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Timestamp: 2019-02-18 21:01:48+00:00

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﻿ SENTENCIA AC-5061 DE NOVIEMBRE 13 DE 1997
SENTENCIA AC-5061 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONGRESISTAS: CELEBRACIÓN DE CONTRATOS POR INTERPUESTA PERSONA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCESO ADMINISTRATIVO, CONGRESISTA, INCOMPATIBILIDADES DEL CONGRESISTA, CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONGRESISTA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:316 DE ABRIL DE 1998, PÁG.440
Sentencia AC-5061 de noviembre 13 de 1997
INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONGRESISTAS
EXTRACTOS: «Resultaron acreditados los siguientes hechos:
a) Que el doctor Henry Cubides Olarte figuró como segundo renglón en la lista que para el Senado encabezó el Enrique Molano C. para el período 1991-1994. (ver constancia a folios 179 A).
b) Que igualmente figuró en el mismo renglón dentro de la lista encabezada, para el período 1994-1998, por el doctor Héctor Helí Rojas. (ver idéntica constancia).
c) Que el doctor Henry Cubides Olarte se posesionó y ejerció el cargo de Senador desde el día 3 de agosto de 1993 y seguía en su ejercicio el 27 de junio de 1994, tal como se infiere de la certificación que obra a folios 15 del expediente.
d) Que durante ese lapso “Coltanques Ltda.”, de la cual aquél es socio, celebró contratos mediante licitación con entidades oficiales así: El Nº Fla 037/93 de 14 de diciembre de 1993 con el departamento de Antioquia-Fábrica de Licores de Antioquia (a fls. 17 y ss.); y el Nº 14300-004-94 de 27 de junio de 1994 con la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, (a fls. 60 y ss.). El primero mediante licitación pública y el segundo, privada.
e) Que Coltanques Ltda. es una sociedad de responsabilidad limitada, de familia, en la cual el doctor Cubides O. es el socio mayoritario, con un porcentaje de capital social del 90%; siendo el resto de propiedad de la señora Yuri Cubides S.; y que la representación legal de la misma, en aquél entonces, la tenía el señor Guillermo Cubides Olarte, hermano del demandado (ver certificación de la cámara de comercio a folios 5 y ss., documentos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a folios 160 y ss.).
Las causales de desinvestidura y la contratación por interpuesta persona
Se desprende de la solicitud formulada por la mesa directiva del Senado que el doctor Cubides Olarte “muy probablemente violó las disposiciones constitucionales y legales relativas al conflicto de intereses y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas”.
Pues bien, cumplido el trámite de rigor, estima la sala que la petición está llamada a prosperar porque el doctor Henry Cubides O., mientras se desempeñaba como servidor público, en su carácter de Senador de la República (art. 123 de la constitución), celebró contratos, por interpuesta persona, con dos entidades públicas, Ecopetrol y el departamento de Antioquia-Fábrica de Licores de Antioquia (art. 127, en armonía con el art. 180, num. 2º).
Si bien es cierto no lo hizo directamente o a nombre personal, sí se infiere del acervo probatorio que los concertó a través de la sociedad Coltanques Ltda., de la cual, como se dijo, es el socio mayoritario con un 90% de su capital social, y pese a que el representante legal para la época de la celebración de los contratos era el señor Guillermo Cubides O., hermano del congresista.
Lo de interpuesta persona se infiere de las pruebas practicadas, porque la contratista “Coltanques” es una sociedad de responsabilidad limitada de familia; lo que quiere decir, en otros términos, que aunque su representante legal hubiera sido en ese entonces el señor Guillermo Cubides O., quien no tenía el carácter de socio, no por eso el demandado dejó de tener en ese mismo lapso el carácter de socio mayoritario con poder decisorio en la gestión social; lo que le permitía, de acuerdo con el contrato social, reasumir los poderes que el artículo 358 del Código de Comercio le confiere a todos y cada uno de los socios en cuanto a representación y administración de los negocios sociales.
La negociación por interpuesta persona, ordinariamente cumplida a través de sociedades de personas o de familia, constituye un subterfugio muy socorrido para ocultar la realidad de ciertos negocios o simularlos o para sacar ventajas de orden económico; y, en especial, cuando quien la hace busca por su medio eludir las inhabilidades o incompatibilidades que cobijan o puedan cobijar a sus socios.
La negociación en esa forma efectuada se cumple, como se dijo, a través de sociedades, con la creencia común de que el sólo hecho de que la sociedad constituya una persona distinta de sus socios individualmente considerados, será suficiente escudo para burlar la prescripción legal.
Y no es suficiente la maniobra para lograr tales fines, porque la identidad de los socios es factor preponderante o primordial en este tipo de sociedades (colectivas o de responsabilidad limitada), máxime cuando son de familia; y pone al descubierto fácilmente cuál de los socios se escuda en las mismas para obtener ciertas ventajas que de otra manera no podría lograr, por impedírselo el ordenamiento jurídico.
En el caso sub judice las pruebas recaudadas muestran que los contratos enunciados atrás fueron celebrados por Coltanques Ltda., eludiendo así la prohibición constitucional prevista, entre otros, en los artículos 127 y 180 numeral 2º de la Carta, porque si bien es cierto la mencionada sociedad es una persona jurídica distinta de sus socios individualmente considerados (C. Co., art. 98), no es menos cierto que el doctor Cubides Olarte no sólo es el dueño del 90% de su capital y, por ende, el mayor beneficiario de las utilidades que podían reportar tales contratos, sino que él sólo posee el poder decisorio en la gestión social.
Como se ve, pese a no existir la prueba directa de la contratación por interpuesta persona, la cadena de medios probatorios explicada y evaluada da certeza suficiente sobre su ocurrencia.
Los contratos enunciados atrás fueron celebrados, como se dijo, el 14 de diciembre de 1993 y el 27 de junio de 1994, es decir, cuando regían, en cuanto a incompatibilidades de los congresistas para contratar, en primer término, la Carta Política de 1991 (arts. 127 y 180 num. 2º) y en segundo lugar, la Ley 5ª de 1992, vigente desde el 18 de junio de ese mismo año.
Se hace esta precisión porque para la Sala la Ley 11 de 1973, citada en apoyo de la situación del demandado, fue subrogada por la citada Ley 5ª de 1992 en lo que toca con los congresistas, (art. 283).
Esta subrogación se colige de la simple confrontación textual, porque mientras el artículo 2º de la Ley 11 en su literal c, citada en apoyo por el Senador, autoriza a los congresistas y demás miembros de la corporación de elección popular para “usar los bienes y servicios y celebrar contratos que las entidades oficiales, los institutos descentralizados y las sociedades de economía mixta ofrezcan al público bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten”, el numeral 4º del artículo 283 de la citada Ley 5ª dispone que las incompatibilidades constitucionales no obstan para que los congresistas puedan directamente o por medio de apoderado “usar los bienes y servicios que el Estado ofrezca en condiciones comunes a los que le soliciten tales bienes y servicios”.
Aunque textualmente las normas, en buena parte, son similares, en la ley 5ª se suprime la celebración de contratos; y en lugar de enunciar las distintas personas que ofrecen bienes y servicios para su uso en condiciones comunes, habla solamente del Estado. Es obvio que cuando la ley habla de esos bienes y servicios, se refiere a los que ofrece la entidad pública y no a los que ofrecen las personas que quieren contratar con ésta. En el caso del transporte o de los suministros, por ejemplo, quien ofrece el servicio o los bienes es el transportador o el propietario de los muebles y no la administración que los requiere.
Se confirma además la derogatoria de la Ley 11 de 1973, porque la Ley 5ª o reglamento del Congreso contiene el estatuto del congresista y reglamenta íntegramente la materia.
El régimen general de incompatibilidades de los congresistas está contenido, como se dijo, en el artículo 180 de la carta, y en los artículos 281 y ss. de la Ley 5ª de 1992; y en cuanto a contratación se refiere aparece específicamente regulado en los artículos 127 y 180 numeral 2º de la Constitución; y en los artículos 282 numeral 2º y 283 numeral 4º del 283 de la citada ley.
El artículo 127 de la Constitución sienta la regla de que los servidores públicos no podrán celebrar, por si o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno, con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.
Y el artículo 180 en su numeral 2º, ya con referencia específica a los congresistas, dispone que no podrán ... celebrar con ellas (se entiende con entidades públicas o personas que administren tributos) por sí o por interpuesta persona, contrato alguno.
Se advierte que aunque el artículo 127 no habla de los congresistas habrá que entenderlos incluidos en el mismo por mandato del artículo 123 de la misma Constitución.
A su turno el artículo 282 con el título “manifestaciones de las incompatibilidades” se reduce en su numeral 2º a reproducir el mismo numeral 2º del artículo 180 de la Carta.
Y el 283 excepciona el régimen de incompatibilidades y precisa que los congresistas podrán “usar lo bienes y servicios que el Estado ofrezca en condiciones comunes a los que soliciten tales bienes y servicios”. Excepción que aparece igualmente contemplada en el artículo 10 de la Ley 80 de 1993 para las personas que contratan por obligación legal “o lo hagan para usar los bienes y servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten”.
Lo precedente es, a grandes rasgos, la normatividad que interesa para la solución del presente asunto, y que permite inferir que el doctor Henry Cubides O. celebró los contratos mencionados atrás, con violación del régimen de incompatibilidades previsto en el ordenamiento. Violación que aparece clara, máxime cuando la celebración de esos contratos no puede subsumirse en ninguna de las reglas que excepcionan dicho régimen, ya que no se celebraron ni por obligación legal ni para usar bienes y servicios ofrecidos en condiciones comunes a los que los solicitan.
El alcance de la excepción, por ser tal, tendrá que interpretarse en forma restrictiva y hace referencia fundamentalmente a aquellos servicios públicos prestados por empresas oficiales, como los domiciliarios, a los que todos, sin excepción, pueden tener acceso; v. gr. los de energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, telefonía etc. etc. Igualmente puede referirse a aquellos servicios que prestan las entidades de crédito oficiales, a través de préstamos, contratos de cuentas corrientes, etc., etc., o las empresas oficiales de transporte público. Contratos estos para los cuales, en principio, no existen incompatibilidades.
Pero no puede interpretarse la excepción del numeral 4º del artículo 283 y la misma del artículo 10 de la Ley 80, en el sentido de que quien contrata mediante una licitación o concurso no está cobijado con las incompatibilidades, porque está usando los bienes o los servicios ofrecidos en condiciones comunes a los que los solicitan, porque éste no es el alcance ni el sentido de la norma. Quien licita o concursa para celebrar un contrato estatal en los términos del estatuto general de contratación, lo hace, en unos casos, para ofrecerle a la entidad pública bienes y servicios con sujeción a unos pliegos de condiciones o términos de referencia específicos, que no podrán ser comunes a todos los miembros de la colectividad y que sólo podrán ser cumplidos por aquellas personas que reúnan las especiales condiciones requeridas por la administración, según el tipo de contrato, para poder celebrarlo y así llenar sus cometidos; y en otros, para acceder a ciertos bienes y servicios estatales que no se ofrecen en condiciones comunes a todas las personas, sino sólo a un grupo de personas que reúnan ciertas condiciones previamente establecidas en la ley o en el reglamento. En los primeros casos, pueden incluirse contratos como el de transporte, cuando el transportador es un particular, suministros, consultoría u obras públicas; y en los segundos, como los de concesión de bienes públicos.
Por eso cuando se habla de igualdad de los proponentes, concursantes o licitadores, se entiende a aquéllos que, dadas unas condiciones propias y previas, las reúnen por igual.
En otros términos, si bien en las licitaciones los partícipes deben hacerlo en un mismo pie de igualdad, esa igualdad se entiende no sólo frente a unas condiciones objetivas dadas, sino que debe referirse también a unas similares condiciones personales o subjetivas. Así, quien licitó, por ejemplo, estando inhabilitado para hacerlo por ser servidor público, o miembro de la junta o consejo directivo de las entidades descentralizadas interesadas en la licitación o concurso o pariente, en los grados señalados en la ley, del representante legal, está desconociendo no sólo la prohibición legal sino rompiendo precisamente el principio de igualdad.
Aplicando estas ideas al caso concreto no puede afirmarse que el doctor Henry Cubides O., a través de la sociedad Coltanques Ltda., usó unos bienes y servicios ofrecidos por Ecopetrol y por el departamento de Antioquia, porque sucedió todo lo contrario, pues fue él quien ofreció sus servicios para el transporte de melazas y crudos, luego de conocer los requisitos señalados para el efecto en unos pliegos de condiciones, sólo accesibles a quienes los cumplían o llenaban.
Deja ver lo precedente, que ese servicio de transporte no lo habría podido prestar cualquier persona que no remitiera tales exigencias.
Aceptar que cuando se contrata a través de una licitación o concurso, se está hacienda uso de bienes y servicios ofrecidos por el Estado en condiciones comunes, equivaldría a afirmar que en tales eventos no rigen tampoco las normas sobre incompatibilidades; y que para los congresistas la capacidad para contratar con la administración sería la regla general y no la excepción.
Y en esas condiciones la contratación estatal, frente a los principales contratos, terminaría en manos de los congresistas y demás servidores públicos, en contravía de los principios constitucionales contemplados en el artículo 209 de la Carta, en especial los de moralidad, igualdad e imparcialidad.
Por esa misma razón, las autoridades judiciales podrán levantar el velo corporativo de las personas jurídicas cuando fuere necesario determinar el verdadero beneficiario de las actividades adelantadas por ésta (art. 44 del estatuto anticorrupción o Ley 190 de 1995).
En otras palabras, ese fue uno de los fundamentos tenidos en cuenta por la sala para la calificación del fenómeno de la interpuesta persona, analizado atrás.
Finalmente la sala comparte el concreto del ministerio público, expuesto por la señora procuradora séptima delegada ante esta corporación. Concepto del cual se destaca y prohíja el siguiente aparte:
“Así las cosas y partiendo de lo hasta aquí expuesto tendremos que concluir que la solicitud de pérdida de investidura merece ser despachada favorablemente porque está probada la realización de contratos con el Estado por parte del senador Cubides Olarte, a través de la sociedad Coltanques Ltda. de la cual es socio mayoritario, en evidente contravención del artículo 180-2 constitucional que consagra la prohibición de tal proceder y porque además no se estableció dentro del proceso que la conducta del senador estuviese amparada por excepción alguna.
No sobra por último recordar que en toda sociedad comercial está implícito el ánimo de lucro; lucro que indudablemente favorece a los socios a través de la distribución de utilidades o del aumento en el valor de las acciones, y con mayor razón cuando, como en el caso sub judice se es dueño del 90% de la sociedad contratante.
Por lo expuesto la procuraduría séptima delegada en lo contencioso ante el Consejo de Estado, atentamente solicita ante los H. Consejeros se decrete la pérdida de la investidura del Senador Henry Cubides Olarte” (fls. 269 y 270).
Decrétase la pérdida de investidura del senador Henry Cubides Olarte, por los hechos narrados en la parte motiva de esta decisión».
(Sentencia de noviembre 13 de 1997. Expediente AC-5061 Consejero Ponente: doctor Carlos Betancur Jaramillo).
El suscrito se aparta de la opinión mayoritaria de la Sala, por las siguientes razones:
La demanda solicita se decrete la pérdida de la investidura del senador Henry Cubides Olarte, ya que considera que el senador violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, especialmente el ordinal 2º del artículo 180 de la Constitución Política, así como el artículo 127 de la Carta por cuanto celebró contratos de servicios mediante una sociedad de la cual el senador acusado es socio mayoritario.
En mi opinión, del estudio del expediente y de la audiencia pública, es decir de las pruebas que obran en el expediente, no se pueden concluir que el doctor Cubides Olarte hubiese violado el régimen de incompatibilidades, por cuanto no aparece probado que el servidor público acusado hubiese adelantado gestiones en orden a obtener la adjudicación de los contratos, fundamento de la acusación.
Se observa también, que la sociedad de la cual el senador es socio mayoritario, es una empresa con muchos años de existencia, especializada en transporte de líquidos, y cuya administración está delegada en un gerente o administrador, y en ninguna parte del expediente aparece demostrado que la administración de la empresa para poder realizar los contratos en cuestión, requiera la aprobación de los socios o directivos de la misma. Es decir, en mi opinión el senador no ha actuado por interpuesta persona, ni violado el régimen de incompatibilidades.
Adicionalmente, surge del expediente que la empresa contratante obtuvo la adjudicación de los contratos mediante licitaciones, es decir, que actuó en condiciones de igualdad frente a los demás posibles participantes.
Por otro lado, se observa que como la sociedad es una persona jurídica distinta de los socios, la cual fue constituida en 1974, mucho antes de que el senador Cubides Olarte, adquiriese la investidura de senador, y que en el expediente no aparecen pruebas acerca de las posibles gestiones adelantadas por el senador para obtener la adjudicación de los contratos cuestionados. Considero que no se puede concluir entonces que el senador hubiese utilizado la sociedad para contratar por interpuesta persona.
En consecuencia, considero que no ha debido prosperar la demanda de solicitud de pérdida de investidura del senador Cubides Olarte.
No compartí la decisión mayoritaria por considerar que la sentencia, a pesar de que los actos fueron realizados por sociedad dotada de personalidad jurídica, desconoció este instrumento legal que ha permitido que las sociedades desarrollen las actividades propias de su objeto social, como propias, no pudiéndose, sino de manera excepcional, en caso de desconocimiento de tal personalidad, ubicarlas con todos sus efectos en cabeza de asociado o asociados.
En efecto, el senador despojado de su investidura, es socio de la sociedad Coltanques Ltda., la cual celebró contratos con entidades públicas, por lo que se afirma que el senador Cubides “celebró contratos, por interpuesta persona” lo cual jurídicamente es inexacto, porque:
1. La personificación jurídica conlleva a hacer abstracción de sus asociados, para ubicar la atención en la acción a ejecutar por parte de la persona jurídica para desarrollar la empresa social, a fin de llevar a feliz término la colaboración que vincula a los asociados a través del contrato de sociedad.
2. Y a términos del artículo 98 del Código de Comercio la sociedad legalmente constituida “forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados” lo cual produce como consecuencia fundamental el de otorgar como atributo de la sociedad-persona jurídica la capacidad, habilitándola, por tanto, para adquirir derechos y contraer obligaciones en desarrollo de su objeto social, pues aquella se restringe, como lo señala el artículo 99 ibid., “al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto”.
3. Desarrollo de la capacidad que adquiere su respaldo en un patrimonio autónomo, integrado, inicialmente, por la suma de las aportaciones de los socios, que da lugar a un pasivo interno, que se traduce en la obligación de reintegrar a los asociados sus aportes al momento de liquidar el ente asociativo, patrimonio que es independiente al propio de los asociados.
4. La personalidad jurídica conlleva, así mismo, unidad jurídica para la pluralidad de intereses afectos a la empresa social, la cual se manifiesta a través de la gestión única de los negocios sociales y del patrimonio social, ejercida por el representante legal quien pone a funcionar la capacidad jurídica actuando a nombre de la persona jurídica.
5. Esta personalidad jurídica exige, además, que los terceros tengan un medio de identificación del ente asociativo —nombre—, para el caso de las sociedades, razón social o denominación, actuando el sujeto así identificado, con la autonomía que es propia de la persona natural. Y como su complemento, se exige —C. Co. art. 110— que en el contrato social se fije un domicilio social, con lo cual se arbitra el lugar en donde la sociedad debe cumplir sus obligaciones sociales y en el cual, además, se deben cumplir desarrollos del orden interno, como es la reunión del órgano máximo de la sociedad.
Las anteriores precisiones de carácter general, fueron desconocidas por la providencia de la cual me aparto, infortunadamente, pues constituye un mal antecedente jurisprudencial el considerar a la persona jurídica como interpuesta persona de los asociados, con lo cual se desbordan, peligrosamente, los alcances del numeral 2º del artículo 180 de la Carta.
Delio Gómez Leiva.
Enero 19 de 1998
La aclaración de voto del suscrito consejero obedece a lo siguiente.
1. Dentro del proceso Nº AC-1064, en el cual se denegó el decreto de pérdida de investidura del senador José Blackburn, aclaré mi voto por estar de acuerdo con la parte resolutiva mas no con la argumentación central de la ponencia, por considerar que cuando se produjeron las actuaciones que fueron objeto de análisis en ese proceso, estaba vigente el literal c del artículo 2º de la Ley 11 de 1973, que excepcionaba los contratos celebrados con las sociedades de economía mixta, como es el caso del Banco Central Hipotecario.
2. Dentro de las razones de esa aclaración, precisamente manifesté que “lo anterior no quiere decir que la participación en general en licitaciones y concursos esté excepcionada de las inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, pues ello depende de la forma como estén previstas las excepciones en las leyes vigentes al momento de celebrarse el contrato, sobre lo cual vale la pena notar que en esa materia en la actualidad ya no está la Ley 11 de 1973 sino la Ley 5ª de 1992”.
3. A su vez, en el caso actual, que es objeto de esta aclaración, el decreto de pérdida de investidura del senador Henry Cubides Olarte, precisamente, se fundamenta en la vigencia y aplicación al caso de la Ley 5ª de 1992 y la Ley 80 de 1993, por considerar que la Ley 11 de 1973 se encontraba derogada por la primera de las citadas, como se expresa claramente en las páginas 12 y 13 de la sentencia, de lo cual se deduce que actualmente, y para el momento de los contratos celebrados por el senador Cubides Olarte, los únicos excepcionados son los contratos que hacen referencia “a aquellos servicios públicos prestados por empresas oficiales, como los domiciliarios, a los que todos, sin excepción, pueden tener acceso; v. gr. los de energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, telefonía, etc., etc. Igualmente puede referirse a aquellos servicios que prestan las entidades de crédito oficiales, a través de préstamos, contratos de cuentas corrientes, etc. etc., o las empresas oficiales de transporte público. Contratos estos para los cuales, en principio, no existen incompatibilidades” (págs. 14 y 15 de la sentencia), pero no puedan interpretarse las leyes 5ª y 80, en el sentido de que quien contrata mediante una licitación o concurso no esté cobijado por las incompatibilidades.
Por lo tanto, la consecuencia diversa entre los casos de los dos senadores citados, se justifica por la diferencia de las normas vigentes para cada uno de ellos en materia de incompatibilidades: la Ley 11 de 1973 para el caso del senador Blackburn, y las leyes 5ª de 1992 y 80 de 1993 para el senador Cubides Olarte.
Enero 23 de 1998.
Con el debido respeto para con los restantes miembros de la Sala, me aparté de la decisión adoptada por la mayoría por las siguientes razones:
1. El senador Henry Cubides Olarte no realizó conducta alguna que tipifique la descrita en el numeral 2º del artículo 180 de la Carta Política, dado que no está demostrado en el expediente que los contratos celebrados por Coltanques Ltda. con la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol y la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia hubieren sido gestionados o abogados por la persona natural del senador demandado, quien si bien es cierto ostenta la calidad de socio de la sociedad transportadora cedió, con debida anticipación a los contratos, la representación legal que alguna vez regentó.
2. La sociedad Coltanques Ltda. tiene existencia legal desde mucho tiempo antes a la celebración de los contratos referidos en el punto primero de este salvamento de voto, circunstancia que deja notar que la sociedad mencionada no fue constituida para eludir precepto constitucional o legal alguno.
3. Los contratos celebrados por Coltanques Ltda., estuvieron precedidos de licitación o concurso, en un caso de carácter público y en el otro de carácter privado, pero en donde se invitaron a proponer o presentar ofertas a todos los inscritos en el registro de proponentes.
4. La institución de pérdida de investidura congresional por presentar un carácter eminentemente sancionatorio por infracciones constitucionales disciplinarias políticas, impone en su manejo e interpretación que se apliquen estrictamente los conceptos de debido proceso y de tipificación total de la conducta que se investiga y no utilizar sistemas de interpretación extensivo y mucho menos analógica.
En síntesis no aparece probado de manera oportuna y adecuada la infracción supuesta que se le imputó al senador Cubides Olarte por lo que no debió perder su investidura congresional.
Los salvamentos de voto de los señores Consejeros de Estado, doctor Julio Enrique Correa y doctor Delio Gómez Leyva (fls. 294 a 301) son suficientemente claros y fundados, por lo que con el respeto debido a dichos colegas me permito invocarlos como complemento de las razones por mi expuestas.
Con todo respeto por lo decidido por la mayoría de la sala Plena y por disertar de algunos aspectos, manifiesto que comparto las razones expuestas por el H. Consejero Daniel Suárez Hernández en su escrito mediante el cual sustentó su salvamento de voto.
EXTRACTOS: «Con el respeto debido por la opinión mayoritaria de la Sala me he separado de la decisión adoptada por las mismas razones que expresan en sus salvamentos de voto los señores consejeros doctores Julio Enrique Correa, Delio Gómez Leyva y Daniel Suárez Hernández, salvamentos a los cuales, con la venia de ellos, adhiero.
Considero también válidas y pertinentes para el caso sub examine las reflexiones que hice en la aclaración de voto a la sentencia de 26 de agosto de 1994, en el expediente AC-1500».
Febrero 18 de 1998.

References: artículo 358
 artículo 2
 artículo 283
 artículo 180
 artículo 127
 artículo 180
 artículo 127
 artículo 123
 artículo 282
 artículo 180
 artículo 10
 artículo 283
 artículo 10
 artículo 209
 artículo 180
 artículo 180
 artículo 127
 artículo 98
 artículo 99
 artículo 180
 artículo 2
 artículo 180