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Timestamp: 2020-07-12 10:51:08+00:00

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www.losgenoveses.net : Las otras noticias PPopulares nº 282. Del 29 de Enero al 04 de Febrero 2005
( Del 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2005 )
1. AZNAR SE NIEGA EN GEORGETOWN A CONDENAR CON ROTUNDIDAD LA DICTADURA DE FRANCO. 01/02/2005
2. RAJOY INICIA SU CAMPAÑA POR EL 'SI' DICIENDO QUE ZAPATERO SE BAJÓ LOS PANTALONES EN NIZA. 04/02/05.
3. EL PP TRASLADÓ A VALENCIA 1.680 INMIGRANTES EN UN AÑO. 31/01/05
4. EL GOBIERNO ENCUENTRA 21 DECISIONES SOBRE TELEFÓNICA EN LAS QUE INTERVINO TIMERMANS. 31/01/05
5. GARZÓN CALIFICA DE "DEMENCIAL" QUE FUNGAIRIÑO LE DENUNCIE POR OPINAR DEL 11-M. 04/02/05
6. EL SUPREMO ANULA EL REGLAMENTO SOBRE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 04/02/05
07. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DESTAPA IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN 2002. 04/02/05
08. UNA AUDITORÍA REVELA QUE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO CUMPLEN LEYES AMBIENTALES. 04/02/05
09. GARZÓN CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO AL EX SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 03/02/05.
10. C. ANDALUCÍA. EL PP APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE MÁLAGA EN SOLITARIO, ENTRE CRÍTICAS POR EL ALTO ENDEUDAMIENTO. 29-01-2005
11. C. ANDALUCÍA. AÑEZ ACEPTA SU BAJA DEL PP Y NO DESCARTA FORMAR UN PARTIDO. 02-02-2005
12. C. MADRID. BRUSELAS ELEVA A 10.000 MILLONES EL ENDEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD. 03/02/05
13. C. MADRID. AGUIRRE SE MUESTRA "PREOCUPADA" POR LA LEY IDEADA POR GALLARDÓN PARA LOGRAR MÁS DINERO. 30/01/05
14. C. MADRID. AGUIRRE, LAS DETENCIONES Y EL HOLOCAUSTO. 29-01-2005
15. C. MADRID. AGUIRRE, ANTE SU PRIMER GRAN PROBLEMA EN EL PP DE MADRID. 31/01/05
16. UN 'AGUJERO' DE 108 MILLONES PROVOCA UNA GRAVE CRISIS MUNICIPAL EN MAJADAHONDA. 02-02-2005
17. C. MADRID. EL 'NÚMERO DOS' DEL PP INTENTA CERRAR LA CRISIS DEL EQUIPO LOCAL DE MAJADAHONDA. 03/02/05
18. C. MADRID. AGUIRRE VENDERÁ SUELO PARA RECUPERAR EL CAPITAL INVERTIDO EN EL PARQUE WARNER. 04/02/05
19. C. VALENCIANA. EL AÑO CLAVE DE FRANCISCO CAMPS. 30-01-2005
20. C. VALENCIANA. EL PP DE LAS CORTES ADJUDICA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA DECISIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. 29-01-2005
21. C. VALENCIANA. UN EDIL DEL PP CONSIDERA UNA AMENAZA LA LLEGADA DE INMIGRANTES DE ÁFRICA. 01/02/05
22. C. VALENCIANA. LAS DECLARACIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN DEL PORTAVOZ MUNICIPAL ACENTÚAN LA TENSIÓN EN EL PP DE ALICANTE. 03/02/05
23. C. VALENCIANA. EL EQUIPO DE CAMPS EXCLUYE A ZAPLANA DE LA CAMPAÑA DEL REFERÉNDUM EUROPEO EN LA COMUNIDAD. 01/02/05
24. C. VALENCIANA. DE MIGUEL TACHA DE «ERROR» EL VETO DEL PP A ZAPLANA Y ADVIERTE QUE SE MALOGRA LA UNIDAD DEL PP. 02/02/05
25. C. VALENCIANA. MARTÍNEZ CORRIGE A FABRA Y REBAJA DE 9 A 7 LOSASESORES DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN. 02/02/05
26. C. VALENCIANA. SOCIALISTAS Y EU EXIGEN LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DEL PP DE MISLATA POR ASISTIR A UNA PELEA MONTADA POR ULTRAS. 02-02-2005
José María Aznar optó por no condenar de manera rotunda y explícita la dictadura de Franco y dijo que "es estúpido ocuparse siempre del pasado". El ex presidente del Gobierno, que dictó una nueva conferencia en la Universidad de Georgetown, en Washington, reaccionó con cierta perplejidad a la pregunta de un estudiante que le interpeló por la negativa del Partido Popular a condenar el régimen franquista.
En un inglés muy trabajoso y apenas comprensible en algunos pasajes, Aznar dijo que el franquismo y la Guerra Civil son "parte de la historia". Como ya había hecho en su conferencia, bajo el título de El poder de la libertad, expresó su rechazo genérico a las dictaduras y lamentó la Guerra Civil, pero no utilizó la etiqueta de "maligno" ("evil", en inglés) para el régimen de Franco que le propuso el estudiante en su pregunta. Según Aznar, carece de relevancia e interés que el Parlamento español discuta sobre si Franco ganó la Guerra Civil.
Trazó un paralelismo con la guerra de Secesión entre el norte y el sur en Estados Unidos y consideró que no tendría tampoco sentido que los confederados cuestionaran ahora el triunfo de los unionistas. "Lo importante es mantener la democracia, cuyo vigésimo quinto aniversario acabamos de celebrar", subrayó. "La historia es para aprender y no para captar votos", remachó.
En la conferencia, Aznar se había referido en varias ocasiones a Franco y la dictadura para defender su tesis de que la libertad y la democracia son valores universales que arraigan en lugares donde había dudas, como en la España de hace treinta años. Su idea es que también en el mundo árabe es posible. Sobre el caso español comentó que algunos pensadores creen que la democracia fue posible por el desarrollo económico que se había logrado en los años sesenta y setenta, el cual hizo emerger una amplia clase media. Aznar opina, sin embargo, que la democracia puede florecer también en países no desarrollados y que, si lo hace, el progreso se acelera.
Cuando se le preguntó sobre la legitimidad de la guerra preventiva, Aznar defendió esta opción y puso énfasis en que ha existido siempre. Con cierta ironía introdujo el término opuesto de "rendición preventiva", pero no indicó -aunque podía sobreentenderse- si se refería a la actitud del Gobierno socialista de retirar las tropas de Iraq.
Los partidos con representación parlamentaria nacional arrancaron anoche la campaña para el referéndum de la Constitución Europea (CE) con un cruce de referencias a la unidad de los pueblos de España y Europa, y a los valores que comparten los españoles con el resto de ciudadanos europeos de la UE.
Con mítines y actos políticos con escaso público celebrados en todo el país, PSOE, PP, CiU y PNV apoyaron el "sí" a la carta magna europea, mientras que IU, ERC, BNG y otros partidos del grupo mixto defendieron el "no", aunque todos ellos dijeron compartir el mismo espíritu europeísta en el fondo, pero no en las formas.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, animó a votar "masivamente" a favor de la Constitución Europea porque con ello se garantizan "los valores de la convivencia", como "que todas las banderas quepan en un mismo espacio y todos los territorios puedan desarrollar su aspiraciones".
En un acto celebrado en el Teatro de la Casa de Campo de Madrid, que contó con la asistencia de los ministros Jesús Caldera (Trabajo), José Montilla (Industria) y Juan Fernando López Aguilar (Justicia), y numerosos dirigentes socialistas, Zapatero defendió el sí a Europa porque supone "sí a la paz, a la cooperación con los países que menos tienen, a la solución pacífica de los conflictos y a la igualdad"; y "un 'no' a la pena de muerte, a la arbitrariedad y a los conflictos inútiles".
Desde el PP, su presidente, Mariano Rajoy, pidió el 'sí' a la Constitución porque "queremos una Europa tan unida y tan plural como la España constitucional que nos dimos en 1978", y animó a los votantes a apoyarla porque refleja la aspiración de una Europa "que ama la libertad, defiende la igualdad y el pluralismo".
Sin embrago, Rajoy, que estuvo en la Feria de Muestras de Baracaldo (Vizcaya), tuvo dura críticas para Zapatero, de quien dijo que "se bajó los pantalones" en Niza, en la cumbre europea en la que se realizó el último reparto de poder.
CiU, de la mano de sus tres máximos dirigentes (Artur Mas, Joseph Antoni Duran Lleida y Jordi Pujol), inició la campaña en una sala de fiestas de Barcelona pidiendo el 'sí' desde una "convicción europeísta" y "sin complejos", frente al "tacticismo" del que acusó a PP y PSOE. Desde el País Vasco, en el acto de inicio de campaña a favor del "sí", el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, afirmó que en Europa "empieza a resultar caduco, cerrado y absoluto apelar a la soberanía de los estados".
El Gobierno de José María Aznar trasladó a Valencia en su último año de mandato un total de 1.680 inmigrantes procedentes de Canarias y Ceuta, según informaron a Levante-EMV fuentes de toda solvencia, que aseguraron igualmente que esos traslados son rutinarios desde hace dos años, cuando el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llegó a la Delegación del Gobierno.
Estos inmigrantes eran conducidos al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y una vez tomada la filiación eran puesto en libertad en situación de irregularidad y sin cobertura social alguna. Sólo Cruz Roja les proporcionaba algo de comida y un billete para que fueran con algún familiar o conocido residente en España.
El subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, calificó esta polémica de «irritante» y reconoció irónicamente que el presidente Camps «tiene mérito al pedir soluciones al Ejecutivo central en el problema» del envío de inmigrantes, porque así, dijo, «reconoce su incapacidad para resolver un proceso que comenzó cuando él era delegado del Gobierno». En este sentido, Martínez señaló que «parece cuanto menos interesante que un tema que se llevaba haciendo desde hace tiempo, ahora, que se va a solucionar, salte».
Pese a estas evidencias, el portavoz del Consell, Esteban González Pons, afirmó que el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, «tendría que plantearse su continuidad en el cargo, sólo y simplemente por lo inútil que resulta a veces el trabajo que realiza, si es que lo realiza».
González Pons reconoció que los vuelos con inmigrantes, que había denominado «vuelos de la vergüenza» y «final de una red detráfico de seres humanos», llegaban también a la Comunidad en la etapa de gobierno del PP, pero precisó que «en aquella época se avisaba a las autoridades locales y autonómicas».
El portavoz del Ejecutivo valenciano señaló que «ahora mismo no se avisa», y aseguró que «el problema no está en los aviones», sino en que «se traen con vergüenza».
A estas palabras, el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, respondió finalmente que «no existe documentación alguna que acredite que cuando llegaban inmigrantes» a la Comunidad Valenciana, el Gobierno de José María Aznar «lo comunicase, ni al Ayuntamiento ni a la Generalitat».
La polémica también continuó en el Ayuntamiento de Valencia. La concejal de Bienestar Social, Marta Torrado, dijo que desde el pasado mes de septiembre los técnicos municipales han detectado un aumento de la llegada de inmigrantes. Señaló que en algunos casos estos inmigrantes «padecen enfermedades como el SIDA o tuberculosis, según los análisis que les hace el Ayuntamiento», aunque subrayó que «lo más preocupante es que, según el ministro Caldera, en Canarias también les hacen análisis, por lo que el Gobierno debe conocer que padecen estas enfermedades».
Por su parte, la concejala socialista Consuelo Orias afirmó que las declaraciones de Marta Torrado «ponen en peligro la convivencia de los valencianos, además de alentar a los grupos racistas». Orias considera que «el afán de Torrado por insultar al Gobierno de España le han llevado a manifestarse de forma absolutamente insólita en un momento en que además el problema se está solucionando».
Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó un plan de traslados con el objetivo de mejorar la situación de los inmigrantes desplazados desde Canarias en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó que con la iniciativa aprobada se asegura que «no habrá ningún inmigrante que quede abandonado a su suerte».
El detalle de todas y cada una de las decisiones forma parte de la investigación interna realizada en La Moncloa para determinar si el que fuera mano derecha de José María Aznar incurre en incompatibilidad.
El consejo de Telefónica aprobó recientemente el fichaje de Alfredo Timermans como delegado de la compañía en Norteamérica. Ante la posibilidad de que el ex secretario de Estado incurriera en incompatibilidad, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ordenó que se abriera una investigación.
La ley impide a los ex altos cargos trabajar durante los dos años inmediatamente posteriores a su cese en empresas sobre las que hayan dictado resolución en el ejercicio de su cargo.
El primer paso fue dirigirse al ex alto cargo de La Moncloa para verificar su nombramiento. Timermans remitió un escrito al Ministerio en el que confirmaba que ha recibido una oferta de trabajo de Telefónica.
A continuación, Administraciones Públicas pidió a La Moncloa la relación de asuntos relacionados con Telefónica en los que haya podido intervenir Timermans como secretario de Estado de Comunicación.
En la investigación, que aún no ha concluido, según ha podido saber EL MUNDO, hay 21 deliberaciones sobre la compañía en las que estuvo presente Timermans entre septiembre de 2002 y diciembre de 2003. Timermans estuvo en el cargo entre julio de 2002 y abril de 2004.
El Ministerio de Administraciones Públicas se negó a confirmar la información alegando que se trata de datos reservados. Las deliberaciones corresponden a decisiones adoptadas por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en reuniones en las que haya estado presente Timermans como secretario de Estado.
Esas decisiones son todas colegiadas y ninguna lleva la firma expresa de Timermans. De hecho, el argumento del ex secretario de Estado para sostener la compatibilidad es que no consta ningún documento sobre decisiones suyas que afecten a Telefónica.
No constan documentos sobre sus lógicas gestiones sobre medios de comunicación en los que participaba Telefónica, porque ninguna se tradujo en decisiones firmadas por el secretario de Estado de Comunicación.
Una vez que concluya la investigación en La Moncloa, la documentación será remitida al Ministerio de Administraciones Públicas, cuyo responsable decidirá si hay o no incompatibilidad. En este caso, se tratará de determinar si la presencia o participación en un órgano colegiado, ya constatada documentalmente, supone contaminación o si es precisa actuación individual.
En la relación de decisiones sobre Telefónica adoptadas en presencia de Timermans se incluyen asuntos relacionados con tarifas, descuentos o desarrollos empresariales. Por ejemplo, varias sobre modificaciones de precios u ofertas a los usuarios como las tarifas de llamadas a América, entre otras.
La ley de incompatibilidades en vigor señala que «durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo».
Añade que «aquéllos que perciban retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese, no podrán intervenir en actividades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo ocupado».
La norma exige a quienes hayan desempeñado esos cargos que dirijan al registro de actividades «una comunicación sobre la actividad que vayan a realizar».
En todo caso, la decisión sobre la compatibilidad es administrativa y, en caso de incumplimiento, no impide la contratación del ex alto cargo y es recurrible en la jurisdicción contenciosa. Unicamente puede llevar aparejada una sanción de inhabilitación temporal para ocupar cargo público y la comunicación a la empresa que contrata al ex alto cargo, en este caso, Telefónica.
5. GARZÓN CALIFICA DE "DEMENCIAL" QUE FUNGAIRIÑO LE DENUNCIE POR OPINAR DEL 11-M. EL MAGISTRADO ASEGURA QUE EL PP NO LE HA PERDONADO SU OPOSICIÓN A LA GUERRA DE IRAK. 04/02/05
El juez Baltasar Garzón calificó de "demencial" la denuncia que ha presentado contra él el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, por posible revelación de secretos supuestamente cometida en el libro de memorias Un mundo sin miedo, que el magistrado presentó en Madrid. El juez afirma que en contra de lo que informó Interior, ETA no buscó una carnicería en la estación de Chamartín durante la Nochebuena de 2003, según informes policiales. Garzón no fue el juez de ese caso, pero Fungairiño ha denunciado los hechos.
La denuncia fue gestada por el fiscal Ignacio Gordillo, que lleva el caso de los explosivos de la estación de Chamartín y que antes de que el libro estuviera en las librerías, se quejó a Fungairiño por considerar que Garzón se ha inmiscuido en su terreno, puesto que él acusa a los etarras que prepararon el atentado por múltiples asesinatos frustrados o en grado de tentativa. Fungairiño, a su vez, ha denunciado los hechos al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, a los efectos oportunos, con copia al fiscal general del Estado.
Lo curioso del caso es que Fungairiño, que domina a la perfección el derecho procesal, haya presentado su escrito de denuncia a Gómez Bermúdez, que fue competidor de Garzón por el citado cargo, en lugar de presentarlo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la única competente para exigir responsabilidades penales a un juez de la Audiencia Nacional. También podría haber denunciado los hechos al Consejo General del Poder Judicial para depurar posibles responsabilidades disciplinarias, pero tampoco lo ha hecho. Gordillo y Fungairiño mantienen pésimas relaciones con Garzón desde el caso Sogecable. Gordillo y Fungairiño se alinearon entonces con el entonces juez Javier Gómez de Liaño, que fue condenado por el Tribunal Supremo por delito de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta).
Según explicó el propio Fungairiño en unas jornadas internacionales sobre terrorismo islamista, su escrito precisa que "ha podido existir una revelación de secretos, que puede existir responsabilidad y que el presidente [por Gómez Bermúdez] estime lo que considere oportuno".
Gómez Bermúdez remitió un oficio con la denuncia de Fungairiño al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, que deberá decidir qué trámite le da.
Garzón ofrece en su libro los razonamientos que le llevaron a considerar que los atentados del 11-M no fueron cometidos por miembros de ETA, sino por terroristas islamistas. Así, explica: "En contra de lo que mantenían desde el Ministerio del Interior, ETA no había preparado un atentado con mochilas bomba en la estación de esquí de Baqueira Beret en las Navidades de 2003. Los únicos datos de esa posible acción se limitaban a la declaración de un etarra en dependencias policiales. Tampoco buscó una carnicería en la estación de Chamartín durante la Nochebuena de 2003. La intención de los terroristas, según consta en los informes policiales, era hacer estallar el explosivo cuando el tren estuviera fuera de servicio".
Tras señalar que era incierto que ETA quisiera cometer una matanza con la explosiones en edificios industriales, Garzón argumenta que tuvo dudas de la actuación del Gobierno de Aznar y le costaba creer que "hubiera iniciado una fuga hacia delante para evitar que se supiera antes de las elecciones que el terrorismo internacional islamista era el autor de la matanza y no ETA".
En el libro, Garzón señala que el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial le ha intentado "buscar las vueltas" por sus críticas a Aznar por la guerra de Irak. "El PP no me ha perdonado mi posición crítica con su política de gobierno y ya me ha castigado cuando pedí la plaza de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional".
El modelo de televisión digital terrestre (TDT) diseñado en 1998 por el entonces ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado (del PP), ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia -a raíz de un recurso de casación promovido por Sogecable- en la que establece que el citado departamento carecía de las competencias necesarias para regular los aspectos jurídicos relacionados con la nueva modalidad audiovisual. Esta potestad correspondía, según la sentencia, al Consejo de Ministros.
El fallo del Supremo hace referencia a la orden del Ministerio de Fomento de 9 de octubre de 1998 por la que se aprobaba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrenal. Y se produce cuatro años después de que la Audiencia Nacional desestimase un recurso en el mismo sentido presentado por Sogecable. En esta ocasión, la sala del Supremo presidida por Ramón Trillo, ha dado la razón al operador participado por PRISA (editor de EL PAÍS) al entender que el Ministerio de Fomento actuó "manifiestamente" fuera tanto de su competencia como de la habilitación que le faculta para dictar reglamentos de carácter técnico. Así pues, la orden es declarada "nula por ser contraria a derecho", con lo que se crea un vacío jurídico al que ahora deberá hacer frente el Gobierno.
Aquella orden ministerial obedecía a las premuras con las que el PP quiso poner en marcha la televisión digital terrestre. Establecía los sistemas de gestión (directa o indirecta) del servicio, la asignación de canales y programas, los concursos de adjudicación, el régimen jurídico, los plazos de las concesiones y las condiciones de emisión. "En ninguno de tales preceptos podemos encontrar regulación técnica alguna, sino que, al contrario, lo que efectúan es la regulación jurídica de la gestión directa e indirecta del servicio de televisión digital terrestre", sostiene la sentencia.
"Basta un examen somero de la orden", recalca el Supremo, "para comprobar que la misma no es un reglamento técnico sino que se trata de un reglamento general". La sentencia, de la que ha sido ponente Eduardo Espín, rechaza que la orden impugnada se limitara a revisar determinados aspectos relacionados con la legislación vigente en materia de televisión analógica. "Antes al contrario, la orden contiene una normativa unitaria y sistemática" de todo el desarrollo reglamentario sobre la TDT, lo que supone "un plus de normatividad". Y precisa que en este caso se aprobó mediante una orden ministerial un reglamento general de aplicación de leyes que sólo puede efectuarse mediante un real decreto del Consejo de Ministros "con independencia de cuál sea su contenido" y aunque aborde materias que puedan calificarse como "competencias propias de su departamento".
El Supremo reitera la doctrina de que la televisión digital se considera el mismo servicio público que la analógica aunque con otra tecnología. De hecho, Sogecable basó la petición de nulidad en el hecho de que la orden ministerial se refería a una nueva modalidad de televisión y no a una técnica de transmisión. Por ello, requería que se dictara una ley específica ya que las principales normas audiovisuales (el Estatuto de RTVE, la Ley del Tercer Canal, la Ley de Televisión Privada y la Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres) quedaban sustancialmente alteradas.
Pese a todo, los expertos consultados por el este periódico estiman que esta sentencia -que incluye un voto particular de del magistrado Óscar González, al que se adhieren Manuel Campos y Francisco Trujillo- no invalida las concesiones otorgadas por el Gobierno central y por algunas comunidades autónomas, pero provoca una "incertidumbre jurídica".
Al amparo de esta orden ministerial, en 1999 el Consejo de Ministros adjudicó 14 canales a la plataforma de pago que operó bajo la marca Quiero TV. Esta compañía quebró dos años después de comenzar sus emisiones. Los otros dos operadores de ámbito estatal (Net TV, liderada por el grupo Vocento) y Veo TV, impulsada por El Mundo y Recoletos) emiten desde hace varios años aunque sus respectivas señales son prácticamente invisibles por la escasa implantación de los necesarios descodificadores para captar las señales.
El informe del Tribunal de Cuentas concluye que en la contratación de obra pública por parte del Gobierno del PP durante el año 2002 faltó transparencia, no se penalizó a las empresas que entregaron obras fuera de plazo y se abusó de las contrataciones a dedo.
En el informe, al que ha tenido acceso la SER, el Tribunal de Cuentas revela que el Gobierno utilizó por sistema durante 2002 procedimientos de adjudicación por concurso que, en general, suponen un mayor coste que el de subasta. Además, se recurrió con frecuencia y sin justificación a la tramitación urgente o de emergencia, que permite dar las obras sin grandes controles.
Otra de las irregularidades detectadas por el Tribunal es que, aunque en 2002 se produjeron retrasos en las entregas de obras, no se penalizó a las empresas, tal y como dice la ley. El Ministerio de Trabajo fue de los que recurrió a la contratación de urgencia sin explicar suficientemente el por qué: lo hizo para adjudicar campañas publicitarias. Incluso se llegaron a conceder obras aunque el interventor participante en la contratación se opuso a ella.
También se denuncia en el informe del Tribunal de Cuentas que hay organismos públicos que contratan siempre con las mismas empresas, como RTVE, la Tesorería de la Seguridad Social o el IMSERSO, que desde 1995, reparte entre cuatro adjudicatarios los programas de vacaciones para mayores. En el caso de RTVE se llega a publicar una licitación en el BOE antes de que se apruebe.
El cumplimiento por las empresas públicas de las obligaciones legales relacionadas con el impacto medioambiental al promover obras fue "bastante deficiente" entre 1998 y 2002, si bien desde 2000 mejoró al trasponerse directivas comunitarias, según un informe del Tribunal de Cuentas. Entre las obras públicas que vulneraron dichas exigencias destacan la ampliación del aeropuerto de Madrid Barajas y la línea del AVE Madrid-Lleida.
El informe concluye que, en general, los proyectos de las empresas estatales sometidos a evaluación de impacto medioambiental que incluían medidas protectoras, correctoras o compensatorias, "no se ha acreditado debidamente que se hayan adoptado todas las medidas propuestas y exigidas en las correspondientes declaraciones de impacto ambiental".
Otra crítica que formula el tribunal es que los gastos medioambientales realizados por las empresas estatales "se han limitado en la mayoría de las ocasiones a los originados por la elaboración de los estudios de impacto ambiental previos a la aprobación de los proyectos" El informe añade que las empresas no realizaron "otros gastos de naturaleza medioambiental que consten de una manera diferenciada como destinados a la aplicación de medidas protectoras, correctoras y compensatorias".
Prueba tal opacidad el hecho de que las cuentas anuales de 2002 de las empresas estatales no recogen, con carácter general, información detallada de los aspectos medioambientales. Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda que "las empresas estatales antes de la aprobación definitiva de sus proyectos de obras, ampliaciones y modificaciones deberían someterlos en todos los supuestos a la consideración del órgano medioambiental competente".
En este sentido, el informe cita a la empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que debe solicitar la declaración de impacto ambiental para todas las obras que realice en los aeropuertos. Sin embargo, de 18 importantes proyectos en otros tantos aeródromos, "sólo tramitó el expediente de impacto medioambiental que corresponde a las obras de ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas".
El informe destaca que las cuenta de AENA no proporcionan información sobre cumplimiento de las previsiones de gastos por tal concepto. "En todo caso, AENA no cumplió la obligación de constituir el fondo para el plan de aislamiento acústico de las viviendas con un mínimo de seis millones anuales hasta la finalización de las obras", añade.
AENA es también objeto de reproche por no haber enviado a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente documentación diversa (programa de suelos contaminados, recuperación medioambiental e integración paisajística, medidas de compensación sobre la cuenca de los ríos Jarama y Henares, entre otras).
El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) recibe críticas sobre las obras de la línea de AVE Madrid-Lleida. El informe constata que no había nada que objetar del trazado elegido, siempre que la construcción cumpliese las medidas protectoras, correctoras y de integración medioambiental aprobadas por Medio Ambiente. El programa de vigilancia ambiental preveía la remisión de informes para acreditar su cumplimiento. Sin embargo "el GIF no ha remitido el programa de vigilancia medioambiental por lo que no se ha podido comprobar si su contenido se ajustaba al condicionado de la declaración de impacto".
La Dirección General de Política Ambiental requirió información al GIF sobre niveles sonoros previstos, ubicación de vertederos y otros posibles trazados. "El GIF no ha aportado ningún informe o documentación para acreditar cómo fue atendida esta solicitud". Y se citan omisiones sobre reconocimientos de yacimientos arqueológicos, protección de fauna o reducción de ruidos.
09. GARZÓN CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO AL EX SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. POR HABER MANIPULADO PRESUNTAMENTE EL PRECIO DE LAS ACCIONES DE UN BANCO MEJICANO. 03/02/05.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha citado a declarar como imputados al ex presidente del BBV, Emilio Ybarra y al ex secretario de estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, por haber manipulado, presuntamente, el precio de las acciones en la compra del banco mejicano PROBURSA, con el consiguiente perjuicio para la hacienda pública española
El magistrado ha citado a Rodríguez Ponga y los otros cinco imputados, el próximo día 15 de febrero, para que la fiscalía anticorrupción pueda preguntarles sobre supuesta manipulación del precio de las acciones del grupo financiero mejicano, PROBURSA, en 1995.
El fiscal anticorrupción, David Martínez Madero, sostiene que los directivos del banco, BBV, Emilio Ybarra, y Pedro Luis Uriarte, entre otros, sobrevaloraron fingidamente el precio de trasmisión de estas acciones del banco mejicano para así tener que pagar menos dinero, menos impuestos, a la Hacienda española. El cálculo que hace el fiscal es aproximadamente de 21 millones de Euros.
El fiscal considera que Estanislao Rodríguez Ponga, que en esa época, era asesor fiscal del banco BBV, fue quien superviso la operación fraudulenta de manipulación del precio de las acciones.
Garzón ya interrogó, como testigo, a Rodríguez Ponga en Mayo de 2002 y este reconoció que participo en la elaboración de un estudio fiscal para la compra del banco mejicano PROBURSA pero negó que participara directamente en la operación en la que solo intervino para una valoración fiscal.
Como estaba previsto, el equipo de gobierno del PP aprobó en solitario de forma definitiva el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga y de sus organismos y empresas municipales para 2005, que asciende a 817,8 millones de euros. Este punto fue uno de los más polémicos en el debate del pleno, tras las críticas hechas por el PSOE durante esta semana, según las cuales el endeudamiento del consistorio, cercano al límite legal del 110% , se dispararía hasta el 176% de los ingresos a final de año, quedando una deuda de 646 millones de euros y un agujero de casi 160 millones.
La concejala de Economía y Hacienda, Carolina España, indicó durante el debate que las cuentas municipales, aprobadas inicialmente el pasado 23 de diciembre, han recibido tres alegaciones de dos colectivos, CCOO y los vigilantes de playa, las cuales fueron desestimadas, frente a las 14 presentadas para el presupuesto de 2004 y las 162 para el de 2003.
España destacó que el presupuesto aumenta un 17% con respecto al del ejercicio anterior, mientras que las inversiones lo hacen un 33%, lo que permitirá "la transformación que Málaga se merece", según Europa Press. Por contra, la edil socialista Inmaculada Pérez de Guzmán calificó el presupuesto, que se prevé entre en vigor entre el 10 y el 15 de febrero, de "opaco", puesto que aspectos como las recaudaciones "no se basan en datos reales". Pérez de Guzmán criticó que el nivel de endeudamiento del Consistorio ronde el 110% permitido por la ley. De igual modo se pronunció la portavoz municipal de IU, Isabel Martínez, quien denunció que la deuda por habitante se sitúe en unas cifras "escandalosas".
España negó que la deuda se acerque a ese 110% y que la presión fiscal sea la denunciada por la oposición. Justificó el aumento de los gastos para cargos de confianza aludiendo a la creación del jurado tributario y al Instituto Municipal del Libro, y los relativos a atención protocolaria y publicidad, a la existencia de una sociedad que gestionará el Festival de Málaga-Cine Español.
Otro de los puntos destacados del debate fue la aprobación de la actualización de los tipos de gravámenes y de tarifas del impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), para compensar la subida de más de este año, hecha sobre una previsión del índice de precios al consumo del 4%, frente al 3,2% real. Para ello, se aplicará una rebaja del 0,8% en estas tasas en 2006.
Además, el equipo de gobierno del PP rechazó la moción de IU y PSOE para resolver el contrato con la empresa Clece, adjudicataria del servicio de teleoperadores en el Centro Municipal de Emergencias, tras las denuncias por enchufismo a la hora de contratar a los trabajadores. El PP alegó no disponer de causas técnicas, jurídicas ni económicas que garanticen la viabilidad de este proceso ni observar "ningún tipo de irregularidad".
El presidente de la Diputación de Almería, José Añez, y los diputados Ángel Díaz, Ginés Martínez Balastegui y Antonio Torres anunciaron que no recurrirán su baja del PP ante ningún órgano. Añez calificó de "burda" la manera en que han sido apartados. Y advirtió de que ni él ni sus compañeros pasarán a formar parte del grupo de los no adscritos en sus respectivos Ayuntamientos. El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, dijo no darse por enterado de la decisión de la ejecutiva provincial hasta tener una notificación del partido desde Madrid.
"Cuando uno no está de alta está de baja. Es decir, cuando no eres militante activo no quiere decir que seas no adscrito si no formas otro grupo. Quiere decir que eres independiente, que no estás militando en ningún partido. Y nosotros no estamos en ningún partido político. Cuando yo me presentaba en 1995 en las listas de El Ejido con Juan Enciso yo iba de número ocho como independiente. Si ahora no estamos dados de alta en el PP quiere decir que no militamos porque no quieren. Pero no tenemos por qué pasar al grupo de no adscritos. Simplemente estamos como independientes", advirtió Añez. Las palabras del presidente de la Diputación, unidas a las declaraciones de Juan Enciso, en las que éste adelantaba que no se dará por enterado "hasta que Madrid no me indique, que es quien indica las altas y las bajas", hace pensar que tanto Añez como el resto de diputados votarán, en los plenos municipales de sus respectivas corporaciones, con los concejales del PP.
Para el presidente de la Diputación la resolución con las bajas automáticas responden "únicamente" al deseo de mantener callados a los que piensan "de manera diferente" en el PP. Añez aseguró, además, que sobre esto planea la idea reconocida siempre en "petit comité de querer expulsar también al alcalde de El Ejido, Juan Enciso. "La pretensión de hacerlo ha estado siempre ahí. En petit comité Amat lo ha manifestado. Pero no sólo a Enciso sino a todos los que han manifestado una postura diferente. ¿Ustedes entienden todo el jaleo que han montando para ahora decir... pues les damos de baja? Salvo discrepar, ¿qué hemos hecho?", espetó Añez. Preguntado sobre la posibilidad de crear otro partido político, José Añez descartó la idea en el momento actual, si bien hizo una advertencia: "No se descarta que si llegado el momento hay que hacer un grupo político, lo hagamos. En política no se puede descartar nada. Lo que sí tenemos muy claro es cuáles son nuestros pensamientos y nuestra ideología. Lo ideal es que no hubiera pasado nada y todos hubiésemos trabajado correctamente dentro de esta Diputación, pero eso no ha sido así", lamentó.
Añez confirmó que la tarde del lunes, en la que se firmaron las bajas, todos ellos recibieron llamadas de militantes, alcaldes y simpatizantes expresándoles su apoyo y mostrando su convencimiento de la "aberración y esquizofrenia" a la que ha llegado el PP.
El déficit cero en las cuentas de la Comunidad de Madrid que siempre ha defendido la presidenta regional, Esperanza Aguirre, se tambalea. Eurostat, la agencia europea que controla las cuentas públicas, ha determinado que Mintra, empresa pública regional con la que se financia la ampliación del metro, no es una sociedad mercantil ajena al Gobierno, sino una empresa pública de la Comunidad con todas sus consecuencias. Es decir, los 3.600 millones de déficit de Mintra deben imputarse a la Comunidad que, de entrada, adeuda otros 6.200 millones adicionales.
Esta decisión de Eurostat se conoció precisamente, el mismo día en que la consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, había comparecido ante los medios de comunicación para recordar que en 2004 la Comunidad tuvo un superávit de 100 millones de euros y la ejecución presupuestaria "más elevada en los últimos 15 años".
Hidalgo se mostró "orgullosa" de presentar estos datos "en un año duro" para las arcas regionales, puesto que el Gobierno autonómico trabajó con un presupuesto prorrogado "por la imposibilidad de aprobar las cuentas públicas hasta finales de mayo" [de 2004]. "No ha gastado ni un euro más de lo ingresado [el citado déficit cero]", añadió.
La nueva decisión de Eurostat es contraria a la que este mismo organismo había tomado en 2003, cuando determinó que Mintra era empresa de mercado y, por lo tanto, su déficit no debía ser imputado a la Comunidad. El argumento esgrimido en aquel momento es que más del 50% de sus ingresos provenían de la venta de sus productos.
Por eso, Hidalgo destacó que la nueva decisión de Eurostat se contradice con lo mantenido por Pedro Solbes, hoy vicepresidente del Gobierno de Zapatero, cuando era su máximo responsable: "Es una incoherencia que una vez que Solbes es nombrado vicepresidente de Economía y Hacienda del Gobierno español se decida que la deuda tiene que ser asumida por la Comunidad de Madrid". Hidalgo, que no tiene constancia oficial de la decisión de Eurostat, cree que el Ejecutivo español, "a lo mejor no ha defendido con suficiente vehemencia en esta ocasión el sistema de financiación del metro madrileño", y se pregunta si otras empresas públicas, nacionales y regionales que utilizan el mismo sistema, se verán afectadas por la medida.
Por todo ello, la responsable de Hacienda consideró "precipitada" esta decisión de traspasar la deuda de Mintra a la administración regional, y agregó que "parece una maniobra del Gobierno central para asfixiar a la Comunidad de Madrid por ser una referencia del crecimiento económico".
Asimismo, la consejera afirmó que la situación económica en la región ha pasado en unos años de estable a positiva, "lo que ofrece una mayor credibilidad a los mercados financieros". De este modo, proclamó que el Gobierno regional va a abordar todas las obras de metro que se habían previsto hasta el momento, como es la extensión de la red hacia el norte, el oeste y el este de la región.
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, denunció en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas que el Ejecutivo regional del PP presidido por el hoy alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "se inventó [hace unos años] una operación de ingeniería contable para financiar la ampliación de la red de metro, lo que ahora Eurostat considera como no válido". El líder socialista hizo hincapié en que este organismo europeo es "totalmente independiente de los gobiernos nacionales y de la Comisión Europea".
Según Simancas, "el PP, para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aznar, se inventó Mintra, de tal forma que la deuda de la construcción del metro no aumentara el déficit público".
Para el secretario del PSM, "Europa les ha pillado". Simancas pidió a Aguirre que no se mantenga "la ficción del endeudamiento cero" y manifestó que el PSOE "justifica el endeudamiento, pero de una manera transparente, gestionado de una manera legal para que no nos tengan que volver a llamar la atención en Europa".
Para el líder socialista, las consecuencias de esta decisión de Eurostat no son "de una gravedad dramática". Según Simancas, Aguirre para acometer su prometida ampliación de metro otros 80 kilómetros esta legislatura "tendrá de dejar de cumplir de hecho el equilibrio presupuestario, pero no pasa nada por estar endeudados", concluyó el líder socialista.
Por su parte, el portavoz de Transportes de Izquierda Unida en la Asamblea, Eduardo Cuenca, denunció que el Gobierno regional ha acometido la ampliación del metro sin haber presentado todavía un Plan de Viabilidad Económica-Financiera, lo cual siembra muchas dudas sobre la capacidad de Mintra, y ahora de la Comunidad, para financiar las obras ya licitadas.
"Es una ley muy importante, que afecta a la arquitectura institucional. Por eso, estoy preocupada. Antes de ser aprobada, esta ley debe ser debatida por los grupos políticos, igual que se ha hecho en Cataluña con la ley especial para Barcelona", declaró Esperanza Aguirre, del PP, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre el proyecto de Ley de Régimen Especial de la Ciudad de Madrid del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. PSOE e IU, que están de acuerdo en la conveniencia de un régimen especial para Madrid, coinciden en que debe ser fruto de un amplio consenso.
Gallardón, del PP, quiere que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero impulse una Ley de Régimen Especial de la Ciudad de Madrid que supondría dotar al Consistorio de muchos más recursos y más capacidad recaudatoria. "Lo que queremos es más dinero para Madrid. Pero eso no supone ninguna merma para la Comunidad porque no quitamos nada a la Comunidad", afirmó un miembro del equipo de Gallardón.
Aguirre, que se mostró muy moderada, rehusó opinar a favor o en contra del proyecto de su compañero Gallardón. "Es un tema que afecta a los fundamentos básicos de la organización territorial. Por eso, voy a convocar al PSOE y a IU para debatirlo. Es algo que tenemos que acordar todos los grupos, porque no puede hacerse a espaldas de la Asamblea", declaró.
La presidenta regional se expresaba en esa línea en una carta enviada el pasado viernes al líder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, aceptando la propuesta de éste para debatir el modelo territorial, la reforma del Estatuto y otros asuntos. Al referirse al plan de Gallardón, Aguirre confiaba a Simancas: "Dado que en dicho texto se contienen aspectos que afectan a cuestiones básicas de la Comunidad, que me preocupan, y a la vista de los primeros informes que me han hecho llegar los servicios de la esta Comunidad, creo que debemos aprovechar la oportunidad para alcanzar un acuerdo político general sobre el mismo, y poder contribuir así conjuntamente a su mejor contenido".
Tras conversar con Aguirre, el portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, dijo: "Esta ley afecta al Estado, a la Comunidad y al Ayuntamiento, y tiene que ser negociado por los tres. Hasta este momento, la Comunidad ha estado incomprensiblemente ajena a este asunto, que aparentemente ya está cocinado. Pero deben intervenir en este proyecto todos los grupos (PP, PSOE e IU) de la Asamblea".
Simancas se mostró a favor de una ley especial para la ciudad de Madrid "porque así está contemplado en el artículo 6 del Estatuto de autonomía y en el programa electoral del PSOE". Según Simancas, esta ley "tiene que reconocer el papel institucional de la ciudad de Madrid y darle compensaciones por los gastos que le supone ser capital del Estado". "Pero la elaboración y promulgación de esta norma", agregó, "tiene que hacerse al margen de un enfrentamiento entre Gallardón y Aguirre".
Gallardón sostiene que esta ley especial para Madrid tendría carácter estatal y que son las Cortes las encargadas de aprobarla, a propuesta del Gobierno central. "Es el mismo trámite que ha seguido la carta municipal de Barcelona, que será aprobada en breve. Es lo mismo", remacha un colaborador de Gallardón. Pero Ignacio González, vicepresidente primero de la Comunidad, sostiene: "Queremos que se haga como lo de Barcelona, donde se formó una comisión tripartita (Generalitat, Ayuntamiento y Gobierno central) y donde se discutió el tema durante mucho tiempo". Simancas sostiene: "Hay que debatir la ley en el Ayuntamiento, luego en la Asamblea y por último en las Cortes".
Trinidad Jiménez, portavoz socialista en el Ayuntamiento, recalca: "El PSOE tiene el compromiso de hacer una ley de capitalidad para Madrid. Es decir, ley de capitalidad, sí; pero no se puede hacer de forma apresurada y sin consenso político. Sería inadmisible que saliera adelante sin un gran acuerdo. Llama la atención que Gallardón rehúse el debate y ahora quiera ir tan rápido".
Tras criticar que la ley diseñada por Gallardón tiene "un enfoque financiero" y centrado en obtener más dinero, Jiménez pretende que sirva para replantearse el papel de las corporaciones locales.
Inés Sabanés, portavoz municipal de IU, opina: "Estamos de acuerdo en una ley que suponga que el Ayuntamiento tenga mayores competencias, pero debe ser una ley resultante del consenso, no del conflicto". En opinión de Sabanés, la norma proyectada por Gallardón supondría que "Madrid se convertiría en un foco muy importante, en detrimento del resto de la región". La portavoz de IU tiene "reservas insalvables" sobre el modelo de relaciones Ayuntamiento-Comunidad-Gobierno central ideado por el alcalde del PP: "En la Comisión General de Coordinación que figura en el proyecto de Gallardón sólo estarían ahora el PP y el PSOE, lo que supondría la laminación de la oposición".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), comentó en Tele 5 la detención de dos militantes del Partido Popular tras la agresión e insultos al ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación del pasado sábado en Madrid convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Aguirre manifestó: "Hemos celebrado el aniversario de la liberación de Auschwitz, precisamente para que no se olvide el Holocausto. El último paso de un totalitarismo en la abyección más absoluta, en lo más incalificable, en lo más degradante de todo, es el Holocausto".
"Pero mucho antes de eso", prosiguió, "empiezan los pequeños pasos en los regímenes totalitarios. No se permite a los judíos que ocupen determinados puestos, no se les permite votar en unas elecciones, no se les permite vivir en unos barrios... Y hay que denunciar los pasos en la mala dirección desde el primer momento. Evidentemente, puede ser una exageración, pero yo lo que quiero decirles es que la detención de unos ciudadanos honrados, normales, gente de orden, por el hecho de acudir a una manifestación y ser militantes del PP es un paso en la malísima dirección. Y luego, el descalificarme a mí etiquetándome de derecha más radical y todas esas cosas es otro paso en la mala dirección".
16. C. MADRID. AGUIRRE, ANTE SU PRIMER GRAN PROBLEMA EN EL PP DE MADRID. 31/01/05
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afronta quizá en este momento el principal problema desde que llegase a la presidencia del PP de Madrid en diciembre pasado. Dos de sus "pesos pesados" del partido andan a la gresca y las voces amenazan además con desestabilizar uno de los ayuntamientos populares más sólidos de la región, Majadahonda, y con tener repercusiones también en el propio Comité Ejecutivo Regional del PP que preside.
El ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, el de las fotocopias de la Comisión del "Tamayazo" en la Asamblea de Madrid el verano de 2003, no anda demasiado contento por cómo está haciendo las cosas su sucesor al frente del ayuntamiento de Majadahonda, Guillermo Ortega.
Asuntos de recalificaciones de terrenos, cuentan en voz muy baja a Garganta Profunda, les separan abiertamente y enfrentan ahora a muerte a dos buenos amigos de antaño. Tanto eran amigos que uno –Romero de Tejada– dio al otro –Ortega– la alternativa en política y cedió su puesto de alcalde cuando tuvo que abandonarlo para hacerse cargo de la Secretaría General del PP de Madrid, que abandonó –Romero de Tejada– el pasado diciembre, sustituido por Francisco Granados.
La pugna en Majadahonda entre Ricardo Romero de Tejada y Guillermo Ortega se traslada también al seno del máximo órgano ejecutivo del partido de Madrid, donde el ex secretario general del PP madrileño mantiene bien instalados algunos de los suyos más fieles, que amenazan por supuesto con poner "toda la carne en el asador" para que la pelota, ahora en el aire, caiga del lado de su "padrino".
Pero las cosas llegan a tanto que Ricardo Romero de Tejada, que maneja a la mayoría de los concejales del PP de su ciudad, amenaza –y "nunca lo hace en vano", dicen cercanos al ex alcalde y ex secretario regional del PP– con hacer que los ediles de su confianza –los "populares" tienen quince de veinticinco en la Corporación– se planteen presentar una moción de censura al buenazo de Wili Ortega para arrebatarle, por las bravas, el bastón de mando municipal. Continuará.
17. UN 'AGUJERO' DE 108 MILLONES PROVOCA UNA GRAVE CRISIS MUNICIPAL EN MAJADAHONDA. 02-02-2005
El gobierno municipal de Majadahonda (60.000 habitantes) está roto. El alcalde, Guillermo Ortega Alonso, del PP, está a punto de presentar su dimisión ante la dirección del partido. Fuentes del PP dan por hecha su salida en los próximos días (es "inminente", dicen). El equipo de gobierno -15 concejales, contra siete del PSOE, dos del CDS y uno de IU- se ha dividido en dos: de un lado, tres ediles en torno a Guillermo Ortega Alonso; del otro, 10 ediles agrupados por Narciso de Foxá, ex concejal de Urbanismo, ex primer teniente de alcalde y actual presidente de la sociedad municipal Pammasa.
El grupo municipal socialista cree que la división se ha producido precisamente por la gestión de esta empresa que, según el PSOE, ha provocado pérdidas al Ayuntamiento por valor de 108 millones y la quiebra financiera del Consistorio. Un informe elaborado por ediles próximos a Ortega avalan esta cifra.
Los socialistas hablan de "trama financiera" para referirse a la gestión de la empresa pública Pammasa. Ésta es una sociedad creada en 1992 por el entonces alcalde Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP-Madrid. Su objeto social abarca toda la actividad urbanística, desde la gestión y urbanización del suelo hasta la edificación de viviendas. A pesar de tener un 100% de capital municipal, no la controla el actual alcalde, sino su presidente, Narciso de Foxá.
Según los socialistas, la empresa ha descapitalizado en los últimos años al Ayuntamiento, llevándole a la quiebra. ¿Y cómo lo ha hecho? El Ayuntamiento cedía a Pammasa parcelas municipales de uso libre para que sobre ellas se levantasen viviendas de protección oficial.
Pammasa, a su vez, vendía a las promotoras los derechos de construcción de estas viviendas libres a cambio de una compensación económica: 30.000 euros por cada piso protegido no construido. El Ayuntamiento se veía obligado así a asumir la obligación de levantar las casas protegidas que no hacían los privados. Los socialistas llaman a esta operación "el permutazo".
Ortega, según ediles del PP, al descubrir el entramado, paró una operación en 2004, la referente a la parcela RN1 con 261 posibles casas, y sacó a concurso el suelo para vivienda libre. Sin embargo, Foxá, que defiende la gestión de Pammasa, afirma que las irregularidades se producen al intentar Ortega vender las parcelas en concurso libre. Ortega quería vender a 1.600 euros el metro, pero Foxá dice que vale, por lo menos, 2.700.
Un dossier elaborado por concejales del equipo del gobierno cifra en 1.285 viviendas las operaciones que Pammasa realizó con privados entre los años 2000 y 2002. Y ponen como ejemplo que en la parcela RN9 (un solar de 16.000 metros cuadrados y donde podían ser edificadas 132 viviendas libres), "el Ayuntamiento ha sufrido un quebranto económico de 2.753 millones de pesetas [unos 16 millones de euros]".
El informe de los ediles del PP asegura que con el agujero económico ocasionado al Ayuntamiento se podrían haber levantado 3.755 pisos protegidos. Majadahoda ha edificado sólo 1.000 pisos con algún tipo de protección desde 2000.
En un carta que Foxá dirigió a las promotoras en junio de 2000 se lee: "Es intención de Pammasa ceder derechos para edificar viviendas libres, por un monto total de 377, asumiendo la obligación que tienen otros promotores de edificar viviendas sujetas a algún tipo de protección, a cambio de una contraprestación económica. Las ofertas deberán superar el precio mínimo de 30.000 pesetas el metro cuadrado, con un mínimo de tres millones de pesetas por vivienda".
El citado dossier del equipo municipal asegura que en 2004, Ortega descubrió la operación y paralizó otra nueva cesión a Pammasa: la parcela RN-1, con 261 viviendas libres. La parcela fue valorada por el arquitecto municipal, ajustándose a la ley y virtud de que el Ayuntamiento la consideraba destinada a vivienda protegida, en 1.515 millones de pesetas, cuando su valor de mercado era de 9.272 millones de pesetas (precio que habría obtenido el Consistorio si la hubiera vendido en subasta). El alcalde frenó la venta y la sacó a concurso por los citados 9.272 millones. Se presentaron 11 empresas.
Narciso de Foxá explica que el procedimiento de venta de derechos por parte de Pammasa para edificar vivienda libre es transparente. "Se adjudicaron por subasta, y al precio que dijo el arquitecto municipal. Además todos los grupos políticos del Ayuntamiento lo aprobaron por unanimidad, incluido el PSOE".
Fuentes del grupo de ediles contrarios a Ortega aseguran, por su parte, que donde se han producido las irregularidades es en el concurso para vender dos parcelas municipales de vivienda libre, la 2D y la RN-1. "No podíamos permitir que se nos obligara a aceptar la venta de suelo municipal a 1.600 euros el metro cuadrado como quería Ortega, cuando en Pozuelo se están vendiendo a 3.280; en Las Rozas a 2.900; y en Boadilla a 2.700. Con esta actuación el municipio va a perder unos 50 millones de euros", explican. "Es un escándalo", mantienen.
El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, reconoció hace unos días que Majadahonda vive "momentos delicados" derivados de la remodelación de su gobierno local, pero asegura que "nunca" se ha cuestionado la gestión del actual alcalde. "Está siendo un excelente alcalde y ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Es, desde luego, una ciudad que es un modelo dentro de la Comunidad y lo va a seguir siendo", afirmó.
Como máximo responsable de estos asuntos dentro de su partido, Granados explicó: "Desde el PP lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo: recoger los datos de lo que está sucediendo allí, que yo no calificaría de crisis, sino de momento delicado".
18. C. MADRID. EL 'NÚMERO DOS' DEL PP INTENTA CERRAR LA CRISIS DEL EQUIPO LOCAL DE MAJADAHONDA. 03/02/05
El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, se reunió por la tarde con los ediles populares de Majadahonda para tratar de solucionar la situación que se vive en el municipio ante una posible renuncia del actual alcalde, Guillermo Ortega. Éste no asistió a la reunión. Según fuentes municipales, está de baja por enfermedad, circunstancia que Granados dijo desconocer. "Me ha consultado y yo le he dicho que me parecía bien que no estuviera. No porque exista enfrentamiento, sino porque se iba a hablar de su situación personal", agregó.
A la salida del encuentro, que duró unas dos horas, Granados afirmó que no se había barajado ningún nombre para sustituir al alcalde, y que tampoco habían llegado a una decisión sobre el futuro municipal. "Sólo se trataba de analizar la situación que se podría producir ante una eventual renuncia del alcalde, que en absoluto está todavía decidida", explicó. También anunció que en los próximos días habría noticias al respecto.
El dirigente popular informó de que el alcalde todavía no ha renunciado a su cargo. "Es una decisión personal, que toma por motivos de salud. La última palabra depende de él, porque no ha puesto ningún plazo", aseguró. Al mismo tiempo, Granados negó la existencia de una crisis política en el Ayuntamiento, y sostuvo que el grupo municipal está cohesionado. Sin embargo, uno de los tres concejales afines al actual regidor (de un total de 15) indicó al salir de la reunión que les estaban intentando acorralar. En cuanto a las presuntas irregularidades económicas denunciadas por la oposición municipal, Granados sostuvo que no tenía ningún dato que le llevara a pensar que fueran reales.
La oposición municipal (PSOE, CDS e IU) ha denunciado desde hace meses que la actividad del Ayuntamiento de Majadahonda está parada debido a la división interna de los concejales del PP. En un grupo se encuentra Ortega arropado por tres ediles afines. En el otro, los restantes 10 agrupados en torno al concejal Narciso de Foxá, al que el alcalde ha ido despojando de competencias. En la actualidad éste es presidente de Pammasa, empresa que gestiona la actividad urbanística en Majadahonda.
Según el PSOE y un informe realizado por los ediles afines a Ortega, la gestión de esta empresa ha provocado al Consistorio unas pérdidas por valor de 108 millones. "Éste es realmente el detonante de la crisis", mantiene el PSOE. Sin embargo, para el grupo de ediles contrarios al alcalde la crisis se desencadenó cuando se negaron a apoyar al alcalde en la venta de una parcela municipal a un precio de 1.600 euros el metro. "Se podría haber vendido al menos a 2.700 euros", recalca Foxá.
Según Granados, el alcalde le comunicó hace un mes que estaba pensando presentar su dimisión "por motivos de salud".
19. C. MADRID. AGUIRRE VENDERÁ SUELO PARA RECUPERAR EL CAPITAL INVERTIDO EN EL PARQUE WARNER. 04/02/05
Hace tres años, la Comunidad abrió el parque de ocio de la Warner en San Martín de la Vega con la convicción de que sería un éxito, y reservó a su alrededor más de 200 hectáreas de suelo para edificar comercios y hoteles en lo que, imaginaba, iba a ser un Las Vegas. Pero el sueño ha acabado en fracaso: los visitantes son menos cada año y el parque acumula una deuda de 226 millones. Por eso, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha decidido vender ese suelo, utilizar el dinero para enjugar la deuda del parque y salir después del accionariado, según anunció el consejero de Presidencia, Francisco Granados. Sobre los terrenos se construirían viviendas. Pero la idea no convence al alcalde de San Martín, del PSOE.
Hace meses que el Gobierno regional, consciente de la crisis que vive el complejo de ocio, anunció que su intención es salirse de la sociedad anónima Parque Temático de Madrid (PTM), propietaria del recinto y en la que el Ejecutivo tiene el 43% del capital. Pero para hacerlo tiene que dejar antes saneadas las cuentas, porque si no, cuando intente venderlas, sus acciones no valdrán nada. Por eso, lo primero que hizo la Comunidad fue forzar, el pasado noviembre, la rescisión del contrato que PTM tenía con la empresa estadounidense Six Flags, encargada de la gestión del parque y responsable, según el Ejecutivo regional, de sus malos resultados. Una vez cambiado el equipo gestor, lo que el Gobierno regional busca ahora es la "solución definitiva" a la sangría de dinero que ocasiona el parque. Y eso es lo que el consejero de Presidencia, Francisco Granados, fue a explicar ante el pleno de la Asamblea. "No se les oculta a sus señorías que el parque tiene problemas de financiación", señaló. "Tenemos que buscar una solución definitiva para garantizar la viabilidad del parque, recuperar parte de la inversión y salir de la sociedad".
Según Granados, esa solución sería la siguiente: la Comunidad vendería, por concurso público, a promotores privados las 123 hectáreas de suelo que la empresa pública Arpegio posee junto al recinto temático, e impondría su mayoría accionarial en PTM para que ésta venda también las 98 hectáreas de suelo que tiene allí. En total, 221 hectáreas. En ese terreno, según lo previsto hace tres años por el Gobierno, encabezado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, iban a construirse centros comerciales, hoteles y hasta un parque acuático, para complementar el gran complejo de ocio en el que, según creían sus creadores, iba a convertirse el parque de la Warner. Pero, vistos los resultados, "esos usos están no sólo fuera de las necesidades del mercado, sino fuera de la realidad", dice el consejero.
El parque ha fracasado, así que lo único que puede hacerse ya, según la Comunidad, es intentar reflotarlo, pero no tiene sentido seguir reservando suelo para rodearlo de zonas comerciales. Es más útil vender esos terrenos, dedicarlos a viviendas "y algún hotel" y, de paso, obtener unas plusvalías millonarias que servirán para liquidar la deuda del parque y recuperar parte de la inversión hecha por el Gobierno regional en estos tres años. Esa inversión asciende a 160 millones € (el 43% de la inversión total, 400 millones, asumida por PTM).
Granados ha iniciado las conversaciones con el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, gobernado por el PSOE, porque es éste quien tiene que aprobar el cambio de uso de los terrenos: de hotelero o comercial, a residencial. Ese cambio no requiere una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Un portavoz de Presidencia afirmó que la Comunidad y el Ayuntamiento firmarán, "en un mes", el convenio para aprobar el cambio de uso. Después, todo el proceso de venta del suelo se extenderá a lo largo de dos años.
Pero, Miguel Á. Belinchón, alcalde de San Martín, descarta que el acuerdo llegue tan pronto. "Nosotros no nos cerramos a nada, y estamos dispuesto a negociar con la Comunidad. Pero, en principio, nos oponemos a que en ese suelo se hagan viviendas. Es un terreno a cuatro kilómetros del casco urbano, y eso sería como crear un San Martín de Arriba y un San Martín de Abajo. Y, además, se daría la paradoja de que el anexo al municipio tendría más viviendas que el municipio original [que tiene ahora 16.000 habitan-tes]", señala. Y añade: "Estamos dispuestos a cambiar el uso de parte del terreno para hacer casas, pero preferimos que el grueso del suelo se destine a lo que estaba previsto: comercios y hoteles".
20. C. VALENCIANA. EL AÑO CLAVE DE FRANCISCO CAMPS. 30-01-2005
"Os pido que (grabado) a fuego, tengáis claro que 2005 es un año clave para una comunidad clave del arco mediterráneo". Francisco Camps reunió el pasado viernes 21 a los altos cargos de su Administración para advertirles de la importancia del año en curso. El presidente arengó a sus cuadros directivos: "Tenemos las ideas absolutamente claras. Nosotros tenemos la clave para crecer, para prosperar, la clave del modelo institucional y la clave del arco mediterráneo. (...) No hay ningún espacio territorial que tenga una capacidad de futuro semejante. (...) Es difícil encontrar un territorio que tenga tanto atractivo para vivir como para ser visitado". Al concluir su discurso, Camps había enumerado las ideas claras para conquistar ese futuro. Fueron dos: el trasvase del Ebro y la reforma del Estatuto de Autonomía.
Este último punto conecta con el debate político más intenso que se vive en España en los últimos años: la organización territorial del Estado. Pero más allá de incorporar la consideración de nacionalidad histórica, la capacidad del presidente para disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, así como las prisas por cerrar la reforma estatutaria, poco más se sabe de las intenciones de los populares valencianos, plasmadas en un documento redactado por el director del gabinete jurídico de la Presidencia de la Generalitat, José Marí. La falta de iniciativa política se ha traducido en ausencia de aportaciones al debate sobre la organización del Estado. El PP valenciano, sin embargo, no ha estado solo en su invisibilidad; el PSPV tampoco ha generado idea alguna.
Fuentes cercanas al presidente Camps apelan al cambio político que se produjo en las últimas elecciones generales y a la crisis interna del PP para justificar el quietismo presidencial: "Nada le ha salido bien desde que llegó al Palau de la Generalitat. Primero, Aznar guillotinó la impronta valencianista de los primeros meses; luego vino la derrota electoral y la derogación del PHN y, a continuación, la guerra civil en el partido. No ha tenido un día de respiro". Desde el zaplanismo no se ven así las cosas. Un diputado en Madrid próximo al ex presidente analiza de este modo al Consell que debe gestionar el año clave: "Es un buen gobierno, con alguna excepción, si se analiza a los consejeros individualmente; pero es incapaz de generar ilusión, de convertir, por ejemplo, la Copa del América en un proyecto de cohesión social y de liderar a la sociedad. No tiene proyecto". Y remata: "Un líder, como Bono o Rodríguez Ibarra, lo hubiera conseguido". Un juicio tan duro se subraya aún más con la opinión de una persona que se sienta en la mesa del Consell: "Parecemos un gobierno de ocurrencias". ¿Lo es?
Los mensajes lanzados por el consejero portavoz tras los plenos del Consell en las últimas semanas y recogidos de titulares de prensa han sido: "El portavoz del Consell critica que Moratinos no le reciba y sí se reúna con Mas y Durán" (10/12/04); "González Pons reitera a la AVL que debe acatar el informe del Consejo Jurídico" (17/12/04); "El Consell afirma que la Ley de Publicidad del Gobierno busca amordazar a las autonomías" (7/01/05); "El Consell anuncia que cerrará las televisiones ilegales antes de agosto" (15/01/05); "El Consell acusa al Gobierno de abandonar a grupos de inmigrantes en Valencia y Alicante sin avisarle" (21/01/05). Todo apunta a que la clave para prosperar y del modelo institucional que dice tener Camps consiste en una sistemática campaña de ataque al Gobierno de Rodríguez Zapatero. El mensaje que se traslada es claro: "Si no vamos mejor es por culpa del PSOE de Madrid".
Pero esta estrategia tampoco es compartida por todo el PP. El sector crítico con Camps apunta que el verdadero problema se encuentra en "un gobierno que no es capaz de presentar acciones en positivo, que no actúa proactivamente. El enfoque del PHN es paradigmático. Está claro que el Gobierno no nos va a dar agua; pero si nosotros no hacemos algo por nuestra cuenta para conseguirla, desaladoras, lo que sea, va a a quedar claro que no nos hacía falta". Una persona identificada con el zaplanismo llega a preguntarse: "¿Quién gobierna? Las consejerías son reinos de taifas".
El diagnóstico es compartido por un miembro del Gobierno. "No existe una estrategia definida", asegura. "Y ahora se nota más porque ya no tenemos la excusa de las peleas internas. Las consejerías, unas mejor y otras no tan bien, funcionan; pero no existe una estrategia homogénea y global", concluye.
¿La polémica con la Acadèmia Valenciana de la Llengua se produce para ocultar esa falta de estrategia, es una ocurrencia o responde a una convicción política? Hay interpretaciones para todos los gustos, desde quien piensa que Francisco Camps se negó para no pasar a la historia como el primer presidente que reconocía la unidad del idioma de forma tan manifiesta, hasta quien ve una maquiavélica operación diseñada para aparentar una ruptura con Cataluña cuando en realidad lo que se busca es una mayor autonomía respecto de Madrid, acercando posiciones bajo cuerda con los catalanes.
Una fuente del Consell opina que la confrontación se produjo por la confluencia de tres elementos: la crisis interna del PP, la postura de la Generalitat catalana, y singularmente del PSC, de buscar una posición dominante sobre la Comunidad Valenciana y, por último, la voluntad de los académicos de aprobar el dictamen con la doble denominación catalán/valenciano. Todo ello provocó el estallido del 22 de diciembre con el consejero Font de Mora actuando de "autoridad civil, por supuesto", como ha escrito un politólogo. Pese a todo, desde presidencia de la Generalitat se opina que no hay mal que por bien no venga y se apunta que la crisis de la Acadèmia ha obligado a conversaciones al más alto nivel con los catalanes para buscar acuerdos y desbloquear la situación. En esa línea hay que interpretar la presencia de Jordi Pujol en Valencia, permanentemente escoltado por el consejero González Pons, o sus declaraciones en Canal 9, reclamando relaciones bilaterales entre Valencia y Barcelona al margen de Madrid, que ya estarían estableciéndose de manera exploratoria. En Presidencia, además, se acogieron con satisfacción las críticas de Pujol a Carod-Rovira cuando afirmó que "por cada catalanista valenciano, aparecen mil anticatalanistas".
La polémica con la Acadèmia, sin embargo, es vista de forma muy diferente desde el zaplanismo: "Fuera de la Comunidad Valenciana hemos hecho el ridículo y no se entiende para qué hemos reabierto la batalla de la lengua. ¿Y para qué ha servido el valencianismo de Camps? Para alimentar a Coalición Valencianista", concluye esta fuente.
Los campistas ven la situación de otro modo. La batalla de la Acadèmia ha favorecido el acercamiento con Cataluña y ha ayudado al deshielo con el gobierno de Pasqual Maragall. Las declaraciones de Francisco Camps realizadas en Murcia sobre la eurorregión, el mismo día en que el portavoz del tripartito catalán, Joaquim Nadal, se pronunciaba en idéntico sentido, intentaban trasladar la imagen de acercamiento entre ambos gobiernos. "En las conversaciones con Ernest Maragall, hermano del persidente catalán, se ha hablado de muchas cosas. Probablemente la cuestión que menos tiempo ha consumido ha sido la del idioma". Lo que no se dice desde Presidencia, aunque se confirme con la boca chica desde el PP, es que la presión de los empresarios valencianos para reconducir las relaciones con los vecinos del norte ha sido decisiva. "El mundo empresarial está satisfecho" es lo máximo que se llega a reconocer desde el Consell.
En este contexto de falta de estrategia global y homogénea, con el PP todavía dividido, buscando permanentemente la confrontación con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y un par de ideas, Camps ha proclamado que el 2005 será un año clave para la Comunidad Valenciana. Sus seguidores en el PP son quienes más desearían creerle.
21. C. VALENCIANA. EL PP DE LAS CORTES ADJUDICA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA DECISIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. 29-01-2005
La Mesa de las Cortes Valencianas acordó, con los votos de los representantes del PP, adjudicar a la empresa Publicidad Alicantina, SA, una campaña institucional para dar a conocer el Parlamento valenciano en centros escolares. La decisión se adoptó a pesar de que la mesa de contratación constituida para gestionar el concurso convocado al efecto consideró mejor la oferta de la otra empresa que había concurrido, Inédita, SL, que, además, presentó un presupuesto inferior. Inédita presentó un proyecto valorado en 232.184 euros, mientras que el de Publicidad Alicantina sumaba 246.627 euros.
Esta es la segunda vez en apenas unas semanas, después de 22 años de funcionamiento de las Cortes Valencianas, en que la institución adjudica un concurso en contra del criterio de la mesa de contratación. Además, hasta ahora lo habitual era que iniciativas como la adjudicada las organizara directamente -y por precios sensiblemente inferiores- el departamento de protocolo de la Cámara.
La campaña prevé celebrar en centros educativos un concurso de dibujo, redacción y fotografía entre escolares de 11 a 18 años, aunque restringido -sin que consten las razones- a poblaciones de no menos de 50.000 habitantes.
La mayoría del PP en la Mesa de las Cortes adoptó la decisión de adjudicar el concurso a Publicidad Alicantina sin tener en cuenta la resolución de la mesa de contratación, que había elegido a Inédita, SL, por presentar la oferta más barata. Esta empresa ya ha trabajado anteriormente para las Cortes. La vicepresidenta de la Cámara, Maira Barrieras, del PP, justificó la decisión por las "mejoras" presentadas por la empresa alicantina, que consisten en insertar publicidad en autobuses de la línea Alicante-Alcoy.
Pero Barrieras no aportó documento alguno alguno al respecto, según fuentes socialistas. Publicidad Alicantina ha trabajado para la Diputación de Alicante, que presidió en su día Julio de España, ahora presidente de las Cortes. Publicidad Alicantina pertenece al grupo Subús, del empresario Jesús Arias, que gestiona el transporte público en Alicante, además de otras localidades alicantinas y francesas, y engloba también a empresas de limpieza y de automóviles, entre otras.
22. C. VALENCIANA. UN EDIL DEL PP CONSIDERA UNA AMENAZA LA LLEGADA DE INMIGRANTES DE ÁFRICA. 01/02/05
El concejal y portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Pedro Romero, manifestó su «preocupación» por la «amenaza de Transmediterránea de traer muchos más inmigrantes desde el Norte de África», ya que ello «va a hacer muy difícil la convivencia», culpando a los inmigrantes de las deficiencias en los servicios públicos. El edil del equipo de gobierno dijo que está preocupación la ha mostrado, «a título personal» la mitad aproximada del equipo municipal de gobierno del PP. Se da la circunstancia de que el alcalde, Luis Díaz Alperi, no acudió a la Junta por encontrarse enfermo.
En la rueda de prensa, el portavoz municipal del PP alicantino Pedro Romero señaló que varios ediles «a título particular» abordaron las declaraciones efectuadas por el alcalde, Luis Díaz Alperi, a una emisora de radio, la semana pasada, contrarias a la implantación de la línea de Transmediterránea entre Alicante y Argelia.
Para Romero, el anuncio de la compañía marítima es una «amenaza» que hará «difícil la convivencia», y acto seguido atribuyó los problemas del paro y la falta de centros escolares y sanitarios a la «masiva llegada de inmigrantes».
Así, el edil del PP dijo que «está subiendo el paro estrepitosamente porque hay gente que se apunta al paro cuando lleva aquí algún tiempo y tiene unos derechos por el hecho de estar en territorio español». Romero insistió, una y otra vez, que «el ayuntamiento y la Policía Local no tienen ninguna responsabilidad» y arremetió contra la Sudelegación del Gobierno y contra el Gobierno Central porque «no están tomando cartas en el asunto para arreglar el problema». A preguntas de los medios de comunicación, dijo que «nunca se acaban de hacer los colegios que se precisan porque se está matriculando a cientos de críos durante un curso cuando no se les esperaba». También dijo que «hay colas en los centros sanitarios» como consecuencia de esta gran afluencia de inmigrantes.
Tras exponer estos problemas Romero señaló que «nadie está en contra de la inmigración, pero seamos ordenados y hagamos las cosas debidamente. No se pueden abrir así las fronteras», volviendo a hacer referencia a la exclusiva competencia de la Administración Central en esta materia.
También dijo que «Alicante es una ciudad diseñada para 300.000 habitantes, pero hay muchísimos por las calles que no están censados», y añadió que a todos «hay que darles educación, sanidad y trabajo». El portavoz del PP señaló que «es tremendo lo que está pasando», y añadió que «no lo digo yo, lo dicen en los periódicos, en las radios y en internet», aludiendo a sucesos e incidentes que se producen relacionados con la inmigración.
Cuando se le pidieron datos, el concejal señaló que «no estoy en condiciones de dar cifras» pero añadió que «los servicios sociales están sobresaturados».
23. C. VALENCIANA. LAS DECLARACIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN DEL PORTAVOZ MUNICIPAL ACENTÚAN LA TENSIÓN EN EL PP DE ALICANTE. 03/02/05
La controvertida visión sobre la inmigración de Pedro Romero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, para quien la implantación de una nueva línea marítima entre esta ciudad y Orán (Argelia) operada por Trasmediterránea, supone "una amenaza" que "hará muy difícil la convivencia" y para quien los inmigrantes son los causantes de los problemas en la gestión de los servicios públicos ha aumentado la tensión en el gobierno local, dividido entre campistas y zaplanistas.
Entretanto, el secretario general del PSPV-PSOE en Alicante, Juan Antonio Román, aseguró que los servicios jurídicos del partido estudian la posibilidad de entablar acciones legales contra el portavoz del PP. Román consideró "racistas y xenófobas" las afirmaciones de Romero y estimó que "transgreden la ley penal", por lo que "debería plantearse su dimisión y devolver el acta" de concejal.
Los socialistas creen que las afirmaciones de Romero no representan al pueblo alicantino, ya que "esta ciudad ha sido siempre muy acogedora", y consideran que lo único que pueden provocar es "una reacción peligrosa por parte de un sector de inmigrantes". Román subrayó que "traspasan los límites del código penal" y demuestran una "irresponsabilidad política".
La última vez que una naviera intentó establecer nuevas conexiones entre Alicante y el Magreb también encontró un firme rechazo del gobierno municipal. La compañía Cenargo España, que trató de poner en marcha en 1993 una línea de pasaje y carga entre Alicante y Nador (Marruecos), encontró la oposición del alcalde de entonces, el socialista Ángel Luna, quien, finalmente, se salió con la suya después de que el Tribunal Supremo rechazado el recurso contencioso-administrativo presentado por la compañía de capital británico.
Cenargo informó en junio de 1993 a la Secretaría General para los Servicios de Transportes del Ministerio de Obras Públicas de la llegada a Alicante del transbordador Scirocco para iniciar el servicio con Nador.
A los pocos días, la Autoridad Portuaria de Alicante denegó el atraque a este buque. La empresa recurrió la decisión de las autoridades portuarias, pero el Supremo justificó la prohibición de la línea por "las exigencias imperativas del control de las fronteras españolas, que legitiman la necesidad de someter a un cierto control, también inicial, el establecimiento de una línea regular que pretenda desembarcar en España".
24. C. VALENCIANA. EL EQUIPO DE CAMPS EXCLUYE A ZAPLANA DE LA CAMPAÑA DEL REFERÉNDUM EUROPEO EN LA COMUNIDAD. 01/02/05
El PP valenciano que preside Francisco Camps no tiene previsto que el portavoz en el Congreso y cabeza de lista por Valencia en el 14-M, Eduardo Zaplana, participe en los actos que el partido llevará a cabo a partir del próximo viernes en favor del sí en el referéndum de la Constitución Europea. El veto puede remover los rescoldos del conflicto interno entre campsistas y zaplanistas apagados en las últimas semanas.
La secretaria general, Adela Pedrosa, y el responsable de organización del partido y de la campaña del referéndum del PPCV, Enrique Crespo, dieron a conocer en rueda de prensa los participantes previstos en los distintos actos. Confirmaron la presencia en la Comunidad del líder del partido, Mariano Rajoy, y de los ex ministros Cristóbal Montoro, Ana Pastor y José María Michavila y «probablemente», en palabras de Crespo, de Ángel Acebes. Del también ex ministro Zaplana nada se dijo.
A preguntas de los periodistas sobre la ausencia de Zaplana, Crespo argumentó que el cartel anunciado «es el planteamiento de lo que tenemos ahora confirmado»aunque, apuntó, «quedan muchos días pendientes vacíos [hasta el día 18] y efectivamente se van a generar muchas más actividades». Incluso añadió que no se descarta que el ex presidente de la Generalitat y del PPCV en los últimos once años pueda desplazarse a Alicante para asistir a conferencias sectoriales «o incluso a Valencia o a Castellón». Lo cierto es que de momento no figura en las previsiones de la dirección regional.
De hecho la presencia de Zaplana no fue mentada en un principio ni como posibilidad. Fuentes de la dirección nacional consultadas por este diario mostraron cierta incredulidad ante la voluntad de prescindir del que fue cabeza de lista al Congreso. La mismas fuentes adelantaron que el ex presidente de la Generalitat tendrá una presencia activa en la campaña, que se inicia el viernes, e incluso mantuvieron que «si así lo desea» protagonizará mitines en la Comunidad Valenciana. Pedrosa informó que Camps presentará el sábado en Valencia un decálogo para el apoyo a la Constitución Europea. Camps, que acompañará a Rajoy, en su visita adelantada por este diario a Valencia y Xàtiva, también acudirá a Castelló y Alicante.
La número dos mantuvo que el PPCV va a movilizar a todo su electorado porque los populares dicen «sí a la Constitución Europea sin fisuras» y garantizó que en todas las mesas electorales habrá interventores y apoderados. Sin embargo, en Alicante, el PP, al contrario que el PSOE, no ha pedido a la junta electoral locales público para mítines.
25. C. VALENCIANA. DE MIGUEL TACHA DE «ERROR» EL VETO DEL PP A ZAPLANA Y ADVIERTE QUE SE MALOGRA LA UNIDAD DEL PP. 02/02/05
La consellera Alicia de Miguel salió en defensa del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, al desaprobar la intención de la dirección del partido de vetar su presencia en la Comunidad en la campaña por el referéndum europeo. De Miguel lo calificó de «error».
La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, dijo sentir «pena y tristeza» ante el veto de la dirección del PP valenciano al ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en la campaña para promover el sí a la Constitución Europea. Preguntada sobre este asunto durante una visita a Xàbia, De Miguel aseguró que prescindir del portavoz del grupo popular en el Congreso es un «error y una torpeza»y calificó de «desmoralizante» la situación.
Las declaraciones de la titular de Bienestar Social se producen un día después de la rueda de prensa ofrecida por el director de campaña del referéndum europeo, Enrique Crespo, y la secretaria general del PP, Adela Pedrosa, para presentar los actos programados y las personalidades que se desplazarían a la Comunidad Valenciana para recabar el apoyo de la militancia a la Constitución Europea. La lista, en la que figuran varios ex ministros, no incluye en un principio al que fue cabeza de lista por Valencia en el Congreso de los diputados.
De Miguel, destacada zaplanista, no escondió su malestar ante la intención de la dirección del PP de prescindir del portavoz del PP en el Congreso de los diputados: «Hay quién tiene el empecinamiento en provocar situaciones que no deberían de ocurrir nunca» Y añadió: «Con esta serie de errores lo único que se consigue es malograr la «unidad y cohesión del Partido Popular, que, por el contrario, es nuestro deber y responsabilidad mantener». La consellera aseguró que el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados «tiene muchos lugares a los que ir y no hace falta que nadie le organice la agenda para venir a la Comunidad Valenciana pese a que- estoy segura de que todo el partido estará encantado de que venga». No es la primera vez que De Miguel muestra públicamente su disconformidad con alguna de las decisiones del partido.
Preguntado anoche Alfonso Rus, presidente del PP en la provincia de Valencia, sobre las palabras de De Miguel, indicó: «la consellera es consellera y no está en el órgano que evalúa o que decide» quien debe participar en los actos públicos. «Eduardo [Zaplana]-continuó Rus- es un activo del partido importante y si él, en un momento dado, piensa que puede estar nadie le va a decir que no». «Aquí hay que sumar y no restar, lo dijimos antes de las elecciones», remató. Ricardo Costa, vicesecretario regional del PP, quien acompañaba a Rus en la rueda de prensa, evitó la polémica y comentó que muchos de los mítines los organiza la dirección nacional.
Por otra parte, la vicesecretaria del Partido Popular de Alicante y diputada en el Congreso, Macarena Montesinos, comentó que el PP alicantino estaría «encantado» de poder contar en la campaña posteriormente con el portavoz del partido en el Congreso, Eduardo Zaplana. Fuentes de la dirección nacional recalcaron que el portavoz en el Congreso participará en mítines en Valencia.
26. C. VALENCIANA. MARTÍNEZ CORRIGE A FABRA Y REBAJA DE 9 A 7 LOSASESORES DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN. 02/02/05
El vicepresidente primero de la Diputación de Castelló, Francisco Martínez, rebajó el número de asesores del presidente, Carlos Fabra, a 7 , en vez de los 8 ó 9 que apuntó éste apenas 24 horas antes. «El presidente no tiene ese número de asesores que se le asigna. Se han hecho manifestaciones que no son ciertas.
El presidente tiene 7 asesores. Hay otros que son de grupos». Por ello, pidió a la oposición que «llamen a las cosas por su nombre y que no pongan en el mismo saco a todo el personal eventual y se adjudiquen todos a Presidencia». Y les remitió a la relación de puestos de trabajo que acompaña el Presupuesto de 2005 y anteriores, donde«figuran las funciones, el número de puestos y el trabajo que realizan».
El vicepresidente primero explicó que se le asignan al presidente asesores que realizan otras misiones. Así, aclaró que «algunos, como Juan José Castillo, que es funcionario municipal en comisión de servicios, se encarga de asuntos sociales, como cualquier otro funcionario de la casa y hace una labor muy importante».
De otros como José Tovar, apuntó que «está en el Patronato de Cerámica» y que «no pertenece ni hace labor en Presidencia». Otro, como el concejal de Morella y responsable del proyecto de dinamización del Castillo de Morella, Francisco Medina, lo adscribe Martínez al área de Cultura. Reconoció otros asesores adscritos a las vicepresidencias tercera y cuarta, Salvador Oliver y Ramón Vilar; otro adscrito a Cultura, Luisa Oliver, más los nueve de los grupos políticos.
Martínez cree que la oposición incluye como asesores de Fabra a la jefa de Secretaría y al conductor, que «sino estuvieran tendríamos que llamar a otro». Admitió que el cuñado de la ex ministra de Medio Ambiente trabaja como asesor y que se encarga de «llevarle la agenda de actividades»al presidente y «coordinar a los vicepresidentes y diputados para que acudan a los actos que no puede cubrir el presidente».
Además del personal eventual de libre designación al que alude el vicepresidente primero, en el entorno del presidente trabajan funcionarios con plaza. En ese lugar están tres administrativas, que son designadas de entre los funcionarios por el presidente para desempeñar esas tareas.
27. C. VALENCIANA. SOCIALISTAS Y EU EXIGEN LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DEL PP DE MISLATA POR ASISTIR A UNA PELEA MONTADA POR ULTRAS. 02-02-2005
Socialistas y Esquerra Unida exigieron la dimisión del alcalde popular de Mislata, Manuel Corredera, por asistir a una pelea organizada por personas vinculadas a la extrema derecha. Los combates de vale-tudo (una pelea callejera en la que prácticamente no hay reglas y que no está reconocida por ninguna federación deportiva de lucha) se celebraron en el pabellón municipal de Mislata, que autorizó el espectáculo. En las dos peleas de vale-tudo intervinieron simpatizantes de España 2000, el partido ultra que, entre otras actividades, ha organizado manifestaciones contra la inmigración en barrios como Russafa. Al violento espectáculo acudieron el alcalde de Mislata, el popular Manuel Corredera, y otros personajes públicos como el ex presidente del Valencia CF Pedro Cortés. Durante la velada de lucha se permitió la entrada de niños. El escándalo sobre lo sucedido en el pabellón municipal de Mislata saltó en la noche de lunes tras la emisión de un programa dirigido por Mercedes Milá en Tele 5.
Manuel Corredera, que presenció las peleas de vale-tudo y constató la existencia de menores en el recinto durante el sangriento espectáculo sin intervenir para detener los combates, intentó centrifugar las responsabilidades. El alcalde de Mislata aseguró sentirse "defraudado y engañado, como supongo que también se sentirán las otras autoridades políticas presentes en la velada e incluso la cadena de grandes almacenes que se encargó de la venta de entradas para este evento". Corredera insistió en que el Ayuntamiento de Mislata, a través de la concejalía de Deportes, "simplemente se dedicó a alquilar unas instalaciones deportivas siguiendo el mismo trámite administrativo que se aplica a cualquier colectivo o asociación que solicita su alquiler". "Asumo la responsabilidad por haber alquilado el pabellón, pero en ningún caso me puedo sentir responsable ni de la dureza de estos dos combates, ni de la entrada de niños en la velada ni de otros aspectos", dijo el alcalde del PP. El presidente provincial del PP, Alfonso Rus, aseguró que aunque no había hablado con Corredera ya es "muy importante que haya reconocido públicamente su equivocación".
El secretario de Política Municipal de Esquerra Unida, Josep Bort, anunció que trasladará lo sucedido a la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía de Menores para que investiguen la citada pelea.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 real decreto 
 resolución 
 artículo 6
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