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Accionante: jorge enrique molina aguirre
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Impugnación Acción de Tutela. Rad: 24700
Aprobado Acta de Sala No. 25
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil seis (2.006)
Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta contra la sentencia emitida el 9 de febrero de 2006 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual denegó la solicitud de amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, presentada por JORGE ENRIQUE MOLINA AGUIRRE contra la FISCALÍA 84 SECCIONAL con sede en esta ciudad.
Los hechos en los cuales el demandante sustenta su solicitud de amparo constitucional fueron sintetizados por la Sala A quo de la siguiente forma:
“Anuncia el accionante Jorge Enrique Molina Aguirre su inconformidad frente a la actuación del Fiscal 84 Seccional de Bogotá donde se tramita el proceso por razón de la denuncia que él instauró contra su hermano Fernando Molina Aguirre por enajenar el taxi de placas SFF-187, teniendo en cuenta copia de la licencia de tránsito y registro del vehículo a su nombre.
Así, dice que habiéndose ordenado la retención del automotor, esto se cumplió estando en poder del señor William Eduardo Torres Escobar quien lo compró a Reinaldo Angel Rusinque y este a su vez a Edgar Eduardo Pirasan y su cónyuge María Cristina Vargas los que aseguraron haberlo adquirido por venta que les hizo su dueño Fernando Molina Aguirre.
No obstante, dice el demandante, que la denuncia se promovió por la supuesta falsedad en los documentos de propiedad del taxi, el Fiscal decidió entregarlo provisionalmente al señor Torres Escobar a quien el funcionario acusado mostró siempre preferencia lo que considera un hecho irregular a los que agrega que finalmente el carro fue “chatarrizado” y al parecer vendido por partes causándole un perjuicio irremediable, sin embargo pide que se revoque la orden de entrega provisional del taxi pues considera tener mejor derecho para que le sea depositado a él, advirtiendo que actualmente se encuentra surtiendo el recurso de apelación que su abogado interpuso, sólo que en la Fiscalía Delegada ante esta Corporación, por tratarse de un asunto sin detenido, fácilmente se puede demorar un año en la definición de la alzada.”
Por estas razones, el actor solicita la concesión del amparo como mecanismo transitorio y en consecuencia, que se revoque la resolución proferida por el fiscal accionado el 18 de noviembre de 2005 y se proceda a la incautación del vehículo y que “se re direccione el trámite incidental tal como lo establece la ley procesal penal.”
LA AUTORIDAD ACCIONADA
El fiscal demandado realiza un recuento sobre las actuaciones surtidas al interior de la investigación que en este momento adelanta con ocasión de la denuncia presentada por Jorge Enrique Molina contra su hermano Fernando Molina Aguirre por el presunto delito de falsedad en documento privado.
Afirma que mediante resolución de fecha 28 de junio de 2005, se resuelve el memorial del apoderado de la parte civil (hoy accionante) a través del cual solicitó la entrega del vehículo, la cual fue denegada en consideración a que la medida fue ordenada por la Fiscalía 181 Seccional y a que existen testimonios juramentados en contra del denunciante. El 29 de junio de 2005 fue presentada la petición de reconocimiento de tercero incidental, de William Eduardo Torres Escobar que fue admitida el 18 de noviembre siguiente y se dispuso la entrega en forma provisional del automotor de placas SFF 187 al incidentante, decisión que fue apelada por el apoderado de la parte civil, habiendo sido concedida la alzada mediante resolución del 29 de diciembre del pasado año.
Agrega que el 15 de noviembre la agente del Ministerio Público solicitó que se investigue el presunto delito de falsedad diferente al que originó la actuación y que presuntamente se habría materializado en el momento en que el accionante Jorge Enrique Molina Aguirre le hizo el traspaso del vehículo a Fernando Molina Aguirre y solicitó que se le escuchara en diligencia de indagatoria.
Por último precisa que en este momento el proceso se encuentra en trámite ante el Superior, del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte civil.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá niega la solicitud de amparo en consideración a la improcedencia de la tutela frente a actuaciones que se encuentran en curso e igualmente plantea que una vez revisado el expediente pudo establecerse que luego de haber sido recopilada una amplia gama de pruebas testimoniales y documentales, la autoridad accionada profirió la decisión de entrega del vehículo al tercero incidental, razón por la cual descarta la existencia de una actuación irregular que comprometa las garantías del demandante.
Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugna sin sustentar el recurso, lo que no impide a la Sala emitir pronunciamiento de fondo.
Para la Corte, la presente solicitud de amparo se muestra a todas luces improcedente, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que desarrolla del principio constitucional contenido en el inciso 3° del Art. 86 Superior, la acción de tutela no procede ante la existencia “de otros recursos o medios de defensa judiciales”, salvo que se la utilice como mecanismo transitorio a efecto de evitar un perjuicio o daño irremediable, que no se evidencia en el presente evento.
Nótese que en este caso el accionante, a través de su representante, interpuso los recursos de reposición y de apelación contra la resolución a través de la cual la fiscalía accionada dispuso la entrega del vehículo a favor del tercero incidental y aunque no prosperó el recurso horizontal, en este momento el asunto se halla sometido al conocimiento del superior en sede de alzada.
Por esta razón, resulta necesario reiterar que aceptar la injerencia del juez constitucional en la tarea que es propia de los funcionarios competentes, a más de invadir las reglas de competencia específicamente delimitadas por la Constitución y la Ley, desnaturaliza el carácter subsidiario y residual del recurso de amparo, pues, con el pretexto de la violación de garantías fundamentales mal pueden desconocerse postulados constitucionales que como la independencia y autonomía funcionales rigen la actividad de la rama judicial al tenor de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, como tampoco reemplazarse los procedimientos ordinarios de defensa instituidos para reparar posibles agravios a los derechos fundamentales, cuando la acción de tutela precisamente se concibió para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes.
En este orden de ideas, resulta evidente que admitir los argumentos expuestos en la demanda, implicaría desconocer abiertamente la naturaleza y finalidad de las acciones ordinarias, lo cual obviamente constituye un grave atentado contra el ordenamiento.
Ahora bien, establecida como está la causal de improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Jorge Enrique Molina Aguirre, basta agregar que en el presente caso, no se evidencia la necesidad de intervención urgente del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable pues no se encuentran demostradas circunstancias objetivas que permitan establecerlo de esta forma, habida cuenta que el mismo peticionario afirma que el automotor se encontraba averiado y que no había podido ser movilizado desde hace varios años por razón a una deuda de impuestos y por ausencia de certificado de movilización, lo que descarta que se le esté causando afectación inminente a sus garantías siendo ello razón suficiente, como se dijo, para descartar la procedencia de la acción de tutela.
Por vía jurisprudencial se ha considerado como perjuicio irremediable aquel daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que es irreversible y por tanto imposible de ser devuelto a su estado anterior. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela es procedente para evitar un perjuicio irremediable siempre que concurran los siguientes requisitos1:
En este orden de ideas, es evidente que la evaluación que hace el juez de tutela debe recaer sobre el conjunto de elementos fácticos que configuran las circunstancias actuales quienes invocan el amparo constitucional, frente a la posibilidad de configuración de un daño inminente a sus derechos fundamentales. Sin embargo, en el presente caso no se encuentran acreditados los elementos que permitan al juez constitucional considerar que la situación del demandante es de tal gravedad que amerite su urgente intervención, como lo sería la afectación al mínimo vital y por el contrario, las circunstancias por éste expuestas ponen en evidencia que sus pretensiones encierran un contenido netamente económico no susceptible de protección por vía de tutela.
En síntesis, advierte la Sala que el excepcional y urgente mecanismo constitucional no está llamado a brindar la solución del caso, pues en forma alguna puede suplir o desplazar los instrumentos ordinarios de defensa.
Basten las anteriores consideraciones para impartir confirmación al fallo objeto de impugnación.
Primero.- CONFIRMAR el fallo emitido el pasado 9 de febrero por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual denegó la acción de tutela instaurada por JORGE ENRIQUE MOLINA AGUIRRE.
Segundo.- REMÍTASE el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero.- NOTIFÍQUESE de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
1 ST-225/93, ST-056/94. ST-208/95, ST-476/96 ,ST-093/97 .

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 30