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Timestamp: 2019-03-21 06:16:35+00:00

Document:
as201412030
AUTO SUPREMO Nº 030/2014-RA
Sucre, 20 de febrero de 2014
Expediente : La Paz 2/2014
Parte acusadora : Vicente Jaime Laime Mamani y otros
Parte imputada : Luís Gregorio Poma Maqui
Delitos : Apropiación indebida y otros.
Por memorial presentado el 17 de diciembre de 2013, cursante de fs. 1137 a 1139, Vicente Jaime Laime Mamani, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 65/2013 de 26 de agosto, de fs. 1133 a 1135 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente, Pedro Boris Silva Espinoza, Hernán Enrique Rivas Rojas, Juan Omar Ramos Miranda, Víctor Abel Soria Mercado, Hans Martin de la Barra Cartagena y Sindulfo Aldo Pinto Quino contra Luís Gregorio Poma Maqui, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, con la agravante de víctimas múltiples, previstos y sancionados por los arts. 345, 346 y 346 Bis del Código Penal (CP).
En mérito a la querella formulada por Vicente Jaime Laime Mamani, Pedro Boris Silva Espinoza, Hernán Enrique Rivas Rojas, Juan Omar Ramos Miranda, Víctor Abel Soria Mercado, Hans Martin de la Barra Cartagena y Sindulfo Aldo Pinto Quino (fs. 2 a 3), se celebró la audiencia de juicio contra Luís Gregorio Poma Maqui, quien opuso incidentes y excepciones, que motivó el pronunciamiento de la Resolución 78/2007 de 13 de diciembre, que rechazó el incidente de nulidad, así como las excepciones de falta de acción y prejudicialidad; en cuyo mérito, la parte imputada formuló recurso de apelación incidental (fs. 148 s 150), mereciendo el decreto de 1 de febrero de 2008 (fs. 151), que dispuso: “…se tenga como reserva de apelación para su planteamiento oportuno”.
Por Sentencia 08/2010 de 22 de junio (fs. 689 a 691), la Jueza Cuarta de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, declaró al imputado Luis Gregorio Poma Maqui autor de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, agravados por víctimas múltiples, previstos y sancionados por los arts. 345, 346 y 346 Bis del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de cuatro años y tres meses, más el pago del daño civil ocasionado.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado (fs. 694 a 714 vta.) y los querellantes a través de su abogado y apoderado Oswaldo Zegarra Fernández (fs. 732 a 733 vta.), formularon recursos de apelación restringida, que fueron declarados improcedentes por Auto de Vista 11/2012 de 22 de marzo (fs. 813 a 814), que en mérito al recurso de casación interpuesto por Luís Gregorio Poma Maqui (fs. 927 a 941), fue dejado sin efecto por Auto Supremo 245/2012 de 11 de septiembre, que dispuso se dicte nueva resolución.
En cumplimiento de lo dispuesto, Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 66/2012 de 5 de octubre de 2012 (fs. 969 a 974), que nuevamente debido a la formulación de recurso de casación por parte del imputado, fue dejado sin efecto por Auto Supremo 181/2013 de 27 de junio.
En cumplimiento de este Auto Supremo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista impugnado que revocó la Resolución 78/2007 de 13 de diciembre y declaró procedente la excepción de prejudicialidad y en consecuencia, conforme el art. 32 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), suspendió el término de prescripción de la acción; anuló totalmente la Sentencia 08/2010 de 22 de junio, e hizo constar expresamente que no ingresó al análisis de fondo de las apelaciones formuladas por el imputado Luís Gregorio Poma Maqui y Oswaldo Zegarra Fernández en su calidad de apoderado de los querellantes Vicente Jaime Laime Mamani y otros.
Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista el 10 de diciembre de 2013 (fs. 1141), interpuso el recurso de casación que es motivo de autos, el 17 del mismo mes y año.
Del memorial de fs. 1137 a 1139, se establece el siguiente motivo del recurso:
El recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado, en su numeral II inc. b) del tercer considerando, afirma que los incidentes y excepciones deben ser decididos con anterioridad a la sentencia principal, citando al efecto las Sentencias Constitucionales (SSCC) 682/2004-R, 2159/2010 y 511/2010-R de 5 de julio. Sin embargo, el Auto Supremo 402/2013 de 30 de agosto, señaló que las Sentencias Constitucionales no constituyen precedentes.
Añade que la misma Resolución, sin fundamento señala que conforme dispone el art. 309 del CPP, la excepción de prejudicialidad procede únicamente cuando a través de la sustanciación de un procedimiento extra penal se puede determinar la existencia de los elementos constitutivos; sin embargo, no indica cuáles son los elementos constitutivos del tipo penal que se determinarán en el proceso extra penal, vulnerando el principio de fundamentación de toda resolución emanada de autoridad judicial competente, citando al efecto el Auto Supremo 161/2012-RRC, que establece que el Tribunal de apelación debe circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados.
Refiriéndose al fragmento del Auto de Vista contenido en el num. III inc. b) del tercer considerando, en el que el Tribunal de apelación señaló que existiendo un proceso contencioso-administrativo contra el imputado pendiente de resolución, se determinará la titularidad del derecho propietario de la marca o título “Sin Control”, elemento que constituye el tipo penal de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza; el recurrente aclara que el sistema finalista al que se adscribe la norma sustantiva penal persigue la acción, por lo que el razonamiento del Juzgado Tercero de Sentencia fue correcto al señalar que los delitos acusados de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza; debían ser demostrados en el juicio, sin que sea relevante la existencia de un proceso administrativo, conforme lo corrobora el Auto Supremo 219 de 28 de junio de 2006, que indica que el recurso de apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas, no para revalorizar prueba ni cuestiones de hecho.
Finalmente, refiere que la revocatoria de la Resolución 78/2007 de 13 de diciembre, como consecuencia de declararse procedente la excepción de prejudicialidad, vulneró la previsión del art. 171 del CPP e hizo constar que no se le notificó con la excepción de prejudicialidad, tampoco con el señalamiento de la audiencia correspondiente y que no hubo contradictorio, por lo que su interposición no estuvo conforme a derecho.
Conforme se tiene señalado, el recurso de casación, condiciona su admisión al cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; correspondiendo al recurrente observar el plazo de interposición, la invocación del precedente el que debe ser invocado a tiempo de interponerse la apelación restringida a menos de que la violación surja del Auto de Vista, además de la obligación de señalar la contradicción entre el Auto de Vista impugnado con el o los precedentes citados, en términos precisos, requisitos que deben ser examinados por el Tribunal Supremo de Justicia, porque del cumplimiento de los mismos depende que esta instancia, declare admisible o inadmisible el recurso, situación que tiene trascendental importancia, a objeto de que este Tribunal pueda confrontar sobre la base de criterios ciertos y objetivos, la veracidad o no de cada uno de los motivos que hacen al recurso de casación.
Por otra parte, es menester señalar que si bien el derecho de impugnación está reconocido constitucionalmente, no es menos cierto que está regulado por las normas de desarrollo constitucional, como la disposición contenida en el art. 394 del CPP, que dispone: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código”; lo que implica, que en el examen de admisibilidad, debe considerarse la legitimación objetiva en el entendido de que es la norma la que limita los recursos a los establecidos en cada caso por la ley procesal penal, para los supuestos expresamente previstos.
En ese entendido, en art. 416 del CPP, instituye que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; del segundo párrafo de esta norma, se colige que para la procedencia de este recurso el precedente debe ser invocado a tiempo de plantear el recurso de apelación restringida, de ello se establece que el recurso de casación sólo procede contra Autos de Vista pronunciados en la resolución de los recursos de apelación restringida que se formulen para impugnar la Sentencia.
Al respecto, el Auto Supremo 078/2012-RA de 23 de abril, pronunciado por este Tribunal, precisó lo siguiente: “…en el nuevo sistema procesal penal, el recurso de casación está destinado en su regulación a uniformar criterios interpretativos y ha sido instituido bajo la idea de que la ausencia de un mecanismo que uniformice los criterios jurisprudenciales de las distintas cortes del País, provocaría una dispersión jurisprudencial, creando un sentimiento de inseguridad jurídica colectiva, con las consecuencias perniciosas que ello podría conllevar para la seguridad jurídica.
En ese contexto, de acuerdo a la regulación normativa del recurso de casación establecida en los arts. 416 al 420 del CPP, el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004 señaló que: ´De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia´, entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: “...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción" (resaltado propio).
En autos, si bien el recurrente ha observado el plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que habiendo sido notificado con el Auto de Vista impugnado el 10 de diciembre de 2013, interpuso su recurso el 17 del mismo mes y año; procede por un lado a plantear varias observaciones y cuestionamientos a los argumentos contenidos en el Auto de Vista impugnado, por un lado sin hacer referencia o fundamentación a la contradicción que existiría entre el Auto de Vista y los Autos Supremos invocados como precedentes y por otro lado pretendiendo que a través del recurso de casación se revise una determinación asumida por el Tribunal de alzada al resolver una apelación incidental.
En efecto, de los antecedentes procesales, se advierte que la parte imputada, opuso entre otras pretensiones, la excepción de prejudicialidad, siendo desestimada por Resolución 78/2007 de 13 de diciembre, razón por la cual la parte imputada formuló recurso de apelación incidental, motivando la emisión del decreto de 1 de febrero de 2008, que dispuso tenerse como formulada la reserva de apelación; es así, que el Tribunal de alzada, resolviendo dicha apelación, emitió el Auto de Vista impugnado, que revocó la referida Resolución 78/2007 de 13 de diciembre y declaró probada la excepción de prejudicialidad, sin ingresar al análisis de fondo de las apelaciones restringidas formuladas por las partes; lo que implica, que la decisión judicial recurrida se encuentra descrita por el art. 403 inc. 2) del CPP, por lo que en observancia del art. 394 del adjetivo citado, no es posible que sea impugnada mediante el recurso de casación, pues el Tribunal Supremo carece de competencia para pronunciarse al respecto, por cuanto conforme se precisó precedentemente, esta clase de Resoluciones sólo admiten el recurso de apelación incidental sin recurso ulterior.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 1137 a 1139, interpuesto por Vicente Jaime Laime Mamani.

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