Source: https://tc.vlex.es/vid/-379820374
Timestamp: 2019-11-15 03:38:16+00:00

Document:
STC 84/2012, 18 de Abril de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 379820374
Número de Recurso: 3151-2003
Se plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con un precepto legal relativo a la movilidad geográfica que permite al trabajador solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado y extinguir el contrato. Se inadmite la cuestión planteada. La Sala proponente de la cuestión, se limita a realizar una apodíctica afirmación en el Auto que no puede considerarse suficiente para justificar el juicio de relevancia exigible por la normativa constitucional. Y dada esta ausencia de argumentación específica, que permitiría entender que el recurso de suplicación podría ser viable, el Tribunal declara la inadmisión de la cuestión planteada. El Tribunal puntualiza que la cuestión ha sido planteada en el marco de un recurso de suplicación interpuesto contra la resolución de un Juzgado de lo Social dictada en ejecución de una Sentencia en materia de movilidad geográfica, cuando el art. 138.4 LPL no contempla la posibilidad de recurso en estos casos.
El día 14 de mayo de 2003 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional un escrito del Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al que se acompañaba, junto al testimonio de las actuaciones correspondientes al recurso de suplicación 1222-2001, sobre impugnación de movilidad geográfica, el Auto de 25 de marzo de 2003 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el apartado 6 del art. 138 de la Ley de procedimiento laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (en adelante, LPL), por posible vulneración de los arts. 24.1 y 118 de la Constitución.
Don José Madrid Gallego, trabajador de la empresa Banco Español de Crédito, S.A., presentó demanda de impugnación de movilidad geográfica (traslado), en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, solicitaba del Juzgado que declarara que la decisión de movilidad geográfica, desde la localidad de La Solana hasta la de Argamasilla de Alba, de que había sido objeto era nula o, en todo caso, injustificada, anulándola y ordenando a la empresa que le repusiera en su anterior puesto de trabajo.
Por Sentencia de 3 de febrero de 2001 el Juzgado de lo Social núm. 3 de Ciudad Real estimó la demanda, declarando injustificado el traslado del actor a la sucursal de Argamasilla de Alba y ordenando que se repusiera al mismo en su anterior puesto de trabajo en la sucursal de La Solana.
Mediante escrito presentado en el Juzgado el día 2 de marzo de 2001 el demandante interesó la ejecución del fallo de la Sentencia a fin de que se requiriera a la demandada para que le repusiera en su puesto de trabajo, al haberse negado a ello, según aducía. Tras la oportuna tramitación del incidente de ejecución, el Juzgado dictó Auto de 29 de marzo de 2001 en cuya parte dispositiva dispuso, textualmente, lo siguiente: “Que no siendo posible reponer al actor en el puesto de trabajo de la sucursal de La Solana deberá el mismo en el plazo de CINCO DIAS desde la notificación de esta resolución optar entre continuar prestando servicios en el puesto de trabajo que actualmente ocupa en la sucursal de Argamasilla de Alba o extinguir la relación laboral conforme a lo preceptuado en el art. 50.1.c del Estatuto de los Trabajadores”. En el Auto se indicaba expresamente que contra el mismo podrían las partes interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia.
Mediante escrito registrado el día 24 de abril de 2001 el demandante anunció su intención de interponer recurso de suplicación frente a la anterior resolución. El recurso fue tenido por anunciado por providencia del Juzgado de 25 de abril de 2001. Contra dicha providencia interpuso recurso de reposición la empresa demandada, aduciendo que el Auto recurrido no era susceptible de recurso de suplicación, al no encontrarse en ninguno de los supuestos de acceso al recurso previstos en el art. 189.2 LPL, al no tratarse de un Auto que resolviera un recurso de reposición, ni ser tampoco recurrible la Sentencia en cuya ejecución fue dictado, ni tratarse de un Auto que resolviera algún punto sustancial no controvertido en el pleito. El recurso fue desestimado por Auto del Juzgado de 5 de junio de 2001, en el que se confirma la providencia recurrida al entender que el Auto dictado en ejecución debe ser recurrible en suplicación para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva del trabajador, toda vez que la ejecución del fallo a tenor de lo previsto en los apartados 6 y 7 del art. 138 LPL había motivado una resolución distinta de la contenida en el fallo de la Sentencia, por los motivos que en la propia resolución se indicaban.
En fecha 16 de mayo de 2001 el demandante presentó en el Juzgado de lo Social, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, recurso de suplicación contra el Auto de 29 de marzo de 2001, aduciendo la vulneración por el mismo del art. 24 CE, en relación con el art. 138.2 y 6, LPL, por errónea aplicación de dicha norma, todo ello en relación con los arts. 9.3, 117.3 y 118 CE. El recurso fue impugnado por la empresa demandada mediante escrito presentado el día 25 de junio de 2001, en el que, de una parte, se insistía en su criterio sobre la inadmisibilidad del recurso, por no ser recurrible en suplicación la resolución recurrida de conformidad con el art. 189 LPL, y, de otra, para el caso de que se admitiese la posibilidad de recurso, se oponía a la pretensión del recurrente, al considerar correcto el Auto recurrido a tenor de lo dispuesto en el art. 138.6 LPL.
Por providencia de 12 de diciembre de 2002, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), oír a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días para que alegaran lo que estimaran pertinente sobre la eventual pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad del art. 138.6 LPL, por colisión con el art. 24.1 y con el art. 118 del texto constitucional.
Evacuando el trámite conferido, el demandante don José Madrid Gallego presentó escrito considerando pertinente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por considerar que el art. 138.6 LPL impide el cumplimiento por el condenado de lo decidido en el fallo de la sentencia, permitiendo que, salvo que el trabajador asuma la extinción de su contrato de trabajo, la sentencia quede sin cumplir, vulnerándose con ello el derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE y la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales que proclama el art. 118 CE.
El Ministerio Fiscal, por su parte, consideró en el escrito presentado al efecto no procedente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, al entender que existía un posible ajuste de la norma a la Constitución por vía interpretativa, tal y como había patrocinado la Sala, aun de forma incidental, en un Auto de fecha 19 de noviembre de 2002, en la resolución de un recurso de queja, en virtud de la cual se entendería que la conjunción copulativa “y” utilizada por el precepto considerado podría interpretarse no en clave de exigencia simultánea sino en términos complementarios (ejecución del fallo in natura y, en su caso, extinción del contrato).
La empresa demandada presentó igualmente su escrito de alegaciones en el que, además de reiterar su criterio de que el recurso de suplicación debía ser inadmitido, manifestaba no considerar procedente el planteamiento de la cuestión, al tratarse de un precepto consolidado procedente de la reforma laboral de 1994, resultar coherente con otros preceptos del Estatuto de los trabajadores, en particular los que permiten la extinción indemnizada del contrato en los casos de despido improcedente, y dar, por ello, cumplimiento al mandato del art. 118 CE, así como a las reglas sobre ejecución de sentencias de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la supletoria de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC).
Finalmente, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó Auto el 25 de marzo de 2003, cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo que sigue: “Que con suspensión del plazo para dictar Sentencia, se acuerda plantear la Cuestión de Inconstitucionalidad del párrafo 6 del artículo 138 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto articulado de 7-4-95, en la medida que se entienda que cuando en el mismo se alude a que, cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o lo hiciese de modo irregular, la ejecución que el trabajador puede instar de la sentencia supone la extinción del contrato de trabajo por causa de lo previsto en el artículo 50.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin otra opción posible de ejecución de la misma, por su posible colisión con los artículos 24.1 y 118 de la Constitución”.
El Auto de 25 de marzo de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha fundamenta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en las consideraciones que seguidamente se resumen.
El precepto sustantivo al que la modalidad procesal considerada viene a dar cobertura adjetiva es el art. 40.1, quinto párrafo, del Estatuto de los trabajadores, que establece que, sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación citado (treinta días, según el párrafo tercero del mismo precepto), el trabajador que, no habiendo optado por la extinción de su contrato, se muestre disconforme con la decisión empresarial, podrá impugnarla ante la jurisdicción competente. La Sentencia declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.
Mediante la Ley de 30 de diciembre de 1994, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, se añadió al art. 138 LPL un apartado 7, en el que se establece que si la Sentencia declara la nulidad de la medida empresarial, su ejecución se efectuará en sus propios términos, salvo que el trabajador inste la ejecución prevista en el apartado anterior.
Por providencia de 21 de octubre de 2003 la Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión, así como dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes, y publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” (lo que se cumplimentó en el “BOE” núm. 262 de 1 de noviembre de 2003).
Por escrito registrado el 5 de noviembre de 2003, la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó que dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de estudios y documentación de la Secretaría General. Posteriormente, y por escrito registrado el 13 de noviembre de 2003, se recibió comunicación del Presidente del Senado en el sentido de que se tuviera a dicha Cámara por personada en el procedimiento, y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
El Abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito registrado el 11 de noviembre de 2003, en el que suplicaba la desestimación de la cuestión planteada.
El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 24 de noviembre de 2003, interesando la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad.
El objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, es determinar si el apartado 6 del art. 138 de la Ley de procedimiento laboral (LPL), texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, vulnera los arts. 24.1 y 118 de la Constitución.
Cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podrá solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social y la extinción del contrato por causa de lo previsto en el artículo 50.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores conforme a lo establecido en los artículos 277, 278 y 279 de la presente Ley.
Antes de abordar el examen del problema de fondo planteado en la presente cuestión hemos de analizar si la misma cumple las condiciones procesales exigidas por los arts. 163 CE y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). A tal efecto hemos de recordar una vez más que, aun cuando el art. 37.1 LOTC abre la posibilidad de rechazar en trámite de admisión las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los órganos judiciales cuando faltaren las condiciones procesales (entre otros muchos, AATC 42/1998, de 18 de febrero, FJ 1; 21/2001, de 30 de enero, FJ 1; 25/2003, de 28 de enero, FJ 3; 188/2003, de 3 de junio, FJ 1; y 206/2005, de 10 de mayo, FJ 2), no existe ningún óbice para hacer un pronunciamiento de la misma naturaleza en la fase de resolución de las mismas, esto es, mediante Sentencia, dado que la tramitación específica del art. 37.1 LOTC no tiene carácter preclusivo y cabe apreciar en Sentencia la ausencia de los requisitos, tanto procesales como de fundamentación, requeridos para el válido planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad (por todas, SSTC 133/2004, de 22 de julio, FJ 1; 255/2004, de 22 de diciembre, FJ 2; y 224/2006, de 6 de julio, FJ 4).
La presente cuestión de inconstitucionalidad plantea, desde esta perspectiva, un problema singular y específico que necesariamente ha de ser analizado por este Tribunal en su control del juicio de relevancia. Dicho problema es el que deriva del hecho de que la cuestión haya sido planteada en el marco de un recurso de suplicación interpuesto contra una resolución de un Juzgado de lo Social dictada en ejecución de una Sentencia en materia de movilidad geográfica, siendo así que, de conformidad con el art. 138.4 LPL, las Sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social en materia de movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo no tienen recurso.
Y aunque no sea necesario es de añadir cuál ha sido el desarrollo experimentado por la jurisprudencia laboral en esta materia, entre la fecha de planteamiento de la cuestión y el momento presente. En efecto, sea cual fuere el criterio que la Sala proponente tuviera en el año 2003 sobre la admisibilidad de los recursos de suplicación interpuestos contra los Autos que, en ejecución de Sentencias de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo y en aplicación del art. 138.6 LPL, declaran extinguida la relación laboral, es lo cierto que la propia Sala proponente ha afirmado de manera inequívoca la inadmisibilidad de tales recursos, en aplicación de la doctrina unificada del Tribunal Supremo, sin que a estos efectos tenga relevancia alguna la derogación de la Ley de procedimiento laboral por cuanto de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social los recursos de suplicación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la misma se seguirán sustanciando conforme a la legislación anterior.
Por consecuencia, todo lo expuesto nos conduce a concluir que en ausencia de una argumentación específica en el Auto de planteamiento de la cuestión que permitiera entender que el recurso de suplicación podía ser viable pese al sentido literal de los arts. 138.4 y 189.2 LPL, resulta clara la inexistencia del necesario requisito del juicio de relevancia, de lo que deriva la procedencia del pronunciamiento de inadmisión de la presente cuestión.
ATC 290/2013, 17 de Diciembre de 2013
SAP Albacete 43/2004, 27 de Enero de 2004

References: resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 138
 artículo 50
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