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Timestamp: 2018-09-22 15:49:52+00:00

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SENTENCIA SL9090-2015 DE 15 DE JULIO DE 2015
CONTENIDO:NO ES ILEGAL DESPIDO DE TRABAJADOR ACTIVO EN MOVIMIENTO SINDICAL CUANDO NO SE ADELANTA AVERIGUACIÓN DISCIPLINARIA. SE PRECISA QUE CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 2º DEL ARTÍCULO 450 DEL CST, SUBROGADO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 50 DE 1990, UNA VEZ DECLARADA LA ILEGALIDAD DE UNA SUSPENSIÓN DEL TRABAJO O PARO, EL EMPLEADOR QUEDA EN LIBERTAD DE DESPEDIR POR TAL MOTIVO A QUIENES HUBIEREN INTERVENIDO EN ÉL”. DE MODO QUE AL ESTAR DEMOSTRADO QUE EL TRABAJADOR SÍ PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN EL PARO Y QUE EL CESE FUE DECLARADO ILEGAL POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO, EL EMPLEADOR QUEDA AUTORIZADO LEGALMENTE PARA DESPEDIRLO, “SIN NECESIDAD DE ADELANTAR PROCEDIMIENTOS PREVIOS O DISCIPLINARIOS TENDIENTES A PROBAR SU PARTICIPACIÓN O INTERVENCIÓN EN EL CESE DE ACTIVIDADES.
TEMAS ESPECÍFICOS:INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, HUELGA, SINDICATO, RECURSO DE CASACIÓN, HUELGA ILEGAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR
Sentencia SL9090-2015/45389 de julio 15 de 2015
Rad.: 45389
SL9090-2015
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por AYDEE CASILIMAS RUIZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 20 de enero de 2010, en el proceso que instaurara la recurrente en contra de la entidad EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI, EICE.
En lo que en estricto rigor interesa al recurso extraordinario, AYDEE CASILIMAS RUIZ reclamó ser reintegrada al cargo que ocupaba en el momento en que fue despedida o a otro de igual o mayor jerarquía; el reconocimiento y pago de los días descontados por la no asistencia al trabajo el 26 y 27 de mayo de 2004; reconocimiento y pago de las prestaciones legales y convencionales causadas desde la fecha del despido hasta el día en que se haga efectiva su reincorporación a la empresa; el pago de los aportes a la entidad de seguridad social a la cual estaba afiliada a la data del despido, dejados de efectuar en el término comprendido entre la ruptura del contrato y su reinstalación; y la indexación de las sumas a las que resulte condenada la demandada.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para la demandada en calidad de trabajadora oficial; que fue despedida sin justa causa, “por cuanto no se ha probado por medio legal alguno que hubiere participado en los hechos ocurridos en los días 26, 27 de mayo de 2004”; que para adoptar dicha decisión la empresa “no siguió el procedimiento establecido en la Ley 734 del 05 de Febrero de 2002, que contiene el Código Disciplinario Único que debe aplicarse a todos los Empleados Oficiales”; que la demandada no efectuó el trámite consagrado “en el decreto reglamentario 2164 de 1959, 1064 de 1969, y las Resoluciones 342 de 1977, 1091 de 1959, emanadas del antiguo Ministerio del Trabajo y Seguridad Social”; que los hechos ocurridos y determinantes del despido hacen relación a la asamblea permanente que con carácter informativo convocara la organización sindical en las instalaciones administrativas de la entidad en la que los funcionarios de la dirección abandonaron las instalaciones para pedir la intervención de la policía que cercó el edificio e impidió la entrada y salida de todas las personas, hecho éste atribuido al sindicato; que no fue cierta la suspensión colectiva de actividades y de los servicios públicos, que se continuaron prestando en tanto se adelantaba la asamblea permanente, pues, como se advirtió, esta actividad sindical se cumplía en las locaciones administrativas de la entidad; que la empresa la llamó a una diligencia de descargos que nada tenía que ver con lo establecido en el Código Disciplinario; que le descontaron de su salario los valores por este concepto relacionados con los días 26 y 27 de mayo y el dominical respectivo; que era miembro de la organización sindical; y que tenía derecho al reintegro a la luz de lo consagrado en el artículo 60 de la convención colectiva de trabajo.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de presunción de legalidad del acto administrativo, calificación del cese ilegal como soporte del despido, justa causa de origen legal para el despido, participación activa del demandante en un cese ilegal de actividades declarado así por la autoridad competente, inexistencia de las obligaciones reclamadas, incompatibilidad para el reintegro, compensación, buena fe de la demandada y “demostración de la preparación previa de la toma violenta de las oficinas por parte de la organización sindical Sintraemcali y su directiva entre ellos el (sic) demandante como afiliado”.
Sostuvo que el despido de la actora se produjo en razón al cese ilegal de actividades, para lo cual no era necesario adelantar trámite alguno para adoptar tal determinación ni se requería de calificación judicial al tratarse de una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios; que no se transgredió el debido proceso puesto que no fueron de recibo las explicaciones dadas por la demandante en la diligencia de descargos; que el despido no era sanción disciplinaria; y que la suspensión de actividades fue intempestiva y sin respaldo legal alguno, tal y como se desprendía de la resolución del otrora Ministerio de Protección Social.
El Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 31 de julio de 2009 (fls. 577 a 606), absolvió a la demandada de las súplicas incoadas por la actora. Condenó en costas a la parte vencida.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 20 de enero de 2010, confirmó la sentencia del juez de primer grado y condenó en costas a la demandante.
En lo que estrictamente concierne al recurso extraordinario, el juzgador de segundo grado inicialmente partió de señalar que la controversia se circunscribía a establecer: i) si existió cesación de actividades; ii) si ésta fue calificada de ilegal por las autoridades competentes; iii) si la demandante participó en forma activa en el movimiento sindical; y iv) si la demandada “estaba obligada a cumplir con el procedimiento disciplinario pertinente previo al despido”.
Referente a lo primero, la Sala sentenciadora concluyó que obraba en el plenario suficiente material probatorio que así lo evidenciaba, e igualmente la demandante no cuestionaba su existencia, solo “que no acepta que se califique de activa su participación en dicho cese de labores”, hecho que, sostuvo la Corporación, se desprendía de las actas de constatación de la suspensión de actividades que obraban a folios 236 y 237.
Señaló igualmente que la declaratoria de ilegalidad por parte de la entidad competente estaba comprobada con el documento de folios 17 y siguientes, y que si bien el acto administrativo allí entendido fue declarado nulo por el Consejo de Estado, lo cierto era que, para la data de la sentencia, la demandante “ya había sido separada de su cargo”, sin soslayar que dicho fallo tenía sus efectos a partir de su pronunciamiento, no obstante “ello no modifica, por razones de seguridad jurídica, las situaciones concretas que se hayan definido a la luz del acto declarado nulo. Bajo este entendido hay que concluir en forma necesaria que la referida nulidad no afecta en nada el despido de la demandante el cual se tendrá como realizado por las causales que se le imputaron al momento del despido siempre y cuando, claro está, que las mismas tengan soporte probatorio en autos”.
Enseguida, analizó la prueba testimonial de la cual infirió que “demostrada como ha quedado la participación activa de la demandante en los hechos ilegales que determinó el Ministerio de la Protección Social, el empleador quedaba facultado por la ley laboral —artículo 450-2 del CST— para despedir a su trabajadora como consecuencia inmediata y directa de la declaratoria de ilegalidad”.
En lo que atañe a la afirmación de la actora en torno a que la “ilegalidad del despido de la trabajadora resulta de la circunstancia de no haber desplegado la demandada el procedimiento disciplinario previo correspondiente”, el juez de alzada, luego de copiar apartes de la sentencia CSJ SL del 25 de enero de 2002, rad. 16661, sostuvo que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se desprende que “la regla del artículo 450 del CST, no impone la exigencia que el apelante deduce en forma infundada, pues lo único que se deriva de aquella es que el empleador puede proceder, previa averiguación sumaria- no disciplinaria- a despedir al trabajador que considere activo en el movimiento sindical calificado ilegal”.
Agregó que esta posición doctrinal había sido morigerada por la jurisprudencia constitucional, al imponer “al empleador la carga de agotar una averiguación breve sobre el grado de participación del trabajador en el movimiento. No obstante ello aquel “puede proceder a despedir a quienes considere implicados y estos tendrán acción judicial los implicados y estos tendrán acción judicial para demostrar lo contario y obtener el resarcimiento consecuente con el despido injusto del cual han sido objeto, pero en tal momento ya se ha consolidado el perjuicio que preferiblemente debe evitarse” con el procedimiento previo (Corte Constitucional, sentencia SU-36 de enero 27 de 1999)”.
Al estudiar la sentencia T-509 de 2005, mediante la cual la Corte Constitucional había resuelto una tutela interpuesta por el sindicato de trabajadores de Emcali a fin de frenar los efectos de la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades del 26 y 27 de mayo de 2007, el Tribunal determinó que el procedimiento previo fue cumplido por la accionada.
Reprodujo luego un fragmento que consideró pertinente de la referida providencia de amparo constitucional, para concluir que “no había necesidad de adelantar proceso disciplinario previo al despido por cuanto no lo exige el artículo 450 del CST, y que el trámite sumario que el empleador tenía la carga de tramitar a fin de determinar el grado de participación de cada uno de los trabajadores candidatos al despido si (sic) se produjo, nada hay que reprochar a la decisión patronal pues la misma se atemperó al ordenamiento jurídico. Demostrado en los términos expuestos que la demandante si (sic) tuvo participación activa en el movimiento sindical declarado ilegal, el despido se muestra justo y legal por lo no que puede originarse derecho alguno y menos los reclamados en la demanda”.
Interpuesto por la parte actora concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Persigue que esta Sala de la Corte case parcialmente el fallo impugnado “en lo que hace a la absolución que involucra respecto de las pretensiones de la demandante y no case en lo restante, es decir respecto de la regulación de los honorarios debidos a los abogados que representaron antes a la actora, para que una vez hecho esto y, convertida la Honorable Corte, sala de Casación Laboral, en tribunal de instancia, REVOQUE parcialmente el fallo de primer grado en lo absolutorio para en su lugar condene a la empresa demandada, accediendo a las pretensiones de la demanda en cuanto al reintegro de la trabajadora oficial AYDEE CASILIMAS RUIZ (…) así mismo para que se le impongan a la demandada costas procesales de las dos instancias”.
Con tal propósito formula tres cargos, que fueron replicados, de los cuales se estudiaran conjuntamente los dos primeros, conforme lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651/1991, convertido en legislación permanente por el art. 162 de la Ley 446/1998, por cuanto están dirigidos por igual vía, denuncian similares normas legales, persiguen un objetivo común y se valen de argumentos complementarios.
VI. PRIMERO CARGO
Acusa la sentencia de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, el “numeral 2º del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 65 de la ley 50 de 1990, en relación con el artículo 29 de la Constitución Política, en relación con el Código Disciplinario Único, o Ley 734 de 2002, artículos 4º, 6º, 9º, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 33 numeral 10, artículo 34 numerales 1º, 2º, 32, 35 y 38, artículo 35 numerales 1º, 7 y 32; artículo 48 numerales 49, 55; artículo 50; artículos 66 a 73, 89 a 94 y concordantes”.
Luego de transcribir apartes del fallo impugnado, la recurrente aduce que el juez de segunda instancia interpretó el numeral 2º del artículo 450 del CST, modificado por el 65 de la Ley 50/1990, en el sentido de que esa disposición no exige “adelantar proceso disciplinario previo al despido”, y que el cabal sentido de tal norma sólo impone al empleador la carga de adelantar una “averiguación breve” o un “trámite sumario”, sin decir cuál, para determinar el grado de participación de cada uno de los trabajadores candidatos al despido.
Dice que esta “interpretación del fallador de segunda instancia es equivocada porque la supuesta "averiguación breve" o el hipotético "trámite sumario" no están consagrados en el mencionado artículo 450, en su texto modificado, ni en ninguna otra norma LEGAL y es errado interpretar el numeral 2º del citado artículo en el sentido de que no es necesario adelantar un proceso disciplinario y que basta una “averiguación breve” o un “trámite sumario” porque esta hermenéutica violenta el sentido del artículo 29 de la Carta Política.
Según la impugnante, de lo expuesto se deduce que es equivocada la hermenéutica del ad quem en el sentido de que la empresa pública puede despedir a los trabajadores oficiales que han incurrido en tal conducta “sin necesidad de adelantar el respectivo proceso disciplinario previo al despido, porque ese entendimiento desconoce la garantía del debido proceso administrativo, consistente en observar el procedimiento establecido por el legislador en la ley 734 de 2002 para juzgar la conducta de los trabajadores”.
Asevera que la correcta interpretación del aludido numeral 2º del artículo 450 del CST es que “declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado en él, respetando a (sic) la garantía constitucional del debido proceso en asuntos judiciales y administrativos, esto es previo adelantamiento del respectivo proceso disciplinario, siguiendo las ritualidades consagradas en la Ley 734 de 2002”.
Atribuye a la sentencia recurrida la violación directa, por infracción directa “de los artículos 4º, 6º, 9º, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 33 numeral 10, artículo 34 numerales 1º, 2º, 32, 35 y 38, artículo 35 numerales 1º, 7º y 32; artículo 48 numerales 49, 55; artículo 50; artículos 66 a 73, 89 a 94 de la ley 734 de 2002; en relación con el numeral 2 del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 65 de la ley 50 de 1990 y en relación con el artículo 29 de la Constitución Política. La infracción directa de la normas indicadas condujo a la aplicación indebida del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 4º, 26, 48, 51 y concordantes del decreto 2127 de 1945”.
Sostiene que la participación en paro o suspensión de actividades laborales de los trabajadores oficiales está considerada como falta en la Ley 734/2002 “por constituir violación de las prohibiciones legales impuestas a todo servidor público, luego la demandante sólo podía ser investigada y sancionada por el aludido comportamiento, constitutivo de falta, aplicando las normas contenidas en el Código Disciplinario Único, citadas en el cargo, que fueron precisamente las disposiciones que el Tribunal no tuvo en cuenta para proferir su sentencia, infringiéndolas en forma directa (por falta de aplicación)”, es decir siguiendo sus ritualidades y teniendo en cuenta el artículo 6, que “señala que el sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código, amparado por la presunción de inocencia, mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado, y con el derecho a que toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no hay modo de eliminarla, según lo consagrado en el artículo 9º”.
Expresa que la empresa estatal demandada y sus trabajadores oficiales, no están exceptuados de la aplicación de la citada Ley 734/2002 y por esta razón el Tribunal, para resolver la controversia sometida a su conocimiento, sobre la ilegalidad o legalidad del despido, tenía el deber de aplicar las disposiciones del Código Disciplinario Único.
Al confutar los cargos la sociedad demandada aduce, en síntesis, que la sentencia no debe ser quebrada toda vez que se sujetó a la línea jurisprudencial de esta corporación.
Dado que los cargos se dirigen por el sendero del puro derecho, no existe discusión en torno a los siguientes supuestos fácticos que el Tribunal encontró acreditados: i) que existió cesación de actividades durante los días 26 y 27 de mayo de 2004; ii) que el cese fue calificado de ilegal por las autoridades competentes; iii) “la participación activa de la demandante en los hechos ilegales que determinó el Ministerio de la Protección Social”; y iv) que el Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución del Ministerio de la Protección Social, mediante la cual calificó la ilegalidad de dicho cese.
El tema puesto a escrutinio de la Sala estriba en elucidar si al declararse la ilegalidad del cese de actividades laborales el empleador se encuentra en libertad de despedir, en virtud a dicha circunstancia, a quienes hubiesen participado activamente en la proscrita suspensión, sin la obligación de adelantar un procedimiento legal previo.
Pues bien, la Corte Suprema de Justicia, tuvo la oportunidad de abordar el anterior tema, en un proceso seguido precisamente contra las Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE, y ante el mismo Tribunal de Cali, en sentencia CSJ SL10503-2014, 6 agosto 2014, radicación 45783, decisión que fue reiterada recientemente en providencia CSJ SL7207-2015, 20 mayo 2015, radicación 48742, así:
La referida doctrina ha permanecido invariable bien frente a las disposiciones de la Ley 6ª de 1945 y el Decreto Reglamentario 2127 de 1945, numeral 8º del artículo 48; el artículo 41, numeral 8 de la Ley 200 de 1995 y el artículo 35, numeral 32 de la Ley 734 de 2002, estos últimos de texto idéntico en cuanto a tipificar la conducta que prohíbe de “propiciar, organizar o participar en huelgos, paros o suspensión de actividades o disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador”.
En sentencia reciente, CSJ SL, 30 de enero de 2013, Rad, 38272, en proceso promovido por el trabajador, de la Empresa de Energía de Cundinamarca, que fuera encontrado responsable de participar activamente en suspensión de actividades declarada ilegal en 1997, esta Sala dijo en relación con la “Obligatoriedad de un procedimiento legal previo al despido ocurrido por la participación en cese de actividades declarada ilegal”:
Sostiene el recurrente que dicho texto normativo no puede implicar la inaplicación de los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, que exigen que antes del despido se proceda a escuchar al inculpado y éste pueda presentar pruebas o alegar, para luego sí, el empleador entrar a individualizar la responsabilidad de cada trabajador, máxime que el grado de participación sólo es posible verificarlo siguiendo el trámite del Decreto 2164 de 1959, garantizando con ello que no se produzca el despido de aquellos trabajadores que realizaron cesación pacífica determinada por circunstancias ajenas a su voluntad y creadas por las condiciones mismas del paro. Adicionalmente, la censura argumenta que la necesidad de adelantar un procedimiento previo en estos casos, igualmente se predica de lo estipulado en el convenio internacional del trabajo No. 158 (1982), que si bien no está ratificado por Colombia, es una norma supletoria en los términos del artículo 19 del C. S. del T. que no resulta contraria al ordenamiento interno.
El citado artículo 450 del CST numeral 2º reza: “Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro de trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieran intervenido o participado en él, y respecto a los trabajadores amparados por el fuero, el despido no requerirá calificación judicial.
Referente a este tema, la posición de la Sala expuesta entre otras en sentencia del 25 de enero de 2002, radicación 16661, reiterada en casación del 4 de abril de 2006 radicado 27640, esta última proferida en un proceso seguido contra la aquí demandada, ha sido la de que “con arreglo a lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 450 del CST, subrogado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990, una vez declarada la ilegalidad de una suspensión del trabajo o paro, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido en él”. De modo que al estar demostrado que el trabajador sí participó activamente en el paro y que el cese fue declarado ilegal por el Ministerio del Trabajo, el empleador queda autorizado legalmente para despedirlo, “sin necesidad de adelantar procedimientos previos o disciplinarios tendientes a probar su participación o intervención en el cese de actividades; además, porque la indicada norma así no lo estableció. Queda claro entonces que si el trabajador, como en este caso, adelanta un proceso con miras a demostrar que no intervino en una suspensión de actividades declarada ilegal, pero no logra acreditarlo, no puede pretender que se declare que su despido fue injusto con fundamento en que previamente a tal determinación no se le adelantó un procedimiento administrativo o disciplinario, pues sin lugar a dudas el varias veces citado artículo 450 del CST, faculta expresamente al empleador para despedirlo si considera que aquel participó en la suspensión de actividades declarada ilegal”.
(…) Esta Sala de la Corte ha explicado, con reiteración, que la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —hoy de la Protección Social— contemplada en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 2164 de 1959, tiene como designio evitar el despido de aquellos trabajadores que se hayan limitado a suspender labores llevados por las circunstancias del cese de actividades, pero no por el deseo de intervenir en él, siempre que no hayan perseverado en la parálisis del trabajo una vez producida la declaratoria de ilegalidad, sin que ello haga inane la facultad que el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo confiere al empleador de despedir a los empleados que hubieren tenido una participación activa en el cese de actividades. En sentencia de 14 de julio de 2004, Radicación 21824, la Sala adoctrinó:
Declarada la ilegalidad de un paro, el Ministerio del Trabajo intervendrá de inmediato con el objeto de evitar que el patrono correspondiente despida a aquellos trabajadores que hasta ese momento hayan hecho cesación pacífica del trabajo pero determinada por las circunstancias ajenas a su voluntad y creadas por las condiciones mismas del paro. Es entendido, sin embargo, que el patrono quedará en libertad para despedir a todos los trabajadores que, una vez conocida la declaratoria de ilegalidad, persistieren en el paro por cualquier cosa”. (El subrayado está por fuera de texto).
La interpretación ajustada a los criterios jurisprudenciales, que efectuare el tribunal, respecto al artículo 450-2 del CST sin que de igual manera presente quebrantamiento alguno con los referidos artículos 1º y 2º del Decreto 2164 de 1959; determinan la ausencia de prosperidad de ambos cargos”.
Teniendo en consideración que no está desvirtuada la conclusión a la que arribó la Sala sentenciadora en cuanto a la participación activa de la promotora del litigio en el cese de actividades, mutatis mutandi, lo expresado en la precedente providencia resulta pertinente en este caso por tratarse de un asunto en el cual las circunstancias de orden jurídico relevantes resultan sustancialmente iguales.
Acusa la sentencia recurrida de la violación, por vía indirecta y en el concepto de aplicación indebida, de los “artículos 13, 29, 48, 53 y 123 de la Constitución Política; artículo 8 de la ley 153 de 1887; artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 4º, 6º, 9º, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 33 numeral 10, artículo 34 numerales 1º, 2º, 32, 35 y 38, artículo 35 numerales 1º, 7º y 32; artículo 48 numerales 49, 55; artículo 50; artículos 66 a 73, 89 a 94 de la ley 734 de 2002, en relación con los artículo 17 de la Ley 6ª de 1945; artículos 1º, 3º, 7º y 43 del decreto 1848 de 1969; y como violaciones medio los artículos 4º, 6º, 174, 177, 187, 252, 304 y 305 del Código del Procedimiento Civil, aplicables a los procesos laborales por mandato del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo”.
Expresa que el Tribunal aplicó indebidamente los preceptos citados debido a los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, en contra de la realidad, que a la demandante se le garantizó el derecho al debido proceso respecto de la imputación según la cual habría participado en el cese de actividades declarado ilegal por el Ministerio de la Protección Social.
2. No dar por demostrado, siendo evidente, que debido a la naturaleza de la falta endilgada a la trabajadora (participación activa en un cese de actividades declarado ilegal), y para garantizarle el derecho al debido proceso, la entidad demandada tenía la obligación de instruir el trámite de imputación y defensa mediante la aplicación del Código Disciplinario Único, carga que al ser incumplida tornó en ilegal el despido de la trabajadora oficial demandante.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que a la demandante se le garantizó el debido proceso para despedir a la servidora pública mediante el "trámite sumario" que se le adelantó a fin de determinar el grado de participación de cada uno de los trabajadores candidatos al despido.
Como piezas procesales y pruebas indebidamente valoradas cita la Resolución 1696 del 2 de junio de 2004, proferida por el Ministro de la Protección Social, por medio de la cual se declaró la ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo realizada los días 26 y 27 de mayo de 2004, por trabajadores de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP. (fls. 17 a 19, 132 a 134), la sentencia del Consejo de Estado del 6 de marzo de 2008 y la constancia de su ejecutoria (fls. 531 a 548), la convención colectiva de trabajo (fls. 30 a 54), la reclamación administrativa que hizo la trabajadora oficial y la respuesta (fls. 55 a 59), la citación a descargos (fls. 61 y 200), derecho de petición en el que solicitó la actora nueva fecha para que se le escuchara en versión libre y la respuesta (fls. 62 a 64), la manifestación de la trabajadora en el sentido de que está dispuesta a “comparecer a rendir la versión libre sobre los hechos aludidos de conformidad con el artículo 2º (segundo) de la resolución 1696 del 2 de junio de 2004 del Ministerio de la Protección Social y la ley 734 de febrero 5 de 2002” (fl. 65), la citación a descargos (fls. 66, 67, 206, 207, 197, 198, 68, 69, 208 y 209), y la carta de despido (fls. 72 73, 195 y 196).
Dice que los yerros que se le imputan al ad quem radican en haber concluido que a la actora, mediante el “trámite sumario”, de que dan cuenta los documentos indicados como mal apreciados, “se le garantizó el debido proceso y por lo tanto, “el despido se muestra justo y legal”, porque con fundamento en la actuación que consta en los mencionados “nada hay que reprochar a la decisión patronal pues la misma se atemperó al ordenamiento jurídico””.
Sostiene que cuando se presenta el hecho de que la trabajadora oficial participó en “huelgas, paros o suspensión de actividades o disminución del ritmo de trabajo” se está en la hipótesis fáctica consagrada en el numeral 32 del artículo 35 de la Ley 734/2002, como incursión en una prohibición legal y “por esta razón el Tribunal, para resolver la controversia sometida a su conocimiento, sobre la garantía del debido proceso, tenía el deber de aplicar las disposiciones del Código Disciplinario Único”.
Aduce que el fallo debe permanecer incólume dado que los errores de hecho se refieren a cuestiones de índole puramente jurídica, por lo que no son controvertibles por la vía indirecta. Además que no se puede pasar por alto que está plenamente acreditada la participación activa de la actora en el cese de actividades, aspecto no controvertido en el ataque.
En sentir de la Corte los diferentes yerros que la recurrente le imputa al juzgador gravitan en que la sociedad llamada a juicio debió cumplir, previamente a la terminación de la relación laboral de la actora, con el procedimiento de la Ley 734 de 2002.
Siendo lo anterior así, le asiste razón a la réplica cuando anota que discernir si el empleador tenía que satisfacer el trámite en el Código Disciplinario Único, exige un raciocinio netamente jurídico, pues el presunto yerro no emana de la apreciación probatoria, sino del desconocimiento de la ley sustancial de carácter nacional, bien por infracción directa, aplicación indebida o por interpretación errónea.
Sin embargo, el juez de alzada no incurrió en las equivocaciones que la recurrente le achaca cuando hizo referencia al trámite sumario, no estrictamente disciplinario, que encontró cumplido por la demandada, de acuerdo a lo consagrado en el art. 450-2 del CST y que la Sala halla acorde con sus propias enseñanzas jurisprudenciales, dado que, como se asentara al resolver los cargos dirigidos por la vía directa, “cuando se establezca la participación activa de un trabajador en un cese ilegal de actividades, el empleador queda habilitado para despedir por esta causa, sin que la norma legal exija adelantar un procedimiento disciplinario previo.” CSJ SL del 4 de abril de 2006, radicación 27640.
De suerte que el cargo no sale triunfante.
Por último, respecto a la petición presentada por la demandante con los escritos obrantes a folios 62 a 146 vto., la Sala no se pronunciará por cuanto la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento y decidió el recurso extraordinario interpuesto en el presente proceso, conforme a la atribución constitucional de actuar como tribunal de casación (C.N., art. 235-1), en razón de la competencia señalada en la ley (CPT y SS art. 15, modificado por la L. 712/2001 literal A-1) y como máxima autoridad de la Jurisdicción Ordinaria (C.N., art. 234 y L. 270 de 1996, art. 15).
Costas a cargo de la impugnante; se fijan agencias en derecho en la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos. ($ 3.250.000)
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 20 de enero de 2010, en el proceso que instaurara AYDEE CASILIMAS RUIZ contra las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI EICE.

References: ARTÍCULO 450
 ARTÍCULO 65
 artículo 60
 resolución 
 artículo 450
 artículo 450
 artículo 51
 artículo 450
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 450
 artículo 450
 artículo 29
 artículo 450
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 450
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 467
 artículo 6
 artículo 9
 resolución 
 artículo 48
 artículo 41
 artículo 35
 artículo 19
 artículo 450
 artículo 450
 artículo 65
 artículo 450
 artículo 1
 artículo 450
 artículo 450
 artículo 8
 artículo 467
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 17
 artículo 145
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 35