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Timestamp: 2019-02-22 17:47:02+00:00

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Una resolución con más dudas que respuestas | MininigWorks.GT
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En junio de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), dejando en suspenso dos licencias de operación de Minera San Rafael (MSR).
En mayo del mismo año, CALAS presentó una acción de amparo argumentando que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), no realizó las consultas comunitarias previo a otorgar las licencias a Minera San Rafael (MSR).
En consecuencia, las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedaron suspendidas desde el 4 de julio del mismo, cuando la compañía tuvo que detener labores en las plantas extractoras ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa y Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
El pasado 3 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva el amparo en favor de CALAS y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar una consulta con el pueblo Xinca, según lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que MSR pueda reiniciar operaciones.
La actitud de los magistrados y la resolución como tal, han dejado más dudas que respuestas al considerar que la resolución presenta inconsistencias en la tesis presentada, pues difiere del acto reclamado que es: La falta de una consulta comunitaria previo al inicio de operaciones de la compañía.
“Recordemos que la Ley de Amparos del país le otorgaba cinco días a los magistrados para tomar una decisión y a ellos les tomó 313 días.No es justo que por las acciones de cinco magistrados que atrasaron 307 días una resolución, tengamos que pagar todos los guatemaltecos”. Aseguró Andrés Dávila, Gerente de Comunicación de Minera San Rafael.
En principio la corte ordena al MEM realizar la consulta, agregando que tiene un año de plazo. No se sabe si este plazo puede ser prorrogable como lo fue en el caso de Oxec, pues no se indica en el texto aprobado.
A diferencia del caso de MSR, a la hidroeléctrica Oxec se le permitió con el fallo de la CC que retomara sus operaciones mientras se realizaba la consulta a comunidades indígenas del lugar.
Alejandro Solares, abogado especialista en Arbitrajes locales e Internacionales, asegura que la resolución es una clara muestra de falta de certeza jurídica: “con esto no hay seguridad para las inversiones. Además, la Corte de Constitucionalidad se guarda el poder político para ella. Es un ataque frontal al derecho de propiedad”, aseguró.
Otro elemento que llama la atención es la validación de las cortes a la “representación difusa” del Centro de Acción Legal, Social y Ambiental, que sin tener un agravio personal, se constituyó como querellante y recibió el amparo en primera instancia de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente de la Corte de Constitucionalidad, ello pese a que no logró demostrar el agravio personal y directo en su contra.
Gabriela Roca, abogada y directora de Asuntos Corporativos de Minera San Rafael, indicó que la sentencia se fundamenta en un 70% sobre la violación al derecho ambiental en que supuestamente incurre la compañía, que es un tema que nunca fue objeto de la denuncia interpuesta. De esa cuenta, la resolución de la corte se aparta en su totalidad del acto reclamado inicialmente.
“Pese a que la resolución hace referencia a ello, la población de San Rafael nunca ha comprobado, ni explicado de qué forma les afecta la presencia de MSR en el área”, agregó.
Quizás lo más cuestionable de la resolución es que, a pesar de que reconoce que el resultado de la consulta no es vinculante conforme lo establecido en el convenio 169 OIT, si el resultado de la misma es negativo, deja en manos de las autoridades de gobierno determinar y justificar el proyecto y sus beneficios.
La corte tampoco define quienes deben participar en la consulta pues no reconoce la existencia de una organización comunitaria Xinca en el área de incidencia del proyecto.
“Aunque la corte en la resolución habla de una conciencia ancestral indígena en San Rafael las Flores, también deja claro que no hay una organización comunitaria como tal. El problema es que a la hora de entablar el diálogo será ‘una consulta imposible’”, afirma Carlos Cabrera, abogado experto en áreas de energía, minería e infraestructura, además de asociaciones públicas y privadas.
El jurista agregó que en caso de no haber representantes de la comunidad, la corte recomienda avocarse con el Parlamento Xinca, situación que considera en extremo peligroso pues tampoco define el “concepto de comunidades indígenas” y con ellos se corre riesgo de beneficiar a intereses particulares y no a la comunidad.
Otra de las inconsistencias es que no se dio valor probatorio a las pruebas presentadas y se solicitó informes adicionales por sus propios medios al Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad San Carlos de Guatemala y Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle de Guatemala.
Cabe mencionar que el informe sobre el cual se fundamentó la resolución emitida, no fue validado por la rectoría de la casa de estudios que lo ampara, en este caso la Universidad del Valle de Guatemala.
“Es una resolución que viene a destruir la poca certeza jurídica que la corte había dado con la resolución de Oxec. Bajo ningún punto de vista, ninguna empresa operando legalmente, tiene que ser suspendida”, Juan Carlos Tefel, Presidente de CIG.
“No existe una base para mantener suspendidas las operaciones de la mina. Si no hubo base para hacerlo en el caso Oxec, no lo hay tampoco para el caso de la mina. El resultado de una consulta no es una suspensión, entonces no hay motivo para que quede suspendida hasta que se dé la consulta”, Juan Pablo Carrasco, Presidente de AmCham.
“Es una sentencia política, la Corte de Constitucionalidad se adueñó de todas las facultades de los poderes de estado y atenta en contra de la libertad de industria”, Gabriela Roca, Gerente de Asuntos Corporativos MSR.
“Cuando los amparos no son tratados de una forma adecuada y se tardan y se tardan y se tardan, puede ser que esté surgiendo una figura que se llama retardo malicioso de la justicia y eso es ilegal. La Corte de Constitucionalidad, por esencia misma, lo que tiene que hacer es proteger la Constitución Política de la República y no proteger intereses personales ni políticos”, Jimmy Morales, Presidente de Guatemala.
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