Source: https://www.mercados21.es/opinion/como-afecta-el-real-decreto-de-declaracion-de-estado-de-alarma-a-mis-asuntos-juridicos
Timestamp: 2020-03-30 03:50:42+00:00

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Escrito por Manuel Camas Jimena, presidente de Roca Junyent-Gaona y Rozados Abogados
El autor aboga por no confiarse por la suspensión de plazos y planificar los asuntos
Sin perjuicio de que en los próximos días es muy posible que se sigan publicándose nuevas normas que añadan o amplíen parte de lo que en estas líneas se comentará, trasladamos las cuestiones principales del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en lo que se refiere a su afectación en la actividad judicial y de reclamación de derechos.
Se suspenden los términos e igualmente se suspenden e interrumpen los plazos procesales en todos los órdenes jurisdiccionales. Esto implica que los términos y plazos ya existentes quedarán en suspenso mientras dure la vigencia de este estado de alarma, reanudándose el plazo correspondiente una vez que pierda vigencia este Real Decreto, o las prórrogas en su caso acordadas.
Esto viene a significar que se interrumpirán los plazos previstos en las diferentes leyes administrativas especiales y/o sectoriales y en su defecto los plazos establecidos con carácter general en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, para la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos. Asimismo, se suspenden los términos concedidos para la cumplimentación de trámites, mientras dure la declaración del estado de alarma. El cómputo en los plazos se reanudará una vez se levante el estado de alarma, o como bien dice el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, "en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo".
Se prevé en dicha declaración del estado de alarma que el órgano administrativo competente podrá acordar, de forma motivada, los actos de ordenación e instrucción en los procedimientos administrativos que sean necesarios para evitar perjuicios "graves" a los derechos e intereses de los administrados. Esta resolución motivada queda supeditada a que sea el propio interesado quien preste su conformidad a la prosecución del procedimiento, o bien a que no se suspenda el plazo de que se trate. Requerirá entonces de comunicación en tal sentido al órgano administrativo, lo cual se efectuará, en este estado de alarma, por medios telemáticos y a través de la Administración electrónica.
La única excepción a dicha suspensión de términos y plazos es la relativa a los procedimientos y resoluciones administrativas que deban iniciarse o dictarse en aplicación de los actos y situaciones "estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma".
Esta suspensión de términos y la interrupción de los plazos se aplicará a todas las entidades incluidas en el sector público, que son, según el artículo 2 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las siguientes: Administraciones Públicas Territoriales, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local [Municipio, Provincia, Isla en los archipiélagos balear y canario; también gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios (instituidas, a su vez, por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía) las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios].
Todas las Administraciones Públicas que integran el sector público deberán acatar dicha medida, sin necesidad de pronunciamiento expreso de cada órgano administrativo. Igualmente establece el Real Decreto que las medidas que ya hayan adoptado tanto las Administraciones de las CCAA como de las Entidades Locales, sobre la crisis sanitaria y este estado de alarma, serán ratificadas con la aprobación de este Real Decreto, siempre que no se opongan al mismo.
En todo caso, siempre serán competente los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, para obtener "la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental".
Esta interrupción opera en todos los ámbitos, de derecho privado y público. Estamos hablando, por tanto, del orden jurisdiccional social (despidos, reclamaciones de cantidad, reclamaciones ante la seguridad social, etc.) civil (reclamaciones sobre responsabilidad civil, responsabilidad extracontractual, como, por ejemplo, lesiones por accidentes de tráfico, acciones derivadas de la prestación de servicios, reclamación del pago de pensiones de alimentos, alquileres, etc).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 resolución 
 artículo 2
 Real Decreto