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Timestamp: 2020-05-26 13:41:29+00:00

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Resolución de 25 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y las sociedades públicas unipersonales dependientes del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, y la Delegada Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Consejera-Delegada de Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz han suscrito, con fecha 10 de mayo de 2019, un Convenio de asistencia jurídica.
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y las sociedades públicas unipersonales dependientes del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
De una parte, la Sra. doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, «BOE» n.º 158; en virtud de Orden JUS/125/2019, de 5 de febrero, por la que se delegan competencias, actuando en nombre y representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, la Sra. doña Victoria Rodríguez Machuca, actuando en nombre y representación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, con domicilio social en avenida Ronda de Vigilancia, s/n, 11001 Cádiz y NIF Q1176004H, en su condición de Delegada Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, cargo para la que fue nombrada en virtud de Real Decreto 723/2018, de 29 de junio, así como Consejera-delegada de Desarrollos Empresariales, como entidad cabecera de todas y cada una de las sociedades públicas que forman el «Grupo Zona Franca» en las que el Consorcio es socio único.
Segundo.Que el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz (en adelante, el Consorcio) es un Ente Público del sector público estatal de los previstos en el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y del artículo 2.2.i) de la Ley General Presupuestaria, teniendo por objeto el desarrollo socio-económico de su área de influencia, la provincia de Cádiz; tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, ejerciendo sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas.
Dependen del mismo una serie de Sociedades unipersonales, que dada la condición de Ente público estatal de su socio único, el Consorcio, participan de la naturaleza jurídica de Sociedades Estatales, de las previstas en el artículo 84.1.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero.Que tanto el Consorcio, como las Sociedades unipersonales dependientes del mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, tienen actualmente suscritos Convenios de Asistencia Jurídica, ambos de fecha 1 de mayo de 2005, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Cuarto.Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica a el Consorcio, ambas partes consideran conveniente la designación por el Abogado General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como coordinadores directos de la asistencia jurídica.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a las Sociedades unipersonales dependientes del Consorcio por medio de los Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado.
Las sociedades unipersonales dependientes del Consorcio colaborarán con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral entre dichas sociedades unipersonales y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, las sociedades unipersonales dependientes del Consorcio se reservan la facultad de ser asesoradas, representadas y defendidas por Abogado y, en su caso, procurador especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de las sociedades unipersonales dependientes del Consorcio y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, dichas sociedades unipersonales serán asesoradas, representadas y defendidas por abogado y, en su caso, procurador, especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre las sociedades unipersonales dependientes del Consorcio y otra entidad convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía General del Estado.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el Convenio, «Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, S.M.E., M.P., S.A.U.» (DEZF), sociedad instrumental del Consorcio y cabecera de su grupo societario, satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y dos euros con treinta y cinco céntimos (55.672,35 €) más IVA, que se abonarán por terceras partes correspondiendo a los períodos: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.
El pago se efectuará mediante el modelo 069 como documento de ingreso que se enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. «Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, S.M.E., M.P., S.A.U.» (DEZF), deberá efectuar el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General del Estado, copia del mismo.
1.ª Cuando la condenada en costas sea la sociedad unipersonal dependiente del Consorcio corresponderá a ésta el abono de las causadas a la parte contraria.
2.ª Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de dicha sociedad unipersonal.
–La Delegada Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Consejera-Delegada de Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz,
– Por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz:

References: Real Decreto 
 artículo 61
 Real Decreto 
 artículo 84
 artículo 2
 artículo 84
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 62