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Timestamp: 2019-08-23 00:48:35+00:00

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﻿ SENTENCIA S-140 DE AGOSTO 8 DE 2000
SENTENCIA S-140 DE 08 DE AGOSTO DE 2000
CONTENIDO:DIPUTADOS. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, DIPUTADO, INHABILIDADES DEL DIPUTADO, INCOMPATIBILIDADES DEL DIPUTADO, CALIDADES PARA SER DIPUTADO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:348 DE DICIEMBRE DE 2000, PÁG.2470
Sentencia S-140 de agosto 8 de 2000
EXTRACTOS: «En este caso la norma substancial que se considera infringida, por el recurrente, en el fallo atacado en una parte del inciso 2º del artículo que a continuación se transcribe:
“Artículo 299 de la Constitución de 1991 (...)
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda (...)”.
Ese precepto constitucional indica literalmente:
• que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley y
• que ese régimen no será menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda
De ese contenido literal se advierten, desde el punto de vista material, el alcance y la trascendencia jurídica de la norma:
1. Existe actualmente, por reenvío de la Constitución, un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados, cual es como mínimo el previsto para los congresistas (de carácter constitucional o legal) en lo que corresponda, pues la Constitución no hizo diferencias
a) Respecto a las normas constitucionales sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se encuentra uno especial para los congresistas y otro general por ser estos servidores públicos.
a.1. Las normas constitucionales especiales son:
8. Nadie podrá ser elegido para mas de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.
a.2. Las normas constitucionales generales respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos! conducen a la Sala a:
• manifestarse sobre quiénes son servidores.
• a preguntarse si los congresistas y los diputados, entre otros, son servidores públicos y
• definir si a los congresistas y a los diputados se les aplica ese régimen general.
Así: La Constitución Nacional señala quiénes son servidores públicos
Al respecto, dispone:
Como los congresistas y los diputados son miembros de corporaciones públicas ostentan la calidad de servidores públicos.
Tal aseveración se confirma además con otras disposiciones constitucionales que refieren:
• de una parte, el artículo 133, a los miembros de cuerpos colegiados —en general— y
• de otra parte, el artículo 134, a los congresistas y diputados como miembros de cuerpos colegiados —en forma especial—. Así:
ART. 134.—Las vacancias por faltas absolutas de los congresistas serán suplidas por los candidatos no elegidos, según el orden de inscripción en la lista correspondiente.
ART. 299.—En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno.
El Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada departamento, con base en su población, círculos para la elección de diputados, previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial (...).
El período de los diputados será de tres (3) años y tendrán la calidad de servidores públicos (...)”.
Además es de notoria relevancia que la Carta Política establece, para diputados lo que tiene que ver con su régimen de inhabilidades e incompatibilidades, cuando dispone que será determinado en la ley “sin perjuicio de lo establecido en la Constitución”.
“ART. 293.—Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales (...)”.
Tal disposición está ligada, por su materia, con el contenido del artículo 299 constitucional, antes transcrito, del cual se recaba parte de su contenido:
b) En lo concerniente con la norma legal que prevé el régimen de inhabilidad para los congresistas, aplicable a los diputados por la remisión del artículo 299 de la Carta Fundamental, se encuentra la Ley 5ª de 1992, Reglamento del Congreso, Senado y Cámara de Representantes, que dispone:
“ART. 280.—No podrán ser elegidos congresistas:
2. Quienes hayan ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección.
3. Quienes hayan intervenido en sesión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.
Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consagrada en el numeral 5º.
ART. 282.—Los congresistas no pueden:
2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno; con las excepciones que establezca la ley.
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste”.
2. Desde otro punto de vista existen, actualmente, leyes que aluden directamente al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados (no por remisión al de los congresistas).
a) En primer término, las anteriores a la Constitución de 1991, que no le son contrarias.
Debe recordarse que la Carta Fundamental es norma derogatoria de otra que le sea contraria al momento de entrar en su vigencia, así lo dispone la Ley 153 de 1887:
Tal previsión legal sirve para desechar la interpretación según la cual el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades para los diputados serán las que en el futuro fije el legislador.
b) En segundo término, las que se han expedido con posterioridad a la Carta Política de 1991.
A título de ejemplo la Sala encuentra las previstas en el Código Único Disciplinario, contenido en la Ley 200 de 1995, inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos, en general y en especial para los diputados, con diferentes alcances. Así:
“ART. 42.—Las inhabilidades. Se entienden incorporadas a este código las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos administrativos.
ART. 43.—Otras inhabilidades Constituyen además, inhabilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:
1. Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos, salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública.
2. Hallarse en interdicción judicial, inhabilitado por una sanción disciplinaria penal o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de ésta.
ART. 44.—Otras incompatibilidades:
1. Los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales desde el momento de su elección y hasta cuando esté legalmente terminado el período, así como los que reemplaza el ejercicio del mismo, no podrán:
b) Ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativos o jurisdiccionales.
5 No podrán ser elegidos diputados ni concejales quienes dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección hayan sido empleados públicos o trabajadores oficiales, ni quienes en cualquier época y por autoridad competente hayan sido excluidos en el ejercicio de una profesión o se encuentren en interdicción para la ejecución de funciones públicas”.
c) De no existir, hipotéticamente, un régimen legal (anterior a la Constitución que no la contraríe o posterior) existe un mínimo de régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados, por la remisión expresa que hace la Carta Política, en el artículo 299, al de los congresistas.
d) El régimen de inhabilidades e incompatibilidades está previsto en la Constitución y en la ley y por lo tanto es taxativo, como todo régimen de prohibiciones.
e) Deben hacerse dos precisiones, de carácter constitucional, con respecto al legislador en materia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Esas precisiones son que la Constitución Nacional le
• atribuyó competencia para fijar, si lo quiere, un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados, más riguroso que el establecido para los congresistas, en lo que corresponda y le
• prohibió, expresamente, disminuir el mínimo de rigor del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados, con relación al de los congresistas.
De todo lo anterior la Sala concluye que la Sección Quinta interpretó erróneamente el artículo 299 (un aparte del inciso 2º) de la Constitución Nacional. En efecto, con lo estudiado se advierte que:
• no existe vacío normativo.
• no se está en presencia de aplicación por analogía.
• no se tiene que acudir a fuente subsidiaria jurídica, para acomodar una norma que regula un problema jurídico similar al que se está resolviendo.
• existen normas, constitucionales y legales, en materia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados, directas o por remisión —especiales o generales para todos los servidores públicos—.
2. Falta de aplicación del artículo 179 (num. 5º) de la Constitución Nacional.
Como consecuencia de la interpretación hecha y del alcance del artículo 299 de la Carta Fundamental se deduce que ahora, en este tiempo, es aplicable a los diputados el artículo constitucional 179 (num. 5º).
Mientras el legislador no dicte un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades en todos los campos para los diputados, en el cual haga más riguroso, en comparación con el de los congresistas, se acudirá al de estos, por el reenvío que hace la Constitución al régimen de los congresistas, en lo que corresponda».
(Sentencia de agosto 8 de 2000. Expediente S-140 Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez).

References: artículo 133
 artículo 134
 artículo 299
 artículo 299
 artículo 299
 artículo 299
 artículo 179
 artículo 299