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Timestamp: 2019-01-21 08:09:50+00:00

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﻿ EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD: ¿UN DERECHO FUNDAMENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA?
CONTENIDO:LAS GARANTÍAS Y LÍMITES PARA EL PODER PUNITIVO DEL ESTADO QUE SE HACEN DERIVAR DE LA CULPABILIDAD NO PUEDEN SER ABARCADOS MEDIANTE LA APELACIÓN EXCLUSIVA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, PUES AQUELLA ESCAPA A LA LÓGICA DE LA PONDERACIÓN SUBYACENTE A ESTE ÚLTIMO. ELLO HACE NECESARIO, EN CONSECUENCIA, LA INVESTIGACIÓN COMPARADA EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, HABIDA CUENTA DE LA COEXISTENCIA DE TRADICIONES JURÍDICAS DIVERSAS —QUE INTERPRETAN DE MODO DIFERENTE EL ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO— ASÍ COMO DE LA PROPAGACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER INOCUIZADOR QUE PULVERIZAN LOS LÍMITES ENTRE CULPABILIDAD Y PELIGROSIDAD.
TÍTULO:EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD: ¿UN DERECHO FUNDAMENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA?
TEMAS GENÉRICOS:CULPABILIDADDIGNIDAD HUMANAESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHOPRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.
REVISTA DERECHO PENAL N°:33, OCT.-DIC./2010, PÁGS. 5-32.
El principio de culpabilidad: ¿un derecho fundamental en la Unión Europea?(*)
Profesor titular de derecho penal, acreditado para el cuerpo de catedráticos
Las garantías y límites para el poder punitivo del Estado que se hacen derivar de la culpabilidad no pueden ser abarcados mediante la apelación exclusiva al principio de proporcionalidad, pues aquella escapa a la lógica de la ponderación subyacente a este último. Ello hace necesario, en consecuencia, la investigación comparada en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, habida cuenta de la coexistencia de tradiciones jurídicas diversas —que interpretan de modo diferente el alcance de este principio— así como de la propagación de medidas preventivas de carácter inocuizador que pulverizan los límites entre culpabilidad y peligrosidad.
Culpabilidad; dignidad humana; Estado democrático de derecho; principio de proporcionalidad.
I. Introducción: valores universales como valores de la Unión
Tras la Segunda Guerra Mundial se producen cambios decisivos en la sociedad internacional que marcan la transición del derecho internacional clásico al derecho internacional contemporáneo. Este último se caracteriza por la conformación de un ordenamiento jurídico de carácter internacional protector de los Derechos Humanos(1). Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, es reconocida por los países miembros del Consejo de Europa en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1959, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979. Posteriormente, el 16 de diciembre de 1966, se aprueba en Nueva York el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que forman parte asimismo muchos de los Estados miembros de la UE.
Paralelamente y desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los distintos Estados europeos van aprobando sus textos constitucionales incorporando a estos un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales. Así pues, el reconocimiento y protección de los denominados “Derechos humanos básicos” en el ámbito europeo estaba instrumentalizado a través de dos tipos de mecanismos jurídicos diferentes, internos (normas constitucionales y legislación de desarrollo) e internacionales (convenios y tratados internacionales), con la diversidad de extensión, aplicación y efectividad que ello implica.
No existía, pues, en la UE un instrumento jurídico propio en el que se estableciera un catálogo de derechos fundamentales y un sistema de garantía de estos que viniera a armonizar los distintos sistemas europeos, por lo que se erigió en objetivo a alcanzar, si bien el camino a seguir no ha estado exento de dificultades. En este contexto se elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE)(2) de diciembre de 2000(3), que como es sabido formaba parte del “fracasado” Tratado de Constitución Europea de diciembre de 2004(4), y que solo recientemente, tras la entrada en vigor el 1º de diciembre de 2009 del tratado de reforma aprobado por el Consejo Europeo celebrado en Lisboa los días 18 y 19 de octubre de 2007, pasa a tener el mismo valor jurídico que los tratados(5).
La conveniencia de incluir o no un catálogo de derechos y garantías fundamentales es una disyuntiva en la que se ha movido la UE, ya que por un lado, contribuye al reconocimiento de estos en el ámbito de la Unión, otorgando además seguridad y el mismo valor jurídico(6). Pero, por otro lado, el hecho de que estos derechos ya estuvieran incorporados a otros tratados o convenios de carácter internacional, especialmente el CEDH, lleva a preguntarse por la justificación de esta reiteración normativa, más aún si se toma en consideración la necesidad de que su sentido y alcance sean “iguales a los que se les confiere en dicho convenio” (CDFUE, art. 52.3) y la prohibición de que las disposiciones de la Carta sean interpretadas como limitativas o lesivas de los Derechos Humanos y libertades fundamentales reconocidos, en particular, en el CEDH (CDFUE, art. 53)(7). Además, hay que tomar en consideración el hecho de que la jurisprudencia del TEDH mantiene vivos y dinámicos los derechos y garantías consagrados por el CEDH, dotándoles de un carácter expansivo al extender y actualizar su contenido, fuerza y alcance(8).
En el preámbulo de la CDFUE se dice expresamente que “la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de derecho”. A partir de ahí se reconoce un catálogo de derechos —y libertades— de aplicación directa e inmediata. Aunque su ejercicio puede ser limitado por ley, esta última habrá de respetar su contenido esencial y las garantías inherentes al principio de proporcionalidad (CDFUE, art. 52.1). Su interpretación se llevará a cabo, en su caso, de acuerdo con lo preceptuado en el CEDH (CDFUE, art. 52.3), lo que no impide que el derecho de la Unión conceda una protección más extensa (CDFUE, art. 52.3), sin que en ningún caso las disposiciones de la Carta puedan interpretarse como limitativas o lesivas de los Derechos Humanos y libertades fundamentales (art. 53), ni rebasar la prohibición de abuso de derecho (art. 54).
Es destacable, dentro del listado de derechos fundamentales, la inclusión de un amplio conjunto de derechos de incidencia en el ámbito de la justicia penal, como el derecho a la vida (art. 2º) y a la integridad de la persona (art. 3º); la prohibición de la tortura y de las penas o de los tratos inhumanos o degradantes (art. 4º); el derecho a la libertad y a la seguridad (art. 6º); el respeto de la vida privada y familiar (art. 7º); el principio de igualdad y la interdicción de la discriminación (arts. 20 y ss.); el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (art. 47); la presunción de inocencia y los derechos de defensa (art. 48); los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas (art. 49), o el derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito (art. 50), por mencionar los más importantes.
En todo caso, los derechos y libertades fundamentales en el ámbito de la justicia reconocidos en la Carta deben ser consideradas como “estándares o garantías mínimas” en un doble sentido: de un lado, porque la propia CDFUE establece la posibilidad de su ampliación; de otro lado, porque ello no es óbice para que los Estados miembros mantengan o introduzcan un mayor nivel de protección en este ámbito(9).
Como se desprende de la lectura de los derechos anteriormente enumerados los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DFUE) pueden desplegar su eficacia en el derecho penal tanto en sentido vertical, actuando así como límites de la actuación penal, como en sentido horizontal, fundamentando en este caso la exigencia de articular una respuesta penal para el caso de su lesión por parte de terceros(10). Conviene asimismo recordar que la aplicación de estas disposiciones se llevará a cabo por las instituciones, organismos, agencias de la Unión, así como por los Estados miembros, “únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión” (CDFUE, art. 51.1), de modo que la Carta no amplía el ámbito de aplicación del derecho de la Unión (CDFUE, art. 51.2).
II. Europeización del derecho penal
La necesidad de “converger” en materia penal en el seno de la Unión Europea, ha sido puesta de manifiesto solo en tiempos recientes, y ha afectado sobre todo al ámbito de la cooperación judicial, y no tanto al de la armonización del derecho penal de los distintos EE. MM.(11). Esta última ha contado desde siempre con un obstáculo fundamental, cual es la consideración por los Estados de la materia penal como un ámbito privativo de la soberanía estatal(12). Sin embargo, son cada vez más quienes se muestran a favor de un derecho penal europeo, sobre la base de unas raíces y principios compartidos(13). Es importante tomar en cuenta este marco a la hora de debatir sobre derechos fundamentales en su dimensión jurídico-penal en la Unión Europea dado que buena parte de las críticas a tal derecho penal europeo han venido propiciadas por un déficit de legitimidad democrática del propio sistema institucional(14).
Aunque los sistemas jurídicos de los diferentes EE. MM. pertenecen a tradiciones jurídicas diversas, en todos se parte de un respeto común a los grandes principios democráticos(15). De hecho, en el proceso de aproximación de legislaciones juega un papel importante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950. En este sentido se advierte por la doctrina especializada que el proceso de erosión del carácter meramente estatal de los sistemas penales europeos, así como de la ciencia penal, puede hacerse coincidir con el nacimiento del Consejo de Europa, por medio del cual se buscaba reforzar los vínculos entre los países del viejo continente, con el objetivo de que no volvieran a repetirse los trágicos conflictos consecuencia de la intolerancia recíproca y la contraposición entre los Estados europeos. En particular, a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se asiste al surgimiento de un “derecho común de garantías”, al cual debe conformarse el derecho penal de los EE. MM., por lo que, si no de federalismo, sí parece posible hablar de una transnacionalización y superación de la supremacía absoluta de los parlamentos nacionales(16). Al mismo tiempo la “europeización” afecta también a la ciencia penal, y al modo en que en el futuro se abordará la respectiva superación de las tradiciones penales nacionales(17).
III. Fundamento constitucional del principio de culpabilidad
1. La dignidad humana como punto de partida
La referencia en el seno de la Unión Europea a la “dignidad humana”, como derecho fundamental clave —y presupuesto a su vez para el reconocimiento y eficacia de otros derechos fundamentales— inherente al ser humano (conformador del núcleo duro del Estado de derecho) y por otra parte, generalmente articulado en los textos constitucionales de los Estados miembros, constituye en mi opinión un buen punto de partida para el tratamiento de la cuestión que nos ha sido encomendada. Ciertamente la dignidad humana ha sido uno de los anclajes en los que se ha buscado el fundamento constitucional del principio de culpabilidad.
En este sentido el Tribunal Constitucional Español ha declarado expresamente que “la C.E. consagra sin duda el principio de culpabilidad como principio estructural básico del derecho penal, de manera que no sería constitucionalmente legítimo un derecho penal “de autor” que determinara las penas en atención a la personalidad del reo y no según la culpabilidad de este en la comisión de los hechos (SSTC 65/1986, 14/1988 y otras)”, al tiempo que estima que “las normas constitucionales relativas a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad consagradas en el artículo 10.1 C.E., así como los valores superiores recogidos en el artículo 1.1 C.E., si bien integran mandatos jurídicos objetivos y tienen un valor relevante en la normativa constitucional, no pretenden la consagración constitucional de ninguna construcción dogmática, sea jurídico-penal o de cualquier otro tipo”.
2. El principio de proporcionalidad en sentido amplio como principio constitucional envolvente y la interrelación entre legalidad, proporcionalidad y culpabilidad
Sin embargo, ha sido otro principio esencial del derecho penal del Estado de derecho el que con más detalle y de una manera más fructífera se ha vinculado por la propia jurisprudencia del TEDH (caso Salabiaku) y del TJCE (caso Hansen) con las consecuencias restrictivas que resultan del principio de culpabilidad(18). En este sentido ha resaltado Arroyo Zapatero que el principio de proporcionalidad es probablemente el “producto más innovador de la jurisprudencia constitucional contemporánea” con capacidad para proporcionar una gramática común a los distintos países(19).
Por su parte Mir Puig, en un trabajo reciente, recuerda que el principio de “prohibición de exceso” o “proporcionalidad en sentido amplio” no solo hace referencia al principio penal de proporcionalidad entre la gravedad del delito y la gravedad de la pena, sino a un principio más general de rango constitucional que debe limitar toda actuación estatal que afecte algún derecho fundamental; y que tal principio fue desarrollado tanto por la doctrina constitucional alemana como por el Tribunal Constitucional alemán, incluyendo en él tres sub principios: la idoneidad de la intervención estatal en orden a conseguir su finalidad; la necesidad de dicha intervención para tal fin; y el de proporcionalidad en sentido estricto entre el coste de la intervención en términos de afectación de derechos y el beneficio representado por el fin a obtener(20).
En mi opinión la proporcionalidad en sentido amplio puede verse como principio constitucional envolvente en el entramado normativo poroso que conforma la Constitución, recíprocamente relacionado con la legalidad y la culpabilidad. De acuerdo al entendimiento actual en la Teoría del Derecho del “vigor jurídico” de los principios, se asigna a estos últimos, tres grandes funciones, siendo la última característica de los principios constitucionales: a) la integradora, que consiste en propiciar o disciplinar la resolución de controversias jurídico-normativas; b) la interpretativa, consistente en orientar la explicación o correcta comprensión de las normas; y c) la directiva o informadora, que consiste en apuntar el rumbo que ha de seguir el orden jurídico en su desarrollo(21).
Un ejemplo de dicha interrelación puede observarse en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el “non bis in idem” en la Unión Europea —tomando en consideración la jurisprudencia del TJUE— en la STS de 22 de diciembre de 2003 en la que advierte que el fundamento último de la prohibición del “bis in idem” en el ámbito de la UE tal y como aparece regulado en los artículos 54 a 58 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS) se encuentra en el principio de proporcionalidad o bien el principio de culpabilidad: “lo decisivo es la limitación proporcional de la acumulación de sanciones respecto de la gravedad del hecho sancionado”. Esto es perfectamente trasladable al artículo 50 de la Carta, donde se consagra el principio de forma similar a los actuales artículos 54 a 58 del CAAS con algunas precisiones(22).
Con todo es preciso matizar, como hace Mir Puig, que “mientras que el daño que supone la pena para derechos del que ha de sufrirla y el daño que implica el injusto penal para un bien jurídico pueden ponderarse dentro de la lógica utilitaria de coste/beneficio, la culpabilidad no afecta al daño causado por el delito (no lo aumenta ni disminuye), sino a la posibilidad de imputarlo a una persona”(23). Este impecable razonamiento tiene como consecuencia que, “si esta posibilidad falta, el principio de culpabilidad impide imponer toda pena, con independencia de si esta pudiera considerarse proporcionada a objetivos de prevención”(24).
Para este autor “la única forma de introducir el principio de culpabilidad en la ponderación propia de la proporcionalidad, sin que pudiera nunca admitirse su vulneración, sería considerando un coste nunca soportable en la imposición de una pena, con su específico significado de censura, a quien no puede ser culpado del hecho (por no ser el responsable personal del hecho, por haberlo ocasionado sin dolo ni imprudencia o por haberlo decidido en condiciones mentales de inimputabilidad o situaciones que impiden el reproche de culpabilidad), por muy grave que sea el daño que con la pena pudiera contribuir a evitarse”, valoración que requeriría acudir a otro soporte constitucional como la dignidad humana, la igualdad, etc.(25).
Las reflexiones anteriores ponen de relieve que mientras que la fundamentación constitucional del principio de proporcionalidad en sentido amplio puede buscarse, en el sentido de Alexy, en la propia pretensión de vigencia de los derechos fundamentales, la proporcionalidad en sentido estricto (específicamente penal) requiere ulteriores matizaciones, tales como la adopción de la perspectiva preventiva (ex ante) en orden a la protección de bienes jurídicos y los límites que flanquean la potestad punitiva del Estado derivados de la culpabilidad(26).
IV. Dimensiones del principio de culpabilidad
1. La dimensión procesal-penal
A diferencia de la dimensión jurídico-penal material, que no está expresamente recogida en la Constitución Española, sí aparece sin embargo la dimensión procesal-penal de la presunción de inocencia en el artículo 24.2. El artículo 48 de la CDFU se refiere así mismo a este derecho fundamental de naturaleza procesal al declarar lo siguiente: “Todo acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada”. Dicha declaración es casi idéntica a la que ya podía leerse en el artículo 6.2 del CEDH(27). Los pronunciamientos del TC sobre este aspecto están estrechamente vinculados con el recurso de casación y tienen que ver con la destrucción de la presunción iuris tantum de la inocencia a través de la prueba(28). Dado que este aspecto está fuera de duda, el objeto de nuestro estudio debe proyectarse necesariamente sobre la vertiente material.
2. La dimensión penal
El principio de culpabilidad en el derecho penal tiene una gran riqueza y complejidad que se desenvuelve en varios planos. Se pueden seguir las siguientes pautas orientadoras(29):
2.1. El concepto de culpabilidad sigue siendo, en mi opinión, antes como ahora, clave en el entendimiento garantista del derecho penal, como barrera a la intervención del ius puniendi estatal. Hoy más que nunca hacen falta principios claros y conceptos dogmáticos sólidos que limiten dicha intervención. La culpabilidad es un principio de rango constitucional, bien estructurado dogmáticamente, que cumple esta función. Las discusiones sobre su fundamento filosófico último, lo vinculan hondamente con el eterno problema de los fines de la pena. Esta vinculación, a través de la profusión y confusión de concepciones, no debe empañar en ningún caso dicha función. En este sentido, en el modelo del Estado de derecho, solo cabe un concepto de culpabilidad por el hecho, correspondiente al derecho penal del hecho. Esto vale tanto para la culpabilidad como categoría dogmática del delito, cuanto para la culpabilidad en la medición (o individualización judicial) de la pena.
2.2. La estructura de la culpabilidad con relación al injusto conduce a esa misma conclusión: el derecho penal del Estado de derecho, ni ordena ni prohíbe modos de pensar, deseos o intenciones de las personas, maneras de ser, etc., sino solo hechos externos dirigidos por la voluntad (dolosa o imprudentemente) a vulnerar bienes jurídicos, que efectivamente los lesionan o ponen en peligro. La culpabilidad por el hecho requiere, a su vez, un injusto simultáneo, de lo que resulta entre otras cosas la incorrección del modelo de la excepción en el ámbito de la actio libera in causa(30).
Una concepción de un derecho penal orientado a las consecuencias, entendiendo por tal un derecho penal dirigido a la protección de bienes jurídicos, y no a la (mera) compensación (retributiva) de la culpabilidad, conduce a partir de aquí a la afirmación de que la culpabilidad es solo condición de la atribución del injusto a su autor, por lo que no está en condiciones de agravar la pena, sino solo de atenuarla o excluirla. El principio de culpabilidad solo tiene carácter constitutivo para el “sí” de la pena (en el sentido de que no cabe pena alguna sin culpabilidad), pero como medida de la pena adquiere solamente una función de limitación.
2.3. La función de la culpabilidad es en primer término, como categoría del delito, una de carácter garantista, que sirve a un propósito indiscutible, que no puede pervertirse por motivos de utilidad social. Este es al mismo tiempo el núcleo que guía el sistema de doble vía en las consecuencias jurídicas, y que permite afirmar que en un derecho penal propio del Estado de derecho no cabe castigar por ejemplo a enfermos mentales.
Una parte de la doctrina ha hablado de una doble función, sistemática por un lado y garantizadora por otro(31), que en la concepción aquí sostenida se funden en una principal, la garantista limitadora de la intervención penal, que se ve cumplimentada de un modo más eficiente a través del actual estadio de evolución dogmática. Este último permite enunciar la prohibición de responsabilidad por el resultado como principio (autónomo) de responsabilidad subjetiva. Visto así, la dicotomía principio-concepto (de la culpabilidad) no debe generar ningún tipo de perplejidad.
Pero más allá de esto, la función de la culpabilidad reside además, en cuanto a la concreta pena a imponer, en fijar el límite superior que en ningún caso puede ser rebasado por motivos preventivos, sean de prevención general o de prevención especial. Se habla así de una absoluta prohibición de rebasar la pena adecuada a la culpabilidad del autor. Aquí nos movemos ya en el plano de la “culpabilidad en la medición de la pena” (Strafzumessungsschuld), y el peligro reside en pretender agravaciones de la pena —por motivos de prevención general— al abrigo de la culpabilidad(32). Por lo demás, existe unanimidad en este punto.
3. Los límites o garantías del principio de culpabilidad y la jurisprudencia del TEDH
El principio de culpabilidad, como ya se ha dicho, presupone una serie de límites o garantías, que entendemos que deberían ser válidos para el “Derecho penal europeo”. Dichos límites pueden resumirse a través de las siguientes características de la responsabilidad penal que cabe exigir en un Estado de derecho:
a) Individual: no se puede responder por el hecho de otro.
b) Subjetiva: no es admisible la responsabilidad por el resultado, sino que ha de tratarse de comportamientos dirigidos dolosa o imprudentemente por la voluntad de quien los comete.
c) Por el hecho: en función de hechos cometidos con especial capacidad lesiva para bienes jurídicos con base constitucional protegidos por el ordenamiento jurídico-penal, y no en virtud de creencias, aptitudes, formas de ser o potencialidades peligrosas(33).
d) Personal: en virtud de un juicio de imputación “personal” de lo injusto a su autor (nulla poena sine culpa) que requiere comprobar la imputabilidad del autor, su conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, y la exigibilidad en las circunstancias dadas de un comportamiento diferente.
Por su parte, Arroyo Zapatero, en su contribución sobre una posible regulación común europea referida al derecho penal económico, ha propuesto resumir las plasmaciones del principio de culpabilidad en sentido amplio en las siguientes: a) exclusión de la responsabilidad objetiva y la correlativa exigencia de dolo o imprudencia; b) la exigencia de admisión de consecuencias exonerantes o atenuantes de la pena en los diversos supuestos; y c) consecuencias procesales de la exclusión de la responsabilidad objetiva(34). En su argumentación resulta central la idea de la proporción o desproporción del castigo como base o “gramática común” en torno a hacer posible un entendimiento “dogmático” en Europa en este punto, al tiempo que propone una aproximación tópica a través de grupos de problemas y hacer uso de la vía procesal (derechos procesales del acusado) para excluir casos de responsabilidad objetiva(35).
Una muestra de una consideración procesal de la culpabilidad puede apreciarse por ejemplo en la reciente Sentencia del TEDH de 6 de enero de 2010 en el caso Fernández-Huidobro v. España(36). Sin embargo, dicha consideración global no atañe directamente al núcleo de las consecuencias restrictivas a las que nos hemos referido anteriormente. Por otro lado el panorama político-criminal en Europa no es muy alentador. En diferentes países europeos se han ido instaurando medidas legislativas de carácter inocuizador (Alemania, Austria, Dinamarca, Italia, Liechtenstein, Eslovaquia y Suiza) que responden a la “ideología defensista” que se ha ido generalizando como consecuencia de una suerte de consideración unilateral de la “seguridad” en detrimento de la libertad(37). En España se introduce en el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal de 19 de noviembre de 2009, la llamada libertad vigilada respecto de la que se señala en la exposición de motivos:
“En comparación con las medidas de seguridad hasta ahora conocidas en nuestro sistema, la novedad sustancial que incorpora la libertad vigilada es que resulta aplicable no solo cuando el pronóstico de peligrosidad del individuo se relaciona con estados patológicos que han determinado su inimputabilidad o semiinimputabilidad, como hasta ahora, sino también cuando dicho pronóstico deriva del específico perfil de personalidad del sujeto o de la naturaleza del hecho cometido, siempre y cuando el propio legislador así lo haya previsto de manera expresa. En estos casos, tal y como resulta del nuevo artículo 106.2, la medida no se establece, por obvias razones, con carácter alternativo a la pena de prisión o para su ejecución previa a esta, sino que se impone en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecución posterior a la excarcelación, y se hace efectiva justamente en función de ese pronóstico de peligrosidad, formulado cuando se acerca dicho momento extintivo de la pena, y reconsiderado después con cadencia como mínimo anual (art. 98.1)” (la cursiva es mía).
En mi opinión, debe alertarse que se pone en jaque por esta vía la distinción que media entre culpabilidad y peligrosidad, que es a su vez la columna vertebral de los sistemas dualistas de consecuencias jurídicas, que prevén penas y medidas de seguridad para sujetos imputables e inimputables respectivamente, al tiempo que se introducen referencias a la personalidad sospechosamente tendentes al infame “derecho penal de autor”. Esto adquiere especial visibilidad en el caso de la “custodia de seguridad posterior al cumplimiento de la pena” sin limitación temporal introducida por Ley de 23.07.2004 (“Gesetz zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung”) en Alemania, que propició un pronunciamiento del Bundesverfassungsgericht para salvar de modo muy discutible su conformidad con la ley fundamental(38). El Tribunal Constitucional alemán consideró que este instituto —que ha sido acertadamente calificado como un ejemplo paradigmático del llamado “Derecho penal del enemigo”(39)— no vulnera el derecho fundamental a la libertad, ni a la dignidad humana, bien que subrayando que debe ofertarse a estas personas posibilidades de resocialización y condiciones especiales de cumplimiento (BVerfGE 109 133, de 05-02-2004)(40).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de pronunciarse al respecto en sentencia de 17 de diciembre de 2009 —caso M. v. Alemania— llegando a la conclusión de que se ha producido una violación de los artículos 5.1(41) y 7.1(42) del CEDH. Uno de los argumentos más lúcidos a mi juicio del TEDH en esta sentencia es que no se puede camuflar como “medidas preventivas” privaciones de libertad que tienen indudable carácter punitivo y que, además, se acaban cumpliendo en los mismos centros penitenciarios, bien que en alas separadas:
“127. The Court shall therefore further examine the nature of the measure of preventive detention. It notes at the outset that, just like a prison sentence, preventive detention entails a deprivation of liberty. Moreover, having regard to the manner in which preventive detention orders are executed in practice in Germany, compared to ordinary prison sentences, it is striking that persons subject to preventive detention are detained in ordinary prisons, albeit in separate wings. Minor alterations to the detention regime compared to that of an ordinary prisoner serving his sentence, including privileges such as detainees’ right to wear their own clothes and to further equip their more comfortable prison cells, cannot mask the fact that there is no substantial difference between the execution of a prison sentence and that of a preventive detention order. This is further illustrated by the fact that there are very few provisions in the Execution of Sentences Act dealing specifically with the execution of preventive detention orders and that, apart from these, the provisions on the execution of prison sentences apply mutatis mutandis (see sections 129 to 135 of the said Act, paragraphs 64-65 above).
128. Furthermore, having regard to the realities of the situation of persons in preventive detention, the Court cannot subscribe to the Government’s argument (see paragraph 113 above) that preventive detention served a purely preventive, and no punitive purpose. It notes that, pursuant to Article 66 of the Criminal Code, preventive detention orders may be made only against persons who have repeatedly been found guilty of criminal offences of a certain gravity. It observes, in particular, that there appear to be no special measures, instruments or institutions in place, other than those available to ordinary long-term prisoners, directed at persons subject to preventive detention and aimed at reducing the danger they present and thus at limiting the duration of their detention to what is strictly necessary in order to prevent them from committing further offences”.
Que los límites que supone la consideración de estas personas como “culpables” (aunque se trate de sujetos, como el del caso de la sentencia en cuestión, que precisan tratamiento y han visitado con frecuencia hospitales psiquiátricos) quedan totalmente difuminados en nombre de la peligrosidad, es algo fuera de duda.
1. De lo expuesto, se deduce por mi parte una posición favorable a la consideración de la culpabilidad como un derecho fundamental en la Unión Europea, anclada en la idea de la dignidad humana y el modelo de Estado democrático de derecho. Este punto de partida se basa en una consideración del principio de culpabilidad como límite al poder punitivo del Estado, cuyo alcance no puede ser abarcado en su totalidad por otros principios, como el de proporcionalidad.
2. Sería erróneo sin embargo, asumir sin complejos un juicio retribucionista de culpabilidad basado en el indeterminismo porque, como bien ha señalado Günther, la cuestión de la imputabilidad es un gráfico ejemplo del contenido normativo de la responsabilidad penal, por cuanto revela que la atribución de responsabilidad está basada en una distinción normativa fundamental entre circunstancias y propiedades “internas” normales y “anormales” de una persona, pero en cualquier caso qué debe ser tenido por normal es una construcción social, basada en intereses sociales y políticos, en relaciones de poder, así como en circunstancias históricas concretas y tradiciones culturales de una sociedad particular(43).
3. La jurisprudencia del TEDH muestra algunas correcciones a la tendencia inocuizadora que se ha ido instaurando en Europa a través de institutos característicos del llamado “derecho penal del enemigo”, como es el caso de la custodia de seguridad posterior al cumplimiento de la pena por tiempo indeterminado introducida en Alemania para delincuentes imputables peligrosos. Hay que alabar que este tribunal advierta que no se puede hacer pasar por “medidas preventivas” la prolongación de la pena privativa de libertad por conllevar esta última sin duda el mismo carácter aflictivo que las auténticas penas.
4. Queda pendiente la tarea de investigar a nivel comparado en qué medida se consideran los límites que derivan de la culpabilidad en los diferentes Estados de la Unión Europea, habida cuenta de que en esta última conviven varios sistemas jurídicos que interpretan de modo diferente el alcance de las garantías y límites que se hacen derivar de estos(44). A esta meta, demasiado ambiciosa para estas páginas, espero poder dedicar un trabajo más detallado en el futuro.
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(*) Texto revisado sobre el que se basaron las siguientes ponencias: “El principio de culpabilidad: ¿un derecho fundamental en la Unión Europea?” (I Seminario sobre derechos fundamentales en la Unión Europea. IDPEI-UCLM. Almagro. 21/11/2008) y “Kritische Bemerkungen zum Manifest zur Europäischen Krminalpolitik: principle of guild (mens rea)” (Harmonization of the European Criminal Law after the Lisbon Treaty and the Stockholm Program. A Manifesto on European Criminal Law. IDPEI-UCLM. Madrid. 09/04/2010).
(1) Pastor Ridruejo, 2009, pp. 59 y ss.
(2) Vid., entre otras referencias, p. ej., Carrillo Salcedo, 2001, passim; Rodríguez Bereijo, 2002, passim.
(3) Doce, serie C, n.º 364, de 18 de diciembre de 2000.
(4) Vid., por todos, Mangas Martín, 2005, passim.
(5) Vid. Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.
1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.
2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados.
3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.
(6) En este sentido se pronunció la comisión durante la elaboración del Libro Verde sobre garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea, en la que llega a la conclusión de que el reconocimiento de unos derechos o garantías fundamentales en este ámbito, aunque sean coincidentes con los ya consagrados en el CEDH, tiene como finalidad garantizar que los derechos definidos se aplican de manera más coherente y uniforme en todo el territorio de la Unión, evitando de este modo, las discrepancias en cuanto a los niveles de las salvaguardias operativas en los diversos Estados miembros.
(7) Vid., entre otras referencias, Pi Llorens, 2001, pp. 85 y ss.; Fernández, Tomás, 2001, pp. 108 y ss.
(8) Sanz Hermida, 2003, pp. 188 y ss.
(9) ID., 190.
(10) Ugartemendia Eceizabarrena, 2008 (texto ponencia).
(11) Vid., sin embargo, sobre el objetivo último de la armonización mediante la cooperación, Ambos, 2008, pp. 28 y ss.
(12) Con más detalle, Demetrio Crespo, 2006, pp. 501 y ss.
(13) Por todos, Nieto Martín, 2005, passim.
(14) Vid., entre otras referencias, Vervaele, 2005, 169, que entiende que “la cuestión nuclear no es por lo tanto cómo mantener nuestro derecho penal (y procesal penal) libre de influencias europeas, sino más bien cómo asegurar un proceso democrático de toma de decisiones, la calidad del Estado constitucional y las garantías del derecho penal en un modelo de administración nacional de justicia, que tiene que operar crecientemente de forma interactiva en el contexto europeo e internacional”; y Silva Sánchez, 2004, pp. 121 y ss.; Schünemann (Hrsg.), 2004, passim.
(15) Vid.: AA. VV. “Manifiesto sobre la política criminal europea”. ZIS 12. 2009, pp. 59.
(16) Bernardi, 2004, pp. 7 y ss., 55 y ss., esp. p. 9; Gómez Jara, 2005, pp. 153 y ss.; ID., 2006, pp. 279 y ss.; Nieto Martín, 2010, pp. 353 y ss.
(17) Vid., entre otras referencias, Weigend, 1993, pp. 774 y ss.; Hirsch, 2004, pp. 835 y ss.; ID., 1992, pp. 43 y ss.; Borja Jiménez, 2009, pp. 223 y ss., 252, quien afirma que aunque ni el principio de legalidad ni el de culpabilidad sean universales, no existe sociedad humana que desconozca los dos fundamentos más relevantes que legitiman dichos principios, la seguridad jurídica y el binomio libertad/responsabilidad; Delmas-Marty; Pieth; Sieber, 2009, passim.
(18) Vid., por todos, Arroyo Zapatero, 1999, p. 16.
(19) ID., p. 5.
(20) Mir Puig, 2009, p. 1358. Sobre el principio de proporcionalidad, véase además, entre otras referencias, González-Cuéllar Serrano, 1990; Aguado Correa, 1999; González Beilfuss, 2003; Lopera Mesa, 2006; Bernal Pulido, 2007; De La Mata Barranco, 2007; Fernández Nieto, 2008.
(21) Vid., Ramos Pascua, 1992, pp. 269 y ss., 272; y, por todos, Alexy, 1993, passim.
(22) Sanz Hermida, 2008, pp. 134 y ss.
(23) Mir Puig, 2009, pp. 1369, 1378 y ss.
(24) ID., pp. 1369-1370.
(25) ID., pp. 1380.
(26) Extensamente sobre las llamadas “antinomias” de los fines de la pena, y en particular, sobre la antinomia “culpabilidad-prevención”, Vid., Demetrio Crespo, 1999, pp. 73 y ss., 81 y ss.
(27) Vid., “Libro Verde sobre presunción de inocencia” de 26/04/2006. Com, 2006, p. 174 final.
(28) Rodríguez Rubio, 2008, pp. 60 y ss.
(29) Vid., con más detalle, Demetrio Crespo, 2007, pp. 34 y ss., y referencias bibliográficas allí contenidas.
(30) Sobre este punto, con más detalle, Demetrio Crespo, 2001, passim; Demetrio Crespo, 2003, pp. 123 y ss.
(31) García Arán, 2001, pp. 401 y ss.
(32) Extensamente, Demetrio Crespo, 1999, pp. 215 y ss.
(33) Vid., Hirsch, 2002, pp. 253 y ss.
(34) Arroyo Zapatero, 1999, pp. 6 y ss.
(35) ID., p. 16.
(36) “142. La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s‘est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu‘énoncées l‘article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d‘une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. Elle renvoie cet égard la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, Barber , Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, § 68, série A n.º 146). Par ailleurs, il n‘entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves celle des juridictions internes, matière qui relève, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 45-46, série A n.º 140, et García Ruiz c. Espagne [GC], n.º 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Sa tâche est de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis, les arrêts Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, § 34, série A n.º 247-B, et Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 34, Recueil 1997-II). 143. La Cour relève, en l’espèce, que le Tribunal suprême a déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se fondant sur tout un ensemble de preuves concluant sa culpabilité, ainsi qu’il est indiqué dans l’exposé des faits ci-dessus (paragraphe 69). (...)146. La Cour estime que le Tribunal suprême a fondé sa conviction de la culpabilité du requérant sur les éléments de preuve charge produits pendant l’instruction et l’audience. 147. Elle constate, en particulier, que le Tribunal suprême s’est prononcé par une décision amplement motivée. Elle n’a pas compétence pour réexaminer les preuves ni pour réviser ou remplacer les organes judiciaires internes dans l’interprétation des éléments de preuve sur lesquels la condamnation s’est fondée. Elle ne relève donc aucune méconnaissance des droits de la défense du requérant imputable la juridiction concernée, cette dernière ayant bénéficié d’une procédure contradictoire. Le fait que le requérant ait été condamné l’issue de cette procédure ne saurait suffire pour que la Cour conclue une violation des dispositions de la Convention invoquées par lui. 148. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention” (la cursiva es mía).
(37) Con más detalle, Serrano-Piedecasas; Demetrio Crespo, 2010, pp. 241 y ss.
(38) Vid, entre otras referencias, Gazeas, 2005, pp. 9 y ss.; Guanarteme Sánchez, Lázaro, 2007, pp. 70 y ss.
(39) Sobre el llamado “Derecho penal del enemigo” como “Derecho penal de autor” contrario por tanto al derecho penal del Estado de derecho, vid., entre otros, Demetrio Crespo, 2004, pp. 87 y ss.; ID., Demetrio Crespo, 2006, pp. 473 y ss. y las referencias bibliográficas allí contenidas. En particular acerca de las mutaciones que ello conlleva desde la perspectiva de la culpabilidad por el hecho solo Kindhauser, 2006, pp. 81 y ss.
(40) Weigend, 2006, p. 42.
(41) Artículo 5. § 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad salvo, en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley;
c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que se ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido.
d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación o su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.
(42) Artículo 7. § 1. Nadie podrá ser condenado por una acción y o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.
(43) Günther, 2007, p. 110. Con más referencias, Serrano-Piedecasas; Demetrio Crespo, 2009, pp. 1771 y ss.
(44) Sobre el principio de culpabilidad en el modelo anglosajón, vid. p. ej., Ashworth, 2009, pp. 136 y ss.; Kessler, 2006-2007, pp. 2523 y ss.; Alexander, 1994, pp. 1 y ss.; Robinson, 1996, pp. 1 y ss.; Robinson, 1979-1980, pp. 815 y ss.

References: artículo 10
 artículo 1
 resolución 
 artículo 50
 artículo 24
 artículo 48
 artículo 6
 artículo 106
 Artículo 5
 Artículo 7