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Timestamp: 2019-06-27 12:21:59+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 184, de 23/03/1995
Año 1995 V Legislatura Comisiones. Núm. 184
COMISION DE JUSTICIA PRESIDENCIA DE DON JOSE RAMON HERRERO MEREDIZ Sesión celebrada el jueves, 23 de marzo de 1995
ORDEN DEL DIA: --Pregunta oral en Comisión formulada por la Senadora doña Gemma Zabaleta Areta sobre la valoración del Gobierno respecto del impago de pensiones alimenticias en favor de los hijos de padres separados, con indicación de las medidas que se piensan adoptar para agilizar el cumplimiento de las sentencias y evitar el fraude. (Número de expediente 681/000063.) --Dictaminar la Proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.
(Número de expediente 624/000008.)
Antes de entrar en el primer punto del orden del día, quisiera explicar a los miembros de la Comisión lo sucedido en la última reunión de esta Comisión. Como ustedes saben, consta en acta la protesta de todos los portavoces por la inasistencia del Gobierno para contestar la pregunta formulada por la Senadora Gemma Zabaleta. En relación a esta protesta, que consta en acta, he de decir que, una vez levantada la sesión, cuando llegué a mi despacho tenía ya copia de una carta de la señora Secretaria de Estado excusándose. Esta copia de la carta fue inmediatamente comunicada a los portavoces, pero la leo para conocimiento de todos los miembros de la Comisión.
Dice así. «Madrid, 14 de marzo de 1995. Excmo. Sr. don José Ramón Herrero Merediz, Presidente de la Comisión de Justicia e Interior. Senado.
Estimado Presidente: Acabo de recibir, a través de mi Secretaría, la noticia de que en el día de hoy debía haber comparecido ante esa Comisión para responder a una pregunta formulada por la Senadora Excma. Sra. doña Gemma Zabaleta Areta, respecto al impago de pensiones alimenticias en favor de los hijos de padres separados. Por un imperdonable error de agenda, estábamos convencidos de que la comparecencia era para el día 24 de marzo, y no como se señalaba en la comunicación recibida del Ministerio de la Presidencia. No puedo
hacer otra cosa que pedirle disculpas, como he hecho expresamente con la Senadora, por tal error que ha provocado mi incomparecencia en el día de hoy. Ruego las hagas extensivas al resto de los miembros de esa Comisión.
Estoy a vuestra disposición para comparecer en la primera reunión de esa Comisión que consideréis oportuna. Un fuerte abrazo y mi más sincera gratitud por vuestra comprensión. No sabes, de verdad, cómo lo lamento.
Estoy verdaderamente abrumada y, por supuesto, a vuestra disposición.
Firmada por la Excma. Sra. doña María Teresa Fernández de la Vega.» Para esta Presidencia el asunto queda suficientemente explicado. ¿Algún portavoz desea añadir alguna cosa? (Denegaciones.)
--PREGUNTA ORAL EN COMISION FORMULADA POR LA SENADORA DOÑA GEMMA ZABALETA ARETA SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO RESPECTO AL IMPAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS EN FAVOR DE LOS HIJOS DE PADRES SEPARADOS, CON INDICACION DE LAS MEDIDAS QUE SE PIENSAN ADOPTAR PARA AGILIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS Y EVITAR EL FRAUDE. (681/000063.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al primer punto del orden del día, pregunta de la Senadora doña Gemma Zabaleta Areta (artículo 168 del Reglamento).
Tiene la palabra la Senadora Zabaleta, por tiempo de 15 minutos.
La señora ZABALETA ARETA: En primer lugar, quiero agradecer a la señora Secretaria de Estado su presencia para responder a esta pregunta, que quizá viene motivada en un momento en el que hay cierto debate social, cierta polémica y voces que se alzan en la sociedad en torno a si sería necesario temporalizar las pensiones en los casos de separación, o incluso si se debe ejercer algún cierto control sobre el gasto que se ejercita en torno a esas pensiones.
Yo creo que para tener un juicio más acertado de la realidad es conveniente saber cuál es la situación en España, y quizá nos pueda arrojar luz a la hora de determinar más nuestro posicionamiento político en este debate saber exactamente cuál es la realidad española y qué es lo que ocurre en torno al cumplimiento de las sentencias que afectan al pago de pensiones de alimentos en los casos de personas separadas o divorciadas.
Tiene la palabra la Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor Presidente.
Muchas gracias por su comprensión y muchas gracias a todos los miembros de esta Cámara a quienes vuelvo a pedir disculpas. Es cierto que me encontré --y me sigo encontrando-- abrumada por el imperdonable error de no haber comparecido en su momento, y agradezco la benevolencia y generosidad de sus señorías para comprender esto que, evidentemente, como no podía haber sido de otra manera, no ha sido otra cosa más que un lamentable error. Como siempre y como no podía ser de otra manera, estoy a disposición de sus señorías para comparecer aquí todas y cuantas veces lo consideren oportuno y necesario.
Atendiendo ya a la pregunta formulada por la Senadora doña Gemma Zabaleta, tengo que decir que realmente el tema que usted me plantea es de una gran importancia y, como muy bien ha puesto de manifiesto, de una gran trascendencia social. En los últimos años venimos asistiendo a manifestaciones que trascienden al debate público de esa realidad social que pone de manifiesto que en múltiples casos, más de los deseables, no se cumplen las sentencias judiciales en los supuestos de impago por alimentos. Esta ha sido y es una preocupación muy importante para el Gobierno y, por tanto, hemos tratado y vamos a seguir tratando de establecer soluciones con carácter prioritario con todos los instrumentos que se nos permiten, sobre todo con los instrumentos que desde el Ministerio de Justicia e Interior, y en particular desde la Secretaría de Estado de Justicia, pueden contribuir a arreglar esta problemática social que, repito, es una problemática mucho más extendida de lo deseable.
¿Qué estamos haciendo para tratar de solventar este problema que afecta a la realidad social de muchas familias? Por una parte, ustedes saben que, desde el punto de vista del Derecho material, existe en estos momentos en el Código Penal el artículo 487 bis, que establece una sanción penal para los supuestos en que se produce este tipo de anomalía, estos supuestos de impago por alimentos. Pues bien, desde el Ministerio de Justicia e Interior se ha mantenido la tipificación de este delito en el proyecto de Ley Orgánica de Código Penal, y se ha mantenido con algunas importantes novedades en lo que hace al proyecto que se está tramitando en estos momentos en el Congreso. El artículo 487 bis del Código Penal actual se corresponde en el texto del proyecto de Código Penal con el artículo 219.
En ese precepto se sigue manteniendo que el que dejare de pagar durante tres meses consecutivos o seis meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, y ahora, añadido como novedad, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de hijos no matrimoniales --esto constituye ya una novedad respecto del texto actual--, será castigado con la pena de multa de seis a 24 meses. Asimismo, se dice en el propio precepto que con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en estos mismos supuestos previstos.
Como ustedes saben, señorías, en estos momentos existen varias enmiendas, algunas que ha formulado el Grupo
Parlamentario Socialista, a este texto y que constituyen importantes modificaciones. La primera de ellas es la que les he dicho, la ampliación en los supuestos de hecho, a los de filiación o en un proceso por alimentos a favor de hijos no matrimoniales.
Al mismo tiempo, se ha introducido la pena de arresto de ocho a 20 fines de semana a fin de que la pena de multa, en definitiva, no pueda producir un mayor quebranto para la finalidad del bien jurídico protegido, que es el pago de esos alimentos, y de no incrementar realmente la imposibilidad de que se pueda cumplir con la resolución judicial. Por lo tanto, en estos momentos esa pena de multa ha sido sustituida por la pena de arresto de ocho a 20 fines de semana precisamente con esa finalidad de no producir quebranto económico en la actividad laboral de quien ha de cubrir las necesidades económicas de la familia. Por otra parte, también ha habido una enmienda --que ya se ha tratado en la Ponencia-- del Grupo Parlamentario Socialista que introduce en este mismo precepto, artículo 219, un número 3, en donde se establece que la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adecuadas. Asimismo, también ha habido una modificación respecto de la situación actual en el sentido de que se ha quitado toda referencia a la extinción de la responsabilidad penal con el perdón del ofendido.
Aparte de otras enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Catalán que todavía no se han tratado en el trámite en que se encuentra en estos momentos el Código Penal en el Congreso, y sobre las que, por lo tanto, prefiero no pronunciarme, aunque son más de contenido técnico que otra cosa, yo creo que en sustancia lo que se puede afirmar ya hoy es que hay una unanimidad --y así partía ya del texto del anteproyecto-- en mantener este tipo penal. Yo quiero hacer notar que es verdad que ha habido y sigue habiendo grandes discusiones doctrinales en orden a la oportunidad de mantener la tipificación de esta conducta de impago de prestaciones económicas debidas, y que voces de muchos juristas han considerado que sólo debía mantenerse la responsabilidad civil exigida en el proceso civil y no elevar al Código Penal este delito, dado que la sentencia judicial --evidentemente, en el ámbito del proceso civil-- ya permite al juez llevar a cabo actuaciones coercitivas suficientes, o que podrían considerarse suficientes, y necesarias para el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, desde el primer momento se consideró en el Ministerio de Justicia e Interior que la desprotección real, que se produce en la práctica, de muchas mujeres --porque, además, sigue afectando sobre todo el colectivo mujeres más que al de hombres, aunque hoy también empiezan a aparecer en la sociedad algunas voces de hombres que ponen en cuestión esta situación, pero lo cierto es que la realidad social nos demuestra que sigue siendo todavía un colectivo mayoritario de mujeres-- y sobre todo lo que es más importante, la desprotección de los hijos menores, exigen todavía en nuestra sociedad la existencia de un tipo penal específico que refuerce la obligación de pago de las cantidades debidas, ya que, en definitiva, no sólo se daña el buen funcionamiento de la Justicia al desobedecer un mandato contenido en una sentencia judicial de tipo civil, sino que, sobre todo y fundamentalmente, se pone en peligro la estabilidad económica de la familia, que depende de los ingresos debidos para su propia manutención. Por lo tanto, creemos que tiene que seguir manteniéndose el tipo en el Código Penal, que funciona no sólo con su carácter represor, sino también desde una eficacia preventiva.
Esta es la postura que en estos momentos mantiene el Gobierno en lo que se refiere a la regulación en normas legales desde la perspectiva del Código Penal para tratar de frenar este fenómeno que se produce en nuestra sociedad; pero no es sólo eso, al mismo tiempo yo creo que hay que hacer frente también a la agilización de los procedimientos o a la agilización de lo que es más importante, del cumplimiento de las sentencias judiciales ya dictadas en materia de alimentos y a tratar de evitar también el fraude que se produce por ese incumplimiento o porque las personas que vienen obligadas al pago se colocan en muchas ocasiones en situación de insolvencia aparente, haciendo difícil desde la perspectiva civil el poder perseguir esas conductas.
Como ustedes saben, señorías, uno de los proyectos que estamos terminando de tramitar en la fase de borrador de anteproyecto, todavía no convertido en anteproyecto, que consideramos prioritario y que esperamos llegue al Parlamento, según nuestras previsiones, en el mes de septiembre, es el de la reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil persigue, evidentemente, la agilización y simplificación del procedimiento, también en los procesos de familia; la unificación de los procesos en uno solo; la concentración de los trámites, pero sobre todo lo que se pretende en esta reforma procesal, como en todas las reformas procesales, es la simplificación, la agilización y el establecimiento de medidas garantistas de la ejecución de las sentencias, en este caso de la ejecución de las sentencias civiles.
Como he comentado al principio, la sentencia judicial, evidentemente, permite llevar a cabo actuaciones posteriores coercitivas en caso de incumplimiento de esta sentencia por parte de los propios jueces, pero seguramente lo que por lo menos deberíamos intentar es que en esta misma vía civil y durante el mismo proceso matrimonial se produjese el aseguramiento de los bienes, en este caso del deudor, a fin de obtener unos resultados más efectivos aunque realmente sean menos espectaculares que los del proceso penal. Tenemos que seguir manteniendo el proceso penal, pero yo creo que en este caso tenemos que procurar que sea siempre de carácter subsidiario.
En resumen, yo creo que, evidentemente, el funcionamiento correcto y ágil de los juzgados civiles es uno de los retos que tenemos planteados, y en el caso de los procesos de familia, es lo que debería, por sí solo, resolver gran parte de los problemas que hoy se están planteando en el impago de pensiones. La vía penal sólo debe seguirse para deudores recalcitrantes que eluden el pago de sus obligaciones, pero estimamos que ambas vías deben coexistir en el marco legislativo actual.
Para terminar, quiero añadir una reflexión que me parece importante poner en conocimiento de sus señorías,
porque ha sido una experiencia que yo he tenido la oportunidad de vivir en relación con este tema. Estamos hablando de lo que va a hacer el Gobierno y de cómo creemos que debemos avanzar en la solución de este tipo de problemas que se plantea en nuestra sociedad, cuando hoy ya tenemos preceptos en el Código Penal, como el artículo 487 bis. Yo les puedo contar mi experiencia anterior como vocal del Consejo General del Poder Judicial, cuando estaba en el área de formación, pues en un momento determinado se puso de manifiesto por varias asociaciones de abogadas la desigual aplicación de este precepto que se estaba produciendo en la práctica por parte de los órganos judiciales, incluso el distinto tratamiento por parte del Ministerio Fiscal. Esto motivó que se celebrara un pequeño congreso entre abogados, fiscales y jueces en orden a debatir los problemas que se planteaban en los procedimientos judiciales, fundamentalmente de familia e, incluso, sobre la desigual aplicación del artículo 487 bis que ha llevado a distintas interpretaciones judiciales sobre si su aplicación se ha de hacer una vez se hayan agotado todas las vías del proceso civil, si esa aplicación era independiente de que en el proceso civil se hubiese agotado todos los instrumentos de embargo, etcétera. De allí salieron unas conclusiones que están a punto de publicarse por el Consejo General del Poder Judicial, lo que va a ser también muy importante para que pueda haber, cuando menos, un texto unitario del que puedan disponer todos los jueces de nuestro país con las mejores posiciones o con el planteamiento de los problemas más importantes que se presentan al hilo de la aplicación de un precepto que, como les decía, ha suscitado un debate doctrinal en orden a la conveniencia o no de mantener en el Código Penal la tipificación como delito de conductas de este tipo.
Tiene la palabra la Senadora Gemma Zabaleta.
La señora ZABALETA ARETA: Agradezco la respuesta de la señora Secretaria de Estado, así como el mantenimiento de esa sensibilidad por parte del Gobierno hacia la resolución de los problemas sociales que afectan a nuestra sociedad, sobre todo porque en este tipo de conflictos y situaciones salen más perjudicados los sectores sociales más desfavorecidos.
El señor PRESIDENTE: Para dúplica, tiene la palabrala señora Fernández de la Vega.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, y reitero una vez más, aun a riesgo de ser un poco pesada, mi agradecimiento a esta Comisión por su generosidad y su amabilidad, y mis repetidas disculpas por la confusión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Teresa Fernández de la Vega. El problema está suficientemente aclarado.
--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DEL DELITO DE GENOCIDIO. (624/000008.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al segundo punto del orden del día que consiste en la discusión, votación y aprobación, en su caso, del informe de la Ponencia sobre la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.
El señor VALLVE I NAVARRO: Yo creía que tendríamos oportunidad de preguntar a la señora Secretaria de Estado, pero otra ocasión habrá.
El señor PRESIDENTE: Este tema ya está claro en el Reglamento. Estamos ya en el segundo punto del orden del día, que consiste en la tramitación de la proposición de ley.
Se mantienen dos enmiendas a esta proposición de ley, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Turno a favor de las enmiendas. (Pausa.--El señor Vallvé i Navarro pide la palabra.) El Senador Vallvé tiene la palabra.
El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia, señor Presidente. Recibí el muy honorable encargo de mantener las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y pido la indulgencia de la Comisión para que interpretemos el Reglamento de una manera amplia y generosa y me permitan ostentar este honroso cargo de defender las enmiendas de los compañeros del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, dándolas por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, por nuestra parte no hay ningún inconveniente en que mantenga las enmiendas en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, si el Reglamento así lo permite.
Nosotros nos oponemos a las dos enmiendas sin hacer ningún otro razonamiento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arévalo.
La Presidencia de la Comisión simplemente tramita en este momento esta situación porque no hay ninguna oposición por parte de los portavoces de otros grupos. La cuestión está en que quizá en el Pleno del Senado haya dificultades realmente objetivas, pero esto no correspondería ya a esta Presidencia, sino a la del Senado. (El señor Vallvé i Navarro pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Es que he cometido una gravísima incorrección.
Tenía que haber empezado mi intervención felicitando a la Senadora Zabaleta, porque hoy es su cumpleaños.
Muchas gracias. (Risas. Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vallvé, en nombre también de la Senadora Zabaleta. (El señor López Henares pide la palabra.) El Senador López Henares tiene la palabra.
El señor LOPEZ HENARES: ¿Hay turno de portavoces, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Sí, hay turno de portavoces.
El señor LOPEZ HENARES: En primer lugar, voy a felicitar a la Senadora Zabaleta, y así no tendré que pedir después disculpas. Muchas felicidades. (Risas.) En segundo lugar, quiero indicar que nosotros no nos oponemos, lógicamente, a que el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió asuma esta enmienda, pero nos hubiera gustado escuchar los razonamientos de la defensa, porque son dos enmiendas, como bien saben sus señorías.
En cuanto a la segunda, nosotros ya votamos en contra en la Ponencia porque nos parecía que desvirtuaba el artículo al que se refiere. En cambio, en cuanto a la primera, tenemos nuestras dudas, y por esa razón nos abstuvimos en la Ponencia. Con el fin de despejar estas dudas, nos hubiera gustado que se hubieran dado las razones por las que se defiende esta enmienda y las razones por las que se oponen.
Para no alargar la sesión, no expongo, aunque podría hacerlo, los motivos por los cuales dudamos respecto a la posible admisión de esta enmienda, que reforzaría en un sentido el contenido del artículo, aunque en otro --y por eso nos gustaría despejar esta duda--, probablemente, disminuye la amplitud con que está concebido el artículo cuando se habla de apología del genocidio. Por lo tanto, señor Presidente, nos vamos a abstener para si el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos mantiene esta primera enmienda en el Pleno, poder seguir estudiándola hasta entonces. Respecto de la segunda, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador López Henares.
¿Algún otro portavoz desea intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Por supuesto, nosotros también felicitamos a la Senadora Zabaleta y no sólo por su cumpleaños, sino porque la Secretaria de Estado haya acudido y haya dado las explicaciones debidas. Por lo tanto, felicidades por la corrección mostrada. (Risas.) En medio segundo voy a ampliar las observaciones de mi querido amigo y compañero el Senador Vallvé, en el sentido de que los grupos que tenemos pocos Senadores hemos de hacer verdaderos equilibrios y esfuerzos para estar en las Comisiones; y más los ultraperiféricos como, por ejemplo, los Senadores del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos o los Senadores de mi Grupo. Y esto es una práctica parlamentaria normal.
No sería tan normal en grupos que tienen 90 ó 100 Senadores --y sucede--; pero pasa, sobre todo, en los que tenemos 4, 5 ó 6 Senadores.
El portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se encuentra de viaje parlamentario oficial a Cuba, y el portavoz de mi Grupo se encuentra en la Ponencia de Enclaves Territoriales de la Comisión General de las Comunidades Autónomas; el resto de los Senadores se encuentra en ocupaciones europeas, etcétera, y, por lo tanto, no pueden acudir. Quiero que quede constancia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barbuzano, por las explicaciones que nos ha ofrecido. La Comisión las ha escuchado atentamente. La Presidencia ha sido flexible, pero queda siempre a salvo la opinión del Presidente del Senado y de la Mesa del Senado. Por nuestra parte, hemos facilitado en lo posible la tramitación.
En este espíritu de facilitar la tramitación, supongo que los portavoces habrán recibido el Acta de la sesión anterior.
¿Alguna observación al Acta? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
Vamos, pues, a proceder a votar el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 25; abstenciones, una.
¿Quién va a presentar el texto de la proposición de ley? (Pausa.)
El señor GALAN PEREZ: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista, y no porque sea el cumpleaños de la Senadora Zabaleta (Risas.), a la que felicito, quiere proponer para presentar el dictamen al Senador López Henares.
¿Alguna otra propuesta? (Pausa.) Queda aprobado por unanimidad que el Senador López Henares presente la proposición de ley ante el Pleno del Senado.
Antes de levantar la sesión, y a efectos informativos de los señores Senadores, el calendario previsto para la tramitación de la Ley del Jurado será el siguiente: la Ponencia se reunirá el día 3 de abril --supongo que por acuerdo de los propios ponentes--; el día 19 de abril a las dieciséis horas, se reunirá la Comisión, y entraría en el Pleno del día 25 de abril.
Ruego a la Mesa y portavoces que, una vez levantada la sesión, se queden cinco minutos para estudiar una propuesta del Senador Vallvé, que esperemos que sea honesta
(Risas.), en relación con el Congreso de la Abogacía. (La señora Vindel López pide la palabra.) ¿Sí, Senadora Vindel?
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, deseo hacer un comentario.
Me parecen muy bien las fechas escogidas, pero pregunto al señor Presidente y a sus señorías si sería posible que la Comisión del día 19 de abril se adelanta una hora y comenzara a las once de la mañana, en orden a que pudiéramos mantener un debate sosegado.
El señor PRESIDENTE: Señoría, la Comisión se reunirá a las cuatro de la tarde, no a las once de la mañana, del día 19 de abril. Sé que es difícil encontrar un calendario y un horario ajustados a los intereses de todos los miembros de la Comisión, pero creo que éste es el más favorable. El problema es que a las doce de la mañana, cuando estaba prevista, hay convocada una Comisión de la que soy ponente, motivo por el cual hemos retrasado la Comisión a las cuatro de la tarde.
Eran las diez horas y cuarenta minutos.

References: artículo 487
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 artículo 219
 resolución 
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 artículo 487
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