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Timestamp: 2019-06-25 01:31:57+00:00

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Directiva 93/36/cee del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro Diario Oficial n° L 199 de 09/08/1993 - página 3
1. En el caso de que la urgencia haga impracticable los plazos previstos en el artículo 11, los poderes adjudicadores podrán fijar los siguientes plazos:
a) un plazo de recepción de las solicitudes de participación que no podrá ser inferior a quince días a partir de la fecha de envío del anuncio;
b) un plazo de recepción de las ofertas que no podrá ser inferior a diez días a partir de la fecha de la invitación a presentar proposiciones.
2. Los poderes adjudicadores proporcionarán, siempre que haya sido solicitada a su debido tiempo, información complementaria relativa a los pliegos de condiciones, a más tardar, cuatro días antes de la fecha límite establecida para la recepción de las ofertas.
3. Las solicitudes de participación en los contratos y las invitaciones para presentar una oferta deberán cursarse utilizando el medio de comunicación más rápido posible. En caso de que las solicitudes de participación se cursen mediante telegrama, télex, telecopiadora o teléfono, deberán ser confirmadas por carta enviada antes de que expire el plazo fijado en el apartado 1.
Los poderes adjudicadores podrán publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas anuncios relativos a los contratos públicos de suministro que no estén sometidos a la publicidad obligatoria establecida en la presente Directiva.
Los requisitos de elaboración, transmisión, recepción, traducción, recogida y distribución de los anuncios previstos en el artículo 9, así como de los informes estadísticos contemplados en el artículo 31, y la nomenclatura prevista en el artículo 9 y en los Anexos II y IV podrán ser modificados con arreglo al procedimiento establecido en apartado 2 del artículo 32. Las condiciones de la referencia en los anuncios a determinadas posiciones de la nomenclatura podrán determinarse con arreglo al mismo procedimiento.
1. Los contratos se adjudicarán con arreglo a los criterios establecidos en el capítulo 3 del presente título, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 16, previa comprobación de la aptitud de los proveedores que no hayan sido excluidos en aplicación del artículo 20 efectuada por los poderes adjudicadores atendiendo a los criterios de capacidad económica, financiera y técnica contemplados en los artículos 22, 23 y 24.
2. Los poderes adjudicadores respetarán el carácter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores.
1. Cuando el criterio de adjudicación del contrato sea el de la oferta económicamente más ventajosa, los poderes adjudicadores podrán tomar en consideración las variantes que hayan presentado los licitadores, cuando dichas variantes respondan a los requisitos mínimos exigidos por dichos poderes.
Los poderes adjudicadores mencionarán en el pliego de condiciones las condiciones mínimas que deberán reunir las variantes, así como las modalidades de su presentación. Indicarán asimismo, en el anuncio del contrato, si están autorizadas las variantes.
Los poderes adjudicadores no podrán rechazar la presentación de una variante por el único motivo de que contenga especificaciones técnicas definidas por referencia a normas nacionales que traspongan normas europeas, o a documentos de idoneidad técnica europeos, o a especificaciones técnicas comunes contempladas en el apartado 2 del artículo 8, o por referencia a especificaciones técnicas nacionales contempladas en las letras a) y b) del apartado 5 del artículo 8.
2. Los poderes adjudicadores que, según lo dispuesto en el apartado 1, admitan variantes, no podrán rechazar una de ellas por el solo motivo de que, de ser elegido daría lugar a un contrato de servicios en vez de un contrato público de suministro con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva.
En el pliego de condiciones, el poder adjudicador podrá solicitar al licitador que le comunique en su oferta la parte del contrato que tenga eventualmente la intención de subcontratar con terceros.
Dicha comunicación no prejuzga la cuestión de la responsabilidad del proveedor principal.
Podrán licitar las agrupaciones de proveedores. No podrá exigirse la transformación de tales agrupaciones en una forma jurídica determinada a efectos de la presentación de la oferta, pero la agrupación seleccionada podrá ser obligada a realizar esa transformación, cuando se le haya adjudicado el contrato, en la medida en que sea necesaria para la correcta ejecución del contrato.
1. En los procedimientos restringidos o en los procedimientos negociados, los poderes adjudicadores, basándose en datos sobre la posición personal del proveedor, así como en los datos y formalidades necesarios para la evaluación de las condiciones mínimas de carácter económico y técnico que éste debe reunir, seleccionarán a los candidatos, a los que invitarán a presentar una oferta o a negociar, entre aquéllos que reúnan las cualificaciones exigidas en los artículos 20 a 24.
2. Cuando los poderes adjudicadores adjudiquen un contrato por el procedimiento restringido, podrán indicar los límites inferior y superior dentro de los cuales deberá situarse el número de proveedores a los que se propongan invitar. En ese caso, los límites inferior y superior se indicarán en el anuncio. Dichos límites se determinarán en función de las características de los productos que deban suministrarse. La cifra más baja no deberá ser inferior a cinco. La cifra superior podrá quedar fijada en veinte.
3. Cuando los poderes adjudicadores adjudiquen un contrato por el procedimiento negociado, en los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 6, el número de candidatos admitidos a negociar no podrá ser inferior a tres, siempre que haya un número suficiente de candidatos adecuados.
4. Cada uno de los Estados miembros velará por que los poderes adjudicadores cursen invitaciones, sin discriminación, a los proveedores de los demás Estados miembros que satisfagan las condiciones exigidas, y en las mismas condiciones que sus propios nacionales.
1. Podrá ser excluido de la participación en el contrato, todo proveedor:
a) que se encuentre en estado de quiebra, de liquidación, de cese de actividades, de intervención judicial, de convenio con los acreedores, o que se encuentre en cualquier situación análoga resultante de un procedimiento similar previsto en la legislación y regulaciones nacionales;
b) que sea objeto de un procedimiento de declaración de quiebra, de liquidación, de intervención judicial, de convenio con los acreedores o de cualquier otro procedimiento similar previsto en la legislación y regulaciones nacionales;
c) que haya sido condenado en sentencia firma por cualquier delito que afecte a su moralidad profesional;
d) que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por algún medio que los poderes adjudicadores puedan justificar;
e) que no esté al corriente en el pago de las cotizaciones de la seguridad social, según las disposiciones legales del país en el que esté establecido o del país del poder adjudicador;
f) que no esté al corriente en el pago de sus impuestos y tributos según las disposiciones legales del país en el que esté establecido o las del país del poder adjudicador;
g) que sea culpable de declaraciones falsas graves al proporcionar la información exigida de conformidad con el presente capítulo.
2. Cuando el poder adjudicador solicite del proveedor la prueba de que no está incurso en los casos a los que se refieren las letras a), b), c), e) o f) del apartado 1, admitirá como prueba suficiente:
- respecto a las letras a), b) o c), un certificado de antecedentes penales o, en su defecto, un documento equivalente expedido por una autoridad judicial o administrativa competente del país de origen o de procedencia que acredite que cumple todos los requisitos;
- respecto a las letras e) o f), un certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate.
3. Cuando el país de que se trate no expida el certificado o documento a que se refiere el apartado 2 o cuando éstos no mencionen todos los casos aludidos en las letras a), b) o c) del apartado 1, los certificados o documentos podrán ser sustituidos por una declaración jurada o en los Estados miembros en los que no exista tal declaración, por una declaración solemne hecha por el interesado ante una autoridad judicial o administrativa competente, un notario o un organismo profesional competente del país de origen o de procedencia.
4. Los Estados miembros designarán a las autoridades y organismos competentes para expedir los documentos, certificados y declaraciones a que se refieren los apartados 2 y 3, e informarán inmediatamente de ello a los demás Estados miembros y a la Comisión.
1. A todo proveedor que desee participar en un contrato público de suministro podrá exigírsele que demuestre su inscripción en un registro profesional o mercantil, en las condiciones previstas en su país de establecimiento o que presente una declaración jurada o certificado a que se hace referencia en el apartado 2.
2. Los registros profesionales o mercantiles y las declaraciones juradas y certificados correspondientes serán los siguientes:
- en Bélgica, «Registre du Commerce» - «Handelsregister»;
- en Dimamarca, «Aktieselskabsregistret», «Foreningsregistret» y «Handelsregistret»;
- en Alemania, «Handwerksrolle» y «Handelsregister»;
- en Grecia, «Viotechniko i Viomichaniko i Emporiko Epimelitirio»;
- en España, «Registro Mercantil», o, en el caso de las personas físicas no inscritas, un certificado que acredite que el interesado ha declarado bajo juramento que ejerce la profesión en cuestión;
- en Francia, «Registre du commerce» y «Répertoire des Métiers»;
- en Italia, «Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» y «registro delle commissioni provinciali per l'artigianato»;
- en Luxemburgo, «Registre aux Firmes» y «Rôle de la chambre des métiers»;
- en los Países Bajos, «Handelsregister»;
- en Portugal, «Registo Nacional das Pessoas Colectivas»;
- en el Reino Unido y en Irlanda, podrá solicitarse al proveedor que presente un certificado del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» indicando que el negocio del proveedor está «incorporated» o «registered» o, si no fuere así, una certificación que precise que el interesado ha declarado bajo juramento ejercer la profesión de que se trate en el país en el que esté establecido en un lugar determinado y bajo una razón comercial determinada.
1. Por regla general, la capacidad financiera y económica del proveedor podrá demostrarse con cualquiera de las referencias siguientes:
a) por medio de las declaraciones bancarias apropiadas;
b) mediante la presentación de balances o de extractos de balances del proveedor, en el caso de que la publicación de los balances esté prescrita por la legislación del país en el que el proveedor esté establecido;
c) por una declaración sobre la cifra global de negocio y la cifra de negocio referente a los suministros objeto del contrato realizados por el proveedor en los últimos tres ejercicios.
2. Los poderes adjudicadores precisarán en el aviso o en la invitación a licitar la referencia o las referencias que hayan escogido, así como cualquier otra referencia, distinta de las mencionadas en el apartado 1, que sirva de prueba y que deba presentarse.
3. Si, por alguna razón fundada, el proveedor no estuviere en condiciones de presentar las referencias que el poder adjudicador le solicite, podrá probar su capacidad económica y financiera mediante cualquier otro documento que dicho poder estime apropiado.
1. La capacidad técnica del proveedor podrá acreditarse por uno o más de los medios siguientes, según la naturaleza, la cantidad y la utilización de los productos que se vayan a suministrar:
a) una relación de las principales entregas efectuadas en los tres últimos años, su importe, sus fechas y sus destinatarios públicos o privados:
- si se trata de suministros con destino a organismos públicos, se probarán las entregas mediante los certificados expedidos o visados por la autoridad competente;
- si se trata de suministros a particulares, las entregas deberán ser certificadas por el comprador o, a falta de éste, simplemente declaradas por el proveedor;
b) una descripción de las instalaciones técnicas del proveedor, de las medidas empleadas por éste para asegurar la calidad y de los medios de estudio y de investigación de su empresa;
c) una indicación de los técnicos o de los organismos técnicos pertinentes, directamente dependientes o no del proveedor, y especialmente los responsables del control de calidad;
d) en lo referente a los productos que se deban suministrar, mediante muestras, descripciones y/o fotografías de los mismos cuya autenticidad pueda certificarse a solicitud del poder adjudicador;
e) mediante certificados expedidos por institutos o servicios oficiales encargados del control de la calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de artículos perfectamente identificados mediante referencias a determinadas especificaciones o normas;
f) en caso de complejidad de los productos que se vayan a suministrar o cuando si, excepcionalmente, deban responder a un fin particular, mediante un control realizado por el poder adjudicador o, en su nombre, por un organismo oficial competente del país en el que esté establecido el proveedor, siempre que medie acuerdo de dicho organismo; este control versará sobre la capacidad de producción y, si fuere necesario, sobre los medios de estudio y de investigación del proveedor, así como sobre las medidas que adopte para controlar la calidad.
2. El poder adjudicador precisará en el anuncio de licitación o en la invitación a licitar, las referencias que desee obtener.
3. El alcance de la información a que se refiere el artículo 22 y los apartados 1 y 2 del presente artículo deberá limitarse al objeto del contrato; el poder adjudicador habrá de tener en consideración los legítimos intereses de los proveedores en lo referente a la protección de sus secretos técnicos o comerciales.
Dentro de los límites que establecen los artículos 20 al 23, el poder adjudicador podrá invitar a los proveedores a que completen los certificados y documentos presentados o a que los hagan más explícitos.
1. Los Estados miembros que posean listas oficiales de los proveedores reconocidos deberán adaptarlas a las disposiciones de las letras a) a d) y g) del apartado 1 del artículo 20, y de los artículos 21, 22 y 23.
2. Los proveedores inscritos en las listas oficiales podrán presentar al poder adjudicador, con ocasión de cada contrato, un certificado de inscripción, emitido por la autoridad competente. Dicho certificado mencionará las referencias que han permitido su inscripción en la lista, así como la clasificación obtenida.
3. La inscripción en las listas oficiales de proveedores certificada por los organismos competentes constituirá para los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros una presunción de aptitud correspondiente a la clasificación de los proveedores únicamente con respecto a las letras a) a d) y g) del apartado 1 del artículo 20, al artículo 21, a las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 22, y a la letra a) del apartado 1 del artículo 23.
No podrá cuestionarse la información que se pueda deducir de la inscripción en las listas oficiales. No obstante, se podrá exigir una certificación suplementaria en lo que se refiere al pago de las cotizaciones de la seguridad social de cualquier proveedor inscrito, con ocasión de cada contrato.

References: artículo 11
 artículo 9
 artículo 31
 artículo 9
 artículo 32
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 22
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 23