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Timestamp: 2019-05-22 21:43:47+00:00

Document:
Causa nº 5570/2007 (Casación). Resolución nº 35453 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 14 de Octubre de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 332808074
Fecha de Resolución: 14 de Octubre de 2009
Rol de Ingreso: 5570/2007
Santiago, catorce de octubre de dos mil nueve.
En estos autos rol N° 5.570-07 de esta Corte Suprema, que corresponde al proceso rol 600-2000, del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, caratulados M.L. y otros con Fisco, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, el juez de primera instancia, mediante sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil dos, escrita a fojas 192, rechazó la excepción de prescripción extintiva y acogió la demanda.
La abogado procurador fiscal dedujo recurso de apelación y la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de veintiuno de agosto de dos mil siete, revocó el fallo de primer grado y, acogiendo la excepción de prescripción, rechazó la demanda.
La parte demandante ha deducido recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de esta ciudad el que se declaró admisible, ordenando traer los autos en relación.
Que el recurso de casación en el fondo denuncia como primer error de derecho la aplicación a este caso de las normas del Código Civil, ignorando por completo las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Chile que regulan el tema de la responsabilidad estatal. Al respecto señala que resulta insoste nible afirmar que las únicas reglas que existen en nuestro país para regular la responsabilidad del Estado son las contenidas en el Código Civil, desde que ello importa negarle validez y eficacia a normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que ya han sido aplicadas por los tribunales en materia de violación de derechos humanos. En este caso yerra el tribunal al no aplicar la Constitución Política de la República ni la Ley de Bases Generales de la Administración, artículo 4° de la Ley 18.575;
Que en un segundo capítulo se señala como error de derecho la falta de aplicación de los tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes, que regulan la responsabilidad del Estado. Sostiene el recurso que la sentencia niega que el concepto de responsabilidad internacional -al que alude el artículo 131 de la Convención de Ginebra sobre el Tratamiento de Prisioneros de Guerra y del cual ningún Estado puede exonerarse- presupone que el Estado cumplirá con tres obligaciones: investigar, sancionar y reparar. El error de los sentenciadores, indica el recurso, consiste en disociar dos conceptos que están estrechamente relacionados, cuales son responsabilidad y reparación. Agrega que los hechos de tal intensidad merecen ser calificados como crímenes de lesa humanidad, infracciones que son imprescriptibles y agrega que no es posible que una norma de orden interno, como lo es el Código Civil, establezca plazos que una vez vencidos eximan al Estado de reparar a las víctimas. Argumenta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 63, establece uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Según lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un principio de derecho internacional, que la jurisprudencia ha considerado incluso una concepción general del derecho, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente;
Que finalmente, en un tercer capítulo, se sostiene que los sentenciadores incurrieron en error de der echo al no reconocer el carácter imprescriptible de los hechos generadores de la obligación de reparar que pesa sobre el Estado de Chile. Ello por cuanto este caso constituye un delito contra la humanidad según lo establecido en el artículo 6 del Estatuto Constituyente del Tribunal Internacional de Nüremberg y el Principio VI del Derecho Internacional Penal Convencional y C., textos que forman parte de los principios y normas consuetudinarias de Derecho Internacional Humanitario, que es también derecho aplicable en nuestro país. Por ello, así como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo son también las acciones reparatorias que surgen de tales delitos. Por otro lado, esgrime que hay que tener en cuenta que la Ley 19.123 debe ser considerada como un reconocimiento expreso de responsabilidad estatal que, por cierto, impide la prescripción de las acciones judiciales de las víctimas;
Que señalando la influencia de estos errores en lo dispositivo del fallo, se afirma que, de no haberse producido éstos, el fallo impugnado no habría acogido la excepción de prescripción opuesta por el Fisco;
Que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, de manera que no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue en atención a que la acción impetrada pertenece ?como se ha dicho- al ámbito patrimonial;
Que en lo que dice relación a la vulneración de tratados internacionales denunciada, cabe señalar que ninguno de los cuerpos normativos citados establece la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional. En efecto, el artículo 1 sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su lib re y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido;
Que, por su parte, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades incurridas por ellas por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que aluden a actos contra las personas o bienes, citando al efecto homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del Convenio;
Que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere únicamente a la acción penal. En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados.
Que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia, se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que, como se dijo, no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones encaminadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia;
Que nuestro Código Civil, en el artículo 2497, preceptúa que ?Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo?;
Que de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto;
Que el hecho que origina esta causa tiene su origen en la detención y posterior muerte del hermano de los actores don B. delC.L.L.. Y, a su respecto, los sentenciadores dieron por establecida la efectividad de las circunstancias que rodearon la detención del señor B.L.L. -ocurrida el 3 de octubre de 1973- en manos de agentes del Estado y el posterior hallazgo de sus osamentas en la Cuesta de Chada en 1974, efectuándose la identificación en 1991. De esta manera -como lo señalaron los jueces del fondo y según lo ha dicho esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones conociendo de causas...
Causa nº 52/2011 (Laboral). Resolución nº 5603 de Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de 14 de Octubre de 2011

References: Resolución 
 artículo 4
 artículo 131
 artículo 63
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 63
 artículo 131
 artículo 2497
 artículo 2332
 Resolución