Source: http://quantumconsultores.com/2016/05/
Timestamp: 2017-10-22 04:44:29+00:00

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mayo :: 2016 :: Quantum
En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas desde el 01 hasta el 12 de mayo de 2016. Asimismo, por cuestiones de cierre de edición del Boletín correspondiente a la 2da quincena de abril de 2016, damos cuenta aquí de normas publicadas el 30.04.2016.
1.- Modificaciones al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la SUNAT
Mediante Resolución de Superintendencia N° 111-2016/SUNAT (30.04.2016) se modifican diversos procedimientos del TUPA de SUNAT. Asimismo, se elimina el procedimiento N° 105 del TUPA, denominado “Exención de Impresión de la Sección 5 del Ejemplar B de la Declaración Aduanera de Mercancías –DAM”
La norma entra en vigor el 01.05.2016
2.- PDT- PREDIOS
Mediante Resolución de Superintendencia N° 110-2016/SUNAT (30.04.2016) se aprueba la Versión 1.1 del PDT Predios Formulario Virtual 3530. Asimismo, se modifica el Formulario Virtual 1630. Tanto el PDT Predios como Formulario virtual, antes referidos, estarán a disposición de los interesados a partir del 1.05.2016 en SUNAT Virtual.
3.- PDT Precios de Transferencia y Estudio Técnico de Precios de Transferencia
Mediante Resolución de Superintendencia N° 110-2016/SUNAT (30.04.2016) se aprueba la versión 1.4 del PDT Precios de Transferencia-Formulario Virtual 3560 el cual estará a disposición de los interesados a partir del 01.05.2016, en virtud del cual también se presentará, de ser el caso, el Estudio técnico de Precios de Transferencia.
La norma en mención regula: i) la forma y condiciones para la presentación de la Declaración jurada de Precios de Transferencia (DJPT) como del Estudio Técnico de Precios de Transferencia (ETPT); ii) Los lugares de presentación de la DJPT y del ETPT; iii) causales de rechazo; iv) Constancia de presentación de la DJPT y ETPT; v) se regula la nueva información a declarar en el PDT Precios de Transferencia-Formulario Virtual 3560 versión 1.4.
4.- Incremento del ISC a bienes contenidos en el Apéndice III de la Ley del IGV
Mediante Decreto Supremo N° 111-2016-EF (05.05.2016) se incrementa El ISC a los siguientes bienes:
Residual 6: asciende a S/ 0.68 por galón (antes S/ 0.39)
Los demás fueloils: asciende a S/ 0.63 por galón (antes S/ 0.38)
Se han incorporado los siguientes bienes al citado Apéndice:
-Antracitas para uso energético (véase la respectiva partida arancelaria en la norma en comento) S/ 51.72 por t.
-Hulla bituminosa para uso energético y demás hullas (véase la respectiva partida arancelaria en la norma en comento) S/ 55.19 por t.
La norma entra en vigor el 06.05.2016
5.- Incremento del ISC a bienes contenidos en el Nuevo Apéndice IV de la Ley del IGV
Mediante Decreto Supremo N° 112-2016-EF (05.05.2016) se modifica el Literal B del Nuevo Apéndice IV, puesto que, se incrementa el ISC a los cigarrillos de tabaco negro y cigarrillos de tabaco rubio; el incremento asciende a S/ 0.18 por cigarrillo. (antes 0.07)
6.- Normas sobre verificación y presentación en los puestos de control de Bienes Fiscalizados
Mediante Resolución de Superintendencia N° 113-2016/SUNAT (05.05.2016) se establecen normas sobre verificación y presentación en los puestos de control de Bienes Fiscalizados a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1126.
I.- ¿Cuál es el plazo de prescripción aplicable a las retenciones del Impuesto a la Renta no efectuadas respecto de sujetos que perciben exclusivamente renta de 5ta categoría, por lo que resultan éstos obligados a realizar el pago directo del Impuesto? ¿Desde cuándo se computa dicho plazo de prescripción?
La SUNAT, en el INFORME 072-2016-SUNAT/5D0000, analiza y concluye como sigue:
1.- Los sujetos que perciben exclusivamente rentas de 5ta categoría no se encuentran obligados a presentar declaración jurada anual del Impuesto a la Renta.
2.- Respecto de los sujetos obligados a presentar declaración jurada, el plazo de prescripción es de 4 años; de no presentarla, el plazo se extiende a 6 años. Ello, se desprende de la lectura del artículo 43 del Código Tributario.
3.- Teniendo en cuenta lo expuesto en los numerales 1 y 2, el plazo de prescripción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como para exigir su pago y aplicar sanciones es de 4 años.
4.- Por otro lado, en cuanto al cómputo del plazo de prescripción se tiene que, el Impuesto a la Renta es un tributo de periodicidad anual, cuya obligación tributaria nace al 31 de diciembre siendo que, en el caso de las rentas de 5ta categoría, éstas se imputarán al ejercicio gravable en el que se perciban; considerando como “ejercicio gravable” aquel que comienza el 01 de enero y culmina el 31 de diciembre. Por lo que, si dichas rentas son percibidas durante el “ejercicio gravable”, la exigibilidad para el pago del Impuesto acontecerá dentro de los 3 primeros meses del año siguiente a dicho ejercicio gravable.
5.- Estando a lo expuesto en el numeral anterior, el plazo de prescripción se computará desde el 1 de enero del año siguiente al de la exigibilidad del Impuesto.
Así, a guisa de ejemplo citamos el siguiente: si el sujeto ha percibido exclusivamente rentas de 5ta categoría durante el ejercicio gravable 2015, el cómputo del plazo de prescripción se computa desde el 01 de enero del año 2017.
I.- La atribución de responsabilidad solidaria tributaria a un representante legal, en el caso de deuda tributaria acogida a un Fraccionamiento, que luego se pierde, ¿desde cuándo se ha de considerar dicha atribución, desde el período de la “deuda tributaria original” o desde el período de la “pérdida del fraccionamiento”?
La interrogante formulada puede ilustrarse bajo el siguiente ejemplo: Se trata de deuda tributaria contenida en una Orden de Pago (OP) girada por concepto de IGV correspondiente al período 11-2008. La deuda tributaria contenida en dicha OP fue objeto de una “solicitud de fraccionamiento tributario”. Dicho fraccionamiento fue aprobado en su oportunidad, siendo que con posterioridad al incurrir el contribuyente en causal de pérdida se emitió la respectiva Resolución de Intendencia declarando la pérdida del mismo con fecha abril de 2011.
Ante el escenario expuesto en el párrafo anterior, surge la interrogante: ¿la atribución de la responsabilidad solidaria tributaria que recayese sobre un representante legal comprenderá a la “deuda tributaria original” (11-2008) o a “aquella aparentemente surgida” por la pérdida del fraccionamiento (04-2011)?
Sobre el particular, el Tribunal Fiscal, mediante la RTF 09773-8-2015, razonó como sigue:
-El fraccionamiento de la deuda tributaria únicamente modifica la forma de pago de ésta, pero no produce la novación de la deuda tributaria materia de acogimiento ya que la obligación de pagarla mediante la cancelación de las cuotas de fraccionamiento no la convierte en un tributo distinto; en tal sentido, se considera que la atribución de la responsabilidad solidaria al representante legal, en el caso de fraccionamientos, se refiere a la “deuda tributaria original” (en el caso del ejemplo propuesto, 11-2008. El agregado es nuestro)
II.- La “participación en la determinación y pago de tributos” como requisito para la atribución de responsabilidad solidaria tributaria a un gerente general ¿Cómo debe ser entendido dicho requisito?
De acuerdo a reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal, para determinar la existencia de responsabilidad solidaria tributaria de un representante legal resulta necesario verificar si durante los períodos acotados, aquel:
Fue representante de una determinada empresa
Participó en la determinación y pago de tributos; y,
Si el incumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de la empresa se debió a que el representante legal actuó con dolo, negligencia grave o abuso de facultades
Es sobre el requisito contenido en el acápite ii) que el Tribunal Fiscal mediante RTF 09773-8-2015, razonó como sigue:
-De la lectura concordada de los artículos 188[1] y 190[2] de la Ley General de Sociedades, se desprende que el gerente general es responsable por la existencia, regularidad y veracidad de los sistemas, libros y registros de contabilidad, y que está a cargo de la administración ordinaria de la empresa, por lo que no hay duda de que sus funciones comprenden también el cumplimiento de las obligaciones tributarias de cargo de la empresa que representa.
-De lo anterior se concluye que, el gerente general se encontraba encargado de la determinación y pago de los tributos, no habiéndose demostrado lo contrario en el caso en controversia.
[1] Artículo que recoge las atribuciones del gerente general.
[2] Artículo que recoge las responsabilidades del gerente general.
III.- ¿Cómo se debe computar el plazo “no menor de 6 días hábiles” para comunicar a SUNAT la destrucción de las existencias en desmedro?
El artículo 37, f, de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) establece la deducción, entre otros, de los desmedros de existencias. A su turno, el artículo 21, c, del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (RLIR) señala que, tratándose de los desmedros de existencias la SUNAT aceptará como prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez de Paz, a falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la SUNAT en un plazo no menor de 6 días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los referidos bienes.
Es criterio del Tribunal Fiscal, según RTF 033181-2015 es que la comunicación a SUNAT, exigida por el artículo 21, c, del RLIR, cumpla con 2 parámetros, a saber:
Debe ser realizada de manera previa a la destrucción; y
El plazo que medie entre la fecha en que se cumple con la acción de comunicar y aquella fijada para la realización de la diligencia de destrucción en presencia de Notario, sea igual o mayor a 6 días hábiles
En el caso en controversia, SUNAT pretendió desconocer la deducción del gasto por desmedro de existencias por cuanto la empresa fiscalizada no había cumplido con presentar la comunicación dentro del plazo establecido, sino en uno menor (5 días hábiles, según SUNAT)
Conforme al criterio jurisprudencial, el cómputo del plazo se inicia desde la fecha de presentación de la comunicación a la SUNAT -y no desde el día siguiente a dicha comunicación- y hasta un día anterior a la destrucción efectiva de las existencias.
Así, en el caso en controversia, la empresa indicó que la destrucción acontecería el 17.12.2004, conforme así sucedió; siendo que comunicó de ello a SUNAT mediante carta presentada con fecha 9.12.2004. De manera que, considerando los días jueves 9, viernes 10, lunes 13, martes 14 miércoles 15 y jueves 16 de diciembre de 2004, el Tribunal Fiscal considera que la empresa fiscalizada sí cumplió con el requisito exigido por el RLIR, por lo que ordenó se deje sin efecto el reparo del gasto por desmedro de existencias y por ende se le considere deducible para fines del IR.
I.- VIGENCIA DE INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL
A partir del 01 de mayo del 2016, la remuneración mínima vital de los trabajadores del régimen laboral del sector privado es de S/ 850.00 soles, conforme a lo establecido en el D.S. 005-2016-TR publicado el 31 de marzo del 2016.
Cabe mencionar que el mencionado incremento repercute en las remuneraciones mínimas de algunos regímenes laborales especiales y en la base de cálculo para la determinación de diversos conceptos, como sigue:
Regímenes laborales especiales:
Minería:S/.1,062.50 (Base Legal: D.S. 030-89-TR, art. 1)
Agricultura:S/.33.14 (Base Legal: Ley 27360, art. 7, num. 7.2, inc.a )
Periodistas:S/.2,550.00 (Base Legal: Ley 25101, art.1).
Modalidades formativas laborales:S/. 850.00 (Base Legal: Ley 28518, art. 45)
Conceptos diversos:
Asignación Familiar:S/.85.00 (Base Legal: Ley 25129, art.1).
Aporte mínimo de EsSalud:S/.76.50 (Base Legal: Ley 26790, art.6, inc.a ).
Aporte mínimo de ONP: S/. 111.00.
Valor de la jornada en horario nocturno: S/.1,147.50 (Base Legal: D.S. 007-2002-TR, art.8)-
Prestaciones alimentarias indirectas: A partir del 01 de mayo del 2016, el valor de las prestaciones otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto no podrá superar el equivalente a dos (2) remuneraciones mínimas vitales, esto es, S/.1,700.00. (Base Legal: Ley 28051, art.9.)
II.- Adecuan reglamento de la ley de cts: depósito de cts de los trabajadores del sector público bajo del régimen laboral del D. Leg. 728 y de la ley servir, se efectuará solo respecto del último semestre laborado.
Mediante Decreto Supremo 006-2016-TR, publicado el 12 de mayo de 2016, se dispuso adecuar el Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (aprobado por D.S. Nº 004-97-TR, a lo aprobado mediante Ley 30408, la misma que modifica el artículo 2º del T.U.O. del D Leg. 650, Ley de compensación de Tiempo de Servicios.
El referido decreto supremo precisa que los trabajadores públicos bajo el régimen laboral del D. Leg. 728, empezarán a recibir desde mayo el depósito de la CTS, pero solo por el período laborado entre noviembre del 2015 y abril del 2016 y no respecto a los semestres anteriores.
Con este decreto queda definido que la CTS generada con anterioridad a noviembre de 2015, permanecerá bajo el régimen anterior, debiendo ser pagado a la extinción del vínculo laboral.
Precisa dicho decreto que el depósito de la CTS deberá efectuarse el 16 de mayo próximo, para lo cual el trabajador deberá comunicar por escrito a su empleador el nombre de la institución financiera elegida para el depósito de su CTS Si no se cumple con dicha formalidad antes del 16 de mayo de 2016, el empleador elegirá la entidad financiera para efectos del depósito correspondiente.
III.- APRUEBAN IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PERITOS CONTABLES EN LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA QUE APLICAn la nueva ley procesal del trabajo a nivel nacional.
Mediante Resolución Nº 096-2016-CE-PJ, publicada el 06 de mayo de 2016, se aprobó el proyecto denominado “Implantación del Sistema de Peritos Contables en la Cortes Superiores de Justicia que aplican la Nueval Ley Procesal del Trabajo a Nivel Nacional”.
El mencionado proyecto tiene como finalidad mejorar la celeridad de los procesos judiciales laborales, optimizando y estableciendo procedimientos para la elaboración del informe pericial en los órganos jurisdiccionales que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo, permitiendo de esta manera que los Jueces emitan su fallo en audiencia, en el proceso judicial respectivo.
I.- NO PUEDE PRESUMIRSE ILEGALIDAD EN LA RENOVACIÓN SUCESIVA DE CONTRATOS DE TRABAJO SIEMPRE QUE NO SE SUPERE EL PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO
La Corte Suprema ha precisado que no puede presumirse que toda renovación sucesiva de contratos de trabajo sujetos a modalidad es ilegal o que persigue eludir la contratación a plazo indeterminado.
Los contratos sujetos a modalidad pueden ser renovados de forma sucesiva, siempre y cuando no se supere el plazo máximo y no implique fraude a la ley. Esta opción legal de ningún modo elude el derecho a la estabilidad laboral reconocido constitucionalmente.
Este criterio ha sido expuesto por la Corte Suprema en la Casación Laboral Nº 16549-2014 Lima, en un proceso sobre desnaturalización de contratos de trabajo y reposición por despido incausado.
Así, la Corte Suprema señaló que la contratación laboral sujeta a modalidad puede ser objeto de sucesivas renovaciones por el empleador, es una opción que el ordenamiento laboral peruano admite, pues, de lo contrario no la habría regulado legislativamente. Por ello, señaló que no se puede presumir que toda renovación sucesiva de estos contratos de trabajo es ilegal o que persigue perjudicar la contratación a plazo indeterminado.
En el caso concreto, la Sala observó lo siguiente: a) el trabajador suscribió una serie de contratos a plazo fijo sujetos a modalidad y fueron prorrogados en diversas oportunidades; b) los contratos fueron liquidados y se abonó al demandante los correspondientes beneficios sociales al demandante; c) los contratos fueron objeto de renovación integral después de haber existido incluso solución de continuidad entre uno y otro; y d) el plazo de renovación de los contratos a plazo fijo sujetos a modalidad por necesidad del mercado y sus prórrogas no excedió en su conjunto de cinco años. Al respecto, la Sala concluyó que en este caso es plenamente aplicable el artículo 74 del D.S. N° 003-97-TR, por lo que la contratación resulta válida.
II.- ALEGAR ACTOS DE HOSTILIDAD NO JUSTIFICA NULIDAD DE RENUNCIA
Mediante Sentencia de Casación Laboral N° 16084-2014 La Libertad, dictada por la Segunda Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria, se ha establecido el criterio por el cual, actitud hostil del empleador debe ser denunciada según procedimiento previsto en la ley, lo que implica que para declarar la nulidad de la renuncia presentada por un trabajador no solo será suficiente alegar actos de hostilidad del empleador, sino que estos también deberán ser acreditados.
La Corte Suprema, de este modo, concluye que la renuncia del trabajador constituye una causa de extinción del contrato de trabajo, que deriva de su voluntad unilateral, cuya eficacia no depende de la decisión del empleador de aceptar el despido. Agrega, asimismo, que la declaración de la invalidez de la renuncia deberá sujetarse a los términos del Código Civil, concretamente a las causas que general la nulidad del acto jurídico.
Este es el caso de una trabajadora que afirmó haber sido objeto de diversos actos hostiles que la obligaron a presentar su renuncia, dado que se le retiró la confianza sin justificación, se designó públicamente a la persona que la reemplazaría y se le otorgó un puesto de trabajo inexistente en el organigrama de la empresa. Incluso, dijo que debió suscribir un convenio de mutuo disenso en que se le consignaba la entrega de una suma de dinero.
Ante estos hechos, la Corte Suprema advirtió la pretensión de la trabajadora por desconocer la renuncia, que emana de su voluntad unilateral, por supuesta hostilidad en su contra.
Para la Suprema incluso si la trabajadora consideraba los actos del empleador como actos hostiles debió haber optado por el mecanismo legal previsto en el artículo 30 del DS N° 003-97-TR, TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
III.- CONTRATO DE TRABAJO NO PUEDE AFECTAR NÚCLEO FAMILIAR DE MADRE TRABAJADORA
Mediante Casación Laboral Nº 2456-2014 Lima, donde se resolvió el caso de una trabajadora que solicitó el cese de los actos de hostilidad en su contra, se estableció el criterio por el cual una trabajadora no puede ser trasladada a otro lugar de labores si esto le causa perjuicio en su condición de madre primeriza. Esto incluso si inicialmente la trabajadora firmó un contrato en el que aceptaba ser trasladada geográficamente para el cumplimiento de sus labores.
Es el caso que una trabajadora demandó a su empleadora solicitando que cesen los actos de hostilidad, toda vez que al término de su licencia por maternidad, habría sido trasladada sin motivo ni causa objetiva a la región Lambayeque no obstante haber estado laborando en la ciudad de Lima. Indicó que la decisión de trasladarla a una ciudad extraña la perjudicaba tanto a ella como a su hija, toda vez que era madre primeriza y que su niña recién nacida necesitaba de su cuidado y atención, pues no contaba con quién dejarla para su cuidado. Por ello, solicitó le sea asignada una plaza en la ciudad de Lima, pedido que le fue denegado,
La Corte Suprema precisó que del poder directivo del empleador se derivan una serie de facultades, entre las que se encuentra el ius variandi, que consiste en la facultad que tiene el empleador de alterar o variar unilateralmente las condiciones de trabajo. Precisa la Corte que en relación a la variación del lugar de la prestación del servicio, el traslado del trabajador a un lugar distinto de su centro laboral habitual ha de estar debidamente fundamentada, de lo contrario, si se da con el propósito de ocasionar perjuicio, constituirá un acto hostil equiparable al despido. Así, al momento que el empleador decida hacer uso de esta facultad, siempre tendrá que respetar y no vulnerar los derechos fundamentales y legales del trabajador, así como analizar las circunstancias, la situación familiar, su salud, el lugar y el tiempo de trabajo.
Para resolver el caso, la Corte Suprema analizó los alcances del ius variandi en lo referente al traslado a un lugar distinto del centro habitual de trabajo, y si dicha decisión constituye o no un acto arbitrario que afecta los derechos fundamentales de la trabajadora o de su núcleo familiar. En opinión de la Corte, cuando el empleador, en uso del ius variandi, modifique las condiciones laborales de una trabajadora en estado de gestación o de lactancia, se tiene que analizar si en dicha decisión se tomó en cuenta los derechos de la trabajadora. Entonces, la variación o cambio de lugar de trabajo solo tendrá validez si resulta de una necesidad funcional del empleador, de la magnitud del cambio y de que el trabajador o trabajadora no sufra perjuicios económicos ni morales.
En el caso concreto, la Suprema estimó que frente a la condición de madre primeriza y lactante, la entidad demandada no ha expuesto la razonabilidad y las necesidades institucionales que justifiquen el trasladado de la trabajadora a un lugar tan lejano del núcleo familiar que tenía en la ciudad de Lima. Por el contrario, sobre el pedido que se le asignara una plaza en ciudad de Lima, lejos de ser oída –de acuerdo a los principios y derechos que la constitución y la ley le reconocían en su condición de madre lactante–, se dispuso su desplazamiento a Lambayeque, pese a que como lo reconoció la abogada de la demandada, existía una plaza vacante en la ciudad de Ica, que era la más próxima a la ciudad de Lima.
Por ello, la Corte concluyó que el traslado dispuesto resultó ilegal en la medida que teniendo la condición de madre primeriza y lactante, se le han vulnerado sus derechos constitucionales como madre; así como los derechos de su menor hija ya que, pese a haber firmado la demandante un documento en la que se estableció la posibilidad de ser trasladada geográficamente, dicha cláusula no puede imponerse frente a la protección de la mujer trabajadora y del niño estipulados dentro del texto constitucional. Además, dicha protección se sustenta en la concepción de la vida como valor fundamental y la prevalencia de los derechos de los niños, reconocidos no solo en nuestro ordenamiento jurídico, sino también en los distintos documentos internacionales sobre derechos humanos.
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Boletín (60)
Boletín 13.10.2017
Boletín 02.10.2017

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 43
 Resolución 
 artículo 37
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 74
 artículo 30