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Timestamp: 2013-12-05 00:19:18+00:00

Document:
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO FACULDAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
MORELIA ANGUIANO VALADEZ.
MORELIA MICH, A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012
Objetivo………………………………………………………………………………4 Concepto y justificación……………………………………………………………5 Naturaleza jurídica………………………………………………………………….8 Desarrollo……………………………………………………………………………10 Requerimiento de pago……………………………………………………………11 Embargo……………………………………………………………………………..12 Remate…………………………………………………………………………….....21 Conclusión…………………………………………………………………………..36 Bibliografía…………………………………………………………………………...37
El Estado requiere de ingresos para su propia existencia y para la satisfacción de las necesidades de la colectividad. El artículo 31 fracc. 4ª. De la Constitución dice que todos los mexicanos están obligados a contribuir con los ellos.
Los créditos fiscales son los que tiene derecho a percibir el Estado, que provengan de contribuciones o sus accesorios, o de aprovechamientos, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena que no hayan sido satisfechos dentro del plazo que señala el Código Fiscal de la Federación.
La presente investigación tiene el propósito de demostrar que el requerimiento, el embargo, la intervención y el remate en la vía administrativa son una forma de garantía del interés fiscal, independientemente de que hayan sido ofrecidos como tal por el propio contribuyente, o si fue parte del Procedimiento Administrativo de Ejecución, instaurado en su contra.
∑Destacar la importancia de la garantía del interés público, cuando un crédito fiscal se encuentre sub-judice.
∑Realizar un estudio comparativo, entre las diferentes etapas en la vía administrativa, como una oferta por parte del particular de garantía del interés público, y las etapas administrativas como parte de un procedimiento de ejecución.
Proceso administrativo de ejecución
Es un conjunto de actos que se realizan en el tiempo y por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva del crédito fiscal debido por el deudor. En cuanto procedimiento debe avanzar de acuerdo con el impulso que le de la autoridad ejecutora hasta lograr su finalidad. Sin embargo, pueden suceder acontecimientos o actuaciones que los suspendan en su avance o que le pongan fin. Por tanto, puede entenderse como suspensión del procedimiento administrativo de ejecución la suspensión que puede experimentar en su avance, merced a causas exteriores a el y que trascurrido el tiempo, o bien, son sustituidas por otras que producen la extinción definitiva del procedimiento. La suspensión del procedimiento de ejecución no puede producirse por acuerdo o inactividad de las partes, ya que la que tiene la autoridad tiene la obligación y la responsabilidad de impulsarlo, a menos que se produzca una causa que la ley establezca para que se efectuara la suspensión.
La suspensión del proceso administrativo de ejecución requiere que sea solicitado por el interesado en obtenerla. La solicitud puede formularse en cualquier tiempo ante la oficina ejecutoria y para ello debe acompañarse a la instancia de suspensión los documentos que acrediten que se ha garantizado en interés fiscal.
∑Los gastos de ejecución.
∑Los accesorios de las aplicaciones de seguridad social.
∑Las aportaciones de seguridad social.
∑Los accesorios de las demás contribuciones y otros créditos fiscales.
∑Las de más contribuciones y créditos fiscales.
Gastos de ejecución. Son las erogaciones ordinarias y extraordinarias que realiza el fisco federal con motivo de la aplicación del proceso administrativo de ejecución, para exigir el cobro de los créditos fiscales que no fueron pagados o garantizados dentro de los plazos legales.
Las diligencias realizadas cuando es necesario emplear el proceso administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas u las morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución son:
∑Por la diligencia correspondiente al primer requerimiento del pago del crédito fiscal.
∑Por la diligencia de embargo.
∑Por la diligencia del remate.
Dispone el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. La exigibilidad del crédito fiscal, consiste en que el ente público esté debidamente facultado para exigir al contribuyente el pago de la prestación, cuando no se haya pagado o garantizado dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas Al fisco, por excepción, se le permite o se le dota de un procedimiento especial para el
cobro de los créditos fiscales especial a su favor, sin necesidad de acudir a los tribunales del orden común; este procedimiento obviamente constituye un particularismo propio del Derecho Fiscal y en especial un privilegio de los créditos fiscales, en virtud de que los fines que persigue el estado requieren de manera oportuna y eficaz de los recursos económicos, para hacer frente a sus atribuciones. Desde el siglo pasado se ha cuestionado la constitucionalidad de la facultad económico-coactiva del Estado, argumentando que es violatoria de diversos preceptos constitucionales que consagran los derechos fundamentales del individuo o garantías individuales. Sobre ello, la Suprema corte de Justicia siempre se ha pronunciado por considerar que esta facultad no es violatoria de ninguna de las garantías constitucionales basándose, principalmente, en la opinión vertida por Ignacio L. Vallarta en su Estudio sobre la Constitucionalidad de la Facultad Económico-Coactiva. Este problema ha sido largamente estudiado tanto en la doctrina administrativa
como en la jurisprudencia. Gabino Fraga53 expone que está convencido de la
absoluta necesidad de que el Poder Administrativo sea el que tenga en sus manos la posibilidad de hacer efectivos los impuestos, pues de otra manera el Estado se vería en apuros para poder realizar las atribuciones que le están encomendadas. Por lo anterior, considera que el único conflicto que realmente existe está en función del artículo 14 de la Constitución Federal en la parte que prohíbe la privación de la propiedad si no ha mediado juicio seguido ante los tribunales ya establecidos; sin embargo, considera que “este conflicto ha sido resuelto conforme con la necesidad de que el Estado puede realizar eficazmente sus atribuciones”.
La ley federal del procedimiento administrativo, establece como elementos y requisitos del acto administrativo los siguientes:
a)Ser expedido por un órgano dependiente.
b)A través de un servidor publico facultado para ello.
c)Tener objeto materia del mismo.
d)Cumplir con la finalidad del interés público.
e)Constar por escrito y con firma autógrafa.
f)Fundado y motivado.
g)Conforme al procedimiento establecido en la ley.
h)Ser expedido sin que medie error sobre objeto, causa y motivo, o fin del acto.
i)Sin dolo o violencia.
j)Nombre del órgano del que emana la omisión o irregularidad en estos elementos produce la nulidad del acto administrativo , la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que sea el titular en cuyo caso la nulidad será declarada por el mismo, si el acto administrativo contiene error .
k)Respecto al expediente, documentos o nombre de las personas.
l)Al lugar y fecha de emisión.
m)La oficina en que se encuentra para ser consultado.
n)Los recursos que procedan.
ñ )Si la decisión no versa sobre los puntos propuestos por las partes.
Se considerara anulables, pero valido, ya que gozara de presunción de legitimidad y ejecutividad y será subsanable por por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. El cato subsanado será obligatorio por los servidores públicos y los administrativos, producirá efectos retroactivos y se considerara como si siempre hubiera sido valida.
Debido a que el Estado requiere los ingresos para sus propia existencia y para la satisfacción de las necesidades de la colectividad, por medio de los servicios públicos el artículo 31 fracc. 4. Dela constitución dice que todos los mexicanos están obligados a contribuir con ellos.
Con base en esto, se fijan los impuestos que son prestaciones de dinero o en especie que fija la ley, con carácter obligatorio, a cargo de personas físicas o morales para cubrir los gastos públicos.
Actos de iniciación: cuando el sujeto pasivo del crédito fiscal no ha hecho el pago del mismo dentro de los plazos señalados por la ley, la autoridad administrativa, dicta una resolución que recibe el nombre de mandamiento de ejecución en la que ordena que se requiera al deudor para que efectué el pago en la misma diligencia del requerimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo se le embargaran los bienes suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales. El requerimiento tiene el carácter del acto necesario, que consiste en el cumplimiento de una carga procesal, y demás de acto debido, ya que constituye una obligación administrativa para el funcionamiento fiscal la iniciación del procedimiento de ejecución, a fin de hacer ingresar al patrimonio del estado el crédito que tiene a su favor, y que no ha sido cumplido por el deudor en formula voluntaria.
Actos de coerció : Dada la naturaleza del procedimiento, se producen una serie de actos de carácter coercitivo que se inician con el embargo y concluye con la adjudicación y la distribución del producto del remate, así pues dentro de los actos de coerción encontramos:
∑Embargo.
∑Remate.
De obligaciones formales y de obligaciones cumplidas.(art. 145) Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley,
mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Las autoridades fiscales podrán asimismo, practicar embargo precautorio para asegurar cautelarmente el interés fiscal respecto de contribuciones que a la fecha en que se practique el embargo, ya se hubieren causado, en los siguientes términos: Caso de contribuciones causadas y exigibles pendientes de determinarse, cuando la autoridad se percate de que existe alguna de las irregularidades a que se refiere el art. 55 del código fiscal de la federación o bien, cuando a juicio de la autoridad exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evitar su cumplimiento. En el caso de contribuciones causadas que a la fecha del embargo precautorio no sean exigibles paro hayan sido determinadas por el contribuyente, cuando a juicio de la autoridad exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evitar su cumplimiento. En el caso de contribuciones causadas que a la fecha del embargo precautorio no sean exigibles pero hayan sido determinadas por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación. En el caso de contribuciones causadas pendientes de determinarse y que no sean exigibles.
Fundamento del Embargo.
Las reglas para el Embargo, las tenemos en los artículos 151 al 172 del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 151.- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que ‚este no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue:
I.A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco.
II.A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.
El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirán en el Registro Público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate.
Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del Registro Público que corresponda, en todas ellas se inscribirá el embargo.
Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en parcialidades, por error aritmético en las declaraciones o por situaciones previstas en la fracción I del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.
Artículo 152.- El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el domicilio del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones personales en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación. De esta diligencia se levantará acta pormenorizada de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma. El acta deberá llenar los requisitos a que se refiere el artículo 38 del citado ordenamiento.
Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento, en su caso, se hizo por edictos, la diligencia se entenderá con la autoridad municipal o local de la circunscripción de los bienes, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se entenderá con él.
En el caso de actos de inspección y vigilancia, se procederá al aseguramiento de los bienes cuya importación debió ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizadas por estas, siempre que quien practique la inspección esté facultado para ello en la orden respectiva.
Artículo 153.- Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras bajo su responsabilidad nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales.
En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja, según el
caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 165, 166 y 167 del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 154.- El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del Procedimiento
Administrativo de Ejecución, cuando la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales.
Artículo 155.- La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que este se deba trabar, sujetándose al orden siguiente:
Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios; Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia; Bienes muebles no comprendidos anteriormente y Bienes inmuebles.
La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos, y si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo.
Artículo 156.- El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el artículo anterior, cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia:
I.No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho orden al hacer el señalamiento.
II.Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale:
a)Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora.
b)Bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embargo anterior.
Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables
Del embargo precautorio
Se podrá practicar embargo precautorio sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, y cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación señala en su fracción II que se procederá a embargar precautoriamente los bienes o la negociación cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios o cuando no atienda tres requerimientos de la autoridad, salvo si se trata de declaraciones en que basta con no atender un requerimiento. La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las razones del
embargo. La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de 10 días desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo, éste quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con el requerimiento. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, quedará firme. El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad del mismo crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución. Si el particular garantiza el interés fiscal, se levantará el embargo. Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo y al realizado con motivo de la falta de atención de requerimientos por parte de los contribuyentes, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables.
Los supuestos para que se de el embargo precautorio son:
∑En caso de contribuciones causadas y exigibles pendientes de determinarse.
∑En caso de contribuciones causadas pendientes de determinarse y que aún no sean exigibles.
∑En caso de contribuciones causadas que a la fecha del embargo precautorio no sean exigibles pero hayan sido determinadas por el contribuyente.
∑En caso de contribuciones causadas que a la fecha del embargo precautorio no sean exigibles pero hayan sido determinadas por la autoridad.
∑En todos estos casos debe existir a juicio de la autoridad, peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento.
∑En los tres primeros casos, la autoridad trabará el embargo sobre bienes o derechos del obligado hasta por un monto equivalente al de la contribución.
∑La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las razones y fundamento del embargo sobre bienes y requerirá al obligado, para que dentro del término de 3 días desvirtué el monto por el que se realizó el embargo.
∑Si el pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo.
∑El embargo quedará sin efecto si la autoridad no emite, dentro del plazo de un año contado desde la fecha, en que fue practicado.
∑Si dentro del plazo señalado la autoridad lo determina, el embargo precautorio se convertirá en definitivo.
∑El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en definitivo al tiempo de la exigibilidad de dicho crédito fiscal.
∑Son aplicables al embargo precautorio las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo.
∑Las reglas con que se resolverán por los tribunales judiciales de la federación, las controversias que surjan entre el fisco federal y los
fiscos locales, relativos al derecho de preferencia para recibir el pago
de los créditos fiscales son:
∑La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por impuestos sobre la propiedad raíz.
∑En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer embargante.
Art. 164.- Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, el depositario designado tendrá el carácter de interventor con cargo a la caja o de administrador.
Art. 165.- El interventor encargado de la caja después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este código, deberá retirar de la negociación intervenida el 10% de los ingresos del dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida que se efectúe la recaudación.
Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco federal, dictara las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para
proteger dichos intereses y dará cuenta a la oficinas ejecutora, la que podrá ratificarlas o modificarlas.
Facultades de intervención
Art. 166.- El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente correspondan a la administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas ultimas, previo acuerdo de la oficina ejecutora, así como otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, revocar los otorgamientos por las sociedad intervenida y los que el mismo hubiere conferido.
I.- Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora.
II.- Recaudar el 10% de las ventas o los ingresos diarios en la negociación intervenida.
III.- El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo.
Nombramiento del interventor
Art. 168.- El nombramiento del interventor administrador deberá anotarse en el registro público que corresponda al domicilio de la negociación intervenida.
Levantamiento de la intervención
Art. 171.- La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de conformidad con el CFF se haya enajenado la negociación. En estos casos la oficina ejecutora comunicará el hecho al registro público que corresponda para que se cancele la inscripción respectiva.
Una vez trabado el embargo se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual se debe fijar la base para la enajenación el caso de bienes inmuebles y de negociaciones, de conformidad con el artículo 175 de Código Fiscal de la
Federación, en el cual se señala lo siguiente: Si se trata de inmuebles, será el avaluó. Si se trata de negociaciones, será el avaluó pericial. En los demás casos, la base será la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo de seis días contados a partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo .A falta de acuerdo, la autoridad practicará avaluó pericial y en todos los casos, notificará personalmente al embargado el avaluó practicado. Los avalúos citados se deberán elaborar conforme a las reglas que establezca el Reglamento Código Fiscal de la Federación.
El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el avaluó, para que tenga verificativo dentro de los 30 días siguientes. La convocatoria se hará cuando menos 10 días antes del inicio del periodo señalado para el remate y la misma se mantendrá en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate.
Con el propósito de obtener el mejor precio de los bienes embargados, su enajenación deberá realizarse en subasta pública o almoneda (aunque se utilizan sinónimos, en estricto sentido de la almoneda, se refiere a la venta pública de bienes muebles) que generalmente se realiza en el local de oficina ejecutora, mediante convocatoria pública cuando menos diez días antes del remate. Podrán ejecutarse hasta dos subastas con 15 días de diferencia cada
una y si el remate no se realiza o no se presenta los postores en la primera se podrán enajenar directamente o por terceras personas, o adquirirlos el fisco. También procede la enajenación fuera de subasta cuando el embargado proponga comprar hasta 15 antes de que se finque el remate cuando el adquiriente sea el fisco debido a falta de postores, a falta de pujas o en caso de empate, y cuando los bienes sean de fácil descomposición o deterioro, o se trate de materiales inflamables. El día y hora señalados para el remate, el jefe de oficina ejecutora informara a quienes hayan concurrido a él los nombres de las personas que podrán participar en las almonedas, por haber presentado los siguientes documentos:
a)a) Escritos con los datos del oferente.
b)b) Postura no menor de las dos terceras partes de la base fijada para el remate, la cual se determina por el valor del avaluó y el embargo.
c)c) Certificado de deposito, cuando menos del 10% de la base fijada para el remate.
Los participantes harán los ofrecimientos, o pujas, para mejorara sus posturas y el jefe de la oficina ejecutora fincará el remate a quienes sostengan la más alta. Tratándose de bienes muebles, el vencedor dispondrá de tres días para enterara de la cantidad ofrecida de contado, ya que una parte de la postura puede haber sido a plazos. El adquiriente de bienes inmuebles o negociaciones
tendrá 10 días para cubrir la diferencia del precio ofrecido de contado, y dentro de los diez días posteriores se deberá firmar la escritura y entregar el adquiriente los bienes adjudicados libres de todo gravamen. En todo caso, cuando los adquirientes no enteran la diferencia del precio dentro del plazo señalado, perderán su depósito a favor del fisco. El producto del remate, de la venta fuera de subasta, o de la adjudicación del fisco, deberá aplicarse a cubrir el crédito fiscal, de acuerdo con la prelación de pagos expuesta en el capitulo de Extinción de las Obligaciones, y el excedente se entregarla embargado.
Art. 173.- la enajenación de bienes embargados, procederá:
I.A partir del día siguiente a aquel en que se hubiese fijado la base en los términos del art. 175 de éste código.
II.En los casos de embargo precautorio a que se refiere el art. 145 de éste código, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento.
III.Cuando el embargo no proponga comprobar dentro del plazo a que se refiere el art. 192 del CCF.
IV. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaída en los medios de defensa que se hubiesen hecho valer.
PROCEDIMIENTO DEL REMATE
En la página electrónica de subastas del Servicio de Administración Tributaria, se especificará el periodo correspondiente a cada remate, el registro de los
postores y las posturas que se reciban, así como la fecha y hora de su recepción. Cada subasta tendrá una duración de 8 días que empezará a partir de las 12.00 horas del primer día y concluirá a las 12.00 horas del octavo día. En dicho periodo los postores presentarán sus posturas y podrán mejorar las propuestas. Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo del remate se recibe una postura que mejore las anteriores, el remate no se cerrará. Una vez transcurrido e último plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido el remate. El recurso de revocación se podrá interponer contra los actos administrativos dictados en materia federal. El recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas por las autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Dicten las autoridades aduaneras, cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal .El recurso de revocación no procederá contra actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantías de obligaciones fiscales a cargo de terceros. El recurso de revocación previsto por la LFRASP procede contra resoluciones de servidores públicos por parte de la secretaría de la función pública. El recurso de revisión previsto por la LFPA procede contra actos y resoluciones de las autoridades administrativas tanto de la administración pública federal, como de los órganos descentralizados que pongan fin al procedimiento de una instancia o resuelvan un expediente.
•1.- Periodo de subastas en la pagina del SAT
•2.- Cada subasta tendrá una duración de 8 días que empezará a partir de las 12.00 horas del primer día y concluirá a las 12.00 horas del octavo día.
•3.- Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo del remate se recibe una postura que mejore las anteriores, el remate no se cerrará.
•4.- Una vez transcurrido e último plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido el remate.
Es una medida que se da dentro del procedimiento administrativo de ejecución , como forma de obtener el pago de los créditos fiscales , cuando se embarguen negociaciones , en caso en el cual el depositario designado tendrá el carácter de interventor con cargo a la caja o administrador.
Así, como se mencionó anteriormente, las autoridades competentes están facultadas para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley mediante el PAE.
En este sentido, el artículo 151 del CFF prevé que el PAE, inicia con el requerimiento de pago al contribuyente, estando facultada la autoridad fiscal para, en el mismo acto, trabar embargo en caso de no obtener la cantidad que se le adeuda.
Dicho embargo puede trabarse en la negociación del contribuyente con el propósito de obtener, mediante su intervención, los ingresos suficientes que permitan satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios.
En este supuesto, la negociación embargada se deja bajo la custodia del depositario o depositarios designados por el jefe de la autoridad exactora, o en su defecto, cuando no lo haya hecho, por el ejecutor.
La eficacia del embargo sobre una negociación está supeditada a la designación del depositario con el carácter de interventor, pues sólo mediante el ejercicio de sus funciones es posible obtener los recursos monetarios para satisfacer el interés fiscal.
∑Cuando se trata de intervención con cargo a la caja :
El interventor con cargo a la caja tiene la obligación de separar las cantidades que correspondan por conceptos de salarios y demás créditos preferentes, y de retirar de la negociación intervenida el diez por ciento de los ingresos en dinero y de entregarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o, a medida en que se efectúe la recaudación.
Además, el interventor con cargo a la caja debe informar periódicamente a la oficina ejecutora sobre la situación existente en la negociación con motivo de su intervención y es posible que sus informes den lugar a que la ejecutora ordene que cese la intervención con cargo a la caja y se convierta en administración, o bien, se proceda a enajenar la negociación. Ésta intervención se levanta cuando el crédito fiscal esté cubierto o, cuando se enajena la negociación.
Así las cosas, podemos concluir que la designación de interventor con cargo a la caja se actualiza en el momento en que se traba embargo sobre la negociación y, como consecuencia jurídica inevitable, se nombra al depositario que por disposición legal tiene el carácter de interventor con cargo a la caja.
Después de separar las cantidades que corresponden por concepto de salario y demás crédito preferentes , deberá retirar de la negociación intervenida el 10% de los ingresos y enterarlos en la caja.
∑Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades que pongan en peligro los intereses del fisco:
Dictara las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses.
Cuando el crédito fiscal se haya satisfecho o cuando proceda la enajenación de la negociación procede la enajenación de la negociación cuando transcurridos tres meses de la intervención, lo recaudado en dicho periodo no alcance a cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal.
Una vez trabado el embargo se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual se debe fijar la base para la enajenación el caso de bienes inmuebles y
de negociaciones, de conformidad con el artículo 175 de Código Fiscal de la Federación, en el cual se señala lo siguiente: Si se trata de inmuebles, será el avaluó. Si se trata de negociaciones, será el avaluó pericial. En los demás casos, la base será la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo de seis días contados a partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo .A falta de acuerdo, la autoridad practicará avaluó pericial y en todos los casos, notificará personalmente al embargado el avaluó practicado. Los avalúos citados se deberán elaborar conforme a las reglas que establezca el Reglamento Código Fiscal de la Federación.
Rendición del avaluó:
∑Diez días si se trata de bienes muebles
∑Veinte días tratándose de inmuebles
∑Treinta días en el caso de negociaciones
El remate deberá der convocado al día siguiente de quedar firme el avaluó. Debe publicarse cuando menso diez días antes del inicio del periodo del remate.
Tendrá una duración de 8 días que comenzara a las 12:00 horas del primer dia y finalizara a las 12:00 horas del octavo día.
Podrían efectuarse hasta dos subastas con 15 días de diferencia cada una y si el remate nos e realiza o no se presentan postores en al primera, se podrán enajenar directamente o por tercera persona , o adquirirlos el fisco.
También procede la enajenación fuera de subasta: cuando el embargado proponga comprador, hasta antes de que se finque el remate; cuando el adquiriente dea el fisco debido a alta de postores, a falta de pujas o en caso de empate; y cuando los bienes sean de fácil descomposición o deterioro, o se trate de materiales inflamables.
∑Sujetos de la subasta. Participan como sujetos, por una parte, el jefe de la oficina ejecutora que es quien dirige el procedimiento con carácter de autoridad, los licitadores o postores, que son aquellas personas interesadas en la adquisición de los bienes y que se legitiman mediante el depósito de un 10% de la postura legal para participar en la subasta, y por último, los acreedores del deudor embargado que tengan gravámenes reales a su favor y a quienes el Código Fiscal de la Federación les da derecho para concurrir a la almoneda y hacer las observaciones que estimen del caso.
∑Objeto de la subasta. Pueden ser rematados la totalidad de los bienes embargados o una parte de ellos, y hacerse recaer la venta sobre los bienes en su conjunto, o bien divididos en lotes o fracciones, o en piezas sueltas si la autoridad considera que de esa manera se pueden obtener un mayor rendimiento.
∑Lugar de la subasta. La regla general es que la subasta se celebre en el local de la oficina ejecutora, pero se puede autorizar para que se señale otro lugar en el caso de que ello se procure obtener un mayor rendimiento, al permitir mayor acceso de postores.
∑Tiempo de la subasta. La enajenación de los bienes embargados procede:
I.A los 3 días de practicado el embargo;
II.En los casos de embargo precautorio, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento;
III. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo a
que se refiere la fracción I del artículo 192 del Código Fiscal de la Federación; y
IV. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaído en los medios de defensa que se hubieren hecho valer.
∑Anuncio. El remate debe ser anunciado para que se logre la finalidad, que es la de obtener el mejor rendimiento posible de los bienes embargados, en beneficio del fisco y del propio deudor. Para ello el Código Fiscal de la Federación (artículo 176) dispone que se publique una convocatoria cuando menos diez días antes de la fecha en que se efectúe. Esa convocatoria deberá fijarse en un sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares públicos que se juzguen convenientes.
∑Base y precio del remate. No se puede hacer la venta que el remate implica si no se ha fijado previamente un precio mínimo a la cosa que se va a vender. La base para la enajenación de los bienes inmuebles es el avalúo y si se trata de negociaciones la del avalúo pericial. En los demás casos, la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado.
∑Acto del remate. El remate debe abrirse el día y hora señalados en la convocatoria, por el jefe de la oficina ejecutora, quien debe pasar lista de las personas que hubieren presentado posturas. A este acto puede asistir el deudor y los acreedores con garantía real sobre los bienes embargados. El jefe de la oficina ejecutora debe hacer saber cuáles posturas fueron calificadas como legales, y dar a conocer cuál es la mejor postura. A partir de ese momento se abren periodos sucesivos de cinco minutos, con objeto de que los postores puedan mejorar la postura inicial o la últimamente mejorada. A esas mejoras se les llama pujas. Si transcurrido un plazo de cinco minutos, la última fincado el remate a favor del último postor, que fue quien hizo la mejor postura. Si la postura no es mejorada por ninguno de los postores, el jefe de la oficina ejecutora declara aceptada la última postura si se ofrece igual suma de contado por dos o más licitantes, la suerte designa la que deba aceptarse, salvo que el fisco haga uso del derecho que le asiste para adjudicarse los bienes que se subastan.
El producto obtenido del remate, se aplicará a cubrir el crédito fiscal, en el orden que establece el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.
Fundamento del Remate. Las reglas del remate las establece el Código Fiscal de la Federación, de la manera siguiente:
Artículo 173.- La enajenación de bienes embargados, procederá:
I.A partir del día siguiente a aquel en que se hubiese fijado la base en los términos del artículo 175 del Código Fiscal de la Federación.
II.En los casos de embargo precautorio a que se refiere el artículo 145 del referido código, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento.
III.Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo a que se
refiere la fracción I del artículo 192 del código.
IV. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaída en los medios de defensa que se hubieren hecho valer.
Artículo 174.- Salvo los casos que el Código Fiscal de la Federación autoriza, toda enajenación se hará en subasta pública que se celebrará en el local de la oficina ejecutora.
Artículo 176.- El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el avalúo, para que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La publicación de la convocatoria se hará cuando menos diez días antes del remate.
La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares públicos que se juzgue conveniente.
En el caso de que el valor de los bienes exceda de una cantidad equivalente a cinco veces el salario mínimo general de la zona económica correspondiente al Distrito Federal, elevado al año, la convocatoria se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación de la entidad federativa en la que resida la autoridad ejecutora, dos veces con intervalo de siete días. La última publicación se hará cuando menos diez días antes de la fecha del remate.
Artículo 179.- Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el remate.
Artículo 183.- El día y hora señalados en la convocatoria, el jefe de la oficina ejecutora hará saber a los presentes qué posturas fueron calificadas como legales y cuál es la mejor de ellas, concediendo plazos sucesivos de cinco minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada.
El jefe de la oficina ejecutora fincará el remate en favor de quien hubiere hecho la mejor postura.
Si en la última postura se ofrece igual suma de contado, por dos o más licitantes, se designará por suerte la que deba aceptarse.
Artículo 194.- El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al fisco, se aplicará a cubrir el crédito fiscal en el orden que establece el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 195.- En tanto no se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes, el embargado podrá pagar el crédito total o parcialmente y recuperarlos inmediatamente en la proporción del pago, tomándose en cuenta el precio del avalúo.
Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resolución o sentencia favorable derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes que obliguen a las autoridades a entregar los mismos, éste deberá retirar los bienes motivo del embargo en el momento en que la autoridad los ponga a su disposición y en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente.
Artículo 196.- Cuando existan excedentes después de haberse cubierto el crédito, se entregarán al deudor, salvo que medie orden de autoridad competente o que el propio deudor acepte por escrito que se haga entrega total o parcial del saldo a un tercero.
Una vez transcurridos dos años contados a partir de la fecha en que los excedentes están a disposición del contribuyente, sin que éste los retire, pasarán a propiedad del fisco federal.
Se entenderá que el excedente se encuentra a disposición del interesado, a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique personalmente la resolución correspondiente.
En caso de conflicto, el remanente se depositará en institución de crédito autorizada en tanto resuelven las autoridades competentes.
L a ejecutoria del acto administrativo trae como consecuencia que el cobro del crédito se realice en contra de la voluntad del deudor y sin orden judicial, por lo que la suspensión del procedimiento esta sujeta al principio , lo que el previo aseguramiento del interés fiscal.
La suspensión del procedimiento se establece en el articulo 144 del Codigo Fiscal como un medio para evitar la ejecución cuando los créditos tributarios, a pesar de ser definitivos en la esfera administrativa , no han sido consentidos, ya que pueden ser impugnados y revocados o anulados, por lo que, mientras no queden firmes, puede suspenderse su ejecución previa solicitud del interesado ante la oficina ejecutoria y aseguramiento del interés fiscal.
En este sentido se establece que independientemente de la solicitud del particular y el aseguramiento del interés fiscal, dentro de los 45 dias siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación dela resolución cuya ejecución se suspende, se deberá comprobar que se ha promovido recurso administrativo o juicio , ya que en caso contrario se entenderá que se consintió la resolución y deberá continuarse el procedimiento. Si se comprueba la interposición del recurso o juicio , la suspensión procederá hasta que se dicte la resolución otorgada.
∑Por pago
∑Por compensación
∑Por cancelación del crédito
∑Por presentación de medio de defensa con garantía otorgada en su caso
∑Por mandato de autoridad competente
∑Por concurso mercantil
∑Por condonación
Respecto lo anterior, previo a entrar al análisis del PAE, consideramos importante mencionar que el particular, para efecto de suspender dicho procedimiento, puede garantizar el interés fiscal en términos del artículo 141 del CFF, a través de cualquier de las siguientes opciones:
∑Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantías financieras.
∑Prenda o hipoteca.
∑Fianza.
∑Obligación solidaria asumida por un tercero.
∑Embargo en la vía administrativa.
∑Títulos valor o cartera de créditos.
Dicha garantía debe comprender, en adición al monto del crédito fiscal determinado, los accesorios causados, y los que se causen durante los siguientes doce meses al otorgamiento de la garantía. Este monto deberá actualizarse cada año en tanto esté suspendido el procedimiento.
Por su parte, el artículo 142 del CFF establece bajo qué circunstancias procede
garantizar el interés fiscal para efecto de suspenderlo
∑Cuando se solicite la suspensión.
∑Cuando se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, si dichas facilidades se conceden individualmente.
∑Cuando se solicite la aplicación del producto en los términos del artículo 159 del CFF.
Es importante precisar, que la ley no establece la obligación de otorgar garantía respecto de los gastos de ejecución, salvo que el crédito fiscal esté constituido únicamente por éstos.
Respecto del trabajo presentado, concluyo que el Procedimiento Administrativo de Ejecución es un acto de autoridad y por lo tanto un acto de molestia que debe de cumplir requisitos constitucionales y requisitos legales, para que tenga
plena validez y el contribuyente tenga seguridad jurídica.
Su finalidad es la recaudación del importe de lo debido por virtud de un crédito fiscal no satisfecho voluntariamente por el deudor de ese crédito, sea el sujeto pasivo por adeudo propio o ajeno, o con responsabilidad solidaria, prescindiendo de la voluntad de ese deudor, o aún en contra de su voluntad.
Al mismo tiempo, el PAE conforma una de las tantas facultades de la autoridad en su ejercicio de cobro coactivo de créditos fiscales no cubiertos, el cual se conforma de una serie de etapas, mismas que deben de tener una culminación cada una para iniciar con las siguientes, por ello el nombre de procedimiento.
Las etapas de dicho procedimiento las podemos plasmar de la siguiente forma:
1.Existencia de un crédito fiscal vencido, pago en parcialidades vencido o
autoridad donde
medie la exigencia de cobro.
Una vez verificado
Facultad de contaduría y ciencias administrativas U.M.S.N.H
6. En caso de no poder exhibir el pago por no estar cubierto, se levanta embargo precautorio y da plazo al contribuyente para que en un plazo de 45
días cubra el adeudo o garantice el interés fiscal, nombrando depositario.
7. Pasado el termino de 45 días y el deudor no cubra el adeudo, el embargo precautorio se convierte en embargo, que puede ser sobre bienes muebles, inmuebles o negociaciones, las que podrán ser con intervención a la caja o de administración. Nombrando en este punto a dos testigos y levantando acta
pormenorizada de la diligencia.
8. Los bienes serán señalados por el deudor o en su defecto por el ejecutor, exceptuando algunos por ser inembargables y siguiendo el orden que el propio código señale, siendo este sobre bienes de inmediata realización.
9.Una vez hecho el embargo, se valuarán los bienes por un perito de la autoridad, o en caso de inconformidad del embargado, sobre el valor de los mismos, nombrará al que él designe y siempre que el perito sea uno de los autorizados.
10.Sobre este punto si el valor de valuación es por más del 10% propuesto por la autoridad, se nombrará a un tercer perito valuador en el término de seis días.
11.Se observará que lo embargado sea suficiente para cubrir el crédito y los
accesorios legales que correspondan, en caso de ser insuficiente o que un tercero se oponga al embargo de bienes por demostrar que son de su propiedad, se ampliará el embargo. 12. En el caso de intervención de negociaciones se nombrará un depositario designado que tendrá el carácter de interventor con cargo a la caja o administrador.
13.El interventor encargado de la caja retirarán 10% de los ingresos en dinero una vez separado lo que corresponda a los sueldos y demás créditos.
14.Si el interventor observará alguna irregularidad respecto de la operación del negocio que pusiere en riesgo la recaudación dictará las medidas necesarias para proteger dichos intereses y en el caso en que la administración no acatará dichas disposiciones la intervención a la negociación será de administración, corriendo por cuenta del deudor los honorarios de la persona que funja como administrador, teniendo este plenos poderes de administración y de dominio y la facultad de nombrar a otros apoderados, o bien, remover a los ya existentes.
15.Se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera cubierto o enajenado la negociación, el plazo para decidir la enajenación es de tres meses y no se haya cubierto cuando menos el 24% del crédito o, tratándose de empresas cuya obtención de su ingreso se refiera a una época en el año será del 8% mensual
por el número de meses transcurridos.
16. El deudor puede proponer comprador quien de contado adquirirá el lote de
bienes, si no lo hace el remate seguirá.
17.Posteriormente se da el remate de bienes, donde la autoridad publica los bienes embargados y el valor de avalúo de cada uno, en medios electrónicos, para que los postores que deseen participar envíen su postura vía electrónica, no sin antes garantizar su participación con un depósito mediante transferencia electrónica de fondos del 10% del valor total de los bienes lanzados en la convocatoria.
18.La subasta tendrá una duración de ocho días, y se fincará al postor de la mejor propuesta, devolviendo el importe garantizado a los que no resultaron
19.Por su parte se aplicará el fondo de garantía para pagar el valor de los bienes, teniendo tres días el postor para liquidar de contado el importe total mediante transferencia electrónica de fondos, tratándose de bienes inmuebles y de diez días cuando se trate de bienes inmuebles y de negociaciones.
20.Sin embargo, a falta de postores, pujas o existiendo pujas iguales el fisco de podrá adjudicar los bienes, el valor de adjudicación será del 60% del valor
21.En caso de que el postor a quien se le finque el remate no pague la diferencia, se iniciará nuevamente la almoneda en la forma y plazos ya señalados.
22.Una vez pagados en su totalidad los bienes, estos serán entregados al postor con su respectivo documento que acredite su propiedad ya sea de parte del deudor, o de la autoridad mediante el acta de adjudicación que tendrá el carácter de escritura pública. Teniendo que retirar los bienes una vez adjudicados, pues al día siguiente causarán derechos por el almacenaje.: Adjudicación por remate se aplicará a los créditos más antiguos, siempre que se trate de la misma contribución, y antes del adeudo principal, los gastos de ejecución, recargos, multas y a la indemnización del 20% por cheques no pagados, así como a recuperar los gastos de administración y manteniendo.
23.En caso de existir remanente, éste se entregará al deudor o a un tercero
Así finaliza el Procedimiento administrativo de ejecución, con lo que podemos
observar que este procedimiento es largo y lleno de detalles, a los que debemos poner atención para no permitir que la autoridad vaya más allá de lo
que lo propia ley le faculta.
Acerca de mis recomendaciones le digo a todo aquel que tenga este tipo de eventualidades, estudiar con el mayor detenimiento todos los documento que exhiba la autoridad, pues de ello dependerá que exista la posibilidad de interponer algún recurso legal y sobre todo que exista seguridad jurídica, de que la autoridad esta actuando conforme a derecho y siguiendo el orden constitucional, pues al fin al cabo el pueblo le da ese poder.
- Sánchez Miranda, Arnulfo, Aplicación práctica del Código Fiscal 2007:
ISEF.
De pina Vara,
Rafael, Diccionario de
Derecho, Editorial Porrúa,
Díaz González, Luis Raúl, Diccionario Jurídico para Contadores y
-Francisco de la Garza, Sergio, Derecho Financiero Mexicano, Editorial Porrúa.
-Sánchez Gómez, Narciso, Derecho Fiscal Mexicano, Ed. Porrua, 2001.

References: artículo 31
 artículo 145
 artículo 14
 artículo 31
 resolución 

Artículo 151
 artículo 41

Artículo 152
 artículo 137
 artículo 38

Artículo 153

Artículo 154

Artículo 155

Artículo 156
 artículo 41
 artículo 175
 resolución 
 resolución 
 artículo 151
 artículo 175
 artículo 192
 resolución 
 artículo 20

Artículo 173
 artículo 175
 artículo 145
 artículo 192
 resolución 

Artículo 174

Artículo 176

Artículo 179

Artículo 183

Artículo 194
 artículo 20

Artículo 195
 resolución 

Artículo 196
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 141
 artículo 142
 artículo 159