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Timestamp: 2019-07-23 07:33:32+00:00

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Ejecutoria num. P./J. 50/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 583457290
Número de Resolución: P./J. 50/2014 (10a.)
Localizacion: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, página 90.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 5 DE JUNIO DE 2014. PONENTE: A.Z. LELO DE LARREA. SECRETARIO: J.M.Y.G..
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al cinco de junio de dos mil catorce.
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 111/2013, suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Relación de criterios que contienden en la presente contradicción de tesis
Para dar mayor claridad a la exposición argumentativa contenida en esta sentencia, a continuación se presenta la relación de criterios que fueron emitidos por la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismos que contienden en la presente contradicción de tesis.
Criterio emitido por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
En torno a los criterios involucrados en el presente asunto, debe mencionarse que solamente uno de los mismos fue emitido por la Primera Sala de este Alto Tribunal. Dicho asunto corresponde al amparo en revisión 366/2012, resuelto el cinco de septiembre de dos mil doce.(1)
Criterios emitidos por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
Por lo que hace a los criterios emitidos por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, los mismos consisten en seis sentencias, las cuales se listan a continuación en orden cronológico de resolución:
A. en revisión 404/2012, resuelto el diecisiete de octubre de dos mil doce.(2)
A. en revisión 553/2012, resuelto el catorce de noviembre de dos mil doce.(3)
A. en revisión 606/2012, resuelto el catorce de noviembre de dos mil doce.(4)
A. en revisión 684/2012, resuelto el dieciséis de enero de dos mil trece.(5)
A. en revisión 750/2012, resuelto el treinta de enero de dos mil trece.(6)
A. en revisión 29/2013, resuelto el veinte de febrero de dos mil trece.(7)
Denuncia y trámite de la contradicción de tesis
El cuatro de marzo de dos mil trece, mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro presidente J.N.S.M. denunció la posible contradicción entre los criterios reseñados en el apartado anterior.(8)
En consecuencia, el siete de marzo de dos mil trece, el propio Ministro presidente J.N.S.M. dictó auto en el cual, una vez formado el expediente de contradicción de tesis 111/2013, se determinó lo siguiente: (i) se admitió a trámite la denuncia de posible contradicción; (ii) se solicitó a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, que informaran si se encontraban vigentes los criterios sustentados en los asuntos cuya contradicción fue denunciada; (iii) se turnó el asunto al M.A.Z.L. de L.; (iv) toda vez que en dicho momento se encontraban pendientes los engroses de los amparos en revisión 750/2012 y 29/2013 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, se indicó que los mismos se agregarían al expediente una vez que su respectivo trámite finalizara; (v) se dio vista al procurador general de la República para que expusiera su parecer; y (vi) la denuncia se hizo del conocimiento de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, de la Oficina de Estadística Judicial, y de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, todas de este Alto Tribunal.(9)
Una vez que se agregaron al expediente los engroses de todos los asuntos cuya contradicción se había denunciado, el cuatro de abril de dos mil trece, el Ministro presidente J.N.S.M. dictó un acuerdo, mediante el cual señaló que el asunto se encontraba debidamente integrado, por lo que ordenó la remisión del mismo a la ponencia del M.A.Z.L. de L..(10)
Finalmente, mediante oficio **********, presentado el treinta de abril de dos mil trece en esta Suprema Corte, la agente del Ministerio Público de la Federación designada por el director general de Constitucionalidad de la Procuraduría General de la República, manifestó que en el presente asunto sí existe una contradicción de criterios.(11) Dicho oficio se tuvo por recibido mediante auto de nueve de mayo de dos mil trece.(12)
Es necesario hacer notar que existe una contradicción de tesis radicada en este Tribunal Pleno, que versa sobre la cuestión del interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el cual constituye el tema toral del presente asunto. En efecto, la contradicción de tesis 38/2013, turnada a la ponencia del Ministro L.M.A.M., fue generada a partir de la denuncia de contradicción entre los siguientes criterios: amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala (asunto involucrado también en la presente sentencia), y los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 663/2012 de la Segunda Sala (los primeros dos asuntos también se encuentran involucrados en el presente caso).
Sin embargo, la anterior circunstancia no puede traducirse en un impedimento para que este Tribunal Pleno emprenda el estudio del presente asunto, pues se trató de dos denuncias de contradicción autónomas, mismas que si bien implican algunos amparos en revisión en común, lo cierto es que, no existe una, identidad absoluta entre los asuntos involucrados.
Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo establecido en el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido por este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece, al tratarse de una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por las Salas que integran a esta Suprema Corte.(13)
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción I, de la Ley de A., al haber sido formulada por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(14)
V.R. de los criterios que contienden en la presente contradicción de tesis
Previo a la determinación de la existencia o, en su caso, la inexistencia de contradicción entre los criterios involucrados en el presente asunto, resulta indispensable establecer qué fue resuelto en cada uno de los mismos, a efecto de analizar los alcances de cada una de las resoluciones.
Resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 366/2012
- Antecedentes: El primero de diciembre de dos mil once, **********, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del juicio de amparo, con motivo de las reformas a los artículos 103 y 107 constitucionales, de seis de junio de dos mil once.
El cinco de diciembre de dos mil once, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal desechó de plano la demanda, al considerar que una eventual concesión de amparo no podría ser armónica con el principio de relatividad de los efectos que rige a dicho juicio. El quejoso promovió recurso de revisión en contra de tal determinación.
- Sentencia de la Primera Sala: Señaló que no era necesario analizar los agravios planteados por el recurrente, pues de manera oficiosa se advertía la actualización de la causal de improcedencia consistente en la falta de interés legítimo. También indicó que la introducción del interés legítimo al artículo 107, fracción I, constitucional, abre un abanico de posibilidades, al haber quedado proscritas las exigencias de acreditar la existencia de un derecho subjetivo conferido por el ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo.
Así las cosas, se resolvió que el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llega a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; pero siempre debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en el sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole.
Finalmente, se indicó que el interés simple o jurídicamente irrelevante es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido.
De tal asunto emanó la tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.) de la Primera Sala, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE."(15)
Resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 404/2012
- Antecedentes: El veintinueve de noviembre de dos mil once, **********, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del juicio de amparo, con motivo de las reformas a los artículos 103 y 107 constitucionales, de seis de junio de dos mil once.
El veintiuno de marzo de dos mil doce, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, dictó sentencia en la cual negó el amparo al quejoso. El quejoso promovió recurso de revisión en contra de tal determinación.
- Sentencia de la Segunda Sala: Señaló que no era necesario analizar los agravios planteados por el recurrente, pues de manera oficiosa, se advertía, la actualización de la causal de improcedencia consistente en la falta de interés legítimo. Así, dicha S. indicó que la doctrina concibe el interés legítimo como la institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad.
Por tanto, dicha S. resolvió que el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo, pero siempre debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole.
Finalmente, se indicó que el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido.
Resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 553/2012
- Antecedentes: El veinticuatro de febrero de dos mil doce, **********, en su carácter de representante de **********, Asociación Civil, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del juicio de amparo, con motivo de las reformas a los artículos 103 y 107 constitucionales, de seis de junio de dos mil once.
El veintiocho de febrero de dos mil doce, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, desechó de plano la demanda, al considerar que una eventual concesión de amparo no podría ser armónica con el principio de relatividad de los efectos que rige a dicho juicio. El quejoso promovió recurso de revisión en contra de tal determinación.
- Sentencia de la Segunda Sala: Se sostuvo que el concepto de interés jurídico y legítimo, es diverso y es factible establecer su diferencia atendiendo al tipo de normas que cada uno de ellos tutelan. Así, las normas que tutelan el interés jurídico son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas y pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el estatus jurídico de la persona. En cambio, las relativas al interés legítimo, no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos y establecen los llamados intereses difusos, que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica.
La Segunda Sala indicó que estas normas, por un lado, tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias, pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica, y por el otro, pretenden tutelar intereses colectivos, en la inteligencia de que no otorgan derechos subjetivos al grupo social, por la sencilla razón de que éste carece de personalidad jurídica; ni a sus integrantes, porque no son ellos en lo individual sus destinatarios. Es decir, tutelan intereses de una colectividad que carece de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes. En otras palabras, si el agravio es susceptible de individualizarse en persona concreta independientemente de su pertenencia o no a un grupo, se está en presencia de un interés jurídico; pero si el agravio únicamente se da en la medida en que se pertenece al grupo, entonces se estará frente a un interés legítimo.
Así las cosas, al igual que el interés jurídico, el interés legítimo debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente. El interés jurídico supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente, que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. Por lo que respecta al interés legítimo, deben acreditarse los elementos que determinan su existencia, los cuales son: (i) presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; (ii) afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y (iii) pertenencia del quejoso a dicha colectividad.
Con relación a este último elemento, es importante mencionar, que aunque el agravio jurídico se produzca en perjuicio de alguna colectividad, el promovente deberá acreditar que en el caso concreto sufre un daño precisamente por encontrarse entre las personas realmente afectadas por la ley o acto que se reclama, porque la introducción del interés legítimo no convierte a la acción de amparo en una de tipo colectivo.
De tal asunto emanó la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCES DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO."(16)
Resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 606/2012
- Antecedentes: El cuatro de noviembre de dos mil diez, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la aprobación y publicación del artículo 49, fracción I y antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Derechos, y el artículo 1o., sección I, capítulo 3, de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
El veinte de septiembre de dos mil once, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, dictó sentencia en la cual negó el amparo a la quejosa, misma que promovió recurso de revisión en contra de tal determinación.
- Sentencia de la Segunda Sala: Señaló que el Juez de Distrito sí atendió a la causa de pedir de la quejosa, pues se analizó el planteamiento efectuado por la misma, en relación con la inconstitucionalidad de la norma que prevé el impuesto a la importación y exportación. Así, el Juez de Distrito sí llevó a cabo un análisis adecuado de las disposiciones impugnadas, consistentes en fracciones arancelarias contenidas en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 684/2012
- Antecedentes: El diez de mayo de dos mil doce, ********** y **********, promovieron juicio de amparo indirecto, en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del juicio de amparo, con motivo de las reformas a los artículos 103 y 107 constitucionales, de seis de junio de dos mil once.
El cuatro de julio de dos mil doce, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, decretó el sobreseimiento de la demanda. Uno de los quejosos promovió recurso de revisión en contra de tal determinación.
- Sentencia de la Segunda Sala: Determinó confirmar la sentencia recurrida y, por tanto, sobreseer en el juicio de amparo. Para arribar a tal determinación, sostuvo consideraciones idénticas a las contenidas en la resolución del amparo en revisión 553/2012, mismo que ya fue reseñado con anterioridad.
Resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 750/2012
- Antecedentes: El diez de febrero de dos mil doce, **********, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del juicio de amparo, con motivo de las reformas a los artículos 103 y 107 constitucionales, de seis de junio de dos mil once.
El veinticinco de mayo de dos mil doce, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, desechó la demanda de amparo, al considerar que una eventual concesión de amparo no podría ser armónica con el principio de relatividad de los efectos que rige a dicho juicio. La quejosa promovió recurso de revisión en contra de tal determinación.
- Sentencia de la Segunda Sala: Estableció que a pesar de las reformas al juicio de amparo, el principio de relatividad de las sentencias continúa vigente. Por tanto, si bien en la fracción II del artículo 107 constitucional se prevé la declaratoria general de inconstitucionalidad, lo cierto es que la misma no pugna con el principio de relatividad de las sentencias, pues solamente constituye otro instrumento más que nuestra Constitución prevé para lograr la regularidad constitucional de nuestro marco jurídico vigente, con propósitos distintos a los buscados particularmente en cada amparo.
Así las cosas, en dicho caso se determinó que el principio de relatividad impedía que una hipotética concesión del amparo reportara algún beneficio al quejoso, pues no se podía obligar a la autoridad legislativa a reparar una omisión, ya que ello implicaría pretender dar efectos generales a la ejecutoria de amparo, pues la reparación constitucional conllevaría la creación de una ley o disposición que, por definición, constituye una regla de carácter general, abstracta e impersonal, la que vincularía no solamente al afectado y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma o disposición creada, apartándose del citado principio de relatividad.
Resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 29/2013
El dos de abril de dos mil doce, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, decretó el sobreseimiento de la demanda, al considerar que una eventual concesión de amparo no podría ser armónica con el principio de relatividad de los efectos que rige a dicho juicio. El quejoso promovió recurso de revisión en contra de tal determinación.
- Sentencia de la Segunda Sala: Dicho órgano jurisdiccional determinó confirmar la sentencia recurrida y, por tanto, sobreseer en el juicio de amparo. Para arribar a tal determinación, sostuvo consideraciones idénticas a las contenidas en las resoluciones de los amparos en revisión 553/2012 y 684/2012, mismos que ya fueron reseñados con anterioridad.
Criterios para determinar la existencia de una contradicción de tesis
En primer término, es necesario precisar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste, en unificar los criterios contendientes, a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica.(17) Así las cosas, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.
A partir de los diversos criterios que ha emitido esta Suprema Corte,(18) es posible concluir que las siguientes características deben analizarse, para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de tesis:
No es necesario que los criterios deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, a partir de la cual, arribaron a decisiones encontradas.(19)
Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese.
Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.(20)
Inexistencia de contradicción entre el amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala y los amparos en revisión 404/2012, 606/2012 y 750/2012 de la Segunda Sala
A partir de los lineamientos sostenidos por este Alto Tribunal para determinar cuándo existe una contradicción entre criterios, y tomando en consideración la reseña contenida en el apartado quinto, en torno a las sentencias que contienden en el presente asunto, es posible sostener que no existe contradicción de criterios entre el amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala y los amparos en revisión 404/2012, 606/2012 y 750/2012 de la Segunda Sala, tal como se procede a desarrollar.
Inexistencia de contradicción entre el amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala y el amparo en revisión 404/2012 de la Segunda Sala
En primer término, y por lo que ve a los criterios indicados, no existe una contradicción entre los mismos, ya que las Salas de esta Suprema Corte no arribaron a decisiones encontradas, no obstante analizaron la misma cuestión jurídica.
En efecto, al resolver el amparo en revisión 366/2012, la Primera Sala señaló que "el interés legítimo puede definirse, pues, como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole."(21)
Por su parte, al resolver el amparo en revisión 404/2012, la Segunda Sala -una vez que expuso diversos precedentes sobre tal temática- se pronunció en torno al interés legítimo, estableciendo una conclusión en términos idénticos a lo resuelto por la Primera Sala en el amparo en revisión 366/2012.(22)
Por tanto, es claro que no puede existir una contradicción entre los criterios ya indicados, pues si bien a través de los mismos existió un pronunciamiento en torno a la misma cuestión jurídica -el interés legítimo para promover un juicio de amparo-, lo cierto es que la conclusión a la que arribó cada una de las S. no fue discrepante, sino por el contrario, ambas se pronunciaron en el mismo sentido.
Inexistencia de contradicción entre el amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala y el amparo en revisión 606/2012 de la Segunda Sala
Ahora bien, a juicio de este Tribunal Pleno, tampoco se surte la contradicción de criterios entre los asuntos indicados, toda vez que los mismos no estudiaron la misma cuestión jurídica, razón por la cual no arribaron a decisiones encontradas.
En efecto, al resolver el amparo en revisión 366/2012, la Primera Sala de este Alto Tribunal emitió un pronunciamiento en torno al interés legítimo, delimitando su concepto y aplicándolo al caso en concreto. Por su parte, al resolver el amparo en revisión 606/2012, la Segunda Sala solamente verificó que el Juez de Distrito efectivamente hubiera analizado el planteamiento de constitucionalidad hecho valer por la quejosa, consistente en el estudio de diversas fracciones arancelarias contenidas en la Ley General de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, pero no realizó manifestación alguna en torno a la legitimación para acudir al juicio de amparo.
En consecuencia, resulta evidente que ambos criterios se refirieron a cuestiones jurídicas diversas, sin que hubiese existido alguna parte del razonamiento en el que la interpretación girara en torno a un mismo tipo de problema jurídico, razón por la cual, es inexistente la contradicción entre tales criterios de las Salas de este Alto Tribunal.
Inexistencia de contradicción entre el amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala y el amparo en revisión 750/2012 de la Segunda Sala
Por último, a consideración de este Tribunal Pleno, tampoco existe contradicción entre lo sustentando por la Primera Sala en el amparo en revisión 366/2012 y lo sustentando por la Segunda Sala en el amparo en revisión 750/2012, toda vez que los pronunciamientos no versaron sobre la misma cuestión jurídica.
Al resolver el amparo en revisión 366/2012, la Primera Sala estableció un concepto del interés legítimo para efectos del juicio de amparo, mientras que al resolver el amparo en revisión 750/2012, la Segunda Sala declaró improcedente el juicio en cuestión, al considerar que una eventual concesión del amparo no sería armónica con el principio de relatividad de las sentencias de dicho medio de control de constitucionalidad.
En efecto, la Segunda Sala estableció que a pesar de la inclusión en nuestro sistema jurídico de la declaratoria general de inconstitucionalidad, lo cierto es que el principio de relatividad de las sentencias continúa vigente, pues la misma no pugna con dicho principio, ya que solamente constituye otro instrumento más que nuestra Constitución prevé para lograr la regularidad constitucional de nuestro marco jurídico vigente, con propósitos distintos a los buscados particularmente en cada amparo.
En dicho caso, la Segunda Sala emitió diversos pronunciamientos en torno al principio de relatividad de las sentencias de amparo, pero no estableció un concepto o los alcances del interés legítimo para efectos de la procedencia de dicho juicio, cuestión que sí fue tratada en la sentencia emitida por la Primera Sala. En consecuencia, ambos criterios se refirieron a cuestiones jurídicas diversas, razón por la cual, resulta inexistente la contradicción entre tales asuntos.
Existencia de contradicción entre el amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala y los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 29/2013 de la Segunda Sala
A consideración de este Tribunal Pleno, sí es posible sostener la contradicción de criterios entre el amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala y los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 29/2013 de la Segunda Sala, toda vez que en tales asuntos se emitieron diversas consideraciones en torno al interés legítimo, mismas que son discordantes entre sí.
En efecto, recordemos que al resolver el amparo en revisión 366/2012, la Primera Sala de este Alto Tribunal definió, al interés legítimo como un interés personal -ya sea individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, mismo que podría traducirse en un beneficio al quejoso en caso de que se le concediera el amparo. Así, dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo y deberá referirse a una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio -económica, profesional, de salud pública, o de cualquier índole-.
Por su parte, la Segunda Sala, al resolver los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 29/2013 -en los cuales la argumentación sobre el tema es idéntica-, sostuvo que el interés legítimo lo tutelan normas que no generan derechos subjetivos sino que establecen intereses difusos. En consecuencia, para que el quejoso tenga interés legítimo deberá acreditar: (i) la presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; (ii) afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, (iii) la pertenencia del quejoso a dicha colectividad.
Así, como puede apreciarse, ambas Salas de esta Suprema Corte se pronunciaron en torno a la misma cuestión jurídica, esto es, el concepto y los alcances del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, adoptando soluciones contrapuestas.
Resulta evidente que a partir de un ejercicio interpretativo, el problema jurídico en concreto fue resuelto de diversa forma por ambas S., ya que las mismas dotaron de un contenido discrepante al interés legítimo, en específico, la Segunda Sala identificó al mismo, con los intereses difusos o colectivos, mientras que la Primera Sala estableció que dicho interés podía ser de índole individual o colectiva.
Se reitera que la Primera Sala señaló que el interés legítimo no se producía en virtud de la titularidad de un derecho público subjetivo, sino en razón de una afectación en la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, ya sea de manera directa o en virtud de la especial situación del mismo frente al orden jurídico. Por su parte, la Segunda Sala estableció que tal posición especial frente al orden jurídico se daba en la medida en que el sujeto formara parte de un ente colectivo, distinción no realizada por la Primera Sala.
Así las cosas, resulta claro que la Primera Sala estableció que el interés legítimo podía ser individual o colectivo, sin precisar que la situación especial tuviese que implicar la pertenencia a un grupo colectivo, tal como sí lo hizo la Segunda Sala. Incluso, cuando cada una de las Salas enunció los requisitos necesarios para la actualización de dicho interés legítimo, la Segunda Sala estableció de forma expresa, que el quejoso debía acreditar la existencia de una norma que tutelara algún interés difuso, la afectación de tal interés en perjuicio de la colectividad, y la pertenencia a dicha colectividad.
En consecuencia, si la Segunda Sala estableció requisitos específicos para la existencia del interés legítimo, concernientes en la afectación a una colectividad y la pertenencia a la misma, los cuales no fueron establecidos por la Primera Sala para condicionar la actualización de dicho interés, resulta evidente para este Tribunal Pleno que los criterios en cuestión son discrepantes, toda vez que cada una de las Salas que integran este Alto Tribunal ha listado distintos requisitos para que el juzgador de amparo estime que el quejoso tiene interés legítimo.(23)
Por tanto, este Tribunal Pleno estima que ambos criterios no son complementarios, lo cual se advierte del pronunciamiento de la Segunda Sala, en el sentido de que si bien, la Constitución señala que el interés legítimo es individual o colectivo, ello se refiere a que se trata de sujetos que forman parte de una colectividad, y cada uno de los cuales tiene un interés de que el orden jurídico opere de manera efectiva, pero en el entendido de que la afectación individual sólo podrá darse si el quejoso forma parte del grupo interesado. Tal acotación o precisión no fue establecida por la Primera Sala, lo cual la llevó a establecer requisitos diversos para la actualización de dicha figura y, por tanto, es claro que existe una contradicción de tesis que exige un pronunciamiento por parte de este Tribunal Pleno.
Ahora bien, este Tribunal Pleno estima pertinente aclarar que la materia de la presente contradicción subsiste, no obstante los criterios de la Segunda Sala de este Alto Tribunal se emitieron en el contexto de un precedente en el cual se estableció que la eficacia e instrumentalidad de la reforma constitucional al juicio de amparo quedó sujeta a la emisión de la ley reglamentaria correspondiente, tal como se desprende de la tesis jurisprudencial 2a./J. 147/2013 (10a.) de la Segunda Sala, de rubro: "REFORMA AL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. SU EFICACIA E INSTRUMENTALIDAD QUEDARON SUJETAS A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY REGLAMENTARIA."(24)
Lo anterior se debe a que los criterios emitidos por la Segunda Sala, mismos que contienden en la presente contradicción, implicaron una interpretación directa del sentido y alcances del artículo 107 constitucional, no obstante, en dicho momento, aún no se había emitido la ley reglamentaria correspondiente. Así, dicha interpretación fue sostenida por la Segunda Sala, incluso después de la publicación, el dos de abril de dos mil trece, de la vigente Ley de Amparo, tal como puede advertirse de la resolución del amparo en revisión 256/2013,(25) razón por la cual, es posible sostener la subsistencia del punto de contradicción previamente señalado.
A partir de los anteriores criterios, es posible que este Tribunal Pleno se formule un cuestionamiento, sobre cuál forma de acometer la cuestión jurídica debe prevalecer. En otras palabras, el punto de contradicción del presente asunto, mismo que este Tribunal Pleno debe resolver, consiste en determinar lo siguiente: ¿Cuál es el contenido y alcance del interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo?
Criterio que debe prevalecer en la presente contradicción
Una vez establecido el punto de contradicción en términos del apartado anterior, lo pertinente es analizar qué criterio debe prevalecer en el presente asunto. Para arribar a tal determinación, el estudio contenido se estructurará de la siguiente manera: en primer término, se expondrá el interés que para comparecer al juicio de amparo preveía el Texto Constitucional en 1917, sus respectivas reformas, su correspondiente regulación legal y los criterios emitidos sobre ello (apartado 1); posteriormente, se analizará la reforma al juicio de amparo, publicada el 6 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, en relación con la reforma de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011 (apartado 2); a partir de lo anterior, se procederá al análisis del interés para comparecer al juicio de amparo acorde al sistema constitucional y legal vigente (apartado 3); y finalmente, a partir de los anteriores elementos se expondrá el criterio que debe prevalecer en la presente contradicción (apartado 4).
Interés para comparecer al juicio de amparo: Texto Constitucional en mil novecientos diecisiete, sus posteriores reformas, su regulación en la Ley de Amparo y los criterios emitidos sobre ello
En primer término, debe señalarse que el Texto Constitucional de 1917, en torno al interés necesario para comparecer al juicio de amparo, solamente señalaba en el párrafo inicial del artículo 107 que dichas controversias se seguirían "a instancia de la parte agraviada", sin establecer un desarrollo de tal concepto o una explicación del mismo.
Tal redacción fue confirmada en la reforma constitucional de diecinueve de febrero de 1951, en la cual se consignó en la fracción I, que "el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". Así, dicha fracción no sufrió modificación alguna hasta la reforma constitucional de junio de 2011.(26)
Por tanto, de 1917 a 2011, el Texto Constitucional no preveía una definición expresa de qué debía entenderse por "parte agraviada", ya que solamente se indicaba como mención genérica que la misma era quien podía comparecer al juicio de amparo. En consecuencia, al no encontrar en el Texto Constitucional una explicación sobre tal aspecto, la Ley de Amparo debía ser la encargada de dotar de contenido a dicha disposición.
Así las cosas, el texto de la Ley de Amparo, publicada el diez de enero de 1936, señalaba en su artículo 4o. que: "el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama", esto es, la disposición en comento indicaba que la parte agraviada a la cual se refería la Constitución, debía sufrir un perjuicio directo por parte del acto o ley combatida.
El cinco de enero de 1988 tal disposición fue modificada,(27) pero solamente para precisar que la parte agraviada era a quien le perjudicaba "la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame", es decir, solamente se precisó el tipo de actos que podían combatirse mediante el juicio de amparo, pero se mantuvo la exigencia de un perjuicio directo. Debe precisarse que durante su vigencia -es decir, hasta el 2 de abril de 2013-, tal disposición no sufrió modificaciones posteriores.(28)
Cabe señalarse que tal disposición se encontraba corroborada por el artículo 73 de la propia ley, el cual en su texto de 1936, señalaba en su fracción VI, que el juicio de amparo resultaba improcedente "contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso". Es decir, la afectación que exigía la ley para que alguien fuera considerado como parte agraviada en términos del artículo 4o., era identificada por la propia ley con el concepto de "interés jurídico". Debe mencionarse que en la reforma a la Ley de Amparo de 19 de febrero de 1951, dicha fracción VI del artículo 73 se convirtió en la fracción V, subsistiendo sin modificaciones posteriores hasta la abrogación de tal instrumento normativo.
Como podrá apreciarse, la Ley de Amparo tampoco establecía un desarrollo amplio en torno al interés necesario para comparecer como agraviado, pues simplemente se indicaba la necesidad de que se produjera un perjuicio por parte del acto reclamado. En consecuencia, fue esta Suprema Corte la que, por medio de sus sentencias, desarrolló el concepto de parte agraviada a partir de los elementos contenidos en el Texto Constitucional y en la Ley de Amparo.
En efecto, durante la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación,(29) este Alto Tribunal sostuvo que la afectación requerida para la promoción del juicio de amparo, debía ser real y positiva en torno a intereses jurídicos,(30) esto es, se exigía un nexo directo entre el acto reclamado y la situación en que se encontraba el quejoso.(31)
Tal posicionamiento fue reiterado en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación,(32) en la cual, esta Suprema Corte indicó, que el interés jurídico consignado en la Ley de Amparo, se refería a la titularidad por parte del quejoso, de los derechos, propiedades o posesiones conculcados por el acto de autoridad.(33) Es decir, se trataba de un interés directo e inmediato.(34)
Por su parte, durante la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación,(35) este Alto Tribunal señaló que no todos los intereses que puedan ocurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que ello acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una norma. En tal sentido, el interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos.(36) Es decir, la noción de perjuicio para los efectos del juicio de amparo, suponía la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la autoridad, facultaba a su titular para demandar dicha transgresión.(37)
En esta lógica, el Tribunal Pleno sostuvo que el interés jurídico es lo que la doctrina conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como una facultad o potestad de exigencia, mismo que supone la presencia de dos elementos: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Por tanto, el interés jurídico no implica una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico solamente concede o regula una actuación particular que no otorga la potestad de imponerse de forma coactiva a otro sujeto. De igual manera, tampoco existe un interés jurídico cuando el quejoso cuenta con un interés simple, el cual implica que la norma jurídica no establece ninguna facultad de exigir, sino que solamente consigna una situación que puede aprovechar a cualquier sujeto.(38)
Por lo que hace a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, este Alto Tribunal reiteró los anteriores criterios, para establecer que la tutela del juicio de amparo solamente se refiere a actos que lesionan intereses jurídicos en la persona o patrimonio del quejoso, lo cual sólo se refiere a bienes jurídicos reales y objetivos, susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio.(39)
Finalmente, durante la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, esta Suprema Corte insistió en los anteriores posicionamientos40 y, adicionalmente, se sostuvo que el concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación, pues en realidad, lo que ha cambiado es el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que solamente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material".(41)
En definitiva, y como puede apreciarse de los precedentes antes reseñados, desde 1917 y durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo una interpretación constante en torno al interés jurídico, identificando al mismo con un perjuicio directo a la esfera jurídica del quejoso a partir de la titularidad de un derecho público subjetivo, esto es, se requería una lesión directa e inmediata en la persona o patrimonio del quejoso, situación que debía ser susceptible de apreciación objetiva.
Sin embargo, es de resaltarse que ya en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, han existido diversos pronunciamientos a través de los cuales y mediante la incorporación del interés legítimo, se han interpretado diversas figuras jurídicas. Por ejemplo, esta Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 152/2013,(42) se pronunció sobre el interés legítimo ahora consagrado a nivel constitucional, en el contexto de las normas autoaplicativas, señalando que dicho interés puede surtirse en tres supuestos:
Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que reúne las características de afectación jurídicamente relevante, cualificado, actual y real.
Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamadas a actualizar a los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa en grado suficiente para ser personal o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, cuya comprobación pasa por verificar que, en caso de otorgarse el amparo, el quejoso obtendría un beneficio jurídico.
Cuando la ley regule ciertas cuestiones y su contenido genere de manera inmediata la afectación individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso.
Reforma al juicio de amparo, publicada el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, en relación con la reforma de derechos humanos publicada el diez de junio de dos mil once.
Tal y como se puede advertir del apartado anterior, los criterios que a lo largo de las Épocas del Semanario Judicial de la Federación ha emitido esta Suprema Corte, en torno al interés necesario para promover un juicio de amparo, respondían a una redacción específica de la Constitución y la Ley de Amparo, mediante la cual, se relacionaba dicho interés con la existencia de un agravio personal y directo.
Sin embargo, el seis de junio de dos mil once, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional, mediante la cual, se introdujeron diversas modificaciones al esquema y alcances del juicio de amparo.(43) En específico, y por lo que ve al interés necesario para promover dicho medio de control de constitucionalidad, la fracción I del artículo 107 constitucional quedó redactada en los siguientes términos:
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal directa.
Como puede apreciarse, la nueva redacción constitucional en torno al interés para acudir al juicio de amparo establece una distinción: (i) en un primer término, para la promoción del amparo indirecto -tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: a) el titular de un derecho, o b) el titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y (ii) en segundo lugar, para efecto de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se mantuvo la exigencia de aducir la titularidad de un derecho subjetivo, tal como lo había sostenido esta Suprema Corte para el juicio de amparo previamente a la reforma constitucional ya indicada.
Con motivo de tal reforma, el dos de abril de dos mil trece, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley de Amparo, mediante la cual se reglamentaron los artículos 103 y 107 constitucionales, modificados en junio de dos mil once.
Dentro del gran número de modificaciones que en torno a la naturaleza y alcances del juicio de amparo contiene la citada ley, para efectos de la presente contradicción de criterios, resulta fundamental señalar lo contenido en la fracción I del artículo 5o. de tal normativa:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.
"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;
Ahora bien, en íntima relación con la reforma al juicio de amparo antes indicada, el diez de junio de dos mil once fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, una reforma constitucional en materia de derechos humanos, misma que tuvo un especial impacto en la redacción del artículo 1o. constitucional, mismo que consagró el denominado principio pro persona de la siguiente manera:
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia."
Sobre tal reforma, debe destacarse la resolución de la contradicción de tesis 293/2011, emitida el tres de septiembre de dos mil trece por este Tribunal Pleno, mediante la cual se emitieron diversas consideraciones en torno al principio pro persona contenido en el nuevo artículo 1o. constitucional, misma que requiere reseñarse por su trascendencia para el presente asunto.(44)
En efecto, este Tribunal Pleno señaló que es necesario que las nuevas figuras incorporadas en la Constitución a partir de junio de dos mil once, sean estudiadas a partir de un enfoque de derechos humanos y con interpretaciones propias del nuevo paradigma constitucional, buscando un efecto útil de las reformas, a fin de optimizar y potencializar las reformas constitucionales acorde a su objetivo principal: la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas.
En específico, esta Suprema Corte señaló que el segundo párrafo de dicho artículo 1o. constitucional contiene dos herramientas interpretativas, mismas que resultan de aplicación obligatoria en asuntos relativos a derechos humanos. La primera se refiere a que todas las normas de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. A dicha herramienta se le ha conocido en la jurisprudencia de este órgano colegiado como "interpretación conforme".(45)
Por otra parte, la segunda herramienta interpretativa contenida en el artículo 1o. constitucional, ha sido identificada por la jurisprudencia y la doctrina como el principio pro persona. Dicho principio, obliga a que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo momento la protección más amplia a la persona, ante lo cual, en los casos de duda que puedan enfrentar los operadores jurídicos ante una eventual multiplicidad de normas -y, por tanto, de interpretaciones disponibles de las mismas-, se deberá optar por dicha alternativa que implique una protección en los términos más amplios.(46)
En efecto, conforme al artículo 1o. constitucional, cuando se susciten conflictos respecto a cómo interpretar un derecho humano en específico, los operadores jurídicos deberán atender, en cumplimiento al principio pro persona, a las interpretaciones que resulten más amplias o menos restrictivas para los derechos de las personas.
Por último, este órgano colegiado señaló que a partir de tal reforma, el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional constituye el fundamento constitucional de los siguientes elementos: (i) los principios objetivos de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; (ii) las obligaciones genéricas de las autoridades estatales para la tutela de los derechos humanos: respeto, protección, promoción y garantía; y (iii) las obligaciones específicas que forman parte de la obligación genérica de garantía: prevenir, investigar, sancionar y reparar.
En suma, este Tribunal Pleno señaló que de acuerdo a los tres primeros párrafos del artículo 1o. constitucional, se puede desprender lo siguiente: (i) los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de los cuales México sea parte integran un mismo conjunto o catálogo de derechos; (ii) la existencia de dicho catálogo tiene por origen la Constitución misma; (iii) dicho catálogo debe utilizarse para la interpretación de cualquier norma relativa a los derechos humanos; y (iv) las relaciones entre los derechos humanos que integran este conjunto deben resolverse partiendo de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos -lo que excluye la jerarquía entre unos y otros-, así como del principio pro persona, entendido como herramienta armonizadora y dinámica que permite la funcionalidad del catálogo constitucional de derechos humanos.
Como puede apreciarse, la emisión de las reformas en materia de juicio de amparo y derechos humanos, ha significado la creación en nuestro país de un nuevo paradigma constitucional, mismo que obliga a todas las autoridades del país a adoptar la protección más amplia para las personas, ante lo cual, la interpretación que se realice de las figuras integrantes de nuestro sistema jurídico, deberá ser conforme al principio pro persona que constituye la base de dicho paradigma.(47)
En consecuencia, la interpretación que del interés legítimo se contenga en la presente sentencia, deberá emprenderse a la luz de tales directrices.
Análisis del interés para comparecer al juicio de amparo acorde al sistema constitucional y legal vigente
En primer término, resulta necesario desarrollar diversas precisiones terminológicas en torno al interés, a efecto de estar en posibilidad de dotar de contenido a la fracción I del artículo 107 constitucional. Así, los siguientes conceptos constituyen un marco, que si bien es de índole teórica, lo cierto es que resulta de enorme importancia para el criterio sostenido en el presente asunto.
Comenzaremos señalando que el interés, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción.
Ahora bien, dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello en base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados por la doctrina, mismos que son de especial relevancia para el presente caso, son los siguientes:
Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera:
ii. Colectivo o difuso.
Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés:
ii. Legítimo.
iii. Jurídico.
Una vez indicado lo anterior, y a efecto de clarificar el estudio del interés para efectos del juicio de amparo, procederemos a desarrollar cada uno de los conceptos previamente señalados, en los siguientes términos:
Tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama
Sobre tal criterio de clasificación, mismo que atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, es necesario señalar que el interés individual, como su nombre lo indica, se refiere a la afectación de la esfera jurídica de un individuo -con independencia del nivel de afectación-, mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible. Sin embargo, es posible realizar una sub clasificación de tales conceptos, pues hay un sector de la academia que indica que los intereses colectivos son los intereses comunes a una colectividad de personas entre las que existe un vínculo jurídico, mientras que en los intereses difusos no existe tal vínculo jurídico, sino solamente situaciones contingentes o accidentales.(48)
En cualquier caso, tanto el interés colectivo como el difuso, comparten como nota distintiva un fenómeno supraindividual, es decir, son indivisibles. Ello no quiere decir que tales circunstancias escapen de la dimensión individual, toda vez que la repercusión recae directamente en personas identificables, pero la afectación trasciende de la esfera jurídica subjetiva y se proyecta en un grupo, categoría o clase en conjunto.(49)
Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona
En primer término, es necesario precisar los extremos relativos al presente criterio de categorización: el interés simple y el interés jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma.(50)
En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo.(51) Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo.(52)
Como puede apreciarse, el concepto de interés jurídico se identifica con lo que esta Suprema Corte había entendido por parte agraviada para efectos de la promoción del juicio de amparo, ello previo a la reforma constitucional de junio de dos mil once, claro está.
Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente desarrollar lo concerniente al interés legítimo. A manera de aproximación inicial al tema, se suele indicar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple,(53) ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico.
El interés legítimo -mismo que tuvo su origen en el derecho administrativo, pero su uso se ha extendido a otras ramas jurídicas- implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple.(54)
En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.
Cabe aclararse que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por esta Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida.
Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos.(55)
Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos.(56)
En cualquier caso, resulta pertinente hacer una aclaración: la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo.(57)
Por otra parte, también requiere precisarse que aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible.(58)
Por último, debe indicarse que el interés de que se trate, deberá ser interpretado en todo momento acorde a la naturaleza y funciones del proceso constitucional, convencional o legal del cual sea parte. Así, toda vez que el interés legítimo en torno al cual versa la presente contradicción de criterios, se refiere al exigido en el juicio de amparo, el mismo deberá analizarse a la luz de la función primordial del mismo: la protección de los derechos fundamentales de las personas, razón por la cual, el principio pro persona contenido en el artículo 1o. constitucional cobra especial relevancia en el presente asunto.
Como puede apreciarse, se trata de un concepto jurídico de enorme complejidad, cuyos contenidos esenciales han de ser delineados por esta Suprema Corte, pero su aplicación fáctica requerirá de los casos en concreto a los que se enfrenten los órganos que integran nuestro sistema judicial, es decir, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte.(59)
Una vez que este Tribunal Pleno ha establecido los anteriores elementos, resulta pertinente establecer cómo deberá ser interpretada la fracción I del artículo 107 constitucional, cuyo texto reformado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once.
En primer término, es necesario reiterar que el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa.(60)
Es decir, resulta claro que el Constituyente Permanente estableció de forma expresa, que tratándose de la procedencia del amparo directo, así como del amparo indirecto cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales,(61) es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo. Cabe señalarse que tal estándar de afectación que es exigido para la procedencia del juicio de amparo, resulta coincidente con los diversos criterios que sobre interés jurídico ha emitido este Alto Tribunal.
En consecuencia, el pronunciamiento que esta Suprema Corte emita en torno al interés legítimo, deberá entenderse como aplicable al supuesto previsto en el primer párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, es decir, para la procedencia del amparo indirecto, cuando los actos reclamados no consistan en actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
En este punto resulta pertinente recordar que previo a la reforma de junio de dos mil once, el Texto Constitucional solamente establecía, que el juicio de amparo se seguiría a instancia de parte agraviada. Al carecer dicho concepto de un mayor desarrollo en la Constitución, esta Suprema Corte lo interpretó -en relación con el texto de la anterior Ley de Amparo-, en el sentido de que se requería la titularidad de un derecho subjetivo, y una afectación directa e inmediata en la esfera jurídica del quejoso.
Sin embargo, a partir del seis de junio de dos mil once, el interés necesario para comparecer al juicio de amparo ya posee una configuración constitucional explícita, en la cual, el concepto que durante las diversas Épocas del Semanario Judicial de la Federación había adoptado esta Suprema Corte, esto es, una afectación directa e inmediata en razón de la titularidad de un derecho subjetivo, ahora se vincula de forma expresa al amparo directo -y al amparo indirecto tratándose de actos provenientes de tribunales-.
No obstante, el Constituyente Permanente incluyó una definición distinta para el interés en los casos de amparos indirectos que no provengan de actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ante lo cual, resulta claro que dicho Constituyente pretendió establecer, para tales casos, un concepto de interés distinto al que esta Suprema Corte había desarrollado.
Se arriba a tal conclusión, pues si el Constituyente hubiese considerado que dicho interés jurídico era el aplicable para la procedencia de todos los juicios de amparo, no hubiese realizado la distinción que se aprecia entre el primer y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, en virtud de lo cual, esta Suprema Corte requiere dotar de contenido a este interés consagrado en el Texto Constitucional.
Así, a consideración de este Tribunal Pleno, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio.(62)
Así, la Constitución expresamente establece que dicho "interés legítimo individual o colectivo", implica que el quejoso será quien alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ello se desprende, en un primer término, que el interés legítimo admite de forma expresa la posibilidad de ser individual o colectivo -cuestión sobre la cual se profundizará más adelante-.
Adicionalmente, del interés legítimo consagrado en el Texto Constitucional, este Tribunal Pleno arriba a la conclusión de que el mismo posee las características que sobre tal figura jurídica habíamos indicado en la presente sentencia, esto es, el Constituyente Permanente consagró un interés que implica una afectación en la esfera jurídica en un sentido amplio -al no limitar la Constitución este tipo de afectación-, lo cual genera un interés cualificado, actual y real -debido a que la afectación surge de forma directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico-, en suma, un interés jurídicamente relevante y protegido, lo cual forzosamente conllevaría a reconocer, que una posible concesión de amparo generaría un beneficio en la esfera jurídica del quejoso.
Ello es así, pues como ya se expuso en la presente sentencia, la existencia de intereses difusos y colectivos por una parte, y del interés legítimo por otra, responde a dos supuestos distintos: en el primer caso, el interés se refiere al número de personas que tienen el mismo, mientras que el segundo término se refiere al nivel de intromisión o afectación en la esfera jurídica del gobernado. Es decir, no pueden equipararse los términos ni pueden ser empleados como sinónimos, toda vez que su configuración responde a criterios diversos, sin que ello implique que no puedan coexistir en el mismo procedimiento.
Así las cosas, resulta posible que el interés legítimo en determinado caso también sea difuso o colectivo, pero tal supuesto no resulta forzoso, pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas.
En otras palabras, no resulta jurídicamente factible equiparar el interés legítimo con el diverso colectivo o difuso, pues tal circunstancia no resultaría armónica con la naturaleza del juicio de amparo ni con el principio pro persona, ya que ello significaría restringir de forma excesiva el acceso al mismo, al impedir que ciertas personas que posean un interés individual y diferenciable pero que no derive de la titularidad de un derecho subjetivo, puedan acceder al juicio de amparo, situación que se reitera, resultaría contraria al nuevo paradigma en materia de derechos humanos prevista en nuestro Texto Constitucional.
Tomando en consideración los anteriores elementos, es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes:
Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso.
El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.
Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción.
La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.
Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida.
Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio.
La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial.
Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible.
Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés.
Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas.
En suma, se estima que el criterio contenido en la presente sentencia resulta acorde a la finalidad del juicio de amparo a la luz del principio pro persona, pues mediante el mismo se amplía la protección a los derechos fundamentales, al permitir un mayor acceso a tal medio de control de constitucionalidad, situación que redunda de forma directa en un respeto al nuevo paradigma en materia de derechos humanos que el Constituyente Permanente consagró en nuestro Texto Constitucional desde junio de dos mil once.
Debido a lo anteriormente expuesto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arriba a la consideración de que el criterio que es acorde a la naturaleza del juicio de amparo y al nuevo paradigma en materia de derechos humanos, mismo que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es el siguiente:
INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.
Por lo antes expuesto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
No existe la contradicción de tesis denunciada entre el amparo en revisión 366/2012 sustentado por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y los amparos en revisión 404/2012, 606/2012 y 750/2012 sustentados por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí existe la contradicción de tesis denunciada entre el amparo en revisión 366/2012 sustentado por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 29/2013 sustentados por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, en los términos precisados en el último apartado de esta sentencia.
P. la tesis jurisprudencial en términos de ley.
N.; remítase la tesis jurisprudencial que se establece a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, y háganse del conocimiento de las Salas de esta Suprema Corte, de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto en los artículos 218 y 219 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., A.M., V.H., S.C. de G.V., P.D. y presidente S.M., respecto de los apartados I, II, III, IV, V, VI y VII relativos, respectivamente, a la relación de criterios que contienden en la presente contradicción de tesis, a la denuncia y trámite de la contradicción de tesis, a la competencia, a la legitimación, a la reseña de los criterios que contienden en la presente contradicción de tesis, a los criterios para determinar la existencia de una contradicción de tesis y a la inexistencia de la contradicción entre el amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala, y los amparos en revisión 404/2012, 606/2012 y 750/2012 de la Segunda Sala.
El Ministro J.M.P.R. no asistió a la sesión de tres de junio de dos mil catorce por desempeñar una comisión de carácter oficial.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., A.M., V.H., S.C. de G.V., P.D. y presidente S.M., respecto del apartado VIII del proyecto, relativo a la existencia de contradicción entre el amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala, y los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 29/2013 de la Segunda Sala.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los Ministros C.D. en contra de algunas consideraciones, F.G.S., Z.L. de L., A.M., V.H., S.C. de G.V., P.D. y presidente S.M., respecto del apartado IX, relativo al criterio que debe prevalecer en la presente contradicción. La Ministra Luna Ramos votó en contra y anunció voto particular. Los Ministros C.D., F.G.S. y A.M. reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.
Los Ministros A.G.O.M. y J.M.P.R. no asistieron a la sesión de cinco de junio de dos mil catorce, el primero previo aviso a la presidencia y el segundo por desempeñar una comisión de carácter oficial.
Respecto del punto resolutivo cuarto:
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los Ministros C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., A.M., V.H., S.C. de G.V., P.D. y presidente S.M..
El Ministro presidente S.M. declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, en la inteligencia de que la redacción definitiva de la tesis derivada de esta resolución, cuyo texto debe incluirse en la sentencia correspondiente, una vez aprobado el engrose respectivo, se someterá al procedimiento administrativo que regularmente se sigue ante el Comité de Aprobación de Tesis, en términos de lo previsto en el artículo 14 del Acuerdo General Número 20/2013.
En términos de lo previsto en el artículo 3, fracciones II y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis aislada 1a. CCCXL/2013 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas, como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 530.
Resuelto por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del M.J.R.C.D. (fojas 23 a 33 vuelta del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013).
Resuelto por unanimidad de cuatro votos (el M.F.F.G.S. se encontraba ausente en dicha sesión), bajo la ponencia del M.S.A.V.H. (fojas 35 a 46 del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013).
Resuelto por mayoría de tres votos (en contra votaron los Ministros S.A.V.H. y F.F.G.S., bajo la ponencia de la Ministra M.B.L.R. (fojas 48 a 57 del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013). Cabe señalarse que el M.S.V.H. formuló voto particular.
Resuelto por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del M.S.A.V.H. (fojas 59 a 73 del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013).
Resuelto por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del M.S.A.V.H. (fojas 75 a 83 del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013). Cabe señalarse que el M.S.A.V.H. formuló voto concurrente.
Resuelto por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del Ministro A.P.D. (fojas 85 a 92 del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013).
Resuelto por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del Ministro A.P.D. (fojas 95 a 102 del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013).
Fojas 1 a 3 del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013 (denuncia de contradicción).
Fojas 5 a 7 del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013 (acuerdo de registro, turno y vista).
Fojas 116 y 116 vuelta del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013 (auto de remisión de expediente a ponencia).
Fojas 119 a 135 del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013 (manifestaciones de la agente del Ministerio Público de la Federación).
Fojas 136 y 136 vuelta del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013 (auto de recepción de oficio).
Adicionalmente, véase la tesis aislada IV/2012 (10a.) de este Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL TRIBUNAL PLENO TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA CONOCER DE LA DENUNCIA RELATIVA Y RESOLVERLA, INCLUSO SI AQUÉLLA RESULTARA IMPROCEDENTE, INEXISTENTE O SIN MATERIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 227.
Al respecto, véase la tesis aislada XIX/2008 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL PRESIDENTE DEL ALTO TRIBUNAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 721.
Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, página 822.
Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1736.
En torno a ello, véase la tesis jurisprudencial 1a./J. 47/97 de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU NATURALEZA JURÍDICA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.V., diciembre de 1997, página 241.
En especial, véase la tesis jurisprudencial 1a./J. 22/2010 de la Primera Sala de esta Suprema Corte, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122.
Véanse los siguientes criterios: tesis jurisprudencial P./J. 72/2010 de este Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., agosto de 2010, página 7; tesis aislada P. XLVII/2009 de este Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 67; tesis aislada P. V/2011 de este Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 7; y, tesis jurisprudencial 1a./J. 5/2000 de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 2000, página 49.
Véase la tesis aislada P. L/94 de este Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, N.. 83, noviembre de 1994, página 35; de igual manera, véanse los siguientes criterios: tesis jurisprudencial 1a./J. 129/2004 de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 93; tesis jurisprudencial P./J. 27/2001 de este Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., abril de 2001, página 77; y, tesis jurisprudencial 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 319.
Foja 31 del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013 (sentencia del amparo en revisión 366/2012 del índice de la Primera Sala).
Foja 43 del cuaderno de la contradicción de tesis 111/2013 (sentencia del amparo en revisión 404/2012 del índice de la Segunda Sala).
Por las razones que contiene, véase la tesis jurisprudencial P./J. 93/2006 de este Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., julio de 2008, página 8.
Publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013, a la 13:20 horas, como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 728.
Resuelto en sesión de siete de agosto de dos mil trece, por mayoría de tres votos, bajo la ponencia del Ministro A.P.D..
En efecto, dicha fracción no fue objeto de modificación en las reformas constitucionales al juicio de amparo de 2 de noviembre de 1962, 25 de octubre de 1967, 20 de marzo de 1974, 8 de octubre de 1974, 17 de febrero de 1975, 6 de agosto de 1979, 7 de abril de 1986, 10 de agosto de 1987, 3 de septiembre de 1993, 25 de octubre de 1993, 31 de diciembre de 1994 y 11 de junio de 1999.
Así, dicha disposición no fue modificada en las reformas a la Ley de Amparo de 30 de diciembre de 1939, 20 de enero de 1943, 29 de diciembre de 1949, 19 de febrero de 1951, 31 de diciembre de 1957, 4 de febrero de 1963, 30 de abril de 1968, 4 de diciembre de 1974, 23 de diciembre de 1974, 29 de diciembre de 1975, 29 de junio de 1976, 31 de diciembre de 1976, 7 de enero de 1980, 30 de noviembre de 1982, 16 de enero de 1984 y 20 de mayo de 1986.
Por tanto, tal disposición no fue modificada en las reformas al juicio de amparo de 10 de enero de 1994, 8 de febrero de 1999, 9 de junio de 2000, 17 de mayo de 2001, 16 de agosto de 2005, 24 de abril de 2006, 15 de enero de 2009, 18 de marzo de 2009, 17 de abril de 2009, 29 de mayo de 2009, 17 de junio de 2009 y 24 de junio de 2011.
Entre otros criterios, véanse los siguientes: tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO TUTELADO POR EL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXII, octubre de 1994, página 685; tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR TAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXVI, noviembre de 1945, página 991; tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXVII, marzo de 1946, página 2369; tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "AMPARO, INTERÉS JURÍDICO EN EL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo C, junio de 1949, página 1242; tesis aislada de la otrora Tercera Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIX, agosto de 1951, página 1693; tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXI, septiembre de 1954, página 2214; y tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, NATURALEZA DEL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXX, mayo de 1954, página 568.
Tesis aislada de la otrora Tercera Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXVII, página 11 y tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXXIX, Tercera Parte, enero de 1964, página 21.
Tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCIII, agosto de 1947, página 1276.
Tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, V.I., Tercera Parte, marzo de 1958, página 73.
Tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XCVII, Tercera Parte, julio de 1965, página 34.
Tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "AMPARO, INTERÉS JURÍDICO EN EL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, V.L., Tercera Parte, septiembre de 1963, página 10.
Al respecto, véanse los siguientes criterios: tesis aislada de este Tribunal Pleno, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 64, Primera Parte, abril de 1974, página 68; tesis aislada de este Tribunal Pleno, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO Y PERJUICIO ECONÓMICO. DIFERENCIAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 66, Primera Parte, junio de 1974, página 43; tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 127-132, Tercera Parte, julio-diciembre de 1979, página 55; y tesis jurisprudencial de la Segunda Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 145-150, Tercera Parte, enero-junio de 1981, página 167.
Tesis aislada de la otrora Tercera Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 187-192, Cuarta Parte, julio-diciembre de 1984, página 132; en el mismo sentido, véase la tesis aislada de la otrora Tercera Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 193-198, Cuarta Parte, enero-junio de 1985, página 80.
Tesis aislada de este Tribunal Pleno, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 52, Primera Parte, abril de 1973, página 46; adicionalmente, véase la tesis jurisprudencial de la otrora Sala Auxiliar, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72, Séptima Parte, diciembre de 1974 página 55.
Tesis aislada de este Tribunal Pleno, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 37, Primera Parte, enero de 1972, página 25.
Tesis aislada de la otrora Tercera Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUE LO CONSTITUYE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Primera Parte, julio-diciembre de 1988, página 224; también véase la tesis aislada 3a. XXXVIII/91 de la otrora Tercera Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE SER ACTUAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, T.V., agosto de 1991, página 88.
Véase la tesis jurisprudencial 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 225.
Véase la tesis aislada P. XIV/2011 de este Tribunal Pleno, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO ‘OBJETIVO’ CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34.
Resuelto en la sesión de veintiséis de marzo de dos mil catorce, bajo la ponencia del Ministro A.G.O.M..
Sobre tal tema, véase H. Fix-Zamudio, Las reformas constitucionales mexicanas de junio de 2011 y sus efectos en el sistema interamericano de derechos humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2011.
De dicho asunto emanaron las siguientes tesis: tesis jurisprudencial P./J. 20/2014 (10a.) del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 25 de abril de 2014 a las 9: 32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.-El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano."; y tesis jurisprudencial P./J. 21/2014 (10a.) del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 204, cuyos rubro y texto son los siguientes: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.-Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos."
La Primera Sala de esta Suprema Corte ha desarrollado esta cuestión, en la tesis aislada 1a. CCCXL/2013 (10a.), de rubro: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.", pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación. En dicho criterio, la Primera Sala sostuvo que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el J. ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios, en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.
La Primera Sala de esta Suprema Corte se ha pronunciado sobre tal cuestión, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 107/2012 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, página 799. En dicho criterio se sostuvo que los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, conforman una serie de valores, principios y derechos que deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Por tanto, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción.
Sobre el principio pro persona, véanse las siguientes publicaciones: J.J. O.H., Los derechos humanos y el nuevo artículo 1o. constitucional, en IUS, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, año 28, julio-diciembre de 2011, páginas 85-98; y J.L.C.O., La interpretación conforme, el modelo constitucional ante los tratados de derechos humanos y el control de convencionalidad, P., Ciudad de México, 2013.
Al respecto, véase: ponencia de H.F.-Zamudio, en Simposio, los abogados mexicanos y el ombudsman (memoria), Comisión Nacional de Derechos los Humanos, Ciudad de México, 1992.
Sobre tal tema, véase: E.F.M.-Gregor, Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colectivos, Serie Breviarios Jurídicos, P., Ciudad de México, 2004, página 13.
Sobre ello, véase E.F.M.-Gregor, "Amparo colectivo en México: Hacia una reforma constitucional y legal", en La protección orgánica de la Constitución. Memoria del III Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México-Congreso de Tamaulipas, 2011, páginas 54-55.
En torno al desarrollo que esta Suprema Corte ha realizado sobre el término de interés simple, véanse los siguientes criterios: tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.) de la Primera Sala, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, página 822; tesis aislada de este Tribunal Pleno, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 37, Primera Parte, página 25; y tesis aislada de este Tribunal Pleno, de rubro: "INTERÉS SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCIÓN JURÍDICA DIRECTA Y PARTICULAR.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 37, Primera Parte, página 27.
La doctrina y jurisprudencia mexicanas han adoptado el clásico concepto de derecho público subjetivo propuesta por J.C.T., eso es, como "la facultad o conjunto de facultades, con significado unitario e independiente, que se otorga por el ordenamiento jurídico a un ser de voluntad capaz o de voluntad suplida por la representación, para la satisfacción de sus fines o intereses, y autoriza al titular a obrar válidamente, dentro de ciertos límites, y a exigir de los demás, por un medio coactivo, en la medida de lo posible, el comportamiento correspondiente". En este orden de ideas, resaltaremos uno de los elementos más importantes del derecho público subjetivo: el reconocimiento de los diversos medios coactivos o de defensa, "entre los que sobresale, como más importante, el derecho de acción que el ordenamiento facilita, en la medida de lo posible, para garantizar la efectividad del derecho subjetivo." (elemento instrumental) Al respecto, véase J.C.T., "Derechos Subjetivos", en Nueva Enciclopedia Jurídica, t. VII, dir. por C.M., F.S., Barcelona, 1955, página 110.
Sobre tal tema, véase la sentencia de la contradicción de tesis 553/2012, emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte, en sesión de seis de marzo de dos mil trece, bajo la ponencia del Ministro A.G.O.M..
E.G. de E. señala que tal interés legítimo se encuentra vinculado con cualquier actuar de la autoridad que no sea legal, mismo que genera una incidencia en el ámbito vital de una persona. Así, el interés legítimo consiste en una acción reaccional, esto es, en la intención de contrarrestar una afectación en el estatus pacífico del mencionado ámbito vital. V.E.G. de Enterría, Hacia una nueva justicia administrativa, Civitas, Madrid, 1992, página 68.
Sobre tal tema, véase L.M. Bujosa Vadell, La protección jurisdiccional de los intereses de grupo, Bosch, Barcelona, 1995, páginas 37 y 40.
Al respecto, véase M.I.G.C., La protección de los intereses legítimos en el proceso administrativo, T. lo B., Madrid, 1997, página 44.
Al respecto, véase A.G., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2, La defensa del usuario y del administrado, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2009, páginas IV-13.
El derecho español nos presenta varios casos interesantes sobre el interés legítimo individual: por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha admitido la posibilidad de que se interpongan amparos por la lesión del honor, intimidad o propia imagen de personas fallecidas (sentencias 171/1990, 172/1990, 178/1993 y 190/1996); por otra parte, el Tribunal Constitucional también ha reconocido la legitimación de personas físicas para defender derechos de terceros con los que tienen una relación profesional (sentencia 217/1992). Sobre tal tema, véase A.J.G.M., "El interés legítimo para recurrir en amparo. La experiencia del Tribunal Constitucional español", en Cuestiones Constitucionales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, número 9, julio-diciembre de 2003, páginas 173-179.
Sobre tal tema, véase G.F.C. y G.G., La tutela del interés legítimo en el ordenamiento italiano: nuevas perspectivas para el ciudadano, en Revista de Administración Pública, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, número 167, mayo-agosto de 2005, página 435.
Tal redacción se encuentra reiterada en el cuarto párrafo, de la fracción I, del artículo 5o. de la Ley de Amparo.
Por ejemplo, los supuestos contenidos en las fracciones IV, V y VI del artículo 107 de la Ley de Amparo.
Situación que se encuentra reglamentada en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de A., en la cual se indica lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."
Tesis, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
Sentencia nº SX-JRC-264-2013 DE Sala Regional Xalapa, 10 de Octubre de 2013

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