Source: https://es.scribd.com/doc/62519388/Libertad-de-expresion-en-Internet-control-de-contenidos-de-las-paginas-web-y-sus-garantias-constitucionales
Timestamp: 2017-03-29 09:39:34+00:00

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Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, ISSN 1696-0351, Nº. 25, 2011, págs. 81-103
Libertad de expresión en Internet, control de contenidos de las páginas web y sus garantías constitucionales 
Becario de investigación Universidad de Murcia
RESUMEN: Internet es hoy día la principal plataforma de comunicación, un foro mundial que ha abierto nuevas posibilidades para el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, se comprueba como empiezan a surgir nuevas formas de censura en este espacio, al tiempo que también nace la necesidad de poner ciertos controles frente a contenidos ilícitos y nocivos que se difunden por el mismo. Este estudio pretende entonces analizar las distintas garantías que amparan el ejercicio de la libertad de expresión y traducirlas al ámbito de Internet. Asimismo, se plantea también el riesgo de que se dé una censura privada de la Red y se afirma entonces la necesidad de una intervención pública que garantice el pluralismo en la Red. PALABRAS CLAVE: Libertad de expresión, censura, Internet, derechos fundamentales, democracia. ABSTRACT: Nowadays Internet is the main platform for communication, a worldwide forum that has opened new possibilities for the exercise of freedom of speech. However, we can realized how are beginning to emerge new forms of censorship in this space; while also comes the need to put certain controls over illegal and harmful content distributed via Internet. Then, this study aims to analyze the guarantees of the exercise of freedom of speech and translate them to the scope of Internet. Moreover, this study also analyzes the risk of private censorship and, in this sense, supports the necessity of a public intervention in order to guarantee the pluralism in Internet. KEYWORDS: Freedom of speech, censorship, Internet, fundamental rights, democracy.
I. EL CONTROL DE CONTENIDOS EN LA WEB 1. A modo de introducción. Contenidos ilícitos y nocivos. 2. Apuntes sobre algunos problemas en el control de contenidos en la Red. 3. Modelos en el control de contenidos. 4. Fórmulas de control de contenidos en la Red. II. LAS ESPECÍFICAS GARANTÍAS LIBERALES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL CONTROL DE LOS CONTENIDOS DE LAS PÁGINAS WEB: Prohibición de la censura previa, exigencia de secuestro judicial y reserva de jurisdicción en el control de contenidos ex post en la Red. 1. La importancia de las garantías constitucionales sobre el control de contenidos de la Red. 2. Configuración de la prohibición de censura previa y de la exigencia de secuestro judicial en la Red. La reserva de jurisdicción en el control ex post y el principio de indiferencia del medio. 2.1. Prohibición de la censura previa. 2.2. Exigencia constitucional de secuestro judicial. 2.3. La reserva de jurisdicción en el control ex post de los contenidos de la Red y el principio de indiferencia del medio. 3. El particular problema de los filtros para Internet en Estados democráticos y su “oficialización”. 3.1. “Censorship in a Box”. 3.2. Imposición estatal a los PSI de la obligación de aplicar sistemas de filtrado con carácter general. 3.3. La imposición de sistemas de filtrado en escuelas y bibliotecas públicas.
El presente estudio se inserta en el marco de la investigación realizada como trabajo final en el Máster Oficial en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, bajo la dirección del Prof. Morales Arroyo, y siendo becario de la Fundación “la Caixa”.
3.4. Cuestiones acerca de la constitucionalidad de la combinación de sistemas de filtrado en Internet y legislación. Notas y principios para una propuesta regulativa para la protección frente a contenidos nocivos en complemento del software de filtrado. 3.5. Recapitulación sobre los problemas de constitucionalidad ante la oficialización de los sistemas de filtrado. III. CENSURA PRIVADA Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO 1. Riesgos para el pluralismo en la Red: el “dominio empresarial” y la “censura privada”. 2. Garantías constitucionales a la libertad de expresión en el Estado social y democrático: La necesidad de salvaguardar el pluralismo en la Red.
EL CONTROL DE CONTENIDOS EN LA WEB A modo de introducción. Contenidos ilícitos y nocivos.
Internet, esa utopía libertaria, ese calmo y cristalino océano en el que poder expresarse con libertad, se empieza a remover y a enturbiar; se comprueba cómo a través del mismo pueden cometerse ilícitos y se pueden poner en peligro bienes y valores jurídicos de primer orden. Surge así la necesidad de ordenarlo, de regularlo y, por ende, de controlarlo. En este punto nace particularmente la preocupación por los contenidos que se publican en la Web. Éstos pueden estar prima facie amparados por la libertad de expresión; sin embargo, puede ocurrir que se produzcan excesos en el ejercicio de esta libertad que traspasen sus límites materiales al dañar otros derechos y valores constitucionales. Además, incluso en supuestos de ejercicio legítimo de esta libertad, podemos encontrarnos con que determinados contenidos resulten perjudiciales para algunas personas que deban ser protegidas de los mismos. Se distingue así entre dos tipos de contenidos: los contenidos ilícitos y los contenidos nocivos1. Podemos entender por contenido ilícito aquel que es constitutivo de una infracción legal, sería sinónimo de contenidos ilegales. Aquí se incluirían todos aquellos contenidos que, en un pretendido ejercicio de la libertad de expresión, traspasen los límites penales (ej. tipos penales de injurias y calumnias, revelación de secretos, publicación de contenidos xenófobos o racistas) o los límites determinados por la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen), pero también cualesquiera otros que pudieran venir impuestos por la legislación vigente (así, por ejemplo, vulneración de los derechos de autor o la normativa sobre publicidad o sobre protección de datos). Contenidos nocivos serán, por su parte, aquellos que siendo lícitos pueden sin embargo resultar perjudiciales para determinados tipos de personas, al ser ofensivos para ciertos sentimientos o valores. Especialmente necesaria es la protección de la juventud y de la infancia, como prescribe nuestra propia Constitución, y en concreto frente a contenidos que como la pornografía o la violencia pudieran afectar a su correcto desarrollo personal. La Web sirve así de plataforma para que fructifiquen este tipo de contenidos, tanto ilícitos como nocivos, ante lo que la sociedad ha demandado una lógica respuesta. Ahora bien, la respuesta no puede ser la misma en uno y otro caso. Aquellos contenidos que son ilegales han de ser proscritos, deben ser retirados a través de los correspondientes procedimientos legalmente establecidos. Sobre ellos debe caer el peso de la acción policial y judicial y será necesario depurar las correspondientes responsabilidades sobre sus autores. Sin embargo, los contenidos nocivos por propia definición son contenidos legales, por lo que en principio su difusión es lícita y no puede ser sancionada ni impedida. Aquí la acción deberá centrarse entonces en garantizar los medios para proteger a aquellas personas que pudieran verse perjudicados por estos. Ello no obsta para que puedan de forma proporcionada imponerse algún tipo de obligaciones o limitaciones sobre aquellos que los difundan –o incluso de prohibiciones-
A este respecto véase el Libro Verde sobre la Protección de los menores y de la Dignidad Humana en los Nuevos Servicios Audiovisuales y de Información – COM (96) 483. Un estudio más pormenorizado sobre el tratamiento de ambos tipos de contenidos se encuentra en LLANEZA GONZÁLEZ, P., Internet y comunicaciones digitales. Régimen legal de las tecnologías de la información y la comunicación, 2000, Bosch, págs. 199 y ss.
para alcanzar tal fin de protección. Es el caso de las prohibiciones de determinados tipos de publicidad o de los límites a la exhibición y venta de publicaciones pornográficas 2. Por otro lado, a la hora de dar respuesta al problema de los contenidos ilegales y nocivos, nos encontramos también con las especiales características de Internet: un medio global, abierto y descentralizado en el que rige la horizontalidad suprema. Así, aunque su regulación y control no es imposible, sin embargo no deja de ser difícil. En este sentido, atenderemos en los siguientes apartados a los problemas que presenta el control de contenidos en Internet, los distintos modelos que se han ido presentando y las técnicas que a día de hoy podemos encontrar para implantar sistemas de control de la Red.
Apuntes sobre algunos problemas en el control de contenidos en la Red.
Si atendemos a las características de Internet, y en particular de la World Wide Web (WWW), observamos en primer lugar como, ante un fenómeno global y sin fronteras como es Internet, los distintos Estados mantienen estándares muy distintos para definir aquello que debe ser considerado como ilícito 3 y todavía más diferentes son las concepciones de lo que ha de ser entendido por nocivo. Dentro incluso de la propia Unión Europea sorprende la dificultad a la hora de fijar unos cánones comunes sobre tales concepciones, dado su íntimo vínculo con los estándares éticos y culturales de cada sociedad. No hay consenso interestatal a la hora de valorar las “dolencias”, los contenidos que deben quedar proscritos o limitados en la Red. Al fin y al cabo, nos encontramos ante un problema de definición de los límites materiales a la libertad de expresión, una libertad que ya de por sí es plástica, y su reconocimiento y limitación varía de un Estado a otro. Son distintas, por ejemplo, las concepciones de la libertad de expresión que se mantienen en los países anglosajones, que las que mantienen los países europeos. Y ni que decir cuando entran en juego otros países con culturas y sistemas políticos radicalmente distintos de los occidentales. Esto propicia el que ante los intentos regulativos de un Estado se pueda dar una suerte de fórum shopping, en el que los cibernautas buscan publicar los contenidos en aquellos servidores erradicados en países donde se mantienen criterios más flexibles. Se buscan “paraísos digitales”. Pero es que, además, cuando los Estados tratan de hacer valer su jurisdicción y se esfuerzan en hacer retirar determinados contenidos de la Red, se han encontrado con respuestas reflejas que han empeorado en muchos casos las situaciones o se han visto obligados a llevar a cabo ejercicios exorbitantes de su jurisdicción 4. Es el caso de lo ocurrido en el asunto de los contenidos nazis en Yahoo o en el caso Compuserve, en los que las jurisdicciones francesa y alemana respectivamente terminaron “gobernando” el mundo al forzar la retirada de Internet de determinados contenidos que, siendo ilegales en esos países, no lo eran en aquellos en los que estaban alojados. Interesante fue también el caso Radikal, en el que el intento de las autoridades alemanas de censurar una revista de extrema izquierda ilegal en este país, provocó la respuesta de cientos de internautas que se lanzaron a reflejar los contenidos de la misma para que fuera imposible su censura. Y algo parecido ocurrió con el caso del libro “Le Grand Secret”, que a pesar de las prohibiciones de publicación
Vid. Reales Decretos 2748/1974, de 6 de octubre, y 1189/1982, de 4 de junio. Sobre la vigencia de los mismos véase el informe del Ministerio del Interior: http://www.mir.es/MIR/respuestas/seg_ciudadana/i200696.html 3 Así, el Convenio sobre cibercriminalidad del Consejo de Europa de 23 de noviembre de 2001 (http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/185-SPA.htm), aunque ha logrado un denominador común sobre los delitos relativos a la piratería y fraudes informáticos, pero en cuanto a la armonización sobre aquellos contenidos que pueden ser considerados como ilícitos únicamente fija un estándar mínimo en relación con la pornografía infantil. A nivel de la Unión Europea se ha propuesto en este sentido la adopción de medidas legislativas tendentes a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en el ámbito de los delitos relativos a la pornografía infantil y de los tipos penales que incriminan específicamente conductas cometidas valiéndose de altas tecnologías. A este respecto: Comunicación de la Comisión de 22 de mayo de 2007, "Hacia una política general de lucha contra la ciberdelincuencia" -COM(2007) 267; Comunicación de la Comisión: “Creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y lucha contra los delitos informáticos” – COM (2000) 890; Recomendación del Consejo, de 25 de junio de 2001, sobre puntos de contacto accesibles de manera ininterrumpida para la lucha contra la delincuencia de alta tecnología – DOUE C187 de 7 de julio de 2001. 4 A este respecto véase COTINO HUESO, L./DE LA TORRE FORCADELL, S., “El caso de los contenidos nazis en Yahoo ante la jurisdicción francesa: un nuevo ejemplo de la problemática de los derechos fundamentales y la territorialidad en internet”, Actas del XV Seminario de Derecho e informática, 2002, Aranzadi, págs. 897-917.
dictaminadas por la autoridad judicial francesa fue ampliamente difundido por la Red. O lo sucedido en España con el caso del secuestro judicial de la portada de la revista “El Jueves”. Además de estas dificultades fruto del carácter global y descentralizado de Internet, la regulación y control de los contenidos que del mismo también presenta problemas de definición de la responsabilidad. Ante la dificultad que en muchos casos se presenta de identificar al propio autor de la difusión de contenidos ilícitos, se plantea entonces responsabilizar por los mismos a servidores intermedios que hubieran podido servir de acogida a estos. Una cuestión en nada exenta de problemas de muy diversa índole: desde la necesidad de definir la específica función con la que cumplen esos proveedores de servicios de Internet –si son o no verdaderos editores-, a su competencia para determinar cuando algo es o no ilícito, entre otros5. Se observa de esta manera como la regulación del ejercicio de la libertad de expresión a través de Internet, y muy especialmente los intentos de ejercer un control sobre los contenidos publicados en la misma, presenta notables dificultades. Veamos entonces los modelos que los Estados han ido practicando para lograr un cierto control de los contenidos de la Web.
Modelos en el control de contenidos.
Los Estados han tenido que afrontar estos problemas para el control de los contenidos de Internet y, a pesar de las dificultades técnicas, han ido desarrollando distintos sistemas para lograrlo. Ahora bien, la forma de afrontar esta cuestión no ha sido la misma en unos Estados y en otros, ni ha dado lugar a los mismos resultados. Desde luego la manera más efectiva para controlar la Red son los sistemas que mantienen algunos países dictatoriales a los que en nada importan la libertad de sus ciudadanos. Las medidas pasan desde la más drástica desconexión del país de la Red de redes, a otros mecanismos de control mediante la imposición de filtros gubernamentales, exigencias de autorizaciones para el uso de Internet, medidas policiales y penales, etc6. Tales respuestas lógicamente no tienen encaje alguno en Estados constitucionales ya que suponen restricciones –por no decir anulaciones- del contenido básico de las libertades y derechos fundamentales –particularmente suponen una anulación de lo que entendemos por la libertad de expresión, por supuesto desconocida en esos Estados-. La respuesta, por tanto, en nuestras democracias debe ser diferente. Así se han planteado fundamentalmente dos modelos: el iniciado en Estados Unidos, donde el gobierno se ha mostrado propenso a adoptar medidas reguladoras y limitadoras de la libertad de expresión en Internet; y el modelo mantenido en Europa, en el que se ha tendido a la adopción de medidas menos restrictivas para la libertad de expresión que ponen su acento en el compromiso de operadores y usuarios 7. No obstante, tales diferencias se observan fundamentalmente en la respuesta que se da a los contenidos nocivos, ya que frente a aquellos que resultan ilícitos no cabe más solución que tratar de hacer valer la fuerza punitiva del Estado a pesar de las dificultades que pueda presentar la Red para su ejercicio –incluyendo las medidas de cooperación internacional que puedan alcanzarse entre los Estados-. En este sentido, los resultados de los intentos regulativos del ejercicio de la libertad de expresión en Internet en Estados Unidos no parecen haber sido muy satisfactorios. Ha surgido una fuerte oposición social que ha tenido su respuesta judicial con la declaración de inconstitucionalidad de algunas de estas medidas. Fue lo ocurrido con la Ley de decencia de las comunicaciones8. No ha
Sobre la responsabilidad por los contenidos en Internet, véanse con carácter general CAVANILLAS MÚGICA, S. (Dir.), Responsabilidades de los proveedores de información en internet, 2007, Comares. Coordinada por el mismo autor, véase también Deberes y responsabilidades de los servidores de acceso y alojamiento. Un análisis multidisciplinar, 2005, Comares. 6 A este respecto véase el informe “los enemigos de Internet” de 12 de marzo de 2009 de la organización Reporteros Sin Fronteras. Se encuentra accesible en la página web: http://www.rsf.org/IMG/pdf/Enemigos_de_Internet.pdf También puede verse una descripción de la censura en el ciberespacio en los regímenes autoritarios en RUBIO MORAGA, A. L.: Censura en la Red: restricciones a la libertad de expresión en Internet, pág. 3. Publicado en la página web: http://www.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/censuraeninternet.pdf. . 7 Sobre esta cuestión, véase la detallada exposición que se encuentra en FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª. L., “Internet y los derechos fundamentales”, Anuario jurídico de La Rioja, Núm. 6-7 (2000-2001), págs. 321-356. 8 Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano caso ACLU v. J. Reno, 96-511, de 26 de junio de 1997.
sido la única. Por ejemplo, en 1998-1999 fueron aprobadas la Ley de Internet Seguro para las Escuelas y la Ley de Protección de los Menores Conectados a Internet 9, cuya constitucionalidad también ha sido puesta en duda10. Al mismo tiempo también se aprobó en los EEUU la Ley de protección de la privacidad de menores conectados a Internet11, que viene a limitar la obtención y tratamiento de datos de menores y en este caso más necesaria ante la inexistencia en los EEUU de una legislación adecuada de protección de datos. En la Unión Europea, por nuestra parte, la dinámica ha sido distinta. En el año 1996 la Comisión Europea presenta el Libro Verde “sobre la protección de los menores y la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información” 12. En el mismo distingue entre contenidos ilícitos y nocivos y apunta soluciones tendentes no tanto a la regulación sino a la cooperación interestatal y a la colaboración de las industrias implicadas, a través de códigos de conducta, normas comunes para los sistemas de clasificación y otras medidas de autorregulación. También insta a la colaboración de los propios usuarios para los que propone campañas de sensibilización. Se apuntan así los ejes que posteriormente serán recogidos en el “Plan plurianual de Acción para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales”, aprobado el 25 de enero de 199913 (posteriormente Plan “Safer Internet” y Plan “Safer Internet plus” 14), en los que la Unión Europea propone a estos fines tres grandes líneas de actuación: En primer lugar, el “fomento del uso responsable de Internet”, se pretende que sean los propios usuarios los que decidan los contenidos a los que desean acceder y cuáles no. A este respecto se ha pretendido incentivar a la industria para el desarrollo y mejora de los sistemas de filtrado y clasificación. En la misma línea, se propone también la “sensibilización” de los usuarios a través de campañas a todos los niveles para informar a padres y educadores en general sobre la mejor manera de proteger a los menores sobre los contenidos que podrían ser nocivos para su desarrollo. Y, en último lugar, el tercer eje sería el “impulso a la autorregulación”, ya que vistas las dificultades con las que en muchos casos se encuentra la legislación pública para afrontar estos problemas, la Unión Europea ha preferido optar por un modelo en el que sean los propios proveedores de acceso los que fijen sus Códigos de conducta y la organización de la industria en torno a asociaciones sectoriales que velen por el respeto a estos principios deontológicos. Además también se ha fomentado la creación de líneas directas (hot lines) para la denuncia de contenidos que los usuarios pudieran encontrar por Internet y que a su juicio resulten ilícitos.
“Safe Schools Internet Act” y “Child Online Protection Act” El 21 de enero de 2009, el Tribunal Supremo norteamericano remató la Ley de protección de menores conectados a Internet, al rechazar conocer del recurso frente a la declaración de inconstitucionalidad que había sido acordada por los Tribunales de instancia. Para más detalle, véase: http://en.wikipedia.org/wiki/Child_Online_Protection_Act Asimismo, véase CALVO GONZÁLEZ, J. C., “Libertad de expresión y weblogs”, Revista semestral de filosofía práctica, Enero-junio (2009), págs. 53-94. Accesible en la página web: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/29414/1/articulo3.pdf 11 Children Online Privacy Protection Act 12 Libro Verde sobre la protección de los menores y la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información – COM (96) 483. Posteriormente, sobre la protección de los menores y la dignidad humana, véanse: Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana – DOUE L 270 de 7 de octubre de 1998; y Recomendación 2006/952/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea - DOUE L 378 de 27 de diciembre de 2006. 13 Decisión 276/1999/EC del Consejo y del Parlamento Europeo, DOUE L 33 de 6 de febrero de 1999. 14 El Plan Plurianual “Plan plurianual de Acción para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales” abarcaba desde el año 1999 al 2002, siendo entonces prorrogado por el Plan “Safer Internet” (Decisión n° 1151/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, que modifica la Decisión n° 276/1999/CE por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales – DOUE - L 162 de 1 de julio de 2003). En 2005, manteniendo la línea de los anteriores, surgió entonces el Plan “Safer Internet Plus” -2005-2008- (Decisión n° 854/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la que se crea un programa comunitario plurianual para el fomento de un uso más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea - DOUE L 149 de 11 de junio de 2005). Este nuevo plan mantiene las líneas de los anteriores y se ve ampliado su ámbito de aplicación a los nuevos medios de comunicación (formato vídeo por ejemplo) y está concebido explícitamente para combatir el racismo y las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas (spam). Con relación al anterior programa se orienta aún más hacia los usuarios finales como los padres, los profesores y los niños.
Siguiendo a MUÑOZ MACHADO15 podemos concluir entonces que no resulta aconsejable aplicar modelos de control sobre los contenidos excesivamente estrictos, ya que dado el carácter abierto de la Red éstos suelen presentar una escasa eficacia y es relativamente fácil evadir los mismos. Amén de que en muchos casos los intentos gubernamentales de adoptar medidas excesivamente estrictas han resultado inconstitucionales. De esta manera, la intervención pública debe por ello concentrarse en la represión de aquellas conductas más graves que son reconocidas como ilícitos. Al mismo tiempo ello debe ir combinado con un fomento de esas otras medidas de autorregulación y autocontrol en la que sean los propios actores los que ayuden a mantener una Red “limpia” de contenidos nocivos e ilícitos, aunque estas también con ciertas cautelas16. 4. Fórmulas de control de contenidos en la Red.
Entro ahora a presentar una amalgama de técnicas o fórmulas que permiten –en principio a los Estados- el control o censura sobre los contenidos que se encuentran publicados en Internet, o, más normalmente, sobre el acceso de los ciudadanos al mismo o a sus contenidos. Como señala RUBIO MORAGA se trataría de aquellas técnicas que pretenden “poner vallas al campo” 17. La manera más contundente de censura en la Red es directamente la prohibición de acceso a la misma. Como se ha dicho, hay países autoritarios -por ejemplo Corea del Norte o Afganistán bajo el gobierno talibán- en donde lo que el Gobierno hace es vedar la posibilidad de acceder a Internet, lo cual se logra impidiendo o limitando la implantación de las tecnologías necesarias para el acceso al mismo. De esta manera se impide, por un lado, que nadie pueda difundir contenidos por Internet ni tampoco acceder a los mismos. Directamente Internet no existiría en esos países. El Estado queda así “desconectado” de la Red global. Un ejemplo parecido lo vimos cuando el Gobierno iraní, ante la revolución iniciada en las elecciones presidenciales del 2009 y viendo la importancia que estaban adquiriendo las redes sociales y otras formas de comunicación principalmente por Internet entre los opositores al régimen, decidió reducir el ancho de banda disponible para bloquear así el acceso a la Red e impedir que se cargaran contenidos en la misma18. Sólo aquellos privilegiados que podían disponer de algún tipo de conexión directa vía satélite podían escapar de tales medidas impeditivas. Otra forma de control en la Red es la imposición de autorizaciones para el acceso a Internet. Sólo quienes cuenten con una autorización gubernativa pueden acceder a Internet. Una manera de que sólo aquellas personas de confianza van a poder acceder a este medio. Es el sistema que sigue Cuba o China, en donde existe un registro policial en el que debe inscribirse cualquier usuario de Internet. Ahora bien, aunque Internet se caracterizaba por ser un medio esencialmente descentralizado en donde no existe un punto único de control, lo cierto es que sí que hay unos puntos neurálgicos a partir de los cuales se puede dominar la Red, al menos en el marco espacial de un Estado. Éstos son los Proveedores de Servicios de Internet (en adelante PSI). Los ciudadanos necesitan de algún tipo de proveedor que les dé acceso a la Red, y, por tanto, controlando a éstos se puede controlar de manera indirecta el acceso de los ciudadanos a Internet. A través de los mismos se puede monitorizar, controlar o restringir cualquier acceso a Internet y también bloquear el acceso a una determinada –o determinadaspáginas web. De esta manera, surgen por tanto otras formas mediatas de control de Internet ejercidas a través de estos PSI. Por ejemplo, un Estado que tenga interés en controlar el acceso a Internet puede directamente obligar a que los proveedores sean estatales y a partir de ahí fijar los límites que desee. O puede regular su actividad imponiéndole a éstos
Vid. MUÑOZ MACHADO, S., La reserva de jurisdicción,1989, La Ley, págs. 155 y ss. Como veremos a la hora de plantear las garantías constitucionales a la libertad de expresión, estas fórmulas de autorregulación también presentan sus riesgos al dar un excesivo poder en el control de la Red a entidades ademocráticas que básicamente pretenden fines comerciales. 17 RUBIO MORAGA, A.L., op. cit., págs. 2 y ss. 18 Vid. GARCÍA ORTA, Mª J./ALONSO GONZÁLEZ, M./CARRERAS ÁLVAREZ, M. del V., “Redes sociales y herramientas 2.0 en las elecciones de Iran”, Comunicación en el Congreso “Alfabetización mediática y culturas digitales”, celebrado los días 13 y 14 de mayo de 2010 en Sevilla. Accesible en la página web: http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/Redes%20sociales%20y%20herramientas%202.0%20 en%20las%20elecciones%20presidenciales%20de%20Irán.pdf
determinadas obligaciones de monitorización o bloqueo –entre ellas, como veremos a continuación, la obligación de imponer software de filtrado-. En el caso particular de los servidores de alojamientos web, se podrá ordenar que los mismos retiren un determinado contenido que se encuentre alojado en ellos. Incluso, todo servidor tiene que tener una ubicación física, de manera que el Estado en el que se encuentre el mismo puede proceder a su cierre o incautación material. Por último, tenemos los software de filtrado19. A través de los sistemas de filtrado lo que se consigue es el bloqueo de la información a la que puede llegarse navegando por Internet. Estos filtros deben ser instalados en un punto de acceso de Internet a cualquier nivel –desde el particular a los PSI en sus distintos niveles-, impidiendo entonces el acceso desde ese punto a cierta información. Para lograr el bloqueo de la información estos sistemas de filtrado deben ir acompañados de una forma de clasificación. Para que el programa pueda bloquear una información, ésta ha de haber sido clasificada previamente. A estos efectos existen básicamente cuatro sistemas que vienen a permitir el bloqueo de la información, como nos señala FERNÁNDEZ ESTEBAN 20: 1) Sistemas de lista blanca, que sólo permiten el acceso a determinadas direcciones que previamente han sido autorizadas; 2) Sistemas de lista negra, que no permiten el acceso a determinadas páginas web que previamente han sido excluidas; 3) Sistemas de detección de palabras-clave, a través de los cuales el programa bloquea el acceso a los sitios web que contengan determinadas palabras que hayan sido predefinidas como nocivas (ej. “sexo”, “pecho”…); 4) Bloqueo por parte de los proveedores de acceso a porciones de Internet21. Otro sistema que sin ser estrictamente de clasificación sí que está muy vinculado, es la Plataforma para la Selección de Contenidos de Internet 22 (en adelante PICS). Este sistema se basa en la creación de etiquetas que informan del tipo de contenido de una página web. A partir de esa información se pueden crear entonces distintos sistemas de clasificación para poder permitir el bloqueo en función de las preferencias de aquel que los desarrolle. Así, por ejemplo, una asociación de corte religioso podría preparar un sistema de clasificación donde quedaran filtrados determinados tipos de contenidos contrarios a su doctrina. El problema principal del sistema PICS viene a la hora de determinar quién será el encargado del etiquetado de las páginas web. Puede fijarse un sistema de autoclasificación donde sean los propios autores de la página web los que evaluando sus propios contenidos incluyan las correspondientes etiquetas. O puede darse un sistema de clasificación de terceras partes, de manera que fuera un grupo, ya fuera empresa, organismo o institución, el que se encargara del etiquetado de los distintos sitios web. Estos sistemas de filtrado y clasificación han sido acogidos en buena medida como la panacea para cohonestar la protección frente a contenidos nocivos y la libertad de expresión. De hecho, veíamos como las Instituciones Europeas recogían como un eje principal de su estrategia el fomento y desarrollo de este tipo de sistemas. Sin embargo, a la hora de la verdad se demuestran francamente defectuosos y sumamente problemáticos23. Como ha tenido que reconocer la propia
Sobre los distintos sistemas de filtrado véase con carácter general la exposición de VILLATE, J., “Libertad de expresión en Internet”, 2001. Disponible en el archivo del Observatorio para la CiberSociedad en la página web: http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=37. 20 FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª. L., “Limitaciones constitucionales e inconstitucionales a la libertad de expresión en Internet (Comentario a la Sentencia 96-511 del Tribunal Supremo Norteamericano de 26 de junio de 1997 que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones del Congreso de los Estados Unidos)”, Revista Española de Derecho Constitucional, Núm. 53 (1998), págs. 283-311, cit. en pág. 292. 21 Entiendo que aquí la autora se estaría refiriendo al sistema de “zonificación” de los contenidos propuesto por LESSIG (El Código y otras leyes del ciberespacio, 2001, Taurus, págs. 419 y ss.). A través del mismo determinados tipos de contenidos iban a estar “recluidos” –zonificados- en Internet, de manera que le estaría vedado el acceso a ciertas personas a estos espacios virtuales. Esto exigiría que toda persona, o al menos determinados tipos de personas, debieran identificarse al acceder a Internet de manera que el sistema, reconocidas estas personas, no les permitiera el acceso a esos contenidos que están en zonas restringidas. 22 Platform for Internet Content Selection. Toda la información al respecto de esta plataforma se encuentra en: http://www.w3.org/PICS/ 23 Véase, VILLATE, J., “La libertad de expresión en Internet”, op. cit., apartado: “críticas del software de filtrado”.
Comisión Europea, además de que los padres y educadores no están todavía suficientemente familiarizados con ellos, el avance tecnológico en este campo todavía no es suficiente 24. En este sentido, los sistemas de filtrado basados en listas blancas o negras son claramente insuficientes ya que no permiten controlar más que una mínima parte de las páginas webs existentes. Por su parte, los sistemas de filtrado por palabras son claramente arbitrarios y llevan al bloqueo de muchas páginas web de contenidos en absoluto nocivos. Muy contundente a este respecto es el informe de los grupos Cyber-Rights & Cyber-Liberties de Reino Unido “Who Watches the Watchmen: Internet Content Rating system, and Privatised Censorship”25 en el que se pone de manifiesto la poca eficacia de estos sistemas de clasificación. Además se advierte de los problemas que un sistema de zonificación puede provocar para la privacidad. En cuanto a los sistemas PICS, tal y como se expresa en el informe, lo cierto es que un sistema de autoclasificación resulta inútil –lógicamente siempre y cuando no fuera acompañado de medidas legislativas que impusieran medidas coercitivas para aquellos que no cumplieran con las obligaciones de etiquetado- y los modelos de clasificación por terceros pueden igualmente dar lugar a graves problemas de arbitrariedad. El poder de aquél que etiqueta es extraordinario y será determinante para que luego una página sea o no accesible ante determinadas clasificaciones y filtros. Además, lo que resulta más importante, estos sistemas se presentan con carácter general como unos sistemas que aportan como valor añadido el evitar la intervención estatal. Sin embargo, ya hemos visto como en buena medida su eficacia en algunos casos va a depender de una regulación gubernamental complementaria. También son proclamados como métodos de control de acceso a Internet sin censura 26. Sin embargo, esta afirmación es muy relativa. Como hemos dicho anteriormente, estos sistemas de filtrado pueden situarse en cualquier punto de acceso a Internet. Por tanto, es cierto que pueden servir de sistemas de autocontrol si los que lo instalan y controlan son los propios usuarios 27. Ahora bien, también pueden servir de sistemas de censura de arriba hacia abajo. Como señalábamos, el Estado puede obligar a los PSI a incorporar determinados tipos de filtros, incluso puede imponer las características de los mismos y el tipo de clasificación y bloqueo que deben hacer. De esta manera se conseguiría evitar que los ciudadanos pudieran acceder a determinados tipos de contenidos. Pero también, más allá de la intervención estatal, los mismos pueden facilitar sistemas de censura privada, ya que los distintos PSI podrían decidir filtrar ciertos contenidos sin contar con los usuarios. O aquellos grupos que se encargaran en su caso del etiquetado pueden, como decíamos, dar lugar a situaciones de arbitrariedad inaceptables. De esta manera, debemos así valorar con cautela estas nuevas fórmulas. Y, en todo caso, con carácter general comprobamos como, de una forma u otra, el Estado no se encuentra inerme para poder intervenir sobre el libre acceso a Internet de los ciudadanos. Por tanto, debemos así acercarnos a nuestro cometido último: ver cuáles son los límites constitucionales, las garantías ante la posibilidad de que el poder público –pero también entes privados- se valgan de estas técnicas de control para restringir la libertad de expresión –lato sensu- de los ciudadanos. II. LAS ESPECÍFICAS GARANTÍAS LIBERALES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL CONTROL DE LOS CONTENIDOS DE LAS PÁGINAS WEB: Prohibición de la censura previa, exigencia de secuestro judicial y reserva de jurisdicción en el control de contenidos ex post en la Red. 1. La importancia de las garantías constitucional sobre el control de contenidos en la Red. La Red se está convirtiendo en un medio cada vez más controlado, incluso en un medio en el
Vid. Comunicación de la Comisión, de 6 de noviembre de 2006, «Evaluación final de la ejecución del plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales» -COM (2006) 663 final-. 25 Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK) Report, “Who Watches the Watchmen: Internet Content Rating system, and Privatised Censorship”, Noviembre, 2007. Accesible en la página web: http://www.cyber-rights.org/watchmen.htm. 26 Así fue presentado el sistema PICS por el World Wide Web Consortium. 27 Ésta es la posición que defienden la mayoría de las asociaciones de cyber-derechos, que estos sistemas de filtrado queden estrictamente bajo el control parental, es decir, bajo el dominio de los propios usuarios. En este sentido, véase el informe antes mencionado de Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK): “Who Watches the Watchmen: Internet Content Rating system, and Privatised Censorship”. ACLU también ha manteniendo firmemente tales posiciones en “Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace Burning?”.
que el “poder” actúa de manera más incisiva sobre la libertad de los ciudadanos. Se observa cómo se rescatan tipos penales obsoletos para su aplicación ahora en Internet, surgen nuevas fórmulas de control exorbitantes, se pretende permitir penetrantes actuaciones administrativas y se tiende a una comercialización del ciberespacio28. Esta tendencia se aleja de la proclama aquí asumida de que Internet y la nueva realidad social debieran llevar a un reconocimiento pleno de la libertad de expresión; y es por ello que debemos ser especialmente cautelosos y trabajar ahora en la afirmación de las garantías que amparan nuestra libertad en este nuevo espacio. Aunque no comparto que la Red deba ser un espacio irrestricto cuya ordenación se haga depender de las propias fuerzas del Caos29; sino que, muy al contrario, considero que un Internet sin límites sería fruto de grandes conflictos y peligros. Sin embargo, el canto de las sirenas que nos recomienda la regulación debe ser escuchado con cuidado y no debemos desatar a Ulises de manera irresponsable. Nos avisa el informe “Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace Burning?”30 de la American Civil Liberties Union, de que “cualquier regulación del contenido de Internet, no importa lo benigno de su propósito, puede terminar prendiendo fuego a la aldea global para “asar al cerdo””31. Así que, al tiempo que reconocemos la necesidad de un control de contenidos en Internet, debemos poner nuestra mira también en las garantías que van a limitar el mismo para evitar derivas que terminaran prendiendo fuego al nuevo espacio de libertad, en un momento en el que además ya empiezan a atisbarse los primeros humos. Porque si “la historia de la humanidad puede escribirse como una historia de la represión de la expresión”32, qué duda cabe entonces de que ante esta nueva página de la Historia donde se abre un nuevo mundo, el ciberespacio, debamos enfrentarnos a la historia de la represión. Como antídoto a ello, prosigamos entonces en nuestro cometido. 2. Configuración de la prohibición de censura previa y de la exigencia de secuestro judicial en la Red. La reserva de jurisdicción en el control ex post y el principio de indiferencia del medio. 2.1. Prohibición de la censura previa. En aquellos casos en los que la publicación de una determinada página web esté amparada bajo el paraguas de la libertad de expresión33, debemos plantearnos entonces como se proyectarán las garantías constitucionales a esta libertad ante las medidas de control que pudieran pretender ejercer sobre la misma. A estos efectos será necesario traducir estas libertades a las características del nuevo medio, a partir de la esencia de los principios que de las mismas se extraen. De esta suerte, nuestra Constitución prohíbe en su art. 20.2 la imposición de cualquier forma
En este sentido, BOIX PALOP, A, “Derechos de propiedad y garantía del pluralismo. Notas sobre el producto informativo en Internet y su tratamiento jurídico”, en COTINO HUESO (Coord.), Libertades, democracia y gobierno electrónico, 2006, Comares, págs. 59-88. 29 Vid. CEBRIAN, J. L., La red, 2ª Ed., 1998, Madrid, pág. 68. 30 Accesible en la página web: http://www.aclu.org/technology-and-liberty/fahrenheit-4512-cyberspace-burning 31 “Any content-based regulation of the Interent, no matter how benings the purpose, could burn the global village to roast the pig” -traducción propia-. 32 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., “Sobre la libertad de expresión en el mundo anglosajón”, Revista de Administración Pública, Núm. 127 (1992), págs. 45-83, cit. en pág. 48. 33 En este sentido, creo que no toda página web debe entenderse amparada por el ejercicio de la libertad de expresión, aun entendiendo ésta de manera amplia. Son muchas las páginas web que hoy día sirven no tanto para la publicación de información, sino como vehículo para la prestación de diversos servicios on-line (comercio electrónico, gestiones bancarias, administración electrónica, etc.). De esta suerte, considero que sólo aquellas web que de manera efectiva se dirigen a la comunicación de información en sentido estricto, con independencia del contenido de esa información (hechos u opiniones, con o sin contenido político o mayor o menor relevancia para la opinión pública…) o de que a través de las mismas se obtenga algún rendimiento económico, deberán considerarse prima facie como un ejercicio de la libertad de expresión. Véase, a este respecto mi comunicación: “El Legislador y los riesgos para la libertad de expresión en Internet: notas sobre las garantías constitucionales de la libertad de expresión en la LSSICE y en la Disposición Final Segunda del Proyecto de Economía Sostenible”, en COTINO HUESO, L. (Coord.), Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías, 2010, Publicaciones de la Universitat de València.
de censura previa, la cual ha sido definida como “cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión de una obra del espíritu, especialmente al hacerla depender del previo examen de su contenido”34, y ello con indiferencia del medio de publicación. Ahora bien, si la censura previa proscribe principalmente aquellas medidas impeditivas de la “elaboración y difusión” de un mensaje comunicativo, tal definición va a resultar insuficiente en el ámbito de Internet. En la Red muy difícilmente se pueden imponer límites a la difusión de información. Una vez que una persona tiene acceso a la Red, materialmente resulta prácticamente imposible controlar aquello que la misma puede difundir a través de este medio. El carácter abierto, horizontal y, sobre todo, la interactividad y espontaneidad que caracterizan a la comunicación a través de Internet, imposibilitan tales prácticas de censura previa sobre la publicación y difusión de contenidos. No puede darse un filtrado ex ante de aquello que va a ser publicado por este medio. El problema de la censura previa se presentará por tanto en el control que por parte de los Estados puedan fijar sobre el acceso al medio, por un lado; o sobre la creación y desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información, es decir, sobre el derecho a crear los medios y soportes que permitan acceder a Internet 35. Y, por otro lado, los Estados podrían también tratar de controlar y limitar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información existente en la Red. Por tanto, vemos cómo en un medio como Internet, donde se confunden las figuras del emisorreceptor de la información, es imprescindible tener en cuenta la doctrina relativa a los derechos del público36 y elevarla ahora como núcleo esencial de la protección constitucional de la libertad de expresión. De esta manera, más allá de la protección de la posición activa de quien pretende publicar o difundir un determinado mensaje; la prohibición de la censura previa debe proteger frente a cualquier medida que restrinja cualquiera de las facultades comunicativas y amparar así el libre acceso de todo “mensaje comunicativo al proceso de comunicación pública” 37 –lógicamente para que entre un mensaje en el proceso de comunicación pública será necesario que el mismo sea potencialmente accesible por los ciudadanos-. Se debe tutelar el derecho de todo ciudadano a acceder a una determinada fuente de información –y por supuesto a su contenido-. Una garantía que, además, también debe ser extendida a la tutela de otros derechos derivados directamente de las libertades de expresión e información como es el derecho de creación de medios de comunicación. Y todo con base en la garantía institucional del pluralismo. Pues bien, este fundamento se ve afianzado en el nuevo medio. Como acertadamente ha afirmado el Tribunal Supremo norteamericano38 es necesario defender la autonomía del nuevo medio dado su importante carácter democratizador. Internet es el ágora pública del siglo XXI, un ágora universal, un espacio apasionado de libertad que está llamado a cumplir una función de legitimación democrática esencial en nuestros sistemas políticos. Es por ello que de manera tan firme se ha de defender constitucionalmente la naturaleza de este medio; sus caracteres como espacio abierto y plural, horizontal y espontáneo; su condición como “plaza pública” para la discusión y la expresión, para realizar el libre mercado de las ideas. Ahora bien, al valorar este medio
Vid. SSTC 13/1985, de 31 de enero y STC 52/1983, de 17 de junio (cursivas mías). Aquí estaríamos ante una concreción del derecho a la creación de medios de comunicación que se derivaba de manera necesaria del propio reconocimiento a la libertad de expresión. Vid. a este respecto, entre otras, SSTC 12/1982, 206/1990, 119/1991, 31/1994. 36 A este respecto véase especialmente VILLAVERDE MENÉNDEZ, I, Los derechos del público. El derecho a recibir información del artículo 20.1.d) de la Constitución española de 1978, 1995, Tecnos, in toto. Aquí también sería interesante atender a las doctrinas que afirman la configuración de la libertad de expresión como un ius communicationis. Así, DESANTES-GUANTER ha sido el autor que con mayor rigor ha defendido la configuración de un único derecho a la información que vendría a enlazar con el clásico ius communicationis, un derecho genérico que protege la comunicación entre personas y tutela una amplia variedad de mensajes comunicativos (informativos, de opinión, de publicidad…). El autor ha dedicado a esta cuestión un gran número de obras, sirva como referencia el que fue su libro póstumo: Derecho a la información. Materiales para un sistema de la comunicación, 2004, Fundación COSO. Como expresa FERNÁNDEZ-MIRANDA (“Artículo 20. Libertad de expresión y derecho de la información”, en ALZAGA VILLAAMIL, Comentarios a las Leyes políticas, Tomo II, 1984, Edersa, págs. 496 y ss.), el concepto de la libertad de expresión ha ido evolucionando y en este punto parece que hoy día podemos asumir con carácter general que esta libertad tutela no sólo la vertiente activa, la publicación de información, sino también el derecho de acceso a la misma y en general todo el proceso comunicativo. 37 Vid. VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., op. cit., pág. 103. 38 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano caso ACLU v. J. Reno, 96-511, de 26 de junio de 1997.
debemos tener muy presente no sólo su importancia para el orden democrático, sino también su relevancia para el libre desarrollo de la personalidad, ya que hoy día el acceso a Internet es casi una condición indispensable para relacionarse socialmente con plenitud –conforme a los cánones impuestos por la actual sociedad de la información-. Así las cosas, entrando en el análisis en concreto de las distintas formas de restricción o censura, como hemos visto ciertos regímenes de corte autoritario tratan de imponer fórmulas que directamente impiden el acceso de sus ciudadanos a Internet, lo que les permite no sólo evitar que estos puedan acceder a la información contenida en la Red, sino también que puedan expresarse a través de este medio. Lógicamente tales medidas prohibitivas del acceso a la Red resultan manifiestamente inconstitucionales en cualquier Estado democrático y supondrían un claro supuesto de censura previa, entendida ésta en sentido amplio39. Nuestra Constitución reconoce el derecho a poder expresarse y difundir información a través de cualquier medio de reproducción o difusión, de lo que se deduce un límite esencial para el Legislador, que no podrá prohibir a sus ciudadanos el acceso y uso de cualquiera de los medios de comunicación y difusión que tecnológicamente se encuentren disponibles en cada momento 40. De hecho, la línea en la que avanzan nuestros ordenamientos jurídicos es la radicalmente opuesta y hoy día se tiende al reconocimiento específico del derecho universal al acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, lo que en nuestro país, además de deducirse de la propia Constitución, se configura ahora como un derecho estatutario en la mayoría de los nuevos Estatutos de autonomía reformados a partir de 200641. Otra medida que igualmente pretende limitar previamente este derecho de acceso al medio sería el establecimiento de sistemas de autorización o licencia previa para poder acceder a la Red. O, de manera algo menos incisiva, un registro policial de quienes sean usuarios de Internet. Tales medidas, por las consideraciones antes realizadas, son igualmente reprochables constitucionalmente. Imaginemos que el Estado pretendiera imponer un sistema de autorizaciones previas para controlar aquellos que compran libros. Algo a todas luces intolerable. Por tanto, reconocido ese derecho al libre acceso a las fuentes de información, cualquier medida que implique la restricción o limitación previa del mismo, con independencia de su “debilidad” o “sutileza”, ha de ser considera proscrita por mor de la prohibición de censura previa fijada por nuestra Constitución. Estas medidas de autorización o licencia previa podrían pretender ser impuestas no ya sobre el acceso de los usuarios, sino sobre los PSI o sobre la creación de medios de comunicación digitales. Aquí se estaría perjudicando el derecho a la creación de medios de comunicación, entendido en este caso como el derecho a crear y desarrollar los medios y soportes necesarios para la prestación de los servicios de comunicación e información. Aunque esta cuestión se vincula más directamente con la libre iniciativa económica, también se ve afectada esta otra vertiente derivada de la libertad
En palabras del propio Tribunal: “La constitución, precisamente por lo terminante de su expresión, dispone eliminar todos los tipos imaginables de censura previa, aun los más débiles y sutiles, que tengan por efecto no ya el impedimento o prohibición, sino la simple restricción de los derechos de su art. 20.1” (SSTC 52/1983, FJ. 5º; y 187/1999, FJ. 5º -cursivas mías-). 40 La prohibición de censura previa supone un límite a todos los poderes públicos, incluido al propio Legislador. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido que la prohibición de la censura previa es, primeramente, una garantía que tiene la finalidad de “limitar al legislador y evitar que, amparado en las reservas de ley (…), pudiera tener la tentación de someter su ejercicio y disfrute a cualesquiera autorizaciones, sea cual fuere su tipo o carácter” (STC 187/1999, FJ. 5º). Así, VILLAVERDE MENÉNDEZ (op. cit., pág. 104) considera que medidas como la prohibición previa de determinados contenidos –ej. pornografía- o de determinados medios de difusión –ej. uso de antenas parabólicasdebían reputarse inconstitucionales. 41 Algunos de los nuevos Estatutos de autonomía en la carta de derechos que novedosamente incluyen, reconocen específicamente un “derecho a las tecnologías de la información y de la comunicación”. Así, por ejemplo, el Estatuto de autonomía de Andalucía aprobado en 2007, en su art. 34, ampara “el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación, mediante los medios y recursos que la ley establezca”. En sentido similar, el art. 53 del Estatuto de autonomía catalán tras su reforma de 200; el 28.2 del Estatuto de autonomía aragonés –reformado en 2007-; como principio rector lo afirma el art. 26.1 del Estatuto de Castilla y León –reformado en 2007-; y el art. 29 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares. Esta tendencia venía ya iniciada en el ámbito internacional donde, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó ya en el año 1996 una resolución en la que manifestaba el compromiso de impulsar la cooperación para fomentar el “acceso a las tecnologías de la información” (AG/RES. 1421 (XXVI-O/96), aprobada en la octava sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1996). La UNESCO, por su parte, también ha hecho diversos llamamientos a los Estados para que apoyen el acceso universal a Internet (UNESCO, Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio, 15 de octubre de 2003).
de expresión, en la medida en que se está poniendo en juego la posibilidad de crear y desarrollar las infraestructuras necesarias para la comunicación y difusión de información. De esta manera, tampoco debemos admitir la constitucionalidad de medidas de autorización previa para desarrollar estas actividades42. Este tipo de licencias era admitido en el caso de la radiodifusión por las especiales características de tales servicios, las cuales no concurren en Internet, como ya dejara indicado el Tribunal supremo norteamericano en su mencionada sentencia, al someter a un escrutinio estricto las medidas restrictivas de Internet pretendidas con la Ley de Decencia de las Comunicaciones. Así, todo usuario puede acceder a Internet sin que ello suponga un detrimento de otros, por lo que no hay un problema de escasez; tampoco hay en principio barreras de entrada que puedan dar lugar a problemas de concentración, ni controles de acceso a los proveedores; y en la medida que en la Red es necesario navegar para acceder a la información, tampoco hay entonces un problema de exceso de penetración. Por tanto, siendo la regla general la prohibición de este tipo de licencias previas, toda vez que en Internet no concurren circunstancias que de manera particular justifiquen su imposición, debiera entonces reputarse inconstitucional cualquier medida que pretendiera fijar un sistema de autorización o licencia previa para el ejercicio de tales actividades. De esta manera parece haberlo entendido el Legislador europeo que en el artículo 4º.1 de la Directiva “sobre el comercio electrónico” 43 impone el “principio de no autorización previa” de manera general para los “prestadores de servicios de la sociedad de la información”44, y ello a salvo de los regímenes de autorización previstos con carácter general en el ordenamiento jurídico y que afecten a los mismos por el tipo de actividad de que se trate45. Algo que, en nuestro caso, viene dado ya por mandato constitucional. Otra de las técnicas de censura previa que se pueden dar en Internet sería la imposición estatal de sistemas de filtrado, si bien a esta cuestión le dedicamos un apartado específico y a las consideraciones que allí quedan realizadas me remito. No obstante, por las características que ya conocemos de los mismos, intuiremos que la imposición gubernamental de los mismos afectará al derecho de los ciudadanos al acceso a la información contenida en Internet. 2.2. Exigencia constitucional de secuestro judicial. Por otro lado, como excepción a la prohibición genérica de censura previa, entendida ésta como prohibición a la intervención o restricciones públicas a la difusión o publicación de mensajes comunicativos46; la Constitución reconoce en el apartado 5 de su artículo 20 que mediante resolución judicial podrá acordarse el secuestro de una publicación y de cualesquiera “otros medios de información”. Una exigencia de secuestro judicial para prohibir de manera cautelar la publicación de una determinada información con independencia del medio por el que se pretendiera su difusión, lo que afecta por tanto a Internet.
En este sentido, el derecho a la libre creación de medios de comunicación se concreta en la prohibición de que se impongan con carácter general cualquier género de autorización administrativa previa o de exigencia de caución para la creación, promoción y gestión de medios de comunicación, algo que extendemos aquí también a la creación de los soportes necesarios para la comunicación. Ello, sin perjuicio, de que tal y como ha mantenido el TC, este derecho tenga “indudables límites” y goce de una protección de “menor intensidad” (SSTC 12/1982, 206/1990, 119/1991, 31/1994). Véase también FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., págs. 509 y ss. 43 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) 44 “1. Los Estados miembros dispondrán que el acceso a la actividad de prestador de servicios de la sociedad de la información no pueda someterse a autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos equivalentes”. 45 La ley de transposición española de esta Directiva (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) matiza en el párrafo 2º de su art. 6º en el que incorpora este principio de no sujeción a autorización previa, que tal prohibición “no afectará a los regímenes de autorización previstos en el ordenamiento jurídico que no tengan por objeto específico y exclusivo la prestación por vía electrónica de los correspondientes servicios” (cursivas mías). 46 El TC en su sentencia 187/1999 afirmaba que “una cabal interpretación del veto constitucional a la censura dentro del ámbito de la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, y sobre todo con la permisión del secuestro judicial (apartados 1, 2 y 5 del art. 20.1 CE), permite concluir que aquél no se extiende a todos los posibles supuestos de medidas restrictivas de tales libertades, que, de ser adoptadas por una institución distinta de la judicial, merecerían la consideración de “censura previa” en el sentido material o amplio indicado…” (cursivas mías).
De esta manera, cuando nos encontremos con una intervención cautelar en aras de proteger algún derecho, bien o valor constitucional, sólo por orden judicial se podrá exigir el bloqueo o prohibir la difusión de un contenido a través de Internet cuya publicación estuviera amparada –prima facie- por la libertad de expresión. Lo normal es que tal mandato se articule mediante la exigencia, en primer lugar al servidor de alojamiento, y si no a los distintos PSI del país, de que bloqueen esos contenidos que de manera cautelar han sido considerados como lesivos. Así, en principio se evitaría que, si no se pueden retirar directamente, al menos no se pueda tener acceso a los mismos. Digo que en principio, y lo hago intencionadamente, porque más allá de que el Juez emita la correspondiente prohibición de difusión y la exigencia del bloqueo de una página web, cuestión distinta será si ésta se podrá hacer efectiva materialmente. Se podrá bloquear el acceso a la web a través de los PSI que estén en el Estado. Ahora bien, esos contenidos pueden reflejarse en miles de páginas web distribuidas por servidores a lo largo de todo el mundo. Por cada orden de bloqueo de una web, pueden aparecer esos mismos contenidos en centenares de nuevos sitios. Esta situación llama por ello a la reflexión acerca de la necesidad de estas medidas en una sociedad democrática, conforme al conocido como Test de Estrasburgo, fijado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 47. En cualquier caso, la exigencia de secuestro judicial en el bloqueo de las páginas web amparadas por la libertad de expresión conlleva como consecuencia necesaria el veto a que autoridad administrativa alguna pueda controlar de manera cautelar los contenidos de estas páginas web. Si bien he enfatizado que estas garantías constitucionales sólo tendrán vigencia en aquellos casos en los que estuviera en juego la libertad de expresión. Lo cual, como he dicho, ocurrirá cuando la página web se dedique de manera principal a la difusión de información, y no a la prestación de otros servicios telemáticos de cualquier otro orden. En este sentido, en principio nada obstará que legalmente se puedan establecer los procedimientos correspondientes en virtud de los cuales la Administración pueda ejercer actuaciones de policía preventiva, que puedan implicar incluso el cierre de páginas web, en todos aquellos supuestos en los que no se vea afectada la libertad de expresión 48. En abstracto no será difícil establecer tales diferencias apreciando los supuestos en los que se ve afectada la libertad de expresión y aquellos otros en los que sí que es admisible una intervención administrativa previa al no verse afectada ésta. En buena medida nos encontramos con casos que han de ser reproducción –o al menos traducción- de la legislación general. Así, por ejemplo, si la Administración sanitaria está habilitada para poder cerrar un establecimiento por motivos sanitarios o para prohibir la comercialización de un producto, como un medicamento ilegal49; igual potestad asistirá a la Administración para ordenar en consecuencia el bloqueo de una página web en la que se lleve a cabo esa misma actividad de venta on-line que ponga en peligro la salud. Es cierto que luego, en concreto, las distinciones entre aquellas páginas que se dedican a la difusión de información, y esas otras cuya finalidad es algún otro tipo de servicio telemático, pueden no estar claras. Pero ni siquiera esto nos debe preocupar en exceso ya que, en todo caso, las decisiones de la Administración son siempre susceptibles de control y revisión judicial. El ciudadano, al final, no queda tampoco indefenso. Siguiendo con el ejemplo anterior, podría ocurrir que la Administración pretendiera el cierre de una web al considerar que en ella se está comerciando on-line con productos peligrosos para la salud pública. Sin embargo, el titular de la web puede sostener que él ni comercia, ni distribuye, y ni siquiera anuncia productos concretos, sino
Así, El TEDH ha considerado en varios supuestos que el decreto del secuestro judicial resultaba ilegítimo por no resultar una medida “necesaria en una sociedad democrática”, toda vez que la publicación cuya difusión se trataba de impedir ya había sido puesta en conocimiento y a disposición del público por otras vías. Véanse a este respecto: SSTEDH de 26 de noviembre de 1991 en los casos Oberver y Guardian c. Reino Unido y Sunday Times c. Reino Unido; de 18 de mayo de 2004, caso sociedad Plon c. Francia. En los EEUU, véase la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano United State v. Progressive Inc (467 F. Supp. 990 WD. Wis. 1979). 48 Ésta pretende ser la dirección en la que apunta la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, aunque peque de una excesiva vaguedad y una peor delimitación de su ámbito. Muy dudosa constitucionalmente es, por otro lado, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible en su Disposición Final 2ª, conocida popularmente como la Ley de la patada en el router. Sobre estas cuestiones véanse la comunicación mencionada publicada en la obra ya citada Libertades de expresión e información en Internet…; y el capítulo que a ello dedico en ALFONSO SÁNCHEZ, R. (Dir.), Economía Social y Economía Sostenible, 2010, The Global Law Collection, ThomsonAranzadi. 49 Véase a este respecto el Cap. V. “De la intervención pública en relación con la salud individual y colectiva”, y en concreto el art. 26, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
que su web se dedica simplemente a informar sobre lo que él considera que son unos sistemas alternativos de medicina y unos productos especiales para los mismos. Probablemente en este caso sería mucho más dudosa la potestad de la Administración para el cierre de esta web, ya que en este supuesto sí que parece que estaría en juego la libertad de expresión, lo que obligaría a que fuera la autoridad judicial la que, en su caso, decretara tal orden de bloqueo cautelar. En cualquier caso, si la Administración no atendiera en el procedimiento correspondiente –en el que lógicamente ha de reconocerse una fase de audiencia al interesado conforme ordena la legislación administrativa general- a las alegaciones de la parte perjudicada; ésta en todo caso podrá recurrir la decisión del bloqueo de su web en sede judicial, donde será entonces esta autoridad la que, verificando si en tal situación está o no en juego la libertad de expresión, decida por tanto sobre la nulidad de la decisión administrativa por vulneración de un derecho fundamental del administrado. Ahora bien, estas reflexiones acerca de la dificultad que en cada caso en concreto pueden plantearse no justifican que no exista un diseño legal claro al respecto. De esta suerte, resultaría manifiestamente inconstitucional, aunque existiera la posibilidad de revisión judicial posterior, que una Ley autorizara el cierre cautelar de páginas web por la Administración en supuestos en los que claramente se va a ver afectada la libertad de expresión. Pero además, vistas las dificultades concretas de cada supuesto, es exigible del Legislador la mayor diligencia en la delimitación de los distintos supuestos, so pena de poder caer en inconstitucionalidad por vaguedad en la regulación de situaciones que de manera directa o bien de forma conexa puedan afectar a una libertad fundamental. 2.3. La reserva de jurisdicción en el control ex post de los contenidos de la Red y el principio de indiferencia del medio. La Constitución española expresamente recoge las dos garantías estudiadas, prohibición de censura previa y exigencia de secuestro judicial de publicaciones, las cuales comparten el tratarse de garantías que operan de manera previa o cautelar, respectivamente. Sin embargo, en principio no parece que exista de manera expresa en nuestra Norma Fundamental ninguna garantía adicional –a las generales que protegen el sistema de derechos fundamentales- para el supuesto en el que lo que se dé sea un control a posteriori del ejercicio de la libertad de expresión. Siempre que se respeten las garantías constitucionales exigibles en todo procedimiento sancionador, y en particular las relativas a cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, no hay en la letra de la Constitución ningún límite que vede la posibilidad de que se ejerciera un control sancionador de índole administrativa sobre contenidos ya publicados, y siempre y cuando las medidas adoptadas fueran definitivas –no cautelares-, es decir, transcurrido todo el procedimiento y cumplidos los trámites y las garantías propios al mismo 50. Ahora bien, considero por el contrario que dada la condición e importancia de la libertad de expresión, es necesario extremar las cautelas a la hora de admitir su restricción y, particularmente, cuando ésta sea encomendada a la Administración. Tanto es así que, salvo en supuestos muy especiales como el sector audiovisual o con contenidos particulares como la publicidad o la pornografía, nuestra legislación general sólo impone límites civiles y penales a la libertad de expresión. Porque, aunque sin proclamación expresa en nuestra Constitución, en mi opinión sí que podemos inducir
Debemos tener en cuenta que el secuestro judicial se configura en nuestra Constitución como una medida preventiva –de índole cautelar-, no punitiva; al mismo tiempo que la prohibición de censura previa opera se pretende limitar el acto de publicar contenidos –o de acceder a ellos-, pero no afecta a la posibilidad de reprimir –y en su caso retirar- aquellos que, estando ya publicados, fueran ilícitos. El art. 53.2 de la Constitución impone por su parte la “garantía judicial” ante la vulneración de un derecho fundamental, si bien no creo que la interpretación de la misma pueda llevarnos tampoco a concluir la existencia de la reserva de jurisdicción en el control ex post de contenidos amparados por la libertad de expresión. De hecho son diversos los casos en los que nuestra legislación viene admitiendo un control administrativo a posteriori, directo o indirecto, sobre el ejercicio de determinados derechos fundamentales y libertades públicas. Así, por ejemplo, la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, tipifica como falta grave negación a disolver una manifestación o reunión o la provocación en el público de reacciones que puedan alterar la seguridad ciudadana –art. 23-; o la reciente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que sanciona administrativamente conductas como “la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación…” o “la emisión de comunicaciones comerciales que vulneren la dignidad humana o utilicen la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio” (art. 57); las cuales afectan claramente al ejercicio de la libertad de expresión de los operadores audiovisuales, suponiendo un límite a los mismos.
como principio constitucional que el control del ejercicio de la libertad de expresión le corresponde esencialmente a los órganos jurisdiccionales51. Trasladándonos entonces al ámbito de Internet, las conclusiones deberán ser las mismas. Constitucionalmente no existe una reserva expresa de jurisdicción en el control de los contenidos, pero sí que hemos de declarar que ésta es una actividad que de manera preferente le corresponde a los órganos jurisdiccionales y no a la Administración; de forma que, en principio, no cabrá el establecimiento de regímenes administrativos restrictivos o sancionadores del ejercicio de la libertad de expresión en Internet. A fortiori, debemos abundar relacionando estas conclusiones con el principio de indiferencia del medio a la hora de regular la libertad de expresión, que igualmente podemos deducir de nuestra Constitución. Nuestra Constitución quiere salvaguardar la libertad de expresión con independencia del medio de expresión o publicación utilizado para expresarse; por lo que, a salvo de que concurran circunstancias justificativas, la regla será la inadmisión de restricciones o regímenes específicos con base exclusivamente en la consideración del medio a través del cual el mensaje es difundido. Así las cosas, nuestro ordenamiento general delimita únicamente a través de la legislación civil y penal la libertad de expresión, residiendo por tanto en los Jueces y Tribunales la potestad de controlar los ejercicios ilegítimos de la misma –con las excepciones del régimen audiovisual y de la publicidad y la pornografía por sus especiales características-. Ergo, de ello deducimos que en el ámbito de Internet cualquier intento de romper con esa reserva de jurisdicción que se mantiene con carácter general, fijando para los contenidos de la Red procedimientos de control administrativos específicos, deberá ser considerado inconstitucional. Más aún en un espacio en el que, como hemos visto, hay que ser especialmente sensibles en aras de favorecer su mayor desarrollo como foro de libertad, de manera que si alguna razón específica se puede aducir con base exclusiva en este medio será la de permitir, y no la de restringir. De esta suerte, el Legislador debiera ser cauteloso en esa “querencia” actual que demuestra hacia establecer determinadas regulaciones específicas en Internet otorgando notables poderes a la Administración en el control de la Red52. Recordemos que Internet es el reino de la “libertad de expresión” y el control de la misma reside con carácter general en nuestros órganos jurisdiccionales.
3. El particular problema de los filtros para Internet en Estados democráticos y su “oficialización”. 3.1. “Censorship in a Box”. Los países europeos, siguiendo las directrices de las Instituciones comunitarias, ante los problemas de control de contenidos nocivos en Internet optan por un modelo de promoción de los filtros como forma “poco intrusiva” sobre la libertad de expresión de los ciudadanos, pero que permite así mantener una Red protegida y limpia para la protección principalmente de jóvenes y menores. Se dice de ellos que son una alternativa a la censura, como ha quedado dicho. Sin embargo, cuando ahondábamos en sus características veíamos que tal afirmación era sólo parcialmente cierta. Cuando estos filtros se plantean como fórmulas de autocontrol de los propios usuarios de Internet se puede compartir en principio tal afirmación. Olvidándonos de sus imperfecciones técnicas, serían unos sistemas que permiten al ciudadano controlar aquella información a la que quiere acceder. Nihil obstat a este respecto. El problema surge entonces cuando interviene el Estado, de manera más o menos directa, en relación con estos filtros. En estos casos podemos chocar de lleno con la prohibición constitucional de censura previa. Porque en el momento en que estos filtros no son usados y configurados
Así, afirma CARMONA SALGADO (Libertad de expresión e información y sus límites, 1991, Edersa, cit. en pág. 44), siguiendo a su vez a ALZAGA VILLAMIL, que “en un Estado de Derecho el control de las extralimitaciones al derecho de libertad de expresión deben ser en exclusiva conocidas por el Poder Judicial” -cursivas mías-. 52 Esto parece ser que, como he dicho, es lo que pretende la Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible: Habilitar un procedimiento administrativo específico para los casos en los que se viera afectado el derecho a la propiedad intelectual, pero lógicamente en supuestos en los que se podía actuar éste como límite a la libertad de expresión; luego indirectamente se estaría decidiendo sobre el ejercicio de esta libertad fundamental.
libremente por el ciudadano sino que son impuestos de arriba hacia abajo, se convierten entonces en una técnica de censura. Como de manera expresiva indica la American Civil Liberties Union, la tecnología de bloqueo en manos de los padres y de uso voluntario es una herramienta útil, pero en manos del gobierno es “censorship in a box”53. 3.2. Imposición estatal a los PSI de la obligación de aplicar sistemas de filtrado con carácter general. Se hace por tanto necesario plantearse la constitucionalidad de las distintas formas de intervención pública en relación con estos sistemas de clasificación y filtrado. La forma más directa de intervención sería la imposición por parte del Estado de la obligación para los PSI 54 de aplicar determinados sistemas de filtrado. Éste es el sistema que mantienen algunos países como China y buena prueba de ello lo ha dado el reciente conflicto que ha enfrentado a las autoridades de este país con el metabuscador “Google”, el cual había tenido que admitir para operar en China la leonina condición de filtrar las búsquedas de sus usuarios55. En la línea de lo afirmado al analizar la prohibición de censura previa en la Red, tales medidas resultarían claramente inconstitucionales. Aunque no afectan a la publicación de contenidos, sí que atentan directamente contra el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de la Red. Con independencia de que sean aplicadas de manera mediata por operadores privados, tales medidas han de ser a efectos constitucionales consideradas como censura previa, y, por ende, declaradas inconstitucionales ex radice. El Legislador, como ha quedado dicho, también se encuentra vinculado en tanto que poder público por la prohibición de censura previa, lo que veda cualquier intento de regular legalmente cualquier género de procedimiento de control previo sobre el acceso a la información de Internet, con independencia de que éste fuera atribuido a un organismo público o privado. En la medida en la que hay una obligación pública ya no podemos considerarlo como un supuesto de censura privada56. 3.3. La imposición de sistemas de filtrado en escuelas y bibliotecas públicas. Por otro lado, los intentos del gobierno norteamericano de imponer filtros en escuelas y bibliotecas públicas57 han hecho saltar las voces de alarma entre las organizaciones defensoras de las libertades públicas, impugnando la legitimidad constitucional de tales medidas. Especialmente contundente ha sido la American Liberties Civil Union con el informe mencionado “Censorship in a Box”58, en el que viene a argumentar la inconstitucionalidad de la implantación de los filtros en escuelas y bibliotecas públicas; razones que aquí en buena medida compartimos. La legitimidad de tales medidas restrictivas de la libertad de expresión -en su dimensión como derecho al acceso a la información-, se fundamentaría en la protección de la juventud y la infancia, valor de indudable carácter constitucional y que en el caso español está incluso reconocido por nuestra Carta Magna como un límite expreso al ejercicio de estas libertades. No obstante, que el fin sea legítimo no quiere decir que cualquier medio para alcanzarlo vaya a ser válido. Muy al contrario, éste no es más que uno de los requisitos que debe reunir en el escrutinio estricto al que hay que someter cualquier medida restrictiva de la libertad de expresión en Internet. Así las cosas, debemos seguir entonces analizando más allá de su finalidad para determinar la adecuación constitucional de tales medidas. En este sentido, resulta necesario distinguir dos supuestos: cuando esos filtros afecten a todo el público en general o cuando se configuren como medidas selectivas que sólo sujetarían a los menores. En el primero de los casos, si los filtros afectan a todos con carácter general, no creo que pudiera admitirse la constitucionalidad de implantar
“Censura en caja” –traducción propia-. American Civil Liberties Union, Report: “Censhorship in a Box: Why Blocking Soware is Wrong for Public Libraries”, Septiembre, 2002. Accesible en la página web: http://www.aclu.org/technologyand-liberty/censorship-box-why-blocking-software-wrong-public-libraries 54 Añadimos aquí a los Prestadores de Servicios de Internet (PSI), otros servicios de intermediación en Internet como son los buscadores de información sobre los cuales el Estado también puede imponer la obligación de que filtren las búsquedas de los usuarios. 55 Véase a este respecto, a modo de ejemplo, la siguiente noticia del diario El País: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/China/acusa/Google/incumplir/compromiso/adquirido/entro/China/elpepusoc/20 100323elpepusoc_1/Tes 56 En este sentido, SSTC 176/1995, FJ. 6º; y 187/1999, FJ. 5º. 57 En este sentido, la “Safe Schools Internet Act”, aprobada en 1999 por el Congreso de los Estados Unidos. 58 En el mismo sentido se sitúa el informe “Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace Burning?”.
estos sistemas. Tal medida sería absolutamente desproporcionada con respecto a los fines que pretende, ya que, en aras de proteger un determinado interés jurídico –la tutela de la juventud y la infancia-, se está perjudicando intensamente el derecho del resto de ciudadanos a recibir una información que es perfectamente lícita. En el caso de que pudiera darse una aplicación selectiva de los filtros únicamente a los casos en los que el acceso a la Red fuera realizado por un menor –ej. mediante un sistema de identificación previa de éstos-; entonces se amplían las posibilidades de su constitucionalidad. Sin embargo, su implantación en lugares públicos no deja siquiera en este caso de presentar problemas. A día de hoy es un hecho que tales filtros son sumamente imperfectos y bloquean páginas web que, no sólo es que no sean nocivas, sino que pueden resultar francamente adecuadas para jóvenes y menores. En este caso la imposición de tales filtros supondría nuevamente una vulneración del derecho a acceder a la información, en este caso de los propios menores y jóvenes, a los que, por protegerlos, al final pueden terminar perjudicados. De esta suerte, partiendo de las imperfecciones técnicas de los mismos, y habida cuenta de que existen otras posibilidades menos agresivas –políticas de uso, fomento de la educación y de cursos para el correcto uso de la Red, etc.-; muy probablemente habría que concluir también en estos casos la inconstitucionalidad de tales medidas. Por tanto, con carácter general hoy día deberán ser consideradas inconstitucionales las medidas de imposición de filtros en escuelas y bibliotecas públicas por resultar desproporcionadas conforme a sus fines, por su escasa eficacia y porque pueden existir otras medidas alternativas menos agresivas. 3.4. Cuestiones acerca de la constitucionalidad de la combinación de sistemas de filtrado en Internet y legislación. Notas y principios para una propuesta regulativa para la protección frente a contenidos nocivos en complemento del software de filtrado. Las conclusiones anteriores no nos deben llevar a descartar plenamente cualquier género de intervención pública sobre los sistemas de filtrado. No en vano y a pesar de sus defectos técnicos, los sistemas de clasificación y filtrado creo que, combinados correctamente con determinadas medidas gubernamentales y con ciertas mejoras técnicas, se pueden convertir en el instrumento de futuro para lograr una mejor protección frente a los contenidos nocivos de la Red; tutelando así el interés de la juventud y la infancia –y otros valores o bienes constitucionales-, pero siempre desde el mayor respeto a la libertad de expresión. Sistemas que en todo caso deben ser “ofrecidos”59 a los usuarios, y nunca impuestos. Pues bien, ya fuera en un sistema de “zonificación” o en otro tipo de sistema de clasificación (particularmente el sistema PICS), debemos así plantearnos si sería constitucional una intervención legislativa imponiendo determinadas obligaciones de etiquetado o clasificación. Para ello habría que analizar entonces si esas obligaciones de etiquetado residirían en los propios editores de la información, en los PSI que las alojaran, o en organismos públicos o privados creados a estos efectos. También habría que tener en cuenta si tales medidas se aplicarían a toda la información publicada en la Red o sólo a determinados tipos de informaciones. Adicionalmente cabría plantearse otras medidas complementarias como la mencionada de exigir la inclusión de esa aplicación que permita la identificación de los usuarios en los navegadores o la obligación de que sus PSI faciliten e informen a sus usuarios sobre los sistemas de filtrado60. Con carácter general creo que en estos casos habrá que hacer una ponderación estricta de las medidas que se pretendan. Habrá que valorar rigurosamente el fin que persiguen, los medios técnicos disponibles, los efectos que puede tener sobre el ejercicio de las libertades de los ciudadanos y las medidas alternativas que puedan darse para lograr esos mismos fines que puedan resultar menos agresivas. En definitiva, habrá que valorar su proporcionalidad y su necesidad para nuestras sociedades democráticas61. De esta suerte, partiendo de la premisa de que en todo caso quede en
Señalo este término porque será determinante para su constitucionalidad el que sean “ofrecidos” y no vengan “impuestos”. Ya he apuntado que no creo que se deba admitir constitucionalmente ningún género de imposición de este tipo de sistemas de filtrado desde arriba hacia abajo, sino que la decisión final sobre su habilitación ha de estar en el propio usuario de Internet. 60 Así lo impone actualmente la LSSICE en su art. 12.bis. 61 Básicamente lo que hizo el Tribunal Supremo norteamericano en el caso ALCU v. Reno ya estudiado.
manos de los usuarios la habilitación o no de los filtros, no debiera existir obstáculo constitucional a que se impusieran legalmente ciertas obligaciones en relación con los sistemas de filtrado para garantizar la efectividad de los mismos. A partir de estos principios, y a sabiendas de que las conclusiones a este respecto son muy volátiles en función de las posibilidades técnicas y de la sensibilidad social de cada momento –lo que en materia relacionada con las nuevas tecnologías varía con gran facilidad-; me aventuro a señalar los puntos básicos sobre los que creo que se debería levantar el sistema regulativo frente a los contenidos nocivos en complemento del software de filtrado. En primer lugar, creo que la obligación de etiquetado sólo se debe imponer a aquellos contenidos que previamente hayan sido definidos legislativamente como potencialmente nocivos (violencia, pornografía, etc.) 62. De esta manera no se gravaría innecesariamente a quienes publican unos contenidos que no sean potencialmente sensibles. Por otro lado, lo más respetuoso con las libertades individuales considero que sería optar por un sistema de autoetiquetado, en el que la persona al publicar los contenidos que pueden resultar nocivos los cataloga –con las matizaciones que ahora introduciremos-. Y es que para que cualquier sistema de etiquetado o clasificación funcione, es necesario que las páginas web (nocivas) se encuentren clasificadas; de lo contrario al final estos sistemas no serán eficaces. Ahora bien, en la medida que los Estados nacionales sólo pueden regular en su propio territorio, no cabría por tanto imponer desde este ámbito una obligación universal de etiquetado –a falta de un gobierno universal de Internet-. Para tratar de resolver esta cuestión se podría plantear entonces una obligación de autoetiquetado pero sólo para aquellos contenidos que sean publicados en servidores nacionales; y, además, se tendría que tratar de fomentar que otros Estados tomaran medidas en el mismo sentido –y con unos criterios homogéneos-. En todo caso, ante la dificultad de esto, podría plantearse la actuación complementaria de organismos o compañías que se encargaran de acometer una labor de etiquetado –en este caso “por terceros”- de páginas web nocivas -que no fueran nacionales-, y un sistema efectivo de denuncia de webs con contenido nocivo no clasificadas (hot lines). Debiera establecerse así una simbiosis público-privada, al modo de lo que ocurre en el sistema de protección de consumidores y usuarios entre organizadores de consumidores y Administración. Sin lugar a dudas una labor propia del “mito de Sísifo”, ya que aun logrando etiquetar las páginas que en un momento pueden ser consideradas como nocivas, justo en ese instante ya habrán surgido otras tantas que no hayan podido ser etiquetadas. El sistema por tanto, ya que no puede ser perfecto, pero al menos sí debe pretender resultar lo más eficaz posible. Además, partiendo de que mínimamente se pudiera así clasificar las páginas nocivas de la Red, el sistema debería quedar sometido a la revisión y sanción por organismos públicos nacionales y se debería impulsar la cooperación internacional al respecto. La clasificación hecha por el usuario debe de ser susceptible de revisión a posteriori por la autoridad competente y debe existir un régimen de sanciones aplicables a aquellos que no hubieran cumplido con tales obligaciones y de resolución de conflictos que pudieran derivarse de la aplicación del sistema –por ejemplo, controversias en torno al etiquetado de unos determinados contenidos-. Surge entonces de manera inmediata la pregunta de cuál tendría que ser la naturaleza, judicial o administrativa, de esa autoridad. Pues bien, a pesar de que en estos casos está plenamente en juego la libertad de expresión, sin embargo no creo que deba cerrarse la puerta a que pudiera tratarse de un órgano administrativo o, probablemente mejor, un organismo público de composición independiente, cuyas decisiones fueran eso sí susceptibles de revisión judicial. Toda vez que los filtros serían de uso voluntario por los particulares y que la propia legislación fuera la que
Comparto con el Consejo Constitucional francés que tal labor de definición debe residir en el propio Legislador y no puede ser delegada en un órgano administrativo, como ocurría con la “Enmienda Fillón” que el mismo declaró inconstitucional por quebrantar el principio de legalidad que debe regir sobre cualquier medida restrictiva de un derecho fundamental (Décision nº 96-378 DC du 23 juillet 1996). De igual forma, tampoco creo que esa labor de definición de aquello que resulta nocivo deba quedar libremente en manos de los propios proveedores de servicios de la sociedad de la información, ya que supone darle una potestad extraordinaria para fijar sistemas de censura privada a los que posteriormente me referiré.
definiría aquello que puede ser considerado como nocivo y que requiere de etiquetado, esta labor de revisión de la clasificación y de resolución de conflictos, aunque tenga gran relevancia, no creo que tenga que entenderse vedada a la Administración por mor de la prohibición de censura previa63. Asimismo, dado el carácter global y descentralizado de la Red, es necesario llamar a la cooperación internacional. Por tanto, resultaría muy conveniente la existencia de algún género de acuerdo internacional sobre el etiquetado (como PICS) y que se constituyera un organismo internacional con potestad para adoptar determinadas directrices generales en la regulación y administración de determinados aspectos de Internet. Algo así como una OACI para Internet. El problema es que, mientras que para la navegación aérea sí que se han encontrado puntos de encuentro sobre las normas y criterios necesarios para garantizar su seguridad; los intentos internacionales de definir aquellos contenidos de Internet que resultan nocivos se vienen mostrando infructuosos, como ya se dijo. Además, siempre habrá países que quieran ser paraísos digitales. Por último, en un momento en el que se ha producido una extraordinaria convergencia tecnológica, de servicios y de plataformas, debemos ya pensar en acometer esa respuesta normativa de manera coordinada en todos los sectores comunicativos. De esta manera se estaría siendo respetuoso con el principio de indiferencia del medio ya afirmado, al mismo tiempo se evitarían así agravios comparativos entre los diferentes medios que puedan degenerar en obstáculos competitivos 64. Para ello, la regulación debiera hacerse en atención al tipo de contenidos –pornografía, violencia…-, pero de manera común –al menos en línea de principios- para los distintos medios, sin perjuicio de que en determinadas cuestiones concretas de aplicación pudieran lógicamente adaptarse a la realidad técnica de cada medio. Creo que sería adecuado diseñar sería un “paquete legislativo” –además de carácter “orgánico” en sus líneas básicas y abierto al desarrollo reglamentario- que viniera a regular los contenidos nocivos y las restricciones que, en aras de la protección de la infancia y la juventud –u otros valores y bienes constitucionales-, resultan necesarias. Aquí entonces entrarían en juego las peculiaridades de cada medio. En el caso de la televisión digital, tales obligaciones probablemente debieran desarrollarse a través de los mecanismos que exija la tecnología del v-chip65. En el caso de Internet, debieran concretarse estas obligaciones en las exigencias que fueran necesarias para aplicar el sistema de zonificación o clasificación por el que se optara (ej. sistemas de identificación en los ordenadores, obligación de etiquetado por los usuarios…). Y no se tiene que descartar su aplicación también a videojuegos e incluso publicaciones, mediante referencias que deban advertir de su contenido y en su caso la exigencia de que se encuentren “localizadas” (zonificadas) en determinados lugares de acceso controlado a menores –como ya ocurre con las publicaciones pornográficas-. A grandes rasgos, consciente de todas las dificultades técnicas y jurídicas, ésta podría ser una propuesta coherente con el respeto a la libertad de expresión, por un lado; y la necesidad de proteger el buen desarrollo de los menores y de la juventud frente a contenidos que, por más que sean lícitos, pueden resultar nocivos para los mismos. Aunque la misma difícilmente sea desarrollable en su plenitud, los principios que en ella se aplican sí que pueden servir de guía para la política legislativa sobre este particular. 3.5. Recapitulación sobre los problemas de constitucionalidad ante la oficialización de los sistemas de filtrado. A modo de recapitulación creo que ha quedado claro el rechazo ante cualquier medida que suponga la imposición obligatoria de sistemas de filtrado por parte del Estado. Cualquier medida que no deje en manos de los usuarios la fijación o no de los filtros, entiendo que resulta inconstitucional – incluida la imposición gubernamental de sistemas de identificación de los usuarios-. La
En este sentido, véase la decisión mencionada de la Corte Constitucional francesa sobre la Enmienda Fillon (Décision nº 96-378 DC du 23 juillet 1996). 64 FERNÁNDEZ ESTEBAN (“Internet y los derechos…”, op. cit., pág. 343) recoge la inquietud puesta de manifiesto por la Asociación Europea de radiodifusión digital (DVB) la cual considera que la introducción por ejemplo de sistemas de control parental únicamente en la radiodifusión digital podría distorsionar el mercado de las tecnologías de la transmisión y reclaman que cualquier sistema de control debiera aplicarse proporcionalmente a todos los canales de recepción de información del hogar. 65 Véase a este respecto el artículo de Wikipedia sobre “control paterno”: http://es.wikipedia.org/wiki/Control_paterno
decisión última sobre la aplicación ya sea de sistemas de filtrado como de zonificación debe recaer de manera exclusiva en los ciudadanos y nunca venir impuesta de arriba hacia abajo. Son los propios usuarios los únicos que, en su caso, puedan a su voluntad convertir Internet en un “medio familiar y amistoso, al modo de la BBC”66, libre de cualquier carga nociva y depurado de aquellos contenidos que puedan no resultar de su agrado. Por su parte, no descarto que en aras de la salvaguarda de la juventud y la infancia puedan imponerse legalmente determinadas medidas complementarias para ordenar y hacer posible con la mayor eficacia estos sistemas de filtrado, por los que libremente pudieran optar los ciudadanos. De manera que muy probablemente el adecuado desarrollo de tales sistemas de filtrado pasará por la colaboración entre actividad privada y regulación e intervención pública. Además, para esta cuestión probablemente sea necesario plantear la regulación de los contenidos nocivos de manera general y coordinada respecto de los principios a seguir en los distintos medios y sistemas de comunicación. La convergencia tecnológica nos permite hoy día dar ya un tratamiento similar a los diferentes medios de comunicación y es constitucionalmente exigible una convergencia en sus regulaciones. Todo ello no quita, sin embargo, para que se siga trabajando en otras medidas menos incisivas, y muy particularmente con la sensibilización y sobre todo con la educación de los propios jóvenes para que hagan un buen uso de la Red.
III. CENSURA PRIVADA Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO 1. Riesgos para el pluralismo en la Red: el “dominio empresarial” y la “censura privada”. Internet hizo renacer las esperanzas por hacer efectiva la doctrina del libre mercado de las ideas, un espacio plural en el que a partir de la libre discusión se pudiera alcanzar la verdad 67. A diferencia del modelo comunicativo propio de los medios de masas donde el dominio empresarial se presentaba como un grave lastre para el pluralismo, en principio el espacio virtual se abría como una nueva puerta a la participación y al pluralismo. Con Internet parecía que iban a quedar corregidos esos “fallos del mercado” que obligaban a la intervención pública en aras de salvaguardar el pluralismo comunicativo. La existencia de una opinión pública libre es la base de toda democracia; y para ello, para que exista una auténtica opinión pública libre, la conditio sine qua non es que se dé un verdadero diálogo comunicativo, lo que demanda entonces un pluralismo. De esta manera, la libertad de expresión viene a consagrarse en el Estado Social y democrático de Derecho como garantía pública del pluralismo. Sin embargo, volviendo a la realidad que presenta Internet, como nos indica BOIX PALOP 68 podemos comprobar que, de ese Internet donde todos los ciudadanos podían publicar y participar, donde todos interactuaban, aportaban sus contenidos; se observa una tendencia poco halagüeña hacia un Internet liberal, en el que desembarcan las grandes empresas desplazando a esa pléyade de pequeños cibernautas que eran los que aportaban el valor añadido en la Red. Al fin y al cabo, aunque suponga un avance el hecho de que casi cualquier ciudadano potencialmente pueda exponer al gran público sus ideas y pensamientos y participar en el libre mercado de las ideas, estrecha
En el informe “Who Watches the Watchment” se afirma cómo Internet puede terminar convertido en un “family friendly medium, just like the BBC”. 67 Expresión acuñada por el Juez HOLMES en su voto particular a la sentencia del caso Jacob Abrams v. United States (250 US 616-630, 1919) 68 BOIX PALOP, A., “Libertad de expresión y pluralismo en la Red”, Revista Española de Derecho Constitucional, Núm. 65 (2002), págs. 133-180, cit. en págs. 162 y ss.
será la victoria si tales mensajes quedan perdidos en una selva de información donde sólo alcanzan visibilidad ciertos contenidos privilegiados69. La existencia por tanto de unos contenidos privilegiados es síntoma de la aparición en Internet de ciertas barreras de acceso a nuestro idílico mercado de las ideas. ESCOBAR ROCA 70 cifra las siguientes: 1) Barreras económicas y culturales, ante el coste de disponer de los medios necesarios para acceder a Internet; 2) Barreras procedentes del sector público, como determinados requisitos que impone la LSSICE de registro y potestades administrativas en el control de la Red; 3) Barreras procedentes de intermediarios, ante la posibilidad de que estos puedan impedir o dificultar el acceso a Internet y a sus contenidos; 4) Barreras procedentes del mercado, ante ciertas tendencias de concentración empresarial en Internet. Estas barreras de acceso qué duda cabe que pueden empezar a poner en peligro el pluralismo en la Red y a ellas es necesario dar respuesta. En cuanto a las barreras procedentes del sector público, son las garantías liberales a la libertad de expresión las que deberán poner coto a ellas. Ahora bien, nos quedaría entonces esas otras barreras de índole de tipo más bien económico: estrictamente económicas y culturales, las procedentes de los intermediarios y las impuestas por la estructura del mercado. De entre todas ellas hay una que presenta especial importancia, la posibilidad de establecer sistemas de censura privada por los propios PSI –y por los buscadores de información en Internet-. Aquí nos podemos encontrar ante un supuesto de censura que, si bien no puede ser considerada como censura previa en el sentido constitucional, no deja por ello de tener relevancia, incluso constitucional, ya que puede tener un gran impacto sobre el pluralismo. En la jerga política norteamericana se decía que “aquello que no había aparecido en la CNN, no había sucedido”. Pues bien, en la era de Internet “lo que no aparece en Google, no existe”. Tanto es así que la tarjeta de presentación de cualquier persona hoy día es su presencia en la Red y ésta se mide en buena medida por el número de “entradas” que tiene en Google. Un ejemplo que nos da alguna idea de la importancia que tienen estos metabuscadores para garantizar el pluralismo en la Red –o para cercenarlo-. En este sentido, al estudiar los sistemas de filtrado veíamos que estos se pueden fijar en cualquier punto de acceso a Internet, de manera que no sólo los usuarios, sino también los PSI (o los propios buscadores) podían imponer unos sistemas de filtrado 71. Así, podemos encontrarnos con determinados PSI que, sin necesidad de obligación legal, decidan que su política comercial será ofrecer una Red limpia de ciertos géneros de contenidos, de manera que imponga a sus usuarios unos filtros de acuerdo con la política de esta empresa72. Esta práctica que ya es desarrollada por algunas compañías que han visto una posibilidad de negocio en ello, no tendría que ser en sí mismo problemática, siempre y cuando existiera variedad de PSI y los usuarios pudieran elegir
Un ejemplo muy reciente e inquietante de ello lo encontramos con el acuerdo entre Google y Verizon que ha sido denunciado por el New York Times y por el cual ambas compañías estarían planeando establecer un sistema que permitiera “privilegiar” determinados contenidos en Internet mediante un sistema de pago. Se rompería con ello la “neutralidad en la Red” que venía manteniéndose como una exigencia de que las compañías que prestan servicios de provisión de Internet dieran un tratamiento igual a todos los contenidos. A este respecto, véase la noticia donde se destapó este acuerdo: http://www.nytimes.com/2010/08/05/technology/05secret.html También es interesante la descripción que ofrece el propio New York Times sobre la problemática relativa al principio de neutralidad en la Red: http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/subjects/n/net_neutrality/index.html?inline=nyt-classifier 70 ESCOBAR ROCA, G., “Reflexiones en torno a los principios de la comunicación pública en el ciberespacio”, en COTINO HUESO (Coord.), Libertad en Internet. La red y las libertades de expresión e información, 2007, Tirant lo Blanch, págs. 115-131. 71 Sobre estas posibilidades de censura privada, véase COTINO HUESO, L., “Algunas Claves para el análisis constitucional futuro de las libertades públicas ante las nuevas tecnologías (con especial atención al fenómeno de los “blogs”), en Estudios jurídicos sobre la sociedad de la información y nuevas tecnologías, 2005, Facultad de Derecho de Burgos, págs. 51- 76. Del mismo autor, véase también la introducción en Libertad en Internet…, op. cit., pág. 25. 72 Así, Safety Net y SafeNet, de Arizona y California respectivamente. Véase a este respecto, VILLATE, J., “La libertad de expresión en Internet: Retos y amenazas”. Texto accesible en la página web: http://www.une.edu.ve/~iramirez/te1/censura_internet.html
libremente entre proveedores que no les van a imponer tales filtros. Problema que sí que puede nacer cuando se observa una tendencia a la concentración en el sector de Internet 73. Pero es que, además, estás medidas de censura privada pueden venir en muchos casos alentadas indirectamente por la legislación pública. Así, por ejemplo, una regulación excesivamente rigurosa de la responsabilidad por los contenidos de Internet sobre los PSI puede obligarles a tener que adoptar este tipo de prácticas, exigiéndoles en ocasiones actuar como verdaderos censores para valorar si un contenido puede o no ser considerado ilícito y en consecuencia retirarlo para quedar exentos de responsabilidad 74. En este sentido, no podemos tampoco dejar de tener en cuenta la importancia que representan los códigos deontológicos por los que se rijan las actuaciones de los PSI. Veíamos como, ante la insuficiencia de la legislación pública en Internet, ésta cada vez se apoyaba más en sistemas de autorregulación. Pero estos tampoco constituyen la panacea y resulta sin duda muy peligroso dejar la regulación de este medio en manos de organismos ademocráticos y de entidades mercantiles. Como expresa la American Civil Liberties Union debemos reaccionar ante el riesgo de que Internet pueda convertirse en un espacio homogéneo y blando en el que sólo aquellos que puedan pasar la “cortina de humo” de la autorregulación sean libres75. Por tanto, sin caer en alarmismos, hemos de ser conscientes de que nos encontramos ante un riesgo cierto de que puedan levantarse ciertas barreras de acceso sobre Internet, un espacio que hasta ahora se presentaba como horizontal y abierto a cualquier ciudadano. La extensión de fórmulas de censura privada, el desembarco empresarial en la Red y la tendencia a la concentración pueden poner en peligro el pluralismo en este medio. Ya nos advertía LESSIG que “la libertad de expresión viene limitada por algo más que el Estado”76. 2. Garantías constitucionales a la libertad de expresión en el Estado social y democrático: La necesidad de salvaguardar el pluralismo en la Red. Ante la situación expuesta se hace necesaria la intervención pública77. Una intervención que no tendería en este caso a la restricción de las libertades constitucionales, sino a servir de garantía a la propia libertad de expresión. Si la concepción liberal de los derechos fundamentales exige la abstención de los poderes públicos; su dimensión objetiva en un Estado social y democrático puede demandar la intervención pública para garantizar las condiciones democráticas y el pleno desarrollo de los mismos. Para levantar cualquier barrera que pueda obstaculizar su ejercicio y para eliminar cualquier impedimento que se enfrente a su plena realización. De esta manera, en situaciones como ésta la intervención pública se impone como un mandato constitucional. Así lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional que ha afirmado al respecto que: “la preservación de la comunicación pública libre, sin la cual no hay sociedad libre, ni soberanía popular, no sólo exige la garantía del derecho de todos los ciudadanos a la expresión del pensamiento y a la información, sino que requiere también la preservación de un determinado modo de producirse de los propios medios de comunicación social, porque tanto se viola la comunicación libre al ponerle obstáculos desde el poder, como al ponerle obstáculos desde los propios medios de difusión. Por ello, teniendo presente que el pluralismo político se encuentra erigido en uno de los valores
Sobre la concentración y el pluralismo en los medios de comunicación véanse las reflexiones de CALVO GONZÁLEZA (op. cit., págs. 75 y ss.) sobre la base del Informe de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo y la Resolución del plenario de esta Cámara al respecto en junio y septiembre de 2008 respectivamente. Véase también BOIX PALOP, A., “Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit., pág. 174 y ss.; donde critica la “tímida” aplicación que hasta el momento se viene dando en España de las normas en materia de defensa de la competencia en el sector del mercado de la información en Internet. 74 Éste es uno de los problemas que plantea la LSSICE en su sistema de responsabilidad ya que no queda claro cuando un PSI va a tener un “conocimiento efectivo” de la presencia de un contenido ilícito que debe retirar. Véanse a este respecto, ESCOBAR ROCA, G., “Reflexiones en torno a los principios…”, op. cit., págs. 124-128; y COTINO HUESO, L., “Nuestros jueces y tribunales ante internet y la libertad de expresión: el estado de la cuestión”, en Libertad en Internet, op. cit., págs. 206 y ss. 75 Véase informe “Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace Burning?” 76 LESSIG, L., op. cit., cit. en pág. 303. 77 En este sentido, BOIX PALOP, A., “Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit.¸ in toto; y ESCOBAR ROCA, G., “Reflexiones en torno a los principios…”, op. cit., pág. 117.
fundamentales del Estado de Derecho que la Constitución crea u organiza, podemos decir que para que los medios de comunicación se produzcan dentro del orden constitucional, tienen ellos mismos que preservar el pluralismo”78. En este sentido, señala VILLAVERDE MENÉNDEZ que los poderes públicos “ni pueden bloquear el proceso de comunicación pública ni tampoco deben permitir que los particulares lo hagan, aun cuando sea como consecuencia del ejercicio de sus libertades individuales. La garantía institucional del pluralismo, derivada del derecho de libertad de recibir información, se les impone como un límite” 79. Así las cosas, de esta dimensión objetiva de los derechos fundamentales como valores rectores de todo el ordenamiento pueden derivarse entonces obligaciones, cargas e incluso restricciones sobre las libertades de otros ciudadanos. Los derechos fundamentales pueden presentar así una eficacia horizontal sobre otros particulares, más allá de su consideración como derechos públicos subjetivos 80. Por tanto, se hace necesario reclamar una actuación pública que debiera concentrarse en el levantamiento de las barreras de acceso antes mencionadas. En primer lugar, para sortear las barreras económicas y culturales, debe incidirse en la caracterización de Internet como un servicio universal de telecomunicaciones, exigiendo así normativamente a sus proveedores determinadas condiciones de calidad y precio en sus prestaciones81. En segundo término, ante el riesgo de censura privada por parte de los PSI y de los buscadores, el poder público debería establecer determinadas condiciones en la prestación de tales servicios tendentes a garantizar el pluralismo. Por ejemplo, obligaciones informativas sobre la política mantenida por los mismos en caso de aplicar determinados filtros, o incluso restricciones legales a las posibilidades de imponer sistemas de filtrado por estos. También pudiera plantearse fijar un cierto control público sobre los sistemas de autorregulación y la promoción de organismos neutrales que garanticen el pluralismo en la Red. Sería en este punto conveniente reivindicar también el principio de neutralidad en la Red y controlar por parte de los poderes públicos cualquier intento de las compañías que operan en Internet de establecer privilegios entre unos contenidos y otros que puedan dar lugar a un “Internet a dos velocidades”. En último lugar, ante las prácticas de concentración que pudieran resultar restrictivas de ese libre mercado de las ideas, como hemos señalado habría que empezar a aplicar con mayor rigor las normas relativas a la competencia en el mercado de los servicios de la información de Internet. En definitiva, como concluye BOIX PALOP 82, probablemente los esfuerzos públicos estén excesivamente centrados en encauzar los contenidos de Internet, cuando en realidad debiéramos también empezar a preocuparnos por aquellos otros fenómenos que pueden poner en grave peligro el pluralismo en la Red.
STC 12/1982, FJ. 6º (cursivas mías). VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., op. cit., cit. en pág. 84. 80 A este respecto, véase COTINO HUESO, L., “Algunas claves para el análisis constitucional…”, op. cit., pág. 65. 81 En este sentido, la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones. Véase también, CORREDOIRA Y ALFOSO, L., “Internet (II)”, en BEL MALLEN/CORREDOIRA Y ALFONSO,L., Derecho de la información, 2003, Ariel, págs.561-577. 82 BOIX PALOP, A., “Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit., pág. 179.
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