Source: http://fundacionestradaiturbide.org.mx/iniciativas/que-reforma-diversas-disposiciones-de-la-ley-agraria
Timestamp: 2017-08-19 22:33:49+00:00

Document:
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria.
Tema: Propiedad parcelaria
Comisión: Reforma Agraria
Presentó: Gerardo Federico Salas Díaz
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Gerardo Federico Salas Díaz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma los artículos 14, 23, 44, 46, 56, 57, 61, 62,75, 78, 80, 81, 82, 83, 152, 155, 156 y 161; todos de la Ley Agraria, de conformidad con la siguiente
La tenencia en la tierra ha tenido una base histórica fundamental; la transformación en el campo ha sido paulatina y es a partir del año de 1992 que se da la reforma constitucional que tenía como base el cambio de régimen de derechos del ejidatario sobre sus tierras, así como el hecho de que se pueden comercializar las tierras ejidales, en un régimen de propiedad privada, otorgándole la seguridad jurídica y obtener mayores y mejores aprovechamientos sobre sus tierras.
Es momento de concretar los objetivos establecidos en la reforma constitucional de 1992, al tiempo que, en un marco de desarrollo y competitividad, se impulse el desarrollo del campo mexicano, a través del otorgamiento del dominio pleno y absoluto de las tierras a sus legítimos poseedores.
Después de 24 años de la reforma constitucional al artículo 27, la presente iniciativa pretende reformar algunos puntos que han ido quedando pendientes como el facultar a la asamblea ejidal para determinar la asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el ejido podrá darle un rumbo certero al destino de las tierras que no esté dentro de las formalidades parcelarias, en favor de los ejidatarios y al uso de servicios públicos o de interés público.
Se plantea la posibilidad de la adopción del dominio pleno de parte de los titulares de derechos ejidales, fincando las bases para que ejidatarios y comuneros, puedan transformar la propiedad social e incorporarla al régimen de propiedad privada; reconoce la asignación, delimitación, usufructúo, de la propiedad de sus parcelas, que fueron dotadas al ejido en lo general y asignadas en lo particular al titular de la parcela, así como también certifica los actos de sucesión.
Con estas modificaciones, la Ley Agraria faculta a la asamblea ejidal para determinar la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el núcleo de población agrario podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarias o de los que carezcan de los certificados correspondientes y, consecuentemente, destinarlas al asentamiento humano, al uso común o a parcelarlas en favor de los ejidatarios, y al uso de servicios públicos o de interés público.
En cuanto a la aplicación del dominio pleno y su adopción ya sea como individuo o como asociados ejidales, resulta necesario revisar, modificar y con ello actualizar la tramitología burocrática para que esta se adecue efectivamente a la realidad imperante, en la que se encuentra la tenencia y propiedad de la tierra.
Sobreproteger es limitar, este es el supuesto en el que se encuentran miles de sujetos de derechos agrarios a los cuales se les aplican figuras arcaicas y sujetas a la discrecionalidad de las autoridades, estas situaciones inciden en la continuación de un modelo burocrático que constituye desde hace muchos años un caldo de cultivo para la corrupción.
La movilidad social de sujetos agrarios de un ejido a otro por cuestiones de índole familiar como el matrimonio es otro de los factores que motivan la presentación de esta iniciativa, pues es necesario facultar a sujetos de derechos agrarios como avecindados y posesionarios para adoptar el domino pleno de sus tierras.
La propuesta de esta reforma es hacer más agiles las asambleas con menos requisitos para los tramites en lo personal y se mantienen las resoluciones que involucran a todo el ejido y se clarifica las aportaciones que los ejidos hacen para obras de infraestructura e interés público.
Se establece un nuevo concepto con respecto a la delimitación, el concepto achurado que actualmente existe pero que no se encuentra contemplado en ninguna legislación. Dicho término tiene su origen en los Decretos de Dotación que fueron ejecutados y medidos y que en los planos de delimitación no aparece pero que en la realidad son excedentes de tierras.
Dichos excedentes de tierras son reconocidos de hecho como propiedad del Ejido, más no se encuentran delimitados con planos y éstos registrados en el Inegi ni en Registro Agrario Nacional.
Es por eso la motivación de que sean delimitados y entregados a hijos de ejidatarios con residencia probada en el ejido y avecindados de acuerdo a lo que establece el artículo 57.
Las modificaciones propuestas para las tierras de uso común así como las tierras parceladas, facultando a la asamblea a emitir una nueva delimitación, parcelamiento y asignación a sujetos de derechos agrarios, ejidatarios, posesionarios, avecindados u otros, que a su vez se adecue el término no solo de usufructo y posesión, sino que se amplía insertando el termino de propiedad de las parcelas.
Asimismo, se clarifica la facultad jurídica que poseen los sujetos de derechos agrarios, ejidatarios, posesionarios, avecindados u otros. Ya que han existido diferentes criterios y conceptos a quien se le otorga el dominio pleno y desde la visión legislativa esta facultad la tiene la persona independientemente que tenga una o varias parcelas, y no la propia tierra.
Es así que considerando que es una demanda permanente de los ejidos y que es oportuno, fundamental y necesario el contar con un ordenamiento adecuado y que otorgue certeza jurídica a los núcleos ejidales de nuestro país, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura nuevamente presentamos esta iniciativa de nuestro partido que reforma diversos artículos de la Ley Agraria, la cual, en su momento por razón del artículo 89 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados no fue analizada ni dictaminada durante la LXII Legislatura.
Al tenor de lo anterior y considerando que en México la gran mayoría de las tierras son de propiedad social, es importante que desde esta soberanía se den los cambios en el marco legal para la adquisición de dominio pleno de sus parcelas y propiedades ejidales y transformarlas para que sean económicamente productivas, por lo que someto a consideración el presente proyecto de
Único. Se reforman los artículos 14, 23, 44, 46, 56, 57, 61, 62,75, 78, 80, 81, 82, 83, 152, 155, 156 y 161; de la Ley Agraria.
Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de propiedad sobre sus parcelas. Además, gozarán de los otros derechos que el reglamento Interno de cada ejido les otorgue sobre las tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan.
Reconocimiento de la propiedad de los ejidatariossobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;
Tierras de uso común,
III. Tierras parceladas; y
Tierras para infraestructura, interés público o servicio público.
Artículo 46. El ejido, por resolución de la asamblea y los ejidatarios, podrá otorgar en garantía el usufructuo de las tierras de uso común o parcelado. Esta garantía deberá constituirse ante notario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad que corresponda.
Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, para infraestructura, interés público o servicio público , al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:
Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido;
Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos;
En el caso de tierras achuradas estas se asignaran a hijos de ejidatarios con residencia probada con el debido parcelamiento económico.
III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo y
Podrá donar las áreas necesarias para infraestructura, interés público o servicio público a favor de la Federación, los Estados y Municipios.
Artículo 57. Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción II y III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:
Posesionarios reconocidos por la asamblea;
Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate;
III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más.
Otros individuos, a juicio de la asamblea.
Superficie requerida y plano georreferenciado de la misma;
Descripción de la obra de infraestructura a realizar, la causa de interés público a satisfacer o el servicio público que se pretenda prestar.
De esta solicitud deberá darse vista a la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará que se cumplan con los requisitos,
Artículo 61. La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por los individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras.
Artículo 62. A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los derechos de propiedad y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley.
Cuando participen socios ajenos al ejido, éste o los ejidatarios, en su caso, tendrán el derecho irrenunciable de designar un comisario que informe directamente a la asamblea del ejido, con las funciones que sobre la vigilancia de las sociedades prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el ejido o los ejidatarios no designaren comisario, la Procuraduría Agraria, bajo su responsabilidad, deberá hacerlo.
Igualmente, podrá haber usufructuo de la propiedad de las tierras de uso común, en caso de hacerse efectiva una garantía, siempre que se hubieren cumplido con los requisitos previstos por el artículo 46.
Artículo 78. El derecho de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditará con el título de propiedad, certificado parcelario o certificado de derechos agrarios, expedido por el Registro Agrario Nacion al, el cual contendrá los datos básicos de identificación de la parcela.
Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población, así como a personas ajenas al ejido.
a)La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;
b)La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, y
c)Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.
Artículo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá facultar a los ejidatarios, avecindados, posesionarios y otros a solicitar el dominio pleno de su o sus parcelas y otorgará a los solicitantes la propiedad de dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley.
Artículo 82. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios, avecindados, posesionarios y otros interesados asumirán la propiedad de sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad.
Artículo 83. La asignación en propiedad de las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido.
Los títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros,donaciones de interés público a la Federación, Estados y Municipio
Artículo 156. Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a propiedad privada y de ésta al régimen ejidal, así como la adquisición de tierra por sociedades mercantiles o civiles, deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional. Asimismo, los notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario. Nacional de toda traslación de dominio de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles.
Artículo 161. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará facultada para enajenar a título oneroso, mediante subasta pública , terrenos nacionales a los particulares, cuando estos cuenten con vocación agropecuaria , el valor base de la subasta será de acuerdo al valor comercial que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine el Instituto de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras.
Artículo Segundo. El Registro Agrario Nacional contará con el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir los títulos de propiedad a favor de los ejidatarios que cuenten con la resolución emitida por la respectiva asamblea ejidal en que se hizo constar el dominio pleno sobre sus parcelas.
Para efectos del párrafo anterior, el Registro Agrario Nacional deberá dar de baja de sus registros las tierras que se encuentren inscritas mediante certificado parcelario y deberá expedir el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad en que se encuentren las tierras.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.
Diputado Gerardo Federico Salas Díaz (rúbrica)

References: artículo 71
 artículo 27
 artículo 57
 artículo 89

Artículo 14
 artículo 75

Artículo 46
 resolución 

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 61

Artículo 62
 artículo 46

Artículo 78

Artículo 80

Artículo 81
 artículo 56

Artículo 82
 resolución 

Artículo 83

Artículo 156

Artículo 161
 resolución