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Nº 30 - 01 junio 2010
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La Protección de la Familia y su incidencia en la aplicación matizada de la regla de acumulación subjetiva del artículo 41.2 Ley de la Jurisdicción Contenciso Administrativa a efectos de admisión del recurso de casación: el auto del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2010
Letrada del Gabinete Técnico de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
Sumario: 1. La Naturaleza Extraordinaria del Recurso de Casación. 2. Criterios de Determinación de la cuantía: 2.1 El artículo 41.1 LRJCA 29/1998: El valor económico de la pretensión objeto de recurso contencioso-administrativo. 2.2 La acumulación de pretensiones: El artículo 41, apartados 2 y 3, LRJCA 29/1998 y los supuestos de acumulación subjetiva y objetiva. 2.3 La carencia de capacidad procesal no altera el valor económico de la pretensión objeto de recurso.- 2.4 La sucesión procesal posterior a la formalización del escrito de demanda no afecta al valor económico de la pretensión deducida: el artículo 16 de la LEC 1/2000.- 2.5 Pluralidad de recurrentes y reclamación de indemnización global.- 2.6 La sociedad de gananciales: Los bienes de carácter ganancial corresponden por mitad a cada uno de los cónyuges.- 2.7 El principio procesal de igualdad de las partes: persigue evitar la mejor condición de la Administración en cuanto al acceso al recurso de casación.- 3.- La protección de la familia y la aplicación matizada de la regla de acumulación subjetiva del artículo 41.2 LRJCA 29/1998: El auto del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2010. 3.1. El supuesto de hecho enjuiciado por la sentencia de instancia recurrida en casación: STSJ de La Rioja de 16 de junio de 2009, recurso nº 79/2008, (FD 2º y 3º): responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del inadecuado control prenatal llevado a cabo por la Administración sanitaria y las malformaciones sufridas por el hijo de los recurrentes.- 3.2 El fallecimiento como hecho que permite individualizar los daños y perjuicios reclamados a personas en los supuestos de reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por progenitores o familiares.
1. LA NATURALEZA EXTRAORDINARIA DEL RECURSO DE CASACIÓN
El recurso de casación contencioso-administrativo, regulado en los artículos 86 y siguientes de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establecido por Ley 10/92, presenta, se configura como un recurso de naturaleza extraordinaria, siendo al efecto una de sus notas tradicionales la necesidad de estar fundado en los motivos o causas tasados previstos en la Ley, (a diferencia de lo que ocurre con los recursos de naturaleza ordinaria, como pueda ser el recurso de apelación, que lejos de tener tasados los motivos de impugnación, permite sea fundado en cualquier infracción del ordenamiento jurídico):
“El artículo 92.1 de la vigente LRJCA dispone que el escrito de interposición del recurso "expresará razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas", motivo o motivos que han de hallarse comprendidos en algunos de los supuestos que se contienen en el artículo 88.1 del propio texto legal, pues al ser la casación un recurso extraordinario sólo cabe en virtud de los motivos que la ley señala.
La expresión del "motivo" casacional en el escrito de interposición no es una mera exigencia rituaria desprovista de sentido, sino más bien un elemento determinante del marco dentro del que ha de desarrollarse la controversia y en torno al que la sentencia debe pronunciarse. Como retiradamente ha dicho esta Sala (por todos, Auto de 22 de noviembre de 2007 -recurso de casación nº 5219/2006), la naturaleza extraordinaria del recurso de casación obliga a la observancia de los requisitos formales que la ley establece para su viabilidad, requisitos que no constituyen un prurito de rigor formal sino una clara exigencia del carácter extraordinario que el recurso posee, sólo viable, en consecuencia, por motivos tasados, y cuya finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del Derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia.
De lo anterior se deduce que no resulte susceptible de admisión aquel recurso en que no se cumplan las previsiones del citado artículo 92.1 de la Ley Jurisdiccional, sin que, por otro lado, pueda aceptarse que esta inexcusable carga procesal, que sólo a la parte recurrente afecta, pueda ser suplida por la colaboración del órgano jurisdiccional.” (ATS de 25 de marzo de 2010, RC 3560/2009).
Esta naturaleza extraordinaria y eminentemente jurisdiccional del recurso de casación exige acentuar el rigor formal de su formulación[1], evitando que pueda convertirse en una nueva instancia procesal en que pueda volver a examinarse la total problemática del conflicto intersubjetivo que haya sido planteado ante el Tribunal inferior, y todo ello ligado al fundamento mismo del recurso de casación que, como ha declarado de forma reiterada el propio Tribunal Supremo no es sino la “finalidad nomofiláctica o de protección del ordenamiento jurídico y del carácter especial del recurso de casación en todas sus modalidades” (STS de 23 de febrero de 2010, RCUD num. 114/2008):
“…olvida la parte recurrente que la mera reiteración de los argumentos expuestos en la instancia resulta incompatible con la técnica procesal de la casación, cuyo objeto es la impugnación de la resolución judicial recurrida y no el acto administrativo, y donde el debate y consiguiente examen del litigio por el Tribunal Supremo queda limitado a la crítica de las eventuales infracciones jurídicas en que pudiera haber incurrido la resolución judicial que pretende ser casada, y no la resolución administrativa precedente. De ahí que constituya una desnaturalización del recurso de casación repetir lo alegado ante el Tribunal "a quo", limitándose el recurrente a manifestar su disentimiento frente a la sentencia recurrida, pero sin razonar adecuadamente las infracciones de que adolece, a su juicio, la resolución judicial impugnada. Lo contrario supondría convertir la casación en una nueva instancia o, lo que sería igual, confundir este recurso extraordinario con un recurso ordinario de apelación (en este sentido, sentencias del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2005, y 31 de enero, 7 de abril y 19 de mayo de 2006, recursos de casación núms. 4392/2002, 8184/2002, 2643/2003 y 4011/2003, entre otras muchas).” (ATS de 18 de febrero de 2010, RC 4869/2009).
La regulación del recurso de casación se abre con la determinación, en el artículo 86 LRJCA, de las resoluciones recurribles, recogiendo una regla general, (artículo 86.1 LRJCA), a la que siguen determinas excepciones, (artículo 86.2 LRJCA) y una cláusula que se configura como contraexcepción a las excepciones, (artículo 86.3 LRJCA).
Como regla general, a la exigencia de tratarse de sentencias dictadas en “única instancia”[2], el artículo 86.1 LRJCA añade, desde el punto de vista subjetivo, la necesidad de ser procedentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
De esta forma quedan fuera del recurso de casación las sentencias dictadas en asuntos que, conforme al artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, sean competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, y en estos casos, aun cuando se tratara de sentencia dictada por Tribunal Superior de Justicia, estaría sujeta al régimen de recursos establecido en la LRJCA para las sentencias de segunda instancia, con la consiguiente exclusión del recurso de casación (art. 86.1 de la misma Ley) ya que, en definitiva, el recurso contencioso-administrativo habría sido resuelto por el órgano jurisdiccional que, con arreglo a la Ley 29/1998, es el Tribunal de apelación[3]. Y estas exigencias se aplican igualmente a las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, sobre materias cuya competencia corresponda a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, tras la modificación operada por la citada Ley Orgánica[4], habiendo ratificado expresamente el Tribunal Constitucional este criterio, así las SSTC 92/2008, de 21 de julio y 119/2008, de 13 de octubre.
Tras la regla general, el apartado 2 del artículo 86 LRJCA regula las excepciones al “principio general de recurribilidad” que establece el apartado anterior, y a tal efecto no tendrán acceso al recurso de casación:
“a) Las sentencias que se refieran a cuestiones de personal al servicio de las Administraciones públicas, salvo que afecten al nacimiento o a la extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.
b) Las recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 150.000 euros[5], excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso procederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto litigioso.
d) Las dictadas en materia electoral.”
De todas estas excepciones nos interesa, a los efectos de estudiar la doctrina sentada de manera innovadora por la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el Auto de 4 de marzo de 2010, la excepción recogida en el apartado b) en relación a la cuantía.
Dejando de lado apreciaciones personales en relación a la valoración de este límite legalmente establecido, y que desde el punto de vista práctico implica, cuanto menos, que asuntos de escasa cuantía queden excluidos del recurso de casación cuando su trascendencia jurídica puede ser inmensamente mayor que la de otros, que por tener una cuantía elevada, sí acceden al recurso de casación a pesar de que desde el punto de vista jurídico pueden tener escasa o incluso nula relevancia jurídica, lo cierto es que ya la propia Exposición de Motivos de la LRJCA 29/1998 hace referencia al límite de la cuantía, como uno de los criterios esenciales, para acceder al recurso de casación[6], (Apartado VI, punto 2 relativo al procedimiento):
“La Ley eleva sustancialmente la cuantía de los que tienen acceso a la casación ordinaria y en menor medida la de los que pueden acceder a la casación para unificación de doctrina. Aunque rigurosa, la medida es necesaria a la vista de la experiencia de los últimos años, pues las cuantías fijadas por la Ley 10/1992 no han permitido reducir la abrumadora carga de trabajo que pesa sobre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Si bien las nuevas reglas eliminan la posibilidad de doble instancia en muchos supuestos, la alternativa sería consentir el agravamiento progresivo de aquella carga, ya hoy muy superior a lo que sería razonable. Los efectos de tal situación son mucho más perniciosos, pues se corre el riesgo de alargar la resolución de los recursos pendientes ante el Tribunal Supremo hasta extremos totalmente incompatibles con el derecho a una justicia efectiva. Por otro lado, no es posible aumentar sustancialmente el número de Secciones y Magistrados del Alto Tribunal, que ha de poder atender a su importantísima función objetiva de fijar la doctrina jurisprudencial.”
Conforme al artículo 93.2,a) LRJCA “la Sala podrá rectificar fundadamente la cuantía inicialmente fijada, de oficio o a instancia de la parte recurrida, si ésta lo solicita dentro del término del emplazamiento”, de forma que, como se ha dicho reiteradamente, a los efectos de la inadmisión del recurso de casación, es irrelevante que se haya tenido por preparado por la Sala de instancia o su ofrecimiento al tiempo de notificarse la resolución recurrida, siempre que la cuantía litigiosa no supere el límite legalmente establecido, pues, dicha exigencia, en cuanto presupuesto procesal, es materia de orden público que no puede dejarse a la libre disponibilidad de las partes, siendo doctrina reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que no se quebranta el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución porque un proceso contencioso-administrativo quede resuelto definitivamente en única instancia.
Así, por ejemplo, el ATS de 22 de enero de 2009, Recurso de Queja 180/2008:
“Por último, no hay que olvidar que la interpretación favorable a la admisión de un recurso tiene el límite de que sea legalmente posible su utilización, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva es garantía de todas las partes del proceso, no de una de ellas (STC 109/1987, de 29 de junio), por lo que la Sala no puede forzar la interpretación de las normas al extremo de desconocer los límites que al recurso mismo impone el legislador. Y sin que, como se ha dicho también reiteradamente, se quebrante el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución porque un proceso contencioso-administrativo quede resuelto definitivamente en única instancia.”
La STS de 18 de enero de 2010, Recurso de Casación para Unificación de Doctrina 322/2008:
“Dado el carácter improrrogable de la competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, que establece el artículo 8º de la Ley de esta Jurisdicción, ha de examinarse de oficio y con carácter previo a los motivos de casación que propone la recurrente, la posible inadmisibilidad del presente recurso en atención a la cuantía del mismo.
La jurisprudencia de este Tribunal tiene declarado reiteradamente que la fijación de cuantía puede ser efectuada en cualquier momento, incluso de oficio, por el órgano jurisdiccional ya que se trata de una materia de orden público procesal, máxime cuando es determinante de la procedencia o improcedencia del recurso de casación (por todas S. de 12 de febrero de 1997).”
O el ATS de 18 de marzo de 2010, RC 5852/2009, en el que además se insiste en la prohibición de modificación al alza de las cuantías solicitadas en la instancia, con ocasión del trámite de audiencia del artículo 93.3 LRJCA -puesta de manifiesto para alegaciones, a las partes personadas, de la posible causa de inadmisión del recurso de casación-, o de la formalización del escrito de interposición[7] del recurso de casación, (artículos 90.1 y 92 LRJCA):
“Como ha dicho reiteradamente esta Sala, la exigencia de que la cuantía del recurso supere los 150.000 euros, en cuanto presupuesto procesal, es materia de orden público que no puede dejarse a la libre disponibilidad de las partes, y de aquí que su examen y control corresponda inicialmente al Tribunal "a quo" -ante el que se debe preparar el recurso-, y en último término a este Tribunal, que esta facultado -artículo 93.2.a) de la LRJCA- para rectificar fundadamente, de oficio o a instancia de la parte recurrida, la cuantía inicialmente fijada, rectificación que no resulta procedente en el caso que nos ocupa, ya que deben los órganos jurisdiccionales juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes (art. 33.1 de la LRJCA), no siendo admisible elevar la petición de indemnización solicitada en la instancia en vía del tramite de audiencia dado para alegar sobre la causa de inadmisión por razón de la cuantía del recurso de casación.”
Tampoco ha permitido el Tribunal Supremo que los reclamantes perjudicados puedan renunciar a su porcentaje de indemnización para que acrezca a otro reclamante, a efectos de dar lugar a la admisibilidad del recurso de casación, toda vez que “no es dado cambiar las pretensiones expresadas en la demanda, y, además, la renuncia que eventualmente pudieran manifestar algunos de los recurrentes no tendría incidencia en la reclamación formulada por los otros, habida cuenta de que estamos ante tres reclamaciones formuladas, conjuntamente, ante la Administración en primer lugar y posteriormente en vía jurisdiccional, sin que se trate de una reclamación de carácter solidario”, (Auto de 25 de marzo de 2004, RC 1477/2002).
Del mismo modo, resulta irrelevante, a los efectos de admisión del recurso de casación, que se trate de un asunto cuya cuantía, haya sido fijada en la instancia como indeterminada siempre y cuando se trate de asuntos cuya cuantía sí sea determinable[8], y todo ello por tener la exigencia de cuantía el carácter de presupuesto procesal, de orden público, apreciable de oficio e indisponible para las partes:
“No obstan a esta conclusión las alegaciones efectuadas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia, en las que sin discutir las cuantías reflejadas en el razonamiento jurídico anterior, aduce que es procedente la admisión del recurso de casación por cuanto la cuantía del recurso fue fijada en la instancia como indeterminada, pues la exigencia de que la cuantía del recurso supere los 150.000 euros, en cuanto presupuesto procesal, es materia de orden público que no puede dejarse a la libre disponibilidad de las partes, de aquí que su examen y control corresponda inicialmente al Tribunal "a quo" -ante el que se debe preparar el recurso-, y posteriormente, en su caso, al Tribunal Supremo, a lo que debe añadirse que la circunstancia de que la Sala de instancia haya tenido por preparado el recurso de casación no cambia las cosas, ya que el sistema de recursos es el establecido en la Ley, estando apoderada esta Sala por el artículo 93.2.a) de la LRJCA para dictar auto de inadmisión "si, no obstante haberse tenido por preparado el recurso, se apreciare en este trámite que la resolución impugnada no es susceptible de recurso de casación", como es el caso por defecto de cuantía.” (ATS de 4 de febrero de 2010, RC 5207/2009).
[1]ATS de 28 de enero de 2010, Rec. de Queja 212/2009: “Junto a lo anterior, ha de recordarse que, sobre el acceso a los recursos, existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que, reiterada en su Sentencia nº 252/2004, de 20 de diciembre, puede resumirse en lo siguiente: “… como hemos sintetizado en la STC 71/2002, de 8 de abril, "mientras que el derecho a una respuesta judicial sobre las pretensiones esgrimidas goza de naturaleza constitucional, en tanto que deriva directamente del art. 24.1 CE, el derecho a la revisión de una determinada respuesta judicial tiene carácter legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que, como hemos precisado en el fundamento jurídico 5 de la STC 37/1995, ‘ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal (SSTC 140/1985, 37/1988 y 106/1988)’. En fin, ‘no puede encontrarse en la Constitución —hemos dicho en el mismo lugar— ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983)’ (STC 37/1995, FJ 5). Como consecuencia de lo anterior, ‘el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión’ que ‘es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos’ (SSTC 37/1995, 58/1995, 138/1995 y 149/1995”.
Finalmente, no estará de más añadir que, como ha declarado también el Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 230/2001, de 26 de noviembre, entendiéndose incorporado el sistema de recursos a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las Leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, “estas leyes pueden establecer distintos requisitos procesales para la admisión de los recursos, cuya interpretación es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios. Y el respeto que, de manera general, ha de observarse en relación con las decisiones de los órganos judiciales adoptadas en el ámbito de la interpretación y de la aplicación de la legalidad ordinaria, "debe ser, si cabe, aún más escrupuloso cuando la resolución que se enjuicia es ... del Tribunal Supremo —a quien está conferida la función de interpretar la ley ordinaria (también, evidentemente la procesal) con el valor complementario del ordenamiento que le atribuye el Código Civil (art. 1.6)—, y ha sido tomada en un recurso, como el de casación, que está sometido en su admisión a rigurosos requisitos, incluso de naturaleza formal" (SSTC 119/1998, FJ 2, y 160/1996, de 15 de octubre, FJ 3)”.”
[2]La necesidad de tratarse de sentencias dictadas en única instancia excluye necesariamente del recurso de casación a las sentencias dictadas en apelación: Auto de 16 de julio de 2009, RC 5510/2008: Recurso de casación interpuesto contra sentencia dictada en apelación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra sentencia de Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo en relación con resolución de Concejal Delegado de Urbanismo: “Como reiteradamente ha dicho esta Sala, sólo son susceptibles de recurso de casación las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional -ex artículo 86.1 LRJCA- lo que no acontece en el caso en examen, en que la sentencia impugnada ha recaído en un recurso de apelación, por lo que, en consecuencia, procede declarar la inadmisión del presente recurso, con arreglo a lo previsto en el artículo 93.2.a), en relación con el mencionado artículo 86.1 de la Ley de esta Jurisdicción.”
[3]STS de 17 de diciembre de 2009, RC 6423/2005: STSJ de Valencia de 27 de junio de 2005, en el recurso nº 1408/2002, interpuesto por la "Comunidad de Propietarios del Edificio X" contra la Resolución del Concejal-Delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Calpe de 25 de julio de 2002, desestimatoria de lo solicitado en fecha 4 de julio de 2002 sobre las obras, la licencia urbanística, el convenio urbanístico suscrito entre el agente urbanizador y el Ayuntamiento de Calpe, y los actos de aprobación definitiva y selección de agente urbanizador del Programa para el desarrollo de una Actuación Integrada relativos a la manzana sita en las calles B, B, Avda. G y Avda. V de la localidad de Calpe; e indirectamente contra el Plan de Reforma Interior de mejora del referido ámbito, aprobado por resoluciones de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 23 de julio y 20 de noviembre de 2001: “Este recurso de casación es inadmisible, por las razones que pondremos a continuación.
La sentencia recurrida, de fecha 27 de junio de 2005, ha sido dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introducida por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial. (El proceso comenzó el día 17 de Septiembre de 2002).
Con arreglo a dicha reforma y a partir de la entrada en vigor de la misma, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán, ex artículo 8.1 de la Ley Jurisdiccional en su nueva redacción, "de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico"; correspondiendo, por lo tanto, el conocimiento de dichas cuestiones en segunda instancia, a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia -artículo 10.2-.
Y la actuación municipal impugnada directamente en el proceso ahora en grado de casación (licencia de obras, convenio de gestión, PAI y adjudicación de agente urbanizador) queda comprendida en el ámbito de ese artículo 8.1 de la Ley de la Jurisdicción. Debe considerarse a tales efectos que los Programas de Actuación Integrada valencianos (PAI), cuando, como ocurre en este supuesto, no modifican por sí la ordenación del ámbito, constituyen instrumentos de gestión o ejecución urbanística, careciendo de naturaleza reglamentaria, y correspondiendo, por tanto, el conocimiento de su impugnación en primera instancia, tras la referida reforma legal, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (en este sentido, sentencias de esta Sala, referidas a PAI valencianos, de 28 y 29 de abril de 2009 -RC 6641/2005 y 2282/2007-, 27 de mayo de 2008 -RC 5748/2005-, 24 de marzo de 2004 -RC 6461/2001, FJ 2º-, 4 de octubre de 2006 -RC 2807/03, FJ 5º-, 29 de noviembre de 2006 -RC 1980/2003, FJ 13º- y 6 de junio de 2007 -RC 7376/2003, FJ 8º- y auto de 30 de octubre de 2008 –RC 5445/2007-).
A partir de ahí, la cuestión a resolver es la referida al tratamiento que a efectos impugnatorios ha de darse a sentencias que, como la aquí recurrida, han sido dictadas por las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de aquella Ley Orgánica 19/2003 en procesos pendientes ante ellas que, sin embargo y tras esa reforma, son de la competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
Pues bien, al igual que hemos declarado en numerosas resoluciones respecto de casos en los que se planteaba esta misma cuestión que ahora nos ocupa, el presente recurso de casación debe ser declarado inadmisible, ya que, habiendo sido dictada la sentencia recurrida en fecha 9 de diciembre de 2004, le es plenamente aplicable el régimen de recursos establecido en las normas transitorias de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, así como las de la Ley Jurisdiccional 29/98, de 13 de Julio, pues es doctrina consolidada y uniforme de esta Sala (Autos de 16 de Junio, 30 de Octubre, 13 de Noviembre, 4 y 18 de Diciembre de 2000, entre otros) que debe aplicarse a esas sentencias la disposición transitoria primera, apartado 2, último inciso, de la mencionada Ley, lo que significa que el régimen de recursos es el establecido en ella para las sentencias dictadas en segunda instancia contra las que no cabe recurso de casación, pues éste sólo procede ---artículo 86.1--- contra las recaídas en única instancia.”
[4]Auto de 25 de febrero de 2010, RC 3809/2009: “La resolución dictada en las presentes actuaciones y contra la que se intenta recurrir en casación, de fecha 27 de febrero de 2009, ha sido dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introducida por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.
Pues bien, como ya ha dicho constantemente esta Sala, dichas resoluciones no son susceptibles de recurso de casación, ex artículos 8.1, 86.1 y disposición transitoria tercera de la Ley de esta Jurisdicción y disposición transitoria décima de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.”
[5]Según la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, (BOE de 4 de noviembre).
[6]Piénsese que la Sala Tercera del Tribunal Supremo recibe unos 9.000 asuntos de media anual.
[7]ATS de 26 de noviembre de 2009, RC 1291/2009: “no puede pretenderse que en el escrito de interposición del recurso de casación, el recurrente pretenda alterar las cantidades que corresponden a cada uno de los tres recurrentes puesto que la propia naturaleza revisora de este recurso de casación impide tal actuación, y, en segundo término se oponen a la reiterada doctrina de esta Sala de que la cuantía litigiosa no puede quedar a la libre disponibilidad de las partes, siendo indiferente, por tanto, la naturaleza de los argumentos en que se hayan sustentado las pretensiones de las partes, que carecen de virtualidad para modificar las reglas legales en virtud de las cuales se determina la cuantía litigiosa.”
[8]ATS de 22 de abril de 2010, RC 2706/2009: “En este asunto, aunque en la instancia fue fijada la cuantía como indeterminada, la misma es susceptible de determinación, pues lo cierto es que ninguna de las cuatro liquidaciones trimestrales del año 2002 en concepto de canon de saneamiento exceden de 150.000 euros, ya que la cuantía de cada una de ellas asciende a 11.376,28 euros.
La anterior conclusión no se desvirtúa por las alegaciones realizadas por la parte recurrente en el trámite de audiencia, pues, por un lado, aunque la Sala de instancia fijó la reseñada cantidad global, el citado artículo 93.2.a) de la Ley de la Jurisdicción faculta a esta Sala para “rectificar fundadamente la cuantía inicialmente fijada”, lo que cabe hacer “de oficio”, como aquí ha sucedido, al tratarse de un elemento de orden público procesal (por todos, Auto de 13 de marzo de 2008, recurso de casación nº 1.361/2007). Y por otro lado, tampoco el hecho de que también se recurra la determinación individualizada del canon de saneamiento por fijación de la carga contaminante, ya que dicha determinación es notoriamente inferior al límite legal para tener acceso al recurso de casación teniendo en cuenta los volúmenes de agua sujetos a la aplicación del canon de saneamiento y los tipos de gravamen, debiendo añadirse que, como ha declarado esta Sala, a los efectos de la admisión o inadmisión del recurso de casación por razón de la cuantía litigiosa no pueden tenerse en cuenta efectos posteriores o de futuro (Autos de 24 de mayo de 1995, 22 de diciembre de 1997, 20 de abril, 15 de junio, 28 de septiembre, 26 de octubre de 1998, 23 de septiembre de 2002 y 19 de abril de 2007). En consecuencia, conforme a los expuesto, procede inadmitir el recurso interpuesto en base al artículo 93.2.a) de la Ley de la Jurisdicción, por no ser susceptible de casación la sentencia impugnada”.
Similar ATS de 4 de febrero de 2010, RC 5207/2009, sobre “sobre actualización de tarifas en relación con el contrato de concesión para la construcción, explotación y conservación del tronco de la autovía del Noroeste y construcción de accesos y enlaces”: “En este asunto, la cuantía litigiosa no alcanza el límite mínimo establecido para acceder al recurso de casación, pues aunque la Sala de instancia la consideró como indeterminada, lo cierto es que es susceptible de evaluación económica, expresada en la diferencia entre las tarifas actualizadas según la Orden impugnada y las tarifas resultantes de aplicar los criterios de la recurrente. Efectivamente, ésta reclama que la actualización sea del 100% del IPC y no del 95% como sostiene la Administración; pues bien, como pone de manifiesto la parte recurrida en su escrito de personación del recurso, y no ha sido negado por la recurrente, la diferencia asciende a la cantidad de 19.076,22 euros -diferencia entre la cantidad pagada en el año 2005 según las tarifas de la Orden impugnada (11.931.974,59 euros y la actualización realizada según las pretensiones de la recurrente (11.951.050,81 euros).”

References: artículo 41
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 artículo 16
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 artículo 92
 artículo 88
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 artículo 86
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