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Timestamp: 2018-07-20 18:15:01+00:00

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VII FONDO DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, PROTECCIÓN JUDICIAL - Corte interamericana de derechos humanos
DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, PROTECCIÓN JUDICIAL
y PRINCIPIO DE LEGALIDAD
En este capítulo la Corte procederá a analizar los argumentos presentados por las partes y la Comisión, y desarrollará las consideraciones de derecho pertinentes relacionadas con las alegadas vulneraciones a las garantías judiciales y a la protección judicial. Para ese efecto, se realizará un análisis en el siguiente orden: a) la alegada vulneración a los artículos 842 y 943 de la Convención Americana, y b) la alegada vulneración a los artículos 244 y 2545 de la Convención.
La Corte recuerda que en el presente caso la señora Maldonado era titular del puesto de educadora e interinamente ocupaba el cargo de auxiliar departamental en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. El 5 de abril de 2000 le fue notificada una “causal de despido” y, posteriormente, el 16 de mayo de 2000 se le destituyó del cargo interino de auxiliar departamental y del cargo titular de educadora (supra párrs. 34 y 35). En el presente caso, los términos “despido” y “destitución” fueron empleados de manera indistinta por las autoridades guatemaltecas dentro del proceso llevado a cabo en contra de la señora Maldonado. En ese sentido, para efectos del presente caso, la Corte examinará los hechos ocurridos bajo el entendido de que se trató de la destitución de la señora Maldonado de los cargos que ocupaba en la Procuradoría de Derechos Humanos.
Asimismo, la Corte nota que el Estado señaló que “las relaciones laborales entre la señora Olga Yolanda Maldonado Ordoñez y la Procuraduría de los Derechos Humanos se regían desde el inicio del vínculo laboral por el Reglamento de Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, es decir que [la señora Maldonado] tenía pleno conocimiento de las consecuencias de incumplir con el régimen disciplinario mencionado”. No hay controversia entre las partes en el sentido de que la destitución de la señora Maldonado fue un procedimiento disciplinario sancionatorio. De acuerdo con lo señalado por el Estado, el procedimiento de destitución tuvo como finalidad interponer una sanción a la presunta víctima por considerarla responsable de una acción que contravendría la necesidad de ser “reconocidamente honorable” y contar con “autoridad moral” para actuar en nombre del Procurador. En este sentido, el propio Estado señaló que la destitución de la señora Maldonado constituyó efectivamente una “sanción moral”, que había sido solicitada por algunos miembros de su familia.
Finalmente, la Corte hace notar que la alegada violación del artículo 25 de la Convención no se refiere a un nuevo análisis de lo decidido por los tribunales internos, sino que se concentrará en determinar si los recursos intentados por la señora Maldonado fueron sencillos y eficaces a fines de garantizar su acceso a la justicia conforme a la Convención Americana.
A. Garantías judiciales y principio de legalidad (Derecho a conocer las bases de la acusación, derecho a la defensa, principio de presunción de inocencia y principio de legalidad) - artículos 8 y 9 de la Convención
A.1 Argumentos de las partes y de la Comisión
La Comisión señaló que el escrito de 5 de abril de 2000, mediante el cual se notificó la imputación de cargos a la señora Maldonado, se limitó a mencionar los artículos del Reglamento en los cuales se basaba el despido y a hacer una referencia a la comunicación de sus hermanos, sin otorgar mayores detalles o precisión sobre la conexión entre las dos. En ese sentido, la Comisión alegó que la inclusión de información precisa sobre el objeto del procedimiento y las causales específicas que serían consideradas resultaba fundamental para el ejercicio del derecho a la defensa de la señora Maldonado, pues las causales establecidas en los artículos 74.4 y 74.15 del Reglamento de Personal del Procurador guardaban diferencias significativas en su contenido. Por lo tanto, la señora Maldonado no pudo defenderse adecuadamente debido a que no contaba con la información mínima sobre los fundamentos de la acusación que exige el artículo 8.2.b de la Convención Americana.
La Comisión también consideró que la falta de información y los efectos en el ejercicio del derecho de defensa de la señora Maldonado constituyeron una violación al derecho a contar con los medios adecuados para el ejercicio de su defensa, establecido en el artículo 8.2.c de la Convención Americana.
Por otro lado, la Comisión manifestó que de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, aplicable a los procedimientos sancionatorios no penales, era obligación del Procurador de los Derechos Humanos verificar que la señora Maldonado hubiera efectivamente incurrido en alguna de las causales referidas, y que el análisis fáctico y jurídico quedara reflejado en su motivación. Asimismo, la Comisión señaló que de acuerdo a lo afirmado por el Estado, el “hecho generador” del procedimiento de despido, es decir la denuncia presentada por los hermanos de la presunta víctima, no fue investigado ni denunciado a nivel judicial.
En cuanto al principio de legalidad, la Comisión destacó que “la causal disciplinaria establecida en la normativa respecto de la posible afectación a la institución esta[ba] vinculada a la efectiva comisión de delitos o actos ilícitos, no a su mera probabilidad”. Esto implicaba que la invocación de esta causal exigía que los hechos que sustentaron la apertura del procedimiento fueran probados y calificados como ilícitos o como delitos por las autoridades competentes, lo que no ocurrió en el presente caso, constituyendo una violación no sólo al principio de presunción de inocencia, sino también al principio de legalidad.
La Comisión señaló que era deber del Procurador motivar de manera suficiente las razones del despido para establecer el nexo entre las causales invocadas y los hechos que se le imputaban a la señora Maldonado. Además, la Comisión observó que la comunicación de los hermanos de la señora Maldonado al Procurador, informando sobre una supuesta falsificación de una escritura pública, no pareciera encuadrar prima facie en las disposiciones citadas en la resolución de despido y que la resolución no ofrecía elementos que permitieran entender dicho vínculo. Por lo tanto, la Comisión consideró que la situación constituyó una violación del derecho a contar con una motivación suficiente, en relación con el principio de legalidad, establecidos en los artículos 8.1 y 9 de la Convención Americana, respectivamente.
En conclusión, la Comisión señaló que el Estado violó el derecho de la señora Maldonado a: i) ser oída con las debidas garantías; ii) contar con una motivación suficiente para su destitución; iii) que se respetara el principio de presunción de inocencia; iv) que se le informara de manera suficiente las bases de su procesamiento, y v) contar con los medios adecuados para ejercer su defensa, establecidos en los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención. La Comisión también concluyó que el Estado violó el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención, todo lo anterior en relación con el artículo 1.1 del referido instrumento.
Los representantes señalaron que la conducta que se imputaba a la señora Maldonado por sus hermanos, en la que se basó el Procurador para la formulación de cargos, no encuadraba en ninguno de los presupuestos normativos establecidos como causales de despido en el artículo 74, numerales 4 y 15, del Reglamento de Personal del Procurador. Además, los representantes manifestaron que ante la formulación de cargos, la presunta víctima había presentado un escrito ofreciendo prueba documental a efectos de explicar que la acusación en su contra versaba sobre un conflicto familiar el cual no había progresado en virtud de su falta de fundamento y que, además, no guardaba relación con el trabajo que la presunta víctima realizaba en la Procuraduría de Derechos Humanos.
Asimismo, los representantes indicaron que el Acuerdo No. 81-2000, que resolvió la destitución de la presunta víctima se fundamentó en la prevención del daño al prestigio de la Procuraduría de Derechos Humanos; y que en ningún momento se hizo la debida confrontación entre los hechos y las normas reglamentarias laborales señaladas infringidas, por lo que la resolución de destitución fue arbitraria, ilegal e injusta.
En ese sentido, los representantes señalaron que dicho acuerdo careció de fundamentación fáctica y jurídica, pues las causales contenidas en los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal no se referían a hechos familiares. Los representantes coincidieron con la Comisión, y argumentaron que lo resuelto por el Procurador violentó el derecho a ser considerado inocente, al asumir la certeza de los hechos denunciados, negando la oportunidad de que las imputaciones se resolvieran en el fuero ordinario conforme a la garantía del debido proceso.
Además, los representantes indicaron que tampoco se respetó el principio de presunción de inocencia al declarar sin lugar el recurso de revisión presentado por la señora Maldonado y hacer efectiva su destitución sin que existiera una condena en su contra por la comisión de un delito. Asimismo, expresaron que los hechos que sustentaron la destitución no encuadraban en las causales establecidas en la legislación laboral, por lo que utilizarla implicó una violación al principio de legalidad. Finalmente, señalaron que el Procurador de Derechos Humanos se convirtió en juez y parte, violando el principio de juez natural que requiere la independencia e imparcialidad del juzgador. Con base en lo anterior los representantes concluyeron que el Estado es responsable por la violación al artículo 8 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.
El Estado alegó que, la debida motivación de la resolución de destitución, se debió a la denuncia que presentaron los hermanos de la presunta víctima. En ese sentido, señaló que al ocupar el cargo de Auxiliar Departamental del Procurador de los Derechos Humanos la señora Maldonado representaba la figura del Procurador de los Derechos Humanos en el departamento a su cargo, por lo que la causa invocada en su destitución tuvo plena validez. El Estado señaló que en el escrito de descargo que presentó la señora Maldonado para desvirtuar la causal de despido que se le notificó, se evidenció que ella “vivía confrontada con su familia por una herencia, por lo que no se consideró que fueran pruebas de descargo, sino que los documentos que acompañó al escrito evidenciaron una dinámica familar problemática”.
Asimismo, el Estado señaló que el Procurador de los Derechos Humanos en ningún momento estableció la culpabilidad de la señora Maldonado respecto de los ilícitos de los cuales fue acusada, sino que el fin de la destitución fue resguardar la buena imagen de la institución que representaba debido a que era indispensable la reconocida honorabilidad de los funcionarios. El Estado agregó que la decisión de destitución no solo se basó en un reglamento, sino en el hecho de que la presunta víctima “se encontraba represent[ando al Procurador de Derechos Humanos] en ese momento, por lo que debía mantenerse reconocidamente honorable y con una conducta que le permitiera ejercer autoridad moral”.
El Estado indicó que la motivación de la resolución que resolvió la destitución de la señora Maldonado no se basó únicamente en los artículos 74.4 y 74.15 del Reglamento de Personal del Procurador, sino que “dicha resolución constitu[yó] además una sanción moral, la cual había sido solicitada por varios miembros de la familia de la [señora Maldonado]”.
Por otro lado, el Estado señaló que el Procurador de Derechos Humanos no está supeditado a organismo, institución o funcionario alguno y actúa con absoluta independencia. Al respecto, destacó que el Estado de Guatemala goza de soberanía e independencia para fundar sus propias instituciones y delegarles competencia para decidir y resolver los asuntos que les compete, solicitando que las mismas sean respetadas.
Finalmente, el Estado observó que en la petición inicial ante la Comisión los representantes no reclamaron la presunta violación del artículo 9 de la Convención, y que incluso la Comisión en el Informe de Admisibilidad declaró admisible la petición únicamente en relación con los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana. El Estado señaló que no fue sino hasta en el Informe de Fondo cuando se incluyó la violación al artículo 9 en los alegatos de la Comisión. Al respecto consideró que esta situación representó una violación a su derecho a la defensa y a la igualdad procesal, ya que a lo largo del proceso el Estado no ha podido pronunciarse sobre esta supuesta violación. El Estado alegó que el artículo 9 de la Convención Americana debe aplicarse preferentemente a los procesos de tipo penal, debido a que su aplicación a las reclamaciones laborales y procedimientos de tipo administrativo “crea confusión y no ayuda a dilucidar el asunto”.
A.2 Consideraciones de la Corte
A continuación la Corte establecerá los estándares relevantes de su jurisprudencia aplicables al presente caso. Posteriormente, la Corte analizará lo relativo a la comunicación previa y detallada de la acusación y el derecho a la defensa. Seguidamente, se analizará la alegada violación del deber de motivación y el principio de legalidad.
A.2.1 La jurisprudencia de la Corte en materia de la aplicación de las garantías judiciales
En lo que respecta a la aplicación de las garantías contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana para procesos que no sean de naturaleza penal, la Corte recuerda que si bien esta disposición se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal46.
Además, la Corte ha establecido que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar “las debidas garantías” que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso; y que el incumplimiento de una de esas garantías conlleva una violación de dicha disposición convencional47.
La Corte ha señalado que el artículo 8.1 de la Convención consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal”, que consiste en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos48. Mientras que el artículo 8.2 de la Convención establece, adicionalmente, las garantías mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en función del debido proceso legal49. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas50.
Debido al alcance del artículo 8.2 de la Convención, la Corte se ha pronunciado en su jurisprudencia sobre la aplicabilidad del artículo 8.2 de la Convención Americana, entre otros, en el marco de dos casos relacionados con un juicio político y la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional del Perú por el Congreso51, y un juicio político contra vocales del Tribunal Constitucional ecuatoriano52, así como en el ámbito del desarrollo procesos administrativos y laborales conducidos por el poder ejecutivo en contra de funcionarios públicos53 y ciudadanos54. Además, en el caso Vélez Loor Vs. Panamá, la Corte aplicó el artículo 8.2.h respecto a la revisión de una sanción administrativa de privación de libertad, considerando que el “artículo 8.2.h de la Convención […] consagra un tipo específico de recurso que debe ofrecerse a toda persona sancionada con una medida privativa de libertad, como garantía de su derecho a la defensa”55. En estas sentencias, la Corte no ha limitado la aplicación del artículo 8.2 de la Convención Americana a procesos penales56, sino la ha extendido, en lo pertinente, a procesos administrativos ante autoridades estatales y a procesos judiciales de carácter no penal en el ámbito constitucional, administrativo y laboral; así mismo ha indicado que tanto en estas como en otro tipo de materias “el individuo tiene también derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal”57.
Del recuento de la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte hasta al momento, se entiende que ésta ha considerado que las garantías del artículo 8.2 de la Convención no son exclusivas de los procesos penales, sino que además pueden ser aplicables a procesos de carácter sancionatorio. Ahora bien, lo que corresponde en cada caso es determinar las garantías mínimas que conciernen a un determinado proceso sancionatorio no penal, según su naturaleza y alcance.
Al respecto, la Corte nota lo señalado por el perito Jaime Bernal Cuellar, en el sentido de que “[e]l derecho disciplinario está integrado por el conjunto de normas encaminadas a exigir de sus destinatarios un específico estándar de conducta en el ejercicio de sus funciones”. De acuerdo con el perito Bernal Cuellar: “el derecho disciplinario forma parte del derecho sancionador […] en la medida en que está compuesto por un conjunto de normas que permiten imponer sanciones a los destinatarios que realicen una conducta definida como falta disciplinaria”58.
El perito indicó que, “[e]n virtud de su naturaleza sancionatoria, el derecho disciplinario es una especie de derecho punitivo que se acerca a las previsiones del derecho penal”, y por ello “las garantías sustanciales y procesales del derecho sancionatorio más general –el derecho penal– son aplicables mutatis mutandis al derecho disciplinario, […] en atención a que ambos emplean las sanciones como principal mecanismo de coerción59.
La Comisión y los representantes alegaron que habían sido violadas las garantías judiciales a: i) contar con una motivación suficiente sobre la acusación y ser oída con las debidas garantías, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención; ii) contar con la información mínima sobre los fundamentos de su acusación, conforme al artículo 8.2.b de la Convención; iii) contar con los medios adecuados para el ejercicio de su defensa, de acuerdo al artículo 8.2.c de la Convención; iv) respeto al principio de presunción de inocencia, contenido en el artículo 8.2 de la Convención, y v) respeto al principio de legalidad, establecido en el artículo 9 de la Convención Americana.
Atendiendo la naturaleza sancionatoria del proceso de destitución de la señora Maldonado a la que se ha hecho referencia y al resultado del mismo, en el cual fue adoptada una determinación que afectó los derechos de la presunta víctima, la Corte considera que las garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana hacen parte del elenco de garantías mínimas que debieron ser respetadas para adoptar una decisión que no fuera arbitraria y resultara ajustada al debido proceso.
A.2.2 Comunicación previa y detallada de la acusación y derecho a la defensa
El derecho a contar con comunicación previa y detallada de la acusación en materia penal contempla que debe realizarse una descripción material de la conducta imputada que contenga los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan60. Como parte de las garantías mínimas establecidas en el artículo 8.2 de la Convención, el derecho a contar con comunicación previa y detallada de la acusación se aplica tanto en materia penal como en los otros órdenes señalados en el artículo 8.1 de la Convención, a pesar de que la exigencia en los otros órdenes puede ser de otra intensidad o naturaleza. Ahora bien, cuando se trata de un proceso disciplinario sancionatorio el alcance de esta garantía puede ser entendido de manera diversa, pero en todo caso implica que se ponga en conocimiento del sujeto disciplinable cuales son las conductas infractoras del régimen disciplinario que se le imputan.
La Corte nota que el oficio de 5 de abril de 2000, mediante el cual se notificó a la señora Maldonado el inicio del procedimiento disciplinario únicamente transcribía extractos de los artículos del Reglamento de Personal del Procurador supuestamente infringidos y si bien se adjuntaba la copia de la denuncia presentada por los hermanos de la señora Maldonado, no contenía un análisis claro y concreto respecto a la aplicación de las causales señaladas en dichos artículos. De esta forma, la Corte observa que en la notificación de los supuestos que dieron lugar a la sanción administrativa, no se indicó de qué manera la acción atribuída a la señora Maldonado encuadraría en las conductas descritas en el artículo 74.4 y 74.15 del Reglamento. Es así que, en lo que respecta al derecho que ostentaba para conocer con certeza las bases de su destitución, la presunta víctima no tuvo un conocimiento claro respecto de la forma en que la conducta que se alegaba en la denuncia en su contra podría motivar su destitución ni de las razones de la misma, de acuerdo con las causales contenidas en los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal del Procurador y en el artículo 77 d) del Código de Trabajo de Guatemala.
La Corte considera que era necesario que, por lo menos, se suministrara información que fuera clara respecto de la motivación del proceso de destitución, así como una mínima referencia a la relación existente entre los hechos respecto de los cuales se aplicaría la sanción disciplinaria y la norma supuestamente infringida.
De la lectura de la mencionada notificación no resultaba claro el motivo específico por el cual la señora Maldonado estaba siendo objeto de un proceso disciplinario; en consecuencia no contó con información detallada de las razones por las cuales podría ser destituida de su trabajo. Esta falta de información constituyó una violación a la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, contenida en el artículo 8.2.b de la Convención Americana.
En ese sentido, no obstante la señora Maldonado contó con el tiempo y la posibilidad de defenderse a nombre propio y a pesar de haber sido asistida por los defensores de su elección, los medios para la preparación de su defensa no fueron adecuados como consecuencia de la falta de la claridad respecto del motivo específico por el cual se iniciaba el proceso de destitución en su contra. Lo anterior constituyó una vulneración adicional al derecho a la defensa de la señora Maldonado, contenido en el artículo 8.2.c de la Convención Americana.
A.2.3 Deber de motivación y principio de legalidad
En primer lugar, la Corte reitera que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales, y que dichas garantías deben observarse en los procedimientos en que se determinen o se afecten derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. La Corte ha establecido que el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención debe respetarse tanto en materia penal como en todas en donde se vean afectados los derechos de las personas (supra párr. 73). Lo anterior incluye el principio de presunción de inocencia, por lo que es posible analizar el respeto a dicho principio en procedimientos sancionatorios administrativos.
Sin perjuicio de lo anterior, en el presente caso la Corte considera que los alegatos presentados en relación con la supuesta violación del principio de presunción de inocencia en realidad hacen referencia a que la conducta imputada a la señora Maldonado no correspondía a la “causal de despido” prevista en los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal del Procurador de Derechos Humanos. Por lo tanto, estos alegatos guardan más relación con el deber de motivación de decisiones administrativas y el principio de legalidad, por lo que serán analizados por el Tribunal en el presente acápite de esta sentencia.
Con relación al deber de motivación, la Corte reitera que es la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática61. Por ello, las decisiones que adopten los órganos internos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. El deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso62.
En el presente caso, la Corte considera que no existió una motivación que estuviera debidamente justificada y razonada para la destitución de la señora Maldonado. No fue señalado con claridad la manera en que la conducta de la señora Maldonado se ajustaría al supuesto de las normas invocadas como fundamento de la destitución y no se realizó ningún análisis de los contenidos en dichas normas. Lo anterior constituyó una violación al deber de motivación contenido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Maldonado.
Con relación al principio de legalidad, la Corte ha señalado anteriormente que el artículo 9 de la Convención es aplicable a la materia sancionatoria administrativa, además de serlo, evidentemente, a la materia penal. La Corte ha indicado que las sanciones administrativas son una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a las sanciones penales (supra párr. 74). Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita63. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma sancionatoria exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. En concordancia con lo anterior, la Corte considera que el principio de legalidad también tiene vigencia en materia disciplinaria, no obstante su alcance depende considerablemente de la materia regulada. La precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está destinada a resolver64.
El Estado ha señalado que la motivación de la destitución obedeció a la presentación de dicha acusación por parte de los hermanos de la señora Maldonado, y a la necesidad de cuidar la buena imagen de la Procuraduría de Derechos Humanos. El Estado afirmó que, independientemente de la veracidad o no de la acusación formulada contra la señora Maldonado, la situación denunciada constituía una serie de actos jurídicos de orden familiar cuya resolución podía perjudicar seriamente la institución del Procurador de los Derechos Humanos.
Además, según el Estado afirmó ante la Corte, el Acuerdo No. 81-2000 del Procurador, mediante el cual la señora Maldonado fue destituída, fue emitido en razón de que la presunta víctima ya no contaría con la “reconocida honorabilidad”, los principios y valores, y la autoridad moral necesaria para representar al Procurador de Derechos Humanos. La Corte nota que la Resolución fue emitida considerando que la acusación en contra de la señora Maldonado era verdadera, sin contar con más elementos ni un proceso en el que se determinara esta alegada responsabilidad. De acuerdo con lo expresado por el Estado ante la Corte, sin importar si la señora Maldonado era o no culplable de las acusaciones presentadas por sus hermanos, se decidió separarla de su cargo, imponiéndole una “sanción moral” solicitada por estos, y de ese modo supuestamente proteger la honorabilidad y el prestigio de la Procuraduría de Derechos Humanos.
No obstante, en el Acuerdo No. 81-2000 se resolvió destituir a la señora Maldonado “por faltas cometidas en el servicio” y se señaló como fundamento los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal del Procurador. El primer supuesto de dicho artículo contemplaba que “[l]os trabajadores de la institución p[odrían] ser destituidos de sus puestos sin ninguna responsabilidad para esta [c]uando [cometieran] algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio de la institución, de alguno de sus compañeros de labores o en perjuicio de tercero en el lugar de trabajo; [y cuando causaran] intencionalmente, por descuidos o negligencia, daño material en el equipo, máquinas, herramientas y demás objetos relacionados con el trabajo”. El segundo supuesto contemplaba que los trabajadores podrían ser destituidos “[c]uando [ejecutaran] actos que contrav[inieran] disposiciones legales que impli[caran] el propósito de causar perjuicio a la institución o a la violación de normas de trabajo que constituyen actos manifiestos de sabotaje contra las operaciones y actividades de la institución” (supra párr. 34). Asimismo, fue señalado el artículo 77 inciso d) del Código de Trabajo que establecía lo siguiente: “[s]on causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: […] d. cuando el trabajador comet[iera] algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento; asimismo cuando caus[ara] intencionalmente por descuido o negligencia, daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados, en forma inmediata o indudable con el trabajo”.
La Corte destaca que los supuestos contenidos en los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal del Procurador no contemplaban causales que se refirieran al prestigio y honorabilidad de la Procuraduría, sino que señalaban acciones concretas que constituían faltas relativas a las funciones propias de los trabajadores de la Procuraduría. Asimismo, el artículo 77.d) del Código de Trabajo tampoco contemplaba cuestiones sobre la honorabilidad, el prestigio o la autoridad moral como causas justas que facultaran al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte. En ese sentido, la Corte nota que la denuncia interpuesta en contra de la señora Maldonado y la decisión de destituirla no correspondía a ningún acto que estuviera establecido en los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento citado o en el artículo 77 del Código de Trabajo.
Además de lo anterior, la Corte nota que en el Manual de Puestos y Perfiles de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos no se indicaba que la “honorabilidad” o la “autoridad moral” fueran requisitos que debían complir quienes ostentaran los cargos de Auxiliar Departamental o de Educador65. Dichas características fueron invocadas como causales para la destitución de la señora Maldonado sin que se encontraran contempladas en los requisitos para cumplir las funciones de su cargo titular o su cargo interino.
Por lo tanto, la señora Maldonado fue destituida por una conducta que no se encontraba tipificada en el Reglamento del Personal del Procurador de Derechos Humanos como infracción disciplinaria y que además no correspondía a la conducta descrita en los numerales 4 y 15 del artículo 74 de dicho Reglamento, ni en el artículo 77 literal d) del Código de Trabajo de Guatemala, disposiciones que son las invocadas en el Acuerdo No. 81-2000 para justificar la sanción impuesta (supra párr. 93). De lo anterior se concluye la vulneración del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Maldonado.
A.3 Conclusión
La Corte concluye que el Estado de Guatemala es responable por la violación del derecho a conocer el fundamento de la acusación y del derecho a la defensa, contenidos en el artículo 8.2.b y 8.2.c de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, el Estado es responsable por la violación al deber de motivación y del principio de legalidad, contenidos en los artículos 8.1 y 9 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, todo lo anterior en perjuicio de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordoñez.

References: artículo 25
 artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 74
 resolución 
 artículo 74
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 artículo 8
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 artículo 8
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 artículo 74
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 artículo 77
 artículo 8
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 Resolución 
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 artículo 77
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 8
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