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Timestamp: 2020-07-16 14:24:02+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 37, de 20/10/2008
Año 2008 IX Legislatura Núm. 37
Sesión plenaria núm. 34 celebrada el lunes 20 de octubre de 2008
- Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la adquisición de activos financieros. ("BOE" número 248, de 14 de octubre de 2008.) (Número de expediente 130/000005.)... (Página 2)
- Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el Plan de acción concertada de los países de la zona euro. ("BOE" número 248, de 14 de octubre de 2008.) (Número de expediente 130/000006.)... (Página 2)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes... (Página 2)
Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la adquisición de activos financieros... (Página 2)
Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el Plan de acción concertada de los países de la zona euro... (Página 2)
El señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero) expone las razones que han obligado a la promulgación de los reales decretos-leyes, solicitando el apoyo de la Cámara para su convalidación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Jorquera Caselas y las señoras Oramas González-Moro, Díez González y Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Alonso Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene el señor presidente del Gobierno.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la adquisición de activos financieros, se aprueba por 320 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por ocho votos a favor, 317 en contra y una abstención.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el Plan de acción concertada de los países de la zona euro, se aprueba por 321 votos a favor y cuatro abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por ocho votos a favor y 318 en contra.
Se levanta la sesión a las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
- REAL DECRETO-LEY 6/2008, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CREA EL FONDO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. (Número de expediente 130/000005.)
- REAL DECRETO-LEY 7/2008, DE 13 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA EN RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCIÓN CONCERTADA DE LOS PAÍSES DE LA ZONA EURO. (Número de expediente 130/000006.)
Punto único del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En concreto, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la adquisición de activos financieros, y de modo conjunto, por acuerdo de la Junta de Portavoces, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el Plan de acción concertada de los países en la zona euro. Para explicar las razones que han obligado a la promulgación de cada uno de los reales decretos leyes tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente, señorías, comparezco ante la Cámara para pedir su apoyo a la convalidación de los dos reales decretos-leyes que el Gobierno ha aprobado como medias urgentes que afectan a nuestro sistema financiero.
Se trata del Real Decreto-ley de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la adquisición de activos financieros, y del Real Decreto-ley de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el Plan de acción concertada de los países de la zona euro.
Ambas normas, aprobadas en un plazo de diez días, tienen su origen en la grave crisis financiera internacional y deben contribuir a estabilizar los mercados financieros y al restablecimiento de la confianza.
Con esta comparecencia de hoy son ya tres las ocasiones en que he acudido ante SS.SS. en los últimos
cuatro meses para dar cuenta de la posición del Gobierno sobre el rápido deterioro del complejo contexto económico en el que nos movemos. Como es conocido, señorías, el origen de las turbulencias financieras se sitúa en Estados Unidos en el mes de agosto de 2007, que es cuando empieza a hacerse notar la existencia de activos financieros complejos derivados de las conocidas hipotecas subprime. Son los llamados activos tóxicos, esto es créditos de muy dudoso cobro, con los que se ha permitido especular de un modo absolutamente irresponsable, que han mermado la solvencia de algunas entidades y provocado un aumento creciente de la desconfianza en los mercados financieros, con la consiguiente contracción de la liquidez.
Algo más de un año después, durante las últimas semanas, el empeoramiento de la situación financiera internacional se precipita con inusitada gravedad. En Estados Unidos afloran problemas de supervivencia de entidades financieras centenarias y formalmente bien calificadas como Lehman Brothers, que quiebra, y se tienen que producir tomas de control de otras como ocurre con las agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, o con la compra de Merrill Lynch por el Bank of America, de forma que desde el inicio de la crisis financiera en verano de 2007, cerca de veinte entidades financieras habrán sido objeto de algún tipo de intervención, suspensión de actividad o inyección de liquidez o de capital público en la primera economía del mundo. Este proceso acaba desencadenando la decisión de la Administración norteamericana de presentar un plan de rescate de más de 700.000 millones de dólares, aprobado por el Congreso el 3 de octubre, y que supone la intervención pública más importante en el sistema financiero de aquel país desde la crisis de 1929.
Europa no ha sido ajena al contagio de estas turbulencias financieras. Un número significativo de entidades alemanas, inglesas, danesas y del Benelux han sufrido algún tipo de intervención, apoyo o toma de control por parte del sector público. A estos hechos ha venido a sumarse, primero, la desconfianza de muchos ciudadanos europeos sobre la seguridad y garantía de sus depósitos en algunas de las instituciones financieras de nuestro continente y, después, las sucesivas actuaciones de algunos gobiernos europeos aumentando de forma unilateral e ilimitada la garantía de estos depósitos.
Todos estos acontecimientos han puesto de relieve los riesgos de colapso del sistema financiero y la necesidad imperiosa de una acción coordinada a nivel internacional. En la reunión del Consejo Económico y Financiero del 7 de octubre, los países de la Unión Europea asumieron el compromiso de emprender todas las actuaciones necesarias para preservar la estabilidad del sistema financiero y hacerlo de forma coordinada. Los jefes de Estado y de Gobierno del área euro, en nuestra reunión del 12 de octubre, insistimos en la necesidad de abordar de forma conjunta y decidida los persistentes problemas de financiación bancaria. En este sentido, se alcanzó el compromiso de actuar en coordinación con el Banco Central Europeo para asegurar condiciones de liquidez apropiadas y facilitar el acceso a la financiación por parte de las entidades financieras, proveyéndolas en su caso de recursos de capital. Todas estas actuaciones, que tienen como fin reactivar el acceso al crédito de las familias y de las empresas, fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los pasados días 15 y 16 de octubre.
Señorías, el Gobierno de España ha actuado de acuerdo con la urgencia que requería la gravedad de la situación y ha adaptado los nuevos remedios extraordinarios a las circunstancias específicas de la economía española.
Me interesa destacar que lo hemos hecho siendo en todo momento respetuosos y coherentes con la coordinación que nosotros mismos demandábamos e impulsábamos en la Unión Europa. Así, anuncié las medidas de ampliación de la garantía de depósitos y la creación del Fondo de compra de activos por parte del Tesoro horas después de la reunión del Ecofin del pasado día 7 y en atención a sus conclusiones.
Como SS.SS. también saben, las medidas contenidas en el segundo de los reales decretos-leyes, cuya convalidación defiendo en este Pleno, fueron aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario del lunes siguiente a la reunión del Eurogrupo celebrada en París durante el fin de semana, una reunión que tuve la oportunidad de auspiciar junto al presidente del Consejo, el presidente Sarkozy, en la visita que hice a la capital francesa el viernes inmediatamente anterior. Por tanto, las iniciativas españolas se han conjugado con las europeas en los tiempos y en el contenido, pues no en vano todas las medidas adoptadas por el Gobierno cuentan con el respaldo del Ecofin, del Consejo Europeo y también del propio Banco Central Europeo, que acaba de remitirnos un informe en el que hace una valoración general favorable de las mismas. Este informe está ya a disposición de la Cámara.
Señorías, las decisiones adoptadas por el Gobierno en relación con nuestro sistema financiero se fundamentan en tres premisas que quiero hoy destacar aquí. La primera, que nuestros bancos y cajas, a diferencia de lo que ha ocurrido con las entidades de no pocos países europeos, no han evidenciado problemas de solvencia que aconsejaran la aplicación de medidas de recapitalización. No obstante, por una elemental cautela y para contribuir a reforzar también en este sentido la confianza, hemos incluido al efecto en el Real Decreto-ley de 13 de octubre una habilitación específica al Ministerio de Economía y Hacienda. Como en su momento afirmé y el paso del tiempo ha corroborado, España cuenta con un sólido sistema financiero. Ello, en buena medida, se debe a nuestro propio marco regulador y a la supervisión ejercida de acuerdo con él por el Banco de España, que es una institución reconocida internacionalmente por su calidad y rigor.
Segunda premisa. La economía española tiene unas necesidades de financiación que como consecuencia de nuestro déficit exterior son mayores que las de otros
países de nuestro entorno. El problema es que a causa de la crisis financiera internacional, nuestras entidades han ido encontrando dificultades crecientes para captar los recursos necesarios en los mercados de capitales. Era imprescindible, pues, abrir nuevos cauces a la financiación de nuestros bancos y cajas para que esa financiación aproveche a las empresas y a las familias.
Tercera premisa. Gracias a la política fiscal prudente de los últimos años, contamos con un nivel de deuda pública reducido en términos relativos que nos permite razonablemente y aun teniendo en cuenta su considerable entidad, acordar actuaciones como las que hoy somete el Gobierno a la consideración de la Cámara.
Antes de detenerme en el contenido concreto de los dos reales decretos-leyes no quiero dejar de referirme a otra disposición adoptada al mismo tiempo que el primero de ellos. Se trata del aumento de la cobertura que ofrece el Fondo de garantía de depósitos e inversiones hasta los 100.000 euros por titular y entidad. Aunque esta medida no era en principio necesaria ya que no creemos que en ningún caso vaya a ser precisa su aplicación, hemos considerado conveniente reforzar con ella la confianza de los depositantes a la vista de la situación en algunas entidades de otros países y de la decisión de algunos de los socios europeos de elevar dicha garantía. Como conocen SS.SS. la ampliación se ha articulado en una norma de rango reglamentario y, por tanto, no es objeto de los reales decretos-leyes sobre cuya convalidación hoy deben pronunciarse y de los que paso ya a ocuparme.
El Real Decreto-ley de 10 de octubre crea un fondo con cargo al Tesoro que aportará financiación a nuestra economía mediante la adquisición a las entidades financieras de activos españoles de máxima calidad. De este modo salimos al paso de las dificultades existentes para acceder a la financiación en los mercados internacionales y de su inevitable impacto restrictivo sobre el crédito interno en nuestras empresas y familias.
Este fondo tendrá una dotación inicial de 30.000 millones de euros, ampliables hasta un máximo de 50.000, que se financiará con la deuda que emita el Tesoro. Las primeras operaciones se podrán realizar ya durante el próximo mes de noviembre. Por ello se aprueba para este ejercicio un crédito extraordinario de 10.000 millones de euros, ampliables hasta los 30.000 millones de euros. La habilitación de los créditos necesarios para completar la dotación máxima del fondo se incluirá en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009.
El fondo invertirá en activos de la máxima calidad y se regirá por los criterios de objetividad, rentabilidad, eficiencia y diversificación.
Así, para la realización de sus operaciones el fondo recurrirá a procedimientos competitivos para la selección de activos, en particular mediante subastas. Las adquisiciones se harán mediante compra en firme o con carácter temporal, los llamados repos. Los activos adquiridos serán cédulas hipotecarias o bonos de titulización respaldados por préstamos a familias y empresas no financieras. Para garantizar que la financiación llegue a empresas y ciudadanos el fondo primará la adquisición de activos respaldados por nuevo crédito, entendiendo como tal el otorgado con posterioridad al 7 de octubre de 2008. La dirección, administración y gestión del fondo le corresponderá al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de un consejo rector, presidido por el propio ministro, y de su comisión ejecutiva, presidida por el secretario de Estado de Economía. El hecho de que el fondo vaya a invertir solo en activos de máxima calidad y que lo vaya a hacer a precios competitivos permite que el Estado tenga fundadas expectativas de recuperar e incluso rentabilizar la inversión.
Siguiendo el principio de diversificación, que aminora el riesgo de la inversión, el activo del fondo deberá estar adecuadamente distribuido, por lo que se establecerá un umbral máximo de riesgo frente a una misma entidad de contrapartida y un mismo emisor. Además, por tratarse de dinero público, y como no podría ser de otra manera, hay que ser muy exigentes y rigurosos con todo lo que atañe al control y a la transparencia en la asignación del fondo. En todo caso, este tendrá una naturaleza temporal y perderá su razón de ser a medida que los mercados internacionales vayan restableciendo su normal funcionamiento. Porque, señorías, nada más lejos de querer crear una banca pública permanente ni sustituir al mercado, sino que más bien se trata de poner en marcha un instrumento potente para superar la situación actual. Consideramos que en estos momentos la intervención pública es necesaria e insustituible para asegurar la estabilidad y la financiación requerida por empresas y familias y que va a ser cada vez más necesaria también para impulsar con carácter general, en los ámbitos nacional y europeo, la actividad económica y la creación de empleo, pero no la llevaremos allí donde los mercados estén en condiciones de atender satisfactoriamente los intereses generales.
Con el segundo Real Decreto-ley, el del 13 de octubre, prevemos el otorgamiento de avales del Estado a las operaciones de financiación nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España. Se incluyen las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones admitidas a negociación en mercados secundarios oficiales españoles, y el aval se podrá extender, en su caso, a otros instrumentos bancarios, tales como los depósitos interbancarios, en el marco de un esquema concertado entre los gobiernos de la zona euro. El objetivo se sitúa en la misma línea de acrecer la financiación necesaria a nuestra economía, reduciendo la incertidumbre de nuestras instituciones sobre la obtención de financiación a medio plazo. Por esta razón se avalarán operaciones con un plazo de vencimiento de hasta cinco años.
En 2008 se podrán conceder avales hasta un importe máximo de 100.000 millones de euros. Serán otorgados por el Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley General Presupuestaria, y en condiciones de mercado, requiriéndose
el pago de una comisión que refleje el riesgo que asume el Estado en cada operación. Asimismo y con carácter excepcional y también con un horizonte temporal limitado, hasta el 31 de diciembre de 2009, se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda, como ya he comentado anteriormente, para la adquisición de títulos emitidos por las entidades de crédito residentes en España que necesiten reforzar sus recursos propios incluyendo participaciones preferentes y cuotas participativas. Los informes de adquisición se adoptarán previo informe del Banco de España.
En definitiva, señorías, se trata de cuatro medidas -las tres de los reales decretos-leyes y la ampliación de la garantía de depósitos- de apoyo enérgico a nuestro sistema financiero y con un objetivo prevalente, poner a nuestras entidades bancarias en condiciones de suministrar a los ciudadanos de nuestro país el crédito y la financiación necesarias, porque sin esa financiación no hay posibilidad alguna de recuperar el crecimiento económico y de crear empleo. Son medidas semejantes a las adoptadas por nuestros socios europeos, pues se inscriben en una acción coordinada de la Unión Europea, y ya solo por ello son valiosas, porque responden a una estrategia común, eficaz y fuerte. Si esta crisis financiera internacional es en buena medida una crisis de confianza, una respuesta conjunta europea como la que se ha producido resulta imprescindible para restaurar la confianza.
Hemos sentado entre todos las bases para combatir la crisis económica en toda Europa, es decir en cada uno de nuestros países. La Unión sale con esta acción reforzada, sale con capacidad para contribuir decisivamente a fijar un nuevo orden financiero internacional y también para impulsar una poderosa política europea contracíclica que combata la crisis financiera y el frenazo de la economía real. Lo está haciendo ya y lo seguirá haciendo; el Gobierno de España quiere contribuir activamente al desarrollo de esta acción europea conjunta y a la gestación del nuevo orden financiero internacional, porque no hay ninguna duda de que los riesgos a los que nos enfrentamos son globales, con unos mercados estrechamente conectados entre sí, y al igual que ningún país puede conjurar aisladamente los peligros y costes de la presente crisis, tampoco podrá prevenir eficazmente por sí solo las futuras. Por tanto, necesitamos más y mejor regulación, la reordenación de las instituciones de supervisión, el aumento de la protección de los ahorradores, mecanismos de gestión y resolución de crisis y, en fin, un reforzamiento general de las instancias supranacionales de coordinación y vigilancia.
Esto supone fortalecer muy significativamente las capacidades de vigilancia y actuación del Fondo Monetario Internacional y una revisión de sus estructuras de gobierno y representación, con atención al mayor peso de los países emergentes y de los propios países avanzados en el sistema financiero mundial.
Más allá de las medidas necesarias y urgentes que estamos desarrollando en la Unión Europea para restaurar la confianza y el normal funcionamiento de los mercados, como la adecuada aplicación de normas contables, la regulación de las agencias de rating o la revisión del contenido de los fondos de garantía de depósitos, necesitamos otras dirigidas a reforzar la regulación y supervisión bancaria. En este sentido, a juicio del Gobierno, se hace necesario, primero, ampliar el perímetro de control y supervisión para incluir a todos los agentes financieros que puedan generar riesgos para la estabilidad del sistema financiero; segundo, reforzar la regulación internacional de exigencias de capital para aumentar los márgenes de seguridad del sistema y reducir la posibilidad de quiebra de las entidades financieras; tercero, introducir elementos anticíclicos en el marco prudencial de los requisitos de capital, en línea con la regulación sobre provisiones que aplica el Banco de España desde 1999; cuarto, prestar más atención a los riesgos de liquidez en la regulación y supervisión prudencial; quinto, asegurar la coordinación de las supervisiones en el examen de las entidades y en la resolución de crisis apoyándose en instituciones regionales sólidas y eficientes. En este sentido discurre la reciente iniciativa de la Comisión de constituir un grupo de expertos de alto nivel para promover una coordinación y actuación más eficientes de la supervisión financiera a escala europea.
Señorías, los acontecimientos ocurridos en el mundo en el último mes y medio han puesto de relieve dos hechos que quiero subrayar. Por un lado que la evolución de la crisis económica internacional ha adquirido caracteres de particular gravedad, pues ha afectado tanto a la economía real como a las bases mismas del sistema financiero, y por otro que la cooperación y la colaboración entre toda la comunidad internacional constituyen requisitos de fondo si se quiere realmente no solo salir cuanto antes de la crisis y hacerlo con el menor deterioro para el bienestar de los ciudadanos, sino también prevenir crisis futuras. Esta enseñanza debe marcar a mi juicio la pauta de conducta de todos nosotros.
Es la hora de la colaboración; de la colaboración de instituciones y partidos, de agentes sociales y entidades financieras, de la colaboración internacional, especialmente en el seno de la Unión Europea. Por ello, señorías, deseo agradecer la buena disposición hacia las nuevas medidas que me han transmitido personalmente la gran mayoría de los representantes de los diferentes grupos. Valoro en especial la actitud mostrada al respecto por el principal partido de la oposición y lo hago porque me parece de la máxima importancia que ahora todos sepamos actuar responsablemente transmitiendo un mensaje de confianza al conjunto de la sociedad española sobre nuestro sistema financiero y su capacidad de servir, precisamente en este momento difícil, a la economía española, a las empresas y a los ciudadanos de nuestro país, más aún cuando hemos decidido apoyar este sistema con instrumentos de gran alcance que comprometen un importante volumen de recursos públicos, el más importante sin duda de los que vayamos a emplear con medidas destinadas
a combatir la crisis. Valoro esa actitud responsable y también las propuestas realizadas por el Partido Popular para mejorar el control y la transparencia del Fondo de adquisición de activos, que vamos a tomar muy en consideración a la hora de desarrollar reglamentariamente el Real Decreto-ley de creación del mismo.
Todos queremos que nuestras empresas y nuestras familias cuenten con recursos financieros suficientes para afrontar sus necesidades y todos queremos que los fondos públicos destinados a tan fin se utilicen bien, con la máxima transparencia y con la máxima eficiencia. Luego podremos discrepar -como de hecho lo hacemos- sobre las demás medidas ante la situación económica, pero sabemos que las que hoy aprobamos son imprescindibles. Mantengamos entonces la unidad en torno a ellas sumando nuestros votos para convalidar estos dos reales decretos-leyes. El Gobierno aprecia también, de nuevo, el apoyo prestado en este punto por los agentes sociales -sindicatos y empresarios- y por los responsables de las entidades financieras y, en general, del mundo económico. Es fundamental que permanezcamos unidos en lo esencial para atravesar este periodo difícil y complejo en el que estamos inmersos. Señorías, proteger a las familias y a las empresas recuperando cuanto antes la creación de empleo, es el objetivo que da sentido a todo lo que hacemos, y no escatimaremos un solo esfuerzo, una sola idea para alcanzarlo. Esta es la principal responsabilidad del Gobierno, en una tarea que a todos nos convoca, que tiene una verdadera dimensión de país, y hoy vamos a dar un paso importante en la buena dirección.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, señorías. A grandes males, grandes remedios, dice el refrán español. Grandes males son los que aquejan al sistema financiero, y excepcionales -muy excepcionales- las medidas cuya convalidación solicita el Gobierno. En esto podemos estar todos de acuerdo. Este asunto que nos ocupa es de difícil explicación a los ciudadanos que miran con asombro cómo sus gobiernos les instan a poner encima de la mesa enormes cantidades de dinero, actuando como inversores y avalistas de entidades de crédito. Se diría que es el mundo al revés: los ciudadanos prestándole dinero a los bancos. En el caso de España el asunto resulta especialmente paradójico, ya que el presidente del Gobierno decía hace tan solo unos días en Nueva York que contábamos con el mejor sistema financiero del mundo. Señor presidente, también nos dijo usted en agosto de 2007 que la crisis financiera provocada por las hipotecas subprime no iba a afectar a España, y luego añadió que nuestra economía era la mejor preparada para afrontar la crisis. Lo cierto, señor Rodríguez Zapatero, es que ha ocurrido justo lo contrario. La crisis nos afecta -y más que a la mayoría-, porque el endeudamiento de nuestras familias y nuestras empresas, así como el altísimo déficit exterior de nuestro país, nos convierten -en contra de lo que usted se harta de repetir- en uno de los países más vulnerables al estrangulamiento financiero internacional. Todo el mundo puede entender lo que estoy diciendo. Si nuestra economía funciona en gran medida gracias al dinero que pedimos fuera, cuando ese grifo se cierra y resulta más difícil acceder al crédito exterior, nuestro sistema productivo se resiente más que ningún otro.
Señorías, es muy importante que tengamos claro lo que está pasando, porque sería un gravísimo error no contar toda la verdad de este asunto, sus implicaciones y sus riesgos al conjunto de los ciudadanos. Señor presidente, estamos ante una crisis financiera que nos afecta mucho y que además se superpone a una crisis de la economía real a la que más tarde haré referencia. La crisis financiera, cuyo detonante efectivamente fueron las hipotecas subprime de Estados Unidos, ha acabado infectando a todo el sistema mundial de pagos y cobros. Se trata básicamente de una crisis de liquidez, aunque en el caso de algunas instituciones -unas cuantas- también de una crisis de solvencia. Es importante que distingamos los dos elementos. La falta de solvencia de algunos bancos ha provocado una situación de desconfianza generalizada en el sistema y ha estrangulado la liquidez del mismo. Así, en todo el mundo hemos visto medidas para sanear los casos de insolvencia y medidas para devolver la confianza al sistema en su conjunto.
Dicho esto, señorías, ¿qué votamos hoy? Votamos en primer lugar la creación de un fondo de hasta 50.000 millones de euros para comprar activos financieros y así inyectar liquidez a los bancos y cajas de ahorro; votamos también facultar al Gobierno para proporcionar avales del Estado a las operaciones de financiación nueva que realicen las entidades de crédito españolas hasta un importe de 100.000 millones de euros y, por último, votamos la autorización al Ministerio de Economía y Hacienda para adquirir títulos de las entidades de crédito que así lo soliciten para reforzar su base de capital, o sea, su solvencia. Lo primero que hay que decir es que nos trae usted, como muy bien ha dicho, señor presidente, un plan europeo, un plan que viene avalado por la fuerza del Eurogrupo. Eso es bueno, lo peor hubiera sido mantener la política de sálvese quien pueda que imperó en los primeros momentos. Una crisis global como esta requiere soluciones globales. Por eso mi partido entiende y valora este elemento esencial de las medidas que ha traído el Gobierno y por eso en su día apoyamos sin reparos la propuesta de garantizar los depósitos de los ahorradores hasta 100.000 euros, como hicieron otros países europeos, más aún, fuimos los primeros en pedir garantías para los depósitos. Más debate merecen las medidas que nos ha traído usted aquí esta tarde.
Empezaré por el fondo de 50.000 millones para la compra de activos a bancos y cajas y los avales
por 100.000 millones solo para este año. Se trata -y esto es bueno que lo tengamos muy claro- de medidas absolutamente excepcionales y que solo se justifican por la imperiosa necesidad de dotar de liquidez a nuestro sistema financiero. Las cifras marean. Estamos hablando de 150.000 millones de euros, el 15 por ciento de la renta nacional, una cifra equivalente a todo el gasto de la Administración General del Estado previsto para el próximo año 2009; en las viejas pesetas estaríamos hablando de 25 billones -con b, insisto- de pesetas. Jamás un Gobierno en España, jamás, ha tenido en su mano semejante poder económico y semejante capacidad de decisión. Señoras y señores diputados, estamos hablando de enormes cantidades de dinero público y es obligado, por tanto, clarificar qué criterios se van a utilizar para materializar esta operación. Por eso, el desarrollo reglamentario de estos decretos debe dar respuesta a algunas cuestiones que son fundamentales: qué se va a comprar, a quién se va a comprar, a qué precio, cómo se van a recuperar estos recursos, a quién se va a avalar y a quién no. Son multitud de preguntas -estas y otras muchas más- las que se plantean y que vienen a delimitar una exigencia puramente democrática. De lo que se trata es de garantizar que el dinero se distribuya entre las entidades con criterios de transparencia y de equidad. Pero, además de esto, señorías, necesitamos eficacia. Tenemos que garantizar que el dinero circule por donde tiene que circular y que llegue a atender las necesidades de crédito de nuestras familias y de nuestras empresas, especialmente las pequeñas y las medianas. Es preciso que la liquidez que pretendemos inyectar penetre en todo el sistema productivo y que los ciudadanos noten sus efectos benéficos; de otra manera, los españoles jamás sentirán este plan como suyo Esta recomendación no solo se la planteo yo, señor presidente, también se la hace el Eurogrupo, los mismos que han aprobado el paquete que usted nos trae hoy aquí.
Señorías, los decretos también contemplan una última medida, me refiero a la posibilidad de que el Gobierno adquiera títulos de entidades de crédito para reforzar su capital. Esta no es una medida pensada para atajar problemas de liquidez sino de solvencia. Esta medida, que es muy importante, prevé la intervención del Estado en el caso de que fuera necesario rescatar alguna entidad, es decir, salvarla de la quiebra, y son ustedes, como muy bien ha dicho hace unos minutos, señor presidente, los que han considerado necesario incluirla. Por mi parte yo solo le diré que esta autorización sin límite alguno de cantidad, rodeada de la más absoluta discrecionalidad exige, aparte de una mayor concreción, los mecanismos de supervisión, verificación y control que eviten que la discrecionalidad pueda convertirse en arbitrariedad o en una actuación puramente política. Entenderán, señorías, que en estas circunstancias y con estos antecedentes el desarrollo reglamentario de estos reales decretos tiene una importancia vital. Por ello pedimos concreción y también herramientas de control y de transparencia mucho más importantes que las que se contemplan en los decretos-leyes.
Señor presidente del Gobierno, usted ya conoce nuestra posición. Hemos hecho algunas aportaciones en las últimas horas y se las hemos hecho a ustedes, con el objeto de que todos los españoles tengan tranquilidad absoluta sobre el buen uso de su dinero. A alguna se ha referido usted hoy en su intervención, pero yo quiero recordarle algunas de las que en mi opinión, solo algunas, son más importantes. Es imprescindible que se favorezca en la aplicación de estas medidas y de forma muy evidente a las entidades financieras que más créditos estén concediendo a los hogares y a las empresas, por ejemplo, con ventajas en los procedimientos de subasta. Para que estemos seguros de que lo que se compra es de calidad y precio adecuados también sería necesario que se aplicaran los mismos procedimientos y requisitos que aplica el Banco Central Europeo para sus operaciones de financiación. Además se necesita más control institucional. El consejo rector que el decreto-ley contempla es, si se me permite la licencia, una mesa camilla que se podría reunir en casa del señor Solbes, porque solo lo componen cinco subordinados suyos. Este mecanismo tiene que reforzarse a través del desarrollo reglamentario, entre otras cosas, con una presencia importante del Banco de España. Esta institución, el Banco de España, ha de tener un papel relevante en el proceso de toma de decisiones y en la tarea supervisora sobre su ejecución, en especial para evaluar las condiciones financieras en las que se desarrollan las operaciones. De esta forma será mucho más fácil decidir hasta qué punto es necesario ralentizar o incluso suspender las mismas en caso de inestabilidad excesiva en los mercados.
También es necesario, señorías, reforzar las garantías de control parlamentario sobre la ejecución de estas medidas, a fin de cuentas los parlamentos nacieron para controlar el dinero que los ciudadanos les daban a los reyes. El primer decreto-ley que comentamos prevé la remisión de un informe cuatrimestral de la gestión del fondo, lo que resulta a todas luces insuficiente. No se trata de parlamentarizar la gestión del fondo, pero sí se trata de tener acceso a una explicación puntual y sistemática de sus decisiones que permita una valoración más inmediata de su aplicación.
Señor presidente del Gobierno, usted anunció el pasado miércoles en esta Cámara, respondiendo a mi solicitud, que se comprometía a que estos decretos-leyes -lo que voy a decir ahora son palabras textuales suyas- tengan las mayores garantías, que el Banco de España juegue un papel determinante, que haya más control parlamentario del que hemos planteado y, por supuesto, que acordemos toda la letra pequeña del desarrollo reglamentario que exige la puesta en práctica de esta medida. Esas son sus palabras en esta Cámara, señor presidente.
Pues bien, con su compromiso de aceptar la letra pequeña -que de forma muy resumida yo acabo de enumerar-, para el desarrollo reglamentario de los
decretos puede contar con nuestro voto afirmativo. Estamos dispuestos a apoyar estos decretos si de esta Cámara sale un compromiso formal para contemplar las mejoras previstas. Son medidas excepcionales para una circunstancia excepcional y exigen controles también excepcionales.
Estamos dispuestos a convalidar los decretos por responsabilidad, porque son medidas que se enmarcan en una acción global de la Unión Europea y sería impensable quedarnos fuera de esa acción global. Se trata, como he dicho, de aplicar en España las medidas coordinadas entre el Reino Unido y el Eurogrupo para dar una respuesta común a esta crisis. Y estamos dispuestos a hacerlo por el interés general de los españoles. Creemos que, con todos los reparos planteados, son hasta el momento el único mecanismo diseñado para paliar los problemas de liquidez, y en su caso de solvencia, de nuestro sistema financiero. Esperemos que den los resultados buscados.
Ahora bien, señorías, dicho esto, no quiero que nadie se llame a engaño.
Estamos hablando de una operación excepcional y urgente para restablecer la normalidad del funcionamiento del sistema financiero, pero solo del sistema financiero. Si lo consiguiéramos, habríamos aliviado la crisis de liquidez, pero ello no sería suficiente para plantar cara a la grave crisis económica que atraviesa nuestro país. Es decir, estamos aprobando unas medidas necesarias, pero no suficientes, para atajar los problemas de los españoles. Pudiera ocurrir -ojalá- que la liquidez volviera al sistema financiero, pero podría ocurrir también que, a la vez, la economía real siguiera estancada y arrojando miles de españoles al paro diariamente.
Señorías, me han oído decir en más de una ocasión en esta Cámara que con subprime o sin subprime, con el barril de petróleo a 80 ó a 140 dólares, estaríamos en una profunda crisis económica. Es cierto que esos factores hacían más difícil la situación, pero no nos engañemos. Aquí tenemos una crisis previa, muy profunda y, si no se toman medidas pronto y en la dirección correcta, se puede agravar y prolongar en el tiempo. Señorías, el ruido ensordecedor que ha provocado en las últimas semanas la crisis financiera ha disimulado o ha podido disimular la profundidad de la crisis de la economía productiva, cuya expresión más dramática es el acelerado incremento del paro, aunque también podría citarles los problemas de competitividad, el déficit público, el déficit exterior, las subidas de los precios y las hipotecas o la grave crisis de nuestros sectores productivos, en especial la industria y la construcción.
Señor Rodríguez Zapatero, lo peor que podría hacer usted hoy es utilizar la situación internacional como parapeto para seguir eludiendo sus responsabilidades ante los problemas que ha contribuido a generar. Lo peor que podría hacer es decirles a los españoles que estas medidas son la solución definitiva a sus problemas, porque no es así. Es más, el gigantesco esfuerzo económico que hoy les planteamos a los ciudadanos -insisto, el gigantesco esfuerzo que hoy les planteamos- quedará en nada si no va acompañado de otras reformas que se necesitan urgentemente. Más aún. Si la economía real tarda en recuperarse y aumenta en exceso la morosidad, el sistema financiero seguirá teniendo dificultades.
Voy terminando. Cuenta usted con nuestra ayuda para apoyar a nuestras entidades financieras, pero quiero decirle también que apuntalar con dinero público el sistema financiero no significa olvidarse de exigir responsabilidades por los posibles errores de gestión o los excesos cometidos. Acabo ya diciendo algo que me parece muy importante. Las familias y las pequeñas empresas españolas también están esperando un plan de rescate. Lo esperan los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, los jóvenes que no logran acceder a una vivienda, las familias asfixiadas por la hipoteca. Todos necesitan un plan de rescate y hasta ahora el Gobierno se ha olvidado de ellos.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente del Congreso, señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, bienvenidas sean todas aquellas medidas que van orientadas a resolver una parte de los problemas de la gente de la calle, de las familias, de las empresas y del sistema financiero español, como es el problema de la liquidez que hasta la fecha tenía nuestro sistema financiero, tenían nuestras familias y tenían nuestras empresas. Estas medidas -también vale la pena decirlo y se lo hemos dicho directamente, señor presidente- llegan tarde, pero llegan; más vale tarde que nunca.
Por este motivo, señor presidente del Gobierno, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar a favor de las convalidaciones de estos reales decretos. En primer lugar, porque van en la dirección de resolver uno de los problemas graves de nuestra economía, como es la liquidez del sistema financiero, de nuestras familias y de nuestras empresas, como ya he dicho anteriormente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Sánchez i Llibre.
Les ruego que tengan la bondad de bajar el volumen de sus conversaciones privadas por respeto al orador.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente del Congreso por su amparo.
En segundo lugar, también lo hacemos por coherencia política, ya que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió fue el primer grupo parlamentario que se adelantó a los malos acontecimientos económicos que se han desarrollado en España. Fuimos los primeros que lo
dijimos en el debate del mes de julio, porque nuestro portavoz, Duran i Lleida, ya le planteó a usted las dificultades que padecía nuestra economía real respecto a los problemas de liquidez. Volvió a insistir en el mes de septiembre y ahora estamos en el mes de octubre. Por eso he dicho al inicio de mi intervención que bienvenidas sean estas medidas porque, aunque llegan tarde, nosotros las consideramos muy importantes.
En tercer lugar, también vamos a votar a favor de estas medidas porque estamos convencidos de que ya han empezado a contribuir a dar confianza y seguridad en los mercados financieros, básicamente por un planteamiento que hoy no convalidamos pero que usted ha planteado en su intervención, porque también están dando y van a dar confianza a los depositantes, a los ahorradores españoles, a los mercados y a los agentes económicos. La confianza y la seguridad son aspectos que reclamaba nuestro sistema financiero y nuestros agentes económicos y con la convalidación de estos reales decretos vamos a ir en esta dirección. Convergència i Unió siempre ha mantenido que el problema de nuestro sistema financiero no es de solvencia, sino de liquidez, y me gusta resaltarlo en este debate para decir abiertamente, señoras y señores diputados, que nuestro sistema financiero hasta el día de hoy no tiene un problema de solvencia, sino de liquidez, y seguramente con la aplicación de dichas medidas vamos a ir en la buena dirección para que, definitivamente, no tengamos que dudar de la solvencia de nuestro sistema financiero.
Vamos a votar favorablemente, señor presidente, pero también le digo que el voto de Convergència i Unió, por tratarse de unas medidas excepcionales -extraordinarias diría yo-, no va a ser un cheque en blanco. Vamos a votar favorablemente, pero no le vamos a dar un cheque en blanco, pues creemos que en este proceso han de tomarse en consideración cuatro premisas. Me atrevería a decir al señor presidente que vamos a exigirle, si me lo permite, una serie de condicionantes, que voy a exponer rápidamente, de cara a un buen resultado de estas operaciones financieras con las que vamos a dotar a la economía española. En primer lugar, Convergència i Unió quiere y exige al Gobierno la máxima transparencia en estas operaciones. En segundo lugar, queremos y exigimos al Gobierno un control riguroso del proceso. En tercer lugar, queremos y exigimos al Gobierno que la implementación de dichas medidas tenga el mínimo coste fiscal para los ciudadanos españoles y, si fuera posible, nos gustaría que se afirmase con la máxima rotundidad que a los ciudadanos españoles esta operación no les va a costar ni un euro. Es difícil, pero planteamos este condicionante. Por este motivo, señor presidente del Gobierno, desde el primer momento en que el Gobierno anunció estas medidas Convergència i Unió creyó fundamental para que lleguen a buen puerto que el Banco de España supervise estas operaciones bajo una serie de planteamientos que voy a hacer a continuación, para que podamos tener la seguridad de que con nuestro voto afirmativo, que, repito, no es un cheque en blanco, se cumplan una serie de requisitos que consideramos fundamentales. En primer lugar, exigimos al Gobierno garantías suficientes para que estos flujos económicos que van a ir del Tesoro a las entidades financieras españolas reviertan automáticamente en las empresas, en las familias y en la economía productiva en general.
Básicamente, se trata de asegurar, señor presidente del Gobierno, que la contraprestación dineraria que reciban las entidades de crédito contra la entrega de los activos repercuta lo más posible en la disponibilidad de la liquidez por parte de las empresas y familias, es decir, que los fondos que reciban las entidades financieras se traduzcan en concesiones de crédito automáticas. La exposición de motivos de este real decreto lo dice claramente. Dice textualmente: El fondo primará la adquisición de activos respaldados por nuevo crédito, entendiendo como tal el otorgado con posterioridad al 7 de octubre del año 2008. La expresión nuevo crédito hay que entenderla -al menos así lo entiende Convergència i Unió- como la concesión que realizarán las entidades de crédito a empresas y familias en base a los recursos recibidos por el fondo. Nosotros entendemos que el seguimiento correcto de esta finalidad primordial requiere la fiabilidad y transparencia que le puede dar, desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica política, el servicio técnico del Banco de España. Y para que esto se pueda poner en marcha, a pesar de que usted ya ha hablado con nuestra portavoz de la participación en un futuro inmediato en la elaboración del reglamento, entendemos que los servicios técnicos del Banco de España lo pueden materializar perfectamente, ya que se trata de la práctica habitual, conocida como la persuasión moral, es decir, el sistema de circulares mediante el cual las entidades quedan advertidas y que, sin ser de obligado cumplimiento, lo tienen en cuenta justamente porque lo recomienda el supervisor. Es por este motivo por el que el Banco de España tendría que tener un conocimiento puntual y exacto de la evolución de los ratios de crédito de cada banco que reciba prestaciones por parte del fondo. Esta información, fruto del correcto seguimiento, debería conocerla el consejo rector del fondo, la comisión ejecutiva y, en su caso, toda la sociedad española en general porque en Convergència i Unió estamos convencidos de que esta perspectiva, esta metodología, esta incorporación, este papel relevante del Banco de España daría una confianza absoluta e importante a los contribuyentes y también, por qué no decirlo, daría una robustez importante al sistema financiero español.
Hay una segunda cuestión importante que también queremos manifestar para que la elaboración o ejecución de todas estas metodologías, a través de la convalidación de estos dos reales decretos, no le puedan costar un euro al contribuyente español. Desde esta perspectiva nosotros también planteamos una propuesta, que ha recogido perfectamente el Gobierno en su intervención, como es la de proveer un sistema de adquisición de activos eficiente en el procedimiento y eficaz en el resultado. Como
en el apartado 5 del artículo 4 se especifica que el Banco de España instrumentará las operaciones financieras del fondo para la adquisición de activos financieros y actuará como agente y como banco depositario, nosotros entendemos que uno de los mecanismos relevantes e importantes para elaborar todo este tipo de operaciones sería la puesta en marcha de un procedimiento de recompra o descuento o, como técnicamente también se denomina, recompra al tirón, a fin de que en todas aquellas operaciones de activos que se puedan materializar entre el Tesoro y las diferentes entidades financieras pudiera existir este pacto de recompra con un precio previamente acordado al inicio de la operación, lo que evitaría un coste para los contribuyentes españoles.
También planteamos otra petición que va en la dirección de que exista un aseguramiento público suficiente y veraz sobre los activos que adquiere este fondo. Desde nuestro punto de vista tendría que existir la certeza de que los activos adquiridos son de buena calidad, y usted lo ha expresado en su intervención, y el que debería realizar el análisis y la selección de tales activos, es decir, la calificación o rating, desde la perspectiva de Convergència i Unió, sería asimismo el servicio técnico del Banco de España. Este aspecto el real decreto-ley ni lo prevé ni lo explica. Ateniéndome a su intervención, yo podría llegar a la conclusión de que esta sería una de las cuestiones importantes y relevantes que se podrían incorporar en el futuro reglamento porque, dadas las experiencias internacionales, desde la perspectiva de los resultados que se han puesto encima de la mesa y que todos tenemos conocimiento de las gestiones que en determinados casos han dado como resultados los ratings que han planteado empresas privadas de calificaciones, nosotros entendemos que valdría la pena plantear la posibilidad de que en este control de los activos adquiridos se le diera una entrada explícita al Banco de España.
Respecto al primer real decreto-ley hay una reclamación, entre comillas, amistosa y planteada con la máxima sensibilidad por nuestro grupo parlamentario en el sentido de que para el buen resultado de estas operaciones para nosotros es crucial la objetividad, la profesionalidad y la credibilidad de la comisión ejecutiva del fondo. Por este motivo, sería muy interesante que se pudieran incorporar profesionales independientes de prestigio en el mundo financiero, de prestigio en el mundo de las cajas de ahorros, profesionales de prestigio en el mercado de valores para que, junto con el Banco de España, pudieran tener en todo momento un papel relevante en todos los mecanismos que se van a poner en marcha rápidamente. Desde la perspectiva de la convalidación del primer real decreto exigimos garantías de que los fondos que reciban las entidades de crédito para la recompra de activos por parte del Estado vayan a facilitar el crédito a las familias y a las empresas, exigencia sobre que el procedimiento de adquisición de activos se realice por el procedimiento de recompra al descuento, petición de que el Banco de España esté más presente en los organismos y en los procedimientos, sobre todo en la calificación de entidades de crédito al fondo, y muy particularmente para el seguimiento de la concesión de los créditos a familias, a empresas y a particulares. Finalmente, una reclamación para la presencia de independientes en la comisión ejecutiva del Fondo para la adquisición de activos financieros.
Respecto a la convalidación del segundo real decreto sobre la trasposición del Plan de acción concertada de los países de la zona euro, que tiene como objetivo fundamental generar liquidez y capital aval para el mercado interbancario, aval para las emisiones de activos, para que puedan emitir deuda pública y también para la compra de títulos (en este aspecto no voy a entrar porque, de entrada, existe una solvencia importante por parte de las entidades financieras españolas), dado que es un mercado que actúa telefónicamente, al minuto, consideramos una prioridad absoluta la puesta en marcha del mercado interbancario, para lo cual es imprescindible disponer de la instrumentación de los avales, porque si no tenemos la puesta en marcha de la instrumentación de los avales, este mecanismo no va a dar los resultados que todos esperamos. Sin embargo, queremos manifestar, señor presidente del Gobierno, que el procedimiento no debe ser que cada banco solicite cada vez el aval, ya que esto imposibilitaría el funcionamiento del mercado. La Administración, en este caso el Tesoro y el Banco de España, debe elaborar en estos momentos una lista con todos los bancos, indicando la cuantía total del aval concedido y el periodo de validez, porque si no no sería un instrumento ágil, eficaz y solvente para que el mercado interbancario generara liquidez rápidamente y esta liquidez se pudiera trasvasar a las entidades financieras españolas. Con este automatismo que nosotros planteamos, cada banco podrá acudir directamente al mercado interbancario y actuar con la inmediatez que requiere este mercado.
Estos son, señor presidente, los planteamientos, las premisas y las consideraciones que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quiere poner encima de la mesa, en el sentido de que la elaboración del reglamento tiene que estar a disposición de los mercados lo más rápidamente posible, la instrumentación de los avales también tiene que ser de una rapidez inusitada, ya que estamos hablando de contrataciones telefónicas, para que podamos dar una solución al sistema financiero español, a una parte de los problemas reales de nuestra economía, como es que la liquidez deje de ser una problemática para nuestras familias, para nuestras empresas y para nuestro sistema financiero.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, intervengo brevemente, señor presidente, en nombre de mi grupo parlamentario con el fin de fijar nuestra posición en relación a los dos reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno con el fin de hacer frente a la crisis financiera. No voy a entrar, por tanto, en los detalles de las medidas, ni mucho menos a analizar en profundidad las supuestas causas de la crisis financiera que, por otra parte, ha sido ya explicada por el propio presidente. Tendremos tiempo y oportunidades sobradas para hablar sobre la crisis económica y la crisis financiera; sin ir más lejos, mañana y pasado con motivo del debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. No puedo, sin embargo, obviar que la crisis financiera es de tal calado que está poniendo en cuestión incluso la esencia y los fundamentos del propio sistema capitalista y está siendo una prueba exigente, una prueba de fuego, para medir la consistencia de instituciones como la unión monetaria, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y otros.
A lo largo de los últimos meses, y especialmente este mes de octubre, todos estamos recibiendo cursos intensivos sobre la crisis financiera en la que estamos inmersos. Da la sensación de que conocemos ya las causas, la intensidad, las consecuencias de esta crisis y el impacto en la economía real o productiva, cuando en realidad tenemos un profundo desconocimiento del alcance y las repercusiones de la misma. Parece que todo empezó -como usted señaló, señor presidente- hace más de un año en Estados Unidos con las hipotecas subprime o de alto riesgo y se aceleró a partir, pongamos, de la caída de Lehmans Brothers. En tan solo unos pocos días hemos contemplado la nacionalización o la toma de participación estatal en multitud de entidades financieras, desde Estados Unidos hasta el Reino Unido, pasando por Islandia y por muchos países más. Hemos podido ver a los candidatos McCain y Obama interviniendo en el Congreso y en el Senado americanos peleando y defendiendo medidas, en un primer momento, improvisadas y dispersas que, posteriormente, han ido tomando mayor coherencia y consistencia. Hemos visto a unos jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de fuera de ella que han recibido igualmente un curso intensivo sobre sistemas financieros y que se han reunido en diferentes ámbitos y múltiples veces: en el marco de la Unión Europea, en el G-8, en el G-20, etcétera. Se han adoptado medidas, en primera instancia, en el ámbito de los Estados para dar pasos posteriores en el marco de la coordinación y la cooperación europea, una vez que se dieron cuenta de que una crisis global no puede abordarse desde la pequeñez de los Estados, por muy potentes que algunos de ellos parezcan.
Hemos podido observar cómo los gobiernos han suplantado en su función principal a los bancos centrales que han quedado, a nuestro juicio, en evidencia. El Banco Central Europeo no ha estado, a nuestro juicio, a la altura de las circunstancias y la medida de bajar tan solo medio punto el precio del dinero, con la que está cayendo, es difícil de entender. Tenía que haber sido mucho más valiente y haber asumido un mayor protagonismo en la crisis. También, el papel de las instituciones europeas para abordar la situación ha sido bastante cuestionable por la falta de liderazgo. No sabemos si las medidas adoptadas en Estados Unidos y en el ámbito europeo son o no suficientes, puesto que el problema es enormemente complejo. En lo que coincidimos muchos es en que estas medidas eran absolutamente imprescindibles para dar confianza a los mercados, a las empresas y a los ciudadanos. Por ello, nuestro grupo parlamentario, el Partido Nacionalista Vasco, va a votar favorablemente la convalidación de los reales decretos-leyes que estamos debatiendo. Y lo va a hacer, tal y como ya lo anunció el portavoz de nuestro grupo, porque creemos que es importante lanzar un mensaje de acuerdo y de sosiego al conjunto de los ciudadanos y una señal clara a los mercados.
Crear el Fondo de adquisición de activos -el Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre- y otorgar avales a las entidades financieras y adquirir títulos para reforzar los recursos propios de las entidades financieras -que es el Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre- son medidas adecuadas, aunque no necesariamente las únicas ni seguramente las últimas que haya que adoptar. Sin embargo, dado el alcance de las medidas y el carácter público de los recursos comprometidos, el papel de seguimiento y control de los grupos parlamentarios debiera ir más allá del mero hecho de recibir información cuatrimestral por parte del Gobierno. Creo que implicar, además de al Banco de España y a expertos, tal y como se ha comentado aquí, a los partidos y a los grupos parlamentarios en la adopción y en el seguimiento de las medidas puede contribuir al pretendido objetivo de dar estabilidad a los mercados financieros.
Por otra parte, consideramos que el Gobierno debería ser más prudente a la hora de realizar ciertas declaraciones. Nos congratulamos de que la posición de las entidades financieras españolas sea, al menos aparentemente, más sólida que las de nuestro entorno; sin embargo creemos, señor presidente, que podría surgir un problema de envergadura en cualquier momento. En este contexto, no entendemos por qué el Gobierno, y usted mismo hoy, quieren dar la sensación de que en el sistema financiero español no van a surgir problemas, como si la crisis financiera nos fuera ajena. Ojalá fuera así, pero no podemos asegurarlo; la prudencia en este sentido es buena compañera en momentos de incertidumbre, y este lo es. Eso es lo que también debería guiar las declaraciones públicas del Gobierno.
Al margen de la crítica, señor presidente, valoramos positivamente las medidas contempladas en los reales decretos que discutimos hoy en la Cámara, al igual que la del real decreto por el que se refuerza la protección de los depositantes e inversores. Por ello es por lo que -como les he avanzado- votaremos favorablemente para que estos reales decretos sean aprobados.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra, en primer lugar, don Joan Ridao.
Señorías, señor presidente del Gobierno, a su ministro de Economía y Hacienda le hemos oído decir en alguna ocasión que nuestro sistema financiero tiene un problema de liquidez pero no de solvencia, y antes el señor Sánchez i Llibre le parafraseaba, o lo que es igual, que no es que aquí no llueva sino que fuera lo que hay es una tormenta de padre y muy señor mío. Por eso no se parece mucho lo que habitualmente dice su ministro de Economía a lo dicho por el presidente del Gobierno, sin ir más lejos, el martes pasado, cuando dijo que el deterioro de la situación financiera española era gravísimo, aunque solo dos semanas atrás -también quiero recordarlo-, en Nueva York, este sistema era el más solvente, el más sólido del mundo y ahora, como todo fluye tan rápidamente, hacen falta avales y la compra de activos financieros por valor nada más y nada menos que del 15 por ciento del PIB, por un importe, por cierto, que puede llegar hasta los 150.000 millones de euros, que es una cifra que se parece sospechosamente a la deuda externa que todos los bancos españoles tienen contraída y que vence en 2008 y en 2009. Parece, por tanto, como si el presidente del Gobierno y el ministro del ramo no hablaran, porque también el presidente del Gobierno anunció la posible entrada del Estado en el capital de bancos intoxicados, a lo Gordon Brown, en plan líder mundial, cosa que luego fue negada por el señor ministro. No sabemos, por tanto, si el presidente del Gobierno ejerce de presidente del Gobierno, de vicepresidente primero, segundo, de gobernador del Banco de España, incluso de jefe de su leal oposición.
Vamos a dar, en todo caso, apoyo globalmente a la convalidación de estos dos reales decretos-leyes. Pero esto no es óbice para que, en todo caso, subrayemos que conocemos perfectamente esta forma de actuar; una forma de actuar que juzgamos de espasmódica, de oscilante e incluso de improvisada, que en el pasado ya ha tenido algún efecto devastador, por ejemplo, en el tema del Estatut, y que lo va a tener con un tema sensible como son las expectativas de gasto social en dependencia, en un capítulo como la Ley de la Dependencia. Tiempo al tiempo, aunque el presidente del Gobierno diga que el Gobierno está cumpliendo. No solo se ha negado y afirmado al mismo tiempo la crisis sino que, señor presidente del Gobierno, nuestro grupo entiende que no se está explicando de forma realista, sin oscilaciones y sin cambios de criterio la realidad del mundo en que vivimos. Empezando por explicar que el sistema financiero español no es inmune, y lo digo sin catastrofismo, porque creo que se puede afirmar que los problemas y dificultades llegarán más pronto o más tarde. Los problemas de liquidez van a provocar que se resienta el volumen de negocio de las entidades de crédito. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria tendrá, sin duda, consecuencias porque el año pasado el 60 por ciento de los créditos de esas entidades fueron a parar al sector inmobiliario. Lo digo también porque la morosidad irá en aumento, hace un año era del 0,8 por ciento y ahora del 2,1, y el incremento del paro va a ser decisivo en el impago de muchas hipotecas. Quiero decir, pues, que con un crack inmobiliario, con un alto nivel de endeudamiento de empresas y familias y a las puertas de una recesión decir que el sistema financiero no va a tener problemas evidentemente es absurdo, como absurdo es lo que dijo un portavoz económico del Grupo Popular cuando se refirió a que un sistema financiero con un 5 por ciento de morosidad era inseguro. Algo, por tanto, puede romperse por el camino, y tres años de crisis sin duda van a hacer mella. Hoy por hoy la economía pierde fuelle, se debilita y, peor aún, no hay crédito y ello lleva de cabeza no solo a familias sino también a empresas, y por eso estamos hoy aquí en este trance.
Dicho esto, que el sistema financiero no sea inmune al chaparrón no quiere decir que no se resista al embate de la tormenta financiera internacional en mejores condiciones, que haya incluso que socorrer a cualquier precio a estas entidades de crédito, como así lo han hecho en Estados Unidos, en Alemania o en el Reino Unido. Fíjense, el Banco de Santander aparece siempre en todas las quinielas de posibles compradores de bancos en bancarrota. Los grandes bancos españoles no solo no han perdido dinero sino que lo han ganado: el BBVA, un 7 por ciento, el Santander, un 3 por ciento, mientras que el resto de grandes entidades bancarias en Europa han tenido pérdidas. Y no solo eso, sino que para 2008 incluso han previsto unos beneficios globales de 22.400 millones de euros, igual que en 2007. En esta tesitura y en este contexto mantener beneficios no es precisamente presentar pérdidas. Quizá por eso los sueldos de los principales banqueros son casi obscenos, astronómicos. Debieran, por tanto, moderarse por un mínimo escrúpulo moral o estético. Quizá por eso bancos y cajas aseguran que no han cerrado el grifo y que continúan financiando a sus clientes más solventes, y eso, en verdad, tampoco es así, porque en solo un año han reducido en un 50,2 por ciento los créditos a empresas no financieras y un 4 por ciento a las familias. Las inyecciones de liquidez del Banco central no han llegado a familias y empresas porque han ido a atesorarse por parte de las entidades de crédito. Hay, si no un cerrojazo crediticio, sí una crisis severa de confianza y evidentemente la confianza es un elemento fundamental para que la economía real funcione. Las entidades de crédito han colgado, pues, el cartel de aquí no se fía. Muchas empresas no consiguen ampliar sus pólizas de crédito para resistir el retraso en el pago de un cliente importante. Las empresas, por tanto, sufren desde hace meses un auténtico ahogo financiero
insostenible que amenaza su continuidad, y las familias no están mejor, porque la concesión de hipotecas cayó en julio un 20 por ciento, según el INE, los créditos personales -por ejemplo, al consumo- se han paralizado; se exigen en la mayoría de los casos unas garantías que son excesivas e inalcanzables. Por lo tanto, el plan del Gobierno ha de servir para mejorar la liquidez de la economía real facilitando el crédito a empresas y familias solventes.
Debatimos hoy -y con esto acabo- la convalidación o no de sendos decretos-leyes que responden a esta acción coordinada que antes anunciaba el presidente del Gobierno de los países de la zona euro que, después de semanas de ir por libre, finalmente han decidido fijar unas bases comunes. Pero se trata de dos tipos de medidas distintas aunque mezcladas. Una, la de garantizar todavía más por medio de avales la liquidez del sistema, y la otra, la de adquirir algún tipo de activos financieros. En primer lugar, por lo que se refiere a la inyección de liquidez al sistema a través de avales hasta un máximo de 100.000 millones de euros, es una medida -ya lo dijimos y lo repito hoy- que nuestro grupo juzga como positiva porque, como ya he dicho, la crisis genera desconfianza e incluso temor, de forma que los bancos incluso no se dejan dinero entre sí, y ello, evidentemente, supone la quiebra de una herramienta fundamental, básica de todo mercado financiero como es el mercado interbancario. Existe, pues, un riesgo real de entrar en una espiral negativa de descenso de la actividad económica y de incremento del paro si no se endereza la situación, si no se restituye la confianza.
En segundo lugar, otra cosa distinta es la que prevé el Real Decreto-ley 6/2008, que desarrolla el anuncio del plan de rescate para inyectar liquidez en el sistema mediante la compra de activos de calidad. Pero qué son, señor presidente del Gobierno y señor ministro de Economía y Hacienda, activos de máxima calidad. Porque ustedes saben que bancos y cajas van a querer sacarse de encima activos dudosos, cédulas hipotecarias de dudosa liquidez, aquellas que nadie va a querer comprar en ningún caso. Se nos dice que es una medida de todo tipo excepcional pero, evidentemente, puede abrir la puerta a ayudar a algunas entidades que en sus balances tengan productos de baja calidad, activos tóxicos y activos basura de cuando se hacían préstamos a todos aquellos que no necesitaban mascarilla de oxígeno para respirar. Pero es posible que acabemos pagando todos, a través de la emisión de deuda o, incluso, a través del incremento de los impuestos. Eso sería un premio para aquellas entidades que arriesgaron, se equivocaron y que ahora saldrían beneficiadas cuando se acaben socializando sus pérdidas.
Hay que mejorar y enmendar estos dos decretos-leyes y, por eso, hemos planteado abiertamente la posibilidad de tramitarlos como proyectos de ley. En todo caso, no nos vamos a oponer si las medidas que el presidente del Gobierno y algún grupo han anunciado para el trámite reglamentario de estos dos decretos-leyes incorporan como mínimo el necesario control, el rigor y la transparencia necesaria para, en primer lugar, asegurar el destino de estas garantías a familias y empresas y un papel clarísimo del Banco de España como supervisor y, en segundo lugar, para definir más claramente qué son instrumentos financieros de máxima calidad. Si es así, señor presidente del Gobierno, Esquerra va a dar su apoyo. Desde este punto de vista, creemos en su palabra y en la garantía que usted nos ha dado.
Señorías, en primer lugar, debería ser este el momento en que el Gobierno y el resto de las fuerzas políticas nos digamos la verdad sobre la naturaleza de la crisis. Hasta ahora hemos oscilado entre la desaceleración y la crisis económica. Creo que diríamos la verdad a los ciudadanos si reconociéramos -como el reciente premio Nobel- que nos encontramos ante un desplome económico feo, largo y brutal. Con ello nos acercaríamos mucho más a la realidad de lo que lo hemos hecho hasta ahora. En segundo lugar, señorías, decía Ralph Neider que su padre se preguntaba en el momento de la cena cómo se mantiene el capitalismo, y se respondía a sí mismo diciendo que al final le salva el socialismo.
Nosotros, que estamos de acuerdo con una iniciativa de izquierdas frente a la crisis, no queremos esa iniciativa de izquierdas únicamente como hospital del capitalismo, no la queremos para repartir la deuda del capitalismo, para socializar sus pérdidas. Queremos aprovechar esta oportunidad no para refundar el capitalismo, sino para refundar el socialismo en torno a estas propuestas concretas para paliar la crisis, pero también en propuestas de fondo que cambien el sistema financiero internacional y nuestro propio sistema económico. Porque, señorías, de las dos cosas hay en nuestra crisis, crisis financiera internacional y crisis de la economía real. Por tanto, a las dos cuestiones tiene que responder el Gobierno. En nuestra opinión, no está respondiendo a esas dos cuestiones desde la perspectiva que decía antes de un socialismo de futuro. En ese sentido, señorías, no hemos compartido -y mañana lo diremos- una iniciativa presupuestaria, o una propuesta presupuestaria clásica que, ante el cambio de ciclo económico, se basa en un presupuesto restrictivo. Tampoco compartimos una respuesta de emergencia que no trae consigo una respuesta de fondo en relación con la crisis financiera internacional. Aprobar estos importantes
fondos para la banca española sería tanto como aportar importantes volúmenes de dinero público en una cesta, que se pierden al cabo de unos minutos. La banca en estos momentos, tal y como está configurada, es una cesta. Nosotros queremos que haya canales para que llegue esta financiación a las familias, a los ciudadanos y a las empresas. Ese es el símil que a nosotros nos gusta. No nos gusta aportar una transfusión a un sistema que tiene una grave hemorragia -porque sería una pérdida-, sino que hay que intervenir al mismo tiempo con la transfusión y parando la hemorragia. En ese sentido, también son necesarias propuestas no solamente para financiar a la banca sino para financiar a la banca con garantías de que esa financiación llega a los ciudadanos.
Quiero recuperar las propuestas del premio Nobel de Economía Paul Krugman, así como las de muchos economistas críticos que en estos momentos dicen que el Gobierno, cuando crea este tipo de fondos -al igual que el gobierno de Estados Unidos con la iniciativa Polson-, echa el agua en una cesta, y la mejor forma de utilizar estos fondos -dice Paul Krugman- es tomar capital en el sector financiero. ¿Qué garantiza la compra de acciones en vez de la compra de activos que nos propone hoy el Gobierno? Garantiza, en primer lugar, la propiedad, para no socializar solamente las pérdidas, sino también los beneficios. En segundo lugar, garantiza el control, cosa que no garantizan las propuestas que hace en estos momentos el Gobierno. Garantiza contrapartidas. ¿Cómo va a controlar el Gobierno la reducción de las compensaciones de los directivos? De ninguna manera.
¿Cómo va a garantizar el Gobierno la vinculación entre dividendos e inversión o, por ejemplo, que no se repartan dividendos mientras se recibe dinero público? Tampoco lo va a poder garantizar. Garantizan también transparencia y garantizan al Gobierno y al sector público recuperar lo invertido. Por esa razón es por la que nos decantamos por la participación pública, por abrir el debate -como decía antes- de un socialismo del siglo XXI; sería un debate de presupuestos expansivos, como plantea Krugman, de la no sacralización del déficit, y también el debate de la participación pública en la banca, de un fondo público que, ese sí, garantizaría que este importante volumen de dinero público vaya a las familias, a las empresas y a los ciudadanos, garantizando su transparencia y su control.
Señorías, por estas razones, nuestro grupo parlamentario no comparte la propuesta de fondo del Gobierno; va a abstenerse en la propuesta de los avales pero, sobre todo, lo que quiere nuestro grupo parlamentario es que este Parlamento sea algo más que... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Llamazares.
Les ruego tengan la bondad de bajar la voz, especialmente en los corrillos más significativos, porque quien no ha subido a la tribuna aun no sabe lo incómodo que es hablar con ese murmullo de fondo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias por su amparo, señor presidente.
Decía que resulta de la mayor importancia que este Parlamento no sea un convidado un piedra, y en los dos decretos que formula el Gobierno el Parlamento es un convidado de piedra. Un convidado de piedra en una materia que afecta a un volumen económico muy importante de los presupuestos de este país. Por eso, proponemos una oficina de control presupuestario para estas medidas del Gobierno porque no nos parece suficiente el acuerdo sobre el reglamento. Reclamamos que se tramite como proyecto de ley para que sea posible enmendar esta propuesta del Gobierno y acercarla a un cambio de paradigma en torno al abordaje de la crisis.
Pero también creemos que esta propuesta merece un mayor control parlamentario, incluso reconociendo que nuestras ideas y nuestras propuestas son hoy por hoy minoritarias en este país, aunque estoy convencido de que en muy poco tiempo, por desgracia, serán necesarias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene en primer lugar la palabra don Jesús Jorquera.
Señor presidente del Gobierno, señorías, en primer lugar, quiero empezar mi intervención manifestando que el Bloque Nacionalista Galego no discute la necesidad de adoptar medidas ante la situación de crisis del sistema financiero internacional. Es evidente que el desplome del sector financiero tendría efectos devastadores sobre el conjunto de la economía, pero discrepamos tanto del modelo elegido como del método propuesto.
Discrepamos del método porque, desde nuestro punto de vista, no responde a procedimientos democráticos. No nos parece de recibo que los contenidos de los decretos sean conocidos antes -y posiblemente pactados- por los banqueros que por los representantes de la soberanía popular. Además, su tramitación como reales decretos-leyes impide que el plan pueda recoger aportaciones de los grupos de la Cámara. No me gusta poner como ejemplo la política norteamericana, pero en Estados Unidos el plan de rescate, antes de su aprobación definitiva, tuvo que someterse a un proceso largo de negociación, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, en virtud del cual se introdujeron numerosas modificaciones. Discrepamos del método también porque no nos parece transparente. No existe ninguna forma de saber si el dinero público que se inyecta a la banca será realmente destinado a garantizar el crédito a las familias y a las empresas y, señorías, estamos hablando de 150.000 millones de euros de los recursos públicos, por tanto, el
papel fiscalizador de este Congreso de los Diputados es fundamental. Por eso el Bloque Nacionalista Galego demanda que los decretos se tramiten como proyectos de ley y pensamos también que es necesario implementar instrumentos de control parlamentario sobre el destino concreto de los fondos. Además, señorías, discrepamos del modelo elegido. En primer lugar, creemos que la mejor forma de asegurar que el crédito llegue a las pequeñas empresas es operativizar los instrumentos que el sector público tiene en sus manos, como es el caso del Instituto de Crédito Oficial.
Señorías, si se apuesta por la disposición de fondos públicos para asegurar la liquidez de las entidades privadas, esta medida tiene que ir acompañada de cambios en el sistema bancario que supongan contrapartidas reales que beneficien al conjunto de la sociedad. Lo lógico es que si el Estado proporciona a las instituciones financieras más capital sea adquiriendo parte de este capital, acompañando por tanto esta toma de capital de la participación pública en los consejos de administración de las entidades. Esta es la mejor manera de garantizar la orientación del crédito bancario hacia las economías familiares y la inversión productiva, en definitiva, a atender las necesidades de la economía real.
Solo sobre estas bases se podrá reorientar el modelo económico y el papel que la banca juega en él.
Señor presidente, esta es la vía de actuación elegida en países de nuestro entorno. Esta, incluso, es la vía de actuación que al final ha elegido el país que representa el paradigma del actual sistema económico y de su situación de colapso. Es la vía que preconizan, como ya ha dicho el portavoz que me ha precedido, economistas del prestigio de Paul Krugman que, aparte de abogar por la superación de los dogmas monetaristas y neoliberales, apuesta por la importancia de las políticas presupuestarias ante la amenaza de recesión para, a través de una inversión pública intensiva, operar realmente en la economía.
Señorías, a juicio del Bloque Nacionalista Galego, si algo nos enseña la actual situación es que entró en crisis un modelo de crecimiento desvinculado de la economía productiva que acaba por convertir el mundo, como muy bien dijo el presidente de Brasil, Lula da Silva, en un gran casino y, con ello, desde nuestro punto de vista, es evidente que entró en crisis también una corriente de pensamiento que en lo económico intentó imponérsenos como el único pensamiento posible. Parece que en situaciones extremas, aquellas en las que de verdad se pone a prueba la profundidad de una fe, la fe en la mano invisible que todo lo resuelve, comienza a flaquear y los guardianes del dogma piden ahora el rescate del Estado. Para el Bloque Nacionalista Galego es más necesario que nunca recuperar el espacio público, pero el papel del Estado debe estar presidido por garantizar que los recursos públicos atiendan a las necesidades de la mayoría, no simplemente a cubrir posibles pérdidas del sistema financiero para socializar estas pérdidas.
Señorías, por estos motivos, el Bloque Nacionalista Galego solicita la tramitación como proyectos de ley de los dos decretos sometidos hoy a convalidación; en caso contrario anunciamos nuestro voto contrario al decreto para crear un fondo para la adquisición de activos financieros por discrepar tanto del método como del modelo propuesto, y anunciamos nuestra abstención con respecto al decreto de medidas urgentes en materia económica y financiera.
Por el Grupo Mixto también tiene la palabra doña Ana María Oramas.
Señor presidente, señoras y señores diputados, ya es conocida la posición de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios sobre el refrendo o no de los dos decretos que articulan la operación de aseguramiento de todo el sistema financiero español. Aplican generosas medidas a un sector que hasta anteayer disponía de una magnífica salud, por no decir, siguiendo los propios términos del presidente Zapatero, que era el más saludable del mundo. Nosotros vamos a apoyar la convalidación de los decretos, entre otras razones porque no hay otras alternativas para frenar el deterioro económico de lo que se ha llamado la economía virtual, las finanzas, en contraposición a la economía real, producción de bienes y servicios, que se verá colapsada si se cierra el grifo de la liquidez de todo el mundo. Con esta operación el Estado garantiza a todo el mundo que la banca no va a tener problemas, no va a suspender pagos a sus acreedores porque en cualquier circunstancia va a devolver la financiación captada a través de las operaciones avaladas por el Gobierno en los próximos cinco años; de no haberlo hecho, el ahorro español hubiera fluido hacia los bancos europeos que también han obtenido garantías de sus gobiernos, lo tenemos claro, pero con la misma contundencia que expresamos el apoyo, tenemos que decirle que ya es hora de que dejen de jugar al escondite con todos los españoles, ya es hora de que dejen de pintar el mejor de los mundos posibles para prepararnos, todos juntos, unidos como en esta ocasión, para una batalla que será dura pero que hemos de superar en el menor tiempo posible. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Ya tenemos la perspectiva para afirmar que su resistencia para reconocer la crisis que se avecinaba no la ha evitado en absoluto, y no solo perspectiva; la propia banca, a través de uno de sus representantes cualificados, don Emilio Botín, ha hecho un evidente ejercicio de autocrítica y de apunte al Gobierno. Ha reconocido que los problemas no vienen de fuera, que las subprime son una anécdota en España al lado de las razones de fondo: la falta de control de riesgo y el excesivo endeudamiento
asumido por el país. Toca sacar conclusiones y aplicar medidas y no solo en el ámbito financiero sino en la economía real, y el Gobierno y todos en esta Cámara hemos de comprender el enorme asombro, por no decir llanamente la indignación de muchos ciudadanos por este inmenso flotador que con el patrimonio de todos el Gobierno pone a disposición de un sector que sigue registrando e incrementando unos beneficios ya considerables. Está claro que ahora España y la comunidad internacional tienen que salir al rescate de unos bancos que no corren peligro de hundimiento -se nos dice- sino que, simple y literalmente, se han quedado sin liquidez, o cuando la tienen, no están dispuestos a arriesgarla en un mercado tan cambiante de la noche a la mañana. Bien se podría decir que la sociedad española y la europea se han despertado un día de repente convertidas en rehén de un sistema bancario al que hay que satisfacer un elevado rescate para que nos siga prestando el crédito necesario. Por eso la sociedad española no entendería nunca semejante operación de rescate sin que a un tiempo se estudien las medidas para que esta compra de activos, la prestación de avales y la posible participación en el capital de los bancos tenga un claro reflejo en la economía real, es decir, haya crédito y lo haya a precios justos. A partir de ahora, la banca debería hacer su papel histórico de dinamizar la economía prestando a quien lo necesite, y ahí es donde ni estos decretos ni la Unión Europea aportan luz para garantizar que esta inyección de líquido al sistema financiero llega a las pequeñas y medianas empresas y a los ciudadanos. Ese es el auténtico quid de la cuestión, aparte de otros importantes como saber qué activos se comprarán y a qué precios, a quién se concederán los avales y a qué coste.
Está claro que estos decretos podrán abrir el grifo del crédito si la banca los utiliza para ello y no para sanearse a sí misma. Por ello, lo que el Gobierno está obligado a decirles a los ciudadanos -y le emplazo a ello- es simple. A cambio de esas ayudas, ¿qué compromisos ha acordado el Gobierno con la banca para que se mantenga y mejore el crédito al sector privado? Y entre las contrapartidas a exigir a la banca, ¿pueden esperar los ciudadanos alguna contraprestación? ¿Pueden esperar los que pagan puntualmente su cuota mensual de hipoteca que la banca la abarate al máximo, reduciendo, por ejemplo, su diferencial con el Euribor? ¿Pueden esperar los ciudadanos que ese esfuerzo del Gobierno se traslade también, en mayor medida, a las deducciones por compra de vivienda habitual que los hipotecados obtienen cada año?
Señor presidente, esperamos su respuesta y, como decía el señor Botín, esperamos que las reglas del juego estén claras antes de empezar la jugada, que todo el mundo las cumpla y que, al final, en este juego, no salgan beneficiados aquellos que han gestionado mal y rompan las reglas del mercado.
Tiene ahora la palabra la señora Díez.
Presidente, señorías, circunstancias extraordinarias, decisiones extraordinarias. En estas circunstancias y en un ejercicio de responsabilidad política, Unión Progreso y Democracia, como ya le adelanté al presidente, apoyará la convalidación de los dos decretos-leyes presentados por el Gobierno, aunque tengamos objeciones acerca de su contenido instrumental. Al dar nuestro voto a la convalidación de los decretos-leyes no damos, por tanto, un cheque en blanco al Gobierno para que actúe sin limitación alguna. Nuestro voto será un voto exigente con el Gobierno para que su política se conduzca con la responsabilidad que se reclama por los ciudadanos.
En cuatro ámbitos seremos exigentes. En primer lugar, exigiremos transparencia, control y traslación a las entidades financieras del coste de la intervención del Estado. En este sentido, proponemos que el Banco de España asuma el control del órgano decisorio y no se le considere un mero asesor técnico. Además, la aplicación de estas medidas en ningún caso debe sustituir a las que, para preservar la estabilidad del sistema financiero español, pudiera tener que tomar en el futuro el Banco de España. La transparencia debe traducirse también en un adecuado control de la acción del Gobierno, tanto por el Congreso de los Diputados como por el Tribunal de Cuentas. A la transparencia y al control debe añadirse una exigencia de traslación de los costes de las operaciones a las entidades financieras que se beneficien de ellas. En particular, con respecto al fondo para la adquisición de activos financieros, se debe establecer la obligación de que, en el caso de que se contabilizaran pérdidas en el momento en que se liquide y se extinga el fondo, estas pérdidas, señor presidente, sean asumidas con cargo a sus beneficios futuros por las entidades financieras que lo hayan utilizado.
En segundo lugar, exigiremos que la intervención del Estado debe eludir el problema del riesgo moral -como aparece en los decretos llamado- y transmitir un mensaje claro a las entidades financieras de que han de asumir los costes de sus errores de gestión. El Estado, señorías, debe de proteger a los depositantes, no a los accionistas y gestores bancarios, velando por que el sistema financiero funcione adecuadamente y sirva para canalizar el ahorro hacia la inversión en condiciones de rentabilidad.
Por ello, intervenciones extraordinarias como las que se plantean han de penalizar las conductas irresponsables de riesgo, o acabarían transmitiendo un mensaje al sector financiero que, en vez de consolidarlo, contribuiría a su mal funcionamiento. Esta intervención extraordinaria ha de ser acompañada, insisto, por un mensaje muy claro a las entidades financieras de que no se van a tolerar futuras conductas de riesgo excesivo. Asimismo, y en esta misma dirección, sería conveniente impulsar, dentro del ámbito penal si fuera necesario, una legislación sobre responsabilidades en la gestión de entidades financieras que, en los casos de conducta
punible, obligara a los implicados a responder de los daños económicos causados con la totalidad de su patrimonio personal. El Estado debe condicionar sus participaciones en el capital de las entidades crediticias cuando la compra de títulos exceda del 3 por ciento del capital de estas y debe tener una representación en su consejo de administración con voz y voto -como ha dicho ya algún parlamentario que ha intervenido antes-, porque esos consejeros serían los que podrían velar por que el dinero de los ciudadanos, invertido para salvar a las entidades, sea correctamente empleado en su más rápida recuperación.
En tercer lugar, es impostergable una revisión de la regulación del sistema financiero. La necesidad de intervención de los gobiernos, ejerciendo un papel que invade claramente las competencias de los bancos centrales, ha señalado que estos últimos no estaban suficientemente preparados para afrontar la crisis o no disponían -que es lo que, a mi juicio, ha ocurrido- de los instrumentos necesarios para ello. En el caso concreto de España es urgente examinar, a la luz de los acontecimientos, el papel ejercido en la crisis por el Banco Central Europeo y por el Banco de España. Por todo ello, en relación con esta última consideración, propondremos la creación en el Congreso de los Diputados de una comisión de investigación sobre la crisis financiera, con la finalidad de plantear los cambios que se consideren necesarios y reordenar el papel de las instituciones de regulación y supervisión.
Por último, presidente, las actuaciones sobre el sistema financiero que hoy vamos a convalidar -espero- no ocultan la carencia de la política económica del Gobierno en orden a afrontar la crisis de la economía real.
La crisis financiera se ha trasladado a la economía real. En el caso español ello ha puesto de manifiesto las graves carencias del sistema productivo que están en la base de su baja competitividad. Por ello, debemos insistir en nuestra crítica a las severas deficiencias de la política económica del Gobierno, tal y como hemos hecho en nuestra enmienda a la totalidad de los presupuestos que mañana debatiremos en esta Cámara.
Termino como empecé, presidente. Daremos nuestro apoyo a la convalidación de estos decretos-leyes y entiéndase que nuestro voto será exigente con el Gobierno y que en ningún caso será un cheque blanco.
Intervengo brevemente desde el escaño para fijar la posición de Nafarroa Bai en torno a estos dos reales decretos cuya convalidación hoy analizamos. Empezaré diciendo que vamos a solicitar en ambos casos, como han hecho otros grupos, su tramitación como proyectos de ley.
Respecto a la votación de cada unos de estos reales decretos, el 6/2008, relativo a la creación de un fondo para la adquisición de activos financieros, hemos de decir que, a nuestro entender, sería positivo que pudieran aportarse algunas matizaciones en el capítulo relativo al control; un control más efectivo de la gestión, fundamentalmente a través de la gestión directa de los activos en los que se participe. Tuve ocasión de expresar esta posición el pasado miércoles. Vuelvo a repetir que nos parecería más que razonable la posibilidad de enmendar este capítulo concreto. Ante la percepción de que no se tramitará como proyecto de ley, habida cuenta de que varios de los grupos presentes en la Cámara han anunciado ya su decisión de no aceptar esta tramitación, nosotros, como Nafarroa Bai, procederemos a abstenernos.
Respecto al Real Decreto-ley 7/2008, de medidas urgentes en materia económico-financiera, más conocido como el Real Decreto de los avales, anunciamos el voto positivo aunque, como ya he dicho, nos hubiera parecido más que razonable poder incluir algunas medidas, que seguramente y a la larga tendremos ocasión de ver realizadas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Seguramente nadie hace bien escasos meses pensaba que el Euribor se iba a separar de la manera que lo ha hecho de los tipos de referencia del Banco Central Europeo. Sin embargo, a día de hoy, y por problemas del mercado interbancario, esta es una realidad que está haciendo a esta crisis especialmente dura para aquellos ámbitos de la sociedad, para aquellos ciudadanos que en estos momentos tienen una hipoteca. Hubiéramos solicitado -lo adelanto desde ya y estoy absolutamente convencida de que acabaremos viéndolo- que se estableciese un índice de referencia para los hipotecarios más cercano a los tipos de referencia del Banco Central Europeo, desvinculándolo al máximo y en lo posible del Euribor, cuya volatilidad a lo largo de estos meses ha resultado absolutamente dañina para las economías domésticas. Por tanto, abstención en el primero y votación afirmativa en el segundo de los reales decretos que hoy veremos en la Cámara y, vuelvo a repetir, solicitud de que ambos sean tramitados como proyectos de ley.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don José Antonio Alonso.
Señoras y señores diputados, permítanme comenzar informándoles que el grupo parlamentario al que represento va a votar favorablemente la convalidación de los dos reales decretos-leyes. Nosotros compartimos el análisis realista y riguroso de la situación que ha expuesto el presidente del Gobierno y la oportunidad de las
medidas acordadas para hacer frente a la crisis. El Grupo Parlamentario Socialista está totalmente de acuerdo con el contenido de las dos normas enmarcadas en el plan de acción, coordinado y conjunto, de la Unión Europea. Valoramos además muy positivamente el intenso trabajo realizado por el Gobierno español con nuestros socios europeos y con la Comisión para conseguir una acción coordinada y conjunta. Sin duda alguna, el anuncio y la ejecución inmediata del citado plan ha sido el mejor mensaje de confianza a los mercados; sin embargo, señorías, aún queda mucho por hacer para evitar que vuelvan a repetirse las circunstancias que dieron lugar a esta profunda crisis del sistema financiero internacional y para reconducir los principios de regulación, supervisión, valoración del riesgo y transparencia, sobre los que se asienta el hoy por hoy maltrecho sistema financiero internacional. También, señor presidente, señoras y señores diputados, valoramos muy positivamente la inmediatez con la que se han elaborado los dos decretos leyes. Hoy, ocho días después de la reunión del Eurogrupo, asistimos a este Pleno para su convalidación.
España es el primer país que aprobó en Consejo de Ministros un conjunto de medidas adaptado a las directivas o directrices europeas y a la realidad de nuestro sistema financiero. La gravedad de la situación requiere, como bien saben, medidas urgentes, por eso la idoneidad de este instrumento legislativo para su tramitación. Tenemos claro que restablecer la confianza y el normal funcionamiento del sistema financiero cuanto antes es la máxima prioridad de un gobierno responsable, y responsabilidad es lo que demanda la ciudadanía de todos sus representantes políticos para dejar de lado intereses partidistas y trabajar todos juntos para hacer frente a la crisis, no para alimentarla generando miedo o desconfianza, que es lo último que necesita la economía. Nosotros, los socialistas, defendemos la máxima transparencia y el mejor control. No vamos a regalar dinero a la banca -no es cierto eso-, vamos a facilitar que las entidades bancarias, que el sistema financiero pueda desarrollar su función con normalidad en beneficio de nuestras empresas y de nuestras familias.
Señor presidente, señorías, no es el momento para la demagogia ni para defender intereses electorales. Lo que está en juego es el funcionamiento de la economía y con ello el bienestar de todos los españoles. Se trata, por consiguiente, de adoptar medidas extraordinarias para una situación extraordinaria. Asistimos, de hecho, a la mayor crisis financiera internacional que se recuerda. En las últimas semanas, como ustedes bien saben, estamos asistiendo a quiebras en otros países de importantes instituciones financieras y a procesos de nacionalización o de fuertes inyecciones de capital que parecen no haber terminado y que han destruido la confianza en el sistema financiero. Esta situación, como también saben ustedes, está limitando seriamente el acceso a la financiación por parte de las familias y las empresas y, por tanto, está retrayendo el consumo y la inversión, con las consecuencias negativas que ello conlleva para el crecimiento y para el empleo. Es preciso, señorías, romper el círculo vicioso de falta de confianza, falta de financiación, falta de inversión y destrucción de empelo, y es evidente que sin financiación adecuada ninguna economía funciona.
Las medidas que debatimos van encaminadas a restablecer las condiciones financieras, y eso es apoyar a nuestras familias y a nuestras empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo. Estamos, como decía antes, ante una situación excepcional que requiere medidas excepcionales.
Ante la intensificación y la extensión de la crisis financiera, la intervención coordinada de los gobiernos es clave para recuperar la confianza y restablecer el normal funcionamiento de los mercados. La crisis es de carácter global y requiere soluciones globales, por ello, la coordinación y la cooperación internacional son más necesarias que nunca.
El caso español o la referencia en España es un buen ejemplo de ello.
Nuestro organismo superior, el Banco de España, nuestro organismo de supervisión, ha venido aplicando una política rigurosa y previsora, que ha hecho de nuestro sistema financiero uno de lo más sólidos y solventes, envidiado en todos los países de nuestro entorno, pero no ha podido evitar -no puede evitar- lo que otros no han hecho.
La última reunión del Ecofin y del Eurogrupo, a instancias del presidente del Gobierno de España, ha permitido un avance significativo en la mejora de la coordinación al establecer unos principios sistemáticos y compartidos de actuación para las autoridades europeas adaptados a las necesidades específicas del sector bancario en cada país. En el nuestro, esas medidas se han centrado en elevar el Fondo de garantía de depósitos y el de inversiones desde los 20.000 euros hasta los 100.000 y en las tres medidas contempladas en los dos reales decretos que hoy sometemos a su convalidación: La creación del fondo de adquisición de activos, la autorización para el otorgamiento de avales a las operaciones de financiación de las entidades financieras y la autorización con carácter preventivo de la adquisición de títulos para la recapitalización de las entidades financieras que lo puedan necesitar.
Señoras y señores diputados, para valorar la idoneidad de las medidas y su urgencia es preciso evaluar si sirven para el objetivo perseguido, que no es otro que apoyar a las entidades financieras para que recuperen la normalidad en sus operaciones de crédito y con el fin de facilitar el acceso a las empresas y a las familias. Son recursos que se van a destinar a facilitar el crédito a las familias y a las empresas de una manera eficaz y eficiente y, además, con los mecanismos de control y transparencia previstos en los dos reales decretos-leyes podremos evaluar en esta Cámara el destino de los mismos.
También, señor presidente, señoras y señores diputados, quiero señalar que el hecho de que se adopten estas medidas no cuestiona, en absoluto, la solidez y la solvencia de nuestro sistema financiero, como algunos intentan hacer creer ignorando la realidad de nuestro
sistema financiero. La realidad es que no ha sido necesario intervenir, ni acudir al rescate de ninguna entidad financiera española. La necesidad de las medidas adoptadas se justifica por la dificultad de acceder a las vías habituales de financiación en los mercados internacionales por la falta de confianza y de liquidez. Hoy, señoras y señores diputados, es un día importante en el que queremos apelar a la responsabilidad y a la unidad de todos los grupos políticos; responsabilidad para aprobar por el trámite de urgencia los dos decretos-leyes sometidos a nuestra consideración para paliar cuanto antes la falta de liquidez y facilitar el normal funcionamiento de nuestro sistema financiero.
Respecto de la primera medida, mi grupo parlamentario considera muy adecuada la creación del Fondo para la adquisición de activos financieros por importe de 30.000 millones de euros, ampliable a 50.000 millones de euros por diversas razones. En primer lugar, porque solo podrá destinarse a comprar activos de máxima calidad, asegurándose así la recuperación del capital invertido. Con este requisito la medida tendrá un coste cero para los ciudadanos, ya que el fondo obtendrá rentabilidades superiores al coste de emisión de la deuda necesaria para dotación del fondo. En segundo lugar, porque se inyecta la liquidez necesaria solo hasta que los mecanismos normales de financiación funcionen. En tercer lugar, porque, señorías, para garantizar que el fondo llegue a empresas y particulares primará la adquisición de activos respaldados por nuevos créditos. En cuarto lugar, porque el Banco de España será el que instrumente las operaciones financieras, actúe como agente y banco depositario y asesor técnico de la comisión ejecutiva del fondo y, finalmente, porque el fondo estará sometido a auditoría pública por parte de la Intervención General del Estado y será objeto de control parlamentario, dos principios por añadidura -transparencia y control democrático- que siempre hemos defendido los socialistas.
Respecto del segundo instrumento, del segundo real decreto-ley, también valoramos muy favorablemente el otorgamiento de avales del Estado a las operaciones de financiación de las entidades financieras en España, vía emisión de deuda, por el importe y los plazos fijados. La captación de recursos por esta vía se había dificultado enormemente en los últimos meses, como bien saben, por la desconfianza de los agentes. Ahora, con el aval del Estado, los riesgos se minimizan y se recupera la confianza, por lo que la medida incide eficazmente en facilitar el acceso a la financiación por parte de las entidades financieras y, a través de ellas, de las familias y de las empresas. Por lo tanto, dicha medida, además de eficaz, es eficiente. No conlleva incremento de gasto público. Solo en el caso de que tuviera que ejecutarse el aval, y para evitarlo, se establecerán los requisitos de solvencia que se consideren oportunos y además genera ingresos para el Estado por el cobro de comisiones en función del riesgo que se asuma en cada operación. Asimismo, señor presidente, señorías, consideramos oportuna la disposición cautelar que establece el mecanismo de autorización para la adquisición de títulos para una posible recapitalización de las entidades financieras. A día de hoy, no es necesario, aunque parece necesario y es razonable preverlo y, en ese caso, si se dieran los supuestos, poder actuar con inmediatez.
Señorías, la crisis financiera internacional ha puesto de relieve que los fundamentos del neoliberalismo que exalta los principios de libre mercado sin una adecuada regulación, supervisión y control son inasumibles. El funcionamiento del mercado, del mercado desregulado, del mercado ultraliberal, ha fallado, fundamentalmente porque se han cometido excesos, porque ha faltado trasparencia y porque la supervisión, el control y la regulación financiera en los Estados Unidos no ha sido la adecuada, trasladando los efectos y las consecuencias a todos los demás.
De todas las crisis se aprenden lecciones, señorías, y la lección que todos los gobiernos deben aprender es que el mercado por sí solo no arregla los fallos del mercado y que la regulación, la supervisión y el control de los mercados financieros no pueden circunscribirse solo al ámbito nacional. En un mundo globalizado, con la libertad de movimiento de capitales, la regulación y la supervisión deben ser más globales. El papel de coordinación adquiere la dimensión de imprescindible. La crisis es una oportunidad para corregir los excesos que hemos observado en los últimos años y para avanzar en las políticas adecuadas de modo que esto no vuelva a suceder. También se ha demostrado que la actuación individual de cada país no sirve para hacer frente a una crisis de estas características. Se requiere una actuación coordinada y fuerte en el seno de los espacios geopolíticos de decisión, en nuestro caso y clarísimamente en el seno de la Unión Europea, que es lo que ha patrocinado, propiciado y liderado de una manera suficiente, junto con otros socios de la Unión Europea, nuestro país y el presidente del Gobierno de nuestro país. Es otra oportunidad de mejora, de mejorar el comportamiento político de la Unión Europea, reforzar los mecanismos de coordinación y de confianza para ser más ágiles ante las dificultades.
España, señorías, nuestro Gobierno, jugará un papel activo en todo ello gracias al presidente del Gobierno de la nación y al equipo económico del Gobierno de España, gracias también a nuestra defensa de Europa, gracias a la solidez y eficiencia de nuestro sistema financiero y gracias a nuestro mejor marco regulatorio y a las garantías del Banco de España.
Por todo lo expuesto, señorías, por la idoneidad de las medidas para facilitar liquidez y confianza en el sistema financiero, para impulsar la financiación a empresas y ciudadanos y, en definitiva, para que la economía funcione es por lo que mi grupo parlamentario va a votar a favor de la convalidación de los decretos-leyes. Espero la unidad de todos los grupos políticos para ayudar a salir a nuestro país, en conjunto con los demás, de la crisis en la que estamos inmersos. Nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestra unidad y nuestra responsabilidad darán cuenta de nuestro nivel de
compromiso ante los ciudadanos, que son los que en definitiva importan. El nivel nuestro, de los socialistas, es un nivel de compromiso máximo. A ello les convoco a todos los miembros de la Cámara.
El señor presidente del Gobierno tiene la palabra
Me gustaría, en primer lugar, agradecer a todos los grupos parlamentarios el tono y el contenido de sus intervenciones. Expreso mi satisfacción por advertir que todos los grupos políticos de la Cámara han valorado el alcance de los dos decretos-leyes, el alcance de las medidas que se proponen en el marco de una actuación global de la Unión Europea, de respaldo y en defensa de nuestro sistema financiero y de nuestras economías, de nuestras empresas y de los ahorros de todos y cada uno de los ciudadanos. Alcance de las medidas porque no hay antecedentes de una crisis global del sistema financiero internacional como la que hemos vivido y alcance de las medidas porque comprometen un importante volumen de recursos públicos para respaldar nuestro sistema financiero. La constatación de la necesidad de colaboración, de compartir estas medidas, es sin duda alguna una aportación trascendental para la confianza que hoy vamos a redoblar hacia la economía de nuestro país, hacia las entidades financieras, hacia las empresas y hacia las familias. Me gustaría hacer una consideración más de carácter general sobre nuestro sistema financiero. Posteriormente aclararé todas las cuestiones concretas que se han planteado del desarrollo de los decretos-leyes, y expresamente aquellas que tienen que ver con el contenido de las normas que deseamos estén cuanto antes publicadas en el Boletín Oficial del Estado para la gestión, tanto del fondo como de los avales, y terminaré con la contestación a alguna intervención de los pocos grupos que se han situado en la perspectiva crítica o negativa.
En relación con la primera reflexión que quería aportar, hemos asistido en los últimos días a una especie de debate sobre economía real y sistema financiero y, es verdad, que algún portavoz ha dicho desde aquí que este era un debate difícil para la comprensión de la opinión pública. Sin embargo, mi impresión es que los ciudadanos -como casi siempre- nos dan lecciones a la hora de comprender cuáles son los problemas, el alcance de los mismos y el camino para dar respuesta. ¿Por qué? Porque empresas, familias hipotecadas y no hipotecadas, depositantes con fondos de inversión, con fondos de pensiones, con cualquier tipo de instrumento financiero donde depositan los ahorros de toda su vida, el esfuerzo y el trabajo a veces de más de una generación, en el núcleo familiar, saben muy bien que un sistema financiero es la esencia de un buen funcionamiento para el sistema económico. Si el sistema financiero no goza de buena salud ni la economía, ni los ahorros, ni las posibilidades de financiación de nuestras empresas y de nuestros anhelos vitales como es una vivienda, son posibles. Por ello tengo la convicción de que los ciudadanos entienden que sus representantes -en primer término el Gobierno- han de atender ante una situación excepcional con una medida excepcional de respaldo al sistema financiero. Respaldar a nuestros bancos y cajas es respaldar el ahorro de los ciudadanos y las familias; es respaldar a las empresas, su financiación y sus compromisos; es respaldar toda la actividad económica.
Señorías, estos dos decretos-leyes son decretos para los 45 millones de ciudadanos españoles y para todas sus empresas. (Aplausos.) Por una razón, porque afortunadamente en nuestro modelo económico -y yo deseo que siga así- no es el Gobierno el que concede hipotecas ni el que financia las empresas. Son las empresas financieras, en un sistema de mercado que, desde luego, asigna los recursos, como se ha demostrado históricamente, con más eficiencia -no con perfección pero con más eficiencia- que cualquier otro conocido hasta ahora, y no voy a poner ningún ejemplo.
Es evidente que también la economía de mercado tiene circunstancias en las que se producen gravísimas disfunciones y gravísimos errores; disfunciones y errores que en este caso se deben a una doble concurrencia de factores. En primer lugar, la tolerancia por falta de regulación y por falta de supervisión, porque no hay una economía de mercado que funcione si no está regulada, supervisada, si no contiene límites y, por supuesto, si no se responde de aquellos abusos que se produzcan. Por tanto, hay una primera falta de responsabilidad, pero de un sistema financiero, que es donde se han generado productos financieros como las hipotecas subprime que han provocado un auténtico colapso y la quiebra de muchos bancos, contagiando todos esos activos tóxicos. En segundo lugar porque, por supuesto, en la economía de mercado hay ocasiones donde instituciones, directivos o accionistas tienen un afán de lucro desmedido, inaceptable, insoportable que hay que reprimir con todas las consecuencias.
Es la concurrencia de esos factores la que ha dado lugar a esta crisis del sistema financiero y hemos vivido la paradoja de que los mercados no confían en los mercados -lo cual es una interesante paradoja-, y hemos visto y advertido que tienen que ser los gobiernos los que actúen para devolver la confianza a los mercados, lo cual pone de manifiesto, una vez más, que los excesos siempre conducen a situaciones equivocadas, los excesos ideológicos y políticos. Ni el mercado funciona por sí solo ni tampoco, para los que puedan tener la tentación de estar en este pensamiento de añoranza o de un nuevo tiempo que, en mi opinión, no va a llegar, el Estado solo hace las cosas bien, como se ha demostrado, es ineficiente; desde luego yo no estoy para nada por nacionalizar la banca ni de este país ni de ningún otro.
Exceso y ausencia de control, ese es el origen de la crisis del sistema financiero que hemos tenido. Ha habido una portavoz que ha propuesto una comisión de investigación. No estoy de acuerdo, porque no hemos vivido, afortunadamente, en nuestro sistema ningún caso que nos lleve a ello; aquí no ha habido ni un Banesto ni todas las crisis bancarias que hemos tenido. No tenemos nada de eso, afortunadamente. Sí podría estar de acuerdo -y es una sugerencia que el Gobierno deja a los grupos parlamentarios- en que la Comisión de Economía, una subcomisión o un grupo trabajen, evalúen y formulen propuestas para el gran debate que sin duda alguna vamos a tener sobre el nuevo modelo del sistema financiero internacional; un debate que, en mi opinión, es urgente, porque los mercados necesitan la confianza con las medidas que hemos adoptado, pero también necesitan una previsibilidad en el futuro y tener confianza sobre qué modelo vamos a tener pasado mañana.
Sistema financiero español. Mantengo -en esto han coincidido la prensa internacional y nuestras entidades financieras- que tenemos un sistema financiero solvente, con buena salud, que ha estado bien regulado y que está con una adecuada tarea de supervisión. La inmensa mayoría de los sistemas financieros de las economías occidentales, de las economías europeas, de las economías desarrolladas han tenido dos problemas graves: de solvencia y de liquidez. Muy pocos sistemas financieros no han tenido problemas de solvencia, y uno es el sistema financiero español, que no ha tenido problemas de solvencia. Por eso me gustaría que tuviéramos la capacidad de precisar y de deslindar objetivamente lo que es el impacto en nuestro sistema financiero de una circunstancia internacional caracterizada por la ausencia absoluta de mercado entre entidades financieras y, por tanto, de la capacidad para obtener recursos, de lo que es y ha sido el funcionamiento de nuestro sistema financiero. Aquí, afortunadamente, mientras no se demuestre lo contrario, no hay que exigir responsabilidades por excesos a ninguna entidad financiera porque todas hasta ahora han demostrado su capacidad para tener solvencia. Y como es bien entendido, como en todos los negocios, si el negocio del mercado para obtener recursos -en este caso crédito- se detiene radicalmente, como ha pasado en las últimas semanas y meses, nuestras entidades financieras lógicamente no pueden prestar. Es igual que cualquier otro negocio. Si cualquier empresa no obtiene una materia prima, no la puede transformar, no puede producir los bienes y servicios para los que está llamada. Esto es lo que ha pasado, así de sencillo, en el sistema financiero español y en todo el sistema financiero internacional. La diferencia es que en la mayoría de los países, además, bastantes bancos han quebrado, gigantes financieros han quebrado, mientras que hasta ahora en nuestro sistema financiero ni la caja más pequeña de nuestro sistema ha quebrado. Esa es la diferencia y nos debemos sentir orgullosos de que así sea porque además es una tarea que se ha desarrollado con el impulso de todos los gobiernos hasta ahora.
Quiero expresar una posición política frente a alguna cosa que se ha dicho sobre la dicotomía entre intervenir o hacer un fondo de adquisición de activos. Es una dicotomía falsa. Hay que intervenir cuando hay insolvencia, cuando un banco quiebra. Los países han intervenido los bancos insolventes o que quebraban, pero los bancos que por sí solos no tienen insolvencia no se han intervenido. Es decir, no estamos ante un problema de opción ideológica desde luego, ni siquiera de opción política. Por tanto, a los comentarios que se han hecho y a las referencias de algunos de los economistas más reputados -cuyo análisis yo comparto globalmente- habría que introducir ese matiz no expuesto hoy aquí. Por supuesto, si hubiera algún problema de solvencia o algún problema de riesgo de una entidad, el Gobierno de España intervendría, pero creo que nadie va a pedir ni a estimular que no habiendo un problema de solvencia en las entidades financieras españolas hasta el día de hoy intervengamos con la compra de acciones. ¿Por qué? No sé cuál sería el sentido, si con eso además no facilitamos ninguna otra disposición ni desde luego el problema de fondo que tienen que es la liquidez y el crédito. Me parece importante que tengamos estas ideas claras.
Con ello voy a los temas concretos que se han planteado en cuanto al desarrollo reglamentario y en consecuencia a las características del control y de la transparencia del fondo, que han sido objeto de una parte importante de la intervención del señor Rajoy, también del señor Sánchez i Llibre y de algún otro portavoz que ha intervenido en el debate de hoy.
Quiero establecer una posición de principio, que ya afirmé en mi intervención inicial. El Gobierno es el más interesado en que la gestión del Fondo de adquisición de activos de las entidades financieras y la concesión de avales a las entidades financieras por la deuda que emitan hasta el 31 de diciembre de 2009 se desarrolle con la máxima transparencia, con el máximo rigor, con la máxima eficacia, con la máxima defensa del interés público -porque estamos defendiendo los recursos de los ciudadanos- y, por supuesto, con el control parlamentario más exhaustivo. Agradezco -lo reitero- la actitud de colaboración para delimitar la gestión, la ejecución y el desarrollo reglamentario de los decretos-leyes que el Partido Popular ha tenido con el Gobierno; también la actitud y las ideas que me transmitió el señor Duran i Lleida -además de por escrito en la conversación que tuve con él- sobre cómo hacer que una medida tan excepcional funcione adecuadamente.
Quiero afirmar al respecto, en primer lugar, en relación con el fondo, control y transparencia. Los acuerdos adoptados por el consejo rector del fondo serán publicados en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda y en el Boletín Oficial del Estado, así como las directrices de inversión del fondo. El Ministerio de Economía y Hacienda presentará a la Comisión de Economía del Congreso un informe cuatrimestral sobre la gestión del fondo. La comisión ejecutiva del fondo contará para su asesoramiento con un comité técnico, encabezado
por la directora del Tesoro y compuesto, mayoritariamente, por miembros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El comité técnico será el que eleve a la comisión ejecutiva, en relación con cada operación de adquisición de activos, una propuesta concreta y motivada, que la comisión solo podrá rechazar motivadamente. El secretario de Estado de Economía, en su calidad de presidente de la comisión ejecutiva, comparecerá bimestralmente, cada dos meses, en la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre la evolución del fondo y la evolución del crédito, a la luz de los informes elaborados por la comisión técnica y el Banco de España, con el objetivo de evaluar si en efecto las medidas de impulso a la financiación del sistema financiero consiguen el objetivo de favorecer el crédito a empresas y familias.
Por último, en cuanto a las precisiones de lo que va a ser el desarrollo reglamentario, en los términos que hemos dialogado preferentemente con el Partido Popular, el Banco de España va a asumir una función esencial y determinante en todo el proceso, no solo porque va a actuar como agente y depositario del fondo, sino porque formará parte de su comité técnico, hará un informe bimestral sobre la evolución del fondo y otro cada cuatro meses en el que suministrará información sobre la evolución del crédito financiero que se remitirá al Congreso de los Diputados. En definitiva, con estas precisiones que acabo de hacer y que formarán parte del desarrollo reglamentario del decreto-ley, pueden SS.SS. tener la tranquilidad de que todos los dispositivos de control, de transparencia y de papel determinante del Banco de España van a garantizarse. Por supuesto, para el Gobierno es esencial que esto se produzca con el máximo consenso y, de manera singular, con el principal partido de la oposición, porque estamos ante dos medidas absolutamente excepcionales, por el volumen que representan de compromiso de recursos públicos, y sería insensato hacerlo de otra manera.
Quiero hacer también alguna precisión importante en relación con el desarrollo reglamentario de los decretos-leyes. El Gobierno actuó con la máxima rapidez, en función de los acuerdos del Ecofin y del Eurogrupo, es decir, del marco europeo, aprobando los dos decretos-leyes de respaldo a nuestro sistema financiero. El Gobierno va a actuar con la máxima celeridad en el desarrollo reglamentario de los dos decretos-leyes.
Confío en que en diez días las dos normas reglamentarias -orden ministerial y decreto- puedan estar en vigor para que el sistema financiero disponga cuanto antes de las herramientas que hemos puesto a su disposición y que tienen como destinatario último las empresas y las familias. Por tanto, máxima rapidez, porque la situación lo exige; máximo consenso, máximo control, máxima transparencia y máxima eficacia para que ese respaldo llegue realmente a donde tiene que llegar, que es a la financiación de empresas y a la financiación de las familias.
En cuanto a algunos aspectos que se habían planteado en relación con el beneficio a los ciudadanos y a las familias deseo hacer alguna consideración. El señor Rajoy también ha dicho algo de las familias y de los ciudadanos, pero no es el día hoy -ya habrá momentos- para hacer un debate más a fondo, porque estoy convencido de que van a ser ríos de tinta lo que se escriba y muchas horas de debate las que empleemos en analizar si la crisis de las subprime es el origen de la recesión global o si nosotros tenemos una crisis sobrepuesta o superpuesta. Será mucho tiempo el que dediquemos. Creo que hoy no es el momento de ello, ni de que yo recuerde aquí las medidas que hemos adoptado a favor de las familias, de los pensionistas, de los ciudadanos, de los contribuyentes, porque me parece que es otro el debate.
Sí quiero hacer una precisión sobre algo que los ciudadanos perciben y saben, pero es bueno que aquí lo podamos explicar y subrayar. Desde que el Eurogrupo adoptó sus decisiones de hacer un plan fuerte y coordinado de la Unión Europea de respaldo al sistema financiero, el Euribor ha descendido 30 puntos básicos, situación que no se producía desde hace mucho tiempo. En una semana y al día de hoy, 30 puntos básicos, lo que equivale aproximadamente a 30 euros menos al mes en una hipoteca media.
Por tanto, no digamos que las medidas de respaldo al sistema financiero no tienen un efecto directo inmediato sobre los problemas de poder adquisitivo de las familias y de las hipotecas, porque lo tienen y de qué manera; independientemente -como planteaba alguna portavoz- del debate de si la referencia de nuestras hipotecas debe ser el Euribor o no; será otro debate y no digo que no haya que hacerlo. Al día de hoy la referencia, y lo saben todos los españoles, es el Euribor y el Euribor ha empezado a bajar desde que los gobiernos europeos adoptamos el día 12 de octubre un paquete fuerte de medidas de respaldo al sistema financiero.
Lo razonable es que continuara bajando, porque en la medida en que desaparezca la tensión que se ha vivido en el sistema financiero -en el interbancario, porque ningún banco prestaba a otro banco-, lógicamente el tipo de interés que los bancos fijan por prestar a otro banco debería ir bajando, y es lo que determina, como es conocido, el Euribor. En consecuencia, si nuestro sistema financiero y el de toda Europa ha recibido el impacto de la crisis del sistema financiero norteamericano, ello ha provocado tensiones que originan que suba el Euribor, a lo que sin duda también ha contribuido la subida de los tipos de interés -ahora ya en camino descendente- como consecuencia del incremento de la inflación, cuya causa última es la subida de los precios del petróleo. En este terreno deberíamos tener la suficiente capacidad para no incurrir en ningún momento en una vía que pudiera parecer cercana a la demagogia.
Debemos decir a los ciudadanos que es fundamental que el sistema financiero tenga un buen funcionamiento, porque así tendrán mejores condiciones para financiar sus necesidades de empresas o las necesidades de la vivienda. Otra cuestión será el día que discutamos sobre nuestro modelo productivo.
Termino ya expresando nuevamente mi agradecimiento, mi satisfacción y mi confianza en que estas
medidas van a ayudar a la perspectiva de nuestra situación económica real; mi confianza aún más intensa porque estos reales decretos-leyes van a tener un amplio respaldo parlamentario; mi confianza en que la economía española, que atraviesa un periodo de serias dificultades, como el resto de las economías desarrolladas del mundo, también sabrá superar esta situación de dificultad. Para ello, cuanta más colaboración y cuanta más unidad de toda la Cámara, de los agentes sociales y, en general, de la sociedad, mejor. Por eso agradezco hoy muy especialmente el apoyo de los grupos a estas medidas y espero que esta sea la tónica habitual.
Ultimado el debate vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la adquisición de activos financieros.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 320; en contra, cuatro; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley de referencia.
¿Algún grupo parlamentario solicita que se tramite como proyecto de ley? (Pausa.) Solicitándolo varios grupos parlamentarios, pasamos a votar la eventual tramitación del real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, ocho; en contra, 317; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la tramitación como proyecto de ley.
Pasamos a continuación a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el Plan de acción concertada de los países de la zona euro.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 321; abstenciones, cuatro.
¿Algún grupo desea su tramitación como proyecto de ley por el trámite de urgencia? (Pausa.) Al ser solicitado por varios grupos parlamentarios, se pasa a votar la eventual tramitación del real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, ocho; en contra, 318.

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 artículo 4
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