Source: https://www.scribd.com/document/171698233/SENTENCIA-HUAQUILLAS
Timestamp: 2017-09-20 08:03:47+00:00

Document:
- 15-II-2012 (Sentencia No. 011-12-SEP-CC, Pleno de la Corte Constitucional, R.O. 743-S, 11-VII-2012)
­ RECURSO DE APELACIÓN: Revocatoria de sentencia, Nulidad de efecto jurídico de la sentencia
“I. ANTECEDENTES: Resumen de admisibilidad.­ El señor Jandry Bolívar Vilela Rey comparece en su calidad de director provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la provincia de El Oro, al amparo de lo establecido en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con acción extraordinaria de protección, en contra de la sentencia del 28 de septiembre del 2010, dictada por la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dentro de la acción de protección No. 1752­2010­SP. De conformidad con el inciso segundo del artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, el secretario general, el 11 de noviembre del 2010 a las 17h22, ha certificado que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción, como se advierte en la certificación constante a fojas 3 del expediente. La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, conformada por los jueces Edgar Zárate Zárate, Manuel Viteri Olvera y Nina Pacari Vega, mediante auto del 21 de marzo del 2010 a las 16h59, admite a trámite la causa, indicando que se proceda al sorteo para la sustanciación de la misma, por lo que de conformidad con lo resuelto por el Pleno de la Corte Constitucional, se procedió al sorteo el 14 de abril del 2011, designándose al Dr. Manuel Viteri Olvera como juez sustanciador. El juez sustanciador, Dr. Manuel Viteri Olvera, mediante providencia del 09 de mayo del 2011 a las 09h30, avoca conocimiento de la presente acción, disponiendo notificar con el contenido de la demanda y la providencia de calificación a los señores jueces de la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, conforme lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, para que presenten su informe debidamente motivado de descargo sobre los argumentos que fundamentan la demanda, conforme la razón sentada por el actuario. Detalle de la acción extraordinaria de protección planteada y los argumentos expuestos Manifiesta el legitimado activo que la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, del 28 de septiembre del 2010 las 09h48, establece en su parte resolutiva lo siguiente: ‘ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: ACEPTA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO por el Arq. Johnny Bismark Morales Paredes, y, REVOCA LA SENTENCIA VENIDA EN GRADO, dictada por el señor Juez Cuarto de la Niñez y Adolescencia de El Oro, el 5 de Agosto del 2010, las 17h07, DECLARANDO CON LUGAR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES presentada por el Arq. Johnny Bismark Morales Paredes, y por tanto, se ADMITE la misma; se deja sin efecto la adjudicación del contrato realizado a la empresa o Consorcio CONCILU, dada mediante resolución administrativa No. 034­MIES­O­2010, por parte del Director Provincial de El Oro, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, según así se hace conocer y que consta de fs.89 del cuaderno de segunda instancia, así como cualquier acto que se desprenda de esa adjudicación, debiendo restaurarse los derechos y garantías violadas al accionante Arq. Johnny Bismark Morales Paredes, como participante en el procedimiento precontractual. En virtud de la presente sentencia y los términos contenidos en ella, las cosas deben regresar hasta antes de la resolución de adjudicación, quedando sin valor el procedimiento o MÉTODO PORCENTUAL, aplicado para el distributivo de los puntos a los concursantes, por no corresponder al contenido del pliego precontractual aprobado para dicho procedimiento; debiendo en su lugar, procederse a un nuevo distributivo evaluatorio y de puntos, según el MÉTODO PROPORCIONAL, conforme se ha determinado y publicado previamente, en los pliegos entregados a los profesionales y más entes participantes en el procedimiento precontractual, ingresados en el portal electrónico de compras y contratos de la entidad contratante; para que, en estricto apego a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, se proceda a la adjudicación del contrato correspondiente…’. Que la mencionada sentencia ha vulnerado los siguientes principios y derechos constitucionales: a) La sentencia impugnada pone en duda el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia previsto por el artículo 172 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, al haberse resuelto el asunto materia de la acción de protección fuera del término que le concede al operador de justicia el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, b) El debido proceso previsto por el artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que obliga a que toda persona deba ser juzgada por un juez o autoridad competente y con observación del trámite propio de cada procedimiento. Que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en ninguna parte de su sentencia identifican el escenario constitucional que les permita desechar o apartarse de las causales de improcedencia de la acción expresamente alegadas y, de manera directa, irrumpen en el análisis abstracto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y descienden su análisis al aspecto técnico de un sistema de calificación de ofertas previo a la adjudicación de un contrato administrativo. En este sentido, enfatizan su análisis en las reglas de los pliegos precontractuales, pero sin relacionarlas de manera alguna con un asunto de relevancia constitucional. Que también deja indicado que en la sentencia existe vulneración de los derechos contemplados en los artículos 11, 76 y 82 de la Constitución de la República, atinente a los principios que rigen el ejercicio de los derechos, al aseguramiento al derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, respectivamente. Que respecto a la violación al principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia, no se la puede entender aisladamente como la atención oportuna a las peticiones que las partes litigantes presenten, sino que, considerando el principio integralmente en relación con otras normas constitucionales, incumbe también al respeto competencial e identificación de los escenarios constitucionales, a efecto que las decisiones guarden su debida correspondencia materialmente. La Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, al haber irrumpido en la aplicación e interpretación ‘abstracta’ de la LOSNCP, sin identificar si estaban o no frente a un asunto de relevancia constitucional, no obró con la debida diligencia, resolviendo un asunto legal dentro de una acción de protección. Que respecto a la violación al principio del debido proceso, en la sentencia de mayoría expedida por la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, encuentra apoyo para su decisión a través de un análisis abstracto de los pliegos precontractuales y la Ley del
Sistema Nacional de Contratación Pública, vinculándola forzosamente con normas constitucionales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y la no discriminación, y que, del análisis ‘abstracto’ y la aplicación de normas legales a las que se ha referido ha sido asignado, por reserva legal, a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, conforme lo prevé el artículo 102 de LOSNCP. Que la sentencia impugnada viola el debido proceso constitucional y carece de motivación, ya que el artículo 75 de la Constitución de la República establece que toda persona tiene derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. La efectividad en la tutela de los derechos no tiene que ver solamente con la mera construcción de una sentencia o fallo por parte del juez, sino además que dicho fallo debe ser argumentado, motivado y coherente. Que el artículo 76, numeral 7, literal a de la Constitución establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá garantías básicas, como el derecho a la defensa, que incluye entre otras la garantía de la motivación de las resoluciones de los poderes públicos. Que la sentencia viola de manera flagrante garantías básicas del debido proceso, obligando, por un lado, a cumplir una sentencia a quien no participó en juicio y terminar un contrato legalmente suscrito y, por otro, paralizar los trabajos desplegados hasta la fecha, lo que genera inconvenientes en la ejecución presupuestaria del año 2010, postergando la obra social por un interés netamente particular. Que existe violación del derecho a la igualdad por falta de sujeción o desconocimiento del precedente jurisprudencial. La sentencia de mayoría de la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro viola el derecho a la igualdad, al conceder una acción de protección cuya pretensión fue la adjudicación de un contrato administrativo, a pesar de que existen fallos de la Corte Constitucional que han desarrollado una línea jurisprudencial sobre la improcedencia de esta acción, debido al carácter bilateral de los contratos administrativos y que, en su momento, la Dirección Provincial del MIES de El Oro la alegó de manera expresa, con la improcedencia de la acción por pretender la adjudicación de un contrato. Pretensión y pedido de reparación concretos En virtud de lo establecido en los artículos 11 numeral 3, 86, 94 y 233 de la Constitución de la República del Ecuador, solicitó a los señores jueces de la Corte Constitucional que declaren en sentencia: Declarar la nulidad de la sentencia antes señalada por transgredir los derechos fundamentales antes invocados, en consecuencia, se declare que la sentencia lesiona el principio de que la misma debe ser inter pares y no afectar derechos de terceros que no fueron parte del proceso de acción de protección ordinaria. Se disponga en los términos de los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la reparación integral de sus derechos vulnerados, tanto por los señores jueces de la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, como por el Arq. Johny Bismark Morales Paredes. Se disponga el reconocimiento de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la violación a sus derechos, que afectan directamente al Estado por la ejecución de inmediato cumplimiento que conlleva la sentencia expedida en la acción de protección, y el perjuicio por ende a un grupo vulnerable de atención, como son los adultos mayores, del Cantón Huaquillas, generado por la suspensión de la política y obra social, debido a que los señores jueces no han aplicado la ponderación de un derecho, de conformidad con el artículo 3 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Contestación a la demanda Legitimados pasivos.­ Jueces de la Sala Especializada de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro El Dr. Patricio Solano Narváez y el Abg. Ramón de Jesús Ruilova Toledo, jueces de la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, comparecen y manifiestan que el accionante, Jandry Bolívar Vilela Rey, si bien cita varios artículos de la Constitución de la República, en su argumentación no ha justificado plenitud y con claridad meridiana, que los suscritos jueces provinciales hubieran violado los mandatos constitucionales ni el procedimiento constitucional que correspondió al caso materia de reclamo; que en la acción de protección de segunda instancia se dio el procedimiento establecido en la Constitución, sin haberse faltado al estricto cumplimiento de los principios, derechos y garantías constitucionales de las partes litigantes, para que puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa. Que el contenido de su sentencia es amplio, claro y suficientemente explicitó, y que su texto habla por sí solo de los fundamentos y la motivación necesarios respecto del criterio esgrimido de su parte. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia de la Corte El Pleno de la Corte Constitucional, según las atribuciones establecidas en los artículos 94 y 437 Constitución de la República, es competente para conocer y pronunciarse sobre las acciones extraordinarias de protección, en este caso, la contenida en el proceso No. 1644­2010­EP, con el fin de establecer si en la sentencia que se impugna se han violado o no, por acción u omisión, el debido proceso u otros derechos fundamentales. Antes de particularizar los problemas jurídicos a ser resueltos en el presente caso, esta Corte procede a definir la acción extraordinaria de protección y a verificar si en este caso se han cumplido los requisitos necesarios para que esta garantía constitucional proceda. Conforme ya lo ha expresado la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, la acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en firme o ejecutoriados y resoluciones judiciales que pongan fin al proceso y, en esencia, la Corte Constitucional, para el período de transición, por medio de esta acción excepcional solo se pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso.
La naturaleza de la acción extraordinaria de protección consiste en que la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso no queden en la impunidad, por lo que, asumiendo el espíritu tutelar, la vigente Carta Fundamental, mediante esta acción excepcional, permite que las sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados puedan ser analizados por parte del más alto órgano de control de constitucionalidad en el país, como es la Corte Constitucional; por lo que los alcances que asume esta acción extraordinaria abarcan las resoluciones ejecutoriadas, mismas que pueden ser objeto de análisis ante el supuesto de vulneración de los preceptos constitucionales antes descritos, teniendo como efecto inmediato, si se encontrare la vulneración de estos derechos, la reparación del derecho violado y, por ende, dejar sin efecto la resolución que ha sido impugnada. En cuanto al caso concreto, esta Corte ha verificado el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios respectivos, para que la acción extraordinaria de protección se configure en los términos establecidos en los artículos 94 y 437 numeral 1 de la Constitución, por lo que corresponde efectuar un análisis a través del cual se coteje los principios, normas y derechos constitucionales presuntamente violados, frente a los hechos materiales que subyacen del caso concreto y disponible en la documentación constante en el proceso, para así lograr plantear los problemas jurídico­ constitucionales a ser descifrados, con la finalidad de encontrar una solución en apego al derecho y a la justicia. Determinación del problema jurídico Para resolver la causa, esta Corte procede a efectuar el análisis de fondo correspondiente, en base al siguiente problema jurídico: 1) Existe violación al debido proceso en la decisión judicial objeto de acción extraordinaria de protección. 1) ¿La sentencia impugnada ha violado el derecho al debido proceso? El artículo 169 de la Constitución de la República determina que el sistema procesal será un medio para la realización de la justicia, disposición constitucional por medio de la cual se conmina a los distintos operadores jurídicos a observar las garantías procesales que se encuentran detalladas en la Carta Fundamental. El derecho al debido proceso se encuentra a su vez constituido por una serie de garantías1, las que, articuladas, permiten la configuración del mismo.
1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 determina las garantías jurisdiccionales que deben estar presente en todo tipo de procesos.
‘La definición de ‘debido proceso’ tiene que observarse estrechamente vinculada con el respeto de las garantías y derechos fundamentales del individuo, de la tutela efectiva de las libertades e intereses legítimos de los ciudadanos, su tratamiento digno, justo y equitativo, dentro de un marco de referencia que pretende la satisfacción de los fines esenciales del derecho y del Estado (entre ellos la solución pacífica y sin dilaciones del conflicto) y la realización de la armonía o paz social, entre otras premisas que pueden darle el contenido necesario para su sustento’ 2.
2. Mario Houed, ‘Constitución y Debido Proceso’, en Debido proceso y razonamiento judicial, Projusticia, Quito, 1998, págs. 89, 90.
A su vez, dentro del debido proceso, un pilar fundamental se encuentra configurado por el derecho a la defensa, mismo que se halla consagrado dentro de las garantías del debido proceso, contenidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Este derecho a la defensa contiene una serie de derechos conexos, determinándose en el artículo 76, numeral 7, literal l de la Constitución de la República, el derecho a que toda resolución de los poderes públicos deban ser motivadas. Es preciso señalar que la motivación, como garantía del debido proceso, demanda que las sentencias deban ser razonadas, a fin de que las partes conozcan los motivos que llevaron al juez a adoptar la decisión, previsión constitucional que evita el exceso discrecional o la arbitrariedad en las decisiones judiciales siendo, por tanto, una obligación de los jueces que conlleva el deber de una solución justa en los litigios. La necesidad de motivación de las sentencias radica no solo en el hecho de que esta se encuentre conforme con la constitución o la ley, sino que en la motivación se hace presente la dimensión social del proceso y la repercusión que tiene en la sociedad cualquier sentencia judicial, pues como señala Alfredo Gozaíni: ‘la medida de la legalidad no siempre es la vara de la justicia, como también la discrecionalidad excesiva, irrazonable o directamente incongruente, es una arbitrariedad que el mismo sistema repulsa’. Corresponde al Juez argumentar los contenidos de su pronunciamiento con razones suficientes para que las partes tengan el convencimiento de que la decisión es justa. En ese sentido, esta Corte puede advertir que la sentencia hoy impugnada carece de una adecuada coherencia razonada, puesto que la misma aborda temas que se encuentran fuera del debate constitucional, así, en su considerando séptimo, parte final, señala que el acto impugnado (adjudicación de un contrato público para la ejecución de obra) viola ‘(…) flagrantemente, las disposiciones legales contenidas en los Arts. 21, 31 y 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública’, de lo que se concluye que la decisión judicial hoy impugnada se alejó del verdadero objeto de la acción de protección, que consiste en analizar si existió o no una vulneración de derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna; por el contrario, lo que hicieron los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, fue efectuar un análisis de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, así como de fórmulas matemáticas que le eran más favorables al actor de la acción de protección, y que al verse vencido en el proceso precontractual presentó la acción constitucional que en primera instancia le fue adversa a sus intereses. Bajo esa misma línea argumentativa, esta Corte encuentra que en el considerando octavo de la sentencia impugnada, los jueces provinciales desarrollan lo que la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública menciona respecto del tema de pliego de peticiones, y vuelven a mencionar lo argumentado por el accionante respecto del cálculo y valoración de las ofertas económicas, para sin mayor fundamento concluir que ‘(…) se ha demostrado, que se ha violado la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la seguridad jurídica (Art. 82 de la Constitución de la República), el derecho al trabajo y el principio de igualdad contemplados en el Estatuto Constitucional (…)’ hecho que ha influido, menciona la sentencia, flagrantemente en la violación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. De lo expuesto se concluye que la sentencia carece de motivación razonada, pues no hay el enlace suficiente y razonado que explique la pertinencia de las normas mencionadas y que el Tribunal ad-quem aplica, y su relación directa con las normas constitucionales, es decir, lo único que efectúa la sentencia es una mera enunciación de las normas constitucionales, (tutela judicial efectiva, debido proceso, seguridad jurídica y derecho al trabajo) pero no explica y no hay una relación directa de su supuesta vulneración con la relación de los hechos, por el contrario, la sentencia señala que el
acto es violatorio de varios artículos de la tantas veces mencionada Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Una vez que esta Corte ha establecido que existe una vulneración del debido proceso, específicamente en lo que tiene que ver con la motivación, es necesario mencionar que dicha vulneración trae consigo una cadena de violaciones constitucionales, como es la vulneración de la tutela judicial efectiva. Al respecto, este Organismo ha señalado que los derechos ‘de protección’ reconocidos constitucionalmente, tienen relación con el acceso a la justicia en defensa de sus derechos, siendo uno de ellos el contenido en el artículo 75, que dispone el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. La aplicación de estos derechos, en la parte orgánica de la Constitución, se encuentra definitivamente vinculada a los principios de la administración de justicia, contenidos en el artículo constitucional 168 que se concreta al consagrar al sistema procesal como medio para la realización de la justicia, y dispone que las normas procesales deben observar principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, economía procesal, y garantizar el debido proceso. La tutela judicial efectiva que consagra la Constitución es el derecho de toda persona, no solo a acudir a los órganos jurisdiccionales, sino, además, a que a través de los debidos cauces procesales y con mínimas garantías, obtenga una decisión fundada en derecho respecto de sus pretensiones. «El derecho a la tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona a que se le ‘haga justicia’, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas»3. Constituye ‘(…) el derecho de todas las personas a tener acceso al sistema judicial y a obtener del mismo una resolución fundada en derecho –y por tanto motivada– que puede ser de inadmisión cuando concurre una causa legalmente prevista (…)4’.
3. Jesús González Pérez, El derecho a la tutela jurisdiccional, tercera edición, Madrid, Civitas, 2001, Pg. 33. 4. Joaquín García Morillo, El derecho a la tutela Judicial, en Luis López Guerra y otros, Derecho Constitucional, Vol. 1, Valencia, Titant lo blancm 2003
Este derecho, por tanto, tiene como objetivo una justicia efectiva, en tanto permite que las personas puedan acceder al sistema judicial del país, que en la tramitación de la causa se cumplan reglas del debido proceso y que puedan obtener una sentencia basada en derecho, es decir, libre de arbitrariedad, por lo que al existir una vulneración al debido proceso existe consecuentemente una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, expide la siguiente: SENTENCIA 1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en lo referente a la motivación de la sentencia contemplado en el artículo 76 numeral 7 literal l, y a la tutela judicial efectiva que surge del artículo 75 de la Constitución de la República. 2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Jandry Bolívar Vilela Rey, en su calidad de Director Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la Provincia de El Oro en contra de la sentencia de 28 de septiembre de 2012, emitida por la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial del Oro. 3. Declarar sin efecto jurídico la sentencia dictada por la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, del 28 de septiembre del 2011 a las 09h48, la misma que revocó la sentencia del Juez inferior que declaró sin lugar la acción de protección y las medidas cautelares. 4. Notifíquese, publíquese y cúmplase. f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente. f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario General (e). f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario General (e). CAUSA 1644-10-EP Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día sábado veinticinco de febrero del dos mil doce.­ Lo certifico. f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario General (E). CASO No. 1644-10-EP EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN.­ Quito D.M., 19 de abril de 2012, las 16H25.-Vistos.- Agréguese al expediente el escrito presentado el 01 de marzo de 2012 por el legitimado activo, Licenciado Jandry Bolívar Vilela Rey en calidad de Director Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la Provincia de El Oro, dentro de la presente acción extraordinaria de protección, mediante el cual solicita se ‘aclare la sentencia emitida rectificando el error contenido en la parte resolutiva debiendo dejar en claro que la sentencia que ha sido declarada sin lugar jurídico es la dictada por la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, el 28 de septiembre de 2010’. Al efecto se realiza las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO.­ El ordenamiento jurídico establece que el Juez que dicta una resolución no podrá revocar, o alterar su contenido en ningún caso, pero podrá aclararla o ampliarla si alguna de las partes la solicita dentro de los tres días de haber sido notificada; La aclaración de una sentencia tendrá
lugar si esta fuere obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos y la negativa será debidamente fundamentada. SEGUNDO.- En la especie, en la Sentencia No. 011-12-SEP-CC de fecha 15 de febrero de 2012 emitida por el Pleno de la Corte Constitucional, se ha deslizado un error mecanográfico, al hacer constar en el numeral 2 y 3 de la parte resolutiva de la sentencia, el año equivocado de la sentencia recurrida y que ha sido declarada sin efecto jurídico alguno, siendo lo correcto el año 2010, por lo que este Pleno de la Corte Constitucional, procede a enmendar el mismo, aclarando la sentencia en el sentido que debe decir en el numeral segundo lo siguiente: ‘2.­Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Jandry Bolívar Vuela Rey, en su calidad de Director Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la Provincia de El Oro en contra de la sentencia de 28 de septiembre de 2010, emitida por la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial del Oro; y, en el numeral tercero lo siguiente: ‘ 3.­Declarar sin efecto jurídico la sentencia dictada por la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, del 28 de septiembre del 2010 a las 09h48, la misma que revocó la sentencia del Juez inferior que declaró sin lugar la acción de protección y las medidas cautelares’ ; en consecuencia se atiende la petición hecha por el legitimado activo. Devuélvase el proceso para los fines correspondientes.­ Notifíquese.­ f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente. f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.”
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