Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321474L.html
Timestamp: 2019-03-20 19:30:24+00:00

Document:
as201321474L
Auto Supremo: Nº 474
Expediente: CH – 72 – 08 – S
Proceso: Anulación de venta.
Partes: Zulema Vargas Zamorano c/ de Víctor Aragón y otra.
1.- El recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Carlos Andrés Cabezas Dávalos, en representación de Víctor Aragón, contra el Auto de Vista Nº 287 de 26 de septiembre de 2008, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre anulación de venta, seguido por Zulema Vargas Zamorano en contra de Víctor Aragón y otra, los antecedentes y;
2.1. Antecedentes del proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 131 a 134 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, se declaró probada la demanda de fojas 15 a 16 y en su mérito de declaró la anulabilidad del contrato de venta sobre el 50 % del departamento del tercer piso del inmueble, situado en la calle Reseguin Nº 2006 antes 2012 final calle Aspiazu de la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz y la cancelación de la inscripción de dicha transferencia sobre el 50 %, en el Registro de Derechos Reales.
Que, en grado de apelación, interpuesto por Carlos Andrés Cabezas Dávalos en representación de Víctor Aragón, de fojas 142 a 145, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº 287 de 26 de septiembre de 2008, de fojas 159 a 162, anula obrados hasta fojas 17 inclusive.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 169 a 172 vuelta, Carlos Andrés Cabezas Dávalos en representación de Víctor Aragón, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, que se compendia a continuación.
1º.- Acusa que tanto el Juez a quo cuanto el Tribunal ad quem eran incompetentes por razón de territorio y por razón de materia, por lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley de Organización Judicial, ya que por disposición del artículo 380 del Código de Familia en caso de plantearse una cuestión civil que dependa de una familiar , será competente para conocer de ella el juez familiar, y que en este caso la comunidad de gananciales y el matrimonio son institutos que pertenecen al derecho de familia; añade que no se ha presentado el decreto de ejecutoria de la sentencia de divorcio y que no está probada la titularidad del inmueble a favor de la demandante ya que no se ha presentado prueba.
Alega que es totalmente erróneo lo sostenido de que el derecho propietario se ha demostrado por una simple declaración ya que no se puede acreditar una venta mediante una simple declaración.
Que al haberse anulado un contrato que no cursa en obrados, se habría vulnerado lo preceptuado en los artículos 1283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil.
Que no han sido apreciados por el Juez a quo y el Tribunal ad quem hechos probados, ya que si se ha demostrado que la actora sí prestó su consentimiento para la venta, que se ha demostrado que la actora sí recibió giros desde Estados Unidos que ascienden a $us 8.000 o $us 10.000, que recibió los alquileres de los departamentos de propiedad de su madre y que se habría vulnerado el principio de congruencia en la sentencia al haberse justificado los montos recibidos por la actora bajo el argumento que se trataba de asistencia familiar y otro aspecto que no eran objeto del litigio.
Finalmente pide que se case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda o se anule obrados y se declare la incompetencia del Juez a quo y se determine que el Juez competente sea el Juez de Partido de Familia.
Ciertamente por disposición del artículo 380 del Código de Familia, el conocimiento y resolución de una causa en la que se plantee una cuestión civil que dependa de una familiar, corresponde a la jurisdicción Familiar.
Es también evidente que tanto lo relativo al régimen de la comunidad de gananciales cuanto al matrimonio son instituciones jurídicas del derecho de familia; y por su parte la anulación es un instituto del derecho civil.
Ahora bien, la hipótesis prevista en el artículo 380 del Código de Familia, exige que exista una relación de dependencia de la cuestión civil respecto de la cuestión familiar; en particular en los casos de anulación de ventas de bienes gananciales, ello implica que la anulación o no de la venta dependa de la dilucidación en torno a la ganancialidad o no del bien que es objeto de la venta; empero si ya se ha dilucidado lo relativo a la ganacialidad ya no existiría una cuestión familiar pendiente que justifique la remisión del caso a la jurisdicción familiar, pues la razón por la que se lleva el caso al ámbito familiar es porque la jurisdicción civil no tiene competencia para dilucidar si es o no ganancial el bien litigioso.
En el caso en examen, conforme a razonado el Tribunal ad quem, ya no existe cuestión familiar que deba previamente dilucidarse entre las partes, dado que se ha acreditado la ganancialidad del bien objeto del litigio mediante la capitulación matrimonial homologada en sentencia de divorcio, que es previo al juicio que se examina. Consiguientemente no es cierto que en el caso de autos los jueces de instancia hayan sido jueces incompetentes por razón de materia para conocer esta causa.
Con relación a la excepción de incompetencia por razón de territorio, la misma ha sido consentida por el demandado, ahora recurrente, durante la tramitación de la causa, habiéndose operado la prórroga competencial por razón de territorio, que preveía el artículo 28 de la Ley de Organización Judicial (abrogada) que se hallaba vigente durante la tramitación de las instancias, por lo cual no puede ser revisada en casación.
Con relación a la valoración de la prueba, el Tribunal Supremo no apertura competencia, pues los supuestos errores de apreciación en el que pudieron haber incurrido los jueces de instancia son revisables solo por vía de excepción cuando se acusa, ya sea error de derecho o error de hecho en la apreciación de la prueba, lo cual constituye causal del recurso de casación en el fondo y no en la forma, por cuya razón debe denunciarse dentro del recurso de casación en el fondo.
En mérito de las consideraciones precedentes, corresponde resolver el recurso de casación en la forma, conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito a las consideraciones precedentes corresponde resolver conforme a lo previsto por los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil.
La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numerales 2) y 1), 273 y 272-2) del Adjetivo Civil respectivamente, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, de fojas 169 a 172 vuelta, interpuesto por Carlos Andrés Cabezas Dávalos en representación de Víctor Aragón, sin costas por no haber sido contestado el recurso de casación.
Libro Tomas de Razón 474/2013

References: artículo 380
 artículo 380
 resolución 
 artículo 380
 artículo 28
 artículo 8