Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/216/009.html
Timestamp: 2018-11-21 18:52:24+00:00

Document:
BOC - 2018/216. Jueves 8 de Noviembre de 2018 - Anuncio 5084
2018/216. Jueves 8 de Noviembre de 2018
BOC Nº 216. Jueves 8 de Noviembre de 2018 - 5084
BOC-A-2018-216-5084. Firma electrónica - Descargar
Visto el preaviso de huelga presentado, en fecha 24 de octubre de 2018, por el sindicato Intersindical Canaria para los empleados públicos del sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre los días 9 de noviembre al 10 de diciembre de 2018, ambos inclusive de las 00:00 horas a las 24:00 horas, y visto el Informe elaborado al respecto por el Servicio de Recursos Humanos de la Secretaría General Técnica, de fecha 6 de noviembre de 2018, así como la Propuesta de la Secretaría General Técnica, de 6 de noviembre de 2018, procede establecer los servicios mínimos del personal de administración general y servicios adscrito a la Consejería de Educación y Universidades de conformidad con los siguientes
Primero.- El Sindicato Intersindical Canaria presentó preaviso de huelga el día 24 de octubre de 2018, entre los días 9 de noviembre al 10 de diciembre de 2018, ambos inclusive, de las 00:00 horas a las 24:00 horas, que en el ámbito de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias afecta al personal de administración general y servicios de los centros de trabajo pertenecientes a la misma.
Segundo.- La Administración Canaria presta una serie de servicios públicos que deben ser considerados como esenciales para la comunidad, encontrándose entre ellos el servicio público educativo, que no puede quedar paralizado en su funcionamiento por el ejercicio del derecho de huelga. Resulta por ello obligado armonizar el interés general y el derecho de huelga mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de aquellos servicios que, limitando lo menos posible el contenido de dicho derecho, sean a la vez suficientes para garantizar las actividades de carácter esencial para los intereses de la Administración Pública de Canarias en cuanto prestadora del servicio público educativo que tiene encomendado.
Primero.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 261, de 31.10.15), en su artículo 15.c), por el que se reconoce a los Empleados Públicos el "Derecho al ejercicio de la huelga con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".
Segundo.- El Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 32, de 16 de marzo), por el que se establece que el derecho de huelga del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se entenderá condicionado a que se mantengan los servicios esenciales en los distintos centros y dependencias de la misma, facultando a los titulares de las diversas consejerías del Gobierno de Canarias para que, oído el Comité de Huelga, en su caso, los representantes del personal determinen los servicios mínimos necesarios y el personal preciso para asegurar la prestación de los mismos en el ámbito de sus respectivos departamentos.
En el mismo sentido el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.
De conformidad con la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se recoge la más amplia jurisprudencia constitucional, otro de los criterios a tener en cuenta en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, en el ámbito de la educación, tanto en los centros educativos como en los servicios centrales, es el que obliga a ponderar la extensión -territorial y personal- de la misma, debiendo existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos, por cuanto se entiende que el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga solo hasta extremos razonables, sin que el ejercicio del derecho a la huelga ocasione o pueda ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren, y que deba afrontar la comunidad entera, como destinataria de tales servicios esenciales.
Octavo.- Así, el seguimiento de la huelga convocada sin la determinación de una prestación mínima de tal servicio público podría generar graves perjuicios al interés general, entendido este como el derecho de la comunidad educativa a recibir correctamente el servicio público de la Educación.
Por ello, se estima que esa lesión al interés general subsume la convocatoria antedicha en el supuesto consagrado en el artículo 3 del Decreto 89/1988 mencionado, convirtiendo en esencial la correcta prestación del servicio público de la Educación, por incidir directamente en la actividad educativa necesaria para garantizar en ese período el derecho a la formación de los alumnos, de conformidad con el artículo 2.a) del mismo Decreto.
Noveno.- Añadido a lo anterior cabe resaltar que los Institutos de Enseñanza Secundaria, los Centros de Enseñanza Obligatoria, Educación Infantil, Primaria y Colectivo de Escuelas Rurales, afectados por la convocatoria de huelga citada en lo que a personal de administración general y servicios se refiere, escolarizan a alumnos de 3 a 5 años en Educación Infantil y de 6 a 12 años en Primaria, y a partir de 12 años en Enseñanza Secundaria así como a alumnos con necesidades educativas especiales, que varían desde aquellos con necesidades casi normalizadas, pasando por los que necesitan adaptaciones poco significativas, hasta los que están escolarizados en aulas enclave en centros ordinarios o específicos de educación especial.
Por ello, el servicio esencial de la educación recoge, además de la actividad docente, otras funciones como son la vigilancia y cuidado de los niños y niñas, menores de edad, que acuden a los centros docentes públicos y que tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad. Por lo tanto, la custodia de los menores de edad que se encuentren en un centro docente público es responsabilidad ineludible de esta Administración educativa y parte indivisible del derecho esencial a la educación.
Asimismo las residencias escolares ordinarias y/o específicas, afectadas igualmente por la convocatoria de huelga citada, acogen alumnado con dificultades para acceder a los distintos niveles educativos, bien sea por aislamiento geográfico de su zona de residencia habitual, por problemas de desestructuración familiar o por deficiencias físicas o psíquicas muy significativas.
Todas estas circunstancias no pueden ser eludidas a la hora de hacer efectivo el derecho de huelga de los trabajadores afectados y que requieren la determinación, por esta administración educativa, de unos servicios mínimos que garanticen, en todo caso, la prestación de un servicio consistente en la presencia física de cierto número de personal de administración general y servicios en estos centros para evitar cualquier tipo de incidentes sin quebrar, en ningún caso, el necesario equilibrio entre los derechos e intereses de los empleados públicos en huelga y de los alumnos afectados y sus familias.
Con carácter general, el artículo 39 de la Constitución depara una protección especial a los menores; de una manera más específica, el artículo 15.2 del Decreto 292/1995, de 3 de octubre (BOC nº 140, de 1 de noviembre), en su redacción actual, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que el alumnado tiene derecho a desarrollar sus actividades académicas en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Por tanto, la custodia de los menores de edad que se encuentren en un centro docente público, en cumplimiento de los principios constitucionales mencionados y de los derechos citados es responsabilidad ineludible de la administración educativa y parte indivisible del derecho esencial a la educación.
Décimo.- Visto lo anteriormente expuesto es obvio que la huelga anunciada incide directamente en la prestación de un servicio público esencial, el educativo, estrechamente vinculado al derecho fundamental a la educación, por lo que se hace necesario determinar los servicios mínimos a cumplir y el personal laboral adscrito a esta Consejería de Educación y Universidades que deberá atender los mismos durante la huelga convocada, siendo competencia de esta Consejería de Educación y Universidades, en el contexto de la Administración autonómica, el aseguramiento de la tutela, el cuidado, la docencia y la evaluación debidos para con los alumnos de los diferentes centros educativos.
La convocatoria de huelga anunciada afecta a más de 600 Centros de Educación Infantil y Primaria y a más de 300 Centros de Secundaria, así como a los Servicios Centrales de Educación encargados, entre otras muchas materias, de la coordinación de aquellos.
En este sentido la determinación de servicios mínimos establecida en el anexo no pretende ni se acerca, siquiera, a garantizar el funcionamiento normal del servicio, sino meramente trata de reducir o paliar la lesión que, al servicio público esencial educativo, la huelga convocada inflige, y en relación con unos centros en los que las funciones de la Administración educativa se extienden no sólo al ámbito de la enseñanza, sino también al de la tutela, cuidado del alumnado y demás circunstancias concomitantes.
Undécimo.- Finalmente señalar que, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de marzo, se ha cumplido el trámite de audiencia al Comité de Huelga en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2018, fijándose los servicios mínimos propuestos por la Secretaría General Técnica de este Departamento y con los que existió conformidad por parte del sindicato convocante.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias conferidas en los artículos 29.1.b) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 5 del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades (BOC nº 203, de 19.6.16) y el artículo 2 del citado Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
Primero.- Determinar los servicios mínimos a cumplir por el personal de administración general y servicios adscrito a los centros de trabajo pertenecientes a la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, según se establece en el anexo a esta Orden. Este personal deberá atender los servicios durante el período de huelga convocada entre los días 9 de noviembre y 10 de diciembre de 2018, ambos inclusive, de las 00:00 horas a las 24:00 horas, en los días y horas determinadas en el preaviso de huelga.
Tercero.- Remitir la presente Orden a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.
Además cabe interponer contra la misma el recurso para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contemplado en el artículo 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El plazo para interponer dicho recurso será de diez días, que se computarán desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden. En el caso de que hubiera interpuesto el recurso potestativo de reposición, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la presentación del recurso.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de 2018.
Ver anexo en las páginas 35735-35736 del documento Descargar

References: Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 39
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 114