Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531671.html
Timestamp: 2019-04-22 14:10:07+00:00

Document:
as201531671
Auto Supremo Nº 671
Expediente: 136/2011-A
Demandante: Luis Armando López Méndez
Demandado: Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital Del Beni
Distrito : Beni
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y la forma interpuesto por Luis Armando López Méndez, de fs. 388 a 393 vta. contra el Auto de Vista N° 14/2011 de 24 de febrero cursante de fs. 383 a 385 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido por Luis Armando López Méndez contra el Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital del Beni, la respuesta al mencionado recurso de fs. 399 a 400 vta., el Auto que concedió el recurso cursante a fs. 401, los antecedentes del proceso; y:
Que, en la tramitación del proceso contencioso tributario, el Juez en materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria del Distrito Judicial del Beni, pronunció Sentencia N° 06/2010 de 30 de junio, que corre de fs. 342 a 349, declarando improbada la demanda.
Interpuesto el recurso de apelación (fs. 352 a 357 vta.), la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, dictó el Auto de Vista N° 14/2011 de 24 de febrero (fs. 383 a 385 vta.), que confirmó la Sentencia N° 06/2010 de 30 de junio.
Dicha resolución, motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo por parte de Luis armando López Méndez, de fs. 388 a 393 vta., con los siguientes argumentos:
I.2.1 Recurso de Casación en la forma
Al amparo del art. 254.4) del Código de Procedimiento Civil (CPC), acusa falta de pronunciamiento sobre pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente.
Acusa violación del art 236 del CPC referido a la pertinencia de la resolución toda vez, señala que al pronunciarse el Auto de Vista no circunscribieron el mismo a los 5 puntos que fueron objeto de la apelación, que serían:
1) Acusa que no se efectuó un análisis fundamentado de la prueba, y no se cita las normas legales en las que se funda dicha evaluación, es decir no se hace conocer las normas legales en las cuales el A quo basó su conclusión de que el código de cliente o de transportista que asigna la cervecería puede probar la transferencia del dominio de la cosa y que puede probar el nacimiento del hecho generador, todo ello en el marco del art. 4 de la Ley 843; continua indicando que el hecho imponible solamente se perfecciona cuando la transferencia de un bien se encuentra respaldada por una factura o documento equivalente y no por un código de Control Interno de una Empresa.
2) Expresa que no se hace referencia y mucho menos se señala o se cita la norma legal que supuestamente le otorga mayor valor probatorio a un código de control interno de una Empresa que a una factura cuando se trata de probar la transferencia y/o dominio de un bien mueble.
3) Acusa que no existe pronunciamiento respecto a las multas que le fueron impuestas mediante las actas de infracción Nos. 80122, 80123, 80124 y que fueron objeto del litigio.
4) Refiere que tampoco existe pronunciamiento respeto a la factura 3326 de 23 de diciembre de 2005 emitida por la Cervecería Boliviana Nacional a nombre de la persona del contribuyente, la misma que la administración la incluyó en la vista de cargo y resolución determinativa como factura de compra a nombre de tercero, pese al hecho de que en la fiscalización se determinó que todas las facturas de compras emitidas a nombre del contribuyente en el mes de diciembre de 2005, se encontrarían debida y correctamente declaradas.
5) Señala además, que en Sentencia no se consideró el informe técnico pericial elaborado por el Auditor de la Sala Social y Administrativa, informe que señala que su persona no tiene la obligación de declarar por productos que no ingresaron a su negocio.
I.2.2 Recurso de Casación en el fondo
1) Al amparo del art. 253.1) del CPC., hace referencia al IV considerando del Auto de Vista en la que se señala que es exclusiva responsabilidad del poseedor el código asignado al demandante, sin siquiera mencionar la norma legal que establece que el obligado a declarar la compra del producto es el dueño del domicilio fiscal y no así la persona a nombre de quien le fue emitida la factura lo cual viola el art. 192.2) del CPC. Continúa mencionando, que no solo se está afirmando que la CBN transfirió el producto en favor de otras varias personas, sino que también su persona tiene la obligación de declarar la compra y la venta de dichos productos, violando el art. 4 de la Ley 843.
2) Acusan error de hecho en la apreciación de la prueba al amparo del art. 253.3) del CPC., toda vez que el Tribunal de Alzada ha efectuado una errónea apreciación al valorar la factura Nº 24155 de 4 de julio de 2008, (fs. 368), emitida por la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) en favor de Marcia Tereba Escalante por la compra de 200 docenas de cerveza por un monto de Bs.- 12.600,01, factura en la que se observa en la parte superior izquierda se registra como cliente a la agencia Beni con el número 806030, es decir con el número de código de cliente o de transportista que la CBN le había asignado, asimismo continua argumentando, en el Formulario No. 06331830 que cursa a fs. 369 correspondiente al IVA y el formulario No. 05524517 cursante a fs. 370, correspondiente al Impuesto a las Transacciones, se evidencia que la mencionada señora declaro la compra y venta de la cerveza que adquirió en cumplimiento a normas legales.
I.2.3 Petitorio
Concluye mencionado que amparado en los arts. 250, 253.1) y 3) y 254.4) del CPC, solicita se conceda el recurso por ante la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados en aplicación estricta de las normas y apreciando correctamente las pruebas, mediante Auto Supremo anulen el Auto de Vista recurrido o en su caso casen el mismo, declarando en consecuencia probada su demanda.
Que, el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento, a objeto de verificar si en ellos se guardaron las formas esenciales que hace eficaz a un proceso y fundamentalmente que las resoluciones que definan las controversias sean útiles en derecho; todo ello en la búsqueda de la seguridad jurídica que las partes exigen de la jurisdicción judicial, y en relación íntima con el art. 90 del CPC, que impone el orden público de que están embestidas las normas procesales y de donde emana su obligatorio cumplimiento.
En este contexto; resulta imperioso elucidar que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico del administrador de justicia consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, y una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, entendiéndose por motivación la "acción y efecto de motivar", y como motivar "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa"(Diccionario de la lengua Española).
Ello implica que todo administrador de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, tiene el deber inexcusable de exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un Juez omite la motivación de una resolución, no solo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no solo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos.
En esa línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que la fundamentación y motivación que realice un Juez o Tribunal ordinario a tiempo de emitir una resolución, expondrá con claridad los motivos que sustentaron su decisión; en ese sentido, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, ratificando lo señalado en la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, refirió que: “la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”[sic].
En consecuencia, la motivación de las resoluciones judiciales está sujeta ineludiblemente a circunstancias que encuentran su sustento legal en lo previsto por los arts. 190, 192 y 236 -entre otros- del CPC, normativa que entraña en el fondo de la controversia una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto. Esas inferencias podrán ser de tipo enunciativo sujetos a los cánones de la lógica común y de tipo jurídico - sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la inferencia jurídica definitoria en el caso singular.
Pues al contrario, cuando se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, sin aquella motivación exigida, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no será de su convencimiento que se ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren las compuertas que la Ley le otorga, para que en búsqueda de la justicia acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada.
De lo expuesto, es pertinente recordar que el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea, de ahí que es importante que el Tribunal de Alzada emita sus resoluciones conforme los parámetros establecidos en el art. 236 del CPC con apego a los principios de congruencia, pertinencia, previsibilidad, razonabilidad y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 y resolviendo el proceso conforme establece el art. 236, ambos del adjetivo civil, decidiendo en el fondo el conflicto, otorgando la tutela judicial efectiva, y cuidando además que las decisiones asumidas estén orientadas a solucionar la controversia que existe entre las partes.
En la especie, de la revisión de los antecedentes que informan al proceso se advierte que el Tribunal de apelación ha omitido dar respuesta fundamentada a acusaciones de errores de hecho y derecho en los cuales habría incurrido el fallo del Juez de instancia, cuestionamientos esenciales planteados por el sujeto pasivo que no fueron respondidos con fundamento por este Tribunal, evidenciándose que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada no se ajusta a los cánones anteriormente descritos, toda vez que no cuenta con la adecuada motivación y fundamentación respecto de los agravios expuestos en el recurso de apelación y las decisiones asumidas en el fallo impugnado, que constituyen simplemente una expresión de ideas generales sin que se toque algún caso o situación concreta sobre las cuestiones resueltas por el A quo que a su vez fueron reclamadas por el apelante, lo que implica el incumplimiento de lo previsto en el art. 236 del CPC e impide que se abra la competencia del Tribunal Supremo a efectos de resolver el recurso de casación en el fondo, concluyéndose en definitiva, que las decisiones asumidas por el Tribunal de apelación no son claras, concretas ni mucho menos precisas.
En consecuencia, por los fundamentos anteriormente expuestos, corresponde fallar conforme los arts. 252 y 271.3) del CPC.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, ANULA el Auto de Vista N° 14/2011 de 24 de febrero (fs. 383 a 385 vta.), pronunciado por los vocales de la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, disponiendo que el Tribunal de Alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo los agravios contenidos en el recurso de apelación de fs. 352 a 357 vta., de manera congruente y fundamentada., dando cumplimiento a las previsiones legales contenidas en el art. 236 del CPC.
No siendo excusable el error cometido, se impone la multa de Bs. 200.- (Doscientos 00/100 Bolivianos) al Tribunal Ad quem por la manifiesta inobservancia de la normativa descrita, a ser descontado de su haber mensual, a tal efecto hágase conocer la presente Resolución a la Dirección General, Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.
En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTIAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

References: resolución 
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