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Timestamp: 2017-09-26 03:37:44+00:00

Document:
Sentencia Penal Nº 293/2012, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 138/2012, 20-04-2012 | Iberley
Sanz Diaz, Lucia
Sentencia Penal Nº 293/2012, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3, Rec 138/2012 de 20 de Abril de 2012
Sentencia Penal Nº 280/2015, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 176/2015, 20-11-2015
Órden: Penal Fecha: 20/11/2015 Tribunal: Ap - Baleares Ponente: Martin Hernandez, Rocio Nobelda Num. Sentencia: 280/2015 Num. Recurso: 176/2015
Sentencia Penal Nº 746/2011, AP - Madrid, Sec. 27, Rec 778/2010, 22-09-2011
Órden: Penal Fecha: 22/09/2011 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Chacon Alonso, Maria Teresa Num. Sentencia: 746/2011 Num. Recurso: 778/2010
Sentencia Penal Nº 6/2008, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 5/2008, 15-01-2008
Órden: Penal Fecha: 15/01/2008 Tribunal: Ap - Pontevedra Ponente: Perez Martin-esperanza, Maria Mercedes Num. Sentencia: 6/2008 Num. Recurso: 5/2008
Sentencia Penal Nº 497/2014, AP - Tarragona, Sec. 4, Rec 849/2014, 05-12-2014
Órden: Penal Fecha: 05/12/2014 Tribunal: Ap - Tarragona Ponente: Calvo Gonzalez, Susana Num. Sentencia: 497/2014 Num. Recurso: 849/2014
Sentencia Penal Nº 253/2014, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 94/2014, 11-04-2014
Órden: Penal Fecha: 11/04/2014 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Sanz Diaz, Lucia Num. Sentencia: 253/2014 Num. Recurso: 94/2014
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de León don Andrés Prieto Pelaz contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 2 de la misma capital, don Eugenio Rodríguez Cepeda, a inscribir una escritura de compraventa.
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de León don José María Sánchez Llorente contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 2 de la misma capital, don Eugenio Rodríguez Cepeda, a inscribir una escritura de compraventa.
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de León don José María Sánchez Llorente contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 2 de la misma capital, don Eugenio Rodríguez Cepeda, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca.
Ponente: Sanz Diaz, Lucia
Núm. Sentencia: 293/2012
Núm. Recurso: 138/2012
Núm. Cendoj: 46250370032012100196
ROLLO APELACION PENAL NUM. 138/2012
Juicio Faltas núm. 116/2011
Juzgado Instrucción núm. 2 de Alzira
SENTENCIA Nº 293/2012
En la ciudad de Valencia, a veinte de abril de dos mil doce.
Dª. LUCÍA SANZ DÍAZ, Magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, constituida en Tribunal Unipersonal, ha visto en grado de apelación los presentes autos de Juicio de Faltas, procedentes del Juzgado de Instrucción num. 2 de Alzira, registrados en el mismo con el número 116/2011, correspondiéndose con el Rollo de Sala número 138/2012.
Han sido partes en el recurso, como apelante, D. Severino , representado por la Procuradora Dª. Elionor Escuriet Roig y dirigido por la Letrada Dª. Pilar Más Bonacho y, como apelada, Dª Evangelina , defendida por el Letrado D. Víctor Giner Sánchez.
"En el mes de febrero de 2010, Dª. Evangelina ¡ellver, directora del Colegio Rural "La Vall Farta", empezó a indagar sobre si D. Severino había golpeado a un alumno en el centro escolar, preguntando sobre ello a dos profesores y llegando dicho extremo a oídos de D. Severino ".
" Absuelvo a Dª. Evangelina , por los hechos objeto del presente procedimiento, como presunta autora de una falta de injurias, prevista y penada en el artículo 620.2 del Código Penal , declarando las costas de oficio."
TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por D. Severino , representado y asistido por los profesionales más arriba expresados, se interpuso recurso de apelación contra la misma ante el órgano Judicial que la dictó. Formalizado el recurso ante el Juzgado de Instrucción, dio éste traslado a las demás partes por un plazo común de 10 días, siendo impugnado pro el Letrado Sr. Giner Sánchez, en defensa de los intereses de Dª. Evangelina . Trascurrido dicho plazo y fijado domicilio para notificaciones, fueron elevados los autos originales a esta Audiencia Provincial con los escritos presentados y, recibidos los mismos, fueron repartidos por los Servicios Comunes a la Magistrada que suscribe y remitido el asunto a la Secretaría de la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, donde se formó el correspondiente Rollo, registrado con el número 138/2012.
SE ACEPTA el relato de hechos probados de la sentencia apelada.
PRIMERO.- Solicita el apelante sea dictada sentencia por la que revocando la recurrida, sea condenada Evangelina como responsable, en concepto de autora, de una falta del art. 620.2 C. penal , a la pena de multa de 20 días, con una cuota diaria de 20,00 euros y al pago de las costas procesales, así como a que a que indemnice al recurrente en la cantidad de 1.500,00 euros por los días de baja padecidos, fundamentando su pretensión en error en la valoración de la prueba, considerando que se ha practicado en el juicio de autos prueba de cargo suficiente contra la acusada, cuya prueba ha permitido acreditar que la finalidad perseguida por ésta con el comportamiento por la misma desplegado, no fue la de indagar si el apelante había pegado o no a un alumno, sino al de difamarle y perjudicarle, añadiendo, de otro lado, que el Juez de instancia no ha tomado en consideración, a la hora de dictar sentencia, los hechos que precedieron a los enjuiciados, ni la relación previa entre el recurrente y la acusada, añadiendo que en el caso de autos concurren los elementos necesarios para estar en presencia de al infracción jurídico-penal de injurias, alegando el Juez de instancia no ha dado una interpretación de lo sucedido acorde con lo realmente acontecido, entendiendo, finalmente y por expuesto, vulnerado el derecho a al tutela judicial efectiva al no haber valorado el Juez a quo las manifestaciones vertidas en el juicio oral por el propio denunciante, incluidas en la denuncia, documental aportada y recursos planteados durante la instrucción, no estando la sentencia recurrida debidamente razonada, ni motivada.
SEGUNDO.- Entablado así el recurso y estando en presencia de un pronunciamiento absolutorio, al que ha llegado el Juez de instancia sobre la base, en esencia, de prueba de naturaleza personal, han de hacerse las siguientes apreciaciones, a saber:
1.- En primer lugar que, pretendiendo el recurrente un pronunciamiento condenatorio frente a una sentencia absolutoria, necesario hubiera sido que hubiere instado la celebración de vista oral con presencia de la acusada para que ésta, ante el tribunal de la segunda instancia, pudiere dar su versión de los hechos y alegar lo que considerase oportuno en defensa de sus intereses, debiendo recordar que, tal y como recoge la STC 45/2011 , a la que se remite la STC 142/2011 , "... cuando en el juicio de apelación el debate no sea estrictamente jurídico, esto es, cuando en el mismo se ventilen cuestiones de hecho que afecten a la declaración de inocencia o culpabilidad, la posibilidad de comparecencia de acusado en el mismo es una expresión del derecho de defensa, de manera que ha de darse a éste la oportunidad de que pueda exponer, ante el Tribunal encargado de revisar la decisión impugnada, su personal versión acerca de su participación en los hechos que se le imputan ....". En el mismo sentido las SSTC 120/2009, 19-5 y 184/2009, 7-9 .
2.- En segundo término, que las posibilidades de que prospere en segunda instancia una pretensión de condena, frente a una sentencia absolutoria, son más bien escasas y reducidas a los casos de infracción de ley o de doctrina legal, o al supuesto en que el error en la valoración de la prueba recaiga sobre un documento (el que ha de ser literosuficiente y no contradicho por otras pruebas practicadas en el juicio), pero, en ningún caso, sobre pruebas de carácter personal.
A este respecto, hay que tener en cuenta que la doctrina del Tribunal Constitucional, iniciada en su S.T.C. 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) y ratificada por otras muchas que le han seguido (ad ex. SSTC 21/2009, de 26 de enero, FJ 2 ; 24/2009, de 26 de enero, FJ 2 ; y 118/2009, de 18 de mayo , FJ 3) comporta que las sentencias absolutorias sean inatacables en la práctica, cuando la pretensión de condena formulada en la apelación se funde en pruebas de índole personal. Dicho de otro modo, el respeto a los principios de oralidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en debate público, en el que se respete la posibilidad de contradicción, por lo que, cuando la apelación se plantee contra una sentencia absolutoria y el motivo de apelación concreto verse sobre la valoración de pruebas personales, no puede el Tribunal "ad quem" revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia en cuanto no practicada en fase de apelación, o dicho de otro modo, el respeto a los indicados principios exige que el Tribunal de apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan prestado testimonio y declaración en el acto del juicio, dado el carácter personal de estos medios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación y corregir la efectuada por el órgano de instancia ( SSTC 170/2005, de 20 de junio , FJ 2, 164/2007, de 2 julio, FJ 2 , y 60/2008, de 26 de mayo , FJ 5).
3.- En el recurso examinado parte el apelante de un error en la valoración de la prueba, basando el mismo en la apreciación que hace de su propia declaración, así como de la de los testigos que depusieron en la vista oral y de la acusada, frente a la valoración que con respecto a las mencionadas declaraciones ha llevado a efecto el órgano sentenciador, manteniendo aquel su propia versión de los hechos e insistiendo en la misma, tratándose, en definitiva, de prueba claramente de naturaleza personal, cuya valoración corresponde en exclusiva al Tribunal de instancia, sin que la documental unida a las actuaciones, permita por si sola, efectuar un pronunciamiento diferente al recurrido.
No consta acreditado "animus injuriandi" en el comportamiento desplegado por la acusada, detallando la resolución recurrida el razonamiento seguido para llegar a dicha conclusión, no encontrándose en la alzada razones para la censura del proceso deductivo hecho valer por el Juez de instancia, pudiendo leerse en la sentencia, expuestos de manera detallada, los argumentos empleados por el órgano judicial para deducir de ellos que la acusada ejerció sus funciones dentro del Centro docente de autos de forma adecuada y sin ánimo de menoscabar la fama del denunciante, respaldando en esta instancia la resolución apelada, imponiéndose, en consecuencia, la desestimación del recurso.
TERCERO .- Por lo que se refiere a la petición efectuada por la acusada en el escrito de impugnación al recurso, interesando sea condenado el apelante al pago de las costas procesales, ha de decirse que, si bien es cierto que la acusada se ha visto obligada, en este caso, para litigar con igualdad de armas que el denunciante, a costearse los servicios de un abogado, no lo es menos que, al igual que expusiera el Juez de instancia, tampoco en la alzada se aprecia temeridad y mala fe en el apelante, único supuesto en que procedería la imposición de las costas, por lo que las mismas se declaran de oficio.
VISTOS los artículos 10 , 15.2 , 27 , 28 , 29 , 50.5 , 53 , 109 , 110 y siguientes, 116 y siguientes, 123, 620.2 y 638 del Código Penal , 962 y siguientes de la L. E. criminal y demás de general y pertinente aplicación
DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por D. Severino contra la sentencia de fecha 30-12-2011, dictada en el Juzgado de Instrucción 3 de Lliria, en los autos de Juicio de Faltas seguido en dicho Juzgado con el número 116/2011 y, en consecuencia, CONFIRMAR íntegramente la misma, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás interesados en el procedimiento, perjudicados u ofendidos, incluso aunque no se hubieren personado en el procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 620
 resolución 
 resolución 
 resolución