Source: https://blog.ernestocedeno.com/2015/01/
Timestamp: 2019-09-23 04:50:41+00:00

Document:
enero 2015 – Ernesto Cedeño Alvarado
EL DR. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO PROMUEVE
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCION NO. 1 DE 2 DE JULIO DE
2014 DE LA ASAMBLEA NACIONAL.
SEÑOR MAGISTRADO PRESIDENTE LA
CORTE SUPREMA DE JUSITICIA: PLENO:
el Dr. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO,
abogado, panameño, mayor de edad, cedulado 8-229-2783, con oficinas
profesionales en Parque Lefevre, Avenida Central Santa Elena, PH Don David,
planta baja, Ciudad Capital, Teléfono de oficina 222-0001, correo electrónico
abogado@ernestocedeno.com.
Acudo ante este honorable
PLENO, en mi propio nombre y representación, en mi calidad de abogado, con el
objeto de interponer, como en efecto interpongo, acción de inconstitucionalidad,
a fin de que, previa audiencia del Procurador General de la Nación o el de la
Administración, según esté de turno, se declare inconstitucional, la Resolución
No. 1 de 2 de julio de 2014 de la Asamblea
FUNDO ESTA ACCIÓN EN LOS
julio de 2014, la Asamblea Nacional emitió la Resolución No. 1 “Que concede licencia a
algunos diputados y diputadas para ejercer la profesión de abogado de
conformidad con la Constitución Política de la República”.
2. Con la resolución de marras se conceder licencia, a los
diputados Katleen Levy, Zulay Rodríguez, Nubia Starnes de De Icaza,Luis Barría,
Leandro Ávila, Rubén Frías, Dana Castañeda, Nelson Jackson, Agustín Sellhorn,
Raúl Pineda, Ricardo Cerezo Rodríguez y David Guardia para que ejerzan la
profesión de abogado, mientras ejercen el cargo de
3. El numeral 4 del Artículo 158 de la Constitución Política
de la República de Panamá, prohíbe a los Diputados la suscripción de contratos,
por sí mismos o por interpuestas personas, con entes públicos; con la excepción
del caso de los Diputados que actúan en ejercicio de la profesión de abogado
ante el Órgano Judicial, fuera del periodo de sesiones o dentro de éste mediante
licencia, para separarse del cargo,
previamente concedida por el pleno de la Asamblea Nacional de
Código de Ética y Honor Parlamentario (Cfr. Ley 33 de 2005, Gaceta Oficial
25,418 de 31 de octubre de 2005), en armonía con el texto constitucional dispone
como una incompatibilidad con los deberes propios del cargo de Diputado o
Diputada, “ejercer
un cargo público o una profesión remunerada a tiempo completo, excepto aquellos
casos que la Constitución Política y la ley lo permitan. Fuera de las
excepciones planteadas, no podrá invocar el ejercicio profesional como excusa
para el incumplimiento de su cargo parlamentario, salvo en casos de emergencia
acreditada.”
5. Lo anterior prohíbe a los Diputados-Abogados el ejercicio
de la profesión durante el período de sesiones, con el objeto de evitar
intereses contrapuestos frente a una dualidad de fundones, como lo es: legislar
y litigar.
6. El ejercicio paralelo de ambas funciones, puede generar
graves conflictos de intereses, serios pues las funciones desarrolladas por un
Diputado o Diputada, abarcan e inciden forzosamente las de los otros Órganos del
Estado, al momento de aprobar leyes o ratificar nombramientos o emitir votos de
TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA
DISPOSICIÓN, NORMA O ACTOS ACUSADOS DE
Que concede licencia a algunos diputados y
diputadas para ejercer la profesión de abogado de conformidad con la
Que el numeral 4 del artículo 158 de la Constitución Política de la
República de Panamá señala que el diputado que sea profesional del Derecho puede
ejercer la profesión de abogado ante el Órgano Judicial, fuera del periodo de
sesiones o dentro de este, mediante licencia;
Que es potestad de esta Cámara conceder licencia para el ejercicio de la
profesión de abogado a todos los diputados que sean profesionales del Derecho y
así lo soliciten;
Que los diputados Katleen Levy, Zulay Rodríguez, Nubia Starnes de De
Icaza, Luis Barría, Leandro Ávila, Rubén Frías, Dana Castañeda, Nelson Jackson,
Agustín Sellhorn, Raúl Pineda, Ricardo Cerezo Rodríguez y David Guardia son
idóneos para ejercer la profesión de abogado en la República de Panamá y han
solicitado licencia para su ejercicio.
Conceder licencia, de conformidad con el numeral 4 del artículo 158 de
la Constitución Política, a los diputados Katleen Levy, Zulay Rodríguez, Nubia
Starnes de De Icaza,
Luis Barría, Leandro Ávila, Rubén Frías, Dana Castañeda, Nelson Jackson,
Agustín Sellhorn, Raúl Pineda, Ricardo Cerezo Rodríguez y David Guardia para que
ejerzan la profesión de abogado.
Esta licencia será efectiva desde su aprobación hasta que haya concluido
el periodo para el cual fueron elegidos.
Dada en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los dos días del
mes de julio del año dos mil catorce.
INDICACIÓN DE LAS
ARTICULO 19. No
habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento,
discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas
Le resolución
atacada violenta directamente por comisión la Norma Suprema ut supra, pues
permite para los abogados, el ejercicio de dos funciones paralelas, la de
legislar y la de ejercer como letrado, sin embargo, para los otros diputados que
otras profesionales liberales, no pueden ejecutar
esta prerrogativa.
ARTICULO 150. Los
Diputados actuarán en interés de la Nación y representan en la Asamblea Nacional
a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito
resolución atacada, violenta directamente por comisión, la disposición
constitucional citada, cuenta habida, que permite al Diputado el ignorar, su
función primordial como diputado, cual es la de actuar
en interés directo de la Nación y la de representar a los electores que lo
eligieron y no a un, poderdante en litigio.
ARTICULO 158. Los
Diputados no podrán hacer por sí mismos, ni por interpuestas personas, contrato
alguno con Órganos del Estado o con instituciones o empresas vinculadas a este,
ni admitir de nadie poder para gestionar negocios ante esos Órganos,
instituciones o empresas.
Quedan exceptuados los casos
1. Cuando el Diputado hace uso personal o profesional de
servicios públicos o efectúe operaciones corrientes de la misma índole con
instituciones o empresas vinculadas al
2. Cuando se trate de contratos con cualesquiera de los
Órganos o entidades mencionados en este artículo, mediante licitación, por
sociedades que no tengan el carácter de anónimas y de las cuales sea socio un
Diputado, siempre que la participación de este en aquellas sea de fecha anterior
a su elección para el cargo.
3. Cuando, mediante licitación o sin ella, celebran
contratos con tales Órganos o entidades, sociedades anónimas de las cuales no
pertenezca un total de más de veinte por ciento de acciones del capital social,
a uno o más Diputados.
4. Cuando el Diputado actúe en ejercicio de la profesión
de abogado ante el Órgano Judicial, fuera del período de sesiones o dentro de
este mediante licencia concedida por el Pleno de la Asamblea
La norma impugnada salió a la
vida jurídica, por virtud de una interpretación errónea,
del numeral 4 del artículo 158 ibídem, que dio la Asamblea Nacional, toda
vez que lo que el constituyente previo, era la posibilidad de que el diputado –
abogado, que quisiera litigar, pidiera un licencia en el ejercicio de su cargo o
de su curul, para ejercer, y no que se le permitiera ejercer dos funciones
paralelas, a saber; la de legislar y la de
Debo decir que el término
licencia, en el sentido generalmente admitido en el derecho administrativo
aplicable a los servidores públicos, es la autorización legal, que obra a favor
de un funcionario, para poder separarse temporalmente de su cargo, y
realizar, en consecuencia, otra función que desee llevar a cabo. Así
debiera entenderse el concepto de la norma constitucional in examine y no como
lo hizo la Asamblea Nacional, en la resolución
deplorada.
La licencia que definió el
constituyente, no es para que se permita la dualidad de funciones, sino para
cesar la función de diputado y permitir ocuparse, únicamente en el ejercicio del
¿Qué está permitiendo hoy, esa
prerrogativa otorgada por la Asamblea Nacional a favor de los
diputados-abogados?
los diputados litiguen dentro del periodo de sesiones, esto les permite cobrar
su sueldo íntegro además del honorario profesional que les da el cliente. ¿Esto
es plausible?
los diputados litigantes tengan una ventaja sobre el resto de los abogados, en
los litigios, ya que los Diputados, juzgan a los
los diputados estén ejerciendo el poder que les da el cargo, para beneficiarse
inmoralmente.
abogados que laboran en el sector público como asesores legales, para litigar
piden permiso y lo pagan con tiempo o se les descuenta de su sueldo, pues
podrían cometer peculado, si no lo hacen; empero, los diputados están eximidos
de esto, conforme se entiende de la redacción de la norma emitida por parte de
electores votaron por sus diputados en el entendimiento de que éstos, les iban
a imprimir, tiempo completo a su misión legislativa, no obstante, la norma
impugnada ignora esto.
PRUEBA. Copia
autenticada de la RESOLUCION NO. 1 DE 2 DE JULIO DE 2014 DE LA ASAMBLEA
NACIONAL. Hago
énfasis que la Asamblea Nacional autentica los documentos de una forma que
parecen copias simples, pues lo hacen con un sello, pero es la copia autenticada
que me dieron y hace plena prueba en el proceso. No ha sido publicada en
DERECHO: Artículos: 19, 150,
158 y siguientes de la constitución panameña; artículos 2559, 2560, 2561 y
concordantes del código judicial patrio.
Fecha: la de su
Del señor Magistrado
Dr. ERNESTO CEDEÑO
8-229-2783
Algunas personas pudieran pensar que la auditoria que pudiera estar realizando la contraloría en las juntas comunales, son suficientes para deslindar las responsabilidades en el uso de las llamadas partidas circuitales, por parte de los diputados. Tal tesis es un error y los que la promueven, desconocen el derecho, los aspectos procesales y el informe que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema.
Ningún ente hoy en día, está auditando la administración que le dispensaron, los diputados del quinquenio pasado, a las partidas circuitales. Cada diputado, pedía que se le hicieran sus transferencias, a los organismos que el libremente le designaba al MEF.
Podría ser saludable que la Corte, al admitir la denuncia, le ordenara a la contraloría, hacer las auditorias de la administración de las partidas circuitales, en un tiempo perentorio, incluyendo todos los componentes que dio el MEF, pero se requeriría además, que el Tribunal Electoral con sus auditores, hiciera lo propio, en el supuesto uso de las partidas en campaña electoral.
La auditoría que pudiera hacer él TE, no llevaría por propósito, la perdida de la credencial (pues el tiempo para ello ya prescribió) sino el inicio del proceso sancionador o no, por la utilización de los bienes del estado en política, conforme reza el código electoral patrio.
La denuncia que presenté contra los diputados, enfocaba estos dos componentes.
¿Si la Fiscalía Segunda Anticorrupción formuló cargos por peculado, corrupción y fraude por contrataciones públicas a la exministra de Educación Lucy Molinar, por la compra de 600 mil mochilas escolares a un costo de $12 millones a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) determinándose, que hubo sobrecosto en la adquisición de las mochilas; porque razón no se ha iniciado a la fecha, unas sumarias en averiguación, en el caso de la ACP y sus sobrecostos que son multimillonarios, por los mismos cargos que se le imputan a la prenombrada?
En Panamá existe un solo código penal que rige para ricos y pobres. No debe haber selectividad en las investigaciones, ni mucho menos fueros ni privilegios. Ver el artículo 19 constitucional.
Recientemente una institución de arbitraje, reconoció parcialmente uno de los reclamos por sobrecostos, de US$233 millones de los US$463 reclamados, por el principal contratista de la ampliación de la vía, Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y ninguna autoridad le ha exigido cuentas a la ACP por esto y nadie investiga nada.
Dice la ACP que el programa total de la ampliación, tiene un presupuesto de US$5.250 millones.
El año pasado, el Grupo Unidos por el Canal de Panamá paralizó las obras en las esclusas a causa de un reclamo de 1,600 millones de dólares que la ACP se negó a pagar fuera de contrato, pero las partes llegaron finalmente a un acuerdo en marzo para continuar los trabajos. (No sabemos muy bien en que le perjudicó al Estado económicamente, este acuerdo).
El GUPC se adjudicó en 2009 el proyecto de la construcción del tercer juego de esclusas por su oferta de 3.118 millones de dólares.
anuncio que yo no pertenezco a ningún equipo de defensa del magistrado Moncada
Luna ni he firmado nada en su favor. Favor tomar en cuenta esto ya que en los
medios alguien declaró otra cosa. Están utilizando mi nombre incorrectamente.
Este caso yo no lo aceptaría.
comunicaciones, particulares, etc.
Se deja claro que para interceptar y/o bloquear en todo o en parte las
Según las estadísticas del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, las entidades públicas hacen mal su trabajo en el tema contractual.
Porcentaje de decisiones en el año 2013 (B/. 226, 183, 546,70)
Revocar la decisión de la entidad- 60%
Confirmar- 30%
Rechazo de plano y/o desistimientos- 3%
Inadmisiones, inhibiciones, no viables- 7%
Porcentaje de decisiones en el año 2014 (B/. 878, 554, 589,70)
Revocar la decisión de la entidad- 58%
Confirmar- 24%
Rechazo de plano y/o desistimientos- 7%
Inadmisiones, inhibiciones, no viables- 11%
Análisis propio sobre las posibles causas, del desastre administrativo.
6. Desviación de Poder en los entes públicos, para favorecer a ciertas empresas.
7. No procuran corregir, los errores institucionales cometidos.
8. No existe un ente conocido, con capacidad legal y funcional, para controlar por ley, el buen desempeño del Estado, en los procesos de compras.
Panamá 12 de enero de 2015
Nombre Cédula Firma

References: Resolución

 Resolución 
 resolución 
 Artículo 158
 artículo 158
 artículo 158
 resolución

resolución 
 artículo 158
 resolución

 artículo 19