Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20044049
Timestamp: 2019-07-18 19:21:59+00:00

Document:
C-920 de 2007
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020044049CC-SENTENCIAC920200707/11/2007CC-SENTENCIA_C_920__2007_07/11/2007200440492007Sentencia C-920/07 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Requisitos Las demandas de inconstitucionalidad deben contener (i) el texto de la norma demandada, (ii) las disposiciones constitucionales violadas, y (iii) las razones por las cuales la norma acusada vulnera tales disposiciones. Asimismo, dichas razones deben ser (a) claras, (b) ciertas, (c) específicas, (d) pertinentes y (e) suficientes para que se configure un cargo apto. PRECLUSION DE LA INVESTIGACION- Concepto / PRECLUSION DE LA INVESTIGACION-Alcance / PRECLUSION DE LA INVESTIGACION- Efectos La preclusión de la investigación es una institución procesal, de amplia tradición en los sistemas procesales, que permite la terminación del proceso penal sin el agotamiento de todas las etapas procesales, ante la ausencia de mérito para sostener una acusación. Implica la adopción de una decisión definitiva, por parte del juez de conocimiento, cuyo efecto es el de cesar la persecución penal contra el imputado respecto de los hechos objeto de investigación, y por ende, se encuentra investida de la fuerza vinculante de la cosa juzgada. PRECLUSION DE LA INVESTIGACION EN EL PROCESO DE TENDENCIA ACUSATORIA- Oportunidades para solicitarla /PRECLUSION DE LA INVESTIGACION EN EL PROCESO DE TENDENCIA ACUSATORIA- Competencia para formularla y para concederla El régimen establecido por la Ley 906 de 2004 contempla dos oportunidades en que puede presentarse una solicitud de preclusión. La primera oportunidad se presenta (i) durante la investigación, (ii) se puede formular con fundamento en cualquiera de las siete (7) causales previstas, y (iii) el legitimado para hacer la solicitud, es el fiscal. La segunda puede presentarse (i) durante el juzgamiento, (ii) únicamente con fundamento en dos de las causales, y (iii) los sujetos legitimados para formularla son el fiscal, el ministerio público y la defensa. En uno y otro caso, por tratarse de una decisión típicamente jurisdiccional, la solicitud debe ser resuelta por el juez de conocimiento. PRECLUSION DE LA INVESTIGACION EN EL PROCESO DE TENDENCIA ACUSATORIA- Causales/ PRECLUSION DE LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO- Motivos Durante la fase de juzgamiento, el legislador limitó a dos, los motivos que, por hechos sobrevivientes, pueden ser invocados por el fiscal, el ministerio público y la defensa para solicitar la preclusión. Ellas se reducen a: (i) la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; y (ii) la inexistencia del hecho investigado. La imposibilidad de proseguir con el ejercicio de la acción penal, durante el juicio, puede surgir debido a un evento sobreviviente a la acusación, como la consolidación del término de prescripción de la acción, la muerte del acusado, la despenalización de la conducta imputada, la constatación de la existencia de cosa juzgada, el decreto de una amnistía, la rectificación del escrito injurioso o calumnioso, y en general aquellos eventos susceptibles de verificación objetiva, con potencialidad para extinguir la acción penal. Así mismo, puede surgir como consecuencia de la constatación de circunstancias que indican que la acción penal no podía iniciarse, como podría ser la verificación de la inexistencia de querella respecto de un delito que exige este presupuesto de procedibilidad. En cuanto a la inexistencia del hecho investigado, hace referencia a una situación fáctica, no jurídica, como cuándo aparece intacto el documento cuya destrucción se atribuyó al procesado. SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO- Etapas o fases procesales que comprende y actividades que se cumplen en ellas El esquema configurado por la Ley 906 de 2004 propone fundamentalmente dos etapas o fases procesales principales, unidas por una etapa que podría denominarse como intermedia o de transición. La primera etapa, denominada de indagación e investigación cuyo objetivo básico es la preparación del juicio, supone el conocimiento por parte de los sujetos e intervinientes, de la existencia del proceso, quienes despliegan una actividad de recaudo de la evidencia y de los elementos materiales probatorios que pretenden llevar al juicio para respaldar sus posiciones procesales. La etapa intermedia, se caracteriza por que una vez que las partes y los intervinientes se encuentran preparados, se presentan ante el juez con el propósito de buscar una aproximación al objeto del debate y una definición del marco en el que habrá de desenvolverse el juicio oral. La tercera fase corresponde al juicio oral, público, concentrado y con inmediación de la prueba, que gira sobre tres ejes fundamentales: la presentación de la teoría del caso por las partes, la práctica de las pruebas previamente decretadas por el juez, y la exposición de los alegatos por las partes e intervininientes. Concluido el debate se anunciará el sentido del fallo. SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO- Fase de juzgamiento, momentos que comprende Tanto la etapa intermedia como la del juicio oral, propiamente dicho, conforman la fase de juzgamiento. De tal manera que cuando se establece que durante el juzgamiento, podrá solicitarse la preclusión, se hace referencia a la fase procesal posterior a la presentación de la acusación, que corresponde a la fase de "El juicio" conforme al Libro Tercero del código procesal y que aglutina los momentos de presentación del escrito de acusación, la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria y el juicio oral. PRINCIPIO DE CONCENTRACION E INMEDIACION DE LA PRUEBA- Alcance Conforme a este principio, una declaración de responsabilidad sólo puede fundarse en pruebas practicadas ante el juez y durante el juicio oral, con la salvedad de las excepciones previstas en la ley como la prueba anticipada y la prueba de referencia que poseen su propia regulación. CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA- Alcance/ CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA- Facultad de configuración en materia de procedimientos El Congreso Nacional regula los procedimientos judiciales y administrativos, pudiendo definir las ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios a quienes se asigna el conocimiento de los diversos asuntos, los recursos que proceden contra las decisiones, los términos procesales, el régimen de pruebas, los mecanismos de publicidad de las actuaciones, etc. El segmento normativo acusado constituye así una expresión legítima del ejercicio de la cláusula general de competencia que la Constitución adscribe al legislador para la regulación de los procedimientos, sin que se advierta una trasgresión a los límites constitucionales que se le imponen, en particular a los derechos de defensa y de acceso a la justicia del acusado, que resultan garantizados por la regulación legal de la preclusión durante el juzgamiento, en la medida que en lugar de incorporar una restricción a esas garantías, la norma acusada las promueve y desarrolla. Referencia: expediente D-6722
JAIME CORDOBA TRIVIÑOD6722CONSTITUCIONALIDADJORGE ALBERTO VERA QUINTEROAsunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".Identificadores20020044050true65027Versión original20044050Identificadores
Norma demandada: Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
PRECLUSION DE LA INVESTIGACION- Concepto/PRECLUSION DE LA INVESTIGACION-Alcance/PRECLUSION DE LA INVESTIGACION- Efectos
Tanto la etapa intermedia como la del juicio oral, propiamente dicho, conforman la fase de juzgamiento. De tal manera que cuando se establece que durante el juzgamiento, podrá solicitarse la preclusión, se hace referencia a la fase procesal posterior a la presentación de la acusación, que corresponde a la fase de "El juicio" conforme al Libro Tercero del código procesal y que aglutina los momentos de presentación del escrito de acusación, la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria y el juicio oral.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jorge Alberto Vera Quintero interpuso demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "en los numerales 1° y 3º" , contenida en el parágrafo del artículo 332 de la ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
PARÁGRAFO. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1o y 3o, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión".
2. La efectividad de los principios señalados se limita al establecer que sólo puede demandarse la preclusión, en los casos en que exista "imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal o se esté ante la inexistencia del hecho investigado,cuando la norma sobre la cual se consigna (sic) los vocablos acusados establece otros eventos".
3. El demandante destaca que el perjuicio es mucho mayor cuando el acusado está privado de la libertad y, a pesar de existir evidencia sobre la posibilidad de aplicar alguna de las causales señaladas en el artículo 332 -a excepción de lo establecido en el parágrafo de la norma -, se ve obligado a permanecer en ese estado, porque el texto acusado no le permite a la autoridad proteger sus derechos hasta que se lleve a cabo la audiencia de juzgamiento.
5. Señala que la expresión demandada vulnera el debido proceso, ya que obliga al procesado a: (i)permanecer recluido en un centro penitenciario hasta cuando se profiera el pronunciamiento del juez de conocimiento, a pesar de su inocencia, y (ii) deja sin efecto la presunción de inocencia desde el momento en que se concluye la audiencia de acusación, y hasta que se produce el fallo definitivo.
6.Por último, afirma que es"racional conforme al debido proceso permitir que la defensa pueda reclamar la preclusión(…) entre una y otra audiencia, y no esperar hasta que se llegue a la audiencia de juzgamiento".
1.La demanda no cumple con las exigencias del artículo 2º del decreto 2067, especialmente en lo referente a la exposición de las razones y motivos por los cuales se considera que la expresión demandada vulnera la Constitución. Al respecto, indica: "(…) la exposición de los motivos por los cuales se considera que el aparte demandado del parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, contraría lo dispuesto por el artículo 2º de la Carta no cumple con los requisitos de claridad, especificidad y suficiencia".
3.El cargo sobre la violación al artículo 13 constitucional, aparte de presentar el mismo grado de oscuridad del resto de la demanda, incluye argumentos que no tienen carácter constitucional, como la contradicción entre la norma y otra disposición del Código de Procedimiento Penal. Afirma el Fiscal General que, en lo que respecta al principio de igualdad, "(la demanda)no presenta de forma contundente un argumento que permita enjuiciar la concordancia de la misma con la norma fundamental".
a.Las causales previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 332 de la ley 906 de 2004, relativas a la imposibilidad de continuar con la acción penal y la inexistencia del hecho investigado son causales de tipo objetivo. Es decir, se basan en hipótesis fácticas cuyo "reconocimiento por parte del funcionario competente no requiere una valoración de los hechos, sino simplemente su constatación".
b. Por otra parte, las causales previstas en los numerales 2 -eximentes de responsabilidad-, 4 -atipicidad del hecho investigado y 6 -imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia-, son causales de tipo subjetivo, lo que significa que es preciso que el juez realice una valoración jurídica sobre los hechos para que se pronuncie sobre su ocurrencia.
c. La causal del numeral 5 -ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado-, puede ser analizada desde dos perspectivas, una fáctica y una jurídica. La primera supone que la persona no estaba presente en el momento de la ocurrencia del hecho investigado o que su conducta no guarda relación con el mismo; la segunda, en cambio, requiere una valoración jurídica de las circunstancias fácticas que determinen si se encuentra dentro de alguno de los supuestos de participación en el hecho punible. En este orden de ideas, la intervención en sentido fáctico constituye una causal de tipo objetivo y la intervención, en sentido jurídico es una causal de tipo subjetivo.
2.En relación con la supuesta violación al artículo 2º de la Constitución, el Fiscal considera que: la participación, como principio constitucional, tiene su concreción respecto de los sujetos involucrados en el proceso penal en el ejercicio del derecho a la defensa. Este derecho es regulado por el legislador al diseñar los esquemas procesales, en busca no sólo del"ejercicio ordenado de la acción penal", sino también de "proporcionarle al sujeto pasivo de la misma, espacios dentro de los cuales pueda ejercer su derecho a defenderse y contradecir pruebas y argumentos en su contra y a aportar las evidencias que le favorezcan, de acuerdo con el principio de legalidad".
Así, para la Fiscalía Gener al de la Nación, el esquema adoptado por el legislador "(…)busca que las razones de la defensa no se presenten bajo la forma de solicitud de preclusión, sino en un escenario mucho más garantista, en el cual mediarán pruebas e intervenciones respecto de las mismas, como es la audiencia de juzgamiento. Esta regulación no vulnera de ningún modo el derecho de defensa y el principio constitucional de participación, sino que por el contrario, los desarrolla y permite su efectividad, cumpliendo así con lo dispuesto por el artículo 2º de la Constitución".
El fundamento de esta diferenciación es la libertad de configuración legislativa, facultad que le permite al legislador "establecer regulaciones diversas respecto de los distintos sujetos procesales siempre y cuando medie una razón que justifique desde el punto e (sic) vista constitucional tal diferencia en el trato". La diferencia de trato debe perseguir un fin legítimo y la medida que la establezca, debe ser proporcional.
La medida, es además, proporcionada, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto: (i) "(la medida es)idónea por cuanto es un medio adecuado para conseguir un desarrollo organizado del proceso … (que) garantiza la efectividad de bienes jurídicos (…) (así como) los derechos de los que son titulares los sujetos que en él intervienen. Es necesaria (ii), por cuanto desde el punto de vista práctico, el permitirle a la defensa solicitar la preclusión cuando ésta considere que se presentan causales subjetivas, equivaldría a trasladar el debate sobre la responsabilidad penal del acusado a un escenario que no está diseñado para ello …(pues la valoración) debe llevarse a cabo una vez practicadas las pruebas y escuchados los alegatos de las partes para garantizar que la decisión se adopte contando con todos los elementos de juicio necesarios para el efecto, lo que no sucede en la audiencia de preclusión"; y (iii) no es desproporcionada en sentido estricto, por cuanto la limitación del derecho a la defensa sólo se presenta en relación con la oportunidad de solicitar la preclusión; en todas las demás etapas o escenarios del proceso, los sujetos procesales (333) pueden ejercer este derecho, especialmente, en la audiencia de juzgamiento.
1.La preclusión es un derecho que le asiste a todas las personas en el marco de una investigación penal y a lo largo de todas sus etapas. En consecuencia, la limitación para alegar algunas de las causales en la etapa de juzgamiento, obstruye la efectividad de un derecho que debe asistir al acusado en todas las etapas del proceso penal. Especialmente si se tiene en cuenta que la posibilidad de solicitar la preclusión obedece a eventos en los que no se presentan "los elementos objetivos y subjetivos de un tipo penal". Esta situación supone a la vez, un perjuicio para el procesado y para la administración de justicia "al continuar un desgaste procesal, que tendrá que concluir necesariamente, con una sentencia absolutoria, todo por que la ley no permite que sea alegada previamente".
Lo que la norma realmente señala es que, por regla general, durante el juzgamiento no se pueden demandar preclusiones, salvo en los eventos excepcionales contemplados por el parágrafo del artículo 332 de la ley 906 de 2004. Sólo en este sentido puede entenderse que la ley haga referencia a motivossobrevinientes.
3.El cargo en el que se afirma que la expresión demandada suspende la presunción de inocencia durante la etapa de juzgamiento no presenta una argumentación clara, siendo ésta absolutamente necesaria, por cuanto la disposición de la cual hace parte el segmento acusado no implica un pronunciamiento previo de las autoridades "respecto de la responsabilidad del acusado en el delito por el que se adelanta el juicio".
b.La distinción entre causales objetivas y causales subjetivas para la preclusión es una falacia. En realidad, en todos los eventos previstos por el artículo 332 de la ley 906 de 2004, el juez debe decidir con base en un juicio valorativo y no objetivo. "el análisis del juez nunca será estrictamente objetivo en la medida en que versa sobre la responsabilidad del acusado en el hecho atribuido, de allí que el artículo 335 de la ley 906 de 2004 señale que el juez que conoce de la solicitud de preclusión queda impedido".
Con fundamento en lo anterior la Procuraduría solicita la declaratoria de inexequibilidad de la expresión "en los numerales 1° y 3°" del parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004.
La Fiscalía General de la Nación califica la demanda de confusa y fundada en "argumentos ininteligibles", reparo que extiende a todos los cargos, lo que conllevaría a que un eventual juicio de constitucionalidad versara sobre cargos supuestos por el operador jurídico, lo que, señala, no es acorde con el control de constitucionalidad que realiza la Corte. Sin embargo se pronuncia sobre todos los cargos para solicitar la exequibilidad de la norma.
Por las razones expuestas, la Sala procederá a emitir pronunciamiento de fondo sobre la demanda dirigida contra la expresión "en los numerales 1° y 3°" contenida en el parágrafo del artículo 332 de la ley 906 de 2004, respecto de los cargos por presunta violación al debido proceso (derecho de defensa) y a la garantía de acceso a la administración de justicia.
De otra parte, para la Fiscalía y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la norma es exequible. Estima la Fiscalía que la regulación legislativa que prevé una distinción entre las causales de preclusión que pueden ser invocadas en la fase de investigación, y otras que se pueden aducir durante el enjuiciamiento, resulta razonable en virtud de la diversa naturaleza de las mismas. En este sentido señala que resulta plausible que las causales que denominaobjetivas (sometidas únicamente a constatación), se puedan invocar tanto en la etapa de investigación como de juzgamiento, en tanto que las denominadas subjetivas (para su determinación debe mediar un juicio valorativo), sólo pueden ser invocadas durante la investigación, puesto que en la etapa del juicio para el reconocimiento de alguno de los eventos que estructuran estas últimas, es necesario llegar a la audiencia pública para que la decisión se produzca en un escenario que esté rodeado de todas las garantías constitucionales, y en el cual el debate probatorio permita al juez decidir de fondo sobre la responsabilidad del imputado.
Para resolver la cuestión así planteada, la Corte:(i) Se referirá a la preclusión como forma de terminación anticipada del proceso, en el marco de la estructura del proceso de tendencia acusatoria; (ii) Aludirá brevemente a la cláusula general de competencia que se asigna al legislador en materia de procedimientos; (iii) En ese marco, analizará los cargos formulados.
De manera contundente el inciso segundo del artículo 250 de la Constitución establece que "En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación deberá:
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar".
Conviene recordar al respecto que, mediante sentencia C- 591 de 2005, la Corte declaró la inexequibilidad parcial del artículo 331 que regula la figura de la preclusión. En aquella ocasión se pronunció la Corporación en relación con la expresión " a partir de la formulación de imputación" que determinaba el momento a partir del cual el fiscal debía solicitar al juez de conocimiento la preclusión. Para la Corte dicha expresión posibilitaba que en fase previa a la formulación de imputación, fuese el fiscal quien motu proprio declarara la preclusión, opción que riñe con el nuevo modelo de investigación que radica en el juez, - de garantías o de conocimiento - las funciones típicamente jurisdiccionales, por lo que declaró su inexequibilidad[14]. Esta determinación sin embargo, no afecta en absoluto el presente pronunciamiento dado que aquél se refería al aspecto funcional, vale decir, a la delimitación de funciones entre el fiscal y el juez respecto de decisiones que ponen fin al proceso y que por ende son típicamente jurisdiccionales; en tanto que el presente atañe al aspecto material, es decir a los motivos que ameritan la preclusión y a la oportunidad en que, dependiendo de su naturaleza, pueden ser invocados.
Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a propósito de las denominadas causales "objetivas" de extinción de la acción penal, criterio aplicable al caso bajo examen en cuanto aquellas configuran así mismo causales de preclusión, que "las conocidas doctrinariamente como "causales objetivas de extinción de la acción penal", mediante las cuales cesa por completo, con efectos de cosa juzgada, el ejercicio de cualquier actividad estatal investigativa del supuesto delito, no siempre son de fácil constatación empírica y con frecuencia se presentan controversias sobre la ocurrencia o no de alguna de ellas"[17]. En similar sentido se pronunció también la Procuraduría General de la Nación en este proceso.
Observa la Corte que las dos causales a que se refiere el precepto acusado tienen en común que no comportan un pronunciamiento sobre la responsabilidad del acusado. No obstante ése mismo rasgo puede predicarse de la causal 7ª prevista en el artículo 332, que contempla como motivo de preclusión el "Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este Código"[18] . Esta causal hace referencia al evento en que transcurrido el plazo ( 30 días) que tiene el fiscal para acusar, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad (Art. 175) y no lo hiciere, pierde competencia y el caso es reasignado a otro fiscal quien a su vez cuenta con otros 30 días para el mismo propósito. Si transcurrido ese segundo plazo el caso permanece sin definición, hay lugar a la libertad del imputado, y se configura la causal de preclusión a que alude el numeral 7° del artículo 332. Es evidente que aunque se trata de una causal que tampoco implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad del imputado, su ámbito propio y exclusivo es el de la investigación, por lo que no podría ser incluida por el legislador en el parágrafo del artículo 332 que regula las causales admisibles en la fase de juzgamiento.
De tal manera que cuando el parágrafo del artículo 332 acusado establece que "Durante el juzgamiento" de sobrevenir las causales 1ª y 3ª, podrá solicitarse la preclusión, hace referencia a la fase procesal posterior a la presentación de la acusación, que corresponde a la fase de "El juicio" conforme al Libro Tercero del código procesal y que aglutina los momentos de presentación del escrito de acusación, la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria y el juicio oral.
Una vez que se ha formalizado la acusación, con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 337, el escenario previsto por el legislador para controvertir los supuestos fácticos, probatorios y jurídicos que le dan sustento al escrito acusatorio, es el juicio mismo, a través de las diferentes audiencias que lo integran. Como consecuencia de tal concepción las posibilidades de solicitar una preclusión en la fase de juzgamiento quedan reducidas a la constatación de una circunstancia, sobreviviente a la acusación, que impida proseguir con la acción penal, o la verificación de la inexistencia - fáctica- del hecho investigado.
4.10. El drástico cambio que el nuevo sistema introdujo en la concepción de la prueba, de particular incidencia en la institución analizada, fue destacado así por la Corte: "Las modificaciones introducidas al proceso penal mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 inciden en el régimen probatorio, por cuanto la construcción de la prueba cambia de escenario, en el sentido de que se abandona el principio de permanencia de la prueba, según el cual las pruebas practicadas por la Fiscalía General de la Nación desde la indagación preliminar tienen validez para dictar una sentencia, por aquellos de concentración e inmediación de la prueba practicada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías. De tal suerte que los elementos materiales probatorios y las evidencias recaudadas durante la investigación, si bien sirven de soporte para imponer medidas restrictivas al ejercicio de los derechos fundamentales, no pueden ser el fundamento de una sentencia condenatoria, decisión que debe estar soportada en pruebas practicadas durante el juicio oral. En tal sentido, la prueba deja de encontrarse dispersa en varios escenarios procesales, escrita, secreta y valorada por un funcionario judicial que no tuvo incidencia en su recaudo, para ser practicada de forma concentrada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías procesales"[31].
También ha sido consistente la jurisprudencia en señalar que "al ejercer esta competencia en materia procesal el legislador goza de un amplio margen de libertad de configuración, que se encuentra limitado tan sólo por aquellas disposiciones constitucionales relativas a la garantía de los derechos fundamentales, en especial las referentes al derecho al debido proceso. Razones de política legislativa, cambiantes circunstancias sociales, o diferentes objetivos superiores perseguidos en cada caso por el legislador, pueden dar lugar a regulaciones diversas, de manera que por ello no todas las normas de procedimiento deben ser idénticas" [32].
Con todo, ha previsto también que ese margen de discrecionalidad con que cuenta el legislador para configurar los diversos procesos no es absoluto ya que el Congreso no puede "configurar a su arbitrio o de manera caprichosa los procesos, pues -ciertamente- la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a la igualdad (CP art. 13), por lo cual las regulaciones legales deben ser razonables y proporcionadas, tal y como esta Corporación ya lo ha señalado en numerosas sentencias[33]. De allí que, "en la medida en que la propia Constitución atribuye al órgano legislativo la atribución de legislar en esta materia, es entendido que el Congreso tiene amplia discrecionalidad para regular los procesos y procedimientos judiciales, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política"[34].
En consecuencia la Corte declarará exequible la expresión "contempladas en los numerales 1° y 3°", referida a las causales de preclusión, contenida en el parágrafo del artículo 332 de la ley 906 de 2004.
Declarar EXEQUIBLE la expresión "contempladas en los numerales 1° y 3°", contenida en el parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004.
Exequible la expresión ... (contempladas en los numerales 1° y 3°" ) Artículo 332 LEY_906_2004_31/08/2004
[3] "La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque "el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental", no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa (C-1052 de 2001).
[4] "Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente "y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita" e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; "esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden." (C-1052 de 2001).
[5] "De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través "de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada". El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos "vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales" que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad. (C-1052 de 2001 ).
[6]"La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que "el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico"; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola "de inocua, innecesaria, o reiterativa"[6] a partir de una valoración parcial de sus efectos." (C-1052 de 2001).
[7] "Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima sacie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional". (C-1052 de 2001).
[11] Conviene recordar que mediante sentencia C- 591 de 2005, la Corte declaró la inexequibilidad parcial del artículo 331 que regula la figura de la preclusión. En aquella oportunidad se pronunció respecto de la expresión " a partir de la formulación de imputación" que determinaba la oportunidad a partir de la cual el fiscal debía solicitar al juez de conocimiento la preclusión. Para la Corte dicha expresión posibilitaba que en fase previa a la formulación de imputación, fuese el fiscal quien motu proprio declarara la preclusión, opción que riñe con el nuevo modelo de investigación que radica en el juez, - de garantías o de conocimiento - las funciones típicamente jurisdiccionales, por lo que declaró su inexequibilidad. En aquella oportunidad dijo la Corte: "Ahora bien considera la Corte que en lo concerniente a la preclusión de la investigación, en los términos del artículo 331 de la Ley 906 de 2004, acusa el mismo problema constitucional advertido , en cuanto esta norma prevé la intervención del juez de conocimiento para su adopción sólo a partir de la imputación, existiendo la posibilidad de que aún en la etapa previa esta determinación sea toma da por el fiscal respectivo. Así las cosas para guardar plena armonía con las decisiones adoptadas respecto de la extinción de la acción, considera necesario un pronunciamiento - de inexequibilidad parcial - en relación con el artículo 331 mencionado. Esta determinación sin embargo, no afecta en absoluto el presente pronunciamiento dado que sería, al aspecto funcional, vale decir, a la delimitación de funciones entre el fiscal y el juez respecto de decisiones que ponen fin al proceso y que por ende son típicamente jurisdiccionales; en tanto que el presente atañe al aspecto material, es decir a los motivos que ameritan la preclusión y a la oportunidad en que dependiendo de su naturaleza pueden ser invocados.
[14] En aquella oportunidad dijo la Corte: "Ahora bien considera la Corte que en lo concerniente a la preclusión de la investigación, en los términos del artículo 331 de la Ley 906 de 2004, acusa el mismo problema constitucional advertido , en cuanto esta norma prevé la intervención del juez de conocimiento para su adopción sólo a partir de la imputación, existiendo la posibilidad de que aún en la etapa previa esta determinación sea toma da por el fiscal respectivo. Así las cosas para guardar plena armonía con las decisiones adoptadas respecto de la extinción de la acción, considera necesario un pronunciamiento - de inexequibilidad parcial - en relación con el artículo 331 mencionado".
[18] Art- 294. Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.En este evento el superior designará a un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contado a partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el ministerio público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento". El aparte resaltado corresponde al inciso 2° del artículo 294. Por su parte el artículo 175 establece que el fiscal dispone de 30 días a partir de la formulación de imputación para presentar la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad.
[23] En la sentencia C-1092 de 2003, la Corte consideró que: "Por medio del acto Legislativo 03 de 2002 el Constituyente optó por afianzar el carácter acusatorio del sistema procesal penal colombiano, estructurando a la Fiscalía General de la Nación como una instancia especializada en la investigación de los delitos y estableciendo que, como regla general, las decisiones que restringen los derechos constitucionales de los investigados e imputados son tomadas por lo jueces y tribunales. A pesar de ello, la Fiscalía General de la Nación conservó importantes funciones judiciales como aquellas a las que alude el numeral acusado, que en efecto son restrictivas de los derechos a la libertad, intimidad y la propiedad. En esta circunstancias, el Constituyente, retomando la experiencia de la estructura básica del proceso penal en el derecho penal comparado, previó que la Fiscalía, en aquellos casos en que ejerce facultades restrictivas de derechos fundamentales, esté sometida al control judicial o control de garantías - según la denominación de la propia norma -, decisión que denota el lugar preferente que ocupan los derechos fundamentales en el Estado constitucional de derecho. En este contexto, la institución del juez de control de garantías en la estructura del proceso penal es muy importante, como quiera que a su cargo está examinar si las facultades judiciales ejercidas por la Fiscalía se adecúan o no a sus fundamentos constitucionales y, en particular, si su despliegue ha respetado o no los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ejercicio de esta competencia, los efectos de la decisión que adopte el juez están determinados como a continuación se explica.
[29] El Libro III del Código se denomina "El Juicio", e incluye la presentación de la acusación, la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria, y el juicio oral.
[30]Con la salvedad de las excepciones previstas en la ley como la prueba anticipada y la prueba de referencia que poseen su propia regulación.

References: artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 2
 artículo 332
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 332
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 335
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 250
 artículo 331
 artículo 332
 artículo 294
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 337
 artículo 332
 artículo 332
 Artículo 332
 artículo 331
 artículo 331
 artículo 331
 artículo 331
 artículo 331
 artículo 175
 artículo 294
 artículo 175