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Timestamp: 2020-02-21 03:50:28+00:00

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Ene 21, 2020 | Polémica, Política
El corresponsal de la ODCA, hijo y ministro de Rafael Caldera
Acabo de recibir de Andrés Caldera Pietri el texto de sus palabras en la instalación del Consejo Superior de la Democracia Cristiana ODCA, evento previsto en comunicado que se comentara acá el 15 de este mes de enero. En ellas encuentro un intento de refutación de mi comentario crítico—”Vamos en el siglo XXI, en el tercer milenio, a un mundo postideológico, transideológico, pero la ODCA no se ha percatado de esa profundísima búsqueda”—, comenzando por esta proposición de Caldera Pietri en el segundo párrafo de su texto: “Por años hemos escuchado hablar del fin de las ideologías, como si pudiera reducirse la política a un mero pragmatismo vacío, enfocado en obtener o conservar el poder”.
Tal vez no esperase él una respuesta en andanadas, que transcribo parcialmente a continuación:
Sostener que vamos a un mundo postideológico no es lo mismo que “reducir la política a un mero pragmatismo vacío, enfocado en obtener o conservar el poder”. Esto puse al inicio en El caso de una licenciatura en Política (19 de septiembre de 2003):
La Política es un arte. A pesar de la legítima existencia de “ciencias políticas”, la Política no es en sí misma una ciencia, sino una profesión, un arte, un oficio. Del mismo modo que la Medicina es una profesión y no una ciencia, por más que se apoye en las llamadas “ciencias médicas”, la Política es la profesión de aquellos que se ocupan de encontrar soluciones a los problemas públicos. Por tal razón, las soluciones a esta clase de problemas no se obtiene, sino muy rara vez, por la vía deductiva. La esencia del arte de la Política, en cambio, es la de ser un oficio de invención y aplicación de tratamientos. En este sentido, hay un “estado del arte” de la Política.
Ese ejercicio profesional clínico, he argumentado, debe estar sujeto a un código de ética, tal como la Medicina se rige por el Juramento de Hipócrates. Puedes leer el que compuse en 1995 acá: Código de conducta. *
Las ideologías, como asenté en el material que te enviara al recibir de ti la noticia de la reunión de ODCA, son guías obsoletas que en la gran mayoría de los casos sirven como justificación (o coartada) precisamente para una mera lucha por el poder. Pedro Pablo Aguilar [ex Secretario General de COPEI],** declarando a El Nacional el 7 de junio de 1986: “Mi planteamiento es que los intelectuales, los sectores profesionales y empresariales, los líderes de la sociedad civil no pueden seguir de espaldas a la realidad de los partidos, y sobre todo, a la realidad de los partidos que protagonizan la lucha por el poder”.
También anexé, a una de las respuestas, un texto de veinte páginas que compusiera entre el 18 y el 19 de febrero de 2013 para los amigos Marcel Granier y Luis Penzini, este último dolorosamente fallecido. (El lugar de los valores en la política). Ese documento se inició con esta explicación:
En las últimas dos visitas que he hecho, dos amigos de gran inteligencia y solidez moral me han planteado, con diferencia de unos pocos días, el mismo problema metapolítico: la función de los valores en el ejercicio de la política. No hay razón para sorprenderse de la coincidencia; ambos han compartido importantes pedazos de historia personal y cívica y son, por tanto, espíritus afines. El primero de ellos explicó que ha asumido antes la posición que defiendo acerca de la obsolescencia de las ideologías, pero que más recientemente se pregunta por la conveniencia de su preservación porque este asunto de los valores le parece central al buen ejercicio de la política. El segundo contrastó el discurso de “la Cuarta República” con el actual discurso militarista del hombre fuerte (una particular reencarnación del cesarismo democrático) y cree que el discurso político que podía dejar atrás a ambos es “el discurso de los valores”. Este tema del lugar de los valores en el ejercicio político, pues, es tanto importante como recurrente, tal como señala el epígrafe*** que fuera tomado de un texto de hace más de dos décadas.
Y siendo que el caso venezolano que más conozco es el de COPEI, me valí de él en esa comunicación para argumentar mi propia comprensión del tema ideológico:
Antes de la llegada del sistema chavista, fue COPEI la formación del bipartidismo que más tiempo y esfuerzo invirtió en el problema de la ideología, al punto que celebró su “congreso ideológico” en octubre de 1986. (Acción Democrática manejó este asunto de modo más íntimo y discreto, con las tesis internas de su Secretaría de Doctrina. Esta unidad, dirigida a la caída de Pérez Jiménez por Domingo Alberto Rangel, definía en su documento base: Acción Democrática es un partido marxista. Luego aclaraba que su empleo del marxismo era estrictamente para fines analíticos, no terapéuticos. Naturalmente, el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento Al Socialismo tenían una importante carga ideológica, más el primero que el segundo, así como organizaciones como La Causa R—fundada por el marxista Alfredo Maneiro—y Bandera Roja; pero estos partidos, sumados, por mucho tiempo no pasaron del “6% histórico de la izquierda venezolana”).
COPEI, en cambio, se distinguió siempre por su definición ideológica. Rafael Caldera precisó la ubicación del partido en el mitin de cierre de su campaña presidencial en 1963; en su discurso dijo enfáticamente: “COPEI es un partido de centro-izquierda”, a pesar de que en su origen admiraba el falangismo español y había establecido su fuerza electoral en los estados andinos, que expresaban su descontento con AD, el partido que había interrumpido la hegemonía andina en 1945. La sección juvenil de COPEI buscó posicionarse al lado izquierdo con su propio nombre: Juventud Revolucionaria Copeyana. Nada de esto impidió que su práctica política se orientara inequívocamente a la búsqueda del poder, como indicó de nuevo Rafael Caldera: “Yo no estoy en las alturas del poder, sino en las arenas de la lucha política…”
Si el estilo inconfundible de la Realpolitik, de la política del poder por el poder, pudo entronizarse en tal grado en la práctica de la dirigencia copeyana, eso fue posible gracias al anquilosamiento de la función ideológica socialcristiana. En términos sobresimplificados, el esquema de actuación del político copeyano, en especial de su dirigencia, consistía en conocer los principios de la democracia cristiana—contenidos, como se ha explicado aquí antes, en el libro de Pérez Olivares y en la obra posterior de Rafael Caldera: Especificidad de la Democracia Cristiana—procurarse un adiestramiento retórico y de oratoria y manejarse dentro de los estatutos y reglamentos del partido, anotándose en alguno de los “ismos” determinados por el liderazgo de alguna figura en particular: calderismo, herrerismo, eduardismo, oswaldismo. El supuesto simplista de este esquema residía en la idea de que los principios funcionarían como axiomas geométricos, a partir de las cuales sería posible deducir la política concreta.
Es así como, tan tarde como en 1985, Eduardo Fernández y Gustavo Tarre Briceño entendían las labores del Congreso Ideológico Nacional como partiendo de un “nivel filosófico-principista” e incluyendo un “nivel de la política concreta”. Ambos niveles, pensaban, requerían un “puente sociológico” que les comunicase, lo que revelaba la dificultad con la que se habían topado: la incomunicabilidad entre principios y práctica política.
El problema era éste: no bastaba reflexionar intensamente sobre, digamos, el principio de la dignidad de la persona humana para extraer deductivamente una solución al problema de la deuda externa que fuese una solución demócrata cristiana.
Esa creencia en una relación deductiva entre principios y política es un rasgo bastante común del paradigma político clásico, y se manifestaba con particular intensidad en el pensamiento de los líderes de la democracia cristiana venezolana. Un destacado ejemplo lo constituyó el debate sobre el “agotamiento del modelo de desarrollo venezolano”, tema de moda por los comienzos de la década de los ochenta y en el que terció el Dr. Rafael Caldera con una tesis bastante típica de las formulaciones clásicas. Caldera argumentó, desde un discurso pronunciado en tierras mexicanas, que no era cierto que el modelo de desarrollo venezolano hubiese caducado; más bien, por lo contrario, el asunto era que no había sido llevado a la práctica, y que debía buscarse la descripción del susodicho modelo en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1961.
Una postura idéntica podía encontrarse en muchos otros discursos como, por ejemplo, en la estereotipada conferencia sobre “objetivos nacionales” del curso del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional: “Los Objetivos Nacionales se dividen en Objetivos Nacionales Permanentes y Objetivos Nacionales Transitorios. Los Objetivos Nacionales Permanentes están enumerados en el Preámbulo de la Constitución Nacional”.
Vale la pena transcribir acá el texto pertinente del Preámbulo de la Constitución:
“…con el propósito de mantener la independencia y la integridad territorial de la Nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones; proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social; lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social, y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre; mantener la igualdad social y jurídica, sin discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o condición social; cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base del recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumentos de política internacional; sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la Tierra; y conservar y acrecer el patrimonio moral e histórico de la Nación…”
Obviamente el texto que antecede es un recuento de valores y criterios más que de objetivos, por lo que difícilmente puede llamarse al Preámbulo de la Constitución de 1961 un “modelo de desarrollo”.
Hoy la casa de Eduardo Fernández y su hijo
Ante tales dificultades llegó a hacerse doctrina del Instituto de Formación Demócrata Cristiana, IFEDEC, fundado por Arístides Calvani, la existencia de unos “planos de mediación”: pisos sucesivos de concreción mediante los cuales sería posible “descender” del techo de los principios hasta la planta baja de las políticas específicas. El invento era una elaboración de tesis formuladas en Chile, hacia la época de los años sesenta, por el padre jesuita Roger Vekemans, de gran influencia ideológica en la democracia cristiana continental.
Tales elaboraciones no hacían otra cosa, por supuesto, que complicar el problema, introduciendo una serie de pasos conceptuales que equivalía a “correr la arruga” una y otra vez. Una formulación alternativa, que les fue ofrecida, no contó con mucha acogida. (En 1985 ya les había sugerido que los valores no debían ser vistos como “objetivos”, sino como criterios de selección de tratamientos políticos. La idea subyacente, en este caso, es que la política no se deduce sino que se inventa. Frente a un determinado problema surge— dependiendo del “estado del arte” de las disciplinas analíticas—un grupo de soluciones diferentes, ante las que los valores son útiles para escoger aquella solución “más democrática” o “más justa” o que mejor parada deje a la “dignidad” o, a lo Moronta, a la “centralidad de la persona humana”).
Pero esta bizantina salida de postular la existencia—inobservable—de unos supuestos “planos de mediación” no obstaba para que en IFEDEC se admitiera que en política era inevitable “derramar sangre”, por lo que además del discurso principista y ético se manejaba una soterrada autorización a la práctica de la Realpolitik.
(En Estudio copeyano, referéndum, Vol. I, No 8, 19 de octubre de 1994).
En el estudio sobre el lugar de los “valores” en la política inserté esta observación: “El Movimiento Al Socialismo, Podemos, Patria Para Todos ondean banderas marxistas; Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo son partidos de la socialdemocracia; COPEI, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y lo que quede de Convergencia son organizaciones socialcristianas. La misma redundancia de opciones dentro de una misma corriente ideológica ya es signo de que, incluso para ellas, lo ideológico no es lo importante”. (Olvidé mencionar en esta enumeración la formación de Henri Falcón, de la corriente “progresista” de la socialdemocracia y Voluntad Popular, partido inscrito en ¡la Internacional Socialista!, algo así como la ODCA adeca).
Todos los argumentos arriba transcritos están sujetos a la quinta estipulación de mi Código de Ética Política:
De antes debiera Andrés Caldera Pietri estar persuadido de que no hablo por la tapa de la barriga; de ahora, que he considerado el asunto ideológico en profundidad. LEA
* En la comunicación a Granier y Penzini apunté: “Como tal oficio o profesión, debe estar sujeta la Política a un código de ética, algo que es mucho más específico y práctico que una doctrina centrada en valores abstractos, puesto que estipula los comportamientos correctos. En septiembre de 1995, sentí la necesidad de componer uno para la Política y opté por seguir, en su orden expositivo, el manifiesto en el Juramento de Hipócrates, el primer código deontológico de la humanidad. (El 26 de ese mes, juré cumplirlo públicamente en el programa Argumento, un espacio dominical que por entonces conducía en Unión Radio)”.
** Aguilar es uno de los firmantes del comunicado de ODCA, igualmente suscrito por Oswaldo Álvarez Paz, quien compitiera por el poder y perdiera ante Rafael Caldera en 1993 a pesar de ser fiel de su misma ideología—¿misma religión, distinta secta?—, Humberto Calderón Berti (defenestrado por Juan Guaidó), Abdón Vivas Terán (destituido de la Secretaría General de la Juventud Revolucionaria Copeyana por ser demasiado rojito para Caldera), Román Duque Corredor (próximo a Eduardo Fernández, inasistente ¿no invitado?), José Rodríguez Iturbe (fugaz Canciller del efímero Pedro Carmona Estanga), etcétera.
*** Es cada vez más frecuente encontrar (…) en los diagnósticos que intentan establecer las causas de la erosión institucional y la patología de la conducta societal, una referencia a una crisis de los valores. Sería igualmente sorprendente que la solución a esta mentada crisis de los valores (…) fuese a encontrarse en una vuelta a imágenes que fueron funcionales en un pasado. (Un tratamiento al problema de la calidad de la educación superior no vocacional en Venezuela, 15 de diciembre de 1990).
A Nelson Landáez
Es de vieja tradición en la filosofía occidental (…) el establecimiento de la distinción entre opinión y conocimiento. Aristóteles, por ejemplo, propone que si lo opuesto de una proposición no es imposible o no conduce a la autocontradicción, entonces la proposición y su contraria son asunto de opinión. Este criterio excluye las proposiciones de suyo evidentes, así como las demostrables, y ambos tipos de proposición no expresan opinión, sino conocimiento.
Conocimiento y opinión, 14 de junio de 2007
Hace tres días recibí por el medio de WhatsApp el video que se coloca a continuación:
https://doctorpolitico.com/wp-content/uploads/2020/01/VID-20200114-WA0001.mp4
Reproduzco, de este blog, la Nota del Día del 28 de junio de 2010 (Contenedores de palabras podridas):
Neil Postman y Charles Weingartner sostenían en La enseñanza como actividad subversiva (1969), que una de las tareas fundamentales de la educación era proporcionar a los educandos un “detector de porquería”. (Crap detector). El estudiante debía aprender a distinguir entre un discurso válido y con sentido, y uno construido con falsedad. Así, el paciente racional debe preferir la medicina científica a cacareadas “medicinas sistémicas” o “alternativas”, independientemente de la propaganda televisada que nuestros canales de televisión admitan. Así debe el ciudadano preferir, más bien exigir, una política científica, y rechazar la payasada que busca imponérsenos.
El primer deber del político es el de educar al pueblo, para que sea cada vez más autónomo, menos tutelado políticamente. (Claro que entonces él mismo debe ser educado en la verdad política). Así que recordaremos a John Stuart Mill y Bárbara Tuchman. Dice ésta en conjetura profundamente democrática: “El problema pudiera ser no tanto un asunto de educar funcionarios para el gobierno como de educar al electorado a reconocer y premiar la integridad de carácter y a rechazar lo artificial”.
Y ésta es una cita complementaria—Lo que no corta una hojilla—de la Nota del Día 15 de julio de ese mismo año:
Una ideología se compone de una explicación y una prescripción. Por el primero de sus componentes, pretende entender cómo funciona una sociedad dada o, como en el caso de la más pretenciosa de todas (el marxismo), la historia entera de la humanidad. (Historicismo marxista o materialismo histórico). Es este componente el que se quiere hacer pasar por científico. Aunque fue la pareja Marx-Engels la que acuñó el término “socialismo utópico”, fue el segundo quien catalogó las teorías de Marx como “socialismo científico”. Muchos creen conmovedoramente que esto es así. El general Raúl Isaías Baduel, con ocasión de su pase a retiro el 18 de julio de 2007, dijo en su discurso de despedida: “…si la base para la construcción del Socialismo del Siglo XXI es una teoría científica de la talla de la de Marx y Engels…”, …”, y el presidente Chávez dijo en la Asamblea Nacional el 15 de enero de este año: “El marxismo sin duda que es la teoría más avanzada en la interpretación, en primer lugar, científica de la historia, de la realidad concreta de los pueblos…” Captor y cautivo piensan lo mismo en este punto.
Fue, sin embargo, nadie menos que Karl Popper, el papa de la Filosofía de la Ciencia en el siglo XX, quien mostrara y demostrara que el “historicismo”, en particular el marxista, era un discurso contracientífico. (En La miseria del historicismo). Antes, en La lógica de la investigación científica, Popper estableció un sólido criterio, el famoso “criterio de demarcación”, para distinguir entre un discurso científico y uno que no lo es. El marxismo no pudo nunca superar la barra del criterio popperiano.
Todas ellas son formas obsoletas e ineficaces de plantearse la actividad política. Son medicina precientífica.
Ahora, un planteamiento precedente que regresa a los autores citados al principio (en Un tratamiento al problema de la calidad en la educación superior no vocacional en Venezuela, 15 de diciembre de 1990):
Un objetivo fundamental de este programa de educación superior, tal vez más profundamente pedagógico que el de ofrecer las nociones más recientes sobre el hombre y su universo, sea el de proporcionar las herramientas útiles al desempeño intelectual. En efecto, transferir contenidos incurre inevitablemente en la subjetividad de la selección de lo que se transmite. En cambio, dotar a un hombre de herramientas para el aprendizaje, para la operación intelectual, es de hecho una donación más liberadora. El objetivo es formulable de la manera siguiente: se trata de convertir un mal aprendedor en un buen aprendedor, siguiendo la terminología de Neil Postman y Charles Weingartner. Estos autores señalan, entre los rasgos de un buen aprendedor, su apertura mental, la nula incomodidad que sienten al formular preguntas, su disposición al reconocimiento de la propia equivocación, su placer de encontrarse en situación de aprendizaje. Obviamente, un buen aprendedor posee, además, el dominio de ciertos métodos y técnicas que hacen eficiente el proceso de absorción y elaboración de conocimiento.
Finalmente, el relato inicial de la Carta Semanal #281 de doctorpolítico (3 de abril de 2008):
Arribados a ese punto, el cansancio tuvo vía libre para cambiar de tema. Hablaríamos unos minutos más de Cat Stevens, Jacques Monod y el béisbol local, y nos fuimos a dormir, exhaustos pero felices de haber resuelto nuestros punzantes y católicos escrúpulos. Dos días después presentamos el proyecto a la fundación (“la cual aceptó”), conscientes de que lo técnico y lo metodológico en el concepto estaban libres de manipulación.
En educación, nada más importante que respetar la libertad de conocimiento de los educandos y dotarles de las herramientas necesarias al ejercicio crítico en su aprendizaje. LEA
Ene 15, 2020 | Polémica, Política
Transnacional de los socialcristianos
Un estimado y demócrata-cristiano amigo me ha hecho llegar el comunicado que transcribo de seguidas:
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA ODCA – (Comunicado 1)
Atendiendo el llamado que nos hace la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) en el Consejo Directivo celebrado en la ciudad de México el pasado 19 de septiembre de 2019, por el que nos exhorta a integrar una instancia política superior de la democracia cristiana para fortalecer el papel de esta corriente de pensamiento político universal en la lucha por la libertad de Venezuela;
Siendo ODCA la única organización internacional radicada en el continente americano y dentro de la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa, legitima y autoriza el uso instrumental con carácter partidario de la doctrina humanista cristiana para la transformación integral de los pueblos del continente;
Nosotros, abajo firmantes, convencidos de que la democracia cristiana constituye el mejor camino para lograr un mundo donde prevalezca la paz, la solidaridad y el desarrollo integral del hombre y de todos los hombres, fundado en la justicia social, nacional e internacional, la búsqueda del bien común universal y una conducta ética en los dirigentes políticos de todas las naciones;
Reafirmamos la posición sostenida a lo largo de la historia, de los demócrata-cristianos del mundo, en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, tanto en funciones de gobierno como en oposición, enfrentando dictaduras y regímenes autoritarios de cualquier signo ideológico, así como el uso de la violencia como instrumento de lucha política;
Destacamos la larga lucha de los dirigentes demócrata-cristianos en Venezuela para lograr el consenso que permitiera instaurar una democracia pluralista, con respeto a las diferentes ideologías y credos religiosos, con vigencia de la paz social y del estado de derecho, en la que se priorizó la educación, la salud y la vivienda—fundamentales para la movilidad social y la realización de la familia—, los derechos laborales y el ascenso de los trabajadores de la ciudad y del campo, la industrialización y lo “hecho en Venezuela”, la descentralización y la participación ciudadana, la solidaridad y la convivencia armónica, esenciales para lograr el desarrollo;
Ratificamos nuestro categórico rechazo a la usurpación que el señor Nicolás Maduro ha hecho de la Presidencia de la República a través de unas elecciones ilegítimas, viciadas de nulidad y desconocidas por la comunidad democrática mundial; a la violación sistemática del régimen usurpador del estado de derecho y de los derechos humanos; y a la entrega de la soberanía nacional a agentes extranjeros;
Exigimos al gobierno usurpador desistir de los métodos de violencia, represión, tortura y trato criminal que han sido ampliamente descritos y denunciados por la Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por los organismos interamericanos de derechos humanos, así como por las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
Exhortamos a todos nuestros compatriotas social-cristianos, al igual que a todos los demócratas venezolanos, sea cual fuere su posición política, a respaldar unidos a la Asamblea Nacional, única representante de la soberanía nacional y a su presidente, el Diputado Juan Guaidó, a quien constitucionalmente corresponde ejercer las funciones de Jefe del Estado y al gobierno interino, para encontrar una salida a la tragedia en que se encuentra sumida Venezuela y restablecer la democracia, sus instituciones y el orden constitucional, mediante la ejecución de una política de amplitud, solidaridad y participación, ajena a sectarismos partidistas, que llame a los mejores venezolanos escogidos por su preparación y honestidad a colaborar en el proceso de transición, con miras a realizar un gobierno de unidad nacional;
Urgimos a la comunidad internacional a alcanzar pronto una unidad de criterio que ayude a Venezuela en una pronta salida a la usurpación que sufre, y que concluya en unas elecciones presidenciales limpias e internacionalmente observadas, ante el éxodo masivo de familias que tratan de escapar a una dura realidad de miseria y muerte;
Por último, convocamos al acto de instalación de este Consejo que será el próximo lunes 20 de enero de 2020, a las 11.00 am en la sede de El Nacional, avenida principal de Los Cortijos de Lourdes con 3ª. Transversal, en Caracas, para reafirmar nuestra posición unitaria de lucha, al lado de los demócratas de todas las corrientes políticas, en el propósito de reestablecer [sic] lo más pronto posible la democracia venezolana.
Caracas, enero de 2020.
Pedro Pablo Aguilar, Oswaldo Álvarez Paz, Humberto Calderón Berti, Andrés Caldera Pietri, José Curiel Rodríguez, Abdón Vivas Terán, Julio César Moreno, Román José Duque Corredor, José Rodríguez Iturbe, Gloria Capriles, Haroldo Romero, Nelson Maldonado, Ivonne Attas, Emilio López, Jesús “Chucho” Ganem y Guillermo Yepes Boscán.
Consultores: Gustavo Tarre Briceño y Asdrúbal Aguiar.
Por el COPEI legítimo: Roberto Enríquez, Robert García, Enrique Naime y Lorenzo Tovar.
Procedo a comentarlo. Los primeros tres considerandos posicionan a ODCA en el anacronismo: “esta corriente de pensamiento político universal (…) dentro de la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa, legitima y autoriza el uso instrumental con carácter partidario de la doctrina humanista cristiana (..) la democracia cristiana constituye el mejor camino…”
No podía ser de otra manera; el nombre mismo de la asociación la define como “demócrata-cristiana”, es decir, como una entidad que obedece a una ideología. *
León XIII es el más reciente de los ideólogos allí mencionados; el 15 de mayo de 1891 se publicó la primera encíclica “social” de los papas, su Rerum novarum. Recordada y puesta al día por Pío XI en Quadragesimo anno (1931) y Juan XXIII en Mater et magistra (1961), señaló un “tercer camino” igualmente distanciado de la ideología liberal y el socialismo. Con esa doctrina, innovadora para su época, surgiría el Partido Popolare Italiano, creación del sacerdote Luigi Sturzo y antecesor de Democrazia Cristiana. (“Desde 1946 hasta 1994 la DC fue el partido más grande en el Parlamento, gobernando siempre en coalición. Al inicio apostaba por políticas liberal-conservadoras, para luego evolucionar hacia coaliciones de centroizquierda”. Wikipedia en Español).
Desde entonces, ha corrido mucha agua bajo el puente.
…es más fácil todavía postular un nuevo espacio político en el que se proscriba la función ideológica. Las ideologías, en sus variedades conocidas (inventadas en el siglo XIX para manejar los asuntos públicos en sociedades de complejidad mucho menor que las del siglo XXI), son obviamente obsoletas. El mismo día de la muerte de Carlos Fuentes (15 de mayo de 2012), se publicaba simultáneamente en Madrid y Ciudad de México su último artículo: Viva el socialismo, pero… En él preguntaba: “¿Cómo responderá François Hollande a este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha?” La ideología debe ser suplantada por la metodología, una metodología clínica para un oficio cuyo fin es resolver problemas de carácter público. (…) Los conceptos políticos del siglo XIX no pueden asir la compleja realidad de las sociedades del siglo XXI. El uno romano ha escapado del encierro de las equis. (Una especie política nueva, 11 de marzo de 2015).
Entre nosotros, Arturo Úslar Pietri asentaba en artículo publicado por el diario El Nacional el 30 de octubre de 1991 (más de seis años después de que alguien, en conversación en su biblioteca, le hubiera planteado lo mismo):
“…de pronto el discurso político tradicional se ha hecho obsoleto e ineficaz, aunque todavía muchos políticos no se den cuenta. Toda una retórica sacramentalizada, todo un vocabulario ha perdido de pronto significación y validez sin que se vea todavía cómo y con qué substituirlo… Hasta ahora no hemos encontrado las nuevas ideas para la nueva situación…”
Vamos en el siglo XXI, en el tercer milenio, a un mundo postideológico, transideológico, pero la ODCA no se ha percatado de esa profundísima búsqueda.
Apartando ese asunto meramente principista pero fundamental, principalmente dos pasajes prescriptivos del comunicado son lamentables. En el primero asienta: “Ratificamos nuestro categórico rechazo a la usurpación que el señor Nicolás Maduro ha hecho de la Presidencia de la República a través de unas elecciones ilegítimas, viciadas de nulidad y desconocidas por la comunidad democrática mundial”. El presidente Maduro, independientemente de su obvia perniciosidad, no ha usurpado su cargo a nadie.
Usurpar es, según el Diccionario de la Lengua Española: “1. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. 2. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios”.
Que un número significativo de países de “la comunidad democrática mundial” haya desconocido la presidencia de Nicolás Maduro no es argumento sustancial:
Que esas “tesis” proferidas por Guaidó hayan sido reconocidas por una cincuentena de países no las convierte en verdaderas de ningún modo. El “tecnicismo legal” que fundamenta la empresa del Ing. Guaidó, vendido como sacrosanto a cancillerías de países que lo dan por correcto sin examinar por sí mismas nuestra Constitución, es una patraña, y la solución a nuestros problemas debe provenir de nosotros mismos, como ha enfatizado el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea. El literal d del Art. 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece con gran claridad: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”. (Je m’accuse, 23 de septiembre de 2019).
Y copio de la misma entrada:
Se ha dicho que la elección de Maduro es ilegítima, por diversas razones. La primera es que fue electo para su segundo período el 20 de mayo de 2018, en presunta contravención de lo constitucional y legalmente previsto; ciertamente, la fecha contravino la costumbre electoral venezolana, pero ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescriben una fecha específica a la elección de Presidente. Luego, la convocatoria misma, hecha por el Consejo Nacional Electoral, fue precedida por una decisión al respecto de la Asamblea Nacional Constituyente en funciones, pero nuestro CNE no podía objetarla, puesto que la Constitución establece en su Artículo 349: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. (Cualquier decisión subconstitucional de este órgano debe ser acatada). Claro que la constituyente misma es objetada, sobre la errada tesis de que la elección de ella no puede ser decidida sino mediante un referendo popular, cuando el Artículo 348 se inicia diciendo: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…” Finalmente, se sostiene que no todas las organizaciones partidistas pudieron participar en la elección de mayo del año pasado por encontrarse inhabilitadas ventajistamente; nuestra legislación electoral obliga a cualquier partido que no haya participado en la elección inmediatamente anterior a un proceso de rehabilitación, y fueron esos mismos partidos los que decidieron no acogerse a ese procedimiento.
Finalmente, no es cierto que el diputado Juan Guaidó sea “a quien constitucionalmente corresponde ejercer las funciones de Jefe del Estado”. Como puse en la entrada recién citada—una carta que dirigí al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, hace cuatro meses—:
Nuestra Constitución contempla sólo un caso en el que el Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia de la República; su Artículo 233 lo establece así en su segundo parágrafo:
Como puede Ud. ver, no es la Asamblea Nacional el órgano que designa a su Presidente como encargado de la Presidencia de la República sino esa previsión constitucional, y ésta requiere la existencia previa de un Presidente electo cuya falta absoluta se haya producido, lo que no ha sido nunca el caso. José Ignacio Hernández, el cuestionado “Procurador Especial” nombrado inconstitucionalmente por Guaidó, escribió el 11 de enero de este año: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego argumentaría falsamente que correspondería a la Asamblea Nacional interpretar ese artículo para “ajustarlo” a la situación real, cuando el Artículo 336 confiere inequívocamente esa potestad al Tribunal Supremo de Justicia.
Entre Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. El domingo 27 de enero me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación, porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:
En mi programa de ayer por RCR me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.
Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar. Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”. Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.
Hasta ahora, no hay reacción ulterior de Hernández.
En síntesis, no hay nada de original y muy poco de veraz en el pomposo comunicado de la Organización Demócrata Cristiana de América. No hay en él valor agregado alguno; por lo contrario, reitera los errores de la patraña contumaz, en grado de continuidad, de Juan Guaidó, y además llega con significativo retraso. Si de verdad fuera su propósito el de “restablecer lo más pronto posible la democracia venezolana”, invito a los firmantes del comunicado a considerar lo siguiente (en La médula del problema, 4 de octubre de 2019):
Propongo a los actores políticos nacionales esta ruta alterna, distinta de la promovida por Juan Guaidó: 1. cese de la usurpación de las ideas primitivas y obsoletas; 2. gobierno de transición mental; 3. elecciones libres que abran la puerta a políticos verdaderamente eficaces, transideológicos, clínicos. (Eso sí: obtenidas no de un acuerdo cupular constitucionalmente incompetente en Barbados o Barbuda, sino por mandato específico del Pueblo pronunciado en referendo).
Tienen los firmantes, unos cuantos entre ellos amigos del suscrito, cinco días para reflexionar sobre lo aquí puesto antes de su prevista reunión en la sede de El Nacional, el auditorio político de moda entre los opositores más vistosos. LEA
* Uno de los directores generales del Instituto de Formación Demócrata Cristiana (IFEDEC) me confió una vez: “Acá enseñamos a los participantes en nuestros cursos los principios de la democracia cristiana, pero también les decimos en voz baja que en política hay que sacar sangre”.
Ene 14, 2020 | Música
Ene 11, 2020 | Música

References: Artículo 349
 Artículo 348
 Artículo 233
 artículo 233
 artículo 233
 Artículo 336