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Timestamp: 2018-12-14 17:33:22+00:00

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﻿ SENTENCIA 2005-00581/38362 DE OCTUBRE 5 DE 2016
SENTENCIA 2005-00581 DE 05 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, POR OMISIÓN DEL JUEZ AL NO LEVANTAR UNA MEDIDA CAUTELAR QUE RECAÍA SOBRE UN BIEN INMUEBLE EN VIRTUD DE UN PROCESO DE ALIMENTOS QUE YA HABÍA CULMINADO. EN PRIMERA SE DETERMINA QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DEL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DENOMINADO ERROR JURISDICCIONAL CUANDO SE ATRIBUYEN FALENCIAS EN LA QUE SE HAYA INCURRIDO AL MOMENTO DE DICTAR PROVIDENCIAS JUDICIALES POR MEDIO DE LAS CUALES SE HAYA INTERPRETADO, DECLARADO O HECHO EFECTIVO UN DERECHO SUBJETIVO. EN CUANTO TIENE QUE VER CON LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES. ES POR ELLO QUE LA SALA HA ENFATIZADO QUE DEBEN CONCURRIR PARA QUE PROCEDA LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON BASE EN EL ERROR JUDICIAL LOS SIGUIENTES: A) QUE CONSTE EN PROVIDENCIA JUDICIAL RESPECTO DE LA CUAL SE HAYAN AGOTADO LOS RECURSOS ORDINARIOS LEGALMENTE PROCEDENTES Y B) QUE LA PROVIDENCIA SEA CONTRARIA DERECHO, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE QUE LA CONTRADICCIÓN TENGA QUE SER GROSERA, ABIERTAMENTE ILEGAL O ARBITRARIA. ES POR LO ANTERIOR QUE EN EL CASO EN CONCRETO SE CONCLUYE QUE LA MEDIDA CAUTELAR QUE RECAE SOBRE UN BIEN INMUEBLE DEBE SER LEVANTADA, SI DICHO LEVANTAMIENTO SE PIDE POR QUIEN SOLICITA LA MEDIDA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL CÓDIGO DE PROCEDIEMTO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DE ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES, LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, ERROR JURISDICCIONAL, ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, CONTENIDO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, OMISIÓN EN SENTENCIA, PROCEDENCIA DEL ERROR JURISDICCIONAL
Sentencia 2005-00581/38362 de octubre 5 de 2016
Radicación: 250002326000200500581 01
Expediente: 38362
Actor: William Ramírez Castro y otro.
Demandado: Nación - Rama Judicial y otro.
Referencia: Apelación de sentencia. Reparación directa.
Tema: Error judicial. Omisión del levantamiento de una medida cautelar.
Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 18 de noviembre de 2009, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.
En escrito presentado el 18 de febrero de 2005, los señores William Hernán Ramírez Castro y María Claudia López Granados, por conducto de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se la declarara administrativamente responsable de los perjuicios causados con ocasión del error jurisdiccional en que habría incurrido el Juzgado 14 de Familia de Bogotá dentro del trámite del proceso de alimentos adelantado por la señora María Dolly Rivera contra el señor Ramírez Castro.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la demandada a pagar por concepto de indemnización de perjuicios morales a la suma equivalente en pesos a 100 SMLMV para cada uno de los actores; por concepto de perjuicios materiales (honorarios profesionales) la suma de $ 5’000.000 a favor del señor William Hernán Ramírez Castro.
Los fundamentos fácticos de sus pretensiones se pueden resumir de la siguiente manera:
— La señora María Dolly Rivera, en representación del menor José Miguel Ramírez, presentó demanda de alimentos en contra del señor William Hernán Ramírez Castro (padre extramatrimonial del menor), la cual fue tramitada ante el Juzgado 14 de Familia de Bogotá.
— A través de auto calendado el 8 de noviembre de 2000, el citado despacho judicial admitió la demanda y, de igual forma, ordenó el embargo de los salarios que devengaba el señor Ramírez Castro “en varias entidades privadas y además se decretó el embargo de la cuota parte que le corresponde al demandado sobre el inmueble ubicado en la carrera 25B Nº 153-80, conjunto residencial Icatá(sic), lote 4 P.H., garaje 86 de esta ciudad, identificado con matrícula inmobiliaria 50N-20265224”.
— El mencionado bien inmueble se encontraba hipotecado a favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena, “entidad que había financiado su adquisición por los cónyuges William Hernán Ramírez Castro y María Claudia López Granados, quienes ante la imposibilidad de cancelar el crédito por culpa del UPAC, resolvieron ofrecerlo a la acreedora en dación en pago”.
— Habida cuenta que la escritura de dación en pago no podía registrarse en virtud del embargo que recaía sobre el referido bien inmueble, el señor William Hernán Ramírez Castro resolvió “conciliar el juicio de alimentos” y, por consiguiente, se declaró por terminado el proceso.
— En consecuencia, los días 12 de septiembre de 2001 y 18 de diciembre de 2002, los señores William Hernández y María Dolly Rivera, respectivamente, solicitaron el levantamiento del referido embargo que recaía sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 25B Nº 153-80.
— El 20 de enero de 2003, el Juzgado 14 de Familia de Bogotá “de plano cierra la posibilidad de cualquier actuación diciendo ‘adviértase al profesional del derecho que el proceso se encuentra debidamente terminado mediante conciliación’”.
— El 28 de enero de 2003, el apoderado judicial de la señora María Dolly Rivera reiteró la solicitud de levantamiento de la mentada medida cautelar; el 20 de febrero de la misma anualidad, el Juzgado 14 de Familia de Bogotá negó la solicitud por cuanto el bien inmueble constituía garantía real de los alimentos del menor, a lo cual, agregó que:
“Téngase en cuenta esta fecha para efectos de la caducidad de la acción, pues ahí quedó plasmada definitivamente la vía de hecho que decretó posteriormente la honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia de 6 de junio de 2003”.
— El señor William Hernán Ramírez Castro presentó acción de tutela contra el Juzgado 14 de Familia de Bogotá, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, corporación que denegó el amparo solicitado.
— La anterior decisión judicial fue apelada y, por consiguiente, el 6 de junio de 2003 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia accedió al amparo reclamado por el señor Ramírez Castro y, por ende, ordenó al Juzgado 14 de Familia de Bogotá que en el término de 48 horas adoptara las medidas necesarias tendientes al desembargo de la cuota parte del inmueble de propiedad de los ahora demandantes.
La demanda, así formulada, fue inadmitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante proveído de fecha 6 de abril de 2005, a efectos de que se precisara la supuesta falla del servicio endilgada a la demandada, esto es, si se trataba de un error judicial o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Por consiguiente, la parte actora, en su escrito de corrección, adujo que el error judicial en que incurrió el Juzgado 14 de Familia de Bogotá consistió en:
“la reiterada negativa a levantar el embargo decretado dentro del juicios de alimentos promovido por María Dolly Rivera contra William Hernán Ramírez Castro, a pesar de que la demandante pidió en tres oportunidades la cancelación de esa medida. (…).
4. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. La demanda se dirige también contra quien era titular del Juzgado 14 de Familia de Bogotá, doctora Leonor Chacón Antia, cuyo documento de identidad desconozco, y quien deberá ser llamada en garantía (L. 270/96, art. 72, Estatutaria de la Administración de Justicia)”(1).
Una vez fue subsanado el libelo demandatorio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, a través de proveído de fecha 8 de junio de 2005, el cual se notificó en legal forma a la entidad demandada y al Ministerio Público(2).
La Nación - Rama Judicial contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por los actores. Como razones para ello dijo:
“Síguese de lo anterior que sobre esta decisión de la Corte no es la discusión. La discusión se centra en el hecho de que, no se pueden reclamar perjuicios, en gracia de discusión así la juez haya actuado irregularmente, según lo asumido por la Corte, sino en el hecho de que, no puede ni debe la rama judicial responder por perjuicios materiales y morales cuando quiera que la situación económica del hoy accionante venía de mal en peor por cuanto en primer lugar el inmueble se encontraba pignorado a la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena, entidad que había financiado su adquisición por los cónyuges William Hernández Ramírez Castro y María Claudia López, quiénes según su dicho ‘ante la imposibilidad de cancelar el crédito por culpa del UPAC, resolvieron ofrecerlo a la acreedora en dación en pago’, luego resulta ostensible que la mala racha económica surgió mucho antes del embargo del inmueble, cuando no se cancelaron las cuotas mensuales para la adquisición del mismo, luego los reportes a Datacrédito y a la Cifín tuvieron que darse mucho antes de la orden de embargo por parte del juzgado de familia.
De donde se concluye que el accionante no puede, repito, reclamar perjuicio por la mora en que incurrió con Colmena ya que ésta se debió a incumplimiento de obligaciones crediticias que en su momento fueron reportadas a las centrales de crédito. Y el hecho de que, la dación en pago se dio para Colmena solamente es una consecuencia de la oferta inicial de los esposos de ofrecerlo a la acreedora en dación en pago cuando se vieron en mora del pago de sus obligaciones. Aquí como se ve nada tiene que ver ni la Juez 14 de Familia ni la Rama Judicial, ni mucho menos, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
La fuente de los perjuicios no fue la presunta falla de la administración de justicia sino del mismo accionante porque fue su propia culpa que incurrió en mora de sus obligaciones crediticias y como consecuencia de ello, fue reportado vuelvo y repito, a las centrales de crédito. De ahí, que muy seguramente le hayan negado los presuntos créditos que el accionante aduce en el libelo demandatorio. Luego no hay nexo de causalidad entre la presunta falla en la administración y los presuntos perjuicios solicitados”(3).
Propuso las excepciones de: i) culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el señor Ramírez Castro incurrió en mora en la cancelación de las cuotas de la financiación del correspondiente crédito hipotecario y, a su vez, ‘culpó’ al UPAC de la no cancelación; ii) inexistencia de perjuicios, por cuanto las actuaciones jurisdiccionales estuvieron soportadas en las ‘normas legales’.
3. Vencido el período probatorio dispuesto en providencia proferida el 25 de enero de 2006, el Tribunal Administrativo de primera instancia, mediante auto de 2 de septiembre de 2009, dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto(4).
Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 18 de noviembre de 2009, oportunidad en la cual denegó las súplicas de la demanda.
En dicha providencia dijo que el daño antijurídico se encontraba acreditado, por cuanto en el encuadernamiento obran las correspondientes resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado 14 de Familia de Bogotá, a través de las cuales se denegó el levantamiento de medidas cautelares que recaían sobre el bien inmueble de propiedad de los actores, circunstancia, que según los actores,
“le causó perjuicios por cuanto dicho inmueble no pudo ser entregado oportunamente al Banco Colmena en dación en pago, situación que se prolongó desde el 16 de noviembre de 2001 hasta el 11 de junio de 2003, cuando el Juzgado 14 de Familia de Bogotá en acatamiento a un fallo de tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia procedió a levantar la medida cautelar que pesaba sobre la cuota parte que le correspondía al demandante en el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50N-202265224”.
A su turno, el Tribunal Administrativo a quo adujo que a partir del caudal probatorio no se encontraban demostrados los presupuestos del error judicial y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia “y que el perjuicio sufrido por el demandante es por entero imputable a su propia culpa”.
Al respecto, puntualizó que:
“El demandante pretendió demostrar el error jurisdiccional o vía de hecho cometido por el Juez 14 de Familia de Bogotá, con la copia simple del fallo de tutela del 6 de junio de 2003, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, copia simple que aportó al Juez 14 de Familia de Bogotá con memorial que presentó el 11 de junio de 2003, (…). Si bien, en las fotocopias simples del mencionado fallo de tutela aparece un sello no corresponde a un sello de autenticación firmado por el secretario de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia previa orden judicial, razón por la cual no es posible dar a dichas copias simples valor probatorio alguno”.
Aunado a ello, sostuvo que aún en el evento en que se hubiera aportado el fallo de la Corte Suprema de Justicia en debida forma, tampoco habrían prosperado las súplicas de la demanda, debido a que las providencias supuestamente contentivas de error judicial fueron corregidas y, además, por haberse configurado una culpa exclusiva de la víctima, para lo cual, En sustento de su postura expresó:
“El accionante fue el que incurrió en mora en el pago de sus obligaciones, y no sólo en relación al crédito hipotecario que adquirió, sino también incurrió en mora de las obligaciones alimentarias que tenía para con su menor hijo, lo que conllevó a aceptar que ofreció en dación en pago a Colmena el inmueble que estaba adquiriendo, aduciendo como causa para la no cancelación de las cuotas, la imposibilidad de asumir el pago de las mismas, por el aumento de las cuotas en razón del sistema UPAC. (…).
El demandante no interpuso recurso alguno contra el auto del 17 de abril de 2001, en el cual el Juzgado 14 de Familia de Bogotá aceptó modificar el embargo que pesaba sobre los ingresos del demandado, cambiándolo por la figura de descuento voluntario de la cuota alimentaria acordada, y procedió a declarar terminado el proceso verbal sumario de fijación de cuota alimentaria. Auto contra el cual hubiera podido formular recurso de reposición aún de apelación, pues se dio por terminado el proceso verbal quedando sin embargo embargado el inmueble de copropiedad del demandante, lo que configura la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima de que trata el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.
Si bien, en el fallo de tutela del 6 de junio de 2003, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia consideró como excesiva la actitud del Juez 14 de Familia de negarse a desembargar el inmueble que se dice fue ofrecido en dación en pago por el padre del menor dentro de un proceso ejecutivo hipotecario donde fue ejecutado, en razón a que la solicitud de desembargo fue formulada por ambas partes en el proceso de fijación (sic) cuota alimentaria y que el padre del menor ya había autorizado el descuento de honorarios en la empresa en la cual trabajaba, considera la Sala, sin embargo, que la interpretación de los hechos y de las normas jurídicas aplicables, realizada por el Juez 14 de Familia de Bogotá, no es manifiestamente irrazonable y caprichosa, pues se enmarca dentro de la autonomía e independencia del juez; garantías que están consagradas en el artículo 15 de la Ley 270 de 1996. Además, la jurisprudencia tiene establecida que la simple discrepancia de criterio jurídico entre un inferior y un superior no puede constituir por sí sola una falta disciplinaria, o una flagrante vía de hecho, sobre todo cuanto no se trata de la aplicación de una jurisprudencia obligatoria, pues la jurisprudencia es un valioso criterio auxiliar pero en ningún momento un criterio obligatorio, salvo la parte resolutiva de las providencias de constitucionalidad, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 (Sent. C-037, feb. 5/96)”(5).
Contra la anterior decisión, la parte actora formuló oportunamente recurso de apelación, el cual fue concedido por el Tribunal Administrativo a quo el 10 de febrero de 2010(6) y admitido por esta corporación el 25 de junio de la misma anualidad(7).
La parte demandante sostuvo que el juzgador de primera instancia había desestimado la copia simple de la providencia de tutela dictada por la Corte Suprema de Justicia, por cuanto, no gozaba de autenticidad, razón por la cual aseguró que el Tribunal Administrativo a quo olvidó el principio constitucional que hace referencia a la supremacía del derecho sustancia sobre el formal.
“El error singularizado fue la consecuencia de haber apreciado, en forma equivocada, la abundante prueba documental que obra en el expediente, en la que aparece, de manera meridiana, acreditado el error endilgado al multicitado juzgado de familia.
En efecto, cuando la Sala Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación propuesta por las partes aquí demandantes contra lo resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de la acción de tutela instaurada para buscar el desembargo del inmueble, encontró que, sin hacer mayor esfuerzo dialéctico —sino apenas con los sentidos—, el juzgado de familia, ya mencionado, había incurrido en una flagrante vía de hecho”(8).
Mediante auto calendado el 30 de julio de 2010 se dio traslado a las partes, para que presentaran los alegatos de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera su concepto(9).
La parte actora reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso(10); la parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta fase procesal.
Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 18 de noviembre de 2009.
La Sala advierte que en el presente asunto no se analizará la cuantía del proceso a efectos de determinar la competencia de esta corporación, toda vez que la Ley 270 de 1996 al desarrollar la responsabilidad del Estado en los eventos de i) error jurisdiccional, ii) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y iii) privación injusta de la libertad, fijó la competencia para conocer de tales temas en esta jurisdicción a través de los tribunales administrativos en primera instancia y el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración de la cuantía.
Siguiendo esa línea, esta corporación es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, debido a que la demanda se fundamentó en uno de los títulos de imputación previstos en la Ley 270 de 1996, consistente en el error jurisdiccional.
Se encuentra que la demanda se presentó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es, la imposibilidad de entregar el bien inmueble de su propiedad dentro del trámite de dación en pago debido a la negativa del Juzgado 14 de Familia de Bogotá en levantar la medida cautelar de embargo que recaía sobre el citado predio, se produjo el 6 de junio de 2003 (fecha de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, en cuya virtud se ordena al juzgado de familia que levante una medida cautelar), razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 18 de febrero de 2005, se impone concluir que se formuló dentro de la oportunidad legal prevista para ello.
Así las cosas, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.
3. Análisis de la responsabilidad de la entidad demandada.
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha considerado que se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional cuando se atribuyen falencias en las que se haya incurrido al momento de dictar providencias judiciales por medio de las cuales se haya interpretado, declarado o hecho efectivo un derecho subjetivo. En cuanto tiene que ver con los presupuestos correspondientes, la Sala ha señalado, que deben concurrir para que proceda la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado con base en el error judicial, los siguientes: a) que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes y b) que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria(11).
En el presente asunto, la parte actora pretende que se declare responsable a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por la omisión en el levantamiento de una medida cautelar de embargo de un bien inmueble dentro de un proceso de alimentos, circunstancia que le impidió entregar el citado bien en dación en pago a una entidad financiera con la que tenía una obligación crediticia.
Pues bien, en atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:
— Que los señores William Hernán Ramírez Castro y María Claudia López Granados celebraron un contrato de mutuo por valor de $ 59’835.404, a fin de financiar la vivienda ubicada en la carrera 25B Nº 153-80, interior 19, apto. 102, garaje 86 de la ciudad de Bogotá.
El 1º de mayo de 1999, en virtud del Decreto 2331 de 1998 “fruto de una renegociación del crédito principal solicitada por los deudores, fue otorgado el crédito 0199171198780 por valor de $ 4’407.583”(12).
— Que el 16 de agosto de 2000, la señora María Dolly Rivera Ramírez, en su calidad de madre del menor Miguel Ramírez Rivera, presentó demanda en contra del señor William Hernán Ramírez Castro, a fin de que se decretaran los alimentos congruos y necesarios en favor del menor aludido(13).
— Que el 8 de septiembre de 2000, el Juzgado 14 de Familia de Bogotá admitió la demanda(14) y, además, decretó el embargo de la cuota parte que le correspondía al señor William Hernán Ramírez Castro respecto del inmueble ubicado en la carrera 25 B Nº 153-80, conjunto residencial Icata, lote 4, P.H. garaje 86 de la ciudad de Bogotá(15).
— Que el 8 de marzo de 2001, COLMENA aceptó la oferta presentada por el ahora demandante, consistente en entregar en dación en pago el inmueble aludido, garantía de las obligaciones hipotecarias 0199170824550 y 0199171198780, con la siguiente condición:
“La aceptación de la dación en pago aquí mencionada se encuentra condicionada al registro efectivo de la escritura en la oficina de instrumentos públicos. Por lo tanto, no se hará responsable, ni continuará con el proceso de dación cuando se presenten embargos, hipotecas o cualquier otra limitación del dominio del inmueble”(16) (se resalta).
— Que el 17 de abril de 2001, se celebró audiencia pública, en la cual las partes lograron un acuerdo conciliatorio y, en consecuencia, se declaró terminado el proceso; de la referida decisión judicial se destacan las siguientes consideraciones:
“ETAPA DE CONCILIACIÓN: El juzgado exhorta a las partes para que lleguen a un acuerdo respecto de las pretensiones de la demanda, proponiéndoles fórmulas de arreglo a lo que manifiestan:
A. CUANTÍA DE LA CUOTA ALIMENTARIA.
El señor WILLIAM HERNÁN RAMÍREZ CASTRO, progenitor del menor JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ RIVERA, ofrece como cuota alimentaria la suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 260.000) mensuales. La señora MARÍA DOLLY RIVERA RAMÍREZ manifiesta que acepta esta suma de dinero como cuota alimentaria.
B. INCREMENTO DE LA CUOTA.
Esta cuota tendrá un incremento el primero de ENERO de cada año, en el mismo porcentaje en que se incremente el salario mínimo legal por el Gobierno Nacional, y a partir inclusive del año dos mil dos (2002).
La señora MARÍA DOLLY RIVERA RAMÍREZ manifiesta que acepta el incremento de la cuota señalado.
C. FORMA DE PAGO.
El pago de la cuota pactada se efectuará mediante DESCUENTO DIRECTO por el pagador de la Empresa WESMAX E.U., consignando la suma a órdenes de este Juzgado por intermedio del Banco Agrario de Colombia, dentro de los cinco primeros días de cada mes y para el proceso de la referencia. Acordamos de medida de embargo que fuera comunicada por nuestro oficio 2345 de fecha noviembre 22 de 2000.
Como consecuencia de lo anterior se solicita se levante el embargo que pesa sobre el ingreso que devenga el demandado en la empresa LUMINEX E.U., comunicado por el juzgado mediante oficio 2344 de fecha noviembre 22 de 2000.
El señor WILLIAM HERNÁN RAMÍREZ CASTRO, si se termina su vinculación con la empresa WESMAX E.U. autoriza desde ya que se le descuente el valor de la cuota mensual, de los ingresos mensuales que llegue a percibir en cualquier otra empresa, sin necesidad de demanda ejecutiva.
Estas órdenes de descuento sólo podrán ser modificadas o levantadas por orden del juzgado de familia.
La señora MARÍA DOLLY RIVERA RAMÍREZ manifiesta que acepta la forma de pago de la cuota alimentaria.
Concluyen las partes manifestando que ‘Este es nuestro acuerdo y solicitamos a la señora juez su aprobación’.
El juzgado encontrando ajustado a derecho el acuerdo celebrado entre las partes en el día de hoy, procederá a aprobarlo.
PRIMERO: SE APRUEBA el acuerdo celebrado entre las partes respecto de las obligaciones alimentarias del padre frente al menor hijo JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ RIVERA nacido el 31 de marzo de 1997.
SEGUNDO: El acuerdo aprobado en el día de hoy, no hace tránsito a cosa juzgada por cuanto puede ser modificado de común acuerdo por las partes o por decisión judicial, pero sí PRESTA MÉRITO EJECUTIVO.
TERCERO: Se levanta el embargo que pesa sobre los ingresos del demandado en la empresa LUMINEX S.A.
Se modifica el embargo que pesa sobre los ingresos del demandado en la empresa WESMAX E.U. en la siguiente forma:
1. Pasa a la modalidad de DESCUENTO, pero la suma descontada deberá ser consignada a órdenes de este juzgado por intermedio del Banco Agrario de Colombia, dentro de los cinco primeros días de cada mes y para el proceso de la referencia.
2. Cambia la cuantía a la suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 260.000) mensuales.
CUARTO: Se declara terminado el presento proceso. (…)”(17).
— Que el 14 de septiembre de 2001, el señor William Hernán Ramírez Castro solicitó al Juzgado 14 de Familia de Bogotá el levantamiento de la medida de embargo que pesaba sobre el bien inmueble aludido; para lo cual, adujo que:
“Es preciso resaltar que pese a mi precaria situación económica he dado cumplimiento escrito a lo pactado en el acta de acuerdo suscrita por las partes en la diligencia de conciliación, aportando la cuota alimentaria del menor José Miguel Ramírez Rivera.
Como es mi intención continuar respondiendo por la cuota pactada, y con el fin de respaldar en alguna forma el cumplimiento de la obligación, agradezco a la señora juez en caso de verlo necesario, se me autorice prestar una caución mediante una póliza judicial, cuya cuantía y condiciones sea determinada por el despacho a su honorable cargo”(18).
— Que el 16 de noviembre de 2001, el Juzgado 14 de Familia de Bogotá denegó el levantamiento de medidas cautelares “por constituir garantía para la satisfacción de la obligación alimentaria”(19).
— Que el 23 de septiembre de 2002, la señora María Dolly Rivera Ramírez solicitó al Juzgado 14 de Familia de Bogotá el levantamiento de la medida de embargo aludida, a lo cual, reiteró que el señor Ramírez Castro, para garantizar la citada obligación alimentaria, había suscrito “una póliza de seguro de vida cuyo beneficiario es el menor hijo José Miguel Ramírez Rivera”(20).
— Que el 18 de noviembre de 2002, el Juzgado 14 de Familia de Bogotá denegó la solicitud elevada por la señora María Dolly, habida cuenta que “una póliza de vida no garantiza de forma alguna los alimentos del menor”(21).
— Que el 25 de noviembre de 2002, la señora María Dolly reiteró ante el Juzgado 14 de Familia de Bogotá la solicitud de desembargo del precitado bien inmueble(22).
— Que el 9 de diciembre de 2002, el Juzgado 14 de Familia de Bogotá denegó la anterior solicitud, así:
“Se niega acceder porque el menor queda sin garantía suficiente para el pago de alimentos. Reconsiderando lo decidido en noviembre 16 de 2001, el juzgado, al tener una garantía real, LEVANTA EL IMPEDIMENTO DE SALIR DEL PAÍS que pesa contra el demandado señor WILLIAM HERNÁN RAMÍREZ”(23).
— Que el 19 de febrero de 2003, el apoderado judicial de la señora María Dolly reiteró la mencionada petición de levantamiento de medida cautelar(24); el 20 de febrero de la misma anualidad, el despacho judicial negó “la solicitud por cuanto el bien inmueble es la garantía real de los alimentos del menor. En consecuencia, estése a lo dispuesto en auto de fecha diciembre 9 de 2002”(25).
— Que el 19 de febrero de 2003, COLMENA le comunicó a la señora María Claudia López Granados que el trámite de dación en pago no se podía finalizar, debido al embargo que recaía sobre el inmueble aludido, así:
“Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual da a conocer a la institución su situación en relación con los créditos hipotecarios números (...), que tiene con la entidad, los cuales usted me informa, en principio se solucionaron firmando la escritura de dación en pago del inmueble a la entidad, pero no han podido ser cancelados formalmente mediante la misma, por existir un embargo por alimentos sobre el inmueble, el cual no se ha logrado levantar.
Hechas las investigaciones correspondientes, nuestra vicepresidencia de normalización de activos me informa que la deuda a la fecha asciende a más de $ 150 millones y que se ha incurrido en altos costos para Colmena en la administración del inmueble, sin que el mismo se haya podido comercializar por su situación jurídica.
En consecuencia y muy a pesar de su situación personal y familiar, no nos es factible considerar su solicitud, pues para la entidad es prioritario continuar las gestiones para conseguir el desembargo y resarcir al menos parcialmente las pérdidas económicas que ha tenido”(26) (resaltados adicionales).
— Que el 6 de junio de 2003, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación del fallo de tutela dictado por la Sala de Familia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cual denegó el amparo constitucional solicitado por el señor William Hernán Ramírez Castro; en efecto, dicha providencia judicial revocó la sentencia de primera instancia y, por ende, ordenó al Juzgado 14 de Familia de Bogotá que “en el término de 48 horas, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de la presente providencia, proceda a adoptar las medidas necesarias tendientes al desembargo de la cuota parte del inmueble de propiedad del accionante, identificado con matrícula inmobiliaria 50N-20265224”(27).
La referida decisión tuvo como fundamento los siguientes considerandos:
“3. Otra cosa es la reticencia de la accionada a levantar el embargo sobre el inmueble, no obstante que en reiteradas ocasiones tanto el demandado como la demandante del proceso de alimentos solicitaron el desembargo del bien, tal como se aprecia en los documentos del expediente, lo reconoce la accionada y lo afirma el accionante; ciertamente el juez sobrepone su inclinación a defender los intereses de los menores, sin considerar que quien tiene bajo su cuidado el niño, ha coadyuvado la petición de cesación de la medida cautelar.
Bajo esas circunstancias emerge patente la vía de hecho por defecto fáctico, ya que la accionada, en vista de la actitud de las partes interesadas, se encuentra carente de elementos diáfanamente demostrativos que apuntalen su decisión negativa; de otro lado, el derecho de alimentos por cuya protección propende el juez de familia no se ha conculcado ni está en verdadero peligro de desaparecer, pues está asegurado con el descuento autorizado por el padre del mismo en la empresa en la cual trabaja; por consiguiente, resulta excesivo que por asegurar tal derecho se niegue a desembargar el inmueble que se dice fue ofrecido en dación en pago por el padre del menor, dentro del proceso ejecutivo hipotecario en el cual es ejecutado, asunto que cobra mayor relievancia en la medida de que podría la demandante, de ser el caso y ante el incumplimiento del padre, solicitar el embargo del otro bien para garantizar los alimentos de su hijo.
4. Es de anotar igualmente, que lo que privilegia tanto la Constitución Política como la jurisprudencia de esta Sala es el derecho de los niños a recibir alimentos frente a otros derechos que los demandantes consideran conculcados; en el caso de estudio, la garantía de la obligación alimentaria se encuentra cubierta con la autorización del deudor del descuento mensual de lo que recibe por concepto de honorarios, motivo por el cual el accionado estaba en el deber de atender a la petición de las partes de levantar el embargo tantas veces solicitado, coadyuvada por la madre del alimentario, sin trasladar a la parte ejecutada otras cargas procesales que en esa medida no se requieren.
5. Síguese de lo anterior que el Juzgado accionado incurrió en una vía de hecho al negar el desembargo del bien e impedir el procedimiento de dación en pago, que incluso está destinado a liberar la vivienda de la familia, razón por la cual se impone revocar el fallo de tutela impugnado (…)”(28) (resaltados adicionales).
— Que el 11 de junio de 2003, el Juzgado 14 de Familia de Bogotá decretó el levantamiento del embargo de los derechos que detentaba el señor William Hernán Ramírez Castro sobre el buen inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50N-20265224(29).
— Que a folio 17, cuaderno 1 obra el certificado de tradición y libertad 50N-20265224 correspondiente al bien inmueble ubicado en la carrera 25 A Nº 153-80, conjunto residencial Itaca, lote 4, P.H. Garaje 86; de dicho documento se destacan las siguientes anotaciones:
“ANOTACIÓN Nº 5 Fecha: 14-03-1997
Doc: ESCRITURA 739 del 06-03-1997 NOTARÍA 25 DE BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN: 210 HIPOTECA ABIERTA SIN LÍMITE DE CUANTÍA
DE: RAMÍREZ CASTRO WILLIAN HERNÁN
DE: LÓPEZ GRANADOS MARÍA CLAUDIA
A: CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA
ANOTACION Nº 6 Fecha: 01-06-1998
Doc: ESCRITURA 878 del 21-05-1998 NOTARÍA 44 DE BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN: 650 CANCELACIÓN HIPOTECA LIBERACIÓN PARCIAL EN MAYOR EXTENSIÓN. ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, RESPECTO A ESTE Y DIEZ INMUEBLES MÁS.
DE: CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA
A: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.
ANOTACIÓN Nº 7 Fecha: 22-09-2002
Doc: Oficio 1856 de19-09-2000 JUZGADO 14 DE FAMILIA DE BOGOTÁ
ESPECIFICACIÓN: 400 MEDIDAS CAUTELARES
DE: RIVERA RAMÍREZ MARÍA DOLLY
A: RAMÍREZ CASTRO WILLIAM HERNÁN
ANOTACIÓN Nº 10 Fecha: 25-06-2003
Doc: Oficio 1200 del 12-06-2003 JUZGADO 14 DE FAMILIA DE BOGOTÁ
ESPECIFICACIÓN: CANCELACIÓN EMBARGO DE ALIMENTOS (CANCELACIÓN)
ANOTACIÓN Nº 11 Fecha: 19-09-2003
Doc: Escritura 2231 del 31-05-2001 NOTARÍA 31 DE BOGOTÁ, D.C.
Se cancela la anotación Nº 5
ESPECIFICACIÓN: 0776 CANCELACIÓN HIPOTECA CON CUANTÍA INDETERMINADA ESTE Y OTRO (CANCELACIÓN)
DE: COLMENA ESTABLECIMIENTO BANCARIO - ANTES CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA
A: LÓPEZ GRANADOS MARÍA CLAUDIA
ANOTACIÓN Nº 12 Fecha: 19-09-2003
Doc: Escritura 2231 del: 31-05-2001 NOTARÍA 31 DE BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN: 0129 DACIÓN EN PAGO ESTE Y OTRO (MODO DE ADQUISICIÓN)
DE: RAMÍREZ CASTRO WILLIAM HERNÁN
A: COLMENA ESTABLECIMIENTO BANCARIO
ANOTACIÓN Nº 15 Fecha: 23-10-2003
Doc: Escritura 4814 del: 09-10-2003 NOTARÍA 42 DE BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN: 0125 COMPRAVENTA ESTE Y OTRO (MODO ADQUISICIÓN)
DE: COLMENA ESTABLECIMIENTO BANCARIO
A: ORBEGOZO JIMÉNEZ AURA ELENA
(…)” (fls. 17-18, cdno. 1) (se resalta).
Con fundamento en los hechos que se dejan enunciados como probados en el presente asunto, la Sala encuentra que pese, a que el 17 de abril de 2001 el Juzgado 14 de Familia de Bogotá declaró terminado el proceso de alimentos iniciado por la señora María Dolly Rivera Ramírez y William Hernán Ramírez Castro, por cuanto lograron un acuerdo conciliatorio, lo cierto es que la medida cautelar de embargo que recaía sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 25B Nº 153-80 no fue levantada en aquella oportunidad, circunstancia que llevó a que el señor Ramírez Castro no pudiera entregar en dación en pago de manera oportuna dicho bien a la Corporación de Ahorro y Vivienda —hoy COLMENA—, por cuanto sobre él recaía una medida cautelar, de embargo, cuestión que imposibilitaba a la financiera recibirlo.
Ante tal circunstancia, tanto el señor William Ramírez Castro como la señora María Dolly Rivera, quien era la demandante dentro del proceso de alimentos, presentaron reiteradas solicitudes ante el Juzgado 14 de Familia de Bogotá, a fin de que se levantara la medida cautelar aludida, sin embargo, sus peticiones fueron denegadas, por cuanto el citado despacho judicial consideraba que el referido bien constituía una garantía de la cancelación de la cuota alimentaria del menor José Miguel Ramírez Rivera.
Dada la negativa del citado juzgado de familia, el ahora demandante se vio obligado a presentar una acción de tutela en contra del referido despacho judicial a efectos de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso y, en primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá denegó el amparo solicitado, decisión que fue revocada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que el juez de familia había incurrido en una vía de hecho al negar, en diversas oportunidades, el desembargo del bien inmueble aludido.
Así las cosas, el daño que alega el demandante corresponde a la demora en entregar el bien inmueble como dación en pago a la Corporación de Ahorro y Vivienda —hoy COLMENA— debido a la negativa tanto del Juzgado 14 de Familia de Bogotá como del Tribunal Superior del Distrito Judicial en autorizar el levantamiento de la medida cautelar de embargo que recaía sobre el bien inmueble referido, daño que esta Subsección encuentra antijurídico, habida consideración que el proceso de alimentos efectivamente se declaró terminado el 17 de abril de 2001, pese a lo cual la medida cautelar de embargo sólo se levantó hasta el 11 de junio de 2003(30), esto es, dos años y 2 meses después de la finalización del mencionado de proceso de alimentos y todo ello como consecuencia de una vía de hecho en la que, como advirtiera la H. Corte Suprema de Justicia —según se vio—, incurrió el juzgado de familia al que se ha hecho referencia, razones que —además de las que, a continuación se consignarán— llevan a esta Sala a considerar que el daño reclamado en el libelo demandatorio debe ser reparado por la Rama Judicial, puesto que se encuentra debidamente acreditado el error jurisdiccional.
En efecto, debe recordarse que el Tribunal Administrativo a quo encontró configurada la causal eximente de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima, habida cuenta que los ahora demandantes no presentaron los recursos procedentes en contra del auto que declaró terminado el proceso de alimentos en contra del señor Ramírez Castro, no obstante, esta Subsección considera que en el presente asunto no le resultaba obligatorio a la parte interesada presentar recursos contra una decisión que le fue completamente favorable, máxime cuando en la referida providencia NO se efectuó alusión alguna a la medida cautelar de embargo que recaía sobre el bien inmueble aludido.
A lo cual, debe agregarse que a partir del caudal probatorio se aprecia una conducta diligente del señor William Hernán Ramírez Castro que da cuenta de su inconformidad ante el no desembargo del citado bien inmueble, por cuanto, el mencionado ciudadano presentó, en reiteradas ocasiones, solicitudes de levantamiento de la medida cautelar señalada, lo que, a todas luces, evidencia que en ningún momento se mostró conforme ante tal negativa, tanto que se vio compelido a acudir ante un juez de tutela para que le amparara su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sede de segunda instancia, amparó su derecho fundamental, por cuanto encontró acreditada una vía de hecho, debido a que la obligación alimentaria a cargo del señor Ramírez Castro se encontraba garantizada con “la autorización del deudor del descuento mensual de lo que recibe por concepto de honorarios”(31).
Así las cosas, atendiendo las particularidades del presente caso y en aras de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, esta Sala encuentra que en este caso sí se cumplió el requisito aludido.
Ahora bien, no sobra advertir que esta Subsección, en modo alguno, pretende desconocer el contenido del artículo 70 de la Ley 270 de 1996(32), según el cual, se dispuso una sanción por el desconocimiento de la obligación constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, deber que, según la Corte Constitucional(33), reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que se someten a consideración de la rama judicial.
En tal sentido, la Sala reitera que, pese a lo señalado por el Tribunal Administrativo a quo, el señor William Hernán Ramírez Castro no se encontraba obligado a interponer algún tipo de recurso en contra de una providencia que le era favorable y, como si fuera poco, dentro del encuadernamiento se acreditó que la parte demandante presentó una serie de solicitudes y/o acciones judiciales tendientes a lograr tal cometido, circunstancia que da cuenta del interés y/o compromiso de tales ciudadanos en obtener el desembargo de su bien inmueble.
De otro lado, en relación con el segundo presupuesto, esto es, que la providencia sea contraria a derecho, la Subsección también lo encuentra cumplido comoquiera que tanto el Juzgado 14 de Familia de Bogotá y el tribunal señalado se apartó de lo dispuesto en el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:
Nótese como el Código de Procedimiento Civil prevé una serie de eventos en los cuales se debe acceder al levantamiento de la medida de embargo y secuestro, entre ellos, se destaca que la petición provenga de quien solicitó la medida cautelar, tal como ocurrió en el presente litigio, habida cuenta que se acreditó que la señora María Dolly Rivera Ramírez elevó, en dos oportunidades(34), solicitud de desembargo, sin que hubiere obtenido respuestas favorables.
Por todo lo anterior, a juicio de esta Sala, el daño antijurídico alegado y plenamente acreditado en el expediente, le es imputable a la Rama Judicial, en atención a que la decisiones proferidas por el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá y por el Tribunal Superior de Bogotá constituyeron una vía de hecho que desconocieron los estándares normativos (CPC, art. 687) que se imponían para dar solución a la controversia surgida con ocasión de la solicitud de levantamiento de una medida cautelar dictada dentro de un proceso de alimentos tramitado en contra del señor William Hernán Ramírez Castro, motivo por el cual se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la responsabilidad administrativa de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
4.1. Perjuicios materiales (daño emergente - honorarios profesionales).
En la demanda se solicitó que, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se condenara a la entidad demandada a pagar los perjuicios materiales causados, en la modalidad de daño emergente (honorarios profesionales), así:
“Los honorarios profesionales debidos al suscrito abogado por la acción de tutela instaurada ante el Tribunal Superior de Bogotá e impugnada ante la Corte Suprema de Justicia, la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5’000.000) y que no han sido cubiertos por incapacidad económica del señor William Hernán Ramírez Castro”(35).
Así las cosas, no le cabe duda a la Sala que los gastos de honorarios profesionales en que se haya incurrido para la presentación de la acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, así como la impugnación del fallo de primera instancia ante la Corte Suprema de Justicia, constituyen un daño emergente que debe ser reparado en la medida que se compruebe su pago por parte del solicitante(36).
En efecto, una vez revisado el plenario, se tiene que no obra prueba del contrato de prestación de servicios profesionales que aseveraron los actores que existía; no obstante lo cual, a pesar de que no se allegó la totalidad del expediente contentivo del proceso de alimentos tramitado en contra del señor William Hernán Ramírez Castro, así como de las providencias de tutelas dictadas por el Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de las piezas documentales obrantes en el expediente puede acreditarse, en efecto, que contrataron los servicios de un profesional del derecho para lograr el levantamiento de la medida cautelar que recaía sobre el bien inmueble tantas veces mencionado.
Luego entonces, habiéndose probado el detrimento patrimonial causado por el pago de los referidos honorarios, pero no el monto de tal perjuicio, la Sala determinará el mismo con base en las tarifas establecidas por el Colegio Nacional de Abogados (Conalbos), mediante Resolución 2(37) del 30 de julio de 2002(38).
Ahora bien, la Resolución 2 de 2002 establece una tarifa de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales en la primera instancia de la acción tutela; la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales en la segunda instancia; la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales en la etapa de revisión ante la Corte Constitucional.
En el presente caso, está plenamente demostrado que el actor fue asistido por un abogado en el trámite de la acción de tutela presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá, la cual tuvo una doble instancia ante la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual, la Sala reconocerá al señor William Hernán Ramírez Castro la suma total de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de daño emergente.
4.2. En la demanda se solicitó lo siguiente a título de “perjuicios morales”:
“A WILLIAM HERNÁN RAMÍREZ CASTRO:
Perjuicios morales: Los ocasionados por la figuración en las centrales de riesgo Cifin (Central de Información Financiera) y Datacrédito por el reporte de Colmena como deudor moroso a pesar de su voluntad de hacer dación en pago del inmueble hipotecado. Es de anotar que el reporte se hizo desde cuando incurrió en mora pero persistió hasta cuando la honorable Corte Suprema de decretó el desembargo. Este reporte implicó el cerramiento de toda clase de créditos y servicios en el sector bancario y financiero. Hasta dificultades tuvo para la aprobación de crédito educativo en la Universidad de los Andes para los estudios de sus hijos legítimos Daniel y Claudia María Ramírez López. No le fue fácil conseguir casa en arrendamiento por las referencias negativas de esas centrales de riesgo. A que se agrega la perturbación de la paz y el sosiego domésticos ocasionada por la conducta equivocada de la Juez 14 de Familia, perturbación que se hubiera evitado sin la vía de hecho en que incurrió la juez. Estos perjuicios morales se estiman en el valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigente.
A MARÍA CLAUDIA LÓPEZ GRANADOS:
En virtud del embargo del bien inmueble hipotecado, tampoco pudo perfeccionar la escritura de dación en pago a Colmena y también fue reportada como deudora morosa a las centrales de riesgo Cifín y Datacrédito, reporte que persistió hasta cuanto se pronunció la Corte Suprema ordenando el desembargo, con lo cual se le cerraron todas las posibilidades de crédito y otros servicios bancarios. Tuvo también dificultades para acceder al crédito y otros servicios bancarios. (…). También sufrió la perturbación de la paz y el sosiego de su vida familiar, que nunca pudo ser igual a la de antes. Estos perjuicios morales se estiman también en el valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes”(39).
A su turno, en la corrección de la demanda se precisó que:
“Como era lógico la Corporación Colmena reportó a los señores William Hernán Ramírez Castro y María Claudia López Granados como deudores morosos a las centrales de riesgo Cifin y Datacrédito, con lo cual se les cerró toda posibilidad de crédito. Una vez levantado el embargo por orden de la honorable Corte Suprema de Justicia se perfeccionó la dación en pago a Colmena, entidad que reportó la novedad a esas centrales de riesgo. Esto indica que William Hernán Ramírez Castro y María Claudia López Granados figuraron como morosos desde cuando el Juzgado 14 de Familia vieron afectado su buen nombre y cerrado completamente cualquier crédito, (…)”(40).
Ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización por perjuicio moral que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta los criterios generales contemplados por la Sala Plena de la Sección Tercera, en la sentencia de unificación jurisprudencial sobre la indemnización de perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad.
No obstante, en esta oportunidad esta Subsección denegará la solicitud de perjuicios morales, por cuanto no se encuentra acreditada dentro del encuadernamiento de la referencia.
Ahora bien, constituye una facultad y deber del juez interpretar la demanda y, en tal sentido, esta Sala observa que lo que la parte actora denominó como “perjuicios morales” encuadra en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el presente caso corresponde al derecho fundamental al buen nombre contemplado en el artículo 15 de la Constitución Política(41).
En efecto, habida cuenta que los ahora demandantes se encontraron ante la imposibilidad de entregar el bien inmueble a la citada corporación financiera, dicha circunstancia conllevó a que estuvieron reportados en Datacrédito por un lapso mayor al proyectado si hubieren entregado el bien inmueble cuando se dio por terminado el proceso de alimentos y, sólo hasta el 19 de diciembre de 2003, Colmena reportó a Datacrédito acerca de la novedad de dación en pago, así:
“3. Frente a los interrogantes planteados respecto al reporte de la novedad de la dación en pago, se anexa copia de la comunicación remitida el 19 de diciembre de 2003 donde se le informa al señor William Hernán Ramírez Castro lo atinente a la forma en que se realizó el reporte a las centrales de riesgo la novedad de la dación en pago”.
A su turno, a folio 88, cuaderno 1 obra la citada comunicación y la cual se encuentra dirigida al señor William Hernán Ramírez Castro, en los siguientes términos:
“En atención a su comunicación relacionada con la actualización de la información comercial en las centrales de riesgo por la obligación mencionada anteriormente, nos permitimos precisar lo siguiente:
1. Sus registros en los bancos se encuentran así:
Nº Crédito Datacrédito Asobancaria
(…) 24550 Crédito normalizado y cancelado por dación en pago el día 29 de septiembre de 2003 Fecha de pago 29 de septiembre de 2003. Calificación A.
(…) 98760 Crédito normalizado y cancelado por dación en pago el día 29 de septiembre de 2003 Fecha de pago 29 de septiembre de 2003. Calificación A.
2. Por lo anterior, se reportó en Asobancaria la forma de pago de la obligación ‘dación en pago’ para que se elimine el registro.
3. Cabe anotar que el Banco Colmena reportó antelas centrales de riesgo la cancelación de las obligaciones a través de dación en pago.
Ahora bien, las centrales de riesgo actualizan esta novedad conforme a la Ley 546 de 1999, según la cual los créditos cancelados a través de dación en pago, se les debe borrar automáticamente la información negativa.
Así las cosas, Datacrédito normaliza el reporte de la mora que presentó el crédito, y en el caso de Asobancaria, elimina el registro.
4. Es importante aclarar, que el Banco Colmena se limita a reportar mes a mes el estado de las obligaciones de sus clientes, información que es fidedigna; las sanciones consistentes en la permanencia del dato negativo o positivo obedecen a los reglamentos de las centrales de información y no a las políticas del Banco”(42) (se resalta).
Así las cosas, al encontrar e identificar el bien constitucionalmente protegido del buen nombre que resultó afectado con la medida impuesta al ahora demandante, se entiende configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar, razón por la cual cabe concluir que resulta procedente el reconocimiento de la indemnización correspondiente a tal perjuicio(43).
Por último, esta Sala advierte que aun cuando los actores fueron reportados a las centrales de riesgo por un hecho imputable a su propia culpa, esto es, por incurrir en mora en una obligación crediticia, lo cierto es que lo que aquí se está reparando es la permanencia de la información negativa en tales bases de datos por un espacio de tiempo superior, debido al error judicial concretado por la entidad demandada.
Ahora bien, de manera reciente el Consejo de Estado precisó que la afectación o vulneración de derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente, como lo son los derechos a tener una familia, al libre desarrollo de la personalidad, honra y buen nombre, entre otros, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, son susceptibles de ser protegidos por vía judicial.
De modo que quienes los sufren tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa(44).
No obstante lo anterior, la Sala se abstendrá de decretar medidas de carácter no pecuniario “cuyo objetivo principal es la reparación integral de la víctima”, por cuanto se acreditó que la información negativa que permaneció por un lapso mayor al debido en las correspondientes centrales de riesgo ya no reposa en dichas bases de datos, por tal motivo, se accederá al reconocimiento de una medida pecuniaria consistente en el monto equivalente a 10 SMLMV para cada uno.
REVOCAR la sentencia apelada, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 18 de noviembre de 2009, la cual quedará así:
“PRIMERO: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL de los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a pagar al señor William Hernán Ramírez Castro, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
TERCERO: Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a los señores William Hernán Ramírez Castro y María Claudia López Granados, a título de daño a los bienes constitucionalmente protegidos, la suma de diez (10) SMLMV para cada uno.
SEXTO: Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento; expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil”.
1 Folios 15-16, cuaderno 1.
2 Folio 21, cuaderno 1.
3 Folios 32-38, cuaderno 1.
4 Folio 123, cuaderno 1.
5 Folios 125-133, cuaderno principal.
6 Folio 137, cuaderno principal.
7 Folio 147, cuaderno principal.
8 Folios 142-145, cuaderno principal.
9 Folio 152, cuaderno principal.
10 Folios 154-156, cuaderno principal.
11 Pueden consultarse, entre muchas otras providencias, la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2001, M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque; expediente 13164, reiterada en sentencias de 14 de agosto de 2008, expediente 16.594, de 15 de abril de 2010, expediente 17.507 y de 26 de febrero de 2015, expediente 32987.
12 Folios 68-69, cuaderno 1.
13 Folios 51-53, cuaderno 2.
14 Folio 54, cuaderno 2.
15 Folio 11, cuaderno 2.
16 Folio 77, cuaderno 2.
17 Folios 68-71, cuaderno 2.
18 Folio 75, cuaderno 2.
19 Folio 81, cuaderno 2.
20 Folio 116, cuaderno 2.
21 Folio 117, cuaderno 2.
22 Folio 118, cuaderno 2.
23 Folio 120, cuaderno 2.
24 Folio 122, cuaderno 2.
25 Folio 123, cuaderno 2.
26 Folio 40, cuaderno 2.
27 Folio 133, cuaderno 2.
28 Folios 15-25, cuaderno 2.
29 Folio 135, cuaderno 2.
30 El 25 de junio de 2003 fue registrada la anotación de levantamiento de la medida cautelar de embargo en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria 50N-20265224 (fls. 17-18, cdno. 1).
31 Folios 131-132, cuaderno 2.
32 Artículo 270 de la Ley 270 de 1996. “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
33 Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
34 Folios 116, 118, cuaderno 2.
35 Folio 6, cuaderno 1.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de septiembre de 2013, expediente 36.566.
37 “26. TUTELA. 26.1. Acción de tutela.
26.1.1. En beneficio general: primera instancia. Cuatro salarios mínimos legales vigentes. Segunda instancia. Dos salarios mínimos legales vigentes. Revisión Corte Constitucional. Cinco salarios mínimos legales vigentes.
26.1.2. Contra particulares. E180%(sic) de los honorarios antes fijados”.
38 Las tarifas fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados ya han sido aplicadas por esta Subsección, para liquidar la indemnización por concepto de honorarios de los abogados que ejercen la defensa penal de la víctima. Al respecto, consúltese la sentencia del 2 de diciembre de 2015, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicación 70001-23-31-000-2003-01348-01(37936).
39 Folios 6-7, cuaderno 1.
40 Folios 15-16, cuaderno 1.
41 ART. 15.—“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en banco de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.
42 Folio 88, cuaderno 1.
43 En igual sentido consultar sentencia dictada el 9 de octubre de 2013 dentro del expediente 26.919.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

References: artículo 70
 artículo 15
 artículo 48
 artículo 136
 artículo 70
 artículo 687
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 115
 Artículo 270