuanto establece un requisito para pertenecer al régimen simplificado de impuesto a las ventas que comporta un tratamiento diferente entre profesionales que se encuentran en la misma situación sin que exista ninguna justificación legítima y sin que dicho requisito resulte razonable y proporcionado.
Con argumentos similares el señor Procurador General de la Nación solicita la declaratoria de inexequibilidad del numeral acusado. La vista fiscal hace énfasis en que el requisito a que dicho numeral alude carece de razonabilidad y por tanto es arbitrario y caprichoso pues no es necesario un exhaustivo análisis para concluir que el número de locales, oficinas o negocios que puedan existir en determinada construcción no denota una aptitud para soportar las cargas ligadas al régimen común de impuesto sobre las ventas. En este sentido advierte que si la persona cumple con todos los demás requisitos señalados en la ley para pertenecer al régimen simplificado, resulta desproporcionado que por una circunstancia que no demuestra mayor o menor capacidad económica como es la ubicación de su oficina, local o negocio en los términos anotados, se le de un tratamiento diferente al de los que, salvo por la circunstancia anotada, se encuentran en su misma situación.
3.1 La regulación en la ley del régimen simplificado en materia de impuesto al valor agregado IVA y el contenido y alcance de la disposición en que se contiene el numeral acusado
3.1.1 El Estatuto Tributario -Decreto 624 de 1989- regula en el Libro Tercero (arts. 420 a 513) el impuesto sobre las ventas, en lo relativo al "hecho generador del impuesto" (Titulo I); la "causación del impuesto" (Titulo ii ); los "responsables del impuesto" (Titulo III); la "base gravable" (Titulo IV); las "tarifas" (Titulo V); los "bienes exentos" (Titulo VI); la "determinación del impuesto a cargo del responsable del régimen común" (Titulo VII); el "régimen simplificado" (Titulo VIII); los "procedimientos y actuaciones especiales en el impuesto sobre las ventas" (Titulo IX).
En dicho título se establecen en materia del recaudo y control del pago del impuesto sobre las ventas dos regímenes, el común (Artículos 483 y siguientes del Estatuto Tributario) y el simplificado (Artículos 499 y siguientes de la misma regulación).
a.Inscribirse en el Registro Único Tributario -RUT-
b.Recaudar y cancelar el impuesto
c.Expedir factura o documento equivalente
d.Expedir el certificado de retención cuando son agentes retenedores
e.Presentar declaraciones de ventas y de renta y complementarios
f.Informar el cese de actividades
g.Informar el NIT y el nombre en los membretes de la correspondencia, recibos, facturas y demás documentos
h.Conservar por lo menos durante 5 años las informaciones y pruebas relacionadas con el IVA
i.Cumplir las normas de contabilidad
j.Informar en medios magnéticos
b.Cumplir con los sistemas de control que determine el Gobierno Nacional. Llevar el libro de registro de operaciones diarias
c.Informar el cese de actividades
d.Exigir a sus proveedores, responsables del régimen común, la expedición de facturas o documentos equivalentes
e.Entregar copia del documento en que conste su inscripción en el régimen simplificado, en la primera venta o prestación de servicios que realice a adquirientes no pertenecientes al régimen simplificado, que así lo exijan.
f.Exhibir en un lugar visible al público el documento en que conste su inscripción en el RUT, como perteneciente al régimen simplificado.
Cabe recordar así mismo que en cuanto al IVA pagado por la compra de bienes o servicios, existe así mismo una diferencia entre quienes pertenecen al régimen común y quienes pertenecen al régimen simplificado, cual es que los primeros pueden descontar el valor pagado por concepto de IVA en la compra de bienes o servicios, mientras que los pertenecientes al régimen simplificado sólo podrán tomar dicho pago como un costo o gasto en la declaración de renta, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 502 del Estatuto Tributario.
3.1.2 Ahora bien, el artículo 499 del Estatuto Tributario, -objeto de sucesivas reformas2-, cuyo contenido fue nuevamente modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003 -y es en el que se contiene el numeral acusado por los demandantes-, determina quienes pueden inscribirse en el régimen simplificado de impuesto sobre las ventas.
1 Que en el año anterior hubieren poseído un patrimonio bruto inferior a ochenta millones de pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 y 2004) e ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valores años base 2003 y 2004)3.
6. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valores años base 2003 y 2004)4.
Así mismo, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 863 de 2003 -cuyo artículo 14 modificó el artículo 499 del Estatuto Tributario-, el sentido de las modificaciones introducidas a dicho texto fue "Para lograr una cobertura mayor de responsables y de contribuyentes, y evitar la competencia desleal frente al resto del sector comercio" por lo que "entre los instrumentos del objetivo antievasión de este proyecto se disminuyen los topes de ingresos para ser beneficiario del Régimen Simplificado del Impuesto sobre las Ventas y se propone la modificación de las condiciones para pertenecer al mismo, como una medida para ampliar el universo de responsables del régimen común."
En el mismo orden de ideas según afirma el interviniente en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el objetivo de dicha reforma fue el de "fortalecer los mecanismos que permitan al Fisco incluir al mayor número posible de personas dentro de los regímenes ordinarios, dejando de lado los regímenes excepcionales para los comerciantes que realmente se merecen estar en ellos, por no tener la capacidad económica para cumplir con unas obligaciones más o menos simples, pero muy importantes para el Estado, en cuanto lo ayudan para el seguimiento y posterior recaudo eficiente del impuesto".
Es pues en ese contexto en el que se introdujo el requisito para pertenecer al régimen simplificado de impuesto a las ventas contenido en el numeral 3 del artículo 499 del Estatuto Tributario6 tal como quedó modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003 que es el que se acusa por los demandantes en el presente proceso y que exige para el efecto que el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio del responsable del impuesto no se encuentre ubicado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena. Al tiempo que define por centro comercial la construcción urbana que agrupe a más de veinte locales, oficinas "y/o" sedes de negocio.
3.2 La jurisprudencia de la Corporación en relación con la existencia de diversos regímenes en materia de impuesto a las ventas y la necesaria racionalidad y proporcionalidad de las normas que establecen requisitos para pertenecer a los mismos
3.2.1 Esta Corporación con ocasión del examen de algunas de las modificaciones introducidas anteriormente por el Legislador al régimen simplificado en materia de impuesto a las ventas tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la existencia de diversos regímenes en materia de impuesto a las ventas. Al respecto señaló que la existencia de dos regímenes no puede per se considerarse como discriminatoria, dado que la razón que justifica la existencia de diversas regulaciones sobre un mismo asunto radica en la necesidad de clasificar a los responsables de dicho tributo de acuerdo con la capacidad económica de cada quién. La Corte precisó que la clasificación que se haga debe fundamentarse en todo caso en criterios objetivos que guarden estrecha relación con la capacidad económica y productiva del responsable del gravamen.
Así en la Sentencia C-1383 de 2000 en la que analizó una demanda en contra del artículo 25 de la Ley 223 de 19957 -que modificó el artículo 505 del Estatuto Tributario-, dijo la Corte:
"La ley fiscal en materia del recaudo y control del pago del impuesto sobre las ventas consagra dos regímenes, el simplificado y el común8. La razón que justifica la existencia de diversas regulaciones sobre un mismo asunto radica en la necesidad de clasificar a los responsables de dicho tributo de acuerdo con la capacidad económica de cada quién9, pues, sin duda, en el seno de una economía en desarrollo como la colombiana, la aplicación de un sistema universal que no consulte las diferencias existentes entre quienes se dedican a la comercialización o importación de bienes y servicios, bien puede contribuir a crear condiciones que impiden o limitan en exceso la participación de quienes cuentan con menores recursos.
Ahora bien: la existencia de un régimen de impuesto a las ventas que deba tener en cuenta para su aplicación ciertas condiciones y requisitos establecidos por el legislador, no puede verse, en principio, como una forma de discriminación, pues precisamente los principios de equidad, proporcionalidad y de aplicación progresiva en materia impositiva10 son los que permiten -y al mismo tiempo exigen- que las responsabilidades y cargas creadas por la ley, puedan ser repartidas de manera justa entre quienes están obligados a pagar un tributo determinado. En el caso que se debate, la consagración de un régimen común -que es el que se aplica de manera general- y otro simplificado -excepcional- en relación al recaudo y pago del impuesto sobre las ventas, se fundamenta en criterios objetivos que guardan estrecha relación con la capacidad económica y productiva del responsable del gravamen. El artículo 499 del Estatuto Tributario, al señalar quiénes hacen parte del régimen simplificado, dice:
En el presente caso, la norma parcialmente demandada es el resultado del ejercicio de la función legislativa reconocida al legislador por la Constitución, y su contenido, a diferencia de lo señalado por el actor, no hace otra cosa que reconocer la posibilidad de crear regímenes distintos respecto de una materia común, cuando las circunstancias que rodean cada caso ameritan y justifican algunas distinciones. Como se señaló anteriormente, la vigencia de un régimen simplificado, que coexiste con uno común o general, tiene el propósito de incluir dentro del sistema nacional de tributación a ciertos sujetos que intervienen de manera importante y significativa en el intercambio de bienes y servicios dentro del mercado, pero que en razón de su capacidad económica, hacen necesario que se cree un sistema más flexible que permita el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el adecuado control de sus actividades económicas."
En el mismo sentido en la sentencia C-992 de 2001 al analizar la constitucionalidad del artículo 34 de la Ley 663 de 200012 -que modificó el artículo 499 del Estatuto Tributario-, la Corte puso igualmente de presente que la diferenciación que efectúa el legislador se basa fundamentalmente, en la capacidad económica de los responsables, estableciéndose así un número mayor de obligaciones a aquellos que pertenecen al régimen común, frente a los cuales se presume una mayor capacidad para asumir las cargas respectivas.
"De acuerdo con el artículo 505 del Estatuto Tributario, los responsables sometidos al régimen común, sólo podrán cambiarse al régimen simplificado cuando demuestren que en los tres años fiscales anteriores, cumplieron las condiciones establecidas en el artículo 499 del Estatuto.
Los hechos consagrados en el artículo 34 demandado, sobre los cuales el legislador estructuró la presunción demandada, no son otro cosa que aspectos indicativos del nivel de ingresos que puede tener el contribuyente, pues estima el legislador que no sería lógico que, por ejemplo, un comerciante tenga a su servicio más de ocho trabajadores, o realice consignaciones por más de setenta millones de pesos, y que sus ingresos anuales sean inferiores a la suma indicada en este mismo artículo. (.)
De acuerdo con lo anterior, esta Corte encuentra que no están llamados a prosperar los cargos formulados por el actor, puesto que resulta constitucionalmente admisible que, precisamente en función de la equidad tributaria, y para evitar la evasión y la elusión de los tributos, el legislador consagre presunciones, de hecho o de derecho, como la contenida en la disposición acusada."13
Ahora bien, sobre este punto cabe recordar que la Corte ha hecho particular énfasis en la proporcionalidad y racionalidad de las normas mediante las cuales el Legislador establece obligaciones en materia tributaria. La Corte ha destacado en efecto que si bien el legislador tiene una amplia potestad de configuración -mayor en este campo que en otros14- debe sin embargo ejercerla dentro del respeto a valores fundantes de nuestra organización política y jurídica, tales como, la justicia, la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y de derechos fundamentales de las persona15 y de los referidos principios de razonabilidad y proporcionalidad16.
"Según los artículos 150-12 y 338 Constitucionales, corresponde al legislador establecer los tributos y señalar en forma directa todos los aspectos fundamentales de la relación jurídica que con motivo de su imposición se establece entre el Estado y los sujetos pasivos del gravamen (hecho imponible, sujetos, base gravables, tarifas), e igualmente determinar la manera como se debe proceder al recaudo de dicha carga impositiva. Cabe anotar que si bien esta facultad de configuración es lo suficientemente amplia, debe sin embargo ejercerse en el marco de la Constitución, en especial dentro de límites de razonabilidad y proporcionalidad.
Nuestra legislación hace énfasis en la importancia de los deberes formales en la tributación, al disponer que los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo deberán cumplirlos personalmente o por medio de sus representantes, y a falta de estos por el administrador del respectivo patrimonio.
Entre los principales deberes y obligaciones formales consagrados legalmente se encuentra la presentación de declaraciones tributarias a cargo de contribuyentes, responsables y agentes de retención en la fuente, tales como la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, la declaración anual de ingresos y patrimonio, la declaración del impuesto a las ventas, la declaración de retenciones en la fuente, y la declaración de retención del impuesto de timbre18, las que se presentarán en los formatos o formularios que prescriba la Dirección General de Impuestos Nacionales19.
Igualmente, existen otras obligaciones formales como las de informar la dirección en cabeza de los obligados a declarar20, efectuar la inscripción en el registro nacional de vendedores e informar el cese de actividades para los responsables del impuesto sobre las ventas21, llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias para quienes comercialicen bienes o presten servicios gravados perteneciendo al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas22, y las obligaciones de expedir y exigir factura23"24 (subrayas fuera de texto)
De lo anterior se desprende que en relación con las normas que establecen cargas tributarias, bien sea en lo relativo a la determinación de los diferentes impuestos tasas y contribuciones, como de las obligaciones formales destinadas a su efectivo recaudo -como las que surgen para las personas a quienes se les aplica el numeral acusado en el presente proceso- dichos principios deben respetarse.
4.Análisis del cargo
El problema jurídico que se plantea en el presente proceso se sintetiza en la pregunta de si vulnera el principio de igualdad el hecho de que a pesar de cumplir con los demás requisitos contenidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario tal como quedó modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003, las personas a las que se refiere dicho artículo cuyo establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio se encuentre ubicado en un centro comercial -entendido por tal "la construcción urbana que agrupe a más de veinte locales, oficinas y/o sedes de negocio"- o dentro de almacenes de cadena, no puedan pertenecer al régimen simplificado de impuesto sobre las ventas, mientras que las personas que se encuentran en su misma situación respecto de los demás requisitos allí establecidos, pero cuyo establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se encuentre ubicado en una construcción urbana que "agrupe a veinte o más locales, oficinas y/o sedes de negocio", sí puedan pertenecer a él.
Y ello por cuanto que dicho requisito sería irrazonable, pues no existiría ningún fundamento fáctico para concluir que por el simple hecho de la ubicación en una construcción urbana que "agrupe a más de veinte locales, oficinas y/o sedes de negocio", se tenga capacidad para atender las obligaciones tributarias ligadas al régimen común de impuesto a las ventas, con lo que como lo afirman los demandantes se estarán imponiendo unas cargas a determinadas personas sin que exista justificación.
Esta Corporación ha señalado de manera reiterada que en desarrollo del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones fácticas que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles25.
Esta Corporación ha establecido también en múltiples ocasiones que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable26. La Corte ha acudido entonces a un instrumento metodológico27 -sobre cuyo alcance y límites se ha pronunciado de manera reiterada28-, para verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado a la luz de la Constitución29.
Se busca así establecer en cada caso i.) si se está frente a supuestos de hecho diversos o si estos son comparables; ii.) si el fin perseguido por la norma es un fin objetivo y legítimo a la luz de la Constitución; iii.) si los supuestos de hecho estudiados, la finalidad perseguida y el trato desigual otorgado guardan una coherencia o eficacia interna, es decir una racionalidad entre ellos; iv.) si el trato desigual es proporcionado. La necesidad de que exista proporcionalidad entre los medios y los fines perseguidos por la norma ha sido también resaltada por la jurisprudencia, que ha propuesto tres pasos para resolverlo: así entonces, a) los medios escogidos deben ser adecuados para la consecución del fin perseguido; b) los medios empleados deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, c) los medios empleados deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes30.
A partir de dichos presupuestos procede la Corte a examinar en el presente caso i) si la situación de las personas a las que se les aplica el numeral acusado resulta comparable con la de aquellas que igualmente cumplen con los demás requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario tal como quedó modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003, pero que además no tienen ubicado su establecimiento de comercio, oficina o sede de negocio en una construcción urbana con más de 20 unidades o sedes de negocio. Al respecto cabe precisar que, como lo advierte el interviniente en representación de la Academia Colombiana de Jurisrudencia, el análisis no puede limitarse solamente al caso planteado a título de ejemplo por los demandantes, a saber el de los profesionales del derecho, sino que deben efectuarse tomando en cuenta todos los destinatarios de la norma31; ii) si la diferenciación establecida por el numeral acusado a partir de la ubicación de la oficina, establecimiento de comercio o sede de negocio del responsable persigue un fin legítimo a la luz de las normas constitucionales; iii) si entre dicho fin, el numeral acusado y el trato diferenciado que en él se establece existe una relación lógica y iv) si la diferencia de trato establecida resulta proporcionada en función de la finalidad enunciada y del necesario respeto de los principios constitucionales y los derechos de las personas.
Al respecto la Corte constata que la situación de las personas a las que se aplica la norma por cuanto su establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio se encuentra ubicado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena. -Entendido por centro comercial la construcción urbana que agrupe a más de veinte locales, oficinas "y/o" sedes de negocio-.y que en consecuencia no pueden inscribirse en el régimen simplificado a pesar de cumplir cono todos los demás requisitos que se señalan en el artículo 499 del Estatuto Tributario tal como quedó modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003, resulta comparable con la de las personas que no tienen su establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio en esas condiciones pero que igualmente cumplen con dichos requisitos.
En efecto la situación de la persona que i) en el año anterior tenía un patrimonio bruto inferior a ochenta millones de pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 y 2004) e ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valores años base 2003 y 2004)32; ii) tiene máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerce su actividad; iii) en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollan actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles; iv) no es usuario aduanero; v) no celebró en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valores años base 2003 y 2004)33 y vi) el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supera la suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 y 2004), pero cuyo establecimiento de comercio, oficina o sede de negocio se ubica en una construcción urbana de más de 20 unidades o un almacén de cadena es razonablemente comparable a la de aquella que no tiene ubicado su establecimiento de comercio, oficina o sede de negocio en el mismo lugar pero cumple con la totalidad de los demás requisitos a que se ha hecho referencia.
Al respecto en la exposición de motivos del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 863 de 2003 cuyo artículo 14 modificó el artículo 499 del Estatuto Tributario se explicó simplemente que las diferentes modificaciones allí introducidas -y en consecuencia la relativa al numeral tercero acusado- pretendían "lograr una cobertura mayor de responsables y de contribuyentes, y evitar la competencia desleal frente al resto del sector comercio" por lo que "entre los instrumentos del objetivo antievasión de este proyecto se disminuyen los topes de ingresos para ser beneficiario del Régimen Simplificado del Impuesto sobre las Ventas y se propone la modificación de las condiciones para pertenecer al mismo, como una medida para ampliar el universo de responsables del régimen común."34
De otra parte, cabe recordar que según afirma el interviniente en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el objetivo de dicha reforma fue el de "fortalecer los mecanismos que permitan al Fisco incluir al mayor número posible de personas dentro de los regímenes ordinarios, dejando de lado los regímenes excepcionales para los comerciantes que realmente se merecen estar en ellos, por no tener la capacidad económica para cumplir con unas obligaciones más o menos simples, pero muy importantes para el Estado, en cuanto lo ayudan para el seguimiento y posterior recaudo eficiente del impuesto".
En efecto, -partiendo como se dijo del presupuesto de que todos los demás requisitos se cumplen- el hecho de tener una oficina o un local en una construcción urbana que agrupe a más de 20 locales, oficinas "y/o" sedes de negocio, no permite establecer razonablemente una diferencia entre quienes allí prestan sus servicios y quienes lo hacen en sedes individuales o en conjuntos de 20 o menos unidades.
El número de 20 unidades es por lo demás en si mismo arbitrario. Ni de la exposición de motivos, ni del debate en el Congreso, ni de las intervenciones de los representantes de las entidades públicas en el presenten proceso surge que dicho número haya sido el resultado de algún análisis que sustente técnicamente el supuesto contenido en la norma según el cual la simple ubicación en una construcción urbana de más de 20 unidades denota una mayor capacidad económica que permite presumir que la persona que allí se ubica puede asumir las cargas ligadas a la pertenencia al régimen común de impuesto a las ventas y que por tanto debe ser excluido del régimen simplificado.
En ese orden de ideas cabe resaltar que con la definición enunciada, por ejemplo, los vendedores ambulantes reubicados en ferias artesanales -que son generalmente construcciones urbanas de más de 20 locales o sedes de negocio-, independientemente del nivel de sus ingresos, capacidad administrativa, características de la edificación y tipo de servicios con que cuente, ubicación en la ciudad, etc, pasan a pertenecer al régimen común de impuesto a las ventas35.
En el caso de los profesionales a que aluden los demandantes es claro igualmente que como lo señala el interviniente en representación del Instituto Colombiano de Derecho Tributario puede aducirse que los profesionales obtienen mejores beneficios y tienen mayor capacidad económica si su actividad la desarrollan en centros exclusivos con menos oficinasocales o sedes de negocio e incluso en la misma residencia del profesional y no en un centro comercial, especialmente si se considera que mientras mayor competencia exista menores oportunidades se tienen de desarrollar con éxito la actividad generadora de ingresos y obtener mayor retribución de los clientes por la prestación de servicios.
Desde esta perspectiva, asiste razón al señor Procurador cuando señala que resulta desproporcionado que el cumplimiento de este requisito -a saber, no tener el establecimiento de comercio, local u oficina en una construcción urbana de más de veinte unidades- se exija para poderse inscribir en el régimen simplificado. Derivar en efecto del cumplimiento o no de dicho requisito la consecuencia de la inscripción o no en el régimen simplificado de impuesto a las ventas -reservado a aquellas personas sin capacidad económica- cuando el mismo no permite medir esa capacidad implica la imposición de una carga que en tanto no atiende la real situación del responsable del impuesto resulta desproporcionada.
Téngase en cuenta además que la finalidad perseguida por la norma -consistente en asegurar que solo las personas sin capacidad económica para soportar las cargas derivadas del régimen común puedan inscribirse en el régimen simplificado-, encuentra en otros requisitos señalados en la norma en que se contiene el numeral acusado referentes precisamente a la capacidad económica de las personas36, instrumentos idóneos para su realización, sin que se haga necesario acudir a un mecanismo como el que se analiza que, como se ha visto no resulta adecuado para alcanzar dicho fin.
La Corte considera en consecuencia que asiste razón a los demandantes en relación con la acusación que formulan en contra del numeral 3 del artículo 499 del Estatuto Tributario tal como quedó reformado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003, por la vulneración del artículo 13 superior, por lo que declarará su inexequibilidad y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
Declarar INEXEQUIBLE el numeral 3° del artículo 499 del Estatuto Tributario tal como quedó modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003 "por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas."
1..Cabe precisar que por el mismo cargo -vulneración del artículo 13 superior- cursan actualmente en la Corte los expedientes D-5171 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y D- 5351 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
2. Texto original del Estatuto Tributario:
ARTÍCULO 499. QUIÉNES PUEDEN ACOGERSE A ESTE RÉGIMEN. Los comerciantes minorista o detallistas cuyas ventas gravadas estén sometidas a la tarifa general del diez por ciento (10%), y quienes presten los servicios de que trata el parágrafo 1 de este artículo, podrán acogerse al régimen simplificado que establece el presente Título, siempre y cuando reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
2. Que sus ingresos netos, provenientes de su actividad comercial en el año fiscal inmediatamente anterior, no superen la suma de tres millones seiscientos mil pesos ($ 3.600.000). (Valor año base 1983).
3. Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior no sea superior a diez millones de pesos ($ 10.000.000). (Valor año base 1983).
PARÁGRAFO 1. Los servicios a que se refiere el presente artículo son los siguientes:
d) Fabricación, elaboración o construcción de que trata el numeral 13 del artículo 4766532, cuando los bienes que resulten de la prestación del servicio estén sometidos a la tarifa general del diez por ciento (10%) .
PARÁGRAFO 2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2 de este artículo, cuando se inicien actividades dentro del respectivo año gravable, los ingresos netos que se tomarán de base, son los que resulten de dividir los ingresos netos recibidos durante el período, por el número de días a que correspondan y de multiplicar la cifra así obtenida por 360.
ARTÍCULO 499. QUIÉNES PUEDEN ACOGERSE A ESTE RÉGIMEN. Los comerciantes minorista o detallistas cuyas ventas gravadas estén sometidas a la tarifa general del diez por ciento (10%), podrán acogerse al régimen simplificado que establece el presente Título, siempre y cuando reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
ARTICULO 499. Los comerciantes minoristas o detallistas, cuyas ventas estén gravadas a la tarifa general del impuesto sobre las ventas, así como quienes presten servicios gravados, podrán inscribirse en el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
1.Que sean personas naturales.
2.Que tengan máximo dos establecimientos de comercio.
3.Que no sean importadores de bienes corporales muebles.
4.Que no vendan por cuenta de terceros así sea a nombre propio.
5. Que sus ingresos netos provenientes de su actividad comercial en el año fiscal inmediatamente anterior, sean inferiores a la suma de cuarenta y cuatro millones setecientos mil pesos ($44.700.000.00 valor base año 1994).
6. Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sea inferior a ciento veinticuatro millones doscientos mil pesos ($124.200.000.00 valor base año 1994).
ARTÍCULO 499. Los comerciantes minoristas o detallistas, cuyas ventas estén gravadas, así como quienes presten servicios gravados, que sean personas naturales, podrán inscribirse en el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, cuando hayan obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos inferiores a $42.000.000.00 (valor año base 2000) y tengan un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.
PARAGRAFO. Se presume de derecho que el contribuyente o responsable ha obtenido ingresos anuales superiores a $45.400.000 y en consecuencia será responsable del Régimen Común, cuando respecto del año inmediatamente anterior se presente alguna de las siguientes circunstancias:
4. Que haya efectuado en el año consignaciones bancarias en cuentas de ahorro o corrientes, superiores a $75.700.000.00.
ARTÍCULO 499. Régimen simplificado para comerciantes minoristas. Para todos los efectos del Impuesto sobre las Ventas, IVA, deben inscribirse en el régimen simplificado las personas naturales comerciantes minoristas o detallistas cuyas ventas estén gravadas, cuando hayan obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos provenientes de su actividad comercial por un valor inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes y tengan un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerza su actividad.
3. El Parágrafo 2°. de la norma precisa que "Para los agricultores y ganaderos, el límite de patrimonio bruto previsto en el numeral 1º de este artículo equivale a cien millones de pesos ($100.000.000) (valores años base 2003 y 2004)."
4. El parágrafo 1° de la norma precisa que "Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valor año base 2004), el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común."
5. Gaceta del Congreso 572 jueves 6 de noviembre de 2003.
6. "3. Que su establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se encuentre ubicado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena. Al efecto se entiende por centro comercial la construcción urbana que agrupe a más de veinte locales, oficinas y/o sedes de negocio."
7. Artículo 25. El artículo 505 del Estatuto Tributario quedará así:
Artículo 505. Cambio de Régimen Común a Simplificado. Los responsables sometidos al régimen común, sólo podrán acogerse al régimen simplificado cuando demuestren que en los tres (3) años fiscales anteriores se cumplieron, por cada año, las condiciones establecidas en el artículo 499."
8. Cfr. Artículos 483 y siguientes del Estatuto Tributario y 499 y siguientes de la misma regulación. Igualmente puede consultarse, con provecho, el Concepto de la DIAN 61175 de 31 de julio de 1997.
9. Cfr. Artículos 437 y 499, entre otros, del Estatuto Tributario.
10. Cfr. Artículo 363 de la Constitución Política.
11. Sentencia C-1383 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz
12. Artículo 34. Modifícase el artículo 499 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 499.Quienes pertenecen a este régimen. Los comerciantes minoristas o detallistas, cuyas ventas estén gravadas, así como quienes presten servicios gravados, que sean personas naturales, podrán inscribirse en el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, cuando hayan obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos inferiores a $42.000.000.00 (valor año base 2000) y tengan un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.
13. Sentencia C-992/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil en el mismo sentido ver la Sentencia C-091/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño que se estuvo a lo resuelto en la anterior providencia.
14. Ver Sentencia C-093/01 M.P. Alejandro Martínez Caballero
15. Ver sentencia C-646/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
16. Ver, entre otras las sentencias C- 916/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa , C- 674/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-043/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis
17. E.T. art. 571 y ss
18. E.T. art. 574
19. E.T. art.578
20. E.T. art. 612
21. E.T. arts. 613 y 614
22. E.T. art. 616
23. E. T. Arts. 615 y 618
24. Sentencia C-733/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
25.Vid. T-02 de 1992 y T-230 de 1994, entre muchas otras.
26. Ver, entre muchas otras la sentencia C-530 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
27. Vid. Sentencias C-530 de 1993, T- 230 de 1994, C-318 y C-445 de 1995, C-037/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis entre otras.
28. Ha dicho la Corte "Es importante anotar, que si bien el test exige que el intérprete evalúe la necesidad del medio para el logro del fin perseguido, esta facultad no puede entenderse como una exclusión de la potestad plena del legislador para elegir entre diferentes alternativas las que, a su juicio, mejor satisfagan el fin propuesto. En otras palabras, si los medios utilizados son adecuados y proporcionados, el legislador podrá escoger el que estime más conveniente, sin necesidad de probar que la medida elegida es la única disponible para alcanzar su objetivo". Sentencia C-337 de 1997. En el mismo sentido la Corte ha señalado lo siguiente "59- El control judicial del respeto de la igualdad de trato es una operación compleja, por cuanto el análisis realizado por el juez, cuando ejerce el control, en cierta forma se superpone a unas consideraciones sobre la igualdad realizadas previamente por el Legislador o por la autoridad administrativa cuando expidieron el acto sujeto a control. En efecto, al expedir el acto, la autoridad política juzgó que para obtener un objetivo era válido establecer una determinada diferenciación. Esto significa que para esa autoridad, esa diferenciación no es discriminatoria. Posteriormente, al examinar la constitucionalidad de esa regulación, debe el juez estudiar si esa apreciación de la autoridad respeta o no la igualdad de trato, según la cual debe tratarse de manera igual aquello que es igual, y en forma distinta a las personas y situaciones que son distintas.
62- El anterior análisis muestra que una de las grandes dificultades en el control del respeto a la igualdad es hasta qué punto debe el juez respetar el criterio de diferenciación usado por las autoridades políticas, a fin de evitar un análisis demasiado estricto, que podría aniquilar el ordenamiento legal, o por el contrario adelantar un escrutinio demasiado respetuoso del legislador, que vacíe de eficacia este derecho. La única forma de superar esa dificultad es modular la intensidad del juicio de igualdad, teniendo en cuenta el grado de libertad de que goza la autoridad política. Esto conduce a una regla elemental pero trascendental, que podría ser formulada así: entre mayor es la libertad de configuración del legislador en una materia, más deferente debe ser el control constitucional del respeto de la igualdad, mientras que ese escrutinio judicial debe ser más riguroso cuando el Legislador utiliza criterios o regula esferas en donde su margen de apreciación ha sido restringido por la propia Constitución."Sentencia C- 1191/01 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
29.Ver entre otras, las sentencias T-230 de 1994, C-022 de 1996, C-093/01 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-1108/01 MP Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, C-1191/01 M.P. Rodrigo Uprimny Yépes , C-1114- y C-043/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
30.Sentencia C-1176/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
31.Es decir las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados.
32.El Parágrafo 2°. de la norma precisa que "Para los agricultores y ganaderos, el límite de patrimonio bruto previsto en el numeral 1º de este artículo equivale a cien millones de pesos ($100.000.000) (valores años base 2003 y 2004)."
33.El parágrafo 1° de la norma precisa que "Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valor año base 2004), el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común."
34 Gaceta del Congreso 572 del jueves 6 de noviembre de 2003.
35. Es decir que estarían obligados a i) Inscribirse en el Registro Único Tributario -RUT-; ii) Recaudar y cancelar el impuesto a las ventas; iii) Expedir factura o documento equivalente; iv) Expedir el certificado de retención cuando son agentes retenedores; v) Presentar declaraciones de ventas y de renta y complementarios; vi) Informar el cese de actividades; vii) Informar el NIT y el nombre en los membretes de la correspondencia, recibos, facturas y demás documentos; viii) Conservar por lo menos durante 5 años las informaciones y pruebas relacionadas con el IVA; ix) Cumplir las normas de contabilidad y x) Informar en medios magnéticos.
36. Dentro de los cuales cabe recordar particularmente los atinentes a i) Que en el año anterior hubieren poseído un patrimonio bruto inferior a ochenta millones de pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 y 2004) e ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valores años base 2003 y 2004); ii) Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.; iii) Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valores años base 2003 y 2004) iv) Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 y 2004).

References: artículo 499
 artículo 14
 artículo 499
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 333
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 437
 artículo 499
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 502
 artículo 499
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 499
 artículo 499
 artículo 14
 artículo 25
 artículo 505
 artículo 499
 artículo 34
 artículo 499
 artículo 505
 artículo 499
 artículo 34
 artículo 499
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 499
 artículo 14
 artículo 499
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 499
 artículo 499
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 499
 artículo 14
 artículo 13

ARTÍCULO 499
 artículo 4766532

ARTÍCULO 499

ARTÍCULO 499

ARTÍCULO 499
 Artículo 25
 artículo 505

Artículo 505
 artículo 499
 Artículo 363
 Artículo 34
 artículo 499