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Timestamp: 2020-07-13 05:53:15+00:00

Document:
STS, 18 de Mayo de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 215149403
STS, 18 de Mayo de 2010
Número de Recurso: 99/2003
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Mayo de dos mil diez.
VISTO por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso contencioso- administrativo nº 99/2003, interpuesto por la "FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO." contra el Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establecen la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria.
Habiendo comparecido como parte recurrida el Abogado del Estado.
El 15 de septiembre de 2003, la Procuradora de los Tribunales Doña María Jesús Ruiz Esteban, en nombre y representación de la "FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO.", interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establecen la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria.
Dado el trámite correspondiente al escrito de interposición, y una vez recibido el expediente administrativo, la representación en autos de la "FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO." formalizó demanda el 17 de diciembre de 2003, en que solicitaba la anulación de la Disposición Adicional Primera de la norma reglamentaria impugnada, al considerar se había producido la vulneración del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, así como de los principios de igualdad y seguridad jurídica y del derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto garantizado en el art. 16.1 de la Constitución Española.
Por su parte, la demandada Abogacía del Estado presentó escrito de contestación a demanda el 6 de febrero de 2004, en el que, tras defender la conformidad de la disposición impugnada a la norma constitucional y a los principios y derechos fundamentales en la misma consagrados, así como a la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, se suplicaba el dictado de sentencia desestimatoria de aquélla.
No dándose las circunstancias necesarias para la apertura de la fase probatoria, se dio a las partes el trámite de conclusiones, que fueron evacuadas por demandante y demandada mediante sendos escritos de 27 de febrero y de 17 de marzo de 2004, respectivamente.
Finalizada la intervención de las partes dentro de la tramitación ordinaria del recurso contencioso-administrativo, se señaló día y hora para la votación del recurso, que habría de producirse, en principio, el 20 de abril de 2005.
Sin embargo, por Auto de esta Sala de 20 de abril de 2005 se dejó sin efecto el anterior señalamiento, suspendiendo las actuaciones hasta la resolución por el Tribunal Constitucional del conflicto positivo de competencia 6330/2003, promovido por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con determinados preceptos del Real Decreto 831/2003, entre los que se encontraba su Disposición Adicional Primera .
Con fecha 8 de septiembre de 2009, siguiendo en suspenso las actuaciones, se recibió atento escrito del Ministerio de Educación, en que se ponía de manifiesto la derogación del Real Decreto 831/2003 .
De dicho escrito se dio traslado por parte de este Tribunal a las partes, siendo así que la Abogacía del Estado solicitó el archivo del procedimiento por pérdida de objeto procesal mediante escrito de 7 de octubre de 2009. Por el contrario, la parte recurrente, "FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO.", no ha presentado alegaciones al respecto.
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 11 de mayo de 2010, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observados los trámites establecidos en la ley.
La representación legal de la "FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO.", interpuso ante esta Sala el recurso contencioso-administrativo 99/2003, con el objeto de conseguir la anulación de la disposición adicional primera del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establecen la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria.
Al haberse acreditado en las actuaciones que el Real Decreto 831/2003 de 27 de junio, ha sido derogado por el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, se hace necesario precisar los efectos que sobre la relación procesal ha de tener la derogación del Real Decreto 831/2003, objeto directo del recurso contencioso-administrativo formulado ante esta Sala.
Como recordaban las SSTS de 28 de noviembre de 2008 y de 12 de setiembre de 2006, recursos de casación 565/2006 y 2012/2005, respectivamente, con cita de la de 16 de mayo de 2008, recurso 64/2005, constituye doctrina reiterada de esta Sala (SSTS de 18 de mayo de 2006, recurso directo 45/2004, 31 de enero de 2008, recurso directo 42/2005, 1 de febrero de 2008, recurso directo 49/2005, 4 de febrero de 2008, recurso directo 50/2005 ) que el recurso directo pierde su objeto cuando, al tiempo de dictar sentencia, la norma reglamentaria ha sido ya eliminada por cualquier otro medio del ordenamiento jurídico.
No debe olvidarse que el recurso entablado en instancia contra una disposición general tiene por finalidad eliminar del ordenamiento jurídico preceptos contrarios a derecho y no resolver acerca de pretensiones individualizadas que pudieran derivarse de una determinación relación jurídica singular entre un recurrente y la administración.
Por ello debe reproducirse lo vertido en la STS de 14 de octubre de 1999, recurso directo 182/1996, que transcribe lo manifestado en la STS de 29 de abril de 1998, dictada en el recurso nº 445/1995, acerca de lo que acontece cuando un Real Decreto impugnado es derogado por otro posterior. Partiendo de tal hecho, razona así: "Tratándose el presente de un recurso directo contra aquel Real Decreto, y no contra actos de aplicación singular del mismo, y pretendiéndose la expulsión del ordenamiento jurídico de normas que a juicio del recurrente son ilegales, la derogación sobrevenida priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real al haber desaparecido su objeto; debiendo traerse a colación, a este respecto, la doctrina del TC, en relación con los recursos de inconstitucionalidad, pero que es perfectamente aplicable a los recursos directos contra Reglamentos, como es el del caso presente, según la cual (SSTC 111/1983, 199/1987 y 385/1993 ) "cuando a lo largo de la tramitación de un recurso de inconstitucionalidad -recurso abstracto y orientado a la depuración objetiva del ordenamiento- pierda su vigencia el precepto legal controvertido, tal circunstancia sobrevenida habrá de ser tenida en cuenta por este Tribunal para apreciar si la misma conlleva la exclusión de toda aplicabilidad de la Ley", y añade, "si así fuera no habrá sino reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, el objeto de este proceso constitucional que, por sus notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su exclusivo sentido en la eventual remoción de las situaciones jurídicas creadas en aplicación de la Ley, acaso inconstitucional". Lo anterior es asimismo mantenido en la STS 18 de mayo de 2006, recurso directo 45/2004, con cita de otras muchas sentencias del mismo tenor. Si bien añade un nuevo razonamiento que debemos también reproducir. Dice en su FJ 4º que "La pérdida de la finalidad del recurso queda más patente aún si se tiene en cuenta que, conforme al artículo 72.2 de la nueva Ley de esta Jurisdicción, "las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada". Norma ésta que corrobora la innecesariedad de un pronunciamiento judicial que elimine del ordenamiento jurídico, con eficacia general ex nunc, a una disposición que, por haber sido ya derogada, ha resultado excluida del propio ordenamiento jurídico antes del hipotético fallo judicial anulatorio, aunque es cierto, sin embargo, que dicha doctrina y sus consecuencias procesales deben ceder en los casos en que las normas reglamentarias objeto de recurso directo, pese a su derogación, mantienen una cierta ultraactividad posterior que se extienda hasta el momento de la sentencia. En tales supuestos -esto es, en aquellos en que se mantiene la aplicación de la norma derogada a hechos acaecidos con posterioridad a su pérdida de vigencia- un hipotético fallo anulatorio del reglamento impugnado responde a su finalidad y no puede entenderse que el recurso, sea en la instancia o en casación, haya sido privado de contenido."
A la vista de la anterior doctrina y tratándose cual se trata en el caso de autos de la impugnación de una disposición general, es obligado acordar la terminación del procedimiento y su archivo a la vista de que el Real Decreto originariamente impugnado ha sido derogado por otro posterior a su dictado pero anterior a la fecha en que se debía haber dictado sentencia.
Ello es en definitiva conforme con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en sede contencioso-administrativa ex disposición final primera LJCA, que prevé se declare concluido el procedimiento cuando por circunstancias sobrevenidas a la demanda deje de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida al haberse satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor.
Al concluir de este modo el recurso no procede hacer expresa condena en costas a la Administración recurrente al no concurrir la circunstancia prevista en el art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción
Declaramos sin contenido por carencia de objeto, el recurso contencioso-administrativo interpuesto a instancia la "FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO." contra Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establecen la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria. Sin que proceda hacer imposición de las costas causadas en la presente instancia.
STSJ Extremadura 195/2012, 27 de Septiembre de 2012

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 72
 Real Decreto 
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