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Timestamp: 2019-02-22 07:46:26+00:00

Document:
Comandante en Jefe de la Armada Martínez Bush – Marineros Constitucionalistas de Chile
Intervención en el Senado del Sr. Martínez Bush, ex comandante de La Papudo donde fuera detenido en 1973 el marinero constitucionalista Mr. 1° Orlando Diaz Diaz.
Sesión 16ª, en martes 12 de diciembre de 2000
(De 16:22 a 19:13)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE, Y ANTONIO HORVATH, PRESIDENTE ACCIDENTAL
–Aburto Ochoa, Marcos
–Bitar Chacra, Sergio
–Boeninger Kausel, Edgardo
–Bombal Otaegui, Carlos
–Canessa Robert, Julio
–Cariola Barroilhet, Marco
–Cordero Rusque, Fernando
–Chadwick Piñera, Andrés
–Díez Urzúa, Sergio
–Fernández Fernández, Sergio
–Foxley Rioseco, Alejandro
–Frei Ruiz-Tagle, Carmen
–Gazmuri Mujica, Jaime
–Hamilton Depassier, Juan
–Horvath Kiss, Antonio
–Lagos Cosgrove, Julio
–Larraín Fernández, Hernán
–Lavandero Illanes, Jorge
–Martínez Busch, Jorge
–Matta Aragay, Manuel Antonio
–Matthei Fornet, Evelyn
–Moreno Rojas, Rafael –Novoa Vásquez, Jovino
–Núñez Muñoz, Ricardo
–Ominami Pascual, Carlos
–Páez Verdugo, Sergio
–Parra Muñoz, Augusto
–Pérez Walker, Ignacio
–Pizarro Soto, Jorge
–Prat Alemparte, Francisco
–Ríos Santander, Mario
–Romero Pizarro, Sergio
–Ruiz De Giorgio, José
–Ruiz-Esquide Jara, Mariano
–Sabag Castillo, Hosaín
–Silva Cimma, Enrique
–Stange Oelckers, Rodolfo
–Urenda Zegers, Beltrán
–Valdés Subercaseaux, Gabriel
–Vega Hidalgo, Ramón
–Viera-Gallo Quesney, José Antonio
–Zaldívar Larraín, Adolfo
–Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior; Secretario General de la Presidencia; Secretario General de Gobierno; de Justicia y de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, y el señor Subsecretario de Obras Públicas.
APERTURA DE LA SESIÓN (Extracto)
–Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 18 señores Senadores.
PARTE DE VERDAD HISTÓRICA: SEDICIÓN EN ESCUADRA NACIONAL
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, señores Senadores, en la edición del vespertino “La Segunda” del jueves 7 de diciembre del presente año, aparece una entrevista al señor Carlos Altamirano Orrego, donde, entre otras cosas, dice: “Cometí errores y no horrores”.
Me parece oportuno entregar en el Senado algunos antecedentes -tanto para la historia como para el conocimiento de los señores Senadores- que existen detrás de esa frase, los que me permiten sostener que el señor Altamirano puede ser definido como autor de “genocidio frustrado”. Repito: en este momento voy a acusar a don Carlos Altamirano Orrego de “genocidio frustrado” y, para justificar mi planteamiento daré lectura al extracto del sumario que realizó la Armada de Chile a raíz de la penetración de este caballero en el personal de suboficiales, tendiente a fomentar la subversión en la Institución.
Dentro de los múltiples sucesos trágicos acaecidos durante el Gobierno de la Unidad Popular y que, como otros, hunden sus raíces en la década de los años 60, se pueden contar los intentos por controlar, dividir o neutralizar a las Fuerzas Armadas por parte de diversos grupos o movimientos que integraban la coalición de izquierda que gobernó entre 1970 y 1973.
Resulta conveniente traer a la memoria de las generaciones presentes la intensa labor de penetración desplegada por el marxismo para infiltrar las instituciones fundamentales del Estado, a fin de que se conozca en forma amplia y específica lo que se hizo en los Institutos de la Defensa Nacional, a sabiendas de que éstos, por su férrea cohesión y claridad de sus objetivos de velar por la integridad del Estado, eran piezas básicas, cuyo desmantelamiento, aun a costa del asesinato masivo, aparecía como esencial para el marxismo.
Cabe aclarar que rechazo cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Estoy explicando el ambiente y los antecedentes que me llevan a sostener que el señor Altamirano es una de las personas a quien puedo acusar de “genocidio frustrado”.
En tal sentido, en Chile se cumplieron las previsiones teóricas de la doctrina marxista de infiltrar las Instituciones de la Defensa para lograr su destrucción y permitir así el control total del Estado, accediendo al poder total.
Todo cuanto a continuación se relata es el testimonio extraído de documentos públicos, especialmente de los respectivos procesos.
El proceso judicial ordenado instruir por el Juez Naval de Valparaíso por el delito de sedición en la Armada, comprometió a una pequeña parte del personal de la Institución y civiles, fundamentalmente pertenecientes a los partidos y movimientos políticos marxistas.
Los individuos involucrados en este delito crearon una organización clandestina estructurada conforme al sistema celular. Pretendían la captura de los buques de guerra fondeados en el puerto de Valparaíso, mediante una acción sorpresiva que permitiría apresar a los oficiales, o bien darles muerte si oponían resistencia. Se dispondría entonces el zarpe de los buques con el objeto de proceder al bombardeo de las reparticiones de tierra que podrían hacer peligrar el éxito del movimiento, entre otras, la Infantería de Marina y la Población Naval, ubicadas en las Salinas, de Viña del Mar, y la Escuela Naval “Arturo Prat”, en Valparaíso. Simultáneamente, se tomaría el control de algunas radioemisoras que servirían para transmitir a la ciudadanía en general los fundamentos de este proceder y, al mismo tiempo, lograr que el Gobierno proclamara el apoyo a sus aspiraciones, entre las cuales figuraba el establecimiento de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias”.
Por su parte, el MIR actuaría desde tierra evitando la posible reacción del mando naval, al eliminar a los oficiales en sus hogares ubicados en las poblaciones navales, y, por otra, se encargaría de preparar sicológicamente a la ciudadanía frente a la acción que sería llevada a cabo por el personal de la Armada implicado en el movimiento. Junto con las acciones del MIR, los altos dirigentes políticos darían su apoyo público a través de los medios de difusión.
Constituyeron cabecillas del complot, entre otros, dirigentes políticos de alta jerarquía como el ex Senador señor Carlos Altamirano Orrego, Secretario General del Partido Socialista; el ex Diputado señor Oscar Garretón Purcell, Secretario General del MAPU, y el ex dirigente máximo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), señor Miguel Enríquez Espinoza.
El planteamiento de la organización se llevó a efecto entre personal de dotación de diferentes unidades y reparticiones, dentro de las cuales se destacan algunos buques de la Armada, tales como el destructor “Blanco Encalada”; los cruceros “Latorre”, “Prat” y “O’Higgins”, y la planta de Astilleros y Maestranzas de la Armada, de Talcahuano. Para ello, los complotados se unieron en pequeños grupos, entre los cuales existían nexos comunes de acuerdo con el tradicional esquema marxista. Se realizaron distintas reuniones destinadas al adoctrinamiento político, al análisis de la situación política del país y al estudio de problemas internos de la Armada, que se formulaban como mejoras remuneracionales o de bienestar, la mayoría de ellas destinadas a preparar las acciones a ejecutar.
Las conversaciones y reuniones iniciales se efectuaron en enero de 1973, tanto en buques como en reparticiones en tierra. Su finalidad era lograr los primeros contactos de la organización que se formaría dentro del personal de la Armada orientados a preparar un autogolpe de Estado. De las declaraciones de los inculpados se desprende que en las reuniones clandestinas se trataban temas relacionados con el pensamiento de Lenín, Marx y otros ideólogos políticos. Además, se hablaba de las luchas populares y sus victorias y también de la Revolución Cubana y la Rusia Soviética.
De los integrantes de la Armada que participaron en estas reuniones, hubo algunos que se percataron que los marxistas querían usarlos con una finalidad política, por lo cual manifestaron su disconformidad y no siguieron asistiendo a ellas. Sin embargo, no dieron cuenta de esto a sus oficiales, ya que se les amenazó con tomar represalias contra ellos y sus familias por parte del servicio de inteligencia del MIR, en el caso de que pusieran los antecedentes en conocimiento de sus respectivos mandos.
Cabe hacer notar que las acciones para involucrar al personal de la Armada fueron iniciadas por el sargento de un buque de la Escuadra, Juan Cárdenas Villablanca, cuya esposa trabajaba como secretaria de un ex político marxista que ocupaba un alto cargo en el Gobierno de la Unidad Popular. Éste fue el que reclutó a los primeros integrantes de la organización clandestina haciéndolos creer inicialmente que el movimiento sólo estaba destinado a obtener mejoras económicas y a corregir presuntos problemas internos que existían en la Institución. A medida que lograba reclutar a personal de bajos grados -marineros y cabos-, iban cambiando los objetivos, apareciendo las verdaderas metas y confirmando que el movimiento era de carácter netamente político.
Posteriormente, a raíz de lo sucedido en el Regimiento Blindado Nº 2, en Santiago, el sargento que encabezaba el grupo sedicioso inició una acción destinada a acelerar el movimiento. Comunicó al resto de los implicados que se reunirían con Carlos Altamirano, Oscar Guillermo Garretón y Miguel Enríquez, con el propósito de que éstos dieran al plan el apoyo armado con sus brigadas de choque. Junto con lo anterior, se confeccionó una lista de personal que ocuparía determinados puestos tanto para zarpar con los buques como para bombardear las reparticiones terrestres.
II.- DESARROLLO DE LA ACCIÓN SEDICIOSA.
En el período comprendido entre enero y junio de 1973, se llevaron a cabo diversas conversaciones y reuniones en unidades navales, en reparticiones en tierra, locales y restaurantes, cuya finalidad era obtener los primeros contactos para dar forma a una organización integrada por personal de la Armada, bajo el pretexto de parar un supuesto “Golpe de los Oficiales”. Específicamente, en el crucero “Prat” se gestaron las primeras reuniones en torno al marinero José Arturo Maldonado Alvear y al sargento Cárdenas antes mencionado. Por ese tiempo, en Concepción, ambos participaron en reuniones con civiles tratando temas de política e ideología marxista, señalando, por ejemplo, que ellos, por ser personal de Gente de Mar pertenecían a la “clase obrera” y debían luchar contra los patrones que, en el caso de la Institución, lo constituían “los oficiales”. Las reuniones entre personal naval involucrado en esta primera fase giraban en torno al plan de apoderarse de los buques.
Posteriormente, en febrero de 1973 se celebró una reunión en el restaurante “Los Pingüinos”, de Valparaíso, donde se trataron temas relacionados con la situación política del país y la adhesión del grupo al Gobierno marxista de la época. Se insistía en el inminente “golpe de los oficiales” que justificaría la acción de la organización clandestina, por lo que había que adelantarse a los “sediciosos”.
Por otra parte, entre marzo y junio de 1973 se sucedieron diversas reuniones en Talcahuano, en las que participaban operarios de la planta de ASMAR de dicho puerto con civiles pertenecientes al MIR. En ellas, se trató la necesidad de organizarse con el fin de recibir instrucción política, organización y sobre prácticas de sabotaje en la Institución.
Durante los meses de junio y julio de 1973 se llevaron a cabo en ciertos buques y en tierra diversas reuniones y conversaciones orientadas a reclutar personal naval y organizarlo en la estructura clandestina izquierdista naciente. Dichas reuniones se hicieron a bordo del crucero O´Higgins, en Concepción y Talcahuano, en dos oportunidades, con participación de miembros del MIR, y en Valparaíso, con asistencia de integrantes del MAPU, todo ello para captar personal naval.
La primera reunión con políticos del Gobierno de la época se efectuó el 31 de julio de 1973, en un departamento ubicado en Recreo Alto, en Viña del Mar, a la cual asistió Oscar Guillermo Garretón Purcell, Secretario General del MAPU, tres integrantes de dicho partido, el jefe del grupo naval, el sargento Juan Cárdenas Villablanca, y diez marineros de diversos buques.
En esa oportunidad, el sargento Cárdenas expuso sus planes a Garretón, diciéndole que, de ser necesario, se tomarían las Salas de Armas de los buques, se daría muerte a los oficiales y al personal que opusieran resistencia, bombardeándose al mismo tiempo las reparticiones de tierra. También le informó que tenía contactos con Miguel Enríquez del MIR y que deseaba además reunirse con Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista. Garretón contestó que la infraestructura del MAPU era muy pequeña, por lo cual conversaría con personeros de otros partidos para los efectos de obtener un apoyo a los planes de los marinos de este movimiento clandestino.
Por lo declarado por uno de los asistentes a dicho reunión, era evidente que el sargento y Garretón se conocían y que incluso Cárdenas había tenido conversaciones con anterioridad con Altamirano.
El 3 de agosto de 1973, se realizó una segunda reunión con políticos de Gobierno y dirigentes del MIR. Esta vez en una casa quinta grande ubicada en Pirque, en Santiago, y asistieron el ex Senador Altamirano, Miguel Enríquez con cinco militantes del MIR, el sargento Cárdenas, que instigaba a los sediciosos, y siete marineros. Nuevamente en esta reunión el sargento explicó su plan, ante el cual Altamirano respondió que estaba de acuerdo y que cooperaría, comprometiendo el apoyo popular. Por su parte, Miguel Enríquez manifestó que era necesario bombardear el Fuerte Vergara y que contaba con 15 mil militantes paramilitares para ayudar a los sediciosos desde tierra. Una vez terminado el bombardeo, la Escuadra entraría al puerto de Valparaíso. En ese momento se presentaría el ex Senador Carlos Altamirano a bordo para hablar al personal de tripulaciones y le sería entregado por parte de los sediciosos un pliego de peticiones para que lo hiciese llegar a manos de Salvador Allende. En él se contemplaba establecer en definitiva las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Además, en esta reunión se fijaron las frecuencias y claves que se usarían para mantener el enlace entre los buques amotinados y las fuerzas del MIR, MAPU y Partido Socialista. El día anterior, Cárdenas se había reunido con Miguel Enríquez. Por su parte, dos participantes de la reunión del 3 de agosto de 1973 fueron enviados en automóvil a Talcahuano, una vez terminada, a fin de informar de lo tratado a dirigentes del MIR de esa zona.
Descubiertos a tiempo los planes y objetivos de esta organización clandestina sediciosa, no pudieron materializarse debido a la acción oportuna de un testigo presencial a una de las últimas reuniones, quien dio cuenta de todo lo conversado y acordado al mando de su buque, precisamente dos días antes de la fecha programada -el 9 de agosto- para la ejecución de los planes ya mencionados. De no haber ocurrido ello, la obtención de los objetivos programados pudo haber traído fatales consecuencias tanto para los oficiales como para personal de gente de mar y sus familiares.
Por último, cabe destacar el bajo número de implicados en el movimiento sedicioso en comparación con el total del personal con que contaba la Institución, ya que el grupo implicado lo conformaban un sargento 2º, 12 cabos, 28 marineros y 10 operarios de la planta de ASMAR en Talcahuano.
En el proceso judicial seguido ante el Juzgado Naval de Valparaíso, se llegó a determinar la responsabilidad que les cupo a los dirigentes políticos antes señalados en fomentar y preparar alzamientos armados al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, siendo declarados reos, con fecha 2 de octubre de 1973, Carlos Altamirano Orrego, Oscar Guillermo Garretón Purcell, Miguel Enríquez Espinoza y Luis Guillermo Vergara Díaz, por delito previsto en el artículo 274 del Código de Justicia Militar y, además, por el delito señalado en el artículo 278 del mismo cuerpo legal, siendo declarados rebeldes los tres primeros, sobreseyéndose la causa a su respecto.
El dictamen acusatorio dejó constancia de que, no obstante la rebeldía de los citados dirigentes de izquierda, les cabía participación de autores en el delito frustrado de sedición, consignado en los artículos 274 y 272 del Código de Justicia Militar, siendo sobreseídos por rebeldía.
Más allá de los alcances penales de las actuaciones antes reseñadas, cabe considerar que Chile se encontraba frente al desenvolvimiento de una estrategia destinada a la conquista del poder total, estrategia que encontraba un serio obstáculo en Fuerzas Armadas como las chilenas, profesionales y dotadas de una tradición histórica de prestigio y sostenedoras de valores contrarios a los que el régimen de Allende pretendió imponer en nuestra patria.
Ya hemos señalado que en otras ramas de las Fuerzas Armadas hubo intentos similares de infiltración y subversión. Pero, más que eso, el país se deslizaba a un autogolpe del gobierno marxista o a una guerra civil resultante del mismo. La politóloga francesa Suzane Labin, en su esclarecedora obra “Chile, el crimen de resistir” señala que “El pronunciamiento militar permitió descubrir una multitud de documentos secretos que sacaron a la luz y aportaron pruebas irrefutables sobre los verdaderos actos, planes y móviles de los dirigentes marxistas”, concluyendo más adelante que “daban cuenta de los preparativos de la Unidad Popular para realizar a corto plazo un “autogolpe” del que la evocación de Yakarta resumía la atrocidad y que daría a los marxistas la solución final”. El propio ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva señalaba en una entrevista dada al periódico ABC, de Madrid, el 10 de octubre de 1973, que “El mundo ignora que los marxistas chilenos disponían de un armamento oculto en escondites, superior en cantidad y a veces en calidad al del Ejército nacional…los militares han salvado a Chile”. Y agrega más adelante lo siguiente: “Las armas incautadas gracias a la Ley Carmona probaron que Allende preparaba la guerra civil desde la presidencia misma. Estas armas eran rusas…¿Desde cuando Chile había poseído oficialmente armas rusas?”
El propósito de esta intervención es dejar constancia de dos cosas. Primero, que rechazo terminantemente el uso de la violencia como elemento político. Con esto no pretendo justificar ningún hecho cometido, sino explicar el ambiente que existía en ese entonces. Y segundo, que a quienes hay que acusar hoy día oficialmente de genocidio frustrado son el señor Altamirano y otros más, los que, con su prédica permanente, produjeron un clima sicológico de temor y de amenaza. Y hay que recordar que los integrantes del MIR gritaban en las calles “Los momios al paredón y las momias al colchón” para darse cuenta de esta situación. Por eso, rechazo categóricamente las imputaciones hechas por el señor Carlos Altamirano en la entrevista efectuada el 7 de diciembre, y en la que aludió al Almirante Merino (Q.E.P.D.), al Almirante Carvajal (Q.E.P.D.), al ex Presidente Augusto Pinochet Ugarte, y a otras personalidades, como que estaban al tanto de esa situación. Rechazo terminantemente sus afirmaciones y mi planteamiento es el de que él, entre otros, fue el verdadero responsable porque el genocidio que planeaban fue frustrado oportunamente por las Fuerzas Armadas y de Orden de nuestro país.
El señor HORVATH (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor BITAR.- Señor Presidente, el Comité Socialista me ha cedido su tiempo, el que, además del correspondiente al Partido Por la Democracia, destinaré al análisis de un tema muy importante para la economía chilena.
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE SENADOR SEÑOR MARTÍNEZ EN SESIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000
Sesión 26ª, en martes 6 de marzo de 2001
(De 16:24 a 18:53)
–Cantero Ojeda, Carlos
–Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
–Matthei Fornet, Evelyn –Moreno Rojas, Rafael
–Muñoz Barra, Roberto
–Novoa Vásquez, Jovino
–Zaldívar Larraín, Andrés
–Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 27 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 23ª y 24ª, ordinarias, en 16 y 17 de enero del presente año, respectivamente, que no han sido observada.
El acta de la sesión 25ª, ordinaria, en 23 de enero del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor SEPÚLVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, reconstruir la historia de nuestro país hace posible que ella sea analizada con la máxima objetividad, a fin de lograr el reencuentro nacional al cual nos convocaron ayer el Presidente de la República y el nuevo Cardenal don Francisco Javier Errázuriz. Son cuestiones muy fundamentales, sobre todo cuando se trata de que esa verdad histórica sea capaz de florecer aquí, en una de las instituciones fundamentales del Estado, como es el Senado de la República.
En ese sentido, las palabras del señor Senador que me antecedió me mueven una vez más -como lo haré a propósito de la intervención a que me abocaré en seguida- a tratar de buscar toda la verdad de lo ocurrido en nuestro país y a conocer todos aquellos elementos que efectivamente estuvieron presentes en el acontecer nacional de aquella época tan particularmente dramática que vivió Chile.
Por eso, he escuchado con bastante atención la intervención de Su Señoría, y espero, en alguna otra oportunidad, poder referirme a ella desde el punto de vista de lo que el Senador que habla y su sector representan.
Como usted sabe, señor Presidente, la intervención que realizaré a continuación quise efectuarla durante el mes de enero, pues está referida a las palabras vertidas precisamente por el Senador señor Martínez Busch en sesión de 12 de diciembre pasado. Deseo contestar a Su Señoría no sólo porque un deber moral así me lo señala, sino porque tengo gran apego a la verdad histórica y porque quiero expresar nuestro pensamiento respecto de las materias a que se refirió en aquella oportunidad.
El 12 de diciembre pasado, el Senador señor Martínez, ex Comandante en Jefe de la Armada Nacional, realizó una larga exposición motivada por las declaraciones que hizo Carlos Altamirano a un vespertino de la Capital. En dicha entrevista, el ex Secretario General del Partido Socialista señaló que “en la Unidad Popular se cometieron errores pero no horrores”.
Esta afirmación, al parecer, irritó al señor Senador, ya que expresó que Carlos Altamirano “puede ser definido como autor de “genocidio frustrado” -figura que, entiendo, no existe en nuestro ordenamiento penal-, a propósito de los acontecimientos que se vivieron al interior de la Armada Nacional en los meses previos al Golpe de Estado de 1973.
Señor Presidente, soy un convencido de que nuestro país requiere abordar su propia historia con la máxima objetividad. No hacerlo significa que por largos años tendremos relatos muy distintos con relación a sucesos concretos ocurridos entre nosotros, lo que hará más difícil el acercamiento de Chile con la verdad, que todos supuestamente buscamos, y más dificultoso el reencuentro nacional con su memoria colectiva.
Por ello, me pareció un deber político e intelectual conocer más sobre las situaciones que estuvieron detrás de los sucesos que relata el ex Comandante en Jefe de la Armada.
Para estos efectos, conversé tanto con Carlos Altamirano como con Oscar Guillermo Garretón, otro de los acusados por el supuesto delito de sedición. Al tercer acusado, señor Miguel Enríquez, Secretario General del MIR, obviamente no pude contactarlo debido a que, como todos sabemos, fue ultimado en un enfrentamiento con agentes de la DINA. Me di el tiempo, además, para leer documentos y diarios de la época, a fin de formarme una visión más cabal y objetiva respecto de aquellos episodios.
Quisiera extraer de la intervención del Senador señor Martínez algunos párrafos que me parecen dignos de mencionar, por la enorme subjetividad e interpretación falaz de los hechos que hay detrás de ellos.
En los primeros párrafos de su intervención, Su Señoría señala que “Dentro de los múltiples sucesos trágicos acaecidos durante el Gobierno de la Unidad Popular y que, como otros, hunden sus raíces en la década de los años 60, se pueden contar los intentos por controlar, dividir o neutralizar a las Fuerzas Armadas.”. Agrega más adelante: “Resulta conveniente traer a la memoria de las generaciones presentes la intensa labor de penetración desplegada por el marxismo para infiltrar las instituciones fundamentales del Estado, a fin de que se conozca en forma amplia y específica lo que se hizo en los Institutos de la Defensa Nacional.”.
Señor Presidente, considero absurdo que se distorsione de manera tan increíble nuestra propia historia, y se oculten deliberadamente hechos cuando éstos contradicen en lo esencial una afirmación como la señalada. Se tiene el legítimo derecho de interpretar los acontecimientos desde distintos puntos de vista. Pero no se tiene derecho, en mi opinión, a distorsionar los hechos mismos. La falta de ecuanimidad y el intento por ocultar la verdad son mecanismos que se revierten siempre en contra de todos aquellos que la practican.
En efecto, el señor Senador olvida, intencionalmente a mi juicio, que la Derecha política de nuestro país fue la que logró involucrar a personal de las Fuerzas Armadas en todos y cada uno de los hechos más lamentables y violentos que afectaron a nuestra nación desde el momento mismo en que fue elegido Salvador Allende. Existen suficientes testimonios, informaciones y documentaciones clasificadas, etcétera, que dan cuenta de esta verdad irrebatible.
En el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile General René Schneider participaron como autores, cómplices o encubridores -según lo señaló el Fiscal Militar Fernando Lyon, quien fue nombrado para investigar estos luctuosos sucesos- no solamente el General Roberto Viaux Marambio, el General Camilo Valenzuela y otros militares, sino que junto a ellos cinco o seis personas, todos vinculados a organizaciones derechistas que intentaron subvertir el proceso democrático de nuestro país. Los nombres de estos civiles no se olvidan. Entre ellos figuran el abogado Guillermo Carey, Luis Enrique Arancibia Clavel, Jaime Melgoza, por nombrar sólo algunos.
En el vil asesinato del edecán presidencial, oficial de la Armada, Comandante Arturo Araya, quedó absolutamente establecida la participación de sujetos directamente relacionados con organizaciones de Derecha, y más específicamente con miembros de Patria y Libertad, organización que todos conocemos como de índole terrorista. Sus nombres están registrados en todos los medios de comunicación de la época. No pudieron ser juzgados debido al manto protector que cayó sobre ellos luego del Golpe de Estado.
En la sublevación del Regimiento Blindado Nº 2, conocida como “Tanquetazo”, que significó la muerte de 82 personas, dirigida por el Coronel Roberto Souper en julio de 1973, está absolutamente comprobada la participación de Patria y Libertad, organización -como ya señalé- terrorista de ideología fascista, liderada por personajes cuyos nombres se mantienen hasta hoy en la agenda pública, como es el caso de don Pablo Rodríguez, el señor Roberto Thieme y otros que, a propósito de tal alzamiento, en una acción que manifiestamente los comprometía con este intento subversivo, se asilaron en la Embajada de Ecuador.
Por último, está absolutamente comprobado en documentaciones cuya objetividad está fuera de duda, que los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas no solamente complotaron entre ellos para realizar la acción que culminaría el 11 de septiembre, sino que está claro que durante todo este período connotados personajes vinculados a la Derecha y a los grupos económicos nacionales más poderosos golpearon las puertas de los cuarteles de las Fuerzas Armadas para sacarlas de su rol profesional y constitucional.
Hernán Cubillos Sallato, en entrevista a la revista Qué Pasa el 1º de septiembre de 1996, reseñada en el libro de Mónica González “Chile La Conjura”, declaró lo siguiente: “La Cofradía” -se refiere a la Cofradía Náutica del Pacífico Austral- “nace como una inquietud que teníamos fundamentalmente Roberto Kelly, Agustín Edwards y yo de crear una especie de punto de encuentro de los civiles a los que nos interesaban las cosas del mar con los marinos profesionales. La evolución hacia los temas políticos fue un proceso natural a medida que se agravaba la situación del país. De ese club fue naciendo una relación que nos permitió ir pasando información a las Fuerzas Armadas e ir recibiendo nosotros sus inquietudes. Más que nada yo” -me refiero a Hernán Cubillos- “me dediqué a conversar con la Marina. El que tenía muchos contactos con el Ejército y la Fuerza Aérea era el entonces director de El Mercurio don René Silva Espejo. Él jugó un papel muy importante en la coordinación del Golpe.”.
No era tan distinta la situación que se vivía entre los oficiales de Valparaíso, una zona bajo el control de la Armada.
El General Arturo Yovane -también citado en el libro de Mónica González- aporta antecedentes al hacer una reconstrucción de su ingreso al plan de conspiración en una entrevista publicada por la revista “Cosas” el 15 de junio de 1996, en la cual dice: “Los primeros encuentros, casi inocentes, se iniciaron a mediados de 1972, en Valparaíso. Primero fueron reuniones sociales y de camaradería entre oficiales, a los que poco a poco se fueron sumando algunos empresarios y políticos de derecha. Así fue como entablé relación con los almirantes José Toribio Merino, Patricio Carvajal e Ismael Huerta, y con otros altos oficiales de la Armada y el Ejército, contrarios al gobierno de la Unidad Popular. Entre estos últimos destacaba el coronel Sergio Arellano Stark, comandante del Regimiento Maipo…”. Y, a continuación, señala: “A medida que la situación en el país se hizo más crítica, estas reuniones de camaradería dieron paso a la acción. Reunidos en secreto en casa de amigos o parientes comenzamos a planificar el derrocamiento de Salvador Allende.”.
No conozco en detalle el ordenamiento jurídico que rige la vida institucional de las Fuerzas Armadas; pero entiendo que éste no hace distingo alguno respecto del origen político de las acciones destinadas a alterar la jerarquía y la disciplina interna de los institutos armados. Salvo que lo realizado por las personas antes mencionadas no sea considerado por el señor Senador como “infiltración” o “instigación a la insubordinación”, lo cierto es que estos hechos suficientemente acreditados contradicen la afirmación comentada más arriba.
Deseo, sin embargo, hacer un reconocimiento público a lo que expresara en esa oportunidad el señor Senador Martínez en un acápite de su intervención. Me parece positivo que Su Señoría haya afirmado que “rechazo cualquier forma de violencia, venga de donde venga”.
Opino que tal aseveración es importante y podría llegar a ser incluso trascendente si, junto con condenar la violencia de los supuestos “genocidas frustrados” -como él calificó tanto a Carlos Altamirano como a Oscar Guillermo Garretón-, hubiese extendido tal condena a la tortura a la que fueron sometidos los marinos acusados de los delitos relatados por el señor Senador y hubiese rechazado la violencia del propio golpe de Estado. A no ser que no considere como tal el bombardeo a La Moneda; los actos de sangre de la “Caravana de la Muerte”; el asesinato de miles de chilenos; la tortura, la exoneración y el exilio a que se sometió a otros, además de la desaparición de tantos compatriotas por el sólo hecho de no concordar con las ideas de los golpistas.
Los planteamientos anteriormente expuestos revelan que la intervención que comentamos contiene afirmaciones atentatorias al mínimo entendimiento y al sentido común.
Resulta incomprensible e inverosímil que este grupo que “comprometió a una pequeña parte del personal de la Institución” (según las propias palabras del Senador Martínez), haya pretendido “la captura de los buques de guerra fondeados en el puerto de Valparaíso”; “apresar a los oficiales”; “proceder al bombardeo de las reparticiones de tierra… entre otras, la Infantería de Marina y la Población Naval”; además, “simultáneamente, tomar el control de radioemisoras”.
Del mismo modo, resulta increíble la afirmación del señor Senador -que en varios pasajes de su intervención señala que dichos marinos preparaban un “autogolpe”- sin precisar qué autogolpe. ¿Uno contra el Almirante Montero? ¿Uno contra el Gobierno de Allende? ¿Un autogolpe contra quien?
Para una persona alejada de la lógica militar, es difícil comprender cómo este pequeño grupo de la Armada Nacional -compuesto por suboficiales y marineros- haya estado en condiciones de una acción de tal envergadura.
El Senador señor Martínez señala más adelante que en una reunión en la que habrían participado Oscar Guillermo Garretón, Carlos Altamirano y Miguel Enríquez, “el sargento Cárdenas expuso sus planes”. Desde luego, conviene señalar que tal reunión conjunta de los tres inculpados jamás existió, de acuerdo a lo establecido en el juicio seguido a Garretón. Sin embargo, lo importante es que, como consecuencia lógica de tal afirmación, quienes tenían planes -según sus propias palabras- eran los que habían invitado a conversar a los mencionados dirigentes y no estos últimos. Por lo tanto, a buen entendedor, pocas palabras. Él mismo es quien desvirtúa la acusación que intenta endilgar a los políticos a los cuales alude.
En otra parte de su intervención, el Honorable señor Martínez recuerda que la sedición se habría iniciado en el mes de enero de 1973. Para luego añadir: “La primera reunión con políticos del Gobierno de la época se efectuó el 31 de julio de 1973”. Curiosos estos “cabecillas” -como los denomina el señor Senador-, pues recién siete meses después de iniciados los preparativos de la supuesta sedición, pudieron reunirse con quienes encabezarían el plan e informarlos sobre las acciones que ellos mismos debían ejecutar.
El señor Senador Martínez omite una información clave para entender la situación en la que se vieron envueltos los suboficiales y los marinos acusados. En ninguna parte de su intervención señala que las declaraciones de los involucrados fueron obtenidas bajo apremios ilegítimos y por medio de la tortura.
Diarios de la época, como “La Prensa” (muy alejada por cierto de la Unidad Popular) y el propio “Puro Chile” -que sí estaba vinculado a la alianza de Gobierno-, informaron profusamente tales hechos. Es más, los propios involucrados, poco tiempo después de su detención, enviaron una carta al Presidente Salvador Allende en la que sostenían lo siguiente: “Se nos ha ofrecido no flagelarnos más, inclusive dejarnos en libertad, con tal de que nosotros cooperemos y digamos que los señores Altamirano, Garretón y Enríquez nos dirigían y que nos habían ordenado bombardear Valparaíso, Viña, la Escuela Naval y otras cosas por el estilo.”.
El Cardenal Raúl Silva Henríquez y el propio Presidente del Senado de la época don Eduardo Frei Montalva, intervinieron para actuar como mediadores y colaborar en la aclaración de los hechos. Radomiro Tomic junto con el Cardenal hicieron gestiones destinadas a evitar que se siguiera torturando a estos marinos. El propio Presidente Allende en declaración pública señaló: “el gobierno, de acuerdo con su conducta invariable de respeto al Estado de Derecho, no puede ni debe emitir juicio alguno sobre los hechos que se investigan y que se encuentran en estado de tramitación.”, agregando más adelante: “En relación con las denuncias públicas sobre flagelaciones a miembros de la marina sometidos a proceso (el gobierno) ha sido informado que algunos de estos han ejercitado las acciones legales ante los tribunales respectivos.”.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, el Comité Mixto me ha informado que le cede su tiempo.
El señor NÚÑEZ.- Muchas gracias.
Debo señalar, señor Presidente, que tales declaraciones se encuentran en una publicación del Centro de Estudios Públicos, que obviamente se encuentra muy alejado del pensamiento que sostenemos los Senadores de esta bancada.
Es bueno consignar también que el sargento Cárdenas salió de la cárcel cuatro años después de su detención con rumbo a Suecia (país en el cual reside actualmente) en silla de ruedas y paralítico, producto de las torturas y apremios ilegítimos de que fue víctima.
Todos sabemos, y los últimos hechos vinculados al tema de derechos humanos conocidos así lo confirman, que la tortura fue lamentablemente un medio privilegiado por los golpistas para obtener información. Hubiéramos esperado, en especial de personas tan imbuidas de los valores y enseñanzas de la Iglesia, una condena más concreta, práctica, para tan aberrante situación como la que viviéramos en aquella oportunidad.
En otra manifestación de la falta de objetividad con que analiza los hechos ocurridos al interior de la Armada -desde nuestro punto de vista-, el Senador Martínez omite entregar antecedentes de la sentencia de la Corte Suprema que absolvió a Oscar Guillermo Garretón. Dicha sentencia adoptada por seis votos a cero y suscrita entre otros por Ministros como don Servando Jordán, don Enrique Zurita y el Auditor General del Ejército don Fernando Torres Silva, exculpó a Oscar Guillermo Garretón. Y no sólo eso, sino que además, producto de un recurso de queja, la máxima autoridad judicial de la nación llamó la atención a la Corte Naval, en aquel entonces presidida por el Almirante Martínez Busch, pues como el texto señala “han cometido falta que es necesario enmendar…”. Dicho de otro modo, fallaron mal.
Señor Presidente, tengo en mi poder la copia de la referida sentencia, la cual solicito sea incorporada a esta intervención.
Debo recordar además que en 1988 Oscar Guillermo Garretón, no obstante saber la injusticia del proceso llevado en su contra, decidió entregarse a las autoridades, lo que le significó estar seis meses preso.
En relación con Carlos Altamirano, debo hacer presente que éste reconoció haberse contactado con los marinos “sediciosos” el 3 de agosto de 1973, con el sólo afán de tener información referida a los planes golpistas que un grupo de oficiales conjurados estaba planeando para derrocar al Gobierno de Salvador Allende.
Por su parte, Altamirano estuvo impedido de defenderse ante la justicia militar por haber recaído sobre él por mucho años una prohibición de ingresar a Chile, tal como ocurrió a miles de compatriotas que vivieron el exilio y la lejanía.
En la misma carta que enviaran a Salvador Allende, los marinos señalan expresamente: “es falso que los señores Altamirano, Garretón y Enríquez nos dirigieran. Es distinto. Nosotros acudimos a distintas personalidades para dar cuenta del golpe de Estado que preparaba la oficialidad golpista coludida con los reaccionarios de otras ramas de las Fuerzas Armadas y partidos políticos de derecha.”. Sin embargo, y ante la prueba fehaciente de estos testimonios que los desvinculan de cualquier responsabilidad, Altamirano, Garretón y Enríquez fueron condenados por el tribunal naval el 2 de octubre de 1973, época en la que -como todos sabemos-, no existía en el país Estado de Derecho alguno, lo que no aseguraba, por razones obvias, las garantías procesales mínimas para los inculpados.
Señor Presidente, entiendo que cuando se sale triunfador de un acto de sedición, sus actores e instigadores lo califiquen de positivo. La historia ha confirmado mil veces, desgraciadamente, esta afirmación. Constituye sedición toda aquella que es descubierta, reprimida y juzgada; no lo es aquella que culmina exitosamente con un golpe de Estado. De otra manera, resulta difícil entender cómo el señor Senador no hace mención siquiera a que para perpetrar el golpe de Estado no solamente se recurrió a la violencia física, sino también al desmantelamiento jerárquico de algunas de las ramas de las Fuerzas Armadas. Tampoco aclara por qué para comprometer a la Armada de Chile fue necesario destituir a quien en ese momento ejercía el mando como Comandante en Jefe: el Almirante Raúl Montero.
Como todos sabemos, la sedición denunciada por los marineros ocurrió efectivamente. No se hallaban en un error. Ella culminó con un golpe de Estado que destruyó nuestra democracia por 17 años, tiempo en el cual Chile vivió páginas negras, como aquellas recién divulgadas luego de la decisión de las Fuerzas Armadas de reconocer que se violaron los derechos humanos más elementales, entre ellos el derecho a la vida.
La historia ha demostrado, además, que la sedición y la preparación del golpe de Estado ya se encontraban en curso incluso desde el día mismo en que Salvador Allende ganó la elección presidencial. El Informe Church, del Senado de Estados Unidos, y las sucesivas desclasificaciones de documentos de la CIA así lo ratifican. Pero ello no sólo lo hace ese material, sino también los propios protagonistas del plan de derrocamiento. Las citas de los señores Cubillos y Yovane transcritas anteriormente son más que elocuentes.
Y no sólo en el país se conocían los movimientos de los oficiales que participaron en la conjura. La CIA se hallaba al tanto de los pasos de la planificación, incluso minuto a minuto. En un informe enviado por ese organismo a Estados Unidos el 25 de julio de 1973, extractado también del libro “Chile La Conjura”, se consigna que “Los complotados de la Armada y la FACH continúan trabajando juntos en los preparativos de un Golpe de Estado y nadie está planteando una acción unilateral”. Sólo quedaba que llegaran el 11 de septiembre y la hora, las 6, momento fijado para asaltar la democracia.
Señor Presidente, esos testimonios permiten de alguna forma rehacer la trama secreta del golpe militar y demostrar que la historia no puede ser reconstituida unilateral y sesgadamente, como ha pretendido, a mi juicio, el Senador señor Martínez, quien incluso, so pretexto de justificar lo injustificable, ha señalado que en Chile se cometió lo que él denomina “genocidio frustrado”.
El verdadero genocidio, lamentablemente, no fue frustrado: es el que se cometió a partir del 11 de septiembre de 1973. Las pruebas las conoce el país y se encuentran a la vista. Y aún duelen.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sin el acuerdo de los Comités, no puedo acceder a la petición de Su Señoría en el sentido de incluir en el texto de su intervención la sentencia judicial a que aludió. El asunto será sometido a la consideración de ellos.
–El documento cuya inserción acuerdan los Comités en 13 de marzo del año en curso es el siguiente:
“Santiago, dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno.-
Que del mérito del proceso rol 3926 del Juzgado Naval de la Primera Zona Naval (Valparaíso) que se tiene a la vista se desprende que con los nuevos antecedentes reunidos en esos autos no se acreditan en la especie los requisitos establecidos en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal para someter a proceso a Oscar Guillermo Garretón Purcell como autor, cómplice o encubridor de la figura penal por la cual se le sometió a proceso y al no decidirlo así, los Ministros recurridos han cometido falta que es necesario enmendar por esta vía.
“Y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 540 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se acoge el recurso de queja interpuesto en lo principal de fojas 2 por el mencionado Garretón, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución de siete de marzo del año pasado, escrita a fojas 2590 de los autos a la vista y se decide que acogiéndose el recurso de apelación deducido a fojas 2390 de tales autos se revoca el auto de procesamiento que como autor del delito contemplado en el artículo 274 del Código de Justicia militar lo afectaba, por lo que el aludido Garretón no es reo en esta causa.
“Agréguese copia autorizada de esta resolución en los autos traídos a la vista, y hecho, devuélvanse.
“De conformidad a lo que dispone el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, hágase devolución al recurrente de la suma consignada para interponer este recurso por ser innecesario su depósito. Gírese cheque oportunamente.”.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ha terminado la intervención del Comité Socialista.
–Se levantó a las 18:53.
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 artículo 274
 resolución 
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