Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700459.html
Timestamp: 2019-03-21 22:36:52+00:00

Document:
se201700459
SENTENCIA: 459/2017.
EXPEDIENTE: 391/2014.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 28 a 30, en la que la Gerencia Distrital La Paz I del SIN representado legalmente por Cristina Elisa Ortiz Herrera impugna la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0076/2014 de 20 de enero, emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria, la contestación a la demanda de fs. 52 a 55, tercero interesado fs. 33 a 34, réplica de fs. 72 a 74, dúplica de fs. 80 a 81, los antecedentes del proceso.
Que el contribuyente Carlos Feraude Velásquez al no haber presentado la Declaración Jurada por el Impuesto al Valor Agregado IVA, correspondiente al periodo fiscal marzo/2005, emitió la Vista de Cargo Nº 2031683485 de 9 de noviembre de 2012, que establece una obligación Tributaria presunta por el importe de UFV 2154 equivalente a Bs. 3856, por lo que se intima al contribuyente a que presente la Declaración Jurada Extrañada, pero el contribuyente ante dicha situación no se apersono a presentar descargos o asumir defensa, por lo cual se emitió la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00495/2013 de 6 de junio, notificada personalmente al contribuyente el 22 de julio de 2013, que determino una deuda de UFV 2061 equivalente a Bs. 3790, acto que fue impugnado por el contribuyente en Recurso de Alzada, que fue resuelto por Resolución ARIT-LPZ/RA 1081/2013 de 4 de noviembre, que revoca totalmente la Resolución Determinativa 495/2013, dejando sin efecto la deuda tributaria por prescripción del periodo fiscal marzo/2005, Resolución de Alzada que fue confirmada por Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0076/2014 de 20 de enero.
Acusa, que existió inobservancia a la aplicación supletoria conforme establece el art. 5 parágrafos II de la Ley Nº 2492, respecto al art. 324 de la Constitución Política del Estado, ya que la interpretación de la referida norma por la AGIT contrae un vacío legal, el cual debe ser rellenada con la aplicación supletoria del art. 1492-I del Código Civil, donde se puede establecer la imprescriptibilidad de las deudas al Estado como establece el art. 1502-6 del mismo cuerpo legal citado, modificado por el art. 39 de la Ley Nº 004, de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito ye Investigación de Fortunas, por lo que la prescripción no se hubiera perfeccionado en aplicación de las normas citadas.
Que por aplicación del art. 341- del Código Civil, el deudor está constituido en mora al ser notificado con la Vista de Cargo, que intima al contribuyente a la presentación de la Declaración Jurada, que interrumpe el computo de la prescripción, que al encontrarse en mora desde su vencimiento de la obligación, la AGIT realizo una mala interpretación del mismo.
Respecto a la interpretación del art. 152 de la Ley Nº 2492, que constituye o está más propiamente referido a la responsabilidad solidaria por participaciones en ilícitos, las obligaciones tributarias son parte principal de daño económico al Estado, no se puede discriminar ya que los delitos son obligaciones tributarias que contraen un daño económico y no para los otros casos comunes, existiendo una inadecuada interpretación de la norma por parte de la AGIT que no fue valorada y omitida, por lo que debe corregirse esta omisión.
Que no opero la prescripción, toda vez que se valoró de manera inadecuada en la Resolución jerárquica impugnada, ya que no se tomó en cuenta que la Administración Tributaria en ningún momento estuvo en inacción, más bien busco el cumplimiento de la obligación demostrando que el contribuyente ingreso en mora desde el momento del vencimiento de la obligación lo que no le permite beneficiarse con la prescripción, que en aplicación supletoria de la norma se debe señalar lo dispuesto en el art. 341-1 y 1492-I ambos del Código Civil Boliviano.
Concluyó solicitando se declare PROBADA en toda sus partes la presente demanda, declarando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0076/2014 de 20 de enero de 2014, emitida por la AGIT, y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 00495/2013 de 6 de junio de 2013.
Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda por memorial presentado el 29 de octubre de 2014, que cursa de fs. 52 a 55, señalando lo siguiente:
Que, el régimen de la prescripción establecida en la Ley Nº 2492 (CTB) se encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las leyes Nos. 291 y 317, en ese entendido, la imprescriptibilidad en materia tributaria solo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, tal cual establece el parágrafo IV del art. 59 de la Ley Nº 2492, modificado por la disposición adicional Quinta de la Ley Nº 291, normativa ratificada también mediante Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, que consecuentemente, al no tener el presente caso como objeto de la Litis la prescripción de la facultad de ejecución sino de la facultad para la determinación de la deuda tributaria, que fue establecida en la Resolución Determinativa Nº 00498/2013 de 6 de junio, es aplicable la Ley Nº 2492, que reconoce la prescripción.
Que la fijación de un término de extinción de las obligaciones tiene por finalidad servir a la seguridad general del Derecho y a la Paz Jurídica, conforme al marco constitucional y legal vigente, como el principio constitucional de seguridad jurídica en relación a la norma social, se cristaliza en institutos que evitan la prolongación de situaciones que generan incertidumbre para el contribuyente, tal como el de la prescripción, por el cual se concede estabilidad a las situaciones jurídicas efectivas de conformidad al art. 59 de la Ley Nº 2492, criterio que encuentra respaldo en la Sentencia 396/2013 de 18 de septiembre, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia no se afecta lo establecido mediante Sentencia Constitucional 111/2002.
Así mismo, la aplicación del art. 152 de la Ley Nº 2492, hace mención a la responsabilidad de servidores públicos y demás personas que participen en la comisión de ilícitos tributarios, de los cuales surja daño económico en perjuicio del Estado, así como de la obligación de estos de resarcir el mismo, la aplicación de la mencionada norma en concordancia con lo señalado en el Código Civil y sus modificaciones mediante Ley Nº 004, en la que dispondría o implicaría la imprescriptibilidad de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, resulta una interpretación propia del recurrente, que se aleja de lo establecido en las antes citadas leyes Nº 291 y 317, que señalan expresamente que las facultades de la Administración Tributarias si prescriben, siendo imprescriptible únicamente la ejecución de la deuda tributaria determinada, por lo cual lo mencionado por la Administración Tributaria no es procedente. De lo que resulta que los aspectos referidos por el demandante sobre la aplicación supletoria del Código Civil, no tiene asidero legal.
Concluye el fundamento de la respuesta a la demanda solicitando se declare IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del SIN, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0076/2014 de 20 de enero, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Que mediante Vista de Cargo Nº de Orden 2031683485 de 9 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, intima a Carlos Feraude Velásquez para que presente la Declaración jurada Form. Nº 143 por el IVA del periodo fiscal de marzo/2005 o apersonarse a las dependencias de su jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado de la mencionada declaración o documentos de descargo que demuestren la presentación dentro del término de 30 días computables a partir de su legal notificación, y que la falta de presentación de la Declaración Jurada extrañada generaría una deuda Tributaria de 2.154 UFV por el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago.
Por Informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/02914/2012 manifestó que notificado el contribuyente con la Vista de cargo Nº de Orden 2031683485 y transcurrido el plazo para la presentación de descargos, este no se apersono ni presento ningún descargo, por lo que sugiere la emisión de la respectiva Resolución determinativa.
Notificado personalmente Carlos Feraude Velásquez con la Resolución Determinativa Nº 00495/2013 de 6 de junio, y notificado con la misma personalmente al contribuyente el 22 de julio de 2013, determina de oficio la obligación impositiva del contribuyente, por la no presentación de la Declaración Jurada por el IVA, correspondiente al periodo marzo/2005, calculada sobre base presunta por el importe que asciende al total de Bs. 3.790.- que comprende el tributo omitido, interés y sanción, calificando la conducta del contribuyente como omisión de pago, en aplicación del art. 165 de la ley 2492, sancionándole con el 100% del tributo omitido.
Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00495/2013 de 6 de junio, que fue impugnada por el contribuyente Carlos Feraude Velásquez en Recurso de Alzada en la que plantea la prescripción de la deuda tributaria, por lo que por Resolución de Azada ARIT-LPZ/RA 1081/2013 de 4 de noviembre, revoca totalmente la Resolución Determinativa, dejando sin efecto la deuda tributaria por prescripción del periodo fiscal marzo/2005, Resolución de Alzada que fue confirmada por Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0076/2014 de 20 de enero.
Si la Autoridad General de Impugnación Tributaria por Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0076/2014 de 20 de enero, al confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1081/2013 de 4 de noviembre, que revoca totalmente la Resolución Determinativa, dejando sin efecto la deuda tributaria por prescripción del periodo fiscal marzo/2005, obro conforme a Ley.
La prescripción, "es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace" (García Novoa Cesar, Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010); y a decir de este autor, "su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."
En materia tributaria "es un instrumento de seguridad jurídica y tranquilidad social, puesto que de otro modo, la administración tributaria tendría facultades para perseguir el cobro de impuestos generados siglos atrás" (...) "la razón de ser o finalidad de este instituto jurídico reside en la necesidad de preservar la paz y el orden de la sociedad ya que, de no poner un límite temporal a las exigencias de las personas o instituciones a reclamar extemporáneamente el pago de deudas o consolidación de sus derechos no satisfechos por negligencia propia, se desataría la violencia general durante generaciones entre acreedores y deudores. En otras palabras, el transcurso del tiempo, elemento puramente objetivo de la prescripción liberatoria debe concurrir conjuntamente con el elemento subjetivo cual es la inactividad del titular de la acción" (Derecho Tributario, Alfredo Benítez Rivas, Azul Editores, 2009, página 262).
En ese contexto el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece: “que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria.
Asimismo el artículo 60 de la Ley Nº 2492, determina que el cómputo de prescripción, para que la Administración Tributaria controle, investigue, verifique, compruebe y fiscalice tributos, determine la deuda tributaria e imponga sanciones administrativas, se computan desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.
Es importante tomar en cuenta que el Decreto Supremo 27310, en su Disposición Transitoria Primera, establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (4 de noviembre de 2003), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente, cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación; por lo que al tratarse en el presente caso de hechos generadores que fueron producidos en la gestión 2005, entonces debemos sujetaremos a lo establecido en la Ley Nº 2492.
En el caso de autos, la Administración Tributaria mediante Vista de Cargo Nº de Orden 2031683485 de 9 de noviembre de 2012, intima a Carlos Feraude Velásquez para que presente la Declaración jurada Form. Nº 143 por el IVA del periodo fiscal de marzo/2005 o en su defecto se apersone a las dependencias de su jurisdicción para que exhiba el duplicado de la mencionada declaración o documentos de descargo que demuestren su presentación dentro del término de 30 días computables, lo que no lo hizo, contrayendo una deuda Tributaria de 2.061 UFV por el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago, situación que previo Informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/02914/2012, origino la emisión de la respectiva Resolución Determinativa Nº 00495/2013 de 6 de junio, que determina de oficio la obligación impositiva del contribuyente, por la no presentación de la Declaración Jurada por el IVA, correspondiente al periodo fiscal marzo/2005, calculada sobre base presunta por el importe que asciende al total de Bs. 3.790.- que comprende el tributo omitido, interés y sanción, calificando la conducta del contribuyente como omisión de pago, en aplicación del art. 165 de la ley 2492, sancionándole con el 100% del tributo omitido, Resolución Determinativa con la que fue notificado de forma personal el contribuyente el 22 de julio de 2013; con estos antecedentes y los preceptos legales expuestos en Recurso de Alzada y Jerárquico, se tiene que en previsión de los arts. 59 y 60 de la Ley 2492, el término de la prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2006; por lo que las acciones para la recuperación de la deuda tributaria del periodo marzo 2005, concluía el 31 de diciembre de 2009; máxime, si dentro de los 4 años para que opere la prescripción que señala la normativa tributaria, no se ha evidenciado actuación alguna por parte de la Administración Tributaría, para referirnos a alguna situación de suspensión o interrupción del término de la prescripción, es más el accionar de la Administración Tributaria, fue recién el 9 de noviembre de 2012, con la notificación de la Vista de Cargo Nº de Orden 2031683485 de 9 de noviembre de 2012 (fs. 2 del anexo 2), es decir, fuera del termino de prescripción analizado precedentemente.
A este análisis, se debe agregar y aclarar, que si bien la AGIT confirma la prescripción dispuesta en Resolución de Alzada, ampara su decisión con las modificaciones dispuestas por las Leyes 291 de 22-09-12 y 317 de 11-12-12), sin tomar en cuenta que en el presente caso se trata de la fiscalización del periodo fiscal de marzo de 2005, correspondiendo aplicar las normas de prescripción vigentes en el momento del nacimiento del hecho imponible; es decir, los arts. 59 al 62 del CTB (Ley 2492) sin las modificaciones dispuestas el año 2012, correspondiendo en el presente caso los 4 años para que opere la prescripción, pues se entiende que la normativa actualmente vigente es aplicable a los hechos imponibles que nazcan a partir del año 2012 y no anteriormente, y que en mérito al art. 123 de la Constitución Política del Estado, no corresponde la aplicación de normas que entraron en vigencia posteriormente, toda vez que la citada norma constitucional en parte pertinente indica “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo…”, por lo que no corresponde su consideración.
Respecto a la conculcación e inobservancia del artículo 324 de la Constitución Política del Estado; es necesario señalar que, si bien la señalada norma constitucional establece la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado; sin embargo, se entiende que dicho precepto constitucional se halla relacionado con las deudas emergentes de la responsabilidad por la función pública; es decir, con actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales; es así que concordante con dicho precepto el artículo 152 del CTb, dispone que "si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado"; es decir, que dicha norma es aplicable al ejercicio de la función pública a los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales y los particulares que pueden ser sujetos de responsabilidad civil, siempre y cuando su conducta ocasione daño patrimonial al Estado; haciendo referencia el señalado artículo a la administración económica y financiera del Estado por medio de todas las entidades públicas, por tanto, se refiere a los actos cometidos por funcionarios públicos que causen pérdida patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos y fueran causantes del daño patrimonial; en el marco legal señalado por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, en tal sentido no puede atribuirse al sujeto pasivo un daño económico al Estado, por lo que la norma invocada como sustento de la demanda contencioso-administrativa, resulta inaplicable al caso: Así ha entendido este Tribunal entre otros en los AA.SS. 281/2012, 281/2013 y 400/2013 emitidos por Sala Plena de este Tribunal.
Por lo que se concluye que el accionar que tenía la Administración Tributaria para el cobro de los adeudos tributarios han prescrito, relacionados con el cómputo de la prescripción del IVA, respecto a la facultad de cobro de la obligación tributaria del periodo fiscal marzo de 2005.
Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0076/2014 de 20 de enero, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción, errónea aplicación de la norma legal administrativa y tributaria que vulneran derechos, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, máxime, si los argumentos expuestos en la demanda por la entidad demandante, no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos de la resolución administrativa impugnada, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuesto corresponde confirmar la resolución de recurso jerárquico.
POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 6 de la Ley Nº 620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa, y en su mérito se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0076/2014 de 20 de enero, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

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 artículo 59
 artículo 60
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 artículo 324
 artículo 152
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