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Timestamp: 2018-05-26 17:33:47+00:00

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Principio de Igualdad [9892] | Derecho Constitucional II (UAB) | Unybook
Principio de Igualdad (2014)
Principio de igualdad La positivación del principio de igualdad. Evolución del contenido de la igualdad ante la ley.
El principio de igualdad introducido por el liberalismo consistió esencialmente en que las leyes se aplicaran a todas las personas por igual. Esto supuso una ventaja respecto a la situación del Antiguo Régimen. El artículo 6 de la Declaración de derecho del hombre y del ciudadano de 1789 recoge que el principio de igualdad tenía que dirigirse a todos los ciudadanos sin importar la clase social.
A medida que el estado liberal se fue transformando en estado democrático al tiempo que el movimiento obrero cobraba fuerza hasta llegar a concretarse la forma social del estado, también se fue modificando el principio de igualdad. Actualmente se entiende que el legislador no tiene que tratar a todos por igual, sino que se ha de tratar igual a lo que está igual, y desigual a aquello que es desigual.
Principio de igualdad en la Constitución La igualdad aparece en la Constitución con 4 garantías normativas: 1. Igualdad como valor Artículo 1.1 CE aparece la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico. Valores superiores del ordenamiento recogidos en el art.1.1 CE, y que se complementaban con los recogidos en el 10.1 CE. Valor con función interpretativa del ordenamiento jurídico. Dicho artículo recoge el cuadro de valores que el texto constitucional proclama y que, como señaló el TC en su sentencia 9/1981, están llamados a ordenar la convivencia y a informar el ordenamiento jurídico, ejerciendo sobre él una función interpretativa.
2. Igualdad material como objetivo a promover Artículo 9.2 CE, el cual trata de que los poderes públicos han de crean políticas para que se cumpla la igualdad real y efectiva. La igualdad aparece como un mandato dirigido a los poderes públicos para que promuevan que esta libertad, no sea meramente formal, sino que sea una igualdad material, real. Real entre las personas y entre los grupos. Cláusula del Estado Social: PP promuevan la igualdad. Esta previsión se relaciona directamente 1 con la previa proclamación de igualdad como valor superior del ordenamiento en tanto que constituye uno de los desarrollos más relevantes de la misma, al tiempo que refleja uno de los elementos configuradores del Estado Social.
3. Igualdad desde el punto de vista territorial. Título VIII, aparece la dimensión territorial de la igualdad. La igualdad también se proyecta sobre la organización territorial del Estado. La estructuración plural, autonómica, la diversidad política de las distintas CCAA vienen orientadas por exigencias del principio de igualdad, exigencias que se encuentran en el art. 139.1 CE y art. 149. 1 CE. Éste último dice que es competencia del Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los derechos en los derechos y deberes constitucionales. Con condiciones básicas no hay que entender que el Estado deba dictar unas bases, sino unas condiciones, no susceptibles de desarrollo, que sirvan para establecer determinadas premisas del ejercicio de los derechos en todo el territorio estatal, premisas que por tanto serán iguales a lo largo del mismo.
El 139.1 CE dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. Principio de autonomía: Regulaciones diferentes en los distintos territorios del Estado, como se conecta este hecho a la igualdad de derechos y obligaciones. Según como se interprete este artículo, puede entenderse que se anula la autonomía. Ámbito de actuación territorial: es el territorio de cada una de las CCAA, es decir, todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en el territorio de cada una de las CCAA, lo que no puede es establecer un régimen de derechos distintos en personas de diferentes comunidades. Cabe diversidad, pero esa diversidad hay que aplicarla con criterios de igualdad para todos los españoles; es lo que la hace compatible con el principio autonómico. Este precepto obliga a cada CA a tratar igual a sus ciudadanos y a los que, perteneciendo a otras CCAA, se hallen por cualquier causa en ella.
4. Igualdad como principio y como derecho a la no discriminación Artículo 14 CE. En este artículo se encuentra la clásica igualdad ante la ley. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Clásica igualdad ante la ley, ciertamente la igualdad que nace con el Estado Liberal, nace con el origen de los derechos fundamentales, era una igualdad ante la 2 ley, la igualdad se situaba en la eficacia general que tenían las leyes para todos sus destinatarios, con lo cual, la igualdad era un principio jurídico, exclusivamente jurídico, y que actuaba en el campo de la aplicación de la ley, la ley debía aplicarse de forma igualitaria. Este era el contenido originario que tienen la igualdad en las primeras declaraciones liberales. Actualmente, el artículo 14 sigue hablando de igualdad ante la ley, pero ésta tiene una campo de actuación mucho más amplio, porque la igualdad no solo actúa en el ámbito de aplicación de la ley, sea una aplicación judicial, sea una aplicación administrativa, la igualdad actúa también en el contenido de la ley, pues se establece la igualdad como límite a la actuación del legislador. En la igualdad ante la ley, la igualdad era un límite para quienes aplicaban la ley, no para el que la creaba, actualmente se amplía su eficacia. No solo limita los órganos que aplican a la ley, sino que también limitan al legislador, y la ley puede por tanto ser anulada por ser contraria al principio de igualdad. Igualdad en la ley y en la aplicación de ésta. La igualdad en la ley se fija en si la norma trata o no de modo respetuoso el principio de igualdad a sus destinatarios… el contenido. Por otro lado, la igualdad en la aplicación de la ley se fija en si los aplicadores de la norma la han aplicado a sus destinatarios del mismo modo en que lo han hecho en ocasiones anteriores, o si lo han hecho de modo diferente, exige por consiguiente, cómo se ha aplicado la norma.
Cabe añadir que en la igualdad en la ley, no significa que tenga que haber un trato uniforme en todos los casos y una imposibilidad de fundamentar diferencia de trato alguna, sino que la diferencia es aceptable bajo determinadas condiciones y de lo que se trata precisamente será de distinguir entre aquellos casos en que un trato diferente será legítimo y cuándo, en cambio, la desigualdad no será aceptable y generará discriminación. Lo mismo ocurre con la aplicación, hay que verificar cuando es legítima y cuando no lo es.
Titularidad del derecho Dicha la primera consideración, la segunda consideración es preguntarnos quiénes son los titulares de la igualdad concebida como derecho. Aquí la Constitución dice los 3 españoles. El contenido básico del principio de igualdad es que nadie puede ser discriminado. ¿Qué pasa con los extranjeros? La mención literal de los españoles podría hacer pensar a simple vista que no son titulares. Esto deriva que aunque diga los españoles, hay que entender que sean todos, también están los extranjeros. (No coherente). Dicha aclaración se ha podido efectuar mediante jurisprudencia del TC. El Tribunal entiende que hay derechos que por su conexión directa con la dignidad de la persona, corresponden por igual a españoles y extranjeros.
La constitución no tiene una precisión extraordinaria a la hora de delimitar los derechos, es coherente interpretarlo con sentido único de los españoles. No se puede discriminar a los extranjeros, pero hay que entender que el régimen jurídico de los extranjeros no está regulado en la Constitución, sino que queda regulado en el artículo 13. Ahí se regula la titularidad de los extranjeros, por lo tanto esa no es la función del artículo 14. En segundo lugar, sucede que el extranjero no puede ser discriminado, los derechos de los extranjeros pueden ser modulados, pueden ser distintos dependiendo del régimen administrativo.
En cuanto a las personas jurídicas, el TC ha señalado que l mención genérica a los españoles comprende tanto a ellas como a las personas físicas, sin perjuicio, sin embargo, de que siendo las primeras una creación del legislador, éste pueda introducir, al regularlas, alguna condición o límite.
Igualdad como derecho a la diferencia. Diferencia y discriminación: Razonabilidad y proporcionalidad El contenido de este derecho, podría plantearse desde 2 dimensiones: 1. Dimensión positiva. Derecho a la diferencia.
2.Dimensión negativa. Prohibición de discriminación. Desigualdad formal. Tratar desigual a lo desigualdad. Tener en cuanto las diferencias, y partiendo de éstas establecer régimen jurídico distinto. Juicio Proporcionalidad, pero en la igualdad y en la tutela judicial se utiliza el juicio de razonabilidad. Este juicio se limita a constatar si la RJ que estamos juzgando es una relación discriminatoria o no discriminatoria.
4 Discriminación: diferencia en su tono más estricto, de forma arbitraria sin una posible justificación. La diferencia gratuita, la diferencia no razonable, la diferencia no objetiva, la diferencia no proporcionada, la diferencia “no adecuada” (para dejar abierto un túnel de conexión con el juicio de razonabilidad. La distinción entre diferencia y discriminación lo haremos con criterios de razonabilidad).
Como ya se ha indicado, la igualdad en la ley no impide la diferencia, sino al contrario, la exige cuando sus destinatarios se hallan en situación desigual, de manera que no todo tratamiento desigual será discriminatorio Dimensión positiva. Derecho a diferenciar El artículo 14 establece unas causas, unas prohibiciones conectadas con determinadas condiciones, y unas condiciones son citadas, y otras podrían intuirse en la referencia final: circunstancia social o personal. Las primeras causas: sin que pueda haber discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión…. Y a partir de aquí aparece una cláusula que permite ampliar: circunstancia social o personal. Aquí podría incluirse la orientación sexual, la lengua, orígenes étnicos… Cualquier diferencia que se establezcan con estas condiciones, es seguramente discriminatorias, pues no cabe hacer diferencia por estos motivos. Las que no cita las CE, sí posibilita el establecer diferencias, que tendrán que ser razonables, no arbitrarias, pero posibilita hacer dichas diferencias. Se puede diferenciar por cualquier motivo, no se puede discriminar por cualquier motivo.
NO DISCRIMINAR SOLO DIFERENCIAR. En los que están y los que no están, la diferencia radica en que la argumentación para justificar la existencias en los casos citados es más rigurosa que en los no citados. En los casos citados, no es suficiente que la diferencia sea razonable, es necesario que la diferencia sea adecuada, necesaria y proporcionada, es decir, en estos supuestos, se le exigirá a la diferencia que salve el juicio de proporcionalidad, no el de razonabilidad, el cual es mucho más suave. Para determinar si la diferencia es legítima, el juicio para determinar tal cosa, ha de ser un juicio mucho más riguroso.
Mutación: La igualdad no solo limita a los jueces, sino que también limita al legislador.
El legislador debe respetar también el principio de igualdad.
5 Lo que prohíbe la igualdad es establecer regímenes jurídicos distintos sin que exista una diferencia con las situaciones de derecho que justifique tal hecho. El justificar la razonabilidad de la diferencia, la adecuación o la proporcionalidad, está en el núcleo de los juicios de IGUALDAD. Relacionado con esto, hay que discutir sobre la lógica de la norma, supuesto en el que ésta se construye. Se le aporta a la norma un término de comparación, pue son hay diferencia entre grupos. La clave del juicio de igualdad es COMPARAR. Este juicio de igualdad puede no convencer al tribunal, y éste puede justificar el establecimiento de un régimen jurídico distinto, dar un trato distinto. La igualdad en el régimen jurídico, suprimiéndolo o ampliando el ámbito del régimen jurídico.
Si el régimen jurídico establecido, afecta a un DF, en estos supuestos es el propio TC el que tiende a solventar mediante sentencia, ampliando el mismo.
A modo resumen, para que la desigualdad sea aceptable, tienen que concurrir determinados requisitos:  Finalidad constitucionalmente admisible. Finalidad no contradictoria con la Constitución.
 Congruencia entre las normas sujetas a comparación. Tales normas deben mostrar una estructura coherente. Adecuación o congruencia entre el tratamiento desigual.
 Proporcionalidad con el fin perseguido. Los medios aportados no sean desproporcionados.
Dimensión negativa. Prohibición discriminación Artículo 14 CE. En este artículo se encuentra la clásica igualdad ante la ley. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Se puede añadir cualquier otra circunstancia que pueda ser objeto de discriminación.
El punto de partida es que la Constitución prohíbe discriminar pero no puede prohibir diferenciar, la diferenciación es imprescindible. Lo que se prohíbe es discriminar, es decir, establecer regímenes jurídicos diferentes sin que respondan a causas razonables, 6 adecuadas, fundamentadas, etc. LA CONSTITIUCIÓN NO PROHÍBE LA DIFERENCIACIÓN.
¿Por qué entonces establece unas prohibiciones expresas de discriminación, 5 casusas? Se pueden obtener 2 respuestas: Sobre las 5 causas que se citan, lo que establece la Constitución es la prohibición de diferenciar, cualquier diferencia es discriminatoria, no vale la razonabilidad o la adecuación. Es una prohibición absoluta, no hay diferencia, cualquier diferencia que afecte a esos 5 supuestos es discriminatoria. Se puede llegar a pensar que esta prohibición afecta tanto a los poderes públicos como a los particulares, en la medida que estos elementos entran dentro de la noción de orden público constitucional.
Cabe otra interpretación ya que dentro del juego discriminación. Diferenciación, se tiene que hace referencia también a las acciones positivas, esas diferencias entre otras tienen el sexo como clave, por eso motivo se puede decir que las 5 causas citadas, quedan sujetas a un juicio de igualdad distinto, mucho más riguroso que si estuviéramos en presencia de otros causas o motivos de diferencia o discriminación. Cuando se esté en presencia de alguna de estas 5 causas, no es suficiente el juicio de razonabilidad, el cual es el juicio típico para valorar las igualdades en las leyes, el juicio al que se tienen que someter es al juicio de proporcionalidad, que se utiliza para saber si un límite en un DF es proporcional, adecuado, necesario o no lo es. Son categorías sospechosas de discriminación, el uso de las mismas para diferenciar. Extraordinario rigor en la diferencia de religión, nacimiento, sexo, opinión o raza.
¿Cómo se recupera la igualdad en el régimen jurídico en caso de que haya habido discriminación? Se puede recuperar de 2 formas:  Suprimiendo el régimen jurídico distinto.
 Ampliando el ámbito del régimen jurídico incluyendo también el otro grupo.
Existencia de situaciones de hecho diferentes La función del TC no es la de ser un legislador positivo, sino la de expulsar normas inconstitucionales. Ahora bien, cuando el régimen jurídico afecta a un derecho o libertad, el propio TC tiende a solventar en la sentencia la situación ampliando él mismo en la sentencia interpretativa un régimen jurídico.
7 La igualdad en la ley su control.
Igualdad en la ley. Ley, Constitución ley suprema. Art. 57 CE. Es objetivamente imposible encontrar una diferencia razonable. Establecer un régimen jurídico distinto entre un hombre y una mujer, con lo cual ciertamente, pocas dudas hay de que el art.
57.1 incluye una discriminación.
La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Discriminación sustantiva, inconstitucionalidad.
Consecuencias de este precepto Estamos ante una situación de normas constitucionales inconstitucionales.
Jurídicamente no tiene ningún arreglo, pues es una decisión del constituyente, no hay control sobre el texto constitucional, etc. Se tendría que pasar por la REFORMA CONSTITUCIONAL, pero no se ha reformado hasta el día de hoy.
Diferencia de trato, no hay posibilidad de reaccionar, aunque se considere que sustantivamente son nombras que quebrantan el principio de igualdad, porque se coincida en mayor o menos intensidad que son normas sustantivamente discriminatorias, no hay posibilidad de reaccionar frente a esta situación. Las normas constitucionales tienen todas el mismo valor y a misma legitimación originaria (atribuida por el poder constituyente), no hay jerarquía entre ellas, lo que plantean son problemas de especialidad.
La igualdad en el art. 14 CE tiene 2 dimensiones desde su literalidad. Por un lado, una dimensión que incluye un derecho subjetivo a la igualdad de trato. Por otro lado, una dimensión en la que se establece la prohibición de discriminación.
8 En la 1ª dimensión, la igualdad de trato tiene el siguiente contenido: Igualdad ante la ley. Derecho subjetivo a la igualdad de trato. Tiene un contenido de que supuestos de hecho iguales, deben ser tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas. Es decir, si estamos ante un supuesto igual, los beneficios a aportar han de ser iguales para los que estén en la misma situación. Las diferencias, para que no sean discriminatorias, tienen que cumplir una serie de requisitos (cuando la ley puede hacer diferencias en los regímenes jurídicos que sean compatibles). Juicio de igualdad en la ley.
Existencia de situaciones de hecho diferentes. El que alega que la diferencia no es razonable, es discriminatoria, debe aprobar un término de comparación. En principio, la carga de la prueba, es decir, el sostener que existe un régimen distinto corresponde al demandado, al quien defiende la Constitucionalidad de la ley. Si el Tc afirma que son tratos diferentes, comenzaría el juicio de igualdad.
a. La diferencia tiene que ser constitucionalmente admisible. La diferencia tiene que responder a una finalidad constitucionalmente legítima. Tiene que responder a algún valor constitucionalmente relevante. Los poderes públicos tiene la obligación de promover la igualdad, de las personas individuales y los grupos.
b. El control de la congruencia. Quiere decir que la regulación de la ley debe en ella existir adecuación, debe existir conexión, congruencia entre el trato desigual que se impone, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue. Una relación lógica entre el trato desigual y la finalidad que se persigue con la misma. En un supuesto concreto p.e los discapacitados físicos, la ley establece que se reserva en las oficinas de empleo público un 10% de los puestos para los discapacitados físicos con la finalidad de favorecer la integración.
Coherencia entre el medio que se utiliza (la reserva de trabajos en las administraciones públicas) y la finalidad que se pretende (proteger a los discapacitados, fomentar la integración social) tiene que existir una razonable conexión entre el medio y la finalidad. El control de la congruencia -> quiere decir que la regulación de la ley debe en ella existir adecuación, debe existir conexión, congruencia entre el trato desigual que se impone, el supuesto de 9 hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue. Una relación lógica entre el trato desigual y la finalidad que se persigue con la misma. En un supuesto concreto p.e los discapacitados físicos, la ley establece que se reserva en las oficinas de empleo público un 10% de los puestos para los discapacitados físicos con la finalidad de favorecer la integración. Coherencia entre el medio que se utiliza (la reserva de trabajos en las administraciones públicas) y la finalidad que se pretende (proteger a los discapacitados, fomentar la integración social) tiene que existir una razonable conexión entre el medio y la finalidad.
c. El control de proporcionalidad -> es que la consecuencia jurídica no puede ser desproporcionada con las consecuencias de hecho y la finalidad que la justifica. En el ejemplo de los discapacitados físicos, en este mismo supuesto, el requisito de igualdad exige que haya proporción entre la consecuencia jurídica y el supuesto de hecho. El restablecimiento de la igualdad es uno de los grandes problemas que tiene abierto España.
Segunda dimensión: Prohibición de discriminación. Serie de motivos o razones. es decir, la diferencia tiene que responder a una finalidad constitucionalmente legítima y relevante. De no existir este fin la diferencia sería arbitraria y gratuita. En los temas de igualdad, el legislador siempre tiene una válvula de escape en el art. 9.2 CE en el que se establece que los poderes públicos tienen el deber de promover la igualdad. Si la ley está bien, la finalidad es constitucional.
Discriminación directa. Son infracciones del principio de la igualdad efectuando diferenciaciones basadas en las características definitorias de las personas, creando un régimen normativo menos favorable para unas que para otras de la misma categoría. Es decir, una discriminación directa seria art.153 CP creando una diferencia en base a sexo.
157.1 CE en base el sexo está creando un régimen jurídico para el varón diferente el de0 la mujer.
Discriminación Indirecta. Criterios aparentemente neutrales que la practica suponen poner un grupo social en una posición desfavorable, en relación con otro. Ej: establecer el sufragio universal pero estableciendo que se sepa escribir y escribir ingles.
10 Directamente no están estableciendo que no se pueda votar, sino que establece unos requisitos para que lo puedan hacer. (ej. saber escribir y leer inglés), indirectamente se utiliza un instrumento que tiene un efecto de a favorecer un grupo social en relación a otro (ej. los afroamericanos).
Acción positiva. Acciones de los poderes públicos dirigidas a eliminar una discriminación existente y continuada, a eliminar discriminaciones pasadas y a crear procedimientos para prevenir futuras discriminaciones. Tales medidas positivas serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones a demás habrán de ser razonables y proporcionales en relación el objeto perseguido en cada caso.
Hay distinguir entre aquellas acciones positivas que favorecen el grupo y no perjudica a nadie. Y las acciones positivas que favorecen el grupo pero perjudican a otras. Estas últimas son las que ocasionan más problemas.
Igualdad en la aplicación de la ley por los órganos judiciales y su control por el TC.
La igualdad en la aplicación de la ley por los órganos judiciales significa que la ley, ante un supuesto idéntico, debe ser aplicada de la misma manera. Si el juez aplica de forma discriminatoria o arbitraria la ley está infringiendo el art. 14 CE.
Los requisitos que hay cumplir en el juicio de igualdad en la aplicación de la ley son:  Identidad de los hechos: es decir, que estemos ante supuestos sustancialmente iguales (ej. pago de una tasas por pasar la aduna). Debe tratarse del mismo supuesto de hecho.
 Aportar el término de comparación: Ha de ser una sentencia o auto del mismo órgano judicial (ej. la frontera de la Jonquera o la frontera de Andorra, este caso es el mismo supuesto de hecho pero no acuden a los mismos jueces). El término de aplicación de la igualdad en la ley se mueve en el campo de control de los 11 procedentes del mismo órgano judicial y también deben ser igual los órganos anteriores. Por tanto, deben ser los mismos hechos, las mismas secciones, las mismas salas, etc.
 Alteridad: las sentencias y decisiones que aportemos no han de afectar a nosotros, sino a otros. El TC exige que hay que demostrar que a otras personas se las han tratado de forma distinta.
No motivación del cambio: el juez puede cambiar de criterio pero no puede cambiar arbitrariamente de criterio. Lo que se le exige al juez es que el cambio de criterio esté motivado y que tenga una apariencia de estabilidad y continuidad en el futuro. El cambio no puede ser esporádico. El TC admite motivaciones implícitas, cuando el que ha cambio de criterio es un órgano superior.
La igualdad de la aplicación en la ley se dirige a controlar que el mismo órgano judicial aplique la ley respetando sus propios precedentes. NO se controla a los órganos judiciales. Además, se aplican criterios restrictivos (término de comparación, alteridad, etc.). Sólo en aquellos supuestos de pura arbitrariedad puede avanzar el juicio de igualdad en la aplicación de la ley como competencia del TC.
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References: artículo 6
 Artículo 1
 Artículo 9
 Artículo 14
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 14
 Artículo 14