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Timestamp: 2020-01-25 04:50:07+00:00

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Claves para reducir las condenas penales de nuestros clientes | E&J
Por Puerto Solar Calvo. Jurista de Instituciones Penitenciarias. Doctora en Derecho
En breve: El presente trabajo pretende aportar una visión actual sobre la aplicación del artículo 76 del Código Penal de acuerdo con la jurisprudencia más reciente en la materia. La necesidad de trabajar por el retorno social de los condenados a pena privativa de libertad, promueve que busquemos la mejor posibilidad de acumulación jurídica, reduciendo el número y duración de las conocidas como condenas eternas. Por ello, se ofrecen tres caminos para la mejor interpretación del precepto que comentamos en el sentido que el artículo 25.2 de la Constitución Española establece.
Criterios de aplicación del artículo 76 del Código Penal
Los Acuerdos del Tribunal Supremo de 2016 y 2018
Necesarias propuestas de futuro
3.1. Nueva acumulación por cambio jurisprudencial
3.2. Eliminación de las sentencias estorbo
3.3. El problema de las sentencias europeas
Formulario tipo: propuesta de escrito de solicitud de artículo 76 del Código Penal
El artículo 76 del Código Penal (en adelante, CP) trata de evitar condenas de prisión inmanejables a efectos de la reinserción de los condenados. En concreto, su párrafo primero determina que “no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años”.
La interpretación de este precepto por el Tribunal Supremo, y los criterios que el mismo ha impuesto para la aplicación de una posible acumulación jurídica de las condenas impuestas ha sido en general favorable al reo[1]. De modo que se prescinde de la rationae materia y toma como referencia única y exclusivamente la rationae temporis. Esto es, con independencia de su naturaleza, se tiene en cuenta la fecha de hechos probados de los delitos cometidos y la fecha en que hubieran sido respectivamente sentenciados[2]. Sin embargo, a la par, y con la finalidad de evitar acumulaciones jurídicas materialmente injustas, el Tribunal Supremo ha consolidado dos parámetros predominantes para excluir condenas de un posible bloque de acumulación. A saber, que los hechos que dan lugar a dicha condena estuviesen: bien, sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación; bien, sean posteriores a la sentencia que determina la acumulación, cuando ésta no sea la última[3]. De modo que sólo son acumulables las condenas referidas a aquellos hechos, próximos o lejanos en el tiempo, que no se encuentren separados por una sentencia firme[4].
Tras los múltiples cambios normativos del CP en el sentido de aproximar la redacción de los preceptos transcritos a la interpretación que el Tribunal Supremo ha ido imponiendo, la Ley Orgánica 1/2015 ha supuesto un paso más para la armonización jurídica en relación con esta figura. La nueva redacción del apartado 2 del artículo 76 del CP acerca la redacción de la norma penal a la jurisprudencia que hemos comentado. Así:
“La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar”.
Como segundo camino de necesaria mejora, corresponde destacar aquellos supuestos que cumplen con el requisito temporal para proceder a la acumulación, pero en los que no se opta por la acumulación más favorable, al incluirse en la misma las conocidas como sentencias estorbo. La colisión que estos supuestos plantean con el artículo 25.2 de la Constitución Española es evidente. Los propósitos prácticos de reinserción se vuelven quimeras si nos enfrentamos a penas excesivamente largas, lo que se han dado en llamar condenas eternas. De ahí que parte de la doctrina con la que nos posicionamos, reclame cambios al respecto.
Para su resolución, bastaría con una modificación jurisprudencial, no siendo necesario cambio normativo alguno para que, dentro del literal del artículo 76.2 del CP, y respetando el requisito de conexidad temporal que determina, se eliminase de las acumulaciones las sentencias estorbo, buscando así la acumulación jurídica que sea más favorable al reo. Por el momento, la postura mayoritaria, aunque cada vez más discutida, del Tribunal Supremo al respecto es realizar la acumulación jurídica siguiendo el orden cronológico de las sentencias impuestas, y buscando cuáles cumplen con el requisito de conexidad respetando esa sucesión temporal. La propuesta que aquí hacemos prescinde de esa limitación. De manera que, con independencia de ese orden cronológico de las sentencias, y siempre que se cumpla el requisito temporal que la norma y la lógica jurídica exigen, se puedan eliminar de la acumulación las sentencias estorbo que evitan estimar la triple de la condena más favorable al reo.
Como decimos, ni el literal del artículo 76.2 del CP ni la jurisprudencia antes destacada se oponen a que se busque esa combinación que pueda dar lugar a la triple más favorable al interno. Parece que la lógica del análisis que el operador jurídico realiza para el estudio de la acumulación -seguir el orden cronológico de las sentencias impuestas-, se ha convertido en una limitación al resultado de la misma, sin que tal limitación se establezca en ninguna norma. A su vez, como fundamento de esta postura, ha de tenerse en cuenta que una perspectiva, ya no resocializadora, sino meramente humanitaria del cumplimiento, reclama soluciones prácticas que acorten condenas desproporcionadas teniendo en cuenta los márgenes habituales de duración de la vida humana.
La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 186/2014, de 13 de marzo, vino a establecer la posibilidad de acumulación de las sentencias dictadas en nuestro país y en otros Estados miembros. Ello en base a dos fundamentos principales. De un lado, teniendo en cuenta el desarrollo jurisprudencial antes expuesto, y confirmado posteriormente en la nueva versión del artículo 76 del CP tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, que escoge la conexidad temporal como único requisito a tener en cuenta. De otro, la consideración de ser más conforme esta interpretación con la existencia de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, que implica, de alguna forma, una distinta consideración de algunos aspectos relacionados con el ejercicio de la soberanía. Por ello, tal y como establece la referida sentencia, en tanto no hubiera normas que expresamente regulasen esta materia, la interpretación de las vigentes debería realizarse de la manera más conforme posible con el contenido de la normativa europea. De ahí que entienda que no constituye un límite a la posibilidad de acumulación el que la sentencia haya sido dictada por un tribunal de otro Estado de la Unión Europea.
La situación anterior y la jurisprudencia sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 186/2014, de 13 de marzo, cambian radicalmente a raíz de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea[6]. La norma, que implementa la Decisión Marco 675/2008/JAI, de 24 de julio, determina en su artículo 14.2: “Las condenas firmes dictadas en otros Estados miembros no tendrán ningún efecto, ni tampoco podrán provocar su revocación o revisión: c) Sobre los autos dictados o que deban dictarse, conforme al párrafo tercero del artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fijen los límites de cumplimiento de penas entre las que se incluya alguna de las condenas a que se refiere la letra b)”.
En definitiva, sin aportar argumentos de fondo, la Ley Orgánica 7/2014 elimina la posibilidad de acumular condenas nacionales y europeas. Aspecto que habría de ser revisado atendiendo a los principios que señaló la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 186/2014, mucho más acordes con nuestro ordenamiento.
A pesar de lo criticada que resulta en ocasiones, por poder llegar a reducir ostensiblemente la cuantía total de una condena al margen del número de injustos cometidos, la acumulación jurídica no siempre ofrece los resultados óptimos deseados a efectos de reinserción social. Primero, para su aplicación es necesario que concurran unos requisitos temporales que no siempre se cumplen. Segundo, aun dándose dichos requisitos, los resultados de limitación temporal que la acumulación jurídica permite, no siempre son tan beneficiosos como indica el ideario colectivo. En definitiva, a pesar de los beneficios que una acumulación jurídica puede suponer, la realidad es tozuda en indicar que la misma no siempre permite acortar el tiempo de internamiento en términos que hagan viable la reinserción social del condenado.
Teniendo en cuenta el consenso doctrinal que sitúa en 20 años el máximo de prisión soportable por el ser humano si, tras su cumplimiento, se pretende su reincorporación social[7], entendemos que cualquier medida que permita una reducción de la condena que la aproxime a este límite ha de ser bienvenida. De ahí que cambios jurisprudenciales como el protagonizado por el Tribunal Supremo sean bienvenidos. Sin embargo, como se expone en las páginas precedentes queda camino por recorrer. Las propuestas que se han realizado como necesarios cambios de futuro son las ideas que aportamos para continuar en este camino tan rico y variado.
Por el presente nos remitimos a su Juzgado para solicitar la aplicación del artículo 76 del Código Penal al interno (…). Se enumeran por orden cronológico de las sentencias las causas en cumplimiento:
(Enumeración de ejecutoria, fecha de sentencia, fecha de hechos, condena/s).
Es numerosa la jurisprudencia que ha venido a establecer como criterio para proceder a la acumulación de condenas, más que la analogía o la relación entre sí, el criterio cronológico o temporal (SSTS de 10.10.03, 14.07.05, 21.07.05, 12.09.05 y 19.10.05). La reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 acoge esta jurisprudencia y modifica el artículo 76.2 en el siguiente sentido: “La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de la acumulación, lo hubieran sido en primer lugar”.
Aplicando este criterio al supuesto del informado, consideramos que dicho requisito se cumple para todas las ejecutorias detalladas. En concreto, todos los hechos fueron cometidos con anterioridad a la primera de las sentencias objeto de la acumulación y ninguno de ellos es posterior a ninguna de las sentencias referidas. A su vez, siendo la mayor condena acumulable de 2-0-0 de prisión, el triplo de la misma (6-0-0) resulta inferior a la suma de todas las condenas a acumular (9-5-0). Por tanto, se solicita la aplicación del artículo 76 del Código Penal al interno en tanto le resulta favorable.
[1] Entre otras, SSTS 548/2000 de 30 de marzo; 722/2000 de 25 de abril; 1265/2000 de 6 de julio; 860/2004, de 30 de junio; 931/2005, de 14 de julio; 1005/2005, de 21 de julio; 1010/2005, de 12 de septiembre; 1167/2005, de 19 de octubre.
[2] Auto de 9 de diciembre de 2015 (Ej. 491/14) JP 3 Santander.
[3] Acuerdo para la Unificación de Criterios de 3 de febrero de 2016. Analiza el mismo y la evolución jurisprudencial que le precede, ARRIBAS LÓPEZ, E., “Teoría y práctica de la acumulación de condenas a la luz de la nueva doctrina del TS”, Diario La Ley, n. 8814, 1 de septiembre de 2016.
[4] STS 150/2017, de 9 de marzo.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Jurisprudencia-/Acuerdos-de-Sala/Acuerdo-del-Pleno-No-Jurisdiccional-de-la-Sala-Segunda-del-Tribunal-Supremo-de-27-06-2018–sobre-fijacion-de-criterios-en-casos-de-acumulacion-de-condenas
[6] Expone la evolución al respecto, SOLAR CALVO, P., “Sobre la posibilidad de acumular sentencias europeas y nacionales. Análisis al hilo de la STS 1882/2017, de 12 de mayo”, Revista Aranzadi UE, n. 7, 2017.
[7] Entre otros, MAPELLI CAFFARENA, B., Las consecuencias jurídicas del delito, Civitas, Madrid, 2011, pp. 82-83; RÍOS MARTÍN, J. C., “La cadena perpetua y la custodia de seguridad en la reforma penal de 2013”, RDPC, n. extraordinario, 2013, p. 186; VAN ZYL SMIT, D., SNACKEN, S., Principios de Derecho y Política Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 98-104; ÁLVAREZ GARCÍA, F. J., “La nueva reforma penal de 2013”, Eunomía. Revista de la Cultura en la Legalidad, n. 6, 2014, p. 44; PÉREZ MANZANO, M. en PÉREZ MANZANO, M., CANCIO MELIÁ, M., “Principios del Derecho Penal (III)”, en LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A., Introducción al Derecho Penal, Civitas, Madrid, 2ª ed., 2015, pp. 145-146.
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 artículo 25
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