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Timestamp: 2017-09-20 03:40:57+00:00

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Sentencia T.S.J. Andalucía 727/2013 de 29 de mayo. Accidente de tráfico. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Prescripción. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Andalucía 727/2013 de 29 de mayo
Responsabilidad patrimonial de la Administración: Reclamación por irrupción de animal en la carretera y colisionar con una moto. Requisitos: Estudio de los necesarios para apreciar la responsabilidad que no concurren en el presente supuesto. Prescripción: Análisis de la legislación y jurisprudencia aplicables, no apreciándose, en este caso.
RECURSO Núm. 391/2010.
Registro General Núm. 1.752/2010.
Don Victoriano Valpuesta Bermúdez. Presidente.
Don Eloy Méndez Martínez.
Don Guillermo del Pino Romero.
En la ciudad de Sevilla, a veintinueve de mayo del año dos mil trece.
Vistos por la Sala en Sevilla de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los autos seguidos en esta Sección Tercera correspondientes al recurso núm. 391/2010, interpuesto por don Marcelino y don Salvador, representados por la Procuradora doña María Teresa Conde Mata, y defendidos por Letrado, contra la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, representada y defendida por la Letrada doña Tatiana Ayllón Vidal de Torres; habiéndose personado en la causa la entidad Probisa, Tecnología y Construcción, S.A., representada por el Procurador don Juan Antonio Coto Domínguez, y defendida por Letrado. La cuantía del recurso es de 88.661,51 euros. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Victoriano Valpuesta Bermúdez, que expresa el parecer de la Sala.
Primero.—Se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de responsabilidad patrimonial formulada por don Marcelino y don Salvador el 8 de noviembre de 2007 por las lesiones y daños sufridos como consecuencia de un accidente ocurrido el 29 de octubre de 2005 en la carretera A-384 (Arcos de la Frontera-Antequera).
Segundo.—En su escrito de demanda, la parte actora solicitó la condena de la Administración demandada al pago de las indemnizaciones a los recurrentes, en los términos allí indicados.
Tercero.—Por las demandadas se contestó a su vez oponiéndose a la pretensión actora, solicitando ambas la desestimación del recurso. Recibido el recurso a prueba y practicadas las propuestas que fueron admitidas, se dio ocasión a las partes para que formularan sus escritos de conclusiones, quedando a continuación las actuaciones conclusas para sentencia.
Cuarto.—En la presente causa se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas a determinados plazos procesales, debido a la acumulación de asuntos ante la Sala; habiéndose señalado para votación y fallo el día de hoy, en el que, efectivamente, se ha deliberado, votado y fallado.
Primero.—El presente recurso contencioso-administrativo se formula contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de responsabilidad patrimonial formulada por don Marcelino y don Salvador el 8 de noviembre de 2007 por las lesiones y daños sufridos como consecuencia de un accidente ocurrido sobre las 16:00 horas el día 29 de octubre de 2005 en la carretera A-384 (Arcos de la Frontera-Antequera), a la altura del kilómetro 79,50, término municipal de Olvera, en el que se vio implicada la moto propiedad del primero, Honda modelo CBR, GA-....-U, conducida por el segundo, su hijo.
Se alega en la demanda que "el accidente se produjo al irrumpir en la vía, interceptando la trayectoria que seguía la motocicleta, una cabra montesa con la que colisionó aquélla, provocando la muerte del animal, lesiones muy graves al conductor de la motocicleta y daños de muy importante consideración a la motocicleta", por los que reclama 4.700 euros por los daños de la motocicleta a favor de del Sr. Marcelino, y 83.961,51 euros a favor de del Sr. Salvador, que corresponden a 33.866,19 euros por 842 días de curación (6 de estancia hospitalaria, 423 días impedido y otros 413 días no impedido) y 50.095,32 euros por las secuelas (33 puntos por hombro doloroso y falta de movilidad del hombro, a razón de 1.518,04 euros por punto).
El fundamento de la reclamación contra la Administración, en la misma demanda, es doble: De un lado, "por el hecho de que habiéndose dado en una carretera la cual es considerada por el art. 49 de la Ley de Caza de Andalucía como zona de seguridad de la que es titular la Administración demandada, el art. 34 de la misma Ley que establece que los daños producidos por las piezas de caza corresponden a los titulares de las aprovechamientos cinegéticos de los terrenos" y, de otro lado, "por el hecho de que en la referida carretera no existe ninguna protección perimetral de la misma que impida la intromisión" de animales de caza en la vía, "de suerte que no existía ningún tipo de señalización en la que se indicara la posibilidad de la existencia de animales salvajes que puedan irrumpir en la vía", con invocación de la disposición adicional novena de la Ley citada. En el escrito de conclusiones añade la recurrente "que si bien el punto kilométrico no colinda con una zona de reserva, sí se encuentra en la zona de hábitat de interés comunitario 98 y red natura 2000 de Andalucía, precisamente por la existencia de animales salvajes", como es la cabra montesa, y por ello "la Administración debió prevenir eventos como el acontecido", bien a través de señales o bien cubriendo el perímetro de la vía con una valla.
Segundo.—En su escrito de contestación a la demanda, tanto el representante procesal de la Administración como el de la entidad mercantil personada, alegan con carácter igualmente previo el instituto de la prescripción del derecho a reclamar de don Marcelino conforme a lo previsto en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, toda vez que entienden que reclamando éste el importe de los daños a la motocicleta de su propiedad por el accidente ocurrido el 29 de octubre de 2005, el día 8 de noviembre de 2007 cuando se interpone la reclamación administrativa, incluso el 9 de enero de 2007 cuando se presentó anteriormente escrito para interrumpir precisamente la prescripción, había transcurrido ya el plazo legal de un año desde la causación de esos daños. Ahora bien, hay que entender que el siniestro causó daños personales y materiales, y según doctrina contenida en sentencias del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1993, 14 de febrero y 26 de mayo de 1994, 26 de octubre de 2000 y 11 de mayo de 2001, el " dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto" (sentencia de 31 de octubre de 2000), circunstancia esta que, en rigor, no sucede para según qué daños el día del accidente mientras el Sr. Marcelino pueda ser posible damnificado también por los daños físicos infligidos a su hijo, sino definitivamente "aquel en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de las secuelas" (sentencia de 23 de julio de 1997), cosa que acontece cuando fue dado de alta el conductor de la motocicleta. Por tanto, este primer alegato no puede ser acogido.
Tercero.—Esto dicho, importa de principio precisar que la responsabilidad de las Administraciones Públicas en nuestro ordenamiento jurídico tiene su base, no sólo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos reconoce el art. 24 de la Constitución sino también, de modo específico, en el art. 106.2 de la propia Constitución al disponer que los particulares en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos; en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado -hoy artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -, y en los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, que determinan el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y, el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado, habiéndose precisado por la jurisprudencia (STSs de 24 de marzo de 1992, 5 de octubre de 1993 y 2 y 22 de marzo de 1995, por todas) que para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia conducta o por la de unos de sus empleados. Asimismo, a los fines del art. 106.2 de la Constitución, la jurisprudencia (STSs de 5 de junio de 1989 y 22 de marzo de 1995), ha homologado como servicio público, toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo.
Cuarto.—De contrario se alega la falta de requisitos para la estimación de la pretensión actora fundada en los preceptos invocados y, además, la inexistencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el siniestro.
Pues bien, según el informe del Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Obras Públicas de Cádiz de 4 de junio de 2008, obrante al folio 51 del expediente, "nunca se ha notificado la existencia de animales salvajes" en el tramo de carretera donde tuvo lugar el accidente, "ni tenemos conocimiento de accidentes por tal causa en esa zona", la cual "se trata de una zona de cultivos de cereal fundamentalmente, no existiendo dehesas ni cotos de caza mayor en las proximidades". Estas afirmaciones no son desmentidas por prueba contraria alguna, por lo que no sólo se ha de convenir en que no existe coto de caza en las proximidades sino que tampoco la Administración es titular dominical de fincas colindantes a la zona de la carretera donde se produjo el accidente. Es más, la única prueba articulada por la parte recurrente sobre estas circunstancias y sobre el estado de la carretera fue la relativa a interesar de la Administración demandada que informase si "dicha carretera colinda con una zona de reserva", y la respuesta dada el 1 de marzo de 2012 por la Delegada Provincial de Cádiz es que esa carretera "no colinda con una zona de reserva" aportando en justificación de ello un mapa procedente de la REDIAM, que revela que el punto kilométrico donde se produjo el accidente no se halla en la zona de hábitat de interés comunitario y sin que conste, además, que ésta se califique como tal por la presencia de la cabra montesa u otros animales salvajes. Esto justifica la conclusión a la que llega el informe del Servicio de Carreteras, según el cual, dados los antecedentes anteriores, "no parecía necesario el vallado cinegético de las fincas colindantes por el tipo de uso".
Así las cosas, mal puede invocarse el artículo 34 de la Ley autonómica 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, que determina que "los titulares de los aprovechamientos serán responsables de los daños causados en las personas, bienes y en las explotaciones agrarias por los ejemplares de especies cinegéticas y piscícolas, incluidas en el plan técnico y que procedan de los citados aprovechamientos. Subsidiariamente serán responsables los propietarios de los terrenos"; y "asimismo el titular de un aprovechamiento será responsable subsidiario de los daños causados dentro del mismo a especies amenazadas por cualquier persona cuya actividad haya sido previamente autorizada por dicho titular". O su artículo 49, que señala a "las vías pecuarias, caminos de uso público, carreteras y vías férreas" como zonas de seguridad "para la actividad de caza", que así se intitula el capítulo III del título II de dicho texto legal, es decir, como zonas de seguridad "donde deban adoptarse medidas precautorias especiales, con el objeto de garantizar la integridad física y la esfera de libertad de las personas y sus bienes, quedando prohibido con carácter general el uso de armas de fuego así como el disparo en dirección a las mismas siempre que el cazador no se encuentre separado de ellas por una distancia mayor de la que alcance el proyectil o que la configuración del terreno sea de tal manera que resulte imposible batir la zona de seguridad".
Tampoco puede invocarse por carencia manifiesta de pruebas para su aplicación, la disposición adicional novena del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuando dispone que en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas "también podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización"; y ello sin entrar a considerar el alegato efectuado de adverso al aducir que también establece dicha disposición adicional novena que "en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación" porque, según los agentes de la Guardia Civil de Tráfico actuante, la vía tenía fijada una limitación genérica de velocidad para turismos y motocicletas de 90 km/h y el propio conductor reconoció que circulaba "a una velocidad aproximada de 100 km/h" (véase atestado obrante a los folios 16 y siguientes del expediente).
Quinto.—Se impone, pues, con la apreciación de la inexistencia de tales causalidades, sin haber lugar a analizar otras consideraciones, la desestimación del recurso; y, en cuanto a las costas del proceso, y por aplicación del art. 139.1 de la L..J.C.A., no procede su imposición a ninguna de las partes contendientes.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo objeto de este procedimiento contra la resolución presunta referida en el antecedente de hecho primero de la presente sentencia, la cual confirmamos por entenderla ajustada a Derecho; y todo ello, sin hacer expreso pronunciamiento de condena en costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes y, a su tiempo, con certificación de la presente para su cumplimiento, devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.

References: artículo 142
 artículo 40
 artículo 139
e contrario
 artículo 34
 artículo 49
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución