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﻿ Auto AL5334-2015 de septiembre 15 de 2015
AUTO AL5334-2015 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR EN CASACIÓN. ESTÁ DETERMINADO POR EL AGRAVIO QUE SUFRE EL IMPUGNANTE CON LA SENTENCIA ACUSADA, QUE SE TRADUCE EN LA CUANTÍA DE LAS RESOLUCIONES QUE ECONÓMICAMENTE LO PERJUDIQUEN Y, RESPECTO DE LA CONTRAPARTE, EL MONTO DE LAS PRETENSIONES QUE HUBIESEN SIDO NEGADAS POR LA SENTENCIA QUE SE INTENTA IMPUGNAR, TENIENDO EN CUENTA LA CONFORMIDAD O INCONFORMIDAD DEL INTERESADO RESPECTO DEL FALLO DE PRIMER GRADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CASACIÓN, ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE CASACIÓN, APLICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, CUANTÍA DEL RECURSO DE CASACIÓN, FINALIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN
Auto AL5334-2015 de septiembre 15 de 2015
AL5334-2015
Radicación 71768
Resuelve la Corte el recurso de queja presentando por la OPERADORA MINERA SAS, contra el auto de fecha 11 de mayo de 2015, dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, mediante el cual se le negó el recurso extraordinario de casación propuesto contra la sentencia de 25 de marzo de 2015, proferida dentro del proceso ordinario que promovieron LEIDY JOHANNA CANO RAMÍREZ, CRISTINA ISABEL MOLINA, LUIS DEMETRIO SILGADO ZARZA, PABLO BERNARDO SILGADO ZARZA, SOFÍA ESPERANZA ZARZA DE SILGADO, ROQUELINA SILGADO ZARZA, EDITH SOFÍA SALGADO ZARZA, CARMEN ESTELA OREJUELA MOSQUERA, PABLO BERNANRDO SILGADO ZARZA, JOSÉ VICENTE MUÑOZ GONZÁLEZ, WHITER ALEXANDER MUÑOZ OREJUELA, LILIANA PATRICIA ACEVEDO ORTEGA en representación de sus hijos ANDRÉS FELIPE SILGADO ACEVEDO y JUAN DAVID SILGADO ACEVEDO, ABNER MUÑOZ OREJUELA y PABLO JOSÉ SILGADO SARABIA contra la recurrente y SEGUROS COLPATRIA S.A. (llamada en garantía).
Los demandantes instauraron proceso ordinario laboral contra la OPERADORA MINERA SAS, con el fin de que se declare que es responsable del pago de los perjuicios ocasionados con el fallecimiento de Nelfri José Silgado Zarza, Yefrey Muñoz Orejuela y Roberto Fernando Redondo Arias. En consecuencia, le sean cancelados “los perjuicios irrogados en las cuantías que se determinen en el proceso”.
Concluido el trámite de primera instancia, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bagre Antioquia, mediante sentencia de 10 de diciembre de 2014, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR LA NO PROSPERIDAD DE LAS EXCEPCIONES de FALTA DE LEGITIMACION (sic) EN LA CAUSA POR ACTIVA, PAGO CON SUBROGACION (sic), AUSENCIA DE LUCRO CESANTE, AUSENCIA DE CULPA DE OPERADORA MINERA SAS, CULPA COMPARTIDA, COMPENSACIÓN Y PRESCRIPCIÓN.
SEGUNDO: DECLARAR que la muerte de NELFRI JOSÉ SILGADO ZARZA, YEFREY MUÑOZ OREJUELA y ROBERTO FERNANDO REDONDO ARIAS ocurrida el 29 de julio de 2013, prestando servicios a la empresa OPERADORA MINERA SAS obedeció a CULPA PATRONAL.
TERCERO: CONDENAR a la empresa demandada OPERADORA MINERA SAS, a través de su representante legal o por quien haga sus veces, a pagar los siguientes conceptos y sumas de dinero, como indemnización de que trata el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo:
1. Perjuicios materiales y morales en relación a NELFRI JOSÉ SILGADO ZARZA:
A la viuda LILIANA PATRICIA ACEVEDO ORTEGA (…) la suma de $ 27'931.086.40 como daño patrimonial y $ 20'000.000 como perjuicios morales.
Al hijo Andrés Felipe Silgado Acevedo con Tarjeta de Identidad 98122814149 como daño patrimonial la suma de $ 13'965.543.20 y $ 20'000.000 como perjuicios morales.
Al hijo Juan David Silgado Acevedo (…) como daño patrimonial la suma de $ 13'965.543.20 y $ 20'000.000 como perjuicios morales.
A sus padres y hermanos: Sofía Esperanza Zarza de Silgado (…), Pablo José Silgado Sarabia (…), Edith Sofía Silgado Zarza (…), Roquelina Silgado Zarza (…); Eliecer de Jesús Silgado Zarza (…); Pablo Bernardo Silgado Zarza (…), Luis Demetrio Silgado Zarza (…), Never José Silgado Zarza (…) la suma de $ 20'000.000 a cada uno como perjuicios morales.
2.- Perjuicios materiales y morales en relación a YEFREY MUÑOZ OREJUELA.
A la viuda Cristina Isabel Molina (…) la suma de $ 33'659.202 como daño patrimonial y $ 20 000.000 como perjuicios morales.
A sus padres y hermanos: Carmen Estela Orjuela Mosquera (…), José Vicente Muñoz González (…), Whiter Muñoz Orjuela (…), Alexander Muñoz Orjuela (…) y Abner Muñoz Orjuela (…) la suma de $ 20'000.000 a cada uno, como perjuicios morales.
3. Perjuicios materiales y morales en relación a ROBERTO FERNANDO REDONDO ARIAS:
A la viuda LEIDY JOHANA CANO RAMÍREZ (…) la suma de $ 29'032.635.50 como daño patrimonial y $ 20 000.000 como perjuicios morales.
CUARTO: CONDENAR EN COSTAS a la parte accionada. Para que sean incluidas en la correspondiente liquidación las agencias en derecho se fijan en el equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($ 6'160.000).
Al resolver el recurso de apelación propuesto por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, mediante sentencia del 25 de marzo de 2015, adicionó la sentencia impugnada así:
1.1. SE ADICIONA la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el sentido de condenar a la llamada en garantía AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. al pago de los perjuicios materiales dejados a cargo de la Sociedad OPERADORA MINERA SAS, a favor de ésta y hasta el límite del valor asegurado.
1.2. SE ADICIONA el numeral cuarto de la parte resolutiva, en el sentido de que se impone condena en costas de primera instancia a cargo de la Aseguradora AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. y a favor de la sociedad OPERADORA MINERA SAS en virtud del llamamiento en garantía que hizo esta última, de modo que en la liquidación concentrada que de la misma se haga, se incluirá la suma de $ 8.000.000 a título de agencias en derecho.
1.3. En los demás aspectos SE CONFIRMA impugnado.
Inconforme con la sentencia que se pretende impugnar en casación, la Operadora MINERA SAS, interpuso, dentro del término de ley, el recurso extraordinario que le fue negado, mediante proveído calendado 11 de mayo de 2015 (fls. 108 a 115), por el juez de segunda instancia, al considerar que el interés económico de la pasiva, consistente en las condenas impuestas por el a quo y confirmadas y adicionadas por el Tribunal individualmente consideradas, no superan los 120 SMLV.
Contra dicha decisión, la entidad presentó recurso de reposición, que fue resuelto mediante auto del 1º de junio de 2015, a través del cual, el Tribunal en mención mantuvo la providencia atacada, al estimar que el interés jurídico para recurrir se determina por el agravio o perjuicio que le ocasiona a las partes la sentencia impugnada, que en tratándose de la parte demandada, se concreta en el monto de las condenas proferidas en su contra.
Al respecto, señaló que “En la sentencia impugnada, se adicionó la parte resolutiva en el sentido de condenar a la llamada en garantía, al pago de los perjuicios materiales dejados a cargo de la sociedad demandada; y se confirmó la condena al pago de los perjuicios morales a favor de la Operadora MINERA SAS, punto que además fue objeto de apelación por ésta sociedad.
Así, concluyó que “es dicha condena la que determina el real agravio al único recurrente, pero atendiendo que ésta se impuso a favor de cada uno de los demandantes, el monto de las condenas proferidas en su contra se analizó de manera individual en relación con cada uno de los accionantes, toda vez que se presentó un Litis consorcio facultativo y no obligatorio, monto que como se indicó en el auto recurrido, no supera el tope previsto por el legislador para que proceda el recurso extraordinario”.
En consecuencia, dispuso expedir las copias para surtir la queja.
Dentro de la oportunidad prevista por el numeral 6º del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, el apoderado de la sociedad recurrente, interpuso el recurso de queja, para lo cual, luego de hacer un recuento de lo decidido en las instancias, expuso:
El ad quem, entendió perfectamente que se había tratado de una confusión indebida y decidió condenar a Axa a reembolsarle a Operadora los perjuicios materiales y el valor de las costas judiciales; pero, tal vez porque es muy usual que en las pólizas de este tipo de seguros se excluyeran expresamente los perjuicios morales, resolvió decir en el minuto 57 de la grabación de la audiencia, muy probablemente sin leerla, que en la póliza aceptada por todos como prueba del contenido del contrato de seguros estaban expresamente exceptuados de cobertura esos perjuicios morales.
Sin importar el número de personas damnificadas, el contrato de seguros, que es una sola relación jurídica sometida a juicio, cubre la totalidad del riesgo y en este caso, la parte de él que excluyo el H. Tribunal, que es la afectación al derecho de reembolso pactado, excede en mucho el valor de 120 salarios mínimos legales mensuales.
La parte demandada funda la procedencia del recurso extraordinario, que aspira le sea concedido, en que el juzgador no tuvo en cuenta que el valor de los perjuicios morales a que fue condenada “excede en mucho el valor de 120 salarios mínimos legales mensuales”, y que tal rubro fue excluido de la cobertura del riesgo a cargo de la llamada en garantía, por lo que debe tenerse en cuenta a fin de determinar el interés jurídico para recurrir.
Pues bien, es criterio reiterado por la jurisprudencia del Trabajo, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado, como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado.
Igualmente, esta Sala ha adoctrinado, que en la hipótesis de acumulación de pretensiones de varios demandantes en una misma demanda, el interés para recurrir en casación deberá establecerse en relación con cada uno de ellos, de suerte que no procede la suma de los intereses de todos los actores, como quiera que se está en presencia de un litis consorcio facultativo, por manera que cada accionante ha de ser considerado como un litigante independiente y separado.
Sin embargo, resulta preciso señalar que este asunto difiere de la situación planteada en precedencia, en tanto la demandada fue condenada a pagar a los demandantes los perjuicios morales de que trata el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, con ocasión de la muerte de los trabajadores Nelfri José Silgado Zarza, Yefrey Muñoz Orejuela y Roberto Fernando Redondo Arias, situación que pone de presente que la causa es única e inescindible en su origen para cada grupo familiar.
Al respecto, esta Sala en sentencia CSJ SL, julio 16 de 2011, radicación 50815, sostuvo:
Por otra parte, se advierte que la figura procesal del llamamiento en garantía se encuentra regulada en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los asuntos laborales por la conocida integración normativa consagrada en el artículo 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social que reza:
Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.
Esta Sala de la Corte tiene precisado que la condena contra quien es llamado en garantía debe partir por regla general, de la condena impuesta al demandado principal. Así se ha expuesto entre otros fallos, CSJ SL, mayo 15 de 2007, radicación 28246 en el que se dijo:
La entidad llamada en garantía es parte circunstancial al proceso al que se le convoque; las relaciones jurídicas que cuentan para cuando se pretende declaración de existencia del derecho a una remuneración por un contrato de mandato, y la responsabilidad principal de su pago son las habidas entre el mandante y el mandatario.
La responsabilidad de la convocada al proceso como llamada en garantía no es autónoma frente a quien no tiene ningún vínculo contractual; es una relación derivada de la que se ha constituido por las relaciones contractuales (…), bajo el supuesto ineludible de la existencia de una obligación entre quien es la garantizada, la entidad demanda, y el actor.
Así, por tanto, la absolución de la llamante en garantía arrastra la de la llamada en garantía.
En virtud de lo explicado, se tiene que la Operadora MINERA SAS, al ser convocada a juicio por los demandantes para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización plena de perjuicios por la muerte de los trabajadores mencionados, llamó en garantía a Seguros Colpatria S.A.
Así, en la sentencia que se pretende recurrir en casación se condenó a la Minera al pago de los perjuicios morales y extendió sus efectos a la aseguradora, a quien condenó al pago de los perjuicios materiales “dejados a cargo de la empleadora, a favor de ésta y hasta el límite del valor asegurado”.
No obstante, se tiene que no es posible determinar el valor exacto que le correspondería asumir a la Minera y a la llamada en garantía para el correspondiente pago indemnizatorio del daño patrimonial, por cuanto ésta última solo tiene a su cargo el valor de dichos perjuicios “hasta el límite del valor asegurado”. En consecuencia, la condena total impuesta por el a quo y adicionada por el Tribunal deberá ser tenida en cuenta para efectos de calcular el interés de la hoy recurrente.
Por lo tanto, la summae gravaminis para la parte demandada, la constituye sin más, el valor de las condenas que fueron confirmadas y adicionadas en segunda instancia y efectuados los cálculos de rigor respecto de cada familia, se tiene:
Trabajadores fallecidos Condenas Valor Valor total del recurso
En relación con Nelfri José Silgado Zarza Daños patrimoniales $ 41.895.629.6 $ 241.895.629.6
Perjuicios morales $ 200.000.000
En relación con Yeferi Muñoz Orejuela Daño patrimonial $ 33.659.202 $ 153.659.202
perjuicios morales $ 120.000.000
En relación con Roberto Fernando Redondo Arias Daño Patrimonial $ 29.032.635 $ 49.032.635
Perjuicios Morales $ 20.000.000
Así las cosas, erró el Tribunal al denegar el recurso de casación interpuesto por la demandada respecto de los beneficiarios de los fallecidos Nelfri José Silgado Zarza y Yeferi Muñoz Orejuela, pues como se puede apreciar, el perjuicio económico causado a éste con la sentencia de segunda instancia, equivale a $ 241.895.629.6 y $ 153.659.202, respectivamente, valores que superan la cuantía exigida por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, vigente para la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia (mar. 25/2015), que dispuso que serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de 120 veces el salario mínimo legal mensual vigente, que para el presente año 2015, equivale a $ 77.322.000, toda vez que el salario mínimo para dicha anualidad asciende a la suma de $ 644.350.00.
Sin embargo, frente a los beneficiarios del causante Roberto Fernando Redondo Arias el ad quem acertó, al denegar el recurso de casación propuesto, pues teniendo en cuenta lo referido en precedencia, la accionada no tiene interés jurídico para recurrir.
En consecuencia, se considerará mal denegado el recurso de casación interpuesto por la convocada a juicio respecto de los causahabientes de Nelfri José Silgado Zarza y Yeferi Muñoz Orejuela.
1. DECLARAR mal denegado el recurso extraordinario formulado por la OPERADORA MINERA SAS, respecto de los beneficiarios de los causantes NELFRI JOSÉ SILGADO ZARZA y YEFERI MUÑOZ OREJUELA, contra la sentencia de 25 de marzo de 2015, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario que LEIDY JOHANNA CANO RAMÍREZ y otros, instauraron contra la recurrente y la ASEGURADORA COLPATRIA S.A. (llamada en garantía).
2. DECLARAR bien denegado el recurso extraordinario formulado por la convocada a juicio respecto de los causahabientes del fallecido ROBERTO FERNANDO REDONDO ARIAS.
3. ORDENAR al Tribunal de origen remitir el expediente para los fines legales consiguientes.

References: artículo 216
 artículo 378
 artículo 216
 artículo 57
 artículo 145
 artículo 43