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Timestamp: 2019-02-18 14:21:13+00:00

Document:
Registro Oficial. SEPTIEMBRE18 de SEPTIEMBRE del 2001
Martes 18 de Septiembre del 2001
\n 23-733 Proyecto de Ley en beneficio de los deudores\n del Banco Nacional de Fomento afectados por la actividad del\n volcán Tungurahua
\n 218 Desígnase al señor\n ingeniero Salomón Larrea Rodríguez, delegado principal\n en representación del señor Ministro ante el Directorio\n de Autoridad Portuaria de Guayaquil
\n 219 Desígnase al señor\n arquitecto Peter Graetzer Delgado, delegado en representación\n del señor Ministro ante el Fondo de Desarrollo de los\n Pueblos Indígenas del Ecuador - FODEPI
\n CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS:
\n -\n Expídese el Reglamento que normará la adquisición\n de bienes muebles:\n Ejecución\n de obras y la prestación de servicios del Archivo Nacional\n conforme a la Ley de Contratación Pública y su\n reglamento
\n 122-99 Hotel La Misión\n en contra del Municipio de Orellana
\n 21-2000 Gasolinera San Pedro\n en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito Público
\n 29-2000 Gasolinera Guayas en\n contra del Ministerio de Finanzas y Crédito Público\n
\n 33-2000 Gasolinera Servicentro\n en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito Público
\n 39-2000 Gasolinera COKA en\n contra del Ministerio de Finanzas y Crédito Público\n
\n 45-2000 Gasolinera Autoservicio \n Pana en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito Público\n
\n 199-2001 Kléber \n Isaías Moyano en contra de Juan Iván\n Cárdenas Vargas
\n 200-2001 Ministerio Fiscal\n General en contra de Jimmy Fernando Guerra Silva y otros
\n 201-2001 Petrocomercial en\n contra de José Bartolomé Loor Macías y otros\n
\n 204-2001 Ministerio Fiscal\n General en contra de Carlos Enrique Vicente Abad y otra
\n 214-2001 Ministerio Fiscal\n General en contra de José Rodrigo Usiña y otros\n
-\n Protocolo Sustitutorio:\n Del Convenio\n Simón Rodríguez
\n - Nota informativa: Sobre\n el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial\n por los órganos judiciales nacionales
\n - Cantón Putumayo:\n Que crea el Patronato Municipal de Amparo Social
\n -\n Cantón Rocafuerte:\n Para la prestación\n del servicio del camal municipal y cobro de la tasa\n de rastro
\n - Provincia del Carchi: Para\n contratar la construcción de obras por el régimen\n de excepción.\n \n
NOMBRE: "EN BENEFICIO DE LOS DEUDORES\n DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD DEL\n VOLCAN
\n TUNGURAHUA".
CODIGO: 23 - 733.
AUSPICIO: H. CARLOS TORRES.
INGRESO: 04 - 09 - 2001.
\n A COMISION: 05 - 09 - 2001.
La actividad del volcán Tungurahua ha afectado la economía\n de individuos y familias de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi\n y Bolívar.
Es labor del Congreso Nacional ayudar a través de las\n leyes a solucionar los problemas de todos los sectores del país.
La caída de ceniza del volcán ha tapado completamente\n muchos sectores, destruyendo los cultivos de la región,\n así como sus pastizales, contaminando las aguas de consumo\n animal y humano, por lo que ha afectado la producción\n agrícola y ganadera, haciéndola en algunos casos\n desaparecer. De acuerdo a estudios técnicos, estas tierras\n afectadas demorarían entre tres y cinco años para\n volver a producir; y aún más, las casas de habitación,\n en especial de zonas rurales han sido deterioradas y sus tejados\n han cedido por el peso de la ceniza acumulada.
N0 218
ARTICULO 1. - Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial No.\n 150 de 7 de junio del 2001.
ARTICULO 2. - Designar delegado principal, en representación\n del Ministerio de Economía y Finanzas, ante el Directorio\n de Autoridad Portuaria de Guayaquil al señor Ing. Salomón\n Larrea Rodríguez.
Comuníquese. - Quito, 6 de septiembre del 2001.
7 de septiembre del 2001.
N0 219
ARTICULO UNICO. - Designar delegado, en representación\n del Ministerio de Economía y Finanzas, ante el Fondo de\n Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ecuador - FODEPI\n - , al señor Arq. Peter Graetzer Delgado.
f.) Jorge Gallardo. Ministro de Economía y Finanzas.\n Es copia, certifico.
EL CONSEJO\n NACIONAL DE ARCHIVOS
Que el Art. 4, inciso segundo del literal b) de la Ley de\n Contratación Pública dispone que la adquisición\n de bienes muebles, la ejecución de obras y la prestación\n de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, cuya\n cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar\n el coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del\n Estado del correspondiente ejercicio económico, no se\n sujetará a los procedimientos precontractuales previstos\n en la Ley de Contratación Pública;
Que la disposición citada en el considerando anterior\n ordena que para celebrar los contratos respectivos, se deben\n observar las normas reglamentarias pertinentes, que para el efecto\n dictará cada organismo; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 5, literal\n c) de la Ley del Sistema Nacional de Archivos; y, Art. 4, reformado\n de la Ley de Contratación Pública,
Expedir el siguiente Reglamento que normará la adquisición\n de bienes muebles, ejecución de obras y la prestación\n de servicios del Archivo Nacional conforme a la Ley de Contratación\n Pública y su reglamento.
ÁMBITO DE ACCION, EXCEPCION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Art. 1. - El ámbito de acción del presente reglamento\n involucra al Archivo Nacional.
La Dirección Ejecutiva del Archivo Nacional se sujetará\n al presente reglamento, para la adquisición de bienes\n muebles. la ejecución de obras y la prestación\n de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, cuya\n cuantía sea inferior al diez por ciento del valor que\n resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del\n presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio\n económico.
Art. 2. - No se someterán a las normas del presente\n reglamento los contratos de comunicación social, éstos\n se sujetarán a las disposiciones que para el efecto dicte\n el Consejo Nacional de Archivos.
Art. 3. - Los contratos de compraventa y de arrendamiento\n de bienes inmuebles, se sujetarán a las normas determinadas\n en el Titulo IV, Capítulo I y II, artículos 36\n al 52, inclusive, de la Codificación de la Ley de Contratación\n Pública y a su reglamento general de aplicación.
Art. 4. - La adquisición de bienes muebles, prestación\n de servicios y ejecución de obras estarán sujetas\n a las disponibilidades presupuestarias del período financiero\n correspondiente.
Art. 5. - El trámite de contratación para la\n adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación\n de servicios, se sujetará a las cuantías y ordenadores\n del gasto que constan en el siguiente cuadro:
(Anexo 18SET1)
Art. 6. - Cuando los montos sean superiores al 10% del 0,00002\n multiplicado por el presupuesto inicial del Estado, el proceso\n precontractual lo llevará a cabo un comité interno\n de contrataciones, el cual estará integrado con 2 miembros\n del Consejo Nacional de Archivos designados de su seno, el Director\n Ejecutivo y el Contador del Archivo Nacional, este último\n solo con voz informativa. Este comité se sujetará\n a lo que dispone la Ley y Reglamento de Contratación Pública.\n Actuar como Secretario el servidor del Archivo Nacional que designe\n el comité, el cual únicamente tendrá voz\n informativa.
A las sesiones del comité asistirán con voz\n informativa en calidad de asesores o técnicos de apoyo,\n funcionarios internos o personas externas que sean llamadas cuando\n se lo considere necesario.
Art. 7. - Para la adquisición de inmuebles se exigirá\n escritura pública, cualquiera que fuese su valor.
Art. 8. - DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL COMITE:
a) Conocer y aprobar los documentos precontractuales o bases\n del concurso;
b) Pedir una certificación de disponibilidad presupuestaria\n la cual será emitida por el área Financiera del\n Archivo Nacional;
c) Invitar a través del Secretario del comité\n a las personas naturales o jurídicas que participarán\n en el concurso, exclusivamente del Registro de Contratistas y\n Proveedores del Archivo Nacional;
d) Aclarar las bases del concurso, de oficio o a petición\n escrita de los interesados;
e) Proceder a la apertura de las propuestas, cada una de las\n cuales se presentarán en sobre cerrado, en el día\n y hora señalados en la invitación, apertura que\n sólo podrá diferirse por causa de fuerza mayor\n o caso fortuito, para el día hábil siguiente;
f) Calificar la idoneidad, técnica, legal y económica\n de los proponentes;
g) Solicitar, de considerarlo conveniente, un informe técnico\n para el análisis y evaluación de las ofertas;
h) Rechazar las ofertas que no se sujeten a las bases del\n concurso;
i) Adjudicar el contrato o declarar desierto el concurso,\n según el caso y reabrirlo de considerarlo necesario;
j) Notificar a través del Presidente del comité,\n los resultados del concurso a los oferentes; y,
k) Tomar resoluciones o medidas necesarias para la tramitación\n y substanciación del procedimiento precontractual y cumplir\n con las demás obligaciones establecidas en el presente\n reglamento.
Art. 9. - DE LAS SESIONES: Las sesiones se realizarán\n previa convocatoria del Presidente del comité, por intermedio\n del Secretario, con 24 horas de anticipación, indicará\n el lugar y hora de la reunión, orden del día de\n la misma e incluirá los documentos relacionados con los\n asuntos a tratarse en la sesión. - El quórum para\n las sesiones del comité se establecerá con la presencia\n de la totalidad de sus miembros. El voto de ellos será\n obligatorio y su pronunciamiento afirmativo o negativo.
Las resoluciones del comité, en caso, de no existir\n consenso, se tomarán con el voto de 2 de sus miembros.
Art. 10. - DE LAS ACTAS: Las actas de las sesiones serán\n suscritas por los miembros del comité y certificadas por\n el Secretario. Las actas deberán resumir los aspectos\n relevantes
\n tratados y consignar el resultado de las votaciones y resoluciones\n de manera clara. De las mismas se entregará una copia\n a cada miembro del comité.
Art. 11. - OBLIGACIONES DEL SECRETARIO DEL COMITE:
a) Convocar por escrito, por pedido del Presidente, a las\n sesiones del comité, con el orden del día y el\n material de información necesario según los puntos\n a tratarse;
b) Elaborar las actas de las sesiones del comité y\n certificar las mismas con autorización previa;
c) Llevar, bajo su responsabilidad y custodia, el archivo\n del proceso por asuntos y cronológicamente, así\n como las actas, documentos y comunicaciones relativas al comité;
d) Recibir las propuestas que se presenten, las mismas que\n deberán estar cenadas, consignando la fecha y hora de\n recepción en un formulario específico para el caso;
e) Conferir copias certificadas de los documentos que reposan\n en el archivo del comité, previa autorización del\n Presidente; y,
f) Las demás funciones que le asigne el Presidente\n del comité y que le competan de conformidad con el presente\n reglamento.
Art. 12. - PROCEDIMIENTO: El comité a través\n del Secretario, invitará a las personas naturales o jurídicas\n que consten en el Registro de Contratistas y Proveedores, cuya\n idoneidad técnica, económica - financiera y legal\n garanticen la futura y adecuada ejecución del proyecto,\n para que presenten sus propuestas.
La invitación contendrá información de\n lo fundamental a fin de definir claramente el alcance y objeto\n del concurso y se lo hará conocer con por lo menos con\n diez días de anticipación a la fecha de presentación\n de las ofertas.
Art. 13. - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las ofertas se\n entregarán al Secretario del comité hasta las 12h00\n del día fijado en la invitación para la presentación\n de las mismas, en un sobre cerrado.
Las ofertas entregadas después de la hora y día\n fijado para su presentación, no serán consideradas,\n debiendo en tal caso proceder a su inmediata devolución,\n dejando sentada la razón correspondiente.
El sobre contendrá la documentación requerida\n por las normas legales pertinentes.
Art. 14. - APERTURA DE SOBRES: El comité en la fecha\n y hora señalada en la invitación, procederá\n a la apertura de ofertas. Al acto de apertura de sobres, podrán\n asistir los proponentes en calidad de observadores.
Los miembros del comité y el Secretario rubricarán\n todos y cada uno de los documentos presentados.
Art. 15.-. ACLARACIONES.- Quienes hayan sido invitados podrán\n pedir por escrito al comité aclaraciones sobre los documentos\n precontractuales, hasta la mitad del término previsto\n para la presentación de las ofertas. El comité\n emitirá las aclaraciones solicitadas y comunicará\n a los invitados, en el término de 2 días contados\n a partir de la fecha de recepción de la petición,\n basta el vencimiento del término para pedir aclaraciones.
De ser el caso, hasta el término fijado en el inciso\n anterior, el comité deberá enviar a todos los que\n han sido invitados, las aclaraciones o modificaciones a los requerimientos,\n siempre que no se cambie el objeto de la contratación.
Art. 16. - ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: Las autoridades\n competentes para decidir sobre procedimientos de selección\n y adjudicación de los contratos regulados por la Ley de\n Contratación Pública y este reglamento, de creerlo\n conveniente, podrá solicitar un informe técnico\n para el análisis y evaluación de las propuestas,\n el mismo que se entregará en el término señalado\n por el comité para su conocimiento y decisión;\n además podrá disponer que los informes técnicos\n presentados sean revisados, aclarados o ampliados, según\n corresponda.
Art 17. - ADJUDICACION: El comité en un plazo máximo\n de cinco días, adjudicará el contrato a la propuesta\n evaluada como la más conveniente a los intereses nacionales\n e institucionales.
En el término de 3 días se notificará\n por la Secretaria del comité los resultados del concurso\n al adjudicatario, se remitirá adicionalmente el proyecto\n de contrato, señalando la obligación de que en\n el término de 7 días contados desde la fecha de\n su notificación, debe suscribirlo.
Si el adjudicatario se negare a suscribir el contrato, en\n el término señalado en el inciso anterior, el comité\n en conocimiento del particular, procederá a adjudicar\n el contrato al que sigue en el orden de preferencia o declarará\n desierto el concurso, de así convenir a los intereses\n institucionales. Por consiguiente la entidad ejecutará\n en forma inmediata la garantía de seriedad de oferto y\n el Director Ejecutivo del Archivo Nacional comunicará\n en forma inmediata a la Contraloría General del Estado\n la negativa del adjudicatario a suscribir el contrato en el término\n fijado en el presente reglamento, a fin de que se incluya en\n la lista de adjudicatarios fallidos, de conformidad con la ley.\n Dicha resolución se tomará en sesión previamente\n convocada. Del particular se comunicará a los que intervinieron\n presentando ofertas, a través de comunicación escrita.
El comité podrá rechazar las propuestas y declarar\n desierto el concurso, de estimar que las ofertas no son convenientes\n a la institución o no cumplen con los requisitos mínimos\n exigidos en las bases, por este reglamento o por lo que dispone\n la Ley de Contratación Pública.
El comité podrá ordenar la reapertura del concurso\n o convocar a un nuevo proceso.
Art. 18. - RECLAMACION: Para el efecto de que los oferentes\n o adjudicatarios presenten reclamación relacionada con\n su oferta respecto al trámite precontractual o de la adjudicación,\n deberán obligatoriamente rendir junto con su oposición,\n una de las garantías previstas en el Art. 73 de la Ley\n de Contratación Pública, por un monto equivalente\n al 7% de su oferta.
En caso de que la reclamación resulte infundada o maliciosa\n a juicio de la entidad, dicha garantía será ejecutada,\n sin más trámite, sin que el oferente tenga derecho\n a restitución o a cualquier acción en sede administrativa\n o judicial en contra de la entidad ejecutante.
DE LOS REGISTROS, DE PROVEEDORES Y CONVOCATORIAS
Art. 19. - La Dirección del Archivo Nacional, mantendrá\n un registro de proveedores de bienes, suministros, materiales\n de oficina y prestación de servicios, el cual será\n actualizado anualmente.
Art. 20. - Para efectos del artículo anterior, la Dirección\n del Archivo Nacional, al menos una vez por año, convocará\n por la prensa o invitará a través de las cámaras\n o mediante cartas circulares, a las firmas proveedoras para que\n se registren o renueven sus inscripciones, detallando los bienes\n y/o servicios que, de acuerdo a los requerimientos de la Dirección\n del Archivo Nacional, se hallan en posibilidad de suministrarlos.
La Dirección del Archivo Nacional puede proceder a\n la inscripción de nuevas personas o firmas proveedoras\n en el transcurso del año, siempre que presenten la documentación\n necesaria para que les identifiquen como tales.
Art. 21. - En el caso de que ninguno de los proveedores inscritos\n en los registros del Archivo Nacional, se encontrare en capacidad\n de atender los requerimientos, la Dirección del Archivo\n Nacional podrá solicitar cotizaciones a otros proveedores,\n los mismos que serán incorporados en los registros.
DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES\n Y SERVICIOS
Art. 22. - El Director Ejecutivo del Archivo Nacional, será\n el encargado de cumplir el procedimiento de contratación\n de bienes, suministros, materiales, servicios, adecuaciones,\n reparaciones y mantenimiento que se requieran, para lo cual considerará\n lo siguiente;
a) Conforme lo establecido en el Art. 7 del Reglamento General\n de Bienes del Sector Público, cuando la cuantía\n del contrato sea inferior al 4% del valor establecido anualmente\n para el concurso público de ofertas, el Director Ejecutivo\n del Archivo Nacional, realizará directamente la adquisición\n mediante orden de compra. con la presentación de al menos\n tres ofertas. Para la adquisición de inmuebles se exigirá\n siempre la escritura pública, cualquiera que fuese su\n valor;
b) Cuando la cuantía del contrato para la adquisición\n de bienes, sea superior al 4% del valor establecido anualmente\n para el concurso público de ofertas y no supere el 10%\n de dicho valor. El Director Ejecutivo del Archivo Nacional dispondrá\n la adquisición contando con un mínimo de tres cotizaciones,\n debiendo celebrarse obligatoriamente un contrato;
c) Para la ejecución de obras y prestación de\n servicios no regulados por la Ley de Consultoría, el Director\n Ejecutivo del Archivo Nacional dispondrá su ejecución\n o prestación, siempre y cuando la cuantía del contrato\n no supere el 10% del valor establecido anualmente para el concurso\n público de ofertas. Constará en contrato escrito\n firmado por las partes; al efecto, se contará al menos\n con tres cotizaciones; y,
d) Para la contratación de ejecución de obras,\n adquisición de bienes o prestación de servicios\n con financiamiento de gobiernos extranjeros, organismos multilaterales\n de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, se observará\n el procedimiento determinado en el Art. 53 de la Ley de Contratación\n Pública.
Art. 23. - Si el Director Ejecutivo del Archivo Nacional,\n cuando le corresponda decidir sobre la selección de tres\n cotizaciones, estimare que se requieren conocimientos especializados\n para este propósito, solicitará un informe técnico,\n que debe ser formulado por profesionales o expertos en la materia\n sobre la que verse la selección.
Con el informe de resumen de las ofertas, cuando sea del caso,\n y el informe técnico de las ofertas cuando fuere solicitado,\n el Director Ejecutivo del Archivo Nacional, seleccionará\n la mejor cotización y ordenará la compra, previa\n elaboración y suscripción del respectivo contrato.
La selección de cotizaciones se realizará sobre\n la base de un análisis directo de las condiciones de calidad,\n precio, garantías, estandarización y plazo de entrega\n de los bienes, obras o servicios - requeridos, que más\n convenga a los intereses de la Dirección del Archivo Nacional.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA EJECUCION\n DE OBRAS
Art. 24. - Para la selección de contratistas de obras\n mediante contratación directa, la Dirección del\n Archivo Nacional, del Registro de Contratistas, en el cual constarán\n los datos generales de cada profesional o compañía\n así como la experiencia general y específica de\n cada uno, se invitará a presentar ofertas para la realización\n de obras mediante contratación directa, únicamente\n a aquellos que, habiendo cumplido con los requisitos legales\n y reglamentarios, se encuentren debidamente inscritos. De ser\n necesario aplicará lo dispuesto en el segundo inciso del\n Art. 20.
Art. 25. - La Dirección del Archivo Nacional, en obras\n de construcción, coordinará con las cámaras\n de la Construcción, solicitando los análisis de\n precios unitarios de cada uno de los rubros de la obra a contratarse.
Art. 26. - Cuando el presupuesto referencial de un contrato\n sea de hasta el 10% del valor establecido anualmente para el\n concurso público de ofertas, se seguirá el procedimiento\n de contratación directa, sobre la base de cualquiera de\n las consideraciones determinadas en el. Art. 22 del presente\n reglamento.
La Dirección Ejecutiva del Archivo Nacional, previa\n la ejecución de la obra, invitará por lo menos\n a tres personas naturales o jurídicas para que presenten\n sus cotizaciones por costo global. Para proceder a la evaluación\n respectiva deben presentarse por lo menos tres cotizaciones.
La Dirección Ejecutiva del Archivo Nacional, procederá\n a la evaluación de las mismas.
Art. 27. - De conformidad a lo que dispone el Art. 6, literal\n j) de la Ley de Contratación Pública vigente, la\n adquisición de bienes respecto a los cuales se comprobaren\n que son únicos en el mercado, que tienen un solo proveedor\n o que implican la utilización de patentes o marcas exclusivas\n y que no admiten alternativas de solución, podrá\n utilizarse una sola cotización.
Art. 28. - Previa la tramitación, sea directa o por\n medio del Comité Interno de Contrataciones, el Director\n Ejecutivo del Archivo Nacional obligatoriamente, solicitará\n la disponibilidad presupuestada al Area Financiera.
Art. 29. - El objeto de la contratación o la ejecución\n de un proyecto u obra no podrá ser subdividido en cuantías\n menores, en forma que, mediante la celebración de varios\n contratos, se eludan o se pretendan eludir los procedimientos\n establecidos en la Ley de Contratación Pública,\n de conformidad a lo que dispone el Art. 64 del cuerpo legal citado.
Art. 30. - Prohibese a los miembros del Comité Interno\n de Contrataciones, al Director Ejecutivo del Archivo Nacional,\n Secretario o quienes sean llamados a emitir informes técnicos,\n intervenir en el análisis de propuestas, proceso de adjudicación\n y contratación, en los casos en que participen como interesados\n u oferentes, su cónyuge o sus parientes comprendidos hasta\n el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
El servidor que se encuentre en el caso del presente articulo,\n pondrá en conocimiento de la máxima autoridad para\n que se designe el reemplazo, en caso de no hacerlo, se sujetará\n a las sanciones administrativas correspondientes.
Art. 31. - El Director Ejecutivo del Archivo Nacional está\n facultado por el presente reglamento para la suscripción,\n previo los informes técnico jurídico y económico,\n de los contratos directos de ejecución de obras, adquisición\n de bienes y prestación de servicios como también\n será el encargado de la administración y control\n de los mismos.
Art. 32. - En todo aquello que no estuviere previsto en el\n presente reglamento, se aplicarán las normas de la Ley\n de Contratación Pública y su reglamento.
Este reglamento ha sido aprobado en su totalidad por el Consejo\n Nacional de Archivos y entra en vigencia a partir de la presente\n fecha.
Encárgase de la aplicación y ejecución\n del presente reglamento al Director Ejecutivo del Archivo Nacional.
Dado en la sala de sesiones del Consejo Nacional de Archivos,\n en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiocho\n días del mes de agosto del año dos mil uno.
f) Beatriz Parra Durango, Presidenta del Consejo Nacional\n de Archivos.
f.) Fabián Jara Landívar, Secretario ad - hoc\n del Consejo Nacional de Archivos.
N0 122\n - 99
EN EL JUICIO DE EXCEPCIONES QUE SIGUE\n EL SEÑOR RAFAEL GALETH, PROPIETARIO DEL HOTEL LA MISION\n CONTEA EL DIRECTOR FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE ORELLANA.
Quito, 24 de julio del 2001; las 10h00.
VISTOS: Rafael Galeth, propietario del Hotel La Misión,\n el 24 de agosto de 1999, propone recurso de casación de\n la sentencia 1047 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital\n de lo Fiscal N0 1, con sede en Quito el 16 de julio de 1999 con\n la que pone fin al juicio N0 17484 que por excepciones ha propuesto\n en contra del Director Financiero y Tesorero del Municipio de\n Orellana. Corrido traslado a las autoridades indicadas no han\n comparecido a contestarle. Habiéndose pedido los autos\n para resolver se considera: PRIMERO. - Esta Sala es competente\n para conocer y resolver el presente recurso en mérito\n a lo que ordena el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.\n - El recurrente, según indica, funda el recurso en los\n artículos 2, 3, 4 y 5 así como en las causales\n 1ra., 3ra., 4ta. y 5ta. del Art. 3 de la Ley de Casación\n y estima que las normas de derecho violadas son los artículos\n 166, numeral 4, 273, 285 y 288 del Código Tributario;\n 119, 278 y 1013 N0 3 del Código de Procedimiento Civil,\n es decir por falta de aplicación de normas de derecho\n y por no resolver todos los puntos de la litis al igual que por\n existir incompatibilidad de criterios. Indica que al ser notificado\n con el auto de pago no se ha aparejado al mismo los títulos\n de crédito como manda el numeral 4 del Art. 166 del Código\n Tributario y que en el proceso consta solo la notificación\n al compareciente con el auto de pago y que en la sentencia no\n ha importado exigir que a la citación se aparejen los\n títulos de crédito. Dice que ha entregado prueba\n y petición de los reclamos administrativos propuestos\n para reclamar por los títulos de crédito y que\n violando el Art. 285, y el 288 del Código Tributario la\n Sala no ha considerado estos hechos, además indica que\n no se ha apreciado la prueba en su conjunto como manda el Art.\n 119 del Código de Procedimiento Civil lo que es apreciable\n de la simple lectura de la sentencia de la que se desprende que\n se rechazan las excepciones porque la Sala no está de\n acuerdo con la forma en que se han planteado, expresa que a confesión\n de parte hay relevo de prueba y que ni este viejo proverbio ha\n servido para que la Sala acepte las excepciones. Concluye expresando\n que no se le ha notificado con los títulos de crédito\n base de la acción coactiva. TERCERO. - El numeral 4 del\n Art. 166 del Código Tributario, cuya violación\n en la sentencia acusa el recurrente dice: Son solemnidades sustanciales\n del procedimiento de ejecución, 4: Aparejar la coactiva\n con títulos de crédito válidos. La norma\n no dice lo que el recurrente entiende que dice, es decir, que\n a la citación del auto de pago se haya de aparejar los\n títulos de crédito; el recurrente no discute ni\n menciona el supuesto de que no sean válidos los títulos\n de crédito ni que esos actos hayan estado aparejados a\n la coactiva; él sostiene un supuesto que no está\n señalado en la ley por lo que la Sala que juzgó\n no pudo violar ésa norma inexistente. Además, una\n antigua jurisprudencia sentada por el Tribunal Fiscal de la República\n que ha sido reiteradamente aplicada disponía que no es\n necesario notificar títulos de crédito para que\n la acción coactiva sea válida porque no está\n señalada en el Art. 166 citado; esa decisión es\n acertada y esta Sala lo acoge. Del escrito de recurso se colige\n que ha existido notificación legal con el auto de pago,\n también que la supuesta reclamación administrativa\n que se dice ha sido presentada respecto de la validez de los\n títulos de crédito no existe ya que ni siquiera\n se menciona la fecha de ese presunto hecho ni se acompaña\n copia del escrito. La Sala que ha juzgado ha aplicado en legal\n y debida forma las normas de derecho relacionadas con el juicio\n de excepciones y no se encuentra violación alguna. CUARTO.\n - En conformidad con el Art. 152 del Código Tributario\n se debe notificar con los títulos de crédito, salvo\n lo que dispongan en leyes especiales. Respecto del impuesto predial\n urbano objeto de discusión, rige el articulo N0 334 de\n la Ley de Régimen Municipal que dice que se lo deberá\n satisfacer en el curso del respectivo año sin necesidad\n de que la tesorería notifique esta obligación.\n Por lo tanto en el caso que se juzga no cabe aceptar la alegación\n del coactivado de falta de notificación, de los títulos\n respecto del gravamen mencionado. En cuanto al impuesto de patente,\n correspondía a la Municipalidad demostrar que previamente\n a la iniciación de la coactiva notificó con los\n títulos al excepcionante y no lo ha hecho. Finalmente\n en el fallo recurrido nada se resuelve respecto de la prescripción\n alegada. En mérito de las consideraciones expuestas, la\n Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, acepta parcialmente el recurso de casación\n interpuesto, y dispone que se continúe el procedimiento\n coactivo respecto del impuesto predial, deja sin efecto el procedimiento\n coactivo respecto del impuesto de patente, debiendo la Municipalidad\n previamente notificar con los títulos respectivos al actor\n del juicio, y reconoce que ha prescrito la obligación\n tributaria correspondiente al impuesto predial de 1990, pues,\n cuando se citó con el auto de pago el 26 de febrero de\n 1997 ya habían transcurrido los cinco años previstos\n en el Art. 54 del Código Tributario. Notifíquese,\n publíquese y devuélvase.
Quito, 30 de agosto del 2001.
No. 21\n - 2000
EN EL JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE\n EL SEÑOR SEGUNDO FUENTES, PROPIETARIO DE LA GASOLINERA\n SAN PEDRO EN CONTRA DEL MINISTRO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO.
Quito, 25 de julio del 2001; las 08h25.
VISTOS: El 13 de diciembre de 1999, Segundo Fuentes propietario\n de la gasolinera San Pedro, propone recurso de casación\n en contra de la sentencia dictada el 1 de los mismos mes y año\n de impugnación No. 17596 - 940, propuesto en contra del\n Subsecretario General del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público. Concedido el recurso con auto de 16 de diciembre\n de 1999, esta Sala avocó conocimiento del mismo y dispuso\n se corra traslado a la parte demandada, habiendo comparecido\n para contestarla el Dr. René Palacios Aguirre. Pedidos\n los autos, para resolver se considera: PRIMERO. - Esta Sala Especializada\n de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer y\n resolver el recurso de conformidad con el Art. 1 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO. - El recurrente funda su recurso en\n las causales 1era., 2da. y 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación.\n Sostiene que en la sentencia se han violado los Arts. 132 numeral\n segundo, 140, 143, 261, 274, 285, 287 y 288 del Código\n Tributario y los artículos 27 y 30 de la Ley de Modernización\n del Estado. De su extenso alegato se extraen las siguientes afirmaciones.\n Indica que en la sentencia no se ha cumplido con el primer inciso\n del Art. 288 del Código Tributario, que dispone que la\n sentencia debe dictarse dentro de 30 días de notificadas\n las partes para el efecto, pero al dictarse el fallo en forma\n sorpresiva no le ha permitido presentar informes en derecho,\n los cuales tienen sustancial importancia. Sostiene que según\n el Art. 287 del Código Tributario, al tiempo de pronunciar\n sentencia debe examinarse los vicios de nulidad de que adolezca\n la resolución o el procedimiento impugnados y manifiesta\n que, la sentencia de la que recurre no examina este punto, a\n pesar de que la resolución que dio origen al juicio principal\n adolece del vicio de nulidad, ya que según los Arts. 140\n y 143 del Código Tributario se ha expedido en forma extemporánea.\n Expresa que en relación a la prueba de los hechos en la\n sentencia recurrida no se ha aplicado el Art. 27 de la Ley de\n Modernización del Estado, que dispone que no se debe exigir\n por parte del sector público documentos que se hubieren\n entregado con anterioridad. Afirma que según el Art. 19\n de la Ley de Casación la triple reiteración de\n fallos establece jurisprudencia obligatoria solamente respecto\n de los puntos que hubieran sido objeto de decisión y que\n en este caso es lo concerniente a la carga de la prueba, según\n el Art. 273 del Código Tributario. Que habiendo solicitado\n dentro de la estación probatoria que se oficie a la Administración\n Tributada para que se remita a la Sala varios documentos, la\n administración no entregó la totalidad de los documentos\n solicitados, con cuya actitud se ocultaron pruebas de gran valor\n demostrativo. Solicita que se deje sin efecto la sentencia. Al\n contestar el traslado el Procurador Fiscal manifiesta que la\n fundamentación del improcedente recurso interpuesto no\n tiene ninguna base legal, ya que en ninguna parte de su desarrollo\n se ha demostrado que la Tercera Sala al expedir la sentencia\n haya violado norma alguna del Código Tributario o de la\n Ley de Régimen Tributario Interno y que más bien\n tergiversa el alcance de disposiciones legales como el Art. 19\n de la Ley de Casación. Que además la propia Sala\n de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia ha dictado en relación\n con la nulidad de los convenios tributarios, innumerables fallos\n concordantes y uniformes y que el que más se asemeja al\n presente es, el fallo con el cual se rechaza el recurso de casación\n recaído en el juicio 94/99 seguido por Víctor Vásquez,\n que pide se aplique en este caso. TERCERO. - Es necesario diferenciar\n entre apreciación de la prueba y valoración de\n la prueba. En el presente caso, es a la Tercera Sala del Tribunal\n Distrital de lo Fiscal No. 1 a la que de modo exclusivo corresponda\n apreciar la prueba dentro del juicio principal y en base a la\n misma emitir su pronunciamiento respecto de la controversia,\n como en realidad ha ocurrido, de lo cual da fe en forma clara\n la sentencia recurrida, por lo mismo, no es procedente que esta\n Sala examine dicha cuestión. CUARTO. - Tampoco es procedente,\n en la especie, la aplicación del Art. 261 del Código\n Tributario en la forma que lo plantea el recurrente, ya que de\n ninguna manera se ha establecido que los documentos a los que\n hace alusión reposan efectivamente en los archivos de\n la administración, tanto porque de acuerdo a lo dispuesto\n en las normas legales y reglamentadas relacionadas con los procedimientos\n a seguirse para la celebración de los convenios tributados,\n era obligación del contribuyente aportar con esos documentos,\n cuanto porque según se desprende de la sentencia recurrida,\n esa obligación no ha sido cumplida. Además consta\n del proceso principal que el recurrente tampoco ha cumplido con\n la obligación de probar sus afirmaciones, de acuerdo a\n lo dispuesto por el Art. 273 del Código Tributario y la\n jurisprudencia de casación que sobre el particular existe.\n Consideraciones simulares de parte de esta Sala merece lo afirmado\n respecto de la alegada falta de aplicación del Art. 27\n de la Ley de Modernización, ya que no se ha demostrado\n procesalmente que se haya exigido la entrega de documentos va\n existentes en la administración, por haber sido entregados\n por el actor en forma previa. QUINTO. - El inciso primero fiel\n Art. 287 del Código Tributario dispone que el juzgador\n para dictar sentencia debe examinar los vicios de nulidad de\n que adolezca la resolución impugnada, en la especie, No.\n 108 de 20 de marzo de 1997, expedida por el Subsecretario General\n del Ministerio de Finanzas y Crédito Público; los\n supuestos vicios se vinculan con los señalados en los\n dos numerales del Art. 132 del Código Tributario, relativos\n a la competencia del funcionario que dicte la resolución\n o respecto del procedimiento seguido, supuestos que demanda que\n esos hipotéticos vicios sean de tal naturaleza que incidan\n en la decisión administrativa o produzcan indefensión.\n Los artículos 140 y 143 del Código Tributario,\n que menciona el recurrente como no observados por la sentencia,\n se relacionan con el trámite del recurso de revisión\n y con el plazo dentro del cual debe expedirse la resolución\n que ponga término al recurso. De autos no aparece que\n hayan existido motivos preponderantes para que la Sala juzgadora\n declare la nulidad de la resolución impugnada, ya que\n como se ha pronunciado reiteradamente esta misma Sala en más\n de veinte fallos uniformes y concordantes, las resoluciones que\n dentro de los recursos de revisión promovidos de oficio\n por la administración. especialmente los relacionados\n con los muchos convenios tributarios celebrados el 29 de diciembre\n de 1995, no adolecen de vicio de ninguna naturaleza y menos del\n de nulidad como ocurre en el presente caso. SEXTO. - La Tercera\n Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 apoya la sentencia\n dictada en la jurisprudencia reiterada de esta Sala. El alcance\n de esa jurisprudencia concierne al fondo del asunto, cual es,\n como se ha dejado expuesto, que si la parte actora en el juicio\n principal y la que recurre, en casación de dicha sentencia,\n cumplieron o no con su obligación de probar sus afirmaciones,\n de acuerdo con lo ordenado con el Art. 273 del Código\n Tributario; es decir, demostrar que previa, a la suscripción\n del Convenio Tributario se cumplió en debida forma con\n los requisitos de fondo y forma exigidos por la pertinente ley\n y su reglamento de aplicación. En consecuencia, no hay\n nada que observar sobre la aplicación del Art. 19 de la\n Ley de Casación a la sentencia recurrida, tanto más\n que no existen otras cuestiones de fondo en el caso. No habiéndose\n violado por parte de la Tercera Sala del Tribunal Distrital de\n lo Fiscal No. 1 en la sentencia recurrida ninguna de las disposiciones\n legales que el recurrente menciona en su recurso, la Sala de\n lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza\n el recurso interpuesto. Con costas. Sin honorarios que regular.\n Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Certifico. - f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario.
Es conforme con el original. - Quito, 5 de septiembre del\n 2001.
EN EL JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE\n EL SEÑOR NELSON CALVACHE, PROPIETARIO DE LA GASOLINERA\n GUAYAS, EN CONTRA DEL MINISTRO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO.
Quito, 21 de agosto del 2001; las 17h30.
VISTOS: El 13 de diciembre de 1999, Nelson Calvache, propietario\n de la gasolinera GUAYAS, propone recurso de casación en\n contra de la sentencia dictada el 1 de los mismos mes y año\n por la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1,\n dentro del juicio de impugnación No. 17462 - C, propuesto\n en contra del Subsecretario General del Ministerio de Finanzas\n y Crédito Público. Concedido el recurso con auto\n de 16 de diciembre de 1999, esta Sala avocó conocimiento\n del mismo y dispuso se corra traslado a la parte demandada, habiendo\n comparecido para contestarla el Dr. René Palacios Aguirre.\n Pedidos los autos, para resolver se considera: PRIMERO. - Esta\n Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia es competente\n para conocer y resolver el recurso de conformidad con el Art.\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - El recurrente funda\n su recurso en las causales 1era., 2da. y 3ra. del Art. 3 de la\n Ley de Casación. Sostiene que en la sentencia se han violado\n los Arts. 132 numeral segundo, 140, 143, 261, 274, 285, ~87 >f\n 288 del Código Tributario y los artículos 27 y\n 30 de la Ley de Modernización del Estado. De su extenso\n alegato se extraen las siguientes afirmaciones. Indica que en\n la sentencia no se ha cumplido con el primer inciso del Art.\n 288 del Código Tributario, que dispone que la sentencia\n debe dictarse dentro de 30 días de notificadas las partes\n para el efecto, pero al dictarse el fallo en forma sorpresiva\n no le ha permitido presentar informes en derecho, los cuales\n tienen sustancial importancia. Sostiene que según el Art.\n 287 del Código Tributario, al tiempo de pronunciar sentencia\n debe examinarse los vicios de nulidad de que adolezca la resolución\n o el procedimiento impugnados y manifiesta que la sentencia de\n la que recurre no examina este punto, a pesar de que la resolución\n que dio origen al juicio principal adolece del vicio de nulidad,\n ya que según los Arts. 140 y 143 del Código Tributario\n se ha expedido en forma extemporánea. Expresa que en relación\n a la prueba de los hechos en la sentencia recurrida no se ha\n aplicado el Art. 27 de la Ley de Modernización del Estado,\n que dispone que no se debe exigir por parte del sector público\n documentos que se hubieren entregado con anterioridad. Afirma\n que según el Art. 19 de la Ley de Casación la triple\n reiteración de fallos establece jurisprudencia obligatoria\n solamente respecto de los puntos que hubieran sido objeto de\n decisión y que en este caso es lo concerniente a la carga\n de la prueba, según el Art. 273 del Código Tributario.\n Que habiendo solicitado dentro de la estación probatoria\n que se oficie a la Administración Tributada para que se\n remita a la Sala varios documentos, la administración\n no entregó la totalidad de los documentos solicitados,\n con cuya actitud se ocultaron pruebas de gran valor demostrativo.\n Solicite que se deje sin efecto la sentencia. Al contestar el\n traslado el Procurador Fiscal manifiesta que la fundamentación\n del improcedente recurso interpuesto no tiene ninguna base legal,\n ya que en ninguna parte de su desarrollo se ha demostrado que\n la Tercera Sala al expedir la sentencia haya violado norma alguna\n del Código Tributario o de la Ley de Régimen Tributario\n Interno y que más bien tergiversa el alcance de disposiciones\n legales como el Art. 19 de la Ley de Casación. Que además\n la propia Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia ha\n dictado en relación con la nulidad de los convenios tributados,\n innumerables fallos concordantes y uniformes y que el que más\n se asemeja al presente fallo con el cual se rechaza el recurso\n de casación recaído en el juicio 94 - 99 seguido\n por Víctor Vásquez, que pide se aplique en este\n caso. TERCERO. - Es necesario diferenciar entre apreciación\n de la prueba y valoración de la prueba. En el presente\n caso, es a la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n No. 1 a la que de modo exclusivo correspondía apreciar\n la prueba dentro del juicio principal y en base a la misma emitir\n su pronunciamiento respecto de la controversia, como en realidad\n ha ocurrido, de lo cual da fe en forma clara la sentencia recurrida,\n por lo mismo, no es procedente que esta Sala examine dicha cuestión.\n CUARTO. - Tampoco es procedente, en la especie, la aplicación\n del Art. 261 del Código Tributario en la forma que lo\n plantea el recurrente, ya que de ninguna manera se ha establecido\n que los documentos a los que hace alusión reposarán\n efectivamente en los archivos de la administración, tanto\n porque de acuerdo a lo dispuesto en las normas legales y reglamentadas\n relacionadas con los procedimientos a seguirse para la celebración\n de los convenios tributados, era obligación del contribuyente\n aportar con esos documentos, cuando porque según se desprende\n la sentencia recurrida, esa obligación no ha sido cumplida.\n Además consta del proceso principal que el recurrente\n tampoco ha cumplido con la obligación de probar sus afirmaciones,\n de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 273 del Código Tributario\n y la jurisprudencia de casación aun sobre el particular\n existe. Consideraciones similares de parte de esta Sala merece\n lo afirmado respecto de la alegada falta de aplicación\n del Art. 27 de la Ley de Modernización, ya que no se ha\n demostrado procesalmente que se haya exigido la entrega de documentos\n ya existentes en la administración, por haber sido entregados\n por el actor en forma previa. QUINTO. - El inciso primero del\n Art. 287 del Código Tributario dispone que el - juzgador\n para dictar sentencia debe examinar los vicios de nulidad de\n que adolezca la resolución impugnada, en la especie, la\n No. 184 de 3 de febrero de 1997, expedida por el Subsecretario\n General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público;\n los supuestos vicios se vinculan con los señalados en\n los dos numerales del Art. 132 del Código Tributario,\n relativos a la competencia del funcionario que dicte la resolución\n o respecto del procedimiento seguido, supuestos que demandan\n que esos hipot&eacu

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