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Timestamp: 2019-08-21 20:34:50+00:00

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¿Qué significa ser Administrador de una sociedad? ¿Qué posición asumo cuando acepto el cargo o, simplemente, actúo como tal sin haberse efectuado el nombramiento? ¿Qué deberes y obligaciones conlleva ser o actuar como Administrador de una sociedad? ¿Qué responsabilidades puede conllevar dicho cargo?
Estas preguntas son, entre otras muchas, las que toda persona, previa a su aceptación o mera actuación como administrador, se debería formular y cuestionar. Encontrando una respuesta a las cuestiones planteadas, encontraría el sentido y entendería verdaderamente qué papel juega como administrador de una sociedad mercantil.
A través del presente, lo que pretendemos es brindar una respuesta a las cuestiones planteadas. Ayudando de esta manera a entender la capital y responsable posición que ocupan los administradores en una compañía.
Toda sociedad se crea o está constituida por los socios o accionistas, dependiendo si estamos ante una sociedad limitada o una sociedad anónima, respectivamente. Serían los propietarios, los dueños de la compañía, los titulares de las participaciones o acciones de la misma. Ahora bien, ¿Son los socios quiénes se encargan de la gestión? ¿De la llevanza de la sociedad? ¿Del día a día? ¿De representar a la sociedad? Aquí es donde entra en juego y cobra importancia la figura de los administradores, ya que son ellos los que tienen competencia para gestionar y representar a la sociedad. Los cuales, siempre, deberán ser nombrados por acuerdo de la Junta General.
La mencionada facultad o legitimación de representación que compete a los administradores, tal y como se indica en los artículo 233 y 234 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), se enmarca “en juicio o fuera de él” y “se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos” de la compañía. Por tanto, de esta facultad de representar a la sociedad, se desprende una amplia capacidad de obrar frente a terceros, obligando a la sociedad y, en consecuencia, se posiciona como responsable de cualquier actuación dañina que pudiera afectar a la sociedad.
¿Quién puede ocupar la posición de administrador?
Los administradores de las sociedades de capital podrán ser tanto personas físicas como jurídicas. Ahora bien, en caso de ser persona física, (i) debe ser mayor de edad o menor de edad emancipado; (ii) no estar judicialmente incapacitado; (iii) no estar inhabilitado en el marco de un procedimiento concursal; y (iv) no estar condenado por delitos contra la libertad, contra el patrimonio, contra la seguridad colectiva, ni contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad.
Cabe destacar la prohibición que establece el artículo 213.2 LSC, señalando que no “podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de la sociedad, los jueces o magistrados”.
Habiendo precisado quién puede desempeñar el cargo de administrador y quién no, es conveniente mostrar cuáles son los deberes y obligaciones que debe cumplir el administrador en el ejercicio de su actividad.
(I) Deber de diligencia, recogido en el artículo 225 LSC.
El administrador debe actuar con la diligencia de “un ordenado empresario”. La diligencia se contempla como un modus operandi que conlleva el cumplimiento de una serie de obligaciones. El administrador debe cumplir diligentemente los deberes impuestos por la Ley, los estatutos sociales y por cualquier otra norma interna de conducta, como por ejemplo lo que pueda establecer, en caso de haberlo, el pacto de socios. Actuar con la diligencia de un ordenado empresario implica y requiere actitud por parte del administrador, ya que tiene el deber de supervisar, controlar e informarse sobre la llevanza de la sociedad. Es decir, que se estén cumpliendo los objetivos marcados y respetando el interés de la sociedad.
Como hemos comentado anteriormente, el administrador es nombrado para que represente rigurosamente a la sociedad. Para ello, y así lo establece la LSC, el administrador tiene el deber de exigir y el derecho de recibir la información necesaria para poder ejercer su cargo con la requerida diligencia de un ordenado empresario.
(II) Deber de lealtad, recogido en el artículo 227 LSC.
Desempeñar el cargo de administrador con lealtad requiere actuar, única y exclusivamente, en interés de la sociedad. Como bien reza el mencionado precepto, “los administradores deben desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante”, lo cual implica actuar con plena fidelidad a quien representa.
El deber de lealtad conlleva las siguientes obligaciones: (i) desempeñar su cargo con la lealtad de un fiel representante, actuando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad; (ii) no ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas; (iii) no divulgar información, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso al ejercer su cargo, incluso cuando haya dejado de ser administrador, salvo en los casos permitidos por la ley o cuando sea requerido; (iv) no participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada a él tenga un conflicto de interés, directo o indirecto; ahora bien, no deben abstenerse en los acuerdos o decisiones que afecten al administrador en su condición de administrador. Como por ejemplo, su designación o revocación para cargos en el órgano de administración; (v) desempeño de sus funciones bajo su responsabilidad, con libertad de criterio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros; y (vi) adoptar medidas para evitar situaciones en las que sus intereses, por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés de la sociedad y con sus deberes respecto de la sociedad.
Una vez precisado cuales son los deberes de un administrador, hay que ahondar en el régimen de responsabilidad ante un incumplimiento de los mismos. El cual podrá afectar tanto a los socios, a la propia sociedad, como a cualquier tercero cuyos intereses se hayan visto lesionados.
Como bien indica el artículo 236 LSC, para que el administrador pueda considerarse responsable deben darse los siguientes presupuestos: (i) haberse llevado a cabo un acto u omisión; (ii) que dicho acto u omisión sea contrario a la ley, a los estatutos sociales o conlleve un incumplimiento de los deberes inherentes del cargo de administrador; (iii) que el daño causado sea real y evaluable económicamente; (iv) que en la actuación haya intervenido dolo o culpa; y (v) que exista un nexo causal entre la actuación u omisión del administrador y el daño producido.
Cabe hacer especial hincapié en que toda aquella persona que actúe como administrador podrá verse inmerso dentro del mencionado régimen de responsabilidad. Precisión que afecta tanto a los administradores de derecho como a los administradores de hecho, tal y como indica el artículo 236.3 LSC.
Señalada jurisprudencia, y en concreto la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2016, refrenda que la condición de administrador de hecho se configura en torno a tres elementos: “(i) debe desarrollar una actividad de gestión sobre materias propias del administrador de la sociedad, (ii) esta actividad debe haberse realizado de forma sistemática y continuada, esto es, el ejercicio de la gestión ha de tener una intensidad cualitativa y cuantitativa, y (iii) se ha de prestar de forma independiente, con poder autónomo de decisión, y con respaldo de la sociedad. Por lo tanto, el posible administrador de hecho va a encontrarse no entre los mandatarios o empleados de los administradores de derecho sino entre quienes tengan un poder de decisión por encima de aquellos.”
En el marco de la extensión de responsabilidades, es relevante ser sabedores (i) que las personas físicas que hayan sido designadas para ejercer las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica, deberán cumplir con los mismos deberes y responderán solidariamente con la persona jurídica administrador; (ii) que, si el órgano de administración de la sociedad fuera un Consejo de Administración y no se hubiera delegado permanentemente sus funciones en uno o varios Consejeros Delegados, los altos directivos (directores generales) estarán sometidos a los mismos deberes y responsabilidades que los administradores de la sociedad; y (iii) que la Ley exige responsabilidad solidaria a “todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo, salvo los que demuestren que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquel”.
¿Qué acciones de responsabilidad establece la Ley?
La LSC prevé dos tipos de responsabilidad por daños. Por un lado, la responsabilidad social por daños causados al patrimonio de la sociedad como consecuencia del incumplimiento de los deberes y obligaciones de los administradores, y por otro lado, la responsabilidad individual por daños causados directamente en el patrimonio de los socios o terceros.
(i) Acción social de responsabilidad.
Como premisa, el administrador debe haber incumplido sus obligaciones como tal y, como consecuencia de ello, debe haberse ocasionado un daño a la sociedad. La mencionada acción de responsabilidad social la puede interponer (i) la sociedad, mediante acuerdo de la Junta General adoptado por mayoría ordinaria, el cual conlleva la destitución automática del administrador afectado; (ii) los socios que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social; y (iii) por los acreedores de la sociedad cuando la acción social no hubiera sido ejercitada por la sociedad ni por sus socios, y el patrimonio de la sociedad resultase insuficiente para la satisfacción de sus créditos.
Para que los socios titulares de, al menos, el 5% del capital social puedan impulsar la acción social de responsabilidad, es necesario que: (i) el órgano de administración no hubiera convocado la Junta General para tal fin; (ii) la sociedad no hubiera ejercitado la acción en el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo; y (iii) el acuerdo hubiera sido contrario a la exigencia de responsabilidad.
Cuando la acción de responsabilidad social se fundamente en la infracción del distinguido deber de lealtad, los socios que ostenten, al menos, el 5% del capital social estarán legitimados para ejercer directamente la mencionada acción, sin precisar de la decisión de la Junta General.
(ii) Acción individual de responsabilidad.
En este caso, el daño no se produce en el patrimonio de la sociedad, sino en el patrimonio de los socios o acreedores. Están legitimados para interponer la presente acción el socio o tercero que, como consecuencia de la negligente actuación del administrador, vea lesionados sus intereses individuales.
Para el ejercicio de la acción individual, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que se haya producido un daño a un socio o tercero; (ii) que exista una conducta de acción u omisión negligente por parte del administrador; y (iii) que exista una relación de causalidad entre la conducta imputada y el daño.
Hay que remarcar que las acciones de responsabilidad contra el administrador, tanto la acción social como la acción individual, prescriben a los cuatro años desde el día en que se puedan ejercitar (artículo 949 del Código de Comercio).
(iii) Responsabilidad por deudas.
En el marco de la responsabilidad de los administradores que nos ocupa, es preciso hacer mención del supuesto especial de responsabilidad que establece el artículo 367 LSC, afirmando que “responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución”.
Se trata de una responsabilidad objetiva y solidaria, donde debe probarse la existencia de la causa de disolución por quien pretenda ejercer la acción por deudas. En este tipo de acción, a diferencia de la acción individual, no es necesario acreditar el daño ni el nexo causal ni la culpa o dolo del administrador.
A modo de conclusión, y por lo anteriormente comentado, conviene ser escrupulosamente conscientes de la diferencia entre la responsabilidad de aquel que es simplemente propietario de participaciones o acciones, es decir socio o accionista, al que es responsable de la sociedad por ser o por actuar como administrador, siendo este último, como hemos disertado precedentemente, quien gestiona y toma las decisiones para la llevanza de la sociedad y por tanto el que debe asumir la responsabilidad de la misma.

References: artículo 233
 Real Decreto 
 artículo 213
 artículo 225
 artículo 227
 artículo 236
 artículo 236
 artículo 367