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Timestamp: 2019-12-10 06:03:16+00:00

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El Capitolio – Ante los incidentes en que choferes de empresas de redes de transporte se han visto afectados por asaltos, carjackings y una muerte, la Cámara de Representantes aprobó hoy una medida para de analizar la viabilidad de exigir que estas compañías incorporen cámaras de video (dash cams) en los vehículos de sus conductores asociados como medida de seguridad.
A esos efectos, se dio paso a la Resolución de la Cámara 1536, de la autoría del representante y presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro Suarez, quien sostuvo que la incorporación de las dash cams “pudiera reducir considerablemente el riesgo de ser víctima de un carjacking o robo. El propósito es tomar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de empleo de estos conductores, particularmente en el tema de seguridad”.
Además, que el establecimiento en Puerto Rico de estas empresas, que al momento lidera UBER, y según las cifras oficiales del Departamento de Transportación Turística de la Compañía de Turismo, cuenta con 4,000 conductores registrados y más de 111,000 usuarios activos, “ha sido positivo para el desarrollo económico de la Isla”.
Navarro Suárez, destacó que tras casi un año desde que se estableció en el mercado local UBER, este ha logrado acaparar gran parte del mercado por lo fácil y accesible que es utilizar su plataforma digital. Incluso, menciona que el servicio representa una fuente de ingreso para miles de personas y también, que es un atractivo para los turistas que visitan la Isla. “Sin embargo, recientemente, el servicio se ha convertido en un serio problema de seguridad pública. Desconocemos si el aumento en este tipo de delitos a los conductores de UBER se debe al hecho que también admiten efectivo como forma de pago. Por tanto, estimamos conveniente una investigación”, expresó desde el Hemiciclo.
Mientras, se dio luz verde al Proyecto de la Cámara 2218, de la autoría del presidente de la del Cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Antonio “Tony” Soto Torres, para establecer la obligación de toda dependencia ejecutiva o agencia gubernamental, judicial o legislativa, corporaciones públicas, municipios, entidad corporativa y organismo receptor de asignaciones de fondos autorizados o entidades, agencias y beneficiarios, a entregar en un periodo no mayor de diez (10) días laborables, a partir de la solicitud de los Presidentes de los Cuerpos Legislativos o de las Comisiones de la Cámara de Representantes o del Senado, la Certificación de Disponibilidad de Fondos otorgados mediante medidas presupuestarias o cualquier otra Resolución Conjunta o Ley aprobada por la Asamblea Legislativa que desembolse fondos públicos. Esto, con el compromiso de que la disponibilidad de estos fondos permanezca por un período de 60 días.
Asimismo, se concurrió con la Resolución de la Cámara 1422, que ordenaa la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste investigar las causas de las recientes muertes reportadas de niños ahogados en esa región, auscultar medidas preventivas para que los niños no continúen ahogándose en las áreas de las piscinas y verificar los requisitos de permisos de construcción referentes a las piscinas.
La representante Maricarmen Mas Rodríguez, autora de la medida, sostiene en el escrito que, en esa parte de la Isla se reportaron recientemente dos muertes lamentables de niños ahogados en el área de piscinas privadas. Los niños tenían edades que comprendían desde el año y medio hasta los 4 años de edad, que evidentemente necesitaban supervisión de adultos.
La pieza precisa que en el marco jurídico vigente en Puerto Rico existe la doctrina del peligro atrayente, que se utiliza en la materia de responsabilidad por daño cuando se mantiene una condición peligrosa atractiva para niños, y que será analizada.
En otro asunto, se favoreció el Proyecto de la Cámara 2204, en su Segundo Informe, del representante Wilson Román López, que enmienda el “Código Penal de Puerto Rico de 2012”, a los fines de fijar los límites de la conversión de la pena de multa a un máximo de tres meses.
“De un análisis de ambos cuerpos legales, podemos concluir que existe una incongruencia entre el Código Penal y las Reglas de Procedimiento Criminal, que debe ser subsanada. La conversión, también llamada prisión subsidiaria, es un elemento indeseable pero necesario en nuestro sistema penal. Con el que se le brinda al tribunal un poder coercitivo adicional, el cumplimiento de una pena no debe quedar a la voluntad del convicto. Ahora bien, se debe limitar su aplicación por el potencial de vulnerar la Igual Protección de las Leyes, puesto que coloca en una posición desventajosa a los ciudadanos indigentes”, indica en el Informe.
A su vez, se avaló el Proyecto de la Cámara 2230, para enmendar la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, y la “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular”, y así atemperarlas con los propósitos de la Ley 2-2016, conocida como la “Ley de Tablilla Única”, que permitirá que el ciudadano que venda o cambie su auto mantenga siempre su misma tablilla fija, evitando así la duplicidad de gastos en el proceso de compraventa de vehículos de motor en la Isla.
Corrido, se respaldó la Resolución Conjunta de la Cámara 268, que ordena a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito a diseñar y proponer al Departamento de Transportación Federal, en o antes del 1 de marzo de 2020, un programa educativo dirigido a informar a los conductores sobre las disposiciones respecto a los derechos de paso. Estas son enumeradas en la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", incluyendo las incidencias de accidentes en las intersecciones y una reducción en las fatalidades relacionadas, luego de ser dañadas o destruidas por el paso del huracán María en el 2017.
Igualmente, se consideró la Resolución Conjunta de la Cámara 525, que ordena al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a crear y expedir una tablilla conmemorativa para vehículos de motor con el fin de reconocer y destacar la celebración del trigésimo aniversario de la Fundación Make-A-Wish Puerto Rico.
También, se concurrió con la Resolución de la Cámara 1476, para estudiar el cumplimiento de los objetivos y logros alcanzados por DACO, conforme a su obligación de establecer un programa dirigido a defender el derecho de todo consumidor local a recibir de empresas domésticas y multinacionales con presencia en Puerto Rico, el mismo trato que recibe cualquier otro consumidor residente en uno de los estados de los Estados Unidos de América. Esto en cuanto a transacciones comerciales y aquellas otras que entienda pertinentes y sean compatibles con su jurisdicción. “Tenemos que enviar un mensaje claro a DACO que este es un asunto serio al que todos los puertorriqueños están mirando”, dijo el autor de la medida, el representante José “Quiquito “Meléndez Ortiz.
Igualmente, será investigado el estado en que está el proceso de expropiación de un solar abandonado, ubicado en la Calle Unión Carretera 842 Kilómetro 1 José Fidalgo Díaz, en Caimito, con número de catastro 114-077-503-11-000 por orden de la Resolución de la Cámara 1477; así como la proporción de farmacéuticos licenciados y técnicos de farmacia que laboran en farmacias de la comunidad, y aquellos que trabajan en farmacias de grandes cadenas no afiliadas por orden de la Resolución de la Cámara 152. La pesquisa incluye el tiempo promedio de espera para el procesamiento de recetas de medicamentos y si el propósito es fomentar las ventas de otros productos disponibles en las farmacias.
De la misma forma, los Representantes consintieron en aprobar la Resolución de la Cámara 943, en su Tercer Informe Parcial, mediante el cual la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central estudia las situaciones que afectan los municipios que componen dicha zona.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central, el representante Manuel Claudio Rodríguez, informó al pleno que la Comisión se ha mantenido muy activa dando seguimiento a diversas obras y buscando alternativas para finiquitar los problemas que enfrentan los residentes de los municipios de Abonito, Coamo, Santa Isabel y Salinas.
Entretanto, la Cámara favoreció el Proyecto el Senado 939, que enmienda la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, para reducir el número de estudiantes por maestro de educación física, de 250 estudiantes a 150. Esto de cara a la política pública de los pasados cinco años, por parte del Departamento de Educación, en lo que respecta a la consolidación y reorganizaciones de escuelas del sistema público ante la baja de matrícula.
Finalmente, se atendió el Proyecto del Senado 1275, cuyo propósito es declarar la primera semana del mes de noviembre de cada año como la “semana de los Albergues y Rescatistas de Animales y de Adopción de Mascotas en Puerto Rico”.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el jueves, 10 de octubre de 2019, a las 11:00 de la mañana.

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