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Timestamp: 2018-08-15 16:16:02+00:00

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Ley 3/1999, de 31 de marzo, del menor de Castilla-La Mancha - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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L. 3/1999, 31-III, DEL MENOR DE CASTILLA-LA MANCHA
Art. 3. Colaboración interadministrativa
Art. 5. Colaboración ciudadana
Título I. De los derehos y deberes del menor (Arts. 6 a 21)
Capítulo I. Principios generales (Arts. 6 a 8)
Art. 6. Protección de los derechos del menor
Art. 7. Divulgación de los derechos del menor
Art. 8. Subsidiariedad
Capítulo II. De los derechos, su promoción y protección (Arts. 9 a 20)
Art. 9. Derecho a la identidad
Art. 10. Prevención y atención ante los malos tratos y la explotación
Art. 13. Libertad ideológica
Art. 14. Derecho de participación y asociación
Art. 15. Derecho a ser oído
Art. 16. Derecho a la protección de la salud
Art. 17. Derecho a la educación
Art. 18. Derecho a la cultura y el ocio
Art. 19. Derecho al medio ambiente
Art. 20. Derecho a la Integración Social
Capítulo III. De los deberes de los menores (Art. 21)
Art. 21. Deberes de los menores
Título II. De la proteccióin social y jurídica del menor (Arts. 22 a 67)
Art. 22. Concepto de protección
Art. 23. Criterios de actuación
Art. 24. Equipos interdisciplinares
Capítulo II. De las medidas de prevención y apoyo a la familia (Arts. 25 y 26)
Art. 25. Medidas de prevención
Art. 26. Medidas de apoyo a la familia
Capítulo III. De la situación de riesgo (Arts. 27 a 33)
Art. 27. Concepto
Art. 28. Situaciones de riesgo
Art. 29. Principios orientadores
Art. 30. Procedimiento de apreciación de las situaciones de riesgo
Art. 31. Colaboración en la ejecución de las medidas
Art. 32. Medidas
Art. 33. Cese en la situación de riesgo
Capítulo IV. De la guarda (Art. 34)
Art. 34. Asunción de la guarda
Capítulo V. De la situación de desamparo (Arts. 35 a 39)
Art. 35. Desamparo
Art. 36. Situaciones de desamparo
Art. 37. Procedimiento de declaración de la situación de desamparo
Art. 38. Notificación y comunicación de la resolución
Art. 39. Resistencia a la ejecución de las medidas
Capítulo VI. De la tutela (Arts. 40 a 42)
Art. 40. Asunción de la tutela administrativa
Art. 41. Atención inmediata
Art. 42. Ejercicio de la tutela
Capítulo VII. Del acogimiento (Arts. 43 a 54)
Art. 43. Acogimientos
Art. 44. Criterios generales a aplicar en los acogimientos
Art. 45. Medidas de seguimiento del acogimiento
Sección 1.ª Del acogimiento familiar (Arts. 46 a 48)
Art. 46. Modalidades y su modificación
Art. 47. Formación, selección y apoyo de familias acogedoras
Art. 48. Acogimiento familiar profesionalizado
Sección 2.ª Del acogimiento residencial (Arts. 49 a 54)
Art. 49. Concepto del acogimiento residencial
Art. 50. Procedimiento de ingreso en los centros de acogimiento residencial
Art. 51. Traslados de centro
Art. 52. Medidas complementarias
Art. 53. Recursos de acogimiento residencial
Art. 54. Elección y condiciones de los centros de acogimiento
Capítulo VIII. De la adopción (Arts. 55 a 61)
Art. 55. Criterios generales sobre la adopción
Art. 56. Criterios para la selección de los solicitantes de adopción
Art. 57. Información sobre adopción
Art. 58. Formación, selección de los adoptantes y declaración de idoneidad
Art. 59. Registro de Adopciones de Castilla-La Mancha
Art. 60. Propuesta de adopción
Art. 61. La adopción internacional
Capítulo IX. De los menores en conflicto social (Arts. 62 y 63)
Art. 62. Concepto
Art. 63. Medidas de actuación
Capítulo X. De los programas de autonomía social (Art. 64)
Art. 64. Concepto y actuaciones
Capítulo XI. Del Registro de las situaciones de los menores (Arts. 65 a 67)
Art. 65. Constitución del registro
Art. 66. Ubicación del registro
Art. 67. Organización y funcionamiento
Título III. Ejecución de medidas judiciales (Arts. 68 a 74)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 68 a 70)
Art. 69. Principios que rigen en la ejecución de las medidas
Art. 70. Ejecución de medidas
Capítulo II. De las medidas en medio abiero (Art. 71)
Art. 71. Cumplimiento de medidas en medio abierto
Capítulo III. De las medidas en centros (Art. 72)
Art. 72. Ejecución de las medidas de internamiento en centro
Capítulo IV. Del seguimiento, modificación y cese de las medidas (Arts. 73 y 74)
Art. 73. Seguimiento de las medidas
Art. 74. Modificación y cese de las medidas
Título IV. De la distribución de competencias (Arts. 75 a 83)
Capítulo I. De las competencias de la Comunidad Autónoma (Art. 75)
Art. 75. Comunidad Autónoma
Capítulo II. De las competencias de los municipios (Arts. 76 a 78)
Art. 76. Competencias municipales
Art. 77. Municipios mayores de 5.000 habitantes
Art. 78. Municipios menores de 5.000 habitantes
Capítulo III. De las entidades colaboradoras (Arts. 79 a 83)
Art. 79. Definición
Art. 80. Requisitos
Art. 81. Procedimiento de actuación y acreditación
Art. 82. Derechos y obligaciones
Art. 83. Revocación de la acreditación como entidad colaboradora
Título V. Del régimen sancionador (Arts. 84 a 99)
Capítulo I. De las infracciones administrativas (Arts. 84 a 89)
Art. 84. Infracciones administrativas y sujetos responsables
Art. 85. Infracciones leves
Art. 86. Infracciones graves
Art. 87. Infracciones muy graves
Art. 88. Reincidencia
Art. 89. Prescripción de infracciones
Capítulo II. De las sanciones administrativas (Arts. 90 a 94)
Art. 90. Sanciones administrativas
Art. 91. Acumulación de sanciones
Art. 92. Graduación de las sanciones
Art. 93. Destino de las sanciones
Art. 94. Prescripción de sanciones
Capítulo III. Del procedimiento sancionador (Arts. 95 a 99)
Art. 95. Procedimiento sancionador
Art. 96. Órganos competentes
Art. 97. Medidas cautelares
Art. 98. Relación con la jurisdicción penal y civil
Art. 99. Publicidad de las sanciones
LEY 3/1999, DE 31 DE MARZO, DEL MENOR DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM DE 16 DE ABRIL; BOE DE 25 DE MAYO)
En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, establece en su artículo 31.1.20.ª y 31.ª como competencia exclusiva de la Administración Autonómica la Asistencia social y servicios sociales, así como la protección y tutela de menores.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía atribuye a la Junta de Comunidades competencia exclusiva en las siguientes materias: «fomento de la cultura y la investigación» (artículo 31.1.17); «promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio» (artículo 31.1.19); «espectáculos públicos» (artículo 31.1.23); «fundaciones» (artículo 31.1.25); «procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia» (artículo 31.1.28) y «publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios específicos, de acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española» (artículo 31.1.29).
Garantizar los derechos individuales y colectivos de todos los menores.
La primacía del interés general de los menores sobre cualquier otro interés legítimo, interpretando las limitaciones a su capacidad de obrar de forma restrictiva.
La promoción de las condiciones necesarias para que la responsabilidad de los padres o tutores, en el efectivo cumplimiento de sus obligaciones para con sus hijos, pueda realizarse adecuadamente.
Garantizar la acción protectora de la Administración para aquellos menores que se encuentran en situación de desamparo.
Atención a los menores que no pueden permanecer en su propia familia.
El Título IV, de la Distribución de Competencias, regula las funciones que ejercerá la propia Administración Autonómica, así como las que se atribuyen a los municipios, haciendo compatible el principio recogido en la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha de descentralización de servicios en los municipios, con la necesaria profesionalización de las actuaciones a llevar a cabo en el sistema de protección de menores; en este sentido se ha optado por distinguir, a la hora de asignar competencias municipales, entre aquellos municipios que cuentan con servicios sociales básicos propios y en los que dichos servicios son prestados desde la Administración Autonómica, asignándoles a los primeros competencias en materia de prevención, de intervención en situaciones de riesgo, de corresponsabilidad en el desarrollo de determinados programas en situaciones de desamparo y conflicto social y de colaboración en la ejecución de medidas judiciales en medio abierto.
Artículo 1. Objeto.—La presente Ley tiene por objeto establecer el marco jurídico de actuación en orden a la promoción, atención y protección del menor, así como garantizar el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, y su desarrollo integral en los diferentes ámbitos de convivencia mediante la ejecución de medidas administrativas y judiciales.
Artículo 2. Ámbito personal y territorial de aplicación.—Las medidas contempladas en la presente Ley serán de aplicación a todos los menores de edad que tengan su domicilio o se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así como a los jóvenes mayores de edad sobre los cuales se haya ejercido alguna medida administrativa o judicial a los efectos previstos en el Capítulo X del Título II de esta Ley, sin perjuicio de que resultare aplicable otra normativa por razón del origen o procedencia del menor y de las facultades que pudieran corresponder a la administración competente de otro territorio.
Artículo 3. Colaboración interadministrativa.—La Administración Autonómica, a través de la Consejería competente en materia de menores, ejercerá las funciones de control y coordinación de Entidades Públicas y privadas que realicen actuaciones en el ámbito de la presente Ley. Igualmente fomentará actuaciones de cooperación con los ayuntamientos y otras instituciones públicas y con organizaciones y entidades privadas.
Artículo 4. Principios rectores.—Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, serán principios rectores que informen la actuación de las Entidades públicas y privadas en materia de promoción y atención de los menores y protección de sus derechos, los siguientes:
Artículo 5. Colaboración ciudadana.—Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise, lo comunicarán a las autoridades competentes o a sus agentes más próximos para que se proceda a disponer las medidas más adecuadas, conforme a lo establecido en la presente Ley.
Artículo 6. Protección de los derechos del menor.—Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha garantizarán, en el ámbito de sus competencias, el respeto y el correcto ejercicio de los derechos y libertades de los menores reconocidos en la Constitución, y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Español, en particular los proclamados en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 y los demás reconocidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero y en el Ordenamiento Jurídico en su conjunto, sin excepción y sin que pueda existir distinción o discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma, cultura, religión, opinión, lugar de nacimiento, situación económica, condiciones físicas, psíquicas o sensoriales o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.
Artículo 7. Divulgación de los derechos del menor.—Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha adoptarán, desarrollarán y promoverán las acciones necesarias para lograr la máxima divulgación de los derechos de los menores, y removerán los obstáculos que impidan o dificulten su correcto ejercicio.
Artículo 8. Subsidiariedad.—1. La actuación de los poderes públicos de CastillaLa Mancha tendrá carácter subsidiario respecto de la que corresponde a los padres, tutores o guardadores, como responsables de asegurar, dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral del menor.
2. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha promoverán las condiciones necesarias para que los padres, tutores o guardadores cumplan sus responsabilidades hacia los menores de forma adecuada, y velarán por su protección en caso de ejercicio incorrecto de las funciones inherentes a la patria potestad o tutela, o demal uso de las facultades atribuidas a otras personas en su cuidado y asistencia.
Artículo 9. Derecho a la identidad.—Para garantizar adecuadamente el derecho a la identidad de todos los menores se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
Artículo 10. Prevención y atención ante los malos tratos y la explotación.—1. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha realizarán actuaciones preventivas y atenderán a los menores que sufran cualquier forma de violencia, maltrato, crueldad, manipulación, explotación o abuso sexual. Asimismo protegerán a los menores frente a cualquier clase de explotación laboral y de la práctica de la mendicidad.
Artículo 11. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.—1. La Administración Autonómica garantizará y protegerá el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen de los menores, evitando todo tipo de intromisión ilegítima que afecte a los mismos. En particular, se protegerá frente a las intromisiones que pudieran producirse a través de los medios de comunicación y sistemas informáticos de uso general como consecuencia de la utilización de la imagen o nombre de los menores que pudiera implicar un menoscabo de tales derechos o que sea contraria a sus intereses, aun constando el consentimiento del menor o de sus representantes legales.
Artículo 12. Derecho a la información.—1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y elaborar la información adecuada a su edad y condiciones de madurez.
4. En el ámbito de sus competencias la Administración Autonómica, sin perjuicio de otros sujetos legitimados, ejercitará las acciones de cese y rectificación de publicidad ilícita y de los contenidos de la programación de medios de comunicación que perjudique a los menores.
Artículo 13. Libertad ideológica.—1. Los poderes públicos de Castilla-La Mancha velarán para que en sus distintas actuaciones se respeten los derechos dimanantes de la libertad ideológica, de conciencia y religión de los menores.
Artículo 14. Derecho de participación y asociación.—1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, a cuyos efectos la Administración Autonómica arbitrará fórmulas y servicios específicos que promuevan dicha participación dentro del respeto a sus derechos y la exigencia de sus responsabilidades.
Artículo 15. Derecho a ser oído.—1. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha garantizarán el derecho de los menores a ser oídos, de acuerdo con su edad y condiciones de madurez, en todo procedimiento administrativo que pueda afectar a su esfera personal, familiar o social, sin perjuicio de aquellos supuestos en que deba prestar su consentimiento cuando legalmente proceda.
Artículo 16. Derecho a la protección de la salud.—1. Todos los menores tienen derecho a la protección y promoción de su salud y a la atención sanitaria de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 17. Derecho a la educación.—1. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha garantizarán la existencia de un número de plazas adecuadas y suficientes que aseguren la atención escolar de los menores, y colaborarán con la familia en el proceso educativo de los mismos.
3. La Administración Autonómica procurará que los centros y servicios que cuidan a menores en los primeros años, cualquiera que sea su denominación genérica, clasificación o titularidad, contribuyan a la atención social y educativa de éstos, mediante el desarrollo de sus capacidades de relación, observación, conocimiento del propio cuerpo y adquisición progresiva de autonomía, orientando sus prestaciones primordialmente a satisfacer las necesidades del menor y a promover su bienestar en un ambiente sano y seguro.
Artículo 18. Derecho a la cultura y el ocio.—1. Los menores tienen derecho al juego, al ocio y a participar activa y libremente en la vida cultural, deportiva y artística de su entorno, como elementos esenciales de su desarrollo evolutivo y proceso de socialización.
Artículo 19. Derecho al medio ambiente.—1. Los menores tienen derecho a desarrollarse en un medio ambiente saludable y no contaminado.
Artículo 20. Derecho a la Integración Social.—1. Los menores con discapacidades tienen derecho a que se les facilite el mayor grado de integración en la sociedad que permitan sus condiciones.
4. La Administración Autonómica velará para que los menores con necesidades educativas especiales reciban una formación educativa y profesional que les permita la integración social, el desarrollo y la realización personal y el acceso a un puesto de trabajo en el contexto más normalizado posible y de acuerdo con sus aspiraciones y aptitudes.
Artículo 21. Deberes de los menores.—1. La Administración Autonómica promoverá la realización de acciones dirigidas a los menores para fomentar en éstos actitudes que contribuyan a su participación en el desarrollo de toda la vida familiar sin distinción de sexo, conforme a su edad, madurez y circunstancias.
Artículo 22. Concepto de protección.—A los efectos de la presente Ley la protección del menor comprende el conjunto de medidas y actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo, desamparo y conflicto en que el mismo puede verse involucrado, tendentes a garantizar su desarrollo integral y a promover una vida familiar normalizada, primando, en todo caso, el interés del menor.
Artículo 23. Criterios de actuación.—Para el logro de los fines previstos en esta Ley, la actuación de la Consejería competente en materia de menores se regirá por los siguientes criterios de actuación:
Artículo 24. Equipos interdisciplinares.—1. La Consejería competente en materia de menores contará con equipos interdisciplinares distribuidos territorialmente, con la composición y adscripción que reglamentariamente se determine.
4. El personal que forme parte de los equipos interdisciplinares, así como cualquier otro personal que realice funciones en materia de menores, previa acreditación de estas circunstancias por parte de la Consejería competente en dicha materia, tendrá la consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, con plena independencia en el desarrollo de las mismas. Dicho personal podrá recabar la colaboración y cooperación de otras Entidades e Instituciones Públicas, que deberán facilitar la información y asistencia activa que precise para el cumplimiento de las actuaciones reguladas en la presente Ley.
Artículo 25. Medidas de prevención.—La Administración Autonómica promoverá la elaboración de Planes Integrales dirigidos a la promoción de la infancia y a la prevención de las situaciones de riesgo y desamparo.
Artículo 26. Medidas de apoyo a la familia.—1. La Administración Autonómica promoverá medidas de apoyo a la familia que podrán ser de carácter técnico o económico.
Artículo 27. Concepto.—Situaciones de riesgo son aquellas que, como consecuencia de circunstancias de carácter personal, familiar o de su entorno, perjudican el desarrollo personal o social del menor y en las que los padres, tutores o guardadores de los menores no asumen o puedan no asumir completamente sus responsabilidades para mitigarlas, sin que dichas situaciones requieran la asunción de la tutela por ministerio de la Ley.
Artículo 28. Situaciones de riesgo.—Se consideran situaciones de riesgo las siguientes:
Que existan omisiones de carácter leve en el cuidado del menor, con una probabilidad reducida de producirse un episodio severo de forma inmediata, y sin que tales omisiones supongan un grave perjuicio para su salud física o emocional.
Que el menor esté sometido a un patrón o a episodios aislados de descuido de carácter leve que inciden en varias áreas concernientes a sus necesidades principales.
Artículo 29. Principios orientadores.—En las situaciones de riesgo, la actuación administrativa se dirigirá a procurar atender las necesidades del menor, mejorando su medio familiar, y específicamente estará orientada a conseguir:
Artículo 30. Procedimiento de apreciación de las situaciones de riesgo.—1. Los Servicios Sociales, cuando tengan conocimiento de que un menor pueda encontrarse en situación de riesgo, iniciarán el oportuno estudio tendente a la comprobación de aquella situación y comunicarán al órgano competente de la Administración Autonómica el resultado de la misma en el menor tiempo posible.
Artículo 31. Colaboración en la ejecución de las medidas.—1. Apreciada la situación de riesgo y establecido el programa educativo, los padres, tutores o guardadores vendrán obligados a colaborar activamente en la ejecución de las medidas de apoyo acordadas.
Artículo 32. Medidas.—1. En las situaciones de riesgo se actuará mediante el apoyo a la familia, como recurso preventivo prioritario, mediante el establecimiento de programas dirigidos a cubrir las necesidades principales de los menores ymejorar su entorno familiar, con objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral.
d) La intervención de voluntarios en tareas de apoyo almenor y a su familia.
Artículo 33. Cese en la situación de riesgo.—1. La situación de riesgo cesará:
Artículo 34. Asunción de la guarda.—1. La Administración Autonómica asumirá la guarda de los menores conforme a lo previsto en la legislación civil.
Artículo 35. Desamparo.—Cuando se aprecie que un menor está en situación de desamparo, según lo regulado en la legislación civil del Estado, corresponderá a la Consejería competente en materia de protección de menores la declaración de dichas situaciones y la asunción de la tutela.
Artículo 36. Situaciones de desamparo.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 172.1 del Código Civil, se considerarán situaciones de desamparo las siguientes:
c) La inducción o permisibilidad de la mendicidad, delincuencia o prostitución d) La explotación laboral, ya sea de forma esporádica o estable, o cualquier otra explotación económica de naturaleza análoga.
Artículo 37. Procedimiento de declaración de la situación de desamparo.—1. Los Servicios Sociales, cuando tengan conocimiento de que una situación pueda constituir un perjuicio grave en el normal desarrollo del menor y, tras la correspondiente investigación, no exista otra alternativa que la separación de su familia, elaborará un informe motivado con la propuesta de actuación al órgano competente.
Artículo 38. Notificación y comunicación de la resolución.—1. La declaración de desamparo deberá ser notificada a los padres, tutores o guardadores, en el plazo de cuarenta y ocho horas, y al Ministerio Fiscal.
Artículo 39. Resistencia a la ejecución de las medidas.—1. Declarada la situación de desamparo, si los padres, tutores, guardadores o familiares impidiesen la ejecución de las medidas acordadas, o concurriese alguna otra circunstancia que dificultase gravemente su ejecución, se solicitará al Juez la adopción de las medidas precisas para hacerla efectiva, sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que fuesen necesarias si está en peligro la vida o integridad del menor o se conculcan sus derechos.
Artículo 40. Asunción de la tutela administrativa.—1. Corresponde a la Administración Autonómica, a través del órgano competente, asumir la tutela de los menores desamparados que residan o se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las competencias que sobre estos últimos pudiesen tener otras Administraciones Públicas.
Artículo 41. Atención inmediata.—Asumida la tutela, los menores recibirán atención inmediata en los centros de primera acogida o familias acogedoras habilitadas al efecto. La vigencia de estas medidas se limitará al tiempo imprescindible para determinar la medida más adecuada a sus necesidades.
Artículo 42. Ejercicio de la tutela.—1. La tutela de los menores se ejercerá, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, acordando alguna de las medidas siguientes:
Artículo 43. Acogimientos.—De conformidad con la regulación contenida en la legislación civil, el acogimiento podrá adoptar las modalidades de familiar o residencial.
Artículo 44. Criterios generales a aplicar en los acogimientos.—Para la aplicación de esta medida protectora, la Administración Autonómica seguirá los siguientes criterios:
Artículo 45. Medidas de seguimiento del acogimiento.—Los Equipos Interdisciplinares a los que hace referencia el artículo 24 de la presente Ley realizarán, con el apoyo de los Servicios Sociales de Base, periódicamente un seguimiento, tanto de los acogimientos familiares como residenciales, en el que evaluará y documentará la situación y evolución del menor y de su familia biológica, y el funcionamiento del acogimiento.
SECCIÓN 1.ª DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR
Artículo 46. Modalidades y su modificación.—1. El acogimiento familiar se constituirá, según su finalidad, con el carácter de simple, permanente o preadoptivo, de conformidad con lo establecido en la legislación civil.
Artículo 47. Formación, selección y apoyo de familias acogedoras.—1. La Administración Autonómica promoverá las solicitudes de acogimiento y realizará la formación y selección de los futuros acogedores mediante un programa de información, formación y selección.
3. El acogimiento familiar podrá ser compensado económicamente por los gastos sanitarios, educativos y de manutención del menor acogido, de conformidad con el régimen y cuantía que se establezca por la Consejería competente en materia de protección de menores.
Artículo 48. Acogimiento familiar profesionalizado.—1. El acogimiento familiar simple y el permanente podrán constituirse con carácter profesionalizado.
2. Se entiende por acogimiento profesionalizado aquel que se ejerce por una persona especialmente cualificada que acoge en su núcleo familiar a uno o varios menores y recibe una cantidad por su labor y por los gastos de alimentación y educación del menor omenores acogidos.
3. Reglamentariamente se determinará el número máximo demenores que pueden tenerse en acogimiento profesionalizado, el régimen e importe de las cantidades a percibir por este concepto, así como los requisitos de formación que deberán tener los acogedores.
SECCIÓN 2.ª DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
Artículo 49. Concepto del acogimiento residencial.—El acogimiento residencial es una medida de protección del menor por la que éste se integra en un centro, correspondiendo su guarda al director o responsable del mismo, bajo la supervisión de la Administración Autonómica y del Ministerio Fiscal.
Artículo 50. Procedimiento de ingreso en los centros de acogimiento residencial.—1. El acogimiento residencial se efectuará por resolución administrativa o por decisión judicial.
Artículo 51. Traslados de centro.—Deberán acordarse mediante resolución motivada los traslados de centro, previa audiencia del menor cuando hubiese cumplido los doce años, debiéndose notificar a sus padres o tutores y comunicar al Ministerio Fiscal.
Artículo 52. Medidas complementarias.—La medida de acogimiento residencial podrá ser complementada con la estancia del menor en familias acogedoras, formadas y seleccionadas según los criterios establecidos por esta Ley, durante ciertos períodos de tiempo, pudiendo servir los mismos como acoplamiento para la constitución de un posterior acogimiento familiar.
Artículo 53. Recursos de acogimiento residencial.—El acogimiento residencial podrá efectuarse en los siguientes tipos de centros:
Artículo 54. Elección y condiciones de los centros de acogimiento.—1. Todos los centros de acogimiento residencial deberán estar autorizados según la normativa vigente.
5. Todos los centros contarán con un proyecto educativo, que favorezca la participación de los menores acogidos, y se regirá por un reglamento de funcionamiento aprobados por la Consejería competente.
Artículo 55. Criterios generales sobre la adopción.—Para la propuesta de esta medida la Administración Autonómica, seguirá los siguientes criterios:
e) Se requerirá la conformidad del adoptado mayor de doce años y se valorará su opinión si fuera menor de esta edad y tuviera suficiente juicio.
Artículo 56. Criterios para la selección de los solicitantes de adopción.—Para la selección de los solicitantes de adopción se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
Artículo 57. Información sobre adopción.—Quienes soliciten la adopción de un menor tienen derecho a recibir información general sobre el procedimiento, las características de los menores y los criterios generales sobre selección y valoración.
Artículo 58. Formación, selección de los adoptantes y declaración de idoneidad.—1. El proceso de formación y selección es el medio por el que se determina la idoneidad para la adopción de los solicitantes y permite su inscripción en el Registro de Adopciones de Castilla-La Mancha.
Artículo 59. Registro de Adopciones de Castilla-La Mancha.—1. En el Registro de Adopciones de Castilla-La Mancha se inscribirán todos los solicitantes de adopción que hayan superado el periodo de formación y selección.
3. Cuando el número de solicitudes de adopción regional sea superior en 20 veces al número de propuestas de adopción solicitadas a los órganos judiciales correspondientes, la Consejería competente en materia de menores podrá proceder a la no admisión de nuevas solicitudes de adopción regional, excepto en el caso de que se trate de solicitudes que admitan menores con particularidades.
Artículo 60. Propuesta de adopción.—1. En los casos en que proceda, la Consejería competente en materia de menores elevará a la autoridad judicial la propuesta de adopción a favor de los adoptantes considerados idóneos de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 61. La adopción internacional.—1. Las personas que deseen adoptar a un menor extranjero, deberán formular la oportuna solicitud ante la Administración Autonómica.
Artículo 62. Concepto.—1. Se consideran menores en conflicto social, a los efectos de la presente Ley, aquellos que por su situación de grave inadaptación pudiesen encontrarse en riesgo de causar perjuicios a sí mismos o a otras personas, así como los menores que, aún no teniendo la edad requerida para exigirles responsabilidad penal, cometiesen hechos tipificados como delitos o faltas por las leyes penales.
Artículo 63. Medidas de actuación.—1. La Administración Autonómica desarrollará en favor de los menores en conflicto social medidas de carácter preventivo y de apoyo tales como:
Artículo 64. Concepto y actuaciones.—1. Se denomina programa de autonomía personal al seguimiento personalizado de un menor con edad superior a los dieciséis años por un profesional y durante un periodo determinado de tiempo, mediante un compromiso o programa de formación destinado a dar cobertura a las necesidades formativas, con el objetivo de conseguir la progresiva integración social y laboral, su independencia y autonomía.
Artículo 65. Constitución del registro.—Se constituye el registro de las situaciones de los menores de Castilla-La Mancha, que será único para toda la Comunidad Autónoma, en el cual se recogerán las diferentes situaciones en que pueda encontrarse cada menor, derivadas de las actuaciones o medidas adoptadas por resolución administrativa o ejecución de medida judicial.
Las diferentes situaciones a que hace referencia el punto anterior deberán reflejarse en un expediente personal y único para cada menor que la Consejería competente abrirá al efecto.
Artículo 66. Ubicación del registro.—El registro de las situaciones de los Menores tendrá su sede en la Consejería competente, existiendo una oficina del mismo en cada una de las Delegaciones Provinciales de la misma.
Artículo 67. Organización y funcionamiento.—La organización y funcionamiento del Registro de las situaciones de los menores se determinará reglamentariamente, respetando en todo caso los principios de intimidad, confidencialidad y obligación de reserva de sus inscripciones, debiéndose cumplir lo previsto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, pudiendo sólo ser utilizado en beneficio del menor.
Artículo 68. Competencia.—1. Corresponde a la Administración Autonómica la ejecución material de las medidas adoptadas por los jueces de menores en aplicación de la normativa estatal reguladora de la jurisdicción de menores.
2. Las medidas podrán ejecutarse por entidades públicas o privadas con la que previamente se haya establecido acuerdo con la Administración Autonómica, bajo cuya dirección y supervisión se dará cumplimiento a dichas medidas.
3. Una vez comunicada la resolución judicial al órgano competente de la Administración Autonómica, éste determinará los aspectos concretos del cumplimiento de la medida, de conformidad con lo dispuesto en la resolución judicial.
Artículo 69. Principios que rigen en la ejecución de las medidas.—Los principios que regirán la actuación de la Administración Autonómica en la ejecución de las medidas judiciales serán los siguientes:
1. En el proceso de la ejecución de la medida se velará porque prevalezca, sobre todo, el interés del menor, salvo lo que disponga la resolución judicial.
2. En la aplicación de estas medidas, primará el contenido y finalidad educativa de las mismas, salvo lo que disponga la resolución judicial.
3. En la ejecución material de las medidas se velará por la menor dilación temporal posible entre la notificación de la misma y su efectivo cumplimiento.
Artículo 70. Ejecución de medidas.—Reglamentariamente se determinará el modo de ejecución de las medidas que dicten los órganos judiciales en el marco de la legislación estatal reguladora de la jurisdicción de menores.
Artículo 71. Cumplimiento de medidas en medio abierto.—1. Para el cumplimiento de las medidas en medio abierto dispuestas por resolución judicial, la Administración Autonómica dispondrá de los necesarios medios personales y materiales en todo su territorio. Se deberá comunicar a los Juzgados y Fiscalías de Menores relación de recursos que permitan el cumplimiento de dichas medidas
2. Las medidas en medio abierto se ejecutarán por el tiempo y en el modo estipulado en la resolución judicial, teniendo como base el proyecto educativo individualizado de las mismas que elabore el profesional designado por el órgano competente contando con el apoyo de los equipos interdisciplinares.
3. El desarrollo del proyecto y la ejecución se realizará siguiendo los términos del protocolo de actuación que, a tal efecto, se elabore.
4. La Consejería competente en materia de protección de menores creará la figura del Coordinador de Medidas, que será el supervisor de la ejecución de las mismas, dictadas por los Jueces.
De las medidas en centros
Artículo 72. Ejecución de las medidas de internamiento en centro.—1. La Administración Autonómica dispondrá de centros, propios o concertados con otras entidades, que permitan la ejecución de las medidas de internamiento en centro de carácter abierto, semiabierto o cerrado.
2. Cada uno de los centros existentes dispondrá de un reglamento de régimen interno sobre el desarrollo de la vida de los menores en el centro, su régimen disciplinario, permisos ordinarios y extraordinarios, de salidas y de comunicación de los menores con sus familias.
El reglamento deberá ser aprobado por la Consejería competente en materia de menores.
3. El internamiento en centro estará orientado a la reintegración social del menor, manteniendo a este efecto los contactos externos del menor con personas o instituciones de su entorno que favorezcan este objetivo.
4. El internamiento en régimen abierto únicamente implicará que el menor se encuentre domiciliado en el centro, desarrollándose todas las actividades sociales y educativas en su entorno, salvo lo que disponga la resolución judicial.
5. El internamiento en régimen semiabierto supondrá la residencia del menor en el centro, si bien, las actividades formativas, educativas y de ocio del menor podrán desarrollarse fuera del mismo, salvo lo que disponga la resolución judicial.
6. El internamiento en régimen cerrado implicará la residencia del menor en el centro, así como el desarrollo en el mismo de las actividades formativas, educativas y de ocio, salvo lo que disponga la resolución judicial.
Artículo 73. Seguimiento de las medidas.—1. La Administración Autonómica realizará un seguimiento continuado de la ejecución de las medidas acordadas judicialmente, cualquiera que sea el centro, institución o persona que las desarrolle.
2. Los equipos interdisciplinares, con el apoyo de los Servicios Sociales, efectuarán el seguimiento de la ejecución de las medidas, informando de cualquier incidencia al órgano competente de la Administración Autonómica, al Órgano Judicial y al Ministerio Fiscal. Asimismo existirá un informe definitivo una vez concluida la ejecución de la medida.
Artículo 74. Modificación y cese de las medidas.—Sin perjuicio de las modificaciones que acuerde el Juez de Menores, cuando, a consecuencia del seguimiento a que se refiere el artículo anterior, se constate que han variado o desaparecido las condiciones que justificaban la medida, la Administración Autonómica elaborará un informe motivado sobre la modificación o extinción de la misma, que se remitirá al Ministerio Fiscal o al representante legal del menor, para que formulen ante el Juez de Menores la correspondiente propuesta.
Artículo 75. Comunidad Autónoma.—1. La Administración Autonómica es la entidad pública competente, en su ámbito territorial, para el ejercicio de las funciones de protección y tutela de los menores, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y de las funciones establecidas en la normativa vigente en materia de Justicia de Menores, así como para el ejercicio de las previstas en la presente Ley y de cualquier otra asumida por la Comunidad Autónoma en esta materia.
Artículo 76. Competencias municipales.—Los municipios de Castilla-La Mancha ejercerán sus competencias en materia de atención a menores, bien directamente o a través de mancomunidades o agrupaciones de municipios, de conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del régimen local, en la Ley de Servicios Sociales y en la presente norma atendiendo al número de habitantes.
Artículo 77. Municipios mayores de 5.000 habitantes.—Los municipios que dispongan de servicios sociales básicos propios y, en todo caso, los que cuenten con una población superior a 5.000 habitantes desarrollarán las siguientes funciones:
c) La propuesta al órgano competente, mediante informe motivado, de la medida de protección más adecuada a la situación del menor y su familia.
Artículo 78. Municipios menores de 5.000 habitantes.—Los municipios menores de 5.000 habitantes, en coordinación con la Administración Autonómica, colaborarán en los programas y medidas de actuación acordadas en cada una de las situaciones en que se encuentren los menores.
Artículo 79. Definición.—Son entidades colaboradoras de atención a menores las asociaciones, fundaciones u otras entidades privadas que hayan sido reconocidas o acreditadas por la Administración Autonómica para desempeñar actividades y tareas de atención integral a los menores.
Artículo 80. Requisitos.—Podrán ser acreditadas como entidades colaboradoras de atención a menores las personas jurídicas que reúnan los requisitos siguientes:
Artículo 81. Procedimiento de actuación y acreditación.—1. Dichas entidades se someterán en su actuación a las directrices, inspección y control del organismo competente y solamente podrán asumir las funciones de guarda y mediación con las limitaciones que le señale la Ley, debiendo asegurarse de que tales funciones se desempeñan en interés exclusivo del menor.
2. El procedimiento para la acreditación de estas entidades, los requisitos que tengan que cumplir, así como su inscripción en el registro administrativo correspondiente se determinarán reglamentariamente, garantizándose la audiencia de los solicitantes.
Artículo 82. Derechos y obligaciones.—1. Los órganos administrativos autonómicos prestarán su colaboración y asistencia a las entidades colaboradoras acreditadas por la Administración Autonómica en la realización de las actividades para las que hayan sido habilitadas.
Artículo 83. Revocación de la acreditación como entidad colaboradora.—La acreditación como entidad colaboradora podrá ser revocada mediante resolución motivada, del órgano competente, dictada en expediente contradictorio, cuando aquellas entidades dejen de reunir los requisitos o condiciones exigidos.
Artículo 84. Infracciones administrativas y sujetos responsables.—1. Se consideran infracciones administrativas a la presente Ley las acciones u omisiones de las personas responsables, tipificadas y sancionadas en este título, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.
2. Son sujetos responsables las personas físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en esta Ley.
Artículo 85. Infracciones leves.—Constituyen infracciones leves:
Artículo 86. Infracciones graves.—Constituyen infracciones graves:
10. El incumplimiento por el centro o personal sanitario de la obligación de identificar al recién nacido de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley.
Artículo 87. Infracciones muy graves.—Constituyen infracciones muy graves:
Artículo 88. Reincidencia.—Se produce reincidencia cuando el responsable de la infracción haya sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza, en el plazo de un año.
Artículo 89. Prescripción de infracciones.—Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año, contados a partir de la fecha en que la infracción se hubiera cometido.
Artículo 90. Sanciones administrativas.—Las infracciones tipificadas en el presente Título serán sancionadas de la forma siguiente:
2. Infracciones graves: Multa de 2.500.001 a 20.000.000 de pesetas.
3. Infracciones muy graves: Multa de 20.000.001 a 100.000.000 de pesetas.
Artículo 91. Acumulación de sanciones.—1. A las sanciones previstas en el artículo anterior podrá acumularse la sanción de revocación de las ayudas o subvenciones concedidas a las personas físicas o jurídicas responsables así como la de inhabilitación para percibir cualquier tipo de ayudas o subvenciones de la administración autonómica por un plazo de uno a cinco años.
Artículo 92. Graduación de las sanciones.—1. Para la concreción de las sanciones y la cuantía de las multas deberá guardarse la debida adecuación de la misma con la gravedad del hecho constitutivo de infracción, considerándose especialmente los criterios siguientes:
Artículo 93. Destino de las sanciones.—Los ingresos derivados de la imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley deben ser destinados a la atención y protección de menores.
Artículo 94. Prescripción de sanciones.—Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, por las graves a los dos años y por las leves al año, contados a partir del día siguiente a que la resolución sea firme.
Artículo 95. Procedimiento sancionador.—1. Las infracciones previstas en la presente Ley no podrán ser objeto de sanción sin la instrucción del oportuno expediente, de conformidad con el procedimiento administrativo sancionador propio de la Administración Autonómica, y en su defecto mediante el procedimiento establecido en los artículos 127 a 138 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como su normativa de desarrollo.
2. Las asociaciones o entidades que tengan entre sus fines la protección de menores, podrán personarse como interesados en estos procedimientos, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 96. Órganos competentes.—1. Serán competentes para la resolución e imposición de las sanciones a que se refiere la presente Ley:
Artículo 97. Medidas cautelares.—1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción. En todo caso habrá de adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica del menor.
Artículo 98. Relación con la jurisdicción penal y civil.—1. Cuando el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador tuviera indicios de que el hecho pudiera constituir también una infracción penal, lo pondrá en conocimiento del Órgano Judicial competente, absteniéndose de proseguir el procedimiento, una vez incoado, hasta tanto no exista pronunciamiento judicial.
Artículo 99. Publicidad de las sanciones.—La Consejería competente en materia de menores podrá acordar la publicación en el «Diario Oficial de Castilla La Mancha» de las resoluciones firmes de imposición de sanciones por la comisión de las infracciones previstas en la presente Ley.
Disposición adicional primera.—Las competencias asignadas en la presente Ley podrán ejecutarse bien con medios o recursos propios, bien a través de otras entidades publicas o privadas cuyas actuaciones favorezcan el desarrollo y bienestar de los menores.
Disposición adicional segunda.—El Consejo de Gobierno, mediante el procedimiento establecido en la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales, podrá delegar las competencias que la Comunidad Autónoma tiene atribuidas en la presente Ley en los municipios con una población superior a 10.000 habitantes. En ningún caso podrán ser delegadas las competencias reguladas en materia de adopción y control de las entidades colaboradoras.
Disposición adicional tercera.—Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la tutela por ministerio de la Ley, serán recurribles ante la jurisdicción civil sin necesidad de reclamación administrativa previa. Contra cualquier otra resolución dictada en la materia objeto de la presente Ley será preceptiva la interposición ante la Entidad Pública de la reclamación previa a la vía civil, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional cuarta.—La Administración Autonómica contemplará, en sus presupuestos, de forma prioritaria, las actividades de promoción, atención, formación, protección, reinserción, integración y ocio de los menores de esta Región, procurando asimismo que las entidades locales asuman dicha prioridad.
Disposición adicional quinta.—En lo referente a la protección de los menores frente a la publicidad y programación de televisión, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
Disposición adicional sexta.—La Administración Autonómica incluirá, en sus actuaciones de cooperación al desarrollo, acciones dirigidas al fomento, mejora y respeto de los derechos de la infancia en los Estados destinatarios de las correspondientes ayudas.
Disposición adicional séptima.—Las personas que a la entrada en vigor de la presente Ley hayan sido declaradas idóneas para la adopción serán inscritas en el Registro de Adopción de Castilla-La Mancha, pudiendo llevar a cabo el proceso de formación previsto en el artículo 58 de esta Ley.
Disposición transitoria primera.—Hasta que se produzca el desarrollo reglamentario previsto en esta Ley será de aplicación el Decreto 143/1990, de 18 de diciembre, sobre procedimientos en materia de menores.
Disposición transitoria segunda.—Hasta tanto se apruebe el desarrollo reglamentario de la presente Ley, los servicios de atención al menor continuarán desarrollando sus funciones de acuerdo con la normativa aplicable.
Disposición derogatoria única.—Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Disposición final primera.—En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, se procederá a revisar las situaciones y medidas de protección adoptadas hasta entonces y que fueran susceptibles de ello, con la finalidad de adecuarlas a lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final segunda.—En el mismo plazo deberán incorporarse a los registros establecidos en esta Ley los hechos y situaciones que resulten inscribibles conforme a la misma, debidamente revisados y actualizados.
Disposición final tercera.—Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Disposición final cuarta.—La presente Ley entrará en vigor el día 1 de julio de 1999.

References: resolución

 artículo 31
 artículo 149

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