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﻿ Sentencia 2004-06961 de diciembre 14 de 2011
SENTENCIA 2004-06961 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:PENSIÓN GRACIA. LA PENSIÓN GRACIA SE CAUSA ÚNICAMENTE PARA LOS DOCENTES QUE CUMPLAN 20 AÑOS DE SERVICIO EN COLEGIOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, DISTRITAL O MUNICIPAL, SIN QUE SEA POSIBLE ACUMULAR TIEMPOS DEL ORDEN NACIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, CARRERA DOCENTE, PENSIÓN DEL DOCENTE
Sentencia 2004-06961 de diciembre 14 de 2011
Rad.: 25000-23-25-000-2004-06961-01(0882-11)
Actor: Armando Zuluaga Garcia
Consiste en determinar si la resolución por medio de la cual Cajanal revocó el reconocimiento de la pensión gracia del actor, se ajustó o no a la legalidad.
En caso de que fuera ilegal, debe establecerse si el actor tiene derecho a que Cajanal continúe pagándole la pensión gracia en los términos de la Resolución 6285 de 1996.
Resolución 33905 de 27 de diciembre de 2002 proferida por la subdirección general de prestaciones económicas de Cajanal, mediante la cual revocó la Resolución 6285 de 24 de junio de 1996, que había reconocido y ordenado el pago de la pensión gracia del actor, en razón a que “(...) esta incursa en las causales de revocación previstas por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo (...) por hallarse dicho acto administrativo en oposición a la Ley 114 de 1993, y a la Constitución Política Nacional” (fls. 29-31).
Resolución 07141 de 2 de abril de 2003 expedida por el subdirector general de prestaciones económicas de Cajanal que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión anterior confirmando el acto de revocatoria directa de la pensión gracia del actor, argumentando que es procedente revocar la Resolución 6285 de 1996 porque el demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia (fls. 34-39).
Resolución 4686 de 17 de junio de 2004 suscrita por el jefe de la oficina asesora jurídica de Cajanal que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra las anteriores decisiones confirmando las resoluciones 33905 de 2002 y 07141 de 2003 proferidas por el subdirector general de prestaciones económicas de Cajanal, en razón a que la Resolución 6285 de 1996 “(...) está en oposición a las normas que sobre pensión gracia tratan, toda vez que el interesado no reúne los requisitos para acceder a esta según la Ley 114 de 1913, en consecuencia de lo anterior se revocó el acto administrativo proferido (...)”. (fls. 32-33).
El actor nació el 28 de julio de 1945, según consta en el certificado civil de nacimiento visible a folio 5 del cuaderno 2.
El jefe de la sección de hojas de vida de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. certificó que el demandante ha sido docente de secundaria de planteles nacionales desde el 5 de abril de 1974 hasta la fecha en que fue expedida la constancia, el 25 de septiembre de 1995 (fl. 8 – cdno. 2).
A folio 12 se incorporó el certificado del Fondo Educativo Regional de Santa fe de Bogotá D.C. en el que consta que el actor está inscrito en las nóminas de programa de planteles nacionales.
La jefa de división de personal de la Universidad Pedagógica Nacional certificó que el actor presta sus servicios en dicha institución desde el 3 de febrero de 1975 hasta el 9 de octubre de 1995 (fl. 9 – cdno. 2).
Mediante declaración juramentada el señor Gustavo Rendón Sierra manifestó que conoce al actor, quien es docente y se ha desempeñado con idoneidad, consagración, honestidad, eficacia y buena conducta, además que es de “escasos recursos económicos y que la docencia es el único medio de subsistencia que posee.”(fl. 6 cdno. 2). En igual sentido fue la declaración del señor Saúl Agudelo Velásquez (fl. 7 cdno. 2).
Reconocimiento de la pensión gracia
A folio 1 del cuaderno 2 obra la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia, radicada en Cajanal el 5 de diciembre de 1995. A folio 16 del mismo cuaderno se aportó el formato de solicitud de pensión gracia, diligenciado en la misma fecha.
Mediante la Resolución 006285 de 24 de junio de 1996 Cajanal le reconoció la pensión gracia al actor (fls. 17-19, cdno. 2).
Revocatoria de la pensión gracia
A través de la Resolución 33905 de 27 de diciembre de 2002, Cajanal revocó la Resolución 6285 de 24 de junio de 1996, que había reconocido y ordenado el pago de la pensión gracia del actor en razón “(...) está incursa en las causales de revocación previstas por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo (...) por hallarse dicho acto administrativo en oposición a la Ley 114 de 1993, y a la Constitución Política Nacional” (fls. 29-31) (acto acusado).
A folios 74 a 77 del cuaderno 2 del expediente obra el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión anterior.
A folios 34 a 39 se aportó la Resolución 07141 de 2 de abril de 2003 expedida por Cajanal que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión anterior confirmando el acto de revocatoria directa de la pensión gracia del actor (acto acusado).
Mediante la Resolución 4686 de 17 de junio de 2004 suscrita por Cajanal, se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra las anteriores decisiones confirmando las resoluciones 33905 de 2002 y 07141 de 2003 (fls. 32-33 (acto acusado).
El asunto bajo estudio se refiere a la revocatoria del acto de reconocimiento pensional a favor del actor hecho por Cajanal, porque según la entidad, la Resolución 6285 de 24 de junio de 1996 “está incursa en las causales de revocación previstas por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo”.
El artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, establece que los actos administrativos que creen o modifiquen situaciones jurídicas de carácter particular y concreto o reconozcan un derecho de igual categoría, no podrán revocarse sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.
Las causales dispuestas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, se refieren específicamente a la potestad que tienen los mismos funcionarios que profieren el acto o sus superiores, de oficio o a solicitud de parte, para revocar el acto en los siguientes casos:
Respecto de la causal referida al uso de medios ilegales, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de 16 de julio de 2002, Expediente IJ-029, M.P. Dra. Ana Margarita Olaya, sostuvo lo siguiente:
Lo anterior permite concluir que la revocatoria de los actos administrativos de carácter particular por la causal relacionada con el uso de medios ilegales para su expedición no requiere del consentimiento expreso del afectado pero sí del trámite establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo que a su vez remite al artículo 28 ibídem.
La Corte Constitucional en Sentencia C-835 de 2003, magistrado ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería, declaró la exequibilidad condicionada de la norma en cita “en el entendido que el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, se refiere siempre a conductas que estén tipificadas como delito por la ley penal”.
En el sub judice, Cajanal profirió la Resolución 33905 de 27 de diciembre de 2002, que revocó la Resolución 6285 de 1996, por la cual había sido reconocida la pensión gracia del demandante (fls. 29-31) sin que mediara su consentimiento previo, evidentemente resulta apartada de la ley y los pronunciamientos previamente expuestos, razón por la cual, tiene razón el a quo al concluir que “(...) De conformidad con lo anterior y si bien se declarará la nulidad de los actos acusados, al probar el actor que se incurrió en violación directa de la ley que consagra el procedimiento para la procedencia de la revocatoria directa de actos de carácter particular y concreto, no se puede acceder al restablecimiento del derecho, por lo que la demandada no está obligada a reanudar el pago de la pensión gracia (...)”.
No obstante lo anterior, el juez de primera instancia únicamente declaró la nulidad de los actos acusados, empero manifestó que el demandante no tiene derecho a la pensión gracia, por lo que es inviable ordenar que a título de restablecimiento del derecho, Cajanal la siga pagando.
En el escrito de apelación, el actor afirma que un derecho legítimamente adquirido no puede suspenderse por razón de un cambio en el criterio jurisprudencial, puesto que el Consejo de Estado y Cajanal hasta el 26 de agosto de 1997 (fecha en que fue proferida la Sent. S-699) reconocía la pensión gracia a maestros nacionales y territoriales.
Por lo anterior, procede la Sala a realizar el estudio de la pensión gracia, de la siguiente manera:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación: hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto esta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “...otra pensión o recompensa de carácter nacional”.
De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “...pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (art. 15, lit. B, num. 2, ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia... siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley”.
La Sala observa que el accionante laboró en planteles nacionales de acuerdo al certificado expedido por la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá (fl. 8 - cdno. 2), entre el 5 de abril de 1974 y el 25 de septiembre de 1995, es decir que laboró como docente nacional durante 21 años, 5 meses y 21 días.
En esas condiciones, el tiempo de servicio acreditado (21 años, 5 meses y 21 días) no es útil para efectos de acceder a la pensión gracia, porque como ya se dijo, fue en establecimientos educativos nacionales, y en esas condiciones, tiene razón el a quo al negar el restablecimiento del derecho consistente en la continuación del pago de la pensión gracia.
En este orden de ideas, como el tiempo laborado lo fue en calidad de docente nacional, el proveído impugnado que declaró no probadas las excepciones formuladas, anuló los actos administrativos acusados y negó las demás pretensiones de la demanda debe ser confirmado.
Confírmase la sentencia de 5 de agosto de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca que declaró no probadas las excepciones propuestas, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y negó las demás pretensiones de la demanda incoada por el señor Armando Zuluaga García contra la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE.

References: resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 artículo 69

Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 69
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 69
 artículo 73
 artículo 69
 artículo 74
 artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 15