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Timestamp: 2018-06-23 23:21:55+00:00

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Situación de la Sgae tras la Asamblea General (Informe CoA, Julio 2014)
El rechazo de los socios a las cuentas, la gestión y las reformas estatutarias propuestas, en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 26 de junio, dejó a la Sgae y a su Junta en una situación tremendamente delicada. La Junta Directiva se reunió el pasado 15 de Julio para acordar la ruta a seguir a partir de ese momento. Antes de entrar en los acuerdos que se tomaron en dicha reunión, conviene analizar las posibilidades con las que se enfrentaban y las consecuencias que podrían causar las diferentes opciones.
Opciones de la Junta tras el rechazo de las cuentas y el informe de gestión de 2013 por la Asamblea General del 26 de junio de 2014
1.- Dimisión de la Junta Directiva en pleno y convocatoria inmediata de Elecciones. Esta solución, defendida por el vicepresidente de Pequeño Derecho, Fernández Sastrón, provocaría un vacío de poder y dejaría a la Sgae sin representación visible durante el proceso de aprobación de la LPI en el Congreso y el Senado, además de trasladar el problema de la aprobación de cuentas de 2013 a la Junta entrante.
2.- Convocatoria de elecciones para febrero de 2015, una vez aprobada la Ley de Propiedad Intelectual y que la Junta resultante de las nuevas elecciones solucione el asunto de las cuentas de 2013. No parece correcto que sea la nueva Junta resultante de esas futuras elecciones la que reformule unas cuentas de las que no es responsable directa, además, si no se aprobasen las cuentas antes de fin de año, los actuales administradores y miembros de la Junta podrían sufrir sanciones. Asimismo hay decisiones importantes que tomar durante los próximos meses, como el cambio de franjas horarias o la venta de teatros de la red Arteria, que una Junta dividida y no ratificada en Asamblea difícilmente va a poder llevar a cabo.
3.- Convocatoria de una Asamblea Extraordinaria en enero de 2015 donde se reformulen las cuentas de 2013 y convocatoria de elecciones posteriormente a esa fecha. Esta era la propuesta del presidente, José Luis Acosta, y ha sido la solución acordada por la Junta. Presenta serios inconvenientes, ya que en este caso, si en la Asamblea se presentase y aprobase alguna propuesta de reforma estatutaria que afectara al sistema electoral, no sería posible la celebración de elecciones hasta entrada la primavera de 2015, pues no deberían celebrarse las elecciones sin aplicar previamente las modificaciones estatutarias y esto puede tardar de tres semanas a tres meses. También pone en duda la legitimidad de una Junta reprobada en Asamblea para tomar acuerdos o decisiones importantes durante los próximos ocho meses.
4.- Convocatoria de una nueva Asamblea General Ordinaria en otoño de 2014 y elecciones en febrero de 2015. Esta es la propuesta que desde CoA hicimos llegar al Presidente de Sgae y miembros de la Junta Directiva, debidamente avalada por un informe elaborado por nuestros servicios jurídicos. Esta posibilidad presenta varias ventajas. Por un lado se podrían plantear en la Asamblea propuestas de reforma estatutaria, o cualquier otro punto que la Junta estimase oportuno sin provocar un retraso en la fecha electoral. Respeta los plazos de aprobación de la LPI para que la Sgae esté debidamente representada, Los miembros de la Junta y el Consejo quedarían debidamente legitimados hasta la celebración de las elecciones y además evitaría cualquier sanción administrativa o económica a los integrantes de la Junta y a la propia Sgae por no aprobarse las cuentas dentro del año en curso, como marca la ley.
Decisiones de la Junta Directiva y el Consejo de Dirección
1.- La Junta Directiva reunida el 15 de julio optó por la tercera vía dentro de las posibilidades antes reseñadas, comunicando al día siguiente en la web de Sgae su rechazo a una convocatoria electoral inmediata y anunció la celebración de elecciones anticipadas para el 26 de febrero de 2015. En ese mismo comunicado se anunciaba la aprobación por mayoría, para proceder a la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria el próximo 26 de enero de 2015, a fin de someter al criterio de los socios tanto las cuentas correspondientes al ejercicio 2013 como determinadas modificaciones estatutarias.
2.- En esa Junta se tomó otra decisión importante que, sin embargo, no se comunicó a los socios. Se acordó no vender los Teatros Coliseum y Lope de Vega, situados en la Gran Vía madrileña y pertenecientes ambos a Arteria, cuya venta había sido acordada previamente por el Patronato de Fundación Sgae y ratificada por el Consejo de Dirección de Sgae por la cifra de 58 millones más variables, que podrían elevar la suma a 60 o 62 millones de euros. Es importante señalar que el Patronato no tenía obligación de consultar a Sgae para proceder a dicha venta, pero acordó pedir al Consejo, que no a la Junta, su ratificación. Conviene recordar que tras la decisión del Consejo, el vicepresidente de Pequeño Derecho, Fernández Sastrón, anunció, junto a los consejeros Javier Losada, José Zárate y Mónica Valderrama, su dimisión del mismo. Acosta decidió calmar a la fiera y llevar la propuesta a la Junta, lo que Sastrón intentó utilizar para elegir de nuevo a todos los representantes de Pequeño Derecho y librarse así del díscolo Manolo Aguilar, cosa que no consiguió. Antes de celebrarse la votación, que fue secreta, Acosta anunció su abstención, ya que, como declaró públicamente, tenía serias dudas de que en la situación actual y dada la fase transitoria en que se encuentra la Junta, pudiera tomar decisiones de ese calado o sentirse legitimado para ello. El resultado de la votación fue el siguiente, 17 votos a favor, 17 en contra y cinco abstenciones. He aquí la sorpresa, el Presidente Acosta anuncia entonces que quiere hacer valer su voto de calidad y que en realidad ha votado en contra de la venta. Lo más sorprendente es que mientras Acosta intentaba calmar una vez más a la fiera, éste presentaba un escrito ante el Ministerio de Cultura donde pedía la intervención de la Sociedad. Si a esto unimos que la empresa que había alquilado el Coliseum se ha declarado en concurso de acreedores y lleva dos meses sin pagar el alquiler (200.000€ al mes), que nadie quiere alquilar un teatro sin saber si en Febrero podrá seguir utilizándolo, que la hipoteca que hay que seguir pagando es de dos millones anuales, que la venta reduciría la aportación de Sgae a Fundación en siete millones al año, que dejaríamos de pagar los altos intereses de la hipoteca y que la cancelación de la deuda de Fundación liberaría más de treinta millones de los que ahora mismo Sgae no puede disponer, el daño económico causado a todos los socios por esta decisión es gravísimo -unos cien millones de euros-, aunque Acosta le llame no tomar decisiones.
3.- Al día siguiente, 16 de Julio, se reunió el Consejo en una situación de tremenda tensión. En el orden del día figuraba una nueva propuesta para modificar las franjas horarias de la televisión. El día antes, diferentes televisiones habían anunciado que si se aprobaba alguna medida que redujese el retorno que perciben (30%) dejarían de pagar a Sgae. En este caso, lo curioso es que ante la falta de acuerdo entre los miembros del Consejo para elaborar una propuesta coherente, el Presidente encargó su elaboración al nuevo Director General, Gómez Piñeiro, elegido para el cargo apenas diez días antes a propuesta de Sastrón. Ningún consejero tuvo la posibilidad de ver la misma antes de la reunión, una propuesta, por otro lado, basada en la teoría de que el problema fundamental es que la duración de la franja nocturna es muy amplia y todo se soluciona reduciendo el número de horas que conforman dicha franja. Por supuesto, la propuesta no fue aprobada, aunque tampoco se comunicó a los socios. Mientras, en “La Rueda” se frotan las manos, ya que este año verán aumentar sus ingresos y su número de votos cara a las elecciones.
El principal motivo que expuso Acosta para no dimitir y convocar elecciones urgentemente fue la situación en que quedaría Sgae ante la próxima aprobación de la LPI, donde era importante que Sgae se mostrase fuerte y poder terminar la labor que había estado realizando al respecto. La primera sorpresa se produce el 22 de julio. Ese día la comisión de Cultura del Congreso se reúne para aprobar la reforma de la Ley y que ésta pase al Senado para su definitiva aprobación. Mientras representantes de todas las entidades de gestión, como AIE, DAMA o AISGE, se encontraban en el Congreso, Acosta estaba en Nueva York por asuntos privados y días antes se había destituido al responsable de los Servicios Jurídicos de Sgae, Cesar Iglesias, quedando como única representación un despistado Piñeiro, que daba la impresión de no saber a lo que iba. En definitiva, si la principal tarea de Sgae en los próximos meses era estar presente en la tramitación de la LPI, no hemos empezado con buen pie, que digamos.
Sobre la posible intervención del Ministerio de Cultura
Como ya hemos mencionado, el pasado 16 de Julio, tras aprobar la Junta las fechas para unas elecciones anticipadas y mientras el Consejo debatía la modificación de las franjas horarias y el sistema tarifario de las televisiones, se presentaron tres escritos en la sede del Ministerio de Cultura solicitando a éste la suspensión de la actividad de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) “por los gravísimos incumplimientos legales y estatutarios” llevados a cabo por el presidente de la entidad, José Luis Acosta, y la actual junta directiva, después de que la Asamblea General de Socios reprobase las cuentas de 2013 el pasado 26 de junio.
Un escrito está firmado por José de Eusebio, presidente de la asociación ACAM, y que aspira a formar parte de la candidatura de Sastrón o quien se presente en su lugar si él no pudiese hacerlo, otro por Carlos Duque presidente de Musicaem, asociación de nuevo cuño, tras la que se esconde el propio Sastrón, y de la que forman parte algunos consejeros de Sgae como Juan Carmona o Mónica de Valderrama.
El tercer escrito, y aquí reside la gravedad del asunto, está firmado por nueve consejeros de la SGAE, entre los que figuran el propio Sastrón junto a Carmona, Zarate, Losada, Valderrama y todos los relacionados con Eurodelta Music y La Rueda de las Televisiones.
El objetivo de las denuncias es que el Ministerio requiera “de inmediato a los actuales órganos de SGAE para que cesen en la adopción de cualesquiera tipo de acuerdos relacionados con la gestión de los derechos que tiene encomendados” y proceda de forma inmediata a la convocatoria de elecciones. Claro que hay otro objetivo que no es otro que desestabilizar la Sgae para que la actual Junta no tenga valor para acometer asuntos tan graves como la Rueda y que algunos socios conserven sus irregulares privilegios económicos.
Se da la circunstancia de que el propio Acosta había encargado un informe jurídico externo, a pesar de que en Sgae trabajan más de treinta personas en el departamento de servicios jurídicos, sobre la situación de la entidad después de la no aprobación de las cuentas por parte de los socios. Este informe -ocultado por Acosta al grupo de consejeros que apoyan a Sastrón- señala que “contravenir la voluntad de la Asamblea General puede considerarse contrario a los principios democráticos que inspiran y presiden el régimen asociativo” y que “la falta de previsión directa en los Estatutos Sociales de la SGAE de las consecuencias de la reprobación de la gestión y la no aprobación de las cuentas no implica la ausencia del procedimiento adecuado para permitir la remoción de la Junta Directiva y la apertura de un nuevo proceso electoral”.
El Ministerio, donde se considera grave la petición, tiene ahora que estudiarla, lo que conllevaría, en un primer momento, la apertura de un procedimiento administrativo en el que, en caso de encontrar irregularidades, supondría un apercibimiento para que la SGAE subsane las irregularidades. En caso de no cumplirlo, el Ministerio tendría vía libre para la revocación de la licencia, aunque parece ser que la intención del Ministerio no es la intervención, sino más bien actuar como mediador hasta la celebración de las próximas elecciones.
Comunicado a los socios el 25 de Julio
El día 25 de Julio, 28 miembros de la Junta publicaron un comunicado, remitido a su vez al Ministerio de Cultura, donde atacan duramente al grupo de Sastrón, acusándoles de ocasionar un grave perjuicio para la entidad y de poner en cuestión la legitimidad de su Junta Directiva ante el Ministerio y reafirmando su postura en mantener las fechas de la próxima Asamblea y de las elecciones. También anuncian que las cuentas serán reelaboradas para su aprobación y que volverán a presentar la misma reforma estatutaria, aunque en esta ocasión se hará punto por punto y no en bloque.
Por último, “lamentan que las ambiciones personales y los intereses de ciertos miembros de la Junta y socios de esta Entidad les lleven a desarrollar de forma constante e incansable ataques a esta Sociedad y a sus representantes, en un vano intento por conseguir mediante escándalo social lo que no obtienen por los cauces democráticos que rigen todas las actuaciones de esta casa, y que de manera absolutamente irresponsable, hayan pedido la intervención del Ministerio de Cultura en un momento tan vulnerable y delicado como es la negociación y el trámite de una ley de propiedad intelectual que determinara el futuro de los derechos de autor y de todas las entidades de gestión en los próximos años”, para finalizar transmitiéndonos que estemos tranquilos, que “no van a sentirse intimidados por tales maniobras y continuarán, como es su deber, cumpliendo en todo momento con todos sus derechos y obligaciones estatutarias”.
La respuesta de Sastrón
La respuesta de Sastrón no se hizo esperar. Rápidamente publicó una carta en la que carga contra una Junta deslegitimada y desmiente que haya pedido la intervención del Ministerio, afirmando que lo único que ha hecho “es pedir que se pronuncie, como organismo tutelar de la entidad, ante lo que es, a nuestro juicio, una decisión que contraviene lo establecido por los estatutos de Sgae, tomada por la Junta Directiva sin contar, además, con los informes jurídicos solicitados al efecto por el Presidente y que éste omitió a la misma”.
Acusa a la Junta de descalificar a los socios de Sgae por pedir unas “elecciones ineludibles tras la desautorización a la gestión de esta Junta el pasado día 26 de junio. Son otros los que posponen esta obligación inexcusable y parecen temer someterse al escrutinio de las urnas, una vez que los socios se han pronunciado con toda claridad sobre la deslegitimación de su gestión en la pasada Asamblea General”.
Sorprende que una vez más Sastrón, Losada y compañía se desmarquen de la mala gestión de la Junta, cuando han sido partícipes de las decisiones más importantes tomadas a lo largo del ejercicio: Votaron a favor y alardearon de ello, defendiendo contra viento y marea el reparto extraordinario que tanto benefició a los participantes en La Rueda; han aprobado cuantiosas indemnizaciones contrarias a la prometida política de reducción de gastos; han interferido de forma onerosa e irracional todo el proceso de desinversión de la Red Arteria, violentando incluso decisiones del patronato de la Fundación; han saboteado y eternizado la investigación relativa al fraude autoral en la música nocturna de TV; han rechazado de forma insultante las peticiones de declaración de conflicto de intereses y transparencia en la Junta, han retrasado deliberadamente la aplicación real de los cambios tarifarios aprobados por el Consejo; han mentido en el caso de la pensión de Teddy Bautista, llegando a afirmar que un veredicto positivo hubiera supuesto el retorno a la caja de SGAE de más de tres millones de euros; han frenado el funcionamiento de los Consejos Territoriales, no dotándolos de medios adecuados; no han desarrollado un plan de competitividad para el entorno digital ni un plan de comunicación; han abusado de las convocatorias de juntas directivas extraordinarias, para cubrir su incapacidad para el consenso y acuerdo (El coste de una convocatoria de junta directiva ronda los 60.000 €.) y de paso cobrar unas magníficas dietas; han sido incapaces de llegar a un acuerdo para modificar las franjas horarias de televisión, se han negado a incluir en el ideario de Sgae la derogación del Artículo 71 de la LPI, que fija la duración en el tiempo de los contratos editoriales; han hecho oídos sordos a cualquier sugerencia de los socios.
Y ahora…han desenterrado el hacha de guerra.
Acosta se ha comprometido a reformular las cuentas, pero no ha reconocido que estas presentan algunas irregularidades que debemos denunciar. En primer lugar tenemos el reparto extraordinario a socios realizado en diciembre de 2013 por un montante de 16.830.000 €. Este reparto nunca debió realizarse.
Conviene recordar que en la Asamblea celebrada el pasado mes de abril de 2013 se aprobó lo siguiente:
“Las cantidades que se deriven de derechos objeto de un proceso de reparto a partir de 2013 y no identificados, una vez transcurrido el plazo de cinco años previsto en el Artículo 81, serán objeto de reparto, una vez detraído el descuento aprobado por la Junta Directiva. La Junta Directiva podrá acordar que las cantidades repartidas en años anteriores a 2013 y no identificadas puedan destinarse al mismo fin a partir del ejercicio 2015.” (Disposición Transitoria Decimoquinta). Es decir que no puede haber repartos extraordinarios hasta el 2015 y esto sólo es posible si lo aprueba la Junta.
El Informe de auditoria realizado por Ernst & Young S.L. refleja esto con toda claridad señalando que es la Junta Directiva de la sociedad la que podrá acordar estos repartos a partir de 2015, indicando que “la decisión del Consejo constituye una incertidumbre sobre el impacto final de los mismos en las cuentas anuales”. Este motivo y no otro es la causa de que la Junta presentase en la Asamblea una propuesta de reforma estatutaria del Artículo 64, punto g, donde se permitiría al Consejo de Dirección la inclusión en el reparto de esas cantidades, entrando en vigor dicha reforma a partir del 1 de enero de 2013. Se intentó modificar los estatutos con efectos retroactivos para ocultar un reparto irregular, si no ilegal, del que el Consejo, incluido Sastrón, tendrá que dar las debidas explicaciones y responder ante el Ministerio. La reparación de esta irregularidad será extraordinariamente lesiva para la organización administrativa de la entidad y las cuentas de los autores.
Además se han detectado malas prácticas administrativas por parte de la directora general, Natalia Garzón, que, curiosa coincidencia, presentó su dimisión el mismo día que empezarón las preasambleas territoriales. Nos referimos a casos como la fragmentación en facturas de menos de 6.000 € a un mismo proveedor y por el mismo servicio y presupuesto (selección de recursos humanos, como el caso de diferentes facturas pagadas a Seeliger y Conde S.L. por la busqueda de un Director de Sistemas, o varias facturas por el concepto de decoración del despacho de la propia Garzón abonadas a Arco Decoración). El Consejo y la presidencia actual han transigido con ello, a pesar de saberlo. Lo peor de estas prácticas no es la relevancia de las partidas detectadas, sino la duda razonable sobre lo que pueda ocurrir con otras cantidades y gastos sustanciales que podamos desconocer.
La pregunta que nos hacemos es ¿Quién y cómo va a reformular las cuentas?
Claro que siempre es posible que presenten las mismas cuentas que en Junio a ver si cuelan.
Sobre la Asamblea del 26 de enero y las posteriores elecciones
La Junta Directiva de SGAE, en reunión del pasado 15 de Julio, decidió, por una amplia mayoría, aprobar los siguientes 2 puntos:
1.- Convocar una Asamblea General Extraordinaria, con fecha de 26 de enero de 2015, que presente de nuevo a la aprobación de los socios las cuentas del ejercicio 2013, oportunamente reelaboradas para atender a las demandas de un amplio sector de socios expresadas en la Asamblea General Ordinaria del pasado 26 de Junio. Además de la reforma estatutaria que en esta ocasión será presentada punto por punto y no en bloque, para que pueda ser votada de forma más correcta y eficaz.
La justificación del presidente para elegir fecha es que los estatutos en su Artículo 40, impiden aprobar en una Asamblea Extraordinaria las cuentas del ejercicio anterior, pero que si esta se celebra en 2015, las cuentas de 2013 ya no serían del ejercicio anterior y podrían presentarse para su examen y aprobación. Curiosa lectura, ya que la legislación española advierte que las cuentas de un ejercicio deben aprobarse en Asamblea dentro del ejercicio siguiente y 2015 no lo sería.
Anuncia también la Junta, que volverán a presentar las mismas propuestas de reforma de estatutos que no fueron aprobadas en la Asamblea.
Desconocemos si en esa Asamblea se presentará alguna otra propuesta, pero no podemos obviar que alguna de ellas afecta al sistema electoral y que caso de ser aprobadas y ratificadas por el Ministerio de Cultura antes de las elecciones, posiblemente habría que atrasar la fecha de celebración de las mismas para adaptarlas a la reforma estatutaria. Además y debido al actual sistema de votos, hasta enero no sabremos de cuántos votos dispondrá cada socio y si puede ser o no candidato en las elecciones. Poco margen dan para preparar candidaturas.
La celebración de la asamblea y las elecciones en fechas tan seguidas y el volver a presentar la propuesta de eliminación del límite de mandatos para los integrantes de la Junta, puede llevar a pensar que a más de uno le gustaría perpetuarse en el cargo.
¿Hay soluciones? La propuesta de Coalición Autoral
Parece claro que la situación es tremendamente delicada y que todos los socios nos estamos viendo seriamente perjudicados y vemos como nuestras recaudaciones disminuyen día a día a causa de las ambiciones e intereses personales de algunos miembros de la Junta.
Como hemos explicado la propuesta de Acosta y la Junta presenta algunos inconvenientes, que estamos a tiempo de subsanar:
Consideramos fundamental la convocatoria de una nueva Asamblea General Ordinaria en otoño de 2014 donde se reformulen las cuentas de 2013. Está solución está avalada por el informe elaborado por nuestros servicios jurídicos y que, como ya hemos mencionado, se hizo llegar en su momento al Presidente Acosta.
Una lectura superficial de los Estatutos parecería concluir que la aprobación de las cuentas de la sociedad sólo cabrá hacerse por la Asamblea General Ordinaria, obligatoria, dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio social. Ante esta situación, hemos de acudir a la Norma en este caso de referencia, la Ley de Asociaciones, que establece que la Asamblea es el órgano supremo de gobierno, que deberá reunirse al menos una vez al año y que será la Asamblea la encargada de aprobar anualmente las cuentas, pero no distingue entre asambleas ordinarias ni extraordinarias.
Conviene detenerse en la expresión “al menos”, pues de ella se infiere la posibilidad de que, para la aprobación de cuentas, puedan hacerse un número superior de asambleas. Además si acudimos tanto al Código de Comercio como a la Ley de Sociedades de Capital, la distinción entre junta ordinaria y extraordinaria, o en el caso de sociedades, entre asamblea ordinaria y extraordinaria, carece de operatividad, puesto que, cualquiera de ellas puede entender indistintamente de cualquier asunto propio de la competencia de la Junta, o de la Asamblea.
El Tribunal Supremo mantiene el criterio de que “la diferencia entre juntas ordinarias y extraordinarias debe centrarse en su periodicidad o previsibilidad en cuanto a las primeras, no presentando diferencias sustanciales ni en cuanto a los asuntos, ni, desde luego, en cuanto a garantías respecto a convocatoria y celebración, añadiendo que la distinción entre las juntas que venimos tratando, no impide a la convocada con el carácter de ordinaria, tomar acuerdos distintos a los que concretamente se refiere el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, como de su competencia siempre que se den los quórum exigidos para la validez de los mismos.”
Así, coincidiendo con lo preceptuado en los Estatutos Sgae, el dato esencial que inspira la distinción entre la junta ordinaria y la extraordinaria, es el de la necesaria celebración de las primeras en un determinado plazo y el carácter facultativo de las segundas. Nada impide que, además de la preceptiva celebración de una junta ordinaria en los seis primeros meses tras el cierre del ejercicio social, se celebren cuantas sean necesarias, a fin de llevar a cabo la aprobación de las cuentas, según está obligada por Ley.
Asimismo, en caso de desaprobarse el balance en su totalidad, debe remitirlo de nuevo a los administradores, para que vuelvan a confeccionarlo conforme a las instrucciones concretas de la Junta y luego debe volverse a reunir, la misma junta ordinaria en la que fueron rechazadas las cuentas, para su nuevo examen y aprobación. Por tanto, hemos de concluir que es legalmente posible y recomendable, a fin de evitar posibles sanciones a los administradores, la reformulación de cuentas planteada en el seno de una nueva Asamblea General Ordinaria, convocada para un nuevo análisis y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, a la que podría añadirse la discusión de cualquier otra cuestión, determinada por la Junta Directiva.
De igual forma es legalmente posible y aconsejable que se presenten unas propuestas de reforma estatutaria que modifiquen un sistema electoral injusto a todas luces. Es necesaria una reforma que abra el abanico de los que pueden votar y también presentarse a candidato para conseguir un mejor pluralismo; una reforma que evite la confusión de los artículos ambiguos y facilite unas mayores democracia y transparencia de los mecanismos electorales; una reforma que facilite el adecuado equilibrio entre órganos de gobierno y órganos de control en el seno del consejo de dirección; una reforma que no penalice con la Ley D’Hont al candidato que se identifica con su candidatura; una reforma que comprima el sistema de votos y que prime a los autores profesionales en activo, a los nuevos autores y a los profesionales de larga trayectoria que generan repertorio, por encima de los simples administradores o cesionarios de derechos y de los éxitos puntuales.
Esto es posible, aún podemos lograrlo. Para ello es necesario explicar a los miembros de la Junta que pueden cambiar su postura. Que esta propuesta no afecta a la participación de Sgae en la reforma de la LPI, que es una propuesta que beneficia al colectivo de socios, que es necesaria, que es posible y que es legal.
Sólo así tendremos unas elecciones realmente democráticas y que faciliten la gobernabilidad de la Sgae y la estabilidad de los socios.
CoA, Coalición Autoral
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Puedes consultar nuestra propuesta de reforma de estatutos en el siguiente enlace:
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Para solicitar la inclusión y posterior votación en el Orden del día de la próxima Asamblea General de Sgae de la reforma estatutaria, firma aquí: http://coalicionautoral.org/solicitud-de-la-inclusion-y-posterior-votacion-en-el-orden- del-dia-de-la-proxima-asamblea-general-de-sgae/

References: e contrario
 Artículo 71
 Artículo 81
 Artículo 64
 Artículo 40
 artículo 95