Source: http://tugobiernas5.foroactivo.com/t148-stc-1-2012-relativa-al-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-13-2005
Timestamp: 2019-05-27 11:59:32+00:00

Document:
STC 1/2012, relativa al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005.
Tú Gobiernas 5.0 :: Instituciones del Estado :: Tribunal Constitucional
por Admin Corchea el Dom Oct 28, 2012 4:25 am
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asúa Batarrita, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Andrés Ollero Tassara, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, don Ramón Rodríguez Arribas, doña Encarnación Roja Trías y don Manuel Aragón Reyes, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de inconstitucionalidad número 8001/2005, interpuesto por 72 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra la Ley 13/2005, de 1 de Julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (publicada en el Boletín Oficial del Estado número 157 correspondiente al día 2 de Julio de 2005).
1.	Antecedentes de Hecho.
a)	Con fecha 1 de Julio de 2005, el Congreso de los Diputados aprueba el Proyecto de Ley que daría sustento a la Ley 13/2005, de 1 de Julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
b)	La Ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado número 157, correspondiente al día 2 de Julio de 2005.
c)	Con fecha 28 de Septiembre de 2005, Don Ignacio Astarloa Huarte – Mendicoa, diputado del Congreso y Comisionado por 71 diputados del Grupo Parlamentario Popular, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005, de 1 de Julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
d)	Por providencia de 27 de Octubre de 2005, este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC) al Congreso y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de 15 días, pudieran formular alegaciones y personarse en el procedimiento. Asimismo, se acordó publicar la incoación del procedimiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
e)	Este Tribunal también acordó, mediante providencia de 28 de Octubre, tener por personado al Abogado del Estado.
f)	Por escrito registrado conforme a Derecho, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó al Tribunal que, aun cuando la Cámara ni formularía alegaciones ni se personaría en el procedimiento, ponía a su disposición las actuaciones que pudiera precisar.
2.	Fundamentos de Derecho.
FUNDAMENTO JURÍDICO PRIMERO. La Constitución, en su artículo 32, apartado primero, dispone lo siguiente: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Esta es la base sobre la que se articulará la presente Sentencia, la esencia que impregna cada Fundamento Jurídico de la misma. Y es que, en el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Carta Magna, y en términos de Kelsen, guardián de la misma, está obligado a ello.
La Ley 13/2005, de 1 de Julio, en su artículo único, modifica directamente el artículo 44 del Código Civil, y subrepticiamente, el artículo 32 de la Norma Suprema. En concreto, el artículo 44 del Código Civil, en su nueva redacción: “el matrimonio tendrá los mismos efectos y requisitos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”, luego sortea – sin la búsqueda de una confrontación directa – el precepto antes mencionado de la Constitución, que en ningún momento dice que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.
Es más, lo que estipula la Constitución es una garantía de igualdad jurídica para el hombre y la mujer a la hora de contraer matrimonio, de tal manera que los requisitos y efectos exigidos para el uno sean los mismos requisitos y efectos exigidos para la otra. La Carta Magna establece un derecho subjetivo a contraer matrimonio entre hombre y mujer, como el propio artículo 32.1 sostiene en su tenor literal, y no un derecho intersubjetivo, para todos, a contraer matrimonio, por separado y con cónyuges de su mismo sexo: la literalidad del precepto habla de un matrimonio constituido por, palabras textuales, “el hombre y la mujer”.
Más aún, y como en esta ocasión indica el recurrente, por si hubiera alguna duda sobre el sentido propio del precepto constitucional, en la totalidad de los artículos circundantes al 32, se establecen derechos para “todos” o para “los españoles”. Sirvan como ejemplo los artículos 30.1 (“los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”) y 31.1 (“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”). A la vista está que es intención manifiesta del Constituyente dejar clara la voluntad del pueblo español de hacer de la heterosexualidad un elemento central a la hora de valorar el contenido del artículo 32 de la Constitución.
FUNDAMENTO JURÍDICO SEGUNDO. El artículo 9.3 de la Constitución dice textualmente lo siguiente: “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”
Tal precepto, por recoger el principio de jerarquía normativa, es motivo de especial análisis en la Sentencia que pronunciamos: a la luz de lo expuesto en el Fundamento Jurídico Primero, resulta evidente que el legislador ordinario ha pretendido modificar el contenido de la Constitución mediante Ley ordinaria, subrepticiamente, para no ocasionar una colisión directa entre el artículo único de la Ley 13/2005 y el artículo 32.1 de la Norma Suprema.
Ello es, naturalmente, imposible: ninguna norma con rango de Ley ordinaria puede modificar, soslayar o cambiar, bien sea radical bien sea subrepticiamente, el contenido de una norma de rango superior, para el caso, la norma de la que emana la propia Ley (y todas las normas del ordenamiento jurídico de España), que es la Constitución. El legislador ordinario, al establecer el matrimonio como asumible para uniones entre personas del mismo sexo, ha sorteado literalmente el artículo 32 de la Constitución, que lo reserva en exclusiva al hombre y la mujer. No lo ha quebrantado directamente, sino que, basándose en una interpretación particularísima de su contenido, ha pretendido dotar a la misma Ley ordinaria de constitucionalidad, cuando lo que realmente se ha conseguido es quebrantar la Constitución ya no en uno, sino en tres artículos: el 32.1, 167 (indirectamente, por estar referido a la reforma constitucional) y 9.3.
FUNDAMENTO JURÍDICO TERCERO. Sostiene el recurrente la violación, por parte de la Ley 13/2005, de un considerabilísimo número de preceptos constitucionales (además de los otros tres anteriormente señalados), a saber: artículos 10.2, 14, 39.1, 39.2, 39.4 y 53.1. El Tribunal no considera que la norma jurídica recurrida vulnere ninguno de ellos, ni directa ni indirectamente. En buena prueba de ello, el artículo 53.1 establece un vínculo entre Derechos Fundamentales y poderes públicos que la norma recurrida en ningún momento vulnera. Tampoco se quebrante el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, por más que sea verdad que el legislador ordinario malentiende el plano de igualdad jurídica que el artículo 32 de la Carta Magna concede al hombre y la mujer a la hora de contraer éstos matrimonio. Pero precisamente por esto, por subsumirse tal malinterpretación en el artículo 32 y no en el 14, lo quebrantado es el artículo 32 – como resulta evidente – y no el 14.
En ningún momento, tampoco, la Ley 13/2005 quebranta con la concepción de la familia prevista en la Constitución (aunque pudiera haber sido ése el espíritu del legislador, cuestión ésta que no transciende a esta Sentencia), como célula básica de organización de la sociedad. Luego es inasumible la tesis de que la Ley 13/2005 entre en contradicción (directa o de otro tipo) con cualesquiera preceptos del artículo 39. Recordamos expresamente al recurrente, para que no exista ningún género de dudas, que la unión entre dos personas del mismo sexo, llámese erróneamente “matrimonio” o llámese “unión civil”, es perfectísimamente compatible con la protección prevista para los derechos del niño, en referencia al artículo 39.4 de la Constitución. Y lo mismo sucede, dicho sea de paso, con lo tocante a una supuesta antinomia entre el artículo 10.2 de la Constitución y el Único de la Ley 13/2005.
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por 72 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra la Ley 13/2005, de 1 de Julio, y en consecuencia,
-	Es inconstitucional, y por tanto, nulo, el apartado uno del artículo único de la Ley 13/2005, que dice que “el Código Civil se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se añade un segundo párrafo al artículo 44, con la siguiente redacción: “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
-	No existe ningún otro vicio de inconstitucionalidad en la norma impugnada, por lo que se desestima el recurso en todo lo demás.
Dada en Madrid, a 26 de Octubre de 2012.

References: artículo 34
 artículo 32
 artículo 44
 artículo 32
 artículo 44
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 9
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 53
 artículo 14
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 10
 artículo 44