Source: https://www.scribd.com/document/145505794/Ampliacion-Habeas-Corpus-Font
Timestamp: 2017-11-22 04:42:14+00:00

Document:
– AMPLIA HABEAS CORPUS PREVENTIVO –
EXMA. CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL Enrique Andrés Font, argentino, DNI: 16935596, con domicilio real en Uruguay 949, piso “1”, departamento “6” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio ad litem en calle Corrientes 964 piso “1” oficina “5” de Rosario, y con el patrocinio letrado del Dr. Francisco Broglia, me presento ante V. E. y respetuosamente digo: I. Objeto: Que en virtud de los artículo 43 de la Constitución Nacional, artículo 9 de la Constitución Provincial y artículos 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546,547, 548 y concordantes del Código Procesal Penal de Santa Fe, vengo a ampliar la acción de habeas corpus preventivo interpuesta ante la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario el 27 de mayo de 2013. Para solicitar desde ya cese la amenaza a mi libertad personal y, en sentido amplio, la afectación de la misma como resultado del hostigamiento que estoy soportando, revocándose para ello la resolución del Juzgado Penal de Instrucción Número 9 en la que se ordena mi citación como testigo, y que aún no ha sido expresamente revocada, por los hechos y fundamentos que a continuación expongo. II. Hechos: Que en fecha 31 de mayo del 2013, encontré en mi domicilio en Rosario, una cédula en la que se me notifica una resolución del Juez en lo Penal de Instrucción de la 9ª Nominación de Rosario, Javier Beltramone, de fecha 28 de mayo de 2013. Se adjunta fotocopia de la resolución. Que en dicha resolución se me notifica que el juez resolvió “suspender la testimonial ordenada, atento a los considerandos expuestos…” Que como la propia palabra “suspender” lo indica, la citación no ha sido revocada, dejándola expresamente sin efecto, sino que se la deja pendiente. Esta situación no hace más que profundizar el estado de incertidumbre, de hostigamiento y de amenaza a mi libertad generado por la infundada citación y que me obligara a interponer el recurso de habeas corpus. Que no es sólo el hecho de que se suspenda la medida en lugar de dejarla sin efecto lo que profundiza el hostigamiento que vengo soportando, sino además los antojadizos y contradictorios argumentos que da el juez Beltramone en los “vistos” y “considerando”. En estos pone en evidencia, por un lado, una argumentación desajustada a los hechos mediante la cual intenta justificar una citación que fue a todas luces infundada y constitutiva de un abuso de derecho y de un hostigamiento por mis opiniones. Y por otro, una serie de consideraciones en las que, de manera contradictoria con la suspensión dispuesta, expresamente da argumentos en los que insiste en que tengo un conocimiento de los hechos investigados por los que podría volver a citarme a declarar como testigo.
Que mi primera afirmación anterior se basa en que el juez Beltramone manifiesta que “la información con la cual había opinado se ‘fundaba en investigaciones de sus propios equipos en su Universidad y de Organizaciones de la Sociedad Civil’ (sic)” (subrayado e incorrecto “sic” en el original). E indica que esto surge de mis comentarios realizados en la red social Facebook. Y he aquí el primer elemento que pone en evidencia un error de lectura tan obvio que me permite dudar de la buena fe del juez Beltramone. Ya que en ningún lugar de mi comentario en Facebook puede inferirse que con mi equipo de la UNR hayamos realizado investigaciones sobre el violento desalojo de la ocupación de los terrenos fiscales ocupados por la monja Jordán en Empalme Granero. Copio el texto completo del comentario (negritas agregadas):
Existe una larga tradición de poca disposición por parte del poder judicial de santa fe para investigar delitos cometidos por policías, ya sea que se trate de casos de torturas, uso ilegal de la fuerza letal o corrupción. En algunos casos, además, más que de poca predisposición puede hablarse de claras connivencias judiciales con las ilegalidades policiales. Así lo hemos corroborado en nuestras investigaciones sobre violencia letal desde la UNR y también lo demostró la Comisión Investigadora No Gubernamental sobre los Hechos de Diciembre de 2001. Por eso las declaraciones del juez Beltramone, descartando el uso de fuerza letal por parte de los policías que reprimieron a los ocupantes del terreno de la monja Jordan, legitiman sin más la versión policial y oscurecen más de lo que aclaran. Demasiados elementos son injustificadamente ignorados por el juez para rápidamente refrendar la versión policial que en realidad debería investigar a fondo, a saber: 1. Existen testimonios de personas heridas, que no participaban de la toma, de su familiares y de otros vecinos, dando cuenta de que un policía, disimulado detrás de una línea de infantería, utilizó su pistola reglamentaria. Y también de de que otros policías dispararon no sólo munición AT sino también cartuchos con postas de plomo. Ninguna de estas personas ha sido acusada de falso testimonio por lo que sus declaraciones no pueden ignorarse como lo hace beltramone. 2. Existen testimonios y aparentemente también filmaciones que dan cuenta de que luego de los disparos hubo policías recogiendo cartuchos de escopeta, verdes y rojos. Esto es, alterando sin ninguna necesidad el escenario de los hechos cuya obligación legal es preservar, destruyendo así evidencia clave. 3. No hay policías heridos con armas de fuego ni fueron identificadas personas disparando armas de fuego. 4. La pericia balística a la que hace mención Beltramone fue realizada por la propia policía provincial. Y ya todos sabemos que sucede cuando los policías se investigan a sí mismos. Asimismo, no queda claro, pero todo indica que no se han hecho pericias más sofisticadas ni se ha procedido a realizar una reconstrucción de los hechos u otras medidas que permitan tener hipótesis más fiables sobre lo ocurrido. O sea el juez que debe investigar no lo hace o lo hace de una manera parcial, incompleta y sesgada. En definitiva, todo recuerda a lo ocurrido en diciembre de 2001 y en tantos casos de ejecuciones sumarias o casos de gatillo fácil. La policía dice que no hizo lo que muchos testigos vieron. El juez compra y repite sin más la versión policial. Las pericias balísticas realizadas son parciales y realizadas por la propia institución sospechada. Así parece recrearse otro círculo de impunidad garantizado judicialmente. Otro buen ejemplo de lo urgente que es democratizar la administración de justicia provincial. Y también de la distancia existente entre la apropiación comunicacional (o sea el choreo) por parte del gobierno provincial del concepto de "seguridad democrática" y la materialidad de la política de seguridad en la provincia que sobrecriminaliza y desprotege a los sectores populares.
Es muy claro que la existencia de investigaciones y experiencias de organizaciones de la sociedad civil sirven para fundar la caracterización de lo que considero un problema recurrente y sistémico, del poder judicial en su conjunto, para investigar todos los delitos cometidos por funcionarios policiales. Y que no se refieren al hecho concreto del desalojo ocurrido en Empalme Granero. Y esto se reafirma, además, porque están en un párrafo separado, y que sirve de introducción y contexto a las críticas concretas sobre el desempeño del juez Beltramone. Y más aún el comentario concluye con otro párrafo que vuelve a contextualizar el caso concreto en lo que considero es un problema sistémico del poder judicial en su conjunto. Esto resulta tan evidente que hasta realicé un experimento de comprensión de texto al respecto. Le pedí a dos niños que cursan séptimo grado en escuelas públicas que leyeran con atención el texto arriba citado. Luego les pregunté que me dijeran sobre qué cuestiones consideraban que había investigaciones realizadas desde la UNR. Lo volvieron a leer, ¡tan sólo una vez más!, y ambos me dijeron que eran “sobre eso que pasa en el poder judicial”. Por si esto no fuera suficiente, cito en extenso otro párrafo, esta vez de los “considerando”, que trasunta una interpretación absurda y antojadiza por parte del Juez Beltramone, las negritas son agregadas: “Fácilmente puedo estimar entonces que el Sr. Font con sus equipos ha contado a la fecha de su publicación para afirmar todo lo expuesto, con constancias de espacios físicos, estructuras edilicias, cantidad de personas involucradas dentro y fuera del predio, cantidad de policías intervinientes, constatación de oficios librados por el Sr. Juez Correccional ordenando la realización de la medida, entrevistas previas y posteriores con la Hermana Jordán, tarea social que lleva a cabo, análisis de los conflictos que involucran al barrio con la hermana, cuántas son las personas heridas, en su caso si posee teléfonos o algún dato de contacto para que este Tribunal pueda nutrirse de todos ellos, la constatación del tipo de heridas, modo de producción, informes médicos, oficiales o privados, nombres de los profesionales intervinientes, datos que permitan identificar a los familiares que menciona de los testigos. En este punto descartamos que no existan trabajos de campo para validar o invalidar dichos testimonios, las filmaciones que dice existentes y habría constatado, etc.” Es obvio que las afirmaciones del Juez Beltramone escapan a toda lógica. Cualquier persona puede inferir, que salvo en la ficción de programas como CSI Criminal Investigation o similares, nadie, ¡ni siquiera el propio juzgado a cargo de la investigación!, puede contar con todo ese cúmulo de evidencias en un plazo de cinco días (que son los que transcurrieron entre el hecho y la publicación de mis opiniones en Facebook). Pero por sobre todo, esto no se le puede a escapar a un funcionario judicial con tantos años en la administración de justicia como es el caso del juez Beltramone. Y mucho menos a un docente universitario que enseña Derecho Procesal Penal en la UNR, como es también el caso del juez Beltramone.
No solo que resulta realmente descabellado sostener que podríamos tener ese cúmulo de investigaciones como que, además, fuera posible realizarlas en cinco días, o si siquiera que una cátedra de Criminología debiera haber realizados estudios sobre el trabajo social de la monja Jordán. Es por ello evidente que, por una parte, con considerandos tan insostenibles y frágiles el juez Beltramone intenta justificar lo injustificable, esto es el haberme citado a prestar declaración testimonial. Como, por otra, es evidente también que sigue presentando argumentos que, de ser ciertos, y debo entender que el juez Beltramone los considera ciertos, lo obligarían a citarme para que declare como testigo y aporte elementos que serían sumamente esenciales para la investigación. Que, asimismo, en varias partes de la resolución el juez Beltramone desliza afirmaciones e interpretaciones que vendrían a justificar o reforzarían su intención de eventualmente volver a citarme como testigo, a saber: “Es menester recordar que enseña la jurisprudencia, que las fuentes de información – las que aquí incluso no se solicitan – deben ceder aún en el carácter absoluto de confidencialidad, cuando hay un interés social comprometido que puede desembocar en la impunidad de un culpable o en la condena de un inocente” “(…) con más la interposición cuanto menos novedosa de un supuesto Habeas Corpus para evitar lo inexcusable, eso es su declaración testimonial que como carga pública debo recordarle es inevitable (…)” “(…) resulta poco razonable que sea refractario a acompañar los estudios que menciona ha realizado, o conoce, o ha leído o visto, tal el mismo señala en su portal (…) cuando su no comparecencia, su no colaboración será precisamente coadyuvar a la impunidad de quien se desea se investigue, pudiendo (…) acercar los estudios, testimonios, filmaciones que invoca (…) y se resiste a acompañar (…)” Que es absolutamente contradictorio que si en los fundamentos el juez Beltramone realiza todas estas afirmaciones luego, en la resolución, suspenda la testimonial ordenada y, a la vez, en el segundo punto, proponga una curiosa medida procesal, “la invitación a acompañar pruebas”, que no tiene ningún fundamento procesal. A continuación cito dicho punto de la resolución: “2) Invitar al mismo, a acompañar a través de quien corresponda y por el canal que considere confiable, toda la documentación, testimonios, pericias, filmaciones y demás pruebas que deben afirmar sus opiniones (…) todo ello en aras de lograr una mejor investigación, dado el interés social que patentemente se manifiesta en la investigación de autos”. Que no deja de sorprenderme tanta insistencia por parte del juez Beltramone en sostener una citación que el mismo reconoce es a todas luces infundada. Ya que en una conversación telefónica con al empleado Ortigoza (cuando me llamó para convenir fecha para concretar la testimonial) le expliqué que no era testigo de los hechos y que consideraba la citación un
hostigamiento, comunicación que en la resolución el juez Beltramone manifiesta conocer. También lo expresé con total claridad en el recurso de Habeas Corpus interpuesto, del que el mismo juez Beltramone manifiesta tener conocimiento. Y nuevamente en una entrevista en el programa “Trascendental”, por LT8, que el propio juez dice en la resolución haber escuchado. Que en consecuencia, como la propia palabra “suspender” lo indica, la citación no ha sido revocada, sino que el juez Beltramone expresamente la deja pendiente. Más aún de los antojadizos y contradictorios argumentos que da el juez en los “vistos” y “considerando” de su resolución y de los términos utilizados en la misma, trasunta una clara intencionalidad de justificar la citación y mantener en potencial la misma. Situación que podría producirse en el caso de que haga lo que obviamente ya estoy haciendo mediante este escrito, esto es: rechazar la novedosa medida procesal de “invitación a acompañar” contenida en la resolución del juez Beltramone. Por sobre todo, es sumamente preocupante que quien realiza estas manifestaciones antojadizas y contradictorias, y una serie de infundados comentarios críticos hacia mi persona (que prefiero ni siquiera responder), es un juez de Instrucción. En razón de ello, el cúmulo de estos hechos y la intransigente actitud del Juez Beltramone que se niega a reconocer su error y revocar expresamente la citación, no hace más que profundizar el estado de incertidumbre, de hostigamiento y de amenaza a mi libertad, generado por la infundada citación y que me obligara a interponer el recurso de habeas corpus. III - Fundamentos: A los fines de no hacer extensa la presente ampliación de hechos, me remito a los fundamentos jurídicos expuestos en el escrito de interposición del recurso. IV. Audiencia oral Reitero la solicitud de que se fije día y hora de audiencia oral a los fines establecidos en la ley nacional 23.098 de ser escuchadas las partes y, eventualmente, ofrecer y producir prueba. V. Reserva derechos: Reitero la Reserva de Derechos formulada oportunamente para ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia Provincial y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para interponer recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal (arts. 479, siguientes y concordantes del CPP) y/o recurso inconstitucionalidad (ley 7055) y recurso extraordinario federal, fundado en los incisos 1, 2 y 3 del art. 14 de la Ley 48, contra la resolución que se dicte, para el supuesto que la misma sea contraria a la validez de una ley del Congreso y Pactos Internacionales y/o sea contrario a la Constitución, Tratados o leyes del Congreso. VI. Petitio: Por todo lo expuesto, a V.E. solicito: 1. Téngase por interpuesto ampliación de hechos del habeas corpus preventivo oportunamente presentado. 2. Se cite a las parte a audiencia oral en los términos de la ley nacional 23.098.
3. En su hora, y previo los trámites legales, se haga lugar al mismo, haciendo cesar de manera inmediata la amenaza contra mi libertad y el hostigamiento que vengo soportando. 4. Se revoque expresamente la resolución en la que se me ordena comparecer como testigo. 5. Se revoque expresamente la curiosa medida procesal de “invitar a acompañar pruebas”, contenida en la resolución arriba citada.
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References: artículo 43
 artículo 9
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