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Timestamp: 2020-06-01 21:01:08+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 111/00 de Corte Constitucional, 9 de Febrero de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43563455
Sentencia de Constitucionalidad nº 111/00 de Corte Constitucional, 9 de Febrero de 2000
Ley 362/97. Art 1.codigo procesal del trabajo. Competencia del legislador para definir asuntos materia de conocimiento de distintas jurisdicciones. Conocimiento de la jurisdiccion laboral de diferencias que surjan entre entidades publicas y privadas en materia de seguridad social. Exequible.
Sentencia citada en: 115 sentencias, 5 artículos doctrinales, una disposición normativa
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Jurisdicción competente sobre controversias entre entidades afiliadas y litigios entre entidades empleadoras-empleados
Las controversias que surjan entre las entidades del régimen de la seguridad social integral y sus afiliados, pertenecen a la competencia de la jurisdicción del trabajo por orden de la norma acusada y los litigios que se produzcan entre esas entidades en su calidad de empleadoras con sus empleados, sean aquellas de naturaleza pública o privada, deberán seguir las normas de competencia previamente establecidas en el ordenamiento jurídico, es decir las ordinarias o las especiales a cargo de la jurisdicción contencioso administrativa. Es por esto que el P. manifestó acertadamente que la regulación cuestionada contempla a todos los afiliados al sistema de seguridad social integral quienes se encuentran en una misma situación de hecho y para quienes, por las razones de unidad del sistema, se podía establecer un régimen jurídico especial en materia de jurisdicción y competencia para el trámite de sus asuntos litigiosos.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano F.I.G.M. demandó parcialmente el artículo 1o. de la Ley 362 de 1997"por la cual se modifica el artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo y se dictan normas sobre competencia en materia laboral.".
Para fundamentar esa afirmación, expone preliminarmente algunas consideraciones acerca de la evolución del sistema de seguridad social colombiano, con el fin de destacar el origen de las entidades "públicas" en el régimen de la seguridad social integral.
Para ello, el actor señala que una vez expedida la Ley 33 de 1985 "Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector público." (art. 13), las entidades del sector público que no hubiesen afiliado a sus servidores a una caja o fondo de seguridad social (Ley 90 de 1946), debían reconocer y pagar las pensiones de jubilación a sus pensionados, razón por la cual serían consideradas entidades de previsión social para todos los efectos en materia de seguridad social. Además, que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones." , el actor agrega que tales entidades, fuesen públicas o privadas, quedaron vinculadas al sistema de seguridad social integral como entidades administradoras del régimen solidario con prestación definida debiendo sus afiliados y pensionados continuar con ellas, siempre que estuviera demostrada la solvencia económica de las mismas; de lo contrario, procederían a liquidarse con el respectivo traslado de los afiliados a los fondos especiales de los distintos órdenes territoriales y con el fin de respetar sus derechos, por el término de la relación laboral o durante el período de jubilación (Ley 100/93, art. 52, Decreto 692/94, arts. 6o. y 40 y Decreto 691 de 1994, art. 1o.).
Coetáneamente a ese presunto trato desigual entre servidores públicos que para el actor resulta injustificado, en la demanda se menciona que la norma acusada, en lo censurado, desconoce el reparto constitucional de funciones dentro de las jurisdicciones especiales, con violación del principio del juez natural, toda vez que considera que todos los conflictos laborales que presenten los servidores públicos con una entidad pública deben ser resueltos por la jurisdicción contencioso administrativa, ya que es a ella a la que corresponde conocer de "los conflictos con el Estado, sea entre entidades públicas, ora entre entidades públicas y los particulares".
La eliminación de la expresión "públicas" de la disposición cuestionada para el demandante resolvería la situación inconstitucional denunciada, en defensa de la vigencia de los mandatos de los artículos 13, 29 y 53 de la Carta Política, por lo cual solicita la declaratoria de inexequibilidad de la misma.
El ciudadano P.N.L.C., actuando como apoderado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, intervino para defender la constitucionalidad de la expresión demandada del artículo 1o. de la Ley 362 de 1997.
Así mismo, en cuanto a la violación del debido proceso, considera que la propia Constitución autoriza que los particulares cumplan funciones jurisdiccionales en determinados casos (art. 116), por lo que si se aceptara el argumento del demandante en cuanto a que se desconfigura la noción del juez natural por un reparto distinto de funciones, se deberían declarar inexequibles, por unidad normativa, normas "en que la teoría del juez natural, por causas justificadas, no es el mismo en las diferentes jurisdicciones.".
El señor P. General de la Nación en concepto No. 1885, recibido el 20 de septiembre de 1999, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad, en lo acusado, del artículo 1o. de la Ley 362 de 1997, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Posteriormente, el P. General describe algunos de los elementos característicos del sistema general de riesgos profesionales y de seguridad social, así como de los diferentes sistemas que lo conforman, entre ellos el sistema general de pensiones, del cual precisa las clases de afiliación -voluntaria y obligatoria-, resaltando que los servidores públicos vinculados mediante contrato de trabajo pertenecen a esa última, para concluir que, de acuerdo con el artículo 8o. de la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social integral no es sólo un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, sino de normas y procedimientos.
Para finalizar, el jefe del Ministerio Público sostiene que el legislador, en desarrollo de los artículos 2o. y 150-2 superiores, puede asignarle a la jurisdicción del trabajo la competencia para dirimir los conflictos que se presenten entre las entidades públicas o privadas del régimen de la seguridad social integral y sus afiliados por virtud de esta materia, como indica fue señalado recientemente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 6 de septiembre de 1999, dictada dentro del Expediente No. 12289, con ponencia del magistrado Dr. J.R.H.V..
El artículo 1o. de la Ley 362 de 1997 "por la cual se modifica el artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo y se dictan normas sobre competencia en materia laboral" establece dentro de los asuntos materia de la competencia de la jurisdicción del trabajo, el relacionado con la resolución de las diferencias que surjan entre las entidades del régimen de seguridad social integral y sus afiliados.
Examen de constitucionalidad del aparte demandado del artículo 1o. De la Ley 362 de 1997, por una presunta violación de los principios del juez natural e igualdad
Como se ha expresado por la jurisprudencia de esta Corporación, el "juez natural" es aquél a quien la Constitución o la ley le ha asignado el conocimiento de ciertos asuntos para su resolución Ver la Sentencia C-444/95, M.P.D.C.G.D...
Este principio constituye, en consecuencia, elemento medular del debido proceso, en la medida en que desarrolla y estructura el postulado constitucional establecido en el artículo 29 superior que señala que "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio".(Subraya la Sala).
Para una mayor comprensión del tema, debe señalarse que la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como "la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc)" Sentencia C-040/97, M.P.D.A.B.C... Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P.D.C.G.D., presentan las siguientes características:
"La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en principios de interés general.".
Sea lo primero señalar para responder dicho cargo que, como se puede deducir de lo antes indicado, la radicación de una competencia en una determinada autoridad judicial, no configura una decisión de índole, exclusivamente, constitucional sino que pertenece al resorte ordinario del legislador Ver la Sentencia C-208/93, M.P.D.H.H.V., siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita entre los distintos entes u órganos del Estado.
Efectivamente, la asignación legal de una competencia a una autoridad judicial supone la determinación acerca del ejercicio de una función pública, en desarrollo del mandato establecido en el artículo 150-23, en virtud del cual corresponde al Congreso de la República "expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas", siendo en este caso la administración de justicia la función pública regulada, la cual de conformidad con lo señalado en el artículo 228 de la Ley Fundamental, constituye materia de ley para su organización y realización, de manera pronta y eficiente.
La Carta Política de 1991, en el Título VIII, al referirse a la organización y funcionamiento de la Rama Judicial, distribuye la potestad estatal para "dictar el derecho" (jurisdictio), en las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa, constitucional y las especiales. Los artículos 236, 237 y 238 de dicho título se encargan de fijar las pautas sobre las cuales se estructura la jurisdicción contencioso administrativa, observándose que allí la materia regulada hace referencia a la forma de integración del Consejo de Estado como la más alta Corporación de dicha jurisdicción, su organización interna, atribuciones, así como lo relativo a la posibilidad de obtener una suspensión provisional de los actos administrativos por la mencionada jurisdicción.
En claro desarrollo de ese mandato superior, el legislador creó el sistema de seguridad social integral mediante la Ley 100 de 1993, con el objeto de proteger globalmente a todas las personas frente a las contingencias económicas y de salud que les impidan mantener una calidad de vida en condiciones dignas. Así, cuando la citada ley se refiere al sistema de seguridad social integral, debe entenderse que comprende todas aquellas "obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, que se incorporen normativamente en el futuro" (art. 1o.).
La anterior concepción del sistema permite asegurar una mayor cobertura en la población colombiana en materia de salud y pensiones, con especial atención de las personas que carecen de capacidad económica, para brindarle suficiente protección ante eventuales contingencias. De este modo, la implantación de un sistema en estos términos se evidencia como un conjunto armónico de "entidades públicas y privadas, normas y procedimientos" para la prestación de los regímenes generales establecidos para las pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios definidos en esa Ley 100 (art. 8o.).
Sobre el particular y como cuestión final del análisis hasta aquí expuesto, es oportuno traer a colación algunos criterios expresados por la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral Expediente No. 12289, del 6 de septiembre de 1999, M.P.D.J.R.H.V., antes aludida., citada en la Vista Fiscal, en el cual, luego de establecer la conveniencia de la atribución de la competencia a la jurisdicción del trabajo, tantas veces aludida, precisó los alcances que debe presentar la misma, los cuales comparte esta Corte en su totalidad:
"1. Cuando la Ley atribuye tal competencia a la jurisdicción ordinaria, no puede ampliarse la acepción "seguridad social integral" más allá de su órbita y llegar al extremo de abarcar aspectos que se mantienen en otras jurisdicciones, u otras especialidades de la jurisdicción ordinaria, por definirlo en forma explícita el legislador, tales como los juicios derivados de responsabilidad estatal de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativo o los procesos de naturaleza civil o comercial.
Las diferencias susceptibles de conocimiento de los jueces del trabajo en esta materia, son en esencia las atinentes al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales económicas y de salud establecidas en favor de los afiliados y beneficiarios en la ley 100 de 1993 y en el decreto 1295 de 1994 a cargo de entidades que conforman el Sistema Integral de Seguridad Social, así como las que se suscitan sobre los servicios sociales complementarios contemplados en la misma Ley 100.
C. de lo anterior es que dentro de tal denominación no están incluidas las que hacen parte de un sistema de prestaciones a cargo directo de los empleadores públicos y privados, cuya competencia se mantiene en los términos previstos en las leyes anteriores, por cuanto en estricto sentido no hacen parte del dicho Sistema Integral de Seguridad Social.".
Como lo ha señalado esta Corporación, la igualdad presenta varios significados dentro de los parámetros constitucionales vigentes; de esta manera, como "(...) valor (preámbulo) implica la imposición de un componente fundamental del ordenamiento; la igualdad en la ley y ante la ley (artículo 13 inciso 1°, desarrollado en varias normas específicas) fija un límite para la actuación promocional de los poderes públicos; y la igualdad promocional (artículo 13 incisos 2° y 3°) señala un horizonte para la actuación de los poderes públicos.". Sentencia C-530 de 1.993, M.P.D.A.M.C..
De la misma forma, la igualdad constituye un derecho subjetivo, por ende reclamable, de orden relacional y genérico, es decir que su vulneración va acompañada del desconocimiento de otro derecho y se proyecta sobre todas las relaciones jurídicas, condicionando la actuación de las autoridades públicas como límite al ejercicio del poder público I...
Por consiguiente, erigida la igualdad como principio constitucional, valor fundante y derecho fundamental dentro del Estado social de derecho colombiano, su evaluación debe darse desde un aspecto sustancial, de manera que, la evidencia de un trato desigual constitucionalmente reprochable deberá provenir de la demostración de la existencia de un criterio diferenciador carente de objetividad y razonabilidad, a través de la aplicación de una guía metodológica denominada "test de igualdad" Ver la Sentencia T-230/94, M.P.D.E.C.M., según la cual puede indicarse que no se evidencia un trato discriminatorio cuando se compruebe que " (...) primero, que los hechos sean distintos; segundo, que la decisión de tratarlos de manera diferente esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente; tercero, que la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y además adecuada. Como se ve, cada una de estas condiciones corresponde al papel que juegan los tres elementos - fáctico, legal o administrativo y constitucional - en la relación que se interpreta. Por eso, la primera condición pertenece al orden de lo empírico (hecho), la segunda hace parte del orden de lo válido (legalidad) y la tercera del orden de lo valorativo (constitución)."
Compartiendo el argumento expuesto por el P. General de la Nación en su intervención, el demandante sustenta su alegato en un presupuesto equivocado, cual es que por regla general puedan existir servidores públicos por fuera del régimen de la seguridad social integral, toda vez que la Ley 100 de 1993 les ordenó una afiliación al mismo en forma obligatoria, salvo las excepciones expresamente previstas (art. 15).
Esa afiliación al sistema general de pensiones es de dos clases: obligatoria y voluntaria. Se consideran afiliados, en forma obligatoria, todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos incorporados al sistema, salvo las excepciones legales, al igual que los beneficiarios de subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional y, en forma voluntaria, los trabajadores independientes y en general todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos en la Ley 100 de 1993 y lo extranjeros que en virtud de contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por ningún otro régimen (art. 15 y D.R. 692 de 1994, art. 9o.).
" Nótese cómo no es muy coherente que tratándose de la aplicación de un estatuto tan extenso y de tanto contenido social, como el nuevo vertido en la Ley 100, el criterio determinante de la competencia tenga que ser el atávico de la naturaleza del vínculo del servidor, puesto que sí así fuere habría que partir de una presunción de legalidad del acto en lo que concierne con empleados públicos, lo que no ocurriría en los conflictos jurídicos promovidos por trabajadores oficiales o particulares, en los que el juzgador no está condicionado por tal límite en su juicio apreciativo.
Por consiguiente, La verdadera uniformidad en la aplicación e interpretación de la seguridad social en pensiones y salud impone en principio la unidad y especialización de jurisdicción y competencia, como existe en los países que más valoran la importancia de la seguridad social.".
Es por esto que el P. General de la Nación manifestó acertadamente que la regulación cuestionada contempla a todos los afiliados al sistema de seguridad social integral quienes se encuentran en una misma situación de hecho y para quienes, por las razones de unidad del sistema, se podía establecer un régimen jurídico especial en materia de jurisdicción y competencia para el trámite de sus asuntos litigiosos.
Declarar EXEQUIBLE la expresión "públicas" del artículo 1o. de la Ley 362 de 1997 "por la cual se modifica el artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo y se dictan normas sobre competencia en materia laboral".
Sentencia nº 41001233100020000394501 de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 17 de Febrero de 2011

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