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Timestamp: 2020-01-22 14:12:28+00:00

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Proposición de Ley Orgánica para la lucha contra la corrupción. · Noticias Jurídicas
08/02/2013 09:24:00 | BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES | Proposición de Ley
A través de la investigación judicial seguida en el denominado "caso Gürtel", se ha conocido la existencia de más de 20 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza cuyo titular sería Luis Bárcenas, ex senador, ex tesorero del Partido Popular e imputado en la citada causa. Según ha trascendido a la opinión pública, con fondos procedentes de empresas y contratistas se pudieron hacer pagos de sobresueldos en dinero negro a cargos del Partido Popular y de la propia Administración Pública. Estos hechos, en caso de probarse, supondrían la existencia de un sistema articulado de financiación ilegal, de corrupción masiva y organizada, vinculada a un partido político.
Más allá de las conductas delictivas, la corrupción también ha sido facilitada por la falta de transparencia en la gestión y en la contratación pública, fruto de una legislación débil e insuficiente, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; por la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre los órganos administrativos, la debilidad de los controles políticos, la escasez de medios de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas, la lentitud de la Justicia y la falta de transparencia y control de los procedimientos de recalificación urbanística y de contratación pública. Con el objeto de recuperar la confianza en de los cargos electos o los trabajadores públicos y mejorar en transparencia, se modifica la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local para regular con mayores exigencias a aquellos que intervengan en procesos urbanísticos o de contratación pública. El derecho a la intimidad de quien ocupa puestos tan relevantes en la Administración no puede ni debe amparar la ocultación de dichos datos, que resultan indispensables para la verificación de su probidad y honradez. No puede excluirse a los ciudadanos del derecho a acceder al Registro de Bienes y Derechos patrimoniales en que se refleja aquella declaración, limitación contradictoria con el derecho que se proclama en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, en desarrollo del artículo 105.b) de la Constitución. En estos casos, la publicidad estaría justificada para así garantizar mejor la integridad de las Instituciones. El derecho a la intimidad de quien ocupa puestos tan relevantes en la Administración no puede ni debe amparar la ocultación de dichos datos, que resultan indispensables para la verificación de su probidad y honradez. No estaríamos ante un supuesto de "injerencia ilegítima".
Por todo ello la presente ley modificará la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la ley del suelo aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, y la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público.
1. El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en un delito contra la Administración Pública, artículos de 404 al 444, o los delitos contra la ordenación del territorio, 319 y 320."
"5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.
Los bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito que pueda tener jurisdicción o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno serán decomisados."
3. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe."
"Artículo 320.
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con prisión de uno a tres años o la de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia."
"Artículo 405 bis.
La autoridad o funcionario público que a sabiendas percibiera en beneficio propio, por sí o por persona interpuesta, ingresos en metálico o en especie, distintos de los propios de su cargo o de las actividades públicas o privadas declaradas compatibles, que pudieran representar un incremento significativo de su patrimonio serán condenados a la pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto al triplo del beneficio ilícito obtenido y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a tres años."
"Artículo 419.
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa si fuera constitutivo de delito."
"Artículo 420.
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a siete años."
"Artículo 421.
Cuando la dádiva solicitada, recibida o prometida tenga por objeto que la autoridad o funcionario público se abstenga de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años."
"Artículo 423.
2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública se le impondrán las mismas penas de prisión y multa en su mitad inferior.
3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere relación con un concurso o subasta convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá al particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que representare, la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de cinco a diez años."
"Artículo 424.
Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de prisión de seis meses a un año."
La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de seis meses a un año."
"Artículo 428.
El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior."
"Artículo 429.
El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de uno a tres años, y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior."
Cuando de los delitos comprendidos en este capítulo fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, se le impondrá la pena de suspensión de las actividades sociales por un plazo de dos a cinco años y clausura de sus locales y establecimientos durante el mismo período de tiempo."
1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de cuatro a diez años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.
3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de uno a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta diez años."
"Artículo 436.
La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años."
"Asimismo, en virtud del principio de sometimiento al interés general, toda modificación o alteración de las condiciones de ordenación, uso, transformación u ocupación de un suelo deberá estar expresamente motivada con indicación del interés público que la justifica."
"La legislación sobre ordenación territorial y urbanística fijará el plazo máximo de contestación de la consulta, plazo que no podrá ser superior a tres meses, así como los efectos que se sigan de ella."
"Con este objetivo, deberá aprobar instrumentos de ordenación territorial que establezcan límites cuantitativos y temporales en los procesos de ocupación y transformación del suelo que deberán ser respetados por los Municipios en sus instrumentos de ordenación urbanística."
"7. No será posible la aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística sin que mediante los procedimientos e informes citados en los números anteriores se haya garantizado suficientemente la sostenibilidad ambiental y económica de sus propuestas."
"En los ámbitos afectados por actuaciones de dotación, este porcentaje se entenderá referido al incremento de la edificabilidad media ponderada atribuida a los terrenos incluidos en la actuación."
"Disposición adicional sexta. Suelos forestales incendiados o suelos objeto de transformación urbanística ilegal.
2. Los terrenos objeto de actuaciones de nueva urbanización declaradas ilegales se mantendrán en la situación de suelo rural y estarán destinados a los usos previstos en el artículo 13, al menos durante el plazo de veinte años.
4. Será título para la inscripción la certificación emitida por la Administración forestal o urbanística, que contendrá los datos catastrales identificadores de la finca o fincas de que se trate y se presentará acompañada del plano topográfico de los terrenos, a escala apropiada. La constancia de la certificación se hará mediante nota marginal que tendrá duración hasta el vencimiento de los plazos a que se refieren los números 1 y 2. El plano topográfico se archivará conforme a lo previsto por el artículo 51.4 del Reglamento Hipotecario, pudiendo acompañarse copia del mismo en soporte magnético u óptico."
Cuando una entidad local incumpliera las obligaciones impuestas directamente por esta Ley o la legislación de ordenación territorial o urbanística, la Comunidad Autónoma deberá recordarle la necesidad de su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si, transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, la Comunidad Autónoma procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local."
La Agencia Tributaria creará antes de un año de la entrada en vigor de esta ley una "Dependencia de inteligencia financiera" para conocer e informar a las autoridades competentes de "las transacciones financieras sospechosas" relacionadas con delitos de corrupción, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
Se exigirá a las instituciones financieras que funcionan en España que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores, con el fin, de descubrir transacciones sospechosas, de conformidad con el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
"3. El Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales tendrá carácter público, omitiendo aquellos datos referentes a la localización de los bienes y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares."
"4. El máximo órgano colegiado de la Oficina de Conflictos de Intereses estará compuesto por un número de miembros escogido por mayoría cualificada del Congreso de los Diputados, quienes a su vez elegirán entre los mismos y por la misma mayoría al Presidente de la Oficina de Conflictos de Intereses."
"Artículo 21. Órganos competentes del procedimiento sancionador.
El Ministro de Administraciones Públicas debe ordenar la incoación de un procedimiento sancionador cuando así lo acuerden las Cortes Generales a petición de dos Grupos Parlamentarios."
"7. Los representantes locales, se encuentren o no en la situación que se refiere el artículo 1 del presente artículo, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.
En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad local mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del mismo."
"8. A los representantes locales a que se refiere el apartado primero de este artículo y los representantes locales con responsabilidades en las áreas de urbanismo de las corporaciones locales les será de aplicación el régimen de incompatibilidades establecido en el Capítulo I, II y III del Título II (artículos del 5 al 13) de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado."
"1. Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
2. En los expedientes relativos a contratación de obras y servicios públicos, concesiones administrativas, enajenación o disposición por cualquier título de bienes de dominio público local y bienes patrimoniales y en los de tramitación de instrumentos de planeamiento urbanístico de iniciativa particular o convenios urbanísticos de planeamiento o gestión, todos los miembros de la Corporación que deban participar en su deliberación y aprobación firmarán declaración responsable, singularizada a cada expediente, de no estar incursos en posible conflicto de intereses, así como de las relaciones personales o profesionales de cualquier tipo con los interesados en el expediente en los dos últimos años, según modelo que se aprobará reglamentariamente.
3. La declaración responsable singularizada a que se refiere el párrafo anterior, se efectuará también cuando los expedientes referidos, se tramiten o aprueben por medio de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales locales y de sociedades mercantiles locales y deberá ser suscrita por todos los miembros de los organismos deliberativos y ejecutivos de dichas entidades, incluidos los unipersonales, sean o no electos locales."
"1. La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en cuanto les resultase de aplicación, con las siguientes especialidades:
k) La composición de los consejos rectores y consejos de administración de los organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles locales, garantizará en todo caso la participación con plenos derechos de representantes propuestos por los distintos grupos municipales representados en el pleno de la correspondiente entidad local, sean electos o no, y sin perjuicio de la participación de otras personas designadas en base a otros criterios de interés público local."
Cinco. Modificación del artículo 85 bis. El apartado 2, subapartado a), quedará redactado del siguiente modo:
"2. Los estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades públicas empresariales locales comprenderán los siguientes extremos:
a) La determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, que deberán ser siempre colegiados, así como su forma de designación, con respeto en todo caso a lo dispuesto en el apartado anterior, con indicación de aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa."
"3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas, ajustándose en todo caso a lo dispuesto en el artículo 85 bis."
"Disposición adicional decimosexta. Régimen sancionador de miembros de las entidades locales y otro personal al servicio de las entidades locales.
Los miembros de las entidades locales quedan sometidos al régimen sancionador establecido en los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado."
Uno. Se modifica el artículo 282 bis, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que quedaría redactado como sigue:
"4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:
m) Delitos contra la Administración Pública previstos en los artículos 404 a 445 y los delitos urbanísticos de los artículos 319 y 320 del Código Penal, relacionados con la corrupción."
Si fueran varios los hechos imputados se estará a lo previsto en las reglas especiales para la aplicación de las penas, conforme a lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo Il del título III del libro I del Código Penal.
Artículo 519 quáter.
Si fuere condenado el imputado, la suspensión provisional de empleo o cargo público podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida."
Se modifica el apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para extender el principio de Jurisdicción Universal a delitos que, por su naturaleza implican formas delictivas organizadas y una internacionalización tanto de su comisión, sobre todo, del aprovechamiento de los beneficios económicos obtenidos. Quedaría redactado como sigue:
h) Contra la Administración Pública y contra la ordenación del territorio, relacionados con la corrupción.
i) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España."
Artículo 9. Modificación de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
"Ley de financiación de los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores."
"Tres. Los partidos políticos no podrán constituir o formar parte, directa o indirectamente, de empresas o sociedades mercantiles. Tampoco podrán participar, por cualquier medio, de los beneficios económicos obtenidos por empresas o entidades mercantiles."
"Los partidos políticos tampoco podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de personas o empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público o que hayan prestado dichos servicios o realizado obras en los dos años anteriores. La misma prohibición afectará a las personas o empresas que estén participando en concursos públicos para ser adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas."
Cinco. Se modifica el artículo 5 en su apartado 1, letra b), que queda redactado en los siguientes términos:
"b) Donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a 50.000 euros anuales."
Se modifica el artículo 5 en su apartado 2, que queda redactado en los siguientes términos:
"Donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a 25.000 euros anuales. Se aplicará este límite unitario a los grupos de empresas así como a las empresas que sean dependientes de otras principales o de personas físicas donantes.
A estos efectos se considerará dependiente aquella empresa que esté participada en su capital social en más de un 50% por la empresa principal o de la persona física donante, o bien que su facturación a la empresa principal o a la persona donante suponga más de un 50% del total de facturación anual."
"El valor de las donaciones en especie de bienes inmuebles no podrá ser superior a 500.000 euros en un año natural."
"Donaciones procedentes de varias personas físicas que en su totalidad superen el 10% del presupuesto anual del partido político. A estos efectos no se computarán las aportaciones de afiliados o afiliadas en concepto de cuotas ni las aportaciones de grupos institucionales de los partidos políticos y cargos públicos de los mismos en las cuantías que perciben por estos conceptos."
"Cancelaciones o reducciones, sin contraprestación, de las deudas de los partidos políticos con entidades bancarias, en concepto de principal o de intereses de préstamos obtenidos de las mismas."
"Cuatro. Las cuentas anuales consolidadas se extenderán a los ámbitos estatal, autonómico, comarcal y provincial. Las cuentas anuales consolidadas de federaciones de partidos y coaliciones incluirán las de los partidos federados y coaligados. Asimismo incluirán los ingresos derivados de la representación en el Parlamento Europeo y los resultados de las Fundaciones y Asociaciones vinculadas a los partidos políticos."
"Los partidos políticos deberán prever un sistema de control interno, con los necesarios mecanismos de participación de los afiliados o órganos colegiados, que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos. El informe resultante de la revisión acompañará a la documentación a rendir al Tribunal de Cuentas."
Catorce. Se añade un segundo párrafo al apartado dos del artículo 16, que quedará redactado de la siguiente forma:
"Dos. Este control se extenderá a la fiscalización de la legalidad de los recursos públicos y privados de los partidos políticos así como la regularidad contable de las actividades económico-financieras que realicen.
Los partidos políticos tienen la obligación de revelar las condiciones de los préstamos al Tribunal de Cuentas, así como los términos y condiciones de los créditos y préstamos concedidos."
Quince. Se modifica el artículo 16 sobre el Control interno, con la incorporación de un nuevo

References: artículo 105
 Real Decreto 
 artículo 127
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 13
 artículo 51
 artículo 58
 artículo 52
 artículo 1
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 282

Artículo 519
 artículo 23

Artículo 9
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 16