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Timestamp: 2017-01-24 12:32:05+00:00

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Tel.: 5229 5600 ext.: 1753
R e v i s t a d e D e r e c h o s H u m a n o s - J U L IO d e 2 0 1 1
Una injusticia hecha al individuo
es una amenaza hecha a toda
MÉ XI CO Y E L MUNDO F R E N T E A L A J us ticia in te r n aciOn al
Tel.: 5229 5600 ext.: 1756
Número 7, año ix, julio de 2011
Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas José Antonio Guevara
Quejas y Orientación Mario Ernesto Patrón Sánchez*
Instituciones de Derechos Humanos Leonardo Mier Bueno
Órgano oficial de difusión mensual de la cdhdf número 7, año ix, julio de 2011. Número de reserva otorgada por el Instituto
Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública: 04-2003-112814201500-102. Número de Certificado
de Licitud de Título: 12792 y número de Certificado de Licitud de Contenido: 10364, otorgados por la Comisión Calificadora
Comité editorial: Mario Ernesto Patrón Sánchez, Rosalinda Salinas Durán, Luis Jiménez Bueno, Guadalupe Ángela Cabrera
Morales Galván, Paz Echeñique Pascal, Montserrat Matilde Rizo Rodríguez, Mónica Martínez de la Peña y Gerardo Sauri Suárez.
Créditos de Imágenes: Cortesía del Museo Memoria y Tolerancia, un, ap, ushmm y Coalición por la Corte Penal Internacional,
Ángeles García (cdhdf) y Anahí G. Alba Navarrete(cdhdf).
2	México y el mundo frente a la justicia
6	Retos y avances en la armonización
de la legislación mexicana con el
12	Características de la política criminal
en el ámbito penal internacional:
su aplicación en el caso mexicano
18	Problemas y posibles soluciones para
la aplicación de la categoría de delitos
de lesa humanidad en México
22	Las víctimas ante la Corte Penal
Internacional. ¿El final del oxímoron
víctimas-justicia internacional?
30	El dilema de la cpi para garantizar
la justicia y mantener la paz
35	Los terroristas también tienen derechos.
Bin Laden no debió ser eliminado sin más,
aunque se tratase de un conflicto armado
40	Caso de falta de accesibilidad
46	En busca de un nuevo fiscal
y seguridad en el Centro de
Transferencia Modal Pantitlán
42	Envía cdhdf Recomendación 3/2011
a la pgjdf
y seis nuevos jueces para la cpi
50	Proceso de elección de fiscal
y magistradas(os) de la cpi
51	Recuperar la memoria a favor
de la paz y la convivencia humanas
54	La responsabilidad de México
por el incumplimiento de las sentencias
Nancy J. López Pérez
y Alberto Ulises Quero García
60	La aplicación directa del Estatuto
de Roma en el Estado mexicano
Agradecemos las atenciones otorgadas a dfensor
para la realización de este número a la Coalición por
la Corte Penal Internacional, a la Coalición Mexicana
por la Corte Penal Internacional, al Museo Memoria
y Tolerancia, y al Instituto Nacional de Ciencias Penales.
64	Librero del dfensor
FotografĂ­a: CortesĂ­a Museo Memoria y Tolerancia/ushmm/National
Archives and Records Administration College Park.
México y el mundo frente
realidades aberrantes materializadas en crímenes de trascendencia mundial por violaciones a las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, hechos que han suscitado la creación de tribunales internacionales y comisiones de la verdad para encontrar una posible solución. Desde el holocausto judío durante el régimen nazi a finales de la primera mitad del siglo xx, pasando
por los genocidios en Ruanda, la ex Yugoslavia, Guatemala, Camboya y actualmente en la región sudanesa
de Darfur, las millones de víctimas que aún esperan justicia claman con sentimientos encontrados de
venganza y vergüenza para que aquellos hechos no queden impunes ni vuelvan a ser perpetrados.
Como un esfuerzo de la comunidad internacional para prevenir, investigar y sancionar penalmente
los crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra
y el crimen de agresión, se estableció en 2002 la Corte Penal Internacional (cpi), cuya responsabilidad es
tutelar el derecho humano más elemental: a la vida, así como a no sufrir violencia, tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes como violaciones o esclavitud.
Ante sus graduales resultados este tribunal penal internacional ha sido blanco de duras críticas debido, principalmente, a la falta de voluntad política de los Estados Parte para cooperar eficazmente con
las investigaciones de la cpi, y a la tardanza para intervenir en los casos y juzgar a las y los responsables;
así como a hacer efectivo el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de
violaciones graves a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En este sentido, en el marco de la conmemoración del Día mundial de la justicia internacional (17 de
julio), desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) exhortamos al Estado mexicano, que ha ratificado el Estatuto de Roma de la cpi, a refrendar con hechos los compromisos asumidos
en materia de combate a la impunidad por crímenes internacionales y, en especial, a regular en el marco
normativo interno los mecanismos de cooperación eficaces con la cpi.
Ciertamente los sistemas judiciales, tanto nacionales como internacionales, están obligados a sancionar estos crímenes con estricto apego a derecho; sin embargo, reafirmamos nuestra convicción de
que, para prevenirlos y garantizar de forma sostenible los más elevados estándares de protección, seguridad y bienestar en el mundo, es necesaria la gobernabilidad democrática fundada en el sano equilibrio
entre los poderes políticos, económicos y sociales que garantice el ejercicio pleno de todos los derechos
Sin duda alguna, un primer paso para alcanzar esta meta será la construcción de sociedades despojadas de la indiferencia y de la indignación, para dar paso a una verdadera conciencia que combata
las atrocidades cometidas en contra de nuestra propia esencia humana, haciendo uso no de armas ni
de leyes coercitivas sino de la fuerza que brindan la acción, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la
de la legislación mexicana
con el Estatuto de Roma
Desde la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (cpi) en 1998,
México ha avanzado decididamente con el fin de lograr la plena armonización de la legislación nacional mexicana con las normas sustantivas y procedimentales contenidas en dicho
Convencido de la necesidad de la cpi para erradicar la impunidad y disuadir la comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional, el Ejecutivo federal firmó
el Estatuto de Roma el 7 de septiembre de 2000.
Acto seguido, y consciente de las incompatibilidades que existían entre el Estatuto y la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal inició la primera fase del proceso de armonización legislativa en la materia. El 6 de diciembre de 2001
envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al artículo 21 de la Constitución
para reconocer la jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en tratados
internacionales de los que México sea parte. Con un enfoque distinto al planteado en la iniciativa, el 4 de mayo de 2005 el H. Congreso de la Unión decretó adicionar el actual párrafo
octavo al artículo 21 constitucional relativo al reconocimiento de la jurisdicción de la cpi,
reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005.
La citada reforma constitucional permitió la aprobación del Estatuto de Roma por el
Senado el 21 de junio de 2005, y el posterior depósito del instrumento de ratificación por
el Estado mexicano ante el secretario general de las Naciones Unidas el 28 de octubre del
mismo año. El Estatuto de Roma entró en vigor para México el 1 de enero de 2006, convirtiéndose en el centésimo Estado Parte de dicho instrumento.
*	Consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Desde que se convirtió en Estado Parte del er, México ha cumplido
con todas las solicitudes de cooperación confidenciales que ha
formulado a nuestro país la cpi. No obstante, México no cuenta aún
con una legislación específica en vigor que detalle el procedimiento
para llevar a cabo tal cumplimiento.
La iniciativa de Ley de Cooperación
con la cpi
Según lo dispuesto en el Estatuto de Roma,
la cpi está facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados Parte, las
cuales tienen carácter confidencial. Las solicitudes pueden versar sobre la detención
y entrega de una persona a la cpi, la identificación y localización de personas u objetos, la obtención y desahogo de pruebas, el
desahogo de testimonios, la notificación de
documentos, la práctica de cateos y aseguramientos, la preservación de pruebas y la
protección de víctimas y testigos, entre otros.
La parte ix del Estatuto de Roma, titulada “De la cooperación internacional y la
asistencia judicial”, establece en su artículo
86 que los Estados Parte tienen la obligación
de cooperar plenamente con la cpi en relación con la investigación y enjuiciamiento
de crímenes de su competencia. Dispone
también, en su artículo 88, que “los Estados
Partes se asegurarán de que en el derecho
interno existan procedimientos aplicables a
todas las formas de cooperación especificadas en la presente parte”.
Desde que se convirtió en Estado Parte
del Estatuto de Roma, México ha cumplido
puntualmente con todas y cada una de las
solicitudes de cooperación confidenciales
que ha formulado a nuestro país la cpi. No
obstante, nuestro país no cuenta aún con
una legislación específica en vigor que detalle el procedimiento para llevar a cabo tal
La elaboración de esta legislación fue el
objetivo de la segunda fase de armonización
legislativa con el Estatuto de Roma. Así, el
Ejecutivo federal elaboró la Iniciativa de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del
Párrafo Octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Adiciona la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, conocida como
“Ley de Cooperación con la cpi”. El proyecto puntualiza las autoridades competentes,
requisitos, plazos y condiciones conforme a
las cuales deberán tramitarse las solicitudes
de cooperación que formule a México la cpi.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo federal ante la Cámara de Senadores
el 29 de noviembre de 2006,1 fecha en la
cual fue turnada a las Comisiones Unidas
de Justicia y de Estudios Legislativos Primera de dicha Cámara. El 10 de diciembre de
2009, tales comisiones sometieron a consideración del pleno de la Cámara de Senadores el dictamen de primera lectura,2 en el
cual propusieron algunas modificaciones a
la iniciativa en lo referente, principalmente,
a las solicitudes de inhibición a la cpi, así
como a la divulgación de información que
afectaría intereses de seguridad nacional.
1	La iniciativa presentada el 29 de noviembre 2006 por el Ejecutivo federal a la Cámara de Senadores está disponible en <www.senado.gob.mx/
sgsp/gaceta/60/1/2006-11-29-1/assets/documentos/inic_Ejecutivo_art21constitucional.pdf>, página consultada el 15 de junio de 2011.
2	El dictamen de primera lectura de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores
del 10 de diciembre de 2009 está disponible en <www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=3&lg=LXI_I&id=867>, página
consultada el 15 de junio de 2011.
Durante la consideración del dictamen
por el pleno de la Cámara de Senadores,
se aprobó una modificación adicional al artículo 8º de la iniciativa según fue presentado
por las comisiones unidas citadas, relativo a
las solicitudes de inhibición, con el fin de
evitar el establecimiento en una ley nacional de una obligación para la cpi. El 15 de
diciembre de 2009, el dictamen adicionado
fue aprobado por el pleno de la Cámara de
Senadores3 con 77 votos a favor y dos en
contra, y turnado a la Cámara de Diputados
Desde entonces, la minuta con proyecto de decreto aprobada por el Senado se encuentra en consideración por la Comisión
de Justicia de la Cámara de Diputados.
El proceso de tipificación
de los crímenes internacionales
La competencia de la cpi se extiende sobre
“los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su
conjunto”,4 que son actualmente los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y los
crímenes de guerra.5 El enjuiciamiento por
estos crímenes se realiza siguiendo algunas
normas transversales contenidas en el Estatuto, como aquellas relativas al cargo oficial
del autor, a las órdenes superiores recibidas
y a la responsabilidad del superior, así como
a la imprescriptibilidad y la improcedencia
de la amnistía y del indulto.
Debe recordarse, sin embargo, que la
jurisdicción de la cpi tiene un “carácter
complementario de las jurisdicciones penales nacionales”.6 En virtud del principio
de complementariedad, la cpi sólo podrá
actuar cuando las jurisdicciones nacionales
carezcan de voluntad o de capacidad para
investigar o enjuiciar a los autores de los crímenes competencia de la cpi.
Por ende, se reconoce que la responsabilidad primaria de tal investigación y enjuiciamiento corresponde a las jurisdicciones
nacionales. Como lo dispone el preámbulo
del Estatuto, “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.7 De ello
se desprende que los Estados Parte del Estatuto de Roma tienen un deber implícito de
adecuar su marco jurídico nacional con el
fin de estar en posibilidades de llevar a cabo
tal investigación y enjuiciamiento.
Por su naturaleza penal, la armonización
de la legislación nacional con el Estatuto de
Roma cobra particular relevancia. En efecto, para que los tribunales nacionales puedan ejercer jurisdicción sobre un delito, el
principio de legalidad exige que el tipo penal, es decir, las conductas delictivas y las
sanciones correspondientes, se encuentre
claramente precisado en una ley: nullum crimen, nulla poena, sine lege.
3	El dictamen aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores el 15 de diciembre de 2009 está disponible en <www.senado.gob.mx/
index.php?ver=sp&mn=3&sm=3&lg=LXI_I&id=944>, página consultada el 15 de junio de 2011.
4	Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado durante la Conferencia de Plenipotenciarios, Roma, 17 de julio de 1998,
Preámbulo, párrafo cuarto.
5	Con fundamento en el artículo 5º del Estatuto de Roma y en las enmiendas adoptadas en junio de 2010 durante la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, la cpi ejercerá también su competencia sobre el crimen de agresión. De acuerdo con la Resolución RC/Res.6
adoptada en tal ocasión, dicha competencia se ejercerá sobre los crímenes “cometidos un año después de la ratificación o aceptación
de las enmiendas por treinta Estados Partes” y “a condición de que se adopte una decisión después del 1 de enero de 2017 por la misma
mayoría de Estados Partes que se requiere para la aprobación de una enmienda al Estatuto”, es decir, dos tercios de los Estados Parte.
Debido a la reciente aprobación de tales enmiendas, éstas aún no han sido ratificadas por ningún Estado.
6	Estatuto de Roma, artículo 1º. El principio de complementariedad se recoge también en el Preámbulo y en los artículos 17 y 20 del Estatuto de
7	Estatuto de Roma, Preámbulo, párrafo sexto.
Diversos Estados han modificado o adicionado su legislación existente para cumplir
con este deber. De los 115 Estados Parte del
Estatuto, actualmente 65 de ellos ya cuentan con legislación en la materia, y 35 adicionales cuentan con proyectos para ello.8
En México, el Código Penal Federal
(cpf) vigente tipifica el genocidio en su
artículo 149 bis, en términos que requieren algunas actualizaciones con respecto
al tipo penal contenido en el Estatuto. En
lo que respecta a los crímenes de guerra,
las conductas delictivas que los constituyen
–contempladas en el Estatuto de Roma y
en otros instrumentos de derecho internacional humanitario– no se encuentran reflejadas en el artículo 149 del cpf. Por su
parte, los crímenes de lesa humanidad –que
son aquellos cometidos como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra
una población civil y con conocimiento de
dicho ataque– no se encuentran tipificados
como tales a nivel nacional. A su vez, diversos aspectos transversales que contempla el
Estatuto para el enjuiciamiento por crímenes internacionales tampoco se encuentran
recogidos en la legislación nacional.
Ante esta situación, el Ejecutivo Federal tiene ahora el reto de llevar a cabo
la armonización de la legislación nacional
con los crímenes internacionales contemplados en el Estatuto de Roma y en otros
instrumentos de derecho internacional humanitario.
Esta tarea se enmarca en los trabajos de
la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario (cidih), órgano consultivo y técnico del Ejecutivo federal creado
en 2009 para difundir y promover el respeto
de las normas, principios e instituciones del
derecho internacional humanitario, y para favorecer su implementación a nivel nacional.9
El sistema de justicia penal internacional
creado por el Estatuto de Roma requiere de
la cooperación de los Estados para su pleno
funcionamiento. Esta cooperación se traduce no sólo en el cumplimiento puntual de las
solicitudes formuladas por la cpi, sino también en el fortalecimiento de las capacidades
nacionales para hacer efectivo el principio de
complementariedad en que se basa la labor
de dicho tribunal penal internacional.
Es importante que todos los actores involucrados promovamos, desde nuestros respectivos sectores, la pronta adopción por el
H. Congreso de la Unión de las iniciativas
que armonicen la legislación nacional con
el Estatuto de Roma. Ello permitirá que
México dé cumplimiento a sus obligaciones
internacionales y se sume a los Estados Parte
del Estatuto que ya han adecuado su marco
jurídico nacional a las normas sustantivas y
procedimentales contenidas en este relevante instrumento internacional.
8	La información respecto de la promulgación de legislación de implementación y/o cooperación, así como los proyectos de legislación en
materia de implementación, pueden ser consultados por país en <www.legal-tools.org/en/access-to-the-tools/national-implementinglegislation-database>, página consultada el 15 de junio de 2011.
9	El acuerdo por el que se crea con carácter permanente la cidih, del 19 de agosto de 2009, está disponible en <http://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5105965&fecha=19/08/2009>, página consultada el 15 de junio de 2011.
criminal en el ámbito penal
internacional: su aplicación
en el caso mexicano
El Estado mexicano, a través del Ejecutivo federal, celebró la firma del tratado
fundacional de la Corte Penal Internacional (cpi), conocido como Estatuto
de Roma (er), el 7 de septiembre de 2000; y llevó a cabo su ratificación, con la
aprobación del Senado, el 28 de octubre de 2005, convirtiéndose así en el país número
100 en depositar el instrumento de ratificación ante la Organización de las Naciones
Unidas. A casi 11 años de haberse concretado el primer paso para la construcción de un
sistema de justicia penal internacional en México, el proceso de implementación del er en
la legislación penal federal se ha caracterizado por la ausencia de un rumbo fijo.
El impulso otorgado por los Poderes de la Unión –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– a esta
política jurídica en el ámbito de la justicia penal ha sido incipiente, quizá por la concepción
simplista de la soberanía como un baluarte de nuestra política exterior o simplemente por el
desconocimiento, todavía arraigado, del derecho penal internacional como un saber jurídico
*	Profesor-investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y secretario técnico de la Coalición Mexicana por la Corte
Penal Internacional (cmcpi).
independiente. A contrario sensu, numerosos
actores de la sociedad civil, como es el caso
de la Coalición Mexicana por la Corte Penal
Internacional (cmcpi),1 han contribuido al
establecimiento de una responsabilidad comunitaria entre la ciudadanía orientada a la
proposición de que la perpetración de crímenes del derecho internacional en un determinado Estado repercute forzosamente en la
conciencia que tienen todos los demás.
Cooperación con la Corte Penal
El 20 de junio de 2005 fue aprobada la adhesión de un “párrafo quinto”2 al artículo
21 constitucional,3 disponiendo que “el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del
Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. No
obstante, la existencia de un marco normativo para hacer efectiva la cooperación de
las autoridades mexicanas con la cpi ha sido
postergada por la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados,4 siendo ésta la responsable de dictaminar el proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del
Judicial de la Federación, por lo que todo
pareciera indicar que la prioridad de esta
iniciativa ha quedado relegada en la agenda
De cara a estas dificultades, organizaciones no gubernamentales se han sumado a la tarea realizada por la cmcpi para
impulsar esta iniciativa. Tal es el caso del
Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, quien ha observado con interés
el proyecto de decreto y elaborado importantes recomendaciones respecto de su
implementación.5
Con base en lo establecido en el artículo 86 del er, el Estado mexicano tiene
la capacidad necesaria para cumplir con la
obligación de cooperar plenamente con
la cpi. La cooperación con dicho tribunal
penal no es una aspiración fantástica ni
extravagante; es parte de la construcción
de un sistema cosmopolita de protección a
los derechos humanos, ya que completa al
derecho interno al auxiliarlo en el camino
hacia un bienestar social común.
Si bien el gobierno mexicano ha reiterado
ante la Asamblea de los Estados Partes de la
cpi su voluntad para llevar a cabo una correcta implementación del er,6 es imperativo
conseguir la participación de la ciudadanía
1	La cmcpi es un grupo plural que integra a diferentes sectores de la sociedad como organismos civiles y sociales, instituciones de enseñanza superior, profesionistas y personas interesadas en impulsar el tema de la Corte Penal Internacional. Esta Coalición se define
como independiente de partidos políticos y de organismos estatales. Para mayor información véase <www.ineppa.org.mx>, página
consultada el 13 de junio de 2011.
2	Con motivo de la reforma constitucional de seguridad y justicia aprobada el 18 de junio de 2008, dicha disposición quedó establecida
en el párrafo octavo del artículo 21 constitucional reformado.
3	Decreto por el que se adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 20 de junio de 2005.
4	Al respecto, véase la comunicación de la cmcpi dirigida al diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de
Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, disponible en <www.iccnow.org/documents/Carta_de_la_Coalicion_
Mexicana_a_Diputado_Benitez-_Congreso_de_la_Union.pdf>, página consultada el 13 de junio de 2011.
5	Véase el documento de Amnistía Internacional, México: Recomendaciones sobre la iniciativa de ley que adapta parcialmente el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, Reino Unido, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, 2011, disponible en <www.
amnesty.org/en/library/info/AMR41/015/2011/es>, página consultada el 13 de junio de 2011.
6	Comunicado 160 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 31 de mayo de 2010, disponible en <www.presidencia.gob.mx/2010/05/
mexico-refrenda-su-compromiso-con-la-corte-penal-internacional/>, página consultada el 6 de junio de 2011.
mexicana en estos procesos democráticos
y que conmine a sus representantes a dar
cumplimiento a los compromisos que han
adquirido para que de esta forma se garantice la vigencia de un Estado social y democrático de derecho.
Mención especial merecen las iniciativas
realizadas por el gobierno mexicano, como
la creación de la Comisión Intersecretarial
de Derecho Internacional Humanitario7
(cidih-México) cuyos trabajos han prestado
atención al proceso de implementación del
er para elaborar un proyecto de tipificación
de los delitos competencia de la cpi –artículo 5 del er– en la legislación penal federal,8 y
en los que se ha reconocido paulatinamente
la importancia de la sociedad civil en cuestiones de reforma legislativa.
Sin embargo, resulta de vital importancia que en estos trabajos se genere un involucramiento más activo de los grupos de la
sociedad civil y academia mexicanos, cuyas
recomendaciones políticas y jurídicas ponen de manifiesto la gran importancia que
tienen para las instancias encargadas de implementar las normas. De igual manera, las
agencias encargadas de la procuración y administración de justicia a nivel federal –Procuraduría General de la República y Poder
Judicial de la Federación– también deben
ser reconocidas como integrantes permanentes de la cidih-México, y se les debe
permitir orientar los trabajos que se realicen
en materia de derecho penal internacional, pues son las instituciones en quienes
inciden directamente las funciones de cooperación con la cpi en la investigación de
crímenes de su competencia y juzgamiento
de las y los responsables.9
Esto, a su vez, conducirá a que tengamos
una mejor sociedad, interesada e informada
de la función educadora del derecho –concretamente del derecho penal internacional–
que la conduzca, y que logre comprender la
importancia de la ciencia jurídica, pues “ésta
no pertenece sólo al género de los juristas, sino
que es lugar común de todo el pueblo”.10
Aquellos sectores académicos y de la sociedad
civil que postulan la integración y vigencia de
un derecho penal internacional no deben
perder de vista que el desarrollo de dicha
ciencia jurídica también está orientado a que
ésta funja como un instrumento de contención del poder punitivo que tienen los Estados y a que disminuya “la anarquía que podía
generar un uso indiscriminado y masivo del
principio universal”;11 este último también
conocido como principio de jurisdicción universal, según el cual los perpetradores de crímenes internacionales pueden ser juzgados
por tribunales nacionales independientemente del lugar donde se cometieran las conductas. En este sentido, nos recuerda Gimbernat
Ordeig que “la dogmática penal pone límites
y forma conceptos, posibilita una aplicación
7	Véase el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2009.
8	Ejemplo de estas iniciativas lo constituye el Diálogo entre expertos: La armonización de la legislación penal federal en materia de
crímenes internacionales, celebrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores el 10 de junio de 2010.
9	Es importante recalcar este aspecto, ya que el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la cidih-México refiere en el artículo
2º, párrafo cuarto, que “la Comisión podrá invitar a participar con voz, pero sin voto y con carácter informativo a representantes de los
poderes Legislativo y Judicial, a expertos y a asesores en derecho internacional humanitario”.
10	Véase Ma. Virginia Martínez Bretones, Gustav Radbruch. Vida y obra, México, unam, 1989, p. 53.
11	Véase Eugenio Raúl Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, Buenos Aires, Ediar, 2006, p. 179.
segura y calculable del derecho penal y lo
sustrae a la irracionalidad, al arbitrio y a la
improvisación”.12
Un derecho penal mal conceptualizado
o “que funciona deficientemente, en vez de
engendrar imágenes de confianza, engendra imágenes de escepticismo; en vez de
propagar fe en una población, engendra la
desesperanza”.13 De ahí la gran importancia
que tiene la función del iusfilósofo, específicamente del penalista, a través de la dogmática jurídico-penal para elaborar propuestas
de regulación sobre cuestiones controvertidas en el ámbito del derecho penal y de
ejecución de sanciones a nivel internacional. Por ejemplo, el artículo 77.1 b) del er
establece como pena la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema
gravedad del crimen y las circunstancias
personales del condenado.
La imposición de este tipo de penas, de
acuerdo con lo establecido por el derecho
constituye “típicos tratos o penas inhumanas, cuyos efectos trascienden incluso la
afectación de los derechos del condenado
por delitos e invaden la esfera de protección
de derechos de terceras personas directamente vinculadas con él, como los integrantes de su núcleo familiar primario”;14 y como
consecuencia, representa un obstáculo insalvable para el logro del fin fundamental de
las sanciones penales, que es la reinserción
social de la persona sentenciada y su correspondencia con el principio de culpabilidad.
La prisión vitalicia está prohibida por
humanos, a saber: la Convención sobre los
Derechos del Niño (artículo 37), la Convención Interamericana sobre Extradición
(artículo 9), la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (artículo 5) y la
Convención Europea contra la Tortura, por
mencionar sólo algunos. Ahora bien, atendiendo a un principio lógico, si se critica a
la pena de muerte al señalar que no tiene
valor como sanción penal porque no cumple con la función social de reinserción, por
analogía la reclusión a perpetuidad tampoco la tiene, por lo tanto constituye un trato
cruel, inhumano o degradante.
Lo anterior abona al debate respecto de
los fines de la pena privativa de libertad, ya
no sólo en el ámbito nacional sino también
en el internacional. De esta manera surge
el siguiente cuestionamiento: ¿es posible la
reinserción social de una persona sentenciada por haber cometido violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y
del derecho internacional humanitario, que
son crímenes de derecho internacional?
Lo cierto es que la realidad ha demostrado que los fines de la reinserción social se
antojan utópicos; sin embargo, la proscripción de estos tratos inhumanos no puede
aplazarse más. Además, debe tomarse en
consideración que para muchos países la
prohibición constitucional de la prisión vitalicia puede representar un impedimento
formal para ratificar el er.15 En este contexto, es dable recordar las palabras de Manuel
de Lardizábal y Uribe, quien afirmaba que
la “enmienda del delinqüente (sic) es un
objeto tan importante que jamas (sic) debe
12	Cfr. Hans Welzel, Estudios de filosofía del derecho y derecho penal, Montevideo-Buenos Aires, B de F, 2004, p. 53.
13	Pedro David, Criminología y sociedad, México, Inacipe, 2005, p. 41.
14	Véase Florentín Meléndez, Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la administración de justicia. Estudio
constitucional comparado, México, Porrúa, 2004, p. 82.
15	La prohibición de la aplicación de penas perpetuas se encuentra prescrita en la Constitución de la República de El Salvador en su artículo 27, párrafo segundo, lo cual constituye un argumento sólido para algunos sectores políticos que se oponen a la adhesión del er
por parte del Estado de El Salvador.
perderle de vista el legislador en el establecimiento de las penas”.16
Al informar los procesos seguidos ante la cpi
se debe ponderar la protección de la dignidad
de las víctimas como de las y los inculpados,
observando en todo momento sus garantías
procesales para evitar la distorsión de principios fundamentales del debido proceso penal, como son la publicidad y la presunción
Una problemática actual que se ha suscitado a través de la publicidad indirecta –es
decir, aquella derivada de los medios masivos de comunicación social e incluso de organizaciones no gubernamentales activas en
la defensa de los derechos humanos– es el
hecho de que ésta refleja percepciones erróneas al realizar campañas de información y
difusión a la comunidad donde se asevera la
responsabilidad de las personas inculpadas
de haber cometido violaciones masivas a
los derechos humanos17 sin que éstas hayan
sido sentenciadas por un órgano jurisdiccional o, en su caso, donde sólo se les expone a
Debemos recordar que la culpabilidad
de una persona acusada la determina la autoridad jurisdiccional a través del juicio de
reproche al dictar la sentencia. En un proceso penal, la protección de los derechos
humanos de las personas es un aspecto fundamental. En este sentido, si no se establecen
límites a la publicidad y difusión, se pone en
peligro la averiguación de la verdad y se perjudica, por ende, la dignidad personal de las
víctimas y la defensa de las y los acusados.
La influencia de la opinión pública en
la configuración de todo sistema de justicia
penal es muy relevante; por lo tanto, ésta
debe cumplir una tarea político-criminal
primordial, que es la de “procurar la certeza
sobre la corrección de la administración de
justicia, sin entregar al respecto a la publicidad, de forma indebida, el destino personal
del inculpado”.18
La esquizofrenia del derecho penal
Una última reflexión. Un criterio que actualmente se ha postulado en el ámbito jurídico es la supuesta existencia de un derecho
penal del enemigo en el orden mundial, del
cual incluso el derecho penal internacional
no ha logrado sustraerse.
La cpi es un órgano jurisdiccional internacional que recoge los principios de justicia
más sensibles para la humanidad, por ende
su función no debe estar condicionada a ningún discurso legitimante de carácter peligrosista, pues en la medida en que asuma estos
criterios de imputación su estructuración
estará precedida de doctrinas inquisitivas
propias del derecho penal histórico, como
in atrocissimis leviores conjecturae sufficiunt,
et licet iudici iura transgrendi,19 y no en un
derecho penal de corte liberal.
16	Véase Manuel de Lardizábal y Uribe, Discurso sobre las penas, edición facsimilar, México, Porrúa, 1982, p. 85.
17	Cfr. Amnistía Internacional, ¡Criminales a la Corte! No más “Safe-Heavens”, disponible en <http://alzatuvoz.org/CPI>, página consultada el 8 de junio de 2011.
18	Véase Heinz Zipf, Introducción a la política criminal, Madrid, Edersa, 1979, p. 139.
19	Dicha expresión latina postula que la atrocidad o gravedad de los delitos legitima de pleno derecho la necesidad de menores exigencias
probatorias y la ausencia de algunas garantías del proceso penal ordinario, así como la imposición de una serie de penas especialmente
agravadas. Para un análisis más profundo véase Isabel Ramos Vázquez, “La represión de los delitos atroces en el derecho castellano de
la edad moderna”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, núm. xxvi, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2004.
Un derecho penal mal conceptualizado o “que funciona
deficientemente, en vez de engendrar imágenes de confianza,
engendra imágenes de escepticismo; en vez de propagar fe en
una población, engendra la desesperanza”.
de la categoría de delitos de
lesa humanidad en México**
Establecer cuáles son los mecanismos para la tipificación de crímenes de lesa humanidad en
México es complicado. En nuestro país existe esa falta de definición que ya estableció la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) a través de su jurisprudencia, sin embargo,
en el presente análisis, partiré de distintos supuestos.
En principio es necesario aclarar cuál es el concepto de crímenes de lesa humanidad,
es decir, si al invocar dicha definición se hace referencia a conductas individuales o tipos
penales individuales, como podría ser la tortura y la desaparición forzada de personas,
concepto que dilucida una posición más coloquial o de escasa técnica jurídica. Sin embargo, si
atendemos a lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, y en función de su adecuada
implementación, dichos crímenes tienen que definirse como una serie de conductas todas las
cuales se llevan a cabo en un contexto determinado como parte de un ataque generalizado,
sistemático, contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Por lo tanto, si hablamos de tipos penales individuales como la tortura y la desaparición
forzada, podemos decir que en México ya están tipificados y en todo caso habría que ver
en qué estados y con qué técnica se hizo. Pero si nos referimos al tipo penal –porque mi
posición es que los crímenes de lesa humanidad no son una categoría, sino un tipo penal
establecido en el Estatuto de Roma– se está señalando una situación completamente distinta. Para estudiar lo anterior, es necesario tomar en cuenta diversos factores.
*	Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
**	Ponencia presentada durante la x Competencia Internacional Víctor Carlos García Moreno. Procedimiento ante la Corte Penal Internacional, organizado por el Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado (Coladic México), la Universidad
de Utrecht, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los días 31 de marzo
y 1 de abril de 2011 en la ciudad de México.
Para empezar hay que establecer si existe la obligación para tipificar los crímenes
de lesa humanidad. En lo individual existen
conductas como la esclavitud, la tortura y la
desaparición forzada que están contempladas en diversos tratados internacionales en
los que se señala la obligación de tipificarlas
internamente; sin embargo, en el Estatuto
de Roma,1 que es el primer tratado internacional en tipificar estos crímenes con sus
elementos contextuales, paradójicamente
no se establece dicha obligación.
En esta discusión también es relevante
el artículo 20 del Estatuto que alude a la
cosa juzgada y dice que “la Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por
otro tribunal en razón de hechos también
prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u
8” y después establece las excepciones para
excluir a la persona de la justicia penal internacional.
Es así que los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto contemplan conductas que en lo
individual establecen delitos o crímenes
internacionales; por ejemplo, el artículo 7
que hace referencia al asesinato –homicidio
doloso–, la violación, la tortura, la encarcelación u otra privación grave de la libertad
física –privación ilegal de la libertad–, etcétera.
Por lo tanto, la interpretación textual
del artículo 20 del Estatuto de Roma hace
pensar que para dar cumplimiento a los requisitos de la complementariedad ante la
Corte Penal Internacional (cpi) no es necesario que una persona sea sentenciada por
genocidio o por crimen de lesa humanidad,
ya que es suficiente que sea sentenciada por
un homicidio o un hecho aislado de tortura, pero siempre y cuando esto no implique la intención de sustraer a la persona de
En lo individual existen
conductas como la esclavitud,
la tortura y la desaparición
forzada contempladas en
tratados internacionales en los
que se señala la obligación de
tipificarlas internamente; sin
embargo el er, primer tratado
internacional en tipificar estos
crímenes con sus elementos
contextuales, paradójicamente
la acción de la justicia, lo que nos lleva a
considerar que dicho artículo se vuelve emblemático en el sentido de que en ningún
lugar el Estatuto establece esta obligación
de tipificar las conductas que el propio instrumento prevé.
La aplicación de delitos internacionales
En nuestro país enfrentamos la disyuntiva sobre si las entidades federativas deben tipificar
los crímenes de lesa humanidad o si bastaría
federalizar estos tipos penales. Por ejemplo,
el caso de Australia –un estado federal como
México– la solución fue establecer que todos
los delitos provenientes de los tratados internacionales se federalizaran para que con una
sola tipificación se diera cumplimiento a las
1	Este tratado contiene 128 artículos; establece una obligación que es la de cooperar con la Corte Penal Internacional, y el resto de su
contenido regula la operación interna del mismo instrumento.
En otros contextos he sido enemigo de
la unificación del derecho penal en México,
a pesar de ello me parece que si existe una
categoría de delitos que se justifica sea del
ámbito federal es precisamente aquella que
proviene de los tratados internacionales, por
considerar que su tipificación representa una
obligación. Sin duda éste es un factor que
debe tomarse en cuenta en la discusión.
Otro aspecto importante para analizar
es el artículo 6 del Código Penal Federal
–que en fechas recientes entró en conflicto con el derecho internacional–, el cual
menciona que dicho código se aplica para
aquellos delitos contemplados en leyes especiales y en tratados internacionales. Esto
resulta extraño porque, al parecer, el legislador federal –que es quien tiene la facultad
de tipificar estas conductas– hace una especie de delegación y dice: “pues si un delito
está en un tratado internacional nosotros lo
podemos tomar como si fuera parte del ámbito penal federal”. Al respecto yo no he encontrado un solo caso en el cual un agente
del Ministerio Público de la Federación –ya
no digamos un juez de distrito– vaya directamente a un tratado internacional y lo use
para fundamentar un proceso penal.
Afortunadamente algunos delitos internacionales como la desaparición forzada
y la tortura ya se tipificaron a nivel nacional, por lo que ya no es necesario recurrir
a los tratados internacionales; sin embargo,
también hay una gran cantidad de tratados
internacionales cuya obligación de tipificar
no ha sido impulsada a nivel federal.
Estas situaciones han creado en México
un serio problema de legalidad penal por la
ambigüedad en el establecimiento de los tipos penales. Para muestra está un caso al que
denominé el caso de la efedrina. La Primera
Nación (scjn) resolvió que el delito de tráfico de efedrina se sustentaba parcialmente
en el tratado internacional de la Convención
de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.
La discusión radicaba en que la efedrina no
era considerada como un elemento ilícito a
nivel nacional debido que no estaba en el
catálogo de sustancias prohibidas para el tráfico, pero sí se hallaba en el referido tratado
internacional. El quejoso (sic) alegaba que
esto indicaba una violación al principio de
legalidad penal porque tal delito debía establecerse en el ordenamiento jurídico interno. La Primera Sala concluyó que no, que
bastaba con que se encontrara en el tratado,
es decir, admitió que se hicieran remisiones
a los tratados internacionales para completar
los tipos penales.
Aunado a este tipo de resoluciones, surgen
problemas relacionados con el establecimiento de la punibilidad en el ordenamiento jurídico mexicano, ya que las penas son un requisito
formal para activar el derecho penal y, en sentido contrario, existe una prohibición jurídica
para utilizar analogías en dicha materia.
Básicamente éste es el panorama y el problema cuando se habla estrictamente de
crímenes de lesa humanidad: recae en la
falta de una obligación para tipificarlos. En
México están tipificados los casos individuales como la tortura, la esclavitud, la desaparición forzada, entre otros, pero carecen de
los elementos contextuales establecidos en
el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Otro problema tiene que ver con el hecho de que tampoco podemos remitirnos a
ese Estatuto como algunas leyes de implementación del Estatuto lo hacen, porque
terminaríamos violando el principio de legalidad penal y también un elemento que no
hemos mencionado en la discusión y que es
parte del problema: la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual
básicamente marca dos factores: el principio
de legalidad penal y el bien jurídico tutelado, establecido como una garantía en todos
los tipos penales de acuerdo con la reforma
al sistema de justicia penal de 2008.
Entonces ¿qué conviene hacer si no
existe la obligación para tipificar la categoría de crímenes de lesa humanidad? En
México podríamos no hacerlo pero, ¿esto
es conveniente? La respuesta está dada por
la Constitución: sí, porque tienes que darle
cumplimiento al principio de legalidad penal y tienes que identificar un bien jurídico
Por otra parte, la scjn y el artículo 6 del
Código Penal Federal dan herramientas
para fundar procesos penales directamente
en los tratados. Jurídicamente esta situación
parece no tener solución y se convierte en
una cuestión de política criminal. En ese
sentido me parece que lo conveniente –no
lo jurídicamente vinculante– sería tipificar
Mientras que esto no suceda quizá tendremos que recurrir a otras herramientas.
Por ejemplo, si se diera un caso en México
sería necesario, para dar cumplimiento no
a las obligaciones sino a los supuestos de
complementariedad del er, recurrir a lo
que tenemos, con el problema de que no
se estaría dando el contexto adecuado para
este tipo de conductas y eso podría invocarse como una falta de voluntad para procesar
a los responsables de las mismas.
En conclusión, considero que la discusión sobre si es deseable o no tipificar los
crímenes de lesa humanidad está empantanada y llega a un punto en el cual esta situación salta a las obligaciones jurídicas y se
convierte en un tema de política criminal.
Las víctimas ante la
¿El final del oxímoron
La humanización del derecho internacional podría explicarse como un triángulo en cuyo
vértice superior se coloca al individuo y los otros dos vértices son la protección de los derechos humanos y la atribución de responsabilidad. Este proceso ha hecho que ciudadanas y
ciudadanos, paso a paso, comencemos a ser considerados como sujetos directos de derechos
y obligaciones en el plano internacional.
La Corte Penal Internacional (cpi) supone, sin lugar a dudas, uno de los principales
logros en este proceso: un avance tanto en la atribución de responsabilidad al individuo1
como en la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, la posibilidad de enjuiciar a
quienes cometen los crímenes más graves para la comunidad es clave en la lucha contra la
mayor alidada de los violadores de los humanos: la impunidad.
En el camino de la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves las víctimas
han sido las grandes olvidadas, a pesar de que muchos de los avances en pro de la verdad,
la justicia y la reparación han venido precisamente de mano de las víctimas. Pero, ¿a qué
obedece esta paradoja? Tanto en el plano nacional como en el internacional, las víctimas
eran las grandes sacrificadas a favor de la reconciliación y la paz social, llegando incluso a
ser consideradas como freno a la misma, cuando en la práctica estaban mostrando ser el
motor. Esto mismo puede aplicarse en el plano de la justicia internacional con dos particularidades:
*	Directora de organización del Encuentro de Jóvenes Investigadores de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad de Salamanca,
España; presidenta de la Asociación de Debate y ciberactivista pro Derechos Humanos de Amnistía Internacional (ai), sección España.
1	El principio de responsabilidad individual fue reconocido por el Tribunal de Nuremberg en 1946, al señalar que “son los hombres y no las
entidades abstractas quienes cometen los crímenes cuya represión se impone como sanción del derecho internacional”.
En el camino de la lucha contra la impunidad de los crímenes más
graves las víctimas han sido las grandes olvidadas, a pesar de que
muchos de los avances en pro de la verdad, la justicia y la reparación
han venido precisamente de mano de las víctimas.
1.	Los Estados tradicionalmente eran los
únicos sujetos en el derecho internacional.
2.	En este tipo de crímenes se atribuía la
condición de víctima a la humanidad
Los tribunales de Nuremberg y Tokio no
tuvieron ninguna consideración respecto
de las víctimas, mientras que los tribunales
penales internacionales ad hoc se limitaron
al acceso de las víctimas como testigos, en
el mejor de los casos.2 Considerando como
fundamento dichas realidades, el presente
artículo tendrá como objetivo analizar la
posición de las víctimas ante la cpi, puesto
que ella constituye uno de los logros más
significativos del Estatuto de Roma (er) y,
por ende, de la cpi.
Las víctimas ante la Corte Penal
En el articulado del er se puede comprobar
la nueva posición procesal de las víctimas
ante la cpi: pasando de meras espectadoras
a intervenir como sujetos en las actuaciones. El reconocimiento de dicho estatus fue
resultado de una negociación que, como
ya he señalado, se enmarca en la creciente importancia del papel de las víctimas en
la normativa internacional sobre derechos
humanos y derecho internacional humanitario. En especial, también refleja el reconocimiento general del derecho de las
víctimas a la tutela judicial efectiva y a obtener reparaciones.
En este sentido el er encumbra tres ámbitos clave: 1) la participación de las víctimas en el procedimiento; 2) la protección de
víctimas y testigos, y 3) la reparación.3 No
obstante, si bien es cierto que el er supone
un importantísimo avance en el reconocimiento de derechos a las víctimas, éstos sólo
se enuncian. Para conocer el contenido de
los derechos, así como el concepto de víctima, es necesario acudir a las Reglas de Procedimiento y Prueba (rpp).
El concepto de víctima, concretamente,
se encuentra definido en la regla 85. Se trata
de una descripción genérica en exceso, cuyo
contenido depende de las interpretaciones
jurisprudenciales, mismas que han incluido
el daño psicológico además del daño físico.
Asimismo, Héctor Olásolo señala que, de
conformidad con la interpretación hecha
por la Sala de Cuestiones Preliminares i
(scpi), puede distinguirse entre víctimas de
la situación y víctimas del caso.4
2	En este sentido véase Juana del Carpio Delgado, Las víctimas ante los tribunales penales internacionales ad hoc, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2000.
3	El artículo 68 recoge expresamente los dos primeros bajo el título “Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las
actuaciones”; por su parte, el artículo 75 regula la reparación a las víctimas.
4	Véase Héctor Olásolo Alonso, “Cuestiones procesales y procedimentales sobre la posición de las víctimas ante la cpi”, en Kai Ambos et
al., Cuestiones esenciales en la jurisprudencia de la cpi, Granada, Comares, 2008, pp. 60-70.
La cpi se ha convertido en un tribunal para enjuiciar sólo
a los criminales de una determinada región del planeta. Como
paradoja en este caso, cabe señalar que las víctimas de los países
más pobres y menos estratégicos tendrán una mayor posibilidad
de acceder a la cpi que las de los países con mayor peso geopolítico.
La participación de las víctimas en la cpi es
uno de los mayores avances porque, como
ya se ha señalado, viene a terminar con los
siglos de olvido a los que éstas habían sido
condenadas en el ámbito internacional. Sin
embargo, la inclusión de su participación
también fue una idea muy criticada. Dichas
apreciaciones tenían como fundamento que
la participación de las víctimas podía afectar
los derechos de la parte acusada y, al mismo
tiempo, ser un obstáculo para determinar la
culpabilidad o inocencia de ésta.
El derecho de participación se encuentra regulado en el artículo 68.3 del er, en
cuya redacción consta la importancia que se
le otorga al equilibrio entre la participación
de las víctimas y el respeto a los derechos
fundamentales de las y los acusados. Asimismo, refleja la discrecionalidad de la cpi
como límite difuso a la participación de las
víctimas en las diversas etapas del procedimiento: desde la autorización para iniciar la
investigación de la scp hasta la determinación de la reparación del daño.
La scpi dispone que es necesario ajustar el contenido de la definición de víctimas
en función del objetivo de la fase procesal en
la que se aplique. La diferenciación antes
citada entre víctimas de la situación y víc-
timas del caso permite conocer con mayor
claridad el grupo de personas a quienes se
les reconoce el estatus de víctima en una
determinada fase de las actuaciones.
El concepto de víctima de la situación
sería aplicable al proceso de activación del
caso y a la fase de investigación, mientras
que el concepto de víctima del caso se debería aplicar en los procesos penales y de
reparación.5
Las víctimas, eso sí, pueden elegir libremente a un representante legal.6 No obstante, cuando existe una pluralidad de víctimas
se debe elegir a un representante común, lo
cual en ocasiones resulta sumamente complejo. Asimismo, en caso de falta de medios
para pagar a un representante legal recibirán asistencia, incluyendo apoyo financiero.
Por su parte, el marco de actuación fijado
para el representante legal está enormemente influido por el derecho estatal. En primer
lugar, tiene derecho a asistir y a participar en
todos los procedimientos y en todas las audiencias; sin embargo, la Sala puede limitarle
este derecho sólo a la presentación de observaciones y conclusiones escritas. En segundo
lugar, el representante también puede interrogar a la persona acusada pidiendo previamente permiso a la Sala competente, la cual
debe decidir teniendo en cuenta tanto los
derechos de las víctimas y testigos como de
5	Ibidem, pp. 63 y 64.
6	Reglas de Procedimiento y Prueba, regla 90.
las y los acusados, en aras de garantizar el
debido proceso. Finalmente, si lo considera
necesario, la Sala podrá hacer el interrogatorio en nombre del representante legal.
Las víctimas como testigos: medidas
Los tribunales ad hoc suponen un punto
de inflexión en este sentido. Por primera
vez en el ámbito de la justicia penal internacional se permitió a las víctimas declarar
como testigos. Ello creó la necesidad de desarrollar medidas de protección tendientes a
neutralizar los peligros a los que se exponen
al prestar su declaración, pues en muchas
ocasiones declaran bajo presión o con temor a represalias para ellas y sus familias.
Ésta es una situación especialmente traumática para las víctimas en la que deben
extremarse precauciones para evitar una
revictimización.7
La cpi desarrolla las medidas de protección a las víctimas tomando en cuenta los
avances en este sentido, así como los errores
cometidos por los tribunales ad hoc.
En el ámbito de la protección resulta
clave el establecimiento de la Dependencia de Víctimas y Testigos, ubicada en la
Secretaría de la cpi, cuyas funciones son
adoptar medidas de protección y dispositivos de seguridad, en consulta con la Fiscalía, así como prestar el asesoramiento y la
asistencia adecuados.8
De acuerdo con las rpp, la regla 86 establece como principio general el deber de la
Sala y el resto de órganos de tener en cuenta
“las necesidades de todas las víctimas y testigos […] en particular los niños, las personas
de edad [sic], las personas con discapacidad y
las víctimas de violencia sexual o de género”.
Precisamente son las víctimas de agresión
–las niñas, los niños y adolescentes–, quienes
normalmente se convierten en los principales destinatarios de las medidas de protección
del artículo 68.2, el cual atribuye a las salas:
1.	La posibilidad de decretar que una parte
del juicio en la que se presta testimonio
se lleve a cabo a puerta cerrada.
2.	Permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales.
Estas medidas suponen una excepción al
principio de audiencia pública, que se constituye como uno de los derechos de las personas acusadas; sin embargo, resultan claves
para evitar una revictimización.
La cpi también supone un hito en esta
materia. Tradicionalmente el Estado era el
único que podía exigir las indemnizaciones.
Poco a poco, desde finales del siglo pasado,
el derecho internacional fue reflejando la
necesidad de introducir un derecho de indemnización personal a la víctima.9
7	Laurence Burgorgue-Larsen, “Las víctimas del delito en el proceso penal internacional: el ejemplo de la Corte Penal Internacional”,
en Revista jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 12, 2005, p. 17, disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=1417980>, página consultada el 19 de junio de 2011.
8	Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado durante la Conferencia de Plenipotenciarios, Roma, 17 de julio de 1998,
artículo 43.6.
9	En el ámbito de la reparación véase Godfrey Musila, Rethintking Internacional Criminal Law. Restorative Justicie and the rights of
victims in the Internacional Criminal Court, Berlín, Lambert Academic Publishing, 2010.
Los tribunales ad hoc establecían la restitución de los bienes a las y los verdaderos y
legítimos propietarios, pero no la reparación
como tal, pues la indemnización quedaba
en manos de las legislaciones internas. Por
tanto, una vez más, la cpi va mucho más allá
que los tribunales ad hoc en el ámbito de la
reparación al materializar un deber ya enunciado en la esfera del derecho penal internacional.10 Para la cpi, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 75 del er, la reparación incluye la restitución, la indemnización
y la rehabilitación. Asimismo, dicho artículo
establece que la Corte podrá estimar el daño
que debe ser indemnizado, así como dictar
una decisión directamente contra la persona
condenada en la que se indique la adecuada
reparación que ha de otorgarse a las víctimas. Por último, también podrá ordenar que
la indemnización otorgada a título de reparación se pague por medio del Fondo Fiduciario. Ello es clave en caso de que quienes
hayan cometido los delitos sean insolventes,
ya que dicho fondo posibilita acceder a las
víctimas a uno de sus principales derechos:
el derecho de reparación.
¿El acceso de las víctimas a la cpi constituirá el fin del oxímoron que hasta ahora
incomprensiblemente parecían formar las
palabras víctimas y justicia internacional?
La cpi representa un hito en esta materia;
las víctimas dejan de ser objeto del procedimiento y pasan a ser sujeto del mismo, al
tiempo que pueden pedir directamente la
reparación, sin necesidad de tutela estatal.
No obstante, el principal problema sigue
siendo que la cpi se ha convertido en un tribunal para enjuiciar sólo a los criminales de
una determinada región del planeta. Como
paradoja en este caso, cabe señalar que las
víctimas de los países más pobres y menos
estratégicos tendrán una mayor posibilidad
de acceder a la cpi que las de los países con
mayor peso geopolítico. Por lo tanto, si bien
es cierto que el oxímoron parece desaparecer teóricamente, en la praxis esto dependerá de la posición de la persona acusada en la
cadena de mando y de la región del planeta
donde ocurran los hechos.
Una vez más, con independencia de
que paradójicamente beneficia a las víctimas más débiles, el principal problema sigue siendo que la cpi se ha convertido en
un tribunal esclavo de la “realpolitik”. Las
soluciones para que haya un mayor acceso
de las víctimas a la justicia internacional
acaban siendo prácticamente las mismas
que las reclamadas para un funcionamiento
más eficaz de la cpi. La posibilidad, entre
otras, de que se tenga en cuenta la competencia universal en lugar de sólo la automática, o de que sea la Asamblea General de
las Naciones Unidas, y no el Consejo de Seguridad, quien pueda remitir una situación
al fiscal hoy parecen utópicas; sin embargo,
vale la pena seguir reivindicándolas, pues la
impunidad es de rápido contagio. Si realmente buscamos un antídoto, precisamente
los privilegios como la prerrogativa del Consejo de Seguridad para suspender una investigación o enjuiciamiento no son la clave y
obviamente tampoco ayudan a liberar a la
cpi de la esclavitud en la que se halla sometida por la “realpolitik”.
10	Laurence Burgorgue-Larsen, op. cit., p. 27.
NĂşmero 07 - Julio 2011
El dilema de la cpi para
y mantener la paz
Graciela Zamudio Campos*
Cerca de su cumplir su primera década como tribunal internacional permanente
e independiente, dedicado a investigar y responsabilizar penalmente a los perpetradores
de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, la Corte Penal Internacional (cpi)
ha abierto la investigación de 261 casos relacionados con delitos presuntamente cometidos
en seis Estados africanos: Libia, Kenia, Sudán (Darfur), Uganda (Ejército de Resistencia del
Señor (ers)), República Democrática del Congo y la República Central Africana. En ninguno
se ha dictado condena hasta este momento.
Según el Estatuto de Roma, en vigor desde el 1 de julio de 2002, la jurisdicción de la cpi
es complementaria porque es la encargada de investigar y enjuiciar a los perpetradores de
los delitos indicados que sean cometidos en el territorio de sus Estados miembros o por sus
nacionales, o por referencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y únicamente en los casos en que los tribunales nacionales con jurisdicción sobre estos crímenes
carezcan de la capacidad o la disposición para hacerlo por sí mismos, es decir, cuando los
gobiernos carezcan de la infraestructura jurídica necesaria o cuando pretenden blindar a
las o los culpables de su responsabilidad.
Por su actuación en la definición de los criterios de selección de los casos que se han
abierto a investigación, el fiscal se ha convertido en una figura primordial en el desarrollo
de la política criminal de la cpi. Particularmente, los casos contra Omar Hassan al-Bashir
y Thomas Lubanga Dyilo han despertado en los observadores internacionales cuestionamientos en torno al efecto preventivo general de los procesos de la cpi, a sus consecuencias
en materia de paz y justicia, y a su objetividad, inclusive.
*	Abogada por la Escuela Libre de Derecho con maestría en derecho internacional público; experta en la implementación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos desde instancias nacionales e internacionales, como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte idh) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh).
1	Disponible en <www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Cases>, página consultada el 8 de junio de 2011.
La situación en Darfur ofrece diversas particularidades en tanto que fue referida por
el Consejo de Seguridad en septiembre de
2004 y Sudán no es un Estado Parte del Estatuto. El 4 de marzo de 2009 la cpi giró orden
de aprehensión contra el presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir, por considerarlo
probable responsable de la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra en su
calidad de jefe de Estado y comandante en
jefe de las fuerzas armadas de ese país, cuya
estrategia militar tuvo un apoyo importante
en los ataques generalizados y sistemáticos
contra civiles ocurridos en la región de Darfur. La determinación constituye el primer
intento de perseguir a un jefe de Estado.
En lugar de extender la investigación a
otros individuos en el mismo o similar nivel
de responsabilidad y construir así una red de
persecución efectiva, el fiscal decidió solicitar a los jueces de la cpi una nueva orden de
aprehensión contra al-Bashir con motivo
de su probable responsabilidad en el delito de
genocidio, la cual fue concedida hasta el 10
de julio de 2010, probablemente porque era
la primera en contra de un jefe de Estado
La medida no gozó de popularidad entre los activistas de Darfur pues consideraron
que, incluso en las mejores circunstancias de
investigación, alegar genocidio habría sido
ambicioso debido a que la responsabilidad de
al-Bashir por tratar de destruir las comunidades étnicas de la región es un tema que ofrece intenso debate, tal como lo concluyó la
Comisión Internacional de Investigación en
su reporte de enero de 2005.2 Adicionalmente, tras la orden de aprehensión se expulsó
a las organizaciones de ayuda en detrimento
de las operaciones por la paz, lo que nuevamente condenó la estrategia del fiscal.
A pesar de la intensificación de su persecución, al-Bashir ha logrado viajar alrededor
de África y el mundo árabe y también a los
Estados que son partes en el Estatuto, como
Chad y Kenia. Y es que, si bien el Consejo
de Seguridad fue aplaudido por su gallardía
al referir la situación de Darfur, su apoyo a
la cpi ha resultado inconsistente en la ejecución de sus órdenes de aprehensión, pues
no ha establecido sanción alguna para los
gobiernos que hacen caso omiso de la ejecución de dichas órdenes. Esto sin mencionar
que tanto Sudán como los demás países, aun
los que no son parte del Estatuto de Roma,
están obligados a coadyuvar en estos menesteres en virtud de que la orden se originó por
una resolución del Consejo de Seguridad,
dictada con base en las facultades establecidas en el capítulo vii de la Carta de las
Las dificultades que se presentan para
conseguir el arresto de un jefe de Estado
revelan la llamada paradoja de la complementariedad, como el cúmulo de tensiones
existentes entre el brazo universal de la cpi
y su dependencia del poder de ejecución de
los Estados. Se debe a que este tribunal internacional tiene competencia únicamente
respecto de los delitos cometidos en Estados en que la debilidad del sistema jurídico
impide que se responsabilice a sus perpetradores adecuadamente; en consecuencia, es
justo la falta de capacidad o disposición del
gobierno para llevar a los culpables de dichos crímenes ante la justicia lo que genera
la falta de apoyo de los Estados, sean miembros o no del Estatuto.
La situación del ers en Uganda, Estado
Parte de la cpi, se abrió a la investigación
2	Reporte de la Comisión Internacional de Investigación en Darfur para el secretario general de las Naciones Unidas, respecto de la Resolución 1564 del Consejo de Seguridad del 18 de septiembre de 2004, 25 de enero de 2005.
La necesidad de un balance entre la paz y la justicia se hace
evidente porque resulta difícil de sostener que el enjuiciamiento
de un pequeño número de personas debe tener prioridad frente
a un acuerdo de paz capaz de terminar con las condiciones a las
que propias víctimas del conflicto son sometidas cotidianamente.
con motivo de la referencia del propio gobierno a esta corte penal en 2003. El fiscal
acusó a este grupo rebelde de establecer
un patrón de brutalidad contra civiles,
consistente en asesinato, desaparición forzada, esclavitud sexual, mutilación y otros
crímenes de lesa humanidad y de guerra;
en octubre de 2005 la cpi liberó una orden
de aprehensión contra Joseph Kony, líder
del ers, así como contra sus comandantes
Vincent Otti, Okot Oghiambo, Dominic
Ongwen y Raska Lukwiya. Los nombrados
en primero y último lugar han muerto, y se
sospecha que los demás se encuentran en
territorios aledaños.
Al igual que el de al-Bashir, éste es un
caso representativo de los efectos de la actividad de la cpi en los procesos de paz que se
desarrollan en contextos de conflicto, pues
las órdenes de aprehensión fueron cruciales
para lograr que el ers y el gobierno negociaran el cese de hostilidades en agosto de
2006; sin embargo, también han constituido
impedimentos para alcanzar un acuerdo final de paz en este conflicto de largo plazo.
La necesidad de un balance entre la paz
y la justicia se hace evidente porque resulta
difícil de sostener que el enjuiciamiento de
un pequeño número de personas debe tener
prioridad frente a un acuerdo de paz capaz
de terminar con las condiciones a las cuales
las propias víctimas del conflicto son sometidas cotidianamente.
La situación en Kenia ha levantado justamente este tipo de preocupaciones, ya que
los juicios ante la cpi podrían desestabilizar
la frágil tregua política que ha permitido un
poco de unidad nacional aunque, igualmente, la estabilidad podría arriesgarse debido a
la falta de rendición de cuentas respecto de
Es cierto que las investigaciones de la
cpi son indudablemente un paso decisivo contra la impunidad en el continente
africano; sin embargo, resulta inevitable la
zozobra respecto de la soberanía de África,
especialmente si se considera la larga historia de intervención extranjera a la que ha
sido sometida. Además, los cuestionamientos sobre la prioridad que ha dado la cpi
a situaciones ocurridas en países africanos
El fiscal y demás simpatizantes de la cpi
han sostenido la inexactitud de las acusaciones respecto del deseo de evitar la confrontación política con las grandes potencias y
han justificado esta inclinación en el objetivo de acabar con la impunidad que se
aloja y fortalece en los sistemas particularmente vulnerables, la cual parece ubicarse
por coincidencia en el continente africano.
Adicionalmente, el fiscal ha defendido sus
decisiones con el criterio de la gravedad relativa de los abusos y argumenta que las situaciones y los casos abiertos a investigación
obedecen a su nivel de gravedad.
El fiscal aún tiene en el tintero buenas
oportunidades para ganar credibilidad en su
discurso ya que ha abierto diversas indagatorias preliminares en Guinea, Nigeria, Costa
nal internacional ha concentrado su fuerza
persecutoria se ha convertido no solamente
en terreno fértil para la prosecución de atrocidades, dada la tensión política que han
generado las acciones de la cpi; sino que
también ha resultado absolutamente indiferente a la obligación de coadyuvar con la
finalidad de la comunidad internacional de
proteger los derechos humanos frente a la
Es así como se advierte que, a pesar de
que el objetivo de la disuasión ha sido especialmente relevante en las investigaciones
de la cpi en África porque se han centrado
en regiones donde las atrocidades están en
curso o donde han terminado recientemente, el efecto de su actividad es difícil de evaluar y sólo queda esperar, pues los cambios
en la conducta de los perpetradores pueden
ser visibles sólo en el largo plazo.
de Marfil, y en países fuera de África como
Afganistán, Colombia, Georgia, Honduras
y República de Corea.
El requisito de gravedad de los delitos
cometidos como un elemento del análisis para la admisibilidad de los casos ante
la jurisdicción de la cpi merece un estudio
separado que lo desvincule del número de
víctimas, por ejemplo; y su futura conceptualización, a partir de las decisiones del
fiscal, la cpi y el Consejo de Seguridad, deberá estar en constante vigilancia.
Considerando que algunos de los arrestos de la cpi se han logrado a través de Estados Parte que no conforman el continente
africano y que la mayoría de los Estados africanos que son parte en el Estatuto de Roma
también han completado convenios con
Estados Unidos contra la efectividad de la
cpi, es claro que la región en que este tribu-
Ciertamente no se puede dejar de observar
que a través del desarrollo de los procesos
de paz y justicia que la actuación de la cpi
ha generado, con éxito o sin él, los países
han hecho esfuerzos para amoldar sus propios procedimientos penales a los juicios
justos que garantizan derechos humanos.
La fallida internalización del derecho penal
internacional también constituye un avance
en el presente y el futuro de su realidad, de
El reto del próximo fiscal de la cpi 3 será
diseñar estrategias de persecución penal que
hagan efectiva la estructura del orden jurídico
internacional disponible para la penalización
de los crímenes más graves que afectan a la
comunidad internacional, sin poner en peligro
los procesos de negociación de la paz en los
conflictos en activo o recientemente concluidos. Tal vez la publicación de las órdenes de
presentación en lugar de las órdenes de aprehensión que el fiscal ha implementado en los
casos derivados de la situación en Kenia constituya el primer paso para atender estas necesidades de balance en la actividad de la cpi.
Joseph Pony (muerto)
Raska Lukwiya (muerto)
Bahr Abu Garda (desestimado)
3	En diciembre de 2011 la Asamblea de Estados Partes (aep) –órgano administrativo de la cpi– elegirá a seis nuevos magistrados y a un
nuevo fiscal.
también tienen derechos**
Bin Laden no debió ser eliminado
sin más, aunque se tratase
de un conflicto armado
Los terroristas, tambi��n Osama Bin Laden, son humanos. Como tales, tienen derechos
humanos. Entre ellos se encuentran los derechos a la vida, a un trato humano y a un proceso
penal justo. Los derechos humanos fundamentales permanecen vigentes también en un
estado de excepción. El derecho a la vida es abrogado en tiempos de paz sólo de forma
excepcional, sobre todo en casos de legítima defensa. Si es cierto que Bin Laden se encontraba
desarmado y fue selectivamente asesinado no tendría aplicación la legítima defensa, pues
ella requiere una agresión actual y antijurídica sobre las fuerzas especiales que intervinieron.
Teóricamente también sería posible una errónea suposición de la situación de legítima
defensa, pero el homicidio seguiría siendo objetivamente antijurídico. A diferencia de lo
que piensa el presidente estadounidense Barack Obama, esto no sirve a la justicia, sino que
más bien la perjudica.
Un Estado de derecho trata con humanidad también a sus enemigos; captura terroristas y
los lleva ante un tribunal, como la República Federal de Alemania hizo con la Fracción del
Ejército Rojo (raf) y hace actualmente con miembros de Al Qaeda. Si se establece la culpabilidad de estas personas en un debido proceso conducido ante un tribunal imparcial, ellas
pueden ser condenadas a severas penas, e incluso en algunos países como Estados Unidos
a la pena de muerte. Un homicidio sin un proceso judicial es una ejecución extrajudicial,
por la cual Estados criminales son demandados frente a organismos de derechos humanos.
*	Catedrático de derecho penal, derecho procesal penal, derecho comparado y derecho penal internacional en la Georg-August-Universität Göttingen; y juez del Tribunal Provincial (Landgericht) de Göttingen.
**	Artículo publicado originalmente en el Frankfurter Allgemeine Zeitung el 5 de mayo de 2011, p. 6. Traducción del alemán de Andrés
Falcone; revisión de Ezequiel Malarino y del autor.
A diferencia de lo que piensa
Barack Obama, el homicidio de
Bin Laden no sirve a la justicia,
sino que más bien la perjudica.
En la guerra, es decir en un conflicto armado en el sentido del derecho internacional humanitario, la situación jurídica es algo
distinta. Aquí se puede dar muerte a personas, siempre que tomen parte activa y directamente en las hostilidades. La prohibición
de matar se suspende en conflictos armados
internacionales para los combatientes y en
conflictos armados no internacionales para
los combatientes de facto. Éstos pueden ser
selectivamente asesinados si se cumplen
ciertos requisitos, entre los que destaca el
respeto al principio de proporcionalidad,
según el cual se deben preferir las medidas
menos lesivas (arrestos) y evitar víctimas civiles innecesarias. Si esto ocurre en territorio
extranjero, ese Estado debe aprobar la operación; de otro modo, habría una lesión de
la soberanía contraria al derecho internacional. En contra de ciertas declaraciones escuchadas en estos días, las resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo internacional, especialmente contra Al Qaeda
(Resolución 1267 de 1999 hasta Resolución
1974 de 2011) no autorizan este tipo de operaciones en territorio extranjero, el arresto
de sospechosos de terrorismo ni mucho menos su asesinato. De estas resoluciones no se
deriva nada más que la clásica obligación de
extradición o enjuiciamiento (aut dedere aut
iudicare) de sospechosos de terrorismo.
La admisibilidad del asesinato selectivo
fracasa en este caso, porque Estados Unidos,
a pesar de la confusa retórica de la “guerra
contra el terrorismo”, no se encuentra en
un conflicto armado contra Al Qaeda. Una
red terrorista suelta y descentralizada no
reúne los requisitos de una parte en conflicto en el sentido del derecho internacional
humanitario. Le falta sobre todo una estructura de comando centralizada y jerarquizada militarmente, además del control de un
determinado territorio. Si se proclamara que
existe un conflicto armado mundial contra
Al Qaeda, entonces todo el globo sería un
campo de batalla y la clásica comprensión
de conflicto armado, como una contienda
militar limitada a un territorio soberano estatal, se extendería desmesuradamente. Si
bien no se puede negar que en conflictos armados pueda haber cruces de frontera, como
la retirada de una parte en conflicto en territorio soberano de un Estado vecino (el
caso de los talibanes afganos en el territorio
del vecino Pakistán), la extensión extraterritorial permanecería vinculada al conflicto
territorial inicial y no convertiría al mundo entero en un campo de batalla con imprevisibles consecuencias para quienes, en
función de objetivos militares, son declarados sospechosos de terrorismo. En última
instancia, una disputa mundial semejante
arrastraría el conflicto a todos los países en
los que se encuentren terroristas, aunque el
Estado que conduce la ofensiva no esté en
guerra con ninguno de ellos. Finalmente,
incluso si se aceptara un conflicto armado
entre Estados Unidos y Al Qaeda, sólo las
personas que directamente participan en
las hostilidades podrían ser objetivos militares del ataque. Ellas deberían, por ejemplo,
conducir operaciones militares, ordenarlas
o planearlas en gran medida. Además, deberían ejercitar una permanente función de
combate. Esto tampoco es seguro en el caso
de Bin Laden pues, según la opinión de mu-
chos, en los últimos años él era tan sólo el
líder espiritual de Al Qaeda, sin influencia
en operaciones militares concretas.
Más allá de estas complejas e intrincadas cuestiones jurídicas se plantea una
pregunta aún más fundamental: ¿niega entonces el mundo occidental los derechos a
la vida y humanos a sus enemigos y los pone
a merced de una indiscriminada caza militar? Plantear esta pregunta significa negarla. La superioridad política y moral de una
sociedad libre y democrática radica precisamente en que también trata a sus enemigos
como personas con derechos mínimos y no
se pone en el mismo nivel que ellos. Por
tanto, no se lleva a cabo una “guerra” contra terroristas, sino que se les combate con
el derecho penal del Estado de derecho.
Sólo así se presta un servicio a la justicia y
se crea la base para la superación del injusto
La admisibilidad del asesinato selectivo fracasa en este caso, porque
Estados Unidos, a pesar de la confusa retórica de la “guerra contra
el terrorismo”, no se encuentra en un conflicto armado contra Al Qaeda.
Una red terrorista suelta y descentralizada no reúne los requisitos de una
parte en conflicto en el sentido del derecho internacional humanitario.
Presenta ombudsman Informe
Caso de falta de accesibilidad y seguridad
en el Centro de Transferencia Modal
Pantitlán*
Peticionaria: Una persona que presentó su queja ante este organismo y que pidió que sus datos fueran
Agraviadas: Las personas usuarias del Centro de Transferencia Modal en el Paradero Pantitlán (CetramPantitlán), particularmente aquellas que pertenecen a grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, como personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, y mujeres, entre otras.
Autoridades responsables: Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal y delegación Venustiano Carranza.
Derechos vulnerados: Derecho a la protección de las personas adultas mayores, derecho a la protección de
las personas con discapacidad, derechos de las niñas y los niños, y derechos de las mujeres.
El 20 de enero y el 23 de febrero personal de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal aceptó la
totalidad de las acciones que les fueron recomendadas. Por su parte, el 28 de enero la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal aceptó el cuarto punto recomendatorio; sin embargo, el 29 de mayo
expuso que no aceptaba los puntos recomendatorios séptimo y octavo. Finalmente, el 31 de marzo la
delegación Venustiano Carranza no aceptó el quinto punto recomendatorio; aceptó de manera parcial el
sexto y el octavo, y en su totalidad el séptimo.
El 13 de febrero de 2006 este organismo recibió el escrito de la persona peticionaria en el que manifestó
que desde hacía aproximadamente dos años había solicitado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a
la delegación Venustiano Carranza, a la Secretaría de Transportes y Vialidad, y al Sistema de Transporte
Colectivo Metro que se realizara una extensión de pasarela elevada o puente peatonal que conectara
el acceso peatonal al paradero del Centro de Transferencia Modal Pantitlán (Cetram-Pantitlán) con la
avenida Gustavo Díaz Ordaz, a la altura de la calle Fernando López Arias, en virtud de que dicha zona
del paradero es de alto riesgo vial, pues incluso habían fallecido varias personas en su intento de cruzar
las avenidas aledañas para ingresar a dicho Centro.
*	N. del E.: Ésta es una síntesis de los instrumentos recomendatorios que emite la cdhdf. Para conocer en su totalidad esta Recomendación véase <www.
cdhdf.org.mx/images/pdfs/recomendasiones/2010/reco_1110.pdf>.
Posteriormente, la persona peticionaria precisó a este organismo que, como resultado de su solicitud, se
llevaron a cabo diversas reuniones interinstitucionales en las que participó y se concluyó que la obra a que
se hace alusión en el párrafo anterior era favorable en términos de vialidad, pero que no se había concretado por falta de presupuesto y porque las autoridades involucradas no habían definido a quién correspondía
Al secretario de Gobierno del Distrito Federal
Primero: Convoque a una mesa interinstitucional a través de la cual se coordinen las acciones y presupuestos necesarios para la construcción de la extensión de la pasarela que conecte al Cetram-Pantitlán con la avenida Gustavo Díaz Ordaz y/o las obras que garanticen condiciones de accesibilidad
segura a las personas usuarias de dicho Cetram.
Segundo: Realice las gestiones necesarias, entre otras, la vinculación con la Secretaría de Transportes y
Vialidad y la delegación Venustiano Carranza, para que se inicien las obras requeridas en el CetramPantitlán en 2011 y sean concluidas a más tardar en 2012.
Tercero: Derivado del punto anterior, dé seguimiento a las acciones emprendidas hasta la concreción de
la obra, de acuerdo con el plan de construcción que se haya definido.
Al secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal
Cuarto: Asista a las reuniones a las que convoque la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal para
cumplir con los objetivos planteados en los puntos primero y segundo, y realice las acciones necesarias para su cumplimiento.
Al jefe delegacional en Venustiano Carranza
Quinto: Asista a las reuniones a las que convoque la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal para
Sexto: Diseñe e implemente un programa que impulse el reordenamiento del comercio en vía pública
dentro del Cetram-Pantitlán y en las calles aledañas a éste para que se permita el tránsito y el libre
acceso seguro a las personas usuarias.
Al secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal y al jefe delegacional en Venustiano Carranza
Séptimo: De conformidad con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, implementen
capacitación sobre presupuesto y políticas públicas con enfoque de derechos humanos y género,
dirigida a sus mandos medios y superiores.
Octavo: En un plazo que no exceda de un mes, busquen la coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal y con autoridades del Estado de México para que implementen un programa que fortalezca la cultura vial y de tránsito en el lugar de los hechos.
Envía cdhdf Recomendación
3/2011 a la pgjdf
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) envió la Recomendación 3/2011 a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (pgjdf), por un caso de retardo injustificado en
la integración y determinación de la averiguación previa y la negativa a investigar diligentemente.
El caso tiene como contexto la desaparición y proceso de disolución de la antigua empresa paraestatal
Ruta 100, a la que se asocia su organización de trabajadores, a través del Sindicato Único de Trabajadores
de Autotransportes Urbanos de Pasajeros, que agrupó a 24 mil miembros.
La liquidación, en 1996, estuvo a cargo de Banobras, pero ixe Banco S. A. Institución de Banca
Múltiple trató como Fiduciaria con ocho mil extrabajadores sobre el monto que deseaban aportar para
la adquisición de las concesiones, siendo requisito aportar como mínimo 30% de su liquidación y como
máximo 100%, con lo cual se formó el Fideicomiso F/100 y, posteriormente, los fideicomisos F/100-7 y
F/100-4.
En julio de 2001 las y los peticionarios presentaron una denuncia de hechos por actos relacionados
con la administración fraudulenta que la fiduciaria, el comité técnico, tres administradoras y la coadministración realizaron respecto del fideicomiso de inversión y administración denominado F/100, también
conocido como F/100-7 o F/100-4.
La investigación quedó radicada en la Unidad de Investigación C-1, de la la Fiscalía Central de
Investigación para Delitos Financieros (fdf) de la pgjdf, con el expediente FDF/C/520/01-07 y sus
De 2001 a 2003, las acciones de investigación de la autoridad ministerial se limitaron a recibir las
declaraciones y documentos aportados por los querellantes, y a envíar requerimientos de información a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv) y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Fua hasta octubre de 2009, a más de ocho años de radicada la averiguación, que el personal ministerial volvió a solicitar información a la cnbv y a la Secretaría de Transporte y Vialidad, así como un
peritaje de carácter contable.
En mayo de 2010, el Ministerio Público a cargo de la averiguación envió el primer oficio recordatorio
a la cnbv para que remitiera la información requerida en su totalidad.
No obstante la escasa investigación por parte del Ministerio Público responsable de la indagatoria
y, por ende, la falta de agotamiento de todas las líneas de investigación, en 2006 propuso y aprobó el no
ejercicio de la acción penal, resolución que fue improcedente debido al recurso de inconformidad interpuesto por las y los peticionarios.
Las personas peticionarias impulsaron la investigación a través de reuniones y promociones; utilizaron los medios y recursos jurídicos a su disposición; presentaron diversas quejas ante la cdhdf en julio de
2009 y abril de 2010; asistieron a reuniones de trabajo con la autoridad ministerial y con el titular de la
pgjdf; y buscaron la información requerida por el Ministerio Público.
A pesar de la alta complejidad del asunto, para la cdhdf no hay justificación válida ni suficiente por
el retardo de casi 10 años, considerando que la investigación está a cargo de una instancia –fdf–, que
debe tener un perfil de alta especialización en estos asuntos.
El retardo es injustificable a la luz de la pasividad del personal ministerial en los años posteriores a
la denuncia (2001-2008); y de desorganización y descuido en la práctica de las diligencias al preparar la
segunda consignación, en agosto de 2010.
La pasividad de la autoridad contrasta con la postura proactiva de las víctimas y querellantes en la
indagatoria, sobre quienes ha recaído el procedimiento, la búsqueda de información y de documentos
para la correcta investigación del asunto.
Para la cdhdf la falta de actuación de la autoridad ministerial generó el fracaso de dos intentos de
ejercicio de la acción penal, además de la probable pérdida o daño de evidencias, afectando irreparablemente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
El proceso de investigación no ha recabado las evidencias necesarias para la correcta integración de
la averiguación, lo que es incompatible con el derecho a la determinación, dentro de un plazo razonable,
de cualquier procedimiento que involucre los derechos de una persona.
Por lo anterior, la cdhdf concluyó que la pgjdf incurrió en un retardo injustificado al integrar la
averiguación previa, vulnerando los derechos a la pronta y oportuna impartición de justicia, y al debido
proceso de las víctimas y peticionarios.
Lo expresado evidencia que la pgjdf, ante un asunto de gran complejidad y con considerables repercusiones económicas para un número importante de personas, adoptó una actitud pasiva e indiferente,
que es contraria a los principios de eficacia y eficiencia que debe observar el Ministerio Público.
Derivado de su investigación, la cdhdf emitió siete puntos que se asentaron para su cumplimiento
por parte de la pgjdf, en la Recomendación 3/2011.
FotografĂ­a: CortesĂ­a Museo Memoria y Tolerancia/un.
fiscal y seis nuevos jueces
para la cpi
1995. Hoy cuenta con más de 2 500 organizaciones alrededor del mundo que trabajan para
fortalecer la cooperación con la Corte Penal Internacional (cpi) y promover la adopción
de leyes efectivas que le otorguen justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de
lesa humanidad y genocidio.
Tras la adopción del Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998, la Coalición se abocó
plenamente a implementar una campaña orientada a conseguir el número necesario de
ratificaciones para la entrada en vigor del Estatuto, lo cual se logró el 1 de julio de 2002
tras la consecución de la 60ª ratificación. Así, contrario a la percepción inicial de que
tomaría muchos años obtener las 60 ratificaciones –visión alimentada por la fuerte oposición a la Corte por parte de algunas potencias mundiales en ese momento–, el Estatuto de
Roma entró en vigor tan sólo cuatro años después de su adopción en Roma, dando lugar
a la implementación de todo un sistema cuyo eje radica en evitar la impunidad ante la
comisión de los crímenes más graves que afectan a la humanidad en su conjunto.
El compromiso de la Coalición hacia el funcionamiento cabal de la primera corte penal
internacional de carácter permanente y con vocación universal se tradujo en una serie de
líneas de acción que se han ido perfilando y definiendo con el pasar de los años. Entre ellas
podemos mencionar las acciones adoptadas en torno a la universalidad del Estatuto de
Roma; las actividades realizadas para garantizar la implementación del Estatuto; el monitoreo constante de las investigaciones de la Corte en lo que se refiere tanto a situaciones bajo
investigación como a situaciones bajo examen preliminar; el monitoreo de temas relevan-
*	Michelle Reyes Milk se desempeña como oficial de Enlace para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional; Sunil Pal
es jefe de la Sección Legal de la Coalición por la Corte Penal Internacional. Una versión similar de este artículo apareció publicada en El
Monitor, Diario de la Coalición por la Corte Penal Internacional, núm. 42, mayo-octubre de 2011.
tes que afectan el funcionamiento diario de la cpi, tales como el
presupuesto, la participación de
las víctimas y el tema de reparaciones; la cooperación de los Estados con la Corte; y la elección
de oficiales (magistrados y fiscal) de
la cpi, entre otros.
La labor de la Coalición no se
limita a un simple monitoreo de
los temas. Por medio de distintos
equipos temáticos, la ccpi participa con comentarios y propuestas
que influyen en distintas políticas
de la Corte, en la adopción de resoluciones aprobadas en el marco de
Naciones Unidas y en propuestas
concretas relativas a enmiendas al
propio Estatuto de Roma, algunas
de las cuales fueron consideradas
durante la Conferencia de Revisión del Estatuto llevada a cabo
en Kampala, Uganda, en junio de
El proceso, sin duda, no ha
estado exento de desafíos y oportunidades. La consolidación de la labor de la Coalición no sólo la llevó
a entablar y fortalecer relaciones
con la sociedad civil a nivel global,
sino también a afincar y reforzar su
relación con organizaciones internacionales y regionales así como
con Estados. En el caso de estos
últimos, la colaboración y el trabajo conjunto resultan esenciales si
se tiene en cuenta que el sistema
del Estatuto de Roma se encuentra
diseñado en torno a la jurisdicción
primaria de los Estados. En otras
palabras, con base en el principio
de complementariedad, la jurisdicción de la Corte se activa únicamente cuando los Estados “no
pueden” o “no quieren” investigar
y perseguir a los presuntos autores
de crímenes internacionales.
De este modo, el trabajo conjunto con los Estados se ha ido
forjando en temas esenciales
como promover las ratificaciones
o adhesiones al Estatuto, promover el trabajo y la jurisdicción de
la Corte, capacitar a funcionarios
gubernamentales y otros actores,
promover la adopción de leyes nacionales que incluyan los crímenes
contemplados en el Estatuto, etc.
Aún queda mucho por hacer, pero
hoy en día podemos hablar de 116
Estados que han reconocido la jurisdicción de la cpi y de otros 62
que han adoptado legislación total
o parcial con respecto a los crímenes y principios contemplados en
el Estatuto y a las leyes de cooperación con la cpi.
Finalmente, en la materia
que nos ocupa, cabe indicar que
la Coalición ha estado monitoreando activamente el tema de las
elecciones de magistrados y otros
puestos clave dentro de la estructura de la cpi desde sus inicios, y
que actualmente en el marco de
la próxima elección del fiscal, se
encuentra haciendo lo mismo. A
través de importantes acciones que
han tenido como objetivo promover la nominación y elección de
las y los candidatos mejor calificados para ocupar estos puestos clave, la Coalición ha reafirmado la
importancia de sostener elecciones justas, transparentes y basadas
en el mérito de las y los candidatos, evitando así la politización de
las mismas. Es finalmente a través
de funcionarios del más alto nivel
dentro de la Corte que se podrá
aspirar hacia una justicia internacional eficaz e independiente que
se centre en la tarea esencial de
evitar la impunidad y brindar a las
víctimas de los crímenes más graves una justa reparación.
Los años 2011 y 2012 estarán marcados por un cambio significativo
en el liderazgo de la cpi. Del 12 al
21 de diciembre de 2011, la Asamblea de Estados Partes (aep) –el
órgano administrativo de la Corte–
elegirá a seis nuevos magistrados y
a un nuevo fiscal. También se celebrarán elecciones para designar
a un nuevo presidente de la aep,
dos vicepresidentes, 21 miembros
de la Mesa (Comité Ejecutivo de
la aep) y seis miembros de la Comisión de Presupuesto y Finanzas.
Asimismo, a principios de 2012, la
Corte celebrará elecciones para
los cargos de presidente y vicepresidentes de la cpi.
Éstas son las elecciones más
Corte desde sus elecciones inaugurales de 2003 y tendrán un
importante impacto en el trabajo,
la credibilidad y el legado de la
Corte y del sistema del Estatuto
de Roma en la próxima década.
Las elecciones de 2011 coincidirán con el cierre de los primeros
casos de la cpi y la conclusión de
los mandatos de los tribunales ad
hoc y especiales, lo que afectará
sin duda el curso de la cpi. En este
contexto, es inevitable destacar la
importancia de celebrar elecciones independientes, transparentes,
justas y basadas en el mérito de las
y los candidatos. Los Estados Parte
del Estatuto de Roma, por tanto,
tienen la responsabilidad de nominar a las y los candidatos mejor
calificados a través de un proceso
transparente y activo que incluya a
la sociedad civil, expertos legales y
Promoviendo elecciones justas
y transparentes en la cpi
De acuerdo con el Estatuto de
Roma (er), las y los jueces serán
elegidos “entre personas de alta
consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las
ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos
países” (artículo 36.3 del er). Todos los candidatos deberán ser na-
cionales de un Estado Parte y sólo
los Estados Parte podrán votar.
En diciembre de 2011, la Asamblea elegirá seis nuevos magistrados
para cubrir los puestos de las y los
magistrados salientes: Fatoumata
Dembele Diarra (Malí), Elizabeth
Odio Benito (Costa Rica), Adrian
Fulford (Reino Unido), Sylvia Steiner (Brasil), David Ntanda Nsereko
(Uganda) y Bruno Cotte (Francia),
con el fin de completar la judicatura de 18 magistrados.
Fotografía: Cortesía Museo Memoria y Tolerancia/ushmm/National
Actualmente ésta se compone
de 11 mujeres y siete hombres que
representan las diferentes regiones
y sistemas jurídicos del mundo y
está dividida entre 12 expertos en
–que pertenecen a la categoría
establecida por el er como “lista A”– y seis expertos en derecho
internacional, que incluye el derecho internacional humanitario y el
derecho internacional de los derechos humanos –“lista B”.
Con el fin de garantizar que
la composición de la judicatura
cumpla con estas condiciones de
género y representación regional,
experiencia en derecho penal e internacional y la representación de
los diferentes sistemas jurídicos del
mundo, las elecciones judiciales
de la cpi están sujetas a requisitos
mínimos de votación. Esto significa concretamente que a la hora
de votar en diciembre de 2011, los
Estados deberán hacerlo un número mínimo de veces, de acuerdo con una fórmula prestablecida,
por los candidatos de las áreas que
no cuenten con suficiente representación en la judicatura. Según
estos requisitos, los Estados que
voten en las elecciones de 2011
deberán hacerlo al menos por tres
candidatos de la “lista A”, dos del
Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), uno del grupo de
Estados de Europa oriental, y por
dos candidatos masculinos como
La Coalición ha defendido sistemáticamente la importancia de
celebrar elecciones justas, independientes y transparentes, y con-
sidera fundamental para esta tarea
la nominación y la elección de las
personas mejor calificadas. En tal
sentido, resulta esencial que los
Estados se abstengan de participar en el intercambio de votos
basados en intereses políticos, lo
que afectaría un proceso que debe
apuntar a la elección de candidatos altamente calificados y dejar
de lado el matiz político.
El Estatuto de Roma prevé
la creación de un comité asesor
para las candidaturas por parte de
la aep, si ésta lo considera necesario
(artículo 36.4c), el cual ayudaría a
asegurar que los procesos de candidatura y elección que se lleven a
cabo estén basados en el mérito. A
pesar de que a la fecha dicho comité aún no ha sido establecido, en
su sesión de diciembre de 2010, y
en parte gracias a la campaña de la
Coalición, la aep estableció un comité asesor con el mandato de recibir y revisar todas las candidaturas
de las futuras elecciones judiciales.
Sin embargo, éste no evaluará las
candidaturas de las próximas elecciones, debido a que aún estaría en
A causa de este vacío, en parte, y con el objetivo de mejorar el
proceso de nominación y elección
de las y los candidatos a las plazas judiciales dentro de la cpi, la
Coalición estableció un Panel Independiente sobre las Elecciones
Judiciales de la Corte Penal Internacional, el cual está conformado por expertos de alto nivel que
ofrecerán una evaluación competente, imparcial e independiente
de las y los candidatos propuestos
por los Estados Parte. El Panel
examinará si las y los candidatos
cumplen con los requisitos descritos en el artículo 36 del er, por lo
que su evaluación se restringirá a
los criterios establecidos en dicho
artículo. No obstante, el Panel no
apoyará ni se opondrá a ninguna
candidatura específica.
Eligiendo al próximo fiscal
El mandato del fiscal de la cpi
Luis Moreno-Ocampo llegará a su
fin en junio de 2012. El actual fiscal fue electo por la aep de forma
unánime el 21 de abril de 2003
y asumió el cargo el 16 de junio
de 2003 por un periodo de nueve
años. Los fiscales, al igual que las y
los jueces de la cpi, no pueden ser
reelectos. Se espera que la elección del próximo fiscal se lleve a
cabo en la décima reunión de la
aep en diciembre de 2011.
en el er, el fiscal de la cpi deberá
ser una persona que goce de alta
consideración moral, que posea
un alto nivel de competencia, tenga extensa experiencia práctica en
el ejercicio de la acción y maneje
correctamente por lo menos uno
de los idiomas de trabajo de la
Corte (artículo 42.3). El fiscal no
necesariamente tiene que ser nacional de un Estado Parte, aunque
sólo los Estados Parte podrán votar
La elección del próximo fiscal
llega en un momento de crecientes desafíos para la cpi y el sistema
instaurado por el Estatuto de Roma.
A diferencia de 2003, el próximo fiscal deberá trabajar en una corte en
pleno funcionamiento, con seis situaciones bajo investigación y nueve
situaciones bajo examen preliminar. Dos de los primeros juicios de
la cpi deberían finalizar antes de la
elección, pero las fases de apelación
y reparación podrían desarrollarse
luego de la misma. Estos desafíos
requieren, por tanto, un fiscal que
se desempeñe de manera independiente y que evite toda interferencia
política en su labor.
En diciembre de 2010 la aep
estableció un Comité de Selección
para el próximo fiscal de la cpi. El
Comité tiene el mandato de identificar posibles candidatos para esta
posición, y para este fin consultará
con Estados Parte y agentes no estatales.
El complejo entorno político en el
que la cpi desarrolla sus investigaciones, el cercano inicio de las fases
de reparación de los casos que están
actualmente en juicio –un tema que
será decisivo para definir el impacto
y el papel de las víctimas en el sistema del er–, la cuestión de la cooperación con la Corte y la continua
necesidad de cumplir con el principio de complementariedad siguen
siendo algunos de los retos que la
cpi deberá enfrentar. Estos desafíos
serán el centro de la labor de los
nuevos funcionarios de la Corte y su
naturaleza evidencia la importancia
En el décimo periodo de sesiones de la Asamblea de Estados Partes del
Estatuto de Roma, que se efectuará del 12 al 21 diciembre de 2011 en
Nueva York, se llevarán a cabo las elecciones para decidir quién será la
o el próximo fiscal de la Corte Penal Internacional (cpi), así como las o
los seis magistrados que ocuparán un cargo en dicho tribunal.
La o el fiscal electo de la cpi se desempeñará en ese puesto de 2012 a
2021, en sustitución de Luis Moreno-Ocampo (Argentina). De conformidad con el Estatuto de Roma y las resoluciones aplicables,1 se elegirá a
la o el fiscal por consenso; de no haberlo, se determinará en votación
secreta por una mayoría absoluta de los Estados Parte del Estatuto de
Roma. Sin embargo, para facilitar la presentación de candidaturas y la
elección por consenso de la o el próximo fiscal, la Mesa de la Asamblea
de Estados Partes del Estatuto de Roma creó en diciembre de 2010 el
Comité de Selección para el Cargo de Fiscal de la cpi, integrado por cinco
miembros en representación de cada grupo regional. Por lo que respecta
al Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (Grulac), a principios
de 2011 éste decidió elegirme como su representante ante el Comité.
Seis de las y los 18 magistrados que integran la cpi serán sustituidos;
quienes resulten electos ocuparán ese cargo en el periodo 2012-2021.
Las y los candidatos deberán tener reconocida competencia y experiencia en derecho y procedimientos penales, o reconocida competencia en
materia de derecho internacional. El Estatuto también establece que en
la elección se tenga en cuenta la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo, la distribución geográfica y equitativa, y la
representación equilibrada de magistradas y magistrados.
1	Resolución ICC-ASP/3/Res.6, Procedimiento para la presentación de candidaturas y la elección de los magistrados de la Corte Penal Internacional, adoptada por la Asamblea de Estados
Partes del Estatuto de Roma el 10 de septiembre de 2004.
y la convivencia humanas
entrevista a Jacobo dayán askenazi*
El Museo Memoria y Tolerancia es un espacio que desde 2010 promueve el valor de la
tolerancia y la diversidad, así como el respeto de los derechos humanos, y el cual rememora
los casos de genocidio durante el nacionalsocialismo, la ex Yugoslavia, Ruanda, Guatemala,
Camboya y Darfur, considerados hechos emblemáticos en que los seres humanos “nos
perdimos en el odio y la brutalidad”.1
Cometidos en el siglo xx y dictaminados por tribunales o comisiones de la verdad, estos casos
son “un recordatorio de que los genocidios y los crímenes de lesa humanidad no han ocurrido sólo una vez, ni en un solo lugar, ni de una sola forma”, expresa Jacobo Dayán Askenazi,
director académico y de contenidos de dicho museo, en una entrevista con dfensor.
Integrada por objetos, fotografías, videos y audios procedentes de diversas partes del
mundo, la exhibición permanente titulada Memoria evoca los genocidios y los crímenes
cometidos contra la humanidad, así como los testimonios de algunas víctimas de la persecución, la esclavitud, la tortura y el asesinato sistemático: casi seis millones de personas
judías y millones de víctimas de distintos grupos como esclavos, gitanos, personas con discapacidad, opositores políticos, homosexuales y testigos de Jehová, entre otros, en el régimen nazi; 800 mil tutsis y 30 mil hutus moderados en Ruanda en 1994; ocho mil niños
y hombres musulmanes en la localidad de Srebrenica durante el conflicto de los Balcanes
en 1995;2 100 mil indígenas mayas en Guatemala entre 1981 y 1983; cerca de dos millones
de camboyanos en el régimen de Jemer Rojo; y más de 300 mil personas en la región
sudanesa de Darfur de 2003 a la fecha.
“Mantener viva la memoria de estos hechos mediante el testimonio nos alienta a la búsqueda de la justicia y a la reinserción de la víctima a la historia, porque después de un crimen
de esa magnitud la víctima queda excluida incluso de la historia”, señala Dayán Askenazi.
*	Entrevista realizada por Karen Trejo Flores, colaboradora de la cdhdf.
1	Frase que se retoma de la exposición permanente de este museo titulada Memoria.
2	En mayo pasado fue detenido Ratko Mladic, ex comandante serbobosnio, acusado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (icty, por sus siglas en inglés) por crímenes de guerra y genocidio en Bosnia y en Srebrenica, respectivamente. Janine di
Giovanni, “The Making of a Monster”, en Revista Newsweek, 6 de junio de 2011, pp. 20-23.
Para el responsable de los
contenidos que se exhiben en el
museo, la magnitud de estas atrocidades humanas no se mide ni
por la cantidad ni por la identidad
o el sufrimiento de las víctimas. Y
opina que sí es posible determinar
y prevenir estos hechos al conocer
los factores que los originan: las
sociedades divididas, que tienen
resentimientos hacia ciertos sectores de la población, que viven crisis económicas, políticas y sociales
las cuales, al conjugarse con las
ideas totalitarias encabezadas por
regímenes o por movimientos que
logran imponerse, terminan por
excluir y persiguir a quienes piensan y actúan de forma diferente.
“Tenemos que estar alertas
cuando estas situaciones empiecen a surgir, desde cosas tan elementales como la discriminación
que suele pasar desapercibida [y]
desde las violaciones esporádicas
a los derechos humanos. Todo
eso tiene que ser una llamada de
atención para que la sociedad en
su conjunto y el Estado, de ser posible, reaccionen a tiempo,” dice
Dayán Askenazi.
En sus primeros meses de funcionamiento el Museo Memoria y
Tolerancia ha contribuido a fortalecer en la sociedad mexicana una
cultura de paz, de respeto y de garantía de los derechos humanos mediante la exhibición de Memoria,
pero también de otra de sus exposiciones permanentes: Tolerancia,
la cual alienta a las y los visitantes
a reflexionar de forma didáctica so-
bre este valor en su vida cotidiana.
También con el eje temático del
museo se ofrecen en este espacio
actividades entre las que destacan
conferencias, ciclos de cine, manifestaciones artísticas, cursos, talleres y presentaciones de libros.
Es en este sentido que para
Dayán Askenazi la apertura del
museo en el contexto nacional actual es fundamental.
Ante este escenario, afirma que la opción es el fortalecimiento de la ciudadanía, pues “si las estructuras
jurídicas y políticas tardan en cambiar, la espera será menor si la ciu-
dadanía no está dispuesta a seguir
esperando, o está pronta a exigir resultados, o es capaz de organizarse
de manera rápida y eficiente para
que las injusticias dejen de ocurrir,
para que se haga justicia y para que
se eviten crímenes”.
Una muestra de lo anterior,
dice Dayán Askenazi, son las sociedades del norte de África y Medio
Oriente que sorprendentemente se
han articulado para exigir el libre
ejercicio de sus derechos humanos
fundamentales; sin embargo, concluye: “en México estamos muy al
El museo se inserta en una sociedad mexicana caracterizada por
ser profundamente discriminatoria e indiferente; sin embargo,
ahora más con la escalada que se
está viviendo de violencia –que
incluso académicos la comparan
con los inicios de la violencia en
los Balcanes en la década de los
noventa–. Hoy, en México, tener
una redada o un cuerpo sin cabeza en la colonia pareciera que es
como ir a la escuela, al supermercado o ver la televisión.
Para mayor información sobre el Museo Memoria y Tolerancia
visite: <http://www.memoriaytolerancia.org/index.html>.
Nancy J. López Pérez y Alberto Ulises Quero García*
La proliferación de casos mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte idh) es consecuencia, entre muchos otros factores, de la falta de acceso a la justicia
que sufren las víctimas de violaciones a derechos humanos en México, de la falta de
ordenamientos jurídicos adecuados con estándares internacionales o, en su defecto,
de la aplicación incorrecta de estas normas. Estos casos, que si bien han sido producto de
violaciones a derechos humanos cometidas con anterioridad al actual sexenio, son violaciones
que el actual gobierno no ha logrado subsanar. El presente artículo tiene por finalidad señalar
la obligación internacional del Estado mexicano para cumplir con las reparaciones interpuestas
como consecuencia de procesos jurisdiccionales en donde ha resultado culpable, además
de mencionar la responsabilidad internacional que le sería atribuida de no hacerlo.
a) La obligación internacional de cumplir con las reparaciones establecidas
por la Corte idh, de conformidad con el derecho internacional público
Para entender las obligaciones a las cuales México está comprometido de conformidad con
el derecho internacional es necesario entender el principio de buena fe y su relación intrínseca con el principio de pacta sunt servanda. Estos principios nos señalan que los Estados
deciden obligarse mediante la firma y ratificación de los tratados internacionales, ya que al
expresar su voluntad mediante este acto de soberanía quedan obligados a cumplir con las
disposiciones contenidas en ellos.
De esta forma, la responsabilidad internacional de un Estado nace del incumplimiento
de una obligación internacional, teniendo con ello que afrontar las consecuencias jurídicas
que se generan por este hecho ilícito, las cuales son: 1) cesar el comportamiento ilegal y ofrecer seguridad y garantías de no repetición,1 y 2) reparar íntegramente.2 A su vez, esta noción
*	Nancy López Pérez trabajó como abogada en el área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (cmdpdh) y actualmente es colaboradora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf). Alberto Ulises
Quero García es asistente de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde desarrolla proyectos de derecho penal internacional.
1	Artículos sobre Responsabilidad Internacional, Comisión de Derecho Internacional, 2001, artículo 30.
2	Ibidem, artículo 31, Caso de la Fábrica de Chorzów, Jurisdicción, núm. 11, 1927, Corte Permanente de Justicia Internacional, serie A,
núm. 9, p. 21.
se traduce en “hacer desaparecer
todas las consecuencias del hecho
ilícito y restablecer la situación
que, con toda probabilidad, habría
existido de no haberse cometido,”3
mediante las distintas formas de reparación que se le hayan impuesto
al Estado responsable.
Centrando nuestra discusión
en el deber de reparación debemos
señalar que, si bien en el sistema
interamericano la Corte idh es el
órgano jurisdiccional que determina la responsabilidad estatal por
la violación de algún artículo de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh), la vigilancia de la Corte idh no se limita
simplemente a la protección de
los derechos humanos, ya que al
momento en que ésta determina
la responsabilidad por alguna violación, el Estado adquiere nuevas
obligaciones que se traducen en el
cumplimiento de las reparaciones
que la Corte idh determina como
consecuencia de la sentencia que
ésta dicta; es decir, esta nueva obligación generada por la Corte tiene
un régimen jurídico propio cuyo
nuevo incumplimiento genera, a
su vez, una nueva responsabilidad
al Estado4 y para la Corte idh que
debe vigilar su cumplimiento.
Esta obligación de cumplir
con las reparaciones dictadas por
la Corte idh se encuentra expresamente contenida en el artículo 68
de la cadh, que a la letra señala:
“los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la
decisión de la Corte en todo caso
en que sean partes”.5 En este sentido, si bien es cierto que ni en el
articulado de la cadh ni en el Reglamento de la Corte se establece
una temporalidad expresa para el
cumplimiento de las reparaciones,
la propia Corte idh ha señalado
que ésta debe ser tomada con la seriedad necesaria, ya que sus nuevas
obligaciones le llevan a asumir el
entendido de la obligación de reparar de forma pronta e íntegra a
través de la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el
tribunal en sus decisiones.6 Asimismo, se debe señalar que en puntos
reparatorios específicos, aunque
la Corte idh ha sido precavida al
establecer un plazo máximo para
el cumplimiento de las sentencias,
también ha planteado que todo
ello se debe realizar partiendo del
supuesto de que no se podrán alegar obstáculos a nivel interno para
su incumplimiento.7
Respecto de la responsabilidad internacional por incumplir
la obligación de reparar, debemos
recordar que los elementos de un
son, por un lado, la atribución de
tal hecho al Estado y, por el otro,
que éste constituya una violación
de una obligación internacional
En el régimen en que nos ocupamos, la falta de reparaciones sólo
puede ser atribuible al Estado que
incumple con la sentencia condenatoria de la Corte, pues adquirió
contenidas en la decisión. Esto
quiere decir que los dos elementos
constitutivos de la responsabilidad
internacional mencionados se actualizan con el incumplimiento de
En el caso de México, los últimos
dos años son realmente significativos en materia de procedimientos
ante el sistema interamericano.
Los cinco casos discutidos y sentenciados por la Corte idh ponen
en duda los procedimientos internos en materia de acceso a la
justicia y brindan a las víctimas de
violaciones a derechos humanos la
oportunidad de acceder a una reparación después de muchos años
en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos vulnerados.
3	Ibidem, p. 47.
4	Ejemplo de ello es también el incumplimiento de las medidas provisionales. Sobre este punto el juez Cançado Trindade reconoció este nuevo régimen de obligaciones en su voto concurrente del caso Eloísa Barrios vs. Venezuela.
5	Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, suscrita por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos el 22 de
noviembre de 1969, artículo 68.
6	Corte idh, Caso Baen Ricardo y otros vs. Panamá (Competencia), 28 de noviembre de 2003, serie C, núm. 104, párr. 60; Corte idh, Caso Masacres de Ituango
vs. Colombia (Supervisión de Cumplimiento de Sentencias), Resolución del 7 de julio de 2009.
7	Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada el 23 de mayo de 1969, artículo 27.
8	Artículos sobre Responsabilidad Internacional, Comisión de Derecho Internacional, 2001, artículo 2º; Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in
Tehran, Corte Internacional de Justicia, 1980, p. 3.
Nﾃｺmero 07 - Julio 2011
Estos casos son: González y
otras,9 más conocido como “Campo Algodonero”; Rosendo Radilla
Pacheco;10 caso Fernández Ortega
y otros;11 caso Valentina Rosendo
Cantú y otra;12 y caso Cabrera García y Montiel Flores,13 todos contra
el Estado mexicano. Es importante mencionar que anteriormente
México ya contaba con otras dos
sentencias emitidas por el tribunal
interamericano, por los casos Castañeda Gutman y Alfonso Martín
del Campo Dodd, que por razones
prácticas y partiendo de los resultados de sus procesos no serán discutidas en este texto.
Debemos señalar que estos casos son el comienzo de una dura
crítica a las instituciones de impartición de justicia en México y al papel
que desempeñan las fuerzas armadas. Ejemplo de ello son los casos
Rosendo Radilla, Fernández Ortega, Rosendo Cantú, y Cabrera García y Montiel Flores, que ofrecen
un panorama sobre las violaciones
a derechos humanos comúnmente
ligadas a los contextos militarizados, en los cuales la desaparición,
la tortura y el abuso sexual son
cometidos con impunidad y nulas
garantías de justicia para las víctimas. Por otro lado, el caso Campo
Algodonero ofrece una muestra
clara del contexto de violencia es-
tructural, la falta de perspectiva de
género por parte de las autoridades
y las fallas profundas en el sistema
de justicia penal en México, entre
A consecuencia de la inherente función de la Corte idh para supervisar el grado de cumplimiento
de las sentencias, el tribunal emite
decisiones periódicas para medir el
avance que han tenido las reparaciones dictadas por ésta; muestra
de ello es la reciente decisión que
emitió la Corte idh con motivo del
informe presentado por México
respecto del cumplimiento de la
sentencia en el caso Radilla.
En este documento, donde se
analiza la información proporcionada por el Estado, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y los representantes
de las víctimas, se señaló como
única reparación cumplida en su
totalidad –de los 12 resolutivos contenidos en la sentencia– la publicación de párrafos específicos de la
sentencia en el Diario Oficial de
la Federación y en un periódico
de circulación nacional. No obstante, el resto del documento recalca
las deficiencias en el cumplimiento
de los demás puntos resolutivos, por
ejemplo, la realización de excavaciones tendientes a su localización,
las cuales no ofrecieron resultados y
se realizaron 10 meses después de la
emisión de la sentencia; la falta de
de la desaparición del señor Radilla, o el reconocimiento público de
la responsabilidad del Estado.14
Es de señalarse que, a la fecha
de la conclusión del presente artículo, no se contaba aún con la
resolución sobre el grado de cumplimiento en el caso Campo Algodonero; sin embargo, en este caso
la falta de voluntad política para el
cumplimiento de los resolutorios
de la sentencia es notoria. Muestra de ello es la falta de servicios
médicos que se debían proporcionar a los familiares y cuyo incumplimiento se ha justificado bajo el
argumento de “falta de presupuesto”, así como la falta de avances en
la investigación sobre los hechos
materia de la demanda y en el
inicio de procedimientos penales
contra los funcionarios públicos
que cometieron una serie de irregularidades ya probadas por la Corte idh.
Tanto en el caso Radilla como
en el de González y otras existe un
rechazo tajante del Estado mexicano en cuanto a la aceptación de un
contexto de violencia sistemática en
el que ocurrieron las violaciones a
derechos humanos, esto a pesar del
reconocimiento de la Corte idh de
9	Corte idh, Caso González y otras “Campo Algodonero” vs. México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 16 de noviembre de 2009, serie C, núm.
10	Corte idh, Caso Radilla Pacheco vs. México (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 23 de noviembre de 2009.
11	Corte idh, Caso Fernández Ortega y otros vs. México (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 30 de agosto de 2010, serie C, núm. 215.
12	Corte idh, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 24 de noviembre de 2010, serie C, núm. 216.
13	Corte idh, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (Excepciones Preliminares, Reparaciones y Costas), 26 de noviembre de 2010, serie C, núm. 220.
14	Véase la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de mayo de 2011, Supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Rosendo Radilla
tales hechos y la manifestación de
que se incluyan en la aceptación
pública de responsabilidad.
Es preocupante, además, la responsabilidad internacional en que
México incurre en cuanto a las iniciativas y discusiones que se realizan a nivel interno en el marco del
cumplimiento de las sentencias de
la Corte idh. Nos referimos a las
obsoletas discusiones realizadas al
interior de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (scjn) en donde, como parte de una consulta a
trámite realizada a finales de 2010,
se intentó debatir la posibilidad de
vincular o no a la Suprema Corte
con la sentencias de la Corte idh
e incluso analizar si una sentencia
de ésta es constitucional.15
Finalmente, también es preocupante la limitada reforma al
artículo 57 del Código de Justicia
Militar propuesta por el Ejecutivo
federal, que de ser aceptada con la
redacción actual –en la que se limitan los tipos penales a los casos
de desaparición forzada, violación
sexual y tortura, y además se establece que el Ministerio Público militar sea el responsable de calificar
los crímenes y remitirlos a la jurisdicción competente– no mejoraría
en mucho la suerte de las víctimas
de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las
México doblemente
Como ya lo hemos señalado, la teoría clásica del derecho internacional
en materia de responsabilidad internacional señala la obligación del
Estado, en este caso del mexicano,
de asumir sus responsabilidades o
cumplir las reparaciones derivadas
de una sentencia condenatoria; de
lo contrario sería doblemente culpable, primero, por las violaciones
a derechos humanos y, segundo,
por la falta de cumplimiento de las
reparaciones como consecuencia
de la violación original.
actual indica la falta de voluntad
por parte del Estado para cumplir
con esta nueva obligación, ello nos
constriñe a preguntarnos si algún
día las víctimas de violaciones a
derechos humanos obtendrán la
justicia que se les ha negado reiteradamente en México, o si caeremos
en el absurdo de iniciar un nuevo
proceso en donde se señale la responsabilidad por el incumplimiento en materia de reparaciones.
15	Cfr. versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7 de septiembre de 2010, disponible en <www.scjn.
gob.mx/2010/pleno/Documents/2010/sep3.pdf>, página consultada el 8 de junio 2011.
La aplicación directa
El presente artículo pretende analizar si efectivamente es necesario incluir en nuestra legislación interna los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma (er) o si no lo es debido a
que estos tipos penales propiamente ya forman parte de nuestro derecho interno y por ende
se pueden aplicar con base en el criterio de jerarquización y aplicación de leyes establecido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn).
En este orden de ideas se plantea la posibilidad de que los jueces del Estado mexicano
puedan aplicar los crímenes establecidos en el er, determinando las facultades y los ámbitos de competencia para establecer si los civiles y/o los militares que cometan crímenes
internacionales sería juzgados por un mismo tribunal o por tribunales civiles y militares,
En el presente artículo se hará la diferencia entre los tratados de derechos humanos y
los tratados de derecho penal internacional, con el objetivo de explicar por qué en México
sí se puede aplicar directamente un tratado de derecho penal internacional como el er.
Asimismo, para comprender mejor esta argumentación, se especificará la jerarquía de los
tratados, su incorporación al derecho interno y la aplicación de una ley especial refiriéndose a los tratados en caso de alguna controversia frente a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (cpeum).
Al iniciar el desarrollo de este tema es importante establecer la jerarquía de los tratados
internacionales en nuestro marco jurídico nacional (véase el siguiente gráfico):
*	Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam); cuenta con estudios de
maestría en jurisdicción penal internacional en la Universidad Internacional de Andalucía, España. Ha sido juez en diversas ocasiones
del Concurso Internacional Víctor Carlos García Moreno. Procedimiento ante la Corte Penal Internacional; y actualmente estudia el tema
de su tesis de doctorado en derechos humanos.
Como se puede apreciar, los tratados internacionales generales están por debajo de la Constitución
mexicana; sin embargo, los tratados de derechos humanos están a
la altura de la Constitución.1
En este sentido, se debe establecer que el er no es un tratado
de derechos humanos, ya que el
único que puede transgredir esos
derechos es el Estado, mientras que
el er determina la responsabilidad
individual. Más adelante abundaré
sobre la diferencia entre tratados
de derechos humanos y tratados de
la scjn, el er estaría por encima
de las leyes generales y federales,
pero como éstas se aplicarían en
el Estado mexicano2 en este caso
para investigar y sancionar crímenes internacionales establecidos y
definidos en el er (artículos 5, 6, 7
y 8) se utilizaría un procedimiento
especial. Sin embargo, la tenden-
cia actual es a reformar el Código
Penal Federal (cpf) para contemplar dichos crímenes.
Esto ocurre porque se considera que se puede dar el caso de que
se cometan crímenes establecidos
en el er que no estén legislados por
el Estado mexicano; sin embargo, el
artículo 6º del cpf manifiesta que:
Cuando se cometa un delito no
previsto en este Código, pero sí en
una ley especial o en un tratado
1	En el proceso para determinar la jerarquía tuvo gran importancia la siguiente tesis: scjn, “Tratados internacionales. Son parte Integrante de la Ley Suprema de la
Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional”, tesis P. IX/2007 aislada en
materia constitucional, abril de 2007, novena época, Pleno, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo xxv, p. 6. Sin embargo, en 2010 se estableció
que los tratados sobre derechos humanos tienen el mismo rango que la cpeum, véase scjn, “Tratados internacionales. Cuando los conflictos se susciten en relación
con derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución”, tesis XI.1o.A.T.45 K aislada en materia común, mayo de 2010, novena época, Tribunales Colegiados
de Circuito, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo xxxi, p. 2079. Esto dio como resultado que en 2011 se modificara la cpeum en su título primero,
capítulo i, De los derechos humanos y sus garantías, que en su artículo 1º, párrafo segundo, establece: “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
2	De acuerdo con las constituciones donde vinculan a los tratados internacionales con el derecho interno, existen dos clasificaciones doctrinarias: monista y dualista,
véase Marco Antonio Ramos Morales, “Los derechos humanos y la defensa penal”, en Revista del Instituto Federal de la Defensoría Pública, núm. 2, año 1, México,
2006, p. 298. La scjn determinó que se puede utilizar tanto el método monista como el dualista, véase scjn, “Tratados internacionales. Incorporados al derecho
nacional. Su análisis de inconstitucionalidad comprende el de la norma interna”, tesis I.3o.C.79 K aislada en materia civil común, julio de 2007, novena época, Tribu-
internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán
éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del
presente Código y, en su caso, las
conducentes del Libro Segundo.
Cuando una misma materia
aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá
sobre la general.3
El artículo en mención da la pauta
para poder aplicar mediante el método especial un tratado internacional. Para el caso mexicano, si aquel
artículo nos remitiera sólo al Libro
Primero sería posible en algún momento su aplicación, pero al tomar
en cuenta también las disposiciones del Libro Segundo, en cuyo
título ii se habla de delitos contra
el derecho internacional pero no
se refiere el establecimiento de penas de algún tratado internacional,
su aplicación no sería posible, ya
que en materia penal no se puede juzgar por analogía tomando
cualquier conducta semejante al
hecho sancionado e imponiéndole
una u otra penalidad.
Por otro lado, la tendencia de
modificar el cpf también ha derivado de la consideración errónea del er como un tratado de
derechos humanos. En realidad
este instrumento es un tratado de
derecho penal internacional. La
diferencia radica en que los tratados de derechos humanos están
creados para delimitar el poder
del Estado y, por su propia naturaleza, no se pueden aplicar de
forma directa porque establecen
una responsabilidad estatal por la
violación a derechos y no sólo una
responsabilidad individual. Además, tampoco sería posible tratar
de sancionar a un servidor público
que transgredió un tratado de derechos humanos porque en éste no
se establecen sanciones.
En cambio, un tratado de derecho penal internacional como el
er sí establece penas directamente
por la comisión de los crímenes que
persigue, por ello considero que sí
se podría utilizar el procedimiento
especial para aplicarlo en México.
Conforme al procedimiento
especial para incorporar los tratados internacionales, los crímenes
que establece el er ya forman parte de la legislación nacional y los
jueces tienen la facultad de aplicar
directamente este tratado si se comenten algunos de los crímenes
establecidos en su artículo 5.
Por lo tanto, si en el país se cometiera un crimen de lesa humanidad, sin importar que lo realizara
una persona civil o un integrante
del Ejército, el caso debería ser juzgado por un tribunal penal federal
del fuero civil autorizado para co-
nocer de las controversias de orden criminal o de cumplimiento
de los tratados internacionales, de
acuerdo con el artículo 104 de la
cpeum. A su vez, la Ley Orgánica
establece en su artículo 50 que los
jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal
previstos en las leyes federales y en
En este caso, el Código de Justicia Militar se vería nulificado por
el er, tomando en cuenta que éste
persigue delitos de carácter criminal y en la jerarquía comentada al
inicio del texto está por arriba de
Otro aspecto que se debe tomar
en cuenta para la posible aplicación del er en caso de que existiera un conflicto armado interno es
que, si bien el Estado mexicano no
forma parte del Protocolo ii de los
Convenios de Ginebra de 1949,
que se refieren al conflicto armado
interno, sí sería posible caracterizarlo con base en los incisos c, d, e
y f del artículo 8.2 del er, que hablan sobre el conflicto armado que
no es de índole internacional.
Como se ha analizado, los
tratados internacionales están por
arriba de las leyes generales y federales (como el cpf y el Código de
Justicia Militar), por ende, en caso
de que se determinara en México
nales Colegiados de Circuito, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo xxvi, p. 2725. La tesis nos menciona dos procedimientos: el ordinario, donde
la adaptación se hace por medio de normas internas y el cual podría equipararse al sistema dualista; y el especial, también llamado de remisión, que implica que la
regla de derecho internacional no se reformula, sino que simplemente los órganos del Estado ordenan su cumplimiento, el cual se puede considerar dentro de las
características del monismo.
3	Conforme al artículo 6º del cpf. En caso de que se considerara que el er por alguna circunstancia no está de acuerdo con la cpeum, se debe establecer que los tratados
son de carácter especial reguladores de situaciones específicas concretas, pues recordemos que éstos son considerados como normas individualizadas de carácter
público que vienen a crear un caso de excepción a la aplicación general de la ley; es decir, las disposiciones de un tratado se presentan como normas especiales aplicables a ciertos casos o a ciertos sujetos, en tanto que la Constitución es general y aplicable a todos los casos no regulados por los tratados.
la existencia de un conflicto armado interno se podría aplicar la
normatividad del artículo 8 del er,
teniendo como apoyo el Código de
Procedimiento Penales de la legislación nacional.
go de Justicia Militar. Además, en
estos casos siempre se debe establecer el criterio de aplicación del
instrumento jurídico más protector para las personas, y en el caso
de los crímenes aquí referidos se
trata del er.
Finalmente, se ha planteado la
posibilidad de que por medio del
er se pueda determinar y juzgar la
posible existencia de un conflicto
armado interno, aunque México
no sea aparte del Protocolo ii de los
Convenios de Ginebra de 1949 que
hablan de este tipo de conflictos.
En primer lugar se observóque el
marco normativo nacional contiene elementos para permitir la aplicación del er, ya que se le considera
parte del orden jurídico interno
aunque sea de origen internacional.
En segundo término, no es necesaria la inclusión de los crímenes del er en el cpf, ya que éstos
forman parte del derecho interno y
los puede aplicar un juez penal.
Como tercera conclusión se
observa que si un integrante del
Ejército en funciones es investigado o sentenciado por cometer un
crimen establecido en el er, éste
será juzgado por un juez penal federal civil, ya que jerárquicamente
el tratado está por arriba del Códi-
Ambos, Kai, et al. (eds.), Sistema
interamericano de protección de los
internacional, Uruguay, Fundación Konrad
Adenauer Stiftung/Grupo Latinoamericano
de Estudios sobre Derecho Penal
Internacional/George August Universität
Göttingen, 2010, 518 pp.
Este libro reúne la primera parte de la investigación
realizada por el Grupo Latinoamericano de Estudios
sobre Derecho Penal Internacional acerca de la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano
de protección de los derechos humanos y el derecho
Los 14 trabajos de los diversos autores que
conforman esta edición pretenden contribuir a la
reflexión y discusión académicas sobre la situación
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el contexto regional y su relación con la Corte Penal
Dondé Matute, Francisco Javier,
Derecho penal internacional, México, Oxford
University Press, 2008, 202 pp.
A lo largo de los cinco capítulos que integran esta
obra, Dondé Matute aborda los elementos básicos del
derecho penal internacional; los crímenes en particular que son competencia de la Corte Penal Internacional; el derecho penal internacional como un sistema
jurídico-penal; sus aspectos jurisdiccionales; y los
tribunales internacionales híbridos y de competencia
Esta publicación se constituye como la primera
que en México estudia el derecho penal en su conjunto, por lo que también es un referente rápido y conciso para todas las personas interesadas en el tema.
<biblioteca@cdhdf.org.mx>
Av. Universidad 1449, edificio B, planta baja,
col. Florida, pueblo de Axotla, del. Álvaro Obregón,
01030, México, D. F. Tel.: 5229 5600, ext.:1818

References: artículo 21
 artículo 21
 artículo
86
 artículo 88
 artículo 21
 artículo 8
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 1

artículo 149
 artículo 149
 artículo
21
 artículo 86
 artículo 21
 artículo 21
 artículo
2
 artículo 77
 artículo 27
 artículo 7
 artículo 20
 artículo 7
 artículo 20
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 68
 artículo 75
 artículo 68
 artículo 68

artículo 43
 artículo 75
 resolución 
 Resolución 
 Resolución

 resolución 
 artículo 36
	Resolución 
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 68
 artículo 68
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 2

resolución 
 resolución 

artículo 57

artículo 6
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 104
 artículo 50
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8