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Timestamp: 2017-09-25 11:31:42+00:00

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25/3/2001- DELEGACIÓN DE FACULTADES AL PEN
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIPUTADO SOCIALISTA HECTOR POLINO, EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LA SESION DEL 25 DE MARZO DE 2001, SOBRE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES AL PEN
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- La posición del Partido Socialista es contraria a esta iniciativa.
En un momento en el que se ha creado una gran confusión es necesario hablar con la más absoluta claridad. En el país se está estableciendo la sensación de que aprobamos esta delegación de facultades al Poder Ejecutivo o caemos al abismo. Esto lo señalan los responsables de haber llevado al país a esta situación.
Resulta conveniente recordar que tan solo veinticuatro días atrás el presidente de la República dijo en este recinto lo siguiente: “Hoy, la solvencia fiscal está garantizada y el Estado cuenta con un blindaje que elimina la posibilidad de que enfrente problemas de liquidez. La convertibilidad está fuerte, y la vamos a mantener, y el sistema financiero es muy sólido y tiene capacidad para aumentar el crédito en el corto plazo.”
¿En qué quedamos, señor presidente? Ayer, el secretario Daniel Marx expresó lo siguiente: “Los compromisos financieros de este año suman 2.000 millones de dólares.” Explicó que, gracias al blindaje, la Argentina está en condiciones de cumplir sus obligaciones sin necesidad de colocar más bonos en el mercado internacional.
¿En qué quedamos entonces? Si con el blindaje tenemos cubiertas las obligaciones internacionales, si con la ley de emergencia económica que se votó a mediados del año pasado se pagan con bonos todas las obligaciones del Estado con los contratistas y los proveedores, y las deudas con la clase pasiva, y si con la ley que se sancionó hace pocas horas el oficialismo puede tener una masa líquida de dinero de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares, ¿por qué vienen hoy a dramatizar con este pedido de delegaciones extraordinarias al Poder Ejecutivo? De ninguna manera se las vamos a conceder, porque no están diciendo la verdad y porque sería suicida conceder estas facultades extraordinarias a los responsables de la crisis que padece la mayoría de los argentinos.
¿Quién es el responsable de haber llevado el índice de desocupación en 1996 al 18,5 por ciento y el de subocupación a otro 18 por ciento? ¿Quién es el responsable del déficit fiscal de 6.000 millones de dólares en 1996? ¿Quién es el responsable del endeudamiento público en un 75 por ciento superior al que existía en 1991, cuando se inició la gestión del actual ministro de Economía? ¿Quién es el responsable de la emisión monetaria que instaló un festival de bonos en el país? ¿Quién es el responsable de haber privatizado buena parte del sistema jubilatorio argentino, de haber transferido las cajas provinciales deficitarias al Estado nacional y de haber reducido los aportes patronales a las empresas que desfinanciaron el sistema de seguridad social, lo cual obligó al Estado a tomar los dineros del fisco para enfrentar las obligaciones con la clase pasiva? ¿Quién es el responsable de haber realizado las privatizaciones a tontas y locas y de que hoy tengamos que pagar las tarifas más caras del mundo, que provoca que nuestros precios no sean competitivos? ¿Quién es el responsable de haber otorgado esos contratos leoninos a la patria contratista que hoy explota las rutas nacionales violando sistemáticamente la ley de peaje? ¿Quién es el responsable de que se violen los precios internacionales en materia de combustibles? Digo esto porque, cuando baja el valor del crudo en los mercados internacionales, aquí nadie se da por enterado pero, cuando suben, automáticamente se incrementan en la Argentina. ¿Quién es el responsable de haber renegociado hace pocos días los contratos ferroviarios, que son una verdadera vergüenza para el país, ya que les concedieron nuevos beneficios y nuevos privilegios a las empresas concesionarias, manteniendo los subsidios y los aumentos de tarifas que van a financiar las hipotéticas futuras obras que prometen realizar? ¿Quién es el responsable de haber creado estos entes reguladores cómplices de las empresas privatizadas, que hacen lo que quieren con los usuarios, a quienes trampean todos los días? Si tuviese tiempo podría demostrar cómo a la vista y paciencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de los entes reguladores se estafa sistemáticamente a los usuarios con sobrefacturaciones y con facturaciones abusivas y tramposas por no revisar los libros de las empresas para ver cómo a través de los honorarios de gerenciamiento eluden al fisco en el pago del impuesto a las ganancias. De esto nadie se da por enterado.
Esta noche también se está violando la Constitución Nacional y este puede ser el principio del fin de la República y del Estado de derecho. No es cierto que lo que se está haciendo está dentro de la Constitución. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha dicho reiteradamente.
En el caso “Delfino y Cía”, la Corte sostuvo que el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos. En este fallo agregó que ese es un principio uniformemente adquirido como esencial para el mantenimiento e integridad del sistema de gobierno adoptado por la Constitución y proclamado enfáticamente por su artículo 29.
De acuerdo con la doctrina de separación de poderes, la Corte se pronunció restrictivamente en relación con la delegación de facultades legislativas del Congreso en el Poder Ejecutivo u otros órganos. Esas restricciones establecieron básicamente no sólo que el Parlamento no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos -doctrina del caso “Delfino”-, sino que, además, hay materias expresamente vedadas a la delegación legislativa. Por ejemplo, en el caso “Video Club Dreams c/Instituto Nacional de Cinematografía s/Amparo”, la Corte Suprema dijo que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones de conformidad con los artículos 4° y 17 de la Constitución Nacional.
Por otro lado, en ocasión de ser procurador General de la Nación, el doctor Sebastián Soler también se expresó respecto de las condiciones que debe reunir la delegación legislativa para ser considerada constitucional.
Voy a ir concluyendo con mi exposición. Son muchas las cosas que podría decir, pero evidentemente el tiempo no me lo permite.
El cierre de las cuentas públicas no es sólo una cuestión técnica. El modo de obtenerlo es una opción política. La opción elegida es que el dinero debe provenir de los sectores medios y bajos de la sociedad. Esto sucedió con el “impuestazo”, y también va a ocurrir con el impuesto que la otra noche se aprobó en esta Cámara, conocido como el gravamen a las cuentas corrientes.
Citaré unas expresiones del fundador de nuestro partido, el doctor Juan B. Justo, quien dijo: “En política se miente, en política se mistifica, se oculta la verdad y aun se simula el error, cuando se tienen privilegios que defender o apetitos que puedan satisfacer merced a la ignorancia y el engaño de los otros. Al politicastro cuya meta es el gobierno de un pueblo que desprecia, bástale tal vez conocer los vicios que ha de alimentar, los prejuicios que ha de adular, los fraudes y violencias que ha de cometer”.
Esta noche el oficialismo va a tener los votos necesarios para sancionar este proyecto de ley. Y quiero repetir aquella frase que pronunciara Miguel de Unamuno, ese gran profesor de la Universidad de Salamanca, cuando Franco triunfaba con sus tropas sobre las de la República Española: “Venceréis pero no convenceréis”.
Ustedes esta noche van a sancionar un proyecto de ley, pero no van a convencer al país. El pueblo, más temprano que tarde, se va a dar cuenta de esta mistificación que se ha instalado en la opinión pública. (Aplausos.)
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: como se han señalado algunas opiniones a favor de esta propuesta, brevemente quiero manifestar que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que agrupa a sesenta mil profesionales, se ha expresado en contra de este otorgamiento de facultades a través de su presidente, el doctor Atilio Alterini.
sr. presidente pascual.- Esa es una decisión que debe tomar la Cámara. Correspondería que primero se vote en general.
Quería aclarar al señor diputado das Neves que en ningún momento dije que no se podía votar en forma nominal, sino que para hacerlo así teníamos que pasar lista. Se me preguntó si se podía votar de manera mecánica, a lo que respondí afirmativamente. Lo que no se puede hacer es votar de manera nominal por la vía electrónica.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Solicito que se vote pasando lista.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: en nombre del bloque Socialista Democrático considero que, tal como está redactado, este artículo es anticonstitucional. En este sentido existe sobrada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la norteamericana -cuyos lineamientos generales sigue nuestro país-, en numerosos fallos en los que se establece que la delegación legislativa no puede ser genérica y debe ser específica y enumerativa.
A título de ejemplo me permitiré señalar la opinión expresada por el ex procurador general de la Nación, doctor Sebastián Soler, obrante en Fallos 237-363, respecto de las condiciones que debe reunir la delegación legislativa para ser considerada constitucional. Esta doctrina coincide con la de los Estados Unidos, y hay numerosos fallos en ese sentido, por ejemplo, el 361 del año 1989. En consecuencia, si esta Cámara se empecina en votar este inciso tal como está redactado, con esta forma genérica que el Poder Ejecutivo puede interpretar de cualquier manera y hacer así lo que se le ocurra con cualquier organismo, es posible que esta situación genere presentaciones ante la Justicia por parte de los afectados, cuestionando la constitucionalidad de la norma.
Si el Poder Ejecutivo ha solicitado estas delegaciones debe tener resuelto qué organismos piensa fusionar, cuáles va a descentralizar y a qué entes considerará autárquicos. Sería conveniente que esto quedara expresamente establecido, porque no puede ser que votemos disposiciones ómnibus ya que, si lo hiciéramos, estaríamos votando esta iniciativa en contra de la Constitución de la Nación Argentina. (Aplausos.)
CONTINUACIÓN DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIPUTADO SOCIALISTA HECTOR POLINO, EN LA SESION DEL 26 DE MARZO DE 2001
sr. presidente pascual.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: en el mismo sentido en que se han expresado lo señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, quiero decir que este tema amerita que reflexionemos seriamente sobre el paso que vamos a dar. No podemos votar la delegación de facultades de manera genérica. Ya lo señalé en nombre de la bancada del partido Socialista Democrático cuando tratamos el inciso a) de este artículo. Los mismos argumentos sirven para el inciso b).
Quiero reforzar nuestro punto de vista con la opinión que expresó un gran diputado de esta Cámara, en 1995, cuando se trató la reforma administrativa II. Me refiero al señor diputado José Gabriel Dumón, que es un hombre a quien respeto profundamente, por su seriedad, por su ecuanimidad de juicio y por su trabajo silencioso pero efectivo en esta Cámara. Además, tengo un gran respeto personal y político por él, y voy a fundamentar nuestra posición con lo que expresara en 1995 al tratarse la reforma administrativa II.
Decía Dumón: “Yo creo que hay miedo de debatir el desguace del Estado en este recinto y que pretenden traernos los hechos consumados de la desaparición de organismos fundamentales para la Argentina. Por eso hablamos de la figura de la delegación que ha sido motivo de horas de debate en esta extensa sesión.
“Nosotros nos oponemos…”, -decía Dumón- “…a la delegación porque ella es enemiga del estado de derecho. El estado de derecho es la razón principal por la que se prohíbe la delegación en nuestro país y en el mundo. La delegación es la antesala de la concentración del poder y sin animo de entrar en un debate histórico quiero recordar que ninguna concentración de poder en nuestra historia y en el mundo terminó con buenos desenlaces. En este país donde con esfuerzo y con dolor, con muchas luchas de generaciones se ha podido recuperar la democracia y el estado de derecho, esta noche se puede dar un paso irreparable.”
Agregaba Dumón que “la delegación es la antesala de la discrecionalidad y por otra parte es la anulación del Parlamento. No vamos a hacer una defensa corporativa del Parlamento. Tampoco le vamos a hacer el juego a esa campaña política y pública que anda por los medios masivos de comunicación desde hace muchos años tratando de desacreditar al Parlamento y también a los políticos, tomando como ejemplo a los malos parlamentos que los hay y a los malos políticos que también los hay.”
Señalaba: “No voy a entrar en este juego; es un viejo juego para transferir el poder, como decía hace un momento de manera brillante la señora diputada Carrió, de las manos de la decisión política del pueblo a la de los burócratas que no son nada más que empleados de los grandes intereses. Con este acto estamos en la antesala también de anular el Parlamento.”
Y aquí hay un párrafo para tener en cuenta, y con esto termino para no prolongar demasiado la exposición: “Conozco bien a los hombres de la bancada mayoritaria y sé de lo difícil que es para ellos analizar y protagonizar este momento histórico. Sé de los remordimientos que a veces tienen. Quiero que escuchen, aunque sea por última vez, no sea que tengan que arrepentirse mañana de lo que están por votar. Cuando vuelvan a sus provincias los diputados justicialistas…”.
sr. presidente pascual.- Perdón, señor diputado. La Presidencia le indica que su tiempo ha terminado.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Ya termino, señor presidente.
— Varios señores diputados hablan a la vez.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- “Cuando vuelvan a su provincia los diputados justicialistas y tengan que explicar a los productores de sus economías regionales que un funcionario circunstancial, sin más poder que una designación burocrática, de un plumazo les suprimió un ente como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿qué explicación política van a dar? ¿Acaso vamos a borrar treinta años de investigación, de transferencia de conocimientos básicos y de tecnología para la producción primaria con una extensión que ha sido modelo para los proyectos de desarrollo de la región?” También hubo otras reflexiones en el mismo sentido.
Se trata de un tema importante. No se trata de satisfacer los pedidos autoritarios que un funcionario circunstancial, hoy instalado en el centro del poder político del país; se trata de defender los intereses del pueblo, los organismos públicos, los empleados de la administración pública, y sobre todo de ser coherentes entre lo que hemos dicho ayer, cuando el oficialismo de entonces pretendió llevar a cabo una reforma del Estado, y lo que hoy decimos porque se piensa implementar esta reforma.
No entreguemos cheques en blanco. Está en peligro el Estado de derecho. Defendamos las instituciones de la república democrática. (Aplausos.)
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: quiero dejar constancia de que, cuando se trató el proyecto de ley sobre infraestructura, nosotros hicimos una serie de observaciones a dicha iniciativa. Por lo tanto, no vamos a acompañar ahora la ratificación del decreto que implementa ese plan.
CONTINUACIÓN DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIPUTADO SOCIALISTA HECTOR POLINO, EN LA SESION DEL 27 DE MARZO DE 2001
sr. presidente cafiero j.p..- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: entro a este debate en una situación muy particular. En este momento hay cincuenta y siete señores diputados presentes y doscientos ausentes. Tampoco se encuentra en el recinto el señor diputado Baglini. No obstante, voy a expresar las razones por las cuales el socialismo democrático va a propiciar la modificación de este inciso.
Como aquí se ha dicho, desde Martínez de Hoz hasta Machinea se intentó aplicar el impuesto a las ganancias a las cooperativas. Inclusive, antes de que este gobierno asumiera el 10 de diciembre, cuando ya se había anunciado que el doctor Machinea iba a ser ministro de Economía, se comunicó al país que se iba a gravar a las cooperativas con el impuesto a las ganancias. En esa oportunidad, quien habla planteó una fuerte discusión en el bloque y felizmente logramos disuadirlos.
Hoy se vuelve a insistir con el mismo propósito mediante una redacción confusa que no especifica qué exenciones se van a eliminar. Sólo se autoriza genéricamente, y en consecuencia el Poder Ejecutivo podrá hacer lo que se le ocurra.
Pero no cabe duda de que las cooperativas y las mutuales son una presa apetecible. Esto deviene de una confusión originaria que estableció que las cooperativas y mutuales no pagaban el impuesto a las ganancias como una excepción. Como toda excepción, es un privilegio y, como tal, el Estado puede otorgarlo o quitarlo en cualquier momento. En realidad, nunca debió haber existido como excepción, y voy a explicar por qué. Estas entidades no tienen fines de lucro y forman parte de la economía social, de la economía solidaria. Al final del ejercicio financiero las diferencias entre el total de lo que ingresa y la totalidad de lo que egresa de una cooperativa o de una mutual se denomina excedente. En una empresa capitalista esa diferencia se llama ganancia.
El excedente se puede repartir de varias maneras: vuelve a los asociados en la misma proporción en que contribuyeron a generarlo, o queda en la cooperativa para ser aplicado a la realización de obras, emprendimientos, o a la prestación de mejores servicios.
En la empresa capitalista, en las sociedades anónimas, los dividendos que se reparten entre los accionistas no pagan el mismo impuesto a las ganancias. Lo paga la sociedad anónima o la sociedad comercial de la que se trate, como persona jurídica; en cambio, en las entidades solidarias -cooperativas o mutuales- los asociados pagan el impuesto a las ganancias, y en sus declaraciones ante la DGI constan los excedentes que vuelven al asociado como retorno. En consecuencia, ese excedente que vuelve al asociado aparece figurando en el impuesto a las ganancias que él presenta ante la DGI.
Si quisiéramos gravar a las cooperativas habría una doble imposición. Por la misma diferencia, es decir, por el mismo excedente, se estaría pagando dos veces en cabeza del asociado y en cabeza de la cooperativa. Esto significaría una doble imposición.
Entonces, en primer lugar, no es cierto que las cooperativas y las mutuales no paguen el impuesto a las ganancias; no lo hacen porque no corresponde, pero lo pagan sus miembros, sus asociados.
En segundo término, cuando el doctor Machinea resolvió retirar su proyecto de gravar a las cooperativas con el impuesto a las ganancias en diciembre del año pasado, en compensación propuso -y aceptamos- por única vez que se duplicase la alícuota del impuesto a los capitales sobre las cooperativas, que como ustedes saben es del 1 por ciento y afecta específicamente a planes y programas de educación y capacitación cooperativa.
El ex ministro propuso elevar esa alícuota al 2 por ciento. Como transacción surgida de la discusión se resolvió mantener el 1 por ciento con afectación al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa y destinar el 1 por ciento restante a los fondos del Tesoro de la Nación. De modo tal que sería una injusticia aplicar ahora el impuesto a las ganancias a las cooperativas, habiendo sido aumentada al doble la alícuota que pagaban en relación con el impuesto a los capitales.
Observo que el señor presidente me está haciendo señas para que finalice…
sr. presidente cafiero j.p..- Señor diputado: está totalmente excedido en su término. Muchos señores diputados -entre ellos, algunos de los que están anotados para hacer uso de la palabra a continuación de usted- se han quejado de que no se aplica estrictamente el reglamento en cuanto a los términos de los que se dispone para las exposiciones.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Voy a redondear.
sr. presidente cafiero j.p..- Si todos colaboramos y los señores diputados sintetizan sus discursos, podremos cumplir con el reglamento.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Se trata de un tema muy importante…
sr. presidente cafiero j.p..- Todos los temas son muy importantes.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Permítame continuar, señor presidente.
Diputados de distintas bancadas iban a hacer uso de la palabra; acordamos que si yo hablaba ellos renunciarían a hacerlo. En consecuencia, si me otorga unos minutos más, la Cámara va a ganar tiempo. De lo contrario, otros diputados van a hablar sobre este mismo tema.
Durante un año y medio muchos integrantes de la Unión Cívica Radical, del Frente Grande, del socialismo y de los diversos partidos que componíamos la Alianza, estuvimos trabajando en el Instituto Programático de la Alianza. Al cabo de esa discusión de un año y medio la Alianza publicó un folleto que se distribuyó en todo el país y que fue elemento de trabajo durante la campaña electoral.
Me permitiré leer -son pocas líneas- lo que acordó la Alianza en este tema. Esto es algo que fue resumido por los doctores Terragno y Caputo, y el asentimiento para su publicación lo dio el doctor de la Rúa, que reemplazó al doctor Alfonsín en la presidencia del Instituto Programático de la Alianza.
Permítanme leer lo que habíamos acordado en la Alianza: “1°) Considerar a las cooperativas y mutuales que proporcionen bienes y servicios a sus asociados, acto cooperativo y mutual respectivamente, como consumidores finales respecto a esas operaciones con relación al pago del Impuesto al Valor Agregado. 2°) Mantener la no sujeción de cooperativas, mutuales y asociaciones civiles sin fines de lucro al Impuesto a las Ganancias por no perseguir como fin principal ni accesorio la retribución de capital invertido sino la prestación de servicios al costo a sus asociados. 3°) Eximir del pago del Impuesto a las Ganancias a los retornos que se capitalicen como medida de fomento de la capitalización cooperativa”. Y, por último: “Excluir a la parte del patrimonio cooperativo y mutual, representado por las reservas sociales, del avance del Impuesto a los Bienes Personales.”
Simplemente pido que se cumpla lo que le prometimos al pueblo y al movimiento cooperativo.
Pocas horas antes del acto electoral del 24 de octubre el movimiento cooperativo se reunió en la ciudad de Rosario, donde se discutieron estas propuestas. El doctor de la Rúa envió a dos de sus representantes, que estuvieron presentes en esa reunión, a la que concurrimos todos los miembros de la Comisión de Cooperativismo, Mutualismo y ONG -que yo presidía-, que trabajamos en el IPA.
Eso es lo que le prometimos a la sociedad. No puede ser que ahora, a través de una redacción genérica, de un proyecto ómnibus, se diga simplemente que se va a facultar al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones impositivas. No puede ser que mañana, funcionarios que nada tienen que ver con el trabajo que realizamos durante un año y medio en el marco de la Alianza cambien las reglas de juego y graven al sector de la economía social, que por otra parte es el único capital de carácter nacional que hoy continúa operando en el país, sobre todo en el interior de la República.
Queremos evitar que se cometa una injusticia. Si el Poder Ejecutivo necesita recursos, ¡que restablezca los aportes patronales a las empresas privatizadas de servicios públicos, que han sido las grandes beneficiarias durante estos diez años de gestión!
¡Que terminen con la indexación de las tarifas de acuerdo con la inflación de los Estados Unidos de América, lo que hace que el costo argentino sea caro! Este es un elemento recesivo que conspira contra la competitividad que esta ley pretende promover. Por eso debe indicarse expresamente que las cooperativas, las mutuales y demás entidades sin fines de lucro que no generan ganancias en sus operatorias no están alcanzadas por este inciso que se pretende aprobar. (Aplausos.)
sr. presidente cafiero j.p..- La Presidencia desea aclarar que la señora diputada Mosso me ha hecho una acotación que es correcta: el señor diputado Polino utilizó tres veces más del tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra.
sr. presidente cafiero j.p..- Se va a votar el inciso b) del apartado II del artículo 1°.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: quisiera que se procediese a la lectura del inciso antes de su votación.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: propongo lisa y llanamente la supresión del inciso c). Cuando al miembro informante le preguntaron hacia adónde apuntaba esta redacción, no supo dar una respuesta concreta. Simplemente, se efectuaron meras conjeturas cuando estamos tratando de adivinar el destino de estos recursos. Evidentemente, esto es poco serio.
Si seguimos avanzando en la aprobación de normas genéricas respecto de los cuales quienes las proponen no saben para qué se van a destinar esos fondos, en qué obras de infraestructura, ni de dónde van a salir, a los legisladores la única facultad que nos quedará de aquí en adelante será la de tratar proyectos de resolución, pedidos de informes y meros proyectos de declaración, porque en lo que se refiere a la legislación sustantiva se estarán delegando amplísimas facultades al Ejecutivo.
Le pido al bloque de la mayoría que reflexione sobre este particular. El miembro informante acaba de expresar concretamente que no sabe cuál va a ser el destino de estos fondos ni respecto de qué obras se busca este financiamiento. Entonces, ¿cómo es posible que se exija una aprobación tan genérica que sólo llevará a que después de esto el Congreso pase a estar de más?
Por lo tanto, solicito que lisa y llanamente eliminemos este inciso y continuemos con la consideración de los restantes.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: en la República Argentina algunos pseudo liberales quieren ser más papistas que el Papa. Los países modernos y prósperos, cuyos habitantes tienen la calidad de vida más alta, han regulado la economía y continúan haciéndolo.
Se trata de países proteccionistas, que defienden a sus productores locales. Nosotros estamos asistiendo al fracaso de una política que se ha instaurado en el marco del Consenso de Washington y del Plan Brady. El fundamentalismo de mercado nos lleva a ejecutar una política que no la ha practicado ni la realiza ningún país de Europa, América del Norte o Asia.
¿Qué significa otorgar al Poder Ejecutivo facultades para desregular la economía y aquellas normas que perjudiquen la competitividad? Se trata de términos genéricos sobre los que podríamos discutir horas.
Desde hace años soy un activo militante en el campo de los derechos de los consumidores y de los usuarios. Por ello puedo decir a la Cámara que hay grandes grupos económicos y empresarios a los que no les cayeron nada bien las leyes que sancionó el Parlamento. Me refiero, por ejemplo, a la ley 24.240, de defensa de los derechos de los consumidores; a la ley antimonopolio o de defensa de la competencia, que incluso crea un tribunal arbitral; a la que regula las tarjetas de crédito y a la que crea los bancos de riesgo crediticio.
En los debates de estas normas legales dejamos sentada nuestra posición en algunas cuestiones que podrían ser mejoradas, pero son leyes que están en vigencia y que, aun siendo imperfectas, cumplen un papel en defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores, frente a los abusos de las grandes empresas, sobre todo las de servicios públicos privatizados, que actúan sin competencia, en mercados monopólicos, con usuarios cautivos y con altísimos márgenes de rentabilidad.
Entonces, con todo derecho podría solicitar que se excluya de esta delegación de facultades a estas leyes y a otras. A su vez, los diputados que militan en otros campos podrían hacer lo propio. Sería tan larga la lista de las exclusiones que estaríamos ante un absurdo.
No podemos continuar con esta política de delegación genérica en el Poder Ejecutivo. Estamos bordeando el artículo 29 de la Constitución Nacional.
No estamos ante atribuciones especiales en el marco de la emergencia pública. Estas son delegaciones de facultades extraordinarias.
Pongo énfasis en esto porque ya veremos que los grupos económicos que tienen entrada libre en los despachos oficiales van a presionar para derogar estas leyes, o bien modificarlas, para continuar haciendo lo que quieren sin ningún tipo de limitaciones.
Por lo menos ahora tenemos el recurso de ir a la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo y defender a los usuarios frente a los abusos de las empresas, que a veces son llevados a cabo en connivencia con el Poder Ejecutivo.
Los socialistas democráticos nos vamos a oponer a este inciso y decimos una vez más que el oficialismo ya está alcanzado por lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución. ¡Ya se están pasando con las facultades que están otorgando al Poder Ejecutivo!
Les pido que pongan límite a esta obsecuencia, a esta actitud, que no tiene parangón en la historia del Parlamento, de ceder todas las facultades propias de este cuerpo al Poder Ejecutivo nacional.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?
sr. ALLENDE IRIARTE, ALBERTO GONZALO.- No, señor diputado. Le pido disculpas pero dispongo de muy poco tiempo.
Termino diciendo que estamos dando estas facultades con el marco de seguridad que contempla la segunda parte de este inciso d) donde se establece cuáles son las cosas que no se pueden tocar y que resultan esenciales: incluyen la ley de convertibilidad y los códigos Civil, de Minería y de Comercio, la materia penal, la materia tributaria, la materia laboral y la materia previsional.
Por lo señalado, adelanto el voto afirmativo a este inciso d).
sr. presidente balter.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
sr. TORRES MOLINA, RAMON HORACIO.- Sí, señor diputado.
sr. presidente balter.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: quiero destacar que el señor diputado que acaba de hacer uso de la palabra dijo algo muy importante: “las facultades que otorgamos al doctor Cavallo”. Esto es lo que venimos sosteniendo nosotros. Estamos otorgando estas facultades no al presidente de la Nación sino al ministro de Economía. A confesión de parte, relevo de pruebas.
sr. presidente pascual.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: deseo saber cuál será la situación de los entes residuales frente al proceso de privatización de los servicios públicos. Creo que tendrían que figurar entre los entes excluidos.
sr. presidente pascual.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. BAGLINI, RAUL EDUARDO.- Señor presidente: como un ente residual es una forma jurídica de propiedad del Estado nacional tiene que cumplir con lo prescripto por el segundo párrafo del texto que acabo de leer.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Entonces, ¿están incluidos?
sr. BAGLINI, RAUL EDUARDO.- Señor presidente: lo que quiero decir es que para cumplir con un proceso de privatización de un ente residual, habría que elaborar una ley especial que tendría que ser analizada por este Parlamento, junto con el programa, tal como lo establece la ley 23.696.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: conviene que cuando nos vayamos de aquí tengamos bien claro en qué situación quedan los diversos organismos. A mí no me queda claro si ATC, Radio Nacional y TELAM están dentro del artículo 1°, inciso b), es decir, si pueden adoptar personerías jurídicas distintas a las que tienen en este momento.
sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: en nombre del bloque del Partido Socialista Democrático quiero ser bien claro. En esta noche y en estos días la Honorable Cámara otorgó al Poder Ejecutivo facultades ilimitadas, sin ningún tipo de condicionamientos y sin bases ciertas sobre las que va a funcionar esta delegación. No queremos crear la falsa ilusión de que la comisión a constituirse va a controlar al Poder Ejecutivo. Ahora el Ejecutivo dispone, además de las facultades que le otorga la Constitución Nacional en un régimen presidencialista fuerte para dictar decretos de necesidad y urgencia y para vetar total o parcialmente las leyes que dicte este Parlamento, de un cúmulo de facultades delegadas como no registra antecedentes en la historia constitucional e institucional del país. De modo que no abrigamos ninguna esperanza acerca del control que a posteriori pueda hacer esa comisión de los actos que dicte el Poder Ejecutivo, cuyos efectos jurídicos no podrá evitar. Tenemos que tomar conciencia de que esta Cámara le ha aprobado al gobierno la delegación de facultades extraordinarias, que esa comisión de ninguna manera podrá limitar porque, tal como lo indica el proyecto en tratamiento, sus efectos jurídicos van a perdurar aun después de vencido el plazo establecido en esta iniciativa.

References: artículo 29
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