Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/2544
Timestamp: 2020-06-05 16:19:01+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 27/1994
SENTENCIA 27/1994, de 27 de enero
ECLI:ES:TC:1994:27
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por los excelentísimos señores don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal Allende y don Pedro Cruz Villalón, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 1.868/92 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Begoña Fernández-Pérez Zabalgoitia, en nombre y representación de don Pablo Velayos Hermida, asistido de la Letrada doña María Victoria Fernández Pérez, contra el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 17 de junio de 1992, por el que se inadmitió el recurso de casación núm. 135/92. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y doña Mercedes Velayos del Coso, representada por el Procurador don Ángel Jimeno García y defendida por el Letrado don Felipe Moreno González, y ha sido Ponente el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueral, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en este Tribunal en fecha 15 de julio de 1992, la Procuradora de los Tribunales doña Begoña Fernández-Pérez Zabalgoitia, en nombre y representación de don Pablo Velayos Hermida, interpuso recurso de amparo contra el Auto, de 17 de junio de 1992 dictado por la Sala Primera del Tribunal Supremo, por el que se inadmitió recurso de casación núm. 135/92 formulado contra Sentencia dictada en autos de juicio de menor cuantía sobre nulidad de escritura de donación y revocación de la misma.
El recurso de casación se fundamentó en tres motivos: los dos primeros referentes a error en la apreciación de la prueba, y el tercero relativo a infracción de diversos pre ceptos legales.
4. Remitidas las anteriores actuaciones, la Sección, por providencia de 1 de marzo de 1993, acuerda admitir a trámite la demanda de amparo promovida por don Pablo Velayos Hermida, sin perjuicio de lo que resulte de los antecedentes. Asímismo acuerda, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, librar atenta comunicación a la Sala Primera del Tribunal Supremo, interesándose el emplazamiento de cuantos han sido parte en el procedimiento judicial, excepto el solicitante del amparo, para que en el plazo de diez días puedan comparecer en el presente proceso constitucional.
5. Con fecha 22 de marzo de 1993 se recibe escrito mediante el cual el Procurador de los Tribunales don Ángel Jimeno García, en nombre y representación de doña Mercedes Velayos del Coso, se persona en las actuaciones.
6. Por providencia de 29 de marzo de 1993, la Sección acuerda tener por personado y parte al Procurador Sr. Jimeno García, en nombre de quien comparece, entendiéndose con él la presente y sucesivas diligencias; asímismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, acuerda dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las partes personadas a fin de que, en el plazo de veinte días, formulen las alegaciones que estimen pertinentes.
8. En fecha 26 de abril de 1993 se registra el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal. En ellas interesa la estimación del recurso de amparo formulado por entender que se ha vulnerado el derecho fundamental que consagra el art. 24.1 C.E. en la resolución judicial impugnada. Tras dar por reproducidos los antecedentes de hecho, analiza el Ministerio Público la cuestión de fondo planteada a través del recurso y en relación con la misma señala, en esencia, que el Tribunal Constitucional ha declarado en múltiples ocasiones que el no dar una respuesta razonada, motivada y fundada en Derecho a las cuestiones suscitadas por las partes, puede entrañar una incongurencia vulneradora del art. 24.1 C.E. Ahora bien, ni todo vicio de incongruencia es susceptible de amparo constitucional, sino tan sólo aquél que pueda ocasionar indefensión, ni es posible concluir de forma automática que exista lesión del derecho a la tutela judicial efectiva siempre que no se de una respuesta expresa a una alegación concreta, pues este derecho queda perfectamente garantizado si el órgano judicial resuelve genéricamente las pretensiones de las partes aunque no se pronuncie respecto de alegaciones concretas y no sustanciales. Es decir, que la falta de contestación a alguna de las pretensiones no es susceptible de una solución unívoca, sino que han de ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso concreto para determinar si el silencio del órgano judicial frente a alguna de las pretensiones puede ser o no razonablemente interpretado como una desestimación tácita que satisfaga las exigencias del derecho a la tutela judicial. En el caso concreto ahora planteado, la resolución del Tribunal Supremo no contesta a una de las tres pretensiones del actor deducidas en el escrito de formalización del recurso de casación; es decir, a uno de los motivos de dicho recurso -el tercero- y, sin tenerlo en cuenta ni mencionarlo en el Auto que se recurre, inadmite el citado recurso como consecuencia, únicamente, de la inadmisión de los motivos primero y segundo. Pues bien, la ponderación de las circunstancias que concurren en este supuesto concreto -exigida por la doctrina constitucional expuesta- permite afirmar aquí que el tercer motivo de casación tiene un carácter esencial y sustancial, de tal forma que la inadmisión de los otros dos motivos no puede considerarse razonablemente como contestación genérica ni específica a la pretensión que constituye el tercer motivo, que al basarse en la "inaplicación de las normas jurídicas" tiene una fundamentación distinta y un contenido diferente de la fundamentación y contenido de los dos primeros motivos que se apoyan en el "error de la apreciación de la prueba".
Con carácter previo al análisis de la anterior cuestión de fondo planteada a través del presente amparo, es preciso, no obstante, despejar la referente a la causa de inadmisión del mismo que ha opuesto la otra parte comparecida en este proceso constitucional. Alega en tal sentido la representación procesal de doña Mercedes Velayos del Coso, que concurre en este supuesto el motivo de inadmisión que prevé el art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) de la Ley Orgánica de este Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), esto es, la falta de agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo. Y ello, porque si el recurrente entendió en su día, al serle notificado el Auto de inadmisión dictado por el Tribunal Supremo, que éste omitía un pronunciamiento esencial en su fallo, debió promover el correspondiente recurso de aclaración, previsto en el art. 363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en una interpretación expansiva de dicho precepto que permitiese extender la facultad de reparación de omisiones, que en el mismo se prevé para las resoluciones judiciales que revistan la forma de Sentencias, a aquellas otras que, como en este caso, se adopten mediante la forma de Auto.
La causa de inadmisión que, en síntesis, se acaba de reseñar ha de ser, sin embargo, rechazada en este supuesto. Este Tribunal se ha pronunciado, en efecto, reiteradamente sobre el carácter subsidiario que ostenta el recurso de amparo constitucional, preservado a través de la causa de inadmisión del mismo que ahora se invoca; naturaleza subsidiaria que responde a la finalidad de que los órganos de la jurisdicción ordinaria tangan oportunidad de pronunciarse y, en su caso, reparar las eventuales lesiones de derechos fundamentales susceptibles de amparo, con anterioridad al pronunciamiento de este Tribunal Constitucional. Pero también se ha señalado, a propósito de este requisito previo, que el agotamiento de la via judicial no obliga a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación existentes en el Ordenamiento, sino sólo aquellos que razonablemente convengan (STC 48/1989, así como que, cuando existe un recurso susceptible de ser utilizado y adecuado por su carácter y naturaleza para tutelar el derecho o libertad que se entiende vulnerado, tal recurso ha de agotarse antes de acudir al Tribunal Constitucional (STC 5/1986) .
Pues bien, la aplicación de la anterior doctrina, unida a la naturaleza del "recurso" de aclaración (que aún denominado así no es propiamente un recurso) y, en fin, a las características de este supuesto concreto, determinan que no pueda exigirse aquí su ejercicio para entender satisfecho el requisito que establece el art. 44.1 a) de la LOTC. Así, se ha señalado ya en otro caso por este Tribunal (STC 27/1990, fundamento jurídico 1º), indicando que el repetido recurso de aclaración, al no permitir variar ni modificar el contenido de las Sentencias (art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 363 L.E.C.) no preserva la naturalza subsidiaria del recurso de amparo, que es la finalidad a la que responde dicho requisito. A ello ha de añadirse ahora que el precepto no prevé, en realidad, tal facultad respecto de los Autos judiciales, sino únicamente en relación con las Sentencias. Pero, además, y aun cuando se salvase esta primera objeción, la "omisión" a la que se alude en él difícilmente podría repararse en este caso a través de tal remedio procesal, sin alterar sustancialmente al mismo tiempo lo que constituye esencia de la resolución judicial, bien en su fundamentación jurídica o, incluso, también en su parte dispositiva; puesto que, solicitada la aclaración, en ella habría de pronunciarse el Tribunal o bien en sentido diametralmente opuesto (acordando la admisión del recurso de casación en lo que respecta a ese tercer motivo inicialmente omitido), o bien adicionando toda la fundamentación referente a su inadmisión, de la que se afirma adolece; supuestos ambos que, obviamente, escapan de lo que ha de entenderse por mera aclaración de lo resuelto, para integrar más bien una alteración de los términos de la decisión judicial, tal y como en un principio fue adoptada.
Desde la primera perspectiva apuntada la cuestión resulta diáfana. La simple lectura del escrito de formalización del recurso de casación obrante en autos, así como del Auto impugnado, permiten constatar que, en efecto, se planteó de forma expresa e independiente por el recurrente un tercer motivo de casación, consistente en la eventual infracción de Ley (concretamente, de los arts. 647, 1.253 y 1.282 del Código Civil) en que había incurrido la Sentencia impugnada, y ello, al amparo de lo dispuesto en el art. 1692. 5º de la L.E.C. Este motivo de casación se enuncia, primero, y se desarrolla, después, en lo referente a su contenido, en el escrito de interposición mencionado. El Auto del Tribunal Supremo no hace sin embargo ninguna referencia expresa al mismo, y no puede entenderse tácitamente tratado en la resolución porque, como acertadamente indica el Ministerio Fiscal, el Auto sí se refiere expresamente en su fundamentación jurídica a los otros dos motivos del recurso, respecto de los cuales ofrece una respuesta común por tratarse de causas fundadas en "error en la apreciación de la prueba", pero el tercero es de naturaleza diferente al referirse expresamente, como se ha señalado, a "infracción de Ley"; motivos que, obviamente y por su propia y distinta naturaleza, exigen una respuesta diferenciada.
Otorgar el amparo solicitado por don Pablo Velayos Hermida y, en consecuencia:
2º Anular el Auto de 17 de junio de 1992 dictado por la Sala Primera del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 135/92.
3º Retrotraer las actuaciones judiciales al momento inmediatamente anterior al de dictarse el Auto anulado, a fin de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el motivo tercero de casación formulado por el recurrente.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 1868-1992
Contra Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo por el que se inadmitió recurso de casación contra Sentencia dictada en autos de juicio de menor cuantía sobre nulidad de escritura de donación y revocación de la misma.
La exigencia de agotamiento de la vía judicial no obliga a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación existentes en el ordenamiento, sino solo aquellos que razonablemente convengan (STC 48/1989), así como que, cuando existe un recurso susceptible de ser utilizado y adecuado por su carácter y naturaleza para tutelar el derecho o libertad que se entiende vulnerado, tal recurso ha de agotarse antes de acudir al Tribunal Constitucional (STC 5/1986) [F.J. 1]
El recurso de aclaración, al no permitir variar ni modificar el contenido de las Sentencias (art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 363 L.E.C.), no preserva la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo, que es la finalidad a la que responde dicho requisito [F.J. 1]
Este Tribunal ha venido señalando que el derecho consagrado en el art. 24.1 C.E. se satisface también mediante un pronunciamiento judicial que decida la inadmisión del recurso interpuesto y no sólo a través del que analice y resuelva la cuestión de fondo planteada, pero siempre que aquella decisión de inadmisión se encuentre motivada y jurídicamente fundada en la aplicación de una causa prevista legalmente, condiciones que no se respetan en este supuesto concreto [F.J. 3]
Artículo 647, f. 2
Artículo 1282, f. 2
Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1992
Inadmisión no motivadaInadmisión no motivada, f. 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 647

Artículo 1282