Source: https://boe.es/buscar/doc.php?lang=es&id=BOE-A-2010-19487
Timestamp: 2020-01-20 10:00:37+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2010-19487
Documento BOE-A-2010-19487
«BOE» núm. 308, de 20 de diciembre de 2010, páginas 104495 a 104522 (28 págs.)
BOE-A-2010-19487
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2010/11/12/12
Es indudable que la simplificación y la mejora de los procedimientos administrativos tienen que ser una aspiración continúa de las administraciones públicas que están obligadas «ex lege» a conseguir un mejor servicio al ciudadano –más ágil, coordinado, transparente, eficaz y eficiente–, que implique la introducción y el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de los procedimientos administrativos. Este marco general se ha visto agravado por la crisis económica, y la administración se tiene que esforzar en crear instrumentos que generen confianza a los ciudadanos y ayuden a impulsar la actividad privada que se mueve mayoritariamente en el sector de servicios. El Decreto-ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears, constituyó un punto de inflexión en este escenario en tanto que dedicaba el título I a regular un conjunto de disposiciones generales encaminadas a simplificar los procedimientos administrativos reforzando el impulso de oficio y la tramitación de urgencia de determinados expedientes de contratación, a la vez que creaba el concepto de inversión de interés autonómico e insular. Más vinculado todavía al objetivo de esta disposición está el contenido del título II del Decreto-ley, que tenía como finalidad facilitar la implantación de nuevas actividades empresariales y profesionales, para lo cual introdujo a la normativa autónoma el concepto de declaración responsable de inicio de actividad, que se tiene que entender afectado por la normativa básica estatal de transposición de la Directiva de servicios.
3. En la medida en que la Ley 20/2006 es fruto del ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo que, en materia de régimen local y en el marco de la legislación básica del Estado, tiene la comunidad autónoma de las Illes Balears (artículo 31.13 del Estatuto de Autonomía), y que determinados preceptos incluyen, en parte, el contenido de aquella legislación básica, como los artículos 178.1 y 179 –que prácticamente transcriben, respectivamente, el artículo 84 de la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, y el artículo 8 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955–, la modificación operada en la Ley 7/1985 determina la necesidad de adaptar a la legislación básica los preceptos mencionados.
Evaluación de la compatibilidad de la normativa colegial con la directiva de servicios.
Informatización de sus procedimientos y participación en la puesta en marcha de la ventanilla única.
Incorporación a los mecanismos de cooperación administrativa previstos por la directiva.
Protección de los derechos de los consumidores y usuarios en relación con la actividad colegial.
Ejercicio profesional en forma societaria.
Nueva regulación del visado: sólo se visarán los trabajos profesionales cuando se solicite expresamente por el cliente o así lo establezca el Gobierno estatal mediante un real decreto. En ningún caso los colegios podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales.
Regulación de las obligaciones de los colegios: elaboración de una memoria anual con el contenido que establece el artículo 13.1 de la ley, prohibición de establecer baremos orientativos sobre honorarios profesionales, delimitación cuantitativa de la cuota de colegiación, y regulación de la información y documentación que se tiene que poder obtener mediante la implantación de la ventanilla única.
Obligación de colegiación sólo en los casos que prevea una ley estatal.
En cuanto al régimen de autorizaciones establecido en la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, se prevén diferentes tipos, que, en la práctica, suponen la diferenciación entre una autorización previa –para crear, construir y modificar sustancialmente los centros donde se tengan que prestar servicios sociales–, y una autorización definitiva –para el funcionamiento de los servicios y para los cambios de titularidad o modificación de las funciones y los objetivos.
En efecto, la Directiva de servicios determina que las administraciones públicas sólo pueden supeditar el acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio a un régimen de autorización cuando se cumplan los requisitos de no discriminación, necesidad –por razones imperiosas de interés general– y proporcionalidad. Estos regímenes respetan el principio de no discriminación, ya que recaen sobre todos los operadores que quieran actuar en las Illes Balears, con independencia de su nacionalidad. Asimismo, se encuentran justificados por razones imperiosas de interés general, recogidas en el artículo 4 de la propia Directiva de servicios. El orden público y la seguridad pública, los objetivos de la política social y, concretamente, la protección de los destinatarios de los servicios, justifican el mantenimiento de este régimen de autorizaciones. Finalmente, no pueden ser sustituidos por medidas menos restrictivas ya que la incidencia de los servicios sobre los usuarios es inmediata y un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz.
La disposición adicional octava contempla la justificación de los requisitos y el régimen de autorización regulados en la normativa sectorial, de carácter reglamentario, relativa al ámbito del buceo deportivo y recreativo, competencia de esta comunidad autónoma en virtud del artículo 30.12 del Estatuto de Autonomía. Así, se considera adecuado mantener la autorización previa regulada en el Decreto 40/2007, de 13 de abril, por el cual se regula el buceo deportivo y recreativo en la comunidad autónoma de las Illes Balears, ya que el mantenimiento de este régimen está justificado por las razones imperiosas de interés general siguientes: salud pública y protección de los consumidores, de conformidad con el artículo 9.1.b) en relación con el artículo 4.8 de la Directiva 2006/123/CE. Se cumple así con la exigencia prevista en el artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, relativa a la necesidad de que la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no imponga a los prestadores un régimen de autorización, exceptuando los casos excepcionales en que concurran las condiciones de no discriminación, proporcionalidad y necesidad –justificada por una razón imperiosa de interés general–, que deberán motivarse suficientemente en la ley que establece dicho régimen. Dada la inexistencia de una ley específica en materia de buceo deportivo y recreativo, resulta adecuado y justificado recoger la anterior previsión en la presente ley.
Igualmente relevante es la disposición transitoria primera, que se ocupa del régimen de aplicación a los procedimientos de concesión de las autorizaciones y licencias en materia de actividades clasificadas, donde el efecto directo de la directiva y la entrada en vigor de la normativa básica estatal –en particular de la disposición derogatoria de la Ley 25/2009, del 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio, así como del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por el Decreto de día 17 de junio de 1955– plantean numerosas dudas sobre el régimen aplicable en la actualidad a esta comunidad autónoma. Por este motivo, en tanto se lleva a cabo la adaptación de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, para la transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior, se estima oportuno, con el fin de favorecer la seguridad jurídica, dictar una normativa procedimental que afecta a determinados procedimientos, que están clasificados a la Ley 16/2006 por parámetros técnicos y no por sectores económicos o empresariales.
En segundo lugar, en relación con la autorización de inicio y el ejercicio de las actividades permanentes, la licencia de apertura y funcionamiento, la autorización queda sustituida por la declaración responsable y las referencias a la licencia contenidas en la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, se han de entender sustituidas por «declaración responsable».
Artículo primero. Modificación de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears.
Artículo segundo. Modificación de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
«Artículo 45. Del inicio del procedimiento, la declaración responsable y la comunicación previa.
Artículo tercero. Modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.
«Artículo 179. Sujeción a autorizaciones y licencias.
Artículo cuarto. Modificación de la Ley 10/1998, de 14 de diciembre, de colegios profesionales de las Illes Balears.
Finalidades, funciones y obligaciones de los colegios profesionales»
4. Se modifica el artículo 11.1 en los párrafos a), b) e i), y se añaden los apartados 2 y 3 con la siguiente redacción:
d) Convocar a los colegiados a las juntas generales ordinarias y extraordinarias y hacerlos conocedores de la actividad pública y privada del colegio profesional.
Artículo quinto. Modificación de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears.
«Artículo 31. Concepto y clasificación.
«Artículo 48. Declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) y comunicación previa.
Artículo sexto. Modificación de la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud.
Artículo séptimo. Modificación de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.
1. Se da una nueva redacción al título del capítulo II del título VII de la ley y a la sección 1.ª del citado capítulo, que quedan redactados, respectivamente, en los siguientes términos:
Sección 1.ª Declaración responsable y autorizaciones administrativas»
«Régimen de la autorización administrativa y de la presentación de la declaración responsable.»
«Declaración responsable y clases de autorizaciones administrativas.»
«Procedimiento de presentación de la declaración responsable y de la concesión de las autorizaciones.»
Artículo octavo. Modificación de la Ley 10/2005, de 2 de julio, de puertos de las Illes Balears.
Previa tramitación del procedimiento, corresponde al Consejo de Administración de Puertos de las Illes Balears el otorgamiento, con carácter reglado, de las autorizaciones cuyo plazo sea superior a un año, y al director gerente, el de aquéllas que no excedan este plazo.»
«4. Las autorizaciones tienen que incluir, como mínimo, las condiciones relativas a los aspectos siguientes:
d) Garantías que hayan de constituirse, incluidas las necesarias para cubrir los posibles riesgos para la seguridad de terceros o medio ambientales, o la suscripción de un seguro de responsabilidad civil.»
«f) Otras condiciones que se consideren pertinentes y estén justificadas por razones imperiosas de interés general.»
«Disposición adicional décima. Concordancia de la licencia de edificación y uso del suelo y del permiso de instalación.
Los datos identificativos del titular del centro de buceo.
El documento acreditativo del seguro de la actividad.
El documento acreditativo de estar inscrito como empresa cargadora de botellas.
El plan de emergencia y evacuación.
1. Procedimiento para la instalación.–Para la implantación de las actividades permanentes mayores y menores se requiere la obtención previa del permiso de instalación, según el régimen que se establece en la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears.
2. Procedimiento para el inicio y el ejercicio de las actividades permanentes.–Para el inicio y el ejercicio de las actividades permanentes, sean mayores, menores o inocuas, el titular tiene que presentar ante el órgano competente una declaración responsable de inicio y ejercicio de actividad, donde declare:
a) Cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente y si se trata de actividades mayores y menores, si es el caso, también las condiciones impuestas en la concesión del permiso de instalación.
3.1 Para el inicio y el ejercicio de las actividades no permanentes de tipo temporal, el titular tiene que presentar ante el órgano competente una declaración responsable de inicio y ejercicio de actividad, donde declare:
3.2 El procedimiento para la autorización de las actividades no permanentes relacionadas en el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 16/2006, 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears es el establecido en la indicada ley.
4. Modelos de declaración responsable.–Mediante una resolución de la Consejería de Innovación, Interior y Justicia, deben aprobarse los modelos de declaración responsable pertinentes, que deben ser accesibles a través de la página web de la Junta Autonómica de Actividades de las Illes Balears.
5.1 Sólo puede limitarse el ejercicio de actividades multidisciplinares cuando concurran impedimentos técnicos de seguridad, medioambientales o de salubridad, y en las actividades catalogadas, además, para garantizar la protección de la infancia y la juventud.
5.2 Cuando se pretenda iniciar una nueva actividad que sustituya a una ya existente quedarán sin efecto la anterior autorización de la actividad así como los derechos adquiridos. En caso de querer realizar una ampliación o una modificación de la actividad existente se tendrán en cuenta las interacciones entre la actividad existente y la parte ampliada o modificada.
La Ley 2/1984, de 12 de abril, de alojamientos turísticos extrahoteleros.
La Ley 7/1988, de 1 de junio, de medidas transitorias de ordenación de establecimientos hoteleros y de alojamientos turísticos.
La Ley 3/1990, de 30 de mayo, por la que se crea y regula el Plan de modernización de alojamientos turísticos existentes a Baleares.
La Ley 6/1996, de 18 de diciembre, por la que se crea y regula el Plan de modernización de la oferta turística complementaria de las Illes Balears.
El Decreto 17/2006, de 17 de febrero, por el cual se desarrolla la Ley 2/2005, de comercialización de estancias turísticas en viviendas.
La Orden del consejero de Turismo de 27 de noviembre de 1997, por la que se desarrolla la Ley 6/1996, de 18 de diciembre, que crea y regula el Plan de modernización de la oferta turística complementaria.
La Orden del consejero de Turismo de 28 de octubre de 1998, por la que se modifica la Orden núm. 21678, del consejero de Turismo de 5 de noviembre de 1997, que regula la concesión y utilización de las denominaciones y distintivos de restaurante modernizado, cafetería modernizada o bar modernizado.
Palma, 12 de noviembre de 2010.–El Presidente, Francesc Antich Oliver.–El Conseller de Presidencia, Albert Moragues Gomila.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 171, de 25 de noviembre de 2010)
Fecha de disposición: 12/11/2010
Fecha de entrada en vigor: 26/11/2010
Publicada en el BOIB núm. 171, de 25 de noviembre de 2010.
SE DEROGA las disposiciones adicionales 7 y 9 y transitoria 1, por Ley 7/2013, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-2014-655).
la disposición transitoria 1, por Ley 13/2012, de 20 de noviembre (Ref. BOE-A-2013-355).
la disposición transitoria 1.1 y 2.a), por Decreto-ley 7/2012, de 15 de junio (Ref. BOIB-i-2012-90030).
SE DEROGA el art. 5, por Ley 8/2012, de 19 de julio (Ref. BOE-A-2012-10610).
Orden de 28 de octubre de 1998 (BOIB. núm 143, de 10 de noviembre de 1998).
Orden de 27 de noviembre de 1997 (BOIB. núm 151, de 6 de diciembre de 1997).
Decreto 17/2006, de 17 de febrero (BOIB núm 45, de 30 de marzo de 2006).
arts. 29.1, 30 a 33, 96, 97.4, las disposiciones transitorias 7, 8 y el apartado 2 de la disposición derogatoria de la Ley 16/2006, de 17 de octubre (Ref. BOE-A-2006-20773).
Ley 6/1996, de 18 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-3987).
Ley 2/1984, de 12 de abril (Ref. BOIB-i-1984-90003).
arts. 79 a 81, 127, 128 y la denominación del título del capítulo II del título VII de la Ley 4/2009, de 11 de junio (Ref. BOE-A-2009-11186).
arts. 178 y 179 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-1893).
arts. 42, 46, 49, 52, 81 y 82 de la Ley 10/2006, de 26 de julio (Ref. BOE-A-2006-16336).
arts. 8, 46, 47, 60 y 70 de la Ley 10/2005, de 2 de julio (Ref. BOE-A-2005-12950).
arts. 37, 41, 45 y 51 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2003-8438).
Disposición adicional 6 de la Ley 11/2001, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2001-13277).
arts. 36 y 42 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo (Ref. BOE-A-2001-7026).
arts. 1, 31, 46, 48, 72, 73.1 y AÑADE una disposición adicional 6 a la Ley 2/1999, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-1999-9950).
arts. 2, 10, 11, 13, 15, 16, las disposiciones adicionales 1, 3, la denominación del título del capítulo V y AÑADE una disposición adicional 8 a la Ley 10/1998, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-2776).
AÑADE la disposición adicional 10 a la Ley 4/2010, de 16 de junio (Ref. BOE-A-2010-10714).
Ley 17/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-18731).

References: artículo 84
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 30
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 5
 resolución