Source: https://www.scribd.com/document/156789483/07624-2005-HC-Caso-Buitron
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Trabajo de Intervenciones Corporales - Copia
Apelación Tutela de Derechos
Dialnet-DeLosMotivosFundadosParaLaAfectacionDeDerechosFund-5234928
2013-04-04 AUTO NO PERSONACIÓN PP PIEZA SEPARADA
00005-2010-AA (Coactivo)
00791-2014-AA Aclaracion (1)
00142-2011-AA
EXP. N.° 7624-2005-PHC/TC LIMA HERNÁN RONALD BUITRÓN RODRÍGUEZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 27 días del mes de julio de 2006, el pleno del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados García Toma, presidente; Gonzales Ojeda, vicepresidente, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Landa Arroyo y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia. ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hernán Ronald Buitrón Rodríguez contra la resolución de la Tercera Sala Penal para Procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 128, su fecha 1 de agosto de 2005 que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. ANTECEDENTES El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitándo su inmediata excarcelación, por haber transcurrido en exceso el plazo máximo de 36 meses previsto en el Código Procesal Penal. Refiere que se encuentra detenido desde el 22 de junio de 2002, en virtud del mandato dictado por la mencionada Sala, en el proceso que se le sigue por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, signado con el N.º 1987-2002. Aduce que, en su caso, se vulnera el derecho de ser juzgado en un plazo razonable, reconocido en el artículo 7,5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Realizada la investigación sumaria, se toma la declaración de los vocales integrantes de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctores Escobar Antezana, Figueroa Navarro y Saturno Vergara, quienes manifiestan que mediante resolución de fecha 22 de junio de 2005 se dispuso prolongar el término de la detención por 20 meses adicionales, el mismo que se computará desde el 22 de junio de 2005. Refieren que se trata de un proceso complejo por la gran cantidad de imputados, y que dada la suma gravedad del delito el colegiado debió tomar las medidas necesarias para asegurar la presencia física de los procesados en el juicio oral y evitar así la impunidad. Señalan también que se ha tomado en cuenta que se trata de una organización criminal de alcance internacional, con gran poder económico, lo que dificulta de modo relevante la acción de la justicia; asimismo, que se ha tenido en cuenta el estado del proceso, esto es, el juicio oral, en el que tendrán lugar los actos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos, así como las condiciones de arraigo de los procesados, muchos de ellos extranjeros sin domicilio en territorio nacional. El Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, con fecha 5 de julio de 2005, declara infundada la demanda por considerar que en el presente caso concurren circunstancias que justifican razonablemente la prolongación de la detención por un término superior a los 36 meses.
sino que merece ser hoy reconducida a un planteamiento dialéctico dirigida hacia una adecuada posición de síntesis basada en el sistema de derechos fundamentales y de acuerdo al principio constitucional de proporcionalidad que exige la justa ponderación de los valores en conflicto en la adopción y mantenimiento 4. Como lo ha señalado este Tribunal (Exp. N. ya sea mediante detenciones. lo que no puede atentar contra otros bienes o valores constitucionales. ningún derecho fundamental es ilimitado. www. 2. se trata. tan usual en los planteamientos doctrinales decimonónicos. el cual tiene un doble carácter.gob. Es por ello que la determinación del plazo razonable de detención no puede tomar en consideración únicamente la presunción de inocencia y el derecho a la libertad del procesado. sino que la constitucionalidad de la prisión provisional encierra el deber estatal de perseguir eficazmente el delito. sino que es un presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales (Cfr. los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los límites que en su virtud les resulten aplicables. ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria. forman una unidad.. principios o valores a los que la Constitución también concede protección. argumentando que.º 2915-2004-HC/TC). FUNDAMENTOS EL PLAZO RAZONABLE DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA 1.. resulta aplicable la causal de improcedencia prevista en el inciso 3 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional.pe/jurisprudencia/2006/07624-2005-HC.º 1091-2002-HC/TC). Los principios interpretativos de unidad de la Constitución y de concordancia práctica permiten considerar a las distintas disposiciones constitucionales como un complejo normativo armónico. Exp. 3. En tanto que atributo subjetivo. en toda circunstancia. en estricto. el resto de derechos. N. como una manifestación negativa del derecho a la libertad personal. En efecto. Citando a Odone Sanguiné se puede afirmar que: “[. propiamente. en virtud de lo cual se derivan los límites a su ejercicio. de ahí que. ningún derecho fundamental tiene capacidad de subordinar. Toda tensión entre ellas debe ser resuelta “optimizando” la fuerza normativo-axiológica de la Constitución en conjunto.º 0019-2005-AI/TC).]en un Estado social y democrático de derecho la regulación de esta situación conflictiva no se determina por la antítesis Estado-ciudadano. al haberse impugnado la resolución mediante la cual se dispone la prolongación de la detención. de una manifestación implícita del derecho a la libertad personal.tc. Al respecto. como ya lo ha señalado este Tribunal (Exp. si bien el derecho a que la detención preventiva no exceda de un plazo razonable no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución. El inciso 24 del artículo 2º de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la libertad personal. El demandante alega vulneración de su derecho al plazo razonable de la detención preventiva por haber transcurrido en exceso el plazo máximo de detención previsto en el artículo 137 del Código Procesal Penal.html 2/9 .25/07/13 07624-2005-HC La recurrida revocando la apelada declara improcedente la demanda. coherente y sistemático. pues no sólo es una manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido en la Constitución. internamientos o condenas arbitrarias. N. Como atributo objetivo cumple una función institucional en la medida en que es un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho. por alta que sea su consideración dogmática y axiológica.
por ejemplo. N. la tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización de una diligencia en general (Caso Clooth. y c) la actividad procesal del detenido (Cfr. Exp. Debe enfatizarse igualmente el impacto psicológico y emocional al que son sometidos mientras dura esta circunstancia. párrafo 45). una medida que debería ser concebida como cautelar y excepcional.gob. 5. irrazonables. p. toda vez que resulta imposible asignar a los procesos penales una uniformidad objetiva e incontrovertida.. o faltos de proporcionalidad”. Como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “[l]a situación jurídica de la persona que se encuentra en prisión preventiva es muy imprecisa: existe una sospecha en su contra. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Valencia. puesto que. a efectos de determinar la razonabilidad del plazo de detención. Por lo tanto.º 29152004-HC/TC).) nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales del individuo.° 2/97. (Caso Kenmache. las indebidas e injustificadas acumulaciones o desacumulaciones de procesos. www. no es posible que en abstracto se establezca un único plazo a partir del cual la detención preventiva pueda reputarse razonable. sin perder de vista en ningún momento el especial celo exigible a todo juez encargado de dilucidar una causa en la que se encuentra la persona privada de su libertad. 7. tal como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “(.” (Informe N. por ser. se convertiría en un instrumento de excesiva aflicción física y psicológica para quien no tiene la condición de condenado. Prisión provisional y Derechos fundamentales. De no tenerse presente ello. Es deber del juez penal dotar de la prioridad debida y actuar con una diligencia especial en la tramitación de las causas en las que el inculpado se encuentre en condición de detenido. I) Actuación de los órganos judiciales 6. párrafo 7). incluso. La grave y delicada tarea que conlleva merituar la eventual responsabilidad penal de cada una de las personas procesadas por la comisión de un ilícito merece un tratamiento adecuado de acuerdo con el caso concreto. serían especialmente censurables. 9. imprevisibles. resquebrajando su capacidad de respuesta en el proceso y mellando el propio principio-derecho de dignidad humana .os 11205 y otros. tales como: a) la actuación de los órganos judiciales. En consecuencia. entre otras cosas.pe/jurisprudencia/2006/07624-2005-HC. Casos N. o. los repetidos cambios de juez penal.25/07/13 07624-2005-HC de la prisión provisional” [Sanguiné. puede determinarse la razonabilidad del plazo de detención preventiva a partir de criterios. Odone. párrafo 45).html . en aquellos supuestos en los que su actuación se viera “formalmente” respaldada por el ordenamiento legal. En tal sentido. Como se ha expresado en anterior oportunidad. como estableciera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia del 4 de 3/9 8. (Caso Gangaram Panda. 2003. La falta de diligencia de los órganos judiciales ocurriría. consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. 33]. es necesario evaluar el grado de celeridad con que se ha tramitado el proceso. Sin embargo. pero aún no ha logrado demostrarse la culpabilidad. b) la complejidad del asunto. Tirant lo Blanch.tc.. y de la separación forzada de su familia y comunidad. es preciso analizar si el juez penal ha procedido con la "diligencia especial" en la tramitación del proceso. Los detenidos en tales circunstancias sufren usualmente grandes tensiones personales como resultado de la pérdida de ingresos. la demora en la tramitación y resolución de los recursos contra las decisiones que imponen o mantienen la detención preventiva.
que se encuentre en el territorio de dicha Parte. Serie C. (.) que el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional cuya supresión exige urgente atención y la más alta prioridad. 2915-2004-HC/TC) que para valorar la complejidad del asunto es menester tomar en consideración factores tales como la naturaleza y gravedad del delito. 14. los hechos investigados. conforme a lo previsto en su propio ordenamiento jurídico.25/07/13 07624-2005-HC diciembre de 1991. tales como la cantidad de procesados. La Constitución ha previsto expresamente en el artículo 8º que “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas”. 11. para que la persona que haya sido acusada o declarada culpable de alguno de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo. Cada una de las Partes adoptará medidas adecuadas.]los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él. y el proceso de fabricación produce daño al medio ambiente. lo que debe ser concordado con el artículo 44º de la misma..24. el dinero obtenido en esta actividad ilícita es introducido en el mercado a través del lavado de dinero.gob. Al respecto.. Este Tribunal ha señalado (Exp. II) Complejidad del asunto 10. garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Aparte de la gravedad que este ilícito conlleva. forman parte del derecho nacional. 12.. la pluralidad de agraviados o inculpados. y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. la seguridad y la soberanía de los Estados. comparezca en el proceso penal correspondiente.tc..) que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir.. 13. los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos. 12. lo que genera graves distorsiones en la economía nacional. El Estado tiene obligaciones derivadas de tratados... con un alto grado de objetividad. párrafo 47). o algún otro elemento que permita concluir. El tráfico ilícito de drogas es un delito que atenta contra la salud pública. que establece que son deberes del Estado “[. que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad. las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles”. el cual reconoce “[.. el artículo 137º del Código Procesal Penal ha determinado la duplicidad automática del plazo de detención para casos de tráfico ilícito de drogas.]defender la soberanía nacional. contaminar y corromper las estructuras de la administración pública.] 9. proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas establece: Artículo 3: [.f).pe/jurisprudencia/2006/07624-2005-HC. Así.html 4/9 .. Asimismo. (. Asimismo.. resulta pertinente citar lo expresado en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil. núm. ya que se trata de un delito cometido por grandes y complejas organizaciones delictivas. lo www. de conformidad con el artículo 55º de la Constitución. los cuales. entre otros. existen otros factores de complejidad. De ahí que la Constitución ha establecido un tratamiento especial para el plazo de la detención preliminar en los delitos de tráfico ilícito de drogas (artículo 2.
factor que definitivamente incide en la duración del proceso. Ecuador. de la denominada “defensa obstruccionista” (signo inequívoco de la mala fe del procesado y.. en el correcto supuesto de que debe ser la parte acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia presunta.º 2/97). en su artículo 112º. “(. mutile o inutilice alguna parte del expediente. se encuentran la interposición de recursos que. Cuando se sustrae..778. Ruth Del Rosario Garcés Valladares.° 0376-2003-HC/TC.] 2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto período. están condenados a la desestimación. consecuentemente. III) Actividad procesal del detenido 16.° 64/99. En lo que respecta a la valoración de la actividad procesal del detenido a efectos de determinar la razonabilidad del plazo. Exp. Caso 11. Caso Wemhoff. La seguridad es otro factor que incide en el criterio de la complejidad al determinar el plazo razonable de detención. 18. o las constantes y premeditadas faltas a la verdad que desvíen el adecuado curso de las investigaciones. N. 15.. es preciso distinguir el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la falta de cooperación mediante la pasividad absoluta del imputado (muestras ambas del ejercicio legítimo de los derechos que el Estado constitucional permite). párrafo 2). párrafo 2.html 5/9 .]en circunstancias muy excepcionales.. Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos. www. Entre las conductas que deben ser merituadas como intencionalmente dirigidas a obstaculizar la celeridad del proceso. Es pertinente tener presente que “[s]i bien todo procesado goza del derecho fundamental a la no autoincriminación. FJ 9).. Asimismo. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. recurso repudiado por el orden constitucional). Tribunal Europeo de Derechos Humanos. desde su origen y de manera manifiesta. En consecuencia.25/07/13 07624-2005-HC que implica un elevado número de imputados. por la amenaza de disturbios del orden público que la liberación del acusado podría ocasionar” (Informe N. 3. supletoriedad prevista en la Primera Disposición Final de dicho cuerpo normativo: “Artículo 112.Se considera que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: [.tc.gob. ello no le autoriza para que mediante actos positivos se desvíe el camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso” (Caso Bozzo Rotondo.. 19. 13 de abril de 1999. A efectos de calificar la conducta procesal del detenido puede considerarse lo previsto en el Código Procesal Civil. una de cuyas manifestaciones incluso autoriza al inculpado a guardar un absoluto silencio y la más imperturbable pasividad durante el proceso. y Caso Neumeister. con la intención de atrasar el procedimiento” (Informe N.) la demora sólo puede ser imputable al acusado si éste ha abusado de su derecho a utilizar los resortes procesales disponibles. 17. Como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “[.pe/jurisprudencia/2006/07624-2005-HC.
el delito de tráfico ilícito de drogas represente un grave peligro para la seguridad ciudadana.gob. en cuyo caso el plazo límite de detención se duplicará. 6. espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados. El segundo y tercer párrafos del artículo 137º del Código Procesal Penal establecen la prórroga del plazo máximo de detención cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia. b) En segundo lugar. El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el plazo razonable de detención [Cfr. si se trata de un proceso ordinario por alguno de los delitos señalados o que reviste una de las causas de complejidad referidas. Cuando por razones injustificadas las partes no asisten a la audiencia generando dilación. En tal sentido. podrá prorrogarse el plazo por un tiempo igual siempre y cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia. www. el juez podrá disponer la prolongación del plazo de detención más allá de 36 meses hasta el máximo permitido por ley. asimismo. en agravio de igual número de personas. Es decir. y 7. El artículo 137º del Código Procesal Penal establece dos clases de plazo máximo de detención preventiva. de oficio por el Juez o a solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado. 21. Cuando se obstruya la actuación de medios probatorios. 5. y cuyo encausamiento no reviste mayor complejidad. o del Estado. el plazo máximo aplicable a los delitos de tráfico ilícito de drogas. este Tribunal considera pertinente desarrollar esta regla interpretativa y complementarla de conformidad con lo dispuesto en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Cuando en casos excepcionalísimos. Sin embargo.html 6/9 . Cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. 2915-2004-HC/TC] en el sentido de que el plazo máximo de 36 meses sólo podría prorrogarse cuando la dilación del proceso se deba a una conducta obstruccionista del procesado. la norma procesal prevé que. vencido el plazo ordinario de detención (36 meses para los delitos de tráfico ilícito de drogas). estableciendo el plazo máximo de 9 meses para el procedimiento sumario y de 18 meses para el ordinario. el estado de derecho y de la sociedad en conjunto.” REGULACIÓN LEGAL DEL PLAZO MÁXIMO DE DETENCIÓN 20. Se establece. mediante resolución debidamente motivada. que la prolongación de la detención se acordará mediante auto debidamente motivado. la soberanía nacional. a) En primer lugar.25/07/13 07624-2005-HC 4.pe/jurisprudencia/2006/07624-2005-HC. Cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso. se encuentra el plazo máximo aplicable a los procesos por la generalidad de delitos. terrorismo. los que se distinguen en razón del delito imputado y la complejidad de la causa. 22. Exp. el plazo de detención será de 36 meses.tc.
deben ser de observancia por todos los operadores jurídicos. de ser objetivamente necesarias.como una de las instituciones destinadas a evitar la impunidad en caso de delitos cuya promoción. el plazo de 36 meses previsto para los procesos ordinarios por delitos de tráfico ilícito de drogas puede ser prolongado. así como erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio”.pe/jurisprudencia/2006/07624-2005-HC. 25. De todo lo expuesto se desprende la necesidad de articular instrumentos de cooperación internacional en materia penal. el Estado se comprometió a adoptar las medidas necesarias (externas e internas) que permitan una real y efectiva represión del narcotráfico. Chile. El desarrollo y la ejecución de la obligación constitucional del Estado de combatir el tráfico ilícito de drogas tiene pertinencia con el efectivo cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos al suscribir la Convención Única de Estupefacientes (Nueva York 1961). las cuales. Tal como ha quedado establecido en la presente sentencia. sino que se le imputa integrar una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas en el ámbito nacional (el acopio y la elaboración de la droga se realizaban en nuestro territorio) e internacional (el destino de la droga era un país distinto al nuestro. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN 27. publicado en el Diario Oficial el 26 de julio de 2006. mediante la figura de la extradición -entre otras.gob.tc. podrá ser hasta por el máximo previsto en la ley. La causa penal seguida contra el demandante no solo reviste una especial complejidad. tales como las plantas de adormidera. se han aprobado mediante Decreto Supremo N. ratificada el 16 de enero de 1992. excepcionalmente.º 0162006-JUS las Normas referidas al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de condenados. en tal sentido. específicamente con el de adoptar “las medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas. www. y Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. 24. las que respetando los derechos fundamentales de los individuos infractores. garanticen la plena vigencia de los bienes y valores universales reconocidos a la humanidad en general. siempre y cuando la dilación sea imputable al procesado o cuando la complejidad del caso –ajena a la actividad del órgano jurisdiccional.exijan una especial prolongación de la investigación. al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en 1988. Bolivia. confirman la disposición de sus integrantes para apoyar aquellas actividades que los gobiernos puedan llevar a cabo conjuntamente. El recurrente pretende su inmediata excarcelación por haber transcurrido en exceso el plazo máximo de detención previsto en el artículo 137º del Código Procesal Penal. Asimismo.25/07/13 07624-2005-HC LA IMPLICANCIA INTERNACIONAL DEL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 23. materialización y/o resultado implica a más de un Estado. A ello cabe añadir que el Memorándum de Entendimiento Subregional de Cooperación Antidrogas entre Argentina. sumado al hecho de que la pluralidad de imputados en su mayoría son de nacionalidad extranjera). mediante auto debidamente motivado. a la fecha han cobrado vigencia y.html 7/9 . 26. Perú. los arbustos de coca y las plantas de cannabis. Dicha prórroga. De conformidad con este compromiso internacional.
en la justicia ordinaria nacional. la que. viene ocurriendo. Este Tribunal no puede soslayar el execrable homicidio de uno de los magistrados integrantes de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima que conocía el proceso penal contra el accionante del hábeas corpus. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1. el afectado por la medida cautelar puede conocer hasta qué momento puede durar la restricción de su derecho fundamental a la libertad. conlleva un grave peligro para la soberanía nacional.. a que permanezca detenido ad infinitum.25/07/13 07624-2005-HC 28.]con ramificaciones internacionales. 31. reiteradamente. En el presente caso.º 3771-2004-HC/TC que con la previsión legal del plazo máximo de duración de la detención judicial. que es un atributo del Estado social y democrático de derecho. este Tribunal reitera la invocación hecha al Poder Judicial en la sentencia N. Asimismo. circunstancia que no es imputable al órgano jurisdiccional. la estabilidad del sistema democrático. Por los fundamentos expuestos. hecho que si bien es extra processum.gob. in fine.pe/jurisprudencia/2006/07624-2005-HC. Se ha tomado en cuenta. incide en su trámite normal y en la determinación del plazo razonable. La impartición de la justicia. la seguridad ciudadana y la sociedad en general.. Declarar INFUNDADA la demanda. Se ha considerado el hecho de que se trata de una organización criminal “[. por el contrario. conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. conforme se ha expuesto. tal como consta en el auto de prolongación de la detención. por 20 meses. los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales. En este sentido. el Tribunal Constitucional. Por ello. se requiere también de una labor más activa por parte de los órganos de control de la magistratura. se trata de hechos relativos a una red internacional de tráfico ilícito de drogas. por cuanto genera un injustificable retardo en la administración de justicia. lo que supondrá un mayor tiempo en la sustanciación del juicio oral. 2. Es por ello que este Tribunal considera que la prolongación del plazo de detención que se cuestiona no vulnera ningún derecho fundamental. división de funciones y con un poder para encubrir el accionar que hacen en este caso dificultosa la actividad del Estado para el debido esclarecimiento de los hechos y la eventual y efectiva sanción para los que resulten responsables”. De acuerdo con el artículo VI del Código Procesal Constitucional. Pese a ello. el plazo ha sido prorrogado mediante resolución de fecha 16 de junio de 2005. que no se decreta la libertad inmediata de un procesado tras la culminación del plazo máximo de detención. concurren circunstancias especiales que hacen razonable la prolongación del plazo de detención más allá del plazo ordinario de 36 meses. además.tc. Exhortar al Poder Judicial a efectos de dar trámite preferente al proceso del cual deriva el hábeas corpus de www. estructura en compartimientos estancos. 29. el hecho de haberse acumulado dos causas para efectos del juicio oral. no puede estar sujeta a tal contingencia sin poner en riesgo a la sociedad eventualmente agraviada con la delincuencia.html 8/9 . obligándosele. Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes. 30. so pretexto de un arbitrario concepto de tramitación procesal. Las dilaciones indebidas del proceso constituyen una mala praxis judicial que debe ser totalmente erradicada.
SS.25/07/13 07624-2005-HC autos.html 9/9 . GARCÍA TOMA GONZALES OJEDA ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN LANDA ARROYO MESÍA RAMÍREZ www.gob.pe/jurisprudencia/2006/07624-2005-HC.tc.
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