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Timestamp: 2019-10-17 02:39:54+00:00

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BOE i notícies del 5 d'abril de 2018
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 5 D’ABRIL DE 2018
Actualización del anexo 1 por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Resolución de 4 de abril de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 05-04-2018)
Resolución de 4 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 4 de abril de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/05/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/05/index.php?d=83&s=3
RECULL DE PREMSA DEL 5 D’ABRIL DE 2018
El Catastro determinará el "valor de mercado" de la vivienda para usarlo como referencia en la valoración catastral
La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el "valor de mercado" de la vivienda para usarlo como referencia en la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local.
Esto es algo que el Gobierno debería haber hecho durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro, habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de vivienda. Esta valoración se hace para cumplir con lo exigido por parte del artículo 23.2 del Texto Refundido de la Ley de Catastro. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.
Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que "la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga".
En el Presupuesto, Hacienda asegura que esta modificación legal "permite la corrección a la baja de los valores catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario", cosa que estaría por ver. En realidad, se está impulsando todo lo contrario: una gran corrección al alza de las viviendas revisadas en los años de tendencia bajista, los que van de 2007 a 2014. Hay que recordar que las ponencias de valoración se revisan cada 10 años, con lo que la incidencia de esta medida sería claramente alcista a partir de ahora.
De hecho, en 2018 los Presupuestos prevén la revisión de los valores catastrales de seis millones de viviendas en base a nuevos coeficientes de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de valoración que deben aprobar los ayuntamientos. Los municipios objeto del procedimiento de regularización son 1.272 este año, según el proyecto de ley presentado el martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
(Expansión, 05-04-2018)
La Agencia Tributaria esperara recibir 19.945.359 declaraciones hasta el 2 de julio, un 1,1% más que el año anterior. Como es habitual, la mayor parte de las declaraciones, 13,7 millones, darán derecho a una devolución, otras 5,2 millones saldrán a ingresar y casi un millón serán negativas. A pesar de que la mayoría de contribuyentes tendrá derecho a devolución, estas serán en términos generales de cuantía reducida.
De hecho, globalmente, la Agencia Tributaria espera ingresar 9.621 millones de euros y devolver 9.468 millones. Ello da un saldo positivo para los intereses de la Administración de 153 millones. Es la primera vez en una década que la Agencia Tributaria devolverá al contribuyente menos dinero del que recaudará en la campaña de renta.
El director del departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, señaló que la mejora económica es el principal motivo que explica el saldo positivo. El incremento de los beneficios por actividades económicas y ganancias patrimoniales, que en muchas ocasiones no sufren retención en la fuente, son algunos de los motivos que explicaría el incremento del resultado a ingresar.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se articula a través de las retenciones. Los asalariados les retiene su empresa una parte de su sueldo en concepto de adelanto del impuesto. Si las retenciones realizadas a lo largo del año superan el resultado de la declaración es cuando sale a devolver. Si sale a pagar, significa que las retenciones son inferiores a la cuota resultante de la declaración.
La campaña de renta de 2017 incorpora pocas novedades normativas. Los principales cambios se refieren a la gestión y, en concreto, a la puesta en marcha de una aplicación móvil que permite presentar la declaración a través de un smartphone “en un clic”. De la Rosa insistió en que la Agencia Tributaria siempre recomienda que es importante revisar los datos fiscales antes de remitir el formulario de la renta. Respondió así a colectivos de asesores que apuntaron al riesgo de presentar la declaración “con un solo clic”.
En un comunicado, la Agencia Tributaria señaló que es importante revisar especialmente aspectos como las referencias catastrales de los inmuebles, las circunstancias personales y familiares, las aportaciones a planes de pensiones, las cuotas sindicales, las percepciones por subvenciones, las deducciones familiares y por maternidad, la deducción por inversión en vivienda habitual o las deducciones autonómicas.
Hasta el martes pasado, se habían realizado 577.000 descargas y se habían registrado 374.000 usuarios distintos a la app de la Agencia Tributaria. Además de poder presentar la declaración, la aplicación permite descargar los datos fiscales.
Otra novedad es la puesta en marcha de forma definitiva del plan Le Llamamos, que permite recibir ayuda de un empleado de la Agencia Tributaria por teléfono. El contribuyente pide cita por internet o teléfono, elige hora en tramos de quince minutos y recibirá una llamada de Hacienda. Pueden utilizar el servicio Le Llamamos, contribuyentes con rentas del trabajo inferiores a 65.000 euros, con rendimientos de capital que no superen los 15.000 euros o con rendimientos del capital inmobiliario que provengan como máximo de un solo inmueble. El objetivo de Hacienda es reducir el número de personas que acuden a las oficinas de atención presencial, un servicio que el año pasado utilizaron 3,2 millones. Hacienda señala que buena parte de estas personas podrían haber solucionado sus dudas tributarias a través del teléfono. De hecho, Hacienda argumenta que 860.000 contribuyentes que acudieron a las oficinas de la Agencia Tributaria se limitaron a confirmar la propuesta de declaración de la Agencia Tributaria sin ningún cambio.
A pesar de la aplicación telefónica, la mayor parte de contribuyentes optará por presentar su declaración a través de Renta Web, la plataforma en internet que permite acceder a los datos fiscales, modificar el formulario y presentarlo.
Desde ayer se puede presentar la declaración y el 27 de junio finaliza el plazo para las declaraciones que salen a ingresar. El 8 de mayo se puede solicitar cita previa para la atención presencial, actividad que se iniciará el 10 de mayo. El 2 de julio finaliza la campaña.
(El País, 05-04-2018)
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hace su primera valoración, aún provisional, sobre las cuentas presentadas por el ministro Cristóbal Montoro. Y el veredicto es ambiguo: este organismo considera “prudentes e incluso plausibles” las previsiones de crecimiento para los próximos años que incluyen los Presupuestos, así como también le parecen “creíbles” las previsiones de ingresos. Los problemas vienen, sin embargo, por el déficit público.
El objetivo de reducir el agujero en las cuentas del 3,07% del año pasado al 2,2% en 2018 es una meta “exigente”. Va a estar “muy ajustado”, admitió el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, mostrando un cierto grado de escepticismo. Uno de los principales flancos de dudas viene por los Fondos de la Seguridad Social, cuyo déficit debe caer al 1,1%. "Los propios interesados admiten que va a ser muy ajustado", insistió Escrivá.
El jefe de la oficina que evalúa de forma independiente el buen hacer presupuestario de todas las Administraciones públicas rechazó la acusación de que estos Presupuestos sean procíclicos, y que hayan dejado pasar la ocasión para atajar de una forma más decidida el altísimo nivel de deuda pública, que según los pronósticos del Gobierno cerrará este año en el 97,6%.
“Mi sensación es que el Presupuesto es neutral. El gasto crece desde hace años por debajo del PIB nominal. Y por el lado de los ingresos, crecen más o menos como el PIB”, aseguró Escrivá. El presidente de la Airef reconoció su preocupación por el alto nivel de deuda pública, pero también habló de la elevadísima tasa de paro, en el 16%, para justificar la necesidad de políticas expansivas. “Es difícil combinar ambos elementos. No haría ningún juicio severo a los Presupuestos de todas las Administraciones públicas”, concluyó.
Escrivá también habló sobre la posibilidad de que el Gobierno no logre el apoyo parlamentario necesario para sacar adelante su Presupuesto. "No sería nada deseable, porque se trata del instrumento fundamental para encajar la política económica", aseguró.
Pese a lo deseable de que España cuente con unos Presupuestos, el presidente de la Airef no descartó la posibilidad de que su no aprobación -y consiguiente prórroga de los anteriores- podría tener el efecto positivo de hacer más fácil el cumplimiento de los objetivos de déficit público. E insistió en la idea de que, dadas las frágiles mayorías parlamentarias cada vez más habituales, la falta de Presupuestos es algo que ocurre en otros países y otras administraciones. "No sería el fin del mundo", concluyó Escrivá.
El paro de la eurozona cae al 8,5% en febrero hasta mínimos de diez años
La tasa de paro en la zona euro ha caído un punto (del 9,5% al 8,5%) y nueve décimas en el conjunto de la UE (del 8% al 7,1%) en tasa interanual, según los datos publicados hoy por la oficina estadística europea, Eurostat. En el caso de los países de la moneda única, se trata del porcentaje más bajo desde diciembre de 2008, mientras que en la UE es la menor tasa desde septiembre de 2008.En el cálculo interanual entre los meses de febrero de 2017 y 2018, en el caso de la eurozona había 1,4 millones de parados menos y en los Veintiocho había dos millones menos.
En febrero de 2018 había 17,63 millones de desempleados en la UE, de los que 13,92 millones estaban en la zona euro. Frente a enero, la UE registró 201.000 parados menos, mientras que en la zona de la moneda única la cifra se redujo en 141.000 personas. España, segundo con más paro en Europa tras Grecia. Por países, España, como es habitual, registró en febrero la segunda tasa más elevada solo por detrás de Grecia, con un 16,1% de tasa de paro, una décima menos respecto a enero, y 2,1 puntos por debajo de la registrada en el mismo mes de 2017.
Las tasas más bajas el pasado febrero se dieron en la República Checa (2,4%), Malta y Alemania (ambos 3,5%), mientras que las más altas, más allá de Grecia (20,8 % en diciembre de 2017, último mes del que Eurostat tiene datos) y España (16,1%), se registraron en Italia (10,9%) y Croacia y Chipre (9,6%).Con respecto a febrero de 2017, el paro cayó en todos los países salvo en Estonia, donde la tasa incrementó del 5,8% al 6,5%.Los mayores descensos tuvieron lugar en Chipre (del 12,6% al 9,6% entre febrero de 2017 y este año), Grecia (del 23,4% al 20,8% entre diciembre de 2016 y el mismo mes de 2017), Croacia (del 12% al 9,6%).
Fuera de la UE, el desempleo se mantuvo estable en Estados Unidos en diciembre con respecto al mes anterior, en el 4,1% y bajó seis décimas con respecto a diciembre de 2016.
(Cinco Días, 05-04-2018)
El Gobierno no quiere agotar el crédito para costear el déficit ni vaciar el fondo de reserva de la Seguridad Social
La Seguridad Social tuvo unos números rojos de 18.800 millones de euros el pasado año. Y, siendo optimista, el Gobierno ha previsto en el cuadro macro con el que ha diseñado los Presupuestos de 2018 que, este año, el sistema vuelva a tener un déficit del 1,1% (unos 12.250 millones de euros).
Para costear este déficit, el Ejecutivo ha dispuesto en las cuentas públicas presentadas el martes un total de 19.000 millones de euros. En concreto, han previsto un crédito del Tesoro de hasta 15.164 millones de euros y una nueva disposición del fondo de reserva de las pensiones de 3.826 euros para prestaciones contributivas y su gestión. Si bien fuentes gubernamentales aseguraban ayer que confían en no utilizar todas estas cantidades. Al tiempo estas mismas fuentes aclaraban que, en cualquier caso, el crédito es mayor que el de 2017 (10.200 millones) porque no quieren dejar el fondo de reserva a cero.
En cualquier caso, y a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quitó hierro el martes a estas necesidades financieras de la Seguridad Social, en el Ejecutivo son plenamente conscientes de que hay que sanear el sistema y están a la espera de que el Pacto de Toledo cierre sus recomendaciones para tomar medidas.
De momento, tienen claro cómo liberar o “limpiar” unos 8.000 millones de euros de gastos que ahora se costean con los ingresos de las cotizaciones y que podrían financiarse con impuestos (lo que se denomina separación de fuentes de financiación).
De esta forma se la Seguridad Social se acercaría más al equilibrio contributivo. Esto es que las cotizaciones (de empresarios y trabajadores) no costeen gastos que pueden pasar por universales (que se deben pagar por todos los contribuyentes). Según los datos del Ejecutivo en la actualidad el 94,1% de las pensiones se paga exclusivamente con cotizaciones.
Faltaría, por tanto, que una serie de gastos de la Seguridad Social se pagaran con impuestos para que esa cifra llegara al 100%. En ese momento, se podría empezar incluso a volver a destinar posibles excedentes de cuotas para nutrir otra vez el fondo de reserva.
Sólo un tercio de las empresas cumple en protección de datos
Casi un 35% de las compañías tiene implementados procesos que aseguran el cumplimiento de la normativa internacional de protección de datos, mientras que la mayoría aún tiene lagunas en áreas clave. A pesar de que las empresas que, a partir del 25 de mayo, no cumplan con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se arriesgarán a multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la cifra de negocio global (hasta ahora el máximo llegaba a 600.000 euros), tan sólo un tercio de ellas está completamente preparada para su entrada total en vigor, según el informe Global Data Privacy Snapshot 2018, elaborado por DLA Piper.
"Muchas compañías piensan que bastarán unos retoques formales en lo que ya estaba implantado para cumplir adecuadamente el reglamento europeo y su futura ley orgánica de acompañamiento y no es verdad", alerta Diego Ramos, socio y director del departamento de propiedad intelectual y tecnología de la oficina de Madrid de DLA Piper, que se muestra preocupado por la inercia que están mostrando muchas organizaciones respecto al planteamiento de la protección de datos.
Desde 1992, cuando se aprobó la primera ley orgánica española en materia de protección de datos personales, ha habido varias modificaciones legales y reglamentarias, pero el experto asegura que la filosofía general del sistema se ha mantenido igual. A pesar de ello, todo cambiará a partir del 25 de mayo, ya que se establecerán unas directrices claras y únicas a nivel europeo, que serán de obligado cumplimiento para todas las empresas que operen en la UE, independientemente de si están establecidas o no en suelo comunitario.
Hasta el momento, los sectores financieros y el tecnológico son los alumnos más aventajados, aunque las diferencias actuales en cumplimiento no vienen tanto por industrias concretas, sino por los perfiles de compañías. En este sentido, los grupos con más actividad internacional comenzaron a adaptarse a finales de 2016 y en 2017, mientras que a los más enfocados al mercado doméstico les está costando un poco más, pero "por el hecho de que una empresa tenga poca o ninguna actividad fuera de España no tendrá más tiempo para adaptarse, ni menos riesgo de sanción, sino justamente lo contrario", avisa el socio de DLA Piper.
La licitación pública creció un 38% en 2017
La licitación pública creció un 38% en 2017 hasta los 8.309 millones de euros, y la contratación pública se elevó un 32% hasta los 4.755 millones, aunque en ambos casos estas cifras representan la tercera parte del volumen de 2007, antes de la crisis, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).
El presidente de Seopan, Julián Núñez, se felicitó por el aumento de la inversión en los Presupuestos Generales del Estado presentados ayer y, en particular el del Ministerio de Fomento, que crece un 13,7%, pero destacó que es insuficiente para paliar el déficit de 114.000 millones de euros de “infraestructuras prioritarias”. "Se trata de un punto de inflexión, pero estamos en niveles de inversión equivalentes a los de 1999", indicó durante la rueda de prensa de Seopan para hacer balance del sector de 2017 y las perspectivas para 2018.
La patronal detalla que las infraestructuras relacionadas con movilidad y transporte son las que mayor falta de inversión presentan, estimada en unos 85.000 millones. Después se sitúan las relacionadas con el agua, con una inversión 12.000 millones inferior a la necesaria, las instalaciones hospitalarias y de centros educativos (10.500 millones), las actuaciones medioambientales (6.500 millones) y las logísticas (700 millones).
Núñez llamó la atención que mientras el gasto en pensiones, salud y educación han crecido un 70%, un 53% y un 29%, respectivamente, la inversión en obra pública sigue casi en mínimos históricos tras cuatro años de caídas (2011/2016).
Por ello, la patronal ha pedido un gran pacto nacional de infraestructuras entre las distintas fuerzas políticas, basado en proyectos de colaboración pública-privada, para paliar ese déficit que, al ritmo inversor actual se tardarían 40 años en resolver en materia de infraestructuras de transporte e hidráulica, y 136 años en materia de medioambiente.
Las empresas asociadas a Seopan, fundamentalmente grandes constructoras y concesionarias, registraron un aumento de la actividad nacional del 0,3% en 2017, hasta los 4.296 millones de euros, motivado por la subida de la edificación residencial de un 41%, que contrasta con la caída de la obra civil (-2%). El empleo directo cayó un 7,2% hasta los 18.199 puestos de trabajo.
El Icam exige en la Asamblea de Madrid que se impulse la Ciudad de la Justicia
La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (Icam) ha transmitido a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, la necesidad de que se impulse definitivamente una Ciudad de la Justicia, proponiendo la elaboración de un estudio con dotación presupuestaria para calibrar la viabilidad del proyecto. De forma paralela, y hasta la consecución del mismo, el decano, José María Alonso, ha solicitado que se mejoren las sedes actuales y se concentren por órdenes jurisdiccionales, según ha informado el Icam.
Con objeto de aumentar el peso institucional de la Abogacía madrileña, Alonso también ha solicitado una mayor participación del colegio para informar y asesorar a la Cámara en materias relacionadas con la Administración de Justicia, de acuerdo al artículo 211 del reglamento de la Asamblea de Madrid que regula las comparecencias de otras entidades.
En materia tecnológica, el Icam ha apostado por la transformación digital de los órganos judiciales y la puesta en funcionamiento del expediente judicial electrónico. En este sentido, se ha solicitado el incremento del número de equipos de videoconferencia y que los profesionales de la abogacía puedan acceder al Sistema de Información Judicial IUS Madrid.
En el ámbito legislativo se ha propuesto que, como ya sucede en otras comunidades, se promueva una Ley de Mediación que establezca un marco regulador que no se limite a cuestiones familiares. También se ha solicitado la regulación de los puntos de encuentros en la Comunidad de Madrid, así como un régimen jurídico básico para regular la cualificación profesional de los miembros de los equipos psicosociales. Asimismo, la junta de gobierno del Icam ha señalado la necesidad de adoptar medidas de reconocimiento a la labor de los abogados del turno de oficio.

References: Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 artículo 36
 artículo 23
 artículo 211