Source: https://www.scribd.com/document/328320558/Ejecucion-y-derecho-penitenciario-Modulo-5-pdf
Timestamp: 2018-11-20 22:19:29+00:00

Document:
1 La Libertad Personal Del Sindicado
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forostc(1)
C-2000-04
Circular 9 2011
Dialnet-LaCrisisSocialYElEstadoDelBienestar-544351
penitenciario y la
PID_00184529
CC-BY-NC-ND • PID_00184529
El tratamiento penitenciario y la excarcelación
El tratamiento penitenciario..........................................................
El contenido ................................................................................
La finalidad .................................................................................
La voluntariedad .........................................................................
Los principios del tratamiento ....................................................
La clasificación ............................................................................
El primer grado y los establecimientos penitenciarios de
régimen cerrado ..........................................................................
El segundo grado .........................................................................
El tercer grado .............................................................................
Los programas de tratamiento ....................................................
El trabajo penitenciario...................................................................
Los principios constitucionales ...................................................
La relación laboral especial penitenciaria ...................................
La libertad condicional....................................................................
Concepto y fundamento .............................................................
Supuestos especiales de libertad condicional anticipada ............
Desarrollo de actividades laborales, culturales y
ocupacionales .................................................................
Nuevo supuesto de anticipación cualificada .................
Septuagenarios y enfermos muy graves .........................
Reglas de conducta .....................................................................
Régimen especial para el terrorismo y la criminalidad
organizada ...................................................................................
Revocación ...................................................................................
Efectos ..........................................................................................
Liquidación de condena y licenciamiento definitivo...............
La asistencia social pospenitenciaria...........................................
El tratamiento penitenciario constituye uno de los bloques temáticos fundamentales en el estudio del derecho penitenciario actual. Para empezar, la ley,
en el aspecto sistemático, ya le concede una gran importancia, ya que le dedica
un título autónomo.
Como ha señalado García Valdés, la regulación�del�tratamiento�penitenciario constituye una de las consecuciones y de los aciertos más importantes de
la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP). Supone un paso adelante con
respecto a la posición adoptada por los ordenamientos penitenciarios de otros
países, que ven la materia referida al tratamiento de los internos más como
un aspecto del régimen penitenciario que como una parte que posee una sustantividad propia y autónoma.
La Ley Orgánica General Penitenciaria invierte los términos de la cuestión y convierte el tratamiento en la teórica columna vertebral de la
ejecución de la pena privativa de libertad, hasta el punto de que declara, con carácter general, la subordinación de los aspectos de régimen al
objetivo central del tratamiento.
Esta concepción optimista que ha inspirado la redacción del texto legal ha
generado muchas antinomias. Por otra parte, el carácter fundamental del tratamiento da contenido material al principio de unidad de ejecución.
Hemos optado por unificar el tratamiento y el trabajo�penitenciario en un
mismo módulo didáctico porque el trabajo penitenciario se ha de entender,
fundamentalmente y en una perspectiva constitucional, como un instrumento al servicio de la reinserción social y laboral de los internos, aunque en el
aspecto formal esté ubicado en el título III de la Ley Orgánica General Penitenciaria, dedicado al régimen penitenciario.
También se incluyen en este módulo los aspectos relativos a la excarcelación,
con especial atención a la regulación de la libertad condicional.
Al final se incluye una referencia a la asistencia� pospenitenciaria que, sin
ser propiamente una cuestión de tratamiento, supone llevar hasta las últimas
consecuencias, después de la excarcelación del condenado, la voluntad resocializadora de la ley.
Artículo 71.1 LOGP.
Comprender el papel del trabajo penitenciario como herramienta del tratamiento.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 6 Objetivos En los materiales didácticos de este módulo encontraréis las herramientas básicas para que alcancéis los objetivos siguientes: 1. 2. 4. Conocer y valorar la posición del tratamiento dentro del sistema penitenciario español. Conocer los principios constitucionales y la regulación positiva del trabajo penitenciario. El tratamiento penitenciario y la excarcelación . 3. Conocer los principios y el régimen jurídico del tratamiento penitenciario.
no corresponde a la ley. El contenido La fórmula consagrada en la ley parece reflejar una concepción amplia del tratamiento de acuerdo con la cual una buena parte de la actividad que se lleva a cabo en un centro penitenciario merece la consideración de tratamiento. las actividades directamente encaminadas a la consecución del objetivo proclamado en el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria son las que se llevan a cabo bajo la dirección del equipo técnico pluridisciplinario y de acuerdo con los principios que proclama el artículo 62. el efecto�restrictivo que introduce la expresión "directamente". La determinación�de�las�actividades resulta una cuestión de carácter técnico que compete al ámbito propio de las ciencias de la conducta y que.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 7 El tratamiento penitenciario y la excarcelación 1.2. que las opiniones que califican como restrictiva la concepción del tratamiento que contiene el artículo 59. por lo tanto. aunque su regulación se encuentre en el título dedicado al régimen penitenciario. sin embargo. Se debe considerar. con la ideología resocializadora optimista que hemos destacado en la introducción del módulo." Artículo 59. con la limitación de que se deben respetar siempre los derechos constitucionales no afectados por la condena. Esta consideración se aviene. sin duda.1. No se debe pasar por alto.1 1. . que se han de utilizar todos los métodos de tratamiento. El tratamiento penitenciario La Ley Orgánica General Penitenciaria define el tratamiento penitenciario como: "El conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. que permite caracterizar el contenido específico del título III de la Ley Orgánica General Penitenciaria. La Ley Orgánica General Penitenciaria se limita a señalar. en el artículo 60. pues. Por lo tanto.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria son bastante convincentes. Ejemplos de actividades El trabajo penitenciario la educación sanitaria y la asistencia sanitaria son ejemplos de las actividades de consecución de la reeducación y la reinserción social de los internos.
que se ha calificado como modesta. 2 el�principio�de�comunidad�terapéutica . es la única válida para todo el conjunto de la criminalidad. También prevé un caso especial. y que está limitada a un programa�mínimo�de�resocialización. 1. La finalidad La Ley Orgánica General Penitenciaria establece la finalidad del tratamiento penitenciario: "El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal." Artículo 59.2 La referencia que hace el artículo 59.2. así como de subvenir a sus necesidades.2 Así pues. bajo estricto control médico. que el sujeto lleve en el futuro una vida sin delitos y renuncia al objetivo más ambicioso de la integración social (como asunción de determinados valores sociales dominantes).2 se subordina a este objetivo. 2) La psicoterapia grupal. la ley no hace una referencia explícita y detallada de los posibles métodos. La limitación legal no debe excluir. 1) La organización de sesiones de asesoramiento psicopedagógico. que podría entrar en conflicto con las reglas del juego de una sociedad pluralista y tolerante. que es consecuente con lo que establecen el artículo 3 El tratamiento penitenciario y la excarcelación Sobre la limitación legal de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el artículo 25 de la Constitución. dispuesta con el fin de facilitar los medios necesarios para participar en la vida social y económica a los sujetos con más dificultades de reinserción.2 a la capacidad del sujeto de subvenir a sus necesidades se ha de entender como una medida propia del estado social. Por lo tanto. como es el de los programas� basados� en (2) Artículo 66. básicamente. Este caso se justifica en la medida en que el precepto exige una organización penitenciaria específica que no se aviene con el respeto escrupuloso a las reglas generales del régimen. Esta finalidad. y no sólo para el sector que tiene como protagonistas a determinados colectivos que pertenecen a ámbitos socialmente desestructurados o marginados. la ley limita sus aspiraciones� resocializadoras a conseguir. los métodos psicoquirúrgicos y determinadas terapias conductistas agresivas. como la castración terapéutica. 3) La terapia del comportamiento. . Como ya hemos señalado.1 LOGP. el resto del artículo 59. pero destaca los siguientes1: (1) Artículo 66.8 CC-BY-NC-ND • PID_00184529 Esta limitación�legal. los medios farmacológicos o quimioterapéuticos. como el uso de neurolépticos y antidepresivos. Artículo 59. cierra el paso a la posible adopción de formas de tratamiento como las que se practican en otros países. de acuerdo con García Valdés.2 LOGP.
Ante esta objeción. Regla 66 La Regla 66 de las Reglas mínimas de 1987 se refiere al hecho de inculcar en los condenados la voluntad de vivir de acuerdo con la ley como objetivo del tratamiento. . b) Facilitarle la integración en la sociedad. la obligación de que se ha de intentar que el condenado desarrolle una actitud de respeto hacia sí mismo y una actitud de responsabilidad individual y social hacia su familia. tal como se aclara expresamente en el artículo 59. conclusión que queda reforzada por el carácter limitador de la expresión "en la medida en que se pueda". no tiene nada de reprochable pretender modificar el esquema de intenciones en el que hasta ahora se había movido el interno. constituye un medio para conseguir la finalidad de llevar una vida sin delitos. pues. y ha advertido que. lo cual supondría un quebrantamiento inadmisible de los principios limitadores de un derecho penal del hecho propio de un estado democrático. si el tratamiento es voluntario. No parece. no se ha de olvidar que. Sin embargo. El tratamiento penitenciario y la excarcelación Sobre el orden El orden se ha calificado también como un objetivo de carácter secundario.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 9 Además. que esta pretensión (desarrollada a través de medios legítimos) se contradiga con el ordenamiento constitucional. De todas maneras. Reglas de 2006 Las Reglas de 2006 establecen entre los principios fundamentales que la detención debe poder facilitar la integración del interno en la sociedad libre. opta también por: a) Ofrecer al interno los medios necesarios para que resuelva sus problemas y sus deficiencias personales. una vez aclarada la voluntariedad�del tratamiento. que muy a menudo se caracteriza por los déficits volitivos propios de determinadas personalidades. Esta circunstancia no ha impedido que algunos autores critiquen la extensión de esta finalidad.2. que es lo que interesa. además de adaptarse mejor a la realidad criminológica. que se pueda afirmar.2 de la LOGP. que recoge el artículo 59. La Ley Orgánica General Penitenciaria. ya que el legislador no tenía precisamente las ideas muy claras con respecto a esta voluntariedad. la referencia que el artículo 59. Manzanares�Samaniego ha recordado que el contenido del precepto legal se corresponde con el texto de las Reglas mínimas. los otros y la sociedad en general. de entrada. sería mejor prescindir de esta expresión. actuando de manera coherente con la concepción restrictiva del tratamiento que adopta en el primer párrafo.1 realizaba originalmente sobre la intención parecía más perniciosa. hasta el ámbito interno del autor. ya que la referencia a la capacidad ya satisface lo suficiente las expectativas de conseguir una modificación de los hábitos de conducta.
como por el contenido. es poco afortunada tanto por la redacción. rehuye realizar una afirmación clara de la voluntariedad. El legislador. pero no consigue la consagración legal de la idea de voluntariedad e. Este hecho continúa siendo coherente con la concepción idealista plasmada en la ley. que pone el acento en el tratamiento que efectúa una ordenación del régimen penitenciario a partir de la clasificación�en�grados. no se sabe si de forma voluntaria (fomentada por la Administración penitenciaria) o de forma obligatoria. aunque el segundo párrafo aporta un argumento poderoso en favor de la primera alternativa. y es también el criterio predominante en el derecho comparado.1 LOGP. lo que abre la puerta a la posibilidad de que el condenado rechace los medios concretos que se pretenden utilizar sin rechazar el tratamiento. se refiere al hecho de que el interno ha de colaborar. a continuación. ciertamente. que probablemente. con respecto a esta cuestión. reproduciendo la orden general del artículo 4. Clasificación en grados La clasificación en grados es una operación vinculada absolutamente al tratamiento penitenciario. Esta norma. incluso.3. como acabamos de comentar. se debe tener en cuenta lo siguiente: 1) Por una parte. según intuía. . la voluntariedad de la participación del interno en su tratamiento preside la concepción moderna del tema. y surge como consecuencia de una enmienda que pretendía evitar el carácter de norma imperativa que el anteproyecto conllevaba para el interno. el primer y segundo párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. aunque. 3 ficación y la ejecución de su tratamiento . llevado por un afán renovador idealista y por una visión reduccionista de la criminalidad que lo hace articular toda la ejecución en torno al tratamiento.2. sin plantearse la posibilidad de que exista algún interno que no sea objeto de tratamiento. Ahora bien. 2) Por otra parte. La ley se limita a señalar que se fomentará que el interno participe en la plani- (3) Artículo 61. parte del supuesto de que siempre existe tratamiento. al referirse al fomento y estímulo de la participación del interno con la expresión "en su tratamiento". permite que algún autor afirme que existe un deber de colaboración por parte del condenado. la Ley Orgánica General Penitenciaria no es muy clara en este punto. lo haría incurrir en una contradicción.10 CC-BY-NC-ND • PID_00184529 El tratamiento penitenciario y la excarcelación 1. La voluntariedad Como ha señalado García�Valdés.
1 de la Constitución establece la dignidad de la persona. añadió: "El interno podrá rechazar libremente o no colaborar en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad o método de tratamiento. los derechos inviolables que le son inherentes. 2) La realización del tratamiento. aunque la solución adoptada permite una desvinculación entre la clasificación y el tratamiento mediante el cual se puede hacer efectivo este rechazo. el Reglamento penitenciario fue más realista y. después de reproducir el contenido integral del artículo 61 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. La clasificación se realizará en estos casos. en último término. A pesar de las reticencias y las contradicciones de la ley.1 de la Constitución y que convierte en inconstitucional la posibilidad de un tratamiento coactivo. .4. 1. es suficiente remitirse al carácter de derecho que presenta el principio� de� resocialización reconocido en el artículo 25. que lo entiende como una emanación del principio de dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 10. el libre desarrollo de la personalidad. Para hacerlo." Artículo 239 Como se puede observar. se continúa evitando plantear la cuestión en términos de rechazo global al tratamiento. regimentales. y el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamentos del orden político y de la paz social. se debe afirmar la voluntariedad�del�tratamiento. Los principios inciden en los dos momentos básicos en los que se efectúan las actividades�de�tratamiento: 1) El estudio previo de la personalidad del sujeto. ni de represión de grado de tratamiento. Artículo 10. mediante observación directa del comportamiento y utilización de los datos documentales existentes. Los principios del tratamiento El artículo 62 de la Ley Orgánica General Penitenciaria consagra los llamados principios científicos del tratamiento. sin que ello tenga consecuencias disciplinarias.1 de la Constitución El artículo 10.2 de la Constitución.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 11 El tratamiento penitenciario y la excarcelación Con el fin de solucionar este problema. En este precepto se puede observar una recopilación de términos propios de las ciencias de la conducta que confieren al tratamiento penitenciario un contenido terapéutico consecuente con la calificación del sistema de cumplimiento como sistema�de�individualización�científica. El contenido de estos principios es el siguiente: 1)�Estudio�de�la�personalidad�y�juicio�pronóstico�inicial: el tratamiento se ha de basar en el estudio científico de los factores siguientes: El interno podrá decidir libremente si quiere participar o no en la realización de cualquier método de tratamiento penitenciario.
A continuación se relacionan las características del tratamiento que prevé el artículo 62 de la Ley Orgánica General Penitenciaria: a)�Individualizado. que ha de tomar como base. psiquiátricos. El tratamiento se atiene a un plan general que fija la intensidad en la aplicación de cada método de tratamiento y la distribución entre los diferentes especialistas y educadores de los trabajos concretos que lo integran. (4) Este enfoque pluridisciplinario se plasma en la configuración multiprofesional del equipo técnico encargado de programar y conducir el tratamiento. El tratamiento consiste en el uso variable de métodos medicobiológicos. Esta transformación ha desarrollado. Exige la integración de diferentes métodos de los mencionados en una dirección de conjunto y en el marco del régimen adecuado. Este estudio se debe recoger en el protocolo�del�interno y da lugar a la emisión de dos documentos específicos: • Un diagnóstico�de�la�personalidad�criminal del sujeto. además del mencionado enjuiciamiento global de la personalidad. el resumen de la actividad delictiva y de todos los datos ambientales del sujeto. b)�Complejo4. b) El sistema dinámico-motivacional y el aspecto evolutivo de su personalidad. psicológicos. lo que facilita un enjuiciamiento global. d)�Evolutivo�y�dinámico. la idea de una educación� social basada en un grupo de trabajo y en la combinación de varios instrumentos terapéuticos y coordinada por psicólogos. 2)�Principios�referidos�a�las�actividades�de�tratamiento. educadores y trabajadores sociales. ya sean individuales. pedagógicos y sociales de acuerdo con la personalidad del interno. el carácter. La referencia a estos principios relativos a las actividades de tratamiento coloca nuestro ordenamiento penitenciario en sintonía con la evolución seguida en los últimos años. familiares o sociales. El tratamiento depende de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena. • Un juicio� pronóstico� inicial. . el temperamento. en el terreno de la socioterapia. c)�Programado. las aptitudes y las actividades del sujeto que se ha de tratar.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 12 El tratamiento penitenciario y la excarcelación a) La constitución. que ha conducido a abandonar una perspectiva preferentemente psicológica orientada al estudio de la personalidad en favor de una terapia�a�partir�del�comportamiento.
tras la adecuada observación de cada penado.5. lo que determina el establecimiento penitenciario donde se destina. además de la misma dificultad inherente a la emisión de un pronóstico sobre una actuación humana. 3) El otorgamiento de más libertad. Por su parte. Este juicio ha de reflejar los resultados obtenidos y debe facilitar un pronóstico sobre la probabilidad del comportamiento futuro del sujeto en libertad. se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad condicional. desde la criminología. se realizará su clasificación. Por medio de la clasificación en grados se materializa la progresividad� del régimen� penitenciario. en todo caso. al grupo o sección más idóneo dentro de aquél. contra las diferentes técnicas de predicción utilizadas. hace aconsejable la asistencia�pospenitenciaria.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 13 El tratamiento penitenciario y la excarcelación El artículo 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria prevé la emisión de un juicio� pronóstico� final cuando se concluye el tratamiento o cuando el interno se encuentra a punto de alcanzar la libertad. que consiste en fijar diferentes fases. que. ya que los inconvenientes de una predicción no aumentan cuando la predicción se da a largo plazo. lo que." Artículo 65. Fernández�Albor ha sugerido que se ha de limitar su duración.2 El artículo 65. y. destinándose al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado. de modo que cada una de ellas represente lo siguiente: 1) Un aumento de la confianza en el interno.2 LOGP recoge estos tres criterios que determinan la idea de progresividad. . teniendo en cuenta las críticas que se han realizado. 1. La eficacia de esta medida tropieza con todo tipo de dificultades. por otra parte. La clasificación La clasificación se ha definido como el conjunto de actuaciones de la Administración penitenciaria que concluyen con una resolución que atribuye al condenado un grado de tratamiento (clasificación�inicial) o que cambia un grado que se le había asignado anteriormente (progresión o regresión). en su caso. 2) La atribución de más responsabilidades. Con el fin de conseguir que el informe pronóstico resulte más efectivo. el artículo 63 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone lo siguiente: "Para la individualización del tratamiento.
especialmente los artículos 65 y 72: 1) De este modo. La previsión. El artículo 63 permite realizar también una subclasificación. lo que ha propiciado que cada centro penitenciario haya matizado los grados de tratamiento (sobre todo en el régimen ordinario) de acuerdo con sus necesidades de organización y de ofrecer incentivos a los internos. en este caso. más allá de la clasificación a la que hace referencia la Ley Orgánica General Penitenciaria. ya que. cuando el artículo 65 señala. experiencia delictiva y salud. entre clasificación y régimen es un aspecto fundamental de la ley. donde se analizan los problemas que plantea la correlación entre clasificación y régimen. La correlación Ved también Podéis ver el subapartado 1.2 establece claramente una vinculación entre el grado de tratamiento en el que se clasifica al interno. dentro del régimen asignado. que la nueva clasificación ha de ir acompañada de la consiguiente propuesta de traslado al establecimiento del régimen que corresponda. por lo que se ha de completar con lo que establecen otros preceptos. y de manera un poco lacónica y confusa. es muy abierta. por lo tanto. el establecimiento correspondiente. Esta situación también tiene que ver con el hecho de que.6 de este módulo didáctico. mientras que de lo que dice el artículo 63 parece deducirse que el ingreso�del�interno en un centro u otro depende de la valoración efectuada libremente por el equipo técnico de acuerdo con el momento y las circunstancias que se dan en cada caso. habla del grupo o sección más idóneo. el artículo 72. edad. 2) En consecuencia. se debe entender que se refiere a la correspondencia ya establecida legalmente en el artículo 72. Nota La ciencia y el derecho penitenciario nacen en buena parte de esta necesidad de separar a los diferentes grupos de internos. con respecto a la progresión o regresión�de�grado.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 14 El tratamiento penitenciario y la excarcelación La previsión legal no precisa mucho los aspectos que definen la clasificación. . y el régimen aplicable y. cualquier régimen penitenciario posee la necesidad elemental de separar a los diferentes grupos de internos de acuerdo con su conflictividad.2.
de régimen ordinario. unas condiciones más desfavorables. b) En referencia a los casos en los que otros regímenes diferentes del cerrado (el abierto especialmente) se puedan hacer efectivos en secciones separadas situadas dentro de un establecimiento general de cumplimiento.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 15 El tratamiento penitenciario y la excarcelación Por otra parte. sino sólo su observación. (6) Artículo 64. no se pueden beneficiar de algunos de los derechos penitenciarios previstos en la ley. Estos criterios se complementan con lo que dispone el artículo 65 sobre la progresión y la regresión de grado: 1) Con el fin de proceder a la progresión. 2) La duración�de�la�pena o la medida de seguridad que se le ha impuesto. entrevistas) y a la observación directa del comportamiento. 4) Los recursos. al no encontrarse integrados dentro de un programa de tratamiento. 2) Para la regresión. a efectos de proceder a la separación prevista en el artículo 16. es decir.1 de la LOGP. El artículo 64 no prevé la clasificación de los Criterios diferentes rigen para los presos preventivos. 3) El ámbito al que volverá probablemente. "Unidades con absoluta separación" Esta técnica legal defectuosa también se extiende a la referencia a las "unidades con absoluta separación" del artículo 9. se refiere expresamente a la sección como una subespecie�del grado. Problemas terminológicos La ley utiliza normalmente para definir esta clasificación en grupos o secciones la palabra separación5. con remisión expresa en el artículo 16. cación de los sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva8. que evita cualquier tipo de duda. en cambio. ya que en el artículo 65 se utiliza en dos sentidos: a) Como término equivalente a la expresión departamentos� especiales del artículo (5) Artículo 16 LOGP. la asignación de grado. . normalmente. se ha de tener en cuenta la modifi- (8) Artículo 65. que son el Los presos preventivos colectivo objeto del tratamiento. con respecto a las mujeres y los jóvenes. El artículo 63 de la Ley Orgánica General Penitenciaria contiene los criterios de�clasificación que se deben tener en cuenta: 1) La biografía�del�sujeto. El artículo 63. (7) Primer y segundo párrafo. presos�preventivos. que se ha de entender como algo muy diferente a la clasificación en sentido técnico. aunque suponen a menudo. como los permisos de salida. la ley utiliza como único criterio la evolución desfavorable 9 de la personalidad del interno con respecto a su tratamiento . el artículo 63 limita su contenido a los condenados. El uso de la palabra sección también suscita otro problema terminológico derivado de una técnica legislativa deficiente.3 LOGP. se vuelve a hacer patente el compromiso�del�legislador�con�el�impulso�del�tratamiento: (9) Artículo 65. aunque también habla alguna vez de clasificación interior en grupos6. paradójicamente. ya que.2 LOGP. las facilidades y las dificultades que se llevan a cabo en cada caso y en cada momento para conseguir el buen éxito del tratamiento. social y delictiva. que se ha de limitar a recoger toda la información posible sobre cada preso (datos documentales. 107–la alusión a la sección de diferente régimen no ofrece ninguna duda. Con todo lo que acabamos de exponer. familiar. su personalidad y su historia individual.
en varios aspectos. to un cariz terapéutico. como la de procedimientos que tiendan a modificar el sistema de actitudes del interno cuando sean desfavorables o negativas y la de respeto absoluto a la personalidad de éste.3 LOGP.2 es significativo de la tensión entre las diferentes exigencias y tendencias en materia de política penitenciaria que se encuentran subyacentes en la ley.2 LOGP. Con esta finalidad. ya que constituyen una modificación de la rigidez del sistema progresivo.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 16 1) El legislador pone el acento en los aspectos que proporcionan al tratamien- El tratamiento penitenciario y la excarcelación (10) Artículo 65. en un intento de encontrar una fórmula de equilibrio. A pesar de tratarse de una operación envuelta de contenidos de carácter técnico. 274 y 275).3. aunque es lamentable que la ley abra un espacio excesivo de inseguridad jurídica en situaciones de tanta trascendencia como la que prevé el artículo 65. por otra parte.3 LOGP. La conducta puede ser una buena o mala conducta o puede ser "cualquier actividad observable del interno" desprovista de valoraciones jurídicas o morales. Respeto absoluto El respeto absoluto a la personalidad del interno se opone. cia directa en la situación penitenciaria del interno que se traduce en una limitación�más�o�menos�amplia�de�los�derechos�del�interno y su esfera general de libertad. . 2) También se puede apreciar un esfuerzo del legislador por introducir los cri- (12) Artículo 65. y que presentan además un cierto contenido moralizante. Nota La diferencia entre estos límites y las facilidades que el artículo 72. a los equipos técnicos (art. técnica –en el sentido de las ciencias extrajurídicas–. 1) La ley. y su ejecución. como cuando se alude. como reconoce el mismo artículo 65. no se puede desconocer que la clasificación posee una inciden- Artículo 111 del RP de 1996 Esta previsión genérica se concreta en el artículo 111 del RP de 1996. en el que se atribuyen las decisiones sobre clasificación a la Junta de Tratamiento. la ley utiliza a menudo conceptos jurídicos indeterminados que no se pueden interpretar en clave meramente (11) Artículo 65. ya que encontramos superpuestas ideas contradictorias. es consecuente con la importancia fundamental concedida a la clasificación del interno y prevé algunas garantías: a) Cuando un mismo equipo reitere por segunda vez la clasificación en un grado. como "la conducta global del interno10" o "la evolución desfavorable de su personalidad11". a la admisión de una evolución desfavorable de la personalidad. el interno puede solicitar que la próxima propuesta de clasificación se realice en la Central de Observación. La Ley Orgánica General Penitenciaria es coherente con la tendencia general que hemos comentado anteriormente y atribuye la competencia para llevar a cabo la clasificación a un equipo�cualificado�de�especialistas. a los rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva12. El artículo 66.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.3 concede para la progresión están justificadas. terios de garantía propios de un derecho penal de manera que eviten una moralización del tratamiento incompatible con la Constitución.
también se deben destacar algunos déficits�de�garantías que inciden en el régimen de primer grado y que derivan de la indeterminación del tiempo de duración.f. A pesar de todo.2. la progresión se ha de considerar. 2) Por otra parte. 65.4 LOGP también introduce dos garantías adicionales: • La obligatoriedad de revisar la clasificación cada seis meses. El deber de revisar la clasificación cada seis meses no es suficiente.6. a los derechos y beneficios penitenciarios de los internos. en la medida en que se entienda que se puede formular una petición o una queja ante este órgano jurisdiccional al amparo de lo que prevé la letra g) del artículo 76. c) El interno cuenta con la posibilidad de recurrir contra la clasificación ante el juez de vigilancia penitenciaria. pues. A efectos de este posible recurso. El primer grado y los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado Las normas que regulan el ingreso de los presos en los establecimientos o departamentos de régimen cerrado reflejan las graves contradicciones�internas de la actual legislación penitenciaria.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 17 b) También puede solicitarlo en caso de que se encuentre en el segundo grado y haya cumplido la mitad de la condena (art. . sobre todo si se tienen en cuenta dos factores: a) La regulación defectuosa de los requisitos de ingreso en los establecimientos de régimen cerrado. no se debe exagerar la crítica. La voluntad de transformar la forma de cumplimiento a partir del principio de resocialización ha llevado al legislador a hacer girar todo el sistema de cumplimiento en torno al eje del tratamiento penitenciario. al menos.4). Pero esto implica una contradicción: El tratamiento penitenciario y la excarcelación Garantías adicionales El artículo 65. 1. b) La no previsión expresa de una vía para compensar la eventual desidia o arbitrariedad de la Administración penitenciaria en cuanto a la clasificación acudiendo al juez de vigilancia. algo básico que se refiere al tratamiento y que afecta. a pesar de que no de manera directa.2. de acuerdo con el artículo 76. • La notificación de la resolución al interesado.
Aquí se manifiesta ya la confusión�legal sobre la naturaleza de lo que se pretende regular cuando se observa la falta de simetría que se da entre las dos situaciones: 1) Por un lado. Con ello no se quiere descartar la viabilidad de una fórmula que armonice los aspectos siguientes: a) El favorecimiento razonable de todo lo que pueda mejorar las posibilidades de reinserción social del preso. y la actividad de la Administración con respecto a los internos. b) Los casos de inadaptación a los regímenes ordinario o abierto. b) El reconocimiento realista de las necesidades obvias de cualquier régimen penitenciario. resulta suficiente con la mera inadaptación al régimen ordinario o abierto. la ley. que comprendería sólo el conjunto de actividades dirigidas a la resocialización del interno. . apreciados por causas objetivas en una resolución motivada. si no fuera que el estudio de la personalidad del sujeto revelara la presencia de deficiencias o anomalías que determinaran su destinación en el centro especial correspondiente. todo dentro de un respeto escrupuloso a los derechos de los (13) Artículo 10 internos.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 18 a) Por una parte. La ley se aprueba después de un debate parlamentario que muestra la contraposición de varias propuestas que se consagran parcialmente en el texto final. b) Por otra parte. con independencia de los hechos que la motiven y sin que se perfilen legalmente las causas objetivas. los establecimientos o departamentos�de�régimen�cerrado se reservan para dos tipos de internos: a) Los condenados clasificados como de peligrosidad extrema. 2) Por otro. Debate parlamentario De acuerdo con la Ley Orgánica General Penitenciaria13. dos tipos de tratamiento: • El penitenciario. en un esfuerzo por ser consecuente con esta vocación transformadora. referido a las condiciones generales de los internos en los centros. El tratamiento penitenciario y la excarcelación Tipos de tratamiento Esta contradicción se evitaría distinguiendo. sin embargo. podemos decir que el precepto establece las causas que determinan el acceso�al�régimen�cerrado: • La peligrosidad extrema. • La inadaptación a los otros regímenes penitenciarios. y que comprendería los derechos y los deberes. A modo de síntesis. como hace la doctrina italiana. cede a los imperativos de la realidad y no ahorra recursos para poder resolver los problemas de orden público penitenciario. • El reeducativo. cae en el voluntarismo a la hora de erigir el tratamiento como columna vertebral del régimen penitenciario. se exige que la peligrosidad sea extrema.
2 LOGP hacía extensiva la incorporación a los establecimientos o departamentos de régimen cerrado a los presos preventivos. después de la reforma de 1984. a pesar de la orden genérica de coordinación que contiene el artículo 71. sin embargo. cada una de estas funciones se correspondía con el ámbito de com- Artículo 72. el artículo 10. Y aún más. no son objeto de tratamiento. sino que en cada caso opera su propia lógica. que. . "Consideraciones en torno al art.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 19 El tratamiento penitenciario y la excarcelación Todavía resulta más inquietante contrastar la regulación de estas causas de acceso con las normas que ordenan el tratamiento penitenciario: 1) El artículo 10 LOGP introduce criterios referidos al régimen o el orden dentro del establecimiento. podéis ver: B. al mismo tiempo. Además. de acuerdo con el artículo 270.2 LOGP El artículo 72. a los que correspondía determinar la clasificación de los internos. la Junta de Régimen y Administración y el Equipo de Tratamiento.1 con respecto a la regulación del paso de los internos clasificados de primer grado a los establecimientos de régimen cerrado. 2) La vía�reglamentaria tampoco superó la confusión. El problema radica en el hecho de que las exigencias� de� régimen y las exigencias�de�tratamiento no siempre son compatibles.2 LOGP. hacía confluir definitivamente las exigencias de tratamiento y de régimen mediante el procedimiento siguiente: (14) Artículo 71 LOGP. En el artículo 270 se atribuye. y para informar los casos de aplicación del artículo 10.2 vincula directamente el ingreso en los diferentes establecimientos con la clasificación determinada por la evolución del tratamiento.7.�Mapelli�Caffarena (1982).2 se remite a lo que prevé el artículo 10. Una contradicción El RP de 1981 no puede resolver esta contradicción. que consistía en diferenciar dos clases de establecimientos o departamentos de régimen cerrado. 2) El artículo 72. que el mis- Lectura complementaria Para ampliar el conocimiento de la problemática alrededor del artículo 10. La resolución�de�la�contradicción es difícil: 1) La vía legislativa14 parece introducir una jerarquización entre los dos aspectos cuando afirma que la finalidad primordial de los establecimientos de cumplimiento (sin excepciones) es conseguir un ambiente adecuado para el tratamiento. Revista de Estudios Penitenciarios (núm. Pero contra esta idea de subordinación encontramos. petencia de los dos principales órganos penitenciarios colegiados anteriores al Reglamento penitenciario de 1996.5 del RP.2 LOGP señala que las actividades que integran el tratamiento y el régimen han de estar debidamente coordinadas. especialmente desde que la reforma de 1984 suprimió el antiguo artículo 46 del RP 1981 y renunció a una de las posibles salidas. El artículo 43 del Reglamento penitenciario. extra 1). 10 LOGP". mo artículo 72.5). como ya se sabe. La dirección del centro organiza los diferentes servicios con el fin de conseguir su necesaria coordinación. a los equipos de tratamiento la competencia para acordar la progresión o la regresión en grado (artículo 270.2 LOGP. de manera que las funciones regimentales se deben considerar medios y no finalidades en sí mismas.
aunque obedece a una finalidad protectora. autoridades. un aspecto que no resulta adecuado a unas exigencias de tratamiento. (17) Art. el RP 1996 ha introducido una clara mejora en la regulación del régimen cerrado. El reglamento vigente ofrece una mayor racionalidad a la distinción efectuada por el artículo 10 LOGP entre los supuestos de peligrosidad extrema y de inadaptación a los regímenes ordinario o abierto. . lo que supone una sensible mejora de las condiciones de vida del penado. que el interno haya protagonizado o inducido (15) Art. se establece una prohibición absoluta de que el régimen de vida para estos internos comporte limitaciones regimentales iguales o superiores a las fichadas para el régimen de cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda15. en la medida en que introduce criterios estrictamente de régimen. Por otra parte. 95. sensatos imaginables del artículo 10 LOGP. aunque no haya recaído resolución clasificatoria en primer grado17. puede resultar gravemente limitativo de sus derechos. La necesidad de regulación de un régimen penitenciario especial de protección tendría que ser tomada más seriamente por el legislador y por las administraciones responsables en materia penitenciaria. otros internos o personas ajenas a la institución. e incluso algunos relativos a la gravedad y el número de delitos cometidos. el Reglamento establece una vía por la que. se produce una ruptura del automatismo en la vinculación entre la clasificación y la aplicación del correspondiente régimen. que hayan puesto en peligro la vida o integridad de funcionarios. Por ello. El régimen de los departamentos de régimen cerrado suscita una última reflexión relativa al problema de la victimización terciaria inherente a la ejecución de las penas de prisión. 90. Las medidas previstas son más rígidas con relación a los departamentos especiales. Aunque el cumplimiento se efectúa en celdas individuales. lo cual requiere. mientras los responsables de las amenazas pueden permanecer en régimen ordinario amparados por la ley del silencio. En este sentido. agresión física con arma u objeto peligroso o toma de rehenes o intento violento de evasión. alteraciones regimentales muy graves. 91 RP. en comparación con las previsiones de la sanción de aislamiento en celda. Finalmente. opta por uno de los desarrollos más El tratamiento penitenciario y la excarcelación Artículo 43 del RP. además de la valoración del carácter extremo de ésta. (16) Art. al vincular los centros o módulos de régimen cerrado en el supuesto de inadaptación y los departamentos especiales en el supuesto de peligrosidad.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 20 Afortunadamente.3 RP. el Reglamento concreta las particularidades del régimen según la modalidad de vida asignada.2 RP. se permite al centro directivo acordar el traslado del interno a un establecimiento o departamento de régimen cerrado en los casos de motín. El artículo 43 del RP al concretar las causas objetivas que determinan la inadaptación. excepcionalmente. tanto dentro como fuera de los establecimientos16. estableciendo de forma taxativa un mínimo de dos horas diarias de salida al patio –que se concretan en tres horas en el caso de los departamentos especiales y en cuatro en los módulos o centros cerrados– y que se suman a las horas destinadas a la realización de actividades programadas que no podrán ser superiores a tres en ambas modalidades. al establecer dos modalidades de vida de los internos. Medidas previstas Se prohíbe la permanencia en el patio de más de dos internos juntos. No existen medidas legales suficientes que eviten o regulen la práctica habitual de someter a presos amenazados a un régimen de aislamiento que. insiste en la contradicción latente.
(18) Arts. La responsabilidad principal. por lo tanto." El Reglamento tiene en cuenta la necesaria participación del interno en la planificación de esta medida por la junta de tratamiento y exige el consentimiento expreso del mismo. se ha de entender que se concede a la junta de tratamiento. La intervención del centro directivo se limita a la autorización de las "salidas puntuales o irregulares"18. como mucho. así como el compromiso de respetar el régimen de vida propio de la institución que lo acoge y de las medidas de seguimiento y control que se establecen en el programa.2 LOGP.7. con el problema que esto supone para el mantenimiento del orden en este tipo de centros. algunos contenidos específicos de la forma ordinaria de cumplimiento. que presentan un perfil de baja peligrosidad social y que no ofrecen riesgos de ruptura de condena. se concreta en el hecho de "acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada. siempre que éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social. con la realidad. el segundo grado se cumple en establecimientos de régimen ordinario. Esta situación se produce sobre todo porque el acceso al primer grado se ha restringido significativamente. En el artículo 117. hasta el punto de que ha suscitado algunas reticencias el hecho de que algunos presos conflictivos puedan encontrarse fácilmente en centros de régimen ordinario. Aunque se prevé la necesidad de autorización del juez de vigilancia. en la planificación y seguimiento del programa. se prevé la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado. tal cosa tiene una dudosa base legal ya que. El segundo grado La clasificación de segundo grado de tratamiento es la más habitual actualmente.4. podría encontrarse en la competencia que se otorga a este órgano jurisdiccional para aprobar los permisos de salida de los presos clasificados en segundo grado por más de dos días. La ley no añade ningún otro tipo de requisitos de acceso a esta ya conocida regla de correspondencia entre grado y régimen. Esta innovación. y el calificativo de régimen� ordinario que se aplica a los presos con esta calificación se corresponde. El RP 1996 ha introducido. . que ha de ser positivamente valorada si se obvia la referencia desafortunada a la expresión "peligrosidad social".CC-BY-NC-ND • PID_00184529 21 El tratamiento penitenciario y la excarcelación 1. El segundo grado El segundo grado evita buena parte de los problemas que plantea el régimen cerrado. La duración de cada salida diaria no puede exceder de ocho horas. 117. De acuerdo con lo que señala el artículo 72. ya que la ley no añade más requisitos a la correspondencia entre grado y régimen. en la regulación de los programas de tratamiento.3. y 117.
El régimen abierto es una modalidad de cumplimiento�atenuado equiparable a los regímenes de semilibertad que existen en otros países19 y posee la virtud de ofrecer un periodo intermedio entre la prisión y la libertad que prepara el retorno del interno a la sociedad. La LO 7/2003. Se trata de un instrumento penitenciario indispensable en un sistema sancio20 nador orientado a la resocialización. lo cual posibilitaba el paso casi inmediato al tercer grado. el regreso al "sistema normal de cumplimiento". a la vista de la evolución del interno. por tanto. En ambos supuestos. de la pena. en estos casos. la exigencia de periodo de seguridad resulta irreversible. El régimen�abierto ha constituido una de las grandes novedades de la reforma penitenciaria iniciada con la aprobación de la ley de 1979. De todas maneras. Esta posibilidad de dejar sin efecto la exigencia de haber expiado la mitad de la pena no alcanza a los condenados por delitos de terrorismo o a quienes pertenezcan a organizaciones criminales. supone abandonar en cierta medida el sistema de individualización científica aproximándolo a un sistema progresivo. Datos estadísticos Algunas estadísticas recientes muestran que el número de internos que disfrutan de él se aproxima al 40% de la población penitenciaria total. El tercer grado (19) Así lo establece expresamente el Reglamento penitenciario. al establecer para las condenas a prisión superiores a cinco años un preceptivo "periodo de seguridad". El modelo diseñado por la Ley Orgánica General Penitenciaria era. ya que mantiene las ventajas del ingreso sin sus inconvenientes21 en la medida en que permite la inserción laboral del sujeto y el contacto diario con la realidad. acuerde dejar sin efecto tal periodo de seguridad y. ya que el sistema sancionador no ha considerado hasta ahora suficientes alternativas a las condenas privativas de libertad de corta duración. lo que ha propiciado una tendencia expansiva en la aplicación de éste y de otros mecanismos penitenciarios que modifican la ejecución en un sentido atenuante. en la versión dada por la LO 7/2003. Restricciones en absoluto comparables con la que establece ahora el artículo 36 del Código penal. (21) El efecto desocializador de la prisión. resultaría denodado deducir conclusiones de este solo dato y compararlo con los de otros países. por lo que sólo es operativo con los internos cuya evolución permite vaticinar un comportamiento respetuoso con la ley penal. un déficit claro con respecto al efecto preventivo especial. . en sentido negativo. Todo ello salvo que el juez de vigilancia. La concesión�del�régimen�abierto ha ganado terreno progresivamente en la práctica. la posibilidad de llevar a cabo un tratamiento. El penado deberá tener cumplida. como ya se ha comentado.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 22 El tratamiento penitenciario y la excarcelación 1. la mitad de la pena impuesta para poder acceder al tercer grado.8. totalmente flexible y se encontraba presidido por la idea de que no se podía mantener a un interno en un grado inferior al que merecía. Este sistema de cumplimiento posee (20) Concretamente. por ello.
Finalmente.2 CP establece un "período de seguridad" en virtud del cual. Con todo. (22) Arts. El nuevo régimen legal del tercer grado pone en peligro las ventajas inherentes a la flexibilidad del cumplimiento. 104 RP. la ley prevé la reversión al régimen general de cumplimiento por acuerdo razonado del juez de vigilancia. favorablemente. las siguientes variables: personalidad e historial individual. con una alta capacidad de adaptación al medio penitenciario.4 RP. El nuevo artículo 36. la LO 7/2003 introduce el nuevo artículo 72. duración de las penas. atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad23.5 en la LOGP que añade exigencias relativas a la reparación del daño para el acceso al tercer grado. en las penas de prisión superiores a cinco años. social y delictivo del interno. la clasificación del condenado en tercer grado de tratamiento no podrá efectuarse dentro del cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. conviene destacar que el Reglamento contempla como supuesto (23) Art. 104. dada la existencia de sujetos de una gran peligrosidad criminal. previstas como criterios comunes a todos los procesos de clasificación. Además. siempre que no se trate de delitos de terrorismo o criminalidad organizada.9.3 y 102.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 23 El tratamiento penitenciario y la excarcelación Asimismo.2 RP. en la práctica. por razones humanitarias y de dignidad personal. De este conjunto de variables. con sufrimientos incurables. se producen por una valoración excesiva de la conducta penitenciaria del interno. para la clasificación en tercer grado. principalmente algunas personalidades psicóticas. contrastadas por estudios empíricos. 93 . que evite la subordinación de las razones humanitarias a las consideraciones de peligrosidad criminal. medio social al que vuelve el recluso. que pueden ser clasificados en tercer grado con independencia de las variables que intervienen en el proceso de clasificación. el Reglamento dispone que la necesidad de valorar especialmente el historial delictivo y la integración social del penado. y recursos. y ha supuesto un importante retroceso en la configuración del sistema de cumplimiento derivada de la LOGP de 1979. Tanto la regulación del Código penal24 como la jurisprudencia constitucional imponen una interpretación generosa del artículo 104. excepcional el caso de los penados con enfermedades muy graves. Los programas de tratamiento 1)�Criterios�generales (24) Art. la reforma del Código penal desarrollada por la LO7/2003 ha tenido una profunda incidencia en la regulación del tercer grado. 1. familiar. facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el éxito del tratamiento22. concurran. El Reglamento penitenciario exige que. bajo los principios de individualización científica y flexibilidad. Con esto se pretende evitar las disfunciones que.
CC-BY-NC-ND • PID_00184529 24 La Administración penitenciaria lleva a cabo la finalidad�resocializadora de la pena privativa de libertad mediante el diseño de programas formativos orientados a la consecución de los objetivos siguientes: a) Desarrollar las aptitudes de los internos. de régimen ni de regresión de grado. 2)�Las�juntas�de�tratamiento�y�los�equipos�técnicos Las juntas de tratamiento llevan a cabo las tareas de observación. informándole con esta finalidad de los objetivos. los medios y los plazos más adecuados para llevarlo a cabo. 3)�La�participación�del�interno�en�el�tratamiento Cuando se planifica y se ejecuta el tratamiento. sin que esto conlleve ninguna consecuencia disciplinaria. d) Compensar las carencias. se intenta estimular la participación del recluso. c) Mejorar las capacidades técnicas o profesionales. clasificación y tratamiento penitenciario. o se puede negar a colaborar. En la ejecución�del�tratamiento interviene todo el personal penitenciario. b) Enriquecer sus conocimientos. y toman las decisiones que después ejecutan los equipos técnicos. El interno puede rechazar libremente cualquier técnica de estudio de su personalidad. potenciando y facilitando los contactos del interno con el exterior y contando con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las tareas de reinserción. y los ciudadanos y las instituciones públicas o privadas que puedan contribuir a su éxito. Con esta intención utiliza programas y técnicas�de�carácter�psicosocial dirigidos a mejorar la capacidad de los internos y a abordar las problemáticas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo anterior. 4)�Las�actividades�de�tratamiento El tratamiento penitenciario y la excarcelación .
por medio de las modificaciones introducidas por el CP 1995. no se contenía ninguna referencia a la reparación en la legislación penal y penitenciaria una vez iniciada la ejecución. con independencia de su situación procesal y de sus vicisitudes penales y penitenciarias. La Administración penitenciaria pone en práctica estos programas en los centros penitenciarios dentro del marco establecido en el Plan nacional sobre drogas y en coordinación con otros organismos e instituciones. la reparación a la víctima se había hecho presente. si bien la fórmula no se adecua a las realizaciones legislativas y prácticas más interesantes del Derecho comparado. Tanto estos programas. como los de drogodependencia son siempre voluntarios y su seguimiento no puede suponer en ningún caso la marginación de los internos afectados. Asimismo. 5)�La�introducción�de�contenidos�reparadores�en�la�ejecución�penal La LO 7/2003 supone un cambio significativo en la introducción de contenidos reparadores en la ejecución penal. La Administración penitenciaria también puede desarrollar programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos�contra�la�libertad sexual de acuerdo con su diagnóstico previo. fundamentalmente. En la nueva normativa existen dos fórmulas concretas de gran interés: a) Los grupos�en�comunidad�terapéutica se han ideado para el tratamiento de determinados grupos de internos. Su objetivo es conseguir la deshabituación de las drogas. en la reforma del artículo 72 de la LOGP. y la Junta de Tratamiento debe asumir en este caso las funciones que tiene atribuidas el Consejo de Administración y la Comisión Disciplinaria del centro penitenciario. de acuerdo. con las condiciones más adecuadas para conseguir las finalidades constitucionales y legales de la pena privativa de libertad. y El centro directivo El centro directivo puede disponer de los departamentos que considere oportunos para llevar a cabo los programas de drogodependencia.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 25 Se llevan a cabo tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. La decisión de insertar la reparación se concreta. Hasta el momento. en las condiciones para acordar la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y también en la sustitución de éstas. b) Los programas� de� actuación� especializada se han ideado para el tratamiento de presos drogodependientes. El tratamiento penitenciario y la excarcelación Los recursos de la comunidad La Administración penitenciaria ha de tener en cuenta los recursos de la comunidad para la ejecución de las actividades del tratamiento penitenciario. y cualquier otro programa específico que considere adecuado establecer. . El centro directivo ha de autorizar su constitución. en cada caso concreto.
Esto exige una valoración de la disposición y el esfuerzo efectuado por el penado para la reparación del daño. Finalmente. donde se analizan otras novedades reglamentarias relacionadas con la formación. La disposición del interno a iniciar un proceso de mediación con la víctima del delito. La cuestión que más problemas plantea en el artículo 72. sino que los diversos elementos reclamen una valoración global de la conducta y de la situación del penado por parte de la autoridad competente en materia de clasificación. Consecuencias de un proceso reparador o restaurativo producido en el seno del cumplimiento de una pena privativa de libertad son. de tal manera que si existe esta disposición personal efectivamente manifestada en hechos objetivables (especialmente. un grave equívoco conceptual. deberes y beneficios de los internos". En todo caso.5 CP es la relativa a la interpretación del segundo párrafo. se halla la posibilidad de desarrollar programas de justicia reparadora o restaurativa que. si bien esto no excluye que pueda darse un previsible efecto irradiante de la exigencia de satisfacción de la responsabilidad civil sobre los condenados por delitos que se encuentran fuera de la lista. ni está exigiendo que tal obligación civil haya quedado extinguida. cabe señalar que. la consideración como relevante del esfuerzo efectuado no podrá disociarse de las garantías que permiten asegurar la satisfacción futura a la que se refiere el texto legal. el primero contiene la exigencia de que el penado haya reparado el mal causado como requisito para efectuar la clasificación en tercer grado de tratamiento. Mediante la LO 7/2003. o a participar en actividades encaminadas a alcanzar alguna interacción con víctimas indirectas o a una sensibilización hacia éstas.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 26 El tratamiento penitenciario y la excarcelación tampoco permite afirmar que España se haya incorporado plenamente al movimiento político-criminal que trabaja para evitar el olvido de los intereses de las víctimas. se introducen dos nuevos apartados en el artículo 72 LOGP. de entrada. pues la dicción literal de la norma alude exactamente a haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito. Ved también Podéis ver el módulo didáctico "Régimen penitenciario. la cultura y el deporte en los centros penitenciarios. destaca la conducta efectivamente observada por el penado a fin de satisfacer la responsabilidad civil. según el cual esta norma se aplicará singularmente cuando el interno haya sido condenado por la comisión de alguno de los delitos que se citan. aunque no estén dirigidos exclusivamente hacia la reparación del daño. Derechos. ha de ser valorada a los efectos de progresión en el tercer grado. Se advierte. por medio de prestaciones parciales). otros requisitos como el enriquecimiento obtenido. . En este sentido. el propio texto legal aclara que no está haciendo referencia propiamente a la condena civil impuesta en la sentencia del título ejecutivo. siempre que la satisfacción de la responsabilidad civil haya sido parcial. entre las cuestiones omitidas pero no excluidas legalmente. Parece que el sentido de la ley es el de considerar aplicable el requisito de reparación sólo respecto de los delitos enunciados. se vinculen mucho con ésta. De acuerdo con la dicción legal y la posterior referencia a las condiciones personales y patrimoniales del culpable. hay que concluir que se ha plasmado normativamente la idea de reparación según la propia capacidad. la naturaleza de los daños y el número de perjudicados adquieren un carácter secundario. Asimismo.
CC-BY-NC-ND • PID_00184529 27 por ejemplo. puede quedar supeditada la progresión penitenciaria. o hasta por escrito. la disculpa a la víctima. a cuyo cumplimiento. según las peculiaridades objetivas y subjetivas de cada caso. a través del facilitador o de terceras persones. El desarrollo de programas de justicia reparadora puede ir acompañado de la realización de planes de reparación asumidos voluntariamente por el penado y. que puede manifestarse directamente. El tratamiento penitenciario y la excarcelación .
en concordancia directa con este precepto. c) La regla 71. a) Por una parte. el molino (tread mijo) o el arrastre de piedras (shot drill). según García Valdés. Existen regímenes penitenciarios que defienden un tipo de trabajo penitenciario aflictivo basado en la aserción de que el régimen de vida del condenado debe ser más duro que el del hombre libre más miserable. determinada por un médico. Trabajo penitenciario aflictivo El trabajo penitenciario aflictivo dio lugar a ocupaciones tan próximas a la tortura como la de la rueda (crank). Introducción El trabajo penitenciario. de acuerdo con la prohibición de los trabajos forzados y los maltratos.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria afirma que todos los condenados tienen la obligación de trabajar de acuerdo con sus aptitudes físicas y mentales. Eran tiempos en que los trabajos forzados se admitían plenamente. Antiguamente. todas habituales en las prisiones inglesas del siglo XIX. El trabajo penitenciario 2. según establecen las Reglas mínimas de Ginebra y Estrasburgo. b) Por otra parte.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 28 El tratamiento penitenciario y la excarcelación 2. d) Las normas internacionales son tajantes a la hora de prohibir la posibilidad de sancionar la negativa del interno a trabajar. Pero los trabajos forzados están actualmente prohibidos. establece que todos los condenados se han de someter a la obligación de trabajar de acuerdo con su aptitud física y mental. . El derecho al trabajo El reconocimiento penitenciario internacional del derecho al trabajo se remonta al XII Congreso Penal y Penitenciario de La Haya de 1950. es "la clave de bóveda del penitenciarismo contemporáneo" y también es una de las cuestiones más directamente unidas a la historia del derecho penitenciario. el artículo 29.1.2 de las Reglas mínimas. y su objetivo era aprovechar su fuerza productiva en beneficio de la víctima o de la colectividad. la crueldad degradante e inhumana que supone cualquier trabajo forzado motivó que en el año 1950 la Convención Europea de los Derechos del Hombre sólo admitiera la imposición del trabajo al condenado con finalidades reeducativas. el contenido de la pena estaba constituido en parte por el trabajo del condenado.
La mayoría de los sistemas europeos suelen dar preferencia al trabajo proporcionado por la Administración. respectivamente. Bélgica. . no se da tanta unanimidad. seguridad e higiene aplicables a los trabajadores libres. dado que el artículo 35 de la Constitución no posee rango de derecho fundamental. El sistema�español configura de manera amplia el derecho de los reclusos a trabajar. nuestro ordenamiento sitúa el derecho al trabajo de los reclusos por encima del derecho al trabajo de los ciudadanos libres. derecho�del�penado. Inglaterra y Gales. Uno de los rasgos predominantes en el ámbito del derecho penitenciario europeo es la concepción del trabajo como un deber�y�a�la�vez�un El tratamiento penitenciario y la excarcelación El trabajo penitenciario Es uno de los temas que se trata con más unidad de criterio. Exclusiones No se incluyen en situación de subsidiariedad los trabajos prestados en situación de régimen abierto o semilibertad. 32 y las normas 28 y 10 de Italia. La obligatoriedad del trabajo penitenciario La obligatoriedad�del�trabajo�penitenciario no choca con la prohibición de los trabajos forzados siempre que se preste con las garantías adecuadas. consecuencia lógica de los acuerdos internacionales que se dan en la materia. La recoge el artículo 26 de la LOGP. este trabajo se encuentra bajo el control y la autorización de la Administración penitenciaria. En consecuencia. y Suecia. lo que ha provocado que el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo prohíba la cesión del trabajo penitenciario a particulares e imponga el control por parte de la autoridad. 63. tal como establece el Pacto de Nueva York y el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo. Con respecto al deber� de� la� Administración de proporcionar trabajo a los condenados.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 29 El trabajo penitenciario es actualmente una parte esencial de todos los sistemas europeos. 41. 2) Se observa una tendencia a combinar� el� trabajo� proporcionado� por� la Administración�y�el�que�proporcionan�las�entidades�privadas. las características siguientes: 1) Se tiende a asimilar el trabajo penitenciario al trabajo�libre. Pero a pesar del carácter de subsidiariedad. Esto concuerda con los mandamientos de los textos internacionales que señalan que el trabajo de los internos se debe regir por las normas de salario. El trabajo penitenciario posee. Holanda. mientras que el proporcionado por parte del sector privado es subsidiario. y también se plasma en los artículos 20. Alemania. ya que se pueden producir abusos y explotaciones injustas. que observan una gran afinidad en su regulación. entre otras. hasta el punto de que le otorga rango de derecho constitucional fundamental. Éste es un tema importante.
de 18 de enero. posible proporcionar un puesto de trabajo a cada condenado. holandesa y sueca. 2. el desempleo. 3) En caso de que esta obligación se incumpla. han resuelto la cuestión en no amparar el derecho fundamental del condenado a un puesto de trabajo. la jurisdicción ordinaria y la del Tribunal Constitucional ha de amparar el derecho del condenado trabajador. de acuerdo con García�de�Enterría. según una irónica expresión de Bueno Arús. Los principios constitucionales (25) El reconocimiento del derecho�del�interno�a�un�trabajo�remunerado 25 Artículo 25. por cualquier motivo26. Las diferencias radican en la forma de cobro del salario y en la existencia de porcentajes establecidos por la Administración. El poder judicial no se muestra unánime a la hora de valorar la eficacia de la declaración constitucional del derecho de los condenados a un trabajo remunerado.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 30 El tratamiento penitenciario y la excarcelación 3) La remuneración�del�trabajo�penitenciario se establece expresamente en diversas legislaciones italiana. sea materialmente im- (26) Por ejemplo. de 19 de octubre. alemana. Artículos 26 a 40 LOGP Los artículos 26 a 40 LOGP desarrollan convenientemente los principios constitucionales. que se deben poner de acuerdo con la catalogación del trabajo penitenciario como una relación laboral de carácter especial que realiza el artículo 2. Las sentencias del Tribunal Constitucional 172/1989. sino más bien en rechazar el derecho de la Administración a "negárselo impunemente". Bueno�Arús.2 de la Constitución.2. establece una serie de conclusiones a partir del valor�normativo inmediato y directo que se deduce del carácter constitucional de los mencionados preceptos. y 17/1983. 4) En los supuestos en los que. se recoge en la sección primera ("De los derechos fundamentales y de las libertades públicas") del capítulo segundo del título I de la Constitución española y se le otorga una protección jurídica por parte de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional.c del Estatuto de los trabajadores. . la Administración está obligada a pagar una indemnización por incumplimiento de obligaciones de acuerdo con el artículo 1101 del Código civil. 2) La Administración penitenciaria está obligada a proporcionar estos puestos de trabajo. y que son los siguientes: 1) Los condenados internos poseen un derecho público subjetivo y un derecho fundamental a que se les proporcione un puesto de trabajo remunerado. tal como se deriva del artículo 53.2 de la CE.
Lectura complementaria En el ámbito catalán. y que se regula en la legislación laboral común. Se excluyen. que no admiten que el Tribunal Constitucional pueda decidir que determinados derechos de aplicación progresiva se conviertan en la práctica en simples principios programáticos. d) Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento.3. 2) También se excluyen las diferentes modalidades de ocupación no productiva que se desarrollan en los establecimientos penitenciarios. la formación ocupacional y la inserción sociolaboral. todas las ocupaciones que no posean una naturaleza productiva. La relación laboral especial penitenciaria El RD 782/2001 antes mencionado regula la relación laboral especial penitenciaria que se efectúa en talleres productivos de los Centros penitenciarios. c) Las ocupaciones que forman parte de un tratamiento. Por ello la Administración sólo está obligada a proporcionar un lugar de trabajo al interno cuando sea posible y haya un lugar disponible en el establecimiento correspondiente. pues. b) El estudio y la formación académica. podéis ver el Capítulo IV del Decreto 329/2006 de organización y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña relativo a las especialidades del trabajo penitenciario. por medio de un sistema de contratación ordinaria con las empresas. intelectuales y artísticos.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 31 El tratamiento penitenciario y la excarcelación El fundamento del Tribunal Constitucional al resolver la cuestión es que considera el derecho del condenado un derecho�de�aplicación�progresiva. del ámbito de la relación laboral penitenciaria del RD 782/2001 las actividades siguientes: 1) El trabajo que los internos en régimen abierto llevan a cabo en el exterior. f) En general. 2. Esta doctrina del Tribunal Constitucional ha recibido una crítica severa por parte de algunos autores. como: a) La formación profesional. . más que un verdadero derecho subjetivo perfecto. e) Los trabajos artesanos.
El tratamiento penitenciario y la excarcelación . se excluyen de la aplicación del RD la actividad laboral llevada a cabo por los internos en régimen abierto que se encuentra sujeta al sistema de contratación ordinario o legislación laboral común.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 32 g) Asimismo.
Concepto y fundamento La libertad condicional supone la excarcelación del condenado condicionada a que no delinca durante el tiempo que queda hasta la extinción de la pena. califique la libertad condicional como el cuarto grado. Los factores de tipo coyuntural incidentes en la primera regulación del beneficio explican la fórmula híbrida e incluso contradictoria consagrada en la citada ley y que después ha pasado a los códigos penales de 1928. hay que decir ante todo que. 17 LOGP. 1932. La primera regulación de este proviene de la ley de 23 de julio de 1914. dejando para más adelante los aspectos relativos a la libertad definitiva y posteriores a la excarcelación. Europa adoptó el sistema y así. el Codice Zanardelli (1889) introdujo ya este instituto. que por sí sola es merecedora de atención por separado. En primer lugar. aunque tan solo la última supone la extinción de la pena. que es el juez de vigilancia en la libertad condicional y el tribunal sentenciador en el caso de la libertad definitiva27. nos ocupamos de la libertad condicional. La legislación española tardó más en incorporarlo. En ambos casos la libertad de los penados debe ser ordenada por la autoridad judicial competente. En cualquier caso. La libertad condicional La excarcelación o puesta en libertad de los condenados puede tener como causa la concesión de la libertad condicional o de la libertad definitiva. aspecto que ha sido puesto en cuestión por un sector de la doctrina. 72. la libertad condicional surge como un paso más en el desarrollo del sistema progresivo. aun siendo regulada en el Código penal. A finales del siglo XIX se pusieron ya de manifiesto las ventajas que el sistema ofrecía para someter a prueba la capacidad del sujeto de reintegrarse a la vida en libertad. La idea de la libertad a prueba se pone en marcha en Estados Unidos. En lo que concierne a la naturaleza de la libertad condicional. por ejemplo. La introducción de la libertad condicional obedeció a la necesidad de resolver los graves problemas de orden público que se habían planteado como consecuencia de la modificación del sistema penitenciario establecido para las cárceles africanas. El liberado sigue teniendo la condición de penado hasta el momento de pronunciarse el licenciamiento definitivo. Desde un punto de vista histórico.1 de la LOGP. . Refuerza su naturaleza penitenciaria el hecho de que el art. es teóricamente una institución de carácter penitenciario. a pesar de encontrarse en una situación fáctica de libertad efectiva. 3. Ambas dan lugar al cese de la relación penitenciaria. 1944 y 1995. recogiendo los antecedentes de la normativa anterior. debe reconocerse que la modificación trascendental que supone en la situación del penado puede explicar que se haya optado por (27) Art.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 33 El tratamiento penitenciario y la excarcelación 3.1. en tanto que circunstancia relativa a la ejecución de la pena que afecta a la forma de cumplimiento.
5 de la ley de 1914 al establecer que la libertad condicional se concederá «como medio de prueba de que el liberado se encuentra corregido».CC-BY-NC-ND • PID_00184529 34 acometer la regulación de esta institución en el propio Código penal. a pesar de esa dimensión moralista. La regulación de la libertad condicional en el Código penal ha mostrado hasta fechas recientes un carácter moralista incompatible con los principios penitenciarios vigentes y con el contenido de algunos derechos constitucionales. No obstante. ya desde el primer momento se hace patente una idea correccional. particularmente si se tiene en cuenta el insuficiente uso que se hace de la posibilidad de acordar la libertad condicional con imposición de reglas de conducta que permitan una supervisión del liberado y un refuerzo a su proceso de reinserción social. que refleja el art. erigido en fin primordial de las instituciones penitenciarias. de modo que su concesión sería más la expresión de una voluntad graciosa de la autoridad que parte de un programa propio de un sistema penitenciario moderno. y ya con carácter previo a la reforma del Código penal. podría parecer que se haya derivado una configuración «premial» de este instituto. 3. lo cual es una de las razones que explica el aumento de la población penitenciaria. Con todo. tanto la del Estado como la de la Generalitat de Cataluña.2. Ello se evidencia mediante los datos que reflejan un descenso constante del porcentaje de penados que se encuentran en libertad condicional. obliga a entender la libertad condicional como medida reeducativa. puede decirse que de la regulación de los requisitos en el Código penal español El tratamiento penitenciario y la excarcelación . De estas características. La libertad condicional es por lo tanto esencialmente un instrumento ordinario para la consecución de los ideales resocializadores de nuestro sistema penitenciario. la implantación de una mentalidad restrictiva y temerosa puede representar un freno para las posibilidades de hacer uso de la libertad condicional como instrumento de reinserción social. propias de una etapa ya superada de nuestra historia. En realidad. Requisitos El régimen jurídico de la libertad condicional está regulado por los artículos 90 a 93 del Código penal y complementado por la ley de 23 de julio de 1914 sobre libertad condicional. La progresiva consolidación de la concepción que vincula la libertad condicional con la individualización penitenciaria de la pena y los fines de reinserción social ha coincidido con una tendencia a un uso más restrictivo de esta por parte de las administraciones penitenciarias en España. decisión que permite eludir las críticas que de otro modo podrían efectuarse contra el vaciamiento de contenido de las penas por vía penitenciaria. En términos generales y en una perspectiva de derecho comparado. Esto pone de manifiesto que en realidad la individualización ha significado una quiebra en la anterior aplicación automatizada y generalizadora de este instituto. el principio resocializador. no prevista entre las disposiciones derogatorias de la Ley Orgánica de 23 de noviembre de 1995 que aprueba el nuevo Código penal. y no meramente como un premio por la buena conducta del penado.
El Código penal español adopta un criterio único para todas las penas privativas de libertad. manifestada en el debate parlamentario del Proyecto de Código. se introducen significativas modificaciones de contenido que suponen una reducción del poder de decisión de la jurisdicción. sino como elemento que debe valorarse en la emisión del pronóstico favorable de reinserción social. Para el cómputo del tiempo de condena extinguido debe tenerse en cuenta lo previsto en el art. 76 CP. como regla general. que se inscribe en la tendencia involucionista propia de la citada ley. Pese a que no se ve alterada la estructura del régimen legal de la libertad condicional. • cuando el penado sufra dos o más condenas de privación de libertad. aunque no como requisito autónomo. y revitalizada en la LO 7/2003. pues no se imponen exigencias relativas a la duración de la pena o a no haber delinquido durante el período de cumplimiento de la pena. se atenderá. de modo que cuando la pena que se debe cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 35 destaca su simplicidad. con independencia de su duración. procediendo como si se tratare de una nueva pena de duración inferior. 193 RP: • el tiempo de condena objeto de indulto se rebajará al penado del total de la pena impuesta. Por su parte. el juez o tribunal podrá acordar motivadamente que el cómputo «se refiera a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias». el art. Sin embargo. la LO 15/2003 ha endurecido las condiciones para la excarcelación anticipada de los septuagenarios y de los enfermos incurables. la suma de estas será considerada como una sola condena a efectos de la El tratamiento penitenciario y la excarcelación . La LO 7/2003 ha introducido una incisiva reforma en la regulación legal de la libertad condicional. por el llamado «cumplimiento íntegro de las penas». a la pena única refundida de conformidad con lo dispuesto en el art. esto es. Este tradicional requisito confirma la vinculación de la libertad condicional a la idea de progresividad y de transición gradual a la vida en libertad. Los requisitos legales para la aprobación de la libertad condicional son: a) Encontrarse en el tercer grado de tratamiento penitenciario. También se ha incluido un nuevo supuesto excepcional de adelantamiento de la libertad condicional y excepciones a los beneficios en los supuestos de terrorismo y criminalidad organizada. con un correlativo incremento de los poderes de la Administración penitenciaria y la introducción de la emergencia de haber reparado el daño. En el caso de pluralidad de condenas. aunque las modificaciones introducidas en leyes posteriores la dotan de una mayor rigidez en lo relativo al tiempo de cumplimiento exigido. 78 ha establecido una excepción a esta regla. Esta nueva medida refleja la inquietud. b) Haber extinguido las tres cuartas partes de la condena. a la suma de las distintas condenas.
en su caso. Nos encontramos aquí con el elemento más significativo introducido en el CP 1995. 90. el CP expresa una voluntad de atribuir una mayor responsabilidad al juez de vigilancia en el proceso previo a la concesión de la libertad condicional. Este requisito. en el que «se manifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad.3 CP con el informe de carácter técnico (informe pronóstico final) del equipo multiprofesional de tratamiento. más ponderada. que completa la referencia a la «buena conducta» penitenciaria. la preocupación por rodear la libertad condicional de ciertas garantías. En cuanto al pronóstico exigido por el art 90 CP 1995. 67 LOGP. al que hace referencia el art. sino que debe basarse en los datos positivos y negativos que figuren en el expediente penitenciario del interno. constituye en realidad uno de los puntos clave de una política penitenciaria orientada a la resocialización del interno. con todas las dificultades que supone la realización de un pronóstico de esta clase. d) Pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. Parece que se está aquí exigiendo un juicio de pronóstico sobre la capacidad del sujeto de respetar la ley penal. y si el penado ha sido indultado se sumará igualmente el tiempo indultado en cada una para rebajarla de la suma total. por lo que debe ser incorporado de todos modos al expediente de libertad condicional. que sustituyó la antigua referencia a las «garantías de vida honrada». Nos hallamos ante un concepto indeterminado con los consiguientes riesgos de inseguridad jurídica. que. En segundo lugar. a la «buena conducta». Para ello. además de la necesidad de sustituir la obsoleta cláusula del Código penal anterior. con arreglo a criterios objetivos susceptibles de ser apreciados por el juez de vigilancia.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 36 aplicación de la libertad condicional. c) Haber observado buena conducta. El Código penal de 1995 sustituyó la anterior exigencia de una conducta «intachable» por una mera referencia. se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad condicional». deben destacarse dos cuestiones: En primer lugar. Sin duda el buen funcionamiento de esta El tratamiento penitenciario y la excarcelación . el informe pronóstico pasa a tener un carácter preceptivo. Podría pensarse que se cumple el trámite exigido en el art. que pueden ser los del propio centro penitenciario u otros de carácter complementario. A favor de la introducción de este requisito ha jugado. Debe al menos advertirse que la «bondad» de la conducta no puede apreciarse con arreglo a un código moral ni conforme a una valoración genérica por parte de la Administración penitenciaria. se le otorga la facultad de recabar los informes técnicos que estime convenientes.
según se aclara expresamente. aspecto que las recientes reformas legales han seguido orillando. En todos ellos. 91-1 CP atribuye al juez de vigilancia la facultad de conceder la libertad condicional «excepcionalmente» a los penados que hayan extinguido las dos terceras partes de su condena. medida que debe celebrarse aun siendo conscientes de que su efectividad no queda ni mucho menos asegurada por el mero hecho de incorporarla a la ley penal. con escaso acierto. 3. debe interpretarse en el sentido que se le ha reconocido en lo relativo al tercero grado.3. el Reglamento penitenciario de 1981. 63 . culturales u ocupacionales». Desarrollo de actividades laborales. Supuestos especiales de libertad condicional anticipada El Código penal prevé varios supuestos especiales en los que cabe la concesión de la libertad condicional antes del transcurso de las tres cuartas partes de la condena. además de la actuación de la Comisión de Asistencia social penitenciaria28. 3. La inevitable fragilidad de todo pronóstico debe estar acompañada de la previsión de ciertas garantías o del sometimiento del liberado a algún tipo de seguimiento institucional. Esta nueva condición. Ello va más allá de las simples medidas que preveía. 105 CP. (28) Art. que debe ponderarse conjuntamente con el resto de las informaciones sobre la trayectoria penitenciaria del condenado. culturales y ocupacionales El art. por lo que sería una exigencia contraproducente desde el punto de vista de las expectativas de resocialización del individuo. el Código penal contempla la posibilidad de imponer la observancia de una o varias de las reglas de conducta previstas en el art. La LO 7/2003 ha añadido la condición de haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito como exigencia para considerar cumplido el requisito de gozar de un pronóstico favorable.3.1. deben concurrir los requisitos de encontrarse el penado en tercer grado. que se asemeja a lo previsto por otros ordenamientos. La exigencia de una ocupación no resulta realista ni justa teniendo en cuenta la situación actual del mercado de trabajo. a saber: fijación de residencia y ocupación laboral o medio de vida. de modo que la reparación constituye uno de los elementos cuya valoración resulta necesaria para emitir el informe al que se alude legalmente. Para ello.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 37 El tratamiento penitenciario y la excarcelación y otras medidas implantadas en el Código penal de 1995 depende en buena medida de la creación de equipos profesionales de apoyo a los órganos jurisdiccionales. haber observado buena conducta y contar con el pronóstico favorable de reinserción social. «siempre que merezcan dicho beneficio por haber desarrollado continuadamente actividades laborales. Los esfuerzos deberían más bien dirigirse hacia la previsión de recursos que permitan asegurar el seguimiento real del sujeto liberado.
3. La vocación de síntesis del contenido de los dos antiguos beneficios se manifiesta en la referencia a las actividades laborales (sucedáneo de la idea de redención de pena por trabajo).CC-BY-NC-ND • PID_00184529 38 Esta vía extraordinaria para el adelantamiento de la libertad condicional se corresponde con otros modelos en la legislación comparada y sustituye a todas las anteriores redenciones.3. 3. que consistía precisamente en el adelantamiento de la libertad condicional. En ninguno de estos casos la concesión de la libertad puede El tratamiento penitenciario y la excarcelación . En cualquier caso. Nuevo supuesto de anticipación cualificada La LO 7/2003 ha introducido un nuevo supuesto de libertad condicional anticipada. ya sea la ordinaria prevista en el art. 92 CP recoge los dos supuestos excepcionales anteriormente previstos en el art. La fórmula alternativa utilizada permite evitar la negación del beneficio por la inexistencia de una suficiente oferta de trabajo penitenciario –así como la absurda situación anterior de resolver los agravios derivados de tales carencias a base de aplicar la redención de modo indiscriminado–.3. 91 CP. tal como especifica el citado precepto. que primaba aspectos más secundarios e incluso anecdóticos. ya que permite compensar la desacertada y pobre versión de la anticipación excepcional introducida en el Código penal de 1995. que incidía en el cómputo de las tres cuartas partes. en los que establece una excepción al requisito de haber cumplido las tres cuartas partes e incluso las dos terceras de la condena: los condenados de setenta años (o que los cumplan durante la extinción de la condena) y los enfermos muy graves con padecimientos incurables. la introducción de un supuesto de anticipación cualificada que atienda a contenidos que conjuguen la dimensión reparadora con la rehabilitadora es un acierto. que aparece en el nuevo apartado segundo del art. También puede coadyuvar a suplir esta deficiencia la inclusión de las actividades ocupacionales. 100 del antiguo Código. a la vez que a las de carácter cultural u ocupacional. aunque viene en cierto modo a complementarse con ellas según la lógica político-criminal que se expresa en la imagen del palo y la zanahoria. expresamente derogado. 92 CP responden a un mismo fundamento doble: los motivos humanitarios y la disminución de la necesidad del cumplimiento efectivo de la pena desde el punto de vista preventivo general y especial. Los dos casos previstos en el art. 60 RP 1981. o la redención extraordinaria introducida en el art. 256 RP 1981. Septuagenarios y enfermos muy graves El art. destinadas a favorecer en los internos la adquisición de hábitos laborales y de los conocimientos o aptitudes necesarias para su futura reinserción laboral. El argumento de la necesidad hay que relacionarlo con la vigencia del resto de los requisitos legales de la libertad condicional. según informe médico.2. como la participación en actividades laborales o culturales. La fórmula finalmente implantada responde a una orientación que se distancia en buena medida de las directrices generales de la reforma.3.
Se añade que «no se trata de una excarcelación en peligro de muerte. El art. de modo que la preocupación que parece haber ani- El tratamiento penitenciario y la excarcelación . por la dificultad de hallar un sentido racional a tal furor legiferante. Finalmente. de 25 de noviembre. En segundo lugar. la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto". debiendo imponerse razones no de pietatis causa. deben ponerlo en conocimiento de la junta de tratamiento. en el caso de enfermos muy graves.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 39 operar. que se acrecienta por la inexistencia de explicación alguna en la exposición de motivos de la citada norma. por incidir sobre una materia. debiendo valorarse la incidencia negativa que la permanencia en el centro penitenciario puede tener para la salud del individuo. que ya había sido objeto de una profunda reforma tan solo unos meses antes sin razón aparente que lo justifique. en el que debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales para la concesión del beneficio e incorporarse un informe social en el que se haga constar la admisión del interno por alguna institución o asociación cuando este carezca de vinculación o apoyo familiar. En caso de que los servicios médicos del centro penitenciario consideren que concurren las condiciones para la concesión de la libertad condicional por esta causa excepcional. introduce dos nuevos apartados en el art 92. Así. considera que la norma incorporada al Código penal de 1995 trata de lograr un punto de equilibrio entre el derecho a la vida y el de la gente a su seguridad. La jurisprudencia constitucional existente no abona las interpretaciones de signo restrictivo. la libertad condicional. por el que se reclama al juez de vigilancia penitenciaria que efectúe una valoración de "las circunstancias personales. Tanto en este supuesto como en el de las personas que hayan cumplido los setenta años de edad. 196 RP establece una regulación específica de esta forma de libertad condicional. se elevará expediente de libertad condicional al juez de vigilancia. así como. un análisis del contenido de los nuevos números segundo y tercero del art 92 CP pone de manifiesto una desconfianza ante los jueces de vigilancia y en cierto modo ante los órganos de las administraciones penitenciarias competentes. si ello no supone un riesgo intolerable derivado del posible comportamiento futuro. atendiendo a la «unidad psicosomática del ser humano». sino para quien padece un mal sin remedio conocido según las reglas del arte médico». del informe médico acreditativo de la enfermedad y de su gravedad e irreversibilidad. La reforma resulta desconcertante por varios motivos. sino relativas a criterios de justicia derivados de conjugar los valores constitucionales implicados en esta situación límite. la STC 48/1996. En primer lugar. sino que estará subordinada a las expectativas de comportamiento futuro del sujeto. El sentido de la excepción debe ser el de que los impedimentos para la libertad derivados del comportamiento pasado del penado deberían ceder ante las razones de carácter humanitario. de manera automática. y «no exige la existencia de un peligro inminente o inmediato ni tampoco significa que cualquier dolencia irreversible provoque el paso al tercer grado penitenciario». pues. de 25 de marzo. La LO 15/2003.
el juez de vigilancia. La primera de ellas es la de mayor alcance. que podrían imponerse en su caso al amparo del art 83-1. que precisamente no es. Nada se prevé en cuanto a su duración. 91-1 y 2 y 93-2 y 3 CP. Tras la LO 7/2003. por otra parte.º CP y atendiendo al principio de voluntariedad. 3. . al acordar la libertad condicional de los penados. en los artículos 90-1. se agrega un requisito en el caso de personas condenadas por los referidos delitos. la norma remite a los artículos 83 y 96-3 CP y se refiere a las "reglas de conducta" y a las "medidas de seguridad" previstas. 90-2.5. incluso en los casos de peligro patente para la vida. cabe entender que el juez de vigilancia estará sometido tan solo a un límite máximo. la necesidad de previa progresión al tercer grado penitenciario. Reglas de conducta El CP 1995 introdujo como novedad la posibilidad de que por parte del juez de vigilancia se impusiera. para que valore con una mayor flexibilidad las circunstancias concurrentes en el sujeto en orden a acordar la progresión en grado. amén de caóticamente configurado. tiene tres manifestaciones en lo que atañe a la libertad condicional. en estos preceptos.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 40 El tratamiento penitenciario y la excarcelación mado al legislador es la de enfatizar la necesidad de un control respecto a la peligrosidad criminal y por lo tanto la de evitar que por parte de los jueces de vigilancia se atienda en exclusiva o de modo primordial a consideraciones de carácter humanitario. Según el nuevo párrafo tercero adicionado al número primero del art 90 CP. como la "vigilancia de conducta".5. respectivamente. a la par que se observa la ausencia de medidas que podrían tener mayor interés. Régimen especial para el terrorismo y la criminalidad organizada La preocupación fundamental plasmada en la LO 7/2003 por introducir un régimen de excepcionalidad punitiva para los delitos de terrorismo. La regulación de este supuesto. Ante el silencio de la ley. ya que proyecta sus efectos sobre el régimen general de la libertad condicional. que se extiende a otras formas de criminalidad organizada. La parca y deficiente regulación legal de las reglas de conducta en el art 90-2 denota en general la escasa atención e interés que en ellas ha puesto el legislador. aunque debe entenderse que el sentido de la distinción legal según la gravedad del pronóstico negativo para la vida del condenado no puede ser otro que el de establecer un mandato al órgano competente para la clasificación. que acercaría la situación del liberado a la propia de un régimen de libertad vigilada. como es sabido. 3. La doble remisión normativa provoca que el elenco de medidas y reglas de conducta devenga en exceso extenso. o la asunción de "compromisos de reparación" o trabajos o tareas de utilidad social. Esta nueva exi- (29) Art. el correspondiente al resto de la pena pendiente de cumplir hasta su extinción definitiva. El nuevo tratamiento legal de este supuesto excepcional de libertad condicional viene a confirmar.4. la observancia de reglas de conducta29. resulta sumamente deficiente y confusa. contenida en el art 92-3.
a diferencia del criterio seguido en el art. Al tratar de concretarla. la ley parece expresar una doble exigencia. No se acierta a comprender el motivo por el que en este caso el legislador no ha dado entrada a soluciones alternativas a la revocación. 84-2 CP respecto a la suspensión de la ejecución de la pena. (30) Art. sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional. el farragoso texto permite dudar de si sería suficiente una declaración expresa de repudio de las actividades delictivas y de abandono de la violencia con petición de perdón a las víctimas. dado que la ley se refiere al solo hecho de delinquir. Bastará con un informe de la comisión técnica y la resolución del juez de vigilancia30. Tratándose de una disposición contra reo. por el que se establecen nuevas posibilidades de revocación en los supuestos de terrorismo y criminalidad organizada. Es irrelevante. 76-2 b) LOGP. Con ello. de manera que procede la revocación siempre que la infracción penal cometida tenga naturaleza de delito y no de falta. De modo contrario a lo que sucede respecto a la otra causa de revocación. no es necesaria aquí una condena ejecutoria. sin embargo. La LO 7/2003 ha añadido el art. 3. la clase de delito cometido y la pena prevista.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 41 El tratamiento penitenciario y la excarcelación gencia para el acceso a la libertad condicional se articula propiamente como condición del pronóstico favorable de reinserción social y se concreta en el abandono de la actividad criminal y la consiguiente colaboración activa con las autoridades. El art. que no imponga la revocación según cuál sea la naturaleza del delito y de acuerdo con las expectativas de rehabilitación del sujeto.6. 93 CP. de modo que no bastaría con el mero abandono si no va seguido de una conducta positiva de colaboración. debe interpretarse la expresión delinquiere en sentido estricto. 93-2. exclusión que se establece con carácter absoluto. donde cabe también la sustitución de la regla por otra. aunque la alusión además a los informes técnicos confirma que en realidad la exigencia es doble y obliga a una conducta positiva. La segunda medida excepcional consiste en la exclusión de los condenados por tales delitos de todos los supuestos de adelantamiento de la libertad condicional. le será revocada la libertad concedida y el penado reingresará en prisión en el período o grado penitenciario que corresponda. 93 CP y art. 93 CP contiene como causa de revocación la inobservancia de las reglas de conducta que en su caso hayan sido impuestas. . Revocación Según el art. a pesar de que desde una perspectiva político-criminal orientada a la reinserción social del penado sería deseable una previsión legal más abierta. En la previsión de la revocación se materializa el carácter condicional de la libertad. si en el período que falte al sujeto para cumplir su condena delinquiere o inobservare las reglas de conducta impuestas.
7. siempre que lo permitan las normas de derecho internacional. De acuerdo con lo que dispone el art. 136.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 42 3. con arreglo a las directrices marcadas por la junta de tratamiento correspondiente. realizándose el seguimiento y control por los servicios sociales penitenciarios del centro. o de españoles residentes en el extranjero. el Reglamento penitenciario prevé su adscripción al centro penitenciario o centro de inserción social más próximo al domicilio en el que vaya a residir. Procedimiento El art. 105 CP. Respecto al control del liberado. El tratamiento penitenciario y la excarcelación . entre otros. el período de libertad condicional durará todo el tiempo que falte hasta el cumplimiento de la pena.8. en el que habrán de figurar. 93 CP. que se concibe como continuación del modelo de intervención de los penados. Se prevé la elaboración de un programa individualizado para el seguimiento de los liberados. La junta de tratamiento. para evitar un retraso en la concesión del beneficio. pudiendo solicitar a las autoridades competentes del Estado correspondiente la aplicación de las medidas de seguimiento y control de la libertad condicional establecidas en la legislación interna. En consecuencia. En este programa se incorporarán las reglas de conducta que imponga en su caso el juez de vigilancia.2 CP se computan desde el momento del licenciamento definitivo. 76-2 b) LOGP atribuye expresamente la competencia para la resolución y revocación de las propuestas de libertad condicional de los internos al juez de vigilancia. en su caso. Efectos La libertad condicional no surte efectos en lo que atañe a la extinción de la condena. 3. El procedimiento administrativo para la tramitación de los expedientes de libertad condicional se encuentra regulado en los artículos 194 y siguientes del Reglamento penitenciario. el Reglamento prevé que el juez de vigilancia pueda autorizar el disfrute de la libertad condicional en su país de residencia. la propuesta de una o varias de las reglas de conducta previstas en el art. así como la propuesta de un programa individual y un plan de seguimiento. debe proceder a la tramitación del expediente. También contendrá. Si se trata de internos extranjeros no residentes legalmente en el territorio del Estado. con la suficiente antelación al cumplimiento del plazo previsto en el Código penal. los plazos para la rehabilitación previstos en el art. el informe pronóstico de integración social.
24 RP. en los casos de sustitución de pena privativa de libertad por la medida de expulsión del territorio del Estado (de acuerdo con lo previsto en el art. 17 LOGP. que procede efectuar en todo caso cuando se trate de penados extranjeros que extingan condenas inferiores a seis años de prisión. debe haberse efectuado la liquidación de condena. por lo que no se encuentra ya recogida en el actual Reglamento. Liquidación de condena y licenciamiento definitivo La excarcelación de un condenado se produce con la aprobación de la libertad definitiva. con arreglo a la liquidación practicada en la sentencia. ha perdido buena parte de su sentido con la desaparición de las penas inferiores a seis meses producida a raíz de la aprobación del Código penal de 1995. para la cual es competente el tribunal sentenciador. que introducía una excepción cuando se tratase de penas inferiores a seis meses. 27 RP ordena la notificación al Ministerio Fiscal de la fecha previsible de extinción de la condena. Si el condenado es un extranjero sobre el que ha recaído una orden de expulsión posterior a la condena. en las que «se entenderá aprobada la libertad definitiva con la remisión de la liquidación de condena en que figure el día en que aquella quedará cumplida». 67 del anterior Reglamento. el art. Dispone el mencionado precepto que con una antelación mínima de dos meses antes del cumplimiento de la condena el director del establecimiento formulará al tribunal sentenciador una propuesta de libertad para el día en el que el penado deje previsiblemente extinguida su condena. 26 RP obliga a comunicar la fecha previsible de licenciamiento definitivo a la autoridad administrativa con una antelación mínima de tres meses. El tratamiento penitenciario y la excarcelación . ya examinada anteriormente. El criterio general de la aprobación de la libertad por parte del órgano sentenciador. Antes de la aprobación de la libertad definitiva. que mantiene sin embargo otras garantías. El procedimiento previo a la concesión de la libertad viene regulado en el art. el art. resultaba matizado en el art. 89 CP). de indiscutible carácter práctico y que trataba de evitar que un defectuoso funcionamiento administrativo impidiera la excarcelación a la que el sujeto tenía derecho. al objeto de que por parte de esta se puedan adoptar las medidas necesarias con arreglo a la legislación de extranjería. Esta previsión. o mediante la libertad condicional. Por otra parte.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 43 4. establecido en el art.
2 presenta un carácter tan genérico que es difícil de concretar. El artículo 73 LOGP establece que los condenados que han cumplido su pena y los que de alguna manera han extinguido su responsabilidad penal deben ser plenamente reintegrados en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. De todas maneras. 2) El hecho de que sólo con la rehabilitación se extinguen de manera definitiva todos los efectos de la pena. compatible con la subsistencia de los antecedentes penales. siempre que la ley prevea una vía razonable para la cancelación de estos antecedentes.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 44 5. no se puede plantear en términos de derogación de lo que prevé el Código penal después de las reformas de 1983 y de 1995. La cuestión. Las propuestas de supresión pura y simple del Registro� de� Condenados� y Rebeldes desconocen o minusvaloran dos cosas: El tratamiento penitenciario y la excarcelación . y que no todas las formas de relevancia jurídica de los antecedentes –especialmente las que prevé la ley penal– se pueden considerar una forma de discriminación. pues. obviamente. tal como establecía el antiguo artículo 118 del Código penal. es evidente que la declaración del artículo 73. e intenta hacer frente a los obstáculos existentes para la reinserción social después de la excarcelación. Esta declaración programática se completa con otra declaración también contundente: los antecedentes no podrán ser en ningún caso motivo de discriminación social o jurídica. La asistencia social pospenitenciaria La Ley Orgánica General Penitenciaria dedica un título autónomo a la asistencia pospenitenciaria. Lo que dispone el artículo 73 resulta. Con esto. la ley ha querido ser consecuente con su compromiso con el orden resocializador que deriva de la Constitución y que ésta consagra en su artículo 1. como la que consagra actualmente el artículo 136 del Código penal. Este hecho plantea el problema de si esta prohibición general de discriminación no contradice lo que el Código penal prevé con respecto a las cuestiones siguientes: 1) La relevancia�de�los�antecedentes�penales en el agravante de reincidencia y en la remisión condicional de la pena privativa de libertad.
en su día. el Decreto 329/2006. 2) La utilidad del conocimiento de los antecedentes en la individualización penitenciaria de la pena. pueden sufrir indirectamente las consecuencias. a pesar de no estar afectadas por la condena penal.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 45 El tratamiento penitenciario y la excarcelación 1) Las exigencias de una política criminal adecuada en la aplicación judicial de los sustitutivos penales. que. que intenta poner en marcha los mecanismos necesarios para superar los obstáculos reales para una reinserción social efectiva. como el control. por el cual se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Servicios de Ejecución Penal en Cataluña ha derogado las disposiciones del Decreto 555/1983 que reguló. Según dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Extensión de la asistencia social a los familiares La extensión de la asistencia social a los familiares de los internos responde a la exigencia ineludible de corregir el impacto que la privación de libertad tiene sobre las personas del entorno del preso. la creación de la Comisión de Asistencia Social Penitenciaria. y a los familiares de unos y otros. a la hora de emprender un programa de resocialización en caso de recaída en el delito. Las funciones comprenden tanto la asistencia social y comunitaria a la población reclusa. . es una iniciativa de signo social que manifiesta un cierto reconocimiento del efecto�negativo�de�carácter�desocializador propio de la privación de libertad. con exclusión de cualquier tipo de actividad que no sea de carácter estrictamente asistencial. Esta iniciativa es consecuente con los contenidos propios del estado social. tanto desde el punto de vista económico como asistencial. La declaración que contiene el artículo 73 se completa con la previsión del artículo 74. es decir. Además. En Cataluña. que configura una Comisión� de� Asistencia� Social a la que se encarga la prestación de la asistencia social necesaria a los internos. Los artículos 100 y siguientes del Decreto de 2006 regulan la composición y funciones de estos servicios sociales. el personal asistencial de la Comisión de Asistencia Social ha de estar constituido por funcionarios que deben pasar a prestar sus servicios en este órgano. A pesar de esta precaución legal. a los que disfrutan de libertad condicional o definitiva. no se puede desconocer que la dimensión estrictamente asistencial de esta comisión ha convivido también con una cierta función�auxiliar�de�control que se materializa en las previsiones reglamentarias sobre la libertad condicional. seguimiento y ejecución de la libertad condicional y de todas aquellas medidas penales que suponen una alternativa al ingreso en prisión. de 5 de septiembre. que se intenta contrarrestar por medio de medidas positivas.
Uno de los aspectos más destacables de la Ley Orgánica General Penitenciaria es el carácter central que ocupa el tratamiento de los condenados en el sistema penitenciario. y de acuerdo con las exigencias propias de un estado social. El tratamiento penitenciario y la excarcelación . con el correspondiente régimen penitenciario. hasta el punto de que se subordinan a él los aspectos referentes al régimen�penitenciario. el orden resocializador contenido en la Constitución. hecho que contrasta con la regulación de la clasificación. La asistencia�pospenitenciaria obedece al afán de llevar hasta las últimas consecuencias. La voluntariedad�del�tratamiento se deduce de la Constitución.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 46 Resumen La Ley Orgánica General Penitenciaria define el tratamiento�penitenciario como el conjunto de actividades dirigidas a conseguir la reinserción social de los condenados. pero de la cual derivan consecuencias como el internamiento en un centro de régimen cerrado. prohibida por la Constitución. el trabajo productivo y remunerado se ha de considerar una herramienta de tratamiento que tiende a mejorar las expectativas de reinserción social del sujeto después de su excarcelación. De lo contrario se produciría el riesgo de resucitar la institución de los trabajos forzados. A pesar de encontrarse regulado en el título referente al régimen penitenciario. que es una operación efectuada teóricamente con criterios de carácter técnico. y establece y desarrolla el concepto de relación especial penitenciaria. de régimen ordinario o de régimen abierto. Sin embargo. ni la misma ley ni la práctica son siempre coherentes con este modelo teórico y a menudo las exigencias de régimen se imponen a las siempre más complejas expectativas del tratamiento. La ley considera el trabajo�penitenciario al mismo tiempo como un derecho y como un deber de los internos. prevista en la ley y desarrollada en Cataluña por una normativa autonómica específica de rango sublegal que se refiere a los Servicios de ejecución penal. El Reglamento penitenciario de 1996 aclara el estatuto�jurídico de esta forma de prestación laboral. La realización de la mencionada asistencia se hace efectiva básicamente mediante una Comisión de Asistencia Social.
b)�la Comisión de Asistencia Social. de entre las siguientes. según las exigencias del tratamiento y los criterios previstos por la ley. El objetivo del tratamiento penitenciario es. d)�Los condenados que rechacen un determinado método de tratamiento serán clasificados mediante la observación directa del comportamiento y la utilización de los datos existentes. c)�alcanzar la normalidad psíquica del interno.. recoge el Reglamento penitenciario para el cese de la relación laboral especial penitenciaria? El tratamiento penitenciario y la excarcelación . La clasificación es. a)�la regeneración moral del delincuente. 4..... b)�El salario es embargable de acuerdo con las condiciones legales generales (excepción: salario mínimo interprofesional). 6. a)�el conjunto de actuaciones de la Administración penitenciaria que conduce a la atribución de un grado de tratamiento. d)� cualquier clase de establecimiento. b)�la operación por la que se separa a los internos según criterios de edad. c)�el Comité de Control y Seguimiento de Medidas... d)�el juez de vigilancia penitenciaria. ¿La ley prevé la posibilidad de satisfacer la responsabilidad civil derivada del delito con el salario proveniente del trabajo penitenciario? a)�Es una posibilidad legalmente prohibida. El órgano al que la ley atribuye competencias con respecto a la asistencia pospenitenciaria es. d)�las cooperativas de presos. con efectos sobre el régimen penitenciario. b)�el centro penitenciario constituido ex lege en empresario. salud. 3. b)�la asunción por parte del delincuente de los valores sociales dominantes. condición de reincidencia o no. d)�el acuerdo del equipo técnico por el que se determinan las técnicas de tratamiento aplicables a los preventivos y a los condenados. b)�establecimientos de régimen cerrado. c)�La no clasificación. d)�que el interno sea capaz de vivir sin cometer actos delictivos. a)�la Junta de Tratamiento. a)�establecimientos de régimen abierto. ¿Qué causas. ¿Qué solución prevé la ley para los condenados que rehúsen ser sometidos a tratamiento? a)�La negativa se considera una infracción disciplinaria grave. 8. c)�establecimientos de régimen cerrado u ordinario.. según las infracciones disciplinarias que consten en su expediente personal. a)�la empresa externa concertada con la Administración. 5.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 47 Ejercicios de autoevaluación 1. 7. La relación laboral especial penitenciaria se establece entre el interno trabajador y. pero sin carácter sancionador.. c)�un organismo autónomo de la Administración. Los internos clasificados de primer grado son conducidos a. d)�El salario es embargable en su totalidad y sin ninguna condición.. b)�La ley consagra explícitamente el derecho a rehusar globalmente el tratamiento y establece una técnica especial de clasificación. 2. c)�La Administración penitenciaria retiene de oficio una parte del salario siempre que en el título ejecutivo existe una condena civil. c)�el acuerdo de la dirección del establecimiento que separa y distribuye a los internos teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad del delito cometido.
CC-BY-NC-ND • PID_00184529 48 a)�Razones de tratamiento. c)�Haber sido clasificado de primer grado. d)�Haber sido clasificado de tercer grado. El tratamiento penitenciario y la excarcelación . de disciplina y de seguridad penitenciaria. b)�Haber acumulado tres sanciones disciplinarias graves o una muy grave.
�a 49 El tratamiento penitenciario y la excarcelación .�c 6.�a 3.�b 8.�d 5.�b 4.�d 2.�b 7.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 Solucionario Ejercicios de autoevaluación 1.
RP m Reglamento penitenciario. clasificación f Acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento. que puede tener carácter condicional (libertad condicional) o definitivo (libertad definitiva). basado en criterios técnicos. CE f Constitución española. grado m Cada una de las fases del sistema de cumplimiento legalmente establecido que determina la sujeción del penado a un determinado régimen y su ubicación en el centro o la dependencia correspondiente. con carácter previo a la clasificación o sobre los presos preventivos no susceptibles de clasificación. con el apoyo de los equipos técnicos. resocialización f Reinserción social consistente en la capacidad y voluntad de la persona que ha cometido anteriormente un hecho delictivo de llevar a cabo una vida sin delitos. en virtud del cual se asigna a un condenado un grado determinado. excarcelación f Salida con carácter permanente del condenado del centro penitenciario.CC-BY-NC-ND • PID_00184529 50 Glosario asistencia pospenitenciaria f Conjunto de prestaciones efectuadas por la Administración después de la excarcelación con vistas a favorecer la resocialización del liberado. observación f Actividad efectuada por la Junta de Tratamiento. El tratamiento penitenciario y la excarcelación . trabajo penitenciario m Actividad remunerada efectuada por una persona internada en un centro penitenciario y concebida como un medio de resocialización. tratamiento m Conjunto de actividades dirigidas a conseguir la reinserción social del condenado. STC f Sentencia del Tribunal Constitucional. LOGP f Ley Orgánica General Penitenciaria. TC m Tribunal Constitucional.
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