Source: http://absta.info/sentencia-t-44614.html
Timestamp: 2018-02-21 09:09:08+00:00

Document:
Referencia: expedientes T-4252289
Acción de tutela instaurada por María Obdulia Zapata Hernández en contra de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Catorce Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá y Colpensiones.
Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil catorce (2014)
En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos, en primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013) y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece (2013), en el trámite de la acción de tutela instaurada por María Obdulia Zapata Hernández en contra de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá y Colpensiones.1
La señora María Obdulia Zapata Hernández, actuando por medio de apoderado, interpuso acción de tutela en contra de las entidades de la referencia, porque considera que estas vulneraron sus derechos al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y a la vida en condiciones dignas, con la decisión de negarle el reconocimiento de la pensión de vejez, argumentando que aunque es beneficiaria del régimen de transición, antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones no estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), razón por la cual no puede pensionarse con base en los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990, y no cuenta con las semanas necesarias para pensionarse con base en los requisitos establecidos en la Ley 71 de 1988.
A continuación se exponen los antecedentes de la acción:
La señora María Obdulia Zapata Hernández es una persona de sesenta y nueve (69) años de edad.2 Manifiesta que laboró en la Secretaría de Educación Distrital como auxiliar de servicios generales desde el once (11) de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco (1985) hasta el veintiocho (28) de febrero de dos mil uno (2001), aportando cinco mil quinientos sesenta y ocho (5568) días a Cajanal.3 Adicionalmente, desde el primero (1) de mayo de dos mil uno (2001) aportó en forma interrumpida doscientas dieciocho punto treinta (218.30) semanas.4
El veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005), la accionante solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de vejez. Mediante Resolución No. 037731 del quince (15) de noviembre de dos mil cinco (2005), esta entidad reconoció que la señora María Obdulia Zapata Hernández es beneficiaria del régimen de transición, pero concluyó que no tenía derecho a la pensión de vejez consagrada en el Decreto 758 de 1990 porque sus aportes no fueron hechos exclusivamente al ISS. Asimismo, consideró que la actora no tenía derecho a la pensión consagrada en la Ley 33 de 1985, porque no tenía más de veinte (20) años al servicio del Estado.5
La señora María Obdulia Zapata, actuando por medio de apoderado, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del mencionado acto administrativo. Mediante Resolución No. 019487 del treinta (30) de mayo de dos mil seis (2006), el ISS resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado. Como fundamento de su decisión, consideró que la señora María Obdulia Zapata Hernández hizo aportes durante su vida laboral por novecientas veinticinco (925) semanas, equivalente a diecisiete (17) años, once (11) meses y veintinueve (29) días, y que es beneficiaria del régimen de transición. A partir de esta información, concluyó que la peticionaria no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, porque sólo trabajó al servicio del Estado quince (15) de los veinte (20) años exigidos en esa norma. Asimismo, sostuvo que no podía realizar el estudio pensional con base en lo establecido en la Ley 71 de 1988 y en el Decreto 758 de 1990, porque la actora no hizo aportes al ISS antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones. Finalmente, concluyó que la señora Zapata Hernández tampoco tenía derecho a la pensión de vejez consagrada en la Ley 100 de 1993, debido a que no había cotizado el número de semanas exigido en este régimen.6
Por medio de la Resolución No. 00972 del quince (15) de mayo de dos mil siete (2007), la Gerente de la Seccional Cundinamarca y D.C. del ISS confirmó el acto administrativo apelado. La entidad encontró que la peticionaria había cotizado al sector público y al ISS novecientas cuarenta y un (941) semanas hasta el treinta (30) de octubre de dos mil seis (2006), equivalentes a dieciocho (18) años, tres (3) meses y dieciocho (18) días. Por lo anterior, concluyó que no cumplía con el número de semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez consagrada en la Ley 100 de 1993 ni acreditaba el tiempo de servicios requerido por las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988. Asimismo, concluyó que la peticionaria tampoco cumplía con los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990, porque esta norma sólo permitía tener en cuenta las semanas cotizadas exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales y la accionante sólo había cotizado mil veinte (1020) días en esa entidad.7
En el escrito de tutela, la accionante manifiesta que solicitó el reconocimiento de su derecho pensional el tres (3) de julio de dos mil ocho (2008), pero que mediante Resolución No. 010575 del dieciséis (16) de marzo de dos mil nueve (2009) el ISS le negó nuevamente el reconocimiento del derecho.
El veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009), la afiliada pidió que se estudiara nuevamente su solicitud pensional, argumentando que no se habían tenido en cuenta todas las semanas por ella cotizadas. Esta petición fue resuelta por el ISS mediante Resolución No. 007264 del dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). La entidad accionada consideró que la accionante tan sólo había cotizado ochocientos ochenta y nueve (889) semanas, equivalentes a diecisiete (17) años, tres (3) meses y dieciocho (18) días, argumentando que “existen períodos no cancelados y otros cancelados extemporáneamente sin que se haya pagado el interés respectivo”.8 Adicionalmente, consideró que la afiliada no tenía derecho a la pensión de jubilación consagrada en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, porque no acreditada veinte (20) años de servicios al Estado. Asimismo, indicó que la actora no tenía derecho a ser beneficiaria de los regímenes pensionales consagrados en la Ley 71 de 1988 y en el Decreto 758 de 1990, porque no había cotizado al ISS antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993. Finalmente, el ISS señaló que la peticionaria tampoco cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, porque no había cotizado las semanas exigidas para pensionarse.9
La señora María Obdulia Zapata Hernández demandó judicialmente el reconocimiento de su derecho a la pensión de jubilación por aportes establecida en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988. Esta demanda fue conocida por el Juzgado Catorce (14) Laboral de Descongestión de Bogotá D.C., quien negó las pretensiones de la demandante mediante sentencia del treinta (30) de abril de dos mil doce (2012). En las consideraciones de la sentencia se reconoció que la demandante es beneficiaria del régimen de transición, pero se concluyó que no cumplió con el requisito de acreditar veinte (20) años de aportes, porque sólo acreditó aportes por mil diecisiete (1017) semanas.10
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia mediante sentencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013). Dicha Corporación sostuvo que la actora acreditó mil dieciocho (1018) semanas de aportes, equivalentes a diecinueve (19) años, diez (10) meses y quince (15) días, razón por la cual no cumplió con los veinte (20) años de aportes exigidos en la Ley 71 de 1988.
El apoderado de la accionante argumenta que la señora María Obdulia Zapata Hernández aportó mil veintidós (1022) semanas durante su vida laboral, razón por la cual, en aplicación del principio de favorabilidad, tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez establecida en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990. Por lo tanto, considera que los jueces de instancia vulneraron el derecho al debido proceso de su poderdante, porque no aplicaron el principio de favorabilidad, no le reconocieron la pensión de vejez establecida en la norma señalada y desconocieron precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Finalmente, argumenta que las autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho a la igualdad de la señora Zapata Hernández, porque “un sinnúmero de personas de la tercera edad se han pensionado con mil semanas o quinientas en otros casos y no es justo que doña María Obdulia no”.11
Informes presentados por las entidades accionadas.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela objeto de estudio y mediante Auto del veintiocho (28) de mayo de dos mil doce (2012). Al avocar el conocimiento de la acción de tutela, ordenó la vinculación al proceso de las autoridades judiciales accionadas y del Instituto de Seguros Sociales.
El Juez Catorce Laboral de Descongestión de Bogotá presentó un informe en el que señaló que ha estado a cargo de ese despacho desde el veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), que el expediente del proceso adelantado por la señora María Obdulia Zapata Hernández fue devuelto al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá mediante oficio del veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2013) y que debe declararse la improcedencia de la acción de tutela, porque la accionante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia.
La Compañía Colombiana de Pensiones Colpensiones (en adelante, Colpensiones), presentó un informe el seis (6) de noviembre de dos mil trece (2013), luego de haberse proferido sentencia de primera instancia, en el que señaló que en virtud de los establecido en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012 asumió la defensa judicial de los procesos del régimen de prima media con prestación definida.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá no se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró la improcedencia de la acción de tutela objeto de estudio mediante sentencia del veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013), porque la accionante no interpuso el recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
El apoderado de la señora María Obdulia Zapata Hernández impugnó la decisión de tutela de primera instancia. En su escrito manifiesta que la accionante no interpuso el recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, porque “es una ex trabajadora de servicios varios y su condición económica no le permite pagar a un profesional del derecho.”12 Además, agrega que “en su momento las pretensiones no superaban los ciento veinte salarios mínimos para que procedieran” 13.14

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 33
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 35