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Timestamp: 2020-08-05 20:01:49+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 360 DE 2013
RESOLUCIÓN 360 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:REGLAMENTA LOS PROCESOS DE RECAUDO DE CARTERA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. DEROGA LA RESOLUCIÓN 143 DE 2012.
DIARIO OFICIAL N°:49009 DE DICIEMBRE 19 DE 2013
RESOLUCIÓN 360 DE 2013
“Por medio de la cual se reglamentan los procesos de recaudo de cartera y se dictan otras disposiciones”.
en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por la Ley 432 de 1998, Decreto 1454 de 1998 y 2555 de 2010, y
Que la Ley 432 de 1998 transformó el FNA en una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado como establecimiento de crédito de naturaleza especial, cuyo objetivo es administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución del problema de vivienda y educación de los afiliados, para lo cual puede otorgar créditos a sus afiliados los cuales deberán constar en títulos que presten mérito ejecutivo.
Que la recuperación de cartera en el FNA originada en cartera hipotecaria y educación es una actividad relacionada con su objeto legal, de conformidad con la Ley 432 de 1998 y por lo tanto debe determinar, dirigir y controlar las acciones tendientes para evitar su deterioro.
Que la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Circular 048 de 2008 impartió instrucciones a las entidades vigiladas sobre la forma de adelantar las gestiones de cobranza prejudicial, las cuales atiende el FNA bajo el respeto al derecho a la intimidad y al buen nombre del afiliado-deudor.
Que teniendo en cuenta que el FNA no tiene la estructura suficiente para adelantar directamente el cobro y recaudo de los créditos en mora por vía prejudicial, judicial y extrajudicial de los créditos en mora en las diferentes ciudades del país, es necesaria la contratación de personas jurídicas o personas naturales idóneas para desarrollar esta labor.
Que la Resolución 143 de 2012 reglamentó los procesos de recaudo de cartera, siendo necesario efectuar algunas modificaciones a la reglamentación vigente, tendientes a establecer mecanismos y procedimientos más ágiles y efectivos en la recuperación de cartera morosa en relación con el mejoramiento de los activos de la entidad.
ART. 1º—Objeto. Reglamentar el proceso de recaudo de cartera en el FNA.
ART. 2º—Etapas. El proceso de recaudo de cartera del FNA podrá realizarse en etapas, así: preventiva, administrativa y judicial.
1. Preventiva: Es aquella gestión comercial que se realiza a los deudores con el fin de prevenir el incumplimiento, y con preferencia durante días antes del vencimiento de la fecha para el pago de la factura.
2. Administrativa: Es la cobranza persuasiva que se realiza sobre la cartera que presente saldo en mora.
3. Judicial: Es la cobranza que se realiza a través de procesos judiciales a fin de obtener por este medio el pago de una obligación.
ART. 3º—Definición. Gestión comercial que se realiza antes del vencimiento del pago de la cuota del crédito tendiente a verificar el nivel de contactabilidad de los afiliados, la recepción oportuna de la factura, y si el deudor ha tenido inconvenientes con la misma o, en general, si requiere alguna precisión sobre su contenido.
En esta etapa se podrán adelantar campañas especiales a segmentos específicos para generar cultura de pago oportuno, mitigar el rodamiento de la cartera, actualizar datos de los deudores y/o brindar una información específica relacionada con el crédito y/o proceso de cobranza, hacer seguimiento a deudores con obligaciones que han sido objeto de acuerdos de pago, de normalizaciones o de cualquier programa, y que por algún motivo demanden vigilancia para propiciar el cumplimiento.
La gestión de cobranza preventiva se podrá ejecutar a través de llamadas, mensajes de texto a correos electrónicos, mensajes de voz a números de teléfonos móviles y fijos, mensajes a números de teléfonos móviles, comunicaciones escritas y visitas a los deudores, de ser el caso o cualquier medio tecnológico; de forma amable, clara y oportuna, cuidando la imagen institucional de la entidad, y con ajuste a las previsiones de atención al consumidor financiero previstas en la normatividad vigente.
ART. 4º—EL FNA podrá celebrar contratos para desarrollar el cobro preventivo con personas jurídicas que demuestren experiencia en cobranza, infraestructura y tecnología para el cumplimiento de esta gestión. Para esta contratación se tendrá en cuenta los lineamientos previstos en el manual de contratación del FNA.
El contratista que desarrolle la cobranza preventiva de créditos deberá cumplir durante la vigencia del contrato estatal con los niveles mínimos de servicio, de acuerdo con los porcentajes que se definen en el procedimiento.
De igual manera, el contratista deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones específicas respecto de la gestión de la cartera asignada en cada una de las campañas de cobro preventivo: rodamiento máximo de la cartera asignada, y efectividad mínima esperada en la gestión de recaudo de la cartera asignada, en los niveles que establezca la entidad con base en criterios como línea de producto o temporadas dentro de la vigencia anual.
PAR. 1º—El monto a cancelar por concepto de honorarios será establecido contractualmente de acuerdo con las mejores prácticas y la dinámica del mercado, teniendo en cuenta el número de contactos realizados que registren operación exitosa, en cada una de las modalidades previstas en los contratos y ejecutadas según aplique al reparto o campaña asignada para gestión.
PAR. 2º—La división de cartera, o la dependencia que haga sus veces, repartirá los créditos a los contratistas, en orden a las necesidades de cobranza preventiva de la entidad.
Para la asignación de los créditos el FNA tendrá en cuenta diversas variables, a saber: créditos con cero días al vencimiento, créditos en determinadas zonas, créditos recién desembolsados, créditos con pagos extemporáneos, o cualquier otro criterio que la entidad considere relevante para la distribución de la cartera a gestionar.
Etapa de cobro administrativo
ART. 5º—Definición. Es la cobranza persuasiva que se realiza sobre la cartera que presente saldo en mora, al margen que el crédito se encuentre en proceso judicial, la cual se efectuará por parte de la división de cartera o la dependencia que haga sus veces.
Durante esta etapa se podrán presentar a los deudores los programas especiales de alivio para la normalización o extinción de las obligaciones vencidas y demás mecanismos que implemente el FNA para la recuperación de la cartera en mora.
Así mismo, en esta etapa de cobranza administrativa se puede ofrecer mecanismos alternos de recuperación de cartera que se realiza sobre obligaciones que se encuentran en etapa judicial y se logra su normalización o extinción mediante un acuerdo extraprocesal.
La gestión de cobro administrativo se podrá ejecutar a través de llamadas, mensajes de texto a correos electrónicos, mensajes de voz a números de teléfonos móviles y fijos, mensajes a números de teléfonos móviles, comunicaciones escritas y visitas a los deudores, de ser el caso o cualquier medio tecnológico; de forma amable, clara y oportuna, cuidando la imagen institucional de la entidad, con ajuste a las previsiones de atención al consumidor financiero previstas en la normatividad vigente, y siguiendo los lineamientos estratégicos definidos por la entidad a partir de las características de la cartera objeto de asignación.
ART. 6º—Contratación. El FNA podrá celebrar contratos para desarrollar el cobro administrativo con personas jurídicas que demuestren experiencia en cobranza, infraestructura y tecnología para el cumplimiento de esta gestión. Para esta contratación se tendrá en cuenta los lineamientos previstos en el manual de contratación del FNA.
ART. 7º—Reparto. El reparto para la gestión de cobro administrativo se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Únicamente los créditos que se encuentren en mora, al margen que se encuentren en proceso judicial, serán repartidos para la gestión de cobranza administrativa.
2. Para la asignación de los créditos el FNA tendrá en cuenta diversas variables, a saber: créditos en determinadas zonas geográficas, por líneas de crédito, créditos con pagos extemporáneos, niveles de eficiencia del contratista o cualquier otro criterio que la entidad considere relevante para la escogencia y distribución de la cartera a gestionar.
3. Los contratistas tendrán un término de 10 días para contactar al deudor; vencido dicho término deberán presentar un informe de avance sobre la gestión realizada. La división de cartera podrá reasignar a otro operador aquellas obligaciones en las cuales no se logró ningún tipo de resultado.
4. El contratista deberá presentar un informe mensual consolidado, detallando la gestión realizada a cada uno de los créditos entregados para su cobro.
5. La división de cartera podrá incrementar o disminuir el reparto a los contratistas de acuerdo con la gestión adelantada.
ART. 8º—Honorarios casa(s) de cobranza. El monto a cancelar por concepto de honorarios se hará de acuerdo a las mejores prácticas y la dinámica del mercado, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Los honorarios oscilarán entre el tres por ciento (3%) y el ocho por ciento (8%), del monto efectivamente recaudado, de los saldos en mora entregados para su recuperación, de acuerdo con la escala de gestión establecida por el FNA por franjas de mora.
2. El porcentaje mayor (8%) se asignará a la recuperación de la cartera de más de 120 días y el menor (3%) a la cartera de menos de 30 días de mora.
3. A mayor recuperación por franja de mora, mayor tasa de remuneración.
4. Con el fin de estimular la eficiencia, las tarifas de honorarios diferenciales a pagar por el valor recaudado de cada franja de mora, se establecen de manera porcentual sobre el recaudo efectivo en cada una, de acuerdo con los parámetros establecidos en los procedimientos.
PAR. 1º—En el caso en donde las casas de cobranza realicen acuerdos de pago o normalizaciones de créditos, se le reconocerán honorarios sobre el valor de la cuota inicial o esfuerzo económico depositado sobre el saldo vencido, al porcentaje de comisión correspondiente a la franja de mora en que se encuentra el crédito que cumplió los requisitos y depositó el esfuerzo económico dentro del tiempo de permanencia del reparto o campaña, dichos acuerdos deberán buscar el pago de la mora en el menor tiempo posible, dentro de las previsiones de las resoluciones vigentes para los programas de acuerdos de pago y normalización de créditos.
PAR. 2º—Para el pago de los honorarios sobre sumas recaudadas no se tendrán en cuenta los abonos efectuados al crédito por concepto de cesantías o de operaciones de débito a la cuenta de ahorro voluntario contractual de los afiliados al FNA.
ART. 9º—Indicadores de gestión de la etapa de cobro administrativo. La división cartera o la dependencia que haga sus veces deberá diseñar e implementar indicadores de gestión, teniendo en cuenta las mejores prácticas del mercado, lo cual quedará documentado en los procedimientos.
PAR.—El FNA realizará seguimiento semanal a los indicadores de gestión y llevará a cabo reuniones de seguimiento mensual, para revisar las estrategias implementadas y evaluará la gestión de los contratistas con los indicadores previstos en este artículo.
Etapa de cobro judicial de la cartera
ART. 10.—Etapa cobro judicial. Son sujetos de cobro jurídico las siguientes obligaciones crediticias:
PAR.—Cuando los créditos hipotecarios alcancen una altura de mora igual o superior a noventa (90) días la división de cartera, o la dependencia que haga sus veces, dará inicio de inmediato al proceso de alistamiento de las garantías para ser remitidas a la oficina jurídica con el fin de que se inicie la acción judicial de cobro.
ART. 11.—Envío de obligaciones para iniciar el cobro judicial. Una vez se cumpla alguno de los presupuestos establecidos en el artículo anterior la división cartera remitirá a la oficina jurídica la relación de los créditos respecto a los cuales deban iniciarse las acciones judiciales para obtener su recaudo, anexando todos los documentos y soportes necesarios para esa finalidad.
ART. 12.—Excepciones para el envío de obligaciones a cobro judicial. No será obligatorio enviar a cobro jurídico los créditos que se encuentren en una de las siguientes condiciones:
1. Cuando los créditos tengan un monto en mora inferior a 10 (diez) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv).
ART. 13.—Vinculación de los contratistas. Para el recaudo judicial de la cartera en mora, se vincularán personas naturales (abogados externos) y/o jurídicas por medio de contratos de prestación de servicios profesionales.
Para la selección del contratista el FNA examinará la experiencia, calidades profesionales del mismo y verificará que cuenten con la infraestructura necesaria para prestar un buen servicio a los afiliados, y los recursos tecnológicos necesarios para llevar el control de los procesos a través del módulo de cobro judicial de la entidad.
PAR. 2º—En los casos de contratos celebrados con personas jurídicas, el representante legal de la empresa deberá indicar el nombre del (los) abogado(s) encargado(s) de llevar los procesos del FNA, a quienes se les otorgará los respetivos poderes, allegando la documentación señalada en los procedimientos internos y en la ley.
ART. 14.—Honorarios de los contratistas. Los honorarios a los abogados estarán a cargo de los deudores y se causarán siempre y cuando se haya admitido la demanda, de acuerdo con las siguientes tarifas:
1. Desde el momento de la admisión de la demanda y antes que se dicte sentencia, en caso que se acceda al pago solamente de la suma en mora al momento de la presentación de la demanda, los honorarios del contratista corresponderán al 15% sobre el valor vencido efectivamente recaudado, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la entidad, adicional a los gastos judiciales en que incurra el contratista y que no hayan sido pagados por el FNA.
2. Desde el momento en que se dicta sentencia y se encuentra en firme la liquidación del crédito y de las costas, los honorarios serán las agencias en derecho fijadas por el juez.
3. Cuando el crédito se encuentre al día, pero sea necesario el inicio de la acción ejecutiva por el FNA por persecución de la garantía hipotecaria, los honorarios corresponderán al cinco por ciento (5%) sobre el valor total de la deuda hasta que se dicte sentencia y se encuentre en firme la liquidación del crédito y las costas. Después de esta, los honorarios serán las agencias en derecho fijadas por el juez.
ART. 15.—Responsabilidad del contratista. El contratista responderá hasta por culpa leve por los perjuicios que ocasione al FNA por la pérdida, extravío, deterioro, alteraciones y demás anomalías que sufran los títulos crediticios que le hayan sido entregados para su recaudo judicial.
ART. 16.—Asignación de créditos. La suscripción del contrato no obliga al FNA a confiar al contratista un número determinado de créditos, como tampoco limita la facultad de la entidad para sustituir los procesos asignados a un determinado abogado externo o persona jurídica, cuando sea conveniente a los intereses de la misma. En todo caso la asignación de créditos tendrá como parámetro el desempeño del abogado en los procesos judiciales.
ART. 17.—Revocatoria de poderes. En caso que los intereses del FNA se vean afectados por cualquiera de los hechos señalados como faltas en el estatuto del ejercicio de la abogacía y demás normas aplicables, por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución, normas que regulen los procesos judiciales o por sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura o la entidad que ejerza dichas funciones, el FNA podrá revocar los poderes y quedará exonerado del pago de los honorarios que pudieran causarse en los procesos que tenga a su cargo.
ART. 18.—Reparto de créditos. En desarrollo del contrato, y sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Presidencia, la oficina jurídica hará el reparto entre los abogados externos o personas jurídicas contratadas, de los asuntos o negocios en los que se requieran servicios profesionales de representación judicial.
ART. 19.—Objeto del contrato. Una vez legalizado el contrato con el abogado el mismo se desarrollará de la siguiente forma:
1. La oficina jurídica, grupo cobro judicial remitirá a los abogados externos los créditos respecto de los cuales se requiere el inicio de las acciones judiciales.
2. Una vez recibidos por parte del abogado los títulos de los créditos asignados deberá efectuar un estudio de los mismos y determinar si son idóneos para el inicio de las acciones judiciales. De no serlo, lo devolverá a la oficina jurídica, grupo cobro judicial.
3. Si el título es idóneo, el abogado a través del módulo de cobro judicial verificará los saldos de los créditos y en aquellos casos en que persista la mora, elaborará el respectivo poder enviándolo dentro de los cinco (5) días siguiente al recibo de los créditos al grupo cobro judicial e indicando los documentos adicionales que requiere para la presentación de la demanda.
4. Una vez recibidos los poderes el FNA los devolverá al abogado, debidamente reconocido notarialmente.
5. Recepcionados por parte de los abogados los poderes, deberán revisar en el sistema de cobro judicial los saldos de los créditos y presentar la demanda dentro de los 5 días siguientes con la información allí registrada.
6. Cualquier documento que requiera el abogado en el desarrollo del proceso deberá solicitarlo al grupo cobro judicial con la debida antelación.
7. Las cuentas de cobro se tramitarán de manera inmediata.
8. El abogado externo debe registrar en el módulo de cobro todas las actuaciones judiciales y mantenerlas actualizadas.
9. El abogado externo reembolsará las sumas que le sean canceladas por gastos judiciales y que hayan sido reconocidas previamente por el FNA.
ART. 20.—Cláusula aceleratoria. En todo caso de cobro por vía judicial se hará uso de la cláusula aceleratoria del crédito, esto es, exigir la cancelación del saldo total que registre la deuda en el sistema de información.
Desde el momento en que se presenta para reparto la demanda, el abogado deberá registrar en el sistema, todas y cada una de las actuaciones del proceso.
ART. 21.—Impulso del proceso. Una vez presentada la demanda ejecutiva, dándose en consecuencia por extinguido el plazo de la obligación, el contratista deberá impulsar el proceso de manera ágil teniendo en cuenta lo establecido en la ley y de acuerdo con los parámetros que fije el FNA. En los casos en que el abogado sin autorización expresa del FNA suspenda algún(os) proceso(s), la entidad queda autorizada para revocar el poder otorgado sin contraprestación alguna a favor del abogado.
ART. 22.—Instrumentos para obtener la normalización de la obligación. Durante esta etapa los abogados podrán presentar a los deudores los diferentes mecanismos establecidos por la Entidad para la normalización de las obligaciones.
ART. 23.—Pago de la mora, terminación del proceso por pago parcial y restitución del plazo. Una vez presentada la demanda dándose por extinguido el plazo, el FNA se reserva el derecho de restituir el plazo de la obligación, para lo cual podrá exigir:
1. Cancelación de la mora.
2. Cancelación de las costas judiciales, lo cual comprende los honorarios, gastos del proceso y arancel judicial.
3. No haber embargo de remanentes ni persecución de la garantía por terceros.
ART. 24.—Suspensión de los procesos. Los procesos judiciales no se suspenden por la celebración de acuerdos de pago, salvo la diligencia de remate, siempre y cuando el afiliado está cumpliendo con dicho acuerdo. De igual forma, para no aumentar los costos al deudor, el FNA podrá suspender el avalúo del inmueble y demás diligencias que generen gastos adicionales.
ART. 25.—Secuestro. El FNA podrá autorizar la sustitución del poder para la práctica de la diligencia de secuestro, bajo cuenta y riesgo del abogado titular del proceso.
ART. 26.—Gastos procesales. Son a cargo de los deudores todos los gastos necesarios para el desarrollo del proceso ejecutivo, tales como honorarios de auxiliares de la justicia, notificaciones por edicto, publicaciones, arancel judicial y transporte para las diligencias de secuestro, entre otros. Estos serán sufragados por el FNA con cargo al afiliado y podrán cobrarse por separado o a través de la factura mensual de la deuda.
1. Presentación de demanda: Certificado de tradición y libertad del inmueble (recibo), fotocopia de traslado de la demanda (original de la factura), autenticación de tasa de interés de la Superintendencia Financiera si a ello hay lugar (original de la factura), notificación (providencia judicial).
2. Después de presentada la demanda: Registro de medidas cautelares (original de la factura y el registro de embargo), diligencia de secuestre- transporte (copia acta diligencia), honorarios y/o gastos de secuestre (nombramiento, posesión, auto que fija honorarios, diligencia de secuestro), honorarios de peritos (nombramiento, posesión, auto que fija honorarios y dictamen pericial), honorarios y/o gastos curador (nombramiento, posesión, auto que fija honorarios o los gastos y copia de la contestación de la demanda), gastos judiciales (edicto emplazatorio, aviso de remate, póliza judicial), gastos cerrajero - una sola vez (original de la factura).
Para compensar los gastos en que haya incurrido el abogado externo en la elaboración, alistamiento y presentación de la demanda, el FNA reconocerá una suma equivalente a cincuenta por ciento de un salario mínimo mensual legal vigente (smlmv) por cada proceso, monto que comprende fotocopias, folios de matrícula inmobiliaria, gastos de notificación de la demanda y demás insumos y servicios necesarios para la elaboración, alistamiento y presentación de la misma. Estos recursos serán cargados a los deudores en la liquidación judicial del crédito y se cancelarán una vez admitida la demanda y registrada en el módulo.
ART. 27.—Avalúo. Para efecto de presentar el avalúo al proceso ejecutivo se seguirán las siguientes reglas:
1. El abogado informará por correo electrónico y correo ordinario que el crédito se encuentra en etapa de avalúo y procederá a solicitar el avalúo catastral.
ART. 28.—Remate. Una vez señalada fecha de remate, se seguirán las siguientes reglas:
PAR.—El jefe de la oficina jurídica podrá autorizar la suspensión del remate, siempre y cuando se advierta un eventual acuerdo por transacción, conciliación, arreglo directo, o cuando el afiliado manifiesta su voluntad inequívoca de acogerse a alguno de los programas de normalización y/o extinción vigente y podrá exigir documentación adicional que deberá ser aportada por el abogado.
ART. 29.—Supervisión. La oficina jurídica por intermedio del grupo cobro judicial o la dependencia que esta designe, tendrá la vigilancia del cobro judicial de la cartera de la entidad, así como la supervisión, control, verificación y evaluación de la gestión desarrollada por los contratistas o abogados externos.
ART. 30.—La oficina jurídica podrá contratar abogados conciliadores para la atención de los procesos y trámites establecidos en el régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes de que trata la Ley 1564 de 2012, o las normas que la modifiquen, reformen o reglamenten.
ART. 31.—Para aquellos eventos en los cuales deba iniciarse una acción judicial de carácter ordinario para constituir el título que contenga la obligación a favor del FNA, se podrá reconocer al abogado externo hasta una suma equivalente al quince (15%) por ciento del valor de las pretensiones, salvo cuando dicho valor sea inferior a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (10 smlmv).
ART. 32.—Perfeccionamiento de los acuerdos. Se entiende que un acuerdo ha sido perfeccionado cuando el deudor logra normalizar su obligación y cancela los honorarios generados a favor del abogado externo que adelanta el cobro judicial, así como el pago de la totalidad de los gastos judiciales generados dentro del proceso, para lo cual será indispensable la presentación del paz y salvo del abogado por estos conceptos.
ART. 33.—Aspectos no regulados. Los aspectos no regulados en el presente acto administrativo serán analizados y resueltos atendiendo los intereses de la entidad.
ART. 34.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 143 de 2012 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de diciembre de 2013.

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