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Timestamp: 2019-04-20 08:43:01+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2014-00201/0052-2017 DE JUNIO 21 DE 2018
SENTENCIA 2014-00201 DE 21 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CUANDO SE DEBA APLICAR LA FIGURA DE LA PRESCRIPCIÓN. SE INDICA QUE EN EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO ESTABLECIÓ LOS ELEMENTOS PARA ESTRUCTURAR UNA RELACIÓN LABORAL EN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: I. LA ACTIVIDAD PERSONAL DEL TRABAJADORII. LA CONTINUADA SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA DEL TRABAJADOR RESPECTO DEL EMPLEADOR, QUE FACULTA A ÉSTE PARA EXIGIRLE EL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES, EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUANTO AL MODO, TIEMPO O CANTIDAD DE TRABAJO, E IMPONERLE REGLAMENTOS, LA CUAL DEBE MANTENERSE POR TODO EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. ES DECIR, SIN AFECTAR EL HONOR, LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS MÍNIMOS DEL TRABAJADOR EN CONCORDANCIA CON LOS TRATADOS O CONVENIOS INTERNACIONALES QUE SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVOS A LA MATERIA OBLIGUEN AL PAÍSY III. UN SALARIO COMO RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO, PRESUPUESTOS QUE HAN SERVIDO DE SUSTENTO A ESTA CORPORACIÓN PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN VÍNCULO LABORAL. DE ESTA FORMA, ESTA SALA BUSCA PROTEGER EL DERECHO AL TRABAJO Y HA TUTELADO LOS DERECHOS DE QUIENES HAN SIDO VINCULADOS A TRAVÉS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL FIN DE DESNATURALIZAR LA RELACIÓN LABORAL. FINALMENTE, SE CONCLUYE QUE: I. A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL, II. LA RELACIÓN LABORAL SE ESTRUCTURA CON LOS 3 ELEMENTOS RELACIONADOS (PRESTACIÓN PERSONAL, SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA Y REMUNERACIÓN)III. ES VÁLIDO SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORQUE ASÍ LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 80 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, EMPLEADOR, TRABAJADOR, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABORAL, DERECHO LABORAL, SUBORDINACIÓN LABORAL, PRESCRIPCIÓN
Sentencia 2014-00201 de junio 21 de 2018
Bogotá, veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Rad.: 08001233300020140020101
Nº interno: 0052-2017
Actor: Jhon Jairo Alzate Arango
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el presente asunto se trata de establecer si entre el señor John Jairo Alzate Arango y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) existió una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculado contractualmente con la entidad.
La Constitución Política, en su preámbulo, asegura a sus integrantes «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que asegure un orden político, económico y social justo».
La anterior premisa fue desarrollada en sus artículos 13 y 25 ibídem, según los cuales:
i) Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y «recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica»; y, ii) se garantiza el derecho al trabajo(7) en condiciones dignas y justas, el cual surge como uno de los valores y propósitos del Estado al ser consagrado en el Preámbulo de la Constitución con particular importancia.
Como sustento de lo anterior, el artículo 53 consagró el principio de la «primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales», como aquella garantía de los trabajadores más allá de las condiciones que formalmente se hayan pactado. El tenor literal de la disposición en comento, señala lo siguiente:
ART. 53.—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
Desde tiempo atrás, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(8), expresamente consagró en su Preámbulo el «reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor» premisa que se desarrolló en el artículo 2º del Convenio 111 de la OIT(9) al señalar que: «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».
De acuerdo a lo expuesto, el derecho constitucional de igualdad de los trabajadores está desarrollado por el Convenio Internacional del Trabajo número 111 (aprobado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969), relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Dicho Convenio en Colombia es fuente de derecho de aplicación directa en virtud del artículo 53 de la Constitución Política, al decir: «los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna», cuyo contenido es norma interpretativa de los derechos constitucionales en virtud del artículo 93 de la Constitución Política.
En armonía con lo anterior, se tiene que el artículo 122 ibídem consagra que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», disposición que presenta una regla de prohibición de vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas para desempeñar funciones propias o permanentes de las entidades de la administración pública.
En desarrollo del marco constitucional previamente expuesto, se tiene que el ejecutivo nacional profirió el Decreto 2400 de 1968 «Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil», disposición que fue modificada por el artículo 1º del Decreto Ley 3074 de 1968, en los siguientes términos:
ART. 1º—Modificase y adicionase el Decreto número 2400 de 1968, en los siguientes términos:
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones. (Negrita no es del texto).
La disposición normativa impugnada dispone que, para el ejercicio de funciones de carácter permanente en la administración pública, no pueden celebrarse contratos de prestación de servicios porque para ese efecto deben crearse los empleos requeridos. Cabe advertir que esa regla jurídica se encuentra reiterada en el artículo 17 de la Ley 790 de 2002, según el cual «En ningún caso los ministerios, los departamentos administrativos y los organismos o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos».
i) La actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia «del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al País»; y iii) un salario como retribución del servicio, presupuestos que han servido de sustento a esta corporación para determinar la existencia de un vínculo laboral.
En efecto, esta Sección en la sentencia del 4 de febrero de 2016, expediente 0316-14, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve desarrolló los elementos de la relación laboral así: (i) la subordinacióno dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y, (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable(10).
Las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso [...] generan relación laboral ni prestaciones sociales», de la norma antes citada fueron revisadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara, en donde, entre otras disquisiciones, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, de la siguiente forma:
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
De conformidad con las nítidas voces de las normas previamente señaladas, esta Corporación ha protegido el derecho al trabajo y ha tutelado los derechos de quienes han sido vinculados a través de contratos de prestación de servicios con el fin de desnaturalizar la relación laboral. Dentro de este contexto, se concluye que: i) a trabajo igual salario igual, ii) la relación laboral se estructura con los 3 elementos relacionados (prestación personal, subordinación o dependencia y remuneración); iii) es válido suscribir contratos de prestación de servicios porque así lo autoriza el artículo 32, numeral 3º de la Ley 80 de 1993, norma que fue declarada exequible en la Sentencia C-154 de 1997; y, iv) a pesar de lo expuesto, estos contratos deben celebrarse dentro del término estrictamente necesario, dada su naturaleza temporal, pues si la administración desborda tales presupuestos se estructura el denominado «contrato realidad».
Esta corporación en la sentencia del 25 de agosto de 2016, expediente 0088-16- SUJ2 Nº 005/16 con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter señaló que el denominado contrato realidad «aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales».
La citada sentencia además de reiterar la importancia del elemento «subordinación» para determinar la existencia del contrato realidad, unificó la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo relacionado a la forma como deben ser reconocidas las prestaciones sociales y salariales de aquellos empleados que demuestran una verdadera relación laboral. Para ello, discernió de la siguiente forma:
Pero lo anterior no es óbice para que la persona (demandante) reclame el pago de los perjuicios que estime le fueron causados por el acto presuntamente ilegal, pues en virtud del artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”, sin embargo, aquellos deben acreditarse a través de los medios probatorios que el sistema normativo prevé.
Ahora bien, en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén(11).
De igual manera, estableció las reglas jurisprudenciales a tener en cuenta en materia del restablecimiento del derecho cuando deba aplicarse la figura de la prescripción. Al respecto, señaló lo siguiente(12):
xi)) El ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el contratista corresponderá a los honorarios pactados.
2.3.1. Prestación personal del servicio y funciones desempeñadas: Dentro del expediente se encuentra probado que el demandante celebró con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) los siguientes contratos de prestación de servicios:
Contrato Periodo Folios
022 de 2004 Del 1º de mayo de 2004 a 30 de diciembre de 2004 Folio 43
002 de 2004 Del 31 de diciembre de 2004 a 28 de febrero de 2005 Folio 43
003 de 2005 Del 1º de marzo de 2005 a 30 de junio de 2005 Folio 43
0098 de 2005 Del 1º de julio de 2005 a 30 de agosto de 2005 Folio 43
138 de 2005 Del 31 de agosto de 2005 a 28 de febrero de 2006 Folio 37
053 de 2006 Del 1º de marzo de 2006 a 30 de noviembre de 2006 38
119 de 2006 Del 1º de diciembre de 2006 a 30 de junio de 2007 Cd folio 195
052 de 2007 Del 1º de julio de 2007 a 31 de diciembre de 2007 Folio 43
112 de 2008 Del 1º de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2008 Cd folio 195
160 de 2009 Del 1º de enero de 2009 a 28 de septiembre de 2009 Folio 43
085 de 2009 Del 18 de diciembre de 2009 al 31 de marzo de 2010 Cd folio 1ª
181 de 2010 Del 30 de julio de 2010 a 31 de diciembre de 2010 Cd folio 195
En los contratos de prestación de servicios que suscribió el actor con el DAS se encontraban presentes los siguientes objetivos y obligaciones(13):
El contratista en virtud de sus condiciones personales se compromete para con el DAS a prestar los servicios de protección; con sede principal en la ciudad de Barranquilla y en eventualmente en la ciudad donde se asigne el esquema protectivo, dentro del componente seguridad a personas, del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el comité de reglamentación y evaluación de riesgos del Ministerio del Interior y de Justicia. PARÁGRAFO: RESULTADOS ESPERADOS. El objeto de este contrato está orientado a brindar protección a las personas que se encuentran amenazadas por la situación de violencia que vive el país, buscando así disminuir los índices de criminalidad en los sectores más vulnerados.[...] OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Además de las obligaciones de orden legal el contratista cumplirá con aquellas que se deriven del objeto contratado y en especial las siguientes: 1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS o por su protegido. 2. Realizar las actividades de índole protectivo previa misión de trabajo, o destinación del Jefe de Área competente del Departamento Administrativo de Seguridad. 3. Presentar para su revisión en la dependencia de Control de Armamento, radios y vehículos del DAS, o en la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 4. Cuando por alguna circunstancia, el contratista no se encuentre prestando el servicio para el cual fue contratado deberá hacer entrega de los elementos en la misma dependencia. 5. Observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones interpersonales con los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, con sus compañeros y con la persona protegida. 6. No ingerir bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas o sicotrópicas. 7. Respetar las normas de tránsito y de convivencia ciudadana y colaborar con las autoridades civiles y militares. 8. Informar oportunamente a la oficina de protección especial del DAS, los desplazamientos que por naturaleza del contrato deba hacer a otras ciudades y las novedades que se presenten en el servicio. 9. Mantener en buen estado los elementos logísticos de dotación y velar por su buen uso y cuidado, los cuales deberán destinarse en forma exclusiva para el servicio objeto del presente contrato. 10. Observar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo relacionado con el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con las actividades propias del objeto del presente contrato. 11. Informar al supervisor del contrato las novedades de servicio relacionadas con premisos, incapacidades u otras circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual se efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que no se preste el servicio [...].
De lo anterior, se encuentra claramente acreditado que i) el demandante prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la Unidad de Protección a Dirigentes sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores del Derechos, de forma permanente entre el 1º de mayo de 2004 y el 31 de diciembre de 2010(14); ii) que en dicho periodo sus labores se prestaron en forma personal de acuerdo a las necesidades del servicio requeridas por los sujetos a quienes les brindo el servicio de escolta; y iii) las labores asignadas no eran distintas a las desempeñadas al personal de planta de la entidad, como quiera que les correspondía el manejo de armamento y elementos de dotación de uso privativo del DAS, cumplía su labor a través de misiones destinadas a brindar protección a los sujetos cuya situación de seguridad se estimaba vulnerable.
2.3.2. Subordinación o dependencia: De las misiones de trabajo 459 de 2004, 583 de 2004, 0116 de 2005, 006 de 2006, y 181 de 2006 que fueron certificadas por el subdirector seccional de Barranquilla(15), se infiere lo siguiente:
El demandante en su condición de contratista del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en supresión, i) cumplía un horario de trabajo superior a 8 horas, pues en múltiples ocasiones la labor se extendía «de manera extenuante» hasta altas horas de la noche; ii) siempre se encontraba bajo la supervisión del jefe de la división del programa de protección; y iii) debía dejar constancia de todo lo acontecido diariamente ante la entidad.
De igual manera, obran diversas solicitudes de la Junta Directiva Nacional SINTRAENERGETICA al jefe de protección del DAS – Seccional Atlántico en las que solicitaba de manera constante el servicio del demandante en calidad de escolta a efectos de cumplir con las funciones de protección a los miembros de la junta directiva de la entidad, Raúl Sosa Avellaneda, Ever Causado Salcedo, Horacio Llanos Ávila y Pablo Días Villegas, lo que implicaba que la labor desempeñada por el actor era continua y subordinada (fls. 31-33).
De conformidad con el material probatorio previamente señalado, se colige sin lugar a dudas que el demandante recibía órdenes por parte del DAS de forma constante para el desarrollo de sus servicios; debía cumplir un horario de trabajo asignado por dicha entidad, que en muchos casos era superior a la jornada ordinaria laboral; no podía ejercer sus servicios de escolta de forma autónoma e independiente porque se debía circunscribir a las instrucciones del DAS y no se le permitía ejercer actividades de escolta para otras entidades.
Esta situación permite desvirtuar las características del contrato de prestación de servicios porque el demandante en su condición de escolta cumplía funciones que no eran temporales; y tampoco contaba con autonomía e independencia porque, como ya se vio, estaba sometido a horarios y turnos de trabajo debido a la naturaleza de sus funciones, es decir, era dependiente y sometido a la subordinación, elementos propios de la relación laboral, no de un contrato de prestación de servicios.
En efecto, la labor de brindar seguridad a los beneficiarios del programa de protección le imponía el deber de atender las directrices impartidas por la entidad en las distintas misiones. Dichas tareas comportan una «subordinación», pues al desarrollarse en cumplimiento de órdenes directas de su superior, es claro que se desvanece la figura de la coordinación y por ende se desvirtúa la autonomía e independencia con la que se presta el servicio, más aún cuando para su ejercicio, el demandante debía emplear los elementos de dotación suministrados por el DAS como armamento y vehículo, toda vez que desatender el esquema de seguridad propuesto podría afectar el éxito de la labor desarrollada.
2.3.3. De la contraprestación: Del contenido de las órdenes de pago y certificado de ingresos aportados al plenario(16), se encuentra debidamente acreditado el pago a favor del demandante de los honorarios pactados en los distintos contratos de prestación de servicios suscritos con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en supresión, lo que demuestra aún más que se trató de una verdadera relación laboral.
Lo anterior genera la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades regulado en el artículo 53 de la Constitución Política, porque el demandante desarrolló la función de protección en el DAS, en idénticas condiciones que los demás empleados públicos que desempeñaban el cargo de «agente escolta».
De forma expresa lo prohíbe el artículo 17 de la ley 790 de 2002 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República». Al respecto, señaló:
ART. 17.—Plantas de personal. La estructura de planta de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas del orden nacional tendrán los cargos necesarios para su funcionamiento. En ningún caso los ministerios, los departamentos administrativos y los organismos o las entidades públicaspodrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos.
PAR.—A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con la finalidad de reemplazar cargos que se supriman dentro del programa de renovación de la administración pública. (Subrayado del tribunal).
2.4.1. Sobre el particular, se tiene que el tribunal condenó a la entidad demandada al pago de las prestaciones sociales comunes que devengaban los escoltas de dicha entidad, liquidadas conforme a los honorarios pactados en los contratos dentro del periodo comprendido entre el «mes de marzo de 2004 y el 29 de marzo de 2011», decisión que deberá ser modificada por las siguientes razones:
2.4.1.1. Del análisis del material probatorio aportado al plenario se encontró claramente demostrada la relación laboral entre el 1º de mayo de 2004 y el 31 de diciembre de 2010(17), pues de los contratos de prestación de servicios y las certificaciones expedidas por el jefe de la oficina de talento humano y el coordinador administrativo y financiero del DAS, se logró determinar las fechas de iniciación y culminación de cada contrato, situación que no sucedió con los periodos comprendidos entre el mes de marzo de 2004 y el 31 de abril de 2004 y, del 1º de enero de 2011 al 29 de marzo de 2011, al obrar algunas misiones de trabajo que no justifican, de manera certera, el periodo de vinculación contractual.
2.4.1.2. Según lo dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, expediente 0088-15, CESUJ2, consejero ponente, Carmelo Perdomo Cueter deberá prosperar, de manera parcial, la excepción de prescripción por las siguientes razones:
Sobre el tema de la prescripción, la citada sentencia dijo lo siguiente:
[...] en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
[...] quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual».
Al descender al caso particular, se encuentra probado que entre los contratos de prestación de servicios 160 de 2009(18), 085 de 2009(19) y el 181 de 2010 existe un lapso de interrupción (entre la culminación y la iniciación de cada uno de ellos), razón por la cual, atendiendo a los lineamientos expuestos en líneas anteriores, habrá de declararse probada la excepción de prescripción de los emolumentos prestacionales solicitados por el actor desde el 31 de marzo de 2010(20), hacia atrás, en virtud del rompimiento del vínculo contractual.
En efecto, entre la fecha de terminación de los contratos 160 (28 de septiembre de 2009) y 085 (31 de marzo de 2010) y la reclamación administrativa de 21 de noviembre de 2013, transcurrieron más de los tres años señalados como el término de prescripción extintiva, lo que permite determinar que no procede el reconocimiento de los emolumentos prestacionales derivados de los aludidos contratos.
No sucede lo mismo respecto del contrato 0181 de 2010, porque entre la terminación de este (31 de diciembre de 2010) y la reclamación administrativa de 21 de noviembre de 2013, si se encontraba dentro del término previamente transcrito, razón por la cual por este periodo si se reconocerán los emolumentos solicitados.
Ahora bien, es preciso señalar que la prescripción previamente señalada no se aplicará respecto de los aportes pensionales, puesto que sobre tal aspecto la sentencia de unificación discernió de la siguiente manera:
i) que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión «en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales»; y,
ii) que las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social también están exceptuados de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el art. 164, num. 1º, letra c, del CPACA)30, y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración «no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo. Consecuentemente, tampoco es exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables (condición que prevé el num. 1º del art. 161 del CPACA para requerir tal trámite31), en armonía con el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial».
En razón a lo expuesto, si bien se declarará la prescripción extintiva frente a los emolumentos percibidos por el actor entre el 1º de mayo de 2004 y el 31 de marzo de 2010, por ese periodo no operará la citada figura frente a las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social.
2.4.2. Considera pertinente señalar que la orden del tribunal que condenó a la demandada al «pago de los aportes por dichos periodos a las entidades de seguridad social en su debida proporción», debe ser modificada por los siguientes aspectos:
La sentencia SUJ2 respecto de los porcentajes de cotización pensional señaló:
Resulta oportuno precisar que la imprescriptibilidad de la que se ha hablado no opera frente a la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional, por lo tanto, la administración deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador. (21)
De acuerdo a lo expuesto, no procede la orden impartida por el tribunal respecto de la devolución de los porcentajes cotizados por el actor, como quiera que en aras de garantizar su derecho pensional, lo procedente es i) que la entidad demandada determinará si se presenta alguna diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizará al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, y ii) el demandante acreditará las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
En conclusión se confirmará la sentencia recurrida que accedió a las pretensiones de la demanda, excepto los numerales 1º y 3º que serán modificados en los siguientes términos:
Numeral primero: DECLARESE la existencia de una relación laboral de derecho público entre el señor John Jairo Alzate Arango y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, hoy Unidad Nacional de Protección dentro del periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2004 y el 31 de diciembre de 2010.
Numeral tercero. DECLARESE probada la excepción de prescripción relacionada con el pago de las cesantías, primas de servicios, de dirección, técnica, de vacaciones y de navidad, entre el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2004 y el 31 de marzo de 2010, salvo en lo que tiene que ver con los aportes a pensión; y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Hoy Unidad Nacional de Protección, lo siguiente:
i) pagar el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes que devengan los escoltas de dicha entidad, liquidadas conforme a los honorarios pactados en los contratos, por el tiempo comprendido entre el 30 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010 debidamente indexados, conforme a lo expuesto en párrafos anteriores; y el tiempo laborado se computará para efectos pensionales; y.
ii) la entidad demandada deberá tomar el ingreso base de cotización pensional a efectos de determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
2.4(sic). De la condena en costas.
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016(22), respecto de la condena en costas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la regulación de la condena en costas, de un criterio “subjetivo” a uno “objetivo valorativo”.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se «dispondrá» sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Conforme a las anteriores reglas, al no encontrarse probado en sede de segunda instancia, erogaciones relacionadas con el pago de gastos ordinarios del proceso, no habrá lugar a condena en costas.
1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, dentro del proceso promovido por JOHN JAIRO ALZATE ARANGO contra el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS en supresión, EXCEPTO, los NUMERALES PRIMERO Y TERCERO que se modifican y quedarán así:
PRIMERO: DECLARESE la existencia de una relación laboral de derecho público entre el señor John Jairo Alzate Arango y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, hoy Unidad Nacional de Protección dentro del periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2004 y el 31 de diciembre de 2010.
TERCERO: DECLARESE probada la excepción de prescripción relacionada con el pago de las cesantías, primas de servicios, de dirección, técnica, de vacaciones y de navidad, entre el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2004 y el 31 de marzo de 2010, salvo en lo que tiene que ver con los aportes a pensión; y, a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, hoy Unidad Nacional de Protección, lo siguiente:
i) pagar el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes que devengan los escoltas de dicha entidad, liquidadas conforme a los honorarios pactados en los contratos, por el tiempo comprendido entre el 30 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010 debidamente indexados, conforme a lo expuesto en párrafos anteriores y el tiempo laborado se computará para efectos pensionales.
ii) la entidad demandada tomar el ingreso base de cotización pensional a efectos de determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
Consejeros: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernández—Rafael Francisco Suarez Vargas».
7 ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
8 Aprobada en 1919.
9 Aprobado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967.
10 Los apartes subrayados fueron declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-154 de 1997, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.
11 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”, artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes derechos:
12 Fls. 34-35.
13 Fl. 112.
14 Excepto entre los contratos 160, 085 y 181 que surgió una interrupción superior a 15 días entre la iniciación y finalización de cada uno.
15 Ver cd que obra a fl. 1A.
16 Ver cd fl. 1A.
17 Con algunas interrupciones entre los contratos 100 de 2009, 085 de 2009 y 181 de 2010.
18 Suscrito entre el 1º de enero de 2009 y el 28 de septiembre de 2009.
19 Suscrito entre el 18 de diciembre de 2009 y el 31 de marzo de 2010.
20 Entre el 1º de mayo de 2004 y el 31 de marzo de 2010.
21 Fl. 36 sentencia SUJ2.
22 Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, C.P. William Hernández Gómez.

References: ARTÍCULO 32
 artículo 53
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 93
 artículo 122
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 32
 artículo 138
 artículo 53
 artículo 17
 artículo 36