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Timestamp: 2017-12-11 20:49:51+00:00

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Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación.
Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo de medios electrÃ³nicos en los procedimientos de contrataciÃ³n.
La implantaciÃ³n de un efectivo y fiable sistema de administraciÃ³n electrÃ³nica que se extienda a todas las esferas de la actividad administrativa constituye uno de los principales retos que ha de afrontar la AdministraciÃ³n de cara a definir un nuevo sistema, mÃ¡s eficaz y transparente, de relaciones con los ciudadanos.
Ya la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, promulgada en un momento en que las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y de la comunicaciÃ³n comenzaban un desarrollo que se acelerarÃ­a en el transcurso de la dÃ©cada, anticipÃ³ la necesidad de insertar plenamente estos nuevos instrumentos en la actividad administrativa instando, desde su artÃ­culo 45, a las Administraciones PÃºblicas para que promuevan la incorporaciÃ³n de tÃ©cnicas electrÃ³nicas, informÃ¡ticas y telemÃ¡ticas en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias. En igual sentido, la reforma de la Ley de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn efectuada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, tuvo por finalidad potenciar el uso de medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos y telemÃ¡ticos por la AdministraciÃ³n.
Las previsiones de la Ley 30/1992 fueron desarrolladas por el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizaciÃ³n de tÃ©cnicas electrÃ³nicas, informÃ¡ticas y telemÃ¡ticas por la AdministraciÃ³n General del Estado, y el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentaciÃ³n de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la AdministraciÃ³n General del Estado, la expediciÃ³n de copias y documentos y devoluciÃ³n de originales y el rÃ©gimen de las oficinas de registro, ambos modificados por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemÃ¡ticas, asÃ­ como la utilizaciÃ³n de medios telemÃ¡ticos para la sustituciÃ³n de la aportaciÃ³n de certificados por los ciudadanos, normas que, en conjunciÃ³n con sus antecedentes legales, constituyen la base general para el uso de medios electrÃ³nicos en el Ã¡mbito administrativo.
Sobre este base general, la presente Orden viene a regular, al amparo de la disposiciÃ³n adicional dÃ©cima del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, las especialidades del uso de los medios electrÃ³nicos en el procedimiento de contrataciÃ³n, cuya particular consideraciÃ³n frente al resto de procedimientos administrativos, por razÃ³n de su peculiar naturaleza, viene reconocida por la disposiciÃ³n adicional sÃ©ptima del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. En la redacciÃ³n de la Orden, por otra parte, se han tenido particularmente en cuenta las directrices de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinaciÃ³n de los procedimientos de adjudicaciÃ³n de los contratos pÃºblicos de obras, de suministro y de servicios, de la que constituyen una parte esencial las provisiones dirigidas a introducir sistemas efectivos de licitaciÃ³n electrÃ³nica en la contrataciÃ³n pÃºblica europea.
Desde un punto de vista prÃ¡ctico, la contrataciÃ³n administrativa es un Ã¡mbito en el que la correcta implantaciÃ³n de medios electrÃ³nicos puede producir especiales beneficios, para la AdministraciÃ³n y para los operadores econÃ³micos, generando importantes ahorros de tiempo y costes y contribuyendo decisivamente a incrementar el nivel de competencia, transparencia y control. Por ello, se considera urgente incorporar las tendencias antes apuntadas sobre tramitaciÃ³n telemÃ¡tica de los expedientes administrativos al Ã¡mbito de la contrataciÃ³n, sentando las bases normativas que posibiliten la articulaciÃ³n, a corto plazo, de sistemas electrÃ³nicos en esta Ã¡rea de actividad; ello permitirÃ¡ generar la necesaria experiencia en la aplicaciÃ³n de las nuevas tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y de la comunicaciÃ³n a los procedimientos legales de contrataciÃ³n que, eventualmente, podrÃ­a servir de base a una revisiÃ³n mÃ¡s profunda de su configuraciÃ³n, todo ello sin renunciar a la deseable homologaciÃ³n de soluciones cuando se desarrollen y adopten de forma mayoritaria estÃ¡ndares europeos para la contrataciÃ³n electrÃ³nica.
Ha de seÃ±alarse, por Ãºltimo, que a pesar del carÃ¡cter de norma bÃ¡sica que tiene la disposiciÃ³n adicional dÃ©cima del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, base jurÃ­dica de la presente Orden, Ã©sta limita su eficacia al Ã¡mbito estatal, por estimarse preferible esperar a que se decanten suficientemente las medidas de implementaciÃ³n del marco normativo constituido por la Directiva 2004/18/CE que, impulsadas desde instancias comunitarias, se dirigen a estandarizar los sistemas y aplicaciones utilizados en la licitaciÃ³n electrÃ³nica para garantizar su interoperabilidad y el intercambio de datos entre las Administraciones europeas, y a que se consolide suficientemente una experiencia en el empleo de estos medios que permita identificar con mayor seguridad aquellos extremos de la contrataciÃ³n electrÃ³nica cuya homogeneidad deba garantizarse mediante su regulaciÃ³n por disposiciones de carÃ¡cter bÃ¡sico.
En su virtud, previo informe de la Junta Consultiva de ContrataciÃ³n Administrativa y con la aprobaciÃ³n del Ministro de Administraciones PÃºblicas, dispongo:
[precepto]Primero. Objeto y Ã¡mbito de aplicaciÃ³n.
La presente Orden tiene por objeto regular, al amparo de lo dispuesto en la disposiciÃ³n adicional dÃ©cima del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, la utilizaciÃ³n de medios electrÃ³nicos en los procedimientos de contrataciÃ³n sujetos a las prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que se tramiten por la AdministraciÃ³n General del Estado, sus Organismos autÃ³nomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demÃ¡s entidades pÃºblicas estatales, asÃ­ como por las sociedades de derecho privado vinculadas a las anteriores.
[precepto]Segundo. Condiciones para el empleo de medios electrÃ³nicos en los procedimientos de contrataciÃ³n.
Uno. PodrÃ¡n utilizarse medios electrÃ³nicos en los procedimientos de contrataciÃ³n siempre que en los pliegos de clÃ¡usulas administrativas particulares se haya establecido su admisibilidad. A estos efectos, los pliegos deberÃ¡n indicar los trÃ¡mites que, en su caso, puedan ser cumplimentados por vÃ­a electrÃ³nica, informÃ¡tica o telemÃ¡tica, y los medios electrÃ³nicos y sistemas de comunicaciÃ³n y notificaciÃ³n utilizables, que deberÃ¡n ajustarse a las especificaciones detalladas en el apartado tercero de esta Orden.
En estos supuestos, los pliegos y la restante documentaciÃ³n necesaria para tomar parte en la licitaciÃ³n deben estar disponibles para los interesados en forma electrÃ³nica, en un formato conforme con los estÃ¡ndares abiertos aplicables a cada documento, y ser accesibles a travÃ©s de procedimientos electrÃ³nicos de carÃ¡cter no discriminatorio, de acceso pÃºblico, y compatibles con las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y de la comunicaciÃ³n de uso general. En el caso de que el medio de difusiÃ³n elegido sea Internet el formato de dichos documentos deberÃ¡ ser conforme con las Recomendaciones aplicables aprobadas por el World Wide Web Consortium (W3C).
Dos. Cuando, conforme a lo seÃ±alado en el punto anterior, los pliegos hayan admitido el empleo de medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos o telemÃ¡ticos en el procedimiento de contrataciÃ³n, su uso serÃ¡ potestativo para los licitadores.
El licitador que desee utilizar estos medios en sus relaciones con el Ã³rgano de contrataciÃ³n deberÃ¡ presentar por vÃ­a electrÃ³nica su proposiciÃ³n o solicitud de participaciÃ³n y la documentaciÃ³n que, segÃºn el pliego, pueda remitirse en esta forma y manifestar expresamente, al mismo tiempo, que opta por el empleo de medios electrÃ³nicos para la presentaciÃ³n de escritos, comunicaciones y documentos y para la recepciÃ³n de notificaciones, a cuyo efecto debe estar dado de alta en un sistema de notificaciÃ³n telemÃ¡tica admitido por el Ã³rgano de contrataciÃ³n en el pliego y disponer de una direcciÃ³n electrÃ³nica, con los requisitos indicados en el numero cinco del apartado tercero de esta Orden.
La opciÃ³n por el uso de medios electrÃ³nicos vincula al licitador durante toda la fase de licitaciÃ³n del contrato y, si llegara a ser el adjudicatario del mismo, durante el perÃ­odo de su ejecuciÃ³n, constituyÃ©ndole en la obligaciÃ³n de utilizar los programas, formatos y aplicaciones establecidos, salvo que causas tÃ©cnicas, debidamente acreditadas, lo impidan.
En ningÃºn caso podrÃ¡ derivarse para los licitadores y contratistas una discriminaciÃ³n o restricciÃ³n de cualquier naturaleza contraria a los principios de libre concurrencia e igualdad de trato por razÃ³n de los medios por los que opten para efectuar sus comunicaciones con el Ã³rgano de contrataciÃ³n.
Tres. No obstante lo seÃ±alado en el nÃºmero anterior, en los contratos en que, por razÃ³n del nÃºmero previsible de licitadores, por la cantidad y caracterÃ­sticas de los productos o bienes objeto de licitaciÃ³n, o por la concurrencia de otras peculiaridades debidamente motivadas, se considere conveniente por razones de agilidad y simplificaciÃ³n del procedimiento y, en todo caso, en las licitaciones y contratos que se celebren dentro del sistema de adquisiciÃ³n centralizada de bienes y servicios al amparo de los artÃ­culos 183 y 199 de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, los pliegos de clÃ¡usulas administrativas podrÃ¡n establecer la necesidad de que la presentaciÃ³n de las solicitudes de participaciÃ³n y proposiciones, la aportaciÃ³n de documentos y las comunicaciones y notificaciones entre el Ã³rgano de contrataciÃ³n y los licitadores o contratistas, se realicen, en todas o en alguna de sus fases, de forma exclusiva, por medios electrÃ³nicos.
Para que en los pliegos pueda establecerse la necesaria utilizaciÃ³n de medios electrÃ³nicos, deberÃ¡ acreditarse en el expediente de contrataciÃ³n, que esta exigencia no supondrÃ¡ restricciÃ³n o discriminaciÃ³n alguna para los licitadores, en el sentido seÃ±alado en la disposiciÃ³n adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
[precepto]Tercero. Requisitos y especificaciones tÃ©cnicas de los medios electrÃ³nicos utilizables en la contrataciÃ³n administrativa.
Uno. Con carÃ¡cter general se aplicarÃ¡n a los dispositivos y aplicaciones de registro, notificaciÃ³n y de la prestaciÃ³n del servicio de direcciÃ³n electrÃ³nica las medidas de seguridad, conservaciÃ³n y normalizaciÃ³n que se detallan en los Â«Criterios de seguridad, normalizaciÃ³n y conservaciÃ³n de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestadesÂ» aprobados por el Consejo Superior de InformÃ¡tica y para el impulso de la AdministraciÃ³n ElectrÃ³nica y accesibles en su sitio web.
Dichas medidas de seguridad, conservaciÃ³n y normalizaciÃ³n vendrÃ¡n determinadas por el resultado del anÃ¡lisis y gestiÃ³n de riesgos que se realice, recomendÃ¡ndose a estos efectos la utilizaciÃ³n de la metodologÃ­a Magerit.
Dos. Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de informaciÃ³n deberÃ¡n garantizar la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y solicitudes de participaciÃ³n.
Los medios electrÃ³nicos utilizables en los procedimientos de contrataciÃ³n no podrÃ¡n ser discriminatorios, y deberÃ¡n ser de acceso pÃºblico y compatibles con las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y de la comunicaciÃ³n de uso general, de forma que no se restrinja indebidamente el acceso de los operadores econÃ³micos al procedimiento de adjudicaciÃ³n.
Tres. La informaciÃ³n, las especificaciones tÃ©cnicas, y los programas y aplicaciones necesarios para la presentaciÃ³n electrÃ³nica de las ofertas y solicitudes de participaciÃ³n deberÃ¡n estar a disposiciÃ³n de todas las partes interesadas.
Cuatro. Los formatos que el Ã³rgano de contrataciÃ³n declare admisibles en los pliegos para la aportaciÃ³n de documentos electrÃ³nicos deberÃ¡n ser conformes a los estÃ¡ndares abiertos que se especifican en el anexo de esta norma.
Cinco. Los medios electrÃ³nicos que se utilicen en el procedimiento de contrataciÃ³n deben poder garantizar, de forma razonable en funciÃ³n del estado de la tÃ©cnica, el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
a) Que la firma electrÃ³nica reconocida exigida por el nÃºmero dos del apartado cuarto de esta Orden se ajusta a las disposiciones de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma ElectrÃ³nica.
b) Que sÃ³lo los Ã³rganos competentes, en la fecha seÃ±alada para ello, pueden tener acceso a los datos transmitidos o que en caso de violaciÃ³n de la prohibiciÃ³n de acceso, esta violaciÃ³n pueda detectarse con claridad.
c) Que se deje un rastro de auditorÃ­a que permita el control posterior de las transacciones efectuadas.
Seis. El sistema de notificaciÃ³n telemÃ¡tica que se utilice deberÃ¡ acreditar la fecha y hora en que se produzcan la recepciÃ³n de la notificaciÃ³n en la direcciÃ³n electrÃ³nica asignada al interesado y el acceso de Ã©ste al contenido del mensaje, asÃ­ como poner de manifiesto cualquier incidencia tÃ©cnica que imposibilite el cumplimiento de lo anterior. Cuando, existiendo constancia de la recepciÃ³n de la notificaciÃ³n en la direcciÃ³n electrÃ³nica, transcurrieran diez dÃ­as naturales sin que se acceda a su contenido se entenderÃ¡ que la notificaciÃ³n ha sido rechazada.
La direcciÃ³n electrÃ³nica asignada al licitador deberÃ¡ cumplir los siguientes requisitos:
b) contar con mecanismos de autenticaciÃ³n que garanticen la identidad del usuario, y
Siete. Atendiendo al grado de desarrollo y consolidaciÃ³n de los trabajos de normalizaciÃ³n internacional, los documentos electrÃ³nicos que se utilicen en el procedimiento de contrataciÃ³n deberÃ¡n adaptarse a la nomenclatura y estÃ¡ndares adoptados en el seno del programa para la prestaciÃ³n interoperable de servicios paneuropeos de administraciÃ³n electrÃ³nica al sector pÃºblico, las empresas y ciudadanos (programa IDA/IDABC) en relaciÃ³n con las compras electrÃ³nicas o en su caso a otros estÃ¡ndares internacionales de carÃ¡cter abierto.
[precepto]Cuarto. RÃ©gimen de las comunicaciones y notificaciones telemÃ¡ticas.
Uno. En todo lo no previsto en esta Orden, la validez y los efectos jurÃ­dicos de las comunicaciones y de las notificaciones telemÃ¡ticas se regirÃ¡n por lo establecido en el artÃ­culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizaciÃ³n de tÃ©cnicas electrÃ³nicas, informÃ¡ticas y telemÃ¡ticas por la AdministraciÃ³n General del Estado, y en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentaciÃ³n de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la AdministraciÃ³n General del Estado, la expediciÃ³n de copias y documentos y devoluciÃ³n de originales y el rÃ©gimen de las oficinas de registro, modificado por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero.
Dos. Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los Ã³rganos administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurÃ­dicos y se emitan tanto en la fase preparatoria como en las fases de licitaciÃ³n, adjudicaciÃ³n y ejecuciÃ³n del contrato deben ser autenticados mediante una firma electrÃ³nica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma ElectrÃ³nica.
Tres. Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, notificaciones y envÃ­os documentales entre el licitador o contratista y el Ã³rgano de contrataciÃ³n deben permitir acreditar la fecha y hora de su emisiÃ³n o recepciÃ³n, su contenido y el remitente y destinatario de las mismas. En especial, estas aplicaciones deben garantizar que se deja constancia de la hora y la fecha exactas de la recepciÃ³n de las proposiciones o solicitudes de participaciÃ³n y de cuanta documentaciÃ³n deba presentarse ante el Ã³rgano de contrataciÃ³n.
Cuatro. En los documentos, comunicaciones y notificaciones telemÃ¡ticas deberÃ¡ usarse el juego de caracte-res ISO/IEC-8859-1 (Â«latin alphabet -1Â»).
Cinco. Las proposiciones o solicitudes de participaciÃ³n, asÃ­ como la documentaciÃ³n que se presente se enviarÃ¡n libres de virus informÃ¡ticos que dificulten o imposibiliten su lectura, siendo responsabilidad de los licitadores velar por el cumplimiento de esta previsiÃ³n. No obstante, la mera presencia de virus en tales documentos no determinarÃ¡, por sÃ­ sola, su exclusiÃ³n de la licitaciÃ³n siempre que sea posible acceder a su contenido esencial y que resulte indubitable que los tÃ©rminos de la oferta no han sido alterados por efecto del virus.
[precepto]Quinto. TransmisiÃ³n electrÃ³nica de datos entre Ã³rganos administrativos.
Uno. Los Ã³rganos de contrataciÃ³n podrÃ¡n recabar los datos y los documentos referentes a la empresa que, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, requiera el pliego de clÃ¡usulas administrativas, especialmente los correspondientes a su capacidad y solvencia, de los Ã³rganos y registros de las Administraciones y Entidades pÃºblicas mediante interconexiÃ³n electrÃ³nica con sus bases de datos y documentales, si el licitador o su representante asÃ­ lo solicitan, indicando el lugar en que dichos datos y documentos consten o se encuentren, y siempre que, con arreglo a las normas vigentes, sea posible reconocer eficacia jurÃ­dica a los mismos, con respeto, en todo caso, a lo establecido en la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal.
Dos. Los registros de licitadores de la AdministraciÃ³n General del Estado, sus Organismos autÃ³nomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demÃ¡s entidades pÃºblicas estatales facilitarÃ¡n por medios electrÃ³nicos a los Ã³rganos y a las mesas de contrataciÃ³n dependientes de cualquiera de ellas que asÃ­ lo requieran, certificaciones sobre la personalidad, capacidad de obrar y representaciÃ³n de las empresas inscritas, en la forma y con los efectos previstos en la Orden HAC/664/2004, de 9 de marzo, por la que se establecen los mecanismos de coordinaciÃ³n entre los registros voluntarios de licitadores.
Asimismo, con la autorizaciÃ³n de las empresas inscritas y mediante el oportuno convenio de colaboraciÃ³n basado en el principio de reciprocidad, estos certificados electrÃ³nicos podrÃ¡n ser facilitados a otras Administraciones PÃºblicas, a los efectos de la participaciÃ³n de las empresas en sus propios procedimientos de contrataciÃ³n.
[precepto]Sexto. Apertura de proposiciones.
Uno. En los casos en que el Ã³rgano de contrataciÃ³n establezca en los pliegos la necesidad de que las proposiciones se presenten cifradas, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artÃ­culos 81 y 82 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas y en el acto pÃºblico a que se refiere el artÃ­culo 83, deberÃ¡ procederse, en primer tÃ©rmino, a descifrar los ficheros que contengan la documentaciÃ³n correspondiente.
Dos. En el caso de que no pueda descifrarse alguno de los ficheros presentados, se rechazarÃ¡ la proposiciÃ³n si ello fuese debido a una causa imputable al licitador. Si por causas no imputables al licitador, surgieran circunstancias que impidieran el desciframiento, se suspenderÃ¡ el acto hasta que por la mesa de contrataciÃ³n pueda subsanarse la incidencia de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, en cuyo momento se reanudarÃ¡ el mismo.
[precepto]SÃ©ptimo. CoordinaciÃ³n de los sistemas.
Los sistemas de notificaciÃ³n y registro a los que se refiere la presente orden se coordinarÃ¡n adecuadamente con los que, en su caso, se creen al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizaciÃ³n de tÃ©cnicas electrÃ³nicas, informÃ¡ticas y telemÃ¡ticas por la AdministraciÃ³n General del Estado y en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentaciÃ³n de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la AdministraciÃ³n General del Estado, la expediciÃ³n de copias de documentos y devoluciÃ³n de originales y el rÃ©gimen de las oficinas de registro, modificado por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero.
[precepto]Octavo. Instrucciones.
El Director General del Patrimonio del Estado dictarÃ¡ las instrucciones que resulten precisas para facilitar la adaptaciÃ³n a los estÃ¡ndares y nomenclatura a los que se refiere el nÃºmero seis del apartado tercero de la presente orden, que garanticen la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas de informaciÃ³n y comunicaciÃ³n que intervienen en los procesos de contrataciÃ³n electrÃ³nica, pudiendo, a estos efectos, modificar el anexo de esta Orden con el fin de incluir nuevos formatos que cumplan con los requisitos exigidos.
[precepto]Noveno. RegulaciÃ³n del uso de medios electrÃ³nicos en los procedimientos de contrataciÃ³n centralizada de bienes y servicios.
En los procedimientos de contrataciÃ³n centralizada de bienes y servicios, las condiciones de uso de medios electrÃ³nicos podrÃ¡n regularse, con arreglo a lo establecido en esta Orden, ademÃ¡s de en los pliegos de clÃ¡usulas administrativas particulares, por resoluciÃ³n del Director General del Patrimonio del Estado.
[precepto]DÃ©cimo. ModificaciÃ³n del Anexo VII del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas.
Haciendo uso de la habilitaciÃ³n conferida por la disposiciÃ³n adicional sexta del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, se modifican los modelos de anuncios del anexo VII del dicho Reglamento que a continuaciÃ³n se indican, en el siguiente sentido:
En el modelo B), Â«Modelo de anuncio para la licitaciÃ³n de los contratos de obrasÂ», se aÃ±adirÃ¡ un apartado con la siguiente redacciÃ³n:
Â«14. En su caso, sistema de notificaciÃ³n telemÃ¡tica aplicable.Â»
En el modelo C), Â«Modelo de anuncio para la licitaciÃ³n de los contratos de gestiÃ³n de servicios pÃºblicosÂ», se aÃ±adirÃ¡ un apartado con la siguiente redacciÃ³n:
Â«13. En su caso, sistema de notificaciÃ³n telemÃ¡tica aplicable.Â»
En el modelo D), Â«Modelo de anuncio para la licitaciÃ³n de los contratos de suministroÂ», se aÃ±adirÃ¡ un apartado con la siguiente redacciÃ³n:
En el modelo E), Â«Modelo de anuncio para la licitaciÃ³n de los contratos de consultorÃ­a y asistencia y de serviciosÂ», se aÃ±adirÃ¡ un apartado con la siguiente redacciÃ³n:
En el modelo F), Â«Modelo de anuncio para la licitaciÃ³n de los contratos administrativos especialesÂ», se aÃ±adirÃ¡ un apartado con la siguiente redacciÃ³n:
[precepto]UndÃ©cimo. Entrada en vigor.
Uno. La presente Orden entrarÃ¡ en vigor a los dos meses de su publicaciÃ³n en el BoletÃ­n Oficial del Estado salvo lo dispuesto en el apartado noveno que entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el BoletÃ­n Oficial del Estado.
Dos. No obstante, durante un plazo de dos aÃ±os a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, los Ã³rganos de contrataciÃ³n podrÃ¡n seguir empleando los formatos para el intercambio de datos que estÃ©n usando, siempre que respondan a estÃ¡ndares comÃºnmente aceptados y que su uso no sea contrario a los principios de libertad de acceso y no discriminaciÃ³n.
Formatos admisibles para los documentos intercambia-dos en los procesos de contrataciÃ³n electrÃ³nica
EstÃ¡ndar aplicable: XML 1.1 (RecomendaciÃ³n del W3C, 4 de febrero de 2004).
1.2 Formato de documentos de validaciÃ³n: XML Schema Language.
EstÃ¡ndar aplicable: XML Schema Language 1.1 (RecomendaciÃ³n del W3C, 2 de mayo de 2001).
EstÃ¡ndar aplicable: ISO/IEC 15445.
3. Formatos de grÃ¡ficos e imÃ¡genes:
EstÃ¡ndar aplicable: ISO/IEC 10918.
EstÃ¡ndar aplicable: ISO/IEC 12234.
EstÃ¡ndar aplicable: ISO/IEC 15948.
EstÃ¡ndar aplicable: ISO/IEC 12071.

References: Real Decreto 
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