Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20160503s0010724990.html
Timestamp: 2017-09-21 07:06:48+00:00

Document:
10ª Sesión Ordinaria del 3 de mayo de 2016
N.º 10 - TOMO 550 - 3 DE MAYO DE 2016
10.ª SESIÓN ORDINARIA
PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y EL SEÑOR MARCOS OTHEGUY Segundo vicepresidente
ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS
–	El señor senador Amorín solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con la calidad del aire en zonas cercanas a la refinería La Teja y a la planta de cemento de Ancap de Minas;
•	con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a Ancap, relacionado con la calidad del aire en zonas cercanas a la refinería La Teja y a la planta de cemento de Ancap de Minas, y con la calidad del aire y del agua en la zona de influencia de las plantas de cal de Cementos del Plata S. A., en la zona de Cerro Méndez, departamento de Treinta y Tres;
•	con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionado con las fuentes de agua con destino a potabilización en localidades del interior del país;
•	con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), relativo a la calidad del agua potable.
•	con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con el convenio suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, relativo a la Nueva Televisión del Sur (Telesur);
•	con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo de Educación Técnico-Profesional – Universidad del Trabajo del Uruguay, relacionado con las problemáticas edilicias en el local donde se dictan los cursos del ciclo básico de UTU en la ciudad de Maldonado;
•	con destino al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con la situación de la ambulancia adquirida para ASSE por los vecinos de Cerro Colorado para prestar servicios en dicha localidad.
–	La señora senadora Alonso solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la reglamentación de la Ley n.º 18651, de 19 de febrero de 2010, referida a la protección integral de personas con discapacidad.
–	El señor senador Bordaberry solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la disolución del Instituto Nacional de Ciegos “General Artigas” y la transferencia de pleno derecho a favor del Ministerio de Desarrollo Social de todos sus bienes, derechos y obligaciones.
–	El señor senador Mieres presenta un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 201 de la Constitución de la república, relacionado con las candidaturas de los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos y servicios descentralizados.
–	El señor senador Amorín presenta un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 17849, referida a la prohibición del uso de envases primarios no retornables.
–	El señor senador Bordaberry presenta:
• un proyecto de ley relacionado con el financiamiento para las obras de reconstrucción de la ciudad de Dolores;
•	un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de una iniciativa relacionada con los contribuyentes damnificados por las circunstancias climáticas de abril de 2016.
•	Pasan a la Comisión de Hacienda.
6) Homenaje al embajador Julio Lacarte Muró, recientemente fallecido
–	El Senado resuelve autorizar al señor senador Bordaberry a realizar una exposición de veinte minutos en la sesión del próximo 10 de mayo.
•	A solicitud del señor senador García, el Senado resuelve hacer suyos y reiterar varios pedidos de informes.
9) Rectificación de trámite
–	El señor senador Bordaberry propone que se rectifique el trámite del proyecto de ley por el que se establecen normas tendientes a erradicar la violencia hacia las mujeres basada en razones de género.
–	Se decide que el tema se converse en la coordinación de bancada.
10), 18) y 21) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Camy, Moreira, Delgado, Besozzi, Michelini, García, Mujica y Cardoso.
–	Quedan convocados los señores senadores Gandini, Paternain, Argimón, Lafluf, Gallicchio, Da Silva, Berterreche y Saravia.
11) Bicentenario de la Biblioteca Nacional
• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Palacio Legislativo.
12)	Uso regulado de las armas de fuego
–	Manifestaciones de la señora senadora Tourné.
• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, a las ONG Aludec, Ielsur, Serpaj y al Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras.
13)	Médicos sin Fronteras
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la organización Médicos sin Fronteras, al Sindicato Médico del Uruguay, a la Federación Médica del Interior, al Ministerio de Salud Pública, a ASSE y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
14)	Fenómenos meteorológicos y respuesta de la sociedad
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias y a los Comités Departamentales de Emergencias de todos los departamentos.
15)	Atención y rehabilitación de personas en situación de calle
•	Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud Pública y del Interior; a la Junta Nacional de Drogas; a las intendencias, y a la Presidencia de la República.
16) Centro de Rehabilitación «Tiburcio Cachón»
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Desarrollo Social, a la Presidencia de la República y a las autoridades del Centro de Rehabilitación «Tiburcio Cachón».
17) y 23) Régimen de trabajo
–	El señor senador Michelini deja constancia de que en la próxima sesión ordinaria se planteará el tema relativo a la creación de una comisión especial para prevención del fraude y la evasión fiscal, y para la transparencia global.
•	Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve dejar sin efecto la sesión del próximo 11 de mayo.
•	Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve pasar a discutir el tercer punto del orden del día, que refiere a la acuicultura; luego el décimo punto, relativo al pueblo Zapicán, y posteriormente que se levante la sesión, dejando los restantes asuntos para el día de mañana.
19) Postergación del numeral primero del orden del día
•	El Senado resuelve postergar el tratamiento de este punto pues no ha llegado a la Mesa ninguna propuesta al respecto.
20) y 22) Empresas lácteas exportadoras
–	Proyecto de ley por el que se establecen mecanismos para facilitar el acceso a financiamiento otorgado por instituciones de intermediación financiera locales.
24) Acuicultura
–	Proyecto de ley por el que se establece que a todos los efectos impositivos será considerada actividad agropecuaria.
25) Pueblo Zapicán. Ciento veinticinco años de su fundación
–	Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para ese pueblo del departamento de Lavalleja el día 30 de mayo de 2016.
«Montevideo, 28 de abril de 2016
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 3 de mayo, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
2.º) por el que se establecen mecanismos para facilitar el acceso a financiamiento otorgado por instituciones de intermediación financiera locales a las empresas lácteas exportadoras;
Carp. n.º 491/2016 – Rep. n.º 238/2016
3.º) por el que se establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley n.º 19175, de 20 de diciembre de 2013, a todos los efectos impositivos la acuicultura será considerada actividad agropecuaria;
Carp. n.º 418/2015 – Rep. n.º 242/2016
4.º) por el que se designa con el nombre “Maestro Rubén Lena” la Escuela n.º 382, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;
Carp. n.º 498/2016 – Rep. n.º 239/2016
5.º) por el que se aprueba el Acuerdo sobre transporte aéreo comercial entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 27 de febrero de 2014;
Carp. n.º 455/2016 – Rep. n.º 243/2016
6.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Sudáfrica para el intercambio de información en materia tributaria, suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica, el 7 de agosto de 2015;
Carp. n.º 482/2016 – Rep. n.º 245/2016
7.º) por el que se aprueba el Acuerdo multilateral de cielos abiertos para los Estados miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, suscrito en Punta Cana, República Dominicana, el 5 de noviembre de 2010.
Carp. n.º 441/2016 – Rep. n.º 244/2016
8.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, “Dirección Nacional de Industrias”. (Plazo constitucional vence el 3 de julio de 2016).
Carp. n.º 495/2016 – Rep. n.º 241/2016
9.º) por el que se establece el 19 de setiembre de cada año como Día Nacional de las Relaciones Públicas;
Carp. n.º 397/2015 – Rep. n.º 240/2016
10) por el que se declara feriado no laborable para el pueblo Zapicán, departamento de Lavalleja, el día 30 de mayo de 2016, con motivo de conmemorarse los ciento veinticinco años de su fundación.
Carp. n.º 497/2016 – Rep. n.º 246/2016
ASISTEN: los señores senadores Agazzi, Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Baráibar, Bianchi, Bordaberry, Carámbula, Coutinho, De León, Delgado, Gandini, Heber, Lacalle Pou, Lafluf, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Mujica, Passada, Paternain, Payssé, Saravia, Topolansky, Tourné y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Besozzi, Camy, Cardoso, García y Moreira; y, con aviso, el señor senador Da Silva.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Habiendo número, está abierta la sesión.
•	por el que se establecen normas tendientes a erradicar la violencia hacia las mujeres basada en razones de género.
•	Por el que se declara el año 2017 como Año del Centenario de La Cumparsita.
–	Por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se extiende, hasta por noventa días, el subsidio por desempleo de los trabajadores y extrabajadores de Minera Aratirí S. A.;
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú sobre cooperación en asuntos migratorios, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 25 de enero de 2011;
•	por el que se eleva a la categoría de pueblo, con la denominación Pueblo La Macana, al centro poblado existente en la primera sección judicial del departamento de Florida, hoy conocido como localidad La Macana;
•	por el que se declara feriado no laborable el día 19 de abril de 2016 para los trabajadores de las actividades públicas y privadas nacidos o radicados en la ciudad de Castillos, departamento de Rocha, con motivo de conmemorarse los 150 años de su fundación;
•	por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de Altos Fines S. A.;
•	por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas de la inscripción del “Paisaje Industrial Fray Bentos” como paisaje cultural en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco);
•	por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército nacional, con su armamento individual, a efectos de participar en la competencia anual regional Fuerzas Comando 2016, a realizarse en la ciudad de Lima, República del Perú, entre el 2 y el 13 de mayo de 2016;
•	por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación económica, científica y técnica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Honduras, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa MDC, República de Honduras, el 21 de marzo de 2013;
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre cooperación en materia de defensa, suscrito en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, el 20 de junio de 2013;
•	por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas del centenario de la creación de la Administración Nacional de Puertos;
•	por el que se concede una pensión graciable a la señora María Jacinta Silva Fernández.
–	Por los que solicita, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente para conferir los siguientes ascensos:
•	al grado de coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2016, por el sistema de antigüedad, aptitudes y suficiencia, a varios tenientes coroneles;
•	al grado de coronel médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1.º de febrero de 2016, por el sistema de selección, a la señora teniente coronel médico doña María C. Sosa.
–	Por los que solicita, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente a fin de designar:
•	en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante la República de Corea, al señor Luis Iribarne;
•	en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Estado Plurinacional de Bolivia, a la señora Marion Blanco;
•	en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante la República de El Salvador, al señor Fernando Arroyo.
–	Por el que solicita, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente para designar en calidad de fiscales letrados departamentales, escalafón “N”, a los señores doctores Eduardo Maximiliano Sosa Massa y Alejandro Javier Machado Padilla.
–	por el que reitera, de conformidad con lo establecido en los artículos 187 de la Constitución de la república, y 2.º de la Ley n.º 18161, de 29 de julio de 2007, la venia correspondiente para designar en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en calidad de miembros, en representación de los trabajadores, al señor Pablo Cabrera, y en representación de los usuarios, a la señora Natalia Pereyra.
• Por el que comunica que ha dictado una resolución por la cual se designa interinamente vocal del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado a la directora del Banco de Previsión Social, doctora Rosario Oiz.
El Ministerio de Defensa Nacional remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pedro Bordaberry, relacionado con el robo de fusiles de las instalaciones del Batallón Florida, acaecido en el mes de enero del corriente año.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pedro Bordaberry, relacionado con la situación de la empresa de transporte Pleno Verde y su relación con Ancap.
–OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR SENADOR BORDABERRY.
El Ministerio de Desarrollo Social remite respuestas a dos pedidos de informes solicitados por los señores senadores Carol Aviaga y Luis Lacalle Pou, relacionados con el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y con Baja Visión “Tiburcio Cachón”.
–OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS A LOS SEÑORES SENADORES AVIAGA Y LACALLE POU.
El Ministerio de Educación y Cultura remite respuestas del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a los siguientes pedidos de informes solicitados por el señor senador Pablo Mieres:
•	relacionado con la situación edilicia de la Escuela Rural n.º 82 de Rocha, ubicada en la ruta 9, kilómetro 181, paraje El Canelón;
•	relacionado con la proyección de apertura de propuestas educativas en la zona del paraje Paso de los Carros, ruta 26, kilómetro 78, departamento de Paysandú.
–OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR SENADOR MIERES.
•	por el que se designa con el nombre Andrés Bernardo Bruno la Escuela Técnica de la Unión, departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública.
•	Por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente, firmado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día 29 de junio de 2011;
•	por el que se aprueba el Acuerdo marco de asociación entre el Mercosur y la República Cooperativa de Guyana, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 11 de julio de 2013;
•	por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación y asistencia mutua en materia aduanera entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Azerbaiyán, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 10 de junio de 2014.
Asimismo, comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército nacional, a efectos de participar en la competencia anual regional Fuerzas Comando 2016, a realizarse en la ciudad de Lima, República del Perú, entre el 2 y el 13 de mayo de 2016.
Además, remite:
•	Copia de una exposición escrita presentada por la señora representante nacional Susana Andrade, relacionada con el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena.
•	Copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante nacional Gastón Cossia, referidas a la declaración de emergencia sanitaria debido al avance del muermo equino.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LAS COMISIONES DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA Y DE SALUD PÚBLICA.
•	Copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora representante nacional Elisabeth Arrieta, referidas a la situación edilicia en que se encuentran el Liceo n.º 1 de San Carlos y el Centro Universitario de la Región Este, ambos en el departamento de Maldonado.
•	Copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora representante nacional Patricia Vásquez, relacionada con la incorporación de una valoración psicológica para el otorgamiento del carné de salud.
•	por el que se establecen mecanismos para facilitar el acceso a financiamiento otorgado por instituciones de intermediación financiera locales a las empresas lácteas exportadoras;
•	por el que se establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley n.º 19175, de 20 de diciembre de 2013, a todos los efectos impositivos, la acuicultura será considerada actividad agropecuaria.
•	por el que se establece el 19 de setiembre de cada año como Día Nacional de las Relaciones Públicas;
•	por el que se declara feriado no laborable para el pueblo de Zapicán, departamento de Lavalleja, el día 30 de mayo de 2016, con motivo de conmemorarse los ciento veinticinco años de su fundación.
La Comisión de Educación y Cultura eleva informado un proyecto de ley por el que se designa con el nombre Maestro Rubén Lena la Escuela n.º 382 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.
La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Sudáfrica para el intercambio de información en materia tributaria, suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica, el 7 de agosto de 2015;
•	por el que se aprueba el Acuerdo multilateral de cielos abiertos para los Estados miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, suscrito en Punta Cana, República Dominicana, el 5 de noviembre de 2010;
•	por el que se aprueba el Acuerdo sobre transporte aéreo comercial entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día 27 de febrero de 2014.
El señor senador José Amorín, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicita autorización al Cuerpo para que el señor senador Pedro Bordaberry realice una exposición, por el término de veinte minutos, en homenaje al embajador Julio Lacarte Muró, recientemente fallecido.
El señor senador Javier García solicita la reiteración de los siguientes pedidos de informes, a los efectos de que el Cuerpo los haga suyos:
•	con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con el robo de armas en sus dependencias;
•	con destino al Ministerio del Interior, relacionado con el robo de armas en sus dependencias;
•	con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con denuncias realizadas sobre hechos acaecidos en dependencias de la Armada nacional y las investigaciones llevadas adelante por ese ministerio.
La Junta Departamental de Paysandú remite copia de un oficio por el que comunica que se ha designado al señor edil Edgardo Quequín para ocupar la segunda vicepresidencia de la corporación hasta que finalice el primer año de la actual legislatura.
La Junta Departamental de Treinta y Tres remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Ruben Llano, referidas a la situación que atraviesa una joven olimareña que debe someterse a una operación en el exterior.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Dese cuenta de varios pedidos de informes.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Amorín solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con la calidad del aire en zonas cercanas a la refinería La Teja y a la planta de cemento de Ancap de Minas.
•	con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a Ancap, relacionado con la calidad del aire en zonas cercanas a la refinería La Teja y a la planta de cemento de Ancap de Minas, y con la calidad del aire y del agua en la zona de influencia de las plantas de cal de Cementos del Plata S. A, en la zona de Cerro Méndez, departamento de Treinta y Tres.
•	con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionado con las fuentes de agua con destino a potabilización en localidades del interior del país.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Dese cuenta de otros pedidos de informes.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Javier García, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo de Educación Técnico-Profesional - Universidad del Trabajo del Uruguay, relacionado con las problemáticas edilicias en el local donde se dictan los cursos del ciclo básico de UTU en la ciudad de Maldonado;
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Dese cuenta de otro pedido de informes.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Verónica Alonso, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la reglamentación de la Ley n.º 18651, de 19 de febrero de 2010, referida a la protección integral de personas con discapacidad.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pedro Bordaberry, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la disolución del Instituto Nacional de Ciegos “General Artigas” y la transferencia de pleno derecho a favor del Ministerio de Desarrollo Social de todos sus bienes, derechos y obligaciones.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Dese cuenta de un proyecto presentado.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pablo Mieres presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley constitucional por el que se modifica el artículo 201 de la Constitución de la república, relacionado con las candidaturas de los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos y servicios descentralizados.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Dese cuenta de otro proyecto presentado.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador José Amorín presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 17849, de 29 de noviembre de 2004, referida a la prohibición del uso de envases primarios no retornables.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Dese cuenta de otros proyectos presentados.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pedro Bordaberry presenta, con exposición de motivos:
•	un proyecto de ley relacionado con el financiamiento para las obras de reconstrucción de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, como consecuencia de los daños ocasionados por el tornado del pasado 15 de abril;
•	un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de una iniciativa por la cual se prorrogue para los contribuyentes damnificados por las circunstancias climáticas de abril de 2016, el vencimiento de las obligaciones tributarias y consumos de empresas públicas correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- El señor senador Amorín ha solicitado autorización para que el señor senador Bordaberry realice una exposición por el término de veinte minutos.
–Léase la nota presentada.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 13 de abril de 2016
Amparado en el artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicito se sirva disponer de lo necesario para hacer uso de la palabra por el término de veinte minutos al senador Pedro Bordaberry, quien realizará un homenaje al embajador Julio Lacarte Muró, recientemente fallecido.
Asimismo, solicito que dicho homenaje se realice en la sesión del Senado del 10 de mayo próximo.
José Amorín. Senador.
Coordinador de bancada. Partido Colorado».
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Corresponde ahora votar la autorización al señor senador Bordaberry, a efectos de que realice su exposición el 10 de mayo próximo.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Corresponde votar si el Senado hace suyos y reitera los pedidos de informes solicitados por el señor senador Javier García, de los que se diera cuenta en los asuntos entrados.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Dando cumplimiento a lo que establece al artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión ordinaria del 13 de abril faltó con aviso la señora senadora Alonso.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 5 de abril faltó con aviso la señora senadora Topolansky.
A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 7 de abril faltaron con aviso los señores senadores Bianchi, De León, Pintado y Tourné. Y a la sesión del 14 de abril, faltaron con aviso los señores senadores Besozzi, Bianchi y Larrañaga.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 7 de abril faltaron con aviso los señores senadores Lacalle Pou y Pintado. Y a la sesión del 14 de abril, faltaron con aviso los señores senadores Alonso y Otheguy.
A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 11 de abril faltaron con aviso los señores senadores Aviaga, Otheguy y Payssé.
A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 13 de abril faltaron con aviso los señores senadores De León y Larrañaga.
A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 13 de abril faltó con aviso la señora senadora Alonso.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 14 de abril faltó con aviso la señora senadora Passada.
A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 19 de abril faltaron con aviso los señores senadores Bordaberry y Mieres.
A la sesión de la Comisión de Hacienda del 21 de abril faltaron con aviso los señores senadores Delgado y Paternain.
A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 26 de abril faltaron con aviso los señores senadores Camy y Moreira.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito la reconsideración de la primera decisión que se tomó hoy, que refiere al destino del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo por el que se establecen normas tendientes a erradicar la violencia hacia las mujeres basada en razones de género. Se resolvió enviarlo a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. No sé si hay algún tipo de coordinación sobre el particular, pero cuando observo las normas vigentes sobre este tema, veo que la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión tiene como cometido el seguimiento de determinadas variables y de ciertas políticas públicas. Por su parte, la Comisión de Constitución y Legislación tiene justamente como objetivo la legislación civil, penal, comercial, electoral, etcétera. Entonces, parecería que el destino de este proyecto de ley debiera ser el de esta última comisión porque, obviamente, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión tiene como cometido el seguimiento y no el análisis de las normas jurídicas. De acuerdo con el artículo 130 del Reglamento del Senado –estoy seguro de que el secretario lo conoce–, entiendo que este tema debería remitirse a la Comisión de Constitución y Legislación y no a la de Población, Desarrollo e Inclusión.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra la señora senadora.
SEÑORA XAVIER.- La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, en una de sus sesiones, intercambió opiniones acerca de este proyecto de ley.
En realidad, todas las comisiones, ya sea la de Población, Desarrollo e Inclusión como la de Constitución y Legislación y otras, tienen fines legislativos, porque son comisiones permanentes. La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión no es una comisión de seguimiento de políticas; muchas de sus competencias están extraídas de la Plataforma de Acción de Beijing, que es amplia y que, sin duda, constituye el mayor paraguas bajo el que se ha debatido y acordado a nivel mundial sobre aspectos que atañen a la condición de la mujer y a las políticas de población y de desarrollo. Esto no está fundado en un desarrollo que no sea el que tiene que ver con la personalidad humana, en este caso, un delito cometido contra una persona por el solo hecho de ser mujer o niña.
La comisión estuvo de acuerdo –y lo hicimos saber a la Secretaría– en que podíamos hacer un aporte desde el punto de vista legislativo a este tema y que, en caso de que el proyecto contuviese aspectos penales –que lógicamente los tiene–, figuras, delitos y sus penas, trabajaríamos de manera conjunta con la Comisión de Constitución y Legislación.
Por tanto, ratificamos el criterio de mantener este tema en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.
SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: solicitamos que el trámite se mantenga tal como fue votado y que el señor senador Bordaberry retire su propuesta. En todo caso, en la semana podemos ver cómo se trabaja en conjunto y, según lo que acordemos, el próximo martes lo plantearíamos en el Senado.
SEÑOR BORDABERRY.- Quiero decir, ante todo, que comparto la preocupación de que haya una legislación sobre el tema. No es una objeción sobre la necesidad de legislar sino todo lo contrario: tenemos amplia voluntad de hacerlo.
El artículo 130 del Reglamento, dentro de las funciones de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, menciona tres veces el término «seguimiento»: «Asuntos relacionados con el seguimiento de las siguientes variables: proceso de envejecimiento [...]; seguimiento de los procesos y derechos de los grupos […]; seguimiento de las responsabilidades». Quizás, algún día, deberíamos modificar este reglamento y adaptarlo a las realidades actuales. Ahora bien, me parece que de esta forma vaciaríamos de contenido a la Comisión de Constitución y Legislación, porque obviamente todo contiene legislación, más aún si se incluyen normas penales.
En definitiva, me parece muy buena la solución que plantea el senador Michelini y que se converse en la coordinación de bancada, pues se trata de un tema que consideramos muy importante.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- ¿El senador Bordaberry estaría retirando la propuesta?
SEÑOR BORDABERRY.- Hago mía la propuesta del senador Michelini.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Este asunto queda entonces en el ámbito de la coordinación, y eventualmente lo consideraríamos en otra sesión del pleno.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Léase una solicitud de licencia.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 3 de mayo de 2016
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el 3 hasta el 10 de mayo.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.
Se comunica que los señores Pablo Iturralde, María Dolores Álvarez y Eber Da Rosa han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Gandini, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
Por la presente, solicito licencia por los días martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de mayo de 2016, por motivos personales.
Solicito también se convoque a mi suplente respectivo.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia el día 5 de mayo de 2016, por motivos personales, y se convoque a mi suplente.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, mayo de 2016
Por medio de la presente solicito licencia por motivos particulares para el día 3 de mayo de 2016.
Guillermo Besozzi. Senador».
Queda convocado el señor Omar Lafluf, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- El Senado ingresa a la media hora previa.
SEÑORA PASSADA.- Señor presidente: queremos hacer mención a algo que se estará celebrando durante todo este 2016, que es el bicentenario de la Biblioteca Nacional.
En 1815, Artigas, desde su campamento de Purificación, ordena la fundación de la Biblioteca Nacional, y lo reitera el día 28 de agosto de ese año a través de una misiva –que consta en algunas actas– dirigida al presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, a quien, en esa primera acción, ya lo nomina director de la primera biblioteca de nuestro país.
Durante 2016 se van a estar desarrollando, entonces, distintas actividades en el marco de ese bicentenario.
En esa época, en el Cabildo, el gobernador de Montevideo reserva un lugar en los altos del fuerte –dando cumplimiento a lo que Artigas había solicitado en el campamento–, al costado de la que hoy es la Plaza Zabala, para ubicar allí la biblioteca. Casualmente, los trabajos fueron inaugurados el 26 de mayo de 1816, en el marco de los festejos por la conmemoración del 25 de Mayo de 1810, que todos recordamos la importancia que tuvo como fecha histórica.
Artigas, en esa lógica y en ese ideario, ante la repercusión pública que había tenido en distintas zonas el acontecimiento de que se diera la apertura de una biblioteca y que se pusiera ello como una prioridad, dispone en ese mismo mes –el 30 de mayo, otra fecha que no es casual– que el ejército oriental asumiera aquello que muchas veces leemos y escuchamos de las ideas de Artigas: «Sean los orientales tan ilustrados como valientes». A su vez, expresa a Larrañaga que había que formar a esos hombres en el ejército con esa idea, pero fundamentalmente –decía– con almas que fueran civilizadas y que le dieran felicidad e inteligencia al país.
De esa manera, y en ese contexto histórico, se conforma la biblioteca el 26 de mayo. Y todos los años, en esa fecha, celebramos el Día del Libro, recordando la instalación de la biblioteca.
La Biblioteca Nacional ha cumplido un rol primordial, no menor, como es la promoción de la propiedad intelectual en el país, ya que es el único ente público ante el cual se registran todos los derechos de autor. Esto confiere a los creadores de obras la potestad exclusiva de enajenar, reproducir, distribuir, publicar e, inclusive, de traducir y adaptar. Todo ese acervo público está a disposición en la biblioteca.
Otro elemento no menor tiene que ver con que, dentro de los más de 900.000 libros que tiene la biblioteca –entre folletos y distintas publicaciones nacionales y extranjeras–, se encuentran las obras de brillantes escritores uruguayos como Delmira Agustini, Julio Herrera y Reissig, Florencio Sánchez, Juana de Ibarbourou, Juan Zorrilla de San Martín, José Pedro Díaz y Juan Carlos Onetti.
Muchos de los que estamos aquí hemos disfrutado de la biblioteca en la sede que hoy tiene; al respecto, no es casual que en 1965 se haya trasladado desde su lugar original hacia su actual ubicación al lado de la Universidad de la República, lo que queda como una señal importante.
Actualmente, la Biblioteca Nacional cuenta con más de 80.000 obras en formato de papel.
Para finalizar, queremos reiterar que durante todo este año de celebración del bicentenario, la Biblioteca Nacional se va a convertir en un centro de conferencias y seminarios titulados «Uruguay, país de pensamiento», y podríamos agregar «del pensamiento vivo de Artigas», que fue el primer promotor de la idea de esta institución. En ese sentido, se llevarán a cabo exposiciones visuales, inclusive una gala conmemorativa en el propio Auditorio del Sodre.
Señor presidente: el Gobierno va a desarrollar estos eventos a fin de que la Biblioteca Nacional se transforme en un punto de encuentro y de inclusión, para que toda la ciudadanía tome con orgullo esta iniciativa y sea parte de esa pertenencia social, en línea con aquel pensamiento de Artigas: «Sean los orientales tan ilustrados como valientes».
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, a la Biblioteca Nacional y, especialmente, a la Biblioteca del Palacio Legislativo.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.
12) USO REGULADO DE LAS ARMAS DE FUEGO
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Tourné.
SEÑORA TOURNÉ.- Señor presidente: esta semana, entre el 1.º y el 8 de mayo, la ONU convoca, a través de su Oficina de Asuntos de Desarme, a la acción global contra la violencia armada en 2016. Como el señor presidente y los colegas saben, este es un tema en el que estoy trabajando desde hace muchos años: la proliferación de armas en manos de civiles y sus consecuencias para el desarrollo de la convivencia pacífica entre los uruguayos.
Uruguay ha tenido un muy buen apego a las normas que la Organización de las Naciones Unidas ha aprobado a lo largo de quince años y que tienen que ver con la violencia armada. Sobre todo, a través de nuestro representante en la ONU, jugamos un rol protagónico en la redacción final del Tratado de Comercio Ilegal de Armas, que ratificamos y que entró en vigencia a nivel internacional en diciembre de 2014.
Nuestro país aprobó también, en 2013, una ley sobre tráfico ilícito de armas, en la que se incluyen normas sobre el tráfico ilícito interno y el tráfico ilícito internacional, que le llevó a esta casa –tanto a la Cámara de Representantes como a la de Senadores– muchas instancias de discusión en las que participamos; incluso, quien habla fue miembro informante en la otra cámara del proyecto de ley que finalmente se aprobó. Pienso que, para su entrada en completo vigor, es necesario actuar y atender la convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas, desde donde se invita a todos los Estados miembros a reflexionar sobre el problema de la violencia armada, ni más ni menos que bajo la consigna: Es hora de terminar con el flujo mortal de armas. Esa es, reitero, la consigna de la ONU para esta semana de acción.
En consecuencia, nos parece que sería bueno instar a los ministerios que todavía no han cumplido con el mandato legislativo de reglamentar esta norma, a que así lo hagan. A través de la ley mencionada, se le dio esa competencia a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional porque dentro de sus cometidos está el registro y el control de armas sobre todo en manos de civiles, pero aún no está reglamentada en aspectos sustantivos. Para ilustrar quiero señalar, por ejemplo, que uno de los artículos le da la potestad a ambos ministerios de que reglamenten el tipo de arma y de calibre que está permitido utilizar. Esto formó parte de una larga discusión que se libró en las comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes, que contó con la activa participación de organizaciones civiles. Justamente, dejamos en manos de quienes tienen influencia sobre estos temas la reglamentación sobre el tipo de arma y de calibre que se puede usar. No estamos hablando de prohibir las armas, sino de un uso regulado de las armas de fuego.
Como país, hemos sido punteros en lo que es el registro de las armas. El Registro Nacional de Armas funciona en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional y sabemos que los primeros registros datan de 1944. Como persona preocupada y ocupada por estos temas, debo manifestar que ha funcionado con regularidad, atino, acierto y apego a la normativa. Desde entonces, tenemos registradas unas 604.678 armas en el Uruguay. Nuestro país sigue a la cabeza en Latinoamérica y llama la atención, por su escasa población, que sea uno de los países del mundo donde más armas existen en posesión de los civiles.
Esa ley que mencioné, aprobada en 2013, establecía campañas de sensibilización y muchas actividades más a desempeñar por el Poder Ejecutivo nacional.
–Justamente en este momento, cuando la consigna de la Organización de las Naciones Unidas es: Es hora de terminar con el flujo mortal de armas, resulta necesario tener en cuenta que a veces estamos un poco lejanos de la realidad que se da con el tráfico ilícito de armas –que es uno de los negocios más redituables del mundo, junto con el narcotráfico y la trata de personas–, en función de la cual se arman conflictos en determinados países que tienen estructuras democráticas débiles para enfrentar el negocio de las armas. Pero en un país como el nuestro, con vocación democrática y pacífica, uno de los objetivos centrales tiene que ser el de seguir adelante con la aplicación de las normas porque, si no, quedan convertidas en letra muerta y realmente su aplicación no tiene el correspondiente rigor en nuestro territorio.
Quiero hacer un último comentario con relación a la inclusión de Uruguay como Estado parte de la Organización de las Naciones Unidas. El año pasado, la Asamblea General aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del mundo. Entre sus metas se incluyen, como prioritarias, la paz y la seguridad, y en este marco –y altamente subrayada–, la reducción significativa de las armas en manos de civiles, pues su uso sin el control o la regulación adecuada lo único que ocasiona es mayor inseguridad y muerte.
No solo como perteneciente e integrante del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras –institución internacional que supimos presidir en una época–, sino como parlamentaria uruguaya, entiendo que es necesario que reflexionemos y actuemos respecto a este tema, pues somos aprobantes inmediatos del Tratado de Comercio de Armas y, además, tenemos una ley que mucho ayudaría, cuya reglamentación está pendiente.
Por todo lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, a las ONG Aludec, Ielsur, Serpaj y al Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras.
13) MÉDICOS SIN FRONTERAS
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Siguiendo con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Carámbula.
Según el artículo de referencia: «Tras el bombardeo, la presidenta de MSF, Joanne Liu, lo describió como un “ataque” a los Convenios de Ginebra. “Estas convenciones fueron establecidas para proteger a civiles en conflictos, incluyendo pacientes, trabajadores médicos e instalaciones”».
Por todo lo expuesto, agradecemos que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la organización Médicos sin Fronteras, al Sindicato Médico del Uruguay, a la Federación Médica del Interior, al Ministerio de Salud Pública, a ASSE y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar el trámite solicitado.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Agazzi.
SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: cada sociedad tiene sus problemas. Desde que nos reunimos la última vez en esta sala, el Uruguay cambió. Quiero referirme a los fenómenos climáticos ocurridos a fines del mes de abril, ya que a partir del viernes 16 nuestro país sufrió dos terribles fenómenos meteorológicos.
El primero es el tornado ocurrido el día 16, poco después de las cuatro de la tarde, en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, que rompió todo. Se vieron afectados: el hospital, el tercer piso del liceo y la zona céntrica; tiró casas abajo, voló techos, paredes, dio vuelta autos, camionetas, contenedores y hubo gente herida. Incluso, el destrozo del hospital obligó a trasladar pacientes en medio de ese drama. Hubo también cinco muertos, doscientos heridos y daños que todavía no se han terminado de estimar, pero que alcanzarían millones de dólares.
Este evento climático tuvo una violencia desmedida, un efecto devastador, en puntos muy localizados de la sociedad. Afectó 1807 viviendas, en 136 manzanas; de esas viviendas, 575 quedaron en condiciones no habitables, 604 importantemente dañadas y 628 habitables con las modificaciones que haya que hacerles.
Los comercios evaluados fueron 163 –en 67 manzanas–: 79 comercios quedaron destruidos totalmente, 29 dañados y 55 afectados.
El segundo evento acaecido –independiente, pero que tuvo lugar al mismo tiempo– lo protagonizaron las intensas lluvias en poco tiempo, con todo lo que implica el concepto de intenso: cantidad de agua por unidad de tiempo. Algunos valores son increíbles. En el mes de abril, en Baltasar Brum llovieron 938 milímetros; en Artigas, en la colonia Palmas, 658; en Lavalleja 622. Es increíble, insisto, si se piensa que el promedio de lluvias en un mes es de 100 milímetros. Llovió casi lo que llueve en un año. Estas precipitaciones acumuladas produjeron inundaciones extraordinarias. En realidad, se superaron las capacidades de desagüe y de desagote de las ciudades, de los campos, de los ríos y de los arroyos. Todos los ríos y los arroyos se salieron de cauce.
El problema es que a consecuencia de ambos fenómenos –que son distintos, pero que ocurrieron al mismo tiempo– tenemos una situación desastrosa. Los ciudadanos evacuados y desplazados de sus hogares suman 11257 –sabemos quiénes son los desplazados: los más vulnerables– y las rutas cortadas en varios departamentos son 27, con ciudades aisladas y pozos negros inundados.
Todo esto llevó a la consecución de hechos que no se conocían, como el reparto de alimentos puerta a puerta y con helicópteros, a los ciudadanos que estaban arriba del techo de su casa.
También el aparato productivo –en época de trilla, de cosecha– está sufriendo estos hechos, como lo muestran los arrozales, la soja, los tambos, las pasturas bajo el agua, las rutas cortadas y los puentes rotos o afectados.
Frente a todo esto quiero resaltar que hubo tres reacciones. En primer lugar, una solidaridad natural de nuestro pueblo, donde organizaciones, clubes de fútbol, partidos políticos y parroquias –todo el mundo– prestaron su ayuda. Esto fue importantísimo porque hizo que los ciudadanos afectados no se sintieran solos. En segundo término, las autoridades políticas, municipales y departamentales, como los alcaldes e intendentes, atendieron a los damnificados en los lugares más afectados. En tercer lugar, el Gobierno nacional se hizo presente inmediatamente, desde el primer momento. El presidente de la república se hizo presente a los dos días de ocurrido el tornado en Dolores, así como los distintos ministerios involucrados, a efectos de asegurar la atención sanitaria inmediata. Incluso, la reconstrucción del hospital de Dolores comenzó inmediatamente con cuadrillas de los sindicatos –militantes sindicales–, que voluntariamente concurrieron a trabajar. También se entregaron canastas de materiales y Mevir intervino en el caso de las casas destruidas.
En fin, a los fondos establecidos en el Presupuesto nacional, el Gobierno central agregó USD 100 millones para la reconstrucción de la ciudad en Soriano y otras zonas afectadas en el país.
Nueve días después, el lunes 25, llegó la primera entrega de 5000 chapas para reconstrucción, los préstamos de la Dirección Nacional de Viviendas, las donaciones de Antel, UTE, las ayudas del BPS, de ASSE, las empresas, los sindicatos y los vecinos.
Además, hoy Uruguay tiene un marco legal –no tengo tiempo de referirme a este– y desde octubre de 2009 contamos con el Sistema Nacional de Emergencias que define y organiza la Dirección Nacional de Emergencias, los comités departamentales, la comisión asesora y se creó el Fondo Nacional para la Prevención y la Atención de Desastres.
Queda mucho por hacer, señor presidente. Quizás el concepto de emergencia cambió porque estos no son fenómenos extraordinarios, sino parte de la realidad. Tal vez debamos pasar al concepto de gestión de riesgo, más vinculado al ordenamiento territorial. Eso es algo que estamos aprendiendo en la práctica. La sociedad tiene que incorporar que estas cosas son parte de la realidad y fenómenos permanentes.
Nos queda el dolor de lo que pasó y la alegría de la respuesta que tuvo la sociedad.
Solicito, señor presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias y a los Comités Departamentales de Emergencias de todos los departamentos.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Alonso.
SEÑORA ALONSO.- Señor presidente: hoy quiero hablar de un tema ante el cual no podemos permanecer indiferentes cuando es tan visible para nuestros ojos. Todos los días, cuando salimos a trabajar o a estudiar –muchas veces apurados–, transitamos por las calles y vemos personas que viven a un ritmo distinto del nuestro, que están fuera del sistema: personas en situación de calle; hombres, mujeres y niños que no tienen un techo y que en la noche deambulan sin esperanza alguna.
Todos sabemos que después del otoño llega el invierno, y por eso me parece importante advertir a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, principal responsable de la ejecución de las políticas relativas a las personas en situación de calle, sobre las previsiones, los protocolos y las medidas que se piensa llevar adelante en los próximos meses. En este sentido, le voy a proponer a la señora ministra Arismendi recorrer juntas –también con los miembros de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de esta casa– algunos de los refugios, especialmente aquellos que han crecido en número y que albergan a mujeres con hijos.
Según las cifras del último censo –que conocemos y que son manejadas a nivel del Ministerio de Desarrollo Social–, el número de personas en situación de calle ha aumentado, pero ello no coincide con los datos que ha brindado el Ministerio del Interior, que ha proporcionado cifras aún mayores que las manejadas por el Mides. Ahora bien, más allá de los números, sentimos que la cantidad de personas en situación de calle sigue aumentando, en un gran porcentaje con gente cada vez más joven. Necesitamos encontrar soluciones a una realidad que nos afecta a todos, máxime cuando el problema de las adicciones y del policonsumo –principalmente de pasta base– se presenta en la gran mayoría de los casos.
Queremos plantear a la señora ministra que no solo tenemos que rescatar a las personas del frío intenso –que empezó antes de lo previsto–, sino también elaborar un sistema que luego se pueda ir perfeccionando. Recuerdo que cuando la señora ministra compareció el año pasado ante la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, nos dijo que entendía esta realidad y que tenían previsto hacer algunas mejoras –para todo el año pasado–, como aumentar los cupos en los refugios y buscar reinsertar a estas personas, más allá de rescatarlas un día, dos días o un mes. Pues bien, nos gustaría conocer cuáles han sido esas mejoras.
Asimismo, vamos a proponer la urgente creación de centros de rehabilitación, más allá de los refugios. La realidad indica que el Estado está ausente en lo que refiere a la rehabilitación de las personas adictas y que no existen respuestas para quienes, lamentablemente, no tienen recursos para su rehabilitación. Este problema se ha ido agravando y cabe pensar que, dada la complejidad y la temporalidad en la que se desarrolla, debemos llevar adelante nuevas medidas para enfrentar la situación.
En este tema hay una gran responsabilidad de las distintas carteras –la de desarrollo social, la de salud pública, la del interior–, y por eso necesitamos que exista coordinación entre ellas. Muchas veces sentimos que cada una hace su parte pero desconectada de las otras. Ya que tantas veces hemos escuchado hablar de la interinstitucionalidad, necesitamos que en este tema funcione definitivamente una coordinación y, en función del grave problema que tenemos con las personas que están sin techo y en situación de calle, creemos que esta debiera ser una prioridad del Gobierno.
Como dije, vamos a pedir a la señora ministra –seguramente desde la comisión correspondiente– para hacer esta recorrida por los refugios junto con las demás autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y miembros de la comisión, a quienes también invitamos. Necesitamos comprometernos y ocuparnos de un tema por el que lamentamos perder ciudadanos, pero por el que podemos también alegrarnos cuando es posible recuperar aunque sea a uno, y rehabilitar a muchas de estas personas que hoy están en situación de calle, que en su gran mayoría son jóvenes.
–Como oposición, tenemos la responsabilidad –que asumimos–, no solo de controlar sino también de proponer y de trabajar juntos.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud Pública y del Interior; a la Junta Nacional de Drogas; a las intendencias, y a la Presidencia de la República.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Bordaberry.
SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: Laura Paipó es la primera directora no vidente en la historia de la enseñanza primaria del Uruguay. El año pasado, después de veintiún años de carrera, llegó a ser directora de la Escuela Especial n.º 279, del barrio Curva de Maroñas.
Ella quedó ciega después de haberse recibido de maestra. Se sometió a una serie de tratamientos, y pese a no haber podido recuperar la vista, siguió adelante con su carrera y terminó asumiendo como directora.
Laura Paipó es, además, una atleta que compite en maratón, así como lo es Edgardo Llerena, un reconocido atleta no vidente. ¿Qué tienen en común Laura Paipó y Edgardo Llerena? El instituto al que fueron para rehabilitarse y poder salir adelante con esa capacidad diferente que tienen, como es la de no poder utilizar la visión. El instituto al que fueron –del cual Uruguay tiene que estar orgulloso– es el Centro de Rehabilitación «Tiburcio Cachón». Quien lo visita, realmente se enorgullece de que haya una instalación de ese porte en el Uruguay, con amplias cocinas y despachos distribuidos en una sola planta. Cuando uno lo recorre se encuentra con una baranda en la que cada tanto hay una argolla que indica que enfrente está la puerta por la que pueden ingresar a los distintos despachos para ser atendidos en su rehabilitación.
Tiburcio Cachón fue un legislador de nuestro partido de la quinta sección. Ya lo era cuando no pudo haber elecciones en 1846 en la defensa de Montevideo y, por ende, integró la Asamblea de Notables, designada por Joaquín Suárez, junto a Gabriel Pereira, Miguel Barreiro, Alejandro Chucarro, Juan Zufriategui, Lorenzo Batlle, Manuel Herrera y Obes, entre otras importantes personalidades.
Se ha tomado la decisión de cerrar el Centro de Rehabilitación «Tiburcio Cachón», ubicado en la calle Juan José Quesada –lugar con una excelente comunicación–; se ha decidido que no funcione más allí, pese a que tiene personas ciegas en lista de espera, para trasladarlo a un local sobre Camino Maldonado, a una casa de dos plantas que no tiene el equipamiento adecuado para su fin. ¡Imaginen los señores senadores una casa para no videntes de dos plantas con escalera! ¡Una barbaridad!
A su vez, el Instituto Nacional de Ciegos «General Artigas», que fue cancelado por la Ley n.° 19355, dispone de una cantidad de recursos por una donación modal que se le hizo, que se destina al Mides.
Creemos que debemos preservar el Centro de Rehabilitación «Tiburcio Cachón», por lo que significa como orgullo y por los resultados que ha obtenido, y no debería destinarse a otra finalidad que no sea aquella para la cual ha sido creado, tan exitosamente, en el año 1962. Hacemos votos para que ello no suceda y pedimos, señor presidente, que para que sigan existiendo maestras como Laura Paipó, no se haga efectivo ese cierre.
Solicitamos que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Desarrollo Social, a la Presidencia de la República y a las autoridades del Centro de Rehabilitación «Tiburcio Cachón».
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.
Le damos la bienvenida a los niños y maestras de las Escuelas n.os 90 de Artigas, 135 de Cerro Largo y 18 de Flores.
17) RÉGIMEN DE TRABAJO
SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para dos cuestiones de orden.
SEÑOR MICHELINI.- Solicitamos incluir en el orden del día de mañana el tema relativo a la creación de una comisión especial para prevención del fraude y la evasión fiscal, y para la transparencia global. Este es el nombre que le damos para que figure mañana –seguramente, tanto el nombre como el objeto vayan a variar porque lo estamos conversando–, pero queremos que sea el primer punto del orden del día, si es que por reglamento no tiene que figurar algún otro.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- En realidad se podría plantear la moción para crear la comisión sin necesidad de que figure en el orden del día.
SEÑOR MICHELINI.- Entonces, dejamos constancia de que mañana vamos a hacer esa propuesta.
Proponemos, asimismo, suspender la sesión del miércoles 11; las razones ya fueron planteadas en la coordinación y llegamos a un acuerdo, pero estoy planteando que se haga efectiva la suspensión de la sesión.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar si se suspende la sesión ordinaria del día miércoles 11.
SEÑOR DELGADO.- Estamos de acuerdo con lo planteado por el coordinador del Frente Amplio, el señor senador Michelini. Ayer, esa fuerza política planteó suspender la sesión del día miércoles 11 por motivos políticos. También en esa jornada la bancada del Partido Nacional tomó conocimiento de nuestro informe al respecto y, en ese sentido, acompaña la moción.
Con relación a la creación de la comisión, seguramente mañana discutiremos el título, pero adelanto que hay una decisión de buscar algún mecanismo para generar un ámbito de discusión sobre el tema de la legislación a ese respecto.
En síntesis, coincidimos con las propuestas planteadas por el coordinador del Frente Amplio.
SEÑOR AMORÍN.- Vamos a acompañar, naturalmente, la moción de suspender la sesión del Senado del miércoles 11, solicitada por el Frente Amplio debido a temas internos.
Vamos a acompañar, además, la creación de la comisión especial porque nos parece que es positiva y creemos que es bueno trabajar en ese tema.
Y estamos dispuesto a acompañar, asimismo –si es que lo plantea el coordinador del Frente Amplio–, la creación de otra comisión especial –asunto sobre el que conversamos ayer– relativa a la trata de personas.
SEÑOR MIERES.- Queremos sumarnos en el mismo sentido y decir que estamos en línea con el pedido de la bancada del Frente Amplio para suspender la sesión del miércoles de la semana que viene.
Por otra parte, adelantamos nuestro apoyo a la creación de una comisión especial referida a temas de carácter financiero y a la necesidad de legislar sobre ello. Eventualmente, si se planteara, también apoyamos la creación de otra comisión especial vinculada con la trata de personas porque nos parece que es un tema relevante.
18)	SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
Por la presente y de acuerdo a la Ley n.° 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a Ud. me conceda licencia, por motivos personales, desde el día 4 de mayo desde las 14 horas hasta el 5 de mayo inclusive del corriente año.
En virtud de mi participación en el Diálogo sobre Seguridad, en representación del Partido Nacional, convocado por el presidente de la república, Dr. Tabaré Vázquez, a realizarse en la Torre Ejecutiva en el día de hoy, solicito a usted me conceda licencia a partir de la hora 13, por obligaciones notorias inherentes al cargo.
Por medio de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia durante el día 5 de mayo de 2016, al amparo de la Ley n.º 17827, art. 1.º literal D, de 14 de setiembre de 2004.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Correspondería que el Senado ingresara al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término, relativo a la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo. Sin embargo, como no ha llegado a la Mesa ninguna propuesta al respecto, queda postergado el tratamiento de este punto.
20) EMPRESAS LÁCTEAS EXPORTADORAS
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen mecanismos para facilitar el acceso a financiamiento otorgado por instituciones de intermediación financiera locales a las empresas lácteas exportadoras. (Carp. n.° 491/2016 – Rep. n.° 238/2016)».
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- En discusión general.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: este proyecto persigue la finalidad de facilitar el financiamiento otorgado por instituciones de intermediación financiera de nuestra plaza, por hasta USD 66 millones estadounidenses, para dar solución a la situación generada –por todos conocida– con las empresas lácteas, las que habiendo realizado una exportación a la República Bolivariana de Venezuela, aún no han recibido el pago total por parte de Corpovex, que es el importador venezolano.
Como es sabido, y como además se menciona en los antecedentes y en el proyecto de ley, las empresas líderes en el rubro lácteo son Calcar, Claldy, Conaprole y Pili.
A esos efectos, el Poder Ejecutivo remitió este proyecto de ley, que consta de tres artículos que fueron analizados el pasado 14 de abril por los integrantes de la Comisión de Hacienda junto con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El artículo 1.º autoriza al Poder Ejecutivo «a asumir el costo de los intereses generados por los créditos o préstamos que se otorgaren por las instituciones de intermediación financiera de plaza a las empresas lácteas exportadoras» ya citadas, y agrega que el período de gracia que se pacte en dichas operaciones no podrá superar los tres años.
También queda establecido en este artículo 1.º que el costo mencionado «no podrá superar el equivalente a una tasa de 4,50 % (cuatro con cincuenta por ciento) en dólares estadounidenses sobre un monto máximo de crédito de USD 66 millones (sesenta y seis millones de dólares de los Estados Unidos de América), correspondientes al saldo impago por Corpovex», es decir, por la parte venezolana.
En el tercer inciso del mencionado artículo se establece: «Este costo será de cargo de Rentas Generales y se imputará en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, en un objeto de gasto específico».
En la comisión quedó plenamente explicitado que se trata de un crédito que, obviamente, tiene características especiales.
En lo que refiere a la tasa, podemos decir que surge de la consulta al Banco República y, en particular, del análisis técnico e independiente que realizan sus propios servicios. Esto fue consignado muy expresamente por el Ministerio de Economía y Finanzas en oportunidad de su visita a la Comisión de Hacienda.
Otra particularidad del proyecto de ley es que no se establece la obligación de realizar las operaciones en exclusividad con el Banco República. En la comisión también quedó claro que las empresas en cuestión pueden abrir negociaciones con cualquier institución bancaria de plaza, en las mismas condiciones.
Por su parte, el artículo 2.º autoriza al Poder Ejecutivo «a emitir las garantías o fianzas solidarias, a favor de las empresas lácteas exportadoras mencionadas en el artículo precedente, que resulten necesarias para viabilizar el acceso al financiamiento referido. Dichas garantías o fianzas no podrán exceder la suma de USD 66 millones (sesenta y seis millones de dólares de los Estados Unidos de América), ni los seis años de plazo».
El artículo 3.º dispone que: «Las empresas exportadoras que accedan a la garantía prevista en el artículo precedente deberán ceder a favor de la institución de intermediación financiera otorgante del financiamiento, en ocasión de perfeccionar el préstamo, los créditos de los que sean titulares contra Corpovex, los que formarán parte de la garantía de la operación»; se refiere a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior.
Este proyecto de ley logra atender una situación muy especial de nuestro comercio exterior. Además, como ustedes saben, la llegada de USD 30 millones sobre el total adeudado por la parte importadora logra abrir expectativas en cuanto al cierre de esta cuenta en un plazo próximo. Esa es la expectativa que tenemos. De todas formas, el proyecto de ley sigue en pie, aunque ahora es por USD 36 millones, para ser aplicado sobre el saldo.
Señor presidente: estamos hablando de un sector que es fundamental para el desarrollo del Uruguay –sobre esto no necesito agregar nada– desde todo punto de vista. Como todos saben, se trata de un sector que afinca a mucha gente en el área rural, que aplica nuevas tecnologías y que reinvierte permanentemente; por lo tanto, en la medida de sus posibilidades, el país debe sostenerlo.
En este caso, tres de las cuatro empresas son cooperativas –aspecto que también se mencionó en la comisión–, por lo que sus dueños son los propios productores, pero sin mengua de ello, se trata de cuatro empresas muy importantes del sector agroexportador. De allí la importancia de este asunto.
Cabe destacar que la propuesta llega a sala con el beneplácito y la aprobación de todos los integrantes de la comisión, por lo que recomendamos su aprobación y pasaje a la Cámara de Representantes.
No voy a incursionar en otros temas en este momento, aunque tal vez después se haga mención a la situación de un cliente muy especial. Debemos aceptar que se trata de un cliente que, al igual que Brasil, tiene problemas en sus cuentas nacionales, lo que ha dificultado, sin lugar a dudas, nuestras transacciones comerciales. De todas formas, hemos mantenido consultas con actores principales de estas empresas y podemos afirmar que ellas intentan seguir negociando, porque los precios que se pagaron durante los pasados diez años fueron muy buenos para la industria.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Damos la bienvenida a los alumnos de sexto año del Colegio Alemán.
SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: en la Comisión de Hacienda, el Partido Nacional acompañó este proyecto de ley en el entendido de que se trataba de una solución parcial –obviamente transitoria, que hasta definiría como un parche– que, por lo menos, brindaba una señal. Nos parecía bueno que se diera al Poder Ejecutivo la autorización para que se hiciera cargo de los intereses de los créditos a las empresas lácteas que exportaron a Venezuela y no pueden cobrar, por hasta USD 66 millones, es decir, un máximo de alrededor de USD 3 millones por año.
Una cosa es cómo empezó la negociación y otra muy distinta es cómo está ahora.
En realidad, este proyecto de ley hace referencia a cuatro empresas lácteas –Pili, Claldy, Calcar y Conaprole–, pero actualmente tiene como objetivo exclusivo la situación de Conaprole. ¿Por qué? Porque en este proceso hubo un pago de Venezuela, por USD 30 millones, que canceló los créditos que las otras empresas tenían con el Bandes, fundamentalmente por las exportaciones de quesos. Actualmente, con respecto a lo exportado –no a lo comprometido– esas empresas quedaron en cero, ya que se les pagó todo el queso que habían exportado. Quien mantiene un saldo negativo –también con base en lo exportado y no a lo comprometido– es Conaprole, con una deuda que se ubica entre los USD 39 millones y los USD 40 millones por leche en polvo, a lo que se suman USD 27 millones por concepto de saldo de exportaciones anteriores que no le pudo cobrar a Venezuela.
Cuando hablamos de esta situación –que obviamente es coyuntural, parcial; que es una ayuda pero no la solución– debemos mencionar dos temas.
Uno de ellos tiene que ver con situaciones vinculadas a la contingencia del no cobro de las exportaciones a un mercado en particular, sobre lo que quiero hablar sin ideologizar y sin entrar a la discusión del tema de fondo, al que solo haré alguna referencia.
Este proyecto de ley surge a raíz de un problema. No es común que el Estado se haga cargo de intereses; si lo hace es porque asume que tiene una cuota parte de responsabilidad en el hecho de que las empresas privadas hayan tomado créditos a pagar con exportaciones que no pueden cobrar. Y en este caso así sucedió. Uno podrá pensar que existe el riesgo empresarial o que el mercado con Venezuela es muy interesante… ¡Claro que lo es!, particularmente para los productos lácteos. Históricamente ha sido un mercado interesante, no solo por las cosas que compra, sino por los precios que paga. Claro: ¡cuando paga! Pero en esta situación coyuntural que se está dando, Venezuela tiene un atraso importante, y no solo en lo que respecta al sector lácteo, pero en este caso estamos hablando de las exportaciones que surgieron como fruto de un acuerdo firmado entre el 6 y el 7 de julio de 2015, cuando se hablaba de un fideicomiso de USD 300 millones. Reitero que cuando surgió la posibilidad de generar un fideicomiso nos pareció interesante, porque Uruguay era un comprador permanente de embarques de petróleo a Venezuela –en el marco de un acuerdo energético que no ha sido renovado–, pero además era un proveedor permanente de una cantidad de productos, como por ejemplo soja, carne de pollo, productos de algunos sectores curtidores, arroz, queso o leche en polvo.
En su momento, hubo un compromiso –o, al menos, un estímulo o un aliento– del Gobierno para que determinadas empresas siguieran exportando a Venezuela, aun cuando veían que el cobro iba a ser difícil y que había deudas anteriores que, reitero, en el caso de Conaprole –solo en Conaprole– alcanzaba a USD 27 millones. Más allá de la discusión acerca de si en realidad la plata del petróleo terminó en un banco chino –porque se trataba de negocios separados–, todos sabemos que en esto hubo comunicaciones y reuniones entre los dirigentes del Gobierno y los productores; había una interrelación, aunque más no fuera en la intención. ¿No funcionó? ¡Claro que no funcionó! La intención era que se cancelara anticipadamente una deuda de petróleo que teníamos con PDVSA y que eso quedara como fondo de garantía, a través de un fideicomiso, para asegurar lo más difícil, es decir, además del precio, que Venezuela pagara en un momento difícil. Hubo empresas que se jugaron más; hubo otras que se jugaron menos, que fueron más conservadoras; hubo empresas que tuvieron muchas dudas, pero algunos actores del Gobierno les dijeron: «Denle para adelante». Y debemos decir todo –porque hay que actuar desideologizadamente–: también incidieron los muy interesantes precios de los productos lácteos.
Este proyecto de ley es la prueba de que en alguna medida el Estado asume que estimuló un negocio con características o condiciones especiales, que después no se pudieron cumplir por varias razones. Como no se pudieron cumplir, el Estado tiende, de alguna manera, a tratar de ayudar a las empresas pagando los intereses. Personalmente, no comparto esa lógica, que consiste en que se les dé la posibilidad de que tomen créditos aunque se les imponga una garantía soberana, porque el Estado se hace cargo de los intereses. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Quizás la solución podría haber sido otra: ya que el Estado tuvo un rol protagónico al impulsar este fideicomiso y el flujo exportador a Venezuela, podría haber hecho la gestión de cobro y haber pasado a ser el acreedor. Pero las cosas se dieron así y, aunque en una medida pequeña, este proyecto de ley –que es lo que hay sobre la mesa– intenta ayudar, en este caso a una sola empresa, porque con las demás ya se ha saldado lo que exportaron.
Pero también es bueno decir que, si bien las otras empresas que podrían verse beneficiadas por este proyecto de ley ya cobraron todo lo que exportaron, algunas tienen unas dos mil toneladas de queso pronto, empacado y envasado para exportar a Venezuela, y ahora están esperando nuevas oportunidades. Hoy muchas de ellas, ante la falta de un flujo comercial con Venezuela, están derivando sus productos a Brasil, que en estos días ha sido el gran comprador que han tenido, aunque, obviamente, a otros precios. Por supuesto, el costo industrial de producción en función de un negocio que ya había sido pactado no tiene relación con el precio de venta de oportunidad que hoy están teniendo en mercados alternativos debido a que el de Venezuela no está funcionando.
Hablamos de un sector que tiene problemas, pero que no es el único. Actualmente el señor senador Agazzi es el presidente de la comisión de ganadería, pero el año pasado lo fue quien habla, y debo decir que el Parlamento estuvo estudiando el tema lechero, más que el lácteo, preocupado por buscar una solución. Esto tiene que ver con uno de los primeros tramos de la cadena, que es el motor que genera una serie de consecuencias sobre los eslabones hacia adelante: los buenos precios de venta –ojalá siempre fueran buenos, pero no ocurre todas las veces así– terminan en mejores precios de la leche. Acá todo se complicó. Hoy tenemos una producción lechera que cuenta con cerca de tres mil ochocientos productores –con una disminución de productores que algunos estiman por mes y otros por año–, catorce mil trabajadores en los tambos, cuatro mil trabajadores en la industria y cerca de cincuenta y tres mil personas vinculadas al sector lechero en su totalidad. Es un sector con problemas de coyuntura, pero también con problemas de precio, que quizás sea lo más difícil de solucionar hoy. Y, obviamente, la pérdida de flujos comerciales que pagaban muy bien los productos que exportábamos, complica todo. ¡Claro que complica todo!
El otro día las autoridades del Inale nos decían que el precio de equilibrio de la leche estaba en aproximadamente $ 8,20. Teníamos empresas que estaban pagando bastante menos y ahora ajustaron un poquito al alza, pero ninguna está llegando a eso. Los precios promedio que hoy se están pagando en condiciones casi óptimas –y cuando hablo de condiciones óptimas de la leche me refiero a que tengan niveles de sólidos muy buenos en proteínas y grasas, y con castigo mínimo por carga microbiana– apenas rozan –en casos excepcionales– el precio de equilibrio de producción del litro de leche. Esa es la realidad de hoy; todo lo demás está por debajo. Por eso hay que ser creativo en algunas soluciones.
El Senado trabajó en un proyecto de ley que habíamos presentado nosotros, en otro que propuso el Gobierno, en uno que acordamos para el fondo de asistencia al sector lechero, el famoso FFAL III, del que todavía falta ejecutar USD 10 millones. Me parece que esto es parte de una de las soluciones transitorias. Esta no es la solución; es simplemente liquidez en un momento coyuntural en el que esa liquidez es importante. Seguramente haya que buscar otras soluciones.
Antes existían devoluciones de impuestos diferenciales por rubro y prefinanciación de exportaciones, pero después del 2007 el sector lácteo pasó a tener una tasa única de devolución de impuestos del 2 %. Creo que es momento de trabajar sobre devoluciones de impuestos indirectos a las exportaciones de algunos productos del sector lácteo. Nosotros calculamos que si pudiéramos realizar devoluciones como las que había antes del año 2007, quizás le inyectaríamos al sector entre USD 16 millones y USD 20 millones, que si los trasladáramos al precio de la leche equivaldría a veinticinco centavos adicionales por litro.
También hablamos del Imeba y de la posibilidad de pasar del 1.1 de tope de devolución del IVA al gasoil que tienen hoy los productores lecheros que tributan por IRAE –no todos– al 1.8. Esto es lo que están reclamando las gremiales lecheras, además de poder liquidar cada cuatro meses, por lo menos, como se pagan otros tributos.
Seguramente, en el futuro vamos a tener que discutir algunas otras medidas para ayudar en una coyuntura del sector lechero que hoy está trabajando por debajo de los precios de equilibrio, con el agregado inesperado de toda esta situación climática que hizo bajar la producción, así como la calidad de la leche. Además, toda esta agua acumulada generó atrasos o la imposibilidad de cosechar cultivos de verano, a lo que se agrega la dificultad de hacer verdeos o pasturas para el invierno, y de almacenar en silos, que en el invierno muchas veces son la diferencia entre vida y muerte para el sector lechero.
Señor presidente: nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley diciendo que quizá no sea de buena técnica legislativa poner nombre y apellido a las empresas que obviamente se verán favorecidas por la iniciativa. Tan así es que hoy la solución ya prescribió para tres de las cuatro empresas que se nombran en el proyecto, porque la deuda ya fue cancelada, así que solo aplica para Conaprole.
Como dijimos al principio, esto nace como una solución del Estado que, a través de un proyecto de ley, asume que si bien los precios eran interesantes, el proceso no fue del todo claro, sobre todo en lo que tiene que ver con el impulso final y con el blindaje oficial asociado a garantías de cobro.
Empecé hablando de la desideologización de este tema. Venezuela fue –y ojalá siga siendo, gobierne quien gobierne– un gran mercado para los productos uruguayos, particularmente para los lácteos, por los que pagaba muy buenos precios. Como Parlamento, como Gobierno y como Estado, obviamente lo que debemos hacer es no influir en determinadas situaciones o flujos comerciales cuando no están dadas las garantías institucionales de cobro. Todos sabemos cómo es el proceso de cobro en Venezuela, cómo funciona el Estado, cómo funciona Corpovex, y conocemos una serie de mecanismos que hacen que los privados terminen en una inteligencia comercial que muchas veces es impropia del corazón del negocio, que es la de generar productos de buena calidad al menor costo posible.
Actualmente, lo que estaba comprometido para Venezuela está siendo derivado a otros mercados, con otros precios. ¡Ojalá Venezuela retomara las compras! Ojalá se lograra la garantía del cobro, porque en esta coyuntura –más allá de algunas de las medidas que mencionamos– brindaría una solución transitoria al problema más importante que tienen los productores lecheros, que es el de los precios. Sin exportaciones a mercados accesibles, a precios interesantes y con garantía de cobro, va a ser muy difícil solucionar el problema que tiene actualmente el sector lechero. Lo demás son soluciones parciales, aspirinas, liquidez momentánea, deducción de algún tipo de impuesto, pero la verdad es que –como dijo uno de los gremialistas que vino a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca– si es difícil ser tambero cuando es rentable, imagínense cuando da pérdidas.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR LACALLE POU.- En agosto del año pasado hablamos de este tema en forma colateral y recuerdo que el Gobierno estaba muy jugado a este intercambio con Venezuela debido a su afinidad y, ni que hablar, por la calidad de nuestros productos. Todos sabemos que hay una sociedad política, ideológica y personal entre el actual y el anterior gobierno de nuestro país, y el régimen venezolano. En aquel momento dijimos que era pan para hoy, pero que había que asegurarse de que también fuera pan para mañana, por lo endeble y vulnerable de la situación política, social y económica de Venezuela y por la cantidad que significaba para un sector del país que empezaba a tener debilidades.
Hoy temprano repasaba las declaraciones del presidente de la república, que hablaba de «oxígeno puro para el país». ¿Se acuerdan? Parece que siempre recurrimos a sinónimos en estos casos. ¡Ni siquiera aire fresco pudo asegurar el oxígeno puro para nuestro país! Estoy convencido de que hubo omisión o, por lo menos, falta de esfuerzo por el tema de que se trata y por la actual situación económica de nuestro país y del sector lechero. El Gobierno habló de un fideicomiso y de que el dinero iba a quedar depositado en el Bandes en nuestro país, pero fue pasando el tiempo y Venezuela, que ya era un contumaz incumplidor, no depositó acá; no se sabe dónde están los fondos. Mientras tanto, el Gobierno empezó a sacarse el lazo con la pezuña, diciendo que no tenía nada que ver. Inclusive, algún prestigioso miembro del Gobierno dijo que era responsabilidad de los productores y de los industriales, cuando en realidad esto se alentó.
Hace poco veíamos la tabla que refleja la caída de la solicitud de exportaciones y, lamentablemente, vemos que hay una sensible caída de Venezuela en este sentido. Lo decía bien el senador Delgado: este proyecto es fruto de un negocio que se realizó con algunas apoyaturas artificiales que –dicho sea de paso– no tienen que ver con la calidad de nuestros productos ni con la cadena productiva; en realidad, demuestra lo vulnerable y endeble de las relaciones amistosas y personales con distintos regímenes.
Como dijimos públicamente y hoy lo reiteramos acá –para hablar en la comisaría y no en la pulpería–, esperaba que una delegación de primer nivel del Uruguay, conformada por los ministros de Relaciones Exteriores, de Industria, Energía y Minería, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, viajara a Venezuela, donde sabemos que son bien recibidos, a exigir en tiempo y forma el cobro de este negocio. Nadie hizo el negocio pensando que el final resultaría en la posibilidad de un préstamo de cuyos intereses alguien se haría cargo. Lamentablemente, más temprano que tarde tuvimos razón: era pan para hoy, pero no se sabía si era pan para mañana.
Ahora estamos hablando de la industria láctea, pero hay otros subsectores que tampoco cobraron, y el Gobierno lo sabe mejor que yo. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Este tipo de cosas no ameritan que viaje una delegación oficial? ¡Me imagino que no es por falta de buenos vínculos! Seguramente la fila para cobrarle a Venezuela debe ser interminable, pero quizás todavía tengamos algún tipo de prioridad en función de favores recíprocos y podamos obtener el cobro que legítimamente se merecen los industriales y los productores uruguayos.
Obviamente, vamos a votar esta iniciativa, pero se trata de una curita frente a una hemorragia. Creo que hay que ser responsables. Si el presidente de la república dice: «Esto es oxígeno puro» debe garantizarlo, porque el Estado ponía la espalda. No puede ir sacándose las responsabilidades y terminar con este tipo de proyecto de ley.
Todos sabemos la situación que atraviesa gran parte de nuestro país y, en especial, la industria láctea y los productores lecheros. Parte de esa situación se debe, más allá de algunos factores internacionales, a la debilidad del negocio con Venezuela.
Por tanto, como dijo el senador Delgado, vamos a votar aunque sabemos que no es la solución. Seguimos esperando que se tomen un avión el canciller y los ministros respectivos para gestionar el cobro en todos los ámbitos en los que Uruguay firmó este «oxígeno puro» para nuestro país.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Puede continuar el señor senador Delgado.
SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: no sé cómo se razona esto; notoriamente lo hacemos de forma diferente. Se envió un proyecto de ley para contar con el préstamo correspondiente, pero ya se cobró la mitad; no es que no estemos proactivos para cobrarlo. El Estado es el más interesado en que sea así, porque si dentro de 15, 20 o 30 días se cobra, no hay que pagar los intereses.
Insisto: se envió un proyecto de ley y, con respecto a este capítulo, ya se cobró la mitad. Por su parte, hay deudas anteriores que, más allá de que fueran con el Estado venezolano, se debieron a resoluciones de los privados. Es cierto que había un gran entusiasmo del Gobierno uruguayo: ¡ojalá el negocio hubiera sido más exitoso! Se tomaron riesgos. ¿No hay que tomarlos a veces? Después paramos, porque más allá de la opinión de cada uno, la situación económica de Venezuela es delicada. Pero esta actitud proactiva en el comercio exterior tuvo como objetivo lograr los mejores precios y las mejores colocaciones. Pregunto: ¿los privados no debieron haber tomado el recaudo, si el fideicomiso no estaba armado, de no mandar los productos? Sí. A pesar de todo eso, en función de ese clima y de los pronunciamientos realizados, ¿nuestro Gobierno no asume una responsabilidad sobre algo que se va a cobrar? No tengo dudas de que todas estas cuentas van a ser cobradas mucho más temprano que tarde, pero lo importante es que asumimos una responsabilidad. Obviamente, no la responsabilidad de decir: «Señores, nos hacemos cargo de la deuda», porque no podíamos hacernos cargo de la deuda, además de que no correspondía que lo hiciéramos. Lo que estamos haciendo es facilitar que el sistema productivo siga funcionando hasta que se cobre. ¡Ojalá hubiera salido bien porque los precios eran los más altos del mercado!
Entonces, si bien la operación no fue exitosa, se colocó determinada cantidad de bienes y se está cobrando, no en los plazos que se esperaba, pero se está cobrando; varias de las empresas ya salieron del tema –aunque todavía queda una de las empresas más importantes en lo que respecta a la leche en polvo–, y estamos facilitando el financiamiento para que el sistema productivo siga caminando.
Creo que no podemos sacar una experiencia negativa de todo esto, señor presidente. Si el Gobierno no hubiera estado expectante, atento y alerta, no hubiéramos colocado los productos. Si el Gobierno no hubiera estado expectante, atento y alerta, no se hubiera cobrado ni la mitad de eso. Y lo cierto es que Venezuela, que en este momento tiene problemas, es un mercado excepcional. Hablar con todos los que le vendieron a Venezuela nos hace estar deseosos de seguir vendiéndole. ¡Y Venezuela tiene energía! Más allá de que hoy los precios estén más bajos, Venezuela es un país rico en energía. Nosotros necesitamos energía. El mundo necesita energía. Venezuela va a pagar esto, señor presidente.
Por lo tanto, no me parece que se deban cargar las tintas a un Gobierno que se preocupa porque el sistema productivo exporte. Podríamos no haber intervenido en el tema y dejar que se encargaran los privados. Incluso, podríamos haber llevado a cabo una operación con Venezuela, que nos descontaba un porcentaje muy alto de nuestra deuda, y no haber intervenido en la operación de la que estamos hablando. En cambio, tuvimos una actitud proactiva con precios muy importantes, y ahora estamos haciéndonos responsables para que el sistema productivo siga funcionando. Si esto merece críticas al Gobierno, señor presidente, no sé cuándo se lo va a apoyar. Repito, tenemos lecturas diferentes. La lectura que hago es que acá hay un Gobierno sensible y activo con respecto al comercio exterior y al sistema productivo, y que trata de ayudar, si se dan situaciones de aplazamiento en los cobros requeridos, con este tipo de marcos legales.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- El señor senador Saravia formula moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor senador Delgado.
Puede continuar el señor senador Delgado.
Al parecer, el señor senador al que le dimos la interrupción no entendió nada de lo que dijimos. Nosotros empezamos diciendo que íbamos a acompañar este proyecto de ley, a pesar de considerar que no es la mejor solución y que hubiéramos preferido que el Gobierno se hiciera cargo de la gestión de cobro, en vez de simplemente asumir los intereses del préstamo, ofreciendo la garantía soberana. Este proceso vino mucho más tarde de lo previsto. Tan así es, que hoy se votará en esta primera cámara, y ya tuvimos la buena noticia de que tres de las cuatro empresas mencionadas ya cobraron. Ahora bien; no cobraron lo que se había acordado, sino lo que se había embarcado, que es diferente. Y ejemplos hay muchísimos en cuanto a que en realidad iban a firmar por 2000 toneladas y vino algún jerarca y les dijo: «No, firmen por 4000»; pero esas son conversaciones que se dieron en ámbitos gremiales, por lo que de ellas no voy a dar cuenta acá.
Seguramente, en este tema hubo muy buenas intenciones. Sin dudas, había voluntad de aprovechar el flujo comercial, y el entusiasmo puede más, la necesidad de generar buenas noticias para el Uruguay puede más. Eso es compartible. Claro, lo que no había del otro lado era garantía de cobro y como decía el señor senador Lacalle Pou, lo que algunos están reclamando es una actitud más agresiva en términos comerciales para la gestión de cobro.
SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción señor senador?
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.
SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: yo no integro la Comisión de Hacienda y, de pronto, el señor senador Delgado, que ha seguido el tema, nos puede informar si es habitual que en este tipo de negocios con Venezuela intervengan intermediarios.
Gracias, señor senador y señor presidente.
SEÑOR DELGADO.- El señor senador Bordaberry hace una pregunta muy fácil, que seguramente sea para el Gobierno; nosotros somos la oposición y lo que hacemos es analizar un proyecto de ley. Los operadores privados tuvieron intermediarios en algunos casos y en otros no. Es más, la idea original del fideicomiso era no tener intermediarios. Algunas empresas de otros rubros –no del lácteo– decidieron no usar el fideicomiso y optaron por una vía quizá más segura, de cobro a través de los intermediarios. Eso lo sabemos por comentarios. Que yo recuerde, en la comisión no se habló de este tema; simplemente, se habló del tema lácteo y de la situación de estas cuatro empresas de las que hoy queda solo una.
Como dije al principio, por algo se creó este proyecto de ley; no fue solo para ayudar. El Gobierno se dio cuenta de que el entusiasmo pudo más que las garantías, y está bien que así sea, porque también los empresarios generaron entusiasmo en función de los precios que tenían. Si esto hubiera funcionado –ojalá hubiera funcionado bien– habría sido bueno para el Gobierno, para la industria, para los trabajadores de la industria y habría sido mucho mejor para los productores, que hoy estarían cobrando por la leche un precio mayor. Sin embargo, no funcionó porque no se cobró. Es más, en algunos casos pararon a tiempo, porque si hubiera sido por el estímulo de algunos agentes oficiales habrían exportado más y hoy el problema sería más grande. Tenemos la información de que una gran parte de los stocks –estamos hablando de 2000 o 2600 toneladas por empresa, sobre todo de las más chicas, que son las que hacen queso– estaba envasada, empaquetada y su precio de venta ya acordado con Venezuela; sin embargo, hoy esa mercadería se está derivando a otros mercados.
–¡Pido al señor senador que no se sienta aludido y se tranquilice! Estamos tratando de hacer un razonamiento de común acuerdo. Estamos diciendo que el entusiasmo pudo más que la garantía y por eso vamos a acompañar este proyecto de ley, que puede ser una curita, pero es mejor que nada. Ahora tenemos que trabajar sobre la causa de la hemorragia y no sobre el drenaje. La causa es mucho más grande, ya que hay problemas con los precios internacionales, con la situación de Fonterra, que los señores senadores conocen; incluso, ayer hubo un nuevo remate, por lo que se puede decir, sin dudas, que la situación no es muy estimulante, pero esto es así a nivel mundial y no solo en Uruguay. Además, a nuestro país se le suma el tema de los costos, del mercado y del problema climático, por eso el precio de la leche que tenemos. Dije que hoy el precio de equilibrio es de $ 8,20 el litro. Seguramente es mejor que el productor tambero esté produciendo en mayor cantidad sólidos de la leche –o sea, con todos los premios: proteína y grasa– y con menos castigo al precio del producto por carga microbiana. Seguramente algunos estén ahí o un poquito por arriba, pero esos han de ser muy pocos porque el resto está todo por debajo. Hay empresas que hasta hace poco tiempo estaban pagando $ 4,50 y $ 4,70 el precio de la leche mientras que el precio de equilibrio es de $ 8,20; así es muy difícil.
Esto era una oportunidad y la verdad es que todos lo veíamos así; a todos nos entusiasmó, al igual que a los industriales y productores. Obviamente, creo que de nuevo el entusiasmo pudo más que la garantía y esto trata de remediar, precisamente, algunos temas de falta de garantía de cobro. Ojalá que lo que dijo el señor senador Michelini se dé a la brevedad y se termine saldando la totalidad de lo adeudado, sobre todo con Conaprole, que quizás sea la más comprometida de todas las empresas, fundamentalmente por la leche el polvo.
Voy a duplicar la apuesta: ¡ojalá Venezuela siga comprando y pagando –o empiece a pagar–, porque de eso no solo vive la industria, sino también una cantidad de gente! Hablamos de cerca de 53.000 uruguayos que viven en forma directa o indirecta del sector lechero.
SEÑOR LAFLUF.- Señor presidente: la verdad es que me alegro de haber venido hoy a la sesión del Senado –me enteré hace un rato de que el señor senador Besozzi no podía concurrir– y que se esté discutiendo este tema al que siempre estuve vinculado.
Lo primero que quiero decir aquí, en esta cámara, e independientemente del proyecto de ley en concreto, es que el país tiene la obligación de salvar a la lechería. La primera obligación que tenemos quienes ocupamos estos cargos es esa y por una razón muy sencilla: porque no hay producción agropecuaria que afinque más gente en el campo, que ponga más tecnología en la propia tierra, en la genética animal, en la alimentación y en el trabajo del tambero. El productor que está en la lechería no se dedica a cortar árboles con la motosierra, sino que sabe qué es lo que está extrayendo y cómo lo tiene que cuidar. Entonces, la producción lechera es diferente a las demás porque no se trata de una fábrica de autos a la que cierro cuando no es rentable, y la abro a los tres años. Ni siquiera es igual a la agricultura porque si un año el precio de los granos es muy bajo, dejo de plantar y vuelvo a hacerlo en dos años.
–En definitiva, lo primero que quiero decir con respecto a la situación de la lechería en el país es que está atravesando, quizás, una de las peores crisis que puedan existir. No quiero que con la lechería nos pase lo que sucedió con la oveja hace algunos años, cuando la lana que se sacaba de ella no daba para pagar la esquila: se liquidaron las majadas en el Uruguay y el día en que la lana empezó a valer no teníamos ovejas para producirla.
Si se sigue este mismo ritmo de mandar 18.000 vacas por año a frigorífico, nos vamos a quedar sin la máquina de producir la leche. Una vaca lechera no se hace en un año porque tiene 15 o 20 años de mejoras genéticas; si no tiene esa base, por mejor alimentación que se le dé, no va a producir leche.
Eso es lo primero que quería decir, independientemente del proyecto de ley.
En segundo lugar, quiero señalar que viví todos estos años de intendente –y también antes, como veterinario– muy cerca de una empresa en mi pueblo. Me refiero a Claldy, que es la mayor fuente de mano de obra que tenemos en el pueblo porque allí trabajan 250 personas.
Como intendente, acompañé cien veces a los representantes de Claldy a hablar con el embajador venezolano para cobrar las exportaciones. Eran las mejores exportaciones de queso que tenían y, tarde o temprano, se negociaba y se cobraban. Esos eran negocios propios de la empresa. Sin embargo, doy fe de que este negocio fue diferente, aunque no quiero entrar en ninguna discusión.
En el mes de setiembre se les dijo a estas tres empresas –doy fe de ello por lo que se le manifestó a Claldy– que había un acuerdo para exportar 4000 toneladas de queso. Esa producción tenía que estar pronta en diciembre y doy fe de que los trabajadores estaban encantados con la cantidad de horas extras que se hicieron para producir las 4000 toneladas.
Quiere decir que hubo un lineazo: «Hay que producir 4000 toneladas para exportar a Venezuela». De esas 4000 toneladas se exportaron 1400, las que se acaban de cobrar hace un tiempo. Estas tres empresas cobraron y, en particular, Conaprole cobró casi el 50 %.
Ahora bien; quedaron 2600 toneladas en las cámaras; doy fe de haberlas visto y de que se tuvo que alquilar cámaras para guardar los quesos que se iban a exportar, pero que no se exportaron.
Es un hecho que aquí hubo un mensaje del Gobierno –que no quiero entrar a discutir– que no habrá avalado el negocio, pero que sí dio una línea de venta a Venezuela. Como dijeron todos, ¡Dios quiera que Venezuela siga comprando! porque no es que hoy haya que vender esos quesos a un dólar menos el kilo, sino que no se venden. Parte del queso que se hizo para Venezuela –estoy hablando de esas 2600 toneladas– se ha vendido, a dos reales, para hacer queso fundido.
Lo que quiero decir muy concretamente es que este es un instrumento fantástico para las empresas, porque estas no solucionaron su situación y los productores lecheros tampoco arreglaron su problema, aunque se hayan cobrado las 1400 toneladas –no sé cuál es la solución–, pero sería bueno que estas empresas accedieran a esto.
Ahora bien; es imposible que Claldy, Calcar y Pili puedan acceder a este proyecto de ley si se les pide que entreguen, a favor de la institución de intermediación financiera, los créditos de los que sean titulares contra Corpovex, porque eso ya lo cobraron. Lo que no han cobrado –porque no han podido exportar– son las 2600 toneladas que tienen en cámara y eso es lo que perjudica a toda la cadena lechera.
Entiendo que este proyecto de ley sería excelente si se pudiera instrumentar de la forma que está especificado, con esos tres años, para favorecer a las empresas y a los productores, pero con otro sistema de garantía que no fuera únicamente el planteado.
SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: da la impresión de que vamos a tener una larguísima discusión sobre un proyecto de ley que todos vamos a votar a favor y que, además, es relativamente sencillo. Sin embargo, aquí hay dos, tres o cuatro temas en cuestión. Uno es el proyecto de ley en sí mismo, en el que estamos todos de acuerdo, y otro es cómo llegamos a esto. A este respecto sí puede haber alguna discusión, aunque tampoco creo que sea mucha.
En realidad, llegamos a esto –o, por lo menos, nosotros nos enteramos de ello– con declaraciones públicas del señor presidente de la república respecto a un acuerdo personal con el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí votamos un pago anticipado de la deuda que teníamos con Venezuela y se nos dijo que ese dinero iba a destinarse a un fideicomiso para pagar las exportaciones de alimentos a Venezuela. Eso fue clarísimo, todos lo entendimos. Ese tema tampoco nos plantea discusión, pero después el fideicomiso no se hizo. En lo personal, creo que en eso hubo una falla del Gobierno porque tendría que haber trabajado con entusiasmo e interés en ese tema, pero eso no se dio. El dinero que se depositó en el Bandes terminó en China y no en el bolsillo de los exportadores uruguayos, que es lo que debía haber ocurrido. No tengo dudas de ello.
Preguntó el senador Bordaberry si hubo intermediarios. Creo que sí. Es más; me parece que hubo intermediarios obligados: «O está esta persona o no sale el negocio». Creo que fue así, aunque no tengo confirmación sobre este hecho. Podemos citar a la comisión a quienes negociaron en Venezuela. También podemos citar a los representantes de las empresas exportadoras de leche que fueron a Venezuela, para que nos cuenten qué pasó en esa negociación. No vamos a avanzar mucho en el tema, pero podemos invitarlos y nos van a decir –a lo mejor me comentaron una cosa que no era cierta– que hubo intermediarios obligados. Esto lo podemos hacer, pero no es el centro del tema que tenemos a consideración. Lo que estamos analizando hoy es un proyecto de ley bastante sencillo y positivo. Venezuela o Corpovex debía USD 66 millones a cuatro empresas uruguayas por la venta de productos lácteos, que no pagaba. Como el Gobierno –por lo que dijimos antes– se sintió con responsabilidad en el tema, le aseguró a las empresas que iban a contar con ese dinero. ¿Cuál fue la ingeniería que se encontró para seguir? Que los bancos le prestaran ese dinero a las empresas y que los intereses los pagara el Estado, no hasta que estas cobraran –aunque esperemos que sí–, pero sí por tres años. Si se cobraba antes, mucho mejor porque no se pagaba más. Era una ingeniería bastante sencilla. ¿Qué se tenía que hacer? Como los USD 66 millones eran para eso, naturalmente se tenía que ceder el crédito al banco. Era obvio porque era solo para eso.
Cuando discutimos el asunto en la Comisión de Hacienda –lo entendimos rápidamente y nos parecía bien– le preguntamos al ministro cómo se estaba llevando adelante el tema del cobro y este nos contestó que sabía lo mismo que nosotros, que se estaba haciendo un esfuerzo, pero que el tema estaba complicado. Al otro día cobraron USD 30 millones, lo que fue una buenísima noticia para todos. Es una buena noticia para las empresas porque cobraron todo sin tener que endeudarse, aunque el Estado les pagara tres años de intereses. También es muy buena noticia para el Gobierno porque no tiene que pagar intereses.
¿Qué aprendimos de todo esto? Que seguramente habrá que tener más cuidado en este tipo de negocios entre Gobiernos. Si comprometemos un fideicomiso, debemos ser ágiles en su instrumentación para asegurar que las cosas se cobren. Por supuesto que deseamos que sigan los negocios con Venezuela o con cualquier país del mundo que nos pague bien y que nos pague.
La intención de negociar productos lácteos con Venezuela existe desde hace mucho tiempo y al respecto puedo contar una anécdota. El presidente Batlle iba con una horma de queso a las reuniones con Chávez, se la regalaba y le decía: «¿Chávez, cuándo me vas a comprar los quesos uruguayos?». Venezuela siempre fue un buen mercado y siempre lo tuvimos como aspiración. ¡Ojalá que estos negocios sigan y que ese país mejore! ¡Ojalá que las cosas funcionen! Creo que algunas cosas se plantearon mal; nos dijeron cosas que no fueron tales y estos son los problemas. Ahora esta es una salida parcial y razonable para estos problemas, que todos vamos a votar. Deseo que el Gobierno no tenga que pagar un peso por los intereses porque espero que Corpovex pague lo que falta antes de que comience a funcionar lo que se va a votar.
SEÑOR MIERES.- Señor presidente: por numerosas razones también vamos a acompañar este proyecto de ley aunque, ciertamente, se trata de una disposición excepcional. Que el Estado asuma el pago de intereses de créditos de empresas privadas tiene que tener alguna fundamentación y esta tiene que ver con la responsabilidad del Gobierno en dar garantías a las empresas privadas acerca de cómo iba a ser el proceso de exportación por el cual hoy se ha generado la deuda.
Cuando se discutió la aprobación del préstamo que el Poder Ejecutivo le hacía a Ancap para que el ente pagara de manera adelantada la deuda con PDVSA –con una quita importante– estábamos todos muy contentos, pero diría que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía porque se trataba de un negocio redondo. Se pagaba por adelantado, con una buena quita y, además, esa plata no salía del país. Esto fue dicho aquí como también en las Comisiones de Hacienda de ambas cámaras, pues revisé la versión taquigráfica cuando comenzaron a existir problemas. En el momento en que nos enteramos de que Ancap había girado la plata a un banco chino revisamos la discusión parlamentaria del tema y de allí se desprendía que el Ministerio de Economía y Finanzas aseguraba que ese dinero no iba a salir del país, que quedaba en un fideicomiso del que luego se cobraba. Esto para las empresas uruguayas era una garantía y, por eso, ahora el Estado uruguayo asume la responsabilidad en la demora del cobro porque, de lo contrario, no tendría sentido. ¿Esto lo hacemos con otras exportaciones? No lo hacemos con nadie. Por supuesto que además está el problema del sector lechero –que es grave–, que hace que la situación sea más dramática, pero acá hubo algo que no funcionó. Y me queda la gran pregunta de quién fue el responsable de que esto no funcionara. En verdad, hay una parte de la película que no conozco. ¿Fue una decisión unilateral de Ancap que pagó y mandó la plata? ¿Fue una decisión del Gobierno venezolano que cambió las reglas de juego después de firmar los acuerdos? Incluso, el presidente Vázquez nos anunció a todos, ya no solo al Parlamento sino al pueblo entero, que esto era el comienzo y que al año siguiente íbamos a hacer un acuerdo por un valor tres veces mayor a la plata que se había firmado. Obviamente, si teníamos el fideicomiso y la plata no salía, podíamos pensar en multiplicar el dinero. Además, es cierto que se pagan precios extremadamente importantes con relación a la situación que vive el sector lácteo y los precios internacionales. Por tanto, se trataba de una situación muy favorable.
SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: estamos discutiendo un proyecto de ley que, como está vinculado con otros temas –en el Parlamento todo se vincula con todo–, al final puede terminar en discusiones interminables con las que estoy filosóficamente en contra. De todas maneras, por lo que está diciendo el senador Mieres me parece que conviene precisar un asunto. El mecanismo que se implementó para la venta de productos lácteos a Venezuela –contra un fideicomiso depositado en el país– establecía que los industriales podrían exportar luego de tener el certificado expedido por el Bandes que documentaba que el dinero estaba en el fideicomiso establecido por Corpovex. Lo que nos dijeron los industriales era que necesitaban exportar porque tenían una producción que nadie en el mundo se la estaba comprando y, además, conocían el mercado venezolano. Por tanto, se apresuraron a vender a ese país aunque no tenían el certificado que establecía que el dinero estaba depositado en el Bandes. En realidad, los industriales aceptaron que se apuraron a exportar y el dinero no estuvo en los plazos pensados. Me parece que es importante precisar este aspecto porque el acuerdo lo preveía y los industriales nos lo dijeron así.
SEÑOR MIERES.- Es buena la aclaración que hace el senador Agazzi, pero de cualquier manera, el Gobierno aseguró al sector privado y a toda la población uruguaya que la plata no iba a salir. A decir verdad, ¿quién no se sorprendió cuando, en enero de este año, nos enteramos de que el Directorio de Ancap había girado el cheque a un banco chino? ¡Nadie esperaba que se diera esa situación! La verdad es que nos sorprendimos mucho porque todo lo que conocíamos sobre el tema era que iba a haber un fideicomiso y que en él iba a quedar depositada la plata. ¡Eso es verdad! Si los empresarios se apuraron, lo hicieron sobre una garantía, mejor dicho sobre una certeza que el Gobierno les había dado, en realidad, que a todos nos había dado. Ese es el problema. Ahora ya está. Por supuesto, me parece muy bien que el Estado asuma su responsabilidad –por lo menos, la cuota parte que le sea posible– y que no haya para las empresas que exportaron un costo financiero adicional por la demora del cobro.
Si bien entiendo que hay que tomar nota de lo ocurrido, obviamente voy a acompañar el proyecto de ley con nuestro voto.
SEÑOR DE LEÓN.- Señor presidente: obviamente, coincidimos con muchos de los planteos realizados por el miembro informante y también por los señores senadores Delgado y Lafluf.
Creo que ha sido claramente explicada la importancia que tiene esta cadena agroindustrial en nuestro país desde el punto de vista social, económico y de la descentralización. No se trata de cualquier sector, sino de uno de los más importantes que tiene la economía del país y uno de los principales en la canasta exportadora del Uruguay, como está planteado en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. No obstante, a los conceptos mencionados quiero agregar un elemento central: me refiero a lo que ha ocurrido en los últimos meses con relación a este sector.
Quiero destacar la seriedad y la responsabilidad con que han actuado tanto las industrias lácteas como los productores lecheros frente a esta situación que, sin lugar a dudas, ha generado dificultades, sumadas a lo que han sido los aspectos climáticos y el precio de los lácteos en el mercado internacional. Reitero: quiero destacar esa responsabilidad con la que han actuado y que tiene que ver con las décadas –no estoy hablando de los diez años de gobierno frenteamplista ni del gobierno que inició Chávez en Venezuela– en que esta cadena agroindustrial ha venido trabajando en la consolidación de un mercado tan importante como el venezolano.
Esto no tiene cinco ni diez años. El trabajo que han desarrollado estas industrias para consolidar el mercado más importante que tiene el sector lácteo viene de muchísimas décadas atrás. Creo que eso lo sabemos todos los señores senadores aquí presentes, que hemos hablado y conocemos este tema.
¿El sector tiene una situación coyuntural compleja? Sí. Basta con repasar los precios del mercado mundial lácteo –no el venezolano– para ver lo compleja que es la situación y, obviamente, el escenario que se ha generado en nuestro país. El Uruguay viene trabajando en ese sentido; el Parlamento viene trabajando fuertemente con este sector buscando distintos niveles de apoyo, y eso es bueno señalarlo porque es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos.
Reitero: quiero destacar la seriedad y la responsabilidad con que se ha trabajado, a pesar de la situación coyuntural de falta de pago por las causas que se han mencionado. Es obvio que en un país como Venezuela, donde el 96 % de sus exportaciones es el petróleo y ha caído a menos de la mitad el precio de ese commodity, sus ingresos hayan disminuido con respecto a las posibilidades y a los compromisos que se venían dando, fundamentalmente respecto a la exportación de la industria láctea uruguaya.
El señor senador Delgado hacía referencia al precio de empate de los productores, de los tamberos. Manejaba las cifras que hoy se utilizan y que son las que el sector tiene como empate para cubrir sus costos de producción. La pregunta que nos haríamos es: ¿cuáles serían los precios de la leche al productor si no se exportara a Venezuela? Voy a citar algunos ejemplos; podría hablar desde el 2000 en adelante, pero me voy a referir al último año.
Conaprole exportó 26.000 toneladas de leche en polvo a USD 3770 la tonelada. Ese precio estaba un 53 % más alto que el de Oceanía y un 41 % que el resto de los mercados, con excepción de Venezuela y Oceanía. Eso hay que decirlo nuevamente: un 53 % por encima del precio de mercado de Oceanía era el que en 2015 Venezuela compró la leche en polvo a Uruguay. ¿Cuál sería el precio de la leche que se estaría pagando a los tamberos si el mercado venezolano no estuviera participando, a partir de este acuerdo, en la importación de productos lácteos del Uruguay?
Lo mismo podríamos decir respecto a lo que sucedió con los quesos, hablando solo de 2015. Venezuela compró la tonelada de queso a USD 5380, es decir, un 62 % por encima del precio de venta, comparándolo con el mercado de Oceanía. ¿Cuál sería el precio que le pagaría Claldy, Pili y Calcar a los tamberos proveedores remitentes de esas industrias si no se hubiera vendido a Venezuela los volúmenes que se exportaron, parte de ellos a partir del memorando de entendimiento entre los Gobiernos de Uruguay y Venezuela?
Podríamos seguir hablando, por ejemplo del precio de la leche en polvo descremada y de la manteca, que fue de un 31 % y de un 63 % respectivamente, por encima del precio del mercado internacional. Esto también hay que decirlo a la hora de hablar de estos acuerdos comerciales que tienen décadas y que ha costado muchísimo esfuerzo consolidar por parte de las industrias y de toda la cadena láctea.
No sé si algún delegado del Gobierno va a viajar a Venezuela, pero sí sé que los empresarios del sector lácteo uruguayo –lo he conversado con muchos de ellos– están permanentemente en Venezuela o intentando mantener contacto con ese mercado. ¡Es vital! ¡Ya vimos cuál es la diferencia entre sacar una tonelada de leche en polvo o de queso para otro mercado que no sea el venezolano!
Reitero: por suerte las gremiales y las industrias han mostrado mucha madurez en estos tiempos y fundamentalmente en este momento que ha sido muy difícil para ese sector.
También hay que destacar el pago de los treinta millones –que en su mayor parte fueron para el sector lácteo– y el esfuerzo que el Gobierno y el Estado uruguayo han hecho para apoyar esta cadena tan importante para el país, por los miles de personas involucradas. Creo que lo importante en todo esto y la mayor reflexión que debemos hacer es ver la responsabilidad con que las industrias y la mayor parte de las gremiales del sector han tratado este tema y esta situación. En ningún momento politizaron el tema, en ningún momento pusieron en riesgo décadas de trabajo para consolidar este mercado. Creo que eso es una enseñanza. Lamentablemente, algunos pensaron más en lograr tres o cuatro votos tratando de politizar esta situación difícil para este sector tan importante y no en cuidar los esfuerzos que han hecho estas cadenas durante décadas.
Por último, señor presidente, además de señalar mi total acuerdo con este proyecto de ley, quiero expresar la necesidad de que este Senado siga trabajando con mucho esfuerzo, pensando en lo importante que es en estos momentos seguir apoyando al sector privado, en no ponerlo en riesgo frente a algunos planteos que a veces, reitero, politizan estas relaciones comerciales. Debemos seguir trabajando en pro de continuar ampliando las posibilidades que tienen no solo el sector lácteo sino todos los sectores de la economía en la búsqueda de mayores niveles de exportación.
SEÑOR MUJICA.- Señor presidente: agradezco al señor senador De León que haya tirado una serie de datos.
Quiero recordar que Uruguay es, proporcionalmente, el país mayor exportador de lácteos per cápita, de América Latina. En términos absolutos, el primer exportador es Argentina, pero en términos proporcionales, más del 70 % de la leche que produce Uruguay tiene que exportarla. ¡En esas condiciones no hay ningún país en América Latina! Por lo tanto, nuestra producción depende enormemente de lo que pase en el exterior. Es lo contrario de lo que puede suceder en Francia –que también exporta– o en Estados Unidos, que también exporta a veces. Tienen grandes mercados internos que amortiguan, que financian sus sectores, y cuando hay algún excedente salen al mundo y lo venden a cualquier precio. ¡El precio es secundario! ¡Para nosotros, el precio internacional es el que decide nuestra suerte aquí adentro! Esto hay que tenerlo claro. Y el primer problema que tiene la lechería uruguaya es de mercado, porque hay una crisis mundial que se está empezando a corregir, pero que ha durado demasiado.
¡No le vendemos a Venezuela por simpatía política, sino por absoluta e imprescindible necesidad! Además, le hemos cobrado con precios largamente lo que nos debe.
En un convenio con Estados Unidos hay una cláusula para venderle queso. ¿Por qué no le vendemos? ¿Por antipatía política? ¡No; porque los precios que nos ofrece son ridículos! Tenemos un tratado de libre comercio con México. ¿Por qué no le vendemos? No le vendemos porque el mundo es una guerra desde el punto de vista comercial.
Entonces, este problema del precio internacional es estratégico. ¿Y a qué se está jugando? ¡A durar, a aguantar! ¿Por qué? Porque reponer un tambero es lo más difícil que existe. Concuerdo con lo que dijo el señor senador Lafluf. ¡No tengo que decir más nada! Es mucho más fácil formar un ingeniero, que un tambero. Pero Uruguay tiene condiciones. Es un país transformador de pastos. ¡Tiene notables condiciones! En el mundo solamente nos aventaja en el costo por litro Nueva Zelanda. ¡En América Latina no hay ningún país que produzca leche más barata que el Uruguay, a pesar de todos los pesares! Pero tampoco existe una materia prima más protegida en el mundo que esta. Por lo tanto, el mercado mundial está totalmente distorsionado.
El Gobierno ha hecho lo que ha podido con respecto a esto. En realidad, a los precios a los que se ha vendido, todas las industrias sueñan con seguir vendiéndole a Venezuela, pero no por simpatía, sino por una razón mínima de rentabilidad que le dan los precios. Lo menos que tenemos que hacer nosotros en estas circunstancias es acompañar a las gremiales, contribuir a conseguir mercados si se puede y en donde se pueda y establecer todas las políticas paliativas que podamos. La solución es el precio internacional, pero este se está corrigiendo por la vía del mercado y los productores menos eficientes están sucumbiendo.
Acabo de llegar del Congreso Panamericano de la Fepale 2016, que se llevó a cabo en Chile, y este fue precisamente el tema de discusión: que toda la lechería latinoamericana está en crisis, que tiene problemas por todas partes. Este fue el tema central. ¡Había varios uruguayos!
Entonces, concuerdo con que esta no es la solución. Uruguay no puede generar una solución para un tema que depende de un precio internacional y en el que está sujeto a ser tomador de precios, pero, mientras tanto, lo que podemos hacer es tratar de colaborar en todo lo que sea posible para que el negocio se mantenga. Me parece que este proyecto de ley va un poco en ese sentido y por eso siento la necesidad de manifestarlo.
Se ha dicho que a Venezuela se le vendía por simpatía política o por esto o por lo otro. En realidad, históricamente hace muchos años que ese país abandonó la producción lechera interna, tal vez por el mal del petróleo o por lo que fuere. ¡Buena parte de los productores en Venezuela ordeñan una vez al día! Esto habla del retraso cultural en la materia. Creo que, cualquiera sea el régimen político, durante muchos años va a seguir importando. No va a tener más remedio que importar.
Ahora bien, antes de que el Uruguay vendiera, el gran productor-exportador a Venezuela era Estados Unidos, naturalmente con precios notoriamente distorsionados y subsidiados. Pienso que el Uruguay debe tener la inteligencia para tratar de mantenerse presente todo lo posible en ese mercado porque, desgraciadamente, el proteccionismo en la lechería va a continuar por decisión política de la mayor parte de los gobiernos del mundo. Para que se entienda claro: nadie quiere depender de que la mamadera tenga que ser importada, y por eso el comercio mundial de lácteos está enormemente distorsionado por trabas y subsidios de todo tipo. Si tenemos condiciones para ser un país exportador, lo mínimo que tenemos que hacer es colaborar con un comercio internacional que es difícil.
SEÑOR LACALLE POU.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Nosotros no podemos dejar pasar por alto cosas que acá se dicen por los senadores preopinantes en el sentido de que adjudicamos un tinte político a las relaciones con Venezuela. ¡Por supuesto que sí! ¿O a alguien le cabe la menor duda de que las relaciones entre Uruguay y Venezuela en los últimos años están íntimamente signadas por una afinidad política? ¡No se puede ser tan caradura, señor presidente!
VARIOS SEÑORES SENADORES.- ¡Eh!
SEÑOR MUJICA.- ¡Andá a decírselo a tu padre!
SEÑOR LACALLE POU.- ¡Si quiere decirme las cosas, pida la palabra! ¡Pida la palabra que no me va a correr gritando! ¡Pida la palabra!
SEÑOR MUJICA.- ¡El que faltó el respeto fuiste tú!
SEÑOR LACALLE POU.- ¡Pida la palabra!
SEÑOR MUJICA.- ¡No voy a pedir nada! ¡Voy a hablar todo lo que quiera!
SEÑOR PRESIDENTE.- Señor senador Lacalle Pou, no puede faltar el respeto ni adjudicar intenciones.
SEÑOR LACALLE POU.- Señor presidente: insisto en que los señores senadores Mujica y De León no pueden venir acá a decir que politizamos este tema. ¡Por favor! ¿A alguien le cabe la menor duda de que la mayoría de los negocios, muchos de ellos frustrados, se hicieron por una íntima vinculación política? No puedo dejar pasar que aquí se digan esas cosas. Ya tendremos tiempo en el Parlamento de investigar estos temas y nos enteraremos de qué fue lo que pasó realmente. Pero, mientras tanto, no podemos permitir que en esta cámara se diga alegremente que nosotros politizamos una situación que tiene, en su esencia, una vinculación estrechamente política y seguramente también algunos otros elementos.
SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: quiero destacar, cuando se dice que vamos a tener que seguir trabajando en estos temas, que lo que está sucediendo con estos negocios con Venezuela y sobre todo con las exportaciones de leche es que nos ponen frente a la realidad en forma descarnada. La realidad nos dice que en los años por venir esto va a ser cada vez peor porque el mundo está suscribiendo megatratados y acuerdos en los que se otorgan beneficios para ingresar, pero de los cuales nosotros no participamos.
Nosotros, que en este rubro de la lechería somos uno de los países más eficientes, como bien se dijo, en realidad no lo somos cuando ingresamos a los mercados porque muchas veces debemos pagar lo que otros mañana no tendrán que pagar. En ese sentido, el canciller Nin Novoa ha destacado más de una vez –también lo hacía el desaparecido embajador Lacarte Muró– que, nos guste o no –no depende de nosotros–, en este momento se están celebrando megaacuerdos comerciales, de los que estamos quedando afuera. El TLC entre Canadá y la Unión Europea ya fue aprobado, la Alianza del Pacífico está muy avanzada y el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos va a englobar a la tercera parte del comercio mundial. Creo que hay 250 acuerdos, y cuando uno revisa los que hemos firmado con el Mercosur, se encuentra con que lo hemos hecho con dos o tres países del África y algún otro más. Si no atendemos a esta realidad, nuestros productores, por más eficientes que sean, van a quedar afuera y vamos a tener que dirigirnos, como ya lo estamos haciendo, a mercados como el de Venezuela, que nos paga tarde pero que por lo menos nos compra. Y el gran secreto es tratar de ingresar a mercados donde nos paguen lo mismo que les pagan a otros.
Nueva Zelanda y Australia van a ingresar a una cantidad de mercados no solo con la leche, sino con otra cantidad de productos competidores de los nuestros, sin pagar aranceles, cosa que nosotros sí hacemos. Además, no solamente está la cuestión de los aranceles, sino también las otras barreras, porque todos estos tratados, como se dice, son «OMC plus»: ya no solamente se vinculan a las trabas derivadas de los tributos aduaneros, sino que van mucho más allá e incluyen una cantidad de otras posibles trabas mucho mayores. Si no nos ponemos al día, como dice el canciller Nin Novoa, y si no empezamos a atender a esta realidad, en no mucho tiempo quedaremos cada vez más afuera y recurriendo a mercados donde sabemos que hay demora en el cobro, pero a los que por lo menos les vendemos. Me parece que nos debemos un futuro mucho mejor que ese.
SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: no pensaba intervenir en la consideración de este proyecto de ley, pero la verdad es que se desparramó la discusión.
Hubo una acusación en el sentido de que las ventas a Venezuela están marcadas por afinidades ideológicas; en todo caso, eso hay que decírselo a Pili, a Claldy y a Conaprole. No me siento involucrado en eso.
En lo personal hablé con las empresas y nos dijeron que les parece muy negativo que nosotros estemos criticando los negocios con sus mercados. No nos metamos en el negocio de las empresas. Hace veinte años –desde antes de que asumiéramos el Gobierno– que nos están pidiendo que no politicemos el comercio internacional porque eso los perjudica. Seguramente, cuando quienes nos compran en Venezuela lean los diarios de nuestro país –en el mundo de hoy se escucha lo que nosotros discutimos aquí–, no les van a caer muy bien las afirmaciones que aquí se hacen, por lo que estaríamos afectando los negocios que hacen los productores lecheros a los que tanto tenemos que defender y las industrias lácteas que están trabajando. Me parece que esto es importante porque, en todo caso, insisto, la acusación no es para nosotros. Si se entiende que las relaciones comerciales tienen un carácter político, ese comentario tiene que ir dirigido a quienes están involucrados en eso. Por ahora, el Gobierno no tiene tambos ni fábricas de leche en polvo.
Por otro lado, quiero referirme, como ya lo hicieron los señores senadores Mujica y Bordaberry, a lo que sufrimos acá: al tema comercial. Cuando el Frente Amplio asumió el Gobierno, teníamos dos precios para la leche. No sé si los señores senadores lo recuerdan, pero había un precio de leche industria y un precio de leche consumo. Era un lío cada vez que se fijaba el precio de la leche, y lo que decidió el Gobierno fue respaldar la producción lechera. Para ello creamos el Instituto Nacional de la Leche y además dispusimos que, como íbamos a producir y a exportar más, el precio que regiría la lechería en el país sería el internacional. Esa fue una decisión importante y, a partir de ahí, quedamos sujetos a las reglas de juego de los productores de leche en el mundo.
Los datos demuestran que de los 160 países productores de leche, ocupamos el cuarto lugar entre los que producen leche más barata en el mundo. Esto obedece a nuestras condiciones, al lugar donde estamos y a nuestro agroecosistema, y así va a seguir siendo. Ahora bien, lo que importa para una producción que crece y que se exporta al mundo es el comercio del producto. Nosotros tuvimos libertad de comercio con los Estados Unidos y podíamos exportarle sin arancel, pero en realidad no nos sirvió venderle. El hecho de no tener arancel no arregla nada. Si nos pagan USD 1800 la tonelada de leche en polvo, ¿para qué sirve no tener arancel? Lo que nos importa no es no tener arancel, sino defender la producción nacional e insertarnos en los mercados, con sus reglas de juego, manteniendo el bajo costo de producción.
El Inale está haciendo un estudio muy interesante, en el que sigue la evolución de 64 variables, en 14 grupos, y analiza cómo va evolucionando el costo de producción en el Uruguay. Y lo está haciendo porque es consciente de que el costo de producción es estratégico para el Uruguay. ¿Con qué nos encontramos? Con que en el último año algunos costos subieron mucho. Aumentaron mucho la inseminación –pero como participa poco, no pesa demasiado–, la reparación y el mantenimiento de máquinas –que pesa y es importante– y las semillas. Ahora bien, tengamos en cuenta que los arrendamientos subieron un 15 % y que este es un costo de producción que habrá que discutir. Esto sí que es alta política. La mitad de la lechería se desarrolla en tierras arrendadas y, por lo tanto, tiene un socio, que es el propietario jurídico de la tierra y que en realidad está percibiendo USD 145 por hectárea sin producir, por el derecho de propiedad. Esto lo vamos a tener que analizar, porque si suben los costos de los arrendamientos un 15 % en un año, esto perjudica el costo de producción de la leche, así como si suben los precios de las semillas y de la reparación de maquinarias. Con esto quiero decir que estos temas son de largo plazo. Los países que producen leche o lo que sea tienen políticas para cada una de estas cosas. Este es un asunto de política, que tenemos que analizar y discutir porque hace a la viabilidad del sistema productivo. En realidad, nosotros no tenemos ningún subsidio a la lechería; somos de los pocos en el mundo que no subsidiamos. No les podemos vender un paquetito de queso rallado a los norteamericanos, a los franceses, a los españoles, a los belgas, a los holandeses ni a los alemanes, porque ellos protegen su producción. De manera que este es un tema que vamos a tener que analizar en todas sus variables.
Me parece que el Gobierno ha hecho un esfuerzo significativo para definir que la lechería es estratégica, ha tomado distintos tipos de medidas al cabo del tiempo, y acá se metió a ayudar a las exportaciones en condiciones beneficiosas para el país. Bienvenido sea ese esfuerzo. Estas cosas no son simples, son complejas. Pero hoy estamos acompañando un proyecto de ley que va a otorgar un nuevo apoyo a un sector que está en dificultades en este momento.
SEÑOR BORDABERRY.- Quizás no me expresé con claridad y no se comprendió lo que quise decir. Voy a tratar de decirlo de una forma que se pueda entender.
Lo que digo es que con todos estos megaacuerdos y tratados que se están firmando, las barreras no solamente van a ser arancelarias. Esa es mi preocupación. Los acuerdos «OMC plus» u «OMC plus 2» van mucho más allá de un tema de beneficio arancelario solamente. Son acuerdos que van a las condiciones laborales, al medioambiente, a los derechos de propiedad intelectual. Hoy en día estos acuerdos tienen una cantidad de otros componentes y si mañana no somos parte de ellos, se nos van a levantar esas barreras y esto va a ocurrir mucho antes de lo que nos imaginamos. El canciller está hablando de un horizonte 2018-2019.
Entonces, creo que cumplo con mi deber –porque, obviamente, no tengo capacidad para aprobar o llevar adelante estos acuerdos– de advertir que la situación que se viene va a dificultar aún más al propio sector de la lechería y de la producción del Uruguay. Esto, que hoy estamos tratando de solventar a partir de la eficiencia, no va a alcanzar, y eso va a suceder mucho más pronto de lo que nos imaginamos.
No quiero ingresar al tema de si se puede hablar o no de Venezuela y de la política, pero creo que nunca debemos coartarnos esa posibilidad. El verdadero motivo que tiene esta ley no es por generosidad del Poder Ejecutivo, sino porque sabe que se mandó una macana, y lo hizo con nosotros acá. Cuando aprobamos el canje de la deuda de Ancap, vino el señor ministro de Economía y Finanzas y nos dijo a todos –está en la versión taquigráfica– que el dinero no iba a ir a Venezuela, sino que se iba a quedar acá y que se iban a cobrar las futuras y pasadas exportaciones en una cuenta en el Bandes Uruguay. Recuerdo que cuando discutimos el proyecto de ley, el señor senador Camy pidió incluir un artículo que dijera eso, pero todos confiamos en la palabra del Poder Ejecutivo. Cuando uno está sentado aquí, señor presidente, a veces duda acerca de si poner o no exigencias en estos casos. En aquel momento pensamos que el señor senador Camy tenía razón, pero nos pareció que la solución para el endeudamiento de Ancap era positiva y no queríamos trancarla. Y por no haberlo hecho, no nos aseguramos de que el dinero quedara acá y el dinero se fue, pese a que el Poder Ejecutivo nos decía que iba a quedar aquí. Ahora tenemos que estar votando estas leyes por un error del Ministerio de Economía y Finanzas. Y sí, es el negocio con Venezuela… y voy a seguir hablando del negocio con Venezuela cuando sucedan estas cosas.
SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR AGAZZI.- Yo ya hablé de eso, hablé de cómo se había hecho el acuerdo, de lo que implicaba y, lamentablemente, se ve que el señor senador Bordaberry no estaba atendiendo en ese momento. No lo voy a repetir ahora. Como sé de su buena fe cuando argumenta, cuando lea el acta va a encontrar cómo fue el acuerdo, qué implicaba y qué fue lo que pasó para que no se cumpliera. No lo voy a explicar de nuevo, señor presidente.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Esperé para intervenir al final, a los efectos de respetar la oratoria de los señores senadores.
Nosotros también nos entrevistamos con representantes de Claldy y nos dieron una visión, diría, de comprensión de la situación del cliente. En el mundo de los negocios a veces hay que comprender a la otra parte. Todos conocemos la situación interna que padece Venezuela, con una situación política muy complicada y también con el principal commodity que exporta Venezuela a precios de ruina. Al mismo tiempo, también nos dieron una opinión favorable a este proyecto y, además, como un elemento necesario.
Creo, señor presidente –concuerdo con el señor senador Bordaberry–, que los temas comerciales hay que examinarlos sin prejuicios de ningún tipo, sabiendo que el voluntarismo comercial es un mal consejero para estas cosas. Por lo tanto, quiero decir que cuando hemos analizado el comercio con Venezuela, desde los tiempos del Protocolo de Adhesión al Mercosur, lo hemos hecho con total independencia de cualquier simpatía o no; era ventajoso no solo porque era la adhesión de un miembro más al Mercosur, sino porque, además –en el Senado se habló de eso allá por el año 2007–, había anexos a ese Protocolo de Adhesión que contemplaban la situación de Uruguay y Paraguay, y no así de Brasil y Argentina.
Señor presidente: en ese contexto comercial con Venezuela, es verdad lo que se dice respecto a que hace treinta años que están exportando. Incluso, algún legislador del departamento de Colonia que no pertenece a nuestra fuerza política precisamente, pero que es muy criterioso en sus opiniones, ha marcado una diferencia al decir que en Colonia hay empresas que han desarrollado sus plantas a partir de Venezuela.
Cuando nosotros vemos el contexto comercial de Venezuela con Uruguay, corresponde destacar que en el año 2005 Venezuela ocupaba el decimonoveno lugar como destino de las exportaciones de bienes, pasando a posicionarse en los últimos años, hasta el 2014, como uno de los principales cinco destinos. Hay gráficas muy claras al respecto. Creo que hay que decir también que esto es producto de acuerdos de complementación económica vía Aladi que fueron hechos voluntariamente por Venezuela. Es importante decirlo y que quede consignado, porque esto, que venía para hacerse automáticamente una vez que saliera el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, estuvo durmiendo muchos años en el Senado paraguayo. De manera que se nos dañó, señor presidente, se nos dañó y nadie lo advirtió.
Entonces, el Gobierno venezolano, que tenía necesidad de agroalimentos, fue a Aladi e hizo dos listas: una para Paraguay y otra para Uruguay, las mismas que traía el Anexo IV del Protocolo de Adhesión que se votó en el Parlamento en el año 2007. A partir de 2008 se registra el salto de Venezuela al sexto lugar de nuestros clientes; al séptimo en 2009; al sexto en los años 2010 y 2011, y al quinto en 2012 y 2013. En 2014 estaba en el sexto y a partir de 2015 bajó al decimoprimer lugar.
Hay que decir, señor presidente, que esa necesidad de productos agroindustriales exportados a Venezuela nacía de la propia Venezuela. Como ha dicho aquí el señor senador Mujica, hubo un abandono de este sector por parte del país hermano, donde no existe una práctica como la que tenemos en el Uruguay. Por lo tanto, lo hemos conectado con todo lo que implica lácteos, carne bovina, carne de ave, arroz, así como con otros productos agroindustriales y algún químico-farmacéutico.
Señor presidente: sobre la importancia de exportar a Venezuela podemos decir que de cada tres dólares exportados, dos correspondían al sector lácteo. Es verdad lo que se ha dicho acá en cuanto a que en la campaña electoral pasada el candidato Capriles recriminaba al Gobierno central –este es un problema de discusión política en Venezuela– la falta de desarrollo del sector lácteo en aquel país. Lo escuché en una radio cuando estaba aquí, en Montevideo, y me pareció interesante. Pero mientras no se lleve a cabo esa política de desarrollo en Venezuela, tenemos la enorme chance de seguir exportando a ese país, obviamente dentro de las condiciones del propio mercado venezolano.
¿Por qué hay una diferencia tan grande entre Venezuela y los demás destinos? En los estudios a los que hemos accedido para informar este asunto se dice que el diferencial de precios observado a favor del mercado venezolano seguramente obedece a los riesgos de cobranza inherentes al mismo: a mayor riesgo, mayor renta. Quiere decir que los vendedores saben a quién venden y saben cuáles son los problemas que tenemos con el mercado venezolano.
Se menciona, también, que durante los últimos años se han presentado demoras en forma frecuente en el cobro de las ventas –lo cual no es nuevo– y que en varias ocasiones estas situaciones fueron saldadas a través de gestiones entre los Estados.
Señor presidente: para finalizar, quiero decir que del análisis que tenemos en nuestro poder –que es un muy buen material– surge que en el caso de la leche en polvo, los negocios realizados con Venezuela proporcionaron durante todo el período considerado una ganancia incremental de USD 93 millones. Para las exportaciones de queso se generó en el mismo período una renta de USD 111 millones. Con esto podemos decir que la renta adicional marcada en los precios que superan el promedio general de otros mercados está arriba de los USD 205 millones. Por eso, cuando uno habla con los productores entiende por qué desean seguir negociando con Venezuela. En este sentido, aun con las dificultades que tiene ese mercado, nos afiliamos a que eso se siga haciendo.
Desde ese punto de vista –por supuesto, salvando las observaciones que se han hecho de manera oral–, coincidimos en que este es un buen proyecto y que va a salvar un momento que ha sido dificultoso, por lo que creemos que hay que seguir por este camino de conservar el cliente y ratificar una línea comercial de buen relacionamiento con Venezuela.
21)	SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
Por la presente, solicito a usted y al Cuerpo que preside, licencia para el senador José Carlos Cardoso por los días 9, 10, 16, 17, 25 y 26 de mayo de 2016, de acuerdo con el artículo 1.º, literal A, de la Ley n.º 17827.
Álvaro Delgado. Senador.
Coordinador de bancada».
22) EMPRESAS LÁCTEAS EXPORTADORAS
23) RÉGIMEN DE TRABAJO
SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se discuta ahora el tercer punto del orden del día, que refiere a la acuicultura; luego el décimo punto, relativo al pueblo Zapicán, y posteriormente se levante la sesión, dejando los restantes asuntos para el día de mañana.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley n.º 19175, de 20 de diciembre de 2013, a todos los efectos impositivos la acuicultura será considerada actividad agropecuaria. (Carp. n.º 418/2015 – Rep. n.º 242/2016)».
SEÑORA AYALA.- Señor presidente: la acuicultura ha tenido un crecimiento sostenido como actividad formal en las economías mundiales. Su crecimiento tiene como finalidad principal el abastecimiento de una demanda creciente de alimentos. En ese sentido, nuestro país ha declarado la actividad de acuicultura, en todas sus formas, etapas y especies, como de interés nacional, y así lo ha recogido el Decreto n.º 259, de 26 de junio de 1996, y la Ley n.° 19175, de 20 de diciembre de 2013, sobre pesca responsable y fomento de la acuicultura.
El marco legal aprobado pone énfasis en la investigación, en el uso de tecnología, en la conservación, en el desarrollo sostenible, y en el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y su repercusión en los ecosistemas que los contienen.
Este Cuerpo aprobó hace un tiempo la participación de Uruguay en la Red de Acuicultura de las Américas, aprobado en la convención suscrita en Managua el 18 de abril de 2012.
Nuestro país cuenta con reservas hídricas muy beneficiosas para este tipo de actividad, pero requiere –sobre todo si nos enfocamos en determinadas especies– un desarrollo de la producción vinculado a la investigación y al uso de la tecnología. Estos ciclos de producción extendidos en el tiempo generan costos financieros importantes. En Uruguay, los emprendimientos de producción intensiva en esta área son aún escasos; la disponibilidad de insumos locales también resulta escasa, y a esto se agrega el costo financiero.
Es en atención a esta realidad que el proyecto de ley remitido a estudio de este Cuerpo pasa a considerar la acuicultura como actividad agropecuaria.
La Comisión de Hacienda ha aprobado este proyecto de ley, denominado «Acuicultura», que exonera del impuesto al valor agregado los bienes y materias primas a emplearse para su producción. La iniciativa consta de un único artículo por el que se establece que a los efectos impositivos la acuicultura será considerada como actividad agropecuaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 de la Ley n.º 19175, de 20 de diciembre de 2013, que refiere a beneficios tributarios.
En virtud de lo expresado, la Comisión de Hacienda tiene a bien poner a consideración de la Cámara de Senadores el proyecto de ley presentado, aconsejando su aprobación
SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: me parece que se trata de un proyecto de ley importante. Este tema fue discutido en la legislatura pasada, cuando aprobamos la actual ley de pesca. Convengamos que hoy la actividad de pesca en el Uruguay parece más una actividad minera que una productiva: agarrar lo que hay. En realidad, tirar la red para agarrar lo que hay es muy diferente que producir. Esto se viene planteando desde hace tiempo; algunos proyectos que ya tienen unos años en Uruguay plantean la producción de bienes hidrobiológicos. Quizás la FAO fue la que trabajó más tenazmente en esto. Sin embargo, lo que pasa en el mundo no sucede en el Uruguay. En el exterior, la producción de carne de pescado es cada vez más importante; más de la mitad del consumo mundial no se pesca ni se captura, sino que se produce.
En la consultoría de la FAO de los años 2006 y 2007 –la recuerdo muy bien– se hicieron algunos talleres con productores intentando fomentar la producción de peces, es decir, la acuicultura, pero se interesaron más los académicos, los investigadores, las autoridades del momento y algún empresario innovador. Se trata de una actividad muy poco desarrollada, pero con grandes perspectivas; tiene un desarrollo incipiente pero una muy buena potencialidad. Diez años después de haber realizado aquellas actividades con Infopesca, con participación de la FAO, debemos dar una nueva mirada a este tema.
La empresa Esturiones del Río Negro S. A. existe desde 1994. Este emprendimiento fue el señero, por decirlo de alguna manera. Actualmente se ocupa de toda la cadena, es decir, tiene incubadoras de peces, cría y engorde. En la producción de carne de pez tenemos las mismas etapas que para la producción de cualquier carne: hay que producir en pie, criarlo y engordarlo antes de la faena. Esturiones del Río Negro ha demostrado que tenemos posibilidades de contar con un producto de muy buena calidad a nivel internacional cuando las cosas se hacen bien.
Existe otra empresa instalada en San Gregorio a partir de 2010 que está produciendo carne de los animales faenados y a partir de ahora va a comenzar a producir caviar.
También hay buenas instalaciones en Andresito que, según tengo entendido, están buscando asociarse con otra empresa, también para producir caviar.
Hubo algunos otros intentos. Por ejemplo, el de la langosta australiana funcionó bien desde el punto de vista productivo, pero tiene un bajo valor en los mercados. Además, la producción en el país, tal como se está dando hasta ahora, no es competitiva.
Lo que sí tiene perspectiva es el cultivo en embalses de riego, sobre todo con los sábalos. Los que trabajan en esto dicen que es una especie forrajera porque durante los dos primeros años no hay que darle alimento ya que lo procura del fondo de los embalses. Se trata de un cultivo semiintensivo, del que ya se llevó a cabo un ciclo completo con financiamiento de la ANII y del Fondo Sectorial para Pesca y Acuicultura. La ley de pesca crea un fondo sectorial para el fomento de estas actividades y ya se está aplicando. La producción de sábalos, que desde el punto de vista técnico fue apoyada por la ANII y por este fondo sectorial, mostró buenos resultados productivos.
En cuanto a la producción de tilapia anduvimos dando vueltas; vinieron técnicos internacionales y parece que el problema es más comercial que productivo. Brasil es un gran productor de esta especie y Uruguay también puede serlo, pero si bien hay mercados que la demandan, existen problemas comerciales.
Entonces, la acuicultura es una producción incipiente que tiene importantes nichos fuera y dentro del país, como por ejemplo la cría de esturiones para exportar o la cría de sábalos en los embalses para la producción de carne.
También vamos a mencionar el trabajo que realizó la Dinara en la vieja lobería del Cabo Polonio, donde instaló un centro de maricultura en el que funciona bien el cultivo del lenguado. Este es un emprendimiento que cuenta con el apoyo del Gobierno japonés y en este mes se dará a conocer su resultado. Estos son elementos que pueden tener importancia.
A los efectos impositivos, el proyecto de ley considera esta actividad como productiva, es decir, la asimila a la producción agropecuaria. Eso fue lo que dio más trabajo: que la burocracia tributaria entienda que pescar no es lo mismo que producir, y que debemos aplicar la tributación que corresponda al sistema productivo que queremos respaldar. Reitero: esto dio bastante trabajo. La especialización técnica de hoy en día lleva a que cada uno se especialice en su área, y es difícil que una persona pueda distinguir los distintos sistemas productivos desde un escritorio si nunca vio una unidad piscícola funcionando ni a la gente que allí trabaja. Esta actividad puede generar muchos puestos de trabajo. La nueva ley de pesca ya le da a la acuicultura beneficios tributarios, pero solamente para las inversiones. Esto que se propone es para la tributación común y corriente, y me parece que se hace bien en considerarla como una actividad productiva. Uruguay debe seguir trabajando para ver si tomando como base este estado incipiente se puede desarrollar como un rubro más, lo que es importante para el país.
Creemos que es un buen proyecto de ley y que es un nuevo respaldo para esta actividad.
SEÑOR LACALLE POU.- Señor presidente: creo que se trata de un proyecto de ley bien oportuno.
Como señalaba el señor senador Agazzi, actualmente en el mundo la captura artificial está creciendo de forma mucho más pronunciada que la captura natural. En nuestro país, además de los ejemplos que se citaron, hay que nombrar al Inape, que en su momento hizo un buen trabajo. Quizás faltaron recursos, pero para un pequeño productor rural, la producción complementaria, por ejemplo, del pejerrey, era un buen negocio en cuanto a inversión y venta.
Esta nueva forma de tributación no solo ayuda a la cría artificial, sino también a mantener las especies. Pensamos que en Uruguay debe existir un control más férreo en cuanto a la utilización de las artes de pesca, no solo en el Río de la Plata y en el océano Atlántico, sino también en arroyos y ríos, porque la depredación es muy grande. La acuicultura también puede tener un papel importante en cuanto a la conservación de las especies, tal como lo vemos en otros lugares del mundo.
Pensamos que es una buena iniciativa, que seguramente tendrá que estar acompañada de la debida instrucción e información. La Academia Nacional de Ciencias, concretamente el doctor Defeo, realizó un excelente informe sobre la pesca artesanal y comercial y la acuicultura. Allí tenemos un recurso importante y complementario, que se consume en el mundo y nuestro país tiene todas las condiciones naturales y geográficas para desarrollarlo.
SEÑOR PRESIDENTE.-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 de la Ley Nº 19.175, de 20 de diciembre de 2013, a todos los efectos impositivos la acuicultura será considerada actividad agropecuaria».
SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo oportunamente votado, se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para el pueblo Zapicán, departamento de Lavalleja, el día 30 de mayo de 2016, con motivo de conmemorarse los ciento veinticinco años de su fundación. (Carp. n.º 497/2016 – Rep. n.º 246/2016)».
SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: vamos a proponer que el proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes sea enviado nuevamente a dicho ámbito por las consideraciones que haremos a continuación.
Zapicán es un pueblo, tal como lo determina la Ley n.° 4337, de 12 de junio de 1913, que en su artículo 1.º establece que se declara pueblo «a la agrupación de casas conocidas con el nombre de Zapicán», situado en la 11.ª sección judicial del departamento de Lavalleja.
De forma curiosa, los dos diputados del departamento de Lavalleja, Mario García y Javier Umpiérrez, ingresaron el proyecto de ley tipificando a Zapicán como ciudad. Eso fue votado así, pero en el diario de sesiones del día en que se aprobó figura, en el punto 16, «Localidad de Zapicán, departamento de Lavalleja». O sea que Zapicán, que es pueblo, ha sido considerado ciudad y también localidad. Entendemos que esto debe ser corregido y por eso proponemos que se envíe el proyecto de ley nuevamente a la Cámara de Representantes, como señalé anteriormente.
Queremos decir, señor presidente, que hicimos las consultas pertinentes para asegurarnos de que no existieran modificaciones, ya que la variación de algunos elementos pueden llevar, con el correr de los años, a que un pueblo devenga en villa o en localidad, de acuerdo con una cantidad de elementos que no están en consideración ahora. Confirmamos, no solo con el INE, sino también con la División Arquitectura de la propia Intendencia de Lavalleja, la calidad de pueblo de Zapicán, así como su población, que según el mencionado instituto es de 553 habitantes, cuando en el proyecto original se hablaba de alrededor de 600.
Hechas estas aclaraciones y planteada la necesidad de que el proyecto de ley retorne a la otra cámara –como ya dije–, me gustaría ahora referirme brevemente a Zapicán, habida cuenta de que se cumplen 125 años de su fundación.
Si bien Zapicán tiene pocos habitantes, para ellos este es un proyecto de ley muy importante, por lo que nos parece bueno detenernos un momentito en sus características.
Como bien decía, Zapicán es un pueblo situado al norte del departamento de Lavalleja, sobre la ruta nacional n.º 14, a 234 kilómetros de Montevideo y a 123 de Minas, la capital del departamento. Se encuentra enclavado en la denominada cuchilla de Palomeque –así lo dice la exposición de motivos de los dos diputados departamentales, y me voy a ceñir a esa información–, y se comunica al oeste con la ciudad de José Batlle y Ordóñez, de la que dista 22 kilómetros, y al este con la ciudad de José Pedro Varela, de la que la separan 58 kilómetros. Por cierto, Varela está casi en el límite con Treinta y Tres, por lo que pertenece tanto a Treinta y Tres como a Lavalleja, por estar allí ubicada.
Zapicán fue fundado el 30 de mayo de 1891 por don Pablo Fernández.
Hay una cantidad de elementos que hacen que ese «grupo de casas» –como decía la ley de su creación– se haya desarrollado, obviamente con las dificultades que tienen estos emprendimientos.
La actividad ganadera y el desarrollo forestal son las actividades y las fuentes de trabajo principales de los habitantes de Zapicán.
Fue allí que en el año 2005 el presidente Tabaré Vázquez hizo su primer Consejo de Ministros en el interior de la república.
El 30 de mayo de 2016 se celebrarán los 125 años de su fundación –tal como decía anteriormente­– y se desarrollarán una cantidad de actividades vinculadas a esta celebración, aunque quiero decir que ya se están realizando algunas. Así lo expresó el señor representante García en su fundamentación en la Cámara de Representantes, al enfatizar que, desde el comienzo, este había sido un año muy especial para la población de Zapicán porque se habían iniciado ya los festejos correspondientes a este aniversario. «El domingo 10 de enero –decía–, en plena temporada de verano, Zapicán plantó bandera y lanzó los festejos en un acontecimiento que movilizó a toda la zona».
La presencia de Abel Soria marcó el puntapié inicial de lo que será la serie de festejos que seguirán su curso durante todo el año. Ya se llevó adelante el raid Patria Libre, actividad enmarcada, por supuesto, en la voluntad de los habitantes de Zapicán de resaltar este aniversario.
No ha sido fácil la vida de los pobladores de Zapicán. El hecho de que se suspendiera o suprimiera el ferrocarril fue un golpe muy duro para ellos, así como la falta de fuentes de trabajo y el factor migratorio, pero mantienen esa voluntad de festejo y de convivencia en una comunidad que merece, por lo menos, que consideremos el proyecto de ley que hoy estoy planteando que retorne a la Cámara de Representantes.
Es por eso, señor presidente, que desde la Comisión de Constitución y Legislación recomendamos que se apruebe este proyecto de ley que consta de dos artículos. Al artículo 1.º se le debe hacer la corrección correspondiente al texto remitido por la Cámara de Representantes y sustituir la palabra «ciudad» por «pueblo». El artículo 2.º plantea que se otorgue goce de licencia paga en la fecha indicada en el artículo primero a los trabajadores de las actividades pública o privada, nacidos o radicados en la referida ciudad.
Quiero agregar que la comisión se detuvo a analizar este proyecto de ley –con estos dos artículos–, que se caracteriza por tener un formato tipo para celebrar acontecimientos de esta naturaleza.
También consideramos si los festejos se realizan en los centenarios, cincuentenarios, ciento cincuenta años, o si hay fechas intermedias en las cuales vale la pena realizarlos. En virtud de los respectivos antecedentes, pudimos evacuar algunas de las dudas, por lo que proponemos la aprobación de este proyecto de ley, ya que estamos casi sobre la fecha a que se hace referencia, que es el 30 de mayo de 2016.
SEÑORA AVIAGA.- Señor presidente: estoy en todo de acuerdo con las manifestaciones de la señora senadora Payssé con respecto a Zapicán y a su historia, pero no con el hecho de que la leyes que hacemos –en este caso para Zapicán– no tengan gran incidencia.
Pueblitos como Zapicán son un ejemplo de lo que sucede en otros lugares, y esto se repite a lo largo y ancho de todo el país. Por ejemplo, la falta de conectividad sigue siendo un debe en Zapicán. La señora senadora Payssé nombraba la ruta nacional n.º 14, cuya reparación fue prometida el 25 de abril de 2005 –ocasión en que estuvo allí el presidente Tabaré Vázquez– para dar conectividad al pueblo, pero lamentablemente esta ruta sigue tan intransitable ahora como lo era en 2005 o en el año 2000.
Zapicán sigue teniendo un debe tan importante desde el punto de la conectividad, que hace que los jóvenes no puedan ir a estudiar porque no hay transporte público. Los padres y la comunidad deben tratar de ayudar a sus jóvenes a que vayan a Batlle y Ordoñez a estudiar.
La inclusión financiera que con tan buena intención se ha planteado desde este Parlamento, lamentablemente no ha sido incorporada a centros poblados, pueblos y villas de todo el país; por el contrario, a los efectos de la famosa tarjeta y de la terminal POS se los ha dejado en manos de empresas monopólicas. Es así que los comercios pequeños de todos esos pueblos y localidades están sufriendo la usura por parte de la empresa –capaz que hay más de una, aunque según mi conocimiento es solo una– que se encarga de «brindar ese servicio», entre comillas. Más allá de que este proyecto esté bueno y hasta pueda ser una caricia para el alma, debemos poner de manifiesto que si hoy los pobladores de Zapicán quieren pagar la luz, el agua y los servicios básicos, no lo pueden hacer como en otros lugares, sino que tienen que morir en estos famosos POS que algún alma caritativa termina trayendo en su comercio porque, por cierto, va a pérdida y no gana nada con eso.
Por ejemplo, el peón rural –recordemos que se trata de una zona rural; la gente trabaja en el campo– no tiene cajero en Zapicán para cobrar su sueldo. El vecino, el jubilado de peón rural, tampoco tiene dónde ir a cobrar la jubilación en Zapicán.
Me parece que debemos empezar a hablar de todos estos temas.
Estoy segura de que estos proyectos de ley se votan con la mejor intención pero después, en su aplicación, vemos cosas como las que pasan en Zapicán. Por eso, me parece que está bien recordar estos pequeños detalles –quizá pequeños para nosotros pero grandes para ellos– como, por ejemplo, que los lugareños no disponen de locomoción pública habitual ni buena que los conecte con Minas, Batlle y Ordóñez y Montevideo, que podría ayudarlos muchísimo.
Si el 25 de abril de 2005 fue importante para los habitantes de Zapicán, más importante es hoy y todos los días cuando recuerdan que su vida no cambió para bien, sino que, por el contrario, desde esa fecha los servicios se han recortado. Lamentable, pero es así. Quizá ello sea producto de la globalización, pero lo cierto es que Zapicán, Mendoza o cualquier centro poblado del interior de nuestro país sufren fuertemente por eso.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para el pueblo Zapicán, departamento de Lavalleja, el día 30 de mayo de 2016, con motivo de conmemorarse los ciento veinticinco años de su fundación».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga, en la fecha indicada en el artículo 1º a los trabajadores de las actividades pública y privada, nacidos o radicados en el referido pueblo».
(Así se hace, a las 13:02, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Agazzi, Aviaga, Ayala, Baráibar, Bianchi, Bordaberry, Carámbula, Coutinho, De León, Delgado, Heber, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Otheguy, Passada, Paternain, Payssé, Topolansky, Tourné y Xavier).

References: artículo 201
 artículo 68
 artículo 168
 artículo 168
 artículo 168
 resolución 
 artículo 68
 artículo 171
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 201
 artículo 171
 artículo 53
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1