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Timestamp: 2019-08-20 22:51:07+00:00

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STC 18/1994, 20 de Enero de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 15355923
STC 18/1994, 20 de Enero de 1994
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.722/1991
1. Los recursos a los que alude el art. 44.1 a) LOTC como presupuesto del proceso de amparo, no son todos los posibles o imaginables, sino solo aquellos que puedan ser conocidos y ejercitados por los litigantes, sin necesidad de superar unas dificultades interpretativas mayores de lo exigible razonablemente (SSTC 142/1992 y 11/1993). El art. 504 de la Ley Procesal Militar recoge ciertamente como motivos de revisión la contradicción entre las decisiones de la parte dispositiva de la Sentencia (apartado a) y el dictado de resoluciones contrarias entre sí respecto a los mismos litigantes en idéntica situación (apartado b), motivos de recurso aptos para acoger quejas por incongruencia de la propia Sentencia o, incluso, como aquí se ha alegado, vulneraciones del derecho a la igualdad (art. 14 C.E.). Pero dichas previsiones, por mucho que se fuerce su interpretación, no son suficientes para incluir los motivos de este recurso de amparo que conciernen a los principios de legalidad (art. 25 C.E.), prohibición de «ne bis in idem» y principio de igualdad (art. 14 C.E.) referidos a las resoluciones administrativas, ni de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción que conciernen a la resolución judicial [F.J. 2]. 2. Admitida por imperativo constitucional (art. 106 C.E.) la necesidad de que los Tribunales controlen la actuación administrativa de naturaleza sancionadora de las Administraciones Públicas -en la que se integra la militar-, el mandato constitucional se refuerza y transforma en un derecho de los ciudadanos cuando en el ejercicio de la citada actividad sancionadora pueda haberse vulnerado alguno de los derechos reconocidos en el art. 14 y Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I del Texto constitucional (art. 53.2 C.E.). Consciente de ello ha sido el legislador cuando en el art. 465 del Código Procesal Militar admite la posibilidad de acudir al recurso contencioso-disciplinario militar contra los actos definitivos dictados por las autoridades o mandos sancionadores en aplicación de la Ley disciplinaria, que causen estado en vía administrativa, y al prever en el párrafo 3. del art. 453 de la misma Ley que, contra las sanciones disciplinarias que afecten al ejercicio de derechos fundamentales señalados en el art. 53.2 C.E., podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo disciplinario militar preferente y sumario que se regula en el Título V del Libro IV de la misma Ley [F.J. 4]. 3. La separación del servicio en este caso supone (arts. 64 de la Ley Orgánica 12/1985, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y 17 de la Ley Orgánica 11/1991, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil) para el sancionado quedar fuera del Cuerpo de la Guardia Civil, perdiendo los derechos profesionales adquiridos. No se trata de una consecuencia automática ni obligada de la condena penal, sino derivada de disposiciones sancionadoras contenidas en la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (arts. 73 y 74) [F.J. 4]. 4. La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha sido clara y terminante al respecto. En la STC 21/1981 ya señalamos que las faltas militares graves forman parte del régimen disciplinario y que «para que la acción disciplinaria se mantenga dentro del marco constitucional, es necesaria la existencia de un sistema de tutela judicial que posibilite la revisión por órganos jurisdiccionales de las resoluciones adoptadas, a través de un procedimiento que permita ejercer el derecho de defensa». Más tarde, la STC 80/1983, en relación con determinadas resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia no susceptibles de recurso, aseveró de manera más tajante que habían de entenderse derogados por la propia Constitución todos aquellos preceptos que excluyen de la revisión jurisdiccional en vía contencioso-administrativa alguna de las resoluciones de dicho Tribunal, por oponerse a los arts. 24.1, 106.1 y 117.5 C.E., los cuales proclaman el derecho de toda persona a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, el sometimiento de toda actuación administrativa al control judicial y el principio de unidad jurisdiccional. Finalmente, y en reiteración de la anterior posición jurisprudencial, la STC 197/1988 concluía que la tutela judicial efectiva prohíbe al legislador que, con normas excluyentes de la vía judicial, impida el acceso al proceso, prohibición esta última que se refuerza por lo prevenido en el art. 106.1 C.E., cuando se trata de impetrar justicia frente a la actuación de las Administraciones Públicas [F.J. 5]. 5. El control por parte del Tribunal Constitucional sobre la selección de la norma aplicada podrá tener lugar, entre otras causas, si se ha desconocido o no se ha tenido en cuenta por el Juez la ordenación constitucional o legal de los controles normativos (art. 106.1 C.E.), o si de dicha selección o interpretación se ha seguido daño para alguno de los derechos procesales constitucionalmente garantizados por el propio art. 24 C.E., como es en este caso el derecho de acceso a la jurisdicción (SSTC 24/1990, 26/1990 y 90/1990). Pese a que a la Sentencia impugnada no le es imputable una selección arbitraria o errónea de la norma, la aplicación del art. 468 c) de la Ley Procesal Militar ha conducido a un resultado que es contrario a la protección del derecho fundamental reconocido por el art. 24.1 C.E., en cuanto que se ha impedido al actor el acceso a la jurisdicción, y truncado su derecho a obtener una respuesta sobre el fondo de su pretensión mediante la aplicación de una causa de inadmisión que no se adecua a las exigencias constitucionales. Por esta razón, la consecuencia no puede ser otra que la de acordar la nulidad de la mentada resolución [F.J. 6.].
Sentencia citada en: 79 sentencias, 11 artículos doctrinales
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente, don Luis López Guerra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Eugenio Díaz Eimil, don Vicente Gimeno Sendra, don José Gabaldón López, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado,
En el recurso de amparo núm. 1.722/91, promovido por don José Antonio S. G. representado por el Procurador de los Tribunales don José Sánchez Jáuregui y asistido del Letrado don Ildefonso Vázquez Cachinero, contra la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de 12 de julio de 1991, que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-disciplinario militar, preferente y sumario, núm. 2/24/89 formulado contra las resoluciones del Excmo. Sr. Ministro de Defensa, de 26 de septiembre de 1989 y 7 de marzo de 1990, por las que se acordó la separación del servicio del recurrente en el expediente gubernativo núm. 7/89. Han sido parte el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 31 julio de 1991, el Procurador de los Tribunales don José Sánchez Jáuregui, actuando en nombre y representación de don José Antonio S. G. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de 12 de julio de 1991, de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso contencioso-disciplinario militar, preferente y sumario, interpuesto contra las Resoluciones de 26 de septiembre de 1989 y de 7 de marzo de 1990, del Excmo. Sr. Ministro de Defensa, por las que se acordó la separación del servicio del demandante.
A) El actor, Guardia Civil con destino en la 411. Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, fue detenido el 14 de abril de 1985 como autor de un delito de homicidio, y sancionado con dos correctivos disciplinarios que dieron lugar a la incoación del expediente gubernativo núm. 24/85 por la comisión de faltas previstas en los arts. 446 y 443 del Código de Justicia Militar, las de pernoctar fuera del cuartel y descuido en la conservación del arma. Recurridas en alzada las meritadas sanciones, el Excmo. Sr. Ministro de Defensa las anuló por defectos padecidos en su tramitación, y, reanudada la misma, el expediente resultó definitivamente terminado por prescripción de la acción disciplinaria el 7 de noviembre de 1989.
C) A la vista de dicha Sentencia, se incoó el expediente gubernativo núm. 7/89 en el que, tras dar vista al recurrente, recayó Resolución del Ministro de Defensa que acordó su separación del servicio. Contra esta última decisión, el actor, el 20 de octubre de 1989, interpuso ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo recurso contencioso-disciplinario militar, preferente y sumario, y, el 10 de noviembre de 1989, recurso de reposición contra la Resolución del Ministro de Defensa.
Por su parte, la Sala Quinta del Tribunal Supremo declaró, mediante Sentencia de 12 de julio de 1991, la inadmisibilidad del recurso contencioso-disciplinario militar, preferente y sumario, por cuanto, en virtud también de lo dispuesto en el art. 468 c) de la Ley Procesal Militar, no cabe admitir recurso contencioso-disciplinario militar respecto de la Resolución de separación de servicio impuesta como consecuencia de Sentencia firme que imponga pena de privación de libertad superior a seis años por cualquier delito. La interpretación de dicha norma, dice la Sentencia, la hace aplicable tanto al procedimiento contencioso-disciplinario militar ordinario como al preferente y sumario.
Sostiene, respecto de éstas, que han vulnerado los principios jurídicos de legalidad, tipicidad y non bis in idem consagrados como derechos fundamentales en el art. 25.1 C.E. A su juicio, la Ley Orgánica 12/1985, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, habría derogado los delitos, faltas y expedientes gubernativos tipificados en el Código de Justicia Militar; las cometidas con anterioridad, como es el caso de las imputadas al recurrente, habrían quedado amnistiadas desde la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica. Además de ello, serían de aplicación al mismo las causas de incoación de expediente gubernativo previstas en el Real Decreto 353/1977, de 25 de enero, que no ha sido derogado expresamente por la Ley Orgánica 12/1985, el cual no prevé como una de ellas la tenida en cuenta en el expediente seguido en su contra. Por este motivo, las Resoluciones administrativas impugnadas habrían infringido los principios de legalidad y tipicidad prevenidos por el art. 25.1 C.E.
Partiendo de que al recurrente ya se le instruyó el expediente gubernativo núm. 24/85 alega que el mismo encubría el mismo objeto del seguido con el núm. 7/89. Se trataba de una artimaña para evitar la sanción de nulidad, lo que produce una vulneración del principio ne bis in idem, y que, en cuanto se le ha aplicado la Ley Orgánica 12/1985 y no el Real Decreto 353/1977, le ha originado indefensión, pues las normas de este último le son más favorables ya que el expediente no habría tenido que finalizar necesariamente con una sanción de separación del servicio.
5. Comparecido el Abogado del Estado el 30 de diciembre de 1991, mediante providencia de 24 de febrero de 1992, la Sección acordó acusar recibo de las actuaciones remitidas y dar vista de las mismas al recurrente, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal para que presentasen las alegaciones que estimaran pertinentes conforme determina el art. 52.1 LOTC.
Como obstáculo previo al análisis sobre el fondo de la demanda, objeta la falta de agotamiento de los recursos utilizables en la vía judicial, pues en su opinión, el demandante antes de acudir al amparo debería haber utilizado el recurso extraordinario de revisión previsto en el art 102 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (L.J.C.A.). Como consecuencia, concluye que concurre el supuesto de inadmisión previsto en el art. 50.1 a) en relación con los arts. 43.1, in fine, y 44.1 a) LOTC.
Cabe incluso interpretar que el art. 468 c) de la Ley Procesal Militar limita el acceso al procedimiento contencioso-disciplinario ordinario pero no al contencioso-disciplinario preferente y sumario. Con ello viene a significarse que el indicado precepto no puede ser tachado de inconstitucional sino, a lo sumo, procedería corregir la interpretación del mismo hecha por el Tribunal Supremo.
En cuanto a las impugnaciones que afectan a las Resoluciones del Ministerio de Defensa, carecen de base. La que les imputa vulneración del principio de legalidad, porque la sanción de separación de servicio se impuso no para sancionar una conducta homicida sino en atención a salvaguardar la eficacia y prestigio de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la fecha relevante no es la de comisión del delito sino la de firmeza de la condena penal, y esta fecha y la de comunicación a la Administración de la sanción son posteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 12/1985, de aquí que carezca de base afirmar que la Disposición transitoria segunda de la misma representa una amnistía. Del mismo modo, carece de solidez la invocación del Real Decreto 353/1977, porque esta disposición regula la «propiedad en el empleo» de las clases de tropa y de la Guardia Civil, y concede al Director General de este último Cuerpo competencia para incoar y resolver dicho expediente, regulado entonces por el art. 1.011 del Código de Justicia Militar, pero, derogado este último precepto por la Ley Orgánica 12/1985, es claro que el art. 2 del Real Decreto 353/1977 ha de ajustarse a esta última Ley, es decir, no hay razón para considerar a aquél una Ley especial respecto de ésta.
8. Con fecha 17 de marzo de 1992, se registraron en este Tribunal las alegaciones del Ministerio Fiscal. En coincidencia con las demás partes indica que las vulneraciones que se imputan a la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo son preferentes respecto de las que atañen a las dirigidas contra las Resoluciones administrativas, lo que obliga a analizar primero aquéllas, pues si se hubiese ignorado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva, se impondría la nulidad de la Sentencia y su efecto sería que, al no haberse agotado la vía judicial, no podría entrarse en el examen de las segundas impugnaciones.
Con este orden sistemático, el Fiscal advierte que la demanda combate la decisión judicial tanto legal como constitucionalmente. Lo primero porque el art. 468 c) de la Ley Orgánica Procesal Militar contradice la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (art. 76), y lo segundo, porque la prescripción de dicho artículo se opone a los arts. 53.2 y 106.1 C.E. Pues bien, tanto en uno como en otro caso, el art. 468 c) de la Ley Orgánica Procesal Militar es incompatible con el art. 106.1 C.E., ya que lo que este precepto ordena es que la actuación administrativa se controle por los Tribunales, sin que se prevea excepción alguna a dicho principio, y así lo ha entendido repetidamente este Tribunal, en especial con referencia al art. 40 f) L.J.C.A. El mandato constitucional hace imposible que una actuación de la Administración quede inmune a la revisión de los Tribunales. Si ello se pone en conexión con el art. 53.2 C.E., resulta que aquí no se trata ya de un control de la Administración sino de que toda lesión de un derecho fundamental pueda ser sometida ante los Tribunales, para restablecer, en su caso, el derecho afectado.
Tampoco puede decirse que el Real Decreto 353/1977 sea Ley especial no derogada, entre otras cosas porque no es una Ley sino una disposición reglamentaria y ello es suficiente para descartar la pretendida desigualdad respecto de otros Guardias Civiles a los que sí se aplicó el referido Real Decreto.
9. Por providencia de 14 de diciembre de 1993 el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 k) de la Ley Orgánica de este Tribunal y a propuesta de la Sala Segunda del mismo, acordó recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.
1. Coinciden todas las partes intervinientes en este recurso de amparo en el carácter «mixto» del mismo al comprender impugnaciones que afectan a las Resoluciones administrativas, encuadrables en el ámbito del art. 43.1 LOTC, y otras relacionadas con la Sentencia pronunciada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo (art. 44 LOTC). Esta última Resolución, aunque de inadmisión del recurso contencioso-disciplinario militar, preferente y sumario, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales (art. 453, párrafo 3., de la Ley Procesal Militar), constituye la respuesta judicial dada al recurso interpuesto contra las primeras decisiones administrativas y, como cauce elegido por el actor para la fiscalización de las mismas, ha de ser examinada preferentemente, pues sólo si aquella Sentencia de inadmisión es respetuosa con la tutela judicial efectiva del recurrente -extremo que éste niega- podrá examinarse la adecuación constitucional de los expedientes gubernativos también impugnados. En caso contrario, el principio de subsidiariedad que informa el recurso de amparo [art. 44.1 a) LOTC] no quedaría completo, debido a que los órganos judiciales, de anularse dicha Sentencia, aún no se habrían pronunciado sobre las vulneraciones que en este proceso constitucional se quieren hacer valer contra aquellos actos de la Administración Militar.
Para el Abogado del Estado, al establecer el art. 504 de la Ley Procesal Militar que contra las Sentencias firmes de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo cabrá recurso de revisión ante la Sala prevista en el art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.), idéntico recurso cabría interponer contra las Sentencias de la misma Sala que resuelvan los recursos contencioso-disciplinarios de protección de los derechos fundamentales, al igual que ocurre en el proceso previsto en la Sección Segunda de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, con respecto al recurso contencioso-administrativo común. Este planteamiento vendría apoyado en la reciente jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo en interpretación de lo que dispone el art. 102 L.J.C.A. que «parece» admitir la posibilidad de basar un recurso de revisión contencioso-administrativo en la infracción de preceptos constitucionales.
3. Como indicamos anteriormente, el examen de los motivos a que se ciñe el actual recurso de amparo exige comenzar por aquel dirigido directamente contra la Sentencia pronunciada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-disciplinario militar, preferente y sumario, interpuesto contra la Resolución del Ministerio de Defensa que impuso al recurrente la sanción disciplinaria de separación del servicio.
El alcance de dicha Resolución es, sin embargo, mayor que la que cabe predicar del propio recurso que resuelve, pues de su fundamentación jurídica se desprende que contra las sanciones administrativas como la ahora recurrida no cabe recurso alguno en vía jurisdiccional, es decir, ni el procedimiento contencioso-displinario militar ordinario ni el preferente sumario. Y a idéntica conclusión llega, por otra parte, la Resolución del Ministerio de Defensa, que desestima el recurso de reposición intentado contra la misma decisión sancionadora, cuando advierte que la misma es definitiva, sin que contra ella pueda interponerse recurso contencioso-militar. Siendo de señalar que la fundamentación jurídica utilizada tanto por el órgano jurisdiccional como el administrativo es la misma: lo dispuesto en el art. 468 c)de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. De manera que la exclusión del recurso jurisdiccional tendría su origen en lo ordenado por dicho precepto.
El recurrente, en cambio, aun partiendo de esta conclusión -que el art. 468 c) de la Ley Procesal Militar impide el recurso contencioso militar ordinario-, acudió al recurso preferente y sumario de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona (arts. 453 y 518 de la Ley Procesal Militar) como único medio de obtener la protección jurisdiccional de sus derechos y agotar, en su caso, la vía que le permitiese el acceso a este recurso de amparo. En la demanda, y por estos motivos, interesó del Tribunal Supremo que planteara cuestión de inconstitucionalidad respecto del contenido del art. 468 c) de la Ley Procesal Militar por considerarlo contrario a los arts. 53.2 y 106.1 C.E. y art. 43.1 LOTC; petición esta que fue rechazada por el alto Tribunal. Y es esta inadmisión del recurso la que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E. pues, como sostiene en su demanda de amparo, le ha impedido acceder a los Tribunales de justicia y obtener la protección de éstos, e incluso hace inviable un eventual recurso de amparo, al no permitirle agotar la vía judicial previa exigida por el art. 44 LOTC.
La cuestión de fondo, en lo que afecta al contenido de esta impugnación, viene apoyada, pues, en que al reconocer el art. 53.2 C.E. el derecho de cualquier ciudadano a recabar la tutela de sus derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y, de otro lado, al prescribir el art. 106 del mismo Texto constitucional el control por los Tribunales de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, la Resolución de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que inadmite el recurso contencioso-disciplinario militar, preferente y sumario, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona en aplicación de lo dispuesto en el art. 468 c) de la Ley Procesal Militar, conculca el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) en su vertiente de derecho de acceso a los recursos.
4. Centrada en dichas coordenadas el motivo de amparo, se hace indispensable tomar como referencia el fallo inadmisorio de la pretensión del recurrente, que se juzga contrario al art. 24 C.E:
A) Sobre el control de la actividad sancionadora de la Administración ya se pronunció la STC 10/1988 al afirmar que «no puede negarse, justamente por obra de lo dispuesto en el art. 106 C.E., que los Tribunales poseen el control de la legalidad de la potestad reglamentaria y de la actuación administrativa, incluida la sancionadora». Dentro de esta potestad está la supervisión del ajuste a la Ley y al Derecho (art. 103 C.E.) de la actuación administrativa mediante la aplicación de criterios jurídicos dentro de su competencia funcional. Admitida, pues, por imperativo constitucional (art. 106 C.E.) la necesidad de que los Tribunales controlen la actuación administrativa de naturaleza sancionadora de las Administraciones Públicas -en la que se integra la militar-, el mandato constitucional se refuerza y transforma en un derecho de los ciudadanos cuando en el ejercicio de la citada actividad sancionadora pueda haberse vulnerado alguno de los derechos reconocidos en el art. 14 y Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I del Texto constitucional (art. 53.2 C.E.).
Consciente de ello ha sido el legislador cuando en el art. 465 del Código Procesal Militar admite la posibilidad de acudir al recurso contencioso-disciplinario militar contra los actos definitivos dictados por las autoridades o mandos sancionadores en aplicación de la Ley disciplinaria, que causen estado en vía administrativa, y al prever en el párrafo 3 del art. 453 de la misma Ley procesal que contra las sanciones disciplinarias que afecten al ejercicio de derechos fundamentales señalados en el art. 53.2 C.E., podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo disciplinario militar, preferente y sumario, que se regula en el Título V del Libro IV de la misma Ley.
B) La quiebra que para este régimen general de recursos supone lo dispuesto en el art. 468, c), de la Ley Procesal Militar obliga a indagar si el distinto criterio aplicado a los actos recogidos en el indicado precepto obedece a razones que, objetiva y razonablemente, sean atendibles en el plano constitucional. Ninguna matización a esta posibilidad de acceso a la vía judicial implican los actos recogidos en los apartados a) y b) del citado artículo. Los primeros porque son actos que reproducen otros anteriores ya firmes y los confirmatorios de acuerdos consentidos, cuyo acceso a la vía judicial habría sido posible respecto de aquellos actos anteriores, y los segundos porque admiten expresamente la posibilidad de acudir al procedimiento contencioso-disciplinario militar, preferente y sumario.
Otras razones, sin embargo, han de buscarse para comprender las causas que impiden el acceso a los Tribunales de aquellos actos, como el aquí objeto de recurso, que implican la imposición de la sanción de separación del servicio como consecuencia de Sentencia firme en que se imponga pena de privación de libertad que exceda de seis años. Para la Sala Quinta del Tribunal Supremo no nos encontramos aquí con la imposición de una sanción en la que se pueda vulnerar la legalidad ordinaria y los derechos fundamentales, sino simplemente de la adopción de una consecuencia automática de la imposición de una condena, y, lógicamente -dice-, hay que pensar que en el proceso correspondiente se han observado todos los derechos fundamentales y podido alegar cualquier tipo de infracción de los preceptos constitucionales. En definitiva, la separación del servicio no supondría una nueva sanción sino «una obligada consecuencia de la condena».
Esta interpretación, sin embargo, no es razonable. Y no lo es porque la Sentencia penal condenatoria no ha impuesto en ningún momento, como pena principal o accesoria, la de separación del servicio y ni siquiera la de inhabilitación absoluta a que se refiere el mismo apartado c) del art. 468. La condena penal impone como pena accesoria la de suspensión de cargo público, cuya duración se circunscribe al tiempo de la condena. Por el contrario, la separación del servicio en este caso supone (art. 64 de la Ley Orgánica 12/1985, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y 17 de la Ley Orgánica 11/1991, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil) para el sancionado quedar fuera del Cuerpo de la Guardia Civil, perdiendo los derechos profesionales adquiridos. No se trata, por tanto, de una consecuencia automática ni obligada de la condena penal sino derivada de disposiciones sancionadoras contenidas en la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (arts. 73 y 74).
5. La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha sido clara y terminante al respecto. En la STC 21/1981 ya señalamos que las faltas militares graves forman parte del régimen disciplinario y que «para que la acción disciplinaria se mantenga dentro del marco constitucional, es necesaria la existencia de un sistema de tutela judicial que posibilite la revisión por órganos jurisdiccionales de las Resoluciones adoptadas, a través de un procedimiento que permita ejercer el derecho de defensa». Más tarde, la STC 80/1983 en relación con determinadas Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia no susceptibles de recurso, aseveró de manera más tajante que habían de entenderse derogados por la propia Constitución todos aquellos preceptos que excluyen de la revisión jurisdiccional en vía contencioso-administrativa alguna de las Resoluciones de dicho Tribunal, por oponerse a los arts. 24.1, 106.1 y 117.5 C.E., los cuales proclaman el derecho de toda persona a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, el sometimiento de toda actuación administrativa al control judicial y el principio de unidad jurisdiccional. Finalmente, y en reiteración de la anterior posición jurisprudencial, la STC 197/1988 concluía que la tutela judicial efectiva prohíbe al legislador que, con normas excluyentes de la vía judicial, impida el acceso al proceso, prohibición esta última que se refuerza por lo prevenido en el art. 106.1 C.E., cuando se trata de impetrar justicia frente a la actuación de las Administraciones Públicas. A idénticas conclusiones llegaron la STC 22/1982 y el ATC 43/1984 respecto de sanciones disciplinarias militares como es el caso de la aquí impuesta.
6. Centrados en el caso ahora enjuiciado, al demandante le fue impuesta una sanción disciplinaria de separación del servicio como consecuencia de haber sido condenado a una pena superior a los seis años de privación de libertad. En el expediente administrativo seguido al efecto alegó la infracción de determinados derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, en concreto los de legalidad (art. 25.1) y de igualdad (art. 14 C.E.), que fueron rechazados por la Resolución administrativa que le impuso la sanción disciplinaria. Iniciado contra aquella Resolución el recurso contencioso-disciplinario militar, preferente y sumario, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales el mismo fue inadmitido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en aplicación de lo dispuesto en el art. 468 c) de la Ley Procesal Militar.
1. Reconocer el derecho del recurrente a obtener la tutela judicial efectiva.
2. Declarar la nulidad de la Sentencia pronunciada el 12 de julio de 1991 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-disciplinario militar, preferente y sumario, núm. 2/24/89 y devolver las actuaciones a fin de que pueda dictarse una Sentencia sobre el fondo del asunto.
3. Plantear de acuerdo con el art. 55.2 LOTC cuestión de inconstitucionalidad del art. 468, c), de la Ley Procesal Militar, por la posible vulneración de los arts. 24.1, 53.2 y 106.1 C.E.
Voto particular que formula don Rafael M. A. Magistrado de este Tribunal, respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 1.722/91 avocado por el Pleno
Anticipo, desde la primera palabra de esta opinión disidente, que estoy plenamente de acuerdo con la dación del amparo y con las líneas maestras del razonamiento utilizado para llegar a tal conclusión, donde muy inteligentemente se evita el contemplar la esfinge de frente, tratando de soslayo el tema de la inconstitucionalidad. En consecuencia, mi discrepancia se refiere al tercero de los pronunciamientos de la parte dispositiva desde una óptica muy concreta. En pocas palabras y para no hacer más largo el cuento, creo que primero debió autoplantearse y resolverse la cuestión de inconstitucionalidad, con suspensión mientras tanto del proceso de amparo en el cual había surgido, y luego -una vez allanado este obstáculo- pasar al enjuiciamiento del caso concreto.
1. El supuesto -como así lo llama- que contempla el art. 55.2 LOTC guarda una semejanza rayana en la identidad con el esquema al cual responde el recurso indirecto contra disposiciones generales en lo contencioso-administrativo. Efectivamente, se trata de la impugnación de un acto singular con fundamento en la ilegalidad allí, inconstitucionalidad aquí, de un reglamento o de una Ley, respectivamente. La Sentencia correspondiente anula el acto, para lo cual le sirve de premisa en el razonamiento esa ilegalidad o inconstitucionalidad, cuya declaración, sin embargo, no se lleva al fallo. En definitiva, es una declaración de inconstitucionalidad sin nulidad del precepto, que sigue vivo y aplicable, pues, por los demás Jueces. En tal situación, la Sala concede primero el amparo con tal base y eleva el asunto después al Pleno para que estudie el tema de la inconstitucionalidad. Lo que está vedado a la Sala es el planteamiento de la cuestión con carácter previo, como hacen los Jueces ordinarios.
Una segunda muestra puede encontrarse en la doctrina legal de la vieja Sala Tercera del Tribunal Supremo que en 1986, después de cuatro años de establecido el recurso de casación contra las Sentencias de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en su Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo (art. 49), se encontró con un vacío normativo por falta de la regulación no ya prometida, sino exigible. No se había publicado aún la Ley de Funcionamiento, prevista en aquélla, para cuya promulgación se concedía el plazo de seis meses (Disposición final tercera). Una vez promulgada, sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, que encomendaba tales recursos a la Sala Tercera del Tribunal Supremo (art. 49), ésta admitió sin más su viabilidad en el Auto de 15 de diciembre de 1986. Lo mismo pudo haberse hecho con el recurso de casación en lo contencioso-administrativo, y así lo propuse en su día, como reflejan mis votos particulares a los Autos de 20 y 22 de mayo 1990 de la recreada Sala Tercera del Tribunal Supremo, por refundición en una de las tres hasta entonces existentes para ese orden jurisdiccional. Si tal recurso se hubiera introducido por vía jurisprudencial, mediante un reconocimiento «declarativo» de que estaba ya en la L.O.P.J. desde 1985, con un obvio efecto retroactivo, la situación actual de la jurisdicción, a tan alto nivel, sería diferente.
El tercer ejemplo se produjo también en las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entonces tres (Tercera, Cuarta y Quinta), en el sucinto procedimiento de la apelación, consistente esquemáticamente, si no hubiere vista, en unas alegaciones del apelante a las que ha de responder el apelado con otras, sin más trámite (art. 100 L.J.C.A. en su versión primigenia). Pues bien, cuando en estas últimas se introducía un nuevo alegato, no esgrimido hasta ese momento, el usus fori creó un nuevo trámite de alegaciones para que el apelante, a su vez, pudiera reargüir lo dicho ex novo por la otra parte, manteniendo así la plenitud del principio de contradicción. Aún habría más ejemplos que aducir, tanto en lo contencioso-administrativo (incompetencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo sobre los recursos de revisión de las Sentencias dictadas en segunda instancia por las Salas ordinarias -art. 61 L.O.P.J.- y determinación del órgano ad hoc para ello, solución que recogió luego el legislador) como en los demás sectores jurisdiccionales.
3. Con este proceder, poniendo primero lo que debe ir delante -la declaración de inconstitucionalidad- y después lo que se deriva de tal premisa, el amparo, se evitarían dificultades fácilmente imaginables a la hora del cumplimiento de cualquier Sentencia nuestra al respecto, que implica la anulación de la impugnada y una nueva decisión del Juez ordinario, dejando de aplicar una norma todavía vigente por no haber sido declarada inconstitucional (con la posibilidad añadida de que no llegue a producirse tal evento), ni expulsada en consecuencia del ordenamiento jurídico. Esa incoherencia queda de manifiesto en la antítesis profunda que ofrecen, si bien se mira, los pronunciamientos segundo y tercero del fallo.
STSJ Castilla y León 82/2006, 2 de Febrero de 2006
STS 640/2012, 6 de Julio de 2012
STSJ Galicia 1661/2012, 19 de Marzo de 2012

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