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Timestamp: 2018-10-22 17:37:26+00:00

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Calificación Concursal: Legitimación de los acreedores.Calificación: Presunciones del art. 165.1 LC.Calificación: Administradores de hecho.Calificación: Cómplices.
1) SAP BIZKAIA 1282/2018, de 11 de septiembre.
Sección 4. Ponente, Edmundo Rodríguez Achutegui.
Calificación: Legitimación de los acreedores.
Calificación: Presunciones del art. 165.1 LC.
Calificación: Administradores de hecho.
Calificación: Cómplices.
Insolvencia: Concepto.
Un acreedor personado en la sección de calificación puede defender los hechos en que la Administración Concursal y Fiscal sostengan su pretensión de calificación culpable, aunque no pueden introducir otros diferentes, ni otros fundamentos jurídicos diversos con esa finalidad. Pueden incluso realizar alegaciones distintas o proponer pruebas diferentes. Y tienen, en cualquier caso, la facultad de recurrir que les otorga el art. 170.4 LC si no se estiman las pretensiones de tales partes con legitimación originaria o principal, incluso si ambas o alguna de ellas no lo hacen. La S reproduce la jurisprudencia consolidada por STS 657/2017, de 1 diciembre, STS 657/2017, de 1 diciembre, y la STS 10/2015, de 3 febrero.
La presunción iuris tantum de culpabilidad del art. 165.1.1º LC supone la calificación del concurso como culpable si hubo retraso de más de dos meses en la solicitud de declaración de concurso, una vez la futura concursada constata su situación de insolvencia. El art. 165.1 LC es una norma complementaria de la del art. 164.1 LC. Contiene efectivamente una concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente culpable con incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, y establece una presunción "iuris tantum" [que puede desvirtuarse mediante prueba en contrario] en caso de concurrencia de la conducta descrita, el incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso, que se extiende tanto al dolo o culpa grave como a su incidencia causal en la agravación de la insolvencia. Reproduce la STS 327/2015, de 1 de junio, y cita las S de la propia Sala núm.259/2012, de 20 de abril; 255/2012, de 26 de abril; 298/2012, de 21 de mayo; 459/2012, de 19 de julio,122/2014,de 1 de abril, y 275/2015, de 7 de mayo Por tanto cuando concurra retraso en la solicitud de concurso, se apreciará culpa grave con incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, siempre que nose acredite lo contrario.
Para resolver si se presenta esta causa hay que partir del concepto de insolvencia que deriva del art. 2.2 LC, que la jurisprudencia ha precisado considerando concurre cuando hay imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de las obligaciones exigibles. No puede confundirse con pérdidas agravadas, fondos propios negativos, desbalance patrimonial, o pérdidas que reducen el patrimonio neto de la sociedad por debajo de la mitad del capital social, que constituye causa de disolución. Cita las SSTS 122/2014, de 1 abril y 590/2013, de 15 octubre.
El incumplimiento del deber legal de solicitar a tiempo la declaración de concurso traslada al administrador de la sociedad concursada la carga de probar que el retraso no incidió en la agravación de la insolvencia. SSTS 772/2014, de 17 septiembre 2015, 269/2016, de 22 abril, y 490/2016, de 14 julio.
La compra de un inmueble sin solicitar informes técnicos que garanticen la posibilidad de desarrollar la actividad fabril de la sociedad, si finalmente se confirma la falta de idoneidad de la misma, comporta una responsabilidad para quien entonces era su administrador único. Si tras la compra la sociedad nombra un consejo de administración, a este no le será predicable la responsabilidad pues sus integrantes no intervinieron en la decisión de compra. Con cita de SSTS 288/2009, de 19 febrero, 432/2010, de 29 julio, 370/2011, de 9 junio, 977/2011, de 12 enero 2012, 532/2013, de 19 septiembre, 97/2016, de 19 febrero, 331/2016, de 19 mayo.
Dice el art. 172.2.1º LC que "si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. Para determinar la condición de administrador de hecho se partirá, de la doctrina sentada por STS 421/2015, de 22 julio y también de lo dispuesto en el art. 236.3 del RDL 1/2010, de 2 de julio, LSC: "... tendrá la consideración de administrador de hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad". Tal figura supone el ejercicio efectivo de funciones propias del órgano de administración de forma continuada y sin sujeción a otras directrices que las que derivan de su configuración como órgano de ejecución de los acuerdos adoptados por la junta general. Reproduce la STS 721/2012, de 4 diciembre.
Alguien puede ser considerado cómplice cuando, con dolo o culpa grave, hubiera cooperado a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable. Reproduce la STS 202/2017, de 29 marzo.
Para que se aprecie complicidad es necesario que el cómplice coopere de manera relevante con el deudor persona física, o con los administradores o liquidadores del deudor persona jurídica, a la realización de los actos que han servido para fundamentar la calificación del concurso como culpable y que la cooperación se haya realizado con dolo o culpa grave. Los cómplices lo son respecto de alguna o algunas conductas que hubieran merecido la calificación de concurso culpable. Cada una de estas conductas requiere que se especifique quiénes son las personas afectadas por la calificación (art. 172.2.1º LC). Con cita de las SSTS 5/2016, de 27 de enero y 202/2017, de 29 marzo.
Resumen realizado por José María Marqués Vilallong
Concurso consecutivo: Inadmisión por inexistencia de negociación durante la fase de acuerdo de extrajudicial de pagos.
SJE REFOR-CGE 29/2018 26 de septiembre de 2018
1) A JPI 39 de Madrid, de 1 de febrero de 2018 **
Magistrada, Dña. Lucía Legido Gil.
Concurso express: Concepto.
No procede la admisión a trámite de un concurso consecutivo cuando el deudor no ha presentado un plan de pagos a sus acreedores en el acuerdo extrajudicial de pagos que le precede. Ello comportará que el deudor no podrá acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Al deudor le quedará expedita la vía del concurso por la vía ordinaria.
El concurso express regulado en el art. 176 bis 4 LC es la solución legal para el deudor que carece de bienes. La declaración y la conclusión se incluirán en una única resolución.
Calificación CONCURSAL: Doctrina general.Calificación: Art. 164.2.1 LC.
1) SJM de Murcia 2171/2018, de 4 de septiembre.*
Ponente, Francisco Cano Marco
Calificación: Doctrina general.
Calificación: Art. 164.2.1 LC.
Calificación: Art. 172.3 LC (ahora 172 bis).
Nota: Recomendamos la lectura de la resolución por cuanto aborda los principales aspectos de la calificación concursal.
Para el éxito de la pretensión de calificación culpable han de concurrir los siguientes requisitos: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de insolvencia; c) la imputación de la conducta a título de dolo o culpa; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso.
El legislador, consciente de la dificultad de probar la concurrencia de estos requisitos, ha facilitado la prueba de la concurrencia de dolo o culpa a través de una doble vía: a) mediante la tipificación de determinadas conductas, consideradas especialmente graves, cuya ejecución determina, iuris et de iure, la calificación de culpabilidad; y b) estableciendo, con el carácter de presunciones iuris tantum, susceptibles pues de prueba en contrario, determinados comportamientos en cuya ejecución presupone el requisito de la actuación dolosa o culpable.
La falta de inclusión en las cuentas anuales (ni en el balance ni la memoria) de una previsible deuda para la sociedad con la Hacienda Pública por importe de 1.638.361,71 euros manifestada en actas de inspección, por mucho que fueran con disconformidad o que posteriormente fueran recurridas judicialmente, constituye una irregularidad contable relevante. Con cita de la n SAP Pontevedra de 14 de noviembre de 2012.
En la LC la insolvencia no se identifica con el desbalance o las pérdidas agravadas. Cabe que el patrimonio contable sea inferior a la mitad del capital social, incluso que el activo sea inferior al pasivo y, sin embargo, el deudor pueda cumplir regularmente con sus obligaciones, pues obtenga financiación. Y, al contrario, el activo puede ser superior al pasivo pero que la deudora carezca de liquidez lo que determinaría la imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones en un determinado momento y, consecuentemente, la insolvencia actual. Reproduce la STS de 1 de abril de 2014 y cita a ROJO, Angel.
En el caso de la condena al pago del déficit concursal a las personas afectadas por la calificación, deberá tomarse en consideración: a) la fecha en que el contenido adulterado de las cuentas anuales transciende al conocimiento de terceros por lo que habrá de verificarse el momento en que se hacen públicas, con cita de su S de 31 de marzo de 2015; y b) aplicación de filtros para eliminar pasivos que se habrían devengado igualmente, al margen de su conocimiento de las cuentas (suministros, seguros, organismos públicos, comunidades de propietarios, intereses de la deuda, intraenus, etc…).
2) AAP de Barcelona 3842/2018, de 20 de junio. **
Acuerdo Extrajudicial de Pagos: Vivienda habitual sobrehipotecada.
Principios de derecho concursal: Principio de universalidad.
Masa activa: bienes incluidos.
Masa activa: bienes excluidos.
Rehabilitación de créditos: Improcedente en fase de liquidación.
Deudor hipotecario en riesgo de exclusión social: Competencia para su determinación.
El art. 76.2 LC determina que sólo deban excluirse del inventario de la masa activa los bienes o derechos con contenido patrimonial que sean inembargables. Al no haber un concepto de inembargabilidad en la LC, habrá que acudir a las normas de la LEC. En la LEC no hay disposición alguna que determine que el domicilio habitual sea por su naturaleza inembargable. Cuestión distinta de la inembargabilidad es que, dentro del procedimiento concursal haya bienes o derechos que puedan salir de la masa activa bien porque el acreedor haya iniciado una ejecución separada que no se suspenda (art. 57 LC), o bien porque no tengan valor de realización (art. 176 bis 2 LC); se trata de supuestos específicos sujetos a requisitos concretos que justifican que un bien inicialmente incluido en la masa activa del concurso, pueda excluirse en un momento posterior.
La rehabilitación de créditos está regulada en el art. 68 LC y tiene su sentido en la fase común, no en la liquidación.
El art. 155.2 LC habilita un trámite para que, en interés del concurso, un crédito con privilegio especial pueda convertirse en un crédito contra la masa, evitando así la realización del bien. La decisión corresponde al AC que debe realizar una serie de comprobaciones: (i) que el contrato del que nace la obligación con privilegio especial esté en vigor, es decir, no haya vencido; (ii) que la masa activa del concurso disponga de liquidez suficiente para el inmediato pago de las cuotas vencidas y las que puedan vencer durante el procedimiento; y (iii) que esa decisión sea de interés para el concurso, es decir, que suponga menor sacrificio para el concurso el pago con cargo a la masa, que la venta del bien que garantiza la obligación.
La normativa (absolutamente descoordinada) sobre deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social: (i) se centra única y exclusivamente en supuestos de préstamos hipotecarios sobre viviendas habituales en los que se hayan constatado incumplimientos por parte de los deudores y se haya iniciado la ejecución; (ii) es para las deudas garantizadas con hipoteca y dentro de un procedimiento de ejecución individual; (iii) podrá invocarse en el concurso cuando se haya de proceder a la realización de los bienes hipotecados.
El juez del concurso tendrá atribuidas las competencias previstas en la Ley 1/2013 en la medida en la que tenga competencias para la realización de la vivienda, es decir, debe estar incluida en el inventario o masa activa del concurso y debe ser objeto del plan de liquidación.
Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga. FUENTE REFOR
Convenio en concurso: Efectos sobre aval otorgado al amparo de la Ley 57/1968.
1) STS 2636/2018,d e 4 de julio.**
Sala Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.
Convenio: Efectos sobre aval otorgado al amparo de la Ley 57/1968.
Supuesto de hecho: Compradores de viviendas sobre plano que entregaron dinero a cuenta a la sociedad promotora, cuya restitución al amparo de la Ley 57/1968 estaba garantizada por tres entidades financieras; la promotora, deudora principal de la obligación de restitución de las cantidades entregadas a cuenta, fue declarada en concurso de acreedores; en el concurso de acreedores se aprobó un convenio que incluía una quita del 35% del importe de los créditos y una espera de 5 años.
La adhesión de los compradores beneficiarios de esta garantía al convenio del concurso de acreedores de la promotora no altera el derecho de dichos compradores a dirigirse contra la aseguradora para la restitución garantizada en caso de incumplimiento de la obligación de la promotora. Y ello por la remisión del art. 135.2 LC al art. 3 de citada Ley 57/1968. Reproduce la STS 434/2015, de 23 de julio.
) STS 2384/2018, de 20 de junio.*
SWAP: Doctrina general.
El acuerdo de compensación en el SWAP cumple una doble función: por un lado, permitir la compensación entre diferentes operaciones financieras contratadas entre las mismas partes; y, que esta liquidación se sujete a un régimen concursal especial. Ambas funciones tienen sentido y alcanzan su finalidad cuando el acuerdo de compensación comprende varios contratos de instrumentos financieros distintos. Pero carecen de sentido cuando, como es el caso, el acuerdo de compensación afecta a un único producto financiero, puesto que entonces no habrá compensación posible. Con cita de 306/2018, de 24 de mayo y reiteración de jurisprudencia de SSTS 629/2015, de 17 de noviembre, y 630/2015, de 18 de noviembre.
La ventaja más importante del acuerdo de compensación desde la perspectiva concursal es que la cláusula de terminación unificada liquida las posiciones en favor y en contra para todos los contratos y los compensa entre sí. Con ello elimina el riesgo de que la administración concursal pueda aceptar selectivamente los contratos favorables y desechar los perjudiciales. El art. 5 RDL 5/2005 constituye el presupuesto de aplicación del art. 16 RDL 5/2005, en cuanto que estén sometidas al CMOF (Contrato Marco de Operaciones Financieras), una pluralidad de operaciones financieras, cuyas respectivas liquidaciones están destinadas a ser compensadas para dar lugar a un saldo neto único, calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo marco de compensación contractual. Razón por la cual, en un supuesto como el presente en que la entidad acreedora no está haciendo valer el saldo neto, como obligación única, del producto de la liquidación de una pluralidad de operaciones amparadas en el contrato CMOF, no resulta de aplicación la previsión legal contenida en el art. 16 RDL 5/2005.
El swap no es un contrato que produzca obligaciones recíprocas entre las partes sino obligaciones para una sola de las partes en cada una de las liquidaciones previstas, sin perjuicio de que el riesgo sea bilateral y por la aleatoriedad propia de este contrato puede que la parte para la que surgen obligaciones no sea la misma en todas las liquidaciones.
No puede afirmarse que el crédito derivado de las liquidaciones de un contrato de swap de intereses, a cargo de la concursada que ha concertado dicho contrato para garantizar su posición económica ante las modificaciones que pueda sufrir el interés variable pactado en un contrato de préstamo o crédito, sea un crédito por intereses al que resulte de aplicación el art. 92.3 dela Ley Concursal. La función del contrato de permuta financiera de tipos de interés relacionado con otro contrato de préstamo o crédito en que se pactaron intereses a un tipo variable no es propiamente sustituir el pacto de intereses, sino garantizar la posición económica de las partes ante las modificaciones que el tipo de interés pueda experimentar durante la vigencia del contrato. Que la causa del contrato de swap de intereses vinculado a un contrato de préstamo o crédito a interés variable sea la reducción del riesgo de subida o bajada del tipo de interés no significa que las liquidaciones negativas para el prestatario tengan la consideración de intereses y merezcan la calificación de crédito subordinado en el concurso. Ni la suscripción del contrato de swap altera las prestaciones propias del préstamo o del crédito a interés variable, ni la firma del préstamo o crédito supone alteración alguna de las prestaciones del swap. Aun cuando el motivo por el que se concertó el swap de intereses esté relacionado con la suscripción de otro contrato que obligue al pago de intereses variables, ello no es razón suficiente para considerar que el contrato de swap ha perdido su autonomía y que sus prestaciones deben ser asimiladas a intereses.
2) STS 2351/2018, de 5 de junio.***
Sala de lo Social. Ponente, María Luisa Segoviano Astaburuaga.
Venta de unidad productiva: Jurisdicción competente de los aspectos laborales.
Venta de unidad productiva: Extensión de responsabilidad.
El orden jurisdiccional competente para resolver si se produce transmisión de empresa en un supuesto en el que una empresa adquiere una unidad productiva en virtud de la liquidación efectuada en el seno de un procedimiento concursal es el social, porque en la resolución de ese problema se encuentra implicada la compradora de la unidad productiva, quien no ha sido parte en el proceso concursal, ni como deudor ni como acreedor, al haberse limitado a comprar una unidad productiva de la concursada, razón por la que su relación con el concurso de acreedores se ha limitado a la compra de un activo de la masa. Así lo entendió esta Sala en su sentencia de STS de 29 de octubre de 2014 en la que dijo: «En definitiva, sean cuales sean las circunstancias en las que se ha desarrollado la extinción colectiva de los contratos de los trabajadores en el marco de un concurso de acreedores de una empresa, así como la liquidación de los bienes de ésta, la cuestión de si posteriormente se ha producido o no una sucesión empresarial (art. 44 ET) es competencia de la jurisdicción social. Reiteración de jurisprudencia sentada en SSTS (Social) de 11 de enero de 2017, recurso 1689/2015; 18 de mayo de 2017, recurso 1645/2015; 5 de julio de 2017, recurso 563/2015 y 11 de enero de 2018, recurso 3290/2015. También en STS (Social) 29 de octubre de 2014 (Rec.1573/2013); Igualmente en resoluciones de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del art. 42 de la LOPJ en sus Autos de 9 de diciembre de 2015 (Conflicto 25/2015) y de 9 de marzo de 2016 (Conflicto1/2016).
La dicción del apartado 4 del art. 148 LC nos conduce a la conclusión de que la norma no ha excluido que la adquisición de una unidad productiva en el seno del concurso suponga sucesión de empresa sino, al contrario, de forma indirecta está admitiendo que en dicho supuesto se produce sucesión de empresa. Por otra parte hay que señalar que en el preámbulo de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la LC se consigna: «En definitiva, esta ley aporta al instituto del concurso una mayor seguridad jurídica, la apertura de nuevas vías alternativas que buscan el equilibrio entre la viabilidad de la empresa y la necesaria garantía judicial, el impulso de los medios electrónicos, así como la simplificación y la agilización procesal, sin olvidarse de efectuar una notable mejora de la posición de los trabajadores». La finalidad de la reforma es, por tanto, mejorar la posición de los trabajadores en el concurso, finalidad que se consigue aplicando la subrogación en los supuestos de adjudicación de una unidad productiva en los términos anteriormente consignados.
El interés del concurso no puede erigirse en la norma suprema que rija la adjudicación de los bienes pues habrán de respetarse las normas imperativas de nuestro ordenamiento jurídico, entre las cuales se encuentra el artículo 44 ET.
En caso de sucesión empresarial no solo se produce la subrogación de la nueva en los derechos y obligaciones del anterior respecto de los trabajadores cedidos, sino que ha mantenido la responsabilidad solidaria de ambas empresas respecto de las deudas laborales que la empresa cedente tuviera pendientes de abonar.
La legislación española no ha optado por no hacer uso del artículo 5, apartado 2 de la Directiva 2001/23/CE, siendo aplicables las previsiones contenidas en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, S de 27 de febrero de 2018, recurso 112/2016.
Nota: La S consolida la doctrina de las Salas Social y de Conflictos, según la cual debe extenderse a los compradores de unidades productivas en concurso de acreedores el pago de las deudas laborales de los trabajadores, tanto de los subrogados –algo que resulta lógico- como de los no subrogados. Lo que consolida igualmente la estampida de inversores en este tipo de operaciones, con el consiguiente perjuicio para la economía, el tejido productivo, el interés público y los propios trabajadores.
Conclusión anómala del concurso: Personalidad residual.
SJE REFOR-CGE 23/2018 - 4 de julio de 2018
1) AJM 6 de Madrid, de 21 de junio de 2018.***
Ponente, Francisco Javier Vaquer Martín.
La sociedad concursada extinta con liquidación incompleta por carecer alguno de sus bienes de contenido económico, o de mercado, o ser antieconómica su enajenación, conserva una personalidad residual como centro de imputación de derechos, deberes y obligaciones hasta la completa satisfacción de los créditos no satisfechos dentro del concurso; personalidad y capacidad jurídica y de obrar residual que debe extenderse a su órgano de administración cesado dentro del concurso, pero que concluido el mismo recupera -por ministerio de la Ley y sin expresa decisión o acuerdo del juez del concurso- las competencias y facultades necesarias para liquidar los bienes y derechos no realizados dentro del concurso, para satisfacer los créditos por el orden legal de prelación dispuesto en el Código Civil (arts. 1924 y ss) dada la conclusión del concurso, para cobrar derechos de créditos que pudieran haberse declarado incobrables dentro del concurso, para realizar pagos de los créditos reconocidos o no e impagados, así como para otorgar cualesquiera pactos, contratos, escrituras, instrumentos públicos, apoderamientos judiciales o extrajudiciales, para realizar las anteriores labores y finalizar las relaciones obligacionales activas y pasivas pendientes. Con cita de Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 24 de mayo de 2017. También cita Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5ª, de 17.2.2017 [ROJ: SAP SE 445/2017] y Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 14.2.2017 .
En supuestos de declaración y conclusión "exprés" es aceptable que tras la inscripción del Auto judicial de extinción puedan inscribirse nuevos asientos de nombramiento de liquidador societario y de los balances inicial y final de la liquidación y el nuevo otorgamiento de la escritura de extinción, ésta si tras la oportuna realización de bienes y pago a los acreedores; lo cual resulta trasladable a los supuestos de conclusión por finalización incompleta de las operaciones de liquidación. Reproduce la Resolución de la D.G.R.N. de 30.8.2017.
FUENTE REFOR
FUENTE : REFOR
En concreto, como datos más actualizados obtenidos: acumulando los cinco primeros meses de este año, hasta mayo 2018, se han incrementado solo un 0,7% los pagos del FOGASA en empresas, esto es, se han mantenido estables, pasando de 2.853 empresas en 2017 a 2.873 en 2018) y con respecto a expedientes se han incrementado especialmente hasta alcanzar el 51,63% más. Si calculamos la ratio, que lo compara con el número de concursos de acreedores en dichos meses, observamos que representa un 1,38 (mejorando el dato frente al mes anterior que alcanzó un 1,44 pero superior a meses anteriores que eran respectivamente de 1,18 y 1,20).En consecuencia, en datos acumulados hasta mayo 2018, las cifras muestran que los pagos del FOGASA están experimentando una situación similar a los cinco primeros meses de 2018 con respecto a 2017 en cifras absolutas (pagos del FOGASA), e incluso mejora en las relativas (la comparación del ratio o índice pagos del FOGASA/número de concursos ha disminuido de 1,44 en dichos cinco meses acumulados en 2017 a 1,38 en 2018). No obstante, si se han incrementado los pagos del Fogasa hasta mayo 2018 en cuanto al número de expedientes (11.137 en 2018, frente a los 7.345 en 2017.
Por tanto, OBSERVAMOS UNA EVOLUCIÓN SIMILAR HASTA MAYO 2018 COMPARADA CON 2017 EN CUANTO AL NÚMERO DE PAGOS DEL FOGASA QUE AFECTAN A EMPRESAS (SI BIEN SE INCREMENTAN LOS EXPEDIENTES UN 51%) Y EL RATIO QUE LOS COMPARA CON EL NÚMERO DE CONCURSOS, QUE PERMITE DETECTAR LA ECONOMÍA SUMERGIDA CONCURSAL TAMBIÉN MEJORA.
Recordemos que la tendencia a lo largo de 2017 en cuanto a pagos del FOGASA fue positiva pues se redujeron dichos pagos. Acumulando los doce primeros meses disminuyeron los pagos del FOGASA en empresas un 38% el pasado año. Como ya decíamos en informes anteriores, no resulta fácil que continúen disminuyendo continuamente estas cifras. De ahí, que se estancaron, en los dos primeros meses de 2018, y que incluso en abril han aumentado.
​FUENTE: REFOR
​El número de empresas concursadas se mantiene estable, disminuyendo en tamaño
El volumen de pasivos afectados se reduce hasta los 7.500 millones de euros
La mitad de las concursadas presenta una deuda que casi iguala el valor de la propia empresa
El sector de la construcción continua perdiendo peso en los concursos y desciende hasta el 27% del total
26.06.’18.- En 2017 el número de concursos se ha mantenido estable alrededor de los 3.500, con una ligera disminución de su tamaño, en términos de endeudamiento (pasivo exigible). La concursada tipo pertenece al sector servicios (no inmobiliarios), inicia el procedimiento con trece años de edad, tiene contratados 6 empleados y un pasivo inferior a medio millón de euros (frente a casi 600.000€ en 2015, o los 900.000€ de 2014).
Son algunas de las conclusiones del Anuario Concursal 2017 del Colegio de Registradores, cuyo informe completo se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/estadistica-concursal/
La situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento (voluntario en el 94% de los casos) está bastante deteriorada: casi el 70% tiene pérdidas, y aproximadamente un 72% necesitaría 25 o más años para atender sus deudas con los recursos que genera (el 56% no genera recursos positivos).
Tan solo un 15,4% tendría capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites marcados por la Ley Concursal (quita del 50% y espera de 5 años en términos generales).
Las sociedades del ciclo de la construcción reducen su peso específico y disminuyen cada año más hasta suponer casi un cuarto de la muestra total (30,1% en 2016, 27,3% en 2017), perteneciendo al sector de servicios no inmobiliarios el 57,9% de las concursadas.
En 2017, y ya consolidada como una característica estructural del procedimiento, el destino mayoritario tras la fase común es la liquidación (93,5% de los casos). En medio millar de casos la declaración de concurso y la propia apertura de la liquidación han sido simultáneas.
Se confirma que las sociedades que inician la fase de convenio, así como las que finalmente logran el acuerdo en 2017 son patrimonialmente más grandes, a la vez que reflejan mayores cifras de negocio. Además del tamaño, este año la pertenencia a la construcción parece aumentar la probabilidad de alcanzar un convenio.
En relación a las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios (y siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos), la mediana ha sido del 47,1% de su endeudamiento (46,2% en 2016), pudiendo devolver el 93,8% de la deuda en un 5% de los casos (las sociedades que se encuentran en mejor situación financiera). En el lado opuesto, un 5% de las sociedades (las que se encontraban en peor situación financiera) devolverían solo un 5,5% de sus deudas.
En 2017 tan sólo en un 2% de los casos se ofreció a los acreedores la posibilidad de participar del riesgo del capital, por medio de préstamos participativos o directamente a través de la conversión de deuda en capital (en 2016 fue en el 7%).
Diferenciando por tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva (liquidación o convenio) se inicia en menos de un año en el 61,6% de los casos (57,6% en 2016), mientras que en los ordinarios es un 61,5% el que supera ese año, un claro empeoramiento respecto al 53,1% del año 2016. Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es más rápido en el caso de los concursos voluntarios (solicitados por el deudor).
En 2017 se ha estimado que el concurso típico abreviado tarda 990,5 días en concluir, tomando 1.698 días los concursos ordinarios. La mayor parte de este tiempo se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno, por tanto, a cuestiones procesales (de los 990,5 días, 873 corresponderían a las operaciones de liquidación, y 1.494 días en el caso de los concursos ordinarios).
Se constata de nuevo en 2017 que el pasivo exigible por sociedad tiene una importante influencia en su duración: para los concursos abreviados, 598 mil euros en el grupo de menor duración (igual o por debajo de 149 días) frente a los más de 950 mil euros registrados en el extremo opuesto (el grupo de más de 558 días). Para los procedimientos ordinarios, 2,3 millones de euros en el grupo de menor duración (igual o por debajo de 254 días) y 9,7 millones en el de mayor (igual o por debajo de 770 días).
Ciclo de la Construcción
En un escenario de estabilidad en el número de sociedades concursadas, el ciclo de la construcción representó el 27,3% de la muestra, cifra inferior a las de los años anteriores (30,1% en 2016, 32,8% en 2015, 35% en 2014, 41,1% en 2013). Del total de pasivos afectados en 2017 (cerca de los 7.500 millones de euros, frente a los cerca de los 8.200 millones de 2015), la construcción no alcanza la mitad del importe, con el 45,6% del total.
En 2017, de nuevo, las sociedades que desarrollan actividades inmobiliarias son las que presentan peor imagen; sólo un 14,75% tendría capacidad para devolver sus deudas en 10 años o menos y un 45,75% presenta fondos propios negativos.
Desde su introducción en 2013 hasta la reforma de 2015, el ámbito subjetivo del Acuerdo Extrajudicial de Pagos se limitó a empresarios personas físicas (incluidos los trabajadores autónomos) y a personas jurídicas. La reforma de 2015 añadió a personas naturales no empresarios. En cualquier caso se trata de un procedimiento de renegociación pensado para deudores insolventes con pasivo estimado inicial no superior a los cinco millones de euros.
Hasta la fecha de cierre del anuario, se registraron un total de 17 solicitudes de Acuerdos Extrajudiciales de Pago realizadas por personas jurídicas. Si bien son cifras provisionales, se puede decir que es un número muy reducido, especialmente si se tienen en cuenta los 1.393 nuevos expedientes que afectaron a 1.722 personas físicas a lo largo del año.
Las personas jurídicas solicitantes del Acuerdo Extrajudicial de Pagos ofrecieron una imagen financiera próxima a las concursadas (el 69,2% registran pérdidas, un tercio poseen fondos propios negativos, y el 53,8% no podrían reducir su deuda en ningún caso). Se concluye con los datos anteriores que el Acuerdo Extrajudicial de Pago, en lo que se refiere a sociedades mercantiles, se configura más como medio para retrasar el inicio del concurso que como mecanismo alternativo al mismo.
SJE REFOR-CGE 22/2018 - 27 de junio de 2018
1) SAP B 5873/2018, de 13 de junio.***
Sección 15ª. Ponente, Juan Garnica Martín.
Calificación: Fondos propios negativos como indicio de insolvencia.
Calificación: Art. 164.1 LC, presupuestos.
Calificación: Actividad tras insolvencia.
Calificación: vs reintegración.
Calificación: Salidas fraudulentas de activos.
Calificación: Remuneración a consejeros sin existencia de acuerdo social.
Calificación: Art. 164.2.1º LC, no concurrencia de la causa de culpabilidad por existencia de auditoría que advierte de la insuficiencia en las dotaciones efectuadas.
La situación de los fondos propios puede ser indicativa de que pudiera encontrarse la concursada en insolvencia pero no es prueba suficiente de la misma, ni tampoco constituye un indicio legal de la misma que nos permita presumirla.
Art. 164.1 LC: La aplicación de esta causa general de culpabilidad exige la concurrencia de tres requisitos legales: a) Un elemento subjetivo: el dolo o culpa grave; b) Un elemento objetivo: la generación o el agravamiento de la insolvencia; y c) Un nexo o relación causal entre la acción u omisión grave o dolosa y la insolvencia, esto es, que el hecho doloso haya generado o agravado la insolvencia.
Resulta inaceptable que una sociedad en situación de insolvencia continúe operando, y particularmente acepte riesgos que pongan en peligro la garantía de sus acreedores incrementando su situación de insolvencia.
El éxito de las acciones de reintegración puede evitar que las cantidades que posteriormente han vuelto a la masa no se tomen en consideración para determinar la responsabilidad concursal pero no debe impedir que pueda prosperar la calificación culpable. Más bien creemos lo contrario: si la reintegración llega a prosperar es porque no existía justificación para que tales salidas se produjeran o bien porque los pagos fueran perjudiciales para la masa. Aunque con ello no sea suficiente para justificar la apreciación de la existencia de esta causa de culpabilidad sino que antes es preciso examinar si concurren otros elementos del tipo, no podemos concluir que el hecho de que se haya ejercitado la acción de reintegración impida considerar estos hechos a los efectos de la calificación culpable.
Nada impide que un mismo hecho pueda ser simultáneamente objeto de una acción de reintegración y pueda fundar, a la vez, una causa de culpabilidad a efectos de calificación. Lo único que no sería admisible es que, si la acción de reintegración triunfa y se puede ejecutar la sentencia estimatoria, con la consecuencia de que vuelve a la masa lo que de ella salió de forma injustificada, pueda imputarse responsabilidad económica a los administradores.
Que hayan existido salidas injustificadas de activos no determina que por las mismas se deba, necesariamente, calificar culpable el concurso al amparo de la causa del art. 164.1 LC. En este caso estimamos que no concurre el elemento subjetivo del tipo, esto es, la existencia de dolo o culpa grave.
El mero hecho de que pueda existir una irregularidad en el pago de las retribuciones cuando no existía acuerdo social que lo justificara estimamos que no es un argumento suficiente, atendido que consideramos que se trata de un hecho que es preciso enjuiciar en un entorno de normalidad social (esto es, de una situación de inexistencia de insolvencia) y que no es una práctica societaria infrecuente la de repartir dividendos por medio de la retribución a los integrantes del órgano de administración o de prestaciones en especie. Esa razón determina que, aunque sea una práctica discutible, no podamos construir en torno a ella el elemento subjetivo del tipo.
La única imputación que tiene algo de fundamento es la relativa a las dotaciones de los deterioros de los activos, que el propio informe sitúa en las cuentas de 2012. Pero, aun aceptando que las cuentas pudieran no haber reflejado suficientemente la dotación por deterioro (lo que creemos discutible o no probado), es un dato muy relevante que el informe de auditoría se haga eco de ella porque con ello queda satisfecho el interés que se trata de tutelar con las cuentas, esto es, el de los acreedores, que con tal informe tenían datos suficientes para conocer la situación patrimonial de la sociedad. Por tanto, aunque existiera relevancia cuantitativa, no la existiría cualitativa.
2) AP B 3523/2018, de 12 de junio.**
Conclusión: En auto de declaración.
El art. 176 bis.4 LC autoriza al juez del concurso para poder ordenar su conclusión en el mismo momento de la declaración, siempre que aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será suficiente para atender los créditos contra la masa, ni es previsible el ejercicio de cualquier acción que permita suplementarlo.
Improcedente conclusión del concurso en el auto que lo declara. La existencia de unos derechos de prenda sobre el copyrigth de una conocida producción audiovisual infantil no justifica que se haya perdido de forma definitiva esos derechos.
3) SAP B 5773/2018, de 12 de junio.**
Reintegración: Acto ordinario, concepto.
Reintegración: Doctrina general.
Reintegración: Persona especialmente relacionada con la concursada.
En la consideración de un acto como ordinario en el sentido del art. 71.5º LC debe analizarse, entre otros aspectos, la relevancia económica y la regularidad formal y sustantiva. No será ordinario si no se trata de un acto recurrente o que se realice con cierta periodicidad.
La rescisión concursal puede tener por objeto contratos o simples actos unilaterales del deudor, que no cuestionan la validez del negocio del que traen causa, como pueden ser los pagos o los actos de adjudicación. El requisito fundamental de la acción rescisoria concursal es el perjuicio a la masa activa, sin necesidad de intención fraudulenta (art. 71 LC). Hemos mantenido en anteriores sentencias que será apreciable un perjuicio para la masa, determinante de la rescisión que regula el art. 71 LC, cuando el acto realizado por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, suponga una disminución injustificada de su patrimonio, o un sacrificio patrimonial injustificado, por implicar una minoración del patrimonio y carecer de justificación ese detrimento patrimonial (perjuicio directo, particular o estricto). Asimismo tiene acogida en el precepto el perjuicio indirecto o en sentido amplio que consiste en una alteración injustificada del principio de la par conditio creditorum.
El parentesco con el administrador no se contempla en el artículo 93.2º de la Ley Concursal como circunstancia que permite considerar a aquél persona especialmente relacionada con el concursado persona jurídica. Sí tienen esa condición, por el contrario, el cónyuge, los ascendientes, los descendientes y los hermanos de los socios personas naturales que sean titulares de al menos un 10% del capital social (artículo 93.2º, apartado primero).
Co-autor del Libro "Memento Experto Concurso de acreedores. Aspectos prácticos de contabilidad y valoración" editorial Lefebvre-Elderecho.
Eliseo Quintanilla Ripoll ha sido Co-autor del Libro "Memento Experto Concurso de acreedores. Aspectos prácticos de contabilidad y valoración" editorial Lefebvre-Elderecho.
Memento Experto Concursal. Concurso de acreedores. Aspectos prácticos de contabilidad y valoración
Libro de Lefebvre-El Derecho
1ª ed. (15/06/2018)
ISBN: 8417317465 ISBN-13: 9788417317461
SJE REFOR-CGE 19/2018 6 de junio de 2018
1) STS 1897/2018, de 24 de mayo.*
Sala Civil. Ponente, Rafael Saraza Gimena.
Calificación de créditos: Swap.
El swap no es un contrato que produzca obligaciones recíprocas entre las partes sino obligaciones para una sola de las partes en cada una de las liquidaciones previstas, sin perjuicio de que el riesgo sea bilateral y por la aleatoriedad propia de tal contrato puede que la parte para la que surgen obligaciones no sea la misma en todas las liquidaciones. Por tal razón, se fijó como doctrina jurisprudencial la consistente en que "los créditos derivados de contratos de permuta financiera en que el deudor se encuentre en concurso son créditos concursales y no contra la masa, con independencia de que se hayan devengando antes o después de la declaración de concurso". Reiteración de SSTS 629/2015, de 17 de noviembre, y 630/2015, de 18 de noviembre.
2) Auto de 18 de enero de 2018.**
Juzgado de Primera Instancia 5 de Torrent (Valencia).
BEPI: Efecto sore los avales.
La exoneración del pasivo insatisfecho supone la extinción de los créditos a los que alcanza la declaración de concurso, quedando también exonerados sus fiadores o avalistas, conforme lo previsto en el art. 1847 CCv en relación a lo previsto en los arts. 1190 y 12078 CCv. Obiter.
3) Doctrina: Venta de unidad productiva versus deudas con la Seguridad Social (Análisis de la STS de 29 de Enero de 2018).***
Fernández Albella, José María.
El autor analiza la jurisprudencia sentada en la materia desde la promulgación de la LC. Destaca la afirmación de que las resoluciones (muy polémicas en esta materia) que dicta la Sala de Conflictos no han de tener la consideración de Jurisprudencia, toda vez que la misma emana de la reiterada doctrina que dicta el alto tribunal y, aun cuando es cierto que la Sala de Conflictos está constituida paritariamente por Magistrados de las distintas salas del TS -art 42 LOPJ-, no tiene dicha condición sin desdeñar la idea que, cuando son reiteradas, sus consideraciones hayan de ser tenidas en cuenta.
En la reforma operada por RDL 11/2014 se insiste en la finalidad conservativa de la unidad de negocio viable. Sin embargo, ello no casa con la previsión legal de extender al comprador las deudas con la Seguridad Social. Por eso, parece decantarse por la solución más razonable, según la cual, el comprador de la unidad productiva únicamente se subrogará en las deudas de los trabajadores en cuya relación se subroga.
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Créditos contra la masa: Costas de adverso en juicio promovido antes de la declaración de concurso.
​TSJE REFOR-CGE 18/2018 30 de mayo de 2018
1) STS 1800/2018, de 22 de mayo.*
Sala Civil. Ponente, Rafael Saraza Jimena.
El art. 84.2.3.º LC distingue, entre costas y gastos judiciales. El crédito por costas requiere que la concursada haya sido condenada al pago de las costas ocasionadas a la otra parte en aquel pleito que, iniciado antes de la declaración de concurso, continuó en interés del concurso porque no se provocó su terminación mediante allanamiento (si la concursada era la demandada), o mediante transacción. El crédito por costas nació con la sentencia dictada en primera instancia que las impuso a la concursada, sin perjuicio de que la determinación de su cuantía quedara pendiente de la posterior tasación. De este modo, este crédito por costas que es posterior a la declaración de concurso, conforme al art. 84.2.3º LC debe ser considerado «crédito contra la masa». Reiteración de jurisprudencia sentada en 418/2017, de 30 de junio.
Es posible acumular al concurso un procedimiento ordinario en tramitación al tiempo de la declaración, en el que se enjuicia la resolución contractual de un contrato de ejecución de obra. Obiter.
2) STS 1744/2018, de 21 de mayo.*
Sala Civil. Ponente, Pedro José Vela Torres.
Créditos contra la masa: Honorarios AC.
El art. 84.3 LC, y antes el art. 154.2 de la misma Ley, establece que, salvo los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, el resto de los créditos contra la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos. Por tanto, la fecha a tomar en consideración a estos efectos no es la del devengo, sino la del vencimiento. Reiteración de doctrina sentada en391/2016 y 392/2016, ambas de 8 de junio; 629/2016, de 25 de octubre; 169/2017 y 170/2017, ambas de 8 de marzo; y 560/2017, de 16 de octubre.
En ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la de prestación efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento previstos en el mencionado Real Decreto. Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, será el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto día siguiente a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común (o resolución de significación equivalente, para el caso de que no procediera dictar el mencionado auto). Y en cuanto a las fases de convenio y liquidación, por meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa justificada y razonada, altere dichas fechas en relación con concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de los servicios que estén pendientes de prestación.
3) SAN 1512/2018, de 30 de abril.***
Sala Social. Ponente, Emilia Ruiz-Jarabo Quemada.
Liquidación: Unidad productiva, sucesión empresarial a efectos laborales.
El apartado cuarto del art. 146 bis LC, establece que la transmisión de la unidad productiva no impone la obligación de hacer frente a los créditos no satisfechos por el concursado, salvo que el adquirente asuma dicha obligación. Pero regula también una excepción. Se trata de los supuestos en los que exista "disposición en contrario" y "siempre sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 LC". El convenio puede establecer que se aplique el efecto subrogatorio y también la asunción de las obligaciones de abono de los créditos anteriores a la sucesión. Pero si concurren los requisitos del artículo 44 ET) no es posible eludir su aplicación, por imperativo de los apartados tercero y cuarto del artículo 146 bis LC. Por tanto, la única especialidad concursal será la limitación de la responsabilidad patrimonial en los términos del artículo 149 LC. Esto es, el instituto de la sucesión de empresa será aplicable a los supuestos de ventas de unidades productivas en sede concursal, cuando concurran los requisitos legales del artículo 44 ET.
Con independencia de las circunstancias en las que se haya desarrollado una extinción colectiva de contratos de trabajo en el marco de un concurso de acreedores, así como la liquidación de los bienes de ésta, la cuestión de si se ha producido o no una sucesión empresarial del artículo 44 ET es competencia de la jurisdicción social. Con cita de STS de 11 de enero de 2017.
En el caso enjuiciado (reanudación de la actividad empresarial por LUFTHANSA de la actividad que desarrollaba AIR BERLIN) la Sala no puede apreciar la existencia de sucesión de empresas. Sobre esta cuestión el criterio decisivo para determinar la realidad de una transmisión, a los efectos de la Directiva 2001/23/CE y del artículo 44 ET, es si la entidad de que se trata, mantiene su identidad tras el cambio de titular. Para ello, uno de los elementos fundamentales a considerar es si ha continuado de forma efectiva la explotación o se ha reanudado (SS Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 18-3-1986, caso Spijkers y de 11-3-1997, caso Süzen). De acuerdo con la legislación comunitaria, seguida por la actual redacción del art. 44 ET, el elemento característico de la sucesión de empresa es la transmisión "de una persona a otra" de "la titularidad de una empresa o centro de trabajo", entendiendo por tal "una unidad de producción susceptible de continuar una actividad económica preexistente" Reproduce la STS 23 de noviembre de 2004.
En el caso enjuiciado no se ha acreditado la continuidad en la actividad, en los términos fijados jurisprudencialmente, esto es, como un conjunto organizado de elementos materiales que sean suficientes, "por sí mismos", para "seguir" con la "explotación empresarial" Con cita de STS de 27 de mayo de 2013).
​El número de concursos se incrementa un 30 % en abril de 2018
​El número de concursos se incrementa un 30 % en abril
En los primeros cuatro meses del año se han contabilizado un total de 1.648 concursos y 11.279 disoluciones en España, según el Estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado por INFORMA. Estas cifras suponen que los concursos se incrementan un 6,5 % respecto al mismo periodo el pasado año mientras que las disoluciones bajan un 3 %.
Las sociedades concursadas desde enero sumaban 10.097 empleados y una facturación de más de 2.100 millones de euros, un 33 % más que las que iniciaron este proceso en el mismo periodo de 2017. Las afectadas por las disoluciones daban trabajo a 37.794 personas y su cifra de negocio era de 6.900 millones de euros, un 2 % por debajo de la del año anterior.
En abril el número de concursos se incrementa casi un 30 % respecto al año precedente para quedar en 444. Las disoluciones por su parte lo hacen un 1 % hasta 1.771.
Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B: “La subida en las cifras de concursos se aprecia en la mayoría de las autonomías en abril, aunque son Cataluña y Madrid las que más lo notan, sumando 47 y 39 procesos a los del mismo mes en 2017”.
Las microempresas suponen el 83 % de los concursos registrados en abril. Las medianas son el 2 % y las pequeñas el 15%, mientras que no se registró ningún proceso entre las grandes empresas este mes.
Cataluña es la comunidad que más concursos suma respecto al año anterior
Cataluña, con 436 concursos, es la comunidad con más procesos en lo que llevamos de año, superando en un 43 % las cifras del año anterior, con el mayor incremento en valor absoluto, 131 procesos más. A continuación, Madrid, con 279, donde crecen un 11 %, y Valencia, con 249, que aumenta un 6 %. Entre las tres representan el 59 % de todos los concursos del país.
En abril son las mismas comunidades las que más concursos registran: Cataluña 119, Madrid 97, y Valencia 55, con importantes aumentos del 65 %, 67 % y 20 %.
Madrid, Andalucía y Valencia lideran las disoluciones tanto en el acumulado anual, con 2.885, 1.570 y 1.349 procesos respectivamente, como en abril, con 452, 268 y 208 cada una. Juntas suman el 51 % del total nacional en los cuatro primeros meses. Cataluña es la autonomía que incrementa en mayor medida sus datos en valor absoluto en abril, añadiendo 21 disoluciones a las del año anterior.
Comercio y Construcción registran el mayor número de procesos de ambos tipos en estos cuatro primeros meses y en abril. Comercio lidera los concursos en el acumulado, con 417, y es el segundo en el mes, con 97, mientras que Construcción alcanza 388 y 109 en cada periodo. En el caso de las disoluciones, Construcción es el más afectado, con 2.722 desde enero y 450 en abril seguido por los 2.444 y 381 respectivamente de Comercio.
Aunque Construcción es el sector que más recorta el número de concursos en lo que llevamos de año, restando 32, y el de disoluciones con 159 menos. Comercio por el contrario lidera la subida en los concursos, con 90 más, y Servicios empresariales la de las disoluciones, añadiendo 73 a las del año pasado.
El derecho de información de los socios de las sociedades mercantiles.
por Jose María Dutilh | may 26, 2015 | Business Law
Con el fin de que los socios puedan emitir convenientemente su voto sobre los asuntos mencionados en la convocatoria de la junta general, la LSC concede a todo socio el denominado derecho de información.
Es el derecho de todos los socios[1] o accionistas[2] de una sociedad de responsabilidad limitada o anónima a:
a) Solicitar a los administradores por escrito, antes de las reuniones de las juntas generales, con anterioridad a la celebración de la junta[3], los informes, la información o las aclaraciones[4] que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
b) A obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la junta general, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas[5].
c) A examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las cuentas anuales, antes de la celebración de la junta general, salvo disposición en contrario de los estatutos, por parte de socios de sociedades de responsabilidad limitada, que representen al menos el 5% del capital.
En la convocatoria se hará mención de este derecho[6].
d) A formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
e) Solicitar verbalmente durante la celebración de juntas generales, los informes, las informaciones o las aclaraciones que estimen precisos o consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día[7].
En el supuesto de que se vaya a debatir una modificación de estatutos sociales, en el anuncio de la convocatoria de la junta general, se deben expresar con claridad los extremos que hayan de modificarse y hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos[8].
2. Momento de ejercicio.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general (en el caso de las sociedades anónimas, hasta el séptimo día anterior a su celebración[9]).
Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta[10].
3. Denegación de la información.
El órgano de administración o los administradores, estará obligado a proporcionar la información solicitada y los documentos solicitados, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que:
a) A juicio de la junta general, la publicidad de ésta perjudique el interés social[11].
b) esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio.
c) existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o;
d) su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas[12].
4. Ámbito de aplicación subjetivo de la denegación.
No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social de una sociedad de responsabilidad limitada[13].
La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social, sin perjuicio de que los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social de una sociedad anónima[14].
5. La vulneración del derecho de información.
La vulneración del derecho de información solo facultará al accionista de una sociedad anónima para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general[15].
6. Utilización abusiva o perjudicial de la información.
En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el socio de una sociedad anónima será responsable de los daños y perjuicios causados[16].
La única variación sustancial consiste en que, tratándose de sociedades anónimas:
(i) La vulneración del derecho de información únicamente faculta al accionista paraa solicitar una indemnización de daños y perjuicios causados y;
(ii) Se sanciona el uso abusivo del derecho de información en sociedades anónimas por el / los socios minoritarios.
[1] Artículo 196.1 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC en lo sucesivo).
[2] Artículo 197.1 y 2 de la LSC.
[3] Artículo 197.1 de la LSC. Concretamente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración en el caso de las sociedades anónimas.
[4] En el caso de las sociedades anónimas, el artículo 197 de la LSC se refiere a los informes, las informaciones o las aclaraciones que se estimen oportunos. Para el caso de las de responsabilidad limitada, hace referencia el artículo 196 a informes o aclaraciones.
[5] Artículo 272.2 de la LSC.
[6] Artículo 272.1 de la LSC.
[7] Artículo 196.1 y 197.1 y 2 de la LSC.
[8] Artículo 287 de la LSC.
[9] Conforme al artículo 197.1 de la LSC.
[10] Artículo 197.2 de la LSC.
[11] Artículo 196.2 de la LSC.
[12] Artículo 197.3 de la LSC.
[13] Artículo 196.3 de la LSC.
[14] Artículo 197.4 de la LSC.
[15] Artículo 197.5 de la LSC.
[16] Artículo 197.6 de la LSC.
FUENTE: Jose María Dutilh
Derivación de responsabilidad de deuda tributaria de la concursada y Reserva de dominio: Regulación en la Ley Concursal.
SJE REFOR-CGE 12/2018 18 de abril de 2018
1) Doctrina: La reserva de dominio en el concurso.**
Pérez Benítez, J.J., (13 de abril de 2018) en Lefebvre – El Derecho.
Reserva de dominio: Regulación en la LC.
La Ley Concursal parte de la validez del pacto de reserva de dominio, al que se refiere directamente en tres preceptos que, sin embargo, contemplan situaciones diferentes: al tratar de los efectos de las garantías reales (art. 56), al tratar de los privilegios especiales (art. 90.1.4º) y en sede del concurso internacional (art. 201.1). Mientras que la primera de las normas citadas se refiere tan solo a las reservas de dominio sobre bienes muebles inscritas, no existe la misma limitación al regular el privilegio especial, que permite dar entrada a las compraventas de inmuebles. Las reservas de dominio en contratos de otra naturaleza, diferentes al de compraventa, quedarían fuera de las expresas previsiones de la normativa concursal.
Nota: El autor es Magistrado de la AP de Pontevedra y el artículo abre las cuestiones en un foro abierto. En relación a la materia, recomendamos igualmente la lectura del artículo con el mismo título de Manuel García Villarrubia, en Revista de Derecho Mercantil, nº 61.
2) SAP PO 194/2018, de 2 de febrero.**
Sección 1. Ponente, Manuel Almenar Belenguer.
Reserva de dominio: No inscrita, inclusión del bien en el informe
Reserva de dominio: No inscrita, calificación del crédito del acreedor.
No procede excluir del inventario de bienes y derechos el deudor concursado las construcciones realizadas por un acreedor, en virtud de contrato de obra formalizado en documento privado y en el que se incluyó una reserva de dominio a favor de ese acreedor precisamente porque dicho pacto de reserva de dominio se recoge en un documento privado y la garantía no está inscrita. En consecuencia, el acreedor ni cuenta con un crédito privilegiado, ni puede ejercitar un derecho de ejecución separada, ni puede acudir, al procedimiento especial previsto en la ley procesal común. Por tanto, para hacer efectiva la reserva del dominio, el vendedor (que es el constructor acreedor) tan sólo podría pretender la resolución contractual en el concurso, pero al tratarse de incumplimientos anteriores de un contrato de tracto único, carece de esta facultad. En conclusión, el acreedor cuenta con un crédito concursal por el importe del precio adeudado y el bien debe incluirse en el inventario de la masa activa.
3) Doctrina: Persona física representante de la persona jurídica administradora.***
Moreno Vázquez, P. (4 de abril de 2018) en Legal Today.
Calificación: Persona física designada por persona jurídica.
Pese a algunas opiniones discrepantes en la doctrina científica -que no en la jurisprudencial-, se puede afirmar que el representante persona natural designado por la persona jurídica administradora social, no es susceptible de integrar la categoría de persona afectada por la calificación.
Lo más prudente es que la depuración de responsabilidades se realice llamando a estas personas como cómplices, no como afectadas. Con cita de la STS 104/2018, que a criterio del autor parece cuestionar que la persona física representante pueda ser imputada por la vía de la administración de hecho.
4) STS 1224/2018, de 21 de marzo.***
Sala Especial. Ponente, Angel Ramón Arozamena Laso.
Administración concursal: Derivación de responsabilidad de deuda tributaria de la concursada.
AEAT: Derivación de deudas de la concursada a la AC.
Nota: La controversia trae causa de la falta de ingreso por la AC de una cuota por IVA por la venta de un inmueble más el importe de la sanción; y se discute si la AEAT tiene competencia para incoar un procedimiento de derivación por la vía administrativa, mientras se está tramitando el concurso.
El principio de universalidad que establece la L.C., al atribuir jurisdicción exclusiva y excluyente al juez del concurso -de modo que a él incumba la toma de cualesquiera decisiones sobre la marcha del procedimiento concursal (jurisdicción exclusiva) y ningún otro órgano, administrativo o jurisdiccional, pueda proceder ejecutiva o cautelarmente sobre el patrimonio del concursado (jurisdicción excluyente)- se funda en razones de economía procesal y sirve a la eficacia del proceso universal abierto (art. 9 LC). Ahora bien, la jurisdicción atribuida al juez del concurso para conocer de cualesquiera cuestiones relacionadas con el proceso universal, con desplazamiento del órgano primariamente competente -sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo supone una excepción al principio de improrrogabilidad y, por ello, debe ser objeto de una interpretación estricta y está sujeta a ciertos límites. Lo que supone una reconsideración del criterio mantenido por la Sala Especial en la S de 27 de abril de 2016 (CJ 1/2016), volviendo a la doctrina previamente mantenida al respecto en la S de 9 de abril de 2013 (CJ 1/2013). Esta misma doctrina se mantiene por la STS, Sección 2.ª, Sala Tercera, de 27 de junio de 2017 (recurso de casación nº 433/2016), con cita de la de 15 de junio de 2016 (recurso de casación nº 1916/2015).
El reconocimiento de la jurisdicción de la Administración Tributaria no contiene ningún juicio anticipatorio de la conformidad a derecho de las resoluciones administrativas que puedan ser dictadas en el marco del procedimiento.
ADELANTO INFORME INTERNACIONAL CONCURSAL REFOR-CGE: COMPARATIVA CONCURSOS DE ACREEDORES DE EMPRESAS EN PRINCIPALES PAISES DE EUROPA 2017
Hemos actualizado una serie de datos fundamentales del informe más detallado de REFOR-CGE de comparativa internacional del total anual 2017. De esta forma, podemos obtener un análisis de cómo ha evolucionado la comparativa internacional en 2017. Nos adelantamos este año en un informe que solemos obtener en mayo de cada año y que las principales organizaciones referentes en este ámbito como Creditreform realizan no antes de dicho mes.
Para simplificar nos hemos centrado en la variable número de concursos, prescindiendo de otras variables que utilizábamos como el PIB, población y número de empresas, que dejaremos para el estudio de mayor profundidad en 2018 con más tiempo. Los datos que hemos obtenido pueden verse en la siguiente tabla: PAÍS
CONCURSOS EN 2017
(en relación con variación % 2016)
NÚMERO CONCURSOS
Cuadro genérico comparativa concursal y económica europea total año 2017
Elaboración propia del REFOR-CGE: datos de diversas fuentes (fundamentalmente Estadísticas concursales oficiales del país)
Nota: dado que el concepto de concurso de acreedores varía de un país a otro, es posible que las cifras absolutas de número de concursos de determinados países no coincidan dependiendo de la fuente estadísticas de la que procedan los datos. Por ello, consideramos como más importante la segunda y tercera columna que mide la tendencia alcista o bajista de la evolución concursal.
Debemos aclarar en primer lugar que este estudio lo hemos realizado refiriéndonos a concursos de empresas, no estando incluidos los concursos de personas físicas. Frente al informe sobre el año 2016, en el que España era el país de la UE (entre los siete países seleccionados en el cuadro) en el que se producía el mayor descenso en cuanto al número de concursos (-20%); sin embargo, se produce en este año 2017 un posible cambio de tendencia pues disminuyen los concursos en nuestro país en mucho menor grado, un 4,7%. En otras naciones de nuestro entorno, la tendencia es en general hacia un MENOR NÚMERO DE CONCURSOS DE ACREEDORES salvo el caso de Reino Unido, que con 17.243 concursos presenta un crecimiento concursal del 4,2%. Sin embargo, en otros países europeos bajan los concursos de acreedores en 2017 con respecto a 2016: de este modo, Francia con 55.175 insolvencias de empresas (-4%), Alemania, alcanza 20.200 (-6%), Italia 13.098 (-3%), Portugal 6.284 (-12%), Dinamarca 6.383 (-4%) y Finlandia 2.160 (-10%).
Observamos por tanto un menor decrecimiento concursal en España en 2017, lo que nos podría llevar a pensar en una posible tendencia al incremento de concursos de acreedores, que podría ser causado por un conjunto de variables. Por un lado, como efecto de la reforma concursal 2014-2015; un mayor conocimiento del procedimiento concursal por parte de los empresarios; una menor percepción del estigma concursal (si bien todavía persiste); posibles vencimientos de las refinanciaciones y operaciones financieras de crédito y una posible pequeña mejora de la economía sumergida que anteriormente no computaba las cifras concursales oficiales. Se ha mejorado las cifras de pagos del FOGASA en relación con los concursos de acreedores, según ponemos de manifiesto desde REFOR-CGE en otro de nuestros estudios. Como observamos en la tendencia nos referimos a la comparación con el porcentaje de crecimiento de 2016.
En cualquier caso, pese a este cambio de tendencia en España, hacia el incremento concursal, sin embargo, las cifras que se presentan en nuestro país siguiendo todavía bajas en relación con el resto de países europeos analizados. La cifra de concursos de empresas en España (en torno a 4.000 anuales, en concreto este año 4.095) es inferior a la de otras economías vecinas de Europa (Francia: más de 55.000; Alemania, unos 20.000, Reino Unido más de 17.000, Italia, más de 13.000, Portugal y Dinamarca superan los 6.000. Incluso un país como Portugal, de menor dimensión económica que nosotros, cuyo PIB es 6 veces inferior al de España y con 4 veces menos de población que nuestro país, nos supera en número de concursos en 2017: más de 6.000. O el caso paradigmático que también solemos destacar en nuestros estudios del REFOR-CGE, Dinamarca, con un número de concursos, más de 6.000, no muy alejado de los nuestros, siendo un país mucho más pequeño y con menor PIB.
Este hecho, nos lleva a pensar que la cifra en el número de concursos es menor al que debería corresponder a España, y quizás ofrezca una visión un tanto distorsionada de la realidad. Una de las explicaciones, para esta situación que ya hemos comentado también con anterioridad en el REFOR-CGE es que en España, todavía y a pesar de la mejoría en este sentido, en realidad muchas empresas no acuden al concurso de acreedores, al no percibir sus ventajas, frente a otros países europeos, por lo que se percibe una importante cifra oculta de teóricas situaciones de insolvencia, que pasan a engrosar las cifras de la economía sumergida y no de la economía real (otros estudios periódicos del REFOR-CGE que elaboramos comparando cifras del FOGASA en 2016 y 2017, a las que nos remitimos, resultan esclarecedoras en este sentido). Quizá un fenómeno parecido pueda ocurrir en Italia, si bien con efectos menos acusados que en España. Esta economía sumergida concursal, que seguimos observando, en la comparación europea, sin embargo, se va reduciendo en España en 2017 (pues se han reducido mucho los pagos del FOGASA en 2017, casi un 40% lo que resulta positivo ( y puede ser una de las razones por lo que los concursos de acreedores han experimentado un menor decrecimiento).Es decir, las reformas concursales de 2015 parecen contribuir a que las empresas progresivamente tiendan a solventar sus insolvencias a través de la ley concursal. Se observa asimismo un mayor conocimiento del procedimiento concursal en los últimos años por parte del empresariado y la sociedad en general, aunque con espacio todavía de mejora. No obstante, como decimos, a pesar de estos datos que mejoran dicha economía sumergida concursal, queda todavía recorrido para que haya más insolvencias.
Como decíamos anteriormente, en este estudio que hemos realizado desde el REFOR-CGE sobre la evolución europea en el número de concursos, nos referimos a las insolvencias empresariales. Si incluyéramos en este estudio los concursos de personas físicas, las conclusiones serían todavía más extremas y la cifra de concursos totales en España, sería ridícula comparada con la de otros países europeos.
Refor jurisprudencia concursal
fuentSJE REFOR-CGE 4/2018 - 7 de febrero 2018
1) SAP de la Coruña 2/2018, de 15 de enero de 2018.**
Sección 4ª. Ponente, José Luis Seoane Spiegelberg.
Créditos: Reembolso a socio separado.
Créditos subordinados: Numerus clausus.
El derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos posibilita que la falta de reparto de beneficios en determinadas condiciones genere un derecho del socio a separarse de la sociedad, con el correlativo reintegro de sus participaciones o acciones, es decir del reembolso al que se refiere el art. 356 LSC. Si la sociedad concursa, este derecho de crédito no puede quedar postergado a la del resto de acreedores y más cuando el derecho se ejercitó cinco años antes de la declaración del concurso.
Aunque el socio separado hubiese ostentado más del 10% del capital social, su crédito no debe quedar subordinado pues el crédito no es un préstamo o acto análogo en los términos del art. 92.5 LC.
2) STS 164/2018, de 11 de enero de 2018.**
Sala Social. Ponente Sebastián Moral Gallego.
Venta de unidad productiva: Competencia de los casos en que se aprecie la existencia de un supuesto de sucesión empresarial.
Sean cuales sean las circunstancias en las que se ha desarrollado la extinción colectiva de los contratos de trabajo en un concurso de acreedores, así como la liquidación de los bienes de ésta, la cuestión de si posteriormente se ha producido o no una sucesión empresarial (art. 44 ET) es competencia de la jurisdicción social. Incluidos los supuestos de venta de unidad productiva. Reproduce las STS (social) de 29 de octubre de 2014, y cita los AATS (Conflictos) de 9 de diciembre de 2015 y 9 de marzo de 2016.
SE INCREMENTAN CONCURSOS UN 2% EN 2017.CAMBIO DE TENDENCIA
Así han salido publicados los siguientes informes de fecha 8 de enero de 2018, tanto de Informa D&B como de Axesor, que indican que los concursos de acreedores se incrementan un 2% en 2018 frente a decrecimientos en años anteriores.
Se incluyen datos por Comunidades Autónomas
Estaremos a la espera de cifras oficiales del INE, que no salen hasta el próximo 7 de febrero de 2018. Recordemos el efecto retraso en los concursos de acreedores de cada año, que se siguen publicando en el BOE hasta pasados los primeros meses del año (especialmente en el mes de enero). Por ello, las estadísticas del INE se retrasan pero son más exactas y reales.
Documentación en web REFOR-CGE:
Los concursos de acreedores suben en 2017 y cortan tres años de caídas
Los concursos de acreedores presentados por sociedades mercantiles subieron un 2,2% en 2017 tras tres años de descensos, hasta alcanzar los 4.211 procedimientos, según los datos procesados por la agencia de rating Axesor. La Vanguardia 05/01/2018
6 enero 2018 elEconomista.es, diariodelaltoaragon.es, cincodias.com, granadahoy.com y diariovasco.com se hacen eco de los concursos de acreedores que se han llevado a cabo en 2017, tanto a nivel nacional como autonómico, según datos del último Radar Empresarial elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de axesor.
5 de enero 2018:elEconomista.es, europapress.es, elconfidencial.com, y expansion.com publican que los concursos de acreedores se han incrementado un 2,2% en 2017, cerrando el año con 4.211 procedimientos según el último Radar Empresarial elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de axesor.
Conozca cuando existe un grupo de empresas “patológico”, bien para evitarlo, o bien para exigir responsabilidades a todas las empresas del grupo
​por LeQuid Firma de Abogados y Economistas fundada por José María Dutilh | nov 30, 2017 | Asesoría legal, Corporate General
Se podría definir el concepto de “grupo de empresas” como el conjunto de sociedades que, teniendo, cada una de ellas, personalidad jurídica propia, quedan sometidas a una dirección económica unificadora proveniente de otra u otras sociedades o empresas.
El grupo de empresas es inocuo a efectos laborales y en términos de responsabilidad solidaria; no lo es en cambio la calificación de “grupo de empresas patológico”, quedando este último concepto reservado “para los supuestos en que las circunstancias determinantes de la responsabilidad solidaria se enmarcan en el terreno de la ocultación o fraude” (STS de 20 de octubre de 2015) o abuso a terceros.
Para afirmar que existe un grupo de empresas patológico “no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales” (STS 30 de enero de 1990).
Estos elementos adicionales (no cumulativos) son los siguientes:
El funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo.
Para que un grupo de empresas sea considerado como “patológico” es necesario que todas las sociedades actúen, de forma continuada o al menos habitual, con unas mismas directrices, bajo unas mismas órdenes o bajo una dirección unitaria, cualquiera que sea el modo en que ello ocurra (STSJ del País Vasco 798/2010 y STSJ de Madrid 285/ 2016).
Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, en favor de varias de las empresas del grupo.
Lo anterior se refiere a que exista una contratación formal de los trabajadores por parte de una empresa del grupo, pero que la prestación de sus servicios la realicen indistintamente para todas las empresas del grupo de empresas patológico.
Confusión de plantillas, patrimonios y apariencia externa de unidad de empresas y de dirección.
Se debe tener en cuenta que el elemento anterior, “no hace referencia a la pertenencia del capital social, sino a la pertenencia y uso del patrimonio social de forma indistinta, lo que no impide la utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción comunes, siempre que esté clara y formalizada esa pertenencia común o la cesión de su uso”.
Tampoco existirá “por encontrarse desordenados o mezclados físicamente los activos sociales”, a menos que “no pueda reconstruirse formalmente la separación” (STS de 20 de octubre de 2015).
Ejemplos de lo anterior, en un grupo de empresas patológico, sería realizar el trabajo en los mismos locales, compartiendo materiales y utensilios; confusión de patrimonios por el pago de las nóminas, etc. (STSJ de Andalucía de 2 de julio de 2009)
Cuando se habla de “unidad de caja” se hace referencia al grado máximo de confusión patrimonial que se produce en un grupo de empresas patológico.
​ Creación de empresas aparentes sin sustento real
Este elemento hace referencia a que se compartan el objeto social de las empresas del grupo de empresas patológico. Es decir, se hace un uso fraudulento de la personificación.
Todo lo anterior “nos estaría introduciendo en el campo del levantamiento del velo y el empleo abusivo, fraudulento o «de pantalla» de la personalidad de las distintas empresas.” (STSJ de Galicia 6121/2014).
ARGUMENTOS A FAVOR DEL GRUPO DE EMPRESAS PATOLÓGICO CONTRARGUMENTOS
1. El funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo. No es relevante si han colaborado en la realización del trabajo (ej.: montaje o instalación), si sus empleados se han servido de los coches de ambas empresas, en especial, cuando una empresa necesita la colaboración de la otra.
2. Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, en favor de varias de las empresas del grupo. No siempre que los trabajadores que prestan servicios en diferentes empresas del grupo a lo largo de su vinculación contractual con el grupo de empresas debe entenderse que existe grupo de empresas laboral, puesto que dichas situaciones son comunes en los grupos de empresas y responden a “razones técnicas y organizativas derivadas de la división del trabajo dentro del grupo de empresas” (STS de 26 de noviembre de 1990)
3. Confusión de plantillas, patrimonios y apariencia externa de unidad empresas y de dirección. El hecho de que algunos trabajadores hayan usado elementos de otra empresa del grupo, no significa que haya confusión de plantillas, sino únicamente que el negocio de una de las empresas necesita de la colaboración de la otra empresa.
La confusión de patrimonio no es derivable de la mera utilización de infraestructuras comunes.
4. Creación de empresas aparentes sin sustento real Cada una de las empresas del grupo tiene un objeto social distinto, que es real y lícito, y diferente al del resto de sociedades del grupo.
LeQuid Firma de Abogados y Economistas
TS fija como doctrina la potestad de la Adm. para sancionar el uso de cláusulas abusivas sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil
El TS fija como doctrina la potestad de la Adm. para sancionar el uso de cláusulas abusivas sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil
El Poder Judicial, a través de una comunicación dada a conocer en la tarde del viernes 27 de octubre, informa de una nueva sentencia dictada por la Sala 3ª del TS por la que se establece que los bancos puedan ser sancionados por cláusulas abusivas sin previo pronunciamento judicial civil.
Materias: Civil, Mercantil, Administrativo
La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina legal que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios “sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil” sobre la abusividad de dichas cláusulas.
Consulte la sentencia: Sentencia TS Sala de lo Contencioso 16/09/2017
Esta sentencia, resuelve y estima un recurso en interés de la Ley presentado por la Junta de Andalucía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló cuatro multas impuestas por la Secretaría General de Consumo andaluza a Unicaja por cláusulas abusivas.
En la misma se determina que, la doctrina seguida pro el TSJ de Andalucía es errónea y gravemente dañosa para el interés general, al interpretar no sólo una Ley andaluza sino también el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. El TSJ andaluz entendió que la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la Ley andaluza 13/2003 de Defensa de los Consumidores, cuando tipifican como infracción introducir cláusulas abusivas (por ejemplo, cláusulas suelo) en contratos como préstamos hipotecarios o de apertura de cuentas y libretas de ahorro, necesita una previa declaración de que la cláusula es abusiva por parte de un Juzgado Civil.
Para la Sala 3ª del TS, “la doctrina que sienta la sentencia recurrida desapodera a la Administración de la potestad sancionadora en la materia de consumidores y usuarios, concretamente en una actividad tan sensible como la introducción de cláusulas abusivas. Dicho de otro modo, cuando la sentencia remite, para la fijación del carácter abusivo de las cláusulas, a una previa declaración de la jurisdicción civil, se está bloqueando la aplicación del catálogo de infracciones que describe el Texto Refundido Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, además de la Ley andaluza citada”.
Considera que, "esa suerte de prejudicialidad civil que se infiere de la sentencia recurrida, para el ejercicio de la potestad sancionadora, toda vez que el ilícito administrativo que castiga, la introducción de cláusulas abusivas, es título suficiente para ejercer la potestad sancionadora”.
Por último, en la Comunicación del Poder Judicial, aclara que el tipo de recurso utilizado, el recurso "en interés de ley", tiene la finalidad de impedir que resoluciones judiciales que expresan una doctrina errónea y gravemente dañosa para el interés general, se consoliden y reiteren en casos iguales o semejantes, según explica la sentencia. El Supremo subraya al respecto en su fallo que la doctrina legal fijada ahora por el alto tribunal es la que vincula a todos los jueces y tribunales inferiores en el orden contencioso-administrativo.
Los economistas ven posible un aumento de los concursos de acreedores
XAVIER GIL PECHARROMÁN8:36 - 22/09/2017
Hasta julio de 2017 se han incrementado un 7%
En los últimos años la tendencia había sido la de su reducción
Hasta julio 2017 se han incrementado los concursos de acreedores un 7%, por lo que puede producirse un cambio de tendencia frente al descenso de años anteriores y los concursos podrían incrementarse en este año 2017 en torno al 5%, según las conclusiones del Atlas Concursal, elaborado por el Registro de Expertos en Economía Forense (Refor) del Consejo de Economistas.
Señala el informe que continúa la senda descendente en los acuerdos de refinanciación homologados en 2017, incrementándose incluso su bajada, ya que hasta agosto de 2017 disminuyen un 30%, registrándose tan solo 40 frente a los 57 en 2016. La empresa mayoritaria en España en el ámbito concursal es la micropyme -52% en 2016 del total de concursos-.
Apunta el Refor que el legislador debería tener en cuenta la particularidad de la pyme y la importancia de la misma en España en el ámbito concursal, dado que que la gran mayoría de las pymes, son más bien micropymes y pequeñas empresas.
Aboga, por tanto, a introducir particularidades en la próxima reforma concursal para las mismas, distinguiendo entre autónomos, micropymes, pequeñas, medianas y grandes empresas, por sus peculiaridades y diferencias.
España tiene una evolución singular en el ámbito internacional en cuanto al número de concursos de acreedores. Es el país -entre los siete países de Alemania, España, Francia, Portugal, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia objeto de estudio- en el que se produjo en 2016 el mayor descenso (-20%) en cuanto al número de concursos. Así, el país se aleja de la media europea.
Señala el Atlas Concursal, que los acuerdos de refinanciación homologados en 2016 han sido menores que en 2015 -un 4%-. Por ello denuncia que no está funcionando uno de los pilares introducidos en la reforma concursal de 2014 y 2015. Por ello, afirma que deberían plantearse ciertas reformas y modificaciones en los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, para que las empresas acudan a los mismos: limar formalidades, que el crédito público estuviera incluido, al menos en pymes en estos acuerdos y simplificar el procedimiento.
En otro orden de cosas, se superó el millar de mediaciones concursales hasta septiembre de 2016. Crecen un 36,88% de junio a septiembre de 2016, pero solo el 4% son de empresas.
Insolvencias 'sumergidas'
En cuanto a los acuerdos extrajudiciales de pagos, su número es reducido sobre todo para personas jurídicas: 17 frente a los aproximadamente 1.000 de personas físicas, según datos del Colegio de Registradores. Así, creen que debería ampliarse y facilitarse la segunda oportunidad incluyendo el crédito público, los avalistas y reducción el plazo de cinco a tres años.
Finalmente, los pagos del Fogasa siguen siendo superiores a los registrados en concursos de acreedores. El ratio que los relaciona es de 1,6 y se han incrementado en 2016, por lo que muestra una economía sumergida de insolvencias que no se vehiculan a través del concurso.
Por ello, dicen que la reforma concursal debería hacer más atractivo y facilitar la resolución de las insolvencias y evitar cierres en economía sumergida. El Fogasa no recupera todos los créditos en los que se subroga, lo que supone un alto coste económico y una ineficiencia económica del sistema concursal.
ABOGADOS ALICANTE CONCURSO

References: resolución 
 resolución 
 artículo 44
 artículo 5
 artículo 44
 Resolución 
 artículo 93
 resolución 
 resolución 
 artículo 149
 artículo 44
 artículo 146
 artículo 149
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 Artículo 196
 Artículo 197
 Artículo 197
 artículo 197
 artículo 196
 Artículo 272
 Artículo 272
 Artículo 196
 Artículo 287
 artículo 197
 Artículo 197
 Artículo 196
 Artículo 197
 Artículo 196
 Artículo 197
 Artículo 197
 Artículo 197
 resolución 
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