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Timestamp: 2017-09-24 01:18:32+00:00

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Violencia de género: delitos de género en el Código Penal argentino. Estándares para una correcta reacción punitiva del Estado
Por Juan Manuel Sánchez Santander
En este sentido, es que debemos recurrir a la normativa internacional. Así encontramos que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará[3]), en su artículo 1, establece que debe entenderse por violencia contra la mujer: “Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en ámbito público como en el privado”. De igual manera lo expresa el Comité de C.E.D.A.W. (Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), en su Recomendación General N° 19, donde definió “gender - based violence” (violencia por razones de género) como “violencia dirigida contra la mujer porque es una mujer” o “que afecta a la mujer desproporcionadamente, como discriminación”.
A mayor abundamiento, es dable resaltar que, en el plano internacional, la Comisión Interamericana Derecho Humanos ha sostenido que la violencia contra las mujeres es una clara manifestación de la discriminación en razón de género[7]; la ha descrito como un problema de derechos humanos. Además, la Comisión ha concluido en reiteradas oportunidades que la violencia contra las mujeres es una manifestación de costumbres sociales que relegan a la mujer a una posición de subordinación y desigualdad, colocándola, en consecuencia, en una situación de desventaja en comparación con el hombre[8].
Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Penal Castro Castro vs. Perú, en cuanto a los aspectos específicos de violencia contra la mujer, estableció que aplicará el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos – derecho a la integridad personal - y fijará sus alcances, tomando en consideración como referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de la Convención Belém Do Pará y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ya que estos instrumentos complementan el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana[9]. Es decir, la Corte Interamericana para conceptualizar la violencia de género, acude a la definición prevista por el art. 1 de la Convención Belem Do Pará y a la CEDAW, limitándose a aplicar el art. 5 de la CADH en función de dicha normativa.
De esta manera resulta aplicable la mayor penalidad prevista por la ley cuando el sujeto activo cometa un homicidio que tenga como sujeto pasivo a una persona que revista la calidad de su ex cónyuge o con quien mantuvo o mantenía una relación de pareja. Por lo tanto quedan comprendidas en la agravante el concubinato y el noviazgo – como así también, tal como surge de la letra del texto, el ex concubino/a y ex novio/a - siempre que haya habido una “relación de pareja” entre el agresor y la víctima, situación que excluye las meras relaciones pasajeras, transitorias o amistosas.
El tipo penal no exige, en su faz subjetiva, que el homicidio se haya producido como una manifestación de la violencia de género, sino que basta con que el resultado haya tenido como sujeto activo y pasivo, a personas unidas vincularmente o por una relación de pareja. En caso de concurrir la circunstancia objetiva prevista y un contexto de violencia de género - siendo la víctima una mujer y el autor un hombre -, entiendo que la figura analizada deberá hacerse concurrir idealmente con el inc. 11 del art. 80.
Por último, debemos analizar la fórmula agregada por la ley 26.791 en las circunstancias extraordinarias de atenuación del último párrafo del art. 80[18], la cual estableció: “Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima”. De esta manera se impuso que estas circunstancias graves e inusitadas que ocurren fuera del orden común o natural – que no fundamentan la emoción violenta[19] y que hacen perder vigencia a los vínculos o relación de pareja agravantes - no son aplicables cuando el autor del homicidio realizó con anterioridad actos de violencia contra la mujer víctima de ese delito.
A manera de solución, al entender que esta decisión legislativa, que se ha concretado en el último párrafo del art. 80, es un instrumento dirigido a prevenir y castigar específicamente la violencia contra la mujer, a mi criterio, compartiendo postura de parte de la doctrina[21], debe entenderse que estos “actos de violencia anteriores” – a lo que refiere la ley - pueden o no ser configurativos de delito, debiendo encuadrar en la definición de violencia de género de la ley 26.485 y la Convención Belem Do Pará, y por lo tanto no demandan el previo dictado de una sentencia penal condenatoria en relación con tales circunstancias.
III. d.- Homicidio transversal o vinculado.
Este novel calificante del homicidio exige causar la muerte de una persona - sin distinción de sexo o condición - para causar sufrimiento a su cónyuge, ex cónyuge o persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja – haya mediado o no convivencia -.
Al momento de justificar el plus punitivo que recibe este tipo de homicidio, es posible avizorar que la razón del mayor castigo está en que el autor “mata a inocentes para hacer sufrir a un tercero (...) Además, de la crueldad que con ello exhibe, produce dos víctimas: el muerto y la persona que sufre por esa muerte. Con lo cual la entidad del injusto es superior a la del homicidio simple y el reproche que se le puede formular al autor o a la autora, más severo”[35], máxime teniendo en cuenta la relación vincular o de pareja que une al sujeto activo con la persona sufriente.
En apoyo a la postura formulada, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal tiene dicho, de manera contundente, que en casos de lesiones sufridas por una mujer en un contexto de violencia de género: “Potencialmente se vislumbra un riesgo que afecta su integridad –psíquica o física - y así se ve excedido el marco de intimidad en que se veía protegida y autoriza, que en garantía de “un interés público” que la involucra la acción pueda ser ejercida de manera oficiosa (…) De momento y en el caso concreto existe ese interés público que habilita al Ministerio público a actuar sin que se haya instado la acción (…) la Convención conocida como de “Belem Do Pará” en su afirmación introductoria y los artículos 3, 4, 5, 7 (especialmente inciso f) y 13, entre otros, vienen para mí a darle a estos sucesos el alcance del interés público previsto en el ordenamiento sustantivo (art. 72 inc. 2° del Código Penal)”. [38]
Esta clase de delitos – lesiones leves - son el comienzo de una violencia sistemática que la víctima sufrirá a manos de su pareja, la cual va en constante progreso, aumentando su intensidad. ¿A caso esperamos a que la lesión sea grave para poder investigar de oficio y sancionar? ¿Y si en el lugar de ser graves o gravísimas resulta un femicidio? ¿Puede justificarse esta inacción estatal por tecnicismos legislativos?
Entiendo que lo solicitado por la víctima en cuanto a la interrupción del proceso penal por ella iniciado, no resulta procedente, siendo que el delito de lesiones leves es de acción penal pública, aunque dependiente de instancia privada. Por ende, instada la acción por el legitimado a hacerlo, la acción penal queda en manos del Estado, quien la ejercerá de oficio - sin perjuicio de la postura adoptada en el apartado precedente, donde se considera que la acción debe promoverse por el Estado desde la comisión del hecho delictivo por razones de interés público -. “La instancia privada motiva la intervención del acusador público una vez instada la acción penal por el particular ofendido; dicha acción penal tiende a la sanción y encierra un interés público”[39]
Para encontrar uno de los primeros precedentes judiciales en la materia, es necesario remontarse al año 2010. Encontramos así que la Cámara Nacional de Casación Penal – sala II -rechazó la suspensión del juicio a prueba en un caso de abuso sexual simple, por considerar que la aplicación del instituto de la probation en estos supuestos, constituiría una infracción a los deberes del Estado asumidos por los instrumentos internacionales, en cuanto establecen el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y establecer procedimientos legales y eﬁcaces, como medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, de conformidad con la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. Surge de la doctrina del mentado fallo que los jueces, como integrantes del Poder Judicial del Estado, deben interpretar la ley y fundar sus decisiones con arreglo a este compromiso estatal.
Avanzando en el tiempo encontramos que la Jurisprudencia mantuvo la línea de respeto por los compromisos internacionales asumidos, entendiendo que la acción penal no debe suspenderse ni interrumpirse en delitos de género. Podemos observar así que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, en el año 2012, en virtud el recurso incoado por la defensa técnica por no concederse la suspensión de juicio a prueba por falta del consentimiento del Agente Fiscal, estableció que “son legítimas las razones de política criminal enunciadas por el fiscal para oponerse a la concesión de la suspensión del juicio a prueba si el hecho atribuido - configurativo de los delitos de los arts. 90 y 149 bis CP, (…) enmarca en lo que doctrinariamente se conoce como violencia de género, habiendo nuestro país asumido un compromiso internacional a los fines de erradicar la violencia contra la mujer”.[42]
En el fallo “Góngora”[43], en consonancia con la línea jurisprudencial analizada ut supra, la Corte entendió que en delitos vinculados a todo tipo de violencia contra la mujer, en los términos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), “la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente”. En otras palabras, estableció que todo país que ha aprobado la Convención Belem Do Pará - reconociendo su operatividad -, en delitos de género, se ve obligado a ejercer la acción penal hasta la realización de juicio plenario, no pudiendo hacerse cesar ni interrumpir la misma, sino que el proceso iniciado deberá culminar en un debate oral y público, y con una sentencia absolutoria o condenatoria.
En tal aspecto, la Novena Reunión del Comité de Expertos del año 2012 abordó expresamente el asunto de la prohibición de la conciliación, mediación o cualquier otro método alternativo que busque una solución extrajudicial. En consecuencia, se dijo: “Prohibir tanto el uso de métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres, como el uso del criterio o principio de oportunidad, y armonizar la legislación procesal con estas prohibiciones. Si existieran estos impedimentos solo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, ampliar dichas prohibiciones a otros casos de violencia contra las mujeres.”[46] En idéntico sentido se expresó el informe del mes de mayo de 2013 sobre “Indicadores de Progreso para la implementación de la medición de la implementación de la Convención”. El informe de mención hace una recomendación sobre el tema en análisis, diciendo: “Sanción de legislación que prohíba en forma explícita el uso de métodos de conciliación, mediación, probation, suspensión de juicio a prueba, aplicación del criterio de oportunidad, conmutación de penas u otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia”[47]
En esta línea de pensamiento, el Máximo Tribunal de Capital Federal, en un caso de amenazas cometidas contra una mujer en la intimidad del hogar, que encontraba la declaración de la víctima como elemento probatorio único, expresó que el antiguo adagio “testis unus, testis nullus” - con arreglo al cual el testimonio de un solo testigo no reviste calidad de prueba suficiente para acreditar la participación en un hecho delictivo - no tiene gravitación actualmente en la normativa procesal vigente. Afirma esto en virtud de que el Código de rito de Capital Federal adopta como reglas generales la "amplitud probatoria" para demostrar los hechos y circunstancias; y el sistema de la sana crítica racional, como método para valorar la prueba producida[48]. En este sentido, entiende el tribunal que la convicción judicial para resolver no depende de la cantidad de los elementos de prueba que se producen durante el juicio sino del valor y la fuerza probatoria que - fundada y racionalmente- se le asigne a los mismos, “incluso cuando ella principalmente se asiente en el relato de la víctima”. Continua diciendo el Tribunal Superior que “El testimonio de la víctima en estos supuestos tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia, siempre que se efectúe con las debidas garantías de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la denunciante. El valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puedan ser corroborados por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante contraria a los parámetros internacionales en la materia”.[49]
De igual manera se expidió la Cámara Nacional de Casación Penal, en respuesta al agravio planteado por la defensa técnica de un hombre acusado de cometer el delito de coacciones en un contexto de violencia de género; agravio consistente en que fuera el testimonio de la víctima el elemento de juicio determinante de la imputación. Al respecto, expresó la Cámara, “cabe considerar que en todo caso, la víctima de un hecho llevado a cabo en solitario - sin terceros presenciales- donde sólo el atacante y la mujer estuvieron presentes, justifica que la fuente de comprobación remita a la denunciante”[50].
No debemos olvidar que la ley marco 26.485 de Protección Integral de la mujer, más precisamente en su art. 16 inc. 1, también consagra la amplitud probatoria imperante en la materia en estudio. En este sentido, en un caso de lesiones leves cometido contra una mujer mediando violencia de género, se expresó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, diciendo que “la prueba más trascendental es lo dicho por la víctima, y la ausencia de testigos no descarta la existencia del evento. No debe soslayarse que este tipo de conductas suelen llevarse a cabo en el ámbito de intimidad de la pareja (…) El Estado tiene el deber de cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley 26.485, que incluye el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.”[51] Así también ya lo había expresado con anterioridad, en un caso de violencia doméstica que encontraba a la mujer como víctima de amenazas, afirmando que “En virtud de que existe un criterio de amplitud probatoria para acreditar los hechos de este tipo, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en la que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus testigos naturales (artículo 16, apartado “i” de la ley n° 26.485), entendemos que el análisis del caso no puede hacerse como intenta la defensa, esto es, en la cantidad de prueba que hay en el sumario o en la inexistencia de testigos, sino en una pauta inobjetable que es la conducta metódica y violenta que habría practicado el acusado hacia la denunciante durante un plazo que se extiende por años”.[52]
Podemos concluir entonces que la máxima de que el testigo único no es suficiente para constituir una prueba, pierde vigor en los casos de violencia doméstica, atento al contexto de intimidad donde suelen producirse los mismos, lo cual supone una limitación obvia en materia probatoria. Es así que la palabra de la víctima adquiere relevancia, siendo autorizada a crear por sí misma la prueba de un hecho punible, en virtud de la amplitud probatoria prevista por los Códigos Procedimentales y la ley de Protección Integral de las Mujeres, como así también por el sistema de sana crítica racional y libre convicción imperante en materia probatoria en nuestro sistema.
IV. c.- LINEAMIENTOS DE POLITICA CRIMINAL Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA. RESOLUCIONES DE PROCURACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.
Las particulares circunstancias que rodean los casos de violencia contra las mujeres, que suponen la indefensión de la mujer víctima ante su agresor – que en muchos casos proviene de su pareja conviviente -, y la situación de vulnerabilidad que ostenta frente a su victimario, exigen una reacción punitiva especial y multidisciplinaria por parte del Estado para mitigar los efectos del delito, y evitar posteriores hechos delictivos de idéntica naturaleza.
Es por ello que resulta indispensable la fijación de criterios de política criminal que atiendan las circunstancias especiales que suponen estos casos, y la adopción de medidas de protección de la mujer víctima a fin de evitar consecuencias mayores y la reiteración delictual.
Recurriendo al plano internacional, encontramos que en este aspecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres víctimas de Violencia en las Américas[53], ofreció un diagnóstico sobre los principales obstáculos que las mujeres enfrentan cuando intentan acceder a una tutela judicial efectiva para remediar actos de violencia. En este sentido, la Comisión formuló conclusiones y recomendaciones a fin de que los Estados actúen con debida diligencia para ofrecer una respuesta judicial efectiva y oportuna ante estos incidentes, fijando estándares importantes de política criminal para los Estados.
Entre los más destacables, la C.I.D.H. hizo hincapié en el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia requerida ante actos de violencia contra las mujeres, tanto cometidos por agentes estatales como particulares; el deber de investigar actos de violencia de forma pronta y exhaustiva; la obligación de erradicar patrones socioculturales discriminatorios que pueden influir la labor de fiscales, jueces, y otros funcionarios judiciales en la judicialización de casos de violencia contra las mujeres; el deber de garantizar que la actuación del sistema de justicia sea imparcial, independiente, y libre de discriminación; y el deber de garantizar que los familiares de las víctimas tengan un tratamiento digno en el sistema de justicia, entre otros aspectos relevantes.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el precedente “Campo Algodonero”[54] del año 2009 - donde se declaró la responsabilidad del Estado Mexicano por una serie de femicidios cometidos en Ciudad de Juárez -, estableció una serie de reglas para conducir eficazmente el proceso penal en los delitos de género. Así fijó que el Estado deberá conducir eficazmente el proceso penal en curso conforme a las siguientes directrices: “i) se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso; ii) la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cuál se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta Sentencia; proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género; iii) deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y iv) los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso”.
La Corte Interamericana también estableció la obligatoriedad de programas y cursos de capacitación sobre los instrumentos internacionales de Derechos Humanos – en especial la Convención Belém Do Pará y la C.E.D.A.W. – y la doctrina surgida de este fallo, destinados a policías, fiscales, jueces, militares, funcionarios encargados de la atención y asistencia legal a víctimas del delito y a cualquier funcionario público, tanto a nivel local como federal, que participe directa o indirectamente en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y reparación en casos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Además destacó necesidad de educar a la población Mexicana para enfrentar la discriminación del género femenino, intimando a que el Estado realice un programa de educación destinado a la población en general, con el fin de superar dicha situación.
En definitiva, esta sentencia de la Corte Interamericana en el caso del “Campo Algodonero” sentó una doctrina jurisprudencial trascendental para la comprensión y la interpretación de los hechos criminales que se cometen contra las mujeres y sobre todo para dimensionar los contextos de violencia e impunidad que acompañan estos hechos, fijando parámetros y políticas criminales que deben adoptarse en los procesos penales destinados a investigar y sancionar este tipo de conductas, con el único fin de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y su derecho a la reparación de los daños causados.
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza, adoptó los lineamientos fijados internacionalmente, en pos de lograr una mayor eficacia en la persecución de delitos de género y asegurar la protección física y psicológica de la víctima, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 7 inc. b de la Convención de Belém do Pará, que impone la necesidad disponer mecanismos para actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
Así observamos que la Procuración General del Máximo Tribunal de Mendoza, dictó lineamientos generales de actuación con el objetivo de sostener la unidad funcional de los miembros del Ministerio Público.
A través de la Resolución Nº 16/12, como primera medida de política criminal, a efectos de logar la mayor eficacia posible en el impulso procesal, dispuso la obligación de consultar en el buscador de personas del Sistema de Gestión informático, la existencia de causas que se tramiten contra el mismo imputado por causa de violencia de género en todas las Unidades Fiscales de la Provincia, con el único sentido de darle un tratamiento conjunto por la conexidad subjetiva existente.
Es por ello que por intermedio de esta Resolución del año 2014, se estableció como directiva general dirigida a los Fiscales de Instrucción, Ayudantes Fiscales, Secretarios de Unidades Fiscales y Personal Administrativo integrantes del Ministerio Público:
a.- “Profundizar el enfoque de género e intensificar los esfuerzos dirigidos a facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar”.
b.- “Reducir los tiempos de espera y tornar mínimas las molestias propias del proceso penal que pudieren ocasionarse a las víctimas de violencia de género o intrafamiliar”.
c.- “Realizar las correspondientes comunicaciones y derivaciones a los organismos de Asistencia a Víctimas de carácter municipal y/o provincial, a fin de su abordaje y contención”. De esta manera se busca dar intervención a los diferentes órganos estatales especializados en la materia, destinados a realizar un abordaje multidisciplinario y contención psicológica sobre las víctimas. Así encontramos, a nivel provincial, la Dirección de la Mujer dependiente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza[55], la cual presta un servicio gratuito de acceso a la justicia dirigido a la mujeres víctima de violencia de género; mientras que a nivel municipal, algunos Municipios de la Provincia cuentan con un sector denominado “Área de la Mujer”, que reviste la calidad de organismo de asistencia multidisciplinaria a la víctima de violencia contra la mujer. Ineludiblemente, debo hacer referencia, en el orden nacional, a la Oficina de la Mujer[56], creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada N° 13/2009.
d. – “Tener en consideración el resguardo de la seguridad de las víctimas de violencia de género o intrafamiliar, disponiendo las medidas pertinentes que excluyan el contacto del imputado con la víctima”. Ello implica la obligación del Agente Fiscal avocado a la investigación del caso, de adoptar de manera inmediata las medidas de protección de la integridad física y psicológica de la víctima. En este sentido, se busca imponer al imputado la prohibición de contacto y acercamiento a la mujer víctima, el establecimiento de rondines policiales en el domicilio de aquella asegurando la prevención de nuevos hechos delictivos, entre otras medidas que se estimen oportunas en el caso concreto.
Analizada la normativa nacional e internacional que regula la violencia contra la mujer, como así también la doctrina de autores reconocidos en la materia y jurisprudencia imperante, para finalizar el presente trabajo de investigación, se extraen las siguientes conclusiones:
- A efectos de definir conceptualmente el término “violencia de género”, se puede afirmar que esta terminología implica cualquier acto de violencia físico, sexual, psicológico, moral, patrimonial, que inciden sobre la mujer por razón de su género, basado en la discriminación, en las relaciones de desigualdad y de poder asimétricas entre los sexos que subordinan a la mujer. Surge del espíritu de la normativa nacional – ley 26.485 - e internacional – Convención Belém Do Pará y C.E.D.A.W. - que regula la materia, y de la doctrina jurisprudencial analizada, que los legisladores y operadores jurídicos entienden que la expresión “violencia de género” está circunscripta a la violencia contra la mujer, perpetrada por razón de su género.
- La ley 26.791 agregó al art. 80 inc. 1 como circunstancia calificante, nuevas calidades del sujeto pasivo, respecto del sujeto activo, estableciendo la prisión o reclusión perpetua cuando se matare al “ex cónyuge o persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. Este agravante exige circunstancias objetivas que determinan justifican un plus de injusto, como lo son el concubinato y el noviazgo – incluso el ex concubino/a y ex novio/a - siempre que haya habido una “relación de pareja” entre el agresor y la víctima, situación que excluye las meras relaciones pasajeras, transitorias o amistosas. El tipo subjetivo de la figura penal analizada se satisface únicamente con la intención de matar a un sujeto unido vincular o relacionalmente al sujeto activo; no exigiéndose en consecuencia la intención de realizarlo con motivo de su género o sexo – por ende, el sujeto pasivo puede pertenecer al sexo masculino o femenino –, por lo cual esta clase de homicidios no configuran un delito de género.
- A través de la fórmula agregada por la ley 26.791 en las circunstancias extraordinarias de atenuación del art. 80, la cual estableció: “Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima”, se impuso que estas circunstancias graves e inusitadas no son aplicables cuando el autor del homicidio realizó con anterioridad actos de violencia contra la mujer víctima de ese delito. Debe entenderse que estos “actos de violencia anteriores” – a lo que refiere la ley - pueden o no ser configurativos de delito, debiendo encuadrar en la definición de violencia de género de la ley 26.485 y la Convención Belem Do Pará, y por lo tanto no demandan el previo dictado de una sentencia penal condenatoria sobre esos actos.
- El inciso 4° del art. 80 modificado por la ley 26.791, incorpora como calificante del homicidio, cuando se matare a otra persona por odio de género - cuando la acción de matar conlleva la motivación de odio que se siente por la víctima por pertenecer a un determinado género, sea masculino o femenino -; por odio a la orientación sexual - por su inclinación sexual: homosexual, bisexual o heterosexual -; por odio a la identidad de género – se mata a otra persona porque odia la elección de identidad sexual elegida por la víctima, es decir, una persona transexual –; o por odio a la expresión de identidad de género - la víctima no ha cambiado de género sexual, pero se comporta y expresa como si perteneciera al género contrario, es decir, travestismo y transformismo -.
- Con la reforma en estudio, se incorporó el inc. 11 al art. 80, el cual agrava el homicidio contra “una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, contemplando así la figura del “Femicidio”. Este novel tipo de homicidio contempla la muerte de una mujer en un contexto de género, es decir, prevé la muerte de una mujer, por su pertenencia al género femenino – porque es una mujer –, existiendo un contexto de subordinación y sometimiento de la mujer hacia el varón, basada en una relación desigual de poder.
- El inciso 12 del art. 80, tras la reforma legislativa, agrava la pena del homicidio cuando se matare: “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inc.1”; incluyendo así la figura del homicidio transversal o vinculado. Se exige causar la muerte de una persona - sin distinción de sexo o condición – con el único fin de causar sufrimiento a su cónyuge, ex cónyuge o persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja – haya mediado o no convivencia -.
- La normativa internacional a través de la interpretación de la jurisprudencia imperante en la materia, establece la prohibición de aplicar criterios de oportunidad y demás métodos alternativos de resolución de conflicto – es especial la suspensión de juicio a prueba -, en los casos de delitos enmarcados dentro de violencia de género. En este sentido se han expedido la Procuración Nacional y de la Provincia de Mendoza, mediante resoluciones internas obligatorias para los miembros del Ministerio Público Fiscal. No obstante ello, es necesario plasmar normativamente los lineamientos analizados – tal como se procedió con la derogación del avenimiento en delitos contra la integridad sexual -, insertándolos expresamente en los Códigos de Procedimientos, como así también prever en el Código Penal la imposibilidad de suspensión de juicio a prueba en este tipo de casos.
- La máxima de que el testigo único no es suficiente para constituir una prueba, pierde vigor en los casos de violencia doméstica, atento al contexto de intimidad donde suelen producirse los mismos, lo cual supone una limitación obvia en materia probatoria. Es por ello que el testimonio de la víctima como única evidencia posee fuerza probatoria en el proceso penal, en virtud de la amplitud probatoria prevista por los Códigos Procedimentales y la ley de Protección Integral de las Mujeres, como así también por el sistema de sana crítica racional y libre convicción imperante en materia probatoria en nuestro sistema.
- Resulta indispensable la fijación de criterios de política criminal que atiendan las circunstancias especiales que suponen estos casos, y la adopción de medidas de protección de la mujer víctima a fin de evitar consecuencias mayores y la reiteración delictual. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció una serie de reglas destinadas a los Estados para conducir eficazmente el proceso penal en los delitos de género. En este sentido la Procuración de la Suprema Corte de Mendoza dictó resoluciones de política criminal determinando lineamientos generales de actuación con el objetivo de sostener la unidad funcional de los miembros del Ministerio Público y lograr mayor celeridad y eficacia del proceso penal en casos de violencia de género. Así también, la Máxima autoridad del Ministerio Púbico emitió resoluciones dirigidas a priorizar la adopción de medidas de protección de integridad física y psicológica de la mujer víctima en los actos iniciales del proceso penal.
- AA. VV.; “La Misoginia Medieval y su repercusión en el concepto de enfermedad mental de la mujer”; en Revista de Historia de la Psicología; volumen 13; 1992; pág. 329.
- Arocena, Gustavo – Cesano, José; “El delito de femicidio. Aspectos político-criminales y análisis dogmático - jurídico”; Ed. B de F, Buenos Aires- Montevideo, 2013, pág. 73 nota 12.
- Breglia Arias, Omar; "Código Penal Comentado"; Ed. Astrea; 2006; pág. 146.
- Buompadre, Jorge Eduardo; “Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal – Los nuevos delitos del Código Penal –“, Ed. Alveroni; 2013; Córdoba.
- Buompadre, Jorge Eduardo; “Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal – Los nuevos delitos del Código Penal –“, Ed. Alveroni; 2013; Córdoba; pág. 143.
- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - SALA 6 –; “B., C. M., Incidente de falta de acción”; Resolución del 20/08/2013; CCC 58017935/2012/1/CA1.
- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala I –; “P., J. V.”; Sentencia del 06/06/2008.
- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala I -; “L., S. P.”; Sentencia de fecha 20/12/2012.
- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala VI -; “R., C. J. s/procesamiento”; Sentencia del 19/04/2013.
- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala V -; “R. B., J. s/amenazas y otros”; Sentencia del 07/06/2011.
- Cámara Nacional de Casación Penal - Sala II -; “A.O., R.V. S/RECURSO DE CASACIÓN”; Expte N° 13.245; Sentencia del 07/12/2010.
- Cámara Nacional de Casación Penal - Sala I -; “P., S. S/RECURSO DE CASACIÓN”; Sentencia del 27/11/2012.
- Cámara Nacional de Casación Penal - Sala II -; “A., A. C. s/recurso de casación”; Sentencia del 09/05/2012.
- Cámara Nacional de Casación Penal – Sala IV -; “R., M. F. s/ Recurso de Casación”; Sentencia del 20/08/2013.
- Cámara Nacional de Casación Penal- Sala IV-; “D., H. J. s/ Recurso de Casación”; Sentencia del 24/06/2015.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V.II.Doc. 68, 20 de enero de 2007, sección sobre Violencia y Discriminación, pág. 26; Informe de Haití de 2009, párr. 44.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.; Doc. 68, 20 de enero de 2007.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Segundo Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en el Perú (2000), pág. 18; Informe sobre los Derechos de las Mujeres en Chile: La Igualdad en la Familia, el Trabajo y la Política (2009), párr. 43.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú; Fondo, Reparaciones y Costas; Sentencia del 25 de Noviembre de 2006; Serie C Nº 160; párr. 276.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Perozo y otros vs. Venezuela; Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones Costas; Sentencia del 28 de Enero de 2009; párr. 295.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Perozo y otros vs. Venezuela; Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones Costas; Sentencia del 28 de Enero de 2009; párr. 293.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos; El caso “González y otros vs. México (Campo Algodonero)”; Sentencia del 16 de noviembre de 2009.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación; “Góngora, Gabriel A. s/Causa 14.092”; G, 61, XLIII; Sentencia del 23/04/2012.
- DIRECCIÓN DE LA MUJER "DRA CARMEN MARÍA ARGIBAY" SUPREMA CORTE DE JUSTICIA; ¿Cómo es el servicio que se brinda?; http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/direccion-de-la-mujer/inicio
- Estrella, Oscar Alberto – Godoy Lemos, Roberto; “Código Penal Parte Especial: De los delitos en particular”; Ed. Hammurabi; 2° Edición actualizada; Bs. As.; 2007; pág. 73.
- García Blanco, Mariano; “Homicidio agravados. Artículo 80 inc. 4 y 11 C. Penal. Anteproyecto”; Marzo del 2015; http://www.justodevoz.com.ar
- Gómez Fernández, Itziar; “La acción legislativa para erradicar la violencia género en Iberoamércia”; Compilación iberoamericana de leyes contra la violencia de género; Tirant lo Blanch; Valencia; 2008; pág. 25.
- Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de la Convencion Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convencion de Belém do Pará"; (Aprobado por el Comité de Expertas-CEVI, el 21 de Mayo de 2013); http://www.oas.org
- Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruccion N° 17 de Capital Federal; “M. G. G. s/ procesamiento – femicidio”; sentencia del 06 de Marzo de 2013; Magistrados: Javier Feliciano Ríos; Id Infojus: FA13060006.
- Kemelmajer de Carlucci, Aída; “La violencia contra la mujer en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; publicado en Revista Online “Voces en el Fénix”; http://www.vocesenelfenix.com/content/la-violencia-contra-la-mujer-en-la-jurisprudencia-de-la-corte-interamericana-de-derechos-hum
- Larruri Pijoan, Elena; “Igualdad y Violencia de Género. Comentario a la STC 59/08”; pág. 11- Cita en “El delito de Femicidio y su Constitucionalidad” de Luciano Censori, pág. 52; Publicado en Edición 177- 30/6/14 Revista de Pensamiento Penal (www.pensamientopenal.com.ar.)
- Maqueda Abreu, María Luisa; “La violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social”; RECPC; 08/02/2006; publicado en www.criminet.ugr.es.
- Mecanismo de Seguimiento Convención Belém do Pará (MESECVI); Novena Reunión del Comité de Expertas/os 12-14 de noviembre de 2012, Ciudad de México. www.oas.org/es/mesecvi/docs/CEVI9-Agenda-SP.doc
- Molina, Magdalena – Trotta, Federico; “Delito de femicidio y nuevos homicidios agravados”; La Ley; 2013 – A – 493.
- ¿Qué es la Oficina de la Mujer?; http://www.csjn.gov.ar/om/om.html
- Suprema Corte de Justicia de Mendoza; “FISCAL C/MARAVILLA, JULIO ALBERTO; VIDELA, ROSANA PETRONA POR ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR LA GUARDA Y POR LA CONVIVENCIA REITERADO EN CONCURSO REAL CON ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA GUARDA Y POR LA CONVIVENCIA PREEXISTENTE”; Sala N° 2; Fecha: 30/08/2012; ubicación: LS442-014.
- Suprema Corte de Justicia de Mendoza; “SPILA MARIA VICTORIA C/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS P/ ACCION DE AMPARO”; Sala N° 1; Expte. N° 110.161; Fecha: 25/06/2014.
- Tazza, Alejandro; “El homicidio por odio de género y el femicidio”; 02 de Abril de 2014; http://penaldosmdq.blogspot.com.ar/2014/04/el-homicidio-agravado-por-odio-de.html
- Terragni, Marco Antonio; “Homicidio agravado por venganza transversal”; pág. 4; en Revista Online Pensamiento Penal; www.pensamientopenal.com.ar
- Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Capital Federal; “F. C/ WEBER CARLOS JAVIER P/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA…”; sentencia del 23 de Agosto de 2012; Magistrados: Luis M. García, Fernando R. Ramírez y Ana Dieta de Herrero.
- Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16; Causa N° 4.026; “H., A. E.”; Sentencia del 31/05/2013.
- Tribunal Oral Penal Nº 1 de la Provincia de Corrientes; "SOSA GARCÍA, ADRIÁN WALTER EDGARDO P/ SUP. HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACION DE PAREJA CON LA VICTIMA, COMETIDO CONTRA UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO”; Expte Nº 97877/13; Sentencia del 06 de Abril de 2015.
- Tribunal Superior de Justicia de Capital Federal; Ministerio Público. Defensoría General de la C.A.B.A. s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en autos N. G., G. E. s/ inf. art. 149 bis CP - Expte. 8796/12; Sentencia del 11/09/2013.
[1] El autor es Abogado egresado Universidad Nacional de Cuyo, República Argentina; Diplomado en Actualización en Derecho Penal y Procesal Penal de Universidad del Aconcagua; Ayudante Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, Ministerio Público, Poder Judicial de Mendoza.
[2] Kemelmajer de Carlucci, Aída; “La violencia contra la mujer en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; publicado en Revista Online “Voces en el Fénix”; http://www.vocesenelfenix.com/content/la-violencia-contra-la-mujer-en-la-jurisprudencia-de-la-corte-interamericana-de-derechos-hum. Por su parte, el artículo 11, apartado 5, inciso e) de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, indica que deberá promoverse la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquéllos casos que requieren otro tipo de abordaje.
[3] La Convención Belém Do Pará fue ratificada en la República Argentina por la ley 24.632 en el año 1996, quedando incluída en el bloque de tratados internacionales con jerarquía constitucional del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional Argentina.
[4] Suprema Corte de Justicia de Mendoza; SPILA MARIA VICTORIA C/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS P/ ACCION DE AMPARO; Sala N° 1; Expte. N° 110.161; Fecha: 25/06/2014.
[5] Suprema Corte de Justicia de Mendoza; FISCAL C/MARAVILLA, JULIO ALBERTO; VIDELA, ROSANA PETRONA POR ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR LA GUARDA Y POR LA CONVIVENCIA REITERADO EN CONCURSO REAL CON ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA GUARDA Y POR LA CONVIVENCIA PREEXISTENTE; Sala N° 2; Fecha: 30/08/2012; ubicación: LS442-014
[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en el Perú (2000), pág. 18; Informe sobre los Derechos de las Mujeres en Chile: La Igualdad en la Familia, el Trabajo y la Política (2009), párr. 43.
[8] Véase también Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V.II.Doc. 68, 20 de enero de 2007, sección sobre Violencia y Discriminación, pág. 26; Informe de Haití de 2009, párr. 44
[9] Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú; Fondo, Reparaciones y Costas; Sentencia del 25 de Noviembre de 2006; Serie C Nº 160; párr. 276.
[10] Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Perozo y otros vs. Venezuela; Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones Costas; Sentencia del 28 de Enero de 2009; párr. 295.
[11] Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Perozo y otros vs. Venezuela; Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones Costas; Sentencia del 28 de Enero de 2009; párr. 293.
[12] Gómez Fernández, Itziar; “La acción legislativa para erradicar la violencia género en Iberoamércia”; Compilación iberoamericana de leyes contra la violencia de género; Tirant lo Blanch; Valencia; 2008; pág. 25.
[13] Maqueda Abreu, María Luisa; “La violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social”; RECPC; 08/02/2006; publicado en www.criminet.ugr.es.
[15] Buompadre, Jorge Eduardo; “Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal – Los nuevos delitos del Código Penal –“, Ed. Alveroni; 2013; Córdoba; pág. 145.
[16] Arocena, Gustavo – Cesano, José; “El delito de femicidio. Aspectos político-criminales y análisis dogmático - jurídico”; Ed. B de F, Buenos Aires- Montevideo, 2013, pág. 73 nota 12.
[17] Buompadre, Jorge Eduardo; “Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal – Los nuevos delitos del Código Penal –“, Ed. Alveroni; 2013; Córdoba; pág. 143.
[18] Art. 80 – último párrafo – Código Penal: “Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el Juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima”.
[19] Estrella, Oscar Alberto – Godoy Lemos, Roberto; “Código Penal Parte Especial: De los delitos en particular”; Ed. Hammurabi; 2° Edición actualizada; Bs. As.; 2007; pág. 73.
[23] El término misoginia está compuesto por la raíz griega ‘miseo’ que significa odiar y ‘gyne’ que se refiere a mujer, y se atribuye a la actitud de los hombres que rehúyen el trato de las mujeres. (AA. VV.; “La Misoginia Medieval y su repercusión en el concepto de enfermedad mental de la mujer”; en Revista de Historia de la Psicología; volumen 13; 1992; pág. 329.
[24] García Blanco, Mariano; “Homicidio agravados. Artículo 80 inc. 4 y 11 C. Penal. Anteproyecto”; Marzo del 2015; http://www.justodevoz.com.ar
[25] Tazza, Alejandro; “El homicidio por odio de género y el femicidio”; 02 de Abril de 2014; http://penaldosmdq.blogspot.com.ar/2014/04/el-homicidio-agravado-por-odio-de.html
[28] Larruri Pijoan, Elena; “Igualdad y Violencia de Género. Comentario a la STC 59/08”; pág. 11- Cita en “El delito de Femicidio y su Constitucionalidad” de Luciano Censori, pág. 52; Publicado en Edición 177- 30/6/14 Revista de Pensamiento Penal (www.pensamientopenal.com.ar.)
[29] Tribunal Oral Penal Nº 1 de la Provincia de Corrientes; "SOSA GARCÍA, ADRIÁN WALTER EDGARDO P/ SUP. HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACION DE PAREJA CON LA VICTIMA, COMETIDO CONTRA UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO”; Expte Nº 97877/13; Sentencia del 06 de Abril de 2015.
[31] Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Capital Federal; “F. C/ WEBER CARLOS JAVIER P/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA…”; sentencia del 23 de Agosto de 2012; Magistrados: Luis M. García, Fernando R. Ramírez y Ana Dieta de Herrero.
[32] Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruccion N° 17 de Capital Federal; “M. G. G. s/ procesamiento – femicidio”; sentencia del 06 de Marzo de 2013; Magistrados: Javier Feliciano Ríos; Id Infojus: FA13060006.
[33] Tribunal Oral Penal Nº 1 de la Provincia de Corrientes; "SOSA GARCÍA, ADRIÁN WALTER EDGARDO P/ SUP. HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACION DE PAREJA CON LA VICTIMA, COMETIDO CONTRA UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO”; Expte Nº 97877/13; Sentencia del 06 de Abril de 2015.
[35] Terragni, Marco Antonio; “Homicidio agravado por venganza transversal”; pág. 4; en Revista Online Pensamiento Penal; www.pensamientopenal.com.ar
[36] Art. 72 Código Penal Argentino: ”Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos: 1º) Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91. 2º) Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público. 3º) Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador. Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor, el Fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare más conveniente para el interés superior de aquél.
[38] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - SALA 6 –; “B., C. M., Incidente de falta de acción”; Resolución del 20/08/2013; CCC 58017935/2012/1/CA1. En este caso, M. B. G. denunció ante la Oficina de Violencia Doméstica que el 22 de noviembre de 2012, en el interior de la vivienda de la calle “(….)” y luego de una discusión, C. M. B. la habría tomado de los brazos y empujado al suelo con las manos hacia atrás, provocándole lesiones.
[41] Cámara Nacional de Casación Penal - Sala II -; “A.O., R.V. S/RECURSO DE CASACIÓN”; Expte N° 13.245; Sentencia del 07/12/2010.
[42] Cámara Nacional de Casación Penal - Sala I -; “P., S. S/RECURSO DE CASACIÓN”; Sentencia del 27/11/2012.
[46] Mecanismo de Seguimiento Convención Belém do Pará (MESECVI); Novena Reunión del Comité de Expertas/os 12-14 de noviembre de 2012, Ciudad de México. www.oas.org/es/mesecvi/docs/CEVI9-Agenda-SP.doc
[47] Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de la Convencion Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convencion de Belém do Pará"; (Aprobado por el Comité de Expertas-CEVI, el 21 de Mayo de 2013); http://www.oas.org
[48] Cabe aclarar que el Código de Procedimiento de la Provincia de Mendoza – ley 6730 - en los art. 205 y 206 también consagra la amplitud probatoria y el sistema de sana critica racional y libre convicción respectivamente.
[49] Tribunal Superior de Justicia de Capital Federal; Ministerio Público. Defensoría General de la C.A.B.A. s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en autos N. G., G. E. s/ inf. art. 149 bis CP - Expte. 8796/12; Sentencia del 11/09/2013.
[50] Cámara Nacional de Casación Penal - Sala II -; “A., A. C. s/recurso de casación”; Sentencia del 09/05/2012
[51] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala VI -; “R., C. J. s/procesamiento”; Sentencia del 19/04/2013.
[52] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala V -; “R. B., J. s/amenazas y otros”; Sentencia del 07/06/2011.
[53] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.; Doc. 68, 20 de enero de 2007.
[54] Corte Interamericana de Derechos Humanos; El caso “González y otros vs. México (Campo Algodonero)”; Sentencia del 16 de noviembre de 2009. En este caso, “2. La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes
Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos , cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.
[55] El servicio que presta este Organismo Provincial, consiste en que “la persona es contenida, asistida y asesorada legal y jurídicamente sobre la situación de violencia. Es entrevistada por equipo interdisciplinario y según la situación de riesgo y su conformidad, es derivada a Oficinas Fiscales y/o Tribunales de Familia en turno para iniciar el proceso judicial correspondiente. Se le brinda tratamiento psicológico gratuito y asistencia social a través de la Red de Enlace. Se realiza seguimiento de las intervenciones para el sostenimiento de las medidas ordenadas, y acompañamiento durante todo el proceso judicial.” (DIRECCIÓN DE LA MUJER "DRA CARMEN MARÍA ARGIBAY" SUPREMA CORTE DE JUSTICIA; ¿Cómo es el servicio que se brinda?; http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/direccion-de-la-mujer/inicio)
[56] La Oficina de la Mujer “ha impulsado desde su creación un amplio proceso para la incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos para lograr la equidad de género tanto en quienes utilizan el sistema de justicia, como para las/los empleadas/os, funcionarias/os y magistradas/os que desarrollan su labor.” (¿Qué es la Oficina de la Mujer?; http://www.csjn.gov.ar/om/om.html)
Tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Madre coimputada víctima de violencia de género. Absolución. No exigibilidad de otra conducta.Tribunal de Casación Penal, Sala IV, c. 75136 “O. V.,P. s/ recurso de casación” y c. 75132 “B. B., M. s/ recurso de casación” del 14/10/16

References: artículo 1
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 80
 artículo 11
 Artículo 80
 artículo 91
 Resolución