Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/septiembre/307239-0356-17919-2019-18-495.HTML
Timestamp: 2020-01-23 09:31:06+00:00

Document:
En el proceso por autorización judicial para viajar que sigue la ciudadana YOLANDA COROMOTO VÁSQUEZ CORTEZ, titular de la cédula de identidad número V-13.990.117, en nombre propio y representación de su menor hija M.V.R.V., cuyo nombre se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, representada judicialmente por el abogado Wilfredo Traviezo Valles, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 23.368, contra el ciudadano HEMBERT VICENTE REYES ROBERTI, titular de la cédula de identidad número V-15.444.476, representado en juicio por las abogadas María Elena Jiménez Mambel y Luisa Coromoto Escalona Pérez, inscritas ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 121.313 y 104.273, respectivamente; el Juzgado Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, conociendo por apelación de la parte accionada, en sentencia publicada el 14 de agosto de 2018, declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando la sentencia publicada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la referida Circunscripción Judicial, el día 13 de junio de 2018, que declaró desistida la demanda incoada.
Contra esa decisión, por escrito presentado oportunamente, la parte demandada interpuso el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 490 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Mediante sentencia número 0089 de fecha 8 de mayo de 2019, proferida por esta Sala de Casación Social, se admitió el recurso extraordinario de control de la legalidad intentado por la parte accionada.
Posteriormente, a través de auto de Sala del 12 de junio de 2019, se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia pública y contradictoria respectiva, para el día martes nueve (9) de julio del mismo año a las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 am), en atención a las disposiciones del artículo 489-F de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Cumplidas las formalidades legales, la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria y la emisión de la decisión inmediata contemplada en el encabezamiento del artículo 489-G eiusdem, pasa en esta oportunidad la Sala a reproducir y publicar la sentencia en los términos siguientes:
Señala el demandado recurrente que en fecha 13 de junio de 2018 fue publicada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, sentencia que declaró desistida la demanda y extinguida la instancia, en virtud de la incomparecencia de la parte actora a la audiencia de mediación. La anterior decisión fue objeto de apelación por parte del accionado y, en razón de ello, el conocimiento del asunto ascendió al Juzgado Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial antes referida.
Asimismo, expone que el Juez Superior declaró sin lugar el recurso de apelación introducido por la representación judicial de la parte accionada, confirmando de esta manera la sentencia proferida por el a quo, en razón de lo cual interpuso recurso extraordinario de control de la legalidad, fundamentando textualmente lo siguiente:
SUBVERSIÓN DEL ORDEN PROCESAL. ERROR DETERMINANTE EN EL DISPOSITIVO DEL FALLO: En fecha 08 de agosto de 2018, se llevó a cabo la audiencia de apelación del ASUNTO KP02-R-2018-425 en la cual la Juez Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Lara dictó el dispositivo del fallo que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la decisión del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del mencionado Circuito Judicial (sic) con fecha 13 de junio de 2018, texto íntegro del dispositivo del acta de fecha 08 de junio de 2018, que declara DESISTIDA la demanda del asunto KP02-V-2017-2976 de Autorización Judicial de Viaje incoada por la ciudadana YOLANDA COROMOTO VÁSQUEZ CORTEZ en contra del ciudadano HEMBERT VICENTE REYES ROBERTI y que dejó en consecuencia EXTINGUIDA la instancia, siendo que tal declaración es el resultado del vicio de subversión del orden procesal y en consecuencia una decisión VICIADA POR QUEBRANTAMIENTOS DEL ORDEN PÚBLICO. (Negrillas del original).
En este orden de ideas, como fundamentación de su denuncia, la parte accionada alega que:
Estamos en presencia de una controversia que debe resolverse por el procedimiento ordinario conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social y de la sentencia N° 736 de fecha 25 de octubre de 2017 con carácter vinculante dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Tal subversión comenzó a ocurrir cuando fue dictada la Medida del cuaderno KHOU-X-2017-245 antes de haberse materializado la notificación del demandado padre, ciudadano HEMBERT VICENTE REYES ROBERTI, se consignó al expediente la boleta de notificación con resultado negativa, (sic) y en vez de ordenar se librara una nueva boleta de notificación, ocurrió que se decretó una medida donde se autorizó un viaje “…sin cumplir el debido proceso, violando el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva resguardados en el texto Fundamental…”. Es decir, el Tribunal Primero de Primera Instancia facilitó la salida del país de la niña MEDIANTE MEDIDA PREVENTIVA INNOMINADA DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE, con retorno para el día 18 DE MARZO DE 2018, a espaldas del progenitor… (Negrillas del original).
De acuerdo con los argumentos supra citados, el demandado alega que no participó en el procedimiento para el otorgamiento de la autorización de viaje decretada en modalidad de medida preventiva que autoriza a la madre a trasladar a la niña fuera del territorio nacional desde el día 11 de diciembre de 2017 hasta el 18 de marzo de 2018, siendo que dicha medida constituyó, a criterio del denunciante, un error determinante para la prosecución del proceso en el asunto principal, por lo que se trata de una medida plagada de vicios, violaciones a derechos constitucionales y errores de forma y fondo.
Dicho lo anterior, añade que el Juez Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución, en audiencia de fecha 7 de mayo de 2018, declaró sin lugar la oposición a la medida, manteniendo así en vigor la misma, siendo que el lapso de vigencia de la preventiva había expirado el 18 de marzo de ese año, es decir, fecha para la cual debía retornar la niña al territorio nacional. Por lo que concluye el recurrente que el Juzgado, de cierta forma, premió el incumplimiento de la parte actora al mandato de retorno; sobre lo cual debe destacarse que no se ejerció medio recursivo alguno contra la referida decisión.
Por otra parte, el demandado recurrente arguye que fue suprimida la audiencia de mediación y se materializó un error por defecto de actividad, toda vez que en fecha 8 de junio de 2018, día para el cual se fijó la oportunidad de celebrarse la aludida audiencia, la parte demandante, así como la niña, estuvieron ausentes en el acto, consecuencia de haber realizado viaje al exterior en ejercicio de la medida preventiva innominada de autorización de viaje que fuese decretada previamente y no haber retornado al territorio nacional, generando como consecuencia que el a quo declarase desistido el proceso y extinguida la instancia por incomparecencia de la actora; razones por las cuales el ad quem ha debido declarar con lugar el recurso de apelación y no confirmar el referido fallo de primera instancia.
En aras de sustentar el vicio delatado, la parte recurrente agrega:
Distorsionados como quedaron los trámites esenciales del procedimiento ordinario, el Tribunal de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Lara, otorgó la salida del País de una niña sin siquiera haber iniciado el proceso con la correspondiente AUDIENCIA PRELIMINAR EN SU FASE DE MEDIACIÓN, (recuérdese que la medida otorgada que facilitó el viaje fuera del país, se hizo sin haber notificado al padre demandado, ciudadano HEMBERT VICENTE REYES ROBERTI), irregularidad que alteró el equilibrio del proceso.
Por otra parte es necesario recordar que EL ORDEN DE LAS ACTUACIONES que estructuran al PROCEDIMIENTO ORDINARIO no puede entenderse como un formalismo inútil o actos de mera formalidad que puedan ser desplazados por el juez o las partes, ya que al subvertir el orden procesal establecido en la ley (sic) se actúa fuera de su competencia con evidente ABUSO DE PODER. (Negrillas del original).
Es decir, en consideraciones de la parte accionada, resulta un evidente error para la prosecución del proceso en los casos de autorización judicial de viaje fuera del país, conceder permisos de la talla de una medida preventiva innominada, sin haber agotado las formas procesales que establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en sus artículos 458, 459, 460 y 461, con objeto de materializar la notificación, dándose lugar a un error por defecto de actividad por parte del juzgador.
Por último, la parte recurrente fundamenta que la recurrida se encuentra viciada por infracción de ley, como consecuencia de la falta de aplicación de la norma jurídica por parte de la Jueza de Alzada, siendo que se desconoció y negó la aplicación de la jurisprudencia patria vinculante del Máximo Tribunal de la República y en tal sentido expone:
…ambos jueces en su inexcusable función debían pronunciarse sobre las disposiciones jurídicas aplicables, para garantizar la tutela judicial efectiva… sentencias vinculantes en relación a la solicitud de las autorizaciones judiciales para viajar al extranjero a favor de niños, niñas y adolescentes, establecidas entre otras, mediante sentencia N° 1953 del 25 de julio de 2005, igualmente la N° 736 de fecha 25 de octubre de 2017 (sic) ambas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (sic) con el fin de garantizarle al padre que queda en el país la accesibilidad de la niña, y ante el incumplimiento del retorno pronunciarse sobre el traslado o retención ilícita de la menor a tenor de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
Expuesto lo anterior, esta Sala de Casación Social para decidir, observa:
El punto medular del recurso radica en el hecho de la subversión del orden procesal referida por la parte demandante recurrente, lo que –a su decir– se traduce en una franca violación del criterio con carácter vinculante contenido en la sentencia N° 736 de fecha 25 de octubre de 2007, dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, por parte del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, al otorgar mediante medida preventiva la autorización de viaje en los términos solicitada, tramitada mediante cuaderno separado, lo que originó que se materializara el viaje sin retorno en la fecha prevista para ello, lo que trajo como consecuencia que la progenitora no acudiera a la audiencia de mediación, por lo que el juzgado a quo declaró desistido el procedimiento, lo cual fue convalidado por la Alzada.
Aunado a lo anterior, cabe destacar que contra la referida medida la parte demandada ejerció oposición, la cual fue declarada sin lugar en fecha 7 de mayo de 2018 por el juzgado a quo, sin advertir que la vigencia de la medida había expirado el 18 de marzo de ese año, no constatando el retorno de la niña a su país de origen.
Ahora bien, resulta pertinente reproducir los términos de la recurrida respecto al abordaje contenido en el dictamen cuestionado mediante el recurso de apelación, a cuyos efectos señaló:
Así las cosas se desprende del cuerpo de la sentencia de la Sala de Casación Social, que dentro de las pautas delineadas para el juez a fin de pronunciarse sobre las consecuencias y el efecto de la no comparecencia a la audiencia, en el caso en estudio se debe atender a la pauta número uno que señala: 1) La causa, hecho o circunstancia no imputable a la parte que limite o impida la comparecencia a la audiencia o a la prolongación, debe ser probada por la parte que la invoca, ahora bien en el presente asunto, la parte actora no justificó a través de ningún medio, la incomparecencia a la audiencia de mediación de la fase preliminar, por lo que la juez a quo aplicó correctamente la consecuencia jurídica establecida en el artículo 472 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes al declarar DESISTIDA la demanda de Autorización de Viaje, presentada por la ciudadana YOLANDA COROMOTO VÁSQUEZ CORTEZ; declarando TERMINADO EL PROCESO; en tal sentido, es preciso resaltar que no hubo violación, si subversión al orden legal y constitucional; razón por la cual resulta forzoso para esta juzgadora DECLARAR SIN LUGAR el presente recurso. Y así se decide.
De igual manera, con relación a lo solicitado por la apoderada judicial de la parte recurrente, referente a la restitución internacional de la niña beneficiaria de autos (sic) esta juzgadora hace del conocimiento a la parte recurrente que en los casos que proceda, la parte afectada debe realizar los trámites respectivos, ante las autoridades competentes. Y así se declara.
Como puede observarse del fallo anteriormente transcrito, la juzgadora ad quem se limitó a establecer las consecuencias jurídicas derivadas de la no comparecencia de la parte actora a la audiencia preliminar en fase de mediación, conforme a lo establecido en el artículo 472 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, analizando además las causas de justificación establecidas para excusar dicha ausencia, siendo que ese no era en esencia el motivo que originó el medio de impugnación empleado por el demandado, dado que su enfoque estuvo orientado a la subversión del orden procesal en que se incurrió al otorgar la medida que autorizó el viaje, cuestión que no es advertida por la Juzgadora ad quem, quien se limita a dar un enfoque meramente formalista, sin atender a los fines del proceso en la consecución de la justicia.
En sintonía con lo precedentemente expuesto, resulta igualmente acertado traer a colación lo establecido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, mediante decisión n.° 1917 dictada en fecha 14 de julio de 2003, en el expediente signado con el n.° 02-2865, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero (Caso: José Fernando Coromoto Angulo y Rosalba María Salcedo De Angulo) cuyo tenor es el siguiente:
(…) el Juez constitucional debe ser cauteloso, pues detrás de la alegación de conceptos jurídicos indeterminados como el del “interés superior del niño”, independientemente de su evidente y legítimo carácter tuitivo hacia los menores de edad, pueden escudarse y configurarse auténticos supuestos de fraude a la Ley, con miras a desvirtuar el proceso y su fin último, cual es la consecución de la justicia (…).
Por ello esta Sala Constitucional considera pertinente en esta oportunidad dirigirse al foro jurídico a objeto de que eviten el manejo acomodaticio e ilegítimo de conceptos jurídicos indeterminados de tanta trascendencia como el del “interés superior del niño”, pues con tal conducta, lejos de buscar proteger al menor, se pueden esconder y proteger manejos contrarios a la Ley, los cuales son pasibles de sanción por el ordenamiento jurídico, y así se declara. (Destacado de esta Sala).
Como lo expresa la Sala Constitucional, cuyo criterio es acogido íntegramente por esta Sala, el juez de protección debe ponderar con absoluto resguardo los intereses legítimos que entran en juego al momento de invocarse situaciones complejas que ameriten tratamiento especial o excepcional, a los fines de que no sean sorprendidos en su buena fe, pues lejos de cumplir con el fin último del proceso como lo es la justicia, pudieran facilitar subterfugios destinados a la concreción de un fraude procesal, como ocurrió en el caso de marras, donde se invocó la necesidad de la urgencia del viaje prima facie por motivos de salud, no de la niña sino de la madre, lo que no implicaba forzosamente que la urgencia atendiera a una necesidad de aquella en sintonía a su interés superior, de allí que se considere oportuno citar el criterio de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, específicamente aquella recogida en sentencia número 0736 del día 25 de octubre de 2017, caso: Isabella Magual Bravo, con carácter vinculante, cuyo tenor es el siguiente:
Conforme a lo expuesto, esta decisión debe ser tomada con base en los artículos 75 y 76 Constitucionales que marcan las pautas del interés superior del niño, niña y adolescente, y que no sólo otorgan derechos a éstos, sino deberes irrenunciables a los padres. En estos casos de oposición a la autorización donde hay que acudir ante el juez, a fin de que éste decida lo que convenga, el juez para tomar la decisión, debe hacerlo oyendo a los padres y al niño, niña o adolescente, ponderando la necesidad y utilidad del viaje, la posibilidad de que el menor no sea desarraigado de su familia, ni que sea desnacionalizado al separarlo física e intelectualmente del país donde habita su familia o parte de ella; razones por las cuales al juez debe probársele de cuál es la verdadera situación del niño, niña o adolescente viajero, de su regreso a la esfera del otro padre, de la posibilidad de cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 76 constitucional; y el juez puede exigir pruebas a los padres, indagar las condiciones de vida en el exterior tanto del niño como del padre que viaja con él, si fuere el caso, la condición legal de los viajeros si fuera para otros países, la dirección donde se encontrará el sujeto para quien obrara la autorización, así como el medio de comunicación con el padre, y todo lo que le permita formarse una idea cabal a fin de que se cumplan los artículos 75 y 76 constitucionales, tal como examinar visas, documentos, etc.
En este orden, el juez puede imponer condiciones para el viaje, garantizarle al padre que queda en el país la accesibilidad al hijo, las facilidades para comunicarse con él, y que su incumplimiento puede entenderse como traslado o retención ilícita del menor a tenor de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
Como puede observarse del criterio anterior, el Juez de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes al momento de analizar los elementos específicos para cada caso en concreto, en los cuales se advierta la necesidad de otorgar una autorización de viaje mediante la figura de la medida cautelar provisional, deberá atender la necesidad y utilidad del viaje, la posibilidad de que el niño, niña y adolescente no sea desarraigado de su familia, ni que sea desnacionalizado al separarlo física e intelectualmente del país donde habita su familia o parte de ella, para ello deberá contar o evidenciar con garantías que permitan establecer la firme convicción de que ello ocurrirá, lo cual debe plasmarse en la motivación que justifique la autorización, de manera que se cumpla con la protección debida.
Ahora bien, en caso de verificarse el incumplimiento por parte del progenitor o la progenitora a quien le fue otorgada la autorización de viaje, y no retornar a su país de origen en la fecha establecida, el juez conforme al carácter tuitivo de la jurisdicción de protección, no podrá concluir el proceso, en virtud que dicha autorización no es un derecho que se agota en sí mismo, sino un mecanismo de control que garantiza las condiciones y medios que permitan desarrollar el derecho al libre tránsito, derecho a la recreación, esparcimiento, a la cultura, al deporte, entre otros; por lo cual no puede considerarse que el proceso ha alcanzado su fin hasta verificar el retorno del niño, niña o adolescente, pues de no hacerlo se incurre en una retención indebida, a tenor de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, debiendo el juez tomar las medidas necesarias a los fines de restablecer la situación jurídica infringida.
En el caso concreto, corresponde a esta Sala destacar que, tras un riguroso y pormenorizado examen efectuado sobre los límites de la presente controversia, se alcanzó a constatar que declarar con lugar el recurso interpuesto y reponer la causa al estado de fijar y celebrar nuevamente la audiencia preliminar en etapa de mediación sería inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, visto que la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 0645 del 10 de octubre de 2018, conociendo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Hembert Vicente Reyes Roberti –parte demandada recurrente en el control de la legalidad bajo estudio- contra la medida preventiva innominada de autorización judicial de viaje antes referida, con cuaderno de medidas signado bajo el alfanumérico KHOU-X-2017-245, del asunto principal KP02-V-2017-2976, nomenclatura del tribunal de primera instancia; declaró con lugar la acción de amparo constitucional, sobre la base de no haberse cumplido con los requerimientos del debido proceso y, en consecuencia, ordenó de oficio iniciar el procedimiento de restitución internacional de la niña.
De la aludida sentencia puede extraerse:
Dicha autorización se hizo sin cumplir el debido proceso, violando el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva (sic) resguardados en el Texto Fundamenta, al no participar en dicho procedimiento y no poder ejercer en forma oportuna y efectiva los recursos de ley.
Es por ello, que causado como fue un agravio constitucional al accionante, y el cual es de orden público por estar involucrada una niña, la cual hasta la fecha no aparece que haya regresado al país, la presente acción de amparo constitucional no puede subsumirse en la causal de inadmisión que preceptúa el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino mas bien en atención a la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, la acción de amparo resultaba la vía idónea para la protección de los derechos constitucionales transgredidos, y más aun visto los hechos denunciados y de conformidad con la sentencia número 993 del 16 de julio de 2013, que estableció con criterio vinculante respecto a la procedencia in limine litis en aquellos casos de acciones de amparo constitucional interpuesta contra decisión judicial, cuando el asunto fuere de mero derecho, esta Sala declara el presente caso como de mero derecho y procedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Hembert Vicente Reyes Roberti, al quedar constatadas las violaciones a los derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, por no tener la oportunidad de exponer sus defensas y alegar lo que a bien tuviera en el procedimiento de autorización de viaje conforme lo regula la ley de la materia.
En conclusión, el examen de la sustanciación de la medida preventiva ya fue resuelto por la Sala Constitucional, lo que haría totalmente inoficioso declara con lugar el recurso de control de la legalidad intentado por la parte demandada, así como reponer la causa a un estado anterior, cuando se ha producido un decaimiento del objeto pretendido. Y así se decide.
Por otro lado, no puede esta Sala de Casación Social obviar el deber de señalar que, apoyado en la obligación de velar por el respeto al orden público y el cumplimiento de las leyes y normas que lo preservan, en la causa bajo examen, traída a conocimiento de esta alta sede por vía del recurso extraordinario de control de la legalidad, podría haberse configurado una lesión al principio de máxima diligencia, que ha debido observar el juez de primera instancia, en el momento en que acordó una medida preventiva innominada para cuya observancia no previó canal alguno de verificación, pudiendo haber dejado de lado la carga de cuidar los intereses de la niña -sujeto protegido a favor del cual se acordó la medida aludida- por lo que se exhorta a los jueces y juezas de instancia que en lo sucesivo se abstengan de cometer actuaciones como las advertidas en el presente juicio, que lejos de salvaguardar los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes pueden resultar lesivas a los principios de prioridad absoluta, protección integral e interés superior del niño. Y así se establece.
C.L. N° AA60-S-2018-000495.

References: artículo 65
 artículo 490
 artículo 489
 artículo 489
 artículo 3
 artículo 472
 artículo 472
 artículo 76
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 6