Source: http://composi.info/gua-para-la-elaboracin-de-las-actas-de-informes-de-gestin.html?page=4
Timestamp: 2019-02-20 13:27:03+00:00

Document:
2.2.6. Asentamientos humanos - Guía para la Elaboración de las Actas de Informes de Gestión
ASUNTOS ECONÓMICOS 2.3.1. Desarrollo Rural, Agricultura y Seguridad Alimentaria
2.3.2. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)
2.2.6. Asentamientos humanos
Una de las visiones de Colombia en la agenda de asentamientos humanos ha sido posicionarse a nivel multilateral como un referente y un país líder en temas asociados a la planeación y desarrollo sostenible de ciudades y territorios. A nivel multilateral los principales avances y desarrollos se dan en el marco de Naciones Unidas, donde ONU-Hábitat es el programa que ejerce como punto focal para todos los temas asociados a la agenda, y bianualmente el Consejo de Administración del Programa se reúne en Nairobi, Kenia, con el fin de adoptar decisiones temáticas y administrativas para movilizar la agenda.
Desde 2010 se han efectuado 4 Sesiones del Consejo de Administración en los años, sin embargo, Colombia es Miembro del Consejo desde 2012, de manera que participó activamente en las 3 últimas sesiones, las cuales tuvieron como tema especial: 2013: El rol de las ciudades en mejorar las oportunidades económicas para todas las personas, especialmente los jóvenes y las mujeres; 2015: La contribución de ONU-Hábitat a la Agenda para el Desarrollo Post-2015 en la promoción del desarrollo urbano y de asentamientos humanos sostenibles; y 2015: Oportunidades para la implementación efectiva de la Nueva Agenda Urbana.
Adicionalmente, cada 20 años se desarrolla la Conferencia Hábitat de Naciones Unidas. La Conferencia Hábitat III de Naciones Unidas se realizó del 17 al 20 de octubre de 2016 en la ciudad de Quito, Ecuador, y fue la primera gran conferencia multilateral tras la adopción de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y del acuerdo de París sobre cambio climático, y fue la oportunidad para definir pautas para la implementación concreta de la Agenda 2030 a nivel local y para discutir la importancia de los asentamientos humanos en el desarrollo sostenible. Estas pautas quedaron adoptadas en la Nueva Agenda Urbana, documento de compromiso que define las acciones que los Gobiernos deben implementar para alcanzar asentamientos y territorios sostenibles en los próximos 20 años.
Así, las negociaciones de la NAU iniciaron en el primer semestre de 2015 y Cancillería, tuvo una importante participación en las consultas y negociaciones que posicionaron al país como líder y referente en los temas de la Agenda. Adicionalmente a nivel nacional se trabajó de manera paralela en un comité interinstitucional para establecer y consolidar las prioridades e intereses nacionales en la Agenda, y se desarrolló un proceso de consultas que contó con la participación de sociedad civil, academia, gobiernos locales, entre otros.
Esto permitió que Colombia posicionara y dejara reflejada en la NAU 3 temas fundamentales: cambio climático; pobreza, desigualdad e inclusión social; y desarrollo territorial integrado. Actualmente, a nivel nacional se está trabajando de la mano de las entidades nacionales en un mecanismo para facilitar el seguimiento y la implementación de la NAU.
Adicionalmente, y en cumplimiento a uno de los mandatos de la Nueva Agenda Urbana, Naciones Unidas inició un proceso de evaluación y reestructuración de ONU-Hábitat, que busca mejorar temas de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Este proceso sigue vigente y desde 2016 hasta la fecha se han adelantado acciones y negociaciones (que han contado con una participación activa por parte de Colombia bajo la representación de la Misión de Colombia en Nueva York como de la Misión de Colombia en Nairobi) orientadas a definir los lineamientos para alcanzar este objetivo.
Finalmente, se destaca que entre el 7 y el 13 de febrero de 2018 se llevó a cabo el Foro Urbano Mundial en Kuala Lumpur, Malasia. Este Foro, organizado por ONU-Hábitat y por el Gobierno de Malasia, congrega a gobiernos nacionales y locales, academia, organizaciones de sociedad civil, organismos multilaterales, cooperantes, etc.; con el fin de presentar los avances al cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana y de hacer intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de desarrollo urbano y territorial.
La igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la garantía del pleno ejercicio de sus derechos, son reconocidos por Colombia como elementos indispensables para la consolidación de sociedades basadas en los principios democráticos, así como para el alcance de un verdadero desarrollo.
Por lo tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores incorporó en su agenda de trabajo la promoción y defensa de los intereses nacionales en materia de género en diferentes escenarios internacionales.
Particularmente, desde la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, se promueve y posiciona la “agenda positiva” de mujer y género a nivel global y regional. A nivel global el tema se desarrolla en el marco de la Organización de las Naciones Unidas de manera transversal, y particularmente de forma anual en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la que hemos sido miembros entre 2009 y 2013 y también entre 2015 y 2019. A nivel regional, se aborda desde la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Organización de Estados Americanos, el Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico, el Grupo de la CELAC sobre el Adelanto de las Mujeres, entre otros.
En el marco de esa agenda positiva se han priorizado temas como el empoderamiento de la mujer (incluyendo a través tecnologías de la información y las comunicaciones y la educación), la autonomía económica, la equidad en el mercado laboral, el trabajo no remunerado, el papel de la mujer rural, los derechos sexuales y reproductivos, la participación de la mujer en los escenarios de poder y toma de decisión, la construcción de nuevas masculinidades, entre otros.
Así mismo, la participación de las mujeres en la construcción de una paz estable y duradera es una de las prioridades del país en los escenarios internacionales. Se reconoce el papel central de las mujeres en la prevención y solución de conflictos, así como en las situaciones posteriores al conflicto. Esto va acompañado de la visibilización de toda la experiencia de Colombia con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla de las FARC, especialmente en lo relacionado a la participación de las mujeres en la negociación, formulación, implementación y seguimiento de este Acuerdo.
En esos espacios se resalta constantemente que en Colombia se ha logrado consolidar un sólido y robusto entramado normativo y de política pública en favor de todas las mujeres, permitiéndoles vivir en una sociedad más justa, equitativa, pacífica, y en la que se reconocen y atienden sus necesidades específicas.
De igual manera es importante resaltar que, gracias a la participación activa y propositiva del Gobierno en estas instancias, el país ha logrado ser reconocido y percibido como un socio estratégico en los asuntos de género y no sólo como un sujeto de observación; además de ser reconocido como un generador de buenas prácticas y experiencias. En la actualidad, Colombia es un actor relevante en el contexto multilateral y regional en temas de mujer.
Los principales instrumentos internacionales a los que se hace seguimiento son: la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer; la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; la Estrategia de Montevideo; y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre otros.
Adicionalmente, Colombia participó en las reuniones del Grupo Técnico de Género (GTG) de la Alianza del Pacífico, Grupo creado en 2015 con el propósito de transversalizar la perspectiva de género al interior de la Alianza, y con el objetivo de incorporar a las mujeres en el proceso exportador. Uno de los más grandes logros de este Grupo, es la Plataforma Virtual Comunidad de Mujeres Empresarias de la AP.
Colombia participó en las diferentes reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizan anualmente, así como en las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizadas cada tres años. En las mencionadas Conferencias, Colombia participó activamente en las negociaciones de los documentos finales, a saber, el Consenso de Santo Domingo y la Estrategia de Montevideo, entre otros.
Colombia también participó activamente en las Consultas Regionales previas a las sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en ingles). El objetivo principal de estas Consultas es identificar, articular y consensuar las aspiraciones, propuestas y posición de la región de América Latina y el Caribe de cara a las sesiones de la CSW.
En ese sentido, Colombia logró ser parte de la Mesa Directiva de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer por cuatro años consecutivos, lo que estuvo acompañado de activas participaciones en cada una de las sesiones de la CSW, realizadas durante estos 8 años de Gobierno y tras la creación de la Coordinación de Asuntos Sociales.
Durante el año en curso, es necesario destacar que Colombia tuvo un papel muy destacado en la sesión 62 de la CSW. El país fue Vicepresidente de la Mesa Directiva de la sesión, los delegados/as participaron en diferentes eventos formales de la Comisión, así como en evento paralelos. La Delegación nacional también contribuyó sustantivamente a la aprobación de las conclusiones acordadas en este periodo sobre las mujeres rurales.
Adicionalmente, Colombia, conjuntamente con Suecia y ONU Mujeres, realizó un evento paralelo, titulado Mujeres rurales: Actores clave para la paz y el desarrollo sostenible.
Es de resaltar que las delegaciones de Colombia siempre han estado conformadas por el más alto nivel político y técnico, lo que permite una participación sustantiva en estas reuniones, no solo por la visibilización de los principales avances del país en los asuntos de mujer y género, sino también por los aportes significativos a los documentos finales, más conocidos como conclusiones acordadas.
Finalmente, es necesario destacar que gracias al trabajo realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en coordinación con las entidades nacionales, Colombia hace parte de las iniciativas globales sobre mujer y género más importantes, por ejemplo: Estrategia mundial para la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes 2016-2030 y la Estrategia liderada por ONU Mujeres “Por un planeta 50-50 en 2030: Demos el paso por la igualdad de género”, Equal Futures Partnerships”, She Decides, entre otras.
En la Cumbre de Desarrollo Social (Copenhague 1995) estableció un plan de acción para que los países en conjunto aborden los problemas sociales reconociendo el carácter global de estos asuntos. Esta Cumbre se fundamentó en el papel principal de las personas dentro del discurso del desarrollo, y resalta la erradicación de la pobreza, el pleno empleo, el fomento de la integración social, la equidad y la sostenibilidad como las metas más importantes del desarrollo.
El componente temático de Desarrollo Social no era uno de los ejes más emblemáticos de trabajo del área multilateral de la Cancillería para 2010. Si bien el Plan Fronteras para la Prosperidad y la agenda bilateral tenían un fuerte componente en dicha materia, solo hasta hace unos años se ha impulsado la participación de Colombia en escenarios internacionales de discusión sobre Desarrollo Social.
Lo anterior, sustentado en una mejora innegable en indicadores sociales, tales como la reducción de la pobreza (monetaria y multidimensional), educación, equidad de género, entre otros tantos. Esa mejora social, ha podido enaltecer y compartir la experiencia internacional en el plano global en el marco de Naciones Unidas, y en el ámbito regional en la CEPAL y la OEA.
Por ejemplo, debido al éxito en la lucha contra la pobreza en el territorio nacional, Colombia ha abogado por entender a dicho fenómeno desde sus diversas dimensiones y no limitar su análisis y acciones para su reducción, al punto de vista monetario. Por tal motivo. Hemos sostenido que el índice de pobreza monetaria debe ser un complemento para el análisis del Índice de pobreza multidimensional, el cual Colombia utiliza como medidor de la pobreza desde 2012.
Por experiencias y aporte como esos, al día de hoy, Colombia se ha logrado posición como miembro de la Comisión de Desarrollo Social de Naciones Unidas (reelegido para el periodo 2019-2023) y Vicepresidente de la Conferencia de Desarrollo Social de la CEPAL (periodo 2017-2019). Lo anterior, ha permitido que nuestro país comparta con la comunidad internacional los importantes avances, así como los enormes retos en la implementación de la Agenda de Copenhague de 1995 y su Plan de Acción.
La incidencia de nuestro país en dichos espacios ha crecido tanto, que desde las posiciones de decisión que ostentamos en los últimos años, hemos podido orientar las discusiones alrededor de las prioridades nacionales, tales como la reducción de brechas y la necesidad de consolidar marcos de asistencia para la construcción de una paz sostenible en nuestro país.
Si bien con la Agenda 2030 se revigorizó el pilar social del desarrollo, es imperativo mantener el compromiso internacional alrededor del cumplimiento de los compromisos restantes de la Declaración de Copenhague como su Plan de Acción.
El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, es el organismo de Naciones Unidas, encargado de hacerle seguimiento al avance en las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Funciona como plataforma para promover el debate y el dialogo entre Estados, con el propósito de encontrar formas de trabajo conjunto para avanzar en la implementación de los múltiples compromisos internacionales relacionados con desarrollo.
Colombia en la actualidad es miembro del Consejo, y su periodo va hasta el 2019, y durante el actual Gobierno también fuimos miembro de 2013 a 2015. Dicha posición, ha permitido que nuestro país cuente con una plataforma de diálogo de alto nivel en Naciones Unidas, para temas principalmente relacionados con el desarrollo sostenible.
Es importante señalar que el reconocimiento del ECOSOC como espacio determinante en materia de desarrollo no es reciente. A manera de ejemplo, nuestro país en 2013 asumió la presidencia del Consejo, lo cual permitió desde un inicio promover la construcción de la nueva Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas, que desencadeno en la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El 2018 es un año particular para el ECOSOC, ya que se tiene prevista la revisión de la resolución 68/1, lo cual terminará en una revisión completa del ECOSOC, con el objetivo de fortalecer el mandato de dicho organismo, así como revigorizar su rol en materia de seguimiento al proceso de implementación de la Agenda 2030.
Colombia a lo largo del proceso de discusión de reforma del ECOSOC, ha sido muy activo, siempre buscando que dicho organismo se centre puntualmente en temas relacionados con desarrollo y no extralimite su operación a áreas por fuera de su mandato.
Uno de los principales intereses del país, es hacer más efectivos los aportes del Consejo al proceso de seguimiento a la Agenda 2030, ya que en diversas ocasiones se duplican labores de otros órganos del ECOSOC y se está perdiendo una oportunidad de incidir de manera decisiva en la conformación del Foro Político de Alto Nivel.
Colombia considera a las familias como agentes importantes para el desarrollo sostenible y está comprometida con la garantía y protección de sus derechos, partiendo de la base de la no discriminación, igualdad de género y múltiples formas de familia. Este tema se interrelaciona con otros asuntos relativos al desarrollo social, pues el núcleo familiar está conformado por diferentes personas que pueden pertenecer a grupos étnicos o sectores vulnerables como por ejemplo personas mayores, mujeres, niños, personas con discapacidad, entre otros. En escenarios internacionales, se aborda en la ONU y hasta este año se negociaba anualmente una resolución frente a este tema, donde se decidió en la pasada Asamblea General que esta será negociada cada dos años.
En el plano internacional, hay una fuerte controversia respecto a las diversas composiciones de las familias. Debido a esto, en los últimos años no se ha podido alcanzar un consenso recurrentemente frente al texto de la resolución de Naciones Unidas. En 2017 se adoptó la resolución 72/145, que resulta un poco general para el tema donde solo se exhorta a los Estados a trabajar en beneficio de las familias.
A nivel nacional hay una Mesa Técnica que se reúne de manera periódica a discutir aspectos relativos a las familias, que tiene como propósito fomentar la implementación de la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento de las Familias, así como su socialización territorial.
El Principio 10 fue consagrado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 1992 y sus pilares son los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.
En Rio+20 (2012) se adoptó la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. 23 Estados paulatinamente han adherido a la Declaración y Colombia lo realizó el 17 de abril de 2013.
En la Declaración, los países signatarios se comprometieron a avanzar en la consecución de un instrumento regional que facilite la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como secretaría técnica.
El proceso de negociación inició en la Primera Reunión del Comité que se celebró en la sede de la CEPAL, en Santiago, del 5 al 7 de mayo de 2015 y culminó en San José, Costa Rica en la Novena Reunión del Comité que tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 4 de marzo de 2018.
En esta última reunión se adoptó el texto final del instrumento, el cual tiene el nombre de “Acuerdo de Escazú” y su objetivo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Este es un histórico tratado internacional que crea estándares de implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, y es el primer instrumento internacional vinculante en establecer disposiciones para la protección de los defensores ambientales. En el texto Colombia desempeñó un rol constructivo y propositivo, basado en la concreción de un texto viable que favoreciera el fortalecimiento de las capacidades e instituciones nacionales para la plena implementación de sus contenidos.
El Acuerdo estará abierto para la firma por dos años, a partir del inicio del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Es decir, entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020, y entrará en vigor cuando el 11º Estado realice el depósito de su ratificación.
2.3.1. Desarrollo Rural, Agricultura y Seguridad Alimentaria
La visión de Colombia en cuanto al desarrollo rural, la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional coincide con el objetivo global de poner fin al hambre y todas las formas de malnutrición, contribuyendo a mejorar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad, con prioridad a los grupos sociales vulnerables.
En este sentido, en el cuatrienio 2014-2018 nuestro país ha participado en los diferentes escenarios internacionales en los que se definen estrategias en relación con el mejoramiento de la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, en procura que las mismas sean acordes y se puedan implementar en el plano nacional a través de políticas públicas.
Es de especial relevancia la activa participación de Colombia en los distintos encuentros convocados por la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través de sus Órganos Rectores y estatutarios, que forman parte del Sistema de Naciones Unidas. Es así como, se ha tenido una importante presencia en las Conferencias Mundiales de la FAO 2015 y 2017. En esta última Colombia apoyó el ajuste del Marco Estratégico del Organismo a la Agenda 2030 y sus ODS y manifestó su iniciativa de formar parte del Consejo de la FAO, de ser posible en 2019.
De igual manera, Colombia participó en la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, en sus versiones 2016 y 2018. Es de destacarse que en el marco de la 35° Conferencia Regional realizada en Montego Bay, Jamaica - 5 a 8 de marzo de 2018, se suscribió con la FAO el Acuerdo que convierte la actual representación de esta Organización en Colombia en la primera Oficina de Asociación y Enlace en Suramérica, con lo que se eleva la categoría de la Oficina. Además, la FAO tomó las recomendaciones de Colombia en lo que hace a una mayor asistencia en la región en el tema de derecho a la alimentación, la agricultura familiar y la mitigación y adaptación al cambio climático en la agricultura.
Asimismo, se resalta el decidido apoyo del Organismo en el Acuerdo de Paz y su implementación, a través de la cooperación técnica tradicional con el sector Rural y con sus nuevas instituciones, que incluye el fortalecimiento de capacidades en cuanto al derecho a la alimentación en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Sobre el particular, Colombia tuvo la oportunidad de compartir ante la comunidad internacional los avances y desafíos de la Paz, con el acompañamiento de la FAO, en la 40 Conferencia Mundial del Organismo en 2017.
En adición, el país continúa haciendo presencia en las principales Organizaciones de carácter internacional de productos agrícolas como el CODEX Alimentarius, el Fondo Común de Productos Básicos, la Organización Internacional del Cacao, la Organización Internacional del Café, la Red Internacional del Bambú y el Ratán, la Organización Internacional del Azúcar, Organización Mundial de Sanidad Animal, entre otros.
Para Colombia ha sido fundamental en este período continuar la consolidación de su compromiso con la transformación del sector rural y la necesidad de contribuir a la reducción de la pobreza rural, el mejoramiento de la calidad de vida y los ingresos de los pequeños y medianos productores rurales y ampliar la clase media rural, a través del impulso a proyectos integrales de producción, transformación y comercialización.
Por último, es importante resaltar que en el marco de las Naciones Unidas Colombia ha copatrocinado diferentes Resoluciones en el ámbito de la Agricultura, la alimentación y la seguridad alimentaria, entre las que se puede resaltar el apoyo y copatrocinio desde el inició de la Resolución A/RES/72/239 “Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar”, resolución aprobada por consenso durante la 72° Asamblea General de la ONU celebrada en septiembre de 2017 en Nueva York, lo que concuerda con la aprobación en diciembre de 2017, de los lineamientos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.
La OMPI es una organización de las Naciones Unidas, conformada con el propósito de ser el foro a nivel internacional sobre los asuntos relacionados con servicios, políticas, información y cooperación en propiedad intelectual. Hacen parte de este organismo 193 Estados Miembros de la Asamblea General, el cual es el primer órgano decisorio y de formulación de políticas.
Colombia es Estado Parte de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) desde 1980 y a partir de su adhesión se ha trabajado coordinadamente para la implementación y adaptación de programas de propiedad intelectual a nivel nacional.
La Organización ha asistido al país en la redacción de normas de propiedad intelectual, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (ADPIC), Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos multilaterales suscritos por Colombia. Adicionalmente, la OMPI ha apoyado las labores de definición de los programas nacionales relacionados con el fomento, divulgación y uso de la propiedad intelectual.
Colombia, acorde con sus políticas internas, trabaja constantemente en la inclusión de la propiedad intelectual como un elemento esencial de sus políticas de desarrollo económico, político y social. Por lo anterior, se pretende garantizar que el país se beneficie de la utilización de la propiedad intelectual.
Es de resaltar que en 2016 Colombia postuló su candidatura para ser sede de una Oficina Externa de la OMPI bienio 2016/2017, en diferentes escenarios la propuesta se consideró valiosa y de gran impacto para el desarrollo de políticas de propiedad intelectual por las actividades y programas que incorpora, posteriormente contó con el apoyo y consenso de los países del Grupo de América Latina y El Caribe – GRULAC. En las Asambleas Generales de octubre de 2017 los países miembros postergaron la decisión para las Asambleas Generales del segundo semestre de 2018. Colombia continuará impulsando la propuesta nacional de ser sede de una Oficina de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en las próximas sesiones en septiembre de 2018.
Es de resaltar que durante las Asambleas generales de 2017 se renovó el mandato del Comité Intergubernamental, sobre propiedad intelectual, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales, asuntos que son prioritarios para el país por su condición de megadiverso y pluriétnico, esperamos contar con resultados concretos que cierren las brechas de las cuestiones esenciales en recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales para las Asambleas Generales de 2019.
Colombia ha presentado el pasado octubre de 2017 su nueva solicitud de cooperación bienal 2018/2019 ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual respondiendo a las necesidades y desafíos particulares del país en materia de competitividad y desarrollo productivo. La solicitud de Colombia se enfoca en temas de innovación, transferencia de tecnología y valoración de activos; aplicación y observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual y protección a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales.
Dentro de la solicitud de Cooperación dirigido a la OMPI, se tiene previsto un evento de observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, que será realizado el próximo 31 de julio y 1 de agosto de 2018 con la participación de las Entidades nacionales.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución