Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-542-11.htm
Timestamp: 2018-12-10 09:20:31+00:00

Document:
C-542-11
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 90, 91, 98, 101 (parciales) y 122 de la Ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.
Aducen los actores que “Con esta reforma (…) se desmotiva al recurrente ya que las causas de su impugnación van a ser valoradas por el juez de primera instancia quien decide la concesión del recurso de apelación, pudiendo inicialmente admitir el recurso y después, al estudiar los argumentos del recurrente, desestimarlos, declararlo desierto y confirmar su decisión, contrariando los principios de la contradicción y de la doble instancia”.
Agregan que “El cambio de las reglas del juego, en tratándose de la forma como debe tramitarse el recurso de apelación contra autos, va en detrimento del sujeto procesal recurrente, pues, lo único que persigue es desmotivar cualquier acto impugnatorio de las decisiones judiciales que en sentir del recurrente vayan contra sus intereses porque basta recordar cómo desde las últimas legislaciones procesales que han imperado en Colombia desde la época moderna se ha tenido que la impugnación se sustenta en la segunda instancia (art. 535 y 536 del Decreto 050 de 1987), o lo referente a lo estatuido en el Decreto 2700 de 1991 que contemplaba la posibilidad de sustentar de manera oral el recurso de apelación ante el funcionario de segunda instancia (…) Con la implementación constitucional del sistema penal acusatorio lo claro es que la impugnación no solo se haga por esta vía, la oralidad, sino que se debe hacer ante el funcionario que debe resolver sobre la materia; hacerlo en la forma prevista en la reforma constituye no sólo una violación de a la Constitución Política en sus artículos 29, 216, 250, 251, sino que además es violatorio del artículo 93 de la misma obra por contravenir a los tratados internacionales (…) entre otros, el Pacto Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos con lo que estamos frente a una desviación de poder”.
3. El artículo 91, mediante el cual se modifica el 179 de la Ley 906 de 2004, “es claramente violatoria de la Carta Política, porque al ser favorable la redacción del artículo 179 (…) al contemplar un término más amplio para que el apelante pudiera sustentar los motivos de su inconformidad, eran mayores sus posibilidades de que el ataque tuviese éxito, mientras que con la reforma introducida, se limita al apelante, hasta el punto de hacer que prácticamente improvise en su argumentación jurídica en obvio detrimento de los intereses de la defensa, de la doble instancia y del acceso a al justicia”.
Aducen los actores que “una de las formas más utilizadas en los estados totalitarios con el fin de ejercer la represión por parte del Estado y de desconocer los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos es modificando los códigos procesales, imponiendo cargas excesivas a la defensa u obstaculizando su ejercicio, limitándola, dificultando el derecho de probar y de ejercer la contradicción, desconociendo el principio de presunción de inocencia o disminuyendo los términos de tal manera que resulten burladas las posibilidades defensivas”.
La norma viola el derecho de defensa por cuanto recorta el tiempo para su ejercicio “de una manera tan radical que prácticamente hace inviable su materialización”.
La realidad descrita vulneraría el artículo 8° del PIDCP que contempla el derecho de todo sindicado “a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”.
5. En cuanto al artículo 101 (inciso primero) de la Ley 1395, modificatorio del art. 210 de la Ley 600 de 2000, señala que este precepto fue declarado inexequible por sentencia C-252 de 2001, por lo que revivieron los artículos 223 y 224 del Decreto 2700 de 1993. Advierten los actores, que la reforma contempla una notoria reducción de los términos procesales previstos en tales disposiciones para interponer el recurso y para presentar la demanda, por lo que “es patente la violación de la Carta Política en lo relacionado con el debido proceso, derecho de defensa y acceso a la administración de justicia”.
6. Respecto de artículo 122 de la Ley 1395 de 2010, que establece la vigencia de la ley a partir de su promulgación, manifiestan los actores que vulnera el principio de legalidad en su dimensión de favorabilidad, toda vez que “pretende de manera errada determinar su aplicación a las casaciones que se interpongan a partir de su vigencia, cuando sabemos que por la Ley 153 de 1887 y los tratados internacionales sobre derechos humanos, la aplicación de la ley penal más favorable debe determinarse es partir del momento en que el hecho delictivo tuvo lugar”.
Sostiene que de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “la aplicación de la Ley penal más favorable se determinará a partir del tiempo de la comisión del hecho delictivo”.
En particular, sobre los preceptos demandados sostiene que la acusación contra el artículo 90, presenta falta de pertinencia toda vez que los demandantes estructuran la censura a partir de apreciaciones subjetivas sobre las condiciones de aplicación del precepto, y “le trasladan a la norma un defecto de situaciones aisladas de la práctica judicial, cuando como es sabido, las normas legales regulan situaciones generales y abstractas, sin que por un caso particular pierdan su poder regulatorio general para todos los casos en abstracto”. Esto conduciría a la inhibición respecto de esta norma.
En lo que concierne al artículo 122 luego de hacer una referencia a los principios que rigen la aplicación de la ley en el tiempo, la favorabilidad, la retroactividad y la ultaractividad, sostiene que la norma es exequible toda vez que “la ley adjetiva es de orden público y su aplicación es de carácter inmediato”.
En lo que concierne a los artículos 98, 101 y 122, las vicisitudes que puedan generar a los impugnantes en casación el rediseño del trámite de este recurso y la reducción de los términos asunto “de estirpe más bien logística”, no tienen la virtualidad de oponerse a la libertad de configuración legislativa prevista en el artículo 150 de la Carta.
El artículo 91 sería así mismo inexequible, a juicio del interviniente, toda vez que “la sustentación oral en primera instancia del recurso de apelación implica una vulneración a los principios constitucionales de oralidad, publicidad y concentración”. La única manera de preservar estos principios previstos en el artículo 250.4 de la Constitución, sería la de restablecer la sustentación oral ante el ad quem. La norma refleja un retroceso hacia el antiguo sistema procesal penal así como la ausencia de cambio cultural al que están llamados todos los intervinientes en el proceso penal.
Mediante concepto No. 5089 del dos (2) de febrero de dos mil once (2011), el Procurador General de la Nación “solicita a la Corte que declare estarse a lo resuelto en la sentencia en la cual se decidan las demandas acumuladas, contenidas en los expedientes D-8301 y D-8322, respecto de las cuales se solicitó que la Corte se inhibiera de pronunciarse de fondo, por ineptitud sustancial de la demanda”.
Sostiene el Ministerio Público que al igual que advirtió en los procesos D-8301 y 8322, la demanda no cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia, toda vez que “se concentra en una serie de reproches dirigidos en contra de proposiciones jurídicas deducidas a partir de su particular inteligencia de los artículos de la ley, inteligencia que no corresponde con el contenido real y existente de la misma. En lugar de plantear cargos constitucionales o siquiera jurídicos, lo que en realidad formulan los actores es una serie de juicios de conveniencia o inconveniencia de las normas demandadas, respecto de unos intereses particulares”
Los argumentos de conveniencia no son suficientes para un juicio de constitucionalidad, y además ni la Constitución Política, ni los tratados internacionales fijan de manera estricta y detallada los términos para los recursos establecidos en el proceso penal, sino que dejan a la ley la regulación de esta materia. En virtud del principio de libre configuración de la ley, el legislador es el responsable de establecer los términos para los recursos en el proceso penal, pues a él le corresponde, al tenor del artículo 150 superior, “interpretar y reformar las leyes” y “expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”, facultad que no puede simplemente negarse con base en argumentos subjetivos o caprichosos sobre el sentido teleológico o la conveniencia de determinada disposición”.
(iii) El artículo 122, en concordancia con las demás disposiciones acusadas vulneraría el principio de legalidad en su dimensión de favorabilidad, toda vez que al establecer la vigencia general de la ley “a partir de su promulgación”, eliminaría la posibilidad de que, ante el tránsito normativo, se aplique la ley que resulte más favorable desde el momento en que tuvo lugar el hecho delictuoso.
6.2 Como ha indicado la jurisprudencia de esta Corte, la cosa juzgada constitucional “se predica tanto de los fallos de inexequibilidad como de los de exequibilidad, vincula a todas las autoridades -incluida la misma Corte Constitucional- y se extiende, por igual, al continente de la norma como a su contenido material - precepto o proposición jurídica en sí misma considerada”[3]. No obstante, es la misma Corte quien determina los efectos de sus fallos[4], en razón a su labor de intérprete directa y autorizada de la Carta.
Existe cosa juzgada absoluta “cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional.”[5] Por otro lado, existe cosa juzgada relativa cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro “se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado.”[6] En relación con esta última categoría, también se ha dicho que ésta puede presentarse de manera explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita cuando tal hecho ocurre en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de la providencia, sin que se haga mención alguna en la parte resolutiva.[7]
7. En armonía con el anterior marco teórico, constata la Corte que en la sentencia C- 250 de 2011 se declaró “EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010”. Así mismo, en la sentencia C- 371 de 2011, la Corte decidió: (i) Estarse a lo resuelto en la sentencia C-250 de 2011, en relación con una demanda contra el inciso primero del artículo 90 de la Ley 1395/10; (ii) declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, del inciso primero del artículo 91 y del artículo 122 de la misma ley; e (iii) INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la demanda dirigida en esa oportunidad contra los artículos 98 (inciso primero) y 101 (inciso primero) de la misma ley.
“Frente a los motivos de inconstitucionalidad en relación con los artículos 90 y 91, los accionantes afirman que se afecta el derecho de defensa, debido a que las normas señaladas reducen el tiempo para sustentar el recurso de apelación de autos y sentencias, los cuales, requieren reflexión para estudiar el contenido de la providencia que afecta los intereses del procesado. Así, el apelante deberá advertir si la providencia contiene errores de interpretación y aplicación normativa, de apreciación probatoria o errores en el devenir del proceso. Por lo tanto, para los ciudadanos la labor de atacar una decisión judicial requiere maduración y tiempo prudencial con el fin de que cumpla con requisitos de seriedad, profundad y eficiencia que debe tener un alegato que demuestre que un juez de la República ha incurrido en error.
En esta lógica, se plantea en la demanda que con las modificaciones contenidas en la ley 1395 de 2010, se configura un derecho de defensa y de doble instancia de carácter formal, puesto que en la realidad el corto tiempo para la sustentación de los recursos implica una anulación de dichas garantías constitucionales. En ese estado de cosas, aseveran los accionantes que el legislador olvida que para el ejercicio eficiente e idóneo de estos derechos se necesita un adecuado desarrollo de los mismos”.
Como se puede advertir, las censuras que dieron origen a la sentencia C-371 de 2011, coinciden en lo fundamental con las que se formulan en esta oportunidad. En efecto, como se reseñó en aparte anterior de esta sentencia, los cargos comunes que se dirigen contra los artículos 90 y 91 (incisos primeros), tienen un alcance similar en la medida que se fundamentan en que dichos preceptos serían violatorios de los derechos de defensa (29), doble instancia y de acceso a la justicia (229), así como de los artículos 250 y 251 que establecen el sistema penal acusatorio, toda vez que contemplan la sustentación del recurso ante el mismo juez que profirió la providencia, y limitan los derechos del apelante, al punto que se le obliga a improvisar en su argumentación”.
“Por las razones expuestas, la Corte, reiterará su jurisprudencia y declarará la exequibilidad, por los cargos analizados, del inciso 1º del artículo 91, comoquiera que contiene una regulación que garantiza el cumplimiento de los fines de la apelación, a la vez que armoniza los principios de celeridad y el derecho a un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas, con la garantía del derecho de defensa y acceso real, no formal, a una segunda instancia”.
11. En lo que concierne a la demanda contra el artículo 122 de la Ley 1395 de 2010, observa la Corte que los cargos que se formulan en esta oportunidad ya fueron resueltos por la Corte en la sentencia C-371 de 2011, en la que se declaró la exequibilidad, por los cargos analizados, del artículo 122 de la aludida normatividad. Efectivamente, en la mencionada providencia la Corte enfrentó el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera el artículo 122 de la Ley 1395 de 2010 el derecho al debido proceso, en particular los principios de legalidad y favorabilidad, referidos a los términos y condiciones para el ejercicio de los medios de impugnación en el proceso penal, al establecer la vigencia general de la ley a partir de su promulgación?. Esta cuestión coincide con la que plantean ahora los demandantes, en relación con el mismo precepto. Estiman que al establecer la vigencia general de la ley “a partir de su promulgación”, el legislador eliminó toda posibilidad de que, ante el tránsito normativo, se aplique la ley que resulte más favorable desde el momento en que tuvo lugar el hecho delictuoso, en lo que atañe al trámite de los medios de impugnación. Al pronunciarse sobre estos cargos la sentencia C-371 de 2011, indicó:
“42. Comoquiera que no cabe duda en el sentido que la determinación en abstracto de una cláusula de vigencia, desde su promulgación, de una normatividad que incorpora aspectos de contenido penal, no anula la posibilidad de invocar el principio de favorabilidad ante el juez de conocimiento cuando a ello hubiere lugar, la Corte, reiterando su jurisprudencia sobre la materia, declarará la exequibilidad del artículo 122 de la Ley 1395 de 2010. Se trata de una disposición que desarrolla el principio de irretroactividad de la ley penal, como expresión del de legalidad, y que debe ser armonizado en su aplicación con la garantía de favorabilidad adscrita al mismo precepto constitucional (Art. 29), cuando concurran los presupuestos normativos, lógicos y sistemáticos para su reconocimiento. Esta valoración corresponde al ámbito del funcionario judicial en el que reposa la competencia para decidir sobre el asunto en concreto”.
13. A juicio de los demandantes, el recorte del término para la sustentación del recurso[12], y el hecho de que sea común para todos los impugnantes vulnera los derechos de defensa y de acceso a la justicia, al punto que “prácticamente hace inviable su materialización”.
(i) Que “una de las formas más utilizadas en los estados totalitarios con el fin de ejercer la represión por parte del Estado y de desconocer los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos es modificando los códigos procesales, imponiendo cargas excesivas a la defensa u obstaculizando su ejercicio, limitándola, dificultando el derecho de probar y de ejercer la contradicción, desconociendo el principio de presunción de inocencia o disminuyendo los términos de tal manera que resulten burladas las posibilidades defensivas”.
De estas razones derivan la conclusión de que “es patente la violación de la Carta Política en lo relacionado con el debido proceso, derecho de defensa y acceso a la administración de justicia”.
Sobre el requisito de pertinencia ha subrayado la jurisprudencia de esta corporación, “que este exige que el reproche formulado por el peticionario deba ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que utiliza la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola de inocua, innecesaria, o reiterativa, a partir de una valoración parcial de sus efectos”.
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001.
[2] Cfr., entre otras, las siguientes providencias: Corte Constitucional, sentencias C-310 de 2001, C-397 de 1995, C-774 de 2000, y SU-047 de 1999; los Autos A-174 y A-289A de 2001.
[4] En la Sentencia C-113 de 1993 la Corte Constitucional precisó que: “sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad”.
[5] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-310 de 2002. Para consultar los alcances y diferencias entre cosa juzgada relativa y cosa juzgada absoluta se pueden consultar los siguientes fallos: C-366 de 2006, C-850 de 2005, C-710 de 2005, A-163 de 2005, C-914 de 2004, C-1004 de 2003, C-567 de 2003, C-063 de 2003, C-415 de 2002, C-045 de 2002, entre otras.
[6] Cfr. Corte Constitucional, Auto de Sala Plena, A-174 de 2001.
[7] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-478 de 1998.
[8] Cfr, Al respecto, Corte Constitucional, sentencias C-457 de 2004, C-394 de 2004, C-1148 de 2003, C-627 de 2003, C-210 de 2003, C-030 de 2003, C-1038 de 2002 , C-1216 de 2001, C-1046 de 2001, C-774 de 2001, C-489 de 2000 y C-427 de 1996.
[9] Tal como lo establece la sentencia C-1046 de 2001, “es posible distinguir entre, los enunciados normativos o las disposiciones, esto es, los textos legales y, de otra parte, los contenidos normativos, o proposiciones jurídicas o reglas de derecho que se desprenden, por la vía de la interpretación, de esos textos. Mientras que el enunciado o el texto o la disposición es el objeto sobre el que recae la actividad interpretativa, las normas, los contenidos materiales o las proposiciones normativas son el resultado de la misma. El primero hace referencia a un precepto específico, consagrado en una disposición determinada. El segundo, por su parte, refiere al contenido normativo y a las consecuencias jurídicas que se derivan de una norma, pero no se reduce a un precepto específico.”
[16] Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.

References: artículo 93
 artículo 91
 artículo 179
 artículo 8
 artículo 101
 artículo 122
 artículo 90
 artículo 122
 artículo 150
 artículo 91
 artículo 250
 artículo 150
 artículo 122
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 122
 artículo 91
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 122