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Timestamp: 2017-10-20 14:15:46+00:00

Document:
N.15 Octubre 2013
Recientemente se ha publicado la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que establece las condiciones esenciales para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera. La realización del transporte público de viajeros y mercancías estará supeditada a la posesión de una autorización. Para obtenerla, el solicitante deberá disponer tanto de un domicilio en España —en el que se conserven los documentos relativos a su gestión y funcionamiento— como de dirección, firma electrónica y equipo informático. Sin embargo, la autorización administrativa no será necesaria para los vehículos ligeros, sin perjuicio de que deban cumplir con el resto de exigencias legales. Asimismo, el certificado de competencia profesional solo se exigirá para la autorización de vehículos de 3,5 Tm de MMA o más.
La empresa deberá contar con un gestor de transporte que esté en posesión del certificado de competencia profesional y que cumpla con el requisito de honorabilidad. La reforma también concreta que para cumplir este último requisito, ni la empresa ni su gestor de transporte podrán haber sido condenados por delitos o faltas penales ni sancionados por infracciones que den lugar a la pérdida de este requisito. En cuanto a la capacidad financiera, la empresa no podrá ser declarada insolvente ni en concurso, salvo que en un plazo razonable pueda sanearse o se apruebe el convenio de acreedores.
La contratación de una operación de transporte como porteador implicará que deba llevarse a cabo a través de su propia organización empresarial, excepto en el supuesto de que la intervención en la operación sea como intermediario.
En materia de infracciones cabe destacar que la comisión de dos faltas muy graves en un año podrá suponer la pérdida de honorabilidad. Se reducen, además, las cuantías de las infracciones y el importe de la sanción por pago anticipado en un 30 %.
Frente a un supuesto de impago del porte, el transportista efectivo tendrá acción directa contra el cargador principal y todos los que le hayan precedido en la cadena de subcontratación.
Se incrementa hasta 15.000 € el importe de las reclamaciones con sometimiento a las Juntas Arbitrales, siempre que ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie el servicio contratado. Se establecerá mediante reglamento un procedimiento simplificado para el depósito y la enajenación de las mercancías.
Las empresas que contraten a los conductores no responderán por las infracciones cometidas en relación con los tiempos de conducción y descanso de los conductores o con la manipulación, falseamiento o uso indebido del tacógrafo. Para ello, deberán acreditar que los hechos que las determinaron constituían una falta muy grave de indisciplina o desobediencia, siempre que dicha sanción haya sido declarada mediante sentencia firme o no haya sido objeto de reclamación judicial por parte del trabajador en el plazo previsto a tal efecto.
En supuestos de intermediación, el transportista efectivo tendrá acción directa contra el cargador principal y todos los que le hayan precedido en la subcontratación en caso de impago del precio del transporte.
También se regula un Registro de Empresas y Actividades de Transporte público, cuya inscripción es obligatoria para las personas y empresas habilitadas para la actividad. En el Registro constarán los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte regular de viajeros, la anotación de todas las incidencias y datos relativos a las empresas y las sanciones impuestas por la comisión de infracciones tipificadas en la LOTT.
ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO
Trabajo Marítimo (MLC) aprobado en 2006. El Convenio establece un conjunto de principios y derechos fundamentales sobre el trabajo marítimo. El objetivo es garantizar y mejorar las condiciones de trabajo y de vida, bienestar y protección social de los marinos y marineros que trabajan a bordo de buques que enarbolen el pabellón de países que hayan ratificado el MLC. Para los armadores supone un conjunto de reglas que contribuirán a asegurar una competencia justa y el cumplimiento de las normas.
En dicho orden de cosas, a través del Real Decreto 572/2013, de 26 de julio, se ha establecido que la Dirección General de la Marina Mercante es la autoridad competente para dictar el Certificado de Trabajo marítimo y la Declaración de Conformidad Laboral Marítima a que se refiere el Convenio, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina.
COMPETENCIAS DELEGADAS EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y SANCIONES EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA
Las Comunidades Autónomas inspeccionan los servicios y demás actividades del transporte por carretera por delegación del Estado, y tienen la facultad de sancionar las infracciones. Con el objetivo de aclarar cómo se distribuye la competencia de inspección y sancionadora entre las Comunidades, la Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio, por la que se modifica el artículo 10 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio de Delegación, se ha establecido que la facultad de inspección se realizará en los centros de trabajo que las empresas tengan en sus respectivos territorios y en los vehículos que circulen por ellos, con independencia, en ambos casos, del ámbito territorial en que se hayan desarrollado los servicios y actividades objeto de inspección. Cabe señalar que no son objeto de delegación las facultades relativas a la inspección y el control en frontera de los transportes internacionales, ni la tramitación —y, en su caso, imposición— de sanciones por las infracciones detectadas, ni las funciones de vigilancia de la Guardia Civil. Además, el Estado podrá acordar la realización de las inspecciones que considere necesarias.
DESARROLLO DEL ROTT EN MATERIA DE TRANSPORTE SANITARIO
El pasado 29 de julio se publicó la Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de transporte sanitario por carretera. Se establece el régimen jurídico de obtención y uso de las autorizaciones de transporte sanitario por carretera, para lo cual se otorga una única tarjeta de transporte y la expedición de una copia certificada de esta para todos los vehículos que disponga la compañía. También se regula su ámbito, vigencia y los requisitos que deben cumplir los titulares de autorizaciones y la obligatoriedad de la certificación técnico-sanitaria.
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO TIR
El próximo 10 de octubre entrarán en vigor las enmiendas del Convenio TIR. Se modifica el apartado 2 bis del artículo 6 y se añade una nueva parte III al anexo 9.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA REPRESENTANTES ADUANEROS
El pasado 4 de julio se publicó en el BOE la resolución de 26 de abril de 2013, por la que se aprueba el modelo de declaración responsable por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero. La resolución, además, crea y aprueba el Registro de Representantes Aduaneros por parte de los representantes aduaneros legalmente establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que cumplan con los criterios previstos en el artículo 14, letras a) a d) del Reglamento (CE) n.º 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario.
NORMAS DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA
El pasado 3 de julio se publicó en el BOE la Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen las normas de control del transporte público de viajeros por carretera. La Orden dispone que 1) el libro de ruta es obligatorio para los autobuses destinados al transporte público interior discrecional interurbano, 2) el libro y las hojas de reclamaciones son obligatorias para las empresas contratistas de transporte público regular de viajeros de uso general y las estaciones de autobuses, 3) las empresas contratistas de servicios de transporte público regular de uso general deberán llevar un registro de los servicios que realicen cuya información deberá conservarse en la empresa durante un año, 4) los vehículos que realicen servicios de transporte público regular de uso general deberán indicar con un rótulo el origen y destino de la expedición que realicen. También se regulan los datos que deben incluir las facturas de los servicios de transporte discrecional y regulares de uso general, así como las recomendaciones en materia de seguridad.
RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE VIAJEROS CON FINALIDAD PRIORITARIAMENTE TURÍSTICA
En el BOE del pasado 25 de julio se publicó la Orden FOM/1403/2013, de 19 de julio, sobre servicios de transporte ferroviario de viajeros con finalidad prioritariamente turística. En ella se establece que a partir del 31 de julio de 2013 se prestarán dichos servicios en régimen de libre competencia. Toda empresa ferroviaria habilitada para prestar servicios y que haya obtenido asignación de la capacidad de infraestructura podrá prestar—sin necesidad de autorización o título habilitante específico— servicios de transporte de viajeros con finalidad prioritariamente turística. Además se establecen las condiciones generales de prestación de los servicios turísticos y los requisitos de coordinación necesarios para acomodar la prestación de los servicios turísticos con otros para los que se exige un título habilitante o una autorización específica.
MEDIDAS DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES AÉREOS Y SUS FAMILIARES
A través de Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares, el Gobierno completa el contenido mínimo de los planes de protección civil de las comunidades autónomas en materia de asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares. En él se indican las actuaciones que deben garantizarse por la Administración, se regulan las obligaciones que deben articularse —a través del plan de las compañías aéreas de asistencia a las víctimas y a través de los planes de autoprotección de los aeropuertos—, y se establece un protocolo de actuación y se designa la persona de contacto con las víctimas y sus familiares.
newsletter_transporte_octubre_2013.pdf

References: Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 6
 resolución 
 artículo 14
 Real Decreto