Source: http://www.legaltoday.com/actualidad/encuentros/lvaro-rey-riveiro-socio-en-cortizo-abogados-responde-sus-dudas-sobre-derecho-de-familia-el-18-de-junio
Timestamp: 2018-07-22 09:08:12+00:00

Document:
Álvaro Rey Riveiro, socio en Cortizo Abogados, ha respondido sus dudas sobre Derecho de Familia
22 de julio de 2018 | 11:08
¿Qué opinión merece la determinación de la suprema corte sobre el abandono de personas en el tema de alimentos?
Por su pregunta y sobre todo la referencia a la “suprema corte” entiendo que se refiere a la determinación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Méjico realizó en 2011 relativa a que el delito de abandono económico familiar se “inicia desde el momento que se pone en riesgo la subsistencia de los miembros de la familia”.
En España, a diferencia de la anterior determinación, el delito por impago de pensión de alimentos se configura como un delito de omisión, conducta de omisión cuya realización consuma el delito por serlo de mera actividad sin necesidad de que ello derive ningún resultado perjudicial complementario del que ya es inherente a la falta misma de percepción de la prestación establecida.
Siendo evidente la diferencia entre el criterio seguido en Méjico y España, me inclino más por el seguido en España donde la obligación alimenticia ha de cumplirse por así estipularlo una resolución judicial. Ahora bien, la conducta solo será típica si existe una voluntad manifiesta incumplidora. Si, por el contrario, el incumplimiento está justificado (carencia de recursos por situación de desempleo, etc.), dicha conducta carecería de relevancia penal.
@corpjurico
¿Es partidario de la custodia compartido o es el ‘mal mayor’ para el menor cual pelota de tenis?
Totalmente partidario de que en primer lugar se valore como régimen más idóneo el de custodia compartida, ya que considero que dicho régimen a priori es el más beneficioso para los menores, permitiendo a los mismos distribuir de manera casi equitativa su tiempo entre ambos progenitores.
Solo en aquellos casos en que dicho régimen se manifieste poco recomendable para los menores (en función de las circunstancias concurrentes en cada caso), se deberá optar por un régimen de custodia exclusiva a favor de cualquiera de los progenitores.
Lo que no comparto, y estoy frontalmente en contra, es con la instrumentalización que algunos progenitores estan haciendo de la custodia compartida instando procedimientos de modificación de medidas, solicitando el cambio de una custodia en exclusiva a una compartida, con la única finalidad de dejar de seguir abonando la pensión alimenticia fijada en un procedimiento judicial previo.
El art. 92.6 C. Civil y el art. 9 de la Ley de Protección Jurídica del Menor declaran el derecho de los menores a ser oídos antes de determinar el régimen a aplicar. ¿Cree que tiene peso esa declaración en la decisión que se adopte?
El Código Civil fija la edad mínima para que los menores sean oídos en 12 años, aunque en la práctica de los tribunales se suele oír también a menores de 10 u 11 años, en aquellos casos que el juez considere que tienen suficiente madurez.
La opinion de los menores no es vinculante para el juez, aunque mi experiencia es que si la opinion de los mismos se manifiesta de una manera racional y madura, puede tener influencia en la decisión que se adopte, en valoración conjunta con el resto de circunstancias del caso.
¿Cómo valora que las cargas y gastos derivados de la recogida y entrega de los menores deban asumirse por ambos progenitores?
Ha sido el Tribunal Supremo quien en sentencias de 26 de mayo y 14 de noviembre de 2.014 ha puesto fin a la doctrina contradictoria emanada de distintas Audiencias Provinciales en el asunto que comenta (reparto de los gastos que conlleva la recogida y entrega, así como quien ha de proceder a ello).
El Tribunal Supremo, de manera muy acertada según mi criterio, ha establecido, en caso de ausencia de acuerdo entre los progenitores, un sistema prioritario según el cual el no custodio recogerá al menor/menores del domicilio del custodio, y será el progenitor custodio quien los retorne a su domicilio, de forma que el reparto de los gastos/costes que supone la entrega y recogida (gastos de desplazamiento, tiempo invertido, etc.), sea asumido de forma equitativa por ambos progenitores.
Asimismo, el propio TS fija un sistema subsidiario y otro extraordinario, los cuales se aplicaran atendiendo a las circunstancias concurrentes y en casos de situaciones extraordinarias (grandes desplazamientos, etc.) de manera que se podrá acordar que sea solo uno de los progenitores el encargado de recoger y entregar a los menores (a cambio de una compensación económica), o cualquier otra fórmula singularizada, debiendo motivarse en la resolución judicial.
¿Cuáles son las principales causas para la extinción de la pensión de alimentos?
La cesación de la obligación de prestar alimentos aparece regulada en los artículos 150 y 152 del Código Civil, fijándose como causas de cesación de la obligación de prestar alimentos, entre otras: fallecimiento del obligado a prestarlos, muerte del alimentista, imposibilidad de prestarlos por el alimentante sin desatender sus propias necesidades, incorporación al mercado de trabajo (siempre que los ingresos permitan al alimentista subsistir), etc.
En la práctica de los tribunales la causa que más es alegada es la incorporación del hijo mayor de edad al mercado de trabajo, en cuyo caso será causa suficiente de extinción si el trabajo desarrollado por el hijo mayor le permite disfrutar de una suficiencia económica, por lo que en caso de trabajos a tiempo parcial, con una retribución baja, podría no acordarse dicha extinción por cuanto la situación de necesidad del hijo mayor seguiría subsistiendo, siempre que esta necesidad no sea creada por la propia conducta del hijo (desidia en la búsqueda de empleo, etc.).
¿Hasta cuándo he de pagar la pensión por alimentos a mi hijo? Tiene 18 años recién cumplidos y es camarero seiscientoseurista
Por su pregunta se deduce que su hijo ha abandonado su formación académica y se ha incorporado al mercado de trabajo. Debería conocer más detalles sobre la situación laboral de su hijo (tipo de contrato, tiempo que lleva trabajando, etc.) e incluso la ciudad en la que residen (ya que es diferente el coste de vida en función de que ciudad), pero si el contrato de su hijo tiene carácter indefinido, yo plantearía una extinción de la pensión de alimentos ya que unos ingresos actuales de 600 € permiten a su hijo de 18 años subsistir sin la ayuda familiar (trasladándose a un piso compartido, etc.).
Ex de Maite
La pareja de mi cliente y su mujer son de distintos países. Dado que soy un recién colegiado, me surge una duda: ¿hay algo que se pueda hacer para evitar el conflicto de leyes en caso de divorcio?
El Reglamento nº 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2.010, es aplicable en España desde el 21 de junio de 2.012. En virtud del mismo, los cónyuges podrán convenir en designar (mediante capitulaciones matrimoniales) la ley aplicable al divorcio, siempre que sea una de las siguientes leyes:
La ley del Estado en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de otorgar capitulaciones.
La Ley del Estado del último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento en que se otorguen.
La ley del Estado cuya nacionalidad tenga uno de los cónyuges en el momento de otorgar capitulaciones.
De manera que el citado Reglamento permite a sus clientes (de diferente nacionalidad) optar por la ley que será aplicable al divorcio. Es importante saber que la elección que efectúen, puede ser luego nuevamente modificada, pero a más tardar en la fecha en que se interponga la demanda ante un órgano jurisdiccional.
Llega el verano y los campamentos. Estoy en paro. ¿Puedo evitar pasar a mi mujer la parte del coste del campamento?
Debería conocer con detalle el contenido de la sentencia que fija las medidas, para determinar si en la sentencia o convenio firmado por Ud. se recoge alguna mención expresa a los “campamentos de verano”.
A falta de mención expresa, los gastos relativos al “campamento de verano” es un gasto extraordinario no necesario que requiere el consentimiento de ambos progenitores. Por lo que en su caso, y atendiendo a su actual situación económica, enviaría a su ex una comunicación informándole de que no concede autorización para que sus hijos acudan este verano a los campamentos de verano.
¿Qué ocurre si uno de los cónyuges carece de ingresos para el pago por mitad de la hipoteca?
El pago de la hipoteca cuando ambos cónyuges son deudores y el bien les pertenece, no puede ser impuesta a uno solo de ellos, sino que la obligación es de ambos.
Fijada la obligación de pago de ambos progenitores en la sentencia de separación o divorcio, si uno de los cónyuges carece de medios para hacer frente a la parte que le corresponde, y es el otro cónyuge quien se hace cargo de dicho gasto, nacerá un derecho de crédito a favor del cónyuge que esta abonando la totalidad de la cuota hipotecaria.
He echado a mi marido de casa y voy a iniciar los trámites del divorcio, ¿puedo cambiar la cerradura de la casa? Está a nombre de los dos pero no quiero seguir conviviendo ¿y si le denuncio por abandono de hogar? Muchas gracias
Ud. no puede echar a su marido de casa y menos cambiar la cerradura de la vivienda que es propiedad de los dos. El cambio de cerradura supone la comisión de una falta de coacciones. Por lo que en su lugar, mi recomendación es interponer una demanda solicitando la adopción de medidas provisionales previas a la demanda de divorcio en la que solicite la atribución del domicilio familiar y el resto de medidas que considere.
Hasta que no recaiga resolución judicial Ud. no puede cambiar la cerradura ni impedir a su marido que pueda hacer uso de la vivienda.
Por último, informarle que el abandono de hogar no está tipificado como tal en nuestro Código Penal, donde se recoge el delito de abandono de familia.
¿Qué puede hacer una persona que ha cortado la relación con su pareja y tiene un inmueble e hipoteca en común? Ninguno puede comprar su parte al otro, ¿puede obligar una parte a la otra a que se venda el inmueble? Y si lo venden por menos de lo que queda por pagar de hipoteca, ¿la deuda viva será solidaria?
Por su pregunta entiendo que la pareja adquirió la vivienda por mitad y proindiviso, figurando ambos como deudores solidarios en el préstamo hipotecario.
En este caso, si ninguno de los dos puede comprar la parte del otro, lo mejor es que se pongan de acuerdo y accedan a vender la vivienda a un tercero, de forma que con el precio que se obtenga cancelen la hipoteca y se reparten por mitad el sobrante, en caso de que hubiere.
Si el precio obtenido no llega para cancelar totalmente la hipoteca, quedaría una parte de la deuda por cancelar, respecto de la que ambos serían deudores solidarios.
Si alguno se niega a vender a un tercero, el otro propietario puede presentar una demanda en ejercicio de la acción de división de cosa común, procedimiento que concluirá con la venta de la vivienda en pública subasta, siendo esta última opción la menos deseable ya que el precio que se obtenga por la misma será mucho menor del obtenido mediante la venta directa a un tercero.
Lo limitamos a ámbito UE, en la que ha encontramos situaciones familiares con diferente regulación según países -a modo ejemplo: maternidad subrogada, matrimonio homosexual...- en caso de trasladarse a vivir a terceros países, ¿qué derechos-deberes asumen estas situaciones: origen, residencia...?
En el caso del matrimonio homosexual, no todos los estados miembros reconocen dicho matrimonio, habiéndose instado a los Estados miembros que han regularizado las parejas compuestas por personas del mismo género a que reconozcan los matrimonios celebrados en otros Estados de la Unión para salvaguardar el derecho de libre circulación. A esta petición, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que los estados miembros no estan obligados a admitir el matrimonio homosexual.
En cuanto a la maternidad subrogada, cada estado tiene su propia normativa, por lo que en caso de trasladarse a terceros países de la unión (en ejercicio del derecho de libre circulación), se deberá atender a las normativa existente en el país de residencia, no de origen.
¿Puede afectar a las visitas de los abuelos a los nietos la separación / divorcio? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede solventar?
En ocasiones la relación de los abuelos con los nietos se ve afectada por la separación/divorcio, sobre todo en aquellos casos en los que los abuelos maternos o paternos mantienen una mala relación con el progenitor custodio y este impide a los abuelos tener contacto y una relación normalizada con sus nietos.
En estos casos, los abuelos que se vean apartados de sus nietos deberán reclamar un régimen de visitas propio con los mismos, interponiendo la correspondiente demanda, con fundamento en el artículo 160 del Código Civil, demanda que habrá de dirigir, como demandados, frente a ambos progenitores.
¿Cuándo procede la suspensión de la obligación de alimentos?
Según una reciente sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 02 de marzo de 2.015 “ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC (STS 16 de diciembre de 2.014, Rc. 2419/2013)…siendo que, lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante”.
En aplicación de la anterior doctrina, en caso de inexistencia de medios económicos del obligado a prestar alimentos y en ausencia de presunción de que los tuviere, procedería su suspensión, con carácter temporal, restableciendo dicha obligación una vez cuente con ingresos, con el apercibimiento de que el obligado deberá adoptar todas aquellas medidas que estén a su alcance a fin de llevar a cabo una actuación efectiva en aras a la consecución de un puesto de trabajo que le permita obtener ingresos.
¿Custodia y visitas qué diferencias tienen desde el punto de vista jurídico?
No existe una diferencia jurídica entre ambos términos (custodia-visitas), siendo la única diferencia cuantitativa, es decir, de mayor o menor cantidad de tiempo que cada uno de los progenitores convive con los hijos.
Y ello porque el progenitor quien no tiene atribuida la custodia, la ejerce de hecho en los momentos en que esta al cuidado de los hijos cuando ejerce el llamado “derecho de visitas”, teniendo la misma obligación de cuidado y protección de los hijos.
En definitiva, ambos términos suponen las mismas facultades y deberes de cuidado, alimentación, y educación (art. 154.1 Código Civil).
Me gustaría saber hasta qué punto las capitulaciones matrimoniales permiten alterar los regímenes económico matrimoniales determinados por la Ley. Es decir, qué margen de disposición admiten éstos respecto a su alteración mediante las capitulaciones. Especialmente, a la hora de prever sistemas liquidatorios en supuestos de crisis matrimoniales.
Las capitulaciones permiten a los cónyuges acordar el régimen económico de su matrimonio (si se pactan antes de la celebración), o bien modificarlo durante la vida del mismo (si se pactan con posterioridad a la celebración del matrimonio).
Si son otorgadas después de celebrado el matrimonio, el nuevo régimen económico pactado solo desplegará sus efectos desde la fecha del otorgamiento de las capitulaciones, nunca con efecto retroactivo.
Hay que tener en cuenta que existe diferencia entre el derecho común (que se aplica en la mayor parte del territorio nacional) y el derecho foral.
Así, en el derecho común en ausencia de pacto, el matrimonio se regirá por el régimen legal de gananciales, pudiendo los cónyuges pactar antes o durante el matrimonio un régimen económico distinto (separación de bienes o participación).
Dada la naturaleza negocial, las estipulaciones recogidas no pueden ser contrarias a la ley (se entiende normas imperativas), a la moral y al orden público.
Reafirmando esa naturaleza negocial, mi opinion es que en capitulaciones matrimoniales se puede pactar cualquier régimen económico atípico, esto es, distinto de los contemplados en la ley, siempre que se respeten los limites indicados en el párrafo anterior.
EGarcía
Tengo a mi cargo a un sobrino, menor de edad y con bienes. Estoy en paro, sin ingresos y él se brinda a que tire de su dinero para el día a día. ¿Puedo hacerlo?
Debería conocer con más detalle su situación, si Ud. tiene la tutela de su sobrino, o por el contrario cuando dice a “su cargo” se refiere a que existe un acogimiento simple en familia extensa, así como la edad de su sobrino, para darle una respuesta concreta.
Si puedo decirle que en el caso de que Ud. tenga la tutela de su sobrino, para enajenar o gravar bienes inmuebles necesitará autorización judicial, que se tramitará en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Como administrador de los bienes de su sobrino, podrá hacer disposiciones que estén destinadas a cubrir “las necesidades” del menor, pero en ningún caso en beneficio propio. Además, como tutora deberá rendir cuentas.
¿Puede precisar qué es jurídicamente la inmadurez dentro de la nulidad? Me parece un término vago
Comparto con Ud. que “inmadurez” es un término jurídicamente indeterminado. En el ámbito de nulidades matrimoniales, la doctrina no coincide con un término exacto de inmadurez. Se parte de un criterio de poseer “determinadas características psicológicas” como expresión del desarrollo de la personalidad, al criterio que lo considera como un “proceso de maduración psicológica continuamente en movimiento y hacia una dirección determinada”. Actualmente se entiende y define la madurez como un proceso continuo de desarrollo y que tendrá por consiguiente un punto final.
Dentro de las nulidades matrimoniales existe la “madurez afectiva” la cual presenta tres dimensiones principales: biológica, psicológica y relacional. Todas influyen en el proceso afectivo del sujeto. La madurez psicológica supone los sentimientos, pensamientos, las acciones de la persona. La relacional supone la capacidad de adaptación afectiva dentro de la relación, la capacidad de comunicación, la seguridad y confianza en uno mismo, la iniciativa en la toma de decisiones.
Sin embargo, no hay que olvidar que la inmadurez por sí sola no es una causal de nulidad, debe estar acompañada de incapacidad, éste último motivo para declarar nulo un matrimonio.
Leo en Legal Today que “los testamentos que se realizan en notarías de forma genérica, sin especificar adjudicaciones concretas, pueden crear grandes conflictos entre los familiares del difunto o beneficiarios de la masa hereditaria”. ¿Comparte esta afirmación?
La realizacion de “adjudicaciones concretas” en testamento supone el otorgamiento de “legados”, sin perjuicio de que el instituido en cosa cierta sea a todos los efectos heredero.
Los conflictos suelen generarse por la situación de copropiedad que respecto de los bienes de la herencia se puede generar tras la partición y adjudicación de la masa hereditaria, sobre todo conflictos en cuanto a la posterior enajenación de los bienes, y la asunción de los gastos de mantenimiento, conservación etc. mientras se mantenga la propiedad de los mismos, teniendo en cuenta que la situación y capacidad económica de los herederos puede ser diferente.
¿Cuáles son las diferencias entre un divorcio tradicional y un divorcio exprés? Muchas gracias y un saludo desde Vigo
Ha sido la ley 15/2005, de modificación del Código Civil y la LEC en materia de separación y divorcio, la que introdujo lo que se ha denominado el “divorcio exprés”.
Este “divorcio exprés” se diferencia del “tradicional” en:
No es necesaria la separación judicial previa de los cónyuges, pudiéndose solicitar directamente el divorcio.
Se elimina la causalidad, exigiéndose un único requisito temporal: que haya transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio, no siendo preciso el transcurso de ese plazo en situaciones excepcionales (riesgo para la vida, integridad física, libertad, indemnidad sexual del demandante o de los hijos).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a María Luisa Muñoz, “la Nena”, la mujer que demandaba una pensión de viudedad por haber estado casada casi 30 años por el rito gitano. ¿Conoce algún otro caso similar?
A fecha de hoy la sentencia que comenta supone un reconocimiento excepcional, ya que en otros procedimientos instados en España por mujeres gitanas solicitando la pensión de viudedad ha sido denegada por la Seguridad Social y los juzgados de lo social, por lo que se deberá solicitar ante el TC el reconocimiento de dicha pensión con fundamento en la sentencia precedente dictada por el TEDH.
Divorcio, pensión compensatoria, al fallecimiento del cónyuge pagador, ¿los herederos hasta cuándo deben abonar la pensión al cónyuge supérstite? Dicho de otro modo, ¿hasta cuándo puede exigir su pensión a los herederos el beneficiario de la pensión compensatoria?
Para darle una respuesta concreta depende de dos factores importantes: a) el caudal hereditario, y b) si la pensión compensatoria se fijó con carácter temporal o indefinido.
En el caso de que el caudal hereditario fuere insuficiente para pagar la compensatoria, o afectara a los derechos de los herederos en su legítima, los herederos podrán solicitar la reducción o supresión de la pensión compensatoria.
Si el caudal hereditario fuere suficiente para atender la pensión, los herederos deberán seguir abonándola durante su vigencia (con carácter temporal o indefinido).
Ahora bien, nada obsta a que los herederos puedan instar un procedimiento de modificación de medidas solicitando la extinción o reducción de la pensión si ha habido una alteración de las circunstancias (mejor fortuna de la perceptora), o bien por concurrencia de alguna de las causas extintivas (nuevo matrimonio o convivencia marital de la perceptora).
Buenos días, tengo actualmente en el despacho un asunto sobre gastos extraordinarios. El padre ha comprado una motocicleta a su hijo y le reclama a la madre la mitad del importe. La madre desconocía dicha compra, y no está de acuerdo en la misma debido a la edad del menor. Ella quería plantear la compra dentro de un año. Mi pregunta es ¿existe jurisprudencia sobre asunto parecido? Entiendo que el gasto de la moto no es un gasto extraordinario por ser algo secundario y superfluo. ¿Estoy en lo cierto? Muchas Gracias
No me he encontrado con ningún caso similar. Lo que sí puedo decirle es que, bajo mi opinión, el gasto que comporta la compra de una motocicleta en ningún caso puede ser considerado como un gasto extraordinario (aquellos que siendo necesarios o imprescindibles, son imprevisibles y no periódicos).
Este gasto deberá ser soportado exclusivamente por aquel progenitor que haya decidido su gasto, por lo que sí ha sido decidido unilateralmente por el padre, será éste quien tiene que asumirlo, careciendo de cualquier acción de reclamación frente a su cliente.
Tiene validez acuerdo verbal entre ambos ex cónyuges, de pago de hipoteca por uno de ellos? Es decir, si se acordó verbalmente esa asunción íntegra del pago de la hipoteca, y así vino haciéndose desde que se divorciaron, cabe una posible reclamación de las cantidades abonadas correspondientes hasta la fecha? Gracias
El acuerdo entre ambos ex cónyuges es válido, y ha de desplegar efectos entre ellos (no frente a terceros), ahora bien tratándose de un acuerdo verbal, nos encontramos con el problema de la “prueba” del mismo, con el añadido de que dicho acuerdo nunca podrá ser alegado en caso de una demanda de ejecución interpuesta por el ex cónyuge reclamando la parte de la hipoteca abonada y que correspondía al otro, por cuanto el artículo 556 de la LEC sólo recoge como causa de oposición los pactos o transacciones que se hubieren acordado “en escritura pública”.
Por tanto, el ex cónyuge puede ejecutar reclamando las cantidades abonadas, y el otro ex cónyuge debería acudir a un procedimiento declarativo instando la nulidad de la ejecución, procedimiento en el que deberá alegar y probar la existencia del acuerdo verbal, con las enormes dificultades de prueba que conlleva.
Tengo una hermana que ha tenido una hija sin estar casada y ya no está con su novio. Quería saber si convendría hacer algún tipo de convenio en cuanto a la niña…
En su situación convendría firmar un convenio regulador que regule las relaciones paterno filiales de manera que se acuerde en el mismo el régimen de custodia (exclusiva o compartida), régimen de visitas, pensión de alimentos, etc. Si su exnovio se opone a la firma de dicho convenio, mi recomendación es que su hermana interponga una demanda judicial para la regulación de las relaciones paterno filiales de manera que sea el juez quien fije las medidas antes indicadas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 160
 artículo 146
 artículo 556