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Timestamp: 2017-10-19 12:26:09+00:00

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Junto con el despacho Hogan Lovells, la Corte de Arbitraje de Madrid organizó la conferencia "Taking a closer look at arbitral institutions" en París | 7 de Agosto de 2015
La Corte continúa consolidando su internacionalización, sirviendo de puente para el arbitraje internacional entre la Unión Europea y América Latina.
El día 30 de junio de 2015 tuvo lugar en París el encuentro “Taking a closer look at arbitral institutions”, gracias a la colaboración del despacho inglés Hogan Lovells con la Corte de Arbitraje de Madrid.
En la jornada participaron como ponentes destacadas personalidades del panorama arbitral internacional, tales como el profesor de Science Po, Diego Fernández Arroyo, Jean-Yves Garaud, socio de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Fernando Mantilla-Serrano, socio de Latham & Watkins y Michael Polkinghorne, socio de White & Case.
Previamente a la intervención de estos destacados ponentes, tuvo lugar la presentación “The best kept secret”a cargo del Presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, Antonio Sánchez-Pedreño Kennaird y la Secretaria General, Elena Gutiérrez García de Cortázar, quienes expusieron las ventajas de someter controversias a la Corte de Arbitraje de Madrid al explicar el funcionamiento de la Corte, sus estadísticas y los cambios introducidos por el nuevo Reglamento de la institución (en vigor desde marzo de 2015).
Posteriormente, en el panel formado por estos cuatro reconocidos profesionales del mundo del arbitraje internacional se analizó, de la mano de la moderadora Carmen Núñez-Lagos, socia de Hogan Lovells, si realmente las instituciones arbitrales actúan en el mercado como reguladoras del arbitraje como industria.
La Corte estrena sede, salas y horarios | 11 de Junio de 2015
El pasado domingo 7 de junio de 2015 tuvo lugar el cóctel de presentación de la nueva sede de la Corte de Arbitraje de Madrid y las nuevas salas de audiencias ubicadas en el Palacio de Santoña, a escasos metro de la Puerta del Sol.
Al acto, presidido por el presidente de la Corte, D. Antonio Sánchez-Pedreño Kennaird, acudieron distinguidas personalidades de la comunidad arbitral nacional e internacional, quienes visitaron los salones del s. XVII del Palacio, contemplando los maravillosos frescos que albergan —solo comparables en la capital con los del Palacio Real— y conocieron las nuevas salas de audiencias de la Corte.
La Corte cuenta con dos sets de salas de audiencias (cada set se compone de una gran sala de audiencias, dos break-out romos y una sala para el tribunal) que han sido completamente reformadas, incorporando los instrumentos tecnológicos más avanzados para el buen desarrollo de las vistas. Las salas también están disponibles para procedimientos arbitrales administrados por otras instituciones. Para más información sobre las salas de audiencias y la posibilidad de alquilarlas deben ponerse en contacto con la secretaría de la Corte a través de Dª. Marta Rubio en el teléfono +34 91 538 3581 o por correo electrónico en marta.rubio@camaramadrid.es.
Junto con el cambio de ubicación de sede y la apertura de las nuevas salas de audiencias, la Corte estrena nuevos horarios, por lo que la Secretaría de la Corte estará disponible de lunes a jueves desde las 08:00 hasta las 19:00 hrs ininterrumpidamente y los viernes de 08:00 a 14:00 (salvo en los meses de verano en los que se mantiene la jornada intensiva –—de 08:00 a 15:00 hrs— para facilitar la conciliación). El cuerpo letrado de la Corte está disponible también fuera de esos horarios y durante los fines de semana a través del correo electrónico. Confiamos en que estos cambios se adapten aún más a las necesidades del mercado y redunden en un mejor servicio para los usuarios de la Corte.
Perú y el arbitraje obligatorio en los contratos públicos | 1 de Junio de 2015
En el Perú, a diferencia de lo que ocurre en otros países del continente americano, la capacidad del Estado para someter sus conflictos a arbitraje no se discute. Al respecto, el artículo 63° de la Constitución Política dispone que el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de los contratos que celebren a arbitraje nacional o internacional.
En ese sentido, la Ley de Contrataciones del Estado (D. Leg. N° 1017) ordena que en todo contrato de obra, de consultoría o de bienes y servicios se debe incluir una cláusula que establezca que toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato se resuelva mediante conciliación o arbitraje. Y a falta de acuerdo, el artículo 216º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que se incorporará de pleno derecho una cláusula arbitral modelo.
Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el arbitraje será de derecho y resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros. A falta de acuerdo, la controversia será resuelta por árbitro único.
La normativa aplicable a estos arbitrajes también dispone que la falta de contestación de la demanda o toda oposición formulada contra el arbitraje, no interrumpirá el desarrollo del mismo ni de los respectivos procedimientos para que se lleve a cabo la composición del tribunal arbitral y la tramitación del arbitraje.
Del mismo modo se establece enfáticamente que los jueces y autoridades administrativas se abstendrán de oficio o a petición de parte, de conocer las controversias derivadas de la validez, invalidez, rescisión, resolución, nulidad, ejecución o interpretación de los contratos y, en general, cualquier controversia que surja desde la celebración de los mismos, sometidos al arbitraje, debiendo declarar nulo todo lo actuado y el archivamiento definitivo del proceso judicial o administrativo que se hubiere generado, en el estado en que éste se encuentre.
Es importante destacar que el laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación.
Hoy en día, ni el Estado Peruano ni los proveedores cuestionan la competencia de los tribunales arbitrales, y la práctica arbitral demuestra que en menos de un año las partes resuelven sus controversias; conflictos que en otros tiempos hubiesen tardado 4 o 5 años, aproximadamente, en resolverse ante los tribunales judiciales.
*Carlos A. Soto es Presidente del Instituto Peruano de Arbitraje y Socio fundador del Estudio Carlos Soto & Abogados
NOVEDADES ARBITRALES | 1 de Junio de 2015
Se estima la demanda de designación de árbitro con base en un convenio arbitral que establecía la posibilidad de que se resolviera la controversia por un tribunal arbitral compuestos por dos árbitros y se designaba como entidad nominadora a la CCI. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid entiende que, pese a la nulidad radical de parte del convenio, existe una clara voluntad de someterse a arbitraje, por lo que esa nulidad no invalida todo el convenio.
El TSJ resuelve que, pese a que la designación de un número de par de árbitros resulta radicalmente nula en sí misma, ésta no vicia la voluntad de las partes de someterse a arbitraje.
Por tanto, salvando esa voluntad de someterse a arbitraje, se ha de actuar como si la parte de la cláusula relativa al número de árbitros no existiese y al no haberse dispuesto el número de árbitros, en aplicación del artículo 12 de la Ley de Arbitraje, debe nombrarse un árbitro único, tal y como pedía la demandante.
A juicio del TSJ, a lo anterior no cabe objetar la aplicación del principio de kompetenz kompetenz dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley de Arbitraje puesto que “existe una regla de aplicación supletoria que justifica la formalización judicial [que ratifica la exposición de motivos de la Ley de Arbitraje que aclara] que las facultades que se atribuyen a los árbitros para decidir sobre su propia competencia o sobre cuestiones que puedan obstar a un pronunciamiento de fondo (no comprenden) las relativas a las personas de los árbitros, que tienen su tratamiento propio”.
Por tanto, el TSJ pide al Secretario General de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) –designado como autoridad nominadora en el convenio arbitral- que, previa audiencia a las partes, remita al Alto Tribunal una terna de árbitros para su posterior nombramiento entre ellos por sorteo en presencia de las partes, de conformidad con el artículo 15.5 de la Ley de Arbitraje.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7286975&links=arbitraje&optimize=20150212&publicinterface=true
Tribuna abierta | 1 de Junio de 2015
Hoy nos parece imposible, pero la realidad es que hace 25 años no existía arbitraje en España. Los prejuicios históricos habían sido virulentos. Nada menos que D. Federico de Castro había encabezado una cruzada anti-arbitraje, con la advertencia de que generaría una “fuga de derecho” en beneficio de las multinacionales y en perjuicio de los más débiles. Quizá fuera por ese lastre histórico, pero lo cierto es que cuando en diciembre de 1988 por fin se promulgó una nueva Ley de Arbitraje, la norma aun rezumaba prejuicios y arcaísmos y sólo abrió un pequeño portillo. Pero sí permitió – y eso fue un significativo paso adelante – que se crearan las primeras instituciones encargadas de administrar arbitrajes.
La lenta aceptación del arbitraje no ocurrió sin sobresaltos: hace 20 años el TS aun dictó varias sentencias extravagantes, poniendo en duda el valor de las cláusulas de sumisión, o anulando laudos CCI por no haber sido protocolizados notarialmente.
Tuvieron que pasar otros 10 años hasta que España finalmente se dotó de una ley de arbitraje moderna – la de 2003 – ajustada a la Ley Modelo de UNCITRAL, que creó un régimen monista para arbitraje interno e internacional (de facto, internacionalizó el arbitraje interno). Y no hace más que 10 años que los “arbitrajistas” nos organizamos en una gran asociación – el Club Español del Arbitraje – que actúa como órgano que representa y vertebra toda la comunidad.
A medida que España se democratizaba y se incrementaba el respeto a las libertades individuales (¡arbitraje es libertad!), y a medida que la economía española se abría al comercio internacional y pasaba de ser una economía receptora de inversión a una exportadora de capitales, la actitud frente al arbitraje, sobre todo el internacional, comenzó a cambiar: de la legislación restrictiva se pasó a una legislación moderna y ajustada a las prácticas internacionales, y el histórico rechazo, la tradicional desconfianza de los tribunales de justicia, se transformó en apoyo y comprensión. Se cerró así el círculo virtuoso: el legislador promulgaba la normativa apropiada, y los tribunales la aplicaban siguiendo las prácticas internacionales.
Parecería pues que el camino para el desarrollo del arbitraje en España estaba abonado, y que el siglo XXI debería haber sido el del despegue definitivo de la institución. ¿Ha ocurrido así? En términos generales, creo que la contestación debe ser un “sí”. Pero hay claroscuros.
El desarrollo más armónico y sostenido ha sido el del arbitraje internacional. La clave del éxito está en que los empresarios españoles lo han asumido con convicción – hoy la cláusula de sumisión es de rigor en los contratos internacionales. Además España ha tejido una tupida red de APRI’s con diferentes países, que los empresarios españoles utilizan con asiduidad cuando creen que sus inversiones han sido maltratadas (y los extranjeros están a la recíproca, cuando entienden que el trato recibido en España tampoco es el adecuado). Los despachos jurídicos asentados en España han percibido esta realidad, y son muchos los grandes, medianos e inclusos pequeños bufetes que han adquirido experiencia arbitral internacional. Y las instituciones administradoras españolas gestionan un número creciente de procesos internacionales – algunos en los que ninguna de las partes es española. En paralelo, los árbitros españoles también han ido ganando aceptación. Y hoy es común localizar la sede de arbitrajes internacionales en España – lo que hace 15 años aún era impensable.
El arbitraje interno, entre partes españolas, también está consolidado. Pero no parece que la aceptación sea tan generalizada. En un cálculo de buen cubero, entre todas las instituciones españolas, cada año no se administrarán más de 300/400 arbitrajes. El número a todas luces es bajo. Y en amplias capas del empresariado español aún parecen persistir desconocimiento en unos casos, y desconfianza en otros. A pesar de sus deficiencias y retrasos, muchos usuarios siguen decantándose por la jurisdicción para resolver sus disputas.
¿Qué hacer para generalizar aún más el arbitraje? Una primera propuesta sería la de redoblar los esfuerzos didácticos. Es indudable que una mayoría de pequeñas y medianas empresas, y me atrevería a añadir que una mayoría de abogados, aun lo desconoce. Y todo lo desconocido genera temor y rechazo.
Pero también tenemos que mirar con espíritu crítico y de enmienda a nuestras propias prácticas.
Existen demasiadas instituciones arbitrales, poco institucionalizadas y con limitada experiencia y que por lo tanto generan poca confianza. Además cada una tiene su propio reglamento, que presentan significativas diferencias entre sí y dificulta la labor de los abogados. En su día el Club Español del Arbitraje redactó un reglamento unificado, para que fuera adoptado por todas las instituciones españolas. Solo una institución (¡la CAM!) ha seguido el llamado del Club.
Y me niego a dejar de soñar: el arbitraje en España tendría otra dimensión, si existiera una gran institución arbitral de ámbito nacional – como LCIA en Inglaterra, DIS en Alemania o la Cámara de Estocolmo en Suecia. Suiza, un país tan federal o más que España, ha logrado unificar todas sus instituciones. No pierdo la esperanza de que España sea capaz de seguir el mismo camino (aunque en este país tan desgarrado soy consciente de las dificultades políticas).
También existen – no podemos negarlo – algunos usuarios que han probado el arbitraje interno, y no han quedado satisfechos. Arbitraje es servicio – y el objetivo último tiene que ser que el cliente que paga (¡y en especial la parte que pierde!) quede satisfecho. Si así no ocurre, habrá que analizar causas y adoptar remedios.
Yo veo tres áreas de posibles mejoras.
En primer lugar, creo que hay que reforzar la independencia e imparcialidad de los árbitros. En esta materia se ha avanzado mucho. Pero aún persisten dudas sobre su deber de revelación. Las prácticas varían enormemente. Un formulario estándar, preparado por las instituciones administradoras, con una serie de preguntas pre-establecidas, que los árbitros debieran contestar, ayudaría a clarificar el alcance del deber. Existe otra área de preocupación: el rol de los co-árbitros designados por las partes. Algunos aún perciben su función más como la de un supra-abogado, y menos como la de un decisor imparcial. La solución a este mal es fácil (y las partes la pueden adoptar al redactar su cláusula arbitral): que sea la institución quien designe a los tres miembros del tribunal, usando una lista a la que ambas partes puedan aportar nombres y sobre los que ejerzan derechos de veto y de preferencia.
En segundo lugar, las instituciones tienen un claro déficit de transparencia. Y donde hay oscuridad, surgen los recelos. En realidad, no hay nada que ocultar, así que la mejor política es la de abrir las ventanas de par en par, para que todos los usuarios puedan comprobar con qué limpieza se hacen las cosas. Empecemos con un listado público en cada institución, en el que consten los arbitrajes iniciados, quizá sin el nombre de las partes, pero al menos con el nombre de los árbitros y de los abogados, y terminemos con un régimen en el que los laudos, por regla general y salvo casos justificados, sean públicos, suprimiendo los nombres de las partes, pero manteniendo siempre el de los árbitros.
En tercer lugar, también hay margen para mejorar la formación de los árbitros. Nadie nace sabiendo cómo se dirige un proceso arbitral y cómo se redacta un laudo. Las instituciones están empezando a dedicar esfuerzos a esta tarea. Y en paralelo la función de árbitro se está profesionalizando. Hace 10 años no existían árbitros profesionales en España. Poco a poco ha ido surgiendo la especialización. Creo que redunda en un incremento de la calidad.
Más imparcialidad, más transparencia y más profesionalidad parecen una trilogía imbatible para dar ese empuje adicional al arbitraje en España.
El nuevo Reglamento de la Corte | 1 de Junio de 2015
Transcurridos 6 años desde la aprobación de la antigua normativa, la Corte de Arbitraje de Madrid ha considerado adecuado modificar su Reglamento con el fin, por un lado, de adaptarlo a las reformas introducidas por la Ley 11/2011 en la Ley Española de Arbitraje, y, por otro, con el propósito de introducir pequeñas mejoras o precisiones técnicas derivadas de la experiencia y práctica de la Corte, para ajustarlo a las necesidades de las partes y dotarlo de mayor agilidad y dinamismo.
No se propone, pues, una reforma sustancial del Reglamento, pero si su actualización.
El cambio más novedoso es, sin lugar a dudas, la previsión de un régimen de Árbitro de Emergencia (artículo 37 y Anexo II), en línea con la tendencia internacional más generalizada en la actualidad.
La función principal del Árbitro de Emergencia es la de adoptar medidas cautelares o de anticipación o aseguramiento de prueba urgentes con anterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral. En línea con los principios de celeridad que gobiernan los arbitrajes administrados por la Corte, se prevé el nombramiento del Árbitro de Emergencia en el plazo de 48 horas desde que se recibe la Solicitud de Medidas Urgentes, y que el Árbitro de Emergencia resuelva la medida en un plazo de 7 días desde la fecha de remisión del expediente al Árbitro de Emergencia. Esto convierte al sistema de Árbitro de Emergencia de la Corte de Arbitraje de Madrid en uno de los más rápidos del mundo. Con el fin de agilizar aún más el procedimiento, contamos con un correo electrónico específico (arbitrodeemergencia@camaramadrid.es) al que puede dirigirse tanto la solicitud de Árbitro de Emergencia como cualquier duda relacionada con éste.
En segundo lugar cabe destacar la introducción de una regulación específica en relación con el arbitraje estatutario (artículo 52), previendo ciertas especialidades respecto del procedimiento ordinario, que afectan particularmente a la designación de árbitros (a designar directamente por la Corte a salvo previsión de las partes en contrario); la intervención de terceros interesados en el arbitraje; y la acumulación de procedimientos arbitrales.
El resto de las modificaciones son primordialmente matizaciones al régimen existente, mejorando o clarificando su redacción, destacándose la modificación de la regulación de prueba adicional después de los escritos de alegaciones principales (artículo 29), que ha sido redactada con carácter más restrictivo.
También se flexibiliza en la elección de idioma y lugar del arbitraje, que en defecto de acuerdo de las partes será decidido por la Corte (artículos 17 y 18).
A propósito del nombramiento de árbitros ser clarifica que la recusación no suspenderá el curso de las actuaciones, a no ser que los árbitros o la Corte lo consideren oportuno (artículo 15). Asimismo ypara el caso de pluralidad de partes (artículo 14) se introduce el nombramiento directo por la Corte de todos los árbitros no solo ante la falta propuesta conjunta de cualquiera de las partes, sino también cuando se aprecie conflicto de interés entre los miembros de una parte o no sea posible identificar a demandantes y demandados.
En lo que atañe al laudo, se prevé además de la prórroga de oficio del plazo para dictar laudo de los árbitros, una prórroga extraordinaria a adoptar por la Corte en caso de que concurran circunstancias excepcionales (artículo 39).
Finalmente se regula expresamente, en cuanto a la imposición de costas, que los árbitros pueden tener en cuenta el comportamiento de las partes durante el procedimiento conforme al artículo 20.5, esto es, la buena fe, la eficiencia y las dilaciones en las que se ha incurrido (artículo 40).
La Corte de Arbitraje de Madrid quiere agradecer a todos los árbitros y abogados que han participado activamente en el proceso de consulta pública que se llevó a cabo previa a la aprobación del nuevo Reglamento sus valiosas aportaciones, que han sido cuidadosamente consideradas.
Confiamos en que la nueva versión del Reglamento sea del agrado de todos y ayude a prestar un servicio arbitral más eficaz.
¡Bienvenidos! | 1 de Junio de 2015
· En primer lugar informar a los usuarios de las novedades que afecten a la Corte. En este número reflejamos la aprobación y contenido de las reglas para designar al árbitro de emergencia por el comité de designación.
· En segundo lugar, ofrecer una plataforma para plantear ideas nuevas que puedan contribuir al desarrollo de la práctica arbitral. En este número, en nuestra sección Tribuna abierta, uno de nuestros árbitros más prestigiosos analiza la situación del arbitraje en España 25 años después de la Ley de 1988, con planteamientos que sin lugar a duda pueden suscitar un debate de interés, no se lo pierdan.
· En tercer lugar, destacar novedades en la práctica arbitral tanto nacional como internacional que puedan ser de interés para nuestros usuarios.
Esperamos con este newsletter contribuir al intercambio de información y conocimiento en el mundo de la práctica arbitral y facilitar de esta manera su conocimiento y utilización.
Firma de Convenio de Colaboración entre las Cortes de Arbitraje de Madrid y Toledo | 28 de Mayo de 2015
Hoy ha tenido lugar en el Vivero de Empresas de Toledo la firma del primer Convenio de Colaboración institucional entre dos Cortes de Arbitraje, de Madrid y Toledo, con el objetivo de intercambiar experiencias, contribuir a la capacitación y formación de los árbitros, promover el desarrollo de métodos eficientes de resolución de disputas comerciales y asistir a las partes interesadas en la solución de conflictos comerciales.
Con posterioridad a la firma, se ha celebrado un Seminario sobre lo que el empresario debe conocer del arbitraje en torno a seis preguntas clave: porqué el arbitraje (ventajas y desventajas); cuánto cuesta un arbitraje (en comparación con un procedimiento judicial); qué tipo de arbitraje me conviene; cómo me aseguro la imparcialidad de los árbitros; ¿hay recurso contra las decisiones de los árbitros?; ¿vale esto para mis operaciones con el extranjero?
La finalidad del Convenio que hoy se ha firmado es homogeneizar el procedimiento arbitral y, en definitiva, incrementar las garantías procesales de las empresas en el procedimiento arbitral.
Firma convenio Perú | 26 de Mayo de 2015
La Corte de Arbitraje de Madrid se consolida a nivel internacional con la firma de un Convenio de Colaboración con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima
Sentencia 25/2015, de 25 de marzo de 2015, de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid | 2 de Mayo de 2015

References: artículo 63
 artículo 216
 artículo 12
 artículo 22
 artículo 15
 artículo 20
 resolución