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Timestamp: 2020-06-02 19:16:34+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 380, de 16/07/2013
cve: DSCD-10-CO-380
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 380
Sesión núm. 29 (extraordinaria)
- Proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. (Número de expediente 121/000044) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY PARA LA GARANTÍA DEL SUMINISTRO E INCREMENTO DE LA COMPETENCIA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS INSULARES Y EXTRAPENINSULARES. (Número de expediente 121/000044).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la vigésimo novena sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso. Esta sesión, como todos conocen, tiene por objeto el debate y, en su caso, la aprobación con competencia legislativa plena del proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. El orden del día, como es habitual, recoge dos puntos: el primero la ratificación de la ponencia designada para al efecto y el segundo la aprobación con competencia legislativa plena del informe elaborado por la ponencia. El procedimiento del debate va a ser el habitual. Las enmiendas presentadas no incorporadas al informe de la ponencia, que por lo tanto se mantienen vivas, serán defendidas por los ponentes de cada grupo parlamentario de menor a mayor, comenzando por el Grupo Mixto y terminando por el Grupo Popular por un tiempo, según hemos acordado en Mesa y portavoces, de quince minutos por grupo parlamentario. Les ruego que si hubiera alguna enmienda transaccional nos la hagan llegar lo antes posible para que pueda ser revisada por el letrado y trasladada a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. También les ruego que en cuanto los portavoces tengan ya decidido qué enmiendas desean votar por separado nos lo comuniquen a la mayor brevedad para ir preparando el cuaderno de votaciones.
En primer lugar, votamos la ratificación de la ponencia designada al efecto, que me imagino que será apoyada por todos los grupos parlamentarios. (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las enmiendas que se mantienen vivas. Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Pedro Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Como saben, las enmiendas que hemos presentados son numerosísimas, y creo que la mejor forma de abordar un debate como este es haciendo algunas precisiones previas. Una de ellas es que el conjunto de enmiendas que se han presentado, incluso las que ha autopresentado el Grupo Popular, nos reafirman en la idea de que con este proyecto de ley lo mejor hubiese sido empezar de nuevo. Esto me parece que es importante señalarlo porque hay algunos proyectos legislativos como este, de una enorme relevancia para los archipiélagos y para las dos ciudades extrapeninsulares, que probablemente se merecían un procedimiento distinto al que se ha puesto en marcha. Nosotros hemos presentado un conjunto de enmiendas muy importante que en realidad no pueden sustituir -somos conscientes completamente- los defectos que tiene este proyecto de ley. Debería ser una ley básica, que aprovechase las circunstancias, la ocasión para definir de verdad un marco normativo para los sistemas insulares y extrapeninsulares, y lo que nos hemos encontrado ahora es con una ley mosaico, con una enorme cantidad de tecnicismos, en buena medida deslavazados, que en ningún caso entendemos que resuelvan los problemas que tenemos planteados. Hablar de la totalidad de los sistemas energéticos en un caso como el archipiélago canario, absolutamente singular en esta materia por su lejanía fundamentalmente, que le impide cualquier conexión a los sistemas peninsulares europeos, es un tema que nosotros creemos que no contempla en su totalidad este proyecto de ley ni antes ni después de las enmiendas, incluidas las autoformuladas por el Grupo Popular.
Ayer en la reunión de la ponencia el portavoz del Grupo Popular nos comunicó que se nos había aceptado una enmienda. Seguro que nos entendemos bien si les digo que lo que dice la enmienda es que la disposición final cuarta se denomine título competencial; esto es lo que se nos ha aceptado. Lo agradezco, pero estoy seguro de que se entiende que después de todo este esfuerzo de explicación que se ha hecho probablemente sea poco. También consideraba el portavoz del Grupo Popular que su
enmienda número 100 subsumía lo que estaba planteado en la enmienda número 38, que habíamos formulado desde Nueva Canarias y Coalición Canaria. No es lo mismo, porque esencialmente -de lo que estamos hablando aquí es de los procedimientos de arranque, etcétera, con los que estamos de acuerdo- el problema de fondo está en que se vuelva a incurrir en el tremendo error de obviar las competencias de las comunidades autónomas. No es lo mismo que sea preceptivo el informe de la comunidad autónoma a que ella tenga la capacidad de recibir el informe de un operador. Por lo tanto, lamentándolo muchísimo, esta cuestión no la podemos aceptar, porque yo creo que algún acuerdo de vez en cuando también está bien, y no será porque no lo hayamos intentado.
Voy a hacer otra consideración sobre un tema que sé que probablemente sea más de consumo interno canario que del ámbito estatal. Debe quedar claro que este portavoz no conoce los contenidos ni los acuerdos a los que haya podido llegar el Gobierno de Canarias con el ministerio o con alguno de sus representantes, si es que esto ha sido así. Debe quedar perfectamente claro que lo que se está defendiendo aquí es el trabajo de este diputado -que por su puesto conoce mi compañera Oramas-, por lo tanto no pretende ni sustituir ni complementar ningún otro tipo de acuerdo que se haya producido al margen de la actividad parlamentaria. En su día, cuando planteamos la enmienda a la totalidad, formulamos tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, esta es una ley que debería ser básica pero no lo es con su actual formulación. Además, es una ley que tiene una característica común para todos los territorios a los que afecta -probablemente la única-, y es que se produce una invasión de las competencias autonómicas. Esto se demuestra permanentemente a lo largo del texto, por mucho que se haya intentado modificar en algunos apartados. Está muy bien que se le pida opinión a la comunidad autónoma, pero de lo que estamos hablando es de que las comunidades autónomas tienen su propio ámbito competencial, en concreto Canarias tiene una ley eléctrica propia. Por lo tanto, no estamos hablando de que nos escuchen de vez en cuanto y ver qué opinamos, sino del justo y equilibrado reparto competencial, enormemente importante a la hora de entender territorios complejos desde lugares alejados. Madrid es un lugar alejado a la hora de interpretar lo que ocurre en un territorio con un hecho diferencial claro, como es el canario, y como ocurre también con los demás.
Hemos planteado enmiendas en las que decimos que la planificación estatal, por ejemplo, debe tener carácter indicativo y debe tener integrada la planificación o la legislación comunitaria. No puede hacerse de otra manera porque, si no, la legislación autonómica equivaldría a papel mojado o bien las comunidades autónomas jugarían el papel de meras comparsas a la hora de plantear y defender sus propios intereses. No podemos estar de acuerdo con esta formulación porque, sencillamente, creemos que es peor esta forma de hacer las cosas, como se ha demostrado en la reciente historia democrática española. Planteamos algunas cuestiones muy importantes. El futuro en una comunidad como la canaria -no me atrevo a hablar de Baleares y de las ciudades autónomas para que no se interprete que me estoy excediendo, y sé que hay un compañero de las Islas Baleares- pasa por las renovables. Canarias tendría que ser el paraíso de las energías renovables. Tenemos un impacto de las renovables del 4% -una cifra completamente ridícula- y no acabamos de ver que las energías en régimen especial tengan una prioridad absoluta o estén adecuadamente retratadas en este proyecto de ley. Este es un asunto absolutamente vital, y no es esto lo que ocurre, la verdad.
En relación con el régimen económico, hemos intentado en nuestras enmiendas transformar este proyecto de ley en una auténtica ley básica. Me decía ayer el portavoz que esto es una ley básica. Nosotros decimos que lo sería si se hubiesen aceptado nuestras enmiendas; si no, no es una ley básica. Por eso hay unos cuantos artículos nuevos que hemos propuesto en ese sentido, que creo que está clarísimo. Le agradecemos que ponga que es una ley básica en las disposiciones finales, pero no lo es realmente porque carece de contenido normativo suficiente y no actúa sobre el conjunto de las áreas que son vitales en nuestra economía.
Como sé que no tengo demasiado tiempo para alargarme y está todo bastante discutido, hay algunas cuestiones sobre las que manifestamos una gran preocupación. Acerca de las nuevas fórmulas de producción energética en Canarias, que seguro que son más baratas y trabajan en la línea de la soberanía o la independencia energética del Archipiélago -hasta donde se pueda llegar porque ya sabemos que esto no puede ser total- y de depender cada vez menos de los combustibles fósiles, planteamos nuestra preocupación no solo sobre el conjunto de las energías renovables sino sobre dos proyectos, las centrales de bombeo de Gorona del Viento y de Chira-Soria. Son dos instalaciones enormemente relevantes que permiten producir energía limpia aprovechando la eólica, aprovechando las caídas de agua entre unas presas y otras, y en el caso de El Hierro superaría las necesidades totales en materia energética con
energías limpias. Dijimos que se introducía en el proyecto de ley una litigiosidad peligrosísima porque, al final, se iban a paralizar ambos proyectos.
En cuanto a las autoenmiendas del Grupo Popular, cuando hay que hacerse tantas autoenmiendas en realidad es una especie de enmienda a la totalidad a su propio texto, si se da cuenta, pero no se resuelve esta cuestión. Aquí hay dos autoenmiendas que tienen relación con esta cuestión, que son esencialmente oscuras en su definición -yo no me considero un genio, pero le digo que si a uno le cuesta entenderlo será por algo-, difíciles de entender, farragosas, con un lenguaje esencialmente oscuro, pero que vienen a incidir en lo mismo, en no aceptar que los territorios archipielágicos son monopolios naturales. No es así porque uno sea monopolista, ya que Nueva Canarias y Coalición Canaria -me consta- no somos partidos monopolistas, sino porque no se puede forzar la competitividad a palos. Lo dijimos en su día y lo repetimos ahora. Existe un empeño manifiesto en modificar dos centrales que están adjudicadas adecuadamente: la una prácticamente finalizada, que es Gorona del Viento, y la de Chira-Soria, adjudicada en buena lid en una licitación a la que solo concurrió quien tiene hoy esa titularidad. Están ustedes empeñados en generar litigiosidad en torno a este tema. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que quien se considere afectado va a litigar y va a ir a la Unión Europea, que dirá que no hay quien entienda este texto porque no se sabe si de verdad se está confundiendo o no la generación con el transporte de energía o con la operación de la red. ¿Sabe cuál va a ser la conclusión? Que no se va a hacer nada, y esto nos preocupa extraordinariamente. En nuestra enmienda le pedimos la supresión de los artículos 5 y 6 en relación con este tema. Si persisten en el error del lenguaje farragoso y complejo, seguro que va a generar litigiosidad y, en consecuencia, no resolverá el fondo de la cuestión.
Les planteamos el cálculo de las primas para establecer claramente los hechos diferenciales, pues tampoco está. Les hemos presentado una disposición adicional que tampoco ha merecido su aprobación. La regulación del autoconsumo con balance neto energético es un sistema clarísimo de ahorro, de estimular la eficiencia, la participación de la ciudadanía en la reducción de los costes de generación energética y un avance hacia la autosuficiencia energética. Planteamos la eliminación de las barreras de entrada en este procedimiento, y no ha merecido tampoco su apoyo. A la disposición final primera, en relación con las sanciones, le hemos dicho que no se entiende esta intromisión de nuevo en las competencias de las comunidades autónomas. En la disposición final quinta el desarrollo y ejecución de lo establecido en esta ley se le vuelve a adjudicar al Gobierno de España, obviando ustedes de nuevo al Gobierno de las comunidades y de las ciudades autónomas. Esto no es aceptable, no es acorde con la distribución competencial que tienen las instituciones -voy finalizando, señor presidente- en el ámbito del Estado español. Sobre la disposición final segunda, la cuestión del fracking ha generado una enorme preocupación en un montón de gente. La introducción de una técnica como la fracturación hidráulica en una modificación de la Ley de Hidrocarburos, una ley que se supone que tiene que ver con los sistemas insulares y extrapeninsulares, de verdad que como mínimo induce a la sospecha. No puedo entender la persistencia al introducir un elemento ajeno a lo que debería ser esta ley, contestado clarísimamente por numerosísimos sectores sociales, científicos y políticos; sin embargo, como digo, se persiste en esta disposición final segunda que no es razonable que esté colocada aquí.
En síntesis, nos parece que no es posible resolver un proyecto de ley que ha nacido mal a través de este conjunto de autoenmiendas, que indicarán probablemente que este proyecto de ley nació mal y que desgraciadamente no ayudarán a resolver los serios problemas de futuro que tenemos planteados los archipiélagos, concretamente el archipiélago canario, en relación con nuestro futuro energético, con la autosuficiencia energética y basándose en las energías limpias.
Solamente vamos a apoyar dos enmiendas, la 95 y la 97, porque creemos que tienen que ver con parte de las que hemos formulado Nueva Canarias y Coalición Canaria, y no podemos aceptar que en nuestra enmienda 38 esté subsumida su enmienda 100. En cuanto a sustituir en nuestra primera enmienda lo de denominarla ley básica, he explicado ya por qué entendemos que no es una ley básica. Con el articulado que hay en estos momentos no tiene las características de una ley básica, creemos que no reúne los requisitos, por mucho que esté así en las disposiciones finales. Por lo tanto, lamentablemente, vamos a tener que votar en contra de este proyecto de ley, en el que defendemos que muchos nos jugamos muchas cosas y en concreto los territorios afectados en buena medida nuestro futuro.
El señor PRESIDENTE: Señor Quevedo, cuando ha dicho que acepta las enmiendas 95 y 96, que son del Grupo Parlamentario Popular, no tiene cabida puesto que ya han sido incorporadas al...
El señor QUEVEDO ITURBE: Perdón, señor presidente, lo decía a los efectos de demostrar que somos gente razonable.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Quevedo.
Antes de continuar, las votaciones se esperan para las doce treinta, para que los portavoces se lo comuniquen al resto de los diputados miembros de la Comisión.
A continuación debería intervenir el Grupo Parlamentario Vasco. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra). Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Solamente quería manifestar que las damos por defendidas, en nombre de Grupo Parlamentario Vasco.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Llibre. (El señor Quevedo Iturbe pide la palabra). Señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Quería decirle que doy por defendidas las enmiendas formuladas por Esquerra Republicana de Catalunya y por el Bloque Nacionalista Galego, puesto que me había olvidado.
El señor PRESIDENTE: Lo había imaginado así, puesto que usted interviene por el Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia no tenía enmiendas y no está presente ningún portavoz. En representación de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Quería empezar constatando la cierta anomalía democrática que rige este Congreso, que empieza por la imposibilidad de poder controlar la acción de Gobierno en la situación que vive el país, pero que sigue con las fórmulas y los procedimientos legislativos que rigen la Cámara. Creo que lo que estamos debatiendo es un nuevo ejemplo. Ayer por la noche tuvimos el texto de la ponencia; aunque había un compromiso de que el grupo de la mayoría nos haría llegar antes cómo iba a quedar para poder trabajarlo, no ha sido así. Esa es la práctica habitual que rige los procesos legislativos que degradan cada día más el trabajo que hacemos aquí entre todos, la imposibilidad de debate y además una actitud de rechazo frontal a cualquier aportación que hace la oposición. De este modo, se va degradando una institución como el Congreso y también la calidad legislativa; de hecho, hoy estamos acabando el debate de una ley cuando mañana debatiremos un real decreto-ley que afecta al sector de la energía y al sistema extrapeninsular, y que nos llegó ayer por la tarde a este Congreso. Además es la séptima ley que afecta al sector energético, y así suma y sigue. No entiendo que un sector tan estratégico a nivel económico, social y ambiental como el energético se vaya regulando a golpe de real decreto-ley o de leyes por procedimiento de urgencia que no pueden enriquecerse por parte del resto de los grupos parlamentarios. Estamos asistiendo a una negociación entre las eléctricas y el Gobierno como convidados de piedra.
A esta ley, cuyo trámite en Comisión termina hoy, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad porque nos parece que no resolvía los problemas que decía que iba a solucionar: cómo introducir competencia en un mercado monopolístico per se en las islas, con la gran dificultad que tiene introducir competencia en ese sentido, y cómo abaratar los costes, cuando todo el mundo sabe que lo más barato en Canarias, en las islas, es producir energía eléctrica por energías renovables. No se fue a la raíz de los problemas, tampoco se fue a facilitar esa implantación de las renovables, cuando en Canarias es donde menos renovables hay en todo el Estado, muy por debajo de la media. Esta ley tampoco va a solucionar esto. Ni siquiera han cumplido el compromiso que dio el ministro en sede parlamentaria de que la moratoria iba a ser suspendida, ni siquiera ese compromiso que se dio ha acabado en las enmiendas del Grupo Popular. ¿Qué es lo que necesitan? Lo que necesitan los territorios insulares y extrapeninsulares es precisamente reducir la dependencia del combustible, aumentar la red de pequeñas producciones, fomentar el autoconsumo y sobre todo tener buenas conexiones, una conexión mallada para ir desplazando las energías sucias a través de las energías renovables. La solución en esos territorios no es el gas, son nuevos combustibles.
Nuestro grupo parlamentario, además de la enmienda a la totalidad, ha presentado quince enmiendas para diferentes cuestiones. Por un lado la enmienda número 6 habilita la instalación pero concreta que sean renovables. No se trata solo de nuevas instalaciones; si lo que necesitamos es hacer un esfuerzo para que sean renovables hay que concretar esa cuestión. Las enmiendas 7 y 8 piden la supresión del
artículo 2.1 y 2.2 por ser una clara invasión competencial, ya que quien tiene competencia para hacer este tipo de autorizaciones a nuevas instalaciones es la comunidad autónoma. La enmienda número 9 plantea una disposición adicional para crear una comisión de trabajo, que a nuestro entender sería razonable tal como se encuentra hoy Canarias, para ver cómo se puede aplicar ese modelo aproximándonos al cien por cien renovables, que por cómo es el territorio canario podría tener cabida; habría que hacer una comisión de estudio entre expertos, el Estado y los propios cabildos para ver cómo se podría trabajar esta cuestión. La enmienda número 10 vuelve a plantear la necesidad de la prohibición del fracking como una cuestión preventiva. No entendemos que en una ley que habla de costes extrapeninsulares aprovechen para regular y homologar una práctica que es una auténtica amenaza a nivel medioambiental y de gasto de recursos como el agua. Además es cada vez más evidente en aquellos países que la están usando que no es rentable a nivel energético y que solo acaba siendo un producto para especular con las licencias en los mercados financieros, pero no es un recurso energético más. Si ahora la apuesta es por el fracking nos saldrá muy caro en este país, porque usa recursos que no tenemos -como el agua, que es muy escaso- y además también pone en peligro el subsuelo, como demuestran las últimas alarmas en China, alarmas sísmicas por el uso de esta técnica de fractura hidráulica. Con las enmiendas 11, 12 y 13, proponemos precisamente la suspensión en estos territorios de los reales decretos-leyes, que ponen freno, barreras a las renovables. También hicimos la enmienda número 14 en pleno debate sobre Garoña. Ya que ustedes utilizan estas leyes para hablar del fracking, ya que hablamos de energía debemos hablar de qué modelo queremos. Después del sainete y del ridículo que ha hecho hacer el Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear, pretendíamos con esta enmienda poner fin a lo que debería ser del cese definitivo de esta central. Parece que no y que tenemos sainete para rato. En la enmienda número 15, cuando se habla sobre la titularidad, pasar a Red Eléctrica como operador, se debe garantizar el control del 20% por parte del Estado, porque si ha de funcionar como operador del sistema debe haber un cierto control público con esa adquisición de patrimonio. La enmienda número 16 habla precisamente del fomento del autoconsumo. Entendemos que es un espacio inigualable para poderlo aplicar y además favorecería ese abaratamiento de costes. La enmienda número 17 es de supresión del artículo 10.3, para mantener la prioridad de acceso al transporte y distribución a las renovables. Finalmente, también planteamos la supresión de las disposiciones que hablan del fracking.
Las enmiendas del Grupo Popular, a pesar de lo que anunció, en algunos casos sí suponen mejoras técnicas, matizan o se autoenmiendan en el planteamiento que hacían al principio, pero realmente no dan un giro a una ley que debería atacar los problemas reales que tienen los territorios extrapeninsulares y los insulares de un alto coste en la producción de energía eléctrica, que acabamos pagando todos. Existen alternativas y entendemos que el Gobierno no las ha encontrado con esta ley -ni con el texto inicial ni con las enmiendas- y por lo tanto votaremos en contra de este proyecto.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario ha presentado cinco enmiendas al proyecto de ley para la garantía del suministro de sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Quiero recordar que nuestra posición cuando se presentaron las enmiendas a la totalidad fue la de que existían cuatro aspectos relevantes por los cuales íbamos a presentar las enmiendas que a continuación voy a defender. Las dos primeras -60 y 61- se refieren a los dos grandes aspectos de este proyecto, que se pueden resumir en el artículo 1 y en el artículo 5. Desde el inicio de la tramitación consideramos que, lejos de promover la competencia y reducir los costes del sistema, iba claramente en detrimento de la propia garantía del suministro de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que es sin duda lo fundamental para el sistema y sus usuarios. También dijimos que existía una falta de sensibilidad por parte del Gobierno respecto a las comunidades autónomas y que esta falta de sensibilidad era constante a lo largo del texto. Es una posición que a nuestro juicio no es de recibo, ya que es necesario que el diálogo entre el Estado y las administraciones autonómicas sea constante y fluido y más en temas tan trascendentales como son los energéticos. Había también otro aspecto que nos preocupaba, que era que con este proyecto de ley se habilitaba la fractura hidráulica o fracking para la realización de trabajos de exploración, investigación, explotación o almacenamiento.
Sobre la base de estos tres o cuatro grandes temas hemos presentado enmiendas que van en la siguiente dirección. La enmienda número 60 plantea la supresión del artículo 1, básicamente por tres motivos esenciales, en primer lugar, por la forma en que dicho artículo introduce la competencia, limitando
la instalación de potencia por los agentes con una cuota mayor al 40%, lo que resulta desde nuestra perspectiva equívoco e injusto, pudiendo incluso generar problemas en el suministro. Hay otro aspecto, que es la posibilidad de reconocer el régimen retributivo específico de los SEIE a nuevas instalaciones incluso en los supuestos en que se supere la potencia necesaria. Esta cuestión podrá implicar o implicará sin ningún género de dudas más costes innecesarios para el sistema. Finalmente, en el apartado 2 de este artículo 1 se hace referencia a la posibilidad de mecanismos retributivos especiales que podrán incluir señales económicas de localización para la resolución de restricciones técnicas zonales. En nuestra opinión, estos mecanismos serían extraordinariamente costosos. Por este motivo pedimos la supresión del artículo 1. Respecto a la supresión del artículo 5, enmienda 61, se plantea por motivos que van en concordancia con los tres que acabo de mencionar anteriormente.
Planteamos la supresión de la disposición final segunda por los siguientes motivos, en primer lugar, porque la técnica de extracción de gas no convencional no está exenta de riesgos y son primordiales los mecanismos que permitan delimitarlos. Constatamos que el año pasado la Comisión Europea consideró necesario crear un marco legislativo sobre esta práctica, marco que aún no está definido ni aprobado, pero que marcará unas directrices que supondrán una buena guía para los países miembros.
Proponemos la supresión de la disposición final tercera, por los mismos motivos que acabo de explicar y, al mismo tiempo, formulamos una disposición adicional nueva en la enmienda número 64, en la que nos posicionamos a favor de nuevos planteamientos sobre la fractura hidráulica para que el Gobierno considere tres cuestiones en relación con esta técnica desde nuestro punto de vista relevantes: en primer lugar, encargar la elaboración, en un plazo de seis meses, de un informe de expertos que sirva como precedente ante cualquier regulación de la técnica extractiva mediante la fractura hidráulica o fracking y que incida en los aspectos de la misma que comporten mayores riesgos para la salud y para el medio ambiente; en segundo lugar, postergar la regulación de las actividades extractivas que utilicen la técnica de la fractura hidráulica hasta que la Comisión Europea presente un marco legal sobre esta práctica que dé seguridad jurídica a los ciudadanos; y, finalmente, entendemos que cualquier modificación en relación con esta práctica debería ser consultada y consensuada con las comunidades autónomas, las cuales ostentan la competencia de investigación de la existencia de hidrocarburos.
Estas son nuestras enmiendas y daremos nuestro voto en función de cuál sea la posición del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno respecto a las enmiendas que ha presentado nuestro grupo de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, que va a dividir su turno o su intervención entre dos portavoces, tiene la palabra don José Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Como primera medida, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere poner de manifiesto la coherencia terminológica, intelectual, conceptual y de contenidos que hemos querido mantener en toda la tramitación de este proyecto de ley. ¿Por qué lo decimos? Porque el proyecto de ley ha experimentado desde luego unas evoluciones en su tramitación que ponen de manifiesto la escasez de la riqueza del tratamiento parlamentario democrático que es exigible a todo proyecto de ley. En primer lugar, el proyecto de ley fue elaborado por el Gobierno pensando en cuatro comunidades del Estado español: Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, tal como dice el artículo 12 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico; eso es aceptable, pero pone de manifiesto que, quince años después de haber institucionalizado la terminología de regiones insulares y extrapeninsulares, que es con la que se define ese artículo 12 y otras normas posteriores, quizá se podría haber hecho un esfuerzo para modificarla.
En segundo lugar, un proyecto de ley de estas características para cuatro comunidades singulares del Estado español, que no es para todo el Estado español, requería un diálogo permanente y fluido con las cuatro comunidades. Ese diálogo no se produjo, ese diálogo no tuvo lugar, ese diálogo hubiese enriquecido el texto y hubiese dado lugar a un texto mucho más potente en modernidad. ¿Qué ha ocurrido? Que una vez que el proyecto de ley entró en las Cortes Generales, naturalmente el ministerio se dio cuenta que tenía unos contenidos que era menester modificar, y para ello, habiendo incumplido previamente el diálogo, como acabo de hacer referencia, conectó con las cuatro comunidades, con los responsables de las cuatro consejerías de las cuatro comunidades, y, consecuencia de ese diálogo posterior, llegaron al acuerdo de que el Grupo Parlamentario Popular presentase en forma de enmienda aspectos vinculados a esos acuerdos.
El diputado Quevedo acaba de comentar que no conocía esos acuerdos posteriores a la entrada del proyecto de ley en las Cortes Generales y que hubiese sido muy positivo conocerlos dado que, primero,
la memoria económica que tenía que acompañar al proyecto de ley tardó en entrar en las Cortes; segundo, el proyecto de ley no fue objeto de informe, porque tampoco es preceptivo -hay que decirlo-. Mientras sí era preceptivo políticamente el diálogo con las comunidades previamente, no era preceptivo el informe del Consejo de Estado, que no lo ha habido, ni tampoco ha habido informe de la Comisión Nacional de Energía, que hubiesen enriquecido los informes a los que estoy haciendo referencia si se hubiesen producido. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista hubiese deseado del Gobierno que, habiendo incumplido los trámites a los que he hecho referencia, el Ministerio de Industria hubiese incrementado el conjunto documental puesto a disposición de los grupos parlamentarios si del diálogo con las cuatro comunidades autónomas hubiesen resultado algunos acuerdos. Hubiese sido muy positivo porque quienes tramitan las leyes son las Cortes Generales españolas y son los grupos parlamentarios los que tienen que emitir criterio.
A continuación tengo que manifestar que es un error procedimental del Gobierno haber hecho un proyecto de ley monográfico exclusivo para estas cuatro comunidades. El error se viene poniendo de manifiesto a lo largo de los últimos meses. Mañana -aquí también se ha dicho- en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados se va a producir -por la mayoría que tienen, doy por sentado que se va a producir- la convalidación del Real Decreto-ley 9/2013, que aprobó el Consejo de Ministros el viernes pasado, entró en las Cortes Generales ayer lunes a primera hora y hoy martes ha entrado la memoria económica. Fíjense lo que estamos diciendo, qué tratamiento experimentan los grupos parlamentarios. Además, está circulando por toda España el anteproyecto de ley de reforma energética, del que el Gobierno tuvo conocimiento -no aprobó- el viernes pasado y que aprobará próximamente en Consejo de Ministros. A su vez, circulan también por toda España cinco reales decretos vinculados al nuevo proyecto de ley de reforma energética y varias órdenes ministeriales. Con toda esta tramitación se puede comprobar que para las regiones insulares y extrapeninsulares -así denominadas en el Real Decreto-ley 9/2013 que mañana se convalidará- aparece un capitulito que podía haber venido en este proyecto de ley. Habrá también un real decreto posterior que debía haber venido en este proyecto de ley; es decir se pone de manifiesto que para las regiones insulares y extrapeninsulares se ha improvisado notablemente.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda a la totalidad y un texto alternativo desde el punto de vista de la coherencia, como he dicho, de un grupo parlamentario que tiene criterio, que sabe que hay problemas y que hay que resolverlos. En la misma línea van las veinticuatro enmiendas que desde la número 65 a la número 88 -como consta en el boletín- el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado. Los diputados que vamos a intervenir en su defensa, como ha referido el presidente de la Comisión, somos precisamente un diputado canario y un diputado de Baleares, pero Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias no tienen nada en común desde el punto de vista energético, nada en común. Baleares se incorporará sin duda alguna en un plazo de tiempo muy reducido al mercado ibérico de la electricidad. Baleares tiene una conexión por cable y por conducción de gas con la Península. Ceuta se conectará con Algeciras sin duda alguna y se incorporará al mercado ibérico de la electricidad. Melilla no lo va a poder hacer. Y Canarias tiene que tener un tratamiento excepcional y singular como región ultraperiférica que es y que no le da este proyecto de ley ni le dan los contenidos que respecto a ella vienen en los textos próximos. Por eso y por otras muchas razones, el Grupo Parlamentario Socialista, previsiblemente -decisión que se terminará de adoptar en el día de hoy-, mañana votará en contra de la convalidación del Real Decreto-ley 9/2013.
Voy a referirme muy brevemente a cinco o seis enmiendas singulares de las veinticuatro que hemos presentado. En la enmienda 65 al artículo 1 nosotros planteamos la libre concurrencia. Un procedimiento de concurrencia quiere decir que cuando se necesite aumentar la potencia, pongamos por caso, en la isla de Tenerife en 300 megavatios -porque se precise- se abra un concurso público al que se puedan presentar todas las empresas que cumplan las características y requisitos adecuados. Esto lo dice la Administración pública española y lo dice la lógica, no que se produzcan -como ha ocurrido hasta ahora en otros ámbitos vinculados al sector eléctrico- sistemas de concurso que favorecen criterios que no son los criterios del interés general.
En la enmienda número 68 nos identificamos con el contenido del artículo 6 del proyecto de ley -lo dijo este interviniente en el debate a la totalidad- y por eso, en cuanto a las instalaciones de regasificación de los sistemas gasistas insulares y extrapeninsulares, creemos que con la enmienda 68 se mejora notablemente lo que dice dicho artículo 6 del proyecto de ley.
En la enmienda número 71, sobre financiación de la compensación extrapeninsular con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, decimos lo que decía el Gobierno anterior y es que toda la financiación de los extracostes vaya como una partida de los Presupuestos Generales del Estado, como hay partidas
presupuestarias para financiar el transporte de residentes o el transporte de mercancías de residentes. Nos encontramos con que, primero, esto no lo trae el proyecto de ley que estamos debatiendo, que debería traerlo, pero además mañana veremos que el Gobierno accederá al 50% de esa subvención. Nosotros no podemos identificarnos tampoco con ese planteamiento, de ahí la enmienda número 71.
Con la enmienda número 77, regulación de autoconsumo con balance neto energético en el sistema eléctrico, en el Grupo Parlamentario Socialista nos referimos a lo que ya se ha debatido en esta Comisión extensamente en una proposición no de ley de amplio contenido que se vio hace un par de meses.
La enmienda número 81, incorporación del sistema eléctrico de Ceuta en el mercado ibérico de la electricidad, propone algo en lo que nosotros creemos, que se encargue a Red Eléctrica la elaboración del estudio del proyecto y se ejecute un proyecto como se hizo con Baleares. Es menester conectar Ceuta con Algeciras, incorporar Ceuta al mercado ibérico de la electricidad, para que ante una emergencia no tenga que depender del auxilio de otro país vecino, que podrá dárselo o no. En esta Cámara -y forma parte de esta Comisión en estos instantes en el Grupo Parlamentario Popular- hay un único diputado que representa a la ciudad de Ceuta; el Grupo Parlamentario Socialista no tiene representación parlamentaria de Ceuta en las Cortes, pero a este interviniente, que se identifica plenamente con la problemática de estas dos ciudades, le produce satisfacción poder defender este planteamiento. En ese sentido, les ruego que los miembros de esta Comisión lean esta enmienda 81.
La enmienda número 82 se refiere a proyectos experimentales del régimen especial en las islas Canarias. Señorías, la geotérmica, la mareomotriz, ahí está explicado. Es un paso al frente de modernidad el que planteamos con esta enmienda, que a sus señorías, que son personas estudiosas y que hacen un seguimiento milimétrico de los contenidos de todas y cada una de las enmiendas, supongo que les habrá gustado. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular están esperando que llegue la votación separada de esta enmienda 82 para votar a favor, porque, ¿quién no va a votar a favor de un aprovechamiento de 10 megavatios de capacidad para energía mareomotriz y undimotriz por primera vez en España, o a favor de la energía geotérmica, de la que Canarias, región vulcanológica, está más que sobrada?
Sé que sus señorías habrán disfrutado leyendo el contenido de la enmienda número 83, implantación de contadores inteligentes para el sistema eléctrico. Es una enmienda de gran categoría que casi seguro se la saben de memoria y cuya votación separada pediremos también.
La última, señor presidente, es la enmienda 86. El título del proyecto de ley es tan largo que hasta me olvido: proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. El Real Decreto-ley 1/2012 le pegó el hachazo en toda España a todas las instalaciones renovables. Nosotros planteamos la derogación normativa para estas cuatro comunidades: Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, y en Canarias son 1.400 megavatios de potencia los que se han dejado de instalar.
Con estos brochazos dialécticos que he utilizado en la defensa de las enmiendas, le agradezco al presidente su proverbial y generosa actitud hacia este diputado y, consiguientemente, si lo estima oportuno, me detengo o, si quiere, continúo. (Risas).
El señor PRESIDENTE: No, muchísimas gracias, señor Segura.
A continuación, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra don Pablo Martín.
El señor MARTÍN PERÉ: De una manera quizá menos pictórica que mi compañero canario el señor Segura, debo comenzar mi intervención diciendo que no creo que a estas alturas nadie se escandalice si afirmo que, detrás del rimbombante título de este proyecto de ley y de su contenido, entre las muchas peculiaridades que contiene, las menciones que se realizan al archipiélago balear y prácticamente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son poco menos que honoríficas. Ello en cierto modo es comprensible porque, como muy bien había explicado mi compañero el señor Segura, la situación de las instalaciones de abastecimiento de energía en el archipiélago balear es muy distinta a las del archipiélago canario y, efectivamente, las interconexiones que hay entre las islas, así como también con la Península, tanto en el transporte y suministro de energía eléctrica como de gas, han cubierto la mayor parte de lagunas que anteriormente pudiéramos tener, pero ello no obsta o no es argumento suficiente como para que haya habido un olvido de las lagunas que todavía quedan pendientes en el abastecimiento energético de mi comunidad autónoma y, por tanto, nosotros consideramos que nuestra labor a la hora de presentar o formular enmiendas por parte del Grupo Socialista no solamente debía contribuir a mejorar el texto que se había presentado por el Gobierno, sino también a tratar de salvar esas lagunas a las que hacía mención, en el caso que me corresponde, de mi Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
En su intervención el señor Quevedo ha hecho mención -y ha dicho que no quería hablar tampoco en nombre de los baleares- a las necesidades que cualquier archipiélago tiene de generar y suministrar energía eléctrica desde el ámbito de las energías renovables y sostenibles. Le puedo decir que ese discurso es plenamente asumible en el caso de mi comunidad autónoma y que por ello la enmienda 78 que hemos formulado plantea la solicitud de una convocatoria de preasignación de retribución para instalaciones de tecnología eólica y fotovoltaica con un objetivo de potencia de 150 megavatios, que se distribuirían de manera equitativa entre ambos tipos de generación de energía. Además, el régimen económico que le sería de aplicación -esto también en coherencia con el resto de enmiendas que hemos formulado en la misma dirección desde el Grupo Parlamentario Socialista- sería el previsto en el Real Decreto 661/2007. Debo decir respecto a esta enmienda que tampoco debe ser tan descabellada cuando recientemente el Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con el Gobierno autonómico de Baleares en términos relativamente parecidos, pero con un objetivo de potencia muy inferior al que nosotros planteamos. Entendemos que, dadas las peculiaridades de los archipiélagos y las necesidades de autoabastecimiento, es primordial que además ese autoabastecimiento sea hecho a través de energías renovables y sostenibles para garantizar la viabilidad del suministro de esas energías en cada uno de los archipiélagos.
En cuanto a la siguiente enmienda, la 79, propone la inclusión, dentro de la planificación de infraestructuras para el periodo 2014-2020, de la conexión gasista entre las islas de Mallorca y Menorca una vez que se hayan realizado los pertinentes estudios que demuestren la viabilidad económica y los consecuentes ahorros para el sistema. Decía anteriormente que si bien la situación en materia de conexión gasista y eléctrica del archipiélago balear difiere enormemente en cuanto a la del archipiélago canario, no por ello deja de haber lagunas, y precisamente esta conexión gasista entre la isla de Mallorca y la de Menorca es una de las que entendemos que debe ser paliada con la enmienda que formulamos.
Ya por último, con la enmienda 80, de adición, solicitamos, de una manera coherente con otras enmiendas del Grupo Socialista, la inclusión de las conexiones eléctricas Mallorca-Menorca dentro del mercado ibérico de la electricidad o Mibel.
Para finalizar quiero comentar, fundamentalmente a título personal, que a este diputado le hubiera gustado que hubiera estado presente -me imagino que no puede hacerlo por motivos de actividad parlamentaria- el también ponente de esta ley señor Ramis, quien sin duda alguna nos podría haber explicado el posicionamiento del Grupo Popular en cuanto estas enmiendas que planteamos para las islas Baleares y que serán rechazadas.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, el señor Ramis está, creo, presidiendo la Comisión de Educación en este momento. (El señor Martín Peré: Estaba seguro que era por eso).
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Guillermo Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Antes de pasar a explicar la posición de mi grupo, quisiera responder a las afirmaciones vertidas por el resto de ponentes y voy a empezar por la última. El señor Ramis no está porque está presidiendo la Comisión de Educación. Me parece que introducir este tipo de discursos es bastante bajo y de poca categoría parlamentaria. En cualquier caso, he de decirle que efectivamente el sistema de las Islas Baleares queda contemplado en este texto en lo que se refiere a la incorporación de las energías renovables obviamente, como usted habrá podido ver si ha leído el texto, y en cualquier caso tanto las Islas Baleares como las islas Pitiusas quedarán conectadas -la isla de Mallorca ya lo está- a través del cable Rómulo, como usted conocerá, ese proyecto de Red Eléctrica, y recientemente se ha inaugurado el gasoducto que posibilita que la situación de Baleares diste mucho en ese sentido, o sea que es mucho mejor, porque está mejor interconectada, que la que tienen por ejemplo las islas Canarias.
En cuanto a la afirmación realizada por la diputada de Izquierda Unida acerca de la situación de las energías renovables, insisto, hay que leerse los textos cuando uno es el ponente y hay que entender que lo que hace esta ley es establecer un marco legal que permite un efectivo y claro desarrollo de las energías renovables. También le informo que esta mañana han sido remitidos a la Comisión Nacional de Energía, dentro del paquete de medidas aprobadas el pasado viernes, aquellos decretos que hacen referencia al desarrollo de las renovables en Canarias y a la situación de los sistemas insulares y extrapeninsulares.
El señor Quevedo ha planteado que las islas son territorios monopolísticos naturales. Cuando uno, que es liberal, escucha este tipo de comentarios no dejan de salirle incluso sarpullidos en la piel. Plantear que una situación geográfica determinada, por el simple hecho de ser isla, lleva implícita la situación de
monopolio es renunciar a la capacidad de formular que haya competitividad, competencia y que por tanto haya una formación de precios mucho más equilibrada.
Señor Segura, el texto legislativo que hoy estamos tratando empezó con un anteproyecto y después con un proyecto que fue enviado a esta Cámara. Una ley entra en vigor una vez que aparecen en el BOE, por tanto, el trabajo previo que se realiza no es mejor ni peor, es un trabajo para mejorar ese texto. En consecuencia, renunciar a la capacidad de mejora que esta Cámara puede realizar es renunciar al trabajo que los parlamentarios debemos desarrollar.
Creo que nos encontramos claramente ante un problema olvidado hasta el día de hoy, olvidado porque solamente el Partido Popular con la Ley 54/1997 y con el artículo 12 que ya mencionó el señor Segura y ahora con este texto lo ha acometido para buscar una solución. No renunciamos a afrontar los problemas. Hemos notado cierta sobreactuación en la presentación de las enmiendas y mucha preocupación que no vimos ni en la legislatura de 2004-2008 ni en la de 2008-2011, ni en aquellos que apoyaban al Gobierno ni en quienes formaban parte del mismo. Así pues, esa sobreactuación había que haberla realizado ante los titulares de esa responsabilidad en su momento. El Gobierno lleva un año gobernando y este es el momento en el que ha presentado este texto, con el que intenta mejorar una situación de debilidad para los sistemas extrapeninsulares e insulares, situación de debilidad que viene derivada del reducido tamaño, como todos ustedes saben, de una economía a escala pequeña, de alejamiento y, por supuesto, de una dificultad enorme de aprovisionamiento de combustible, que trae consigo mayores riesgos para la garantía de suministro y también incluida una elevación de los costes, que repercute directamente en las empresas, naturalmente también en los Presupuestos Generales del Estado y, mucho más grave, en todos y cada uno de los consumidores.
Quisiera hacer un inciso sobre esto. Estoy escuchando a mucho heraldo del terror, a mucho anunciador del fin del mundo, que plantea que la factura eléctrica en Canarias, en Baleares o en Ceuta y Melilla va a diferir de la que tiene la Península. Es un error y me parece que además es una deslealtad con la legislación vigente. Me parece irresponsable. La factura eléctrica que se abona desde esos territorios con respecto a lo que se abona en la Península es exactamente la misma. Lo que ocurre es que el coste de generación es infinitamente superior. En el caso de Canarias estamos hablando de un coste de generación en torno a 250 euros megavatio/hora y en la península ibérica en torno a 50, eso en lo que se refiere a elevación de costos, no en cuanto a repercusión en absoluto dentro de la factura eléctrica. Otra vez el PP es el que debe afrontar esta dificultad para mejorar el bienestar de las Islas Baleares, de las islas Canarias, de Ceuta y Melilla, y para mejorar por supuesto la competencia.
Quiero explicar cuáles son, a nuestro modo de entender, los cuatro ejes básicos de este texto para evitar tergiversaciones como las que he podido escuchar con anterioridad a mi intervención. Por una parte, se quiere dotar de mayor competencia y, por tanto, de mayores oportunidades a esos territorios; en segundo lugar, reducir los costes; en tercer lugar, minimizar y reducir los riesgos para la seguridad y la garantía del sistema eléctrico; y por último -quizás lo más relevante-, aumentar la penetración de las energías renovables que, como decía el señor Quevedo, en el caso de Canarias apenas alcanzan el 4%, cuando en el resto del territorio nacional están en torno al 30%.
En primer lugar, cuando hablamos de mayor competencia, de mayores oportunidades, creemos que esa competencia se introduce dando paso a nuevos y más operadores. En el artículo primero podemos observar cómo ya se establece la posibilidad de crear mecanismos retributivos para nuevas instalaciones siempre y cuando estas lleven aparejada una reducción de los costes. Además, se establecen señales de localización, que permitirán que aquellas zonas más débiles o peor abastecidas de energía eléctrica puedan tener ese problema solucionado. Esas restricciones, que alcanzan el 40%, como anteriormente ha dicho uno de los portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido antes que yo, pretende garantizar esto, la seguridad de suministro y la entrada de nuevos operadores. Naturalmente está exceptuado ese 40% en el supuesto de que no existiere otro operador que pudiera hacer frente a esta cobertura de demanda o que la cobertura de demanda no estuviera asegurada si este operador desapareciera.
Quiero decir además que las diecisiete enmiendas que ha presentado el Grupo Popular han sido trabajadas conjuntamente con el Gobierno de Canarias, del que forman parte el Partido Socialista y Coalición Canaria. Ya sé que para quienes no pertenezcan a este territorio ha podido resultar paradójico escuchar a los anteriores defensores de las enmiendas, pero no voy a entrar ahí. Sí voy a decir que esto responde a la lealtad institucional de este grupo parlamentario, que trabaja codo con codo con todas las administraciones públicas independientemente de cuál sea la formación política que esté al frente de ellas.
En segundo lugar, hablaba de reducir los costes. Evidentemente, como todos ustedes saben, prácticamente el 60% del coste del sistema eléctrico canario, balear, de Ceuta y de Melilla lo representa el combustible. Esta ley permite optimizar estos costes introduciendo principios que hasta ahora no aparecían en la regulación: el principio de concurrencia, transparencia, objetividad y no discriminación en la adquisición de estos combustibles.
En tercer lugar, mencioné la necesidad de minimizar los riesgos para la seguridad y la garantía de los sistemas eléctricos. Se posibilita y facilita al Gobierno a través de la modificación del artículo 10 de la Ley 54/1997 que cuando se reduzca sustancialmente la disponibilidad de alguna de las fuentes de generación se podrá aminorar la retribución adicional a la que estas tienen derecho; con ello se evitan situaciones de riesgo y se aumentan las herramientas de actuación para el Gobierno dándole mayor capacidad de actuación que la que tenía actualmente. Enlazado con disminuir los riesgos para la seguridad y con la penetración de mayores fuentes de energía renovable, es muy importante el impulso que se le da a dos nuevas instalaciones en Canarias. Por una parte, las regasificadoras de Gran Canaria y Tenerife y, por otra, la entrada en funcionamiento de nuevos bombeos. ¿Por qué digo esto? Porque la entrada en funcionamiento de las regasificadoras supone la entrada en funcionamiento de un backup, que es una tecnología de respaldo, la mejor tecnología conocida actualmente para responder a la imposibilidad de gestionar veinticuatro horas, siete días a la semana, las energías renovables. Esa capacidad de respaldo lleva además añadido que su emisión de gases de efecto invernadero sea un 18% inferior a la que actualmente se emite en las centrales térmicas de las islas Canarias que, como bien saben el resto de compañeros de este territorio, fundamentalmente están abastecidas con fueloil. Además, todos conocen la imposibilidad que existe de poder participar del sistema gasista peninsular y balear. Por tanto, esta ley permite la creación de un subsistema que regule la competitividad y la competencia; lo digo fundamentalmente porque permite que haya un transportista, un abastecedor único, un gestor técnico del sistema, que posibilitará que haya una distribución y una comercialización liberada. Por tanto, lo que permite -vuelvo a lo que decía al principio cuando me refería al señor Quevedo- es que tengamos la posibilidad de llevar a cabo un ajuste de los precios más equilibrado que el que actualmente tenemos.
Por otra parte, la entrada en funcionamiento del bombeo, además de ser una tecnología de respaldo, supone potenciar el almacenamiento. Todos sabemos que la energía tiene como principal dificultad técnica el almacenamiento, y una de las tres posibilidades que existen para almacenar energía es el bombeo. Cuando los aerogeneradores están en funcionamiento y la demanda eléctrica disminuye, podemos elevar desde el vaso inferior al vaso superior una importante cantidad de agua que al día siguiente pasa a formar parte de un proceso de generación eléctrica hidráulica. Por tanto, el bombeo garantiza mayor seguridad, mayor capacidad de respuesta en sistemas aislados y, por último, una mejor y mayor incorporación de las tecnologías renovables no gestionables. Esta ley impulsa el desarrollo de bombeos porque se establece un calendario muy taxativo para su puesta en funcionamiento en aquellas compañías que ya tengan concesiones para la utilización de los recursos hídricos, un calendario muy taxativo con un aval muy fuerte que obligará a que esta instalación entre en funcionamiento lo antes posible.
Decía que este texto también contribuye a mejorar y aumentar la penetración de las energías renovables. Creo que es evidente que mejora el medio ambiente y que, por ejemplo, en el caso de Canarias reduce los costes del sistema -ya he dicho antes las cifras, que hablan por sí solas-. Asimismo, introduce fuentes de energía menos obsoletas, y normalmente llevan aparejadas la incorporación de nuevos procesos industriales a los que incorporar a jóvenes perfectamente formados, por ejemplo, en materias relacionadas con la ingeniería. Por tanto, esta ley permite un desarrollo en un menor plazo de tiempo de la producción de energía eléctrica derivada de fuentes de energías renovables. Lo hace además con dos medidas fundamentales: en primer lugar, se podrán establecer procedimientos de concursos para el otorgamiento de un régimen económico específico para aquellas instalaciones de energías renovables, cogeneraciones y residuos; y en segundo lugar -también extraordinariamente relevante-, en el caso de los concursos eólicos ya celebrados se eximirá a estos adjudicatarios de la resolución de compatibilidad que se introduce en esta ley y que obliga a que se verifiquen con anterioridad a la autorización administrativa los requisitos económicos y técnicos que hagan más eficiente el sistema eléctrico insular y extrapeninsular. En definitiva, esto unido a la posibilidad de un estudio que aumente la interconexión en las islas Canarias -que ya se habla de ello en la exposición de motivos- aumentará sin duda alguna la eficiencia de estos sistemas, tanto de Canarias como de las islas Baleares como de Ceuta y Melilla.
Hacía alusión anteriormente el señor Segura a la ciudad de Ceuta. Tengo la fortuna de contar como compañero con el diputado de Ceuta, el señor Márquez, que en relación con lo que usted plantea que
Ceuta debe incorporarse al Mibel cuanto antes, le anuncio y me es grato comunicarle que ya existen conversaciones entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y Red Eléctrica para impulsar antes de 2015 el desarrollo de esta infraestructura, por lo que aprovecho la ocasión para hacer pública esta grata noticia.
También se ha hecho mención aquí al fracking, a la disposición final segunda y a la disposición final tercera. Creo que es relevante que las diputadas y diputados de esta Cámara tengamos en cuenta que no es conveniente, no es razonable y no se conoce ningún país occidental en el que se renuncie a conocer y evaluar cuáles son los recursos de los que dispone un país; no lo conozco, y me gustaría que en algún momento al finalizar esta Comisión me digan qué país conocen ustedes que renuncie a conocer y evaluar cuáles son los recursos de los que se dispone. ¿De qué tratan la disposición final segunda y tercera? Para evitar tergiversaciones me gustaría explicarlo. La disposición final segunda trata de clarificar jurídicamente este tipo de técnica, la fracturación hidráulica que, como todos ustedes saben, da como resultado el shale gas, el shale oil o, si lo quieren en español, el gas y el petróleo de esquistos. Eso es lo que pretende, clarificar jurídicamente, dar unidad de criterio, y en el caso de la disposición final tercera, que es la que modifica el Real Decreto Legislativo 1/2008, obligar a que cualquier labor de investigación o exploración tenga aparejada anteriormente la conveniente declaración de impacto ambiental. Por tanto, evitemos crear alarmismos y seamos conscientes de la necesidad que tiene España de fomentar el autoabastecimiento energético. Ustedes saben perfectamente o deberían conocer de qué países proviene el hidrocarburo, que supone para España una dependencia de hidrocarburos, en este caso de petróleo, en torno al 99,5%. Hay que conocer el problema geoestratégico que esto está suponiendo y, por tanto, renunciar -insisto de nuevo- a conocer cuáles son los recursos de los que nuestro país dispone es una aberración técnica y jurídica, además de una irresponsabilidad, porque ya hemos visto lo que está ocurriendo en el caso de Canarias con las formaciones políticas del ámbito parlamentario con respecto a la posibilidad de conocer si existe o no petróleo o/y gas a 60 kilómetros de las costas de Canarias. (Aplausos.-El señor Martín Peré pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos, señor Martín, solicita la palabra?
El señor MARTÍN PERÉ: Señor presidente, solicito, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento del Congreso, el turno de palabra por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Martín, pero no he oído en el debate ningún tipo de alusión.
El señor MARTÍN PERÉ: Señor presidente, se ha hecho una alusión personal a este diputado sobre una supuesta intervención de mal gusto por parte del portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín, esta Mesa tiene claro qué es el turno por alusiones. He estado en todo momento sin ausentarme de la sala y no ha habido ninguna alusión personal. La crítica gustará más o menos, es normal que no guste cuando se recibe, igual que ha habido otros portavoces que libremente han hablado de la calidad democrática de la tramitación de este proyecto de ley. Por lo tanto, de verdad, no ha habido ninguna alusión personal, tal como se establece en la Mesa. Lo siento muchísimo.
El señor MARTÍN PERÉ: Señor presidente, no es ni mucho menos por contravenirle, pero la alusión de mal gusto por parte del portavoz del Grupo Popular no iba referida al contenido de mi intervención, sino a la mención que he hecho referente al señor Ramis. Por lo tanto, entiendo que se cumple lo establecido en el artículo 71.1 del Reglamento como para solicitar el turno de palabra.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín, en todo caso tendría un turno el señor Ramis, si lo hubiera, porque usted lo ha aludido personalmente. No voy a admitirle un turno por alusiones. Lo siento muchísimo.
Vamos a suspender para ordenar el cuaderno de votaciones y las enmiendas que se van a votar por separado. Votaremos a las doce y treinta minutos en punto. (Pausa).
Comenzamos la votación de las enmiendas. En primer lugar, enmiendas presentadas por el Grupo Mixto. Enmienda número 1 presentada por la señora Pérez Fernández, del BNG.
Pasamos a votar, en primer lugar, las enmiendas números 24, 33 y 39 presentadas por el señor Quevedo y la señora Oramas, de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
A continuación, resto de enmiendas de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
Vamos a votar las enmiendas de la señora Jordà, de Esquerra Republicana. Se votan conjuntamente las tres enmiendas: 21, 22 y 23.
A continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. En primer lugar, vamos a votar separadamente la enmienda número 57.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, vamos a votar separadamente la número 14.
A continuación, vamos a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, que son de la 6 a la 20, menos la 14, que hemos votado separadamente.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que se votan todas por separado.
En primer lugar, la número 60.
Pasamos a continuación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Hay una serie de enmiendas que se van a votar separadas y luego votaremos la agrupadas.
En primer lugar, la enmienda número 65.
A continuación vamos a votar conjuntamente las enmiendas números 67, 69, 75 y 76.
Votamos el informe de la ponencia con competencia legislativa plena.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por esta Comisión con competencia legislativa plena y será remitido al Senado. (Aplausos).

References: artículo 2
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 12
 real decreto 
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 10
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 71