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Timestamp: 2020-07-11 13:04:46+00:00

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Comunicado domingo 28 de agosto de 2016
EL ALCALDE ENRIQUE PEÑALOSA Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN ENTREGAN UN BILLÓN DE PESOS A LOS EMPRESARIOS DE LA EDUCACIÓN, MIENTRAS LOS COLEGIOS DISTRITALES ESTÁN SIN PRESUPUESTO PARA FUNCIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.
El Gobierno Neoliberal encabezado por el Alcalde de Bogotá ENRIQUE PEÑALOSA y la Secretaria de Educación MARÍA VICTORIA ANGULO, presentaron ante el Concejo de Bogotá el PROYECTO DE ACUERDO No. 371 DEL 2 DE AGOSTO DE 2016 “Por el cual se autoriza a la secretaría de educación del Distrito, asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para el periodo 2017-2026.” Con este proyecto de acuerdo la Secretaría de Educación busca seguir financiando 22 colegios en concesión para los próximos diez años por un valor de UN BILLÓN DE PESOS; estos contratos culminaron el 20 de diciembre de 2015 y la administración los financió para el año 2016, con prorrogas de 12 contratos de concesión educativa y 10 contratos de prestación de servicio educativo en infraestructura oficial mediante habilitación de los operadores en el Banco de Oferentes, firmados el 18 de enero de 2016 por valor de 82.730 millones de pesos, lo cual se suma a los 2.700 contratos de prestación de servicios por un valor de 36 mil millones de pesos denunciados por el Concejal Germán García en lo que se ha llamado la desbordada chequera de la Secretaría de Educación (El Espectador - 17 agosto 2016 ); recordemos que la comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá había negado el Proyecto Nº 235 de 2014 sobre las vigencias futuras presentadas por la administración anterior y los contratos de concesión no tenían los recursos para seguir funcionando.
La sustentación de estos contratos se basa en premisas falsas como la falta de infraestructura y de docentes, recordemos que estos 22 colegios fueron construidos con recursos de todos los bogotanos y entregados en el año de 1999 por Cecilia María Vélez y el Alcalde Enrique Peñalosa a los concesionarios, sin olvidar que para el 2014 se logró la reversión de tres colegios concesionados: DON BOSCO II, HERNANDO DURAN DUSSAN y SAN CAYETANO -COLSUBSIDIO, que en la actualidad están bajo la administración de la Secretaría de Educación y continúan en jornada única con mejores garantías para los estudiantes y docentes, por lo tanto son falsos e ilegales los argumentos de la administración ya que no es aplicable el artículo 30 de la ley 1176 de 2007 “solamente en donde se demuestre insuficiencia”.
En los hoy llamados contratos de ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, antes de concesión, que pretenden ser firmados a 10 años el valor por estudiante será de $2.395.011 sin el componente de alimentación que está en $1.825.673, el cual será suministrado por la Secretaría de Educación al igual que los gastos en transporte y en dotación, todo para manipular las cifras disminuyendo los componentes de la canasta educativa para hacer creer que sale más barato la educación privada concesionada, pero la verdad es que el valor de dicha canasta va aumentar en un 31.2% llenando las arcas de los comerciantes amigos de Peñalosa y Angulo.
La discusión se centra en varios aspectos, el primero se refiere a si estos contratos de administración del servicio educativo encajan dentro de las vigencias futuras excepcionales contenidas en la ley 1483 de 2011 y más específicamente con el Articulo 1 literal A; el Proyecto de Acuerdo incluye la construcción de dos colegios nuevos como un engaño, buscando que la ADMINISTRACIÓN de los 22 colegios pase como vigencias futuras, aplicando los criterios de infraestructura o por gasto social, tergiversando de forma inaceptable la norma afirmando que el gasto de administración es un gasto social. En segundo lugar el debate plantea si éste mecanismo puede ser utilizado para financiar la administración del servicio educativo como si fuera gastos social, lo cual es ilegal e ilegítimo; en tercer lugar, si existe insuficiencia del servicio educativo no es aplicable el artículo 30 de la ley 1176 de 2007, porque las infraestructuras son propiedad del Distrito.
LA RESOLUCIÓN DE MATRICULAS ACABA CON EL PREJARDIN Y LA EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES – NNEE
A esto se le suma el desplazamiento humillante y forzado al cual Peñalosa somete a miles de habitantes de la calle en Bogotá, el cual pretende ser aplicado a los niños y niñas, jóvenes y educadores. En efecto, mediante resolución 1293 del 21 de julio de 2016, el Alcalde y su Secretaria de Educación, María Victoria Angulo, ordenaron no matricular para el 2017, a las niñas y niños en pre–jardín, lo que significa que la Administración dejará sin escuela a 15.102 niños y niñas, que al final de éste año o principios del próximo cumplen tres años de edad. Mientras que la continuidad de los 21.462 cupos en jardín para niñas y niños de 4 años, quedan comprometidos para 2018, desmontando la progresiva ampliación de la educación preescolar a tres grados, conquistada por la ADE y el sector educativo.
En el caso de los niños y niñas con necesidades educativas especiales –NNEE-, la resolución de marras, desfigura el concepto de inclusión al “determinar” la integración al aula regular en el 100% de los colegios oficiales, sin importarle a la Secretaría de Educación del Distrito, si la necesidad educativa especial de los niñas, niños y jóvenes lo permite o no, o si la institución educativa cuenta con las docentes, equipos de otros profesionales e infraestructura para ello. Negando el derecho a las aulas exclusivas a los niños, niñas y jóvenes que lo requieren y apartando los docentes que tienen los títulos en las especialidades apropiadas para asumir pedagógicamente ésta importante población escolar. Con el agravante, que el número de niños, niñas y jóvenes, que obviamente requieren especial atención, que se integran al aula regular queda sin límite alguno en todos los niveles educativos. Como si fuera poco, la reciente supresión de los programas en los hospitales públicos que atendían chicos que requerían tratamientos de salud en diversas patologías, obliga inadecuadamente a los colegios a “asumir” lo que no le es posible por razones lógicas.
Entre tanto a la existencia de la educación rural queda comprometida al fijar un número mínimo de 20 estudiantes en preescolar, 25 en primaria y 28 en secundaria para abrir un curso, lo que se aparta de la realidad del Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y otras localidades del centro y el nororiente. Mientras que condena a los jóvenes trabajadores a no terminar sus estudios sino existe número de 25 estudiantes para cursar el ciclo de estudios correspondiente.
Y aunque no se precisa en la resolución 1293 de 2016, la obsesiva alineación neoliberal de imponer completamente para Bogotá los mezquinos “parámetros” nacionales, compromete el derecho de los niños y niñas de primaria a contar con un docente en educación física o artística, segunda lengua o tecnología e informática.
Análogo asunto ocurre con la educación media en los diversos énfasis. Mientras que en el caso de la orientación escolar, se detendría o se reversaría el proceso de disminución del número de estudiantes atendidos por un docente orientador que desde 2004 a la fecha se ha logrado, avanzado en un 50% en la dirección que corresponde, en contravía del Decreto Nacional 1850 de 2002, que los condenó a la desaparición.
La ADE y el sector educativo, conquistó que la Ciudad garantice la educación a los niños y jóvenes en estos niveles, áreas o modalidades, vinculando entre 4.400 y 6.000 docentes en planta provisional, la mayoría en los últimos 12 años, sin los cuales no hubiese posible materializar el derecho a la educación dado que el Estado central los abandonó a su suerte como producto de las regresivas reformas constitucionales de 2001 y 2007. Si Peñalosa insiste en que no asumirá con recursos propios lo anteriormente especificado, miles de niños quedarán sin escuela y de docentes sin trabajo.
Es evidente que ésta Administración segrega, procede contra la dignidad humana y desconoce los acuerdos suscritos entre la ADE – SINDODIC con las anteriores gobiernos distritales producto de la negociación colectiva, los cuales están vigentes, tienen fuerza de ley acorde con Ley 411 de 1997, aprobatoria del Convenio 151 de 1978 de la OIT, específicamente conforme al Decreto 160 del cinco (5) de febrero de 2014 y de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de Corte Constitucional sobre el particular (Sentencia C-377 de 1998).
A la vez, que Peñalosa y María Victoria Angulo, profundizarán los desaciertos, especialmente los programas que desfiguran una verdadera jornada única, a través de la denominada jornada “extendida, completa o 40 x 40” y acatará el regresivo decreto 501 del Gobierno Nacional que pretende imponer, sin recursos mal llamada jornada única a costa de la pedagogía del bienestar de niños, niñas y jóvenes, de la sobre carga laboral y de la salud del Magisterio.
Por todas las razones anteriores, la Administración nos obliga a la movilización y a la realización de un Paro del Magisterio y de la Comunidad Educativa en defensa de la educación pública estatal, el bienestar de niños, niñas y jóvenes y el trabajo digno de los educadores.
La paz y la educación pública ESTATAL también se construyen en las calles por ello invitamos a todas y todos a participar de forma masiva mañana LUNES 29 de agosto en el MITIN FRENTE AL CONCEJO DE BOGOTÁ, a partir de las 10:00 am, para denunciar y confrontar estás lesivas políticas para la ciudadanía capitalina.
El Magisterio como constructor de paz y víctimas del conflicto armado, saludamos la firma de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC, en busca de una paz duradera y llamamos a la comunidad educativa a votar Sí a la paz, Sí al plebiscito el Próximo 02 de Octubre. MARQUE SÍ A LA PAZ.
FORO “Los Educadores y el Proceso de Paz" – Miércoles 31 de Agosto 6:00 pm (Teatro Arlequín – Carrera 24 Nº 41 – 69).
Porque la escuela SI es territorio de PAZ, votaremos SI en el plebiscito
Asociación Distrital de Educadoras y Educadores –ADE-

References: artículo 30
 artículo 30
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
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