Source: https://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=6
Timestamp: 2019-08-24 07:24:36+00:00

Document:
Reconocimiento de hechos. Adopción de medidas
Medidas de reparación no pecuniarias 2.1. Sobre el Derecho a la Identidad
2.2. Sobre el Derecho de Acceso a la Justicia
2.3. Sobre la Capacitación de los actores judiciales
2.4. Sobre el Grupo de Trabajo
2.5. Sobre la publicidad
En el Informe No.160/10 del 1° de noviembre de 2010, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en la Petición 242-03, Inocencia Luca de Pegoraro y otros. En resumen, las peticionarias sostienen que el 18 de junio de 1977, Susana Pegoraro, hija de Inocencia Pegoraro, con cinco meses de embarazo, fue detenida y llevada al Centro Clandestino de Detención que funcionó durante la dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Según el testimonio de Inocencia Luca Pegoraro, Susana Pegoraro dió a luz a una niña en el interior de esas instalaciones. Las peticionarias señalan que, en 1999, Inocencia Luca Pegoraro y Angélica Chimeno de Bauer, se constituyeron en parte querellante e iniciaron un proceso ante las autoridades judiciales, denunciando la sustracción de su nieta, a quien identificaron como Evelin Vásquez Ferra. En primer momento, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 1 ordenó una prueba pericial con el fin de establecer la identidad de Evelin Vásquez Ferra. Sin embargo, ante una impugnación de esta prueba, la diligencia fue decidida finalmente por la Corte Suprema como no compulsiva, por considerar dicha actuación pericial de carácter complementario para los fines del proceso, dado que los padres adoptivos Policarpo Luis Vásquez y Ana María Ferra, habían confesado que Evelin Vásquez Ferra no era su hija biológica; y además consideró que su realización compulsiva era violatoria al derecho de intimidad de esta última. Las peticionarias alegaron que dicha resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cerró las puertas a una posible investigación de la desaparición de Susana Pegoraro y Raúl Santiago Bauer además de la identificación de Evelin Vásquez Ferra.
El 11 de septiembre de 2009, el Estado de Argentina y las peticionarias suscribieron un acuerdo de solución amistosa. El acuerdo estableció principalmente lo siguiente:
El Gobierno de la República Argentina reconoce los hechos expuestos en la Petición 242/03 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, y sin perjuicio del debate jurídico suscitado en torno a la colisión de bienes jurídicamente protegidos que presenta el caso y a la decisión que al respecto adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Estado coincide con la parte peticionaria en la necesidad de adoptar medidas hábiles que pudieran contribuir eficazmente en la obtención de justicia en aquellos casos en los que sea necesaria la identificación de personas mediante métodos científicos que requieran la obtención de muestras para su realización.
2.1. Sobre el Derecho a la Identidad
El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina se compromete a enviar al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer un procedimiento para la obtención de muestras de ADN que resguarde los derechos de los involucrados y resulte eficaz para la investigación y juzgamiento de la apropiación de niños originada durante la dictadura militar.
El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina se compromete a enviar al Honorable. Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar la legislación que regula el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, a fin de adecuarla a los avances de la ciencia en la materia.
a. El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina se compromete a enviar al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley para garantizar de un modo más eficaz la participación judicial de las víctimas -entendiendo por tales a las personas presuntamente apropiadas como a sus legítimos familiares- y de las asociaciones intermedias conformadas para la defensa de sus derechos en los procesos en los que se investiga la apropiación de niños.
El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina se compromete a adoptar las medidas que fueran necesarias, dentro de un plazo razonable, para optimizar y profundizar la aplicación de la Resolución N° 1229/09 del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina se compromete a trabajar en la adopción de medidas tendientes a optimizar el uso de la facultad que le confiere el art. 27 de la Ley N° 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público) a fin de proponer al Procurador General de la Nación: 1) que dicte instrucciones generales a los fiscales instándolos a concurrir a los registros domiciliarios que se practiquen en los casos en que se investigue la apropiación de niños; y 2) que diseñe y ejecute un Plan Especial de Investigación sobre la apropiación de niños durante la dictadura militar a fin de optimizar la resolución de casos, disponiendo de fiscales especiales para ello en las jurisdicciones donde tramite una cantidad de casos que lo justifique .
El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina se compromete a trabajar en la adopción de medidas vinculadas con el uso de la facultad que le confiere el art. 27 de la Ley N° 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio.Público) a fin de proponer al Procurador General de la Nación la capacitación de fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público en el trato adecuado a las víctimas de estos graves delitos.
El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina se compromete a instar al Consejo de la Magistratura de la Nación a planificar cursos de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial en el trato adecuado a las víctimas de estos graves delitos (cfr. art. 7 inc. 11 de la Ley N° 24.937, t.o. según art. 3° de la Ley N° 26.080).
El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina se compromete a establecer mecanismos específicos para facilitar la corrección de la documentación y los registros públicos y privados, tanto nacionales como provinciales y municipales, de toda persona cuya identidad haya sido sustituida durante la dictadura militar, a fin de favorecer el proceso de restitución de la identidad.
Las partes convienen en mantener reuniones periódicas de trabajo, en el ámbito de la Cancillería, a efectos de evaluar la marcha de las medidas que aquí se comprometen.
El Gobierno de la República Argentina se compromete a dar a publicidad al presente acuerdo en el Boletín Oficial de la República Argentina, y en lo diarios "Clarín", "La Nación" y "Página 12", una vez que éste sea homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el informe No. 160/10 la Comisión dio cuenta del cumplimiento de los acuerdos contenidos en las secciones 2(1) (a), 2(1) (b), y 2(2) (a) del acuerdo de solución amistosa, mediante las leyes para establecer un procedimiento para la obtención de muestras de ADN y para la modernización del Banco Nacional de Datos Genéticos aprobadas por el Congreso Nacional el 18 de noviembre de 2009 y publicados el 27 de noviembre de 2009. Asimismo, del cumplimiento de la sección 2(4) (a) mediante la creación de la “Unidad de Regularización Documental de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en el marco del accionar del terrorismo de estado”, por Resolución No. 679/2009, publicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Boletín Oficial el 2 de octubre 2009; y del cumplimiento de la sección 2(2) (b) mediante la conformación del "Grupo de Asistencia Judicial" por Resolución No. 1229-1209 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El 26 de octubre de 2011, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa.
En relación a las secciones 2(3)(a) 2(2) (c), la CIDH había recibido información sobre gestiones dirigidas a la realización de cursos de capacitación comprometidos, sin que se conozca los resultados de la mismas.
La Comisión tuvo conocimiento de la Resolución No. 166 de 2011 por medio de la cual se creó el Grupo Especial de Asistencia Judicial en el ámbito del Ministerio de Seguridad con la función de ejecutar allanamientos, registros, pesquisas y secuestros de objetos a los fines de obtención de ADN en el marco de causas por sustracción de menores de 10 años durante la vigencia del terrorismo de Estado en el período comprendido entre 1976 y 1983. La citada resolución contiene el protocolo de conformación, coordinación y funcionamiento del Grupo Especial.
El 4 de diciembre de 2012, la CIDH solicitó información a ambas partes con respecto al estado de cumplimiento de los compromisos involucrados en el acuerdo de solución amistosa.
Mediante comunicación de 30 de enero de 2013, el Estado informó con respecto al punto 2.2 del acuerdo de solución amistosa que la Procuradora General de la Nación dispuso mediante Resolución PGN N° 435112 del 23 de octubre de 2012, la creación de la “Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”. Indica que la misma funciona dentro de la órbita de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas par violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado y tiene como coordinadores a los doctores Martín Niklison y Pablo Parenti, quienes tendrán facultades de intervención como fiscal coadyuvante y ad hoc, respectivamente, en las diferentes causas en trámite y en todas las instancias.
Asimismo, el Estado indica que con anterioridad a la creación de la referida Unidad, la Procuradora había dispuesto mediante Resolución PGN N° 398/12 del 19 de octubre de 2012, la aprobación de un Protocolo de actuación para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Al respecto, indica que la Unidad Fiscal de Coordinación elaboró un Protocolo de actuación, en el que se describen los principales rasgos y problemáticas atinentes a estos crímenes y muchas de las medidas conducentes para el descubrimiento de la verdad, la identificación de los responsables y su sometimiento a juicio. Precisa que el Protocolo instruye a los fiscales del país para que ajusten su actuación en el marco de las investigaciones vinculadas a la materia en las que intervengan a las pautas allí fijadas y, a todos los fiscales del país que intervienen en casos de apropiación durante el terrorismo de Estado para que intervengan personalmente en cada uno de los momentos claves de las investigaciones por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, tales como, por ejemplo, los actos en los que se procura la obtención de ADN. El Estado indica que la Resolución que dispone la aprobación del Protocolo expresa que todo lo allí dispuesto resulta compatible con el punto 2.2 del Acuerdo de solución Amistosa celebrado entre la Asociación Abuelas de plaza de Mayo y el Gobierno de la República Argentina, en el marco de la petición 242/03 de la CIDH.
Añade que la Procuradora además marcó como uno de los desafíos para el año 2013, el de continuar profundizando el proceso de juzgamiento en ciertas áreas, como el análisis de la responsabilidad de actores civiles en el terrorismo de Estado (funcionarios judiciales, empresarios, etc.), los delitos sexuales y la apropiación de niños.
Por otra parte, con respecto al compromiso 2.5 del acuerdo de solución amistosa, el Estado indicó que el mismo fue publicado en el Boletín Oficial N°31785 con fecha 20 de noviembre de 2009, a través del Decreto N° 1800/2009, instrumento mediante el cual se aprobó el mencionado Acuerdo. Añadió que tanto los diarios Página 12, Clarín y La Nación, han hecho y eventualmente hacen referencia en diversos artículos periodísticos al caso Pegoraro tanto directa como indirectamente.
La Comisión destaca los avances logrados en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa e insta a las partes a presentar información sobre los aspectos pendientes de cumplimiento, en particular el relacionado con la capacitación de operadores judiciales en el trato adecuado a las víctimas.
En el informe No.161/10 del 1° de noviembre de 2010, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en la Petición 4554-02, Valerio Castillo Báez. En resumen, los peticionarios alegaron que la presunta víctima fue detenido durante la dictadura militar desde el 5 de mayo de 1980 hasta el 13 de abril de 1982, acusado ante la justicia federal de infringir la Ley No. 20.840 que tipificaba como delito la participación en partidos políticos considerados subversivos, y absuelto el 13 de abril de 1982 por el Juzgado Federal No. 1 de Mendoza. Señalan también que solicitaron sin éxito ante las autoridades competentes la indemnización por daños y perjuicios que correspondía a Valerio Oscar Castillo Báez, en razón a que la Ley 24.043, establecía el pago de una indemnización para aquéllos que habían sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o hubiesen sufrido detención de actos emanados de Tribunales o autoridades militares. Por su parte, el Estado se abstuvo de presentar observaciones en el presente caso.
El 2 de octubre de 2008, el Estado de Argentina y los peticionarios suscribieron un acuerdo de solución amistosa, aprobado mediante Decreto N º 399/09, del 27 de abril de 2009. El acuerdo estableció principalmente lo siguiente:
Las partes convienen en que se otorgará al señor Valerio Oscar Castillo Báez, una reparación pecuniaria de acuerdo al esquema previsto por la ley 24.043 considerando a tal efecto la totalidad del periodo en el que permaneció efectivamente detenido que no fuera indemnizado en el marco del expediente MI No. 329.637/92. El trámite administrativo deberá ser iniciado ante la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de conformidad con la competencia atribuida por la citada ley, quien deberá adoptar todas las medidas necesarias para certificar el tiempo que efectivamente estuvo detenido el señor Castillo Báez en virtud de la aplicación de la ley 20.840.
El Estado se compromete además a elaborar, a través de su Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación un Proyecto de modificación de la Ley 24.043 con el objeto de incluir, en las condiciones que se consideren apropiadas, los casos de privación de la libertad sustentada en la norma. Asimismo, el Estado se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para su pronta remisión al Congreso Nacional.
Los peticionarios, renuncian de manera definitiva e irrevocable, a iniciar todo otro reclamo de cualquier naturaleza contra el Estado nacional en relación con el presente caso.
Mediante comunicaciones recibidas el 26 de octubre y 28 de noviembre de 2011, los peticionarios indicaron que el señor Castillo Báez recibió el pago de 153,575.00 en bonos por concepto de reparación pecuniaria. Sin embargo, dado que su entendimiento era que le correspondía 467,312.30 por ese concepto, afirman que el Estado habría incumplido con el acuerdo de solución amistosa en ese punto. Por otra parte, manifestaron que no tendrían conocimiento ni el Estado les habría informado nada respecto a si se habría modificado la Ley 24.043.
En relación con las modificaciones legislativas, la Comisión tuvo conocimiento de la sanción de la Ley 26.564 promulgada el 15 de diciembre de 2009 por medio de la cual se ampliaron los beneficiaros susceptibles de acogerse a las leyes 24.043 y 24.211. Expresamente se ordenó incluir en los beneficios previstos en dichas leyes a los presos políticos, víctimas de desaparición forzada o fallecidos entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983. Asimismo, se incluyó, entre otros, a las víctimas de los levantamientos del año 1955, así como a los militares que por no incorporarse a la rebelión contra el gobierno constitucional hubieran sido víctimas de difamación, marginalización y/o baja de la fuerza.
El 3 de diciembre de 2012, la CIDH solicitó información a ambas partes respecto del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. Mediante nota de 30 de enero de 2013, el Estado reiteró información referida a la sanción de la ley No 26.564 y señaló con relación a las diferencias aducidas por el peticionario respecto de la liquidación del beneficio, que el mismo se había efectuado por las autoridades competentes de conformidad a la legislación vigente. Por su parte, el 29 de enero de 2013, los peticionarios indicaron que si bien se habían producido los cambios legislativos correspondientes; la diferencia alegada en cuanto al monto de la indemnización otorgada al señor Castillo Báez subsistiría, manifestando al respecto su expresa disposición al dialogo con el Estado Argentino. Indicaron que hasta el momento no habían tenido respuestas, ni contacto de parte de ningún funcionario del Gobierno a los efectos de proceder a una solución en cuanto a la diferencia de monto señalada.
Mediante comunicación de 19 de abril de 2013, el Estado precisó respecto al cumplimiento del compromiso referido a una reparación pecuniaria de acuerdo al esquema previsto por la ley 24.043, que había dado cumplimiento al mismo y que se había adjuntado documentación de respaldo en el trámite ante la CIDH al respecto. Indicó además que la cuestión planteada por el peticionario no podía prosperar dado que aquel había efectuado aceptación expresa de todo lo actuado al suscribir los formularios correspondientes, prestando su conformidad a la liquidación plateada y “renunciando en forma total, absoluta y expresa a todo reclamo de cualquier naturaleza relacionado con el presente”. Indicó que dicha renuncia se había plasmado además en el punto 3 del acuerdo de solución amistosa.
Por su parte, mediante comunicación de fecha 27 de mayo de 2013, el señor Castillo Báez precisó respecto a la indemnización establecida a su favor, que si bien se le habría reconocido el tiempo de detención arbitraria, no se habría liquidado dicho tiempo conforme lo establecido por la referida ley 24.043, por lo cual procedió a reclamar la diferencia. Concretamente, indicó que conforme los parámetros establecidos en los artículos 4 y 7 de la ley 24.043, y la escala salarial del Personal de la Administración Nacional, le hubiera correspondido, conforme la fecha de pago -año 2011,- una cifra muy superior a la que determinó el Estado. Indicó que desconoce cuál es la remuneración que consideró el Gobierno para hacer la liquidación y que además le pagaron con bonos que cotizan por debajo de la paridad. Precisó que al momento de efectuarse el pago firmó los formularios que le fueron entregados, a los fines de poder cobrar la indemnización que le fue demorada por mucho tiempo, pero que entendía que ello no podría implicar renuncia alguna a su derecho a que se le liquide conforme a la ley y por ende, solicitó a la CIDH que no se de por concluida la cuestión respecto al monto de la indemnización.
Mediante comunicación de fecha 21 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. El 3 de diciembre de 2013, el Estado indicó que no se habían producido novedades en el caso, salvo lo referente al reclamo del peticionario en relación al beneficio indemnizatorio, el cual estima carece de fundamento. Por lo tanto, el Estado señaló que debería estarse a la liquidación oportunamente practicada y considerarse cumplido el acuerdo.
La Comisión observa con satisfacción los avances registrados en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, sin embargo observa que continua vigente entre las partes un diferendo en torno al monto de la indemnización acordada al señor Castillo Báez en los términos del acuerdo de solución amistosa.
Al respecto, la CIDH considera oportuno resaltar, en atención a la información suministrada por las partes, que la indemnización establecida por el Estado ha sido efectivamente pagada al señor Castillo Báez y que con posterioridad a dicho pago, el señor Castillo Báez estaría cuestionando el monto total de la liquidación por no considerarlo adecuado conforme a la legislación pertinente. La CIDH observa además que en el expediente de la CIDH, consta un “acta de conformidad” firmada por el señor Castillo Báez, en la cual manifestó su conformidad con la liquidación, “renunciando de forma total, absoluta y expresa a toda acción judicial o extrajudicial relacionada con la presente”. En consecuencia, la CIDH estima que el reclamo del peticionario no se presentó en la oportunidad correspondiente, es decir al momento de tener conocimiento de la liquidación del beneficio indemnizatorio y de efectivizarse el pago, por ende la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra cumplido.
En el informe No.19/11 del 23 de marzo de 2011, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito el 16 de agosto de 2007 por las partes en la petición No. 2829-02, Inocencio Rodríguez. En resumen, el peticionario alega que durante la última dictadura militar el señor Inocencio Rodríguez fue privado de su libertad por más de cuatro años en una cárcel que se encontraba bajo la autoridad militar; y que sufrió además de tortura sistemática por parte de agentes del Estado, así como de inaceptables condiciones de detención. El peticionario añadió que, una vez reestablecido el Estado de Derecho, se aprobaron algunas leyes reparatorias, entre ellas, la 24.043 y la 24.906, a las que el señor Rodríguez se acogió en el año 1996 para ser indemnizado. En ese mismo año, el Ministerio de Interior le otorgó indemnización por los 14 días transcurridos desde su detención, hasta que fue puesto a órdenes del Juzgado Federal, pero se negó a concederla por el resto del tiempo que el señor Rodríguez permaneció detenido, toda vez que, según el Ministerio, se había dictado sentencia condenatoria en su contra por parte de un tribunal civil dentro de un proceso regular. El peticionario alegó que la justicia argentina lo consideró entonces como un preso común y no una víctima política de un régimen de facto autoritario. El peticionario afirmó que al negarle la indemnización al señor Rodríguez, se le discriminó y privó de un derecho que por ley le correspondía. Consideró así que los recursos promovidos no fueron efectivos y que las autoridades actuaron en forma arbitraria, por lo que a su juicio la presunta víctima sufrió la violación de los derechos protegidos por la Convención en los artículos 8, 21, 24 y 25 en relación con la obligación de respetar prevista en el artículo 1.1. del mismo tratado.
El 16 de agosto de 2007, los peticionarios y los representantes del Gobierno de la República Argentina suscribieron un acuerdo, en cuyo texto se establece lo siguiente:

References: resolución 
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 resolución 
 artículo 49
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 artículo 1