Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510542.html
Timestamp: 2019-04-23 06:37:07+00:00

Document:
as201510542
Expediente : Cochabamba 18/2015
Parte Imputada : José Vladimir Uriona Guzmán y otros
Por memorial presentado el 11 de febrero de 2015, cursante de fs. 4954 a 4964, José Vladimir Uriona Guzmán, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 11 de septiembre de 2014, de fs. 4872 a 4893, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Cecilia Ayllon Quinteros contra el recurrente, Javier Ledezma Miranda, Edwin Jaime Ovando Palenque, Cinthia Ivonne Soria de Achá, Julissa Cristina Salazar Mostajo, Roxana Nineth Daza Rojas y Fernando Henry Peredo Rivas, por la presunta comisión de los delitos de Prevaricato, Alteración, Acceso y Uso Indebido de Datos Informáticos, Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes y Desacato, previstos y sancionados por los arts. 173, 363 ter, 153 y 162 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) En mérito a las acusaciones fiscal (fs. 32 a 41 vta.) y particular (fs. 117 a 137 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Juez Quinto de Partido Penal y de Sustancias Controladas Liquidador y Sentencia, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Sentencia 064/2013 de 3 de octubre (fs. 4571 a 4608 vta.), declaró a: i) Edwin Jaime Ovando Palenque, Julissa Cristina Salazar Mostajo y Roxana Nineth Daza Rojas, autores de la comisión de delito de Prevaricato, previsto y sancionado en el art. 173 del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión a los dos primeros y dos años a la última, con costas y resarcimiento del daño averiguables en ejecución de Sentencia; ii) José Vladimir Uriona Guzmán, absuelto en aplicación del art. 363 incs. 1) y 2) del CPP, disponiendo se levanten todas las medidas precautorias y cautelares impuestas en su contra, con costas a su favor.
b) Contra la mencionada Sentencia y su Auto Complementario (fs. 4672), el Ministerio Público, la acusadora particular Cecilia Ayllon Quinteros, los imputados Julissa Cristina Salazar Mostajo y Edwin Jaime Ovando Palenque, así como la co-imputada Roxana Nineth Daza Rojas (fs. 4691 a 4694 vta., 4714 a 4723, 4730 a 4761 y 4777 a 4783 vta.) respectivamente, formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista de 11 de septiembre de 2014 (fs. 4872 a 4893), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedentes los recursos interpuestos; en consecuencia, anuló la sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia de la capital, motivando la interposición del presente recurso de casación.
1) El recurrente también denuncia la falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido, en mérito a que no expresaría porqué su persona debe ser sometida a un nuevo juicio oral, si en ambas instancias se demostró que no existen elementos de juicio en su contra, lo que hace que dicha resolución no sea completa, pues carecería de la debida fundamentación en cuanto a su situación legal, no siendo legítima, ya que los fundamentos de la resolución apelada no se encuentran amparados ni sustentados en derecho y no es lógica ya que la falta de fundamentación hace que los argumentos sobre los cuales se refieren a su persona, no contengan la relevancia jurídica a fin de determinar que no tiene que ser juzgado nuevamente. Invoca el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006.
2) Reclama la falta de congruencia entre la parte considerativa y dispositiva de la resolución recurrida, haciendo referencia a la falta de consideración de lo previsto en el art. 180. I de la Constitución Política del Estado (CPE), que entre otros principios procesales reconoce la verdad material, pidiendo que este Tribunal de casación tenga presente que tanto en Sentencia como en el Auto de Vista no se realizó una correcta valoración sobre los fines del juicio y de la apelación restringida, afectando el debido proceso y la seguridad jurídica, invocando al efecto el Auto Supremo 561 de 1 de octubre de 2004.
En base a los argumentos de hecho y derecho que expone, solicita que una vez admitido el recurso determine la existencia de contradicción y se declare fundado estableciendo la doctrina legal aplicable disponiendo que su persona no merece nuevo juzgamiento.
Mediante Auto Supremo 285/2015-RA de 11 de mayo, cursante de fs. 5002 a 5004 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por José Vladimir Uriona Guzmán, para el análisis de fondo de los motivos planteados.
Concluido el debate del juicio oral y público, el Juez Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Sentencia 064/2013 de 3 de octubre, declaró a los imputados Edwin Jaime Ovando Palenque y Julissa Cristina Salazar Mostajo, autores de la comisión del delito de Prevaricato, previsto y sancionado por el art. 173 del CP y les impone la sanción de tres años de reclusión y, con relación a Roxana Nineth Daza Rojas, también autora por el mismo delito imponiéndole la pena de dos años de reclusión, en cuanto a José Vladimir Uriona Guzmán, declaró su absolución por el delito de Prevaricato.
El argumento fáctico descrito en la Sentencia, refiere que Cecilia Ayllón Quinteros, ejercía el cargo de Juez Técnico del Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que en determinado momento se manifestó y propuso la eliminación de la Gerencia de Régimen Disciplinario del Consejo de la Judicatura, por lo que las máximas autoridades de la entidad José Vladimir Uriona Guzmán y Edwin Jaime Palenque, Gerente el Régimen Disciplinario y Director Nacional de Investigaciones respectivamente, instruyeron se inicien dos trámites disciplinarios en su contra, el primero por supuesto incumplimiento de horarios y el segundo por irregularidades en la administración de dineros del DAMFAS correspondiente al distrito de Cochabamba, que no se encuentran consignadas como faltas en la ley del Consejo de la Judicatura y en los Reglamentos de Procesos Disciplinarios, en el primer caso el Gerente de Régimen Disciplinario, emitió un ilegal consistente en un memorándum de instrucción, para que se instaure proceso disciplinario, y a su vez Edwin Jaime Palenque, emitió resoluciones manifiestamente contrarias a la ley, instruyendo a Julissa Salazar Mostajo, Directora Nacional de Inspecciones y a Roxana Nineth Daza Rojas, Investigadora Distrital de Cochabamba. En la denuncia referida a incumplimiento de horarios se incurrió en ilegalidades como el hecho de solicitar sin orden judicial la obtención de los archivos almacenados en la computadora de la acusadora particular, con la participación del Director Nacional de Inspecciones Javier Ledezma, que sin ser parte del proceso instruyó a Henry Peredo Rivas, encargado Distrital de Informática, remitir copia de los archivos almacenados en el CPU del despacho de la Juez Cecilia Ayllón Quinteros, habiendo para el efecto la Representante Distrital del Consejo de la Judicatura Ivonne Soria Achá, mediante comunicación telefónica instruido a la Secretaría Abogada del Tribunal Cuarto de Sentencia, entregar la computadora de la querellante, y el 8 de enero de 2009 Henry Peredo Rivas, mediante nota solicitó la entrega del CPU del juzgado, para la instalación de un antivirus, siendo que el objetivo de los funcionarios de la Gerencia de Régimen Disciplinario era apropiarse de los archivos con fines ilegales, dentro del mismo trámite, cursaron notas a universidades públicas, privadas y empresas de transporte, solicitando información de la vida privada de Cecilia Ayllón, haciendo expresa mención que esa información era solicitada dentro de trámites disciplinarios, constituyendo solicitudes difamantes e injuriosas que van contra el honor y buen nombre. Dentro del segundo trámite disciplinario por supuestas irregularidades en la administración de dineros del DAMFAS, refiere que no constituye falta discipl¡naria en la Ley 1817 y Reglamento de Procesos Disciplinarios y otras normas administrativas, más aún nunca se desembolsó dinero alguno para su administración, por lo que concluyó el proceso con sobreseimiento, igual que el caso anterior, iniciados en una orden ilegal impartida por José Vladimir Uriona Guzmán, dirigido a Jaime Ovando Palenque, que a su vez emitió resolución disponiendo que Julissa Salazar y Roxana Nineth Daza, procedan a investigar el hecho inexistente emitiéndose resolución de sobreseimiento.
Concluyó arguyendo que en base a todo el desfile probatorio, a los que se ha otorgado la correspondiente valoración, considera que la prueba aportada es suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal de los imputados Edwin Jaime Ovando Palenque, Julissa Cristina Salazar Mostajo y Roxana Nineth Daza Rojas en su condición de funcionarios dependientes de la Unidad de Régimen Disciplinario del ex Consejo de la Judicatura, en sus funciones de Director Nacional de Investigaciones, Inspectora Nacional e Investigadora, en la comisión del delito de Prevaricato y, con referencia de José Valdimir Uriona Guzman, Gerente del Régimen Disciplinario, asume que no se probó la acusación porque la prueba aportada no es suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad penal.
II.2. Recurso de apelación restringida del Ministerio Público.
El Ministerio Público, interpuso recurso de apelación restringida, acusando errónea aplicación de ley sustantiva y en cuanto a José Vladimir Uriona Guzmán, relacionó que su actuación en la dictación de la resolución, orden o decisión contenida en los memorandums 179/2008 y 180/2008, son manifiestamente contrarias a la ley, que constituyen una conducta adecuada al tipo penal de Prevaricato, siendo que la arbitrariedad es contraria al Estado de derecho y la justicia, que puede estar expresada en una decisión sin motivación o una motivación arbitraria o insuficiente o, en la falta de coherencia e incongruencia de la decisión. Por otro lado, sustentó errónea aplicación e imposición de la pena con relación a los demás imputados.
II.3. Recurso de apelación restringida de Cecilia Ayllón Quinteros.
En lo pertinente al recurrente de casación, alegó errónea concreción al marco penal del imputado José Vladimir Uriona Guzmán, en razón a que el Juzgador de Sentencia determinó fundadamente que asumió directamente el control de todos y cada uno de los eventos que dieron origen o inicio a los trámites disciplinarios, a sabiendas de no haberse incurrido en ninguna falta, que surgen como consecuencia de una posición contraria a la Gerencia de Régimen Disciplinario, en su condición de presidenta de la AMACO en las jornadas judiciales realizadas en el Departamento del Beni, habiendo el imputado intervenido en forma personal y directa en cada uno de los trámites disciplinarios, denotando el dominio de cada una de las acciones y su reacción desproporcionada e interés directo de causar daño a la víctima en relación al hecho descrito en el art. 173 del CP, siendo que instruyó y ordenó los procesos disciplinarios, cuyos fundamentos emergieron de la valoración y análisis de la prueba que denota una conducta típica y antijurídica con elementos de culpabilidad como son la imputabilidad o conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido, con dominio final del hecho conduciendo el curso de los eventos, por lo que emergió un juicio de reproche en su contra porque está vinculado con la comisión del delito de Prevaricato en calidad de autor, siendo incorrecta la decisión de absolución bajo el argumento de que inteligentemente sólo tuvo la actuación de emitir memorándums de inicio de investigación dentro de sus atribuciones, culpabilidad distinta a los demás imputados que respondieron a otro tipo de circunstancias que no puede ser asimilada para advertir responsabilidad penal, no siendo correcta señalar que la acusación no fue probada por prueba insuficiente, inobservando el art. 13 del CP y aplicando indebidamente los arts. 20 y 173 del mismo cuerpo sustantivo penal.
El Auto de Vista de 11 de septiembre de 2014, en referencia al recurso de apelación restringida formulado, en el acápite “V. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA SOBRE LA APELACION RESTRINGIDA DE LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA ACUSADORA PARTICULAR CECILIA AYLLON QUINTEROS” (sic), argumentó, que siendo similares los puntos apelados procede a analizar en forma conjunta y determina que el Juez a quo, ha obviado realizar la determinación del hecho que sirva de sustento para la calificación jurídica, sin haber determinado claramente cual el hecho acusado y qué resolución dictó el imputado José Vladimir Uriona Guzmán que se considera contrario a la norma, tampoco determinó qué norma se habría aplicado mal o sería contraria y arbitraria a fin de determinar si el ánimo del imputado cumple con las características del delito de Prevaricato; el juzgador no fundamentó ni motivó adecuadamente cual el accionar del imputado bajo la valoración de la prueba aportada por las partes en su conjunto, ingresando en imprecisiones al determinar que se probó su conducta al asumir directamente el control de todos y cada uno de los eventos que dieron origen a los trámites disciplinarios contra la imputada; empero, existió escasa fundamentación para poder ejercer el control de una correcta subsunción de la conducta al tipo penal acusado, no habiendo establecido la autoría mediata para establecer si ha existido detrás de una resolución, un agente que haya planeado la emisión de la misma que no participa por razones formales, igualmente, no se realizó una valoración de los grados de lesividad o magnitud del daño o afectación en contra de la víctima, siendo que el perjuicio debe ser un requisito para establecer la sanción o no frente al comportamiento del imputado; motivos que evidencian los fundamentos de agravio de los apelantes, existiendo escasa fundamentación en lo que respecta al establecimiento del hecho probado y la participación del imputado en el hecho acusado bajo la valoración conjunta de la prueba; y, al estar limitada la competencia del Tribunal de alzada a cuestiones de derecho y no revalorizar la prueba, corresponde la nulidad de la Sentencia al verse afectada la seguridad jurídica de las partes, concediendo crédito a las apelaciones sobre los aspectos en ellos referido; por lo que, en la parte resolutiva, dispuso declarar procedentes los recursos de apelación restringida y en consecuencia anuló la Sentencia y ordena la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia.
De acuerdo a los límites establecidos en el Auto Supremo de admisibilidad 285/2015-RA de 11 de mayo, corresponde el análisis de la problemática planteada en los motivos admitidos, mediante la labor de contraste entre los precedentes invocados que se desglosa y el Auto de Vista recurrido.
El recurrente para fundar su recurso de casación, en primer término invocó el precedente contradictorio resultante del Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, emitido en el proceso penal por los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión, Usurpación Agravada y Daño Simple, que en recurso de casación, se acusó inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, ante la existencia de valoración defectuosa, insuficiente y contradictoria de la prueba, conforme establece el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP, toda vez que la parte querellante no ofreció prueba durante el desarrollo del juicio, por lo cual no hay fundamento para dictar una sentencia condenatoria por delito jamás cometido, en vulneración de la CPE en sus arts. 6.II, 7a y 16.I), vulnerando también los arts. 124, 169 inc. 3), 173, 370 incs. 1), 5) y 6), 363 inc. 1) y 3) del CPP, referidos al debido proceso, a la garantía de la no autoincriminación, el derecho a la tutela efectiva, la presunción de inocencia y al derecho a la defensa. Que una vez analizados los antecedentes del proceso y los fundamentos del recurso de casación, el Auto Supremo sostuvo ser evidentes, las omisiones que vulneran el debido proceso y el derecho a la defensa denunciados, así como el incumplimiento o inobservancia de normas procedimentales y velando por la vigencia del principio de legalidad adjetiva que rige el orden de derecho, toda vez que no se ha estructurado la debida motivación y estimado la prueba presentada por los acusados, no se cumplió con la obligación establecida en el art. 124 del CPP, incurriendo el violación de normas legales; por lo que esbozó la doctrina legal aplicable siguiente: “Las resoluciones, para ser válidas, deben ser motivadas. Esta exigencia constituye una garantía constitucional, no sólo para el acusado sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia.
En virtud de éstas razones, la ley procesal consagra la exigencia de motivación de las sentencias, amenazando la infracción a dicha regla, con la nulidad conforme reza el artículo 370.5) Código de Procedimiento Penal.
La motivación debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.
a) Expresa: Porque el juez, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan la condena o a la absolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.
b) Clara: En la sentencia, el objeto del pensar jurídico debe estar notoriamente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la lean, aún sea por los legos.
c) Completa: La exigencia comprende a todas las cuestiones fundamentales de la causa y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar y habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los motivos sobre un punto esencial de la decisión.
Esto no implica que los hechos secundarios queden excluidos; la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprende el iter a través del cual el juez llega a la conclusión sobre el hecho principal. El error sobre el hecho secundario será relevante sólo en la medida en que repercuta o influya sobre el asunto principal.
La motivación, para ser completa, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y expresando las conclusiones a las que arribe el Tribunal luego de un examen sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal y sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de su aplicación.
d) Legítima: La legitimidad de la motivación se refiere tanto a la validez intrínseca de las pruebas valoradas en la sentencia, como a que ellas provengan del debate. La prueba invocada debe ser válida. La sentencia que se funde en prueba ilegal es una sentencia ilegalmente motivada. Por lo tanto, la sentencia que se funda en una prueba procesalmente ilegítima, no esta debidamente motivada. Si el defecto recae sobre un aspecto esencial de sentencia, procederá la anulación de ésta.
También, por supuesto, será ilegítima la motivación si se funda en prueba obtenida por un procedimiento ilegítimo y violatorio de las normas constitucionales que consagran las garantías del debido proceso.
Al respecto, señala Maier: "...que a la verdad solo se puede arribar por los medios y en la forma que la ley permite; que, de haberse incorporado al procedimiento un elemento de prueba mediante un acto irregular o mediante un acto regular, cuya posibilidad de realización provenga necesaria y directamente del conocimiento adquirido por un acto irregular, él es invalorable para fundar una decisión judicial en perjuicio del imputado".
e) Lógica: Finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión, es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.
Asimismo, invocó el Auto Supremo 561 de 1 de octubre de 2004, que fue dictado en el proceso penal seguido por el delito de Giro de Cheque en Descubierto, previsto en el art. 204 del CP, que en Sentencia se dispuso la autoría del imputado condenándole a la pena de dos años de reclusión. Resolución que fue confirmada por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz. Que en el análisis del recurso de casación, el Tribunal Supremo estableció que en el proceso mencionado, se respetó las reglas del debido proceso y garantías constitucionales del imputado, se apreciaron y valoraron las pruebas de acuerdo a la sana crítica y prudente arbitrio que otorga al juzgador el art. 173 del CPP, llegando a la convicción de la responsabilidad del imputado; sin embargo, a tiempo de imponer las medidas accesorias, concretamente imponer los días multa, omitió cuantificar en bolivianos que según el art. 370 inc. 1) del CPP, constituye defecto de sentencia no susceptible de convalidación, esbozando la siguiente doctrina legal aplicable: “Que, si un bien jurídico agrupa a tipos penales afines, entonces para establecer el hecho similar, los tipos penales deben responder a un bien jurídico, en ese contexto se debe establecer el sentido jurídico contradictorio cuando se trata de hechos que correspondan al derecho sustantivo.
Que la parte considerativa de una resolución judicial debe guardar correspondencia con la dispositiva; de ahí que, si el juez o tribunal llega a la convicción de la culpabilidad del imputado en la comisión de un determinado delito, la sanción a imponerse debe responder a las penalidades establecidas en la norma legal transgredida, dicho de otra manera, compete al funcionario judicial, juez de la causa, la individualización de la pena, quien selecciona las clases de penas principales y accesorias a imponer, previa tipificación que ha realizado de la conducta punible y demás circunstancias que lo rodean, estableciendo el marco y ámbito punitivo de movilidad y determinar la pena a imponer. Por ello, la pena, se a esta privativa de libertad o días multa, entre otras, debe expresamente determinar el tiempo sea en días meses o años de privación de libertad en reclusión o presidio, el lugar donde debe cumplir, y, en tratándose de los días multa el quantum en dinero por cada día: lo que permite exigir la efectivización del cumplimiento de la pena pecuniaria. Consecuentemente, la omisión en la cuantificación de los días multa hace que la pena sea incompleta y por lo
mismo constituye un defecto de Sentencia según el inc. 1) del art. 370 del Cód. Pdto. Pen.
Que estabelció la correspondencia que debe existir entre la parte considerativa y dispositiva respecto al delito y la consiguiente sanción a imponerse previa tipificación de la conducta punible
Por lo expuesto y en aplicación del último periodo del art. 413 del Cód. Pdto. Pen. Y al advertir la contradicción existente entre los precedentes y el auto de vista impugnado por el imputado, corresponde a la misma Sala de la Corte Superior de Sana Cruz dictar nuevo fallo aplicando la doctrina legal adoptada en el presente auto supremo”.
La Constitución Política del Estado reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en un fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados por la Constitución.
Entre uno de los elementos constitutivos del debido proceso se encuentra el derecho a recurrir de los fallos, derecho íntimamente vinculado a la tutela judicial efectiva que supone el derecho de acceso a los órganos de justicia con la posibilidad de reclamar la apertura de un proceso para obtener una resolución motivada y fundamentada que exponga de forma clara, concreta y precisa los argumentos que llevaron al juez o tribunal a resolver el caso, respondiendo a todos los aspectos demandados o cuestionados sobre una petición, la misma que debe ser coherente con el ordenamiento jurídico; en dicho supuesto, el derecho al debido proceso se tendrá cumplido y con ello el derecho de recurrir y por supuesto la tutela judicial efectiva, derechos garantizados por los arts. 115 y 119 de la CPE, art. 394 del CPP y art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el caso de autos, el recurrente denunció que el Auto de Vista impugnado de 11 de septiembre de 2014, presenta falta de fundamentación, en razón a que no expresó porqué su persona debe ser sometida a nuevo juicio oral, si en ambas instancias -del juicio y apelación-, quedó demostrado que no existen elementos de juicio en su contra, siendo una resolución incompleta y carente de fundamentación en cuanto a su situación legal. Al respecto, la Resolución del Tribunal de alzada, efectivamente dispuso la anulación de la Sentencia apelada, ordenando la realización de nuevo juicio oral, que al no haber mencionado una situación legal diferenciada en la persona del recurrente José Vladimir Uriona Guzmán, supone estar inmerso dentro de la mencionada resolución en la realización del juicio de reenvío, Resolución que entre los argumentos que justifican su decisión, en lo pertinente al imputado José Vladimir Uriona Guzmán, fundamentó en sentido de que, el Tribunal de Sentencia a momento de fundamentar la participación del imputado bajo la valoración conjunta de la prueba, no determinó el hecho que sirvió de sustento para la posterior calificación jurídica relativa al delito de Prevaricato, para constatar si la ley fue bien o mal aplicada, no explicó claramente cuál el hecho acusado o qué resolución hubiere dictado en contra del imputado considerado contraria a la norma, si la misma fue bien o mal aplicada o se trata de una decisión arbitraria que permita establecer que la conducta del imputado cumple con las características del ilícito atribuido. Igualmente, el Juez no fundamentó ni motivó adecuadamente el accionar del imputado bajo la valoración de las pruebas aportadas por las partes en su conjunto, siendo evidente que incurrió en imprecisiones al afirmar que se probó el actuar del imputado al asumir el control de todos los eventos que dieron origen a los trámites disciplinarios dispuestos contra la acusada, por lo que existe escasa fundamentación para el ejercicio del control de la correcta subsunción o no del accionar del imputado al tipo penal acusado, toda vez que tampoco se estableció la autoría mediata para determinar la existencia de un agente detrás de una resolución que haya planificado la emisión de la misma, también debía haberse analizado la valoración de los grados de lesividad o magnitud del daño causado a la víctima; aspectos ante los cuales, la competencia del Tribunal de alzada está limitada a cuestiones de derecho y no a la revalorizar las pruebas, otorgando mérito a las apelaciones restringidas para disponer la nulidad de la Sentencia apelada.
Ahora bien, en primer término, los argumentos expresados por el Tribunal de alzada que responden de manera conjunta a los cuestionamientos planteados en los recursos de apelación restringida interpuestos por el Ministerio Público y la acusación particular, no constituyen criterios aislados, arbitrarios u oficiosamente vertidos, sino que representan la respuesta acorde a lo dispuesto por el art. 398 del CPP, que establece los razonamientos jurídicos que absuelven de manera puntual y objetiva, los puntos impugnados en los recursos de apelación restringida mencionados, al establecer observaciones en la Sentencia sobre cuestiones de hecho, considerados como situaciones defectuosas que no permiten ser subsanadas sin ingresar en revalorización de la prueba, puesto que ello implicaría desconocer el principio de inmediación como el único eje central de la producción probatoria reservada con exclusividad a los Jueces o Tribunales de Sentencia que debe ser resguardado, siendo que el error en la fundamentación y motivación que advirtió en la labor del Tribunal de Sentencia expresado en la Resolución, consideró determinante sean revistos en nuevo juicio oral, conforme a lo previsto por el art. 413 del CPP, para proceder a la anulación de la Sentencia; aspecto que no implica ni sea deducida como ratificación o modificación de la situación jurídica del imputado, sino la nulidad de la Sentencia, entendida como aquel acto jurídico ineficaz por carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma, que contravienen los principios que rigen la actividad jurisdiccional y el debido proceso, considerados como defectos absolutos no susceptibles de convalidación, ante lo cual el Tribunal de apelación, advertido de la existencia del vicio referido al deber de fundamentación suficiente, susceptible de influir en la parte dispositiva del fallo, que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP, dispuso la nulidad de la resolución del Tribunal de Sentencia; decisión que se encuentra debidamente fundamentada y motivada y cumple con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, sin que se advierta ninguna situación violatoria al debido proceso, resolviendo los extremos expuestos en el recurso de apelación con relación a los defectos detectados, expresando los conceptos jurídicos esenciales que garantizan su comprensión cabal, cuyo posicionamiento firme manifiesta certidumbre.
En cuanto a la denuncia de falta de congruencia entre la parte considerativa y dispositiva del Auto de Vista impugnado porque el Tribunal de alzada no se hubiere pronunciado debidamente en relación a la imposibilidad de ser nuevamente juzgado considerando que se encuentra acreditada su inocencia. Debe tenerse presente que la naturaleza jurídica del recurso de apelación restringida, constituye el medio que permite impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiese incurrido durante la sustanciación del juicio o la Sentencia, no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencia, bajo los principios de concentración inmediatez y congruencia, siendo la instancia encargada de garantizar el respeto de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, como el debido proceso y la correcta aplicación de la ley, por tal situación el Tribunal de apelación tiene facultad para anular total o parcialmente la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación y cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio y cuando sea evidente que para dictar una nueva Sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, puede resolver directamente.
En ese sentido, el Tribunal de alzada a tiempo de disponer la anulación de la Sentencia, en correspondencia a los recursos de apelación restringida del Ministerio Público y de la acusación particular, no denota ninguna situación de incongruencia pues la consideración conjunta de los mencionados recursos de apelación restringida, responde a los aspectos defectuosos reclamados que ha hecho referencia fundada en la errónea aplicación de ley sustantiva y errónea concreción del marco penal, con referencia a postura adoptada en Sentencia al declarar la absolución del imputado José Vladimir Uriona Guzmán en la comisión del delito de Prevaricato, siendo que la determinación fue por la nulidad de la Sentencia en observación a lo establecido por el art. 413 del CPP, de acuerdo a los fundamentos supra considerados; por lo que, esa decisión incuestionablemente tiene el respaldo legal. Por otro lado, el reclamo que se analiza, no precisa ni fundamenta, qué aspectos deben ser tomados en cuenta para entender la existencia de incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva del Auto de Vista impugnado, ya que al apoyar su petición en la supuesta declaración de inocencia respecto al delito atribuido, el Tribunal de alzada determinó su imposibilidad de ingresar a la revalorización de las pruebas o trastocar el principio de inmediación de las pruebas.
La determinación de nulidad de la Sentencia por el Tribunal de apelación, emergente del planteamiento de recursos de apelación restringida y con relación al imputado recurrente, supone que dicha resolución confutada –Sentencia-, aun no estaba revestida de ninguna situación que la ubique en la categoría de “resolución ejecutoriada”, con el rasgo de haber alcanzado la calidad de cosa juzgada, para que se considere que la misma no puede ser objeto de mutación, mientras no se hayan agotado los medios de impugnación legalmente permitidos, caso contrario implicaría un desconocimiento a la teoría de la impugnación reconocida como aquel instrumento jurídico consagrado por las leyes procedimentales para corregir, modificar, revocar o anular actos y resoluciones judiciales, cuando las mismas denotan deficiencias errores o ilegalidades que discurren en injusticia, por lo que por principio general todo acto o decisión jurisdiccional es impugnable, de modo que la garantía a discrepar debe ser puesta a cubierto, lo contrario implicaría desconocer la estructura judicial recursiva establecida en el sistema procesal penal en vigencia, siendo que la imposibilidad que alude el recurrente para ser nuevamente juzgado en juicio de reenvío, constituye una posición individual que no tiene asidero legal.
Finalmente y de acuerdo a la previsión de los arts. 416 y 417 del CPP, los fundamentos advertidos, evidencian que el sentido jurídico asignado en la Resolución impugnada, no contradice los precedentes invocados en el recurso de casación, así el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, que en la doctrina legal esbozada, estableció que toda resolución debe ser motivada y fundamentada y que exponga los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución, debiendo ser clara, completa y lógica, mientras que el Auto Supremo impugnado, centró sus fundamentos a los parámetros establecidos en dicho precedente a momento de resolver las cuestiones alegadas en los recursos de apelación restringida como se tiene descrito en párrafos precedentes; y, respecto al Auto Supremo 561 de 1 de octubre de 2004, que estableció la correspondencia que debe existir entre la parte considerativa y dispositiva respecto al delito y la consiguiente sanción a imponerse, previa tipificación de la conducta punible; dicha doctrina legal, orientada a distinta temática, no reviste ninguna situación jurídica similar a la cuestión resuelta por el Auto de Vista impugnado; por consiguiente, en ninguno de los casos analizados, se advierte la existencia de situación contradictoria que amerite uniformar criterios contrapuestos; por lo que los motivos del recurso vinculados a las supuestas situaciones defectuosas denunciadas, carecen de mérito, deviniendo el recurso en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Vladimir Uriona Guzmán.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 370
 Resolución 
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 Resolución 
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