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Timestamp: 2019-10-16 22:03:50+00:00

Document:
Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (Ley 62/1978, de 26 de diciembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 127027
SECCIÓN 1ª. Garantía jurisdiccional penal - arts. 2 a 5
SECCIÓN 2ª. Garantía contencioso-administrativa - arts. 6 a 10
SECCIÓN 3ª. Garantía jurisdiccional civil - arts. 11 a 15
Norma citada en: 11126 sentencias, 292 artículos doctrinales, 102 disposiciones normativas, 5 temas prácticos, un formulario, 65 resoluciones administrativas, 5 noticias
Dos. Quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en su disposición final, las libertades de expresión, reunión y asociación, la libertad y secreto de la correspondencia, la libertad religiosa y la de residencia, la garantía de la inviolabilidad del domicilio, la protección jurídica frente a las detenciones ilegales, los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el secreto de las comunicaciones telefónicas y telegráficas, la libre circulación por el territorio nacional, la libre entrada y salida de España en los términos legales, la libertad de cátedra y la libertad sindical, y, en general, frente a las sanciones impuestas en materia de orden público.
Artículo 1 modificado por el Real Decreto 342/1979, de 20 de febrero, legislativo sobre ampliación del ámbito de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre.
Artículo 1 derogado por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Artículo citado en: 256 sentencias, 5 artículos doctrinales, una disposición normativa
SECCIÓN 1ª Garantía jurisdiccional penal Artículos 2 a 5
Uno. Los delitos y faltas contra los derechos fundamentales de la persona, comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, serán enjuiciados por los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria, según su propia competencia.
Tres. Cuando el conocimiento y fallo corresponda a la Audiencia Provincial, el trámite utilizado será el que dispone el Capítulo III del Título III del Libro IV de dicha Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las siguientes modificaciones:
El plazo para instrucción y calificación que concede el artículo 797 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se entenderá común, y de cinco días, para todas las partes acusadoras, y también común, y de la misma duración, para las partes acusadas.
Artículo 2 derogado por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Artículo citado en: 78 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
Uno. Para el enjuiciamiento de los delitos cometidos a través de la imprenta, el grabado u otros medios mecánicos de publicación, sonoros o fotográficos, difundidos por escrito, radio, televisión, cinematógrafo u otros similares, se seguirán los trámites señalados en el Título V del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las modificaciones señaladas en el párrafo 3 del artículo anterior.
Artículo 3 derogado por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Artículo citado en: 257 sentencias, 9 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Uno. Cuando los delitos a que se refiere el artículo anterior sean los de calumnia o injuria, previstos y penados en los Capítulos 1º y 2º del Título X del Libro II del Código Penal, en los supuestos a que se refiere el artículo 463 del mismo Texto, bastará denuncia de la persona agraviada o, en su caso, de su representante legal, sin necesidad de acto de conciliación.
Tres. Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará también a las injurias livianas a que se refiere el número 1 del artículo 586 del Código Penal.
Cuatro. Las ofensas dirigidas a la Autoridad pública, Corporaciones o clases determinadas del Estado y lo dispuesto en el Capítulo VIII del Título II del Libro II del Código Penal, no sufrirán alteración en su actual sistema de persecución como delitos públicos.
Artículo 4 derogado por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Artículo citado en: 169 sentencias, 12 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas
Artículo 5 derogado por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Artículo citado en: 74 sentencias, 3 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
SECCIÓN 2ª Garantía contencioso-administrativa Artículos 6 a 10
Uno. Contra los actos de la Administración pública, sujetos a Derecho administrativo, que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, mencionados en el artículo 1.2, de esta Ley, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo de conformidad con las reglas de procedimiento establecidas en la presente sección y, a falta de previsión especial, de acuerdo con las reglas generales de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuya aplicación será supletoria.
Artículo 6 derogado por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo citado en: 790 sentencias, 12 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, 2 resoluciones administrativas
Cuatro. Deducidos los dictámenes e informes a que se refiere el párrafo anterior o transcurrido el plazo concedido al efecto, la Sala acordará la suspensión del cumplimiento del acto impugnado, salvo que se justifique la existencia o posibilidad de perjuicio grave para el interés general, suspensión que podrá concederse con o sin afianzamiento de los perjuicios de cualquier otra naturaleza que pudieran derivarse.
Seis. En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Reguladora del Derecho de Reunión, que no fueren aceptadas por los promotores, éstos podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia competente, poniendo, al mismo tiempo, en conocimiento de la autoridad tal interposición para que ésta remita inmediatamente el expediente a la Audiencia. Dentro del plazo improrrogable de cinco días, el Tribunal, poniendo de manifiesto el expediente, convocará al Abogado del Estado, al Ministerio Fiscal y a los promotores o a la persona que éstos designen como su representante, a una audiencia en la que, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá sin ulterior recurso sobre el mantenimiento o revocación de la prohibición o de las modificaciones propuestas.
Artículo 7, apartado cinco, derogado por la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la seguridad ciudadana.
Artículo 7 derogado por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo citado en: 615 sentencias, 13 artículos doctrinales, 10 disposiciones normativas, un tema práctico, 7 resoluciones administrativas
Uno. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá dentro de los diez días siguientes a la notificación del acto impugnado, si fuere expreso. En caso de silencio administrativo, el plazo anterior se computará una vez transcurridos 20 días desde la solicitud del interesado ante la Administración, sin necesidad de denunciar la mora.
Dos. En el mismo día de la presentación o en el siguiente, la Sala requerirá por vía telegráfica y con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente para que en el plazo de cinco días, a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expediente y pueda alegar lo que estime procedente como fundamento del acto impugnado, con apercibimiento de cuanto establece el apartado 4 del artículo 10 de esta Ley.
Cuatro. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, la Sala, dentro del siguiente día, pondrá de manifiesto el expediente y demás actuaciones al recurrente para que en el plazo improrrogable de 8 días pueda formalizar la demanda y aportar la documentación que estime conveniente. Acto seguido se dará traslado al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a quienes se hubieren personado, para que en el plazo común e improrrogable de ocho días efectúen, en su caso, las alegaciones que estimen pertinentes. A los escritos de contestación a la demanda podrá acompañarse la documentación que se considere oportuna.
Cinco. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Tribunal una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 2 de este artículo, se pondrá de manifiesto a las partes por término de 24 horas y sin alteración del recurso del procedimiento.
Seis. Transcurrido el plazo señalado en el apartado 4 anterior, con o sin alegaciones, la Sala decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba en su caso. El período probatorio no será superior a veinte días, comunes para la proposición y práctica, a prudente arbitrio de la Sala, sin que en ningún supuesto sea procedente el término extraordinario.
Artículo 8 derogado por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo citado en: 514 sentencias, 8 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, un formulario, 5 resoluciones administrativas
Artículo 9 derogado por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo citado en: 801 sentencias, 6 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Dos. La propuesta de manifiesto de las actuaciones se sustituirá, cuando sea posible, por la entrega de fotocopia de las mismas, debidamente cotejada.
Cuatro. Si la Administración que hubiese dictado el acto impugnado no remitiera el expediente dentro del plazo señalado en el apartado 2 del artículo 8, se deducirá sin más trámites ni recordatorio alguno el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad personal y directa por desobediencia en que hubiera podido incurrir el Jefe de la dependencia en la que obrare el expediente y cualquier otra persona responsable de la demora, imponiéndole en todo caso a aquél multa de 5.000 pesetas.
Artículo 10 derogado por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo citado en: 3900 sentencias, 6 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
SECCIÓN 3ª Garantía jurisdiccional civil Artículos 11 a 15
Uno. Las reclamaciones por vulneración o desconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, comprendidos en el ámbito de esta Ley, o para impugnar pretensiones relativas a los mismos, no comprendidas en los artículos 2 y 6 de la misma, se formularán ante los Juzgados de Primera Instancia correspondientes a la localidad donde se haya producido el hecho o donde radique el registro u oficina en que deban manifestarse.
Dos. Las disposiciones de esta Sección serán aplicables en todo caso cuando las Leyes reguladoras de los derechos fundamentales de la persona a que se refiere esta Ley establezcan alguna reclamación de orden civil.
Artículo 11 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 106 sentencias, 16 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 101 sentencias, 15 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
El plazo de contestación a la demanda será común para todos los demandados e intervinientes.
No cabrá el plazo extraordinario de prueba.
La vista, en caso de solicitarse, habrá de celebrarse antes de los siete días siguientes al de formulación de la petición.
Artículo 13 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 91 sentencias, 14 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Artículo 14 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 31 sentencias, 10 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Uno. Las apelaciones se sustanciarán por los trámites establecidos en la Sección 3ª del Título VI del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las siguientes modificaciones:
El plazo de pruebas, en su caso, será de diez días.
La vista tendrá lugar dentro de los siete días siguientes a la conclusión del plazo concedido al ponente para instrucción.
Entre la citación y la vista se pondrán los autos de manifiesto a las partes en la Secretaría, para que puedan instruirse de ellos.
Artículo 15 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 58 sentencias, 10 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Se derogan los incisos B), C), D) y E) del apartado 2 del artículo 64 de la vigente Ley de Prensa, el Real Decreto-ley 24/1977, de 1 de abril y el Real Decreto 1048/1977, de 13 de mayo y cualesquiera otras disposiciones que se opongan a lo prevenido en esta Ley.
Dado en Madrid, a 26 de diciembre de 1978.
DECRETO 103/1997, de 26 de junio, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
Orden DEF/1947/2011, de 30 de junio, por la que se publica la quinta convocatoria del premio 'Fidel Pagés Miravé'.
Real Decreto 436/1992, de 30 de abril, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Química y las directrices generales propias de los estudios conducentes a la obtención de aquél.

References: Artículo 1
 Real Decreto 

Artículo 1
 artículo 797

Artículo 2
 resolución 

Artículo 3
 artículo 463
 artículo 586

Artículo 4

Artículo 5
 resolución 
 artículo 1

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 7
 artículo 10

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 artículo 64
 Real Decreto 

Real Decreto