Source: https://ru.scribd.com/doc/150410326/Demanda-de-Amparo-Alan-Garcia
Timestamp: 2020-02-22 17:40:23+00:00

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Demanda de Amparo - Alan García | Derecho Constitucional | Jurisdicción
El expresidente Alan García presentó una demanda de Amparo contra la Megacomisión del Congreso que investiga los presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno
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Demanda de Inconstitucionalidad FN PERU
Sumilla: INTERPONGO DEMANDA DE AMPARO
SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL DE LIMA
ALAN GABRIEL LUDWIG GARCÍA PÉREZ con DNI N° 07768359 con domicilio real y procesal en la Casilla N° 7106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima – Palacio de Justicia; ante usted respetuosamente me presento y digo:
I NOMBRE Y DIRECCION DEL DEMANDADO:
Interpongo la presente demanda contra la denominada Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del gobierno del Presidente Alan Gabriel García Pérez, presidida por el congresista Sergio Fernando Tejada Galindo, e integrada por los Congresistas Juan Donato Pari Choquecota, Dalmacio Modesto Julca Jara, Cristóbal Luis LLatas Altamirano, Enrique Wong Pujada, Carlos Mario Tubino Arias Schereiber y Pedro Carmelo Spadaro Phillips. A los demandados se les deberá notificar en la sede del Congreso de la República, sito en la Plaza Bolívar s/n Lima.
Asimismo, solicito se notifique al Procurador Público del Poder Legislativo, para que asuma las facultades señaladas en el Decreto Legislativo N°1068 concordante con lo establecido en el Código Procesal Constitucional. El domicilio procesal del citado Procurador Público está ubicado en la Av. Petit Thouars N°3943 San Isidro.
Al amparo del inciso 2° del artículo 200 de la Constitución Política del Estado y los artículos 1 y siguientes del Código Procesal Constitucional, interpongo demanda de Amparo, por la afectación a mi derecho constitucional al debido proceso parlamentario reconocido en el artículo 139 numeral 3 de nuestra Constitución Política del Estado y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, en particular, de los derechos a no ser desviado del procedimiento pre-establecido por la ley; a la comunicación previa y detallada de los hechos que se imputan, el derecho a la defensa y el derecho al juez parlamentario imparcial, precisados por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia y más recientemente en la sentencia expedida en Expediente N° 1546-2012- PHC/TC.
Solicito que reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación de mis derechos constitucionales, se deje sin efecto lo actuado en la Comisión Investigadora demandada respecto a mi persona.
III FUNDAMENTOS DE NUESTRA DEMANDA A.- DE LA CONFORMACION DE LA COMISION INVESTIGADORA
1. El 14 de setiembre de 2011, el Congreso de la República, conformó la denominada Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de mi gobierno, respecto a temas que se señalan en el respectivo Acuerdo del Pleno del Congreso. La Comisión citada se instaló el 21 de
noviembre de 2011, hace dieciocho meses bajo la Presidencia del Congresista Sergio Fernando Tejada Galindo.
2. El suscrito fue citado en una primera oportunidad para declarar ante dicha Comisión el día 08 de junio de 2012 y con voluntad de colaboración asistí a declarar.
3. Posteriormente, mediante Carta de fecha 08 de marzo de 2013, fui citado nuevamente (anexo 1-b). Esta audiencia se produjo tras haberse divulgado ante la prensa un Informe Preliminar en el que no obstante no haber asistido aún a la Comisión a declarar sobre las denominadas Gracias Presidenciales, ya se me involucraba en la comisión del delito de Encubrimiento Personal previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, hecho que denuncie e hice público el mismo 03 de abril de 2013 ante la prensa nacional.
4. El mismo 03 de abril de 2013 antes de inicio de la sesión, presenté un escrito (anexo 1-c) en el que denuncie la afectación de mis derechos constitucionales que sustenté de manera directa y a través de mi abogado, durante la sesión considerando que el respeto de las garantías constitucionales es aún más importante en una situación en la que quienes actúan como investigadores y jueces son adversarios políticos motivados por tal interés. Sin un amparo que proteja tales garantías la estructura
jurídica se convertiría en un puñal político a utilizar sin principios por los
ordenamiento jurídico constitucional y la democracia.
5. Los hechos que sustentan nuestra aseveración, las podemos resumir en lo siguiente:
- Se ha invocado y aplicado una norma de procedimiento denominado Reglamento de la Comisión Investigadora, sin que la misma haya sido publicada en las normas legales del diario Oficial “El Peruano” ni en la página web del Congreso de la República.
- Se me citó en calidad de investigado, sin señalarse o precisarse cuál es la causa concreta de la investigación en lo que a mi concierne; esto es, cuales son los hechos concretos y circunstancias que respecto a mi persona se investigan, así como la figura legal por la
cual se me investiga o se me imputa para tener la condición de investigado como lo determina la sentencia expedida en el Exp.
N°156-2012-PHC/TC.
- Tal como taxativamente lo señalé a la Comisión se me citó a declarar mencionando una serie de imprecisiones y generalidades. No se me ha indicado en ningún momento qué participación exacta se me atribuye en ellos, lo que también afecta el derecho al debido proceso según lo ha precisado el Tribunal Constitucional en el Exp. N°156- 2012-PHC/TC. Conforme su Juzgado podrá dar lectura, la citación que se me cursara en la Carta del 08 de marzo de 2013 dirigida a mi persona, se indicó lo siguiente:
el interrogatorio versaría sobre
“procedimientos y acciones llevados a cabo, ordenados, permitidos u omitidos”, sin precisar los hechos que se
refieren a mí, de manera puntual y cuáles serian las funciones o competencias presuntamente infringidas.
 Al referirse de manera genérica al denominado caso Business Track, se mencionan “supuestas presiones políticas”, sin haberse precisado de quién o de quiénes provienen las mismas; quién o quiénes efectúan tales imputaciones, o qué relación tienen con el ejercicio de la Presidencia de la República que el pueblo me confiara en el periodo 2006-2011.
 Que debía responder por el dictado de “Decretos de Urgencia y Decretos Supremos, referidos a programas, proyectos e instituciones” mencionados en la citación, sin precisión de las normas que son objeto de
cuestionamiento, qué delitos se habrían cometido y cuál es el fundamento fáctico en el que se sustenta.
 En igual IMPRECISION se incurrió cuando he sido citado a responder por las “presuntas irregularidades en la concesión de indultos y conmutaciones de pena”, sin señalarse cuál o cuáles de los miles de Gracias Presidenciales otorgadas durante el periodo gubernamental 2006 al 2011 son objeto de investigación; cuál o cuáles son hechos o pruebas en los que se sustenta, ni la norma legal que tipifica las irregularidades del ejercicio de una atribución que, según el artículo 118° numeral 21° de la Constitución, le corresponde al Presidente de la República.
 Igualmente, violándose el principio de culpabilidad, se me citó pretendiendo que “responda sobre presuntas responsabilidades de funcionarios pertenecientes a diferentes instituciones del Estado como son la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Vivienda, SEDAPAL, FONAFE”, etc.; lo que involucra, al no precisarse a quienes, a miles de funcionarios y servidores públicos de dichas instituciones.
Como si ello no fuera suficiente en imprecisiones, además se me indicó que se me citaba para que respondiera a lo antes señalado “… entre otras cuestiones…” (el subrayado es nuestro).
6. El escrito antes referido, no tuvo respuesta alguna, sino hasta después que se conociera que el suscrito habría denunciado dichas irregularidades incluso ante la Defensoría del Pueblo. Así, recién el 03 de mayo de 2013,
es que la Presidencia de la denominada megacomisión mediante Oficio N°
578-2013-CIMGAGPR/CR de fecha 03 de mayo de 2013 ( anexo 1- g), ha dado respuesta a nuestro escrito. Lamentablemente, en dicha documento se reitera el actuar inconstitucional y arbitrario de la megacomisión, pues no solo no se justifican las irregularidades anotadas sino que pretende justificar ellas, invocando tan solamente el Acuerdo del Pleno del Congreso que conforma la citada comisión y establece sus funciones u objeto de la misma. Más aún, en dicha carta reitera la existencia de un Reglamento de la Comisión, pero lejos de enviarnos copia de la publicación del citado Reglamento en el diario Oficial “El Peruano”, solo cita textualmente los artículos 8 y 21 del mismo. Del resto del articulado del citado reglamento, ni se pronuncia ni los da a conocer.
7. Por otro lado, con el propósito de ejercer una mejor defensa y ante la mención del Presidente de la megacomisión en la sesión del 03 de abril de 2013, de la existencia de un Informe del Ministerio de Justicia que establece la existencia de más de 400 conmutaciones de pena otorgadas a sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada, solicitamos copia de dicho Informe mediante Carta del 08 de abril de 2013, firmada por mi abogado (anexo 1-d).
8. Con fecha 03 de mayo de 2013, hemos recibido como respuesta al pedido de copia del informe, una carta dirigida a mi abogado en la que se anexa un documento de 03 páginas conteniendo nombres y otros datos, sin llevar firma ni sello alguno y sin indicarse o evidenciarse información que advierta en qué consiste la supuesta irregularidad (anexo 1-h). Lo cual redunda en el actuar inconstitucional y arbitrario por parte de la citada megacomisión y en particular de su Presidente.
IV FUNDAMENTOS JURIDICOS
B.- DE LA INVALIDACION POR INCONSTITUCIONAL DEL PROCESO DE INVESTIGACION DESARROLLADO POR LA MEGACOMISION
9.El proceso de investigación efectuado por la megacomisión ha devenido en inconstitucional respecto a mi persona al haberse violado mi derecho al debido proceso en sede parlamentaria, aplicable según nuestro ordenamiento constitucional, precisado en diversas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional y más recientemente en su sentencia expedida en el Exp. 156-2012-PHC/TC, por las siguientes consideraciones, que luego pasaremos a detallar:
 Violación al derecho a no ser sometido a un procedimiento distinto del previamente establecido.
 Violación al debido proceso respecto a la comunicación previa y detallada de los hechos que se imputan.
 Violación al debido proceso respecto al derecho a la defensa
 Violación al derecho a ser juzgado por una autoridad independiente bajo criterios objetivos y razonables.
6. En efecto, el proceso seguido contra mi persona por la denominada megacomisión ha incurrido en flagrante violación de mis derechos constitucionales, puesto que desde la citación que se me cursó, se ha actuado en contravención de normas del debido proceso.
C.- DE LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN SEDE PARLAMENTARIA: LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
7. El inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política reconoce como un
derecho fundamental el respeto al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Y su inciso 5°, la garantía sobre la debida motivación de las resoluciones judiciales.
8. Asimismo, los referidos derechos también se encuentran reconocidos en
el ámbito internacional, entre los cuales se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 8° reconoce el derecho al debido proceso, señalándose como parte de ello, el de tener una comunicación previa y detallada de los cargos que se formulen, éstos evidentemente, a fin de poder ejercer una adecuada defensa. De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de nuestra Constitución Política, los Tratados celebrados por el Estado Peruano forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo de conformidad con el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el contenido y el alcance de los derechos constitucionales, en los que se incluyen el derecho al debido proceso, deben interpretarse de conformidad
“…con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”.
9. En conclusión, el Derecho al Debido Proceso constituye un derecho humano, que todo Estado Democrático y Constitucional de derecho debe proteger y respetar, debiendo precisarse que las garantías del debido proceso trascienden su aplicación a sede jurisdiccional, por lo que debe aplicarse a todo proceso y procedimiento, siempre que de por medio exista el ejercicio de poder por parte de un órgano o entidad del Estado, no existiendo excepción alguna que permita sustraer a ningún Poder del Estado del respeto a las garantías del debido proceso, tal como lo han señalado de manera uniforme y reiterada la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional del Perú, conforme detallaremos seguidamente.
Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los límites de los Poderes Públicos y el respeto al debido proceso en todo ámbito institucional que establezcan procedimientos de investigación y/o sanción.
10. Ante la megacomisión hemos señalado que los Organismos Supranacionales de protección de los derechos humanos, han señalado que el debido proceso debe ser respetado en todo ámbito institucional, incluido en las investigaciones efectuadas en las comisiones del Congreso de la República. En efecto, en el caso “Tribunal Constitucional contra Perú”, sentenciado el 31 de enero de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que las garantías judiciales que contemplan los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos no sólo se aplican en el ámbito judicial, sino también a todo tipo de procedimiento en el que se ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales:
“68. El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de
poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención.
69. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.
11. Igualmente, ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dentro de esos órganos o instituciones estatales, en cuyos procedimientos investigatorios también deben observarse las garantías que comprenden el debido proceso, se encuentran los procedimientos seguidos ante los parlamentos.
En el citado caso “Tribunal Constitucional contra Perú” igualmente se ha señalado:
“71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo47. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”.
En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ivcher Bronstein contra Perú”, ha reiterado dicho criterio, esto es, que el derecho al debido proceso también es obligatorio que se garantice en el ámbito parlamentario.
Decisiones del Tribunal Constitucional sobre los límites de los Poderes públicos y el respeto a los derechos fundamentales, entre los que se incluye el debido proceso.
12. Ante la Comisión también hemos sostenido que, de manera uniforme y
reiterada, nuestro máximo intérprete de la Constitución sostiene que la protección de los derechos fundamentales y en específico el del debido proceso es en todo ámbito del Estado. En efecto, en la sentencia recaída en el expediente N° 5854-2005-PA/TC, proceso seguido por Pedro Andrés Lizama Puelles contra el Jurado Nacional de Elecciones, al emitirse sentencia, el Tribunal Constitucional señaló:
“22. Tal como lo dispone el artículo 55º de la Constitución, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. De esta manera, los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano, por pertenecer al ordenamiento jurídico interno, son Derecho válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado.
23. Los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, deben ser obligatoriamente interpretados de conformidad con los tratados y los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú y en concordancia con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional).
En tal sentido, el ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para determinar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, debe estar obligatoriamente informado por las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos y por la interpretación de las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre derechos humanos a través de sus decisiones”.
Y dicho criterio, ha vuelto a ser recordado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. 0156-2012-PHC/TC, donde ha afirmado que:
“es necesario volver a destacar que las garantías mínimas del debido proceso deben observarse no solo en sede jurisdiccional, sino también en la administrativa sancionatoria, corporativa y parlamentaria” (Fund. Jur. 2).
13. Es preciso recordar que dicho derecho se aplica a lo largo de todo el
proceso o procedimiento en el que se discuta en torno a los derechos o intereses legítimos de las personas, incluidos los procedimientos de
investigación parlamentaria, aún cuando las comisiones que conforme el Congreso de la República no tengan “facultades ni naturaleza acusatoria, enjuiciadora o sancionadora”, como afirma reiteradamente el Presidente de la Comisión Investigadora.
En ese marco, el Tribunal Constitucional en la resolución recaída en el Exp. N°3826-2011-PA/TC, citando un precedente dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado:
“Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en criterio que
es aplicable al presente caso, que: “(
etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias
ulteriores. En consecuencia, el concepto de juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias
(Caso Castillo Petruzzi y otros contra el Perú, sentencia sobre el fondo,
es uno solo a través de sus diversas
el proceso (
procesales (
fundamento 161)”.
14. De manera que, cualquiera sea la naturaleza de la Comisión conformada por el Congreso de la República, incluida la megacomisión, el procedimiento que lleve a cabo debe respetar todas y cada una de las garantías judiciales que conforman el referido derecho al debido proceso en sede parlamentaria. Ese también ha sido el criterio del Tribunal Constitucional, que en la sentencia recaída en el Exp. N° 156-2012- PHC/TC, sostuvo que:
“No cabe duda que las comisiones investigadoras del Congreso constituyen la primera fase del proceso acusador de los altos funcionarios del Estado. Primero se investiga y como consecuencia de las investigaciones se concluye en la mayoría de los casos sugiriendo al pleno del Congreso el levantamiento de las inmunidades y las prerrogativas; o la iniciación de procedimientos de acusación ante el Ministerio Público por la comisión de supuestos delitos, o en su defecto el traslado de cargos por inconductas funcionales o por actuaciones reñidas con la ética parlamentaria. En otras oportunidades las comisiones formulan denuncias ante el subgrupo de acusaciones constitucionales para el inicio de las respectivas acusaciones. Más aún, un parlamentario que haya sido o sea miembro de una comisión investigadora puede denunciar ante la subcomisión de acusaciones constitucionales a cualquier funcionario que haya sido invitado a declarar. Con vertiginosa rapidez y a veces por la fuerza de la influencia mediática, el invitado puede pasar de la condición de citado a acusado, sin que en el interín haya podido ni siquiera enterarse qué se investiga, para qué se investiga y por qué se lo cita. Es obvio que ante estas situaciones la persona se halla en una completa indefensión. Igual a la del ciudadano cuando es víctima de investigaciones policiales o del Ministerio Público que acontecen sin motivaciones razonables, con exceso de tiempo y sin control judicial” (Fundamento N° 21).
15. Respecto a la naturaleza de la Comisión, debe tener presente el Juzgado el hecho que la misma si puede limitar derechos, como es el de libre tránsito, al pedir que se conduzca de grado o fuerza a un investigado. Igualmente debe recordarse que dicha Comisión igualmente puede suspender determinados derechos constitucionales como es el caso del secreto bancario.
D.- VIOLACION AL DERECHO A NO SER SOMETIDO A UN PROCEDIMIENTO DISTINTO DEL PREVIAMENTE ESTABLECIDO
16. Conforme al inciso 3) del artículo 139 de la Constitución, se reconoce el derecho de toda persona a no ser sometida a un procedimiento distinto de los previamente establecidos. En ese marco, en la sentencia recaída en el Exp. 3866-2006-PA/TC, recordando a su vez la sentencia expedida en el Exp. 2928-2002-HC/TC, el Tribunal Constitucional precisó que dicho derecho no garantiza el respeto de todas y cada una de las reglas procesales o procedimentales que puedan encontrarse establecidas en la ley, sino el derecho a no ser juzgado conforme reglas procedimentales ad hoc. Tal derecho, evidentemente, presupone que tales reglas procedimentales existan, es decir, se encuentren establecidas con anterioridad a la iniciación del procedimiento o proceso, y desde luego sean conocidas por todos sus destinatarios. El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC (Fund. N° 24) ha señalado:
“Si bien dicho precepto constitucional establece que es la "ley" la que tiene que ser publicada, el Tribunal Constitucional considera que en dicha frase debe entenderse, prima facie, a cualquier fuente formal del derecho y, en especial, aquellas que tienen una vocación de impersonalidad y abstracción. A juicio de este Colegiado, la publicación de las normas en el diario oficial El Peruano es un
requisito esencial de la eficacia de las leyes y de toda norma jurídica, a tal extremo que, una norma no publicada, no puede considerarse obligatoria.
Detrás de la exigencia constitucional de la publicación de las normas se encuentra el principio constitucional de la publicidad, que es un principio nuclear de la configuración de nuestro Estado como uno "Democrático de Derecho", como se afirma en el artículo 3° de la Norma Fundamental. Y es que lo que verdaderamente caracteriza a un sistema democrático constitucional es su naturaleza de "gobierno del público en público" (N. Bobbio), en el cual, por tanto, en materia de derecho público, la regla es la transparencia, y no el secreto.
La Constitución no deja al ámbito de la discrecionalidad del legislador reglamentario la regulación de esa efectiva oportunidad de conocer las normas jurídicas. Exige, por el contrario, y mínimamente, que éstas tengan que ser publicadas en el diario oficial. Por ello, estima el Tribunal que no se cumple tal exigencia, y no se satisfacen los principios de publicidad y seguridad jurídica, si la publicación sólo se realiza respecto a las normas que aprueban un reglamento, mientras el mismo permanece oculto”.
En ese marco constitucional y de los tratados internacionales de protección
a los derechos fundamentales, he reclamado ante la denominada
megacomisión, por intermedio de la Presidencia, que se ha aplicado un Reglamento de la citada Comisión, que no ha sido publicado en el diario
Oficial “El Peruano
17. En efecto, en el proceso de investigación que me sigue la megacomisión, en el penúltimo párrafo de la citación que se cursara (anexo 1-b), se hace referencia a un denominado “Reglamento interno de la Comisión”, cuyo artículo 21 dispondría el carácter reservado de una serie de documentos y pruebas actuadas o por actuarse. Sin embargo, dicho
Reglamento de la Comisión Investigadora no ha sido publicado en el diario Oficial “El Peruano” ni en la página web del Congreso de la República. Tal omisión de publicidad del Reglamento, si éste existiere, viola el artículo 109
de la Constitución, pues como ha afirmado
Dicha actuación al margen de la Constitución, ha sido reiterado por el congresista Sergio Tejada en su Oficio N° 578-2013-CIMGAGPR/CR de fecha 03 de mayo de 2013 (anexo 1-g), que lejos de enviarnos copia de la
publicación del citado Reglamento en el diario Oficial “El Peruano”, solo cita textualmente los artículos 8 y 21 del mismo. Y argumenta que “no se trasgrede las disposiciones del Reglamento del Congreso de la República”.
A la fecha, mi persona en condición de investigado no ha tenido
conocimiento del texto integro del citado reglamento, desconociendo el resto
del articulado no citado por el congresista Tejada.
Por otro lado, no solo es que no se ha publicado el citado Reglamento, como tampoco se nos puso en conocimiento de la totalidad de su articulado, sino que además, no se ha establecido que tipo de norma constituye el citado Reglamento.
E.- VIOLACION AL DEBIDO PROCESO RESPECTO A LA COMUNICACION PREVIA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE SE IMPUTAN
18. Este derecho literalmente reconocido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución y el artículo 8 de la Convención Americana de derechos Humanos, incluye entre otros aspectos el que se sepa en el proceso o procedimiento, antes de declarar, que es lo que se imputa a un investigado, cuales son los cargos y la figura legal por la que se le procesa o investiga.
En ese marco, la sentencia recaída en el Exp. N° 156-2012-PHC/TC, el Tribunal Constitucional destacó que el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación exige que ésta deba:
“17. … ser comunicada de manera “previa y detallada” al inculpado
a. Se le informa al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las
acciones u omisiones que se le imputan (tiempo, lugar y circunstancias), sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios
ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos.
La información es expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir
que el acusado ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión
de los hechos. Esto quiere decir que la acusación no puede ser ambigua o genérica. En
sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, el Tribunal Europeo) en la sentencia del Caso Ayçoban y otros c. Turquía, de fecha 22 de diciembre de 2005, precisó que toda persona acusada tiene derecho a ser informada de los motivos de la acusación, entendiendo por ellos, tanto los actos en los cuales se sustenta, como su naturaleza, esto es, la calificación legal de tales actos. Además, la información sobre los motivos y la naturaleza de la acusación debe ser adecuada para permitirle al acusado preparar su defensa.
18. A decir de la Corte Interamericana, este derecho “rige incluso antes de que se formule una “acusación” en sentido estricto”. Para que se satisfaga los fines que le son inherentes, es “necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública”. Evidentemente, el “contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de las investigaciones, llegando a su punto máximo (…) cuando se produce la presentación formal y definitiva
de cargos. Antes de ello y como mínimo el investigado deberá conocer con el mayor
detalle posible los hechos que se le atribuyen”.
Y es que la transición entre “investigado” y “acusado” –y en ocasiones incluso
“condenado”– puede producirse de un momento a otro. Por ello, la Corte Interamericana ha subrayado que no “puede esperarse a que la persona sea formalmente acusada o que (…) se encuentre privada de la libertad para proporcionarle la información [expresa, clara, integral y suficientemente detallada] de la que depende el oportuno ejercicio del
derecho a la defensa”.
19. Ahora bien, el hecho de que el inculpado pudiese conocer por los medios de comunicación respecto del tema de la investigación, ello no le exime al Estado de su obligación de informarle previa y detalladamente el contenido de la acusación. Tomando en cuenta dicha circunstancia, la Corte Interamericana ha enfatizado que “[e]l investigado, antes de declarar, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se le imputan, no sólo deducirlos de la información pública o de las preguntas que se le formulan” (Caso Barreto Leiva vs. Venezuela).
En buena cuenta, la finalidad de este derecho es brindarle al acusado en forma oportuna todos los elementos de hecho y de derecho, así como los medios probatorios que fundamentan la acusación con el fin de que éste pueda ejercer en forma adecuada y razonable su derecho a la defensa”.
19. En el marco constitucional y de la norma supranacional en materia de derechos humanos citada, tal como lo hemos señalado ante la Comisión, el iniciárseme una investigación, notificárseme para concurrir a una audiencia y llevar adelante la sesión de interrogatorio sin precisarse cuál es la causa de la misma, esto es, que hechos concretos y circunstancias que respecto a mi persona se investigarían y que figura legal es la que se me imputa, tal como lo exigen las garantías mínimas de respeto de este derecho fundamental, constituye una absoluta arbitrariedad.
Conforme a la comunicación del 03 de marzo que me cursara la megacomisión, considerándoseme como investigado, tuve el derecho de saber previamente cuáles son los hechos que se me imputan, el tiempo en que se produjeron, las personas presuntamente involucradas o que me involucran, y de manera puntual cual sería la presunta infracción constitucional o presunto ilícito penal materia de investigación, tal como se los hice saber mediante mi escrito de fecha 03 de abril de 2013 (anexo 1C).
20. En ese sentido, la citación y la audiencia llevada adelante por la Comisión no observó el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a ser comunicado de manera previa y detallada, tal como lo hemos precisado precedentemente, pues:
a) No se ha establecido qué conducta o comportamiento (hechos) implican el incumplimiento de mis funciones o competencias. La citación se limita a señalar, de modo tan genérico como incierto, que:
“…el interrogatorio versará sobre los procedimientos y acciones que llevó a cabo, ordenó, permitió u omitió como Presidente de la República, en el marco de las funciones y competencias inherentes al cargo en cuestión, y que estén vinculadas con los casos referidos previamente. Su declaración resulta indispensable para esclarecer la situación en
los casos investigados, así como para identificar o descartar la existencia de presuntas irregularidades”.
b) Se ha planteado interrogarme respecto del denominado caso “Business Track”, manifestándose que se habrían efectuado “supuestas presiones políticas”. Sin embargo, no se señala en qué consisten éstas; quiénes habrían sido objeto de ellas y de quién o quiénes provienen las mismas. Tampoco contiene información sobre cuál es el sustento de las imputaciones, de existir, y cuál es la relación que estas tienen con la Presidencia de la República que ejercí durante el periodo 2006-2011.
Sobre este particular debo señalar que, respecto a las “presuntas presiones o manipulación política” en el referido caso BTR la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, al confirmar las condenas contra los procesados, además corrigió el extremo que disponía la remisión de copias a la Fiscalía para investigar por presuntas presiones o manipulación política del caso, pues “no existen indicadores objetivos y acreditados de ello”, además, la citada sentencia de la Corte Suprema acota que la supuesta pérdida de los USB ya había sido materia de una comisión investigadora en el Congreso de la República del periodo pasado, con conclusiones que no incriminan en lo absoluto. En tal sentido, las investigaciones que sobre el mismo asunto efectúe la Comisión trasgreden el principio del nom bis in idem, garantizado en los artículos 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14.7 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos y el artículo 139 numeral 13° de nuestra Constitución Política, tal como lo ha precisado el Tribunal Constitucional en la sentencias expedidas en los expedientes N°2050-2002-AA/TC; Exp. Nº 0729-2003-HC/ TC y Exp.
2868-2004-AA/ TC. Estos hechos igualmente significan la violación al debido proceso.
c) Igualmente, respecto a los Decretos de Urgencia y Decretos Supremos expedidos con relación a los programas, proyectos e instituciones a los que se hace referencia en la citación de la Comisión, tampoco se precisó cuáles son esos decretos de urgencia y decretos supremos, y en cada uno de ellos qué artículos son los que contendrían mi “participación, intervención, aquiescencia u omisión intencional”, lo que es violatorio del debido proceso.
Hemos precisado a la Comisión, que en el ejercicio de mis atribuciones como Presidente Constitucional de la República, en los 5 años de gobierno, se han expedido, en el marco de la Constitución y
las leyes, decenas de decretos de urgencia y decretos supremos, en
torno a materias tan disimiles y sobre distintos aspectos, que la
imprecisión denunciada entorpece el cumplimiento de la propia
finalidad de la Comisión Investigadora, además naturalmente de violar
mi derecho a ser comunicado de manera previa y detallada de la
Respecto a los Decretos de Urgencia expedidos durante mi ejercicio presidencial, fueron puestos en conocimiento del Congreso de la República al día siguiente de su publicación en el diario Oficial “El Peruano” con su correspondiente exposición de motivos, para el control político parlamentario y en todo caso existe la vía del control de la constitucionalidad y la legalidad que ejercen el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, tal como lo ha sostenido el alto Tribunal en la sentencia expedida en la sentencia Exp. 04-2011-AI/TC
y reiterado en la sentencia del expediente N°156-2012-HC/TC, en la que se señala:
“16. Esto quiere decir que cuando el Tribunal declara la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, de ello no se puede derivar como consecuencia que los altos funcionarios que la propusieron, aprobaron, suscribieron y/o refrendaron cometieron infracción constitucional. Arribar a una conclusión en contrario desnaturalizaría la esencia del control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, que solo tiene por finalidad garantizar la supremacía de la Constitución a través del enjuiciamiento de la norma (validez/invalidez) y no del comportamiento de los altos funcionarios que participaron en su elaboración o aprobación.
En este sentido, en la STC 00004-2011-PI/TC el Tribunal enfatizó que el control parlamentario “no se identifica con lo que es propio del control jurídico. Ello es consecuencia de la naturaleza del órgano que realiza el control y de las tareas que la Constitución asigna a éste. El Parlamento es un órgano político por naturaleza, basado en el mandato representativo, en la elección directa de sus representantes y en el sufragio universal, igual, libre y secreto. Refleja en su composición a todos los sectores (e intereses) de la sociedad [principio del pluralismo] y, en su seno, quienes los representan debaten públicamente sobre las cuestiones más trascendentales que conciernen a la res pública”. Cosa distinta es que al amparo o bajo la vigencia de determinadas normas, sean éstas constitucionales o no, los funcionarios públicos cometan delitos. La producción o creación de normas inconstitucionales no supone, per se, infracción a la Constitución en los términos del artículo 99º de la Constitución. Los congresistas no responden ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por los votos u opiniones que emiten en el ejercicio de su función legislativa. Tampoco deben responder el Presidente de la República ni los ministros que aprueban leyes o decretos en el ejercicio de la función legislativa que llevan a cabo, según los procedimientos establecidos en la Constitución.” (el subrayado es nuestro).
Finalmente, la correcta aplicación de los decretos de urgencia y decretos supremos, y en general de toda la normatividad jurídica, queda sujeto a supervisión, vigilancia y control de las instancias correspondientes, sin embargo se me citó por la expedición de las citadas normas, sobre lo que el Tribunal Constitucional ha precisado que no hay responsabilidad, lo cual igualmente constituye una violación al debido proceso.
d) En esa misma línea de imprecisiones y generalidades, la citación y la sesión se produjo para que respondiera por las presuntas irregularidades en la concesión de indultos y conmutaciones de pena, sin señalarse cuáles de las más de 5,300 Gracias Presidenciales
otorgadas durante mi gobierno de 2006 al 2011 son objeto de cuestionamiento, y cuáles son los hechos que sustentan los mismos.
El otorgamiento de las gracias presidenciales son, precisamente, una atribución presidencial de acuerdo a nuestra Constitución Política (Art. 118 numeral 21°). Ningún indulto, conmutación de pena o gracia presidencial fue otorgado en aquellos casos en que las leyes lo impidieran, pero además, a propuesta de nuestro gobierno, mediante Ley N°29604, se estableció que cualquier sujeto que haya sido indultado o conmutado su pena, de volver a delinquir, la pena sería aumentada en una mitad por encima del máximo de la pena.
El Tribunal Constitucional, Expediente N° 03660-2010-HC/TC, ha recordado que dicha facultad presidencial “…se trata además de una facultad presidencial revestida del máximo grado de discrecionalidad”. Por tal causa, investigar una facultad constitucional sin precisar ninguna acción delictual o relación con quien pudiera haberla cometido, implica también la afectación al debido proceso.
e) Finalmente, es desproporcionado y arbitrario pretender que, por el hecho de haber sido Jefe de Estado y de Gobierno, responda sobre presuntas responsabilidades de funcionarios a la Presidencia que ejercí, los mismos que según su citación pertenecerían a diferentes instituciones del Estado como son la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerios, entre ellos el de Vivienda, SEDAPAL, FONAFE, etc.; que en realidad involucraría, de no precisarse quiénes son éstos, a miles de funcionarios y servidores públicos pertenecientes a dichas instituciones.
21. En definitiva, ni se señala qué funcionarios o servidores públicos son ni tampoco cuáles serían las presuntas irregularidades en que ellos habrían
incurrido. Ello impide que pueda conocer los cargos que podrían atribuirme la Comisión, preparar la información relacionada con los temas que se investigarían y conocer la idoneidad de los testigos o investigados a los que me vincularían.
Además no corresponde al Despacho Presidencial, conocer de las responsabilidades de los centenas de miles de funcionarios y servidores públicos del país, sino a los órganos o instituciones competentes, como Contraloría General de la República, Comisiones de procesos administrativos, Ministerio Público y Poder judicial, de ser el caso.
F.- VIOLACION AL DEBIDO PROCESO RESPECTO AL DERECHO A LA DEFENSA
22. Otras de las garantías del debido proceso reconocidas en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución es el derecho a la defensa de la que nop se puede estar privado en ninguna etapa del proceso o procedimiento. Pero este derecho para ser ejercido válidamente y no quedarse solo en el enunciado requiere que la defensa pueda acceder de manera oportuna e idónea a los cargos, hechos y figuras legales que se imputan a un procesado o investigado. Siempre en el marco constitucional antes referido, en la ya mencionada sentencia expedida en el expediente N°156-2012- HC/TC se ha establecido como parte del derecho al debido proceso parlamentario, el de los medios adecuados para preparar la defensa y el derecho de acusación y defensa, así respecto al derecho de los medios adecuados para preparar la defensa, desarrollado en el punto 2.3. de los considerandos de la referida sentencia, se sostiene:
A decir de la Corte Interamericana, este derecho “obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra” y le exige que se respete el
“principio del contradictorio, que garantiza la intervención de aquél en el análisis de la prueba” (Caso Barreto Leiva vs. Venezuela).”
Respecto a lo señalado en el considerando 2.4. Acusación y derecho a la defensa, se acota:
“29. En el Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte Interamericana ha precisado que el “derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible… Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa (…) a que el investigado encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la Convención Americana”.
30. En efecto, impedir que la persona ejerza su derecho a la defensa desde que se inicia
la investigación en su contra y el hecho que la autoridad disponga o ejecute actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo.
31. Por dicha razón, en la sentencia del Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, la Corte
Interamericana subrayó que “[l]a descripción material de la conducta imputada” recogida en la acusación constituye “la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación”.
32. Como se ha sostenido en la STC 00090-2004-AA/TC, el derecho a la defensa protege
el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionatorio….”
23. Señor Juez, el no conocer de manera clara y precisa los hechos por los
cuales se me citó y siendo que la sesión se desarrolló en el marco de dichas
generalidades e imprecisiones desarrolladas precedentemente y
considerando además que la Comisión equivocada e inconstitucionalmente,
ha señalado la reserva del acervo documentario y de sus actuados ello ha
significado la lesión de mis derechos constitucionales antes precisados.
24. Mediante el Oficio N° 578-2013-CIMGAGPR/CR del 03 de mayo de
2013, la Presidencia de la megacomisión implícitamente reconoce las
generalidades e imprecisiones de la citación y por tanto, estimamos, de la
sesión llevada adelante el 03 de abril de 2013, por lo que recurre al Acuerdo del Pleno del Congreso para la conformación de la Comisión. Sin embargo hay que precisar que en dicho acuerdo se establecieron los temas a ser desarrollados y el objeto, en realidad, las funciones, de la Comisión.
25. En el marco de las generalidades e imprecisiones en las que ha actuado
la Comisión señalo lo siguiente: Durante la sesión del 3 de abril de 2013, ante una pregunta del congresista Tejada que llevaba implícito el hecho de la existencia de 400 conmutaciones de pena, solicitamos que se nos precisara cual era el fundamento para la afirmación que contenía la interrogante. El referido congresista sostuvo que lo hacía sobre la base de un Informe del Ministerio de Justicia. Mediante Carta de fecha 08 de abril de 2013 (anexo 1-d), por intermedio de mi abogado solicitamos dicho Informe. Recién el 03 de mayo de 2013, la Presidencia de la Comisión mediante Oficio N° 0579-2013-CIMGAGP/CR de esa fecha (anexo 1-h) , respecto a la solicitud de informe, nos ha hecho llegar el “Informe” del Ministerio de Justicia que no es más que una relación de nombres y apellidos de personas, delito y número de resoluciones pero que en ningún momento advierten de irregularidades o análisis de los mismos, además de ser una lista sin llevar firma ni sello de funcionario alguno y sin precisar de qué falta o delito se me investiga respecto a cada uno de ellos. Dicho documento, absolutamente invalido, no puede ser sustento de imputación alguna. Asimismo y fundamentalmente, demuestra una absoluta falta información que no me permite ejercer adecuadamente mi derecho a la defensa.
26. En el marco de la actuación inconstitucional e irregular de la Comisión,
específicamente de su Presidente, congresista Sergio Tejada, existe una serie de hechos que determinan que la Comisión está siendo utilizada solo con propósitos políticos de demolición de lo que estiman un rival político contrario a los intereses y fines del gobierno y del partido político que lo
postuló. Basta con revisar las declaraciones que el citado Congresista ha ido brindando a la prensa en diversas oportunidades así como la filtración de mis declaraciones a diversos medios de prensa, cuando ellos mismos alegan la necesidad de la reserva de la investigación. Ello puede corroborarse en el siguiente link, en el que el diario La República advierte que los audios fueron revelados por el propio congresista Tejada. Es reservada la investigación cuando les conviene a sus propósitos políticos y se hace público lo actuado en la Comisión, cuando de descalificar al investigado se trata, lo cual demuestra un manejo absolutamente arbitrario
e inconstitucional por parte de la Presidencia de la megacomisión. El link es
http://www.larepublica.pe/09-05-2013/alan-garcia-y-facundo-chinguel-
cayeron-en-contradicciones-ante-megacomision.
G. VIOLACION AL DERECHO A SER JUZGADO POR UNA AUTORIDAD INDEPENDIENTE BAJO CRITERIOS OBJETIVOS Y RAZONABLES
27. La Constitución en su artículo 139 numerales 2 y 3, establece como
principios el de la independencia en la función jurisdiccional y el debido proceso. Tales principios, como ya lo hemos sostenido precedentemente, trascienden el ámbito puramente judicial y su exigencia es en todo proceso
o procedimiento incluido en sede parlamentaria. En consecuencia, siempre
en el ámbito del marco constitucional, es exigible que en todo proceso o procedimiento exista lo que se denomina “Juez imparcial”, lo cual ha sido desarrollado por nuestro Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia.
Así, en el expediente N°06149-2006-AA ha señalado:
“48. Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso.
A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución.
49. El status del derecho al juez imparcial como uno que forma parte del debido proceso, se deriva de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que exige que las disposiciones constitucionales mediante las cuales se reconocen derechos fundamentales se interpreten y apliquen de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias que hayan sido ratificadas por el Estado peruano [32] .
50. En ese sentido, en la STC 2730-2006-PA/TC, el Tribunal destacó que
Los tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo forman parte positiva del ordenamiento jurídico nacional (artículo 55º de la Constitución), sino que la Cuarta Disposición Final y Transitoria (CDFT) de la Constitución –en cuanto dispone que los derechos fundamentales reconocidos por ella se interpretan de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú– exige a los poderes públicos nacionales que, a partir del ejercicio hermenéutico, incorporen en el contenido protegido de los derechos constitucionales los ámbitos normativos de los derechos humanos reconocidos en los referidos tratados. Se trata de un reconocimiento implícito de la identidad nuclear sustancial compartida por el constitucionalismo y el sistema internacional de protección de los derechos humanos: la convicción jurídica del valor de la dignidad de la persona humana, a cuya protección y servicio se reconduce, en última y definitiva
instancia, el ejercicio de todo poder [33] .
51. Uno de esos tratados es la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 8º, relativo a las garantías judiciales, dispone que:
"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formuladas contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."
En ese mismo sentido en la sentencia expedida en el Exp. N° 03348-2009- AA ha señalado lo siguiente:
10. Que el derecho a ser juzgado por un juez imparcial constituye un elemento del debido proceso reconocido expresamente en el artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el artículo 14, inciso 1), del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales forman parte del derecho nacional a tenor del artículo 55 de la Constitución.
11. Que como lo ha señalado este Tribunal Constitucional (Cfr. Exp N.º 004-2006- PI/TC fund 20), el principio de imparcialidad posee dos dimensiones:
- Imparcialidad subjetiva. Se refiere a evitar cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso.
- Imparcialidad objetiva. Está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable.
Más recientemente en sentencia de fecha 15 de marzo de 2011, expedida en el Exp. N° 2851-2010-AA, se ha establecido lo siguiente:
11. El inciso 2) del artículo 139° de la Constitución establece que "Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
( ) 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional".
La importancia del principio de independencia judicial en una sociedad democrática implica percibirlo como una garantía, orgánica y funcional, a favor de los órganos y funcionarios a quienes se ha confiado la prestación de tutela jurisdiccional y constituye un componente esencial del modelo constitucional de proceso diseñado por la Constitución. En este sentido el Tribunal Constitucional ha entendido que la independencia judicial debe ser aquella capacidad autodeterminativapara proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la Ley. “Se exige así que se adopten las medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren justicia con estricta sujeción al Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia de extraños [otros poderes públicos o sociales, e incluso órganos del mismo ente judicial] a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso. La independencia judicial debe, pues, percibirse como la ausencia de vínculos de sujeción política o económica o de procedencia jerárquica al interior de la organización que ejerce jurisdicción” (STC Nº 0023-2003- AI/TC, ff.jj. 28, 29, 31 y 33; STC 0004-2006-AI/TC).
12. Este Tribunal en la STC N.º 0023-2003-AI/TC señaló que la independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la ley. En puridad, se trata de una condición de albedrío funcional.
A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el
principio de independencia judicial en los siguientes términos:
“El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que se decide sobre los derechos de la persona. La Corte ha considerado que el principio de independencia judicial resulta indispensable para la protección de los derechos fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse inclusive, en situaciones especiales, como lo es el estado de excepción.” [Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Sentencia del 30 de junio de 2009, parágrafo 68].
14. Dentro de esta misma línea, la Corte ha señalado que:
“Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Europea, así como de conformidad con los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura (en adelante “Principios Básicos”), las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra
Derechos Humanos, Caso ReverónTrujillo vs. Venezuela. Sentencia de fondo, parágrafo 70].
15. Por otro lado, el principio de imparcialidad judicial—ligado al principio de
independencia funcional—, se vincula a determinadas exigencias dentro del proceso, definidas como la independencia del juez frente a las partes y al objeto del
proceso mismo, pudiendo entenderse desde dos acepciones: a) Imparcialidad subjetiva, que atañe a algún tipo de compromiso que el juez pueda tener con el caso. b) Imparcialidad objetiva, referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable.
23. Asimismo este Tribunal, sobre la teoría apariencia y su relación con el principio
de imparcialidad, ha expuesto, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que “Un Tribunal no podría, sin embargo, contentarse con las conclusiones obtenidas desde una óptica puramente subjetiva; hay que tener igualmente en cuenta consideraciones de carácter funcional y orgánico (perspectiva objetiva). En esta materia, incluso las apariencias pueden
revestir importancia (
debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente
temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales
de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables (
De Cubber contra Bélgica, del 26 de octubre de 1984; STC Nº 00023-2003-AI/TC y
STC N.º 0004-2006-PI/TC); Así, las garantías derivadas del derecho a ser juzgado por un juez arbitral imparcial son plenamente aplicables, incluso bajo la teoría de la apariencia, cuando el nombramiento de los miembros (alguno o algunos) del tribunal arbitral la efectúa una institución ajena a las partes del convenio que permite su constitución (STC Nº 6149-2006-AA/TC, fundamento 62).
28. En el marco de lo expuesto tenemos que el “juez imparcial” es una exigencia del debido proceso, y el debido proceso es una exigencia también en el ámbito parlamentario. Siendo un escenario en el que las pasiones políticas pueden sobreponerse y aflorar en las decisiones de las comisiones parlamentarias, la exigencia del denominado Juez imparcial requiere singular importancia, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Como veremos seguidamente existen claras evidencias de que el congresista Sergio Tejada Galindo y los miembros de su partido conformantes de la citada Comisión han afectado gravemente el derecho bajo criterios objetivos y razonables.
29. Lo antes señalado incluso puede corroborarse en el siguiente link, en el que el diario La República advierte que los videos fueron revelados por el propio congresista Tejada. Es reservada la investigación cuando les conviene a sus propósitos y se hace público lo actuado en la Comisión cuando de descalificar al investigado se trata, lo cual demuestra un manejo absolutamente arbitrario e inconstitucional por parte de la Presidencia de la
megacomisión. El link es el siguiente: http://www.larepublica.pe/09-05-2013/alan- garcia-y-facundo-chinguel-cayeron-en-contradicciones-ante-megacomision. La razón
que se arguye para la reserva de las investigaciones, en general, son el tema de seguridad y el de la honorabilidad de las personas. Pues bien, al filtrarse las declaraciones efectuadas por un investigado, significa por tanto la afectación al derecho al honor que tiene todo persona, y que en el presente caso, se ha igualmente trasgredido, además de violarse al debido proceso.
Asimismo, y como una mayor evidencia de la actuación absolutamente
parcializada y con fines de perjudicarme, es el hecho que se haya elaborado un Informe Preliminar respecto al tema de los indultos y conmutaciones de pena que acompañamos como medio de prueba (anexo 1Q), el cual además fue filtrado a la prensa con anterioridad y fue objeto de reportajes televisivos como el propalado el 31 de marzo de 2013, TRES DIAS ANTES QUE DECLARARA ANTE LA MEGACOMISION, en el que inclusive PARTICIPA DECLARANDO Y ADELANTANDO JUICIO EL PRESIDENTE DE DICHA COMISION EL CONGRESISTA SERGIO TEJADA tal como su despacho puede corroborar revisando el siguiente link:
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuarto-
poder/multimedia/cuarto-poder-310313-indultos-al-n-garc
31. Es evidente señor Juez, que el Presidente de la megacomisión y los 3
representantes del Partido de gobierno, han actuado sin respetar mínimamente, inclusive en apariencia, un grado de independencia. Todo lo contrario, ha pesado y pesa mucho más que el respeto a las garantías mínimas del debido proceso, el interés político de inhabilitar políticamente a quien consideran un rival. Muestra de ello es que el día de ayer, son los congresistas oficialistas encabezados por el congresista Tejada han aprobado formular una acusación constitucional contra mi persona por haber en el marco de mis competencias promulgado la Ley N° 28870, que fuera aprobado por consenso en el Congreso de la República y por aprobar
el Decreto de Urgencia 014-2007, mediante el cual se declara en emergencia la ejecución de diversos proyectos de inversión, ampliando los alcances del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA a otros sectores, transporte, comunicaciones, salud, educación, etc., en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, lo
H.- LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL VINCULANTE
32. Tanto en la citación cursada por la Presidencia de la Comisión para la
audiencia del 03 de abril de 2013 y en su Oficio N° 578-2013- CIMGAGPR/CR del 03 de mayo de 2013, se sostiene que no están obligados a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional que no tengan la condición de precedente constitucional vinculante.
Como bien sabe usted señor Juez, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 22-2009-PI/TC, el Tribunal Constitucional volvió a recordar EXPLICITAMENTE lo expresado en la sentencia del Expediente N.° 007- 2007-PI/TC, donde precisó:
“… que: “las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso” (Fundamento N° 47).
33. En tal sentido, las garantías mínimas del debido proceso que debió respetar, en mérito de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son vinculantes para el Congreso de la República, POR LO QUE AL CONFIRMAR MEDIANTE EL DOCUMENTO CITADO QUE NO HAN OBSERVADO DICHAS GARANTIAS COMO LO EXIGEN LAS REFERIDAS SENTENCIAS, LO ACTUADO POR LA MEGACOMISION, UNA VIOLACION A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES INVOCADOS.
33. Por otro lado, si bien la sentencia recaída en el Expediente N°156-2012-
PHC/TC no constituye precedente vinculante, sí TIENE, en cambio el
carácter de “jurisprudencia constitucional vinculante”, dictada al amparo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, pues contiene la interpretación obligatoria del contenido constitucionalmente protegido de diversos derechos y principios constitucionales.
Y como ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 12-2012-PI/TC:
“Por último, queda claro que a juicio de este Tribunal, los funcionarios del Estado, cualquiera sea su jerarquía (artículo 39º de la Constitución), deben ejercer sus competencias y atribuciones de manera proporcionada …, que consiste en la obligación de respetar el orden público constitucional realizando un ejercicio responsable de las funciones atribuidas por la Constitución y la Ley, así como a la jurisprudencia constitucional vinculante” (Fundamento N° 70).
Queda claro señor Juez, que lo resuelto por el Tribunal Constitucional del Perú respecto a las garantías mínimas del debido proceso parlamentario era y es de cumplimiento obligatorio.
34. Reciente precedente judicial. Por otro lado, es menester señalar que en sede jurisdiccional, recientemente el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, en el expediente N° 00461-2013 en el proceso de amparo interpuesto por el que en vida fuera Congresista de la República Javier Diez Canseco Cisneros contra el Congreso de la República, al expedir sentencia declarando fundada la demanda (anexo 1-j), ha considerado lo taxativamente señalado en la sentencia expedida en el Expediente N°156-2012-PHC/TC (anexo 1-i), entre otras, respecto al cumplimiento de los principios del debido proceso en el ámbito parlamentario, entre otros, el del principio de legalidad y subprincipio de taxatividad y el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación.
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre las garantías
del debido proceso al ámbito del procedimiento parlamentario. Con fecha 20 de abril de 2009, mediante Oficio N° 165-2009-DP/PAD el doctor Eduardo Vega Luna, entonces Primer Adjunto (e) de la Defensoría del Pueblo, remitió al Congreso de la República, por intermedio de la Oficialía Mayor, el Informe de Adjuntía N° 02-2009-DP/AAC del 17 de abril de 2009, denominado “Informe sobre la aplicación de las garantías del debido proceso al ámbito parlamentario de juicio político por infracción constitucional”.(anexo 1-k)
36. En el citado Informe de Adjuntía N° 02-2009-DP/AAC, se arriban a las
“5.2. Queda claramente establecido que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos generan consecuencia de obligatorio cumplimiento para todos los órganos del Estado peruano, dentro del cual está comprendido el Congreso de la República.
5.3. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y de nuestro Tribunal Constitucional, las garantías del debido proceso resultan aplicables a todo tipo de procesos o procedimientos, incluidos los procedimientos parlamentarios. En ese sentido, los poderes públicos en general y el Congreso de la República en particular, se encuentran vinculados al respeto a las garantías del debido proceso, pudiendo recurrirse al control jurisdiccional posterior en caso de
5.4. De la tendencia jurisprudencial del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, queda claramente establecido que el derecho de defensa resulta seriamente comprometido si en el trámite del procedimiento parlamentario el acusado no tiene conocimiento oportuno y completo de los cargos, o se le limita de alguna manera el acceso a los medios probatorios incorporados al procedimiento, o si teniendo en cuenta la naturaleza de lo que se discute y el material probatorio incorporado, el plazo o periodo para ejercer la defensa es extremadamente corto.
5.9. Por todas estas consideraciones, la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de sus
funciones y en concordancia con los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, se ha venido pronunciando de manera consistente en la necesidad de que las garantías del debido
proceso se extiendan más allá del ámbito jurisdiccional y se observen en todo tipo de procesos o procedimientos en el que el Estado debe adoptar una decisión que incidirá en los derechos y obligaciones de las personas.
5.10 En ese sentido, de conformidad con el último párrafo del artículo 17 de la ley N°26520, la Defensoría del Pueblo ha considerado pertinente formular ante el Congreso de la República, las consideraciones desarrolladas en el presente informe, a efectos de que sus miembros tengan a bien valorarlas no sólo al momento de decidir sobre la acusación constitucional formulada por la Comisión Permanente contra el señor Fernando Rospigliosi Capurro, sino además como parámetros de actuación en futuras investigaciones de naturaleza parlamentaria.” (el subrayado es nuestro).
37. Conforme puede verse quien tiene por mandato constitucional velar por el respeto de los derechos fundamentales ha sido muy claro respecto a que en sede parlamentaria se debe cumplir con el debido proceso, habiendo exhortado que los parámetros de actuación señalados en el informe, se consideren en las investigaciones parlamentarias.
38. Finalmente señor Juez, está PROBADO que se ha vulnerado mi
derecho al debido proceso en sede parlamentaria. Tal como lo he acreditado, no ha existido ningún hecho en concreto que se me haya planteado como objeto del proceso investigatorio llevado adelante por la megacomisión. No obstante ello, inclusive desde ante de mi presentación el 03 de abril de 2013, hubo ya un informe preliminar que no ha sido objeto de
desmentido que me vinculaba inclusive a un delito.
39. Con fecha 09 de mayo de 2013, se ha aprobado una ampliación
investigación respecto a mi persona sin los fundamentos que ameriten y justifiquen tal solicitud. Dicho plazo, sumado a los casi 18 meses de investigación respecto a mi persona significarán un plazo de hasta casi 2 años de investigación lo cual afecta gravemente un principio universalmente reconocido que toda persona el del plazo razonable del que también se pronuncia la sentencia del expediente N° 156-2012- PHC/TC.
Inconstitucional, ilegal y absurdo Informe de la megacomisión sobre Programa AGUA PARA TODOS
40.- El artículo 108º de la Constitución Política, señala que es atribución del Presidente de la República observar las Leyes, y por tanto, le corresponde a él, la atribución de retirar la observación formulada, sin requerir la aprobación del consejo de ministros ni del titular del sector.
El artículo 125 de la misma Carta Fundamental señala que son atribuciones del Consejo de Ministros el aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso como también los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.
El Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en el Exp. N°156-2012- PHC/TC, en la línea de su jurisprudencia precedente, ha señalado
“15. Los actos del Poder Ejecutivo pueden ser objeto de control parlamentario o de control de constitucionalidad. El primero de ellos es de carácter político, lo ejerce el Congreso de la República y es subjetivo, en tanto no existe un canon objetivo y predeterminado de valoración. El control parlamentario puede ser preventivo:
investidura parlamentaria; funcional: pedidos de informes, invitación a los ministros a informar, estación de preguntas, dación de cuenta de decretos legislativos, de decretos de urgencia y de tratados internacionales ejecutivos; o represivo: interpelación ministerial, moción de censura y cuestión de confianza, comisiones investigadoras, antejuicio y juicio político. Mediante el “procedimiento del control político”, como especifica la Sección Segunda del Capítulo VI del Reglamento del Congreso de la República, el Parlamento ejerce su función de control, fiscalización y dirección política. En cambio, el control de constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo es objetivo, lo ejerce el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional a través de los procesos constitucionales que tienen por fines esenciales “garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales” (artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). Cuando se controla la constitucionalidad de una norma con rango de ley, se enjuicia la legitimidad formal y/o
material de la norma, más no el comportamiento de quienes la propusieron, aprobaron,
suscribieron o refrendaron. 16. Esto quiere decir que cuando el Tribunal declara la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, de ello no se puede derivar como consecuencia que los altos funcionarios que la propusieron, aprobaron, suscribieron y/o refrendaron cometieron infracción constitucional. Arribar a una conclusión en contrario desnaturalizaría la esencia del control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, que solo tiene por finalidad garantizar la supremacía de la Constitución a través del enjuiciamiento de
la norma (validez/invalidez) y no del comportamiento de los altos funcionarios que
participaron en su elaboración o aprobación. En este sentido, en la STC 00004-2011-PI/TC el Tribunal enfatizó que el control parlamentario “no se identifica con lo que es propio del control jurídico. Ello es consecuencia de la naturaleza del órgano que realiza el control y de las tareas que la
Constitución asigna a éste. El Parlamento es un órgano político por naturaleza, basado
en el mandato representativo, en la elección directa de sus representantes y en el sufragio universal, igual, libre y secreto. Refleja en su composición a todos los sectores (e intereses) de la sociedad [principio del pluralismo] y, en su seno, quienes los representan debaten públicamente sobre las cuestiones más trascendentales que conciernen a la res pública”. Cosa distinta es que al amparo o bajo la vigencia de determinadas normas, sean éstas constitucionales o no, los funcionarios públicos cometan delitos. La producción o creación de normas inconstitucionales no supone, per se, infracción a la Constitución en los términos del artículo 99º de la Constitución. Los congresistas no responden ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por los votos
u opiniones que emiten en el ejercicio de su función legislativa. Tampoco deben
responder el Presidente de la República ni los ministros que aprueban leyes o decretos
en el ejercicio de la función legislativa que llevan a cabo, según los procedimientos establecidos en la Constitución.”
41. Los congresista nacionalistas que han aprobado el Informe sobre el Programa Agua para Todos, con una “mayoría de 3 congresistas del total de 7 congresistas” concluyen que se me debe acusar constitucionalmente por haber retirado las observaciones a la Ley 28870, promulgada para optimizar la gestión de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. El argumento es que retiré las observaciones sin aprobación del Consejo de Ministros ni con la aprobación del titular del sector.
Lo primero que debo destacar sobre “sus argumentos” es, por decirlo menos, el contrasentido entre sus recomendaciones y la denuncia que acuerdan interponer. En primer lugar, recomiendan la modificación del
artículo 108 de la Constitución por un supuesto vacío de la norma, esto es, para que en adelante se requiera la aprobación del Consejo Ministros para el retiro de las observaciones. Sin embargo, como el propósito es inhabilitarme, no obstante no existir norma constitucional que lo establezca, se acuerda “denunciarme por infracción constitucional”. Un disparate jurídico. Si no hay norma constitucional, no hay infracción constitucional.
42° Por otro lado, debo recordar que la Ley N°28870, fue aprobado por el Congreso de la República en el periodo 2001-2006 por unanimidad, sin embargo fue observado el mismo día que dejaba su mandato el ex Presidente Alejandro Toledo, esto es, el 28 de julio de 2006. En el ámbito de mis competencias constitucionales señaladas en el artículo 108 de la Constitución y con el propósito de optimizar la gestión de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, retiré las observaciones, promulgando la norma el 12 de agosto de 2006.
Señor Juez, han pasado más de 6 años de la vigencia de la norma y absolutamente nadie ha cuestionado su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Más aún, de conformidad con el artículo 100 del Código Procesal Constitucional, habiendo transcurrido más de 6 años, a la fecha es un imposible jurídico cuestionar la constitucionalidad de la referida Ley.
43. Respecto, al Decreto de Urgencia N°014-2007, mediante el cual se declara en emergencia la ejecución de diversos proyectos de inversión, ampliando los alcances del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA a otros sectores, transporte, comunicaciones, salud, educación, etc., en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local y los Decretos Supremos N°020 y 024-2006-VIVIENDA que se mencionan en el Informe, han sido expedidos en el marco constitucional y legal que posibilitaba ello. Conforme
a lo establecido en la sentencia glosada (Exp. N°156-2012-PHC/TC), ello no implica configuración de acto ilícito alguno, pues es una facultad constitucional establecida en el artículo 118 numerales 19 y 24.
En tal sentido, a mi demanda deberán aplicarse las siguientes disposiciones
y las que su despacho estime convenientes en salvaguarda de mis
derechos constitucionales, de conformidad con el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
Convención Americana de los Derechos Humanos Artículo 8 que establece como derecho humano el debido proceso, el mismo que según las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado que debe ser cumplido en todo proceso o procedimiento que se desarrolle en las instituciones del Estado, incluido en los Parlamentos Nacionales.
El artículo 200 numeral 2, que establece que procede la acción de amparo
cuando el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o
persona que vulnere o amenaza derechos constitucionales como los que invoco en el presente proceso.
Artículo 139° numeral 3, que establece el derecho al debido proceso, el cual ha sido debidamente desarrollado en las sentencias del Tribunal Constitucional y Corte Interamericana de derechos humanos.
Artículo 55 de la Constitución, respecto a que los tratados celebrados por
Perú forman parte del derecho nacional.
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución que señala que las normas relativas a derechos y libertades que su texto reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros Tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos.
Código Procesal Constitucional Los artículos I, II del Título Preliminar que establecen Finalidad de los procesos Los procesos a los que se refieren el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior de violación o amenaza de violación de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.
Procedencia Los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo y habeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad funcional.
- Art. VI del Título Preliminar del citado Código, que establece que los Jueces deben interpretar y aplicar las leyes o toda norma y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, de conformidad con la interpretación que resulte de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional.
- Art. 1 que establece que la finalidad de los procesos constitucionales es el de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza
e violación de los derechos constitucionales. El propósito de la demanda es que las cosas se retrotraigan al estado de cosas anteriores a la disposición del levantamiento de mi secreto bancario dispuesto o solicitado a las entidades bancarias por parte del demandado.
- Numerales 16 y 25 del artículo 37, que establece los supuestos que como en el presente caso habilitan a recurrir al proceso de amparo.
- Y demás derechos y normas constitucionales aplicables a mi caso.
Finalmente, es evidente que solo existe el ánimo de mantenerme procesado POR RAZONES DE ADVERSIDAD POLITICA sin especificaciones de hechos o imputaciones concretas a pesar de haberse exigido ello a la Comisión, encontrando solo GENERALIDADES como respuesta y de no cumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso parlamentario (Oficio N°578-2013-CIMGAGPR/CR) tal como lo exige el máximo intérprete de la Constitución. En ese contexto es posible sostener que son razones políticas las que ALARGAN la SUPUESTA investigacion, como serán también razones políticas las que me traten de vincular actos delictivos que rechazo rotundamente y que motiven una inhabilitación LA CUAL YA HA SIDO PRECISADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (EXP. N°156- 2012-PHC/TC) NO PROCEDE SIN DEBIDA Y PREVIA TIPIFICACION LEGAL O SIN SENTENCIA JUDICIAL CONDENATORIA.
SEÑOR JUEZ: HE ASISTIDO A LA COMISION, HE ENTREGADO A LA FISCALIA Y AL PUBLICO A TRAVES DEL INTERNET DONDE AUN ESTAN PUBLICADOS TODOS MIS INGRESOS, DOCUMENTOS BANCARIOS, CONTRATOS Y BIENES PERO EL PROPOSITO EVIDENTE DE CONVERTIR UN INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL EN
UN INSTRUMENTO POLITICO ME OBLIGA A EXIGIR EL RESPETO DE MIS DERECHOS CONSTITUCIONALES.
V MEDIOS DE PRUEBA:
Ofrezco como medios de prueba de la presente demanda los siguientes:
 La citación de fecha 03 de marzo de 2013, formulada por el congresista Sergio Tejada dirigida a mi persona para la sesión del 03 de abril de 2013. En dicha citación se advierten la serie de imprecisiones, generalidades por las que se me cita y las irregularidades que se dan cuenta en la presente demanda.
 El escrito de fecha 03 de abril de 2013, presentado por mi persona a la Comisión referida, en la que denuncio la afectación de mis derechos constitucionales.
 El escrito de fecha 08 de abril de 2013, presentado por mi abogado a la Presidencia de la megacomisión solicitando el Informe del Ministerio de Justicia, que según el congresista Sergio Tejada sustenta el hecho de los supuestos 400 conmutaciones de pena otorgadas.
 El escrito de fecha 18 de abril de 2013 presentado a la Defensoría del Pueblo.
 El informe preliminar filtrado a la prensa respecto a la investigación sobre las Gracias Presidenciales, que incluso antes de mi declaración sobre dicho tema, ya se me imputaba la comisión del delito de encubrimiento personal.  El Oficio N°578-2013-CIMGAGPR/CR de fecha 03 de mayo de 2013 en el que el Presidente de la megacomisión reitera su actuación inconstitucional denunciada en mi escrito de fecha 03 de abril de 2013 y su rechazo al cumplimiento de la sentencia de las sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente del expediente N°156-2012-
PHC/TC, así como de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen el respeto del debido proceso también en sede parlamentaria.  La Carta de respuesta al escrito, solicitud, formulada por mi abogado respecto a que se nos haga llegar el Informe del Ministerio de Justicia sobre las presuntas más de 400 conmutaciones ilegalmente otorgadas, en el que no se anexa ningún informe sino tan solo 3 hojas sin firma ni sello que contiene una relación de personas y algunos datos imprecisos.  El Oficio N° 165-2009-DP/PAD del Primer Adjunto (e) de la Defensoría del Pueblo, remitió al Congreso de la República, por intermedio de la Oficialía Mayor, adjuntando el Informe de Adjuntía N° 02-2009-DP/AAC del 17 de abril de 2009, denominado “Informe sobre la aplicación de las garantías del debido proceso al ámbito parlamentario de juicio político por infracción constitucional”.
VI ANEXOS.-
1a.Copia de mi documento de identidad 1b. La citación de fecha 03 de marzo de 2013, formulada por el congresista Sergio Tejada dirigida a mi persona para la sesión del 03 de abril de 2013. 1c. El escrito de fecha 03 de abril de 2013, presentado por mi persona a la Comisión referida, en la que denuncio la afectación de mis derechos constitucionales.
1d. El escrito de fecha 08 de abril de 2013, presentado por mi abogado a la Presidencia de la megacomisión solicitando el Informe del Ministerio de Justicia. 1e. El escrito de fecha 18 de abril de 2013 presentado a la Defensoría del Pueblo. 1f. El informe preliminar filtrado a la prensa respecto a la investigación sobre las Gracias Presidenciales, que incluso antes de mi declaración sobre dicho tema, ya se me imputaba la comisión del delito de encubrimiento personal. 1g. El Oficio N°578-2013-CIMGAGPR/CR de fecha 03 de mayo de 2013 en el que el Presidente de la megacomisión reitera su actuación inconstitucional denunciada en mi escrito de fecha 03 de abril de 2013. 1h. El Oficio N°579-2013-CIMGAGPR/CR de fecha 03 de mayo de 2013 que da respuesta al escrito, solicitud, formulada por mi abogado respecto a que se nos haga llegar el Informe del Ministerio de Justicia sobre las presuntas más de 400 conmutaciones ilegalmente otorgadas, en el que no se anexa ningún informe sino tan solo 3 hojas sin firma ni sello. 1i. Copia de la sentencia Exp. N°156-2012-PHC/TC expedida por el Tribunal Constitucional. 1j. Copia de la sentencia expedida en el proceso de amparo Exp. N°463- 2013 por el 5° Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. 1k. El Oficio N° 165-2009-DP/PAD del Primer Adjunto (e) de la Defensoría del Pueblo, remitido al Congreso de la República, por intermedio de la Oficialía Mayor, adjuntando el Informe de Adjuntía N° 02-2009-DP/AAC del 17 de abril de 2009, denominado “Informe sobre la aplicación de las garantías del debido proceso al ámbito parlamentario de juicio político por infracción constitucional”.
A usted señor Juez, solicito admitir la presente demanda, tramitarla conforme a su naturaleza y en su oportunidad declararla FUNDADA.
ERASMO REYNA ALCANTARA
REG. CAL. 29306
DNI N° 07768359
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 artículo 8
 artículo 55
 artículo 8
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 artículo 55
 resolución 
 artículo 139
 artículo 3
 artículo 21
 artículo 109
 artículo 139
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 139
 artículo 99
 artículo 139
e contrario
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 artículo 8
 artículo 8
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 artículo 55
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