Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920035%20.html
Timestamp: 2019-11-22 05:35:08+00:00

Document:
as201920035
Auto Supremo: 35/2019
Expediente: PT-8-18-S
Partes: La Sociedad Hotelera BEDELAR Ltda., representado por Rodolfo Noel Becerra de la Roca Romero y Ahmed Becerra de la Roca c/Vicenta Choque Romero y Celso Vallejos Condo
Proceso: Acción reivindicatoria y pago de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 185 a 188, interpuesto por Celso Vallejos Condo, contra el Auto de Vista Nº 007/2018 de 8 de enero de fs. 181 a 183 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso de acción reivindicatoria y pago de daños y perjuicios; seguido por la Sociedad Hotelera Bedelar representada por Rodolfo Noel Becerra de la Roca Romero y Ahmed Becerra de la Roca contra Vicenta Choque Romero y Celso Vallejos Condo, la concesión de fs. 198 vta., el Auto Supremo de Admisión Nº 451/2018-RA de 7 de junio de fs. 203 a 204 vta., los antecedentes del proceso, y;
El Juez Público Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Instrucción Penal Nº 1 de Toro Toro de la ciudad de Potosí, pronunció la Sentencia N° 001/2017 de 25 de enero, cursante de fs. 132 a 136 vta., de obrados, declarando PROBADA la demanda de reivindicación y pago de daños y perjuicios de fs. 50 a 53, por lo que dispuso la reivindicación del derecho propietario del bien inmueble terreno de sembradío ubicado en calle “Arteche”, barrio o zona central de la localidad de Toro Toro capital de la Segunda Sección de la provincia Charcas del departamento de Potosí, sobre la superficie de 10.000 m2, según la Escritura Pública ó Testimonio y 9.181,91 según datos técnicos del municipio de Toro Toro.
Contra la referida determinación, Celso Vallejos Condo y Vicenta Choque Churo interpusieron recursos de apelación por memoriales de fs. 150 a 152 vta., y de fs. 157 a 158 respectivamente, resueltos por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de la ciudad de La Paz, quien dispuso ANULAR la Sentencia y que el Juez A quo pronuncie una nueva de acuerdo a procedimiento, debidamente argumentado y motivado, sin espera de turno, bajo los siguientes argumentos:
La parte demandante pretendió como algo accesorio a lo principal, la calificación de daños y perjuicios, condenando al pago del lucro cesante de Bs. 10.000, por año y cada uno de los codemandados a partir del 2011, Vicenta Choque Romero y Celso Vallejos Condo a partir de 2013, sin embargo en la resolución final no se dispuso lo pretendido, dejando para otra fase su averiguación aspecto no solicitado en demanda.
En sentencia no se fundamenta la decisión del juez en base a los puntos de hecho a probar, por lo que vulnera el principio de congruencia, desconociendo que el juez de la causa debe fallar sobre lo pedido en la demanda y los hechos sustanciales aducidos en ella, defecto que la resolución en la cual indica no puede suplir ése tribunal, sino es por el mismo juez que emitió la resolución, a objeto de otorgar seguridad jurídica a las partes.
Señala que en el presente proceso existiría una falta de valoración de la prueba en razón a que el juez de la causa no cumplió en la resolución recurrida, ya que en la sentencia no se efectuó una apreciación vinculada de los medios de prueba aportada, una apreciación vincula de los medios de prueba aportadas por las partes, un análisis pormenorizado de cada una de ellas, y de forma conjunta no le otorgó el valor correspondiente de acuerdo a su sana crítica y prudente arbitrio otorgándole de forma armónica al apreció y la conclusión a la cual se arribó, en consecuencia no se cumplió con la labor de efectuar un análisis de todos los medios de prueba, por consiguiente se inobservo el principio de comunidad de la prueba además del principio de unidad o valoración conjunta de la prueba, de acuerdo al art. 145.II del Código Procesal Civil, y no de forma aislada, debiendo el juzgador tomar en cuenta ya que está en la obligación de apreciar y valorarlas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas de acuerdo a los arts. 1286 del Código Civil y 145 del Código Procesal Civil, labor exhaustiva que fue incumplida por el Juez A quo, ya que no se efectuó esta obligación legal de disgregar cada una de las pruebas que las partes aportaron según las imprecisiones al no tener certeza en la extensión superficial del terreno objeto de la litis.
Auto de Vista, contra el que Celso Vallejos Condo planteó recurso de casación mediante memorial de fs. 185 a 188, objeto del presente análisis.
1) El Tribunal de Alzada aplicó erróneamente los arts. 25 y 29 del Código de Comercio.
El recurrente denuncia que si bien no se puede ingresar a valorar aspectos de orden procesal que no fueron reclamados oportunamente no es menos evidente que el art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en concordancia de los arts. 4, 5 y 6 del Código Procesal Civil, prevén que los tribunales superiores tienen la facultad de revisar de oficio el cumplimiento correcto de la ley, el respeto al orden público y a las garantías y derechos constitucionales de las partes .
Es así que refiere que la demanda no debió ser admitida, pues el poder que se adjunta a la misma de fs. 1, no cumple con las estipulaciones previstas en los arts. 25 y 29 del Código de Comercio que determinan que el poder o mandato que otorga la sociedad debe estar inscrito en FUNDEMPRESA de manera inexcusable, lo cual indica habría sido pasado por alto por el Juez A quo al haber aceptado una personería en base a un poder que carecía de los requisitos de admisibilidad es decir incumplió su deber de directo del proceso siendo sorprendido en su buena fe y que pide sea reparado porque se vulneraria de la ley siendo un aspecto del que enerva su derecho al debido proceso, a la defensa y tutela judicial efectiva, constituyendo un acto que atenta flagrantemente el principio de la seguridad jurídica entendida como la aplicación objetiva de la ley y el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, citando como entendimiento jurisprudencial sobre nulidades procesales la Sentencia Constitucional 0962/2011-R de 22 de junio y sobre la usurpación de funciones cito el art. 122 de la Constitución Política del Estado.
2) El Auto de Vista incurrió en vulneración del principio de congruencia.
El proceso que fue admitido sin cumplir requisitos de admisibilidad y de proponibilidad, obteniendo una sentencia que declara probada con una subsecuente exposición de efectos en su incoherente argumentación y exposición lo cual afirma fue reclamado en su recurso de alzada y a través del recurso de apelación complementario de fs. 157 y 158 vta., donde dice que demostró lo deleznable del sustento de la sentencia.
Sin embargo en el caso de Autos se ha producido la incongruencia ultra petita, omitiendo considerar el debido proceso que tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, citando al efecto la Sentencia Constitucional 2016/2010-R de 9 de noviembre.
3) La sentencia es ultra petita, sobre la relación de hechos, existiendo mala aplicación de la ley.
La parte recurrente acusa que en el Auto de vista anulatorio sostiene que el a quo incumplió su deber de fundamentar de acuerdo al art. 25.1 del Código Procesal Civil, afirmando que los motivos por los que llega a esa conclusión se deben a que no se tiene convicción para disponer algo, sin que haya expuesto con coherencia que puntos de hecho a probar se han acreditado y cuales no se han acreditado, situación irregular que colige que la resolución final o sentencia no se encuentra debidamente fundamentada vulnerando el deber de congruencia que debe existir entre lo demandado, lo respondido y lo resuelto.
Y haciendo referencia al entendimiento jurisprudencial de la sentencia ultra petita cita el Auto Supremo 11/2012 de 16 de febrero.
Finalmente de forma confusa señala que la prueba absolutamente irrelevante para la naturaleza para la demanda, fue admitida ilegalmente por el A quo puesto que el Código Procesal Civil establece claramente que con la demanda deberá acompañarse toda la prueba necesaria que sustente la misma o si fuese posterior con juramento de reciente conocimiento, en el caso se ha admitido la prueba mencionada de manera ilegal e irregular, ya que la parte actora no ha aclarado en el contenido de la demanda que pretendía probar o acreditar con dicha prueba, por lo que solicita se anule el proceso hasta el Auto de admisión de fs. 54.
De la revisión de obrados se establece que corrido en traslado el recurso de casación, Rodolfo Becerra de la Roca Romero representante legal de la Sociedad Hotelera BEDELAR Ltda., señala que su observación sobre el poder de fs. 1 no estaría inscrito en FUNDEMPRESA, apreciación que no probaría, pese a la certificación de fs. 4 donde indica que el representante legal de la sociedad hotelera BEDELAR Ltda., su persona lo que por sí solo desmiente la falsedad del recurso planteado.
Añadiendo que presentó adjunto al memorial el certificado de FUNDEMPRESA de 3 de mayo de 2018 que evidencia que el Poder Nº 33/09 de 8 de enero de 2009 de fs. 1, está inscrito en el registro de comercio en el Libro de Registro Nº 13, datos que destruyen lo argumentación en recurso de casación por cuanto el juzgador al admitir la demanda actuó de forma correcta, sobre los demás argumento indica que carecen de consistencia y congruencia en mérito al Auto de Vista 007/18 de fs. 181 que anuló la sentencia de fs. 132 para que se corrija las incongruencias y se dicte nueva sentencia debidamente argumentada y motivada, por lo que pide que se declare infundado e improcedente el recurso planteado.
III.1. Del principio per saltum.
El Auto Supremo Nº 939/2015 de 14 de octubre, sobre el tema ha referido: “De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1) que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observados en el recurso de apelación, y 2) Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.
Bajo ese acápite el recurrente arguyó que se soslayó que el mandato de representación de la sociedad debe estar inscrito en FUNDEMPRESA y que debieron ser observados de oficio en virtud del art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en concordancia de los arts. 4, 5 y 6 del Código Procesal Civil, por cuanto alega se estaría vulnerando los derechos al debido proceso, a la defensa y tutela judicial efectiva, además de quebrantar el principio de la seguridad jurídica acudiendo para ello a la cita de la Sentencia Constitucional 0962/2011-R de 22 de junio sobre nulidades procesales y al art. 122 de la Constitución Política del Estado.
Sobre el particular se constata que la parte recurrente incorpora este agravio al margen de aquellos que fueron contemplados en la apelación, infiriéndose que no ha tomado en cuenta la naturaleza del “per saltum (pasar por alto)”, y pretende que este Tribunal ingrese a considerar aspectos nuevos que no fueron objeto de apelación y fundamentación, por tal motivo el mismo no merece pronunciamiento alguno, puesto que para estar a derecho, el recurrente debió instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el “per saltum”, que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación como es el caso; es decir, que el trámite debe ser denunciado oportunamente ante los tribunales inferiores y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, aspecto que imposibilita su análisis, dicho criterio tiene sustento en el contenido del art. 272.II del Código Procesal Civil, cuando señala que no podrá hacer uso del recurso de casación quien no apeló la Sentencia, exigencia procesal que se interpreta en forma extensiva a la formulación de agravios, en sentido que el agravio debe ser activado en fase de apelación y en caso de no acogerse el agravio postulado, deducir la infracción en el recurso de casación respecto al fundamento del Auto de Vista que considera inviable el agravio.
2) y 3) Sobre los motivos de vulneración del principio de congruencia y que la sentencia es ultra petita, existiendo mala aplicación de la ley.
El recurrente denuncia por una parte que el proceso fue admitido sin que se haya cumplido los requisitos de admisibilidad y de proponibilidad, emitiéndose una sentencia en base a una incoherente argumentación y exposición que reclamó en alzada, sin embargo el fallo impugnado incurrió en incongruencia ultra petita, en infracción al debido proceso. Adicionalmente refiere que el Auto de Vista anulatorio se debe a que el A quo incumplió su deber de fundamentación en coherencia con los puntos de hecho a probar y sobre la pretensión de calificación de daños y perjuicios, en infracción de la congruencia que debe existir entre lo demandado, lo respondido y lo resuelto, para luego concluir que hubo una mala aplicación de la ley.
Sin embargo, se observa que sobre la incongruencia ultra petita el recurrente no precisó si está referida a la Sentencia o al Auto de Vista ahora recurrido, asimismo cabe destacar que en el otro motivo se circunscribió únicamente a una relación de la nulidad dispuesta por el Ad quem, aspectos de los que se desprende que el recurrente además de no señalar por qué considera que se incurrió en esa incongruencia ultra petita se limitó a efectuar una relación confusa de lo resuelto por el Tribunal de apelación, resultando ser reclamos confusos además de carecer de una total exquisitez que no pretende una mera formalidad, sino que provoca incertidumbre en este Tribunal para resolver la denuncia vertida, apartándose de formular su acusación de forma puntual y clara, en base a un argumento o razonamiento jurídico, que tiende a demostrar que el Ad quem violó además del principio señalado el derecho al debido proceso o preceptos jurídicos al pronunciar la resolución ahora recurrida, y que a raíz de ello se le causó lesión o perjuicio en sus derechos, pues no basta la simple denuncia de incursión en una posible incongruencia, por lo que respecto a estos reclamos se denota una ausencia de una técnica recursiva expresa para poder ingresar a resolver las denuncias formuladas.
Razones por las que al haberse advertido que el Auto de Vista, no ha procedido a la vulneración de principios, derechos constitucionales, o norma legal que asiste a las partes, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 185 a 188, interpuesto por Celso Vallejos Condo, contra el Auto de Vista Nº 007/2018 de 8 de enero de fs. 181 a 183 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

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