Source: http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyC2013n39a04/5248
Timestamp: 2017-04-23 21:45:19+00:00

Document:
Reformas liberales, sociedad rural y derechos de propiedad territorial en la frontera sur bonaerense (2ª mitad del siglo XIX). Las “donaciones condicionadas” de Azul | Lanteri | Trabajos y comunicaciones
sociedad rural y derechos de propiedad territorial en la frontera sur
bonaerense (2ª mitad del siglo XIX). Las
“donaciones condicionadas” de Azul
reforms, rural society and property rights on lands in the south
frontier of Buenos Aires (2nd half of the 19th century). The
“provisory donations´ of Azul”
Sol Lanteri Instituto Ravignani,
Visitante del IH-CCHS-CSIC, España
/ mariasol.lanteri@cchs.csic.es
El objetivo del trabajo es examinar la
revisión oficial de las “donaciones condicionadas”
implementadas en el partido de Azul y la respuesta de la sociedad
rural durante la segunda mitad del siglo XIX. Mediante un análisis
principalmente cualitativo de la legislación, prensa,
correspondencia, expedientes de tierras y otras fuentes coetáneas,
se aborda el marco legal y el accionar social, considerando los
argumentos esgrimidos para la puesta en valor de los derechos y el
acceso a la propiedad formal. Así como los rasgos centrales
del proceso, caracterizado por una gran interacción,
complejidad, disputas y resistencias durante esta etapa de
reestructuración hasta el cierre de la frontera. Se plantea
que las “reformas liberales” no supusieron un cambio
radical en las prácticas sociales y en el acceso al recurso,
de raigambre institucional y social anterior.
sur de Buenos Aires, 2ª mitad del siglo XIX, “Reformas
liberales”, Derechos de propiedad territorial, Donaciones
“condicionadas” de tierras públicas, Sectores
socio-étnicos
aim of this work is to examine the official revision of “provisory
donations” implemented in the party of Azul and the response of
the rural society during the 2nd
half of the 19th century. Across a principally qualitative analysis of the
legislation, press, epistolary correspondence, lands files, and other
contemporary sources, it is approached the legal frame and the social
action, taking into account the arguments used for the putting in
value of the rights and the access to the formal property. It is
studied as well the central limits of the process, characterized by a
great interaction, complexity, disputes and resistances during this
restructuring stage up to the closing of the border. It is raised
that the “liberal reforms” did not suppose a radical
change in the social practices and in the access to the resource,
which had previous institutional and social roots.
South frontier of Buenos Aires, 2nd half of the 19th century, “Liberal reforms”, Property
rights on lands, Provisory donations of public lands, Socio-ethnic
sectors 1.
En la tardía fecha de 1884, en el
extracto de títulos del duplicado de la mensura Nº123 de
Azul, los propios colegas se quejaban del Señor Asesor del
gobierno provincial porque no conocía las normativas
anteriores al año 1881 “…pues de otra manera no
se comprende como pudo aconsejar veinte siete meses después de
expirado el plazo para presentarse á la compra, que era
necesario esperar que se presentase algun
nuevo vástago de esta interminable familia de agraciados”,
para que al poblador
Ricabarra el Estado le otorgara la escritura definitiva de su
terreno, que formaba parte de la integración de dos suertes de
estancia.1
De hecho, “esta interminable
familia de agraciados” estaba compuesta justamente por los
pobladores originarios –ya entrados en años- y sus
descendientes que habían sido receptores de las “donaciones
condicionadas” de suertes de estancia en el partido fronterizo
de Azul durante el gobierno de Rosas (1829-32/1835-1852). Como ya
hemos destacado en trabajos anteriores, esta modalidad de entrega de
la tierra pública durante la primera mitad del siglo fue
singular en el marco de la campaña de Buenos Aires, pues
fomentó una estructura agraria dual de grandes propiedades
pero con predominio de las pequeñas-medianas en una región
caracterizada por las primeras, junto a la coexistencia de
asentamientos indígenas de importantes magnitudes, cuyos
habitantes prontamente poblaron la frontera, pusieron en producción
las tierras y apoyaron tenazmente a la federación rosista
hasta su caída (Lanteri, 2011a,b). A partir de los decretos de 1829 y 1832,
que reglaron la entrega oficial, los beneficiarios recibían
las suertes de estancia –de 2.025 hectáreas (has) cada
una- en propiedad legal, pero para el acceso a los títulos
formales, los pobladores debían certificar ante la autoridad
el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los mismos, que
fueron el poblamiento efectivo, la puesta en producción
agropecuaria y especialmente, la defensa armada del territorio. Con
todo, pese a que la mayoría de los receptores cumplió
con ellas, durante el período rosista sólo tres
pobladores estrechamente vinculados con él pudieron acceder a
las escrituras de propiedad y el resto fueron propietarios “de
hecho”, pero sujetos a ciertas cargas fiscales (Infesta, 2003;
Lanteri, 2011a,b).
Recién a partir de la caída
de Rosas, cuando en la provincia de Buenos Aires se promovió
un proceso de revisión y ordenamiento “liberal”
sobre tierras públicas y otras materias, se sancionó la
ley del 17 de octubre de 1857, que permitió el acceso a la
propiedad formal de las suertes donadas en función del
cumplimiento de las disposiciones del decreto de 1829. Esto provocó
el inicio de un proceso de solicitudes de escrituración de
parte de los donatarios originales, sus descendientes y otros
pobladores posteriores para reclamar sus derechos y títulos. A
la vez que disputas y conflictos para el reconocimiento legítimo
de su propiedad entre ellos y frente a un Estado en formación
a cuyo propio personal le costaba lograr una uniformidad teórica
y la puesta en práctica de esta nueva reglamentación
por varias cuestiones. Esta central coyuntura y sus
implicaciones sobre esta singular política de enajenación
de la tierra pública en la campaña de Buenos Aires no
han sido analizadas en profundidad hasta ahora. El objetivo de este
trabajo es examinar entonces los lineamientos de la redefinición
oficial de los derechos de propiedad territorial de esta particular
modalidad y la respuesta de estos “propietarios prácticos”2 durante la segunda mitad del siglo XIX, hasta el cierre definitivo de
la frontera. Se atiende así tanto al marco legal como al
accionar social, considerando los argumentos esgrimidos para la
puesta en valor de los derechos y el acceso a la propiedad formal, a
la vez que las características centrales del proceso. Cabe destacar que lejos de pensar a los
derechos de propiedad sobre la tierra desde un punto de vista
estrictamente institucional, adscribimos a su concepción como
el resultado de procesos históricamente determinados y ergo
contextuales, que reflejan relaciones sociales de poder cambiantes y
que pueden ser objeto de legitimidad disputada y no universales,
perfectibles ni garantes exclusivos del desarrollo y el crecimiento
económicos (Gelman, 2005 y 2006; Congost, Gelman & Santos,
2012). En este marco, nuestra hipótesis
es que en el caso de las donaciones de Azul, las “reformas
liberales” no provocaron un cambio radical en las prácticas
sociales y en las formas de acceder al recurso, que tuvieron una
raigambre institucional y social anterior. Además, que se
produjo una estrecha y dinámica interdependencia entre los
intentos de crear y uniformar una nueva normatividad oficial, la
praxis social y un territorio fronterizo continuamente disputado por
las sociedades indígenas frente a un Estado en expansión.
La coyuntura post-Caseros y las “Reformas Liberales” La caída del gobierno de Rosas
por el “Ejército Grande” liderado por Urquiza en
la batalla de Caseros, en febrero de 1852, no supuso la inmediata
conformación del Estado Nacional, que en el caso argentino
terminó de consolidarse hacia 1880 (Bragoni & Míguez,
2010). Hasta 1862, en que Mitre asumió la presidencia nacional
bajo la Constitución sancionada en 1853, Buenos Aires actuó
como Estado independiente de la Confederación Argentina,
fundamentalmente por no querer compartir sus ingresos aduaneros con
el resto de las provincias (Gorostegui de Torres, 1998).
A partir de Caseros comenzó a
cimentarse un nuevo orden liberal basado esencialmente en un Estado
“moderno” centralizado y laico, el individuo como sujeto
de derecho y una economía capitalista que asegurara la
consolidación de los mercados y de la propiedad privada, que
provocó importantes reformas y que cristalizó en una
nueva legislación y codificación (provincial y
nacional) sobre diferentes tópicos –rural, civil, penal,
comercial, etc.- (Barsky & Djenderedjian, 2003; Schmit, 2008;
Zeberio, 2006 y 2009). Estas “reformas liberales”
fueron compartidas con el resto de Iberoamérica y la Península
a partir del siglo XVIII bajo diferente denominación, y pese a
que la aplicación práctica de la legislación
tuvo disímiles impactos y resultados en las distintas regiones
y períodos, a nivel territorial implicó -en líneas
generales- el traspaso del dominio público al privado, la
incorporación de las tierras eclesiásticas e indígenas
y un uso más racional del recurso (Burdiel, 2012; Congost,
2006 y 2007; Garrabou & Sanz, 1985; Garrabou, 2010; Reguera, 2006
y 2009; D´Agostino, 2007).
La revisión y organización
sobre tierras públicas que comenzó a
institucionalizarse en el Estado de Buenos Aires desde 1850s
-intentando ordenar la situación de los tenedores precarios
que había dejado irresuelta la etapa rosista y el período
inmediatamente posterior- supuso el reconocimiento de algunos
derechos y la anulación de otros. De este modo, los opositores
al régimen anularon los “premios a la fidelidad
política” otorgados por Rosas a sus aliados pero no así
los otorgados por “combate contra los indios” (Infesta &
Valencia, 1987), denotando claramente la relevancia que este aspecto
tenía para la expansión estatal en la frontera. Luego de arduos debates -y en función
no sólo del intento de controlar el espacio austral y los
recursos para articular al ciclo del ovino en marcha, sino también
del propio modelo de sociedad que los liberales porteños
querían construir, basado en la ocupación y puesta en
producción efectiva de los usufructuantes por sobre el pago de
cánones al gobierno y en la propiedad privada “plena”
al estilo norteamericano- se instituyeron los sistemas de arriendo y
la venta de la tierra pública desde 1857 hasta 1876;
modalidades que a diferencia de la enfiteusis, no fomentaron mayormente el
acaparamiento del recurso, cerrándose la frontera
definitivamente mediante la apropiación física del
territorio y el exterminio de los pueblos originarios hacia 1880
(Valencia, 2005). Pero hasta ese momento el territorio
fronterizo pampeano y patagónico fue continuamente disputado
por los grupos nativos, y los gobiernos provinciales y nacionales
implementaron diversas políticas que oscilaron entre
negociaciones de paz y ofensivas directas para apaciguar y expandir
la frontera (Navarro Floria, 2004; Banzato & Lanteri, 2007;
Barcos & Lanteri, 2013). Luego de la caída de Rosas y del
sitio de Lagos, en la frontera de Buenos Aires se produjo una gran conmoción política e interétnica, con un
significativo retroceso de la frontera estatal consolidada hasta
entonces hasta la rearticulación de las relaciones pacíficas
con los grupos de “indios amigos” hacia 1856 (Ratto, 2003
y 2006; Belloni, 2010). De hecho, desde el
pacto de 1856, los grupos de “indios amigos” pampas luego
de unirse a la confederación del cacique Calfucurá y
presionar al gobierno mediante malones a la campaña sur
durante 1853-55, se reinstalaron en la zona de Azul y Tapalqué,
volviendo a comerciar, a recibir racionamiento oficial y, sobre todo,
20 leguas cuadradas3 de terreno (54.000 has) sobre el arroyo Tapalqué y solares en
la traza urbana de Azul (de Jong et al., 2009). A partir de allí,
el respeto y la concesión de derechos de propiedad formal
sobre el territorio indígena pasaron a ser cuestiones
prioritarias de los nuevos acuerdos interétnicos, llegando
incluso a transformarse en una herramienta de negociación de
estos grupos con el Estado porteño (Lanteri & Pedrotta,
2012; Lanteri et. al., 2011). Pese a los vaivenes
coyunturales y al retroceso estatal, en el área de estudio el
impacto de la pequeña-mediana propiedad rural (en parámetros
fronterizos) iniciado desde el proceso colonizador se mantuvo.
Durante 1850-60 por ejemplo, el 87,5% de los tenedores de Azul poseía
el 53,3% de las tierras en el segmento 0-2.699 has, mientras el 1,4%
concentraba el 19,2% en superficies mayores a las 29.700 has,
creciendo el número de los medianos propietarios,
especialmente en la franja 2.700-8.099 has, debido a la fragmentación
de las grandes propiedades consolidadas en 1830s (Lanteri 2011a,b);
cuestión que también se verifica mediante otros
indicadores, como un perfil menos desigual en la distribución
de la riqueza del partido en este período (Gelman &
Santilli, 2010). En el segundo tramo de la centuria, los
arrendamientos y las leyes de ventas hasta 1878 generaron una
estructura de la tenencia similar. En el lapso 1860-1870, el 45% de
los individuos con tierra poseía el 22,82% de la misma en la
cohorte de 0-8.099 has., el 30% acaparaba el 35,1% en la de
8.100-13.499 has. y, finalmente, el 25% el 42% en la de 13.500-18.899
has. En tanto, entre 1870-1880, más de la mitad eran pequeños
tenedores, aunando el 29% del recurso en el rango de 0-2.699 has. y
el 45,45% tenía el 71% restante en el de 2.700-8.099 has.4
de estas modalidades, compartidas con el resto de la provincia, lo
que realmente distinguió y dinamizó el proceso de
transferencia de la tierra pública a manos de particulares en
la zona de estudio fue el singular proceso de revisión y
ordenamiento oficial de las donaciones de suertes de estancia, que
ahondaremos a continuación.
El marco legal de las donaciones de Azul
El intento de arreglo y sistematización
de esta modalidad, que recordemos, había dejado “irresuelta”
la etapa rosista al no haber entregado los títulos efectivos
de propiedad a los pobladores, fue rápidamente considerado
durante el proceso de revisión liberal. De hecho, a los dos
días de la sanción de la ley de arrendamientos rurales,
en la provincia fue sancionada la ley del 17/10/57 (promulgada el
21), que establecía en su “Art 1º Queda autorizado
el Poder Ejecutivo para resolver las solicitudes y las cuestiones
pendientes sobre obligaciones del Estado á entregar el dominio
de alguna superficie determinada de tierras públicas y otorgar
las correspondientes escrituras de enagenacion”. Y en su “Art.
2º El Gobierno otorgará título de propiedad hasta
una suerte de estancia por persona á los pobladores en la
frontera, á quienes se les prometió por decreto de 19
de septiembre de 1829; siempre que hubieran llenado las condiciones
que en él se establecieron” (Muzlera, s/f: 178).
Esta normativa, basada a su vez en el
antiguo decreto de 1829, fue el pilar sobre el que se asentó
toda la legislación posterior sobre esta materia y fue objeto
de múltiples interpretaciones y ajustes durante el período.
Poco tiempo después, en julio de 1858, el fiscal general
Elizalde asesoraba al gobierno provincial sobre las cuestiones a
considerar y los criterios a definir para conceder los títulos,
renegando que “Muy léjos estuvo, sin duda, la Cámara
de comprender lo ineficaz que iba á ser esta ley por no
conocer las dificultades que obstaban á su ejecucion”, a
la vez que subrayaba la importancia del asunto y su tarea: “V.
E. debe empezar por tener presente que no se trata de una bagatela.
Lo que se haga para el Azul tiene que hacerse para toda la frontera”
(Muzlera, s/f: 194 y 196).5
En base a sus lineamientos, el 8/10/59
el gobierno resolvió, como primera medida ulterior a la ley,
que sólo se reconocerían las concesiones hechas hasta
diez años luego del decreto de 1829 -es decir, hasta
septiembre de 1839-, dejando sin efecto las posteriores, excluyó
positivamente a los extranjeros6 del acceso a la propiedad formal y permitió la escrituración
aún pese a que los pobladores hubiesen abandonado sus suertes
luego de haberlas poblado por persecuciones de Rosas o de indígenas
(Muzlera, s/f: 199-200). Empero, esta resolución fue luego
modificada en base al dictamen del entonces fiscal Costa de junio de
1861 y la vista del asesor, debido a los reclamos de los pobladores
de Azul y a los partes de las autoridades locales y regionales, que
aún carecían de ciertos criterios normados para
interactuar en una realidad cuya complejidad y cotidianeidad les
desbordaba. Ese mismo año, por ejemplo, una relevante
autoridad fronteriza como el coronel Rivas le decía al propio
gobernador provincial, Bartolomé Mitre, que:
“Con esta fecha creo que el juez
de paz pasa una nota al ministro de Gobierno pidiendo una solución
sobre el asunto de tierras donadas el año 29 á los
pobladores de este partido; si fuese posible que la resolución
ordenase que la mensura de campos y escrituras á los que
verdaderamente son agraciados por el decreto y cumpliendo con él
se hiciese por cuenta de la municipalidad de este pueblo, daría
mucho impulso al creciente desarrollo de este partido, muy
considerable hoy por todos los conceptos”. Es decir, marcaba la necesidad de una
pronta solución del tema para el progreso vernáculo y
trataba de que se trasladase del gobierno provincial al ámbito
municipal (creado recientemente). Y además, agregaba: “[…] de esta mensura van á
resultar muchos campos que pertenecen al Estado y que indebidamente
los ocupan sin pagar canon; puedo asegurarle también que en el
acto que se pongan en venta, serán vendidos, pues hay muchos
Si le fuese posible, señor,
ocuparse de este asunto sería un verdadero servicio que se
haría á este vecindario y á mí, pues que
con mucha frecuencia me ven los estancieros para que me interese con
usted á este respecto”.7
Señalaba así, al mismo
tiempo, la inquietud de los pobladores por comprar sus tierras al
Estado y el beneficio que esto produciría al fisco.
En base a lo anterior, mediante el
decreto del 9/6/62 el gobierno dictaminó –hincado en el
decreto de 1832 que dinamizó las donaciones- que los diez años
fijados para la validez de las concesiones establecidas en la norma
de 1859 correrían desde el 19 de septiembre de 1832 al de
1842, en vez del lapso 1829-39, y que se debía proceder en
breve a una mensura general de las suertes mediante una comisión
examinadora compuesta por tres agrimensores, siendo los gastos de su
operación costeados por los propios interesados, que pagarían
$4.000 por cada suerte al ser escriturada.8 Además, dio derecho de preferencia a los pobladores de las
suertes sobre antiguos enfiteutas y arrendatarios actuales; estipuló
que para poder escriturar, los ocupantes que hayan abandonado su
posesión por causa mayor debían acreditar como mínimo
diez años de poblamiento y estableció el plazo de tres
meses para la presentación de las solicitudes (Muzlera, s/f:
tomo II, 30-31). De esta forma, por decreto del 3/10/62
se designó a los agrimensores Sourdeaux, Cztez y Romero para
efectuar la mensura general de las suertes de Azul, “la que
deberá proceder al desempeño de su comisión sin
pérdida de tiempo” (Muzlera,
s/f: tomo II, 39), estableciendo los límites geográficos;
incluyendo al ejido del pueblo y destinando el 80% de los $4.000 que
cada poblador pagaría por la mensura a ellos y el 20% a obras
públicas de la municipalidad de Azul. Además,
dictaminaba llevar un prolijo registro de las suertes “…en el que hará
constar los pobladores y las poblaciones que en cada una encontrase,
los caracteres de antigüedad de la poblacion y demas
circunstancias que puedan conducir á distinguir los verdaderos
pobladores de los que no lo son, objeto de grande importancia, y que
no deben los señores Agrimensores perder de vista”
(Muzlera, s/f: tomo II, 40-41).
Éstos debían presentar
tres ejemplares de su informe a la autoridad -al Departamento
Topográfico (DT), al Ministerio de Gobierno y a la
Municipalidad de Azul luego de su aprobación definitiva-.
Finalmente, establecía en su “Art. 11º Mientras no
recae esta aprobacion definitiva, no se otorgará escritura
alguna de propiedad á los pobladores, aunque hubiesen llenado
las condiciones de población requeridas”
(Muzlera, s/f: tomo II, 41). O sea,
supeditaba implícitamente el ámbito privado al público,
el local al provincial y el “profesional” al
gubernamental. Luego de finalizada la labor de esta
comisión y en virtud de los comentarios técnicos y
generales recibidos por el DT y el fiscal, el gobierno resolvió
por decreto del 19/03/64 nombrar una nueva comisión presidida
por el Ministro de Gobierno y formada por el Asesor, el Fiscal y el
presidente del DT “…para acelerar la terminación
de las reclamaciones pendientes de los pobladores del Azul, por
escrituración de suertes…” (Muzlera, s/f: tomo
II, 84). Es que la delegación anterior había sacado a
la luz nuevamente la dificultad de organizar y terminar de una vez
con este asunto -que según el propio juez de paz de Azul
estaba afectando incluso el progreso del pueblo-, no pudiendo
cumplimentar totalmente su encargo debido a diversas cuestiones, como
protestas de los pobladores ante las mensuras de los agrimensores,
conflictos de derechos entre ocupantes antiguos y recientes que
reclamaban escriturar un mismo terreno, la imposibilidad de acreditar
el poblamiento efectivo por el paso del tiempo y/o la mudanza
geográfica del agraciado o su familia, etc., y hasta por la
misma reticencia indígena a la intromisión en su
territorio. En efecto, el agrimensor Sourdeaux, que mensuró
las suertes ubicadas en la parte occidental del arroyo Azul hacia el
arroyo Tapalqué –donde recordemos, estaban establecidos in situ los “indios amigos”- se quejaba de que no había
podido “amojonar este fondo TT por la resistencia formal que me
hicieron los indios cuyas tolderías existen en estos campos”.9
En este contexto, el gobierno -sin
excluir el ámbito de poder local/municipal pero supeditándolo
al provincial- dispuso que la Escribanía Mayor de Gobierno
(EMG) autorizaría las resoluciones de la comisión y
correría con todos los expedientes del Azul; que ésta
dispondría cuándo los agrimensores deberían
volver a terminar con su encargo; que cuando haya sido resuelta la
escrituración y ubicación de un número
conveniente de suertes debería proponer al gobierno el
amojonamiento y entrega de los títulos a los agraciados
mediante los agrimensores y que: “La Comisión, en fin,
propondra al gobierno cuando se estime oportuno para su mejor
acierto, en el importante negocio que se le encarga, no olvidando que
el mayor interés del Gobierno es atender los de los antiguos
pobladores del Azul, sin olvidar los del Estado que tienen á
su cargo” (Muzlera, s/f: tomo II, 89-90).10
En suma, como fue elocuentemente
referido, con cada expansión y consolidación de la
frontera se generaba un nuevo vacío legal (Banzato, 2005) y
estos vaivenes en la reglamentación de las suertes del Azul
fueron comunes con el resto de las disposiciones sobre tierras
públicas del período, en base a la redefinición
de normativas anteriores, sus imprecisiones y vacíos de
información, la arbitrariedad de su interpretación y
las necesidades coyunturales, fiscales, etc. de un Estado en
formación, cuya organización institucional,
burocrática, profesional, etc., estaba en proceso de
construcción (Valencia, 2005; D´Agostino, 2007;
Garavaglia & Gautreau, 2011; González Leandri, 2012). A lo
que se añade, en este caso, la complejidad de un territorio
fronterizo continuamente disputado por las comunidades nativas y aún
no totalmente incorporado a la soberanía oficial (Lanteri,
2013a, b). Decía Zinny, ferviente alsinista
y antirrosista,11 en una elocuente y riquísima fuente publicada de forma
coetánea, aludiendo a la “amenaza indígena”
y otras cuestiones: “Se creia con fundamento el
Gobierno se prestase à escriturar las propiedades de los
pobladores cuyos derechos fuesen claros é incuestionables;
pero se ha recojido el convencimiento que no serà así,
sino que serà aplazado todo procedimiento hasta tanto los
señores Sourdeaux y Romero finalizen lo que les falta. Siendo
imposible que esta operación pueda practicarse, sobre todo en
las zonas reservadas para sí por el señor Sourdeaux,
hay razón para creer que la solución a estos asuntos
serà interminable, pues las causas que antes impidieron esos
trabajos subsisten en todo su vigor”.12
Y se quejaba además, en
consonancia con el juez de paz y tantos otros, que en Azul: “La
contruccion de edificios hasta en los lugares donde hay taperas està
formalmente prohibida, mientras que los campos poblados y despoblados
por la accion vandàlica de los Indios, PAGAN ANUALMENTE LA
CONTRIBUCION DIRECTA, como si unos y otros estuviesen ya
escriturados!!”13 E incitaba al gobierno a la pronta escrituración de las
suertes: “Despues de seis años
largos empleados en las tramitaciones [de 1858 a 1864, SL], todavía
no urge adquirir un conocimiento exacto de las cosas del Azul;
cumplir con esos habitantes un deber sagrado de justicia, ni menos
calmar la inquietud de tantas familias nacidas en este país
(…) Los pobladores del año 1832 necesitan, segun vemos,
todavia algún tiempo mas, tiempo indefinido, para acreditar el
hecho de sus poblaciones. No les basta treinta y dos años de
posesión permanente, ni seis años de dispendiosa
tramitacion. No bastan tampoco los datos suministrados por dos
Comisiones mandadas en distintas fechas, ni las informaciones de los
espedientes” (Zinny, 1864:
Y defendía los derechos de los
pobladores de las suertes frente a “antiguos enfiteutas”
o arrendatarios recientes, que pretendían a estos terrenos
como públicos: “Los poseedores, pues, de esos
terrenos, tenían títulos legítimos adquiridos à
la propiedad. En esta virtud, mal podían considerarse terrenos
del Estado (…) Desde este nuevo período en el cual se
ratifica el espresado Decreto de 1829, volvieron à perder las
suertes de estancia del Azul, la denominación de terrenos del
Estado; porque de hecho y de derecho, eran ya del dominio de los
pobladores que llenaron las condiciones que les fueron impuestas.
Esto es tan claro como la luz del dia” (Zinny, 1864: 13-14). En definitiva, según sus propias
palabras que nos permitimos reproducir in
extenso por su gran claridad:
“En conclusion, la ley 19 de
Setiembre de 1829, por su naturaleza, es un contrato que estipula
condiciones para una y otra parte; la que llenadas por los
pobladores, les concedia el Gobierno derechos absolutos bajo ese
contrato. La concesion de los terrenos del Azul, importa para el que
la haya ganado, llenando fielmente las condiciones requeridas, la
estincion del derecho del que la hacia, é implica la
obligación de no volver à tomar ese derecho. La
concesion de un Estado es tan protejida como la concesion de un
individuo à otro; y el Estado es tan inhibido de anular,
alterar ó restringir sus propios contratos en los cuales es
parte, como de anular la obligacion entre dos individuos”
(Zinny, 1864: 21). Pero la cuestión de las suertes
estuvo lejos de tener una rápida solución y fue objeto
de regulación per se y de forma colateral hasta fines de la centuria. Según el
artículo 3° del decreto del 16/12/76 -que reglamentaba la
ley de venta de tierras públicas al interior y exterior de la
línea de fronteras- se establecía, por ejemplo, que en
la mensura de las mismas no debían comprenderse sobrantes, ni
las tierras de Bragado, y tampoco las suertes de Azul o Junín
por estar sujetas a una legislación especial (Muzlera, s/f:
tomo II, 340). Por su parte, la ley del 14/12/78 y el decreto del
7/1/79 también las contempló; en tanto la ley del
13/5/81, que concedía derecho de compra a los ocupantes de
suertes de Junín y Azul, ya definía a éstos en
su art. 3° como “…los pobladores actuales y que
tengan ocho años de posesión” (Muzlera,
s/f: tomo III, 9).
Finalmente, el decreto de fecha
3/11/84, dando cumplimiento a la ley del 16/5/81 sobre ventas a los
ocupantes de las suertes de Azul, ordenaba el deslinde y
amojonamiento de todo terreno de propiedad pública que
existiera dentro de sus límites, y nombraba a los agrimensores
Iparraguirre y Clerice para la comisión; quienes debían
hacer un plano general de las suertes y otros parciales de los
terrenos fiscales medidos y un informe sobre la calidad de las
poblaciones, detallando número y clase de haciendas, años
de posesión de los pobladores y demás. Los gastos de la
operación correrían proporcionalmente por parte de los
compradores y se disponía asimismo que la operación
debía hacerse “dentro del improrrogable término
de cuatro meses á contar desde la fecha de este Decreto”.14 Pero sabemos que esto no ocurrió, porque el informe de estos
agrimensores -el último efectuado en el siglo sobre las
suertes del Azul- concluyó definitivamente en el remoto año
de 1891.15
4. La respuesta de los “propietarios
prácticos”: solicitudes, reclamos y legitimidades
Pero, ¿cuál fue el
comportamiento social frente a estas normativas? ¿Cómo
se dio la articulación entre los intereses oficiales y los
particulares? Veamos.
En primer lugar, lo que podemos indicar
es que una vez sancionada la ley del 17/10/57 se produjo una rápida
y masiva presentación de solicitudes de escrituración
por parte de los pobladores de Azul. De hecho, según nuestros
registros, sólo en el lapso 1857-62, es decir, durante los
cinco años inmediatamente posteriores a la norma, hemos
contabilizado varios cientos de presentaciones al gobierno –entre
pedidos de escrituraciones de suertes y de arrendamientos de tierras
sumaban 711-.16 Algunos de éstos se otorgaban y otros no, en función de
las normativas vigentes y siempre resguardando los derechos de los
pobladores de Azul frente a otros interesados u otras modalidades de
enajenación. En 1857, por ejemplo, el poblador Manuel
Silva, en representación de Dionisio Alcántara,
solicitaba 3 leguas en arrendamiento comprendidas dentro de las
suertes del Azul y se le decía que no podía disponer de
ellas hasta saberse que fuesen de “propiedad pública”.17 En tanto, al año siguiente, José M. Areco denunció
6 en arrendamiento al exterior de la línea de fronteras, y el
gobierno se las concedió en 1859, pero bajo condición
de que no afectase los derechos de los agraciados de Azul, que los
terrenos fueran fiscales, que se cumpliese con las condiciones de
poblamiento, y que en caso de que luego quedasen dentro de la línea
de fronteras, el arrendatario pagase el canon correspondiente.18 Por su parte, en virtud de haberle sido concedido en arrendamiento a
Gerónimo Rodríguez un terreno de 2 leguas en 1859,
cuatro meses luego, el mismo juez de paz de Azul, Francisco Eliseo,
comentaba que diez “…pobladores antiguos todos
están poblados dentro del terreno que se solicita en
arrendamiento y que algunos de ellos existen en él hacen
veinte y veinte y cinco años, por lo que no considera posible
evaluar el expresado campo sin perjudicar á los pobladores
primitivos que todos tienen derecho á una suerte de estancia
en virtud del decreto de 19/9/1829; y varios de ellos tienen su
representación despachada en el Ministerio de Gobierno, o en
este Juzgado para informar”.19
Es decir, priorizaba los intereses de
los donatarios de las suertes, por lo que el gobierno disponía,
entonces, llamar a comparecer a Rodríguez en 1860.
Tiempo después, ante la solicitud
de una suerte de estancia en propiedad en el ejido del pueblo de Azul
por parte de Santiago Udaquiola -sargento mayor de línea al
servicio de la comandancia-, el jefe del Departamento de Tierras
Elizalde le comunicaba al EMG en 1861 que la suerte no podía
darse en propiedad porque él no era un poblador antiguo; pero
sí en arrendamiento, que le fue concedido en abril de ese
año.20
Con todo, las solicitudes y concesiones
así como el proceder administrativo también fueron
objeto de reclamos y pleitos entre los propios interesados y entre
éstos y el gobierno, ya que los mismos estaban al tanto de la
legislación oficial y de los intersticios que les permitían
accionar. A tan sólo tres meses de establecido el citado
decreto de junio de 1862, un grupo de vecinos de Azul se presentó
de forma colectiva reclamando por sus derechos, objetando las
consideraciones expuestas por el fiscal y pidiendo la rectificación
de algunas medidas al gobierno. Según su propia y fecunda voz
publicada en la prensa coetánea, que felizmente ha llegado
hasta nuestros días, comenzaban diciendo: “Los ciudadanos firmantes,
teniendo conocimiento del decreto de 9 de Junio último sobre
las suertes de estancia de esta frontera, haciendo uso de un derecho
lejítimo, nos permitimos elevar à la consideración
de V. E. las objeciones nacidas de algunos principios desenvueltos
por el Sr. Fiscal en su dictàmen Junio 17 de 1861; pues à
mas de afectar profundamente los derechos de los pobladores, están
en pugna con todos los precedentes establecidos (…)
Esclarecida esta verdad,
suplicamos humildemente à V. E. se digne reconsiderar aquel
Superior Decreto, y con arreglo à la justicia hacerlo mas
liberal y benéfico à los intereses de estos
pobladores”.21
Y fundamentaban su impugnación
en dos ejes centrales: por un lado, los diez años de
poblamiento para poder acceder a la propiedad; y por el otro, el
corte temporal de las concesiones hasta 1842. Comencemos viendo qué
expresaban acerca del primero:
“Dice el Sr. Fiscal: que
una de las condiciones requeridas para adquirir la propiedad, es
sostener y conservar la propiedad por el término de diez años. Pero esta declaracion, à mas de no estar fundada, crea
repentinamente una clàusula que nunca fué impuesta por
el decreto 19 de Setiembre del año 1829 (…) Y si por un
momento se supone, que esa fué la intencion de los
Lejisladores del año 1829, el artículo 3º que
ellos sancionaron dice: que
las condiciones, dictadas, no
son obligatorias para los pobladores, mientras la fuerza pública
no proteja las nuevas poblaciones” (La Tribuna,
en Zinny, 1864: 24-25).
Y proseguían: “¿Por
qué razón de justicia, se les quiere privar de un
derecho lejítimamente adquirido, à aquellos que,
despues de llenadas las condiciones de población, fueron
arruinados por los indios, donde
la fuerza pública no protegió las nuevas poblaciones?”.
Es decir, justificaban que tenían un derecho legítimamente
adquirido por haber cumplimentado las condiciones de poblamiento y
haber sufrido el embate indígena por carencia de la fuerza
pública. Más adelante, volvían a explicitar su
desamparo oficial frente a la “amenaza indígena”,
que los había perjudicado grandemente, tanto a nivel personal
como material: “¿Qué hizo la fuerza pública
para protejer las nuevas poblaciones? Absolutamente nada, Exmo.
Señor, pues los indios se retiraron con un inmenso botin,
dejando ruinas, regueros de sangre, y à estos pobladores
consternados; no siendo pocos los que quedaron sin familias y sumidos
para siempre en la miseria” (La Tribuna, en
Zinny, 1864: 25).
Y, sobre todo, argumentaban la
sensibilidad que este asunto adquiría en su propia realidad y
en su experiencia cotidiana como “soldados de la frontera”
que eran, frente a la falta de empatía y comprensión
“citadina” del fiscal. Según apuntaban: “La
tarea del Sr. Fiscal, ha sido àrdua para espedirse en este
complicado asunto: comprendemos que le ha sido imposible preveer todo
no habiendo examinado el teatro de los sucesos, y sin conocimiento
pràctico del género de guerra à que se ven
espuestos los habitantes de estos lugares”.
Concluían entonces: “Demostrado el equivocado
concepto, emitido por el Sr. Fiscal, con referencia à
que una de las condiciones requeridas era sostener y conservar la
posesion por espacio de diez años;
ha quedado igualmente evidenciado que esa imposicion, à ser
efectiva, no era obligatoria
para los pobladores mientras la fuerza pública no protegiese
las nuevas poblaciones; y
finalmente que habría sido materialmente imposible llenarla,
en atencion à la rara condicion de estas poblaciones, y al
conjunto de circunstancias esepcionales que favorecen la guerra de
exterminio hecha en todos los tiempos por los habitantes de la pampa”
(La Tribuna, en Zinny, 1864: 26 y
En suma, volvían a indicar el
error de la valoración del fiscal en pos de la suya, que
además de no considerar que el decreto de 1829 había
instituido la obligación de los diez años de
poblamiento, sostenía que era materialmente imposible dada las
condiciones de frontera de entonces.
Detengámonos ahora en el segundo
punto objetado (sobre el límite en 1842). Según
señalaban, retóricamente, apropiándose del
propio argumento oficial: “Y como dice bien el Sr. Fiscal: no
hay razon para hacer distinciones entre los pobladores de 1832, de
1835 y aun de 1850, siempre que en uno y otro caso, se hubiesen
llenado las condiciones de poblacion requeridas”.
Y continuaban, ya matizando, en contrapartida: “Pero al mismo
tiempo agrega: que
el decreto en cuestion, fué calculado visiblemente para tener
una ejecucion inmediata, y que no habria razón para igualar
con los primeros pobladores à los que vinieron despues, cuando
estos lugares, aunque no hubiesen dejado de ser frontera, no eran un
desierto” (La Tribuna, en Zinny,
1864: 28).
O sea, que en opinión del fiscal,
por más que los pobladores de distinto tiempo de ocupación
tenían igual derecho si habían cumplido los
requerimientos de población, el decreto de 1829 priorizaba a
los inmediatamente posteriores a esa fecha. Empero, no estando de
acuerdo con esto los vecinos y basando su discurso en una comparación
entre facciones políticas contemporáneas (unitarios,
liberales y federales), con quienes implícitamente se
homologaban y enaltecían, historiaban irónicamente: “Esto es como si, trasportando la
cuestion à otro terreno, alguno dijera: Los hombres liberales
de 1810, 1820, 1828, 1833, 1839 y de todas las épocas
memorables hasta el 17 de Setiembre de 1861 [batalla de Pavón,
SL], han merecido bien de la patria, pero los que posteriormente al
11 de Setiembre de 1852 [la secesión de Bs. As. de la
Confederación, SL] combatieron el caudillaje no estàn
en igual caso, porque otros antes que ellos les enseñaron el
camino” (Ibid).
Es decir, fundamentaban a favor de su
basamento temporal y destacaban que el desarrollo vernáculo
había sido largo, trabajoso y ulterior a 1842: “Un
centro de poblacion en parajes desiertos, donde los feroces instintos
y malquerencia de los indíjenas se convierten en ley suprema,
no se forma en diez años”, y añadían: “La importancia de la campaña
del Azul no estaba siquiera cimentada el año de 1842. El
desarrollo pastoril, agrícola é industrial se creó
despues, merced al arrojo de aquellos que penetrando en el desierto,
dejaron à cubierto del embate de los indios à los
primeros pobladores, quienes solamente entónces se vieron
resguardados de la furia de esos bàrbaros” (Ibid). Empero, también rescataban algo
bueno de la actuación oficial: “A primera vista parece
que el estado hace un inmenso sacrificio, separando del dominio
público de hecho, una cosa que lo estaba de derecho-”, a
la vez que resaltaban el valor de sus derechos de ocupación
encima del monetario sobre el recurso: “La importancia pues de
las concesiones del Decreto 19 de Setiembre de 1829, no puede
calcularse por lo que hoy vale la tierra, sinó por el precio
que ella tenia en tiempo de la ocupacion” (La
Tribuna, en Zinny, 1864: 30).
Asimismo, en su discurso seguían
confrontando el desempeño actual con el de administraciones
anteriores, llegando incluso hasta la colonia. Según referían: “Las ordenanzas bajo el rejimen
español, así como las leyes patrias y el Decreto 19 de
Setiembre de 1829 no fijaban un término dentro del cual
debieran ocurrir los que solicitaren gozar de sus beneficios. Y en
todos tiempos fueron escriturados aquellos que llenaron las
condiciones requeridas, bien fuesen pobladores primitivos ó
últimos” (Ibid).
Y agregaban: “En la actualidad no se trata de
Ordenanzas bajo el réjimen español, ni de
reconocimientos de hechos hasta el año 1822, sinó
simplemente del Decreto 19 de Setiembre de 1829 y de la ley 17 de
Octubre de 1857 que lo revalida; evidenciamos un proceder enteramente
diferente en casos idènticos” (Ibid). Por eso: “Al amparo de leyes
protectoras y de un Gobierno ilustrado, no comprendemos como se ha
pensado despojarnos de tierras concedidas en virtud de disposiciones
vijentes, y adquiridas despues de una lucha constante en la que hemos
perdido fortunas, sangre y deudos” (Ibid).
Finalmente, concluían su petición
subrayando otra vez la legitimidad de sus derechos de ocupación
en el tiempo y en la lucha contra el “bárbaro”, de
una forma más que elocuente que vale la pena reproducir: “Si es una verdad que nada hay mas
lejítimo que la ocupacion, siempre que con ella coincidan las
demàs condiciones prescritas por la Ley; parece indudable que
se robustece mas esa lejitimidad cuando la ocupacion ha sido hecha
resistiendo diariamente à un enemigo tenaz: por cuya especial
y desgraciada circunstancia viene à ser inmensamente mayor el
valor de los quebrantos que lo que actualmente representa la tierra
Esta circunstancia unida pues al título
de la ocupacion, que deriva del derecho concedido por un decreto
elevado al rango de Ley, no pasarà, lo esperamos,
desapercibida à los ojos del Exmo. Gobierno” (Ibid).
Amén de tan sólo dos meses
de efectuado este ruego, y menos de dos meses después de
sancionado el decreto del 3/10/62, se volvió a presentar una
petición colectiva por parte de vecinos que veían sus
derechos perjudicados por la revalidación de los de antiguos
enfiteutas de sus campos. Según decían: “Los firmantes, avecindados en
esta campaña, en virtud de las mercedes concedidas por el
decreto del mes de Setiembre de 1829, ante V. E. con el debido
acatamiento esponemos: que teniendo recien conocimiento del alcance
que tiene el art. 2º del Decreto 3 de Octubre último,
relativamente à los límites trazados para practicar las
mensuras, venimos á someter à la reconocida rectitud de
V. E. los graves perjuicios que se nos infiere dando por cierto el
hecho de quedar nuestras posesiones dentro de una fracción del
terreno que antiguamente perteneció en enfitéusis à
D. Eugenio Villanueva”.22
Explicitando un detallado conocimiento
de la legislación vigente y previa que recaía sobre sus
intereses, esgrimían a su vez argumentos parecidos a los
anteriormente expuestos sobre su cardinal rol en el progreso del
partido y en su enconada lucha frente a los “salvajes”:
“…por el art. 7º del
decreto 9 de Junio del año 1832 aquellas denuncias quedaron
anuladas; como también es evidente que no à los
antiguos enfiteutas, quienes ni un rancho hicieron siquiera, sino al
arrojo de los actuales ocupantes se debe la existencia de un Partido
rico y populoso: cuyos pobladores han conquistado la tierra ocupada
batallando sin tregua ni descanso contra los salvajes de la Pampa”
(La Nación Argentina,
en Zinny, 1864: 32). Por otro lado, en su hilo argumental
también destacaban la importancia de la defensa armada del
territorio desde el mismo inicio de la colonización vernácula
y el pago de las cargas fiscales impuestas. Tal como indicaban:
“Nuestras poblaciones, Exmo.
Señor, fueron las primeras que se fundaron el año 1832
y hay razon de creer que caen dentro del terreno que antiguamente
perteneció en enfitéusis à D. Eugenio
Villanueva: hemos permanecido en ellas 30 años estimulando con
nuestro ejemplo à los que vinieron despues, y sirviendo de
escalon para poblar toda esta vasta campaña: hemos concurrido
à la defensa de la frontera durante todo este tiempo, con
nuestras personas é intereses, y finalmente, hemos pagado
todos los años la Contribucion Directa” (Ibid).
Y continuaban exponiendo: “A pesar de todos estos
antecedentes y de emanar nuestros títulos de un Decreto que el
17 de Octubre de 1857 fue elevado al rango de Ley, nos vemos próximos
à ser envueltos en una ruina inevitable, si es que hoy se
hacen revivir los derechos de Villanueva en la parte ocupada por
Estos derechos, Exmo. Señor, es
indudable que murieron si se atiende al artículo 7º del
Decreto 9 de Junio de 1832, y al 4º del Decreto 9 de Junio
último” (Ibid).
De hecho, según esta legislación
que ellos conocían bien y citaban apropiadamente, se habían
anulado los derechos de antiguos enfiteutas para proceder a la
distribución de las donaciones de las suertes durante el
rosismo, cuestión que se estaba examinando entonces (Lanteri,
2011b). Finalmente, también refutaban la
consideración de los campos de Villanueva como de Rosas y
ubicados en el partido de Azul, conociendo de antemano que como las
propiedades del “ex tirano” fueron devueltas al fisco en
el proceso de revisión, podían ser consideradas de
propiedad pública, y por ende, sujetas a demanda de otros
particulares: “La circunstancia, por otra parte,
de señalar estos terrenos como poseidos por Rosas es
enteramente equivocada. En ninguna época ha tenido Rosas
posesion de los campos que ocupamos. Bien puede suceder que haya
poseido los terrenos enfitéuticos de Villanueva, en la parte
correspondiente à la jurisdicción de Las Flores; pero
en esta ni una pequeña fraccion siquiera ha poseido”
(Ibid). Por lo que entonces: “Por todas
estas razones suplicamos humildemente à V. E. se digne
reconsiderar el punto que nos concierne en el artículo 2º
del Decreto 3 de Octubre último, haciéndolo en justicia
mas liberal y benéfico à nuestros intereses”
Con todo, además de estas
presentaciones colectivas, también hemos encontrado
afortunadamente en nuestra evidencia algunas solicitudes y peticiones
individuales, que manifiestan la propia voz de los coetáneos,
sus intereses, motivaciones, etc., y que revelan, una vez más,
el pronto y dinámico accionar social frente al oficial, su
interrelación y un bagaje compartido de experiencias,
argumentos y representaciones de la población vernácula. Una vez conformada la comisión de
1863 y en virtud del desarrollo y los requerimientos de la operación
de los agrimensores, se produjeron varias presentaciones de
particulares intentando certificar las condiciones para escriturar y
exponiendo diversas cuestiones. Según una carta de Francisco
Eliseo al agrimensor Sourdeaux, le decía refiriéndose a
la vecina Rosa Barceló: “…Esta Sa. Es la viuda de
Dn. Florencio García, y la suerte de estancia qe. Ella
reclama, como heredera de dho. García es la que Ocupa
indebidamente un Antonio Licamas hacia el Azul del Gualicho (…)
Esta suerte la poblo su finado esposo el año 1832 con 500 á
550 v. algunas yeguas y caballos y vendió las Casas corrales y
haciendas el año 1846 á Dn Antonio Licate, menos la
acción al Campo pues no presenta Licate escritura, ni menos há
encontrado testigos qu. Tal declaren; por fin Sor esta 1º es la
dueña y como tal la há solicitado y la obtenido como U.
lo verá por el expediente y sus pruebas-Puede U. informarse
por los vecinos inmediatos á la suerte qe. se solicita”.23
Es decir, certificaba ante el
“profesional” su condición de “dueña”
ante otros interesados, en base a su relación conyugal con el
primer agraciado, la antigüedad de su poblamiento, la puesta en
producción del terreno y el visto bueno de los vecinos
contiguos. De forma similar, en enero de 1863 se
presentaba otro poblador ante Cztez y le exponía, adicionando
el conflicto interétnico: “…declaro á U. que
soy de los pobladores mas antiguos de este partido pues desde 1835,
permanezco con haciendas y poblaciones en este mismo campo a pesar de
haver sufrido algunas depredaciones de los Indios puede U. informarse
de vecinos y de mis linderos la verdad de los hechos, pues poco puede
valer lo que yo pueda decir a U. á este respecto”.24
Estas circunstancias y manifestaciones
se repiten también en el discurso de otros interesados. Ese
año, otra viuda de un poblador original le comentaba al mismo
agrimensor, que:
“…me ha sido imposible
apersonarme á la mensura á mostrar la tapera en que
hemos vivido desde el año 1839, hasta el 13 de febrero de
1856: siento mucho no poder darle a U. personalmente los datos que U.
me pide, por hallarme enferma en este momento: mas todos los vecinos
a quien U. puede preguntar justificaran lo que aquí espongo:
año 1839, poblo mi Esposo Eusebio Gomez con autorización
del comandante de este punto con mas de quinientas cabezas de ganado
vacuno y trescientos yeguarizas, en el mismo sitio donde esta la
Tapera, que por el grueso del tronco de los arboles puede U. juzgar
el numero de años que puede hacer, y hemos permanecido hasta
el año 1856, que la invasión de Indios nos dejó
en la mayor miseria dejandonos una majada y algunas yeguas que se
salvaron; con lo que sostengo mi numerosa familia pobremente, pues mi
marido ya viejo y achacoso después de tantos años de
servicio en esta frontera, no pudo resistir a este ultimo golpe,
quedandome viuda…”.25
“…no cesaron en esto mis
desgracias pues esse mismo año, á pocas cuadras de mi
población se estableció D. Ventura Lozano, diciendome
que esse campo era de D. Julian Martinez y que él como
encargado me intimaba saliendose del campo, hostigandome
continuamente, echandome sus haciendas sobre mi poblacion, en
terminos que tubé que abandonar la poblacion y el campo; y
como mi hijo mayor estubiese en servicio en un Fortin, hacia mas de
año y medio, me vi obligada á dar la majada á
medias á D. Manuel Villalba, por no poder atender ni yo a mis
hijas: en mi desaliento e ignorancia no tube ni precaución ni
animo de presentarme á la autoridad motivo por el que dho.
Lozano hasta hoy susiste allí”.26
Exhibía así, detallada y
elocuentemente, la complejidad y dificultades de su experiencia
cotidiana en la realidad fronteriza y las disputas por la tierra
entre particulares y de cara a una autoridad como fue el coronel J.
Martínez.27
Como ya hemos mencionado, estos
conflictos, solicitudes y reclamos no tuvieron una pronta solución
de continuidad -común con otras modalidades- llegando incluso
hasta bien entrada la centuria.28 Aún en el lejano año de 1876, por ejemplo, el gobierno
resolvía que la testamentaria de Martínez podía
ejercitar su derecho: “en tierras al exterior de
fronteras, donde no haya perjuicio de 3ºs podrá
completarse con las 3 suertes de estancia que se reclaman, si en los
respectivos expedientes se resolviese que no tienen derecho á
ellas los que se dicen pobladores, y si por otra parte estas suertes
no estuviesen comprendidas en las que fueron ocupadas por los
indios”.29
En tanto, en 1877, el propio fiscal de
entonces comentaba, en virtud de la solicitud de compra de un campo
público que el poblador Antonio de los Heros ocupaba desde
1863, compuesto de sobrantes de terrenos de distintos propietarios
particulares y del área de las suertes del Azul hacia el sur: “…que mientras todas las
reclamaciones de los pobladores primitivos no estubiesen satisfechas
no podía saberse si quedarían o no suertes vacantes y
que aun en este caso faltaba la ley que disponga de los terrenos
sobrantes del Azul afectos hasta hoy al cumplimiento del decreto del
año 1829”.30
El objetivo del trabajo fue examinar los
lineamientos de la redefinición oficial de los derechos de
propiedad territorial de las “donaciones condicionadas”
de Azul y la respuesta de los “propietarios prácticos”31
durante la segunda mitad del siglo XIX hasta el cierre definitivo de
la frontera; atendiendo al marco legal, al accionar social y
considerando los argumentos esgrimidos para la puesta en valor de los
derechos y el acceso a la propiedad formal, a la vez que los rasgos
Según hemos podido mostrar, a
diferencia del período anterior, a partir del proceso de
revisión “liberal” se priorizó la tenencia
formal de los títulos de propiedad y los donatarios de las
suertes se presentaron inmediatamente para su formalización,
esgrimiendo y peticionando firmemente por sus derechos de forma
individual y colectiva. Pero el basamento jurídico de las
nuevas normativas fueron las de la primera mitad del siglo –que
a su vez tenían raíz hispánica como en el caso
de la posesión continua- y regularon estos repartos de tierra
pública hasta finales de la centuria. Así como la
legitimidad de los títulos se basó en el cumplimiento
de las condiciones estipuladas por parte de los pobladores, que
pudieron pasar a ser entonces propietarios formales garantidos
mediante la acreditación de las escrituras y de los vecinos
antiguos del partido.
El poblamiento efectivo de la frontera,
la puesta en producción agropecuaria y el resguardo del
territorio mediante el servicio armado y de cara a las comunidades
indígenas con territorialidad in
situ fueron los pilares para
la formalización de los títulos, pero éstos no
significaron un cambio radical en el acceso al recurso por parte de
los pobladores originales o sus descendientes, ya que continuaban
garantizando su reproducción social sobre un terreno anterior
y fueron priorizados en la normativa “liberal” y su
aplicación por sobre los ocupantes, arrendatarios recientes o
“antiguos enfiteutas”, por más que sabemos que se
produjeron cambios de titularidad por traspasos privados posteriores. La entrega de las suertes “en
propiedad” se dio legalmente desde los decretos de 1829 y 1832,
en plena etapa rosista; no se trató de un concepto de
propiedad dividida como en el caso de los sistemas de enfiteusis o de
arrendamiento público. De hecho, las donaciones generaron
derechos de posesión y de propiedad, y la propiedad sobre las
suertes se erigió tanto en los títulos como en la
ocupación previa. El hecho de que los documentos formales no
se hayan entregado hasta luego de 1852 obedeció a otras
razones vinculadas con la naturaleza coercitiva y los propios
intereses del régimen rosista, pero los donatarios fueron
considerados igualmente “propietarios” por el Estado y
sujetos a ciertas cargas fiscales como el pago del impuesto de la
contribución directa, pese a no tener las escrituras de
propiedad de sus tierras durante la primera mitad del siglo, cuestión
que cambió a partir de la etapa de revisión.32
Justamente, lo que hace inteligible al
proceso son las múltiples concepciones sobre la propiedad que
se superpusieron a lo largo del siglo y la existencia de diversos
derechos de propiedad que excedieron a la propiedad privada “plena”.
Las reformas “liberales” implicaron que la superficie
comprendida por las suertes fuera considerada como “pública”
y no privada, pese a que ya habían sido apropiadas y puestas
en producción por parte de particulares en el primer tramo de
la centuria. Esta cuestión supuso entonces la necesidad de
legitimar los títulos de propiedad por los poseedores frente
al Estado y a un territorio en disputa con las sociedades indígenas
mediante la demostración del cumplimiento de las condiciones
del decreto de 1829. Es que según la nueva legislación
liberal, se necesitaba la escritura para que un terreno sea
considerado de propiedad particular. El artículo 23 de la ley
del 10/01/67 de ventas de tierras públicas dentro de la línea
de frontera establecía, por ejemplo, que: “Desde el
otorgamiento de la escritura, el terreno será considerado de
propiedad particular y sufrirá la carga de la contribución
directa” (Muzlera, s/f:
tomo II, 172). A
partir de 1857, estos -en principio- “propietarios prácticos”
tuvieron que pagar al fisco además el importe de la mensura, a
diferencia del período anterior, aunque como ya expusimos,
esto no parece haber significado una carga onerosa para ellos, y
recordemos que el importe iba mayormente para el pago de la labor de
los agrimensores en vez de canalizarse hacia el erario público.
Pese a los intentos de estandarización
normativa y al gran dinamismo del proceso, los títulos de
propiedad de las suertes comenzaron a ser entregados a los
particulares a partir del decenio de 1860 y posteriores, pero las
mensuras respectivas sólo se aprobaron sujetas a la ubicación
definitiva de los terrenos de las suertes, que no fue culminada
oficialmente por lo menos hasta fines de la década de 1870; en
un marco plagado de tensión, arbitrariedad y vaivenes, que se
entiende dentro de un Estado en construcción y en expansión
frente a un territorio que era disputado constantemente por otros
grupos socio-étnicos y que estaba siendo sistemática y
definitivamente apropiado. Los derechos de propiedad territorial
fueron amplios en la frontera, no unívocos ni semejantes para
todas las modalidades de tierras públicas ni para todos los
grupos sociales y se redefinieron al calor de las distintas
coyunturas y de la interacción entre las necesidades e
intereses oficiales, la praxis social y las realidades locales dentro
del marco provincial. El ámbito de poder local jugó
además un papel central en la legitimación de la
propiedad mediante la información de los vecinos antiguos, que
acreditaban el cumplimiento de las condiciones necesarias para ello.
Los cambios institucionales que el
ordenamiento “liberal” supuso, en el caso de las
donaciones de Azul, no parecen haber tenido un correlato directo en
las prácticas sociales y en las formas de apropiación
del recurso, ya que por un lado produjeron un rápido reclamo
de los títulos de propiedad formales por parte de los
pobladores, pero basados en un sustrato jurídico-institucional
y en una costumbre social de raigambre anterior, que los transformó
de propietarios “de hecho” a propietarios “de
derecho”, o de “propietarios prácticos” a
“propietarios plenos”. Pues si bien se produjeron
traspasos de derechos y de tierras entre particulares desde el mismo
inicio del proceso de adjudicación oficial, el lucro
individual y la especulación inmobiliaria se acompañaron
del poblamiento de la frontera, la reproducción familiar y el
reclamo colectivo de derechos frente al Estado y a disputas
territoriales con otros sectores socio-étnicos, como hemos
podido mostrar con el ejemplo de las peticiones –individuales y
conjuntas- del decenio de 1860. En el caso de las tierras de “indios
amigos”, los títulos de propiedad formal -pese a haber
sido concedidos legalmente mediante acuerdos escritos como el de
1856- nunca fueron otorgados efectivamente en la frontera sur, a
diferencia de lo sucedido en el norte y oeste provincial con otras
parcialidades indígenas, por ser un espacio de sumo interés
y de expansión oficial, articulado al modelo agroexportador
finisecular (Lanteri & Pedrotta, 2012; Lanteri et al., 2011;
Pedrotta, Lanteri & Duguine, 2012)).
La afirmación de los “nuevos”
derechos de propiedad territorial en la frontera fue un proceso
dinámico, complejo, con raigambre anterior y objeto de
negociación y conflicto, presentando incluso resistencia
social directa (criolla e indígena), dentro de un contexto de
cierre paulatino de la frontera, de aumento del precio y la renta de
la tierra y de cambio del patrón productivo hacia el ovino, la
agricultura y los servicios, que supuso la definitiva articulación
de la región al mercado externo. Los actores sociales fueron
activos y conocedores de los intersticios e intereses oficiales
coetáneos. En el caso de los “indios amigos”, su
reticencia al avance oficial no sólo se dio a través
del impedimento del trabajo de medición y mensura de los
agrimensores, sino también de la quema de poblaciones, etc. y
del respeto a sus derechos de propiedad formales sobre sus predios
para la firma de los nuevos acuerdos interétnicos como el de
1856. Por su parte, el discurso empleado por los donatarios para
escriturar sus tierras estuvo condicionado por el oficial y no
siempre denotó la contra-cara pacífica que la “amenaza
indígena” también representaba, pues pese a
manifestar constantemente la ruina material y personal que ésta
les suponía, de forma concomitante mantenían
cotidianamente relaciones de intercambio laboral, comercial, etc. con
ellos, habiendo incluso toldos y ranchos indígenas dentro de
sus propios campos. Los reclamos y peticiones de los
pobladores de las suertes, que hemos referido en páginas
anteriores, parecen haber tenido su contrapartida en el accionar
oficial, ya que sabemos, por ejemplo, que luego de 1860s -en plena
etapa de reordenamiento y codificación- los derechos de ex
enfiteutas como Villanueva33 y de arrendatarios como Martínez –incluso ambos de
extracción unitaria o antirrosista- se resolvieron priorizando
los de los donatarios; así como también que en la
legislación posterior no se estableció -por lo menos
positivamente- el corte temporal en 1839 para acceder a las
escrituras, cuestión entendible por la necesidad de arreglar
esta modalidad y de mantener una base de consenso social en la
frontera de parte del nuevo gobierno.
En fin, estos fueron los lineamientos
centrales del proceso de revisión “liberal” sobre
las suertes del Azul y los principales argumentos oficiales y
sociales esgrimidos. Pero, ¿qué volumen de éstas
pasó efectivamente a la propiedad privada “formal”?
¿Quiénes se quedaron finalmente con las tierras?
¿Cuáles fueron los criterios últimos
implementados por el fisco en el proceso de enajenación
particular? Las respuestas a estos interrogantes exceden los
objetivos de este trabajo. Con todo, quisiéramos adelantar que
aún hoy –con las salvedades temporales y espaciales
respectivas- “esta interminable familia de agraciados”
continúa en la región, pues todavía hay
“vástagos” de los donatarios originales que siguen
poblando y usufructuando parte de las suertes que fueron otorgadas a
sus antepasados durante el período rosista; claro ya, con las
escrituras de propiedad... Distinta a la fortuna que tuvieron sus
vecinos indígenas pampas de “detrás del arroyo”,
quienes luego de casi dos siglos, todavía continúan
reclamando al Estado la restitución de los derechos perdidos
sobre sus tierras y los títulos de propiedad formal...34
* Este trabajo se realizó
con el apoyo del PICT 2010-0562 “Estado, sociedad rural y
territorialidad en la frontera sur bonaerense, 1852-1862”,
FONCyT-ANPCyT, 2011-13, del que fui Investigadora Responsable. Una
versión preliminar se presentó en el XIV
Congreso Internacional de Historia Agraria,
SEHA-UE, Badajoz, España, en noviembre de 2013. Agradezco las
críticas y sugerencias de los coordinadores de la Sesión
SA2, así como de los evaluadores externos y del comité
1 Archivo Histórico de la Dirección de Geodesia y
Catastro de la provincia de Buenos Aires (en adelante DGyC),
Duplicado de Diligencia de Mensura (en adelante DDM), Azul, Nº
123, 1885, folio 23. La cursiva entre comillas en el original.
2 Concepto extraído de Congost (2006 y 2007), que refiere, en
base a algunas críticas de Marx sobre las discusiones
parlamentarias de la Dieta renana, a la importancia del estudio de
las diversas prácticas de realización de la propiedad
de cada lugar para comprender correctamente los discursos y teorías
de la misma considerando su historicidad y su índole
conflictiva, plural y mutante. Si bien no adscribimos de forma
exclusiva ni literal a esta perspectiva teórica, consideramos
que la potencialidad explicativa del término es relevante
para nuestra investigación, ya que otorga inteligibilidad
analítica sobre tres cuestiones fundamentales: la complejidad
de la noción de propiedad y las múltiples formas de
realización de ésta -que excedieron a la formal o
plena-; el carácter pragmático de los propietarios y
la interacción entre la praxis y la normatividad de cuño
3 En adelante sólo leguas, equivalentes a 2.700 has cada una
4 La estructura de la tenencia de la tierra para el período
1860-1880 la realizamos en base a los datos de Valencia (2005:
240-358 y 2009:129), considerando las modalidades de arrendamiento y
las leyes de ventas de tierras públicas de 1859, 1864, 1867,
1871 y 1878, sin incluir el monto de las escrituraciones de las
suertes de estancia de Azul. La continuidad y magnitud de la
pequeña-mediana tenencia en el partido fue destacada por
varios contemporáneos. Según decía José
Botana, vecino y eventual presidente de la corporación
municipal: “El partido de Azul (…) á causa de su
bien entendida distribución económica de la propiedad
territorial; ha crecido mas y mejor que otros pueblos, mucho mas
antiguos de la provincia”, en Botana & Montoto, J. (1873a:
213). Un interesante modelo analítico sobre la
estratificación, movilidad social y el acceso a la tierra
–basado en el valor económico del recurso, la amplitud
de los derechos de propiedad y la duración- para el caso
portugués, pero extrapolable a otras latitudes, en Santos,
5 Decía el citado J. Botana sobre el decreto de 1829 que “Su
prolija redaccion, solo produjo resultados negativos ademas para la
escrituración, treinta ó cuarenta años
después”, en Botana & Montoto, J. (1873a: 212). De
hecho, la imprecisión de su alcance geográfico, la
confusión con las suertes donadas en el ejido de Junín
y otras cuestiones fueron objeto de constantes y disímiles
lecturas coetáneas sobre el mismo.
6 Llamativamente, esta normativa fue la única que refirió
explícitamente a este grupo étnico durante el período.
Recordemos que el art. 1º del decreto de 1829 recalaba
especialmente en “Los vecinos de la campaña, hijos de
la provincia, y los avencindados en ella, naturales de la
república…”, en claro contraste con el fomento
de la inmigración europea de la época de Rivadavia. La
inclusión o no de los extranjeros entre los beneficiados
formales por las donaciones también fue un tópico
conflictivo en la retórica y en la praxis. Véase al
respecto las denuncias efectuadas en Barros (1871) y Botana &
Montoto, J. (1873b: 3-34).
7 Carta del coronel Ignacio Rivas al Gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Brigadier Bartolomé Mitre, Azul, 27 de febrero
de 1861, en Archivo del General Mitre (1913: 9-10).
8 La suma de $4.000 no parece haber sido difícil de afrontar
para los pobladores en comparación con los montos de las
transacciones coetáneas. Sabemos por ejemplo, según el
duplicado de mensura nº 57, que en 1867 el general Rivas vendió
a Amaya su suerte por $130.000; y según el nº 109, que
en 1864 Sánchez le había vendido sus derechos a la
suerte por $15.000. 9 DGYC, DDM, Azul, Nº 101, 1863, pp. 15.
10 Las operaciones sin concluir por la comisión
de 1863 fueron continuadas en 1872 y 1873 por los agrimensores
Dillón y Granel respectivamente. Véase DGyC,
DDM, Azul, Nº 159 y 104.
12 Zinny, 1864: 5-6. Agradezco a Victoria Pedrotta por haberme
facilitado una copia de esta fuente. 13 Ibid., pp. 6, mayúsculas del original.
14 Muzlera, s/f: tomo III, 98-100. Sobre esta
ley véase Infesta, 1983.
16 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en
adelante AHPBA), Escribanía Mayor de Gobierno (en adelante
EMG), Azul. 17 AHPBA, EMG, Legajo 66, Exp. 4953, 1857.
21 La Tribuna,
N°2674, Azul, 10 de septiembre de 1862, reproducido en Zinny,
1864: 24. La cursiva del original, como en el resto de los casos. 22 La Nación Argentina, N° 371,
Azul, 30 de noviembre de 1862, reproducido en Zinny, 1864: 31.
23 Carta de Francisco Eliceo a Adolfo Sourdeaux, en DGyC, Libros de Suertes del Arroyo Azul, 1829-1857,
Tomo 164. 24 Carta de José Monedero -a ruego de
Juana Gauna- a Juan Cztez, Azul, 8/01/1863, en Ibid.
25 Carta de Juan Baladiez -a ruego de Mercedes
Silva- a Juan Czetz, Azul 5/01/1863, en Ibid.
27 Militar hijo del coronel Enrique Martínez -quien intervino en
la mentada “Revolución de los Restauradores” en
contra de Rosas- participó, entre otros, en el sitio a
Montevideo, en la batalla de Caseros en las filas del “Ejército
Grande” y fue destinado a la frontera sur luego del sitio de
Lagos. Fue senador nacional por Buenos Aires y Ministro de Guerra
interino durante la presidencia de B. Mitre, muriendo en 1868.
Cutolo, 1971.
28 Esto se comprueba en toda la documentación consultada. El
estudio sistemático de la conflictividad en el proceso de
enajenación y escrituración de las suertes durante el
período está siendo desarrollado por Baldovino (2013).
32 Aquí cobra relevancia analítica nuevamente el concepto
de “propietarios prácticos”, cuya potencialidad
explicativa explicáramos en la nota 2.
33 Más detalles sobre el particular caso de Villanueva y la
enfiteusis en Lanteri (2011b).
34 Entrevistas orales efectuadas a descendientes criollos, indígenas
y extranjeros de la región durante 2012 en el marco del PICT
2010-0562, FONCyT-ANPCyT.
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Recibido: 24/10/13 Aprobado: 13/01/14

References: resolución 
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artículo 3
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 23