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Timestamp: 2019-05-26 13:35:18+00:00

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﻿ SENTENCIA 17021 DE MARZO 3 DE 2005
SENTENCIA 17021 DE 03 DE MARZO DE 2005
CONTENIDO:RÉGIMEN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA RAMA JUDICIAL. SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ARTÍCULOS 7 DEL DECRETO 52 DE 19977 DEL DECRETO 108 DE 19967 DEL DECRETO 49 DE 19957 DEL DECRETO 108 DE 1994 Y EL 6 DEL DECRETO 53 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN SALARIAL DE LA RAMA JUDICIAL, PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADO PÚBLICO
Sentencia 17021 de marzo 3 de 2005
Rad.: 17021
Actor: Everardo Venegas Ávila y otros.
Las normas cuya nulidad se impetra en el caso objeto de examen, son del siguiente tenor:
El cuestionamiento de los actos acusados se basan, en síntesis, en la incompetencia del Gobierno Nacional para consagrar la aludida prima, respecto de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que hubieren optado por la escala de salarios establecida para esa entidad con efectos a partir del 1º de enero de 1993, por cuanto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se les excluyó expresamente de la posibilidad de que la misma se establezca a su favor, y en la violación de las normas legales y de los preceptos constitucionales a que se hizo mención, pues al imputar como prima especial de servicio una parte del salario de algunos de aquellos funcionarios, se desconocieron los principios, las reglas generales, objetivos y criterios que gobiernan la fijación del régimen salarial de los empleados de la rama judicial, circunstancias que, en sentir del demandante, generan la configuración de la causal de nulidad denominada desviación de poder.
Ya la Sala de esta sección, al examinar la legalidad del artículo 8º del Decreto 2743 del 27 de diciembre de 2000, que contemplaba en los mismos términos de la norma acusada la prima especial de servicios, mediante sentencia reciente del 15 de abril de 2004, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente 712-01, se pronunció declarando la nulidad del artículo 8º del Decreto 2743 del 27 de diciembre de 2000, mediante el cual se dictaron normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, con los siguientes argumentos que es preciso transcribir en este proveído, pues estos se constituyen en fundamento de la decisión que habrá de tomarse:
“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los magistrados, de todo orden de los tribunales superiores de distrito judicial y contencioso administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993.
De igual manera, en el numeral 1º de ese parágrafo se estatuyó que quienes se vincularan por primera vez a la fiscalía o se acogieran a la escala salarial prevista en el artículo 54 ibídem, solo tendrían derecho al sueldo que correspondiera al cargo según la nomenclatura y escala de salarios, señalados, pero no tendrían derecho a las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación u otras especiales que estuvieren percibiendo antes de la incorporación a esa institución.
Empero, la Sala estima que esta excepción cobija también a los servidores de la entidad, que por mandato del artículo 1º del citado decreto, obligatoriamente debían regirse por el sistema salarial en él consagrado, esto es, los que se vinculen a ella con posterioridad a su vigencia.
Esta es la significación atribuible, a la aludida excepción, pues limitaría solo a los servidores de la fiscalía provenientes de la rama judicial que decidieron acogerse al régimen salarial, previsto en el Decreto 53 de 1993, implicaría un trato desigual para el personal de esa institución que por mandato del artículo 1º de ese decreto está sometido al régimen salarial establecido en el artículo 3º ibídem, vale decir, para aquellas personas que ingresaron a esa institución con posterioridad a la vigencia del citado decreto.
En este orden de ideas, vale decir, si la excepción contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se extiende a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación sujetos al régimen salarial previsto en el artículo 3º del Decreto 53 de 1993, bien por mandato del artículo 1º ejusdem —los que ingresaron después de su expedición—, o por decisión propia de aquellos que ya venían vinculados pero que habían continuado sometidos a las disposiciones que en esta materia los venían gobernando (art. 2º, ibíd.), forzoso es concluir que el artículo 8º del Decreto 2743 de 2000, objeto de impugnación, contraría lo normado en el artículo mencionado de la citada ley, por cuanto por mandato del legislador, unos y otros quedaron excluidos de la posibilidad de ser beneficiarios de la prima especial de servicio a que el mismo se contrae.
Y no puede argüirse que le fuera dable hacerlo con base en lo dispuesto, en el parágrafo del mismo artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 que faculta al Gobierno Nacional para revisar el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación, atendiendo criterios de equidad, porque al aceptar esta hipótesis se estaría admitiendo que el legislador, que consagró en forma expresa en el inciso primero de ese artículo la referida excepción, en el parágrafo del mismo, en forma inmediata, consignó otra disposición que la dejaba sin efecto, con lo cual se despojaría a aquella de su eficacia jurídica y de toda consecuencia en el ámbito del derecho, lo que resulta contrario a las reglas sobre hermenéutica legal, que señalan que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
1. Con base en la letra e), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política; en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1992 y en la Sentencia C-312 de fecha 25 de junio de 1997, preténdese concluir que el Gobierno Nacional tenía poder para expedir la norma objeto de ataque, pues se le había facultado para fijar el régimen salarial de los empleados de la Fiscalía General de la Nación. Que en el desarrollo de sus atribuciones se fijaron las escalas de remuneración de la Fiscalía General de la Nación a partir del 1º de enero de 1993, a través de los decretos 52 y 53 de este año. Y concluye, que, así las cosas, en la Fiscalía General de la Nación se advierten dos regímenes salariales; uno, el de los funcionarios provenientes del poder judicial antes de la creación de la fiscalía; y otro, el de quienes se vinculen a la Fiscalía General de la Nación a partir de la vigencia de los decretos 52 y 53 ya mencionados, sin que provengan de ninguna otra parte. Este régimen puede ser optado por los del primer grupo con sujeción a las normas legales aplicables.
Es incuestionable que el Gobierno Nacional tenía facultad, a la luz de la Constitución y de la ley marco, para fijar el régimen salarial de los empleados de la fiscalía, pero no es menos evidente que esa atribución no era ilimitada; por el contrario, como lo manda el artículo 150, Nº 19, letra e), el gobierno debe sujetarse a los criterios y objetivos fijados en la ley marco, que para el caso que nos ocupa es la Ley 4ª de 1992 en su artículo 14. Y es por eso por lo que, en desarrollo de este ordenamiento superior, dicha ley estableció en su artículo 1º que “El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional”, entre otros, de los empleados de la Fiscalía General de la Nación. De donde se infiere que no se trata de un poder absoluto o arbitrario, sino sometido al respeto del principio de la legalidad; pilar incuestionable de nuestro Estado social de derecho.
Sobre el particular precisó la honorable Corte Constitucional (C-312, jun. 25/97):
Desde ningún punto de vista es admisible el argumento a que se acaba de aludir. En efecto, por una parte, si se tiene en cuenta que el referido Decreto 52 de 1993, por ser norma que desarrolla la Ley 4ª de 1992 como cualesquiera otros que tengan tal propósito, como por ejemplo los decretos 900 de 1992 y 53 de 1993, resulta imposible jurídicamente y a la luz de la lógica de los hechos, y de su natural concatenación, que la Ley 4ª de 1992, se refiera, cuando consagra su excepción, a ordenamientos que aun no existían, pues fue con posterioridad a ella que se expidieron. No es factible, por muy sabio que sea el legislador, que obre en el texto de una ley como arúspice o adivino de los precisos contenidos de los decretos que se expedirán por la rama ejecutiva del poder público en desarrollo de la ley marco. Ello es inadmisible y no tiene cabida por repugnar a la labor de hermenéutica que debe desarrollar el juez contencioso administrativo, como cualesquiera otros jueces.
Pero, por si lo anterior fuese poco, el razonamiento que se critica incurre en un yerro mayúsculo por ser contradictorio y salirse de las pautas 6 principios de la lógica. En efecto, por una parte sostiene que la excepción del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se refiere a los funcionarios cuya escala salarial se encuentra establecida en el Decreto 52 de 1993, es decir, la escala fijada para la totalidad de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación (2) . Ello significa, dado que la excepción alude a los que no tienen derecho a la prima especial sin carácter salarial, que ninguno de los funcionarios de la fiscalía podría ser favorecido con la mencionada prima. Sin embargo, a continuación se sostiene que “el Gobierno Nacional gozaba de facultades suficientes para expedir los decretos impugnados, al establecer para determinados funcionarios de la Fiscalía General de la Nación una prima especial del 30% del salario básico mensual sin carácter salarial”.
Pero hay algo mucho mas grave en el criterio que ahora se censura. Se afirma (3) que “queda claro que la excepción consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que excluye a determinados funcionarios de la fiscalía de la percepción de la prima especial allí consagrada, no puede aplicarse a quienes optaron por el régimen salarial y prestacional previsto por el Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogaron o adicionaron, esto es, los que se impugnan en la presente acción de simple nulidad”.
Finalmente, no sobra advertir que sin embargo de la conclusión que precede, los funcionarios que hayan recibido el referido 30% antes del presente fallo como prima de servicio sin carácter, salarial, no estarán obligados a reembolsarlo a la fiscalía, por cuanto ello ocurrió dentro del marco de la buena fe, tal como se desprende de los hechos a que se contrae la litis”.
Los anteriores argumentos que expuso, otrora la Sala son perfectamente aplicables al caso sometido a estudio, lo que impone adoptar la misma decisión, declarando la nulidad de las normas demandadas, las cuales son del mismo tenor que la que se examinó en el precitado expediente 712-01.
DECLÁRASE LA NULIDAD de los artículos 7º del Decreto 52 de 1997; 7º del Decreto 108 de 1996; 7º del Decreto 49 de 1995; 7º del Decreto 108 de 1994 y 6º del Decreto 53 de 1993.

References: artículo 14
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 54
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 150
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 14