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Timestamp: 2017-11-20 19:05:13+00:00

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Los otros requisitos de la prisión preventiva según la casación N° 626-2013, Moquegua, Perú - Monografias.com
La prisión preventiva en el código procesal penal
Los otros requisitos o presupuestos adicionales de la prisión preventiva
Lineamientos y precisiones por la corte suprema
Por otro lado, el 27 de febrero del año 2016 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, un precedente vinculante que ha de establecer como doctrina jurisprudencial vinculante, criterios procesales sobre la audiencia, motivación y elementos de la Prisión Preventiva, éste precedente al cual nos referimos es la Casación N° 626-2013 – Moquegua, expedido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, y es que al momento de celebrarse la audiencia de la prisión preventiva, la cual se origina en virtud del requerimiento del fiscal, y sobre la cual, por principio de oralidad, éste pedido es sustentado por el representante del Ministerio Público, a quien es el primero en exigirle, realice una motivación sobre cada requisito o presupuesto que sustenta su pedido, y no sólo sobre los tres presupuestos materiales que establece el artículo 268° del Código Procesal Penal, sino que también se exige la fundamentación o motivación respecto de la proporcionalidad de la medida que se solicita, y también respecto de la duración o el aspecto temporal de esta medida a imponerse, el cual también formaría parte de su pretensión.
Si bien, se puede considerar que en cuanto a la exigencia de motivar o sustentar el por qué la medida de prisión preventiva que se requiere, sería en todo caso proporcional, idónea y necesaria, así como también se podría considerar la motivación o fundamentación respecto del por qué el tiempo de duración que se requiere es la que deba imponerse, serían finalmente estos dos requisitos materiales, como adicionales para requerir una medida de esta naturaleza, sin embargo, también es cierto que ésta exigencia que hacen los Jueces de la Corte Suprema, no sería del todo novedoso, porque si tomamos como punto de referencia, de que que existen ya otras normas consagradas en el Código Procesal Penal y en la propia Constitución, como por ejemplo el deber de motivación en las resoluciones y requerimientos como principio que debe aplicarse en todo proceso, así como una garantía al Debido Proceso, y así también en cuanto a la Prisión Preventiva es una medida que restringe la libertad (derecho fundamental) de toda persona; con mayor razón, esta exigencia de motivar es un deber que debe observar todo operador del derecho, y que este mandato nace en la propia Constitución a través del artículo 139, inciso 5, pues también este mandato es ratificado por las otras normas procesales que son inherentes a toda medida de coerción, o medida cautelar, y que así como también se exige el tiempo que debe durar ésta medida, ésta deber ser debidamente fundamentada teniendo en consideración otros derechos y principios que deben ser respetados, como es, el de ser procesado en un tiempo estrictamente razonable.
Es preciso entender que la prisión preventiva como mecanismo o medida precautoria, que tiene como principal objetivo restringir la libertad de una persona procesada durante el tiempo que dure el proceso penal a fin de asegurar su presencia, ésta es de carácter excepcional; y para entender eso SALAS BETETA nos dice que "la regla general es la libertad del imputado y la detención es la excepción"[1], lo que quiere decir que, la Prisión Preventiva debe ser impuesta o primero aún debe ser requerida, sólo cuando existan supuestos, motivos o razones que evidencien claramente la necesidad primordial del por qué se debe restringir la libertad al imputado en el proceso penal, y estos presupuestos o requisitos son –como bien se conocen por la doctrina- i) el fumus comissi delicti (apariencia de comisión delictiva); y, ii) el periculum in mora o peligro en la demora, siendo éstos requisitos aplicables en una medida cautelar de esta naturaleza. Empero, el artículo 268° del Código Procesal Penal establece que: "El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:
He aquí el carácter excepcional de esta medida, en cuanto, para restringir la libertad del imputado deben cumplirse estos presupuestos, y sobre todo que, estos presupuestos materiales que se detallan, deben ser concurrentes, así como también deben ser debidamente sustentados, pues en el caso de que no concurra uno de ellos no habría mérito para imponer la medida de prisión preventiva al imputado. Pues, así lo ha mencionado también la Sala de Apelaciones de Arequipa en el expediente N° 011774-2010, emitido el 23 de Junio del 2010, Considerando Primero, "en que la concurrencia de todos estos en un caso concreto posibilitará la aplicación de la prisión preventiva, de modo que no cabe privar de la libertad ante la presencia aislada de alguno de estos"[2] presupuestos.
Existencia de fundados y graves elementos de convicción que corroboren la imputación:
Cabe resaltar también, que el principio de imputación necesaria es exigido también como sustento de la prisión preventiva, pues así lo ha establecido la Corte Suprema, resaltando en el considerando vigésimo noveno de la Casación N° 626-2013-Moquegua[3]lo cual será materia de análisis en párrafos posteriores.
Prognosis de pena:
No obstante, el análisis que hará el juez, o su razonamiento o determinación judicial de pena, debe ser sustentado con los elementos de convicción tanto de cargo como de descargo, y sobre ello se determinará si se cumple o no este presupuesto, es preciso recalcar siempre, que el análisis o razonamiento del juez será por medio de un enfoque global, integral, valorando todas las circunstancias y posibilidades que se presenten respecto del imputado, sea en calidad de autor o partícipe, de lo contrario, "será desproporcional dictar una medida de prisión preventiva a quien sería sancionado con una pena privativa de libertad suspendida" (considerando trigésimo segundo de la Casación 626-2013).
Como bien lo ha manifestado la Corte Suprema, en la Casación 626-2013, que ya es materia de análisis, específicamente en su considerando trigésimo tercero, "el peligro procesal es el elemento más importante de esta medida y la razón por la que se dicta".
En cuanto al peligro de fuga, existen criterios que la ley ha establecido para valorar qué circunstancias ameritan determinar o presumir la posibilidad de que el imputado va a fugarse o sustraerse al proceso penal, así encontramos estos criterios detallados y enumerados en el artículo 269° del CPP, el mismo que a la letra dice "para calificar el peligro de fuga, el Juez tendrá en cuenta:
1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia, y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
En cuanto al peligro de obstaculización, el artículo 270 del CPP, requiere u análisis de criterios que debe evaluar el Juez, sobre la base de un "riesgo razonable de que el imputado:
2. Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos".
Bajo estos dos presupuestos o criterios que determinarían el peligro procesal, existen otras posturas o criterios que según la práctica se maneja en cuanto a la valoración de reiteración delictiva, o respecto a la alarma social, o sobre actitudes y valores morales, el orden público y las buenas costumbres, historial del imputado, lo cual, compartimos la misma idea del profesor Oré Guardia en cuanto a que estos criterios, "no justifican la aplicación de la prisión preventiva, pues contradice directamente los principios de presunción de inocencia y el principio del juicio previo, pues trastocaría su propia naturaleza cautelar transformando a la medida en un verdadero supuesto de pena".[4]
La Corte Suprema de la República a través de la Casación N° 626-2013 – Moquegua, en su considerando Vigésimo Segundo, establece que en la audiencia donde se debatirá la prisión preventiva, el fiscal debe motivar oralmente como por escrito, la proporcionalidad de la medida, y la duración de ésta, es decir que se exige como otros requisitos para determinar la imposición de dicha medida, fundamentar la proporcionalidad, idoneidad y necesidad de ésta medida, y como segundo requisito, el de fundamentar y motivar el tiempo de duración por la cual ha de imponerse la misma.
Fundamentación de la Proporcionalidad en la Prisión Preventiva:
Aquí lo que la Corte Suprema pretende establecer es no dejar de observar lo establecido por el artículo 253° del CPP, el cual estatuye en su inciso 2 que "la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad". Siendo éste un precepto general que va a regir a todas las medidas de coerción procesal, teniendo en cuenta que la prisión preventiva se encuentra catalogada en la Sección III del CPP, que trata sobre las medidas de esta naturaleza.
Esta norma también es concordante con lo estipulado por el artículo 203° del mismo código adjetivo, el cual en su inciso 1 establece que "las medidas que disponga la autoridad, (Â), deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan suficientes elementos de convicción. La resolución que dicte el Juez de la Investigación Preparatoria debe ser motivada, al igual que el requerimiento del Ministerio Público." Y en el inciso 2 del mismo artículo ratifica que "Los requerimientos del Ministerio Público serán motivados y debidamente sustentados". Cabe señalar que el deber de motivar no solo alcanza a los jueces, sino también que este deber se extiende a los representantes del Ministerio Público, siendo una entre sus funciones, formular requerimientos ante el Poder Judicial, y estos requerimientos también deben estar debidamente motivados.
En efecto, son los principios de motivación adecuada de las resoluciones y requerimientos, y el de proporcionalidad respecto de los cuáles serán los pilares para la medida de prisión preventiva por el cual se va a requerir, y sobre todo que se ha de sustentar tanto en el requerimiento escrito, como en el sustento oral en el momento de la audiencia correspondiente. Y este deber o exigencia, tiene un amparo legal y sobre todo constitucional, por cuanto, en el primer caso, a través del Artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal, el cual confirma que "Las medidas que limitan derechos fundamentales (Â), sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, (Â), así como respetar el principio de proporcionalidad". En el segundo caso, el artículo 139°, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, consagra como principio de la función jurisdiccional el deber de motivación, principio que como ya el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia, este deber de motivar alcanza también a todo órgano que no necesariamente pertenezca al fuero judicial.[6]
En cuanto al principio de proporcionalidad es menester indicar que el reconocido jurista alemán Robert Alexy, en su teoría de los derechos fundamentales, debe considerarse el principio de proporcionalidad a través de tres sub principios o test (examen), los cuales son el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad[7]teoría que ha sido también acogida por el Tribunal Constitucional peruano, específicamente al emitir pronunciamiento en el Caso "Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima" (STC N° 045-2004-PI/TC, fundamentos jurídicos 21-41)[8], en virtud del cual, se ha desarrollado el contenido esencial y naturaleza jurídica del principio de proporcionalidad así como también de los tres sub-principios antes mencionados.
Luego de haberse realizado examen de idoneidad, y luego el examen de necesidad, corresponde realizar el último test, que corresponde al examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación[9]y que en este caso se da "cuanto mayor es el grado de la afectación o no satisfacción de un principio, tanto mayor tiene que ser la satisfacción del otro". Esto significa que, al tratarse de la imposición de la prisión preventiva bajo los supuestos que exige la ley, el Estado va a intervenir en un principio o derecho fundamental que es la libertad, y si mayor es el grado de afectación de este principio, mucho mayor debe ser el grado de satisfacción de las razones o supuestos que exigen privar esta libertad, caso contrario sería desproporcional la imposición de esta medida. O sea, cuanto mayor es el grado de afectación la libertad del imputado, tanto mayor deberá ser el grado de satisfacción de los motivos para privar al imputado de su libertad.
Duración de la Prisión Preventiva:
Como bien se sabe, que el tiempo de duración de la prisión preventiva lo establece el artículo 272 del Código Procesal Penal, modificado recientemente por el Decreto Legislativo N° 1307[10]determina que "la prisión preventiva no durará más de nueve (09) meses" (inciso 1). En el inciso 2, el plazo límite no durará más de dieciocho (18) meses para casos Complejos, y según el inciso 3, el plazo no durará más de treinta y seis meses (36) para procesos de Criminalidad Organizada.
De lo establecido por la Corte Suprema en la Casación 626-2013, no es otra cosa que dejar sentado que no sólo se debe requerir una prisión preventiva sólo por requerir, ni tampoco imponer por imponer, sino que existen parámetros, principios, lineamientos que rigen la aplicación de esta medida, de lo cual debe existir un análisis propiamente legalista (o positivista) sino hacer una evaluación integral conjuntamente con principios y otras normas conexas, porque bien se ha mencionado que la regla general es la libertad individual del procesado, y la excepción es la privación de ésta, y teniendo en cuenta que ésta medida tiene como objetivo restringir un derecho fundamental que es la libertad, la aplicación de esta medida debe ser bajo un sustento razonable, y sobre todo proporcional, por cuanto si bien es cierto está legitimado restringir la libertad de un ciudadano mediante la aplicación de la prisión preventiva, sin embargo, ésta debe ser debidamente motivada y justificada, respetando el principio de proporcionalidad. Pues la regla general no debe ser la aplicación de la prisión preventiva cuando se trate de un caso de mayor gravedad, o de la muy mencionada "alarma social", u otras razones o argumentos subjetivos, que afectarían también otros principios, sino que ésta debe ser la excepción y eso es la mayor preocupación como una manifestación la realidad problemática identificada, no sólo en nuestro sistema de justicia penal sino también en otros sistemas donde tienen un mecanismo procesal similar al nuestro y que lo que se busca es reducir el índice de prisiones preventivas en la región[11]pues muchas veces, su uso ha sido como anticipo de pena y no conforme a sus fines que persigue.[12]
Imputación Necesaria: Sin imputación concreta, real y precisa, no será suficiente para que el imputado pueda ejercer válidamente su derecho de defensa, y ello la Corte Suprema ha establecido en el considerando vigésimo noveno de la Casación 626-2013, que: "Es necesario que el Fiscal sustente claramente su aspecto fáctico y su acreditación. Así la defensa del imputado podrá allanarse o refutarlo, actuando positivamente por la irresponsabilidad, causa de justificación, inculpabilidad, error, etc., debiendo el Juez valorarlos y pronunciarse por ambas, y si esta último está sólidamente fundamentada, hará decaer el fumus delicti comissi".
El Arraigo: en el cuadragésimo considerando: "Tampoco la sola situación de inexistencia deÂ arraigoÂ generaÂ queÂ debaÂ imponerseÂ necesariamenteÂ Â la prisión preventiva (ejemplo, ser extranjero no genera la aplicación automática de la prisión preventiva), sobre todo cuando existen otras que pudieran cumplir estos fines. Por lo que este requisito, debe valorarse en conjunto con otros, para establecer si es que en un caso concreto existe o no peligro de fuga."
Gravedad de la pena: La solaÂ presunciónÂ de Â fuga, no puede sustentar un pedido de prisión preventiva. El informe dos/noventa y siete de la Comisión InteramericanaÂ Â de Derechos Humanos indicó que no basta la seriedad de la pena a imponerse, pues la posibilidad que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios elementos, incluyendo los valores morales (comportamiento en este, en otro proceso, antecedentes, etc.) demostradosÂ por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada.[13]
Comportamiento procesal: el hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser considerado como un mal comportamiento procesal[14]Asimismo, el hecho que en un anterior proceso se le impuso una prisión preventiva (o mandato de detención), no autoriza al Juez a imponer, por su solo mérito, una en el actual proceso.[15]
La pertenencia a una organización criminal: Para fundamentar este extremo no basta con indicar que existe una organización criminal, sino sus componentes (organización, permanencia, pluralidad de imputados e intención criminal), así como la vinculaciónÂ del procesado. Asimismo, motivar qué peligro procesal se configuraría al pertenecer a esta organización.[16]
ALEXY, Robert. (1993). "Teoría de los Derechos Fundamentales". Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, Traducción de E. Garzón Valdés, 2da Edición, con nueva traducción al español de Carlos Bernal Pulido, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. Robert Alexy, Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales. Traducción de Carlos Bernal Pulido, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Inmuebles de España, 2004.
CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, 626-2013, publicado el 27 de febrero del 2016.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2013). "Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas", OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13.
FUENTES MAUREIRA, Claudio. (2009). "Régimen de prisión preventiva en América Latina", en: Sistemas Judiciales, una perspectiva integral sobre la administración de justicia – Prisión Preventiva, Publicación Semestral del Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA- Año 7, N° 14, Santiago de Chile.
ORÉ GUARDIA, Arsenio. (2014). "Manual Derecho Procesal Penal, las medidas de coerción en el proceso penal – Tomo II", 1era Edición, Editorial Reforma, Lima.
SALAS BETETA, Christian. (2011). "El Proceso Penal Común"; en: Gaceta Penal & Procesal Penal, 1era edición, Gaceta Jurídica S.A., Lima.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 149-06-PA/TC-6662-06-PA/TC-TC, de fecha 11 de diciembre de 2006.
SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 045-2004-PI/TC, emitido el 29 de octubre del 2005.
[1] SALAS BETETA, Christian. (2011). “El Proceso Penal Común”; en: Gaceta Penal & Procesal Penal, 1era edición, Gaceta Jurídica S.A., Lima, p.181
[2] Ejecutoria analizada por ORÉ GUARDIA, Arsenio. (2014). “Manual Derecho Procesal Penal, las medidas de coerción en el proceso penal – Tomo II”, 1era Edición, Editorial Reforma, Lima, p.139
[3] “Vigésimo noveno. Es necesario que el Fiscal sustente claramente su aspecto fáctico y su acreditación. Así la defensa del imputado podrá allanarse o refutarlo, actuando positivamente por la irresponsabilidad, causa de justificación, inculpabilidad, error, etc., debiendo el Juez valorarlos y pronunciarse por ambas, y si ésta último está sólidamente fundamentada, hará decaer el fumus delicti comissi.”
[5] SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Exps. -6149-06-PA/TC-6662-06-PA/TC-TC Jurisprudencias; Lima, Caso: MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C. y COMPAÑÍA DE EXPLORACIONES ALGAMARCA S.A. de fecha 11 de diciembre de 2006; párrafos 35, 36 y 37.
[7] ALEXY, Robert. (1993). “Teoría de los Derechos Fundamentales”. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, Traducción de E. Garzón Valdés, 2da Edición, con nueva traducción al español de Carlos Bernal Pulido, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. Robert Alexy, Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales. Traducción de Carlos Bernal Pulido, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Inmuebles de España, 2004, pp. 25-64
[9] Ibidem, FJ. 40-41

References: artículo 268
 artículo 139
 artículo 268
 artículo 269
 artículo 270
 artículo 253
 artículo 203
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 artículo 272