Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-318-96.htm
Timestamp: 2018-12-12 17:07:58+00:00

Document:
C-318-96
Sentencia C-318/96
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS-Diferenciación de regímenes laborales
La diferenciación planteada es justificada pues la finalidad que persigue es la adecuada prestación de los servicios públicos tanto por entidades públicas como por entidades privadas. Como se busca la participación de esas clases de empresas, el legislador reguló el régimen laboral de los trabajadores de tales entidades diferenciando el tratamiento a fin de reconocer las diferencias existentes en las clases de empresas citadas. En efecto, las causas, objetivos, estructura y gestión de una empresa del Estado no corresponden con exactitud a las de una empresa de carácter privado o en la que participe parcialmente capital de los particulares.
Referencia: Demanda No. D-1123
Actor: Alejandro Bañol Betancur.
Santa Fe de Bogotá, dieciocho (18) de julio mil novecientos noventa y seis (1996).
El ciudadano Alejandro Bañol Betancur presenta demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, a la cual le fue asignada el número D-1123. Cumplidos, como están, los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
II. TEXTO ACUSADO.
ARTICULO 41. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta ley. Las personas que presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta ley se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 17, se regirán por las normas establecidas en el inciso primero del artículo 5º del Decreto-ley 3135 de 1968.
El ciudadano Bañol Betancur, centrándose en la frase "en el inciso primero" contenida en el artículo demandado, manifiesta que el mandato ínsito en las palabras citadas coloca en calidad de empleado público al servidor de una empresa industrial y comercial del Estado que preste un servicio público domiciliario, cuando la categoría laboral que detenta el servidor de todas las demás empresas industriales y comerciales estatales es la de trabajador oficial. A juicio del actor, la imposición de la restricción laboral que implica la calidad de empleado público, no puede afectar los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, a través de sus organizaciones y convenciones colectivas.
Por lo anterior, considera el actor que el artículo 41 de la mentada ley 142 de 1994 transgrede el artículo 25 de la Carta Política, "al no estar garantizando el derecho fundamental de la especial protección del Estado. Pues, el cambio de estructura empresarial, que se ha venido realizando en las entidades de servicios públicos, deja a los trabajadores en condiciones no dignas e injustas, frente a los despidos realizados y el acceso a un nuevo empleo".
Finalmente, el demandante sostiene que también se violan los artículos 38 y 39 de la Carta Política "al desconocer el derecho a la libre asociación de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad, en concordancia con el justo derecho que proviene de la constitución de los sindicatos y asociaciones", pues, la norma acusada elimina "las organizaciones de trabajadores, pensionados, jubilados, sin que haya motivo de orden constitucional que lo permita".
IV. INTERVENCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.
El ciudadano Jose Fernándo Castro Caycedo, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, interviene en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad de la disposición acusada.
El interviniente, en primer término, trae a colación un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que se refiere a la frase "en el inciso primero" contenida en la disposición demandada. El mencionado concepto señala que al redactar la norma se incurrió en una equivocación al citar como régimen laboral aplicable al servidor de una empresa industrial y comercial del Estado que preste un servicio público domiciliario, el previsto por el inciso primero del artículo 5º del decreto 3135 de 1968 cuando lo pertinente era invocar el inciso segundo. A partir de lo anterior, el interviniente fija su posición explicando que "discrepa del concepto de la Honorable Corporación, con fundamento en la premisa de que el Legislador es sabio, lo cual excluye, ab initio, la posibilidad de considerar que éste se haya equivocado en la expedición de una disposición". Además, según su criterio, este régimen por virtud del artículo 186 de la ley de servicios públicos domiciliarios, por su carácter de especialidad. preferencialidad y posterioridad, rompe con los principios de los Decretos Nos. 1050, 3130 y 3135 de 1968, que configuraron la reforma administrativa del mismo año.
Añade el interviniente que el Legislador optó por que el interés general prime sobre el interés particular de las organizaciones sindicales y esta prevalencia del interés general se justifica, según el interviniente, por el carácter esencial de los servicios públicos domiciliarios. Afirma el ciudadano Castro Caycedo que "en este sentido es equívoco el argumento presentado por el actor, en la medida en que el principio de la igualdad debe ser analizado no en forma absoluta, como se plantea en la demanda, sino dentro de los límites y parámetros de razonabilidad de la norma, mirando cada caso en concreto".
... la naturaleza jurídica de la ESP -empresa de servicios públicos-, modifica el régimen de las entidades que produjo la anterior reforma, así como la clasificación que ésta hizo de los servidores de las entidades públicas en trabajadores oficiales y empleados públicos, con lo cual el Legislador efectivamente introdujo modificaciones a este régimen al autorizar que las empresas prestadoras de servicios públicos se regulen por un esquema de sociedades por acciones, sociedades de economía mixta, o excepcionalmente, empresas industriales y comerciales del Estado, y en el caso de que sean de carácter oficial, es decir, aquellas de la última naturaleza jurídica mencionada determine su régimen laboral con la categoría de empleados públicos, sin que con ello se ocasione, bajo ninguna circunstancia, motivo alguno de inconstitucionalidad que vulnere la Carta.
La noción de entidad pública tiene actualmente una categoría que perdió las características originales emanadas de la reforma administrativa de 1968, frente a la LSPD -ley de servicios públicos domiciliarios-, como consecuencia del régimen especial de éstos servicios y de la transformación o reconversión empresarial a que se refiere el Artículo 180 de la LSPD (Cfr. Transformación de Empresas), con lo cual las estructural creadas en 1968 sufrieron una mutación de carácter legal.
V. INTERVENCION CIUDADANA.
A juicio del Viceprocurador es necesario partir de la naturaleza del servicio prestado por la entidad a la cual se encuentra vinculado el servidor. En ese sentido, señala que la Ley acusada señaló, en su artículo 4º, que los servicios públicos domiciliarios son esenciales. Así las cosas, tales servicios "están destinados a satisfacer necesidades vitales o indispensables para la vida de la comunidad". Es por ello, que toda regulación en relación con éstos debe asegurar con rango preminente los derechos de los usuarios y habitantes en general.
La Vista Fiscal señala que al sopesar dos clases de derechos, el interés público de un lado, y por el otro, el interés que se deduciría de un tratamiento laboral particular -el de los trabajadores oficiales-, necesariamente conduce a deducir, teniendo en consideración la naturaleza esencial del servicio público, el cual demanda constitucionalmente una cobertura, eficiencia y calidad especiales, que el segundo deba adecuarse al primero, precisamente para garantizar su plena efectividad. Concluye, entonces, el Viceprocurador que:
VI. FUNDAMENTO JURIDICO.
1- Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de los artículos acusados de la Ley 201 de 1995, ya que se trata de la demanda de un ciudadano contra una norma que hace parte de una ley.
Es de mérito anotar que la presente demanda fue admitida el día 7 de noviembre de 1995. Más tarde, una parte del texto legal acusado, específicamente, la locución “inciso primero del”, contenida en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, fue objeto de un pronunciamiento por la Corte Constitucional. En efecto, en la Sentencia C-253/96, la Corte Constitucional declaró inexequible la frase en comento.
2- A pesar de acusar la totalidad del artículo 41 de la Ley 142 de 1994, el actor radica el eje argumentativo de su impugnación, únicamente, sobre la frase "inciso primero del" contenida en la norma ya citada. Como se señaló anteriormente, la Corte Constitucional declaró inexequible tal locución, con lo cual, la parte final del artículo acusado establece una situación jurídica diferente. Lo anterior, aunado a la acusación total del artículo 41 citado, obliga a la Corte a asumir el control de constitucionalidad de toda la disposición demandada. Así, esta corte abordará el tema de la razonabilidad de la distinción laboral preceptuada en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994.
3- La distinción laboral en comento tiene como causa principal la naturaleza jurídica de la entidad que presta el servicio público, a la cual está vinculado el trabajador. En efecto, de la lectura de la norma acusada se aprecia que la distinción laboral acusada se presenta con el servidor de una empresa industrial y comercial del Estado que preste un servicio público domiciliario, en relación con la uniformidad en el tratamiento laboral del empleado de una empresa privada o de economía mixta que suministre el mismo servicio ya anotado.
4- Esta Corporación ha establecido en varias decisiones que para que una diferenciación no se traduzca en una discriminación es necesario que la distinción entre los supuestos de hecho establecida por el legislador y a la cual éste atribuye determinadas consecuencias jurídicas tenga una justificación constitucional y razonable desde el punto de vista de la finalidad perseguida por la ley. Esto significa que la ley debe perseguir una finalidad legítima, y que la clasificación establecida por el legislador debe ser un medio adecuado y proporcional para alcanzar tal fin.
5- En el caso concreto, la diferenciación planteada es justificada pues la finalidad que persigue es la adecuada prestación de los servicios públicos tanto por entidades públicas como por entidades privadas. Como se busca la participación de esas clases de empresas, el legislador reguló el régimen laboral de los trabajadores de tales entidades diferenciando el tratamiento a fin de reconocer las diferencias existentes en las clases de empresas citadas. En efecto, las causas, objetivos, estructura y gestión de una empresa del Estado no corresponden con exactitud a las de una empresa de carácter privado o en la que participe parcialmente capital de los particulares. Así lo explica la Corporación:
Así, por ejemplo, al analizar dos empresas telefónicas, una pública y otra privada, ambas generando excedentes, se encuentra que su funcionamiento está orientado por dos lógicas diferentes; la privada tendrá como propósito central la generación de una tasa de rentabilidad determinada, para lo cual deberá minimizar costos y aumentar sus ingresos, lo que le implicará, dadas las características del servicio, concentrarse en las capas de mayor ingreso de la población, ofreciéndoles servicios de alto valor agregado. La pública deberá, además de atender las grandes capas de la población que demandan sus servicios, propender por la ampliación de su capacidad en lo técnico y en cobertura, dando prelación a las franjas de población más pobres, las cuales, por tratarse de un servicio esencial, deberán recibir un subsidio, pues no están en capacidad de pagar tarifas plenas que reflejen los costos marginales que se derivan de la prestación del mismo[1].
6- Ahora bien, uno de los medios utilizados para viabilizar la participación de empresas públicas y privadas en la prestación de servicios públicos, es el reconocimiento legal de la existencia de una diferencia de trato entre los trabajadores de las entidades en mención, la cual consiste en el sometimiento a las normas del Código Sustantivo del Trabajo de los empleados de las empresas privadas o mixtas, dándoles el carácter de trabajadores particulares; por otro lado se encuentran los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado, cuyo régimen aplicable es el pertinente, ubicado en el artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968.
Al respecto de los empleados de las empresas privadas o mixtas, es apenas lógico que tengan el carácter de trabajadores particulares y consecuencialmente, se les aplique el estatuto del trabajo que regula las relaciones individuales del trabajo de carácter particular -art. 3º C.S.T.-, precisamente en aplicación del derecho a la igualdad, pues tales trabajadores tienen el mismo tratamiento legislativo que sus pares.
En lo que se refiere a los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado que presten servicios públicos, su categoría laboral es la de trabajadores oficiales, a partir de la Sentencia C-253/96 de la Corporación. En efecto, la Corte considera que no se les podría calificar de empleados oficiales sin violar su derecho a la igualdad (art. 13 C.P.) y a la negociación colectiva (art. 55 C.P.). Así la Corporación señala lo siguiente:
Es evidente que el Legislador tiene facultad para fijar el régimen que corresponda a quienes prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado, pudiendo señalarles la calidad de empleados públicos, pues la función encaminada a la prestación de los servicios públicos permite que estén sometidos al marco jurídico “que fije la ley” (artículo 365 C.P.).
Esta situación sustituye una discriminación respecto de los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado que presten servicios públicos domiciliarios, lo cual riñe con el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, así como con los artíuclos 39 y 55 de la misma, en cuanto hace referencia a los derechos de negociación colectiva de otros trabajadores que se encuentran en igual situación jurídica y laboral en el ejercicio de similares funciones[2].
... la doctrina nacional y la jurisprudencia de las altas corporaciones de justicia, siguiendo las conocidas pautas del derecho administrativo, ha dicho que los actos de gestión y de atención de servicios públicos por entidades descentralizadas por servicios, que asumen la forma de empresas industriales y comerciales deben ser atendidos por personal vinculado por otra modalidad que se corresponda con la figura empresarial y económica de la gestión , y por ello es preciso vincular a los servidores públicos por contrato de trabajo y establecer un régimen jurídico específico de garantías prestacionales mínimas, que puede ser objeto de negociación y arreglo entre la entidad y el personal. Este es el sentido preciso que se desprende de las restantes partes no acusadas del artículo 5 del decreto 3135 de 1968.
Esta situación es evidente a lo largo de todo el texto de la nueva Carta Política, no solo desde el punta de vista de las razones funcionales sino desde el punto de vista órganico y técnico ...[3]
En conclusión, la regulación acusada es razonable, pues se presenta una adecuación y correspondencia entre el medio utilizado y el fin perseguido por la norma. Por tal razón se declarará exequible el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, con excepción de la locución “inciso primero del”, respecto de la cual se estará a lo resuelto en la sentencia de la Corte Constitucional No. C-253/96, en la que se declaró inexequible tal expresión.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, con excepción de la locución “inciso primero del”, respecto de la cual se estará a lo resuelto en la sentencia de la Corte Constitucional No. C-253/96, en la que se declaró inexequible tal expresión.
VLADIMIRO NARANJO MESA JULIO CESAR ORTIZ GUTIÉRREZ
[1] Corte Constitucional. Sentencia C-452/95. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz.
[2] Corte Constitucional. Sentencia C-253/96. M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara.
[3] Corte Constitucional. Sentencia C-484/95. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz.

References: artículo 41
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 41
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 186
 Artículo 180
 artículo 4
 artículo 241
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 41
 artículo 41