Source: https://es.scribd.com/doc/167056449/Determinacion-de-La-Pena-y-Circunstancias-Modificatorias-de-La-Responsabilidad-Penal-de-Doris
Timestamp: 2015-11-30 04:25:44+00:00

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P. 1Determinacion de La Pena y Circunstancias Modificatorias de La Responsabilidad Penal de DorisDeterminacion de La Pena y Circunstancias Modificatorias de La Responsabilidad Penal de Doris|Views: 477|Likes: 0Publicado porCecilia Mauu Taipe MauriolaMore info:Published by: Cecilia Mauu Taipe Mauriola on Sep 10, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/167056449/Determinacion-de-La-Pena-y-Circunstancias-Modificatorias-de-La-Responsabilidad-Penal-de-Doris05/22/2015pdftextoriginalDETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA YMÓDULO AUTO INSTRUCTIVO
Elaborado por: Víctor Roberto Prado Saldarriaga
Lectura 1: Víctor Roberto Prado Saldarriaga. La Determinación Judicial de la Pena
Como reconoce SILVA SANCHEZ la teoría de la determinación judicial de la pena no ha alcanzado, aún, niveles de desarrollo similares o siquiera aproximativos a los sólidos y relevantes que se han producido en la dogmática penal de la teoría del delito. En efecto, “la teoría de la individualización judicial de la pena, esto es, la determinación del cuánto de la pena dentro del marco legal se quedaba, en cambio, al margen de ese desarrollo y refinamiento” (Jesús María Silva Sánchez. La teoría de la determinación de la Pena como Sistema (Dogmático): Un Primer Esbozo, en Revista peruana de Ciencias Penales. Nº 19. 2007,p. 468).
Este desafortunado estancamiento tiene diversa etiología. Sin embargo, en algunos casos, él se origina en la idónea técnica legislativa empleada por el legislador para regular tan delicada actividad jurisdiccional. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Código Penal nacional, el cual posee una limitada, obscura y dispersa normatividad sobre la determinación judicial de la pena. Efectivamente, sus disposiciones al respecto se encuentran repartidas, cuando no confundidas, en artículos aislados de la parte general, así como en asistemáticas normas de la Parte Especial. Es más, también coexisten reglas sobre la determinación judicial de la pena esparcidas en la legislación procesal penal vigente. Tal desorden legislativo, lamentablemente, ha incentivado poco el razonamiento especializado de los juristas para conectar y explicar dogmáticamente tan anómalo sistema normativo.
Pero, además, la falta en el derecho nacional de un diseño metodológico y práctico homogéneo, que oriente con meridiana claridad el uso racional del amplio poder que se concede al órgano jurisdiccional para decidir la extensión concreta de la pena, que se debe aplicar al autor o participe culpable de un delito, ha generado graves consecuencias materiales que se han reflejado, de modo recurrente, en un conjunto
Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
de resultados punitivos que se originan en malas prácticas o rutinas caracterizadas por su frecuente incoherencia o falta de motivación real y suficiente. Las cuales, de momento, no encuentran límites precisos ni correctivos instrumentales en la ley o en la doctrina.
A continuación intentaremos superar estas preocupantes carencias y deficiencias a través de la construcción de un modelo teórico y de un procedimiento operativo para la determinación judicial de la pena. En este objetivo serán de suma utilidad los recientes aportes del Anteproyecto de Código Penal-Parte General 2008/2009 y de los Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema de Justicia de la Republica. El objetivo esencial es el mismo que describe VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, solamente: “se persigue jalonar la elaboración de una teoría de la medición de la sanción que sea coherente con los principios que inspiran un determinado ordenamiento jurídico, de tal manera que sea posible lograr la imposición de una sanción racional, proporcional y, como consecuencia, adecuada en cada caso de la vida real” (Fernando Velásquez Velásquez. Derecho Penal. Parte General. Comlibros. Bogotá.2009, ps. 1084 y 1085) .
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA
En este acápite resulta pertinente partir de la siguiente reflexión de FEIJOO SANCHEZ: “Si se asume que el delito es un injusto culpable graduable, la determinación de la pena no es más que la graduación del injusto culpable” (Cfr. Bernardo Feijoo Sánchez. Individualización Judicial de la Pena y Teoría de la Pena proporcional al Hecho, en Revista peruana de Ciencias Penales. Nº 23. 2008, p. 199) . En efecto, la determinación judicial de la pena parte de un hecho histórico verificable judicialmente y al cual cabe adscribirle consecuencias jurídicas de naturaleza punitiva en función a su magnitud y significado social o político criminal. Para ello, el órgano jurisdiccional en una sentencia penal emite hasta tres juicios importantes. En un primer momento él se pronuncia sobre la tipicidad o relevancia penal de la conducta atribuida al procesado (juicio de subsunción). Luego, a la luz de la evidencia existente decide la inocencia o culpabilidad de éste en base a los hechos probados (declaración de certeza). Y, finalmente, si declaró la responsabilidad penal del imputado deberá definir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicarle como autor o partícipe de la infracción penal cometida (individualización de la sanción).
La determinación judicial de la pena tiene, pues, relación con esta última decisión judicial. Su función, por tanto, es identificar y medir las dimensiones cualitativas y cuantititativas de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicar al autor o partícipe culpable de un delito. Se trata, por tanto, de un procedimiento técnico y valorativo de individualización de sanciones penales.
Por consiguiente, pues, en términos concretos podríamos señalar que con la expresión determinación judicial de la pena, se alude a toda la actividad que desarrolla el operador jurisdiccional para identificar de modo cualitativo y cuantitativo la sanción a imponer en el caso sub judice. Esto es, a través de ella se procede a evaluar y decidir sobre el tipo, la extensión y el modo de ejecución de la pena, medida de seguridad o consecuencia accesoria que resulten aplicables al caso. Al respecto desde un enfoque más general JESCHECK precisa que la “Determinación judicial de la pena es la determinación de las consecuencias jurídicas de hecho punible llevada a cabo por el juez conforme a su naturaleza, gravedad y forma de ejecución, eligiendo una de las diversas posibilidades previstas legalmente. La determinación judicial de la penal no comprende como su nombre parece indicar, solamente la fijación de la pena aplicable, sino también su suspensión condicional con imposición de obligaciones e instrucciones, la amonestación con reserva de pena, la dispensa de pena, la declaración de impunibilidad, la imposición de medidas de seguridad, la imposición del comiso y de la confiscación, así como la de las consecuencia accesorias” (Hans-Heinrich Jescheck. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Volumen Segundo. Bosch. Barcelona, 1981.p. 1189).
En el siguiente ejemplo, podemos esquematizar esta actividad judicial. Se trata de un caso de autoaborto que conforme al artículo 114º del Código Penal puede ser reprimido con “con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de cincuentidos a ciento cuatro jornadas” . Para determinar la pena aplicable a la autora culpable del delito el Juez deberá de examinar y decidir sobre varios aspectos:
a. Primero, si aplica una pena privativa de libertad o una pena de prestación de servicios a la comunidad. b. Segundo, la extensión que tendrá la sanción elegida sea como tiempo de privación de libertad o como número de jornadas de servicios comunitarios a cumplir. c. Finalmente, deberá concretizar si la pena privativa de libertad se cumplirá de modo efectivo o si cabe la suspensión condicional de su ejecución. O, en su defecto, señalar el lugar y modalidad del cumplimiento de los servicios comunitarios que fuesen asignados.
Ahora bien, para considerar y justificar el resultado correspondiente a cada una de estas decisiones el Juez tendrá que apreciar los distintos factores objetivos y subjetivos que estuvieron presentes en el caso, para, luego, relacionarlos con aquellas reglas de métrica penal que establece la ley. De está manera podrá identificar la gravedad del delito (antijuricidad del hecho) y el grado de responsabilidad del autor o participe (culpabilidad del agente). Es de señalar que en él desarrollo operativo de este
689). Grijley. individualización judicial de la pena o dosificación de la pena. pues. por ejemplo. podemos precisar que la determinación judicial de la pena comprende todo el procedimiento que permite evaluar. la realización culpable y comprobada judicialmente de un homicidio simple. p. Lima. en magnitudes abiertas o semi abiertas donde sólo se consigna una extensión mínima o máxima. de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad judicial. además. La individualización de la pena está sometida al principio constitucional de la proporcionalidad. Como se ha destacado en nuestra legislación penal esa es la técnica legislativa utilizada. la modalidad de ejecución de la pena que resulta aplicable. la autoridad judicial va incorporando un elemento ideológico que vincula los diferentes objetivos y funciones que se atribuyen a la pena y que se detallan en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal de 1991 (prevención general. ciertas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que afectan el marco penal abstracto. generalmente. Sin embargo. proporcionalidad). decidir y justificar el tipo. Por tanto. así como criterios específicos que el juez debe considerar en su labor de individualización de la pena” (Percy García Cavero. extensión y. o establece. Parte General. el homicidio simple que tipifica el artículo 106º de nuestro código sustantivo tiene como sanción conminada una pena privativa de libertad cuyo mínimo es de seis años y cuyo máximo es de veinte años. Efectivamente. la conminación abstracta que tiene la pena en la ley se expresa.2008. conlleva a que le juez competente deba determinar entre ambos límites punitivos la extensión concreta de pena privativa de libertad que corresponde imponer al autor o participe de dicho delito. entonces. dejando en manos del juez la determinación de la pena concreta entre estos límites. en determinadas circunstancias. tal como lo sostiene GARCIA CAVERO. cada delito tipificado en la Parte Especial del Código Penal o en Leyes Especiales o Accesorias a él tiene señalada una o más penas a partir de extremos de duración o realización mínimos o máximos.
Como lo destaca GARCIA CAVERO la legislación penal nacional ha optado por un modelo normativo que regula la determinación judicial de la pena a partir de una decisión legislativa que “fija simplemente un límite mínimo y máximo de la clase de pena prevista. “este proceso no está desprovisto de ciertas líneas de orientación legalmente previstas. Así.
En la legislación y en la doctrina especializada esta actividad judicial también recibe otras denominaciones como aplicación de la pena. En consecuencia. Lecciones de Derecho Penal. el órgano jurisdiccional tiene que determinar la pena correspondiente al caso por una razón de técnica legislativa.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
procedimiento. resocialización. el cual se encuentra concretado en un conjunto de criterios
más que por obra de la Ley.
Ahora bien. El Código Penal vigente para esto último sólo aporta algunos principios y un menor número de reglas técnicas. colocándolo bajo el único control de la justificación interna y externa de los resultados. a nuestro entender. 2008. la legislación nacional concede al Juez un amplió arbitrio para cumplir su tarea funcional de individualizar en el caso concreto la pena aplicable. mucho depende de la
. Asimismo. de su familia o de las personas que de ella dependen. Y donde.
No obstante. los intereses de la víctima. toda decisión judicial requiere contar con un soporte lógico y suficiente que satisfaga las exigencias racionales del deber de fundamentación de las resoluciones judiciales. Con relación a los primeros cabe señalar algunos artículos del Título Preliminar. Lima. estas carencias y defectos de nuestro sistema normativo complican. Y también las que describen circunstancias modificativas de la responsabilidad penal en los artículos 46º. las posibilidades dogmáticas para la configuración de un procedimiento uniforme de determinación judicial de la pena. pero no anulan.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
específicos establecidos en el Código penal que el juez penal debe observar de manera especial” (Percy García Cavero. Grijley. culpabilidad y proporcionalidad en los numerales II. ps. Parte General.
En cuanto a las segundas encontramos las reglas que definen criterios de fundamentación y determinación de la pena en el artículo 45° y que demandan apreciar “las carencias sociales que hubiere sufrido el agente. IV. V. Por tanto. como se mencionó anteriormente. así como el mayor o menor grado de culpabilidad que posee el autor o partícipe del hecho punible. Lecciones de Derecho Penal. que consagra y garantiza el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución de 1993. como ya se ha precisado.
Como podemos deducir de lo ya expuesto. su cultura y sus costumbres. 46 B y 46 C y que sirven para dimensionar y medir la mayor o menor gravedad del injusto realizado. lesividad. para cada delito el Juez tiene un marco legal que se ha construido con un mínimo y un máximo de pena. los que imponen la obligación jurisdiccional de adecuar las decisiones de penalidad a las exigencias de los principios de legalidad. 46° A.
En ese contexto. VII y VIII. dentro de cuyos límites éste deberá decidir la calidad y extensión concreta de la sanción aplicable. como aquellos que asignan una función preventiva a la sanción punitiva en los artículos I y IX. 709 y 710). en torno a la determinación judicial de la pena una grave limitación del Derecho Penal peruano es su escasa y difusa normatividad. además. El cual es necesario sobre todo por las características de conminación penal de tipo ecléctico que ha asumido históricamente nuestra legislación.
conceptualmente. dentro del marco
. lo que la doctrina alemana designa como Strafbemessung. p. también. Ricardo Calvete Rangel. pueden resguardar las posibilidades mediatas de una pena justa evitando la inmediata y latente arbitrariedad e injusticia punitivas (Cfr. constantemente se coloca al Juez ante límites penales absurdos o desproporcionados y frente a los cuales sólo su inteligencia unida a un sólido compromiso constitucional. como señala CALVETE RANGEL. Lamentablemente.) . La Dosificación de la Pena. De este modo se pone a disposición después un espacio de juego (Spielraum). entre determinación legal de la pena. Parte General. Jueces y Jurisprudencia. como se ha detectado en estudios realizados sobre esta materia (Cfr. este asume la tarea de la elección de la pena adecuada al caso concreto. sino en la falta de un procedimiento practico. Víctor Prado Saldarriaga. Y la determinación o individualización judicial de la pena a la cual los autores germanos denominan Strafzumessung. a nuestro entender. Esto es.
Sin embargo. Este estado de la cuestión es preocupante. promoviendo. A este estadio pertenece también la aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. a la vez que esquemático. la experiencia acumulada por la jurisprudencia nacional muestra que tales carencias y riesgos se han reflejado negativamente en las decisiones judiciales dando a conocer un proceder poco transparente y carente de justificación interna o externa.
Según el autor citado: “En el primer estadio el legislador determina en abstracto las penas correspondientes a los delitos. Lima. p.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
aleatoria capacidad técnica y ética del operador judicial el obtener como resultado una pena justa. se requiere contar con reglas claras y de fácil instrumentalización que a la vez que ayudan al órgano jurisdiccional a transitar y/o justificar el iter de la determinación punitiva. En la individualización judicial de la pena por el Juez. que sin complejidades oriente al juez en tan delicado e importante quehacer. en Dos Mil Tres Mil. 92). fijando unas penas máximas y otras mínimas para cada delito conforme a la gravedad del mismo. En efecto. Palestra Editores. lo limiten razonablemente en el uso del amplio poder que actualmente tiene para decidir la extensión de la pena aplicable al autor o participe culpable de un delito.
LAS ETAPAS DE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA DEMETRIO CRESPO advierte que resulta necesario y pertinente distinguir. el problema central de la determinación judicial de la pena en nuestro medio no radica solamente en la existencia de una regulación normativa deficiente y general. Derecho Penal. 1996. o marco penal (Strafrahmen). 269 y ss. que el resultado punitivo tenga cierto margen de predictibilidad. 1999. finalidad única y trascendente de la determinación judicial de la pena. Nº 1. por la alta frecuencia con la cual en los países de nuestra región los afanes sobrecriminalizadores del legislador sometan a prueba permanente la ecuanimidad y legitimidad del arbitrio de la judicatura.
LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA CONCRETA
En la segunda etapa del proceso de determinación judicial de la pena.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
ofrecido por el legislador” (Eduardo Demetrio Crespo. En la legislación peruana ello ocurre en el caso del delito de asesinato que tipifica el artículo 108º y donde la pena privativa de libertad conminada alude únicamente a un límite mínimo-o inicial. sea el mínimo o el máximo. al configurarse el catálogo o precisarse las características especificas de cada pena. le corresponde al juez la individualización de la pena concreta dentro del espacio y límite prefijados por la pena básica en la etapa precedente. la pena básica o aplicable tendría un límite inicial o mínimo de seis años y un límite final o máximo de veinte años. Salamanca. Sin embargo. Prevención General e Individualización de la Pena. En el ejemplo antes utilizado del delito de homicidio simple.
LA IDENTIFICACIÓN DE LA PENA BÁSICA
El primer paso en el proceso de determinación judicial de la pena es precisar los límites de la pena o penas aplicables. el juez debe de integrar el límite faltante en base a los que corresponden genéricamente para cada pena y que aparecen regulados en la Parte General del Código Penal. p.de 15 años. Para esta decisión se hace necesario construir un modelo metodológico y sistemático que puede asumir las características y tránsito que a continuación señalamos. A través de ella el juez establece un espacio punitivo que tiene un mínimo o límite inicial y un máximo o límite final. de un quehacer exploratorio y valorativo que se realiza en función a la presencia de circunstancias legalmente relevantes y que están presentes en el caso. En tal supuesto el juez para completar su pena básica deberá recurrir a los límites genéricos que establece el articulo 29º que trata de las penas privativas de libertad. Según ellos el órgano jurisdiccional agregará el límite máximo-o final-faltante. la doctrina y la legislación han identificado como integrantes de este procedimiento operativo dos etapas secuenciales: la identificación de la pena básica y la individualización de la pena concreta.
Operativamente la determinación judicial de la pena debe estructurarse y desarrollarse como un procedimiento con etapas o fases que debe transitar el juez. pues. Tradicionalmente. Se trata. 41 y 42). en aquellos delitos donde por defecto de técnica legislativa sólo se ha considerado en la pena conminada uno de tales límites. Se trata de la etapa denominada identificación de la pena básica. Ediciones Universidad de Salamanca. La pena concreta será la que realice el jus
efectividad y relación con la pena conminada de las circunstancias. Sin embargo. o de aquellas que enumera el artículo 297º y que están consideradas para el delito de tráfico ilícito de drogas (Artículo 296º). especiales o específicas y elementos típicos accidentales.
Son comunes o genéricas las circunstancias que se regulan en la Parte General del Código Penal y que pueden operar en la determinación de la pena concreta de cualquier tipo de delito.
En cambio las circunstancias especiales o específicas se regulan en la Parte Especial y en conexión funcional sólo con determinados delitos.
CIRCUNSTANCIAS GENÉRICAS.
Las circunstancias pueden ser objeto de varias clasificaciones. o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta (culpabilidad del agente). pues. la función principal de las circunstancias no es otra que coadyuvar a la graduación o determinación del quantum o extensión de la pena concreta aplicable al hecho punible cometido. Ese es el caso de las circunstancias previstas en los incisos del artículo 186º y que operan exclusivamente con el delito de hurto( Artículo 185º). atendiendo a las características de nuestra legislación penal. posibilitan valorar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuridicidad del hecho). consideramos pertinente utilizar tres criterios de clasificación que toman en cuenta la naturaleza.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
puniendi del Estado en una sentencia condenatoria y que deberá cumplir el autor o participe culpable del delito. en el artículo 46º.
LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
Las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Por tanto. principalmente. En la legislación nacional tales circunstancias se encuentran reunidas. si un delito es más o menos grave y a partir de ello ponderar el alcance cualitativo y cuantitativo de la pena que debe imponerse a su autor o participe. Mediante las circunstancias se puede apreciar. Es decir. ESPECÍFICAS Y ELEMENTOS TÍPICOS ACCIDENTALES
Por su naturaleza las circunstancias pueden ser comunes o genéricas.
un efecto agravante o atenuante. Por ejemplo. el mismo factor parental era.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Por último. en cambio. Ello ocurre. Son atenuantes aquellas que por señalar un menor desvalor de la conducta ilícita realizada. una circunstancia excluyente de punibilidad para determinados delitos patrimoniales como el hurto o los daños . ATENUANTES Y MIXTAS
En razón a su efectividad las circunstancias pueden ser atenuantes. la comisión de un delito de hurto al interior de una casa habitada (Artículo 186º. Ese es el caso del delito de parricidio (Artículo 107º). o un menor reproche de culpabilidad sobre el agente de la misma.
Las circunstancias agravantes. Aquí se ubican las circunstancias cualificadas o
. según el artículo 208º. generan como efecto la conminación o imposición de una pena más grave. Como ejemplo de estas circunstancias atenuantes en el derecho penal peruano.
Y son circunstancias mixtas las que operativamente pueden producir. los elementos típicos accidentales son aquellas circunstancias que añadidas a un tipo legal básico se integran con él y determinan la configuración de un tipo derivado privilegiado o cualificado. Sin embargo. inciso 1º del Código Penal). con la circunstancia del parentesco. el inciso 4 del artículo 179° considera al parentesco del autor con la victima como una circunstancia agravante específica en el delito de promoción y favorecimiento de la prostitución. agravantes o mixtas. según la decisión político criminal del legislador. por ejemplo.
CIRCUNSTANCIAS CUALIFICADAS Y PRIVILEGIADAS
Una tercera clasificación toma como criterio morfológico la relación de la circunstancia con la pena conminada. está la realización de delitos contra el estado civil por un móvil de honor y que se consigna en el artículo 146° del Código Penal. Efectivamente. al indicar un mayor desvalor del comportamiento antijurídico ejecutado: o un mayor reproche de culpabilidad sobre su autor. donde la circunstancia del vinculo existente entre los sujetos activo y pasivo configuran una forma calificada de homicidio. es una circunstancia agravante reglada en la legislación penal vigente. producen como efecto la consideración de una menor punibilidad o aplicación de una pena menor.
permite al Juez imponer una pena concreta cuya expresión cuantitativa estará siempre por debajo del mínimo legal conminado para el hecho punible realizado. La característica común de este tipo de circunstancias es que su presencia genera la configuración de un nuevo marco de conminación penal. En la legislación penal nacional es frecuente la regulación de este tipo de circunstancias agravantes. el cual valorando la edad del agente al momento de comisión del delito.
. especialmente en el caso de delitos de relevante repercusión social como el secuestro. En estos casos las agravantes de segundo o tercer grado consignan escalas de penas conminadas más severas que las que se establecen para las otras agravantes de menor grado. 189° y 297° se incluyen circunstancias agravantes de hasta tres grados o niveles. el cual ahora se convierte en mínimo. con ellas se modifican los límites legales. Un ejemplo de esta clase de circunstancia la encontramos en el artículo 22º del Código Penal. Ejemplo de ello es la circunstancia cualificada de la reincidencia regulada en el artículo 46º B del Código Penal. la pena básica se extenderá hasta este nuevo máximo legal. por ejemplo.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
privilegiadas.un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido”.
En cambio.. tal circunstancia motiva un nuevo extremo máximo de la pena y que será para dicho tipo de agravante “.
Efectivamente. cuando concurre en el caso una circunstancia privilegiada lo que varia de modo descendente es el mínimo legal original y que será sustituido por uno nuevo e inferior. el robo o el tráfico ilícito de drogas. Efectivamente.. y las de tercer grado o nivel tienen en su escala de penalidad conminada sólo la pena de cadena perpetua. en los artículos 152°. las agravantes de segundo grado o nivel entre 20 y 30 años de pena privativa de libertad. En el caso del artículo 189º. si se trata de circunstancias cualificadas se produce una modificación ascendente de la conminación penal que se proyecta por encima del máximo legal original.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DE DIFERENTE GRADO O NIVEL
Se identifica como tales a las circunstancias agravantes específicas que generan escalas punitivas diferentes y ascendentes entre sí. Es decir. de la pena conminada para el delito. mínimos o máximos. Algo similar ocurrirá en el caso de la complicidad secundaria del artículo 25° in fine o de la tentativa conforme a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 16°. En estos casos. las agravantes de primer grado o nivel tienen como escala de penalidad conminada entre doce a 20 años de pena privativa de libertad. Según dicha disposición.
el Tribunal está capacitado para recorrer toda la extensión de la pena. naturaleza y efectos.
. que deberá ser motivado en la sentencia. sobretodo cuando este es complejo por la pluralidad de delitos o de agentes. atendiendo a su condición. pudiendo ubicarse la penalidad concreta en el espacio intermedio entre los límites inicial y final de la pena básica. que el Juez no puede dejar de apreciar y valorar cada circunstancia concurrente. Esto es. Esta presencia múltiple de circunstancias configura lo que la doctrina denomina concurrencia de circunstancias. frente a la existencia simultánea de circunstancias agravantes y atenuantes. p. todas las circunstancia presentes en el caso sub judice deberán ser evaluadas. Sobre esta última opción resulta importante lo expuesto por GONZALES CUSSAC: “dicha compensación deberá ajustarse a un correcto uso del arbitrio judicial.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS
Es frecuente encontrar en un caso penal. demanda una visualización analítica pero integrada. no vemos impedimento alguno para que fuere susceptible de impugnarse en casación. a la vez que coherente. Valencia. Teoría General de las Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Criminal . por ejemplo. González Cussac. Lo cual implica. pues.
Por tanto. Universidad de Valencia.
Ahora bien. En tales supuestos. imponiéndola en el grado que estime oportuno según la compensación racional de unas y otras” (José L. de principios rectores o de garantías procesales como el ne bis in idem exige. la posibilidad cuantitativa de la pena deberá reflejar un proceso de compensación entre factores de aumento y disminución de la sanción. la pluralidad de circunstancias atenuantes llevará el resultado de la cuantificación punitiva. La determinación de la pena concreta. en estos supuestos. Igualmente. en estos casos. Si esta compensación no fuere ´racional´. la presencia conjunta de varias circunstancias de igual o distinta naturaleza y efectividad. que cada circunstancia se refiera siempre a un factor o indicador diferente.222). Por último. la eficacia de las circunstancias concurrentes quedará siempre limitada por la imposibilidad de realizar una doble valoración sobre un mismo indicador o factor de agravación o atenuación. que el juez aplique un test de compatibilidad a todas las circunstancias que concurren. Esto significa. de la calidad y eficacia de las circunstancias concurrentes. 1988. para poder configurar la pena concreta. que a mayor número de circunstancias agravantes concurrentes la posibilidad de alcanzar el extremo máximo de la pena básica será también mayor. La proyección. hacia el extremo mínimo de la pena prevista para el delito cometido. como regla general.
en el caso de la pena de multa la determinación judicial de la pena se realiza en base al modelo de los días-multa. la pena concreta se deberá determinar sólo entre los limites de la penalidad conminada que corresponda a la escala punitiva de dicha agravante de mayor nivel (pena de cadena perpetua). Por ejemplo. primer párrafo). En primer lugar. en base a disposiciones del Código Penal vigente. para decidir sobre la pena concreta. 189°. cuando el agente ha cometido el delito de robo en casa habitada (Art. 4. la circunstancia específica excluye a la genérica. Las reglas al respecto también se operativizan a través de la sucesión de etapas. él debe identificar la pena básica que va a expresarse en un mínimo y máximo de díasmulta. Inc. En estos casos la circunstancia de mayor grado absorberá a las de grado inferior. mediante las cuales se debe llegar a definir el monto de dinero que como importe de la pena de multa deberá abonar el condenado. Inc. distinta escala de pena conminada. de valorarlas en conjunto y extraer de ellas los efectos correspondientes que abonen a la construcción y definición de la pena concreta. seria la notoria incompatibilidad de la circunstancia genérica del artículo 46º A frente a la primacía y eficacia de la circunstancia específica prevista por el inciso 1º del artículo 297º .Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Si las circunstancias luego de dicho examen resultan compatibles entre si. como ya se ha mencionado. Este conflicto se presenta cuando en la realización de un delito concurren simultáneamente circunstancias agravantes que tienen diferente grado y.
LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA DE MULTA
Según lo dispuesto en el artículo 41º del Código Penal.
Esquemáticamente. 189°. el órgano jurisdiccional deberá. lo específico del delito de tráfico ilícito de drogas cometido por aquél excluye la consideración complementaria o sucesiva de los efectos de la citada agravante genérica. En segundo lugar la autoridad jurisdiccional deberá decidir el número concreto
. Un ejemplo de ello.189°. por tanto. 1. segundo párrafo) y causando lesiones graves (Art. Por consiguiente. apoderándose de un bien de valor científico (Art. cuando las circunstancias concurrentes aluden a un mismo factor. ellas devienen en incompatibles y deben excluirse en función de su especialidad. tercer párrafo).
En tal sentido. Si bien en ambas disposiciones el factor agravante se identifica con la condición de funcionario publico del agente. el procedimiento de determinación judicial de la sanción pecuniaria comprende cuatro etapas que deberá transitar el Juzgador.
Un problema adicional que también debemos dilucidar esta en relación con la concurrencia de circunstancias agravantes de distinto grado o nivel. Es decir.
para ello. a la capacidad económica del condenado la cual se determinará en base a un promedio de su renta diaria de ingresos. educación. deduciendo de la misma los gastos de manutención. el órgano jurisdiccional multiplicará el número de díasmulta por el valor de la cuota diaria dineraria. si el nuevo delito debía ser de la misma especie que aquel anterior que motivo la pena privativa de libertad que cumplió en todo o en parte el potencial reincidente. luego. incluyó como nuevo criterio rector de la determinación punitiva al denominado principio de acumulación de penas. posteriormente. del 13 de mayo de 2006. prevista por el Artículo 46º B.
DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA. la Ley 28730. REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD
La reincorporación de circunstancias agravantes cualificadas por reincidencia y habitualidad mediante los artículos 46º B y 46º C. ratificadas por la Ley 29407. Así como la eficacia de la cancelación de los antecedentes penales para la configuración de la aludida calificarte. generaron algunos conflictos hermenéuticos por la confusa redacción y ubicación sistemática de sus reglas sobre determinación de la pena . dentro de los 10 días siguientes de emitida la condena. el cual deberá pagar el sentenciado. Por ejemplo.
Sin embargo. pago de impuestos. se planteaban dudas sobre el procedimiento a seguir para la determinación de la pena en tales casos. evaluando para ello las circunstancias concurrentes en el caso. precisó como su efecto agravante “aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal”. Por consiguiente. también se suscitaron varias controversias en torno a sus componentes legales y a la efectividad de sus consecuencias agravantes sobre la definición de la pena concreta. atendiendo.
Con la reincidencia. Además.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
de días-multa que corresponda al grado de culpabilidad del imputado y a la gravedad del delito por él cometido.Estas mismas exigencias y consecuencias normativas fueron. En tercer lugar el Juez definirá la cantidad de dinero que representa cada díamulta o cuota diaria dineraria. que modificó el artículo 50º del Código Penal referente régimen del concurso real de delitos. introducidos por la Ley 28726 del 9 de mayo de 2006 y que fueron. el artículo 46º C sobre habitualidad construyó sus presupuestos y requisitos sobre la base de una sucesión de delitos que debían ser realizados por el agente dentro de un plazo de cinco años. El problema surgía debido a que la habitualidad requería de la realización de un concurso real de delitos. modificados con la Ley 29407 del 16 de setiembre de 2009. Por último. etc.
Por ejemplo. El producto resultante se transformará en nuevos soles y será el importe total de la multa.
Se debe asumir que la reincidencia opera sólo hasta los cinco años posteriores al cumplimiento parcial o total de pena privativa de libertad por condena anterior. pero respetando siempre los limites punitivos fijados por los artículos 50º y 51º del Código Penal (La pena total no debe ser superior al doble del máximo conminado para el delito más grave.
d) Sobre los elementos de configuración de las agravantes cualificadas de los artículos 46º B y 46º C. lo cual fue el sentido de su reincorporación al Derecho penal nacional. y si para uno de los delitos en concurso corresponde cadena perpetua.
c) Sobre la operatividad de la agravante cualificada del artículo 46º C frente a las reglas sobre concurso real y concurso real retrospectivo de delitos. Siendo la habitualidad una circunstancia agravante cualificada se deberán aplicar sus efectos punitivos sólo en el tercer delito cometido en le lapso de cinco años y luego se sumara la pena resultante a las penas concretas correspondientes a los otros delitos del concurso real. pues únicamente en ese caso pueden agravar la pena por encima del marco de conminación legal de la sanción para el delito cometido. La condición cualificada de una agravante siempre demanda que el juez determine la pena concreta dentro del nuevo marco conminatorio que ha fijado la ley como consecuencia punitiva para la reincidencia y la habitualidad. Este límite cronológico es compatible con el que históricamente se fijaba en el artículo 111º del Código Penal de mil novecientos veinticuatro. Sólo deben apreciarse en su rol de circunstancias cualificadas. El nuevo delito que da
. del 18 de julio de 2008.
b) Sobre la eficacia de las agravantes cualificadas para la determinación judicial de la pena concreta. ni mayor de treinta y cinco años de privación de libertad. Queda claro que la reincidencia y la habitualidad no pueden cumplir a la vez las funciones que corresponden a una circunstancia común y a una cualificada. Efectivamente.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Correspondió al Acuerdo Plenario Nº 1-2008/CJ-116 de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la Republica. Y donde tomando de referencia la pena conminada para el delito que posibilita la configuración de la agravante cualificada. en sus fundamentos jurídicos décimo segundo y décimo tercero. se establecieron para ello las siguientes pautas de interpretación: “ a) Sobre la operatividad paralela de las mismas circunstancias en disposiciones legales con funciones diferentes. sólo se aplicara esta sanción excluyéndose las demás). Además resulta similar al considerado por el artículo 46º C del Código Penal vigente para la habitualidad que regula una efectividad penal más gravosa. establecer criterios vinculantes para despejar las incertidumbres producidas. el nuevo máximo de la pena básica será el limite fijado por el articulo 46º B para dicho tipo de agravante (un tercio o una mitad por encima del máximo original ).
En coherencia con los límites punitivos fijados en los artículos 29º. el cual ha sido luego formalizado por la Ley 29407 al modificar el artículos 46º B. 46º A.
En lo concerniente a la determinación de la pena por el agravante de habitualidad. Por ejemplo.
Como puede advertirse del contenido y operatividad de la doctrina establecida por el citado Acuerdo Plenario. aprovechamiento de conocimientos privilegiados. así como sobre el efecto de esta agravante en la configuración de la pena concreta en un concurso real de delitos. con las previstas por los artículos 46º B o 46º C.
f) Límites de las penalidad derivada de las agravantes de los artículos 46º B y 46º C. Si concurrieran las agravantes cualificadas del artículo 46º A (calidad de funcionario público.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
lugar a la reincidencia puede ser de igual o distinta naturaleza que el que determinó la pena privativa de libertad cumplida total o parcialmente
En cuanto a la habitualidad. la pena concreta resultante no podrá exceder de los limites contemplados por el artículo 46º A del Código Penal (de treinta y cinco años de privación de libertad). Además la habitualidad requiere que todos los delitos cometidos sean dolosos y de igual naturaleza. ella se produce solamente en el caso de que los tres delitos se hayan cometido en un lapso de 5 años y no medie condena sobre alguno de ellos en dicho plazo. se ha establecido un plazo de prescripción para la reincidencia de cinco años. Esta especialidad en la reiterancia indica la habituación delictiva del agente y justifica su mayor punibilidad. No obstante. la pena concreta total resultante para el concurso real de delitos debería superar los topes y limites fijados por el artículo 50º del Código Penal. por ser todas circunstancias compatibles.
. comisión en prisión de delitos graves) con las de reincidencia o habitualidad se deberán aplicar los efectos punitivos correspondientes en la determinación de la pena concreta. En tal sentido. el Acuerdo Plenario precisó que la consecuencia agravante sólo incidiría sobre el tercer delito que hubiera cometido el agente dentro del plazo de cinco años. los problemas de aplicación de las agravantes cualificadas por reincidencia y habitualidad han quedado plenamente superados.
e) Sobre la determinación de la pena concreta en caso de concurrencia de circunstancias cualificadas del artículo 46° A. Además se advierte que. 50º y 51º del Código Penal. Cuando los delitos que dan lugar a tales supuestos tengan prevista pena de cadena perpetua sólo se aplicara dicha pena”. en ningún caso la pena concreta que corresponda a la efectividad de la agravación por reincidencia o habitualidad será mayor de treinta y cinco años de pena privativa de libertad. sería en la determinación de la pena concreta parcial de este tercer delito que se tomaría en cuenta el plus punitivo que fija el artículo 46º C (hasta una mitad por encima del máximo). en ningún caso.
En nuestro Código Penal estos dos tipos de concurso de delitos están considerados expresamente en los artículos 48º y 50º. pues. Al respecto precisa HURTADO POZO: “Afirmar que hay unidad de acción no implica.
. surge la necesidad de decidir que pena concreta se debe aplicar en cada modalidad concursal. Al primero de estos supuestos se le denomina concurso ideal de delitos. que una sola disposición legal será aplicada. Es por ello que resultó atinado que el Código Penal de 1991 incluyera las formas y reglas del concurso de delitos entre sus disposiciones sobre Aplicación de la Pena.
EL CONCURSO IDEAL DE DELITOS
CONCEPTO. Y al segundo concurso real de delitos. Madrid. CONCEPTO Y CLASES
Conforme a la doctrina y a la legislación vigente se produce un concurso de delitos. Tecnos.
Las normas concúrsales tienen una utilidad práctica sumamente trascendente para la determinación judicial de la pena. el agente puede realizar los elementos de dos o más tipos legales. ya que ninguno resulta capaz de comprender en su totalidad la conducta realizada por aquel. una pluralidad de tipos y sanciones aplicables. su regulación original ha sido objeto de sucesivas modificaciones.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA Y CONCURSOS DE DELITOS
EL CONCURSO DE DELITOS. Lorenzo Morillas Cueva. 1991. Sin embargo. Como consecuencia de ello se produce. siempre. ellas también tienen como función esencial ayudar a decidir la configuración y extensión de la pena concreta en tales casos. Así. 110) . Teoría de las Consecuencias Jurídicas del Delito. e incluso puede suceder que ninguno de éstos logre abarcar en su totalidad la unidad de acción en cuestión. porque al coexistir para cada tipo penal realizado o para cada delito independiente cometido. PRESUPUESTOS Y REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA
El concurso ideal de delitos tiene lugar cuando la acción ejecutada por el agente cumple los elementos constitutivos de dos o más tipos penales. Mediante su ejecución. como bien anota MORILLAS CUEVA el análisis dogmático del concurso de delitos en este dominio tiene un significado propio y que se expresa exclusivamente en su “conexión con la aplicación de la pena” (Cfr. En tal sentido. cuando una misma persona realiza simultáneamente varios tipos penales o cuando de modo secuencial comete varios delitos independientes entre sí. En efecto. Fundamentalmente.p. y de los que es responsable un mismo agente. respectivamente.
el artículo 48º reformuló sus reglas de determinación de la pena concreta. Al respecto la doctrina nacional ha interpretado correctamente que “la pena más grave impuesta sirve al mismo tiempo de castigo por las otras infracciones más leves que se han cometido” (José Hurtado Pozo. que dicha pena básica se podría incrementar hasta en una cuarta parte por encima del máximo legal sin establecer mayores presupuestos para ello. Lima. dicho incremento no debería superar. en primer lugar. la pena básica se identificaba con la pena conminada más grave entre todas aquellas contenidas en las disposiciones penales que concurren.
Sin embargo. La aplicación de las diversas disposiciones está en efecto determinada por la naturaleza compleja de la acción” (José Hurtado Pozo. c. Al respecto. del 9 de mayo de 2006. para la determinación de la pena en el concurso ideal de delitos el texto original del artículo 48º recurría al denominado Principio de Absorción. Asumimos que en tal situación no cabe incremento alguno. 932 y ss. 2005. Pluralidad de tipos legales realizados. b. Grijley. 3ª Edición. Unidad de acción. Grijley. Manual de Derecho Penal.
Ahora bien. ante la eventualidad de coexistir penas accesorias o medidas de seguridad. De esta manera se asumía que en dicha penalidad más severa quedaban absorbidas las demás penas menos graves (poena major absorbet minoren). los treinta y cinco años si se trataba de pena privativa de libertad temporal. 3ª Edición.
Ahora bien. 928). Parte General I. Parte General I.).
El concurso ideal de delitos requiere. p. con la modificación introducida por la Ley 28726. La reforma señalo que para el concurso ideal de delitos. para su configuración de la concurrencia de tres presupuestos: a.
. Según dicho criterio rector.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
sólo considerando todos los tipos legales concernidos se podrá aprehender en su integridad el carácter ilícito de la acción. la pena básica sería siempre la más grave de las previstas para los tipos penales realizados. Unidad de autor. la norma no señalo regla especifica para los casos donde una o más de las la penas conminadas en los tipos penales realizados fuera cadena perpetua. en ningún supuesto. Lima. p. pues. Manual de Derecho Penal. 2005. Sin embargo. el citado artículo en su redacción primigenia autorizaba que tales sanciones fuesen consideradas en la pena como parte de la pena concreta aun en el caso que sólo estuvieran previstas para alguna de las disposiciones legales en concurso ideal. En segundo lugar.
se mantiene también como opción para la determinación de la pena una combinación de los principios de absorción y asperación. Villavicencio Terreros. 703) . pero. en cambio.
EL CONCURSO REAL DE DELITOS
CONCEPTO. Por ejemplo. Y será heterogéneo. Derecho Penal . Esto es. Lima.Parte General. CLASES. para su realización de los siguientes requisitos: a. de tipos penales realizados y sancionados con penas de cadena perpetua. cuando el agente realizó en diversas ocasiones y de modo independiente varios hurtos. Pluralidad de delitos independientes. comete. c. pues. Con ello. Ese es el caso de quien comete en diferentes oportunidades un robo. Unidad de autor. propone ligeras modificaciones a la determinación de la pena en el concurso ideal de delitos con el siguiente texto sustitutorio: “Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho se reprimirá con la que establezca la pena más grave incrementada hasta un tercio del máximo legal” (Artículo 51º).
Cabe distinguir conforme a nuestra legislación vigente dos clases de concurso real de delitos: el homogéneo y el heterogéneo. no se fija un límite general de 35 años para penas privativas de libertad temporales. un homicidio y una estafa. Como anota bien VILLAVICENCIO TERREROS: “el concurso real se caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello constituye la contrapartida del concurso ideal” (Felipe A. varios delitos también independientes.
Es homogéneo cuando la pluralidad de delitos se relaciona con infracciones de una misma especie. Pluralidad de acciones. 2006. Grijley. a diferencia del texto vigente del artículo 48º. sucesivamente. cuando la pluralidad de delitos cometidos se relaciona con infracciones de distinta especie. p. ya mencionado. Tampoco la redacción propuesta se refiere al caso.
. pues. PRESUPUESTOS Y REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA
El concurso real de delitos tiene lugar cuando el mismo agente con varias acciones independientes.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
El Anteproyecto de la Comisión Especial Revisora del Código Penal 2008/2009. b. sólo se modifica el estándar del límite mayor de la pena básica que sería un tercio más del máximo original de penalidad más grave. Este tipo de concurso de delitos requiere.
Ob. Cit. Y que si uno de los delitos en concurso resulta sancionable con una pena concreta parcial de cadena perpetua. Sin embargo. no hace modificaciones sustanciales a la determinación de la pena en el concurso real de delitos. que los actualmente establecidos. En efecto.Luis A. como la aplicación de un procedimiento combinado de ambos principios (Luis A. la reforma del artículo 50º por la Ley 28730. Posteriormente se definirá la pena concreta que corresponda a ese delito y a las circunstancias concurrentes en su comisión. fue entendida. pues.
. Esto es. para la determinación de la pena básica se elegía la pena más grave de las conminadas para los delitos integrantes del concurso. excluyéndose. Esta dualidad de operaciones jurisdiccionales para la determinación de la pena en un concurso real de delitos. 263). Bramont Arias . Regía. con ellos se podía graduar dicha pena a fin de alcanzar la más severa represión. Luego.. p. las demás penas concretas parciales. los demás delitos de menor gravedad eran considerados como circunstancias agravantes especificas que posibilitaban definir la extensión de la pena concreta. Esto es. en esta primera fase el Principio de Absorción. para la pena concreta total sea esta privativa de libertad temporal o de cadena perpetua (“Tratándose de penas privativas de libertad temporales la pena resultante no podrá exceder de 35 años. En esta operación complementaria primaba.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Para la determinación de la pena concreta en el concurso real de delitos el texto original del artículo 50º del Código Penal regulaba el siguiente procedimiento: Primero. del 13 de mayo de 2006. sólo se considerara tal sanción privativa de libertad indeterminada como la única pena concreta del concurso de delitos. Bramont-Arias Torres. el artículo 53º mantiene como principio rector la acumulación de penas concretas parciales e iguales limites. En consecuencia el resultado punitivo en estos casos se obtiene del modo siguiente:
Primero se debe definir una pena básica y una concreta parcial para cada delito integrante del concurso. esta pena resultante deberá someterse a un examen de validación a fin de verificar que no exceda de 35 años si es pena privativa de libertad.
Ahora bien. en tal supuesto. Si alguno de los delitos en concurso se encuentra reprimido con cadena perpetua sólo se aplicara esta pena”). en la doctrina nacional. Finalmente se sumaran las penas concretas parciales obtenidas para cada delito lo que aportará como resultado la pena concreta total del concurso real. incorporó como principio rector de la determinación judicial de la pena en el concurso real de delitos al Principio de Acumulación. pues. inicialmente se señalará la pena básica en atención a la penalidad conminada para el ilícito. por BRAMONT ARIAS y BRAMONT-ARIAS TORRES. Que tampoco el resultado punitivo obtenido supere el doble de la pena concreta parcial obtenida para el delito más grave. el denominado Principio de Asperación.
El Anteproyecto de la Comisión Especial Revisora del Código Penal 2008/2009.
fue reconocido por el agraviado del robo que cometió en el 2007. ocasionó dolosamente la muerte a su conviviente Lucila. su texto original ha sido objeto de sucesivas modificaciones mediante las Leyes 26832 del 3 de julio de 1997 y 29730 del 13 de mayo de 2006. Posteriormente. La madre esta última lo denunció. Sin embargo. ellos darán lugar a nuevos juzgamientos. Un año después en febrero de 2009. Por ejemplo. por lo que Miguel fue procesado y condenado a quince años de pena privativa de libertad. al descubrirse de manera sucesiva los delitos restantes. Sin embargo. sus desarrollos jurisprudenciales han asumido criterios distintos para la determinación de la pena concreta total. al aparecer en los diarios luego de ser condenado.2000. cometidos por el mismo autor pero que no han podido ser juzgados en un sólo proceso penal sino de manera
En el ejemplo citado existe un concurso real de delitos que involucra delitos de robo (Art.972 y ss. Actualmente el Código Penal de 1991 se refiere a él en su artículo 51º. Pocos países de la Región han incorporado esta modalidad concursal de origen holandés. Derecho Penal. con posterioridad a la primera sentencia. el fue inicialmente procesado y condenado solamente por algunos de los delitos cometidos.) .p. Ocho meses después. como describe Zaffaroni. 108º ).
Veamos el siguiente ejemplo: Miguel cometió un robo en junio de 2007. Parte General. Al iniciarse este juicio se descubrió el delito cometido el año 2008. si bien el mismo agente ha sido autor de varios delitos independientes. Esto es. 188º). daño por venganza la vivienda de un familiar. lo que motivó que se le amplíe la instrucción por el delito de daños.
En nuestra legislación el concurso real retrospectivo de delitos fue regulado inicialmente en el artículo 110º del Código penal de 1924.
Esta modalidad se produce cuando los delitos en concurso real no son juzgados simultáneamente en un solo proceso. PRESUPUESTOS Y REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA
Una forma especial de concurso real de delitos es el denominado concurso real retrospectivo o posterior. es decir. daños (Art. EDIAR.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
EL CONCURSO REAL RETROSPECTIVO DE DELITOS
CONCEPTO. quien al denunciarlo le generó un nuevo proceso penal. en febrero de 2008. Buenos Aires. una disposición al respecto existe en el Código Penal argentino (Artículo 58º) aunque. que los han sido acogidos en nuestra doctrina y praxis judicial (Eugenio Raúl Zaffaroni. 205º) y parricidio (Art.
se irán sumando las penas concretas parciales que se impongan por cada delito en cada nuevo juzgamiento a aquellas que fueron impuestas en los juzgamientos precedentes. c. pues.
El Anteproyecto de la Comisión Especial Revisora del Código Penal 2008/2009. Si alguno de los delitos en concurso se encuentra reprimido con cadena perpetua sólo se aplicara esta pena. el que al agente no se le debe imponer como pena concreta final una que resulte ser más grave o de mayor extensión. Unidad de autor. El juzgamiento sucesivo de los delitos en procesos diferentes.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
secuencial y con dos juicios realizados luego de una primera condena por delito de parricidio.
Ahora bien. sin perjuicio de fijarse la reparación civil para el delito posteriormente descubierto”)
En coherencia con dicho postulado la modificación hecha al articulo 51º. Sin embargo. para que se produzca un concurso real retrospectivo de delitos se requiere: a. Esta operación se repetirá hasta agotar el número de los delitos en concurso. para la imposición de la pena en esta forma de concurso real de delitos se debe asumir como regla esencial y límite punitivo implícito. el resultado de la pena concreta total del concurso real retrospectivo tampoco podrá sustraerse a los limites de validación señalados en el Artículo 50º para el concurso real y a los cuales ya nos hemos referido. que la que hubiese correspondido aplicarle de haber sido juzgado en el mismo proceso por todos los delitos que cometió y que integraron el concurso.
Tomando en cuenta. ha establecido que la pena concreta en estos casos debe construirse utilizando igual procedimiento que el contemplado para el concurso real de delitos Por tanto. b. tampoco postula cambios relevantes a la modalidad actual de determinar la pena concreta en este tipo de concurso real de delitos. Únicamente el proyectado artículo 54º señala que por cada nuevo juzgamiento y pena concreta parcial posterior se deberán también de fijar nuevas consecuencias civiles (“Tratándose de penas privativas de libertad temporales la pena resultante no podrá exceder de 35 años. su especial configuración y regulación legal. Pluralidad de delitos independientes. mediante la Ley 28730.
Pluralidad de faltas independientes.
En segundo lugar. incorporó en el Código Penal el artículo 50º A. Unidad de autor. Con esta reforma se introdujo en nuestra legislación una nueva modalidad concursal : el concurso real de faltas.
Una primera observación que cabe formular a esta innovación normativa se relaciona con su incoherente ubicación sistemática.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
EL CONCURSO REAL DE FALTAS
PRESUPUESTOS Y REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA
La Ley 29407. Pluralidad de acciones. Efectivamente. modalidades y efectos del pretendido concurso real de faltas.
Pero el mayor problema hermenéutico que suscita el artículo 50º A. teniendo en cuenta el perjuicio total causado”. c. también se debe cuestionar la defectuosa técnica legislativa empleada para la redacción de la fórmula legal. Pluralidad de personas perjudicadas. del 16 de setiembre de 2009. la cual dificulta advertir cuales son los presupuestos. De allí que la norma aluda a que se infraccione “el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza”. se relaciona con las reglas de determinación de la pena que establece su párrafo final en los siguientes términos: “será sancionado como autor y se le impone la pena privativa de libertad prevista para éste. dicha disposición legal debió incluirse en el Libro Tercero que contiene las reglas generales y específicas que son aplicables a este tipo de infracciones penales. c. el concurso real de faltas puede ser homogéneo o heterogéneo. Sin embargo. sugerimos el siguiente razonamiento dogmático y que resulta coherente con los criterios y reglas que rigen la determinación de la pena para el caso del
. requisitos. b. estimamos innecesaria tal referencia que más bien tiende a obscurecer el contenido literal del artículo que comentamos. consideramos que los rasgos esenciales que identifican al concurso real de faltas son los siguientes: a.
Pese a la poca claridad del texto legal es posible inferir que al igual que en el caso de los delitos.No obstante.
que la citada disposición puede aplicarse en el sentido que la pena concreta total de un concurso de faltas será aquella que integre el resultado punitivo acumulado de todas las penas concretas parciales que correspondieron a cada falta cometida por el agente y que perjudicaron a distintos agraviados. las dificultades subsisten debido a que la ley también se refiere a la “ pena privativa de libertad prevista”. además. Nada de ello es precisado por el articulo 50° A. una pena privativa de libertad sólo es posible en las faltas si opera una rara fórmula de conversión en casos de reincidencia en la comisión de faltas contra la persona (artículo 441º) o contra el patrimonio (Artículo 444º). según el tenor modificado del inciso 3 del artículo 440º (Disposiciones Fundamentales). al parecer. Pero. buscando coherencia y utilidad para dicha disposición.Esto es hace mención a un tipo de pena que no esta prevista para ninguna de las de las faltas tipificadas en el Libro Tercero del Código Penal. para superar los problemas detectados consideramos pertinente proponer. cuantas faltas deberían cometerse para generarlo?. respectivamente. sin embargo. es castigado como autor o participe del delito correspondiente y se le impone la pena privativa de libertad prevista para este. la pluralidad de faltas determinaría su conversión en un “delito” y la aplicación a su autor de la pena privativa de libertad prevista para él. fue luego ratificada con una fe de erratas publicada el 29 de setiembre de 2009. una primera opción interpretativa sería que la penalidad concreta de un concurso real de faltas debe surgir de la acumulación de las penas parciales que resulten aplicables a cada una de las faltas integrantes de la estructura concursal.
Tal redacción aludía a un “delito” y no a una falta. Pero qué delito?. Esta incongruencia. de lege ferenda. Según él: “Cuando se realiza una pluralidad de acciones que deben considerarse como faltas independientes que perjudican a varias personas e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza. Por consiguiente. Sin embargo la noción de reincidencia demanda una condena previa que deviene en incompatible con la de reiterancia que equivale a toda forma de concurso real de infracciones penales.
Ahora bien. En ese sentido. De modo que. las siguientes modificaciones que afectaran la ubicación y descripción legal del concurso real de faltas:
. teniendo en cuenta el perjuicio total causado”.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
concurso real de delitos (Artículos 50º y 51º). de lege data. Es más. este resultado punitivo final no deberá exceder los limites genéricos de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de multa que fijan los artículos 34º (ciento cincuentiseis jornadas de servicios semanales) y 440º inciso 4 (ciento ochenta días-multa). Sin embargo. cabe sostener.
La explicación de este dilema normativo y semántico parece encontrarse en errado enunciado que utilizaba el Proyecto Parlamentario definitivo que dio origen a la Ley 20407.
Unidad de sujeto pasivo. Medellín. 67 y ss. Fernando Velásquez V. N° 1. b. 1998. Realización de las acciones en momentos diferentes o en un mismo contexto temporal de ejecución. de la concurrencia de seis requisitos: a. Los delitos continuado y masa.
El delito continuado está previsto en el artículo 49º del Código Penal. Tiene lugar cuando varias acciones ejecutan una misma resolución o decisión criminal. en Revista de la Academia de la Magistratura. Identidad de autor. Pluralidad de acciones homogéneas.). Cuando concurran varias faltas independientes cometidas por un mismo autor. Sin embargo. la tendencia del derecho comparado ha sido darles. lo que objetivamente implica varias violaciones de un mismo dispositivo penal o de “otro de igual o semejante naturaleza”.-Disposiciones comunes (…. hasta un máximo del doble de la pena de la falta más grave”
DETERMINACIÓN DE LA PENA. 201 y ss. Todos los actos que realiza Mario son apreciados como partes de un solo delito y no como varios delitos independientes. Por ejemplo. Mario decide hurtar cinco perlas del collar que se exhibe en la sala de la casa donde trabaja como ayudante de cocina. Pese a su origen distinto. y para evitar ser descubierto acuerda llevarse una perla cada día a la hora de su salida. d. e. La Reforma del Delito Continuado en la Ley 26683: ¿Una Solución al Fraude Colectivo?. se sumaran las penas correspondientes que fije el juez para cada una de ellas. un tratamiento sistemático independiente. Situación que ha merecido la critica justificada de la doctrina (Cfr. DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA
Como señala VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ en la doctrina se ha debatido acerca de si entre delito continuado y delito masa existe una relación de genero a especie (Cfr.p.
. Pluralidad de violaciones de la misma ley penal o de naturaleza semejante.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
“Articulo 440º. Universidad Pontificia Bolivariana. 2008. f.
El delito continuado requiere para su configuración y efectos sobre la determinación de la pena. Identidad de resolución criminal. Víctor Prado Saldarriaga. c. italiano el primero y español el segundo.).) 8. la particularidad de la legislación peruana en este dominio radica en haber creado una condición de dependencia del delito masa hacia el delito continuado. p. cuando menos.
Lecciones de Derecho Penal. 709 ) . tratándose de un delito continuado de estafa (artículo 196°) donde el máximo de la pena conminada es de seis años. Lecciones de Derecho Penal. p. La ley le otorga la calidad de circunstancia agravante específica y cualificada del delito continuado. el Juez deberá de aplicar la pena del delito más grave. El se configura sobre la base de una pluralidad de personas que resultan perjudicadas por el delito continuado que ejecuta el agente. En consecuencia. pues. Pluralidad de personas perjudicadas por el delito. De modo que el juez en tales casos determinará la pena concreta del autor del delito masa en esa nueva escala de pena conminada (no menor de seis ni mayor de ocho). Lima. Parte General.
Cabe señalar que esta ampliación del delito continuado a infracciones de “semejante naturaleza” fue introducida con la Ley N° 26683 del 11 de noviembre de 1996. Grijley. Realización de un delito continuado. 709). 2008. Se rige.
Los elementos del delito masa son los siguientes: a. se consideran como un solo delito continuado y se reprimirán con la pena correspondiente a este” ). Ejemplo: Carlos oferta a través de un diario la constitución de una sociedad filantrópica señalado que los interesados deben ingresar sus aportes en una cuenta. la presencia de un delito masa determina que el nuevo máximo legal se eleve a ocho años. b. como señala GARCIA CAVERO.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Las reglas de determinación de la pena en el delito continuado disponen que se debe aplicar la pena pertinente al delito cometido cuando los actos realizados correspondan a un mismo tipo de infracción. El Anteproyecto de la Comisión Revisora Especial 2008/2009 la ha eliminado retornando con su artículo 50° a la fórmula original de 1991 (“Cuando varias violaciones de la misma Ley penal hubieran sido cometidas en el mismo momento de acción o en momentos diversos con actos ejecutivos de la misma resolución criminal. lo cual distorsionó por completo la estructura tradicional del delito continuado al extremo de convertirlo en un cuasi concurso real de delitos. pero luego Carlos desaparece con el dinero recaudado. rige para este último caso el “criterio de la absorción” (Percy García Cavero. Pero si se trata de actos relacionados con infracciones distintas aunque de semejante naturaleza (hurto/ robo o estafa /apropiación ilícita). por el criterio de asperación como reconoce acertadamente la doctrina nacional (Percy García Cavero.
El delito masa está regulado también en el artículo 49°. Por ejemplo. p.
. Parte General.
En el delito masa se debe determinar la pena a partir de una nueva escala de pena conminada donde el mínimo legal corresponde al máximo original previsto para el delito continuado cometido y el nuevo máximo legal se extiende a un tercio por encima de aquel. Lima. 2008. A su llamado concurren varias personas con sus aportes. Grijley.
con iguales mandatos o estándares de proporcionalidad y racionalidad que aquellos que gobiernan la definición de las penas aplicables. aquellos casos donde “resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos”. En principio porque el Código Penal de 1991 carece de normas específicas que orienten al Juez sobre los procedimientos a seguir para la determinación de las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la reparación civil.
. que resulte de ingente necesidad identificar las reglas y buenas prácticas que deben aplicarse y seguirse para viabilizar una determinación judicial de la reparación civil. según la cual: “el resarcimiento del daño y la indemnización del perjuicio se fijará teniendo en cuenta los siguientes criterios considerados conjuntamente: 1) La naturaleza del bien lesionado o puesto en peligro. o por el prudente arbitrio del Juez”. la entidad del daño. Y también es de lamentar que el legislador nacional haya renunciado a mantener en el Código vigente una disposición igual a la que propuso el artículo 47° del Proyecto de setiembre de 1984. de su familia o de las personas que de ella dependen”. trasciende a su eficacia estrictamente punitiva. resulta coherente con el nuevo rol activo que se concede al agraviado por el delito en el marco del proceso penal moderno. sin embargo. frecuentemente. Se estima como tales a la vida y a la salud individual. pues.
Sin embargo esa tarea dogmática no es de fácil realización. pues. Se deja sentir. por lo demás. 2) La situación económica del agraviado o de sus herederos.
LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA Y REPARACIÓN CIVIL
El inciso 3 del artículo 46° del Código Penal señala que un criterio judicial de determinación y fundamentación de la pena lo constituyen “Lo intereses de la víctima. la ausencia de una norma similar a la que existía en el artículo 69° del Código Penal de 1924 y en la cual se establecía que “la reparación se hará valorando. por medio de peritos si fuere practicable. Esta disposición.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Cabe señalar que la ley excluye de la aplicación de las reglas sobre delito continuado y delito masa. 3) La situación económica del autor o cómplice del delito”. Lo cual. De allí. En estos casos la conducta del agente deberá de asimilarse a un concurso real de delitos y a sus reglas de determinación de la pena. los objetivos y contenidos de la reparación civil.
La ausencia de este tipo de normas ha promovido una negativa praxis judicial que ha distorsionado. para convertirse también en una exigencia de equidad en la determinación de la reparación civil.
Por lo demás en la jurisprudencia nacional tal posibilidad no se ha negado expresamente.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Ahora bien. No compartimos. según los casos. la posición doctrinaria y jurisprudencial que estima que al no producirse un daño material en la tentativa o en los delitos de peligro no es posible sostener un derecho reparatorio para el perjudicado (Cfr. en un delito de lesión que en uno de peligro. de efectivos daños generados en intereses individuales concretos-se produce una alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente.). o la concurrencia en el caso sub judice de circunstancias atenuantes privilegiadas como la confesión sincera a que alude el artículo 136° in fine del Código de Procedimientos Penales. desde luego. Lorenzo Morillas Cueva. al decidir el resarcimiento en delitos contra la intimidad o contra el honor de las personas. es de carácter supraindividual. Teoría de las Consecuencias Jurídicas del Delito.
. por ejemplo. en todo proceso de determinación de la reparación civil. para promover una adecuada determinación judicial de la reparación civil es necesario establecer algunos criterios rectores que sean compatibles con la finalidad resarcitoria que aquella persigue. en primer lugar. por lo general y que siempre sea así. según los casos. pues. no cabe negar a priori la posibilidad de que surja responsabilidad civil. de una valoración objetiva del daño y del perjuicio material o moral ocasionados a la víctima. 143. o atentados contra la libertad sexual.
Igual criterio general deberá primar en el Juzgador al momento de definir y cuantificar los alcances indemnizatorios de la reparación civil. por ejemplo. especialmente ante la presencia de daños graves como la pérdida de la vida. el sufrimiento de lesiones físicas o psíquicas. el Acuerdo Plenario N° 6-2006-116 al referirse al caso de los delitos de peligro ha sostenido acertadamente lo siguiente: “En los delitos de peligro. donde la valoración judicial deberá proyectarse sobre condiciones funcionales de contenido ético-social. En coherencia con ello la regla general debe ser que las proporciones cualitativas y cuantitativas de la reparación civil tienen que configurarse. Ob. sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la norma penal-que. Esta delictiva alteración o perturbación del ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer. para ocasionar daños civiles. Cit. como. subordinar o mediatizar tales consideraciones a partir de otros factores como la capacidad económica del autor del delito. así como los efectos que directa o causalmente ha ocasionado su comisión” (10° Fundamento Jurídico). Incluso en aquéllas ocasiones. Así. Lo que equivale a sostener que la reparación civil tiene que ser menor en una tentativa que en un delito consumado. puesto que en ellos-sin perjuicio..
También estimamos compatible con la objetividad del juicio reparatorio tener en cuenta el grado de realización del injusto penal. pues. No cabe. p.
pudiendo fijarlas en la propia resolución o en el momento de su indemnización” . tampoco han sido considerados en el Anteproyecto de la Comisión Especial Revisora del Código Penal 2008/2009 (Cfr. administración u organización con la ejecución. el cual por su abuso o negligencia funcional demuestra un defecto de organización en su representada o una deficiente administración de riesgos.
Queda claro que estas sanciones no son penas accesorias en el sentido de estar conectadas con una pena principal. al declarar la existencia de responsabilidad civil. Klaus Tiedemann. cual es pronunciarse por la propia responsabilidad penal de las mismas. pese al tiempo transcurrido su descripción y conceptualización no ha logrado aún un tratamiento teórico homogéneo. por ejemplo. destaca que ello responde a que en realidad el legislador ha procurado con la regulación de estas sanciones. en tanto que sólo se aplican a las personas jurídicas que resulten involucradas desde su actividad. donde no aparecen claros los fundamentos de tal consecuencia. es de proponer. existía una reclamación político-criminal de sancionar directamente a las
. Por lo general. pues. ese rol afecta al órgano (autor físico) que actuó en representación del ente colectivo o a favor de éste. p. su condición de consecuencias accesorias se debe a la oportunidad de su aplicación. la que dependerá siempre de que se haya identificado y sancionado penalmente a una persona natural como autora del delito. que el legislador de 1995 se ha visto atrapado entre dos frentes : por un lado. Artículos 94° a 103°). que los “jueces y tribunales. En el primero. favorecimiento u ocultamiento de un hecho punible.
DETERMINACION JUDICIAL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS
Podemos señalar sin ambigüedades que las consecuencias accesorias del artículo 105º del Código Penal son sanciones penales especiales. se dispone. en sus resoluciones las bases en que fundamentan la cuantía de los daños e indemnizaciones. lamentablemente. Por lo tanto. Se evidencia.
Ahora bien. acudiendo a una fórmula terminológica. ZUÑIGA RODRIGUEZ. en Anuario de Derecho Penal 96. evadir una decisión legal abierta y transparente sobre el polémico problema político criminal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: “Tal parece que el legislador de 1995 lo que ha hecho es eludir una cuestión de fondo.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Pero al margen de lo expuesto lo ideal sería contar con indicadores legales específicos los cuales. que una próxima reforma del Código Penal deberá incluir reglas sobre determinación judicial de la reparación civil similares a las previstas por los artículos 115° del Código Penal español o 45° a 47° del Código Penal nicaragüense. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. de lege ferenda.125). Como señala TIEDEMANN: “la organización correcta de la agrupación constituye un criterio clave para la vida y la responsabilidad de la misma” (Cfr. Al parecer. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. establecerán razonadamente.
porque en los últimos tiempos han demostrado su importante poder criminógeno. tampoco pueden ser consideradas medidas de seguridad porque no se asientan en un juicio sobre la peligrosidad personal del responsable” (Cfr. no ha dudado en afirmar su carácter punitivo afirmado que: “El artículo 129 CP bajo el eufemismo consecuencias accesorias contempla verdaderas penas para las personas jurídicas que. Edición. Valladolid. Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán. supuestamente demostrado esto. Por ejemplo.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
propias personas jurídicas. en base al fraude de etiquetas” (Cfr. medidas de seguridad en sentido propio. otros se afanan en demostrar que las consecuencias accesorias del art. un número
Las consecuencias accesorias también han generado polémica en torno a su naturaleza jurídica. está la contradicción de la norma. por ejemplo. p. Es más.
Tal estado de discenso fue descrito con preocupación por ZUGALDIA ESPINAR en los siguientes términos “ Así. Tirant lo Blanch. haciéndose así funcional para cierta eficacia simbólica. en ese contexto. sin duda. presuponen juicios de atribución (culpabilidad y peligrosidad) que no se pueden predicar de las personas jurídicas.Algunos autores consideran que las consecuencias accesorias son. Navarra. que sería insostenible pues resulta imposible pensar en tratamiento o inocuización de una ficción. Editorial Trotta.631). no faltan quienes consideran a las consecuencias accesorias como una tercera modalidad de sanciones penales peculiares. la doctrina española tampoco ha logrado alcanzar puntos de consenso. híbridas o inclasificables…. pero no le denomina sanción). Bustos Ramírez y Hernán Hormazábal Malarée. 2ª. otros las consideran medidas de seguridad. pero no podía llamarles sanciones porque según los principios de la responsabilidad penal sólo es posible sancionar penalmente con pena o medida de seguridad y éstas. Lecciones de Derecho Penal. aunque sui generis. 2003. 209 y ss. en cambio. Valencia. Otro sector. ps. 129 no son ni penas ni medidas de seguridad y. Juan J. Bases para un Modelo de Imputación de Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas.). 1997. sino desde la perspectiva de protección de la víctima que esta siendo objeto de abusos por personas naturales que actúan bajo el amparo de una sociedad o empresa” (Cfr. según se señala en el último párrafo estarán orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma.1996. Parte General. Laura Zúñiga Rodríguez.245). un sector importante de juristas han rechazado que ellas guarden identidad con penas o con medidas de seguridad. Derecho Penal. Editorial Aranzadi. p. Esta orientación preventiva no puede ser entendida desde una perspectiva preventivo especial. hay autores que llevan a cabo un profundo estudio del precepto sin entrar en absoluto en el tema de la naturaleza jurídica de dichas consecuencias accesorias. no ofrecen la más mínima pista sobre qué son en realidad. Por ejemplo MUÑOZ CONDE y GARCIA ARAN han sostenido que las consecuencias accesorias “No son penas porque no guardan proporción ni con la gravedad del delito ni con la culpabilidad del autor . En este compromiso político entre estas dos espacios de juego consensuados (sanciona.
P. ni como una medida de seguridad. muchas veces acrílica. esto es.
PEÑA CABRERA sostuvo que el marco formal de las penas en el Código Penal de 1991 no permitía otorgar a las consecuencias accesorias esa condición: “La imposición de las consecuencias accesorias precitadas en modo alguno conducen al reconocimiento que las personas jurídicas poseen responsabilidad penal. Tomo I. ARA Editores. Libro Homenaje al Profesor Raúl Peña Cabrera. Grijley.
Por su parte. Felipe Villavicencio Terreros. Su esencia es básicamente la de una sanción administrativa que se impone en un proceso penal con todas las garantías formales y materiales inherentes a éste” (Cfr. 501). BRAMONT ARIAS y BRAMONT-ARIAS TORRES se inclinaron por considerar que se trata de medidas de seguridad sui generis. Parte General. La dogmática jurídico-penal ha estructurado la responsabilidad penal exclusivamente para las personas físicas. Lima. de los autores españoles en los penalistas nacionales ha trasladado la multiplicidad y obscurecimiento de las posiciones teóricas al respecto. Editora Jurídica Grijley.” (Raúl Peña Cabrera. “que se fundamentan no en la peligrosidad del autor (subjetiva). en nuestro medio tampoco se ha logrado un esclarecimiento dogmático suficiente sobre la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias.
Lamentablemente. no las consideramos ni como una pena. por su parte. sino en la peligrosidad de la cosa (objetiva). puramente preventivas aplicables a cosas (armas. IDEMSA. 28 del C. 271) . La influencia. 2006.
VILLAVICENCIO TERREROS. efectos del delito. p. p. 2006. p. Es así que. Lima. José Luis Castillo Alva. 274) . CASTILLO ALVA las calificó de sanciones administrativas que se aplican en un proceso penal por la peligrosidad objetiva que representa como cosa la persona jurídica: “ Por tanto. p. Tratado de Derecho Penal. Las Consecuencias JurídicoEconómicas del Delito. la peligrosidad objetiva de la propia persona jurídica puesta de manifiesto por las acciones típicas y antijurídicas (se dice sintomáticas). por ejemplo. Cit. realizadas por sus órganos o personas que actúan en su servicio” (Ob. en El Derecho Penal Contemporáneo. José Miguel Zugaldía Espinar.
. 2001. 309). ni como una sanción civil. Tomo I. 1995. las sanciones que el ordenamiento jurídico-penal impone a las personas jurídicas no constituyen parte de las penas establecidas en el art. Bases para una Teoría de la Imputación de la Persona Jurídica. Derecho Penal. Estudio Programático de la Parte General. 587). Lima. beneficios obtenidos) o a organizaciones incapaces de delinquir pero que son peligrosas porque favorecen la comisión de delitos a personas físicas que las utilizan” (Cfr. que buscan neutralizar la peligrosidad objetiva que subyace en un ente colectivo: “no son de naturaleza punitiva sino.. asume que las consecuencias accesorias son medidas preventivas. p. por tanto.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
importante de autores las considera sanciones de carácter administrativo” (Cfr. Lima.
José Hurtado Pozo. las consecuencias accesorias. Para el citado jurista nacional. Percy García Cavero. p.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
MEINI MENDEZ ha rechazado que las consecuencias accesorias sean sanciones. pero no el fundamento legitimante de estas medidas. rechaza que alcance dicho status a las consecuencias accesorias. La Responsabilidad de la Propia Persona Jurídica en el Derecho Penal Peruano e Iberoamericano. incluso. no son mencionadas en el art. Lima. la cuestión que debe abordarse decididamente es si se trata de medidas penales o no. Universidad de Piura Vol. carecen de naturaleza penal. Lima. Los efectos preventivos que estas medidas pueden desplegar en el terreno penal constituyen simples reflejos empíricos de la protección. 2005. 110).” (Cfr. Parte General I. si bien reconoce su carácter sancionador. Este criterio formal no implica que dichas sanciones no tengan materialmente un carácter penal ” (Cfr. admitiendo la posibilidad de imponer penas a las personas jurídicas. 196). no pueden ser consideradas ni penas ni medidas de seguridad porque no se imponen al autor de la infracción. 3ª Edición. aun cuando se haga en un proceso penal. aunque llega a aceptar que ellas operan como “penas accesorias por lo que el catálogo de garantías aplicables a las penas sea también aplicable a estas consecuencias accesorias. no adquiere por ese solo hecho naturaleza penal. 2002. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hay que precisar que estas medidas preventivas no revisten el carácter de sanción.
El Profesor HURTADO POZO es quien destaca su naturaleza penal: “En el marco general del Código Penal.
En cambio CARO CORIA. p. limitativa de derechos y multa). Buenos Aires. de manera que la imposición de otras medidas. en Revista de Derecho. Lo único que puede comunicar en el Derecho penal es la pena. restrictiva de derechos. Las Medidas Aplicables a las Personas Jurídicas en el Proceso Penal Peruano. Para sustentar su posición desarrolla un interesante argumento de corte preventivo integrador : “Si partimos del hecho de que las consecuencias accesorias no son. Dino Carlos Caro Coria.
. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. finalmente. concluye identificándolas como “medidas fundadas en la peligrosidad objetiva de las cosas” (Cfr. 28 ( según el cual las únicas penas aplicables de conformidad con el Código Penal son la privativa de libertad. p. pues no se sustentan en el hecho cometido por la persona jurídica. en Libro Homenaje al Profesor Manuel de Rivacoba y Rivacoba... 2006. cuando menos de lege lata. sino en el juicio de peligrosidad de comisión futura de nuevos hechos delictivos” (Cfr. Por eso con razón. Iván Meini Méndez.27). 1999. Grijley. p. Manual de Derecho Penal. por materializarse como una restricción coactiva de derechos. penas. ni su gravedad corresponde a la del delito. Nuestro parecer es que no..607). 7.
GARCIA CAVERO.
p. cualitativa y cuantitativa. Víctor Prado Saldarriaga. 478 y 479). Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú. quien demanda que el debate de la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias. frente a tan desintegrado panorama dogmático resultan sensatas las observaciones y propuestas superadoras de ZUÑIGA RODRIGUEZ. esta autora sugiere lo siguiente: “Más que pretender definir lo que son encuadrándolas dentro de una categoría conocida. ratificamos nuestro convencimiento que las consecuencias accesorias son auténticas sanciones punitivas para la persona jurídica.
Ahora bien. Las Consecuencias accesorias aplicables a las Personas Jurídicas del Art. presentes y futuros. Al respecto. 2000.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
En lo que a nosotros corresponde. ps. centrarse en ellas mismas y no en su asimilación a categorías pre asumidas. a pesar de que en dicho artículo se consigna una detallada relación sobre los tipos de consecuencias accesorias aplicables. propongo un método inductivo de análisis de las mismas. De allí que en los últimos años tanto la doctrina como la jurisprudencia hayan mostrado interés por construir y ensayar propuestas teóricas o prácticas idóneas para superar tan gravitante carencia. Laura Zúñiga Rodríguez. Gaceta Jurídica. un problema práctico relevante parte de verificar que ellas carecen aún de reglas de determinación que orienten a los jueces sobre su aplicación concreta. son razones más que suficientes para inferir su naturaleza punitiva (Cfr. En definitiva. desentrañando de la realidad práctica sus principales problemas de aplicación” (Cfr. más que aplicar un método deductivo de análisis buscando deducir características generales en las consecuencias accesorias que permitan conceptuarlas dentro de una categoría dogmática.
Pero al margen de los debates.
Al respecto es pertinente destacar que para poder delinear con coherencia un esquema operativo que ayude y controle la elección judicial. de consecuencias accesorias es menester fijar un criterio rector que de racionalidad al procedimiento. en adelante. detectando las bondades y dificultades que presentan para lograr los objetivos propuestos. Aspectos Fundamentales de la Parte General del Código Penal Peruano. Lima. debe. por lo demás esfuerzo que parece mostrarse infructuoso. Es
. así como su presupuesto material vinculado a la comisión de un hecho punible. 105 CP : Principales Problemas de Aplicación. el legislador nacional omitió diseñar reglas de determinación cualitativa o cuantitativa que orienten al Juez en la decisión y aplicación de las mismas. sobre el concepto o la naturaleza de las consecuencias accesorias que se regulan en el artículo 105 del Código Penal peruano. en Anuario de Derecho Penal 2003. considero importante establecer que función cumplen dentro del sistema de sanciones en que fueron diseñadas. 179) .
Efectivamente. Su eficacia preventiva y sus efectos restrictivos de derechos. Este criterio rector podría ser el siguiente: Toda decisión sobre la aplicación de consecuencias accesorias requiere ser debidamente fundamentada.
el inciso 1 del artículo 129º del Código Penal español se demanda expresamente que la elección judicial se haga “motivadamente”. esto es de la prevención de conductas delictivas que se
. justificar con suficiencia la probabilidad latente de que la persona jurídica es capaz de seguir actuando como vía de realización de futuros delitos. no es necesario que se haya aplicado a aquél una pena. Por consiguiente puede tratarse de un delito doloso o de uno culposo. Esta responsabilidad y sanción por reflejo o vicaria es. El demanda identificar o medir la modalidad y oportunidad de la intervención de la persona jurídica en el delito. esencialmente. favorecimiento o encubrimiento del delito. Que la persona jurídica haya servido para la realización. complementando lo anterior. así como las actividades y niveles concretos de la organización de la persona jurídica que sirvieron o favorecieron la producción o el ocultamiento del hecho punible. No hay posibilidad legal de aplicar consecuencias accesorias predelictuales. indispensable la condena penal de una persona natural por el delito imputado para que sea viable la imposición de consecuencias accesorias a la persona jurídica implicada.
b. Sin embargo. Lo cual demanda. Que se haya condenado penalmente al autor (físico) específico del delito .Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
decir. Por consiguiente. Este presupuesto implica verificar una condición objetiva para la imposición de la consecuencia accesoria. se podrá aplicar una consecuencia accesoria a la persona jurídica aún cuando a la persona natural se le aplique la suspensión de la ejecución de la pena o se le declare la reserva del fallo condenatorio o se le exima de pena. un grave escollo legal y de imputación que incide en la efectividad político criminal de las consecuencias accesorias.
Y. como sostiene ZUÑIGA RODRIGUEZ. toda elección debe reflejar y justificarse en una evaluación de necesidad. Cabe anotar que en el derecho comparado. Que se haya cometido un delito. Este es el principal criterio de imputación de antijuricidad a tomar en cuenta para definir la condición e intensidad de la consecuencia accesoria a imponer. Sin embargo. en la que se haya identificado racionalmente un grado y expresión particular de peligrosidad objetiva de la persona jurídica vinculada con el hecho punible. Resulta.
c. la determinación judicial de las consecuencias accesorias aplicables también deberá de verificar y validar las siguientes tres constataciones:
a. a la vez que reduce sensiblemente su oportunidad aplicativa : “Lo importante es si desde el punto de vista del fundamento de las consecuencias accesorias. es importante precisar que la ley no hace diferencias sobre la naturaleza de la infracción. También en este nivel deben apreciarse los riesgos y los daños generados al bien jurídico y a terceros. pues.
496). La disolución de la persona jurídica se aplicará siempre que resulte evidente que ella fue constituida y operó sólo para favorecer. La extensión del daño o peligro causado. Este último documento. pues precisamente no se podrá aplicar cuando más se necesita. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas. recursos o establecimientos de la persona jurídica. La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible. La finalidad real de la organización. ya denunció en España que si se requiere la individualización previa del delito cometido. p. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible. Silva Sánchez.. que suelen
Consideramos. 129 del Código Penal español es bastante limitado. E. cuestión que es precisamente la dificultad mayor de los delitos cometidos en el ámbito de las organizaciones” (Cfr. Cit. cuando no se ha logrado individualizar la responsabilidad de los autores del delito. G. actividades. Laura Zúñiga Rodríguez. F.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
realizan en el seno de las personas jurídicas.
Por lo demás. recomienda en su fundamento jurídico decimosexto que los jueces para decidir sobre la calidad e intensidad de las consecuencias accesorias aplicables al caso sub judice utilicen como criterios de determinación y medición los siguientes :
A. 105 CP : Principales Problemas de Aplicación. H. que con estas nuevas herramientas se podrá dinamizar la imposición oportuna y equitativa de tales sanciones a las personas jurídicas. El beneficio económico obtenido con el delito. para la determinación judicial de las consecuencias accesorias también resultan relevantes las sugerencias formuladas por el Anteproyecto de la Comisión Revisora Especial 2008/2009 y por el Acuerdo Plenario N° 8-2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009. Sobre todo a aquellas que resulten implicadas en delitos relevantes de criminalidad organizada como el tráfico ilícito de drogas o el lavado de activos. C. que tiene eficacia vinculante para la judicatura nacional. La gravedad del hecho punible realizado D. Las Consecuencias Accesorias Aplicables a las Personas Jurídicas del Art. pues. Ob. el alcance efectivo de la regulación del art. B. debe requerirse previamente la individualización de la pena para su imposición o es posible imponerlas al margen de la responsabilidad individual de sus miembros. facilitar o encubrir actividades delictivas.
42 y 43. se impondrá la pena intermedia. Poder Judicial. Guía de Pautas Metodológicas para la Elaboración de Sentencias. esto es. no ha tomado aún interés por desarrollar dogmáticamente su relación con el procedimiento de determinación judicial de la pena (Cfr. esta actitud pasiva frente a un tema esencial que corresponde a la etapa final del juzgamiento. Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal. cuando entre los magistrados a cargo del fallo se plantearan posturas discrepantes en torno a la naturaleza y extensión de dicha sanción. parece indicar que para los procesalistas nacionales. ps. Lima.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
incorporar en su modus operandi o en sus mecanismos de cobertura e impunidad a entes colectivos. las pautas normativas. Sin embargo. Efectivamente. Según la exposición de motivos ello era lo más razonable
. la norma citada señalaba lo siguiente: “Cuando hubiere disconformidad entre los tres miembros del Tribunal respecto de la pena. p. 83 y 84. Lima. en el artículo 282º. ps. p. se establecieron algunas reglas operativas para posibilitar la elección judicial de la pena concreta. El nuevo Sistema Procesal Penal. Julio César Santa Cruz. Al respecto. Lima. 90) . pues. el Código de Procedimientos Penales de 1940 no estableció reglas detalladas para la configuración o el resultado de las decisiones punitivas que debía adoptar el juez en un fallo condenatorio. Si en esta segunda votación continua la disconformidad. con bastante pragmatismo. Razonamiento Jurídico Penal Y Aplicación de la Pena.
DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004
La doctrina nacional que viene comentando el articulado e instituciones del Código Procesal Penal de 2004. Pablo Talavera Elguera. la pena por la que voto el miembro del Tribunal en disentimiento con los que votaron por pena superior o inferior”. Comisión Ejecutiva del Poder Judicial-Secretaria Ejecutiva. 200. al regular los contenidos y formas de construcción de una sentencia condenatoria.
Ahora bien. se refleja también en los escasos intentos institucionales por establecer pautas o guías metodológicas para la elaboración de sentencias penales y donde lo referente a la determinación judicial de la pena suele ser soslayado o reducido a una mínima expresión (Cfr. así como las precisiones teóricas sobre la determinación judicial de la pena. en gran medida tal omisión y percepción resultan coherentes con el estilo restrictivo y lacónico mediante el cual nuestra legislación procesal penal trata de la determinación de la pena. 2004.200).
Lamentablemente. 2004. Lima. Grijley. deben ser planteadas y debatidas exclusivamente en el ámbito del derecho penal sustantivo. Todo. Academia de la Magistratura. se volverán a discutir y votar los puntos en que se haya disentido. Rosa Mávila León. 2005. Jurista Editores.
del Código Procesal Penal chileno de 2001. aumentándola en uno o dos grados. Situación que. por ejemplo.R. tuviere asignada una pena mayor. En efecto. aplicarse las penas en la forma establecida en el artículo 74 del Código Penal sí. al igual que el nacional. con las circunstancias del caso. En él se establecen reglas de determinación judicial de la pena concreta para los supuestos de delito continuado o de concurso real de delitos. Artículos 410º a 412º). cuando menos. en el articulo 351º referente a la “Reiteración de Crímenes o simples delitos de una misma especie”. Este es el caso. estimadas como un solo delito. estas no pudieren estimarse como un solo delito. Este sistema normativo. respecto a la cual puede afirmarse que hay mayoría” (Cfr. en el Libro Tercero que trata sobre El Proceso Común. se reguló al respecto los siguiente: “En los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie se impondrá la pena correspondiente a las diferentes infracciones. una opción de técnica legislativa similar a la peruana fue asumida también por el Código de Procedimiento Penal de Colombia de 2000. hubiere de corresponder al condenado una pena menor. 481) . el acuerdo tácito de dos votos por dicha pena intermedia: “Más fundado es aplicar la pena intermedia.
En cambio. Código de Procedimientos Penales. se considerará delitos de una misma especie aquellos que afectaren al mismo bien jurídico”. de todas estas disposiciones sólo tres guardan relación directa con la discusión y determinación de la pena en una sentencia
. lamentablemente. no es la misma del derecho penal nacional como lo hemos destacado anteriormente. no da mayores detalles en torno a reglas para la definición de la pena a imponer (Cfr.8ª Edición. el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que. con todo. con facilidad. según fuere el número de los delitos.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
ya que aseguraba. Artículos 60º y 61º). al realizar una revisión sistemática y analítica de los escasos once artículos que integran el Titulo VI sobre La Deliberación y la Sentencia (Artículos 392º a 403º). Para los efectos de este artículo. otros sistemas procesales de la Región han optado por un patrón diferente. tal vez se explica por la existencia de un conjunto detallado de disposiciones al respecto en el Código Penal colombiano del mismo año (Cfr.
En lo que corresponde al Código Procesal Penal peruano de 2004 es de señalar que en lo relativo a la determinación de la pena concreta mantuvo igual orientación legislativa que su antecesor de 1940. considerada aisladamente. de seguirse este procedimiento. Fernando Guzmán Ferrer. p.
Cabe reconocer que en el derecho extranjero de la Región. Sí por la naturaleza de las diversas infracciones. Lo cual. En efecto. Lo cual se advierte. s/d. Lima.L. en el cual los ordenamientos procesales suelen regular criterios específicos de determinación judicial de la pena. Editorial Científica S. aumentándola en uno o dos grados. Podrá.
El cual. de la medida de seguridad que la sustituya o concurra con ella”. el juzgador mencionará oralmente la pena y demás consecuencias jurídicas del delito que corresponde aplicar al caso concreto. para la experiencia procesal penal nacional. del inciso 3. la norma ha omitido indicar cual debe ser la metodología o procedimiento a seguir en estos casos. prosiguiendo de allí en adelante. resulta relevante en tanto deja abierta la oportunidad al empirismo y a la incertidumbre. Sin embargo. A continuación haremos una breve evaluación dogmática de sus contenidos pertinentes. elaborada por juristas nacionales y argentinos. seria también una materia fundamental del desarrollo operativo de la audiencia o juzgamiento según el modelo adoptado por dicha propuesta legislativa. la autoridad jurisdiccional debe debatir y valorar tales indicadores de punibilidad. 2005. Se trata de los artículos 392º.
Por su parte el artículo 393º en su literal e.
En tal contexto resultó oportuna e inédita. junto al denominado Juicio de Culpabilidad. Esto es. pues conforme al Código Penal vigente ninguna medida de seguridad. pueden sustituir penas. En tal sentido. p. sobre todo por las limitaciones y ambigüedades que contienen las reglas que para la determinación de la pena coexisten en el Código Penal vigente. hasta antes del inicio de la segunda parte del juicio. al margen de este yerro dogmático. precisa que una cuestión específica sobre la que deben deliberar y votar los Magistrados al elaborar un fallo de condena tiene que ser “la individualización de la pena aplicable y. lo que constará en el acta de cierre de la audiencia” (Centro de Estudios para la Reforma de la Justicia. incorporó la posibilidad procesal de realizar un Juicio sobre la Pena. Ediciones BGL. según las normas comunes. En él se ratifica la elección del “término medio” ante situaciones de discordia que se produzcan entre los jueces. 346).
Al finalizar el debate. Democracia y Libertad-CERJUDEL. Lo cual en un contexto procesal basado en la oralidad.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
condenatoria. la propuesta que sobre la determinación judicial de la pena en un fallo de condena propuso el denominado “Proyecto Huanchaco”. En esta disposición se hace evidente un error técnico.
. de ser el caso.
En relación al artículo 392º lo relevante se encuentra en el inciso 4. al pronunciarse sobre la extensión de la pena concreta a imponer. sea de internación o de tratamiento ambulatorio. Esta interesante y poco difundida iniciativa legislativa. Trujillo. No obstante. lo interesante de dicha norma radica en la obligación legal que tiene el Juez de determinar la pena aplicable al imputado en atención a las circunstancias del caso. 393º y 397º. el artículo 255º del Proyecto Huanchaco señalaba lo siguiente: “El juicio sobre la pena comenzará con la recepción de la prueba que se haya ofrecido para individualizarla. Reforma del Proceso Penal en el Perú.
Lima. pero eso no lo habilitaría tampoco para graduar la pena en un tercio mayor. aceptando los cargos de imputación el primero y obteniendo por ello el beneficio de la reducción de la pena una sexta parte. En este espacio dará oportunidad a la acusación y a la defensa para argumentar técnicamente sus posiciones en torno a la pena aplicable. 2008. y habría que ver en que sentido podría apartarse para fijar la pena en el extremo mínimo. El Nuevo Código Penal y la Determinación de la Pena. que ante la evidente falta de normas expresas en el Código Procesal Penal de 2004 sobre el esquema aseguir para la determinación judicial de la pena concreta. Lima. a una falta de circunstancias atenuantes privilegiadas. salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de aten uación”. Se trata en esencia de una transacción penal par evitar un proceso innecesario” (Pablo Sánchez Velarde. o de aquellas causales imperfectas de justificación o exculpación que producen igual efectividad punitiva conforme a lo previsto en el artículo 21º del Código Penal. luego de lo cual razonara su decisión y comunicara a las partes su resultado punitivo.
Otra disposición del Código Procesal Penal de 2004 que guarda relación con la determinación de la pena la encontramos en el inciso 3. En tal sentido se prohíbe al Juez “aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal. entiéndase en todo caso que el juez podrá imponer el mínimo. que luego de agotado el debate y las conclusiones sobre la culpabilidad del agente. Según este autor: “es el único supuesto en el cual el juez puede apartarse. entre otros supuestos. subsanar la irregularidad.
.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Consideramos.ps. 384 y 385) . esto es. p. Debemos entender que la parte in fine del citado dispositivo alude. por tanto. Como señala SANCHEZ VELARDE con este procedimiento se procura “evitar la continuación de la investigación judicial y el juzgamiento si de por medio existe un acuerdo entre el imputado y el fiscal. del artículo 397º. El Nuevo Proceso Penal. Centro de Investigaciones judiciales.
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO Y DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA
Se suele identificar al proceso especial de terminación anticipada como una forma de simplificación procesal basada en el principio del consenso. 2009. en Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena. en un intermedio o en el extremo máximo quizá” (Ricardo Brousset Salas. y conforme al aludido antecedente. IDEMSA. Comentando la norma que analizamos BROUSSETT SALAS precisa que ella se refiere a un acto de control de regularidad. Esta norma busca ratificar la primacía del acusatorio y la legalidad de las circunstancias que sirven para la determinación de la pena concreta. se bajo del mínimo. Razón por la cual se le califica también como una expresión propia de la denominada justicia penal negociada. el órgano jurisdiccional a cargo del caso abra una estación especial y complementaria para debatir lo concerniente a la pena y a sus circunstancias de determinación.116).
p. Lima. fue generando diferentes rutinas negativas que afectaron la equidad de las decisiones punitivas acordadas por las partes intervinientes (Cfr. En primer lugar. en los procedimientos de terminación anticipada. En segundo lugar. La Determinación de la Pena en el Proceso de Terminación Anticipada. 57 y ss.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
En nuestro país este procedimiento fue recepcionado del derecho procesal penal colombiano a mediados de los años noventa con la ley 26320 que lo aplicó con relativo éxito para determinados delitos de tráfico ilícito de drogas (Cfr.
El desarrollo practico de estas tres disposiciones sobre la determinación judicial de la pena concreta. en el Código Procesal Penal de 2004 la terminación anticipada del proceso experimento importantes cambios. Raúl Peña Cabrera.
En lo que atañe a la determinación judicial de la pena el proceso especial de terminación anticipada planteaba tres situaciones. Terminación anticipada del Proceso.) . Cabe señalar que esta última opción procesal ha logrado una importante acogida en el país. en tercer lugar. en Gaceta penal & Procesal Penal N° 5. la aplicación de una bonificación legal consistente en la reducción de una sexta parte de la pena y que obtendría en imputado por el sólo hecho de acogerse al procedimiento especial. 1995. 119 y ss.Noviembre de 2009. Con posterioridad la Ley 28122 incluyó también el allanamiento y la conformidad del procesado con los cargos formulados por la Acusación Fiscal para dar lugar a una conclusión anticipada de la audiencia. Posteriormente se le extendió también a los delitos aduaneros con las leyes 26461 y 28008.
En lo esencial. p. Percy Velásquez Delgado. Desproporción manifiesta en la extensión de pena concreta acordada por las partes.
. la posibilidad de adicionar la citada reducción a los efectos de atenuación punitiva generados por la confesión sincera del procesado. la necesidad de que las partes acuerden una propuesta de pena concreta consensuada que debería ser controlada y aprobada por la autoridad judicial. se concedió a este proceso especial vigencia inmediata en todos los Distritos Judiciales del país. Y. Por lo general los acuerdos definían una pena concreta que no tomaba en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso o la presencia de situaciones de concurso de delitos o de supuestos de reincidencia y habitualidad. los problemas más recurrentes han sido los siguientes:
1. aunque en este tipo de infracciones penales alcanzó una utilidad relevante. El más trascendente fue su aplicación generalizada para cualquier tipo de delito.). Además. Grijley.
las más de la veces. las partes deben desarrollar a través de las negociaciones del acuerdo un procedimiento de determinación de la pena similar al que haría un juez al final de juzgamiento. En estos casos una base fundante del acuerdo era el compromiso de que la pena a imponerse al procesado no sería mayor a cuatro años de pena privativa de libertad y que no tendría carácter efectivo. Asimismo se planteaban múltiples desaciertos en torno a la forma de adicionar tal reducción a la que generaba la atenuante privilegiada por confesión sincera del procesado. Esto significa que el ámbito del consenso de las partes en este dominio debe ser legal y justificado. Aplicación injustificada de medidas de suspensión de la ejecución de la pena . ha regulado criterios razonables y técnicos para reorientar la debida aplicación de las penas en los procesos especiales de terminación anticipada. Confusión en torno a la oportunidad y eficacia de la bonificación legal por terminación anticipada del proceso. la desaprobación judicial del acuerdo y la inutilidad del procedimiento. en base a ellos.
3. Al respecto se ha señalado lo siguiente:
La regla general es que la pena consensuada no debe ser ni ilegal ni arbitraria. tanto el Fiscal como el imputado y su defensa deben cumplir con las formalidades y pautas que fija la ley para ello. En tal sentido. definir la pena concreta.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
2. para. Identificar la pena básica que corresponde al delito objeto del proceso. la cual planteaba aplicar sobre la pena concreta consensuada. Esta grave distorsión se practicaba aún cuando el tipo de delito cometido o las circunstancias concurrentes o las condiciones personales de su autor.
. sucesivamente. Detectar las circunstancias concurrentes en el caso y sus respectivos efectos punitivos.
El Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009. motivando. A este defecto práctico contribuyeron también las incoherentes posiciones sostenidas por la doctrina especializada. 2. ambos efectos atenuantes: primero por confesión sincera y luego por terminación anticipada. Lo cual implica seguir el siguiente tránsito:
1. Por consiguiente. hacían improcedente e injustificable una medida de suspensión de la ejecución de la pena. Mayormente se confundían los efectos y la oportunidad en que debería de operar la reducción punitiva regulada por el artículo 471. El resultado de esta mala práctica fue también una excesiva disminución de la penalidad aplicable lo cual afectaba su legitimidad.
pues. es adicional al que corresponda por la confesión sincera del imputado. Su aplicación es por mandato legal y opera en base a un razonamiento estrictamente aritmético. la reducción premial puede ser planteada también por las partes en el acuerdo pero siempre diferenciándola del resultado de la pena consensuada final. Esta bonificación se justifica por razones de economía procesal. o cuando hay un concurso real de delitos. Se trata de una recompensa que se otorga al procesado por el sólo hecho de ayudar a abreviar el proceso y aligerar la carga del sistema judicial. o cuando hay concurrencia de circunstancias agravantes cualificadas (reincidencia). la aplicara el Juez distinguiendo también sus alcances de los que corresponden a la pena concreta consensuada. pues sobre ellas y sus resultados habrá de incidir el control judicial del acuerdo.
Con relación al efecto premial que suscita la terminación anticipada. Como lo dispone el artículo 471el premio consiste en la reducción de una sexta parte de la pena consensuada final o concreta. Esto significa que la circunstancia de confesión sincera y sus efectos atenuantes deben ser apreciados dentro del proceso de determinación de la pena concreta final consensuada. El juez tiene la obligación legal de rechazar estas irresponsables prácticas. recorrer y negociar los alcances de estas etapas de manera escrupulosa. que el premio de la reducción punitiva por terminación anticipada.
La pena final consensuada es.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Las partes deben. reflejar también la presencia de dicha atenuante.
. Por consiguiente. es incorrecto e ilegal negociar la pena aplicable solo a partir del extremo mínimo si no hay circunstancias atenuantes privilegiadas.
Ahora bien. El resultado punitivo que esta represente debe. o. en su defecto. pues. Esta precisión es coherente con la aplicación de los criterios de determinación de la pena que se deben considerar para arribar a la pena concreta o final consensuada.
El artículo 471º en su párrafo final establece. una pena concreta equivalente a la que podría obtener el juez en un proceso penal común. correctamente. Debe expresarse en un resultado proporcional y racional a las circunstancias del caso. el Acuerdo Plenario ha establecido que este opera exclusivamente sobre la pena concreta final consensuada. Ella no es ni puede ser sólo consecuencia de la ocurrencia o conveniencia exclusiva de las partes. por tanto debe surgir y justificarse en un análisis y balance de circunstancias. pues. Si bien produce un efecto atenuante de segundo grado este opera directamente y de modo tasado pues el juez no agrega ninguna valoración adicional para su eficacia.
aprobó. de momento.
LA DETERMINACIÓN DE LA PENA EN EL ANTEPROYECTO 2008/2009
Al parecer las oportunidades inmediatas para promover una mejor operatividad judicial en la determinación de la pena.  El artículo 44º regula el procedimiento judicial de individualización de la pena.
Ahora bien. al respecto cabe destacar que la Comisión Especial Revisora del Código Penal.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Por consiguiente es a ese resultado. Un ejemplo de todo ello sería el siguiente:
En un delito de estafa donde se acuerda como pena concreta 6 años de pena privativa de libertad. al aplicarle la reducción legal de 1/6 (un año) se transformará en 5 años de pena privativa de libertad y que será la sanción que deberá cumplir el condenado. se encuentran.  El artículo 45º sistematiza las circunstancias atenuantes genéricas de atenuación. vinculadas a la revisión oficial del Código Penal de 1991. creada por Ley 29153.
El nuevo sistema normativo para la determinación judicial de la pena que se sugiere adopta la siguiente estructura morfológica:  El artículo 43º define los presupuestos de fundamentación y determinación de la pena.
En concreto la propuesta legislativa modifica los actuales contenidos de los artículos 45º y 46º del Código Penal de 1991 e incluye nuevos criterios y reglas. que ya incluye la eficacia atenuante de la confesión sincera. entre el 4 y 11 de noviembre de 2008.  El artículo 47º está referido a las circunstancias cualificadas de atenuación y agravación
. un nuevo modelo regulador del procedimiento de determinación de la pena. El acuerdo en lo punitivo. debe siempre discriminar claramente ambos momentos y efectos. al que adicionalmente se le reducirá el 1/6 premial. como se ha mencionado.  El artículo 46º enuncia el catálogo de circunstancias agravantes genéricas.
2) Se esquematiza el procedimiento operativo que debe seguir el Juez. Se pretende con ello que el Juez tenga en cuenta también. dispone expresamente que toda condena debe fundamentar de modo suficiente y explícito los “motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena” . en el sentido de que los factores centrales para la individualización de la pena se relacionan con el grado de reprochabilidad que cabe hacer al agente por su proceder antijurídico (culpabilidad del agente). De esta manera se impone desde la ley. ya que comprende tanto aspectos patrimoniales como no patrimoniales. la actuación abusiva del poderoso que delinque usufructuando su posición de privilegio. sustituyendo el término “intereses” por el de “derechos”. En segundo lugar. que se estima es más amplio. Asimismo. se advierte que los indicadores que sirvan para todo ello (circunstancias) no deben ser componentes típicos ni circunstancias específicas. y con el grado de desvalor que merece la conducta antijurídica realizada ( antijuricidad del hecho). cada dispositivo precisando las reformas que introduce.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
A continuación examinaremos. de la siguiente manera:  Identificar la pena básica como espacio punitivo en base a la pena fijada en la ley para el delito (pena conminada)
. Con ello se evita la doble valoración de un mismo indicador o circunstancia (incompatibilidad). brevemente. así como sus presupuestos normativos y reglas operativas :
En el artículo 43º se incorpora como contenido adicional al texto original del inciso 1: “la posición preeminente que ocupe en la sociedad”. También el articulo que analizamos modifica el texto del actual inciso 3. como deber del Juez. por ende. que sólo alude a las “carencias que hubiere sufrido del agente”. Al respecto el citado artículo precisa lo siguiente:
1) Se ratifica lo ya previsto en el texto original de 1991.
El artículo 44º contiene los cambios más trascendentes. de desarrollar un procedimiento coherente y técnico para individualizar la sanción aplicable al caso. para su decisión punitiva. se incluye un nuevo criterio de fundamentación y determinación de la pena alterno al preexistente. se describen con precisión las etapas que deberá de transitar el órgano jurisdiccional para determinar la pena. De esta manera. En primer lugar. el de justificar su decisión punitiva y.
2.  Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes la pena concreta deberá determinarse dentro del tercio superior.
En la nueva redacción del artículo 46º se describe un procedimiento operativo especial.  Tratándose de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes la pena concreta se determinará dentro de los límites de la pena básica. 5. 3. aplicable al condenado.  Dividir el espacio punitivo de la pena básica en tres partes. la pena concreta deberá determinase dentro del tercio inferior. 8.
El artículo 45º regula el catálogo de circunstancias atenuantes genéricas. La edad del imputado si ello influyó en su conducta. El legislador ha considerado 8 supuestos de atenuación que son los siguientes:
1. Presentarse voluntariamente a las autoridades admitiendo responsabilidad. 7. Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado. 6. Obrar en estado de emoción. En tales supuestos se procederá del modo siguiente:  Tratándose sólo de circunstancias atenuantes la pena concreta se determinará por debajo del tercio inferior.  Cuando concurran circunstancias de agravación y atenuación.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
 Determinar la pena concreta.
.  Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes. Influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares. Procurar voluntariamente la disminución de las consecuencias del delito. la pena concreta deberá determinarse dentro del tercio intermedio.  Tratándose sólo de circunstancias agravantes la pena concreta se determinará por encima del tercio superior. 4. Obrar por móviles nobles o altruistas. evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes. pasión o temor excusables. para el caso de presencia de circunstancias atenuantes o agravantes cualificadas. Carencia de antecedentes penales.
desde un centro carcelario o desde fuera del territorio nacional. 5. Veamos:  El primer párrafo tipifica como circunstancia privilegiada atenuante la afectación leve del bien jurídico. oficio o profesión. o a las creencias. 10. Que se actué con prevalimento. 11. étnica. 3. o mediando precio. 4. 8. Que la acción recaiga sobre bienes de utilidad social o recursos necesarios para la satisfacción de necesidades básicas de la colectividad. 6. Que se empleen medios cuyo uso puede generar peligro común. Además.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
En el artículo 46º se han insertado 13 circunstancias agravantes genéricas que son las que se detallan a continuación:
1. sexo. pero sin exceder del
. posición económica. Que se dirija o ejecute total o parcialmente el delito. Para este caso la pena se atenuará hasta una mitad por debajo del mínimo legal. Que se intensifique innecesariamente las consecuencias nocivas del delito. Que haya pluralidad de agentes. 13. formación. Que concurran móviles abyectos o fútiles. Valerse de inimputables.  En el segundo párrafo se definen dos circunstancias agravantes cualificadas: la calidad de funcionario público y el abuso de tal condición para la comisión del delito. en esta disposición se precisan cuales son sus efectos punitivos. 7.
Finalmente el artículo 47º describe las circunstancias privilegiadas de atenuación y cualificadas de agravación. y la reincidencia. Que concurran móviles de intolerancia y discriminación social. 9. 12. religiosa. Que la acción incida sobre bienes o recursos públicos. Que se abusos del cargo. recompensa o promesa remuneratoria. 2. poder. ideológica. alevosía o de modo subrepticio. Para ambos supuestos la pena se incrementará hasta un tercio por encima del máximo legal del delito cometido. enfermedad o discapacidad de la víctima. veneno u otro medio de similar eficacia destructiva. Que se afecte gravemente el equilibrio de los ecosistemas naturales. Que se emplee explosión.
Ahora bien. Se mantienen. la agravante cualificada de la reincidencia. según el inciso 2 del artículo 49º.
límite temporal máximo de 35 años de pena privativa de libertad. pues. a la vez que orienta al Juez hacia la solución de casos límites como los regulados por el artículo 44º. pero se suprime la relativa a la habitualidad que consigna el articulo 46º C. se configura: “Cuando después de haber cumplido en todo o en parte una condena a pena privativa de libertad efectiva se incurre en nuevo delito doloso dentro de los 05 años siguientes”
Como se puede inferir el nuevo modelo de determinación judicial de la pena. del Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008/2009. Además. las circunstancias que actualmente contienen los artículos 46º A y 46º B del Código Penal. promueve la fundamentación y justificación del resultado punitivo. procura hacer menos complejo y arbitrario dicho proceso decisorio del órgano jurisdiccional.
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