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Timestamp: 2020-05-27 12:45:35+00:00

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Recortes de Prensa Jueves 3 Enero 2008
La inocentada navideña del TC
POR ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE ABC 3 Enero 2008
EL pasado 28 de diciembre terminé de leer la sentencia del Tribunal Constitucional mediante la cual se declara constitucional el art. 17.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, a la que se adjuntan cinco votos particulares. Cuando reparé en la fecha que era comprendí que estaba siendo objeto de una inocentada monumental. Todo ello, después del largo periodo de tiempo de reflexión que se ha tomado nuestro Tribunal Constitucional, ocupado a la sazón en otros menesteres.
El Tribunal, o para ser más exactos la mayoría del mismo, mirándose una vez máss el ombligo, con constantes remisiones y
reiteraciones a sentencias anteriores, no siempre bien traídas a cuento, no solo actúa como legislador negativo y/o positivo,
sino que acudiendo a su conocida teoría de que, como intérprete supremo de la Constitución (que lo es), le corresponde la
permanente distinción entre poder constituyente y poder constituido, hace decir a la Constitución y a la norma estatutaria en
cuestión lo que no dicen. Además, utiliza una argumentación farragosa (que únicamente se entiende cuando se leen los votos
particulares, especialmente el primero de ellos) y no exenta de contradicciones. Estamos, pues, en presencia de una sentencia confusa, difusa y profusa. Asexuada y sin seso. Y todo ello, cuando las expectativas creadas eran enormes, pues se esperaba que el Tribunal sentara las bases, con una argumentación dogmática seria, de lo que deberían ser la nueva fase del proceso de evolución del Estado de las Autonomías. Y que dicho asentamiento fuese realizado de forma consensuada, como expresión de una sentencia «de Estado» que todos esperábamos.
¿Cuál es la razón de todo ello? Bien sencillo: el Tribunal, en el fondo, no está juzgando el referido precepto impugnado,
sino que, al contrario, por medio de una sentencia que pudiéramos llamar «preventiva», está adelantando su juicio de
constitucionalidad sobre el Estatuto de Cataluña. Con esta sentencia los defensores del Estatuto de Cataluña pueden sentirse
contentos. Salvo en el tema de la financiación, que la sentencia, las demás cuestiones planteadas acaban de recibir la
«bendición apostólica». Incluso el propio «Plan Ibarretxe», cuando se reforme desprovisto de sus manifiestas y conscientes
inconstitucionalidades, puede verse amparado, al menos parcialmente, en la argumentación que el Tribunal realiza sobre el
principio dispositivo, claramente contraria al informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional, y sus menciones expresas a los derechos históricos y a la incorporación de Navarra al País Vasco. En relación con todo ello debemos reflexionar sobre una serie de preguntas fundamentales:
a) ¿Por qué se acude a analizar los principios estructurales del Estado autonómico, sin deducir de ellos todas sus
consecuencias jurídicas? Con ello, la argumentación se llena de la conocida técnica de las «cláusulas subrogatorias», cuya
finalidad es dar validez a aquel viejo principio de «que todo vale».
b) ¿Por qué se analiza la posición de los Estatutos de Autonomía en el sistema de fuentes del Derecho, llegando a
conclusiones absurdas en el sistema de relaciones de estas normas con las leyes, orgánicas y ordinarias, estatales? Para ello
se acude a la llamada «función constitucional» de los Estatutos de Autonomía, como si esta función fuese patrimonio exclusivo y excluyente de este tipo de normas y no de todas aquellas que desarrollan nuestro ordenamiento constitucional.
c) ¿Por qué se analiza con criterios generales el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas llegando a unas conclusiones que nada tienen que ver con el recurso planteado y que parecen anticipar la solución de otros contenciosos? Sin duda alguna, el llamado blindaje competencial del Estatuto de Cataluña debe considerarse constitucionalmente bendecido.
d) ¿Por qué, cuando analiza el contenido de los Estatutos de Autonomía, se pierde en disquisiciones que en nada coadyuvan a aclarar la cuestión? Con ello, los Estatutos de Autonomía pueden regular todo lo humano y lo divino. Incluso no contener
autenticas normas jurídicas.
e) ¿Por qué, cuando se aborda el tema de fondo, la posibilidad de declaraciones de derechos en los Estatutos de Autonomía, se acude a una argumentación contradictoria, carente de la más mínima claridad y seguridad jurídica?
f) ¿Por qué, finalmente, cuando se analiza el precepto impugnado se despacha rápidamente la cuestión, apenas sin
argumentación, concluyendo que no estamos en presencia de un autentico derecho subjetivo? Con ello, el Estatuto valenciano se convierte en un simple «conejillo de indias», un «convidado de piedra», dentro de una estrategia totalmente planificada.
La respuesta a estas preguntas no parece difícil. La incongruencia de la postura mayoritaria es tal que fácilmente se
adivinan sus intenciones: la futura sentencia sobre el Estatuto de Cataluña aparece fuertemente condicionada, escrita ya
incluso. A lo mejor, cuando el Tribunal se pronuncie al respecto, en vez de obsequiarnos con una sentencia de cientos de
páginas, se despacha simplemente con una sentencia «de remisión». Por lo menos, el efecto «inocentada» habrá desaparecido.
¿Qué podemos hacer, los juristas y los ciudadanos, ante esta situación? En este caso, la respuesta no es tan fácil.
A los juristas no nos queda otra solución que efectuar comentarios doctrinales científicos sobre la sentencia en cuestión,
avisando a tirios y troyanos de lo que ya vengo explicando desde hace tiempo a mis alumnos: la jurisprudencia constitucional no es unitaria; el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, pero también es un poder constituido sometido a la misma y a su propia Ley Orgánica. Y lo que es más importante: el Derecho Constitucional no es lo que dice el Tribunal Constitucional. Sus resoluciones, que deben ser acatadas y cumplidas, son un elemento más, y no siempre el más importante, a la hora de construir la dogmática del Derecho Constitucional. La otra solución, que algunos colegas ya practican desde hace tiempo, algunos desde siempre, es no leer las sentencias del Tribunal, respondiendo, de este modo, con olímpico desprecio, a su falta de argumentación e independencia. Personalmente me conformaría con no «sufrir» otra inocentada y que el Tribunal cumpliera bien su función de depuración del ordenamiento jurídico, incluida, por qué no, la propia calidad de las normas sometidas a su consideración.
Por su parte, los ciudadanos son ya conscientes de que el Tribunal se encuentra en una especie de callejón sin salida, por
razones foráneas pero también propias, y que el desprestigio de la institución, frente a la labor positiva realizada en años
anteriores, tiene una solución difícil. ¿Por qué 12 hombres y mujeres «justos y benéficos», todos ellos sin duda juristas de
reconocida competencia, se comportan de este modo? ¿Por qué se esconden en el retraso acumulado de los asuntos que tienen que juzgar, cuando su productividad cuantitativa y cualitativa es, más bien, escasa? ¿Por qué se produce ese especie de «endiosamiento» por parte de los señores magistrados?
Señores Zapatero y Rajoy, vamos a comenzar una legislatura nueva. Con independencia de cual sea el resultado electoral,
ustedes deben ponerse de acuerdo, e incorporar al mismo a otras fuerzas políticas, para que la nueva Legislatura sea la
Legislatura de la Reforma Constitucional. Y en este proceso de reforma les ruego que no olviden al propio Tribunal
Constitucional. Ojalá me equivoque, pero creo que no es suficiente con restaurar el recurso previo de inconstitucionalidad ni
con atribuir a los magistrados del Tribunal Constitucional la condición de vitalicios, cuestiones, por otro lado, nada
baladíes. Quizás habría que repensar la propia existencia del Tribunal Constitucional, pues, al fin y al cabo, aunque él se
crea el depositario del poder constituyente, no es un órgano, como demuestra la experiencia del Derecho comparado,
imprescindible para la realización efectiva del Estado de Derecho ni para la profundización de nuestro sistema democrático.
ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE Catedrático de Derecho Constitucional
El PSOE se quita la careta y responde a los obispos con una lección de totalitarismo
Federico Quevedo El Confidencial 3 Enero 2008
El PSOE está nervioso. No es para menos... Que a dos meses de una elecciones generales y en plenas vacaciones navideñas los obispos convoquen a una multitud inmensa –me da igual si fueron uno o dos millones- en defensa de la familia ante los
repetidos ataques a esta institución por parte del Gobierno de Rodríguez, ha tenido el efecto de una bomba en la calle
Ferraz, justo ahora que a Rodríguez le había dado por parecer más comprensivo con la jerarquía e incluso De la Vega le habla en latín a los cardenales. El problema es que, aunque se vista con piel de cordero, el lobo sigue siendo un lobo, y por eso a Rodríguez le ha hecho un roto de gran tamaño esta última ‘ofensiva’ católica contra el laicismo socialista.
Se lo ha hecho porque cuando Rodríguez pretendía, como eje central de su estrategia de campaña, hacernos olvidar todas sus
afrentas y por eso no quiere hablar de ETA, ni de sus pactos con los nacionalistas ni de sus desaires a la Iglesia, resulta
que otros, sin embargo, se empeñan en mantener viva la memoria de sus actos. Mala cosa para Rodríguez, y por eso la Ejecutiva de su partido respondió ayer con un comunicado titulado Las cosas en su sitio, que ya tiene narices, en el que se le recuerda a los obispos que es la soberanía nacional la que rige la democracia y que quienes ignoran ese principio “se apartan deliberadamente de la democracia”. Es de un cinismo sin límites esta afirmación, pero muy interesante, porque encierra la verdadera calaña de estos personajes que nos gobiernan, es decir: ellos son la democracia y los que no estén con ellos están fuera de la democracia.
Y lo cierto es que nadie ha restado legitimidad al Gobierno a la hora de tomar decisiones. Lo que han hecho los obispos,
desde su libertad, y los católicos desde la suya, es criticarle por considerar que eran equivocadas. Y lo han hecho, en
algunos casos, con palabras duras, como cuando García Gasco dijo que por ese camino “nos dirigimos a la disolución de la
democracia”, pero lo cierto es que esta ha sido una legislatura en la que se ha puesto en tela de juicio la propia
Constitución y nuestro modelo de convivencia y esas palabras en absoluto están fuera de lugar.
Les pondré un ejemplo muy elocuente. Cuando Aznar decidió apoyar a Bush y votar a favor de la Guerra de Iraq en la ONU, lo hizo en contra de una parte muy importante del pueblo español. Algunos defendimos entonces –y lo seguimos haciendo ahora- aquella decisión, pero no dejamos de reconocer que era una decisión contraria a la voluntad de muchos. Pero era legítima, porque la adoptaba un gobierno legítimo. Eso, el PSOE lo puso en duda. Ahora Rodríguez ha tomado una serie de decisiones en contra de la opinión de una parte muy importante de la sociedad, y esta parte importante de la sociedad ha decidido, en numerosas ocasiones, salir a la calle a decirle que no está de acuerdo. ¿Y cómo responde el PSOE? Entonces estaba bien salir a la calle contra la decisión de Aznar, pero ahora es antidemocrático salir a la calle contra las decisiones de Rodríguez. Eso, en román paladino y en cristiano, se llama totalitarismo.
De entrada, el comunicado le niega a los obispos su capacidad para emitir opiniones políticas... ¿Por qué? ¿Es que en un país que el PSOE dice que es libre la jerarquía católica no puede decir lo que piensa sobre decisiones políticas que afectan al terreno moral, que es el negociado de los obispos, por decirlo de alguna manera? Al PSOE no le molestó que el Papa Juan Pablo II y los obispos se manifestaran en contra de la Guerra de Iraq, entonces no se quejaron de que emitieran opiniones políticas, ¿por qué ahora sí? ¿Porque no le conviene al Gobierno que a dos meses de las elecciones los católicos se acuerden del matrimonio homosexual, de la Educación para la Ciudadanía y de que este Gobierno no ha hecho nada para favorecer a las familias aunque diga lo contrario? Curiosa manera de entender la libertad de opinión y de expresión...
La ministra Carmen Chacón ha tenido una de las salidas de tono más gloriosas... Ha dicho algo así como que “ahora van a venir los obispos a decirnos como tenemos que querernos”... Pues sí, claro... ¿Es que no lo ha hecho el Gobierno? Y en su caso es peor, porque los obispos lo que hacen son recomendaciones morales que los católicos deben seguir pero que si incumplen todo su problema es con su conciencia y con Dios, pero en el caso de las leyes su incumplimiento tiene otro tipo de consecuencias más directas, por lo que el hecho de que el Gobierno legisle sobre asuntos de contenido moral tiene mucha mayor envergadura que el hecho de que los obispos o la doctrina de la Iglesia le digan a los cristianos lo que está bien o lo que está mal, dicho de modo simple.
Les pondré otro ejemplo: si unos padres se niegan a que su hijo estudie el catecismo socialista, el Gobierno le castiga con
el suspenso y amenaza con obligarle a repetir curso. Si un católico comete un pecado contra el sexto mandamiento, lo máximo que hace un sacerdote como penitencia es decirle que rece tres Avemarías. Por lo tanto, sobra en el comunicado el
recordatoria de quien tiene la lgitimidad para legislar, porque tampoco los obispos han pretendido tenerla ellos.
Pero que los obispos expresen su opinión sobre estos asuntos de contenido moral, forma parte de la esencia misma de la
democracia. Es verdad que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y nadie, ningún obispo, ha negado que eso sea así y además es injusto atribuirles tal cosa. También reconoce la Carta Magna la libertad religiosa y que ninguna
confesión tenga carácter oficial, y de hecho los obispos, que yo sepa, suscriben el espíritu de la Constitución de la ‘a’ a
la ‘z’, porque es el mismo por el que abogó Jesucristo: “A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César”. Pero la
Ley de Leyes también señala la primacía del Catolicismo como religión mayoritaria de los españoles, y establece que los
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de esta sociedad y promoverán una relación fluida con la Iglesia y con otras confesiones. Pero esto, curiosamente, el comunicado socialista lo obvia.
Es evidente, en fin, que al PSOE le ha molestado tanto la convocatoria de la Iglesia que ha mostrado su rostro más
autoritario, el de decirle a los demás lo que pueden o no hacer. La obligación de un gobernante es legislar para toda la
sociedad, y ser sensible a las demandas de todos buscando el equilibrio entre las partes cuando los intereses sean
contrapuestos. Por ese camino se facilita la convivencia y se avanza en una sociedad libre y justa. Por el camino del
resentimiento, de la primacía de las minorías y de la marginación de las mayorías porque no se comparten sus ideas y
creencias, lo que se consigue es una sociedad de corte totalitario y dividida. El PSOE parece querer seguir caminando por el
segundo, y su respuesta a los obispos pone de manifiesto que no solo no ha entendido lo que es la democracia, sino que,
además, la desprecia. Feliz Año a todos mis lectores. A todos.
Hace un año y medio, en este blog
Pío Moa Libertad Digital 3 Enero 2008
6 de Junio de 2006 - 08:18:56 - Pío Moa
María Emilia Casas, preguntada sobre el concepto de nación:
"Son denominaciones que, aparte de su carga emotiva, arrastran un debate científico y político muy arduo a través de los años sobre lo que es Estado y lo que es nación. Creo que la formulación que hace la Constitución en su artículo 2 [el derecho a la autonomía de las "nacionalidades y regiones"] se puede mantener o sustituir por algo similar, dicho de otra manera. El problema es que términos como 'nación' llevan demasiada carga emocional, sin atender al debate riguroso, del que se han ocupado con rigor los politólogos. Habría que descargar esos términos de su contenido emocional"
Esta señora, que pretende ignorar que nación, en términos prácticos, es la base de la soberanía, y trata de desviar la
cuestión hacia el imperio de Bizancio, preside el Tribunal Constitucional.
Más datos de interés: doña Emilia votó en 1999 a favor del amparo a la Mesa Nacional (descárguenla de "contenido emocional") del grupo terrorista Herri Batasuna. Y en marzo de 2004 votó contra la impugnación del Plan Ibarreche, de
inconstitucionalidad tan evidente como la del estatuto de los nacionalistas catalanes. Su marido, Jesús Leguina Villa,
también ex magistrado del Constitucional, fue asesor del PNV y del PSOE.
Nombrada presidenta del Constitucional, en 2004, apenas llegado el PSOE al poder, por siete votos contra cinco, el secretario de estado de justicia, Luis López Guerra, declaró: "es una gran noticia y una suerte para todos". ¡Quiénes serán esos "todos"!
Como ven, las maniobras en curso contra la Constitución y la unidad de España no son improvisadas. ¿Entienden ustedes a los jefes sociatas cuando invitan a que el Tribunal Constitucional resuelva el problema?
Ningún Besteiro en el horizonte. Cierta resistencia, menos mal, en algunos (más bien algunas) socialistas vascos.
E indicios de claudicación en Rajoy
(Hoy, más que indicios).
Ofensiva del PSOE contra la Iglesia
Editorial ABC 3 Enero 2008
LA reacción intempestiva del PSOE ante el reciente encuentro de las familias cristianas es fiel reflejo de que en La Moncloa
y en Ferraz existe una seria preocupación de cara al 9-M. José Blanco sabe que exagera cuando habla de «extrema gravedad» acerca de la intervención de varios prelados en dicho acto y exige una rectificación. Por su parte, Fernández Bermejo, siempre dispuesto a hacer méritos en su rápido ascenso dentro del escalafón socialista, habla sin pudor de «nacional catolicismo». Estas palabras fuera de lugar demuestran que el objetivo es hacer un guiño a los sectores radicales de la izquierda, cuya motivación es más bien escasa ante la cita electoral. Como Rajoy no da oportunidades y el fantasma de Irak resulta ya poco convincente, recurren al viejo tópico que sólo existe en su imaginación: una supuesta Iglesia integrista y
antidemocrática que, según tan peregrina teoría, espera agazapada su momento si los «progresistas» no le paran los pies. Los
argumentos son evidentemente endebles y resultan ofensivos para la multitud de personas concentradas en la plaza de Colón, en un acto participativo y orientado a la expresión natural de sus propias convicciones. Es absurdo que el PSOE se rasgue ahora las vestiduras, como si fuera una novedad que la iglesia defiende -más allá de la coyuntura- una concepción de la familia formada por la unión indisoluble del varón y la mujer para la educación de los hijos en la fe. Esta fue ni más ni menos la doctrina expresada por los prelados intervenientes, que -por razones obvias- no es conciliable con la legislación aprobada a lo largo de esta legislatura.
El Gobierno no sabe qué hacer en sus relaciones con la Iglesia y lleva mucho tiempo dando tumbos en un terreno tan
significativo para una sociedad que sigue siendo muy mayoritariamente católica, también en muchos sectores de la izquierda.
Primero adoptó una actitud laicista, que provocó las lógicas discordias con el Vaticano. Las cosas se encauzaron con el
nombramiento de Francisco Vázquez como embajador ante la Santa Sede y con unos criterios menos dogmáticos por parte del Gobierno, que sorteó incluso con cierta habilidad la beatificación de los mártires de la Guerra Civil. Esta estrategia
templada se viene abajo por consideraciones puramente electoralistas. Hay que mover «como sea» a los radicales, y para ello es bueno cualquier pretexto. Dadas las circunstancias, es un deber de todos los responsables, sean políticos o eclesiásticos, medir con rigor las palabras que puedan ser interpretadas fuera de su contexto y no dejarse llevar al terreno que les conviene a sus adversarios. Dicho de otro modo, el objetivo del Gobierno es evitar que las elecciones se conviertan en un reproche social hacia su política de negociación con ETA y de ruptura del modelo territorial, a cuyo efecto cuestiones tan serias como la familia o el aborto se utilizan como cortina de humo.
Si el PSOE se muestra tan «ofendido» ante esos imaginarios ataques al sistema constitucional, lo primero que debe hacer es
cumplir con lo establecido por la norma fundamental. Ante todo, tiene que respetar la libertad de expresión de los obispos,
porque lo contrario supondría la imposición de una censura injustificable. Debe además reconocer la función institucional que cumple en España la Iglesia Católica por razones históricas y sociológicas, que no es equiparable a ninguna otra creencia religiosa. Así lo dispone el artículo 16 de la Constitución, con una mención específica que tiene un evidente significado en términos políticos y jurídicos. La Iglesia está y debe estar por encima del debate partidista, y es imprescindible por ello que sus expresiones públicas se muevan en el terreno del magisterio moral, sin ofrecer flancos débiles a una crítica sesgada y oportunista. En todo caso, los socialistas tendrán que buscar otros argumentos más convincentes para alcanzar en las urnas esa mayoría que se les resiste.
ETA se hace la víctima
EL primer comunicado de la banda terrorista ETA en 2008 muestra claramente su empeño en asegurarse la fidelidad de la
izquierda radical de cara a un período en el que los actos terroristas irán acompañados por nuevas estrategias políticas para
comparecer a las elecciones generales de marzo. Aparte de reconocer su autoría en los atentados de Sestao y Valmaseda, ETA quiere evitar que las dudas rebajen el apoyo de los grupos abertzales que sirven de comodines en sus diversos «frentes» de actuación terrorista. Los etarras buscan mantener la homogeneidad de la izquierda abertzale con mensajes que alertan de la «destrucción del independentismo vasco», recuerdan «el terrorismo de Estado» y «al ministro del Gal» -refiriéndose a Alfredo Pérez Rubalcaba-, denuncian supuestas prácticas de torturas y rematan la soflama con el «estado de excepción» que se vive en el País Vasco. En definitiva, ETA recurre al victimismo, lo cual es una burla cruel.
ETA no quiere pusilánimes y su comunicado pretende despejar entre sus seguidores cualquier duda sobre la justificación de su violencia terrorista. Este sí es un comunicado de «consumo interno», porque encierra un llamamiento para secundar la
estrategia terrorista, justo cuando la Audiencia Nacional ha asestado a su entramado político un duro golpe con la sentencia
que lo calificaba como «entrañas de ETA». La reiteración de los mismos tópicos contra el Estado no carece, por tanto, de
sentido, desde el punto de vista de ETA. Quiere entrar en campaña para el 9 de marzo por la doble vía de los atentados y las
listas electorales, visto que, gracias a los perversos efectos del «proceso de paz» pudo hacerlo en 2005, con motivo de las
autonómicas vascas, y en 2007, en las elecciones municipales. Si dentro de dos meses se repite el mismo fraude con Acción
Nacionalista Vasca, la responsabilidad política será íntegra del actual Gobierno.
En esta nueva expectativa electoral, ETA necesita reafirmar a la izquierda proetarra en sus consignas sobre la tortura, la
dispersión, el Gal y demás. El problema es que, además de la falta de presión judicial por parte del Gobierno, ETA cuenta
ahora con el favor del proyecto político del PNV y del lendakari Ibarretxe, porque su terrorismo sirve a éstos de excusa y,
al mismo tiempo, motor para sus planes de referendos soberanistas. Ibarretxe, que también ataca a los jueces por aplicar la
ley a los etarras, ya no condiciona el derecho a decidir a que todos los vascos sean libres para hacerlo, es decir, que vivan
sin la amenaza del verdugo terrorista. Al revés, la violencia de ETA le es útil políticamente. Y así es como ETA se encuentra legitimada por el proyecto del lendakari, porque da carta de naturaleza histórica y política a su violencia terrorista.
Nuevamente, la derrota de ETA exige también, sin medias tintas, la derrota de las estrategias soberanistas del nacionalismo
La infamia y la hipocresía
POR ROSA DÍEZ ABC 3 Enero 2008
Las consecuencias de la política de permisividad practicada por Zapatero se hacen notar dolorosamente en nuestras vidas.
Gracias al «invento» del «proceso», ETA volvió a las instituciones a embolsarse unos siete millones de euros al año, que son destinados a facilitar la comisión de atentados contra los demócratas.
Gracias al relativismo presidencial, la banda terrorista -que estaba en las últimas- recuperó la esperanza y volvió a salir a
la calle; y el terrorismo callejero, que era al inicio de la legislatura un recuerdo del pasado, se convirtió en cotidiano.
Gracias al relativismo presidencial, al sometimiento del sistema judicial al poder político, la ley de Partidos dejó de
aplicarse para proteger a la democracia de sus enemigos; y el fiscal general del Estado la calificó como «una especie de
guantánamo electoral».
Gracias a la debilidad de Zapatero y del PSOE -empeñados en convertir en enemigos de la democracia al PP y a todos los que no nos conformamos con menos que la derrota de ETA- los socios del Gobierno de España se subieron a las barbas del sistema y pasaron de ser autonomistas a reivindicar formalmente la secesión.
Ahora que se acercan las elecciones, el Gobierno de Zapatero, el mismo que cuestiona la nación, se viste de «Gobierno de
España». Y pronuncian los discursos más duros contra ETA. Después de haber violentado las leyes para posibilitar que ANV/ETA volviera a las instituciones, dicen que están encontrando pruebas para ilegalizar a esos terroristas que ellos mismos seleccionaron. Recuerden el criterio que utilizaron para «aplacar a la bestia»: por debajo de tres terroristas, la lista es legal. ¡Qué vergüenza!
Ahora se ponen duros contra ETA y ponen «morritos» contra los discursos infames del PNV y del Gobierno vasco, esos en los que los gobernantes nacionalistas equiparan a los terroristas con los que sufren las consecuencias del terror.
No se dejen engañar por el gesto adusto de Ares, López, Rubalcaba, la vicepresidenta....Todo forma parte del juego. Son los
socialistas -que llamaron «hombres de paz» a los terroristas e «interlocutores imprescindibles» a los dirigentes de ETA- los
que han provocado que el PNV suba el listón de sus reivindicaciones e incremente sus descalificaciones hacia la democracia.
En el PNV ha cuajado la idea de que ellos han de ir tan lejos como fue el propio Zapatero; no se van a dejar «pillar» otra
vez, como en la etapa de Imaz. Recuerden que las negociaciones de Aránzazu se rompieron cuando la delegación presidida por Imaz se levantó de la mesa mientras los socialistas seguían sentados.
Y el lehendakari no va a ser quien se levante de la mesa; el PNV tramontano no consentirá que los socialistas vuelvan a estar
más cerca de los batasunos etarras que ellos mismos. Además, y aquí está el otro quid de la cuestión, los nacionalistas saben
que con los socialistas pueden permitirse cualquier lujo. Pueden aguantar que Ares, o López, o Pastor, critiquen su
complacencia para con los terroristas; porque saben que no tienen más que tirar de hemeroteca para encontrar declaraciones de los dirigentes socialistas en las que éstos muestran grados de comprensión hacia los terroristas comparables a las suyas.
Como ejemplo, vean esta parte de una entrevista de José Antonio Pastor publicada en «Gara» el cinco de febrero de 2006:
«Pregunta: El Comité Nacional de este sábado abordaba que si va a haber medidas de flexibilización en la situación de los
presos, que se consulte con las víctimas...»
Respuesta: Es una reflexión (...) ese proceso de reconciliación que no va a ser fácil, necesita del concurso de las más de
1.000 víctimas del terrorismo y necesita también de ejercicios de generosidad y de flexibilidad por parte de todos.
«Hay que atender el criterio de las víctimas, que básicamente piden que se les reconozca el daño causado y se les sido pida
perdón; pero, por otra parte, también hay que pedirles una cierta dosis de generosidad, a ambos sectores que, si se quiere,
los personalizamos en las víctimas y en los presos de la banda terrorista ETA que, de una forma u otra, en función de las
circunstancias de cada uno y a lo largo del tiempo, deberán ir reintegrándose con cierta normalidad a la vida política».
O estas declaraciones de Patxi López, hechas también al diario proetarra «Gara» el 31 de mayo de 2006:
«Patxi López, afirmó anoche que «es necesario pasar de los contactos actualmente existentes a una fase de negociaciones
incluyentes tendentes a construir un diálogo multipartito en Euskadi que permita ampliar los consensos políticos, asentar la
convivencia y alcanzar acuerdos sólidos sobre la construcción del futuro de nuestro país superando así los conflictos del
pasado». Para ello, aseguró que, una vez que Zapatero comparezca ante el Parlamento, intensificarán los contactos con las
fuerzas políticas vascas. En ese camino, anunció una próxima reunión con la izquierda abertzale, un «interlocutor necesario»
cuya legalidad estima necesaria».
Además, los socialistas están pillados: el PNV les votó el presupuesto en Madrid y el PSE hizo lo mismo en el País Vasco. Ese Presupuesto en el que se incluye una partida para el Banco Público Vasco; y otra para la Seguridad Social Vasca. Ahí es nada. Al fin y al cabo, entre pillos anda el juego.
La perversión de la política, la perversión de las instituciones, el fariseísmo, está nuevamente servido. Mucho discurso de
condena para la galería (o sea, para los votantes, a los que el PSOE sigue sin querer tratar como a ciudadanos mayores de
edad), pero los acuerdos políticos se hacen con los que quieren la secesión y con los que comparan a las víctimas con los
terroristas; los acuerdos con quienes queman en San Mamés -ante el complaciente silencio del lehendakari, del vicepresidente del Gobierno de Cataluña, de miembros del Gobierno de Galicia - los símbolos del orden constitucional...
Para que nadie tenga ninguna duda, ya lo ha dicho el presidente Zapatero: si gana las elecciones del nueve de marzo volverá a pactar con los nacionalistas. Que nadie se deje pues confundir por las soflamas de condena. Que nadie olvide que si existen dificultades para echar a ANV de las instituciones es porque Zapatero les cedió gustosamente el paso como parte del pago a la banda. Que nadie olvide que quien hoy se viste de bombero ha sido el pirómano ayer.
No sé lo que es peor, si la infamia o la hipocresía; ambas me resultan vomitivas. Juzguen ustedes. En todo caso, que nadie se
olvide de quién es quién y de qué hizo cada cual en cada momento. Recordar es un deber.
EL FORO ERMUA EXIGE TERMINAR CON LA RETÓRICA VACÍA EN LA LUCHA CONTRA ETA
FORO ERMUA 3 Enero 2008
Bilbao, 3 de enero de 2008.
· El nuevo comunicado de ETA es un motivo adicional para recuperar la vía de la democracia, la firmeza y la claridad contra el terrorismo.
· La imagen de Ibarretxe exigiendo a ETA su desaparición mientras se niega a apoyar cualquier medida destinada a derrotarla resulta un esperpento. Exigir en un mensaje televisado la desaparición de una organización de asesinos es tan ridículo como dar una rueda de prensa para exigir formalmente al lobo que no ataque a las ovejas.
· Ninguna política antiterrorista debe negociarse con quienes aspiran a un final dialogado del fascismo etarra y se oponen por sistema a cualquier medida destinada a la derrota de ETA.
La ilegalización de ANV y el PCTV-EHAK, la adopción de medidas para evitar que dispongan de la financiación pública y que puedan amplificar el discurso de ETA desde los ayuntamientos, la persecución de cualquier actuación de Batasuna, la solicitud de prisión para toda la Mesa Nacional de Batasuna, la retirada de la resolución del Parlamento sobre el diálogo con ETA y la apuesta clara, firme e irrevocable por la derrota de ETA y el abandono de todo final negociado del terrorismo, son requisitos necesarios para construir una auténtica política antiterrorista que pueda aspirar a unir a la mayoría de los españoles en la lucha por la derrota de ETA.
ETA ha emitido un nuevo comunicado asumiendo la autoría de dos atentados realizados en Sestao y Balmaseda. Como de costumbre la nota de la banda terrorista refleja a un grupo de incapaces mentales extremadamente violentos y dispuestos a imponer sus delirios por la vía del terror. Frente a esta banda con más de treinta años de totalitarismo a sus espaldas y culpable del asesinato de casi novecientas personas, al Lehendakari todo lo que se le ocurre exigir en su mensaje navideño es que desaparezcan. No defiende o propone medida alguna para su derrota, ninguna medida para hacerles frente, sino todo lo contrario: se trata de deslegitimar cualquier actuación que pueda llevar adelante el Estado de Derecho contra ETA, como ha sucedido con la Sentencia del proceso 18/98, último ejemplo de deslealtad del nacionalismo gobernante. La actuación de Ibarretxe es semejante a la de un pastor que convocara una rueda de prensa para ordenar al lobo que no atacara a sus ovejas o la de un Ministro de Interior que para hacer frente a los robos pusiera luminosos letreros que informaran de que está prohibido robar.
La retórica vacía contra ETA está de más. Hace falta democracia, que es decir tanto como cumplimiento de la ley, firmeza y claridad. La política antiterrorista no se puede negociar o pactar con quien de manera sistemática deslegitima las acciones del Estado contra ETA, quien siempre está al quite para echar un capote a la banda cuando realmente lo necesita, quien limita su oposición a ETA a grandes declaraciones jamás acompañadas de hechos, quien rechaza la derrota de ETA y aspira a un final del terrorismo negociado con el fin de obtener los frutos políticos de tantos años de terror.
La firmeza en el discurso, que es necesaria, tiene que venir acompañada de actuaciones efectivas. No vale una dosificación de las medidas contra el terrorismo ajustada a los intereses partidistas. No valen medidas tomadas a medias, ilegalizar ANV y permitir actuar al PCTV, meter a media Mesa Nacional en la cárcel y permitir que la otra media continúe actuando, decir que no habrá diálogo, pero mantener vigente la resolución del Congreso que supuestamente autorizaba la negociación con ETA.
La ilegalización de ANV y el PCTV-EHAK, la adopción de medidas para evitar que los brazos políticos del terror dispongan de la financiación pública y que puedan amplificar el discurso de ETA desde los ayuntamientos, la persecución de cualquier actuación de Batasuna, la solicitud de prisión para toda la Mesa Nacional de Batasuna por pertenencia a banda terrorista y desobediencia, la retirada de la resolución del Parlamento sobre el diálogo con ETA y la apuesta clara, firme e irrevocable por la derrota de ETA y el abandono de todo final negociado del terrorismo, son requisitos necesarios para construir en el 2008 y en adelante una auténtica política antiterrorista que pueda aspirar a unir a la mayoría de los españoles en la lucha por la derrota de ETA.
POR M. MARTÍN FERRAND ABC 3 Enero 2008
La prisa, el más patológico de los estímulos que nos espolean, exige conocer los efectos con anticipación a las causas que
los generan. Quizá venga de ahí nuestra generalizada desorientación y, seguro, esa es la razón del éxito de las encuestas y
sondeos que tratan de decirnos hoy, incluso con decimales, el resultado de las elecciones del próximo 9 de marzo. Cae así
sobre nosotros, en alud, una sobrecarga demoscópica de difícil digestión; pero, resumiendo y destilando, lo que queda claro
es que el PSOE y el PP, en «empate técnico», recogerán, entre los dos, el ochenta por ciento de los votos que lleguen a
emitirse. Una mayoría tan absoluta que supera la exigencia de los dos tercios que se requieren para las grandes
modificaciones legislativas que están exigiendo las circunstancias.
España, en virtud de nuestra pintoresca norma electoral, se ha instalado en un bipartidismo fáctico; pero con la poco
deseable originalidad de que el ejercicio del poder no depende del ochenta por ciento de los ciudadanos que respaldan a los
dos grandes partidos nacionales, sino del capricho de las minorías que, además, no quieren ser españolas, se declaran de otra nacionalidad y tratan de desahacer el Estado cuya Constitución les ampara y defiende el derecho de ser como son. A la hora de la verdad los votos de CiU (3 %), ERC (2%) y PNV (2%) «pesan» más que los del resto de los españoles.
Si ya hemos admitido, con la resignación del acatamiento, dentro de un Estado en el que no brilla la separación de sus tres
grandes poderes, un sistema representativo en el que resulta indescifrable quien nos representa y un parlamentarismo que sólo lo es a efectos formales, es un asunto menor lo de la pureza electoral; pero conviene guardar las formas y, ya que votamos, revestir nuestra participación con las debidas galas y apariencias. La costumbre ha creado una inercia de descoyuntamiento nacional que, aunque no conlleva inevitables fracturas, no proporciona la apostura democrática a que aspiraba la Transición.
El hecho de que, bien conocida su etiología, nadie aborde en serio el tratamiento de la grave enfermedad nacional que
significa lo anteriormente expuesto, convierte en responsables, al alimón, a los líderes de los dos grandes partidos que,
encelados entre sí, parecen incapaces de trabajar coordinada e inteligentemente por el interés nacional español. Habría que
decirles lo que Albert Einstein les pre-dicaba machaconamente a sus alumnos: «Si buscais resultados distintos no hagais
siempre lo mismo». El quítate tú para que me ponga yo, la nuez de la filosofía política imperante, no basta en un momento
como éste en el que no es prudente entregarse a una costumbre que, demostrado es-tá, ha pervertido el fin y el rumbo que
marcaban la Constitución del 78.
Conflictiva política lingüística
Fernando González Macías La Opinión 3 Enero 2008
Ellos mismos se declaran sorprendidos. Los movimientos contrarios a la galleguización obligatoria de la enseñanza, hasta hace muy poco casi invisibles, están obteniendo una inesperada respuesta a sus convocatorias públicas. Miles de padres y madres de escolares y no pocos profesores llenan grandes auditorios cada vez que Galicia Bilingüe o la Mesa por la Libertad Lingüística organizan actos para analizar y debatir sobre las consecuencias de la aplicación práctica del llamado decreto del cincuenta por ciento. La mayoría, dicen los convocantes, evidencia su descontento, mientras el resto parecen estar desconcertados ante una situación novedosa con claros perfiles conflictivos.
Y es que el dichoso decreto, por más que sea una mera aplicación de la Ley de Normalización de 1983 y de un reciente plan
consensuado por las principales fuerzas políticas gallegas, viene a romper un statu quo gracias al cual en Galicia no había
en apariencia conflicto lingüístico, a diferencia de lo sucedido en Cataluña o incluso en la Comunidad Vasca desde el inicio
del proceso autonómico.
Desde el ámbito nacionalista, lógicamente el más beligerante en este orden de cosas, reconocen que no había conflicto, tal
como pueden entenderlo los castellanohablantes, pero justamente por un flagrante incumplimiento de la legislación
normalizadora de la lengua gallega, tolerado por la autoridad educativa. Vamos, que durante los gobiernos del PP simplemente no se hacía cumplir la ley, conculcando el derecho de quienes deseaban que sus hijos fuesen educados fundamentalmente en gallego.
Sea como fuere, más allá de la conflictividad que se está generando en las aulas y en las salas de profesores, así como en el
seno de muchas familias, el asunto del idioma lleva camino de instalarse, si no en el centro, en la periferia del debate
político de este país, con consecuencias que están por ver. Los colectivos mal llamados defensores del castellano advierten
al PSOE de que en su electorado hay amplios sectores disgustados por la nueva política lingüística de la Xunta bipartita y
que otro tanto puede suceder con el PP, si escucha los cantos de sirena de socialistas y nacionalistas para que vuelva al
redil del consenso idiomático, que abandonó inopinadamente al no apoyar en el Parlamento el decreto del cincuenta por ciento.
En el partido de Touriño muchos -no sólo los más jacobinos- llevan cada vez peor que la Consellería de Educación esté practicando, en esto del gallego en la escuela, una política más propia del Benegá, que sean los de Quintana quienes marquen el rumbo y el ritmo, sin ser la política de lenguas asunto suyo porque así se decidió en el reparto pactado de competencias.
Claro que seguramente no por ello votarán al PP o al mismísimo partido de Rosa Díez, que hace de esto una de sus principales banderas. Pero a lo mejor se quedan en casa, lo cual podría tener graves consecuencias para el PSOE, ahora, en las generales de marzo, y sobre todo en las autonómicas de 2009. A saber.
Los apestados constitucionalistas
Nota del Editor 3 Enero 2008
Desde hace 20 años que desde AGLI venimos denunciando la anticonstitucional imposición lingüística, pero eso no cuenta porque nosotros somos los apestados que exigimos el cumplimiento de la Constitución Española: deber de conocer el español, no obligatoriedad de la lengua regional, ni como asignatura y menos aún como lengua vehicular en la enseñanza, y libertad de establecimiento y trabajo en cualquier parte de España, tanto privado como público.
La libertad que se tiene para hablar cualquier lengua regional en su territorio, termina frente a la libertad de los español-hablantes que no tenemos el deber de conocerla, y que con sumo respeto nos negamos a que la inoculen a los niños y la exijan a los funcionarios, sean bomberos o pediatras.
Que haya grupos como Galicia Bilingüe y Mesa por La Libertad Lingüística que defiendan implícita y explícitamente el deber de conocer la lengua regional, no implica que su planteamiento sea constitucional, de acuerdo con el Art. 3º de la Constitución Española.
El Gobierno contra la Iglesia
Cristina Losada Libertad Digital 3 Enero 2008
Acabo de leer ese documento pergeñado por los cráneos privilegiados del PSOE, intitulado Las cosas en su sitio, y me he
quedado donde estaba. En mi sitio, quiero decir. Y, mayormente, en la impresión de que las huestes de Pepiño están listas
para emborronar las paredes con pintadas de "Rouco a la cárcel", que ocupen el lugar de aquellas de "Tarancón al paredón" que hacía la extrema derecha en los años finales de la dictadura. Pero no sólo he viajado a aquellos tiempos, sino también,
gracias al susodicho y a Bermejo, a la Venezuela de Chávez, donde el caudillo las ha tenido tiesas con la conferencia
episcopal por haberse opuesto ésta a su demolición de las libertades. El golpista se declara católico, como nuestro Blanco, e igualmente alejado de la jerarquía, aunque su desconfianza en ella nacía a edad temprana, cuando su abuelita le decía
"¡Cuidado con los curas!" cada vez que le veía vestido de monaguillo. Así pues, Chávez y los hombres de Z tienen en común, por lo menos, el mismo enemigo.
El caso es que lo que el sanedrín socialista proyecta mediante insinuaciones cristaliza en la peregrina tesis de que los
católicos no tienen derecho a salir como tales al espacio público y político para criticar al Gobierno y las normas
legislativas desde la perspectiva de sus valores morales. Hete aquí, pues, que quienes defendieron denodadamente los derechos políticos de los miembros de Batasuna, o sea, de ETA, para justificar la tolerancia hacia sus aquelarres durante el
"proceso", sostienen que ha de privarse de sus derechos civiles a los miembros de una confesión religiosa. Hete aquí también que los mismos que callan y otorgan cuando los nacionalistas instrumentalizan el deporte para avanzar hacia la secesión, sacan la artillería verbal contra los católicos por celebrar lo que llaman un mitin político encubierto. Y he ahí a los que no formulan un reproche a los clérigos que ensalzan el nacionalismo y dan cobijo moral al entramado terrorista, lanzándose a la yugular de los que se han pronunciado contra ETA y el secesionismo. Definitivamente, los enemigos del "Gobierno de España" no son los enemigos de la España constitucional. Nada nuevo bajo el sol de Z.
Lo asombroso, sin embargo, no son tanto los términos desmesurados de la reacción gubernamental a un acto de los católicos en defensa de su concepción de la familia, como la reacción en sí misma. El hecho de que el Gobierno se haya situado en el mismo plano que la Iglesia católica como si compitiera con ella, de manera que su declaración de hostilidades se asemeja a la que pudiera formular una confesión religiosa contra otra. Y es que en la concepción de la democracia que albergan en el partido de Z, no solamente las leyes, sino también la moral y la verdad emanan exclusivamente de los poderes que se hallan bajo su control. La obsesión por la Iglesia católica que muestra el zapaterismo no es propia de no creyentes, sino de beligerantes en el terreno de las creencias. Selectivos, eso sí. Hostigan a las que no se orientan de acuerdo a su conveniencia, mientras que, como buenos laicistas de pacotilla, piden respeto para los islamistas que imponen la teocracia, vulneran los derechos humanos y no dan carta de ciudadanía a las mujeres. Con los ayatolás, alianza de civilizaciones y con los católicos, a muerte. La descomposición ideológica del socialismo español ha conducido a un desentierro de señas de identidad caducas. El anticatolicismo hace resonar viejos tambores de guerra, concentra resentimientos y satisface a los gurús de la secta.
Acoso y derribo de España
¿Quiénes son los sectarios?
Luis Hernández Arroyo Libertad Digital 3 Enero 2008
Es curioso comprobar en los libros de historia que el ataque sufrido hoy en día por la Corona y la Iglesia, y la Constitución
en definitiva, no son nuevos, sino el leit motiv principal de la izquierda española a lo largo de todo el siglo pasado.
En el siglo XX, España, al igual que los países europeos más importantes, gozaba de un régimen monárquico constitucional,
fundado por la prudente inteligencia de Cánovas, con el consenso de las fuerzas políticas y militares que quisieron ampararse en él tras el desastre de la República "sinalagmática". Esas fuerzas de diverso signo, pero patriotas, pactaron con Cánovas la Constitución de 1876: como la actual de 1978, aquella nació, pues, bajo un amplio consenso, del que se autoexcluyeron, por voluntad propia pese a invitárseles, los férreos republicanos de Ruiz Zorrilla y otras fuerzas de izquierda e independentistas. El régimen de soberanía compartida entre la Corona y las Cortes funcionó razonablemente bien –en gran parte gracias al buen hacer de la Corona y de los líderes políticos– pese a su deficiencias en cuestiones como la representatividad (repito, muy homologable con lo que se daba en Europa), que se intentó corregir con la ampliación continua del derecho de sufragio. Esa ampliación permitió que pronto aparecieran escaños republicanos y socialistas en las Cortes.
Sin embargo, desde el primer momento en que aparecieron y crecieron los partidos no dinásticos, actuaron con gran empuje pese a su presencia en órganos oficiales como fuerzas puramente antisistema, apenas velado su objetivo máximo de derribar el régimen "burgués" y establecer "otra cosa", una república en la que se lograran sus objetivos sectarios e incompatibles entre sí. Ha de advertirse que, entonces como hoy, las fuerzas nacionalistas estaban divididas entre las descaradamente
independentistas y las supuestamente moderadas, pero la disputa del mismo granero electoral hacía coincidir sus objetivos
máximos; así, la Lliga de Cambó, supuestamente moderado y dinástico, no dudaba en romper con el sistema, chantajear al
gobierno y rechazar toda propuesta de autonomía que no fuera diseñada en Cataluña. Su "despertar" a las bondades de un
Gobierno nacional le vino con las primeras y salvajes huelgas de la CNT en Cataluña, que estuvieron a punto de hundirla, por lo que se puso del lado de la presencia militar y de la mano dura, eligiendo, como declaró, "entre la existencia de la
civilización en Cataluña o su destrucción total". Llegó a participar de voluntario en el Somatén, fuerza represora privada
contra huelguistas. (Primera lección perenne: el nacionalismo moderado no existe. Ergo, ¿sirve de algo ceder?)
Estas fuerzas antisistema lograron muchas veces poner al país en crisis agudas: en 1909 (la "Semana Trágica"), pero sobre
todo en 1917 y siguientes, en que, al amparo de las tesis del "derecho de autodeterminación" del presidente Wilson en el
armisticio de 1918, los vascos y catalanes le enviaron un escrito de petición de amparo a sus reivindicaciones secesionistas.
Es curioso recordar que la tesis falaz de los vascos en tal escrito era nada menos que sus libertades plenas e independencia,
de que gozaron hasta 1833, les fueron robadas en 1839 en la paz de Vergara. Es decir, que consideraban como signo de su
independencia y libertad la presencia del carlismo en sus provincias durante la primera guerra carlista. Una prueba más de la corriente interior y fecunda entre el carlismo y los nacionalismos.
La difícil estabilidad política consistía en reconocer a los enemigos del sistema y resistir. Se resistieron grandes embates,
como el de 1917 y 1918, 1919... A veces heroicamente, con la muerte por atentado de Cánovas, Dato, Canalejas; este último de izquierdas, pero al parecer no lo suficiente. Otros eludieron la muerte, como el Rey, o Maura. La dictadura de Primo
restableció el orden y la eficacia de gobierno, pero no supo hallar una solución alternativa; prolongó el estado de agonía de
los políticos dinásticos, hasta que la mayoría se fugó al bando republicano. La Segunda República fue la victoria de esas
fuerzas antisistema, que no admitieron a su lado a "la otra mitad" de España, pues ellas se consideraban "la derecha y la
izquierda", como le dijera Azaña a Jiménez Fernández, de la CEDA. ¿No estamos ahora oyendo una tonada muy parecida?
El 'error Zapatero'
Antonio Elorza El Correo 3 Enero 2008
En noviembre de 1930, José Ortega y Gasset publica en 'El Sol' el famoso artículo titulado 'El error Berenguer', que se
cerraba con el «Delenda est monarchia». No se trataba de que el general Berenguer hubiese cometido este o aquel error en la difícil coyuntura de 1930, o de que el monarca se hubiera equivocado al designarle. El error era él mismo, convertido en
símbolo de la impotencia del régimen en la coyuntura agónica de 1930.
Siguiendo otro camino, un título análogo puede ser asignado al presidente Zapatero, a la vista de la presentación que acaba
de hacer de su balance político, con una apariencia de reconocimiento de errores incluida. El problema no reside en que haya cometido errores, cosa perfectamente explicable, sino que en la forma que contempla su propio pasado y dibuja los perfiles de su actuación futura en las grandes cuestiones cabe apreciar la confirmación del rasgo más significativo de su perfil político, lo que llevó a su amigo Suso de Toro a calificarle de bulldog. Es incapaz de cambiar la política previamente
adoptada, y pase lo que pase, aun cuando haya sido el mayor disparate, permanece aferrado a ella como el perro citado al
cuello de su presa. En realidad, no mira hacia atrás, porque cree haberlo hecho todo bien. Confía en su 'equipo de cerebros',
más bien a estos efectos de publicitarios de la política, para que desde una pura y dura estrategia permanente de márketing,
elaboren una explicación amañada de lo sucedido y la opinión pública acepte la versión que le sea más favorable. ¿Los
resultados de esta forma de hacer política? A Zapatero le importan los electorales. Si a medio o a largo plazo sobrevienen
catástrofes, ya se sabe, quién puede prever el futuro. Otros serán los responsables y los afectados.
Los trazos negros del retrato no implican que Zapatero sea un insensato ni que carezca de inteligencia. Es un hombre muy
hábil a la hora de evaluar las distintas opciones de cara a un objetivo siempre muy definido, el propio poder, que
automáticamente identifica con el interés del país. Esa simplificación del horizonte político le ha servido a lo largo de su
vida política para centrarse en la maniobra, una capacidad forjada en sus años de hombre de 'aparato', y que refuerza con un
sentido muy claro de la disciplina, entendida de cara al otro como exigencia de que sus decisiones sean aceptadas sin
reservas. Recibió un partido fragmentado y ha sabido rehacer una cohesión casi leninista, sin la más mínima fisura. Nadie es
capaz de pensar por su cuenta, si ello supone el más mínimo roce con lo que en tiempos de Stalin solía llamarse «la línea
general». Y esto durará mientras sigan ganándose elecciones. Es una importante baza, sobre todo cuando el núcleo de las
relaciones políticas es para él un enfrentamiento permanente con el adversario (actitud que éste reproduce a mayor escala si
cabe).
El balance presentado el 28 de diciembre ilustra perfectamente las estimaciones anteriores. En general, gracias a su
presidencia, todo va hacia lo mejor en el mejor de los mundos. Realmente, el Gobierno ha desarrollado políticas eficaces y
progresistas en diversos sectores, y por consiguiente sólo sobra el triunfalismo en el campo económico, teniendo en cuenta lo que está gestándose a nivel mundial y el reciente empeoramiento de los indicadores. No es en la gestión de Solbes, ni en la de Alonso, ni en la de Caldera, y así podrían irse citando otros ministerios (los de Fomento y Educación no, por cierto),
donde deben ser buscados los 'errores'. Los dos citados por Zapatero son en cambio una prueba de su voluntad de manipulación y, en el plano subjetivo, de cinismo. Respecto del fracaso registrado con el AVE en Barcelona, no basta con decir que los ciudadanos tienen derecho «a que se reconozcan los errores». Los errores ya los ven y sienten en casos como éste, no son idiotas. En una democracia tienen derecho a que los errores sean explicados. Y de esto, Zapatero, nada. Peor aún es la mención de su 'error' de hace un año al prometer un año mejor ante el terrorismo de ETA. No se trataba de un error, sino de un diagnóstico equivocado, y lo importante sería saber sobre qué datos apoyaba su profecía y por qué siguió empecinado en el verdadero error, y en el engaño consiguiente a la opinión, sobre la ya falsa tregua de ETA. Ese 'error' es el que Zapatero debía esclarecer, y no lo ha hecho. Ni lo hará nunca.
Por qué? La respuesta se encuentra en las previsiones políticas para el curso poselectoral. La guerra contra el PP seguirá.
«El PP ha roto el pacto de no hacer política con el terrorismo», justifica, olvidando que fue él desde un principio quien
decidió un viraje hacia la negociación en la política ante ETA, sin contar con el PP, como el Pacto habría exigido por
aquello del «diagnóstico común». Otra cosa es que la crítica popular, 11-M incluido, justificara luego las vías separadas,
que Zapatero mantendrá a cualquier precio.
No hay análisis del pasado ni del presente al proponer la futura política de alianzas. Contra el PP, «entendimiento con CiU y
PNV». Las palabras no le importan, dice. La comprensión de los hechos debe repugnarle si va contra su aspiración
presidencial. ¿Qué estabilidad piensa Zapatero alcanzar en España con un partido que está dispuesto a oponerse referéndum en mano a la resolución del Constitucional si no le gusta, y con otro que pone en marcha un procedimiento que, si tiene éxito,
equivale a dinamitar la Constitución, y entretanto se convierte en inesperado bastión de los brazos políticos de ETA, en
misericordioso protector de los terroristas encarcelados y en agente de deslegitimación del Estado de Derecho? Zapatero ya ha escrito que de las ideas no puede salir una política. Ahora comprobamos que del examen de una realidad clamorosa, tampoco.
Todo sea por eternizarse en el cargo (para lo cual la única razón serían la deriva derechista del PP y las enormes
limitaciones políticas de Rajoy). De ahí que sea lícito hablar del 'error Zapatero'.
¿Quien se aleja de la democracia, la Iglesia o el PSOE?
Francisco Rubiales Periodista Digital 3 Enero 2008
El PSOE, en un rotundo comunicado de su ejecutiva federal, ha acusado a la Iglesia Católica española de alejarse de la
democracia. Lo hace descorazonado y rabioso porque la Iglesia congregó a un millón de personas en las calles de Madrid, el 30 de diciembre, en defensa de la familia, y en esa concentración un alto jerarca católico acusó al gobierno de provocar un retroceso en los derechos humanos.
Tras las mutuas acusaciones, la pregunta es ¿quién se aleja de la democracia, la Iglesia o el PSOE?
La Iglesia no puede alejarse de la democracia porque no es demócrata, sino todo lo contrario: jerárquica, vertical y con todo
el poder concentrado en una especie de gran dictador, que es el Papa, el cual, además, puede hablar excátedra y en nombre del mismo Dios. La Iglesia debe limitarse a defender los valores, a propagar su doctrina y a dar ejemplo en su cumplimiento.
Acusar a la Iglesia de alejarse de la democracia es tan absurdo como acusar a los osos polares de contaminar las arenas del
Sin embargo, el PSOE sí puede alejarse de la democracia porque, como partido político, está obligado a respetar las reglas de la democracia, a potenciarla, a elevar la voz de los ciudadanos hasta la cúspide del poder y a propiciar la participación de los ciudadanos en la política y en los procesos de toma de decisiones.
De hecho, el PSOE (y con él casi todos los partidos políticos españoles) sí se ha alejado de la democracia, peligrosamente y a pasos agigantados. No se puede ser demócrata y, al mismo tiempo, construir una partitocracia y convertir la democracia, a traición y en secreto, en una oligocracia de partidos, como ha ocurrido en España. No se puede ser demócrata y arrebatar al ciudadano su derecho (sagrado en democracia) a elegir a sus representantes, imponiendo unas listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por las élites del partido, ante las cuales el ciudadano sólo puede aceptarlas en bloque o rechazarlas. El sistema democrático queda sustancialmente degradado cuando son los partidos los que eligen y no los ciudadanos.
Pero las violaciones y usurpaciones que revelan el alejamiento de la democracia son más y gravísimas: los poderes básicos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han sido invadidos y ocupados por los partidos, impidiéndo que funcionen en
libertad e independencia, como establece la democracia; la sociedad civil que debe servir de contrapeso al poder del Estado, también ha sido invadida y ocupada por el poder político, controlando, incluso, parcelas que le están expresamente vedadas en democracia, como son las universidades, los sindicatos, las empresas, las fundaciones, las religiones y hasta las
asociaciones de vecinos, de consumidores, culturales y festivas; la libertad de prensa y de crítica, imprescindibles en
democracia, están siendo liquidadas por la partitocracia, obsesionada por someter y controlar a los medios de comunicación; los ciudadanos han sido expulsados de la política, ejercida en régimen de monopolio por los partidos; los políticos gobiernan al margen de la voluntad ciudadana; la confianza, base del sistema democrático, se debilita y se desprecia, y los políticos gobiernan sin rendir cuentas a sus representados, como si ser elegidos les otorgara una patente de corso, etc., etc.
El gobierno que preside Zapatero ha gobernado durante cuatro años de espaldas a la mitad del país, la representada por la
derecha, lo que no es precisamente un ejemplo de democracia.
¿Y si el PSOE sólo busca movilizar a los anticatólicos?
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 3 Enero 2008
Si hay un área política que el PSOE domina sobre todos nosotros –salvo Losantos, y de ahí su odio contra él- es el agit-prop. Toda la campaña contra los católicos puede ser un ardid para movilizar y captar el voto anticlerical.
Pepiño, el hijo de alcalde franquista de Arenas de San Pedro y todo el Imperio Progre ha desplegado su artillería para
disparar contra la Iglesia y los fieles católicos que participaron en el Día de la Familia o lo apoyaron con sus oraciones o
sus buenos deseos. ¡Hasta la joven y hermosa Maruja Torres, a cuya escuela literaria pertenece la afusiladora Almudena
Grandes, compara al pobre Kiko Argüello con un terrorista islámico! (Luego me dicen mis trolls que sea bueno y no insulte.)
Creo que estamos todos de acuerdo en que el PSOE de Rodríguez es maestro en un solo arte: el agit-prop. Con unas encuestas publicadas que dan un empate entre el PP y el PSOE, los socialistas necesitan captar más votos, y esta campaña anticatólica se dirige a ese sector transversal, que abarca desde okupas a altos directivos, desde alumnos de instituto a los profesores amenazados por esos alumnos, que detesta a la Iglesia y que es capaz hasta de defender la entrada de Turquía en la UE para sepultar lo que quede de herencia cristiana en Europa.
Basta darse una vuelta por los foros de El Faro del islam y de Fuck Público para comprobar la ira anticatólica de la mayoría
de los participantes. Aparecen como argumentos Galileo, Pío XII y Hitler, la guerra civil, el franquismo, el derecho al
aborto libre y gratuito, Educación para la Ciudadanía, la quema de personas por afirmar que la Tierra era plana (sic) y todos
los demás tópicos que ya conocemos. No hay posibilidad de debate con semejante gente. Y a éstos es a los que pretenden
movilizar en marzo tanto Pepiño como Cebrián.
Al final, la economía, en la que confían los pperos como elemento decisivo en el voto, no es capital, pero no les entra en la
cabeza. Las ideas les producen vértigo.
Mientras tanto, apenas hablamos de asuntos que demuestran el fracazo del Zapitán Zeta y su Liga de la Justicia Progresista.
Expongo algunos:
Más mujeres asesinadas en la legislatura del feminista Zapatero que en la segunda de Aznar.
Moratinos reconoce a un señor de la guerra de Somalia su intermediación para la liberación de las cooperantes
Pedimos perdón a Marruecos.
REGRESO AL CORAZÓN DE EUROPA
Caldera aplica una moratoria a rumanos y búlgaros. ¿No habíamos quedado en que la inmigración no quitaba empleo a los
-Subidas de precios en los servicios básicos
-El año 2007 cierra con 2.129.547 parados, un 5,27% más que en 2006
-Agencia tributaria catalana para expoliar a los demás españoles.
-Imposición del gallego en los colegios privados y concertados
-La conspiración madrileño-catalanista contra Maleni sirve para arrastrar votos en Andalucía.
CODA: Excelente discurso de Sarkozy, el nuevo héroe español, ante el Papa. ¿Alguien se imagina a Rodríguez reivindicando a los católicos… o a Rajoy, ese tapado del cardenal Rouco?
Los progres se han cabreado, con la Iglesia han topado
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 3 Enero 2008
Yo soy ateo, por no creer no creo ni en el dios laico progre Polanco. Ello no quita que estos días ande con los ojos como
platos viendo a la progresia nacional, tan comprensiva ella con todo lo islámico, revuelta hasta el paroxismo por la
gigantesca manifa que los católicos de la Iglesia católica organizaron el pasado domingo. Están cabreados porque con la
Iglesia han topado, y eso es inadmisible, aunque lo más inaceptable para nuestros progres rojos socialistas solidarios
multiculturales y policivilizaciones es el hecho de que a la última manifa organizada por Zapatero asistiesen menos de 5000
personas y en la manifa de los cardenales se congregase más de un millón, que en zapaterés se dice cien mil.
Ver a El País soliviantado, al PSOE exacerbadamente neurasténico tanto que parece que está inmerso en un desvarío delirante y febril, ver a la cuadra de reconocidos intelectuales progres vociferando contra la Iglesia con su bien pagada facundia iracunda me alegra el día, la semana y seguramente el mes.
Para estos progres dueños de la calle, caciques mangoneadores de la democracia, cancerberos autonombrados de nuestras
esencias constitucionales, el dogma progre número 134, que dice que toda manifa no progre es antidemocrática, ha sido
pisoteado, escarnecido, mancillado, vamos que se han ciscado en él el millón de ultraderechistas meapilas del pasado domingo.
Estos extremoderechistas ultraconservadores de misa y manifa no saben con quien se la juegan.
El bocazas de Blanco ha elevado el listón de las memeces progres a alturas inalcanzables para sus correligionarios con eso de que la Iglesia debe callarse o presentarse a las elecciones, sin embargo los cineros, eximios representantes de la cultura
del cazo, pueden hacerle el caldo gordo a Blanco y su partido con mini manifas sin tener que presentarse a las elecciones,
¡cachis!, si es que lo que les cabrea es que sus titiriteros arrejunten a cuatro gatos de gran nivel cultural y estos
ultraderechistas beatos van y sacan a la calle a millón y pico, inadmisible de todas todas.
Parece mentira que los cardenales y obispos aun no entiendan que cuando la Constitución establece el derecho a la libertad de expresión y manifestación se refiere a manifestar pleitesía a la progresía y a expresar aquiescencia con el libro de dogmas progres.
No hay mayor antidemócrata que quien se atribuye el reparto de carnés de demócratas.
Ver a tanto progre fuera de sus casillas porque haya gentes que salgan a la calle es el mejor regalo de reyes que nadie
podría haberme hecho.
ESPERA QUE SE RETOME EL CONSENSO TRAS LAS ELECCIONES
Múgica pide un acuerdo PSOE-PP sobre el poder del Estado para que los nacionalismos no "impongan su criterio"
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, reclama que los dos grandes partidos, PSOE y PP, alcancen "un terreno de pacto firme" en cuestiones fundamentales como el poder del Estado, lo que permitirá "hacer frente" al crecimiento de las reivindicaciones nacionalistas y que estas formaciones no puedan "imponer su criterio". El Defensor del Pueblo ha sido una de las instituciones más vapuleadas por los nacionalistas durante esta legislatura, que ha sufrido un intenso acoso por recurrir el Estatuto catalán.
Zapatero presume de haber gobernado con "honestidad", por el "interés general" y "por una mejor convivencia"
Agencias Libertad Digital 3 Enero 2008
En declaraciones a Europa Press, Enrique Múgica reconoció que "a veces es necesario" llegar a pactos con los partidos
nacionalistas y que así lo han hecho tanto 'populares' como socialistas, pero agregó que la situación se puede volver
"compleja, difícil y poco amable" y que es necesario que exista un "terreno muy firme" de consenso entre PSOE y PP.
"El consenso debe concretarse sobre cuál es el poder del Estado, sus competencias y hasta dónde puede llegar, hasta dónde
puede tener primacía el Estado democrático, eso es lo fundamental", expuso.
Múgica considera que en la legislatura que ahora termina ha sido "muy difícil en cualquier aspecto construir documentos de
mínimos" y expresó su confianza en que a partir de las elecciones de marzo se "retome el hilo del consenso como creador de
desarrollo político, social y cultural".
En este sentido, y en cuanto a una posible reforma de la Constitución, explicó que a su juicio éste es un "problema de
segunda clase" porque "lo importante es que haya consenso". Aclaró en cualquier caso que para él la Carta Magna no es "un
punto de partida sino de llegada" y que su modificación requiere el acuerdo de los dos grandes partidos sobre "los límites"
de esos cambios.
El Gobierno vasco destina 54,5 millones a fomentar el uso de euskera
Política Lingüística aumenta un 6,5% su presupuesto porque la lengua vasca necesita «hablantes, no salvadores» La mayor parte del dinero está destinado a subvenciones
FÉLIX IBARGUTXI EL Correo 3 Enero 2008
Las convocatorias anuales de ayudas de la Viceconsejería de Política Lingüística son cinco.
Promoción el uso del euskera en la sociedad: Ayudas para actividades tiempo libre, promoción de la lectura, etc. Importe:
1.300.000 euros (un 30% más que al comienzo de la legislatura).
Medios de comunicación: Ayudas tanto para los medios de comunicación en euskera como para los de lengua castellana por
proyectos en lengua vasca. Importe: 5.776.000 euros (un 52% más que al comienzo de la legislatura).
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Para sitios web, software, juegos, etc. Importe: 1.700.000 euros (un 183% más que al comienzo de la legislatura).
Desarrollo del Plan General de Promoción del Uso del Euskera en los municipios: Importe: 1.700.000 euros.
Lanhitz: Ayudas para que las empresas desarrollen planes de uso del euskera en su quehacer cotidiano. Importe: 2.690.000
euros (un 140,50% más que al comienzo de la legislatura).
La Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno vasco invertirá este año 54,4 millones de euros en proyectos e
iniciativas dirigidas a «fortalecer e incrementar» el uso del euskera en la vida cotidiana. El responsable del departamento,
Patxi Baztarrika, destacó que esta cantidad supone un 6,5% más que en 2007 y un 44% de incremento respecto a 2005, el primer año de la presente legislatura. Para Baztarrika este esfuerzo presupuestario tiene su razón de ser, puesto que el euskera «necesita hablantes, no salvadores».
El responsable de Política Lingüstica hizo especial hincapié en esta mayor inyección económica. «Es un dato significativo,
puesto que el presupuesto para 2008 ha aumentado en un porcentaje que supone el doble que el IPC previsto para el presente
año; asimismo, el aumento en los tres últimos ejercicios ha sido 4,38 puntos superior al crecimiento presupuestario general
del Gobierno vasco (39,66%)», comentó el viceconsejero.
Patxi Baztarrika valoró «positivamente» el avance que ha experimentado la lengua vasca en esta legislatura. Afirmó que el
objetivo principal para el presente año es «fortalecer e incrementar» el uso del euskara «en las actividades cotidianas» y
«promover mayores y mejores oportunidades y opciones» para su utilización, ya esa es «la clave» de su futuro.
La mayor parte del Presupuesto de la Viceconsejería de Política Lingüística se destinará a subvenciones (82%), para financiar proyectos que tengan por objetivo promover el empleo del euskera. Se trata de ayudas de carácter y ámbitos muy diversos, algunas de ellas materializadas mediante convenios de colaboración y la mayoría a través de convocatorias públicas.
Los incrementos presupuestarios más elevados han sido los destinados a ayudar a los euskaltegis privados homologados, a los medios de comunicación, a la inserción del euskera en el ámbito laboral y a proyectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.
El instituto autónomo HABE gestionará este año un presupuesto de 42,9 millones. Los responsables autonómicos también han aumentado esta partida, en concreto un 6,19% sobre el presupuesto de 2007 y del 50,52% con respecto al primer proyecto económico de la presente legislatura, cifras que denotan la «importancia» que otorga el Gobierno Vasco a la euskaldunización de adultos.
El 76% de los presupuestos de HABE se destina a subvenciones, entre las que destaca el incremento que han tenido estos tres últimos años las ayudas a la redes de euskaltegis. En 2008, la dotación a estos equipamientos será de 31,2 millones: un
tercio de este importe se dedicará a los euskaltegis municipales y dos tercios a los centros privados homologados, que han
visto aumentadas las ayudas un 93% en los últimos tres años.
Patxi Baztarrika, que estaba acompañado de todo su equipo de directores de área, presentó las cinco convocatorias de ayudas de la viceconsejería, todas ellas aprobadas en el Boletín Oficial del País Vasco el pasado 28 de diciembre. El responsable autonómico se congratuló de que esas convocatorias se hayan publicado en fechas tan tempranas. Después de que muchas asociaciones y empresas se quejaran por las tardanzas en años anteriores, Baztarrika se había comprometido a agilizar la publicación de las ayudas económicas.
El viceconsejero, por último, agradeció el apoyo que el Partido Socialista de Euskadi dio a estos presupuestos, y la
abstención de Aralar. Y volvió a insistir en que el reto del idioma es su utilización en todos los ámbitos y que «el euskera
no necesita salvadores, sino hablantes».
La Audiencia Nacional condena a Olarra Guridi a 30 años por el asesinato de Luis Portero
Efe - Madrid La Razón 3 Enero 2008
La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de cárcel al ex dirigente etarra Juan Antonio Olarra Guridi por ordenar a los
miembros del «comando Andalucía» de ETA Harriet Iragi y Jon Igor Solana el asesinato del fiscal jefe de Andalucía Luis
Portero, cometido el 9 de octubre de 2000 en Granada.
La sección segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal condena además al etarra a indemnizar a la viuda y a los cuatro
hijos de la víctima con 900.000 euros, cantidad solicitada por la acusación particular y que supera en 250.000 euros lo
reclamado por el Ministerio Fiscal durante el juicio celebrado el pasado diciembre.
Para ello, añade la resolución, les facilitó fotografías de la víctima, horarios de trabajo, domicilio, identificación del
coche que usaba y "una vez corroborada tal información" Iragi y Solana, sobre las 14.00 horas del 9 de octubre, lograron
entrar en el portal del domicilio de Portero, donde esperaron su llegada.
Ésta se produjo sobre las 14.15 horas y cuando el fiscal jefe esperaba la llegada del ascensor, los etarras, "cumpliendo las
órdenes recibidas de Juan Antonio Olarra Guridi, de manera sorpresiva y por la espalda, mientras uno cubría la acción, el
otro le propinaba dos disparos en la cabeza, que acabaron con su vida".
El tribunal, presidido por el magistrado Fernando García Nicolás, condena al ex dirigente etarra como autor por inducción y
argumenta su decisión en la declaración prestada por Solana ante la Policía, testimonio que, a pesar de haber sido negadas
por éste en el juicio oral, "ofrece esa credibilidad que le dota la extensión, lujo de detalles y garantías que le rodearon"
cuando lo prestó.
A Olarra le entregaron temporalmente las autoridades francesas el pasado 17 de julio para ser juzgado, entre otras causas,
por este asesinato y por el atentado contra una furgoneta de la Armada en el barrio madrileño de Vallecas en 1995, en el que
fallecieron seis personas, hechos por los que ya ha sido condenado a 1.253 años de cárcel.
Cataluña comienza a gestionar sus impuestos sin esperar la decisión del TC
José Montilla inaugura la Agencia Tributaria con el recelo de otras autonomías
La Generalitat avanza hacia la independencia económica con el estreno de la agencia, reconocen en el tripartito.
Montse Espanyol La Razón 3 Enero 2008
BARCELONA- «La nueva Agencia Tributaria de Cataluña nos ayudará a ser más solidarios con el resto de España. Quien diga lo contrario, miente». El presidente de la Generalitat, José Montilla, demostró ayer que empieza 2008 con paso firme. En el discurso inaugural de la Agencia Tributaria de Cataluña dejó entrever que es de los que sacan las zarpas cuando tocan a sus «criaturas». Antes de celebrarse el acto de inauguración de la nueva Agencia Tributaria salieron a la luz unas declaraciones del consejero de Gobernación de la Generalitat valenciana, Serafín Castellano, donde denunciaba que el nuevo organismo «otorga privilegios» a Cataluña y «afecta a la solidaridad entre autonomías». Como era de esperar, Montilla le respondió. Lo sorprendente es que no escondió su enfado con el dirigente valenciano tras su rostro hierático.
El presidente catalán echó en cara al PP no tener «rubor» a la hora de «copiar» el Estatut en algunas comunidades autónomas
en las que gobierna y, por el contrario, utilizar argumentos «basados en la mentira y la calumnia» para menoscabar su
desarrollo en Cataluña y acusar a los catalanes de ser insolidarios. Montilla insistió en que con un autogobierno más fuerte
en materia económica, Cataluña tiene más herramientas para ser más solidaria con el resto de España.También advirtió de que «no podemos permitir que haya gente -en alusión al PP- que quiera detener el desarrollo del Estatut y erosionar, así, la
legitimidad del Estado de Derecho».
Montilla no se salió del guión de gobernante. Tras dar un palo a la oposición, siguiendo la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque, vendió la actuación de su Gobierno. De la Agencia Tributaria dijo que «es el ejemplo de cómo se hacen las cosas». Reiteró que a través de este organismo, Cataluña es la primera autonomía que gestiona sus impuestos. Y todo gracias al Estatut.
La apertura de la Agencia Tributaria de Cataluña es una de las primeras concreciones del Estatut, pendiente aún de la
sentencia del Tribunal Constitucional (TC), tras el recurso interpuesto por el PP. Por ello, la portavoz del PP en el
Parlament, Carina Mejías, calificó de «nuevo desafío del tripartito» la apertura del organismo tributario. Mejías reclamó que no se desarrollen los artículos del Estatut recurridos hasta que no salga la sentencia del TC, pero Montilla le contestó que «el Estatut está en vigor y tenemos la obligación de aplicarlo».
Montilla estuvo acompañado por el conseller de Economía, Antoni Castells; el presidente de la Agencia Tributaria catalana,
Martí Carnicer, y el director, Josep Costa. Ninguno escondió que el estreno de la agencia es el primer paso hacia la
independencia económica. Por ahora, gestionará todos los tributos propios de la comunidad y los cedidos por el Gobierno. Es decir, todos menos el IRPF, el IVA, los impuestos especiales y el de sociedades. En total, unos 5.100 millones de euros
anuales. El próximo paso, explicó Castells, es la apertura del Consorcio tributario entre la administración económica y
estatal, prevista para el próximo 9 de agosto y, a corto plazo, la ventanilla única para los trámites fiscales.
ROSA DÍEZ, EL MUNDO 3 Enero 2008
Gracias al relativismo presidencial, la banda terrorista -que estaba en las últimas- recuperó la esperanza y volvió a salir a la calle; y el terrorismo callejero, que era al inicio de la legislatura un recuerdo del pasado, se convirtió en cotidiano.
Gracias al relativismo presidencial, al sometimiento del sistema judicial al poder político, la ley de Partidos dejó de aplicarse para proteger a la democracia de sus enemigos; y el fiscal general del Estado la calificó como «una especie de guantánamo electoral».
Ahora que se acercan las elecciones, el Gobierno de Zapatero, el mismo que cuestiona la nación, se viste de «Gobierno de España». Y pronuncian los discursos más duros contra ETA. Después de haber violentado las leyes para posibilitar que ANV/ETA volviera a las instituciones, dicen que están encontrando pruebas para ilegalizar a esos terroristas que ellos mismos seleccionaron. Recuerden el criterio que utilizaron para «aplacar a la bestia»: por debajo de tres terroristas, la lista es legal. ¡Qué vergüenza!
No se dejen engañar por el gesto adusto de Ares, López, Rubalcaba, la vicepresidenta....Todo forma parte del juego. Son los socialistas -que llamaron «hombres de paz» a los terroristas e «interlocutores imprescindibles» a los dirigentes de ETA- los que han provocado que el PNV suba el listón de sus reivindicaciones e incremente sus descalificaciones hacia la democracia. En el PNV ha cuajado la idea de que ellos han de ir tan lejos como fue el propio Zapatero; no se van a dejar «pillar» otra vez, como en la etapa de Imaz. Recuerden que las negociaciones de Aránzazu se rompieron cuando la delegación presidida por Imaz se levantó de la mesa mientras los socialistas seguían sentados.
Y el lehendakari no va a ser quien se levante de la mesa; el PNV tramontano no consentirá que los socialistas vuelvan a estar más cerca de los batasunos etarras que ellos mismos. Además, y aquí está el otro quid de la cuestión, los nacionalistas saben que con los socialistas pueden permitirse cualquier lujo. Pueden aguantar que Ares, o López, o Pastor, critiquen su complacencia para con los terroristas; porque saben que no tienen más que tirar de hemeroteca para encontrar declaraciones de los dirigentes socialistas en las que éstos muestran grados de comprensión hacia los terroristas comparables a las suyas. Como ejemplo, vean esta parte de una entrevista de José Antonio Pastor publicada en «Gara» el cinco de febrero de 2006:
«Pregunta: El Comité Nacional de este sábado abordaba que si va a haber medidas de flexibilización en la situación de los presos, que se consulte con las víctimas...»
Respuesta: Es una reflexión (...) ese proceso de reconciliación que no va a ser fácil, necesita del concurso de las más de 1.000 víctimas del terrorismo y necesita también de ejercicios de generosidad y de flexibilidad por parte de todos.
«Hay que atender el criterio de las víctimas, que básicamente piden que se les reconozca el daño causado y se les sido pida perdón; pero, por otra parte, también hay que pedirles una cierta dosis de generosidad, a ambos sectores que, si se quiere, los personalizamos en las víctimas y en los presos de la banda terrorista ETA que, de una forma u otra, en función de las circunstancias de cada uno y a lo largo del tiempo, deberán ir reintegrándose con cierta normalidad a la vida política».
«Patxi López, afirmó anoche que «es necesario pasar de los contactos actualmente existentes a una fase de negociaciones incluyentes tendentes a construir un diálogo multipartito en Euskadi que permita ampliar los consensos políticos, asentar la convivencia y alcanzar acuerdos sólidos sobre la construcción del futuro de nuestro país superando así los conflictos del pasado». Para ello, aseguró que, una vez que Zapatero comparezca ante el Parlamento, intensificarán los contactos con las fuerzas políticas vascas. En ese camino, anunció una próxima reunión con la izquierda abertzale, un «interlocutor necesario» cuya legalidad estima necesaria».
La perversión de la política, la perversión de las instituciones, el fariseísmo, está nuevamente servido. Mucho discurso de condena para la galería (o sea, para los votantes, a los que el PSOE sigue sin querer tratar como a ciudadanos mayores de edad), pero los acuerdos políticos se hacen con los que quieren la secesión y con los que comparan a las víctimas con los terroristas; los acuerdos con quienes queman en San Mamés -ante el complaciente silencio del lehendakari, del vicepresidente del Gobierno de Cataluña, de miembros del Gobierno de Galicia - los símbolos del orden constitucional...
No sé lo que es peor, si la infamia o la hipocresía; ambas me resultan vomitivas. Juzguen ustedes. En todo caso, que nadie se olvide de quién es quién y de qué hizo cada cual en cada momento. Recordar es un deber.
PATXO UNZUETA, EL PAÍS 3 Enero 2008
En Cataluña, la minoría soberanista está justificando su ideología apelando a los desastres en sus infraestructuras. El mensaje implícito es que esos problemas sólo se resolverán con la independencia, y sólo se aliviarán con la amenaza de independencia. O sea, el derecho a decidir, eufemismo inventado por los abertzales y adoptado luego por Ibarretxe.
En política como en deporte, nada tiene tanto éxito como el éxito mismo, pero últimamente en Cataluña el fracaso también suscita muchas adhesiones, siempre que quede establecido un culpable (exterior) del mismo: Red Eléctrica, Renfe, la ministra de Fomento; o el exceso de solidaridad con otras comunidades.
Esto último se expresa eufemísticamente con el nombre de saldo fiscal: la diferencia entre la contribución a los ingresos de la Administración central y su retorno en forma de gasto público de esa Administración en Cataluña. Un asunto tan importante que varias fuerzas catalanistas han condicionado su eventual apoyo a la investidura del próximo presidente del Gobierno a su publicación. Muchos catalanes y bastantes que no lo son consideran juego sucio la negativa del Gobierno a darlas a conocer y acabar así con la demagogia anticatalana.
Hay una cierta incoherencia en ese argumento, porque el objetivo de la publicación no es académico o moral -una "reparación pública"- sino político: que sirvan de base para pactar una nueva financiación que elimine o al menos limite esa solidaridad cuyo reconocimiento se reclama. Cataluña es una de las comunidades más ricas (con más contribuyentes ricos) y es lógico que contribuya en mayor medida a los ingresos fiscales del Estado; pero es falaz considerar que de ello se derive la necesidad de cambiar su sistema de financiación.
El exceso de entusiasmo con que algunos amigos (interiores y exteriores) de Cataluña han apoyado ese argumento está resultando contraproducente. Como saben muchos aficionados al fútbol, peor que la desafección de los hinchas es la transformación del lógico apoyo a su equipo en hostilidad ruidosa contra el rival, el árbitro, la Federación: con el efecto de que sus jugadores pasan de intentar ganar a buscar justificación a la derrota; fingiendo o exagerando faltas, pidiendo penaltis o expulsiones, para dar la razón al sector más excitado del graderío.
En Cataluña, la coincidencia de una serie de desastres relacionados con las infraestructuras ha dado ocasión a la minoría soberanista de justificar con razones pragmáticas su ideología. El mensaje implícito es que los problemas eléctricos, ferroviarios o del aeropuerto sólo se resolverán con la independencia, y sólo se aliviarán con la amenaza de independencia, es decir, con la apelación a la autodeterminación. Un portavoz de la Plataforma pel Dret a Decidir, convocante de la manifestación del 1 de diciembre, advertía días antes: "Hemos superado la etapa autonomista; ahora toca la soberanía".
O sea, el derecho a decidir, eufemismo inventado por el radicalismo abertzale y adoptado luego por Ibarretxe. Contra lo que esperaban los sectores ilustrados del nacionalismo vasco (cuya última figura destacada ha sido Josu Jon Imaz), no sólo no se ha producido la esperada catalanización de la política vasca, sino que hay síntomas de una incoherente vasquización del discurso catalanista. Incoherente y algo impostada porque, como ha recordado Duran Lleida, el independentismo es muy minoritario en Cataluña (en torno al 20%, según las encuestas); pero que se beneficia de la ambigüedad de ese supuestamente negado derecho a decidir como solución a los problemas prácticos.
En la extensión de esa moda puede estar influyendo también la idea de que a los vascos no les ha ido mal con la utilización del soberanismo como amenaza latente. Pero el soberanismo no sólo no hace andar a los trenes, sino que alienta a los más radicales a sabotear iniciativas de progreso como el Tren de Alta Velocidad, al igual que antes lo hicieron contra la autovía de Leizarán. Los catalanes, que en 2002 eran, con navarros y valencianos, los más satisfechos con su calidad de vida, difícilmente cambiarían su situación por la de los vascos, por mucho que éstos dispongan de mejor financiación.
Cataluña sigue siendo una comunidad dinámica y próspera, sin problemas de violencia, con alto nivel de vida y una cohesión social notable, ha recordado estos días el ex diputado de CiU Miquel Roca en su condición de presidente de la Societat Econòmica Amics del País. En la tradición de las sociedades creadas en el siglo XVIII (la primera fue la Vascongada, en 1765) para difundir las ideas de la Ilustración, esa entidad ha elaborado un manifiesto Contra el derrotismo en el que invita a superar el pesimismo y la pérdida de autoestima en que se han instalado la sociedad catalana y a corregir el "rumbo errático de los políticos" que tanto "desconcierta" a la ciudadanía.
Se trata de una reacción que va en sentido, si no contrario, divergente al de iniciativas como la manifestación por "el derecho a decidir sobre las infraestructuras", en la que participaron los dos anteriores presidentes de la Generalitat, como si ellos no tuvieran nada que ver con lo que se denunciaba; apenas ha habido voces que recuerden que las incomodidades ciudadanas (agravadas por una mala gestión) en las comunicaciones no se deben al déficit de inversiones, sino a iniciativas destinadas a corregir ese déficit mediante obra pública modernizadora.
El riesgo es que la unanimidad de la hinchada en señalar como responsable a un Madrid de mil cabezas evite a los políticos catalanes dar explicaciones sobre su propia responsabilidad en la situación de derrotismo pasivo sobre la que alertan los menos entusiastas pero más sinceros amigos de Cataluña.

References: artículo 2
 artículo 16
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