Source: http://attacmurciavarios.blogspot.com.es/2009/07/
Timestamp: 2017-05-23 03:21:01+00:00

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ATTAC MURCIA - ACTIVIDADES Y VARIOS: julio 2009
La cooperación al desarrollo proclama principios solidarios ("La política de cooperación internacional al desarrollo expresa la solidaridad del pueblo español con los países en desarrollo y, particularmente, con los pueblos más desfavorecidos de otras naciones", dice la Ley de 1998), pero su naturaleza fundamental es económica: la gestión de un flujo de recursos, de "ayuda", Norte-Sur. Se trata de una "economía de la oferta", determinada siempre, a corto o largo plazo, por los intereses del donante, en forma de retornos económicos y políticos, incluyendo la propagación de su sistema de valores y la aceptación de las jerarquías que rigen el "orden internacional". Es por ello estructuralmente desigualitaria: en el mejor de los casos, se plantea disminuir las desigualdades "extremas" (la "extrema pobreza"), pero acepta como naturales, inevitables o incluso positivas las desigualdades básicas de la sociedad capitalista. En nombre de la solidaridad, la cooperación al desarrollo difunde la lástima. Cuando responde a motivaciones nobles, al horror ante el sufrimiento y la miseria ajena, la lástima merece respeto. Pero no es solidaridad. La solidaridad implica una fraternidad [2], un compromiso con la emancipación de las y los desposeídos, una causa común en el Norte y en Sur, una acción política. Dentro del "contenedor-cooperación al desarrollo" pueden tener y tienen cabida militancias solidarias, pero en situación conflictiva, en una lucha dispar contra la corriente mercantilizadora que domina hoy la cooperación al desarrollo. Precisamente por haber vivido esas contradicciones durante muchos años, y tener amigas y amigos que las siguen viviendo, en organizaciones con muy distintos perfiles ideológicos, he cuidado especialmente que las opiniones críticas, que son también autocríticas, no oculten el respeto a quienes intentan cada día que su trabajo sea coherente con su compromiso militante. Del "voluntario" al "profesional" El paso de arquetipo del "voluntario" al arquetipo del "profesional" es una muestra significativa de la evolución de las ONGD españolas en los últimos veinte años. El "voluntario" representó la personificación del "compromiso social" [3] que era considerada la forma genuina de la solidaridad, frente a la crisis del "compromiso político" encarnado en la figura del "militante". La calidad del voluntariado se basaba en la naturaleza moral, no "ideológica" o "política", de su compromiso, identificado con una causa genérica ("la lucha contra la pobreza"), no con un programa concreto, y en el carácter gratuito de sus servicios a la organización. Y la calidad de una ONGD tenía entre sus criterios fundamentales de medida el número de "voluntarios", que siempre debía multiplicar el de "profesionales". Todavía hoy, en las estadísticas de las ONGD se encuentran datos de voluntariado, pero en la realidad su influencia es marginal y, frecuentemente, es sólo una situación previa a la consecución de empleo. Paradójicamente, el voluntariado ha reaparecido en escena, pero ahora vinculado a las grandes campañas de la política-espectáculo. En un reportaje publicado en El País [4], Juan Verde, asesor de Obama y miembro del Comité de Estrategia de su campaña, explica sin eufemismos la función que atribuye al voluntariado: "Es cierto que en Estados Unidos hay una cultura muy extendida de la asociación cívica. Es el país que más se involucra en proyectos de voluntariado del mundo. Pero creo que eso también terminará llegando aquí, porque el potencial es enorme y porque además, España también lo tiene. En Navidad se dona muchísimo dinero y cuando hay una catástrofe, los españoles siempre se vuelcan. Creo que aquí no se ha explotado aún el potencial del voluntariado porque los partidos no se han atrevido a romper con sus viejas estructuras, y hoy por hoy, siguen insistiendo en los militantes, pero llegará. Les necesitan. Obama no tenía fondos para hacer su campaña y consiguió que tres millones y medio de personas le dieran dinero gracias a los voluntarios". Esta función subalterna e instrumental de voluntariado, orientada a proporcionar trabajo gratuito con el objetivo prioritario de vincular la recaudación de fondos con la adhesión a una "causa" (desde este punto de vista, un liderazgo carismático desempeña una función mítica similar al discurso habitual sobre "la lucha contra pobreza"), conecta bien con el modelo dominante de ONGD, pero ha perdido en el camino su contenido moral. La leyenda del cooperante El sustituto moral del voluntario es ahora el "cooperante". José María Medina, cuando era presidente de la CONGDE (Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España), definió así sus características: "La figura del cooperante es la de un profesional que está contratado laboralmente por una entidad pública o privada promotora de la cooperación (…) Un cooperante que está contratado laboralmente tiene que rendir a la organización que lo contrata un trabajo y desarrollar las funciones para las cuales ha sido contratado, podrá ejercer tareas de voluntariado en su tiempo libre" [5]. El cooperante es pues un "profesional" al servicio de la organización que lo contrata, pero a la vez funciona como una categoría simbólica mediante la cual las ONGD valoran su propio trabajo. Así, presentando el Estatuto del Cooperante, aprobado en abril de 2006, el entonces portavoz de la CONGDE, Félix Fuentenebro, afirmó que "no sólo era una deuda legal, sino también una deuda moral" [6]. A la vez, una nota de la CONGDE desarrolló el símbolo en los términos hiperbólicos siguientes: "Es remarcable el reconocimiento, la consideración, la atención y el respeto que la sociedad civil otorga a los y las cooperantes. El personal cooperante compromete y expone la totalidad de su persona en su trabajo cotidiano, convirtiéndose en muchos casos, en el 'emisario de solidaridad', en el lado humano de la cooperación, en la figura que pone cara a la solidaridad y en el encargado de proyectar la imagen solidaria de España en el exterior. Los cooperantes, como responsables últimos -y con frecuencia principales- del modo en que se lleva a cabo la cooperación, tienen en sus manos una parte fundamental del éxito o fracaso de ésta" [7]. Merece la pena comentar este texto que, a mi parecer, resume todos los tópicos de la leyenda del cooperante. Empezando por lo más obvio, las y los cooperantes no son, ni deben ser "responsables últimos –y con frecuencia principales– del modo en que se lleva a cabo la cooperación". No lo son, porque la inmensa mayoría de los fondos de la cooperación al desarrollo se gestionan sin cooperantes, sea por vía bilateral o multilateral. Y no deben serlo porque si se entiende la cooperación como una acción social y no simplemente como una tarea de gestión técnico-administrativa, la responsabilidad en la identificación y en la ejecución de los proyectos debe estar en manos de las organizaciones del Sur, y las tareas de las y los cooperantes deberían limitarse al acompañamiento y la colaboración técnico-administrativa. Pasando a un tema más delicado, no es verdad que "el personal cooperante compromete y expone la totalidad de su persona en su trabajo cotidiano". Salvo casos excepcionales, el trabajo del cooperante tiene condiciones de vida, horas de trabajo, vacaciones, incomodidades y compensaciones… que ciertamente incorporan en muchos casos motivaciones solidarias, pero en muchos otros son empleos, bien y a veces muy bien pagados, sin especiales contenidos morales. Una entrega excepcional sólo se da en situaciones extremas de "crisis humanitarias", o precisamente, cuando el cooperante hermana su trabajo con el compromiso militante en los conflictos sociales y políticos. Es reconfortante comprobar cómo quienes así lo hacen, y en condiciones especialmente arriesgadas, lo cuentan con naturalidad, sin el tono épico y patriótico (¡"proyectar la imagen solidaria de España en el exterior"!…) del texto que comentamos. Así, Alberto Arce, que hizo una formidable labor solidaria durante la ocupación de Gaza por las tropas israelíes a comienzos de año, explica así su trabajo: "No, no. Yo no soy médico. Yo soy cooperante, periodista, responsable de comunicación y sensibilización de ONG. Mi perfil laboral es comunicar y sensibilizar desde el mundo de la cooperación. No soy médico. Yo estudié Ciencias Políticas. No tengo más formación sanitaria que unos cursillos de primeros auxilios y los guantes que llevo. Lo que hacemos en las ambulancias es que cuando un misil impacta sobre una casa o sobre cualquier lugar y se producen heridos y muertos, pues las ambulancias inmediatamente van a evacuarlos, y en cada ambulancia habitualmente va un conductor, un médico y un auxiliar o un camillero, y yo hago esa función auxiliar (…). El resto del tiempo trato de escribir, hablar, informar y comunicarme para que todo el mundo sepa lo que está pasando aquí. Sobre todo cuando Israel ha decidido que no haya testigos, que no haya periodistas occidentales en la Franja de Gaza, trato desde aquí de ejercer mi rebeldía contra la decisión israelí y demostrarles que no hace falta tener el quinto, el tercer o el segundo ejército más poderoso del mundo para responderles, sino que cualquier simple activista, si quiere y se lo propone, puede responder al Estado de Israel" [8]. No se puede explicar mejor la vinculación entre cooperante y militante. Una vinculación que no entra en el campo de visión de la CONGDE. El tecnócrata compasivo Pero finalmente, no son las y los cooperantes quienes dirigen las ONGD; en general, su influencia se limita, como mucho, a los proyectos en los que participan. Las ONGD se dirigen desde organismos y equipos situados en el país donante, en los que desempeñan un papel decisivo los "profesionales". Aquí las relaciones entre el trabajo de cooperación y la militancia solidaria son aún más complejas que en el "terreno". Los problemas empiezan en el concepto mismo de "profesional". Es obvio que el trabajo de cooperación requiere la colaboración de especialistas en determinadas áreas: arquitectura, medicina, ingeniería, comunicación, economía, enseñanza… Es obvio también que la formulación y gestión de proyectos debe hacerse bien, lo cual requiere que quienes lo hacen tengan un nivel adecuado de formación, conocimientos técnicos, experiencia, etc... Y debería ser obvio, pero no lo es siempre, que quienes trabajan en ONGD tienen los derechos básicos laborales y sindicales que corresponden a su cualificación y a su contrato y deben ejercerlos sin ninguna limitación. Pero la figura del "profesional" que se está imponiendo con fuerza irresistible en la cooperación al desarrollo tiene otros fundamentos. A partir del momento en que el donante decide las características esenciales de la acción de cooperación, las personas encargadas de la ejecución-subcontrata responden al modelo de técnicos de cultura empresarial y políticamente disciplinados (lo que se suele calificar como "apolíticos"). Hasta ahora éste era el perfil profesional de las empresas consultoras. Ahora ha impregnado a las ONGD, añadiéndole un barniz asistencial (según un bobo eufemismo al uso: se trataría de combinar la "calidad" con la "calidez"): así ha surgido el tecnócrata compasivo, que se mueve con soltura, y sin apreciar cambios de entorno, en las puertas giratorias que comunican empresas privadas+agencias de cooperación públicas+ONGD. Liberarse de esta presión es extremadamente difícil. La creciente complejidad técnica de la ejecución de proyectos y la hipertrofia presupuestaria en que han caído muchas ONGD, hipnotizadas por el ansia de crecimiento, absorben por completo el tiempo de trabajo y desplazan la militancia, cuando se tiene la voluntad de hacerla, hacia las "horas libres". En principio, podríamos considerar que éste es un esfuerzo importante, pero nada excepcional: así funcionan los movimientos sociales, que están formados mayoritariamente por personas que militan después de la jornada laboral en la que se ganan la vida; la distinción entre "voluntario" y "militante" en términos de interés material es pura ideología posmoderna. Pero la contradicción aparece cuando se quiere hermanar el trabajo y el compromiso solidario, cuando se rechaza la esquizofrenia de comportarse como un(a) tecnócrata de la cooperación en horario laboral y como un(a) militante de la solidaridad fuera de la oficina. La solidaridad es una compañera incómoda del trabajo de cooperación: obliga a ser especialmente exigente no sólo en los resultados contables, sino en las consecuencias sociales de las acciones; a trabajar pensando en primer lugar en las personas y las organizaciones con las que compartimos el proyecto, y no en las evaluaciones y auditorías de los donantes; a plantearse preguntas incómodas (por ejemplo: ¿por qué a trabajo igual hay diferencias salariales tan importantes entre el "personal local" y el "personal expatriado", por qué los cooperantes no pagan impuestos en el país en el que residen y cuya infraestructura y servicios, por modestos que sean, utilizan?...); a considerar que el compromiso social y político con la gente del Sur va más allá de la ejecución de proyectos; a asumir todos los conflictos que genera este compromiso frente a donantes y empresas de tu propio país… No creo que se puedan eludir por completo estas contradicciones; al menos yo no fui capaz de hacerlo. Pero sí se debe reconocerlas, buscar cómo afrontarlas y asumir los riesgos de la coherencia cuando se plantean conflictos abiertos en los que hay que elegir campo. La tecnocracia compasiva está vaciando de contenido solidario la cooperación al desarrollo. Hay que oponerle alternativas en el discurso y en la práctica. No faltarán ocasiones para hacerlas visibles. Por ejemplo, durante la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre del año 2010. Notas [1] He escrito anteriormente sobre este tema. Por ejemplo, "La solidaridad de mercado", en Luis Nieto (coord.) (2002): La ética de las ONGD y la lógica mercantil, Icaria, Barcelona (2002). [2] Doménech, Antoni (2004): El eclipse de la fraternidad, Barcelona, Crítica. [3] Joaquín García Roca ha escrito muchos textos de referencia con este punto de vista. Ver, por ejemplo: Solidaridad y voluntariado, Editorial Sal Terrae, Santander, 1998.[4] Natalia Junquera: "El voluntario sale a escena. Los políticos descubren el potencial ciudadano, animados por Obama y obligados por la crisis", El País, 02/03/2009. [5] Ver en: www.amecopress.net. [6] Ver en: www.canalsolidario.org [7] Ver: www.solidaridad.universia.es/archivos pdf/Estatuto.pdf [8] Ver entrevista en Radio Mundo Real: www.radiomundial.com.ve Miguel Romero es periodista y editor de la revista Viento Sur. Hasta febrero de 2009 formó parte del equipo técnico de la ONGD Acsur-Las Segovias. Revista Pueblos, 37, junio 2009 Publicado por
Un año más, los dirigentes de los ocho países más poderosos del planeta se han reunido la semana pasada para articular estrategias e intercambiar sus recetas neoliberales frente a la crisis. Toman decisiones que rara vez transcienden, al contrario que la gran difusión que reciben los mensajes mediáticos que emiten al final de los encuentros, dirigidos a escenificar su pretendida sensibilidad social con los más desfavorecidos. Esta vez en Italia le ha tocado a la lucha contra el hambre en el mundo y ante la amenaza de crisis alimentaria se han comprometido a crear un fondo de 20.000 millones de dólares en un período de tres años, con el apoyo de media docena de países emergentes “invitados” a la cumbre, entre ellos España. Es evidente que se trata de una cantidad ridícula para la magnitud del problema, pero aún así está por ver si por una vez cumplen los compromisos adquiridos. En la cumbre del G8 en L’Áquila se han abordado temas que en principio afectan al conjunto de la humanidad, como es la necesidad de abordar una agenda global, o los problemas del cambio climático, pero hay que subrayar que los países más ricos han ignorado totalmente la Resolución de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo, celebrada del 24 al 26 de junio de 2009 en la Sede de Nueva York,. Lógico si se sabe que este club privado que es el G8 ya hizo todo lo posible por boicotearla. Sin embargo, la Conferencia de NU sobre la crisis financiera puede tener más trascendencia para la mayoría de la población que muchas cumbres del G8. Sin duda es un proceso que conviene apoyar, aunque sea de forma crítica, para hacer ver a la sociedad que el marco internacional legítimo para debatir la crisis y sus salidas no es el G8 ni el G20, sino el G192, en una ONU que por supuesto ha de ser reformada, pero que hoy por hoy es de los pocos foros mundiales – si no el único- donde los gobiernos, sin exclusiones, pueden plantear sus exigencias. Es cierto que los pasos dados en el proceso abierto por la Conferencia de NU, tanto en sus trabajos preparatorios y como en la Resolución que ha conseguido aprobar, resultan muy insuficientes. El informe Stiglitz1, base argumental de las propuestas de reforma del Sistema Monetario y Financiero Internacional que plantea el Presidente de la Asamblea General (PAG), ataca la deriva neoliberal del capitalismo, pero no la esencia de éste. Y las 6 líneas prioritarias de acción que la Propuesta de Resolución remitida por el PAG el 8 de mayo2 se quedan extremadamente cortas. Los estímulos globales propuestos, por ejemplo, aceptan la lógica del insostenible modelo de desarrollo global actual y vuelven a basarse casi exclusivamente en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Rechazable es también su propuesta de proceder a una simple reestructuración de la Deuda, y la de plantear los Derechos Especiales de Giro (DEG) como nuevo sistema de Reserva Monetaria Mundial, lo que implica reforzar al FMI, sin tan siquiera contemplar una reforma en profundidad de esta institución, y mucho menos su sustitución, como muchos defendemos. Aún con estas limitaciones, el proceso puesto en marcha por NU merece un apoyo efectivo y visible desde los movimientos sociales para terciar en la pugna que el PAG está manteniendo con los Gobiernos del G8 e incluso del G20. La preparativos de la Conferencia han dado buena muestra de las maniobras de intimidación que ha sufrido Miguel D’Escoto como PAG y que se concretaron en la sesión del 8 de mayo cuando el grupo de representantes de los países occidentales se rebeló contra la Propuesta de Resolución que les presentó el PAG. El propio “cofacilitador” holandés que había ayudado al PAG a elaborar el Documento de Recomendaciones de 29 de abril3 se puso a la cabeza de la rebelión argumentando que el documento que D’Escoto presentaba a la AG no era el que él había ayudado a confeccionar sino uno diferente, y acusándole abiertamente de no reflejar el resultado de las negociaciones entre el PAG y los Estados. En esa sesión del 8 de mayo, el Padre Miguel, pese a argumentar que la Propuesta de Resolución reflejaba el sentir de la mayoría de los países miembros de la ONU, perdió claramente la confrontación con los países ricos, que le forzaron no solo a retrasar la Conferencia del primeros a fines de junio, sino a sacar un segundo Borrador de Resolución4, muy modificado, para ser sometido a discusión. La Conferencia de la ONU de finales de junio sobre la crisis no ha sido pese a todo un fracaso, como muchos países occidentales deseaban. Es verdad que el intento del PAG de que se desarrollase al más alto nivel ha estado lejos de cumplirse, cuando apenas ha logrado la asistencia de una decena de jefes de estado o de gobierno. Pero D’Escoto y muchos países que le han apoyado han logrado abrir –y dejar abierta- una importante puerta: los temas económicos de importancia para el futuro de la humanidad, y la crisis global nadie duda que es uno de ellos, no serán ya debatidos sólo por los gobiernos de un club exclusivo y excluyente como es el G8, aunque se haya disfrazado por las circunstancias y desde 2008 en otro club algo menos cerrado, el G20. Así, el G192 que es la AG de la ONU ha aprobado una Resolución final de la Conferencia sobre la crisis que pese a haber sido muy rebajada por las negociaciones supone un paso en la buena dirección, pues no solo califica a la crisis de global, en la línea en muchos han venido previniendo desde hace años al conjunto de la sociedad del carácter mundial del peligro, sino que la ONU reconoce igualmente la multiplicidad de las dimensiones afectadas por ella: es una crisis financiera y económica pero también una crisis social y ambiental. Incluso de valores. Muchos pensamos en la crisis global como en un momento de oportunidad para acelerar la transformación social, tanto en nuestros respectivos países como en las desequilibradas relaciones internacionales. Por utilizar un símil informático, cuando se nos bloquea el ordenador es el momento de apagar y volver a encender, pero si sucede muchas veces lo que hay que hacer es dotar al aparato de un sistema operativo nuevo: es en lo que pensamos cuando se propone un nuevo paradigma económico. El marco de Naciones Unidas ofrece en estos momento unas oportunidades políticas difíciles de ignorar por los movimientos sociales y los gobiernos más progresistas. Es un espacio aceptable donde establecer alianzas y consensuar unas exigencias fundamentales a escala económica, social y ecológica para conseguir un mundo más justo y sostenible. Empezando, por ejemplo, por la implantación de impuestos globales que hagan disponibles a la humanidad unos bienes públicos también globales. Y continuando por establecer un freno duradero a la financiarización y mercantilización de las relaciones humanas, avanzando hacia un sistema poscapitalista basado en la satisfacción de las necesidades de las personas y de los pueblos y en el respeto de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.Ricardo G. Zaldivar - Consejo Científico de ATTAC España Publicado por
Uno de los mayores problemas que tiene la democracia española es la muy limitada diversidad ideológica que existe en los medios de información de mayor tiraje del país. Y ello es fácil de demostrar. Si miramos, por ejemplo, el número de artículos críticos hacia el presidente Chávez y su Gobierno en Venezuela que se han escrito en los últimos doce meses en los cinco diarios de mayor difusión en España, vemos que se han publicado nada menos que 72. Si buscamos, en cambio, artículos favorables al presidente Chávez o a su Gobierno, no encontrarán ni uno (sí, leen bien, ni uno). Esta falta de diversidad contrasta con la existente en el país criticado -Venezuela-, donde pueden leerse, en la prensa venezolana de mayor tiraje, artículos críticos del presidente y de su Gobierno, así como artículos favorables. Lo mismo ocurre en los medios televisivos. En realidad es mucho más fácil encontrar artículos críticos sobre Chávez en los mayores medios venezolanos, que favorables a tal dirigente venezolano en los medios de mayor difusión en España. De tal hecho, fácilmente contrastable, puede deducirse que hay mayor diversidad ideológica y libertad de prensa en Venezuela que en España. Por mera coherencia ideológica, uno esperaría que las mismas voces liberales que están alarmadas por lo que consideran como un peligro para la democracia venezolana -la disminución de voces críticas en aquel país- estarían escribiendo artículos críticos de la extraordinaria limitación a la diversidad ideológica que existe en España. Pues no, permanecen callados. En realidad, son los mismos autores y editorialistas que denuncian alarmados la situación de Venezuela (preocupados por las limitaciones democráticas en los medios de aquel país), los que son responsables de la falta de diversidad ideológica en el nuestro. La doble moral de aquellos medios, en su supuesto compromiso con la libertad de expresión, es notoria y fácilmente demostrable. Este asfixiante sesgo de aquellos medios de información y persuasión liberales tiene dos consecuencias. Una de ellas es que constantemente se está proveyendo opinión como si fuera información, la cual se convierte rápidamente en la sabiduría convencional del momento, al no poder ser contrastada con puntos críticos, que son excluidos de tales medios. Así, el colaborador de El País Antonio Elorza escribía un artículo titulado “Eclipse de la democracia” (27-02-09) en el que, además de homologar a Hugo Chávez y a Evo Morales con Berlusconi, señalaba “el caos de la política económica llevada a cabo por el Gobierno de Chávez” sin citar ningún dato o referencia que avalara tal conclusión. En realidad, la evidencia empírica publicada por instituciones que gozan de alta credibilidad como el prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington, o la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, no apoyan tal opinión. El Gobierno de Chávez ha sido uno de los pocos gobiernos que ha conseguido sobrepasar el objetivo del programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (de reducir la pobreza extrema a la mitad), disminuyéndola de un 25% de la población en el año 2003 a un 7,6% en 2007. Ha sido también uno de los países de América Latina que: 1) ha reducido más las desigualdades y el desempleo; 2) ha incrementado más el número de beneficiarios de la Seguridad Social, doblándolo; 3) ha reducido su deuda pública más extensamente, pasando de un 30% del PIB a un 14%; y 4) ha tenido un mayor crecimiento económico, una tasa promedio del 10,4% durante los últimos 20 trimestres, habiendo aumentado su PIB de 99.000 millones de dólares en 1999 a 227.000 en 2007. Ninguno de estos datos ha aparecido en aquellos medios, donde la demonización de Chávez es una constante. De ahí la sorprendente noticia de que, según una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Chávez es el dirigente internacional menos valorado por la población en España, menos incluso que el presidente Bush de EEUU, valoración negativa que fue ampliamente citada por tales medios. No se citó, en cambio, que según la misma encuesta realizada en la mayoría de países de América Latina, la población venezolana era la que indicaba, en mayores porcentajes en aquel continente, que “su Gobierno actuaba para el bien de la población”, y que expresaba mayor satisfacción con la situación económica y social del país. Y era el segundo país de América Latina que creía que “la democracia funcionaba bien en su país”. Tal negativismo hacia Chávez contrasta con el positivismo hacia el presidente Uribe de Colombia, uno de los gobiernos de América Latina donde los derechos humanos son más vulnerados. El Gobierno utiliza su campaña contra la guerrilla para reprimir a las fuerzas de izquierda, incluyendo partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que no tienen ninguna relación con la guerrilla. El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo lo han sido en Colombia, tal como documentó la Confederación Sindical Internacional el pasado 10 de Junio en París. Sólo en 2008 fueron asesinados 46 dirigentes sindicales. La conexión entre el Gobierno y los paramilitares es bien conocida y documentada, siendo estos últimos conocidos por su campaña de terror contra las fuerzas progresistas. Muy pocas de estas noticias han aparecido en aquellos medios. Una última observación. Este artículo no es sobre Chávez o sobre Uribe. No es mi objetivo ni defender a Chávez (con quien tengo acuerdos y también muchos desacuerdos) ni denunciar a Uribe (labor que otros han hecho, más elocuentemente de lo que yo pueda hacerlo). Este artículo es sobre la falta de diversidad ideológica en los medios mayoritarios de nuestro país, que debiera ofender a cualquier persona demócrata que, independientemente de sus simpatías o antipatías hacia aquellos dirigentes, debiera preocuparle lo que está ocurriendo en aquellos medios, que son más de persuasión que de información.Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC España Artículo publicado en Diario Público.
Es el noveno país más corrupto del mundo según Transparency International. También es el cuarto mayor productor de petróleo del África subsahariana y, aunque su población debería contar con una renta per cápita similar a la del Estado español o Italia, la situación de pobreza es peor que la de Afganistán o Chad, tal como recordaba Arvind Ganesan, portavoz de Human Right Watch, durante la presentación de su último informe sobre Guinea Ecuatorial. El relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Manfred Nowak concluyó tras una visita en 2008 que en el país de Teodoro Obiang la tortura es una práctica habitual. Según la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (Asodegue), hay al menos 49 presos políticos. Con este panorama, ¿qué pintan un ex ministro de Franco, un senador del PNV y varios diputados del PP y del PSOE en Malabo en visita oficial? Los informes anuales de la empresa española Repsol dedican muy poco espacio, apenas un par de párrafos, a sus actividades en la ex colonia española que cuenta con una producción de crudo de 395.000 barriles diarios en 2006. Según un reciente informe de Africa InfoMarket, entre enero y abril de 2009, las exportaciones españolas al país africano alcanzan un total de 51,97 millones de euros, lo que supone un aumento del 11%. La delegación española tambén pretende entrevistarse con las autoridades de la dictadura para hablar sobre los proyectos de inversiones, valorados en 4000 millones de dólares, que Unión Fenosa (ahora Gas Natural) pretende llevar a cabo en Guinea Ecuatorial. ¿Quién dijo aquello de que cuanto más libre mercado más democracia? Sin embargo, la visita oficial española, aplazada en dos ocasiones, viene precedida por la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) en la Audiencia Nacional contra Teodoro Obiang y varios de sus familiares y ministros. Acusados por un supuesto delito de blanqueo de capitales valorado en más de 19.000 millones de euros, Obiang y su gobierno han contratado los servicios del abogado Jorge Trías Sagnier, ex diputado del PP. En el origen de esta querella está el informe, publicado en 2004, del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos sobre el blanqueo de capitales y la Banca Riggs, famosa por gestionar la fortuna del dictador chileno Augusto Pinochet. En este informe (traducido al castellano por Asodegue) se hace referencia a ciertas cuentas de familiares de Obiang en el Riggs. Y lo más interesante: señala que el gobierno español bloqueó la investigación de algunas transferencias de aquellas cuentas al Banco Santander, emparándose en el secreto bancario... Ahora, tras la querella presentada por la APDHE, se investigan los movimientos en el Estado español de la empresa Kalunga Company SA, radicada en Panamá (conocido paraíso fiscal) y vinculada a Obiang, el dirigente más rico de África (y el octavo del mundo) cuyo patrimonio en Francia también fue investigado por la justicia gala. El gobierno de Obiang cuenta también con la colaboración de empresas de mercenarios como la española Servicio Global de Seguridad e Inteligencia, tal y como publicó DIAGONAL. Según la Agencia APA, Francia y Guinea Ecuatorial firmaron el pasado mes de junio un acuerdo de cooperación militar. La agencia rusa de información Ria Novosti informaba sobre la detención por parte de las autoridades nigerianas de un avión ucraniano que transportaba armas para el gobierno de Guinea Ecuatorial. ¿Qué hace Fraga con un sombrero panamá paseándose por la ex colonia española estos días? ¿Por qué el gobierno español bloqueó una investigación del Senado de EEUU para proteger a Obiang? No siempre ha sido tan amable. El pasado 7 de Marzo del 2004 un grupo de 64 mercanarios encabezados por el ex soldado de élite del ejército británico Simon Mann fue detenido en el aeropuerto de Harare (Zimbabue) donde se encontraban aprovisionándose de armas para partir hacia Guinea Ecuatorial. Según desveló Mann a una cadena de televisión británica desde la prisión ecuatoguineana de Playa Negra donde cumple condena, los impulsores de la intentona golpista fueron el hijo de la ex primera ministra del Reino Unido, Mark Tatcher, el millonario libanés residente en Londres Eli Calil y el opositor ecuatoguineano exiliado en España, Severo Moto. De hecho, según la versión de Mann, Moto era la persona elegida para ocupar la presidencia, algo que éste último niega categóricamente. El intento de golpe de Estado contaba, según Mann, con el apoyo del gobierno de José María Aznar, el cual tenía buenas relaciones con el exiliado Severo Moto y su partido. Un barco de guerra español navegaba oportunamente durante la intentona golpista frente a las costas de Guinea Ecuatorial. El actual gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero negó las acusaciones del mercenario que vinculaban a Aznar con el golpe. Pero un acuerdo del consejo de ministros en 2005 revocó la condición de refugiado político que Moto tenía desde 1986 al considerar que el exiliado realizó “una serie de actividades de planificación y organización de actos violentos en Guinea”, entre ellas “la recluta de mercenarios y el tráfico de armas”, basándose en un informe del Centro Nacional de Inteligencia. Tres años más tarde, el Tribunal Supremo consideró insuficiente dicho informe y decidió mantener la condición de asilado en España de Moto. Sin embargo, un mes más tarde, Moto, presidente del autodenominado Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio, fue detenido en el marco de una operación contra el tráfico de armas de guerra ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Su detención estaba vinculada al hallazgo en el puerto de Sagunto (Valencia) por parte de la policía de un vehículo con destino a Guinea Ecuatorial, en cuyo maletero fueron descubiertos un mosquetón, un Cetme y una pistola. Guinea Ecuatorial es uno de esos países –junto a casos flagrantes como la dictadura medieval de Arabia Saudí– hacia los que el gobierno español antepone los intereses empresariales de unas cuantas grandes empresas frente a los intereses de la democracia, el desarrollo y la justicia social. Y allí está la delegación de diputados y senadores españoles (con la excepción de Izquierda Unida) asegurando esos intereses de las multinacionales, como Repsol, en la dictadura de Obiang, con corrupción, mercenarios y presos políticos adornando el atrezzo de las relaciones entre España y su ex colonia africana.Lucas Marco. Diagonal
En esta recesión, el ajuste que hacen las empresas ante la caída de la demanda podría realizarse repartiendo las horas de trabajo con una reducción (no necesariamente proporcional) del salario. Adicionalmente, la reasignación del empleo que requiere la salida de la crisis se podría efectuar con el apoyo de una amplia protección del desempleo y políticas activas eficaces en la reinserción laboral de los trabajadores. Estos son procedimientos habituales en países de nuestro entorno donde la extraordinaria caída del PIB no tiene efectos tan dramáticos sobre el empleo como en España. Aquí el procedimiento general de ajuste consiste en aprovechar la dualidad entre trabajadores temporales y fijos. Se prescinde de los primeros, con indemnizaciones por despido nulas o muy pequeñas, con una escasa protección por desempleo y pobres posibilidades de reinserción por la ineficacia de las políticas activas. Los empleados con contrato fijo tienden a mantener su empleo y su jornada, llegando en ocasiones a disfrutar de aumentos salariales relativamente insensibles a la recesión. Cuando ya no hay posibilidad de ajuste por esta vía, muchas empresas quiebran o pactan regulaciones de empleo extensas, prejubilando a trabajadores que raramente volverán al mercado de trabajo cuando se recupere la economía. Así de simple es la explicación del embrollo flexibilidad-rigidez de la economía española, profundamente erosionada por 25 años de dualidad laboral y una negociación colectiva que ha evolucionado muy poco desde entonces, dificultando los acuerdos de ajuste en las empresas y agudizando los efectos perversos de la excesiva temporalidad. La dualidad laboral también ha condicionado el funcionamiento de las políticas activas (centradas, con poco éxito, en bonificar la estabilidad) y la protección por desempleo (recortando su duración). Ninguna de las numerosas reformas laborales ha sabido corregir estas deficiencias que algunos achacan ahora al modelo productivo, minimizando las ineficiencias y desigualdades que genera nuestro marco laboral. Son varios los datos que deberían convencerles de lo contrario; que nuestra tasa de temporalidad es muy superior a la de cualquier país europeo para todos los sectores y ocupaciones, incluidos el sector de la construcción (55% en España en 2007, frente al 21% de media en la UE-27). La estructura sectorial sólo explica entre 1 y 3 puntos de los 17 que separan la tasa de temporalidad española de la media europea; el resto se debe a las diferencias en temporalidad sector a sector. Por otro lado, que la tasa de temporalidad explotó en España casi 15 años antes del boom inmobiliario. Que en esta recesión prácticamente todos los sectores están ajustando la caída de la demanda destruyendo empleo temporal. Que la reciente época de bonanza también se caracterizó por otros fenómenos relacionados con la temporalidad, como el mileurismo y la caída del premio a la educación entre los jóvenes entrantes. Los jóvenes médicos, por ejemplo, suman en media casi tantos contratos como los peones de la construcción. Por el contrario, la dualidad laboral sí condiciona el modelo productivo porque desincentiva la inversión en capital humano en la empresas. Aquí también la comparación con otros países es demoledora: estamos a la cola en aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en especial, en formación a empleados. Y esto ha sido así debido a la excesiva rotación de los temporales, a los escasos incentivos de los fijos con mayor antigüedad para formarse y a una negociación colectiva que no ha favorecido el establecimiento de incentivos a la productividad en las empresas. No basta con aumentar el gasto en educación y en I+D+i. Estas medidas serán mucho menos eficaces para crear empleo estable y de calidad si no resolvemos primero los problemas que genera el marco laboral actual. Una solución al problema de la dualidad sería simplemente suprimirla con un contrato único con indemnizaciones crecientes por antigüedad y complementarlo con un sistema impositivo que penalice a las empresas que abusen de la rotación, elevando su contribución a la financiación de la protección por desempleo. Esta solución para los nuevos contratos es muy diferente a la propuesta por la CEOE. No supone ni un abaratamiento del despido ni el despido libre, como se ha argumentado desde posiciones sindicales. Por el contrario, beneficiaría la estabilidad en el empleo, propiciando un mejor escenario para la formación en la empresa, un aumento de los salarios reales y una mayor protección del empleo y del desempleo en un nuevo período de recesión. De ello saldremos ganando todos, pero, en especial, aquellos colectivos más perjudicados por el sistema actual. Puede que no sea la solución óptima, pero, con el revuelo que ha generado esta propuesta, ¿estamos preparados para sistemas más sofisticados, como el austriaco, que también podría ser atractivo para la economía española? Los agentes sociales representan intereses legítimos en el mercado de trabajo. Esa representación es fundamental para el desarrollo de las relaciones laborales y, por ello, deben contribuir con sus aportaciones a la reforma laboral. Pero es al Gobierno a quien compete el interés general y tomar la iniciativa para que las próximas generaciones de entrantes en el mercado de trabajo no sufran los mismos problemas que han padecido los jóvenes y otros colectivos en las últimas décadas. La reforma laboral debe abordarse en el marco del diálogo social, pero no debe condicionarse a este ni dejarse a lo dispuesto en los convenios colectivos. Estos son demasiado heterogéneos y abrirían más, si cabe, las brechas entre fijos y temporales, condicionando la salida de la crisis y el cambio de modelo productivo. Javier Andrés es Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Florentino Felgueroso es Profesor de la Universidad de Oviedo y director de la Cátedra Capital Humano y Empleo de Fedea.Fuente: Público
José Vidal-Beneyto es director del Colegio Miguel Servet de París y presidente de la Fundación Amela.Fuente: El País
La cumbre del G8 en L’Aquila marca su regreso a territorio berlusconiano siete años después de la cumbre de Génova en julio de 2001, donde se escribió una de las páginas más significativas en la trayectoria del movimiento altermundialista. Hoy, fruto de las nuevas configuraciones económicas y geopolíticas, el G8 ha cedido protagonismo al G20 en los intentos de gestión de la crisis sistémica global por parte de los principales Estados. Pero no por ello deja de ser importante continuar denunciando sus políticas como están haciendo ya miles de personas en Italia. Las jornadas de Génova fueron el momento cumbre de la fase de crecimiento lineal del movimiento altermundialista después del Encuentro Ministerial de la OMC en noviembre de 1999 en Seattle que representó el inicio de un nuevo ciclo internacional de movilizaciones. Génova llegó poco después de la celebración del primer Foro Social Mundial de Porto Alegre, en enero de 2001, bajo la hoy ya famosa consigna de “otro mundo es posible”. Los acontecimientos en esta ciudad italiana atrajeron la atención de millones de personas y de múltiples movimientos y luchas sociales de todo el planeta que se sintieron identificados con el mensaje de crítica radical a la globalización capitalista de unas protestas que vivieron como propias. Las masividad de las mismas, su radicalidad y el elevado nivel de confrontación entre los manifestantes y el poder marcaron la dinámica de unos días decisivos, donde el tiempo histórico pareció acelerarse de forma muy intensa. El asesinato del joven Carlo Giuliani por un disparo de la policía y el asalto policial a la escuela Díaz fueron los episodios más dolorosos de unas movilizaciones marcadas por una feroz represión. Habilitada como un lugar para dormir y reunirse por parte de algunos manifestantes extranjeros, la escuela Díaz se convirtió la noche del 21 de julio en escenario de una vendetta policial que dejaría tras de sí 63 heridos y decenas de arrestados, ocasionando un gran escándalo político y mediático. Génova marcó el inicio de un fuerte periodo de protestas sociales contra el gobierno Berlusconi. Junto al altermundialismo, en esta nueva etapa los sindicatos mayoritarios, y en particular la CGIL, jugarían un rol importante, entrando en escena después de su clamorosa ausencia en la contracumbre del G8, con la convocatoria de varias huelgas generales y movilizaciones. En parte como resultado de este largo proceso, en abril de 2006 las fuerzas de centro-izquierda llegarían al poder, tras una muy ajustada victoria electoral frente a la derecha liderada por Berlusconi. Sin embargo, los dos años de gobierno Prodi dejaron tras de sí un triste balance en política económica, social y exterior, provocando desánimo, desmovilización y parálisis social… y allanaron el terreno para el regreso triunfal al poder de Il Cavaliere en abril de 2008. En este breve periodo asistimos también a la autodestrucción de Rifondazione Comunista, uno de los componentes centrales de las movilizaciones de Génova y entonces una referencia de primer orden para amplios sectores de la izquierda anticapitalista europea. Abandonando su orientación movimentista y combativa, Rifonzadione optaría por subordinarse al centro-izquierda y participar en el gobierno Prodi. De su experiencia ha quedado una lección clara, validada también en tantos otros lugares: la colaboración subalterna con el centro-izquierda arrastra a las formaciones anticapitalistas hacia la derecha, las hace coresponsables de políticas contrarias a su propio programa, corta su vínculo con las luchas y acelera la descomposición de su base social. Desde las jornadas de Génova hasta el estallido de la “gran crisis” de 2008, el recorrido seguido por el movimiento altermundialista y las resistencias a la globalización ha sido largo, difícil y lleno de sorpresas. Cambiar el mundo se ha revelado una tarea mucho más compleja de lo que imaginó, seguramente, buena parte de la nueva generación militante, la generación Seattle o la generación Génova, surgida en los albores del nuevo milenio. Poco después de los acontecimientos en la ciudad italiana los atentados del 11S en New York supusieron el inicio de un nuevo periodo internacional marcado por la “guerra global contra el terrorismo”. La denuncia contra la guerra tomaría fuerza en el seno de la crítica a la globalización, dando paso al desarrollo del movimiento “antiguerra”, cuyo cenit fue la jornada internacional del 15F de 2003 en vísperas del comienzo de la invasión de Irak. A partir de entonces, entramos en una nueva fase marcada por una pérdida de centralidad de las movilizaciones altermundialistas y de su capacidad aglutinadora así como de mayor dispersión de las luchas sociales. Éstas han seguido en ascenso pero de forma muy desigual y experimentando dificultades considerables en el caso de la Unión Europea. La crisis contemporánea no ha hecho más que reafirmar la pertinencia y la validez de una crítica radical al capitalismo global y plantea con fuerza la necesidad de traducir el malestar social en movilización, autoorganización por abajo y desarrollo de nuevos proyectos alternativos. Ante esta cumbre del G8 en Italia, la memoria de las jornadas de Génova debe servirnos como estímulo para seguir preparando las resistencias internacionales a los intentos que la crisis la paguemos todas y todos.Esther Vivas y Josep Maria Antentas - CADTM
La periodista Amy Goodman cuenta que, en 1998, visitó a la familia de Ken Saro-Wiwa, el poeta y activista nigeriano ahorcado, junto a ocho compañeros más, tres años antes por las fuerzas militares nigerianas, acusado de liderar el enfrentamiento del pueblo Ogoni frente a la transnacional Royal Dutch Shell. El padre de Ken –dice Amy– fue muy claro: “Shell fue la primera empresa que el gobierno nigeriano utilizó para saquear nuestra propiedad, para quemar nuestras casas (…). Shell tiene las manos manchadas de sangre en el asesinato de mi hijo”. Aunque la petrolera niega cualquier implicación, este pasado mes de junio acaba de aceptar pagar unos 11 millones de euros para poner fin al juicio que afrontaba al respecto frente al Tribunal Federal de Nueva York. Shell llegó a las tierras de Nigeria en 1958, igual que otras petroleras lo hicieron a otros países empobrecidos del Sur, en busca de su Dorado: los yacimientos petrolíferos del delta del Níger. Su presencia significó la destrucción de los bosques, de los manglares y la contaminación de todo el territorio (aire, agua y tierra) indígena usurpado. Muchas comunidades fueron expulsadas y otras vienen sufriendo desde entonces graves problemas de salud y de dificultades para acceder a los recursos productivos básicos. Contra todo eso luchó Saro-Wiwa y Shell fue, como decía su padre, la primera empresa, pues 20 años después siguen desembarcando otras que capitanean el renovado interés de algunos países por el control de un bien tan preciado como el petróleo: la tierra cultivable. La población aumenta, el clima se calienta y el libre mercado capitalista se demuestra como un modelo fallido. Ante estas evidencias, algunos países (sobre todo aquellos muy industrializados y con pocas tierras agrícolas) ven peligrar el abastecimiento de alimentos para su población. No tienen capacidad agrícola suficiente y las puertas de los mercados se pueden cerrar, como ocurrió durante la crisis alimentaria del año pasado. Solución: alquilar o comprar tierras que producirán alimentos. El petróleo se acaba, muchos gobiernos apuestan (que remedio –dicen–) por las energías renovables y surgen los agrocombustibles como nuevo milagro tecnológico. Pero su eficiencia es muy baja (en algunos casos incluso negativa) y se requieren enormes extensiones de tierra para llenar los depósitos del planeta. Solución: alquilar o comprar tierras que producirán biodiesel o bioetanol. La burbuja puntocom ya explotó hace años, la detonación de la burbuja inmobiliaria aún resuena y, mientras se elucubra en dónde multiplicar el capital, los fondos financieros ya tienen un plan: invertir sobre fondos de inversión ligados a la tierra agrícola. Solución: alquilar o comprar dichas tierras. Sólo explorando la Nigeria de Saro-Wiwa y gracias a los datos aportados por la periodista Stefania Muresu podemos hacernos una idea de la presión que todos estos factores generan sobre las hectáreas fértiles de muchos otros países. El Gobierno nigeriano ha facilitado que, a través de la empresa Casplex Company, sus socios chinos han comprado 15.000 hectáreas de tierra para el cultivo de yuca para producir etanol. Que la alemana Hagen & Co Engineering Gbr ha adquirido amplias zonas fértiles en diferentes comunidades del delta del Níger para el cultivo de agrocombustibles y transgénicos para alimentación. Que Food for All International (FFAI) and Centre for Jatropha han adquirido terrenos cultivables en muchas comunidades en el Delta del Níger donde ya han empezado el cultivo de la planta de jatropha para producir más agrocombustibles. Y, como pasó con la presencia de las petroleras, los efectos sobre la población originaria se repiten y se repetirán. Es tan alarmante, global y rápido este proceso de acaparamiento de tierras (sólo en los últimos tres años, según datos del International Food Policy Research Institute, 20 millones de hectáreas de tierras agrarias han sido objeto de transacciones que implican a compradores extranjeros, es decir, una superficie similar al área agrícola de toda Francia) que a las voces críticas de algunas ONG y movimientos campesinos se ha sumado la propia FAO (Organización Mundial de la Alimentación) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación. Su relator Olivier De Schutter ha solicitado a los líderes del G-8 que en la cumbre que van a celebrar en Italia este mes de julio se aborde el tema de estas “inversiones en la agricultura”, reclamando una regulación sobre las mismas. De Schutter y la FAO son, a mi juicio, muy confiados, porque entienden que una regulación ética “podría ser positiva, después de muchos años en los que ha habido falta de interés en el mundo por invertir en la agricultura”. Proponen que los inversores firmen contratos con las autoridades locales, en lugar de optar por comprar tierras; que los inversores se comprometan a que una parte de la cosecha obtenida se venda en el país; que se minimicen los cultivos que se usarán como materias primas para biocarburantes; que los Gobiernos y los inversores promuevan sistemas agrícolas que incrementen el empleo local –en lugar de otros mecanizados– y en dar prioridad a producciones más ecológicas, así como a la gestión sostenible del agua. Son muy confiados porque, con la propagación de tratados bilaterales de libre comercio, estos especialistas en la especulación se han asegurado que sus inversiones no tengan que acatar condiciones. Comparto, en cambio, el grito de los campesinos en América Latina a favor de su soberanía sobre sus recursos, “La tierra no se vende. Se trabaja y se defiende”. Como la defendió el poeta nigeriano que escribió: “Los cuerpos se han multiplicado. Y cubren la tierra. El xilófono del jefe muerto. Ahí continúa, ha olvidado el pasado. Los espíritus ancestrales caminan a casa. Caminan llorando. Las tierras huérfanas se lamentan”. Gustavo Duch es miembro de Veterinarios sin FronterasFuente: Público
“Cuando la gente me pregunta sobre libre comercio, me acuerdo de un comentario que hizo Gandhi cuando le preguntaron qué pensaba de la civilización occidental. Y su respuesta fue: ‘sería una idea interesante’. Lo mismo sucede con el libre comercio”, comenta Noam Chomsky. Los injustos términos del intercambio comercial y financiero y el inmenso poder de las multinacionales ponen en tela de juicio los beneficios del “libre comercio”, según varios especialistas. El libre comercio es una construcción ideológica que a veces ni siquiera tiene que ver con el comercio, sentencia el lingüista, activista, filósofo Noam Chomsky en una entrevista con BBC Mundo. El tratado de libre comercio entre EE.UU. y México, (Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés) tiene toda clase de elementos altamente proteccionistas para beneficio corporativo e incluye medidas que no tienen que ver con el comercio, como las condiciones especiales de derechos de inversión. De hecho, añade Chomsky, el libre comercio nunca ha sido puesto en práctica por los países ricos, salvo por períodos muy cortos y cuando les convenía. EE.UU. por ejemplo, probablemente fue el país más proteccionista del mundo durante su período de desarrollo en el siglo XIX y hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Imponía tarifas muy altas superiores a las del Reino Unido y Japón para bloquear el ingreso de bienes. En la década del 50, EE.UU. tenía la mitad de la riqueza del mundo, ganaba en cualquier competencia, así que se movió en dirección del libre comercio, pero temporalmente. A Reagan se lo ha considerado el profeta del libre comercio cuando en realidad fue el presidente más proteccionista en la historia de posguerra en EE.UU. Duplicó las barreras proteccionistas para salvar a la industria estadounidense de los bienes de mejor calidad provenientes de Japón. En los tiempos de la Unión Soviética si una fábrica manufacturaba componentes de autos en Leningrado, los mandaba a Varsovia para ser montados y luego a Moscú para ser vendidos, nosotros no llamábamos a eso comercio. Aunque se atravesaban fronteras, todo se daba dentro de una economía dirigida, explica Chomsky. Una parte sustancial del comercio entre EE.UU. y México se da dentro de economías dirigidas. Así que si General Motors fabrica componentes en Indiana, los envía al norte de México para ser montados y luego venden los autos en Los Ángeles, a eso le llaman comercio en ambas direcciones, pero todo tiene lugar dentro de una economía dirigida. Una buena parte de la economía estadounidense está basada en el sector estatal, incluyendo sus sectores líderes como la computación e Internet, que fueron desarrollados en el ámbito estatal durante décadas. La fabricación y exportación de aviones es, por ejemplo, una industria surgida en gran medida a partir de la Fuerza Aérea. No tenemos cifras exactas, las corporaciones guardan secretos, pero probablemente más de la mitad de lo que se llama comercio no es libre comercio. Así que lo que se llama libre comercio es un cierto intercambio con elementos de mercado, pero no es libre comercio, explica Chomsky. Libre comercio y agricultura Una de las formas de socavar y probablemente destruir a la agricultura de países en desarrollo como México es inundando el mercado con exportaciones agrícolas de Estados Unidos que sobreviven con importantes subsidios del gobierno. Eso no es libre comercio, dice Chomsky. El año pasado, la gran crisis de alimentos golpeó severamente a Haití, donde hubo disturbios porque la gente no tenía qué comer. Haití era autosuficiente en su producción de alimentos, pero esta capacidad se destruyó con medidas de libre comercio impuestas por la administración Clinton. No se le permitió a Haití establecer tarifas arancelarias para proteger a su economía. Los agricultores haitianos son productores de arroz bastante eficientes, pero no pueden competir con las industrias de alimentos de EE.UU. Ocurre lo mismo con la producción de maíz de México, dice el activista norteamericano. El director de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Pascal Lamy asegura que la liberalización de los mercados agrícolas en la Ronda de Doha beneficiaría a productores y consumidores de todo el mundo. Lamy cree que la liberalización del flujo de capitales y la reducción o eliminación de aranceles para importaciones agrícolas generaría 150 mil millones de dólares de ganancias en beneficio de todos los agricultores, en particular de los países en desarrollo. Lamy es incapaz de entender la naturaleza del sector agrícola en la globalización económica y no toma en cuenta los injustos términos del intercambio comercial y financiero, el inmenso poder de las multinacionales y la influencia del patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera. Las poco rigurosas previsiones del director de la OMC no toman en cuenta el impacto de la volatilidad de precios en el sector agrícola y tampoco los riesgos de la especulación en los mercados financiarizados, observaron economistas del FMI, FAO, Banco Mundial, OCDE, universidades estadounidenses y de varios grupos de estudio reunidos en un taller internacional el 4 y 5 de junio en la Sorbona. En la actualidad, la producción agrícola no se define únicamente por la rentabilidad de la actividad ganadera y agrícola, sino también por las necesidades y exigencias de rentabilidad inmediata del capital financiero. Accionistas, tenedores de capital, fondos de inversiones, bancos, aseguradoras de riesgo, prestamistas y holdings que controlan paquetes accionarios de un amplio espectro de empresas acumulan capital mediante ganancias ficticias provenientes de la valorización especulativa de acciones y de otros títulos financieros sin base real. Con la internacionalización de la economía crecieron los mercados accionarios, de futuros para commodities y de infinidad de instrumentos financieros de protección frente a variaciones de tipos de cambio, precios de materias primas y tasas de interés. Los mercados bursátiles constituyen un campo privilegiado para la especulación y las estafas, y facilitan la centralización de capitales mediante adquisiciones y fusiones. Después del derrumbe de los mercados financieros en 2008, multinacionales exportan capitales a países atrasados para la extracción intensiva de recursos naturales en la búsqueda de la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Grupos financieros, casas de inversión, fondos de capitales comenzaron a comprar tierras agrícolas en todo el mundo, sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales. “La mejor cobertura para la recesión en los próximos 10 ó 15 años es la inversión en tierras agrícolas”, declaró en julio del año pasado el jefe de alternativas de Insight Investment Reza Vishkai. En septiembre, el fundador de Black Earth Farming y ex gerente de capitales privados de Carlyle e InvescoMikhail Orlov confesó que “el truco aquí es no solamente cosechar cultivos sino cosechar dinero”. Lecciones de la crisis El progreso alcanzado en la comprensión de los mercados agrícolas y el impacto de la especulación “ponen en tela de juicio la estrategia de liberalización de los mercados agrícolas de la OMC”, opina Bertrand Munier, economista jefe del grupo de estudio Momagri. Momagri con sede en París fue fundada y presidida por Pierre Pagesse, presidente del Groupe Limagrain de Francia. Respalda la regulación de los mercados agrícolas por medio de nuevas herramientas de evaluación tales como modelos e indicadores económicos y nuevas propuestas para una agricultura internacional y la gobernancia alimentaria basada en los principios del libre comercio. Peter Timmer, profesor de la Universidad de Harvard y economista de la Fundación Bill Gates, recomienda no ignorar el impacto de la política de liberalización de los mercados agrícolas. La crisis económica y la hambruna mundial no se deben a la escasa producción de comida sino a la apertura salvaje de los mercados internos, a la privatización de empresas públicas y recursos naturales, y a la desregulación generalizada. La crisis múltiple del sistema evidencia el rotundo fracaso del mercado autoregulado y desmiente a los tecnócratas neoliberales que postulaban que la competencia entre naciones, regiones, empresas e individuos con diferentes niveles de desarrollo distribuye los recursos físicos naturales humanos o financieros con mayor eficiencia. Estudios de Momagri demuestran que la liberalización total del comercio agrícola internacional podría reducir significativamente los ingresos de agricultores de países más pobres, de naciones desarrolladas y también de países importadores emergentes como India. Según Momagri, en vez de alentar la optimización de los factores de producción, la liberalización agrícola haría peligrar la seguridad alimentaria en todo el mundo, así como el desarrollo de muchos países. En conclusión, los precios volátiles de los productos agrícolas de primera necesidad podrían exacerbar la inseguridad alimentaria. La comunidad internacional no puede seguir ignorando este problema porque está en juego la supervivencia de más de mil millones de personas que sufren hambre, así como la supervivencia de más del 40% de la población mundial que vive de la agricultura. Con datos de: 1. AgCapita Newsletter, citado por GRAIN. - Agriculture: The batle to bring more land into production, Catherine Belton, Financial Times, Londres, 30 de septiembre.2. Crítica de la tesis de la financiarización; Rolando Astarita, 2008.3. Chomsky y los “mitos” del libre comercioFuente: Bolpress
Parece que ahora ya tenemos la información precisa. Pero hasta hace unos pocos días la situación que atravesaba Honduras se nos presentaba, en la mayoría de medios de comunicación, bajo un único prisma. Ese enfoque cansino que todo lo interpreta con los adjetivos habituales de chavismo, populismo, apego al cargo, etcétera. La crueldad que significa un golpe de Estado, los recuerdos que trae ver a los militares tomando los espacios ciudadanos y políticos y algunas evidencias han desmontado buena parte de ese discurso ideológico, y se ha abierto espacio a otras lecturas. Un discurso que sólo puedo entender desde la reacción a cualquier movimiento fuera de lo 'políticamente correcto'. O lo que es lo mismo, contrario de antemano a cualquier soplo de aire que pueda mover un paisaje donde estamos cómodamente instalados. Mientras nos inundaban con imágenes de Evo Morales o Hugo Chávez del estilo 'que viene el coco, que viene el coco' se olvidaron de explicarnos elementos clave. Por un lado, que el ciertamente errático Gobierno de Zelaya decidió mirar hacia el campo, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones indígenas y romper con el modelo de libre mercado que se promueve desde EE UU (sustentado en el llamado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), no por capricho, no sólo por el petróleo de Venezuela, sino porque son muy negativas las consecuencias que estos acuerdos provocan sobre las clases más humildes de los países latinoamericanos que los firmaron. Que se lo pregunten por ejemplo a las familias campesinas de México. Por otro lado, se ha informado repetidamente sobre la supuesta inconstitucionalidad de la propuesta de consulta de Zelaya, pero es difícil leer que el tal Micheletti, ascendido a presidente interino, logró imponer su candidatura como precandidato a la presidencia de República en las primarias celebradas el invierno pasado, aun cuando por la ley hondureña está establecido que ningún presidente del Congreso Nacional -asiento que ocupaba Micheletti- podría postularse a dicho cargo. Elecciones para la presidencia que perdió, presidencia que con los votos de los carros blindados ahora ocupa. Discursos, decía, que se sostienen sobre los mismos cánones que están detrás del golpe de Estado. ¿Qué preocupación existe ante la propuesta de consulta del presidente Zelaya para iniciar un proceso de renovación de la Constitución de Honduras? Pánico a que las cosas puedan cambiar y perder así el poder que durante muchos años han controlado y ha permitido a una rancia oligarquía agroexportadora seguir en la cima, sin importar las desigualdades o injusticias sociales derivadas. Por ello desplegaron inicialmente una serie de ardides legales para impedir, como fuera, la consulta popular pero -para mayor seguridad y para que nada se nos escape- solventaron, con el secuestro del presidente y la canciller del país, el golpe de Estado y manteniendo a la población en estado de sitio y bajo dura represión. Más allá de la opinión que podamos tener de la gestión de Zelaya y de cómo aborda los procesos que quiere abrir, no confundamos las cosas, todo es pura resistencia a la pérdida de poder. ¿Y qué es lo que debería cambiar? Si hablamos de Honduras, como cualquier otro país con una base económica fundamentada en la vida rural, el dato más significativo suele ser la distribución de la propiedad de la tierra. Aproximadamente tenemos que unas 125.000 familias no tienen acceso a la tierra y, junto con unas 80.000 familias que tienen menos de una hectárea, suman un total de 200.000 familias campesinas (casi la mitad de la población rural de Honduras) que se encuentran en condiciones, lógicamente, muy precarias de vida. En cambio tenemos que sólo un 1,6% del censo rural dispone a sus anchas del 40% de los mejores suelos agrícolas hondureños. Pero tan claras parecen la cosas que después de muchos años nos encontramos con una condena internacional unánime y generalizada al golpe de Estado, lo cual a quien hubiera echado cálculos y réditos de estas maniobras le tiene que estar preocupando. Zelaya será restituido. El pueblo hondureño, como me decía ayer el líder campesino Rafael Alegría frente al Palacio de Gobierno (aún sabedor de que sobre él recae una orden de aprensión) defenderá su soberanía, y los procesos de cambio abiertos en otros países de Latinoamérica, como Paraguay, Bolivia o Ecuador, saldrán fortalecidos. Gustavo Duch Guillot. El Correo Vasco

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