Source: http://colombiaaldia.co/estados/boletines/boletin_05_2013/index.htm
Timestamp: 2018-12-11 05:11:29+00:00

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En sentencia del 31 de mayo de 2013[1] Tribunal Administrativo del Cauca manifestó lo siguiente refiriéndose a la teoría del daño especial en el marco de la indemnización de las víctimas por el conflicto armado:
“La tesis de daño especial que refiere el título de imputación apropiado para el caso que ocupa la atención, encuentra fundamento en los pilares sobre los cuales se estructura el Estado Social de Derecho que es la estructura medular de nuestra organización política, por eso, frente a la situación lamentable de las víctimas de la violencia que por años han sido golpeadas, la respuesta apropiada dentro de un marco justo, legal y objetivo, es la aplicación de un actuar Estatal fundamentado en la equidad y en la solidaridad que pretenda el resarcimiento de los derechos de quienes padecen y han padecido los rigores de la guerra.
“En aplicación de este régimen -Daño Especial-, la decisión judicial contiene un elemento más trascendental cual es la argumentación jurídica y sociopolítica. El estudio del caso bajo esta tesis según las particularidades propias del caso asociado a la triste realidad de nuestro país, conlleva al análisis particular de nuestro Estado. Siendo Colombia, un Estado Social de Derecho, que pretende asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantiza un orden político, económico y social justo fundado en el respeto de la dignidad de la persona humana, y en la solidaridad de las personas que la integran, se permite que el operador judicial maneje todo el campo de la responsabilidad del Estado a fin de garantizar una reparación integral que dignifique la situación natural de ser humano (…)
“No puede desconocerse que el ciudadano lesionado en medio de ese enfrentamiento contra el Estado, es integrante de una sociedad construida sobre bases políticas sociales, donde los contenidos de los principios constitucionales son de plena vigencia y aplicación inapelable para el mismo Estado que fue quien conjuntamente promovió su aplicación. En este sentido, nuestra afirmación que indica que el Estado debe reparar los daños que fueron causados a los ciudadanos, en medio de un conflicto surtido entre representante propios del Estado y un grupo que desconoce el poder político que ejerce el gobierno, engloba los criterios absolutos de solidaridad y equidad que fundamenta nuestra norma de normas”. (Todas las negrillas por fuera del texto original).
Los anteriores planteamientos parten de una interpretación garantista de los derechos de la persona que el operador jurídico está llamado a promover como, en efecto, nuestra Corporación lo ha venido haciendo.
Una frase como la siguiente: “el Estado Social de Derecho (…) es la estructura medular de nuestra organización política”, acompañada de expresiones como: “la decisión judicial contiene un elemento más trascendental cual es la argumentación jurídica y sociopolítica” y la referencia a que “el operador judicial maneje todo el campo de la responsabilidad del Estado a fin de garantizar una reparación integral que dignifique la situación natural de ser humano” ubica al juzgador en una dimensión de humanismo que enriquece una concepción mucho más holística del derecho, resaltando la razón de ser del mismo: la dignidad del ser humano.
Al compás de lo anterior, debe resaltarse lo que, sin vacilar, es elemento neurálgico de una nueva concepción del derecho, la integralidad de lo jurídico y lo sociopolítico, elementos “simbióticos” respecto de los cuales no puede ser ajeno el aplicador del derecho. El análisis particular de nuestro Estado y de nuestra sociedad es requisito sine qua non para emitir un fallo; no es concebible hoy en día una interpretación jurídica aislada de la realidad social, política y económica.
Entregamos a nuestros apreciados seguidores la edición número 005 de 2013 del Boletín del Tribunal Administrativo del Cauca con una selección de providencias de la Corporación en los dos sistemas el escritural y el oral, además de las acciones constitucionales, encaminadas a enriquecer sus análisis de casos. Esperamos que les sea de utilidad.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013.
1. ACCIÓN DE TUTELA/ Primera instancia/ Derecho a la salud/ Patologías originadas en la prestación de servicio como soldado/Nueva valoración de la Junta Médico Laboral/ Necesidad de determinar una nueva calificación que incluya los padecimientos actuales del actor derivados del dictamen inicial/Precedente de la Corte Constitucional/Concede /19001233300420130023400/MP David Fernando Ramírez Fajardo.
2. ACCIÓN DE TUTELA/ Primera instancia/ Protección de minorías étnicas/ Concurso de méritos/ INPEC/ Estabilidad laboral/ La condición de indígena de la actora no tiene la entidad de eximirla de un proceso de selección/Se declara improcedente en relación con suspensión de acto administrativo/19001233300420130025800/ MP David Fernando Ramírez Fajardo.
3. ACCIÓN DE TUTELA/Improcedencia de la acción/ La tutela es un mecanismo subsidiario/ No es procedente para debatir cuestionamientos frente a decisiones de contenido particular proferidas en sede administrativa está consagrado en la Ley 1437 el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho/ Las medidas cautelares consagradas en la Ley 1437 dentro del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, confirman la subsidiariedad de la tutela /19001233300220130020300/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
4. ACCIÓN DE TUTELA/ Derechos de desplazados/ Derecho a vivienda digna/ Proyecto de vivienda Ciudad Futuro las Guacas/ Contrato de promesa de compraventa de vivienda constituye ley para las partes/ La competencia para el otorgamiento del subsidio está atribuida al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA – de conformidad con lo establecido por el numeral 9 del artículo 3 del Decreto 555 de 2003 y la jurisprudencia constitucional/19001233300320130022300/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
5. ACCIÓN DE TUTELA/Primera instancia/Derecho a la personalidad jurídica/Cédula de ciudadanía/Corrección de errores en la expedición del documento son competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil/Expedición de cédula a persona fallecida sin hacer la correspondiente verificación de datos/Derecho de petición/ Respuestas que no resuelven de fondo la solicitud de corrección/Concede/19001233300320130025100/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
6. ACCIÓN DE TUTELA/Segunda instancia/ Procedencia de la Acción de Tutela frente a Providencias Judiciales/Requisitos con base en precedente de la Corte Constitucional/ La tutela es el mecanismo eficaz para proteger derechos fundamentales presuntamente vulnerados dentro de procedimientos policivos ante la circunstancia de no existir otro de defensa judicial idóneo para el caso/ Debido proceso/Cuestionamiento de actuaciones dentro de una querella policiva/ La Inspección de Policía actuó de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Departamental de Policía para los procesos de perturbación de la posesión/No se demostró vulneración del derecho al debido proceso/Revoca decisión del a quo que declaró la improcedencia de la acción/19001333100620130007701/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
7. ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA/Debido proceso académico/ Pretensión de estudiantes universitarios de que se mantengan incólumes calificaciones erradas ingresadas por la Universidad al sistema de registro de notas persiguiendo con ello obtener la aprobación de una asignatura del pensum y su graduación/ Balance entre el respeto del debido proceso que se debe aplicar para corregir un error acaecido dentro del proceso académico y el criterio del mérito y el conocimiento que caracteriza la obtención de los logros académicos/El principio de buena fe igualmente debe ser respetado por los particulares quienes no pueden pretender beneficiarse de un error/Confirma decisión del a quo/ 19001333100620130010501/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
8. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES/Segunda instancia/Incumplimiento de contrato de arrendamiento/No pago oportuno de los cánones de arrendamiento/ La aceptación de pagos diferidos y la celebración de acuerdo de pago, no enerva la configuración del incumplimiento contractual y sus consecuencias/Confirma decisión del a quo que declaró el incumplimiento por parte de la arrendataria/19001333100220040166001/MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
9. ACCIÓN EJECUTIVA/ SEGUNDA INSTANCIA/ Acuerdos de reestructuración de pasivos/ Principio de la pars conditio omniun creditorum, significa que los acreedores del deudor concurren al proceso de reestructuración en igualdad de derechos, oportunidades, cargas y obligaciones (sustanciales y procesales), obteniendo de parte de la ley y del Juez del concurso, el mismo tratamiento para la satisfacción de sus intereses particulares/ La reducción de intereses ha de predicarse no sólo de las sentencias existentes al tiempo de la negociación o la suscripción del acuerdo o su modificación, sino también de aquellas que a ese momento aún no se hubieran dictado/ 19001333100720100034001/MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
10. NULIDAD SIMPLE/ Objeciones de alcalde a proyecto de Acuerdo/Objeciones no acogidas por el Concejo Municipal de Popayán/ Tema del Acuerdo: Ajuste de asignaciones salariales de los cargos de la Planta de Personal del Hospital Universitario San José de Popayán ESE/ 19001230000120090035100/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
11. ACCIÓN DE REPETICIÓN/ La certeza sobre el pago hecho por la entidad demandante no se puede demostrar con documentos emanados de sus dependencias /La orden de pago no demuestra que el pago se haya efectuado/Niega pretensiones/19001230000420080012900/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
12. ACCIÓN DE REPETICIÓN/Segunda instancia/ Presuntas irregulares al tramitarse cuentas de cobro por órdenes de trabajo que llevaron a la DESAJ-Popayán a ser sancionada a pagar perjuicios a favor de un tercero/ En el proceso de repetición no obra prueba que acredite la condena/ Con la demanda fue aportada copia simple de la sentencia condenatoria la cual carece de valor probatorio/Confirma sentencia del a quo que denegó pretensiones/ 19001333100620060001301/MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
13. REPARACIÓN DIRECTA/ Enriquecimiento sin justa causa/ Perjuicios ocasionados por el no pago de los servicios eléctricos prestados por parte del Municipio/ Precedente sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado/ Casos en que es factible demandar la indemnización de perjuicios por enriquecimiento sin justa causa. Actio de in rem verso. Acción procedente/Revoca decisión del a quo/19001333100220070012601/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
14. REPARACIÓN DIRECTA/ Masacre cometida por grupos ilegales/Responsabilidad del Estado/ Régimen de responsabilidad aplicable: Falla en el servicio/Conducta omisiva para evitar la ocurrencia del hecho/Revoca decisión del a quo que negaba pretensiones/ Masacre cometida por grupos ilegales/Responsabilidad del Estado/ La posición de garante del Estado/ Perjuicios morales/No se tasan en gramos oro/ El arbitrio judicial se configura como único sistema para realizar la tasación de los perjuicios morales/19001333100620040251801/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
15. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones de particular al estar en medio de enfrentamiento entre el Ejército y un grupo subversivo/ Los testimonios dan a la Sala la certeza suficiente para otorgar credibilidad a los argumentos expuestos/La Sala se aparta de la valoración probatoria del a quo/ Teoría del daño especial por riesgo excepcional/ Se genera cuando se pone en peligro a los ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a protegerlos/ La tesis de daño especial encuentra fundamento en los pilares del Estado social de derecho/Situación de las víctimas del conflicto armado en Colombia/Aspectos jurídicos y sociopolíticos de la decisión judicial/Precedente de la Corte Constitucional/Significado del contenido de la Carta Política/ Primacía del principio de la dignidad humana como rector de la estructura jurídica y política y la concepción de la persona como un fin estatal”/ Del perjuicio Inmaterial diferente al Moral/ Daño a la salud/Representa una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad psicofísica/19001233170220050146201/MP Magnolia Cortés Cardozo.
16. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Facultad discrecional/ Retiro del servicio de personal de la Policía Nacional/Presunta “sanción disfrazada”/ No se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo/ Confirma decisión del a quo que denegó pretensiones. 19001230000120050087901/MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
17. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Beneficios netos o excedentes destinados a programas educativos conforme a la legislación tributaria/Generación o no del derecho de la cooperativa demandada a incluirlo como renta exenta en su declaración privada/ Para la cooperativa aplica el sistema de caja cuando la entidad lleva contabilidad/ En el sub examine se generaron las consecuencias fiscales esto es, haber realizado la inversión en educación exigida por la ley para acceder al beneficio tributario de la exención de los excedentes/Accede a pretensiones/ 19001230000020120002500/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
18. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Docentes/ Pensión gracia/Análisis normativo y jurisprudencial para relacionar los presupuestos del derecho/Revoca decisión del a quo/ A la actora no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión, ni por ende la reliquidación de la misma/Los pagos que alcanzó a percibir la actora fueron hechos y recibidos de buena fe, no habiendo lugar a la devolución de los mismos/Revoca decisión del a quo/19001333100120090000401/MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
19. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Reajuste de la asignación mensual de retiro para que se incluya la prima de actualización/El interesado puede solicitar la reliquidación en cualquier momento por la naturaleza imprescriptible de este derecho al tratarse de una prestación periódica/No opera la caducidad de la acción/Revoca la sentencia del a quo en este aspecto/19001333100720110010601/MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
20. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Pensión de sobrevivientes/ Falsa o errónea motivación del acto administrativo/Confirma decisión del a quo/ 19001333100720090047501/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
21. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ CAJANAL EPS negó al actor el reconocimiento y pago de la pensión gracia/ Al demandarse la proposición jurídica resulta incompleta lo que implica ineptitud sustantiva de la demanda/No se demandaron todos los actos administrativos involucrados en el asunto/Confirma decisión del a quo/19001333100520080024601/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
MEDIOS DE CONTROL (Sistema oral)
22. MEDIO DE CONTROL REPARACION DIRECTA/AUTO SEGUNDA INSTANCIA/ Apelación de auto que rechazó la adición de la demanda/Los autos apelables son taxativos en la Ley 1437/También lo son los que se encuentran en normas especiales, según el Consejo de Estado/Para el auto de rechazo de adición de demanda solo es procedente el recurso de reposición, de conformidad con el artículo 242 del CPACA/Se declara improcedente el recurso/ 19001333100520120010101/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
23. MEDIO DE CONTROL REPARACION DIRECTA/AUTO SEGUNDA INSTANCIA/ Apelación de auto que rechazó la adición de la demanda/Los autos apelables son taxativos en la Ley 1437/También lo son los que se encuentran en normas especiales, según el Consejo de Estado/Para el auto de rechazo de adición de demanda solo es procedente el recurso de reposición, de conformidad con el artículo 242 del CPACA/Se declara improcedente el recurso/ Artículo 93 del CPACA sobre causales para que la entidad pueda revocar su propio acto / El asunto debe versar sobre derechos o asuntos susceptibles de disposición/ Cuando cualquier entidad del Estado decida conciliar ante la Procuraduría los efectos económicos causados por un acto administrativo, lo hace bajo los supuestos de que éste se encuentra inmerso en alguna de las causales de revocatoria directa, es decir, en caso de conciliarse dichos efectos, el acto se entiende revocado por la entidad. 19001333100520120010101/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
24. MEDIO DE CONTROL REPARACION DIRECTA – APELACION AUTO/La a quo denegó práctica de prueba sobre disminución de la capacidad laboral expedida por Junta de Calificación de Invalidez en razón de considerar que la disminución de la capacidad laboral puede demostrarse con el acta de la Junta Médico Laboral, prueba decretada /Confirma decisión de la a quo/ MEDIO DE CONTROL REPARACION DIRECTA – APELACION AUTO/ Análisis del juez sobre la necesidad y la utilidad de la prueba/En términos de la necesidad y utilidad de la prueba, se justifica la negativa del decreto de la prueba por la a quo como quiera que no se está debatiendo el porcentaje de calificación, sino que se requiere es la efectiva demostración de la pérdida de capacidad laboral, la cual puede realizarse con el Acta de la Junta Médico Laboral/ MEDIO DE CONTROL REPARACION DIRECTA – APELACION AUTO/Petición probatoria de carácter supletorio no reúne los requisitos legales de excepcionalidad previstos en la Ley 1437/ 19001333100820120015601/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
Sentencia: 16 de mayo de 2013
Expediente: 19001233300420130023400
Tema tratado: Primera instancia/ Derecho a la salud/ Patologías originadas en la prestación de servicio como soldado/Nueva valoración de la Junta Médico Laboral/ Necesidad de determinar una nueva calificación que incluya los padecimientos actuales del actor derivados del dictamen inicial/Precedente de la Corte Constitucional/Concede.
“De los dictámenes médicos anexados por el accionante, se puede concluir que existe una evidente conexión entre las patologías sufridas dentro y fuera del servicio y la calificación solicitada, producto de la bala alojada en columna vertebral, que presenta una ligera curva de escoliosis dorsal en parte alta derecha, así como también las padecidas en abdomen, región dorsal, antebrazo derecho y pierna derecha, las cuales se originaron en la prestación del servicio como soldado, y evolucionaron de forma desfavorable, consecuencias no previstas en la Junta Médico Laboral inicial.
“Si bien, la Junta Médica Laboral indicó la existencia de esquirla en la región posterior del tórax, no aludió sobre las molestias que ello implica con el paso del tiempo. Además de las especialidades en cirugía general, ortopedia y neumología evaluadas. Para lo cual, es importante determinar una nueva calificación que incluya los padecimientos actuales del actor derivado de dicho dictamen inicial.
“Así las cosas, a la entidad accionada le corresponde realizar una nueva valoración médica en la que confirme o descarte las condiciones patológicas atribuibles al servicio y posterior a él. De manera que, la entidad cumpla con su deber de brindar los servicios de salud al actor retirado de sus filas, con la realización del examen, a partir del cual puede concluir: i) Que hay ausencia de la condición patológica alegada, caso en el cual cumple con su obligación; o ii) Puede concluir que existe una patología que le resta capacidad laboral, caso en el cual deberá brindarle la atención médica que requiera y reconocer las prestaciones económicas a que haya lugar.
Sentencia: 28 de mayo de 2013
Expediente: 19001233300420130025800
Tema tratado: ACCIÓN DE TUTELA/ PRIMERA INSTANCIA/ Protección de minorías étnicas/ Concurso de méritos/ INPEC/ Estabilidad laboral/ La condición de indígena de la actora no tiene la entidad de eximirla de un proceso de selección/Se declara improcedente en relación con suspensión de acto administrativo.
“En el sub lite la accionante es una persona que pertenece a una parcialidad indígena y labora en una entidad pública, a quien la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- le ha respetado el acceso al concurso de méritos (Convocatoria No. 250 de 2012 en la cual participa, inscrita para el cargo de SECRETARIO GRADO 13 NIVEL ASISTENCIAL –fl. 124-), mecanismo considerado idóneo por la Corte Constitucional, ya que con base en criterios de objetividad e imparcialidad, determinará el mérito, las capacidades y la preparación de los aspirantes, apartándose de toda consideración subjetiva para proveer los cargos de carrera, por lo tanto su condición de indígena no tiene la entidad de eximirla de un proceso de selección, máxime cuando ha demostrado las capacidades y aptitudes para mantenerse en provisionalidad por más de 11 años en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- como afirmó en la demanda.
“La situación actual de la actora, de hallarse en provisionalidad, le confiere una estabilidad laboral intermedia que la hace acreedora de protección constitucional, pues le permite concursar en igualdad de condiciones con los otros participantes, y tiene trabajo mientras dura el proceso de selección y se proveen los cargos con la lista de elegibles. Como lo ha precisado la Corte Constitucional, no está permitido reemplazar a un trabajador provisional por otro que no haya superado los concursos públicos y abiertos, sin la correspondiente motivación de mejoramiento del servicio”. (…)
“La Sala responde que la característica de subsidiaridad de la acción de tutela obliga al interesado agotar de forma primigenia el medio de defensa ordinario disponible, dado que no es alternativa, ni puede desplazar los mecanismos específicos de defensa previstos en la Ley como lo pretende la accionante, por lo que habrá de declararse su improcedencia en relación con la suspensión de los efectos del Acuerdo No. 297 del 11 de diciembre de 2012”.
Sentencia: 06 de mayo de 2013
Expediente: 19001233300220130020300
Tema tratado 1: ACCIÓN DE TUTELA/Improcedencia de la acción/ La tutela es un mecanismo subsidiario/ No es procedente para debatir cuestionamientos frente a decisiones de contenido particular proferidas en sede administrativa está consagrado en la Ley 1437 el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho.
“En el asunto puesto a consideración de este Juez Colegiado, el actor solicita que en salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso administrativo, en sede de tutela se dejen sin efecto las Resoluciones No- 219 de 10 de agosto de 2012 y No. 262 del 19 de octubre de la misma anualidad, expedidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Cauca, dentro de la vigilancia judicial administrativa adelantada bajo el número de radicación 19001-11-01-002-2012-00017-00, ante la configuración de unas vías de hecho, que en su criterio permiten el amparo deprecado (…)
“en el sub examine, es menester dejar en claro que las decisiones adoptadas en el marco de la vigilancia judicial administrativa adelantada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Cauca, tienen el carácter de actos administrativos, por lo que no puede dárseles el manejo de decisiones de tipo judicial.
“Partiendo de esta base, en la actualidad, bajo el marco de la Ley 1437 de 2011, existen mecanismos idóneos ante el Juez Contencioso Administrativo para debatir los cuestionamientos planteados en el escrito de tutela, frente a las decisiones de contenido particular proferidas en sede administrativa, como lo es el medio de control establecido en el artículo 138, de nulidad y restablecimiento del derecho.
“Igualmente debe ponerse de manifiesto que la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, dotó a los procesos contencioso administrativos de prerrogativas que permiten la efectiva salvaguarda de derechos como el aquí invocado, relativos a la posibilidad de solicitar, bien sea, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del proceso declarativo de Nulidad y Restablecimiento del Derecho”
Tema tratado 2: ACCIÓN DE TUTELA/Improcedencia de la acción/ La tutela es un mecanismo subsidiario/Las medidas cautelares consagradas en la Ley 1437 dentro del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, confirman la subsidiariedad de la tutela.
“Partiendo de los criterios previstos en la Ley, el juez administrativo tiene la posibilidad de adoptar las cautelas necesarias para garantizar la efectividad de sus pronunciamiento de fondo, estableciéndose un catálogo que ya no solamente incluye las medidas de carácter negativo como preveía el Decreto 01 de 1984, sino que se amplía la posibilidad de que el operador judicial adopte medidas cautelares positivas, bien sean preventivas, conservativas o anticipativas.
“Estas medidas buscan igualar los poderes del juez de lo contencioso administrativo con el juez de tutela, con el fin de que en los procesos declarativos que se tramitan ante esta jurisdicción se puedan adoptar las mismas medidas, o incluso más y distintas de aquellas que en la actualidad solamente pueden ser decretadas en sede de tutela.
“En razón a lo dispuesto, las medidas cautelares previstas en el CPACA surgen como una medida eficaz e idónea para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia dentro de los procesos declarativos que se tramitan en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual el proceso contencioso administrativo está dotado de todas las garantías para efectivizar los derechos vulnerados, situación que ratifica la subsidiariedad de la tutela.
Sentencia: 10 de mayo de 2013
Expediente: 19001233300320130022300
Tema tratado: ACCIÓN DE TUTELA/ Derechos de desplazados/ Derecho a vivienda digna/ Proyecto de vivienda Ciudad Futuro las Guacas/ Contrato de promesa de compraventa de vivienda constituye ley para las partes/ La competencia para el otorgamiento del subsidio está atribuida al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA – de conformidad con lo establecido por el numeral 9 del artículo 3 del Decreto 555 de 2003 y la jurisprudencia constitucional.
“Procede la Sala a proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, (…) debido a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, la vivienda digna y a la reparación integral de las víctimas del conflicto por parte del Viceministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corporación Minuto de Dios, el Departamento del Cauca y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVENDA – (…)
“La sala tutelará el derecho fundamental a la vivienda digna del accionante pues en el caso concreto también se presenta el estado de cosas inconstitucional que se declaró la Corte en la sentencia T-025 de 2004, por cuanto se presentan los mismos supuestos que en el caso anteriormente referido estos son: i) existe una vulneración de los principios de la buena fe y la confianza legítimas, ii) el derecho a la vivienda digna de carácter fundamental por la condición de desplazado del accionante no se ha garantizado no obstante el derecho subjetivo contenido en el contrato de promesa de compraventa, que constituye ley para las partes. iii) Por el tiempo transcurrido entre la celebración del contrato – 2007- y la interposición de la acción de tutela, esto es más cinco años y iv) la vulneración directa del principio de solidaridad social por parte de las entidades accionadas.
“En consecuencia, la Sala ordenará a la Gobernación del Departamento del Cauca y a la Corporación Minuto de Dios, en su calidad de ejecutor y constructor del proyecto de vivienda Ciudad Futuros las Guacas, que en el término de treinta días contados a partir de la notificación de este fallo entregue de manera definitiva al accionante una casa en la ciudad de Popayán con características iguales o superiores a las pactadas en el contrato de promesa de compraventa No 0512, sin perjuicio de que se encuentre dentro del proyecto Ciudad Futuro las Guacas.
“Además, en vista de la vigencia legal de los subsidios establecido en el artículo 51 del Decreto 2190 de 2009, se ordenará que FONVIVIENDA que extienda, mediante resolución, la vigencia del subsidio otorgado al accionante, hasta que a la Gobernación del Departamento del Cauca y a la Corporación Minuto de Dios le entreguen una casa conforme a la orden impartida en esta providencia, para garantizar de manera plena los derechos fundamentales del accionante y como consecuencia de la orden que se procederá a impartir ya que en la actualidad el subsidio se encuentra vencido, toda vez que estuvo vigente hasta el 1 de octubre de 2012 (…)
“En efecto, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio de una parte no tiene competencia para adjudicación de subsidios de vivienda, toda vez que esta competencia esta atribuida al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA – de conformidad con lo establecido por el numeral 9 del artículo 3 del Decreto 555 de 2003 y la jurisprudencia constitucional y por otra no hizo parte del contrato de promesa de compraventa suscrita entre el accionante, el Departamento del Cauca y la Corporación Minuto de Dios, razones suficientes para declara la falta de legitimación en causa material por pasiva.
Acción: Tutela – primera instancia
Sentencia: 20 de mayo de 2013
Expediente: 19001233300320130025100
Tema tratado: ACCIÓN DE TUTELA/PRIMERA INSTANCIA/Derecho a la personalidad jurídica/Cédula de ciudadanía/Corrección de errores en la expedición del documento son competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil/Expedición de cédula a persona fallecida sin hacer la correspondiente verificación de datos/Derecho de petición/ Respuestas que no resuelven de fondo la solicitud de corrección/Concede.
“Así, lo que sucede es que DUBAN DARWI TROCHEZ IJAJI que presenta el registro civil de nacimiento 20787734, identificación No. 931226-03766, nacido el 26 de diciembre de 1993, solicita la expedición de su cédula con los datos verdaderos, impugnando la cédula que se le expidió con base en el registro civil de nacimiento de su hermano fallecido, por lo que no puede confundirse un problema de expedición errada de una cédula, que se pide sea corregida, con un trámite de modificación de las partidas del registro civil, que no es lo que se pretende en este caso concreto. Además si el señor DUVAN DARVI TROCHEZ IJAJI falleció el 12 de octubre de 1993 (fl. 19), escapa a toda lógica que se le haya expedido una cédula de ciudadanía el 11 de abril de 2012 (fl. 14).
“En este orden de ideas, considerando la obligación del Estado de facilitar el trámite, entrega, reemplazo, corrección de errores que recaigan sobre la cédula de ciudadanía y cancelación en los casos del art. 67, según el trámite fijado en los artículos 72 a 74 del Código Electoral - Decreto 2241 de 1986, se tiene que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, es la entidad encargada de la realización de ese trámite.
“Al ser evidente que el accionante hizo las peticiones pertinentes, sin encontrar una solución a su situación, sino por el contrario unas respuestas que sólo evidencian un desconocimiento de las competencias de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y que por ende no resuelven de fondo la solicitud del actor, se configura la vulneración del derecho de petición por una parte, y por otra el derecho a la personalidad jurídica al impedirle al actor el ejercicio libre y pleno sus derechos civiles y políticos, además de desconocer su derecho a tener una identidad y en general a acceder a todo tipo de beneficios que la legislación le otorga por su mera condición de ser ciudadano colombiano.
Acción: Tutela – 2 Instancia
Sentencia: 08 de mayo de 2013
Expediente: 19001333100620130007701
Tema tratado 1: ACCIÓN DE TUTELA/SEGUNDA INSTANCIA/ Procedencia de la Acción de Tutela frente a Providencias Judiciales/Requisitos con base en precedente de la Corte Constitucional/ La tutela es el mecanismo eficaz para proteger derechos fundamentales presuntamente vulnerados dentro de procedimientos policivos ante la circunstancia de no existir otro de defensa judicial idóneo para el caso.
“se han establecido las causales de procedibilidad o los supuestos que hacen viable la acción de tutela, de manera excepcional, contra providencias judiciales.
“Las causales de procedibilidad han sido reunidas en dos grupos. Las denominadas ‘generales’, mediante las cuales se establece si la providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez de tutela, y las causales denominadas ‘especiales’ o ‘específicas’, mediante las cuales se determina si una providencia judicial, susceptible de control constitucional, violó o no los derechos fundamentales de una persona.
Las causales generales son:
d. En el evento de hacer referencia a una irregularidad procesal, debe haber claridad que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
“Y las causales de procedibilidad especiales se refieren a los defectos específicos en los cuales puede incurrir una providencia judicial y que pueden conllevar la violación de los derechos fundamentales de una persona. De acuerdo con la Sala Plena de la Corporación (C-590 de 2005), los defectos en los que el funcionario judicial puede incurrir son los siguientes: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material y sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; (viii) violación directa de la Constitución. (…)
“Ahora, en cuanto a las decisiones en el marco de los procesos policivos no existe un medio de defensa judicial idóneo mediante el cual se puede lograr de manera efectiva e inmediata la protección de los derechos fundamentales, cuando estos se vean amenazados o vulnerados por la acción de la autoridad pública, porque estas decisiones se encuentran excluidas del control de la jurisdicción contencioso administrativos de conformidad con el artículo 105 del CPACA.
“En este contexto, la tutela es el mecanismo eficaz para garantizar estos derechos, no obstante su carácter subsidiario, siempre que se encuentre estructurada una de las causales de procedencia de esta acción frente a providencias judiciales, tanto especiales como generales.
Tema tratado 2: ACCIÓN DE TUTELA/SEGUNDA INSTANCIA/Debido proceso/Cuestionamiento de actuaciones dentro de una querella policiva/ La Inspección de Policía actuó de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Departamental de Policía para los procesos de perturbación de la posesión/No se demostró vulneración del derecho al debido proceso/Revoca decisión del a quo que declaró la improcedencia de la acción.
“La Sala entra a analizar si la decisión del A quo se sujeta a los parámetros legales y constitucionales que rigen en casos como el sub examine en donde se cuestiona las actuaciones de una autoridad de policía dentro de una querella relacionada con la posesión.
“Al respecto cabe mencionar que en criterio del accionante las falencias de la entidad accionada dentro del proceso policivo se concretan en que: i) no existió dentro del proceso policivo auto que decretara las pruebas, ii) la diligencia de inspección ocular no fue notificada de manera personal al apoderado del actor, ya que la anotación que existe al respecto es falsa e indebida y iii) se ordenó el restablecimiento del statu quo, no obstante la complementación y aclaración del dictamen solicitada no se había resuelto (…)
“De conformidad con el material probatorio obrante en el proceso se tiene que, contrario a lo afirmado por el accionante, la Inspección Urbana Segunda de Policía actuó de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Departamental de Policía para los procesos de perturbación de la posesión y que ninguna de las falencias planteadas sucedió en la realidad.
“Lo anterior se puede constatar con facilidad ya que i) el proceso se abrió a pruebas mediante el auto de 19 de noviembre de 2012, - Fl 59 - ii) el auto que ordenó la inspección ocular se decretó en debida forma y fue comunicado al apoderado del accionante, Fl 23-24 y 65 y iii) el restablecimiento del statu quo se puede dar desde el inicio del proceso y se utiliza para restablecer las cosas al estado anterior a la perturbación de la posesión, sin que se constituya en la decisión definitiva del proceso, pues el proceso policivo termina a través de una sentencia en la cual se evalúan toda las pruebas, de allí que el hecho de que se haya realizado esta diligencia antes de que se resolviera la aclaración de dictamen no vulnera derecho alguno del accionante. Art. 260 del Código Departamental de Policía.
“Por tanto, en vista de que en el proceso de perturbación de la posesión adelantado por parte de la Inspección Segunda Urbana de Policía se tramitó de conformidad con las normas que regulan ese proceso, se puede concluir que no existe violación de ningún derecho fundamental del accionante, por lo que no es posible acceder a sus pretensiones.
“En suma, esta Corporación encuentra que los fundamentos del fallo dictado por el A quo son correctos, más no la decisión que adoptó, pues en vista de que se cumplían con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y que al realizar el estudio de fondo del asunto se constató que no existió vulneración de ningún derecho fundamental del accionante debió negar la protección deprecada.
“Con todo, se revocará la sentencia impugnada y en consecuencia se negará el amparo solicitado, en tanto no existe violación de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del accionante.
Acción: Acción de tutela – Segunda instancia
Sentencia: 23 de mayo de 2013
Expediente: 19001333100620130010501
Tema tratado: ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA/Debido proceso académico/ Pretensión de estudiantes universitarios de que se mantengan incólumes calificaciones erradas ingresadas por la Universidad al sistema de registro de notas persiguiendo con ello obtener la aprobación de una asignatura del pensum y su graduación/ Balance entre el respeto del debido proceso que se debe aplicar para corregir un error acaecido dentro del proceso académico y el criterio del mérito y el conocimiento que caracteriza la obtención de los logros académicos/El principio de buena fe igualmente debe ser respetado por los particulares quienes no pueden pretender beneficiarse de un error/Confirma decisión del a quo.
“La impugnación pretende que más allá de ordenar a la demandada que garantice la habilitación a los estudiantes accionantes, se mantengan incólumes las notas erradas que fueron registradas inicialmente en SIMCA, sin que deban presentar una nueva prueba escrita, ordenando además la expedición del paz y salvo académico para adelantar el trámite de graduación.
“Frente a ello, se considera que si bien es cierto que lo registrado en el sistema SIMCA de la Universidad del Cauca fue un error que generó una expectativa de grado para los tutelantes, claramente se determina que esa expectativa no era legítima en tanto los estudiantes no habían cumplido en la realidad con la aprobación de la asignatura “PLANTAS DE TRATAMIENTO”, pues es un hecho incontrovertible que la nota del examen final, no les permitía superarla.
“Tal como lo ha considerado la H. Corte Constitucional, el error o la inconsistencia que en este caso se evidenció en la nota definitiva registrada en SIMCA para la materia “PLANTAS DE TRATAMIENTO”, no podía generar como consecuencia que se mantuviera la nota errada, siendo una solución adecuada la adoptada por el señor Juez A-quo, en el sentido de ordenar la realización de la habilitación. Así, en ningún momento se desconoce que sí se vulneraron los derechos fundamentales y por el contrario se estima que la orden impartida es la que en mayor medida repara de manera efectiva la conculcación de los derechos amparados, realizando un justo balance entre el respeto del debido proceso que se debe aplicar para corregir un error acaecido dentro del proceso académico y el criterio del mérito y el conocimiento que caracteriza la obtención de los logros académicos.
“Adicionalmente la Sala destaca que la buena fe como principio de naturaleza constitucional (art. 83 de la Carta Política) no sólo se exige en la actuación de las autoridades sino que también resulta exigible a los particulares, que en este caso no pueden pretender beneficiarse de un error, con miras a cumplir un requisito para obtener el título de Ingenieros Civiles, desconociendo una realidad palmaria, que es la falta de aprobación de una materia.
“En suma, esta Corporación reitera que lo que se cuestiona en esta providencia es que no se haya seguido el procedimiento diseñado para la modificación de las notas, pretendiendo además, que los estudiantes nuevamente cursaran la materia sin darles previamente la opción de presentar el examen de habilitación que la misma UNIVERSIDAD con posterioridad y en el trámite de esta acción, reconoce que sí les asistía.
“Por lo anterior estudiados los argumentos del recurso expuestos por la parte actora, se confirmará la sentencia impugnada.
Expediente: 19001333100220040166001
Tema tratado: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES/Segunda instancia/Incumplimiento de contrato de arrendamiento/No pago oportuno de los cánones de arrendamiento/ La aceptación de pagos diferidos y la celebración de acuerdo de pago, no enerva la configuración del incumplimiento contractual y sus consecuencias/Confirma decisión del a quo que declaró el incumplimiento por parte de la arrendataria.
“El a quo declaró el incumplimiento del contrato y ordenó la restitución del bien inmueble objeto del mismo, considerando que la señora María Belarmina Guevara no canceló oportunamente los cánones de arrendamiento dentro de los términos estipulados en el contrato, a pesar de haber sido requerida por la entidad demandante, circunstancia que constituye una causa legal de terminación del contrato (…).
“Con lo anterior, es claro que la arrendataria no cumplió la obligación de pago en los términos establecidos en el contrato, dando con ello lugar a la configuración del supuesto de rescisión del contrato establecido en la cláusula cuarta así: “…si la mora es de un período mensual completo, dará además, derecho al arrendador a hacer cesar inmediatamente el contrato y exigir la restitución del bien”, con lo cual dio lugar a la causal de terminación del contrato regulada en la cláusula novena del mismo: “El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del ARRENDATARIO…”, cuya aplicación, si bien en principio no requiere intervención judicial según lo establece el precepto, la misma se justifica precisamente por la renuencia de la arrendataria en restituir el inmueble bajo la consideración de que no ha incumplido.
“Ahora bien, el hecho de que la entidad hubiera aceptado los pagos diferidos, llegando incluso a la celebración del acuerdo de pago aludido, no enerva la configuración del incumplimiento contractual y sus consecuencias, pues al respecto la cláusula tercera del contrato precisó que “La mera tolerancia del ARRENDADOR en el pago del precio con posterioridad a los cinco (5) primeros días de cada mes, no se entenderá como ánimo de modificar la cláusula anterior ni el término establecido para el pago, en consecuencia, mantendrán su plena vigencia todas las obligaciones a que hace referencia este documento”.
“Por lo anterior, la Sala confirmara la decisión de primera instancia, en tanto declaró el incumplimiento contractual por parte de la arrendataria, y ordenó la restitución del bien objeto del contrato a favor de la parte actora”.
Sentencia: 09 de mayo de 2013
Expediente: 19001333100720100034001
Tema tratado 1: ACCIÓN EJECUTIVA/ SEGUNDA INSTANCIA/ Acuerdos de reestructuración de pasivos/ Principio de la pars conditio omniun creditorum, significa que los acreedores del deudor concurren al proceso de reestructuración en igualdad de derechos, oportunidades, cargas y obligaciones (sustanciales y procesales), obteniendo de parte de la ley y del Juez del concurso, el mismo tratamiento para la satisfacción de sus intereses particulares/ La reducción de intereses ha de predicarse no sólo de las sentencias existentes al tiempo de la negociación o la suscripción del acuerdo o su modificación, sino también de aquellas que a ese momento aún no se hubieran dictado.
“Como se observa, la norma establece la aplicación de las reglas del acuerdo, tanto para las acreencias existentes al tiempo de la negociación e incluidas en la misma por haber sido reconocidas por la entidad, definidas judicialmente o por ministerio de la ley, como para aquellas que a ese momento estén pendientes de su definición judicial, a pesar que en el caso de las segundas sus titulares no tienen la condición de acreedores, precisamente por la indefinición de su derecho; circunstancia que se acompasa con la norma del artículo 20 de la ley, en el cual se establece que para la negociación del acuerdo deben considerarse las obligaciones en litigio, respecto de las cuales deben preverse y programarse formas de pago en caso de verificarse el riesgo de pérdida, de ahí que el estado de relación de acreedores e inventario de acreencias debe incluir “…una relación de las demandas en curso… con indicación precisa de su valor y de los métodos de valuación que se hayan utilizado para establecerlo, cuando sea del caso.”
“Ese tratamiento a juicio de la Sala encuentra justificación en el hecho de que en estos procesos de reestructuración rige el principio de la pars conditio omniun creditorum, de acuerdo con el cual, los acreedores del deudor concurren al proceso de reestructuración en igualdad de derechos, oportunidades, cargas y obligaciones (sustanciales y procesales), de suerte que han de obtener, de parte de la ley y del Juez del concurso, el mismo tratamiento para la satisfacción de sus intereses particulares. Por ello, si, como ocurrió en el sub examine, se conviene en el acuerdo o su modificación una reducción de intereses que cobije a las acreencias pertenecientes a una misma especie, en este caso, sentencias judiciales, dicha reducción ha de predicarse no sólo de las sentencias existentes al tiempo de la negociación o la suscripción del acuerdo o su modificación, sino también de aquellas que a ese momento aún no se hubieran dictado.
“Si así no se asumiera el entendimiento, terminaría por privilegiarse a los titulares de acreencias definidas judicialmente, por esa sola circunstancia, desconociendo con ello el carácter meramente declarativo de las decisiones que resuelven litigios respecto de la existencia, la cuantía y las condiciones de una determinada obligación.
Tema tratado 2: ACCIÓN EJECUTIVA/ SEGUNDA INSTANCIA/ Acuerdos de reestructuración de pasivos/ Principio de igualdad debe respetarse entre todos los acreedores de la entidad/ Las acreencias deberán cancelarse de conformidad con las reglas previstas en el acuerdo de reestructuración suscrito entre la entidad territorial y sus acreedores de acuerdo con el orden de prelación convenido y con las deducciones o reducciones que se hubieran previsto/ La sola circunstancia de que la sentencia presentada como título base de recaudo se hubiera dictado y ejecutoriado con posterioridad a la negociación y suscripción de la modificación del acuerdo de reestructuración, no la excluye de la aplicación de las reglas establecidas en el mismo/ Excepción de pago de la obligación.
“En otros términos: conforme al artículo 25 de la Ley 550 de 1999, y en aplicación del principio de igualdad que debe existir entre todos los acreedores de la entidad sometida a un acuerdo de reestructuración, las obligaciones reestructuradas, incluidas las incorporadas en providencias ejecutoriadas, lo mismo que los créditos litigiosos una vez ejecutoriada la providencia judicial que los haya reconocido, deberán cancelarse de conformidad con las reglas previstas en el acuerdo de reestructuración suscrito entre la entidad territorial y sus acreedores de acuerdo con el orden de prelación convenido y con las deducciones o reducciones que se hubieran previsto; para lo cual, debe la entidad constituir una reserva o provisión de los fondos necesarios para atender su pago su pago mediante encargo fiduciario según lo ordena el mismo artículo 25 in fine, aspecto que también quedó regulado de modo especial en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Departamento del Cauca con el denominado del “FONDO DE CONTINGENCIAS”, establecido en la cláusula 23, y cuyos recursos y rendimientos se destinarían a atender, entre otros, “…el pago de las sentencias que se presenten a partir de la suscripción de la presente reforma de Acuerdo, en el orden cronológico en el cual se hayan expedido los respectivos fallos, y siguiendo el orden de prelación y condiciones establecidos para cada Grupo de Acreedores, de todo lo cual deberá mantenerse informado al Comité de Vigilancia”.
“De otra parte, considera la Sala que la aplicación de la cláusula 54 del acuerdo a las acreencias causadas por sentencias dictadas con posterioridad al acuerdo y su modificación no es desproporcionada, y por el contrario responde a los objetivos de la Ley 550 de 1999, orientada a promover la reestructuración de los entes territoriales, lograr el desarrollo armónico de las regiones, facilitar la prestación de los servicios por parte de aquellos entes y restablecer su viabilidad mediante la organización del pago de sus deudas; ello sumado al hecho de que con el reconocimiento de la indexación que prevé la citada cláusula se garantiza la compensación del poder adquisitivo de la moneda, al tiempo que se evita el empobrecimiento del titular de la acreencia.
“En conclusión, y contrario a lo argumentado en este proceso por el ejecutante, la sola circunstancia de que la sentencia presentada como título base de recaudo se hubiera dictado y ejecutoriado con posterioridad a la negociación y suscripción de la modificación del acuerdo de reestructuración, no la excluía de la aplicación de las reglas establecidas en el mismo. (…)
“Por consiguiente, la obligación derivada de la providencia base de la ejecución, que comprendía únicamente capital e indexación en los términos del acuerdo de reestructuración, se satisfizo y extinguió con los pagos hechos en virtud de los actos administrativos a que se ha hecho referencia, de manera que no era procedente la orden de seguir adelante la ejecución, razón por la cual se revocará la sentencia de primera instancia.
“En consecuencia, la Sala declarará probada la excepción de pago de la obligación y dará por terminado el proceso.
Sentencia: 31 de mayo de 2013
Expediente: 19001230000120090035100
Tema tratado 1: NULIDAD SIMPLE/ Objeciones de alcalde a proyecto de Acuerdo/Objeciones no acogidas por el Concejo Municipal de Popayán/ Tema del Acuerdo: Ajuste de asignaciones salariales de los cargos de la Planta de Personal del Hospital Universitario San José de Popayán ESE.
“El Concejo Municipal de Popayán profirió el Acuerdo No. 038 del 30 de abril de 2009, por medio del cual se ajustaron las asignaciones salariales de los cargos de la Planta de Personal del Hospital Universitario San José de Popayán ESE”, previa realización de los debates en los días 26 y 30 de diciembre de 2008, y sanción por parte del ejecutivo el día 30 de abril de 2009. El Acuerdo fue publicado el día 4 de mayo de 2009 en el boletín de prensa de la Alcaldía de Popayán No. 071 del 4 de mayo de 2009” (…)
“El Proyecto de Acuerdo 038 de 2009 fue objetado por el Alcalde del Municipio de Popayán, debido a que, según su sentir, no estaba ajustado a algunos preceptos constitucionales y legales superiores; objeciones que no fueron acogidas por el Concejo Municipal, por lo que se procedió, conforme a los artículos 114 y 121 del Código de Régimen Municipal –Decreto 1333 de 1986-, remitiéndose a este Tribunal. (…)
Tema tratado 2: Objeciones de alcalde a proyecto de Acuerdo/Cosa juzgada parcial/Dos cargos ya fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia del 23 de abril de 2009.
“De la comparación de la causa petendi de las objeciones interpuestas en contra del Acuerdo 038 de 2008, con la de la presente acción de nulidad, se tiene que existe cosa juzgada parcial. Ello debido a que en la acción de simple nulidad que se estudia se exponen dos cargos que ya fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia del 23 de abril de 2009, y que estaban encaminados a atacar dos situaciones: el no haberse realizado aumento alguno en la asignación mensual del Gerente del Hospital Universitario San José, y el hecho de que la asignación mensual establecida en el Acuerdo 038 de 2008 para los subgerentes de ese Hospital no correspondía al 70% de la asignación del Gerente.
“Como se evidencia, tanto las normas citadas como los argumentos de violación utilizados en los dos primeros cargos de los procesos son similares, dejando claro que frente a tales cargos opera la figura de la cosa juzgada de carácter parcial siendo lo propio proceder a declararla, lo que implica que el Tribunal únicamente puede pronunciarse en esta oportunidad sobre el último cargo expuesto en la demanda de nulidad simple, referido a la presunta ilegalidad de la vigencia del Acuerdo 038 de 2008, razón por la cual se procederá a decidir sobre el mismo en la presente sentencia.
Tema tratado 3: Único cargo estudiado en el sub judice: presunta ilegalidad de la vigencia del Acuerdo 038 de 2008/La retroactividad del Acuerdo como algo excepcional por tratarse de la materia referida a la fijación de la remuneración del poder ejecutivo territorial, la cual debe regir para todo el año fiscal respectivo/Se desestima el cargo
“Si bien, la regla general consiste que los actos administrativos no pueden tener vigencia retroactiva, se encuentra que en materia de la fijación salarial de los servidores públicos existe una excepción, que atiende a la necesidad lógica de que la remuneración que el poder ejecutivo –según la división de competencias entre el nacional y territorial- establezca para los servidores públicos territoriales, deba regir para todo el año fiscal respectivo.
“Luego, al tener el Acuerdo 038 de 2008 del Municipio de Popayán como objeto el ajuste de las asignaciones salariales de los cargos de la planta de personal del Hospital Universitario San José de Popayán, es claro que fue proferido en desarrollo de la competencia que el poder ejecutivo municipal tiene para determinar la remuneración de sus empleados públicos territoriales; y por tanto, no hay ilegalidad en el hecho de que sus efectos hayan sido retroactivos, como viene de verse; en vista de lo cual, deviene la desestimación del cargo.
“Así las cosas, halla la Sala que frente a los dos primeros cargos de la demanda existe cosa juzgada, por lo que procederá a declarar probada parcialmente tal excepción; y finalmente, denegará las pretensiones frente al cargo de la demanda referido a la ilegalidad a causa de la retroactividad, por haberlo desestimado.
Sentencia: 03 de mayo de 2013
Expediente: 19001230000420080012900
Tema Tratado: ACCIÓN DE REPETICIÓN/ La certeza sobre el pago hecho por la entidad demandante no se puede demostrar con documentos emanados de sus dependencias /La orden de pago no demuestra que el pago se haya efectuado/Niega pretensiones.
“Como se indicó, en el asunto sub lite, la entidad demandante pretendió demostrar el pago de la condena únicamente con documentos emanados de sus dependencias, con los cuales no es factible tener la certeza que el pago de la condena efectivamente se hubiera realizado. La resolución de pago, así como la orden de pago, constituyen el trámite administrativo que es necesario adelantar previamente para poder llevar a cabo el pago efectivo de una suma de dinero con cargo a un rubro presupuestal específico, pero en forma alguna permiten inferir que efectivamente se hubiera realizado el pago. Se concluye, entonces, que la entidad demandante no acreditó el cumplimiento del tercer requisito - el pago de la condena a ella impuesta -, necesario para la prosperidad de la acción de repetición, lo que conlleva a la no prosperidad de sus pretensiones resarcitorias. Conforme a lo anterior, la Sala se abstendrá de seguir analizando si se cumplió o no con el cuarto elemento estructural requerido”.
Expediente: 19001333100620060001301
Tema tratado: ACCIÓN DE REPETICIÓN/Segunda instancia/ Presuntas irregulares al tramitarse cuentas de cobro por órdenes de trabajo que llevaron a la DESAJ-Popayán a ser sancionada a pagar perjuicios a favor de un tercero/ En el proceso de repetición no obra prueba que acredite la condena/ Con la demanda fue aportada copia simple de la sentencia condenatoria la cual carece de valor probatorio/Confirma sentencia del a quo que denegó pretensiones.
“La Nación–Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, formuló demanda de repetición en contra NELLY PATRICIA RUIZ DE OSORIO, LUCY ENEIDA RODRÍGUEZ EGUIZABAL y FREDI OVIRNE CORRALES PATIÑO, por considerar que en ejercicio de sus funciones como Directora Seccional de Carrera Judicial de la DESAJ-Popayán, Asistente Administrativo Grado 8 de la Seccional de Carrera Judicial de Popayán y Técnico Administrativo Grado 9 con funciones de Jefe de la División Financiera de la Dirección Seccional de Popayán, entre los años 1991 y 1992 incurrieron en irregulares al tramitar cuentas de cobro por unas órdenes de trabajo que llevaron a que la entidad fuera condenada por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán a pagar $10.312.008 en favor de un tercero.
“Según la demanda los hechos que dieron lugar a la condena en contra de la DEAJ, se remontan a los años 1991 y 1992, esto es, antes de entrar en vigencia la Ley 678 de 2001 (04 de agosto de 2001); por tanto, la conducta de los funcionarios o ex funcionarios contra quienes se pretende la repetición, se evalúa conforme a los lineamientos de los artículos 63 y 2341 del Código Civil.
“En la sentencia de primera instancia se consideró que no estaban acreditados en el expediente los presupuestos exigidos normativa y jurisprudencialmente para la prosperidad de la acción de repetición, afirmando que existen serias deficiencias probatorias.
“En ese sentido, con relación a la calidad de agentes de los demandados y su conducta determinante para la condena, consideró que si bien con la demanda se allegó certificación sobre su vinculación laboral, la misma fue aportada en copia sin cumplimiento de los requisitos del artículo 254 del C.P.C. (f. 65-66 c.ppal), de manera que no podía ser valorada.
“Sin embargo, al revisar la certificación, advierte la Sala que no se trata de una copia simple, sino de un documento enviado por el Jefe de la Oficina Jurídica de la DESAJ- Cauca al Comité de Defensa y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en Bogotá D.C., que luego fue adjuntado a la demanda remitida finalmente vía fax por la Oficina Jurídica y de Procesos de esta última para su presentación ante los Juzgado Administrativos del Circuito de Popayán, actuación cuya validez está respaldada en el artículo 95 de Ley Estatutaria de Administración de Justicia, de acuerdo con el cual es permitido el uso de otros medios como lo es en este caso, el fax para enviar o recibir documentos en el ejercicio de la función judicial, además que la DEAJ es una sola entidad que actúa de manera desconcentrada a través de las direcciones seccionales.
“Ahora, frente al presupuesto relacionado con que la entidad demandante haya sido declarada patrimonialmente responsable por el daño antijurídico ocasionado con motivo del pago irregular de unas cuentas de cobro relacionadas con órdenes de trabajo de los años 1991 y 1992, comparte la Sala el parecer del a quo, en el sentido de que en el proceso no obra prueba que acredite la condena.
“En efecto, con la demanda fue aportada copia de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2002 por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, cuyos folios exhiben la imposición de un sello indicativo de su pertenencia a la “Secretaría” del “Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayán”, sin que aparezca la firma autógrafa del secretario, la reseña de que se trata de una copia correspondiente con su original, ni la constancia de su origen en auto que la hubiere ordenado. (…)
“En el sub lite, según se evidenció, la sentencia aportada por la entidad demandante para probar la condena no cumple las exigencias que vienen de señalarse, de ahí que, como lo advirtió el a quo, no está acreditada la afirmación de la demanda sobre la existencia de la condena impuesta a la DEAJ. (…)
“En este orden, al no existir en el expediente los elementos de juicio con base en los cuales se demuestren los presupuestos y hechos de la demanda, y que acrediten los requisitos y presupuestos para la procedencia de la acción de repetición, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
Expediente: 19001333100220070012601
Tema tratado 1: Enriquecimiento sin justa causa/ Perjuicios ocasionados por el no pago de los servicios eléctricos prestados por parte del Municipio/ Precedente sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado/ Casos en que es factible demandar la indemnización de perjuicios por enriquecimiento sin justa causa. Actio de in rem verso. Acción procedente/Revoca decisión del a quo.
“La empresa ELECTROENERGIZAR INGENIERIA LTDA, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa instaurada en contra del Municipio de Rosas - Cauca, solicitó se lo declarara administrativamente responsable de todos los daños y perjuicios materiales ocasionados por el no pago de los servicios prestados y materiales eléctricos suministrados, durante el período comprendido entre el 11 de agosto de 2004 y el 27 de enero de 2006, día éste en que el ente territorial certificó haber recibido a satisfacción los referidos servicios. (…)
“…el juzgado de instancia, en primer término, hizo referencia a la Sentencia del 22 de mayo de 2003 del Consejo de Estado, Rad. 23532, C. P. Ricardo Hoyos Duque, sobre la procedencia de la acción de reparación directa para reclamar contraprestaciones económicas por servicios prestados sin respaldo contractual que impide que se reconozcan o satisfagan los pagos que el particular prestó, indicándose en la referida sentencia que “el pago de aquellas actividades que realizan los particulares para la administración pública y que debieron enmarcarse en una relación contractual que no se formalizó, deben ventilarse a través de la vía de reparación directa, siempre y cuando se den los presupuestos de la teoría del enriquecimiento sin causa: un enriquecimiento de la parte beneficiada; un correlativo empobrecimiento de la parte afectada; una relación de causalidad; la ausencia de causa jurídica y que el demandante no pueda ejercer otra acción diferente”. Posteriormente, el A quo procedió a confrontar, conforme a la relación probatoria efectuada, si se cumplía con cada uno de los requisitos señalados en el precedente jurisprudencial citado para que operara el enriquecimiento sin causa, llegando a la conclusión que sí se daban y, en consecuencia dispuso declarar responsable al ente territorial en los términos ya indicados.
“No obstante, es de reseñar que la teoría del enriquecimiento sin causa esgrimida para lograr el pago de diferentes prestaciones económicas - obras públicas, suministros, prestación de servicios, etc. - llevadas a cabo sin respaldo contractual, no ha tenido un desarrollo pacífico al interior del H. Consejo de Estado, al presentarse posiciones encontradas que han ido desde la aceptación hasta el rechazo de dicha teoría, pasando por una tesis intermedia que tiene su fundamento en la protección de la buena fe del contratista al ser inducido por la administración a prestar una determinada actividad sin respaldo contractual.
Ello conllevó, en consecuencia, a que se profiriera una sentencia de unificación que recogiera todas las posiciones que en torno al enriquecimiento sin causa se habían dado al interior de la Alta Corporación, para efectos de establecer en qué casos era viable el reconocimiento de sumas reclamadas de la administración por la ejecución de obras o prestación de servicios sin soporte en un contrato estatal.
Tema tratado 2: REPARACIÓN DIRECTA/ Enriquecimiento sin justa causa/ Precedente Judicial/ Sentencia de Unificación del Consejo de Estado/ La regla general es que la actio de in rem verso no puede ser utilizada para reclamar el pago de obras o servicios que se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno/Consagración de excepciones.
“Así, la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado profirió la Sentencia de unificación de fecha 19 de noviembre de 2012, que se tendrá como referencia para proferir el fallo de segunda instancia en el presente asunto. (…)
“Se tiene, entonces, que el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, unificó su posición jurisprudencial al precisar que la pretensión del enriquecimiento sin justa causa y en consecuencia la actio de in rem verso se debe ventilar en sede judicial a través de la acción de reparación directa. Señaló, igualmente, que no puede ser utilizada para reclamar el pago de obras o servicios que se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno o al margen de éste, eludiendo así el mandato imperativo de la ley que prevé que el contrato estatal es solemne porque debe celebrarse por escrito, y por supuesto agotando previamente los procedimientos señalados por el legislador, salvo que se dé alguna de las siguientes tres hipótesis, en las que por excepción sí es viable el reconocimiento de perjuicios.
“1. Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.
“2. En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.
“3. En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993”.
Tema tratado 3: La actio de in rem verso no puede tener como objetivo recompensar a las partes que deliberada o voluntariamente actuaron contrariando la ley /La acción está encaminada únicamente a garantizar el equilibrio de las relaciones patrimoniales/ El A quo acogió las pretensiones de la demanda con fundamento en un enriquecimiento sin causa que no era procedente/Revoca decisión de primera instancia.
“Reitera la Sala - como lo precisó la sentencia de unificación del H. Consejo de Estado - que la pretensión del reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa no puede tener como objetivo recompensar a las partes que deliberada o voluntariamente actuaron contrariando la ley y más concretamente el Estatuto de Contratación Administrativa, pues dicha acción está encaminada únicamente a garantizar el equilibrio de las relaciones patrimoniales cuando quiera que una de las partes procesales estuviere en alguna de las hipótesis arriba señaladas, buscando además evitar el enriquecimiento indebido de la otra o el abuso en el ejercicio de sus derechos y competencias, todo ello en el marco de los principios generales del derecho y de los artículos 83 y 95 de la Constitución Política, pero sin que se pueda entender que se está prohijando el desconocimiento de las normas legales que rigen la contratación estatal.
“En síntesis, como el enriquecimiento sin causa no puede argumentarse para desconocer o eludir normas imperativas de obligatorio cumplimiento, so pretexto de que una de las partes no puede enriquecerse a costa del empobrecimiento de la otra, y como quiera que el A quo acogió las pretensiones de la demanda con fundamento en un enriquecimiento sin causa que no era procedente, se procederá a revocar la sentencia apelada para en su lugar negar la totalidad de las pretensiones de la demanda”.
Tema tratado 4: Respecto de la apelación adhesiva no opera la figura de la reformatio in pejus/Se analizan los recursos interpuestos sin limitación alguna.
“Observa la Sala, en primer término, que conforme a lo dispuesto en el artículo 357 del C.P.C. el recurso de apelación se debe entender interpuesto en lo desfavorable al apelante, por lo que en principio no se podría agravar la situación del apelante único, en aplicación de la no reformatio in pejus. No obstante, dispone la referida norma que cuando ambas partes hubieren apelado o la que no lo hizo adhirió al recurso, el superior podrá resolver sin limitaciones.
“En este orden de ideas y en atención a que en el presente asunto ambas partes apelaron - la entidad demandante como apelante principal y a la parte actora como apelante adhesivo -, se procederá a desatar el recurso sin limitación alguna, sin tener en cuenta el principio de la no reformatio in pejus, como ya lo ha definido la jurisprudencia del H. Consejo de Estado para casos similares. Es decir, sin reparar en lo que hubiere sido favorable o desfavorable a cada una de las partes en la sentencia de primera instancia.
Expediente: 19001333100620040251801
Tema tratado 1: Masacre cometida por grupos ilegales/Responsabilidad del Estado/ Régimen de responsabilidad aplicable: Falla en el servicio/Conducta omisiva para evitar la ocurrencia del hecho/Revoca decisión del a quo que negaba pretensiones.
“En casos como el presente, donde se demanda del Estado la indemnización de perjuicios por la presunta conducta omisiva al no haber actuado a tiempo a fin de evitar la ocurrencia de un hecho dañoso, precisa la Sala que - como lo ha reiterado el H. Consejo de Estado - debe estudiarse el asunto a la luz de la teoría de la falla en el servicio, a fin de establecer cuál es el contenido obligacional al que la administración está sujeta frente a un caso concreto, teniendo en cuenta a su vez que dicha obligación existe no solo en los casos en que la ley o el reglamento lo consagra expresamente, sino también en todos aquellos eventos en que de hecho asume un servicio o lo organiza, o cuando la actividad cumplida está implícita en la función social que debe llevar a cabo (…)
“Ahora bien, en tratándose de los daños ocasionados por terceros, el Estado ve comprometida su responsabilidad por una omisión, siempre y cuando i) la víctima haya informado de las amenazas en su contra sin que la administración hubiera desplegado alguna acción tendiente a evitar la materialización de la misma, o ii) cuando pese a que la situación de peligro era de público conocimiento, los organismos de seguridad estatal no intervinieron para proteger a la víctima (…)
“Dicho planteamiento se torna más exigente en tratándose de personas frente a las cuales es posible o probable que se concrete o materialice un atentado criminal, pues en este caso el Estado no sólo está obligado a precaver el delito sino, en un caso dado, a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que habiéndose podido evitar se concreten por omisión en el cumplimiento del deber legal contenido en los artículos 2° y 218 de la Carta Política.
“En conclusión, al Estado sólo le son imputables los daños a la vida o bienes de las personas causados por los particulares o terceros, cuando tales daños se hubieran podido evitar de haber dado cabal cumplimiento a la obligación de seguridad y protección que por mandato constitucional le correspondía, y el contenido de esa obligación de seguridad en cada caso se determina de acuerdo con la capacidad que materialmente tuviera para cumplirla, atendiendo a las circunstancias particulares, las cuales deberán ser valoradas por el Juez para determinar si hay lugar a la configuración de una falla del servicio de seguridad imputable a la administración pública”.
Tema tratado 2: Masacre cometida por grupos ilegales/Responsabilidad del Estado/ La posición de garante del Estado.
“Según se vio en el acápite anterior, la jurisprudencia contencioso administrativa ha precisado que para imputar responsabilidad al Estado por falta de protección debe acreditarse - en principio - un requerimiento previo a la autoridad, el cual no requiere de alguna formalidad especial, correspondiéndole al Juez valorar las circunstancias particulares de cada caso. Pero, igualmente, ha indicado que dicho requerimiento previo se puede obviar cuando la situación de amenaza ya es un hecho evidente, de conocimiento de las autoridades, evento en la cual debe analizarse la capacidad real que tenía el Estado para prestar el servicio de seguridad, conforme a las circunstancias concretas. Así, la omisión al deber de protección puede comportar la responsabilidad no solo personal - a nivel del servidor público -, sino también institucional, como quedó visto atrás.
“Es dando aplicación a los lineamientos Constitucionales, en especial los principios de nuestro modelo de Estado, esto es de solidaridad, protección y garantía de los derechos a la vida, honra y bienes y demás, que jurisprudencialmente se ha desarrollado lo concerniente a la posición de garante, en virtud de la cual se hace responsable, desde diversas perspectivas jurídicas, a la entidad que con su omisión ha facilitado la producción del daño. Si tal obligación se consolida frente de las personas - entendidas como particulares -, de manera acentuada e imperativa ha de aplicarse para la administración, quien debe someterse al cumplimiento y salvaguarda de los principios y valores constitucionales bajo su tutela (…)
“Así entendida, la posición de garante se lleva a cabo a la luz de lo dispuesto por el artículo 2º de la Constitución Política - e inclusive desde el preámbulo de la misma -, bajo el entendido que la fuerza pública tiene el deber de garantizar y brindar protección a los ciudadanos en sus vidas, honra, bienes y demás.
“Empero, el cumplimiento de la obligación de protección, no se desliga de las posibilidades materiales que se tengan para efectos de atender el servicio, ni mucho menos extiende la responsabilidad estatal a una sin límites; por el contrario, se predica puntualmente de casos en los cuales son las autoridades las que asumen la garantía de los derechos arriba enunciados, y va de la mano con el deber de protección adjudicado por la Carta Magna –además de los principios del estado social de derecho-, en cuyo defecto se configuraría una falla en el servicio por omisión (…)
“Pero así mismo, ha de tenerse en cuenta que si el daño deprecado es perpetrado por un tercero, ello no obsta para que pueda resultar condenado el Estado, pues es claro que la responsabilidad - una vez probados sus elementos - puede atribuírsele bien sea por acción u omisión en su actuar. En el último evento, se compaginaría tal omisión con la posición de garante que ostente la entidad demandada, para así poder determinar el grado de responsabilidad que le asiste (…)
“Si bien para la época de ocurrencia de los hechos, la situación de orden público y de amenazas a la población civil eran frecuentes en varios municipios del norte del Departamento del Cauca - como quedó visto -, no puede perderse de vista que la situación en el Municipio de Caloto y particularmente en El Palo era en extremo preocupante, en razón a que ya se habían presentando de tiempo atrás hechos violentos contra la población civil ubicada en el lugar, que ameritaban de las autoridades militares la adopción de un plan de choque o de acción encaminado a combatir efectivamente a los grupos irregulares que estaban creando zozobra en el lugar y amenazando a sus habitantes. No obstante, asumieron una actitud pasiva, contemplativa y letárgica que conllevó a que un grupo al margen de la ley - que según los testigos correspondían a las FARC – atentaran, una vez más, contra la vida de cinco (5) personas residentes en la referida vereda, lo que trajo como consecuencia el desplazamiento masivo de la población a la cabecera municipal de Caloto.
“Llama la atención de la Sala el hecho de que si la Policía y Ejército Nacional tenían noción del amplio margen de acción y presencia que ejercían grupos armados irregulares en la zona de El Palo, donde efectuaban incursiones, asesinaban personas, realizaban continuos retenes ilegales, y donde según se vio, existía una pista clandestina que era custodiada por miembros de las FARC ante la falta de presencia de la fuerza pública en el lugar, como bien lo informó en diferentes oficios el Comandante de la Estación de Policía de Caloto al Comandante de la Estación de Policía de Santander de Quilichao, no se hubieran tomado las medidas necesarias para evitar ese accionar delictivo y, a su vez, proteger a la población (…)
“Así, para la Sala no queda duda que las fuerzas militares y de policía asumieron la posición de garantes respecto de los habitantes de la comunidad de El Palo, y al no haber adoptado las medidas necesarias encaminadas a brindarles protección, - la presencia de los grupos irregulares implicaba un aumento del riesgo - su proceder omisivo necesariamente conlleva a derivarles responsabilidad a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional como Ejército Nacional a título de falla en el servicio por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia del fallecimiento de sus familiares.
Tema tratado 3: Masacre cometida por grupos ilegales/Responsabilidad del Estado/Perjuicios morales/No se tasan en gramos oro/ El arbitrio judicial se configura como único sistema para realizar la tasación de los perjuicios morales.
“Se tiene que la parte actora solicitó en la demanda, por concepto de perjuicios morales, una indemnización en cuantía de “…mil gramos de oro fino (1000 g) o el máximo permitido por la ley o la jurisprudencia…”, para los familiares de cada una de las víctimas –según la discriminación realizada en el libelo petitorio-.
“El Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral, según la valoración hecha por el juez en cada caso según su prudente juicio.
“La tasación del monto que se reconoce por perjuicio moral, es de carácter compensatoria, y se hace por parte del juez, teniendo en cuenta, en términos generales, la intensidad del perjuicio, siendo que para la mayor intensidad se reconoce el monto máximo de 100 SMLMV; dejando de lado para esos efectos, el reconocimiento que hasta el año 2001 se realizaba o liquidaba en gramos oro.
“Resulta claro, entonces, que el arbitrio judicial se configura como único sistema para realizar la tasación de los perjuicios morales y que es éste el método utilizado para definir las cuantías indemnizatorias reconocidas a los actores, cuantías que se verán totalizadas en salarios mínimos legales mensuales, y no en gramos oro como se pretende en la demanda.
“Conforme a las reglas de la experiencia, resulta cierto que con la muerte de YESI CANTILLO MINA, EUCLIDES VÁSQUEZ, YOHANDRO VÁSQUEZ ZAPATA Y ALEXIS ZAPATA CANDELO, se causó un profundo dolor, angustia, preocupación e intranquilidad al núcleo familiar de cada uno de los interfectos, que se traduce en una afectación moral que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, deberán resarcir, dependiendo de cada caso en concreto, pues es bien sabido que la presunción de afección moral, solo se predica del núcleo primario o cercano, estos es, hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil cuando se prueba el parentesco”.
Expediente: 19001233170220050146201
Tema tratado 1: Lesiones de particular al estar en medio de enfrentamiento entre el Ejército y un grupo subversivo/ Los testimonios dan a la Sala la certeza suficiente para otorgar credibilidad a los argumentos expuestos/La Sala se aparta de la valoración probatoria del a quo.
“El 3 de agosto de 2005, el señor EVELIO ADRADA RUIZ se encontraba en la vereda Belem – La Calera de El Tambo, Cauca, cuando se presentó un enfrentamiento en medio de la población civil entre miembros de un grupo subversivo y el Ejército Nacional.
“A raíz de los combates el señor EVELIO ADRADA RUIZ fue alcanzado por un disparo de fusil que impactó en su rostro, produciéndole fractura de mandíbula, motivo por el cual fue remitido al Hospital Local de El Tambo, Cauca, siendo necesario remitirlo de urgencia al Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán, lugar donde fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones a fin de reconstruirle su cara y restablecer su habitual alimentación.
“Si bien los declarantes que atestiguaron dentro del proceso, no fueron muy precisos en relatar el momento exacto en que el señor EVELIO ADRADA fue impactado en su humanidad o quién precisamente fue quien generó la lesión de la cual hoy se constituye como víctima, los dichos de los absolventes al ser coherentes, exactos y concordantes en torno al enfrentamiento armado que para la fecha (3 de agosto de 2005) se presentó en la población de Belén-La Calera del municipio de El Tambo, Cauca, donde se encontraban o coincidieron tanto miembros del Ejército Nacional como un grupo insurgente, generan en la Sala certeza suficiente para otorgar credibilidad a los argumentos expuestos en la demanda, los cuales se acreditan ampliamente con la constancia del 5 de agosto de 2005 (fl. 43 C. pbs), que constituye prueba suficiente para demostrar la existencia del combate desarrollado entre miembros del Ejército Nacional y un grupo guerrillero en la mencionada población (Belén-La Calera del municipio de El Tambo), dentro del cual resultó lesionado el señor EVELIO ADRADA.(…)
“Acreditado a juicio de esta Sala tanto la ocurrencia del daño como las circunstancias que dieron origen al mismo, esta Corporación se aparta de lo sostenido por la A quo, pues las pruebas analizadas en conjunto dan lugar a afirmar que la lesión de la cual hoy se constituye como víctima el señor EVELIO ADRADA, tuvo origen a raíz del combate que para el 3 de agosto de 2005 en la población de Belén-La Calera de El Tambo, Cauca, se presentó entre miembros del Ejército Nacional y un grupo armado de la Ley. Enfrentamiento este, que constituía como partes a las tropas de la Institución Castrense y al grupo insurgente, resultando vinculada a dicho escenario la población civil que desafortunadamente se encontraba en medio del fuego cruzado surtido de las partes en conflicto”.
Tema tratado 2: Régimen de responsabilidad del Estado derivado por actos terroristas dirigidos en su contra/Teoría del daño especial por riesgo excepcional/ Se genera cuando se pone en peligro a los ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a protegerlos.
“Siguiendo los lineamientos expuestos, la Sala acoge, como lo hiciera el H. Consejo de Estado, la teoría del daño especial en cuanto hace referencia a la responsabilidad del Estado frente a actos terroristas, porque como lo dice la Alta Corporación la imputabilidad se da por ese daño especial que se genera cuando se pone en peligro a los ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a protegerlos. Por tanto, no se puede hablar de una acción u omisión reprochable a la administración, sino de la producción del daño que, "…si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por el mismo Estado, en cumplimiento de sus funciones…", situación que da lugar a la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas, circunstancia que se ajusta a la realidad actual del País”.
Tema tratado 3: La tesis de daño especial encuentra fundamento en los pilares del Estado social de derecho/Situación de las víctimas del conflicto armado en Colombia/Aspectos jurídicos y sociopolíticos de la decisión judicial/Precedente de la Corte Constitucional/Significado del contenido de la Carta Política/ Primacía del principio de la dignidad humana como rector de la estructura jurídica y política y la concepción de la persona como un fin estatal”.
“En aplicación de este régimen -Daño Especial-, la decisión judicial contiene un elemento más trascendental cual es la argumentación jurídica y sociopolítica. El estudio del caso bajo esta tesis según las particularidades propias del caso asociado a la triste realidad de nuestro país, conlleva al análisis particular de nuestro Estado. Siendo Colombia, un Estado Social de Derecho, que pretende asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantiza un orden político, económico y social justo fundado en el respeto de la dignidad de la persona humana, y en la solidaridad de las personas que la integran, se permite que el operador judicial maneje todo el campo de la responsabilidad del Estado a fin de garantizar una reparación integral que dignifique la situación natural de ser humano.
“En este sentido, la Corte Constitucional ha expresado: “la Constitución no es sólo el estatuto fundamental del poder sino que además es la forma y contenido que determina y regula las relaciones sociales y los fines del Estado. “La entrada en vigencia de un nuevo régimen constitucional, a través de la expedición de la nueva Constitución de 1991, trajo consigo una nueva dimensión en las relaciones de los ciudadanos frente al Estado, partiendo de la primacía del principio de la dignidad humana como rector de la nueva estructura jurídica y política y la concepción de la persona como un fin estatal”. (…)
“Así las cosas, si los daños se generan como consecuencia de la lucha del Estado en contra de los grupos insurgentes que buscan desestabilizarlo, se debe ser consciente que los ciudadanos contribuyen con sus cargas, deberes y obligaciones al mantenimiento de la organización sociopolítica del Estado y al impulso del monopolio legítimo que imprime la Fuerza Pública, de allí, además de ser razonable, resulta adecuado y justo enunciar que cuando el Estado es objeto de acciones que pretenden deslegitimar y desestabilizarle, la administración debe reparar los daños de quienes fueron ajenos a ese objetivo directo, que no era la víctima misma, sino la Institucionalidad.
“No puede desconocerse que el ciudadano lesionado en medio de ese enfrentamiento contra el Estado, es integrante de una sociedad construida sobre bases políticas sociales, donde los contenidos de los principios constitucionales son de plena vigencia y aplicación inapelable para el mismo Estado que fue quien conjuntamente promovió su aplicación. En este sentido, nuestra afirmación que indica que el Estado debe reparar los daños que fueron causados a los ciudadanos, en medio de un conflicto surtido entre representante propios del Estado y un grupo que desconoce el poder político que ejerce el gobierno, engloba los criterios absolutos de solidaridad y equidad que fundamenta nuestra norma de normas.
Tema tratado 4: Del perjuicio Inmaterial diferente al Moral/ Daño a la salud/Representa una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad psicofísica.
“En lo relacionado con este tipo de perjuicio, la Sala en otras oportunidades ha señalado, que en cuanto a la manera en la que el Estado debe reparar el perjuicio inmaterial diferente al moral ocasionado por una afectación sicofísica, la jurisprudencia no ha sido pacífica, al punto de variar el enfoque de reparación, pues del simple daño a la vida de relación -como se pidió en el escrito de demanda- pasó al de alteración grave de las condiciones de existencia, siendo lo último y el aplicable según las probanzas, el daño a la salud.
“Así las cosas, frente a la ocurrencia de un daño corporal que altere las condiciones de existencia, el cual debe entenderse como una afectación a la integridad sicofísica, este perjuicio se le ha denominado daño a la salud puesto que surge como categoría autónoma mediante la cual se busca resarcir de manera objetiva y efectiva del derecho constitucional de la salud, así como también se pretende evitar el subjetivismo judicial que conlleva el enriquecimiento sin causa de la víctima, toda vez que se suprime la multiplicidad de categorías indemnizatorias y se asegura una indemnización más acorde al derecho a la igualdad.(…)
“Así las cosas, con base en el nuevo criterio jurisprudencial el perjuicio inmaterial por fuera del moral en el caso de lesiones sicofísicas, solamente se reconoce cuando se acredita el daño producido a la salud, el cual “permite reconducir a una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad psicofísica, como por ejemplo las esferas cognoscitivas, psicológicas, sexuales, hedonísticas, etc., lo que evita o impide que se dispersen estos conceptos en rubros indemnizatorios autónomos”.
“Por lo tanto, el daño a la salud facilita estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad. En este sentido, la Sala considera determinante, teniendo en cuenta que la lesión sufrida por la víctima a raíz de los hechos demandados, le generó en ella una pérdida de la capacidad laboral del quince por ciento (15%), reconocer a favor del señor EVELIO ADRADA RUIZ el equivalente a Cuarenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, que corresponden a la suma de Veintitrés Millones Quinientos Ochenta Mil Pesos ($23.580.000)”.
Expediente: 19001230000120050087901
Tema tratado: Facultad discrecional/ Retiro del servicio de personal de la Policía Nacional/Presunta “sanción disfrazada”/ No se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo/ Confirma decisión del a quo que denegó pretensiones.
“El material probatorio, permite a la Sala arribar a la conclusión de que en el caso concreto, en cuanto hace a la situación del demandante, la Resolución No. 00649 de 2005, por medio del cual se retiró del servicio a un personal de la Policía Nacional, se ajustó a derecho.
“Como se advirtió, el argumento base de la demanda y del recurso de apelación, se orienta bajo la acusación de que el retiro del servicio del actor por voluntad de la dirección general, obedeció realmente a la aplicación de una “sanción disfrazada”, por su presunta participación en el hecho delictivo del 28 de febrero de 2005.
“Sin embargo, no hay constancia de que el actor hubiera incurrido en conductas susceptibles de ser investigadas penal o disciplinariamente, o que dieran lugar a procesos de la misma naturaleza; luego no puede considerarse, por fuera del plano de las especulaciones, que el Director General de la Policía Nacional ejerció subrepticiamente la facultad sancionatoria, ni que al hacer uso de la facultad discrecional su designio estuviera orientado a sancionar la participación del actor en el evento ocurrido el 28 de febrero de 2.005, puesto que, como se dijo, no consta en el expediente que el actor hubiera tomado parte en tales hechos, o que por los mismos se lo haya cuestionado penal o disciplinariamente.
Expediente: 19001230000020120002500
Tema tratado: Beneficios netos o excedentes destinados a programas educativos conforme a la legislación tributaria/Generación o no del derecho de la cooperativa demandada a incluirlo como renta exenta en su declaración privada/ Para la cooperativa aplica el sistema de caja cuando la entidad lleva contabilidad/ En el sub examine se generaron las consecuencias fiscales esto es, haber realizado la inversión en educación exigida por la ley para acceder al beneficio tributario de la exención de los excedentes/Accede a pretensiones.
“De conformidad con los planteamientos expuestos en la demanda, el problema jurídico se circunscribe a determinar, si la Cooperativa de Caficultores del Cauca destinó y ejecutó el beneficio neto o excedente en programas educativos conforme lo exigía la legislación tributaria, y por tanto, tenía derecho a incluirlo como renta exenta en su declaración privada del año gravable 2006, o por el contrario, debe confirmarse la liquidación oficial de revisión que desconoció dicho beneficio y la resolución de recurso de reconsideración que la confirmó (…)
“La Sala deduce que para la DIAN, la expresión ejecución del beneficio neto se entiende cumplida únicamente cuando hay desembolso de los recursos, procedimiento que no comparte la Sala, puesto que aplica a la Cooperativa el sistema de caja, cuando la entidad lleva contabilidad, cuando toma como fecha de causación de la obligación (inversión en fondos educativos) la del pago, en abierta contradicción con las normas tributarias que permiten generarla a partir del momento de su exigencia, así no se haya efectuado su pago, que para el caso resulta ser la fecha de suscripción del Convenio 2006/135, momento a partir del cual la Cooperativa se comprometió a girar los recursos destinados al fondo educativo, dentro de los (30) días siguientes al perfeccionamiento del mismo; es decir, que el 26 de diciembre de 2006, se causó para la Cooperativa la obligación de girar los recursos destinados al fondo educativo administrado por el ICETEX, y concomitante con ello, se generaron las consecuencias fiscales derivadas de tal compromiso, esto es, haber realizado la inversión en educación exigida por la ley para acceder al beneficio tributario de la exención de los excedentes.
“Además según se desprende del contenido de la Resolución 0875 de 2005 expedida por el ICETEX, las cooperativas interesadas en invertir en los programas educativos administrados por ésta, debían cumplir una serie de trámites previos a la suscripción del convenio, trámites que si bien no se acreditaron en el proceso, si es posible inferir que los mismos se cumplieron durante el año 2006, es decir, dentro del año siguiente a la obtención del beneficio generado en el año 2005.
“Debe tenerse presente igualmente que, la regla de invertir el beneficio neto o excedente dentro del año siguiente a su obtención no es absoluta, puesto que el artículo 360 E.T. abre la posibilidad a plazos adicionales de ejecución o asignaciones permanentes, a condición de que se lleven registros contables separados, que permitan verificar las inversiones ejecutadas en cada período (art. 18 Decreto 4400/04).
“Para la Sala, se encuentra demostrado que CAFICAUCA invirtió en programas de educación formal administrados por el ICETEX durante el año 2006, con recursos provenientes de los excedentes generados en el año 2005, por tanto, los mismos eran beneficiarios de la exención del impuesto de renta, y por tanto, no era procedente llevarlos como renta gravable a la declaración del año 2006.
“Por lo anterior, le asiste razón al demandante al reclamar la nulidad de la liquidación oficial de revisión que adicionó a su declaración de renta del año 2006, el excedente fiscal del año gravable 2005 como gravado, al carecer de fundamento legal la glosa imputada al mismo.
Expediente: 19001333100120090000401
Tema tratado 1: Docentes/ Pensión gracia/Análisis normativo y jurisprudencial para relacionar los presupuestos del derecho/Revoca decisión del a quo.
“De acuerdo con la última normatividad referida, se encuentra que la Ley 91 del 19 de diciembre de 1989, para efectos de los reconocimientos de pensiones, distinguió de los docentes que estaban vinculados a entidades territoriales, de aquellos que estaban vinculados a la Nación o habían sido nacionalizados; en cuanto indicó que, a partir de su vigencia, a los primeros –territoriales- se les aplicaría el régimen establecido en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas complementarias; mientras que a los segundos –docentes nacionales o nacionalizados-, sólo tendrían derecho a la pensión de jubilación establecida para el personal del sector público del orden nacional.
“Así entonces, según lo dicho en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es claro que a los docentes de carácter nacional les resulta aplicable las normas propias del sector público del orden nacional, y por tanto, se les excluye de las prerrogativas reconocidas a aquellos que se encuentran vinculados al orden territorial, cómo la pensión gracia establecida en la Ley 114 de 1913 (…)
“En resumen los requisitos para que se conceda la pensión gracia a docentes son:
1. Haber laborado por más de 20 años,
2. Haber cumplido 50 años de edad,
3. Que observe buena conducta,
4. Haber prestado sus servicios como docente de carácter departamental, distrital o nacionalizado,
5. En caso de ser docente nacionalizado haber estado vinculado hasta antes del 31 de diciembre de 1980, y
6. Haber prestado sus servicios como maestro de escuelas primarias oficiales, empleado o profesor de escuela normal o de inspector de instrucción pública o profesor de establecimiento de enseñanza secundaria.(…)
“De acuerdo con la consideraciones expuestas, queda claro que la pensión gracia se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicio en colegios del orden Departamental, Distrital o Municipal, sin que sea posible acumular tiempos del orden Nacional.
Tema tratado 2: Docentes/ Pensión gracia/A la actora no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión, ni por ende la reliquidación de la misma/Los pagos que alcanzó a percibir la actora fueron hechos y recibidos de buena fe, no habiendo lugar a la devolución de los mismos//Revoca decisión del a quo.
“…a pesar de que a la señora Bolaños Ordóñez le fue reconocida en un principio por la Caja Nacional de Previsión Social la pensión gracia a través de la Resolución No. 013661 de 28 de noviembre de 1995, desconociéndose los antecedentes que dieron lugar a la decisión y que no es del caso entrar a dirimir en esta oportunidad, es evidente que, ni en ese momento ni para cuando solicitó la reliquidación le asistía el derecho, por tanto no puede alegar un derecho adquirido que enerve la legalidad del acto demandado, y si bien el procedimiento del ISS no fue el adecuado para dejar sin efectos su decisión previa, no puede la Sala pasar por alto el evidente incumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913 por la actora para acceder al reconocimiento de dicha prestación, razón que resulta ser suficiente en esta instancia, para despachar de manera desfavorable las pretensiones de la demanda.
“Es preciso advertir que si bien la actora alcanzó a gozar del pago mensual de mesadas con lugar al reconocimiento de la pensión gracia desde el año 1994 en virtud del acto administrativo antes mencionado, dado que no existe una demanda de reconvención adelantada por la entidad demandada dentro del presente asunto, encuentra la Sala que no hay lugar al recobro de los pagos realizados por CAJANAL y recibidos por la actora por dicho concepto, toda vez que se entienden que estos fueron percibidos de buena fe.
“En razón a lo anterior, considera la Sala que no es procedente como lo dispuso el A quo, declarar la nulidad de los actos acusados, por cuanto no basta para desvirtuar la legalidad de un acto administrativo agotar una confrontación con las normas que se indiquen como violadas, sino que es necesario que los actos administrativos acusados afecten derechos subjetivos del particular, por lo tanto, al encontrarse que la decisión contenida en los actos acusados es acertada, toda vez que, se reitera, la actora no cumple con los requisitos establecidos para ser acreedora de la pensión gracia, la misma se encuentra ajustada a derecho y por tal no era procedente su anulación.
“En conclusión, al no prosperar los cargos expuestos por la parte demandante en el recurso de alzada y al verificarse que la decisión adoptada por la administración, en el caso en concreto resulta ajustada a derecho, la sentencia será revocada y en su lugar se denegaran todas las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001333100520080024601
Tema tratado: CAJANAL EPS negó al actor el reconocimiento y pago de la pensión gracia/ Al demandarse la proposición jurídica resulta incompleta lo que implica ineptitud sustantiva de la demanda/No se demandaron todos los actos administrativos involucrados en el asunto/Confirma decisión del a quo.
“En el presente asunto, tal como lo constató la Juez de instancia, el actor sólo demandó la nulidad de: i) la Resolución No. 2337 de 20 de enero de 2005 y ii) Resolución No. AMB 03842 de 6 de febrero de 2008, por las cuales CAJANAL EPS negó al actor el reconocimiento y pago de la pensión gracia. El primero de los cuales se profirió - como quedó visto - en respuesta a un derecho de petición del actor, y el segundo en acatamiento a un fallo de tutela. No obstante, revisado el expediente administrativo del señor HUGO NELSON ENRIQUEZ GOMEZ se tiene que contra la Resolución No. 2337 de 2005 se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 1788 de 7 de abril de 2005 en el sentido de confirmar la negativa de reconocimiento de la pensión gracia, acto administrativo que no fue objeto de demanda. Además de ello, se tiene que mediante Resolución No. ACGM 50254 de 26 de septiembre de 2008, la entidad demandada nuevamente procedió a negar el reconocimiento de la pensión gracia, pronunciamiento que fue proferido en cumplimiento de una acción inicial de tutela que el actor había interpuesto - fallada en un principio a su favor mediante sentencia del 20 de junio de 2006 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán, pero posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Popayán en providencia del 10 de agosto de 2006 -, acto administrativo aquel que tampoco fue objeto de acción judicial. Se tiene, entonces, conforme a lo regulado en el artículo 138 del C.C.A. que al haberse interpuesto recurso de reposición contra el acto administrativo que le negó al actor el derecho a la pensión gracia, y haberse proferido un segundo acto por el cual se confirmó la negativa a dicho reconocimiento pensional, era necesario igualmente haber demandado este último, al formar con el primero una unidad jurídica, sobre la cual debe pronunciarse el juez, no siendo factible que se desligue uno del otro, pues lo contrario conllevaría a que en caso de declararse la nulidad del primero - en el evento de ser contrario a la ley - subsista en el mundo jurídico el segundo, ante la imposibilidad del operador jurídico de pronunciarse sobre el mismo, al no haber sido objeto de acción”. (…) “Sumado a lo anterior, se observa que un posterior acto administrativo - Resolución ACGM 50254 de 26 de septiembre de 2008 - le negó nuevamente al actor el derecho a la pensión gracia, el cual tampoco fue cuestionado por vía judicial. Ello conlleva a la configuración de la denominada proposición jurídica incompleta que implica la ineptitud sustantiva de la demanda y, por ende, impide un pronunciamiento de fondo por parte del juez, como lo ha precisado el H. Consejo de Estado”.
Expediente: 19001333100720090047501
Tema tratado: Pensión de sobrevivientes/ Falsa o errónea motivación del acto administrativo/Confirma decisión del a quo.
“Estudiada la Resolución No. 2274 del 25 de agosto de 2008, proferida por el Director de Veteranos y Bienestar Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional, por la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia con ocasión del deceso del soldado regular JUAN PABLO MOLANO MORA, a favor de sus padres MARIA DEL ROSARIO MORA ARCOS y JEHOVANI MOLANO ALEGRÍA, se observa que se fundamentó en el hecho que el fallecimiento del militar ocurrió en misión del servicio, no cumpliéndose - según se consigna en ella - con los presupuestos contenidos en la Ley 447 de 1998 y Decreto 4433 de 2004 para acceder a dicho beneficio.(…)
“Sin embargo, al revisar el referido informe administrativo por muerte No. 001/2007 del 31 de julio de 2007, es muy claro al precisar que la muerte del soldado MOLANO ALEGRÍA ocurrió por acción directa del enemigo, una de las condiciones contenida en el artículo 1ª de la Ley 447 de 1998 - como se vio - para que proceda el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. (…)
“Así las cosas, y no obstante la claridad del referido informe administrativo por muerte No. 001/2007 del 31 de julio de 2007 que concluyó que el fallecimiento del militar ocurrió por “acción directa del enemigo”, no se entiende que sea la misma entidad quien posteriormente pretenda desconocer dicha calificación al expedir el acto por el cual negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los demandantes, argumentando simplemente que la muerte ocurrió en misión de servicio, pero sin referirse a que se produjo por acción directa del enemigo.
“Se tiene, entonces, que la entidad demandada al momento de proferir los actos acusados no se ajustó a la verdad, pues omitió hacer referencia a que el informe administrativo que sirvió de soporte para negar la pensión vitalicia solicitada por los actores sí estipulaba, sin asomo de duda, como causa del fallecimiento del soldado regular JUAN PABLO MOLANO MORA la acción del enemigo, una de las condiciones contempladas en la Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004 para que sus beneficiarios - en este caso sus padres - tuvieran derecho a la pensión de sobrevivientes, equivalente a 1 ½ salario mínimo legal mensual, siempre y cuando hubieran cumplido como mínimo 50 años de edad.
“Esa disconformidad de los actos acusados con lo plasmado en el informe administrativo por muerte, en el que precisamente la entidad demandada se apoyó para negar el derecho reclamado, al contener una afirmación que no es cierta, conllevan a que se configure la causal de nulidad invocada en la demanda, relativa a la falsa o errónea motivación, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
“Ha indicado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, que la existencia real de los motivos de un acto administrativo constituye uno de sus fundamentos de legalidad, a tal punto que cuando se demuestra que dichos motivos no son reales, o no existen, o están maquillados, se presenta un vicio que invalida el acto administrativo, llamado falsa motivación, al afectar su elemento causal, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, a que las razones que tuvo en cuenta la administración al tomar la decisión fueron contrarias a la realidad”.
Auto: Resuelve apelación
Expediente: 19001333100520120010101
Tema tratado: MEDIO DE CONTROL REPARACION DIRECTA/AUTO SEGUNDA INSTANCIA/ Apelación de auto que rechazó la adición de la demanda/Los autos apelables son taxativos en la Ley 1437/También lo son los que se encuentran en normas especiales, según el Consejo de Estado/Para el auto de rechazo de adición de demanda solo es procedente el recurso de reposición, de conformidad con el artículo 242 del CPACA/Se declara improcedente el recurso.
“Con posterioridad al decreto de pruebas, la apoderada de la parte demandante radica un memorial ante la a quo, en el cual expresa que anexa algunas pruebas documentales que le habían sido entregadas por parte la entidad demandada, en contestación a un derecho de petición que había sido anexado a la demanda. Como petición, solicitó que dichos documentos se les de valor probatorio y que fueran puestos en conocimiento de la Entidad y del Ministerio Público”.
“Por auto interlocutorio Nº 0137 del 6 de febrero de las calendas, la a quo, consideró que las pruebas aportadas por la parte demandante, constituían una adición de la demanda presentada de manera extemporánea, de conformidad con el Artículo 173 del CPACA y por lo tanto decidió rechazarla”.
“…la Sección Tercera del Consejo de Estado, al referirse a las modificaciones introducidas por la Ley 1437 de 2011, en relación con la apelación de autos, hizo énfasis en que únicamente son apelables de manera taxativa, aquellos contenidos en el artículo 243 del CPACA y los que se encuentran en normas especiales, como el Articulo 226 referente a la impugnación de las decisiones de vinculación a terceros, por ejemplo (…)
“Los anteriores elementos son suficientes para determinar que el Numeral uno del Auto Interlocutorio N° 0137 de 6 de febrero de 2013, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán, que determinó rechazar la adición de la demanda por extemporánea, no es susceptible del recurso de apelación, siendo procedente únicamente el recurso de reposición, de conformidad con el artículo 242 del C.P.A.C.A”
Expediente: 19001333100620120026001
Tema tratado 1: MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA/APELACIÓN DE AUTO/ Nulidad de actos administrativos por medio de los cuales se reformó planta de personal/Acto general con efectos particulares/ Debe agotarse conciliación extrajudicial/ Los derechos en discusión son inciertos y discutibles y sus efectos son de contenido económico/Confirma auto del a quo.
“Revisada la demanda, se solicita la nulidad de unos actos administrativos por medio de los cuales se reformó la planta de personal de la entidad, los cuales trajeron como consecuencia la supresión del cargo que desempeñaba la demandante, con la correspondiente declaratoria de insubsistencia.
“Consecuente con lo anterior, solicita se ordene el reintegro al cargo que venía desempeñando y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, así como al pago de perjuicios morales, por el padecimiento sufrido.
“Una vez verificados los requisitos formales, la a quo ordenó corregir la demanda, con el fin de que se aportara el agotamiento de la conciliación ante la Procuraduría, pues consideró que el asunto objeto de debate era susceptible de ser conciliado, toda vez que los derechos en discusión, son inciertos y discutibles y los efectos son de contenido económico.
“Teniendo en cuenta que la parte demandante dentro del escrito de corrección de la demanda no aportó el requisito solicitado, al considerar que no era necesaria su exigencia para casos como el debatido, la a quo rechazó la demanda. (…)
“Ahora bien, efectivamente tal y como lo afirma el apelante, el Acuerdo Nº 007 del 19 de septiembre de 2012, proferido por la Junta Directiva de Emtimbio E.S.P., “Por medio del cual se modifica la estructura interna, Escalas Salariales y Planta de Cargos de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Timbio EMTIMBIO E.S.P.” y en el cual se suprime el cargo que desempeñaba la demandante, es un acto administrativo de carácter general, sin embargo produjo efectos de contenido particular para ella, pues por medio del oficio del 26 de septiembre del año 2012, la Gerente de la entidad le comunica la supresión del empleo que desempeñaba, y por tanto es objeto de control a través de la nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 del CPACA).
“En ese orden de ideas y acogiendo el precedente jurisprudencial que viene de analizarse, considera la sala que las pretensiones de la demanda presentada por la demandante en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, son de carácter económico, y no versan sobre derechos ciertos e indiscutibles, ni sobre otros asuntos cuyo carácter es no conciliable. Razón por la cual, la Sala considera que el ejercicio de la presente acción ésta sometido a la obligación de adelantar trámite de la conciliación extrajudicial, la cual no fue cumplida por el demandante”.
Tema tratado 2: MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA/APELACIÓN DE AUTO/ Artículo 93 del CPACA sobre causales para que la entidad pueda revocar su propio acto / El asunto debe versar sobre derechos o asuntos susceptibles de disposición/ Cuando cualquier entidad del Estado decida conciliar ante la Procuraduría los efectos económicos causados por un acto administrativo, lo hace bajo los supuestos de que éste se encuentra inmerso en alguna de las causales de revocatoria directa, es decir, en caso de conciliarse dichos efectos, el acto se entiende revocado por la entidad.
“De conformidad con lo ya establecido se tiene que los efectos económicos producidos por la expedición de tales actos son conciliables, siempre y cuando se cumpla con los preceptos del Artículo 93 del CPACA, en los cuales se establece las causales para que la entidad pueda revocar su propio acto. Tales causales son: i) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o la ley ii) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él iii) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. Además, de que la cuestión verse sobre derechos o asuntos susceptibles de disposición.
“En sentido práctico, cuando cualquier entidad del Estado decida conciliar ante la Procuraduría los efectos económicos causados por un acto administrativo, lo hace bajo los supuestos de que éste se encuentra inmerso en alguna de las causales de revocatoria directa, es decir, en caso de conciliarse dichos efectos, el acto se entiende revocado por la entidad.
“En razón de lo anterior, no le asiste razón a la parte demandante en su argumento, por cuanto lo que es susceptible de ser conciliado, son los efectos económicos del acto y no la nulidad del mismo”.
Expediente: 19001333100820120015601
Tema tratado 1: MEDIO DE CONTROL REPARACION DIRECTA – APELACION AUTO/La a quo denegó práctica de prueba sobre disminución de la capacidad laboral expedida por Junta de Calificación de Invalidez en razón de considerar que la disminución de la capacidad laboral puede demostrarse con el acta de la Junta Médico Laboral, prueba decretada /Confirma decisión de la a quo.
“La Jueza a quo denegó la práctica de la prueba pericial solicitada en el escrito introductorio, encaminada a que la Junta de Calificación de Invalidez Seccional Valle determine la disminución de la capacidad laboral del actor, a consecuencia de las lesiones sufridas en los hechos sustento de la presente demanda, por considerar que la disminución de la capacidad laboral puede demostrarse con el acta de la Junta Médico Laboral, prueba decretada en el auto recurrido, donde se ordenó oficiar al Comandante del Batallón de Infantería No. 7, para que fuese allegada en copia auténtica.
“Igualmente consideró que es la Junta Militar la autoridad competente para determinar la incapacidad del actor, en virtud de que el Decreto 2463 de 2001, que regula el funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, exceptúa de su aplicación a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
“La parte demandante expuso su desacuerdo frente a las consideraciones aducidas por la operadora judicial, por considerar que la prueba pericial solicitada podría decretarse como supletoria en el evento de que el Ejército Nacional estuviera en imposibilidad de allegar la prueba al proceso, misma que adujo necesaria para la comprobación del perjuicio acaecido”.
Tema tratado 2: Análisis del juez sobre la necesidad y la utilidad de la prueba/En términos de la necesidad y utilidad de la prueba, se justifica la negativa del decreto de la prueba por la a quo como quiera que no se está debatiendo el porcentaje de calificación, sino que se requiere es la efectiva demostración de la pérdida de capacidad laboral, la cual puede realizarse con el Acta de la Junta Médico Laboral.
“el Despacho considera que debe confirmarse el auto recurrido, por las razones que se esbozan a continuación:
“Tal y como quedó planteado en líneas anteriores, por expreso mandato legal, corresponde al juez de conocimiento, al momento de decretar las pruebas del proceso, realizar toda una valoración respecto de su necesidad, situación que le exige analizar en detalle, que cada elemento probanzal solicitado, a más de cumplir con el requisito de legalidad, cumpla con los requisitos de pertinencia, conducencia, idoneidad y utilidad (…)
“Como quiera que la Juez Octava Administrativa del Circuito de Popayán, fundamentó la negativa a decretar la prueba pericial solicitada con la demanda, en el hecho de haber ordenado en el mismo acto recurrido, allegar al proceso de reparación directa copia del acta de la Junta Médico Laboral, documento a partir del cual es posible probar la pérdida de capacidad laboral, este Despacho considera que en términos de la necesidad y utilidad de la prueba, se justifica la negativa de su decreto, como quiera que no se está debatiendo en el presente asunto el porcentaje de calificación, el cual pudiera dar lugar a la existencia de dos elementos de prueba frente al mismo hecho, sino que en el presente asunto se requiriere, como bien se puede extraer de la demanda y del propio recurso de alzada es la efectiva demostración de la pérdida de capacidad laboral, la cual se itera, puede realizarse perfectamente con el Acta de la Junta Médico Laboral ordenada en el auto que decretó las pruebas del proceso. Cosa distinta y que no ha sido manifestada por las partes y sería un hecho que requeriría un análisis diferente, es que en la actualidad no se haya realizado la valoración por parte de la Junta Médico Laboral y por ende no exista el Acta respectiva.
Tema tratado 3: Petición probatoria de carácter supletorio no reúne los requisitos legales de excepcionalidad previstos en la Ley 1437.
“Ahora, el recurrente señala que su petición es de carácter supletorio, en el evento en que la entidad demandada esté en imposibilidad de allegar la prueba al proceso, situación que corrobora la percepción tanto de la Juez A quo como de esta instancia, de que la valoración por parte de la Junta Médico Laboral ya fue realizada y que en la actualidad existe el acta de calificación de pérdida de capacidad, sin embargo la razón aducida por el deponente no resulta suficiente para su decreto así sea de forma supletoria, en la medida que decretada la prueba por la Jueza de conocimiento, existe un imperativo de obligatorio cumplimiento para la entidad demandada de allegarla al proceso, aunado al deber impuesto en el parágrafo 1° del artículo 175 del CPACA, de aportar junto con la contestación de la demanda el expediente administrativo, de manera tal que el ordenamiento jurídico vigente, dispone una serie de herramientas para que la prueba requerida sea efectivamente incorporada al proceso, desnaturalizando de tal manera la necesidad de la prueba supletoria, la cual sería válida en eventos de tipo excepcional que no han sido aducidos en el presente caso”.
TÍTULO 24 CONSEJO DE ESTADO
Consejero ponente: OLGA MÉLIDA VALLE DE LA HOZ
Sentencia: 30 de enero de 2013
Expediente: 19990220301
Sección: Tercera – Subsección C
Tema tratado 1: Responsabilidad objetiva por daño especial/ Teoría del riesgo/Destrucción de inmueble por enfrentamiento armado /Teoría del riesgo/Tasación de perjuicios, perjuicios materiales, daño emergente/Se confirma condena en abstracto del Tribunal Administrativo del Cauca por cuanto el daño no se logró cuantificar por falta de pruebas.
“Ahora, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si dicha disminución patrimonial originada en la destrucción del inmueble de su propiedad, es imputable a las entidades demandadas, o si por el contrario, es atribuible a una causa extraña. El acervo probatorio permite concluir que los daños son imputables a la entidad demandada por cuanto la Sala no desconoce que el daño en sí mismo considerado no lo produjo el Estado, sino un tercero, pero sí advierte que para su producción el mencionado riesgo sí fue eficiente en el aparecimiento del mismo. Lo anterior, en virtud de lo expuesto ad supra en relación con el título de responsabilidad aplicable en casos similares (…) Comparte la subsección el razonamiento realizado por el a quo con relación al reconocimiento de los perjuicios por la destrucción del inmueble de propiedad del Señor Agudelo Fernández, daño que no pudo ser cuantificado por falta de pruebas. En este sentido se confirmará la sentencia en abstracto para que en una inspección judicial con intervención de peritos, se establezca el valor al que asciende la reconstrucción de dicho inmueble teniendo en cuenta el precio del metro cuadrado en dicho corregimiento, actualizado a precios constantes de hoy”.
Tema tratado 2: Responsabilidad objetiva por daño especial/ Teoría del riesgo/Destrucción de inmueble por enfrentamiento armado / Prueba diferente al certificado de la Cámara de Comercio para demostrar la propiedad de un establecimiento de comercio/Lucro cesante/Confirma condena en abstracto del Tribunal Administrativo del Cauca.
“Si bien es cierto que para demostrar la propiedad de un establecimiento de comercio se requiere original o copia autenticada del certificado de cámara de comercio, también lo es que esta no es la única prueba para demostrar aquella circunstancia. Así las cosas, con base en las pruebas documentales relacionadas ad supra, esta subsección tiene por acreditada la existencia y funcionamiento del Almacén Agropecuario, establecimiento comercial ubicado en la misma residencia del Señor Agudelo Fernández en desarrollo de la actividad económica que realizaba en su vivienda no impide su tasación , pues se tiene certeza de que en el inmueble operaba un almacén que le reportaba las ganancias suficientes para su sostenimiento” (…) De acuerdo con lo anterior, dada la falta de prueba del lucro cesante y en aras de hacer efectivos los principios de reparación integral y equidad, se confirmará la condena en abstracto ordenada por el A quo para que el monto se concrete en etapa incidental siguiendo el primero de los métodos de evaluación propuestos por la Honorable Corte Suprema de Justicia (…)
TÍTULO 25 CONSEJO DE ESTADO
Sentencia: 26 de septiembre de 2012
Expediente: 19001233100020040090702
Tema tratado: Escalas de remuneración departamental /Competencia de la Asamblea Departamental/El Gobernador no tiene competencia para realizar nivelación salarial/El régimen de competencias es de la órbita del legislativo/ Confirma sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca.
“No le asiste razón al actor en cuanto afirmó como sustento de la demanda y del recurso, que el gobernador tiene facultades para presentar proyectos de ordenanza para la reestructuración y organización de la contraloría y que a la asamblea dentro del marco de sus funciones y procedimientos estipulados en la Constitución Política, le compete su aprobación, porque lo cierto es, que en materia de escalas de remuneración, que constituye el punto concreto objeto de debate, es palmaria la distribución constitucional y legal de que gozan de tiempo atrás las asambleas departamentales para determinar dicho aspecto y en lo que se refiere al régimen de prestaciones, la facultad es privativa del Congreso de la República” (…) De conformidad con lo expuesto, considera la Sala que le asistió razón al a quo en cuanto concluyó que el Gobernador del Cauca no tiene competencia para realizar la nivelación salarial que pretende el aquí accionante, toda vez que dentro de la órbita de sus atribuciones no gravita la de fijar las escalas de remuneración de los cargos de ese órgano de control, porque la misma es del resorte de la asamblea departamental, y tampoco la de establecer el régimen de prestaciones, función que se reserva al legislador”.
TÍTULO 26 CONSEJO DE ESTADO
Providencia: Auto resuelve apelación
Sentencia: Reparación directa
Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURT
Sentencia: 11 de junio de 2013
Expediente: 19001233100020100002501
Sección: Tercera – Subsección B
Tema tratado: Sistema de información Siglo XXI/Obligación de consignar la totalidad de los datos que tengan que ver con el trámite del expediente/ El incumplimiento de la misma puede llevar a la vulneración de los derechos procesales de los usuarios de la administración de justicia/Confirma decisión del Tribunal Administrativo del Cauca.
“…este despacho considera que la incorporación del Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI como herramienta de gestión en un despacho, tribunal o alta Corte de justicia –lo cual supone superadas etapas como la valoración técnica y tecnológica en cada caso para su adopción y entrada en funcionamiento, su conocimiento como instrumento que facilita el trabajo judicial y la capacitación de los funcionarios a cargo de su operatividad, mantenimiento y permanente actualización-, comporta la obligación de consignar la totalidad de los datos que tengan que ver con el trámite del expediente, y el incumplimiento de la misma puede llevar a la vulneración de los derechos procesales de los usuarios de la administración de justicia. Ello quiere decir que la información incluida en el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental (Justicia XXI), además de ser correcta –equivalencia funcional-, también debe ser completa, en especial frente a los datos que implican la comunicación de actos procesales a las partes pues, de lo contrario, quedarían en imposibilidad que ejercer un adecuado control respecto de las decisiones judiciales que las afectan. (…) En conclusión, el despacho considera que en el presente caso se configuró la causal de nulidad declarada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en el auto del 19 de agosto de 2011, y que la misma fue adecuadamente propuesta por la parte afectada. Por tal razón, será confirmada en su integridad la providencia apelada”.
[1] Incluida en el presente boletín, título 15, expediente 19001233170220050146201/MP Magnolia Cortés Cardozo.

References: artículo 3
 artículo 242
 artículo 242
 Artículo 93
 artículo 138
 artículo 3
 artículo 51
 artículo 3
 artículo 105
 artículo 20
 artículo 25
 artículo 25
in fine
 resolución 
 artículo 254
 artículo 95
 artículo 41
 artículo 357
 artículo 2
 artículo 106
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 360
 artículo 15
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 138
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 84
 artículo 242
 Artículo 173
 artículo 243
 artículo 242
 Artículo 93
 Artículo 93
 artículo 175