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Timestamp: 2019-07-18 07:00:39+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 69, de 12/07/2017
cve: DSCD-12-PL-69
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 69
Sesión plenaria núm. 66 (extraordinaria)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Alli y Salvador), sobre la regulación del uso, protección y promoción de los símbolos. (Número de expediente 172/000055) ... (Página27)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir el déficit del sistema de la Seguridad Social, sin endeudarlo y garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, ahora que se ha agotado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. (Número de expediente 172/000053) ... (Página31)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación de la iniciativa europea de Garantía Juvenil. (Número de expediente 172/000054) ... (Página37)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por cumplirse veinte años del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
De la diputada doña Margarita Robles Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué decisiones va a tomar, a la vista de las reprobaciones de ministros de su Gobierno acordadas por el Congreso de los Diputados y respecto a uno de los cuales, además, el Tribunal Constitucional ha anulado actuación tan relevante como la amnistía fiscal? (Número de expediente 180/000291) ... (Página5)
Del diputado don Pablo Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Ha contabilizado su Ejecutivo cuánto le cuesta a los españoles la corrupción de su partido? (Número de expediente 180/000297) ... (Página6)
Del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuándo cree el Gobierno que podrán los pensionistas cobrar su pensión y, a la vez, trabajar por cuenta propia como prevé la Ley de Autónomos de Ciudadanos? (Número de expediente 180/000301) ... (Página8)
Del diputado don José David Carracedo Verde, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de Justicia: ¿En qué situación se encuentra la tramitación de indulto para Ascensión Rodríguez López, bebé robada, condenada por injurias y calumnias a una monja que estuvo involucrada en su adopción? (Número de expediente 180/000299) ... (Página9)
Del diputado don Mikel Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué opinión le merece la pena de cincuenta años de prisión solicitada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional para siete de los ocho jóvenes de Alsasua por un delito de agresiones a dos guardias civiles de permiso y sus parejas en octubre de 2016? (Número de expediente 180/000289) ... (Página11)
De la diputada doña María del Mar Rominguera Salazar, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda de los jóvenes? (Número de expediente 180/000293) ... (Página12)
De la diputada doña Teresa Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno español para mejorar la carretera N-260 en su tramo Ripoll-Puigcerdà? (Número de expediente 180/000288) ... (Página14)
De la diputada doña María del Rocío de Frutos Madrazo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Va a adoptar el Gobierno medidas eficaces para que los jóvenes puedan acceder a un empleo de calidad? (Número de expediente 180/000294) ... (Página15)
Del diputado don Antonio Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar que las Comunidades Autónomas activen el cheque-formación acordado con Ciudadanos? (Número de expediente 180/000302) ... (Página16)
De la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Qué ha hecho el Gobierno para prevenir grandes incendios forestales durante este verano, como el de Doñana? (Número de expediente 180/000298) ... (Página18)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía, Industria y Competitividad: ¿Qué va a hacer el Gobierno para que los bancos devuelvan a los consumidores las cantidades indebidamente percibidas como consecuencia de las cláusulas suelo? (Número de expediente 180/000295) ... (Página19)
De la diputada doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Va el Gobierno a financiar adecuadamente el sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia? (Número de expediente 180/000296) ... (Página21)
De la diputada doña Sofía Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué planes tiene el Instituto de la Mujer para la Biblioteca de Mujeres? (Número de expediente 180/000300) ... (Página22)
De la diputada doña Adriana Lastra Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: ¿Qué posición en materia de acogida de refugiados trasladó la vicepresidenta al secretario de Estado de la Santa Sede en su última entrevista? (Número de expediente 180/000292) ... (Página24)
Del diputado don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: ¿Considera la Vicepresidenta que ha fracasado en sus funciones de coordinación del Grupo interministerial para la gestión de la crisis de inmigración y asilo de la UE cuando España ha acogido 1488 refugiados en veintiún meses y tiene pendiente de acoger a 15 849 en menos de tres meses? (Número de expediente 180/000290) ... (Página25)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Alli y Salvador), sobre la regulación del uso, protección y promoción de los símbolos ... (Página27)
Formula la interpelación urgente el señor Alli Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (Sáenz de Santamaría Antón).
Replica el señor Alli Martínez y duplica la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir el déficit del sistema de la Seguridad Social, sin endeudarlo y garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, ahora que se ha agotado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ... (Página31)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación de la iniciativa europea de Garantía Juvenil ... (Página37)
Formula la interpelación urgente el señor Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Replica el señor Rodríguez Rodríguez y duplica la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
Señorías, hoy se cumplen veinte años del cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Aquello despertó un estallido de conciencia y unidad del conjunto de la sociedad española que nunca debemos olvidar. Por ese motivo, invito al Pleno, en representación de toda la sociedad, a que todos juntos guardemos un minuto de silencio, un grito de silencio por la vida, por la libertad y por la democracia, como hizo la sociedad española hace veinte años. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).
Muchas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie.-Aplausos dirigidos a la señora Blanco Garrido).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ DECISIONES VA A TOMAR, A LA VISTA DE LAS REPROBACIONES DE MINISTROS DE SU GOBIERNO ACORDADAS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y RESPECTO A UNO DE LOS CUALES, ADEMÁS, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA ANULADO ACTUACIÓN TAN RELEVANTE COMO LA AMNISTÍA FISCAL? (Número de expediente 180/000291).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas, en primer lugar, dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Margarita Robles Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: Señor presidente, esta Cámara ha reprobado a dos ministros de su Gobierno. A uno de ellos, en particular, por una decisión del Tribunal Constitucional que declaraba nula una decisión tan importante como es la amnistía fiscal. A la vista de estas reprobaciones hechas por la Cámara, ¿qué decisiones va a tomar usted?
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Robles.
Respeto y mucho las dos decisiones de esta Cámara a las que usted ha hecho referencia, pero en este caso no las comparto. Y como no me obligan a tomar ninguna decisión, como usted sabe perfectamente, pues eso es lo que voy a hacer. (Aplausos).
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: Señor presidente, ya sabemos que no le obligan a tomar ninguna decisión, conocemos la ley, y me va a decir usted que la acción de gobierno le corresponde a usted, pero le voy a recordar la Constitución, esa que usted menciona tantas veces y luego el Tribunal Constitucional le dice que no la aplica bien. La Constitución le dice que la soberanía nacional reside en las Cámaras, que el control político del Gobierno le corresponde a este Parlamento y que además la responsabilidad política la tienen que gestionar ante este Parlamento. Mire, señor Rajoy, ustedes en la X Legislatura, con el rodillo, hicieron lo que quisieron en esta Cámara. Y ahora que no tienen mayoría absoluta, ¿qué están haciendo? Ni hacen caso a las reprobaciones de esta Cámara ni tampoco tienen en cuenta las iniciativas legislativas que toma la mayoría de la oposición. Y ahí están ustedes, con sus vetos y con sus fórmulas retóricas paralizando leyes que importan a los ciudadanos: la ley del paro, la ley que afecta a los dependientes... Toda esta serie de cosas las están haciendo ustedes, basándose -si me lo permite- en la arrogancia y en el autoritarismo. Tienen que tener más respeto a la soberanía nacional, esa soberanía nacional que representa a esta Cámara. Esta Cámara ha tomado una decisión y yo espero que, precisamente por no ser una conducta arrogante la suya, respete los pronunciamientos de los representantes de la soberanía nacional.
Permítame dos comentarios, señora Robles. El primero hace referencia, como el de usted, a la Constitución, a su artículo 100, que dice que corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno nombrar y separar a los ministros. En la práctica es casi la única competencia que tiene el presidente del Gobierno por sí solo; la otra es disolver las Cámaras. Por tanto, no le corresponde a las Cortes ni nombrar ni separar ministros. Las Cortes tienen muchas competencias, muchas más que el presidente del Gobierno, pero esta no la tiene. Sus resoluciones en esta materia disponen ciertamente de un valor político, el que cada uno quiera darle, pero es el presidente del Gobierno quien nombra y separa a los ministros porque así lo dice el artículo 100 de la Constitución. Dicho de otra manera, esto no le corresponde a usted; le puede corresponder cuando usted alcance la condición de presidente del Gobierno, pero hasta entonces eso no va a suceder. Esto es exactamente lo mismo que si yo pretendiera aprobar el presupuesto personalmente. No, el presupuesto lo aprueban las Cortes Generales porque así lo dice la Constitución española, que todos debemos respetar, incluida usted.
En cuanto a lo que usted llama impropiamente amnistía fiscal, se declaró contraria a la Constitución, ciertamente, pero por una razón formal no por una razón de fondo y además no produce, como usted sabe o debería saber, ningún efecto jurídico. Señorías, si cada vez que el Tribunal Constitucional declara un artículo o dos -por razones de fondo o de forma- contrarios a la Constitución el ministro tiene que dimitir, todos -cualquiera que formara parte del Gobierno- tendrían un problema. Pero yo, de la misma manera, podría decir, si eso es así, que en el supuesto de que el Tribunal Constitucional le dé la razón al Gobierno o al ministro de turno, todas aquellas señoras y señores diputados que hubieran firmado el recurso ante el Tribunal Constitucional tendrían que dimitir, lo cual es absurdo en ambos casos. (Aplausos). Por tanto, vamos a darle un poco de equilibrio, sensatez y mesura a la vida política.
- DEL DIPUTADO DON PABLO IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿HA CONTABILIZADO SU EJECUTIVO CUÁNTO LE CUESTA A LOS ESPAÑOLES LA CORRUPCIÓN DE SU PARTIDO? (Número de expediente 180/000297).
La señora PRESIDENTA: Pregunta, también dirigida al presidente del Gobierno, del diputado don Pablo Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señor Iglesias.
Señor Mariano Rajoy, ¿ha contabilizado su Ejecutivo cuánto les cuesta a los españoles la corrupción de su partido?
Señor Iglesias, como usted sabe, o debería saber, la corrupción es siempre negativa, la de los partidos, la de todas las fuerzas políticas, incluida naturalmente la suya, que no tiene bula, y lo importante es combatirla para erradicarla. Y hay que trabajar en una triple dirección. En primer lugar, en la prevención. Para eso hay que mejorar los controles y reducir la discrecionalidad en las decisiones administrativas. En segundo lugar, hay que mejorar los medios de aquellos que tienen que luchar contra la corrupción. Y en tercer lugar, aumentar las sanciones. En esa línea ha trabajado el Gobierno, lo sigue haciendo y continuará haciéndolo en el futuro y creo que con resultados positivos, porque ahora se están descubriendo muchos hechos que datan de muchos años atrás. El Estado funciona y, por tanto, hay que perseverar.
Le he preguntado si sabe usted cuánto les cuesta a los españoles la corrupción que genera su partido. Podría haberme respondido con más honestidad diciéndome: pues no, no lo sé, señor Iglesias, no sé lo que les cuesta.
Esta pregunta que le he hecho parece que molestó mucho en su partido porque sus representantes en la Mesa del Congreso trataron de vetarla. Decían que preguntarle cuánto le cuesta a España la corrupción de su partido atentaba contra el decoro. Bueno, yo creo que contra el decoro atentan otras cosas, y le voy a dar algunos datos muy asépticos. Fíjese, según el auto de prisión decretado por el juez de la Audiencia Nacional don Eloy Velasco en relación con dos exdirectivos del Canal de Isabel II, dentro de la llamada Operación Lezo, que le sonará a usted -esto lo publicaba El Mundo el pasado mes de abril-, la trama organizada por su partido en torno a la empresa pública madrileña habría desviado 23,5 millones de euros a cuentas bancarias en paraísos fiscales. ¿Sabe lo que son 23,5 millones de euros, señor Rajoy? Pues se lo voy a decir: 23,5 millones de euros es lo que cuesta el ingreso hospitalario de 52 500 personas un día o lo que cuestan las becas de residencia de 15 600 estudiantes durante un curso escolar. Con 23,5 millones de euros, señor Rajoy, se podrían comprar cien aparatos de última generación para hacer mamografías. Le doy otro dato, según elplural.com, la Gürtel habría supuesto hasta ahora una cantidad defraudada de 863 millones de euros. ¿Sabe lo que son 863 millones de euros? Pues, mire, con eso se podrían pagar 60 000 becas de residencia. Último dato: según la Cadena Ser y La Sexta, (Risas), las operaciones fraudulentas de la Púnica estimadas por los investigadores superarían los 500 millones de euros. (Rumores).
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Ya sé que a ustedes esto les hace gracia. Con 500 millones de euros se podría costear el ingreso hospitalario de un millón de personas. Seguramente usted me va a responder que un vaso es un vaso o me va a contar algo sobre Venezuela, pero créame si le digo una cosa: mientras ustedes estén en el Gobierno, los ciudadanos españoles van a tener que pagar de su bolsillo sus casos de corrupción. Por eso nosotros vamos a trabajar, señor Rajoy, para echarles del Gobierno. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Iglesias. Creo que solo acertó en lo de Venezuela porque, efectivamente, le voy a hablar de Venezuela. (Risas).
Pero antes le voy a dar mi opinión sincera. Ustedes necesitan para existir como partido, como le dije en el debate de la moción de censura, que las cosas vayan mal. Ustedes nacieron tras la peor crisis económica que hubo en España en décadas y lo suyo fue protestar; las ideas se las dejaron a los demás, como viene siendo habitual. Y cuando las cosas empiezan a mejorar, como pasa ahora, sufren y se enfadan y entonces ya no me hablan de economía. Claro, ¿cómo me va a hablar de economía con las cifras de crecimiento, de creación de empleo y con las expectativas que se han generado? (Aplausos). Entonces se agarran al mantra de la corrupción como a un clavo ardiendo: la exageran, la magnifican, hablan de ella todos los días, intentan volver a hablar... (Protestas).
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Pero no lo hacen para combatirla, lo hacen a ver si pueden pescar algo, algún provecho político, aunque me parece que van por bastante mal camino. Yo prefiero combatirla, y lo hago. (Rumores). Combato la de todos; la suya también, ¡eh!, la suya también la combato. (Risas). Y también denuncio y combato otro tipo de corrupción a la que usted se refirió en su intervención, que es la de quienes se han negado en esta Cámara siempre a denunciar la violación de derechos humanos en países amigos. (Protestas).
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): La de quienes no condenan las invasiones de parlamentos democráticos. (Rumores). Sí. Y la de quienes dicen que Leopoldo López, una persona a la que metieron en la cárcel durante más de tres años y medio, es un golpista cuando todavía está hoy sin
libertad. Esa es la corrupción de los valores democráticos, la que ustedes practican, porque a ustedes les han pagado y no son libres, señor Iglesias, para defender su posición. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Risas y aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea).
- DEL DIPUTADO DON ALBERT RIVERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁNDO CREE EL GOBIERNO QUE PODRÁN LOS PENSIONISTAS COBRAR SU PENSIÓN Y, A LA VEZ, TRABAJAR POR CUENTA PROPIA COMO PREVÉ LA LEY DE AUTÓNOMOS DE CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000301).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también dirigida al señor presidente del Gobierno. (Rumores). Silencio, señorías. Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Después de la nueva versión del 'y tú más' pero de 2017, de a ver quién tiene más casos de corrupción, vamos a hablar de temas que preocupan a los españoles, como la Ley de Autónomos. (Rumores).
El señor RIVERA DÍAZ: Sí, la Ley de Autónomos que presentó Ciudadanos en esta Cámara, que ha sido la primera ley que ha salido de esta Cámara. El único trabajo útil que ha hecho esta Cámara en términos legislativos es la Ley de Autónomos. Por cierto, hoy se cumplen diez años desde que se aprobó el estatuto... (Rumores). No se pongan nerviosos, si estoy hablando de los autónomos...
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, silencio. Silencio a todos menos al orador, por favor. Adelante.
El señor RIVERA DÍAZ: Gracias.
Cualquiera diría que hablo de Venezuela o de Bárcenas. Estoy hablando de los autónomos, no pasa nada.
Como les decía, esa ley se ha puesto en marcha, agradezco a los grupos que han aprobado la ley de Ciudadanos, la primera ley que hemos presentado en esta Cámara. Y, señor presidente, le quería preguntar por una de las medidas que se han aprobado en esta ley que el Gobierno tiene que implementar cuanto antes. Como usted sabe, se ha aprobado una disposición final, la disposición final quinta, que habla de la compatibilidad de la pensión y del trabajo de los autónomos; es una medida fundamental, hay muchos autónomos que llegan a la edad de 65 años y quieren compatibilizar, seguir teniendo un comercio abierto, una consulta, un despacho, y a la vez poder estar cobrando la pensión; es una medida acordada en el punto 31 del acuerdo de investidura, y le quiero preguntar cómo lo va a implementar el Gobierno. Esto ya está vigente, es una ley que ha sacado esta Cámara y ahora al Gobierno le toca ejecutarla, le toca llevar a cabo la ley de Ciudadanos y le quiero preguntar, señor presidente, cómo lo piensa hacer y cómo lo piensa extender, según dice el acuerdo, a todos los autónomos y trabajadores, no solo a los que tienen a alguien contratado. Por tanto, le pregunto si van ustedes a implementar la ley de Ciudadanos de autónomos cuanto antes y qué medidas piensan tomar.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Rivera.
Un breve comentario previo: hoy ya es posible cobrar el 50 % de la pensión y a la vez trabajar cumpliendo determinados requisitos. Esto se aprobó mediante un real decreto-ley del Gobierno que yo presidía la pasada legislatura, en el año 2013, y funciona, ha funcionado porque se ha multiplicado por cuatro el número de autónomos que optaron por la jubilación activa.
Con la proposición de ley que aprobó esta Cámara y que se ha remitido al Senado podrán cobrar el 100 % de la pensión y a la vez trabajar, pero necesitan tener al menos un trabajador. ¿Cuándo va a
entrar en vigor esta ley? Pues, en principio, el propio texto que ha aprobado el Congreso de los Diputados dice que el 1 de marzo entrarán en vigor una serie de disposiciones que se recogen en la misma, el 1 de enero otras y el resto al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, entre otros, el asunto por el cual usted se interesa. Por tanto, yo espero que el Senado tramite esto a la mayor celeridad posible y pienso que podemos decir que este año entrará en vigor la norma que ha aprobado el Congreso de los Diputados.
Señor Rivera, adelante.
El señor RIVERA DÍAZ: Señor presidente, efectivamente, lo que se hace es incrementar al 100 %, actualmente es solo el 50 %, eso es lo que dice la ley de Ciudadanos. En el primer punto yo quería destacar tres cosas de esa ley, lo primero, que va a haber libertad y flexibilidad, lo segundo, que se va a recaudar más IRPF y más Seguridad Social porque va a haber gente trabajando a la vez que cobra la pensión, y finalmente, que va a aflorar la economía sumergida. En la lucha contra el fraude también es importante tomar medidas como esta para que la gente compatibilice legalmente la pensión con el trabajo autónomo. Le doy un cálculo que ha realizado ATA, la asociación de autónomos: podríamos pasar a tener 150 000 autónomos mayores de 65 años cotizando a la vez que trabajan. Ese es un dato importante para recaudar, para garantizar el Estado del bienestar.
Pero, señor presidente, también hay periodistas, escritores y mucha gente que no tiene a nadie contratado, y yo le pregunto: ¿piensan ustedes aplicar el punto 31 del acuerdo para que las personas que no tienen a nadie contratado puedan beneficiarse de esta medida?
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Yo coincido con el grueso de sus afirmaciones, y por eso lo acordamos en los momentos previos a la investidura. Estamos hablando de más de 3 200 000 personas que trabajan por cuenta propia, y de ellas, 430 000 emplean a 872 000 personas; son 4 millones de personas, por tanto. Los autónomos desempeñan un papel fundamental en nuestro tejido productivo, han sido fundamentales para la recuperación de la economía española, han pasado por muchas dificultades, hemos intentado tomar decisiones que pudieran ayudar a paliar esas propias dificultades, como, por ejemplo, el Plan de Pago a Proveedores, la tarifa plana de 50 euros, diversas ayudas en materia fiscal o la norma del 50 % a la que he hecho referencia en la primera parte de esta intervención. Seguiremos haciéndolo en el futuro, esta ley sin duda alguna es un buen paso y habrá que dar más pasos en el futuro. En relación con la última cuestión que me ha planteado usted, no está en la ley, por tanto, no podemos aplicar algo que no está en la ley pero sin duda alguna las leyes, como ocurre en este caso, pueden modificarse y así sí se puede hacer.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ DAVID CARRACEDO VERDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA TRAMITACIÓN DE INDULTO PARA ASCENSIÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ, BEBÉ ROBADA, CONDENADA POR INJURIAS Y CALUMNIAS A UNA MONJA QUE ESTUVO INVOLUCRADA EN SU ADOPCIÓN? (Número de expediente 180/000299).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. En primer lugar, pregunta del diputado don José David Carracedo Verde, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor CARRACEDO VERDE: Buenos días, ministro.
Venimos a preguntarle si van a conceder el indulto para María Ascensión López Rodríguez, sentada ahí arriba junto con otras víctimas del drama de los bebés robados que tuvo lugar en España entre 1940
y 1990. El Defensor del Pueblo, en su reciente informe conocido hace unos días, del primer semestre del año 2017, afirma que las familias afectadas siguen demandando ayuda a los poderes públicos ante las dificultades que les impiden avanzar en el esclarecimiento de las sustracciones de las que fueron víctimas. Como último recurso, Ascen fue a un plató de televisión a ver si alguien podía reconocerla. Ascen está condenada a pagar 43 000 euros por un delito de injurias y calumnias contra Dolores Baena, prima adoptiva de Ascen y monja, cuya firma aparece en el documento de adopción. Como no tiene recursos, no puede pagar y puede entrar en prisión. En el juicio, el abogado defensor de oficio, al que Ascen conoció ese mismo día, no aportó ningún documento, ni siquiera el vídeo de la hermana de la monja donde afirma que la adopción fue ilegal y que su padre adoptivo pagó para ocultar el rastro de la madre biológica.
Creemos que este caso evidencia que de facto existe una justicia para pobres y otra para ricos y que no es justo que si no tienes 43 000 euros para pagar la condena puedas acabar en la cárcel. Ascen es una persona sin familia, con varias enfermedades degenerativas diagnosticadas y una discapacidad otorgada del 49 %, sin recursos y con dos hijos que no tienen la culpa de nada.
Ayer varios grupos parlamentarios -PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos. Compromís, Bildu y PDeCAT- nos reunimos con Ascen. Intercambiamos varias reflexiones sobre los casos de bebés robados y compartimos la necesidad de colaborar para resolver este tema y otros futuros. Está en nuestra mano legislar para evitar y aliviar el dolor de las personas que piensan que les quitaron a un hijo o que creen que les robaron siendo bebés.
Señorías, señor Carracedo, me pregunta por un indulto en particular y, a partir de ahí, vamos al asunto tan complejo de los bebés robados. En cuanto a la primera cuestión, el indulto solicitado por doña Ascensión López Rodríguez, estamos haciendo lo mismo que con todos los expedientes de indultos. Cuando se recibe una petición, se solicita informe al tribunal que dictó la sentencia, a la fiscalía que llevó a cabo la acusación y, en su caso, a las personas que puedan haber sido ofendidas con ocasión del procedimiento judicial. Tenemos ya el expediente en marcha, tenemos el informe negativo del tribunal sentenciador, el informe negativo de la fiscalía y una nota de la persona que resultó ofendida, doña Dolores Baena, que también mantiene su posición en contra del indulto. Por tanto, desde el punto de vista de la tramitación de un expediente de indulto, el asunto está muy complicado. También es verdad que, pese a que el 90 % de los indultos que el Gobierno concede siempre van con informes favorables, hay casos excepcionales. Hay casos de naturaleza social y hemos concedido algunos en el pasado que han tenido un gran apoyo social, por lo que no descarto que a la finalización del expediente podamos estudiar todas las circunstancias que concurren en esta materia.
Las circunstancias que concurren más allá de un delito de injurias, de una acusación sin pruebas, que, evidentemente, me imagino que todos rechazaremos, es un problema social de fondo: los bebés robados. Es la situación de María Ascensión López Rodríguez, presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados Almería, que me consta que está haciendo una labor extraordinaria en la investigación y esclarecimiento de estos hechos. Le aseguro que tiene nuestro compromiso y nuestra colaboración para seguir trabajando en esta materia. Hace unas semanas estuvo aquí la delegación de la Unión Europea, que ha emitido un informe, como seguramente usted sabe, diciendo que estamos trabajando razonablemente bien en esta materia. Queda mucho por hacer, pero hemos creado bases de datos, hemos abierto líneas de información e investigación, estamos trabajando con las asociaciones y con las ONG que se ocupan de esta materia y el Instituto de Toxicología está ayudando a la identificación de perfiles de ADN. Le aseguro, pues, que con esta materia tenemos el máximo compromiso. En los presupuestos del año 2017 hemos fijado una partida específica de 100 000 euros, que podrán ser ampliables en su caso para destinar recursos a esta materia. El indulto sigue su trámite y el fondo de la cuestión tiene nuestro compromiso, señoría. (Aplausos).
Adelante, señor Carracedo.
El señor CARRACEDO VERDE: Agradecemos la enmienda que nos aceptaron para dotar de recursos a la investigación de perfiles de ADN. También queremos recordarle que hay otras medidas que solicitan la propia Comisión Europea, el Defensor del Pueblo y el relator de la ONU, que sería la creación de una
fiscalía especializada a nivel estatal, una unidad policial especializada que pueda investigar todas las diligencias y vincularlas y, por supuesto, avanzar en la creación de este banco de ADN gratuito, voluntario, técnicamente solvente y que permita que las víctimas se reencuentren. Más de 90 000 personas han firmado la petición de indulto de... (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON MIKEL LEGARDA URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA PENA DE CINCUENTA AÑOS DE PRISIÓN SOLICITADA POR LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL PARA SIETE DE LOS OCHO JÓVENES DE ALSASUA POR UN DELITO DE AGRESIONES A DOS GUARDIAS CIVILES DE PERMISO Y SUS PAREJAS EN OCTUBRE DE 2016? (Número de expediente 180/000289).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Mikel Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), también al señor ministro de Justicia. Adelante.
¿Qué opinión le merecen las penas de sesenta y tres, cincuenta y dieciocho años solicitadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional para ocho jóvenes de Alsasua por las agresiones y lesiones sufridas por dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas?
Señor Legarda, le aseguro que cuando estaba preparando la pregunta estos días de atrás tenía la duda de por dónde encaminarla, porque uno no sabe muy bien qué hacer. Si uno opina determinadas cosas, le pueden llegar hasta a reprobar como ministro y usted me pide que opine de una calificación de la fiscalía y de unas penas solicitadas por los fiscales. ¿Qué quiere usted que le diga? Yo respeto absolutamente el trabajo de la fiscalía. Imagino que cuando ha habido esas consideraciones es porque valoran que los hechos acaecidos concurren con el tipo penal que establece nuestro Código Penal. Por lo tanto, expreso mi máximo respeto al trabajo de la fiscalía en este caso, a la calificación y a la decisión tomada por el Tribunal Supremo asignando a la Audiencia Nacional esa causa. En un Estado de derecho todos tenemos que tener la confianza en que las instituciones funcionan y que las personas que participan en un proceso penal tendrán todas las garantías para su defensa en el proceso correspondiente.
Señor Legarda, adelante.
El señor LEGARDA URIARTE: Señor ministro, le hacíamos la pregunta aunque presumíamos cuál sería su respuesta, como así ha sucedido. Nuestra intención era contrastar si la perplejidad en la que se encuentra la sociedad vasconavarra es compartida por ustedes. Hubo perplejidad cuando se habló hace ya unos meses de que las penas podrían rondan los veinte años de cárcel, pero ahora ha dejado a aquella sociedad literalmente boquiabierta cuando se conoce que no son veinte, sino sesenta y tres, cincuenta y dieciocho años. Señor ministro, en su día, en el Partido Nacionalista Vasco condenamos esta agresión, nos solidarizamos con sus víctimas, consideramos una comparación indefendible e insostenible mantener que los agresores eran tan víctimas como los agredidos y sostuvimos que no podía haber impunidad para las manifestaciones de violencia y sus responsables, así como tampoco desconocimos la identidad de los hechos. Pero todo esto no puede ser óbice para que pongamos de manifiesto la desproporción que rodea a este caso y que no se compadece ni con la normalidad ni con la convivencia democrática ni con la legalidad misma ni con el nivel prácticamente inexistente de agresiones contra la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra frente a la sufridas en el resto del Estado desde el año 2012 hasta nuestros días, 131 frente a 13 500 en el resto del Estado. Consideramos que no es razonable que estos hechos tengan penas muy superiores a matar a alguien,
a una violación, a un secuestro, al tráfico de armas o a un infanticidio. También consideramos que es sobreactuar -como poco- encuadrar las agresiones en el contexto de la violencia de ETA al vincular a alguno de los acusados con movimientos que por medios legales reclaman el abandono de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. (Rumores). Y es sobreactuar y transitar desde unos hechos en los que no se constata ni conspiración ni coordinación previa hasta convertirlos en un acto de terrorismo, recorriendo para ello un trecho que ni el sentido jurídico ni el común permiten recorrer.
Señor ministro, le volvemos a preguntar: ¿comparte nuestra perplejidad, que es la de la sociedad vasca, por la desmesura y desproporción que rodea a este caso?
Señorías, les ruego silencio, por favor, antes de dar la palabra al señor ministro.
Señor Legarda, de verdad que me congratulo de la posición que ha mantenido el Partido Nacionalista Vasco en esta materia por su rechazo a la agresión y su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estamos totalmente de acuerdo con que así tiene que ser. Quienes trabajan por los derechos de todos los ciudadanos tienen que tener siempre toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. No debemos confundir quién es el agresor y quién es la víctima. Esas equidistancias que a veces algunos intentan mantener no tienen ningún sentido cuando estamos hablando de personas que por un salario público destinan toda su vida e incluso su integridad a defender los derechos de todos los demás. En este caso me parece que no deberíamos tener ninguna duda de que los hechos sucedidos aquella madrugada de octubre del año pasado fueron agresiones graves y, como usted sabe muy bien, el artículo 573.1 del Código Penal dice lo que dice. ¿Lo podríamos cambiar? Hablemos de ello. Pongamos en marcha de una vez las reformas que tiene nuestra justicia por delante y valoremos, pero lo cierto es que en la actualidad ese artículo 573.1 dice que cualquier delito contra la integridad física cometido con la voluntad de provocar un estado de terror se califica como delito de terrorismo. Es cierto que hay organizaciones que se autodeterminan como Fuera, Echémosles... Esa realidad social existe, señoría, y usted la conoce. El contexto fue que se agredió a unas personas por ser miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es una... (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL MAR ROMINGUERA SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES? (Número de expediente 180/000293).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento. Pregunta de la diputada doña María del Mar Rominguera Salazar, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor ministro, ¿cómo va a garantizar el Gobierno a los jóvenes el derecho a la vivienda?
El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Rominguera. De acuerdo con el compromiso que tenemos desde comienzo de legislatura, lo que estamos haciendo es abrir un extenso proceso -ya lo hemos hecho- de participación informal con comunidades autónomas y ayuntamientos en el seno de la conferencia sectorial, con organizaciones y asociaciones del sector, con organizaciones sociales y grupos políticos, y ya hemos finalizado el nuevo real decreto que va a dar lugar al plan de vivienda 2018-2021; esta misma semana hemos comenzado la tramitación. Este real decreto incorpora por primera vez un programa específico de
ayuda a los menores de treinta y cinco años en el que se posibilita la ayuda al alquiler y también la ayuda para la adquisición de vivienda.
Señora Rominguera.
Señor ministro, remitirnos al futuro plan de vivienda es vender humo, porque es un plan carente de financiación, y si tenemos en cuenta que el Gobierno ha recortado en políticas de vivienda desde el año 2011 más de un 60 %, comprenderá que no nos fiemos mucho. Las ayudas al alquiler para jóvenes que contempla el futuro plan de vivienda son discriminatorias, y si hablamos de ayudas para la compra de vivienda, en realidad a quien ayudan es al promotor. Me explico. En el plan de vivienda se contemplan dos tipos de ayudas al alquiler: ayudas genéricas al alquiler y ayudas específicas para jóvenes. Pues bien, si los jóvenes quieren acceder a las ayudas específicas para jóvenes se les exige que tengan una fuente de ingresos estable, algo que no se exige en el alquiler genérico. Como comprenderá, esto es discriminatorio y además es que suena a chiste. Ustedes no generan empleo para los jóvenes pero les dicen que si quieren una casa en alquiler deben tener una fuente de ingresos y además que sea estable; con esos empleos precarios desde luego no contamos, claro que no. De verdad que suena a chiste, porque no se pueden emancipar. Pero es que además en 2011 ustedes suprimieron nuevas ayudas o nuevos reconocimientos a la renta básica de emancipación; entonces fueron 190 000 los jóvenes que se pudieron beneficiar, ahora solo van a ser 850 y con las ayudas recortadas en un 30 %. Es lamentable ver cómo el Gobierno del Partido Popular lo que hace es primar los intereses económicos al derecho a la vivienda. Una buena muestra de ello son las ayudas a la compra de vivienda. Ustedes en realidad favorecen al promotor, que va a incrementar el precio de la vivienda y además va a incrementar el nivel de endeudamiento de nuestros jóvenes, de los pocos que puedan acceder a la compra de una vivienda. Son recortes disfrazados de ayudas. Afortunadamente a los jóvenes no se les engaña, no se van a dejar engañar, y yo les pido que tampoco se engañen ustedes, que dejen de vender humo y que de verdad garanticen a los jóvenes el derecho constitucional a la vivienda sin trampas.
Gracias, señora Rominguera. Sinceramente le agradezco mucho sus sugerencias, pero permítame recordarle que cuando ustedes tuvieron responsabilidades de Gobierno se dedicaron a hacer una cosa totalmente distinta de lo que usted está diciendo. Sí se ha hecho algún recorte, y hay que reconocerlo; hemos recortado la sociedad pública para intermediar en el alquiler de vivienda, porque ustedes cerraron 20 000 contratos y entraron en unas pérdidas de 37 millones de euros; bien pudieran haber regalado 2000 euros a cada uno de los arrendatarios y hubiera funcionado muchísimo mejor que el programa. Vamos a recortar también otro programa, que era su programa estrella en materia de ayuda a los jóvenes, el Kelifinder.com, una fantástica iniciativa del Ministerio de Vivienda mediante la cual ustedes regalaron diez mil zapatillas a los jóvenes con el sugerente eslogan -abro comillas- "obviamente no podemos conseguirte casa pero de momento te ayudamos a buscarla". Nosotros vamos a poner un poco más de seriedad y de rigor en el plan de vivienda; en primer lugar, facilitando el acceso a los jóvenes a la vivienda de alquiler, y lo vamos hacer con ayudas durante tres años de hasta el 50 %, es decir, un 10 % más del programa habitual, con un límite de 600 euros que hemos subido hasta 900 euros para favorecer el alquiler en aquellas zonas en las que es alto y que esto no suponga una restricción al acceso del joven; y en segundo lugar, recabando algunas de las peticiones que se nos han formulado, estableciendo una ayuda de hasta 10 800 euros con un límite del 20 % para la adquisición de nueva vivienda. Con ello se pretende favorecer la emancipación y el acceso de los jóvenes a la vivienda.
- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA JORDÀ I ROURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ ACTUACIONES TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO ESPAÑOL PARA MEJORAR LA CARRETERA N-260 EN SU TRAMO RIPOLL-PUIGCERDÀ? (Número de expediente 180/000288).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también dirigida al señor ministro de Fomento de la diputada doña Teresa Jordá i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Molt bon dia.
Señor De la Serna, estoy convencida de que usted y su ministerio saben que la carretera N-260, o lo que es lo mismo el eje pirenaico, tiene una longitud de 500 kilómetros y une Portbou, en la frontera con el Estado francés, con Sabiñánigo, en la provincia de Huesca. También estoy absolutamente convencida de que conoce a la perfección que de esos 500 kilómetros, concretamente 353 transcurren por Cataluña y unen poblaciones o capitales de comarca tan importantes como Figueras, Olot, Ripoll, Puigcerdà, La Seu d´Urgell, Sort, La Pobla de Segur o El Pont de Suert. De lo que no estoy para nada tan segura es de que usted y su ministerio sepan que esta carretera es una de las más peligrosas del Estado. Por esta imperiosa razón le pregunto: ¿qué actuaciones tiene previstas el Gobierno español, señor ministro, para mejorar esta carretera, concretamente en su tramo Ripoll-Puigcerdà?
Gracias, señoría. Las actuaciones previstas en la carretera N-260 fundamentalmente consisten en avanzar en los proyectos y en los estudios para mejorar el paso por la collada de Toses y suprimir -perdone usted la pronunciación- la travesía de Ribes de Freser, en concreto para reducir la longitud y los tiempos de recorrido y para aumentar la plataforma, la anchura, la sección y mejorar el trazado de la carretera.
Señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, aparte de la palabrería, déjeme que le diga una cosa: cinco tramos de esta carretera están catalogados entre los cincuenta de mayor riesgo de toda la red de carreteras o, dicho de otra manera, escuche bien, el 10 % de los tramos más peligrosos están en la parte catalana de la N-260. Según Eurorap esta carretera concentra una de las más altas medias anuales de accidentes en carreteras estatales, y justamente la siniestralidad más alta se concentra en el tramo por el que hoy le preguntaba y del que usted no me ha dicho absolutamente nada, el tramo Ripoll-Puigcerdà. De hecho, más del 70 % de los accidentes en la comarca del Ripollès ocurren en este lastimoso tramo.
Es indiscutible que el eje pirenaico requiere inversión y que cabe dotar esta infraestructura de todas las necesidades que requiere una vía de las características y del volumen de tránsito de la N-260. Lamentablemente, a pesar de esto, vemos perfectamente después de escucharle que sus prioridades, señor ministro, son otras. Está más que claro que es más importante -de hecho, mucho más importante- rescatar proyectos faraónicos, como las radiales de Madrid u obstinarse una y otra vez para hacer pasar el corredor mediterráneo por la supuesta playa de la meseta y no darle un trazado paralelo al mar, por ejemplo, que ofrecer unas condiciones de movilidad seguras a los usuarios de la N-260, una carretera que, a día de hoy, es una auténtica ratonera y donde pasar por ella significa jugarte la vida a la ruleta rusa.
Permítame recordarle, señoría, algunas de las actuaciones que tenemos en Girona, porque su vinculación con Ripoll le interesará como diputada ya que algunas guardan relación con la N-260, que responden a un esfuerzo en estos presupuestos del año 2017 que permiten un incremento sustancial de las partidas hasta 52 millones de euros, un 170 % más sobre lo ejecutado en 2016. Acabamos de sacar a licitación 6 millones de euros para conservación y mantenimiento de esos sectores; estamos trabajando en la N-II, en donde en el mes de junio hemos puesto en servicio los enlaces de Tordera y está próxima la licitación de Tordera a Massanet de la Selva. Por otro lado, estamos en fase de redacción de los proyectos entre Girona y La Junquera. Precisamente el 26 de junio conseguimos una declaración de impacto ambiental favorable, que es un paso hacia delante muy importante para el desarrollo de esta actuación. También estamos trabajando en la Autovía A26 entre Llansá y Olot, que es una alternativa de gran capacidad para la N-260, en donde estamos redactando los proyectos entre Figueres y Besalú. En concreto, en la N-260 se están realizando actuaciones de seguridad.
Usted da unos datos, señoría, pero los datos oficiales reflejan que los índices de accidentes son inferiores a los de otras carreteras con intensidades medias diarias de tráfico similares a la N-260. Aun así, se sigue trabajando en medidas como la señalización horizontal y vertical, el balizamiento, sistemas de contención y sobre todo en los nuevos proyectos. Hemos redactado tres proyectos y estamos trabajando en los estudios del cuarto, que supone una inversión de 400 millones de euros, con el problema que usted conoce, y es que teniendo como teníamos la declaración de impacto ambiental favorable, la Generalitat declaró LIC una zona de esta carretera y esto ha invalidado los esfuerzos del ministerio... (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿VA A ADOPTAR EL GOBIERNO MEDIDAS EFICACES PARA QUE LOS JÓVENES PUEDAN ACCEDER A UN EMPLEO DE CALIDAD? (Número de expediente 180/000294).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, de la diputada doña María del Rocío de Frutos Madrazo, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Señora ministra, ¿va a adoptar el Gobierno medidas eficaces para que los jóvenes accedan a un empleo de calidad?
La calidad en el empleo de los jóvenes empieza por un empleo, y en eso estamos trabajando desde el inicio de la legislatura, en las oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes hoy tienen una cosa que no tenían en el año 2011, tienen esperanza, porque se está creando empleo en ese colectivo y en ese grupo de edad. Según Eurostat, como hemos conocido esta semana, España lidera la creación de empleo en la zona euro y en toda la Unión Europea; un 20 % más que en Italia o un 40 % más que en Francia. Esa es la realidad que están viviendo los jóvenes hoy en nuestro país. Sabemos que nos queda mucho por hacer, pero es una buena noticia que la tasa de paro juvenil en España haya bajado quince puntos y que ya en nuestro país haya un millón de jóvenes menores de veinticinco años trabajando que no lo hacían hace setenta meses. Por tanto, sigamos juntos trabajando por las oportunidades y la calidad de empleo entre los jóvenes.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
Adelante, señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Señoría, esta intervención ya nos la esperábamos. Estamos hartos de su autocomplacencia, de datos alejados de la realidad y fríos. Sus políticas solo han generado paro, devaluación salarial, precariedad y emigración de nuestros jóvenes. No hablamos con demagogia.
Vamos a hacerles una fotografía de cómo tenemos el panorama. Ustedes han manifestado un desprecio absoluto por los jóvenes ya formados. Acceden al mercado de trabajo a través de becas, prácticas formativas y toda una serie de modalidades becarias en las que realizan un trabajo productivo y no se les abona ningún salario, sin tener ningún derecho social reconocido una vez finalizada esa relación y, además, sin posibilidades de integrarse en la empresa. Usted sabe que los titulados han accedido a sectores precarios de actividad, como hostelería o comercio, a través de contratos para la formación. Tres de cada cuatro contratos formativos registrados se han realizado con titulados. Ha habido un olvido absoluto de otras modalidades contractuales más adecuadas y más dignas para los trabajadores ya formados, como el contrato en prácticas. No mejor suerte han corrido los trabajadores sin formación. Su figura estrella, el contrato formativo, ha sido un auténtico desastre. No se ha recibido formación; se ha dedicado el tiempo de la formación a trabajo efectivo; el trabajador ha venido realizando la misma actividad en la empresa con un salario muy inferior y se ha tenido como un contrato barato por la bonificación en las cuotas, sin que el trabajador se haya logrado vincular a la empresa. Además, los que han accedido al trabajo ordinario no han tenido mejor suerte: parcialidad, temporalidad... Sigo y sigo.
Ustedes han querido mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes haciéndoles emprendedores, con tarifas planas que han dado lugar a falsos autónomos, jóvenes falsos autónomos sin derecho social ni laboral. Ante este panorama, lo único que se les ha ocurrido a ustedes ahora es el complemento salarial, que vuelve a partir de la idea de que el trabajador es un coste para la empresa. Nosotros seguimos preguntando: ¿Van a adoptar ustedes medidas eficaces, más allá de bonificaciones, más allá de complementos, para garantizar el empleo de los jóvenes? ¿Van a apostar, de verdad, por los jóvenes ya formados?
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señoría, con todo el respeto, tiene mucha gracia, si no fuera tan dramático, que usted quiera dar lecciones sobre empleo juvenil cuando el Partido Socialista subió la tasa de paro en España entre los jóvenes del 18 % al 50 %, más de 30 puntos, señoría. (Rumores.-Aplausos). Esa es la política que tuvo el Partido Socialista cuando gobernó en nuestro país. Desde entonces estamos trabajando juntos por los jóvenes. No sé si sabe que el primer pacto social de la legislatura anterior fue por los jóvenes; la estrategia de emprendimiento y empleo joven que pusimos en marcha con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas. Eso está haciendo que en España haya cada día oportunidades para los jóvenes. Y como quiero trabajar en positivo también con usted, le invito a que mejore una propuesta que acabamos de presentar en el diálogo social a las comunidades autónomas, un pacto de legislatura que hemos hecho con Ciudadanos para que los jóvenes que no tienen formación, que son más de 560 000 que no han terminado la ESO, puedan formarse y trabajar a la vez a través del contrato de formación y aprendizaje, que es la formación profesional dual en España. Para ello vamos a dar una ayuda directa de 430 euros que se sumará al salario de convenio que tenga cada sector. Por tanto, señoría, si quiere trabajar por los jóvenes, por mejores sueldos y por mejor calidad en el empleo, haga una propuesta positiva a esta Cámara y deje de criticar, que con eso no ayuda en nada a los jóvenes.
Muchas gracias, señora presidenta. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROLDÁN MONÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR QUE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ACTIVEN EL CHEQUE-FORMACIÓN ACORDADO CON CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000302).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Antonio Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Señora ministra, según los datos de la EPA del primer trimestre de 2017, en España hay 1 394 700 familias en las que ninguno de sus miembros tiene un empleo; tenemos 4 255 000 parados, de los cuales más de la mitad son desempleados de larga duración y 1,7 millones lleva más de dos años sin trabajar, años en los que se han pasado dando golpes a puertas que no se abrían y haciendo cursos absolutamente
inútiles uno tras otro. Estamos en la edad de piedra de las políticas activas de empleo. Este es el principal problema de España y el Partido Popular y el Partido Socialista han fracasado rotundamente durante años para ofrecer soluciones. Y no es por falta de dinero, señora Báñez, ya que se gastan 5000 millones al año -lo equivalente al presupuesto en educación a nivel estatal- que, básicamente, se tiran a la basura en políticas activas. Los números de integración laboral están entre los peores de Europa. Los servicios públicos de empleo -atentos al dato- logran cerrar solamente dos de cada cien contratos ofertados.
Nuestro sistema tiene tres problemas esenciales. No sabemos qué parados tenemos porque no tenemos sistemas de perfilado. El resto de países europeos si lo tiene. Los cursos que ofrecen los sindicatos y la patronal -es un secreto a voces- no sirven para nada. Tenemos que cambiar el sistema, pero ni el PP ni el PSOE se han atrevido a hacerlo nunca. No hay ningún sistema de evaluación seria y moderna de los programas que se hacen. ¿Cómo ha permitido la ministra que este sistema permaneciera durante tantos años?
Señor diputado, permítame que le diga con afecto, y también con humildad, que ustedes han llegado a esta Cámara con una España en recuperación y con creación de empleo porque, gracias al esfuerzo de toda la sociedad española, hemos sido capaces de recuperar siete de cada diez empleos destruidos por la crisis. Sabemos que nos queda mucho por hacer, señoría, pero para conseguir que vuelvan rápidamente los parados al mercado de trabajo tenemos que atender también los desafíos que nos muestran las cifras oficiales. Esas cifras dicen que uno de cada dos parados no tiene la Educación Secundaria Obligatoria; por tanto, formarles y capacitarles rápidamente es para usted y para nosotros una prioridad porque, a través de las políticas activas de empleo, necesitamos ser capaces de que ese talento, que es el capital humano y el mejor activo estratégico que tiene el país, se incorpore a la recuperación y a la creación de un país de oportunidades. Desde el año 2012 estamos en esa tarea de mejorar la formación en nuestro país y mejorar las políticas activas de empleo.
La reforma laboral de 2012 puso en marcha un derecho individual a la formación que ha sido clave para desarrollar la nueva Ley de Formación Profesional para el Empleo y el reglamento que la desarrolla. En esta ley se contiene una medida que nos parece eficaz para trabajar en la línea de la empleabilidad, que es el cheque formación, fruto también del pacto que hicimos con Ciudadanos al inicio de la legislatura. A día de hoy, ese cheque formación, a través de la puesta en marcha en conferencia sectorial a finales de este mes de julio, podrá ser una realidad si así lo deciden las comunidades autónomas como una medida de implantación directa de la formación para los desempleados. Por tanto, desde agosto de este año las comunidades autónomas podrán desarrollar e implantar el cheque formación como una alternativa directa del desempleado para adquirir una formación de calidad allá donde ellos vean una oportunidad de empleabilidad. Yo sé que algunas comunidades autónomas lo van a hacer enseguida, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que ha desarrollado ya en sus presupuestos un programa para hacerlo. Espero que en otras donde ustedes gobiernan, como la mía, que es Andalucía -que, por cierto tiene una gran dotación-, donde apoyan al Gobierno, también lo pongan en marcha. Es una buena idea para dar oportunidades a la gente. (Aplausos).
Señor Roldán, adelante.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, señora ministra. Todavía no gobernamos en Andalucía, por desgracia, pero no se preocupe que será pronto. (Risas y aplausos). En el punto 42 del acuerdo, como usted recordaba muy bien, nosotros pedíamos un sistema de cheque-formación precisamente para saltarnos a estos intermediarios que llevan tantos años, cuando no apropiándose del dinero, haciendo unos cursos realmente inútiles para los parados. Del dinero que hemos conseguido, que era una exigencia que estaba en el acuerdo, hay 1300 millones que equivalen a 1000 euros en cursos de formación para 1 300 000 parados. Por tanto, es un...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Roldán.
- DE LA DIPUTADA DOÑA IONE BELARRA URTEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ HA HECHO EL GOBIERNO PARA PREVENIR GRANDES INCENDIOS FORESTALES DURANTE ESTE VERANO, COMO EL DE DOÑANA? (Número de expediente 180/000298).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Señora ministra, hace dos semanas ardía una de las joyas naturales de nuestro país, el Parque Natural de Doñana; ardían 8500 hectáreas, más del doble de lo que había ardido en toda Andalucía en al año 2016. (Rumores).
La señora BELARRA URTEAGA: Esto podría considerarse una tragedia inevitable si no fuera porque las organizaciones ecologistas llevaban más de una década advirtiendo que Doñana es un polvorín, un auténtico caldo de cultivo para los grandes incendios forestales. El problema es que no se trata solo de Doñana, se trata de que cada año está aumentando la proporción de grandes incendios forestales en nuestro país. (Rumores).
La señora BELARRA URTEAGA: Esos incendios constituyen el mayor peligro para el medio ambiente y para las vidas humanas, y es que el cambio climático está provocando en nuestro país que cada vez más días al año se cumpla la regla del 30-30-30. Es decir, que con más de 30 grados de temperatura, con un viento superior a 30 kilómetros hora y con una humedad inferior al 30 % se dan las condiciones perfectas para que se produzca un gran incendio forestal. Ante esta situación, que es absolutamente crítica, ¿qué está haciendo su Gobierno, no ahora, que ya ha llegado el verano, sino durante todo el año para prevenir los grandes incendios forestales?
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Gracias, señora presidenta.
Señoría, a mí me alegra decir que el Parque Nacional de Doñana no se vio afectado por el incendio. Como usted sabe, las competencias de gestión forestal, particularmente las de prevención y extinción de incendios, corresponden a las comunidades autónomas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 148.1.8.ª de la Constitución española. No obstante, el Gobierno colabora con las comunidades autónomas prestándoles apoyo tanto en prevención como en extinción. Hemos redoblado nuestros esfuerzos con más medios, más presupuesto y mayor esfuerzo en coordinación. Este año destinaremos al dispositivo de extinción de incendios 85 millones de euros, cuando en el año 2011 eran 72 -casi un 20 % más-, lo que nos permite poner a disposición de las comunidades autónomas setenta medios aéreos y más de mil personas; medios aéreos que aporta el ministerio y que representan casi el 45 % de la capacidad de descarga disponible en España. Hemos invertido también en mejorar la vigilancia y la coordinación. En esta campaña disponemos de un nuevo sistema de coordinación Hermes con las comunidades autónomas y demás aeronaves de vigilancia, nuevos ACO y nuevos drones. Nuestros medios son puestos a disposición de las comunidades autónomas, que son quienes deciden qué hacer con ellos, ya que ostentan la dirección de los incendios. Hay que felicitar a todos los que colaboraron en la extinción porque, insisto, afortunadamente, el Parque Nacional de Doñana no se vio afectado.
Señora Belarra, adelante.
La señora BELARRA URTEAGA: Señora ministra, le preguntaba por los grandes incendios forestales y por el cambio climático, y le voy a decir una cosa, para acabar con los grandes incendios forestales, además de dotar de más medios materiales y humanos, lo que hay que hacer es prevenir, prevenir y prevenir. Para evitar estos grandes incendios lo que hay que hacer es aplicar una política activa contra el cambio climático, políticas de transición energética que su Gobierno se niega a aplicar. Se lucha también contra los grandes incendios forestales fomentando y protegiendo la diversidad de nuestros bosques, que son la barrera natural contra los incendios, y no repoblando con especies que son pirófitas, como hacen ustedes. Se lucha también evitando el despoblamiento del mundo rural porque son los vecinos y vecinas del mundo rural quienes más y mejor protegen nuestro medio ambiente. Se lucha también manteniendo todo el año las actividades de prevención y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras durante todo el año. Ustedes, con su única estrategia política conocida, al parecer, que es la de mirar hacia otro lado, lo que están haciendo es poner en riesgo no solo vidas humanas sino también nuestro medio ambiente. Si no hay que lamentar más tragedias es por el magnífico trabajo que están haciendo los profesionales: los bomberos forestales; los agentes forestales; el Seprona; la UME; el Infoca; las BRIF, esa élite antiincendios a la que ustedes le pagan menos de 1000 euros, y por supuesto los voluntarios... (Aplausos).
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, presidenta.
Me imagino que sabrá usted que el efecto del cambio climático es un efecto global, no sucede allá donde se provoca. Aparte de esto, he de decirle que hemos lanzado desde hace cinco años, en las dos pasadas legislaturas, importantes actuaciones para reducir en España y tener una política efectiva de cambio climático. Colaboramos también de modo importante en la prevención de incendios poniendo importantes recursos económicos en manos de las comunidades autónomas, y negociamos en la Unión Europea unos presupuestos muy importantes destinados a la política de desarrollo rural. En este contexto, España dispone de más de 8300 millones de euros para esta política, en cuyos programas autonómicos, gracias al impulso dado por el Ministerio de Agricultura, hay más de 2000 millones de euros destinados a medidas forestales; una cuantía muy superior a la de periodos pasados. Además, nuestro Programa nacional de desarrollo rural contiene medidas de prevención y restauración de incendios, con más de 67 millones de euros, y le vuelvo a recordar que la competencia recae en las comunidades autónomas. Hemos impulsado también una política forestal importante en coordinación con ellas. En esta legislatura completaremos... (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ VA A HACER EL GOBIERNO PARA QUE LOS BANCOS DEVUELVAN A LOS CONSUMIDORES LAS CANTIDADES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS COMO CONSECUENCIA DE LAS CLÁUSULAS SUELO? (Número de expediente 180/000295).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía, Industria y Competitividad del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que los bancos devuelvan todo lo cobrado indebidamente a los consumidores como consecuencia de las cláusulas suelo?
Señoría, como usted conoce, el Tribunal Supremo declaró la nulidad de determinadas cláusulas suelo, las que fueran opacas. Eso fue en el año 2013. Posteriormente, en diciembre de 2016, el tribunal de la Unión Europea indicó que la nulidad era desde el inicio de la introducción de la misma cláusula en los contratos. Esto abrió la puerta a una serie de reclamaciones. Lo que hizo el Gobierno fue aprobar un real decreto-ley para establecer un mecanismo sencillo que facilite el acuerdo extrajudicial en el cual se obligaba a las entidades a que informaran a los consumidores. El real decreto-ley fue convalidado por este Congreso. El marco es voluntario para el consumidor y obligatorio para los bancos, les obliga a informar a sus clientes de la posibilidad de reclamar. A su vez, se modificaron las costas procesales para incentivar acuerdos entre consumidor y entidad y se ha estipulado un tratamiento fiscal específico para que la recuperación de este dinero no conlleve un perjuicio para el ciudadano. En mayo de este año aprobamos un decreto, de acuerdo con el Partido Socialista -con ustedes, para la creación de la comisión de seguimiento, que se reunirá en los próximos días y que remitirá a este Parlamento informes semestrales sobre las solicitudes recibidas y los casos resueltos. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha tomado también cartas en el asunto y ha puesto en marcha cincuenta y cuatro juzgados especializados al respecto.
Señor Heredia, adelante.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor ministro, los grandes beneficiados por esta crisis han sido los ricos, que hoy son mucho más ricos; han sido los grandes defraudadores y los amigos del Partido Popular con su inconstitucional amnistía fiscal y han sido los bancos, que han hecho su agosto: 3,5 millones de personas afectadas por las cláusulas suelo, 3700 millones de euros birlados en la estafa del siglo. Hasta que en diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia Europeo sentenció que las entidades financieras tenían que devolver hasta el último céntimo cobrado indebidamente y además con efecto retroactivo. Un mes después usted sale en los medios de comunicación y asegura que en tres meses la gente habrá cobrado, que se hará de forma dialogada con los bancos y que no habrá que ir a la justicia. (Muestra una página con la fotografía del señor ministro de Economía, Industria y Competividad, De Guindos Jurado, y un texto). Los socialistas mejoramos sustancialmente su decreto pero nos abstuvimos porque teníamos dudas de su Gobierno y también de los bancos, unos bancos que seis meses después de su anuncio -a día de hoy- la inmensa mayoría no ha pagado ni un solo céntimo de las cláusulas suelo y lo que es peor: no tienen el más mínimo interés en pagarlo. Por tanto, habrá que recurrir a la justicia. Y al Consejo General del Poder Judicial no se le ha ocurrido otra brillante idea más que establecer un único juzgado específico para cláusulas suelo por provincia. Uno por provincia, algo que ha sido recurrido al Supremo por el Consejo General de la Abogacía y que a los socialistas nos parece injusto porque beneficia a los bancos y perjudica a los ciudadanos por dos razones muy fáciles que usted me va a entender. En primer lugar, solo en la provincia de Málaga -en la mía- hay 50 000 afectados por cláusulas suelo. Si todos van a ese juzgado, se colapsará, se retrasará la sentencia y así los bancos podrán pagar en siete, en ocho o en diez años. En segundo lugar, porque se aleja a la justicia de los ciudadanos. El afectado de Algeciras tendrá que recorrer más de 100 kilómetros para ir a Cádiz capital a presentar su demanda cuando podría haberlo hecho al lado de su casa en un juzgado ordinario, a los que, por cierto, deberían dotar de más recursos.
En este sentido, señor ministro, le pregunto: ¿Por qué motivo no les han apretado el cinturón a los bancos para que paguen ya las cláusulas suelo? Le pregunto por qué no han negociado o han negociado tan mal con el Consejo General del Poder Judicial. Con ustedes siempre ganan los bancos y siempre pierden los ciudadanos y hay miles de familias que necesitan recuperar cuanto antes las cláusulas suelo, necesitan recuperarlo ya. Por eso le digo, señor ministro: Haga algo y hágalo ya. (Aplausos).
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señoría.
Pregunte usted alrededor suyo porque todas estas medidas las tomamos de acuerdo con el Partido Socialista, pero le voy a dar algunos datos, únicamente de las dos entidades en las cuales el Gobierno
tiene una mayoría vía el FROB. Bankia ha devuelto ya 181 millones de euros a más de 34 000 clientes mientras que BMN ha hecho lo propio con casi 34 millones de euros. Esto supone que la devolución avanza con agilidad, ya que las cantidades reingresadas suponen el 92 % de lo reclamado en el caso de Bankia y el 77 % en el caso de BMN. Pero aquí lo importante es la transparencia. Lo que dijo el Supremo es que eran nulas aquellas cláusulas suelo que eran opacas y nosotros en este momento estamos ya trabajando -y lo sabe perfectamente su señoría y puede volver a mirar alrededor en sus escaños del Partido Socialista- en una nueva ley de crédito inmobiliario que fundamentalmente incrementará la transparencia. Se trata de que en el contrato de hipoteca las cláusulas sean absolutamente transparentes y que esa transparencia evite problemas como los que hemos tenido en el caso de las cláusulas suelo y en otros casos que se están dirimiendo en estos momentos en los juzgados.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿VA EL GOBIERNO A FINANCIAR ADECUADAMENTE EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA? (Número de expediente 180/000296).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En primer lugar, pregunta de la diputada doña Elvira Ramón Utrabo del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora ministra, ¿va a financiar adecuadamente el Gobierno el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia?
Señora Ramón, este Gobierno está comprometido firmemente con la dependencia y su financiación, es una responsabilidad que ejercemos todos, comunidades autónomas y Gobierno de España. Hoy más que nunca hemos de permanecer unidos para tomar las mejores decisiones, garantizando su sostenibilidad para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir disfrutando de este gran sistema que es la dependencia.
Señora Ramón, adelante.
La señora RAMÓN UTRABO: Señora ministra, la realidad es otra. La realidad es que desde el año 2015, en teoría, está implantado de forma completa el calendario para la aplicación de la Ley de dependencia pero, a pesar de esto, más de 300 000 personas están en lista de espera. La realidad es que llevan ustedes seis presupuestos suprimiendo el nivel concertado y recortando el nivel mínimo; que más de 178 000 personas -la inmensa mayoría mujeres- vieron eliminado su derecho a la cotización a la Seguridad Social. Y a usted, que habla de solidaridad y de que es una cuestión de todos, tengo que decirle que en el año 2015 el Gobierno financió un 18 % la dependencia, mientras que las comunidades autónomas lo hicieron en un 82 %. Ustedes saben que esto es verdad y por eso se niegan de forma sistemática y bloquean el hecho de que el Tribunal de Cuentas fiscalice la gestión y la financiación de la dependencia por parte del Gobierno de España. Todos estos recortes están causando auténticos dramas humanos. El Gobierno no puede negar la realidad, no puede negar esta existencia ni ampararse en medias verdades o en mentiras absolutas, mezclando la financiación no finalista con la auténtica financiación del sistema de la dependencia, y mucho menos pueden ampararse en la herencia recibida porque ya llevan ustedes seis años gobernando.
En la Conferencia de Presidentes, celebrada en enero, se acordó la constitución de una comisión que estudiase la sostenibilidad y la financiación del sistema de la dependencia y evaluara también la adecuación de los servicios a las necesidades reales. Pues bien, ha terminado el plazo y no sabemos absolutamente
nada de este informe. No quisiéramos pensar que desde el Gobierno se está bloqueando y dilatando la elaboración de este informe antes de que se produzca la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Señora ministra, el sistema de dependencia es un reto estratégico de primer orden, es una cuestión crucial para más de 1,5 millones de personas y sus familias, no solamente por esta cuestión sino también porque hay un retorno económico importante y una generación de empleo. Así que, si de verdad creen y apuestan por la dependencia, fináncienla adecuadamente. (Aplausos).
Señoría, la verdad es que no podemos olvidar que ustedes trajeron la ley a esta Cámara sin memoria económica y que nos dejaron con 1000 millones de euros de deuda en la Ley de dependencia. Desde 2011 este Gobierno lo que ha conseguido es que haya más beneficiarios con prestación, 150 000 personas más; en seis años hemos incorporado un 84 % más de beneficiarios nuevos al sistema, más de un 66 % de servicios profesionales y hemos conseguido crear más empleo relacionado con la dependencia, exactamente 55 000 nuevas afiliaciones, pero sobre todo hemos garantizado que estén atendidos quienes más lo necesitan, los grandes dependientes y los dependientes severos, con una cobertura de hasta un 85 %. Y todas estas medidas han dado su fruto gracias a las comunidades autónomas y al Gobierno de España.
¿Qué estamos haciendo ahora? En la Conferencia de Presidentes, el presidente Rajoy y los presidentes autonómicos acordaron constituir un grupo de trabajo para analizar la situación actual del sistema, su sostenibilidad y su financiación. Este grupo de trabajo se ha constituido el pasado 23 de febrero y ha celebrado nueve reuniones en tres meses. En estos momentos estamos ultimando el informe para elevarlo a la Conferencia de Presidentes. Debemos trabajar juntos porque tenemos grandes retos por delante para mantener el sistema de la dependencia, como es el reto demográfico. Este Gobierno es el Gobierno que escucha, que dialoga y que acuerda, y hemos acordado con siete fuerzas políticas diferentes en este Parlamento unos presupuestos que son los más sociales de la historia, donde hemos incrementado 100 millones de euros más la financiación finalista. ¿Y ustedes dónde estaban? Han dicho no a la dependencia. Y en este presupuesto llevamos 5300 millones de euros más de financiación a las comunidades autónomas. ¿Y dónde estaban ustedes? Diciendo no a la dependencia.
Por tanto, hemos de seguir trabajando juntos, con responsabilidad y altura de miras, para que el sistema de dependencia se preserve y se mantenga por encima de los vaivenes políticos. En esto está el Gobierno de España y en esto está el compromiso de este ministerio.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SOFÍA FERNÁNDEZ CASTAÑÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ PLANES TIENE EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA LA BIBLIOTECA DE MUJERES? (Número de expediente 180/000300).
La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora a la señora ministra de la diputada doña Sofía Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.
Buenos días, señora ministra. ¿Qué planes tiene el Instituto de la Mujer para la Biblioteca de Mujeres?
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): La Biblioteca de Mujeres es una colección especializada de gran valor para nuestro país que cuenta con 30 000 ejemplares y que es un testimonio de la historia de las mujeres, especialmente en España, pero también en Europa y en el mundo. Es una gran recopilación iniciada en el año 1995 por Marisa Mediavilla, que tiene el enorme mérito de haber dedicado su esfuerzo personal y profesional a este gran
legado para que no se perdiera y desde el Gobierno de España le estamos muy agradecidos. Por ello, consideramos absolutamente necesario que este valioso patrimonio cultural cuente con una sede adecuada y accesible para que puedan disfrutarlo todos los españoles y, por tanto, va a ser un objetivo en esta legislatura.
Señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Verá, señora ministra, me alegra mucho saber que se ha informado e interesado por la situación de la Biblioteca de Mujeres.
Marisa Mediavilla decía: No quiero que ninguna mujer llegue a los treinta años como yo, sin saber quién era Clara Campoamor o Carmen de Burgos. (Rumores).
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Este es el motor por el que Marisa Mediavilla comenzó hace unos años, como bien ha dicho, a recopilar unos 30 000 ejemplares -y entiendo que, si se ha interesado por la situación actual, sabrá que están en los bajos del Museo del Traje y el estado en el que se encuentran también-. Esta biblioteca que usted ha elogiado es excepcional, porque igual hay cuatro en el mundo únicamente; otra está en Barcelona, la Biblioteca Francesca Bonnemaison. Desde 2006, es decir, desde hace más de diez años, no se ha cumplido el compromiso por parte del Instituto de la Mujer de darle una sede. Si usted ha escuchado a los movimientos feministas y la reivindicación que se ha hecho, habrá visto cómo íbamos retratando las pequeñas bibliotecas que cada una tenemos en nuestras casas y cómo esta gran biblioteca es precisamente lo que nos permite historia, memoria, conocimiento y reconocimiento de la genealogía; lo que nos permite hablar, como bien apuntaba la periodista y escritora Carmen García de la Cueva en un artículo reciente hablando de esta situación, de aquello que decía Adrienne Rich sobre el hecho de que es muy dificultoso y está lleno de obstáculos para quienes se interesan por hacer un trabajo feminista, porque piensan que están partiendo de cero, conocer toda la trayectoria que tiene. Si tenemos claro que somos personas muy pequeñas en hombros de gigantas, me gustaría saber entonces cuál es el compromiso, en forma y en tiempo, por parte de este ministerio, porque creo que de lo que estamos hablando aquí no es solo de esa memoria histórica, no es solo del reconocimiento de la genealogía, que son fundamentales, sino que estamos hablando también del futuro que queremos y de un presente que podamos decir, por fin, que sea democrático, en el que estemos no solamente todos sino también todas.
Así que, díganos, señora ministra, ¿para cuándo vamos a tener una sede? ¿Va a colaborar con otras administraciones para que esto sea posible, por ejemplo, en la ciudad de Madrid?
La señora PRESIDENTA: Adelante, señoría.
Señoría, esta biblioteca, como ha dicho bien usted, es un proyecto personal de una mujer, que compartimos todas las mujeres y toda la sociedad porque es patrimonio de toda la sociedad y de todos los españoles. Queremos que la nueva sede no se limite a albergar y a acrecentar los fondos bibliográficos, sino que también sea un centro de estudio y reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad; un espacio cultural donde se puedan compartir experiencias y debatir ideas.
Quiero explicar cómo estamos en la actualidad. La colección fue donada en el año 2006 y, tras los trabajos de catalogación, en 2011 se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Cultura y, ya en 2012, se ubica en el Museo del Traje, donde tiene una exposición pública y otra almacenada, pero igualmente consultable -la parte almacenada, dicho por la propia Marisa Mediavilla, está bien conservada-. Pero sí es cierto que en el Museo del Traje no tenemos la exposición de toda la biblioteca y, por tanto, nosotros queremos buscar un sitio adecuado para que todo el mundo tenga acceso a todos los fondos bibliográficos. También quiero decir -es lo que estamos haciendo y lo que ha dicho el Instituto de la Mujer- que hasta el día de hoy, desde la donación del año 2006, hemos invertido 200 000 euros en el mantenimiento, la catalogación y la conservación de la biblioteca, lo que pone por tanto de manifiesto el compromiso del
Instituto de la Mujer. Asimismo, mientras no encontremos una nueva ubicación para exponer todos los fondos bibiográficos, en la página web del Instituto de la Mujer hay un apartado que permite una consulta online de todo el catálogo completo, así como la posibilidad de solicitar cualquier volumen por correo electrónico. Por tanto, presentaremos en los próximos meses un proyecto que antes de nada contemple la futura ubicación para estos fondos de la Biblioteca de la Mujer en las condiciones necesarias y confío en que contaremos con el apoyo de todos. Solo quiero decir que España lidera en Europa las políticas de igualdad y esta biblioteca nos ayudará a continuar liderando las políticas de igualdad.
- PREGUNTA DE LA DIPUTADA DOÑA ADRIANA LASTRA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿QUÉ POSICIÓN EN MATERIA DE ACOGIDA DE REFUGIADOS TRASLADÓ LA VICEPRESIDENTA AL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SANTA SEDE EN SU ÚLTIMA ENTREVISTA? (Número de expediente 180/000292).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Pregunta de la diputada doña Adriana Lastra Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora vicepresidenta.
¿Qué posición en materia de acogida de refugiados trasladó la vicepresidenta al secretario de Estado de la Santa Sede en su última entrevista?
Buenos días, señora Lastra. Fueron muchos los asuntos que pudimos abordar en la reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, indudablemente entre ellos la situación del refugio y la particular crisis migratoria que está volviendo a vivir Europa en este tiempo. Compartimos la necesidad de adoptar respuestas solidarias de emergencia pero también y de una manera muy especial de plantear soluciones en origen. Tuve la oportunidad de trasladarle la experiencia española, muy amplia en este punto, sostenida a lo largo del tiempo y mantenida por distintos Gobiernos, y yo creo que España puede en el conjunto de la Unión Europea, y así se vio también en la Santa Sede, aportar la larga experiencia que tenemos en la gestión migratoria.
Señora vicepresidenta, me esperaba una respuesta como la que nos ha dado, porque en materia de refugiados la respuesta del Gobierno ha sido el silencio, un silencio doloroso y culpable, así lo ve el Grupo Socialista y así lo ve también la sociedad española. La inacción más absoluta ha sido la aportación de su Gobierno ante un drama que Sami Naïr define como la injusticia máxima unida a la máxima impunidad. Creo que en este caso vuelve a pasar lo que pasa siempre cuando el Gobierno ve una realidad que no le gusta, que es mirar para otro lado. Quédese con dos cifras, señora vicepresidenta, aunque sé que las conoce perfectamente: 17 337 personas que nuestro país debería haber reubicado o reasentado aquí en nuestras fronteras para cumplir con la palabra dada y con los compromisos con Europa; 15 849 personas aún no han llegado a nuestro país, que no tienen la culpa de la indolencia de este Gobierno, hombres, mujeres, niños y ancianos que están esperando a que el Gobierno de España tome medidas y puedan venir aquí huyendo de las balas de la guerra, de lo que todos los parlamentarios de esta Cámara conocemos.
Abro comillas: "Si seguimos a este ritmo, España tardaría casi veintitrés años en cumplir con las cifras de acogida de personas refugiadas". No lo dice esta diputada, lo dice Esteban Beltrán, el director de Amnistía Internacional de España. Es inaceptable, inadmisible, incluso para alguien que lo que hace es sentarse y esperar a que todo pase, como es el presidente del Gobierno de la nación. La indiferencia del Gobierno ante el drama de los refugiados solamente se ve interrumpida tristemente por declaraciones como las del ministro Zoido cuando acusa a las ONG de, por ejemplo, favorecer la inmigración irregular. Mire, no es solamente una obligación, una labor de las ONG salvar vidas humanas, es una obligación de los Gobiernos y de los seres humanos, y solamente un Gobierno desprovisto de toda humanidad puede hacer declaraciones como estas. Por lo tanto, dejen de hacer como que se preocupan y ocúpense de los refugiados, como es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Señora Lastra, oyéndola hablar cualquier parecido entre lo que el Partido Socialista hace cuando gobierna y lo que dice en la oposición es pura coincidencia. Quiero recordarle que la Ley de Asilo del año 2009 la aprobaron ustedes con apoyo del Partido Popular porque para nosotros este sí que es un asunto de Estado; que con esa ley ustedes no reconocían más del 25 % de asilo a los peticionarios y nosotros con la misma ley hemos ascendido al 56 %; que cuando estaban en el Gobierno justificaban las ampliaciones de la valla y las redadas masivas de inmigrantes y usted viene ahora a criticar un proceso que con muchas dificultades se está llevando a cabo en el conjunto de la unión europea. Por tanto, la recomiendo algo más de mesura cuando hable de humanidad.
En segundo lugar, le convendría diferenciar, dado que me pregunta, entre reubicación y reasentamiento porque no tiene nada que ver, señoría. Le recuerdo que es un problema que tenemos todos los Estados de la Unión Europea y que entre todos solo hemos podido reubicar a 23 000 personas. Por tanto, es un problema compartido y España, como ha pedido la Comisión, va hacer un esfuerzo adicional. Los Estados de los que proceden los reubicados van a incrementar su celeridad y nosotros vamos a ofertar a la Unión Europea un envío adicional de 500 personas más al mes durante los próximos meses. Eso es lo que se ha anunciado. El reasentamiento, que usted confunde, sigue a su ritmo. Hemos reasentado a todas las personas que han documentado Acnur y los países de origen y estamos haciendo un esfuerzo adicional porque muchos peticionarios de asilo lo hacen directamente en territorio español. Siria es el primer peticionario de asilo en cuanto al origen, pero también Venezuela, lo que nos debería hacer reflexionar a todos. Además, estamos haciendo un gran esfuerzo presupuestario, por lo que, señoría, le pido un poco más de mesura, al menos la que practican cuando gobiernan y no cuando están en la oposición.
- DEL DIPUTADO DON JORDI XUCLÀ I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE HA FRACASADO EN SUS FUNCIONES DE COORDINACIÓN DEL GRUPO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN DE LA CRISIS DE INMIGRACIÓN Y ASILO DE LA UE CUANDO ESPAÑA HA ACOGIDO 1488 REFUGIADOS EN 21 MESES Y TIENE PENDIENTE DE ACOGER A 15 849 EN MENOS DE TRES MESES? (Número de expediente 180/000290).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también a la señora vicepresidenta, del diputado don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señora vicepresidenta, usted preside el Grupo interministerial para la gestión de la crisis de inmigración y asilo de la Unión Europea. No mire a otros Gobiernos ni a otros casos. España se comprometió ante la Unión Europea a acoger en dos años a 17 337 refugiados y asilados políticos, de la guerra de Siria y de las víctimas del Daesh. En veintiún meses ha acogido a 1488 y en menos de tres meses tiene pendiente la acogida de 15 849. ¿Qué medidas piensa adoptar para que el día 27 septiembre, cuando se termina este plazo, no le podamos decir que usted ha fracasado definitivamente en estas sus responsabilidades?
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Xuclà, ha oído la respuesta que le he dado a la señora Lastra. Ayer se celebró una sesión de la Comisión interministerial para el refugio y la inmigración, que es el siguiente problema que nos vamos a encontrar con gravedad en la Unión Europea. Hicimos balance de la situación de todos los Estados miembros. Sabe que el compromiso eran 160 000 personas y entre todos los Estados de la Unión hemos conseguido reubicar 23 000, por lo que estamos ante un problema compartido. España está por encima de la media en esas reubicaciones -somos el séptimo Estado miembro de treinta y dos- y la Comisión Europea ha pedido celeridad a los Estados miembros de donde proceden, a Grecia y a Italia, y a los demás un esfuerzo adicional. España se ha comprometido -así lo haremos si nos envían a esas personas para reubicarlas- a hacer un esfuerzo adicional -ha sido pedido por la Comisión- de 500 personas más al mes durante los próximos meses, pero usted ya conoce o debe conocer las cifras del conjunto de la Unión Europea. Es un proceso complejo y trataremos de ayudar para que se acelere de la mejor manera posible, pero no es un problema ni solo del Gobierno ni exclusivo este Gobierno.
Señor Xuclà, adelante,
Coincido con usted. Este es un gran fracaso de la política común de la Unión Europea. Después de la crisis bancaria, es el siguiente gran fracaso de la política para hacer frente a la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, para tomar conciencia de la importancia de la inclusión social en nuestras sociedades, para evitar células de cultivo del yihadismo -usted también maneja estos asuntos en el Gobierno- y para expresar la cuota de solidaridad asumible y sostenible por parte de nuestra sociedad frente a la guerra civil en Siria, Daesh, el Medio Oriente y los conflictos en el mundo árabe, pero es que, señora vicepresidenta, usted y su Gobierno no hacen ni dejan hacer. El Gobierno de la Generalitat envió el 15 de marzo de 2016 a través de su presidente una carta al comisario europeo expresando su predisposición y la de los ayuntamientos de Cataluña para acoger a 4500 refugiados y manifestando que las instituciones catalanas en plural -ayuntamientos y comunidad autónoma- estaban listas para acogerlos. Su respuesta fue el rechazo, una respuesta que alimenta la desafección de parte de la sociedad catalana hacia el Gobierno español, de este país, que, como Cataluña y Barcelona, fue consciente del momento de crisis humanitaria que supusieron las guerras de los Balcanes y de Bosnia-Herzegovina.
Usted tiene que cumplir sus objetivos el 27 de septiembre. Cúmplalos. Cuatro días después es 1 de octubre. Cumpla sus objetivos. Nosotros el 1 de octubre vamos a ejercer la democracia y espero que usted el 27 de septiembre cumpla sus objetivos.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Xuclà, mezclar referéndum y refugiados demuestra lo poco que le importa la pregunta que me efectúa hoy.
En primer lugar, señor Xuclà, ha hablado usted del origen de los conflictos y yo de Siria no le puedo decir absolutamente nada. Conoce mucho mejor que yo el régimen de Bashar al Assad. El problema que tiene usted es que no solo va, sino que viene y pregunta a los demás.
En segundo lugar, señor Xuclà, España está haciendo un gran esfuerzo y han sido más de 40 000 personas las que han venido a España a pedir asilo entre los años 2015 y 2016. Solo este año tenemos 16 000 peticionarios de asilo. Usted dice que la Generalitat se ofrece a recoger a 4500. ¿Cómo es que los únicos datos de acogida que usted ha ofrecido al Gobierno para esa reubicación y reasentamiento son 301 plazas, de las cuales 91 no cumplen los estándares mínimos para acoger a esas personas refugiadas? ¿Dónde piensa usted ubicar a las 4200 restantes, señor Xuclà? Son muy fáciles los discursos y las cartas y muy difícil la gestión. Para usted todo es un fracaso de este Gobierno pero, si es un fracaso la política migratoria, ¿por qué Mariano Rajoy fue el ponente principal en el panel de inmigraciones en
el G20 que se celebró en Hamburgo? Quizá porque España, aunque usted no lo quiera ver, hace bastante bien algunas cosas.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES ALLI Y SALVADOR), SOBRE LA REGULACIÓN DEL USO, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SÍMBOLOS. (Número de expediente 172/000055).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señores Alli y Salvador, sobre la regulación del uso, protección y promoción de los símbolos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Presidenta, muchas gracias.
Señores diputados, miembros del Ejecutivo, señora vicepresidenta del Gobierno de España, antes de ir al contenido de esta interpelación, me gustaría agradecer a la Presidencia de esta Cámara el minuto de silencio que hemos tenido hoy en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y también me van a permitir que Unión del Pueblo Navarro humildemente desde esta tribuna tenga un sentido recuerdo para su familia, su hermana María del Mar, diputada del Grupo Parlamentario Popular, y todas las familias de las víctimas de la banda terrorista ETA. Víctimas como José Javier Múgica, concejal de Unión del Pueblo Navarro de Leiza, que fue asesinado pasado mañana hará dieciséis años porque ETA lo señaló y le puso una bomba en su furgoneta cuando iba a trabajar. A ellos, a sus familias y a todas aquellas personas que trabajaron calladamente y dieron su vida contra el miedo, desde las libertades, desde el Estado de derecho y desde el cumplimiento de la ley va este pequeño y humilde homenaje. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
Señorías, hoy, veinte o dieciséis años después, los que jamás -jamás-condenaron los atentados de la banda terrorista ETA y los que ayer vetaron en esta Cámara una declaración institucional en recuerdo de Miguel Ángel Blanco son parte y socios del Gobierno de Navarra y tienen la alcaldía en varios ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra. Precisamente ostentan también la alcaldía en el Ayuntamiento de Pamplona y han aprovechado el minuto más emblemático del cohete anunciador de las Fiestas de San Fermín el pasado 6 de julio en el consistorio pamplonés, el momento con mayor proyección internacional, para colocar otra insignia, la enseña de otra comunidad autónoma, en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona. Señorías, colocar la ikurriña como si fuese una bandera oficial más en la Comunidad Foral de Navarra es todo menos intentar reconocer la pluralidad de la sociedad navarra y pamplonesa, como ellos argumentan, pero sobre todo es una falta de respeto a las instituciones navarras y un desprecio al sentimiento de la mayoría de la sociedad navarra y de los navarros. Porque dos fuerzas que son adversarias en Euskadi, como pueden ser el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, sin embargo son aliados en la Comunidad Foral de Navarra por esa ambición que tienen de convertir a la comunidad foral en una provincia más de Euskadi; eso les hace coincidir y les hace animarse a colocar como cooficial en la comunidad la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca. Todo ello, señorías, gracias al vergonzante y vergonzoso apoyo de dos cómplices a la causa contra el fuero y el statu quo de Navarra, que son Podemos Navarra e Izquierda Unida, al que en Navarra se denomina Izquierda-Ezkerra, porque la suma de los escaños de estas cuatro fuerzas políticas en el Parlamento de Navarra han logrado derogar la Ley Foral de Símbolos del año 2003, ley que ponía fin a la guerra de las banderas en los salones y balcones de las instituciones navarras, una guerra de las banderas ya superada por la sociedad civil en Navarra que el cuatripartito quiere reabrir y de facto ha abierto. ¿Acaso no tiene la sociedad navarra más problemas que las banderas? ¿Acaso la bandera navarra no representa -desde hace más de cuatro siglos y medio, es decir, desde 1558, que existe y que se constata como bandera de los reyes del Reino de Navarra- a todos los navarros, a todas las sensibilidades, a todos los sentimientos y a todas las creencias? ¿Acaso la bandera roja con las cadenas, que está en el cuadrante derecho inferior en la bandera y en el escudo de España, no es incluyente para los que también tienen sentimiento vasco en Navarra? Porque, señorías, derogar la Ley de Símbolos como se hizo en el Parlamento de Navarra el pasado mes de marzo, sin ningún informe jurídico previo, por un dictamen del Consejo Navarro en contra y con un informe en contra de la Abogacía del Estado, ha supuesto diferentes consecuencias, y paso a enumerarlas.
En primer lugar, se ha descubierto cuáles eran las intenciones reales de Bildu, de Izquierda Unida, de Podemos y de Geroa Bai, la otra marca blanca del Partido Nacionalista Vasco, con la señora presidenta, Uxue Barkos, al frente, que era poder colocar la ikurriña en las instituciones navarras, elevar dicha bandera al estado de cooficialidad en mi comunidad, en Navarra; intenciones torticeras -y lo digo con toda la generosidad política- de las que, tanto el Grupo Ciudadanos en Navarra como el Partido Socialista en Navarra y el Grupo Popular con Unión del Pueblo Navarro, ya advertimos. En segundo lugar, una derogación de la ley que genera incertidumbre jurídica y que no permite ni avala que ondee en las instituciones la enseña vasca. Por tanto han vulnerado la ley, y será la justicia la que dictamine sobre sendos recursos presentados por mi partido y por la Delegación del Gobierno en España. Les quiero recordar, señorías, que ya en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictaminó que el actual alcalde de Pamplona había actuado contra la ley. ¿Adivinen quién pago las costas de esos pronunciamientos judiciales? Los pamploneses con sus impuestos. Por tanto, en tercer lugar, hoy, 12 de julio, en plenas fiestas de San Fermín, se ha intentado instrumentalizar y politizar las fiestas de mi comunidad, de Pamplona. Además, en cuarto lugar, ha servido a la mayoría de la sociedad navarra para no verse representada por este Gobierno de Navarra, que toma sus decisiones de modo y de manera sectaria. Y en último lugar, ha dado la razón a los que salimos a las calles de Pamplona el pasado 3 de junio, más de 25 000 navarros, a defender nuestra bandera, nuestros símbolos identitarios propios y singulares de la Comunidad Foral de Navarra.
La semana pasada el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en esta Cámara decía de manera muy moderada que no hay que verlo como una afrenta. Señorías, ¿ustedes se imaginan que el señor Patxi López, cuando era lendakari en el Gobierno vasco, hubiese decidido relegar a la ikurriña y colocar la bandera de otra comunidad en los balcones de instituciones vascas? ¿Qué habría ocurrido? Esa es la falta de consistencia política y de dignidad política cuando se hacen algunas declaraciones. Por tanto, señora vicepresidenta, traemos esta interpelación al Congreso de los Diputados para conocer qué opinión tiene el Gobierno de España en relación con las intenciones torticeras, impositivas y totalitarias de Bildu, y por tanto de los grupos que sustentan, tanto al ayuntamiento de la capital navarra como al Gobierno Foral de Navarra.
A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Presidente, muchas gracias.
Muy buenos días. En primer lugar, señor Alli, le agradezco su tono y la labor que, tanto Unión del Pueblo Navarro como el Partido Socialista y el Partido Popular, vienen desempeñando en la ciudad de Pamplona y en la Comunidad Foral de Navarra en defensa de la legalidad, de la foralidad de esa tierra y de su lealtad al proyecto de convivencia, que es España. En esta interpelación nos toca hablar de convivencia, de foralidad y respeto a una legalidad que es la que se representa en la Ley Orgánica de Reforma y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Bildu y las fuerzas que le apoyan en el Ayuntamiento de Pamplona, a mi juicio, han vuelto a dar un lamentable ejemplo de radicalidad, de hacer de la discordia la única forma que conocen de gobierno, y de poner por delante los delirios nacionalistas al sentir mayoritario de pamploneses y de navarros. Siempre me ha parecido lamentable que desde los gobiernos que han de representar al conjunto de los ciudadanos se abandone sin pudor la neutralidad institucional. El sectarismo político desde las instituciones, que son de todos, no por frecuente en ámbitos independentistas es menos antidemocrático. Pero cuando es el caso de Bildu, que pierde las elecciones en Pamplona ni más ni menos porque le votan la mitad de los vecinos y obtiene la mitad de los concejales que la opción mayoritaria, se pierde la neutralidad además para imponer a esa mayoría los deseos de una minoría que además de minoritaria es precaria.
Me dirán algunos que son legítimos los pactos de gobierno entre perdedores, y lo son, pero por mucho que sumen las cifras eso no da carta blanca para imponer las tesis nacionalistas a la amplia mayoría de los navarros; una mayoría de navarros que optaron por Unión del Pueblo Navarro en el Ayuntamiento de Pamplona, por Unión del Pueblo Navarro para el Gobierno de la Comunidad Foral, y que en esta Cámara han decidido no estar representados ni por Bildu ni por Geroa Bai. Creo que eso debería hacerles entrar en la reflexión. En esa imposición de tesis nacionalistas, al más puro estilo de Bildu, que busca -y cito
textualmente- "abrir un proceso soberanista para la creación de un Estado propio, aprovechando que en Navarra hay un Gobierno nacionalista" -cierro las comillas-, en esa estrategia de euskaldunización de la Comunidad Foral, han empezado como siempre empiezan los independentistas, por la bandera y por la lengua.
Siempre me ha llamado la atención, y está aquí el señor Pablo Iglesias, el desprecio con que desde ciertas posiciones independentistas o populistas se habla de los símbolos de todos, pero el ardor con el que se imponen los que solo a los independentista representan. Eso es lo que hizo el alcalde de Bildu en Pamplona, ni más ni menos que faltarle al respeto a los pamploneses y a los navarros; porque la bandera de Navarra es lo que representa, la identidad foral de los navarros recogida en la Constitución y en el amejoramiento de su fuero. Y del mismo modo que respeto y pido respeto a la ikurriña en los balcones de las instituciones de Euskadi, pido respeto para la bandera de los navarros y para los navarros en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, y de paso para la bandera España. (Aplausos). Porque la primera obligación de un gobernante, si no es capaz al menos de representar a todos para los que gobierna, es respetarlos y no poner las instituciones al servicio de unos cuantos que le jalean, y no imponer por la dinámica de los hechos un proceso en Navarra en contra de la mayoría y en contra de lo que Navarra implica y significa en nuestro sistema constitucional. En democracia, señores de Bildu, pueden ideológicamente defender el cambio del estatus de Navarra; en democracia pueden hacerlo, pero sin saltarse la democracia, que a eso están bastante acostumbrados, asumiendo los procesos constitucionales y respetando las reglas del juego de todos y no las que ustedes imponen. Formaciones políticas que desprecian cualquier idea y cualquier norma que no sea la suya no pueden calificarse de democráticas, porque como ustedes no tienen ni los apoyos ni la fuerza social para cambiar ese modelo, sencillamente lo transgreden. La Constitución es muy clara cuando afirma que los estatutos de autonomía podrán reconocer banderas y enseñas propias de la comunidad autónoma, y que esas banderas ondeen en los edificios públicos y en los actos oficiales junto con la bandera oficial de España. Así lo dice la ley. Es el amejoramiento del fuero el que afirma cuál es la bandera de Navarra que representa a los navarros, de color rojo y con el escudo en el centro. Por si no estuviera claro, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas -aunque se me olvidaba que ustedes están siempre por encima de la ley, y si me apuran del bien y el mal-, han sentado doctrina al respecto, muy clara y sin ambigüedades, y ese espíritu respondía a la Ley del Parlamento de Navarra de 4 de abril de 2003. Esa ley molestaba a algunos en la construcción de su proyecto nacional. Por eso el alcalde de Bildu, debidamente concertado con el Ejecutivo de Navarra, que también debería dar explicaciones, deciden derogarla con el objetivo de hacer ondear la ikurriña en las dependencias oficiales con el mismo rango, y si es posible superior, que la bandera de Navarra. Y la derogaron sin más, quizá sabedores de que no podían poner encima de la mesa otra alternativa, porque iba en contra del propio amejoramiento.
El jueves pasado, colocando la ikurriña, desoyeron los informes de las propias instituciones de autogobierno de Navarra, del Consejo de Navarra, y es que la derogación de esa ley por sí no autoriza el uso oficial de la ikurriña. Por eso el mismo jueves que la colocaron la Delegación del Gobierno en Navarra llevó a los tribunales esa decisión del ayuntamiento, como ha llevado todas las que han ido en el mismo sentido, y como ha ganado todas las que se han resuelto. De hecho hay ayuntamientos de Navarra que están optando por el allanamiento, señores de Bildu. Más le valdría al Ayuntamiento de Pamplona no gastarse el dinero de los vecinos en costas judiciales, y al menos, si el alcalde de Bildu quiere seguir con el empecinamiento, a lo mejor lo que tenemos que pedirle es que lo pague de su bolsillo personal. (Aplausos).
Señorías, una bandera es un símbolo que representa a los ciudadanos de un territorio, y que aspira en democracia a ser inclusiva de todas las sensibilidades e ideologías. Una bandera no debería dar lugar a enfrentamientos ni a conflictos, debe servir para unir a la sociedad. Ustedes utilizan las banderas para fragmentarla. Pretender reivindicaciones políticas a través de una bandera en un lugar que no le corresponde solo puede ser tachado de provocación. Aquí no cabe ni libertad de expresión ni aspiraciones de independencia ni limitaciones al pluralismo político. De lo que hoy hablamos es de utilizar símbolos que representan la pertenencia a una determinada colectividad, y por tanto del respeto a esa colectividad que hoy son Pamplona y Navarra. El principal deber de cualquier Gobierno es crear el marco para que los poderes públicos usen esos símbolos y garanticen que los ciudadanos estén debidamente representados por ellos. Como ve, señor Alli, creo que en este tema vamos a estar de acuerdo, y creo que por nuestra
parte pondremos todo lo que sea necesario para entendernos en la moción que me imagino plantearán como consecuencia de esta interpelación.
Son días de fiesta para los navarros. Me corresponde felicitarles. Coincide con una semana muy especial para la Comunidad Foral. Creo que deberíamos trabajar todos, pero especialmente el ayuntamiento y la Comunidad de Navarra, para unir a la sociedad y no para generar una fractura social, y menos por el uso de una bandera.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señora vicepresidenta, celebro que coincidamos en el diagnóstico político que ha hecho usted de mi comunidad, de Pamplona. Por ahondar más en su argumentación yo creo que la única argamasa que sustenta a las cuatro fuerzas políticas que hoy están en el Ayuntamiento de Pamplona y en el Gobierno Foral de Navarra no es su ideología ni la carta a los Reyes Magos en ese acuerdo programático que firmaron, sino el rencor hacia UPN y el intentar sacar de la gestión pública de las instituciones navarras a Unión del Pueblo Navarro. El tiempo que me queda en esta tribuna quiero reafirmar el compromiso de mi partido, Unión del Pueblo Navarro, en las siguientes consideraciones. Primero, Unión del Pueblo Navarro está por la convivencia de todos los navarros bajo los símbolos singulares y propios de nuestra comunidad. En segundo lugar, estamos por el respeto a las instituciones y al ordenamiento jurídico y por tanto a la ley. En tercer lugar, UPN asume y respeta la cultura y la identidad vascas de muchos navarros y las aprecia como algo propio. En cuarto lugar, a la vez también rechazamos la idea de definir toda Navarra exclusivamente con base en su componente vasco, porque no responde a la realidad presente ni a la trayectoria histórica de Navarra. En quinto lugar, reivindicamos, tanto el derecho a sentirse vasco y navarro como también el derecho a sentirse navarro y español. El euskera, señores del Partido Nacionalista Vasco, como el inglés o el francés, no es patrimonio de una sola nación, de un país ni de ninguna región. El euskera no solo es la lengua de la Comunidad Autónoma Vasca, también lo es de la Comunidad Foral de Navarra, sin que de ello deba ni pueda derivarse que Navarra y Euskadi conformen una misma comunidad política y representen a una misma realidad institucional. En sexto lugar, Navarra ha sido y es un territorio diverso desde el punto de vista lingüístico y cultural. Respetamos esa pluralidad que es enriquecedora sin duda, y en ningún caso algo que deba corregirse por medio de políticas educativas y culturales, y mucho menos instrumentalizando los símbolos para lograr la pretensión nacionalista. Por tanto hemos presentado esta interpelación en la protección y en la promoción de los símbolos de Navarra, recogido en la Lorafna -la Ley de Amejoramiento- y en la Carta Magna.
Para concluir el debate, tiene la palabra la señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Alli, creo que esta mañana hemos hecho un ejercicio de defensa de la convivencia en libertad, de defensa de la legalidad, que es la expresión de la voluntad democrática, y de defensa de la Constitución y de la foralidad de Navarra. Ciertamente es una pena que desde algunas instituciones se pierda la neutralidad que siempre tiene que regir a quienes tienen tareas de gobierno. En los parlamentos, en el nacional y en los autonómicos, cada uno debe defender la opción que considere más oportuna, pero cuando uno está en el balcón de un ayuntamiento, y con ocasión de un día de fiesta, tiene que saber que gobierna para todos los que tiene abajo, en la calle. Es lamentable que se utilicen las banderas con ánimo frentista, con ánimo divisivo, con ánimo de imposición y con ánimo autoritario.
Quiero decirle que estoy convencida de que la democracia, pero también la unión de los que defendemos esa neutralidad institucional y esa garantía de cumplimiento de la Constitución y las leyes, es más fuerte. Que Unión del Pueblo Navarro, que el Partido Socialista de Navarra -y así lo espero- y el Partido Popular, en España y en Navarra -y así se lo confirmo-, defenderemos el derecho de todos los navarros a tener esa identidad foral tan querida y tan respetada por este Gobierno. Analizaremos con
mucho interés su moción, y haremos lo que siempre nos corresponde frente a los que han hecho de la transgresión de la Constitución y de las leyes, y de los derechos de todos, su único programa político. Con la serenidad y la tranquilidad que da estar dentro de la ley y en el respeto a la voluntad democrática de todos los españoles y de los navarros reintegraremos esa legalidad y defenderemos los derechos de los navarros. De todos los navarros.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CORREGIR EL DÉFICIT DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SIN ENDEUDARLO Y GARANTIZANDO EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES, AHORA QUE SE HA AGOTADO EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 172/000053).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir el déficit del sistema de la Seguridad Social, sin endeudarlo y garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, ahora que se ha agotado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Para su defensa tiene la palabra la señora Perea i Conillas.
La señora PEREA I CONILLAS: Bon dia; buenos días.
En 2016 la Seguridad Social cerró en negativo en 18 537 millones de euros; cinco años consecutivos de cierre negativo, que se ha ido incrementando hasta llegar a esta cifra nunca vista y sin que se adoptaran medidas de saneamiento. Qué afán el suyo, señora ministra, el de gastarse la herencia recibida, la casi totalidad del Fondo de Reserva y parte de sus rendimientos. Estamos hablando de casi 71 000 millones de euros, a los que si añadimos el sólido Fondo de Contingencias Profesionales -por cierto, fondo que tendremos que devolver-, hacen un total 78 522 millones de euros. Ustedes se han gastado la herencia y lo que no es suyo, y ahora endeudan a la Seguridad Social con 10 192 millones de euros, de los que ya han dispuesto casi del 60 %. Podría decirle qué adjetivo merece esta actitud inmovilista, pero me parecería poco acorde por el foro en el que nos encontramos, porque creo que en la sede de la soberanía popular no cabe cualquier adjetivo. Todo no vale, lo dejaremos en despilfarro y holgazanería, y en todo caso todo lo contrario de lo que requiere un buen gobierno o esa buena gestión de un buen padre de familia que dice nuestro Código Civil. Pronosticamos que al cierre del ejercicio volverá a presentarse un fuerte déficit, como ya dijimos en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, pero la gran diferencia es que ahora no contaremos con el Fondo de Reserva que dejó el Gobierno socialista, o como mucho dejarán una pequeña cantidad, me imagino, porque la señora Báñez no quiere hacerse la foto, no quiere pasar a la historia como la que acabó con el colchón de 67 000 millones de euros.
Señorías, el sistema de protección social tiene un fuerte componente en términos de solidaridad y redistribución que permite tener sociedades más igualitarias. El deterioro de los ingresos de la Seguridad Social implica coger un camino de una sociedad desigual y pobre, sin embargo ese deterioro es hoy un hecho. Ministra, ya no cabe que justifique su inmovilismo, su inacción apelando a la crisis o a la mala gestión del Gobierno anterior; ese recurso se les acabó porque, señora ministra, llevan cinco años y ahora ya son seis. Es cierto que en 2008 se inició un periodo demasiado extenso de pérdida de empleo, con la consecuente pérdida de ingresos en el sistema de protección social, que fue agravado por el incremento en el gasto por desempleo, pero fíjese en qué condiciones: el sistema de Seguridad Social por cotizaciones estaba equilibrado, porque efectivamente a pesar de tres años de dura crisis los ingresos superaban a los gastos. Por otra parte, las cuantías de las bases reales de cotización, las reales, iban en términos ascendentes. Se consiguió dotar un Fondo de Reserva que llegó hasta los 67 000 millones de euros a pesar de una alta tasa de desempleo, por cierto, con una cobertura entonces del 70 % y hoy del 51 %. El último Gobierno socialista no detrajo en ningún momento el dinero del Fondo de Reserva, lo continuamos dotando como digo hasta 67 000 millones de euros. Si pretende argüir que en año 2009 no lo dotamos, pues bien, la cantidad que no se dotó -a pesar de que dejamos 67 000 millones, no se dotó- fue para reforzar a las empresas, para mejorar la actividad económica y ustedes lo han saqueado. Por tanto les dejamos un Fondo de Reserva de 66 815 millones de euros y un sistema de pensiones contributivas equilibrado.
Su reforma laboral de 2012, señora ministra, dinamitó el mercado laboral y con ello las cotizaciones de los trabajadores, con incidencia directa por tanto en las arcas de la Seguridad Social. A partir de 2012 los ingresos empiezan a caer, y aun teniendo la seguridad de que usted no se va a resistir a sacarme el argumentario de bolsillo que llevan ahí sobre la política que hizo el Gobierno de Zapatero, lo cierto es que su reforma laboral deterioró el sistema público de pensiones, devaluó los salarios en más -dicen los sindicatos- de un 10 %, con un trasvase salarial de los empleados a los empresarios en un 6 %. La sustitución por empleos estables ha pasado a ser una sustitución precaria y de mala calidad, con incidencia directa en los ingresos por la excesiva temporalidad, contratos a tiempo parcial que tapan jornadas extensas o, por ejemplo, la minoración de los ingresos debidos al descenso de las cotizaciones de los desempleados. Como decía nosotros dotamos esta cobertura con un 70% y en este momento la dotación es de un 51 %. Ustedes de enero a mayo de 2011 se encontraron con una dotación por desempleo de 4363 millones y lo dejaron en la mitad. Como consecuencia de esta reforma laboral, que ha provocado un cierre muy grave de las cuentas de la Seguridad Social, les puedo alumbrar que el camino que hemos emprendido en 2017 no es mejor. Les haré una comparación. El incremento de cotizantes entre el año 2011 y 2017 fue de 753 224 más, con una recaudación en aquel momento de 7621 millones. Si comparamos 2011 y 2017 el incremento en cotizaciones ha sido de 1129 millones de euros. Si lo comparamos con un periodo de tanto crecimiento, de un crecimiento de 609 673, el incremento fue de 7621. Por tanto frente a 7621 ustedes solo han recaudado este año 1129. Así pues hacer residenciar en el empleo la tabla de salvación del sistema de Seguridad Social es un error garrafal, por no decir que es un fraude a la ciudadanía; de hecho es un gran engaño. Estos son los datos que evidencian esta realidad.
Vayamos a la evolución de los meses de enero a mayo. Es muy curioso, porque incrementan los gastos en un 3,3 -el secretario de Estado, el señor Burgos, dice que es un incremento razonable-; en cambio los ingresos se incrementan un 2,9. Y aquí les quiero hacer un apunte: no pueden ustedes maquillar las cuentas adelantando seis meses las transferencias que deberían hacer en meses posteriores. Si comparamos lo que ingresaron hace seis meses por transferencias vemos cómo han transferido 1400 millones más este año para maquillar las cuentas. Creo sinceramente, señora ministra, que difícilmente puede rebatir estos datos, que los conoce perfectamente, que sabe que su reforma laboral ha llevado a un trabajo precario y a unos salarios muy bajos, y que evidentemente hay que adoptar medidas. Si a esto le añadimos que en seis años no ha adoptado ni una sola medida realmente estamos hablando no solo de falta de lealtad con el sistema, sino -como decía al inicio- de holgazanería. Y no me comparen los préstamos que hoy piden con los que se pidieron en los años noventa del siglo XX. En nada tienen que ver con el préstamo que se prevé para este 2017. Aquellos préstamos tenían como objetivo dar cobertura económica a las prestaciones de sanidad, servicios sociales o complementos a mínimos. Hoy este préstamo es para gasto corriente. A cualquier gerente de una empresa privada lo cesarían inmediatamente. Y esto es así.
Les haremos unas propuestas porque no hace falta que se esperen a los Pactos de Toledo, donde luego no les hacen caso -y les recuerdo la reforma de 2013-. Empiecen a tomar medidas. Les ponemos diferentes ejemplos: transfieran al sistema las políticas activas de empleo que aún -a pesar de que usted se comprometió; el señor Montoro no le hace ni caso- constan en el sistema de Seguridad Social; o deroguen la reforma fiscal electoralista de 2015, que supuso diferir 18 000 millones a las rentas pudientes y a las grandes corporaciones. Se lo pongo más fácil, remítanse al decreto aprobado con el Grupo Socialista a finales del año pasado, que supuso el incremento del 8 %, y hagan de forma sostenida estos incrementos. Le recuerdo que el acuerdo adoptado a finales de año del 8 % del salario mínimo interprofesional y el 3 % de las bases de cotización supuso 7000 millones de euros más para las arcas públicas. Incluso el presidente de la Airef dijo que era prudente y que en absoluto podían verse afectados los puestos de trabajo.
Señorías, es muy fácil. Miren a su entorno; países como el Reino Unido, Irlanda, Noruega, Holanda, Austria -estos señores de Ciudadanos que hablan tanto de Dinamarca y de los países nórdicos- están obligados a hacer transferencias para que no haya déficit en el sistema de la Seguridad Social. Con datos del año 2014 el gasto social en España continúa todavía 3 puntos por debajo de otros sistema como el de Alemania, Francia o incluso Italia. Pongámonos a ello, señoría, hay margen todavía. Vistos los datos que acabo de exponer el déficit va a persistir y ya no va a haber fondo. Ya me dirá usted qué piensa hacer a partir de ahora. Señoría, creo que es de una gran irresponsabilidad -se lo digo con sinceridad- porque estamos hablando del futuro y de los actuales pensionistas. Después de más de nueve meses en la Comisión del Pacto de Toledo, comparecencia tras comparecencia, se ha puesto de manifiesto la exigencia
de adoptar medidas en este déficit corrosivo que lastra al sistema y lo lleva a un callejón sin salida; este del que ustedes hablan tanto en relación con el 1 de octubre. En el sistema de Seguridad Social les va a pasar lo mismo. Adopten medidas; si no pensaremos que ya les va bien, que ya les va bien porque eso justifica su reforma de 2013, que no quieren derogar y que va a suponer una pérdida de poder económico para los pensionistas.
Usted se preguntará en qué se fundamenta esta interpelación cuando estamos debatiéndolo en el Pacto de Toledo. Pues mire, la urgencia no la exige este grupo parlamentario; la urgencia la exigen multitud de analistas y expertos, dentro y fuera del Pacto de Toledo, que se han pronunciado en estos términos. La duración del Pacto de Toledo -voluntaria o involuntariamente por su parte, ustedes sabrán, ya darán cuentas- puede ser más elevada. En cualquier caso, se exige adoptar medidas; se lo llevamos diciendo desde el primer día, desde el mes de octubre del año pasado, y ustedes nada de nada. Le diré por qué. Qui dia passa, any empeny. Mientras ustedes no adopten medidas, el déficit será más grave. Ustedes quieren sí o sí -y eso es lo que parece- que el sistema continúe en déficit -lo saben perfectamente y lo he dicho antes-, porque eso justifica mantener la reforma de 2013 y no derogar el IRP y el factor de sostenibilidad, con lo que supondrá de pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Señorías, no nos mientan, no nos engañen. El mercado laboral no va a cuadrar las cuentas de la Seguridad Social y usted lo sabe. ¿O me está diciendo que se van a crear este año un millón y medio de empleos y que el total de los salarios se va a incrementar un 12 %?, porque ese es el cálculo para jugar al dèficit. Si esto es así, yo encantada, pero dudo seriamente que los empresarios quieran aumentar para el fomento de empleo un 12 % los salarios de los trabajadores en un solo año. Y ya acabo.
Hoy la gran mayoría de grupos parlamentarios que conforman el Congreso ha llegado a la conclusión de que la preocupante inestabilidad económico-financiera del sistema de protección social solo se podrá resolver por la vía de ingresos; una gran mayoría. Es una afirmación corroborada también por muchos expertos y por la Autoridad fiscal independiente. El Gobierno es quien tiene los mecanismos -y acabo, presidente, de verdad- necesarios para ello y hasta hoy no ha traído ni una sola propuesta a la Comisión del Pacto de Toledo. Como Grupo Socialista, tenemos la obligación de controlar al Gobierno y de instarle a que dé las respuestas necesarias para generar confianza no solo a los ciudadanos sino también a Bruselas y a los mercados. Es este el motivo de la presente interpelación.
Señorías, quiero iniciar mi intervención mandando un mensaje de tranquilidad a los pensionistas españoles. Tenemos un modelo de pensiones que es valorado por toda la sociedad española y que es sostenible en el tiempo, sobre todo si tenemos responsabilidad todos los grupos de esta Cámara -por supuesto, la va a tener el Gobierno de España-. Es un modelo que paga hoy pensiones más altas que nunca y a más pensionistas que nunca, y lo va a seguir haciendo en el futuro, porque confío en la buena voluntad y en el compromiso público con el interés general de esta Cámara.
Señora diputada, la verdad es que me ha sorprendido mucho su intervención. Quiero ser muy constructiva, pero es que usted se mete sola en los charcos, porque nada más llegar me habla de herencia, y le voy a recordar la herencia que siempre se ha encontrado el Partido Popular cuando ha accedido a la responsabilidad de Gobierno, que es un sistema de pensiones en déficit. Nos pasó en los noventa y yo me lo volví a encontrar, como responsable de Ministerio de Empleo, en el año 2011. Pero lo más grave de todo es que también me encontré -para desgracia de la sociedad española- las pensiones congeladas por primera vez en nuestra historia, que ha sido la mayor agresión al Pacto de Toledo de toda nuestra democracia. (Aplausos). Por tanto, señora Perea, tenga un poquito más de responsabilidad. En el año 2011, lo que ocurría en nuestro país era que por cada nueva pensión que entraba en el sistema se destruían tres empleos. Esa era la realidad y la foto de la herencia que dejó un Gobierno socialista al que usted ha aludido -seguro, por error- en esta intervención.
Como le decía, me sorprende la interpelación, porque su postura esconde una trampa. Usted pregunta al Gobierno qué medidas va a tomar y desconoce o no quiere dar importancia a algo a lo que yo sí se la doy, como miembro del Gobierno de España, que es el Pacto de Toledo. Señorías, este año se produce
la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que es lo que pensamos, por común acuerdo de todos los grupos políticos, que tiene que ser el futuro y el presente de nuestro modelo de pensiones. El Pacto de Toledo es el pacto social más importante de la democracia y desde el año 1995 se viene renovando con normalidad democrática y con amplio consenso; en él siempre han estado el Partido Socialista y el Partido Popular. No entiendo cómo usted no le da la importancia que tiene al Pacto de Toledo y pregunta al Gobierno las medidas que va a poner en marcha, cuando un Gobierno responsable lo primero que tiene que hacer es, en primer lugar, escuchar al Pacto de Toledo y, en segundo lugar, a la mesa abierta en el diálogo social, porque el compromiso con nuestras pensiones de hoy y de mañana es de todos, sin excepción y con responsabilidad. Por tanto, señoría, yo no entiendo su estrategia, no entiendo que me haga esta interpelación cuando el Pacto de Toledo está haciendo sus trabajos con mucha dedicación y gran compromiso de todos los diputados. Parece que la estrategia se la marcan de fuera, se la marca un grupo hermano de la izquierda, pero yo espero que usted recapacite y que la estrategia del Partido Socialista -hoy y también mañana- la marque al menos la trayectoria de compromiso y de responsabilidad que siempre ha tenido con los pensionistas en nuestro país.
Usted decía que este Gobierno no ha hecho nada durante cinco años y falta con ello a la verdad. Es verdad que usted es diputada nueva en esta legislatura, pero le invito a que lea los Diarios de Sesiones de la legislatura anterior; ahí encontrará los compromisos de esta Cámara y del Gobierno de España, de Mariano Rajoy, con la sostenibilidad de las pensiones, por un lado, y con la mayor protección de nuestro modelo de bienestar y nuestro modelo de pensiones en esa etapa, por otro. Se lo voy a detallar de manera sencilla. Lo primero que hicimos fue culminar la separación de fuentes de financiación del sistema de Seguridad Social en el ámbito de la sostenibilidad, un mandato del Pacto de Toledo que ustedes nunca concluyeron y que concluyó en 2013 con aportaciones del presupuesto a la Seguridad Social de más de 15 000 millones de euros. Lo relevante de esto es que se liberó a la Seguridad Social por primera vez de cargas impropias, adquiridas muchas de ellas en la última etapa del Gobierno Socialista. Además, pusimos en marcha medidas que mejoraron el tratamiento de las lagunas de cotización; se reformaron las jubilaciones anticipadas y parciales para acercar la edad real a la edad legal de jubilación; hemos situado la tasa de morosidad a la Seguridad Social en mínimos históricos, mejorando la recaudación desde el año 2012; hemos aprobado reformas en el año 2013, por mandato de la Ley 27/2011, del Partido Socialista, como, por ejemplo, el desarrollo de un factor de sostenibilidad y un nuevo índice de revalorización de las pensiones; hemos creado la figura de la jubilación activa, donde se compatibilizan empleo y pensión al 50 % por primera vez en nuestro país, y hemos luchado contra el fraude, señoría, porque esa era también una manera de incrementar los ingresos a la Seguridad Social. Han aflorado en esta etapa -desde 2012- 445 000 empleos; se han detectado más de 6200 empresas ficticias, que defraudaban a la Seguridad Social; se han convertido 280 000 contratos -indebidamente regulados como temporales- en indefinidos, mejorando los derechos de los trabajadores y también la recaudación de la Seguridad Social. Y ese ahorro generado por este plan de lucha contra el fraude nos ha hecho incrementar los recursos en más de 18 800 millones de euros. Pero lo más importante de todo, señoría, es que hemos vuelto -gracias al esfuerzo colectivo de la sociedad española- a crear empleo, y el empleo es la verdadera garantía de nuestro modelo de Seguridad Social, porque 9 de cada 10 euros de la Seguridad Social y de las pensiones se pagan con empleo en España. Por tanto, hay una mayor sostenibilidad del sistema y también mayor protección. Ya les he hablado sobre el tratamiento de las lagunas de cotización, pero, por ejemplo, hemos incrementado la capacidad de recaudación con un sistema de liquidación directa que permite a las empresas tener una relación más estrecha con la Seguridad Social y cometer menos errores a la hora de poner la cotización. Hemos modificado el procedimiento de incapacidad temporal para hacerlo más ágil y eficiente; hemos mejorado la protección de los trabajadores a tiempo parcial, con mayor protección social; hemos puesto en marcha una nueva Ley de protección social del sector marítimo-pesquero; hemos incrementado el permiso de paternidad, duplicándolo; hemos reforzado la pensión de orfandad; hemos mejorado la protección de los autónomos, en el Régimen Especial de Autónomos, con nuevos derechos; y hemos puesto en marcha, por primera vez en la historia de España, un complemento de maternidad, para las mujeres que trabajan y tienen hijos que ofrecen a la sociedad como incremento de la demografía, que supone un incremento de la pensión de hasta el 15 %, lo cual ha hecho que haya más de 240 000 mujeres en España que tienen un complemento de hasta el 15 % de la pensión gracias a esa reforma que pusimos en marcha en enero de 2016. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Por tanto, mayor sostenibilidad y mayor protección, porque ambas cosas son compatibles. No diga que no hemos hecho
nada. Estoy segura de que con usted y con el resto de diputados de esta Cámara vamos a mejorar nuestra Seguridad Social en el Pacto de Toledo.
Sé perfectamente que el sistema está en déficit -ya le he dicho que me lo encontré en déficit-, pero ese déficit es temporal. ¿Sabe cuál es la razón del 70 % del déficit financiero de la Seguridad Social? La pérdida de 3,5 millones de puestos de trabajo en la crisis. ¿Qué hemos hecho? Favorecer el crecimiento y la creación de empleo, y hemos recuperado ya siete de cada diez empleos que destruyó la crisis. Hemos hecho posible que hoy haya más recaudación y más ingresos para la Seguridad Social. Mire, señoría, sus datos no son ciertos: el avance de recaudación facilitado por la tesorería en el mes de junio ha ingresado por cuotas 9956 millones de euros, un 6,32 % más que el año anterior, y se han recaudado en el primer semestre del año 3541 millones más que en el año 2016. Por tanto, en un sistema contributivo como el que tenemos, el empleo y la cotización a la Seguridad Social son la garantía del sistema hoy y mañana.
Usted dice que hemos acudido al Fondo de Reserva; claro que sí, porque para eso hicimos un fondo de reserva, para que en las situaciones de dificultad del sistema por crisis económica se pagaran puntualmente las pensiones, y además pensiones más altas que nunca. Mire, lo que no ha explicado el Partido Socialista es por qué, teniendo 68 000 millones de euros en el Fondo de Reserva, prefirieron congelar las pensiones de nuestros mayores y no utilizar el fondo que se estaba llenando para eso. Esa es la contradicción en la que vive siempre el Grupo Socialista. Pero, mire, señoría, nosotros seguiremos trabajando por fortalecer el modelo de pensiones, escuchando al Pacto de Toledo, que es nuestra obligación y nuestro compromiso político, y también intentando ese acuerdo en el diálogo social, porque el empleo y la productividad son el presente y el futuro de nuestras pensiones, y, mientras, recurriremos al Fondo de Reserva o a un préstamo a la Seguridad Social, porque no estamos haciendo nada extraordinario. Usted sabe que entre los años 1995 y 1999 se recurrió a préstamos para el sistema de Seguridad Social por un total de 27 500 millones de euros. Se superó la crisis, se creó empleo y se llenó el Fondo de Reserva. España tiene un sistema que funciona, que es nuestro modelo de pensiones, que tiene la valoración máxima como institución por todos los españoles y es también un modelo y un ejemplo para Iberoamérica y para grandes países que nos piden que les asesoremos técnicamente -lo he dicho ya en alguna ocasión en esta Cámara-, como China, cuyo Gobierno, desde 2013, tiene una comisión técnica con el Gobierno de España para su futuro modelo de pensiones.
Señorías, la garantía de las pensiones son el empleo y la productividad. Yo les animo a que traigan propuestas al Pacto de Toledo, a que se sumen a ese gran consenso y a ese pacto donde ha estado siempre el Partido Socialista. Y animo al resto de los grupos de esta Cámara a que se sumen, porque lo que queremos es seguir fortaleciendo entre todos ese gran pacto social de la democracia que es el pacto por las pensiones, que es el Pacto de Toledo, para tranquilidad de nuestros pensionistas de hoy y de nuestros jóvenes, que van a ser pensionistas mañana y que, por nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, también cobrarán su correspondiente pensión.
Tiene la palabra la señora Perea i Conillas.
La señora PEREA I CONILLAS: Ya sabía yo que me iba a sacar el argumentario de bolsillo que utilizan ustedes desde hace seis años. Confianza sí, claro; es lo que le estoy diciendo, que ponga encima de la mesa confianza para que los diputados y diputadas y, desde luego, los pensionistas de este país puedan confiar en el sistema de pensiones.
Mire el CIS. El CIS lo dice claro: Los jóvenes creen que no van a cobrar ninguna pensión. Ni yo ni este Grupo Socialista queremos que usted pase a la historia como la ministra que desmontó el sistema de protección social. Sí, señora Báñez; si eso ocurriera, sería un fracaso colectivo, y les puedo asegurar que, aunque el causante fuera el Partido Popular, no habría ningún tipo de satisfacción. Por eso, este grupo no se va a levantar de la Comisión del Pacto de Toledo por muchas provocaciones que reciba de uno y de otro lado, también de sus adláteres de Ciudadanos, y no nos vamos a levantar porque sería un error estratégico. Sí, señor Iglesias; dejar el Pacto de Toledo sería un error de forma, pero sobre todo de fondo, y no por nosotros como diputados, no por cuestiones partidistas, sino porque sería dejar en manos de la derecha el futuro de nuestras generaciones, y eso sería injusto y desleal con las generaciones presentes y futuras que aspiran a tener un futuro cierto y seguro. Le están dejando el futuro de la protección social a la derecha y eso el PSOE no lo va a consentir. Se lo dije en la anterior legislatura, la primera vez que
subí aquí, y lo repito ahora: ¿Cómo pueden ustedes hacerle el juego a la derecha? Es algo que yo no acabo de entender; llámenme inocente.
Yo no voté la Constitución de 1978, como una parte considerable de este hemiciclo y gran parte de la ciudadanía. Como usted, aunque un poco más mayor, me la encontré con doce años y, en aquel momento, no pude decidir, pero reconozco en aquel acuerdo la gran osadía y generosidad que supuso para el futuro de muchas generaciones, por lo que en este momento creo que debemos poner en valor aquello que supuso construir un futuro cierto por la ciudadanía. Dicho esto, estoy de acuerdo en que los ciudadanos de hoy, todos, necesitamos un nuevo contrato social, porque el actual no nos satisface democráticamente, ni constitucional ni territorialmente. Por ello, los socialistas creemos que debemos reforzar aquello que ha funcionado. Señorías, tener un recurso para los ciudadanos en caso de enfermedad, en caso de fallecimiento de aquel que aporta los ingresos a la unidad familiar o recibir prestaciones cuando uno ha sufrido violencia de género en la familia o que las reciban los menores huérfanos que se quedan al albur de los avatares que les rodean es una oportunidad de presente y futuro. Como decía al inicio de mi intervención, el sistema de protección social es un instrumento solidario que, con sus prestaciones, redistribuye para conseguir sociedades más igualitarias. Sí, señora Báñez, y ahora, si quieren, sáquenme otra vez el argumentario de las pensiones con el que taladran día sí y día también: que si congelamos... Oiga, ustedes hurtaron. Pero no se confunda, señora Báñez, le hablo del mercado laboral; le estoy diciendo que en el año 2011 no había déficit en las contributivas, que no había déficit en el sistema por lo que hacía a ingresos y gastos contributivos. Les dejamos un colchón de 67 000 millones de euros que ustedes han vapuleado y no existe la cobertura de desempleo que había antes, porque estábamos en tasas del 70 % y ahora estamos en el 51 %. Y si quiere, continúe con esa retahíla falsaria.
Lo que le digo es que tenemos una responsabilidad. Desde luego, el Partido Socialista va a continuar en el Pacto de Toledo para construir, pero hay medidas que se han de adoptar ya. Ustedes no pueden esperar; no se pueden dilatar las decisiones más tiempo. Le he sacado una frase. Ha dicho: El déficit será temporal. Pero ¿temporal hasta cuándo? ¿Van a continuar pidiendo préstamos al mismo Estado que se presta él mismo sin tomar decisiones o vamos a derogar la reforma laboral para revertir una situación de empobrecimiento de los trabajadores? Mire, el Pacto de Toledo hará su trabajo si ustedes no le ponen pals a les rodes, que diríamos en catalán. El Partido Socialista está dispuesto a consensuar, pero ya le digo que no aceptaremos cualquier recomendación que les permita volver a saltarse a la torera otras recomendaciones, como hicieron en el año 2013 con su reforma de pensiones unilateral y totalmente regresiva. Sinceramente, creo que no quieren una solución para el sistema de la Seguridad Social. Señores diputados, señores pensionistas -se lo digo también a ellos-, el Gobierno no quiere derogar la reforma de las pensiones de 2013, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo para los presentes y futuros pensionistas. Desigualdad y pobreza. Esa es la realidad y lo que justifica que quieran mantener en déficit el sistema de la Seguridad Social. Por eso les exigimos que adopten ya medidas que lo resuelvan.
Señora diputada, ha hablado del CIS y yo también le voy a hablar de él, porque es bueno conocer sus series históricas. No sé si sabe que la preocupación por las pensiones en España está entre el 4 y el 5 % en la media de toda la serie histórica. ¿Sabe cuándo subió más la preocupación por las pensiones, según el CIS? En el año 2010, cuando el Partido Socialista decidió congelar las pensiones de nuestros mayores por primera vez en la historia. Esa es la realidad; así que, señoría, le pido que en esto sea rigurosa.
Su interpelación me ha sorprendido mucho, porque el mandato que tiene el Gobierno en este momento, cuando está abierto el periodo de recomendación y de renovación del Pacto de Toledo, es escucharle. Eso es lo que va a hacer por compromiso y responsabilidad con ese gran pacto social de la democracia. Lo que no entiendo es lo que hace el Grupo Socialista con esta interpelación, con alguna proposición no de ley y con cualquier iniciativa parlamentaria que día a día intenta quitar valor a ese gran pacto colectivo que nos dimos los españoles en el año 1995. Como diputada en este caso, me parece una falta de respeto al resto de los grupos parlamentarios que están trabajando con mucha profesionalidad y con mucho compromiso en el Pacto de Toledo para alcanzar un acuerdo que es bueno para España y también para los pensionistas.
Señoría, no puedo dejar de contestar a sus ataques, porque lo que dice no es verdad. El Gobierno no hurta el Fondo de Reserva; el Gobierno utiliza el Fondo de Reserva, porque es un instrumento puesto en marcha por las Cortes Generales en los años noventa para pagar las pensiones; es un instrumento más, como lo son los préstamos a la Seguridad Social, para vencer situaciones temporales de déficit. Lo que no cuenta usted es que quien no utilizó con transparencia el Fondo de Reserva es quien no ingresó en los años 2008 y 2009 el excedente del beneficio de las pensiones para tener recursos en el futuro, como se hizo antes y se hará después en toda la historia del Fondo de Reserva. Hable, pues, con un poco más de claridad. ¿Sabe cuál es el mejor fondo de reserva que puede tener un país? Una España con crecimiento económico, con creación de empleo y que además cumpla con sus compromisos según las leyes y los pactos que nos hemos dado todos.
Le decía antes que el déficit es temporal, y es verdad. El déficit de la Seguridad Social responde fundamentalmente a la masiva destrucción de empleo que se produjo en España por la crisis económica, y ahora la mejor noticia para los pensionistas es que España crece y crea oportunidades, pero todavía no hemos hecho el recorrido de la creación de empleo y de la recuperación de todo el empleo destruido por la crisis. Por tanto, el primer gran objetivo de la sociedad española y también el objetivo de la Seguridad Social es seguir aportando más y mejores empleos cada día para alcanzar una España con gran crecimiento y con todo el empleo que se destruyó por la crisis recuperado. Estamos en el camino, pero nos falta mucho por hacer. Ahora bien, los pensionistas han sido los españoles que mejor han pasado la etapa de crisis. Le diré por qué. En un país con una crisis económica muy dura, el índice de pobreza entre los mayores de sesenta y cinco años ha bajado 13 puntos desde la recuperación. ¿Sabe por qué? Por una decisión política que quiso establecer una línea roja para que nunca en España se volvieran a congelar las pensiones y subieran todos los años y que tomó el Gobierno de Mariano Rajoy. Sé que hay muchas cosas por hacer, muchos retos colectivos que abordar y mejoras en la protección social de determinados colectivos que implementar, pero lo más importante es poner al país en marcha con crecimiento económico sostenido y con intensa creación de empleo. Esa es la verdadera garantía de nuestro modelo de bienestar.
Yo confío en el Pacto de Toledo y en el diálogo social. Desde aquí apelo a sus señorías para que, en el tiempo que ustedes necesiten, alcancen un acuerdo para esa renovación del Pacto de Toledo en la Comisión con las líneas generales de nuestro modelo para los próximos cinco años. El Gobierno tomará nota y pondrá en marcha las medidas para seguir fortaleciendo la sostenibilidad de nuestro modelo de pensiones y mejorando la protección social de todos nuestros pensionistas hoy y en el futuro. Ese es el compromiso de este Gobierno y es también nuestra responsabilidad. Espero que el Partido Socialista esté donde ha estado siempre, en el acuerdo por las oportunidades y por los pensionistas de hoy y de mañana. Ahí les esperamos a ustedes.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INICIATIVA EUROPEA DE GARANTÍA JUVENIL. (Número de expediente 172/000054).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación de la iniciativa europea de Garantía Juvenil. Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenas, señora presidenta. Buenas, ministra.
Hoy vengo con espíritu constructivo. Vengo con bastantes dudas sobre esto y alguna propuesta, pero vengo con este espíritu a pesar de la indignación y la rabia que nos han causado hace un momento las carcajadas de su bancada cuando hablábamos de corrupción y sus efectos sobre la ciudadanía. Venimos con espíritu constructivo.
Garantía Juvenil. El pasado 15 de junio, al día siguiente de terminar el debate de la moción de censura ya histórico en este país, nos desayunábamos todos con sus declaraciones, señora ministra, anunciando que iban a crear una ayuda o complemento salarial -no sabemos todavía muy bien qué es exactamente- de 430 euros mensuales para jóvenes desempleados sin formación en el marco del programa de Garantía Juvenil. Como es habitual en ustedes, la medida se anunciaba al margen de los agentes sociales que participan en la Comisión de seguimiento del sistema de Garantía Juvenil -como lo han criticado ya-
y también, por supuesto, al margen del resto de grupos parlamentarios, a pesar de que esto ya lo habíamos debatido en la Comisión de Empleo y salió una PNL con medidas aprobada por unanimidad. A pesar de esto, se hizo al margen de la mayoría de los grupos parlamentarios. Poco después dieron una rueda de prensa sorprendente, junto con sus socios de Ciudadanos, en la que se apresuraban a denominar a esto el complemento salarial naranja, hinchaban el pecho y se ponían medallas como si no tuviera nada que ver con el paquete europeo de medidas de Garantía Juvenil. Parecía que era una ocurrencia suya, una conquista y una medalla que se tenían que poner. En medio de toda esta -podríamos decir- alegría desatada, usted llegó a decir en Granada, en la entrega del Premio Nacional Joven Empresario, el pasado 22 de junio, que este bono de Garantía Juvenil beneficiaría solo en Andalucía a 190 000 jóvenes desempleados. A nosotros la cuenta no nos sale mucho, 190 000 por 430 euros de la ayuda y por dieciocho meses que usted misma ha anunciado o ha dejado caer que serían, nos salen unos 1400 millones de euros solo para Andalucía. En los Presupuestos Generales del Estado que ustedes acaban de aprobar para esta partida solo hay 500 millones de euros para todo el país y usted ha anunciado una medida que solo en Andalucía costaría 1400 millones. Las matemáticas sencillas no cuadran.
Pero bueno, después de toda esta campaña propagandística -luego resulta que los populistas y los demagogos somos nosotros- hay varios interrogantes, varias dudas, y vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de esto, de dónde viene la garantía juvenil. El próximo mes de octubre hará justo cuatro años de la implementación en España de este Sistema Nacional de Garantía Juvenil. A partir de la recomendación del Consejo de Europa, allá por el 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de esta garantía juvenil, arrancó esta iniciativa a propósito de poner en marcha una batería de medidas destinadas a mejorar la empleabilidad, a intermediar en la contratación o al fomento de la inserción laboral de jóvenes europeos, en un principio de dieciséis a veinticuatro años, con la posibilidad -como usted bien sabe- de ampliar hasta los treinta años si había mucho desempleo juvenil -y en eso en España íbamos sobrados, por desgracia-, jóvenes que no estuvieran en situación de estudiar ni de trabajar, lo que se ha denominado en los medios de comunicación nini. En este marco Bruselas diseñó el presupuesto del Plan de Garantía Juvenil en 2013 con una dotación de 6000 millones de euros, siendo España, en atención a la elevada tasa de jóvenes ninis -que no solo es responsabilidad de ustedes, también evidentemente del Partido Socialista, porque estamos hablando del año 2013-, el mayor destinatario de estos fondos, con 1800 millones de los 6000 que había para toda Europa. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia). Sobre esta base el Gobierno de ustedes, el Gobierno del Partido Popular, aprobó el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, y seguidamente la Ley 18/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con lo que quedó diseñada la globalidad de este Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El sistema se implementó de tal forma que según denunciaron constantemente los agentes sociales y se publicó también incesantemente en los medios de comunicación, el grado de inscripción de estos jóvenes desempleados sin formación en este fichero ha sido escasísimo entre octubre de 2013 y enero de 2017, ya que los requisitos para la inscripción, el no haber recibido acciones formativas en los últimos noventa días, etcétera, y la edad limitada a los veinticuatro años lo acotaron tanto que dificultaba el acceso de los jóvenes a este registro. Estas limitaciones se han resuelto parcialmente -es verdad- a raíz del empuje en el debate de la Comisión de Empleo, con el Real Decreto 6/2016, de 23 de diciembre, con lo que facilitaba las condiciones de acceso para los jóvenes a este fichero. Ni nosotros, ni nosotras, ni los agentes sociales sabemos a ciencia cierta en qué grado las medidas adoptadas en el Plan de Garantía Juvenil -y esta es la primera de las preguntas- han beneficiado en estos años a los destinatarios, que son los jóvenes sin empleo. Esta sería la primera gran duda, la evaluación de lo que se ha hecho hasta ahora.
A pesar de lo ya comentado y de ese intento de reforma del Gobierno, se llegó tarde. En octubre de 2016, en la comunicación que la Comisión Europea destinó a evaluar la implementación de este Plan de Garantía Juvenil en los Estados miembros se constataban las graves deficiencias de la implementación de este plan en España. En marzo de este año en el informe de la Comisión relativo a España se ponía de manifiesto que solamente el 10,7 % de los potenciales beneficiarios de este plan habían accedido al sistema, frente a una media del 41,9 % en el resto de los países de Europa; repito, nosotros un 10,7 % y en el resto de los países de Europa un 41,9 %, como siempre España en la Champions League. De los inscritos, de la gente que consiguió inscribirse, el 47,5 % no ha recibido ninguna medida de las contempladas en el plan de garantía al término de los cuatro meses de la inscripción, según marca la ley, ni acciones de empleabilidad, ni intermediación, ni formación, ni contrato para la formación; y aún
peor, el informe revela que de los inscritos que recibieron alguna de las medidas de este plan el 63,3 % volvió a estar en desempleo y volvió a estar sin formación pasados los seis meses después de recibir la medida, es decir, volvieron a estar sin estudiar y sin trabajar. La única conclusión posible que podemos sacar de todo esto es que la implementación de la iniciativa Garantía Juvenil en España ha sido un rotundo fracaso. Diversos medios han publicado incluso que hay riesgo cierto de tener que reembolsar a la Unión Europea -nos gustaría que desmintiera esto- parte de la financiación recibida por este plan dada la nefasta gestión que se ha hecho del mismo. Conociendo los 1800 millones de euros que fueron asignados y aprobados para España, ¿cuál ha sido el grado exacto de ejecución y de cumplimiento de dicho presupuesto? Esa sería la segunda pregunta.
En lo que respecta a la novedad de esta ayuda, que es lo más importante y lo que nos trae aquí, más allá de esta retrospectiva histórica, de este relato y del anuncio y la propaganda a bombo y platillo, tenemos unas dudas concretas. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia). ¿Se tratará de un subsidio o de un complemento salarial? ¿En qué medida va a ser compatible con el empleo? ¿Se le descontará de la nómina al trabajador? ¿Cuál será la duración del subsidio, complemento salarial o lo que decidan? ¿Será solamente para los jóvenes desempleados sin titulación superior que suscriban contratos para la formación y el aprendizaje? ¿O también llegará a los jóvenes que realicen algunas de las otras medidas previstas en el artículo 106 de la ley, como por ejemplo la formación para la mejora de la empleabilidad o el apoyo al emprendimiento? Y sobre todo, la más importante, ¿están seguros de que esto del complemento salarial naranja -o del color que sea, eso nos da igual- será financiable a cargo del presupuesto europeo para la garantía juvenil? Lo decimos porque Bruselas parece que no lo tiene claro y la comisaria de Empleo, la señora Marianne Thyssen, ha declarado que el marco europeo de garantía juvenil no prevé la financiación de complementos salariales.
Ya lo dije al principio, queríamos que fuera útil esta intervención. Estas son preguntas y dudas concretas que tenemos nosotros y que las tienen no solo los jóvenes de nuestro país, sino también los agentes sociales, y me gustaría que nos respondiera.
La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, presidenta.
Señor diputado, en primer lugar, le quiero dar las gracias por el tono de su intervención. Para el Gobierno la preocupación por el empleo juvenil ha sido siempre una prioridad desde el inicio de la legislatura anterior, desde principios del año 2012, porque uno de los grupos de edad más perjudicados por la crisis y por la elevada destrucción de empleo sin duda ninguna fueron los jóvenes, y si ellos son nuestro futuro les tenemos que dar un presente y un presente de oportunidades. Siendo muy conscientes de eso, intentamos desde el primer momento poner en marcha medidas a favor del empleo juvenil. Desde el principio, desde el año 2012, las reformas económicas, entre ellas la reforma laboral, permitieron que la recuperación en España, por primera vez en nuestra historia económica, tuviera presente el empleo entre los jóvenes. El inicio de la recuperación de la crisis de los noventa hizo que hasta dos años después de iniciada la recuperación no se empezara a crear empleo entre los jóvenes. La novedad de esta recuperación, y gracias al compromiso de la sociedad española, es que los jóvenes han empezado a encontrar empleo desde el primer momento de la recuperación. Eso es bueno, porque muestra el compromiso de empresarios, de autónomos, de interlocutores sociales y de familias españolas por el empleo juvenil.
Por eso quisimos que el primer pacto social del Gobierno anterior fuera un pacto por los jóvenes y pusimos en marcha en el año 2013 lo que en España se llama la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que son cien medidas que pactamos en el diálogo social con sindicatos y patronal y con las comunidades autónomas, medidas a las que se sumaron también entidades de la sociedad civil que aportaron su compromiso por el empleo y las oportunidades de los jóvenes. Y créame que esa iniciativa española fue anterior al inicio en Europa de la Garantía Juvenil, que fue también un tema por el que el presidente Rajoy dio la batalla en Europa, porque queríamos que Europa se comprometiera con recursos y con planes claros a favor de los jóvenes en toda la Unión Europea. Esas cien medidas españolas a través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven supusieron, además, el primer avance hacia el empleo entre los jóvenes y está dando resultados. La estrategia y la garantía juvenil han hecho posible
que dos millones de jóvenes en nuestro país hayan encontrado una oportunidad de formación, de empleo o de emprendimiento por cuenta propia gracias a esa estrategia, que es de todos. En concreto, hay 450 000 jóvenes menores de treinta años que han emprendido un negocio o una actividad económica a través de esa estrategia. También quiero decirles que ha hecho posible que muchos jóvenes hayan encontrado un empleo por cuenta ajena desde entonces. Ese ha sido el cambio. Hemos pasado de tener un país que entre 2008 y 2011 multiplicó por mucho la tasa de desempleo juvenil, pasando del 18 % al 50 %, a una sociedad española hoy en la que el paro ha bajado entre los jóvenes en 15 puntos y, sobre todo -y la buena noticia-, que ya hay más de un millón de jóvenes trabajando que no lo hacían hace setenta meses. Por tanto, queda mucho por hacer, pero el compromiso es sincero, de todos.
Por eso tampoco es casualidad que la primera iniciativa que hayamos traído a esta legislatura sea el real decreto-ley del que usted hablaba antes de impulso de la garantía juvenil. Porque, como se trata de un programa financiado a través del Fondo Social Europeo, tenía muchos problemas de gestión para las comunidades autónomas y para los organismos intermedios que colaboran con el Ministerio de Empleo para ofrecer oportunidades a los jóvenes. Pero, fíjese, lo que hacemos juntos, por unanimidad de esta Cámara, da resultados. Hoy en España hay inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil 643 670 jóvenes, de los cuales 226 507 están trabajando. Por tanto, son personas con nombre y apellidos que tienen menos de treinta años que están encontrando oportunidades. Y no nos conformamos, señorías, y por eso queremos seguir impulsando medidas que favorezcan la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo en España, porque necesitamos de ese talento joven para seguir construyendo nuestro país cada día. Pero también queremos abordar un problema que no podemos ocultar y es que, de los jóvenes que tenemos inscritos en los servicios públicos de empleo como desempleados, más del 50 % -en concreto 560 000 jóvenes- no tienen terminada la educación secundaria obligatoria. Por tanto, formarles rápidamente, que adquieran nuevas destrezas o nuevas habilidades es capital para que se incorporen rápidamente al mercado de trabajo. Ahí nace la idea a la que usted aludía. Queremos impulsar, en el marco del diálogo social, del diálogo parlamentario y del diálogo con las comunidades autónomas un nuevo paquete de medidas dentro de la garantía juvenil, financiadas con fondos comunitarios, para que los jóvenes puedan seguir teniendo oportunidades en España.
Usted aludía a una medida que hemos presentado hace pocas fechas en esta Cámara y fuera de ella. Se trata de un bono garantía juvenil de 430 euros, financiado por el Fondo Social Europeo en el marco de la garantía juvenil, que supone que a los jóvenes, a través de un contrato de formación y aprendizaje, les damos la oportunidad de trabajar y de formarse a la vez para que puedan complementar su formación, incluso adquirir un certificado de profesionalidad. Es un mecanismo de la formación profesional dual en España que está dando resultado. ¿En qué consiste esa ayuda de 430 euros? Es una ayuda directa al joven por formarse y por trabajar a través de ese contrato; no lo vamos a restar del salario porque es una ayuda directa a la formación. Se trata de 430 euros que se sumarán al salario que corresponda a los jóvenes por convenio colectivo del Estatuto de los Trabajadores en el marco de la firma de ese contrato de formación y aprendizaje. Usted decía: la Comisión Europea no financia complementos salariales, y es verdad, pero esto no es un complemento salarial sino una ayuda directa, un bono de garantía juvenil en el marco de los pactos de legislatura que tiene este Gobierno. ¿Por qué elegimos el contrato de formación y aprendizaje? Porque los jóvenes más vulnerables para volver al mercado de trabajo son aquellos que tienen más baja formación. Fíjese, entre los menores de treinta años que tienen más capacitación técnica y mayor formación hoy en España y los que menos tienen, la diferencia de tasa de paro se duplica. Por tanto, favorecer a los que lo tienen más difícil no solo es nuestro compromiso sino también nuestra responsabilidad. El mecanismo del contrato de formación y aprendizaje en el marco de la formación profesional dual ya ha dado desde 2012 hasta este momento 550 000 oportunidades a los jóvenes. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Por tanto, nos parece que esta iniciativa es un incentivo adicional para que los jóvenes se formen y trabajen a través de ese contrato con una ayuda directa que se sumará al salario, que son esos 430 euros, financiados por la Unión Europea.
Además, queremos impulsar una segunda medida y es que el empresario, al finalizar un contrato de formación y aprendizaje, que puede durar hasta dieciocho meses con la ayuda, pueda convertir ese contrato en indefinido, por lo que vamos a bonificar de manera potente a las empresas que conviertan ese contrato en indefinido durante tres años para que ese joven no solo tenga un empleo, sino que tenga un empleo estable y de calidad. ¿Dónde está ahora mismo esta iniciativa? En la mesa de diálogo social y en conversaciones con las comunidades autónomas para que, aportando lo mejor de nosotros mismos, seamos capaces de perfeccionar estas medidas.
Yo le invito, señor diputado, a que usted también, en el marco de este dialogo parlamentario, pueda aportar propuestas porque se trata de sumar por los jóvenes. Como le decía al principio, son nuestro futuro, pero para eso tienen que tener presente y nuestra responsabilidad es sumar juntos por el empleo, por la formación y por el compromiso de los jóvenes en España todos los días.
Señor Rodríguez Rodríguez, tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Seré muy breve.
Quiero agradecer cuando menos el que haya aclarado algunas de las cuestiones planteadas. Evidentemente, no comparto la primera parte triunfalista del relato de la situación del paro juvenil y de su evolución. Según los datos de la última encuesta de población activa publicada, en el primer trimestre de 2017, la tasa de paro juvenil en España en menores de veinticinco años era del 41,6 % y el número de jóvenes ninis, como decíamos anteriormente -es decir, sin formación y sin empleo-, que serían aptos para la inclusión en este sistema es de 608 000. Si bien es verdad que la situación ha mejorado respecto del último trimestre de 2014, sería absurdo negarlo, la fecha en la que comienza el sistema de garantía en España la tasa de paro alcanzaba un 52,39 %. Consideramos que la mejora -y creo que esto también es evidente- no se debe a las acciones específicas de lucha contra el paro juvenil, sino que son simplemente fruto del descenso de desempleo general, del troceado de los empleos y de su precarización, como ya hemos dicho en otras ocasiones. No obstante, todos los estudios coinciden en señalar que el nivel de recuperación de empleo juvenil no va en la misma medida, no va unido a la recuperación del nivel de empleo general. Por lo tanto, las cosas se están haciendo mal y más concretamente en empleo juvenil. Además, según los propios datos del Gobierno, el empleo joven en condiciones precarias no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado en los últimos años, elevándose la tasa de temporalidad en estos empleos hasta el 70,4 % desde el 64,9 % del tercer trimestre de 2012. Y la tasa de contratación a tiempo parcial, no deseado en la mayoría de los casos, ha llegado al 54, y en 2011 estaba en el 51.
Creemos que este anuncio por parte del Gobierno y del ministerio está dentro del marco del reparto del nuevo paquete de ayudas de garantía juvenil y, como el Gobierno lo ha hecho tan mal hasta ahora, tienen que dar un espaldarazo para intentar rascar un poco de fondos y de presupuestos del nuevo anuncio de Europa. No responde tanto a su interés por acabar con el paro juvenil, que es conocido por todos y todas. Ocurre como con el emplazamiento que me hacía a aportar propuestas; nosotros siempre lo hemos hecho. Así lo hicimos en la Comisión y así lo estamos haciendo aquí. Nosotros estamos a favor de la generación de una renta social, como hemos dicho en multitud de ocasiones, y no solo para los jóvenes. Lo hemos presentado en nuestro programa electoral y lo hemos planteado en nuestra alternativa presupuestaria. Creemos que es importante, como dijo usted y en eso coincidimos, que sea compatible con el trabajo, con el empleo. Para eso hemos puesto encima de la mesa nuestro plan de garantía de rentas y para eso está la ILP con más de 700 000 firmas, que también va en ese sentido y que esperemos que sea aprobada por su grupo parlamentario.
También creemos que estas ayudas económicas deberían ir dirigidas a que los jóvenes que se inscribieran en el sistema recibieran formación profesional para que adquirieran competencias cualitativas y no se quedaran solo en un incentivo de la contratación precaria, con contratos de formación y aprendizaje que tristemente tenemos en el Estatuto de los Trabajadores. Tenemos que acabar con esta modalidad contractual que ha generado contratación precaria y que ya tiene incentivos y bonificaciones suficientes en las empresas, que ya hemos visto para qué sirven; bonificaciones sociales que, además, ayudan en muchos casos, por desgracia, a reducir el salario de convenio de los trabajadores porque se supone que todavía no tienen la formación para ese trabajo y porque no hay un control efectivo por parte de los servicios públicos de empleo para corroborar que esta circunstancia se da y que tienen la formación suficiente.
Recogemos el guante, estaremos ahí para aportar todo lo necesario en la implementación de este plan de garantía juvenil que se ha hecho tan mal hasta ahora. Esperemos que a partir de este momento consigamos acabar con esa tasa de un 40 % de desempleo juvenil que nos pone a la cabeza de Europa. Si van a hacer medidas para mejorar la vida de la gente y en concreto de los trabajadores y trabajadoras jóvenes, van a poder contar con nosotros.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, presidenta.
Señor diputado, créame que con afecto, ya sé que usted ha criticado una parte de mi intervención; déjeme que yo también le dé de alguna manera la bienvenida a esta preocupación por los jóvenes, porque es bueno venir aquí mirando lo que ha sido el programa electoral de su formación política, en cuyas noventa y ocho páginas la palabra "joven" aparece solo dieciocho veces, y en lo relativo al empleo, solo relacionadas con el retorno del talento científico y para la inserción de investigadores en el mercado de trabajo; algo que, sin duda, me parece bien, pero es que solo hay seis medidas de las 394 de su programa que estén destinadas a jóvenes y ninguna a empleo o salarios. A los jóvenes les dedica el 1,5 % del programa. Es una opción, nosotros nos hemos preocupado también por ello desde el inicio de la legislatura, y por eso no hagamos críticas y vayamos a lo constructivo.
Usted me hablaba de la importancia de poner en marcha medidas para aprovechar ese espacio que es la garantía juvenil europea, y en eso estamos de acuerdo, señor diputado. España tiene un programa operativo de empleo juvenil dotado con más de 1887 millones de euros, a los que se sumarán a lo largo de este año algunos cientos de millones más, como ha anunciado la Comisión Europea, pero España tiene que certificar un total de gasto de 1082 millones de euros en todo 2017. Ya le anuncio -antes me lo preguntó- que no va a haber ni un euro de dinero de fondo europeo para los jóvenes que no se invierta en los jóvenes en España. Hay una certificación desigual entre todas las comunidades autónomas y le animo en aquellas en las que participa Podemos como Gobierno a que se certifique todo cuanto antes. Créame que no se dejará de certificar ningún euro de los previstos para el año 2017, porque todo el esfuerzo por el empleo joven es poco y nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es que se pongan todas las iniciativas y medidas en marcha.
Sé que a usted no le gusta que hable de cifras y haga balance, pero, entiéndame, me encontré en 2011 un país con otra realidad mucho más dura y aunque nos quede mucho por hacer -que en eso coincido con usted, nada de triunfalismos ni de autocomplacencia: inconformismo total pensando sobre todo en los jóvenes-, no podemos negar el esfuerzo de una sociedad que ha conseguido un cambio trascendental también para los jóvenes. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Y es que hoy podemos decir que la tasa de paro juvenil ha bajado quince puntos en España desde 2012, desde la recuperación, podemos decir también que se crea empleo entre los jóvenes con mucha más intensidad que la tasa de crecimiento del empleo general -el crecimiento del empleo entre los jóvenes supone un 10 % interanual-. Y lo más importante que decía es que por primera vez en setenta meses hay un millón de jóvenes menores de veinticinco años que trabajan que antes no lo hacían. Y cada día el empleo de calidad, el empleo más estable entre los jóvenes es una realidad. El interanual de junio nos dice que la contratación indefinida entre los jóvenes crece a un ritmo superior al 20 % cuando la tasa de creación de empleo estable en España o contratación indefinida en general es de un 12 %. Por tanto, tenemos una tarea ingente por hacer, que es darles oportunidades a los jóvenes que hoy están en el paro en nuestro país. También le digo que tenemos que seguir creando empleo en España para que el talento joven huido por la crisis vuelva para construir la España del futuro con nosotros cuanto antes. Es una tarea que no es solo del Gobierno, es una tarea de todos los que estamos aquí porque es el primer y gran compromiso nacional, el empleo y las oportunidades para todos. Los jóvenes siguen siendo y serán nuestra prioridad.
En ese camino sigamos trabajando juntos. Estoy encantada de recibir las propuestas de su grupo parlamentario para poder sumar por el empleo. Tendremos, sin duda, mejores resultados y es el deseo de los jóvenes y de toda la sociedad española.
Concluido el debate del último punto del orden del día, se levanta la sesión.

References: artículo 100
 artículo 100
 artículo 573
 artículo 573
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 148
 Real Decreto 
 artículo 106