Source: http://infovest.es/investigacion_privada-legislacion/marco-legal.html
Timestamp: 2017-11-19 06:34:32+00:00

Document:
Marco Legal | Detectives Privados en Madrid Infovest
c/ Cuarta Dimensión, 50-1ºD
Etimológicamente, la palabra “detective” procede del latín detectus, término que a su vez deriva del verbo detegere, suma de los vocablos de- (privación, quitar) y -tegere (cubrir, tapar, ocultar), es decir, "quitar la cubierta”, o más coloquialmente, “desenmascarar lo que está oculto, sacar a la luz la verdad de un hecho”. En la actualidad, la Real Academia Española define el término como “Policía particular que practica investigaciones reservadas y que, en ocasiones, interviene en los procedimientos judiciales”. Queda así claro que detective e investigador son términos sinónimos, aunque en materia legal y del Derecho, el único válido y aceptado es el de detective.
Aunque a priori cabría pensar que el origen de la actividad del detective privado está en Gran Bretaña, y de hecho el mismo término tiene su origen allí, donde fue acuñado para significar “detectar un hecho, descubrir, desvelar, investigar, desenmascarar o aclarar circunstancias así como personas con ellas involucradas”, lo cierto es que fue en Francia donde surgió la primera agencia de detectives privados de la que se tiene constancia (Le Bureau des Renseignements, 1.833), atribuida a Eugène François Vidocq (Arràs, 1.775), controvertido personaje de pasado delictivo que llegó a dirigir la Seguridad Nacional francesa y que incluso inspiró a escritores tales como Víctor Hugo (muy especialmente en su obra “Los miserables”), Edgar Alan Poe, Honoré de Balzac… y a quien se le atribuye tanto la génesis de la investigación privada como actividad profesional, como elevar a rango de ciencia la investigación criminal, incorporando a la misma disciplinas tales como la balística, el cotejo digital y plantar, el moldeado de huellas, etc., y un detalle tan elemental a la hora de vigilar e investigar a una persona: la discreción.
Sin embargo, los estudiosos señalan al británico Allan Pinkerton (Glasgow, 1.819) como el primer detective privado de la historia, actividad a la que llegó de casualidad mientras trabajaba en Chicago como tonelero y ayudó al sheriff de la ciudad a resolver felizmente un asunto de falsificación de dinero, tras lo cual resultó nombrado (1.849) el primer detective de la ciudad, de modo que al año siguiente y en colaboración con el abogado Edward Rucker, fundaron la que es considerada la primera agencia de la historia, la North Western Police Agency, prontamente llamada Agencia Pinkerton, y que a día de hoy mantiene más de setenta sucursales repartidas por todo el mundo e incluso forma parte de la compañía de seguridad sueca Securitas AB.
Ya en España, el primer antecedente conocido como agencia de investigación privada es la empresa barcelonesa La Vigilancia y Seguridad Mercantil, creada en 1.888 por el inspector retirado Daniel Freixa i Martí, y que aunque oficialmente era declarada como una empresa dedicada a la realización de informes comerciales, realmente operaba como una agencia de detectives privados que contaba con su propia red de informadores y llegó a disponer de delegaciones en Madrid, Bilbao, Valencia y Sevilla. Aprovechamos para recomendar los dos libros que dejó escrito don Daniel, “El mundo delo crimen. Reseña típico-histórica der la criminalidad moderna” (1.888), y “La policía moderna. Secretos de la criminalidad contemporánea” (1.892).
Pero hemos de esperar hasta el año 1.907 para que aparezca la primera agencia de detectives como tal, también en Barcelona, cuna de la profesión en España, tratándose de La Internacional, de la que apenas se tienen noticias y tan sólo queda constancia de su existencia por algún anuncio en la prensa, que reproducimos a continuación:
Siguiendo en Barcelona, muy poco tiempo después aparecieron las agencias de detectives American Office (1.909), Agencia de Policía Privada (dirigida por Leó Antoni Tressols, Inspector Jefe de la Policía de Barcelona que acabó así su carrera), Detectives Office (1.910, dirigida por Enrique Cazeneuve Cortés, que aunque francés de origen, es considerado el pionero español de la profesión, iniciando primeramente su carrera en solitario y formando equipo después, y de quien recomendamos su libro “Detectivismo práctico”, primer manual detectivesco, siendo además muy recordadas sus populares intervenciones radiofónicas en Radio Barcelona), L´Humanité (1.910, dirigida por R. Julibert, que además de impulsar en 1.917 la primera escuela de detectives privados en España, tiene recogido un resumen de todos los casos en los que había trabajado su agencia desde su creación), Instituto Mercantil Internacional y Detectives Sun.
En Madrid también abrieron prontamente las agencias La Protectora y la Oficina Internacional de Detectives (ambas de 1.913), y posteriormente Detective Internacional y Centro de Policía Particular, siendo recogidas todas las activas, en 1.922, en el directorio International Police and Detective Directory, que con sus más de quinientas páginas constituía la referencia internacional del sector.
De 1.923 destacamos el Instituto Fernández Luna (Madrid), creada por Ramón Fernández-Luna Aguilera, excomisario que mantuvo operativa su agencia durante la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República e incluso ya iniciado el régimen franquista (siendo entonces sucedido por su sobrino Alberto Aguilera Campos), y durante este período es conocida la presencia de la Agencia Pinkerton en España, cuyos colaboradores eran ocultados como representantes de empresas extranjeras.
Y llegamos al momento en que se articula en España la primera regulación legal de la actividad de la investigación privada, siendo el Ministerio de Gobernación el órgano que promulga la Orden Ministerial de 17 de enero de 1951 de las Agencias Privadas de Investigación, en la que se recogía por ejemplo la obligatoriedad de la habilitación profesional y del Libro Registro de casos, la exclusión profesional para los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la renovación anual de la licencia, amén de la inspección y control por parte de la policía gubernativa.
En este período hacemos mención especial a don Eugenio Vélez Troya, impulsor del articulado legal antes referido y considerado el decano de los detectives españoles, de hecho es el primero reconocido oficialmente (Agencia de Detectives Vélez Troya), fundador en 1.958 de la primera Asociación Nacional de Detectives Privados de España y en 1.970 de la Asociación de Detectives Privados de Barcelona, amén de haber sido nombrado Presidente para Europa de Asociación Mundial de Detectives, organizó en 1.961 en Barcelona el primer Congreso Mundial de Detectives celebrado en Europa, introdujo el polígrafo en España (1.964), por no mencionar su muy dilatada carrera profesional prolongada durante sesenta años, durante la cual intervino en 84.342 casos.
Entrados en los años sesenta, hacemos especial mención de los detectives Tovar Algorta, Manuel Martínez, Julián Rodríguez, Paco García Garrido, Onofre Romera, etc.
El 7 de marzo de 1972, de nuevo el Ministerio de Gobernación promulga una nueva Orden (Orden por la que se regula la organización y funcionamiento de las Agencias Privadas de Investigación) con nuevas medidas regulatorias para el colectivo de los detectives privados españoles, introduciendo medidas tales como contar con veinticinco años de edad y estar en posesión del título de Bachiller superior, y siendo reconocida oficialmente la extinta figura del auxiliar.
Las Agencias de Investigación Privada estaban entonces encuadradas en el Sindicato Nacional de Actividades Diversas, y la nueva Orden recoge la necesidad de adaptar a estos profesionales al avance de los tiempos, de hecho, se hace eco en la misma a la celebración del IV Congreso Mundial de Detectives Privados (Madrid, 3-5 de octubre de 1970), y pretende regular además las relaciones entre los detectives y las autoridades policiales.
Esta Orden de 1972 consta de quince artículos, de los cuales los tres primeros establecen los requisitos exigidos para ejercer la actividad, en el artículo 4º se establece la imposibilidad de investigar delitos públicos (que habrán de ser comunicados de resultar conocidos en cualquier caso) pero permite la investigación de delitos privados cuando medie justificada petición de parte legítima y lo autorice el Juez si ya está siendo juzgado, en el 5º queda fijada la obligatoriedad de llevar Libro Registro que detalle los informes orales y escritos emitidos, en los artículos 6º y 7º se regula la figura del auxiliar e imposibilita la actividad a los funcionarios activos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y destaca sobre todos el artículo 8º, pues faculta a los Directores de las Agencias a solicitar justificadamente información a Guardia Civil y Dirección General del Estado para el desarrollo de sus actividades informativas.
Regula así mismo el carnet profesional (artículo 9º), la licencia o autorización profesional (que habrá de ser renovada anualmente, artículos 10º y 12º, y esbozos de un embrión de régimen sancionador), la obligatoriedad de identificar la licencia en los anuncios publicitarios (11º), y la creación de un Registro nacional de Agencias de Investigación Privada (13º).
La Orden Ministerial antes referida permaneció vigente hasta su derogación el 20 de enero de 1.981, mediante la promulgación por parte del Ministerio de Interior de una nueva Orden que por fin regulaba la actividad profesional del Detective Privado y que constaba de únicamente trece artículos, y en la misma continúa recogiéndose el secreto profesional (artículo 9º), el Libro Registro (artículo 10º, siguen estando permitidos los informes orales), parecidos requisitos para el desarrollo de la actividad (artículos 1 y 2), la figura del auxiliar aunque más regulada que en la anterior Orden (artículo 5º), aparece la Tarjeta de Identidad Profesional (artículo 6º, que según la Disposición Transitoria debe canjearse por las antiguas tarjetas en el plazo de seis meses) y la posibilidad de abrir delegaciones (artículo 7º), se establece la prohibición de investigar delitos perseguibles de oficio (artículo 8º), se habla claramente de un Registro nacional que recoja a todos los detectives privados autorizados y de las inspecciones que se les realicen (artículo 11), el régimen sancionador sigue sin estar regulado (artículo 12), y queda regulada la finalización de la actividad profesional (artículo 13).
Esta Orden de 20 de enero de 1981 fue reemplazada en 1.992 por la muy discutida Ley 23/92 de Seguridad Privada, cajón de sastre en el que muy erróneamente fue incluida la figura de los detectives privados, error que persiste con la nueva Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, que es la actualmente vigente, y cuyo Reglamento que la desarrolle aún no ha aprobado en el momento de escribirse estas líneas, destacándose que en ambas leyes se exige titulación universitaria previa a la habilitación profesional, haciendo de los Detectives Privados españoles los más cualificados a nivel mundial.
La Ley 23/92 de 23 de julio de Seguridad Privada viene a corregir la dispersión normativa que hasta entonces regulaba a este sector que había evolucionado considerablemente durante la década de los años 80, muy afectado además por el intrusismo en materia de seguridad. Consta, además de la correspondiente Exposición de Motivos, de treinta y nueve artículos distribuidos en cinco capítulos, titulados Disposiciones Generales artículos 1-4), Empresas de Seguridad (5-9, que no son de nuestro interés), Personal de Seguridad (10-20 repartidos en seis Secciones dedicadas a Disposiciones comunes, Vigilantes de seguridad, Jefes de seguridad, Escoltas privados, Guardas particulares del campo y Detectives privados, ésta conteniendo los artículos 19 y 20), Régimen Sancionador (21-36 repartidos en tres Secciones denominadas Infracciones, Sanciones y Procedimiento) y Ejecución (36-39), además de diversas Disposiciones Adicionales (cuatro), Transitorias (cuatro), Derogatoria (única) y Finales (dos).
De entrada, el punto 3.5 de la Exposición de Motivos está dedicado en exclusiva a los detectives privados, profesión que aún gozando de una larga tradición en España y demás países occidentales, se ve afectada por tres problemas principales: insuficiencia normativa, ausencia de control por parte de la Administración, y de sistemática legislativa, y aunque aprecia la especificidad de la profesión, considera que su inclusión en la Ley de Seguridad Privada obedece a razones de urgencia normativas, destacando además el grave problema de la intrusión profesional.
De las Disposiciones Generales destacamos los artículos 1.2 (identifica al detective privado como personal de seguridad privada, y como tal, según el 1.4, tiene obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones), 2.4 (presentación del informe anual de actividades al Ministerio de Interior) y 3.3 (prohibición de revelar información a terceros).
Del capítulo III de Personal de Seguridad, además de unas Disposiciones comunes con un único artículo 10 sobre la habilitación profesional (requisitos) por parte del Ministerio de Interior, destacamos lógicamente la sección dedicada a los Detectives privados, especialmente importante pues el artículo 19 describe su campo de actuación y los medios que podrá utilizar, mientras que el artículo 20 restringe la habilitación a cualquier funcionario público en activo o habiéndolos sido durante los dos años anteriores.
Las actividades permitidas a los detectives privados serán, siempre mediando encargo de persona física o jurídica, obtener y aportar información y pruebas sobre hechos y conductas privadas, investigar delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en proceso penal, vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones y ámbitos similares, impidiéndose la investigación de los delitos perseguibles de oficio y estando obligados a su denuncia tan pronto como pudieran conocerlos, así como al aporte de cualquier información e instrumentos obtenidos sobre los mismos. Los medios empleados jamás deben colisionar contra los derechos al honor, intimidad personal o familiar, propia imagen y secreto de comunicaciones.
Llegados al capítulo de Sanciones, nos afectan a los detectives privados las recogidas en el artículo 23, desglosadas en muy graves (falta de reserva sobre nuestras investigaciones y el empleo de medios materiales o técnicos que atenten al honor, intimidad, propia imagen y secreto de comunicaciones, entre otras), graves (no presentación del informe de actividades, investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio y la falta de denuncia de los delitos conocidos en el ejercicio de nuestra actividad) y leves (cualquier incumplimiento de la L.S.P. y su Reglamento no recogido entre las graves y muy graves).
Por último, en la Disposición transitoria cuarta se establece que los detectives privados y auxiliares que entonces aún se encontraban acreditados con arreglo a la legislación anterior, dispusieron de un año de plazo para convalidar su título y habilitarse conforme a esta nueva Ley.
Esta evolución normativa concluye con la promulgación de la Ley 5/2014 de 14 de abril de Seguridad Privada, que ya es la vigente aunque no se haya redactado aún el Reglamento que la ha de desarrollar, y viene a subsanar carencias detectadas en la anterior normativa además de adecuarla al escenario europeo, aspectos perfectamente descritos en su Preámbulo.
Comparativamente, esta nueva Ley de Seguridad Privada llama además la atención por su extensión, pues consta de 72 artículos distribuidos en seis Títulos denominados Preliminar o de Disposiciones Generales (con dos Capítulos, Disposiciones Comunes y Competencias de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas), I de Coordinación (artículos 14 al 16), II de Empresas de seguridad y despachos de detectives privados (con dos Capítulos denominados Empresas de seguridad privada y Despachos de detectives privados, abarcando los artículos 17-23 y 24-25 respectivamente), III de Personal de seguridad privada (dos Capítulos denominados Disposiciones comunes, artículos 26-31, y Funciones de seguridad privada, artículos 32-37, siendo éste último el dedicado a los detectives privados), IV de Servicios y medidas de seguridad (cuatro capítulos denominados Disposiciones comunes con los artículos 38-39, Servicios de las empresas de seguridad, artículos 40-47, Servicios de los despachos de detectives privados, artículos 48-50, y Medidas de seguridad privada, artículos 51-52), V de Control administrativo (artículos 53-55) y VI de Régimen sancionador (con tres capítulos de Infracciones, artículos 56-60, Sanciones, artículos 61-68, y Procedimiento), concluyendo además con tres Disposiciones adicionales (Comercialización de productos, Contratación de servicios de seguridad privada por las administraciones públicas, Cooperación administrativa), cinco Disposiciones transitorias (Habilitaciones profesionales anteriores, Personal de centrales receptoras de alarmas, Ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad, Plazos de adecuación y Actividad de planificación y asesoramiento), una Disposición derogatoria única y cuatro Disposiciones finales (Título competencial, Procedimiento administrativo, Desarrollo normativo y Entrada en vigor).
En el Preámbulo (apartado I), aunque vuelve a reconocerse la especificidad de la actividad del detective privado, establece que su acogida en esta normativa radica en que es un elemento más que contribuye a garantizar la seguridad de los ciudadanos, y de nuevo viene a abordarse la necesidad regulatoria en el apartado V, pues considera la actuación profesional del detective puede afectar a la intimidad del ciudadano, adelantando premisas tales como la legitimidad del encargo, el contenido del informe y el deber de reserva profesional.
Si nos adentramos en el articulado, en el artículo 2.1 se define a la seguridad privada, a efectos de esta ley, como el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas voluntaria u obligatoriamente por, entre otros, los despachos de detectives privados, para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales o realizar averiguaciones sobre personas y bienes con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades, y como tales, en el 2.6 se nos considera prestadores de servicios de seguridad privada, definiéndose en el 2.11 a los despachos de detectives privados como las oficinas constituidas por uno o más detectives privados que prestan servicios de investigación privada.
Y para que no nos quede ninguna duda, en el artículo 3.1 (Ámbito de aplicación) se expone claramente que las disposiciones de esta ley son de aplicación a, entre otros, los despachos de detectives privados.
Deducimos que para el legislativo investigar e informar son sinónimos, pues así se deduce cuando en el artículo 4.a describe, como finalidades de la seguridad privada, la satisfacción de las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios de seguridad privada (así se define a nuestros clientes), término éste el de “información “ que de nuevo se incluye en el artículo 4.b, en el que se añade, también como finalidad, la de aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones, tal vez ahora más apropiadamente.
Sin embargo, el legislador trata de corregirse cuando en el artículo 5.1.h se enumera, de entre las actividades de la seguridad privada, la investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.
Y deja todas las puertas abiertas al intrusismo profesional cuando deja fuera del ámbito de aplicación de esta ley a la planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada (artículo 6.1.d), y nuevamente cuando en el artículo 7.2 excluye a la obtención por uno mismo de información o datos, así como la contratación de servicios de recepción, recopilación, análisis, comunicación o suministro de información libre obrante en fuentes o registros de acceso público.
Continúa la lógica obligación de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículos 8 y 14), se establece la obligatoriedad de contratar un servicio antes de ser prestado, contratos que en nuestro caso habrán de ser comunicados al Ministerio de Interior identificando a las partes contratantes (artículo 9), prohibiéndose expresamente la celebración de contratos para investigar delitos perseguibles de oficio y la realización por parte de las empresas de seguridad de las actividades propias de los detectives privados (artículo 10).
Sólo podrán abrir despachos de detectives y sus sucursales personal habilitado y sociedades constituidas únicamente por detectives, y habrán de inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada y cumplir para ello los requisitos exigidos (artículo 24), entre los que destacan como novedades, la contratación de un seguro de responsabilidad civil y un aval o seguro de caución, así como habilitar las medidas de seguridad que se determinen en el posterior Reglamento.
En el artículo 25 se enumeran las obligaciones generales para cualquier despacho de detectives privados: contrato para cada servicio prestado y comunicado al Ministerio de Interior, llevar el Libro Registro, facilitar al cliente informe escrito, memoria anual de actividades, entre otras.
Actualmente, podemos definir al detective privado como el profesional dedicado a la actividad de la investigación privada, por la que a petición de parte legítima (personas físicas y jurídicas) está legalmente facultado para obtener y aportar información y pruebas sobre hechos y conductas privadas, orientadas éstas en los ámbitos económico, laboral, mercantil, financiero, y en la vida personal y familiar, sin que medie la intromisión en la esfera íntima de la persona investigada, y que para ello debe estar habilitado como tal por el Ministerio de Interior y estar en posesión de su licencia oficial, conocida como Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), debiendo añadir que están obligados a plasmar sus investigaciones en los correspondientes informes escritos, a los que pueden adjuntar a modo de prueba cualquier grabación, fotografía o anexo documental, informes que suelen ser aportados en los procedimientos judiciales como elemento probatorio y que han de ser para ello ratificados por los detectives que los emitieron.

References: artículo 4
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 25