Source: http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/leyes/proyectos/JM-137-2001
Timestamp: 2019-02-16 05:02:44+00:00

Document:
20 de marzo de 2001 JM-137-2001
RESOLUCIÓN JM-137-2001
Inserta en el Punto Quinto del Acta 21-2001, correspondiente a la sesión celebrada por la Junta Monetaria el 12 de marzo de 2001.
PUNTO QUINTO: Revisión final del Proyecto de Ley de Bancos y Grupos Financieros.
Resolución JM-137-2001. Conocido en el seno de esta Junta Monetaria el proyecto de Ley de Bancos y Grupos Financieros; y, CONSIDERANDO: Que en Guatemala la Legislación Bancaria vigente data de la década de los años cuarenta del siglo pasado, y está orientada a un modelo de banca especializada limitada para ampliar sus operaciones y con escasa actividad internacional; CONSIDERANDO: Que la liberación de los mercados financieros, los avances en materia de computación y telecomunicaciones, la internacionalización de los mercados de valores y de capitales, así como la mayor interdependencia en el mercado financiero internacional, han derivado a un nuevo escenario para el desarrollo de las actividades bancarias en el país; CONSIDERANDO: Que en la matriz del Programa de Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional, aprobado por esta Junta mediante resolución JM-235-2000, se establece, entre otros, en el Punto B., la reforma integral a las leyes financieras, con el objetivo de proponer un marco legal general, ágil y flexible que brinde certeza jurídica y contribuya a la eficiencia, transparencia y competitividad de las actividades financieras, orientado a promover una gestión de riesgos sólida que haga realidad el gobierno corporativo de las instituciones bancarias; CONSIDERANDO: Que el ámbito de aplicación de una nueva Ley de Bancos y Grupos Financieros, regularía lo relativo a la creación, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, regularización y suspensión de operaciones y liquidación de bancos, grupos financieros, o de una o varias de las empresas que los conforman, así como al establecimiento y clausura de sucursales de bancos y de oficinas de representación de bancos extranjeros; CONSIDERANDO: Que el proyecto de ley incorpora principios básicos emitidos por el Comité de Basilea sobre supervisión bancaria, lo que representa un avance para el sistema bancario guatemalteco, acorde con la tendencia que a nivel mundial están experimentando los mercados financieros, y la adopción de estándares internacionales de supervisión contribuirá a asegurar su funcionamiento de una forma más eficiente, transparente, competitiva, sana y confiable que salvaguarde y fortalezca la confianza del público ahorrante e inversionista y se cumpla el mandato constitucional de velar por el ahorro nacional;
Con base en lo considerado, en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política de la República, en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, y en opinión de sus miembros;
1. Aprobar el proyecto de Ley de Bancos y Grupos Financieros, conforme el texto anexo a la presente resolución.
ANEXO A LA RESOLUCION JM-137-2001
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular lo relativo a la creación, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de bancos y grupos financieros, así como al establecimiento y clausura de sucursales de bancos extranjeros y de oficinas de representación de bancos extranjeros.
Artículo 2. Denominación. Para efectos de la presente ley, la denominación "banco" comprende a los bancos constituidos en el país y a las sucursales de bancos extranjeros establecidas en el mismo.
Artículo 3. Intermediación financiera bancaria. Los bancos autorizados conforme a esta ley o leyes específicas podrán realizar intermediación financiera bancaria, consistente en la realización habitual, en forma pública o privada, de actividades que consistan en la captación de dinero, o cualquier instrumento representativo del mismo, del público, tales como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones, destinándolo a financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten dichas captaciones y financiamientos.
Artículo 4. Excepciones. Las entidades que reciban depósitos o aportaciones únicamente de sus asociados, como las cooperativas de ahorro y de crédito y las sociedades mutualistas, entre otras, quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley y se regirán por sus leyes especiales. Sin embargo, tales entidades estarán obligadas a presentar las informaciones periódicas u ocasionales que les requiera la Superintendencia de Bancos.
Artículo 5. Régimen legal. Los bancos, las sociedades financieras, los bancos de ahorro y préstamo para la vivienda familiar, los grupos financieros, y las empresas que conforman a estos últimos, y las oficinas de representación de bancos extranjeros se regirán, en su orden, por sus leyes específicas, por la presente ley, por las disposiciones emitidas por la Junta Monetaria y, en lo que fuere aplicable, por la Ley de Supervisión Financiera, la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley Monetaria. En las materias no previstas en estas leyes, se sujetarán a la legislación general de la república en lo que les fuere aplicable.
CONSTITUCION, AUTORIZACION, CAPITAL Y ADMINISTRACION DE BANCOS
Artículo 6. Constitución. Los bancos nacionales deberán constituirse en forma de sociedades anónimas, con arreglo a la legislación general de la república y observar lo establecido en la presente ley.
Los bancos extranjeros podrán:
a) Establecer sucursales en la república; y,
b) Registrar oficinas de representación únicamente para la promoción de negocios y el otorgamiento de financiamiento en el territorio nacional.
Para el efecto, el banco extranjero interesado deberá nombrar a un representante legal para operar la oficina de representación que establezca en el país. Dicho representante legal deberá inscribirse en el registro que establezca la Superintendencia de Bancos y remitirle a ésta la información periódica u ocasional que le requiera, relativa a los negocios que tal oficina realice en el territorio nacional.
La Junta Monetaria reglamentará los requisitos, trámites y procedimientos para el registro de oficinas de representación de bancos extranjeros.
Artículo 7. Autorización. Corresponde a la Junta Monetaria otorgar o denegar la autorización para la constitución de bancos. No podrá autorizarse la constitución de un banco sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos. El testimonio de la escritura constitutiva, junto a la certificación de la resolución de la Junta Monetaria, relativa a dicha autorización, se presentarán al Registro Mercantil, quien con base en tales documentos procederá sin más trámite a efectuar su inscripción definitiva.
Asimismo corresponde a la Junta Monetaria otorgar o denegar la autorización para el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros. No podrá autorizarse el establecimiento de una sucursal de banco extranjero sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos. Para el efecto se deberá considerar, entre otros aspectos, que en el país del banco matriz exista supervisión de acuerdo con estándares internacionales; que el supervisor del banco matriz otorgue su consentimiento para el establecimiento en el país de la sucursal que corresponda, y que pueda efectuarse intercambio de información institucional entre los supervisores de ambos países.
Para efectos del dictamen correspondiente, la Superintendencia de Bancos deberá asegurarse, mediante las investigaciones que estime convenientes, sobre el cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Que el estudio de factibilidad presentado sea amplio y suficiente para fundamentar el establecimiento, operaciones y negocios de la entidad cuya autorización se solicita; estudio que incluirá sus planes estratégicos;
b) Que el origen y monto del capital, las bases de financiación, la organización y administración, aseguren razonablemente el ahorro y la inversión;
c) Que la solvencia económica, seriedad, honorabilidad y responsabilidad de los socios fundadores aseguren un adecuado respaldo financiero y de prestigio para la entidad;
d) Que la solvencia económica, seriedad, honorabilidad, responsabilidad, así como los conocimientos y experiencia en la actividad bancaria, bursátil y financiera de los organizadores, los miembros del consejo de administración y los administradores propuestos, aseguren una adecuada gestión de la entidad;
e) Que las afiliaciones, asociaciones y estructuras corporativas, a su juicio, no expongan a la futura entidad a riesgos significativos u obstaculice una supervisión efectiva de sus actividades y operaciones por parte de la Superintendencia de Bancos; y,
f) Que se ha cumplido con los demás trámites, requisitos y procedimientos establecidos por la normativa aplicable.
Los requisitos, trámites y procedimientos para la constitución y autorización de bancos, el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros y el registro de oficinas de representación de bancos extranjeros serán reglamentados por la Junta Monetaria.
La Junta Monetaria en cualquier caso deberá, sin responsabilidad alguna y previo informe de la Superintendencia de Bancos, y observando el debido proceso, revocar la autorización otorgada cuando se compruebe que el o los solicitantes presentaron información falsa.
Si el banco de que se trate fuere inscrito definitivamente en el Registro Mercantil y se comprobare el extremo a que se refiere el párrafo anterior, la Junta Monetaria deberá, previo informe de la Superintendencia de Bancos, y sin responsabilidad alguna, revocar la autorización otorgada y solicitará a dicho Registro que proceda, sin responsabilidad de su parte, a cancelar la inscripción correspondiente.
Artículo 8. Procedimientos. La solicitud para constituir un banco, establecer una sucursal de banco extranjero o registrar una oficina de representación de banco extranjero, deberá presentarse a la Superintendencia de Bancos, indicando la entidad que conforme a esta ley se quiere constituir, establecer o registrar, acompañando la información y documentación que para el efecto establezcan los reglamentos respectivos.
La Superintendencia de Bancos, en el caso de bancos y sucursales de bancos extranjeros ordenará, a costa de los interesados, la publicación en el diario oficial y en otro de amplia circulación en el país, de las solicitudes de autorización que le presenten, incluyendo los nombres de los organizadores y futuros accionistas, a fin de que quien se considere afectado pueda hacer valer sus derechos ante la autoridad competente.
Las personas jurídicas podrán participar como organizadoras y/o accionistas de bancos, siempre que la estructura de propiedad de las mismas permita determinar con precisión la identidad de las personas individuales que sean propietarias finales de las acciones en una sucesión de personas jurídicas. Para los efectos del inciso c) del artículo 7 de esta ley, los interesados deberán proporcionar a la Superintendencia de Bancos la nómina de los accionistas individuales que posean más del cinco por ciento del capital pagado de dichas personas jurídicas, así como cualquier otra información que dicha Superintendencia considere necesario obtener. Para efectos del cómputo anterior, se sumarán las acciones del cónyuge e hijos menores de edad.
La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, reglamentará los plazos a observar en el trámite de las solicitudes presentadas para constituir un banco, establecer una sucursal de banco extranjero, o registrar una oficina de representación de bancos extranjeros.
Artículo 9. Inicio de operaciones, apertura y traslado. Los bancos y las sucursales de bancos extranjeros, previa autorización de la Superintendencia de Bancos, deberán iniciar operaciones dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha de notificación de la autorización para la constitución o para el establecimiento, por parte de la Junta Monetaria, plazo que, ante solicitud razonada, podrá ser prorrogado por la Superintendencia de Bancos por una sola vez, hasta por igual plazo.
La falta de inicio de operaciones dentro del plazo establecido hará caducar automáticamente la autorización otorgada, debiendo el Registro Mercantil cancelar la inscripción correspondiente, para cuyo efecto la Superintendencia de Bancos deberá oficiar lo pertinente a dicho Registro.
La apertura, traslado, clausura de sucursales o agencias de bancos nacionales, así como agencias de sucursales de bancos extranjeros ya establecidos en el país, puede realizarse sin más trámite que dar aviso por escrito a la Superintendencia de Bancos por lo menos con un mes de anticipación a la fecha prevista para la apertura, traslado o clausura, según corresponda.
Artículo 10. Modificaciones. La modificación de la escritura constitutiva de los bancos nacionales o del acuerdo de la casa matriz para el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros que operen en el país, requerirá autorización de la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. La modificación de los instrumentos indicados que se derive exclusivamente de aumentos del capital autorizado, no requerirá de autorización de la Junta Monetaria.
Artículo 11. Fusión y adquisición. La fusión de entidades bancarias y la adquisición de acciones de una entidad bancaria por otra de similar naturaleza serán autorizadas o denegadas por la Junta Monetaria. No podrá otorgarse dicha autorización sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos. Lo establecido en este artículo será reglamentado por la Junta Monetaria.
Artículo 12. Uso de nombre. Unicamente los bancos autorizados conforme esta ley podrán usar en su razón social o denominación, en su nombre comercial o en la descripción de sus negocios, las palabras "banco", "banquero", "operaciones bancarias" u otras derivadas de estos términos.
Artículo 13. Impedimentos. No podrán actuar como organizadores, accionistas o administradores propuestos del banco en formación:
a) Los miembros de la Junta Monetaria, así como los funcionarios del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos que intervengan en su estudio y proceso de autorización;
c) Los quebrados o insolventes, mientras no hubieren sido rehabilitados;
d) Los que sean deudores reconocidamente morosos;
e) Los condenados por quiebra culpable o fraudulenta;
f) Los que hubieren sido condenados por delitos que impliquen falta de probidad;
g) Los que hubieren sido condenados por hechos ilícitos relacionados con lavado de activos y malversación de fondos;
h) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades bancarias y financieras; e,
i) Los que por cualquier otra razón sean legalmente incapaces.
La Superintendencia de Bancos velará por el debido cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y, en consecuencia, abrirá la correspondiente investigación a la posible infracción del mismo, por lo que cuando proceda denegará la participación de la o las personas que tengan alguno de los impedimentos indicados.
Artículo 14. Banca en el extranjero. Los bancos nacionales podrán establecer sucursales en el extranjero. Para el efecto, la Superintendencia de Bancos podrá autorizar la gestión para el establecimiento de sucursales de bancos nacionales en el extranjero, siempre que en el país anfitrión exista supervisión de acuerdo con estándares internacionales que permita realizar supervisión consolidada. En la reglamentación específica que sobre el particular emita la Junta Monetaria se exigirá el consentimiento de la autoridad supervisora del país anfitrión para realizar intercambios de información en forma agregada.
Artículo 15. Capital social. El capital social de los bancos nacionales estará dividido y representado por acciones, las cuales deben ser nominativas.
Artículo 16. Capital pagado mínimo inicial. El monto mínimo de capital pagado inicial de los bancos y sucursales de bancos extranjeros que se constituyan o se establezcan en el territorio nacional, será fijado por la Superintendencia de Bancos con base en el mecanismo aprobado por la Junta Monetaria, el cual podrá ser modificado por dicha Junta cuando lo estime conveniente.
El monto mínimo de capital pagado inicial será revisado por la Superintendencia de Bancos, por lo menos cada año, quien publicará en el diario oficial el monto de capital pagado inicial determinado. Dicho capital debe ser cubierto totalmente en efectivo.
Artículo 17. Aumento de capital. Los bancos y las sucursales de bancos extranjeros podrán aumentar su capital autorizado, de lo cual deberán informar a la Superintendencia de Bancos dentro de los cinco días siguientes a dicho aumento. En el caso de bancos nacionales, las acciones que representen dicho aumento deberán ser nominativas. Todo pago correspondiente a un aumento de capital, en ambos casos, debe realizarse totalmente en efectivo.
Artículo 18. Capital de sucursales de bancos extranjeros. El capital pagado de las sucursales de bancos extranjeros deberá ingresar, radicar y mantenerse efectivamente en el país.
Los bancos extranjeros que obtengan autorización para establecer sucursales en el país responderán ilimitadamente con todos sus bienes por las operaciones que efectúen en el mismo, y así deberán acreditarlo.
La Junta Monetaria reglamentará lo concerniente a este artículo y al retiro del país de las sucursales de bancos extranjeros.
Artículo 19. Adquisición de acciones. Las personas que adquieran directa o indirectamente una participación igual o mayor al cinco por ciento del capital pagado de un banco, deberán contar con la autorización de la Superintendencia de Bancos, quien verificará el cumplimiento de los requisitos para accionistas de nuevas entidades bancarias. De igual manera se procederá en el caso de aquellos accionistas del banco que aumenten el monto de su participación accionaria y con ello alcancen el porcentaje indicado. Si no se cuenta con la autorización respectiva, el banco no los podrá admitir como accionistas o, en su caso, no podrá inscribir ni reconocer su participación en acciones por el excedente del porcentaje indicado. La Junta Monetaria reglamentará lo establecido en el presente artículo.
Los bancos deberán presentar en el mes de enero de cada año, la integración de sus accionistas, monto y porcentajes de participación de cada uno en el capital social de los mismos, referido al 31 de diciembre del año anterior, sin perjuicio de que la Superintendencia de Bancos, en cualquier momento, requiera dicha integración a la fecha que lo estime conveniente.
Artículo 20. Consejo de administración y gerencia. Los bancos deberán tener un consejo de administración integrado por tres o más administradores, quienes serán los responsables de la dirección general de los negocios de los mismos.
Los miembros del consejo de administración y gerentes generales, o quienes hagan sus veces, deberán acreditar ser personas solventes, honorables, con conocimientos y experiencia en el negocio bancario y financiero, así como en la administración de riesgos financieros.
El cambio de miembros en el consejo de administración y gerentes generales deberá ser comunicado a la Superintendencia de Bancos dentro de los quince días siguientes a su nombramiento, para las verificaciones del cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. Si a juicio de la Superintendencia de Bancos una o más de las personas nombradas no reúnen los requisitos establecidos, aquélla deberá ordenar al banco que proceda a realizar nuevos nombramientos, a más tardar dentro de los noventa días calendario siguientes en que dicha Superintendencia le haya notificado tal circunstancia. En caso contrario los nombramientos objetados quedarán sin efecto.
Artículo 21. Deberes y atribuciones. El consejo de administración, sin perjuicio de las demás disposiciones legales y contractuales que le sean aplicables, tendrá los deberes y atribuciones siguientes:
a) Ser responsable de la liquidez y solvencia del banco;
b) Definir la política financiera y crediticia del banco y controlar su ejecución;
c) Velar porque se implementen e instruir para que se mantengan en adecuado funcionamiento y ejecución, las políticas, sistemas y procesos que sean necesarios para una correcta administración, evaluación y control de riesgos;
d) Velar porque las operaciones activas y contingentes no excedan los límites establecidos en la presente ley;
e) Conocer y disponer lo que sea necesario para el cumplimiento y ejecución de las medidas de cualquier naturaleza que la Junta Monetaria o la Superintendencia de Bancos, en el marco de sus respectivas competencias, dispongan en relación con el banco;
f) Conocer los estados financieros mensuales y anuales de la entidad bancaria, los cuales deben estar respaldados por informe de auditoría interna y, anualmente, por el informe de los auditores externos, con su correspondiente dictamen y notas a los estados financieros. En el caso de los informes de auditoría interna, resolver sobre las recomendaciones contenidas en los mismos; y,
g) En general, cumplir y hacer cumplir las disposiciones y regulaciones que sean aplicables al banco.
Artículo 22. Responsabilidades. Los miembros del consejo de administración serán civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones.
Todo acto, resolución u omisión de los miembros del consejo de administración que contravenga disposiciones legales o reglamentarias o que cause daño o perjuicio al banco, los hará incurrir en responsabilidad para con el mismo y para con terceros, y responderán ilimitadamente ante éstos con sus bienes personales.
Quedarán exentos de responsabilidad quienes hubieren hecho constar su voto disidente en el acta de la sesión en que se hubiere tratado el asunto.
Artículo 23. Imparcialidad en las deliberaciones. Cuando alguno de los asistentes a las sesiones del consejo de administración o comité de crédito de un banco tuviere algún interés personal en la discusión o resolución de determinado asunto, o lo tuvieren las personas individuales o jurídicas vinculadas a aquél por relaciones de propiedad, administración o cualquier otra índole debidamente reglamentada por la Junta Monetaria, no podrá participar en tal discusión o resolución, ni influir por cualquier medio en las mismas, y deberá retirarse de la respectiva sesión durante la discusión de tal asunto, dejándose constancia de este hecho en el acta respectiva. Las resoluciones que contravengan este precepto serán nulas y no producirán efecto alguno.
Artículo 24. Impedimentos. No podrán ser miembros del consejo de administración ni gerentes generales de un banco nacional o administradores de una sucursal de un banco extranjero, los miembros del consejo de administración, gerentes generales, funcionarios y empleados de cualquier otro banco. Se exceptúan de esta disposición los miembros del consejo de administración y gerentes generales de las empresas que formen parte de un mismo grupo financiero.
A los miembros del consejo de administración y gerentes generales les serán aplicables los impedimentos que el artículo 13 de la presente ley establece para organizadores, accionistas, y administradores propuestos para los nuevos bancos, salvo lo dispuesto en el inciso a) del citado artículo 13 para los miembros de la Junta Monetaria.
Artículo 25. Restricciones por parentesco. Ningún banco podrá contratar los servicios, como funcionarios o empleados, de personas que tengan relaciones de parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con los miembros del consejo de administración, gerente general y demás funcionarios del mismo.
Sin embargo, la Junta Monetaria a petición del respectivo banco podrá hacer excepciones a esta restricción cuando estime que ello no es en detrimento de la buena marcha del banco.
Artículo 26. Administradores de sucursales de bancos extranjeros. No será necesario que las sucursales de bancos extranjeros sean administradas por un consejo de administración, pero deberán tener uno o más administradores domiciliados en el país, responsables de la dirección y administración general de los negocios de la sucursal, autorizados para actuar en el país y ejecutar las operaciones que correspondan a la naturaleza de la sucursal de que se trate.
Los administradores de las sucursales de bancos extranjeros que operen en el país estarán sujetos a los mismos impedimentos y, en lo aplicable, tendrán iguales deberes y atribuciones que los administradores de bancos nacionales.
Autorización y Organización
Artículo 27. Autorización y organización de Grupo Financiero. Grupo financiero es la agrupación de dos o más personas jurídicas que realizan actividades de naturaleza financiera, de las cuales una de ellas deberá ser banco, entre las cuales existe control común por relaciones de propiedad, administración o uso de imagen corporativa, o bien sin existir estas relaciones, según acuerdo, deciden el control común.
La empresa que tenga como accionistas a empresas de distintos grupos financieros, sin que sea posible determinar cuál de éstas ejerce el control de ella, no formará parte de ninguno de los grupos financieros. En estos casos, para la consolidación financiera, deberá observarse lo que establecen las normas contables correspondientes.
Los grupos financieros deberán organizarse bajo el control común de una empresa controladora constituida específicamente para ese propósito, o de una empresa responsable del grupo financiero, que será el banco; en este último caso, conforme la estructura organizativa autorizada por la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos, de acuerdo a la solicitud fundamentada que para el efecto presenten a ésta los interesados.
Cuando exista empresa controladora, los grupos financieros estarán integrados por ésta y por dos o más de las empresas siguientes: bancos, sociedades financieras, casas de cambio, almacenes generales de depósito, compañías aseguradoras, compañías afianzadoras, empresas especializadas en emisión y/o administración de tarjetas de crédito, empresas de arrendamiento financiero, empresas de factoraje, casas de bolsa y otras de naturaleza financiera que califique la Junta Monetaria. Cuando el control común lo tenga la empresa responsable, los grupos financieros estarán integrados por ésta y por una o más de las empresas mencionadas anteriormente.
Artículo 28. Supervisión consolidada. Supervisión consolidada es la que realiza la Superintendencia de Bancos sobre un grupo financiero, con el propósito de que los riesgos que asumen las empresas del mismo, que puedan afectar al banco, sean evaluados y controlados sobre una base por empresa y global. Para estos efectos, la Superintendencia de Bancos tendrá acceso a la información de operaciones y actividades del grupo financiero, sobre una base por empresa y consolidada, resguardando la identidad de los depositantes e inversionistas conforme a lo establecido en la presente ley.
Artículo 29. Facultades de las empresas del grupo financiero. Solamente las empresas que formen parte de un grupo financiero podrán:
a) Actuar de manera conjunta frente al público;
b) Usar denominaciones iguales o semejantes, imagen corporativa común, símbolos, identificación visual o identidad visual, que las identifiquen frente al público como integrantes de un mismo grupo, o bien usar su propia razón social o denominación. En todo caso, deberán agregar la expresión "Grupo Financiero" y la denominación de dicho grupo; y,
c) Usar en su razón social o denominación, en su nombre comercial o en la descripción de sus negocios, la expresión "Grupo Financiero" u otras derivadas de dichos términos.
Artículo 30. Presunción de la existencia de grupos financieros. La Superintendencia de Bancos podrá presumir la existencia de un grupo financiero cuando, entre las empresas indicadas en el artículo 27 de esta ley, exista relación de afinidad y de intereses, tales como: la realización de actividades propias de un grupo financiero, la presencia común de accionistas, miembros de consejos de administración o de juntas directivas y funcionarios principales, o ejecutivos; el otorgamiento de créditos por montos excesivos en relación con el patrimonio del prestatario o sin garantías adecuadas; la posibilidad de ejercer el derecho de veto sobre negocios; la asunción frecuente de riesgos compartidos; que permitan deducir la existencia de control común entre ellas.
Las empresas que manifiesten que no se encuentran en la situación anterior deberán probarlo ante la Superintendencia de Bancos, previa audiencia concedida por ésta.
Artículo 31. Declaratoria de existencia de grupos financieros. La Superintendencia de Bancos, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de esta ley, y una vez agotado el debido proceso, deberá, si fuere el caso, declarar la existencia de un grupo financiero y requerir de éste su conformación como tal, de conformidad con la presente ley, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se le notifique a las empresas del grupo la correspondiente resolución. La Superintendencia de Bancos, a solicitud justificada de los interesados, podrá prorrogar el plazo hasta por el mismo período, por una sola vez.
Empresa Controladora o Empresa Responsable
Artículo 32. Constitución. La empresa controladora deberá constituirse en forma de sociedad anónima y observar lo establecido en la presente ley. Su objeto social exclusivo será la dirección, administración, control y representación del grupo financiero. Las funciones de la empresa controladora deberán ser reglamentadas por la Junta Monetaria. La empresa controladora sólo podrá invertir en acciones de las empresas que se indican en los artículos 27 y 38 de la presente ley, y no podrá realizar operaciones que sean propias de dichas empresas.
En ningún caso la empresa controladora podrá participar en el capital de una empresa de naturaleza diferente de las empresas que integran los grupos financieros y empresas de apoyo al giro bancario, de conformidad con esta ley.
La empresa controladora deberá velar porque las empresas integrantes del grupo financiero cumplan con las disposiciones de la presente ley, relativas a grupos financieros, y con las que sobre esta materia emita la Junta Monetaria. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que cada una de las empresas miembros del grupo tienen respecto del cumplimiento de las disposiciones indicadas.
Cuando la estructura organizativa del grupo financiero no incluya la constitución de una empresa controladora, el banco como empresa responsable del grupo tendrá las mismas atribuciones y obligaciones de la empresa controladora, establecidas en el párrafo anterior; lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que cada una de las empresas miembros del grupo tienen respecto del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley.
Artículo 33. Autorización. Corresponde a la Junta Monetaria otorgar o denegar la autorización para la constitución de la empresa controladora. No podrá otorgarse la autorización para la constitución de la empresa controladora sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos. El testimonio de la escritura constitutiva junto con la certificación de la resolución que para el efecto haya emitido la Junta Monetaria, se presentarán al Registro Mercantil, quien con base en tales documentos procederá, sin más trámite, a efectuar su inscripción definitiva.
El trámite de esta autorización, y todo lo relativo a la escritura social, impedimentos, consejo de administración y gerencia, títulos de acciones y transferencia de acciones, se regirán por las disposiciones que regulan a los bancos, en lo aplicable.
La Superintendencia de Bancos, a costa de los interesados, ordenará la publicación en el diario oficial y en otro de amplia circulación en el país, de las solicitudes de autorización que le presenten, incluyendo los nombres de los organizadores y accionistas, a fin de que quien se considere afectado pueda hacer valer sus derechos ante la autoridad competente.
Artículo 34. Fusión y separación. La fusión de empresas controladoras y la separación de una empresa del grupo financiero serán autorizadas o denegadas por la Junta Monetaria. No podrá autorizarse la fusión y separación indicadas, sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos.
Artículo 35. Participación en las empresas del grupo. La empresa controladora deberá mantener una participación accionaria de más del cincuenta por ciento del capital pagado en cada una de las empresas del grupo.
Los accionistas de las empresas que integren un grupo financiero podrán canjear su participación accionaria en las demás empresas que conforman el grupo financiero, por acciones de la empresa controladora o, en su caso, de la empresa responsable.
Régimen de empresas especializadas en servicios financieros y empresas de apoyo al giro bancario
Artículo 36. Empresas especializadas en servicios financieros. Las empresas especializadas en servicios financieros, que sean parte de grupos financieros, estarán sometidas a supervisión consolidada por parte de la Superintendencia de Bancos. Cada una de estas empresas deberá tener un objeto social exclusivo dentro de los siguientes:
1. Emitir y administrar tarjetas de crédito;
2. Realizar operaciones de arrendamiento financiero;
3. Realizar operaciones de factoraje; o,
4. Otros que califique la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos.
Artículo 37. Financiamiento de operaciones. Las empresas a que se refiere el artículo anterior podrán financiar sus operaciones con recursos provenientes de su propio capital, de crédito bancario y de la creación y colocación de títulos valores en oferta pública, siempre que los mismos no sean susceptibles de redención anticipada, que sean creados en serie y que los títulos tengan las mismas características cuando formen parte de la misma serie, y otras fuentes de financiamiento que sean autorizadas por la Junta Monetaria.
Artículo 38. Empresas de apoyo al giro bancario. Las empresas de apoyo al giro bancario son aquellas que, sin asumir riesgo crediticio alguno, prestan a los bancos servicios de cajeros automáticos, procesamiento electrónico de datos u otros servicios calificados por la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. Las inversiones de la empresa controladora o del banco en empresas de apoyo al giro bancario serán autorizadas por la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos, y la empresa controladora o el banco, en su caso, deberá consolidar la información financiera de las empresas de apoyo al giro bancario dentro de sus estados financieros, de conformidad con las normas contables correspondientes.
Artículo 39. Normas contables, de información y auditoría externa. La Junta Monetaria deberá normar de manera general las operaciones contables, la información que deberá divulgarse al público y los requisitos mínimos que deben incorporarse en la contratación y alcance de las auditorías externas de las empresas a que se refiere el presente capítulo; asimismo, que los auditores externos estén debidamente inscritos en el registro que para el efecto lleve la Superintendencia de Bancos.
Artículo 40. Régimen Especial. Las empresas a que se refiere el presente capítulo, que no formen parte de un grupo financiero, no estarán sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos; sin embargo, estarán obligadas a proporcionar a dicho órgano supervisor todas las informaciones y reportes periódicos u ocasionales que éste les requiera. Asimismo, estarán obligadas a permitir a la Superintendencia de Bancos el libre acceso a todas sus fuentes y sistemas de información para que ésta pueda verificar las informaciones proporcionadas por ellas mismas, por un banco o por empresas que formen parte de grupos financieros a los cuales les presten servicios.
Artículo 41. Operaciones y servicios. Los bancos autorizados conforme esta ley podrán efectuar las operaciones en moneda nacional o extranjera y prestar los servicios siguientes:
a) Operaciones pasivas:
1. Recibir depósitos monetarios;
2. Recibir depósitos a plazo;
3. Recibir depósitos de ahorro;
4. Crear y negociar bonos y/o pagarés, previa autorización de la Junta Monetaria;
5. Obtener financiamiento del Banco de Guatemala, conforme la ley orgánica de éste;
6. Obtener créditos de bancos nacionales y extranjeros;
7. Crear y negociar obligaciones convertibles;
8. Crear y negociar obligaciones subordinadas; y,
9. Realizar operaciones de reporto como reportado.
b) Operaciones activas:
1. Otorgar créditos;
2. Realizar descuento de documentos;
3. Otorgar financiamiento en operaciones de cartas de crédito;
4. Conceder anticipos para exportación;
5. Emitir y operar tarjeta de crédito;
6. Realizar arrendamiento financiero;
7. Realizar factoraje;
8. Invertir en títulos valores emitidos y/o garantizados por el Estado, por los bancos autorizados de conformidad con esta ley o por entidades privadas. En el caso de la inversión en títulos valores emitidos por entidades privadas, se requerirá aprobación previa de la Junta Monetaria;
9. Adquirir y conservar la propiedad de bienes inmuebles o muebles, siempre que sean para su uso, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 6 anterior;
10. Constituir depósitos en otros bancos del país y en bancos extranjeros; y,
11. Realizar operaciones de reporto como reportador.
c) Operaciones de confianza:
1. Cobrar y pagar por cuenta ajena;
2. Recibir depósitos con opción de inversiones financieras;
3. Comprar y vender títulos valores por cuenta ajena; y,
4. Servir de agente financiero, encargándose del servicio de la deuda, pago de intereses, comisiones y amortizaciones.
d) Pasivos contingentes.
1. Otorgar garantías;
2. Prestar avales;
3. Otorgar fianzas; y,
4. Emitir o confirmar cartas de crédito de garantía (stand by).
1. Actuar como fiduciario;
2. Comprar y vender moneda extranjera, tanto en efectivo como en documentos;
3. Apertura de cartas de crédito;
4. Efectuar operaciones de cobranza;
5. Realizar transferencia de fondos; y,
6. Arrendar cajillas de seguridad.
La Junta Monetaria podrá, previa opinión de la Superintendencia de Bancos, autorizar a los bancos a realizar otras operaciones y prestar otros servicios que no estén contemplados en esta ley, siempre y cuando los mismos sean compatibles con su naturaleza.
Artículo 42. Tasas de interés, comisiones y recargos. Los bancos autorizados conforme esta ley pactarán libremente con los usuarios las tasas de interés, comisiones y demás cargos que apliquen en sus operaciones y servicios.
Artículo 43. Horario de operaciones y servicios con el público. Los bancos deberán realizar sus operaciones y prestar sus servicios al público en el horario que hayan determinado a este efecto. Los horarios así establecidos y los cambios que se efectúen deberán comunicarse a la Superintendencia de Bancos, por lo menos con cinco días de anticipación a la entrada en vigencia de los mismos.
Toda interrupción o suspensión general de operaciones y prestación de servicios de un banco sólo podrá ser realizada previa comunicación al público y autorización de la Superintendencia de Bancos.
Artículo 44. Proporciones globales en moneda extranjera. Los bancos deberán mantener proporciones globales entre sus operaciones activas y pasivas en moneda extranjera, de conformidad con las disposiciones que para el efecto emita la Junta Monetaria.
Artículo 45. A bancos. A los bancos les está prohibido:
a) Realizar operaciones que impliquen financiamiento para fines de especulación, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 342 del Código Penal;
b) Conceder financiamiento para pagar, directa o indirectamente, total o parcialmente, la suscripción de las acciones del propio banco, de otro banco o, en su caso, de las empresas que conforman su grupo financiero;
c) Admitir en garantía o adquirir sus propias acciones;
d) Adquirir o conservar la propiedad de bienes inmuebles o muebles que no sean necesarios para el uso de la entidad, excepto cuando les sean adjudicados activos extraordinarios o aquellos que se destinen a operaciones de arrendamiento financiero, de conformidad con la presente ley;
e) Transferir por cualquier título, los bienes, créditos o valores de la misma entidad a sus accionistas, directores, funcionarios y empleados, así como a las personas individuales o jurídicas vinculadas a dichas personas. Se exceptúan únicamente los bonos y títulos valores emitidos por la propia entidad cuando sean adquiridos en las mismas condiciones ofrecidas al público y las acciones cuando sean compradas en las mismas condiciones que se otorgan a otros accionistas;
f) Emprender actividades comerciales, agrícolas, industriales y mineras u otras que no sean compatibles con su naturaleza bancaria, y participar en cualquier forma, directa o indirectamente, en empresas que se dediquen a tales actividades;
g) Realizar negocios de seguros, reaseguros o reafianzamiento como asegurador, reasegurador o reafianzador;
h) Simular operaciones financieras y de prestación de servicios; e,
i) Realizar otras operaciones y prestar servicios financieros que la Junta Monetaria considere incompatibles con el negocio bancario.
Artículo 46. A empresas del grupo financiero. A las empresas del grupo financiero les está prohibido:
a) Otorgar financiamiento directo o indirecto para la adquisición de acciones representativas de su capital, de la empresa controladora, de la empresa responsable o de cualquier otra empresa financiera del grupo al que pertenezca;
b) Efectuar operaciones financieras o de prestación de servicios entre sí, en condiciones de plazo, tasas, montos, garantías y comisiones diferentes a las que utilicen en operaciones similares con terceros. La Junta Monetaria reglamentará las operaciones que podrán efectuar dichas entidades entre sí; y,
c) Realizar operaciones y prestar servicios financieros que la Junta Monetaria considere incompatibles con el negocio financiero.
Artículo 47. Concentración de inversiones y contingencias. Los bancos y las sociedades financieras no podrán efectuar operaciones que impliquen financiamiento directo e indirecto de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten, tales como, pero no circunscrito a, bonos, pagarés, obligaciones y/o créditos, ni otorgar garantías o avales, que en conjunto excedan los porcentajes siguientes:
a) Quince por ciento del patrimonio computable a una sola persona individual o jurídica, de carácter privado, o a una sola empresa o entidad del Estado, autónoma o semiautónoma; y,
b) Treinta por ciento del patrimonio computable a dos o más personas relacionadas entre sí o vinculadas que formen parte de una unidad de riesgo.
Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley se establecen las definiciones siguientes:
1. Personas relacionadas: son dos o más personas individuales o jurídicas independientes a la institución bancaria que les concede el financiamiento, pero que mantienen una relación directa o indirecta entre sí, por relaciones de propiedad, de administración o de cualquier otra índole que defina la Junta Monetaria.
2. Personas vinculadas: son las personas individuales o jurídicas, relacionadas directa o indirectamente con la institución bancaria que les concede el financiamiento, por relaciones de propiedad, de administración o cualquier otra índole que defina la Junta Monetaria.
3. Unidad de riesgo: la constituyen dos o más personas relacionadas o vinculadas que reciban y/o mantengan financiamiento de un banco.
La Superintendencia de Bancos presumirá la existencia de unidades de riesgo con base en criterios que incluyan razones de propiedad, administración, estrategias de negocios conjuntas y otros elementos debidamente fundamentados por la Superintendencia de Bancos.
Lo establecido en el presente artículo será reglamentado por la Junta Monetaria.
Artículo 48. Gastos de organización. Los bancos podrán computar como gastos de organización, hasta el cinco por ciento del capital pagado inicial. Tales gastos deben quedar amortizados dentro de un período no mayor de cinco años.
Artículo 49. Operaciones con personas vinculadas. La Junta Monetaria normará, de manera general, lo referente a limitar o regular las operaciones que celebren los bancos con sus accionistas, directores, funcionarios y empleados, y con personas individuales o jurídicas vinculadas a las indicadas anteriormente, por relaciones de propiedad y/o administración.
Artículo 50. Concesión de financiamiento. Los bancos, antes de conceder financiamiento, deben cerciorarse razonablemente que los solicitantes tengan la capacidad de generar flujos de fondos suficientes para atender el pago oportuno de sus obligaciones dentro del plazo del contrato. Asimismo, deberán hacer un seguimiento adecuado a la evolución de la capacidad de pago del deudor o deudores durante la vigencia del financiamiento.
Los bancos exigirán a los solicitantes de financiamiento y a sus deudores, como mínimo, la información que determine la Junta Monetaria mediante disposiciones de carácter general que dicte para el efecto.
Si con posterioridad a la concesión del financiamiento el banco comprobare falsedad en la declaración y documentación proporcionada por el deudor o deudores, podrá dar por vencido el plazo y exigir extrajudicialmente o judicialmente el cumplimiento inmediato de la obligación.
Artículo 51. Garantías. Los créditos que concedan los bancos deberán estar respaldados con una adecuada garantía fiduciaria, hipotecaria, prendaria, o una combinación de éstas, u otras garantías mobiliarias, de conformidad con la ley.
Los créditos sujetos a garantía real no podrán exceder del setenta por ciento del valor de las garantías prendarias, ni del ochenta por ciento del valor de las garantías hipotecarias.
Artículo 52. Requisitos. En el proceso de concesión y durante la vigencia del crédito deberá observarse lo siguiente:
a) El banco deberá requerir del deudor toda la información y acceso que le permita continuamente evaluar la capacidad de pago de éste. La Superintendencia de Bancos podrá, cuando lo estime necesario, evaluar la capacidad de pago de los deudores, para cuyo efecto el banco deberá poner a disposición de la misma, la información y toda la documentación que ésta le requiera; y,
b) Toda prórroga debe ser expresa. El plazo del crédito no se entenderá prorrogado por la simple espera o el hecho de recibir abonos al principal o el pago total o parcial de los intereses vencidos.
Artículo 53. Valuación de activos, contingencias y otros instrumentos financieros. Los bancos y las empresas del grupo financiero que otorguen financiamiento deben valuar sus activos, operaciones contingentes y otros instrumentos financieros que impliquen exposiciones a riesgos, de conformidad con la normativa correspondiente. Los bancos y, en su caso, las empresas del grupo financiero, deben constituir, contra los resultados del ejercicio, las reservas o provisiones suficientes conforme la valuación realizada. En caso de que las reservas o provisiones a constituir excedan el máximo legal permitido como gasto deducible para fines fiscales, tales excedentes podrán crearse directamente contra cuentas de capital.
En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Bancos podrá ordenar la reclasificación de los activos y la correspondiente constitución de reservas o provisiones, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
Cuando a juicio del Superintendente de Bancos, en determinados activos, contingencias y otros instrumentos financieros existan factores de riesgo que requieran la constitución de reservas o provisiones especiales adicionales a las indicadas en el primer párrafo del presente artículo, deberá ordenar, en cada caso, la constitución de las mismas con el fin de cubrir el riesgo en la medida necesaria.
La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, emitirá la normativa a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, determinando el régimen de clasificación de activos y de reservas o provisiones, tomando en cuenta la capacidad de pago y cumplimiento del deudor, a los fines de lo indicado en dicho párrafo.
Artículo 54. Activos extraordinarios. No obstante las prohibiciones y limitaciones impuestas por esta ley, los bancos y, en su caso, las demás empresas del grupo financiero podrán recibir toda clase de garantías y adquirir bienes raíces, establecimientos comerciales, mercaderías, acciones, documentos de crédito, valores, prendas y bienes de toda clase, siempre que tal aceptación o adquisición sea hecha de buena fe, en los casos siguientes:
a) Como garantía adicional, a falta de otra mejor, cuando fueren indispensables para asegurar el pago de créditos a su favor, resultantes de operaciones efectuadas con anterioridad;
b) Cuando a falta de otros medios para hacerse pago tuvieren que aceptarlos en cancelación, total o parcial, de créditos a favor del propio banco y, en su caso, las demás empresas del grupo financiero, resultantes de operaciones legalmente efectuadas en el curso de sus negocios;
c) Cuando tuvieren que comprarlos, para hacer efectivos créditos a su favor, o bien para la seguridad de su propia acreeduría; y,
d) Cuando le fueren adjudicados en virtud de acción judicial promovida contra sus deudores.
Los activos que adquieran los bancos de acuerdo con lo anterior se denominarán activos extraordinarios, los cuales deberán ser vendidos dentro del plazo de dos años, contado a partir de la fecha de su adquisición.
Una vez incorporados al banco estos activos, los mismos deberán ser valuados. La Superintendencia de Bancos podrá requerir nuevas valuaciones por parte de terceros y la constitución de las correspondientes reservas o provisiones.
Si la venta de los activos extraordinarios no fuere realizada dentro del plazo de dos años, los bancos estarán obligados a ofrecerlos en pública subasta inmediatamente después de la expiración de dicho plazo; en caso no hubiere postores, la subasta deberá repetirse cada tres meses.
Cuando las condiciones económicas y financieras lo requieran, la Junta Monetaria podrá suspender las subastas o extender los plazos a que hace referencia este artículo, por plazos fijos no mayores de seis meses.
La venta y la aplicación de utilidades de activos extraordinarios serán reglamentadas por la Junta Monetaria.
Artículo. 55. Riesgos. Los bancos y las empresas que integran grupos financieros deberán contar con procesos integrales que incluyan, según el caso, la administración de riesgos de crédito, de mercado, de tasas de interés, de liquidez, cambiario, de transferencia, operacional y otros a que estén expuestos, que contengan sistemas de información y un comité de gestión de riesgos, todo ello con el propósito de identificar, medir, monitorear, controlar y prevenir los riesgos.
Artículo 56. Políticas administrativas. Los bancos y las empresas que integran grupos financieros deben contar con políticas escritas actualizadas, relativas a la concesión de créditos, inversiones, evaluación de la calidad de activos, suficiencia de provisiones para pérdidas y, en general, políticas para una adecuada administración de los diversos riesgos a que están expuestos. Asimismo, deben contar con políticas, prácticas y procedimientos que les permitan tener un conocimiento adecuado de sus clientes, con el fin de que los bancos y grupos financieros no sean utilizados para efectuar operaciones ilícitas.
Artículo 57. Control interno. Los bancos y las empresas que integran grupos financieros deben mantener un sistema de control interno adecuado a la naturaleza y escala de sus negocios, que incluya disposiciones claras y definidas para la delegación de autoridad y responsabilidad, separación de funciones, desembolso de sus fondos, la contabilización de sus operaciones, salvaguarda de sus activos, y una apropiada auditoría interna y externa independiente, así como una unidad administrativa responsable de velar porque el personal cumpla estos controles y las leyes y disposiciones aplicables.
La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos establecerá, mediante normas de general aplicación, requisitos mínimos que los bancos deben cumplir con relación a las materias contenidas en los dos artículos anteriores y en el presente.
Artículo 58. Sistema de información de riesgos. La Superintendencia de Bancos implementará un sistema de información de riesgos, para lo cual los entes a que se refiere la presente ley están obligados a proporcionar la información que para el efecto determine dicha Superintendencia.
Al sistema de información de riesgos tendrán acceso, exclusivamente para fines de análisis de crédito, los bancos y grupos financieros.
REGIMEN DE CONTABILIDAD Y DIVULGACION DE INFORMACION
Artículo 59. Registro contable. El registro contable de las operaciones que realicen las empresas reguladas por la presente ley deberá efectuarse, en su orden, con base en las normas emitidas por la Junta Monetaria a propuesta de la Superintendencia de Bancos y, en lo aplicable, en principios de contabilidad generalmente aceptados y normas internacionales de contabilidad.
La Superintendencia de Bancos podrá autorizar el uso de sistemas de contabilidad, así como de anotaciones en cuenta relativos a títulos valores, en cuyo caso los registros contables y anotaciones en cuenta tendrán el mismo valor probatorio que la ley le asigna a los libros de contabilidad y a los títulos valores. La modalidad de anotaciones en cuenta deberá aplicarse a todos los títulos valores que integran una misma serie de determinada emisión.
La Superintendencia de Bancos fijará procedimientos de carácter general para la presentación de estados financieros y de cualquier otra información de las empresas sujetas a su vigilancia e inspección.
Los registros contables deberán reflejar fielmente todas las operaciones derivadas de los actos, contratos, operaciones y servicios realizados y prestados por las empresas autorizadas conforme esta ley.
Los registros de contabilidad y los documentos legales que los respalden harán fe en juicio, salvo prueba en contrario.
Artículo 60. Consolidación de estados financieros. La consolidación de los estados financieros de las empresas que integran el grupo financiero debe realizarse por la empresa controladora o por la empresa responsable, de acuerdo con los procedimientos que para ese efecto dicte la Superintendencia de Bancos y, en lo aplicable, con principios de contabilidad generalmente aceptados y normas internacionales de contabilidad.
Artículo 61. Presentación de información. Los bancos y las empresas que conforman los grupos financieros deberán presentar a la Superintendencia de Bancos, referida al fin de cada mes y de cada ejercicio contable, información detallada de sus operaciones conforme a las instrucciones generales que les comunique la Superintendencia de Bancos. Asimismo, estarán obligados a proporcionar la información periódica u ocasional que les requiera la Superintendencia de Bancos o la Junta Monetaria. Dicha información podrá ser verificada en cualquier momento por la Superintendencia de Bancos.
Los balances y estados de resultados de fin de cada ejercicio contable de las empresas supervisadas consideradas individualmente, y del grupo financiero en forma consolidada, deberán contar con la opinión de un auditor externo, que cubra las materias que fije la Superintendencia de Bancos.
La Superintendencia de Bancos determinará de manera general las operaciones contables y los requisitos mínimos que deben incorporarse en la contratación y alcance de las auditorías externas de las empresas sometidas a su vigilancia e inspección; asimismo, verificará que los auditores externos estén debidamente inscritos en el registro que para el efecto lleve la Superintendencia de Bancos.
Artículo 62. Divulgación de información de bancos y grupos financieros. Los bancos deberán divulgar al público información suficiente sobre sus actividades y su posición financiera, la cual debe ser precisa, correcta y oportuna, conforme a las instrucciones generales que les comunique la Superintendencia de Bancos.
La empresa controladora o la empresa responsable deberá proporcionar a la Superintendencia de Bancos y divulgar al público la información individual y consolidada de las empresas que integran el grupo financiero, conforme a las instrucciones generales que, para el efecto, emita la Superintendencia de Bancos.
Artículo 63. Confidencialidad de operaciones. Los directores, gerentes, representantes legales, funcionarios y empleados de los bancos, instituciones financieras y de cualquier otra empresa de un grupo financiero, no podrán proporcionar información, bajo cualquier modalidad, a ninguna persona, individual o jurídica, pública o privada, que tienda a revelar el carácter confidencial de las operaciones realizadas por los particulares en los bancos, instituciones financieras y empresas de un grupo financiero, así como las informaciones proporcionadas por los particulares a estas entidades, salvo que medie su autorización por escrito con firma legalizada u orden de juez competente.
Se exceptúa de la limitación a que se refiere el párrafo anterior, la información que los bancos, instituciones financieras y empresas de un grupo financiero deban proporcionar a la Junta Monetaria, al Banco de Guatemala y a la Superintendencia de Bancos, así como la información que se intercambie entre bancos e instituciones financieras.
La infracción a lo indicado en el presente artículo será considerada como falta grave, y motivará la inmediata remoción de los que incurran en ella, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que de tal hecho se deriven.
Artículo 64. Adecuación de capital. Los bancos y las sociedades financieras deberán mantener permanentemente un monto mínimo de patrimonio en relación con sus activos y contigencias.
El monto del patrimonio requerido será del diez por ciento (10%) sobre los activos y contingencias; dicho monto se calculará de acuerdo con las ponderaciones siguientes:
a) Con 0% del 10%:
1. Efectivo en moneda nacional o extranjera;
2. Depósitos en el Banco de Guatemala, en moneda nacional o extranjera;
3. Inversiones en valores u obligaciones a cargo del Banco de Guatemala;
4. Productos por cobrar contabilizados bajo el método de lo percibido;
5. Cheques, giros y otros instrumentos similares recibidos bajo reserva de cobro, pendientes de acreditarse, en moneda nacional o extranjera;
6. Adelantos y financiamientos otorgados con garantía de obligaciones del propio banco, hasta el valor de dichas garantías;
7. Créditos con garantía del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas;
8. Inversiones en valores u obligaciones del Gobierno de la República, denominados en moneda nacional que, de conformidad con disposiciones legales aplicables, sean utilizables para el pago de impuestos;
9. Créditos, obligaciones o contingencias, garantizados en efectivo; y,
10. Gastos diferidos por amortizar; y compromisos de financiamientos no utilizados con vigencia de hasta un año, o cancelables incondicionalmente en cualquier momento sin responsabilidad para el banco.
b) Con 10% del 10%:
1. Inversiones en valores u obligaciones del o garantizadas por el Gobierno de la República, denominados en moneda nacional o extranjera.
c) Con 20% del 10%:
1. Créditos otorgados a, u obligaciones a cargo de o garantizadas por instituciones multilaterales para el desarrollo;
2. Depósitos en, créditos otorgados a, u obligaciones a cargo de o garantizadas por entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos;
3. Depósitos a la vista en, créditos otorgados a, u obligaciones a cargo de o garantizadas por instituciones bancarias del exterior supervisadas por el órgano oficial competente de su país de origen, cuyo vencimiento no exceda de un año;
4. Créditos otorgados a, u obligaciones a cargo del o garantizadas por el resto del sector público nacional;
5. Otras contingencias provenientes de comercio, liquidables hasta un año; y en general, los créditos respaldados por los documentos de los embarques; y, los anticipos de exportación o de preexportación, cuando el banco efectúe la cobranza para liquidar la operación;
6. Obligaciones a cargo de o garantizadas por entidades del sector público del exterior, expresadas en la moneda del país obligado;
7. Cheques y giros a cargo de otras instituciones bancarias; y,
8. Saldos de créditos concedidos pendientes de utilizar.
d) Con 50% del 10%:
1. Créditos con garantía hipotecaria de inmuebles destinados a vivienda.
e) Con 100% del 10%:
1. Cualquier tipo de créditos al sector privado, inversiones accionarias o no accionarias en instrumentos del, u obligaciones a cargo del o adeudos del sector privado, no comprendidos en los incisos anteriores;
2. Cualquier tipo de créditos otorgados a, inversiones en instrumentos de, u obligaciones a cargo de bancos del exterior, con vencimiento mayor de un año;
3. Cualquier tipo de créditos otorgados a, inversiones en instrumentos de, u obligaciones a cargo de gobiernos extranjeros que no estén expresados en moneda del país obligado;
4. Sustitutos directos de crédito, como las garantías sobre deudas en general (incluyendo cartas de crédito contingentes) y aceptaciones;
5. Mobiliario, bienes raíces y otros activos fijos; y,
6. Otros activos y contingencias que impliquen riesgo.
1. Las ventas con pacto de recompra, de conformidad con la ley o compras a futuro originadas por ventas presentes, se ponderarán según la naturaleza del activo objeto de la operación.
Artículo 65. Patrimonio computable. El patrimonio computable de un banco será la suma del capital primario más el capital complementario, deduciendo de la misma las inversiones en acciones de bancos nacionales y extranjeros, sociedades financieras, compañías aseguradoras, compañías afianzadoras, almacenes generales de depósito, empresas especializadas de servicios financieros, y el capital asignado a las sucursales en el exterior.
El capital primario se integra por el capital pagado, otras aportaciones permanentes, la reserva legal y las reservas de naturaleza permanente provenientes de utilidades retenidas, y las aportaciones del Estado en el caso de los bancos estatales.
El capital complementario se integra por las ganancias del ejercicio, ganancias de ejercicios anteriores, el superávit por revaluación de activos, otras reservas de capital, instrumentos de deuda convertible en acciones y deuda subordinada contratada a plazo mayor de cinco años.
El capital complementario será aceptable como parte del patrimonio computable hasta por la suma del capital primario y la deuda subordinada sólo puede computarse hasta el cincuenta por ciento del capital primario. Las pérdidas acumuladas y las del ejercicio corriente, y las reservas específicas para activos determinados de dudosa recuperación, se deducirán, en primer término, del capital complementario y, en caso de resultar insuficiente, del capital primario.
Artículo 66. Posición patrimonial. La posición patrimonial será la diferencia entre el patrimonio computable y el patrimonio requerido, debiendo mantenerse un patrimonio computable no menor a la suma del patrimonio requerido.
Artículo 67. Deficiencia patrimonial. Cuando el patrimonio computable sea menor al patrimonio requerido existirá deficiencia patrimonial, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento de regularización patrimonial contenido en esta ley.
Artículo 68. Capital de grupos financieros. La empresa controladora o la empresa responsable deberá consolidar mensualmente los estados financieros de las empresas que integran el grupo financiero y hacer que se mantenga permanentemente por lo menos el monto legal mínimo de patrimonio que se requiera a cada una de ellas, de acuerdo con las leyes que le sean aplicables.
Artículo 69. Deficiencias patrimoniales de grupos financieros. La deficiencia patrimonial que resulte del proceso de consolidación de los estados financieros de las empresas que conforman el grupo financiero deberá ser subsanada por la entidad controladora o la empresa responsable, para lo cual se aplicará la regularización patrimonial contenida en esta ley.
REGULARIZACION, SUSPENSION DE
OPERACIONES Y EXCLUSION DE ACTIVOS Y PASIVOS
Regularización por deficiencia patrimonial
Artículo 70. Procedimiento y plazos. Cuando un banco o una sociedad financiera presente deficiencia patrimonial deberá informarlo inmediatamente a la Superintendencia de Bancos; de no hacerlo quedará sujeto a las sanciones previstas en esta ley, sin perjuicio de aplicar otras disposiciones legales que correspondan. Asimismo, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha de su informe, deberá presentar a dicha Superintendencia, para su aprobación, un plan de regularización.
En caso la deficiencia patrimonial fuera determinada por la Superintendencia de Bancos, el banco o la sociedad financiera deberá presentar el plan a que se refiere el párrafo precedente, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la Superintendencia de Bancos lo notifique al banco o a la sociedad financiera.
La Superintendencia de Bancos, en el plazo de cinco días siguientes a la fecha de presentación del plan por parte del banco o la sociedad financiera, lo aprobará, lo rechazará por considerarlo no viable, o le formulará las enmiendas que estime pertinentes.
De ser rechazado el plan o requerir enmiendas, el banco o la sociedad financiera deberá presentar el plan corregido dentro del plazo de los cinco días siguientes a la fecha en que la Superintendencia de Bancos se lo notifique. La Superintendencia de Bancos, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de haber recibido el plan corregido, lo aprobará o lo rechazará; en este último caso, por considerarlo no viable. En caso de rechazo del plan corregido, o si la entidad de que se trate no lo presenta en los plazos establecidos, se procederá a la aplicación de las demás medidas establecidas en la presente ley.
En todo caso, el banco o la sociedad financiera deberá iniciar las acciones que correspondan para subsanar la deficiencia patrimonial desde el momento en que ésta se determine.
El banco o la sociedad financiera deberá ejecutar el plan de regularización aprobado por la Superintendencia de Bancos, dentro del plazo fijado por ésta, el cual no podrá exceder de tres meses contado a partir de la fecha de aprobación. Las medidas adoptadas deberán mantenerse en tanto no se subsane la deficiencia patrimonial.
El plan de regularización deberá contener como mínimo alguna o todas las medidas siguientes, según el caso:
d) El pago con sus propias acciones a sus acreedores;
f) La venta en oferta pública de un número de acciones del banco o la sociedad financiera que, colocadas a su valor nominal o a uno distinto, permitan subsanar total o parcialmente, según sea el caso, la deficiencia patrimonial, observando lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley. Si el banco o la sociedad financiera no cuenta con suficiente capital autorizado para emitir el monto de acciones requerido, entonces, el capital autorizado se entenderá automáticamente incrementado por ministerio de la ley, en la suma que fuere necesaria para cubrir la deficiencia;
g) La negociación de activos y/o pasivos; y,
h) La suspensión del pago de dividendos.
Cuando la sucursal de un banco extranjero presente deficiencia patrimonial, la Superintendencia de Bancos lo comunicará a la casa matriz, quien deberá subsanar la deficiencia dentro del plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de la comunicación. En caso de no subsanarse dicha deficiencia, se le aplicará el régimen de suspensión de operaciones y exclusión de activos y pasivos a que se refiere la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley.
Artículo 71. Informes. La Superintendencia de Bancos mantendrá informada a la Junta Monetaria sobre los bancos y las sociedades financieras que presenten deficiencia patrimonial.
Los bancos y las sociedades financieras que estén sujetos a regularización por deficiencia patrimonial deberán rendir informes a la Superintendencia de Bancos sobre su posición patrimonial, con la periodicidad que esta última determine.
Los bancos y las sociedades financieras que estén sujetos a regularización por deficiencia patrimonial solamente podrán abrir nuevas agencias o sucursales con aprobación previa de la Superintendencia de Bancos.
Artículo 72. Deficiencia patrimonial de grupos financieros. Cuando un grupo financiero presente deficiencia patrimonial, conforme lo establecido en el artículo 69 de esta ley, la empresa controladora o la empresa responsable deberá informarlo inmediatamente a la Superintendencia de Bancos; de no hacerlo quedará sujeta a las sanciones previstas en esta ley, sin perjuicio de aplicar otras disposiciones legales que correspondan. Asimismo, deberá subsanar la deficiencia.
Si la empresa controladora o la empresa responsable no regulariza la deficiencia patrimonial que de conformidad con la ley sea causa de disolución total de la empresa deficitaria de que se trate, la Superintendencia de Bancos solicitará a juez competente la disolución correspondiente.
La empresa controladora o empresa responsable deberá rendir informes a la Superintendencia de Bancos, con la periodicidad que ésta determine, sobre la posición patrimonial consolidada del grupo financiero e individual de cada una de las empresas integrantes.
La Superintendencia de Bancos mantendrá informada a la Junta Monetaria sobre los grupos financieros que presenten deficiencias patrimoniales consolidadas.
Artículo 73. Causales de suspensión. La Junta Monetaria deberá suspender de inmediato las operaciones de un banco o de una sociedad financiera, en los casos siguientes:
a) Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones; y,
b) Cuando la deficiencia patrimonial sea superior al cincuenta por ciento del patrimonio requerido conforme esta ley.
Asimismo, la Junta Monetaria podrá decidir la suspensión de operaciones de la entidad de que se trate, por la falta de presentación del plan de regularización o el rechazo definitivo del mismo por parte de la Superintendencia de Bancos o el incumplimiento de dicho plan, o por otras razones debidamente fundamentadas en informe del Superintendente de Bancos.
Artículo 74. Régimen Especial. Mientras dure el régimen de suspensión, todo proceso de cualquier naturaleza o medida cautelar que se promueva contra el banco o la sociedad financiera de que se trate quedará en suspenso. Asimismo, durante la suspensión la entidad no podrá contraer nuevas obligaciones y se suspenderá la exigibilidad de sus pasivos, así como el devengamiento de sus intereses.
La suspensión de operaciones, en ningún caso, hará incurrir en responsabilidad alguna a las autoridades, funcionarios, entes, órganos o instituciones que hayan participado en la adopción de la medida respectiva.
Los cheques girados contra el banco suspendido no se incluirán en las operaciones de la cámara de compensación, a partir del momento en que se disponga la suspensión de operaciones.
Artículo 75. Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, a más tardar al día siguiente de dispuesta la suspensión de operaciones, deberá nombrar una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, conformada por tres miembros, quienes estarán relevados, como cuerpo colegiado o individualmente considerados, a prestar fianza o garantía por su actuación.
Por ministerio de la ley y por razones de interés social, los derechos que incorporan las acciones de la entidad de que se trate quedan en suspenso y sus directores o administradores quedan separados de sus cargos.
La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos dependerá funcionalmente del Superintendente de Bancos, y dará cuenta de sus actuaciones a la Junta Monetaria por medio de la Superintendencia de Bancos.
La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos deberá llevar cuenta ordenada y comprobada de su gestión.
Artículo 76. Facultades de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos estará facultada para adoptar la aplicación de una o todas, sin orden determinado, de las medidas siguientes:
a) Determinar las pérdidas y cancelarlas con cargo a las reservas legales y otras reservas y, en su caso, con cargo a las cuentas de capital;
b) Disponer la exclusión de los activos de la entidad suspendida, por un importe equivalente o mayor al de los pasivos mencionados en el inciso c) de este artículo, y la transmisión de estos activos a un fideicomiso administrado por la entidad elegida por la Superintendencia de Bancos;
c) Excluir del pasivo los depósitos hasta por el monto cubierto por el Fondo para la Protección del Ahorro y los pasivos laborales. En caso que el valor estimado de los activos en el fideicomiso mencionado en el inciso b) de este artículo así lo permita, se excluirán también el resto de los depósitos a prorrata; y,
d) Transferir los pasivos indicados en los incisos anteriores a otro u otros bancos, quienes recibirán como contrapartida un monto equivalente a tales pasivos en certificados de participación que para ese efecto emita el fideicomiso a que se refiere el inciso b) de este artículo, neto de los costos de transacción autorizados por la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. Para realizar dicha transferencia no se requiere el consentimiento del deudor o acreedor.
El presente artículo será reglamentado por la Junta Monetaria.
Artículo 77. Derecho de los acreedores. Los procesos iniciados y las medidas cautelares decretadas, que tiendan a afectar los activos excluidos, cuya transferencia hubiese sido dispuesta por la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos conforme a esta ley, quedarán en suspenso.
Artículo 78. Participación del Fondo para la Protección del Ahorro. El Fondo para la Protección del Ahorro podrá, a requerimiento de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, realizar aportes, aun sin contraprestación, al Fideicomiso a que se refiere el artículo 76 de la presente ley. Adicionalmente, el Fondo para la Protección del Ahorro podrá celebrar con los bancos que asuman pasivos del banco suspendido un contrato de opción de venta a favor del banco adquiriente sobre una parte o la totalidad de los certificados de participación recibidos.
En ningún caso el monto de los aportes del Fondo para la Protección del Ahorro podrá superar el de los depósitos del banco suspendido.
Artículo 79. Suspensión definitiva de operaciones. La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, dentro de los cinco días de concluida la transferencia de activos y pasivos a que se refiere el artículo 76 de esta ley, rendirá informe por escrito a la Junta Monetaria sobre el resultado de su gestión.
En igual plazo, la Junta Monetaria, a petición de la Superintendencia de Bancos, deberá revocar la autorización para operar de la entidad de que se trate.
Artículo 80. Solicitud de liquidación. La Junta Monetaria, dentro del plazo de quince días de recibido el informe a que se refiere el artículo anterior, solicitará a la autoridad judicial competente el inicio del proceso de ejecución colectiva de la entidad de que se trate. Para dicho proceso se tomará como base el balance resultante después de que se haya efectuado la exclusión y transferencia de activos y pasivos, proporcionado por la Superintendencia de Bancos.
Artículo 81. Saldo de la operación del fideicomiso. Cualquier saldo o remanente de valor que quedare en el fideicomiso a que hace referencia el inciso b) del artículo 76 de esta ley, una vez pagados todos los certificados de participación en el mismo, se trasladará al Fondo para la Protección del Ahorro, hasta por el monto aportado por éste al fideicomiso indicado.
FONDO PARA LA PROTECCION DEL AHORRO
Artículo 82. Creación y objeto. Se crea el Fondo para la Protección del Ahorro, con el objeto de garantizar al depositante en el sistema bancario la recuperación de sus depósitos, en los términos a que se refiere el presente título.
Artículo 83. Fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento del Fondo para la Protección del Ahorro estarán constituidas por:
a) Las cuotas que obligatoriamente deberán aportar los bancos nacionales y sucursales de bancos extranjeros, de conformidad con el artículo 85 de esta ley;
b) Los rendimientos de las inversiones de los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro, multas e intereses;
c) Los recursos en efectivo que se obtengan en virtud del proceso de liquidación del banco de que se trate, con motivo de la subrogación de derechos a que se refiere el artículo 88 de la presente ley;
d) Los recursos en efectivo que se obtengan de la venta de los activos que le hubieren sido adjudicados al Fondo para la Protección del Ahorro, en virtud del proceso de liquidación del banco de que se trate, con motivo de la subrogación de derechos a que se refiere el artículo 88 de la presente ley. Queda entendido que los indicados activos que le sean adjudicados en pago al Fondo para la Protección del Ahorro no constituirán fuente de financiamiento del mismo, en tanto no sean vendidos y los recursos en efectivo producto de la venta hayan sido percibidos;
e) Los aportes del Estado para cubrir deficiencias del Fondo o ampliar su cobertura; y,
f) Otras fuentes que incrementen los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro.
Los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro serán inembargables y no tendrán carácter devolutivo.
Artículo 84. Cobertura. El Fondo para la Protección del Ahorro cubrirá hasta un monto de veinte mil quetzales, o su equivalente en moneda extranjera, por persona individual o jurídica que tenga depósitos constituidos en un banco privado nacional o sucursal de banco extranjero. Para tal efecto se excluirán los intereses pendientes de capitalización, y las cuentas mancomunadas se entenderán abiertas por una sola persona, individual o jurídica, excepto en aquéllas en las que uno de los titulares sea diferente, en cuyo caso las mismas estarán cubiertas en los términos de este título.
El monto de cobertura deberá ser modificado por la Junta Monetaria cuando el porcentaje de cuentas de depósitos, cuyos saldos sean menores o iguales al monto de cobertura vigente, se sitúe por debajo del noventa por ciento del total de cuentas de depósitos abiertas en los bancos nacionales o sucursales de bancos extranjeros. Para el efecto, la Superintendencia de Bancos verificará los extremos anteriores y, al darse el caso señalado, presentará a la Junta Monetaria la propuesta de revisión del monto de cobertura, que permita que éste cubra totalmente a no menos del noventa por ciento de las referidas cuentas.
Si el depositante es al mismo tiempo prestatario del banco, se deberán compensar ambos saldos únicamente por las cantidades que sean líquidas, exigibles y de plazo vencido. De la misma manera, en el caso de cuentas de depósitos abiertas en forma mancomunada, si alguno de los depositantes es al mismo tiempo prestatario del banco, se deberán compensar los saldos en la proporción que le corresponda al deudor. En ambos casos, si después de realizar la compensación de mérito existiere saldo a favor del depositante, dicho saldo será restituido hasta por el monto máximo de cobertura a que se refiere el presente artículo.
No se incluyen en la cobertura a que se refiere el presente artículo los depósitos siguientes:
a) Los de las personas individuales o jurídicas vinculadas con el banco de que se trate; y,
b) Los de los accionistas, miembros del consejo de administración, gerentes, subgerentes, representantes legales y demás funcionarios del banco respectivo.
Artículo 85. Cuotas de formación. Las cuotas que los bancos deben aportar mensualmente a la formación del Fondo para la Protección del Ahorro serán el equivalente a una doceava parte del uno por ciento del monto que, al final del mes inmediato anterior, registren las cuentas de depósitos cubiertas por el Fondo para la Protección del Ahorro en cada una de ellas, sobre las bases de cálculo siguientes:
a) En el caso de las cuentas cuyos saldos sean menores o iguales al monto de cobertura a que se refiere el artículo 84 de esta ley, la cuota se calculará sobre el saldo que las cuentas registren al fin del mes inmediato anterior; y,
b) En el caso de las cuentas cuyos saldos sean superiores al monto de cobertura a que se refiere el artículo 84 de esta ley, la cuota se calculará sobre el monto de cobertura.
Para el cálculo de las cuotas a que se refiere el presente artículo se tomará de base la información que para el efecto la Superintendencia de Bancos requerirá a los bancos.
Para el pago de las cuotas de referencia, el Banco de Guatemala queda autorizado para que dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al que corresponda la información, debite las cuentas de depósito que los bancos mantienen para efectos del encaje bancario.
Cuando un banco no proporcione la información necesaria para el cálculo de la cuota, el Banco de Guatemala debitará la cuenta respectiva con base en la última información proporcionada por el banco, sin perjuicio de efectuar los ajustes pertinentes cuando se complete la información requerida.
Si luego de realizar dichos ajustes, resulta una diferencia que pagar por el banco a favor del Fondo para la Protección del Ahorro, se calcularán sobre dicha diferencia intereses a favor del Fondo para la Protección del Ahorro, por el equivalente a la aplicación de una vez y media la tasa máxima de interés anual que el propio banco hubiere cobrado en sus operaciones activas durante el mes a que corresponda la diferencia, por el tiempo que hubiere estado pendiente el pago. En el caso de que la diferencia fuere a favor del banco, la misma se aplicará a las cuotas de los meses siguientes hasta agotarla.
Artículo 86. Suspensión de cuotas de formación. La obligación de los bancos de aportar las cuotas de formación al Fondo para la Protección del Ahorro cesará, para cada banco, cuando el saldo de dicho aporte alcance el quince por ciento del monto de los depósitos establecido de conformidad con las bases de cálculo a que se refieren las literales a) y b) del artículo 85 de la presente ley. Para el efecto, el Fondo deberá llevar un registro de las cuotas de cada banco participante.
Si por cualquier circunstancia los recursos aportados al Fondo para la Protección del Ahorro por el banco de que se trate se situaran por debajo del porcentaje señalado, dicho banco deberá reiniciar el pago de sus cuotas de formación hasta alcanzar el porcentaje mencionado.
Artículo 87. Administración del Fondo para la Protección del Ahorro. Los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro serán administrados por el Banco de Guatemala.
Artículo 88. Procedimiento de pago. El Banco de Guatemala, en su calidad de administrador de los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro, a requerimiento de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, y en los términos que ésta le indique, procederá a realizar los desembolsos que sean necesarios para hacer efectiva la cobertura de los depósitos a que se refiere el presente título. Dicha Junta podrá solicitar al Banco de Guatemala que, en su calidad de administrador del Fondo para la Protección del Ahorro, efectúe pagos a los depositantes del banco de que se trate.
El depositante que sea beneficiado por la mencionada cobertura, por ministerio de la ley, subroga sus derechos a favor del Fondo para la Protección del Ahorro por la suma que le haya sido pagada.
El pago que haga el Banco de Guatemala a los depositantes, en su calidad de administrador del Fondo para la Protección del Ahorro, con motivo de la aplicación de este título, es sin perjuicio de los derechos de los mismos de exigir al banco correspondiente, la restitución del saldo de sus depósitos no cubiertos por dicho Fondo.
El Banco de Guatemala, como administrador del Fondo para la Protección del Ahorro, queda autorizado para contratar los servicios de los bancos que considere conveniente, a efecto de realizar los pagos correspondientes, así como para reconocer las comisiones u honorarios por los servicios de que se trate, con cargo al Fondo para la Protección del Ahorro.
Artículo 89. Inversión. El Banco de Guatemala, en su calidad de administrador del Fondo para la Protección del Ahorro, debe invertir los recursos de dicho Fondo en instrumentos financieros expresados en moneda nacional o extranjera, conforme sanos y prudentes criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, que aseguren una adecuada diversificación de las inversiones.
Se prohibe al Banco de Guatemala invertir los recursos obtenidos por el Fondo para la Protección del Ahorro en instrumentos de inversión a cargo de los bancos que contribuyan a éste. La política de inversión de los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro deberá ser aprobada por la Junta Monetaria, a propuesta del Banco de Guatemala.
Artículo 90. Supervisión. El Fondo para la Protección del Ahorro estará sujeto a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos.
Artículo 91. Informes y divulgación. El Banco de Guatemala trimestralmente deberá presentar a la Junta Monetaria un informe de las operaciones del Fondo para la Protección del Ahorro del trimestre anterior.
Los bancos están obligados a informar a todas las personas con las que realicen operaciones depositarias, que la cobertura a que se contrae esta ley es aplicable a los depósitos, hasta por el monto de cobertura correspondiente, por persona individual o jurídica.
Artículo 92. Disposiciones reglamentarias. La Junta Monetaria emitirá las disposiciones reglamentarias para el cumplimiento de lo establecido en este título.
Artículo 93. Delito de intermediación financiera. Comete delito de intermediación financiera toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que sin estar autorizada expresamente de conformidad con la presente ley o leyes específicas para realizar operaciones de tal naturaleza, efectúa habitualmente en forma pública o privada, directa o indirectamente, por sí misma o en combinación con otra u otras personas individuales o jurídicas, en beneficio propio o de terceros, actividades que consistan en, o que se relacionen con, la captación de dinero del público o de cualquier instrumento representativo de dinero, ya sea mediante recepción de especies monetarias, cheques, depósitos, anticipos, mutuos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones, incluyendo operaciones contingentes, destinando dichas captaciones a negocios de crédito o financiamiento de cualquier naturaleza, independientemente de la forma jurídica de formalización, instrumentación o registro contable de las operaciones.
El o los responsables de este delito serán sancionados con prisión de cinco a diez años inconmutables, la cual excluye la aplicación de cualesquiera de las medidas sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal, y con una multa no menor de diez mil ni mayor de cien mil "unidades de multa", la cual también será impuesta por el tribunal competente del orden penal.
Simultáneamente a la imposición de la multa indicada, dicho tribunal ordenará la cancelación de la patente de comercio de las personas individuales, así como la liquidación de las personas jurídicas a que se refiere este artículo conforme al procedimiento establecido en ley; en este último caso, una vez concluida su liquidación, ordenará al Registro Mercantil la cancelación de la inscripción respectiva.
Artículo 94. Grupos financieros de hecho. Toda empresa que sin ser integrante de un grupo financiero actúe como si fuera parte del mismo será sancionada por la Superintendencia de Bancos con multa diaria de quinientos a cinco mil unidades de multa, a partir de la fecha de notificación de la sanción y hasta que regularice su situación, sin perjuicio de que, si transcurridos dos meses no regulariza su situación legal, se le apliquen los regímenes de suspensión de operaciones y/o de liquidación establecidos en esta ley.
Artículo 95. Sanciones por infracciones. Las infracciones que cometan los bancos y las empresas integrantes de grupos financieros, a cualquiera de las disposiciones de esta ley y otras que les sean aplicables, a las disposiciones que emita la Junta Monetaria, a su ley o escritura constitutiva, a reglamentos o estatutos, a órdenes administrativas o disposiciones de la Superintendencia de Bancos, así como la presentación de informaciones, declaraciones o documentos falsos o fraudulentos, obstrucción o limitación a la supervisión de la Superintendencia de Bancos y cuando realicen o registren operaciones para eludir el encaje bancario, o que conlleven el incumplimiento de los requerimientos patrimoniales, serán sancionadas por el órgano supervisor, de la manera siguiente:
A. A las entidades:
1. En la primera infracción, una sanción pecuniaria de mil a cincuenta mil unidades de multa de acuerdo con la gravedad de la infracción. La Junta Monetaria reglamentará el número de unidades de multa que serán aplicadas según la naturaleza de la infracción;
2. En la segunda infracción sobre un hecho de la misma naturaleza del hecho ya sancionado, una sanción igual al doble de unidades de multa impuesta en la primera infracción y amonestación por escrito; y
3. En la tercera infracción sobre un hecho de la misma naturaleza del hecho ya sancionado, una sanción igual al doble de unidades de multa indicadas en el numeral anterior y amonestación por escrito, informando de ello a la Junta Monetaria.
Dictada la resolución por la Superintendencia de Bancos, si la entidad afectada no interpone recurso de apelación o si habiéndolo interpuesto la Junta Monetaria lo declara sin lugar, se procederá de la manera siguiente: En el caso de los bancos, la resolución se hará del conocimiento del Banco de Guatemala quien sin más trámite debitará la respectiva cuenta encaje con el importe de la multa; en los demás casos, las multas deberán pagarse en el plazo máximo de diez días, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución que las imponga, la cual constituye título ejecutivo. De no cancelarse en el plazo establecido, serán cobradas por la Superintendencia de Bancos en la vía económico coactiva.
La imposición de las sanciones anteriores es sin perjuicio de que el Superintendente de Bancos pueda adoptar cualesquiera de las medidas preventivas que, a su juicio, sean necesarias para el reajuste de las operaciones a los límites y condiciones señalados en las disposiciones legales.
B. A los administradores, gerentes generales y demás ejecutivos:
Los miembros del consejo de administración, el gerente general, subgerentes, representantes legales, mandatarios, auditores y demás ejecutivos que resulten responsables de las infracciones a que se refiere el presente artículo podrán ser apercibidos por el Superintendente de Bancos, una vez esté firme la resolución respectiva, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan. El consejo de administración deberá informar sobre dichos apercibimientos a la siguiente asamblea general de accionistas.
Las personas a que se refiere el presente artículo, que sean sancionadas por la Superintendencia de Bancos, podrán apelar ante la Junta Monetaria, conforme lo establecido en esta ley.
Los ingresos por multas impuestas conforme este artículo incrementarán el Fondo para la Protección del Ahorro.
Artículo 96. Uso indebido de nombre. Toda persona individual o jurídica que utilice en su razón social o denominación, nombre comercial o descripción de sus negocios, según sea el caso, las palabras "banco", "banquero", "financiera", "financiadora", "operaciones bancarias", "grupo financiero" u otras derivadas de dichos términos, sin estar autorizada conforme esta ley, será sancionada por la Superintendencia de Bancos, con una multa diaria no menor de cien ni mayor de quinientas unidades de multa a partir de la fecha de notificación de la sanción y hasta que regularice su situación.
Artículo 97. Valor de las unidades de multa. El valor de cada "unidad de multa" será de un dólar de los Estados Unidos de América, o su equivalente en quetzales al tipo de cambio de referencia establecido por el Banco de Guatemala, vigente a la fecha de la imposición de la sanción.
Artículo 98. Recurso de apelación. Las resoluciones del Superintendente de Bancos en relación a sus funciones de vigilancia e inspección serán obligatorias pero admitirán recurso de apelación ante la Junta Monetaria.
El recurso de apelación se interpondrá dentro del plazo de diez días contado a partir del día siguiente de notificación de la resolución de que se trate, y deberá presentarse por escrito ante la Superintendencia de Bancos, expresando los motivos de inconformidad, quien lo elevará dentro de los cinco días siguientes de su recepción, con sus antecedentes, a la Junta Monetaria.
No son apelables las resoluciones de la Superintendencia de Bancos que cuenten con la aprobación de la Junta Monetaria, de acuerdo con la ley, ni las que la Superintendencia de Bancos emita para ejecutar resoluciones de la propia Junta Monetaria sobre casos específicos que involucren a la entidad de que se trate.
La interposición del recurso de apelación no tiene efectos suspensivos, por lo que la resolución apelada es de cumplimiento inmediato y obligatorio. La Junta Monetaria, a petición de parte, podrá acordar la suspensión de los efectos de la resolución impugnada, en caso de que la ejecución pudiera causar grave perjuicio a la entidad apelante.
La Junta Monetaria resolverá el recurso de apelación dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha en que lo haya recibido.
Artículo 99. Derecho común y tribunales ordinarios. Los juicios ejecutivos que las instituciones bancarias y las empresas de los grupos financieros planteen quedarán sujetos a los preceptos de esta ley y, en lo que no fuere previsto en ella, a las disposiciones del derecho común.
El conocimiento y la resolución de los negocios y cuestiones litigiosas entre los bancos y grupos financieros, y entre éstos y terceros, corresponde a los tribunales ordinarios.
Artículo 100. Juez competente. Será juez competente para conocer de los juicios que planteen los bancos y las empresas de los grupos financieros, el del lugar en que estén instaladas las oficinas principales del ejecutante, el del lugar donde estén ubicados los bienes gravados o en donde se contrajo o debe cumplirse la obligación, a elección del ejecutante.
Los juicios ejecutivos serán impulsados de oficio y los jueces estarán obligados a velar porque se cumplan estrictamente los plazos que para cada acto procesal determine la ley.
Artículo 101. Ejecución. Los juicios ejecutivos que promuevan los bancos o las empresas integrantes de grupos financieros, con base en título correspondiente a crédito con garantías reales, se iniciarán con señalamiento de día y hora para el remate, y en el propio auto podrá decretarse la intervención del inmueble si así lo pidiere el ejecutante.
El señalamiento de día y hora para el remate se notificará a las personas que legalmente corresponda, en la forma establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil. En caso de no poderse realizar la notificación en la forma indicada en este artículo en un plazo de quince días, a solicitud del acreedor, tal notificación podrá efectuarse por medio de un edicto en el diario oficial y en uno de los de amplia circulación en el país.
Artículo 102. Depositario. Los bancos y las empresas integrantes de grupos financieros, en las ejecuciones que promuevan tendrán derecho de designar y remover al depositario de los bienes objeto del juicio ejecutivo. Cualquier otro depositario nombrado con anterioridad será removido inmediatamente.
Artículo 103. Excepciones. El juez sólo dará trámite a las excepciones de prescripción o de pago; en este último caso el ejecutado deberá presentar:
a) El documento emitido por el banco con el que acredite que se ha pagado la cantidad que motiva la ejecución, que debe incluir capital, intereses y costas judiciales; o,
b) Certificación de un tribunal de la resolución que apruebe el pago por consignación.
Cualquier otra excepción será rechazada de plano, pero la parte ejecutada tendrá la facultad de hacerla valer mediante juicio ordinario posterior.
Artículo 104. Título ejecutivo. Además de los contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil, constituirán título ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento, las libretas de ahorro, certificados de depósito, certificados de inversión, bonos, títulos valores, materializados o representados por medio de anotaciones en cuenta, o bien las respectivas constancias o certificados representativos de dichos documentos, que los bancos y las sociedades financieras autoricen o entreguen para comprobar la recepción de dinero.
Artículo 105. Cuotas de inspección. Los bancos y las sociedades financieras costearán los servicios de vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, para lo cual deberán aportar a ésta una cuota anual que será calculada en relación con el activo de tales instituciones, según su balance general de cierre del ejercicio anterior y, para los nuevos bancos y nuevas sociedades financieras, según el balance general con que inicien sus operaciones. En ambos casos, la cuota no excederá del uno por millar sobre el activo de las instituciones, deduciendo de dicho activo el efectivo en caja y los depósitos de inmediata exigibilidad que en concepto de encaje bancario o depósito legal, según el caso, mantengan en el Banco de Guatemala.
Artículo 106. Empresas especializadas en servicios financieros. Para pertenecer a un grupo financiero, las empresas especializadas en servicios financieros actualmente constituidas, deberán adaptar su objeto social a las disposiciones del artículo 36 de la presente ley, dentro del plazo de seis meses a partir de su vigencia.
Artículo 107. Conformación del grupo financiero. Dentro de los seis meses posteriores al inicio de la vigencia de esta ley, toda entidad sujeta a vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos deberá informar por escrito a ésta si pertenece o no a un grupo que actúe como grupo financiero, así como sobre la denominación social de las empresas que forman el grupo.
Las empresas que soliciten conformarse como grupo financiero y obtengan la autorización respectiva por parte de la Junta Monetaria, deberán formalizar plenamente su conformación como grupo financiero dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de la indicada autorización. La Superintendencia de Bancos, a solicitud justificada de los interesados, podrá prorrogar el plazo hasta por el mismo período, por una sola vez.
Artículo 108. Ambito temporal de la ley. Los expedientes formados y los trámites iniciados al amparo de las leyes que mediante la presente se derogan, se resolverán con base en la ley vigente a la fecha de su inicio y demás disposiciones de la Ley del Organismo Judicial, excepto lo referente a solicitudes de constitución de bancos o establecimiento de sucursales de bancos extranjeros, las cuales se resolverán de acuerdo con lo que sobre el particular establezca la presente ley.
Artículo 109. Reducción de concentración de operaciones con personas individuales o jurídicas. Las operaciones a que se refiere la literal a) del artículo 47 de la presente ley, que al momento de entrar en vigencia la misma excedan el límite dispuesto en la referida literal, deberán ser reducidas a un límite máximo permitido de diecisiete punto cinco por ciento dentro de los primeros seis meses de vigencia de esta ley, y al quince por ciento en los siguientes seis meses.
En el caso de las operaciones de las sociedades financieras que se conviertan en bancos y de las de bancos que se fusionen con sociedades financieras, que como resultado de dicha transformación o fusión presenten un exceso del límite de financiamiento a una sola persona individual o jurídica, deberán ajustarse al límite de financiamiento establecido en ley en el plazo de un año adicional al referido en el párrafo anterior. Para ello, la entidad de que se trate deberá informar a la Superintendencia de Bancos, a más tardar el día quince del mes siguiente en que ocurra la fusión o transformación que origine el exceso en el límite de financiamiento.
Artículo 110. Reducción de concentración de operaciones con unidades de riesgo. En concordancia con el proceso para la reducción de concentración de operaciones de financiamiento con personas relacionadas o vinculadas que formen parte de unidades de riesgo, iniciado de conformidad con la ley en septiembre de 1999, la gradualidad para alcanzar los porcentajes establecidos en la literal b) del artículo 47 de la presente ley será la siguiente:
AL 31/03/2002
AL 30/09/2002
AL 31/03/2003
AL 30/09/2003
AL 31/03/2004
AL 30/09/2004
Artículo 111. Adecuación de capital. Para efectos de aplicación del diez por ciento sobre los activos y contingencias a que se refiere el artículo 64 de la presente ley, si al entrar en vigencia la misma, las instituciones bancarias tienen un patrimonio requerido menor a ese diez por ciento, el mismo se incrementará cero punto cinco por ciento semestralmente, iniciando seis meses después de que entre en vigencia la ley.
Artículo 112. Entidades fuera de plaza (Off-shore). Para efectos de la presente ley, las entidades fuera de plaza, denominadas "off-shore", se definen como los bancos constituidos o registrados bajo las leyes de un país extranjero y que desarrollan sus actividades sustancialmente fuera de éste. Si una entidad fuera de plaza forma parte de un grupo financiero, para efectos de medir el riesgo crediticio de dicho grupo, deberá cumplir con los requisitos siguientes:
a) Que acepte en forma escrita estar sujeta a la supervisión consolidada de la Superintendencia de Bancos, de Guatemala, en los términos señalados por el artículo 28 de la presente ley, salvo en lo referente a sus operaciones pasivas;
b) Que autorice a la Superintendencia de Bancos, de Guatemala, y a las autoridades supervisoras de su país de origen para que realicen intercambio de información en forma agregada;
c) Que las autoridades supervisoras bancarias de su país de origen apliquen estándares internacionales de requerimientos mínimos patrimoniales;
d) Que las empresas controladoras o las empresas responsables, según el caso, de los respectivos grupos financieros se comprometan por escrito a cubrir las deficiencias patrimoniales de sus entidades fuera de plaza, en defecto de éstas; y,
e) Que comuniquen por escrito a sus depositantes que los depósitos que hayan captado o que capten, no están cubiertos por el Fondo para la Protección del Ahorro.
Artículo 113. Plazo para emitir reglamentos. La Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, según corresponda, en un plazo no mayor de ciento veinte días, contado a partir de la vigencia de la presente ley, deberán elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el adecuado cumplimiento de las disposiciones establecidas en la misma.
Artículo 114. Se reforma el artículo 3º de la Ley de Sociedades Financieras Privadas, Decreto-Ley Número 208, el cual queda así:
"Para la constitución de las Sociedades Financieras se llenarán los requisitos prescritos en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y para su autorización deberán seguirse los procedimientos que dicha ley señala para la creación de nuevos bancos."
Artículo 115. Se reforma el artículo 4º de la Ley de Sociedades Financieras Privadas, Decreto-Ley Número 208, el cual queda así:
"Las Sociedades Financieras estarán sujetas a la jurisdicción de la Junta Monetaria y a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, quedando afectas a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros."
Artículo 116. Se reforma el artículo 14 de la Ley de Sociedades Financieras Privadas, Decreto-Ley Número 208, el cual queda así:
"No será aplicable a las Sociedades Financieras Privadas el artículo 54 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, relativo a Activos Extraordinarios. Sin embargo, cuando a una sociedad financiera le fueren adjudicados o recibiere en pago bienes inmuebles, deberá transferir su propiedad por venta o por cualquier otro título, dentro de un plazo no mayor de tres años, salvo que, a su solicitud, la Junta Monetaria resuelva prorrogar dicho plazo hasta otros dos años como máximo. En caso contrario, se hará aplicación de lo establecido en los últimos tres párrafos del citado artículo 54."
Artículo 117. Se reforma el artículo 15 de la Ley de Sociedades Financieras Privadas, Decreto-Ley Número 208, el cual queda así:
"No será aplicable a las Sociedades Financieras Privadas el inciso f) del artículo 45 de la Ley Bancos y Grupos Financieros."
Artículo 118. En cualquier disposición en la que se haga referencia a la Ley de Bancos, contenida en el Decreto Número 315 del Congreso de la República, se entenderá que se trata de la Ley de Bancos y Grupos Financieros a que se refiere el presente decreto.
Artículo 119. Se derogan la Ley de Bancos, contenida en el Decreto Número 315 y la Ley para la Protección del Ahorro, contenida en el Decreto Número 5-99, ambos del Congreso de la República de Guatemala.
Artículo 120. Otras derogatorias. Se derogan las demás disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
Artículo 121. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el _____ de __________ de dos mil uno y la misma deberá ser publicada en el diario oficial.
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACION.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS __________________ DÍAS DEL MES DE ________________ DEL AÑO DOS MIL UNO.

References: RESOLUCIÓN 

Resolución 
 resolución 
 artículo 30

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 resolución 

Artículo 8
 artículo 7

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
 resolución 

Artículo 23
 resolución 

Artículo 24
 artículo 13
 artículo 13

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30
 artículo 27

Artículo 31
 artículo 30

Artículo 32

Artículo 33
 resolución 

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45
 artículo 342

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70
 artículo 19
 artículo 18

Artículo 71

Artículo 72
 artículo 69

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78
 artículo 76

Artículo 79
 artículo 76

Artículo 80

Artículo 81
 artículo 76

Artículo 82

Artículo 83
 artículo 85
 artículo 88
 artículo 88

Artículo 84

Artículo 85
 artículo 84
 artículo 84

Artículo 86
 artículo 85

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 99
 resolución 

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103
 resolución 

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106
 artículo 36

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109
 artículo 47

Artículo 110
 artículo 47

Artículo 111
 artículo 64

Artículo 112
 artículo 28

Artículo 113

Artículo 114
 artículo 3

Artículo 115
 artículo 4
 artículo 105

Artículo 116
 artículo 14
 artículo 54
 artículo 54

Artículo 117
 artículo 15
 artículo 45

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121