Source: https://www.scribd.com/document/144277166/Mayo2013-Se-Otorga-La-Suspension-Definitiva
Timestamp: 2018-02-19 06:29:39+00:00

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SE OTORGA AL SUSPENSION DEFINITIVA EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DE LOS ACTOS DE LLS QUE SE PODRÍA REFERIR LA AFECTACION DE LA ESTABILIDAD LABORAL.
ESTA ES LA LIGA DE LA RESOLUCION, E L APARTE DE LOS ACUERDOS http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp
ESTA OTRA ES LA LIGA DE LOS EXPEDINETES http://sise.cjf.gob.mx/SiseInternet/Reportes/VerCaptura.aspx?TipoAsunto=1&Expediente=98%2F2013&Buscar=Buscar&Circuito=6&CircuitoNam e=Sexto+Circuito&Organismo=1275&OrgName=Juzgado+Tercero+de+Distrito+del+Centro+Auxiliar+de+la+Segunda+Regi%F3n%2C+en+su+car%E 1cter+de+Ordinario&TipoOrganismo=2&Accion=1
RUBÉN Incide 98/2013 NÚÑEZ ntal GINEZ
AUDIENCIA INCIDENTALINTERLOCUTORIA Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 98/2013, promovido por RUBÉN NÚÑEZ GINEZ y otros; y R E S U L T A N D O: ÚNICO.- En acuerdo de once de abril de dos mil trece, se tramitó por duplicado el incidente de suspensión Secretari relativo al juicio de amparo 98/2013, promovido por RUBÉN NÚÑEZ GINEZ y o de otros, contra los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados 22/05/ Educaci Unidos Mexicanos y otras autoridades; asimismo, se negó la suspensión 2013 ón provisional del acto reclamado respecto de unos actos, y por la otra, se concedió Pública en cuanto a sus efectos; y en el mismo auto, se solicitó los informes previos a las autoridades señaladas como responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que finalmente se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- La parte quejosa solicitó la suspensión definitiva contra las autoridades y actos siguientes: Del Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, del Secretario de Gobernación y del Director del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en México, Distrito Federal: la aprobación, expedición, promulgación y publicación del decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de febrero de dos mil trece; y, Del Secretario de Educación Pública: la ejecución de dicho decreto. SEGUNDO.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, el Secretario de Gobernación y el Director del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en México, Distrito Federal, al rendir sus respectivos informes previos, por conducto de sus representantes, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Finalmente, el Secretario de Educación Pública, por conducto de su representante, al rendir su informe previo negó la existencia del acto impugnado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto, en la medida de que en el ámbito de sus facultades sí le competerá la aplicación de la evaluación a que se refiere la norma reclamada, y dependiendo del resultado de la misma, se verán afectados los derechos laborales de la parte quejosa. TERCERO.- La parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, el Secretario de Gobernación y el Director del Diario Oficial de la Federación, consistente en la aprobación, expedición, promulgación y publicación del decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de febrero de dos mil trece. Para establecer la procedencia o no de la suspensión definitiva del referido acto, debe decirse que
la suspensión en materia de amparo, tiene como finalidad detener actos que se están ejecutando o evitar se ejecuten aquellos que puedan causar perjuicio a persona alguna, por lo que, si se solicita la suspensión de actos que ya se llevaron a cabo, obvio es que éstos no son susceptibles de ser suspendidos por estar consumados, y hacerlo implicaría, en su caso, retrotraer las cosas al estado en que guardaban antes de la promoción de la demanda de amparo, lo cual, es materia de estudio del fondo del asunto, mas no del incidente de suspensión; consideraciones que llevan a negar la medida solicitada en cuanto a la aprobación, expedición, promulgación y publicación del decreto de marras. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 422, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 4161, Tomo II, Volumen 5, Materia Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2011, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY". Así también, cobra aplicación la jurisprudencia 221, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3848, Tomo II, Volumen 5, Materia Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2011, de título: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS". En ese sentido, procede negar la suspensión definitiva solicitada contra la aprobación, expedición, promulgación y publicación del decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de febrero de dos mil trece. Por otro lado, la parte quejosa solicita también la suspensión definitiva de la ejecución del mencionado decreto atribuida al Secretario de Educación Pública, y para emitir el pronunciamiento respectivo sobre la procedencia o no de la suspensión solicitada respecto de dicho acto, es preciso traer a colación que el artículo 124 de la Ley de Amparo, en su fracción II, vigente a la presentación de la demanda de
garantías, exige entre otros requisitos, que para decretar la suspensión, no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Respecto del interés social y del orden público a que aluden los artículos en cita, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la jurisprudencia 2233, visible en la página 2600, Tomo II, Volumen 3, Materia Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2011, de rubro: "SUSPENSIÓN. NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA", estableció que éste es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realice la valoración, precisando que el interés social se refiere a aquellos aspectos relacionados con las necesidades generales de la sociedad y que el Estado protege de manera directa y permanente, por lo que si una situación específica afecta o beneficia a la colectividad, existe interés social. De las disposiciones modificadas y adicionadas a través del mencionado decreto, se aprecia que las aludidas reformas y adiciones contenidas en el decreto reclamado, versan sobre la calidad en la educación obligatoria; sobre los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa; sobre la idoneidad de los docentes y los directivos que se encuentren al frente de la prestación del citado servicio; y sobre la tutela que el Estado ejercerá en su prestación, y los métodos de los que se valdrá para ello. Lo anterior, se traduce en que el contenido de las porciones normativas a las que se ha hecho referencia, sí son de interés social, en tanto que es de interés del propio Estado y de la sociedad de este país, la prestación de una educación obligatoria de calidad y, por ende, que para ello se establezcan los mecanismos necesarios y se creen las leyes respectivas. En ese sentido, es palmario que con la suspensión de la ejecución de las porciones normativas antes señaladas se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría al interés social, en virtud de que se está ante cuestiones vinculadas con la prestación del servicio de educación obligatoria y la calidad del mismo, lo cual es para el beneficio de la sociedad. Por lo anterior, es claro que no se saldan los
requisitos previstos en el artículo 124, fracción II de la Ley de Amparo, vigente a la presentación de la demanda de garantías, y ante ello procede negar la medida cautelar solicitada respecto de las mencionadas porciones normativas del citado decreto. Sin que sea óbice a lo anterior, que con fundamento en lo dispuesto por el reformado artículo 107 fracciones I, IV y X de la Constitución, 124 de la Ley de Amparo, vigente a la presentación de la demanda de garantías, así como en la jurisprudencia 948, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1065, Tomo II, Volumen 2, Materia Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2011, de título: "SUSPENSIÓN PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO."; deba analizarse la procedencia de la petición al tenor de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Para justificar tal aserto, es preciso señalar que la figura de la apariencia del buen derecho, es aquélla que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en un proceso, y el cual aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, vigente a la presentación de la demanda de garantías, basta la comprobación de dicha figura, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Mientras que el peligro en la demora, se basa en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. De tal manera que, ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, conjuntamente con los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, vigente a la presentación de la demanda de garantías, se llega a la conclusión que de ordenar se suspenda definitivamente la ejecución de las aludidas disposiciones que se encuentran vinculadas con la
prestación del servicio de educación obligatoria y la calidad del mismo, se causaría un mayor perjuicio en el interés social. CUARTO.- Por otra parte, a juicio de quien esto provee, la medida suspensional definitiva solicitada resulta procedente por cuanto a la última parte de la fracción III del artículo 3 Constitucional, reformada mediante el decreto reclamado. De la porción de mérito, se aprecia que si bien dicha reforma igualmente alude a la prestación del servicio de educación obligatoria la cual es de interés social; lo cierto es que se ocupa en particular de aquéllas personas que deseen ingresar al servicio docente y de quienes aspiren a ser promovidos a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, así como de quienes deban ser evaluados para su reconocimiento y permanencia. Lo anterior, pone de manifiesto que tal disposición no impacta directamente en el interés social, habida cuenta que el impacto que tales disposiciones tengan sobre la sociedad, queda supeditado a que aquéllos aspirantes sean ingresados o promovidos, y que por ello se encuentren frente a la prestación del servicio de educación obligatoria, o estén en una posición distinta a la que antes de la expedición de dicha ley se encontraban. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia 220, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3848, Tomo II, Volumen 5, Materia Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2011, de rubro: "LEYES, SUSPENSIÓN CONTRA LAS. PROCEDE EN CASOS EN QUE AFECTE INDIRECTAMENTE AL ORDEN PÚBLICO". En mérito de lo expuesto, si la suspensión definitiva de la
ejecución de la citada porción normativa fue solicitada por la parte quejosa; su concesión no afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público (por las razones apuntadas); y son de difícil reparación los daños que pudieran ocasionarse a la parte agraviada, en la medida de que no podría retrotraerse el tiempo en que se le impidiera acceder al servicio docente o ser promovido a
director o supervisor, con posible afectación a la postre sobre la antigüedad y otros derechos que pudiera generar; se considera que se saldan los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, vigente a la presentación de la demanda de garantías, para la concesión de la citada medida. Por lo tanto, se concede la suspensión definitiva solicitada contra la ejecución de la citada porción normativa reclamada al Secretario de Educación Pública, para el efecto que de aplicarse a la parte quejosa la evaluación a que se refiere el precepto constitucional supratranscrito, y dependiendo del resultado de la misma, no sean afectados los derechos laborales de la parte quejosa. La suspensión que se concede surte sus efectos desde luego,
sin necesidad de solicitar la exhibición de garantía alguna, en tanto no se advierte que puedan lesionarse derechos de terceros; en el entendido de que surte efectos y durará hasta en tanto las autoridades responsables sean notificadas del auto en que quede firme la sentencia que se dicte en el expediente principal del que deriva el presente asunto; lo anterior en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, vigente a la presentación de la demanda de garantías. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en el artículo 131 de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: PRIMERO.- Se niega la suspensión definitiva solicitada por RUBÉN NÚÑEZ GINEZ, y otros, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando tercero de esta determinación.
SEGUNDO.- Se concede la suspensión definitiva solicitada por RUBÉN NÚÑEZ GINEZ, y otros, contra la aplicación de la última parte de la fracción III del artículo 3 Constitucional, reformada mediante el
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de febrero de dos mil trece, reclamada al Secretario de Educación Pública; en los términos indicados en el considerando cuarto de esta resolución. TERCERO.- En atención a lo ordenado en la audiencia incidental de esta data, comuníquese la presente interlocutoria al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, para los efectos legales a que haya lugar en el recurso de queja 54/2013 de su índice. Notifíquese por
lista de acuerdos a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; digitalmente (FESE) a las autoridades que proceda, y por oficio a las responsables que corresponda. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, licenciado JOSÉ LUIS ZAYAS ROLDÁN, asistido de la secretaria, licenciada Sandra Alicia Castelán González, que autoriza.
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References: artículo 3
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 artículo 124
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 artículo 107
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 resolución 
 artículo 124
 artículo 3
 artículo 124
 artículo 138
 artículo 131
 artículo 3