Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/98012
Timestamp: 2019-11-17 23:56:32+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPR-29/98012
De las diputadas Katia Alejandra Castillo Lozano y Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4° y 32 de la Ley Agraria.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4° Y 32, DE LA LEY AGRARIA
Las suscritas, Katia Alejandra Castillo Lozano y Anita Sánchez Castro, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4° Y 32, DE LA LEY AGRARIA.
El Banco Mundial, así como distintas instituciones de carácter nacional e internacional, han reconocido que la pobreza, la marginación, la indigencia, así como la desigualdad y la violencia de género, en el campo y los municipios mexicanos, se han ido agudizando y generalizando a través de los años.
Siendo tan cierto lo anterior que, en los últimos años, los índices de estos sectores han tendido a registrar cambios significantes, mayormente al alza, generando que la sociedad mundial preste suma atención, especialmente a los referentes a la violencia por cuestiones de género.
De conformidad con lo sustentado por la ONU, la violencia de género contra las mujeres es definida como: “todo acto de violencia basada en la pertenecía al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico para la mujer, así como la amenaza de tales actos la coherencia o la privación arbitraria de la libertad.”
La violencia en contra de las mujeres ha cobrado suma relevancia dentro de la comunidad internacional, tanto que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ONU Mujeres impulso objetivos encaminados al reconocimiento y salvaguarda de la igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres de manera integral dentro de la actividad interna de las naciones. Estos objetivos también buscan garantizar el adecuado respeto a los derechos de las niñas y mujeres, intentando lograr su total inclusión en todos los sectores económicos de su país.
En el caso de México, es necesario tener en cuenta que el campo, la agricultura y las comunidades rurales han atravesado por una grave y compleja crisis de carácter multidisciplinario a lo largo de la historia, encontrándonos con retos en materia económica, educativa, cultural, de derechos humanos, entre otros.
A pesar de los constante esfuerzos intentados, por medio de políticas públicas, para confrontar estas situaciones, existe un significante reto que no ha sido combatido en su totalidad dentro de las comunidades rurales mexicanas, el cual es la notoria desigualdad, discriminación y violencia de género. Las cuales se han potencializado por diversos factores, entre los cuales se puede destacar primordialmente los conflictos agrarios que son comunes en este tipo de sociedades.
Por efecto, este tipo de circunstancias y su persistencia, duración y gran complejidad, han venido lesionando gravemente el estado de derecho de las comunidades rurales y la difícil situación en la que se encuentra la mujer en materia de impartición de justicia pronta y expedita, sin descartar los derechos humanos y el complejo tema de la paridad de género en este contexto y la falta de seguridad jurídica que la Ley les ha negado.
La información y las estadísticas que se tienen sobre la problemática agraria y la violación a los derechos humanos a la mujer en las comunidades rurales, datan de épocas prehispánicas, en la que se resalta la proyección de la tenencia de la tierra directamente ligada a la problemática de discriminación contra la mujer y a la estructura social y cultural que imperaba en cada tiempo.
Los siglos XIX y XX, se caracterizaron por la escaza o nula atención al campo y su
desarrollo, así como la falta de integración de la mujer a la vida social, política y económica de este sector, ya que los propietarios de los grandes latifundios se preocupaban más por mostrar a sus familias, amigos y socios las grandes extensiones de tierra que poseían, así como el control que ejercían sobre el personal, sirvientas y peones que tenían a su servicio, mismos que prácticamente rayaban en la esclavitud.
Tomemos en cuenta que, si los hombres eran habitualmente esclavos, la mujer jugaba entonces un papel aun más denigrante, sin el más elemental sentido de respeto, y la mínima oportunidad de participación, atención o derecho alguno.
Tan solo en el siglo XX, durante el periodo de Porfirio Díaz, el autoritarismo y la violencia que ejercían los órganos represores del Estado, aunado a la ausencia de democracia y la concentración de la riqueza y de las tierras en unos cuantos, generaron una injusto e incongruente desarrollo del país. Asimismo, la mujer sufrió los niveles más altos de desigualdad y violencia de género, así como todo tipo de violencia, física, psicológica, política y, por supuesto, económica.
Estos y otros conflictos sociales propiciaron conjuntamente el movimiento armado de 1910, en el que la mujer mexicana jugó un papel determinante y fundamental durante todo este proceso de conformación social. Sin embargo, no logró algún posicionamiento relevante para sí misma en lo que respecta a sus derechos fundamentales de igualdad sustantiva.
Durante este periodo, de más de diez años que duro la revolución mexicana, se proclamaron planes y se emitieron Leyes a las que en su mayoría tenían un apartado agrario, sobresaliendo: (I) El Plan de Ayala, emitido por Emiliano Zapata, (II) la Ley Agraria de 1915, emitida por Venustiano Carranza en Veracruz y (III) la Constitución de 1917, misma que integro en su artículo 27 las formas de la tenencia de la tierra y, especialmente, la restitución de las tierras a las comunidades indígenas.
Según Gisela Espinosa Damián y de acuerdo con su investigación de la feminización de lo rural y políticas públicas, el cumplimiento de estas tareas no solo implicó una división social de trabajo (agricultura - industria; economía campesina - empresa rural; producción alimentaria -agro exportación) si no una peculiar división del trabajo.
Dicha división constó en que sobre los varones descansó la responsabilidad principal de la agricultura campesina, centrada en el maíz y otros granos básicos, las actividades asalariadas, la titularidad de la tenencia de la tierra, la jefatura de familia y la presentación social y política de la comunidad rural.
Sin duda estas reformas generaron un importante parteaguas en los avances y conquistas de nuestro país, del otro lado, se adquirió un compromiso y una deuda importante con las mujeres mexicanas. Ya que en todos estos procesos de cambios sociales, políticos y económicos se vio excluida de forma contundente, inobservado cada uno de sus derechos fundamentales de los que son acreedoras.
Es pertinente señalar que precisamente en el contexto de la Constitución de 1917 se debate, discute e instaura por primera vez la posibilidad de establecer los derechos políticos de las mujeres, esto quedo de manifiesto por el constituyente del momento y quedando plasmado en el Diario de los Debates.
Estos impulsos políticos fueron cobrando relevancia en la sociedad mexicana, siendo hasta el año de 1953 cuando se iniciaron las primeras manifestaciones en pro de la lucha de las mujeres por el derecho al sufragio efectivo.
Dichas manifestaciones dieron como resultado que en el año de 1955 el voto de la mujer ocurriese por primera vez, esto tras una enorme lucha por parte de las mujeres organizadas políticamente y la enorme presión que ejercieron sobre el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Presidente que, dentro de su candidatura, se comprometió, frente a las mujeres mexicanas, a promulgar las reformas constitucionales necesarias que otorgasen el voto a las mujeres en el ámbito federal.
No está demás puntualizar que otra gran conquista en este proceso de transformación de derechos fundamentales de la mujer y que le dio un giro trascendental al país, fue la Alerta de Violencia de Género (AVGM), siendo un importante mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo y establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
La alerta de genero se declaró por primera vez en el Estado de México, el 31 de Julio de 2015, y en 11 Municipios más, posteriormente en 11 Estados más. En Morelos el 10 de Agosto de 2015 y 8 Municipios más, en Michoacán el 27 de Junio de 2016 y 14 Municipios más, en Chiapas 18 de Noviembre de 2016 y 14 Municipios más, en Nuevo León 18 de Noviembre de 2016 y 5 Municipios más, en Veracruz 23 de Noviembre de 2016 y 11 Municipios más, en Sinaloa 31 de Marzo de 2017 y 11 Municipios más, en Colima 20 de Junio 2017 v 6 Municipios más, en San Luis Potosí 21 de Junio de 2017 y 6 Municipios más, en Guerrero 22 de Junio de 2017 y 3 Municipios más, en Quintana Roo 7 de Julio de 2017 y 3 Municipios más, y en Nayarit el 4 de Agosto de 2017 y 7 Municipios más.
Es de tenerse en conciencia que una buena parte de éstas son emitidas en las comunidades rurales de los Estados, sin que estas necesariamente sean debidamente atendidas por las autoridades correspondientes.
Es preciso indicar que el citado compendio legal (LGAMVLV) consiste en un conjunto de acciones de emergencia que permitan frenar y erradicar la violencia, el feminicidio y/o la existencia de un agravio en contra de las mujeres. Optando por establecer actividades que involucren a diversas autoridades y garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres dentro de la sociedad mexicana.
Otro de sus principales objetivos es el dotar de seguridad a las mujeres y niñas mexicanas durante todas las etapas de su desarrollo, prestando atención a la erradicación de la violencia de genero y la desigualdad por la misma razón que azota a diversos sectores de nuestro país.
Otro de los relevantes logros para salvaguardar la integridad de las mujeres en situación de violencia, han sido los refugios para proteger a las mujeres vulnerables, los cuales han aportado en los planes de protección y salvaguarda de los derechos fundamentales de las mujeres mexicanas.
Los resultados logrados en estos refugios, primordialmente en las comunidades rurales, han sido benéficos para las mujeres, siendo tan así que la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, afirmó que se mantendrán los refugios en el territorio mexicano para continuar dando atención a todas aquellas mujeres que lo necesiten, especialmente a las que han sido víctimas de violencia por cuestiones de género.
Por su parte, el Gobierno Federal ha destacado que es necesaria la creación de más refugios a nivel municipal, así como el impulso de más políticas públicas que resulten suficientes para poder atender el tema de la violencia contra las mujeres en el ámbito rural.
Otro avance importante logrado en los últimos años para erradicar, evitar y sancionar la violencia contra las mujeres, son sin dudad las investigaciones, los trabajos y acuerdos de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención Internación para prevenir y sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Dichos organismos sin duda han generado grandes avances y cambios positivos en este tema, pero sin lograr penetrar contundentemente en los espacios rurales.
Por último, la más reciente reforma constitucional en materia de paridad de género ha sido otro punto a favor del Gobierno mexicano, ya que ésta otorgó prerrogativas fundamentales a la mujer por cuanto hace a sus derechos políticos, electorales y de representación en todos los órdenes de gobierno. Trayendo como efecto los anterior que muchos compendios legales secundarios sean modificados en aras de armonizarse con lo dispuesto en nuestra Carta Magna.
Se evidencia con meridiana claridad los constantes impulsos realizados por el Estado mexicano en favor de las mujeres, sin embargo, éstos aun no han logrado ser suficientes, en especial, dentro de las comunidades rurales dedicadas primordialmente a la actividad agropecuaria.
El sector rural y, en especial, el agrícola es de notoria atención por parte del Gobierno de México por lo que representa dentro del ámbito cultural, social y económico.
A lo largo de los años, este sector se ha ido desarrollando enormemente, teniendo una participación en potencia la mujer, generando la exigencia de nuevas políticas públicas de desarrollo, participación, respeto e inclusión dentro del sector agrícola.
Bajo esa tesitura, un fenómeno actual que empapa nuestras comunidades rurales es la migración, donde el hombre, primordialmente, tiende a abandonar su comunidad para buscar mejores oportunidades. Trayendo como efecto que las mujeres mexicanas se hagan cargo de la actividad agrícola de la comunidad, así como del trabajo doméstico y el cuidado de la familia, generando la necesidad de la modernización de los parámetros bajo los cuales se venían rigiendo dichas actividades, ya sea por costumbre o Ley.
Esta creciente actividad de las mujeres en los ámbitos productivos agrícolas demuestra su constante lucha y espíritu por establecer dentro de sus sociedades un plano de trato igualitario entre hombre y mujer. Aunado a esto, el coraje, amor por su tierra, familia y trabajo ha evidenciado en el territorio mexicano y en la comunidad internacional que las mujeres son capaces de participar en el sector agrícola.
Siendo tan cierto lo anterior que la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 reconoció por primera vez la capacidad jurídica del hombre y la mujer para obtener derechos agrarios sobre tierras y producción.
También, la importancia de la mujer como sujeto agrario ha crecido en más del 100% en los últimos 24 años. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN), tan solo el 16.76% de los sujetos que recibían documentos agrarios eran mujeres, hoy en día equivalen al 34.79% del patrón.
Si bien la reforma de 2016 al artículo 37 de la Ley Agraria previó una mayor participación de las mujeres ejidatarias y comuneras en los órganos de representación ejidal y de vigilancia, ésta no resulta aun suficiente para proteger de manera integra la paridad de género en el ámbito agrícola.
La idea fundamental con la iniciativa que se intenta es el ir trabajando a la par de las exigencias que las sociedades rurales demandan y armonizarlas con los máximos estándares internacionales en materia de paridad de género.
La modificación al Artículo 4°, busca posicionar a la mujer en igualdad de condiciones, con inclusión de género y garantizando el principio de paridad, coadyuvando con el Ejecutivo Federal en sus planes de desarrollo.
Bajo ese orden de ideas, la citada modificación también contribuye a de promover el desarrollo integral y equitativo del sector rural, al margen de: (I) la igualdad de género, (II) la adecuada inclusión de la mujer en el sector agrícola y (III) la participación fehaciente de las mujeres dentro del mismo sector.
Ahora bien, por cuanto se refiere a la reforma del Artículo 32, es pertinente señalar que, de conformidad con el Gobierno de México, en el 2017, de los 15,3339 núcleos agrarios ejidales que cuentan con órganos de representación, 581 son encabezados por presidentas, lo cual evidencia la baja participación de la mujer dentro de esta clase de organismos.
Para refrescar memoria, el Articulo 32 hace referencia al Comisariado Ejidal, el cual es el órgano rector de la asamblea de ejidatarios, y entre sus atribuciones está el ejecutar los acuerdos que se voten en ésta, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Es precisamente en este organismo donde por tradición e inercias culturales y por una trasmisión de una ascendencia familiar y cultural, donde se ha relegado a la mujer, limitando el ejercicio de sus derechos políticos y, por efecto, el acceder a estas obligaciones de dirección o de participación en estos órganos.
Cabe mencionar que, de conformidad con la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) esta clase de políticas públicas para la igualdad de genero, mismas que se intentan en la presente reforma, han sido implementadas en países como Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, entre otros.
Consecuentemente, es que resulta procedente por necesaria la presente iniciativa, en aras de: (I) armonizar la Ley Agraria con los máximos estándares internacionales en materia de paridad de género, mismos que son reconocidos por nuestro país en su Carta Magna, (II) garantizar de manera correcta los derechos inherentes de las mujeres mexicanas, (III) continuar realizando acciones legislativas en favor de las mujeres, (IV) observar, atender y legislar sobre situaciones de importancia que se susciten en nuestro país y (V) cumplir con nuestro menester como ente legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones de los Artículos 4° y 32° de la Ley Agraria, para quedar como sigue:
Único. Se reforma el Artículo 4° y 32° de la Ley Agraria.
Artículo 4° El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional, con inclusión de genero por igual y garantizando el principio de paridad.
Artículo 32° El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes, con inclusión de genero por igual y garantizando el principio de parida. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de agosto de 2019
Dip. Katia Alejandra Castillo Lozano Dip. Anita Sánchez Castro

References: artículo 71
 artículo 55
 artículo 27
 artículo 37
 Artículo 4
 Artículo 32
 Artículo 4

Artículo 4

Artículo 32