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Timestamp: 2020-05-24 21:39:37+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 41, de 22/02/2012
Delegación en las mesas de las comisiones de la competencia de estas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001.) ... (Página2)
- Sobre las intenciones del Gobierno de continuar con el proceso de deslocalización de organismos reguladores del Estado y la hipotética ubicación en Euskadi de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000020.) ... (Página2)
- Relativa al sector de las plantas de biodiesel. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000068.) ... (Página6)
- Sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000075.) ... (Página10)
- Sobre elaboración de un plan de fomento del vehículo eléctrico en las ciudades. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000193.) ... (Página16)
- Sobre infraestructuras mineras. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000196.) ... (Página20)
- Relativa al Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000234.) ... (Página20)
- DELEGACIÓN EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES DE LA COMPETENCIA DE ESTAS DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 042/000001.)
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la tercera sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Les adelanto que vamos a debatir conjuntamente los puntos 6 y 7 del orden del día y que, tal como acordamos en la Mesa y portavoces, en esta ocasión en que solo hay seis proposiciones no de ley, dos de las cuales se van a tramitar conjuntamente, el proponente va a tener siete minutos para su intervención, y tanto para defender las enmiendas como para fijar posiciones tendrán cinco minutos. Yo estimo que la votación no será antes de las seis y media de la tarde. Para el cómputo del tiempo iremos viendo cómo se desarrolla la sesión y se será más o menos riguroso o flexible.
El primer punto del orden del día es la delegación en las mesas de las comisiones de la competencia de estas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Como ya comentamos en la Mesa y portavoces, el acuerdo que se está llevando a cabo es lo que denominamos la delegación de competencias en la Mesa, condicionada a la unanimidad, para rechazar la comparecencia de los miembros del Gobierno. Por tanto, el acuerdo que se eleva en este primer punto del orden del día es el siguiente: primero, de conformidad con lo establecido en la resolución de la Presidencia del Congreso de 2 de noviembre de 1983, se delega en la Mesa de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso. El rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada por la Comisión la decisión en caso contrario.
Creo que podemos darlo por aprobado por asentimiento. (Asentimiento.)
- SOBRE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESLOCALIZACIÓN DE ORGANISMOS REGULADORES DEL ESTADO Y LA HIPOTÉTICA UBICACIÓN EN EUSKADI DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA (CNE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000020.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las proposiciones no de ley. La primera, el número 2 del orden del día, es la proposición no de ley sobre las intenciones del Gobierno de continuar con el proceso de deslocalización de organismos reguladores del Estado y la hipotética ubicación en Euskadi de la Comisión Nacional de la Energía.
Para su defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Como pueden observar, al menos los que tienen ya experiencia en esta Cámara, la proposición no de ley que hoy presentamos no es en absoluto novedosa. Hace ya más de ocho años
que venimos trabajando con los distintos gobiernos del señor Rodríguez Zapatero por la cuestión y hace más de tres que desde el Grupo Vasco interpelamos al ministro de Industria, entonces Miguel Sebastián, al respecto y defendimos la consecuente moción. El porqué de nuestro planteamiento es sencillo. Creemos firmemente que la localización de los organismos reguladores no tiene por qué ser necesariamente en Madrid. Muy al contrario, pensamos que en un Estado descentralizado como el español es posible, y más que posible deseable a nuestro juicio, una localización policéntrica de los organismos reguladores. Hoy, que estamos oyendo al Gobierno decir que va a proceder a la reforma de los órganos reguladores, nos gustaría saber de verdad si dentro de la misma cabe la posibilidad de descentralizar la ubicación física de los mismos o si, por el contrario, su intención es la de aplicar la terapia de más centralización, es decir, de más Madrid. Es lo que nos gustaría conocer para saber a qué atenernos en un futuro con relación a la reivindicación de nuestro grupo parlamentario sobre la necesaria, insisto, a nuestro juicio, descentralización. Como saben sus señorías, desde el Grupo Vasco hemos venido defendiendo la idea, tanto en esta Cámara como en las conversaciones mantenidas, como decía antes, con los sucesivos gobiernos, para trasladar la sede de la Comisión Nacional de la Energía a Euskadi.
¿Por qué la Comisión Nacional de la Energía? No es en absoluto una cuestión caprichosa, sino que es fruto de la preocupación, la especialización y la dedicación del sector energético en Euskadi. Amén, como saben sus señorías, de la serie de actividades de empresas energéticas de referencia como Iberdrola, Gamesa o Petronor, las instituciones vascas han apostado desde hace muchos años por el sector energético: Bahía de Bizkaia, ciclo combinado de Boroa, Zabalgarbi y un largo etcétera. No es, por lo tanto, un capricho, y creemos que contamos con argumentos políticos y técnicos suficientes como para reclamarlo. Por eso queremos saber cuáles son las intenciones del Gobierno sobre la posibilidad de descentralizar los órganos reguladores y, en concreto, trasladar la sede y los medios humanos y materiales de la Comisión Nacional de la Energía a Euskadi. Nuestro grupo evidentemente está dispuesto a hablar, a negociar y a pactar con el Gobierno este asunto, incluso a escuchar sus proyectos o propuestas alternativas a nuestros planteamientos, pero para ello ha de tener la voluntad el Gobierno y de ahí esta proposición no de ley. Por la misma instamos al Gobierno a que presente en el actual periodo de sesiones un plan a cuatro años de localización policéntrica de los órganos reguladores y, en coherencia con lo anterior, dar los primeros pasos institucionales para que nuestro objetivo, que la CNE tenga su sede en Euskadi, sea posible. Estaremos atentos a las intenciones y a los pasos que el Gobierno dé a este respecto.
El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas, por lo tanto, vamos a seguir el orden de menor a mayor.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra doña Maite Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Desde nuestra perspectiva soberanista no tiene sentido la ubicación en Euskal Herria de entes de carácter nacional español como el citado en esta proposición no de ley. Desde luego, desde una perspectiva de modelo socioeconómico de futuro pensamos también que la ubicación de entes burocráticos como son dichos entes reguladores tampoco supone una especial aportación al reforzamiento y potenciación de nuestro entramado productivo que queremos que sea verdaderamente generador de valor añadido, de empleo y de progreso social. Pensamos que esta propuesta forma parte de la política de intercambio y captación de influencias que han guiado tradicionalmente los acuerdos del PNV con quien gobierna en Madrid, en este caso con el PSOE durante la anterior legislatura.
Lógicamente, desde Amaiur no compartimos esta forma de hacer política, es más, cada vez estamos más convencidos y convencidas de que la única forma de dar respuesta en clave eficaz y social a los problemas diarios que acucian a la gente en nuestro país es dotarnos de nuestras propias instituciones y entidades nacionales vascas.
El señor PRESIDENTE: Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: A mí la música de esta PNL me gusta, de lo que no estoy tan convencido es de que la letra que hay detrás diga lo que dice. Hay una cierta paradoja porque es verdad que a día de hoy, debido al desarrollo de las técnicas de comunicación, Internet en concreto y otras, la localización física de organismos del Estado no es importante. De hecho, puede ser irrelevante, no importa demasiado donde estén, siempre que se garantice, cosa que hoy en día es muy fácil, una comunicación eficaz y a tiempo real, etcétera. Justamente por eso mismo, como es irrelevante donde estén ubicados los organismos del Estado reguladores, en este caso la Comisión Nacional de la Energía u otros, creo que cabe la pregunta de quid prodest, ¿esto a quién beneficia en realidad desde un punto de vista de diseño del Estado? Si detrás de la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco hubiera una idea de un Estado descentralizado pero, por otra parte, coherente, solidario y cohesionado, yo la compartiría. Como sé que no es así, como sé que en realidad el Grupo Parlamentario Vasco está jugando desde hace mucho tiempo con absoluta sinceridad, lo cual me parece loable, a un modelo centrífugo del Estado, no veo qué gana el Estado, que es el que aquí está puesto sobre la mesa, enviando a Bilbao o a donde sea organismos reguladores. Creo que en realidad pierde, salvo que, y es la condición que no se da, es la condición que falta, hubiera una política de lealtad
institucional por parte del PNV hacia ese modelo de Estado que quiere cambiar, cambiar no en un sentido de modificarlo sino de deshacerlo. Por lo tanto, no compartimos esta PNL por esa razón. El día que nos parezca creíble que el Partido Nacionalista Vasco y otros parecidos comparten una visión de Estado común, la descentralización de los organismos reguladores será un cosa sin duda digna de ser examinada, pero mientras se trate de desmontar el Estado y llevarse cada uno un trozo, desde luego para nosotros no es una cuestión que deba tomarse en consideración, así que no la apoyamos.
El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural don Chesús Yuste tiene la palabra.
El señor YUSTE CABELLO: Señorías, de entrada nuestro grupo parlamentario es firme partidario del federalismo y, por consiguiente, no nos asusta la desconcentración de los centros de poder, todo lo contario. Un amigo soñaba con un senado federal en Barcelona, por ejemplo, y en ese escenario desde luego entran iniciativas de este tipo. Esta iniciativa es más fácil que crear un estado federal en Barcelona. Por lo tanto, vemos con buenos ojos este tipo de medidas de descentralización o de desconcentración de los organismos reguladores del Estado. Somos conscientes, también creo que es bueno que se recuerde, de que este tipo de medidas pueden traer problemas, problemas personales, problemas laborales a quienes tienen que cambiar de ciudad en la que están prestando sus servicios. Algo de este tenor ocurrió con el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Barcelona, pero desde nuestro grupo entendemos que las administraciones públicas tienen medios más que suficientes para poder resolver o mitigar este tipo de problemas. Por lo tanto, creo que hay que entrar a la cuestión.
Nosotros también tenemos curiosidad por conocer cuál es el interés del Gobierno Rajoy, si tiene interés o no en continuar con las políticas de desconcentración de este tipo de organismos (Un señor diputado: No.) que emprendió el Gobierno del señor Zapatero, aunque nosotros sospechamos cuál es la respuesta del PP. Esta proposición no de ley nace para conocer las intenciones del Gobierno; para conocer la opinión del Gobierno desde luego hay otro tipo de iniciativas, preguntas, interpelaciones, no sé si esta es la más apropiada. En todo caso, reconocemos la legitimidad del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para presentar esta proposición no de ley. Voy a fijar la posición de mi grupo al respecto. En primer lugar, estamos de acuerdo en que se elabore un plan de localización policéntrica de los organismos reguladores del Estado, pero, y ahí viene la segunda parte, ¿por qué se anticipa ya que esa Comisión Nacional de la Energía deba trasladarse a Euskadi? Es una propuesta que de entrada tengo que decir que nos parece perfectamente razonable, no cuestionamos el fondo de la cuestión, pero no entendemos una iniciativa en la que por un lado se pide un plan y por otro lado se reclama ya la ubicación de un organismo concreto. Las dos cosas a la vez quizá nos chirrian un tanto. Por eso, al no haber enmiendas, nuestro grupo es partidario de pedir votación separada para apoyar el primer párrafo y abstenernos en el segundo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco tengo que decir ante todo que compartimos los puntos que presenta. Haré tres breves consideraciones al respecto. Desde el grupo parlamentario que represento compartimos la apuesta de descentralización de las sedes de los organismos reguladores del Estado porque creemos que garantiza la independencia del organismo regulador al responder a criterios, entre otros, también de eficiencia, de eficacia, que son los que deben prevalecer en cualquier decisión, no solo económica sino política, y que además responde al modelo de Estado que tenemos. De hecho, en el Consejo de Ministros en el año 2004, con un Gobierno del Partido Socialista, desde Convergència i Unió valoramos muy positivamente y celebramos que se aprobase el traslado a Barcelona de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Por tanto, se iniciaba este proceso de descentralización que responde, como he dicho antes, también a nuestra estructura de Estado. Por todo ello, compartimos con el Grupo Parlamentario Vasco la idea de que el nuevo Gobierno cree un plan de localización policéntrica de los organismos reguladores ya existentes y de los que prevea crear en la presente legislatura. Así, también entendemos y apoyamos la petición del Grupo Parlamentario Vasco de que se traslade a Euskadi la sede de la Comisión Nacional de la Energía y en todo caso la sede central de un organismo regulador.
Por último, y en línea con las consideraciones hechas por el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco -el grupo proponente- que compartimos plenamente, no quiero dejar de señalar algunos riesgos que hoy puede tener el futuro de este modelo de descentralización. Entendemos que cualquier proyecto o cualquier iniciativa de reordenación de los organismos reguladores que quiera impulsar el Gobierno -lo creemos y así lo defenderemos- no debe afectar a este proceso y a este modelo de descentralización iniciado. Es un modelo que, repito, consideramos muy positivo en todos sus aspectos y que responde también al modelo y a la estructura del Estado que tenemos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista don José Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente y señores del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista -un poco en la línea de lo que dijo el señor
Azpiazu- en esta X Legislatura de las Cortes Generales se siente continuador de la línea directriz marcada por su grupo parlamentario en la IX Legislatura, que a su vez tenía su origen en la VIII Legislatura y que a su vez tuvo su origen en el programa presentado por el Partido Socialista en el año 2004 para las elecciones generales. Si consultamos los "Diarios de Sesiones" de los últimos años podemos comprobar cómo, por ejemplo, el 21 de junio del año 2006, como consecuencia de una interpelación del Grupo Parlamentario Vasco al Gobierno y específicamente al ministro de Industria en aquel momento, señor Montilla, contestaba este diciendo: El Pleno de esta Cámara aprobó en octubre de 2004 una moción por la que se instaba al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer posible que la constitución y el funcionamiento de los órganos reguladores dependientes del Estado tuvieran un carácter multipolar que implicase un mayor equilibrio territorial. Era acuerdo plenario. Para tal fin solicitaba al Gobierno continuar paulatinamente con el proceso de localización policéntrica de estos organismos bajo el criterio de conseguir la máxima competencia en los sectores objeto de supervisión y regulación. Continuaba razonando y el ministro decía: Por eso el Partido Socialista se había comprometido -y así figura en el programa electoral de las elecciones generales del año 2004 con el que concurrimos a esas elecciones generales- a descentralizar en el territorio los órganos de supervisión y regulación sectoriales. La ubicación de la CMT en Barcelona supuso por tanto un paso importante en este compromiso. Continuaba con una serie de razonamientos y el señor ministro en aquel momento indicaba que la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de Valores, como usted muy bien ha citado -se refería al proponente-, muchos de los organismos reguladores más bien están en el ámbito de la coordinación o de la adscripción a distintos ministerios. Y en la moción consecuencia de esa interpelación se reiteraba la posición del Gobierno. Indicaba el ministro de Industria que no fue una decisión del ministro de Industria sino que era una decisión gubernamental. En la moción, como acabo de decir, por el Grupo Parlamentario Socialista intervino la señora diputada Mendizábal Gorostiaga -que ha sido una diputada clásica en esta Comisión por su cualificación- quien afirmaba que este modelo multipolar había sido propuesto en nuestra programa electoral y reiteraba la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Así podríamos continuar.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista en esta presente legislatura es coherente al continuar con la línea directriz marcada por su partido y marcada por acción gubernamental. Cierto es que en los últimos cuatro años, en la pasada legislatura, no se produjo ningún avance en esta materia en lo que se refiere a la reubicación, rediseño, reestructuración y remodelación del funcionamiento de la Comisión Nacional de la Energía, pero también es cierto que las circunstancias adversas desde la perspectiva económica que se vivieron en la pasada legislatura hicieron que este tema fuese perdiendo nivel de prioridad y el Gobierno se vio obligado a prestar otro tipo de atenciones. Sin embargo, se abrió la puerta del diálogo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco; diálogo que creemos debe continuarse y en consecuencia entenderán sus señorías lo razonable de la posición del Grupo Parlamentario Socialista de apoyar la propuesta que plantea el Grupo Parlamentario Vasco sintetizada en los dos puntos que figuran en la propuesta de resolución de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Mario Flores.
El señor FLORES LANUZA: Señorías, efectivamente, señor Azpiazu este mismo planteamiento lo hizo su grupo el día 15 de octubre de 2008 en una interpelación urgente. En el Pleno de la Cámara fue debatida y se apuntaron, por parte del ministro Sebastián Gascón, las grandes dificultades y resistencias que tuvo que afrontar el traslado de la CMT a Barcelona en 2004. Me refiero al recurso contencioso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el real decreto que decidió el traslado, las protestas de los trabajadores, como ha apuntado el señor Martínez, etcétera. En esa interpelación el señor ministro también descartó traslados de órganos que están ya en funcionamiento y dejó muy claro que para el Gobierno no era una prioridad. Posteriormente, el 28 de octubre de 2008 se planteó una moción urgente -en concreto la 173/31, por cierto idéntica a esta PNL- que fue rechazada. El programa electoral del Partido Socialista de 2004 efectivamente, como decía hace un momento el señor Segura, recoge el compromiso de descentralizar en el territorio los órganos de supervisión y regulación sectoriales, pero en 2008 ese compromiso desaparece del programa electoral socialista. Se habla de la conveniencia de descentralizar pero excluyendo la posibilidad de trasladar, que es lo que se está pidiendo aquí, discurso que mantiene toda la legislatura pasada a pesar de lo dicho por el señor Segura.
Por nuestra parte, en el programa electoral del Partido Popular elaborado para las elecciones de noviembre de 2011 no se incluye ningún compromiso sobre el cambio de localización de los organismos reguladores presentes ni futuros. Las referencias se centran en favorecer la unidad de mercado sobre base de principios de independencia, profesionalidad, austeridad y eficacia. En el discurso durante el debate de investidura del entonces candidato a presidente del Gobierno el 19 de diciembre del pasado año tampoco hubo ningún compromiso de relocalización sino que se avanzó en lo previsto en el programa electoral. Si hacemos referencia a la comparecencia del ministro de Economía y Competitividad volvió a incidir en este tema. Dijo en síntesis que en un plazo muy breve habrá una propuesta de reforma integral de los organismos reguladores. El Consejo de Ministros recibió, en su reunión del pasado 20
de enero, un informe de la vicepresidenta y ministra de Presidencia sobre la situación de los organismos reguladores y su posible reforma. Entre otras cosas, el informe hace referencia a que desde 2011 ha crecido notablemente el número de estos organismos -que hasta entonces era de cuatro- y ante esta situación se constituyó un grupo de trabajo por los ministerios de Presidencia, de Economía y Competitividad, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Industria, Energía y Turismo para que en muy breve plazo se presente al Consejo de Ministros una propuesta de reforma integral de estos organismos. Los objetivos del Gobierno en este grupo de trabajo no son otros que clarificar competencias, reducir el número de organismos, simplificar su estructura y funcionamiento y aumentar la profesionalidad, neutralidad e independencia de sus miembros.
Entendemos que la reforma debe culminar este proceso, debe estar guiada por criterios de austeridad y eficiencia y un mejor desarrollo de las funciones arbitrales de estos organismos. La deslocalización o localización policéntrica que se propone en la proposición no de ley no es una prioridad de la reforma proyectada y mucho menos en estos momentos de crisis. Por todo esto nos consta que el Gobierno tiene la intención de proceder a una reordenación de los organismos reguladores con el fin de, además de mejorar el funcionamiento de los mismos, dotarles de mayor transparencia e independencia en el ejercicio de sus funciones. La nueva regulación que modificará sustancialmente la establecida en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, precisará de norma con rango de ley y el Gobierno tiene propósito de conseguir para su aprobación la máxima colaboración de los grupos presentes en esta Cámara.
Quiero decirle por último, señoría, que ya se están realizando los primeros estudios en los distintos departamentos y en breve se podrá disponer de un primer texto para su presentación a los grupos y su discusión parlamentaria. La postura de nuestro grupo es rechazar esta proposición no de ley presentada por coherencia con los términos expresados en esta intervención.
- RELATIVA AL SECTOR DE LAS PLANTAS DE BIODIESEL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000068.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley relativa al sector de las plantas de biodiesel, de la que es autor el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor JORQUERA CASELAS: Señorías, esta proposición no de ley del Grupo Mixto a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego consta de tres puntos, en ellos solicitamos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno: primero, a atender la grave crisis que atraviesa el sector de producción de las plantas de biodiesel en el Estado español debido a las masivas importaciones de biodiesel de Argentina e Indonesia, que constituyen, desde nuestro punto de vista, una situación de clara competencia desleal; segundo, a aprobar cuanto antes la orden ministerial elaborada en el año 2010 sobre el sector de producción de biodiesel, que recibió el informe favorable de la Comisión Nacional de Energía; y tercero, a mantener un diálogo abierto y fluido con el sector, a fin de abordar los actuales problemas a los que se enfrenta y buscar soluciones, puesto que se trata de un tipo de energía que contribuye al descenso de las emisiones de CO2.
Señorías, con esta iniciativa pretendemos que se adopten medidas que permitan la supervivencia del sector del biodiesel; apostar por este sector significa apostar por la diversificación e independencia energética, y en un contexto de crisis también significa apostar por que los más de 7.000 millones de euros que supondrá el cumplimiento de las obligaciones de consumo de biocarburantes reviertan en la generación de actividad económica y puestos de trabajo en el Estado español.
En el Estado español existen cuarenta y nueve plantas de producción de biodiesel con una capacidad de producción de 4,3 millones de toneladas al año. Se trata además de un sector con una presencia importante en la economía gallega. Este sector ha invertido en los últimos años 1.400 millones de euros y ha creado más de 6.000 puestos de trabajo, la mayoría de ellos de cualificación media-alta, a los que hay que sumar los puestos de trabajo asociados tanto al desarrollo agrícola como a la aplicación en este sector del I+D+i. Sin embargo, la producción de biodiesel atraviesa una situación sumamente crítica debido a las prácticas de competencia desleal de Argentina e Indonesia y al enorme incremento, como consecuencia de estas prácticas, que han experimentado las importaciones originarias de estos países. Me refiero a la aplicación por estos países del sistema de tasas diferenciales a la exportación, en virtud del cual se grava la exportación de aceite de soja o de palma con una tasa mucho más elevada que el biodiesel producido con esas materias primas. Así, en Argentina la exportación de aceite de soja se grava con una tasa del 32 por ciento, mientras que el biodiesel producido a partir del aceite de soja solo soporta una tarifa bruta del 20 por ciento. En Indonesia el gravamen sobre la exportación de aceite de palma es del 25 por ciento, mientras el biodiesel producido con ese aceite solo tiene un gravamen del 10 por ciento. Estas tasas diferenciales a la exportación provocan que resulte más económico importar el producto transformado que importar las materias primas para su posterior transformación en el Estado español. Fruto de ello, las importaciones procedentes de Argentina e Indonesia han copado en 2011 el 60 por ciento del mercado interior del Estado español. Como consecuencia de todo ello, el sector del biodiesel ha perdido ya más de 3.000 puestos de trabajo y muchas plantas de producción de biodiesel se han visto obligadas a parar, hasta el
punto de estar ya totalmente parada el 85 por ciento de la capacidad total instalada: treinta y cuatro de las cuarenta y nueve plantas existentes en el Estado español están detenidas y la mayor parte de las restantes están funcionando al ralentí.
Frente a esta situación, el sector del biodiesel reclama la adopción de medidas para impedir la competencia desleal y asegurar el porvenir del sector como las contempladas en el proyecto de orden ministerial de asignación de biodiesel. En esta orden se contemplaba la puesta en funcionamiento de un mecanismo de asignación de producción de biodiesel a fábricas comunitarias, un sistema que estaría vigente durante dos años, prorrogable otros dos más. En virtud de este sistema el ministerio asignaría hasta 5 millones de toneladas de producción de biodiesel a plantas comunitarias; un sistema que compatibiliza la lucha contra la competencia desleal con la libre competencia en el mercado interior. La legalidad de este mecanismo de asignación ha sido confirmada repetidamente por la Comisión Europea, que ha autorizado la adopción de medidas similares por parte de países como Francia, Bélgica, Portugal, Grecia o Italia. Además, señorías, quiero llamarles la atención sobre un dato: en Argentina solo se puede utilizar, para el cumplimiento de la obligación de mezcla de biocarburantes allí vigente, el biodiesel de producción argentina. Nosotros somos los primeros en comprender que los países adopten medidas para incentivar que sus materias primas en vez de ser exportadas en bruto sean transformadas en su país, pero entendemos que debe de haber una equidad, y al mismo tiempo que Argentina toma medidas para proteger su producción y, por lo tanto, imponer que el biodiesel producido en Argentina sea el único que se pueda utilizar para el cumplimiento de la obligación de mezcla de biocarburantes dispuesta por el Estado argentino, entendemos que en correspondencia también es lógico que se adopten medidas en el Estado español para proteger la producción propia.
Señorías, el problema radica en que el proyecto de orden ministerial al que he hecho alusión sigue pendiente de aprobación definitiva, pese a que ha superado todos los trámites. El 22 de octubre de 2010 el Ministerio de Industria anunció públicamente el envío del proyecto de orden a la Comisión Nacional de Energía. Desde esa fecha hasta hoy el proyecto de orden ha sido informado favorablemente por la Comisión Nacional de Energía, por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del anterior Gobierno y por el Consejo de Estado; sin embargo, desde el 7 de junio de 2011 el proyecto está pendiente para su envío al Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor. Por eso consideramos urgente la aprobación definitiva de esta orden, porque simplemente el futuro de este sector depende de ello. En ese sentido, y ya para culminar mi intervención, quiero decir que reparen ustedes en la incongruencia de que hay nuevos proyectos en marcha, como por ejemplo la instalación de biorrefinerías -alguna, por cierto, en Galicia-, que están recibiendo ayudas públicas cuando la situación del sector está en la incerteza total y absoluta y corre el peligro, si no se corrige esta situación, de la total y absoluta desaparición. Llamo por tanto la atención de sus señorías sobre este aspecto.
Para concluir quiero decir que a esta proposición no de ley -ya fijo posición al respecto- se presentaron enmiendas tanto por parte del Grupo Socialista como del Grupo Popular. Las enmiendas del Grupo Socialista considero que enriquecen y amplían el texto que sometemos a debate, por lo tanto tenemos disposición a aprobarlas; otra cosa es que el Gobierno sustentado por el Partido Socialista, el Gobierno anterior, tenga también responsabilidades en el hecho de que la orden ministerial esté paralizada y, por lo tanto, debería aclararnos el Grupo Socialista por qué heredamos esta situación, aunque tenemos disposición a aceptar estas enmiendas. No así la enmienda del Grupo Popular, que propone la sustitución del texto que se somete a debate por una petición al Gobierno de que remita un informe sobre la situación del sector. Señorías, la situación del sector ya es conocida: entre otras cosas, el proyecto de orden ministerial al que he hecho alusión va acompañado de una memoria en la que se informa y se analiza exhaustivamente la situación del sector. Lo que se necesita, por tanto, no son brindis al sol, lo necesario es adoptar medidas concretas e inmediatas para evitar la total ruina, la desaparición del sector productor autóctono. En cualquier caso, exploraré a lo largo de esta sesión las posibilidades de llegar a una transacción, pero en los términos en que plantea el Grupo Popular la enmienda no podemos aceptarla. Si hubiese posibilidades de una transacción sería comunicado a la Mesa de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra don Román Ruiz.
El señor RUIZ LLAMAS: Como decía el ponente de esta proposición no de ley, la industria española de biodiesel lleva ya unos años con problemas debido a las importaciones. Mi primera pregunta precisamente como diputado en el año 2008 fue en este sentido, cuando había un dumping sobre las importaciones de Estados Unidos, que finalmente solucionó la Comisión Europea a través de unos aranceles. Estas prácticas comerciales han llevado al sector a una dificultad muy importante. En la actualidad, como se decía, prácticamente estas importaciones de Argentina e Indonesia se benefician de un sistema de tasas que hace que sea muy importante la importación de biodiesel y no tanto de la materia prima. Estos dos productores principales marcan estos precios de referencia y, por tanto, la aplicación de esas tasas les sitúa en una posición de ventaja competitiva con respecto al resto de países que utilizan dichas materias primas. Se trata, pues, de la adopción de medidas internas en
línea de las adoptadas por países europeos como Francia, Bélgica, Portugal, Grecia e Italia que impidan la competencia desleal del biodiesel importado de Argentina e Indonesia.
La orden ministerial a que hace mención la propuesta que estamos debatiendo fue negociada con el sector por parte del Gobierno socialista, y finalmente se demoró su aprobación debido a la convocatoria de las elecciones generales en nuestro país, pero había la voluntad política de sacarla adelante y negociarla con el sector. El proyecto de orden ministerial favorecía la viabilidad económica de la industria nacional de producción de biodiesel, incrementar la seguridad de suministro e independencia energética y contribuir a la protección del medio ambiente. Esta asignación de cantidades de producción de biodiesel a la industria nacional pretende sin duda evitar esas conductas anticompetitivas o distorsiones comerciales que nos han llevado a la situación actual del sector. Esto también impediría la competencia, favorecería la igualdad de condiciones y no perjudicaría la viabilidad económica del sector productivo nacional, al mismo tiempo que hace posible cumplir con los objetivos obligatorios que tenemos para los años 2012 y 2013 y fijar al mismo tiempo los requisitos que deberían cumplir las plantas de producción de nuestro país, siendo la Comisión Nacional de la Energía la que debería velar por el cumplimiento de las certificaciones que regula dicha orden.
Por otro lado, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía y en atención al grado de dificultad para el cumplimiento de estos objetivos de la venta de biocarburantes en los territorios extrapeninsulares, se debería estudiar también un mecanismo de flexibilidad parcial para el cumplimiento del objetivo individual de biocarburantes en gasolina para aquellos sujetos obligados que operan en Canarias, Ceuta y Melilla, ya que en estos territorios no se dispone de plantas de fabricación de biodiesel ni de proyectos cuyo grado de ejecución cualifique para poder optar al sistema de cuotas.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta iniciativa -con las enmiendas que parece ser que han sido aceptadas- por varias razones. Primera, para salvar la desaparición en el sector industrial, que ha invertido, como se ha dicho, 1.400 millones de euros en los últimos años; para evitar la destrucción de más de 3.000 empleos directos de cualificación media-alta; para posibilitar que el sector del biodiesel en España pueda seguir generando riqueza a través de la creación de decenas de miles de puestos de trabajo asociados tanto al desarrollo agrícola nacional como al I+D; para que este sector también pueda contribuir en el corto y medio plazo al aumento de la diversificación e independencia energética de nuestro país. Porque el mecanismo que la orden ministerial impulsaba de las cantidades de producción de biodiesel compaginaba adecuadamente la lucha contra las importaciones desleales y la libre competencia en el mercado español y comunitario, dado que la cantidad total a asignar, 5 millones de toneladas, era casi el triple que la demanda de biodiesel prevista en España para 2012 y 2013. Y también para hacer posible que puedan volver a la actividad las plantas de biodiesel, pues en estos momentos el 85 por ciento de la capacidad productiva, 4,3 millones de toneladas, está inactivo. Nuestras enmiendas van en el sentido de acotar la aprobación de la orden y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, fijando la misma en un plazo no superior a tres meses. También hacemos referencia al desarrollo de un plan nacional de recogida de aceites usados para la producción de biodiesel que permita el máximo aprovechamiento de este recurso autóctono y a la implementación de incentivos para la producción nacional de materias primas agrícolas.
En estos términos el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Tristana Moraleja.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Señorías, nos consta que el Gobierno está haciendo una apuesta decidida y fuerte por el uso de los biocarburantes y en concreto y de forma señalada por el uso del biodiesel, que, como sus señorías saben, es un combustible cien por cien vegetal y por tanto con grandes beneficios medioambientales.
Señorías, conforme establece la Directiva 2009/28 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, se establece la obligación de que los Estados miembros tengan que velar por que en el año 2020 al menos el 10 por ciento de su consumo final de energía en el transporte proceda de fuentes renovables. De acuerdo con dicho compromiso, el Real Decreto 1738/2010, de 23 de diciembre, fija unos objetivos obligatorios de consumo y venta de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013. Posteriormente, por el Real Decreto 459/2011 se estableció la necesidad de incrementar la obligación de introducir el biodiesel en carburantes hasta el 7 por ciento en contenido energético para los años señalados anteriormente. La decisión de apoyo al sector de las plantas biodiesel por parte del Gobierno debe enmarcarse en un plan de mayor ámbito, un plan más ambicioso para su eficacia, y esta es la actuación que nos consta que el Gobierno va a plantear ante la Unión Europea.
Después de lo escuchado esta tarde, me planteo una pregunta. Si el Bloque Nacionalista Galego está tan interesado y quiere que salga esta orden ministerial, cómo se explica que esté parada desde el 7 de junio y que el Partido Socialista, que estuvo gobernando hasta hace muy poco, nos diga que se ha ralentizado su aprobación porque había unas elecciones generales en noviembre, unos meses bastante más tarde que junio. Lo único que yo pido aquí es que antes de instar al Gobierno
a tomar cualquier medida sobre este tema de gran calado es que este Parlamento conozca bien la situación actual del biodiesel. Efectivamente, a lo mejor está preparada la orden ministerial, pero hay que conocerla bien y este Parlamento debe conocerla. Es por ello que le insisto al señor Jorquera en que acepte nuestra enmienda y, una vez recibido ese informe solicitado, tomar cuantas iniciativas estimemos oportunas, pero, desde luego, no antes.
El señor PRESIDENTE: A partir de ahora entramos en el turno de fijación de posiciones del resto de grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) no hace uso de la palabra. Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Lo que a mi grupo le preocupa de esta proposición es que no se cuestiona la idoneidad del biodiesel como una fuente de energía renovable alternativa. La verdad es que los estudios que hay al respecto son bastante concluyentes. El biodiesel es una de esas alternativas energéticas que ha resultado fallida. Fallida por muchas razones: primero, no es verdad que contribuya a la lucha contra la emisión de CO2 porque, aunque fuera cierto que el CO2 que ahorra en su emisión o que emite en su utilización es el mismo que el que las plantas capturan, hay una cantidad adicional de CO2 que se emite justamente para producirlo; segundo, porque ha creado graves crisis ecológicas y medioambientales y económicas internacionales porque se ha desviado en muchos países tercermundistas y emergentes gran parte de la producción de cereales a la producción de biodiesel. Es decir, no es en absoluto una energía que sea ventajosa desde el punto de vista medioambiental ni es más eficiente, al revés, es una de las energías más ineficientes que hay. En este sentido creo que la pregunta inicial que habría que hacer es la siguiente: ¿Por qué hay que subvencionar con recursos públicos, y más en una época de crisis brutal como la que estamos viviendo, a un sector que es ineficiente, que tiene además alternativas interesantes? Porque no se trata de que no haya otra alternativa y no tengamos más remedio que utilizar el biodiesel. En el propio medio agrario sería mucho mejor potenciar la producción de biogás a partir de residuos vegetales, etcétera, que tendría el mismo efecto solo que mejor, porque no existiría ninguna emisión de gases de efecto invernadero previos para su producción sino que sería la propia utilización de los residuos que provoca la actividad agrícola. De manera que parece mucho más sensato decir: impulsemos vías energéticas renovables que son eficientes, como el biogás; abandonemos las que han demostrado que no lo son y mucho más en época de prioridades económicas en las que la inversión pública tiene que medirse con cuentagotas y con absoluta conciencia sobre las prioridades. No se puede mantener un discurso demagógico de que hay que mantener con dinero público cualquier sector solo porque tiene empleo, porque de esta manera lo que vamos a hacer es justamente consolidar los vicios y los problemas del modelo económico español en vez de superarlos.
Por otra parte me preocupa también ese discurso de fondo del nacionalismo económico, que lo que hace falta es defendernos de los que ofrecen el mismo producto en mejores condiciones. Aparte que, como digo, el producto en sí no parece muy interesante, parece que los consumidores también tienen derechos. ¿Por qué deberían ser obligados los consumidores de biodiesel a pagarlo más caro solo para mantener cuarenta y nueve plantas? Por otra parte habría que preguntarse -y creo que la respuesta es negativa- ¿serían rentables y sostenibles sin subvenciones públicas? Pues parece que no. Y entonces, ¿por qué hemos de mantener cuarenta y nueve plantas -estén donde estén- de biodiesel mientras se recorta en educación, sanidad, I+D+i y otros capítulos muchísimo más importantes para el futuro y el presente de este país?
Con lo que estoy diciendo parece que está claro que no vamos a apoyar esta PNL, pero por lo que digo: hay alternativas mejores que la producción de biodiesel para el mismo sector, para el mundo agropecuario, y además es una fuente de energía que no existe realmente ninguna razón para sostener, salvo que nos parezca estupendo que los países emergentes dediquen su producción de maíz a producir biodiesel para los coches europeos y americanos mientras sube muchísimo el precio de los alimentos en esos países. Esto es lo que realmente debería preocuparnos. En el caso de Indonesia, que se dediquen a destruir grandes zonas de selva virgen para plantaciones de aceite de palma para nuestro biodiesel. Francamente nos parece que es el típico sector que habría que dejar -ordenadamente, por supuesto- caer y sustituirlo por sectores más eficientes de energías realmente sostenibles y renovables.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Nuestro grupo parlamentario, desde nuestro compromiso ecologista, votará a favor de esta moción y no porque sea la panacea o la solución al cambio climático o a la reducción de la dependencia energética, sino porque entendemos que este tipo de energía contribuye a reducir las emisiones claramente. Votaremos a favor porque, después de un inicio de legislatura muy negro para las energías renovables donde vemos una falta de ambición completa del Gobierno precisamente para fomentar este sector, creemos que el Congreso debe apresurarse a adoptar medidas como mínimo paliativas ante lo que fue ese primer decreto. Entendemos que es urgente porque nos jugamos mucho, aparte de puestos de trabajo, inversión en I+D, en tecnología y también la reducción de la dependencia energética del exterior; por tanto, es un sector estratégico también en ese sentido. Y creemos que
es urgente porque el anterior Gobierno, como mínimo, no hizo los deberes fundamentales y, teniendo un borrador de orden desde julio de 2010, no lo aprobó, que era lo más importante, y desde entonces se han destruido ya 2.000 puestos de trabajo. Podemos buscar razones múltiples. El mismo Gobierno anterior dio razones como que primero había que esperar a las elecciones argentinas, pero pasaron las elecciones argentinas, volvieron a pasar los meses, llegaron las elecciones españolas y nos hemos quedado sin firmar esa orden y, mientras, el sector ha ido paralizándose. Por tanto, creemos que es fundamental. Se han aportado datos; la situación del sector es la que es y creo que este Congreso tiene como deber conocer cuál es la situación del sector y los datos están ahí. Hablaban de cuál es la cuota de mercado. En 2010 las importaciones argentinas e indonesias copaban, como decían, el 62 por ciento, pero en 2011 ya era un 74 por ciento. Tenemos el 85 por ciento del sector parado y así hemos destruido puestos de trabajo. Creo que no es cuestión de emplazarnos a hacer más estudios. Tenemos un borrador hecho, la Comisión Nacional de la Energía hizo su informe en su momento y creo que lo urgente es que esta Cámara aborde cuál es la situación y no deje pasar más tiempo. Al fin y al cabo todos conocemos la legislación europea y si otros países han hecho lo mismo, en beneficio también del sector -en clave española, pero también en beneficio de la autonomía energética y del fomento de energía autóctona que como modelo energético es el que se debe defender por responsabilidad, como lo hacen el resto de países-, lo que no podemos es continuar subvencionando no a un sector ineficiente sino a un sector de biodiesel exterior, porque lo que estamos haciendo es subvencionar precisamente el biodiesel argentino. Diría más, no sé si subvencionamos los combustibles argentinos o indonesios o los intereses de algunas empresas españolas que no contribuyen precisamente al medio ambiente sino a las emisiones y que apuestan por fuentes de energía de combustibles fósiles.
Creo que hay que apoyar esta moción y no posponer más algo en lo que ya llevamos mucho retraso.
El señor PRESIDENTE: Por último, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, Convergència i Unió va apoyar su contenido porque entendemos que el sector del biodiesel posee un potencial importante por su contribución al crecimiento sostenible y también señalamos cómo el uso de biodiesel permite, desde nuestro punto de vista, un ahorro muy importante de las emisiones de CO2. También creemos que puede y debe contribuir a conseguir los objetivos de mayor diversificación y menor dependencia del sector energético y, además, constituye un tejido industrial importante, especialmente para algunas zonas del Estado.
Con respecto al contenido específico de la proposición no de ley, quisiera hacer tres breves consideraciones. En primer lugar, creemos que es oportuno que el Gobierno intervenga en el mercado del biodiesel tal y como lo hacen otros Estados miembros homólogos a nivel europeo, sobre todo para evitar la entrada masiva de importaciones de otros países que gravan menos la exportación del biocarburante que la propia materia prima para su fabricación y que perjudica por tanto claramente a nuestro sector, pues se trata de una competencia desleal dada la aplicación de los sistemas de tasas diferenciales a la exportación. En segundo lugar, estamos de acuerdo también con la puesta en marcha de un mecanismo de asignación de producción de biodiesel como el propuesto por la orden ministerial elaborada en el año 2010 para potenciar el sector. Aun así, si bien apoyamos esta orden porque entendemos que puede ayudar a la actual situación de muchas plantas de producción de biodiesel, queremos puntualizar también que con ella no se garantiza la viabilidad de las actuales cuarenta y ocho plantas existentes, dado que la capacidad instalada supera la necesidad de consumo. Por ello, consideramos muy importante y necesario mantener el diálogo con el conjunto del sector de los biocarburantes, en primer lugar, para superar su situación actual en términos tanto industriales como de empleo y buscar soluciones definitorias; en segundo lugar, para establecer un marco estable para estos carburantes de origen renovable y, en tercer lugar, para permitir y asegurar la viabilidad de las empresas y del tejido industrial que opera en el sector y garantizar el empleo tanto directo como indirecto que generan.
El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, a la Mesa le ha quedado claro que acepta la enmienda del Grupo Socialista y no la del Grupo Popular.
El señor JORQUERA CASELAS: Aceptamos las enmiendas del Grupo Socialista y no la del Grupo Popular. Si, en cualquier caso, hubiese alguna modificación de la situación que permitiese una transacción, lo comunicaría a la Mesa, pero lo veo claramente muy difícil.
- SOBRE EL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000075).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, de la que es autor el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra don Chesús Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Una de las primeras iniciativas de este Gobierno ha sido precisamente prorrogar
la actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña, una decisión que, a nuestro juicio, choca con el signo de los tiempos. Pero, claro, esa es la tónica general de este Gobierno, ir marcha atrás; en lugar de ponerse a la cabeza de la imprescindible revolución tecnológica, este Gobierno ha decidido paralizar el desarrollo de las energías renovables y prolongar la vida de una central nuclear obsoleta, de cuarenta años que, recordémoslo, era la vida útil prevista cuando se construyó; una central, Santa María de Garoña, que es la más antigua de España.
Repasemos brevemente su historia. Inaugurada en 1971 siendo jefe del Estado el general Franco, en julio de 2009 expiraba su permiso de explotación y por eso la compañía propietaria de la central, Nuclenor, constituida a partes iguales por Endesa e Iberdrola, solicitó al Gobierno anterior la extensión de su vida útil diez años más, hasta 2019. Se perdió entonces la oportunidad de cerrar esa instalación, porque el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, aprobó la prórroga de la explotación durante cuatro años, hasta el 6 de julio de 2013. Ahora, el nuevo Gobierno del Partido Popular quiere revocar esa orden ministerial para prolongar su actividad hasta 2019, como pedían inicialmente las empresas propietarias, y eso supone que Garoña alcance la vida útil de cuarenta y ocho años.
Señoras y señores diputados, ¿tiene sentido que mantengamos en funcionamiento una central nuclear que ya ha cumplido los cuarenta años, que se corresponde a una tecnología y a una instalación obsoletas, con los riesgos para la seguridad que ello conlleva, a pesar de la escasísima aportación de la central nuclear de Santa María de Garoña al mix de la producción energética en el Estado español? ¿Tiene sentido? Nosotros creemos que no. ¿Por qué se ha tomado esa decisión entonces? Desde luego, no parece que sea por el interés general. La producción de Garoña -lo decíamos antes- es muy pequeña, es irrelevante desde el punto de vista del total energético español. ¿Eso puede justificar la prórroga de su vida útil? ¿Pero no quedábamos en que sobra producción energética de las energías renovables, como decía el ministro de Industria, Energía y Turismo hace unas semanas, precisamente cuando intentaba justificar el parón de las energías renovables durante la convalidación del penúltimo decretazo? Si era verdad ese argumento entonces, ¿por qué no se aplica también para el caso de Garoña? Pues porque no es verdad, porque el PP, al menos en este caso, defiende claramente la ley del embudo. A las fuentes energéticas del futuro les damos el portazo, a las energías limpias y renovables, la paralización, pero para la energía nuclear alfombra roja, para Endesa y para Iberdrola, que son las propietarias de la central nuclear de Garoña, tenemos luz verde, lo que ustedes quieran, sí señor, faltaría más, ¿hasta el 2019?, pues hasta el 2019. Para que quede claro, sin pestañear, quien manda en este país; eso es lo que ha hecho este Gobierno.
El interés general es que se cierre de forma inmediata la central nuclear más antigua de España, con más de 40 años, una central obsoleta, cuyo diseño es igual que el reactor más antiguo de los accidentados en Fukushima; una central que, según reconoció el mismísimo Consejo de Seguridad Nuclear, sufría un proceso de agrietamiento múltiple por corrosión en la vasija del reactor, que es el corazón de la central, donde se alberga el combustible de uranio. No pretendo con esta referencia hacer alarmismo, pero, sinceramente, no creo que con arreglos, con políticas de parche, podamos mantener en funcionamiento una central que en estos momentos es perfectamente prescindible; esa es la clave, que en estos momentos es perfectamente prescindible. Por lo tanto, el único interés para la prórroga de su vida útil es el interés económico de las grandes compañías eléctricas, no desde luego el interés general. En estos últimos años se han venido acumulando incidencias, todas ellas calificadas de nivel cero, sin consecuencias -menos mal-, pero han venido acumulándose esas incidencias, esos problemas, fruto sin duda de la obsolescencia, con los riesgos que conlleva para la seguridad de esta central. Una obsolescencia que ha sembrado la incertidumbre desde hace décadas en las poblaciones del entorno; desde luego, en las provincias de Burgos, en los territorios históricos de Álava y Bizkaia, y también obviamente en las comunidades bañadas por el río Ebro aguas abajo, desde La Rioja hasta Navarra, Aragón, etcétera. Por eso, desde este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Chunta Aragonesista: La Izquierda Plural, proponemos que el Gobierno acometa el cierre inmediato de la central nuclear de Santa María de Garoña por razones de seguridad, al tratarse de una instalación obsoleta que ya ha superado su vida útil. Para ello pido el voto favorable a todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una sola enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra don Luis Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: La central nuclear de Santa María de Garoña se ha colocado en el centro del debate energético durante los últimos años, como bien saben sus señorías, y en cuanto a la proposición no de ley que hoy nos ocupa, es cierto que el Grupo Socialista comparte el objetivo de la misma, aunque tenemos alguna duda más sobre la motivación, porque aunque el grupo proponente lo ha introducido ahora en su discurso, en el texto de la proposición fundamentaba la petición de cierre de la central únicamente en la seguridad, y desde nuestro punto de vista es evidente que la energía nuclear comporta graves riesgos, como se ha demostrado tras el accidente de Fukushima -una central, por cierto, gemela de Garoña-, y además esta es la central más antigua de España, que con la licencia en vigor ya alcanzaría los 42 años de funcionamiento,
superando efectivamente la vida útil para la que fue diseñada. En todo caso, no podemos poner en duda todo el entramado de seguridad de nuestras centrales, y en nuestro país el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo encargado de supervisar la seguridad, trabaja desde nuestro punto de vista con profesionalidad e independencia. Además, por otra parte, es el encargado de recomendar las medidas adicionales que corresponde tomar, por ejemplo, tras las pruebas a las que se han sometido estas instalaciones en toda Europa después del accidente de Japón.
El problema es que no existe la seguridad absoluta. La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón, por ejemplo, se ha disculpado hace apenas dos días, tras reconocer que las medidas de seguridad previstas en las centrales de ese país en caso de desastre natural eran insuficientes. El problema es que estamos hablando de un riesgo potencial y de consecuencias inasumibles en caso de accidente. Precisamente por eso, las centrales nucleares no son una industria cualquiera, no son como una fábrica de coches, motivo por el que además de un informe técnico sobre la seguridad, hace falta una autorización del Gobierno sobre su funcionamiento o prórroga. Por eso, se nos queda escasa la motivación de esta proposición, porque no se trata solo de una cuestión de seguridad, aunque es verdad que parece precipitado apostar por más prórrogas a una central obsoleta antes de que finalice el examen de esas pruebas de resistencia hechas al parque nuclear europeo. Se trata sobre todo de una opción política, de una estrategia de política energética; una estrategia de política energética que definió muy bien el anterior Gobierno socialista, que apostó por las energías renovables y por el abandono progresivo de la energía nuclear, como están haciendo la mayoría de los gobiernos de nuestro entorno.
El actual Gobierno ha optado por otra cosa, ha optado por pedir una nueva prórroga para una central nuclear y, al mismo tiempo, acabar con el desarrollo de las energías renovables en nuestro país; ha optado por potenciar una energía que comporta graves riesgos y que genera peligrosos residuos y acabar con las energías sostenibles, algo en lo que nuestro país se había convertido por fin en una potencia mundial. Señorías, pero es que además hay una serie de falsos mitos sobre la energía nuclear que convendría desmontar. No es cierto que sea una energía barata, de hecho requiere una inversión inicial a la que ninguna empresa se lanza sin el apoyo decidido de las instituciones. Además, nunca se considera entre sus costes las grandes inversiones en seguridad que se deben realizar en las zonas de afección, o el coste de tratamiento y almacenaje de los residuos, y desde luego no significa tampoco desarrollo económico. De hecho, la central de Santa María de Garoña ha provocado que la comarca burgalesa donde está situada haya perdido más del 42 por ciento de su población desde que se inauguró la central nuclear. Por tanto, no significa desarrollo económico. Ayer mismo, el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, del Partido Popular, reconocía por fin que son necesarias inversiones en la comarca para paliar la depresión en la que se veía sometida desde la inauguración de la central. En todo caso, estamos hablando de mantener el empleo en la central seis años más, hasta el 2019, mientras que se está descalificando un plan alternativo que sí que puede servir para crear un tejido productivo sostenible en la zona. Me gustaría recordar que quienes hoy probable o previsiblemente votarán en contra de esta proposición, el Grupo Popular, sustentan un Gobierno que tiene paralizada la tercera convocatoria del Plan Reindus, que servirá precisamente para crear puestos de trabajo sostenibles en la comarca.
Por todo el ello, el Grupo Parlamentario Socialista no puede defender la continuidad de Garoña más allá de 2013, por los riesgos potenciales de seguridad, por ser una energía insostenible, por ser una tecnología cara y porque desde luego es más conveniente para nuestro país seguir apostando por el desarrollo de las energías renovables. Desde luego, no se puede atender a la demagogia de justificar con la crisis la teórica salvación de unos centenares de empleos mientras que con el Real Decreto-ley de la moratoria a las renovables se condena a la desaparición de miles de empleos también en la provincia de Burgos en este sector de las renovables. Adelantándome a unas críticas que este grupo ha recibido por parte del Partido Popular durante los últimos años, se volverá a decir que estas posiciones son un capricho ideológico; en fin, supongo que en este caso la postura socialista será igual de caprichosa y llena de prejuicios ideológicos, como la que ha mantenido la señora Merkel, que ha cerrado varias centrales nucleares en su país, sin que, por cierto, haya habido problemas de suministro eléctrico. Si no les gusta este ejemplo seguramente me sumo a los prejuicios ideológicos contra la energía nuclear que han manifestado el señor Oyarzábal, secretario general del Partido Popular del País Vasco, y el alcalde del Partido Popular en Vitoria, el señor Maroto, que han criticado estos días la decisión del ministro de Industria de prorrogar la concesión de Garoña.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: En fin, supongo que detrás de esta contradicción estará también la herencia socialista.
En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de adición prácticamente al grupo proponente en la que se introduce...
El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir, señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Sí, termino en un segundo, señor presidente.
Como decía, con esta enmienda introducimos precisamente esta apuesta por volver a la estrategia de fomento de las energías renovables, que confío que el grupo proponente acepte.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, para fijar la posición del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Desde luego, apoyamos esta PNL y exigimos el cierre inmediato de Garoña ya, porque entendemos que debería estarlo desde hace mucho tiempo. Lo hacemos por tres razones fundamentales, algunas de las cuales ya se han dicho aquí: la primera sería por seguridad, la segunda porque ya es hora de desterrar el modelo nuclear y, la tercera, por el amplio consenso social que hay en contra de este modelo. Las técnicas, ya se han dicho aquí. Pero se trata la central de las mil y una grietas. El deterioro es generalizado y progresivo, que está empeorando con el tiempo. Su vida útil está más que agotada ya hace muchísimo tiempo. El diseño, los materiales y el proceso de fabricación han sido inadecuados y desde luego están totalmente obsoletos y fuera de normativa, porque no cumplen las normas internacionales. Es la única de primera generación, tras el cierre de Vandellòs y Zorita. Los agrietamientos son imparables y desde luego no se han solucionado hasta ahora. Vamos, que la situación es lamentable y este dictamen del CSN nos parece vergonzoso. Además, hay que recordar que está a 45 kilómetros de Vitoria y a 80 kilómetros de Bilbao en línea recta, los principales núcleos de población, las ciudades vascas más habitadas.
En cuanto a la segunda razón, el modelo energético, debemos apostar por modelos de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Tiene que haber ya un necesario debate sobre cambio de modelo energético y desarrollo y, desde luego, estamos viendo que la dirección es totalmente contraria a la que se debe de ir. Debemos apostar por energías seguras, limpias y menos costosas y dar prioridad a garantías de sostenibilidad y seguridad. Entendemos que esta central está totalmente amortizada y no aporta nada a la capacidad energética hoy en día, como ya se ha dicho aquí, es escasísima la contribución energética de Garoña. También debemos recordar que tenemos una superproducción, tenemos potencia eléctrica instalada de sobra. Asimismo, hay que mencionar que la nuclear no es barata, como ya se ha dicho aquí por los compañeros. Hay que tener en cuenta todos los costes reales, que ahora mismo no se tienen en cuenta, así como la dependencia que tenemos como importadores netos de combustible que somos. Hay que tener en cuenta todos los costes tanto de producción, transporte, distribución, subvenciones y, por supuesto, desmantelamiento, gestión de residuos, etcétera, que nunca se tienen en cuenta sobre este modelo energético y, desde luego, que la salud no tiene precio.
Y la tercera razón que nos impulsa a apoyar desde luego esta PNL es el amplio consenso social que hay a favor del cierre, que no es actual, que viene de hace tiempo, el sentir mayoritario de la sociedad vasca. Desde luego, todas las instituciones, el Parlamento de Gasteiz, ayuntamientos, diputaciones y representantes de otro tipo de instituciones, como ya se ha dicho aquí, el alcalde de Gasteiz, del PP, el señor Oyarzábal, se han manifestado en contra de esta central y por el cierre ya. En este sentido, entendemos que este informe y la posible apertura es en todos los sentidos un retroceso y que también abre puertas a otras centrales europeas, que pueden estar esperando que se mantenga esta apuesta por lo nuclear, y nos parece muy peligroso. Hay que tener en cuenta la postura de Alemania, que ya se ha comentado también aquí, que ha hecho una apuesta seria por el cierre de las centrales nucleares. Si hacemos caso a Alemania en otros temas, por qué no en éste. Desde luego, nos hemos olvidado fácil y rápidamente de Fukushima. Está claro que debemos apostar por la ciudadanía, por las personas y no por las grandes empresas, que al final es el trasfondo de esta apuesta. Por lo tanto, Garoña es un yogur que está caducado hace muchísimo tiempo, y la pregunta es: ¿se hacen ustedes responsables de lo que pueda ocurrir?
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, seré breve.
Nuestro grupo se ha manifestado reiteradas veces y en múltiples lugares con relación al cierre de Garoña. Hemos defendido siempre el cierre de esta central nuclear. Por lo tanto, no voy a argumentar excesivamente al respecto. Hemos defendido tanto el cierre de la central nuclear como que se pongan en marcha todas las políticas de reactivación de la zona de Garoña, para que los efectos negativos que del cierre pudieran derivarse en la población, en el empleo, etcétera, tuvieran una compensación también en esa misma zona geográfica. Por lo tanto, insito, creo que hemos sido claros muchas veces no solo en esta Cámara, también en el Parlamento vasco, en el Ayuntamiento de Vitoria, en las juntas generales, etcétera. Además, hay una cuestión curiosa, en el Parlamento vasco ha habido unanimidad de todos los partidos políticos defendiendo el cierre de Garoña; unanimidad que incluye al Partido Socialista y al Partido Popular. Por eso, hoy ha salido aquí el nombre del señor Oyarzábal -número dos del Partido Popular en Euskadi y desde el pasado fin de semana forma parte del núcleo duro del Partido Popular-, que se manifestaba a favor del cierre de la central, al menos decía que el PNV lo que tenía que hacer era utilizar a Kutxabank como accionista de Iberdrola para fomentar el cierre de Garoña. Creo que esto es un poco ya retorcido y difícil de entender. Si el señor Oyarzábal está en contra de Garoña, que lo diga, y eso será una contradicción que tendrá el
propio Partido Popular, pero a quien debe transmitir su voluntad política el señor Oyarzábal es a este Gobierno a través de su ministro de Industria, de lo contrario generaría un problema, yo creo que político, considerable. No es que el señor Oyarzábal tenga una opinión diferente como pueden tener los diferentes miembros del PP en una cuestión opinable, sino que creemos que tiene una opinión muy diferente en una cuestión políticamente clave. En ese sentido creemos que no se puede tener una opinión diferente, porque esto permitiría jugar a doble banda, lo que no tiene efectivamente mucho sentido. De todas formas, mientras el Gobierno y el señor Oyarzábal se van aclarando, nosotros seguiremos a lo nuestro y votaremos que sí a esta proposición por la que se solicita el cierre de la central nuclear de Garoña.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: La política energética nacional -creo que todos estamos de acuerdo en eso-, la política energética en general, desde una punto de vista global, es un tema muy serio. Pero creo que para oponerse a la energía nuclear o a cualquier otra hay que dar razones serias, y razones serias no es, por ejemplo, tergiversar, como se hace en la exposición de motivos de esta PNL, el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que no dice absolutamente nada de lo que se dice aquí que dice. Sin duda, hay razones de peso para oponerse a la energía nuclear y ofrecer alternativas, pero es que hay que darlas y decirlas. Lo que no se puede hacer es crear un muñeco y luego alancearlo, hacer una caricatura ridícula de lo que es la central de Garoña y mirarlo desde un punto de vista geográfico absolutamente sesgado para decir que tienen que cerrarla, por ejemplo porque puede afectar a Bilbao. También puede afectar a Burgos. ¿O no nos importa que afecte a Burgos pero sí a Bilbao? Igual es porque en Bilbao cotiza Iberdrola y es importante preservar la bolsa de negocio. A mí, desde luego, me parece bastante absurdo, me parece un insulto a los ciudadanos y una humillación colectiva que se mienta a la gente sobre las verdaderas razones. (Rumores.) Sí, es mentir decir que el Consejo de Seguridad Nuclear dice que Garoña se cae a pedazos. No es verdad, el informe dice lo contrario y además dice otra cosa, establece condiciones para reforzar la seguridad, para mejorarla, para darle la prórroga. Además, el Consejo de Seguridad Nuclear es uno de los pocos organismos independientes que hay en España y existe un consenso general de que los informes que hace son solventes, serios y fiables. Si vamos a hacer informes de partido, por supuesto antinucleares o pronucleares, pues díganlo y ya está. Entonces hacemos informes ideológicos que digan que los neutrones, o no, pueden tener una lectura ideológica.
El problema de las centrales nucleares en España y en cualquier otro país no se soluciona con las energías renovables, vamos a informar a la gente de verdad de los problemas. Las energías renovables necesitan una energía de base, que tiene que suministrar una energía de ciclo convencional, puede ser nuclear o no. Podemos decir, porque es legítimo defenderlo, como Italia, que no queremos nucleares; bien, se puede decir. Pero vamos a decir la verdad a la gente, no vamos a contar cuentos de brujas para asustar. Es decir, si no son nucleares necesitaremos centrales que quemen carbón o centrales de ciclo combinado, pero es que para que haya energías renovables eficientes que estén suministrando luz en los enchufes de la gente, hace falta centrales de ciclo convencional que den una energía de base. Y esto es un hecho, no es una opinión. Ustedes pueden seguir despreciando los hechos o inventándoselos, que es una costumbre nacional que nos ha llevado a esta situación de crisis. Pero bueno, yo creo que no estaría mal tomarse en serio a la ciudadanía y decirle las cosas como son. Por lo tanto, si no queremos nucleares, digamos cuál es la alternativa. ¿Carbón, gas, qué quemamos en su lugar? Porque desde luego las energías renovables -y lo sabe todo el mundo que se ha informado un poco sobre esto- tienen un problema, tienen picos y valles y hay momentos en que no se puede garantizar el suministro solo con renovables. Podemos aumentar la cantidad de renovables al 70 o el 80 por ciento del suministro potencial, pero si no hay una energía de base constante sobre la base de ciclos convencionales, no tenemos energía cuando uno enciende la luz. Esto es así. Entonces, si decimos: no queremos nucleares, muy bien, pero digan ustedes qué quieren alternativamente. ¿Carbón -insisto-, ciclos renovables, quemar petróleo o qué? Esta es la cuestión, porque lo demás es engañar a la gente y tomarnos a todos -insisto- por tontos.
Desde luego, el informe del Consejo de Seguridad Nuclear no dice lo que ustedes dicen que dice, y a mí eso ya me parece, justamente esta falta de respeto a los hechos, una razón suficiente para oponerme a su propuesta. Si ustedes nos dicen por qué sustituimos Garoña, que, por cierto, no sé de dónde sacan que el 5 por ciento de la producción de energía es algo despreciable y marginal. (El señor Yuste Cabello: No es el 5 por ciento.) Claro sí, depende en qué momento, es precisamente porque depende de la producción de energía. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, un momento. Ruego a los señores diputados que guarden silencio mientras tiene el uso de la palabra otro diputado. Tienen la opción de intervenir en su turno correspondiente. Por lo tanto, señor Martínez, disculpe; puede continuar.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Acabo enseguida; voy a hacer solo dos precisiones más.
En primer lugar, a mi grupo no le parece mal en absoluto someter a discusión si hay alternativas mejores en energía nuclear, pero tendrá que ser sobre la base de hechos, de informes veraces y de interpretaciones verosímiles
y no engañosas de los datos que la realidad nos ofrece. Y en segundo lugar, es falso también que en el Parlamento vasco haya habido unanimidad respecto al cierre de Garoña, porque mi partido tiene allí un diputado y no ha votado a favor de esto, y por mucho que ustedes se empeñen, tenemos un diputado. (El señor Azpiazu Uriarte: ¡Ah, bueno!) No desaparece porque ustedes hacen igual que con las grietas de Garoña, se lo inventan o desinventan.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: En relación con la proposición no de ley que nos ocupa, tal como hemos manifestado en diversas ocasiones, nuestra posición respecto de la energía nuclear ha sido siempre clara en el marco del mix energético por el que apostamos y que defendemos, y sobre todo en el marco de la seguridad que exigimos a las centrales nucleares. Desde Convergència i Unió no compartimos el contenido de la proposición no de ley y haré unas consideraciones al respecto.
En primer lugar, no podemos olvidar que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, el Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo regulador competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, por lo que deben acatarse los informes preceptivos del mismo. En este sentido, el dictamen favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear en relación con la modificación de la Orden ministerial de 3 de julio de 2009, que fija el cese de la explotación de la instalación de Santa María de Garoña el 6 de julio de 2013, resulta resolutorio. En sus conclusiones, el órgano regulador apunta que bajo el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, una vez analizada la experiencia operativa de la instalación y sus resultados en el sistema integrado de supervisión de centrales, no existe ningún impedimento para que se lleve a cabo la modificación de la Orden ministerial de 2009, avalando así la posible continuidad de la central. Por ello, si bien es cierto que este dictamen emitido el pasado 17 de febrero del Consejo de Seguridad Nuclear es independiente del que deberá realizar el organismo regulador ante una nueva petición de licencia para la instalación, desde Convergència i Unió apoyamos al Gobierno en su decisión de modificar la Orden ministerial de 3 de julio de 2009 y consideramos conveniente se solicite una nueva petición de licencia para prorrogar la vida útil de la central nuclear.
En segundo lugar, y no por ello menos importante, desde mi grupo parlamentario queremos poner en consideración un tema que para nosotros es fundamental, la seguridad. Desde nuestro grupo parlamentario priorizamos el reforzamiento de la seguridad en las centrales nucleares y es por este motivo que consideramos fundamental que el titular de la central nuclear actúe de acuerdo con lo estipulado por el órgano regulador en relación con esta cuestión. De este modo, es necesario que se lleven a cabo las condiciones relativas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica establecidas en el dictamen del consejo, así como también todas las recomendaciones después de los test de resistencia a que se sometieron las centrales nucleares españolas ante la catástrofe de Fukushima.
Por último, señor presidente, señorías, desde el grupo que represento y tal como constatamos en las conclusiones de la subcomisión de Energía, apoyamos y apostamos por los objetivos de menor dependencia, mayor eficiencia, más ahorro y mayor diversificación. Y en este proceso de diversificación de las fuentes de energía apostamos por las energías renovables y por el cumplimiento de los objetivos 20-20-20 en renovables, y también apostamos y consideramos aún hoy necesaria la energía nuclear; eso sí, con una apuesta contundente por su seguridad, de acuerdo con lo que marca y estipula el Consejo de Seguridad Nuclear.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Antonio Erias.
El señor ERIAS REY: Señoras y señores diputados, la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo propone instar al Gobierno al cierre inmediato de la central nuclear de Santa María de Garoña por razones de seguridad, al tratarse -a juicio de los proponentes- de una instalación obsoleta que ya ha superado su vida útil. Con los mismos argumentos el Grupo Socialista presenta su enmienda añadiéndole al texto del proponente que la producción de Garoña es prescindible para nuestro mix energético. Esta coincidencia del proponente y del enmendante no es casual y el Partido Popular no la comparte, pues no existen problemas de seguridad en Garoña, tal y como apuntan el proponente y el enmendante, ya que como ha señalado recientemente el Consejo de Seguridad Nuclear en su informe de febrero, donde explicita los test de estrés a los cuales se ha sometido todo el parque nuclear español, dice textualmente lo siguiente: No existe ni se identifica ningún factor que suponga una debilidad relevante de seguridad de las centrales nucleares españolas. Por lo tanto -aquí termina lo que es textual- resulta chocante, a nuestro juicio, que por superar Garoña la vida técnica útil se proponga el cierre de una instalación segura y que aporta, como ya se ha dicho, el 6,5 por ciento de la energía nuclear producida en España en 2011 o, lo que es lo mismo, el consumo eléctrico del 33 por ciento de lo que se consume en Castilla y León. Por ello, no nos parece adecuado el cierre de la misma, a pesar de que nuestra potencia instalada -como bien dicen algunos- sobrepase con creces la llamada demanda punta. Es más, no compartimos que en estos momentos de crisis -al igual que ha señalado el señor ministro Soria- resulte adecuado prescindir de ninguna tecnología, pues la crisis económica y financiera actual ha acrecentado las dificultades
de construir nuevas instalaciones y de continuar desarrollando el apoyo a tecnologías que no han alcanzado la paridad de red. Es muy fácil continuar demonizando y enfrentando tecnologías, pero no resulta tan fácil hacer que la energía se erija de nuevo como un factor de competitividad. Por ello, con la política energética del Gobierno actual se está tratando de encontrar un mix equilibrado y no desperdiciar ni desaprovechar ninguna de las fuentes energéticas existentes para que una vez más la energía se conforme como un elemento decisivo para la necesaria recuperación económica de España. En definitiva, la cuestión no es cuánto tienen de vida útil las centrales nucleares, sino hasta qué punto está garantizada su seguridad y la protección radiológica en ellas. Tal y como ha señalado el Consejo de Seguridad Nuclear, Garoña certifica que no tiene los problemas enunciados en la proposición no de ley.
Señores diputados, la energía nuclear contribuye en buena medida a garantizar el suministro energético y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La misma alcanzó en España en 2011 un 8 por ciento de la potencia instalada y cubrió el 20 por ciento de la demanda. Por ello, desde el Partido Popular creemos en la misma y así lo demostramos con nuestra acción política, cuando acordamos la construcción del ATC, que ha estado paralizado mucho tiempo y que es uno de los elementos básicos para garantizar esa seguridad de la cual estamos hablando. Y como la energía generada por las centrales nucleares -también se ha dicho aquí- es una energía de base, esta debe ayudar a darle estabilidad al sistema eléctrico porque, si no, es cierto, las renovables podrían tener muchos problemas para suministrar la energía constantemente. Está claro también que la vida útil de una central nuclear no puede ser determinada por una ley. El Gobierno anterior llegó a decir incluso -llevado por un cierto paroxismo- que se iba a fijar por ley la vida útil. La vida útil quien la tiene que determinar es el Consejo de Seguridad Nuclear, y si el Consejo de Seguridad Nuclear determina que la central es segura, lógicamente no hay por qué ponerle problemas a la vida útil de la central. Es más, en el mundo la vida útil de las centrales nucleares con reactores similares a los de Garoña se ha extendido de los 40 a los 60 años. En España se va a desarrollar de una manera más prudente. Lo que sí es cierto, señor presidente, señores diputados, es que la política energética de los últimos años no ha estado a la altura de los requerimientos de la economía y de la sociedad española, y es el sector energético el que ha padecido básicamente los resultados de la misma por la inseguridad regulatoria generada y por el sobredimensionamiento de la potencia instalada, así como por el desbordamiento que se produjo con las energías renovables. Todas estas razones que acabo de enumerar hacen que rechacemos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, le tengo que preguntar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor YUSTE CABELLO: Sí, acepto la enmienda.
- SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE FOMENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN LAS CIUDADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000193.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto 5º del orden del día: Proposición no de ley sobre elaboración de un plan de fomento del vehículo eléctrico en las ciudades. Para su defensa tiene la palabra don Jesús Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: El vehículo eléctrico ya no es una quimera, no lo es, es una realidad cada vez más próxima y no creo que nadie dude ni de su necesidad ni de su oportunidad por las inmensas ventajas que a nuestro modo de vida civilizatorio puede aportar. Por tanto, mi intención consiste en solicitar de esta Comisión que perfile todos los instrumentos posibles para su promoción.
Como saben sus señorías, las emisiones de gases de efecto invernadero -hay un inmenso consenso científico al respecto- y la contaminación en nuestras ciudades son dos gravísimos problemas que todos sufrimos y que tienen que ver en parte con el uso del modelo actual de vehículo privado cuyo consumo se basa en combustibles fósiles cuya combustión, valga la redundancia, genera, entre otros, la emisión de estos gases de efecto invernadero. El transporte por carretera, para darles un solo dato, ha sido responsable de casi el 24 por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2010 y lamentablemente en muchas ciudades españolas el pasado año se superaron ampliamente los límites de contaminación definidos por la Unión Europea. Además, el transporte del automóvil privado es el responsable de una gran parte de nuestra altísima dependencia energética del exterior, por lo que tiene un peso muy importante en nuestra balanza comercial; casi el 50 por ciento de nuestro consumo de energía primaria se cubrió en 2010 con importaciones de petróleo. Por ello, una de las respuestas, en mi opinión, más sostenibles a estos retos es la apuesta por el vehículo eléctrico que se viene haciendo hace varios años en España. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la anterior Administración demostró su apoyo a esta tecnología verde y de futuro, poniendo en marcha una estrategia integral de impulso al vehículo eléctrico, años 2010-2014, que se inició en 2009 con el Plan Movele y se elaboró también un plan de acción 2012 con una serie de medidas, una serie de impulsos económicos que todavía, en mi opinión, no son suficientes y en los cuales hay que profundizar.
El vehículo eléctrico tiene todavía dos problemas. Uno de ellos es su elevado coste de adquisición y, por otra parte, su autonomía limitada. Ahora bien, estos problemas se van superando. Esta iniciativa no pretende ser excluyente y lo digo por lo que me indicaba antes la
señora parlamentaria de La Izquierda Plural. He tomado como punto de referencia el primer prototipo completamente español que hasta hace pocos días se conocía que estaba ya en marcha, el Hiriko. Además, es un modelo muy interesante para la utilización en entornos urbanos por su tamaño, su autonomía, por el hecho de que las administraciones públicas y privadas pueden promocionar flotas de coches de alquiler en una estrategia similar a la utilizada por diversas ciudades europeas con bicicletas, pero que no excluye, por supuesto, el necesario apoyo a otro tipo de vehículos eléctricos para usos privados. Estos días, de hecho, yo incorporaré in voce, señor presidente, una simple mención. Hemos sabido que la planta Renault de Valladolid tiene ya disponible un vehículo, que llamará Twizy, completamente eléctrico y también me gustaría que se pudiera incorporar a esta propuesta, como otros que puedan estar ya siendo perfilados por cualesquiera compañías que se dediquen a su producción. Me parece que por razones ambientales, por razones de calidad de vida, por razones de dependencia energética, su disminución del exterior, esta iniciativa es una apuesta innovadora que deberíamos promover. En el caso del Hiriko -saben ustedes que se produce en Vitoria-Gasteiz-, hay ya una serie de ciudades europeas -la Comisión Europea ha mostrado su firme apoyo- y estadounidenses que han declarado su voluntad de aplicar este sistema como, por ejemplo, Barcelona, Malmö, Berlín, Londres, Boston y San Francisco.
Por todo ello, presento esta iniciativa que no pretende ser cerrada, que es abierta, que diseña una serie de políticas de impulso para el desarrollo de estas tecnologías, que puede recibir, por supuesto, incorporaciones -algunos puntos pudieran ser discutibles-, pero que en su conjunto entraña un plan de acción que permita impulsar este tipo de vehículos por su indudable efecto positivo en todos los sentidos. Planteo primero un seguimiento de implantación de las medidas que ya están previstas y además una revisión de la estrategia integral del impulso a este vehículo eléctrico, años 2010-2014, para incorporar todos aquellos criterios que se consideren necesarios para la mejora de su aplicación; refuerzo y adaptación de incentivos para estimular la demanda potencial; exención a las entidades que ofrezcan estos servicios, bien fueran administraciones públicas o empresas, así como particulares, de los impuestos que gravan los vehículos, el de circulación y cuantos otros tributos puedan recaer sobre la compra o alquiler de los mismos; la aplicación del programa de ayuda de compra a vehículos eléctricos, en este caso mencionaba el Hiriko, pero también el Twizy, que estará en la calle dentro de poco; la bonificación de la cuota del impuesto de actividades económicas a empresas que utilicen city cars como los de la iniciativa Hiriko o la exención del impuesto sobre bienes inmuebles de los propietarios que conviertan sus plazas de aparcamiento en puntos de recarga.
Hay un punto esencial que tiene que ver con la movilidad en los entornos urbanos para lo cual, como ven ustedes, la proposición no de ley propone que el Gobierno desarrolle un plan de cooperación con comunidades autónomas y ciudades, a efectos de facilitar la utilización de estos vehículos tanto para el acceso a las grandes ciudades, utilizando con carácter preferencial los carriles especiales, como el uso del aparcamiento, elemento esencial, eximiendo a este tipo de vehículos por los beneficios que irrogan al conjunto de la sociedad de cualquier tipo de tarifa o coste en la utilización de este tipo de aparcamientos, así como fomento de convenios entre diferentes municipios de una región urbana para que los usuarios pudieran utilizar el vehículo, tomarlo en un municipio y devolverlo en otro, a efectos de facilitar la movilidad urbana sin los costes adicionales que supone el uso de vehículos cuya combustión se basa en combustibles fósiles. Por último, la regulación de una tarifa eléctrica especial para servicios de transportes verdes que fomenten la sustitución de combustibles fósiles por electricidad. Como también se discutía en otra iniciativa anterior, es esencial este tipo de iniciativas para poner en valor y para extender el uso de las energías renovables en nuestro país. Por tanto, ambos elementos pueden contribuir a una mejora de los bienes, de la calidad de vida y del empleo en este país, y por ello solicito a sus señorías el apoyo a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el Grupo Vasco don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Intervendré muy brevemente también para fijar la posición de apoyo a esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y concretamente por el señor Caldera. En nuestro grupo creemos que el coche eléctrico en general debe ocupar un espacio cada vez mayor en nuestras carreteras y en nuestras ciudades, aun sabiendo que las perspectivas de evolución del coche eléctrico que había hace no mucho tiempo eran excesivamente optimistas. Es decir que hay problemas concretos todavía no resueltos desde el punto técnico incluso, temas de recargas, baterías, etcétera, que dificultan una mayor implantación del coche eléctrico en las ciudades. En ese sentido creemos que el Hiriko es un proyecto muy importante. Es tan importante como que, como sabe el señor Caldera, desde el Grupo Vasco conseguimos, mediante el acuerdo presupuestario, dotar con una cantidad importante de recursos una subvención precisamente para desarrollar el Hiriko porque entendemos que el futuro también va en esta dirección y tenemos que impulsarlo, y además en este caso también porque era un vehículo que se iba a desarrollar en el País Vasco. Por eso nosotros apoyamos, desde luego, esta iniciativa y me he alegrado de que el señor Caldera presente esta proposición no de ley porque veo que tiene un conocimiento mucho más amplio que yo de este proyecto, insisto, para el que nosotros también conseguimos una subvención. Por tanto, nosotros vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra don Carlos Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Me parece que esta proposición tiene algunos aspectos interesantes, pero otros francamente confusos. Por eso adelanto que nuestra postura va a ser de abstención. Sin duda, es interesante profundizar en la investigación de los vehículos eléctricos, etcétera, pero no deja de ser sorprendente que se promocione una marca concreta que produce una agrupación de empresas y de instituciones públicas. Puede estar bien, pero parecía el momento publicitario de la sesión. En fin, no deja de ser un hecho -me parece que difícil de refutar- que se fijaran unas expectativas absolutamente desorbitadas en el desarrollo de los vehículos eléctricos, que tienen muchísimos problemas tecnológicos y energéticos. La traducción de eso ha sido que el año pasado, según mis datos, se adquirieron por particulares 377 vehículos eléctricos frente a 10.350 híbridos que han funcionado mejor, ha sido un tipo de vehículo mucho más eficiente e interesante para la circulación en ciudad.
Veo otros inconvenientes a esta propuesta, aceptando el mérito de fondo de que, efectivamente, es un campo a investigar. En primer lugar, calca el modelo del coche convencional. Simplemente sustituye el tipo de energía que consume. En realidad, se nos está invitando a un futuro en el que las familias o los particulares deberían tener dos vehículos, uno convencional para desplazarse de ciudad a ciudad, porque los vehículos eléctricos de momento siguen teniendo poquísima autonomía, y uno eléctrico para andar por la ciudad, lo cual no deja de ser un panorama digno de un emirato del Golfo Pérsico, pero no sé si a nuestra altura, ya que tanto hemos hablado de que hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades.
Luego está el problema energético. Si sustituimos la gasolina por electricidad, evidentemente necesitamos producir más energía. Volvemos entonces al problema global, que parece que nunca se acaba de enfocar en este tipo de propuestas, es decir, o tenemos una política energética global o no la tenemos; o producimos más electricidad si apostamos por vehículos eléctricos o producimos menos. Me gustaría que alguien me explicara, si tiene la paciencia de hacerlo, cómo se puede producir menos electricidad y consumir más. Es un sudoku fascinante y si alguien sabe cómo explicarlo, desde luego me apunto a la fórmula. Y luego está el hecho de que disminuyen las emisiones de gases, etcétera, en el vehículo, pero ¿qué ocurre con la producción de electricidad? Volvemos a lo mismo de antes. ¿Cómo se va a producir? ¿Solo con energías renovables? Pues no sale. Las cuentas no dicen que solo con energías renovables se pueda tener un sistema energético eficiente. Si renunciamos a las nucleares, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Quemar más carbón, más gas? Esto es lo que hay que acabar de explicar a la gente.
Y para finalizar, parece que la investigación en tecnología de vehículos eléctricos va más por el desarrollo de la tecnología del hidrógeno que por las técnicas que se han utilizado hasta ahora. Esto, de momento, está más en manos de las grandes corporaciones multinacionales de los vehículos que de pequeños clusters de investigación locales, cosa que siempre es interesante, pero habría que tenerlo en cuenta a la hora de promover inversiones públicas que, una vez más, consisten en ventajas fiscales, en desgravaciones, en subvenciones. En fin, también es otro sudoku que me fascinaría que alguien explicara. ¿Cómo es posible defender, por una parte, la disminución del gasto público en general y, por otra, multiplicar las exenciones? ¿Cómo se hace? Como no nos lo explican y no lo entendemos, nos abstendremos, esperando que en el futuro se nos aclare.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural tiene la palabra doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Mi grupo parlamentario comparte la filosofía que hay detrás de esta proposición o los principios en los que se inspira, de los que la propia exposición de motivos habla, la necesidad de impulsar la reducción de las emisiones, la dependencia de los combustibles fósiles, etcétera. De hecho, hemos sido un grupo muy beligerante precisamente por la falta de ambición de los gobiernos a la hora de abordar estos retos en nuestro país -la reducción de emisiones o la mejora de la calidad del aire- y al fin y al cabo cambiar el modelo. Esta proposición expresa un poco empezar la casa del revés. Es una expresión catalana, empezar del revés, es decir, empezar a potenciar un proyecto concreto de coche eléctrico cuando tenemos temas pendientes que este Congreso debería abordar con urgencia, como es una ley de movilidad sostenible o una ley del ahorro y la eficiencia energética o temas de fiscalidad ambiental, donde abordemos de manera integral los retos precisamente del cambio de modelo energético y la dependencia que tenemos en nuestro país. Somos partidarios de abordar de manera más general e integral este tipo de retos que de establecer a través de una proposición no de ley un modelo concreto, incluso con una marca concreta, de una industria concreta. También es verdad que estamos a la espera de conocer la autoenmienda que propone el Grupo Socialista. Si no, somos partidarios de abstenernos, pues creemos que hay que tener una visión más integral, donde puedan participar distintas empresas o distintos criterios, pero al fin y al cabo lo que debe fomentar el Congreso de los Diputados y a lo que se debe instar al Gobierno es al cambio de modelo de movilidad y avanzar en el ahorro energético.
También ha hablado usted de la electrificación, de que apostar por la electricidad es una manera de fomentar las energías renovables. Aquí establecería una alerta. La electricidad puede venir de distintas fuentes, renovables o no, y no parece que este Gobierno ni los anteriores hayan hecho una gran apuesta en este sentido. De todas
maneras, aprovecho para discrepar de lo que decía el diputado de UPyD. No nos falta potencia energética; tenemos una potencia energética instalada que dobla la necesaria que estamos usando. Es decir, no es un problema; lo que sí es un problema es no apostar claramente por las energías renovables y tampoco abordar los retos por una visión integral de un cambio de movilidad que no solo apueste por el vehículo privado, sino también por la pacificación, por la mejora de la movilidad y por las personas y el espacio que ocupan en detrimento de los coches, sean eléctricos o no lo sean. Estamos de acuerdo con este modelo de compartir el vehículo, que también puede ser una manera de avanzar en la reducción de la ocupación del vehículo privado. Si el planteamiento de esta propuesta fuera más genérico, la podríamos compartir y votar a favor, pero, a falta de concretar cómo quedaría, somos partidarios de que no se mencionara específicamente un modelo de coche u otro, sino de que se apostara por el vehículo eléctrico como política de fomento para avanzar en ese sentido.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, ante todo subrayamos nuestra positiva valoración. Recordamos también que Convergència i Unió ha apostado siempre por el vehículo eléctrico y creemos que el Gobierno actual debe impulsarlo. Se trata de una apuesta muy innovadora en el marco de los planes de ahorro y eficiencia energética que contribuyen al modelo de economía sostenible, que es sin duda el que va adquiriendo más fuerza en el presente, pero también el que será determinante en el futuro. Es también una apuesta de presente y de futuro para el conjunto de la industria de la automoción. No obstante, es cierto que, a pesar de las ayudas que reciben estos vehículos, aún existe una serie de problemas de base que han impedido que el vehículo eléctrico en su conjunto acabe de despegar.
Estamos de acuerdo con el Grupo Socialista en que la creación del primer vehículo eléctrico español, Hiriko, representa una apuesta útil para desplazamientos urbanos y supone un avance en respuesta a algunos de los problemas de base que aún tiene, como decía antes, el vehículo eléctrico. Y representa también, desde nuestro punto de vista, una apuesta que debería traducirse en mayor competitividad y en mayor innovación para la economía española, una apuesta por tanto que entendemos que el Gobierno no debe dejar escapar. No obstante, el grupo al que represento considera que, a pesar de que las medidas propuestas por el Grupo Socialista son positivas al estar orientadas a favorecer la implantación del vehículo eléctrico, también son acertados los incentivos a la compra, así como la instalación de redes de alquiler de vehículos eléctricos. Convergència i Unió es partidario de que el Gobierno impulse medidas específicas de apoyo a la movilidad eléctrica más amplias, que no estén destinadas únicamente a este tipo de vehículo. Esto facilitaría la adaptación de las características de cada vehículo, es decir, la autonomía, la velocidad, el número de plazas, etcétera, a las necesidades de los usuarios potenciales de los vehículos eléctricos, ofreciendo de este modo una respuesta más eficiente para el conjunto del mercado.
Por último, señor presidente, señorías, en el marco de la apuesta por los transportes verdes, y muy especialmente en el entorno de la movilidad y de la eficiencia de los desplazamientos urbanos, Convergència i Unió quiere aprovechar para trasladar al Gobierno la necesidad de que promueva un plan específico de impulso a la moto eléctrica, puesto que sería una apuesta responsable dentro de la estrategia de ahorro y eficiencia energética que se pretende impulsar desde el Gobierno. Por todo ello, nuestro grupo votará favorablemente y apoyará esta proposición no de ley de impulso al vehículo eléctrico, más allá del específico Hiriko, por su valor en términos de sostenibilidad, en términos industriales y de empleo, y en términos de contribución al ahorro y a la eficiencia energética. Y apoyará toda iniciativa que en este sentido vaya de la mano y cuente con la colaboración de las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Germán López.
El señor LÓPEZ IGLESIAS: Señores diputados, dice el señor Caldera que esta PNL no pretende ser cerrada, pero la verdad es que todo lo que a nosotros nos ha llegado por escrito va dirigido al coche Hiriko. Por lo tanto, la respuesta la vamos a dar a la PNL que ha presentado, independientemente de que después, como bien ha dicho, haya traído algún que otro coche de otro tipo. Tengo que decirles a sus señorías que en abril de 2010 se puso en marcha la llamada estrategia integral para el impulso de vehículos eléctricos en España, que englobaba tanto la política industrial como la energética, así como otros aspectos de carácter horizontal. La estrategia se desarrollaba mediante dos planes de acción con medidas concretas: el plan de acción 2010-2012 contemplaba un conjunto de quince medidas de carácter industrial de fomento de la demanda, infraestructuras y aspectos horizontales y todas ellas están en desarrollo con notable grado de avance, y algunas ya han concluido. La proposición no de ley plantea la necesidad de hacer un seguimiento del plan de acción. A este respecto hay que señalar que existe en el seno del Ministerio de Industria, Energía y Turismo un grupo de seguimiento que controla el avance de todas estas acciones en marcha. Sobre la propuesta de revisar la estrategia integral para dar cabida a la iniciativa Hiriko, se considera que no procede la revisión de la estrategia diseñada por el anterior Ejecutivo, el anterior Gobierno, para favorecer una iniciativa privada en concreto, lo que entendemos que tendría un carácter discriminatorio frente a otras iniciativas
y supondría una vulneración del ordenamiento nacional y comunitario en materia de competencia. Así pues, se estima que deberán conservarse los principios que rigieron el diseño de la estrategia, que garantizaban la neutralidad de la tecnología frente a la variedad de vehículos eléctricos ofrecidos por los fabricantes.
En cuanto a la exención de diversos tributos, y de acuerdo con los mismos motivos anteriormente expuestos, no cabe plantear una exención para una marca concreta de vehículos. Todos los vehículos eléctricos están exentos a día de hoy del pago del impuesto de matriculación al no emitir gases CO2. Asimismo, muchos ayuntamientos han establecido los mecanismos para eximir del pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a los coches eléctricos. En el mismo sentido y en relación con el programa de ayudas a la compra, cabe indicar que la normativa reguladora, Real Decreto 648/2011, modificado por el Real Decreto 1700/2011, contempla como subvencionable la adquisición de la mayor parte de los vehículos eléctricos, ya sean motocicletas, cuatriciclos, turismos, furgonetas, furgones y autobuses, por lo que siempre que el vehículo Hiriko contemple los requisitos de las bases reguladoras sus compradores podrán beneficiarse de los incentivos a la compra. Sobre la propuesta de exención de impuestos de bienes inmuebles a las actividades económicas, aquí creo que no deberíamos pronunciarnos al exceder el ámbito de nuestras competencias.
En relación con la propuesta de un tratamiento preferente a los vehículos Hiriko cabe plantearse las mismas condicionantes sobre la necesaria neutralidad ante los fabricantes. No obstante, hay que indicar que el plan de acción 2010-2012 contempla un conjunto de ventajas urbanas para los vehículos eléctricos, como el aparcamiento gratuito en zona azul, acceso a zonas de tráfico restringido, etcétera, que ya se recogen en la guía de ventajas urbanas del vehículo eléctrico elaborada por el IDAE y que en cualquier caso constituye un conjunto de recomendaciones a las administraciones competentes para implementar dichas medidas, que en este caso son los ayuntamientos.
Por último, cabe la regulación de una tarifa eléctrica especial para el servicio de transporte verde que fomente la sustitución de combustibles fósiles por electricidad. Se señala que el Gobierno anterior aprobó el Real Decreto 647/2011, que regula la actividad de los gestores de cargas y crea la tarifa supervalle, que permite la recarga de vehículos eléctricos en condiciones económicas ventajosas entre la una y las siete horas, con lo que dicho punto de la proposición no de ley ya estaría desarrollado. De todas maneras, señor Caldera, usted se erige en defensor de este proyecto cuando en realidad sus compañeros en el País Vasco y en el Gobierno de España han hecho poco por este asunto o si no han hecho poco, han hecho bastante poco en este sentido. En el País Vasco había un millón de euros en el presupuesto de 2011 a propuesta del Partido Popular; en el presupuesto del año pasado se firmó un convenio del Gobierno de España, del señor Zapatero, con el proyecto de Hiriko, que le daba 1.500.000 euros, cantidad que todavía está por cobrar. De todas maneras, que no se nos malentienda porque tengo que decir que el Grupo Popular apoya e impulsa el coche eléctrico sin duda alguna, eso que quede bien claro, pero siempre dentro de un criterio de neutralidad tecnológica, y eso que quede también claro. No tenemos por qué apoyar ninguna marca ni ninguna tecnología en detrimento de otras. Por consiguiente, no vamos a apoyar esta proposición no de ley.
- SOBRE INFRAESTRUCTURAS MINERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000196.)
- RELATIVA AL PLAN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000234.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a los puntos señalados en el orden del día con los números 6 y 7 que, a propuesta de los dos autores de las proposiciones no de ley, se van a debatir conjuntamente. Tengo que advertir que a estas proposiciones no de ley se han presentado por parte del Grupo Mixto, Foro, una enmienda a cada una de las proposiciones no de ley; por parte de La Izquierda Plural, Izquierda Unida, una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y por el Grupo Parlamentario Popular una enmienda a la del Grupo Socialista que, para los que lo hayan recogido en la sala, tiene un error, que es lo que me llevó también a errar a mí porque ponía que era a la proposición no de ley 161/000193, que es la anterior, pero se refiere a la proposición del Grupo Parlamentaria Socialista. Para la defensa de la proposición no de ley -van a intervenir primero los dos proponentes y luego los enmendantes-, por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Antonio Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Defiendo, señorías, esta proposición no de ley en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en la que solicitamos el suspenso del drástico recorte que a los fondos mineros aprobó el Gobierno de España el pasado 30 de diciembre. Debo decirles una cosa, esto es lo que me preocupaba el día 3 de este mes; hoy esta preocupación es mucho más amplia y mucho más intensa. Nosotros empezamos a inquietarnos cuando vimos en el programa electoral del Partido Popular que el carbón no aparecía por ningún sitio, ni como sustantivo ni como adjetivo, pero de esa inquietud, cuando empieza a desarrollarse la política energética del Gobierno, pasamos a la alarma. ¿Por qué pasamos a la alarma, señorías? Primera decisión en materia energética, el programa del Partido Popular hablaba de reforzar
la coordinación entre administraciones en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de las energías renovables y lo primero que hace el Gobierno es suspender los incentivos de dichas energías. En segundo lugar, el pasado fin de semana el señor ministro anuncia la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Garoña, de la que se habló ampliamente. Esto significa que a medio plazo en el mix energético nacional hay más espacio para nuclear y menos espacio para el carbón. En tercer lugar, de lo poco que oímos o leímos del Gobierno del carbón autóctono lo tenemos en esa proposición no de ley que a continuación defenderá el Grupo Popular, en la que se dice textualmente: la necesidad de mantenimiento como medida de precaución de una cantidad mínima de producción de carbón autóctono, repito, de una cantidad mínima de producción de carbón autóctono. Cierra todos estos indicios en el ámbito de la política energética el acuerdo del cerrojazo a los fondos mineros del 30 de diciembre. Espero que empiecen a entender a estas alturas por qué se está generando un estado de alarma en las comarcas mineras españolas, en las comarcas carboneras; un estado de alarma entre los trabajadores y sus sindicatos, entre los ayuntamientos y la sociedad civil organizada de esos municipios, entre las comunidades autónomas y las asociaciones empresariales que tratan de diversificar esos territorios.
La alarma aquí tenemos que asociarla a peligro: la política energética del Gobierno es un auténtico peligro para los territorios carboneros españoles, no solamente por lo que les he dicho, sino porque hay otros indicios muy sólidos que apuntan en la misma dirección, el primero las propias contradicciones del señor ministro. Desde el 30 de diciembre a hoy el señor ministro de Industria ha dicho cuatro cosas diferentes sobre estos fondos mineros: la primera, cuando se aprueban, dejarlos en suspenso, en el Consejo de Ministro; la segunda, en Zaragoza a principios del mes de enero, en la que indica que nadie debe preocuparse porque buscará otros fondos en su ministerio para que se lleven a cabo; la tercera, en la Comisión de Industria, donde dice: no los va a haber; y la cuarta, en la última interpelación, donde nos dice: unos sí, otros no y veremos lo que pasa con los restantes.
A esto se ha unido en las últimas semanas una auténtica campaña de desprestigio sobre el carbón y los territorios mineros de sectores económicos del entorno del Partido Popular y de sectores políticos del propio Partido Popular. El eurodiputado Salvador Garriga, del Partido Popular, viene planteando en las últimas semanas en diferentes artículos e iniciativas una idea clara, y esa idea clara es cargar contra todo lo que se refiere a fondos mineros pasados, presentes y futuros. Nos dice: gastarse el dinero de la minería en autopistas, polideportivos y hasta conservatorios musicales, en vez de financiar investigaciones sobre el carbón, lo hará todo mucho más difícil. Carga el señor Garriga contra un plan, un sistema, una hoja de ruta para afrontar la reordenación del sector minero del carbón que a lo largo de los últimos veinte años han mantenido en su columna vertebral de forma idéntica gobiernos del Partido Popular y gobiernos del Partido Socialista; un plan que se trataba de que fuera sostenible en el tiempo para propiciar la transformación económica y social de las comarcas mineras.
Pero no solamente carga contra los fondos, carga también contra los partidos de izquierda, contra el PSOE y contra Izquierda Unida y su concepción de la minería del carbón. Dice que consideramos -estos partidos- la minería del carbón como una actividad crucial, no rentable, que debe ser mantenida a través de un ciclo eterno de subvenciones, ayudas y excepciones a la libre competencia. Lo que olvida el señor Garriga es que efectivamente la izquierda tiene un criterio, criterio que además a lo largo de diferentes etapas de gobierno hemos llevado a cabo, de cómo afrontar la reconversión, la reordenación, el futuro de estas comarcas; pero no solamente es del Partido Socialista y de Izquierda Unida, compartimos este mismo criterio con Comisiones Obreras y con el SOMA-FIA-UGT, es decir, con los sindicatos mineros; sindicatos mineros que debo decir que a lo largo de estos veinte años han demostrado una gran responsabilidad al afrontar la reordenación del sector, y sobre todo un espíritu de diálogo que se ha mantenido permanente, sin ninguna duda, tanto con gobiernos del Partido Popular como con gobiernos del Partido Socialista. Esta provocación innecesaria sobre la izquierda sindical y política del señor Garriga no puede explicarse más que en el marco de esta ofensiva contra el carbón que se ha iniciado desde diferentes ámbitos políticos y económicos.
Seguramente lo que más nos importa aquí ahora es qué está consiguiendo el Gobierno con la política que está poniendo en marcha en esta materia. Y, fíjense, yo creo que está consiguiendo dos efectos nocivos colaterales importantes: el primero, está rompiendo el consenso que habíamos mantenido los gobiernos democráticos en este país en los últimos veinte años, para mantener un criterio de reordenación en el ámbito de la producción del carbón y de las comarcas donde se produce, para lograr de esta forma sostenida y manteniendo -como les digo- las mismas líneas la reactivación económica y social de estas comarcas. Leo textualmente: partiendo de la base de que las comarcas mineras no reúnen en principio sino desventajas comparativas para el establecimiento de empresas, el Plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras tiene como objetivo básico paliar las citadas desventajas competitivas, y servir como catalizador para un desarrollo económico diversificado. La cita es del Plan de la minería 1998-2005, que firman, en nombre del ministro Piqué, Nemesio Fernández Cuesta y Paloma Sendín, junto con los sindicatos mineros. Y ahí se dice: tiene que ser con fondos para infraestructuras, con fondos para nuevos establecimientos de empresas, con fondos para mejorar el hábitat minero como logremos plantear futuro a esta situación. Lo que está claro es que tanto con la postura del señor Garriga como con lo que se desprende de la proposición no de ley, que a continuación nos van a
presentar, el Partido Popular se está rectificando a sí mismo. Y la cuestión es por qué. ¿Por qué se rectifica a sí mismo? Creo personalmente que se rectifica porque en este aspecto el sector más economicista y menos sensible socialmente al Gobierno ha ganado la partida; y creo que además tiene cierta coherencia, porque es el mismo sector que nos ha llevado a una contrarreforma laboral tridentina o que ha puesto el recurso de la fuerza desmedida contra las manifestaciones de los estudiantes.
Hay un segundo efecto colateral -y con ello acabo- que me preocupa, y es el deterioro del Gobierno como interlocutor: se han desdicho de lo acordado; rectifican su política tradicional sobre esta materia; dan largas a la mesa de seguimiento del actual Plan del carbón. ¡Qué curioso! Esta semana se reúne el Plan del carbón: presentaciones, buenas intenciones y queda pospuesto el análisis y las propuestas. ¿Saben para cuándo, señorías? Para la semana del 26 de marzo, el día siguiente de las elecciones autonómicas en Asturias y en Andalucía. Y, fíjense bien, sobre energías renovables el actual Gobierno de España nos propuso una cosa en su programa electoral, e hizo exactamente la contraria cuando llegó a gobernar. Sobre el carbón no nos dijo nada, ¿qué tendrán pensado sobre el carbón, cuando no están dispuestos a decir ni pío antes de la convocatoria electoral del día 25 de marzo? ¡Que Dios coja confesados a los territorios carboneros españoles!
El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ovidio Sánchez.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Estoy seguro, señor Trevín, de que Dios nos cogerá confesados, no se preocupe usted. (Risas.)
Resulta curioso el análisis que hace el portavoz del Grupo Socialista: lee en un artículo una intervención de un eurodiputado, pero se le olvida alguna que yo le recomendaría leer, que es una del señor Solbes, cuando era comisario y vicepresidente de la Comisión Europea, diciendo que el carbón habría que quitarlo, entre otras cosas por improductivo, por ineficiente y por sucio -fíjese usted en el concepto, y por sucio-, y ese concepto lo mantiene Almunia dentro de la Comisión. Tenemos dos grandes enemigos dentro de la Comisión y los dos han sido socialistas, los dos, y yo le pasaré con muchísimo gusto la intervención de los dos a usted, señor Trevín, porque es bueno refrescarles la memoria. Solo hace dos meses que no gobiernan; da la sensación de que llevan años sin gobernar. Alguien diría que sí, que llevaban años sin gobernar, pero lo cierto es que solo llevan dos meses.
¿Cuál es el tema de los fondos mineros? El tema de los fondos mineros ha sido la mala gestión de los fondos mineros. No venga usted ahora intentado decir que el Partido Popular es enemigo de los fondos mineros; no le creerá nadie, ni en esta sala ni en las comarcas mineras, nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque precisamente el Partido Popular en el año 1998 es el que firma los fondos mineros. ¿Con quién los firma? Con los sindicatos mineros, con los sindicatos mineros. Y ahí estoy de acuerdo con usted, señor Trevín, creo que tenemos una muy buena opinión de los sindicatos mineros; veo que usted también la comparte, yo también la tengo, porque me he reunido con ellos muchísimas veces -y alguna muy reciente- sobre estos temas para, en primer lugar, escucharles, poner en marcha algunas de sus observaciones, y dar la seguridad de que el carbón era un eje importantísimo dentro del mix energético nacional, y que al mismo tiempo se iba a completar su decadencia con otras alternativas que son el desarrollo de las comarcas mineras. ¡Qué curioso, señor Trevín! El primer Plan del carbón se gestionó bien, y para el segundo ustedes lanzan una alarma tremenda. ¿Sabe qué duración tiene el segundo Plan del carbón? Del 2006 al 2018, es decir, este año tendría que acabar. ¿Sabe cuánto queda por ejecutar? Más del 60 por ciento. ¿Quién se llevó ese dinero? ¿Dónde está? ¿Por qué no se invirtió en las comarcas mineras? ¿Sabe por qué? Porque ustedes no han querido. Han boicoteado los convenios, los han paralizado, y así ahora llega infraestructuras y solo tiene una ejecución del 39 por ciento, y las ayudas a empresas el 39 por ciento. Por lo tanto, que cada palo aguanta su vela. Ustedes tienen una tremenda responsabilidad en la ineficiencia de los fondos mineros. ¿Y qué hace ahora el ministerio? Pues hace lo que manda el sentido común. Oiga, si usted no va a gastar este dinero, no vamos a parar su ejecución porque ese dinero se está necesitando en otros proyectos, pero vamos a asegurarle que vamos a gastar todo el dinero que está en marcha. ¿Y sabe adónde vamos a ir con todo el dinero que está en marcha, con todos esos proyectos? Al 2013; a finales del 2013. ¿Le parece razonable coger ahora las cantidades que faltan -que son 1.500 millones de euros- y ponerlas en ejecución cuando ustedes han demostrado que no había capacidad para gastarlas, que no se ha firmado ni un convenio desde 2009, que el dinero que tenía que ir al Instituto del Carbón, como usted sabe, tenía que ir cada año en los presupuestos, ¡pues lleva sin ingresarse desde el 2008! Ni el 2008 ni el 2009 ni el 2010 ni el 2011. ¿Y eso quién lo hizo? Un Gobierno socialista. ¿Y sabe qué hacía usted, qué hacían los socialistas cuando lo denunciábamos? Nada; todo eso ya vendrá; ustedes tranquilos. Tan tranquilos estaban ustedes que llega la crisis económica, ¿y dónde está ese dinero? Lo que habría que hacer es buscar a los responsables. ¿Por qué ese dinero no fue a las comarcas mineras? ¿Por qué las comarcas mineras tienen en paro juvenil del 55 al 60 por ciento? Dígame usted por qué. No será responsabilidad de este Gobierno, que lleva dos meses gobernando. Yo creo que es de una tremenda irresponsabilidad, especialmente por parte del Grupo Parlamentario Socialista, exigir cuentas sobre los fondos mineros.
¿Qué ha hecho el Partido Popular? Decir la verdad. Mire, no se están gastando los fondos mineros, cosa que
ya habíamos denunciado infinidad de veces. No se están gastando, y no podemos paralizarlos, no podemos paralizar ese dinero que es necesario, porque usted tampoco va a tener capacidad para gastarlo ya que hay que firmar un convenio. Hay que firmarlo con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, y llevamos tres años sin firmar convenios, y hay 180 convenios que no fueron ejecutados y que caducaron. Por lo tanto parece más sensato saber qué ha pasado, dónde hemos fallado e intentar corregirlo. ¿Y qué se ha hecho con los sindicatos mineros? Convocarles y decirles, vamos a estudiar esto con la máxima seriedad. Ahora les parece mal. Primero nos critican porque no se reúne la comisión, y ahora les parece mal porque se vuelve a reunir dentro de un mes. ¿Usted qué cree, que solo los sindicatos tuvieron esa reunión? Conmigo tuvieron reuniones los sindicatos mineros donde les dijimos que vamos a hacer un seguimiento de los fondos mineros para seguir comprometidos con las cuencas mineras, y que hasta el 2013 todo el dinero que está en marcha, invertido, todos los proyectos se van a ejecutar y que hasta el 2013 no hay capacidad para empezar uno nuevo, porque un convenio lleva su tiempo. Hay Gobierno nuevo y llevamos prácticamente tres años sin firmar convenios. Seamos responsables. Es verdad que hay elecciones el día 25 en Asturias y en Andalucía; pero entonces, ¿por qué trae usted esta iniciativa? ¿Pero usted por qué la trae? ¿Casualmente? No. La trae porque sabe que se están reuniendo con los sindicatos mineros y que ustedes no tienen ningún prestigio en las comarcas mineras con estos temas, porque se ha generado desconfianza por no exigirlos, por paralizarlos y por no firmarlos, y sobre todo por buscar disculpas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez. (El señor Trevín Lombán pide la palabra.)
El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor presidente, habíamos acordado ser generosos en los tiempos, si fuera posible, y disponer al menos de dos minutos, porque sabíamos que se iban a producir réplicas.
El señor PRESIDENTE: Se los voy a dar a los dos portavoces autores de las iniciativas, además para que contesten si aceptan o no las enmiendas que les van a presentar, pero será al final.
A continuación tiene la palabra para defender sus enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto, FAC, don Enrique Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señorías, nuevamente viene a esta Cámara, por tercera vez en pocas semanas, el problema del carbón, de las cuencas mineras y de las graves consecuencias de la eliminación de los fondos mineros. Que estemos de nuevo aquí, hablando aquí de este asunto, demuestra su importancia y su trascendencia, y demuestra también de alguna forma el síndrome de culpabilidad del PP y del PSOE en este tema.
No vamos a apoyar ninguna de las dos iniciativas, aunque por distintas motivaciones. Y por eso hemos presentado una enmienda de sustitución a ambas. El 30 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas urgentes para reducir el gasto y cumplir con los planes de austeridad. Entre ellas decidió la eliminación de los fondos mineros, lo que ha despertado una gran alarma social en España y en Asturias. En Asturias ha supuesto o afecta esta eliminación a 21 concejos de forma total y a 18 de forma parcial. Sólo dos líneas bastaron al Gobierno para acabar con la financiación de las infraestructuras que pretenden compensar el cese de la actividad minera. En solo dos líneas borró de un plumazo los planes 1998-2005 y 2006-2012. El acuerdo del 30 de diciembre niega a Asturias lo que le corresponde: el abono de 783 millones de euros que estaban garantizados por reales decretos que no son graciables. Una decisión del Consejo de Ministros que además es contraria al principio de solidaridad y de distribución equitativa de la renta, como establecen varios artículos de la Constitución, el 40, el 131, el 138, la Lofca, y el propio derecho comunitario.
El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista nos traen hoy sendas iniciativas que creemos insuficientes, cuando no preñadas de retórica, y si me lo permiten de cierto cinismo político en un juego parlamentario con final en la nada, siguiendo un viejo aforismo asturiano que dice que tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Así el grupo que sostiene al Gobierno, lejos de dar la única respuesta que puede aceptar Asturias, nos dice que garantiza las prejubilaciones y el abono de los proyectos en vigor, la elaboración de tres estudios sobre inserción laboral, convenios caducados, y evolución de las plantillas laborales. ¡Qué audacia de propuesta! ¿Solo tres estudios? ¡Qué decepción para Asturias! Todos sabemos que cuando no hay voluntad de resolver un problema no hay nada mejor que la creación de una comisión o el encargo de un estudio, que solo sirven para ganar tiempo, marear la perdiz y no llegar a ningún lado. Todo poesía, dilación, moratorias especulativas, y en definitiva chotearse de Asturias y de las otras regiones implicadas.
Respecto a la PNL del Grupo Parlamentario Socialista su iniciativa sobraría si hubieran hecho los deberes durante sus años en el poder. El PSOE ahora pide al nuevo Gobierno lo que ellos no supieron asumir en ocho años de gobierno, en Asturias y en España. Tiene mucha prisa ahora para no llegar a ningún sitio; para no llegar a nada. El primer Plan 1998-2005 en este año 2012 en el que nos encontramos aún no está ejecutado. No miren para otro lado, expliquen en sede parlamentaria por qué el anterior secretario de Estado de Energía no firmó antes de marcharse las adendas a los convenios que caducaban el 31 de diciembre. Ustedes pudieron hacerlo. No estamos en el año cero, señores socialistas, estamos en el año ocho, y ustedes han gobernado durante todos estos
años, y por cierto oponiéndose en muchos casos a los sindicatos, que aquí acabo de escuchar citar en esta intervención.
Por eso, señoría, creemos que lo más serio, lo más ético, lo más justo si se me permite, lo que realmente responde a las necesidades de Asturias es la aprobación de los términos concretos, definitivos, claros, de nuestra enmienda de sustitución, que precisa las medidas que deben tomarse para restituir a Asturias y al resto de las comarcas mineras lo que les corresponde. Es una enmienda con cuatro verbos. Uno, cumplir compromisos. Dos, mantener la financiación de las infraestructuras. Tres, prever lo que va a pasar en el año 2012 remitiéndolo al Gobierno legítimo de Asturias. Y cuatro, aprobar un nuevo plan de la minería 2012-2018.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda de La Izquierda Plural tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, mi grupo parlamentario no ha trasladado a esta Comisión una iniciativa en esta materia porque ya la presentamos en el Pleno de la Cámara, y no pretendía otra cosa sino que se cumplieran los compromisos que se habían adquirido por parte de distintos gobiernos con las comarcas mineras. Hay un Plan Miner que en nuestra opinión se debe cumplir. En ese sentido no compartimos ni la visión idílica del pasado, porque nada hay idílico en el pasado y en materia de fondos mineros menos -podemos decir que es la historia de un incumplimiento-, ni tampoco compartimos esta suerte de recurso permanente a la herencia recibida, sobre todo por parte del Gobierno porque además contradice sus propias declaraciones. No nos parece convincente. Es verdad que el Gobierno lleva muy poco tiempo, no se le pueden atribuir todos los problemas que estamos teniendo en este país, pero el Gobierno no puede continuar atribuyendo la realidad a todo lo que pasó antes, porque entonces el Gobierno no gobierna y nosotros queremos que el Gobierno gobierne, que asuma su responsabilidad. La propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión se podría denominar frustrante, y es la propuesta que dice: lo que ha pasado hasta ahora es un incumplimiento, pongo el retrovisor y me pongo a estudiarlo, pero ese incumplimiento no me sirve a mí como un compromiso a futuro, no, me sirve para parar mis compromisos presentes. Eso, en mi opinión, en opinión de mi grupo no es aceptable. No es aceptable el recurso permanente a la herencia recibida y no es aceptable utilizar la herencia recibida para negar los derechos de las comarcas mineras, para negar los planes que necesitan las comarcas mineras.
Ahórrense los estudios. Sabemos perfectamente lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, ha sido objeto de evaluación en la comisión de seguimiento. Pueden ustedes leer todas las comunicaciones de la comisión de seguimiento: ha funcionado bien la formación profesional, no han funcionado bien las iniciativas de apoyo a empresas, y se ha ejecutado parcialmente lo relativo a las infraestructuras. Pero, señorías, no nos engañemos unos a otros, estaba previsto y prácticamente ratificado que no iba a haber adicionalidad en los fondos de reactivación de las comarcas mineras, que no iba a haber adicionalidad, ni en la época del Gobierno del Partido Popular ni en la época del Gobierno del Partido Socialista. Creo que eso todos lo sabíamos, y reclamábamos y presionábamos para que cada vez se acercase más la adicionalidad, pero como digo el pasado no fue idílico, pero tampoco puede ser utilizado continuamente para negar el presente.
Señorías, por eso nuestro grupo parlamentario propone dos enmiendas: una de ellas es que nos ratificamos en que debe cumplirse el plan, y en segundo lugar, aparte del cumplimiento de las medidas de reactivación de las comarcas mineras, estamos muy preocupados, como lo están los sindicatos mineros, por la última reunión y por lo que está pasando. ¿Saben ustedes que las empresas ya no reciben las ayudas en el último trimestre? ¿Tenemos la necesidad de ir a un nuevo estallido en las comarcas mineras, a otro estallido? Parece como si la Administración no tuviera mecanismos automáticos para responder de sus obligaciones, y llega un nuevo gobierno, lo para todo y ya veremos. Pues no, ya tenemos un problema con las empresas mineras; ¿qué nos va a pasar? ¿Que además de la incertidumbre de los mecanismos de reactivación nos van a estallar ahora otra vez las empresas mineras en las comarcas? ¿Ese es el planteamiento de futuro del Gobierno? Creo que el Gobierno en ese sentido se está equivocando en nuestra opinión. Por otra parte creemos que el Gobierno tiene que adquirir un compromiso en relación con el futuro de la minería que todavía no conocemos, y de hecho la reunión de la comisión de seguimiento ha sido una reunión en la que el Gobierno sobre todo ha pedido tiempo porque todavía no ha tomado tierra; bien, pero aunque no tome tierra tiene que cumplir los compromisos pendientes para que no haya problemas que luego tengamos que lamentar. Uno de los importantes es el de las ayudas a las empresas, que no se paralicen sin lugar a dudas las obras en ejecución, porque tampoco parece haber garantías por parte del Gobierno cuando vincula esas obras en ejecución a la presentación del presupuesto para este año -tampoco tenemos garantía en esa materia-, y por otro lado, en estos momentos tenemos una gran preocupación por la evaluación del Plan Miner. ¿Saben ustedes que no cumplimos en materia de plantillas y no cumplimos en materia de producción de una forma importante, y eso incide de manera muy negativa en las comarcas mineras? Pues ese es también un factor que debe ser tenido en cuenta e igualmente en esta Comisión. Lamento que de esta Comisión vaya a salir únicamente una decisión que es la de sostenella y no enmendalla. Lo que dijo el ministro, con la misma confusión de la comisión de seguimiento, es decir, muy pocos avances, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Vasco no va a hacer uso de la palabra. A continuación, por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: A mi este par de propuestas me parecen francamente intercambiables. Hay algunas diferencias, pero no de fondo. El fondo es el mismo: el de seguir manteniendo inversiones de dinero público para, dicho de una manera cruda -espero que no sea demasiado desagradable-, alargar la agonía de un problema que arrastramos desde hace muchísimo tiempo en España, que es un problema natural, y es que el carbón llamado autóctono, nacional o como le queramos llamar, por desgracia, es de muy mala calidad. (El señor Llamazares Trigo hace gestos negativos.) Por eso las empresas eléctricas, que son las grandes consumidoras, no están interesadas en su consumo, y de hecho se les obliga, como es sabido, a adquirir carbón que luego ni siquiera consumen mientras que consumen el importado. En fin, todo eso ha creado una situación sumamente embarazosa y liada, que además tiene que ver con el déficit tarifario, y por tanto este tipo de propuestas adolecen del mismo problema de fondo que otras, es decir, que siguen careciendo de una concepción política energética global, general.
Por otra parte, es cierto que hay compromisos contraídos con las comarcas mineras que sin duda tendrán que ser asumidos, puesto que un principio elemental de seguridad jurídica y democrática lo exige. Nosotros votamos a favor de la propuesta que Izquierda Plural hizo en este sentido en el Pleno, pero no nos deja de preocupar que se profundice en rehuir el debate. Estamos en las mismas. Yo le he oído una cosa al Partido Popular que me ha dejado un poco perplejo, y es que el carbón autóctono tiene un papel muy importante en el mix energético del futuro. Ahora no lo tiene, ¿cómo es posible que lo vaya a tener en el futuro? Todo el mundo sabe que es un problema de competitividad, que si este carbón fuera interesante para producir energía no haría falta subvencionarlo, porque serían las propias eléctricas quienes lo comprarían, y si no lo hacen es precisamente porque no es rentable. Además es verdad -aunque lo hayan dicho hoy dos señores del PSOE, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero- que es un carbón sucio, porque no solo emite mucho CO2, como todos los carbones, sino que además produce otros gases más complicados como el anhídrido sulfúrico y otros que provocan problemas de lluvia ácida, etcétera. (Rumores.) A estas alturas ya no me escandaliza que los mismos que piden que se reduzcan las emisiones de CO2 pidan a la vez que se invierta en carbón. En fin, como aquí se puede decir una cosa y su contraria y no hay ningún problema, porque la realidad nos la podemos reinventar a diario y todos tan contentos, la verdad es que es un sector que no tiene futuro y habría que tomar medidas para reorientar la economía y el empleo en esas comarcas en otros sentidos, y por otra parte no vamos a negar, supongo, que el hecho de que se le dé una importancia que no se le concede en absoluto a otros sectores con problemas parecidos o peores -podríamos hablar del paro juvenil y otros- es porque tiene que ver con el peso de los poderes fácticos locales que están muy bien organizados. Pero, señorías, habrá que ir pensando algún día en abandonar la política como una serie de tomas y dacas que tienen que ver con poderes territoriales y nada más. Habrá que tener algún día una concepción de conjunto de qué política energética queremos. Habrá que explicar algún día por qué hay que sostener como sea un sector sin futuro en las comarcas mineras, mientras se han dejado caer en otras comarcas industriales o agrarias porque no había la misma capacidad de presión.
Por todo eso y porque estamos de acuerdo en que hay que apoyar los planes de compensación a las comarcas mineras, pero no estamos de acuerdo en que haya que abonar sine die una política de subvenciones a un sector ruinoso, nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la señora Riera por el Grupo Parlamentario Catalán.
La señora RIERA I REÑÉ: En el debate de estas dos proposiciones no de ley, tanto la presentada por el Partido Socialista como la presentada por el Partido Popular, quisiera hacer antes una consideración, y sobre todo comentar nuestra posición, la de nuestro grupo parlamentario, en el debate de la proposición no de ley que fue presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural y debatida la pasada semana en Pleno.
Nuestra posición no fue de apoyo a dicha proposición no de ley porque se replanteaba en esencia la reconsideración de la supresión de las inversiones previstas para el Plan 2012, y en este sentido desde Convergència i Unió pensamos que respecto al Plan nacional de reserva estratégica del carbón y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras 2006-2012 debe replantearse un nuevo plan, sin renunciar -repito, sin renunciar- a las ayudas al desarrollo alternativo de las zonas mineras afectadas.
Respecto a la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista que ahora debatimos -y entro en cuestión- estamos de acuerdo en parte con su propuesta, compartiendo la idea de que el Gobierno debe asumir la responsabilidad relativa a la reactivación de las comarcas mineras, y también de que se disponga de las anualidades correspondientes a los planes acordados y puestos en marcha en las diferentes fases, pero no compartimos que el Gobierno dé cumplimiento íntegro en su globalidad al contenido del plan que supondría mantener vigentes las ayudas previstas para el 2012. En este sentido, quisiera hacer referencia a la intervención en el Pleno del Congreso y reiterar cómo desde Convergència i Unió somos muy sensibles y somos muy conscientes de la incidencia social que tiene sobre determinados territorios el Plan nacional de reserva estratégica
y el nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, pero precisamente por ello la mejor forma de actuar es establecer programas de ayudas para reactivar y reorientar la actividad productiva de las zonas afectadas. También reiteramos, como lo hicimos en el debate en Pleno, que la situación en la que se encuentran zonas del Estado con una industria minera del carbón importante e histórica que ha condicionado durante muchos años su desarrollo industrial, económico y social, nos obliga y obliga al Gobierno a establecer e impulsar programas específicos de ayuda para la reactivación de estas zonas afectadas e impulsar su reindustrialización y, sobre todo, un desarrollo menos dependiente y más diversificado apostando por la formación e impulsando nuevas actividades productivas generadoras de ocupación y que hagan, repito, menos dependientes estas zonas del carbón y permitan que ellas, las zonas afectadas, encuentren su productividad, su competitividad y su crecimiento social y económico en otros sectores. Este es el plan que desde Convergència i Unió entendemos que urge y debemos apoyar.
Respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, en líneas generales estamos de acuerdo con la propuesta en la medida en que se aboga por el mantenimiento de las líneas de apoyo comprometidas y vigentes tanto por lo que se refiere a las prejubilaciones como en lo que respecta a los proyectos acordados. Además hemos de decir que en Convergència i Unió compartimos la apuesta por la elaboración de estudios que en su globalidad pretendan y permitan aportar más información sobre la viabilidad y el retorno de las ayudas ofrecidas en el anterior plan y la evolución de las mismas. Asimismo queremos dejar constancia de que el anterior ministro de Industria en algún momento ya evidenció algunas deficiencias en las mismas. No obstante, somos conscientes de la afectación, como he dicho antes, que esta reestructuración del sector ocasiona sobre zonas intensivas en minería, y por ello apoyamos la necesidad de mantener líneas económicas de apoyo a las mismas, pero replanteando un nuevo plan, un nuevo plan que proponemos desde Convergència i Unió para el periodo 2012-2020 que debería tener como principales objetivos: el desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras y el mantenimiento de líneas de apoyo económico para el desarrollo alternativo de dichas comarcas; un plan que debería permitir y reducir el consumo de carbón nacional para generación eléctrica a valores coherentes con el parque de centrales térmicas de carbón nacional previsible en el horizonte del año 2020. -Termino, señor presidente-. Todo ello teniendo en cuenta la decisión del Consejo de la Unión Europea, del día 10 de diciembre de 2010, relativo a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.
Por todo ello nuestro grupo parlamentario se abstendrá respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y votará favorablemente a la presentada por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición respecto a las enmiendas y además rogándole que se pronuncie sobre las dos, tanto sobre la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Foro, como sobre la presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra don Antonio Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Don Ovidio, vengo llorado y flagelado de casa. He llorado todos los errores de mi Gobierno, me he flagelado por aquellos más graves, pero le aseguro que vengo ya a la Comisión llorado y flagelado. Tenemos que buscar otras comparaciones, y mejor en el ámbito del cine. ¿Se acuerda de aquella vieja película Tú a Boston y yo a Califormia? Pues ahora yo estoy en la oposición y usted en el Gobierno; usted es el partido que apoya al Gobierno, el que decide, y usted apoya al Gobierno que ha decidido que este año no haya ninguna partida presupuestaria para fondos mineros. ¡Ojo!, no para los que no empezaron, sino para los que están en marcha, y por tanto muchos de ellos tienen que ser paralizados. Además usted nos avanza que por segunda vez va a oponerse a que este año haya partidas para esos fondos mineros. Fíjese bien, le traicionó un poco el subconsciente; no defendió usted su proposición no de ley; únicamente me replicó. Sigue con esa vieja conciencia de oposición de la oposición. Es usted el Gobierno, alégrese por ello, don Ovidio; se está mucho mejor en el Gobierno, pero tiene usted que ponerse en esa conciencia.
Acabo con esto. Ustedes acaban de tener un congreso, y en el mismo se acaban de definir como un partido cristiano. Sabe que tiene todo mi respeto por ello, nos conocemos y sabe que se lo digo muy seriamente; pero eso obliga a llevar a cabo los preceptos cristianos. Acuérdese de que las virtudes teologales son virtudes obligadas: la fe, la esperanza y la caridad. No tienen fe en el carbón, don Ovidio, han perdido la fe en el carbón, y lo refleja la proposición no de ley que vamos a aprobar ahora, así como las decisiones del Gobierno. Han dejado sin esperanza a los territorios carboneros españoles: a las zonas andaluzas, a las leonesas, a las asturianas, a las aragonesas, etcétera. Y mire, más que la caridad la solidaridad, que sabe que son dos conceptos muy similares. Mantengan la solidaridad con esas comarcas mineras que perdieron en muy pocos años decenas de miles de empleo.
El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, tiene que acabar.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Por tanto -presidente, muchas gracias otra vez-, no acepto ninguna de las dos enmiendas que se han presentado y pido votación por puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: A continuación, también para pronunciarse sobre ambas enmiendas, tanto la del
Grupo Parlamentario Mixto, la del Foro, como la de La Izquierda Plural tiene la palabra don Ovidio Sánchez.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Coincido en algunas cosas con el señor Trevín, fundamentalmente en que estamos muy contentos de estar en el Gobierno y de haber ganado las elecciones. Por lo tanto, no vea en mí nunca la oposición de la oposición, porque no será esa la práctica. También coincido con él cuando habla de que nos coja confesados, ya que ahí también aportaba mi concepción cristiana personal. Por lo tanto en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. No he perdido ni un ápice de fe en la minería del carbón. Como usted sabe yo soy de la minería del carbón, soy de la cuenca minera; por lo tanto, no solo estoy convencido sino que además sigo trabajando en esa línea. Usted sabe que en la época anterior hay un anuncio tremendamente sonoro del que era presidente en el año 1983, el señor González, diciendo: Hunosa, que es la empresa pública mayor del carbón, se cerrará en el año 2000. Y nosotros dijimos que no, siempre dijimos que no a los cierres en la minería. Hoy estamos en el año 2012 y Hunosa sigue funcionando. Luego tenemos una gran fe en el carbón y este Gobierno va a seguir apoyando el carbón dentro del mix energético, porque lo dijo el señor ministro y además es una convicción del Gobierno. No estamos para nada en contra; tenemos una gran credibilidad dentro del mundo del carbón. Lo que yo le estoy diciendo -sería bueno reflexionar sobre ello- es: cambiemos lo que no está funcionando, cambiémoslo. Estamos en un momento en el que quedan 1.500 millones por invertir en infraestructuras y que ya tendrían que estar invertidos, pero quedan 1.500 millones, y quedan más de 600 en ayudas a las empresas. No está funcionando, pero no lo digo yo, señor Trevín. En el año 2009 Industria estudia cambios en la gestión de los fondos mineros tras detectar deficiencias; en el año 2010 Industria reconoce que la mitad de los fondos para obras está sin gastar. No lo digo yo, lo dice el ministro. En el año 2011 Sebastián ve compleja la gestión de los fondos y estudia medidas para agilizarlos. (Muestra varios artículos de prensa.) Es decir, que los fondos no estaban funcionando lo denota que el dinero no se estaba gastando. Eso es lo que denota. Y que haya sido motivo de enfrentamiento incluso dentro del Partido Socialista con el sindicato SOMA-UGT, eso era público y notorio. Hubo dos años que no se firmaron convenios por los enfrentamientos entre el presidente Areces y el señor Villa, dentro de los fondos en Asturias, que fueron denunciados absolutamente. Esos retrasos nos llevan ahora a que hay mucha cantidad de dinero que no se gastó, pero que no está dentro del Instituto del Carbón. Por tanto, es absolutamente responsabilidad suya.
Le digo que seguimos teniendo fe porque en 2012 y 2013 no se van a parar los fondos mineros, van a seguir invirtiéndose en las obras que ya están en marcha. Eso nos lleva a 2012 y 2013. Tendremos tiempo a través de la comisión de seguimiento de ver qué más proyectos se pueden incorporar y que den resultado; que den resultado, es que creen empleo. No podemos consentir y no podemos estar de acuerdo ni usted ni yo ni toda esta Comisión, en que las comarcas mineras tengan más del 55 por ciento de los jóvenes de menos de 30 años en el paro. Eso es hacer política con los instrumentos que tenemos. Podemos reflexionar sobre lo pasado, pero estoy de acuerdo con otros intervinientes.
El señor PRESIDENTE: Don Ovidio, vaya concluyendo.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Me estoy refiriendo especialmente a Izquierda Unida, porque Izquierda Unida estuvo en el Gobierno de Asturias durante estos ocho años y se calló la boca sobre el retraso de los fondos. Por tanto, cada uno tiene su responsabilidad y nosotros también las tendremos, pero de ahora en adelante. Tengan ustedes en cuenta que no vamos a decepcionar a ninguna de las comarcas mineras españolas.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la Comisión durante dos minutos para ordenar y aclarar las enmiendas porque algunos portavoces han pedido votación de puntos separados. En dos minutos procederemos a la votación. (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones. En el 1º punto del orden del día, referido a la delegación de competencia en la Mesa de la Comisión, cuando se informó ya se votó por asentimiento. Punto 2º del orden del día: proposición no de ley sobre las intenciones del Gobierno de continuar con el proceso de deslocalización de organismos reguladores del Estado y la hipotética ubicación en Euskadi de la Comisión Nacional de la Energía. Se había pedido votación separada de unos puntos, pero el portavoz de La Izquierda Plural ya ha dicho que se vote en sus términos.
Punto 3º del orden del día: proposición no de ley relativa al sector de las plantas de biodiesel. Esta proposición no de ley se vota con la enmienda que ha sido aceptada del Grupo Parlamentario Socialista.
Punto 4º: proposición no de ley sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. Esta proposición no de ley se vota con la enmienda, que ha sido aceptada, del Grupo Parlamentario Socialista.
A continuación, el punto 5º del orden del día. Proposición no de ley sobre la elaboración de un plan de fomento del vehículo eléctrico en las ciudades. Esta proposición no de ley se vota en sus términos al no haber tenido enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra 23; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Ha sido rechazada.
A continuación, el punto 6.º Proposición no de ley sobre infraestructuras mineras, del Grupo Parlamentario Socialista, que se vota en sus términos al haber rechazadas las dos enmiendas presentadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, cuatro.
Y por último, la proposición no de ley relativa al Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, del Grupo Parlamentario Popular, que también se vota en sus términos al haber sido rechazadas las dos enmiendas. (El señor Trevín Lombán: Habíamos propuesto votar separadamente el apartado número 1.) ¿Se acepta por parte del Grupo Parlamentario Popular? (Asentimiento.) Votamos en primer lugar el apartado número 1 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Este apartado ha sido aprobado.
A continuación votamos el resto de los apartados de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 16; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto.

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 ARTÍCULO 44
 RESOLUCIÓN 
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