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Timestamp: 2019-04-19 18:25:46+00:00

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agosto 2018 – Página 2 – Blog de noticias de seguridad privada y pública
1.- EL TÉRMINO “ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS” A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 26.D) LOSC
a) En un primer plano normativo, la Ley ha de describir con anterioridad, “el supuesto de hecho al que anuda la sanción, definiendo con la mayor precisión la acción prohibida” -STC 196/1991, de 17 de octubre-.
Por ello resulta siempre imprescindible analizar el contenido de cualquier tipo, debiendo recordarse que es posible, en su descripción -efectuada por la Ley-, utilizar conceptos jurídicos indeterminados -o términos no suficientemente precisados-, sin que por ello se vulnere el principio de tipicidad “siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia que permitan prever con suficiente seguridad, la conducta regulada” -SSTC 122/1987, 133/1987, 69/1989 y 219/1989, entre otras muchas-.
Esta es, precisamente, la circunstancia que da lugar a la consulta planteada, en cuanto a la interpretación del término “establecimientos públicos”, que aparece en el tipo sancionador definido en el artículo 26.d) LOSC. Dicho término han de ser concretado mediante los criterios anteriormente apuntados.
A los efectos del citado artículo 26.d) LOSC, el término “establecimientos públicos” que aparece en el mismo, no puede extenderse a establecimientos no dedicados a actividades distintas de las recreativas, y ello por las siguientes razones:
b) El concepto legal de “seguridad ciudadana” y la finalidad de las potestades administrativas contenidas en la LOSC -que atiende a lo dispuesto por su artículo 1- se refieren a las que podemos denominar “materias relevantes para la seguridad ciudadana”, citadas en su Capítulo II, entre las que se incluyen las armas y explosivos, los espectáculos públicos y actividades recreativas, la documentación e identificación personal, las actividades mencionadas en su artículo 12, las medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones, así como las actuaciones de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, contenidas en su Capítulo III.
d) La infracción tipificada en el artículo 26.d) LOSC, naturalmente se refiere a alguna de las materias antes citadas, que no puede ser sino la relativa a los “espectáculos públicos y actividades recreativas”.
e) Por último, precisamente en esta materia de “espectáculos públicos y actividades recreativas” -artículo 8 LOSC- también aparece el término “establecimientos públicos” -apartado 1.c)- sin que quepa duda alguna de que este término se refiere aquí a establecimientos dedicados a tales actividades, por lo que, lógicamente, ha de referirse también y únicamente a dichos establecimientos cuando se tipifican las infracciones en tal materia.
En definitiva los criterios técnicos y lógicos de interpretación del término “establecimientos públicos” que aparece en el artículo 26.d) LOSC, impiden su extensión a establecimientos dedicados a actividades distintas de las recreativas; es decir, dicho artículo se aplica únicamente -como después comentaremos- a los establecimientos incluidos en el nomenclátor anexo al Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto (en adelante RGE).
Existen sin embargo, diversas normas sectoriales que reglamentan específicamente la expedición y/o consumo de bebidas alcohólicas, con carácter general o para los menores, como por ejemplo: a) El citado artículo 60.2 RGE-; b) El artículo 67.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte -prohibición de introducción y venta de toda clase de bebidas alcohólicas en instalaciones en que se celebren competiciones deportivas-; c) El artículo 42.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Real Decreto 593/1990, de 27 de abril -prohibición de despacho y consumo de bebidas alcohólicas en los salones recreativos tipo “A”-.
b) Entre tales actuaciones, se encuentran -de una manera relevante- las dirigidas a la protección de la seguridad ciudadana, contempladas de una forma general en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC); Ley que establece las potestades administrativas en la materia -que han de atender a lo dispuesto por su artículo 1- y que se refiere a las que podemos denominar “materias relevantes para la seguridad ciudadana”, citadas en el Capítulo II, entre las que se incluyen las armas y explosivos, los espectáculos públicos y actividades recreativas, la documentación e identificación personal, las actividades mencionadas en su artículo 12, las medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones, así como las actuaciones de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, contenidas en su Capítulo III; y nada más.
c) Ciertamente, entre sus finalidades se encuentra la de “asegurar la convivencia ciudadana”, pero ha de entenderse que la LOSC habilita -en todo caso- para el restablecimiento de la convivencia ciudadana, pero no para la adopción de medidas preventivas generales no contempladas en la misma o en otras leyes o reglamentos- como se infiere de su artículo 14-, por lo que extender las inspecciones, controles, infracciones y sanciones contenidas en la LOSC a cualesquiera otras materias, reguladas -o susceptibles de regular- por normativas sectoriales distintas (actividades clasificadas, protección sanitaria, protección de la infancia y la juventud, consumidores y usuarios), y que participan de distintos criterios y finalidades, supondría una aplicación extensiva, obviamente no amparada en la LOSC.
Esta infracción se incardina en alguna de las materias reguladas en la LOSC, que no puede ser sino la relativa a los “espectáculos públicos y actividades recreativas”, por lo que el término “establecimientos públicos” que aparece en el citado artículo 26.d) LOSC, ha de ponerse en relación con el contenido del artículo 60.2 del Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto (en lo sucesivo RGE), que contempla la prohibición -para los establecimientos recreativos o locales de espectáculos, incluidos en el Nomenclátor Anexo al RGE- de despachar y permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de dieciséis años.
La prohibición de venta o servicio de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos de actividades recreativas y locales de espectáculos públicos a los menores de dieciséis años -que no puede extenderse a todo tipo de establecimientos, como los comerciales-, puede entenderse que atiende -desde la perspectiva de la “protección de la seguridad ciudadana”- a las finalidades previstas por el artículo 8.1.a) y b) LOSC, y, naturalmente se extiende a los supuestos de máquinas automáticas expendedoras de bebidas con contenido alcohólico, instaladas o dependientes de los establecimientos citados, por cuanto su régimen de funcionamiento sería el de los citados establecimientos, resultando obligados sus titulares a la debida vigilancia, para dar cumplimiento al artículo 60.2 RGE.
No es posible, sin embargo, desde la perspectiva de la “protección de las seguridad ciudadana” sancionar la venta -en establecimientos de alimentación, por ejemplo- de bebidas con contenido alcohólico a menores de dieciséis años. Para que tal actuación fuese sancionable, debería estar contemplada en la normativa de “protección de la juventud y de la infancia” -inexistente (con carácter global) hasta la fecha-, o, en su caso, en la de protección de consumidores y usuarios, o sanitaria, lo que -en este momento- tampoco sucede, ni ha sido regulado por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, a diferencia de lo que ocurre en diversas Comunidades Autónomas que han regulado esta cuestión, como por ejemplo, la Ley , del Principado de Asturias 5/1990, de 19 de diciembre, de Prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de dieciséis años: o la Ley, del Parlamento de Cataluña; 20/1985, de 25 de julio -modificada por la Ley 10/1991, de 10 de mayo-, de Prevención y asistencia en materia de sustancias que pueden generar dependencia, en Cataluña; la Ley, de la Asamblea de Madrid, 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia; y la Ley, de las Cortes de Castilla-La Mancha 2/1995, de 2 de marzo, sobre Prohibición de venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores.
Asimismo, y respecto de los ficheros del artículo 22.2 de la LPD, el apartado 4 del mismo dispone que se cancelarán los datos personales registrados con fines policiales cuando no son necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento, añadiendo a continuación los criterios que habrán de ser tenidos en cuenta para la cancelación “especialmente la edad del afectado y el carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad”.

References: artículo 26
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 26
 artículo 26
 Real Decreto 
 artículo 60
 artículo 67
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 26
 artículo 60
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 60
 artículo 22
 resolución