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Timestamp: 2020-07-04 18:54:07+00:00

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DECRETO-Ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente
CAPÍTULO I. Medidas relativas a los centros de atención social de carácter residencial de personas mayores y personas con discapacidad
Artículo 2 Medidas de refuerzo de la seguridad en la atención social
Artículo 3 Medidas de refuerzo de dotación material de seguridad para las personas trabajadoras y usuarios de los centros
CAPÍTULO II. Medidas de refuerzo de la dirección, control y formación del personal de los centros residenciales
Artículo 4 Medidas de información de la actuación de los centros residenciales
Artículo 5 Medidas de refuerzo de la actividad de control e inspección
Artículo 6 Medidas especiales de formación
CAPÍTULO III. Medidas de fomento de la protección de las personas trabajadoras y de usuarios de los centros de atención social
Artículo 7 Ayudas dirigidas a mejorar la protección del personal y de los usuarios de los centros de atención social de personas mayores y personas con discapacidad
Primera Planes de contingencia
Segunda Utilización excepcional de instalaciones en supuestos de urgencia
Primera Ocupación máxima de habitaciones en centros residenciales de personas mayores
Segunda Implantación de áreas diferenciadas en los centros residenciales
Segunda Modificación del Decreto 14/2001, de 18 de enero, regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para personas mayores
Tercera Modificación de la Orden de 21 de junio de 1993, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos mínimos y específicos de autorización de los centros de atención a personas con discapacidad para su apertura y funcionamiento
Cuarta Cláusula de salvaguardia del rango de normas reglamentarias
Sexta Entrada en vigor y vigencia
En consecuencia, ante las circunstancias excepcionales que concurren en la actualidad, frente a las que se debe ofrecer desde las Administraciones públicas una respuesta eficiente, en aras de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y ante la evidencia científica sobre la ausencia de un tratamiento eficaz frente al virus, toda vez que nos encontramos todavía en una fase embrionaria respecto a la posibilidad de disponer de vacunas que inmunicen a la población, hace que, ante la más que probable certidumbre de un rebrote de la epidemia del coronavirus COVID-19 en los próximos meses, según se vaticina tanto desde la propia OMS, como por la mayoría de los expertos en el ámbito epidemiológico, se considere la necesidad de adoptar de forma extraordinaria una serie de medidas en el ámbito de los servicios sociales en nuestra Comunidad.
El capítulo II recoge las medidas de refuerzo de la información, control y formación del personal de los centros residenciales, mediante las que se trata de garantizar la fluidez y continuidad de la información que se debe facilitar, por medios accesibles a los usuarios y a sus familiares, en cualquier circunstancia. Igualmente, se prevé la obligación de facilitar la oportuna formación del personal de este tipo de centros residenciales ante emergencias sanitarias y, por último, se establece la habilitación en materia de personal de las administraciones públicas para reforzar las funciones de seguimiento, control e inspección, en situaciones excepcionales de salud pública, de conformidad con los dispuesto en la normativa sobre función pública de la Comunidad.
En la final segunda, se introducen una serie de modificaciones en la normativa reguladora de la autorización de los centros residenciales de personas mayores, dirigidas a implantar de una forma permanente determinadas medidas excepcionales previstas en este decreto-ley, con el fin de garantizar la continuidad de la asistencia a los usuarios de los centros residenciales, incluyendo un artículo 38 bis en el Decreto 14/2001, de 18 de enero, que prevé medidas en línea con las adoptadas en el Consejo Territorial de Atención a la Dependencia para proveer de personal a los centros durante la pandemia. Del mismo modo se incluye una medida excepcional dirigida a obtener la máxima profesionalización de las personas que dirijan este tipo de centros residenciales, exigiendo su máxima profesionalización y capacitación profesional, a tal efecto se incluye un artículo 40 bis en el Decreto 14/2001, de 18 de enero.
Ante una situación excepcional de salud pública como la actual, la figura del decreto-ley, regulada en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, constituye una herramienta idónea para afrontar situaciones de necesidad extraordinaria como la que se ha descrito, considerándose adecuado su uso para dar cobertura a las medidas que anteceden.
El contenido del presente decreto-ley se adecua a los criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puesto que en las distintas medidas previstas concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan a la Junta de Castilla y León para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley, según lo establecido en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía y en ejercicio de la competencia exclusiva que en materia de servicios sociales le atribuye a la Comunidad de Castilla y León el artículo 70.1.10º de su Estatuto de Autonomía.
1. El presente decreto-ley tiene por objeto la regulación de medidas extraordinarias e indispensables para reforzar la cobertura ofrecida de forma ordinaria por el sistema de servicios sociales ante la declaración oficial de una situación extraordinaria por causas de salud pública, ya sea el estado de alarma, la declaración de riesgo sanitario o la activación del correspondiente plan de protección civil, en la atención a las personas usuarias y trabajadoras de los centros de atención residencial de personas mayores y de personas con discapacidad en la Comunidad de Castilla y León.
2. Estas medidas extraordinarias permitirán a las Administraciones públicas de la Comunidad con competencias en esta materia prevenir y afrontar cualquier contingencia de carácter extraordinario que pudiera acontecer, paliar los efectos de la situación derivada de la correspondiente crisis sanitaria, así como establecer la oportuna formación, sensibilización y equipamiento de las personas que en estos centros desarrollen sus funciones y, en última instancia, garantizar con ello el adecuado funcionamiento y la atención social prestada a las personas usuarias de los centros residenciales.
1. Los centros de atención social de carácter residencial de personas mayores y de personas con discapacidad, ya sean de naturaleza pública o privada, deberán disponer de un plan específico de contingencia, dirigido a prevenir y dar una respuesta urgente ante situaciones extraordinarias por causas de salud pública, con el fin de velar por la seguridad y salubridad de los usuarios y profesionales que desarrollan sus funciones en este tipo de centros residenciales.
2. El plan de contingencia deberá estar adaptado a las características propias de cada centro, atendiendo a las dimensiones de las instalaciones y al número y tipología de los usuarios y profesionales que desempeñen su trabajo en este tipo de centros. En todo caso, en el plan de contingencia se contemplará la organización de la prestación de los servicios mediante la constitución de áreas diferenciadas, formadas por agrupaciones de usuarios en un número limitado y atendidos por un equipo de profesionales no sometido a rotaciones, permitiendo una inmediata compartimentación de las dependencias del centro residencial y evitando, con ello, la rápida propagación de enfermedades.
3. El plan se elaborará en la forma y con el contenido que se establezca reglamentariamente. Al objeto de facilitar a las entidades titulares de los centros de atención social de carácter residencial la implementación del plan de contingencia, la Administración de la Comunidad pondrá a su disposición en la sede electrónica una guía con su contenido mínimo.
4. En atención a las necesidades de incremento de la asistencia a los usuarios de los centros de atención social de carácter residencial derivadas de supuestos de situaciones extraordinarias por causa de salud pública, aquellas personas calificadas como usuarias válidas que resulten afectadas por dichas situaciones computarán, a efectos de exigencia de ratios de personal de los centros, como personas dependientes.
1. A las entidades titulares de los centros de atención social de carácter residencial de personas mayores y personas con discapacidad, les corresponderá cumplir la obligación de disponer en los centros de las existencias de equipos de protección individual, según se determine en cada caso por los servicios de prevención de riesgos laborales, en aplicación de la correspondiente normativa, que les permitan hacer frente a situaciones extraordinarias por causas de salud pública con su depósito de existencias, al menos, durante un periodo de cinco semanas.
2. Las entidades titulares de los centros de atención social de carácter residencial, ante situaciones extraordinarias declaradas por los organismos competentes por causas de salud pública, deberán, una vez asegurada la suficiencia de sus propias necesidades, comunicar el remanente de sus existencias disponibles a la Administración pública competente.
1. Las entidades titulares de los centros de atención social de carácter residencial de personas mayores y de personas con discapacidad, de conformidad con lo previsto en materia de comunicaciones en el respectivo plan de contingencia, deberán ofrecer una información diaria en los supuestos de crisis sanitarias. Esta información, que deberá facilitarse a la persona designada por cada residente, o por su tutor legal en caso de imposibilidad por parte del residente, versará sobre la situación de salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés. La información será ofrecida de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección y tratamiento de datos personales.
2. Las entidades titulares de este tipo de centros deberán garantizar la comunicación de los usuarios y sus familias, para cuya efectividad deberán poner a disposición de los usuarios la utilización de dispositivos de comunicación directa o telemática, adaptados a su situación, facilitando y asistiendo en su uso a los usuarios, que les permitan comunicarse tanto con el interior como con el exterior del centro.
3. Las entidades titulares de este tipo de centros deberán, en situaciones excepcionales de salud pública, mantener informado, a través de la dirección del centro, al representante designado por el usuario o su tutor legal, sobre la situación general en que se encuentra el centro residencial, porcentaje de usuarios afectados por la situación de crisis sanitaria y recursos disponibles para hacer frente a la situación de crisis.
4. Asimismo, deberán facilitar, previamente, información al representante designado de la familia del residente, en caso de traslado dentro del centro o de derivación a otro centro residencial u hospitalario.
1. Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas, tanto en la normativa sectorial como en el presente decreto-ley, relativas a la disponibilidad de equipamiento de protección individual y de equipamiento para uso de los residentes de los centros, se crea una línea de subvenciones de concesión directa cuyos beneficiarios serán las entidades privadas sin ánimo de lucro que sean titulares de centros residenciales de personas mayores o de personas con discapacidad; centros de día con unidades de estancia diurna o de centros día de personas con discapacidad, que operen en el ámbito de los servicios sociales de Castilla y León.
2. La tramitación de concesión directa de estas subvenciones se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, así como en el artículo 30 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, a través del siguiente procedimiento:
3. El objeto de la subvención es colaborar en la financiación del coste originado a las entidades titulares de los referidos centros de atención social, en la adquisición de equipamiento de seguridad que se determine por los respectivos servicios de prevención de riesgos laborales, para la garantía de la salud de las personas trabajadoras de dichos centros, así como del material que deba ser usado para proteger a los residentes y de la realización de acciones de sensibilización y formación dirigidas al personal y a los usuarios, sobre riesgos sanitarios y protocolos de actuación ante ellos.
4. Será subvencionable el gasto realmente efectuado en:
a) La adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos de agentes biológicos, como guantes, gafas, mascarillas, batas, botas, entre otros, así como la adquisición de test de diagnóstico rápido, serológicos u otro tipo de pruebas, en ambos casos según las necesidades que sean determinadas por los servicios de prevención de riesgos laborales correspondientes.
b) La adquisición de material de protección sanitaria, destinado a los usuarios, como protectores respiratorios (mascarillas).
c) La asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia.
d) El asesoramiento e información a las personas trabajadoras y usuarios de los centros residenciales de atención social en materia de prevención de contagios en situaciones de crisis epidemiológicas o de salud pública.
5. La cuantía de la subvención será del 80% del gasto subvencionable, hasta un máximo de 2.000 € por centro de atención social.
6. La resolución del procedimiento de concesión de estas subvenciones corresponde a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, con cargo a sus créditos, en los plazos, tramitación y forma de justificación que se detalle en la correspondiente convocatoria.
«1. La finalidad del régimen de inscripción, autorización y acreditación respecto de las entidades, centros y servicios previstos en la presente ley es garantizar la protección de las personas destinatarias de los servicios y alcanzar los objetivos de política social.
A tales efectos, las entidades titulares de los centros residenciales de atención a personas mayores y a personas con discapacidad, deberán reunir para su autorización aquellos requisitos que se determinen reglamentariamente, debiendo contar en todo caso, con un plan específico de contingencia, para hacer frente a situaciones extraordinarias por causa de salud pública.»
«3. La autorización concedida se entenderá condicionada a la conservación de los requisitos necesarios para su otorgamiento. La falta de mantenimiento de dichos requisitos, podrá dar lugar a su revocación mediante un procedimiento en el que se deberá garantizar la audiencia el interesado.
Asimismo, el incumplimiento de los requisitos podrá dar lugar a la revocación o suspensión de la autorización como resultado de un procedimiento sancionador, en las condiciones expresamente previstas por la normativa aplicable.»
«Los titulares de los centros de atención social de carácter residencial a personas mayores y a personas con discapacidad deberán suministrar información permanentemente actualizada, a través del dispositivo informático habilitado a estos efectos por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, relativa a la relación nominal del total de residentes del centro y a la relación nominal del personal contratado y situación laboral que preste sus servicios en el centro para atender a estas personas, así como cualquier otra información sobre sus circunstancias y necesidades de atención de las previstas en este artículo. Esta información se utilizará con el fin de realizar un seguimiento permanente y en tiempo real del cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, los datos recabados podrán ser tratados para fines de archivo en interés público, de investigación científica, histórica o fines estadísticos, que den lugar a la implementación de acciones de mejora en la prestación del servicio público, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente sobre tratamiento y protección de datos personales.
A tales efectos, los centros residenciales contarán con un procedimiento de elaboración, conservación y acceso a la documentación y a los registros administrativos, que garantice el tratamiento confidencial de los datos personales y que se ajustará a las obligaciones y requisitos establecidos en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.»
«z) Incumplir la obligación de suministrar la información prevista en el artículo 68 de esta Ley».
«Artículo 38 bis Garantía de la asistencia
b) Las entidades titulares de los centros de atención social de carácter residencial, cuando hayan utilizado todos los medios disponibles para la contratación de la dotación de personal exigida y no les resulte posible cumplir con la misma, deberán comunicarlo de forma inmediata a la Administración competente en materia de servicios sociales y a la autoridad sanitaria competente cuando la imposibilidad de cubrir las necesidades de dotación de plantilla afecte al personal sanitario.
c) Las entidades titulares deberán disponer en el centro para su control por los servicios de inspección competentes, de la acreditación de las actuaciones realizadas para cumplir con las exigencias de dotación de personal.»
«Artículo 40 bis De la dirección de los centros
3. La Administración de la Comunidad, a través de la consejería competente en materia de servicios sociales, en aras de favorecer la máxima profesionalización del sector, desarrollará un programa permanente de dirección y gestión de centros residenciales de atención social, debiendo participar los personas que desarrollan la función de dirección de los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad al menos en una actividad formativa al año.»
«Además de contar con lo anterior, deberá articularse un sistema de presentación de reclamaciones en formato electrónico accesible para los usuarios y sus familiares. La dirección de los centros deberá comunicar las quejas presentadas y la respuesta ofrecida a la persona interesada mediante este formato, tanto a la entidad titular del centro, como a los servicios de inspección de la Administración competente en materia de servicios sociales.»
«41 bis. Plan específico de contingencia.
1. Los centros de atención social de carácter residencial deberán disponer de un plan específico de contingencia para hacer frente a situaciones extraordinarias por causa de salud pública. El plan deberá estar firmado por la persona titular de la dirección del centro residencial y en el que se identificará a las personas responsables de su aplicación y gestión, e incluirá al menos:
e) La garantía de la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes eficaces frente a bacterias y virus.
6. En todo caso, las entidades titulares de los centros de atención social de carácter residencial deberán comunicar para su registro, de forma electrónica, la disponibilidad y contenido del plan de contingencia, así como sus revisiones, a los órganos de inspección en materia de salud pública y servicios sociales de la Administración de la Comunidad.»
«Segunda Centros residenciales ya autorizados
Tercera De la dirección de los centros
«Disposición adicional Requisitos de garantía y seguridad en la gestión de los centros
Las entidades titulares de los centros de atención social de personas con discapacidad de la Comunidad, deberán cumplir, en los mismos términos y plazos que se establecen en la normativa sobre autorización de centros de atención social para personas mayores, las exigencias relativas sobre los planes específicos de contingencia, requisitos de acceso a la dirección de los centros e implantación de un sistema electrónico de quejas.»
1. El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
2. Lo dispuesto en la disposición final segunda, punto cinco, relativo a la disposición transitoria tercera, referida a la dirección de los centros de carácter social para personas mayores, surtirá efectos desde la entrada en vigor de este decreto-ley.

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 38
 artículo 40
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 70
 artículo 22
 artículo 30
 resolución 
 artículo 68