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JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN ASTURIAS. Profesor titular de Derecho Administrativo. Universidad de Oviedo - PDF
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Cristián Rico Maidana
1 REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. IV Núm. 1 (2013): 1 5 -Crònica- JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN ASTURIAS JOSÉ MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ Profesor titular de Derecho Administrativo Universidad de Oviedo
2 J.M. Pérez RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013) En el período cubierto por esta crónica se ha tenido conocimiento de dos sentencias en materia medioambiental de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sección 1.ª. Por una parte, cabe citar la Sentencia del TSJ del Principado de Asturias núm. 1316/2012, de 20 diciembre [JUR\2013\32082] (órganos de gestión - Consorcio Interautonómico - Parque Nacional de los Picos de Europa), que resuelve el recurso interpuesto por la confederación sindical Comisiones Obreras (CC. OO.) contra el Decreto 2/0211, de 2 de enero (BOPA núm. 18, 24/01/2011; <https://sede.asturias.es/bopa/2011/01/24/ pdf>), por el que se aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación y del Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa. Junto a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, son partes codemandadas el Gobierno de Cantabria y la Junta de Castilla y León. El objeto del recurso gira en torno a la participación social en la gestión del Parque, participación que, entre otras, incluye a un representante de los trabajadores del Parque Nacional. El recurrente apoya su pretensión impugnatoria en un doble fundamento: formalmente, la omisión del trámite de audiencia e información pública en la elaboración de la disposición de carácter general, y la ausencia de los informes preceptivos del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias; y, en cuanto al fondo, la vulneración del derecho a la libertad sindical, amparado en el artículo 28 de la Constitución Española en relación con el artículo 6.3.a) de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, y todos ellos en relación con el artículo 18 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, como consecuencia de la infrarrepresentatividad en la que coloca a las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal en la composición del Patronato del Parque. Tras analizar la singularidad del Parque Nacional de los Picos de Europa, cuya gestión comparten tres comunidades autónomas mediante la figura de un consorcio interautonómico de gestión coordinada (FD 2.º), la Sala se pronuncia en relación con los dos argumentos del recurrente. En primer lugar, el TSJ del Principado de Asturias concluye que, dado el carácter meramente organizativo del Decreto 2/0211 impugnado (Estatutos reguladores de los 2
3 órganos de gestión y participación del Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa), resulta innecesario el trámite de audiencia que de contrario se reputa omitido (FD 3.º). Argumentación que reitera para declarar innecesarios los informes tanto del Consejo Consultivo como del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias por cuanto en el citado Decreto 2/0211 no se trataba de proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter formal que se dicten en ejecución de las leyes (FD 4.º). En segundo lugar, en relación con la pretendida violación de la libertad sindical, el TSJ del Principado de Asturias se apoya en la jurisprudencia precedente (STSJ de Cantabria núm. 328/2012, de 20 de abril [RJCA 2012/769] y STSJ de Castilla y León núm. 437/2012, de 7 de marzo [RJCA 2012/554]) para interpretar el alcance del artículo 18.1 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, cuando señala que entre los miembros que integrarán los patronatos se encuentran los agentes sociales de la zona. Afirma la Sentencia la competencia autonómica para perfilar definitivamente la composición de aquel órgano participativo, sobre la base de las directrices fijadas por la norma estatal, y añade que el término zona tendrá que ser entendido como algo de carácter local relacionado con el ámbito de extensión del parque natural, y los vocablos agentes sociales como sujetos, grupos u organizaciones de sujetos cuyos intereses o derechos puedan verse afectados o quedan afectados por la creación y el establecimiento del parque y la ordenación de usos y actividades derivados de la regulación del parque natural; sin que esas categorías puedan acoger a un sindicato de carácter regional, sea por la función representativa del mismo en un determinado ámbito o sea por su campo territorial de actuación de acuerdo con el artículo de la Constitución de 1978, la Ley orgánica de Libertad Sindical 11/1985 (FD 5.º). Por lo expuesto, la Sentencia desestima el recurso interpuesto por CC. OO. contra el Decreto 2/0211. Por otra parte, hay que mencionar la Sentencia del TSJ del Principado de Asturias núm. 1218/2012, de 3 diciembre [JUR\2013\2015] (aguas construcción en zona de servidumbre ausencia de autorización), que resuelve el recurso interpuesto contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 17 de diciembre de 2010, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra otra anterior dictada el día 10 de mayo del mismo año que imponía al recurrente la obligación de reponer las cosas a su estado primitivo demoliendo las obras, construcciones e 3
4 J.M. Pérez RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013) instalaciones ejecutadas en zona de servidumbre. Interesa el recurrente que se declare nula y sin efecto dicha resolución con cuanto además hubiere lugar en derecho, argumentando para ello: (1) que no es autor ni titular de las obras cuya demolición se interesa (el titular inicial ha fallecido); (2) que ha transcurrido el plazo de cuatro años desde la terminación de las obras sin que hubieran sido requeridos sus titulares para su legalización y sin que se le diera traslado del informe de 18 de marzo de 2010 al que se alude en la resolución de la Confederación ni del proyecto de defensa de los núcleos de Caloca y Avellanedo; y (3) que las referidas obras, cuya demolición se interesa, gozan de la oportuna licencia del Ayuntamiento. La Sala desestima el recurso tras analizar la prioridad que tiene la defensa del dominio público hidráulico y el carácter excepcional de las obras o edificaciones que se pueden realizar en este. Dejando al margen la cuestión de la titularidad de las obras (analizada en el FD 3.º), que no tiene interés desde el punto de vista ambiental, la argumentación del TSJ del Principado de Asturias se puede resumir en tres cuestiones: a) En relación con las alegaciones del recurrente en el sentido de que las obras no causan daño a terceros y que en la actualidad el arroyo se halla entubado, afirma la Sala la prevalencia que se otorga por la normativa vigente a la servidumbre de uso público en función de los fines a los que se halla destinado (entre otros, de conservación, ambientales y de seguridad) sobre los derechos de los propietarios o titulares del terreno definido como zona de servidumbre; y concluye que es a dichos titulares a quienes corresponde acreditar que las obras que proyectan realizar o ya realizadas para su legalización, resultan beneficiosas para el uso del dominio público hidráulico o que resulten muy justificadas, condiciones que no se logran acreditar (FJ 4.º). b) El plazo de caducidad de cuatro años invocado por el recurrente (sin que le hubiese sido requerida la legalización de las obras) no tiene aplicación en el supuesto, toda vez que la prescripción de la obligación de reparar y reponer las cosas a su estado primitivo no tiene lugar hasta el transcurso de 15 años según el artículo 327 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (FD 5.º). c) Que resulta intrascendente que se hubiera obtenido o no licencia del Ayuntamiento para la ejecución de las referidas obras, toda vez que por hallarse en zona de influencia del dominio público hidráulico se precisaba la autorización del Estado o 4
5 del organismo de cuenca (FD 3.º). 5
DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN ASTURIAS. Profesor titular de Derecho Administrativo Universidad de Oviedo
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References: artículo 28
 artículo 6
 artículo 18
e contrario
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 327
 Real Decreto 
 Resolución 

RESOLUCIÓN