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Timestamp: 2019-03-21 18:19:27+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 118, de 07/06/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 118
- Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica. (Número de expediente 121/000009) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2010, DE 31 DE MARZO, GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PARA FLEXIBILIZAR LOS MODOS DE GESTIÓN DE LOS CANALES PÚBLICOS DE TELEVISIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 121/000009).
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la décima sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo. En esta ocasión, para el debate y, en su caso, aprobación, para lo que esta Comisión tiene competencia legislativa plena, del proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modelos de gestión de los canales públicos de la televisión autonómica.
El orden del día recoge dos puntos, la ratificación de la ponencia designada y la aprobación, con competencia legislativa plena, del proyecto de ley. Seguiremos el procedimiento habitual. Las enmiendas presentadas y no retiradas serán defendidas por los ponentes de cada uno de los grupos parlamentarios de menor a mayor, comenzando por el Grupo Mixto, y por un tiempo de diez minutos, que algunos portavoces me han pedido que administre con flexibilidad debido al número de enmiendas presentadas y a la importancia del proyecto de ley. Si hubiera enmiendas transaccionales, les ruego que nos las trasladen a la Mesa para que puedan ser revisadas por la letrada de la Comisión y además para que también tengan conocimiento del texto los portavoces del resto de los grupos parlamentarios. Así mismo, nos deberían trasladar en cuanto lo tengan, lo antes posible, la posición con respecto de cada una de las enmiendas con el fin de ir elaborando el cuaderno de votaciones.
En relación con la ratificación de la ponencia designada, si no tienen inconveniente, ¿la podemos dar por aprobada por asentimiento? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las enmiendas del proyecto de ley. Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto doña Teresa Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señorías, tras el discurso cansino del ajuste y de la necesidad de adaptarse a un nuevo marco comunicativo, planea la sombra de la privatización encubierta. Uteca lo tenía claro, y así lo advertimos ya en su momento: después de la eliminación de la publicidad de Radiotelevisión Española había que quedarse con el pastel de las televisiones autonómicas; primero el PSOE y luego el PP, con el apoyo de CiU a las órdenes de Uteca. Lo importante es el negocio, no el cumplimiento del servicio público de las televisiones públicas, un servicio público especialmente importante en aquellas comunidades autónomas con lengua propia, en aquellas comunidades autónomas donde la televisión ha tenido siempre un papel fundamental en la normalización lingüística y cultural ante la marginación que estas han padecido en la televisión pública y privada estatal. Con esta ley matan dos pájaros de un tiro: satisfacen a Uteca a la vez que eliminan una de las principales herramientas de difusión de la lengua y cultura propias de los territorios que tienen también lengua propia. Se ponen en asedio las televisiones nacionales diferentes a la española y se da una vez más un hachazo enorme a la democracia y a la pluralidad. Esta reforma tiene un claro contenido centralista, un claro contenido uniformador y, tal y como he dicho al empezar, privatizador. Porque esta reforma no da libertad a las comunidades autónomas para elegir, esta reforma no solo abre la puerta a la privatización, sino que solo deja esa puerta y la acompaña de un empujón de austeridad para que pasen por ella. Es un proyecto que no aporta absolutamente nada. De hecho, la única justificación es una vez más la privatización de las televisiones y de las radios públicas para que estas acaben claudicando ante su modelo ideológico y descaradamente neoliberal. En el fondo, ustedes están permitiendo que se venda el patrimonio de los ciudadanos porque, señorías, con esta reforma no solo se privatiza el servicio, sino que también se privatiza la información.
El objetivo es claro, empequeñecer y reducir a la mínima expresión TV3, y esto en Cataluña se traduce solo de una manera: si este proyecto triunfa, es la hecatombe de nuestro país. Por eso esperamos, como señaló ya mi compañero Joan Tardà, una actitud más activa y más beligerante por parte de CiU, que, una vez más, se encuentra ante el dilema entre patria o patrimonio, entre la identidad catalana y los intereses de los grandes grupos de presión mediáticos. En definitiva, el Partido Popular quiere intervenir, sí o sí, en la configuración del panorama audiovisual del Estado, permitiendo deliberadamente la privatización parcial o total de las televisiones autonómicas como TV3, Canal Nou o IB3, entre muchas otras. Sus argumentos son para nosotros tan pobres como ridículos: constituir un único canal con
desconexiones territoriales con el pretexto de que toda la estructura sea más económica y reducir así el número de competidores públicos donde se crea que no son necesarios.
Ante el rechazo de nuestra enmienda a la totalidad, las enmiendas parciales que presentamos a este proyecto de ley van encaminadas a los siguientes objetivos: primero, garantizar el respeto a las competencias autonómicas, y en particular a las de la Generalitat de Catalunya, en medios de comunicación. En tal sentido, se añade una disposición adicional que exceptúa a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del cumplimiento de esta ley en tanto que se invaden las competencias propias del Gobierno catalán. En segundo lugar, garantizar la autonomía financiera de las comunidades autónomas. La ley no solo limita aún más la poca autonomía financiera que queda después de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sino que lo que hace es empujar a las comunidades autónomas con problemas financieros a privatizar sus televisiones públicas sin tener en cuenta el servicio público que realizan, especialmente, como ya he dicho, en aquellas comunidades autónomas con lengua propia, ante el monopolio de la lengua castellana en todas aquellas cadenas de carácter generalista, incluyendo las públicas estatales. En tercer lugar, en esta misma línea, otro bloque de enmiendas pretende garantizar la reciprocidad de las emisiones entre territorios que comparten dominio lingüístico como son los països catalans, de manera que TV3 se puede ver en el País Valencià. Este no solo es un paso en la normalización de un Estado pluricultural y plurilingüístico, sino que es también un compromiso adquirido por el Estado español con la firma de la Carta europea de las lenguas minoritarias o regionales. Finalmente, en cuarto lugar, hay un bloque de enmiendas dirigido a establecer la obligatoriedad de emisión y financiación de la producción en las lenguas cooficiales, ya que solo se establece su voluntariedad, beneficiando así a la producción propia en la lengua castellana, pese a que alrededor de un 40% de la población vive en territorios con lengua propia diferente a la castellana. Esta fue una reivindicación que quedó pendiente con la aprobación de la Ley de la Comunicación Audiovisual al negarse el PSOE a reconocer el pluralismo lingüístico estatal en la misma, de manera que es más probable que con dinero estatal se pueda financiar una producción en inglés que en lengua catalana.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu. (La señora Riera i Reñé pide la palabra).
La señora RIERA I REÑÉ: En nombre del Partido Nacionalista Vasco doy por defendidas las enmiendas y señalo que el PNV acepta la transacción que ha propuesto el Grupo Popular a la enmienda número 69. Ante la ausencia del portavoz del PNV, me ha pedido que interviniera en su nombre.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señora Riera.
El señor JÁUREGUI ATONDO: ¿Dónde están las enmiendas transaccionales? Es que tenemos que conocer las transaccionales.
El señor PRESIDENTE: Ruego a los ponentes que hayan redactado enmiendas transaccionales que se las pasen al resto de los grupos parlamentarios para que puedan fijar el sentido de sus votos o su posición con respecto a las mismas.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: El Grupo Parlamentario Popular ha entregado a la letrada las enmiendas transaccionales.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Ruego a la letrada que dé traslado a todos los portavoces. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra doña Irene Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Mi grupo presenta dos enmiendas. La 64, que es la más profunda, plantea una mejora del plan de saneamiento que pretende el proyecto de ley sobre todo partiendo de una visión de conjunto de la red de todas las televisiones autonómicas y partiendo de una mayor profundidad a la hora de abordar el problema. Creemos que es evidente que la red de televisiones públicas autonómicas está sobredimensionada, tenemos veintiséis canales autonómicos, mientras que un país como Alemania, que nos supera con mucho en población, tiene diez canales regionales. Creemos que esta desproporción evidente obliga a adoptar esa visión de conjunto y a abordar el problema desde esa concepción. Si todos estos canales fueran rentables o al menos no fueran deficitarios, incluso se podría plantear no abordarlo desde esta perspectiva conjunta, pero la cuestión es que parece que se trata de mantener a toda costa esos veintiséis canales en algunos casos mediante gestión directa o indirecta con colaboración público-privada mientras se está prescindiendo de otros servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Detrás de esto mi grupo observa una clara voluntad de mantener lo que son televisiones de partido que no prestan el servicio público que están obligadas a prestar, sino que están al servicio de unos intereses particulares que son los intereses de partido, los intereses del bipartidismo. Nosotros pensamos que es fundamental que las cuentas de las televisiones autonómicas estén saneadas, pero el grado de deterioro a que han llegado estas cuentas en las distintas... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Lozano.
Ruego que las conversaciones las mantengan fuera porque pierden la posibilidad de escuchar a la ponente.
Creemos que es necesario sanear las cuentas de las televisiones autonómicas, pero el grado de deterioro que han alcanzado obliga a hacer lo que podríamos llamar una criba inicial, un plan de gestión inicial que nos permita partir de una base más sólida con vistas al futuro. Consideramos que el plan que se incluye en el proyecto de ley podría estar bien con vistas a ese futuro, pero la enmienda que planteamos lo que trata de hacer precisamente es esa primera criba inicial y para eso planteamos un mecanismo de sostenibilidad que conste básicamente de tres fases. En primer lugar, que cada comunidad autónoma presente un plan de ajuste en el que no solamente haya una reducción del gasto, sino también una estimación futura de ingresos y que contemple las medidas necesarias para lograr ese equilibrio en las cuentas. En una segunda fase ese plan de ajuste sería remitido al órgano competente del Estado creado al efecto, que valoraría el plan presentado y podría proponer cambios o ajustes necesarios. En una tercera fase, si se viera que este plan de ajuste no es realizable o que se incumple en parte o en su totalidad, se procedería a la liquidación y al cierre ordenado de los canales de televisión autonómica que no fueran capaces de ajustarse a esos planes para sanear sus cuentas. Pensamos que de esta manera se conseguiría reducir el excesivo número de canales autonómicos que existe en la actualidad y así se podría partir de un punto de partida mejor para que en el futuro esa sostenibilidad de las cuentas fuera posible.
Además, a esos planes de la segunda fase, que es lo que actualmente figura en el proyecto, hemos añadido un punto para que los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual no puedan utilizar los ingresos obtenidos por el Estado o por las comunidades autónomas para sobrecotizar frente a competidores por derechos de programación que tengan un alto valor comercial.
También hemos incluido al Estado, no solo a las comunidades autónomas en la ejecución de los sistemas de control, puesto que pensamos que las comunidades autónomas han dado muestras de no tener la suficiente eficiencia a la hora de ejercer este control.
En cuanto a la segunda enmienda que presentamos, que es mucho más sencilla de explicar, es simplemente la inclusión del principio de transparencia en la gestión de las televisiones autonómicas. Creemos que es un principio que debe regir toda la actuación de las administraciones públicas. Ayer mismo Transparencia Internacional expresaba su preocupación por cómo en España esta opacidad general de la Administración ahonda la crisis y favorece la corrupción. Creemos que esta enmienda relativa a la transparencia podría apoyarse fácilmente por parte del Grupo Popular, puesto que el propio Gobierno asegura estar involucrado en la consecución de estos objetivos de transparencia y por eso hemos planteado votarlas separadamente para permitir que el Grupo Popular se sume a esta enmienda a favor de la transparencia.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Chesús Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Tras diecinueve reales decretos-leyes, casi habría que agradecer a este Gobierno que se apruebe por fin un proyecto de ley normal, como los que se hacían antes, con enmiendas y todo. Pero este proyecto de ley tampoco es normal, porque se tramita por vía de urgencia, casi no ha habido ponencia y no va a haber tramitación en el Pleno al parecer. Por tanto, tampoco es normal. Al menos en nuestro grupo nos hemos permitido el lujo de presentar enmiendas, para una vez que se puede había que aprovechar, y hemos presentado cuarenta y seis enmiendas dirigidas, unas, a oponer resistencia a la intención privatizadora del Gobierno del PP y, otras, aprovechando que se abría el melón de la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, para profundizar en los principios del servicio público de la comunicación audiovisual y mejorar la redacción de algunas cuestiones que luego citaré.
En el primer bloque de nuestras enmiendas proponemos suprimir el artículo único de este proyecto de ley a través de la enmienda número 17. Con la excusa de la coyuntura económica, este Gobierno quiere entregar de forma sistemática las televisiones públicas autonómicas a manos de operadores privados, está actuando como si los servicios públicos de comunicación audiovisual fueran simplemente mercancía, ignorando el papel fundamental que cumplen en relación con el derecho a la información, a la pluralidad y a la diversidad cultural tal como reconoce la Directiva 2007/65 de la Comisión Europea.
Como ya expusimos en el debate a la totalidad, el derecho a la información, según el propio Tribunal Constitucional, implica el respeto a los principios de veracidad, pluralidad, objetividad, neutralidad e independencia. Lo dice el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de un servicio público. ¿Cómo se van a garantizar esos principios constitucionales si se privatizan los medios audiovisuales autonómicos? No va a haber ninguna garantía y, por eso, nos oponemos completamente al proyecto de ley. Y también por otra razón, porque en el apartado cinco la nueva redacción que se da al artículo 43.8 bis de la Ley General de Comunicación Audiovisual se invaden claramente competencias autonómicas, llegando a tratar a las comunidades autónomas como menores de edad de una forma inaceptable. Anticipo ya que, por abundar en ese mismo camino, no podemos votar a favor ni de las enmiendas que han presentado los grupos Socialista y de UPyD, que desarrollan ese artículo 43.8 bis, ni de las que han presentado Convergència i Unió y Esquerra Republicana de Catalunya, que, aunque resisten al principio con una enmienda de supresión, terminan aceptando esa invasión competencial con otras enmiendas alternativas, ante las que no podremos votar a favor. Asimismo, proponemos en este bloque ampliar la definición del servicio de comunicación
audiovisual a través de la enmienda 40. Por otro lado, hay que recordar expresamente el papel cultural que tiene este servicio, tal como defiende la Unesco, un papel cultural y no solo económico o comercial. Se trata de la enmienda 35. Y exigimos también, a través de la enmienda 48, la gestión directa por el prestador del servicio público de comunicación audiovisual.
En un segundo bloque, proponemos reforzar esos principios constitucionales que he mencionado anteriormente, el derecho a la pluralidad, citando expresamente la Directiva 2007/65 de la Comisión Europea, a través de la enmienda 21 y el derecho a la información a través de las enmiendas 22 y 28, en las que proponemos que se garantice al menos dos espacios informativos de media hora cada día, tal como se exige como servicio mínimo en las jornadas de huelga. Hablamos también del derecho a la transparencia, a través de las enmiendas 23 y 36, garantizando que se conozca la identidad del portador del servicio y que tenga domicilio en el Estado español. Y, finalmente, desarrollamos también el derecho al pluralismo, a través de las enmiendas 43, 44 y 49, limitando más la participación en varios prestadores del servicio de comunicación audiovisual, desde luego nunca por encima del 27% de la audiencia o del 25% de las licencias, y garantizando el pluralismo y el derecho de acceso a los grupos sociales y políticos significativos en el conjunto de la programación como fuentes y portadores de información y de opinión.
En un tercer bloque proponemos establecer la corregulación, esto es, la iniciativa desde lo público cuando la autorregulación por parte de los prestadores no está existiendo o se está demostrando insuficiente, una corregulación para garantizar el cumplimiento de la legislación y los derechos, por ejemplo, del menor. En este sentido, específicamente sobre derechos del menor, planteamos las enmiendas 24 y 25. Y a través de las enmiendas 27, 29, 30 y 31 proponemos medidas concretas sobre el papel mediador que compete a la autoridad audiovisual, su deber de regular ante los incumplimientos y el papel de la defensa de la competencia en la autorregulación. A través de otras enmiendas proponemos desarrollar un papel más activo en el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, el CEMA -se trata de las enmiendas 50, 52, 53, 54, 57 y 58-, impulsando códigos de autorregulación, fijando las bases para la adjudicación, revocación y transmisión de licencias, reservándose al consejo capacidad de vigilancia, mediación y sanción, con competencias también en la resolución de conflictos, como recomendó en su día el Consejo de Estado. Mi grupo parlamentario propone que se considere infracción muy grave incumplir los compromisos sobre producción propia y sobre empleo estable y directo por parte del prestador del servicio.
En un cuarto bloque, pretendemos resolver los problemas existentes para los ciudadanos y ciudadanas de determinadas comunidades autónomas que no pueden acceder a la televisión en su propia lengua que se emite desde otra comunidad autónoma vecina. Recogemos así la reivindicación existente, que incluso ha promovido una iniciativa legislativa popular pendiente de tramitación en esta Cámara. Proponemos que el Gobierno garantice la recepción directa de las emisiones de radio y televisión en lenguas protegidas por la Carta europea de las lenguas minoritarias en aquellas comunidades autónomas con las que se comparte lengua idéntica o similar. Proponemos que el Gobierno asegure un múltiple digital adicional autonómico para las comunidades autónomas con más de una lengua oficial y los múltiples de titularidad estatal necesarios para que se garantice el acceso a la radio y televisión de cada comunidad lingüística, aunque abarque a varias comunidades autónomas. En cuanto a la diversidad lingüística, proponemos también que el servicio de la comunicación audiovisual televisivo de titularidad estatal ofrezca el 50% de los programas con banda sonora en las lenguas oficiales del Estado español y si ofrece obras dobladas o subtituladas cuya versión original sea en una de las lenguas oficiales distintas del castellano, esté obligado a ofrecer todas las opciones lingüísticas. Me refiero con esto a las enmiendas 59, 60, 61 y 62, en las que se citan explícitamente las lenguas protegidas por la Carta europea de las lenguas minoritarias que el Gobierno español ha firmado: en primer lugar, el euskera, que se habla en la Comunidad Autónoma vasca y en la Comunidad Foral de Navarra; en segundo lugar, el catalán, que se habla en Cataluña, en la Comunidad Autónoma de Islas Baleares y en la Comunidad Autónoma Valenciana -donde se llaman valenciano- y también en las comarcas orientales de Aragón; en tercer lugar, el gallego, que se habla en Galicia y también en algunas comarcas de Castilla y León y del Principado de Asturias; y, finalmente, se citan otras lenguas reconocidas y protegidas como el asturiano, el aragonés y el occitano o aranés, que se habla en el Vall d´Arán en Cataluña.
Finalmente, hay un quinto bloque en el que agradecerán que no me extienda. Son algunas correcciones menos importantes en el texto vigente de la Ley General de la Comunicación Audiovisual relacionadas con la publicidad, con la mención expresa al teatro en la programación de la televisión, con la duración de las licencias y los requisitos exigidos para obtenerlas y con la participación de representantes sindicales en el comité consultivo del CEMA, entre otras cuestiones que no tienen la importancia de los cuatro bloques que he citado anteriormente.
Concluyo ya. Decía el insigne periodista Ryszard Kapuscinski que cuando se descubrió que la información era un negocio la verdad dejó de ser importante. Hoy el Gobierno Rajoy pretende convertir las radios y televisiones públicas autonómicas en mercancía para favorecer intereses privados -obviamente, afines- poniendo en riesgo el derecho individual y colectivo de la ciudadanía a una información veraz, plural, objetiva, neutral e independiente, tal y como consagra la Constitución. Señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en su mano
tienen evitar ese desmán o, al menos, establecer garantías para que sobrevivan esos principios amenazados en este momento. De ustedes depende. Las enmiendas de mi grupo parlamentario podrían servir para corregir eso.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, antes de la defensa de las enmiendas presentadas por mi grupo, quisiera hacer unas breves consideraciones de orden más general respecto a este proyecto de ley y respecto a la posición del Grupo Parlamentario Popular, con quien no hemos conseguido finalmente -algo que lamentamos- llegar a un acuerdo transaccional sobre las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, que perseguían fundamentalmente evitar la invasión competencial que el nuevo apartado 8 bis supone.
En mi intervención en el Pleno de la semana pasada, con ocasión del debate de totalidad de las enmiendas presentadas por otros grupos, dejamos clara nuestra posición. Si bien compartimos la primera parte de este proyecto de ley, discrepamos claramente de la segunda parte del mismo, en concreto de la redacción y el espíritu de este nuevo apartado 8 bis que se incorpora. Este proyecto de ley, que para el Grupo Parlamentario Popular a nivel legislativo tiene dos leyes de referencia -la Ley General de la Comunicación Audiovisual 7/2010 y la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera-, tiene una tercera y una cuarta que son muy importantes para nuestro grupo parlamentario: el Estatuto de Autonomía, que es también ley orgánica, y la Ley de financiación de las comunidades autónomas. Estas dos últimas referencias legislativas las obvia este proyecto de ley y las reivindica mi grupo parlamentario.
Antes de entrar en el análisis de las enmiendas y del proyecto de ley por parte del grupo al que represento, creo importante que recordemos todos la definición que de este servicio público se hace en la Ley 7/2010; una definición que compartimos y que incorpora y reconoce el servicio público de su interés general, la pluralidad en la opinión e información, y la diversidad del Estado. Con relación a la primera parte del proyecto de ley, compartimos la flexibilización del sistema a través de un modelo que permite optar por diversas alternativas o fórmulas de gestión de sus canales públicos; una gestión que podrá ser directa o indirecta y que permite también en mayor medida una colaboración público-privada. Este es el primer objetivo del proyecto de ley, y lo compartimos no solo por el marco económico y financiero con el que nos encontramos, sino porque también da una mayor capacidad de adaptación a los nuevos entornos, así como una mayor libertad, que debería traducirse también en mayor libertad a las comunidades autónomas, que en definitiva son las que han de decidir y decidirán sobre los modelos de gestión. En este sentido, entendemos que es prioritario garantizar que son ellas, las comunidades autónomas, las que decidirán sobre las diversas alternativas de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, pudiendo optar bien por la gestión directa de sus canales públicos, bien por la indirecta, decidiendo qué servicios serán explotados por el servicio público y cuáles por empresas privadas en régimen de licencias. Dicho esto, hemos de manifestar de manera muy clara que, compartiendo la mayor libertad de decisión que se otorga y estando de acuerdo en que cada comunidad autónoma gestione como mejor lo considere el servicio público de comunicación audiovisual, en lo que se refiere a Cataluña y de manera inequívoca y contundente, nuestro grupo parlamentario hace y hará una apuesta clara y determinante por mantener el modelo de gestión público que tenemos desde el año 1983, que se ha evidenciado como un modelo de éxito y por el que apostamos claramente y defenderemos.
La segunda parte del proyecto de ley es para nuestro grupo una parte prioritaria. Hemos manifestado nuestras discrepancias al entender que la redacción del nuevo apartado 8 bis que se incorpora impacta de manera directa en las competencias de la Generalitat de Catalunya y, en concreto, afecta al artículo 146 del Estatuto de Autonomía y al artículo 1 de la Ley de financiación de las comunidades autónomas. Si, por una parte, el argumento que da soporte a la incorporación de este nuevo apartado es la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por otra parte entendemos que constituye una invasión clara de las competencias que con carácter exclusivo detiene la Generalitat de Catalunya; invasión que, a través de las dos enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario, hemos pretendido y hemos intentado reconducir. De hecho, nuestras enmiendas van dirigidas, en primer lugar, la 94, a suprimir todo el nuevo apartado 8 bis sobre la base de las competencias exclusivas que el Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat sobre la organización de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual y sobre la base del artículo 1 de la Ley de financiación de las comunidades autónomas, que dicta que estas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de las competencias que les atribuyen las leyes y sus respectivos estatutos.
Los mismos argumentos están en la base de la segunda enmienda, la 95, presentada por mi grupo parlamentario, que pretende una modificación de los términos en los que queda redactado el apartado 8 bis, salvándose de esta manera las competencias de la Generalitat en la materia y con una propuesta de modificación que también pretende reconducir la invasión competencial que supone este apartado. Esta enmienda 95 tiene dos partes. La primera suprime el actual apartado a), que determina la obligación anual de establecer un límite de gasto para el ejercicio, que no podrá rebasarse. Y así nuestra enmienda sustituye este apartado a) con una redacción acorde a las competencias que establece la obligación para los prestadores de titularidad pública de este servicio público al
no tomar ninguna iniciativa que comporte crecimiento del gasto presupuestario si no se dispone al mismo tiempo de los recursos adicionales necesarios. La segunda parte de la enmienda se refiere al apartado b), relacionado con la memoria e informe de gestión, y nuestra propuesta de redacción, manteniendo la referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros, introduce unos cambios en la última parte del segundo parágrafo de la letra b). En lugar de proponerse que los prestadores de titularidad pública del servicio presentarán al órgano competente de la comunidad autónoma para su aprobación una reducción de gastos para el ejercicio igual a la pérdida o déficit generado, tal como queda redactado en el proyecto de ley, nuestra enmienda establece que dichos prestadores presentarán al órgano competente de la comunidad autónoma para su aprobación una solicitud de modificación presupuestaria con una aportación extraordinaria para cubrir el déficit generado o, alternativamente, una propuesta de reducción de gastos o incremento de ingresos para los ejercicios siguientes igual a la pérdida o déficit generado. En consecuencia, de esta redacción suprimimos el parágrafo tercero relacionado con las aportaciones patrimoniales, contratos, etcétera, de las comunidades autónomas a favor de los prestadores de titularidad pública, en cuanto se establece que requerirán de la reducción de gastos aprobada.
Presidente, señorías, lamentamos no haber llegado a una transacción ni a un acuerdo con el Partido Popular, que así confirman un modelo -los representantes del Partido Popular y el Partido Popular- que no respeta las competencias que por ley orgánica corresponden a las comunidades autónomas y, por ello, a Cataluña. Entienden y enfocan mal el problema. El problema es que, bajo el paraguas de la crisis, de la crítica situación económica y financiera y de la necesidad de reconducir el déficit público, que compartimos, no se pueden invadir las competencias de las comunidades autónomas. En nuestro caso, es la Generalitat la que tiene las atribuciones para la organización de la prestación de este servicio público y es la Ley de Financiación la que establece que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias. En este sentido, todo el apartado 8 bis es una invasión en las obligaciones que establece para los prestadores de titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual.
Por último, compartimos la flexibilización del modelo, pero desde la libertad de cada una de las comunidades autónomas. Es en este marco del ejercicio de libertad en el que nosotros defendemos no solo el instrumento de éxito que han sido y son la televisión y radio públicas catalanas, instrumentos de cohesión, de integración y de fuerza de país, sino el modelo de gestión pública que, como he dicho antes en mi intervención, ha sido y es un modelo de éxito por el que continuaremos apostando de manera inequívoca.
No quiero acabar la intervención, señor presidente, sin referirme a una de las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya, en concreto la número 8, en cuya votación nos abstendremos. Votaremos favorablemente el resto de enmiendas presentadas por Esquerra Republicana, pero en el caso de la enmienda número 8 la redacción de la misma lleva a confusión, es un error técnico, aunque compartimos, como no podría ser de otra manera, el espíritu que persigue. Con el resto de enmiendas estamos de acuerdo; votaremos favorablemente las enmiendas de defensa de las competencias de las comunidades autónomas y las que defienden, como no puede ser de otra manera y como hacemos nosotros, la pluralidad lingüística.
Señorías, queda clara nuestra posición, así como nuestras discrepancias rotundas respecto al proyecto de ley y a la posición del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Juan Luis Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: El Grupo Parlamentario Socialista dejó clara cuál era su posición en el debate a la totalidad. Nos oponemos a este proyecto, que consideramos innecesario -las comunidades autónomas tienen competencias para llevar a término todo su contenido-, que permite la privatización de la titularidad del servicio público y que, además, no da respuesta a los objetivos que se plantea tanto de consolidación presupuestaria como de mejora de eficiencia de las cuentas públicas con una invasión competencial. Desde esa perspectiva, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dieciséis enmiendas que se orientan fundamentalmente a mejorar la acción del Gobierno de España. Nuestro partido es un partido de Gobierno y con estas enmiendas queremos contribuir, fundamentalmente, a mejorar y a enriquecer el proyecto de ley, corrigiendo y subsanando deficiencias desde el punto de vista técnico, así como dar respuesta a importantes lagunas jurídicas que presenta el proyecto. Por ejemplo, en ningún caso se contempla la participación, el control y la regulación de las comunidades autónomas en el capital social en la gestión mixta o en la colaboración público-privada; ni tampoco la traslación de la normativa europea; ni se da respuesta al pluralismo y a la garantía de pluralismo político en los consejos informativos a la hora de definir los principios rectores de la política informativa. De la misma manera, no se prevén mecanismos que permitan evitar la concentración mediática y la interferencia de la competencia. No se garantiza, a su vez, la reserva del espectro radioeléctrico para el servicio público de comunicación audiovisual.
En las enmiendas que presentamos también garantizamos la permanencia y las bases esenciales del modelo de servicio público de comunicación audiovisual que, por cierto, respalda e impulsa la Unión Europea en este ámbito. Con nuestras enmiendas queremos contribuir
también de una manera decisiva al objetivo al que se orienta el proyecto, que no es otro que la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas. Somos conscientes -y así lo dijimos en el debate a la totalidad- del problema que tiene en estos momentos la configuración y la estructura de los servicios de comunicación audiovisual con costes elevados, con bajas audiencias y donde hay nichos importantes para avanzar en la mejora de la eficiencia y en la reducción de costes. Creemos que nuestras propuestas contribuyen a mejorar sustancialmente el proyecto de ley en el ámbito en el que se circunscribe el proyecto de ley, que no es otro que la flexibilización de los modos de gestión. Al mismo tiempo, pedimos al Grupo Popular que sea receptivo a las propuestas que estamos haciendo a esta ley porque, sin duda, va a garantizar un mayor respaldo social mucho más amplio y una mayor legitimidad del propio proyecto.
Entrando en los contenidos, nos parece prioritario evitar la privatización de la titularidad del servicio público de comunicación audiovisual de las comunidades autónomas. La ley lo permite y permite la privatización pero este acto conlleva un camino irreversible. No se puede volver a constituir la televisión autonómica del servicio público una vez privatizado, entre otras razones, porque falta espacio radioeléctrico. Por tanto, es una decisión sin sentido desde el punto de vista del marco que establece la Unión Europea que, como digo, aboga por un servicio público de comunicación audiovisual, pero al mismo tiempo sin sentido desde el punto de vista coyuntural y económico. En estos momentos no hay mercado, no hay posibilidad de garantizar la viabilidad económico-financiera en la gestión privada de más canales, salvo que lo que pretenda el proyecto sea otra cosa y es dar un balón de oxígeno a muchas comunidades autónomas para facilitar los ERE y las reformas estructurales de costes, intentando evitar el desgaste político que pueden suponer estas actuaciones. Entendemos que el proyecto va en esta dirección. Pero quiero resaltar la importancia que tiene un servicio público de comunicación audiovisual para las comunidades autónomas. En primer lugar, tiene una alta rentabilidad social, permite la cohesión territorial y potenciar la diversidad cultural y lingüística y, al mismo tiempo, fomentar y promocionar el patrimonio. No es necesario un servicio público con cuatro, cinco o seis canales, se trata de tener un servicio público con un gasto que no sea excesivo, sostenible, pero que profundice en esos valores que definen el propio servicio público. Hoy, con el modelo que nos plantea el Partido Popular se va a un servicio exclusivamente de carácter neoliberal sin futuro, porque no hay mercado y además quiebra el modelo de servicio público. Por eso hemos presentado la supresión del segundo párrafo del artículo 40.3.
También en aras de potenciar y garantizar en el futuro este modelo de televisión pública autonómica, de servicio de comunicación audiovisual, consideramos que es necesario al menos que se preserve y reserve el servicio público de comunicación audiovisual en los múltiples digitales que adjudican las comunidades autónomas. Tal y como está redactado el proyecto de ley se puede dar la circunstancia de que la comunidad autónoma competente en la materia asigne en el espectro radioeléctrico frecuencias para empresas privadas y, sin embargo, nos quedemos sin tan siquiera una reserva para un canal público que garantice en un futuro ese servicio público. Por tanto, entendemos que esto es necesario. Señores del Partido Popular, tengan en cuenta que ustedes no van a gobernar toda la vida, aunque así lo parezca. Por tanto, hemos de preservar garantías a futuro. Tengan la seguridad de que más antes que después gobernaremos quienes creemos en una televisión pública, de servicio público.
Nuestras enmiendas contemplan también la posibilidad de no externalizar la producción y edición de los programas o servicios informativos o aquellos que determine el mandato marco en gestión directa. Realmente lo que está haciendo el proyecto es atacar al núcleo, al core, es decir, a las señas de identidad del servicio publico y al mismo tiempo pone en duda la garantía de la pluralidad, la neutralidad y la independencia. ¿Cómo se compatibiliza con el proyecto el hecho de que las directivas europeas indiquen la necesidad de que los principios rectores de información sean impulsados y diseñados por un órgano plural? ¿Cómo se compatibiliza esto en un ámbito de colaboración público-privada o gestión indirecta? El proyecto de ley no lo resuelve ni da respuesta. Asimismo tengo que decirles que es una contradicción porque hay comunidades autónomas, como Canarias, donde se ha externalizado la producción y edición de servicios de informativos. Por cierto, fue externalizado por iniciativa del actual ministro en el año 1998, antiguo presidente de Canarias y no como dijo el ministro en el debate a la totalidad. Fue el Gobierno canario del Partido Popular quien impulsó la externalización. Con esto quiero decir que hay una clara contradicción entre a lo que aspira el proyecto de ley y lo que realmente ofrece la ley.
Incidimos en la aplicación de los principios de transparencia en la atribución a un tercero de la gestión indirecta o en la colaboración público privada como en la enajenación de la titularidad. El proyecto de ley no contempla el principio de transparencia, no discriminación e igualdad de trato contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público. Queremos -lo referencié antes- dar respuesta a un problema que se nos puede plantear, que es la concentración mediática en el mercado audiovisual y al mismo tiempo la garantía de la competencia. Por eso en nuestras enmiendas establecemos límites a la participación y al derecho de voto en las sociedades prestadoras de los servicios de comunicación audiovisual. Se puede dar la circunstancia de que en el marco que establece el proyecto de ley, uno o dos grupos mediáticos controlen el 90% del mercado. Queremos poner coto a esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué proponemos? Pues que no se pueda participar en más de tres sociedades prestadoras de servicios o bien en dos o
más sociedades, siempre que se supere la cuota de 12 millones de habitantes. Es una forma de limitar la concentración mediática y por tanto el monopolio informativo. Este es un claro riesgo que tiene el proyecto.
También proponemos, que es el auténtico objetivo del proyecto, la reducción de costes y la mejora de la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos. Para ello se propone -y lo recogemos en nuestras enmiendas- la posibilidad de confederación entre prestadores de servicios públicos de comunicación audiovisual entre sí, pero también con la Corporación Radiotelevisión Española, a la vez que establecemos la posibilidad de que la Corporación Radiotelevisión Española pueda desarrollar el servicio público de comunicación audiovisual siempre en un marco de cooperación y colaboración, y mediante un convenio con las comunidades autónomas. Es una forma de dar respuesta a un problema real que existe pero al mismo tiempo respetar también la autonomía financiera.
El proyecto no respeta en ningún momento el autogobierno de las comunidades autónomas, entra en una clara colisión porque aplica directamente la normativa sobre estabilidad presupuestaria, es decir, les deja sin margen, cuando realmente la normativa de estabilidad presupuestaria vincula a las comunidades autónomas, no a los servicios públicos de comunicación audiovisual, pero a su vez establece objetivos de déficit público. En definitiva, va contra el marco competencial y al mismo tiempo hace inviable la titularidad pública del servicio de comunicación audiovisual. Quiero recordar que hay comunidades autónomas, como Cataluña, que tienen competencias exclusivas en la organización y prestación del servicio público de comunicación audiovisual. Ahí está también la Ley de financiación de las comunidades autónomas, que les da autonomía financiera, es decir, es una clara injerencia del proyecto de ley en las comunidades autónomas. ¡Cuidado! Nosotros estamos pidiendo que se cumplan los objetivos de déficit público. Estamos al mismo tiempo reconociendo la necesidad de ajuste de costes, pero esto es algo que han de llevarlo a término las comunidades autónomas en el ámbito competencial. Por último, establecemos también una serie de propuestas para reforzar la aplicación de la normativa europea, tanto en las ayudas estatales como en el respeto a las directivas y, al mismo tiempo, los mecanismos de mejora de control democrático y de valoración ex ante para evitar problemas a la competencia.
Señorías, entendemos que nuestras enmiendas contribuyen fundamentalmente a preservar la naturaleza del servicio público de comunicación audiovisual, pero van más allá y dan respuesta al problema de eficiencia y de reducción de costes y saneamiento de las cuentas públicas que, a pesar de que el proyecto de ley declara que es su objetivo, sin embargo no aborda. Y sobre todo profundizan en la transparencia y en los mecanismos de control democrático. Por eso, pedimos al Grupo Parlamentario Popular que sea receptivo a nuestras enmiendas y que lo sea porque, como decía, contribuirán a mejorar sustancialmente el proyecto y a legitimarlo. Mi compañero después expondrá nuestra posición con respecto a las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Señor Gordo, puede que exista un turno después pero para fijar la posición con respecto a las transaccionales o para ordenar la votación, no para debatir sobre la fijación de posición de cada grupo. Para eso era este turno.
El señor GORDO PÉREZ: Fijar la posición es lo que estamos pidiendo.
El Grupo Parlamentario Popular me ha pedido dividir el tiempo entre tres ponentes, con lo cual les pido que se ciñan a ese tercio del tiempo que tienen. En primer lugar, tiene la palabra la señora Bajo.
La señora BAJO PRIETO: Voy a fijar la posición de mi grupo parlamentario a las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, UPyD y La Izquierda Plural. He leído las enmiendas que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego e incluso he releído la intervención que hicieron el pasado jueves en el Pleno, y sigo sin dar crédito a los argumentos que utilizan. Dudo de que tengamos el mismo texto; les recomiendo que usen el mismo que uso yo, que es el que ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Ya les adelanto que mi grupo parlamentario votará que no a sus enmiendas porque de las cuatro presentadas tres son de supresión, y la que es de modificación, en la que se propone que la gestión indirecta se realice siempre a través de un ente público, entra en clara contradicción con el proyecto de ley porque impone obligaciones en vez de eliminarlas o suavizarlas. Ahora bien, dicen que esta modificación es centralista, uniformadora y privatizadora. ¿Es centralista y uniformadora una ley que amplía la posibilidad a las comunidades autónomas para que elijan libremente la fórmula de gestión de sus canales públicos de televisión? Señorías, decidir libremente qué quieren las comunidades autónomas y qué quieren hacer con sus canales públicos es más bien un síntoma de ahondar en la autonomía que un síntoma de centralismo. Luego dicen que la ley es privatizadora, y parece que al Bloque Nacionalista Galego lo que le asusta es la gestión privada directa o indirecta, pero hay algo que no me queda muy claro. Si tanto les asusta, ¿por qué cuando el Bloque Nacionalista gobernaba en Galicia la televisión galega tenía el 88% de su producción externalizada? ¿Tienen un lapsus de memoria o es que cuando ustedes gobiernan a la externalización -que lo que conlleva no es otra cosa que la producción se haga con productoras privadas- la llaman producción propia? Cambian tanto los conceptos que llegaron a decir que la radiotelevisión galega tenía 30 millones de beneficios, y cuando llegó el Partido Popular al Gobierno lo que se encontró fueron pérdidas tan importantes que no les quedó más remedio que reformar
las cuentas. No me extraña que estén en contra de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, porque de eso no entienden. Dejaron un ente público con una deuda de 42 millones, que gracias a la buena gestión del Gobierno del Partido Popular se ha reducido a 1.800.000 euros. Por cierto, sigue siendo el segundo canal autonómico más visto, y ya ven que austeridad y eficacia no están reñidas.
Mientras los nacionalistas nos tachan de centralistas, UPyD nos acusa de todo lo contrario. Quieren una ley con más obligaciones y con intervención estatal. Pues bien mi grupo parlamentario cree en la libertad de elección del modelo de gestión, no es partidario de las imposiciones, y menos cuando el mantenimiento de un ente público agrava más el déficit que tienen las comunidades autónomas. Lo que sí le pediría a la portavoz de UPyD es un poco más de homogeneización ideológica. No se puede decir un día que las televisiones autonómicas había que cerrarlas todas, al día siguiente presentar una iniciativa en la Asamblea de Madrid exigiendo lo contrario, y a día de hoy presentar un mix que no se entiende: que si no son rentables, que si deben ser sostenibles, que no están en contra de la gestión privada o de que se vendan, pero que quieren que sea un servicio público porque hasta ahora no lo son, porque son de partido, pero que sean controladas... Si tan importante es para ustedes el control y la transparencia, no entiendo su negativa a participar en los consejos de administración de los entes públicos autonómicos, porque ahí sí que se controla, además del presupuesto, la programación y los contenidos. Dicen que la ley es un caos y creo que el caos lo tienen ustedes, porque si de verdad estuvieran en contra del despilfarro apoyarían este proyecto de ley. Por tanto, señorías, anuncio que nuestro grupo parlamentario votará no a las enmiendas. No a la número 64 porque supone una enmienda a la totalidad del proyecto que hoy se debate, y no a la 63 porque consideramos que con la Ley de Transparencia aprobada recientemente por el Gobierno también se contempla la transparencia de estos órganos, y también les diré que no siempre la producción propia conlleva ahorro de gasto.
En cuanto a las enmiendas de La Izquierda Plural debo decir que este proyecto de ley ni controla ni privatiza ni censura, da la libertad a las comunidades autónomas, que hasta ahora no la tenían, de elegir el modelo de gestión, y no es ni mucho menos un instrumento para tapar nuestras vergüenzas, como se dijo el pasado jueves en el Pleno. Aquí las únicas vergüenzas que sí se han tapado son las suyas. Por si se le ha olvidado -eso es lo malo de tener pasado- el actual Gobierno de Cataluña tuvo que asumir una deuda de casi 1.000 millones del ente público autonómico después de dejar su partido la gestión de dicho ente. En cuanto a sus enmiendas, mi grupo votará en contra de ellas, en la mayoría de los casos porque proponen actuaciones que no son objeto de la modificación legal que estamos debatiendo, y en otros, porque suponen la supresión del artículo único. En el resto de las enmiendas lo que se propone es contrario a la flexibilización del modelo de gestión.
El señor PRESIDENTE: A continuación don Ramón Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Intervengo con brevedad en el ánimo de cumplir con las palabras y el interés de la Presidencia.
Me voy a referir a las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya y por Convergència i Unió. Una vez leídas y estudiadas todas ellas, en cuanto a las presentadas por Esquerra Republicana, tenemos la sensación y la seguridad, señor presidente, de que han pretendido justificar sus iniciativas sobre la base de argumentos, a nuestro entender, erróneos. En ningún momento este proyecto de ley, con sus modificaciones, invade competencias de ningún tipo, y quiero que quede claro. Tampoco limita la autonomía de ninguna comunidad; más bien todo lo contrario. Es más, hemos creado un proyecto de ley para la flexibilización de modelos de gestión de las televisiones autonómicas que va a ampliar la libertad de elección y capacidad de decisión para que cada comunidad autónoma pueda decidir cómo prestan la actividad de televisión autonómica. Se trata pues de que las comunidades autónomas decidan si prestan o no el servicio público, pero tenemos claro que si lo hacen tendrán que cumplir los principios de estabilidad presupuestaria, y podrán decidir si lo gestionan directa o indirectamente; en caso contrario podrán sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales. Dicho esto, no podemos apoyar ninguna de las enmiendas que ha presentado Esquerra Republicana de Cataluña.
En referencia a las iniciativas presentadas por Convergència i Unió, y aunque en nuestro ánimo ha estado la intención de llegar a algún tipo de acuerdo que nos llevara a poder presentar hoy aquí alguna propuesta que fuera capaz de aunar voluntades, no ha sido posible. Reconocemos su esfuerzo, señora Riera, pero lamentamos no poder apoyar ninguna de las dos enmiendas que han presentado, aunque tenemos claro que en el global del proyecto de ley hay más cosas que nos unen que las que nos separan, y ustedes y nosotros lo sabemos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: En primer lugar, voy a defender las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. En una de ellas, la número 75, se añade un nuevo apartado 5 al artículo 40, presentando a su vez una enmienda in voce, quedando redactado de la siguiente manera: Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico podrán establecer acuerdos entre sí para la producción o edición conjunta de contenidos, la adquisición de derechos sobre contenidos o en otros ámbitos, con el objeto de mejorar la eficiencia de su actividad. Igualmente podrán establecer acuerdos con la Corporación
de Radiotelevisión para dicho fin. En cuanto a las otras dos enmiendas, la 76 y la 77, lo que vienen a recoger es una directiva europea de servicios de comunicación audiovisual que, como señala dicha directiva, la disponibilidad de contenidos nocivos en los servicios de comunicación audiovisual constituye un motivo de preocupación no solo para el legislador, sino también para el sector medios y los padres. En consecuencia son necesarias normas que protejan el desarrollo físico, mental y moral del menor, así como la dignidad humana en todos los servicios de comunicación audiovisual, e implementar una mayor defensa de los derechos de los menores como espectadores. Se propone por tanto aclarar la prohibición de emisión, ya sea en abierto o en codificado, de contenidos audiovisuales que puedan ser seriamente perjudiciales al desarrollo físico de los menores, acogiéndose así en España la disposición de la Decisión Marco de 2004, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Asimismo recoge la necesidad de ofrecer catálogos separados para los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo del menor. Se añade como medida adicional la obligación de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición de establecer dispositivos, programas o mecanismos eficaces, actualizables y fáciles de utilizar que permitan el control parental a través del bloqueo de este tipo de contenidos, de forma que los menores no puedan acceder a los que no estén dirigidos a ellos.
Al mismo tiempo hemos transaccionado, como lo ha anunciado anteriormente quien actuaba como portavoz del PNV, una enmienda transaccional a la enmienda 69 del Grupo Parlamentario Vasco, que tiene la letrada en este momento, y que podrán conocer todos los grupos, haciendo referencia a las haciendas forales, así como otra enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista, referente al título del proyecto de ley, que quedaría de la siguiente manera: proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. Igualmente anunciamos ya que alguna de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista vamos a votarla favorablemente, pero desde luego no compartimos en absoluto el discurso que ha utilizado el portavoz del Grupo Socialista. Nosotros desde luego no podemos apoyar el resto de las enmiendas; aquellas que no hacen referencia, tanto a la exposición de motivos como a la enmienda 83, que son las que aprobaríamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Al resto no, porque contradicen la iniciativa del propio Gobierno al impedir que los medios públicos audiovisuales autonómicos se gestionen como estimen más oportuno. Quiero subrayar en todo momento la voluntariedad de este proyecto de ley, que permite a las comunidades autónomas la prestación de un servicio público mucho más flexible, y se les da plena libertad para ello. El discurso del Grupo Parlamentario Socialista se contradice, como viene siendo habitual en ellos. Ya lo vimos en el Pleno con la enmienda a la totalidad que presentaron y hoy de nuevo se repite. No solamente dicen que vamos a anular con esto lo que compete a los servicios informativos, sino que además en esta ocasión ya no se han atrevido a hacer referencia a Aragón, cuando lo que hace este proyecto de ley es dar cobertura precisamente a lo que ustedes están haciendo en Aragón, a lo que desde la presidencia de Aragón, gobernando el Partido Socialista, el señor Iglesias decidió que era externalizar los servicios informativos, eso mismo que usted decía textualmente: que con ello se atacaba el núcleo o al cuerpo, y he de decirle también que, en el caso de Canarias, ojalá hubiera sido presidente de la Comunidad de Canarias el señor Soria, pero desde luego no lo era; ojalá lo hubiera sido, pero desgraciadamente no lo era. (El señor Gordo Pérez: Era consejero de Economía). En cualquier caso le recuerdo las palabras del ministro: quien dirige esa televisión es un designado por el Partido Socialista Obrero Español, reconocido. Por tanto, no me utilicen ustedes el doble discurso, a beneficio de inventario, que es a lo que nos tienen habituados ustedes, cuando al mismo tiempo se rasgan las vestiduras con lo que no se está haciendo con Televisión Española, teniendo en cuenta que fueron ustedes los que se cargaron los servicios territoriales de Televisión Española, reduciéndolos a la nada, a la mínima expresión. (El señor Gordo Pérez: A ver qué hacéis). Han sido ustedes los que han externalizado casi todo y la producción suele ser ajena y nunca propia, porque ustedes así lo han querido durante esos ocho años de mandato. Por tanto no pretenda usted desdecirse de lo que la historia nos enseña día a día sobre las prácticas habituales del Partido Socialista en los medios de comunicación. (Rumores).
Y desde el punto de vista competencial no estimamos que se invada -como decía al principio- ni que se afecte a la autonomía de ninguna comunidad, insisto. El proyecto de ley se adecua al orden de distribución de competencias y se elabora -lo aclaro en este momento por la preocupación de algunos- al amparo de la competencia del Estado para fijar las bases de la normativa reguladora de los medios de comunicación recogida en el artículo 149 de la Constitución española. Hago referencia al artículo por la duda que alguno trataba de sembrar. (Rumores). Por otra parte, he de decirle que establece un límite anual de gasto y unos informes y controles rigurosos que garantizan el equilibrio y la sostenibilidad financiera de estos medios. Esa es la segunda previsión del proyecto de ley, y con ello quedan salvaguardadas las comunidades autónomas, porque van a ser ellas las que decidan qué modelo de gestión quieren -y no lo teman, de verdad, no lo teman; déjenlas, porque todas ellas tienen mayoría de edad para decidir el modelo con el que se quieren regir en el futuro-, y por otro lado, que se ajuste a los niveles presupuestarios.
Quiero decir también, rápida y brevemente, que no podemos compartir en modo alguno que se esté obligando a las comunidades a adoptar una decisión negativa o perjudicial para sus intereses, como también se ha dicho a lo largo de las intervenciones, muy al contrario,
ni admitimos tampoco que se mezcle torticeramente esta flexibilidad en la gestión de sus canales públicos con el mantenimiento de otros servicios, como también se ha venido diciendo. Si algo queda claro es que no se invade competencia alguna, no se limita la autonomía de las comunidades autónomas, se reconoce la realidad plural de las mismas con este proyecto, y se les da libertad y competencias para poder gestionarse como consideren. Por tanto les rogaría que sean retiradas todas aquellas enmiendas que van en contra de permitir esa flexibilidad a las comunidades autónomas, y ese modelo de gestión que libremente el proyecto de ley les da para que de forma voluntaria decidan si se quieren acoger a él o no; de lo contrario por parte del Grupo Parlamentario Popular desde luego votaremos en contra de todas ellas.
Por último quiero decir que la voluntad del Grupo Parlamentario Popular ha sido la de tratar de llegar a acuerdos con los grupos que han presentado enmiendas, pero lo que no se puede hacer por parte de un grupo parlamentario como el nuestro que está sustentando al Gobierno, es en ningún caso admitir o negociar enmiendas que atacan al cuerpo y al núcleo de esta ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Entiendo que ha habido una modificación in voce a una enmienda presentada por el Partido Popular y que han sido redactadas dos enmiendas transaccionales. Pregunto a los grupos parlamentarios si tienen los textos de esas enmiendas transaccionales y de la modificación in voce a la enmienda del Partido Popular.
El señor JAÚREGUI ATONDO: La in voce, no; las otras dos creo que sí.
El señor PRESIDENTE: ¿Sería posible facilitar el texto a los portavoces?
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Sí, es posible, presidente. En cualquier caso, si tienen el texto, aun cuando se les facilite, el punto quedaría...
El señor PRESIDENTE: ¿A qué enmienda se refiere?
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: A la in voce que hemos hecho a la 75 del Grupo Parlamentario Popular. Si tienen el texto, se la leo, porque es suprimir una palabra. En cualquier caso, hemos facilitado a la Mesa la enmienda in voce. (El señor Yuste Cabello: ¿Qué palabra?). Dice así: Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico podrán establecer acuerdos entre sí para la producción o edición conjunta de contenidos y la adquisición de derechos sobre contenidos en otros ámbitos, con el objeto de mejorar la eficiencia de su actividad. Igualmente podrán establecer acuerdos con la Corporación de Radiotelevisión Española para dicho fin.
El señor PRESIDENTE: El señor Jáuregui me había solicitado la palabra para fijar el sentido del voto. Yo sé, señor Jáuregui, que usted sabe para qué es este trámite, con lo cual le ruego que no abra un debate porque no es complementario del anterior para argumentar y presentar nuevos argumentos, sino simplemente para la ordenación del debate con respecto a las enmiendas.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señor presidente, pero déjeme que le puntualice si usted me lo permite. (Risas). Yo realmente le estaba solicitando un turno para que nuestro grupo, y espero que también los demás, pudiéramos explicar cuál es la posición sobre el conjunto de las enmiendas de los demás grupos (Varios señores diputados: Ya lo hemos hecho), porque algún portavoz lo ha hecho, pero a mí me parece que este es un deber de cortesía parlamentaria. (Rumores). Si nos ponemos reglamentistas, señor presidente, me voy a ver obligado a recordarle el artículo 114 del Reglamento, que establece la obligatoriedad de que el trámite en Comisión legislativa de las leyes se haga artículo por artículo. Artículo 114 del Reglamento: Concluido el informe de la ponencia, comenzará el debate en Comisión, que se hará artículo por artículo, señor presidente. Artículo 115.2: El presidente de la Comisión, de acuerdo con la Mesa de esta, podrá establecer el tiempo máximo de la discusión para cada artículo. Yo acepto muy bien que podamos hacer un debate sobre el conjunto de las enmiendas del proyecto de ley, pero quiero llamar la atención, señor presidente y señores portavoces, sobre que estamos tramitando un proyecto de ley en aproximadamente media hora en ponencia y una hora en Comisión (Rumores). Bueno, no sé, cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui...
El señor JÁUREGUI ATONDO: Perdóneme, señor presidente, pero quiero explicar esta posición porque me parece que es tan elemental que podamos exponer en un segundo turno...
El señor PRESIDENTE: Sí, sí, yo le dejo exponer luego lo que quiera, pero permítame fijar en este momento para qué es este trámite. El artículo al que ha hecho referencia, el 114 del Reglamento, de debatir artículo por artículo, sabe que por los antecedentes parlamentarios -y además yo sé que usted lo sabe- no se lleva a cabo, sino que se llevan a cabo las votaciones de las enmiendas presentadas por cada grupo parlamentario. El resto de los portavoces, señor Jáuregui, ha utilizado su turno y además muchos de ellos no sobrepasándolo, como ha hecho el Grupo Socialista y como ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, sino ciñéndose a su tiempo, para dos cuestiones: defender sus enmiendas y manifestar la fijación de su grupo con respecto a las enmiendas de los demás. Por lo tanto eso es lo que deben hacer los grupos parlamentarios y lo que han hecho. Yo le pido, por favor, que se ciña a esto porque si no va a abrir el debate de una manera innecesaria, y le recuerdo
que este proyecto de ley ha pasado por el Pleno de la Cámara, ha pasado por la ponencia, y ha pasado por la Comisión, por lo tanto tiene los trámites ordinarios en un proyecto de ley tramitado de urgencia como es este. Como yo sé que por su experiencia parlamentaria usted también lo sabe, le solicito que se ciña a esto.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Pues en base a mi experiencia parlamentaria, señor presidente, permítame que le diga que en la ponencia normalmente los grupos políticos hablan, discuten y pactan, es decir, las leyes se discuten justamente en la ponencia y hay todo un diálogo entre los grupos políticos para expresar lo que cada uno opina de las diferentes enmiendas, pero desgraciadamente en esta casa, y especialmente en los últimos tiempos, se está estableciendo el criterio de que la ponencia es un trámite, un trámite que elabora un informe para que el grupo mayoritario, en este caso el grupo que apoya al Gobierno, diga literalmente que no acepta ninguna enmienda y lleguemos a la Comisión y tengamos un turno para todas las enmiendas, inclusive como usted dice, en diez minutos, para expresar la defensa de las dieciséis enmiendas del Grupo Socialista, por poner un ejemplo, y qué opinamos de las otras setenta y cinco enmiendas que hay en esta ley. Esto es imposible, y yo creo que una Cámara, que es justamente el lugar donde el Poder Legislativo debate y traslada a la opinión pública las posiciones políticas, no puede estar tan limitada, sinceramente creo que es un error de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, estamos...
El señor JÁUREGUI ATONDO: Y yo le anuncio -perdóneme, señor presidente, termino- que si esta es la práctica habitual en la tramitación de las leyes, mi grupo elevará al Presidente del Congreso una queja razonada sobre la ausencia de debate político en la tramitación de las leyes, más allá del abuso en los decretos leyes que se está produciendo. Creo que esto es muy malo para el Parlamento. (Rumores). Luego nos quejamos de que la gente está desconectada del Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, al resto de los grupos parlamentarios, incluso a La Izquierda Plural que ha tenido cuarenta enmiendas, les ha dado tiempo perfectamente en el tiempo que han utilizado a defender sus enmiendas, y además fijar su posición con respecto al resto.
Cuando hace referencia a las últimas prácticas en la tramitación de los proyectos de ley le aseguro que, por el conocimiento que tengo, este es el primer proyecto de ley que se tramita en esta Comisión, en la ponencia se ha hecho exactamente igual que se ha hecho en los últimos ocho años de Gobierno, porque yo he participado. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos-Rumores). Por tanto, si quiere utilizar un turno para fijar y poder clarificar el orden y el cuaderno de debate, le concedo unos minutos. Si no, es necesario terminar el debate ahora.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muy bien, señor presidente. Simplemente le diré que yo he sido ponente en bastantes leyes y en la ponencia ha habido discusión y pacto sobre los artículos. Recuerdo -la señora Riera lo podrá recordar- por ejemplo la Ley del Tribunal...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que se ciña, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Es para precisar la realidad. La ponencia es para eso. En todo caso quiero dejar clara, no sé si es que hay intervenciones de los grupos a estos efectos, cuál es nuestra posición respecto de las diferentes enmiendas, y por eso, para que la señora letrada ordene el debate, le voy a decir en qué enmiendas queremos votación separada.
El señor PRESIDENTE: Para eso es este trámite.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Perfecto. En relación con las enmiendas de Esquerra quiero pedir votación separada de las enmiendas 7 8, 9, 16, 6, y de la 10 a la 15; en relación con la 7 y la 8 nuestro votará a favor; en relación con las que se refieren a las propuestas en materia lingüística creemos que nuestra posición tiene que respetar lo que la comunidad autónoma pueda establecer, no creo que la ley estatal tenga que establecer límites a lo que es el uso de la política lingüística en los medios de comunicación de cada comunidad autónoma; y en relación con las enmiendas 9 y 16 votaremos en contra, porque en nuestra opinión la regulación que establece esta ley es ley básica en unos aspectos y tiene que ser respetada.
Vamos a abstenernos en relación con las enmiendas de Izquierda Unida, y por tanto todo el bloque de las enmiendas de Izquierda Unida las vamos a votar -por nuestra parte, se entiende- en un solo bloque porque las enmiendas que se plantean por Izquierda Unida en realidad reiteran el debate que se produjo cuando se debatió la Ley Audiovisual, y consideramos que siendo esta una ley que modifica solo unos artículos en relación con la gestión de los canales autonómicos, no procede reproducir todo el debate.
Vamos a votar separadamente las dos enmiendas de UPyD, la 63 y la 64, y en ambas, en la primera y en la segunda, habrá una posición diferente por nuestra parte, teniendo en cuenta que la 64 en nuestra opinión hace referencia a una invasión competencial que no compartimos, y la anterior hace alguna referencia a la gestión nacional de la producción que no nos parece adecuada, porque puede tener problemas con la Unión Europea.
Quiero decir que si hay una enmienda transaccional que el PP ha presentado y que acabamos de conocer a la número 69 del PNV, y es una enmienda que hace referencia al respeto al régimen foral en Navarra y en el País
Vasco, la vamos a aceptar, y por tanto pediremos votación separada de la número 69, y pediremos también votación separada de las número 65 y 67 del PNV, porque votaremos a favor de esas dos enmiendas que responden a lo que es el espíritu de defensa de la Ley Audiovisual anterior. Votaremos en contra de la número 66, porque en nuestra opinión no creemos que tenga que establecer una obligatoriedad a la Televisión Española de prestar un servicio autonómico allá donde no haya un servicio autonómico de televisión, y nos abstendremos en la número 68 porque no somos partidarios de suprimir todos los compromisos en materia de estabilidad financiera, sino de enmendar la reforma legal actual en la línea de lo que es nuestra enmienda a ese respecto. Repito que votaremos sí a la transaccional que el PP ha propuesto al PNV en relación con el respeto al régimen foral del País Vasco y de Navarra, número 69.
Votaremos por separado la número 70, del BNG, la 71, la 72 y la 73 en un solo bloque, y la 74 en otra votación. Votaremos sí a la número 70, del Bloque, porque defiende el sistema actual. Nos abstendremos en las tres que proponen una gestión absolutamente radical del servicio público autonómico sin permitir una flexibilidad suficiente, y también nos abstendremos -rectifico, señora letrada- y votaremos en un solo bloque de la 71 a la 74, del Bloque Nacionalista Galego. Vamos a votar que no a la número 75, del PP, porque nuestra enmienda número 87, que pretende encadenar los servicios de Televisión Española con los servicios autonómicos para evitar duplicidades, ahorrar costes, etcétera, es mejor. Es claramente mejor la número 87, del Grupo Socialista, que la 75, del PP, por lo que no la votaremos. Sin embargo tengo que anunciar que las dos enmiendas que el Grupo Popular ha presentado a propósito de un fortalecimiento de las medidas de protección a los menores en los contenidos de las televisiones autonómicas, al igual que en las televisiones estatales, nos parecen correctas y por tanto mi grupo votará a favor de dos enmiendas que por parte del Grupo Popular pretenden -repito- reforzar la protección a los menores en general. Desgraciadamente, señorías, tenemos un problema importante con el control de los contenidos de televisión que violentan a los menores, pues no está establecido en nuestro sistema de manera suficiente. Habíamos creado en la Ley Audiovisual el CEMA, el actual Gobierno lo va a suprimir, y desgraciadamente cuando las denuncias parentales, por ejemplo, contra contenidos televisivos que perjudican seriamente el desarrollo físico y mental de los menores se producen no hay una autoridad coercitiva suficiente. No obstante, señor presidente, repito que votaremos a favor de esas dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Y en relación con CiU, pedimos votación separada de las números 94 y 95. Nos abstendremos en la 94 porque no queremos suprimir las exigencias de una ordenación financiera de los servicios públicos audiovisuales, y votaremos sí a la 95 porque va en la línea de lo que hemos planteado nosotros de respeto competencial a las comunidades autónomas en esta materia. Y por último, aceptamos la transaccional que el PP ha presentado a la número 78, sobre el título de la ley, pues recoge de una manera lógica lo que habíamos planteado en una de nuestras enmiendas. Y en relación con el resto de las enmiendas del Partido Popular quiero decirles, más allá de cuál sea su actitud en el conjunto de la votación, que consideramos que el conjunto del dictamen de la ley sigue mereciendo una valoración negativa por parte de mi grupo, y que esa será nuestra decisión con respecto al dictamen final de la ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Es consciente de que ha utilizado el mismo tiempo que prácticamente utilizó su antecesor en el turno de defensa de las enmiendas?
El señor JÁUREGUI ATONDO: ¿Y eso está mal, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: No, pero con los argumentos que ha empleado no cabe duda de que ha reabierto el debate. Por tanto, ¿algún grupo parlamentario quiere hacer alguna matización? (Pausa).
El señor YUSTE CABELLO: En primer lugar, le quiero agradecer que haya juzgado como bien defendidas las cuarenta y seis enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural en mi intervención. Evidentemente con más tiempo lo hubiéramos podido hacer mejor, en todo caso quiero señalar que solo he apuntado la posición de mi grupo con respecto a algunas de las enmiendas presentadas concretamente por dos grupos, por Convergència i Unió y por Esquerra Republicana. No he hecho mención al resto de enmiendas y me gustaría hacerlo ahora brevemente.
En todo caso, en la línea con lo que apuntaba el señor Jáuregui, según mi experiencia como diputado durante varias legislaturas en un parlamento autonómico como las Cortes de Aragón -y, por lo que he hablado con otros compañeros parlamentarios de esta Cámara, en otros parlamentos autonómicos pasa igual-, las ponencias allí funcionan como dice el reglamento que han de funcionar. A pesar de que a lo largo de las últimas legislaturas no haya sido así, sería bueno que en el Congreso de los Diputados se recuperara el espíritu de ponencia. Así no nos encontraríamos con transacciones de última hora que los diputados no conocen. Por tanto, hago votos en la misma dirección que el señor Jáuregui.
Con respecto a las enmiendas de los demás grupos, evidentemente vamos a votar a favor de aquellas coincidentes con las nuestras, vamos a abstenernos en algunas otras y exclusivamente votaremos en contra de aquellas de otros grupos que profundizan en la invasión competencial de la adicional quinta del proyecto de ley. En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, inicialmente tenía intención de votar a favor de algunas
de ellas, pero visto el rodillo que nos plantean los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y sobre todo el argumento que han empleado para no apoyar las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural -esto es, que nuestras enmiendas, aprovechando que se abría el melón de la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, abordaban otros asuntos que no estaban en el ámbito del Gobierno cuando presentó este proyecto de ley-, debo decir que las enmiendas sobre derechos del menor -que mi grupo hubiera podido votar a favor- tampoco guardan relación con este proyecto de ley que plantea el Gobierno español. Por consiguiente, siguiendo ese mismo criterio que nos apuntan desde el PP, nuestro grupo va a abstenerse en la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora Lozano, ¿desea hacer uso de la palabra? (Denegación).
La señora RIERA I REÑÉ: En mi intervención ya he expuesto la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió con respecto al proyecto de ley, que explica muy bien la posición que tendrá nuestro grupo en relación con el conjunto de enmiendas presentadas por el resto de grupos parlamentarios. He hecho referencia a una enmienda concreta de Esquerra Republicana y, en relación con el resto, he manifestado que votaremos favorablemente todas aquellas enmiendas que mejoren el texto del proyecto de ley en la parte que se refiere a la flexibilización y al modelo de gestión y a todas aquellas enmiendas que permiten reconducir la invasión competencial que supone el apartado 8 bis. Ello afecta a los diversos grupos parlamentarios. Tal como ahora he comentado, votaremos favorablemente a una parte de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, aquellas que responden a competencias y a defensa lingüística. Lo mismo ocurre en relación con La Izquierda Plural, algunas de cuyas enmiendas votaremos favorablemente, y con las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. No votaremos favorablemente las enmiendas de UPyD porque responden a un modelo de Estado distinto del que defendemos y atentan a las competencias de las comunidades autónomas. En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, estamos de acuerdo en la necesidad de una mayor protección del menor y también en la modificación que se ha introducido en la enmienda 75. Por ello, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente a las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montesinos por el mismo tiempo que ha utilizado el señor Jáuregui.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: En primer lugar, quiero lamentar la intervención que ha tenido el señor Jáuregui porque quien más tendría que callar es quien más ha intervenido en ese sentido. Desde luego a usted no le pega, entre otras cosas porque no asistió a la reunión de la ponencia. (Aplausos). Me parece asombroso que quien se ausentó de la reunión de la ponencia sea el que pida la palabra para decir lo que se tenía que haber hecho en la ponencia. Tendría que haberse aplicado usted esa máxima y haber asistido a la reunión de la ponencia. (Aplausos.- Un señor diputado: ¡Muy bien!). Además de eso, queda demostrado que hay una cierta separación dentro del propio Grupo Parlamentario Socialista, porque el señor Gordo sí asistió a la reunión de la ponencia, cosa que, insisto, no hizo el señor Jáuregui, que parece ser que todavía piensa que es Gobierno. En esa reunión que se celebró se trasladó, y además a iniciativa del señor Gordo, que se le solicitara al presidente flexibilizar los tiempos, que habría una intervención de diez minutos y que pediríamos que se flexibilizaran un poco los tiempos. Y se acordó que se haría una intervención de menor a mayor en la que cada uno trasladaría en su discurso lo que considerase oportuno. Por tanto, yo le rogaría que a partir de ahora hubiera más comunicación dentro del Grupo Parlamentario Socialista, así nos evitarán números como los que hemos tenido que sufrir esta misma mañana. (Aplausos).
Dicho esto, voy a intervenir además porque al Grupo Parlamentario Socialista que le sucede lo mismo que a Televisión Española, que todavía no son conscientes de que están en la oposición y que no son el grupo que sustenta el Gobierno. Eso le corresponde en la actualidad al Partido Popular. Ahora bien, si el Partido Socialista se quiere sumar a la iniciativa, bienvenido sea, desde luego le recibiremos con los brazos abiertos. Por tanto, nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, como hemos anunciado, hemos llegado a una transaccional, y así lo han manifestado con su voto favorable los grupos con los que hemos llegado a dicha transaccional, el PNV y el Grupo Parlamentario Socialista; en el caso del PNV es la enmienda 69 y en el caso del Grupo Parlamentario Socialista es la enmienda que hacía mención al título de la ley. Lamento que algún grupo haya manifestado que no va a apoyar las enmiendas 76 y 77 que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, ya que responden a una recomendación de una directiva europea y, por tanto, sí tienen cabida en el proyecto de ley. Vamos a transaccionar también la enmienda 78 y vamos a decir que sí a las enmiendas 79 y 83, del Grupo Parlamentario Socialista. Al resto de las enmiendas diremos que no, puesto que con el texto que presenta el Partido Popular, en este caso que ha presentado el Gobierno, entre otras cosas el Partido Socialista debería agradecer al Gobierno que vaya a dar cobertura legal a la actuación que viene manteniendo tanto en la televisión canaria como en la de Aragón. Por tanto, es muy incongruente que una vez más se demuestre que el Partido Socialista tiene ese doble discurso, ese doble modelo a beneficio siempre de inventario: en un sitio digo una cosa y en otro digo la contraria;
lo hemos visto esta mañana con la afirmación del señor Jáuregui y del señor Gordo.
Quiero trasladar por nuestra parte al resto de los grupos la tranquilidad de que con este modelo se pretende flexibilizar el modelo de gestión, que no se invaden competencias, como se ha venido diciendo, y que no se limita la autonomía; muy al contrario, se reconoce la realidad plural de las comunidades autónomas, se reconocen sus competencias y se les da libertad absoluta para gestionarse. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Se les ha repartido el índice de las votaciones. Hacemos una pausa de dos minutos para que puedan revisarlo y así proceder a la votación. Suspendemos durante dos minutos la sesión. (Pausa).
Empezamos las votaciones. Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, empezando por las del señor Jorquera Caselas. En primer lugar, la número 70.
Enmiendas números 71, 72 y 73.
Comenzamos con las enmiendas del señor Bosch i Pascual. En primer lugar, enmiendas número 6.
Votamos conjuntamente las enmiendas 10 a 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 2.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. En primer lugar, enmienda 65.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra 23; abstenciones, 2.
Enmienda 67.
Enmienda 68.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, la enmienda número 63.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, votamos la enmienda número 17.
Votamos conjuntamente las enmiendas 18 a 21.
Enmiendas 22 y 23 y 25 a 32.
Votamos la enmienda 24.
Votamos la enmienda 33.
Enmiendas 34 a 37.
Enmiendas 38 a 40.
Enmiendas 44 a 46.
Enmiendas 49 a 57.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24, abstenciones, 14.
Enmiendas 59 a 62.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la número 94.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda número 80.
Enmiendas 82 y 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra 25.
Enmiendas 87, 90 y 91.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25.
Enmiendas números 88 y 92.
Enmiendas números 81 y 84.
Por último, enmienda número 89.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votamos en primer lugar la número 75 con la modificación planteada in voce por su portavoz.
Votamos las enmiendas 76 y 77.
Vamos a votar las enmiendas transaccionales. En primer lugar, votamos la formulada a la enmienda número 69.
Votamos la enmienda transaccional a la enmienda número 78.
A continuación votamos el informe de la ponencia, con la incorporación de las enmiendas que hemos aprobado y las correcciones técnicas pertinentes, y la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 16; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley en esta Comisión con competencia legislativa plena y se remitirá al Senado. (Aplausos).

References: artículo 43
 artículo 43
 resolución 
 artículo 146
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 149
 artículo 114
 Artículo 114
 Artículo 115