Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/3834
Timestamp: 2020-05-31 01:48:50+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 92/1999
SENTENCIA 92/1999, de 26 de mayo
ECLI:ES:TC:1999:92
En el recurso de amparo núm. 569/97, promovido por don Jesús Torroba Vivar, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Sofía Pereda Gil y defendido por el Letrado don Pedro Tur Giner, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 2 de mayo de 1996, y contra el Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 4 de diciembre de 1996. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero, en nombre y representación de la empresa Valenciana de Expansión Comercial, S.A., asistida del Letrado don Rogelio Martínez Rivera. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 12 de febrero de 1997, la Procuradora de los Tribunales doña Sofía Pereda Gil interpuso, en nombre y representación de don Jesús Torroba Vivar, recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 2 de mayo de 1996, y contra el Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 4 de diciembre de 1996, por considerar que vulneran el art. 24.1 C.E.
a) El recurrente en amparo prestaba servicios desde 1986 para la empresa Valenciana de Expansión Comercial, S.A., consistiendo aquéllos en el reparto de productos de bollería y panadería que recogía diariamente de la demandada, con horario flexible y utilizando para ello una furgoneta de su propiedad, siguiendo las instrucciones de reparto recibidas. Percibía como contraprestación una cantidad conforme a la tarifa establecida por la empresa por cada caja transportada y se encontraba dado de alta en el Régimen de Autónomos y en Licencia Fiscal. En 1989, la empresa le comunicó verbalmente que no volviese al trabajo, lo que motivó la presentación de la correspondiente demanda por despido.
Recurrida en suplicación por ésta, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia dictó Sentencia, de 2 de mayo de 1996, estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción nuevamente opuesta por la demandada ante la modificación legal del art. 1.3 del Estatuto de los Trabajadores llevada a cabo por la Ley 11/1994, introduciendo un nuevo apartado g), por el cual se excluían del ámbito de las relaciones laborales las de transporte realizadas en las condiciones especificadas en la norma. La Sala de lo Social admitió la dificultad jurídica de resolver la cuestión, toda vez que ya con anterioridad había emitido un pronunciamiento en sentido favorable a la competencia de la jurisdicción social. No obstante, asumió la existencia de una modificación legislativa, que, por definición, vinculaba a todos los Tribunales por su carácter normativo y rompía con los criterios jurisprudenciales aplicados hasta entonces, quedando obligada a rectificar su decisión anterior. En consecuencia, tras comprobar que concurrían en el caso enjuiciado los requisitos establecidos en el nuevo precepto legal para la exclusión y que, por tanto, la relación que unía la actor con la empresa ya no podía considerarse laboral, declaró la incompetencia de jurisdicción.
Por Auto de 24 de mayo de 1996, la Sala aclaró y completó sus afirmaciones, añadiendo que la aplicación del nuevo precepto legal procedía con independencia de la fecha en la que se hubiera producido la extinción del contrato, "y con plena retroactividad en tanto en cuanto tal previsión afecta no sólo a las relaciones vivas, sino a las ya extinguidas, e incluso a las que hubieran podido ser declaradas de naturaleza laboral por sentencia firme. Esta tesis de la aplicación absoluta de la nueva norma, incluso con carácter retroactivo, es la que tuvo en cuenta la Sala en el presente caso, como ya lo tuvo en cuenta igualmente en algún otro supuesto anterior (por todas ver Sentencia de 19 de diciembre de 1995) o lo está teniendo en cuenta la generalidad de la doctrina jurisprudencial (ver Sentencias de Cataluña de 23-6-1995... y 1-9-1995... y del País Vasco de 21-9-1995...".
c) El Sr. Torroba interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, invocando ya entonces la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva ante la contradicción existente entre la primera y la segunda Sentencia dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación con el carácter laboral o no de su relación con la empresa, resultando que, en el primer pronunciamiento, el órgano judicial había declarado la laboralidad, sin que pudiera de nuevo replantearse una cuestión ya resuelta definitivamente. Igualmente alegó que la reforma de la Ley 11/1994 había sido derogada por la nueva Ley del Estatuto de los Trabajadores, vigente en el momento de recurrirse en suplicación por la empresa, y defendió la aplicación del régimen transitorio previsto en la Disposición transitoria séptima de dicha Ley acerca de las normas sustantivas y procesales por las que debía regirse la extinción de las relaciones laborales producidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 11/1994.
5. Por providencia de la Sección Segunda, de 10 de noviembre de 1997, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones y por personado y parte al Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero, en nombre y representación de la empresa Valenciana de Expansión Comercial, S.A. Asimismo, se acordó conceder un plazo común de veinte días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme a lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 28 de noviembre de 1997, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó alegaciones, interesando la desestimación del recurso de amparo. En primer lugar, plantea la posibilidad de que no se haya agotado la vía judicial previa al amparo [art. 50.1 a) en relación al art. 44.1 a) LOTC], ya que la cuestión relativa a la aplicación retroactiva del art. 1.3 g) del Estatuto de los Trabajadores no fue suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina, como señala el Auto del Tribunal Supremo que impugna en amparo, siendo idóneo aquel recurso para solventar la discrepancia que el recurrente mantiene frente a dicha aplicación y que alega ahora en su demanda de amparo.
7. Por escrito registrado en este Tribunal el día 5 de diciembre de 1997, la Procuradora de los Tribunales doña Sofía Pereda Gil presentó alegaciones en nombre y representación del recurrente Sr. Torroba Vivar, en las que se ratificaba en las manifestaciones expuestas en la demanda de amparo e insistía en la contradicción de la decisión judicial con las normas sobre régimen transitorio, así como con el primer pronunciamiento del Tribunal Superior sobre la competencia de la jurisdicción laboral, habiéndose producido dicha contradicción en el mismo procedimiento.
8. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 5 de diciembre de 1997, el Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero presentó alegaciones en nombre de la empresa Valenciana de Expansión Comercial, S.A., solicitando la desestimación del recurso de amparo. Rechaza la existencia de vulneración del derecho a la ejecución de las sentencias, que sólo nace cuando se dicta una resolución final, circunstancia que no concurría en este caso, en el que, tras la primera declaración de competencia, se remitieron de nuevo las actuaciones al Juzgado para que se pronunciase sobre el fondo. De otro lado, la empresa defiende la procedencia de volver a plantear la excepción de incompetencia ante el cambio legislativo producido en 1994, así como su carácter constitutivo y no declarativo respecto a las relaciones de transporte. Asimismo, manifiesta que la determinación de la norma aplicable y la interpretación de ésta son cuestiones de legalidad ordinaria, según la jurisprudencia constitucional que invoca, cuestiones sobre las que el órgano judicial se ha pronunciado en ejercicio de sus competencias revisoras.
La primera alega que el derecho a la ejecución de las decisiones judiciales, que se invoca, sólo es predicable respecto de las resoluciones judiciales firmes, condición que no concurría en la primera Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 28 de febrero de 1991, que, al anular la previa del Juzgado de lo Social núm. 9 de Valencia y declarar la competencia de la jurisdicción social, ordenó la devolución a aquél de las actuaciones a fin de que se pronunciase sobre el fondo de la cuestión planteada, por lo que el proceso se encontraba aún abierto. Manifiesta asimismo la empresa que el cambio legislativo que entraña el nuevo art. 1.3 g), párrf. 2º, E.T. permitía plantear la excepción de incompetencia de jurisdicción en el recurso de suplicación por ella interpuesto, expresando su conformidad con la aplicación temporal del citado precepto efectuada por el órgano judicial y recordando que, tanto la determinación de la norma aplicable, como su interpretación, son cuestiones de legalidad ordinaria que se han resuelto por aquél en ejercicio de su competencia, al igual que sucede con la apreciación de los requisitos para acceder al recurso de casación para la unificación de doctrina, en la que tampoco aprecia una vulneración del art. 24.1 C:E.
2. Antes de entrar a valorar el alcance constitucional de las vulneraciones alegadas por el recurrente, debe analizarse la causa de inadmisión de la demanda de amparo que señala el Ministerio Fiscal, para quien no se ha agotado la vía judicial previa, tal como se prevé en el art. 50.1 a) en relación al 44.1 a) LOTC. Manifiesta el Fiscal que el recurrente debió haber planteado debidamente en su recurso de casación para la unificación de doctrina la cuestión relativa a la supuesta aplicación retroactiva del art. 1.3 g), párrf. 2º, E.T., con el fin de que el Tribunal Supremo pudiera pronunciarse respecto a tal aplicación, en lugar de verse obligado a rechazar la posibilidad de hacerlo de oficio, al no haberse referido el recurrente en su escrito a este motivo de impugnación. Sin embargo, a efectos de valorar la admisibilidad de la demanda de amparo en relación a este requisito, podemos afirmar que éste ha sido cumplido y rechazar el obstáculo planteado por el Fiscal.
En efecto, frente a la Sentencia dictada en suplicación y que declaró la falta de jurisdicción del orden social para conocer de la demanda por despido, sólo cabía interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que fue el cauce procesal utilizado por el recurrente para impugnar aquella decisión. Y si bien es cierto que este Tribunal ha declarado que el fracaso de los recursos idóneos para obtener la reparación del derecho fundamental invocado equivale a su no utilización cuando tal fracaso sea imputable a la conducta procesal del recurrente (AATC 114/1983, 215/1984, entre otros), no es posible apreciar en este caso una actitud en aquél a la que indubitadamente quepa achacar la inadmisión del recurso que presentó. Y ello no sólo porque tal inadmisión se debió a dos causas legales que no se discuten en amparo, como fueron la falta de relación precisa y circustanciada de la contradicción alegada y la de la contradicción misma entre la Sentencia impugnada y una de las de contraste que cumplía aquel requisito, sino porque el motivo de la discrepancia, que reitera en amparo, fue planteado en el recurso en idénticos términos que en la demanda presentada ante este Tribunal. Así, el recurrente alega que el Auto del Tribunal Supremo no pudo afirmar que no planteó en el recurso la cuestión de la retroactividad del art. 1.3 g), párrf. 2º, E.T. porque ello no era posible, en la medida en que discutía la vigencia misma de tal precepto, reprochando a la decisión judicial de suplicación el desconocimiento del régimen transitorio que consideraba aplicable. Y esa misma es la cuestión que el demandante reproduce en el recurso de amparo, en el que no cuestiona -y ello es importante destacarlo desde ahora- la tesis mantenida por el órgano judicial sobre la eficacia en el tiempo de aquella norma, sino el no haberse aplicado la que a su juicio resultaba de aplicación.
3. Entrando ya a conocer del fondo de las vulneraciones constitucionales denunciadas, ha de recordarse que el recurrente presentó demanda por despido, apreciando el Juzgado de lo Social la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de ella por considerar que el servicio de reparto y transporte que realizaba el actor no reunía las notas de laboralidad exigidas por el art. 1.1 E.T. en la redacción de este texto legal vigente en 1991, momento en que se dictó la Sentencia. Sin embargo, esta decisión fue revocada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de 28 de febrero de 1991, en la cual el órgano judicial declaró que sí cabía apreciar la laboralidad del contrato según los criterios jurisprudenciales aplicados entonces a las relaciones de transporte. Las actuaciones fueron devueltas al Juzgado de los Social para que éste se pronunciase sobre el fondo, pero, cuando se dictó la nueva Sentencia calificando el despido como nulo, se había producido la reforma de la legislación laboral llevada a término por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, la cual, como es sabido, excluyó del ámbito de las relaciones de trabajo "(...) la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de Disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador" (Disposición final séptima). Esta exclusión se incorporó mediante un nuevo apartado g) al art. 1.3 E.T., en la redacción dada a este texto legal por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Pues bien, cuando la empresa recurrió en suplicación la nueva Sentencia del Juzgado de lo Social introdujo como motivo del recurso la infracción del nuevo art. 1.3 g), párrf. 2º, E.T., a tenor del cual la relación con el actor resultaba excluida del ámbito laboral, motivo que dio lugar al replanteamiento por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de la calificación de aquella relación y, consecuentemente, de la jurisdicción del orden social para conocer de la demanda. Ante ello, el propio órgano judicial de suplicación admite la dificultad de su reconsideración a la vista de su anterior pronunciamiento en favor de la laboralidad de la relación contractual de la que traía causa el despido, pero, de otra parte, declara que no puede desconocer la modificación legislativa producida durante el desarrollo de las actuaciones judiciales, vinculante para los Tribunales dado su carácter normativo. Y en aplicación del nuevo precepto, la Sala afirma la no laboralidad de la relación y rectifica su Sentencia anterior, estimando ahora la falta de jurisdicción, por más que la nueva regulación legal, como mantiene el órgano judicial, hubiera venido a quebrar la trayectoria jurisprudencial con base en la cual se había apreciado anteriormente la laboralidad del servicio y la jurisdicción de los Tribunales sociales.
Desde tal perspectiva, carecen de trascendencia, en primer término, las alegaciones que efectúa el recurrente sobre la supuesta derogación de la Disposición final séptima de la Ley 11/1994, que introdujo el actual art. 1.3 g), párrf. 2º, E.T., puesto que, con independencia de que la tesis mantenida por aquél al respecto no trasciende el estricto ámbito de la legalidad ordinaria, es lo cierto que la derogación de aquel texto legal por parte del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 10 de marzo (Disposición derogatoria única, apartado k), no incide en la vigencia del precepto mencionado, incorporado a la actual redacción del Estatuto de los Trabajadores. Tampoco alcanza relevancia constitucional la pretensión del recurrente, ya suscitada ante los órganos judiciales, de que se aplicase en su caso lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley 11/1994 (actual Disposición transitoria séptima del Real Decreto Legislativo 1/1995), según la cual a las extinciones de la relación laboral producidas antes de la entrada en vigor de aquélla les serían de aplicación las normas sustantivas y procesales vigentes en el momento de producirse dicha extinción. No es el recurso de amparo el cauce idóneo para debatir la norma aplicable al caso, ni para determinar el alcance de la mencionada Disposición transitoria (SSTC 46/1994, 322/1994, entre otras), máxime cuando, precisamente, lo que se debatía en el proceso ante la jurisdicción social era el carácter laboral o no de la relación que se extinguió y, en consecuencia, la aplicación del precepto alegado por el recurrente requiere una interpretación de la norma que sólo pueden llevar a cabo los Tribunales ordinarios.
5. La Sala de lo Social del Tribunal Superior, aún aceptando las dificultades de su nueva consideración sobre la falta de jurisdicción del orden social dada la existencia de un primer pronunciamiento en sentido contrario al adoptado en la resolución impugnada, alega la imposibilidad de sustraerse a la eficacia normativa de la modificación legal a la que nos hemos referido, que conlleva precisamente la señalada falta de jurisdicción del orden social. Tal modificación legal incidía directamente en la calificación de la relación del recurrente con la empresa, ya que, como luego se concluye y aquél no discute, concurrían las condiciones previstas en el art. 1.3 g), párrf. 2º, E.T. para determinar la no laboralidad del servicio de transporte y reparto prestado por el recurrente. No cabe duda de que el órgano judicial era consciente de la incidencia que ello tendría en el procedimiento, al alterar completamente el criterio para resolver la pretensión, puesto que su nueva decisión conllevaba la remisión de su ejercicio ante la jurisdicción civil para que fuera ésta la que se pronunciase sobre la resolución del contrato. Sin embargo, esta consecuencia, desde la perspectiva constitucional, no tiene trascendencia, en principio, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que, como ha declarado este Tribunal, la declaración de incompetencia de jurisdicción no vulnera aquel derecho en la medida en que deja abierta la reclamación ante el orden jurisdiccional que corresponda (entre otras, SSTC 49/1983, 43/1984, 160/1991).
Para proceder a tal reconsideración, el órgano judicial utilizó un cauce procesal adecuado, como era el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y en la que ésta misma planteó la infracción del entonces nuevo art. 1.3 g), párrf. 2º, E.T., sin que pueda afirmarse que en aquel momento el recurrente contaba con una resolución judicial firme declarativa de la laboralidad de su relación, puesto que el pronunciamiento anterior había sido obtenido en el mismo proceso, que se encontraba aún abierto y pendiente todavía de un pronunciamiento final. No se aprecia, por ello, vulneración de la tutela judicial dispensada por la anterior decisión, ya que la segunda Sentencia de suplicación no desconoció la ineficacia de cosa juzgada de la que la primera carecía al no resolver definitivamente el proceso, sino precisamente reabrirlo.
La reconsideración del órgano judicial sobre la base de la modificación legislativa reseñada parte, evidentemente, de un presupuesto previo -explicitado por lo demás en el Auto de aclaración que siguió a la Sentencia impugnada-, cual es la eficacia retroactiva en su grado máximo que la Sala confirió al nuevo precepto legal. En su interpretación, la exclusión del ámbito laboral de las prestaciones de transporte resultaría aplicable a las relaciones ya existentes antes de la entrada en vigor de la Ley 11/1994 e incluso a los efectos de las que se hubieran extinguido con anterioridad a aquel momento. Sólo desde ese presupuesto se explica la decisión adoptada, puesto que, en otro caso y de haber adoptado el Tribunal Superior una tesis favorable a la aplicación del precepto sólo a partir de su entrada en vigor o bien únicamente a los efectos de las relaciones existentes producidos con posterioridad a aquélla, probablemente su conclusión habría sido otra y no se hubiera sentido obligado a reconsiderar su primer pronunciamiento. Sin embargo, sobre esta premisa interpretativa relativa a la aplicación temporal del precepto ningún pronunciamiento cabe hacer por este Tribunal. No sólo porque el propio recurrente no la impugna autónomamente como lesiva del art. 24.1 C.E., sino porque, con independencia de que en su momento constituyera una de las interpretaciones seguidas por determinadas resoluciones judiciales aun cuando después no haya sido el criterio adoptado por el Tribunal Supremo en unificación de doctrina, la determinación del alcance temporal del art. 1.3 g), párrf. 2º, E.T., ante la falta de previsión transitoria específica, constituye una cuestión de legalidad ordinaria, que, estando suficientemente motivada en Derecho y no afectando a otros derechos fundamentales, corresponde resolver a los Tribunales ordinarios, como hemos declarado recientemente en nuestras SSTC 5/1999, 9/1999 y 17/1999.
Éste se ha limitado a manifestar su discrepancia con la declaración contenida en el Auto relativa a la imposibilidad de que el Tribunal Supremo se pronunciase de oficio sobre el criterio de aplicación temporal del art. 1.3 g), párrf. 2º, E.T., al no haber sido planteada esta cuestión en el escrito del recurso. El demandante alega la imposibilidad de aquel planteamiento, ya que ni siquiera admitía la vigencia del precepto y, en todo caso, lo que solicitaba era la aplicación de otra norma de régimen transitorio. Pero tales alegaciones, que no hacen sino confirmar que en el recurso no se suscitó debate sobre el alcance temporal que el Tribunal Superior había dado a aquel precepto, carecen de relevancia constitucional y de trascendencia para la resolución del amparo, toda vez que la cuestión no incidió directamente en la inadmisión del recurso, la cual, como acaba de señalarse, se fundó en causas legales ajenas a aquélla.
Desestimar el recurso de amparo presentado por don Jesús Torroba Vivar
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 569-1997
Contra Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que inadmitió recurso de casación contra Sentencia pronunciada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en procedimiento sobre despido.
No estamos ante una petición de que el fallo definitivo de los órganos judiciales sea ejecutado efectivamente con el objetivo de que no quede reducido a una simple declaración, núcleo esencial del derecho a la ejecución de las resoluciones firmes que presenta singularidades notables en el caso de las Sentencias meramente declarativas, sino ante la solicitud de que la primera declaración del Tribunal Superior sobre el carácter laboral de la relación no pueda ser posteriormente rectificada, ni siquiera ante el advenimiento de una modificación legal. En tales términos, la pretensión de amparo se reconduce claramente al derecho a la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales, que se aviene mejor a la naturaleza declarativa de las Sentencias y que, aun siendo presupuesto del de ejecución, no se agota en su relación con éste, ya que aquél, como reiteradamente ha declarado la jurisprudencia constitucional, garantiza, en general, que las decisiones judiciales no queden sin efecto, proscribiendo que, una vez adoptadas, no puedan ser revisadas o modificadas fuera de los supuestos previstos legalmente ni reabierto el debate sobre lo ya resuelto (entre otras muchas, SSTC 67/1984, 15/1986, 119/1988, 149/1989, 189/1990, 16/1991, 231/1991, 142/1992, 34/1993, 304/1993, 380/1993, 23/1994, 57/1995, 106/1995, 1/1997 y 3/1998). No obstante, ha de recordarse que tal derecho no resulta automáticamente lesionado siempre que un órgano judicial altere o modifique de algún modo una anterior decisión (así, AATC 195/1997 y 36/1999), debiendo valorarse la relevancia constitucional real que la modificación supone desde la perspectiva del art. 24.1 C.E. [F. J. 4].
Desde la perspectiva constitucional, la única cuestión relevante que ha de valorarse para determinar si se ha producido o no la lesión del art. 24.1 C.E. es la de si la nueva consideración por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de su fallo anterior sobre el indeclinable presupuesto procesal de la jurisdicción del orden social para conocer de la demanda por despido se ha producido alterando la eficacia de cosa juzgada de la primera Sentencia de suplicación, a través de un cauce procesal y con base en unas razones jurídicas, que, como propone el recurrente, resultan inadecuado y arbitrarias y lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva, o bien si tal decisión ha sido adecuada y suficientemente justificada, lo que llevaría a rechazar toda vulneración de aquel derecho constitucional. [F. J. 4].
La Sala de lo Social del Tribunal Superior, aun aceptando las dificultades de su nueva consideración sobre la falta de jurisdicción del orden social dada la existencia de un primer pronunciamiento en sentido contrario al adoptado en la resolución impugnada, alega la imposibilidad de sustraerse a la eficacia normativa de la modificación legal a la que nos hemos referido, que conlleva precisamente la señalada falta de jurisdicción del orden social. Tal modificación legal incidía directamente en la calificación de la relación del recurrente con la empresa, ya que, como luego se concluye y aquél no discute, concurrían las condiciones previstas en el art. 1.3 g), párrf. 2.º, E.T. para determinar la no laboralidad del servicio de transporte y reparto prestado por el recurrente. No cabe duda de que el órgano judicial era consciente de la incidencia que ello tendría en el procedimiento, al alterar completamente el criterio para resolver la pretensión, puesto que su nueva decisión conllevaba la remisión de su ejercicio ante la jurisdicción civil para que fuera ésta la que se pronunciase sobre la resolución del contrato. Sin embargo, esta consecuencia, desde la perspectiva constitucional, no tiene trascendencia, en principio, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que, como ha declarado este Tribunal, la declaración de incompetencia de jurisdicción no vulnera aquel derecho en la medida en que deja abierta la reclamación ante el orden jurisdiccional que corresponda (entre otras, SSTC 49/1983, 43/1984 y 160/1991). Para proceder a tal reconsideración, el órgano judicial utilizó un cauce procesal adecuado, como era el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y en la que ésta misma planteó la infracción del entonces nuevo art. 1.3 g), párrf. 2.º, E.T., sin que pueda afirmarse que en aquel momento el recurrente contaba con una resolución judicial firme declarativa de la laboralidad de su relación, puesto que el pronunciamiento anterior había sido obtenido en el mismo proceso, que se encontraba aún abierto y pendiente todavía de un pronunciamiento final. No se aprecia, por ello, vulneración de la tutela judicial dispensada por la anterior decisión, ya que la segunda Sentencia de suplicación no desconoció la ineficacia de cosa juzgada de la que la primera carecía al no resolver definitivamente el proceso, sino precisamente reabrirlo [F. J. 5].
La determinación del alcance temporal del art. 1.3 g), párrf. 2.º, E.T., ante la falta de previsión transitoria específica, constituye una cuestión de legalidad ordinaria, que, estando suficientemente motivada en Derecho y no afectando a otros derechos fundamentales, corresponde resolver a los Tribunales ordinarios, como hemos declarado recientemente en nuestras SSTC 5/1999, 9/1999 y 17/1999. La reconsideración llevada a cabo por el Tribunal Superior en el mismo proceso, justificada en la aplicación de una modificación legislativa, no vulnera, en este caso y a la vista de las alegaciones del recurrente, su derecho a la tutela judicial efectiva [F. J. 5].
Artículo 1.3 g), ff. 1, 2, 4, 5
Disposición final séptima, ff. 3, 4
Artículo 1.3 g), ff. 3, 5, 6
Disposición transitoria séptima, f. 4
Disposición derogatoria única, apartado k), f. 4
Derecho a la ejecución de sentenciasDerecho a la ejecución de sentencias, Respetado, f. 1
Relaciones laborales excluidas de la aplicación del estatuto de los trabajadoresRelaciones laborales excluidas de la aplicación del estatuto de los trabajadores, f. 5
Transporte por carreteraTransporte por carretera, ff. 3, 5
Ejecución de sentenciasEjecución de sentencias, Naturaleza, f. 4
Ejecución de sentenciasEjecución de sentencias, f. 1
Inadmisión de recurso de casación para la unificación de doctrinaInadmisión de recurso de casación para la unificación de doctrina, f. 6
Jurisdicción socialJurisdicción social, ff. 1, 5

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 1

Artículo 1