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Timestamp: 2019-09-17 12:35:21+00:00

Document:
Resolución de TEAF Álava, 10-02-2012 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 10 de Febrero de 2012
Núm. Resolución: R120013
La práctica profesional ha ido imponiendo la aceptación de fotocopias como instrumento de trabajo pero la reproducción fotográfica de un documento no implica la de su naturaleza jurídica. Los documentos denominados procedimentales deben ser auténticos, en el ámbito administrativo y en el jurisdiccional. El hecho de que, en la vía de gestión, se haya admitido la representación de un compareciente no impide a los Tribunales Económico-Administrativos comprobar su acreditación porque estos no deben quedar vinculados por un error procedimental anterior y porque un apoderamiento puede ser revocado.
En Vitoria-Gasteiz, a diez de febrero de dos mil doce. Visto ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava el recurso de anulación interpuesto por S.L., contra la resolución, de 18 de noviembre de 2011, que declara inadmisible la reclamación económico-administrativa núm. 296/11, promovida contra la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, de 30 de agosto de 2011, que confirma la de 21 de junio anterior, desestimatoria de la solicitud de devolución de las cuotas repercutidas por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, desde el cuarto trimestre de 2009 hasta el tercer trimestre de 2010.
Primero. El Sr. interpuso, en nombre de ' , S.L.', la reclamación económico-administrativa de referencia, sin acreditar su representación.
Mediante acuerdo de la Secretaría de este Tribunal de 13 de octubre de 2011, notificado el día 17 siguiente, se habilitó un plazo de 10 días para que el compareciente acreditara su representación, con advertencia de que la documentación debía ser original o debidamente compulsada y de que, si no se subsanaba la deficiencia, no se daría curso al escrito y se declararía la inadmisibilidad de la reclamación.
Segundo. El día 19 de octubre de 2011, el Sr. presentó, en el Registro de la Aduana de Sevilla, fotocopia no compulsada de una escritura pública, otorgada el 13 de julio de 2007, en virtud de la cual la mercantil reclamante le confirió poder general para pleitos.
Tercero. Frente a la resolución de este Tribunal, de 18 de noviembre pasado, que declara inadmisible la reclamación, por falta de acreditación de la representación del compareciente, el Sr. promueve el presente recurso de anulación, aportando fotocopia compulsada del mencionado documento notarial, con base en las siguientes alegaciones: a) El requerimiento de subsanación de deficiencia, realizado por la Secretaría del Organismo Jurídico Administrativo, fue atendido en plazo mediante la aportación de la fotocopia del poder, sin que puedan atribuirse a la ausencia de compulsa efectos tan excesivos como la inadmisión de la reclamación; y b) En cualquier caso, la representación del compareciente ya había sido admitida por la Diputación Foral de Álava en el procedimiento de solicitud de devolución de ingresos indebidos previo a la interposición de la reclamación declarada inadmisible.
Primero. La cuestión planteada en el presente recurso de anulación es si la resolución de este Tribunal, que declara inadmisible la reclamación núm. 296/11, por falta de acreditación de la representación del compareciente, es o no conforme a Derecho.
Segundo. El recurso de anulación se encuentra regulado en el artículo 244.6 de la Norma Foral 6/05, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, que dispone:
Cuando se fundamente el recurso en la incorrecta inadmisibilidad de la reclamación.Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas.Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolución'.
Este recurso, instaurado por primera vez en el ordenamiento tributario foral por la Norma Foral citada, tiene como finalidad corregir con carácter inmediato aquéllas resoluciones económico-administrativas que pudieran incurrir en errores materiales o procedimentales graves y manifiestos, de modo que, si tales errores se advierten por el reclamante durante los primeros 15 días del plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo, ello dé lugar a una revisión de la resolución por el propio Tribunal Económico Administrativo y, en su caso, a la aprobación de una nueva que dé satisfacción a las pretensiones planteadas y evite un recurso contencioso-administrativo a todas luces innecesario.
Tercero. En el presente supuesto, el recurso de anulación se fundamenta en el motivo previsto en la letra a) del artículo 244.6 transcrito, es decir, en la incorrecta inadmisión de la reclamación por la resolución impugnada.
A este respecto, el artículo 244.4.e) de la Norma Foral 6/2005 establece que se declarará la inadmisibilidad de la reclamación económico-administrativa cuando concurran defectos de representación. Por su parte, el apartado 3 del artículo 27 del Reglamento procedimental antes citado dispone que en el procedimiento económico-administrativo, cuando se actúe mediante representante, la documentación que acredite el apoderamiento se acompañará al escrito de interposición de la reclamación, añadiendo el apartado 4 siguiente que, en caso contrario, se habilitará un plazo de 10 días para que se aporte.
Respecto a cuál debe ser tal documentación, el artículo 15.3 del mismo texto reglamentario señala que:'La representación podrá conferirse mediante comparecencia personal del interesado ante el Secretario del Tribunal o ante el funcionario que le sustituya, o acreditarse mediante poder notarial, documento privado con firma legitimada notarialmente o cualquier otro medio válido en derecho que deje constancia fidedigna'. En el caso de las personas jurídicas, de conformidad con el apartado 2 del mismo artículo, la representación voluntaria deberá ser conferida por los titulares de los órganos que ostenten su representación legal.
Cuarto. En el caso que nos ocupa -al no haberse adjuntado con el escrito de interposición de la reclamación documentación acreditativa alguna de la condición de representante de ' , S.L.' de su firmante-, la Secretaría de este Tribunal notificó, en el domicilio indicado en dicho escrito, el acuerdo al que se ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho primero.
En el plazo concedido en dicho acuerdo, el Sr. comparece aportando una fotocopia sin compulsar de un poder notarial otorgado en su favor, el 13 de julio de 2007, por el Consejero Delegado de ' , S.L.' (fotocopia igual a la que ya obraba en el expediente administrativo de gestión).
Ahora bien, tal y como se indicó en la resolución ahora recurrida, estas fotocopias simples de poder no cumplen los requisitos legales establecidos para tener por constituida la reclamación, esto es, no acreditan de modo fidedigno la representación que se pretende pues, al faltar la primera copia -u otra autorizada por el fedatario interviniente- de la matriz o texto básico obrante en el archivo notarial con la que cotejarla, no es posible comprobar la certeza y exactitud de la copia reprográfica. Ello determina que sólo les sean aplicables los efectos jurídicos de una fotocopia y que, en consecuencia, no pueda tenerse por acreditada la representación con la que actúa el compareciente, tal y como concluye el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de febrero de 1998 (Westlaw RJ 1998/1229).
La conclusión anterior deviene obligada porque, aunque la práctica profesional, en aplicación de un principio antiformalista y 'pro actione' en los procedimientos, ha ido imponiendo la aceptación de fotocopias como instrumento de trabajo, la reproducción fotográfica de un documento no implica ni conlleva la de su naturaleza jurídica, esto es, no convierte en documento una mera fotocopia, que, en consecuencia, carece de fuerza probatoria respecto de su contenido, tal y como señala la doctrina del Tribunal Supremo establecida en sentencias de 23 de mayo de 1985 (Westlaw RJ 1985/2615), 13 de octubre de 1987 (Westlaw RJ 1987/7098), 20 de abril de 1993 (Westlaw RJ 1993/3107), 23 de septiembre de 1997 (Westlaw RJ 1997/6822) y de 18 de diciembre de 1997 (Westlaw RJ 1997/8819).
En consecuencia, dado que la deficiencia advertida por este Tribunal al compareciente -con indicación expresa de que la documentación debía ser original o debidamente compulsada- no fue subsanada en el plazo establecido, sólo cabe concluir que la resolución que declara inadmisible la reclamación, por falta de acreditación de la representación, es ajustada a Derecho.
Quinto. Respecto a la alegación de que no puede negarse la representación cuando ésta ha sido reconocida por la misma Administración pública en la fase de gestión anterior al procedimiento económico-administrativo, hay que señalar que -como ha mantenido el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de abril de 1980 (Westlaw RJ/1980/1440)- los Tribunales Económico Administrativos, como este Organismo Jurídico Administrativo de Álava, tienen, en materias propias de su competencia, plenas facultades para revisar la actuación administrativa impugnada, incluidas las cuestiones procedimentales, por lo que, como regla general, no pueden quedar vinculados por la actuación anterior de la Administración, ya que ello equivaldría a mantener a perpetuidad un error o vicio procedimental sin posibilidad de corregirlo o eliminarlo.
Por otra parte, hay que añadir, como hace la mencionada sentencia, que, en lo que se refiere a la representación de las personas jurídicas, quien en un momento determinado ostenta un apoderamiento o un cargo que le faculta para representar a una entidad puede, posteriormente, verse revocado o cesado en el mismo.
Por lo tanto, no puede prosperar una alegación basada exclusivamente en la existencia de un actuación administrativa precedente ya que -como ha tenido también ocasión de señalar el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de septiembre de 2002 (Westlaw RJ 2002/9777)- el principio de legalidad'...resultaría conculcado si se diera validez a una actuación de la Administración contraria al ordenamiento jurídico por el solo hecho de que así se ha decidido por la Administración o porque responde a un precedente de ésta. Una cosa es la irrevocabilidad de los propios actos que sean realmente declarativos de derechos fuera de los cauces de revisión establecidos en la Ley... y otra el respeto a la confianza legítima generada por actuación propia que necesariamente ha de proyectarse al ámbito de la discrecionalidad o de la autonomía, no al de los aspectos reglados o exigencias normativas frente a las que, en el Derecho Administrativo, no puede prevalecer lo resuelto en acto o en precedente que fuera contrario a aquéllos'.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo del recurso de anulación interpuesto por , S.L., contra la resolución, de 18 de noviembre de 2011, que declara inadmisible la reclamación económico-administrativa núm. 296/11, promovida contra la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, de 30 de agosto de 2011, que confirma la de 21 de junio anterior, desestimatoria de la solicitud de devolución de las cuotas repercutidas por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, desde el cuarto trimestre de 2009 hasta el tercer trimestre de 2010,RESUELVEDESESTIMARel mismo.
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References: Resolución 
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 artículo 27
 artículo 15
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