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JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION - PDF
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Esteban Carmona Rivas
1 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Por el Dr. Rafwl DE PINA, Director del Serrrinario de Aplicación Juridica. SUMARIO: 1) Materia de la apelación.2) Notoriedad de la falsedad de la fivnia de un cheque.3) Excepciones supervenientes en el juicio ordinario m~cantil.4) Desistimiento en el juicio de amparo.5) Nzclidad de actuaciones en el juicid de diz'orcio.4) Caducidad en el mparo 7) Prueba de la responsabilidad del arrendatario en caso de incendio.4) Inscripción del contrato de comprmntta9) Acción resciroria.10) Acciona de nulidad y de inoficiosidod del testamento.11) Ca~nbio de uzo de la cosa arrendada.12) Esfnáo de hijo legitimo.13) Presentación de la demanda en el juicio de amparo.14) Nombre y esencia de los contratos.15) Combio de nombre.16) Créditos reconocidos fuera de la quiebra.17) Acción de &ulación.18) Nulidad por siniu1ación.19) Daiios y perjuicios.20) Efectos de la sentencia de amparo.21) Idninizeciones por accidentes del trabajo.22) Comisión mercantil.23) Interpretación de la leyes fiscales.24) Senicios de la bolicía auri1iar.25) Justificeción de la causa del despido.26) Reuocación de decisiones de carácter odwrinistrativofmco1.27) Titulos de crédifo en blanco.28) Amparo ente el Juez de Dirtrito.29) Despojo de ejidos.30) Requisitos de los dictámenes de los pebtos wa1uadores.31) Concepto de despojo.32) Incorporación del ockeedor a1iwntario.33) Robo calificado.34) Empleados ~upenrunrerarios35) Incidente de liquidación en los juicios laborales.36) Concunicación de los motivos del despido de un trabajador. 37) Tercería excluyente de preferencia.38) Prueba del +barrendamiento.39 El delito pevisto en el articulo 108 de la Ley de Población.4) Apelación interpuesta por el Ministerio Público.41) Aplicación de by penol.42) Cheques sin fecha.43) Acción publiciana.<lil) Prescripción adquisitiva.45) El ofendido frente o la sentencia absolutoria.4á) Los gerentes y el Seguro Socid.47) Rescisión de los contratos.48) Em'sión de cheques sin preuia existencia dc fondos.49. Presunción "jwis tonfum". 50) Danos causados en un edificio con motivo de la constmcción de otro.
2 1) Materia de la apelación.no es exacto a juicio de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte que la apelación no pueda abarcar más cuestiones que las some tidas al tribunal de alzada por las agravios. Esta estimación resulta antijuridica, según el criterio de la Sala, al resolvcr el amparo , promovido por Vicente Martiner Ampudia, en su audiencia dei dia 20 de octubre de 1950, porque "el imperativo categórico establecido par el artículo 14 de la Constitución Federal, al garantizar el derecho de audiencia de las partes en los juicios, forzosamente estatuye normas que rebasan la limitación antes indicada, coma es evidente que sucede, y juridicamente no podía ni puede suceder de otra manera, en los siguientes casos: 19, El actor acumuló dos o más acciones en su demanda, y el reo presentó dos o más excepciones en su contestación; el Juez de Primera Instancia declaró procedente la demanda tomando en consideración una sola de las acciones y dice que no es necesario entrar al examen de las demás; el reo apdante impugna en la expresión de agravios la sentencia del juez que, por hipótesis, solamente se ha ocupado de una de las acciones deducidas; el tribunal de alzada, ante la ineludible necesidad que tuviera de declarar procedente el agravio y no justificada la Única acción tomada en cuenta, se encontraría por carecer de facultades de reenvio, ante esta disyuntiva: o revoca la sentecia en función de la acción desestimada y absuelve al demandado y en este caso deja sin audiencia al actor sobre las otras acciones que no estimó el juez y que, sin embargo, el tribunal de apelación debe juzgar, so pena de violar el derecha de audiencia del demandado en relación con las otras acciones deducidas; o bien, obedeciendo la prescripción constitucional tendrá que estudiar las otras acciones descuidadas por el Juez de Primera Instancia y que indudablemente seria la Única conducta acorde con la citada garantía constitucional; F, En la hipótesis inversa a la anterior, o sea cuando habiéndose invocado varias excepciones o defensas por el reo el juez estima procedente una de ellas sin oniparse de las demás: el razonamieneto anterior es válido para esta hipótesis...". De manera, pues, que si la sentencia de primera instancia declara no probada la acciíin y omite el estudio de las excepciones opuestas, la circunstancia de que los agravios de apelación expresados por el actor no se refieren, como es natural, a la omisión del juez de conocimiento respecto a Fa procedencia o improcedencia de las excepciones, no pudo impedir, sin embargo, al mismo tribunal de alzada ocuparse del estudio y resolución de las excepciones. 1 2) Notoriednd de la falsedad de la firma de un cheque.el elemento notoriedad de la falsificación de la firma en un cheque que da derecho conforme al articulo 194 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, para objetar su pago, debe ser precisamente el que del propio vocablo se desprende: público y sabida de todos. Sin embargo, si se atiende a que los empleados de los Bancos encargados de pagar esos cheques deben reunir, para garantía de los depositantes de fondos. aptitudes y preparación especiales para apreciar más fácilmente las alteraciones o la falsificación de las formas de 109 propios documentos, indudablemente que debe juzgarse con mayor rigidez su apreciación que la que pudiera exigirse de la ordinaria de todas las personas. En amparo número 839/1948, promovido por el Banco Refaccionario de Jalisco, S. A. y resuelto en acuerdo de 27 de julio de 1951, se declara que "si se tiene en cuenta que la función que los Bancos desem 1 Directo 5995/1951. Resuelto el 8 de junio de 1953.
3 penan en el caso de depósito en cuenta corriente implica su obligación de garantizar y asegurar a los depositantes la guarda de su dinero, facilitando la disposición del mismo. debe pensarse que lo menos que puede exigirse a una institución de esa naturaleza es que utilice los servicios de personal can la aptitud necesaria para el mejor desempeño de la función específica que se le encomiende, y siendo el cotejo de,las firmas una cuestión de capital importancia para evitar el pago indebido de cheques, es incuestionable que las personas a quienes se encomienda esa función deben tener, si no conocimientos especiales de grafologia, si, cuando menos, la experiencia y conocimientos indispensables para poder distingwr la falsificación de una firma cuando ésta no se ha hecho de tal manera que sólo un perito en la materia pudiera distinguirla". Es por esto por lo que, en la especie, debe considerarse, de acuerda con los dictámenes emitidos, que la falsificación de la firma que obra en el cheque debe conceptuarse notoria para la persona que en un Banco se encargue de la revisión de los cheques y cotejo de firmas.2 3) E~cegciones superuenientes en el juicio ordiwrio mercantil.del artículo 1327 dcl Código de comercio no puede inferirse que su texto prohiba oponer excepciones supervenientes después de formulada la contestación, pues la finalidad y el espíritu que informa dicha precepto es el que las partes, desde el inicio de la contiend?, se conduzcan can lealtad y probidad. extemando sin reservas sus pretensiones y defensas respectivas. impidiendo así que maliciosamente oculten algiin hecho que imparte defensa o excepción, para sorprender a 13 contraria en el curso del juicio; o en otras palabras, que la ley quiere que desde.los escritos de demanda y contestación los contendientes aduzcan todas aquellas situaciones o hechos que ya conocen y que se relacionan en forma estrecha con los puntos del debate, pero de ninguna manera exige el absurdo de oponer una defensa o excepción fincadas en un hecho futuro, y que, por lo mismo, es inexistente o desconocido para las partes cuando se cierra la litis con el escrito de contestación; por otra parte. constituiría una denegación de justicia y una violación del artículo 14 constitucional e1 impedir que una de las partes se defienda adecuadamente en el juicio mediante la alegación de una defensa o excepción supervenientes, es decir, nacida en el tiemlio posterior a la fecha cn que ejercitó su derecho de contradicción al través del escrito correspandiente. En resumen, el artículo 1327 del Código de comercio sólo prohibe oponer excepciones con posterioridad al escrito de contestación siempre que se finquen en hechas o situaciones desde antes mnocidas por el demandado, pero de ninguna manera impide introducir en el juicio defensas y excepciones supervenientes; pero como el expresado ordenamiento mercantil no contiene disposiciones que regulen la materia de las excepciones supervenientes, es forzoso recurrir a los códigos de procedimientos locales, según lo previene el articulo 1051 del invocado Código de comercio. 3 4) Desistiminifo en el juicio de amparo.el desistimiento que preconiza el artículo 74, frac. 1 de la Ley de Amparo. es una manifestacibn de voluntad dentro del procesa, sin expresión de ninguna causa que finque o justifique el pedimento, para que el órgano jurisdiccional se aparte del conocimiento del asunto, es decir, es una solicitud de sobreceimiento sin expresión de causa, pues si ésta existe, la 2 Directo 6785/1950. Resuelto el 8 de junio de Directo 4947/1946. Resuelto el 17 de junio de 1953.
4 358 JURISPRUDENCIA parte promovente no tiene obligación alguna de revelarla al juez; y es por esto por lo que la Ley de Amparo exije que quien formule un desistirniento tenga facultad especial para hacerlo, pues, como se ha vidto, es la sola voluntad del promovente la que determina la extinción del juicio; de aquí que la ley estime que cuando el desistimiento la formula el mandatario, la voluntad del mandante solo queda vinculada cuando ha habido de por medio autorización expresa para comprometer aquella voluntad. En cambio, las distintas causas de improcedencia encuadradas dentro del articulo 73 como hábiles para producir el sobreseimiento, parten siempre de un presupuesto causal (hecho o situación jurídica que es independiente de la voluntad del quejoso), que la norma vincula necesariamente a una consecuencia: el sobreseimiento. Es obvio, pues, que desde un punto de vista jurídico, el desistimiento es cosa totalmente distinta al acaecimiento de nialquiera de las causas que traen aparejado el sobreseimiento enunciadas en el artículo 73 de la Ley de Amparo; y que por ende, ninguna facultad especial se necesita para hacerlas del conocimiento del órgano jurisdiccional, mucho menos cuando la ley misma (art. 74, frac. V., párrafo tercero), impone la obligación a la parte quejosa.4 5) Nulidad de actwciones en el juicio de diuorcio.la falta de intervención del Ministerio Público en un juicio de divorcio en que existan hijos menores, vicia radicalmente el procedimiento, puesto que el representante de la sociedad tiene n su cargo la defensa de lod derechos de los menores, derechos en que la sociedad está interesada; es, por lo mismo, el Ministerio Público un sujeto procesal de carácter imprescindible y su falta de audiencia equivale a dejar sin defensa a los menores, de donde se infiere que si al Ministerio Público no se le da la intervención que le corresponde, el procedimiento adolece de una grave irregularidad, que el juez está obligado a declarar de oficio en su sentencia.5 6) Caducidad en el ampa<o.entre los días inhábiles que se excluyen en el cómputo de los términos de caducidad, no se incluyen los recesos de diciembre y mayo, puesto que no están comprendidas en los articulas 23 y 16 de la Ley de Ampara y que conforme al articulo BP de la Ley Organica del Poder Judicial ilc la Federación, en los mencionados recesos queda una comisión de Ministros g empleados para proveer las trámites urgentes, despachar resoluciones de notoria urgencia y dictar Órdenes y medidas provisioiiales también urgentes, de manera que las Oficinas de la Suprema Corte están expeditas siempre, durante los recesos, para recibir cualquier promoción que se hiciera a finde interrumpir la caducidad, circunstancia que debidamente acreditada es bastante para la interrupción aludida, ya que ni el articulo 74, fracción V, ni el articulo 5' transitorio de la Ley de Amparo exijen que se dicte un acuerda en auto para que a partir de ese acuerdo empiece a correr el término de caducidad. 6 7) Prueba de la responsabilidad del arrendatario en caso de incendio.el nrtículo 2435 del Código civil para el Distrito y Territorios Federales, consigna una presunción jzcris tanfrom, según la cual, el arrendatario es responsable de la destrucción o deterioro de la cosa por incendio, y el arrendador, para exigir la responsabi 4 Directo 8057/1943. Resuelto el 16 de julio de Directo , Resuelto el 23 de julio de Revisión 3880/1952. Ilesuelto el 29 de julio de 1953.
5 JURISPRUDENCIA 359 lidad, sólo debe demostrar que se causó un incendio y que por virtud de CI si perjudicó a destruyó la cosa. Es el arrendatario a quien corresponde probar, para eximirse de la responsabilidad. que el incendio provino de caso fortuito, fuerza mayor o vicio de la construcción. 7 8) Inscripción del contrato de inscripción en el Registra Público de la Propiedad, no constituye un elemento esencial de validez eii los contratos de compraventa ni en los actos solemnes como los testamentos, a virtud de los cuales se opera el traslado de dominio de un bien determinado, porque, ha sostenido con anterioridad la Suprema Corte, en diversas ejecutorias, entre las que puede citarse la pronunciada en amparo número 9643/1949/1a, promovido par Felipe Vélez Fuentes, la inscripción en el Registro Pilblico de la Propiedad, según la legislación mexicana. no significa traslación de dominio, como acontcce en Alemania y en Suiza, donde se considera la inscripción como constitutiva de derechos, siendo en México puramente declarativa, ya que la traslaciún de dominio se hace por el acto jurídico celebrado entre las partes, y la inscripción no es más que la declaración de lo que se realiza en ese acto. 8 9) Acción rescisoria.si en un contrato se pacta que la violación de cualquicrn de las cláusulas del mismo dará derecho a rescindirlo y a exigir a la parte que iio cumplió el pago de los daños y perjuicios, e inclusive si fija esta posime responsabilidad civil en cantidad líquida, de antemano, tal pacto podria tener eficacia en cuanto a circunscribir las acciones derivadas del incumplimiento, si no estuviera de por medio el articulo 1919 del Código civil, que, conio principio general, de las obligaciones, establece que el perjudicado por el incumplimiento podrá escoger cntre exigir el cumplimiento forzoso O la resolución de la obligación, es decir, que no cs posible sostener ni admitir que, por virtud de la cláusula contractual, quedará descartada la acción de incumplimiento, en primer lugar, porque tal acción encuentra cahida en el artículo 88 del Código de comercio, y, en segundo, porque de constreñirse la posibilidad de las partes contratantes, seria tanto como estimar renunciada tácitamente la acción de cumplimiento, y ello, con desacato a lo dispuesto en los articulo 18 y 19 del Código civil de Veracruz (que correspanden a los artículos 7 y 8 del Código del Distrito y Territorios Federales). 9 10) Acciones de nididod y de inoficiosidad del testarnen1o.las acciones de nulidad y de inoficiosidad de un testamento no son contradictorias. Una como otra producen la ineficacia del acto. Bajo el rubro de ineficacia de los testamentos, el Código civil español comprende la nulidad, la revocación y Ja caducidad de los :nismas, de igual modo que nuestro Código civil vigente, aplicable en la especie, denomina el Capitulo noveno del Titulo segunda del Libro tercero "De las nulidades, revocación y caducidad de los testamentos", precisamente porque cualquiera de ellas produce la ineiicacia juridica del testamento. Las dos acciones ejercitadas se refieren a motivos de ineficacia nb initio, originadas por distintas causas, a saber: a) que el testamento se otorgó por un incapaz, ante testigos no idóneos. y sin la intervención de peritos intérpretes, no obstahte que el de cujw no hablaba el idioma 7 Directo 5160/1952. Resuelto el 19 de agosto de Directo 2113/1950. Resuelto el 25 de agosto de Directo 202/1953. Resuelto el 26 de octubre de 1953.
6 360 JURISPRUDENCIA español; y b) que la herencia para el cónyuge supérstite sólo consistió en el usufructo de la casa habitación en que se encontraba el domicilio conyugal. Tanto las causas de nulidad como la de inoficiosidad materia de la reclamacivn. no son susceptbiles de convalidarse. Obedecen, según la parte actora en el juicio, a vicios inherentes a la confección del testamento y no adquiridas con posterioridad; pero aquellas y ésta coinciden en cuanto a su resultado, que no es otro que privar al testamento de efectos jurídicos. Persiguen un mismo fin las dos acciones y la diferencia que entre ambas puede establecerse no es cualitativa, sino cuantitativa; la nulidad, por los motivos que se determinan en la demanda, hace ineficaz la totalidad del testamento, mientras que la acción de inoficiosidad, aun cuando también lo nulifica, esa nulidad s61o es parcial y se remedia con suplir la on~isión en que incurrió el testador, al olvidar el seiialamiento de la pensión alimenticia para su viuda. '0 11) Conibio de uso de la cosa erre&&.para que haya variación del uso convenido en el contrato y, por tanto, violación del mismo y causa de rescisión, es neresirio que el cambio sea substancial, esto es, que afecte directamente el destino de la cosa, o, en otras palabras, que el fin a que la cosa haya sido ordenado por las partes se altere de una manera radical. Asi, hay violación del contrato cuando habiendose convenido que el inmueble arrendado se usa para habitación, se destine a comercio, o a la inversa; o bien, en el caso de que habiéndose pactado que se destinaria a un género especial de con~ercio, se use para otro diverso, como, por ejemplo, una tlapaleria, en vez de una tienda de ropa. Cuando no hay una variación de esta naturaleza, no puede hablarse de violación del contrato. Eh el caso, el hecho de que se pactara que el local arrendado seria empleado como dulcería, y el de que, además de dulces, se expendan en él nieves y refrescos, no significa cambio de uso ) EstDdo de hijo legitimo.no puede disputarse su calidad de hijo legitimo a quien tiene la posesión de estado de hijo de matrimonio acorde con el acta de nacimiento (articulos 309 y 311 del Código Civil de 1884 y 342 del Código Civil vigente en el Distrito Federal). Este principia, contenido en casi todas las legislaciones de los paises que forman la cultura occidental, no es una medida proteccionista del hijo solamente (aunque esto ya seria suficiente para justificarlo), sino que en ella descansa el orden mistno de la familia, toda vez que ni al legislador ni al juzgador les es posible ver al través de la niebla conque la naturaleza ha cubierto la reproducción de la especie, e intentarlo es dañoso y peligrosa, pues no es prudente exponer ante la sociedad lo que por imperativo natural debe obrar en el misterio. l2 13) Presentación de la deinenda en el juicio de amparo.la disposición contenida en el articulo 167 de la Ley Orgánica de los articulos 103 y 107 de la Constitución Federal, que autoriza que la presentación de las demandas de amparo peda hacerse sólo ante la Corte o, en su caso, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, sino también par conducto de la autoridad responsable o por el Juez de Distrito en 10 Directo 1122/1952. Resuelto el 28 de octubre de Directo 1479/1953. Resuelto el 29 de octubre de Directo 3976/1939. Resuelto el 6 de enero de 1954.
7 JURISPRUDENCIA 361 cuya jurisdicción se encuentre dicha autoridad, debe considerarse ampliada por lo preceptuado en el articulo 25 de la misma Ley, que autoriza dicha presentación ante las oficinas de correo, ya que no es cierto que éste se refiera exclusivamente a promociones que deban hacerse una vez iniciado el juicio constitucional, sino a toda clase de ellas, incluyendo, por consecuencia, a las demandas, dado que el texto de dicho articulo 25 se ve que no establece esta distincibn, y es bien conocida la regla de interpretación de que'donde la ley no distingue no se debe distinwir, y porque, además, la misma colacacióindel articula dentro del capitulo tercero de la Ley de Amparo, que se refiere a toda clase de términos, inclusive a aquel dentro del cual debe presentarse la demanda, y al cual se contrae expreszmcntc el srticulo 21 con que dicho capitulo tercero se inicia, está demostrando que el repetido articulo 25 se refiere a las promociones en general, sin excluir, por ende, las demandas ) Nombre y esencia de los contratosel nombre no hace 4 contrato, sino que la esencia de éste está más allá de la autonomia individual y depende de la naturaleza de las cosas, dado que las definiciones legales de los actos juridicos no están a la disposición arbitraria de las partes, sino que pertenecen al orden público de la nación. ' 4 15) Cambio de nombre.existe el principio, de acuerdo con la ley y la doctrina, de que el nombre es inmutable, atemperándose. sin embargo, este principio, por las excepciones que la misma ley expresamente determina, cuáles son los casos de modificación de nombre por adopción, por legitimación de hijos naturales y por reconocimiento de hijos nacidos fuera de rnetrimonio. Siempre que exista una disposición legal al respecto, el nombre de la persona puede ser niodificada; pero no puede scrlo en cualquier otra situación, porque siendo de estricta aplicación las salvedades de la ley, no pueden aplicarse analúgicamente al caso no previsto expresamente por ella. Pues bien, el articulo 135 de nuestro Código Civil daramente y, sin lugar a dudas autoriza la modificación del nombre por via de rectificación del acta correspondiente, tada vez que en forma expresa admite la "enmienda cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental". Como puede verse, una persona, por aplicación de esta disposiciún. puede variar su nombre en forma esencial o accidental. Lo que quiere decir, que siempre que judicialmente aduzca razones fundadas, suficientemente lógicas, aceptables y serias, con absoluta exclusión de todos las casos en que el motivo determihante sea inmoral, arbitrario o caprichoso, contra las buenas costumbres o, con mayor razón, si se, trata de un motivo delictuoso, puede el interesado demandar, con iundamento en el articulo 135, fracción 11, del ~bdigo Civil, la enmienda, sea esencial o accidental. de su nombre, en el acta del Registro Civil, como en el caso, por ejemplo, en que manifieste que existe un divorcio, suficientemente probado, entre el nombre del Registro y el que en realidad usa una persona en su vida diaria, en sus relaciones sociales y jurídicas, en todos los asuntos en que por cualquier causa interviene, ya que entonces se colige, con tada claridad legal la justificación de la enmienda, 13 Direeto 120/1953. Ilesuelto J 20 de enero de Directo 3374/1953. I<esuelto el 20 de enero de Idéntica tesis fue sustentada en el Amparo directo 610/1953, resuelto el 19 de junio de 1953, y en el 2809/1952, resuelta el 21 de agosto de 1953.
8 362 IURISPRUDENCIA la que, por lo demás, permitirá al interesado lograr la desaparición de las dañosas consecuencias nahiralmente inherentes a la discrepancia de tales nombres ) Créditos reconocidos fuera de lo quiebra.la circunstancia de que el quejoso tenga a su favor resolución judicial ejecutoria, determinará que la existencia y la cuantia de su crédito sea indiscutible, pero, por si sola, no conduce a decidir que el mismo haya de ser preferido en el pago. pues $610 podria establecerse tal prelación si. además de existir sentencia firme antes de la declaración de quiebrq el embargo que se invoca también hubiera ocurrido previamente a la iniciación del concurso o, cuando menas, fuera anterior a la vigencia de la nueva ley de quiebras ) Acción de simu1oción.de nueva la Sala Auxiliar de la Suprema Corte reitera su criterio de que esta acción puede ser ejercitada por las partes que intervinieron en el acto o contrato simulado. Por largo tiempo dice, la doctrina juridica sobre simulación negó a las partes que intervinieron en el acto jurídico simulado el ejercicio de la acción de declaración de simulación, por el carácter ilícito de su actividad y en aplicación del principio expresado en el proloquio latino "Nemo auditor twpetudinem suam allegm"; una meditación más profunda del problema ha conducido a la doctrina contemporánea a reconocer el derecho de las partes contratantes para obtener la nulidad del acto simulado, mediante una acción que no seria la acción concreta en declaración de simulación recondida por la ley en favor de terceras y del ministerio público. justificada por el perjuicio que causa el acto simulado y por el fraude a la ley que lleva implicito, sino la acción general fundada en la inexistencia del acto por ausencia del consentimiento; por tanto, a menos que una disposición especial del legislador prive a las partes de tal acción, ella no puede ser desconocida." 18) Nulidad por simulaciónla nulidad par simulación del cahtrato aparente no puede ser confirmada, porque dicho contrato carece de existencia jurídica, por falta de consentimiento de las partes, y, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2224 del Código Civil, el acto juridico inexistente por,la falta de consentinien.to o de objeto que pueda ser objeto de él no producirá efecto legal alguno y no es susceptible de valer por confirmación ni ipor prescripción. 1s 19) Daños y perjuiciossi en un juicio se demanda la rescisión de contrato y el pago de cierta cantidad por concepto de daños y perjuicios, la circunstancia de que las pruebas aportadas no arrojen con exactitud la cantidad reclamada, no basta para absolver al demandada, pues si dichas pruebas acreditan la existencia de daños y perjuicios, el juez deberá establecer la condena respectiva y fijar su iwrte o las bases para su liquidación, a reserva de que, de no ser posible, la liquidación se realice mediante el procedimiento de ejecución de sentencia. 1% 15 Amparo directo 450/1953. Resuelto el 21 de enero de Directo 2308/1945. Resuelto el 16 de febrero de Directa 4121/1946. Resuelto el 11 de marzo de 1954, En el mismo sentido, amparo directo 7426/1950. resuelto el 24 de abril de 1952, y amparo directo , resuelto el 16 de octubre de Directo 4121/1946. Resuelto el 11 de marzo de Directo 4301/1937. Resuelto el 8 de abril de 1954.
9 JURISPRUDENCIA ) Efectos de la sentencia de ampwo.aunque es cierto que las ejecutorias que conceden el amparo surten plenos efectos restitutorás entre las partes que contendieron y los causahabientes sabedores del litigio, sin embargo, su eficacia no lkga hasta afcctar a terceros de buena fe que celebren operaciones con el que aparecía como titular de los derechos en el Registro Público de la Propiedad, pues la publicidad de las transmisiones de L? propiedad inmueble es una garantia de la legitimidad de los derechos inscritas, estableciendo frente a terceros una presunción juiis tantuln respecto de la exactitud de la inscrw~ón, salvo las excepciones que la misma ley establece, de suerte que lo que en tales inscripciones consta es cierto y existe, y lo que no aparece en nada interesa ni perjudica a terceros; en consecuencia, con relación a terceros, la eficacia de la inscripción está por encima de la eficacia del titulo que la origina, al grado de no poder alegar en contra del adquirente que haya inscrito su titulo, ningún vicia del contrato de su antecesor ni causa alguna de rescisión que no conste en el Registro, y hasta el titulo del adquirente deja de estar supeditado, par virtud de la inscripción, al titulo de su antecesor, pues aquélla representa para el tercero el verdadero titulo de la persona con quien contrata, a menos que, como excepción al principio. d contrato celebrado sea gratuito. o se ejecute o se otorgue violando una ley prohibitiva o de interés público, o haya mala fe de parte del tercero, pues en estos casos de excepción desaparece la fuerza probatoria de la inscripción para ceder ante las normas generales de la contratación, respecto de la validez o nulidad de los actos que crean, transmiten, modifican o extinguen los derechos reales sobre inmuebles ) Indemniznriones por accidentes del trobojo.para calcular el monto de una indemnización por riesgo profesional de trabajadores que prciben su salario a destajo a wr unidad de obra, deberá tomarse como base la cantidad que resulte de sumar los salarios que hubicren percibido en el último mes anterior al accidente (30 dias atrás) y no el mes de calendario anterior, y dividirla después entre treinta días, pues solo asi se obttendrá la que corresponde al promedio diario en el última mes anterior al accidente. 21 De conformidad con el primer párrafo del articulo 293 de la Ley Federal del Ttabajo, se tomará como base para calcular las indemnizaciones por riesgos profesionales el salario diario que percibe el trabajador en el momento en que se realice el riesgo. por lo que la circunstancia de que mientras se tramite el juicio promovido por el trabajador el salario correvpondiente al puesto que desempeñaba haya sido aumentada, es intrascendente, toda vez que los aumentos no pueden tomarse en consideración para fijar el moiito de la indemnización.22 22) Comisión mrrcanti1.como el Código de Comercio define la comisión mercantil como el mandato aplicado a actos de comercio, cuando en las relaciones que existen entre un demand~nte laboral y aquel a quien senala como su patatrón no aparecen esas características, sino que se trata de efectuar ventas por cuenta de la persona o sociedad demandada, sin limitación alguna en cantidad y tiempo; si, por otra parte, existe una sujeción del agente vendedor a su principal y se han 20 Directo 9951/1949. Resuelto el 21 de abril de Directo 1725/1950. Resuelto el 9 de noviembre de Directo 3521/1954. Resuelto el IO.de enero de 1955.
10 fijado horas determinadas de actividad y algunas otras obligaciones para cl vended~, existe entonces el contrato de trabajo debidamente configurado y no la comisión mercantil ) Isterjretación de Iu I~es fhcai~s,contrariando la tesis sustentada 2or la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la interpretación de las leyes fiscales que la propia Secretaría establece en los términos del articulo 10 del Código Fiscal de la Federación, sólo es obligatoria, de acuerdo con este precepto, para loa órganas de la mis, mas en manera alguna para el Tribunal Fiscal de la Federación, pues la autonomía de dicho tribunal y la necesidad jurídica de que sus fallos sean fundados en ley, implican la atribución al propio organismo de la facultad de calificar, can la autoridad de cosa juzgada inherente a su sentencia, si la interpretación de la Secretaria de Hacienda es o no conforme a la ley." 24) Servicios de le Policie Au&liar.Si una empresa determinada utiliza a sil costa los servicios de los miembros de la Policia Auxiliar, comisionados por ésta en labores de vigilancia, no por este solo hecho debe concluirse que entre dichos miembros y la empresa exista contrato de trabajo, pues, en primer lugar, la Policia Auxiliar ejerce su función característica, y, en segundo, la empresa es ajena tanto al nombramiento como al cese de los repetidos miembros, los cuales tampoco están bajo su dirección y dependencia." 25) Justificación de la cmso del despido.en los juicios originados por el despido de un trabajador, corresponde al patrón, cuando admite que aquél le prestó servicios y que ya no se encuentra laborando, justificar la causa que tuvo para despedirlo o el abandona del trabajo. Sólo en el caso en que el patrón niega haberlo despedido y ofrece admitirlo nuevamente a su servicio, corresponde al trabajador demostrar que se le despidió, ya que, en tal caso, se establece una presunción favorable a dicha patrón respecto de que no fué él quien rescindió el contrato de trabajo.26 26) Reuocación de decisio>;ts de carácter administrafiuofiscal.el artículo 202, inciso b), del Código Fiscal de la Federación establece que serán causa de hnulación de una resolución o de un procedimiento administrativo, la omisión o incumplimiento de las formalidades que legalmente deben revestir, y el articulo 160, frac. vrr, da competencia al Tribunal Fiscal para conocer de los juicios que se inicien por la Secretaría de Hacienda para que sea nulificada la decisión administrativa favorable a un particular; de donde se deduce que para nulificar esa clase de decisiones, la Secretaria de Hacienda tiene que promover un juicio fiscal, porque la autoridad administrativa carece de facultades para revocar sus propias re solucione^.'^ 27) Titulo de crédito m beatico.si un titulo de crédito no contiene todos los requisitos que establece la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. los que hayan sido omitidos pueden ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos, 23 Directa 1436/1954. Resuelto el 19 de noviembre de Revisi60 fiscal 340/1953. Resuelta el 24 de noviembre de Directo 570/1953. Resuelto el 24 de noviembre de Directa 187/1954. Resuelto el 29 de noviembre de Revisión fiscal 269/1954. Resucita el 2 de diciembre de 1954.
11 JURISPRUDENCIA 365 hasta antes de su presentación para su aceptación a para su pago. Una vez satisfechos, tienen toda su eficacia jurídica, como un perfecto título de crédito. Si es el nombre del tomador el que se omite, no es exacto que ese requisito deba llenarlo el propio emisor, porque no es esa la interpretación que debe darse al articulo 15 de la Ley, ya que propiamente esta disposición fué tomada de la Ley Uniforme de Ginebra y de los diversos proyectos del Código de Comercio italiano, que dan facultad al poseedor de un titulo de crédito para llenar los requisitos que faltaron al ser emitidos, siendo indiferente quien deba hacerlo, puesto que la obligación existe desde el momento de la creación del titulo.'a 28) Amparo ante el Juez de Distrito.E1 auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbtraje que pone fin al juicio con respecto a alcuna o algunas de las reclamaciones que forman parte de la demanda laboral, debe ser recurrido ante el Juez de Distrito, por tratarse de un acto que tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que precisamente por excluir del litigio una reclamación el laudo que se pronuncie no se ocupará de ella y, por la mismo, el amparo directo no podrá remediar el perjuicio causado. 2s 29) Despojo de zjidos.el delito de despojo previsto en el párrafo 4v del articulo 354 del Código Agrario no se configura cuando el titular de una parcela se ausenta por más de dos afios, porque si en la legislación civil clásica pudieran ser equivalentes los derechos del ejidatario mismo y los de sus familiares, para el derecho agrario, no, ya que se sustenta en bases bien distintas, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia en el caso consignado en la página 1298, tomo cxrrt del Semanurio Judicial de la Federación, desde el momento en que el articulo 169 ibid, impone a todo ejidatario la obligación de trabajar personalmente sus tierras, con p'érdida de sus derechos si no lo hace por más de dos años, lo cual permite inferir sólo su dominio útil, y no el dominio directo; y menos se sostiene la equivalencia antes mencionada en el Derecho Penal, en cuyo ámbito sería imposible dar por comprobado aquel delito sin recurrir al razonamiento analógico, prohibido por el párrafo 3' del articulo 14 constitucional. En el caso antes dicho, no pudo privarse de algiin derecho a un ejidatario que ha abandonado su parcela, y la privación de cualquier derecho a la persona poseedora, que no es ejidataria, puede constitur cualquier otro despojo o uso indebido de sus derechos reales, pero no un despojo contra el primitivo ejidatario que abandonó su parcela por más de dos años ) Requisitos de loz dictáinerier de los peritos valundores.cuando el articulo 234 del Código Federal de Procedimientos Pe?ales dispone la práctica de todos las experimentos y operaciones qiie la ciencia o arte sugieran, debe entenderse tal exigencia referida a los casos en que, por la naturaleza del peritaje, sean indicpensables aqui.llos, estando indicados Iiasta trabajos de laboratorio; no en simples avaluos en que la lista de daños no objetada basta para fijar su valor de uso, de cambio o comercial Directo 2278/1954. Resuelto el 8 de diciembre de Directo 2401/1954. Resuelto el 8 de diciembre de Directo 83/1953. Resuelto el 6 de enero de Directo 229/1953. Resuelto el 6 de enero de 1955.
12 356 JURISPRUDENCIA 31) Concepto de des#ojo.de acuerdo con el criterio sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte, la violencia sobre las cosas es apta para agotar la consumación del delito de demojo, a partir de las reformas del Código Penal del Distrito y Territorios Federales publicadas el 9 de marzo de La ruptura del cerco de una finca según la Sala citada innegablemente significó la realización de un acto de violencia fisica que, dada la reforma hecha a la frac. 1 del artida 395 del Código Penal mediante el referido Decreto, es apta para agotar la configuración del delito de despojo. En efecto, antes de esa reforma, la fracción mencionada expresamente se reducia a contemplar "la violencia fisica de las personas", pero habiéndose suprimido tal especificación, ya que actualmente el precepto habla de "vialencia" sin limitar la acepción del vocablo, tiene que considerarse que el legislador quiso hacer más amplia la figura delictiva de referencia, para abarcar también como forma de comisión la violencia sobre las cosas, tal como el cerco que aquí se menciona, el cual tenia indiscutiblemente, la calidad de un instrumento de resistencia predispuesto por el propietario, a cuyo vencimiento se dedicó la acción de los acusados consistente en la ruptura que realizaron. Esta concepción del despojo entiende la Sala de referencia coincide con la que, según lo asientan los tratadistas Eucebio Gómez (Tratodo de Derecho Peml, vol 4, pp. 374) y Sebastián Soler (Derecho Penal Argentino. vol. 4*, pp. 485), se mantiene en la Argentina, cuyo Código penal, en su articulo 181, se refiere "al que por violencia, engario o abuso de confianza, dcspojare a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble, o de un derecho real de uso...". "La violencia dice Eucebio Gómez puede ser contra las cosas o contra las personas. Acerca de este punto ninguna discusión cabe. La jurisprudencia acepta el principio sentado". Y Sebastián Soler dice a su vez: "La ley >no distingue forma alguna de violencia, de manera que está comprendida la que se ejerce sobre las personas o sobre las cosas...". "El hecho de que sea punible la violencia sobre las cosas alarga el concepto de usurpación (éste es el nombre dado en aquel código a la figura que nuestra ley llama despojo), pues permite que se considere el hecho de quien para entrar ha vencido resistencias predispuestas por el propietario." Si el legislador concluye la Sala no hubiera tenido intención de innovar, habría conservado la antigua expresión de significado restringido ) Zncorporeción de4 n~reedor a1imentwio.el Código Civil da opción al deudor entre pagar las alimentos o incorporar al acreedor a su hogar; pero esta opción no puede concebirse tan ampliamente y de manera tan absoluta que siempre y en todo caso pueda hacerse esa incorporación, pues en la práctica existen, a veces, inconvenientes legales y morales que pueden hacer nugatorios los derechos del acreedor. En ese sentido se pronuncian los tatadistas, sosteniendo que el derecho de incowrar al acreedor al domicilio del deudor de los alimentos se halla subordinado a la doble condición de que el deudor tenga casa o domicilio propio, y de que no exista estorbo moral o legal para que el acreedor sea trasladado a él y obtenga el conjunto de ventajas naturales y civiles que se comprenden en la connotación jurídica de la palabra alimentos, y es iucuestianable que, faltando cualquiera de esas condiciones, la opcibn del depdor se hace imposible y el pago de 32 Directo 4874/1952. Resuelto cl 7 dc enero de 1955.
13 IURISPRUDENCIA 367 los alimentos tiene que cumplirse necesariamente en forma distinta de la incorporación. Aun cuando el padre haya dejado el ejercicio de la patria potestad que le otorgó una sentencia de divorcio, no puede considerarse eximido de la obligación de alimentar a sus hijos menores, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren ) Robo calificado.si el acusado penetró en la casa de las ofendidos inediante el engaño de presentarse como comprador de objetos que se anunciaban en venta, y se apoderó de algunos bienes, no comete el delito autónomo de allanamiento de morada, sino el de robo calificado cometido en casa habitada, en el que la ley protege la respetabilidad y seguridad del hogar, siendo, por tanto. irrelevante qiie se haya obtenido el consentimiento para penetrar al mismo, si esto fué mediante engaiio ) Empleados mpernumwariosla circunstancia de que un trabajador al servicio dd Estado tenga el carácter de supernumerario, no le convierte invariablemente en emplendo de confianza, ni autoriza al titular de la unidad burocrática a despedirlo sin responsabilidad en cualquier momento, ya que sólo pucde cesársele al terminar las necesidades del servicio que motivaron su empleo o el agotamiento de la partida prrsupuectal correspondiente, debiendo considerársele como trabajador temporal cuya relación con el titular está sujeta al cumplimiento de las condiciones citadas Incidente de liquidación en los juicios laborales.conforme a la Ley Federal del Trabajo, cuando haya condena a1 pago de salarios, indemnizaciones. etc., se fijará su importe en cantidad líquida o se establecerán, por lo menas, las bases con arreglo a las $cuales debe hacerse la liquidación, y sólo en el caso de no ser posible lo una ni la otro, se hará condena a reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en la ejecución del laudo. Esto significa que solo está permitido Q las Juntas abstenerse de condenar al pago de cantidad líquida en el caso de encontrarse en la imposibilidad de hacerlo. Por lo mismo, si un trabajador demandó el pago de salarios por el lapso comprendido entre la fecha en que sufrió cierto accidente y aquélla en que se fije la incapacidad que padece, y en autos quedaron probados todos los elementos indispensables para cuantificar la condena, el laudo que se limita a condenar al pago de dichos salarios dejando su cuantificación para un incidente de liquidación que posteriormente se abra, es violatorio de la expresada Ley Federal del Trabajo ) Comurticación de los motivos de0 despido de un trabajador.ninguna disposición de la Ley Federal del Trabajo ni de algún otro ordenamiento, impone a los patronos la obligación de hacer saber a los trabajadores despedidos los motivos en que fundan la rescisión del contrato, por lo que no están obligados a hacerlo, sino ante las Juntas, en cuanto dichos trabajadores promuevan el correspondiente 33 Directo 4523/1952. Resuelta el 7 de enero de Directo 2481/1954. Resuelto el S de enero de Directo 5472/1953. Resuelto el 10 de enero de Directo 3509/1954. Resuelto el 10 de enero de 1955.
14 368 JURISPRUDENCIA juicio; sin que pueda decirse que por ser así los trabajadores quedan privados de defensa, ya que con posterioridad a la audiencia de demanda y excepciones, en la de pruebas y alegatos, pueden ofrecer y rendir los medios de convicción que a su derecho convenga para destruir las excepciones del demandado. a7 37) Terceria ercluyenfe de preferencia.esta tercería no es medio adecuado para que el acreedor prendario deduzca los derechos persecutorios que le otorga el articlulo 338 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, puesto que, de acuerdo con el 1367 del Código de Comercio. dicha terceria tiene como finalidad jurídica resolver cual sea el crédito que debe cubrir en primer término un deudor al actor del juicio principal y al tercerista. Mediante la terceria de preferencia habrá de determinarse si con el producto de los bienes secuestrados al demandado se cubre preferentemente el crédito que le reclama el demandante, o bien ese privilegio corresponde al crédito que deduce el tercerista. Por esta causa, la interpasición de la tercería excluyente de preferencia no suspende la venh judicial de los bienes secuestrados, puesto que tanto el actor del juicio principal como el terceristas se interesan en ella, como medio de obtener el pago de sus respectivos créditos ) Prueba del subnrrendmiento.no es debido exigir al arrendador que demanda la rescisión del contrato de arrendamiento, que pruebe en forma directa la relación que existe entre el arrendatario carente de facultades para subarrendar y el tercera a quien otorgó el uso de la cosa arrendada, ya que una exigencia de esta naturaleza haria nugatorio el derecho de pedir la rescisión. La prueba presuncional relativa debe ser suficiente e idónea para acreditar la existencia dc tales relaciones ) El del30 prmito en el wficulo 108 de 10 Ley de Pob1aciófi.El que por cuenta propia o ajena pretenda llevar o lleve trabajadores mexicanos al extranjero, sin autorización previa de la Secretaría de Gobernación, incurre en el delito previsto en el articulo 108 de Ja Ley de Población, debiendo entenderse por llevar no tan s6lo la acción material de pasarlos de un territorio a otro, sino también la de dar causa conveniente para que trabajadores mexicanos se trasladen al cxtranjero sin la debida autorizción oficil carrespondiente.40 40) Apelación interpuesta por el Ministerio Público.Cuando el representante social interpone apelación contra el fallo absolutorio de primer grado y no expresa agravios, le está vedado a la jurisdicción de segundo grado suplir esa deficiencia para revocar la sentencia irnpi~gnada.~~ 41) Aplicación de la ley penal.no se aplica por mayoría de razón la norma penal cuando el sentenciador toma en cuenta, para graduar la medida represiva correspondiente, la diversa intervención de cada uno de los distintos inculpados. 37 Directo 3346/1953. Resuelto el 10 de enero de Directo 138/1954. Resuelto el 13 de enero de Directo 20/1953. Resuelto el 13 de enero de Directo 1472/1954. Resuelto el 13 de enero de Directo 2238/1953. Resuelto el 13 de enero de 1955.
15 JURISPRUDENCIA 369 Es debido imponer sanción más severa, si las demás circunstancias son semejantes, a quien participó más directa o más intensamente en la comisión del delito, sin que por ello se infrinja el articula 14 constitucional, que prohibe imponer, por analogía o por mayoria de razón, una pena no establecida en la ley, o respecto de hechos que la norma criminal no considera delictuosos. En otras palabras, lo que el articulo 14 constihicional proscribe es la creación judicial de penas y de figuras delictivas. Pero si el tribunal responsable, además de mantenerse dentro de los márgenes establecidos para el delito que cometió el quejoso, le impuso.una sanción inferior al término medio aritmético del mínima y el maximo establecido en la ley, y disminuyó en considerable medida la condena decretada por el inferior, es claro que, aparte de no violar el invocado precepto, de la Carta Magna, tomó en cuenta los principios de la individualización de la pena consagrados por los articulas 51 y 52 del Código de la materia ) Cheques sin fecha.si al ser expedidos los cheques carecian de fecha y se comprueba que la que aparece posteriormente no fué puesta por el girador, no puede precisarse si fueron presentados owrtunamente para su cobro, por lo cual no debe tenerse como configurado el delito previsto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.42 43) Acción pub1iciana.tratándose de derechos de copropiedad, esto es, de derechos sobre un bien respecto al cual la división del mismo no se ha realizado, la posesión de cada uno de los copropietarios es necesariamente proindiviso. La que quiere decir, que cada uno de los copaseedores no tiene la posesión sobre determinadas partes del inmueble, sino sobre todas y cada una de las partes que lo forman, es decir, en forma alícuota. Pero precisamente por la naturaleza de la copropiedad, por ley expresa puede cualquiera de los comuneros deducir las acciones relativas a la cosa común, par* obtener, verbigracia, bien la reivindicación de la cosa misma, bien el respeto de sus derechos posesorios; mas entendida que se reivindica para todos los coposeedores, no en provecho exclusivo de uno de ellos. Por consecuencia. no puede existir duda de que cualquiera de los coposeedores pueda entablar la acción pybliciana en beneficio de todos. De manera que, deducida dicha acción para obtener el respeto de la posesión con relación a todo el inmueble, no puede ordenarse la devolución de solo parte de este, porque tal cosa implicaria, en cierta forma, su división y partición que no fue materia del debate, y tal conducta seria violatoria de la garantia de previa audiencia, al respecto, de cada uno de dichos coposeedores ) Prescripción adquisitiva.entre nosotros y apartándose en este punto del derecho francés, que distingue los vicios de forma respecto de la adquisición de los frutos y esos mismos vicios en materia de usucapión, estableciendo, por una parte, que los primeros son inoperantes, si los ignora el poseedor, respecto de la adquisición de tales frutos, y, por otra parte, que "el título nulo por defecto de forma no puede servir de base a la prescripción de diez y veinte años" (articulo 42 Directo :458/1952. Resuelto el 13 de enero de Directo 1903/1954. Resuelto el 15 de enero de Directa 109/1954. Resuelto el 17 de enero de 1955.
16 2267 del Código de Napoleón); entre nosotros, se repite, no hay esa distinción ya que un titulo nulo por vicio de forma puede servir de base a la posesión de buena fe, tanta para la adquisición de los frutos como para la usucapión, con tal de que se cumplan las condiciones para que, por el compartamiento de las partes, se subsane la nulidad por defecto de forma (articulo 2167 del Código civil de Veracruz, igual al 2234 del Código de la misma materia del Distrito Federal), aun cuando sin dejar de reconocer que hay vicios de forma que no pueden ser subsanados por dicho comportamiento de las partes, como son la falta de formalidad para la venta de bienes de menores, formalidad que establece el articulo 365 del repetido Código de Veracruz. igual al 436 del Código del Distrito, para los sujetos a la patria potestad; el 491 y siguientes del primero, igual al 561 del segundo, respecto de los sujetos a tutela, y el 105 de Veracruz que corresponde al 174 del Distrito, para la mujer que contrate con su marido.46 45) El ofendido frente a la sentencia abso1utoria.la absolución del inculpado no viola en relación con el ofendido, garantía individual alguna, ya que tiene otros medios distintos del juicio de amparo para hacer efectivos sus derechos a la reparación civil. Por otra parte, debe observarse que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública, cuya imposición ha de apoyarse en la declaración de responsabilidad penal correspondente, por lo que, estimar procedente el amparo, sería tanto como tonceder a la víctima del delito, a traves del juicio constitucional, el ejercicio de la acción penal, que sólo incumbe al Ministerio PÚblico.46 46) Los Gerentes y el Seguro Social.Para los efectos de la afiliación al Seguro Social, los gerentes no deben estimarse comprendidos dentro de la categoria de los trabajadores si, por ser socios o coparticipes de la Compañia, no se hallan. cn la misma situación de éstos, ni tienen frente a las Empresas de que forman parte los intereses de quien pertenece a la clase obrera.47 47) ResMón de los coniratosla cuestión planteada en este amparo se reduce a saber si el pacto comisario expreso es licito o no. La responsable sostiene que no es licito, fundándose, substancialmente, en que contraviene lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 del Código civil y está en pugna con el artículo 17 constitucional. De acuerdo con su criterio, la actora debió demandar ante los tribunales la resolución del contrato, demostrando que había incumplido una o varias de sus obligaciones, y una vez dictada sentencia, con fundamento en ella, debió exigir a la Afianzadora el cumplimiento de su obligación. Ahora bien, el articulo 1949 del Código civil consagra el principio de que los contratos sinalagmáticos son rescindibles si una de las partes no cumplió su obligación. Nada más justo que esta regla; cuando dos personas se comprometen, recíprocamente, cada una de ellas en cierta forma sólo consiente el acto de una manera condicional; se compromete porque la otra, a su vez también, se obliga a ello. La reciprocidad de las obligaciones implica necesariamente la de las prestaciones. y en virtud de esta idea se llega. por una parte, al sistema de la ejecución simul 45 Directo 4824/1953. Beswlto el 19 de enero de Directo 3613/1954. Rcsudto el 25 de enero de Revisibn fiscal 188/1953. Resuelta el 26 $$ enero de 1955.
17 tánea o de la erceptio son udimpleti contractus; y, por la otra, al derecho de demandar la resolución, cuando ya es tarde para oponer dicha excepción. La resolución de los contratos por incumplimiento de una de las partes no es un hecho primitivo, en el desarrollo de las instituciones. El antiguo derecho romano no la conocía. Apareció por primera vez en el contrato de venta, en el que fue objeto de un pacto especial, llamado lex comnirorie. El vendedor y el comgrador convienen que la venta se tendrá por no celebrada. si el precio no se paga en el plazo fijado: ut res iwpta sit, si ad diem pecunia soluta non sir (Digesto Lib. XVIII, tit. 3, fr. 2.) El uso de este pacto, tan ventajoso para el vendedor, se extendió de tal manera que se terminó por sobreentenderlo. y más tarde, se generalizó la aplicación del pacto comisario a todos las contratos sinalagmáticos. En el caso del pacto comisario sobreentendido o tácito, el contrato no se resuelve de pleno derecho; la parte en cuyo favor no se ha cumplido la obligación tiene que demandar ante los tribunales la resolución del contrato. Pero si el acreedor desea un procedimiento de tesolución más expedito, cuenta para ello con un medio: le basta hacer del incumplimiento, en el plazo convenido, una condición resolutoria ordinaria; escoge este hecho, como tomaria cualquier acontecimiento para hacer de él una condición. De esta manera el contrato se resuelve automáticamente, por el solo hecho del incumplimiento, sin que deban intervenir, los tribunales, y sin que haya medio de retardar o impedir la resolución concediendo un nuevo plazo al deudor (Marcel Planiol, Tratado Elementd de Derecho Cid, tomo V., p. 164.) La jurisprudencia francesa ha aplicado a estas cláusulas expresas de resolución un sistema de interpretación restrictiva, que ha forzado a los acreedores a ser cada vez más expresos en sus fórmulas materiales, e imperiosos en sus exigencias. Si las partes se limitan a estipular la resolución en caso de incumplimiento, nada agregan a las disposiciones legales, y su convenio se limita a repetir el articulo 1184 del Código civil francés, que corresponde al 1949 de nuestra ley. Si se agrega que la resolución será de pleno derecho, con ello se hace inútil la intervención del juez; éste puede, en caso de litigio, declarar la resolución, pero no decretarla. Si las partes declaran en un contrato sinalagmático que la resolución se verificará de pleno derecho, en caso de incumplimiento, el juez únicamente intervendrá para interpretar el contrato (Julien Bonnecase, Elementos de Derecho civil, tomo 11, p. 502). "No debe confundirse dice Ruggiero la condición resolutoria tácita con la expresa; la primera no es una verdadera y propia condición, a pesar de que el legislador al hablar, a propósito de las obligaciones condicionales, evidencia una intención de considerarla como una de tantas condiciones como pueden insertarse en los contratos. La diferencia más clara consiste ai la distinta eficacia que una y otra despliegan: la condición expresa opera ipso iure, esto es, resuelve de pleno derecho la relación contractual sin necesidad de declaración alguna del juez; la tácita, confiere una manea facultad de donandar la resolución al juez. que puede no pronunciarla cuando, reconociendo posible y satisfactoria la prestación. estime preferible otorgar una dilación a quien no la cumplió" (Ruggiero, Derecho cid, tonw 11, p. 304). Como se ve, la doctrina admite la posibilidad del pacto comisario expreso, que encierra una condición rwlutoria, cano otra cualquiera, y cuyo efecto es pro
18 372 IURZSPRUDENCZA ducir la resolución del contrato automáticamente, de pleno derecho, en caso de incumpliniento. Nuestro derecho no repugna ese pacto expreso, que no se encuentra en oposición con los articulas 6, 7 y 8 del Código civil, puesto que la voluntad de los particulares no exime de la observancia de ninguna ley ni contraviene leyes prohibitivas. Las partes indudablemente que tienen libertad para fijar expresamente los casos de extinción del contrato o, en otras palabras, de establecer condiciones resolutoriac, y el pacto comisorio expreso, como se ha dicho, no es otra cosa que una condición resolutoria. Tampoco es contrario al articulo 1797 del Código civil, ya que la validez y el 'cumplimiento del contrato no se deja al arbitrio de uno de los contratantes, sino que estos pactan libremente la manera de resolverlo. En el caso, la cláusula~décimotercera del contrato celebrado entre el Banco Nacional de Crédito Ejidal y Alberto Morfin Aguilar, contiene un pacto comisorio expreso, pues dice a la letra:" En caso de incumplimiento de una o varias de las cláusulas del presente contrato, las partes manifiestan y se obligan a sus consecuencias, que tendrán la facultad recíproca de rescindir la obligación, sin necesidad de 'declaración judicial, bastando para el efecto una simple notificación notarial que se haga a la parte que haya originado la causa". El comprador, Alberto Morfin, no cumplió con varias de las obligaciones del contrato. entre ellas la de cubrir una parte del precio en el plazo convenido, y, en consecuencia, usando de la facultad estipulada en la cláusula décimotercera, el vendedor dió por rescindido el contrato, operándose de pleno derecho su resolución y, en vista de ello, demandó de la compañia afianzadora el cumplimiento de su obligación. Afianzadora Cosio pudo oponer todas las excepciones inherentes a la obligación principal, de acuerdo con el articulo 2812 del Código civil, supletorio de la ley mercantil; por lo mismo, pudo defenderse diciendo que el contrato sí habia sido cumplido y demostrar su cumplimiento, pues el actor no estaba en posibilidad de probar un hecho negativo, o sea que el comprador no habia cumplido, y si Afianzadora Cosio no opuso la excepción de cumplimiento, ni la demostró, debe cumplir la obligación accesoria que contrajo, ya que sus otras defensas son ineficaces, como se ha demostrado ) Emisión de chegues sin preuia exktencia de fondos.cuando se gira un cheque a cargo de una determinada institución bancaria, se puede presentar a otra, salvo buen cobro, para que, hecho efectivo mediante la intervención de la Cámara de Compensación, se abone en cuenta al beneficiario. De acuerdo con el articulo 182 de la Ley de Titulas y Operaciones de Crédito, la presentación de un cheque en la Cámara de Compensación surte los mismos efectos que la hecha directamente al librador. Si se relaciona esta disposición con el articulo 193 del propio ordenamiento, en el que textualmente se dispone que el girador de un cheque re sentado en tiempo y no pagado por causa imputable a1 mismo librador, resarcirá al tenedor los daños y perjuicios que con ello le ocasione. etc., se entiende que la presentación del documento no pagado, necesaria para la integración del delito previsto en el mismo precepto, no debe hacerse necesariamente en la institución girada, de manera que si la falta de fondos del librador se 48 Directo 5061/1952. Resuelto el 27 de enero de 1955
19 JURISPRUDENCIA 373 descubre en #la Cámara de Compensación, surte los mismos efectos que si el cheque se presentara directamente ante la institución girada. La certificación de que no existen fondos disponibles del girador para cubnr el importe del cheque presentado en la Cámara de.compensación na es forzoso asentarla, aun cuando el articulo 190 del repetido ordenamiento establezca que si el cheque se presenta en la Cámara de Compensación y el girado rehusa total o parcialmente su pago, la Cámara certificará en el documento dichas circunstancias y que el mismo fui presentado en tiempo, pues para la integración del delito de expedición de cheques sin fondos no es indispensable cumplir ese requisito, toda vez que la finalidad de esa certificación es la de hacer las veces del protesto, que sólo es pertinente para que el cheque no se perjudique y el tenedor quede en condiciones de ejercitar la acción 49) Premnciln ''jk fonlum".la presunción jurk tanfum de intencionalidad delictida, consibada en el artículo 9* del Código penal para Distrito y Territorios Federales, queda destruida si del sumario se desprenden datos, deducciones e inferencias bastantes, las que vinculadas en forma natural y lógica hagan llegar al convencimiento de que no existe el elemento subjetivo de la infraccibn; pues si de los autos aparece que el acusado conducía unas aves de corral sin la intención de apropiársdas ilicitamente, sino con el propósito de localizar a su dueño para entregárselas, con tales elementos se establece la prueba en contrario de la presunción legal ) Danos ceruodos en un edificio con motivo de la cnistrucción de afro.si en virtud de un convenio judicial quedaron cubiertas los daños que presentaba un edificio, originados por la const~cción de otro, ello no es óbice para que, si con posterioridad se siguen ocasionando daíios derivados del progresivo asentamiento de este último, se configure nuevamente la obligación de resarcirlos, sin que el dueño del segundo pueda alegar la casa juzgada, puesto que ambos juicios no tienen el mismo objeto y la causa de pedir es diferente,, esto es, la causa remota puede ser una sola, pero aquélla que toma en cuenta el derecho es diferente Directa 5289/1953. Resuelto el 27 de entro de Directo 5410/1954. Resuelto el 3 de febrero de Directo 5335/1953. Resuelto el 4 de febrero de 1955.

References: artículo 14
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 artículo 1327
 artículo 14
 artículo 1327
 artículo 74
 artículo 73
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 artículo 88
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 artículo 202
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 artículo 193
 artículo 17
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 artículo 9