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Timestamp: 2019-07-21 21:25:47+00:00

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Periódico Contexto de Durango | Versión estenográfica del Panel 5: “La consolidación de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, avances y retos”, dentro del marco de la Semana Nacional de Transparencia 2018, efectuado en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI.
Versión estenográfica del Panel 5: “La consolidación de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, avances y retos”, dentro del marco de la Semana Nacional de Transparencia 2018, efectuado en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI.
Presentadora: Les damos la más cordial bienvenida en las actividades de la Semana Nacional de Transparencia al Panel 5, denominado: “La consolidación de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, avances y retos.”
Tenemos esta tarde el agrado de presentarles a la Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Marieclaire Acosta.
Está con nosotros el Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, el maestro Dante Preisser Rentería.
Damos la bienvenida también a la Asesora de la Oficina del Auditor Superior de la Federación, la maestra Areli Cano Guadiana.
Está con nosotros el Fiscal Anticorrupción del estado de Coahuila, Jesús Homero Flores Mier.
También nos acompaña el Director General de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, Héctor del Castillo Chagoya Moreno.
También nos acompaña el Comisionado Presidente del INAI, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas.
Saludamos también con gusto en este auditorio al Comisionado Presidente del Órgano Garante del estado de Oaxaca, el licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa.
Cedemos ahora el uso de la voz al maestro Jesús Homero Flores Mier, Moderador de este panel.
Jesús Homero Flores Mier: Muchas gracias, con su permiso.
Primero que nada, quiero agradecer la invitación que tuvieron a bien hacerme Paco Acuña, Pati, los comisionados. Gracias por esta oportunidad en este flamante panel.
Bien, el objetivo de este panel será abordar la marcha de la consolidación de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción. Entre los retos que se están marcando ahorita en nuestro país, cómo articularlos para combatir la opacidad y la corrupción, así como la integración y concatenación de sus respectivas normatividades considerando que la corrupción es un fenómeno de dimensión estructural.
Quiero destacar que, y lo hemos comentado, que, a nivel nacional, bueno, faltan algunos nombramientos por hacer.
Decirles que, por nuestra parte, los Fiscales Anticorrupción, al mes pasado ya somos ahorita 26 Fiscales Anticorrupción en el país designados, ya integramos una Conferencia Mexicana de Fiscales Anticorrupción y bueno, pues tenemos varias comisiones donde ya estamos trabajando para ver temas que competen.
Hay temas de ver, el contenido de los tipos penales, que se homologuen en los Códigos Penales, el tema de autonomía, el tema presupuestal, etcétera, sin embargo, bueno, estamos trabajando.
Sin más preámbulos, cuentan con 15 minutos cada uno de los panelistas y me voy a permitir presentar a la Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Marieclaire Acosta Urquidi, que es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y maestra en Política y Gobierno en América Latina por la Universidad Essex. Ha sido profesora de Sociología y de Derechos Humanos en American University Washington D.C., en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; en la Universidad de Berkeley, California y en la UNAM, entre otras instituciones.
Asimismo, ocupó la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Universidad de Utrecht, en 2010; y actualmente es la Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Bienvenida.
Marieclaire Acosta Urquidi: Muchas gracias, doctor Acuña. Distinguidos miembros del panel, colegas y miembros del público.
Quiero comenzar por agradecer esta invitación. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes en esta Semana de la Transparencia. Y pues voy a abordar el tema de la Consolidación de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, sus avances y retos.
Antes de abordar de forma específica el tema de esta mesa, que trata de la consolidación de dos muy importantes sistemas del país, transparencia y anticorrupción, quiero referirme brevemente a lo que muchos de ustedes ya han escuchado en diversas ocasiones: la consolidación de la democracia en México.
Esto puede ser útil como guía para tratar de delimitar a qué nos referimos cuando hablamos de la consolidación de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción para identificar avances y retos, y agregaría también, para ubicar los efectos esperados de dicha consolidación.
En las dos últimas décadas, México ha experimentado importantes cambios al transitar a la democracia y dar inicio a su consolidación.
Como bien sabemos, este proceso no se reduce meramente a un plano electoral. Entre otras condiciones, para alcanzar la consolidación de la democracia en México, quiero destacar el respeto a los derechos humanos y la importancia del Estado democrático de derecho.
Por qué menciono esta condición. Porque el Sistema Nacional Anticorrupción nació, precisamente como un mecanismo para enfrentar un problema que mucho tiene que ver con estos temas.
La corrupción en México expone un grave problema en el cumplimiento del estado democrático de derecho, y como consecuencia en el respeto a los derechos humanos, de modo que al hablar de la consolidación el Sistema Nacional Anticorrupción, sus avances y retos no podemos perder de vista su estrecha relación con la consolidación de la democracia misma.
Dicho esto, si bien es cierto no debemos restar valor al hecho de que la reforma en materia anticorrupción del año 2015 ya ha comenzado a implementarse, pero en mi opinión aun no podemos hablar del inicio de un proceso de consolidación, porque el sistema continúa incompleto.
Recordemos que, aunque representa un gran avance contar el día de hoy con 17 sistemas locales anticorrupción completamente integrados, 27 comités de participación ciudadana conformados y un sistema nacional con la mayoría de sus miembros, seguimos estando incompletos.
A nivel nacional, por mencionar un ejemplo, al Sistema le faltan elementos encargados de la parte punitiva del mismo, aun carecemos de un fiscal anticorrupción que conocerá de los hechos de corrupción en la vía penal, y magistrados en esta materia que serán los encargados de calificar las faltas graves en la vía administrativa.
La ausencia del Fiscal Anticorrupción incluso ha sido la causa de que el capítulo del código penal federal que tipifica los hechos de corrupción, siga sin entrar en vigor.
También debemos reconocer que estamos frente a un proceso de largo plazo, en el que participan diversos actores y que cada uno asumió nuevas responsabilidades, que se deberán adaptar procesos, incluso estructuras, crear normas desarrollar tecnologías, establecer vínculos con la sociedad, revisar diseños institucionales, es decir la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción es un proceso muy complejo.
Frente a este escenario me parece que antes de empezar a hablar de un proceso de consolidación es fundamental completar primero a los componentes del Sistema, tanto los operativos como normativos, organizarlos y articularlos.
Es decir, aunque, repito, el Sistema ya está operando, pero es preciso cubrir todos los requisitos mínimos indispensables para pasar a una etapa de consolidación.
¿Qué condiciones pueden abonar el camino para acercarnos a este proceso de consolidación? En mi opinión, es importante identificar a
todos los responsables de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Qué institución debe aportar desde el ámbito de su competencia, pero también cómo puede establecer un diálogo o un trabajo coordinado con el resto de los responsables del Sistema para llevar a cabo acciones conjuntas.
Otra condición que pondría sobre la mesa, es poner a disposición de todos los ciudadanos la información que les permite evaluar la gestión pública de los miembros de este mecanismo, es decir, rendir cuentas.
También es necesario construir y fortalecer a una sociedad civil activa, que participe en el funcionamiento del mecanismo anticorrupción, difundir los nuevos procesos responsables y acciones; trabajar en procesos de prevención y disuasión.
Todas estas condiciones pueden favorecer, a su vez, la legitimación del sistema, requisito indispensable para empezar a hablar de su consolidación.
Cuando entremos en una etapa de consolidación, qué debemos esperar de eso.
Aquí es donde quiero retomar lo que apunté al inicio de mi exposición.
El Sistema Nacional Anticorrupción, deberá estar instaurado, es decir, completo, tanto en su aspecto normativo, como operativo.
Las instancias que lo componen, deben tener un funcionamiento efectivo, la legitimidad del sistema tendría que ser muy amplia, de modo que todos los actores se involucren en él.
Pero, sobre todo, yo pensaría que dicho sistema, debe comenzar a dar muestras de resultados concretos, en la prevención de actos de corrupción, y por supuesto en su sanción.
En la observancia del Estado de derecho, y, por ende, en el respeto de los derechos humanos.
¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta primero la instauración del sistema, y luego el inicio de su consolidación? Enumeraré unos cuantos.
La baja legitimidad de las instituciones por la que atraviesa nuestro país.
Es importante trabajar en muchos frentes para lograr su fortalecimiento.
Otro problema es la voluntad política, que como hemos podido observar, ha implicado la parálisis del elemento punitivo del sistema, cuya operación, en mucho abonaría a enfrentar el problema de impunidad, que causa hartazgo y reduce la legitimidad del Estado.
Y además tenemos un Sistema Nacional incompleto, y la ausencia de muchos actores fundamentales, en algunas entidades federativas.
¿Cuáles son los retos del Sistema Nacional Anticorrupción? Ya esbocé algunos, pero en primer lugar es completar el sistema, modificar procesos, identificar los puntos de conexión y, por lo tanto, de colaboración entre los miembros del mismo, abrir más espacios a la sociedad para que participe de forma activa en la creación de políticas públicas, en la denuncia de hechos de corrupción, en la vigilancia y evaluación de la gestión pública, de los responsables de su implementación.
Sin embargo, sin legitimidad ante la población el sistema no podrá cumplir plenamente sus funciones.
¿Y qué pueden hacer los simples ciudadanos para combatir a esa corrupción que corroe nuestras instituciones, los actos de gobierno y las acciones cotidianas de la sociedad en su conjunto?
Aquí me gustaría detenerme en dos temas fundamentales: uno de ellos se refiere al derecho a la información que se plasmó en la Constitución de 1977 y en la Ley Federal de Transparencia que se publicó en el año 2002.
Desde aquellos años, pero particularmente durante el último lustro, la difusión de la información pública ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la corrupción, ya que permite tener frente
a nosotros de manera documentada los abusos del poder, las componendas entre amigos y familiares, los conflictos de interés, la asignación directa para el reparto de fondos públicos, el enriquecimiento de funcionarios de una ambición ilimitada, las empresas fantasma, las estafas maestras y demás violaciones a la ley.
Y el otro tema igualmente relevante es el de la creación de una cultura de la transparencia, donde el ciudadano sepa que puede contar con la información pública que se refiere a su gobierno, a sus recursos y a la forma como se utilizan estos.
En este tema deben jugar un papel fundamental, además de las instituciones del Estado, las escuelas, las universidades, los organismos culturales, tanto públicos como privados.
Se ha hablado de una nueva fase de transparencia, de la llamada transparencia proactiva, donde los ciudadanos tendrán acceso a la información pública de las comisiones nacionales e internacionales de trabajo, a los gastos de publicidad oficial de las instituciones, a los acontecimientos donde se han encontrado violaciones graves a los derechos humanos y a las contrataciones abiertas, donde los ciudadanos puedan encontrar información sobre la planeación, licitación, adjudicación, contratación e implementación de las contrataciones de gobierno.
Por eso tienen una importancia capital las coincidencias que se encuentran en la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción y la plataforma nacional de transparencia, que son dos herramientas fundamentales para que los funcionarios involucrados y la ciudadanía en general puedan tener en sus manos mapas para encontrar las declaraciones patrimoniales, las contrataciones públicas, los funcionarios que participan en ella, las licitaciones, las auditorías de los tres órdenes de gobierno y las obligaciones de transparencia, entre varios asuntos.
Todo esto puede parecer muy farragoso o complicado y muchas veces parece que solo repetimos nuestros deseos de cambiar. Cualquiera que lea nuestras declaraciones puede señalar que, en México, después de tantos intentos por tener una Nación más transparente y menos corrupta, no hemos avanzado gran cosa.
En el fondo, consolidar los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción apunta a resolver uno de los grandes problemas de nuestro país, el problema de la falta de confianza.
México necesita dejar de ser la Nación de la desconfianza.
Somos un país que no cree en sus autoridades ni en las empresas, ni en los partidos políticos, ni en los medios de comunicación, o las organizaciones sociales, ni mucho menos en las Fuerzas de seguridad.
Este proceso de erosión se inició hace muchísimo tiempo, pero tuvo un momento crucial hace 50 años en ese 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y desde entonces, la impunidad es la constante de nuestro país.
Sin embargo, en estos 50 años, México ha cambiado mucho. En algunos campos somos mucho mejores, somos un país que ha desterrado la violencia política como medio para cambiar el Gobierno. Los cambios de Gobierno se procesan en las urnas, no con las armas. Y esto es un gran logro.
Sin embargo, no hemos podido superar el problema de la falta de confianza.
Por eso, necesitamos fortalecer y amplificar a los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción.
La confianza no se construye de la noche a la mañana, no es un acto de magia, es una tarea ardua que requiere de la participación ciudadana y del Gobierno.
Tenemos que levantar el edificio de la confianza con limpieza y transparencia, con acciones a la vista de todos acabando con la corrupción y con las simulaciones.
Hace unos años, el Instituto Nacional Electoral publicó un estudio llamado “Estado actual de la ciudadanía”. Ahí se dice que la corrupción y la impunidad son las dos variables que más influyen en la falta de confianza de los mexicanos y mexicanas en las instituciones.
En consecuencia, si se mantienen los elevados niveles de impunidad que padecemos esta desconfianza seguirá imperando.
Es urgente para que la transparencia y la lucha contra la corrupción rinda cuentas claras a la población, que llevemos a cabo una verdadera lucha contra la impunidad.
Tenemos que enfilar nuestras baterías en esa dirección. Sólo así recuperamos la confianza en las instituciones, en el Gobierno, en las autoridades, en los demás y en nosotros mismos. Muchas gracias.
Jesús Homero Flores Mier: Muchas gracias, por su exposición.
A continuación, vamos a cederle el uso de la voz al Comisionado Presidente del INAI, Francisco Acuña Llamas.
Cuenta con diplomado en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid.
Se ha desempeñado como Coordinador de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como Director General de Enlace y Transparencia; como Secretario de la Comisión de Supervisión y Resolución en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Actualmente es Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias. Cada vez que le presentan a uno se siente uno con el bochorno de ser de casa y anfitrión, lo único importante en mi biografía es, desde luego, la perseverancia con la que he podido llegar a estar en esta
circunstancia de compañía colegiada,, haber tenido que surcar mares y ríos con Mariclaire hace 20 años, cuando andábamos reclamándole al gobierno intervenciones en Acteal, ecos de aguas blancas y otras tantas que hacían de esa época con activistas, que es una hermosa memoria que debería estar mejor ahí en la currícula, no que parezca que es la carta mí buscando empleo.
Espero no sea esa una cuestión.
Quiero decir que voy a dedicar tres palabras para reconocer que es muy hermoso, muy grato, sentimentalmente aquí estamos los Comisionados Patricia Kurczyn, Óscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey, y tenemos el privilegio de reencontrarnos con nuestra queridísima ex compañera Areli Cano Guadiana.
Areli, sabes muy bien todo lo que caminamos, convivimos y compartimos juntos. Te tocaron cuatro semanas de esta naturaleza, fuiste la primera que organizó… No, la primera fue de Óscar, la segunda que organizó la Semana.
En realidad qué te podemos decir y qué hermoso que vengas ahora en la representación de la institución de la Auditoría Superior de la Federación, que forma parte de este Sistema Nacional de Anticorrupción con una muy importante fuente de aportaciones-
Así es que perdónenme ustedes que el sentimentalismo a veces no se puede evitar, pero me alegra muchísimo tener yo el gusto de, una vez más, contemporizar contigo en una mesa como ésta, y de recibir desde luego, como ya se ha dicho, y Jesús Flores, el Fiscal de Anticorrupción de Coahuila, lo ha dicho avante con quien tanto hemos trabajado, con el equipo de Arely Gómez en la Secretaría de la Función Pública y desde antes, y desde luego a Héctor Castillo, que representa al Consejo de la Judicatura Federal, especialmente a Alfonso Pérez Daza.
Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción está de pie, ya ha dicho el mensaje sustantivo desde luego Mariclaire, yo solamente quiero agregar que con mis compañeros y su licencia el INAI ha sido referencial en momentos clave en las que hemos en el Sistema Nacional de Anticorrupción votado decisiones que son históricas, que son parte de la nueva manera del nuevo esquema de escrutinio del funcionariado
público que tan malas, como decías tú, credenciales por desgracia tiene en el mundo, pero especialmente ahora en México de un tiempo para acá, especialmente, ya lo decía Mariclaire como frase de esta mesa quizá o lema de esta mesa, por desgracia la Nación es confianza.
Saludo, desde luego, también con mucho cariño a todos los comisionados de los estados, que vienen de Durango, de Sonora, Baja California, de Sur, desde luego de Chihuahua, de Oaxaca ya se había mencionado, y de algún otro que ahorita no vislumbro, perdónenme que no los cite, pero quiero decir que el INAI ha estado desde el primer momento unido con quienes hemos formado este Sistema Nacional Anticorrupción, no podemos dejar que se diga, como con esa ligereza ocurre, porque también por desgracia a veces, con poco fundamento, se descalifican las acciones o las cuestiones que tanto trabajo han costado.
Este esquema del Sistema Nacional Anticorrupción, ha costado muchísima energía cívica, ciudadana de grandes organismos de la sociedad, organizada de un Senado que fue particularmente la integración anterior, bueno, la Legislatura anterior, que fue particularmente sensitivo y sensible en bueno parte de sus esquemas para prohijar estas instituciones, luego nos quedó a deber el fiscal anticorrupción, que tanta falta ha hecho y que no se debe dejar de mencionar, porque pareciera para muchos todavía que el SNA, como se le conoce al Sistema Nacional Anticorrupción, no ha funcionado o no ha operado.
Ya se ha dicho y lo ha mencionado muy bien Mariclare y todos los demás lo harán en sus particulares énfasis o ángulos, que lejos de que haya sido así, no ha habido pasividad, ha habido más bien creatividad, para avanzar en lo posible sin dejar de estar reclamando lo necesario para que la idea completa de este Sistema Nacional de Anticorrupción no le parezca a nadie un fiasco o una farsa, sino muy lejos de eso, un esquema, un ensayo experimental.
Yo tuve la oportunidad de ir invitado hace una semana a España a un Encuentro sobre Transparencia Continental Europea y una de las más insistentes preguntas era qué está pasando con su Sistema Nacional de Anticorrupción, está llamando poderosamente la atención, incluso en el viejo continente, donde fue la cuna de la democracia.
Le interesa ver cómo es este acoplamiento de instituciones, que no creó una burocracia necesariamente adicional, sino especialmente este acomplamiento para unir capacidades, se ha propuesto por las representaciones de quienes serán el nuevo gobierno, que podrían añadirse otras instituciones, lo cual será, seguramente muy conveniente, y qué bueno que así sea.
Pero lo importante es decir, a voz de mis compañeros que aquí están y que me legitiman para hacerlo, que he llevado cada vez que se ha dado la necesidad, un voto, un voto bien razonado, un voto bien calibrado adentro del INAI con mis compañeros, y yo he sido fiel a lo que ellos me han encomendado llevar en representación.
Así es que yo con esto dejo la palabra, porque además yo esperaba hablar casi al final, para que no pareciera un abuso, que siendo de casa, hablara antes de los compañeros, pero bueno, ya que se dio, quise aprovechar para hacer el segmento sentimental por Areli Cano aquí, y la parte de referir a mis compañeros aquí en presencia, porque la Semana Nacional nos tiene a todos presentes en las mesas, en los paneles este formidable programa que coordinó Patricia Kurczyn, está coordinando, pues estamos en tránsito.
Gracias, de verdad, seguimos con la participación.
Jesús Homero Flores Mier: Muchas gracias.
Bien, a continuación, voy a presentar a Dante Preisser Rentería, titular de la Unidad de Vinculación, con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Es abogado por la Escuela Libre de Derecho; se desempeñó como Asesor Parlamentario, fue responsable del Comité de Garantía de Acceso y de Transparencia de la Información y enlace en la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana.
Se desempeñó como colaborador de la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizando labores de investigación, capacitación y análisis en materia de derechos humanos. Además, ha participado en concursos relacionados con transparencia y rendición de cuentas.
Desde el año 2017 funge como Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Dante Preisser Rentería: Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
La verdad es que para mí es un privilegio estar el día de hoy con ustedes en esta Semana Nacional de Transparencia, en la presentación de la maestra Arely Gómez, que ha tenido la oportunidad ya de estar en dos eventos en esta Semana Nacional de Transparencia, pero que por cuestiones de agenda no pudo acudir a esta mesa que habla específicamente respecto de dos sistemas que son muy cercanos a la Secretaría de la Función Pública; uno en el que participamos activamente como representación del Ejecutivo Federal, que es el Sistema Nacional Anticorrupción y otro en que somos el enlace con el INAI respecto de las decisiones que toma el Sistema Nacional de Transparencia.
Me da mucho gusto estar aquí con grandes amigos, compañeros. Saludar también al Comisionado Acuña, a la Comisionada Cano, muy alegre que ya esté de nuevo en estas batallas, en una trinchera diferente del más alto nivel y por supuesto a los demás compañeros de la mesa y a los comisionados, en especial a la Comisionada, a la doctora Kurczyn, que tuvo la atención de invitarme a esta mesa.
Muy rápidamente me gustaría hacer, respecto de los avances y atendiendo al título de esta mesa, tres reflexiones respecto de los avances de estos sistemas, en específico del Sistema Nacional Anticorrupción y empezar con una retrospectiva de la implementación del sistema, un poco adicionando a lo que ya comentaron tanto la doctora Marieclaire Acosta como el doctor Acuña.
También hablar un poco sobre las implicaciones de las reformas en materia de corrupción, que creo que es muy importante que tengamos presente, para entender la complejidad de la construcción del sistema, una breve relatoría de lo que sí se ha hecho en el Sistema Nacional Anticorrupción y que es importante señalar para que no se mantenga
esta idea que no ha pasado nada dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y respecto de los retos, me gustaría únicamente poner en la mesa tres ideas muy sencillas: la política nacional anticorrupción, la plataforma digital nacional, que es uno de los grandes retos que tiene el sistema y por último hablar del papel del Sistema Nacional Anticorrupción en el proceso de transición que en este momento está sucediendo en el Ejecutivo Federal, obviamente desde una visión muy respetuosa desde la Secretaría de la Función Pública.
Entonces, iniciando con la retrospectiva de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción creo que es importante recordar un poco la historia de cómo ha sido no solamente la Reforma Constitucional de 2015, sino qué ha sucedido posteriormente a esta reforma.
La reforma constitucional se dio el 27 de mayo de 2015, pero es importante recordar que se dio después de tres años de un debate muy intenso al interior del Congreso de la Unión, en especial en el Senado de la República, en el que se realizaron diversos modelos se propusieron diversos modelos que, como ustedes recordarán, había dos ideas básicamente: la idea de una Comisión Nacional Anticorrupción, que tendría autonomía constitucional y la idea impulsada por las organizaciones de la sociedad civil, que implicaba tener un sistema que conjuntara las instituciones que ya contaban con competencias en el combate a la corrupción.
Esta reforma del 27 de mayo de 2015 reformó bastantes artículos constitucionales y en realidad podemos decir que transforma completamente el entramado constitucional, no solamente en materia de combate a la corrupción, sino incluso respecto en materia de derecho administrativo, que eso constituyó toda una reforma respecto de lo que implicaba el Derecho Administrativo en nuestro país, por lo cual se dio en esa reforma constitucional un año para que el Congreso de la Unión, incluso los Congresos locales iniciaran sus reformas legales que atendieran a esta reforma constitucional.
Fue un año después, hasta el 18 de julio de 2016 que se aprobaron y se reformaron varias leyes, entre ellas, obviamente, la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, la de Responsabilidades Administrativas, leyes orgánicas tanto del Poder Ejecutivo como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la propia Procuraduría General de la República, así como el Código Penal Federal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para adecuar el marco normativo general a la reforma constitucional. Eso sucedió hasta el 18 de julio de 2016.
En esas leyes, por ejemplo, en la del Sistema Nacional Anticorrupción fue donde se dio un año para que las entidades federativas expidieran todas las leyes que iban a ser necesarias para adecuar el marco normativo local a la reforma constitucional a las leyes generales.
También se establecieron 90 días para que se creara la Comisión de Selección del CPC; se estableció que después de que se integrara la Comisión de Selección, 60 días para instalar el Comité de Participación Ciudadana y una vez instalado el Comité de Participación Ciudadana se establecían 60 días para que iniciara funciones el Comité Coordinador y 90 días para que iniciara funciones la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Hago todos estos señalamientos que pudieran parecer un poco innecesarios respecto de la temporalidad, porque esto nos permitir identificar que para consolidar un sistema de la naturaleza y la robustez que requiere un Sistema Anticorrupción en un país como el nuestro era necesario tener cimientos sólidos, institucionales y legales que permitieran no solamente la implementación, sino como lo dice adecuadamente la doctora Mariclaire Acosta, la adecuada consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Qué implicaciones tuvo toda esta reforma legal? Pues en principio la transformación completa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la creación de un organismo descentralizado que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que para quienes no lo sepan, la creación de un órgano de esta naturaleza es muy complejo desde el punto de vista administrativo.
Se instaló y entró en operación el Sistema Nacional de Fiscalización, que hay que recordar que es un subsistema del Sistema Nacional Anticorrupción; la implementación de los 32 Sistemas Locales
Anticorrupción, que me quiero detener en este tema porque parecía algo sencillo, pero en realidad cuando uno identifica lo que implica instalar 32 sistemas locales anticorrupción con todas las complejidades a nivel estatal que existen en nuestro país, en realidad consideramos y debemos también hacer el señalamiento que, probablemente el legislador pudo haber sido demasiado optimista respecto de señalar un año para la implementación de los Sistemas locales.
Estamos hablando de al menos 258 instituciones que tuvieron que reformarse a nivel nacional y local para generar lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, 258 instituciones que participan en un sistema con un entramado legal bastante complejo.
También dentro de las implicaciones tenemos, por supuesto, la creación de las áreas de investigación de la Auditoría Superior de la Federación que seguramente hablará la excomisionada Areli Cano, y no solamente a nivel de la Auditoría Superior sino también en cada una de las entidades de fiscalización superior local; la creación de las Fiscalías Anticorrupción en los 32 estados, y aun cuando todavía no está designado el Fiscal Anticorrupción a nivel federal, pues sí la transformación dentro de la Procuraduría General de la República y la contemplación de áreas específicas que pudieran fungir como Fiscalía Anticorrupción.
También, por supuesto, la transformación del Poder Judicial de la Federación que tuvo y está en un proceso de transformación interna, de procedimientos, de lineamientos, de reglas para adecuarse a estas reformas legales, la creación de los 32 Comités de Participación Locales y por supuesto también un intenso programa de capacitación a los operadores encargados de realizar no solamente los cambios, sino ya de implementar y de aplicar las leyes que fueron reformadas, además las adecuaciones normativas internas, que a lo mejor a veces no se ven, pero sí son muchas y son súper necesarias para efectos del trabajo del día a día de los servidores públicos, que se representan en reglamentos, lineamientos, normas, procesos internos, etcétera.
Hago toda esta relatoría de la implementación porque justamente cuando decimos qué ha hecho el Sistema Nacional Anticorrupción únicamente nos fijamos respecto a las decisiones que pudiera haber llegado a tomar el Comité Coordinador, que es la cara más visible del
Sistema, pero detrás de este esfuerzo del Comité Coordinador en cada una de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, y me refiero no solamente a las federales, sino a las de cada entidad federativa, hay un esfuerzo sin precedentes para transformar institucionalmente sus mecanismos internos para adecuarse a una reforma tan ambiciosa como lo es la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.
Ahora, respecto de lo que sí ha pasado en el Sistema Nacional Anticorrupción, digo aquí tengo una lista de cada sesión del Comité, qué fue lo que se fue generando, obviamente no los voy a aburrir con la relatoría de cada cosa, pero sí apuntar los temas más importantes que han sucedido.
Y en un afán de rendir cuentas respecto de lo que sí ha pasado en el Sistema Nacional Anticorrupción, señalar los puntos que se aprobaron como inicio de un trabajo durante la primera Sesión ya sustantiva, que fue el 3 de julio del año 2017, y que podemos decir que, a la conclusión de este año, durante las Presidencias de la doctora Jacqueline Peschard y de la doctora Mariclaire Acosta, se puede decir que todos los objetivos planteados en este corto plazo fueron cumplidos.
Creo que es importante decirlo, porque a partir del próximo año iniciará una nueva fase que eventualmente requerirá de nuevos impulsos, pero que en esta primera fase de implementación se lograron cosas.
Durante esa primera reunión se acordó la creación de mecanismos para seleccionar casos de corrupción de atención del Sistema, se aprobó un acuerdo para elaborar la Política Nacional Anticorrupción, un acuerdo para diseñar mecanismos de seguimiento a los procesos de designación de integrantes, un acuerdo para el fortalecimiento de procedimientos de designación de jueces, un acuerdo para la elaboración de procedimientos para atender casos relevantes dentro del sistema, un acuerdo para hacer un análisis respecto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y así durante cada sesión, por ejemplo la Primera Extraordinaria, donde se habló de temas del caso de Cuernavaca, que aunque pareciera que hay señalamientos de que no hay resultados, lo cierto es que las instituciones que participan en el Comité Coordinador puntualmente dieron cuenta de todas las acciones que llevaron a cabo dentro de sus competencias respecto a este caso
en particular, que ha sido el único caso sustantivo que ha subido al Sistema Nacional Anticorrupción.
También se aprobaron lineamientos que regulan las Sesiones del Comité Coordinador. Ya se generó el análisis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y uno de los temas más importantes que se trabajaron durante más de un año fue la generación y aprobación de los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses, lo cual parecería que es algo sencillo, pero en realidad una vez que se publiquen en el DOF y la sociedad en su conjunto, y principalmente los servidores públicos identifiquen lo que implica en estos formatos respeto de lo que tenemos hoy en día, creo que será muy evidente el por qué la tardanza a lo mejor de la generación de estos formatos y por qué la necesidad de que el trabajo fuera un trabajo no solamente serio, sino con una capacidad técnica que implicara que fueran viables y operables en el corto plazo.
Por parte de la Secretaría de la Función Pública, hemos generado bastantes insumos que forman parte de la política nacional anticorrupción, pero que también hablan de la participación de cada una de las sillas del Comité Coordinador, respecto de sus competencias.
Y me gustaría hacer referencia a tres documentos que se entregaron en la última sesión. Por un lado, al protocolo para prevenir, detectar, investigar, perseguir el cohecho internacional, que es un documento con el cual el Estado mexicano cumple con una de las recomendaciones de la OCDE, para generar casos mucho más solventables a nivel Ejecutivo Federal, respecto del combate al cohecho internacional.
También se publicaron las bases para el funcionamiento de la plataforma digital nacional, que más adelante hablaré más a detalle sobre eso y también un análisis y principios para identificación del beneficiario final.
También se presentaron los lineamientos para la emisión de Códigos de ética, que una vez que sean publicados en el DOF, durante los siguientes 90 días, tendrán que ser aplicados en todas las entidades de gobierno del país.
Con esta pequeña relatoría, lo que quiero decir es que sí hay trabajo, sí hay trabajo que reportar en el Sistema Nacional Anticorrupción y a pesar de lo que se ha señalado respecto de algún intento de boicot o bloqueo respecto de lo que se hace al interior del sistema, las instituciones que participamos del sistema, lo hacemos conscientes de la relevancia del tema.
Ahora, respecto a los retos que tienen de frente el Sistema Nacional Anticorrupción, me gustaría tocar los tres temas que mencioné. En principio, la política nacional anticorrupción, que como ustedes saben es la ruta y la guía que va a tener el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto para tener una política integral a nivel Estado mexicano para el combate a la corrupción, es decir, básicamente una receta muy puntual, con líneas estratégicas, con líneas transversales, con principios que permitan que todas las entidades del Estado mexicano vayan en el mismo camino; es decir, que los esfuerzos no sean aislados y lo que se haga en un estado a nivel federal, pueda ser compartido en dos líneas entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.
La política nacional anticorrupción, hoy se encuentra en una consulta pública, que fue abierta por la Secretaría Ejecutiva y por el Comité de Participación Ciudadana, y adicionalmente se están revisando los documentos que se generaron, tanto en la Red por la Rendición de Cuentas, como en la Secretaría de la Función Pública, y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Consideramos desde la Secretaría de la Función Pública, que la política nacional anticorrupción, en el proceso que se encuentra hoy, está lista para ser aprobado en cuanto el Comité de Participación Ciudadana decida subirla al Comité Coordinador, y celebramos que se haya abierto esta consulta ciudadana y creemos que será un insumo indispensable para concluir este proceso que ha sido bastante largo, pero que eventualmente estamos seguros que generará un documento muy sólido para iniciar la próxima Administración.
El segundo tema que me gustaría tocar, respecto de los retos, es la Plataforma Digital Nacional.
La Plataforma Digital Nacional es la herramienta más ambiciosa que tiene, no solamente el Sistema Nacional Anticorrupción, sino el Estado mexicano de frente.
Para efectos prácticos, es como una representación o un espejo de las instituciones del sistema, pero desde el punto de vista tecnológico.
Como todos ustedes saben, la plataforma nacional de transparencia ha sido también uno de los retos más grandes que ha tenido el Sistema Nacional de Transparencia, pero la plataforma digital nacional no solamente está compuesta por un sistema o por una funcionalidad, por así decirlo, que es la de obligaciones y solicitudes de transparencia, y los recursos, sino que implica la consolidación de seis grandes sistemas y no solamente para efectos de información al público, sino principalmente para conformarse en una herramienta de inteligencia institucional cuyos principales usuarios sean las propias instituciones; las instituciones que van a hacer las evoluciones patrimoniales, las instituciones que van a identificar conflictos de intereses, que van a identificar y revisar a los servidores públicos sancionados, que van a hacer una ampliación del universo fiscalizable a través del Sistema de Vinculación, entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.
En general cada uno de estos seis sistemas tiene una complejidad bastante detallada, que fue aprobada en las bases de implementación de la plataforma en la última sesión del Sistema Nacional Anticorrupción.
Desde nuestro punto de vista, creemos que la Secretaría de la Función Pública y el INAI, por su experiencia en la construcción de una plataforma a nivel nacional, serán muy relevantes en la construcción, junto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción de esta plataforma digital nacional, que está llamada a ser el centro de inteligencia institucional de combate a la corrupción de nuestro país y que de cuyo éxito depende que todos los procesos que se reformaron en las leyes sean adecuadamente llevados a cabo por las instituciones que participan en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Y por último, respecto del papel del Sistema Nacional Anticorrupción y del proceso de transición, me gustaría señalar que para nosotros el
modelo constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción tiene una lógica, una lógica en la que hay una representación de cada uno de los poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo a través de la Secretaría de la Función Pública, del Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Judicial a través del Consejo de la Judicatura Federal, y de tres órganos con autonomía constitucional relevantes para el combate a la corrupción, como son: la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto Nacional de Transparencia y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ante los señalamientos que este sistema debe replantearse, relanzarse con otras instituciones, como la Unidad de Inteligencia Financiera, como el SAT, como la Secretaría de Hacienda e incluso con el INE o la FEPADE, consideramos que esto podría genera una disociación de los pesos y contrapesos que hay al interior del Sistema Nacional Anticorrupción.
Obviamente es viable y deseable que se haga un análisis respecto del modelo, pero siempre insistiendo en que el Ejecutivo Federal está representado por la Secretaría de la Función Pública, que es la única institución del Estado mexicano que tiene una transversalidad en el Ejecutivo Federal, así como sus homólogos en las 32 entidades federativas.
Adicionalmente respecto del Sistema Nacional Anticorrupción, consideramos que debe ser un ente que por su conformación no esté sujeto a los cambios de gobierno, es decir, que sus decisiones y sus consideraciones no se tomen respecto de un calendario sexenal o de un calendario político-electoral.
Es por eso que es importante que el Sistema Nacional Anticorrupción en este proceso de transición se identifique y se ponga de lado de la ciudadanía como un contrapeso real de todos los poderes, a pesar de estar integrado por representantes de los tres poderes de la Unión.
Y por último, para concluir, señalar en adición a lo que ya señalaba el Comisionado Acuña, que tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como el Sistema Nacional de Transparencia, con los sistemas nacionales de archivo y el Sistema Nacional de Fiscalización, son una apuesta del Estado Mexicano y por Estado nos referimos no solamente
al Gobierno sino a la sociedad en su conjunto, en especial a la sociedad civil organizada y, que conseguir tener ese entramado institucional y legal fue el resultado de muchas batallas.
Creemos, asimismo, que hay muchas áreas de oportunidad en los cuatro Sistemas que acabo de mencionar, sin embargo, en los momentos de definiciones en los que nos encontramos es necesario que desde la trinchera que nos corresponda, defendamos y exijamos que lo que se ha avanzado, no retrocedamos.
Jesús Homero Flores Mier: Muchas gracias, Dante.
A continuación, presento a Areli Cano Guadiana, asesora en la Oficina del Auditor Superior de la Federación. Es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de México, tiene estudios de Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública; ha sido coordinadora de asesores de la Presidencia del Instituto Electoral del Distrito Federal; Comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; Directora de Transparencia, Servicios y Trámites en la Delegación Miguel Hidalgo, y Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI.
Actualmente, como dijimos, es asesora de la oficina del Auditor Superior.
Muchas gracias, Areli.
Areli Cano Guadiana: Gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos.
Me da mucho estar aquí en el INAI, y en principio, bueno, reciban un saludo muy afectuoso del señor Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, quien bueno, por cuestiones de agenda no pudo asistir, pero bueno, esperamos que contribuyamos a la reflexión y debate de estos dos temas.
Personalmente, pues agradecer, y es un gusto volver a casa, particularmente agradezco la generosidad de las palabras del Comisionado Presidente, de Paco y de mis compañeros, que todavía son mis compañeros muy afectuosos, Eugenio, Óscar y Paty Kurczyn.
De manera particular también a Paty agradecer la batalla que implica la organización de estas semanas de Transparencia, porque es toda una logística ardua que se requiere, la coordinación del Colegio para llevarla a cabo con buen éxito.
Y también, saludar a quienes nos acompañan en el panel, es un honor e igual Jesús, también a mis compañeros y amigos de los órganos garantes que igual nos acompañan.
Empezaría comentando que la labor del Estado Mexicano es de suma complejidad por dos aspectos fundamentales que es la satisfacción de la garantía de los derechos y por la otra, cubrir todas las necesidades de la sociedad.
En este sentido, en los últimos años se han implementado a través de un enfoque sistémico la actividad de la acción gubernamental, tanto en los tres niveles de gobierno como en los poderes públicos ya sea horizontal y transversal.
La Auditoría Superior de la Federación forma parte de estos conglomerados institucionales o de estos Sistemas que últimamente se han creado.
Lidera el Sistema Nacional de Fiscalización y se suma con los esfuerzos al Sistema Nacional de Transparencia, al Sistema Nacional Anticorrupción y recientemente, por la publicación de la Ley General de Archivos, pues también va a integrar este Sistema.
Esto lleva implícito el reconocimiento que tiene la Auditoría Superior de la Federación como órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados para contribuir a la realización del control, prevención, e inclusive investigación de posibles hechos desviados tanto de la Administración Pública, desde el punto de vista administrativo, y cuando haya presunción de actos ilícitos de carácter penal se hará del conocimiento a las instancias competentes.
En esta oportunidad nos referimos, dado el enfoque de esta mesa, a los Sistemas Anticorrupción y de Transparencia, a los cuales se les debe concebir como respuesta a la exigencia de cerrar la brecha existente entre los mandatos normativos y la realidad, pues aún es posible encontrar escenarios donde la corrupción se expresa por una insana relación entre lo político, los intereses de facciones, el clientelismo, el abuso de poder, en un marco de opacidad que se resiste todavía en muchas instituciones al escrutinio público.
Sobre el Sistema Nacional de Trasparencia quiero resaltar, porque se ha enfocado en esta mesa un poco al Sistema Anticorrupción, pero el Sistema Nacional de Transparencia desde su propia creación en 2015 la verdad es que ha trabajado arduamente en un trabajo de consenso, de voluntades, de integrantes, de quienes conforman este Sistema, y dada la reglamentación que se dio a partir de la Reforma al artículo 6º Constitucional, la Ley General y la Ley Federal han establecido una serie de criterios y normas que obligan al Sistema Nacional de Transparencia a tener en forma detallada varios criterios y normas de carácter que contribuyen a la ejecución de la Ley General de Transparencia.
Y se advierte en esos avances que se creó el órgano máximo de dirección de este Sistema, que es el Consejo del propio Sistema, se instaló adecuadamente, ahorita funciona totalmente a través de sesiones en Pleno, pero también está conformado por Comisiones. Estas Comisiones están atendiendo obviamente a su propia denominación, y el propio Sistema Nacional de Transparencia se ocupó en atender y cubrir varios aspectos que garantizan el derecho de acceso a la información, tiene lineamientos en materia de clasificación de información, en publicidad, en portales, en el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, en clasificación de la información, en archivos, en acervos documentales, etcétera.
Entonces desde el punto de vista normativo creo que el balance es sumamente positivo, porque creó y reglamentó todo lo que establecía la Ley General y la Ley Federal.
También un reconocimiento a las entidades federativas porque a través de sus Congresos Locales llevaron a cabo en tiempo toda la
reglamentación de las leyes locales, los ajustes correspondientes, y cuando hubo posibles retrocesos de interpretación el INAI acudió a la vía jurisdiccional para presentar a la Corte las acciones de inconstitucionalidad que en su momento consideró.
En este sentido el trabajo del Sistema, desde el punto de vista normativo, ha logrado sus objetivos, y ahorita yo creo que estamos en la parte de implementación, y unos aspectos importantes de la implementación son los programas que ya se emitieron, tanto en materia de transparencia como en materia de protección de datos.
Ahora, como parte de la Auditoría Superior de la Federación somos sujetos obligados y la Auditoría, como todos los sujetos que tienen bajo la coordinación y control en este aspecto el INAI, estamos trabajando en la ejecución de estos programas.
El reto en estos programas es que se realicen con eficacia las actividades, que sean medibles, que haya indicadores para su evaluación, que nos evalúen, tanto la propia autoridad federal o local en las entidades federativas, y también por supuesto la sociedad.
En materia de datos personales, también se ha hecho lo propio, porque se reglamentó a través de los lineamientos, todo lo que establecía la Ley General de Datos Personales, y de igual forma, el reto en esa Ley que ahí sí creo que es más complicado, porque todas las instituciones tenemos que avanzar de manera similar, en la homologación de estos criterios que establecieron los lineamientos.
En lo que toca al Sistema Nacional de Anticorrupción, creo que ya la doctora Marieclaire y Dante dieron un muy puntual detalle sobre la normatividad que ha emitido sobre el trabajo y las sesiones que han llevado a cabo este sistema a través de su Órgano Superior de Dirección.
Quiero enfocar a dos temas que son de reciente aprobación, que son los formatos de declaración patrimonial y la política del Sistema Anticorrupción, que está en curso y que se aplaude de igual forma que se abra a la sociedad esta propuesta de consulta y de retroalimentación que creo que va a ayudar a los tomadores de decisiones, a tener un buen documento de política pública.
En cuanto a las declaraciones patrimoniales, creo que tampoco hay que tener una expectativa mayor sobre estos formatos.
Estos formatos solamente es un insumo de cómo de manera voluntaria los servidores públicos vamos a manifestar bajo protesta de decir verdad, nuestros bienes, pero para que efectivamente sea una evolución del patrimonio del servidor público y se detecten verdaderas anomalías, pues se requiere de otras instancias del Estado mexicano, y no necesariamente y coincido con Dante, no necesariamente tienen que estar sentadas.
Si todos estamos dentro de un sistema donde nos preocupe y nos ocupe que existe una eticidad dentro del servicio público, pues bastaría que se acuda a esta unidad de inteligencia financiera, para que a través de los cruces de información que estén en lo que voluntariamente uno manifestó como servidor público, en lo que genere esta unidad, en lo que se genere también con la atención a denuncias de actos de corrupción, ello vinculado con todo el régimen de responsabilidades que tenemos en la Ley General de la Materia, creo que se podrá avanzar en lo que tanto está demandando la sociedad y las propias autoridades.
En este sentido creo que este enfoque de sistematicidad y que la Auditoría Superior de la Federación ha asumido, que el robustecimiento de capacidades institucionales, incide en el caso particular de manera importante, si tenemos creo que en orden la casa interna, tanto la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura, quienes integran esas instancias colegiadas, igual que en materia de transparencia, el Archivo General, el INEGI, la Auditoría, los órganos garantes, creo que vamos a lograr entramados sistémico-eficaz.
Por lo que hace a la Auditoría y en esta línea, se han ocupado particularmente y el auditor ha hecho mucho énfasis en cinco acciones relevantes que quisiera compartir con ustedes.
El establecimiento de una auditoría especial de seguimiento, informes e investigación, que tiene por objetivo aumentar el control y la efectividad de las observaciones y acciones que emite la Auditoría Superior de la Federación.
¿Qué implica este establecimiento de auditoría? Que se separe la parte técnica de ejecución de la auditoría con otra instancia que le va a dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones derivadas de esa auditoría.
Creo que va a tener un mayor control y efectividad para evitar que sea juez y parte quien está auditando y quien está dando seguimiento a esas recomendaciones.
Está como segundo punto el rediseño del servicio fiscalizador de carrera. Estamos convencidos en la auditoría que se tienen que mejorar los mecanismos de reclutamiento, de ingreso, de capacitación, de permanencia, en el Servicio Fiscalizador de Carrera y sobre todo, como es un órgano técnicamente especializado, lograr promociones de manera transparente y eficaz.
El tercer punto tiene que ver con crear grupos de auditores multidisciplinarios para la revisión de temas específicos, con el objeto en última instancia de integrar informes temáticos que se incorporen a los informes de cada una de las auditorías, y creo que esto va a ayudar a focalizar por temas los diversos aspectos de prevención a la corrupción.
El cuarto punto tiene que ver con el establecimiento de un centro de estudios de la propia auditoría, con miras a elaborar análisis e investigaciones que puedan ser enviadas al Congreso, con temas relevantes de coyuntura, que no necesariamente tienen que cubrir la formalidad de una auditoría, pero que sí ayuden a los legisladores a la toma de decisiones.
Y finalmente se está conformando la Auditoría Especial de Obra Pública, infraestructura y adquisiciones, con el propósito principal de generar inteligencia institucional a través del análisis de datos en materia de obra pública, infraestructura de adquisiciones, así como lograr las prácticas de auditoría donde participe el órgano fiscalizador de este país.
Estas medidas reseñadas dotarán de una mayor eficacia en el desempeño interinstitucional, lo que sin duda redundará en este impacto
que la auditoría tiene dentro de los propios sistemas a que ya hice referencia con antelación.
También coincido en que la implementación formal del Sistema Nacional y el Sistema de Transparencia constituyen un gran avance, sin embargo, las condiciones estructurales para la efectividad de sus labores aun tienen aspectos pendientes que deben atenderse y me sumo al llamado, cada vez que haya este tipo de espacios al ahorita todavía Senado de la República, para la designación de las piezas faltantes en el propio sistema.
Lo único que creo que está pidiendo la sociedad es que estas designaciones estén investidas de la legitimación política, de los consensos políticos necesarios y de la confianza que la población debe tener en las personas que con el perfil idóneo y legal cubran estos espacios de gran relevancia.
Por otra parte, nos parece importante realizar, y voy a trazar aquí, retos comunes para los dos sistemas que son motivo de esta mesa. Desde la perspectiva de la auditoría citaré cuatro.
La atención a las disparidades institucionales. En cuanto a este aspecto, se debe considerar que existen profundas diferencias entre los distintos actores de los sistemas, según el nivel de gobierno y la entidad federativa.
Los recursos humanos, tecnológicos y materiales en algunos casos pueden ser limitados y a veces insuficientes para atender las responsabilidades derivadas del nuevo contexto normativo.
Por ello, es importante crear las condiciones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos trazados para cada instancia, mediante la planificación adecuada de sus estructuras, así como la clara designación de metas y acciones.
Y evidentemente, estamos en tiempo de presupuesto, se debería de dotar de recursos suficientes para la operación en todos los niveles de Gobierno.
El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad de capacitación homogénea. Es imperioso que quienes colaboran en los distintos actores de los Sistemas cuenten con perfiles similares en todas las entidades federativas y en los tres niveles de Gobierno y que operen bajo protocolos y enfoques estandarizados en sus tareas, con la intención de concretar en la práctica cotidiana el objetivo de eliminar la fragmentación en el combate a la corrupción y en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información.
Se trata de tener auditores, contralores, jueces, investigadores y cualquier otra figura clave del sistema con formación, capacitación y enfoques comunes para el ejercicio de las funciones que requiere nuestro país.
Por lo que el tercer aspecto tiene que ver con el intercambio de información que ya el licenciado, el maestro Dante aludió respecto a las Plataformas, y bueno, este aspecto será de mayor importancia cuando estos cuatro Sistemas, y de manera particular los dos que son motivo de estudio en esta mesa, se creen esquemas de inteligencia basados en un flujo de información estratégica entre los Sistemas que permita el modelaje de acciones efectivas para prevenir y detectar conductas ilícitas en el sector público.
En este sentido, una tarea en lo inmediato es lograr la vinculación entre la Plataforma Nacional de Transparencia y la Plataforma Digital Nacional. Si ustedes revisan los módulos que tiene cada Sistema, realmente es de gran utilidad para los sujetos obligados, para las entidades que conforman este Sistema, pero también para la ciudadanía. Tengo entendido que, en cuanto a la Plataforma Nacional de Transparencia se ha sumado o tiene nueve mil sujetos obligados y más de 60 mil unidades administrativas, y de manera permanente se está subiendo información y de manera permanente el INAI está haciendo la adecuación importante para hacer mejoras respecto de esta plataforma.
Coincido que ahora que están en el diseño de la Plataforma Digital en el Sistema Anticorrupción, deben recoger la experiencia de esta Plataforma, tanto lo positivo como las áreas de oportunidad que se logró construir y que nos tiene ahorita ya en una plataforma más fluida de información de datos.
Creo que es importante sistematizar y procesar la información para que sea consultada y aprovechada por todos los integrantes del Sistema.
En este sentido es importante pensar en un esquema que sume también la información y los medios tecnológicos usados en el Sistema Nacional de Fiscalización, y aquellos que operen su momento el Sistema Nacional de Archivos.
También en sus artículos transitorios esta Ley General de Archivos habla de un Sistema de Registro Electrónico, y creo que vamos a aprovechar un cúmulo de información para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.
El análisis de los datos de las distintas instancias hará posible determinar tendencias, formas de operar y patrones de conducta ilícita, así como sectores o procesos problemáticos.
Los resultados del procesamiento de la información contribuirán a la eficacia en el combate a la corrupción, en el entendido que son la base para establecer orientaciones y directrices estratégicas en todos los niveles de gobierno.
Aspecto importante es construir un escenario en que considerando temas en común los sistemas puedan interrelacionarse entre sí con la articulación de los aspectos más relevantes de la administración pública, que se consolide una cultura de adecuada gestión documental desde las directrices del Sistema Nacional de Archivos como insumo para el aseguramiento de la buena marcha de la Administración Pública, que esto se concatene con las labores del Sistema Nacional de Trasparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Finalmente quiero tocar el último reto, que tiene que ver con la participación de la sociedad civil, y esta interacción constante que tiene con estos sistemas, sin dejar de reconocer que sociedad civil siempre ha estado de manera paralela acompañando los procesos de diseño normativo, de creación de estas instituciones, de integración en los órganos superiores de dirección de estos órganos autónomos, y creo que hay que potencializar esos espacios de decisión.
El hecho de que ya tenga el Comité de Participación Ciudadana un reconocimiento de la máxima jerarquía normativa, que tenga un artículo específico normado en nuestra ley fundamental, es un avance sustantivo.
Lo importante ahora es que este espacio de sociedad civil se fortalezca, contribuya, porque ya está totalmente institucionalizado, y por cierto también me voy a permitir, eso es a título personal, felicitar al Comité de Participación Ciudadana por activar la parte jurisdiccional en el caso de los nombramientos de los Magistrados.
Creo que esas son las batallas que debe de dar el Comité Ciudadano, debe de proyectar muy claramente cuáles son sus batallas para que resulten efectivas. Bueno, ahorita estamos en revisión porque el Senado impugnó la resolución, pero creo que esas batallas, todas las autoridades vamos a ser acompañantes de esta circunstancia.
En ese sentido, en la Auditoría Superior de la Federación nos reconocemos como una instancia que al participar en los sistemas interinstitucionales posee el potencial de convertirse en facilitadora de articulación de la actuación de todo el entramado de combate a la corrupción y fomento a la transparencia.
Nuestra consigna es contribuir con nuestra experiencia, portando el conocimiento en los distintos ámbitos, tanto técnicos, inclusive políticos al ser el órgano especializado en la Cámara de Diputados, pero muchas de las veces se requiere esta voluntad política que ya nos anunciaba la doctora Mariclaire Acosta.
En este sentido, toda la experiencia será aportada, el conocimiento para tener buenas prácticas de control interno, de prevención, de investigación y efectivamente de detección de conductas corruptas o que sean desviadas dentro de la Administración Pública.
La Auditoría Superior de la Federación es consciente de su papel dentro de la arquitectura institucional del estado mexicano y trabaja todos los días para consolidar un modelo de intervención que privilegia la prevención de conductas irregulares, así como la mejora en la gestión de los asuntos públicos y una efectiva rendición de cuentas en favor de México.
Y la verdad muchas gracias, Paco, Comisionados, agradezco mucho y un gusto estar en casa.
Jesús Homero Flores Mier: Muchas gracias, Areli.
Bueno, a continuación, me voy a permitir presentar a Héctor del Castillo Chagoya Moreno.
Él es Director General de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal; es licenciado en derecho por la Universidad de Champagnat, San Luis Potosí, con mención honorífica con la tesis “La inconstitucionalidad del nombramiento del interventor administrador”.
Licenciado en economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría en administración con énfasis de impuestos, en la Unidad de Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Se ha desempeñado como Secretario Técnico de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, y Director General de la Unidad de Transparencia del Consejo.
Bienvenido y tiene el uso de la voz, maestro.
Héctor del Castillo Chagoya Moreno: Muchas gracias.
Primero agradecer la invitación por parte del Presidente del Instituto, a la Comisionada Patricia Kurczyn, muchas gracias. Un honor compartir la mesa con tan destacadas personalidades.
El tema que nos ocupa, que tiene que ver con los avances y retos de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, un poco al estar analizando, encontré que hay un elemento que es coincidente y que es aplicable para ambos sistemas.
Y lo encontré coincidente porque creo que es un gran reto y que es un reto que al momento de que se vaya evolucionando, se vaya materializando, va a permitir generar avances que lleven a ser eficientes estos dos sistemas, que como lo mencionaba la Presidenta del Comité Coordinador, pues son dos sistemas que se complementan, como una herramienta, en el combate contra la corrupción.
Y me explico cuál es este elemento.
El ejercicio interpretativo de las normas, es aquel que nos va permitiendo definir ciertos criterios, bajo los cuales vamos a operar ambos sistemas.
Entonces, estos criterios, aunque pareciera que la ley en muchos supuestos ya define o establece ciertos parámetros, ciertas reglas, ciertos principios, bajo los cuales debemos operarlos, sin embargo, en el camino, derivado de los diversos sujetos o entes públicos que participamos durante todo su procedimiento, pues pueden ir generando una multiplicidad de criterios u opiniones y que por el transcurso del tiempo, pues bueno, puede ser que algunas resulten contradictorias y derivado de diversos mecanismos, se tendrá que generar alguna que prevalezca sobre la otra.
Sin embargo, al analizar este elemento, al verlo en ambos sistemas, encontré una gran diferencia, y esta diferencia la ubiqué y una un poco por razón del tiempo, pero otra creo que por razón de su estructura.
Como sabemos, pues el Sistema Nacional de Transparencia, ya tiene un camino andado, y dentro de este sistema, dentro de su operación, como ustedes saben, estamos los sujetos obligados, quienes tenemos la obligación tanto de atender las peticiones de acceso a la información, como de poner a disposición del público aquella información que la ley nos establece como dentro de las obligaciones que están previstas en el artículo 70, que son las generales, y en lo particular el 73 para el Poder Judicial.
Entonces, ¿este camino a dónde nos lleva? A que aun ante la multiplicidad de sujetos obligados, que si no mal recuerdo ronda aproximadamente 900 sujetos obligados, podemos tener multiplicidad de criterios tanto de ver la ley, los lineamientos que ha emitido el INAI y
ya dependiendo de los casos particulares que se nos van presentando, el cómo resolver una cuestión propia del trámite o cómo visualizar alguna cuestión sustantiva, ya sea por una clasificación de la información como reservado confidencial.
Sin embargo, todos vamos a un mismo camino. En caso que el ciudadano no esté conforme con nuestro actuar tiene la posibilidad de interponer un recurso de revisión ante el órgano garante, que es el INAI.
¿Y esto a qué nos lleva? A que no obstante que somos muchos sujetos obligados, tenemos un solo ente que se encarga de revisar esas determinaciones, y esto nos permite que vayamos visualizando la forma en que van resolviendo y generarnos ya ciertos criterios para determinados supuestos.
¿Esto obviamente en qué redunda? En que podamos garantizar de manera más efectiva el acceso al derecho a la información a los ciudadanos.
No obstante ello, conforme está configurado el sistema jurídico, el ciudadano todavía, en caso que no esté conforme con la determinación del INAI, tiene como herramienta el juicio de amparo y ahí ya por la magnitud del Poder Judicial Federal pueden generarse diversos criterios, pero ya bajo supuestos muy particulares, porque obviamente aquellos asuntos que llegan al órgano garante a través de un recurso de revisión, en proporción con todos los que se generan, es reducido y si a esto todavía le sumamos que el órgano garante en muchas ocasiones satisface el derecho del ciudadano, todavía se reduce aun más el número de asuntos que llegan al Poder Judicial a través de este juicio.
Sin embargo, este esquema, visto desde el otro sistema, a lo que nos lleva es a que tenemos por lo menos dos entes facultados para emitir resoluciones sancionadoras y también ahí no solo para sancionar, sino para llevar a cabo el trámite de los asuntos.
En esto la ley nos dice que para las conductas no graves lo resolverán las contralorías y para las conductas graves lo resolverá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Entonces, esto implica no solamente que son dos entes o dos instituciones públicas las que tienen a facultad tanto de investigar, tramitar y resolver estos procedimientos, sino que además, atendiendo a su propia configuración, cada una se compone de diversos órganos, órganos que gozan de autonomía e independencia.
Esto puede llevar a que en determinado supuesto se generen múltiples criterios interpretativos y que bueno, al paso del tiempo, ya de que opere a plenitud el Sistema Nacional Anticorrupción, pues pueda generar ciertas dudas de cuáles son los caminos correctos para tomar decisiones en este combate a la corrupción, ya sea por una cuestión formal del cómo integrar debidamente una investigación, quiénes son los órganos facultados para ello, cuestiones sustantivas de cómo actualizar una causa de responsabilidad.
Entonces, creo que en el Sistema Nacional de Transparencia ya tenemos un camino muy avanzado y, obviamente, el INAI nos ha permitido, pues a través de las múltiples resoluciones, conocer ciertos parámetros muy precisos para ciertos casos del cómo a la mejor interpretar o visualizar la norma o alguno de estos lineamientos. Sin embargo, el reto para el Sistema Nacional Anticorrupción de este ejercicio creo que se multiplica, derivado de esta cuestión que les comento.
Trataré de poner un pequeño ejemplo para visualizar este aspecto. La anterior Ley de Responsabilidades tenía un catálogo de conductas infractoras y pues cuando se estimaba que alguna se actualizaba pues simplemente había que analizar los elementos que la integraban y ver que la conducta se adecuara a este supuesto normativo.
Y la ley establecía un caso de excepción, exclusión como lo quieran visualizar o denominar, y este se ubicaba en el artículo 17 bis de la Ley Federal, y era un supuesto que permitía que la autoridad, y literalmente decía, dice, bueno el supuesto normativo: podrá, hay que poner mucho énfasis en el podrá, podrá abstenerse de sancionar a una persona cuando se acredite que por una sola vez, por un solo hecho durante todo un año si bien incurrió en una conducta infractora, ésta se actualizó en un supuesto en el que puede haber un criterio opinable o debatible, esto quiere decir que podían generarse varias respuestas para el caso
concreto, o cuando subsanó su error previo a que fuera iniciado el procedimiento respectivo.
Entonces, como a lo mejor algunos conocen, la alocución podrá, termina en una facultad discrecional de la autoridad. Entonces pues la autoridad podría decir, pues en este caso lo utilizo, en este caso y no había mayor cuestión porque era una facultad discrecional.
Sin embargo, en la nueva ley, aunque se retoma esta misma disposición en el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades, ahora establece como supuesto que las autoridades, las contralorías deberán, ah, no dice, se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad o de sancionar al servidor público cuando se actualicen cualquiera de estos dos supuestos que les acabo de mencionar.
Entonces, esto nos lleva a que está cuestión crea un aspecto discrecional para las autoridades, ahora se convierte en obligatorio en el estudio tanto del inicio del procedimiento como en una resolución sancionadora.
Y esto a qué nos va a llevar, a que tendremos que hacer un ejercicio interpretativo de los dos supuestos que están previstos en la propia Norma, que -como les mencionaba- uno es cuando exista un criterio debatible u opinable o cuando se haya subsanado la irregularidad por parte del servidor púbico.
Y por poner un ejemplo, en la Corte con motivo del ejercicio jurisdiccional de los diversos titulares, tanto de jueces o magistrados, tenemos una causa de responsabilidad en la Ley Orgánica, que es que se actualiza cuando hay una notoria ineptitud o un notorio descuido en el ejercicio de las funciones.
Y dentro de estos supuestos muchas veces se analizaban resoluciones, sentencias en las que se verificaba el contenido para ver si se había apegado o no a la legalidad, entonces hubo varios criterios en la propia Corte, donde primero se estableció que el criterio jurídico no era una cuestión que debía ser materia de responsabilidad administrativa, posteriormente se evolucionó y se dijo: “Bueno, no siempre, sino que hay casos tan evidentes, como cuando se emite una resolución contraria a la ley, contra jurisprudencias o contra las constancias que
contiene el propio expediente, que entonces ya no es una cuestión meramente de legalidad, sino es una cuestión notoria y que eso sí puede ser sancionable.
Entonces estos criterios que se han ido creando a la luz de esta causa de responsabilidad de la Ley Orgánica, pueden ser referente para esta nueva obligación de las contralorías para analizar en las propias resoluciones, pero claro, no podemos perder de vista que esto deriva de un esquema distinto, que podría ser similar, pero ese sería el ejercicio interpretativo que se tendrá que hacer a las contralorías, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en los propios órganos del Poder Judicial de la Federación.
Aunque ya tenemos algunos referentes, podrán darse múltiples interpretaciones.
Otro ejemplo que vi muy evidente es en la conducta relativa al soborno, que está en el artículo 66. En el artículo 66 de la Ley General dice que incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido.
Entonces visualicemos un supuesto, donde el particular es un servidor público, es el compañero de esta persona, él va y le dice: “Oye, yo te ofrezco el dinero para que actúes de determinada manera”.
Ok, a lo mejor una cuestión interpretativa muy sencilla, podría decirse: “Sí, tiene el carácter de servidor público, sin embargo, no lo está haciendo en ejercicio de sus funciones esta actuación, sino lo hace en su voluntad inherente a su persona”, escapa a su trabajo diario y entonces lo podemos ubicar en este supuesto.
¿Pero qué sucede si el servidor público que ofreció el dinero lo hace por instrucción de su jefe inmediato? Y dentro de los supuestos de las obligaciones que él tiene es atender todo aquello que le instruya su superior jerárquico.
Entonces si se dan cuenta, aunque pareciera una cuestión que no debería generar mayor tema, se pueden generar tantos supuestos que obviamente nos van a llevar a esquemas de interpretación, tanto para saber si se actualiza o no determinada conducta.
Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos del Sistema Nacional Anticorrupción, que como mencionaba, creo que en esa parte está muy avanzado ya el Sistema Nacional de Transparencia.
Ya tenemos esquemas muy definidos, aunque en ciertas cuestiones a la mejor seguimos en construcción, porque la sociedad va evolucionando, las instituciones van evolucionando y lo que nos requerían de información hace dos años, no es lo mismo que nos han solicitado durante este año, que además ha sido un año complicado por muchas, bueno, no complicado, se han incluido muchos factores que obviamente ha generado que la sociedad esté más interesada en la información de los entes públicos, lo cual obviamente sólo es en beneficio de todo el Estado mexicano, y entonces éstas son cuestiones que inclusive desde el Comité Coordinador, se pueden generar algunos esquemas para ir documentando estos criterios, tanto desde parte de las Contralorías, del Tribunal Federal, del Poder Judicial, y que esto abone a que esta brecha que se puede generar por los diversos criterios, se acote de manera tal que nos permita generar un sistema mucho más eficiente, más eficaz y que obviamente es uno de los grandes temas hoy en día en nuestro México que es el combate a la corrupción.
Y entonces eso será lo que le corresponderá a cada uno de los sujetos que participen durante estos procedimientos y ese será el reto y pues bueno, al momento en que ya se vaya implementando, pues tendremos que ir verificando o visualizando cómo se van dando estos avances.
Jesús Homero Flores Mier: Muchas gracias, Héctor.
Bien, pues con esto damos fin a este Panel. Vemos cómo ha sido para un tema complejo, como es la corrupción y la impunidad, pues una solución que no ha sido fácil de consolidad, es un sistema complejo también, ya está funcionando el Sistema Nacional de Transparencia, y lo bueno es que ya tenemos detectados los focos rojos que nos faltan en el Sistema Nacional Anticorrupción, tales como los 17 sistemas que está integrados y los que falta ver cómo podemos ayudar a que se
integren, los nombramientos pendientes, las reformas que faltan y que entren en vigor.
El flujo de información, con la plataforma digital, la voluntad política de los principales actores y la profesionalización de los servidores públicos.
Entonces, pues a todos les quiero agradecer, hay muchas preguntas que, por cuestión de agenda, voy a dejarlas al Presidente del INAI, son muchas para que le den contestación.
Algunos no dejaron correo electrónico, sin embargo, están muy interesantes; Paty Kurczyn las va a contestar.
La mayoría eran para Dante Preisser, pero ya se fue. No, me pidió Dante que lo disculparan, tuvo que irse a una reunión con la Secretaria.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: A ver, se hacen llegar a las áreas y se responden, realmente tiene que ver con una dinámica de los tiempos, todavía viene un panel enseguida y por las condiciones de la ciudad, está lloviendo, por esa razón tomamos esta medida.
Pero agradecer a todos, a todas. Déjenme entrego los reconocimientos, con mucho cariño.

References: Resolución 
 artículo 6
 artículo 70
 artículo 17
 artículo 101
 resolución 
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 artículo 66
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