Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5849
Timestamp: 2020-01-20 14:02:33+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 247/2006
SENTENCIA 247/2006, de 24 de julio
ECLI:ES:TC:2006:247
En el recurso de amparo núm. 6074-2003, promovido por don Rafael Ramírez Santana, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Moliné López y asistido por el Abogado don Francisco Navarro Sanz, contra la Sentencia de 21 de julio de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4409-2002. Han intervenido el Ministerio Fiscal y el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, en la representación que legalmente ostenta. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 10 de octubre de 2003, la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Moliné López, actuando en nombre y representación de don Rafael Ramírez Santana, presentó recurso de amparo constitucional contra la resolución citada en el encabezamiento.
a) El recurrente en amparo viene prestando sus servicios por cuenta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias desde 1991 como profesor de religión y moral católica en el centro de educación secundaria Arnao (Telde). En los últimos comicios sindicales se presentó como candidato del sindicato CGT, resultando elegido. En el desempeño de sus funciones como representante legal de los trabajadores ha iniciado actuaciones contra la citada Administración pública, tendentes a la regularización del colectivo de profesores de religión que han venido prestando sus servicios para aquélla, llegando incluso a promover una huelga (de cuyo comité de huelga formó parte).
b) Con fecha 9 de abril de 2001 el recurrente presentó demanda sobre tutela de derechos fundamentales contra la citada Consejería, solicitando que se declarase que la conducta de la empleadora consistente en prohibirle acudir a las reuniones del comité de empresa al que pertenecía, trasladarlo sin causa a un nuevo puesto de trabajo y reducirle de la misma forma injustificada la jornada de trabajo con la consiguiente reducción salarial, vulneraba su derecho a la libertad sindical. Solicitaba el cese inmediato de tal conducta antisindical, que se le repusiese en sus antiguas condiciones profesionales y que se le abonase una indemnización por daños de diez millones de pesetas. En cuanto a la indemnización por los daños que se le habían ocasionado, la demanda contenía las siguientes referencias:
1) En el hecho cuarto, tras describir las conductas antisindicales que estaba padeciendo, señalaba que “el sostenimiento de la presente situación, está provocando al actor, daños de toda índole y cuyo origen reside en la condición de delegado de personal y en su actividad sindical en pro del colectivo de profesores de religión y moral católica. Asimismo, como hemos referido, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes es reincidente en su actuación antisindical en contra del actor”.
2) Posteriormente, en los fundamentos jurídicos (V) señalaba que: “Se está provocando al actor daños económicos, morales y de toda índole que deben ser reparados. Ha de considerarse además, el carácter reincidente de la Consejería demandada en su conducta antisindical. En función a esta circunstancia y tomando como referencia el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social y normativa concordante, se fija la indemnización en 10.000.000 pesetas”.
3) Finalmente, en el suplico de la demanda solicitaba en el tercer punto: “La reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluido el abono de una indemnización de 10.000.000 ptas. por los perjuicios irreparables ocasionados al actor, haciendo pasar a la demandada por tal reconocimiento, todo ello con los efectos favorables a esta parte actora y a los que hubiere lugar en derecho”.
c) La demanda del recurrente fue estimada parcialmente por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria de 31 de julio de 2001 (autos núm. 259-2001), que apreció la existencia del comportamiento antisindical de la empresa, pero sólo estimó parcialmente la pretensión relativa a la indemnización, valorando su cuantía en la mitad (en lugar de reconocer una indemnización de diez millones de pesetas, que era la solicitada por el actor, reconoció una de cinco millones, a propuesta del Ministerio Fiscal).
d) Contra la anterior Sentencia interpuso la Administración demandada recurso de suplicación, interesando la revisión fáctica y afirmando, con relación al Derecho aplicado, la inexistencia de indicios de la discriminación sindical apreciada en la instancia. Asimismo, y en cuanto a la condena de la indemnización por daños morales, la Consejería demandada sostuvo que ni en la demanda ni en la Sentencia que puso fin a la instancia se establecieron los parámetros en virtud de los cuales se fijaba la cuantía de la indemnización por daños morales. El demandante presentó escrito de impugnación del citado recurso de suplicación.
e) El recurso de suplicación formulado por la Administración fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 26 de julio de 2002, que confirmó lo decidido en la instancia. En cuanto a la indemnización cuestionada, la Sala señaló en su fundamento de Derecho cuarto que, conforme a lo dispuesto en el art. 179.1 de la Ley de procedimiento laboral (en adelante LPL), no era necesario probar que se hubiera producido un perjuicio para que naciera el derecho al resarcimiento sino que, por el contrario, una vez acreditada la vulneración del derecho fundamental se presumía la existencia del daño y debía decretarse la indemnización correspondiente, citando al efecto la doctrina unificada establecida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de junio de 1993.
f) Contra la anterior Sentencia interpuso la parte demandada recurso de casación para la unificación de doctrina. En el recurso se aportaba como Sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2000. El núcleo del debate se centraba en determinar si en el proceso de tutela de libertad sindical, una vez estimada por el Juez la pretensión principal y declarada la violación del derecho fundamental, era o no posible decretar la reparación consiguiente de las consecuencias ilícitas de la violación de tal derecho, incluida la indemnización a que se refiere el art. 180.1 LPL o si, por el contrario, resultaba preciso que la víctima de la lesión hubiera probado que se le había producido un perjuicio para que naciera el derecho y se cuantificara su importe para la indemnización del daño moral. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia recurrida por la Consejería demandada había aplicado la doctrina del Tribunal Supremo mantenida en Sentencia de 9 de junio de 1993, a cuyo tenor, declarada la violación del derecho fundamental, se presumía la existencia del daño moral y surgía el derecho a la indemnización del mismo, como consecuencia obligada de la aplicación de los arts. 15 de la Ley Orgánica de libertad sindical (LOLS) y 180.1 LPL, todo ello sin necesidad de que se hubiera producido un perjuicio para que naciera el derecho a la indemnización. Sin embargo, la Consejería alegaba la doctrina más reciente de esa Sala del Tribunal Supremo (aportando, como contraste, la Sentencia de 28 de febrero de 2000), según la cual, de los mencionados preceptos legales no cabía concluir que admitida la lesión se tuviera que imponer automáticamente una indemnización por daños, siendo de todo punto obligado para imponer tal condena que el demandante hubiera alegado adecuadamente en su demanda las bases y elementos claves de la indemnización que reclamaba, de forma que se justificara suficientemente que la misma correspondía ser aplicada al supuesto concreto de que se tratara, y dando las pertinentes razones que avalaran y respaldaran dicha decisión, y, en segundo lugar, que quedaran acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar una condena de tal clase.
g) Por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2003 se estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la Consejería demandada, casando y anulando la Sentencia recurrida en lo relativo al pronunciamiento del abono de la indemnización de cinco millones de pesetas. En la Sentencia ahora recurrida en amparo, la Sala, resolviendo el debate doctrinal planteado por la recurrente en la casación unificadora, estimó que la doctrina correcta en orden a la aplicación del art. 180.1 LPL era la recogida en su Sentencia de 28 de febrero de 2000, aportada por la Administración recurrente como Sentencia de contraste, y no la contenida en la Sentencia de la misma Sala de 9 de junio de 1993 recogida en la fundamentación jurídica de la resolución recurrida y, en consecuencia, que no bastaba con que quedara acreditada la vulneración de la libertad sindical para que el juzgador tuviera que condenar automáticamente a la persona o entidad conculcadora al pago de una indemnización, sino que para ello era de todo punto necesario, primero, que el demandante alegara adecuadamente en su demanda las bases y elementos clave de la indemnización reclamada, que justificara suficientemente que la misma correspondía ser aplicada al supuesto concreto de que se tratase, y diera las pertinentes razones que avalaran y respaldaran dicha decisión; y, en segundo lugar, que quedaran acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar una condena de tal clase. Por ello, al considerar que no existía en el caso analizado dato alguno que facilitara las pautas para cuantificar el importe del daño a reparar, toda vez que ni en la demanda, ni en el acto del juicio ni en los hechos probados existían pormenores que facilitaran dicha labor, al no haberse practicado prueba alguna sobre este extremo, concluyó la Sala, de conformidad con la propuesta del Ministerio Fiscal, estimando el recurso de casación para la unificación de doctrina presentado “para casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo en trámite de suplicación, estimar en parte el recurso de tal clase, confirmando la sentencia de instancia en sus pronunciamientos, pero revocándola en lo relativo a la indemnización de daños y perjuicios, sin especial pronunciamiento en costas”.
3. En su demanda, el recurrente aduce la vulneración por la Sentencia de 21 de julio de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de los arts. 9.1 y 3, 10, 14, 16.1, 18.1, 24 y 28.1 CE.
En lo que respecta a los arts. 10, 16.1 y 18.1 CE, plantea el recurrente la cuestión de si está obligado a soportar los daños económicos y de toda índole de los que ha sido objeto por su condición de profesor de religión y miembro del comité de empresa, daños que fueron valorados tanto por la Sentencia de instancia como por la dictada en suplicación por el Tribunal Superior de Justicia. Señala que el hecho de no poder cumplir sus funciones por habérselo impedido la Administración o el de estar en la actualidad en situación de traslado forzoso, lleva aparejados daños para su imagen y dignidad como representante legal de los trabajadores, “pues ante aquéllos, por un lado, queda relegado a un medio ineficaz para la defensa de sus derechos e intereses y por otro, constituye un ejemplo vivo de lo que puede ocurrir a cualquier trabajador que pretende alzarse en defensa de los intereses que le ocupan”. Y añade que estos daños son imposibles de reparar si no media la oportuna indemnización, que efectivamente le fue reconocida en ambas instancias. El simple efecto anulador de un acto lesivo no es suficiente para restablecer al recurrente en la integridad de su derecho y menos cuando éste es fungible. Está abocado a constituir una declaración sin contenido eficaz. Para neutralizar la realidad de la vulneración es imprescindible adoptar una sanción que ha de ser, como mínimo, igual a la efectividad del perjuicio causado, pues en caso contrario peligraría la efectividad del derecho fundamental. Ésta es la solución que aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para la protección de los derechos ante la imposibilidad de restituir en forma específica el derecho vulnerado. Por ello, concluye que emerge la exigencia de individualizar el resarcimiento económico como vía sustitutiva para los casos en que la restitución in natura de la libertad lesionada no pueda alcanzarse, a fin de asegurar la protección eficaz del derecho. Ello, en el ámbito específico de la libertad sindical, comporta igualmente la necesidad de incluir el instituto del resarcimiento cuando sea necesario para contraponer los efectos irreversibles de la conducta antisindical, como es la imposibilidad, entre otros, de recuperar el crédito sindical perdido o la asistencia a reuniones ya celebradas entre el comité, la empresa y la Administración.
En tercer lugar, alega el recurrente la vulneración del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE). La vulneración de este derecho por parte de la Consejería de Educación, señala el recurrente, ha sido reconocida por las resoluciones judiciales recaídas en el proceso, incluso por el Tribunal Supremo (pues sobre este aspecto no se adujo contradicción por parte de la demandada en su recurso de casación para la unificación de doctrina), todas las cuales han estimado acreditado que la serie de atentados cometidos en su persona tuvieron por objeto “minar la voluntad no sólo de éste sino la del colectivo que representa”.
1) A pesar de haber soportado el recurrente la carga de aportar la prueba de indicios sobre la discriminación sindical que exige el art. 179.2 LPL, la estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina en lo que a la indemnización se refiere convierte la carga de acreditar y tasar el daño causado en “condición diabólica”, pues el Tribunal Supremo impide con su interpretación obtener la restitución por los daños provocados como consecuencia de las conductas antisindicales padecidas por el recurrente, sobre las que no existe duda razonable alguna, pues han sido reconocidas en su integridad por la propia Administración causante de las mismas.
3) Advierte el recurrente de las contradicciones en las que incurre el Tribunal Supremo al mantener expresamente los hechos probados de la Sentencia de instancia y sin embargo, privar al actor de la indemnización decretada por el juzgador de instancia que cuantificó los daños causados por la Administración.
4. El día 10 de noviembre de 2003 la representación procesal del demandante de amparo presentó en el Registro General de este Tribunal un escrito que denominó “aclaración al recurso de amparo” en el que alegaba que en el escrito de demanda se había omitido, “por un lamentable error informático, ajeno a la voluntad de esta parte”, un apartado 9 referente al hecho de que por el Tribunal Supremo se hubiera entrado en la resolución recurrida a resolver el recurso de suplicación. A juicio del recurrente, no compete al Tribunal Supremo resolver dicho recurso, pues tal competencia está atribuida al Tribunal Superior de Justicia.
5. Por providencia de la Sección Primera de este Tribunal de 14 de marzo de 2005 se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, requiriéndose a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al Juzgado de lo Social núm. 5 de Las Palmas para que en el plazo de diez días remitiesen, respectivamente, testimonio del recurso de casación núm. 4409-2002, del recurso núm. 375-2002 y de los autos núm. 259-2001, interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, que aparecía ya personado, para que el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional, con traslado, a dichos efectos, de copia de la demanda presentada.
6. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 7 de abril de 2005, el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias solicitó que se le tuviera por personado y parte en el procedimiento, en la representación que legalmente ostenta.
7. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Primera de este Tribunal de 16 de mayo de 2005 se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Las Palmas, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y el escrito del Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, a quien se tuvo por personado y parte en el procedimiento en la representación que legalmente ostenta, acordándose, conforme a lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la Secretaría de la Sala y por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, a la Procuradora doña Pilar Moliné López y al Letrado del Gobierno de Canarias para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieren.
8. Mediante escrito registrado el día 8 de junio de 2005 el Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones, interesando el otorgamiento del amparo.
Comienza señalando el Ministerio Fiscal que aún cuando en la demanda de amparo se esgriman una pluralidad de derechos fundamentales vulnerados —incluso algunos que no tienen tal carácter y que no son por ello susceptibles de fundamentar una demanda de amparo, como ocurre en el caso de la pretendida infracción de los arts. 9.1 y 3 y 10 CE—, la lectura de la demanda pone de manifiesto que en realidad el actor circunscribe su queja a un único aspecto, cual es el de la supresión llevada a cabo por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de la indemnización que le había sido reconocida al recurrente en instancia y en suplicación, mediante una resolución que el demandante estima contradictoria e inmotivada, lo que ha supuesto dejar sin tutela eficaz a su derecho de libertad sindical. Por lo tanto, las quejas que se esgrimen pueden reducirse a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho de libertad sindical (art. 18.1 CE).
9. La representación procesal del demandante de amparo efectuó sus alegaciones mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 15 de junio de 2005. En su escrito el demandante se remite íntegramente a las alegaciones y fundamentos esgrimidos en la demanda de amparo, haciendo especial hincapié en las diversas consideraciones recogidas en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para evaluar los daños ocasionados al demandante y en la insuficiencia del simple efecto anulador de los actos lesivos para restablecerle en la integridad de su derecho y para lograr la efectividad del derecho fundamental.
10. El Letrado del Gobierno de Canarias presentó su escrito de alegaciones el día 21 de julio de 2005, interesando la denegación del amparo solicitado. A su juicio, no concurren, en primer lugar, los presupuestos de admisibilidad del recurso de amparo, pues articulado éste con base al art. 44 LOTC, no se concretan en el mismo los derechos y libertades vulnerados por un acto u omisión de un órgano judicial, sino que se pretende un pronunciamiento sobre los hechos que dieron lugar al proceso, lo que está expresamente vedado por el art. 44 LOTC. En efecto, además de que algunos de los preceptos invocados no son susceptibles de amparo constitucional, ex art. 41 LOTC, los restantes no vienen referidos a una actuación del órgano judicial, sino que se relacionan con la cuestión de fondo que ha sido resuelta por la Sentencia que ha dado origen al presente recurso. Con ello no se pretende sino la revisión, como si de una nueva instancia se tratase, de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en unificación de doctrina, siendo así que ninguna de las conductas calificadas como lesivas de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional deriva de forma directa e inmediata de un acto u omisión de un órgano judicial, produciéndose de este modo una desnaturalización del recurso de amparo.
11. Por providencia de 29 de junio de 2006 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 3 de julio de 2006, en que comenzó habiendo terminado en el día de hoy.
1. La cuestión debatida en el presente recurso de amparo consiste en determinar si la Sentencia dictada el 21 de julio de 2003 por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo resolviendo el recurso de casación para la unificación de doctrina presentado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias contra la de 26 de julio de 2002 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (con sede en Las Palmas) ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el demandante de amparo, al denegarle la indemnización de cinco millones de pesetas que le había sido reconocida en la Sentencia de instancia (confirmada por la de suplicación) en compensación por los daños morales derivados de la declarada vulneración de su derecho de libertad sindical. A juicio del demandante de amparo, la Sentencia impugnada vulnera los arts. 9.1, 9.3, 10, 14, 16.1, 18.1, 24 y 28 de la Constitución.
2. A fin de delimitar con mayor exactitud el objeto de nuestro enjuiciamiento, conviene precisar que del contenido de la demanda de amparo se desprende con claridad —a pesar de que algunas de las alegaciones que en ella se realizan pudieran resultar equívocas en este sentido— que el recurso se dirige exclusivamente contra una resolución judicial y, más concretamente, contra la decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de dejar sin efecto el reconocimiento de la indemnización por daños y perjuicios acordada por las Sentencias de instancia y suplicación. Se trata, por ello, de un recurso inequívocamente planteado al amparo del art. 44 LOTC.
3. La anterior precisión permite descartar la concurrencia de los óbices planteados por la representación procesal del Gobierno de Canarias.
4. Son varias las quejas que, desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), plantea el recurrente en su demanda, quejas que aparecen referidas tanto a la racionalidad y motivación de la decisión judicial, como a la ausencia de competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para adoptarla, al ser la fijación de la cuantía indemnizatoria competencia exclusiva del Juez de instancia, o a la existencia de contradicciones en la Sentencia recurrida, por revocar la indemnización reconocida pese a mantener íntegramente los hechos declarados probados en la Sentencia de instancia, confirmada por la de suplicación.
5. Resta así por analizar únicamente, desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), si la motivación de la Sentencia impugnada para revocar la indemnización reconocida por las Sentencias de instancia y suplicación en reparación del daño moral sufrido por el demandante como consecuencia de la vulneración de su derecho de libertad sindical satisface las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales, de conformidad con nuestra doctrina.
“[E]l derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24.1 CE comprende el derecho de los litigantes a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, que también puede ser de inadmisión si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; y 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras). Asimismo, hemos dicho que la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos (por todas, SSTC 163/2000, de 12 de junio, FJ 3; y 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 4). También es doctrina reiterada la de que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos (SSTC 112/1996, de 24 de junio, FJ 2; y 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6).
Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2); y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3), carga que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del Ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (SSTC 61/1983, de 11 de julio; y 5/1986, de 21 de enero, entre otras). Lo anterior conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (por todas, SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; y 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6). En suma, el art. 24 CE impone a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha tener contenido jurídico y no resultar arbitraria (por todas, SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ 2; y 10/2000 de 31 de enero, FJ 2)”.
Resulta pertinente igualmente recordar, respecto al vicio de irrazonabilidad susceptible de tutela a través del recurso de amparo, que, como este Tribunal ha afirmado repetidamente, “la validez de un razonamiento desde el plano puramente lógico es independiente de la verdad o falsedad de sus premisas y de su conclusión, pues, en lógica, la noción fundamental es la coherencia y no la verdad del hecho, al no ocuparse esta rama del pensamiento de verdades materiales, sino de las relaciones formales existentes entre ellas. Ahora bien, dado que es imposible construir el Derecho como un sistema lógico puro este Tribunal ha unido a la exigencia de coherencia formal del razonamiento la exigencia de que el mismo, desde la perspectiva jurídica, no pueda ser tachado de irrazonable. A tal efecto, es preciso señalar, como lo ha hecho este Tribunal, que no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueban que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden basarse en ninguna de las razones aducidas” (SSTC 164/2002, de 17 de septiembre, FJ 4; 186/2002, de 14 de octubre, FJ 5; 224/2003, de 15 de diciembre, FJ 4; y 29/2005, de 14 de febrero, FJ 4).
6. Como se ha recogido detalladamente en los antecedentes de esta resolución, en su demanda de tutela de la libertad sindical el recurrente describió las conductas antisindicales de las que, a su juicio, estaba siendo objeto, consistentes básicamente en la prohibición por parte de la Consejería empleadora de su asistencia a las reuniones del comité de empresa al que pertenecía, su traslado sin causa a un nuevo puesto de trabajo, la reducción injustificada de su jornada de trabajo y la consiguiente reducción de su salario. Tales conductas habían ocasionado al recurrente, según alegaba éste en su demanda, daños económicos, morales y de toda índole que debían ser reparados, a cuyo efecto, teniendo en cuenta el carácter reincidente de la conducta empresarial, y tomando como referencia lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, solicitaba una indemnización de diez millones de pesetas.
“Sentado todo lo que antecede y por lo que a la indemnización solicitada por el actor se refiere se ha de estar a la cuantía señalada por el representante legal del Ministerio Fiscal y que asciende a 5.000.000 ptas. Y es que no cabe duda que la conducta reiterada por la Consejería demandada en relación a la libertad sindical del actor ha pretendido cercenar y debilitar al mismo en el ejercicio del conjunto de facultades que la legislación vigente le reconoce así como atentar a su imagen frente a sus representados especialmente ante los profesores de Religión y Moral Católica y, que como es notorio y público, este colectivo viene reivindicando los derechos que estiman que no se les reconoce por Administración Pública demandada y, habiéndose trasladado a la opinión pública la situación creada al respecto.
Por lo tanto, atendiendo a la condición de miembro del comité de empresa, a sus actuaciones en el ámbito de su derecho de libertad sindical, especialmente en la huelga mantenida en el año 2000 en la que integró el comité de huelga (documentos números 17 y 18 de la actora), y a las conductas discriminatorias de la demandada es por lo que se impone a ésta el abono a aquel de una indemnización por daños morales de cinco millones de pesetas (5.000.000 ptas.)”.
“A la hora de señalar la indemnización que debe abonar la Administración demandada en concepto de resarcimiento por el daño moral producido al actor por la vulneración de su derecho de libertad sindical, hemos de ponderar las circunstancias concurrentes en el caso, la naturaleza de la lesión y el periodo de tiempo que duró el comportamiento antisindical. En el presente caso, atendiendo a la intensidad y agresividad del comportamiento antisindical de la Administración demandada, el cual se manifiesta de tres formas distintas, a su carácter de burdo, evidente y ostensible, a su finalidad amedrentadora del actor y del resto del colectivo de trabajadores al que pertenece (profesor de religión), a que el trabajador ha estado trasladado forzosamente de su centro de trabajo desde septiembre de 2000 en adelante, a que desde marzo de 2001 ha visto sensiblemente reducidas sus retribuciones y su jornada de trabajo y a que se le impidió durante meses acudir a las sesiones del Comité de empresa para el que había sido elegido democráticamente por sus compañeros de trabajo, la Sala entiende que la indemnización por daños morales fijados en la sentencia recurrida, que por otra parte fue la solicitada por el Ministerio Fiscal (que actuó en el procedimiento en defensa de la legalidad vigente y del interés público tutelado por la ley), ascendente a 5.000.000 pesetas (30.050,61 euros) es la adecuada y ajustada a la naturaleza y entidad de los hechos enjuiciados”.
7. Como se desprende de lo señalado, el análisis efectuado por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo centró el debate planteado en unificación de doctrina en la cuestión relativa a la automaticidad o no de la condena al pago de la indemnización a la que se refieren los arts. 15 de la Ley Orgánica de libertad sindical (LOLS) y 180.1 LPL, una vez declarada la existencia de la vulneración del derecho de libertad sindical, oponiendo la Administración recurrente en casación a la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1993, citada en el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia de suplicación recurrida, la posterior doctrina establecida por la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimaba contradictoria con aquella. Ciertamente, el Tribunal Supremo había modificado en sus más recientes pronunciamientos el criterio inicialmente sostenido en la jurisprudencia citada en la Sentencia de suplicación, referido a la automaticidad en el reconocimiento de las indemnizaciones en los casos de lesión del derecho de libertad sindical, señalando frente a su anterior criterio que no resulta suficiente con que quede acreditada la vulneración del derecho fundamental para que el Juzgador haya de condenar a la persona conculcadora al pago de una indemnización, siendo necesario para ello además que, en primer lugar, el demandante alegue adecuadamente en su demanda las bases y elementos clave de la indemnización que reclama, y, en segundo lugar, que queden acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar la condena indemnizatoria.
Frente a ello, el Tribunal Supremo, argumentando exclusivamente sobre la falta de vigencia de la doctrina jurisprudencial citada en la Sentencia de suplicación y sobre la necesidad de aportar al proceso las pautas que permitan cuantificar el importe del daño a reparar, procedió a revocar la indemnización que sobre la base de las alegaciones presentadas por el demandante en tal sentido había sido reconocida en las instancias inferiores, limitándose a afirmar la ausencia en el presente caso de “dato alguno que facilite las pautas para cuantificar el importe del daño a reparar, ni en la demanda, ni en el acto del juicio, ni en los hechos probados hay pormenores que faciliten dicha labor al no haberse practicado prueba alguna sobre este extremo”.
Debe advertirse que, desde la perspectiva constitucional, resulta irreprochable el criterio de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al que se refiere la Sentencia recurrida en amparo, en cuanto a que la antigua doctrina de dicha Sala sentada en la Sentencia de 9 de junio de 1993 –que aplica en el presente caso la Sentencia recaída en suplicación–, según la cual apreciada la lesión del derecho de libertad sindical se presume la existencia del daño sin necesidad de prueba alguna al respecto y surge automáticamente el derecho a la indemnización, fue modificada por la posterior doctrina de la Sala, a cuyo tenor, como ya quedó señalado, no basta con apreciar la vulneración de la libertad sindical del demandante para que el órgano judicial pueda condenar al autor de la vulneración del derecho fundamental al pago de una indemnización, sino que además es necesario para ello que el demandante alegue adecuadamente las bases y elementos clave de la indemnización que reclama, y asimismo que queden acreditados en el proceso, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar la condena indemnizatoria.
Ahora bien, con ser cierto lo anterior no lo es menos que, como se ha señalado, de la lectura de las Sentencias de instancia y suplicación se desprende de modo indubitado que los órganos judiciales tomaron en consideración diferentes elementos obtenidos de los hechos probados, entre ellos la intensidad y agresividad del comportamiento antisindical de la Administración demandada, su carácter burdo, evidente y ostensible y su finalidad disuasoria (tanto para el demandante de amparo como para el resto del colectivo de trabajadores al que aquél pertenecía); el hecho de que el demandante hubiera sufrido un traslado de centro; el que hubiera visto drásticamente reducidos su jornada y sus ingresos; y, en fin, el que se le hubiera impedido durante meses el ejercicio de sus funciones sindicales e, incluso, el acudir a las sesiones del comité de empresa para el que había sido elegido democráticamente por los trabajadores. Todos estos extremos, que fueron alegados y probados por el demandante y valorados en la Sentencia de instancia —confirmada en suplicación— para fijar la indemnización pretendida por el mismo, no fueron, sin embargo, apreciados por la Sentencia recurrida en amparo, que por ello llega a una conclusión que no puede considerarse respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva.
No puede, en consecuencia, compartirse la afirmación que sustenta la ratio decidendi de la Sentencia impugnada, conforme a la cual (fundamento de Derecho cuarto, segundo párrafo) “en este caso no hay dato alguno que facilite las pautas para cuantificar el importe del daño a reparar; ni en la demanda, ni en el acto del juicio ni en los hechos probados hay pormenores que faciliten dicha labor, al no haberse practicado prueba alguna sobre dicho extremo”. Como se ha visto, ya en su demanda ante el Juzgado de lo Social el recurrente había aportado al proceso las bases y elementos necesarios para acreditar y valorar los daños cuya indemnización reclamaba, quedando acreditados en el proceso, como se infiere del relato de hechos probados de la Sentencia de instancia (que se mantuvo inalterado por la Sentencia de suplicación), indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se asienta la condena indemnizatoria, tal como exige la jurisprudencia invocada por la propia Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo impugnada en amparo.
8. La lesión del derecho a la tutela judicial efectiva ocasionada por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, al revocar sin motivación razonable la indemnización reconocida al demandante en las instancias inferiores, ocasiona en el presente caso la vulneración, al mismo tiempo, del propio derecho fundamental sustantivo en cuya reparación se reconoció, esto es, del derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE), toda vez que “la falta o insuficiencia de motivación de una resolución judicial relativa a un derecho fundamental sustantivo se convierte en lesión de ese derecho” (entre otras, SSTC 24/2000, de 15 de febrero, FJ 4, y 186/2001, de 17 de septiembre, FJ 7). Como recordábamos en la última de las Sentencias ahora citadas al analizar la relación entre los pronunciamientos indemnizatorios y la efectiva reparación del derecho fundamental vulnerado, si bien es cierto que este Tribunal ha declarado que, en principio, la fijación de una u otra cuantía no es susceptible de convertirse en objeto de vulneración autónoma de los derechos fundamentales, no es menos cierto que también hemos declarado que “la Constitución protege los derechos fundamentales ... no en sentido teórico e ideal, sino como derechos reales y efectivos” (STC 176/1988, de 4 de octubre, FJ 4). Así, los arts. 9.1, 1.1 y 53.2 CE impiden que la protección jurisdiccional de los derechos y libertades se convierta en “un acto meramente ritual o simbólico” (STC 12/1994, de 17 de enero, FJ 6), lo que igualmente proclaman, en el ámbito propio del amparo constitucional, los arts. 1, 41 y 55 LOTC.
9. Declarada la lesión por la Sentencia recurrida de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la libertad sindical (art. 28.1 CE) del demandante de amparo, resta únicamente por determinar el alcance de nuestro fallo (art. 55.1 LOTC).
Pues bien, dado que la Sentencia del Tribunal Supremo recurrida en amparo revocó la dictada en suplicación exclusivamente en cuanto al pronunciamiento relativo a la condena indemnizatoria, en virtud de una motivación que hemos declarado vulneradora —por las razones expuestas en el fundamento jurídico 7— de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad sindical del demandante de amparo, bastará para el restablecimiento de éste en la integridad de su derecho con anular la Sentencia recurrida y declarar la firmeza de la Sentencia dictada en suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la medida en que esta Sentencia confirma la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo pronunciamiento indemnizatorio se basa en la apreciación, conforme resulta de su relato de hechos probados y su fundamentación jurídica, de que han quedado acreditados en el proceso indicios suficientes de los daños sufridos por el demandante, oportunamente alegados por éste, como consecuencia de la conducta antisindical de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Otorgar el amparo solicitado por don Rafael Ramírez Santana y, en su virtud:
1º Reconocer sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la libertad sindical (art. 28.1 CE).
2º Anular la Sentencia dictada el 21 de julio de 2003 por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4409-2002, interpuesto contra la Sentencia de 26 de julio de 2002 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (con sede en Las Palmas), dictada en el recurso de suplicación núm. 375-2002, y declarar la firmeza de esta última resolución, en los términos expresados en el fundamento jurídico 9.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 6074-2003
Promovido por don Rafael Ramírez Santana frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que, en grado de casación, revocó la indemnización otorgada en pleito contra la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias sobre discriminación sindical.
La denegación sin motivación razonable de cualquier indemnización a un trabajador que ha sufrido por parte de una Administración pública un comportamiento lesivo de su derecho de libertad sindical, limitando los efectos a la declaración de nulidad de la conducta vulneradora, no puede considerarse suficiente para lograr una reparación efectiva del derecho fundamental vulnerado (SSTC 24/2000, 186/2001) [FJ 8].
Los órganos judiciales tomaron en consideración el comportamiento antisindical de la Administración y su finalidad disuasoria, el traslado de centro del demandante, la reducción de su jornada e ingresos, y el impedimento del ejercicio de sus funciones sindicales y de acudir a las sesiones del comité de empresa, extremos que fueron valorados en la Sentencia de instancia para fijar la indemnización pretendida, y que no fueron, sin embargo, apreciados por la Sentencia recurrida en amparo [FJ 7].
Al cuestionarse una resolución judicial dictada en el marco de un procedimiento de tutela de la libertad sindical, el canon de constitucionalidad a aplicar es un canon reforzado de motivación, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva se impetra para la defensa de un derecho sustantivo fundamental como es el de libertad sindical (SSTC 84/2001, 28/2005) [FJ 5].
Doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales [FJ 5].
Dado que la Sentencia recurrida en amparo revocó la dictada en suplicación exclusivamente en cuanto al pronunciamiento relativo a la condena indemnizatoria, en virtud de una motivación vulneradora de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad sindical, bastará para el restablecimiento de su integridad con anular la Sentencia recurrida y declarar la firmeza de la Sentencia dictada en suplicación por el Tribunal Superior de Justicia [FJ 9].
Artículo 9.1, ff. 1, 2, 8
Artículo 24.1, ff. 1, 2, 4, 5, 7, 9
Artículo 28.1, ff. 1, 2, 8, 9
Artículo 53.2, ff. 2, 8
Artículo 180.1, ff. 6, 7
Artículo 8.12, f. 7
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2003 (recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4409-2002)
Motivación de las sentenciasMotivación de las sentencias, ff. 5, 6, 7, 8, 9
Denegación de indemnización frente a la AdministraciónDenegación de indemnización frente a la Administración, f. 8
IndemnizaciónIndemnización, ff. 5, 7 a 9
Revisión de la cuantía de la indemnización no justificadaRevisión de la cuantía de la indemnización no justificada, ff. 5 a 8

References: resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 

Artículo 9

Artículo 24

Artículo 28

Artículo 53

Artículo 180

Artículo 8