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Timestamp: 2017-10-17 16:56:03+00:00

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Sentencia A.P. Palencia 107/2010 de 7 de mayo. Contrato verbal de compraventa de toros. Indemnización - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Palencia 107/2010 de 7 de mayo
Contrato verbal de compraventa: Compra de toros. Falta de pago del precio por el comprador. Prueba testifical: Doctrina del Tribunal Supremo sobre las valoraciones de las pruebas testificales. Queda acreditado por esta prueba que existió tal contrato de compraventa.
SENTENCIA: 00107/2010
Domicilio: PLAZA DE ABILIO CALDERÓN 1
Telf: 979.167.701
Fax: 979.746.456
N.I.G.: 34120 37 1 2010 0100130
ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000126 /2010
Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de CARRION DE LOS CONDES
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000147 /2009
RECURRENTE: Luis Pedro
RECURRIDO/A: Aurelio
Procurador/a: EMMA PASTOR SALDAÑA
SENTENCIA NUM. 107/2010
IImo. Sr. Presidente
D. Ignacio Rafols Pérez
En Palencia a siete de Mayo de dos mil diez.
Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial los presentes de Juicio Ordinario n.º 147/2.009, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Carrión de los Condes, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en referidos autos el día 30 de diciembre de 2.009, por el Procurador Sr. Mediavilla Cofreces, en representación de Luis Pedro, figurando como parte tambien apelada Aurelio, representado por el Procurador Sr. Andres Pastor, y siendo Ponente el Magistrado Carlos Miguélez del Río.
Primero.-La Sala acepta y de por reproducidos los antecedentes de hechos contenidos en la resolución recurrida.
Segundo.-En autos resulta que por el Juzgado de Primera Instancia de Carrión de los Condes se dictó sentencia el día 30 de diciembre de 2.009, cuya parte dispositiva dice " Estimar parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de Aurelio contra Luis Pedro, y condenar a Luis Pedro a pagar a la parte actora la cantidad de 12.000,26 euros, según los desgloses efectuados en los Fundamentos de Derecho 2 y 3 de la presente resolución, más los intereses legales, incrementados en dos puntos, devengados por dicho principal desde la fecha de la presente resolución al completo pago del principal, debiendo cada parte pagar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".
Tercero.-Frente a dicha sentencia fue preparado y se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por el Procurador Sr. Mediavilla Cofreces, en representación del demandado Luis Pedro.
Cuarto.-Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto, se dio traslado a la parte apelada, Aurelio, quien presentó escrito oponiéndose a lo pedido por las partes apelantes.
Quinto.-Remitidos los autos a esta Audiencia Provincial, tuvo lugar la votación y el fallo de la causa en el día señalado en las actuaciones.
Sexto.-En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales.
Primero.-Frente a la sentencia dictada en primera instancia que estimó parcialmente la demanda interpuesta y que condenó al demandado Luis Pedro al pago de 12.000,26 euros, se alza ahora éste, como apelante, solicitando la revocación de la resolución recurrida y la desestimación íntegra de la demanda formulada.
Por su parte, el apelado-demandante Aurelio, solicita la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación de la referida resolución.
La sentencia de primera instancia llega al convencimiento de que las partes procesales, el demandado Luis Pedro como comprador y Aurelio como vendedor, celebraron un contrato verbal de compraventa en julio de 2.008, que tuvo por objeto 12 toros por un precio de 3.130,27 euros cada toro, lo que supone un precio global de 37.563,24 euros, que el comprador ni pagó el precio de los animales ni los retiró de la ganadería en el tiempo fijado, razón por la que el vendedor se vio en la necesidad de vender los toros a terceros a un precio inferior al fijado en el contrato de compraventa referido, concretamente en 27.075 euros, considerando que, en consecuencia, la depreciación sufrida por las reses y que la parte actora tiene derecho a ser indemnizada asciende a la cantidad de 10.488,26 euros, más otros 1.512 euros por los gastos ocasionados a la actora por el mantenimiento de los toros, alcanzando la indemnización total a 12.000,26 euros.
La parte apelante impugna dicha resolución invocando, bajo el anunciado de errores en la valoración de la prueba, diferentes motivos por los que muestra su disconformidad con la sentencia recurrida, como en cuanto a la valoración de las pruebas testificales de Agustín, David y Higinio, a la relevancia dada a la guía de transporte, a la actividad del apelante, al destino de los toros y a los gastos derivados del mantenimiento de los animales, para concluir afirmando que no existe prueba alguna que acredite la existencia de la compra de los toros.
Segundo.-El recurso de apelación interpuesto no puede prosperar.
Así es. Por lo que se refiere a las valoraciones de las pruebas testificales practicadas en el acto del juicio, debemos comenzar indicando que es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo según la cual la valoración probatoria efectuada por los órganos judiciales de instancia al configurar el ""factum"" de sus resoluciones es inatacable, salvo en ocasiones excepcionales de interpretaciones totalmente absurdas, erróneas o intemperantes (SSTS 24/4/1.989, 1/7/1.996 y 15/4/2.003). Dicho esto, la Sala constata que el Juez de Primera Instancia valoró las declaraciones testificales conforme a los requisitos que exige el art. 376 de la LEC, es decir, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración las razones de ciencia dadas y las circunstancias concurrentes y, de esta forma, llega a la conclusión de que el contrato verbal de compraventa sobre los toros se perfeccionó en los términos que indica el art. 1.450 del Cc, al haber habido entre las partes concierto sobre la cosa objeto del contrato, las 12 reses, y en el precio, 37.563,24 euros, y ello aunque ni se llegasen a entregar ni los toros ni el precio. Así se constata de la declaración del testigo Agustín, quien después de manifestar en el juicio que se dedicaba a la mediación entre ganaderos de reses de lidia, declaró que el día 10 de julio de 2.008 el demandado Luis Pedro se personó en la finca del demandante, Aurelio, y que, después de ver éste los toros, las partes y el testigo fueron a un bar y cerraron el trato, el referido testigo relató en el juicio con precisión, con firmeza y sin ninguna contradicción, las circunstancias de la venta que, dicho sea se paso, no coinciden exactamente con las pretensiones del actor, diciendo que por cada uno de los 12 toros se pactó un precio de 3.130,27 euros. Pues bien, el Juez ha dado credibilidad a lo declarado por tal testigo porque, además de hallarse afectado por las generales de la ley, no tuvo escrúpulo alguno en negar preguntas formuladas por la parte que le propuso, como cuando manifestó que los toros vendidos habían sido 12 y no 13, teniendo conocimiento de los hechos por su profesión de corretaje o mediador entre ganaderos de reses de lidia y organizadores de festejos taurinos, además de haber estado presente cuando las partes alcanzaron el acuerdo verbal de compraventa, y tambien se valorado por el Juez de Primera Instancia la coherencia, la claridad y la rotundidad de las respuestas del indicado testigo.
A mayor abundamiento, debemos indicar tambien que, en contra de lo que se dice en el escrito de apelación sobre la poca importancia o validez de la guía de transporte, del contenido de las declaraciones testificales de David y de Higinio o sobre la actividad del recurrente Sr. Luis Pedro, en la resolución recurrida se dan argumentos lógicos y coherentes sobre la existencia de la compraventa de los toros por parte del demandado. En efecto, parece evidente a la Sala que si por el Veterinario Oficial correspondiente se expidió la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria para el traslado de 8 de las reses vendidas y si en la misma se hace constar que el traslado de los toros se realizará desde la finca del vendedor hasta la localidad de Carrión de los Condes donde tiene su finca el comprador, y si se indica tambien el número de explotación ganadera de la explotación de destino, que se corresponde con la explotación ganadera del demandado-comprador. Lógico es deducir de todo ello que si por el Sr. Luis Pedro se dieron tales datos al Sr. Aurelio es porque se pactó la compraventa de los animales y su traslado. En la resolución recurrida se valora correctamente las declaraciones de David y de Higinio, a quienes el ahora recurrente envió desde la localidad de Tordesillas hasta al finca del actor para, al parecer, dar salida a los toros adquiridos que el comprador no podía o no quería utilizar.
Por lo que se refiere a que el recurrente no se dedica a comprar toros para sí, sino que es veedor de la entidad Taurohispana de Castilla y León y, en tal concepto, acudió a la finca del actor en Albacete, lo cierto que de las pruebas practicadas y obrantes se constata que quien compró las reses y quien contrató verbalmente con el vendedor fue él, por lo que, en sus relaciones con el Sr. Aurelio, sólo el comprador estaba obligado al pago del precio de los toros vendidos, tal como dispone el art. 1.500 del Cc, por supuesto con independencia de las relaciones internas pueda tener éste con la indicada entidad o de sus hipotéticas responsabilidades por las obligaciones asumidas, de existir entre ellos un contrato de mandato de los arts. 1.709 del Cc, circunstancias estas a las que es totalmente ajeno el apelado y vendedor Sr. Aurelio.
Por lo demás, carece de relevancia, a efectos jurídicos, cual fuera a ser el destino de los toros comprados por el apelante ya que, como se indica en la resolución recurrida, el comprador bien pudo adquirir las reses no sólo para la feria de la localidad de Cuellar, sino para cualquier otra feria o encierro en los que participa él o su familia, siendo tambien un dato a tener en cuenta, véase en este sentido la declaración testifical del Sr. Agustín que, una vez anunciado el cartel de los toros, es frecuente cambiar alguna de las ganaderías anunciadas por otras, como por ejemplo cuando los matadores no aceptan los toros. En último lugar, indicar que el hecho de que el Reglamento General Taurino de Castilla y León hable de la copia del contrato de compraventa, en modo alguno se puede concluir de ello que el contrato celebrado en forma verbal carezca de efectos jurídicos, tal como se desprende del art. 1.278 del Cc, al no ser la compraventa de toros ninguno de los contratos que requieren su constancia en una forma especial, arts. 1.279 y 1.280 de la misma norma citada.
El último motivo de apelación hace referencia a los gastos generados por el mantenimiento de los toros, alegando el recurrente que la resolución recurrida contiene datos erróneos. Tal argumentación no es correcta, hablando jurídicamente, por cuanto en la sentencia dictada en primera instancia se razona ampliamente porqué se da más credibilidad a la certificación emitida por el veterinario Sr. Alfredo, que al testimonio del Sr. Esteban propuesto por el demandado, llegándose a la coherente conclusión de que un toro de lidia adulto consume diariamente una ingesta de 5 Kg de paja de cebada y 8 Kg de pienso compuesto, con un coste aproximado de 2,7 euros, citándose varias direcciones de Internet y trabajos científicos que vienen a corroborar la veracidad de la certificación del veterinario citado, más acertado que lo que se dice por el ganadero Sr. Esteban de que un toro de las características de los que son objeto de este pleito tiene unos gastos diarios por mantenimiento de 1.20 euros diarios, y ello teniendo tambien en cuenta el evidente interés que éste puede tener en el resultado del juicio debido a las relaciones profesionales que guarda con el demandado al acoger toros de éste en sus fincas de Castronuño (Valladolid) y de Bóveda de Toro (Zamora).
En conclusión, se ha de confirmar en su totalidad la resolución recurrida y, por lo tanto, desestimar el recurso de apelación interpuesto al no apreciarse error alguno en la valoración de la prueba y al haber demostrado la realidad de la compraventa celebrada verbalmente entre las partes litigantes, de la que trae causa la acción ejercitada.
Tercero.-Las costas causadas en esta alzada se imponen a la parte apelante, al haberse desestimado el recurso interpuesto, art. 398 de la LEC.
Vistos los preceptos jurídicos citados y demás de pertinente aplicación
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación de Luis Pedro frente a la sentencia dictada en autos el día 30 de diciembre de 2.009 por el Juzgado de Primera Instancia de Carrión de los Condes, en el Procedimiento Ordinario n.º 147/2.009, cuya resolución confirmamos íntegramente.
Con imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante.
Publicación.-Leída y publicada la anterior sentencia por el IImo. Sr. Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública, en el día de su fecha. Doy fe.

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