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Timestamp: 2019-09-23 08:16:27+00:00

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Función pública - Colombia
Sentencia de Constitucionalidad nº 826/13 de Corte Constitucional, 13 de Noviembre de 2013
Acción pública de inconstitucionalidad contra la ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras del servicio. El demandante considera que la ley acusada vulnera los artículos 209, 267, 268, 269 y 272 de la constitución política. La corte concluyó que la creación e implementación de un sistema de control de calidad en las entidades estatales tiene fundamento en los principio consagrados en el artículo 209 de la constitución que orientan la administración pública y resulta acorde con los fines del estado social de derecho, amén del pleno y amplio poder de configuración de que dispone el legislador para desarrollar y regular postulados constitucionales. Se declara la exequibilidad de los artículos 1 y 2 de la ley 872 de 2003,por los cargos analizados.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 113 de la ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Los demandantes consideran la norma acusada vulnera el artículo 116 de la constitución política, toda vez que otorga a los notarios facultades jurisdiccionales al permitir que ante ellos se puedan practicar pruebas extraprocesales con citación de la contraparte y con observancia de las reglas de práctica y contradicción establecida en el código de procedimiento civil. A juicio de los actores, el precepto acusado incluye todo tipo de pruebas, de modo que, con base en él, los notarios quedan autorizados para practicar, sin restricción alguna, las mismas pruebas que por mandato legal pueden realizar los jueces de la república. La corte constató que la potestad que se confería a los notarios en materia de práctica de pruebas es de naturaleza jurisdiccional y por tanto resulta inconstitucional, por desconocer el artículo 116 de la carta política, no así la que se enmarca en la potestad de preconstituir prueba sumaria, admitida en determinadas actuaciones judiciales. Se declara inexequible los incisos primero y segundo y la expresión “para estos efectos” del inciso tercero, del artículo 113 de la ley 1395 de 2010. Se declara exequible el segmento normativo “facultase a los notarios para que reciban declaraciones extraproceso con fines judiciales”, contenida en el inciso tercero del precitado artículo.
acción de inconstitucionalidad descongestión judicial código sustantivo del trabajo proceso verbal sumario
Ley 789 de 2002. Art. 20 (p.). Apoyo al empleo. Proteccion social. Modifica arts. Codigo sustantivo del trabajo. Regimen de inspeccion y vigilancia. Tramite solicitud de informacion. Destinacion recursos de la seguridad social. Exclusion del pago de contribucion a la contraloria de superintendencias de subsidio familiar, cajas de compensacion y eps. Tarifa de control fiscal. Autonomia administrativa, presupuestal y fiscal. Exequible e inexequible.
Sentencia de Constitucionalidad nº 098/13 de Corte Constitucional, 27 de Febrero de 2013
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7 (parcial) del decreto 4057 de 2011, por el cual se suprime el departamento administrativo de seguridad (das), se reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones. Los demandantes consideran que los apartes normativos acusados desconocen los derechos de carrera adquiridos por los funcionarios del das, en tanto disponen que, al momento de ser reubicados, su régimen prestacional, de carrera y de administración de personal, será el de las entidades receptoras. A su juicio, esta disposición resulta incompatible con los dispuesto en los artículos 29 y 53 de la constitución. La corte concluyó que el régimen de personal que se reconoce a los empleados del das que sean reubicados en otras entidades, por supresión de este organismo, no desconoce sus derechos adquiridos. Se decide declarar exequibles las expresiones “el régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal de los servidores que sean incorporados será el que rija en la entidad u organismo receptor” y “a partir de la incorporación su régimen de carrera será el que rige en la entidad receptora”, contenidas en el artículo 7 del decreto 4057 de 2011.
RÉGIMEN ESPECIAL DE CARRERA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. CONCURSO DE ASCENSO Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ÉL Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 24, 25, 26 (parcial) del Decreto ley 020 de 2014, Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y sus entidades adscritas. El demandante considera que los artículos acusados son contrarios a los artículos 125, 40-7 y 13 de la Constitución, así como a los artículos 156 y 158 de la Ley 270 de 1996, por cuanto desconocen las reglas de la carrera al consagrar un concurso cerrado para el ascenso en la Fiscalía General de la Nación. Para la Corte, la posibilidad de que se convoquen concursos internos de ascenso en los cuales participen exclusivamente servidores públicos de carrera administrativa para proveer hasta el 30% de las vacantes no es inexequible, sino que por el contrario desarrolla múltiples finalidades constitucionales de la carrera administrativa como: 1º. contar con servidores cuya experiencia y dedicación garanticen cada vez mejores resultados. 2º. Motivar a los servidores públicos de la carrera para que cumplan más eficazmente sus funciones con el objeto de lograr un ascenso. 3º. Valorar la permanencia y otorgar estabilidad a los funcionarios en las entidades públicas. 4º. Tener en cuenta a funcionarios que previamente han ingresado a través de concurso de méritos a la entidad y 5º. garantizar que la inversión del Estado en la capacitación de los funcionarios se vea reflejada en su mejoramiento y promoción continuada con fundamento en la evaluación permanente para garantizar una mejor administración de justicia. Se declara la EXEQUIBILIDAD de las normas demandadas.
¿Rige el derecho del trabajo en la función pública colombiana? Un estudio desde la justicia administrativa
El artículo propone una lectura laboral de la función pública. Es por eso que expone la problemática a la que se ven enfrentadas las relaciones laborales de carácter estatal en Colombia, específicamente las de naturaleza estatutaria, propia de los llamados empleados públicos, consistente en la sistemática inaplicación de las normas protectoras del trabajo humano y la prevalente utilización de las fuentes del derecho público administrativo para su regulación. A partir de la constatación que se hace de este fenómeno en el escenario de los procesos contenciosos conocidos por justicia administrativa colombiana en un período determinado, se concluye que siguen vigentes en dicho escenario las decimonónicas teorías de la soberanía y el autoritarismo estatal que, con la justificante de la protección del interés general, siguen traduciendo en el ámbito de la función pública una concepción unilateralista del vínculo laboral que une a los empleados con el Estado.
La cuestión de calificación de invalidez atañe principalmente a quienes se encuentran en la necesidad de ser calificados con el objeto de obtener una prestación económica, como las reguladas por la ley general de seguridad social; considerándose a las Juntas de Calificación como particulares que cumplen una función pública administrativa y conformadas en un órgano de creación legal vinculado a la seguridad social integral. En este artículo se analiza la aplicación de un debido proceso en el trámite de calificación de invalidez, propio de la salud ocupacional, desde la perspectiva del derecho público del Estado. Para ello hemos tenido en cuenta, a partir de una revisión legislativa y jurisprudencial, aspectos pilares del derecho público, como los principios de legalidad y responsabilidad.
El régimen laboral de los servidores públicos municipales, no obstante tratarse de entidades descentralizadas, se encuentra regulado por la ley, no sólo en cuanto a la determinación de su forma de vinculación, sino también en relación con su régimen prestacional, salarial y de vinculación a la función pública. Palabras claves: Empleados municipales, prestaciones sociales, salarios. Although municipalities are decentralized organisms, the labor regime of their workers is regulated by law, not only referring to their hiring procedures, but also in relation to their benefit, wages and degree of engagement with the public function regime. Key words: Municipal workers, social benefits, wages.
prestaciones sociales salario
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 (parcial) de la ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. El demandante asegura que la norma impugnada vulnera los artículos 6, 13, 29, 53, 125 y 130 de la constitución política. Fundamenta los cargos en la creación de un procedimiento especial de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos distintos del concurso de méritos para empleos de carrera administrativa, como son los empleos de carácter temporal. Igualmente, en la atribución de competencias de la administración de la carrera administrativa al nominador y no a la comisión nacional del servicio civil y, en una diferenciación injustificada en el procedimiento aplicable a los cargos temporales respecto del consagrado frente a los de carácter permanente, al no permitir la aplicación del concurso, ni del período de prueba, ni de la calificación de este período, ni de los derechos adquiridos en el régimen de carrera. Para decidir, la sala analiza temática relacionada con la carrera administrativa y los principios aplicables a los mecanismos de ingreso a la función pública. La corte se declara inhibida para conocer el primer y segundo cargo por falta de certeza, toda vez que los empleos temporales no son de carrera y la cnsc no tiene competencia para la administración de estos, porque, tal como se anotó previamente, no son de carrera. Frente al tercer cargo, considera la sala que la expresión demandada crea una diferenciación en relación con los cargos temporales respecto de los cargos permanentes y, por ello decide declarar la exequibilidad condicionada de la expresión “de no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evolución de las capacidades y competencias de los candidatos”, en el entendido que el mismo deberá garantizar el cumplimiento de los principios de la función pública de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Indagar por la carrera administrativa en Colombia compromete el análisis de la concepción y alcance que tienen sobre este sistema técnico de gestión del talento humano, los diferentes actores que se encuentran comprometidos en los procesos de adopción, reglamentación o interpretación de los respectivos marcos normativos, además de la visión de los servidores públicos y de las expectativas de los ciudadanos sobre la función pública. En este artículo se presenta la perspectiva más reciente de un actor que ha tenido un papel central en la construcción del sistema de mérito en Colombia: la Corte Constitucional. Palabras clave: Carrera administrativa, función pública, talento humano, organizaciones públicas, jurisprudencia constitucional. Investigating a career in Colombia, undertakes the analysis of the design and scope that have this system on technical management of human talent, the various actors who are committed to making processes, regulatory or interpretation of the respective regulatory frameworks, in addition to the vision of public servants and citizens' expectations on the civil service. This essay presents the prospect of a more recent player who has played a central role in building the system of merit in Colombia: the Constitutional Court.
Actualidad sobre «Función pública»
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Público- Se actualiza la conformación y funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Ver Resolución- Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social
Bonificación para los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado
Público- Se crea una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se pagan con cargo al Sistema General de Participaciones y otras fuentes de financiación y se dictan otras disposiciones. Ver Decreto- Departamento Administrativo de la Función Pública
Servidores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil)
Público- Se reglamenta la capacitación y los estímulos que serán aplicables a todos los servidores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil). Ver Decreto- Departamento Administrativo de la Función Pública
Público- Se crea la red anticorrupción como mecanismo de prevención del fenómeno de la corrupción y se establecen estrategias de coordinación y comunicación con la Secretaría General de la Presidencia de la República y la Vicepresidencia de la República a través de la Secretaría de Transparencia. Ver Decreto- Departamento Administrativo de la Función Pública
Premio Nacional de Alta Gerencia y el Banco de Éxitos de la Administración Pública Colombiana
Público- Se reglamenta la organización y funcionamiento del Premio Nacional de Alta Gerencia y el Banco de Éxitos de la Administración Pública Colombiana. Ver Decreto- Departamento Administrativo de la Función Pública
Servicio de consulta de las bases de datos de autenticación biométrica
Público- “Los particulares que desarrollen las actividades del artículo 335 de la Constitución Política y los demás que autorice la ley, podrán acceder a las réplicas de las bases de datos de identificación de la Registradora y consultar en línea minucias dactilares, utilizando infraestructura propia o a través de un aliado tecnológico certificado por la Registraduría. Para ello deberán previamente cubrir los costos que anualmente indique la Registraduría, por concepto de Administración, soporte, mantenimiento de las aplicaciones de las actualizaciones de las bases de dato” Ver Sentencia- Consejo de Estado
Elevar el contrato a escrito como requisito solemne para la existencia de los contratos.
Contratación- El Consejo de Estado resolverá si un funcionario público puede realizar un contrato estatal por medio de un acuerdo verbal, sin violar el principio de solemnidad. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
Se prorroga el plazo señalado en el Decreto 1466 de 2018
Público- Se prorroga el plazo señalado en el Decreto 1466 de 2018 "Por medio del cual cesan transitoriamente los efectos jurídicos de los artículos 2.2.13.2.2, 2.2.13.2.3 y del parágrafo del artículo 2.2.5.1.3 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública". Ver Decreto- Departamento Administrativo de la Función Pública
Público- Requisitos para el ingreso a los empleos de los municipios priorizados, reglas del concurso de méritos, capacitación y estímulos especiales para estos territorios. Ver Decreto- Departamento Administrativo de la Función Pública
Registro en el banco de éxitos
Público- Se modifica el decreto único reglamentario del sector de función pública, en lo relacionado con el Registro en el Banco de Éxitos, con el fin de incluir otras prácticas destacadas de la Administración Pública que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional. Ver Decreto- Departamento Administrativo de la Función Pública
Procedimiento de elección para proveer un cargo público
Administrativo- Ponderación al principio del mérito como criterio relevante de acceso a cargos públicos. Ver Sentencia- Corte Constitucional
Sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
Público- Se establece el alcance del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, con el propósito de fortalcer los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Estado. Ver Decreto- Departamento Administrativo de la Función Pública
Estímulos para los servidores públicos de los municipios priorizados para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz
Público- Se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la implementación desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Ver Decreto - Departamento Administrativo de la Función Pública
Desempeño del empleo de Agente Escolta, Código 4070 de la Unidad Nacional de Protección
Público- Para el desempeño del empleo de Agente Escolta, Código 4070 de la Unidad Nacional de Protección se deberá acreditar además de los requisitos establecidos en la ley, la aprobación de educación básica primaria. Se darán dieciocho (18) meses para la acreditación de los estudios. Ver Decreto- Departamento Administrativo de la Función Pública
Situación de los servidores públicos que cumplieron 65 años antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016
Laboral- Las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 cumplieron la edad de retiro forzoso a la que estaban sujetos, pero que continúan, por cualquier motivo, en el ejercicio de funciones pública, deben retirarse efectivamente de sus cargos y/o cesar en el ejercicio de las funciones públicas dentro del plazo y en las condiciones que establecen las normas legales anteriores. Sin desconocerse el amparo constitucional que protege a las personas de la tercera edad y otras que requieren protección en condiciones especiales. Ver Sentencia- Consejo de Estado
Se modifica la edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas
Público- Se modifica a 70 años la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas. Ver Ley- Rama Legislativa
Actividad del conjuez
Administrativo- El conjuez no es un servidor que ocupa un cargo público sino un particular investido transitoriamente de función pública, la figura tiene un triple propósito: (i) suplir las faltas de los Magistrados titulares cuando sean separados del conocimiento por impedimentos o recusaciones; (ii) desempatar las decisiones jurisdiccionales y (iii) completar el quórum decisorio. Ver Sentencia- Consejo de Estado
Finalidad de la acción de repetición.
Administrativo- La acción de repetición es un mecanismo judicial que tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública. Ver Sentencia- Consejo de Estado
«funcion publica» en el mundo
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References: artículo 209
 artículo 113
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 113
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 335
 artículo 2
 artículo 133