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Timestamp: 2019-06-27 09:02:32+00:00

Document:
EducAragón ::: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón dentro2
Ley 5/2005, de 14 junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (BOA 24/06/2005)
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de participación, evaluación y gobierno de centros docentes
Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
Ley 17/2003, de 24 de marzo, de organización de las Enseñanzas Artísticas Superiores en Aragón
A que sus hijos o pupilos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución y en la presente Ley.
A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.
A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.
Derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad.
Derecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución.
Derecho a que se respete su integridad y dignidad personales.
Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.
Derecho a recibir orientación escolar y profesional.
Derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural.
Derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o accidente.
Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en los centros.
Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro.
Promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación vigente.
Los centros docentes, a excepción de los universitarios, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen.
1. Los centros docentes podrán ser públicos y privados.
2. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea un poder público. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter privado.
Se entiende por titular de un centro docente la persona física o jurídica que conste como tal en el Registro a que se refiere el artículo 13 de esta Ley.
3. Los centros privados sostenidos con fondos públicos recibirán la denominación de centros concertados y, sin perjuicio de lo dispuesto en ese Título, se ajustarán a lo establecido en el Título cuarto de esta Ley.
1. Los centros docentes, en función de las enseñanzas que impartan, podrán ser de:
2. La adaptación de lo preceptuado en esta Ley a los centros que impartan enseñanzas no comprendidas en el apartado anterior, así como a los centros de educación infantil y a los centros integrados que abarquen dos o más de las enseñanzas a que se refiere este artículo, se efectuará reglamentariamente.
DE LOS CENTROS PÚBLICOS
1. Los centros públicos de educación preescolar, de educación general básica, de bachillerato y de formación profesional se denominarán Centros preescolares, Colegios de Educación General Básica, Institutos de Bachillerato e Institutos de Formación Profesional, respectivamente.
2. Los centros no comprendidos en el apartado anterior se denominarán de acuerdo con lo que dispongan sus reglamentaciones especiales.
1. Una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos, en los ámbitos territoriales correspondientes, garantizará tanto la efectividad del derecho a la educación como la posibilidad de escoger centro docente.
2. La admisión de los alumnos en los centros públicos, cuando no existan plazas suficientes, se regirá por los siguientes criterios prioritarios: rentas anuales de la unidad familiar, proximidad del domicilio y existencia de hermanos matriculados en el centro. En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento.
1. En el marco de la Constitución y con respeto de los derechos garantizados en el Título preliminar de esta Ley a profesores, padres y alumnos, los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos.
2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa por el titular.
Dentro de las disposiciones de la presente Ley y normas que la desarrollen, los centros privados no concertados gozarán de autonomía para establecer su régimen interno, seleccionar su profesorado de acuerdo con la titulación exigida por la legislación vigente, determinar el procedimiento de admisión de alumnos, establecer las normas de convivencia y definir su régimen económico.
DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA ENSEÑANZA
La programación específica de puestos escolares de nueva creación en los niveles obligatorios y gratuitos deberá tener en cuenta en todo caso la oferta existente de centros públicos y concertados.
Los profesores, cuya designación se efectuará por sus centrales y asociaciones sindicales más representativas, de modo que sea proporcional su participación, así como la de los diferentes niveles educativos y la de los sectores público y privado de la enseñanza.
Los padres de los alumnos, cuya designación se efectuará por las Confederaciones de asociaciones de padres de alumnos más representativas.
Los alumnos, cuya designación se realizará por las Confederaciones de asociaciones de alumnos, más representativas.
El personal de administración y de servicios de los centros docentes, cuya designación se efectuará por sus centrales y asociaciones sindicales de mayor representatividad.
Los titulares de los centros privados, cuya designación se producirá a través de las organizaciones empresariales de la enseñanza más representativas.
Las centrales sindicales y organizaciones patronales de mayor representatividad en los ámbitos laboral y empresarial.
La administración educativa del Estado, cuyos representantes serán designados por el Ministro de Educación y Cultura.
Las Universidades, cuya participación se formalizará a través del órgano superior de representación de las mismas.
Las personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación, de la renovación pedagógica y de las instituciones y organizaciones confesionales y laicas de mayor tradición y dedicación a la enseñanza, designadas por el Ministro de Educación y Cultura.
2. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, aprobará las normas que determinen la representación numérica de los miembros del Consejo Escolar del Estado, así como su organización y funcionamiento. La representación de los miembros de la comunidad educativa a que se refieren los apartados a), b), c) y d) de este artículo no podrá ser en ningún caso inferior a un tercio del total de los componentes de este Consejo.
La programación general de la enseñanza.
Las normas básicas que haya de dictar el Estado para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución española o para la ordenación del sistema educativo.
Los proyectos de reglamento que hayan de ser aprobados por el Gobierno en desarrollo de la legislación básica de la enseñanza.
La regulación de las condiciones para la obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y su aplicación en casos dudosos o conflictivos.
Las disposiciones que se refieran al desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades en la enseñanza.
La ordenación general del sistema educativo y la determinación de los niveles mínimos de rendimiento y calidad.
La determinación de los requisitos mínimos que deben reunir los centros docentes para impartir las enseñanzas con garantía de calidad.
1. El Consejo Escolar del Estado elaborará y hará público anualmente un informe sobre el sistema educativo.
DE LOS CENTROS CONCERTADOS
1. Para el sostenimiento de centros privados con fondos públicos se establecerá un régimen de conciertos al que podrán acogerse aquellos centros privados que, en orden a la prestación del servicio público de la educación en los términos previstos en esta Ley, impartan la educación básica y reúnan los requisitos previstos en este Título. A tal efecto, los citados centros deberán formalizar con la administración educativa que proceda el pertinente concierto.
2. El Gobierno establecerá las normas básicas a que deben someterse los conciertos.
1. El concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico, duración, prórroga y extinción del mismo, número de unidades escolares y demás condiciones de impartición de la enseñanza con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos.
2. Los conciertos podrán afectar a varios centros siempre que pertenezcan a un mismo titular.
3. Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que satisfagan necesidades de escolarización, que atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o que, cumpliendo alguno de los requisitos anteriores, realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. En todo caso, tendrán preferencia aquellos centros que en régimen de cooperativa cumplan con las finalidades anteriormente señaladas.
1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados se establecerá en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las Comunidades Autónomas.
2. A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia el apartado anterior, el importe del módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las Comunidades Autónomas, no pudiendo, en éstos, ser inferior al que se establezca en los primeros.
3. En el citado módulo, la cuantía del cual asegurará que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad, se diferenciarán:
Las cantidades correspondientes a salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente a los titulares de los centros.
Las cantidades asignadas a otros gastos, que comprenderán las de personal de administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento y conservación y las de reposición de inversiones reales, sin que, en ningún caso, se computen amortizaciones ni intereses del capital propio. Las citadas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los centros públicos.
4. Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, a que hace referencia el apartado anterior, tenderán a hacer posible gradualmente que la remuneración de aquel sea análoga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles.
6. La Administración no podrá asumir alteraciones en los salarios del profesorado, derivadas de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3.
7. La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en cuenta las características específicas de las cooperativas de enseñanza, a fin de facilitar la gestión de sus recursos económicos y humanos.
1. Los centros concertados tendrán derecho a definir su carácter propio de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de esta Ley.
La admisión de alumnos en los centros concertados se ajustará al régimen establecido para los centros públicos en el artículo 20 de esta Ley.
1. Los centros concertados tendrán, al menos, los siguientes órganos de gobierno:
Consejo Escolar del centro, con la composición y funciones establecidas en los artículos siguientes.
Claustro de profesores, con funciones análogas a las previstas en el artículo 45 de esta Ley.
Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del centro de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las funciones del Consejo Escolar del centro.
Ejercer la jefatura del personal docente.
Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del centro.
Visar las certificaciones y documentos académicos del centro.
Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus facultades.
Cuantas otras facultades le atribuya el reglamento de régimen interior en el ámbito académico.
1. El Consejo Escolar de los centros concertados estará constituido por:
Cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos.
Dos representantes de los alumnos, a partir del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria.
Un representante del personal de administración y servicios. En los centros específicos de educación especial se considerará incluido en el personal de administración y servicios el personal de atención educativa complementaria.
Las Administraciones educativas regularán el procedimiento para que uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar sea designado por la asociación de padres más representativa en el centro.
Asimismo, los centros concertados que impartan formación profesional específica podrán incorporar a su Consejo Escolar, con voz pero sin voto, un representante del mundo de la empresa designado por las organizaciones empresariales de acuerdo con el procedimiento que las Administraciones educativas establezcan.
Los alumnos de primer ciclo de educación secundaria obligatoria no podrán intervenir en los casos de designación y cese del Director. Los alumnos de educación primaria podrán participar en el Consejo Escolar en los términos que las Administraciones educativas establezcan.
c. Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos.
d. Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el centro en materia de disciplina de alumnos.
Los alumnos participarán en las deliberaciones y decisiones del Consejo Escolar del centro. No obstante, los representantes de los alumnos del ciclo superior de la Educación General Básica no intervendrán en los casos de designación y cese del director, así como en los de despido del profesorado.
1. El director de los centros concertados será designado, previo acuerdo entre el titular y el Consejo Escolar, de entre profesores del centro con un año de permanencia en el mismo o tres de docencia en otro centro docente de la misma entidad titular. El acuerdo del Consejo Escolar del centro será adoptado por mayoría absoluta de sus miembros.
2. En caso de desacuerdo, el director será designado por el Consejo Escolar del centro de entre una terna de profesores propuesta por el titular. Dichos profesores deberán reunir las condiciones establecidas en el apartado por mayoría absoluta de sus miembros.
3. El mandato del director tendrá la misma duración que en los centros públicos.
1. Son causa de incumplimiento del concierto por parte del titular del centro las siguientes:
Impartir las enseñanzas objeto del concierto contraviniendo el principio de gratuidad.
Percibir cantidades por actividades escolares complementarias o extraescolares o por servicios escolares que no hayan sido autorizadas por la Administración educativa o por el Consejo Escolar del centro, de acuerdo con lo que haya sido establecido en cada caso.
Infringir las normas sobre participación previstas en el presente Título.
Infringir las normas sobre admisión de alumnos.
Separarse del procedimiento de selección y despido del profesorado establecido en los artículos precedentes.
Proceder a despidos del profesorado cuando aquellos hayan sido declarados improcedentes por sentencia de la jurisdicción competente.
Lesionar los derechos reconocidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución, cuando así se determine por sentencia de la jurisdicción competente.
Cualesquiera otras que se deriven de la violación de las obligaciones establecidas en el presente Título o en el correspondiente concierto.
2. Las causas enumeradas en el apartado anterior se considerarán graves cuando del expediente administrativo instruido al efecto y, en su caso, de sentencia de la jurisdicción competente, resulte que el incumplimiento se produjo por ánimo de lucro, con intencionalidad evidente, con perturbación manifiesta en la prestación del servicio de la enseñanza o de forma reiterada o reincidente.
El incumplimiento grave del concierto educativo dará lugar a las siguientes sanciones:
Imposición de multa, que estará comprendida entre un tercio y el doble del importe del concepto otros gastos del módulo económico del concierto educativo vigente en el período en el que se determine la imposición de la multa.
La Administración educativa sancionadora determinará el importe de la multa, dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior y podrá proceder al cobro de la multa por vía de compensación contra las cantidades que deba abonar al titular del centro en aplicación del concierto educativo.
La reiteración o reincidencia de incumplimientos graves dará lugar a la rescisión del concierto. En este caso, con el fin de no perjudicar a los alumnos ya escolarizados en el centro, las Administraciones educativas podrán imponer la rescisión progresiva del concierto.
La reiteración de incumplimientos graves a que se refiere el párrafo anterior se constatará por la Administración educativa competente con arreglo a los siguientes criterios:
Cuando se trate de la reiteración de faltas cometidas con anterioridad, bastará con que esta situación se ponga de manifiesto en la Comisión de Conciliación que se constituya por esta causa.
Cuando se trate de una nueva falta de tipificación distinta a la cometida con anterioridad, será necesaria la instrucción del correspondiente expediente administrativo, una vez realizada la oportuna Comisión de Conciliación, ajustándose a lo establecido en el artículo 61.
3. El incumplimiento no grave dará lugar a apercibimiento por parte de la Administración educativa competente. Si el titular no subsanase este incumplimiento, la Administración le apercibirá de nuevo, señalándose que de persistir en dicha actitud dará lugar a un incumplimiento grave.
Primera. 1. La presente Ley podrá ser desarrollada por las Comunidades Autónomas que tengan reconocida competencia para ello en sus respectivos Estatutos de Autonomía o, en su caso, en las correspondientes Leyes Orgánicas de Transferencia de Competencias. Se exceptúan, no obstante, aquellas materias cuya regulación encomienda esta Ley al Gobierno.
La ordenación general del sistema educativo.
La programación general de la enseñanza en los términos establecidos en el artículo 27 de la presente Ley.
La fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las demás condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español.
La alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149.1.30 de la Constitución, le corresponden para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos.
Segunda. 1. En el marco de los principios constitucionales y de lo establecido por la legislación vigente, las Corporaciones Locales cooperarán con las administraciones educativas correspondientes en la creación, construcción y mantenimiento de centros públicos docentes, así como en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Tercera. Los centros privados de niveles no obligatorios que en la fecha de promulgación de esta Ley estén sostenidos total o parcialmente con fondos públicos se ajustarán a lo establecido en la misma para los centros concertados. A tal efecto se establecerán los correspondientes conciertos singulares.
Cuarta. No será de aplicación lo previsto en el artículo 59 de la presente Ley a los titulares de centros actualmente autorizados, con menos de diez unidades, que, ostentando la doble condición de figurar inscritos en el Registro de centros como personas físicas y ser directores de los mismos, se acojan al régimen de conciertos. En tal caso, el director ocupará una de las plazas correspondientes a la representación del titular en la composición del Consejo Escolar del centro.
Quinta. 1. Los centros privados que impartan la educación básica y que se creen a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos si lo solicitan al iniciarse el procedimiento de autorización administrativa y siempre que, de acuerdo con los principios de esta Ley, formalicen con la Administración un convenio en el que se especifiquen las condiciones para la constitución del Consejo Escolar del centro, la designación del director y la provisión del profesorado.
Primera. Hasta tanto no se constituya el Consejo Escolar del Estado creado por la presente Ley, continuará ejerciendo sus funciones el Consejo Nacional de Educación.
Segunda. Hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente el régimen de conciertos, se mantendrán las subvenciones a la enseñanza obligatoria.
Tercera. 1. Los centros privados actualmente subvencionados, que al entrar en vigor el régimen general de conciertos previstos en la presente Ley, no puedan acogerse al mismo por insuficiencia de las consignaciones presupuestarias correspondientes, se incorporarán a dicho régimen en un plazo no superior a tres años.
Cuarta. Los centros docentes actualmente en funcionamiento, cuyos titulares sean las Corporaciones Locales, se adaptarán a lo prevenido en la presente Ley en el plazo de un año a contar desde su publicación.
Quinta. En las materias cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias y en tanto estas no sean dictadas serán de aplicación en cada caso las normas de este rango hasta ahora vigentes.
El Título preliminar, los Capítulos primero y tercero del Título segundo, el Título cuarto y el Capítulo primero del Título quinto.
Los artículos 60, 62, 89.2, 3 y 4, 92, 135, 138, 139, 140, 141.2 y 145.
Los artículos 59, 61, 89.6, 101, 136.3 y 4 en cuanto se opongan a lo preceptuado en la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Boletín Oficial del Estado''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.

References: artículo 13
 artículo 27
 artículo 22
 artículo 20
 artículo 45
 artículo 61
 artículo 27
 artículo 149
 artículo 59