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Timestamp: 2018-04-24 06:57:29+00:00

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La gangrena – Las cuatro esquinas del mundo
Publicado el 12 mayo, 2016 12 mayo, 2016 de Tsevan Rabtan
Este asunto hiede. Como hiede que El Diario, por lo que leo, escoja parte de la conversación entre el magistrado Alba y el imputado Ramírez, sin incluir otras partes que explican que el juez, en esa misma conversación, manifiesta obrar así por, digámoslo de esta forma, su interés en restaurar la justicia y la necesidad de igualdad de partes.
Porque esto es acojonante:
Juez Salvador Alba: “Cuando yo te haga esas preguntas y tú contestes, lo que sí tienes que decir es que voluntariamente, porque si yo te requiero no me sirve.Voluntariamente yo esto lo puedo demostrar, ¿sí?”.
Pero esto también lo es:
“A mí lo que me toca los cojones es que se haya estado contaminando ese procedimiento durante dos años, utilizándolo para una cosa o para la otra, que me da lo mismo”, le confesó Alba a Ramírez, para, a continuación, insultar directamente a Rosell: “Yo sé que ésta es una cabrona, una hija de puta, pero me da lo mismo. Pero lo ha estado utilizando [la causa abierta contra Ramírez] y eso es lo que no se puede consentir. Entonces los jueces estamos aquí para controlar esto, que no pasen esas cosas, porque oye, aquí hay que ir con igualdad de armas. Si a ti te han estado jodiendo durante dos años, tres años, profesionalmente y personalmente, que sea por algo, pero no porque aquí yo [en alusión a Rosell] tengo esto… no hombre no…”
Un sumario, que, por otra parte, en su opinión, “se tenía que haber terminado a los seis meses de empezar” y no permanecer “dos años parado con cuatro gilipolleces, con cuatro chorradas”. “¿Porqué paras ese procedimiento? ¿Para que para? Para joderte o para beneficiarte, me da lo mismo la motivación que tenga. Si es para joderte, mal. Si es para beneficiarte, mal. Porque entiendo que se está beneficiando ella, y para eso no estamos. Entonces, en cualquier caso, eso, tiene que terminar”, detalla la transcripción.
No conozco el caso más que superficialmente y por lo que he leído en los periódicos. Y es importante escuchar la conversación entera o leer la transcripción íntegra, pero es evidente que, de ser auténtica (y no quedar desvirtuada de alguna forma por el resto), este magistrado debe ser apartado inmediatamente y habría cometido una irregularidad gravísima, quizás un delito.
Es indiferente que su finalidad fuese dejar en evidencia una posible prevaricación de Rosell (al margen de que se traslucen malas relaciones personales como motivo de fondo). Un juez de instrucción no debe conspirar con un imputado, pactando el contenido de preguntas y respuestas y la aportación de documentos, para conseguir un fin espurio al procedimiento del que se ocupa.
El desánimo que produce esto, no solo en los ciudadanos, sino en las personas que intentan realizar su trabajo confiando en que los jueces, al margen de los errores que puedan cometer y al margen de las discrepancias que uno tenga sobre sus resoluciones, actuarán decentemente, es tan enorme que solo una actuación contundente de las instituciones puede restaurar esa confianza.
Hay que destapar esto. Sacarlo a la luz y aventarlo. Mirarlo con lupa de arriba abajo. Mirar también con lupa la instrucción de la juez Rosell y las relaciones de su pareja con el imputado. Porque esta grabación, si es auténtica, no exonera a Rosell, por más que algunos parezcan pretenderlo.
Lo que es inadmisible es que este espectáculo continúe un segundo más.
NOTA: Pregunta Mercutio esto:
@Tsevanrabtan Una pregunta. ¿En España no estaba prohibido grabar a nadie sin su consentimiento expreso, o lo soñé?
— Mercutio (@Mercutio_M) May 12, 2016
No, no está prohibido cuando uno es una de las personas que interviene en la conversación. Y tampoco se puede alegar infracción de la LOPD.
Copio parte de un auto (auto 172/2013 de 28 de junio de la Sección 4ª) de la Audiencia Nacional que resume muy bien la jurisprudencia:
“a) Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
1.- La paradigmática STC n° 114/1984, de 29-11 (RTC 1984, 114) (ponente Luis Diez-Picazo y Ponce de León), en sus Fundamentos Jurídicos 7º y 8° estableció las líneas básicas, que luego se han mantenido en el tiempo, sobre la distinción entre la grabación de una conversación “de otros” y la grabación da una conversación “con otros”. Se indica lo siguiente:
“El derecho al “secreto de las comunicaciones…salvo resolución judicial” no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del “secreto”- la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo).
No hay “secreto” para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el artículo 18.3 CE la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, poro ni aun considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones.
Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el articulo 18.3 CE ; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado”.
“En la conversación telefónica grabada por el interlocutor del hoy demandante de amparo no hubo, por razón de su contenido, nada que pudiera entenderse como concerniente a su “vida intima” ( articulo 7.1 LO 1/1982 ( RCL 1982, 1197 ) ) o a su “intimidad personal” ( artículo 18.1 CE ), de tal forma que falta el supuesto normativo para poder configurar como grabación ilegítima la obtenida de la conversación que aquí se considera.
No constituye contravención alguna del secreto de las comunicaciones la conducta del interlocutor en la conversación que graba éste (que graba también, por lo tanto, sus propias manifestaciones personales). La grabación en sí -al margen su empleo ulterior- sólo podría constituir un ilícito sobre la base del reconocimiento de un hipotético “derecho a la voz” que no cabe identificar en nuestro ordenamiento, por más que sí pueda existir en algún Derecho extranjero. Tal protección, de la propia voz existe sólo, en el Derecho español, como concreción del derecho a la intimidad y, por ello mismo, sólo en la medida en que la voz ajena sea utilizada “ad extra” y no meramente registrada, y aun en este caso cuando dicha utilización lo sea con determinada finalidad ( artículo 7.6 de la citada LO 1/1982 “utilización de la voz de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”)”.
2.- la STC n° 70/2002 , de 34 (RTC 2002, 70) (ponente Fernando Garrido Falla), en su Fundamento Jurídico 9º, reitera la doctrina marcada en la anterior sentencia 114/1984 , al decir que:
“Nuestra jurisprudencia al respecto -desde la STC 114/1984, de 29 de noviembre , FJ7- puede resumirse en los siguientes puntos: Se garantiza la impenetrabilidad de la comunicación para terceros; sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de comunicación, la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación misma” ( STC 114/1984, de 29 de noviembre , FJ7)”.
3.- Y más recientemente, la STC n° 56/2003, de 24-3 (RTC 2003, 56) (ponente Elisa Pérez Vera), en su Fundamento Jurídico 3º, vuelve a apoyarse en la primera sentencia citada, y por tanto en la doctrina que instituyó, al expresar que:
“Por otra parte, en la citada STC 114/1984, de 29 de noviembre , ya señalábamos que “no hay secreto para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el artículo 18.3 CE la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caco) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aún considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones” (FJ 7). Más adelante también se indicaba que “Quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato amplificador de la voz que permite captar aquella conversación a otras personas presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a otros entrase en la esfera “íntima” del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho garantizado en el artículo 18.1 CE . Otro tanto cabe decir, en el presente caso, respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica. Este acto no conculca secreto alguno impuesto por el artículo 18.3 y tan sólo, acaso, podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. Por lo que a esta última dimensión del comportamiento considerado se refiere, es también claro que la contravención constitucional sólo podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión ( artículo 18.1 CE ). Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el artículo 18.3 CE ; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este sólo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex artículo 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección, de la esfera íntima personal ex articulo 18.1; garantía ésta que, “a contrario”, no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación humana”.
b) Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La línea jurisprudencial iniciada por el Tribunal Constitucional viene siendo desarrollada desde entonces por diversas sentencias del Tribunal supremo (en adelante STS) cuando abordan la materia cuestionada por los apelantes, manteniendo un criterio totalmente opuesto a la tesis de éstos, como seguidamente comprobaremos.
1.- La STS n° 727/2011, de 6-7 (RJ 2011, 5348) (ponente Diego Ramos Gancedo), al resolver un recurso de casación derivado de la comisión de los delitos de acusación falsa y falso testimonio, en su Fundamento Jurídico 3ª índica:
“El Tribunal Constitucional había establecido en la sentencia n° 114/1984 de 29 de noviembre de 1984 (RTC 1984, 114) que para que pueda hablarse de violación del secreto de las comunicaciones es imprescindible que la intervención se produzca por quienes son ajenos a la comunicación misma. Así, decía que “…no hay secreto para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la CE la retención por cualquier medio del contenido del mensaje…”. Y que “…Quien graba una conversación de otros atenta…al derecho reconocido en el artículo 18.3 de la CE . Por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraría al precepto constitucional citado…”. La STS de 11 de mayo de 1994 (RJ 1994, 8170) se hizo eco de este criterio al establecer que es el propio interesado quien exterioriza sus pensamientos sin coacción de ninguna especie, y que el artículo 18.3 de la CE no garantiza el mantenimiento del secreto de lo que un ciudadano comunica a otro. La STS de 1 de marzo de 1996 (RJ 1996, 1886) estableció (en un caso de delito de tráfico de estupefacientes) que era válida la grabación hecha por un particular porque “…la cuestión de la validez de una grabación subrepticia de una conversación entre cuatro personas realizada por una de ellas sin advertírselo a los demás, no ataca a la intimidad ni al derecho al secreto de las comunicaciones, ya que las manifestaciones realizadas representaban la manifestación de voluntad de los intervinientes que fueron objeto de grabación de manera desleal desde el punto de vista ético pero que no traspasan las fronteras que el ordenamiento jurídico establece para proteger lo íntimo y secreto. El contenido de la conversación pudo llegar al proceso por la vía de su reproducción oral si alguno de los asistentes recordaba fielmente lo conversado o mediante la entrega de la cinta que recogía textualmente, con mayor o menor calidad de sonido, el intercambio de palabras entre todos los asistentes. Cuando una persona emite voluntariamente sus opiniones o secretos a un contertulio sabe de antemano que se despoja de sus intimidades y se las transmite, más o menos confiadamente, a los que le escuchan, los cuales podrán usar su contenido sin incurrir en ningún reproche jurídico…”.
Si el testigo de referencia se provee de una grabación y aporta la cinta al Juzgado, cumplidos los restantes requisitos (disponibilidad, acreditación de ausencia de manipulación, transcripción con la fe del Secretario Judicial, etc.), esa referencia quedará evidentemente reforzada”.
2.- La STS n° 682/11, de 24-6 (RJ 2011, 5133) (ponente Francisco Monterde Ferrer), referida a hechos constitutivos de delitos contra la libertad sexual, en su Fundamento Jurídico 6° hace mención a otras sentencias del mismo órgano judicial donde asimismo se ha mantenido la misma postura:
“La jurisprudencia ha señalado que la grabación que un particular haga de sus propias conversaciones, telefónicas o de otra índole, no suponen el atentado al secreto de las comunicaciones ( STS de 20-2-2006 (RJ 2006, 2151) ; STS de 28-10-2009, núm. 1051/2009 (RJ 2009, 7809) ). E igualmente ha precisado la STS de 25-5-2004, núm. 684/2004 (RJ 2005, 4093) que las cintas grabadas no infringen ningún derecho, en particular el artículo 18.3 CE , debiendo distinguir entre grabar una conversación de otros y grabar una conversación con otros. Pues no constituye violación de ningún secreto la grabación de un mensaje emitido por otro cuando uno de los comunicantes quiere que se perpetúe.
Además, -como recuerda la STS de 11-3-2003 núm. 2190/2002 -, la STS de 1-3-96 (RJ 1996, 1886) , ya entendió que no ataca el derecho a la intimidad, ni al secreto de las comunicaciones, la grabación subrepticia de una conversación entre cuatro personas, realizada por una de ellas. Y la STS 2/98 de 29 de julio , dictada en la causa especial 2530/95, consideró que tampoco vulneran tales derechos fundamentales las grabaciones magnetofónicas realizadas por particulares de conversaciones telefónicas mantenidas con terceras personas, ya que el secreto de las comunicaciones se refiere esencialmente a la protección de los ciudadanos frente al Estado.
Finalmente, cabe traer a cuenta que la STS 9-11-2001, núm. 2081/2001 (RJ 2001, 9695) , precisa que, de acuerdo con la doctrina sentada por esta Sala en sentencias como la de 30-5-1995 y 1-6-2001 (RJ 2001, 7178) , el secreto de las comunicaciones se vulnera cuando un tercero no autorizado interfiere y llega a conocer el contenido de las que mantienen otras personas, no cuando uno de los comunicantes se limita a perpetuar, mediante grabación mecánica, el mensaje emitido por el otro. Aunque esta perpetuación se haya hecho de forma subrepticia y no autorizada por el emisor del mensaje y aunque éste haya sido producido en la creencia de que el receptor oculta su verdadera finalidad, no puede ser considerado el mensaje secreto e inconstitucionalmente interferido: no es secreto porque ha sido publicado por quien lo emite y no ha sido interferido, en contra da la garantía establecida en el articulo 18.3 CE , porque lo ha recibido la persona a la que materialmente ha sido dirigido y no por un tercero que se haya interpuesto. Cosa completamente distinta es que el mensaje sea luego utilizado por el receptor de una forma no prevista ni querida por el emisor, pero esto no convierte en secreto lo que en su origen no lo fue. Es por ello por lo que no puede decirse que, con la grabación subrepticia de la conversación de referencia se vulneró el derecho fundamental al secreto de-las comunicaciones y que tal infracción deba determinar la imposibilidad de valorar las pruebas que de la grabación se deriven”.
3.- La STS n° 239/2010, de 24-3 (RJ 2010, 5533) (ponente Juan Ramón Berdugo y Gómez de la Torre), en el enjuiciamiento de un caso de apropiación indebida, reproduce la línea jurisprudencial que examinamos en su Fundamento Jurídico 3º, poniendo énfasis en el derecho al secreto de las comunicaciones, con la novedad de referirse igualmente a la obligación legal de denunciar ciertos hechos con apariencia delictiva de que se tenga conocimiento. Dice así:
“Es reiterada jurisprudencia del T.C., seguida por el T.S. e iniciada por la sentencia del T.C. n° 114/1984 de 29 de noviembre (RTC 1984, 114) , la que establece” que el derecho al secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la intercepción en sentido estricto, como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado. Sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de comunicación, la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación misma. La presencia de un elemento ajeno a aquellos entre los que media el proceso de comunicación, es indispensable para configurar el ilícito constitucional aquí perfilado. No hay secreto para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el artículo 18.3 CE la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje.
Quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato amplificador de la voz que permite captar aquella conversación a otras personas presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a otros entrase en la esfera íntima del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho garantizado en el artículo 18.1 CE . Otro tanto cabe decir, en el presente caso, respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica. Este acto no conculca secreto alguno impuesto por el artículo 18.3 y tan sólo, acaso, podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. Por lo que a esta última dimensión del comportamiento considerado se refiere, es también claro que la contravención constitucional sólo podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión ( artículo 18.1 CE ). Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el artículo 18.3 CE ; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Añadiendo que si “se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex articulo 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera intima personal ex artículo 18.1, garantía ésta que, a contrario, no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación humana”.
Doctrina que ha sido seguida en sentencias como la del T.C. n° 56/2003 de 24 de marzo (RTC 2003, 56) y sentencias del TS. de 11 de mayo de 1994 (RJ 1994, 3687) , 30 de mayo de 1995 y 20 de mayo de 1997 (RJ 1997, 4263) , exponiendo esta última que: a) “no existe una vulneración del derecho a la intimidad cuando el propio recurrente es el que ha exteriorizado sus pensamientos sin coacción de ninguna especie; tal exteriorización demuestra que el titular del derecho no desea que su intimidad se mantenga fuera del alcance del conocimiento de los demás; pretender que el derecho a la intimidad alcanza inclusive al interés de que ciertos actos, que el sujeto ha comunicado a otros, sean mantenidos en secreto por quien ha sido destinatario de la comunicación, importa una exagerada extensión del efecto horizontal que se pudiera otorgar al derecho fundamental a la intimidad; dicho en otras palabras: el artículo 18 CE no garantiza el mantenimiento del secreto de los pensamientos que un ciudadano comunica a otro”, y b) “pretender que la revelación realizada por el denunciante de los propósitos que le comunicaron los acusados vulnera un derecho constitucional al secreto, carece de todo apoyo normativo en la Constitución; de ello se deduce sin la menor fricción que la grabación de las palabras de los acusados realizada por el denunciante con el propósito de su posterior revelación no vulnera ningún derecho al secreto, ni a la discreción, ni a la intimidad del recurrente; la Constitución y el Derecho ordinario, por otra parte, no podrían establecer un derecho a que la exteriorización de propósitos delictivos sea mantenida en secreto por el destinatario de la misma; en principio, tal derecho resulta rotundamente negado por la obligación de denunciar que impone a todos los ciudadanos el artículo 259 de la L.E.Cr . (LEG 1882, 16) , cuya constitucionalidad no ha sido puesta en tela de juicio por ninguno de los sujetos del presente proceso”.
En definitiva, la grabación por uno de los interlocutores de la conversación no conculca derecho alguno impuesto por el articulo 18.3 CE , quien graba una conversación “de otro” atenta independientemente de toda otra consideración al derecho reconocido en el articulo 18.3 CE ; por el contrario, quien graba una conversación “con otro” no incurre por este solo hecho en conducta contraria al precepto constitucional citado.
Por ello no constituye contravención alguna al secreto de las comunicaciones la conducta del interlocutor en la conversación, que graba ésta -que graba también, por tanto, sus propias manifestaciones personales-; la grabación en si, al margen de su empleo ulterior, sólo podría constituir un delito sobre la base del reconocimiento de un hipotético “derecho a la voz”, que no cabe identificar en nuestro ordenamiento, por más que si pueda existir en algún Derecho extranjero.”
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2 comentarios en “La gangrena”
pepe	 12 mayo, 201610:57 am UTC
Que le cause desazón a usted, con su experiencia lidiando con jueces, es un alivio. Lo inquietante sería que nos dijera que componendas así son el pan de cada día.
Marta	 13 mayo, 201612:11 pm UTC
Una cosa es que no se anulen las grabaciones hechas por uno de los que intervienen en la conversación, y que tales grabaciones puedan utilizarse en defensa del que las graba, o en contra, o en conjunto, y otra cosa muy diferente es vender a la prensa la intimidad de la persona grabada.
Una cosa es violación del secreto de las comunicaciones, y otra es violación de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la intimidad, o a que sea difundida la voz, que es una de las expresiones o manifestaciones de la persona (su imagen, su voz, que se lo pregunten a las discográficas) o sus palabras (que se lo pregunten a las editoriales).
Aquí cada vez se está hilando más fino, pero es lo que pasa cuando se empieza examinar las moléculas jurídicas.
Si usted me invita a su domicilio, y voy, la entrada en su domicilio no es un delito de allanamiento de morada. Pero si entro en su cuarto de baño (con su permiso) y sin que usted lo sepa saco, por ejemplo, y además de otras muchas fotografías de su cocina, de su despacho, de su cuarto de estar, una fotografía de la ropa interior que tiene usted tirada en la ducha, un poco asquerosilla, y las fotografías la vendo en la prensa, algo hay que nos dice no sólo que eso está mal, sino que está muy mal, y que está en contra de muchos derechos fundamentales de protección de la persona.
Aunque no se conculque el secreto de las comunicaciones, difundir la grabación en la prensa ( y dejando al margen que sea verdadera, o que esté íntegra, o que no se haya manipulado) conculca derechos fundamentales de la persona.

References: resolución 
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 7
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
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 resolución 
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
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 artículo 18
 artículo 259