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Timestamp: 2019-01-18 22:32:45+00:00

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﻿ Sentencia 2009-07044 de febrero 5 de 2014
SENTENCIA 2009-07044 DE 05 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO – INDEBIDA APLICACIÓN DE LA LEY. LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES SON DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O CON OCASIÓN DE LAS MISMAS, INCURRAN EN FALTA DISCIPLINARIA, POR ACCIÓN U OMISIÓN, EN FORMA DOLOSA O CULPOSA, EN ORDEN AL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES, EL ABUSO O EXTRALIMITACIÓN DE LOS DERECHOS Y FUNCIONES, IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES, COMPORTAMIENTOS QUE, POR LAS CIRCUNSTANCIAS ANOTADAS, PUEDEN SER GRAVÍSIMAS O CALIFICADOS COMO GRAVES O LEVES. ADEMÁS, LA CONDUCTA DEL FUNCIONARIO JUDICIAL, FRENTE A LAS NORMAS SUPUESTAMENTE INFRINGIDAS, SE DEBE ADECUAR EN LOS TIPOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR SER ESPECIAL Y DE SUPERIOR JERARQUÍA, ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DESTITUYO E INHABILITO A UN JUEZ PENAL, QUE EN EL TRÁMITE DE UNA DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS RESOLVIÓ CONCEDER LA LIBERTAD BASÁNDOSE EN EL ARTÍCULO 382 DE LA LEY 600 DEL 2000, QUE FUE DECLARADO INEXEQUIBLE EN SENTENCIA C-620 DEL 2001, ESTA CONDUCTA SE CONFIGURO EN LA FALTA GRAVÍSIMA CONSAGRADA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 734 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, FALTAS DISCIPLINARIAS, DERECHO A LA LIBERTAD, HÁBEAS CORPUS, JUEZ
Sentencia 2009-07044 de febrero 5 de 2014
Rad. 110011102000200907044 01
Denunciado: LEBF - Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá.
Informante: GGO
Primera Instancia: Sanciona con destitución e inhabilidad general de 20 años.
Decisión: Confirma sanción
Aprobado según Acta 5 de la fecha
Bogotá, D.C., 5 de febrero de dos mil catorce.
Competencia. Es competente esta Colegiatura para resolver en grado de consulta sobre las sentencias sancionatorias proferidas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, al tenor de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo que ordena el artículo 208 del Código Único Disciplinario-Ley 734 de 2002.
Antes de cualquier pronunciamiento, esta Sala considera válido precisar que si bien el A quo indicó que se hallaba responsable al disciplinado por la inobservancia de un deber funcional en concordancia con algunas normas – Constitucionales y legales, entre ellas la Ley 1095 de 1996 (sic), ello no comporta vicio de nulidad alguno, en tanto se probó que se trata de un error involuntario que se corrigió en la variación jurídica – formulación del pliego de cargos, cuando indicó la “Ley 1095 de 2006, promulgada en el Diario Oficial Nº46.440 del 2 de noviembre de 2006 (…)” (Sic), lo que conlleva ineludiblemente a concluir que la norma en cuestión tuvo vigencia a partir de esa anualidad y no en 1996 como equívocamente se anotó.
Empero, si en gracia de discusión no se tuvieren en cuenta los anteriores argumentos, hay que observar que conforme al artículo 194 de la Ley 5ª de 1992 – Reglamento Interno del Congreso, las leyes guardan secuencia numérica y no por año, lo que hace inane, en el mejor de los contextos, citar la anualidad de la norma.
Del asunto a resolver. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en esta oportunidad se pronuncia en grado jurisdiccional de consulta, respecto del fallo proferido el 18 de septiembre de 2013- Acta 14, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL para ejercer cargos públicos por el término de 20 años, al doctor LEBF en su condición de Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, tras hallarlo responsable de infringir el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; el artículo 30 de la Constitución Política y el artículo 1º de la Ley 1095 de 1996 (sic) – Hábeas Corpus.
Descripción de la falta endilgada. La Sala A quo en el fallo consultado sancionó al doctor LEBF en su condición de Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, tras hallarlo responsable de infringir el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; el artículo 30 de la Constitución Política y el artículo 1º de la Ley 1095 de 1996 (sic) – Hábeas Corpus, que rezan:
ART. 30.—Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Hábeas Corpus. El cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.
Ley 1095 de 2006 - Promulgada en el Diario Oficial Nº 46.440 del 2 de noviembre de 2006, reglamentó este derecho, y dispuso:
ART 1º—Definición. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez una acción Constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine. El Hábeas Corpus no se suspenderá, aun en los Estados de excepción (…)”
1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa con razón o con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o abusando del mismo”.
Por otra parte, el artículo 196 del Código Disciplinario Único establece que:
“ART. 196.—Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen falta gravísima las contempladas en este código.” (Resalta la Sala).
ART. 413.—Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
(…) “Circunstancia de agravación punitiva. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en una tercera parte cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos de (...), narcotráfico, (…)”.
Por su parte la Constitución Política en el artículo 6º establece: “ART. 6º—Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. (Resalta la Sala).
Ha de indicarse que los funcionarios judiciales son destinatarios de la Ley disciplinaria, cuando en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurran en falta disciplinaria, por acción u omisión, en forma dolosa o culposa, en orden al incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, comportamientos que, por las circunstancias anotadas, pueden ser gravísimas o calificados como graves o leves. Además, la conducta del funcionario judicial, frente a las normas supuestamente infringidas, se debe adecuar en los tipos establecidos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por ser especial y de superior jerarquía, acorde con lo establecido en el artículo 195 del Código Disciplinario Único.
De otro lado debe observarse que el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, enseña: “No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta v de la responsabilidad del investigado (…)”.
Del caso en concreto. Se le imputaron cargos al doctor LEBF, en su condición de Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, para la época de los hechos, por la inobservancia del deber funcional consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; el artículo 30 de la Constitución Política y el artículo 1º de la Ley 1095 de 2006, por cuanto este concedió un Hábeas Corpus, al señor ESC y otro, condenado a 16 años, 10 meses y 24 días y multa de 17.304.996 SMLMV como coautor responsable de los punibles de Tráfico de Estupefacientes Agravado y Concierto para Delinquir con fines de Narcotráfico, estando en curso un recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Para entrar en contexto sobre el asunto, esta Superioridad ha de empezar por indicar como del infolio se tiene que:
* Al interior del proceso penal 11001320700320080012 – Radicado - Número Interno 1018-3, el 10 de marzo de 2008, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, profirió sentencia anticipada y condenó al señor ESC y Otro, a la pena principal de 16 años, 10 meses y 24 días y multa de 17.304.996 SMLMV como coautor responsable de los punibles de Tráfico de Estupefacientes Agravado y Concierto para Delinquir con fines de Narcotráfico, sin beneficio alguno. (c.a).
* Sin embargo, el procurador judicial del señor ESC, el 26 de marzo de 2008, radicó un memorial allegando fotocopia de un escrito similar impetrado el 7 de febrero de esa anualidad, suscrito por la anterior defensa, renunciando al poder conferido, con el fin que se tuviera en cuenta que, al momento de proferirse la sentencia, el condenado no contaba con defensa técnica (c.a)
* El 24 de abril de 2008 el nuevo apoderado del señor ESC sustentó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 10 de marzo anterior, por cuanto no estaba conforme con la dosificación punitiva y señaló que en aras del principio de lealtad procesal guardaba silencio respecto a la responsabilidad y autoría de sus representados en los punibles de Concierto para Delinquir con Fines de Narcotráfico, por cuando los sentenciados voluntariamente se acogieron a la figura de la sentencia anticipada (fl.51 a 52 c.a).
* Por auto del 15 de mayo de 2008 se concedió la alzada en el efecto suspensivo ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
* El 4 de marzo de 2009 el Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, realizó diligencia de inspección judicial al proceso, advirtiendo que ESC, se encontraba privado de la libertad desde el 25 de abril de 2007 (fl. 64).
* Por auto del 15 de mayo de 2009 se decidió obedecer y cumplir lo resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la que, mediante providencia del 19 de marzo de 2009, confirmó la sentencia condenatoria del 10 de marzo de 2008 (fl. 66).
De otro lado, ya en plena referencia con el Hábeas Corpus, génesis de esta disciplinaria y que ocupa la atención de esta Sala, conforme al material probatorio arrimado al infolio, se tiene como la acción Constitucional - la de Hábeas Corpus, fue interpuesta por el señor Mauricio Fernández Franco a favor de ESC, el 4 de marzo de 2009, alegando principalmente que este último, se le estaba vulnerando el derecho a la libertad, pues la sentencia condenatoria proferida en su contra no había cobrado ejecutoria ante el recurso de apelación interpuesto.
Al interior de la Acción Constitucional - Hábeas Corpus, se probó lo siguiente:
* Una vez asignado el Hábeas Corpus al Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá, por auto del 4 de marzo de 2009, se admitió y se decretó la inspección judicial al proceso penal de marras (c.a).
* El 5 de marzo de 2009, se resolvió la solicitud impetrada, concediendo la libertad al señor ESC, condenado a la pena principal de 16 años, 10 meses y 24 días y multa de 17.304.996 SMLMV como coautor responsable de los punibles de Tráfico de Estupefacientes Agravado y Concierto para Delinquir con fines de Narcotráfico, sin beneficio alguno, librándose despacho comisorio ante el Juez Penal Municipal o Promiscuo de Acacías – Meta, para que este, a su vez, emitiera la boleta de libertad inmediata a favor de aquel con fundamento a lo previsto en el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal (c.a).
Ahora, una vez estudiado el material probatorio, se determinó que, para la época de los hechos, 4 y 5 de marzo de 2009, el doctor LEBF, en su condición de Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, quien asumió el conocimiento de la demanda Constitucional de Hábeas Corpus arriba mencionada, la resolvió concediéndole la libertad inmediata al señor ESC, se basó en el artículo el artículo 382 de la Ley 600 de 2000, que para infortunio del funcionario y para la época de los hechos, había sido declarado inexequible mediante Sentencia C-620 del 13 de junio de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, donde se dispuso: “En el artículo 382 se define el derecho de Hábeas Corpus y se fija su sentido y alcance, así: “El habeas corpus es una acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilegalmente la privación de la libertad. Las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ella deberán formularse dentro del respectivo proceso”.
Pero aún más, conforme al acervo probatorio se tiene que otro de los argumentos del Juez disciplinado fue que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria de primera instancia, dictado el 10 de marzo de 2008, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, no había sido resuelto dentro del término legal por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal, lo que de contera violaba el derecho a la libertad del procesado, como quiera que había transcurrido un lapso de tiempo “supremamente considerable” (Sic) para el pronunciamiento cuando era sabido que la acción de Hábeas Corpus se constituyó para reclamar la libertad personal de quien estaba privado de ella con violación de las garantías establecidas en la Constitución o en la Ley, o cuando la restricción de la libertad se prolongaba de manera ilegal, más allá de los términos deferidos a la autoridad para realizar las actuaciones que correspondiera dentro del respectivo proceso penal, precisamente como lo indicó la Corte Constitucional.
Pero para tener más claridad sobre el pronunciamiento del Juez, por el cual se le llamó a juicio disciplinario y sancionado en primera instancia, se hace trascripción textual de los apartes pertinentes: “(...) con relación a ESC, y con la inspección judicial practicada por este despacho se desprende con meridiana claridad que en efecto el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, el 10 de marzo del año próximo pasado, profirió sentencia condenatoria en contra de ESC imponiéndole la pena principal de 16 años, 10 meses y 24 días de prisión y multa de 17.304.996 SMLMV como autor responsable del delito de tráfico de estupefacientes agravado y concierto para delinquir con fines de narcotráfico; esa decisión fue motivo de apelación por el defensor de ESC el 24 de abril del mismo año, y el 15 de mayo de 2008 se concedió el recurso, pero a la fecha, y de manera incontrovertible se pudo establecer que el recurso de apelación no ha sido resuelto dentro del término legal por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, vulnerándose de manera clara el derecho a la libertad del procesado ESC, como que ha transcurrido un lapso de tiempo supremamente considerable para el pronunciamiento, sea en el sentido de confirmar ora revocar la providencia impugnada: y colorarlo a lo anterior de manera flagrante se vulnera el derecho a la libertad del procesado, y es por lo mismo que resulta imperioso para este juzgado decretar la libertad inmediata e incondicional del señor ESC (...)” (Sic para lo transcrito – resalta la Sala).
Conforme a lo anterior, solo quedó demostrado, que el funcionario investigado conoció y resolvió de fondo la acción de Hábeas Corpus, concediendo la libertad inmediata del señor ESC, desconociendo las normas y la jurisprudencia que regulaban la Acción Constitucional; por manera que se halló demostrada la ocurrencia del elemento objetivo de la falta imputada al funcionario investigado en el pliego de cargos y con ello la antijuricidad de la falta.
Y esta Superioridad, halló plena comunión en lo observado por la Sala A quo y el Ministerio Público, cuando se precisó en la instancia que la acción pública de Hábeas Corpus, es para reclamar la libertad personal de quien está privado de ella con violación de las garantías establecidas en la Constitución o en la Ley, o cuando la restricción de la libertad se prolonga de manera ilegal, más allá de los términos deferidos a la autoridad para realizar las actuaciones que corresponda dentro del respectivo proceso penal, prohibiéndose, contrario sensu, según se ha podido decantar en la jurisprudencia, de cara a las siguientes finalidades: “1) Sustituir los procedimiento judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; 2) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; 3) desplazar al funcionario judicial competente; y 4) obtener opinión diversa - a manera de instancia adicional - de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona. Así las cosas, si una persona es privada de su libertad por decisión de la autoridad competente, como pudo observarse en el caso bajo estudio y génesis de estas disciplinarias, adoptada dentro de un proceso judicial en curso, las solicitudes de libertad tienen que ser formuladas y resueltas por la misma autoridad y contra su negativa, deben interponerse los recursos ordinarios, antes de promover la acción Constitucional, salvo en los casos en que la decisión que interfiere en el derecho a la libertad personal sea catalogada como una vía de hecho, o en que se vislumbre la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas haciendo viable ese “recurso extraordinarísimo”, si se quiere y en el mejor de los términos, circunstancias en las cuales, sin lugar a dudas, no se encontraba el señor ESC y quien precisamente había sido condenado a 16 años, 10 meses y 24 días y multa de 17.304.996 SMLMV como coautor responsable de los punibles de Tráfico de Estupefacientes Agravado y Concierto para Delinquir con fines de Narcotráfico, aceptando su culpabilidad y allanándose como se indicó al interior del proceso penal 11001320700320080012 – Radicado - Número Interno 1018-3, el 10 de marzo de 2008, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, acogiéndose a la figura de sentencia anticipada y la decisión de la segunda instancia para nada incidía en su libertad, pues el recurso únicamente atacaba la dosificación de la pena y no su autoría y responsabilidad, en otras palabras, en cuanto la única expectativa que tenía el condenado con el recurso de apelación era obtener una rebaja en la pena impuesta, más no su libertad.
Ahora, sin dejar de observar el inciso tercero del artículo segundo de la Ley 734 de 2002, a depreciarse que la autoridad penal con base en sus atribuciones Constitucionales, Legales y Jurisprudenciales con sus decisiones de primera y segunda instancia dadas por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal y la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal del Corte Suprema de Justicia al interior del proceso penal Nº200900155, seguido contra el doctor LEBF - Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, fue encontrado como autor de la conducta punible de Prevaricato por Acción Agravado previsto en los artículo 413 y 415 del Código Penal, al proferir una decisión manifiestamente contraria a la ley al conceder la libertad del señor ESC al interior de la acción de Hábeas Corpus 20090083.
Así las cosas, en este momento procesal, ha de iterarse que el A quo imputó al encartado la vulneración del deber previsto en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, calificando la falta como GRAVISIMA al tenor de lo señalado en los artículos 42, 43 y numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, determinado el grado de culpabilidad a título de DOLO.
En efecto, el artículo 42 clasifica las faltas disciplinarias en; 1.) Gravísimas; 2). Graves y 3). Leves, distinto a la manifestación de la culpa punible, pues habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
El artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consagró taxativamente una serie de faltas consideradas como GRAVÍSIMAS, como lo calificó el A quo, quien además de imputar como infracción la vulneración al deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, la calificó como gravísima en los términos del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
Ahora bien, la conducta del Juez investigado, en momento alguno se halló justificada, en los eximentes de responsabilidad previstos en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, de manera que, el elemento subjetivo de la falta concurre de manera manifiesta.
En efecto, siendo funcionario judicial con amplia experiencia en materia penal, conocía de antemano las normas jurídicas que regulaban el Hábeas Corpus, como también el Estatuto Deontológico propio de los Funcionarios Judiciales, siendo consciente de lo que hacía, por lo que fuerza concluir que la decisión que tomó de dar la libertad al señor ESC, la adoptó a sabiendas que con ella estaba incurriendo en la falta disciplinaria que en este proceso se le imputó a título de dolo, esto es, la realizó libre y voluntariamente, la quiso y ejecutó con conocimiento de causa y pudiendo, no hizo nada por evitarla, llenando el elemento subjetivo de la conducta.
Así las cosas, se colige entonces que se agotaron en contra del funcionario investigado los presupuestos demandados en la ley disciplinaria, para proferir sentencia de carácter sancionatorio por la realización de la conducta calificada como gravísima a título de dolo, siendo evidente la antijuridicidad de dicha actuación habida cuenta de la flagrante disconformidad con el ordenamiento jurídico que choca con los fines esenciales del Estado y con los principios orientadores de la integridad del administrador de justicia. Resulta entonces, que la Sala encuentra estructurada la falta atribuida y referida a la incursión del disciplinado en la falta GRAVISIMA consagrada en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
A manera de nota académica, recuérdese que las normas disciplinarias buscan encauzar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, imponiéndoles una serie de deberes para lograr el cumplimiento de los cometidos, fines y funciones Estatales, de manera que el objeto de protección de este derecho – el disciplinario, es el deber funcional y su incumplimiento determina la antijuridicidad de la conducta, empero, no es el mero desconocimiento formal del deber, sino la infracción sustancial del mismo, lo que atenta contra el buen funcionamiento de la administración de justicia y altera el discurrir normal de los actos.
No existe duda en este caso, acerca del desconocimiento de los deberes legales a cargo del doctor LEBF, en su condición de Juez Quinto Panal Municipal de Bogotá, ni sobre su responsabilidad, pues su conducta se muestra carente de justificación y aunado a ello, dada su formación profesional y su experiencia como servidor de la Rama Judicial, existe certeza sobre su conocimiento jurídico, por lo que el incumplimiento de las normas procesales en cita, tornan reprochable su conducta, a título de dolo, por lo que habrá de confirmarse la sentencia de primer grado, de cara a los presupuestos fácticos y jurídicos expuestos en precedencia.
Observó también esta Sala como lo hizo la instancia que el doctor LEBF, pudiendo y teniendo la oportunidad de hacerlo, habiendo sido notificado de todas y cada una de las actuaciones surtidas al interior del proceso disciplinario, fue renuente a ejercer el derecho de defensa para esgrimir algún argumentos en su favor, no alegó de conclusión, ni entró a demostrar la ocurrencia de alguna de las causales justificantes previstas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, no sin antes observar con alto grado de preocupación la proclividad del funcionario a la comisión de esta clase de conductas, como la de objeto de estudio, cuando si bien no aparece registrado antecedente alguno disciplinario en esta Jurisdicción, en la penal ordinaria y la Procuraduría sí, veamos, donde se certificó lo siguiente:
- Por oficio 2664305/ARAIJ-GRURA 38.10 del 6 de mayo de 2013 el Consultor de Base de Datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, en la base de datos aparecían a nombre del señor LEBF los siguientes registros:
“Juzgado 64 Penal Municipal de Garantías de Bogotá, en oficio 32 del 14 de julio del 2009, comunica orden de captura, para formular imputación e imponer medida aseguramiento, proceso 110016000092200900157 ni 97748, por el delito de Prevaricato por Acción. Misma autoridad cancela orden de captura sin motivo en oficio sin número y sin fecha.
Fiscalía 24 Delegada Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en oficio 24-00058 del 24 de julio del 2009, comunica orden de captura, Proceso 16195, por el delito de Peculado y Prevaricato. Misma autoridad cancela orden de captura sin motivo en oficio sin número y sin fecha.
Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá, en oficio 1969 del 9 de marzo del 2011, comunica sentencia de fecha 31/05/2010, condenó a 120 meses de prisión, no informa si o no concedió el subrogado de la pena, la Sala de Casación Penal Honorable Corte Suprema modifica a 66 meses de prisión y confirma, Proceso 2009-00155-00, por el delito de prevaricato por acción.
Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, en oficio 357 del 15 de marzo del 2011, comunica solicitud de antecedentes, condenó el Tribunal Superior de Bogotá a la pena de 5 años y 6 meses de prisión. proceso 110016000922000900155, por el delito de prevaricato por acción.
Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Penal de Bogotá, en oficio 7-5004 del 19 de octubre del 2012, comunica sentencia de fecha 01/10/2012, condena 34 meses de prisión, proceso 1100160000922009-00157 -00, por el delito de prevaricato por acción.
Tribunal Superior Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá, en oficio 23549 del 1G de noviembre del 2005, comunica sentencia de fecha 11/11/05, condenó a 74 meses prisión, no concede subrogado penal, proceso 110012204000200301285, por el delito de concusión.
Figura como LEBF con Cédula de Ciudadanía 79105989: Fiscalía 7 Seccional Unidad Seccional de Fiscalías de Bogotá, en oficio 241 del 01 de julio del 2003, comunica solicitud de antecedentes, proceso 14322, no informa delito.
Por su parte la Procuraduría General de la Nación, a través del Certificado 45857823 del 17 de abril de 2013 hizo constar que el señor LEBF, registraba las siguientes anotaciones:
- Prisión – 66 meses –multa en SM.L.M.V $ 108.30 – Inhabilidad para desempeñar derechos y funciones públicas, 94 meses – Delito: Prevaricato por Acción – Ley 599 de 2000 – Decisión de Primera Instancia: Tribunal Superior de Bogotá –mayo 31 de 2010 – Decisión de Segunda Instancia: Corte Suprema de Justicia – enero 26 de 2011.
- Prisión – 32 meses –multa en SM.L.M.V $ 44.44 – Inhabilidad para desempeñar derechos y funciones públicas, 40 meses – Delito: Prevaricato por Acción – Ley 599 de 2000 – Decisión de Primera Instancia: Tribunal Superior de Bogotá – octubre 24 de 2012.
- Inhabilidades – para contratar con el Estado Ley 80 de 1993 – artículo 8º, Literal D, del 23 de febrero de 2011 al 22 de febrero de 2016; del 19 de octubre de 2012 al 18 de octubre de 2017; del 23 de febrero de 2011 al 22 de febrero de 2021 (fls.154-158 c.o.).
En cuanto a las presuntas irregularidades en que incurrió por la decisión que profirió en el caso relacionado con Transgas – Radicado 2009032 adelantado contra Luis Carlos Valencia y Otros, por el delito de Utilización Indebida de Información Privilegiada, se evidencia que el mismo reproche fue objeto de estudio y decisión de fondo por el magistrado Mauricio Martínez Sánchez de esta misma corporación, al interior del proceso disciplinario 200904404, en el cual, mediante providencia de fecha 11 de agosto de 2010, se dispuso la terminación anticipada de la actuación por encontrarla ajustada a derecho, decisión que fue Confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 7 de abril de 2011 (c.a7), entonces se confirma lo decidido en instancia al estar ante hechos ya estudiados y resueltos por esta Jurisdicción
De la sanción. La finalidad del poder sancionatorio conferido a esta jurisdicción se concreta precisamente en la posibilidad de imponer sanciones a las conductas disuasorias que impiden la efectividad de los principios Constitucionales que rigen la administración de justicia, la punición de las mismas con fines correccionales, o el retiro del servicio de aquellos funcionarios cuya conducta extrema compromete de manera grave la realización de los mismos. A esta realidad se refiere concretamente el artículo 16 del Código Disciplinario Único cuando afirma lo siguiente: “ART. 16.—Función de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública”.
De otro lado, tales sanciones disciplinarias deben acatar los principios de legalidad y proporcionalidad, según los cuales las conductas sancionables no solo deben estar descritas en norma previa – tipicidad, sino que, además, deben tener un fundamento legal. Además, es claro que el principio de legalidad – previsto en el consagrado en el artículo 4º la Ley 734 de 2002, implica también que la sanción debe estar predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la sanción a imponer, pues las normas que consagran las faltas deben estatuir también con carácter previo, los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquéllas.
Ahora, en cuanto al principio de proporcionalidad este exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la administración de justicia. Respecto de la sanción, la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad. Sobre este particular el artículo 18 del mismo Código Disciplinario Único, define lo siguiente: “ART. 18.—Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley”.
De todo lo anterior se concluye que el derecho disciplinario pretende regular la actuación de los funcionarios judiciales con miras a asegurar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que la rigen, y que, para tal cometido, describe mediante ley una serie de conductas que estima contrarias a ese cometido, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses que ellas producen.
Como ya se dijo, dentro del catálogo de faltas gravísimas que son señaladas taxativamente por el artículo 48, está la del numeral 1º que reza: “Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.” Esta causal permite sancionar como falta gravísima la falsedad ideológica en documento público, como la acontecida en el presente asunto, por lo que persiste la calificación de la naturaleza de la falta como GRAVISIMA DOLOSA.
Entonces, atendiendo a que la modalidad de la falta correspondió a la señalada en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, lo cual genera la destitución e inhabilidad general de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 44 ibídem, habría de confirmarse en su integridad el fallo proferido el 18 de septiembre de 2013 - Acta 14, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL para ejercer cargos públicos por el término de 20 años, al doctor LEBF en su condición de Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, tras hallarlo responsable de infringir el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; el artículo 30 de la Constitución Política y el artículo 1º de la Ley 1095 de 1996 (sic) – Hábeas Corpus y que habrá de comunicarse a las instancias respectivas, como al nominador del Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y al Pagador de la Rama Judicial, entre otras para los fines de ley.
1. CONFIRMAR el fallo consultado, proferido el 18 de septiembre de 2013- Acta 14, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL para ejercer cargos públicos por el término de 20 años, al doctor LEBF en su condición de Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, para la época de los hechos tras hallarlo responsable de infringir el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la ley 734 de 2002; el artículo 30 de la Constitución Política y el artículo 1º de la ley 1095 de 1996 (sic) – Hábeas Corpus, conforme a las consideraciones de la parte motiva de esta providencia.
2. CONFIRMAR la terminación de la actuación adelantada contra el doctor LEBF, respecto de la queja formulada por las irregularidades dentro del radicado 20090032 , relacionado con Transgas – radicado 2009032 adelantado contra Luis Carlos Valencia y Otros, conforme a las razones puntualizadas en la parte motiva de esta providencia.
3. Comunicar esta decisión a la a las instancias respectivas, como al nominador del Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, y al Pagador de la Rama Judicial, entre otras, para los fines de ley.
5. Por la Secretaría Judicial de esta Sala, líbrense las comunicaciones pertinentes.

References: ARTÍCULO 195
 ARTÍCULO 382
 ARTÍCULO 48
 artículo 256
 artículo 112
 artículo 208
 artículo 194
 artículo 153
 artículo 48
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 153
 artículo 48
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 196
e contrario
 artículo 6
 artículo 195
 artículo 142
 artículo 153
 artículo 48
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 382
 artículo 382
 artículo 382
 artículo 413
 artículo 153
 artículo 48
 artículo 42
 artículo 48
 artículo 153
 artículo 48
 artículo 28
 artículo 48
 artículo 28
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 44
 artículo 153
 artículo 48
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 153
 artículo 48
 artículo 30
 artículo 1