Source: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2016/refc20161014.aspx
Timestamp: 2017-10-23 18:59:39+00:00

Document:
La Moncloa. 14/10/2016. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]
Madrid, viernes 14 de octubre de 2016
ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra.
INFORME sobre el Plan Presupuestario y de Acción Efectiva.
ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra.
ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un crédito a la República de Paraguay con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 20.000.000 de dólares estadounidenses.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de hasta 350.000 dólares estadounidenses al Banco Interamericano de Desarrollo, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por el seguimiento y supervisión del Programa cofinanciado con el crédito de hasta 20.000.000 de dólares estadounidenses concedido por dicho Fondo a la República de Paraguay.
ACUERDO por el que se autoriza la retirada de España del Comité Consultivo Internacional del Algodón y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
ACUERDO por el que se solicita a las autoridades de Colombia la extradición del ciudadano con nacionalidad colombiana John Jairo Tabares Mora por un delito de homicidio/asesinato.
ACUERDO por el que se solicita al Sr. Presidente del Gobierno plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional , incidente de ejecución de sentencia, en relación a la adopción de las medidas necesarias ante el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre, y en particular, solicitando la declaración de nulidad de determinadas resoluciones adoptadas por el Pleno del Parlamento de Cataluña de 6 de octubre de 2016, y la adopción de otras medidas específicas.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por importe máximo de 100.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por importe máximo de 171.959.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 95.583.480,29 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la citada cuantía, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2010, en relación con la asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Asignación 2008-2012.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 3.090.067,94 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para financiar un crédito extraordinario en el presupuesto de la "Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos", para atender al pago de la liquidación del justiprecio fijado en virtud de la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Barcelona de 29 de febrero de 2016, junto con los intereses de demora correspondientes.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 834.723,54 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la citada cuantía, para el abono de indemnizaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado en aplicación del Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, en cumplimiento de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.
INFORME sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2015.
ACUERDO por el que se autoriza exceptuar la aplicación de la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, para la tramitación de contratos en materia de museos y archivos estatales.
ACUERDO por el que se autoriza exceptuar la aplicación de la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, para la licitación de determinados contratos en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y sus organismos dependientes.
REAL DECRETO por el que se nombra presidente de la delegación que asistirá en Roma el próximo 16 de octubre de 2016, en el Vaticano, a la ceremonia de canonización del Beato Manuel González García a D. JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, Ministro del Interior.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor MOHAMMED HANECHE, exembajador de la República Argelina Democrática y Popular en España.
INFORME SOBRE EL PLAN PRESUPUESTARIO Y DE ACCIÓN EFECTIVA
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Economía y Competitividad sobre el Plan Presupuestario y de Acción Efectiva en los horizontes 2016 y 2017 que será enviado en los próximos días a Bruselas.
La Comisión Europea había recomendado el pasado mes de marzo una serie de medidas para garantizar la corrección del déficit, con especial hincapié en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para asegurar el cumplimiento de los objetivos de déficit también en las Administraciones Territoriales. En respuesta a esa recomendación de la Comisión Europea se envía el Informe de Acción Efectiva que contempla el resumen de las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del 4,6 por 100 de déficit en el año 2016.
El Informe recoge, de modo destacado, las medidas llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; en segundo lugar, en el terreno de los gastos en los Presupuestos Generales del Estado, figuran, tanto el Acuerdo de No Disponibilidad que se adoptó a mediados de año, como el cierre del ejercicio presupuestario adoptado en julio; y, por último, el Real Decreto Ley que contempla la medida de pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades, que ya está en vigor y que está pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados.
El Informe recibido hoy por el Consejo de Ministros recoge, asimismo, el Plan Presupuestario. Dado que el Gobierno se encuentra en funciones y no puede enviar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, se mandará un presupuesto prorrogado, sin cambios de política, que supone la continuación del Presupuesto y de las medidas adoptadas en 2016, previa advertencia de que será el nuevo Gobierno, en su caso, el que tenga que aprobar los Presupuestos y llevar a cabo los cumplimientos correspondientes al año 2017.
PLANTEADO INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTRA RESOLUCIONES DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA
Las resoluciones aprobadas por el Pleno del Parlamento de Cataluña del 6 de octubre de 2016 que se impugnan vulneran la sentencia del Tribunal Constitucional que ya declaró inconstitucional la Resolución que instaba el inicio del proceso político en Cataluña tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015.
El Acuerdo de Consejo de Ministros incluye la petición al Tribunal Constitucional de medidas cautelares como la suspensión inmediata de las resoluciones y la advertencia a la presidenta del Parlamento de Cataluña, a su Mesa y al secretario general del Parlamento, así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de las responsabilidades en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.
El Consejo de Ministros ha acordado plantear incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre. En particular, solicita la declaración de nulidad de determinadas resoluciones adoptadas por el Pleno del Parlamento de Cataluña del 6 de octubre de 2016 y la adopción de otras medidas específicas.
La impugnación se plantea con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución, con el fin de que se produzca la suspensión de las citadas resoluciones.
Las citadas resoluciones aprobadas por el Pleno del Parlamento de Cataluña del 6 de octubre de 2016 vulneran específicamente la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional y todas las Resoluciones se refieren al proceso constituyente de Cataluña, por lo que se procede a instar el incidente de ejecución con un único Acuerdo de Consejo de Ministros.
La sentencia declaró inconstitucional la Resolución 1/XI por la que el Parlamento de Cataluña declaró el "inicio del proceso político en Cataluña tras los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015". El Tribunal Constitucional consideró que, tanto la Resolución, como su Anexo, vulneran los artículos 1.1, 1.2, 2, 9.1 y 168 de la Constitución y los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El Tribunal Constitucional anuló, así, los pronunciamientos que hacen referencia a la apertura de un pretendido proceso constituyente en el que no se respeten las exigencias establecidas para la reforma de la Constitución.
Las nuevas Resoluciones se impugnan, utilizando palabras del Tribunal Constitucional en otro auto, "porque podrían ser entendidas como un intento de dar apariencia de validez al denominado proceso constituyente en Cataluña, cuya inconstitucionalidad fue declarada por la Sentencia 259/2015 y esto es suficiente para que deba estimarse el incidente de ejecución planteado".
Puede concluirse que se mantienen las prioridades establecidas como "hoja de ruta" ya expresadas por la Resolución 1/XI y que existe una voluntad deliberada de llevar el contenido de esa Resolución adelante, es decir, desarrollar el proceso constituyente al margen de cualquier previsión vigente, sin establecer garantía alguna para los ciudadanos, por la sola voluntad de una mayoría no cualificada del Parlamento de Cataluña y con expresa exclusión de cualquier control judicial o externo, por lo que se insta al Tribunal Constitucional a la adopción de medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015 de 2 de diciembre.
Peticiones al Tribunal Constitucional
Se solicita la nulidad de las Resoluciones y que esta medida vaya acompañada de todas aquellas que sean necesarias para evitar la puesta en marcha del procedimiento previsto en las mismas. El acuerdo solicita al Tribunal Constitucional:
Que declare la nulidad de cinco Resoluciones adoptadas a propuesta de los grupos parlamentarios JS y CUP-CC por el Pleno del Parlamento de Cataluña del 6 de octubre, referidas, respectivamente, a "Referéndum, amparo legal y garantías" la primera de ellas, y al proceso constituyente las otras cuatro.
Que se notifique personalmente el presente Auto a la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general del Parlamento, así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones impugnadas y de su deber de impedir cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las mismas de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, apercibiéndoles de las responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.
Deducir testimonio de particulares para que el Ministerio Fiscal, si lo estima procedente, ejerza las acciones que correspondan ante el Tribunal competente, acerca de la eventual responsabilidad en que hubieran podido incurrir la presidenta del Parlamento de Cataluña, doña Carme Forcadell i Luis, y, en su caso, cualesquiera otras personas, por incumplir el mandato del párrafo primero del art. 87 .1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en relación con los hechos objeto del presente incidente de ejecución.
AUTORIZADA LA FIRMA DE LOS ACUERDOS ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL Y DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE CANADÁ Y LA UNIÓN EUROPEA
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de los Acuerdos Económico y Comercial Global, y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros.
ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL
En 2009 se iniciaron las negociaciones de este Acuerdo, que es un acuerdo comercial preferencial que incluye compromisos de liberalización en el comercio de bienes y servicios, además de capítulos sobre inversiones o compras públicas Junto al mismo, el otro pilar sobre el que se pretende fundamentar la relación UE-Canadá es el Acuerdo de Asociación Estratégica cuyas negociaciones fueron paralelas a las del primero. Desde el principio, se ha mantenido la preferencia de que la firma de ambos Acuerdos tenga lugar al mismo tiempo.
Más allá del fortalecimiento de las relaciones UE-Canadá que se deriva del nuevo Acuerdo Económico y Comercial Global, el objetivo del mismo es incrementar el comercio bilateral y los flujos de inversión entre ambas zonas para, de esta manera, contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo. Las dos partes destacan la importancia de actuar en un marco basado en reglas claras y transparentes para alcanzar objetivos en áreas como la salud pública, la seguridad, la protección del medio ambiente y de la moral pública y la promoción y protección de la diversidad cultural.
El Acuerdo ofrecerá a las empresas de la Unión Europea más y mejores oportunidades en Canadá y contribuirá al empleo en Europa. Eliminará, además, los derechos de aduanas y las restricciones de acceso a los contratos públicos, abrirá el mercado de servicios, ofrecerá condiciones previsibles a los inversores y contribuirá a evitar la reproducción ilegal de las innovaciones y los productos tradicionales de la Unión Europea. También se respetarán plenamente las normas europeas sobre seguridad alimentaria y los derechos del trabajador.
Cabe señalar que, en el caso de España, las exportaciones a Canadá han aumentado de manera casi constante a lo largo de los diez últimos años, con un incremento en el período 2005-2015 de en torno a un 94 por 100, en tanto que las importaciones desde Canadá se han mantenido estables.
Supresión de aranceles
El nuevo Acuerdo contempla la supresión de aranceles en la práctica totalidad de las mercancías intercambiadas entre la Unión Europea y Canadá. Esto beneficiará particularmente a las exportaciones españolas en el sector de los alimentos procesados, vinos y licores. También cabe esperar que el sector del automóvil en España, con un gran potencial exportador, se beneficie de las nuevas reglas de origen pactadas. A ello hay que añadir que el Acuerdo permitirá un mejor acceso a las compras públicas y licitaciones a todos los niveles de gobierno en Canadá (federal, provincial, municipal y empresas públicas) en buena parte de los distintos sectores, abriendo nuevas oportunidades de negocio a empresas españolas, especialmente de la construcción o de gestión de infraestructuras.
En lo que respecta al comercio de servicios e inversiones, el Acuerdo cubre sectores potencialmente interesantes para España, como la banca, la auditoría o los seguros. Por otra parte, se introducen mejoras en la movilidad de personal desplazado, como puede ser el caso de personal altamente cualificado o de proveedores de servicios, además de establecer un marco para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
El Acuerdo sienta las bases de un marco más seguro para los agentes económicos. A este respecto, el Acuerdo incluye mejoras en el terreno de las indicaciones geográficas y de la propiedad intelectual, como puede ser el caso de las patentes de productos farmacéuticos en Canadá.
No menos importante, el Acuerdo respetará plenamente las normas europeas en ámbitos como la seguridad alimentaria y los derechos del trabajador. También incluye todas las garantías necesarias para que el beneficio económico no vaya en detrimento de la democracia, el medio ambiente o la salud y seguridad de los consumidores.
Este Acuerdo, al igual que el de Asociación Estratégica, será firmado, en primer lugar, por los Estados miembros de la Unión y, posteriormente, el 27 de octubre, lo harán la propia Unión Europea y Canadá durante la Cumbre que celebrarán en esa fecha.
En cuanto al Acuerdo de Asociación Estratégica, es fruto de una prolongada amistad entre ambas partes merced a sus extensos lazos históricos, culturales, políticos y económicos que data formalmente de 1976, año en el que las Comunidades Europeas firmaron un Acuerdo marco con Canadá, primer acuerdo que se firmaba con un país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El Acuerdo persigue estrechar los lazos políticos y la cooperación en política exterior y asuntos de seguridad, situando las relaciones en un plano de asociación estratégica, así como ampliar la cooperación en numerosos ámbitos, más allá del comercio y la economía cuya regulación se detalla en el Acuerdo Económico y Comercial Global. Contribuye notablemente a mejorar la asociación, basada en valores compartidos por la Unión Europea y Canadá, como son el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, la paz y la seguridad internacionales. Se estima que el Acuerdo, junto con el Económico y Comercial, traerá beneficios y oportunidades tangibles para los ciudadanos de la Unión y de Canadá.
El texto del Acuerdo recoge un Título sobre los derechos humanos, libertades fundamentales, democracia y Estado de Derecho, y destaca como valores compartidos la defensa y fomento de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Otra parte del texto versa sobre la paz y seguridad internacionales y el multilateralismo eficaz, y la cooperación en la lucha contra el terrorismo, para el fomento de la paz y la estabilidad internacionales y en los foros y las organizaciones internacionales, regionales y multilaterales.
En cuanto al desarrollo económico y sostenible, se hace hincapié sobre el diálogo y liderazgo mundial en asuntos económicos, el fomento del libre comercio y la inversión, la cooperación en materia fiscal y el desarrollo sostenible. Además, se alude al bienestar de los ciudadanos, a la cooperación en los ámbitos del conocimiento, la investigación, la innovación y la tecnología de la comunicación, al fomento de la diversidad de expresiones culturales y a los contactos en materia educativa y entre los jóvenes y los ciudadanos en general.
Un nuevo capítulo se refiere al apartado de justicia, libertad y seguridad, donde se abordan el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la ciberdelincuencia y la migración, asilo y gestión de las fronteras.
AUTORIZADAS OPERACIONES DE DEUDA A CATALUÑA Y CANTABRIA
El Consejo de Ministros ha autorizado a las Comunidades Autónomas de Cataluña y Cantabria a formalizar las siguientes operaciones de deuda a corto plazo:
Cataluña: autorización para formalizar operaciones por importe máximo de 171,96 millones de euros para refinanciar los vencimientos de préstamos o líneas de crédito a corto plazo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016.
Cantabria: autorización para formalizar operaciones por importe máximo de 100 millones de euros para cubrir desfases transitorios de tesorería.
Ambas Comunidades han incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto y Cataluña, además, el objetivo de deuda pública del ejercicio 2015, por lo que, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberán presentar un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de objetivos para la declaración de idoneidad de sus medidas de ingresos y gastos.
Hasta que el plan económico-financiero sea declarado idóneo, todas las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas incumplidoras, incluyendo las operaciones de crédito a corto plazo que no sean consideradas financiación exterior, precisarán de autorización del Estado en tanto persista el citado incumplimiento
Ambas Comunidades deberán supeditar las operaciones de endeudamiento al cumplimiento del objetivo de deuda para el año 2016, establecido en el 21,2 por 100 del PIB regional en el caso de Cantabria y en el 31,4 por 100 del PIB regional en el caso de Cataluña.
Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2016.
DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA EUROPEO CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS
El Consejo de Ministros ha aprobado la Declaración del Gobierno con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que se celebra el próximo 18 de octubre. Su texto es el siguiente:
"Hoy, 18 de octubre de 2016, Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, el Gobierno de España reitera su compromiso de avanzar en la erradicación de la trata de seres humanos, una extendida forma de esclavitud moderna que atenta gravemente contra la dignidad y la libertad de millones de personas, principalmente mujeres y niñas, en todo el mundo y que es, todavía, una realidad en España.
Por ello, una vez más, en conmemoración del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, el Gobierno manifiesta su más enérgica condena contra los actos que reducen al ser humano a una simple mercancía, reitera su apoyo incondicional a las víctimas e invita al conjunto de la sociedad a sumarse al proyecto de cambio social y cultural que acabe con este problema, que rechace la utilización de seres humanos como mercancía y que levante la voz contra la esclavitud de las personas, especialmente de aquellas más vulnerables.
Debe destacarse, respecto al colectivo de extranjeros víctimas de trata, la especial protección que se brinda tradicionalmente a este colectivo y que ha sido reforzada a través de la reciente modificación de la normativa española en materia de extranjería.
Empeñado en llevar a cabo esta tarea, el Gobierno ha continuado trabajando desde la labor conjunta de todas las instituciones, dando progresivo cumplimento, tras el primer año de vigencia, a lo previsto en el Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, un instrumento que renueva y refuerza el compromiso de administraciones, instituciones y organizaciones públicas y privadas de unir sus esfuerzos con un objetivo común.
En este primer año de trabajo ha destacado el impulso de sensibilización social con independencia del ámbito de trabajo de cada institución, para promover una mayor visibilidad del problema y el rechazo a las conductas que lo promueven, convencidos de que la prevención de la trata con fines de explotación sexual es un eje central de trabajo para la erradicación de esta forma de violencia contra la mujer, siendo la reducción de la demanda uno de los objetivos de muchas de las actuaciones llevadas a cabo.
Asimismo, se destaca la importancia de continuar trabajando en espacios de colaboración con las organizaciones especializadas en la atención y protección a las víctimas teniendo especialmente en cuenta las situaciones de mayor vulnerabilidad, a fin de garantizar una asistencia adecuada a sus necesidades.
Finalmente, teniendo presente que la trata de seres humanos representa una de las formas de delincuencia más lucrativas que existen, junto al tráfico de drogas y de armas, se continúa trabajando desde distintas instituciones en la erradicación de este "negocio", desincentivando el que por su carácter lucrativo, compense su comisión. Por ello, se van a continuar impulsando actuaciones de formación para mejorar la investigación patrimonial y el decomiso de bienes y productos procedentes del delito. Las reformas penales encaminadas a la eficacia de los decomisos se han complementado con la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que permitirá revertir el lucro generado con la actividad de la trata en la financiación de programas de atención a la víctimas del delito, y en la mejora del funcionamiento de las oficinas de atención a las víctimas, haciendo posible avanzar en la protección de las víctimas de trata. Todo lo anterior teniendo en cuenta que es la eliminación de la demanda de servicios proporcionados por posibles víctimas lo que privará a los delincuentes de los beneficios de la trata".
CRÉDITO A PARAGUAY PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un crédito a la República de Paraguay con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de veinte millones de dólares, para la financiación del "Programa de agua potable y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas".
Además de las aportaciones realizadas por Paraguay y los propios beneficiarios, la cooperación española aportará veinte millones de dólares y cofinanciará el proyecto citado, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aporta cuarenta millones de dólares, el cual supervisará la operación completa, tanto en lo relativo a su préstamo, como al crédito aportado por España. La operación complementa y refuerza el conjunto de iniciativas financiadas con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en Paraguay y el proceso del correcto alineamiento con las políticas nacionales paraguayas.
El objeto de esta operación es contribuir al desarrollo y mejora de las condiciones de acceso de agua potable y saneamiento entre las pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas del país.
Se estima que se beneficiarían de este Programa un total de 131.500 personas de ocho pequeñas ciudades (53.000 habitantes), 85 comunidades rurales (75.000 habitantes) y 30 comunidades indígenas (3.500 habitantes).
PAGO AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Además, el Consejo de Ministros ha autorizado el pago de hasta 350.000 dólares al Banco Interamericano de Desarrollo, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por el seguimiento y supervisión del Programa cofinanciado con el crédito de hasta veinte millones de dólares concedido por dicho Fondo a la República de Paraguay.
RETIRADA DE ESPAÑA DEL COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la retirada de España del Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC) y ha aprobado la remisión de este Acuerdo a las Cortes Generales.
Este Comité Consultivo Internacional del Algodón -ICAC-, fundado en 1939, con sede en Washington, agrupa a los países productores, consumidores y comerciantes de algodón. España forma parte del mismo desde enero de 1951, mediante un acuerdo de Gobierno.
La Unión Europea, mediante una decisión aprobada por el Consejo del 30 de mayo de 2016, se ha incorporado a este Comité, tras la modificación de su Reglamento Interno, que permitirá la entrada de miembros de la FAO, como es el caso de la Unión Europea. Entre los términos y condiciones de la incorporación se encuentra que los Estados Miembros de la Unión Europea, que también lo fueran del ICAC (España, Grecia, Alemania, Polonia y Francia), deberán proceder a su retirada del mismo. A partir de su incorporación, la Unión Europea contará con un único voto en el ICAC y está obligada a abonar una única cuota.
En cuanto al ordenamiento jurídico español, en la medida en que el ICAC no constituye una organización internacional, sino una mera asociación de Gobiernos, y la pertenencia de España al mismo no se funda en un tratado internacional, sino en un acuerdo de Gobierno, la decisión de la retirada de España del ICAC puede realizarse de manera unilateral, ateniéndose a las condiciones referidas anteriormente.
España ya ha comunicado de manera informal al ICAC, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, su intención de proceder a la retirada del mismo.
Desde el punto de vista financiero, la Unión Europea asume el abono de las cuotas anuales correspondientes a los Estados miembros salientes, por lo que la salida supondrá una reducción de gasto para el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, que era quien asumía la contribución financiera anual de España como miembro del Comité Consultivo Internacional del Algodón.
EXCEPTUADOS DE LAS OPERACIONES DE CIERRE PRESUPUESTARIO DIVERSOS CONTRATOS EN EL ÁMBITO DE DOS MINISTERIOS
El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que se autoriza exceptuar la aplicación de la Orden del Ministerio de Hacienda del pasado 14 de julio que regulaba las operaciones de cierre del ejercicio 2016 al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarios, a diversos expedientes de contratación de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Industria, Energía y Turismo.
Se exceptúa la aplicación de la citada Orden Ministerial para la licitación de contratos que permitan las prestaciones de servicios de mantenimiento, limpieza y suministro de uniformes de los archivos y museos estatales. La relación de los contratos autorizados es la siguiente:
Las excepciones autorizadas corresponden a contratos en los ámbitos de las Secretarías de Estado de Turismo y de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
En concreto, se autoriza a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a continuar la tramitación del contrato del servicio de apoyo a las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones para la medición, control y supervisión del espectro radioeléctrico, por un importe máximo de 1.700.836,5 euros.
Por otro lado, se autoriza a TURESPAÑA, a iniciar la tramitación de los contratos de vigilancia y mantenimiento en los paradores de Santa María de Veruela (Zaragoza) y de Lérida, por un importe máximo de 287.933 euros.
SOLICITADA A COLOMBIA LA EXTRADICIÓN DE JOHN JAIRO TABARES
El Consejo de Ministros ha acordado solicitar a Colombia la extradición de John Jairo Tabares, natural de aquel país, por su presunta responsabilidad en un delito de homicidio/asesinato.
Tabares, que se encuentra detenido en Colombia por esta causa, está relacionado con la aparición, el día 8 de agosto de 2008, de un cadáver descuartizado en el interior de una maleta depositada dentro de un contenedor de basura de Barcelona.
Los Mossos d'Esquadra que acudieron al lugar pudieron observar numerosas manchas de sangre en el suelo que se dirigían hacia la vivienda en la que residía el ahora reclamado.
Entre las pruebas que fundamentan la acusación se encuentran varios testimonios de testigos que afirman haber visto cómo este individuo, en compañía de otras dos personas, dejaba un baúl con sangre al lado del mencionado contenedor de basura.
Igualmente, la expareja de Tabares relató a la policía cómo él mismo le había confesado que en su domicilio se había producido una pelea entre la víctima y otra persona, que habría matado al anterior, mientras que él se había ocupado de descuartizar y deshacerse del cadáver.
APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE VARIAS SENTENCIAS
95. 583.480 euros para financiar un crédito extraordinario en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente destinado a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2010, en relación con la asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Asignación 2008-2012.
3.090.067,94 euros para la financiación de un suplemento de crédito en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el correspondiente crédito extraordinario en el presupuesto del organismo "Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos" de dicho departamento ministerial, para el pago de la liquidación del justiprecio fijado por resolución del Jurado de Expropiación Forzosa de Barcelona de 29 de febrero de 2016, así como los intereses de demora correspondientes, de una finca que resultó expropiada para proceder a la construcción de facultades e instalaciones complementarias de la Universidad Autónoma de Barcelona.
834.723,54 euros para financiar un crédito extraordinario en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para atender al cumplimiento de diversas sentencias del Tribunal Supremo, en las que se estiman diversos recursos interpuestos frente al Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015, por el que se desestimaron las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, con sustento en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 27 de febrero de 2014 en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

References: artículo 92
 Resolución 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 161
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 21
 resolución