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Timestamp: 2018-08-14 06:29:24+00:00

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Resolución de TEAC, 00/541/2006, 10-10-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/541/2006 de 10 de Octubre de 2007
Núm. Resolución: 00/541/2006
El Tribunal Económico-Administrativo, como órgano revisor, puede en su caso confirmar el acto impugnado en virtud de argumentos y razones legales que no sean los que aplicó el órgano gestor, pues en la aplicación de la norma no está vinculado por el criterio de aquél, pero no puede introducir hechos que no habían sido planteados por la Administración ni por tanto discutidos en las actuaciones inspectoras precedentes. Si el Tribunal Regional entendía que la Inspección no había probado los hechos en que fundamentó su regularización, debió anular la liquidación pero no ordenar nuevas actuaciones comprobadoras como si la Inspección dependiera funcionalmente de él. En el caso concreto, como el Tribunal Regional determinó que no se producían incrementos no justificados de patrimonio en relación con determinadas operaciones, no puede devolver el expediente a la Inspección a fin de que realice las actuaciones que estime oportunas y posteriormente integre en la base imponible del IRPF los importes objeto de controversia. En otras operaciones se producen incrementos no justificados de patrimonio, ya que en las mismas no se prueba suficientemente el origen de los fondos.
En la Villa de Madrid, a 10 de octubre de 2007 este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa, en segunda instancia interpuesta por D. A, en nombre y representación de D. B, con domicilio a efecto de notificaciones en ..., contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de fecha 6 de Octubre de 2006 recaída en reclamación nº ..., (... y ... acumuladas), referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 1995/1996/1997/1998 y cuantía 387.362,83€.
PRIMERO: Como consecuencia de las actuaciones inspectoras iniciadas el 19 de Octubre de 1.999 con el obligado tributario D. B, la Inspección de los Tributos incoó acta de Disconformidad el 26 de Noviembre de 2001 relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 1995/1996/1997 y 1998. El acta fue confirmada por el consiguiente acuerdo de liquidación, dictado el 28 de Febrero de 2002 y notificado al representante de los obligados tributarios el día 1 de Marzo de 2002. Del contenido de dicho acuerdo de liquidación se hacen constar los siguientes hechos:
1) A los efectos del plazo máximo de 12 meses de duración de las actuaciones establecido en el artículo 29 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, hasta la fecha del acta se habían producido las dilaciones que se referían imputables a los obligados tributarios, que sumaban un total de 505 días. También se relacionan las diligencias extendidas.
2) Los sujetos pasivos habían presentado declaraciones-liquidaciones en régimen de tributación conjunta. La unidad familiar estaba integrada por los dos cónyuges.
3) El Sr. B está matriculado en el epígrafe 721 de la sección segunda, correspondiente a "Agentes Colegiados de la propiedad industrial y de la propiedad inmobiliaria" del Impuesto sobre Actividades Económicas, si bien no ha declarado ingreso ni gasto alguno por esta actividad. El obligado tributario no lleva libros contables y manifiesta que no ejerce ninguna actividad profesional o empresarial.
SEGUNDO: La regularización propuesta en el acta ascendía a un total de 64.618.754 pts (388.366,53 €), con una cuota de 51.253.457 pts (308.039,48 €) y unos intereses de demora de 13.365.297 pts (80.327,05 €). La cuota referida se desglosaba por ejercicios en los siguientes importes:
-1995: 7.588.113 pts (45.605,48 €).
-1996: 20.266.326 pts (121.803,07 €).
-1997: 9.143.387 pts (54.952,86 €).
-1998: 14.255.621 pts (85.678,01 €).
La regularización practicada deriva de los siguientes conceptos:
1) Rendimientos de capital inmobiliario procedentes de inmuebles no arrendados:
En relación con la vivienda habitual, los obligados tributarios consignaron en cada uno de los ejercicios comprobados, además del IBI, un importe de 1.000.000 pts como gasto por intereses. A efectos de prueba aportaron los siguientes documentos:
a) Certificados de ... relativos a un préstamo hipotecario.
b) Copia de escritura de compraventa realizada a favor de Doña C en fecha 16-04-85 de un solar situado en el término municipal de ....
c) Copia de escritura de compraventa otorgada por Doña C a favor de D. B de la mitad indivisa de la finca detallada.
d) Copia de escritura de declaración de obra nueva realizada por Doña C y D. B en fecha 10-02-1992. En la misma se indica, tras la descripción de la finca anterior, que han construido a sus expensas y sin que nada adeuden en mano de obra, material o dirección. Se valora en dicho momento en 70.000.000 pts.
e) Copia de escritura de constitución de hipoteca en ..., el 10-02-1992. Se constituye la mencionada hipoteca sobre la finca descrita con anterioridad en garantía de devolución del préstamo señalado: Capital 80.000.000 pts.
f) Copia de facturas del ejercicio 1989 emitidas por diversos industriales para la construcción de vivienda, jardín y piscina en el solar antes mencionado. Ascienden las facturas a un importe total de 47.946.388 pts (288.163,6 €). Para hacer frente al pago de dichas facturas los Sres. B se financiaron a través de pólizas de crédito que fueron renovándose de forma sucesiva entre 1989 y 1992; siendo amortizadas por el préstamo suscrito en 1992. No aportó sin embargo documentación alguna referente al movimiento de las mencionadas pólizas en el período 1989 a 1992.
g) El contribuyente considera que son deducibles los intereses del préstamo hipotecario puesto que éste habría servido para financiar la construcción de la vivienda habitual.
2) Incrementos no justificados de patrimonio por ingresos en cuentas y por aportaciones efectuadas a sociedades.
El contribuyente aportó a la Inspección la siguiente documentación:
a) Extractos bancarios de todas sus cuentas entre 1995-1998.
b) Contratos de préstamo de entidades financieras.
c) Extractos de la cuenta Sociedad-Socio de diversas entidades.
d) Cuadros explicativos a ingresos en cuentas bancarias.
2.1) Ingresos en cuentas bancarias sin justificación.
En los mencionados extractos bancarios existían 575 anotaciones de ingresos en cuentas, la justificación de las cuales fue solicitada debido a que el contribuyente según sus declaraciones no ejercía trabajo ni actividad alguna y únicamente declaraba como ingresos unos importes por subarriendo de local a la sociedad X, los cuales, además, no eran abonados en cuenta ni satisfechos en efectivo sino que eran cargados en la cuenta sociedad-socio de la entidad.
Todos estos ingresos en cuentas propias de los contribuyentes respecto de los cuales no se ha acreditado que no sean incrementos injustificados de patrimonio se pueden dividir en tres grupos:
a) Ingresos en efectivo que el contribuyente manifiesta relacionar con vencimiento de letras aceptadas de terceros. En concreto, el contribuyente manifiesta que estos ingresos son debidos a que aceptó letras emitidas por "Promotora Y", con la finalidad de que ésta obtuviera financiación, y que antes del vencimiento el librador le ingresaba en cuenta el importe de la mismas. No aporta justificación alguna de sus manifestaciones.
b) Ingresos que manifiesta corresponder a importes dejados en préstamo por la entidad Z y su administrador Sr. D. Estos fueron posteriormente devueltos. Como única justificación a dichas manifestaciones aporta la copia de resguardos de ingreso en efectivo para todos ellos, salvo para uno, respecto del cual aporta un talón de fecha 20-08-96 por 3.000.000 pts procedente del Sr. D. No aporta documentación que justifique la devolución de los importes anteriores y manifiesta que se efectuaron diversos talones.
c) Otros ingresos en cuenta que son justificados en forma global por la disponibilidad de efectivo procedente de los diversos cargos en cuenta, sin indicar una correlación directa entre unos y otros. El origen de estos ingresos no ha sido justificado.
2.2) Aportaciones a diversas sociedades de origen injustificado.
El contribuyente realiza en los años 1995 a 1998 diversos ingresos en cuentas de sociedades con las que tiene relación. Algunos de estos ingresos los puede justificar por la existencia de los correlativos cargos en sus propias cuentas. Pero respecto de otros, no dispone de documentos acreditativos de la procedencia de los fondos, y pretende justificarlos conjuntamente como abonos con cargo a sus disponibilidades globales de tesorería en las diferentes cuentas de las que es titular, manifestando que tales disponibilidades computadas como la suma todos los cargos en sus cuentas en el período de inspección superan los 65.000.000 pts.
3) Otros incrementos injustificados de patrimonio. Saldos deudores del Sr. B con sus sociedades.
En la documentación que figura en el expediente aporta como justificación a ingresos en cuentas diversos importes que el Sr. B manifiesta que se corresponden con la provisión de fondos de la actividad de Administración de Fincas. Posteriormente manifiesta que las facturas correspondientes por la prestación de servicios las emitía la sociedad W. Las sociedades X y S de las que el contribuyente es administrador y socio único, realizan servicios profesionales de carácter inmobiliario por más de 190.000.000 pts a la sociedad W en los ejercicios 1996 a 1998. Dichas sociedades no satisfacen retribución alguna de carácter profesional.
El contribuyente percibe de las anteriores sociedades una serie de importes, presumiblemente para el consumo familiar, los cuales se anotan contablemente en "cuenta corriente socio y administradores" como una deuda. En los asientos del Libro Mayor correspondientes a esas cuentas consta la aplicación por el contribuyente de los mencionados importes percibidos. De ellos se desprende que la utilización del efectivo de dichas sociedades por parte del contribuyente se realiza para el mantenimiento de sus gastos personales.
El contribuyente declara no percibir ingreso alguno por rentas del trabajo o de carácter profesional de las mencionadas sociedades. Por otra parte, como se ha puesto de manifiesto el contribuyente no ejerce trabajo ni actividad alguna, y con relación a la posibilidad de devolver las cantidades anteriores no se le conocen otros bienes patrimoniales que las acciones de las sociedades detalladas anteriormente y un inmueble hipotecado que constituye su vivienda habitual.
De acuerdo con los hechos descritos la Inspección propone en acta la regularización de la situación tributaria de los sujetos pasivos que ascendía a un total de 64.618.754 pts. (388.366,53 €)
TERCERO: El 28 de Febrero de 2002, el Inspector Jefe dictó acuerdo en el que desestimaba las alegaciones presentadas por los obligados tributarios. El Inspector Jefe admite la pretensión de los obligados tributarios de corregir la deducción por hijos. Practica una liquidación por un total de 64.451.752 pts (387.362,83 €), con una cuota de 51.112.057 pts (307.189,65 €) y unos intereses de demora de 13.339.695 pts (80.173,18 €). La cuota referida se desglosaba por ejercicios en los siguientes importes:
-1995: 7.567.413 pts (45.481,07 €).
-1996: 20.244.826 pts (121.673,85 €).
-1997: 9.099.187 pts (54.687,22 €).
-1998: 14.200.631 pts (85.347,51 €).
El acuerdo fue notificado el 1 de Marzo de 2002.
CUARTO: El 15 de Marzo de 2002, los interesados interpusieron reclamación económico-administrativa dirigida al Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... que fue tramitada con el número ..., contra el acuerdo del Inspector Jefe por el que se practicaba la liquidación resultante del acta, y el 3 de Mayo del mismo año, cada uno de ellos interpuso reclamación (números ... y ... respectivamente), contra las sanciones. Estas reclamaciones fueron acumuladas mediante Providencia dictada por el Abogado del Estado-Secretario. Las alegaciones formuladas ante dicho Tribunal fueron relativas a la duración de las actuaciones inspectoras por un plazo superior a doce meses en concreto caducidad del expediente y ausencia de virtualidad interruptiva de la prescripción, deducibilidad de los intereses de capitales ajenos invertidos en la vivienda habitual e improcedencia de la liquidación impugnada por la inexistencia de incrementos injustificados de patrimonio. El TEAR de ... en resolución de 6 de Octubre de 2005 acuerda:
-Estimar en parte la reclamación ... y anular el acuerdo del Inspector Jefe por el que se practica la liquidación resultante del acta, que deberá ser sustituido por otro conforme los criterios recogidos en su resolución. En concreto en relación con los incrementos injustificados de patrimonio relativos a los saldos deudores del reclamante con las sociedades de las que es socio y administrador el TEAR considera que dichos ingresos pueden ser calificados de forma diversa en función de las previsiones de los estatutos sociales y del tipo de relación que une a las sociedades con el socio administrador. Considera el TEAR que no consta que se haya comprobado dichos estatutos sociales o el tipo de relación que tuviera el interesado con las sociedades mencionadas. Por lo tanto, no puede determinarse en calidad de qué se recibieron dichos importes, (en calidad de administrador, trabajador, retribución de capital propio e incluso como liberalidad). En cualquier caso considera que se trataría de rentas sometidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por otros conceptos, o, en su caso, exentas del mismo, quedando excluida su consideración como incremento no justificado de patrimonio. Declara la nulidad del acuerdo impugnado en este punto y devuelve el expediente a la Inspección a fin de que, previas las actuaciones que estime oportunas, determine la calificación que corresponde a estos importes a efectos de su integración en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
-Estima las reclamaciones números ... y ... anulando las sanciones impuestas.
-Reconoce, en su caso, el derecho a la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas y al cobro de los intereses correspondientes.
Esta resolución fue notificada el 28 de Diciembre de 2005.
QUINTO: El 27 de Enero de 2006 formaliza el reclamante el presente recurso de alzada contra dicha Resolución, adoptada en primera instancia, mediante escrito en que desarrolla las siguientes alegaciones:
1) Efectos de la estimación de la reclamación e improcedencia de dictar una nueva liquidación. El reclamante se opone a la decisión adoptada por la resolución económico-administrativa de instancia. En concreto alude al fundamento jurídico 16º que figura en la resolución relativo a los incrementos no justificados de patrimonio al que nos remitimos.
Considera que del tenor literal de dicho fundamento parece deducirse que no nos hallamos ante un supuesto de incrementos de patrimonio no justificado o que tal extremo no ha sido acreditado por la Inspección. Alega que en lugar de declarar la nulidad de la liquidación recurrida emplaza al órgano de inspección tributaria a dictar una nueva liquidación que deberá ajustarse al contenido de los fundamentos jurídicos. Reitera que se está concediendo al órgano de gestión una segunda oportunidad como si hubiese incurrido en un defecto procesal o de tramitación susceptible de subsanación. Reproduce para apoyar sus argumentos el artículo 40.2 del RPREA y el artículo 101.5º del mismo.
Manifiesta que en la resolución económico-administrativa no se establecen las bases para practicar una nueva liquidación consecuencia de una estimación parcial sino que niega la existencia de un incremento no justificado de patrimonio y ordena retrotraer las actuaciones al momento en que se cometió el error iuiris. Se apoya en la resolución dictada por el TEAC en fecha 28 de Septiembre de 2004.
2) Prescripción del derecho de la Administración a liquidar por haber excedido el procedimiento inspector el plazo del artículo 29 de la Ley 1/1998.
El reclamante expone que las actuaciones inspectoras dieron comienzo en fecha 19 de Octubre de 1999 y concluyeron con la notificación del acuerdo de liquidación el 1 de Marzo de 2002. Por lo tanto, tales actuaciones han tenido una duración total de 2 años, 4 meses y 13 días, es decir, 863 días. Por su parte, la Inspección procedió a descontar del citado número de días un total de 505 en concepto de dilaciones que considera imputable al contribuyente.
Considera el reclamante que el período de dilaciones computado no le es imputable en su totalidad, en concreto:
-Dilación relativa al período transcurrido entre las fechas 21 de Diciembre de 1999 y 12 de Enero de 2000. La inspección imputa el retraso en la comparecencia prevista inicialmente para el 21 de Diciembre de 1999 aduciendo que el aplazamiento de la misma tuvo lugar a solicitud de esta parte. Sin embargo, señala el reclamante que en la diligencia de fecha 12 de Enero no se hizo constar en ningún momento que el reclamante solicitara tal aplazamiento de actuaciones ni que la dilación fuese imputable a esta parte. En consecuencia, los 22 días transcurridos entre las citadas fechas no se pueden atribuir al reclamante.
-Dilación atribuida por la Inspección entre el 16 de Marzo de 2000 y 30 de Marzo de 2000. Al respecto señala el reclamante que la diligencia 5, en fecha 2 de Marzo de 2000, se solicitó al reclamante una cantidad importante de documentación, entre ella la justificación de todos los ingresos en las cuentas bancarias aportadas, es decir, acreditar los ingresos entre los años 1995 y 1998; lo cual suponía acreditar un mínimo de 575 movimientos bancarios. En la misma diligencia se solicitó justificante de ingreso o en efectivo del cobro de los servicios prestados mensualmente a X; saldos deudores y acreedores con todas las sociedades de la que sea socio o administrador y movimiento diario de saldos deudores o acreedores con las sociedades mencionadas. El reclamante estima que para que un retraso en la aportación de la documentación pueda considerarse como dilación imputable al contribuyente es necesario que la petición de la Inspección sea razonable. Considera que era materialmente imposible aportar toda la documentación en el plazo de 10 días, puesto que aportar la documentación exigida era una tarea ardua y complicada, aún así aporto parte de dicha documentación.
Manifiesta que para que sea posible imputar una dilación al contribuyente es necesario que el retraso provoque una paralización en la actividad inspectora, lo cual considera que no se produjo en este caso. Reitera que la obligación primordial de la Inspección era acudir al domicilio de los obligados tributarios para consultarla lo que habría evitado las presuntas dilaciones.
Se refiere el reclamante a su buena fe y al ánimo de colaborar con la Administración tributaria en todo momento. Por tanto, rechaza la imputación de catorce días como dilación, período que abarca desde el 16 de Marzo de 2000 a 30 de Marzo de 2000.
-Dilación correspondiente al período que transcurre desde el 13 de Julio de 2000 hasta el día 27 del mismo mes. Reproduce lo mencionado para la anterior dilación la gran cantidad de documentación solicitada. Tampoco procede imputar otros catorce días entre el 13 de Julio de 2000 y el día 27 del mismo mes.
-Dilación imputada relativa al período transcurrido entre el 27 de Julio de 2000 y el 28 de Junio de 2001. Considera que no le es imputable el tiempo transcurrido entre el 5 de diciembre de 2000 y la siguiente comparecencia que tiene lugar el 10 de Enero de 2001, ni tampoco el período de tiempo transcurrido entre el 10 de Enero de 2001 y el 16 de Mayo del mismo año. El reclamante solicitó por vía telefónica aplazamiento de la comparecencia fijada inicialmente para el 10 de Enero, sin embargo manifiesta que la Inspección no le indicó la fecha exacta de dicha comparecencia, extremo que aconteció en fecha 16 de Mayo de 2001. En la diligencia extendida en fecha 16 de Mayo de 2001 simplemente hace constar el aplazamiento solicitado por el reclamante pero en ningún caso que el aplazamiento instado lo fuese hasta esta fecha. De esta forma, no le puede ser imputado 163 días correspondientes a las fechas anteriores.
-Tampoco le son imputables los tres días transcurridos entre el 25 de Junio de 2001
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 442/2017, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 993/2015, 27-04-2017
Orden: Administrativo Fecha: 27/04/2017 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Zarzalejos Burguillo, Jose Ignacio Num. Sentencia: 442/2017 Num. Recurso: 993/2015
Sentencia Administrativo TSJ Andalucia, 12-01-2002
Orden: Administrativo Fecha: 12/01/2002 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Herrero Casanova, Eduardo
Sentencia Administrativo Nº 286/2014, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 703/2011, 11-02-2014
Orden: Administrativo Fecha: 11/02/2014 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Barra Pla, Gonzalo Ignacio Num. Sentencia: 286/2014 Num. Recurso: 703/2011
Resolución de TEAC, 00/3940/2002, 06-05-2005
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 06/05/2005 Núm. Resolución: 00/3940/2002

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 40
 artículo 101
 resolución 
 resolución 
 artículo 29

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