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Timestamp: 2020-01-18 03:36:34+00:00

Document:
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Artículo 7, punto 1, letra a) — Competencia especial en materia contractual — Concepto de “materia contractual” — Demanda de abono de las cuotas anuales que un abogado adeuda a un colegio de abogados»
Ordre des Avocats du barreau de Dînant
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
3 El artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, establece:
6 El artículo 428, párrafo primero, del Code judiciaire (en lo sucesivo, «Código Judicial belga») establece lo siguiente:
7 El artículo 443, párrafo primero, del Código Judicial belga establece lo siguiente:
17 Ante el órgano jurisdiccional remitente, JN ha impugnado la competencia de dicho órgano jurisdiccional basándose en las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), y del Reglamento n.º 1215/2012.
19 Dicho órgano jurisdiccional remitente señala igualmente que, según el Colegio de Abogados de Dinant, por el contrario, al mantener su inscripción en el registro del citado Colegio, JN asumió frente a este último el compromiso de pagar las cuotas anuales fijadas por él, de manera que tal compromiso debe considerarse de naturaleza contractual, a efectos del artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012.
«¿Constituye una demanda “en materia contractual”, a efectos del artículo 7, punto 1, [letra a),] del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 […], la demanda presentada por un colegio de abogados mediante la que se solicita que se condene a uno de sus miembros al pago de las cuotas profesionales anuales que adeuda?»
21 En su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que constituye una acción «en materia contractual», en el sentido de dicha disposición, la acción ejercitada por un colegio de abogados a fin de que se condene a uno de sus miembros al pago de las cuotas profesionales anuales que adeuda al colegio y que tienen por objeto principal la financiación de servicios de seguro.
22 Con carácter preliminar, procede señalar que, si bien determinados litigios surgidos entre una autoridad pública y una persona de Derecho privado pueden estar comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1215/2012, la situación es distinta cuando la autoridad pública actúa en ejercicio del poder público (sentencias de 11 de abril de 2013, Sapir y otros, C‑645/11, EU:C:2013:228, apartado 33, y de 15 de noviembre de 2018, Kuhn, C‑308/17, EU:C:2018:911, apartado 34). En efecto, la manifestación de prerrogativas de poder público por una de las partes en el litigio excluye tal litigio de la «materia civil y mercantil», en el sentido del artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento, a causa del ejercicio por parte de aquella de poderes exorbitantes en relación con las normas aplicables a las relaciones entre particulares (sentencia de 28 de febrero de 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, apartado 49).
24 En el supuesto de que fuera ese el caso, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la competencia a la que se refiere el artículo 4 del Reglamento n.º 1215/2012, a saber, la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio tiene su domicilio el demandado, constituye la regla general. Solamente como excepción a esta regla general establece dicho Reglamento reglas de competencia especial y exclusiva en determinados casos, enumerados de forma taxativa, en los que la acción judicial contra el demandado puede o debe entablarse, según proceda, ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro (sentencia de 8 de mayo de 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, apartado 21 y jurisprudencia citada).
25 Por lo que se refiere a la regla de competencia especial prevista en materia contractual en el artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012, procede recordar igualmente que la celebración de un contrato no constituye un requisito para la aplicación de esta disposición (sentencia de 8 de mayo de 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, apartado 23, y jurisprudencia citada).
27 Ahora bien, según la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente, con arreglo al artículo 428, párrafo primero, del Código Judicial belga, la inscripción en el registro del Colegio de Abogados constituye un requisito que debe cumplir necesariamente toda persona que desee poseer el título de abogado y ejercer esa profesión.
28 Además, de conformidad con el artículo 443, párrafo primero, del Código Judicial belga, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados puede exigir a los abogados inscritos en su registro el pago de las cuotas que esta determine, de modo que, cuando dicha autoridad decide ejercer esta competencia legal, el pago de dichas cuotas resulta obligatorio para los interesados.
32 En tales circunstancias, el artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que una acción ejercitada por un colegio de abogados a fin de que se condene a uno de sus miembros al pago de las cuotas profesionales anuales que el colegio le exige no constituye, en principio, una acción «en materia contractual» en el sentido de dicha disposición.
33 Sin embargo, no cabe excluir que, además de las relaciones impuestas ex lege, un colegio de abogados establezca también relaciones de naturaleza contractual con sus miembros. Así, en la medida en que esas cuotas constituyan la contrapartida de las prestaciones libremente consentidas, por ejemplo, de seguro, que ese colegio de abogados haya negociado con un tercero a fin de obtener condiciones más ventajosas para los abogados miembros de dicho colegio, la obligación de abonar tales cuotas tendría carácter contractual y, por tanto, una acción ejercitada para obtener el cumplimiento de dicha obligación estaría comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012. Corresponde al órgano judicial remitente verificar si tal es el caso en el litigio principal.
– El artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que un litigio relativo a la obligación de un abogado de abonar las cuotas profesionales anuales que adeuda al colegio de abogados en el que está inscrito solo está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento si, con arreglo al Derecho nacional aplicable, ese colegio no actúa en ejercicio de una prerrogativa de poder público al exigir a dicho abogado el cumplimiento de tal obligación, extremo cuya verificación incumbe al órgano jurisdiccional remitente;
El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un litigio relativo a la obligación de un abogado de abonar las cuotas profesionales anuales que adeuda al colegio de abogados en el que está inscrito solo está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento si, con arreglo al Derecho nacional aplicable, ese colegio no actúa en ejercicio de una prerrogativa de poder público al exigir a dicho abogado el cumplimiento de tal obligación, extremo cuya verificación incumbe al órgano jurisdiccional remitente.
El artículo 7, punto 1 , letra a), del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que una acción ejercitada por un colegio de abogados a fin de que se condene a uno de sus miembros al pago de las cuotas profesionales anuales que dicho miembro adeuda al colegio y que tienen por objeto principal la financiación de unos servicios, tales como servicios de seguro, debe considerarse una acción «en materia contractual», en el sentido de esta disposición, siempre y cuando dichas cuotas constituyan la contrapartida de prestaciones facilitadas por dicho colegio a sus miembros y esas prestaciones sean libremente consentidas por el miembro de que se trate, extremo cuya verificación incumbe al órgano jurisdiccional remitente.

References: Artículo 7
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 428
 artículo 443
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 428
 artículo 443
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7