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Timestamp: 2018-02-18 00:27:36+00:00

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Unión de Asociaciones y Entidades de. Atención al Drogodependiente. Borrador de Posicionamiento de UNAD en materia de justicia penal - PDF
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Esther Espinoza Tebar
1 Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente Borrador de Posicionamiento de UNAD en materia de justicia penal
2 POSICIONAMIENTO DE UNAD EN RELACIÓN A LA JUSTICIA PENAL Reflexiones en torno a la Política Penal La Justicia Penal, asumiendo sus defectos y limitaciones, en una sociedad de la complejidad de la nuestra, tiene el papel primordial de restablecer la paz social desde el Estado y desde la neutralidad, evitando que cada cual se tome la Justicia por su mano cuando alguien transgrede las normas básicas de convivencia y evitando que los conflictos sociales se multipliquen y se conviertan en venganzas sangrientas. Pero esta Justicia Penal puede ser de muy diversos tintes, según estemos hablando de un Estado de Derecho o de un Estado Totalitario. El nacimiento del Estado de Derecho, a partir de las Constituciones de finales del S. XVIII, está íntimamente unido al reconocimiento de los Derechos Humanos Universales y, dentro de ellos, al establecimiento de una serie de derechos y garantías especialmente relacionados con la Justicia Penal que estaban dirigidos a proteger a la ciudadanía frente a los abusos de quienes ostentan los poderes del Estado, tras siglos de sometimiento e injusticias. Dicho de otra manera, principios básicos como el de intervención mínima, el de legalidad, el de proporcionalidad en la respuesta penal y de presunción de inocencia o derechos como el derecho a la igualdad de todas las personas, a la dignidad y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad, el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros, establecen límites al poder del Estado frente a las ciudadanas y ciudadanos y ofrecen el esqueleto a los ordenamientos penales modernos de tinte democrático. De esta manera, tienen acogida en nuestras constituciones estatales y tratados internacionales sobre derechos humanos. Adviértase que, en el Estado español, han tenido presencia real sólo en los períodos democráticos). Desde entonces, estos principios y garantías han constituido el sustento del Estado de Derecho y han permitido el mantenimiento de una mínima paz social allá donde realmente se han implantado y respetado. De todas esas garantías y principios que forman parte del Estado de Derecho, nos interesa hacer referencia a una de ellas, el principio de intervención mínima. Según el mismo, el derecho penal, dada la gravedad de las consecuencias que puede acarrear para las personas, tales como la pérdida de un bien tan preciado como su libertad, debe reservarse sólo y exclusivamente para proteger aquellos bienes jurídicos o derechos más importantes para el mantenimiento de la paz social y, dentro de ellos, a responder ante los ataques más graves a los mismos. Porque, ciertamente, la sociedad tiene otros instrumentos de control que han de usarse de manera prioritaria, pues resultan más efectivos y menos agresivos para con el ser humano. Algunos de estos mecanismos sociales ajenos al Derecho Penal tienen además funciones preventivas en relación al delito, como por ejemplo, el control familiar, la educación cívica y las medidas de integración social de las personas que nuestro sistema socio-económico deja en una situación de inferioridad de condiciones. Pero además, existen otros mecanismos jurídicos menos agresivos que el penal que deben ser usados con carácter prioritario, como el derecho privado o el administrativo. En definitiva, la sanción penal debe constituir el último recurso y usarse sólo cuando el resto de mecanismos se muestran insuficientes para la convivencia social. Posicionamiento de UNAD en materia de justicia penal
3 Pero nuestro Estado, además de ser un Estado de Derecho, es un Estado Social, que debe promover la igualdad efectiva de todas las personas desde la solidaridad y debe incidir en la mejora de la situación de las clases desfavorecidas, lo que repercute, sin duda, en una mayor seguridad ciudadana. En relación a esto, hay dos cuestiones de importante análisis: En primer lugar, hemos de reflexionar sobre aquello que es realmente la seguridad o inseguridad ciudadana y aquello que no lo es. También tenemos que pararnos a pensar si realmente, como sociedad, estamos utilizando el derecho penal para afrontar los ataques más graves a la seguridad y la convivencia ciudadana. En segundo lugar, los estudios ponen de manifiesto que, en muchas ocasiones, la comisión del delito, sobre todo de los más castigados por nuestra legislación penal y que conducen mayoritariamente a prisión, está relacionada con las desigualdades sociales y con las situaciones previas de exclusión social de algunos grupos, por ejemplo las infracciones contra el patrimonio o delitos contra la salud pública a pequeña escala. Igualmente, está demostrado que trabajar en pro de la incorporación social de las personas y colectivos con especiales dificultades, disminuye las situaciones en las que se acude al delito como forma de vida. El derecho penal no debe ser presentado como solución a los problemas sociales, pues para afrontar realmente las situaciones de pobreza y exclusión social existen otros caminos, basados en la intervención social y en las políticas dirigidas a la Justicia social y la igualdad efectiva de las ciudadanas y ciudadanos. Si hablamos de problemas de drogodependencias, podemos afirmar que el tratamiento oportuno de la persona desde un punto de vista bio-psico-social reduce las posibilidades de que se acuda al delito para mantener la adicción, actuando de forma preventiva. Del mismo modo, incidir en las causas que han llevado a las personas a delinquir reduce la tasa de reincidencia. En este sentido, las entidades de drogodependencias venimos reclamando desde hace varias décadas que la mejor manera de prevenir la delincuencia o reducir la reincidencia relacionada con el abuso de drogas ilegales es una buena política de educación y de servicios sociales y sanitarios así como de alternativas a la prisión. En este sentido es importante recordar que casi el 80% de las personas privadas de libertad proceden de entornos de exclusión y pobreza y carecen de estudios primarios o de otra formación o experiencia laboral. Además, esas personas están privadas de libertad principalmente por delitos contra la propiedad (más de la mitad del total) o pequeños trapicheos con drogas ilegales (más del 20% del total). En definitiva, no se trata de lo típicos delitos que llenan las noticias de los telediarios y alarman e indignan a las ciudadanas y ciudadanos. Por otro lado, se ha repetido y repite hasta la saciedad que la tasa de delincuencia de España, sobre todo en relación a delitos violentos, es una de las más bajas de Europa. Por qué entonces este alarmismo social y esta utilización de casos violentos aislados para explicar los sucesivos endurecimientos penales que venimos sufriendo desde la publicación del Código Penal de 1995? Las continuas reformas penales sufridas desde 1995 y las anunciadas nos alejan cada día más de la idea de Estado de Derecho, que parte de la democracia, la igualdad, la libertad y la dignidad de los seres humanos, acercándose, por el contrario, cada día más, a un Estado sustentado en Leyes totalitarias, lo que de ningún modo puede confundirse con el Estado de Derecho. Posicionamiento de UNAD en materia de justicia penal
4 Como entidades que llevamos muchos años trabajando con personas con problemas de drogodependencias y exclusión social, creemos en las personas y en sus posibilidades de reinserción social, o como nos gusta decir, de incorporación social. Y creemos en las personas porque lo vemos a diario, en nuestras sedes, nuestros centros, o en los pueblos, barrios, comunidades o prisiones donde intervenimos. Además, es una cuestión de configuración constitucional y legal de nuestro sistema penal y penitenciario. Así se recoge en el artículo 25.2 de la Constitución Española cuando dice que Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. También la Ley General Penitenciaria, en su artículo 1, hace referencia a dicho principio, que debe orientar la actividad de las Instituciones Penitenciarias. Al mismo tiempo, tanto la Constitución Española, en su artículo 25.2 como la Ley General Penitenciaria garantizan el respeto del resto de derechos no limitados por sentencia judicial a la persona penada. Sin embargo, nuestro sistema de alternativas a la prisión está aún por desarrollar en comparación con los vigentes en otros países de nuestro entorno cultural: existe poca variedad de alternativas a la prisión y las que existen se muestran tremendamente rígidas e inaplicables a muchas personas que merecerían una oportunidad. Se abusa de la pena privativa de libertad, pese a ser una consecuencia tan gravosa para el ser humano, que termina destruyéndolo, se masifican las prisiones, el tratamiento penitenciario resocializador se despersonaliza y vacía de contenido y, con todo ello, sólo conseguimos que las personas así tratadas reincidan en el delito. Por otro lado, en la línea del resto de países europeos e, incluso, de EEUU y otros vinculados culturalmente al nuestro como Argentina, tenemos que abrirnos a las ventajas de la mediación entre las partes en conflicto y a la posibilidad de que ésta pueda tener sus efectos en el ámbito penal, con un reconocimiento expreso por parte de la Justicia. Venimos reclamando a los distintos gobiernos que dejen de introducir reformas que criminalizan la pobreza, la exclusión social y la drogodependencia y, por el contrario, establezcan un sistema de alternativas a la prisión más variado y flexible, que incluya la mediación entre las personas implicadas en los conflictos para que puedan encontrar una solución dialogada a los conflictos y priorice las respuestas terapéuticas a las personas drogodependientes o enfermas mentales. Las penas cumplidas en la comunidad evitan los efectos dañinos y desocializadores de la prisión e inciden en la incorporación social de quien ha delinquido. En esta línea, hemos ido realizando propuestas de mejora para que nuestra legislación penal y penitenciaria sea menos injusta y más acorde con el objetivo resocializador encomendado. Así, por ejemplo, con ocasión de las reformas llevadas a cabo a iniciativa del Gobierno español en el bienio o con ocasión de la reforma sufrida por el Código Penal en 2010, también a instancias del Gobierno. En las últimas propuestas hacíamos hincapié en cuestiones como la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad para delitos de escasa o media gravedad, aumentando el ámbito de penas a las que resultaría aplicable hasta los cinco años y señalando la necesidad de que los juzgados cuenten con equipos multidisciplinares compuestos por personas expertas en ciencias sociales y de la conducta, que puedan valorar, de la forma más objetiva posible, las circunstancias particulares de quien ha delinquido, para una mejor adecuación de las medidas concretas a imponer según las circunstancias de cada una. También planteábamos, que se posibilitara la aplicación de la suspensión de la pena de prisión a personas que aún no han hecho del delito su forma de vida, aunque hayan protagonizado más de un incidente. Posicionamiento de UNAD en materia de justicia penal
5 Finalmente, considerábamos más acorde con el principio resocializador, que si la suspensión finaliza con éxito, no quede registrada la pena como un antecedente penal, como se recogía en la redacción original de Código Penal de 1995, o que se atienda a los informes de las personas expertas a la hora de decidir qué hacer ante los altibajos o incumplimientos puntuales en los tratamientos o reglas de conducta. En relación a la suspensión por sometimiento a tratamiento de personas drogodependientes del Art. 87 CP, entendíamos que era preciso detallar los tipos de tratamiento de drogodependencias reconocidos, pues, en no pocas ocasiones, el sistema judicial es reacio a admitir los tratamientos en régimen ambulatorio, con independencia de las necesidades terapéuticas reales del sujeto. Nuevamente, en este punto, era preciso conceder un papel de relevancia a los informes de las/os especialistas que conocen más de cerca la problemática de las drogodependencias, en general, y la del sujeto concreto, en particular, y que saben interpretar de forma adecuada la cuestión de las recaídas o consumos puntuales, no siempre bien entendidos por la Justicia, distinguiéndolas de los abandonos del tratamiento. También realizábamos propuestas para evitar el creciente y desproporcionado endurecimiento de la respuesta penal a la pequeña delincuencia, o para reducir el excesivo castigo de conductas de gravedad media y que inciden sobre las personas en situación de pobreza y/o exclusión social. Desgraciadamente, no es esta la línea que siguen las sucesivas reformas penales, aunque hay que reconocer que se han producido algunas mejoras puntuales. Seguimos sin contar con un sistema de alternativas a la prisión variado y flexible, seguimos encarcelando a las personas pobres y excluidas y seguimos sin introducir la mediación penal en nuestro Derecho, a pesar de que el Estado español está obligado a ello por una norma de la Unión Europea de 2001 que dejaba de plazo a los Estados hasta Reflexiones en materia penitenciaria Como hemos señalado anteriormente, en el ámbito penitenciario debe primar el respeto de los derechos humanos no específicamente limitados por sentencia. La persona privada de libertad conserva su derecho a la igualdad, su derecho a la dignidad y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes (relacionado con el principio de resocialización), su derecho a la salud en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, su derecho a la intimidad y a la vida familiar (facilitando el contacto de la persona presa con el exterior a través del régimen de comunicaciones y permisos), su derecho a la información y a la libertad de expresión, sus derechos laborales, etc. Esta idea del mantenimiento, respeto y garantía de estos derechos 1 Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales [ ]. Velarán para que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación [ ]. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a lo estipulado, a más tardar el 22 de marzo de 2006" (Decisión marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001 (2001/220/JAI), relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal). Posicionamiento de UNAD en materia de justicia penal
6 individuales debe estar siempre presente en la vida penitenciaria y en la intervención, tanto de la administración penitenciaria y sus trabajadoras/es como de las propias entidades del tercer sector que intervienen de alguna manera en las mismas. En este sentido hemos de aplaudir la existencia de un Código Deontológico de las Instituciones Penitenciarias, que junto a la Constitución y las Leyes, oriente el trabajo en prisión. En algunas ocasiones se ha hablado de la privatización de las prisiones de adultos/as 2 o de algunos de sus servicios más importantes, estando especialmente interesada en este debate la boyante industria de la seguridad 3. Entendemos que en un ámbito tan delicado como las prisiones, en el que la persona está completamente sometida al poder de la institución penitenciaria, estando en juego sus derechos más básicos, no es admisible la intervención de empresas privadas, ni en la gestión de los centros, ni en la seguridad exterior o interior, ni en el tratamiento penitenciario. La pena privativa de libertad, como pena más gravosa de nuestro ordenamiento penal, debe ser exclusivamente asumida por el Estado, evitando cualquier tentación de mercadear con la vida de las personas privadas de libertad y sus derechos fundamentales, como si se tratara de cualquier otro bien o servicio. Otra cosa bien distinta es la participación de la sociedad civil en la vida penitenciaria, en el apoyo a las personas privadas de libertad y en las actividades de tratamiento dirigidas a su incorporación social. La Ley General Penitenciaria dedica a ello el artículo 69.2: A los fines de obtener la recuperación social de los internos en regímenes ordinario y abierto se podrá solicitar la colaboración y participación de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas ocupadas en la resocialización de los reclusos. Esta tarea de las entidades ajenas a la prisión es de un incuestionable valor para frenar la desocialización de las personas presas o, lo que es lo mismo, su prisionización, pues el mantenimiento de vínculos diversos con el exterior y las actividades que se pueden ofrecer, tanto de asistencia o formación como de apoyo personal y escucha activa, son básicos para que las personas, al menos, no estén peor al regresar a su entorno que cuando ingresaron a cumplir sus condenas. Por otro lado, desde hace años venimos poniendo de manifiesto que el sistema penitenciario español cuenta con muy poco personal técnico dedicado a labores de tratamiento, existiendo una gran descompensación en relación al número de funcionarios de seguridad, que 2 Los centros de internamiento de menores de edad, verdaderas prisiones, son gestionadas en un alto porcentaje por empresas privadas. 3 Federación Andaluza ENLACE. Revista Yerba, En todo el mundo, el negocio de la seguridad ha encontrado un filón inagotable en el sistema penitenciario, en donde la empresa privada ha iniciado su desembarco, en algunos países desde hace años, y en otros, más recientemente. La empresa norteamericana pionera de la industria correccional, Corrections Corporation of America (CCA), nacida en 1983, ha abierto una filial en Australia, donde cuenta con un mercado considerable, ya que el 17,8% de las cárceles se encuentra en manos privadas. El segundo grupo es la multinacional francesa del catering Sodexho, que trabaja en Chile y suministra alimentos a cárceles de España, Países Bajos y Portugal. Existen, además, otros tres grandes grupos: el norteamericano Geo Group, que gestiona la base de Guantánamo y que dispone de 69 centros en EE.UU., Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá; el danés Group 4 Securicor, que ofrece todo lo necesario para el funcionamiento de las cárceles; y Serco, una empresa del Reino Unido que tiene contratos en Norteamérica, Oriente Medio y Asia y que acaba de conseguir la primera adjudicación de servicios para una cárcel en Alemania. La tendencia de privatizar las prisiones, consolidada en Estados Unidos, se extiende hacia Europa de forma imparable. En España, Cataluña está sentando las bases para ser pionera en la privatización del sistema penitenciario, ya que se ha planteado dejar en manos de la empresa privada la gestión del proyectado módulo de jóvenes de Quatre Camins en la Roca del Vallés (Barcelona). Posicionamiento de UNAD en materia de justicia penal
7 es muy superior 4. A pesar de los esfuerzos por ampliación de programas y actividades de los últimos años, esta insuficiencia de personal convierte en más necesaria, si cabe, la intervención de las entidades sociales en la tareas de apoyo al tratamiento. Las asociaciones, fundaciones y otras entidades del tercer sector de acción social debemos tomarnos esta participación prevista en la ley, no sólo como una posibilidad que se nos ofrece, sino como una responsabilidad que hemos asumido cuando decidimos estar al lado de las personas más excluidas de nuestra sociedad. Siendo esto así, las diferentes administraciones deben apoyar este trabajo, minimizando las trabas y facilitando ayudas económicas. En cuanto a las drogodependencias en prisión, seguimos viendo cómo las personas con problemas de drogodependencias y, dentro de ese grupo, las que provienen de entornos de exclusión, siguen siendo las principales habitantes de las prisiones españolas, calculamos que no menos del 70% de la población penitenciaria. Es importante recordar que las cárceles no son un entorno terapéutico adecuado para dar solución al problema de las adicciones, por eso tanto la administración penitenciaria como las entidades que trabajamos con ellas no debemos perder de vista que el objetivo último es que la persona pueda finalizar su tratamiento en libertad, en centros especializados como las comunidades terapéuticas o en régimen abierto siguiendo un tratamiento ambulatorio con la supervisión necesaria. Nuestra legislación penitenciaria, tanto la Ley como el Reglamento, así lo posibilitan, aunque no se hace todo el uso que debería hacerse de estas posibilidades verdaderamente más acordes con el principio de resocialización. Lo manifestado anteriormente no significa que no se deban realizar tratamientos de drogodependencias en prisión. Muy al contrario, en prisión deben ofrecerse todos los tratamientos terapéuticos de drogodependencias a los que se puede acceder en libertad, pues, como decíamos, la persona presa está privada de libertad pero no de su derecho a la salud o a desarrollar programas dirigidos a la recuperación de su adicción, pero siempre, sin olvidar, que el lugar adecuado para abordar de manera efectiva esta problemática socio-sanitaria es el entorno comunitario. Aplaudimos la extensión de módulos de respeto o terapéuticos, siempre que sean voluntarios, se adapten a las personas que se encuentran en los mismos y no se nieguen otras actividades de tratamiento a quienes no deseen participar en los mismos. Como hemos dicho, la entrada en prisión no anula los derechos sociales y sanitarios de las personas privadas de libertad. Uno de los problemas más acuciantes del sistema penitenciario español es el sanitario. Los problemas de salud de las personas presas son muy numerosos y graves. EL VIH, la hepatitis o la tuberculosis vienen preocupándonos desde las décadas de 1980 y En la actualidad, nuevas situaciones están golpeando la salud de las/as privadas/os de libertad: el cáncer, las enfermedades coronarias o, en general, los relacionados con las personas mayores, cuyo número ha aumentado considerablemente en los últimos años y el sistema penitenciario no está preparado para ellas. Por otro lado, una cuarta parte de las personas presas padecen enfermedades mentales. Entendemos que el urgente dar una solución a la problemática sanitaria de las prisiones, que debe contemplar: - La excarcelación de todas las personas enfermas muy graves con padecimientos incurables, sin distinción - El traspaso de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud - La dotación de recursos externos suficientes para acoger en su excarcelación a personas con enfermedades graves que no cuenten con familia o lugar de acogida 4 VVAA: Drogodependencias y prisión: situación de las cárceles españolas. Estudio sobre la situación de las personas con problemas de drogas en prisión. UNAD, Madrid, Posicionamiento de UNAD en materia de justicia penal
8 - La garantía de que a las personas privadas de libertad se les suministra los mismos medicamentos que a las libres - El abordaje del problema de la salud mental por las administraciones competentes, pues la falta de atención de estas personas es la causa de que muchas de ellas terminen en la calle y en la prisión, a pesar de, en muchos casos, estar exentas de responsabilidad criminal Apostamos por iniciativas de participación social en la vida penitenciaria y la coordinación de la administración penitenciaria con las entidades del tercer sector que intervienen en las prisiones y en relación a penas y medidas alternativas. Tanto el Consejo Social Penitenciario como los Consejos Locales han demostrado en estos años de experiencia que es posible trabajar juntos/as por un interés común, el cumplimiento y permanente búsqueda de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad y de las instituciones penitenciarias. En estos difíciles tiempos de crisis económica que nos ha tocado atravesar, hay que evitar retrocesos justificados en la escasez de recursos económicos. Las ONGs tenemos la responsabilidad colectiva de no ceder en el objetivo resocializador que ilumina nuestro sistema penitenciario y el gran reto de mantener los recursos y programas que están dirigidos a su consecución. Pues si queremos trabajar para que las personas que han delinquido no reincidan cuando se reintegren en la sociedad, la propia sociedad civil tiene mucho que hacer y decir al respecto. No cabe duda de que las Entidades del tercer Sector, como recursos comunitarios, tienen un papel clave en relación a las penas y medidas alternativas, y las administraciones deben contar con ellas de manera decidida y prestarles el apoyo suficiente. A modo de síntesis: - Creemos en la reinserción social de las personas que en un momento dado han podido cometer un delito. - Debemos garantizar a las personas privadas de libertad todos sus derechos no limitados por la sentencia penal: salud, educación, trabajo, información, comunicación familiar. El único derecho que debe perder una persona que está en prisión, es el de la libertad. - Las prisiones no deben usarse como solución aparente a los problemas sociales. Las causas del delito en muchos casos se encuentran en las graves situaciones de exclusión que sufren las personas que lo cometen y es ahí donde la sociedad debe actuar para prevenirlo y evitar su reiteración. La mejor manera de prevenir el delito es la inversión en políticas sociales dirigidas a procurar la igualdad efectiva de las ciudadanas y ciudadanos. - Debe ampliarse nuestro sistema de alternativas a la prisión, dejando la prisión como una solución excepcional y sólo para los casos más graves. - Apostamos por la mediación como forma de resolución de conflictos también en materia penal, por ello creemos en su introducción legal en cualquier momento del proceso penal, incluso como forma de evitar la judicialización automática de todos los asuntos, hayan sido o no solucionados por las partes implicadas. - La prisión no es el lugar más adecuado para que la persona se someta a un tratamiento de drogodependencias efectivo, debiendo perseguirse siempre su finalización en un Posicionamiento de UNAD en materia de justicia penal
9 entorno realmente terapéutico ajeno a la misma. En todo caso debe priorizarse siempre un tratamiento a personas drogodependientes. - Las personas que padezcan enfermedades muy graves con padecimientos incurables y las enfermas mentales deben ser excarceladas y recibir la atención socio-sanitaria y familiar oportuna. - El papel del tercer sector de acción social es básico para la prevención de la delincuencia y el desarrollo de las alternativas a la prisión y otras formas de cumplimiento de las penas no consistentes en la privación absoluta de libertad y, en consecuencia, deben recibir el apoyo suficiente por parte de las administraciones responsables garantizando una regulación al efecto así como la financiación de sus servicios. - No creemos en las políticas penales que abusan de la pena privativa de libertad y que se ensañan con las personas con menos posibilidades en la sociedad. - Consideramos que la pena privativa de libertad con más de 15 años de cumplimiento efectivo puede causar daños irreversibles en la persona que lo sufre que impliquen su incompatibilidad con el artículo 15 de la Constitución Española, que prohíbe las penas o tratos inhumanos o degradantes, así como la pérdida de contenido del objetivo resocializador proclamado en el artículo 25 de la citada norma. - Entendemos que lo que la sociedad necesita en estos momentos no es una reforma dirigida al endurecimiento penal, que puede ser contraproducente, sino una política social que ponga fin a la creciente precariedad de la vida de millones de personas y familias, incidiendo en garantizar la alimentación, la vivienda, la educación o la salud de todas/os. - En términos de rentabilidad económica, es más conveniente que las personas estén fuera de los centros penitenciarios, en este sentido la mediación penal es una herramienta para el ahorro. - Incluir elementos de justicia restaurativa, de modo que la víctima juegue un papel fundamental y puede beneficiarse de una forma de restitución o reparación a cargo del responsable o autor del delito. Posicionamiento de UNAD en materia de justicia penal
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 artículo 1
 artículo 25
 artículo 69
 resolución 
 artículo 15
 artículo 25