Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/RAP/SUP-RAP-00006-2008.htm
Timestamp: 2019-05-25 15:48:18+00:00

Document:
SUP-RAP-6/2008
EXPEDIENTE: SUP-RAP-6/2008.
RECURRENTE: AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL "UNIDAD NACIONAL PROGRESISTA".
SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN Y FERNANDO RAMÍREZ BARRIOS.
VISTOS, para resolver, los autos del expediente SUP-RAP-6/2008, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Agrupación Política Nacional "Unidad Nacional Progresista", contra la omisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral de aprobar, en el plazo de ley, el financiamiento público que le correspondía para el año dos mil ocho, y
I. Antecedentes. De lo expuesto por el partido actor en su demanda, así como de las constancias de autos, es posible desprender lo siguiente:
a) En opinión de la actora, el primero día de enero de dos mil ocho, comenzó el periodo anual para la ministración y ejercicio del financiamiento público para los partidos y agrupaciones políticas nacionales, correspondiente a este año.
b) El catorce de enero siguiente, se publicó el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Diario Oficial de la Federación.
c) El veintiuno de enero del año en curso, la agrupación política actora solicitó al consejo señalado como responsable, la entrega del financiamiento público correspondiente para el ejercicio dos mil ocho.
d) En sesión celebrada el veintiocho de enero siguiente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el año que transcurre, pero omitió aprobar el fondo correspondiente a las agrupaciones políticas nacionales.
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el primero de febrero del presente año, la Agrupación Política Nacional "Unidad Nacional Progresista", por conducto de su representante legal, interpuso la demanda del presente recurso de apelación ante la Secretaría Ejecutiva de dicho instituto, que previa tramitación del mismo, lo remitió a esta instancia jurisdiccional, donde se recibió el once de febrero siguiente.
III. Turno. Recibidas las constancias atinentes, el mismo día, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar y turnar el presente expediente al Magistrado José Alejandro Luna Ramos, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Dicho turno se cumplió mediante oficio TEPJF-SGA-465/08, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta instancia jurisdiccional.
VI. Admisión. En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió a trámite el presente recurso y, agotada la instrucción, la declaró cerrada, con lo cual quedaron los autos en estado de resolución.
PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 40, apartado 1, inciso b), y 44, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación en el que la Agrupación Política Nacional "Unidad Nacional Progresista", combate una omisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
SEGUNDO. En su escrito inicial de demanda, el representante legal de la agrupación recurrente hace valer los siguientes agravios:
PRIMERO. Incumplimiento de la responsable de una obligación legal. La autoridad responsable violentó las disposiciones normativas que le indicaban cómo actuar ante la entrada en vigor del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Ello es así, porque el nuevo Cofipe, en vigor a partir del día 15 de enero de 2008, establece en su artículo Cuarto transitorio que "Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio’.
Cabe aquí señalar el significado de la palabra ‘trámite’. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la palabra ‘Trámite’ (del latín trames, -itis, camino, medio) significa ‘Cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta su conclusión’.
Tal es precisamente el caso de la ministración anual de financiamiento público para el año 2008 que se debe otorgar a las agrupaciones políticas nacionales, cuyo trámite inició desde agosto del año 2007, es decir, mucho antes de la entrada en vigor del nuevo Cofipe, razón por la cual, con fundamento en el citado artículo Cuarto transitorio, debe regirse de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en agosto de 2007.
1.- El 29 de agosto de 2007, el Consejo General del IFE aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2008. Aquí inició el trámite. Este Anteproyecto, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 2007.
2.- El 12 de noviembre de 2007, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2008, que incluye el presupuesto para el IFE, y dentro de éste el correspondiente a los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.
3.- El 13 de diciembre de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2008.
4.- El 28 de enero de 2008 el Consejo General del IFE aprobó el acuerdo por el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales para el año 2008. También debió haber aprobado el correspondiente a las agrupaciones políticas nacionales, pero omitió hacerlo.
5.- En febrero de 2008 el IFE entrega a cada partido o agrupación política el monto asignado de financiamiento público que le corresponde. Aquí concluye el trámite.
El Consejo General del IFE tiene la obligación, como órgano autónomo, de presentar su proyecto de presupuesto, para ser integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como se establece en el artículo 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el cual ordena que ‘Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos enviarán a la Secretaría sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo.’
Por ello, el Consejo General del IFE aprobó el citado ‘Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2008’, en cuyo artículo segundo claramente se aprecia que estaba contemplado el financiamiento de las Agrupaciones Políticas Nacionales:
El programa ‘Administrar las prerrogativas electorales y fiscalizar el gasto de los partidos, tiene como objetivo general para 2008:
‘Coadyuvar al fortalecimiento y debido funcionamiento del sistema de partidos, así como al desarrollo de las Agrupaciones Políticas Nacionales, con especial énfasis en hacer patente la transparencia de los procedimientos, el cuidado en la rendición de cuentas como principio general y la certeza en los procedimientos; garantizar el oportuno otorgamiento de las prerrogativas de los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales, a través de perfeccionar el método y la forma de entrega de las ministraciones del financiamiento público, agilizar los trámites para obtener las franquicias postales y telegráficas a que tienen derecho, y mejorar los procedimientos para la apertura de los medios masivos de comunicación.
7.- De igual manera, las agrupaciones políticas nacionales con registro, gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política.
8.- Para los efectos del párrafo anterior, se constituirá un fondo consistente en una cantidad equivalente al 2% del monto que anualmente reciben los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanente.
9.- Este fondo se entregará anualmente a las agrupaciones políticas, en términos de lo previsto en el reglamento que al efecto emita el Consejo General.
Ahora bien, el Reglamento para el Financiamiento Público que se otorgue a las Agrupaciones Políticas Nacionales (en lo sucesivo ‘Reglamento’), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2005, establece en su artículo 2.1 la obligación de la responsable al respecto:
OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SON IMPUGNABLES.— (Se transcribe.)
SEGUNDO. Inconstitucionalidad y Violación al principio de Legalidad. Con esta irresponsable e ilegal omisión, la responsable niega completamente la prerrogativa de mi representada consistente en el financiamiento público que tiene derecho a recibir como agrupación política nacional, lo que nos causa severo agravio, pues viola lo dispuesto por el artículo 41, fracción V, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Instituto Federal Electoral (IFE) tendrá a su cargo lo relativo a los derechos y prerrogativas de las Agrupaciones (políticas nacionales) y de los Partidos Políticos (nacionales).
Se acredita así el agravio causado, porque es evidente que el constituyente permanente quiso que las Agrupaciones Políticas Nacionales tuvieran derechos y prerrogativas (de no ser así, no se facultaría al IFE al respecto), sin embargo, la responsable atenta contra esa disposición constitucional, al omitir el otorgamiento del financiamiento público que como prerrogativa se debe otorgar a mi representada durante el año 2008.
Además de la violación constitucional que implica el omitir la asignación de financiamiento público, le causa severísimo agravio a mi representada en virtud de que impide y obstaculiza gravemente que pueda realizar con éxito las funciones que tiene asignadas por ley, en el sentido de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.
El artículo 35 numeral 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el 14 de enero del presente año, pero aplicable de conformidad con el artículo cuarto transitorio del nuevo Cofipe vigente a partir del pasado 15 de enero, establece claramente que las Agrupaciones Políticas Nacionales gozarán de financiamiento público para el apoyo de sus actividades, por lo que al omitir la constitución del fondo y en consecuencia su entrega, se está impidiendo a mi representada cumplir con sus funciones de ley, pues el financiamiento público es esencial para la realización del conjunto de actividades que debe y necesita llevar a cabo mi representada durante este año.
FINANCIAMIENTO PÚBLICO. TODA AFECTACIÓN A ESTE DERECHO ES DETERMINANTE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.— (Se transcribe.)
Cabe señalar que mi representada, Unidad Nacional Progresista, es una Agrupación Política Nacional que obtuvo su registro en agosto de 2005, y desde entonces ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones y objetivos, lo que se traduce en que nunca ha sido sancionada por el IFE al no haber cometido falta alguna en la fiscalización anual, es decir, los recursos se han destinado íntegra y transparentemente a los fines que tiene como organización ciudadana; logramos en dos años consecutivos (2006 y 2007) el primero y quinto lugar respectivamente (en revisión este último por sentencia SUP-RAP-72/2007) en la evaluación de la calidad de tareas editoriales; editamos oportunamente nuestras publicaciones mensuales y trimestrales; hemos realizado decenas de talleres masivos sobre derechos de los migrantes en diversos estados del país, entre otras muchas actividades, todo lo cual esta a la vista de la ciudadanía en nuestro actualizado sitio en Internet www.unp.org.mx, con lo que demostramos que nuestro interés no es el de una vil ambición económica.
TERCERO. Violación al derecho de petición. El día 21 de enero de 2008 presentamos una petición (anexo 2) al Consejo General del Instituto Federal Electoral, a través de su presidente provisional, en la que solicitamos que se nos entregara el financiamiento público correspondiente al año 2008.
Sin embargo, a la fecha no hemos recibido respuesta alguna, con lo que la responsable está conculcando el derecho de petición de mi representada consagrado en el artículo 8 constitucional.
Este Tribunal es competente para conocer de las violaciones constitucionales que establece este agravio, pues existe jurisprudencia que así lo determina:
Tesis S3ELJ 22/2002:
COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA TIENE PARA CONOCER DE POSIBLES VIOLACIONES A NORMAS CONSTITUCIONALES NO ELECTORALES.— (Se transcribe.)
Con todo lo anterior queda de manifiesto la violación constitucional y a las garantías de legalidad y petición de mi representada, por lo que recurrimos a este Tribunal para que se nos proteja.
Sabemos que nos asiste la razón legal, moral, política y democrática en este asunto, por eso pedimos que este Tribunal entre al fondo y resuelva este asunto, deteniendo con la fuerza de la verdad legal las veladas pretensiones antidemocráticas de los sectores más reaccionarios del país que pretenden pasar por encima de los ciudadanos organizados que seguimos las vías institucionales de participación política…"
TERCERO. Estudio de fondo. En su escrito inicial de demanda, la agrupación política promovente esgrime tres agravios en los que hace valer, medularmente, lo siguiente:
1) Incumplimiento de una obligación legal por parte de la responsable;
2) Inconstitucionalidad y violación al principio de legalidad, y
3) Violación al derecho de petición.
Por cuestión de método, en el presente medio impugnativo será analizado, en primer lugar, el planteamiento relativo a la inconstitucionalidad y violación al principio de legalidad.
Lo anterior, debido a que, en caso de que resultara fundado lo alegado por la agrupación accionante, a ningún efecto práctico llevaría realizar el estudio de los otros motivos de disenso, pues la pretensión de la incoante habría quedado colmada.
Así las cosas, en relación con este tema, la agrupación actora sostiene que la responsable niega su prerrogativa de recibir financiamiento público y, con ello, lo dispuesto en el artículo 41, fracción V, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo lo relativo a los derechos y obligaciones de las agrupaciones políticas nacionales.
En opinión de la recurrente, la responsable atenta contra esa disposición al omitir otorgarle el financiamiento público que le corresponde.
Con ello, considera, la responsable impide y obstaculiza que la actora pueda realizar exitosamente las funciones que tiene asignadas por ley pues, estima, el financiamiento público que, sostiene, es un derecho adquirido, es esencial para la realización del conjunto de actividades que debe llevar a cabo durante el presente año y, por tanto, omitir su entrega, conculca el avance democrático del país.
En concepto de la apelante, la responsable dejó de aprobar la asignación de financiamiento a las agrupaciones políticas nacionales, con base en que se eliminó del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la obligación expresa de proporcionárselo.
Sin embargo, a su juicio, dicha disposición es inconstitucional y conculca las garantías de la accionante, por lo que solicita a esta instancia jurisdiccional determinar su inaplicación, por ser contrario a lo dispuesto por el precepto constitucional invocado con antelación, así como a las garantías y principios consagrados en la Norma Fundamental.
La apelante sostiene que el Estado no puede dejar a su suerte a las organizaciones de ciudadanos, sólo imponiéndoles obligaciones, pues debe garantizar y proporcionar incentivos o apoyos mínimos para que puedan llevar a cabo sus actividades.
En su opinión, al eliminar el financiamiento público en el artículo 35 del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se atenta contra la obligación estatal de velar, entre otros intereses, contra la preservación de las formas en las cuales se desarrolla y manifiesta el sistema de gobierno democrático, específicamente, las agrupaciones políticas nacionales, en tanto son agentes difusores de la cultura democrática.
Los agravios son infundados.
Esta determinación, contrariamente a lo que afirma la recurrente, no contraviene lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el mandato constitucional invocado por la apelante no impone al legislador la obligación de otorgar una ventaja o exención en particular a las agrupaciones políticas nacionales, sino que remite a la legislación secundaria.
Al respecto, importa considerar que en el Dictamen con Proyecto de Decreto que expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 2401-V, del martes once de diciembre de dos mil siete y presentado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión celebrada ese mismo día, se expresa:
Por tanto, en la aplicación de los métodos de interpretación sistemática y funcional, resulta incuestionable concluir que uno de los objetivos de la reforma electoral, en términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, en vigor a partir del día siguiente, fue precisamente eliminar el financiamiento público que anteriormente se otorgaba a las agrupaciones políticas nacionales.
Por todo lo anterior, se considera infundado lo alegado por la apelante respecto de la inconstitucionalidad del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del cual solicita su inaplicación.
Sirve de criterio orientador a lo expuesto, la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, página quinientos sesenta y cinco, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
En consecuencia, no es factible asignar a los dispositivos legales en que se apoyó la pretensión de la recurrente, mayor alcance del que legalmente tienen y menos aún, al extremo de estimar que tales agrupaciones tienen los mismos derechos y prerrogativas legalmente reservadas para los partidos políticos, en especial lo relacionado con el financiamiento público, pues, como se precisó, existen disposiciones de orden constitucional como legal, que ubican en planos distintos a cada una de esas instituciones políticas.
Finalmente, es infundado lo alegado por la agrupación demandante de que, a pesar de que la ley les exige el cumplimiento de diversas obligaciones y la realización de determinados fines, la responsable dejó de otorgarles financiamiento público.
En efecto, en primer término, es necesario considerar que las agrupaciones políticas tienen la posibilidad de financiar sus actividades mediante recursos privados a través de las donaciones recibidas de afiliados y simpatizantes, a través de lo recaudado en rifas, sorteos, etcétera.
Asimismo, precisamente en virtud de esas funciones y obligaciones, la ley les otorga determinadas prerrogativas, como son la de de gozar de un régimen fiscal diferenciado que comprende la exención en el pago de determinados derechos e impuestos, etcétera.
Por todo lo expuesto, ha lugar a declarar infundados los motivos de inconformidad en examen.
Por su parte, en cuanto a lo relacionado con el incumplimiento de una obligación legal por parte de la responsable, en opinión de la actora, el consejo señalado como responsable violentó las disposiciones normativas que le indicaban cómo actuar a la entrada en vigor del nuevo Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales.
Esto, porque el artículo cuarto transitorio del ordenamiento legal en cita establece que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del mismo, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.
Así las cosas, a juicio de la recurrente, en el caso de la ministración anual de financiamiento público que, sostiene, debe otorgarse a las agrupaciones políticas nacionales en el dos mil ocho, comenzó en el mes de agosto del año anterior.
En este orden de ideas, según dicho de la recurrente, en el caso es aplicable la fórmula que estableció el legislador en el artículo transitorio citado y, por tanto, la responsable debió ceñirse a lo dispuesto en él.
Por lo anterior, en opinión de la apelante, en el caso resulta aplicable lo dispuesto en los numerales 7, 8 y 9 del artículo 35 del código electoral federal que estuvo vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, además de los artículos 2.1 y 3.1 del Reglamento para el Financiamiento Público que se otorgue a las Agrupaciones Políticas Nacionales y, su incumplimiento, dio lugar a que se violara la ley y se causara un serio agravio a la recurrente pues, a su juicio, la responsable incumplió con su obligación de constituir el fondo correspondiente y, dejó de aprobar el monto que debía entregarse a la apelante.
Ene efecto, conforme al postulado consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma fundamental que debe imperar sobre todo el orden jurídico, atento al principio de supremacía constitucional, estatuido en el numeral 133 de la propia Carta Magna, los principios rectores a los que debe sujetarse el Instituto Federal Electoral, son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
El principio de legalidad entraña la obligación de las autoridades electorales de apegarse estrictamente a los límites que constitucional y legalmente les son impuestos, motivo por el cual, si la constitución y la ley, no conceden de manera expresa a las agrupaciones políticas nacionales la prerrogativa de recibir financiamiento público, entonces la autoridad electoral no debe otorgársela.
En efecto, como se ha demostrado, en el actual sistema normativo electoral federal no se advierte la existencia de una norma en virtud de la cual se otorgue a las agrupaciones políticas nacionales la prerrogativa de gozar de financiamiento público.
Además, acorde con lo establecido en el código electoral vigente, las agrupaciones políticas nacionales cuentan únicamente con dos tipos de prerrogativas: la posibilidad de suscribir acuerdos de participación con partidos y coaliciones políticos a efecto de participar en un proceso electoral y la de gozar de un régimen fiscal especial.
En esas condiciones, es válido concluir que la normatividad electoral vigente no impone un deber de actuación al Consejo General del Instituto Federal Electoral consistente en establecer el financiamiento público a las agrupaciones políticas nacionales, toda vez que no existe disposición expresa en la que se ordene a dicho órgano emitir o aprobar un acuerdo, por el cual se destine este tipo de financiamiento a favor de dichas agrupaciones.
Ahora bien, sobre la posible aplicación retroactiva de lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, en perjuicio de la agrupación política recurrente, y la consecuencia vulneración del principio consagrado en el artículo 14 de la Constitución general de la República, esta Sala Superior considera que, en el caso, no existen las condiciones que permitan afirmar que los actos impugnados suponen una aplicación retroactiva de la nueva legislación en perjuicio de la promovente, en atención a lo siguiente.
En el presente asunto, la cuestión medular es verificar si los actos impugnados o sus efectos suponen una aplicación retroactiva de la nueva legislación en perjuicio de la agrupación recurrente.
En este sentido, como se ha expuesto, la legislación vigente no establece el derecho de las agrupaciones políticas nacionales de recibir financiamiento público; por tanto, tampoco existe la obligación de la autoridad administrativa electoral de establecer el fondo conducente y, menos aún el deber de entregar el financiamiento público en términos de la normativa electoral abrogada.
Esta Sala Superior ya ha considerado que el artículo 14 de la Constitución garantiza el respeto de las situaciones legalmente establecidas, impidiendo que la ley modifique el pasado en perjuicio de persona alguna, es decir, prohíbe que la ley sea aplicada retroactivamente. Sin embargo, el concepto jurídico de la retroactividad tiene una connotación estricta; no basta que una ley se aplique sobre situaciones del pasado, si no que, además, debe producir efectos perjudiciales concretos, sobre un sujeto de derecho determinado, para que se considere tal aplicación como infractora de la prohibición contenida en la citada disposición constitucional.
Por su parte, en el Reglamento para el financiamiento público que se otorgue a las Agrupaciones Políticas Nacionales2 se dispuso:
2 Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se abroga el Reglamento para el financiamiento público para las agrupaciones políticas nacionales publicado el 6 de marzo de 2002, y se emite el Reglamento para el financiamiento público que se otorgue a las agrupaciones políticas nacionales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2005.
Es preciso señalar que tratándose de las materias que se rigen por el derecho público, como acontece en la especie, se ha considerado que generalmente no es aplicable la noción del derecho adquirido, en el sentido de que los individuos pueden seguir rigiéndose de manera indefinida conforme a las reglas vigentes en un momento dado, en tanto que dicho sistema responde a las necesidades de una constante adecuación de los fines estatales que se pretenden conseguir, aun cuando ello no puede implicar que ese tipo de normas queden excluidas de la observancia del derecho fundamental consistente en la irretroactividad de la ley3.
Por otro lado, es infundado el disenso consistente en que al haber iniciado el procedimiento de asignación de financiamiento a las agrupaciones políticas nacionales en el dos mil siete, con la emisión de diversos acuerdos relacionados con el Presupuesto de Egresos de la Federación, debieron considerarse como de trámite; y por tanto, aplicarse el contenido del artículo cuarto transitorio del nuevo Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales.
Si bien diversos procedimientos relacionados con el financiamiento de las agrupaciones políticas se iniciaron desde finales del año dos mil siete, con la emisión del acuerdo CG239/2007 relacionado con la aprobación del anteproyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio del dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de octubre de dos mil siete, el cual con ciertos ajustes se contempló en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal cuestión no puede servir de justificación para estimar que el financiamiento de las agrupaciones políticas nacionales representaba un "asunto que se encontraba en trámite" a la entrada en vigor del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en atención a que la serie de acciones que el Instituto Federal Electoral realizó en el último trimestre del año próximo pasado con el objeto de calcular el presupuesto que debería asignársele contemplando todas aquellas erogaciones con que potencialmente tendría que afrontar la institución durante el ejercicio fiscal dos mil ocho, constituyen solo parte de las acciones programáticas que de conformidad con lo dispuesto en el derogado artículo 82, párrafo 1, inciso v), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tenía obligadamente que realizar, para luego, remitirlo al titular del Poder Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y posterior presentación a la Cámara de Diputados para su aprobación final, según lo dispone el artículo 74, fracción IV, párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En tal sentido, el hecho de que en el aludido acuerdo se haya determinado que del proyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral estipulado en $ 8,613.0 millones de pesos, el 35.6% equivalente a $ 3,062.2 millones de pesos, correspondía al financiamiento público de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, y la previsión de la constitución de cuatro partidos políticos nacionales, el cual finalmente quedó aprobado por la Cámara de Diputados en un monto de $ 7´967´033,480, no puede estimarse como un trámite tendiente a la asignación, propiamente de financiamiento de las agrupaciones políticas y que pueda servir de base para ahora reclamar el nacimiento de prerrogativas a favor de la apelante al amparo de la anterior legislación y, que como tal, deba de serle reconocida aún con la vigencia de las nuevas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que las acciones en cuestión, tal y como se manifestó, sólo representan la realización de actividades operativas al interior del organismo electoral, que se reitera, no tuvieron como objeto determinar financiamiento para las agrupaciones políticas sino el presupuesto a ejercer por el Instituto Federal Electoral lo que tiene que realizarse en los términos y condiciones que se establezca en la ley de la materia.
Aunado a lo anterior, es necesario considera que el Decreto de Presupuesto de Egresos solamente autoriza el ejercicio de los recursos públicos, el cual debe realizarse conforme a las normas que regulan las competencias, atribuciones y deberes de cada ente público establecidas en la legislación aplicable, por ello, dicho acto no puede generar derechos u obligaciones distintos a los que ya se encuentran previstos en tal legislación.
De ahí, lo infundado del agravio.
Finalmente, respecto a la violación al derecho de petición, en opinión de la agrupación actora, a la fecha en que se interpuso el presente medio impugnativo, la responsable no había dado contestación al oficio que presentó el veintiuno de enero pasado, en el que solicitó le fuera entregado el financiamiento público correspondiente.
Lo alegado sobre el particular por la agrupación política incoante deviene infundado.
Esto, pues si bien a la fecha en que se interpuso el presente medio impugnativo no se había otorgado resuesta al escrito presentado por la actora, lo cierto es que en autos existe constancia, en copia certificada, del oficio número DEPPP/DEPPF/0267/2008 de seis de febrero del presente año, con el que se da contestación a su solicitud.
En este sentido, a ningún efecto práctico llevaría acoger lo señalado por la impetrante, pues su pretensión ha quedado colmada con el oficio de señalado.
En efecto, el documento de mérito se encuentra dirigido a Gustavo García Arias, en su calidad de Presidente de la Agrupación Política Nacional "Unidad Nacional Progresista", siendo él mismo quien comparece en esta instancia, en la que se ostenta con el mismo carácter.
El oficio de mérito se encuentra suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral y, de su contenido, es posible desprender lo siguiente:
"Por instrucciones del Mtro. Andrés Albo Márquez, Presidente Provisional del Consejo General del Instituto Federal Electoral y con fundamento en el artículo 129, párrafo 1, incisos d) y m) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales me permito dar respuesta a su escrito sin número de fecha 21 de enero del año en curso, mediante el cual solicita se haga entrega del financiamiento público que correspondería a la Agrupación Política Nacional que representa".
Esto es, de conformidad con lo anterior, es posible afirmar que el oficio de mérito se encuentra dirigido a atender la solicitud que, en esta instancia, considera la recurrente que no ha sido respondida.
En la parte superior de la primera hoja del oficio en cuestión, se aprecia que, como acuse de recibo, se asentó manualmente la leyenda "Recibí original", y el nombre "Mao A. Sáenz Culebro", una rúbrica, así como la fecha y hora (07/febrero/08 13:21 hrs.).
De los elementos descritos, es posible presumir que el oficio de mérito fue recibido por la interesada, en virtud de que el nombre de quien lo recibió, se encuentra entre las personas que fueron autorizadas en esta instancia jurisdiccional para oír y recibir notificaciones.
En este orden de ideas, es dable sostener que la responsable dio contestación al escrito de veintiuno de enero de dos mil siete, con la emisión del oficio de referencia y que éste fue recibido por la agrupación actora el siete de febrero siguiente.
En tales condiciones, contrariamente a lo afirmado por la apelante, a juicio de esta Sala Superior, en la especie no se ha violentado su derecho de petición, pues la responsable ya dio respuesta al escrito correspondiente, con lo que la pretensión de la recurrente ha quedado colmada.
Por lo anterior, como se adelantó, el agravio de mérito es infundado.
ÚNICO. Son infundados los agravios relativos a la omisión de otorgar financiamiento público, atribuida al Consejo General del Instituto Federal Electoral.
NOTIFÍQUESE. Personalmente, a la Agrupación Política Nacional "Unidad Nacional Progresista", en el domicilio señalado al efecto en autos; por oficio, con copia certificada de la presente resolución, al Consejo General del Instituto Federal Electoral y, por estrados, a los demás interesados.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que integran esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe. Rúbricas.

References: artículo 19
 artículo 30
 artículo 2
 artículo 41
 artículo 35
 artículo 8
 artículo 41
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 41
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 82
 artículo 74
 artículo 129