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Timestamp: 2020-05-29 22:10:33+00:00

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Autor: pueblosoriginariosenamerica
Derechos humanos individuales frente a derechos de los pueblos
Las poblaciones tribales, étnicas, autóctonas, originarias, nativas, indígenas o aborígenes (las diferentes denominaciones no peyorativas o descalificadoras) siempre han vivido en sus tierras. La llegada de los colonizadores de otros lugares y con otras culturas fue el comienzo de su segregación y discriminación. Los colonizadores, al convertirse en el grupo dominante mediante la ocupación y colonización de esos territorios, fueron destruyendo y poniendo en peligro culturas y sustentos. La iglesia, católica -en el caso de la colonización española, portuguesa y francesa-, protestante y anglicana -en el de la holandesa y británica-, jugó un papel nada desdeñable en todo el proceso de control de las masas indígenas y fue una de las principales causas de la aculturación religiosa, lingüística y cultural de los nativos. Y esto ha sido así hasta finales del siglo XX en muchos países como, por poner un caso, Colombia cuando tras un proceso constituyente puesto en marcha al calor de los acuerdos de paz con diferentes organizaciones guerrilleras, una de ellas de corte indigenista como el Movimiento “Quintín Lame”, se aprobó en 1991 la Constitución hoy vigente y que marcó el fin de la delegación en la iglesia católica de la “educación y evangelización de los indígenas”. Es evidente que se pueden poner casos de religiosos que se vincularon con los pueblos indígenas y que gracias a su labor se pueden conocer partes de su historia como el propio Pop Wuj, traducido del k’iché al castellano por uno de ellos, o de quienes optaron por vincularse a la Teología de la Liberación en épocas mucho más recientes, pero no son más que excepciones que confirman la regla. No obstante, ello no quiere decir que se haya acabado con el peligro que supone para los indígenas la “evangelización”. Ahora son las iglesias fundamentalistas protestantes, de corte evangélico y origen estadounidense, quienes están provocando un verdadero etnocidio y se han convertido en arietes de proyectos de dominación política y cultural. Tal vez el caso más extremo es el de Nuevas Tribus, una iglesia que suele prohibir las prácticas de la cultura tradicional y que en 2005 fue expulsada de Venezuela acusada de colaborar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. No era la primera vez que se vinculaba a esta iglesia con los organismos de seguridad de EEUU, pero son sus métodos de conversión y el maltrato e intolerancia de las tradiciones culturales de los pueblos indígenas los que generan denuncias constantes sobre su labor en todos los países de América Latina donde opera: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Paraguay (véase el apartado referente a este país).[5]
Si bien es cierto que la situación de los pueblos originarios ha evolucionado a lo largo de los años hacia formas menos brutales de dominación también lo es que no por ello ha desaparecido ni la explotación ni la marginación y que las poblaciones autóctonas siguen estando, aún, entre los grupos más desfavorecidos del mundo. Es algo que reconoce la propia Organización de Naciones Unidas.[6]
Este organismo multinacional –de naciones- también reconoce que desde que en 1920 los primeros nativos, básicamente residentes en los Estados Unidos, se pusieron en contacto con la entonces Sociedad de Naciones se ha hecho muy poco por ellos. A sus continuos llamamientos se respondía con el silencio y no ha sido hasta fecha muy reciente, 1971, cuando la ONU comenzó a abordar con cierta seriedad el tema en el marco de la protección de las minorías a través de su Consejo Económico y Social. Ese mismo año se nombró un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.
Según estaban las cosas en el mundo, no podía ser de otra manera. Desde que en 1948 la Asamblea General de la ONU aprobase la Declaración Universal de los Derechos Humanos los países occidentales, casi sin excepción, se venían presentando –y aún lo hacen- como los grandes paladines de su defensa. Y sin embargo se negaban esos derechos sin el menor sonrojo no sólo a los pueblos originarios, sino a países y pueblos enteros a quienes sometían a una brutal colonización.
Cuando se aprobó la Declaración Universal formaban parte de la Organización de Naciones Unidas 58 Estados. Se estaba en plena guerra fría, se mantenía la colonización de Asia y de África y la Declaración Universal se elaboró bajo una estrecha concepción individualista sin tener en cuenta los derechos de los pueblos. Nos encontramos aquí con una contradicción evidente: los países firmantes de la Declaración Universal (entre ellos casi todos los europeos puesto que España, por ejemplo, no había ingresado aún en la ONU) mantenían la colonización de la práctica totalidad del continente africano y de gran parte del continente asiático. Era una situación muy similar a lo que ocurrió en Haití a finales del siglo XVIII, cuando los esclavos tomaron la pie de la letra el lema de la Revolución Francesa “Libertad, Igualdad y Fraternidad” –con buena lógica- y pretendieron que se les aplicara también a ellos. Es de sobra conocido cómo terminó su pretensión: fueron masacrados por quienes recorrían las calles de París coreando esos lemas de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, por quienes habían aprobado unos años antes la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La revuelta de los esclavos haitianos fue considerada por estos prohombres, por estos insignes ciudadanos franceses, por estos demócratas, como una “insolente aspiración” que encubría, además, el miedo de los blancos, criollos y metropolitanos, a perder su poder. La revuelta de los esclavos haitianos, consolidada unos años más tarde, abrió una grieta en la sociedad colonial y, al mismo tiempo, supuso una señal de alarma para todas las oligarquías del continente americano. No era lo mismo una “revolución desde abajo”, como ocurrió en el caso de Haití, que una “revolución desde arriba”, como fue el proceso independentista de las metrópolis europeas que no tocaba ni los parámetros económicos ni los sociales respecto a los de la etapa colonial. A lo sumo, se produjo una democratización relativa en la sociedad latinoamericana que no alteró, en sustancia, la sociedad colonial.
Eso mismo volvió a ocurrir siglos más tarde y los colonialistas franceses, británicos, belgas, alemanes, holandeses, portugueses debieron considerar, también, una “insolente aspiración” la lucha de los pueblos africanos y asiáticos por su autodeterminación, por su independencia, por su dignidad como pueblos. Quienes aprobaban en la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos se la negaban sin sonrojo a los pueblos que estaban sometidos a su dominio y en sus propios territorios se hacía lo mismo con su población. Pongamos por caso, los EEUU y su política racista y discriminatoria contra los negros. No hablemos de los pueblos originarios, simplemente inexistentes para ellos. También tenían estos pueblos, así como los asiáticos y los africanos, una “insolente aspiración”: la de su independencia nacional, liberación social y recuperación de su cultura, dignidad y autodeterminación.
Tal vez al llegar a este punto sea interesante recuperar las actas de la discusión entre países, recientemente puestas a disposición del público e investigadores por la ONU, en las que se pone de manifiesto cómo los intentos de los países del entonces llamado del “socialismo real” de incluir en los derechos humanos los referentes a los pueblos sometidos a colonización y/o “dependientes”, como propuso Yugoslavia, fueron rechazados una y otra vez por las potencias occidentales.[7] Esta es la parte de la historia que se oculta siempre a la hora de hablar de los derechos humanos y esa fue la razón por la cual la Unión Soviética, Yugoslavia, Bielorrusia, Ucrania, Checoslovaquia y Polonia se abstuvieron (junto a Sudáfrica y Arabia Saudita, aunque éstos países por razones diferentes) en la votación que adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. No podían votar en contra de algo a lo que habían contribuido positiva y decisivamente, pero tampoco podían votar a favor al dejar irresuelto el tema de las minorías y pueblos en el que ellos habían insistido. Las propuestas de estos países incluían el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho a usar su propia lengua por parte de “nacionalidades y minorías”, a su propia cultura y sistema de educación y se incluía siempre en ellos a las colonias. No había una referencia en sí a los pueblos indígenas salvo esa genérica que se adoptó de “todos los seres humanos son iguales”, pero esos principios son los que sustentan las reivindicaciones de estos pueblos hoy. Queda patente el hecho, y su reflejo aquí sirva de homenaje a quienes lo defendieron en los años posteriores a la II Guerra Mundial -aunque no se la aplicasen en ocasiones a sus propios pueblos- al mismo tiempo que para conocimiento de los pueblos originarios actuales. Sería muy esclarecedor que alguien se parase a pensar por qué la Carta de la ONU recoge el derecho a la autodeterminación de los pueblos pero no la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es posterior a la carta, y por qué Occidente habla siempre de ésta pero nunca de aquella. Pero hay que seguir.
Algunos países americanos, acuciados por revoluciones de corte indigenista (México) habían dado pasos para reconocer a los indígenas dentro de su sociedad con criterio asimilacionista. Lo mismo ocurría en la esfera internacional cuando el movimiento obrero, preocupado por la discriminación y explotación de las personas de origen indígena logró que la Organización Internacional del Trabajo aprobase, en 1957, el Convenio 107 en el que se reconocía la existencia de “poblaciones indígenas y tribales” aunque, todo sea dicho, en un contexto más de asimilación y no exento de un cierto paternalismo que de reconocimiento específico. El enfoque que se daba al Convenio 107 era el clásico de la izquierda en ese momento, facilitar una mejor integración de los indígenas en el mercado laboral a través de la eliminación de la discriminación y de la mejora de la formación profesional. Sin embargo, también aparecía el enfoque clásico de la izquierda al reconocer que una causa subyacente de la vulnerabilidad de estos pueblos era la generalizada privación de la tierra, de la que habían subsistido en el pasado. Por ello, y esta es la diferencia fundamental que hace del Convenio 107 un pionero, pedía también una mejora en el reconocimiento de los derechos de los indígenas a la tierra. El papel de la OIT en el reconocimiento de los derechos para los pueblos originarios es fundamental, como más tarde se verá.
Como consecuencia de su lucha, gran parte de los pueblos africanos y asiáticos consiguieron liberarse del yugo colonial y lograron, al incorporarse a la ONU como nuevos países miembros, que se ampliase el concepto de derechos humanos. Así, el 14 de diciembre de 1960, ya formando parte del sistema de Naciones Unidas 98 Estados (cuarenta más que cuando se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos), se aprobó la resolución 1514 de la Asamblea General denominada “Declaración sobre concesión de independencia a países y pueblos coloniales”[8] (con la abstención de Australia, Bélgica, España, Francia, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, siendo muy significativa la postura de EEUU y de los países occidentales en todos estos asuntos, como se vio con la Declaración Universal de DDHH y se verá más adelante). Su artículo 1 dice textualmente: “la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjera constituye una denegación de los derechos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y cooperación mundiales”. El artículo 2 va un poco más allá: “todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación, en virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Dos elementos merecen destacarse de esta Declaración: el artículo 1 va mucho más allá de su enunciado al no limitar subyugación, dominación y explotación extranjera al dominio colonial de viejo cuño; el artículo 2 deja bien claro que la denegación de los derechos fundamentales incluye todos esos derechos y no sólo los civiles y políticos: hace hincapié en los de índole económica, social y cultural. Los países occidentales se dieron perfecta cuenta de qué significaba esta declaración y comenzaron a utilizar el discurso que tanto les gusta cuando no están cómodos con la legislación internacional: no es vinculante. Cierto, pero si no lo es, como ninguna declaración de la ONU, tampoco lo es la Declaración de DDHH de 1948 que con tanta insistencia defienden.
Los nuevos países obligan a pisar el acelerador a la ONU y seis años más tarde, en 1966, el sistema de Naciones Unidas finaliza su elaboración de Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. Ese año, el 16 de diciembre, la Asamblea General aprueba la Resolución 2000 y en ella queda definitivamente consagrado en lo formal el pleno derecho a la autodeterminación, el derecho de los pueblos y naciones a la soberanía permanente sobre sus recursos y riquezas naturales y la consideración de que ambos constituyen un prerrequisito capital para la efectiva materialización y disfrute efectivo de todos los derechos humanos.
Para conmemorar que se había finalizado todo el andamiaje legal, y coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Declaración Universal de 1948, se celebra una reunión de los organismos de derechos humanos de la ONU en la capital de Irán, en diciembre de 1968, de la que sale lo que en Derecho Internacional se conoce como la Proclamación de Teherán.[9] En el párrafo 10 se puede leer que “los actos de agresión acarrean la denegación general de los derechos humanos” y en el párrafo 13 se ofrece la más completa definición de derechos humanos adoptada por la ONU: “Como los derechos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los económicos, sociales y culturales resulta imposible. La consecución de un progreso duradero en la aplicación de los Derechos Humanos depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y social”. El párrafo 10 es algo a tener muy en cuenta a la hora de hablar de Palestina, de Afganistán, de Yugoslavia, de Irak, de Líbano, de Gaza o de cualquier otra guerra impuesta por Occidente bajo la premisa inicial de denegar todos los derechos humanos conocidos para imponerlos una vez realizada la invasión y la guerra, véase por ejemplo lo expresado por EEUU y sus aliados al invadir Irak sobre “llevar la democracia a Oriente Medio”; y lo mismo hay que decir de cuando las transnacionales entran a sangre y fuego en los territorios de los pueblos originarios para “llevar el desarrollo”, tal y como está ocurriendo en muchas partes del mundo y, en concreto, en India. También ahora, en unos momentos en los que los países occidentales están buscando una forma menos “agresiva” de intervención neocolonial a través de una reformulación del derecho internacional convirtiendo el argumento del “derecho de injerencia” en la “responsabilidad de proteger”.[10]
Multinacionales españolas en América latina: Impactos sobre los pueblos indígenas
Que todo el pueblo conozca en términos morales y políticos los crímenes cometidos. Hay un perjuicio grande para las poblaciones indígenas y para toda la humanidad. Existe un fuerte impacto sobre los pueblos indígenas, incluso los no contactados, que no quieren compasión. Estos pueblos tienen derecho a la vida y a que respeten su forma de vivir.
Blanca Chancoso, miembro del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos.[1]
El avance del capitalismo global ha hecho que, en el último siglo, las empresas transnacionales hayan venido adquiriendo cada vez más capacidad de influencia y poder. Hoy, las 500 mayores corporaciones controlan una cuarta parte de la producción y la mitad del comercio mundial, y su capacidad económica supera a la de muchos países: Wal-Mart, por ejemplo, maneja un volumen de ventas que supera el Producto Interior Bruto (PIB) de Noruega, mientras que los ingresos de ExxonMobil son mayores que la suma del PIB de Venezuela y Chile. Después de todo, las compañías multinacionales han resultado ser las principales beneficiarias del proceso de globalización neoliberal y, por ello, en el actual modelo socioeconómico, los derechos sociales de la mayoría de hombres y mujeres del planeta queden sometidos a la lógica de un mercado dominado por las corporaciones transnacionales. Y es que, como ya decía Salvador Allende hace cuatro décadas, «estamos ante un conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que no están fiscalizadas por ningún parlamento».[2]
En este contexto, resulta oportuno desvelar la existencia de los conflictos que están siendo causados por la expansión de estas empresas multinacionales: daños medioambientales, desplazamientos de comunidades, alzas de tarifas y deficiencias de los servicios públicos privatizados, deterioro de los derechos laborales, expolio de los recursos naturales, persecuciones a las organizaciones sociales y sindicales y, en general, una sucesión de abusos cometidos y de violaciones de los derechos humanos. Porque, como afirma Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizada el pasado mes de mayo en Madrid, lo que sucede es que las empresas transnacionales “se aprovechan del vacío práctico de esfera pública para actuar al margen de la legalidad”, y por eso puede decirse que “hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las posiciones de quienes están detrás, lejos, moviendo hilos por beneficios económicos o intereses”.
A la vez, se hace necesario instaurar mecanismos para el control de las operaciones de las compañías multinacionales. Esto quiere decir, por una parte, someter a Derecho todas las prácticas que atenten contra los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y, por otra, ajustar sus actividades al derecho al desarrollo y a la soberanía de los pueblos y naciones.[3] Sin embargo, la realidad parece transcurrir justamente en sentido contrario: el cuerpo normativo relacionado con la mercantilización del sistema neoliberal se ha ido perfeccionando cuantitativa y cualitativamente, a la vez que el control de las grandes empresas se ha ido vinculando con los sistemas voluntarios y unilaterales que han ido penetrando en las instituciones internacionales.[4]
Con todo ello, se hace evidente la profunda asimetría que existe entre los derechos de las empresas transnacionales, que se protegen mediante los múltiples acuerdos que forman el nuevo Derecho Corporativo Global –que se concreta en una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional–, y sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social, que en buena medida se dejan en manos de la ética empresarial y de los acuerdos voluntarios. Dicho de otro modo: mientras la seguridad jurídica de los contratos y de los negocios de las compañías multinacionales se tutela desde la fortaleza de la lex mercatoria, la ciudadanía no dispone de sistemas normativos y de mecanismos de control eficaces para verificar el cumplimiento de los derechos humanos.[5]
Empresas transnacionales vs. pueblos indígenas
Durante todo el siglo XX, la búsqueda de materias primas, de recursos naturales que explotar, de mano de obra barata y, en resumen, de las condiciones óptimas para avanzar por la senda del crecimiento económico, la acumulación por desposesión[6] y la competitividad en el mercado mundial, fueron las razones que llevaron a las empresas transnacionales a implantarse por todo el planeta. Y, por supuesto, también en muchos territorios indígenas.
Así, puede decirse que la relación entre las empresas transnacionales y los pueblos indígenas tiene muchos años de existencia. En el caso de América Latina, ya desde que, a principios del siglo pasado, las grandes corporaciones del petróleo se fueron haciendo con contratos de explotación y extendieron sus actividades por toda la región, se dedicaron a utilizar a las poblaciones locales como mano de obra para la construcción de las infraestructuras necesarias, comenzaron a destruir los ecosistemas colindantes, hostigaron a las comunidades indígenas y, en definitiva, contribuyeron a hacer efectiva una profunda transformación del territorio. Más tarde, a las multinacionales petroleras vendrían a sumarse las compañías bananeras, las mineras, las de la electricidad, las entidades financieras, las agroindustrias…
En Colombia, sin ir más lejos, desde que hace un siglo se dio inicio a las actividades petroleras en el país, se han podido documentar numerosos casos en los que las empresas transnacionales han diezmado comunidades indígenas enteras, invadiendo y destruyendo sus territorios. En los años sesenta, por ejemplo, habían acabado ya con dos terceras partes de las comunidades bari, en el Norte de Santander, y habían hecho prácticamente lo mismo con la población indígena yariguí en la cuenca media del río Magdalena. De igual manera, la búsqueda del petróleo tuvo graves efectos sobre otras comunidades indígenas, como los zenú de Córdoba; las etnias inga, kofán, siona, huitoto y coreguaje en el Putumayo; los sáliba en el Casanare y los nukak en el Guaviare.[7]
La situación no fue muy diferente en Bolivia, por poner otro caso, donde los intereses de las multinacionales del petróleo por el control del territorio también generaron fuertes impactos sobre los pueblos indígenas. Basta citar a las corporaciones Standard Oil y Royal Dutch Shell,[8] involucradas en el origen en los años treinta de la Guerra del Chaco, o a la compañía petrolera Gulf Oil Company, que durante la década de los sesenta operó en los territorios indígenas yuki y yurakaré, impulsando la colonización de esa región y el desplazamiento de sus comunidades.[9]
A modo de ilustración, estos ejemplos de Colombia y Bolivia pueden servir para entender lo que ha significado la presencia de las compañías multinacionales en los territorios donde habitan los pueblos indígenas de América Latina. Porque, al final, lo que han hecho las grandes corporaciones es aprovecharse de la falta de control sobre sus actividades para contaminar el entorno de las zonas donde operaban e intimidar, maltratar y desplazar a las poblaciones cercanas. En décadas pasadas, se han venido estudiando y sistematizando multitud de casos en los que se relata el hostigamiento y la persecución que tuvieron que sufrir muchas comunidades indígenas en toda la región.
Pero, en contra de lo que pudiera parecer, estos hechos no se limitan al pasado; por el contrario, se puede constatar que continúan sucediendo en la actualidad. Y de ello hay ejemplos de todo tipo: desde las multinacionales de la alimentación hasta las corporaciones energéticas, de las mineras a las farmacéuticas, es conocido que las actividades de una gran cantidad de empresas transnacionales siguen impactando gravemente sobre el territorio y la cultura de los pueblos indígenas. Para hacernos una idea de la magnitud de esta cuestión, veamos a continuación algunos de los casos que han sido más denunciados a nivel internacional.
Uno de los elementos centrales de la disputa entre las comunidades indígenas y las grandes compañías es la propiedad de la tierra. En este sentido, ha sido bien conocida la situación de las comunidades mapuche de la Patagonia argentina que, desde hace varios años, mantienen un litigio por unos terrenos que han sido usurpados por Benetton.[10] En 2007, cuando seis familias mapuche volvieron a ocupar el predio sobre el cual reclamaban derechos ancestrales –cinco años antes, ya habían sido expulsadas del mismo lugar, que fue adquirido por la corporación italiana junto con otros terrenos en 1991–, un portavoz de los afectados dejaba claro que “no pretendemos ser propietarios, sino vivir como comunidad en nuestro territorio”.[11]
Del mismo modo, en Brasil se ha hecho muy notorio el conflicto que tienen las comunidades tupiniquim y guaraní que están defendiendo su territorio frente a la multinacional papelera Aracruz Celulose. Estas poblaciones indígenas del estado de Espíritu Santo sufrieron amenazas y ataques como resultado de la campaña que habían emprendido para reclamar sus tierras hereditarias, que a su vez eran también requeridas por la empresa. Según los indicios, Aracruz prestó apoyo logístico a las fuerzas de seguridad durante una operación que tuvo lugar en 2006 en la cual la policía federal desalojó de forma violenta –trece personas resultaron heridas y dos poblados quedaron destruidos- a indígenas tupiniquim y guaraní de los asentamientos que habían construido en las tierras en litigio.[12]
Y qué decir de las empresas mineras, que han destruido multitud de territorios indígenas en busca de oro, plata, níquel, cobre y otros metales preciosos. Entre ellas, la corporación estadounidense Drummond, que participa en la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo (Cerrejón), que se encuentra en la península de La Guajira, en Colombia. En ese lugar habita el pueblo wayuú que, debido a la contaminación de la zona y a unas injustas negociaciones, ha visto amenazados su territorio ancestral y su cultura y por ello se resiste a la presencia de ésta y otras transnacionales como la petrolera estadounidense ChevronTexaco, que explota los yacimientos de gas natural que también existen en la región.[13] En 2009, en otra región del país, los indígenas embera se instalaron pacíficamente en el Cerro Careperro, en Jiguamiandó, lugar donde la multinacional Muriel Mining Corporation tenía previsto iniciar la extracción de oro, cobre y molibdeno, y continuaron allí hasta que, un mes después, la empresa tuvo que abandonar la zona y suspender su actividad.[14]
El año pasado dieron la vuelta al mundo, asimismo, las protestas y las movilizaciones de los indígenas de la Amazonia peruana que exigían la derogación de las normas que vulneraban su derecho a la propiedad y el control sobre sus recursos naturales, y que fomentaban la entrada de inversiones extranjeras en territorio de las comunidades indígenas amazónicas.[15] En pleno conocimiento de sus derechos, según la Constitución peruana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los dirigentes indígenas explicaban que “no queremos modificación, queremos derogación”.[16] Pero, finalmente, el gobierno declaró el estado de excepción y envió a la policía contra los manifestantes, intervención que se saldó con la muerte de más de treinta personas en lo que ya se ha conocido como “la masacre de Bagua”.
Por su parte, los megaproyectos hidroeléctricos han sido también una fuerte amenaza para multitud de pueblos indígenas latinoamericanos. De Guatemala, por ejemplo, donde el municipio de Ixcán –en el que habitan indígenas q’eqchi’s, qanjoba’les, mames, kiche’s, kakchikeles, ixiles, chujes y jacaltecos– rechazó en una consulta comunitaria la construcción de la central hidroeléctrica de Xalalá, que forma parte de las propuestas del Plan Puebla-Panamá.[17] O de Brasil, país en el que indígenas de diferentes etnias amazónicas que viven en la reserva del Parque Nacional de Xingú se han venido oponiendo durante años a la construcción de una gran central hidroeléctrica. Y es que la obra de la que se convertirá en la tercera mayor represa del mundo contempla la inundación de una extensa área que incluye, al menos, dos reservas indígenas. “Belo Monte es un caso emblemático dentro de un modelo depredador”, dice un miembro del Movimiento de Afectados por las Presas, ya que “la central afectará a 50.000 personas que perderán su modo de vida, que depende del río Xingú”.[18]
En último lugar, aunque quizás deberían ocupar el primer puesto por la cantidad de denuncias que han venido acumulando, están las transnacionales del sector de los hidrocarburos. Por citar algún caso concreto, podríamos resaltar el de la compañía franco-británica Perenco, que ha provocado daños ecológicos en el Norte de Guatemala, ya que su actividad extractiva ha afectado a una zona de gran biodiversidad y en la que están presentes unos cien centros ceremoniales mayas. Como aseguró un dirigente social de la región, “nos dicen que la explotación petrolera traerá desarrollo para nuestras familias, pero vemos cómo en Rubensalto, treinta años después, las comunidades siguen como el primer día, en la pobreza, con enfermedades y analfabetismo”.[19] Una situación similar se produjo en Ecuador: tras la oposición de las comunidades indígenas kichwas durante años al ingreso de la empresa Perenco en su territorio, la petrolera tuvo que abandonar sus operaciones en el país en 2009.
Petroleras como ExxonMobil, Royal Dutch Shell, ChevronTexaco, Total y British Petroleum, entre otras, han sembrado la región de negativos efectos sobre las poblaciones y los ecosistemas. En Bolivia, los indígenas guaraníes que habitan en el sureste del país ocuparon en 2006 la estación de bombeo de un gasoducto, y amenazaron con cortar el suministro de gas a Brasil si las tres principales petroleras extranjeras presentes en el país –Repsol YPF, Petrobras y Total– no cumplían sus promesas de desarrollo regional.[20] En Perú, indígenas de la comunidad achuar presentaron hace años una demanda judicial en Estados Unidos contra la multinacional Occidental (Oxy), a la que acusan de haber contaminado durante tres décadas el suelo y los ríos del nororiente del país, donde ellos habitan. Luego de que Oxy abandonara la zona en 1999, la empresa Pluspetrol tomó el testigo, y ha sido asimismo acusada por los indígenas de causar graves estragos: las poblaciones achuar tienen altas concentraciones de plomo y cadmio en la sangre, y padecen males hepáticos, diarreas, afecciones a los ojos y desnutrición.[21]
En la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se llevó a cabo en Madrid en mayo de 2010, pudo evidenciarse la violación a los derechos de los pueblos indígenas con el caso de la cementera Holcim en Guatemala, cuya actividad extractora causaría fuertes impactos ambientales en el territorio y lo inutilizaría para labores agrícolas. Como dice Ramona Chocón, líder indígena del municipio San Juan Sacatepéquez, “nosotros defendemos la Madre Tierra porque dependemos de ella, somos cien por cien agricultores de rosas, crisantemos y verduras. Éste es uno de los principales factores por el que rechazamos a esta empresa en nuestras comunidades”. Además, éste es un caso paradigmático de la criminalización y las amenazas que sufren los y las dirigentes sociales que se oponen a las actividades de las empresas multinacionales en su territorio.[22]
Con ello, compañías españolas como Repsol, Telefónica, Endesa, Gas Natural –estas cuatro empresas fueron públicas–, BBVA, Santander, Iberdrola, Unión Fenosa, Aguas de Barcelona y PRISA, entre muchas otras, pudieron convertirse en lo que actualmente son: grandes corporaciones transnacionales. Para eso, solamente tuvieron que aprovechar el tamaño y el capital acumulados tras las privatizaciones y fusiones en el Estado español para, a continuación, expandirse a América Latina comprando todas las empresas que se estaban poniendo a la venta en el marco de la doctrina del Consenso de Washington. Haciéndose fuertes allá, y centrando la mayor parte de sus actividades no tanto para la producción mundial como para el mercado interno de los diferentes países –en sectores tales como los de telecomunicaciones, banca, energía, agua, seguros, construcción y turismo–, las multinacionales españolas han podido repatriar enormes beneficios en esta década. Así, las principales multinacionales de nuestro país obtienen anualmente entre un tercio y la mitad de sus ganancias de allá: el BBVA logra el 49% de sus ingresos gracias a sus negocios en la región; Telefónica, el 40%; y, en el caso del Santander, «casi la mitad del beneficio de este año vendrá de América Latina», afirma Francisco Luzón, director de la División de América del banco.[23]
Pero, hasta ahora, mientras se han dedicado a incrementar año tras año sus beneficios y la productividad de sus operaciones, la presencia de estas empresas transnacionales no ha contribuido a mejorar el empleo, apenas ha servido para incrementar la calidad de los servicios que ofrecen, casi no han realizado inversiones en mantenimiento ni han apoyado la transferencia tecnológica. Y, además, sus actividades han ido asociadas a un enorme rastro de graves impactos ambientales, sociales y culturales.[24]
En el último lustro, se han venido denunciando múltiples casos de violaciones de los derechos humanos e impactos sobre las comunidades indígenas, las condiciones laborales y el medio ambiente por parte de las multinacionales españolas en América Latina. Y puede afirmarse que, en el caso de los efectos sobre los pueblos indígenas de la región, las dos principales vías de conflicto que han abierto las corporaciones transnacionales con sede en nuestro país han tenido su origen en dos ejes de intervención: la búsqueda y explotación de reservas petrolíferas, y la construcción de grandes presas para la generación de energía eléctrica. En el primero de los casos, la protagonista ha sido la petrolera Repsol YPF; en el segundo, las eléctricas Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa. Eso sí, sin olvidar el papel que han jugado los bancos BBVA y Santander, que en distintas ocasiones han financiado la puesta en marcha de proyectos contaminantes y muy agresivos social y ambientalmente.
Gracias a los ingresos procedentes de su actividad en América Latina, Repsol YPF es la primera empresa privada transnacional del sector de los hidrocarburos en la región. Y es que es justamente esta zona, donde se localizan el 95% de sus reservas de hidrocarburos y el 88% de sus resultados de explotación, la que le ha hecho convertirse en una de las diez mayores petroleras del mundo. Eso sí, a medida que Repsol YPF ha ido incrementando sus beneficios año tras año –en 2009, las ganancias de la compañía fueron 3.188 millones de euros–, sus actividades han dejado un rastro de graves impactos ambientales, sociales y culturales sobre los pueblos de la región. En concreto, la petrolera es la multinacional española que más conflictos ha tenido con las poblaciones indígenas: ha acumulado denuncias con estas comunidades en Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina y Colombia.[25]
En Bolivia, Repsol efectúa sus operaciones petrolíferas en siete áreas protegidas, entre las que se encuentran el Parque Nacional Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, el Parque Nacional Amboró y el Parque Nacional Aguaragüe. En ese país, las actividades de exploración y producción de Repsol YPF en Bolivia afectan a 17 Tierras Comunitarias de Origen (TCO) repartidas en las regiones amazónica y chaqueña, entre las que están el Territorio Indígena Multiétnico –en el cual conviven comunidades chimanes, moxeñas y yurakarés–, el Territorio Indígena Chimán, el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure –refugio ancestral de la etnia yurakaré–, las TCO de Itika Guasu y Weenhayek. Según un estudio de evaluación del impacto ambiental realizado por la Asamblea del Pueblo Guaraní, se puede constatar que la multinacional española del petróleo se aprovecha de estándares bajos para operar en áreas altamente sensibles desde un punto de vista social, cultural y ambiental. Tal es el caso de las TCO de Itika Guasu y Tentayapi, entre otras. En la siguiente tabla se muestra un resumen de los impactos y denuncias de la población acerca de las operaciones de la petrolera en sus territorios.[26]
Tabla 1. Denuncias de pueblos indígenas contra Repsol YPF (hasta el año 2005).
Comunidades indígenas declaran su preocupación por los impactos socioambientales de la exploración realizada por Repsol YPF.
Territorio Indígena Parque Nacional IsiboroSécure, Beni/Cochabamba
Comunidades indígenas denuncian a la petrolera Maxus, y otras, de contaminar el agua en territorio indígena.
Itika Guasu, provincia O’Connor, Tarija (Puerto Margarita y proximidades)
Pueblos indígenas del Oriente y Pluspetrol negocian un acuerdo sobre la compensación por la exploración petrolera en sus territorios.
CIDOB, pueblos indígenas del Oriente, comunidades indígenas guaraníes
Indígenas tchimanes alcanzan un acuerdo con Repsol YPF y BHP.
Pozo Eva Eva Sur X-1, límites de La Paz, Beni y Cochabamba
Indígenas tchimanes
Los pueblos guaraní y weenhayek se oponen al gasoducto Yacuiba-Río Grande realizado por el consorcio Transierra, por destruir su territorio y el medioambiente de la zona.
Zona del gasoducto Yacuiba-Río Grande, Tarija/Santa Cruz
Pueblo guaraní, indígenas weenhayek, población de Yacuiba
Repsol YPF realiza la entrega de obras sociales a las comunidades en el campo petrolero Margarita.
Campo Margarita, provincia O’Connor, Tarija
Comunidades indígenas guaraníes denuncian que Repsol YPF no cumplió el convenio de indemnización socioambiental contraído en 2003.
Guaraníes de las Tierras Comunitarias de Origen de Itika Guasu
Fuente: Centro de Documentación e Información – Bolivia (CEDIB).
En Argentina, Repsol YPF ha invadido extrajudicialmente y contaminado varias comunidades indígenas mapuche en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de gas y petróleo de Loma de la Lata, uno de los mayores de Sudamérica. Las comunidades mapuches Kaxipayiñ y Paynemil, que allí habitan, presentan unos alarmantes niveles de intoxicación por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos corporales. Según la Evaluación de Daño Cultural y Ambiental realizada por una consultora alemana en el año 2001, los restos de metales pesados hallados en la zona investigada son 700 veces más altos de lo permitido por la legislación Argentina.[27] Además, el Tribunal Supremo argentino está investigando una denuncia presentada por el Defensor del Pueblo, en la cual se acusa a Repsol YPF y a otras 16 empresas petroleras de haber contaminado cinco provincias del país –con un área total que es casi el doble de la superficie del Estado español– con sus actividades.[28]
En Perú, los planes de la empresa petrolera para continuar con su expansión han sido denunciados públicamente por no tener en cuenta a las comunidades indígenas en aislamiento voluntario. La compañía pretende encontrar yacimientos de petróleo en la selva amazónica en el llamado Lote 39, que según denuncia Survival es “el hogar de al menos dos de los últimos pueblos indígenas no contactados”, que nunca han tenido relación con otras personas y, por tanto, “podrían correr peligro”.[29]
En Colombia, a través de una asociación con la empresa estatal Ecopetrol, Repsol participa en el bloque Catleya, situado entre los departamentos de Boyacá y Arauca, una área petrolera donde la compañía espera encontrar nuevos yacimientos de hidrocarburos que se superpone con el territorio ancestral u’wa. Los indígenas u’wa, que son conocidos como “el pueblo que piensa” o “el pueblo que habla bien”, debido a que durante miles de años han conseguido mantener relaciones pacíficas con sus vecinos sin el uso de armas ni guerras, son uno de los grupos indígenas de Colombia que mantienen de forma más viva su cultura ancestral. Este pueblo, que siempre se ha opuesto a la extracción de crudo en sus resguardos alegando que el petróleo es “la sangre de la tierra” y que juega un papel fundamental en su cosmovisión, defiende la continuidad de su modo de vida tradicional lejos de la lógica del capital, que ahora se encuentra amenazado por la exploración sísmica –cuyas detonaciones afectan a las corrientes de agua y a los movimientos de tierras– y la explotación de los recursos naturales presentes en su territorio. Ya desde la década de los noventa la resistencia de los u’was adquirió una gran relevancia internacional, cuando sus amenazas de cometer un suicidio colectivo dieron la vuelta al mundo: preferían suicidarse antes que tener una muerte indigna por la entrada de las multinacionales petroleras en su territorio. Así, mantuvieron litigios en diferentes instancias judiciales nacionales e internacionales y tuvieron la solidaridad y el apoyo de diferentes movimientos sociales. Sus protestas tuvieron su punto culminante hace diez años, cuando ocuparon los terrenos del pozo Gibraltar para impedir su puesta en marcha: fueron violentamente desalojados de allí por el ejército y la policía, pero la resonancia mediática de los hechos –murieron dos niños u’wa y guahibo– hizo que se parara la entrada de las multinacionales en la zona. Hoy, ante el progresivo agotamiento de las reservas de hidrocarburos, el subsuelo del territorio u’wa vuelve a ser una gran esperanza para que compañías transnacionales como Repsol YPF quieran hacer negocio. Pero el pueblo u’wa no va a ceder en su determinación, como uno de sus miembros declara sin titubeos: “Nos tendrán que matar a todos, con que quede uno sólo seguiremos peleando. Es como cuando se produce una sucesión, para quedarse con todo hay que matar a todos los herederos”.[30]
Endesa se sitúa entre las diez primeras multinacionales de América Latina y es la primera compañía privada en el sector de la electricidad en la región, donde sus actividades le reportan un tercio de los beneficios anuales. Excepto en el caso de sus filiales chilenas, la empresa opera principalmente en las grandes ciudades, luego sus impactos sobre los pueblos indígenas no son tan acusados. El principal megaproyecto de Endesa ha sido la presa de Ralco, en Chile, cuya construcción supuso un gravísimo impacto ambiental, social y cultural. Esta presa es parte de un gran embalse en la cuenca superior del Alto Bio Bio. El territorio había sido habitado ancestralmente por comunidades mapuches-pehuenches, población que lleva resistiendo en sus tierras ancestrales las distintas oleadas de colonización por parte de conquistadores, latifundistas y empresarios. Todos los informes técnicos que encargó la Comisión Nacional del Medio Ambiente rechazaban llevar a cabo el proyecto, por el tremendo impacto que generaría la inundación de 3.500 hectáreas en esa región. Y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo creado para defender la cultura de las poblaciones indígenas y hacer respetar sus leyes, también se opuso de manera contundente a la venta de las tierras mapuches para la construcción de la presa. Ante el fuerte rechazo del proyecto, Endesa empezó a mover hilos dentro de los poderes políticos y mediáticos. De este modo, la respuesta del Gobierno a la presión ejercida por la compañía fue otorgar el permiso para la construcción de la presa; expulsar al director de la CONADI –que se oponía al proyecto– para sustituirlo por un representante indígena favorable al mismo; poner en marcha campañas publicitarias que mostraran a las familias pehuenches que no querían desplazarse como refractarios al desarrollo; realizar el llenado del embalse sin avisar, de modo que se inundó un cementerio mapuche; criminalizar a los líderes indígenas, acusándolos de terrorismo; así como obtener las tierras a través de procedimientos irregulares. El resultado final fue la inauguración de la presa hidroeléctrica en el año 2004. Eso sí, después de que se pusiera en funcionamiento la central hidroeléctrica de Ralco, la comunidad pehuenche continua denunciando a Endesa en Chile. Y, en la actualidad, Endesa está tratando de completar la construcción de otro megacomplejo hidroeléctrico en Aysén, en la Patagonia chilena, que tendrá una potencia total cuatro veces superior a la de Ralco.[31]
Por su parte, Iberdrola, que en sus anuncios publicitarios hace suyos los valores de respeto ambiental y de lucha contra el cambio climático, ha tenido una política diferente sobre el terreno. Al menos en el caso de México, donde la empresa participa como constructora en el parque eólico de La Venta, en Oaxaca: este proyecto generó una fuerte oposición por parte de las comunidades indígenas locales y los ejidatarios, quienes en el periodo de expropiaciones denunciaron presiones para abandonar sus tierras. Al respecto, Iberdrola no establece ninguna iniciativa de RSC para gestionar los impactos de sus proyectos de inversión sobre los pueblos indígenas.[32]
En tercer lugar se encuentra la multinacional eléctrica Unión Fenosa –hoy rebautizada como Gas Natural Fenosa después de su fusión con la primera compañía española de gas–, que ha sido duramente cuestionada por su mala prestación del servicio eléctrico (apagones, alza de tarifas, falta de mantenimiento…) en Nicaragua, Guatemala y Colombia, así como por su corresponsabilidad en la persecución a dirigentes sociales en estos dos últimos países.[33] En el caso de Colombia, además, sus plantas de generación hidroeléctrica han tenido graves impactos sobre las poblaciones afrodescendientes, campesinas e indígenas que habitan en la región del Suroccidente. A pesar de que Unión Fenosa haya ganado varios premios internacionales por sus programas de Responsabilidad Social Corporativa en el país, entre ellos uno relativo a la realización de un plan de desarrollo rural en los alrededores de la Salvajina, una central hidroeléctrica de su propiedad –hasta el año 2009, en que vendió esta filial a inversores colombianos– en el departamento del Cauca, el hecho es que la compañía apenas ha aportado soluciones al conflicto que mantiene con las comunidades indígenas nasa: éstas exigen a Unión Fenosa una respuesta clara por la inundación de 600 hectáreas de su territorio, por el cambio del microclima, por la persecución a los dirigentes indígenas que se oponen a la represa, y por la destrucción de sus formas de vida, que afecta a las 10.000 personas del Cabildo Indígena de Honduras.[34]
Por último, hay que destacar que las dos grandes corporaciones transnacionales financieras españolas, el BBVA y el Santander, han venido apoyando mediante créditos y financiación varios de los proyectos aquí citados y otros que son altamente contaminantes y tienen graves impactos sobre las comunidades indígenas. Entre ellos se encuentran el gasoducto de Camisea, en Perú, que supone la destrucción de ecosistemas ubicados en áreas tropicales de la amazonía peruana y afecta a las poblaciones indígenas que habitan en aislamiento voluntario en la reserva nahua-kugapakori; la mina de Carajas, en el Amazonas brasileño, que ha sido denunciada por la comunidad indígena xikrin por los impactos de las actividades mineras; y las represas del Río Madera, un megaproyecto que forma parte de la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA) y que afectará a 5.000 familias de Brasil y Bolivia que se verán desplazadas de sus territorios.[35]
Ya en 1923, Deskaheh, un líder cayuga, viajó a Ginebra para pedir a la Liga de las Naciones que escuchara la voz de los pueblos indígenas.[36] Tras él, muchas otras comunidades han denunciado la persecución que sufrían, y para ello han acudido a instancias como, entre otras, la Organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Así, han conseguido darle una mayor visibilidad a sus procesos de resistencia, así como despertar la sensibilidad de gran parte de la ciudadanía. Además, la valoración de la diversidad cultural de los pueblos indígenas ha dado como resultado que la UNESCO adoptara hace años un convenio internacional sobre este particular,[37] que la OIT creara un instrumento jurídico vinculante sobre los derechos de los pueblos indígenas y que, en 2007, fuera aprobada en Naciones Unidas la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Según el convenio de la OIT, éstos podrán participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, y deberán ser consultados por los gobiernos antes de emprender o autorizar cualquier programa de explotación de tales recursos. A partir de su ratificación por la mayoría de los países latinoamericanos, los pueblos indígenas de la región han podido acogerse a esta herramienta legal para continuar con sus denuncias sobre la actividad de las corporaciones transnacionales.
Con estos programas de RSC, las multinacionales destinan una mínima parte de su presupuesto anual al fomento de determinadas actividades de acción social en las zonas aledañas a sus lugares de operación: construcción de escuelas, regalo de ordenadores, oferta de puestos de trabajo a los líderes comunitarios… Además, las corporaciones han tratado de evitar el posible disenso dividiendo a la población a través de diferentes mecanismos, tales como apoyar reformas legales para individualizar las propiedades colectivas, fragmentar un proyecto en varios y reunirse con las comunidades por separado.
Finalmente, en los últimos años, las multinacionales españolas han empezado a incluir en sus informes anuales menciones explícitas a la cuestión indígena. Y se han preocupado de ofrecer en todo momento una imagen dialogante y de respeto hacia las comunidades: tomando el mismo caso a modo de ejemplo, el consorcio Repsol-Ecopetrol ha llevado a cabo un proceso de diálogo para convencer a las comunidades u’was de las bondades de la extracción petrolera en su territorio, y ha tratado de establecer un consenso para autorizar las actividades petrolíferas. Algo similar ha tenido lugar con las operaciones de Repsol en Ecuador: tras haber resultado duramente criticada por sus operaciones en el Parque Nacional Yasuní, la compañía invirtió más de un millón de dólares en programas para las poblaciones indígenas que viven en la zona. Con ello, cuando Repsol fue amenazada con la expulsión del país por no pagar impuestos, el consejo de gobierno de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) emitió un comunicado en el que pedía al presidente Rafael Correa que diera marcha atrás en su decisión de que la petrolera española se fuera de Ecuador, porque la falta de Repsol “implicará que nuestras comunidades dejen de recibir servicios médicos, odontológicos y que los niños y jóvenes no tengan clases en los colegios, así como desayunos escolares”, afirmaba.[38]
Sin embargo, el hecho de tratar de ceñirse exclusivamente a los mecanismos negociados de resolución pacífica fuera de la jurisdicción significa, en la práctica, convertir los derechos de los pueblos indígenas, que están reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, en papel mojado.[39] En idéntico sentido, la firma de códigos de conducta voluntarios en el contexto de la RSC no exime del cumplimiento de las normas ambientales y sociales que todas las compañías deberían respetar. Porque, aparte de la disposición al diálogo y de la asunción de las medidas de maquillaje corporativo, las empresas transnacionales tienen que atenerse a sus responsabilidades legales. Por tanto, los acuerdos voluntarios y los mecanismos de negociación deberían ser, en todo caso, instrumentos de mejora social, no los marcos de regulación de las corporaciones multinacionales. De hecho, podría considerarse una irresponsabilidad asumir que la RSC puede solucionar los impactos de las transnacionales sobre los pueblos indígenas, porque desvía el debate sobre la cuestión principal: hacer respetar y someter los intereses de las compañías a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas.[40]
Una de las herramientas utilizadas en la búsqueda de justicia alternativa han sido las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Y es que el régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad en el que se enmarca la actuación generalizada de las corporaciones transnacionales en relación al derecho indígena hace necesarios mecanismos adicionales a los de la justicia ordinaria. Así, en las diferentes sesiones del TPP realizadas en los últimos cuatro años,[41] los representantes de los pueblos afectados por las violaciones de los derechos humanos cometidas, de manera directa o indirecta, por las multinacionales no sólo encuentran un espacio para expresar sus demandas, sino que asumen además un papel de agentes de la justicia. Tal y como sostiene Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo español y presidente del TPP de Madrid, el proceso desencadenado por estas instancias alternativas acelera la toma de conciencia y da herramientas a los sujetos para que consigan su defensa legal ante las grandes empresas y los gobiernos.
En definitiva, ésta y otras experiencias de denuncia del poder corporativo confirman que las poblaciones y los movimientos sociales de la región están inmersos, como dice Alfonso Moro, “en una perspectiva de largo aliento: rehabilitar la acción política como un ejercicio de los pueblos y, a través de ella, defender la primacía de los derechos y bienes universales y comunales contra su apropiación por parte de las compañías multinacionales”.[42] Todo ello cobra sentido para que, según afirma Alejandro Teitelbaum, podamos “reflexionar acerca de cómo los seres humanos, que ‘nacen libres e iguales en dignidad y derechos’ recuperan, en el marco de una sociedad democrática y participativa, el poder de decisión sobre sus propios destinos”.[43] Y poder lograr así, en definitiva, evitar la vulneración de los derechos humanos que sufren las mayorías sociales del planeta.
Quienes la conocieron afirman que fue altiva, alegre, honesta, franca, dulce, explosiva, rebelde y su voz sonaba siempre fuerte y segura. Murió el 10 de mayo de 2009, cuatro meses antes de cumplir cien años, mientras dormía en su humilde casa de La Chimba, hermosa comunidad andina kayambi de 360 familias situada en la Provincia de Pichincha, cuya capital es la ciudad de Quito.[1] En estos páramos, en la mitad del mundo, al amparo del volcán nevado Cayambe de 5790 metros de altitud, se forjó la lucha de los pueblos indígenas en Ecuador, siendo Mama Tránsito una de sus principales protagonistas. Hija de Mercedes Alba y Vicente Amaguaña, cambió su nombre Rosa Elena cuando, aún muy joven, se inscribió -por hambre y por necesidad, como afirmó en una oportunidad- en el recién fundado Partido Comunista, pasando a ser conocida públicamente como Tránsito. De origen kayambi, vivió toda su vida en Pesillo, la región donde nació, actualmente el territorio que comprende la Parroquia de Olmedo constituida por seis comunidades indígenas, incluyendo La Chimba. Pesillo, en efecto, fue un centro comunitario habitado hace unos mil quinientos años por poblaciones autónomas karankis y kayambis de lengua kichwa. La resistencia contra la dominación inka se mantuvo allí hasta el año 1515 y en 1534 llegaron los colonizadores españoles. En la región prevalecieron los sistemas del concertaje y de hacienda, caracterizados por la intensa explotación del trabajo indígena, inclusive hasta la primera mitad del siglo XX. Los pobladores actuales conservan la memoria de la opresión, la violencia y la esclavitud de la vida en las haciendas; la principal referencia del tiempo se asocia, de hecho, a los diversos cambios en la propiedad de la tierra: hablan del tiempo de los padres (frailes), del tiempo de los arrendatarios y del tiempo reciente de las cooperativas.
El territorio de Pesillo fue administrado a partir de la colonización española por frailes dominicos, jesuitas y mercedarios, a quienes se les concedió autoridad para esclavizar a los indígenas y explotar sus ancestrales territorios, mientras imponían la fe mariana. El Estado ecuatoriano en 1908 expropió a la Iglesia católica, dividiendo las tierras en cinco grandes haciendas que entregó luego a arrendatarios. El nuevo régimen asignó a los campesinos indígenas en usufructo un pequeño lote de tierra –el huasipungo-[2] para la subsistencia, a cambio del trabajo de toda la familia en el mantenimiento y la producción de la hacienda. Posteriormente, la Reforma Agraria en 1964 distribuyó una parte de esas tierras entre los mismos huasipungueros, vendiendo el Estado el resto a cooperativas campesinas mediante créditos. Durante los años ochenta, las cooperativas saldaron las deudas y las tierras se dividieron entre sus miembros, de tal modo que cada familia recibió algunas hectáreas para uso propio. Las cooperativas dieron paso así a la comunidad actual, caracterizada por la pequeña propiedad privada de la tierra, la gestión colectiva de recursos como el agua y el mantenimiento de mecanismos de ayuda mutua y reciprocidad.
En La Chimba, Mama Tránsito criaba cerdos y cuyes y ejercía de curandera en compañía de su nuera Guillermina Cerón, quien la cuidó durante sus últimos años. No poseía tierras en la comunidad y sus escasos ingresos provenían de una pensión mensual que le asignó el gobierno en 2003, cuando recibió el prestigioso premio nacional Eugenio Espejo. En esa oportunidad declaró públicamente: “¡Bonitico el gobierno, es la primera vez que se acuerda de mí (…). Pero mi verdadero premio es el avance de mis hermanos, de mis hermanas, de todo mi pueblo!” En el año 2002 impulsó la fundación de la Asociación Agro-Artesanal que lleva su nombre, cuyo objetivo es fomentar los huertos organizados por mujeres que incluyen el cultivo de plantas medicinales, alimentos tradicionales y la conservación de semillas. En agosto de 2009, los Presidentes de Ecuador y Bolivia Rafael Correa y Evo Morales, en compañía de la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchu, inauguraron en La Chimba el Centro Cultural Comunitario Tránsito Amaguaña, construido donde estuvo su casa y al lado del lugar donde había sido enterrada meses antes. Además de un homenaje a su memoria, el Centro es también un espacio de documentación sobre la historia del movimiento indígena ecuatoriano.
Los frailes habían sido patrones brutales y crueles, aunque la situación de opresión se mantuvo bajo el dominio de los nuevos arrendatarios. La infancia de Mama Tránsito transcurrió, pues, en medio de la miseria y el sufrimiento.
Sus padres eran huasipungueros y vivían en una choza insalubre en los predios del huasipungo; trabajaban ocho días a la semana curtiendo pieles, cuidando un rebaño de 1.700 ovejas y prestando sus servicios (huasicamías) a mayordomos y capataces a cambio de papas, cebada y trigo. Entregaban, además, una décima parte de su producción de subsistencia a la Iglesia, que seguía manteniendo una fuerte influencia en la región. La hacienda tenía grandes extensiones de bosques y pastizales y producía -para el mercado nacional y exportación- lana, quesos, pieles, cereales y leguminosas. Poseía también su propia cárcel, puesto que el maltrato a los indígenas era permanente. Siendo niña, Tránsito Amaguaña presenció muchas veces los golpes que recibió su familia, tal como ella misma contó en repetidas ocasiones. Las mujeres huasicamas, además, tenían obligatoriamente que trabajar junto al marido en las labores del campo, y no se les permitía llevar consigo a los niños pequeños; así, Tránsito pasó los primeros cinco años de su vida al cuidado de una tía, privada de la alimentación materna. Al cumplir 9 años de edad, asistió a la escuela durante seis meses, cuya función principal era inculcar en los pequeños la obediencia y la sumisión a los patrones, bajo amenazas y golpes. En una entrevista, ella misma rememoró esta época: “Ese tiempo era amargo, era tiempo de gamonales (patrones), tiempo de ricos (…). A gusto de ellos maltrataban, a gusto de ellos pisoteaban (…) ¡Qué señoras! ¡Qué mayordomos!, eran para hacer sufrir y golpeaban (…). El escribiente nos obligaba a decir en la escuela: bendito alabado amo, bendita alabada patroncita”.[3] Cumplido el corto período de adoctrinamiento, comenzó enseguida a trabajar como servicia, atendiendo a los patrones, cortando leña, lavando ropa, cuidando animales, recogiendo la cosecha y llevando productos de la hacienda a otros lugares para la venta y el trueque. A los 14 años, intentando protegerla de la habitual violencia sexual, la madre concertó su matrimonio con José Manuel Alba, un hombre de 25 años dado a la bebida que la golpeó desde el primer día de convivencia. El alcohol y la miseria, en efecto, hacían estragos entre los hombres, así que fueron las mujeres en muchos casos quienes lograron mantener la fortaleza y la resistencia frente a la opresión, transmitiendo asimismo los valores culturales ancestrales a sus hijos. De su padre, por ejemplo, Mama Tránsito dijo alguna vez: “Papá era humilde. Era medio tontito, medio shunshito, medio sordito, medio sin cabeza. Él sólo quería tomar chicha y bailar, nada más”.[4] Su madre, al contrario, se convirtió pronto en una de las principales cabecillas de las rebeliones que más tarde tuvieron lugar en Pesillo.
Comprometida con el incipiente movimiento indígena, Tránsito Amaguaña comenzó a participar en las reuniones del Partido Comunista, fundado en 1926 como Partido Socialista del Ecuador (PSE). En febrero de ese mismo año ocurrió un nuevo alzamiento en la región, cuando los patrones de la hacienda Changalá se apropiaron de las tierras que algunas comunidades mantenían en propiedad desde la época colonial. Conocida como la rebelión de Changalá,[5] impulsó el liderazgo de Jesús Gualavisí[6] fundador del PSE; fomentó también la colaboración entre la izquierda y el movimiento indígena, un episodio excepcional en la historia política de América Latina. Gualavisí, contando con el apoyo del Partido, creó entonces en Cayambe, en 1926, el primer sindicato indígena campesino del Ecuador, al que se unieron poco tiempo después el Inca en Pesillo, Tierra Libre en Moyurco y Pan y Tierra en La Chimba. Bajo su respaldo, los trabajadores de las haciendas exigieron a los arrendatarios aumento de salarios, jornada de ocho horas, domingos libres y supresión de los diezmos, servicias y huasicamías, declarándose en huelga a comienzos de 1931.[7] En marzo, soldados del Ejército llegaron a la hacienda de Pesillo, incendiaron las casas y los animales y golpearon a los huasipungueros. Los líderes de la huelga, entre ellos Mama Tránsito, tuvieron que huir y refugiarse en otros lugares. Se marchó a Yanawaico, en Cayambe, donde permaneció durante quince años “indiando y luchando”, como solía decir. A partir del conflicto de 1931, estrechó también su amistad con la histórica líder indígena Dolores Cacuango Quilo (1881-1971)[8] -Mama Dulu, nacida en la hacienda de Moyurco, cuando aún los frailes mercedarios eran sus dueños-.
Mailler Mattié. Economista venezolana, especialista en antropología económica. Escribe en diversos medios de Europa y América sobre la cultura y la resistencia de los pueblos indígenas de los países andinos latinoamericanos. Es colaboradora del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (CEPRID) www.nodo50.org/ceprid

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 2
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