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Timestamp: 2018-08-21 13:25:33+00:00

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﻿ SENTENCIA 2013-03872 DE NOVIEMBRE 16 DE 2016
SENTENCIA 2013-03872 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:ABOGADOS SERÁN CENSURADOS POR UTILIZAR SITUACIÓN ECONÓMICA DEL DEMANDANTE PARA EXCUSARSE DE NO SER CURADOR AD LITEM DENTRO DE UN PROCESO JUDICIAL. SE PRECISA POR PARTE DE LA SALA QUE DICHA FALTA SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL ARTÍCULO 38.8 DE LA LEY 1123 DE 2007, ES POR LO ANTERIOR NECESARIO ENFATIZAR QUE DICHA FALTA VA EN CONTRAVÍA LA RECTA Y LEAL REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO SE CONFIGURA CUANDO SE ABUSA DE LAS VÍAS DE DERECHO O SE EMPLEAN EN FORMA CONTRARIA A SU FINALIDAD. ES POR LO ANTERIOR QUE SE CONCLUYE QUE NO SE PUEDE RENUNCIAR A ESTE TIPO DE CARGOS ARGUMENTANDO LA MALA SITUACIÓN ECONÓMICA DE UN CLIENTE, PUES DICHA INCONFORMIDAD NO ES EXCUSA PARA RENUNCIAR, MÁS AUN CUANDO NO SE NEGÓ EL PAGO, SINO QUE SE SOLICITÓ CANCELARLE AL PROFESIONAL EN DOS CUOTAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CURADOR AD LITEM, DEBERES DEL CURADOR AD LITEM, FUNCIONES DEL CURADOR AD LITEM, ABOGADO, HONORARIOS DEL ABOGADO, PAGO POR CUOTAS, CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO, FACULTADES DEL CURADOR AD LITEM, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2013-03872 de noviembre 16 de 2016
Radicación: 110011102000201303872 01
Aprobado según acta 104 de la misma fecha.
Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 30 de octubre de 2015, mediante el cual fue sancionado con CENSURA el abogado RAMÓN RUIZ RENGIFO, al hallarlo responsable de vulnerar el artículo 28 numerales 1º y 6º de la Ley 1123 de 2007 y por ende infractor de la falta descrita en el artículo 33.8 ibídem.
Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “…los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.
La primera advertencia en el presente caso realizada por esta superioridad, es que se está juzgando un abogado, no un auxiliar de justicia, entendiéndose que, habiendo sido designado el abogado de la lista de tales auxiliares para actuar como curador ad litem, para representar a un menor de edad en un proceso de familia, el cual se trataba de una unión marital de hecho, donde la madre del menor se encontraba impedida para representarlo por tener intereses contrapuestos, lo que decantó en la necesidad de acudir a la figura del curador, que en efecto como lo manifestó la primera instancia estaba en la obligación de aceptar el cargo, más aun tratándose de un incapaz absoluto (menor de edad), es decir, existe la norma especial que lo obligaba a atender tal llamado de la justicia (CPC, art. 45).
Independientemente de que hubiese con seguido el pago de los gastos de curaduría o no, pretermitió tal obligación legal, pues existía en caso de no obtenerlos otro medio de defensa judicial para su cobro, pero no debía dejar de acercarse a aceptar el cargo, como quiera era de imperioso cumplimiento, y por tanto con tal comportamiento abuso de la vía del derecho y la empleo contrariamente a su finalidad.
Lo anterior, como quiera que al ser mandato legal lo único que podía hacer al haber sido designado como curador ad litem era acatarlo, pero contrariamente se tomó la libertad de renunciar a tal encargo, al cual con toda razón el juzgado le dijo no aceptarle su petitum, puesto que ni siquiera se había posesionado, siendo relevado del cargo, mediante auto del 28 de noviembre de 2011.
Lo anterior, no quiere decir que no hizo uso de su nombramiento o de vía judicial, en tanto, uno se comprobó que tuvo comunicación con la demandante a quien le representaría su hijo menor, lo cual ya es una actuación jurídica y dos, al haber presentado renuncia, sabía que tenía el cargo a cuestas y no obstante su obligatoriedad, dejo de lado la ley y dispuso a su entender de otra solución al no encontrar el pago inmediato para gastos de curaduría.
Ahora bien, como quiera que debemos centrarnos en la apelación presentada por el disciplinado, se puede observar en el recurso de alzada, que se refirió a que por temas de salud no pudo actuar dentro del proceso que cursaba en el Juzgado 23 de Familia de Bogotá, la Sala observa no tiene ni el más mínimo asomo de asertividad su argumentación, pues como se indicó el disciplinado fue designado el 18 de octubre de 2011 como curador ad litem, presentó escrito de “renuncia irrevocable” poniendo de presente como argumentaciones la falta de recursos económicos de la demandante y el 28 del mismo mes y año, fue relevado del cargo, entendiéndose que no fue por aceptación de la renuncia, en tanto ni siquiera se había posesionado, pero nunca presentó excusa diferente y dentro del proceso disciplinario tampoco al versionar acerca de los hechos materia de investigación.
Revisado el expediente existe solicitud de aplazamiento de una audiencia debido a la operación referida señalando que fue a finales del año 2013(29), téngase en cuenta que los hechos materia de la compulsa de copias datan de noviembre 28 de 2011.
Ahora bien, en cuanto a la no presentación de alegatos de conclusión dentro del proceso disciplinario, no fue pretermitido su derecho a la defensa, por el contrario se le respetó el derecho a la defensa y al acceso a la administración de justicia designándole un defensor de oficio, que estuvo en el juzgamiento y presento sus alegaciones en defensa del disciplinado.
Sin mayores argumentaciones que las enunciadas frente a las expuestas a la contestación del recurso de alzada, procede esta corporación a destacar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.
Esa gestión se concentra al observar los deberes del abogado, garantes del ejercicio de la profesión, y en el código deontológico, se concentran en su artículo 28, los cuales dejó de lado al no observar la disposición legal que lo obligó a aceptar el cargo y por ende no colaboró con la recta y cumplida realización de la justicia
Se hace necesario para esta Sala recordar, quienes son los sujetos disciplinables que pone de presente la Ley 1123 de 2007, ante la jurisdicción disciplinaria:
“SUJETOS DISCIPLINABLES. ART. 19.—DESTINATARIOS. Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con licencia provisional.
Se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem. Igualmente, lo serán los abogados que en representación de una firma o asociación de abogados suscriban contratos de prestación de servicios profesionales a cualquier título” (resaltado fuera de texto).
El togado incurrió en efecto en la falta contemplada en el artículo 33.8 de la Ley 1123 de 2007 al haber dejado de lado la recta y leal realización de la justicia y los fines del estado, puesto que empleo en forma contraria a su finalidad la vía de derecho, por cuanto estando obligado a la aceptación del cargo de curador ad litem, no acató la norma y por el contrario, busco una excusa de renunciar al cargo, disculpa que de por sí, no podría ser tenida en cuenta en tratándose de condiciones económicas del demandante, pues de no haber recibido lo que le correspondía tenía la vía ejecutiva para cobrarlo, pero debía haber actuado como curador ad litem de un menor, pues siendo así es un incapaz absoluto, tal como lo trata el artículo 45 de la codificación procesal civil.
Así pues, al encontrarse probada la infracción y la responsabilidad del abogado disciplinado, además de tener en cuenta los criterios generales, de atenuación y agravación de la pena, se procederá a confirmar la sanción de CENSURA, por la vulneración del mencionado precepto legal a título de dolo.
Por los argumentos expuestos, esta superioridad encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada y en consecuencia se CONFIRMARÁ la sentencia objeto de apelación proferida el 30 de octubre de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con CENSURA al abogado RAMÓN RUIZ RENGIFO, por hallarla responsable de faltar al deber profesional consagrado en los numerales 1º y 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y en consecuencia de ello, de la comisión de la falta descrita en el numeral 8º del artículo 33 ibídem, a título de culpa.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá del 30 de octubre de 2015, mediante el cual fue sancionado con CENSURA el abogado RAMÓN RUIZ RENGIFO.
29 Folio 174 c.o. 1ª instancia.

References: ARTÍCULO 38
 artículo 28
 artículo 33
 artículo 28
 artículo 33
 artículo 45
 artículo 28
 artículo 33