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Timestamp: 2020-07-12 16:08:24+00:00

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Política - VÍA
​CME ya tiene Presidenta Ejecutiva
Julio 5 de 2020.- La Cámara de Minería del Ecuador creó dentro de su estructura orgánica el cargo de Presidente Ejecutivo y designó para el puesto a la comunicadora María Eulalia Silva Ricaurte, profesional con más de 25 años de experiencia durante los cuales ha liderado la comunicación de diferentes industrias, empresas de servicios y universidades.
“Su último reto fue en la Cancillería ecuatoriana”, dice el boletín de la Cámara.
“Para mí la minería constituye la esperanza de un nuevo Ecuador; así como la herramienta indispensable para el desarrollo tecnológico, que promueve el avance de la ciencia y el cuidado ambiental”, señala la presidenta ejecutiva de la CME.
Desde su perspectiva, el Ecuador vive un momento histórico: por una parte, una profunda crisis económica y por otra, la apertura del país a la minería a gran escala. En ese escenario, propone aunar esfuerzos, que el sector se enfoque en los temas comunes y reivindique el orgullo de pertenecer a una industria que aporta y que no destruye, que contribuye y que opera responsablemente.
La CME es una de las instituciones más caracterizadas de la minería ecuatoriana. Agrupa a 150 empresas del sector, entre mineras, exploradoras, proveedoras y profesionales.
​Reforma a Ley Minera suprime opción preferente de estatales extranjeras
Julio 5 de 2020.- El pasado 30 de junio la Asamblea Nacional aprobó la propuesta de reformas a la Ley de Minería presentada por el legislador Patricio Donoso, en virtud de las cuales se elimina la opción preferente que tenían las empresas estatales extranjeras en materia de adjudicación de áreas y/o contratos para la actividad minera.
La ley reformatoria tiene dos artículos que suprimen igual número de artículos de la actual ley. El primero elimina el segundo inciso del Art. 29 y el segundo el último inciso del Art. 40 de la ley vigente.
El primer texto suprimido decía lo siguiente:
Se exceptúan de los procesos de subasta o de remate público, mencionados en el inciso anterior, el otorgamiento de concesiones mineras, que conforme el artículo 31 de esta Ley, efectúe el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial, respecto de áreas de las que dispusiere, mediante delegación a empresas estatales extranjeras o sus subsidiarias, compañías de economía mixta o a consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria, para lo cual el Estado deberá observar el principio de transparencia en la adjudicación, aplicando las normas constitucionales y criterios previamente establecidos en la ley, sus reglamentos y los acuerdos precedentes a su otorgamiento. (Inciso 2 de art. 29.)
Y el texto del último inciso del Art. 40:
La celebración de contratos de prestación de servicios entre el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial y empresas estatales extranjeras, o consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria podrá efectuarse en forma directa, sobre la base de los acuerdos previos a los que hubieren llegado las partes.
​ Nueva controladora del sector minero energético inició sus funciones
Julio 5 de 2020.- El 1 de julio de 2020 inició sus labores la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, la misma que en virtud del Decreto Ejecutivo 1036 realizará las funciones de las antiguas agencias de regulación y control hidrocarburífero, minero y de electricidad.
La nueva agencia tiene como directora ejecutiva encargada a la economista Diana Arias Urvina y, según el ministro René Ortiz, “dará prioridad al control de: tarifas eléctricas, nuevo mecanismo de fijación de precios de combustibles, colaboración en el combate a la minería ilegal, así como al control y regulación de las actividades y exportaciones de minerales, hidrocarburos y electricidad.”
Se informó que debido a la emergencia sanitaria, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables mantendrá equipos operativos en todo el territorio nacional, vigilando el cumplimiento de los protocolos establecidos en el sector, en las operaciones hidrocarburíferas, eléctricas y mineras.
Aportes al proyecto de seguridad y salud minera
Junio 28 de 2020.- Para una minería responsable el tema de la seguridad y la salud de los trabajadores durante las operaciones mineras es algo prioritario y aun cuando en Ecuador la normatividad y la estadística estén dispersas y en manos de instituciones como el IESS, el Ministerio de Trabajo y el MERNNR, lo real es que las autoridades vienen realizando diversos intentos por avanzar en asegurar operaciones seguras.
Igual que frente a la pandemia del Covid 19, el sector puede mirar hacia otro lado o hacer algo. Hay posiciones indecisas que frente a las presiones motivadas por los tiempos y plazos otorgados para el análisis y la propuesta han preferido callar. En Vía Minera queremos que las cosas se hagan lo mejor posible y creemos que, como dicen los sabios, “zapatero a tus zapatos”.
Por ello, frente al proyecto de Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ámbito Minero ofrecemos el aporte de técnicos que, por ahora, prefieren el anonimato.
Respecto del artículo 14, relativo a los procedimientos mínimos, se sugiere que el tema de permisos de trabajo de alto riesgo debe figurar como un artículo distinto. Allí debería señalarse que cada organización establecerá estándares, procedimientos y prácticas mínimos para los trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, en altura o los que se realizan en instalaciones eléctricas de alta tensión.
También cuando se trata de excavaciones mayores o iguales a 1,5 metros, cuando se trabaja con explosivos o en la instalación, operación, manejo de equipos y materiales, además de aquellos valorados como de alto riesgo por la evaluación de riesgos.
El proyecto de artículo 38 señala que en los casos en los que no haya normativa local se asuma la internacional. Sería mejor precisarla caso por caso. Así, si se trata de construir mineroductos, tal vez sea prudente usar la norma americana ASME B31.4-2016.
En cuanto a las operaciones mineras subterráneas, se estima que los estándares de las operaciones deben contener más detalle como, por ejemplo, la ingeniería del macizo rocoso, desate y sostenimiento, minería subterránea trackless o sin rieles, lo relacionado con la perforación, voladura, ventilación; referirse además a las excavaciones subterráneas verticales, lo relacionado con el drenaje, los servicios auxiliares subterráneos y también normar lo relacionado con las voladuras eléctricas y las no eléctricas.
El artículo 42 cuando habla de los planos de labores mineras generales y complementarias, debería precisar que deben estar disponibles en físico y en electrónico y deben ser de acceso abierto de manera que permitan la fiscalización del Estado en cualquier momento.
En asuntos de perforación y voladura, abordados en el artículo 89, convendría añadir que se comunique también oportunamente el día y la hora de la voladura a todas personas que están dentro de la unidad minera, utilizando todos los medios posibles.
Lo mismo vale cuando se trata de perforaciones y voladuras a cielo abierto, abordadas en el artículo 91, considerándose además no solo el radio de evacuación de las personas, 500 metros como medida de prevención ante la voladura o detonación, sino también una distancia de 300 metros para los equipos e instalaciones ya que podría haber una roca volante que podría dañar o impactar alguna máquina o equipo de la unidad minera.
Esos son nuestros aportes, por ahora.
Avalancha de proyectos de reformas a la Ley de Minería
Dos minas a gran escala producen desde 2019 en Ecuador: Mirador (izq.) concentrado de cobre y Fruta del Norte concentrado de oro y dorés. En la foto: el primer lingote refinado con el oro proveniente de la cordillera del Cóndor. Imágenes: ECSA e Ian H. Lundin.
Junio 21 de 2020.- La existencia de ocho proyectos de reforma a la Ley de Minería en la Asamblea Legislativa fue puesta de manifiesto la semana pasada por la abogada Elisa Morán, en el marco de un conversatorio virtual organizado por el grupo ConectaLaw.
Según Morán, las propuestas se encuentran distribuidas en tres comisiones aun cuando una de ellas, presentada en enero de este año, todavía no ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Así, en la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, se encuentra el proyecto presentado por el asambleísta Patricio Donoso.
En la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales están los proyectos de Elio Peña, Gabriela Larreátegui y, unificados por el CAL, los que presentaron Absalón Campoverde, Rosa Orellana y Montgomery Sánchez.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, tiene a su cargo el estudio del proyecto presentado por la asambleísta Paola Vintimilla.
Y el proyecto que en enero fue presentado por Juan Cárdenas y Liliana Durán, espera todavía ser calificado por el CAL.
“En mi experiencia de más de 20 años en el sector nunca se ha tenido una cantidad similar de propuestas de reforma”, afirma la doctora Morán.
Sostiene además que en muchos casos existen propuestas de reformas con temas que ya se encuentran regulados en otros cuerpos legales en función de su especialidad. Pone como ejemplos la Ley de Compañías, la Ley de Poder de Mercado, la Ley de Ordenamiento Territorial y el Código de Ambiente.
“Es importante señalar que al pretender regular en la misma Ley de Minería todo tema relacionado transversalmente, por ejemplo, lo societario, lo ambiental o el agua, se corre el riesgo de generar conflicto entre dos normas”, expresa. Concluye que en ese sentido “en vez de ayudar a mejorar la norma con la reforma, el efecto es totalmente contrario”.
La doctora Morán señala que el desarrollo de la minería requiere del diálogo y del trabajo conjunto entre el sector minero público y privado, cuyos especialistas deben apoyar con sus conocimientos a que los legisladores comprendan cómo ocurre el proceso minero para que allí donde consideren que existen problemas “se regulen adecuadamente para garantizar el bienestar y desarrollo deseado para nuestro país”.
Plan de trabajo de EITI estaría listo en agosto
Junio 21 de 2020.- El pasado 16 de junio el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables oficializó la creación del Grupo Multipartícipe conformado por delegados del gobierno, de las empresas y de algunas ONG quiteñas para lograr la inclusión del Ecuador en la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés).
En la reunión participó también como facilitador el experto Santiago Dondo, argentino y ex director para América Latina de EITI, con quien se inició la preparación del Plan de Trabajo con el cual deben completarse los requisitos para iniciar el acercamiento final a la iniciativa.
El líder de este proceso es el viceministro de Minas, Fernando L. Benalcázar, quien destacó que la formalización de este grupo marca un hito en el avance del país hacia la postulación de Ecuador ante EITI.
La autoridad (el “champion” en la terminología que usa el EITI) precisó que “esta Cartera de Estado, junto al Grupo Multipartícipe, trabajará de manera ardua para que, en agosto 2020, Ecuador presente el plan de trabajo a la Secretaría Internacional de EITI y, en un plazo máximo de 60 días, reciba la aceptación oficial desde Noruega, para ser parte del grupo de más de 50 países que oficialmente han adoptado este estándar”.
Se estima que el plan de trabajo estará listo en agosto porque, según afirma, es lo que demora la elaboración de dicho documento. A partir de ese momento el camino puede estar allanado porque los criterios para que un país se convierta en implementador de los estándares EITI se han clarificado.
Adicionalmente, como señalan los propios documentos de la organización, “no se espera que los países demuestren un cumplimiento completo del protocolo para la sociedad civil” y, en consecuencia, las ONG quiteñas podrán continuar interpretando el papel que se han autoasignado.
En cuanto al sector empresarial minero, representado por la Cámara de Minería de Ecuador y Lundin Gold, no incluye a instituciones como la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, Capemine; la Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio, Fundición y Refinación de Sustancias Minerales, Aproplasmin; y la Cámara Nacional de Minería, entre otras.
Cuando esté listo el plan de trabajo y se haya presentado ante el Consejo EITI, este organismo encargará a uno de sus miembros el acompañamiento a las gestiones que debe realizar el país para que su postulación sea aprobada. Lo que sigue, es decir, la publicación de los informes anuales y el proceso de validación, pondrá a prueba la capacidad nacional de alcanzar la transparencia sistémica en sus cuentas vinculadas a las industrias extractivas.
Ecuador se acerca más a EITI
Junio 14 de 2020.- La inclusión de Ecuador como país adherente a la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas, EITI, por sus siglas en inglés, podría empezar a definirse en la reunión virtual que tendrá el consejo de dicha organización entre los días 15 y 17 del mes en curso.
“La aceptación de Ecuador como miembro de EITI traerá una serie de resultados muy positivos para el país, algunos no medibles, que contribuirán a mejorar la percepción que tienen los inversionistas”, afirmó el abogado Stevie Gamboa Valladares, coordinador del Grupo de la Industria y representante de Hancock Prospecting y su filial ecuatoriana, Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A.
El doctor Gamboa resaltó la seriedad del Estado y el compromiso de su champion, el ingeniero Fernando Benalcázar, para liderar el proceso de candidatura del país con miras a implementar los estándares EITI en Ecuador.
Al respecto, el delegado empresarial señaló que desde el Estado se han avanzado trechos importantes en materia de transparencia. Entre ellos mencionó la declaración de impuestos y la información relacionada a las exportaciones de minerales.
Informó además que se buscará que los representantes de las empresas de la pequeña y mediana minería también estén representados en el Grupo de la Industria del EITI.
Hasta el momento, dicho grupo está integrado por delegados de las mineras All Metals Minería S.A., Anglo American, Curimining S.A., EcuaCorriente S.A., Hancock Prospecting, Lundin Gold y Salazar Resources Ltd.
Están además la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, la Cámara de Minería del Ecuador, CME, y el capítulo ecuatoriano de la Sociedad de Ingenieros Petroleros, SPE. Por el sector hidrocarburos participan EP Petroecuador, Petroamazonas EP y Repsol Ecuador S.A.
Por la “sociedad civil” está el grupo ampliado de ONG quiteñas constituido por la Corporación Participación Ciudadana, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Grupo FARO, el CIIAT de la Universidad de Los Hemisferios, Cedenma, Fundación Futuro Latinoamericano, Wildlife Conservation Society Ecuador y Conservation International Ecuador.
Nuevo dispositivo regula cambios de régimen
Junio 14 de 2020.- El miércoles pasado el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables promulgó el Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0029-AM que parece hecho a la medida de quienes quieran cambiar de régimen o de etapas en las actividades mineras.
Técnicamente, la norma establece procedimientos para la modificación del Régimen Especial de Pequeña Minería a la Etapa de Exploración del Régimen de Mediana Minería y Gran Escala; o a la Etapa de Explotación, ya sea en el Régimen de Mediana Minería o en el Régimen de Gran Escala y también para la modificación de la Etapa de Exploración del Régimen de Mediana Minería y Gran Escala al Régimen Especial de Pequeña Minería.
Respecto del primer tema, se dispone que el minero artesanal que quiera optar por la modificación del Régimen de Minería Artesanal al Régimen Especial de Pequeña Minería, deberá generar una solicitud en el Sistema de Gestión Minera a cargo de la Arcom. Si le aceptan, el plazo de vigencia será el resultado de la diferencia de (25) años menos el tiempo que mantuvo el permiso bajo el Régimen de Minería Artesanal, con la posibilidad de ser ampliado o renovado de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Minería y su Reglamento General de Aplicación.
En cuanto a la acumulación de permisos de minería artesanal y modificación al régimen especial de pequeña minería, quienes quieran optar por la acumulación de sus áreas con fines de modificar sus permisos de Minería Artesanal por la de concesión bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería, igualmente deberán presentar su solicitud a Arcom.
En lo que concierne a la modificación del régimen especial de pequeña minería a la etapa de explotación o a la etapa de exploración de los regímenes de mediana minería y minería a gran escala, el texto señala que el titular de una concesión minera bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería renuncia a los derechos, obligaciones y responsabilidades que le confiere este régimen para asumir las establecidas en cualquiera de las etapas de la concesión en los regímenes de Mediana Minería y Minería a Gran Escala.
El dispositivo regula también el caso contrario, es decir, la modificación de la etapa de exploración de los regímenes de mediana minería y minería a gran escala, al régimen especial de pequeña minería.
Dispone que en 30 días el Directorio de Arcom emita las guías técnicas que regulen los informes requeridos para los actos administrativos respectivos y que implemente en el Sistema de gestión minera los cambios que viabilicen lo dispuesto. Tendrá que ser la instancia respectiva de la nueva Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables que para ese plazo tendrá que haber asumido las atribuciones de Arcom.
Amplían plazo para el pago de patentes
Dada la circunstancia especial que vive el sector el gobierno promulgó el Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0030-AM, en virtud del cual se amplía el plazo que tienen las empresas mineras para cancelar las obligaciones relacionadas con el pago de patentes.
La Ley de Minería, en su artículo 34, disponía que “hasta, única y exclusivamente, el mes de marzo de cada año, los concesionarios mineros pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera”.
El nuevo dispositivo amplía dicho plazo hasta dos meses después de la culminación del estado de excepción previsto en el Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo del 2020, el mismo que fue ampliado mediante Decreto Ejecutivo No. 1052 de 15 de mayo de 2020.
En sus considerandos, el acuerdo recuerda que “el Ecuador y el mundo atraviesa por una circunstancia excepcional, siendo deber primordial del Estado ecuatoriano, garantizar el derecho a la seguridad integral y a la salud de sus habitantes adoptando medidas que beneficien a precautelar la vida de los ecuatorianos”.
EITI virtual…
Junio 7 de 2020.- La reunión del principal órgano de gobierno de la iniciativa EITI, el Consejo, que iba a celebrarse en Buenos Aires, Argentina, entre el 15 y el 17 de junio, será ahora un encuentro virtual.
“Tras consultar con el anfitrión del evento, el gobierno de Argentina, se decidió posponer una eventual reunión presencial para la semana del 12 octubre de 2020, dependiendo de cuál sea la situación de la pandemia. En breve se difundirán mayores precisiones acerca de la participación en la primera reunión totalmente virtual del Consejo EITI de junio” señala una nota de la organización.
“Desde su primera reunión celebrada en Nueva York en diciembre de 2006, el Consejo EITI ha reunido a países, empresas y organizaciones de la sociedad civil con un objetivo común: que la transparencia pase a ser una regla general de carácter mundial en el sector extractivo. Desde un primer momento, las reuniones del Consejo EITI constituyeron no solo una estructura para la toma de decisiones dentro de una organización pionera, sino también un foro en el que las partes interesadas pudieran reunirse, generar consenso y estudiar ideas”, continúa la información.
Ecuador ha solicitado formalmente ser parte de esta iniciativa y los distintos estamentos han avanzado, cada uno en lo suyo, bastante como para aspirar a ser tomados en serio. El gobierno ha nombrado ya a sus representantes; las empresas mineras han hecho lo mismo y un grupo de ONG quiteñas ya se autonombró representante de la “sociedad civil”.
A otras instituciones, tanto de profesionales como de la academia y a otras ciertamente representativas de las poblaciones de las provincias mineras del Ecuador, el EITI ya no les interesa.
Propuestas del Consejo de Minerales de Australia
para acelerar la recuperación económica
Mayo 31 de 2020.- “A medida que amanece la era posterior a Covid, el gobierno tiene una oportunidad única para implementar reformas específicas para que la industria de los minerales pueda desempeñar un papel aún más importante para apuntalar un desarrollo sostenible y una recuperación duradera” señala un documento reciente del Consejo de Minerales de Australia.
“La industria minera reconoce que la pandemia de Covid-19, que ha requerido que las empresas reubicar empleados, minimizar la cantidad de trabajadores en el sitio e instituir ciclos de turnos más largos, ha ejerció presión sobre las relaciones de los trabajadores y la salud mental”, se dice en el documento que puede ser descargado de:
https://minerals.org.au/sites/default/files/200525%20MCA%20immediate%20priorities%20to%20accelerate%20economic%20recovery.pdf
Colectivos “antimineros”
ofrecieron rueda de prensa
Mayo 31 de 2020.- El colectivo Acción Ecológica realizó la semana pasada una rueda de prensa virtual en la que se presentaron algunas ideas fuerza del autodenominado “espacio de coordinación antiminera”.
"Estamos a tiempo para echar abajo esta ilusión de la megaminería, no va a resolver problemas de empleo porque los va a agravar y, en términos económicos, es una verdadera estafa", dijo Alberto Acosta, exministro de Energía y expresidente de la Asamblea Constituyente.
Acosta criticó la posibilidad que tiene la gran minería de generar 32.000 puestos de trabajo directos, pues esa cifra es apenas el 0,4% de la población económicamente activa del país, cifra ridícula en comparación con Perú y Chile, donde la minería representa el 1,1% y el 1,8% del empleo, respectivamente.
Sostuvo que los ingresos que percibirá el Estado se desvanecen si se toma en cuenta el costo que tendría la remediación ambiental de los suelos afectados.
En la rueda de prensa participó también el periodista Cristina Zurita quien, en resumen, dijo que no era “antiminero”. Zurita criticó la falta de transparencia en el sector.
Por su parte la señora Silvia Quilumbango, del colectivo Caminantes, centró su intervención en mostrar su preocupación por los daños ambientales que podría generar el proyecto minero Llurimagua. Dijo además que sólo 20 de los 160 puestos de trabajo creados durante la exploración fueron ocupados por mujeres.
Con oposición de la comunidad de Zamora
Fruta del Norte ya moviliza camiones con concentrado de oro
Foto: Lundin Gold.
Foto: Periódico El Zamorano.
Mayo 17 de 2020.- El viernes 15 Lundin Gold anunció que reanudaría el transporte de concentrado de oro que produce en la mina Fruta del Norte pero en la noche de ese día tuvo que vencer la resistencia de los pobladores del cantón Zamora, encabezados por el Alcalde, para mover sus vehículos.
Cerca de dos meses la mina se mantuvo con el personal esencial para las actividades de cuidado y mantenimiento. Ahora están listas para ser movilizadas 1415 toneladas de concentrado, de acuerdo al viceministro de Minas, Fernando Benalcazar.
Dicho cargamento se quedó rezagado durante las restricciones al transporte adoptadas por los gobiernos autónomos descentralizados. Para que los tráilers puedan pasar por Zamora, el Ejército y la Policía Nacional tuvieron que resguardarlos.
La compañía anunció que el transporte de material minero e insumos mantiene estrictos protocolos internacionales de seguridad y salud y que la Compañía ha coordinado cada acción con las autoridades nacionales y provinciales, incluido el Comité Provincial de Operaciones de Emergencia (COE), el gobernador y el prefecto de Zamora Chinchipe.
Pero el alcalde del cantón Zamora, Manuel González, no reconoció dichos acuerdos y señaló que los camiones no permitieron la desinfección en aplicación del protocolo propio del COE cantonal. Zamora es la capital de la provincia de Zamora Chinchipe y está en la actual mejor ruta en dirección a los puertos. Unos 50 habitantes de Zamora hicieron una marcha el domingo 17 para pedir la liberación de tres detenidos en los incidentes de la noche del viernes y pedir la readecuación del hospital, entre otras demandas.
“Cada una de estas actividades se realizan de manera ordenada y organizada precautelando siempre el bienestar de los trabajadores de la Compañía y de los habitantes de Zamora Chinchipe”, dijo la empresa en un comunicado en el que también se describen los principales puntos del protocolo del proceso de transporte a puerto.
La mina impacta los ingresos fiscales locales
Varios datos que reflejan el impacto en la economía local y provincial de la mina Fruta del Norte fueron presentados por Nathan Monash, vicepresidente de sostenibilidad de negocios de Lundin Gold, en un webinar de la organización Seminarium realizado el jueves 14, titulado “Sostenibilidad de la Cadena de Producción en Ecuador”.
En relación al primer trimestre de 2020, recordó que Lundin Gold exportó US$ 114 millones en barras doré y concentrado de oro hasta el 22 de marzo en que suspendió las operaciones por las restricciones impuestas para evitar contagios con Covid-19.
Desde que empezó la producción en noviembre de 2019, ha contribuido con 9,8 millones en regalías e impuestos. De estos, US$ 1,9 millones pagó el 30 de abril por impuestos sobre activos y patente municipal al cantón Yantzaza, de acuerdo a un anuncio de esa fecha.
Hasta 2018 pagó 65 millones por regalías anticipadas entre 2016 y 2018.
Sobre la base de un precio de la onza de oro en $1400, de acuerdo a Monash, se han realizado los cálculos que arrojan como resultado el siguiente impacto de la exportación de la producción en los recursos fiscales locales:
En 2019, la recaudación de impuestos del cantón Yantzaza representó el 44% de la recaudación de toda la provincia.
Un estimado de incremento del 70% en el presupuesto del municipio de Yantzaza por ingresos adicionales como regalías, impuestos y otros.
De acuerdo al reporte de resultados del primer trimestre de la compañía, la producción de oro totalizó 51.320 onzas, de las cuales 37.568 se produjeron como concentrado y 13.752 se produjeron en forma de doré. Y se vendieron 59.317 onzas de oro a un precio promedio de US$ 1,564 por onza.
El precio que alcanzará el oro en los próximos años es objeto de expectativa general tal como el panorama económico pospandemia. Pero el jueves 15 de mayo la cotización del oro spot superó los USD 1.745,48 la onza, precio que no alcanzaba desde agosto de 2012.
En el año 2019, segundo de construcción de la mina subterránea, la compañía compró aproximadamente $28 millones en negocios locales y fue un importante empleador habiendo contratado a 1235 personas entre personal directo y contratistas.
"Priorizamos a las comunidades locales en términos de compras, contratación y programas de diversificación económica. Estos serán aspectos clave de la reactivación económica del país", manifestó.
Así mismo, el cálculo arrojó datos sobre el impacto que tendrá la suspensión de las operaciones:
Un mes de cierre de las operaciones de Fruta del Norte representa una caída del 4% del PIB de Zamora Chinchipe.
Y una caída de un 37% del ingreso mensual de Yantzaza.
“Sin Fruta del Norte corre riesgo el 40% de las recaudaciones de impuestos de Zamora Chinchipe”, agregó.
Está por verse si el desempeño de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia Zamora Chinchipe, el cantón Yantzaza y la parroquia Los Encuentros, con el tercer socio, que es el Estado central, logra que los recursos que genere esta mina de oro durante 14 años para el Estado sirvan en el corto plazo, para combatir la pandemia en sus terrenos, y enseguida, para sentar las bases del desarrollo sostenible de la zona.
Sin duda, el fatal 2020 no será el año referencial de la realización económica de Fruta del Norte, que anunció haber alcanzado su producción comercial en febrero. Sin embargo, las cifras son ilustrativas del nuevo nivel de los recursos que tendrán que gestionar las comunidades para lograr el desarrollo de valor y sustentabilidad en la economía del territorio minero.
Así también, del desafío para recuperar del Estado central el 60% de las regalías que están disponibles para los municipios en función de la presentación y aprobación de proyectos de inversión social prioritaria, para servicios básicos, entre otros, y productivos.
COE aprobó protocolo para reinicio de actividades mineras
Mayo 17 de 2020.- El pasado 15 de mayo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional aprobó el Protocolo de Prevención en Bioseguridad para el Sector Minero frente a la Pandemia de Covid-19 que había presentado el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) la semana anterior.
El protocolo establece disposiciones generales y requisitos mínimos que los titulares mineros, sus contratistas y proveedores deben adoptar para cuidar de la salud de sus trabajadores y la comunidad frente al Covid-19.
Según cifras del Viceministerio de Minas, con el reinicio de actividades en el sector se espera reestablecer alrededor de 33 mil plazas de empleo directo y 100 mil plazas de empleo indirecto, así como retomar de inmediato la exportación de minerales.
En este tema, la autoridad señala que este año se prevé que el valor de las exportaciones pueda estar entre los 642 y 1.109 millones de dólares, y generar beneficios para el Estado entre 496 y 892 millones de dólares.
Respecto del protocolo, las principales disposiciones que se establecen son:
Implementación de un plan de transporte para sus trabajadores, así como para el traslado del mineral y de insumos que abastecen la mina o proyecto minero.
Requisitos para que los trabajadores puedan ingresar a una jornada de trabajo.
Estrictos controles de acceso al sitio de operaciones.
Implementación de un plan que contemple las medidas de desinfección a realizarse en las operaciones mineras.
Medidas para asegurar el distanciamiento social.
Control de la temperatura en el personal, chequeos médicos y registro de traslados internos.
Las personas de grupos vulnerables deberán laborar bajo la modalidad de teletrabajo y priorizar esta modalidad para el personal administrativo o que sus actividades no estén directamente relacionadas con las operaciones mineras.
Horarios diversos para alimentación, sin exceder la mitad de su capacidad instalada de los comedores.
Establecimiento de un plan de limpieza, desinfección y almacenamiento de todos los alimentos, insumos y materiales que ingresan a las instalaciones mineras.
Plan de capacitación para sus trabajadores, personal médico y personal de mantenimiento.
Implementación de un plan específico para la detección de posibles casos de Covid-19.
El protocolo, informa en viceministro de Minas, Fernando Benalcazar, fue socializado con 250 autoridades locales y contó con el aporte del Ministerio de Minería de Chile y de profesionales ecuatorianos experimentados en materia de salud y seguridad de la industria minera.
Cálculo de regalías mineras tiene nueva fórmula
11 de mayo de 2020.- El pasado siete del mes en curso el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, señaló en el webinar Ecuador Mining Summit “Oportunidades del sector minero en Ecuador”, organizado por RDN Global, que uno de los dispositivos legales aprobados en su segunda gestión ha sido el Acuerdo MERNNR/MERNNR 20-0019-AM, Reforma al instructivo de auditoría, cálculo de regalías y beneficios de la actividad minera metálica.
El viceministro explicó que una de las razones por las que se había tomado dicho acuerdo era la inexistencia de la empresa encargada de dar los datos de los precios. No dijo más. Al cierre de esta edición, el acuerdo tampoco estaba “colgado” en las páginas web del sector.
En febrero de este año Vía Minera inició una investigación sobre el tema y de ese material extraemos este avance que, dado que el instructivo ha sido modificado, sólo servirá como referencia para quienes se interesen en el tema.
De conformidad con el artículo 408 de la Constitución Política del Ecuador, el Estado como propietario de los recursos naturales no renovables tiene derecho a recibir el pago de regalías por parte de los titulares de concesiones mineras y plantas de beneficio. Los derechos mineros son los establecidos en el artículo 17 de la Ley de Minería.
Según los artículos 92 y 93 de la Ley de Minería, las regalías para minerales metálicos se establecen con base en un porcentaje sobre la venta de los minerales principales y secundarios. En síntesis, los concesionarios mineros y las plantas de beneficio deberán pagar una regalía de entre el 3% y 8%.
Para el caso de explotación de minerales no metálicos el porcentaje se calculará con base en los costos de producción.
En función de lo que rige en la Ley de Minería, los principales conceptos para el cálculo y declaración de regalías por la explotación de minerales metálicos y no metálicos, son los siguientes:
Cálculo de las regalías para metálicos
El instructivo de auditoría “Cálculo de Regalías y Beneficios de la Actividad Minera Metálica de las Regalías” emitido por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables mediante Acuerdo Ministerial 323 publicado en el Registro Oficial 657 el 9 de marzo de 2012; establece la fórmula para el cálculo de la regalía minera para minerales metálicos, de la siguiente manera:
Regalía = ( (CM x PI) – GTI-CR-GT-IIE) x % Regalía
CM es la cantidad de metales pagables contenidos en los productos minerales vendidos. Se obtiene una vez descontadas las mermas y deducciones metalúrgicas establecidas en los respectivos contratos.
PI es el precio internacional de venta de los metales pagables. Este precio será igual al promedio mensual (mes calendario) de precios durante el período de cotización, y corresponden a los publicados en la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres.
GTI, que corresponde a los gastos y descuentos de transporte, ya sea terrestre, marítimo o como fuere, manipulación (inspecciones, transbordos, análisis, laboratorio arbitral de contenidos metálicos), y primas de seguros por pérdidas en tránsito de los productos minerales, desde que el producto mineral es embarcado en la nave de exportación hasta el puerto de destino.
CR, son los cargos de los procesos de tratamiento y refinación. Corresponden a los cargos de tratamiento y refinación (TC/RC), y penalidades por impurezas, de acuerdo con los términos y condiciones particulares acordados para cada venta bajo parámetros internacionales.
GT son los gastos de transporte. Incluyen los gastos y descuentos de transporte (terrestre, marítimo, etc.), manipulación (inspecciones, costos portuarios y de embarque, bodegaje, transbordos, análisis y laboratorio, carga y descarga, empaque), primas de seguros por pérdidas en tránsito (incluida la porción no deducible en las coberturas) de los productos minerales, desde el área del contrato hasta que el producto mineral es embarcado en la nave de exportación.
IIE = Impuesto a los Ingresos Extraordinarios, que ha sido derogado mediante Ley de Fomento Productivo publicada en el Suplemento del Registro Oficial 309 del 21 de agosto de 2018.
En conclusión, de acuerdo a la anterior legislación, la multiplicación de la cantidad de metales pagables por el precio internacional menos los gastos de transporte internacional y nacional, y los cargos de los procesos de tratamiento y refinación, daban como resultado el ingreso neto o venta neta sobre la cual se aplicaba el porcentaje de regalía correspondiente en función del título minero y el régimen al que pertenece.
Según el viceministro Benalcázar, la fórmula ha sido cambiada.
Arcom tendrá que fusionarse en 60 días
11 de mayo de 2020.- El mismo día que el viceministro Fernando Benalcázar celebraba que Arcom haya pasado a depender de su despacho, el presidente firmó el decreto No. 1036 que la fusionaba con las de Hidrocarburos y Electricidad y creó la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
En su artículo 4, la norma señala que el directorio de la superagencia estará integrado por representantes de los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Ambiente y Agua, Defensa Nacional, del Gobierno y de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
Dispone también que el proceso de fusión debe concluir en los próximos 60 días, contados a partir del seis de mayo.
Al cierre de esta edición, ningún representante del sector había comentado la disposición gubernamental, sin embargo, no es difícil comprender que las expresiones de descoordinación proyectan una mala imagen al exterior. Tampoco es complicado advertir que la absorción de Arcom pueda ser vista como una debilitación de la supervisión estatal frente a las empresas mineras, extranjeras muchas de ellas.
En tiempos de Covid 19 el Estado necesita fortalecer las instituciones de control y asegurar la transparencia, sobre todo en los sectores extractivos. Por ello, en línea con su tradicional proactividad, es previsible que los concesionarios mineros seguirán apostando a que incluso con una instancia reducida y sin especialización, se fortalezca la institucionalidad en temas mineros. Especialmente porque la industria ha crecido y podría crecer más, en su rubro más importante que es la producción metálica a gran escala.
Alcalde de Cotacachi solicita información sobre proyecto Llurimagua
3 de mayo de 2020.- El 21 de abril, el alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña Males, remitió una carta al presidente de la República solicitándole información sobre los aspectos legales, ambientales, financieros y de todo orden que rodean al proyecto Llurimagua.
“Solicitamos que se sirva entregarnos un Resumen Ejecutivo del gran Proyecto Minero Llurimagua, con la clara explicación de los beneficios económicos para el país y para nuestra población inteña y cotacacheña”, dice la carta en su parte medular.
Después del pedido formal, en dos páginas de consideraciones, Tituaña dice hablar desde la memoria de sus abuelos kichwas y expresa su temor de que la minería no sea un camino a la prosperidad y sí de prácticas reprochables que han hecho parte de la historia del continente.
Invita además al Primer mandatario a “no destruir miles de hectáreas productivas desde donde podemos seguir alimentando al Ecuador (…) a no contaminar millones de litros de agua, que aparte de servirnos para el consumo local, bien podríamos exportar a países que necesitan el líquido vital, con mejores réditos económicos que el mismo petróleo y demás minerales”.
Después de conocida la carta, Tituaña ha sido blanco de una serie de expresiones racistas en las redes sociales en las cuales se ignora su condición de autoridad por elección popular y su ampliamente reconocida trayectoria al frente de un gobierno autónomo de nivel cantonal.
Tituaña es un economista y político. Es la cuarta vez que ocupa la alcaldía de Cotacachi. Antes fue reelecto a este cargo por dos ocasiones (2000 y 2004). Ha recibido los premios “Dubai Award for Democratization” a las mejores prácticas otorgado por la municipalidad de Dubai y ONU Habitat en el año 2000 y el Unesco “Peace City” Award del 2002.
Es considerado uno de los “dirigentes históricos” de la Conaie. Fue coautor del “Proyecto político de la Conaie” (1993) y en representación de CREO, estuvo a un paso de ser el acompañante de Guillermo Lasso en las elecciones del 2009.
En su carta del 21 de abril, señala que la misma “tiene el propósito de transparentar la información y velar por el cumplimiento de preceptos constitucionales”.
Proyecto Llurimagua es analizado por Cigmipa
27 de abril de 2020.- El Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y Especialidades Afines de la Región Norte, Cigmipa, viene preparando un pronunciamiento en torno al acuerdo firmado entre Enami y Codelco para constituir una sociedad anónima que se haga cargo del proyecto Llurimagua.
La idea del colegiado es contribuir de manera efectiva a tomar la mejor decisión en cuanto al ya citado proyecto y para ello piensan entregar su propuesta al primer mandatario, al ministro del sector y a todas las autoridades involucradas con la gestión de los recursos naturales.
Recuerdan que Llurimagua fue descubierto allá por 1980 por técnicos ecuatorianos pertenecientes a la entonces Dirección General de Geología y Minas (DGGM). No por Codelco.
Para el Colegio de Ingenieros, lo más saludable es que se revise todo el caso y que los técnicos de Codelco tengan la oportunidad de demostrar que han actuado de manera transparente. La sociedad ecuatoriana también debe ejercer su derecho a conocer los resultados de las actividades de exploración e inversión que Codelco ha ejecutado durante los últimos años.
Vía Minera conversó con Daniel Philco, Msc., directivo del Cigmipa, y pudo conocer que la institución sostiene que la actividad técnica y financiera ejecutada por Codelco deberá ser cancelada después de una auditoría y una vez de que toda la información técnica se haya convertido en propiedad del Estado ecuatoriano.
Señalan además estar a la expectativa de los acontecimientos del proyecto Llurimagua y ofrecen su contingente como veedores técnicos calificados en este tema crucial para la economía del país. Al respecto, sostienen que el paso siguiente debe ser convocar a una licitación internacional y que al final de la misma, Enami tenga la oportunidad de asociarse con la empresa ganadora.
Empresas mineras eligen delegados al EITI
27 de abril.- El pasado 20 del mes en curso se reunieron representantes del sector empresarial minero con el propósito de definir la participación de las compañías en la Iniciativa EITI, dando así un paso adelante en la constitución del grupo que debe respaldar la postulación del Ecuador a dicho organismo internacional.
Las empresas mineras eligieron como sus representantes al delegado de la Cámara de Minería de Ecuador y al de Lundin Gold. Los alternos son los representantes de Curimining y Hancock/Hanrine.
Para tener listo al “grupo de la industria” del EITI, falta ahora que las del sector hidrocarburos designen a sus cuatro representantes.
Según las normas del EITI, a nivel país debe constituirse el grupo multipartícipe como resultado de la interacción de tres actores: el gobierno, las empresas y la sociedad civil.
El grupo de la industria debe “definir los intereses, objetivos y prioridades de la industria en relación al estándar EITI” y está por completar la elección de sus representantes. Al grupo de la sociedad civil lo están tratando de formar una docena de ONG quiteñas y el gobierno ya tiene a su delegado.
Proyecto Llurimagua: Un matrimonio en la encrucijada
19 de abril de 2020.- Al cierre de esta edición el futuro de la relación Enami - Codelco era una incógnita y en el sector se esperaba que la intervención del presidente Lenin Moreno aclare el panorama.
De eso se trata y Vía Minera, como medio periodístico, no pretende demostrar nada. Solo vamos a mostrar una parte de lo que hemos encontrado tratando de explicar cómo se gestionan nuestros recursos naturales.
Si la realidad podía definirse como caótica por la crisis sanitaria y todas las crisis que se venían, tenemos un asunto más para pensar y es preciso hacerlo bien. Decíamos en el número anterior que del nivel que tenga la reflexión ahora dependerá la calidad de las políticas que se apliquen después.
Pero ocurre que no hay debate. Que los actores principales se esconden y las oficinas de comunicación no comunican. Que las autoridades se vuelven sordas y olvidan eso que llaman transparencia cuando necesitan justificar el crédito de una multilateral.
Callar las ideas no conduce a nada bueno. “Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez” decía una de las heroínas de la lucha por la independencia.
En un contexto así no debe sorprender el resultado de las actividades que pudo realizar Codelco en los últimos años. Al fin y al cabo, las empresas tienen sus propios objetivos y los países no tienen amigos sino intereses. Eso que llaman inteligencia estratégica muestra al Ecuador como una nación que requiere una inyección urgente de capitales y todos se quieren aprovechar de esta necesidad.
En la parte central del escudo chileno hay dos animales. Uno típico de la zona que comparten con Argentina y que estaría representando a la razón y uno que consideramos muy nuestro. Es el cóndor que simboliza la fuerza que inspira a esa nación.
Es el sino que acompañó a Codelco desde sus inicios allá por los años sesenta, unos años antes de que asumiera el presidente Salvador Allende. Era una empresa condenada a ser chica porque iba a tener la mitad más uno de las operaciones más chicas de Chile, es decir, de aquellas que no habían sido entregadas a las grandes empresas.
Pero vino Allende y nacionalizó el cobre y le entregó a Codelco la operación de las grandes minas. Codelco como la conocemos hoy nació de una acción de fuerza y conserva ese empuje.
El año 2015, para no remontarnos muy atrás, Codelco y la Empresa Nacional Minera (Enami) del Ecuador firmaron los términos del acuerdo de accionistas para avanzar con el proyecto Llurimagua.
Según el convenio, Enami tendría el 51 % del accionariado y Codelco el 49 %, informó el entonces ministro Javier Córdova.
Con ese convenio la historia se aceleró. Enami sería accionista mayoritario si es que el proyecto continuaba a la fase de exploración avanzada y se decidía la explotación. Mientras tanto Codelco guardaba los secretos de la exploración que ya venía realizando. Han invertido siete millones este año y el próximo año podría ser un poco más, decía al respecto el ministro ecuatoriano.
A la entonces ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, se le escapó que ese 2015 Codelco terminaría 20.000 metros de sondaje.
La historia se repite dos veces. Una de ellas es como tragedia y la otra como comedia. Los diarios de esa época conservan las declaraciones del titular del desaparecido ministerio de Sectores Estratégicos afirmando que el país invertiría US$ 2 mil millones en una refinería de cobre que empezaría a funcionar el 2020. México y China financiarían esta obra.
Los funcionarios de Enami también tenían imaginación. Llurimagua sería una empresa modelo, social y ambientalmente responsable, rentable y todo lo demás. Sería eso y mucho más.
Para que todo parezca perfecto se hablaba también de transparencia. “El compromiso del Gobierno Nacional es brindar a la ciudadanía transparencia en su gestión, con el fin de visibilizar el trabajo que se realiza en los diferentes campos para lograr el desarrollo integral del país”, decían los comunicados de Enami de esa fecha.
Pero la mentira tiene piernas cortas. El trabajo de verdad lo estaban haciendo sus socios chilenos y faltando una norma elemental de cortesía como es la de informar cómo están las cosas.
Enami, como empresa estatal ecuatoriana, hizo lo que pudo: obtuvo la “licencia ambiental para la fase de exploración avanzada”, o sea, para la perforación que después hizo la empresa estatal chilena.
La perforación es una etapa clave en la exploración minera. Es la única forma de averiguar qué riquezas esconde el subsuelo y es por ello que todos los gobiernos exigen a las empresas nacionales o extranjeras que perforan en su territorio que les informen cuáles son los resultados de sus pruebas.
La transparencia tiene otras manifestaciones favorables en la región. Brasil somete a discusión pública los borradores de los contratos que se van a firmar con empresas extranjeras y la vecina Colombia transmite en directo las sesiones de sus organismos encargados de negociar convenios, tratados y contratos de explotación.
Aquí no pasa eso. Enami no sabía y probablemente no sabe qué es lo que tiene en Llurimagua. Los chilenos sí.
En 2015 era conocida la estimación de recursos realizada por Ascendant Copper en el año 2004 que reportaba el mejor corte con un tonelaje de 1359,9 millones de toneladas de mineral con un contenido de 0,73% de Cu, 1,6 ppm de plata y 0,03 % de molibdeno, certificado por la compañía Micon International Co. Limited.
La estatal chilena Codelco sabe que existe mucho más y lo dice. El año 2018 informaron que 3846 millones de toneladas de mineral con una ley de 0,44 corresponden al 49% de su participación en Llurimagua.
El año pasado ni este año han dado cifras sobre los recursos existentes en ese proyecto y es fácil comprender por qué.
Se han limitado a decir que el 2019 completaron la actualización del modelo geológico y que la información obtenida indica que Llurimagua tiene potencial para un depósito de cobre y molibdeno de clase mundial, que podría ser explotado mediante técnicas mineras y metalúrgicas tradicionales para menas de sulfuros primarios de cobre.
Codelco tiene el control en sus manos. Tiene la información del subsuelo y sobre el suelo tiene personas muy serviciales que pueden hacer lo que la empresa necesite.
De otro lado, si ellos dicen que han invertido hasta ahora US$ 60 millones en más de 100.000 metros de perforación en Llurimagua y que para invertir este año US$ 131 millones necesitan garantías de que su inversión les traerá dividendos, están en su derecho.
Se estima que esa inversión es parte de la que permitiría obtener la información que se requiere para hacer un estudio de prefactibilidad del depósito. Mientras tanto, el valor de la concesión es un misterio y peor aún, no existen elementos de certeza con los cuales puedan ser establecidos.
Codelco, sus representantes y sus admiradores, tienen razones para sentirse desconfiados. Aún cuando un informe de la Procuraduría General del Estado, redactado hace dos semanas, iba a respaldar legalmente sus buenos negocios, en la Contraloría General del Estado y en la Defensoría del Pueblo no piensan lo mismo.
Como si esto fuera poco, para Codelco las complicaciones vienen también de su propio país. De sus propios bolsillos, mejor dicho. Antes de que empezaran los estragos que ha provocado la pandemia su situación ya era complicada. El virus ha sido un buen pretexto para que hace dos semanas anunciaran la suspensión de sus proyectos en la mina Chuquicamata que ahora es subterránea, en las obras de Rajo Inca y Traspaso Andina. Sus voceros han dicho que la suspensión es por 15 días pero así se empieza.
Hace unas semanas, al presentar su Memoria 2019, la minera dio a conocer sus resultados financieros del cuarto trimestre, que la dejaron en una peor posición que el año pasado, pues los excedentes que generaron fueron 17% menores a los del 2018, pasando de US$1.606 millones en 2018 a US$ 1.340 millones en 2019.
Lo anterior se explicó por un menor precio del cobre y una menor producción como consecuencia del evento climático que afectó al Distrito Norte y a la huelga de trabajadores en Chuquicamata. Su producción alcanzó 1588 millones de toneladas, es decir 5,3% menos que el año anterior.
En tierra de los ciegos…
No hay que hacer leña del árbol caído. Hay que leer las noticias internacionales.
Hace menos de un mes diarios chilenos señalaban que “El presidente ejecutivo de la estatal, Octavio Araneda, sinceró el complejo momento que atraviesan por el coronavirus, donde uno de los principales efectos ha sido la brusca caída del cobre, que ayer presentó su nivel más bajo desde 2016”.
El desplome del cobre en los mercados internacionales pone en duda no solo la capacidad de seguir generando recursos para el Estado, sino que también, la viabilidad de los proyectos de desarrollo que lleva adelante. A esto se suma otro elemento, que son los vencimientos que la minera deberá enfrentar, y que alcanzan los US$860 millones.
En medio de este escenario, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, envió una carta a los trabajadores: “Quiero ser franco con ustedes: esta emergencia está afectando drásticamente la actividad empresarial y minera, lo que generará un impacto muy significativo en la economía del país”, les explicó.
Codelco tiene muchos motivos para preocuparse en cómo mejorar su economía y una alternativa es lo que puede conseguir en Ecuador. A partir del 2008, fecha de su primer convenio, ha firmado una serie de documentos que le dan pie para determinar las condiciones más ventajosas para sus intenciones.
Como decíamos, el 2015 firmó los términos de acuerdo de accionistas y el 2019 una adenda a esos términos y al convenio para la exploración minera (2011). En base a ello exige el cumplimiento de lo pactado vía la suscripción de un Pacto de Accionistas, la constitución de la sociedad anónima y lo más importante, la cesión y la transferencia de la concesión Llurimagua a la sociedad anónima.
Y aquí empiezan los problemas porque en el Pacto de Accionistas, por ejemplo, no se explica cómo así es que Enami tendrá el 51 por ciento del paquete accionario. Es sensato preguntarse de dónde sale esa cifra y por qué no es el 60 ó el 80 por ciento si el depósito es del Ecuador. Una justificación técnica es lo mínimo que se exige en este tipo de documentos, pero no la hay.
Tampoco se establece el mecanismo que asegure el cumplimiento del artículo constitucional que dispone una participación mayoritaria para el Estado, según interpretación de los que entienden de leyes. Si ese artículo conviene o no al país en las actuales circunstancias es harina de otro costal, dicen los entendidos, pero lo concreto es que la Constitución vigente manda eso.
El Pacto de Accionistas tampoco justifica, desde una óptica técnica o económica, la conveniencia para el interés nacional de la figura de “sociedad anónima”. La cláusula del “deadlock”, convencional en otras circunstancias, puede ser ahora motivo de discusión, como efectivamente lo ha sido.
Una persona con amplia experiencia en negociaciones internacionales, contratada por el gobierno ecuatoriano para asesorar en este caso, contó a Vía Minera que la práctica del equipo negociador de Codelco podía bien calificarse como de desleal y abuso de la posición dominante que tiene esa empresa en el mercado internacional del cobre.
Varias partes de los documentos suscritos en esas condiciones contienen condiciones imposibles de cumplir. No hay forma, por ejemplo, de mantener el 51% si no se sabe cuál es el 100%, en este caso, cuáles o cuántas son las reservas. Otras consideraciones como la de aceptar el arbitraje internacional ante un tribunal con sede en París son difíciles de aceptar, al menos, por cuestiones de principios.
Hay muchos más aspectos qué ponen en cuestión la firma del Pacto de Accionistas, la constitución de la sociedad anónima y la cesión y transferencia de la concesión minera Llurimagua. Señalarlos tomaría ediciones completas de Vía Minera y seguramente las dedicaremos al tema, próximamente.
Una propuesta que el Estado no pidió
Garry Korte, CEO de Hancock Prospecting Pty Ltd., HPPL, envió el 16 de octubre del 2017 una carta al entonces gerente general de Enami, Raúl Brito, diciéndole que quería comprar la participación de la empresa estatal ecuatoriana en el proyecto Llurimagua.
HPPL tiene una larga trayectoria en trabajar con gobiernos para establecer y hacer crecer las industrias mineras, en explorar y llevar a cabo proyectos de minería a través del desarrollo y la operación, decía la carta en sus primeras líneas.
En algún momento circuló en la prensa local la versión de que Hancock quería asociarse con Enami para hacer realidad el proyecto Llurimagua pero la verdad es otra. Hancock quería sacar a Enami de Llurimagua, comprarle el 51% que tenía y, en todo caso, lo que quería era aliarse con Codelco.
Tampoco es cierto que estaba dispuesta a pagar US$ 400 millones por la parte que tiene Enami en el proyecto.
Eso está escrito con toda claridad en los documentos. Hancock presumía de mucha capacidad financiera y ofrecía pagar no sólo lo que ellos consideraban que costaba Llurimagua sino comprar, casi al contado, todas las concesiones que en ese momento tenía la estatal minera ecuatoriana
“A pesar de que HPPL aún no tiene los datos de exploración iniciales a partir de los cuales basar con precisión una oferta, HPPL se complace en hacer esta oferta formal para adquirir todos los intereses (de Enami) bajo una estructura de compensación de varios niveles que comienza con una línea de base de US $ 102 millones basados en los resultados de la perforación completada hasta la fecha, más pagos adicionales si se demuestra la existencia de mayores recursos”.
Dicho de otro modo, HPPL lo que ofrecía el año 2017 y sigue ofreciendo, como veremos después, es un primer pago de US$ 102 millones.
Además, en la carta se señala la voluntad de HPPL a destinar US$ 5 millones anuales en cada uno de los seis proyectos de Enami hasta un total de US$ 30 millones; y a pagar una regalía del 2% de la ganancia neta después de impuestos.
Explicó también que la oferta básica por el 51% de Enami, de US $ 102 millones, se ha formulado sobre la base de que Llurimagua contiene 10 millones de toneladas métricas.
Ya en su primera carta al presidente de Enami HPPL señalaba que en caso de acuerdo, la compra la haría su filial ecuatoriana, Hanrine Ecuadorian Exploration Mining.
Hanrine volvió a insistir en la compra en marzo del año pasado. Se dirigió directamente al presidente Lenin Moreno y, simultáneamente, a otras autoridades, casi en el mismo tono, es decir, presumiendo de su fortaleza económica.
Su propuesta, señalan personas experimentadas, en caso sea recibida, pone en riesgo la credibilidad del país como socio de las empresas extranjeras a quienes se atrae asegurándoles estabilidad jurídica.
Y no es sólo cuestión de prestigio pues así generen malestar, lo concreto es que Codelco ha logrado la firma de Enami y podría exigir el cumplimiento de los acuerdos. Aquí o en algún tribunal internacional.
Hanrine no es la única empresa que tiene los ojos puestos en Llurimagua. El periodista Franklin Soria, el primero en especializarse en temas de la minería ecuatoriana (ver entrevista) sostiene que el gigante australiano BHP en algún momento ha manifestado que estaría mirando con interés este depósito.
En diciembre de 2017 el empresario Xiaohui Dai Zhou se comunicó con el ministro de Minería, Javier Córdova, actuando como intermediario y representante de la firma Perrier Mining Co., de Beijing, que expresaba formalmente su interés firme y serio de trabajar de manera responsable en la exploración y explotación de Llurimagua.
Solaris Resources, operadora del proyecto Warintza, está también en la lista de quienes anhelarían postular para Llurimagua.
No es para menos porque de acuerdo a estimaciones realizadas por técnicos chilenos, se especula que Llurimagua podría tener una producción anual de 210 mil toneladas de cobre fino.
Hay que hablar de lo social
Llurimagua no es sólo un depósito gigantesco ni una geología atractiva para los inversionistas mineros. Es un territorio poblado por gente trabajadora del campo que ha tenido un comportamiento que condujo al conflicto en lo social y desde el punto de vista ambiental, ha presentado desafíos que han provocado tremendos dolores de cabeza a los ejecutivos encargados de las operaciones.
Después de una reacción violenta de quienes se oponen a la minería en zonas cercanas a sus localidades, Ascendant Copper denunció al Estado ecuatoriano y ganó una demanda millonaria que se ha tenido que pagar.
Han pasado los años y la ex ministra Rebeca Illescas afirma que la concesión fue revertida al Estado y asignada a la Enami para que se haga cargo de los problemas sociales que tuvieron dos empresas anteriores. Se trata de una zona muy conflictiva en la que siempre ha habido oposición a la minería por actores puntuales, afirma.La empresa estatal ha buscado acuerdos con las juntas parroquiales y presidentes comunitarios y de las tenencias políticas, con quienes ha realizado eventos deportivos, mingas de adecuación de vías, reforestación de espacios comunitarios y talleres informativos.
Existen acuerdos que se mantienen con los centros de Salud de García Moreno y Peñaherrera para fomentar el desarrollo de brigadas médicas alrededor de todas las comunidades de influencia directa e indirecta del Proyecto Llurimagua donde Enami EP a través de sus técnicos sociales en territorio ayudan en la parte logística y facilita a los funcionarios médicos a realizar estas labores.
Las reflexiones de un periodista
Franklin Soria, primer periodista especializado en la minería ecuatoriana, director del portal Prensa Minera y documentalista de talento, conversó con Vía Minera respecto de la coyuntura creada por la difusión extraoficial de detalles de las negociaciones entre Enami y Codelco.
Para él, la coyuntura puede definirse como un momento difícil para la minería. Desde esa perspectiva, encuentra un escenario en el cual se ha posicionado el discurso falaz e incoherente de los antimineros que ha terminado creando un clima que en el que no se comprende los beneficios que genera la minería responsable en términos de empleo, generación de divisas y mantenimiento de la dolarización.
Un segundo elemento a considerar es la trágica situación creada por la pandemia y en ella, hay que considerar que aún cuando la minería ha
restringido parcialmente sus actividades, ha podido sobreponerse a las dificultades y pese a las restricciones ha logrado realizar la exportación de 36 mil toneladas de concentrado de cobre, lo cual significa divisas para el país y recupera la actividad de Puerto Bolívar.
Un tercer aspecto tiene que ver con la denuncia que hace el periodista Fernando Villavicencio respecto de las actividades de un estudio jurídico vinculado a una empresa minera que ha determinado una llamada del Presidente anunciando que ha decidido dejar en suspenso el proceso de firma del pacto entre las empresas Codelco y Enami.
“Esta es la parte final de una historia que comenzó hace mucho con la intervención de dos ex presidentes, Correa y Bachelet, cuando todavía el proyecto se llamaba Junín y estaba concesionado a una empresa canadiense, cuyo campamento fue violentado y dio lugar a un juicio que lo perdió el Estado y tuvo que pagar US$ 25 millones. Vino con el expresidente Correa que tenía un discurso favorable a la integración latinoamericana… así pasaron una serie de hechos hasta el de la propuesta de crear una sociedad mixta que tuvo observaciones de la Contraloría y mereció un análisis de la Procuraduría que ha dado su visto bueno para la conformación de una sociedad anónima”, explica Soria.
Desde su punto de vista, sostiene que “en este caso debería conocerse más de todo el proceso de exploración, alguien debería explicar cómo se hizo la valorización, cuál fue el método que se utilizó, cómo se ha relacionado la empresa con la comunidad, cuánto empleo se generó y si hubo o no socialización del proyecto”.
“El asunto es que no conocemos a plenitud las labores que ha hecho Codelco y como ecuatorianos, es decir, como dueños del territorio y de la riqueza que está en el subsuelo, como propietarios del 51% del accionariado, debemos tener esa información y la que pueda estar generándose en torno al 49% que tiene Codelco y que podría estar interesando a otras empresas internacionales”, finaliza Franklin Soria.
Opiniones de un minero
Edgar Salazar es un antiguo minero productor y exportador de oro. Es una persona muy respetada por su experiencia en temas que conciernen a la totalidad del sector.
“Si me permiten, debo aclarar la situación de Llurimagua para que no existan más confusiones”, empieza.
En primer lugar, la Enami es la concesionaria de las áreas donde está ubicado el proyecto. No existe por el momento un socio legal u otro dueño. Parece que ha cumplido con los requisitos para mantener esas concesiones en “good stand” ante la Arcom, hasta aquí.
Enami posee un acuerdo con Codelco, el mismo establece condiciones para que este último pase a ser socio minoritario (49%) del proyecto, a través de la formación de una compañía de economía mixta. Que el acuerdo firmado por la Enami fue o no fue justo para el Ecuador, ese es otro tema que no entra en esta discusión. La Contraloría y otros órganos de control deberán determinarlo.
Tercero: Las diferencias entre la Enami y Codelco, surgen precisamente de ese acuerdo firmado entre las partes, con el aval de los gobiernos respectivos:
a.- Una compañía de economía mixta (CEM) implica que la Enami será siempre el socio mayoritario, de acuerdo a la ley ecuatoriana. Por lo tanto, Codelco pidió que en lugar de una CEM, se forme una S.A., pues quiere ser mayoritario en algún momento.
b.- Puesto que terminó la fase I del convenio, Codelco siguió perforando sin que oficialmente se ingrese en la fase II. Esto tiene una consecuencia: Enami debe cubrir lo correspondiente a su participación accionaria de ese gasto, cosa que no es viable pues todavía no existe la CEM que establece el convenio.
c.- En el convenio no se especifica en forma clara el manejo de la información ni cómo debe reportarse. Se menciona en forma definitiva que el operador del proyecto es Codelco.
Por lo tanto, lejos de ser un problema nacional, desde mi punto de vista es un problema entre dos compañías estatales que deberían solucionar sus entuertos entre ellos, sin la participación de los Estados correspondientes.
Las concesiones mineras, insisto, son de Enami y si el Estado ecuatoriano quisiera hacer uso de ellas, esa sería una auto-confiscación o algo parecido. Si eso ocurre, el Estado podría hacer lo mismo con los proyectos que tiene Enami con Cornerstone o incluso con otras concesiones de privados.
Contraloría presenta nuevas
observaciones al Ministerio y Enami EP
19 de abril de 2020.- En días recientes la Contraloría General del Estado formuló una serie de observaciones al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables por su gestión en seis concesiones mineras demarcadas sobre la provincia de Imbabura.
Se trata del informe DNA6-0009-2020 que señala, entre otras cosas, que Enami EP renunció sin justificativos a la solicitud de concesión de áreas que presentaban interés geológico; que se realizaron procesos de concesión de áreas mineras iniciados y ejecutados sin el pronunciamiento de Enami EP y sin contar con información geodésica, geológica y técnica.
Contraloría además observa al ministerio que hubo áreas mineras que permanecieron reservadas por un tiempo mayor al establecido en la normativa así como demora en la publicación de Términos de Referencia Técnicos, cargos a los que se agrega establecer dichos términos de referencia sin observar la normativa vigente y la inscripción de títulos en el Registro Minero fuera del plazo establecido en la normativa.
En el caso del área minera denominada IMBA 02, la Contraloría señala que el amparo administrativo para el otorgamiento de la concesión se hizo basado en un informe técnico que no corresponde.
Estas observaciones aparecen como resultado del Examen Especial al proceso de otorgamiento y la ejecución de las actividades mineras de las áreas mineras IMBA 01, IMBA 02, IMBA 03, IMBA 05, IMBA 06 y Amadores, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de marzo del año pasado.
La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental y, de conformidad con las normas vigentes, sus recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.
Respecto de la primera observación, el informe de Contraloría reseña que las patentes de conservación de las áreas que hoy se conocen como Imba 01, 02 y 03, fueron pagadas por Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining durante los años 2017, 2018 y 2019. Añade que los gerentes de Enami EP solicitaron en al ex ministerio de Minería la concesión de dichas áreas para después desistir de ellas, no obstante el interés geológico que presentaban.
Sin embargo, Enami EP tenía ya firmado un acuerdo con Cornerstone Ecuador S.A., CESA, y en virtud de una de las cláusulas, debía solicitar el otorgamiento de la o las concesiones mineras identificadas por CESA como áreas de interés específico, pero tampoco lo hizo.
Contraloría narra una serie de hechos posteriores y concluye que la actitud de Enami EP impidió que el Estado ecuatoriano cuente con los resultados y evaluación económica de un potencial proyecto conformado por áreas con interés geológico del cual pudo haber sido parte en la etapa de explotación.
Para leer el informe completo cliquee aquí
EITI publica informe sobre ingresos de los ciudadanos por la industria extractiva
19 de abril de 2020.- ¿Cuántos ingresos generan las industrias extractivas por ciudadano? Para responder a esa pregunta, en los países donde se ha implementado la iniciativa EITI, se acaba de publicar un blog en el cual se puede encontrar abundante información.
Este análisis revela grandes diferencias entre los países implementadores del EITI. Los ingresos del gobierno per cápita oscilan entre más de USD 3 000 en Noruega, a alrededor de un dólar en Afganistán, Etiopía y Malawi. Encontramos resultados similares para las exportaciones y para los datos relacionados con el valor agregado bruto del sector (su participación en el PIB).
Las cifras para Noruega, dotada de recursos, son quizás menos sorprendentes. El país encabeza las listas gracias a su importante producción de petróleo y su población relativamente pequeña. Esto significa que cada año, el gobierno noruego recibe más de USD 3 000 en su presupuesto para invertir, ahorrar o gastar en cada uno de sus ciudadanos, lo que refleja una alta capacidad del gobierno para proporcionar servicios, aún más en términos per cápita.
Sin embargo, Nigeria, un país con una gran dependencia de los ingresos del sector extractivo (91%), solo ocupa el octavo lugar en términos per cápita, quedando a la zaga de los países que el público no suele asociar con grandes sectores de recursos naturales.
Esta medida per cápita muestra que el sector extractivo puede ser más importante para un individuo en estados como Trinidad y Tobago que en el gigante petrolero africano. Del mismo modo, la República Democrática del Congo recibió solo USD 13 per cápita de los sectores extractivos, sustancialmente menos que Trinidad y Tobago.
Los interesados en saber más de las cifras pueden consultar los cuadros en: https://eiti.org/blog/quantifying-resource-dependency #transparency
Allí no están todavía los resultados de Ecuador porque el país todavía no ha sido aceptado en la Iniciativa EITI. Hay un grupo de ONG quiteñas que están tratando de asumir la representación de la sociedad civil, por el lado del gobierno se busca recuperar el tiempo perdido y de parte de las empresas no se sabe nada.
Al día con los requisitos
De acuerdo a los estándares recogidos en el Informe 2019, los países que adhieren a EITI deben, en materia de contratos, tener en cuenta lo siguiente:
2.2 Otorgamiento de contratos y licencias
a) Los países implementadores tienen la obligación de declarar la siguiente información sobre todo otorgamiento y transferencia de contratos y licencias que tenga lugar durante el período de contabilidad comprendido en las divulgaciones más recientes, incluidas las correspondientes a empresas cuyos pagos sean inferiores al umbral convenido de importancia relativa:
i. Una descripción del proceso de transferencia o adjudicación de la licencia;
ii. Los criterios técnicos y financieros utilizados;
iii. Información sobre el o los receptores de la licencia transferida o adjudicada, incluidos, dado el caso, los miembros del consorcio; y
iv. Cualquier desviación significativa del marco legal y reglamentaria que rija la transferencia y adjudicación de licencias.
En los casos en que los gobiernos tienen la posibilidad de elegir diferentes métodos de adjudicación de contratos o licencias (p. ej. licitación o negociaciones directas), la descripción del proceso para la adjudicación o transferencia de una licencia podría incluir una explicación de las normas que determinan qué procedimiento debería utilizarse y por qué se optó por un procedimiento en particular.
En caso de haber lagunas en la información disponible al público, éstas deberán estar claramente identificadas. Cualquier obstáculo legal o práctico de importancia que impida una declaración exhaustiva de la información señalada precedentemente se deberá documentar y explicar, junto con un relato de los planes del gobierno para superar esos obstáculos y los tiempos previstos para lograrlo.
b) En los casos en que las empresas dispongan de licencias que se hayan asignado antes del período comprendido en la implementación del EITI, se alienta a los países implementadores a declarar la información mencionada en el apartado2.2(a).
c) En los casos en que las licencias se adjudiquen mediante un proceso de licitación, el gobierno deberá divulgar la lista de postulantes y los criterios de licitación.
d) El grupo multipartícipe podría añadir información adicional sobre la asignación de licencias como parte de las divulgaciones de información EITI. Esto podría incluir un comentario sobre la eficacia y eficiencia de los procedimientos de concesión de licencias, así como una descripción de los procedimientos, las prácticas efectivamente observadas, y los motivos de renovación, suspensión o revocación del contrato o licencia.
a) Se requiere que los países implementadores declaren todo contrato o licencia otorgado, suscripto o modificado del 1 de enero de 2021 en adelante. Se estimula a los países implementadores a que hagan públicos todos los contratos y licencias que establezcan las condiciones para la explotación de petróleo, gas y minerales.
b) Se espera que el grupo multipartícipe convenga y publique un plan para revelar los contratos con un plazo claro para la implementación y abordando toda barrera que pudiera obstaculizar una divulgación exhaustiva. Este plan se integrará a los planes de trabajo que abarquen el 2020 en adelante.
El documento es más extenso y puede ser consultado directamente de: https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf
Aumenta interés por el proyecto Llurimagua
12 de abril de 2020.- El proyecto Llurimagua, posiblemente el pórfido de cobre-molibdeno más rico del país y uno de los depósitos por explorar más atractivos del mundo, de tiempo en tiempo vuelve a ser noticia y esta vez, en medio de la pandemia y las tremendas dificultades económicas.
Ubicado sobre las parroquias García Moreno y Peñaherrera del cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura, su historia reciente puede resumirse en casi treinta años de avatares en los que se cruzan los aspectos geológicos, socioeconómicos y políticos.
Su futuro entonces, depende de cómo se encaren hoy las reflexiones sobre cada uno de esos aspectos y el nivel de las decisiones que se adopten. La minería conoce de muchos casos en los que una solución apresurada es la peor de las recetas.
Enorme potencial…
Llurimagua tiene un potencial gigante que se desconoce públicamente. Los geólogos y mineros más reconocidos no tienen los números pero dicen que sus reservas son mucho mayores que las de Mirador o San Carlos Panantza. Que inclusive Cascabel y su depósito estrella, Alpala, no tienen tanto del mineral rojo como Llurimagua.
La estatal chilena Codelco, por su parte, publicó en su memoria correspondiente al 2018 que 3846 millones de toneladas de mineral con una ley de 0,44 corresponden al 49% de su participación en el convenio que tiene con la Empresa Minera del Ecuador, Enami. Señalan también como ley de corte 0,2 CuT.
Según información del 2017 de la propia Enami, existen 318 millones de toneladas de recursos inferidos con una ley promedio de 0,71% de cobre y 0,026% de molibdeno. Enami remitiéndose a los estudios realizados por la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, JICA, por sus siglas en inglés, fija la ley de corte en 0,4%.
Volviendo a las estimaciones realizadas por técnicos chilenos, se especula que Llurimagua podría tener una producción anual de 210 mil toneladas de cobre fino. Para tener una idea de lo que eso significa, vale recordar que Cerro Verde, la mina de cobre más grande de Perú, produce 120 mil toneladas al año.
Sin embargo, hablar de recursos, reservas o producción, es como dar palos de ciego porque en el medio no hay cifras confiables. Hace dos años Codelco dijo que toda la información sería integrada en una actualización del modelo geológico del depósito y si eso ha sido cierto, sólo ellos lo saben.
Más allá de la problemática social que durante casi 30 años ha puesto en jaque al proyecto, hay una dimensión legal que en algún momento podría enturbiar la claridad que se requiere para sacar adelante operaciones de gran magnitud.
La concesión del proyecto Llurimagua la tiene Enami que, durante los últimos años, ha realizado de manera conjunta con Codelco algunas actividades correspondientes a la etapa de exploración avanzada. El convenio para ello fue suscrito el 28 de noviembre de 2011.
Enami tiene la posibilidad de hacer realidad la mina si es que puede invertir cientos de millones de dólares en lo que falta de exploración, en la evaluación económica y la construcción de facilidades para la explotación del yacimiento. Si va en la modalidad de sociedad anónima con Codelco, parece difícil que pueda mantener el 51% de su participación en las utilidades si es que no aporta el mismo porcentaje en el financiamiento.
En el plano económico, no estrictamente minero pero importante dado que la actual coyuntura latinoamericana pasó de “deslucido” a “calamitoso”, en términos del Banco Mundial, se tiene la Carta de Compromiso suscrita por el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional que establece como una de las obligaciones, “Monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados".
Es en ese contexto en que el doctor Stevie Gamboa, director de la Unidad de Recursos Naturales en GSG Abogados, ha hecho declaraciones afirmando que hay una empresa transnacional que ha comunicado oficialmente a Enami primero y al Presidente, después, su interés en asumir el desarrollo del proyecto minero Llurimagua.
La propuesta consideraría un valor directo de US$ 102 millones, un valor adicional de unos US$ 100 millones después de la verificación del mineral en reservas probadas y, en caso de transferencia del 100% del proyecto, los valores se incrementarían proporcionalmente, esto es, hasta la suma de aproximadamente US$ 400 millones.
Cabe destacar que, según el abogado, dicho valor no corresponde a compromisos de inversión sino al pago efectivo por traspaso de los derechos mineros, a los que en el futuro deberán añadirse los ingresos que el Ecuador percibiría por concepto de regalías y demás pagos de impuestos que exige la ley como carga fiscal minera.
La transnacional habría expresado, además, su no oposición a la continuidad de Codelco como socio y operador del proyecto.
Vía Minera trató de entrevistar a profesionales del sector minero para saber su posición respecto del monto que ofrecen por Llurimagua.
Fracasamos. Personas muy serias consideraron indecente opinar sobre una propuesta no solicitada que además tiene implícita una valorización cuyos supuestos metodológicos son desconocidos.
Como era de prever, se calificó la supuesta intención de compra como un chisme en el sector. En primer lugar porque no hay quien asuma la responsabilidad de decir, con nombre y apellido, cuál es la empresa que quiere comprar los derechos del proyecto.
En segundo lugar, porque no se conocen los elementos que se han tomado en cuenta para valorizar la riqueza que esconde el subsuelo de Llurimagua.
En tercer lugar, podría agregarse, que no es lo mismo vender un proyecto en la categoría de recursos inferidos que hacer la misma venta conociendo las reservas probadas. La utilidad que se obtiene al vender una mina en producción es tremendamente superior a la que se tendría si se vende el mineral en roca.
Y, como se explica al principio, no se conoce las cifras finales que están en juego en el proyecto Llurimagua.
Una reflexión decente
El economista Bernardo Brito, jefe de Operaciones de Geostrats y consultor especializado en evaluación económica de proyectos mineros, sostiene que la situación de crisis mundial provocada por la pandemia es la menos indicada para vender un activo del Estado.
“No es el momento apropiado para pensar en el inicio de negociaciones porque los precios de los metales están en un momento de depresión y se van a recuperar cuando el mundo supere las dificultades que está creando el Covid 19”, explica Brito.
Después de considerar el tema legal, recomienda que si llega el momento en que el Estado decida buscar un socio para llevar adelante el proyecto Llurimagua, debe procurar que todas las acciones estén rodeadas de un halo de transparencia y claridad que aleje las suspicacias que no faltan en estos procesos.
“Será muy importante que se cuente con los servicios de un asesor independiente de prestigio reconocido y experiencia en este tipo de negociaciones”, enfatiza.
Finalmente aconseja considerar desde el inicio la posibilidad de que la participación del 51% en el proyecto se vea reducida si es que Enami no está en condiciones de cumplir con su parte en las cuantiosas inversiones que se requerirán hasta poner en producción la mina.
En proceso la norma para la consulta previa en el sector minero
6 de abril de 2020.- El tema de la consulta a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano, al pueblo montubio y a las comunas antes de que en su territorio se inicien las actividades extractivas es un asunto que se viene arrastrando desde hace años en el sector minero. No hay un motivo claro que explique esta situación y en estos casos no son buenas las suposiciones. “Es una lástima que haya tomado tanto tiempo para que se concrete esta entrevista, temas complejos y sensibles como éste, se deben comunicar y no evadir una entrevista que podría poner en perspectiva como está el proceso y el porqué ha tomado tanto tiempo llegar a su estado actual al ser tan complejo y exigente”, señala el viceministro de Minas, ingeniero Fernando L. Benalcázar, antes de comenzar su diálogo con Vía Minera. Aquí sus respuestas:
¿En qué momento o momentos se pedirá a las comunidades su opinión sobre la realización de actividades mineras en sus territorios?
Se hará como lo determina la Constitución de la República del Ecuador, en el inciso 7 del Artículo 57, que dice “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.
Por lo tanto, el proceso de Consulta Previa Libre e informada será realizado cuando el Estado defina planes y programas nuevos de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.
¿Cuáles son los territorios o comunidades que podrán ejercer el derecho a la consulta libre, previa e informada?
El Artículo 56 de la Constitución de la República del Ecuador, describe que: Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos, la Consulta Previa, Libre e Informada.
¿Quién determinará la calidad de “territorio indígena” o comunidad indígena o ancestral?
La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales tiene como objeto “normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos”.
En su primer artículo, la ley también define su ámbito de aplicación, señalando que “es de orden público y de jurisdicción nacional. Las disposiciones de esta regulan las relaciones del Estado con las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en materia de tierras rurales; y de comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades en cuanto al reconocimiento y adjudicación a título gratuito de territorios que se encuentran en posesión ancestral; y a la protección y seguridad jurídica de tierras y territorios de su propiedad”.
Además, esta ley garantiza la propiedad de las tierras comunitarias, el reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, de conformidad con la Constitución, convenios y demás instrumentos internacionales de derechos colectivos.
Adicionalmente, en su Artículo 48, al legislar sobre planificación participativa, establece que “la Autoridad Agraria Nacional, considerando la aptitud y usos sustentables prioritarios de la tierra rural, formulará el Plan de Manejo Participativo, Conservación y Recuperación de Suelos que contribuirá a la sostenibilidad de la fertilidad de la tierra rural y aumento a su productividad; y a la prevención y reducción de la contaminación en todas sus formas… El plan contará con la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y, ahora, el Ministerio del Ambiente y Agua de conformidad con la Ley, así como también de las organizaciones sociales, campesinas y las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios que habitan en el territorio… Para la calificación de la calidad de comunidad indígena o ancestral se considerarán los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como los convenios y tratados internacionales en cuanto tenga que ver con Derechos Humanos”.
¿Qué entidad establecerá cuáles son las comunidades y quiénes en concreto serán sujetos o no de consulta?
El Reglamento del Proceso de Consulta Previa Libre e informada prevé la realización de diagnósticos socio ambientales en las tierras donde se considere la implementación de planes o proyectos, diagnóstico que definirá la existencia o no de sujetos de consulta, basados en los criterios reconocidos en la normativa nacional, así como en tratados internacionales de los cuales Ecuador es firmante.
¿Cuáles son las condiciones que deben reunir una comunidad o un territorio para ser considerado indígena o ancestral?
Se debe tomar en cuenta las definiciones establecidas, en primer lugar, por la Constitución de la República del Ecuador en su capítulo cuarto sobre los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, concretamente los Artículos 56, 57 en su numeral 7; 58, 59 y 60; el Convenio 169 de la OIT, en su artículo Nº.1, la Ley de Participación Ciudadana y Control Social sobre la consulta previa, artículo 81, así como la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y la Normativa vigente en el momento de realizar el Diagnóstico Socio-ambiental.
Lo expuesto corresponde a normativa nacional e internacional y, en este contexto, es importante indicar los parámetros que considera el Convenio 169 de la OIT:
Primero, continuidad histórica, el cual plasma que los pueblos y nacionalidades indígenas, no obstante su colonización y sus secuelas estructurales, están presentes con sus identidades diferenciadas del resto de las sociedades nacionales, haciendo uso de sus costumbres, culturas, normas, instituciones jurídico-política-religiosas, nociones filosóficas e idiomas; asentados en territorios indígenas en los cuales ejercen el autogobierno comunitario.
El documento de la Corte Constitucional del ECL\DOH / Sentencia 004-14-SCN-CC 2014, 2014, en su página 19, da cuenta de la existencia de sociedades desde tiempos anteriores a la época de la conquista, colonización o las actuales fronteras estatales. No se aplican a quienes se autodefinen como tales sin contar con etnicidad.
Segundo, conexión territorial, el mismo que da cuenta de sociedades cuyos ancestros habitaban el país o región, en específico en los territorios en los que se realicen actividades mineras, que se encuentren reconocidos por las entidades correspondientes como territorio ancestral, no por autodeterminación reciente.
Un tercer parámetro es el de las instituciones distintivas, que dan cuenta de sociedades que retienen o conservan algunas o todas sus instituciones propias. Esto está en el documento de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: una guía sobre el convenio núm. 169 de la OIT. Ginebra, 2009. Estas instituciones deberán estar en el tiempo y espacio dentro del área de realización de actividades mineras. Debe aclararse que estos requisitos no son excluyentes, el uno del otro.
En el caso del criterio subjetivo, se refiere a la autoidentificación, concepto que hace referencia a la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad propia.
Es decir, independientemente de la utilización del término pueblo o nacionalidad, lo relevante es la conciencia del grupo de poseer una identidad colectiva, respaldada además por una historia que da cuenta de su carácter originario. En este sentido, es el reconocimiento del propio pueblo como parte de un grupo social y culturalmente diferenciado. Este elemento es considerado un criterio fundamental en la identificación de las Comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pero siempre y cuando reúnan las tres anteriores con sus aclaraciones.
Para el Ecuador la Etnia se refiere a los valores y prácticas culturales que distinguen a los grupos humanos. Los miembros de un grupo étnico se ven a sí mismos como diferentes a otros grupos. El concepto alude, en general, a dos dimensiones: un conjunto compartido de características culturales y sociales como la lengua, la fe y la residencia, entre otros; y un sentido compartido de identidad o tradición.
Para determinar si una población pertenece a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, deberá presentar características que den cuenta de la existencia de los criterios expuestos. Asimismo, se debe tener en cuenta que estos criterios son concurrentes en su totalidad, de conformidad con lo antes señalado.
Además, se debe considerar que la Constitución establece que el derecho a la Consulta Previa es un derecho de orden Colectivo.
¿Qué institución llevará el registro de las comunidades consideradas ancestrales o indígenas?
El Codenpe, la institución del Estado que era llamada a realizar el registro de comunidades indígenas pasó a ser la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, pero la misma por ahora no tiene como función específica el reconocimiento de la juridicidad de una comuna o pueblo en específico.
Para el caso de la identificación de sujetos de consulta se deberá utilizar todas las herramientas de normativa nacional e internacional que se encuentren vigentes para el reconocimiento de las comunidades consideradas sujetos de consulta de acuerdo el Artículo 57.7 de la Constitución de la República del Ecuador.
Tratándose de un proyecto minero ubicado sobre el territorio de una comunidad indígena, ¿qué instancia tendrá a su cargo la realización de la consulta?
El artículo 57.7 de nuestra Carta Magna define como una obligación del Estado llevar a cabo el proceso de consulta previa. El sujeto consultante será el Estado.
¿Quién tendrá a su cargo la supervisión de la consulta?
El Ministerio sectorial.
¿En qué punto está y qué plazo para entrar en vigencia tiene la norma que regirá el proceso de consulta previa, libre e informada?
El Reglamento se encuentra terminado en un primer borrador y será socializado conforme lo determinan las regulaciones estatales, además se realizó un ejercicio para levantar la metodología del Diagnóstico Socio Ambiental, mismo que deberá decantar en un instrumento para el levantamiento de la información social y ambiental de las comunidades asentadas en las zonas a ser evaluadas a fin de determinar la existencia o no de “Sujetos de Consulta”.
¿Cuál será la figura legal que regulará el proceso de consulta: acuerdo ministerial, ley, reglamento, etc.?
Aún se está analizando la figura legal para la regularización de este Reglamento.
¿Cuáles son las características más importantes del proceso de consulta? Alcances, requisitos, plazos… el formato, por ejemplo, será por voto secreto, huella digital, a mano alzada, con cédula y papeleta de votación... ¿quién realizará el escrutinio?
El Estado a través de este proceso garantiza el cumplimiento del derecho que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios a estar informados sobre los proyectos que puedan ingerir en sus dinámicas cotidianas, esto asegura la participación de los sujetos de consulta en un proceso de diálogo libre, equilibrado y no condicionado para que sus criterios puedan ser considerados en el desarrollo de los proyectos.
Su alcance está definido en la 57.7 de la Constitución de la República del Ecuador, la Consulta Previa Libre e Informada es un derecho colectivo para pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, y el mismo será implementado de acuerdo con la normativa vigente y a los tratados internacionales que refieran a los procesos de consulta previa libre e informada.
¿Qué papel jugarán las empresas operadoras, ya sea que estén en la etapa de exploración o producción, de proyectos en la consulta previa?
Las empresas que se encuentren en las diferentes etapas deberán proporcionar toda la información técnica sobre las actividades del proyecto, sus impactos, medidas de mitigación, planes de relacionamiento comunitario, etc.
En caso de que cambie el titular del proyecto ¿se requerirá un nuevo proceso de consulta?
La consulta previa está definida para informar sobre las actividades de minería que tendrán lugar en territorio de los “sujetos de consulta”. Los cambios de titular del proyecto no implican el cambio de dichas actividades, por lo que dicho cambio no requeriría un nuevo proceso de consulta.
¿Qué hay de los formatos para entregar la información sobre las actividades mineras a las poblaciones, para que la población la puedan comprender y, en especial, los involucrados con menor grado de escolaridad?
El Estado considera en este proceso todo lo establecido en jurisprudencia internacional, dentro de lo cual se menciona:
Artículo 2 del Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
¿Qué iniciativas, prioridades o énfasis en el trabajo han generado las recomendaciones del Banco Mundial respecto de la mejora de la participación ciudadana en las actividades mineras?
Las recomendaciones generadas por entes internacionales han sido tomadas en cuenta para la elaboración tanto del Reglamento como de la metodología para el Diagnóstico Socio Ambiental.
¿Qué instituciones internacionales han participado en la elaboración del proyecto de consulta previa?
El Reglamento, así como las diferentes herramientas para su implementación fueron trabajadas con personal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Se contó con asesoramiento por parte del Foro Intergubernamental de Minas, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF-Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development), organización con la cual trabajamos en la iniciativa y concluyó con un webinar en el último trimestre del 2019 con la participación de expertos internacionales quienes hicieron observaciones a la normativa y emitieron sugerencias para una mejor comprensión del mismo.
¿Cuáles han sido los aportes de la cooperación internacional que pueden tomarse en cuenta dada las características de la realidad ecuatoriana?
Para la construcción de la normativa y sus herramientas de implementación, como el diagnóstico socio ambiental, se ha considerado tanto la normativa local, partiendo de la Constitución y demás normas del ordenamiento jurídico nacional, contempladas en los artículos 424 y 425 de la Constitución, así como los instrumentos legales suscritos y ratificados por la República del Ecuador.
En esta línea, hemos trabajado con las demás instituciones del estado, manteniendo la cooperación descrita en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, así como se ha tenido la cooperación de organismos internacionales como el IGF.
En cuanto a la normativa local y ratificada, hemos estudiado al detalle el Convenio OIT 169 y su Guía de Aplicación, lo que quiere esta Administración es mantener el diálogo y la participación, de conformidad con la apertura a estos espacios dispuesta por el señor Presidente de la República.
¿Con qué representantes de la sociedad civil se ha elaborado y validado la norma sobre consulta?
El proyecto ha sido trabajado considerando el involucramiento de grupos relacionados con el sector minero, se han ejecutado espacios de socialización con la Cámara Americana Ecuatoriana (AMCHAM), Cámara de Minería del Ecuador. Adicionalmente, se han realizado, en distintas zonas de interés de las Áreas de Influencia Directa de algunos proyectos, con la autorización y participación de las “comunidades de base”, ejercicios de levantamiento de información socio-ambiental de cara a futuros procesos de Consulta.
​¿Ve viable la recomendación del Banco Mundial de encargar a una entidad independiente su ejecución?
Esta es una obligación del Estado, por lo que debe ser llevada cabo por el Estado. Por la magnitud de las actividades que se deberán ejecutar durante el proceso de Consulta Previa, se prevé la contratación de entidades independientes que apoyen en la realización de los procesos de consulta previa en algunas de sus etapas, siempre con la supervisión y bajo la responsabilidad del Estado.
Si queremos mejorar, el trabajo empieza hoy
Marzo 22 de 2020.- Es el año 2045. Se han alcanzado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha erradicado la pobreza; la energía renovable alimenta al mundo; se consiguió la igualdad de género y los ecosistemas terrestres y acuáticos mundiales están prosperando.
¿Cómo sucedió esto? ¿Qué acciones se tomaron para hacer posible una era de paz, prosperidad y progreso?
La respuesta la buscaron más de 150 líderes de la minería mundial el pasado 29 en el marco del Foro Anual de Sostenibilidad que organizaron conjuntamente el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, IGF por sus siglas en inglés, la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, PDAC y el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, como se le conoce en todo el mundo.
La reunión fue facilitada por Watershed Partners, una ONG que cree que es posible la colaboración a nivel planetario y que no es demasiado tarde para solucionar problemas como la crisis climática, la inestabilidad económica, los intereses en competencia y otros más.
En la cita, realizada un día antes de que empiece el PDAC 2020, se pidió a los participantes que reflexionaran sobre los cambios específicos que deben ocurrir en la industria minera para que sea sostenible.
Las conclusiones, plasmadas en un plan de acción que determina lo que realmente se necesita para llevarnos a este escenario ideal en el año 2045, pueden leerse en:
https://www.igfmining.org/sustainable-by-2045-three-ways-the-mining-industry-can-make-it-happen/
Catastro Minero podría estar listo en el tercer trimestre 2020
23 de marzo de 2020.- El viceministerio de Minas, Fernando L. Benalcázar, señaló que su despacho prevé la apertura del Catastro Minero para el tercer trimestre del 2020, previo a cumplir con todo el plan de trabajo propuesto por la consultoría que a mediados del año pasado inició el Banco Mundial.
Benalcázar sabe de lo que habla. Desde su gestión anterior procuró terminar con este tema que se viene arrastrando desde hace más de una década.
“La dinámica existente en las organizaciones y sobre todo en el sector minero; el constante cambio de la tecnología; los nuevos esquemas de interoperabilidad de las plataformas tecnológicas, así como su interacción con los usuarios internos y ciudadanía en general a través de una diversidad de canales de comunicación, obligan a las organizaciones a evaluar periódicamente sus recursos tecnológicos y determinar la necesidad de implementar mejoras o soluciones que se ajusten a los requerimientos de su entorno”, sostiene el viceministro.
Agrega que una de las herramientas que hará posible parte de esas mejoras es el catastro minero, el mismo que sigue en el centro de la preocupación de la actual administración.
Intentando un resumen de la historia reciente de este asunto, recuerda que como expresión de ese interés se logró en mayo del año pasado que el Banco Mundial lleve a cabo la Consultoría de “Evaluación y Diagnóstico el Sistema de Otorgamiento de Títulos Mineros” al final de la cual se propuso un plan de trabajo que buscaba que el Ecuador cuente con un Catastro Minero de clase internacional.
Como resultado de esta consultoría -continúa-, técnicos del Banco Mundial hicieron un acompañamiento al proyecto que venía llevando a cabo el Viceministerio de Minas, para el levantamiento de la información directamente de los expedientes de derechos mineros a fin de contrastarlos con la base existente en el Sistema de Gestión Minera (SGM).
En agosto el Banco Interamericano de Desarrollo puso a disposición del Gobierno del Ecuador un fondo no reembolsable que permitió la contratación de un equipo técnico multidisciplinario para dedicarse exclusivamente al levantamiento de información directamente de los expedientes que se encontraban en las Coordinaciones Zonales, para luego contrastarla con la información existente.
¿Qué situaciones se encontraron al final de dicha consultoría?
La base de datos que nos entregaron en diciembre del año pasado permitió al Estado conocer la situación del SGM respecto de los expedientes existentes en las Coordinaciones Zonales y en la Agencia de Regulación y Control Minero, encontrándose que existen concesiones registradas en el SGM con estado no acorde al reflejado en los expedientes.
Otras concesiones registradas como “en trámite” tenían una antigüedad mayor a los parámetros permitidos por la normativa.
Existían también concesiones registradas “en trámite” sin código catastral, concesiones registradas en el SGM que no cuentan con expedientes, concesiones cuyas áreas difieren de las áreas constantes en los títulos emitidos y concesiones pendientes de caducar.
Adicionalmente, la consultoría del Banco Mundial apoyó en la realización de una auditoría de la plataforma digital del SGM, encontrando que la misma carece de funcionalidades importantes para el manejo transparente del Catastro Minero, además de tener serios problemas de vulnerabilidad del sistema.
Al respecto, el plan de trabajo planteado por el BM propone una segunda fase que consiste en el diseño e implementación de una nueva plataforma digital para el manejo exclusivo de la información del Catastro Minero del Ecuador.
¿Qué dice la experiencia internacional en cuanto a la confección del catastro?
La experiencia internacional indica que la gestión catastral debe estar restringida al otorgamiento, mantenimiento y extinción de los títulos mineros, entendiendo por títulos mineros aquellos que están vinculados a una porción delimitada de terreno, es decir, concesiones y permisos.
De acuerdo con la mejor experiencia internacional, se sugiere que el nuevo Sistema de Gestión Minera debería integrar dos módulos diferenciados, compatibles e interrelacionados, gestionados, mantenidos y actualizados por equipos diferentes, de acuerdo con la siguientes bases operativas y funcionales:
Uno es el módulo catastral para la gestión del otorgamiento, mantenimiento y extinción de los títulos para minería a escalas grande, mediana y pequeña, y permisos para la minería artesanal, la de libre aprovechamiento y la de materiales pétreos.
El otro es el módulo de control y supervisión, focalizado sobre los contratos, es decir, los que se firman al final de la exploración, cuando se va a iniciar una explotación a mediana o gran escala, las licencias de comercialización y las autorizaciones para plantas de beneficio, de fundición y de refinación.
La segunda fase para concluir con la gestión de las situaciones encontradas en la primera fase es la prioridad número uno de la administración actual, a fin de contar con una base de datos completamente depurada, la misma que luego será ingresada en un nuevo software o plataforma digital que será trabajada expresamente para el manejo del “catastro minero” y que deberá cumplir con los estándares definidos en la Consultoría del Banco Mundial.
Esta fase incluye también la implementación de instructivos pertinentes para el manejo del nuevo catastro, la misma que está siendo considerada para apoyo mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, concluye en esta parte el viceministro de Minas.
Viceministro Benalcázar sobre Río Blanco:
Trabajaremos para evitar el arbitraje internacional
¿Cuál es la importancia económica de Río Blanco?
Rio Blanco es uno de los proyectos estratégicos de mediana minería con una producción de oro y plata prevista de 11 años, por ende, es clave económicamente para el país, ya que podría entregar anualmente más de US$ 35 millones de dólares como beneficios netos para el Estado.
Ahora que volvió al puesto, ¿Cómo encontró el caso?
Es preocupante ver que dos meses y medio después de haber recibido la notificación, este viceministerio no se ha reunido con la PGE para proveer todo el apoyo requerido desde lo técnico y administrativo que contribuya al conocimiento de la situación real del proyecto y las vicisitudes que ha enfrentado desde mayo 2018 y le ha llevado a estar parado sin actividad alguna desde esa fecha.
A más de esta potencial exposición internacional existe la local a través de la presencia de minería ilegal que ya está presente en el sector, aunque de manera incipiente y que ha generado un conflicto social adicional.
¿Sabía usted del conflicto potencial?
Sí, en efecto, a comienzos de enero 2020, cuando aún era viceministro, la Procuraduría General del Estado (PGE) recibió una carta amigable copiada al Ministro de Energía y RNNR y al Viceministro de Minas, en la cual la empresa Junefield proponía amigablemente una compensación de US$480 millones de dólares por no haber podido operar su mina regularmente y por la falta de seguridad en su área concesionada.
Trabajaremos con la PGE para que en el plazo de 6 meses que el tratado de inversión existente entre Ecuador y China permite a partir de la presentación de ésta, logremos evitar un arbitraje internacional y encontrar una solución con las otras instancias del Estado correspondientes. La minería en Ecuador no debería, no podría, enfrentar un arbitraje porque todo lo logrado hasta la fecha se vería seriamente comprometido en temas de seguridad jurídica y crearía un precedente terrible ante los inversionistas ya presentes en Ecuador y para aquéllos interesados en arribar en un futuro próximo.
¿Por qué volvió el Ing. Fernando L. Benalcázar?
23 de marzo de 2020.- “Contar con el ingeniero Benalcázar, un profesional íntegro y dedicado al sector minero, cuya labor arrojó resultados excepcionales como haber empujado para que los dos proyectos mineros a gran escala, Fruta del Norte y Mirador, entren en producción en el 2019, era muy importante para mí como ministro y para la consolidación de la minería en el país”, explicó el flamante ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz en un breve diálogo con Vía Minera.
Y agregó: “Toda mi confianza en su experiencia y dedicación como profesional al que conozco y valoro desde hace 20 años, con el que hemos compartido experiencias locales e internacionales, que han trascendido en la industria extractiva a todo nivel, me da la seguridad que la minería no puede estar en mejores manos".
​El ministro René Ortiz ha señalado que la minería será su prioridad, “junto con una estricta y rigurosa sujeción a la seguridad jurídica que Ecuador debe garantizar a los inversionistas”.​
Fernando L. Benalcázar vuelve al viceministerio de Minas
16 de marzo de 2020.- En una semana que se recordará por la expansión mundial del corona virus y el inicio de una guerra por los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, la misma que provocó en un día la caída del 25% en la cotización internacional del crudo, el gobierno del presidente Lenin Moreno aceptó el pasado lunes la renuncia del ministro de Energía y Recursos Naturales, José Agusto, provocada por razones de salud según él; y nombró ese mismo día a su reemplazante, el ingeniero René Ortiz.
El nuevo titular tiene experiencia en el cargo y en otros puestos de renombre internacional. Ha sido secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y en los últimos años se desempeñó como consultor energético. Posesionado ya en el ministerio, una de las primeras medidas que tomó fue reinstalar en su despacho a quien hace siete semanas ocupó el viceministerio de Minas, el ingeniero Fernando L. Benalcázar.
BID otorga préstamo de USD 78,4 millones
16 de marzo de 2020.- Con el fin de mejorar la estabilidad macroeconómica, incrementar la productividad y la generación de empleo en el sector minero energético, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo USD 78,4 millones para aumentar de forma sostenible y responsable las inversiones en ambos sectores.
También se desarrollarán instrumentos de planificación minera y energética y herramientas de política que aumenten la eficacia del marco regulatorio y generen un ambiente de negocios propicio a la inversión responsable, sostuvo la entidad internacional.
Además, estos recursos permitirán desarrollar estudios de preinversión de una planta de regasificación de gas natural y facilidades de generación, considerando alternativas que generen menos emisiones de gases de efecto invernadero y estudios de superficie para el desarrollo del potencial geotérmico.
Este préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años con un período de gracias de seis años y una tasa de interés basada en libor.
Esta operación será ejecutada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el Instituto de Investigación Geológico y Energético.
Perú es demandado otra vez ante el CIADI
3 de marzo del 2020.- La controversia entre la empresa Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) y la Sunat toma una nueva escala, dado que se dicho proceso se ha llevado a un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial Estados Unidos-Perú.
SMCV indicó que su matriz estadounidense Freeport-McMoRan Inc. llevará adelante este proceso contra el Estado peruano.
“Este procedimiento de arbitraje no afectará nuestras operaciones actuales. Los montos discutidos vienen siendo pagados, bajo protesto, y están relacionados puntualmente a actividades del pasado. Actualmente, operamos bajo un nuevo Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión”, detalla la SMCV.
Por su parte, la Sunat informó de las pretensiones de este proceso el pasado 16 de diciembre, designando a Edmóstines Montoya Jara como su representante ante la comisión especial que representará al Estado peruano en la controversia internacional.
Este proceso surge por el pago de las regalías mineras por el mineral procesado por la concentradora de la empresa, la misma que inició operaciones a fines del año 2006.
Ante ello, se hizo las consultas a SMCV que detalló que vía este mecanismo se busca “resolver la disputa sobre la imposición de regalías y penalidades e intereses altos que no eran aplicables bajo el contrato de estabilidad que Cerro Verde suscribió con el Gobierno en 1998”.
De la misma forma, detalla que, en múltiples ocasiones, SMCV ha buscado una solución por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas.
“La compañía no ha tenido un debido proceso con relación a la disputa sobre la violación de los compromisos contractuales asumidos hace más de 20 años para inducir a Freeport-McMoRan y SMCV”, mencionan, tras esperar que sea el espacio del Ciadi para la solución de las diferencias.
Las regalías de Cerro Verde
Según lo reportado por la Sociedad Minera Cerro Verde, en su memoria 2019, las resoluciones de Sunat que corresponden a los períodos comprendidos entre octubre de 2006 a diciembre de 2007 y los años 2008, 2009, 2010, 2011 fueron apeladas ante el Tribunal Fiscal.
Adicionalmente, las decisiones emitidas por el Tribunal Fiscal sobre los periodos 2006 al 2008, han sido cuestionados judicialmente en Procesos Contenciosos Administrativos.
Años 2006-2007 y 2008:
En julio de 2013, el Tribunal Fiscal emitió dos resoluciones confirmando las Resoluciones de Determinación de la Sunat, por los períodos de octubre de 2006 a diciembre de 2007, y 2008; las mismas que pusieron fin a la etapa administrativa.
En setiembre de 2013, Cerro Verde impugnó las resoluciones administrativas, en la vía judicial, mediante acciones contencioso-administrativas, ya que de acuerdo a Ley General de Minería; el Contrato de Estabilidad suscrito en el año 1998, estabiliza la legislación vigente al 06 de mayo de 1996, fecha en la que las regalías mineras no eran exigibles.
“Esta carga administrativa no puede aplicarse a nuestra concesión minera, independientemente del método utilizado para el procesamiento del mineral que se extraiga de ella”, sostiene la empresa
El 1 de octubre de 2013, la Sunat requirió a Cerro Verde el pago de un total de S/ 492 millones (US$ 148.2 millones, incluyendo intereses y multas por un total de US$ 87.3 millones) sobre la base de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal en julio de 2013, pronunciándose sobre las regalías del período comprendido entre diciembre de 2006 a diciembre de 2008.
Al amparo de la ley, y bajo protesto, la minera Cerro Verde solicitó y obtuvo un aplazamiento y fraccionamiento de deuda. Como resultado, el pago fue diferido por seis meses hasta el 30 de abril de 2014 y fraccionado en 66 cuotas mensuales iguales que culminaron el 29 de octubre de 2019.
Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad ha efectuado, bajo protesto, pagos por un total de S/ 711.1 millones de soles (equivalentes a US$ 214.4 millones) por el fraccionamiento de las regalías, correspondientes a estos periodos.
Con fecha 14 de abril de 2016, el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo en Materia Tributaria, expidió sentencia declarando infundada la demanda interpuesta por la minera Cerro Verde, concluyendo que la estabilidad no alcanzaba a la Planta de Flotación de la Sociedady ésta es responsable del pago de regalías por todo el mineral procesado en la mencionada Planta.
En mayo de 2016, la Cerro Verde interpuso recurso de apelación. El expediente se remitió a la Séptima Sala Contencioso Administrativa del Poder Judicial, y en agosto de 2016, se solicitó opinión no vinculante al Ministerio Público. La vista de la causa de llevó a cabo el 6 de febrero de 2017, tras lo cual, en julio del mismo año, la Séptima Sala Contencioso Administrativa confirmó la Sentencia que declaró infundada la demanda. Ante lo cual, la Sociedad interpuso recurso de casación en agosto de 2017, el cual fue admitido el 12 de setiembre.
Con fecha 21 de diciembre de 2017 el recurso fue remitido a la Fiscalía Suprema y con fecha 20 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la vista de la causa ante la Corte Suprema, estando pendiente la emisión de la resolución correspondiente.
Con fecha 23 de diciembre de 2014, el Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Tributario y Aduanero de Lima, notificó a la minera Cerro Verde la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la subsidiaria de Freeport-McMoRan; y, por consiguiente, declaró la nulidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y Sunat en las que se ordenó el pago de regalías por el año 2008.
El 31 de diciembre de 2014, el Tribunal Fiscal y la Sunat, interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Tributario y Aduanero de Lima. El expediente se remitió a la Sexta Sala Contencioso Administrativa de Lima.
El 13 de enero de 2016 se llevó a cabo la Vista de la Causa; y el 09 de febrero del mismo año, la Sexta Sala Contencioso Administrativa, revocó la Sentencia de primera instancia, señalando básicamente que los “contratos de estabilidad están sujetos al derecho común, que las partes pueden negociarlos libremente y determinar el alcance de los mismos; y que, dado que Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y El Estado habían decidido limitar el alcance del Acuerdo al “Proyecto de Lixiviación” -porque ese es el nombre usado en el Convenio para referirse al proyecto-, los beneficios garantizados en el Convenio de Estabilidad de 1998 no se extendían al llamado “Proyecto de Sulfuros Primarios”.
El 23 de febrero de 2016, la Sociedad Minera Cerro Verde interpuso recurso de casación, solicitando la nulidad de la sentencia de vista, o alternativamente, que se revoque la misma.
El 3 de octubre de 2016 la Corte Suprema de Justicia del Perú revisó los requisitos legales de procedencia, y admitió la casación. La vista de la causa se llevó a cabo el 19 de julio y mediante Sentencia de Casación No. 5212- 2016 de fecha 18 de agosto de 2017, notificada el 10 de octubre de 2017, se declaró infundado el recurso de casación presentado por la minera
Cerro Verde considera que la Sentencia de la Corte Suprema es equivocada por cuanto la norma es sumamente clara, en tanto el “beneficio contractual” (garantía de estabilidad) recae exclusivamente en las “Actividades” de la empresa minera; la cual no indica que el beneficio recae en (i) las “Inversiones” de la empresa minera, sin restringir el alcance a las inversiones vinculadas exclusivamente a las actividades previstas en el estudio de factibilidad, como concluyó la sala.
La Corte Suprema no emitió pronunciamiento con relación al pedido de Cerro Verde respecto a la exención de intereses y sanciones por la existencia de duda razonable, limitándose a confirmar lo señalado anteriormente que dicha solicitud habría sido extemporánea.
Ante la omisión en pronunciarse sobre la procedencia de la exención de intereses y sanciones en la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, la Sociedad cuestionó dicha omisión a través de un recurso de Amparo, el cual fue declarado improcedente mediante resolución de fecha 4 de enero de 2018.
Dicha resolución fue apelada ante la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, la cual confirmó la improcedencia de la demanda de amparo a través de la resolución N° 5 notificada el 14 de noviembre de 2018.
Con fecha 28 de noviembre la minera Cerro Verde presentó un recurso de agravio constitucional contra la resolución N° 5, solicitando que el expediente sea remitido al Tribunal Constitucional. Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional emita su decisión.
El 19 de julio de 2013, se llevó a cabo el informe oral ante la Sala 2 del Tribunal Fiscal en relación a las acotaciones por regalías del año 2009. El 9 de agosto de 2018 se realizó un nuevo informe oral ante la misma sala, la cual con fecha 28 de setiembre de 2018, notificó la Resolución que confirma la resolución emitida previamente por Sunat, que ordena el pago de regalías.
Al 31 de diciembre de 2019 el monto de las acotaciones por parte de SUNAT incluyendo intereses y penalidades por el año 2009 es de S/ 239.8 millones (aproximadamente US$ 72.3 millones).
Años 2010 y 2011 (Enero-Septiembre):
El 13 de abril de 2016, SUNAT notificó a la minera Cerro Verde con reparos adicionales y multas por regalías correspondientes a los años 2010 y parte del 2011.
Cerro Verde presentó recurso de reclamación contra estos reparos el 11 de mayo de 2016. La SUNAT declaró infundada nuestra reclamación y presentamos un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal el 22 de marzo de 2017.
El Tribunal Fiscal resolvió confirmar la Resolución apelada. La deuda por regalías correspondientes al 2010 es de S/ 253.1 millones (US$ 76.3 millones); asimismo, la deuda por regalías correspondientes al periodo de enero a setiembre de 2011 es de S/ 233.8 millones (US$ 70.5 millones).
Año 2009, 2010 y 2011 (Enero-Septiembre):
En setiembre de 2018, el Tribunal Fiscal peruano rechazó la solicitud de exención de las multas e intereses por el periodo enero 2009 hasta setiembre 2011.
En diciembre de 2018, Cerro Verde decidió no apelar la decisión del Tribunal Fiscal ante el Poder Judicial y está evaluando mecanismos alternativos para defender sus derechos.
En octubre de 2018, Sunat atendió a Cerro Verde con demandas de pagos por S/ 928.9 millones (aproximadamente US$ 280.1 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 168.8 millones) basados en la decisión del Tribunal Fiscal por el periodo enero 2009 hasta setiembre 2011.
La Sociedad solicitó un aplazamiento (diferimiento de 6 meses) y fraccionamiento (el cual fue concedido en dos cronogramas equivalentes a 66 cuotas mensuales cada uno).
La deuda total al 31 de diciembre de 2019 es por S/ 1,041.8 millones (aproximadamente US$ 314.1 millones, incluyendo intereses, intereses de aplazamiento y penalidades por US$ 202.8 millones). Los pagos de estos fraccionamientos empezaron en el segundo trimestre de 2019.
El 18 de enero de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por regalías del cuarto trimestre del año 2011, ante lo cual, Cerro Verde presentó recurso de reclamación, el cual fue denegado. Consecuentemente, la minera apeló dicha resolución ante el Tribunal Fiscal , y éste la declaró infundada.
El 18 de diciembre de 2019, Sunat notificó a Cerro Verde la resolución de cobranza y el 26 de diciembre Cerro Verde canceló la deuda, realizando el pago de S/ 57.6 millones (aproximadamente US$ 17.4 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 10 millones).
De otro lado, el 18 de enero de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por impuesto especial a la minería del cuarto trimestre del año 2011 al cuarto trimestre del año 2012.
La Sociedad Minera Cerro Verde presentó recurso de reclamación ante la Sunat contra dichas resoluciones, las cuales fueron declaradas infundadas por Sunat, consecuentemente la minera apeló la resolución ante el Tribunal Fiscal la cual también fue denegada en julio de 2019.
La subsidiria de Freeport McMoran solicitó un aplazamiento (diferimiento de 6 meses) y fraccionamiento (el cual fue concedido en un cronograma equivalente a 66 cuotas mensuales).
La deuda total al 31 de diciembre de 2019 es por S/ 255.8 millones (aproximadamente US$77.1 millones, incluyendo intereses, intereses de aplazamiento y penalidades por US$40.5 millones). Los pagos de este fraccionamiento comenzarán en el primer trimestre de 2020.
El 18 de abril de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por regalías del año 2012. El 17 de mayo de 2018, Cerro Verde presentó recurso de reclamación ante la Sunat contra dichas resoluciones.
El 23 de enero de 2019 la minera recibió la resolución emitida por Sunat declarando infundada la reclamación por el año 2012. La minera decidió no apelar dicha resolución ante el Tribunal Fiscal. La Sociedad solicitó un aplazamiento (diferimiento de 6 meses) y fraccionamiento (el cual fue concedido en un cronograma equivalente a 66 cuotas mensuales).
La deuda al 31 de diciembre de 2019 asciende a S/ 266.1 millones (aproximadamente US$ 80.2 millones, incluyendo intereses, intereses de aplazamiento y penalidades por US$45.7 millones).
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ha efectuado pagos por el fraccionamiento por un total de S/ 65.7 millones (equivalentes a US$19.8 millones basados).
El 10 de octubre de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por regalías e impuesto especial a la minería del año 2013, y el 7 de noviembre de 2018, la Sociedad Minera Cerro Verde presentó recurso de reclamación contra dichas resoluciones.
El 28 de mayo de 2019 Cerro Verde recibió resoluciones emitidas por Sunat declarando infundados los recursos de reclamación por el año 2013. La minera decidió no apelar dichas resoluciones.
La minera solicitó dos aplazamientos (diferimiento de 6 meses) y dos fraccionamientos (los cuales fueron concedidos en dos cronogramas equivalentes a 66 cuotas mensuales por cada uno).
Al 31 de diciembre de 2019, el monto de dichas acotaciones incluyendo intereses y penalidades por regalías del año 2013 es de S/ 183.9 millones (aproximadamente US$ 55.4 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 29.5 millones) y por impuesto especial a la minería del año 2013 es de S/ 151.0 millones (aproximadamente US$ 45.5 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 22.1 millones).
Los pagos de estos fraccionamientos comenzarán en el primer trimestre de 2020. En diciembre de 2017, como resultado de la decisión desfavorable de la Corte Suprema sobre el caso de las regalías mineras del año 2008, la Sociedad solicitó la devolución de los montos que habría pagado en exceso por el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) (diciembre 2012 a diciembre 2013), el GEM (cuarto trimestre 2011 hasta el cuarto trimestre 2012) y derechos arancelarios (año 2013). (Publicado en Gestión, de Lima)
POLITICA MINERA ACTUALIZADA DEL ECUADOR
Ecuador y Perú aprueban plan para enfrentar la minería ilegal
Marzo 1 de 2020.- Ecuador y Perú aprueban plan para enfrentar la minería ilegal En la Cancillería ecuatoriana se realizó el pasado 20 de febrero la primera reunión de la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal, la misma que aprobó un plan de trabajo en virtud del cual las autoridades de Perú y Ecuador visitarán la Cordillera del Cóndor y firmarán un protocolo bilateral para ejecutar operativos en la zona de frontera, entre otras acciones.
La cooperación entre Ecuador y Perú está dirigida a prevenir, controlar y judicializar las actividades de minería ilegal; así como también los delitos conexos: lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas, trabajo esclavo, entre otros. La Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal fue creada en agosto de 2019 y reemplazó al Grupo Ad Hoc de Lucha contra la Minería Ilegal. Tiene el propósito de fortalecer la coordinación y cooperación bilateral para combatir este delito en la zona de frontera ecuatoriano - peruana.
Baja atractivo de Ecuador para la inversión minera, según informe Fraser 2019
1 de marzo de 2020.- ​La imagen del Ecuador para los inversionistas mineros internacionales está en este año en el puesto 57 de 76 países analizados por la Encuesta Anual de Compañías Mineras edición 2019, del canadiense instituto Fraser.
En 2018, Ecuador estuvo en el puesto 56 de 83 países incluidos; en 2017 en el puesto 70 de 91 países; en 2016, en el 76 de 104 países; y en el 2015 en el 92 de 109 países.
La encuesta compara el atractivo para invertir en minería en los países donde esta actividad se desarrolla y es en realidad un sondeo respondido, en el año pasado, por 263 encuestados de 76 jurisdicciones del globo.
El índice se construye analizando el atractivo geológico y los efectos de las políticas gubernamentales sobre las actitudes hacia la inversión en exploración. Se incluye factores como regulaciones onerosas, niveles impositivos y la calidad de la infraestructura. Muchos encuestados indican que aproximadamente el 40 por ciento de su decisión de inversión está determinada por factores de política.
Pobladores toman partido frente a actividades mineras en Palo Quemado
2 de marzo de 2020.- Miembros del Comité Pro Desarrollo de la parroquia Palo Quemado del cantón Sigchos, denunciaron a las autoridades de la Junta Parroquial por no socializar la propuesta de resolución prefectural que declara a la provincia “libre de minería metálica”.
La denuncia fue presentada ante el Gobernador de Cotopaxi por el Comité de las comunidades de la zona de influencia del proyecto La Plata tales como Palo Quemado, Las Minas, Santa Rosa y Praderas; y asociaciones locales como Orcoprosan, que defienden la oportunidad de desarrollo que representa la minería.
En la carta, además, denuncian que la actitud de la Presidenta de la Junta Parroquial, Rosa Masapanta, ha originado el apoyo del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi al “comité cantonal de lucha contra la minería” para crear comités en cada parroquia y declarar prioritaria la defensa del agua de los páramos, la naturaleza, cuencas hídricas, bosques y humedales.
De acuerdo al texto de la carta, ese comité cantonal ha prohibido la venta de terrenos y el ingreso a las empresas mineras en los predios del cantón Sigchos; y ha advertido con aplicar la justicia indígena a quien incumpla estas prohibiciones. Los miembros del Comité Pro Desarrollo, dicen que en Palo Quemado son cien por ciento mestizos.
Otras recomendaciones del “comité cantonal” que la carta menciona son: presentar acciones de protección en contra de las concesiones mineras por la vulneración de derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas y más normativas vigentes; y no aceptar de ninguna manera cualquier forma de socialización por parte de las empresas mineras.
En la carta también hacen referencia a una investigación judicial existente por el atentado en contra del ex teniente político de la vecina comunidad Las Pampas, Erik Arias; y se declaran víctimas de amenazas hechas por personas inescrupulosas con la complicidad de Masapanta.
Casi simultáneamente, el proyecto recibió la visita del Viceministerio de Minería y de representantes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), del Ministerio del Ambiente, de la Prefectura de Cotopaxi y de la Defensoría del Pueblo.
Actualmente, en el proyecto La Plata, operado por Atico y Toachi Mining, se está realizando una campaña de perforación, dentro de su etapa de exploración avanzada, generando empleo a más de 200 personas de la zona de influencia.
Ministerio socializa proyecto que regulará depósitos de relaves
Ecuador, noviembre del 2019.- En el marco de la definición de la nueva política minera, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables viene socializando el proyecto de “Instructivo para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de los depósitos de relaves para la mediana y gran minería”.
El documento señala en sus considerandos iniciales que los “depósitos de relaves mineros generan importantes volúmenes de residuos mineros metalúrgicos, requiriendo presas de gran magnitud, haciendo que estas estructuras mineras se consideren sensibles y requieran de gran atención por parte de los entes de control del Estado, así como del concesionario minero”.
Reconoce también “que, es oportuno, pertinente y necesario emitir una nueva normativa que permita al Estado participar como ente de control en los diseños, construcción, operación, mantenimiento y cierre de los depósitos de relaves en la mediana y gran minería, y de aquellos que por su relevancia también requieren de esta vigilancia”.
Para el proceso de elaboración de esta normativa, según fuentes no oficiales, los técnicos aprovecharon la experiencia de la normativa chilena, analizaron insumos de la bibliografía internacional actual y adaptaron las mejores prácticas a la realidad nacional.
El tema de los depósitos para relaves es central en los países mineros. En Chile, donde un 86% de los 742 relaves existentes están inactivos o abandonados, se implementa una nueva política basada en tres pilares: seguridad para las comunidades cercanas a los depósitos, resguardo del medio ambiente y transición a una economía más circular a través de la innovación.
En el Perú existe una frondosa legislación que hace referencia a los relaves. Dos instituciones, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería; y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, tienen que ver con su control y el tema de relaves está tanto en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), como en los Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del sector minero.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) será la entidad encargada de hace cumplir las pautas establecidas en la normativa para el caso de Ecuador.
Diseños sujetos a aprobación previa a la construcción
Los aspectos sujetos a la regulación se ordenan en siete títulos, cada uno de los cuales trata los siguientes temas: los procedimientos para la aprobación de proyectos de diseño; construcción, operación y mantenimiento; emergencias; cierre temporal y definitivo; criterios de control; sanciones y multas.
Los depósitos de relaves, cualquiera sea su tipo, ritmo de crecimiento, dimensión y ubicación, requieren la aprobación de los diseños por parte de la Arcom, en forma previa a su construcción. Los proyectos que se encuentran en construcción, tendrán un período de adaptación a la normativa.
En el título II se establecen los requisitos técnicos de presentación de los diseños sujetos a aprobación. Entre estos se incluye los estudios realizados de geología, geotecnia, hidrología, hidrogeología, riesgo sísmico, meteorología, mineralogía, geoquímica y topografía, el diseño de ingeniería de detalle, los análisis de estabilidad física y química, análisis de riesgo y control, y monitoreo geográfico y geotécnico.
Como parte del diseño a nivel de ingeniería de detalle el usuario deberá presentar las especificaciones técnicas en relación con todas las actividades, que incluye, planos de diseño, cronograma de actividades, entre otras.
Además, el proyecto de instructivo establece un plazo para que la Arcom cumpla con la revisión, aprobación o emisión de observaciones del diseño presentado por el proponente.
No más relaveras aguas arriba
Vía Minera consultó al presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, René Ayala, si era oportuno el fortalecimiento de las relaveras que se van a construir para los proyectos industriales que avanzan en el país, como lección aprendida tras el evento de enero de este año en la mina de hierro de Brumaldinho, en Brasil.
Como se sabe, luego de la rotura de la represa Córrego do Feijão, propiedad de la compañía minera Vale, se desencadenó un alud de aguas residuales que arrastró todo a su paso dejando la zona como un lodazal y ocasionado al menos 53 muertos y 300 desaparecidos.
El experto afirmó que en el caso mencionado, pese a que estaba involucrada una compañía de clase mundial, se trató de una relavera del tipo aguas arriba, una estructura que ya no se emplea en el mundo, que está prohibida en todos los países. Y remarcó que “a pesar de que se contaba con toda la ingeniería no se realizaron las correcciones detectadas por la autoridad y tampoco hubo seguimiento de las observaciones”.
En concreto, explicó que se pasó por alto el hecho de que la zona se encontraba en la época de lluvias, las mismas que empezaron en diciembre y el 25 de enero provocaron la tragedia.
Desde su punto de vista, contar con una normativa de este tipo tanto para la autoridad como para las empresas es sumamente importante por el seguimiento y control para que no haya casos de desbordamientos o roturas de la presas.
Gobierno dice que controlará al detalle material que se exporte
El gobierno tiene el propósito de fiscalizar, bolsa por bolsa, el contenido del concentrado que se exporte desde la mina Mirador, operada por Ecuacorriente S.A. (ECSA), y para ello viene coordinando una serie de acciones que aseguren el conocimiento exacto de los minerales que salgan del país.
Las primeras toneladas de material mineralizado deben ser exportadas la primera semana de septiembre, según informó el vicepresidente de ECSA, Mauricio Núñez. Sin embargo, persisten incertidumbres sobre manera exacta en que se analizará el contenido y la calidad de la exportación.
Hasta el jueves de la semana pasada, el personal de la empresa minera tenía preparado un plan de transporte a puerto de los concentrados que, a juicio de las autoridades, no resistía las preguntas mínimas que se deben hacer en torno al número de unidades empleadas, el peso de la carga o la frecuencia del paso de cada uno de los vehículos. Mientras el estudio de impacto del tráfico no esté concluido, no será posible el primer embarque.
De otro lado, personal de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), se encuentra destacado en las operaciones de la mina desde un mes antes de que se produjera el arranque oficial de las actividades en Mirador. Su función es verificar las condiciones en que se realiza el empaque de los concentrados y la forma en que se está preparando la exportación.
Se sabe que, por ahora, los concentrados serán trasladados de la mina al puerto de Guayaquil y de allí a las refinerías de destino en bolsas reforzadas de nylon y kevlar, una fibra superfuerte que se utiliza en la confección de chalecos antibalas, paracaídas y otros accesorios de alta resistencia.
Cada bolsa está diseñada para soportar hasta cinco toneladas de peso pero en los primeros embarques sólo contendrá dos toneladas de concentrado. Es probable que dentro de unos meses el material sea transportado en contenedores hasta llegar a Puerto Bolívar y que allí cargadores automáticos, conocidos como shiploader, efectúen el embarque del material a granel.
Tecnologías más modernas, que procuran la limpieza en las operaciones y el cuidado del medio ambiente, han ingresado al mercado de transporte de concentrados en los últimos años, pero ECSA no las ha considerado en sus primeras actividades.
Muestreo bolsa por bolsa
“Se tomarán muestras de todas y cada una de las bolsas. Eso se hace porque el contenido de ellas puede ser variable. Una puede tener un contenido excepcional de oro y otra un contenido excepcional de cobre… por eso se tomarán muestras de cada bolsa”, señala el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar.
Explica el Viceministro que para que ocurra el primer embarque tienen que darse una serie de pasos y uno de los más importantes es que la empresa y el Estado sepan exactamente cuáles son los materiales que se están exportando. “No sólo cuál es el mineral principal ni cuáles son los minerales secundarios sino todo lo que se están exportando”, ha asegurado.
La autoridad afirma que las prácticas del pasado no se van a permitir y para eso el país cuenta con una legislación moderna y competitiva en materia de exportación de concentrados.
Al cierre de esta edición no se sabía si ECSA había contratado ya a la empresa que se encargará de analizar sus exportaciones ni si Arcom había registrado ya a algún laboratorio. El Reglamento para la calificación y registro de organismos de inspección y/o laboratorios de ensayo para el sector minero fue aprobado el pasado seis de agosto.
Según ha manifestado el viceministro Benalcázar, se tomarán dos muestras de cada bolsa de concentrado y los resultados del análisis se confrontarán con los que se obtengan en el lugar de destino. Realizados los ajustes de humedad o peso, entre otros, se verificará la concordancia y si hay discrepancias importantes, se realizará una reliquidación.
“Como país tenemos mucho interés en saber exactamente cuánto costó el material que se está exportando, no sólo el precio del mineral principal sino de todos los elementos exportados porque ellos tienen relación con la regalía, la misma que se calcula en función del precio final en que se vendió todo el mineral”, sostiene.
Se ha dicho también que Arcom no tendrá agentes en los puertos de destino sino que la compañía minera tiene la obligación de contratar empresas independientes para que hagan la verificación del peso y contenido del material exportado.
EITI: Viceministro Benalcázar ratifica
que gobierno adherirá a iniciativa
El viceministro de Minería, Fernando Benalcázar, ratificó que durante este gobierno y muy posiblemente antes de que termine este año, el Ecuador será un país que adherirá a los estándares de la iniciativa EITI, una propuesta de transparencia y acceso a la información en las industrias extractivas que nació en el Reino Unido hace casi dos décadas.
Explicó Benalcázar que el financiamiento para la implementación de la iniciativa podría venir del Banco Mundial (BM), en cuyo caso los recursos podrían asegurar el funcionamiento de dicha instancia por unos cuatro o cinco años.
Dijo que existían muchas posibilidades de que el BM se comprometa en este esfuerzo del gobierno ecuatoriano y que la decisión final podría ser conocida en los próximos días.
Aclaró que el obstáculo principal para la implementación de los estándares EITI no proviene de la actual ausencia de recursos sino de la ausencia de un acuerdo entre todos los actores que participan en las industrias extractivas.
“El diálogo es el único camino que tenemos”, sentenció, añadiendo que cuando demostremos las ventajas de la explotación de los recursos naturales y no cometamos errores, podremos vencer las resistencias que por ahora tratan de detener el avance de las operaciones minero energéticas.
Remarcó que para el gobierno la transparencia no es un factor estrictamente económico sino que trasciende los factores contables e involucra el compromiso de toda la sociedad para actuar de manera coherente con el desarrollo del país.
En esa perspectiva, hizo un llamado a los empresarios y a la sociedad civil a que se organicen y se autoconvoquen con la intención de allanar el camino a la EITI.
Señaló que equipos del gobierno y técnicos de la cooperación internacional habían avanzado en un diagnóstico del estado de la situación con miras a la implementación de los estándares de transparencia y acceso a la información; y que habían formulado una serie de recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta.
En el sector minero, por ejemplo, se requiere cerrar las brechas de información en muchos aspectos sustanciales de la operación de las empresas privadas.
En el ámbito de las empresas públicas, acotó, Enami y PetroEcuador tienen mucho qué hacer en materia de transparencia.
Los gobiernos autónomos descentralizados también deberán aportar lo suyo y divulgar, entre otras cosas, el destino de las rentas que perciben del sector minero energético.
En líneas generales, el viceministro sostuvo que todos los ministerios involucrados con la extracción de minerales, petróleo y gas deben procurar la adhesión a los principios EITI y que instancias como el SRI, la Superintendencia de Aduanas, las empresas estatales y los GAD también deben prepararse para esta cruzada por la transparencia.
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 artículo 34
 artículo 408
 artículo 17
 artículo 4
 Artículo 57
 Artículo 56
 Artículo 48
 artículo 81
 Artículo 57
 artículo 57

Artículo 2
 artículo 226
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