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Timestamp: 2017-10-21 00:58:28+00:00

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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 1425/2010 de 18 de octubre. Nulidad de sentencia. Insuficiencia de hechos probados - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 1425/2010 de 18 de octubre
Sentencia: Nulidad. Incongruencia omisiva. Insuficiencia de hechos probados. Hechos relevantes para resolver el objeto del debate, quedando sin resolver en la sentencia cuestiones planteadas en la demanda. Incongruencia omisiva.
SENTENCIA: 01425/2010
NIG: 02003 34 4 2010 0101050
TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000975 /2010
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000370 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 003
Recurrente/s: Octavio
Procurador: PILAR CUARTERO RODRIGUEZ
RECURSO SUPLICACION 975/2010
Recurrente/s. Octavio.PROCUADOR PILAR CUARTERO RODRÍGUEZ. ABOGADO FRANSICO-PABLO
GARCÍA-MINGUILLÁN POSADA
Recurrido/s: AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, INSS y TGSS
Magistrado/a Ponente: Ilma. Sra. D.ª PETRA GARCÍA MÁRQUEZ.
D. EUGENIO CÁRDENAS CALVO
SENTENCIA N.º 1425/10
En el Recurso de Suplicación número 975/10, interpuesto por D. Octavio, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Ciudad Real, de de fecha dos de febrero de dos mil diez, en los autos número 370/09, sobre Jubilación, siendo recurrido por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, INSS y TGSS.
Es Ponente la Iltma. Sra. Magistrada D.ª PETRA GARCÍA MÁRQUEZ.
Primero.-Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO Que desestimando la demanda formulada por D. Octavio, contra el INSS Y TGSS, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones ejercitadas en la demanda.
Primero.-Que el demandante, afiliado al régimen general de la Seguridad Social con el núm. NUM000, formalizó su alta el 01-02-1970.
Segundo.-La dirección Provincial de Ciudad-Real, en fecha 09-09-02, reconoce al actor, en el porcentaje del 96% sobre una base reguladora de 1.103,78 euros, la prestación correspondiente a la pensión de jubilación.
Tercero.-El actor interesa la revisión de su pensión de jubilación en fecha de 29-10-04 siendo desestimada la misma mediante resolución del INSS Dirección Provincial de Ciudad-Real en expediente n.º NUM001 MC obrante al folio 51 de los autos de 02-12-04.
Cuarto.-No estando conforme el actor, formuló reclamación previa, que fue resuelta el 11-02-05, desestimando la misma.
Quinto.-El reclamante pretende el reconocimiento del periodo de 07-01-64 al 31-01-70 como cotizados a efectos de las prestaciones de Seguridad Social en razón a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad-Real en autos n.º 252/04, al folio n.º 45 de los autos, y se le aplique al amparo del art.126 de la LGSS, de tal manera que superando así los 35 años trabajados se considere la aplicación del coeficiente del 100% de la base reguladora y no del 96% como realiza la entidad gestora.
Sexto.-Consta se ha agotado la vía administrativa previa.
Primero.-Frente a la sentencia de instancia, que desestima la demanda a través de la cual el actor accionaba contra la resolución del INSS en virtud de la cual se le reconocía la pensión de jubilación cifrada en el porcentaje del 96% sobre una base reguladora de 1.103,78 €, postulando que dicho porcentaje fuese elevado hasta el 100%, en base a la alegación de haber superado 35 años trabajados; muestra su disconformidad el accionante a través de de tres motivos de recurso, sucesivamente amparados en los apartados a), b) y c) de la LPL, postulando en ellos, respectivamente, la nulidad de actuaciones por infracción de normas o garantías procesales causantes de indefensión, la revisión fáctica y el examen del derecho aplicado.
Segundo.-Visto el contenido de la acción ejercitada, en la que no se postula el reconocimiento de la prestación de jubilación, sino la aplicación de un porcentaje de la base reguladora superior al fijado por la Entidad Gestora, lo que se traduciría en un incremento del montante de la pensión reconocida que, en todo caso no superaría la suma de 1.803 € anuales, la primera conclusión de todo ello extraíble es el carácter irrecurrible de la sentencia de instancia, tal y como se deduce del art. 189.1 de la LPL y se confirma por la reiterada doctrina mantenida por el Tribunal Supremo, entre otras, en sus Sentencias de fecha 12 de Febrero, y 3 de Octubre de 1.994 (RJ 1994\1931 y 1994\7736), 6 de Abril y 26 de Diciembre de 1.995 (RJ 1995\2917 y 1995\9498), 22 de Julio de 1.998 (RJ 1998\7060), 7 de Febrero y 27 de septiembre de 2.000 (RJ 2000\1607 y 2000\8346), 17-10-2001 (RJ 2001\8621) y 4-10-2004 (RJ 2004\7004.
Efectivamente, tal y como se señala en la última de las indicadas resoluciones: "A los efectos del acceso al recurso de suplicación de las sentencias dictadas en la instancia hemos señalado que, cuando se trata de denegación total de la prestación, la pretensión del recurso se sitúa en el ámbito del mandato del 1.c) del art. 189 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144 y 1563), precepto que establece que son recurribles en suplicación las sentencias que se dicten "en los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las de desempleo, así como sobre el grado de invalidez aplicable". Pero, cuando el derecho ha sido reconocido en vía administrativa, en la que se accedió al pago de cantidad menor a la reclamada, ya no se trata del reconocimiento del derecho - que ya había sido aceptado-- sino de una reclamación de cantidad que ha de regirse por las reglas de cuantía establecidas en el apartado 1 del citado artículo." Derivándose de ello que el recurso será viable cuando la diferencia cuantitativa reclamada supere los 1.803 '04 euros anuales, no siendo procedente cuando dicha cuantía sea inferior.
Tercero.-No obstante el carácter no recurrible de la sentencia de instancia, dado que en el primer motivo del recurso planteado se postula la nulidad de actuaciones, se está en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 189.1 d) de la LPL, de entrar a examinar, con carácter exclusivo, el indicado motivo, en el cual se denuncian como infringidos el art. 97.2 de la LPL y el art. 218.1 y 2 de la LEC, aduciendo la insuficiencia fáctica de la sentencia impugnada.
Como punto de partida, es preciso tener en cuanta que el recurso de suplicación por quebrantamiento de forma, esto es, por la vía que ofrece el art. 191 a) de la LPL, tiene por finalidad la denuncia de irregularidades en la tramitación del procedimiento, las cuales han de ser especialmente cualificadas, puesto que la consecuencia derivable de su estimación es la declaración de nulidad de las actuaciones, razón por la cual se hacen exigibles, tanto legal, como jurisprudencialmente, la cumplimentación de varios requisitos, entre ellos:
a) La denuncia debe quedar referida a la infracción de una norma o garantía de carácter procedimental, entendida en sentido amplio, alcanzando a la vulneración de los principios recogidos en el art. 24 de la CE, si bien, como se indica en la sentencia del TC 124/1994, para que exista infracción del indicado precepto, no será suficiente el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni cualquier vulneración o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales, sino que de ellas deberá derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, deberá tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, ya que no toda infracción o irregularidad procesal de los órganos procesales provoca la eliminación o discriminación sustancial de los derechos que corresponden a las partes en el proceso.
b) La denuncia no puede serlo de cualquier norma procesal, ya que ello podría conducir a la posibilidad de prácticas dilatorias, sino que aquella ha de estar cualificada, implicando una efectiva indefensión para la parte, entendida esta como impedimento efectivo del derecho de alegar y acreditar en el proceso los propios derechos.
c) Por último será preciso, siempre que sea posible por el momento procesal de que se trate o por la naturaleza de la decisión que se impugne, el que la parte que alegue el defecto haya intentado la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno o haya formulado la correspondiente protesta en tiempo y forma.
Partiendo de dichos presupuestos y adentrándonos en el caso que nos ocupa, en el que la causa en la que se sustenta la nulidad postulada es la insuficiencia del relato fáctico de la resolución de instancia, es preciso tener en cuenta que, sobre el contenido de dicha parte de las sentencias se ha pronunciado reiteradamente el Tribunal Supremo, manteniendo, entre otras, en su sentencia de fecha 10 de julio de 2000 (RJ 2000\7176) que:
"1.La obligada determinación de los hechos probados en la sentencia se recoge en el art. 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al expresar, con simpleza, que, entre otros datos, la misma comprenderá "los hechos probados". En forma más garantizadora, se expresa la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), cuyo artículo 97.2 manifiesta que el Juzgador "apreciando los elementos de convicción declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión".
Esta necesidad de motivación fáctica no es solamente una exigencia de la legislación orgánica u ordinaria, sino también de la Constitucional ("las sentencias serán siempre motivadas", según el art. 120.3 CE [RCL 1978\2836 y ApNDL 2875 ]) en cuanto, como afirma el Tribunal Constitucional (STC 14/1991, de 28 de enero [RTC 1991\14]), debe reconocerse "el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales, y, debe tutelarse por tanto, el enlace de las mismas con la ley y el sistema general de las fuentes de que son aplicación".
Ello es consecuencia necesaria de la propia función judicial y de su vinculación a la ley, y el derecho constitucional del justiciable a exigirlo encuentra su fundamento en que el conocimiento de las razones, que conducen al órgano judicial a adoptar sus decisiones, constituye instrumento necesario para contrastar su razonabilidad a los efectos de ejercitar los recursos judiciales que procedan.
2. En aplicación práctica de lo anteriormente afirmado, una constante y extendida doctrina jurisprudencial, elaborada por los distintos Tribunales del Orden Jurisdiccional Social, ha venido declarando la nulidad de las sentencias dictadas en la instancia cuando las mismas omiten datos esenciales en los "hechos probados" que el Tribunal "ad quem" considera necesarios, a los efectos de fundamentar la sentencia de suplicación o casación.
Esta misma jurisprudencia ha proclamado, con igual asiduidad, que esta nulidad se produce cuando las sentencias contienen declaraciones fácticas, oscuras, incompletas o contradictorias. También, ha sentado la necesidad de dejar constancia, en el relato histórico, de los hechos probados, con toda precisión y detalle que requiera el reflejo de la realidad, deducible de los medios de prueba aportados a los autos, con la claridad y exactitud suficientes para que el Tribunal "ad quem" que no puede alterar aquéllos, sino mediante el cauce procesal adecuado que los recurrentes le ofrezcan tenga, en caso de recurso, los datos imprescindibles para poder resolver, con el debido conocimiento, la cuestión controvertida.
3.En definitiva, esta obligación del Organo Judicial de motivar el "factum" de su sentencia, actúa pues, de una parte, para garantizar el ejercicio adecuado del derecho de defensa en juicio, y, de otra, como elemento preventivo de la arbitrariedad (ATC 77/1993 [RTC 1993\77 AUTO]), aunque, lógicamente, esta obligación no debe ser entendida en el sentido de que coarte la libertad del Juez en la formación de su convicción o de que le imponga una extensa y prolija redacción. Basta, en términos generales, con decir que la motivación fáctica y también, evidentemente la jurídica ha de ser suficiente; suficiencia que, como todo concepto indeterminado, habrá de ser precisada en cada caso concreto (STC de 12 de diciembre de 1994 [RTC 1994\325]). Como afirma la jurisprudencia (STS de 22 de enero de 1998 [RTC 1998\7]). "La declaración de hechos probados debe ser concreta y detallada en el grado mínimo requerido para que los litigantes puedan proceder a su impugnación en todos los aspectos relevantes del proceso, y para que los órganos jurisdiccionales de suplicación o de casación puedan comprender cabalmente el debate procesal y resolver sobre el mismo en los términos previstos en la ley"."
Doctrina la indicada que, en orden a su aplicación al caso que nos ocupa, debe conducir al acogimiento de la pretensión de nulidad postulada, en tanto que, como indica el recurrente, en la sentencia de instancia se aprecia una clara insuficiencia de datos fácticos de trascendental importancia para resolver el tema objeto de debate; siendo así que la razón de ser de la demanda planteada se concretaba en la petición de que en el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación reconocida por el INSS, se tuviese en cuenta la prestación de servicios llevados a cabo por el actor en el periodo comprendido entre el 07-01-64 y el 31-01-70, tal y como se vino a reconocer por sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, solicitando, igualmente, dada la falta de cotizaciones durante dicho tramo temporal, la posible responsabilidad de la Entidad empleadora. Extremos los indicados sobre los cuales la Juzgadora de instancia no realiza concreción alguna en el relato fáctico, no pudiéndose derivar del contenido del mismo si efectivamente se declara probado o no tal prestación de servicios, así como la falta o no de cotización, llevando todo ello a la omisión, dentro de los razonamientos jurídicos de la sentencia, de cualquier pronunciamiento al respecto, dejando pues de resolver específicas cuestiones planteadas en la demanda, lo que viene a configurarse como un supuesto de incongruencia omisiva vulneradora del contenido exigible de las sentencias judiciales a tenor del art. 218. 1 y 2 de la LEC, legitimando la declaración de nulidad de la sentencia a fin de que se dicte nueva resolución en la que, tras configurar adecuadamente su contenido fáctico, se entre a examinar y resolver, con absoluta libertad de criterio, cada una de las pretensiones planteadas en el procedimiento.
Que estimando la petición de nulidad instada, y sin entrar a conocer del fondo del recurso planteado por la representación de D. Octavio contra la sentencia dictada por el Jugado de lo Social n.º 2 de Ciudad Real de fecha 2 de febrero de 2010, en Autos n.º 370/2009, sobre reclamación de derechos y cantidad, dado el carácter irrecurrible de la misma, debemos declarar la nulidad de la sentencia de instancia a fin de que se dicte nueva resolución en la que, tras confeccionarse adecuadamente el relato fáctico, se resuelvan, con absoluta libertad de criterio, todos los temas objeto de debate.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete), haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Albacete), dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la Sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral. La consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente n.º 0044 0000 66 0975 10, que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete) tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Oficina número 3.001, sita en la calle Marques de Molins, número 13, de Albacete, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300 €), que deberá ingresar en la Cuenta número 2410 del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Sucursal de la calle Barquillo, n.º 49 (clave oficina 1.006) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

References: resolución 
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 artículo 97
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