Source: http://esperanzaaguirre.net/Los%20Asuntillos/casosobviosypopulares.htm
Timestamp: 2019-03-21 00:05:36+00:00

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El Partido Popular y el Urbanismo
(90 CASOS OBVIOS)
“ Soy partidario de expulsar a los militantes implicados en casos de corrupción
solo cuando sea trate de casos obvios "
(Mariano Rajoy.24.10.06)
Tres Cantos aprobó en 2003 su Plan General para seguir creciendo y en 2004, el Gobierno local decidió que una empresa privada gestionase ese crecimiento. El ex concejal Antonio Reino Cortés, del PP, se fue del Ayuntamiento para no votar esa cesión. Antes, hizo este comentario a uno de sus colaboradores: "Voy a ir al Delgado [asesor de la alcaldesa de Tres Cantos] a decirle oye, aquí me he enterado yo, o sea, de que hay 30.000 millones, ¿quién se los va a llevar? A ver, dime, quién se los va a llevar. Oyes que no que sí. Le diré yo estoy aquí como un gilipollas levantando la mano para que tú te lleves 30 kilos, de eso nada".
En unas grabaciones realizadas en esa época, se han escuchado, de boca de Antonio Reino, lindezas de este estilo: "En esto tiene que estar Romero de Tejada". "Lo que sospecho es que en esto tiene que estar Romero de Tejada [entonces secretario general del PP en Madrid y hoy miembro del PP en el consejo de administración de Cajamadrid] con la otra. ¿Cómo no va a estar el partido? ¿Cómo no va a estar enterado mi partido de lo que pasa con el Plan General? ¿Mi partido con un plan general de ordenación urbana de 300 millones está ausente? Pero joder, la facción que tiene que estar ahí es la de Romero de Tejada, Mario Utrilla and company. No me parece correcto lo que hemos hecho. (20/10/06)
De la venta de parcelas incluidas dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos no sólo han salido beneficiados los tíos y primos de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La inmobiliaria de uno de sus hermanos, Aguirre Newman, presidida por Santiago Aguirre podría haber actuado de intermediaria en esta operación. Así, se incrementaría el número de personas del entorno de Aguirre favorecidas por esta operación. Los antecedentes que sostendrían esta tesis se remontan al 19 de febrero de 2003, dos días después de que se aprobara de forma provisional el Plan General de Urbanismo de Tres Cantos. Es este día, cuando Aguirre Newman S.A. solicita al ministerio de Hacienda un certificado catastral de las fincas propiedad de Desarrollo Inmobiliario Área TC S.L. Esta última empresa es propiedad de los tíos y primos maternos de Esperanza Aguirre.
Cuatro tíos maternos y cinco primos carnales de Esperanza Aguirre compraron 23 fincas rústicas en Tres Cantos antes de que fueran recalificadas. A los pocos días se recalificaron los terrenos, aumentando considerablemente su valor. Ésta no ha sido la primera vez que la familia de Aguirre se beneficia de una recalificación de terreno. Hace dos años una parte de sus parientes, propietarios de unas tierras por las que pasaba el trazado del AVE Madrid-Barcelona, vieron cómo el precio de estas se triplicaba.
El 13 de febrero de 2001, poco después de la firma del contrato de arras, el pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos, gobernado por una coalición entre el PP y el partido independiente de Tres Cantos Unido, aprobó el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que afectaba a 17 de esas 23 fincas. Los parientes de Aguirre vendieron los terrenos tres años después estas fincas, por 11,5 millones €. (23/01/06)
Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ganó 2,1 millones € en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en esa zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones € 24.326 m2 del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 €.
Gil de Biedma es uno de los operadores inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, donde se dedica, entre otras cosas, a la compraventa de suelo en distintos municipios, en algunos casos en pleno proceso de modificación de sus planes generales (aquellos que definen dónde y cómo se puede edificar). Tanto Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como Alminar Villas (inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) vendieron en enero de 2006 sus terrenos. (17/10/06)
El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, autorizó en 2004 un plan parcial (Los Pocillos) de Villanueva de la Cañada (Madrid) que incluía más de 20.000 m2, parte de los cuales eran de su propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado del alcalde). Porto dio por corregidas las deficiencias que bloqueaban su urbanización desde hacía un año y vendió sus fincas en enero pasado por 4,3 millones €, frente a los 87.000 € pagados por él y sus socios antes de su recalificación en 1999. Posteriormente, y tras descubrirse este embrollo, Porto dimitió.
La historia de este pelotazo urbanístico se cierra el 11 de enero de 2006. Ese día, la constructora Fadesa -firma que en ocasiones ha pagado servicios privados arquitectónicos de Porto y de Plarquin, firma de sus socios- compra una finca rústica de 2.000 m2 en Villanueva de la Cañada. Quienes la venden la habían comprado en 1988 por 24.000 €. Sus propietarios eran Enrique Porto y esposa (25%), y sus socios José María Fernández del Río y esposa (25%) y Ricardo Ortega Aranegui (50%), concuñado de Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada desde 1979. Su número registral es 4.159.
Pese al título de "rústica" que le atribuye la escritura, ésta destaca que la finca "se encuentra íntegramente incluida en el sector número 1 de suelo urbanizable denominado Los Pocillos, que dispone a fecha de hoy de Plan Parcial aprobado definitivamente y firme en derecho, y con fecha de publicación en el BOCAM de 26 de noviembre de 2004". El precio de venta se tasa en 186 €/m2, lo que brinda a los vendedores un ingreso total de 400.458 €.
Ese mismo día, Elclansol, firma que incluye a los mismos propietarios (la esposa de Porto, con régimen de gananciales, es socia desde noviembre de 2001, al igual que Fernández del Río y el concuñado del alcalde de Villanueva de la Cañada), vende también a Fadesa otras dos parcelas rústicas en dicho municipio: números registrales 2.587 (11.285 m2) y 2.718 (10.062 m2). La escritura, vuelve a recalcar, que "a fecha de hoy" ambas fincas están incluidas en el sector del suelo urbanizable antedicho y que dispone de plan parcial aprobado. Con igual precio por m2, la sociedad de Porto, Elclansol, cobra 3,9 millones € por unos terrenos que le costaron 63.000 € en 1994, antes de su recalificación.
Mientras, la Presidenta Regional solo contesta con un lacónico "pregúntenle a Porto". Ésta fue la respuesta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, dio cuando se le preguntó sobre las razones de la dimisión del director de Urbanismo, Enrique Porto. "Estará deseoso de contestarles", añadió. Ningún miembro del Gobierno ha respaldado la gestión del alto cargo y sólo el Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea regional ejerció su defensa. (04/10/06)
El ex director general de Urbanismo de la Comunidad, Enrique Porto, tras admitir que desde su nombramiento, en diciembre de 2003, ha autorizado media docena de planeamientos redactados por sus socios privados en Brunete, Ciempozuelos, Moralzarzal, Moraleja de Enmedio y Villanueva de la Cañada, declaró que su única inhibición declarada se ceñía a la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar, cuyo plan parcial -que prevé levantar más de 4.000 viviendas en la zona- ha redactado Plarquin.
Pero según un escrito de 2004 firmado por Porto demuestra que intervino para tramitar y agilizar el expediente. Realmente había un vínculo mucho más cercano entre Porto y dicho proyecto: él mismo y luego Plarquin, la empresa de sus socios, habían sido contratados para elaborar el planeamiento del SAU 21. En segundo lugar: Porto no se inhibió en el expediente. No se inhibió en las fases anteriores de su tramitación.
Un escrito suscrito por él de 27 de diciembre de 2004, urge a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental a que emita el informe "en el menor plazo posible". Su misiva recordaba al citado departamento -inserto en la consejería de la que él depende, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio- que en noviembre de 2003 dicha dirección emitió un informe en el que imponía como condición para la aprobación del SAU 21 para uso residencial la modificación de la huella sonora del aeropuerto de Barajas. Porto le informó que el 28 de enero de 2004 se había aprobado la nueva huella de la ampliación del aeropuerto, y que el alcalde de El Molar le presentó el 10 de noviembre el expediente de cumplimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno regional en 2002. Sólo quedaba dicho informe, que resultó positivo. (25/09/06)
Los dos ediles de Majadahonda expulsados del PP, José Luis Peñas y Juan José Moreno, ratificaron ante el juez que un empresario les aseguró que Pammasa, empresa municipal que gestiona el urbanismo en Majadahonda, recibía maletines por la permuta de derechos de edificación que permitía a los empresarios liberarse de construir vivienda protegida.
El fiscal preguntó a Peñas por la relación que podía tener la empresa Afar-4, una de las constructoras que permutó derechos con el Ayuntamiento, con la adjudicación de los derechos. El concejal respondió que el mismo empresario que le habló de los maletines le comentó que para él la clave de la adjudicación se encontraba en que "dos días después de la adjudicación, el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, constituyó una sociedad mercantil con Ignacio Sánchez Junco". De Foxá, sin embargo, mantiene que la cesión a Pammasa se realizó por ese dinero, debido a que no es lo mismo la venta a privados que a una empresa municipal para edificar vivienda protegida.
El llamado ‘caso Majadahonda’, nos dejó una perla, ya que el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y su predecesor, el dimisionario Guillermo Ortega, ambos del PP, involucraron a la presidenta del partido en Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el conflicto suscitado en ese Ayuntamiento como consecuencia de una operación urbanística realizada en una parcela de propiedad municipal. Se ha difundido parte de una conversación mantenida entre Foxá, Ortega y otros cargos del PP local, en la que el primero asegura que Aguirre le ordenó paralizar la operación urbanística diseñada por Ortega. (25/01/06)
La empresa pública de la vivienda (Ivima) de haber comprado suelo a Fadesa Inmobiliaria por encima de su precio para hacer pisos de protección oficial en Colmenar de Oreja. El Ivima pagó 92,5 € por m2 para favorecer a Fadesa, cuando esos mismos terrenos los había adquirido esta empresa unos meses antes al Ayuntamiento de la localidad por sólo 29. Según las fuentes de la consejería de Medio Ambiente, el mes de diciembre se invirtió 18,75 millones de € en la compra de 200.000 m2 en Colmenar de Oreja a razón de 92,5 €/m2. Pero las fuentes aseveraron que estos terrenos no se compraron a la empresa inmobiliaria Fadesa, sino a ciudadanos particulares a través de talones nominativos. Estos terrenos están situados en el sector urbanístico “Valdeguerra”, donde está previsto un desarrollo urbanístico que incluye la construcción de 4.500 viviendas protegidas. (24/05/06)
8. AMPLIACIÓN CARRETERA DE LOS PANTANOS: LA COMISIÓN EUROPEA ABRE EXPEDIENTE POR LA AMPLIACIÓN DE LA M-501
La Comisión Europea ha abierto expediente a España por considerar que los trabajos de ampliación de la M-501, conocida como carretera de los pantanos, "ponen en grave peligro áreas protegidas". La Comisión exige una declaración medioambiental completa. El Gobierno de Esperanza Aguirre, a pesar de que la obra contaba con un informe contrario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la eximió de declaración de impacto.
La gravedad con que Bruselas valora la situación queda reflejada en que ha dado sólo un mes de plazo a las autoridades españolas para responder y subsanar deficiencias. "España no ha tenido suficientemente en cuenta los efectos de las obras en las áreas aledañas, en especial sobre las aves y las especies animales de la zona conocida como Encinares de los ríos Alberche y Cofio, en la que hay lugares protegidos por la legislación de la UE para la protección de la naturaleza", señala la Comisión. La duplicación de la carretera cuenta con la oposición del PSOE e IU y de los grupos ecologistas que la han denunciado en Bruselas.
La Directiva Hábitats establece que cualquier plan que afecte a algún lugar de la red Natura 2000 (los Encinares del Cofio y el Alberche, por ejemplo), debe ser sometido a una evaluación adecuada. A Bruselas le alarma que se haya "dividido las obras de la M-501 en cinco subproyectos separados". Fuentes comunitarias consideran que la división puede ser una estratagema "para evitar que se conozca el auténtico impacto ambiental del proyecto". Con anterioridad a la apertura de este expediente, el Gobierno de Esperanza Aguirre reconoció que su proyecto para desdoblar un tramo de 15 kilómetros de la M-501 (carretera de los pantanos), ampliando carriles y duplicando la anchura de la vía, favorecerá los desarrollos urbanísticos en una zona de alto valor natural. Así se recoge en un informe realizado por la Consejería de Transportes e Infraestructuras y entregado la semana pasada a los tres alcaldes de los municipios implicados: Quijorna (PP), Navas del Rey (independientes) y Chapinería (PP).
"El medio ecológico no es el más afectado por la carretera, sino por los posibles desarrollos urbanísticos", dice el estudio. Por ello, la Comunidad asegura que pondrá medios para que se alcance un pacto entre todos los Ayuntamientos de la zona con el fin de que se comprometan a "impedir un crecimiento no marcado por sus planes y sin control". Pero el texto de la consejería no concreta de qué forma y manera se pueden impedir esos desarrollos urbanísticos desmedidos. La carretera de los pantanos discurre junto a una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), un entorno de gran valor natural.
Aguirre siempre ha dejado claro, desde que se hizo cargo de la presidencia de la Comunidad, su intención de ampliar el tramo de autovía de la M-501 para hacerla más segura. Cuando se le pregunta por este proyecto, ella suele responder: "¿Qué son más importantes, las personas o los pajaritos?". (14/10/06)
En febrero de este año se iniciaron las obras de la circunvalación de la M-501, de unos seis kilómetros, a su paso por Pelayos de la Presa. La variante, situada entre los kilómetros 50 y 54 de la M-501, pretende evitar el tránsito de vehículos por el pueblo. El proyecto se topó con la oposición de grupos vecinales y ecologistas. Los vecinos propusieron en 1996 el soterramiento del tramo de 600 metros de la carretera que cruza el pueblo, para evitar una circunvalación que afectara al rico entorno medioambiental. Pelayos de la Presa está situado en la Zona de Especial Protección de Aves de los ríos Alberche y Cofio.
No tuvieron éxito, y la Comunidad optó por la variante. A pesar de los reveses, la organización ecologista Sierra Oeste Desarrollo Sostenible no ha cejado en su lucha y tiene abierto un recurso contencioso administrativo ante el TSJM contra las obras por presuntos daños ambientales.
El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, también investiga la actuación. Valerio ha ordenado al juzgado nº 2 de Navalcarnero que estudie el cambio de calificación de terrenos planteada por el Consistorio a raíz de la construcción de la circunvalación, ya que la carretera deja en su interior unos terrenos de un millón de m2 que, según el Plan General pasarán de rústicos a urbanizables. En ellos se podrán construir viviendas. El fiscal también instó a que se investigue quiénes son los propietarios de ese suelo, entre los que hay un ex alcalde del PP, Carlos Hernández. A Valerio le sorprende que en junio de 2000 la Comunidad aprobara una declaración y que la modificara en octubre de 2002 sin un nuevo periodo de información pública.(25/10/06)
Fidel San Román, empresario detenido en la Operación Malaya de Marbella por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación -fue puesto en libertad hace unos días bajo fianza-, es un viejo conocido por los 75.000 vecinos de Las Rozas, gobernado por el PP. Sus cinco sílabas son sinónimo de dinero, viviendas nuevas y poder. Pero, para algunos compradores, San Román suena también a defectos de obra en sus viviendas y a las denuncias interpuestas que todavía no han recibido respuesta. El conglomerado empresarial de la familia San Román es responsable del 70% de las actuaciones urbanísticas en Las Rozas. Opinan, asimismo, que el empresario es el que más se ha beneficiado del aumento de viviendas auspiciado por el PP (que gobierna el municipio). El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pendiente de aprobación definitiva, prevé 7.556 viviendas nuevas en esa zona, y un techo poblacional de 110.000 habitantes, según el PP. El Ayuntamiento, gobernado por el PP y con Bonifacio de Santiago de alcalde, prefiere no hacer declaraciones al respecto. (31/07/06)
San Román también tiene intereses también en otras localidades, como Arroyomolinos. El pasado 15 de junio, el PSOE llevó a la Asamblea de Madrid una reclamación para evitar que la Comunidad permitiese al Ayuntamiento de Arroyomolinos, del PP, recalificar 154 hectáreas protegidas para construir 3.700 viviendas, una operación de la que se beneficiaría San Román. (31/07/06)
El Ayuntamiento de Torrelodones, con los votos del PP, aprobó el cambio de uso del Área Homogénea Norte para poder construir 1.536 viviendas, un campo de golf municipal, un centro comercial y oficinas. Esta zona, de 128 hectáreas (la extensión de unos 150 campos de fútbol), adyacente a la A-6, se encuentra protegida desde 2003, cuando el anterior alcalde, Enrique Muñoz, del PP, aprobó calificación como suelo protegido por su valor ambiental. Pero la cosa no queda aquí: también la hermana del alcalde de Torrelodones, María Isabel Galbeño, ha comprado, a través de una empresa familiar, terrenos en esta área.
La constructora C-15 de Morales adquirió varias parcelas en el Área Homogénea Norte antes de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento llevara y aprobara en el pleno municipal el cambio de calificación de esos terrenos que estaban protegidos. El AHN que el Consistorio quiere reclasificar fue protegida por la anterior corporación, también del PP, dados sus valores naturales.
El alcalde, Carlos Galbeño, destituyó a dos concejales del PP contrarios a estos trapicheos urbanísticos, por no seguir, según él, la disciplina de partido. El Área Homogénea Norte (AHN), una zona de 128 hectáreas en el término de Torrelodones, es como un caramelo en el patio de un colegio. Un grupo de constructoras e inmobiliarias de la zona compraron suelo en este terreno protegido por su valor ecológico. Muchas de estas operaciones se produjeron antes de que el Consistorio comenzar los trámites, en diciembre de 2004, para cambiar el uso de esas has. de encinas centenarias y enebros. De protegido a urbano directamente.
Carlos Galbeño también es amigo íntimo de José Luis Velasco, propietario de Accord, otra de las empresas que se han hecho con suelo en esta zona. Eduardo Morales, cara visible de C-15 y amigo personal de Galbeño y de Mario Mingo, presidente del PP local y diputado nacional, también consiguió suelo. (24/08/06)
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido reclamar a la Comisión Europea que inicie una investigación sobre el plan urbanístico de Galapagar. El Ayuntamiento, del PP, ha aprobado de forma inicial un proyecto para construir 9.000 viviendas, lo que supondría duplicar la población de este municipio de la sierra. El Defensor del Pueblo también ha reclamado información al Ayuntamiento para estudiar las quejas de los vecinos sobre el nuevo plan municipal de urbanismo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha iniciado el examen de las alegaciones remitidas por la Plataforma de Vecinos contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Galapagar. El proyecto urbanístico aprobado por el Consistorio pretende duplicar la población de la localidad hasta los 60.000 habitantes. Además, la Comisión de Peticiones ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre el plan urbanístico de Galapagar. La asociación de vecinos recibió la carta el 14 de agosto. "Nos llamarán para que expliquemos nuestras alegaciones. (31/08/06)
Luisa María Fernández Fernández, alcaldesa merced a una moción de censura en la que su grupo junto con una concejal tránsfuga del Partido Independiente, Isabel Montes, arrebataron la alcaldía al PSOE, tiene intereses inmobiliarios en Chinchón. La nueva alcaldesa popular en el momento de iniciarse la moción de censura era accionista de dos constructoras de la localidad: Navarredonda 2000, SL, y Nuevas Propiedades Inmobiliarias Chinchón, SL. El objeto social de ambas es la construcción y la promoción de viviendas. Las dos constructoras están levantando viviendas en el casco urbano.
Todo hacía indicar que tras la moción de censura se esconde una trama urbanística, algo que el PP niega.
Quién se beneficia del cambio es Javier Sánchez-Lázaro, senador de la antigua Alianza Popular por Extremadura a principios de los ochenta (PP), es administrador solidario y apoderado de la empresa inmobiliaria Jabbar Inversiones. Esta empresa es dueña, a través de otra denominada Inverwarner Promociones 2002, de una finca en Chinchón denominada Dehesa de la Jara Alta (de 350 hectáreas). El consejero delegado mancomunado y apoderado de Jabbar entre 1999 y 2003 y accionista de Inverwarner (sólo tiene una acción), es Pedro García Valero. Éste, a su vez, es amigo y ex compañero de trabajo de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario regional del PP, en la empresa de fotocopias MIC Servicio de Copias, SL. Esta empresa salió a relucir durante la comisión de investigación del llamado caso Tamayo, cuando dos diputados del PSOE (María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo) traicionaron a su partido y se ausentaron durante la sesión de investidura del candidato socialista Rafael Simancas.
En 2000, la entonces alcaldesa de Chinchón, Ana María Magallares, del PP, elaboró el avance del plan general y recalificó dichos terrenos de Jabbar. El PP dice que no fue ella directamente, sino que había delegado las competencias urbanísticas en la Comunidad de Madrid, también del PP. En las últimas elecciones el PP obtuvo cinco concejales, el PSOE logró 4 ediles y el Partido Independientes, 2. Socialistas e independientes decidieron coligarse. Una de sus primeras acciones fue anular el avance del plan.
Para adquirir los terrenos de la Dehesa de la Jara Alta, el entonces presidente de Jabbar, Javier Sánchez Lázaro, y su consejero Pedro García Valero constituyeron la empresa Inverwarner Promociones 2002. Inverwarner tiene un capital social de seis millones de € que fueron desembolsados por Pedro García (un euro) y Jabbar, con 5.999.999 participaciones. Los socios mayoritarios de la empresa MIC Servicios de Copias, SL, en la que trabajaba Ricardo Romero de Tejada y Pedro García Valero, son los hermanos Juan Carlos y Fernando Sánchez Lázaro, que fue diputado regional en la Asamblea de Madrid (95-99). (16/01/06)
Brunete es otra de las localidades madrileñas gobernadas por el PP con presuntos episodios de especulación inmobiliaria. Las recalificaciones de unos terrenos han beneficiado al empresario Luis García Cereceda, dueño del célebre restaurante Zalacaín y uno de los hombres más ricos del país. Las plusvalías a obtener por Cerceda son algo más de 730 millones €. Todo comenzó cuando Luis García Cereceda, que opera a través de las inmobiliarias Lugarce y Procisa, compró en el año 2000 una finca denominada La Pellejera, situada en las afueras de Brunete. La finca cuenta con una extensión aproximada de 800 hectáreas, de las cuales, 600 hectáreas son de especial protección por razones medioambientales al estar situadas dentro del parque forestal del río Guadarrama. En las 200 hectáreas restantes es donde se centrará una parte de la recalificación urbanística aprobada por el municipio madrileño.
Cereceda compró esos hace seis años por unos 30 millones €. La cantidad pagada sorprendió en el pueblo, ya que parecía desorbitada teniendo en cuenta que, al tratarse de suelo rustico, ese suelo tenía la naturaleza de no urbanizable. Ahora el precio de la finca asciende a 1.300 millones €.
Ese mismo año 2000, el Ayuntamiento de Brunete, presidido por Félix Gavilanes, del PP, inició los trámites para la aprobación del PGOU. Según se ha denunciado el ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con una de las inmobiliarias donde Cereceda es titular. Así, las 200 hectáreas de La Pellejera pasaron a ser urbanizables. Actualmente el plan general de urbanismo en Brunete tiene informe favorable de la Comunidad de Madrid, pero todavía falta la aprobación del Consejo de Gobierno para su ejecución. Es decir, Esperanza Aguirre tiene la última palabra. (05/09/06)
La alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, del PP, ha vendido a Sanedi, una empresa del grupo San Román, una alameda de 3.750 m2 calificada por el actual ordenamiento del municipio (aprobado hace cuatro años) como zona protegida por su valor ambiental. Pero en el nuevo avance del plan general, la finca se recalifica y adquiere edificabilidad. La regidora asegura que no ha aprovechado su cargo político para beneficiarse con esta venta. El Ayuntamiento adjudicó la redacción del avance del plan a Plarquin, empresa de la que era socio Enrique Porto, ex director general de Urbanismo. Quijorna, una localidad de 2.325 habitantes, sita a unos 35 kilómetros de Madrid, rodeada de montes preservados y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio.Los planes del actual equipo de gobierno pasan por una enorme expansión urbanística del pueblo. El nuevo avance del plan, todavía en tramitación, pretende llevar al municipio a 60.000 habitantes y declarar urbanizable todo el suelo, excepto las zonas intocables de la ZEPA y los montes preservados. El planeamiento contempla recalificar 1.067 hectáreas, el 40% del término municipal. "Pero en un espacio de entre 20 y 25 años", aclara la alcaldesa de la localidad.
Estos planes multiplican por 11 el suelo declarado urbanizable, cuyas normas fueron aprobadas hace sólo 4 años. Dentro de las zonas protegidas que pasarán a computar como suelo edificable, se encuentran varias fincas situadas en medio de una alameda. Están calificadas como espacios singulares, carrizales y espacios catalogados de especial protección de cauces y riberas. Una de ellas, la parcela número 286, situada en el polígono 3, pertenecía a la actual alcaldesa y a su marido, hasta que vendieron a la promotora Sanedi (perteneciente al grupo de Fidel San Román, vinculado a la Operación Malaya) por 270.455 €, 4 veces más de lo que se paga normalmente por un espacio como éste, donde no se puede construir. (29/09/06)
La declaración de Porto ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial fue providencial para el alcalde y los otros cinco ediles acusados en ese proceso. El ex director de Urbanismo compareció como testigo de tres abogados de los acusados. Su testimonio desbarató en parte la principal prueba de cargo que tenía el fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio. En el juicio, Porto desacreditó el informe. Señaló que el Departamento de Inspección Urbanística, del que había partido este informe incriminatorio, estaba bajo su responsabilidad. Fuentes judiciales entienden llamativo que estas manifestaciones las hiciera el ya ex director de Urbanismo de Madrid como "testigo de la defensa" y que fuese la empresa Plarquin la que resultase adjudicataria, en mayo de 2004, del diseño del desarrollo urbanístico de Monesterio, un complejo urbanístico sito a 5 km. del casco urbano de San Lorenzo para 18.000 personas. (06/10/06)
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha suspendido el plan general de Los Molinos, vigente desde 1969, y ha redactado unas normas de ordenación transitorias que recalifican 41 hectáreas para la construcción de 1.045 viviendas en la zona de transición del futuro parque nacional del Guadarrama. En ellas vivirán más de 3.000 vecinos, que permitirán que Los Molinos casi duplique su población actual. La consejería declara además como suelo urbano consolidado las cerca de 400 hectáreas existentes entre el casco urbano y las urbanizaciones periféricas, donde hay grandes bolsas de suelo sin edificar. La orden de la consejería, en información pública hasta el próximo 22 de enero, insta también al Ayuntamiento de Los Molinos, del PP, a que revise el planeamiento antes de dos años. (14/01/06)
A pesar de que la Comunidad de Madrid ha rechazado el proyecto en tres ocasiones, el Ayuntamiento de Moralzarzal persiste en su intento de urbanizar esta zona alejada cinco kilómetros al norte del casco urbano principal, como si en ello le fuera la vida. El anterior Gobierno regional, presidido por Alberto Ruiz Gallardón, lo declaró en dos ocasiones como suelo no urbanizable de especial protección ambiental, y así figura en las normas de planeamiento vigentes desde hace tres años. y en la presente legislatura, en 2004, los técnicos regionales de medio ambiente volvieron a rechazarlo al desestimar el avance del plan general, en el que esa zona volvía a ser incluida como urbanizable. Este avance fue elaborado por Plarquin Consultores, sociedad dirigida por el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto.
Como por sí solo el ámbito no se puede tramitar a través de una modificación puntual, el Ayuntamiento ha vuelto a aprobar un nuevo avance del plan general para intentar "colarlo" de nuevo. De salir adelante la nueva propuesta se reduciría el número de viviendas, de las iniciales 2.672 a 1.480, y en lugar de 1.049 protegidas se edificarían 880 (de las que 740 serían en alquiler con opción a compra), quedando 592 libres (222 pareados y 370 en bloques de dos alturas).
No queda aquí la cosa. Además, el concejal de Hacienda y Redes e Infraestructuras de Moralzarzal y portavoz del Partido Popular, Javier Martín Pascual, posee, junto a su esposa, María del Carmen Charro Huerga, dos promotoras inmobiliarias, Martin Huerga y Construcciones Plaza 4. Tras ser nombrado edil en Junio de 2003, tanto él como su esposa mantuvieron la administración de la primera, pero no sobre la segunda que fue delegada en sus hijas, según consta en el Registro Mercantil de Madrid. (26/04/06)
El concejal de Vivienda del PP Sigfrido Herráez abandonó el Ayuntamiento de Madrid el 26 de septiembre pasado y, una semana más tarde, fichó como vicepresidente en una constructora. Este fichaje escandalizó a todos los grupos políticos, incluido el PP, aunque admitieron que legalmente no había incompatibilidad alguna. Un rastreo en las actividades de la constructora Rayet, en la que ahora trabaja Herráez, y en las empresas de su esposa, dedicadas a la construcción, demuestra que en la vida pública y privada del ex concejal hay un importante denominador común: el ladrillo.
Rayet está construyendo dos proyectos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herráez como concejal, y su esposa acaba de lograr la adjudicación de otro hospital en Vallecas, que sufraga la Comunidad de Madrid, del PP. Rayet SA está levantando el edificio más emblemático del Ensanche de Vallecas: el hospital de la Fundación Proyecto Alzheimer. Sigfrido Herráez (de profesión arquitecto) presidió la junta de compensación del Ensanche de Vallecas.
Esperanza Aguirre ha sido muy comprensiva en el asunto Herráez, Aguirre le prestó su apoyo: "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio". Entre Esperanza Aguirre y el matrimonio Herráez ha habido al menos otro punto de conexión en el pasado. En julio de 2003, el entonces concejal (a través de su empresa Arquitectura y Cultura SL) y su esposa María Gálvez (a través de Bimost SL) habían comprado al constructor del PP Francisco Bravo 52.700 m2 en Móstoles. Bravo admitió haber ayudado al tránsfuga Eduardo Tamayo en la huida que impidió que Rafael Simancas se alzara con la presidencia de la Comunidad de Madrid y facilitó que ésta fuera para Esperanza Aguirre tras repetir las elecciones. (2005)
Pedro Romero Aguilar, peluquero del ex presidente del Gobierno, José María Aznar y adjudicatario de la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón, ha desarrollado en los últimos años una importante carrera empresarial. La trayectoria profesional de Pedro Romero Aguilar ha pasado de gestionar cinco peluquerías en Madrid a dirigir un complejo grupo de empresas. La relación de Romero con José María Aznar arrancó en 1995 cuando el ex presidente del Gobierno era líder de la oposición. El peluquero comenzó su carrera inmobiliaria en el año 2000 con la sociedad PRA Interglobe, donde se alió con el hotelero Rafael Santamaría Trigo.
El concurso para la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón ha sido adjudicado a Play Golf Gestión, en la que figuran como socios Juana Fernández (esposa de Romero), José Luis Sanz Arribas y Pedro Iván Romero, hijo del peluquero. Según datos del registro mercantil, el matrimonio Romero-Fernández y sus hijos aparecen en 14 sociedades, que tienen un capital social superior a los 10 millones de €, unos 1.600 millones de pesetas.
Pedro Romero Aguilar se ha asociado con varios constructores para realizar operaciones urbanísticas en las localidades de Alcorcón y Arroyomolinos, con un gran desarrollo urbanístico en los próximos años. Pedro Romero fue el que puso en contacto al ex presidente con el golfista Manuel Piñero. A su vez, Piñero presentó al matrimonio Aznar a Germán Garrido, que les ha dado clases en el Club de Campo de Madrid. (2005)
La investigación del incendio intencionado que calcinó un vehículo que usaba el consejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha descubierto que el coche estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de Negocios. Granados fue alcalde de esa localidad hasta 2003, cuando entró a formar parte del Gobierno de Esperanza Aguirre como consejero de Transportes e Infraestructuras. Ahora es el titular de Presidencia. Además, fue elegido secretario general del PP de Madrid hace casi dos años. (25/10/06)
Por todo ello, Bruselas ha dado un duro varapalo a la Generalitat Valenciana con el urbanismo como protagonista. La UE reclama ahora la modificación de la Ley Urbanística Valenciana, aprobada a finales de 2005 precisamente para adaptar el sistema urbanístico valenciano a la legislación comunitaria y para sustituir a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, también censurada en Bruselas. Y todo por la misma razón: la violación de las normas de contratación pública. La Comisión amenaza con llevar el caso a los tribunales si no recibe una "respuesta satisfactoria" en dos meses. Bruselas lanzó una nueva advertencia contra España, al exigirle que modifique la ley Urbanística Valenciana (LUV), ilegal a ojos de la Comisión Europea, por no respetar las leyes de contratación pública. Mediante un "dictamen motivado suplementario", el Ejecutivo comunitario pidió a España que adapte la legislación urbanística valenciana a la europea, y amenazó con llevar el caso ante los tribunales europeos si no obtiene una "respuesta satisfactoria" en dos meses.
Es el segundo paso de un procedimiento de infracción abierto el pasado abril contra la LUV, que entró en vigor el pasado febrero y que sustituye a su vez a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de 1994, también cuestionada por Bruselas. Las autoridades comunitarias consideran que esas leyes violan las normas europeas. En concreto, consideran contrarios a las reglas del mercado interior los anuncios de los concursos de obras públicas, los procedimientos de adjudicación de los Programas de Actuación Integrada (PAI) a los agentes urbanizadores (promotores privados que pueden actuar con capacidades de la Administración pública), así como la posibilidad de modificar las condiciones de los contratos en el momento de la adjudicación o incluso durante su ejecución. (05/04/06)
La mesa del consejero de Territorio de la Generalitat valenciana acumula solicitudes municipales para reclasificar 194,5 millones de m2 de suelo que actualmente están fuera de ordenación. Una superficie que equivale al doble de la que ocupa la ciudad de Barcelona, que tiene una extensión de 100 km2. De los 542 ayuntamientos valencianos, 123 aspiran a recalificar de suelo rústico a urbanizable 67,2 millones de m2 en la provincia de Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59,3 millones en la de Alicante.
Francisco Camps sabía de sobra cuál era el talón de Aquiles de su Gobierno cuando en junio decidió colocar al frente de la Consejería de Territorio a Esteban González Pons, una persona de confianza, en sustitución de Rafael Blasco. Todas las encuestas coincidían en señalar que la gestión del Gobierno valenciano en urbanismo y ordenación del territorio era, con diferencia, la peor valorada por los ciudadanos. Un sondeo del Instituto Opina de octubre de 2005 confirmaba que el 28,5% de los encuestados aseguraba que la política del Ejecutivo regional en esta área era mala, frente a un 18,5% que la consideraba buena. Un año después empeoró. Para el 36% de los ciudadanos, la gestión del territorio seguía siendo mala.
La imagen tan negativa es el resultado de la suma de numerosos factores que incluyen desde presuntos casos de corrupción que afectan a los alcaldes de Orihuela y Torrevieja hasta megaproyectos urbanísticos como el plan Rabassa de Alicante, que supone la construcción de 15.000 viviendas que habitarán 45.000 personas en 10 años y que supondrá un incremento del 15% de la población.
Pero sobre todo, es el resultado de la feroz crítica del Parlamento Europeo a un modelo de crecimiento del territorio. Las quejas de 15.000 ciudadanos afectados por la aplicación de la legislación urbanística valenciana llenaron los despachos de la Eurocámara, que envió dos misiones de eurodiputados a la Comunidad Valenciana para concluir, en un informe aprobado por el pleno de la Cámara el año pasado, que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) vulneraba los derechos de los pequeños propietarios. El Consell de Camps intentó remediar el rapapolvo europeo con la aprobación de una nueva ley en la que aseguraba que corregiría los vicios de la anterior, pero la Ley Urbanística Valenciana (LUV) no pasó el examen. La Comisión Europea dio hace dos semanas un nuevo ultimátum a la Generalitat para que cambie la LUV y la adapte a las directivas europeas sobre contratación pública, de modo que se garanticen el control administrativo y la transparencia en la gestión urbanística. De hecho, decenas de municipios presentaron PAI a toda prisa antes del pasado febrero, cuando entró en vigor la LUV.
Justo un día antes de que entrara en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), el PP de Castellón aprobó una serie de actos urbanísticos en una zona en la que la esposa del ex alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno, tiene dos solares. La oposición denunció la operación en el salón de plenos y cuestionó que el PP priorice un sector urbanístico que incluye propiedades de la mujer del ex alcalde de Castellón. "Parece que este trámite es una huida para que quien pueda se escape de la nueva ley. ¿Y por qué se ha priorizado este sector? Pues resulta que en este sector 13 hay terrenos propiedad del anterior alcalde", aseguraron.
Antes de aquella maniobra, las dos parcelas de la esposa del ex alcalde, María Nieves Serrano, tenían la calificación de no urbanizable y un coste económico que aún no se había revalorizado. Actualmente, el ex alcalde de Castellón del PP, José Luis Gimeno, compatibiliza actividades privadas y publicas. Es socio de una mercantil de la construcción, Grupo Gimeno, adjudicatario habitual del Ayuntamiento de Castellón. Paralelamente, Gimeno es también consejero de la empresa pública Gumsa, una sociedad gestora de promociones urbanísticas en Castellón. La función de esta gestora municipal es promover y gestionar el suelo con actuaciones urbanísticas en zonas poco atrayentes para las empresas privadas. (01/02/06)
El alcalde de Burriana (Castellón), Alfonso Ferrada, del PP, aprobó en enero la adjudicación del desarrollo urbanístico de 700.000 m2 en una franja próxima a la costa del municipio, pese a la existencia de un informe técnico jurídico, firmado por cuatro funcionarios, contrario a dicha adjudicación. Distintas empresas inmobiliarias compraron suelo rústico hasta 6 meses antes de recalificarse los terrenos. La operación urbanística ha suscitado una crisis en el PP y ha obligado a intervenir al presidente provincial, Carlos Fabra.
El alcalde de Burriana no escondió su empeño en adjudicar el programa a Corporación Inmobiliaria Albia, SA, una empresa que hasta seis meses antes había estado adquiriendo terrenos rústicos en una zona que, con la aprobación del programa, se recalificaría como urbanizable. Ferrada desmintió la existencia de un "pelotazo" y en su día aseguró que había conocido a los socios de Corporación Inmobiliaria Albia el mismo día que presentaron su propuesta urbanística en el Ayuntamiento.
En cualquier caso, la decisión del alcalde ha provocado una crisis en la que ha tenido que intervenir el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, ya que los populares gobiernan en el municipio con una diferencia de un solo concejal y el grupo se había fragmentado de forma notoria. Según el expediente, el valor de los terrenos a urbanizar, una vez conocida la intención del Ayuntamiento de apoyar el desarrollo aunque el suelo aún no estuviera recalificado, se multiplicó por seis. Además, la adjudicación de la urbanización ha estado plagada de irregularidades. En cualquier caso, sobre la misma aún está pendiente el visto bueno de la Generalitat valenciana, con competencias sobre materia urbanística, que ha de aprobar definitivamente el proyecto. (28/09/06)
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat (PP), adquirió en el año 2000, tres años antes de ser elegido edil, cinco parcelas en el municipio. La compra de una de ellas desencadenó el inicio de un litigio judicial sobre la titularidad de la misma, por lo que fue llamado a declarar, en calidad de testigo, en la instrucción de las diligencias abiertas por la querella que presentó un vecino que la reclamaba.
En su declaración ante el juez, que tuvo lugar en julio de 2003, según consta en el acta, Fabregat dijo haber pagado parte de la finca "en dinero negro".
Según indica el documento que recoge su testimonio, este dijo que "entregó a cambio de la finca un millón de pesetas y, aparte, 500.000 en dinero negro". El edil aseguró no recordar los términos utilizados en su declaración ni por qué habló de "dinero negro" ya que ha "cumplido con Hacienda" y con sus "declaraciones patrimoniales". La declaración ante el juez tuvo lugar un mes después de que Fabregat tomara posesión como concejal de Urbanismo de Oropesa, aunque hacía referencia a una operación realizada tres años antes. Entonces, en 2000, Fabregat, junto a su esposa, adquirió cinco pequeñas parcelas entre los meses de junio y septiembre, por las que desembolsó, según figura en el registro de la propiedad, algo más de 75.000 €. La superficie total de las cinco fincas asciende a 11.811 m2, lo que supone que las compró a un precio medio de 6,3 €.
En octubre, entre uno y cuatro meses después de su adquisición, el ahora edil y su esposa firmaron un contrato de compraventa con Construcciones Castellón 2000, del grupo Marina d'Or, que preside Jesús Ger, por el que vendía las cinco fincas por un precio total de 567.905 €, es decir, por alrededor de 48 €/m2, lo que reportó a Fabregat y a su esposa un beneficio de 492.000 €. Pese a que la operación de compraventa se efectuó en 2000, la inscripción pública de la misma no se realizó hasta mayo de 2003, un mes antes de que se celebraran las elecciones municipales en las que salió elegido el edil. Fabregat admitió la alta rentabilidad de la operación aunque sostuvo que "el precio lo marca el mercado y esa es una zona que se ha revalorizado mucho", pese a que se trata de fincas rústicas que en el Plan General de Ordenación Urbana aparecen calificadas como "agrícola protegido". (28/03/06)
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, Jesús Gómez Angulo, ha abierto diligencias previas por la denuncia del fiscal Anticorrupción contra el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y los ediles de Urbanismo y Tráfico, Sonia Castedo y Luis Concepción, respectivamente, por el presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la contratación de tres aparcamientos, según confirmaron fuentes del Palacio de Justicia. El magistrado ha incoado las diligencias número 4.600 y prepara la notificación de la causa a los cinco denunciados, que son el alcalde, los dos ediles, el técnico de Tráfico Antonio Escobedo y el representante legal de la mercantil Ortiz e Hijos. Según la Fiscalía, los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de fondos públicos y apropiación indebida. El fiscal Felipe Briones inició la investigación a instancias de una denuncia del dirigente vecinal José Luis Valdés por supuestas irregularidades en el contrato de adjudicación de los aparcamientos subterráneos de Padre Esplá, Catedrático Soler y Hermanos López de Osaba. Según el fiscal, las irregularidades han causado un quebranto económico a las arcas municipales estimado en 2.268.060 euros al menos.
Felipe Briones advirtió en su denuncia que existió un concierto entre el alcalde y los ediles de Urbanismo y Tráfico para conferir a Ortiz mejoras respecto al contrato inicial después de que dos técnicos informaran en contra de ellas. Para ello, “se decidió dejar sin resolver la denegación de las modificaciones” y “sustituir el órgano gestor”, trasladando el expediente a la Concejalía de Tráfico. El nuevo funcionario “en cumplimiento de instrucciones verbales de su concejal emitió un informe”, “proponiendo compensaciones a Ortiz por la aparición de necesidades nuevas y circunstancias imprevistas”, según el fiscal. (22/09/06)
El portavoz del PP en el Congreso y ex alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, benefició a los hoteles de esa ciudad en su etapa como presidente de la Generalitat valenciana. Zaplana otorgó en 2001 a ese municipio bonificaciones urbanísticas a través de una modificación puntual del plan general que permitió a ciertos establecimientos turísticos exceder la edificabilidad prevista hasta en un 40%. A la medida, que se denominó premio hotelero, se acogió una quincena de hoteles con el compromiso verbal de aportar a cambio al Ayuntamiento unas compensaciones en solares que no se han producido.
Cuando Zaplana, que había llegado a la alcaldía de Benidorm gracias al voto de una tránsfuga, accedió a la Generalitat, quiso dar un impulso al sector turístico con iniciativas como el parque Terra Mítica. Desde la presidencia del Gobierno valenciano planteó a los empresarios agrupados en la patronal Hosbec la necesidad de renovar la planta hotelera para crear complejos de cuatro y cinco estrellas, reconvirtiendo los que tenían dos y tres.
El proyecto fue acogido de forma entusiasta por los empresarios y por su sucesor en la alcaldía, Vicente Pérez Devesa. Algunos municipios como Benidorm o las localidades vecinas de La Vila Joiosa y L'Alfàs del Pi (en aquel momento gobernadas por la izquierda) se dejaron llevar por el ímpetu constructor hotelero e introdujeron apartados en los planeamientos que entonces redactaban para permitir que estas industrias tuvieran todas las facilidades.
Fuentes del departamento de Urbanismo explican que el anterior alcalde, Vicente Pérez Devesa, llegó a plantear en 2005 una propuesta a la actual Consejería de Territorio para que los hoteleros compraran parcelas de Serra Gelada, un paraje del municipio, y las cedieran al parque natural. Cinco años después y con los hoteles a pleno funcionamiento, el municipio no ha obtenido los beneficios prometidos. (04/08/06)
La titular del Juzgado nº 4 de Orihuela ha admitido la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por 30 supuestos hechos delictivos por la gestión urbanística y contable en el Consistorio oriolano del PP. La magistrada ha comunicado su decisión al fiscal para que este presente el escrito de proposición de pruebas. Los denunciados son el alcalde, cuatro concejales, tres asesores, el secretario, cuatro promotores y la firma Necso. Mientras, la Comisión de Hacienda ha suspendido indefinidamente la nueva contrata de basuras en espera de tres informes externos. La titular del Juzgado nº 4, Lidia Mª Paloma Montaño, rechazó inicialmente la competencia del caso e impugnó el reparto del Decanato de los Juzgados de Orihuela.
El fiscal remitió el escrito el pasado día 14 y el Decanato asignó el caso a la oficina de Montaño dos días después. La magistrada consideró que la denuncia del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, era una ampliación de una causa abierta en el Juzgado número 6 sobre uno de los puntos incluidos en el escrito del ministerio público y, por tanto, que era esa oficina competente. El Decanato rechazó el recurso de la juez y mantiene que, por reparto, su oficina es la que tiene que instruir la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Acto seguido, la magistrada acordó la admisión de la misma y dio traslado de su decisión al ministerio público para que presente el escrito de proposición de pruebas. El fiscal acusa a los denunciados de los supuestos delitos de malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación.
Pero José Manuel Medina da para mucho más: Un nuevo capítulo en el caso de irregularidades urbanísticas se ha registrado en el municipio de Orihuela, gobernado por el PP. En esta ocasión, ha sido la conselleria de Territorio y Vivienda, quien ha decidido abrir un expediente “informativo” sobre la reclasificación de unos terrenos protegidos en el paraje de Las Asomadas. La institución pública quiere comprobar si se han cumplido todas las condiciones que desde la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) y la propia conselleria exigieron para la aprobación del proyecto urbanístico en esta zona.
Actualmente José Manuel Medina, alcalde de Orihuela, del PP, es imputado por los delitos de cohecho y tráfico de influencia. Los presuntos delitos están derivados de su uso privado de bienes de promotores y de la adjudicación ilegal de tres programas urbanísticos. Estos planes de urbanismo, según la Fiscalía Anticorrupción, han sido desarrollados en zonas donde no se podían llevar a cabo, como es el caso de huertas protegidas. Además, estas adjudicaciones incluyeron recalificaciones de suelo, no justificadas para el Ministerio Público. Precisamente, esas recalificaciones son las que van a investigar la conselleria de Territorio y Vivienda para comprobar si se cumplieron todas las condiciones exigidas para su aprobación. Sin embargo, en la práctica, el alcalde Medina ha permitido edificar en esos 373.943 m2 de suelo que estaba protegido. (29/03/06)
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha solicitado al juez que investigue los movimientos bancarios del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, desde 2000. En esa fecha, el primer edil adquirió una finca rústica en Almoradí por 180.000 € y, dos años más tarde, la revendió por 5,4 millones de €. La petición de los extractos bancarios de Hernández Mateo se incluye en la batería de nuevas pruebas que el ministerio público ha trasladado al titular del Juzgado nº 4 de Torrevieja.
La acusación pública también plantea al juez que solicite a las Cortes Valencianas un certificado de los pagos efectuados por esa institución a Hernández Mateo por su condición de diputado autonómico. El fiscal cierra el apartado de nuevas pruebas documentales con la petición de un justificante de los gastos de explotación de la mencionada finca rústica -18 hectáreas de suelo en la localidad de Almoradí-. Hernández Mateo aseguró que compró los terrenos para poner en marcha una explotación agrícola, "y criar perros". A parte, el ministerio público propone al juez instructor que tome declaración, en calidad de testigos, los representantes legales de la mercantil Eden del Mar, firma a la que el alcalde vendió la finca. Esta promotora ha sido beneficiada con adjudicaciones urbanísticas en Torrevieja.
Este no es el único capítulo turbio de este alcalde: A raíz de la lectura y análisis de las correspondientes escrituras, se ha conocido que el mismo día que el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, vendió una finca de Almoradí a la empresa Edén del Mar, SL, esta adquirió otra en San Miguel de Salinas al propio regidor.
Además, la finca que Edén del Mar vendió al alcalde en San Miguel de Salinas fue adquirida por esta empresa "solo 18 días antes" de formalizar la operación de venta al dirigente popular. Demasiada casualidad, ya que la misma empresa fue también la que compró al alcalde la finca en Almoradí que el primer edil había adquirido por 180.000 € dos años antes. Edén del Mar pagó por estos terrenos 5,4 millones de €. Es curioso que si entre las dos fincas sólo hay una separación de tres kilómetros de distancia el alcalde venda a 4.000 pesetas/m2 a Eden del Mar y esta empresa adquiera a 1.500 pesetas el metro".
El alcalde compró en 2000 tres parcelas rústicas -en total 18 hectáreas de suelo rústico- por 180.000 €. Dos años más tarde, el primer edil vendió el terreno por 5,4 millones de €. La oposición denunció que Hernández Mateo adquirió la finca a un promotor, propietario de la mercantil Edén del Mar, al que antes había adjudicado una urbanización en Torrevieja. Este promotor participó luego en un proyecto para urbanizar 19 millones de m2 en Almoradí que incluían el terreno adquirido por el alcalde. (22/02/06)
Ramón Doménech Doménech, subsecretario de la Conselleria de Territorio y Vivienda, ha comprado una finca rústica de 395.000 m2 de extensión, situada a poco menos de un kilómetro de la zona del proyecto Xirillent Golf, que prevé una urbanización y un campo de golf. El dirigente autonómico compró estos terrenos (en los que va incluida una masía) por 456.000 € a un grupo de 10 entidades religiosas locales, representadas por el vicario episcopal en Alcoi, José Antonio Varela.La operación de adquisición se formalizó pocos meses antes de que se presentara el proyecto para construir en Xirillent un campo de golf, un hotel y una urbanización con 500 chalés. Hay que señalar que la viabilidad de esta obra depende, en gran manera del dictamen que haga de la misma la Conselleria de Territorio, en la que Doménech ocupa un alto cargo. El conseller Rafael Blasco expresó en diferentes ocasiones su apoyo a la iniciativa, a pesar de que cuenta con dos informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la falta de justificación de las reservas hídricas. Esta finca, conocida como el Mas de Miró, fue donada en el año 2002 por un matrimonio alcoyano a un total de diez entidades religiosas de la ciudad. La propiedad estaba dividida entre las siguientes instituciones: Parroquia de San Mauro y San Francisco, Siervas de María, Parroquia de San Vicente y San Antonio, Congregación Hermanitas Ancianos, Fontilles, Arzobispado de Valencia, Casa Beneficencia Hogar Infantil. Parroquia de San Roque, Parroquia Natividad de Nuestra Señora y Fundación Mariola la Asunción. (22/03/06)
Gabriel Gascón, alcalde de Dolores (Alicante) por el PP, adquirió cinco parcelas en zona de huerta el 29 de diciembre de 2004. Once meses después ese suelo se recalificó, fuera del PGOU, para la construcción de 2.664 viviendas y un campo de golf. El 10 de noviembre de 2005, sólo 15 días antes del pleno que recalificó el sector, Gascón vendió las fincas a un precio, en escritura, muy por debajo del que se pagaba en la zona. El PAI, promovido por el propio alcalde, se adjudicó a la empresa San José, propiedad de la familia de un miembro de la ejecutiva provincial del PP.
El alcalde y su hermano vendieron las parcelas a la empresa Rigal Inversiones Patrimoniales SL, mercantil que empezó a comprar suelo en la zona de huerta -unos 100.000 m2- un año antes de la recalificación. Rigal Inversiones es una empresa "próxima al alcalde". Según las escrituras públicas, el alcalde apenas ganó dinero con la operación de compra-venta. La adquisición la realizó a cinco vendedores distintos y la venta, a un solo comprador: Rigal Inversiones, por solo 47.000 €, según escritura.
Por esas fechas, a quince días de la recalificación, el suelo se pagaba a unos 50 €, según han declarado varios afectados por la recalificación, cifra muy distante de los 4,8 € que recibió el alcalde por cada metro que enajenó. Según figura en el expediente de recalificación del suelo, el padre del alcalde y los familiares de dos ediles del PP son propietarios de fincas en el sector que se recalificó. Sin embargo, tanto el alcalde como los dos concejales participaron en la votación para apoyar, en una misma sesión, la recalificación del suelo (1,6 millones de metros de huerta) y la adjudicación del PAI a la empresa San José.
La adjudicataria de las 2.664 casas y el campo de golf pertenece al grupo de empresas San José, de la familia de Antonio Rodríguez Murcia, concejal del PP de Orihuela alineado con el sector zaplanista y miembro de la ejecutiva provincial del PP designado directamente por su presidente, José Joaquín Ripoll. (02/04/06)
La empresa Gavina del Arsenal, SL ha realizado un negocio redondo con el Ayuntamiento de La Vila Joiosa. El pasado diciembre esta sociedad adquirió un solar en una zona verde por 18.000 € y sólo tres meses después llegó a un acuerdo con el Consistorio para permutar la parcela por un inmueble de titularidad municipal. El Ayuntamiento tasó su propiedad en 110.100 € y valoró la parcela de la empresa en 128.000, es decir 110.000 € más de lo que costó tres meses antes. El PP aprobó la permuta pese a las advertencias de la oposición antes del pleno.
La parcela adquirida por Gavina del Arsenal en diciembre de 2005 por 18.000 € quedó inscrita a nombre de esta sociedad en el Registro de la Propiedad de La Vila Joiosa el 20 de enero de 2006. En marzo, en una comisión informativa municipal, el concejal de Hacienda de La Vila, Isidro Cantó, llevó a dictamen una propuesta de permuta según la cual la finca de Gavina del Arsenal, de 256,6 m2, se permutaría por un inmueble de titularidad municipal. El informe de tasación, firmado por la arquitecto técnico, valoró la propiedad municipal en 110.100 € a fecha de 10 de octubre de 2005 y tasó la parcela de Gavina del Arsenal en 128.000, a fecha de 10 de diciembre. (03/04/06)
El Ayuntamiento de La Vila Joiosa (Marina Baixa) aprobó por mayoría absoluta, con el voto favorable del gobierno local, del PP, el Plan Parcial de Mejora 2 del Sector PP-1 Cales y Atalayes, que afecta a 5.000 viviendas ya finalizadas y habitadas en la Cala de Finestrat. Pero la propuesta del edil de Urbanismo, Amadeo Sánchez, es la misma que el Tribunal Superior de Justicia declaró nula de pleno derecho el pasado 27 de junio, al constatar que en el pleno de 4 de julio de 2002, cuando se aprobó, obtuvo diez votos favorables, cuando la mayoría absoluta es de once. El alcalde, José Miguel Llorca Senabre, defendió el procedimiento seguido escudándose en que ha sido "bajo el criterio técnico del secretario del Ayuntamiento". "La sentencia dice que se trata de un defecto de forma que se ha subsanado", concluyó. El plan afecta a 4.747 viviendas sobre una extensión de 1,05 millones de m2, afectando a 10.681 personas, según el PGOU. Esta no es la primera irregularidad urbanística en la zona, ya que a escasos metros se encuentra el Hotel Atrium Beach, paralizado y con una orden de demolición por exceso de edificabilidad. (21/07/06)
Familiares del alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona Zaragoza, del PP, han adquirido suelo en la zona de expansión del plan urbanístico de Porxinos y en otros puntos antes de la aprobación de los proyectos. El grupo municipal socialista denuncia la trama de intereses en una querella contra el alcalde y sus sobrinos Cristina Vázquez Tarazona y José Vicente Tarazona Campos, ambos concejales, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude e información privilegiada en la aprobación del plan de Porxinos del presidente del Valencia CF, Juan Soler.
Un juzgado de Llíria abrió diligencias previas para la ratificación de la denuncia, como paso previo a la admisión a trámite. La denuncia parte de la aprobación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos y se extiende a otras operaciones que la querella vincula a intereses familiares del alcalde. La Consejería de Territorio aprobó en julio el PAI de Porxinos, que el propio Soler no tuvo empacho en calificar como un "pelotazo urbanístico". La querella pide la paralización cautelar del plan y fianza de 300.000 € de los denunciados para hacer frente a posibles responsabilidades.
La hija del alcalde habría hecho "buen uso" de información privilegiada, ya que en "en plenas negociaciones para la aprobación y adjudicación del PAI de Porxino", en julio de 2004 compró terrenos en el PAI Calvari-Riolva, a 500 metros del anterior. El PAI fue votado favorablemente por el alcalde. En ese mismo plan se hizo con suelo otro sobrino del alcalde en junio de 2002. Este mismo familiar también compró terreno que entra en el PAI Cementeri, de uso industrial pendiente de adjudicación.La denuncia menciona también otras relaciones familiares ligadas al urbanismo. (19/10/06)
El proyecto del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Beniatjar, en la Vall d'Albaida, que prevé una urbanización de 150 chalés, recalificará una extensión de 470.000 m2 dentro de los cuales hay terrenos agrícolas de un concejal del PP de la localidad.La revisión PGOU de Beniatjar, según explica el alcalde de la localidad, Francisco Giner, también del PP, parte de hace diez años y en un principio preveía la ampliación del núcleo urbano que "estaba estancada por problemas técnicos". De este modo, Giner reconoce que "llegó una empresa promotora de Albaida y nos propuso esta urbanización, nos pareció bien y cerramos el plan", el cual se aprobó en fase de concierto previo con los votos en solitario del PP y la oposición del Bloc en el pleno. El nuevo plan urbanístico, además de los 150 chalés, contempla también la edificación de otras 100 viviendas respecto a una población actual en Beniatjar de 235 habitantes y un núcleo urbano que no llega a los 65.000 m2. (13/10/06)
El hermano del presidente de la comunidad autónoma ha avalado el préstamo concedido a una empresa beneficiada por el Gobierno regional. De esta empresa son socios el ‘número tres’ del PP en la región y uno de los dueños de Polaris, una sociedad repetidamente beneficiada con recalificaciones en ayuntamientos gobernados por el PP y en adjudicaciones de televisiones digitales.
La aparición del nombre del hermano del presidente de la Comunidad de Murcia como avalista en la sociedad "Ronda Sur Levante S.L.”, en la que son socios el número tres del PP regional, Antonio Sánchez Carrillo y uno de los dueños de la empresa Polaris, Facundo Armero, es el centro del huracán político que se ha desatado en al región. Así, el hermano del presidente, Ramón Luis Valcárcel, Carlos Valcárcel Siso, figura como avalista en un préstamo de 1.100.000 € para la compra de esta sociedad, que es propietaria de unos terrenos en el municipio de la capital. Antonio Sánchez Carrillo, concejal del Ayuntamiento de Murcia, votó en varias ocasiones a favor de otros proyectos urbanísticos de su socio y amigo, Facundo Armero, uno de los dueños de Polaris. (02/02/06)
El PSOE denuncia que el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del PP, participó en un pelotazo urbanístico en el centro de Murcia. La cooperativa a la que pertenece Valcárcel compró en 2003 un edificio por 13,126 millones de €, y dos años después vendió los bajos por 13,943 millones a una sociedad en la que estaban 16 de los 24 cooperativistas, pero no Valcárcel.
Con la venta, según los socialistas, éste pudo comprar su piso. Un portavoz del Gobierno regional afirmó que la intención de Valcárcel no es hacer negocio, sino convertir la casa "en su residencia habitual". Valcárcel ha conseguido un piso de 260 m2 en una de las principales calles de Murcia sólo con los beneficios de la venta de los bajos comerciales del inmueble. Los socialistas explican que la constructora Metrovacesa vendió en 2003 a la Cooperativa de Viviendas Gran Vía, en la que participa Valcárcel, un edificio de 7.000 metros por 13.126.104 €.
En fin, que se puede decir de un dirigente político que se hizo en voz alta una pregunta trascendental: “¿Por qué el agua tiene que ser para regar lechugas y no para hacer campos de golf?”. “Que nadie le diga a los murcianos lo que tienen que hacer con el agua”. Para terminar con el no menos inquietante “No hay que demonizar al ladrillo”. (28/02/06)
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha pedido por tercera vez a la consejería de Industria y Medio Ambiente la documentación relativa al proyecto de Puerto Mayor, informaron en una nota la asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Greenpeace.
Dentro del proceso judicial abierto tras el recurso presentado por ambas organizaciones contra el proyecto de Puerto Mayor, la sala ha dictado una resolución que ordena a la consejería que remita esa documentación antes de diez días, bajo apercibimiento de multa. En concreto, pide los datos del expediente del levantamiento de la suspensión de esas obras aprobado por el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, no enviada por el Gobierno regional en las dos ocasiones anteriores en las que se le pidió. Ambas organizaciones "entienden que si la consejería se niega de nuevo a entregarlo deberá procederse seguidamente a la apertura de diligencias penales contra sus responsables por la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial".
Según ANSE con este proceder los responsables de la consejería estarían "tratando de ocultar las graves responsabilidades en que podría haber incurrido Alvarado al acordar de forma improcedente el levantamiento de la suspensión de las obras ordenado antes por la Comunidad al comprobar que el proyecto era ilegal por ser contrario a las normas de Costas y de Medio Ambiente". (24/04/06)
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que dirige Manuel López Bernal, ha pedido al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, una prórroga para mantener abiertas varias diligencias informativas, entre ellas, las relacionadas con supuestas irregularidades inmobiliarias. El fiscal jefe pretende retomar tras el verano la solicitud de documentación sobre estos casos y la toma de declaración a los afectados que aún no han sido citados.
Entre las diligencias que el fiscal jefe quiere proseguir se encuentran las relativas a La Zerrichera, en Águilas; el supuesto tráfico de influencias en el convenio urbanístico sobre la Casa del Piñón, en La Unión, y el caso del parking de San Esteban, en Murcia. La solicitud de prórroga se refiere también a la investigación abierta sobre la presunta situación ilegal de una granja de cerdos ubicada en Cieza y que es propiedad del jefe del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y Agua, José Pastor. Esta ampliación del plazo de investigación elevada a la Fiscalía General del Estado se debe a que las diligencias informativas tienen que ser concluidas en el plazo de seis meses. (23/07/06)
El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia y número tres del Partido Popular en la Región, Antonio Sánchez Carrillo tiene relación con la empresa Polaris World. Esta firma tiene previsto urbanizar en la ciudad cerca de 600 viviendas. El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia y destacado dirigente del PP en la Región, Antonio Sánchez Carrillo, tiene negocios en común con Facundo Armero, quién compró en 2004 una amplia extensión de terreno urbanizable en el término municipal de Murcia y es además uno de los propietarios de la promotora Polaris World, que a su vez una de las empresas más beneficiarias dela Región de Murcia, tanto en recalificaciones urbanísticas como en adjudicaciones millonarias de la radiotelevisión autonómica o de TDT. En respuesta a estas acusaciones, el edil popular explicó que en su calidad de empresario de la construcción no se interesa por terrenos que no sean urbanos para evitar participar en recalificaciones que pudieran beneficiarlo e incurrir así en irregularidades.
Pese a las evidencias Antonio Sánchez Carrillo afirmó no ver razones para presentar su dimisión. Valcárcel le pidió a Sánchez Carrillo que reflexionara durante el fin de semana y tomara la mejor decisión, tanto para él, como para el Partido Popular. El presidente regional le aseguró que, tomara la decisión que tomara, seguiría contando con su apoyo. Así, tras ‘meditarlo’ el concejal continuó en su cargo. (20/01/06)
El Ayuntamiento de Murcia (PP) decidió recalificar más de 110.000 m2 de suelo a una cooperativa de viviendas que gestiona Novel Stamp, una empresa fundada por el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena Loperena. La solicitud de recalificación se produjo el 14 de febrero de 2003, cuando Berberena pertenecía al consejo de administración de Novel Stamp, que será la gestora de la cooperativa a la que meses después, ya como miembro del Ayuntamiento, se le permitiría construir las viviendas en plena huerta murciana, pese a que el plan general de Murcia lo desaconseja. Según la documentación, el Ayuntamiento de Murcia aprobó definitivamente la recalificación en octubre de 2003 a la cooperativa Joven Futura.
Berberena era entonces concejal de Urbanismo y había abandonado su actividad empresarial, vendiendo sus participaciones en esta empresa inmobiliaria en abril aquel mismo año, según aseguró . Ante las críticas de los socialistas, Berberena defendió en persona, en varios plenos, la conveniencia de recalificar los terrenos, basándose en que en dos años había perdido su valor ambiental. Esta decisión se tomó sin los informes técnicos necesarios y sin el estudio de impacto ambiental preceptivo.
El presidente de Joven Futura, Ricardo Zamora, confirmó a que cuando Berberena formaba parte de Novel Stamp esta empresa asesoró a Joven Futura en la presentación del documento y que, después de ser nombrado concejal, se reunió con él para hablar del proyecto urbanístico. (21/02/06)
El fiscal de la Audiencia provincial de Murcia ha abierto una investigación penal sobre las presuntas irregularidades cometidas por el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver.
La familia del arquitecto gestiona la mayoría de las grandes urbanizaciones que se están construyendo en la ciudad y el propio arquitecto es socio de dos importantes promotores. El fiscal jefe de la Audiencia provincial de Murcia, Manuel López Bernal, ha abierto diligencias de investigación penal de oficio para esclarecer las denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por el arquitecto jefe de Planeamiento Urbanísitico en el Ayuntamiento de Murcia, en excedencia por paternidad.
También ha abierto un expediente el colegio de Arquitectos de Murcia sobre las presuntas incompatibilidades de este arquitecto en relación a la actividad del estudio de arquitectos de su hermano y de su padre. Según denuncias recogidas en el sector, este estudio profesional estaría acaparando la mayor parte de los grandes proyectos urbanísticos en la capital mientras otros están sufriendo retrasos. Uno de los denunciantes aseguró que los proyectos para ser aprobados debían pasar necesariamente por el despacho del arquitecto jefe. Entre las promotoras que cuentan con el diseño de la empresa de Peñalver están Polaris World o Profusa, mientras que otras, como Famu, representan a empresas que han cedido suelo forestal en zonas remotas del municipio a cambio de aumentar la edificabilidad de las promociones urbanísticas aprobadas en el Ayuntamiento de Murcia, lo que les ha generado beneficios de 1.200 millones €. (21/03/06)
El Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el PP, ha firmado cuatro convenios con varias promotoras que les permitirán construir 20.000 viviendas donde estaban previstas 4.000. Los acuerdos, que quintuplican la edificabilidad de 4 urbanizaciones de la zona norte de la capital, reportarán a esas empresas unos 1.400 millones €. El municipio, del que es alcalde Miguel Ángel Cámara, recibirá a cambio de la ampliación aportaciones de los promotores por valor de 160 millones €, con los que el equipo de gobierno prevé saldar la deuda municipal. Las plusvalías millonarias que recibirán las 4 promotoras serán posibles gracias a un informe firmado por el jefe de Servicio de Planteamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, quien ha solicitado una excedencia, tras conocerse contenido del documento.
En ese informe se sostiene que el valor del incremento de edificabilidad añadida es de unos 120 €/m2, mientras que el precio que se está pagando en la zona norte de Murcia, donde se van a construir las urbanizaciones, es de unos 1.200 €/m2. El beneficio de la operación sería de unos 1.080 €/m2.
Una de las cooperativas de viviendas que ha iniciado los trabajos en la zona ha valorado el precio del m2 en 1.000 €, lo que supera en unos 880 € el precio determinado por el arquitecto jefe en su informe. Entre las empresas que se han visto beneficiadas por los cuatro convenios firmados están Profusa, Lo Navarro, Fadesa, Larache, Manuel Nicolás, Urbamur y Visionaria. (04/04/06)
A juicio de estos profesionales, estas variaciones introducidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) podrían favorecer la especulación urbanística. Fuentes judiciales indicaron a EFE que cuando se reciba el expediente se dará traslado del mismo al Colegio de Arquitectos para que puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas, lo mismo que podrá hacer la Comunidad Autónoma en defensa del mantenimiento de la resolución contra la que se recurre. En la presentación de recurso, el Colegio solicitó que hasta tanto la Sala entre en el fondo del asunto y resuelva su reclamación se proceda por la misma a ordenar la suspensión cautelar del acuerdo. (15/05/06)
Una de las mayores operaciones urbanísticas de Murcia está amenazada por la investigación judicial de la corrupción en Marbella. Lo Poyo es un polémico proyecto de Cartagena (Murcia) de recalificación de unos terrenos protegidos. En 2004, los terrenos fueron vendidos por 213 millones a sociedades del empresario vasco Javier Arteche. En la compraventa de terrenos, la investigación judicial ha hallado indicios del pago de dos millones de euros por parte de una sociedad de Roca en la fase de intermediación. La Kutxa (caja de ahorros de Guipúzcoa), que aportó fondos para esta gran operación inmobiliaria, ha optado por disolver nueve sociedades que tenía con Arteche para la promoción urbanística de esa zona.
Roca, el ex asesor urbanístico de Marbella planea sobre la macrourbanización de Lo Poyo. El número máximo de viviendas que se pueden levantar en Lo Poyo y en otra urbanización próxima, Montemayor, alcanza las 15.000. La Kutxa y Arteche destinaron a la compra de terrenos 213 millones € y se preveía una inversión de otros 1.000 para la construcción de las viviendas.
En enero de 2005, la finca Lo Poyo obtuvo una declaración favorable de impacto ambiental, y nueve meses después inició su reclasificación el Ayuntamiento de Cartagena (PP). La última palabra para dar luz verde a esta recalificación la tiene el Gobierno regional (PP). A juicio de los investigadores suscita sospechas el hecho de que el desembolso de 213 millones -amén del pago de Roca- para comprar los terrenos ocurra en marzo de 2004, cuando estaba prohibida su urbanización por sentencia judicial por carecer de informe medioambiental y un año antes de su aprobación por el Ayuntamiento. (25/09/06)
El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. Según la investigación del fiscal, el propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, ganó en dos años 75 millones € con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor. La fiscalía ha abierto diligencias también por la recalificación de otro terreno protegido en cuya compra intermedió el cerebro de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca.
La finca La Zerrichera está en un lugar privilegiado: cerca del Mediterráneo y de una sierra protegida y junto a la futura autovía Cartagena-Vera. El concejal del PP de Águilas José López compró junto a otros empresarios el suelo en 2004. Pocos meses después, el 15 de septiembre de 2004, vendió al promotor Trinitario Casanova. El concejal ganó 1,2 millones € y el constructor pagó 30 millones € por toda la finca. Entonces, las 240 hectáreas de suelo estaban calificadas como rústicas y un tercio estaba protegido por la UE como Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves.
El Ayuntamiento de Águilas aprobó en 2005 la recalificación de la finca para construir 4.100 casas y un campo de golf. El cambio de uso salió adelante con los votos del PP y de seis ediles del PSOE. Éstos fueron expulsados del partido por apoyar la recalificación. López dimitió tras publicarse que había ganado dinero en la venta. A principios de 2006, la Consejería de Obras Públicas aprobó el expediente y el terreno pasó a ser urbanizable. El consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, es amigo personal del constructor, según la investigación. La recalificación contó con el apoyo del entonces consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués. (20/10/06)
Izquierda Unidad ha presentado una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en la que acusan al alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, de los presuntos delitos de falsedad de documento público y prevaricación por su actuación en la aprobación de un convenio urbanístico en el paraje de Benís de este municipio. La denuncia fue presentada por el coordinador regional de la coalición, José Antonio Pujante, y el secretario de Ordenación del Territorio de IU de Cieza, Manuel Martínez, y en ella se acusa al alcalde de haber cambiado los planos de los terrenos afectados por este convenio que figuraban en el expediente municipal para ocultar que incluía varias fincas propiedad de una hermana de la concejal de Urbanismo.
Según los hechos expuestos en la denuncia, en el expediente de este convenio urbanístico sometido a Pleno y aprobado con los votos del PP el 24 de noviembre de 2004 figuraba un plano con los terrenos afectados que incluía varias fincas propiedad de María Fernanda Caballero Ríos, hermana de la concejal de Urbanismo, Concepción Marín-Blázquez Ríos.
Días antes de la aprobación, la empresa promotora, Dignitas S.L., realizó una presentación pública del proyecto y en la documentación facilitada figuraban los mismos planos con los terrenos de la hermana de la edil. El convenio comprende la recalificación de 270 hectáreas en el paraje de Benís para la construcción de 5.287 viviendas, un campo de golf y un hotel de 340 habitaciones. El primero de los planos, con las fincas de María Fernanda Caballero Ríos, lleva las firmas de los técnicos, el segundo, en el que han desaparecido estos terrenos, sólo va firmado por el alcalde y el secretario del Ayuntamiento, según la documentación que acompaña a la denuncia. (28/03/06)
La Fiscalía de Murcia investiga al Ayuntamiento de San Javier en relación a la urbanización Señorío de Roda, promovida por Peinsa, porque se comenzó a construir y puso en venta antes de aprobarse su plan parcial y proyecto de urbanización, y contó con informes contrarios de la Comunidad Autónoma, según fuentes jurídicas. El Plan Parcial de esta urbanización, ejecutada en varias fases desde 2004 y que está habitada ya en parte, fue aprobado de forma definitiva por el Gobierno de Murcia el 7 de junio de este año con su publicación en el Boletín Oficial de la Región.
La Fiscalía se ha interesado en saber si existió tráfico de influencias del primer edil hacia el propietario de Peinsa, Juan Gracia, quien constituyó en febrero de 2004 una sociedad con el alcalde de San Javier, José Hernández, y el promotor de Urdemasa, Santiago Martínez Esparza, entre otras personas, para construir varias viviendas particulares en Valencia.
El alcalde de San Javier, José Hernández, preguntado acerca de esta investigación, consideró "ridículo" que se le atribuya un supuesto trato de favor al promotor y defendió la legalidad de la actuación del Ayuntamiento en este proyecto de obra. El Ayuntamiento de San Javier aprobó definitivamente el plan parcial de esa urbanización en septiembre de 2004 sin haber subsanado irregularidades advertidas por un técnico de la dirección general de Vivienda que supervisó el expediente. (20/06/06)
El Ayuntamiento acaba de adjudicar las obras de construcción de la Facultad de Ciencias del Deporte a la empresa Urdemasa, que preside Santiago Martínez Esparza, amigo y ex socio del alcalde de San Javier, José Hernández. Con la contrata, la constructora de San Javier se embolsará 4.454.931,85 € de las arcas municipales por levantar el recinto universitario, según la decisión unánime de la Junta de Gobierno local, con el voto a favor del alcalde. De las tres empresas que se presentaron al concurso, finalmente resultó adjudicataria la unión temporal de empresas formada por Trimtor y Urdemasa, ésta última presidida por el ex socio del alcalde en la mercantil Valencia al Mar, una sociedad que se creó con fines inmobiliarios. Hernández asegura que “tras la polémica mediática surgida a causa de dicha sociedad decidí abandonarla sin que desde entonces mantenga ningún tipo de vínculo con las empresas participantes”.
El alcalde insiste en que “desde hace varios meses no tengo ninguna relación con la empresa Valencia al Mar”, a pesar de lo cual el Grupo Independiente llevará al fiscal la adjudicación de las obras y la vía utilizada para financiarlas, que implica también a la empresa Urdemasa. (17/10/06)
El portavoz municipal del PSOE en Mula, Juan Ballester, anunció que los servicios jurídicos del partido “están preparando la correspondiente denuncia” contra el concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos, por las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de los convenios urbanísticos de la Muela de Albudeite, Casa Alta, Los Chopos y la Muela de Don Evaristo, promovidos todos ellos por empresarios con los que el edil hizo negocios inmobiliarios. Ballester implicó al concejal en una “trama urbanística” para la recalificación de terrenos en Mula y se preguntó “qué tiene que ocurrir en el PP para que alguien asuma responsabilidades y dónde está la separación de lo público y lo privado”.
En la misma comisión, dos de las promotoras con las que Pérez de los Cobos hizo negocios inmobiliarios, Artecons y Urbincosta, presentaron otros dos convenios urbanísticos más, los de Casa Alta y Los Chopos, en los que solicitaban la recalificación de terrenos en estos parajes para la construcción de 5.800 y 900 viviendas, respectivamente.
Asimismo, otra de las promotoras que le compró los terrenos al concejal, Galba Inversiones, participa en la sociedad Mula Resort, al que el Ayuntamiento le recalificó terrenos en la Muela de don Evaristo para construir 2.800 viviendas. Ballester subrayó que Pérez de los Cobos “votó en dos ocasiones a favor de este convenio, lo que constituye una incompatibilidad manifiesta” a causa de las relaciones mercantiles que mantuvo con uno de los promotores beneficiarios. (27/06/06)
El alcalde de la localidad murciana de Torrepacheco, el ‘popular’ Daniel García Madrid, continúa trabajando como abogado para la constructora ‘Polaris World’, una de las más beneficiadas con contratos de obra en la región, a pesar de que había anunciado que dejaría este puesto si ganaba las elecciones, tal y como ha ocurrido. El alcalde de Torrepacheco manifestó que al acceder al puesto de primer edil en 2003 había abandonado cualquier relación profesional, en su calidad de abogado, con uno de los dueños de ‘Polaris World’. Sin embargo, distintos documentos señalan que Daniel García Madrid siguió representando ante los tribunales a la constructora un año después de que accediera al cargo.
El Grupo Independiente del municipio ha revelado que precisamente en esas fechas de 2004, el alcalde firmó dos convenios urbanísticos con dos empresas de ‘Polaris World’ por valor de casi diecisiete millones de euros. (03/07/06)
El Ayuntamiento de Jaén elevó en 14,5 millones de € el valor de una finca privada adquirida 10 días antes por 13,3 millones por la sociedad Dimostra Inmobiliaria S. L. Dentro de los convenios que el gobierno local, del PP, aprobó en el mes de noviembre, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo andaluza, llama la atención el suscrito con esta empresa, que se constituyó el 27 de octubre. En apenas 25 días, la sociedad adquirió la finca, negoció el convenio urbanístico con el Ayuntamiento y se benefició de la recalificación duplicando el valor de los terrenos. A cambio, Urbanismo se garantizaba el cobro por anticipado del 10% de los aprovechamientos urbanísticos cifrados en 2,8 millones.
La finca Viñasnuevas, de 23,9 hectáreas y ubicada junto al hospital Princesa de España de Jaén, pertenecía a la familia Sainz Monzón. El pasado 12 de noviembre fue adquirida por la sociedad Dimostra Inmobiliaria S. L. por 13,3 millones de €. La empresa, con domicilio social en Pozuelo de Alarcón (Madrid), se había constituido oficialmente el 27 de octubre con un capital social de 3.100 €. El administrador único de la sociedad es José Victor Rodríguez Silva Sánchez. El 22 de noviembre, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén aprobó un convenio urbanístico con esa empresa. El convenio permitió recalificar los terrenos (pasando de suelo rústico a urbanizable), con lo que se incrementó el valor de la finca hasta los 28,8 millones de €. En diez días, por tanto, el valor de la finca creció en 14,5 millones de €.
A través de ese convenio, el Ayuntamiento jiennense cobró por anticipado el 10% de los aprovechamientos urbanísticos, unos 2,8 millones € (más otra cantidad igual por los sistemas generales), una medida que pocos días prohibió la nueva Ley del Suelo de Andalucía, que entró en vigor el 12 de diciembre. (22/01/06)
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga prevé la recalificación de una zona verde de 17.557 m2 en el monte Gibralfaro que pertenece desde hace 6 años al presidente de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, imputado de presunto delito de cohecho por el juez instructor de la Operación Malaya. El grupo inmobiliario proyecta construir 22 viviendas unifamiliares en la parcela recalificada.
La parcela en cuestión, en la que hay un viejo caserón en ruinas, se preservó en los dos planes generales anteriores por su valor ecológico, con una densa arboleda de pinos y eucaliptos, y por presentar además una fuerte pendiente.
En el PGOU de 1983 fue calificada de suelo no urbanizable, y en el actualmente vigente, de 1997, se consideró zona verde en sistema general de áreas libres, tipificación que permitía a sus propietarios recibir algún tipo de compensación.
En 1999, el presidente del grupo Aifos compraron 11.000 m2 de la parcela al 50%, según consta en el Registro de la Propiedad. Ahora, en la revisión del PGOU que fue aprobada inicialmente por el pleno municipal el pasado 26 de julio con los votos de la mayoría del PP y el rechazo de los dos grupos de la oposición (PSOE e IU), la parcela en cuestión pasa a ser catalogada como suelo urbano no consolidado. Al amparo de esta recalificación, y según el documento del PGOU, se permitirá construir en la zona una promoción con 22 chalés, 15 de ellos en régimen de vivienda libre y siete como VPO; aunque la promotora podría pagar al Ayuntamiento una compensación para trasladar a otra zona este cupo de vivienda protegida. El plan otorga a la parcela un techo edificable total de 2.201,65 m2. Cada una de las 15 viviendas libres tendrá 220 m2, y las protegidas, si finalmente se ejecutan, 94 m2. La falda del monte Gibralfaro se ha convertido en una de las zonas residenciales más estimadas por los malagueños. S
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha asegurado no tener "ni idea" del asunto. Pero parece ser que el Ayuntamiento de Málaga tiene firmados al menos dos contratos con Aifos para el patrocinio en exclusiva del Salón Inmobiliario del Mediterráneo y el copatrocinio del Festival de Cine Español. El presidente del grupo Aifos, Jesús Ruiz Casado, está imputado por el juez que instruye el caso de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella de un presunto delito de cohecho, y desde el 29 de junio se encuentra en libertad bajo fianza de 500.000 € tras permanecer nueve días en prisión. (08/08/06)
La Junta de Andalucía ha puesto una multa de 873.520 € (unos 145 millones ptas.) a la sociedad Pago de Río Seco, de la que es copropietario el concejal de Medio Ambiente de Nerja, José Miguel Jimena (PP), por realizar parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable protegido, en una zona rural que se ha convertido ya en una urbanización con ocho viviendas unifamiliares. La sociedad infractora deberá, además, demoler el vial de acceso y las conducciones de luz y abastecimiento de agua realizadas contra la ley, en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de la sanción.
El artículo 66 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que se considerará parcelación urbanística en terrenos catalogados de no urbanizable la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que puedan inducir a la formación de nuevos asentamientos. Las inspecciones realizadas por técnicos de la Consejería de Obras Públicas han constatado que así ha sido en este caso, al estar construidas ya ocho viviendas, un carril asfaltado de acceso, servicio de abastecimiento de agua y red eléctrica. También se ha hecho publicidad de venta o alquiler de las parcelas y viviendas, entre las que hay una distancia inferior a los 50 metros mínimos que estipula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en el municipio de Nerja. Al tratarse de una infracción muy grave y penada con más de 500.000 € de multa, la resolución del expediente iniciado en febrero de 2004 ha sido adoptada por la propia consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez. (2005)
El decano del Colegio de Abogados de Cádiz, José Antonio Gutiérrez Trueba, cuestionó la actuación del bufete de abogados del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento gaditano, José Loaiza, al considerar que uno de sus socios incurrió en incompatibilidad al representar como letrado al promotor inmobiliario Enrique Arroyo, señalado como asustaviejas (personas que recurren a las coacciones para desalojar inmuebles) por dos dirigentes vecinales de la capital. El decano del Colegio de Abogados aludió al artículo 6 del Código Deontológico de la profesión, que detalla que todas las limitaciones de uno de los socios de un bufete, como es el caso del edil de Urbanismo, son extensibles al resto de letrados que lo conforman.
Este artículo pudo transgredirlo este bufete cuando el abogado Alfonso Pozuelo, marido de la edil popular Mercedes Colombo y socio de Loaiza, fue el letrado del promotor Enrique Arroyo en una denuncia por un caso urbanístico. "Una persona con responsabilidad política no debe intervenir en ningún asunto de urbanismo desde su despacho y tampoco, por extensión, sus socios", dijo Gutiérrez. (2005)
58. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN: LA CONSTRUCTORA AIFOS DONÓ 90.000 EUROS AL CONSISTORIO GOBERNADO POR EL PP
La inmobiliaria Aifos, intervenida judicialmente en el transcurso de la Operación Malaya contra la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales en la Costa del Sol, ingresó en el ayuntamiento de La Línea de la Concepción(Cádiz), gobernado por el exgilista, Juan Carlos Juárez, ahora en las filas del Partido Popular, 90.000 euros en concepto de donación. Según refleja el escrito, "el 15 de julio de 2004, la mercantil Arquitecturas y Promociones Inmobiliarias (Aifos) dona 90.000 euros al ayuntamiento para la celebración de actos culturales, conciertos y actividades de ocio y taurinas". El documento en cuestión se encuentra firmado por Manuel Torres Ojeda y Juan Carlos Juárez, quien ha venido negando durante mucho tiempo la presunta relación de la inmobiliaria Aifos y el ayuntamiento linense. (29/09/06)
El edil de Urbanismo de Rota (27.000 habitantes, Cádiz), Antonio Peña (PP), está imputado por prevariación en la tramitación de un expediente de urbanización en suelo privado, cuya empresa propietaria le acusa de hacerse de forma ilícita con la titularidad mayoritaria de la parcela. Quiere volver a presentarse en las próximas elecciones municipales de 2007. (02/10/06)
El juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha determinado en un auto la apertura de una investigación para esclarecer la presunta vinculación del alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, del PP, en la trama de corrupción urbanística del caso Camas (Sevilla), a raíz de la denuncia que en octubre pasado presentó Los Verdes. La juez del caso, María Luisa Claro, establece en el auto que de los hechos se presume "una posible existencia de una infracción criminal".
La investigación se va a centrar en esclarecer la reunión mantenida en un hotel de Punta Umbría el 21 de enero de 2005 por dirigentes y concejales del PP de Huelva y de Sevilla, y en la que estuvo presente el alcalde. En ese encuentro los dirigentes populares trataron presuntamente de comprar el voto de la ex concejal popular de Camas, Inmaculada Larrinaga, para convencerla de que no apoyara la moción de censura contra el alcalde de esa localidad sevillana, Agustín Pavón (IU).
La juez argumenta que aunque "no están determinadas la naturaleza y circunstancias" de lo que la organización conservacionista considera "trama urbanística", ni tampoco "las personas que en ella han intervenido, es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable". La voluntad de la magistrada es en un primer momento llamar a declarar a las personas que asistieron a la reunión celebrada en Punta Umbría, que según la denuncia de Los Verdes, son José Carlos Hernández Cansino, la alcaldesa de Olivares, María Victoria Fraile (PP), y el concejal de Castilleja de Guzmán (Sevilla) Aureliano Lucas (PP). (11/01/06)
60. GIBRALEON. EL ALCALDE PRESENTA UN INFORME SOBRE LA TRAMA URBANÍSTICA DEL PP
El alcalde de Gibraleón (Huelva), Juan Serrato, presentó un informe realizado por una empresa pericial de tasación de terrenos avalada por el Banco de España según el cual el PP pretendía poner en marcha cuatro convenios urbanísticos por los que el Ayuntamiento de Gibraleón dejaría de ingresar 5,3 millones de euros.
En rueda de prensa, Serrato, que puntualizó que los convenios están paralizados porque están pendientes de revisión antes de incorporarse al PGOU de la localidad, indicó que este informe se remitirá al juzgado para que se incorpore a la denuncia interpuesta por Los Verdes contra estos convenios por presunta "corrupción urbanística"
El alcalde de Gibraleón aseguró que este informe "demuestra que la moción de censura presentada contra el anterior equipo de Gobierno del PP estaba justificada para impedir que se le robara a Gibraleón con convenios urbanísticos para beneficiar a determinados promotores que, además, tendrían unos beneficios de más de once millones de euros".(08/02/06)
El alcalde de Lanjarón, José Rubio (PP), ha optado por recalificar a un particular unos terrenos para que construya un polígono industrial privado, antes que utilizar -para atender las demandas de suelo de los empresarios locales- la parcela municipal de 50.000 m2 preparada para ello desde hace una década. El alcalde pretende destinar este terreno para un complejo turístico.
Para ello no dudará en venderlo a los promotores y recalificarlo. Curiosamente, la parcela linda por el oeste y el norte con una finca propiedad de 15.000 m2 propiedad de José Rubio. En estos seis años, dicen los empresarios, el alcalde no ha querido "tocar" los terrenos y ahora ha comenzado a proyectar otro polígono en terrenos particulares, una parte de los cuales necesitan también de una recalificación al ser rústicos. El alcalde asegura que este polígono da respuesta a las necesidades del empresariado local. (2005)
La Fiscalía especial de Ordenación del Territorio de Vigo prevé concluir la investigación sobre las frustradas recalificaciones de unos terrenos de Nigrán comprados a precio reducido por Metrowest Europa, integrada por varios empresarios y directivos del Celta. Tras estudiar los datos que obran en su poder, el ministerio público mantiene, por el momento, sus sospechas iniciales. Las averiguaciones realizadas llevan a pensar que los implicados en la operación pudieron beneficiarse de información privilegiada y haber incurrido en un delito de negociaciones prohibidas y otro de tráfico de influencias.
La acusación continúa con la recopilación y estudio de toda la documentación y todavía no ha decidido quiénes serán las personas que tendrán que desfilar por su despacho. El fiscal no descarta a nadie en su lista de citaciones, ni siquiera al alcalde de Nigrán y ex directivo celeste, Alfredo Rodríguez. Recientemente, el regidor nigranés contactó con la Fiscalía para confirmar si tendría que trasladarse a Vigo a prestar declaración. El responsable del departamento especial le contestó que, por el momento, aún no le fue posible decidir la lista de citaciones, por lo que no le podía dar una respuesta en firme. Todo dependerá de los resultados finales de las indagaciones que, durante tres meses, realizó un equipo del Seprona de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales. El fiscal especial, Juan Carlos Aladro, calificó la pesquisa de “seria y complicada”. La investigación está prácticamente concluida y ahora el ministerio público repasa la documentación con el fin de elaborar un cuestionario con el que interrogar a los implicados. Una vez oída la versión de estos, decidirá si halla indicios suficientes para llevar adelante la acusación mediante la presentación de una querella en el juzgado o, por el contrario, archiva el caso. Desde junio, la Fiscalía ha realizado pesquisas en el Concello para localizar documentos incriminatorios que revelasen operaciones fraudulentas, transferencias de capitales y otros movimientos extraños en torno a dichos solares. El departamento remitió un oficio al Concello para que le informase del Plan General que iba a aprobar en el pleno boicoteado por los vecinos. (20/09/06)
El alcalde de Tui, el popular Antonio Feliciano Fernández Rocha, volvió a sentarse en el banquillo de los acusados por un nuevo supuesto caso de prevaricación urbanística. Junto a él también estuvieron los concejales José Prada Álvarez, José Manuel Sousa Sousa, Moisés Rodríguez Pérez, Telmo Martínez Ramos y Alfredo Alonso Acuña, así como el aparejador municipal y la asesora jurídica del citado ayuntamiento. Para todos ellos, el fiscal solicita ocho años de inhabilitación y el pago de 7.200 €.
Durante la primera jornada de esta vista oral, que se celebró en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra, el regidor municipal reconoció que la corporación aprobó la concesión de la licencia de rehabilitación del Casino viejo de Tui así como de construcción de un edificio de nueva planta en la parte posterior del citado inmueble. Aludió a que tal aprobación contó con informes previos de los técnicos municipales, ya que “los políticos no vemos los proyectos”, al tiempo que aseguró que ni para él ”ni para los técnicos [el edificio] está dentro del conjunto histórico” de Tui.
Sobre el hecho de que Patrimonio hubiese permitido la rehabilitación del casino, pero no así la construcción del segundo edificio, el regidor municipal tudense se defendió asegurando que ”no se pueden dar licencias a medias” para los proyectos. Asimismo, reiteró que si bien tiene conocimiento de la existencia de una zona clasificada como Bien de Interés Cultural, ”es el conjunto histórico y no la zona de la que hablamos”.
La concesión de esta licencia por parte de la corporación municipal es definida por el fiscal como un “claro desprecio de la legislación vigente al haber vulnerado conscientemente la normativa urbanística”, un hecho en el que los dos técnicos procesados habrían jugado un papel importante: ”Contraviniendo grave y conscientemente la legislación urbanística [...] emitieron sus respectivos informes técnico y jurídico estimando aplicable a la parcela en cuestión la ordenanza primera -relativa a suelo urbano y, por lo tanto, no precisa de un informe vinculante por parte de Patrimonio- y no la quinta -que sí requiere de tal informe y es muy restrictiva a la hora de realizar modificaciones de la estructura existente-”. (19/10/06)
Desde la plataforma No volem la autopista apuntan que el proyecto de construcción de autovías en Ibiza podría favorecer económicamente al ex ministro de Exteriores Abel Matutes. Según afirman, al margen de que su hija, Stella Matutes, sea la consellera de Vías y Obras del Consell Insular, “hay cosas coincidentes como que, por ejemplo, el vial de salida de la autovía del aeropuerto estará situado justo en la urbanización Canrespalls, de la familia Matutes; o que la cantera que logró la concesión para la construcción de las vías sea también del ex ministro, o que Abel Matutes pertenezca al consejo de administración de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa adjudicataria de la obra”.
Esta sospecha la comparte el diputado socialista por Baleares José Ramón Mateos, que acota que “el hecho de que el PP tenga un interés tan grande en esta obra nos hace pensar en intereses económicos ocultos. De hecho, el Consell Insular cambió la redacción inicial del Plan Territorial Insular (PTI) para que pudiesen abrirse nuevas canteras en zonas protegidas en mayo de 2005. Se da la circunstancia de que el grupo empresarial Matutes y Matías Arrom Bibiloni (MAB) había comprado meses antes una de esas canteras”. (22/02/06)
65. AYUNTAMIENTO DE IBIZA: EL FISCAL SOLICITA CÁRCEL PARA UN ALCALDE DE IBIZA POR PREVARICACIÓN
La fiscalía acusa al alcalde de Sant Josep de Ibiza, José Serra, del PP, y a los cinco concejales de su equipo de gobierno en 1992 de un presunto delito de prevaricación urbanística y solicita para cada uno una condena de dos años y medio de cárcel y 12 de inhabilitación. Serra y su equipo autorizaron supuestamente la construcción de una residencia de 300 m2 sobre la cima del monte Puig d'en Serra, en un enclave protegido, y extendieron la licencia municipal a pesar de los informes adversos de los funcionarios y técnicos. El fiscal ha presentado el escrito de calificación y ha solicitado la apertura de juicio. Sin embargo, la defensa del alcalde -el hombre fuerte del PP en Ibiza, que tiene otras causas abiertas- alega que el delito del que se le acusa ha prescrito. (23/07/06)
La actual consellera d'Agricultura, Margalida Moner, otorgó en el año 2002, cuando era alcaldesa de Andratx, una licencia de obras para la construcción de 15 edificios plurifamiliares, con un total de 96 viviendas, Montport, en el Port de Andratx. Esta zona es inedificable desde el año 1991, cuando fue incluida en la Ley de Espacios Naturales (LEN) como Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). Actualmente se construyen 20 edificios. Un juez investiga las diferentes licencias otorgadas por el Ajuntament d'Andratx después que la Fiscalía haya observado indicios de delito a partir de una denuncia de la Guardia Civil.
La licencia otorgada cuando presidía el Consistorio Margalida Moner se aprobó en una comisión de gobierno celebrada en marzo de 2002, estando presentes los concejales Eugenio Hidalgo, actual alcalde y responsable también entonces de Urbanismo, Llorenç Suau, y la misma Margalida Moner. (22/07/06)
El ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal (PP) declaró ante el juez que pidió personalmente a diez alcaldes de su partido certificaciones que acreditasen la participación de la Agrupació de Cavallistes del municipio, a la que Vidal pertenece, en diferentes festejos de la Isla con el fin de conseguir la declaración de interés general para una edificación en suelo rústico propiedad de su familia. Vidal especificó que a ninguno de esos diez alcaldes o tenientes de alcalde les explicó para qué necesitaba esas certificaciones. Vidal declaró ante el titular del juzgado de Instrucción número 8 de Palma, Antoni Rotger, por la denuncia presentada ante las presuntas irregularidades de esas certificaciones, ya que la Agrupació de Cavallistes de ses Salines fue constituida legalmente en 2001 y esos documentos municipales certifican supuestas actuaciones anteriores que se remontan hasta 1994. Con las certificaciones, Vidal consiguió del Consell una declaración de interés general para una edificación en suelo rústico que serviría como sede de la Agrupació de Cavallistes. Al destaparse el tema, la institución suspendió el interés general y Vidal dimitió. (19/04/06)
Las decisiones de política urbanística del Ayuntamiento del municipio turístico de Andratx, en Mallorca, comandado por el alcalde Eugenio Hidalgo, del PP, están siendo investigadas por la Fiscalía de Baleares, que ya ha concretado su acción en dos denuncias contra el alcalde por supuestos delitos medio ambiental y de prevaricación. El fiscal especializado en temas ecológicos y delitos urbanísticos, Adrián Salazar, indaga una decena de supuestos casos de corrupción urbanística.
Una de las denuncias alude a la autorización administrativa para levantar en una zona rural boscosa altamente protegida hasta veinte edificios que suman 150 viviendas, en el Port d'Andratx. La segunda causa hace referencia a la construcción de una residencia de dos plantas, de 100 m2, propiedad del alcalde Hidalgo, sobre un porche agrícola que, aparentemente, no podía ser ampliado por la calificación y dimensión del terreno. (22/07/06)
La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha decidido abrir, tras archivar las diligencias por el llamado caso cintas, una segunda investigación para depurar los casos de posible corrupción urbanística en Santa Margalida. El teniente fiscal Ladislao Roig, en el decreto de archivo de la investigación afirma que, a pesar de la posible invalidez como prueba de la grabación magnetofónica aportada al caso, existe "una conversación mantenida entre dos personas (supuestamente el alcalde del PP Antoni Del Olmo y el ex alcalde de Unió Mallorquina Jaime Ribot) de la que se deriva, sin ningún género de dudas, la entrega de seis mil euros de uno de los intervinientes a otro (Ribot a Del Olmo)".
El decreto de archivo fue hecho público y en él se informa de la apertura de las segundas diligencias informativas por parte de la fiscalía. La investigación pretende clarificar si las sospechas sobre la existencia de un entramado de corrupción basado en recalificaciones de solares a cambio de sobornos, y en el que estarían implicados, además del alcalde Del Olmo, otros concejales y empresarios de la localidad son ciertas. Ladislao Roig ha decidido, como primera medida, unir a la nueva causa la pormenorizada declaración efectuada por Mateu Ferrer, el periodista que destapó el caso, ante la Guardia Civil.
Ferrer, en seis apretados folios, expuso a los investigadores el resultado de su investigación periodística en torno al supuesto entramado de trasiego de comisiones millonarias enmarcado en el proceso de revisión de las Normas Subsidiarias de Santa Margalida. El redactor aportó datos muy pormenorizados que permitían interpretar muchas de las claves de la conversación entre Del Olmo y el empresario Ribot. El número dos de la fiscalía atribuye la nulidad como prueba de la cinta, a dos circunstancias: el desconocimiento de la autoría de la grabación y la mala calidad de su sonido, constatada por la Guardia Civil. (19/09/06)
Ni Del Olmo, defendido por Rafael Perera, ni Ribot, representado por Eduardo Valdivia, han reconocido su participación en la charla, ni han admitido la grabación de la misma. El fiscal censura esta actitud: "ninguno de los dos interlocutores ha tenido la valentía ciudadana de reconocer formalmente haber sido él el autor de la grabación" . Roig añade a continuación que, pese a todo, son "los dos únicos sospechosos" de haber mantenido la reunión y de haberla registrado en la cinta.
El día 11 en el Juzgado de Ciutadella declaraban los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento por el caso de la permuta de la Calle de la Creu con la Calle Glosador Vivó. Los Partidos de la Oposición del Consistorio habían presentado una denuncia al Fiscal anticorrupción que acabó con la presentación en septiembre 2005, de la querella del Fiscal mallorquín Joan Carrau contra el Teniente de Alcalde de Urbanismo de Ciutadella, Avelino Casasnovas del PP por los presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias, fraude, negociación prohibida a funcionarios y abuso de la función pública.
Los antecedentes son estos: Casasnovas se interesó como Concejal en la compra a un jubilado, de unos terrenos de 109 m2 ubicados en el Camino de Mahón; el propietario rechazó esta oferta y el Concejal le ofreció 24.000,00 € con un matiz: No sería el Ayuntamiento el que abonaría esta cantidad sino el empresario mallorquín Antonio Picó, amigo por cierto del Teniente de Alcalde. El Portavoz del Fórum Ciudadano Luis Camarero, denunciaba que el Ayuntamiento había engañado a este propietario.
Medio año más tarde el Ayuntamiento de Ciutadella le ofrecía a Picó permutar sus 109 m2 por un solar municipal edificable de 105 m2 ubicado en la Calle Glosador Vivó, a cambio de que el empresario mallorquín le diese al Ayuntamiento 20.000 € adicionales. El argumento del Consistorio para llevar a cabo esa permuta fue el interés de Cruz Roja por instalarse en los terrenos del Camino de Mahón; traslado que nunca llegó a materializarse. De todo ello los Grupos de la Oposición extrajeron que el Ayuntamiento dispensaba trato de favor al empresario mallorquín y es que el precio por m2 de la parcela que se le cedió se fijó en 1.200 €, cuando terrenos próximos a la zona sólo costaban 110,00 €/m2. (14/05/06)
La concejal de Festejos del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas), Guadalupe López, y su marido, Salvador Santana, fueron detenidos en el marco de la Operación Faycán, que investiga un caso de corrupción en esta corporación canaria. López ha quedado en libertad con cargos; Santana, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, está imputado por malversación de caudales públicos y usurpación de funciones. La nota añade que el juez instructor del caso Faycán, Javier García, citará en los próximos días a la concejal de Festejos, perteneciente al PP, para tomarle declaración. La detención de López y de su marido forma parte de las investigaciones que sigue el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de Telde sobre la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales. En total, 16 personas, entre políticos, empresarios y empleados municipales, figuran como imputados en esta presunta trama de corrupción que salió a la luz pública el pasado 1 de marzo, cuando se produjeron las primeras detenciones; entre ellas la de otra concejal, Antonia Torres, también del PP. El alcalde de Telde, Francisco Valido (PP), anunció que no presentará su dimisión. (27/09/06)
El Partido Verde Canario ha puesto hoy en conocimiento de la fiscalía anticorrupción las posibles implicaciones del presidente del PP en Fuerteventura, Domingo González Arroyo, al conceder una licencia urbanística, cuando era alcalde de la Oliva, para la construcción de una mansión en un el espacio natural protegido de Malpais de la Arena al que entonces era su Yerno. Se da la circunstancia de que La Sala de lo Penal del TSJC ha ordenado la apertura de juicio oral contra Domingo González Arroyo por presuntos delitos de prevaricación e intrusismo profesional por contratar durante cinco años como topógrafo a la misma persona supuestamente beneficiada por la licencia urbanística.
Además afirma los Verdes que el PP mintió al Parlamento de Canarias para proteger a Domingo González Arroyo, ya que, según Los Verdes ”En la respuesta a una de una pregunta parlamentaria referida a la construcción de la citada vivienda ilegal en suelo protegido, formulada por D. Eustaquio Juan Santana Gil del Grupo Parlamentario. Socialista canario, el secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, en manos del PP en aquella época, negó que la citada vivienda, estuviese en espacio Natural Protegido. Tal como ha quedado registrado en el el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias Número 97 del 17 de julio de 1998. (15/05/06)
73. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA: RECALIFICAN TERRENOS DE LA FAMILIA DE UN CONSEJERO AUTONÓMICO
La recalificación como "suelo urbanizable no delimitado" de dos parcelas de 32,5 hectáreas que figuraban como "suelo rústico de entorno urbano", a las afueras del norte del casco urbano de la ciudad, fue denunciada como "el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Salamanca" por el grupo socialista en el Ayuntamiento. La propiedad del 10% de esos terrenos corresponde a la esposa y cuñados del secretario general del PP en Castilla y León y consejero de Presidencia del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco.
El terreno se encuentra a la salida de la capital, en las inmediaciones del pabellón Multiusos, sobre las colinas de Las Cabezas y Peñiscas II. Los dos espacios, junto con otros tres cerros, figuraban en el PGOU como "suelo rústico de entorno urbano", en el que la Ley del Suelo de la comunidad autónoma prohíbe "las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada". Con la decisión tomada por el PP de eliminar de ese suelo las 32,5 hectáreas, al margen del informe técnico de los redactores, se podrán construir 73 viviendas de 100 m2 sobre las lomas calificadas no urbanizables dados "sus valores paisajísticos como elementos morfológicos singulares". (24/10/06)
La Junta de Castilla y León acordó recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que impide talar un pinar protegido en las Navas del Marqués (Ávila). La sentencia vetó la urbanización, impulsada por la Junta, por afectar a la zona de cría de la cigüeña negra, entre otras especies protegidas. La portavoz vicepresidenta primera, María Jesús Ruiz, afirmó que la sentencia genera "precedentes muy preocupantes" y "de imprevisibles consecuencias" que calificó de "lesivas" e "impensables" para todas aquellas Zonas de Protección para las Aves. Y afirmó que impediría centenares de urbanizaciones. Por ello, concluyó: "Es una sentencia que no podemos compartir". El ayuntamiento de las Navas del Marqués, del PP, también recurrirá. Las dos administraciones mantienen su apoyo a la construcción de 1.600 chalés y cuatro campos de golf en un pinar de alto valor ecológico aunque eso suponga la tala de 35.000 árboles.
El Ayuntamiento, la Junta y la Diputación fundaron una sociedad que impulsó la recalificación y pactó con un constructor de Murcia la edificación de 1.600 chalés, cuatro campos de golf y un hotel en un pinar considerado de especial protección para la cigüeña negra, el águila imperial, entre otras especies. El constructor, Francisco Gómez, El Paloma, se adjudicó una parcela que era pública y que la Junta recalificó. Los responsables de la Junta que recalificaron tomaron la decisión años antes de pedir informes técnicos.
La Junta le autorizó a talar más de 35.000 pinos maduros y le exigía repoblar 200 hectáreas. La sentencia criticó la urbanización, afirmó que no hay interés público en la obra, que "vulnera frontalmente" el plan de recuperación de la cigüeña negra de la Junta y se preguntó por qué la administración autonómica no urbaniza en la zona que pretendía repoblar en vez de en el pinar maduro. Todo ello, pese a que los técnicos de la Junta de Castilla y León informaron en al menos tres ocasiones contra la construcción de 1.600 chalés, un hotel y cuatro campos de golf en un pinar protegido de Las Navas del Marqués.
Además de todo lo dicho, se ha sabido que el constructor Francisco Gómez, El Paloma, obtuvo 215 hectáreas de terreno protegido por casi el mismo precio que había ofrecido por la mitad del terreno. La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila) pactaron con él en 2001 la construcción de una gran urbanización en el pinar e incluso le encargaron que diseñara el proyecto, años antes de iniciar los trámites urbanísticos y ambientales. En la compraventa, la empresa pública se comprometía a indemnizar al constructor si no recalificaba el terreno en dos años.
El constructor Francisco Gómez, alias El Paloma, acordó en 2001 "su intención de adquirir 95 hectáreas por 9,157 millones €" a la empresa pública Montes de las Navas, que acababa de comprar 7.000 hectáreas de monte por 9 millones € a Resinera Española. La empresa Montes de las Navas fue fundada por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila (todas del PP) con el objeto oficial de proteger el monte; aunque se dedicó a recalificarlo y urbanizarlo. El Paloma, según el acta del consejo de administración de la empresa de 21 noviembre de 2001, ya advertía de que podía necesitar otras 50 hectáreas que tendrían "otras compensaciones en función de la clasificación del terreno". (12/10/06)
La Junta de Castilla y León dio luz verde a los tres campos de golf en Villanueva de Gómez, un pueblo de 143 habitantes de Ávila. Los representantes de la Junta sacaron adelante el proyecto en la comisión provincial de Urbanismo con los votos en contra de la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que no sabe de dónde saldrá el agua, ya que el pueblo se abastece con cubas. El proyecto lleva aparejada la construcción de 7.500 chalés, para los que ya se han talado unos 10.000 pinos maduros.
La comisión provincial ambiental de Castilla y León vivió una jornada atípica de discusiones. De los 16 miembros que integran la comisión, el proyecto salió adelante tras recibir cinco votos en contra, los correspondientes a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), UGT, Comisiones Obreras, el representante de las organizaciones ecologistas y el de la Confederación Hidrográfica del Duero. La Junta impuso su mayoría y, apoyada por la Diputación y los empresarios, recomendó a la Consejería de Medio Ambiente que apruebe el proyecto.
El delegado territorial del Gobierno regional en Ávila, Francisco José Sánchez, manifestó en la reunión que "la urbanización es progreso y empleo" y que "no hay otra alternativa para la zona", y llegó a invitar a pasar al promotor para que explicase las bondades de su urbanización, según fuentes presentes en la reunión. El voto en contra de la Confederación Hidrográfica del Duero "nos debe preocupar por el desarrollo del proyecto", ya que "en la propia reunión ya nos han advertido de que van a ser restrictivos con las concesiones de agua que, para este proyecto, son básicas", señaló Sánchez, que también afirmo que el campo de golf se regará "con el agua residual de las urbanizaciones, aunque para que éstas la produzcan primero tienen que recibir agua limpia".
El expediente aprobado por la Comisión de Prevención Ambiental será tramitado a la Consejería de Medio Ambiente, quien tiene que elaborar la declaración de impacto ambiental. La urbanización incluye 7.500 viviendas y tres campos de golf. (19/10/06)
76. CEBREROS: DIMITE LA ALCALDESA TRAS UNA ACUSACIÓN DE IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS
La que ha sido alcaldesa de Cebreros desde 1985, Pilar García (PP), presentó su renuncia como primera edil de su pueblo. Aseguró en un comunicado que la intención de esta actuación ha sido la de "defender las gestiones municipales y el interés general de mi pueblo ante cualquier situación de duda creada con las manifestaciones que se han vertido sobre ella en los últimas días". Se refiere Pilar García a las acusaciones formuladas por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Cebreros que la acusaron de un posible "conflicto de intereses" urbanístico.
En ese comunicado, Pilar García asegura textualmente que su renuncia se debe a la importancia que tiene para ella el futuro de los vecinos de su pueblo -tanto los que la votaron como los que no-. Insiste en que ha gobernado por el interés general, basando su gestión en la eficacia, la transparencia y la honorabilidad de su persona, "valores que la han guiado en todo momento". Pilar García reconoce que se va triste pero a la vez satisfecha por haber dedicado parte de su vida a "hacer cosas buenas por mi pueblo". (22/02/06)
El magistrado de Instrucción nº 1 de Valladolid ordenó abrir diligencias previas para aclarar si se ha podido cometer algún tipo delictivo en el proceso de recalificación de unos terrenos que llevó a cabo el Pleno de Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, en enero de este año, durante una intervención administrativa que ha supuesto el cambio a residencial de un suelo calificado como industrial por el Plan General de Ordenación Urbana, y en el que se prevé edificar 2.984 viviendas.
Este cambio de uso fue solicitado en junio del pasado año por la constructora gallega Mahía, propietaria de los 335.000 m2, y se materializó mediante un convenio urbanístico que firmó el alcalde del PP, José Manuel Méndez Freijo, con la representante legal de Mahía, María Iluminada Miguel Fernández. Se da la circunstancia que esta apoderada estuvo contratada por una empresa de Méndez Freijo, Recreativos Dema, durante más de cuatro años, y dejó esta sociedad el 21 de mayo del 2002 para pasar a trabajar para Mahía.
María Iluminada Miguel Fernández es hija del concejal en el Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio, quien fue designado vocal de la empresa de suelo y vivienda (Emuva) de Arroyo en febrero del 2004. Miguel Recio dimitió posteriormente de esta sociedad que se encarga de gestionar las obras y servicios municipales, así como de vender patrimonio local para obtener recursos.Tanto el PSOE como IU se opusieron en su día a este convenio urbanístico, que calificaron de 'auténtico pelotazo de más de 180 millones € por las plusvalías que generaría el cambio de uso de unos terrenos donde el PGOU, aprobado en enero del 2003, preveía la instalación de unas 120 pequeñas y medianas empresas.
Además de las decisiones municipales adoptadas en dos plenos, y en otras tantas comisiones de Infraestructuras previas -apoyadas por la mayoría del PP en ambos-, el juez ha recomendado a la policía que investigue la procedencia del patrimonio acumulado en los últimos años por los ediles de Arroyo de la Encomienda que apoyaron el cambio de suelo industrial por residencial.
En este caso, la nueva sentencia judicial dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de Valladolid declara nulo de pleno derecho el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Arroyo del 5 de mayo del 2005, por el que se aprobaba definitivamente el Estudio de Detalle para la Modificación de las parcelas A-1, A-3 y A-4, situadas en el plan parcial de La Vega, muy cerca del complejo hotelero próximo a la autovía A-62. (20/05/06)
La Consejería de Fomento, que dirige Antonio Silván, ha abierto un expediente sancionador al concejal del PP de Arroyo de la Encomienda, Javier Cruz Sánchez, que posee cinco viviendas a nombre de él y su esposa, dos de las cuales están catalogadas como de protección oficial (VPO). Este técnico de mantenimiento de la empresa Helios, que actualmente se encuentra en excedencia por sus funciones de dedicación exclusiva al Consistorio de Arroyo como edil de Obras, no ha respondido a los requerimientos efectuados desde la Dirección General de la Vivienda para que explicase en qué circunstancias compró estos pisos y en qué situación se encuentran actualmente, si alquilados o cerrados. (29/06/06)
Eduardo Fernández, delegado en León del Gobierno regional de Castilla y León, del Partido Popular, está construyendo un chalé ilegal en una parcela de 4.412 m2, junto al pantano de Bárcena, en las inmediaciones de Ponferrada, en un terreno donde no se puede edificar y del que no es propietario en su integridad. Se da la circunstancia de que Fernández es presidente de la Comisión Provincial de Urbanismo de León y por lo tanto otorga o retira licencias de construcción en base a la ley que ahora parece olvidar.
El paraje natural no urbanizable donde levanta el chalé Fernández es un terreno rústico protegido en el que según las normas urbanísticas del vigente Plan de Ordenación Urbana no se puede edificar, salvo que se posea un millón de m2. Muy por el contrario, Fernández solo cuenta con un contrato privado de compra, fechado en 1979, de 2.800 de los 4.412 m2 de la parcela que ocupa, a nombre de su madre, María Flor García. Pero la totalidad del terreno figura en la relación de bienes de la Fundación Fustegueras, que ha pagado los impuestos desde su creación en 1977.
Estos 2.800 m2 adquiridos por la madre del político, sobre los que se encuentra la edificación ilegal (anteriormente había una bodega también ilegal) no se hallan asentadas en el Registro de la Propiedad del municipio de Ponferrada, según el delegado del Gobierno regional en León, porque su padre, Magín Fernández, no los registró en su día, quizá porque no pudo ni entonces ni ahora, al no contar con los requisitos necesarios. A esto se suma que por la totalidad de los 4.412 m2 de la parcela que disfruta el político, la contribución por finca rústica ha sido pagada en los últimos 28 años por la Fundación Fustegueras, creada tras la muerte de un rico vecino de Ponferrada, Miguel Fustegueras, y compuesta por los párrocos de la ciudad y el alcalde (hoy Carlos López Riesco, del PP, sucesor de Ismael Alvarez, condenado por acoso sexual a su concejala de Hacienda Nevenka Fernández). (2005)
Valdeluz tiene pocos precedentes. En apenas siete años, unas dehesas desérticas se van a convertir en una ciudad de 34.000 habitantes. Una empresa constructora, el grupo Reyal, como agente urbanizador, se está encargando de todo: desde el diseño hasta la adjudicación de obras a otras constructoras, pasando por el propio bautizo de la criatura. Todo ello ha sido posible gracias a la ubicación en este páramo castellano de la estación del AVE Madrid-Barcelona que la ciudad de Guadalajara, con 67.000 habitantes y a tan solo 14 kilómetro, hubiese querido para ella.
El proyecto, rodeado de polémica porque los terrenos recalificados eran de una tía del marido de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, va viento en popa y promete generar en la comarca una presión medioambiental y social que todas las instituciones públicas deben ahora afrontar. En el enclave de Alcohete, como era conocido, hay una frenética actividad constructora. Se están edificando 9.500 viviendas y los primeros colonos llegarán el próximo verano. El principal atractivo de esta nueva urbe es la estación del AVE y su tren de alta velocidad, que deposita al viajero en Atocha en 27 minutos.
El Gobierno del PP, con Esperanza Aguirre como ministra de Cultura, diseñó esta línea del AVE sin parada en Guadalajara. El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, optó por el enclave de Alcohete, propiedad de El Arverjal, SL, sociedad de Teresa Micaela Valdés Ozores, tía del marido de Esperanza Aguirre, y los hijos de aquélla. Eran 3,4 millones de metros cuadrados de suelo rústico recibido en herencia por Valdés Ozores que el Ayuntamiento de Yebes, pueblo de sólo 217 vecinos y a cuyo término municipal pertenece, recalificó y, por tanto, revalorizó en 2001. (04/12/05)
La historia se repite. Tras el caso Terra Mítica, el pelotazo urbanístico de Seseña amenaza al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. IU acusa al popular de estar implicado en el caso de corrupción del pueblo toledano. Según IU hubo connivencias políticas, y presuntos delitos, en todo el proceso administrativo sobre la concesión al empresario Francisco Hernando, conocido como Paco El Pocero, de las autorizaciones necesarias para construir 13.000 viviendas. Una iniciativa que se ha convertido en el pelotazo urbanístico de moda, valorado entre 800 y 1.500 millones €, y que implican a Eduardo Zaplana.La entrada en escena del dirigente del PP empieza desde el momento de la concesión de la polémica Medalla al Mérito en el Trabajo para Hernando en 2004 -época en que Zaplana era ministro de Trabajo-, sin otro aval que el de un subordinado suyo, casualmente consuegro del empresario. Además, los antecedentes de Hernando no eran para concederle una Medalla al Mérito. El Pocero fue declarado persona non grata en Villaviciosa de Odón (Madrid), y condenado en 1991 por insultar a un policía municipal y amenazar a un alcalde que había cerrado una de sus plantas hormigoneras.
Asimismo, IU denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, una serie de casualidades como las coincidencias de Hernando y Zaplana en su relación con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). El 19 de noviembre de 2002, Zaplana recibía el visto bueno de la CAM para su crédito y adquiría su vivienda de 532 metros cuadrados en el madrileño paseo de La Castellana, por valor de 1.6 millones €. Dicha concesión avivó las acusaciones de “trato de favor” sobre el ex presidente de la Generalitat valenciana, ya que el crédito incluía una carencia de tres años en el pago principal, periodo durante el cual sólo debía abonar los intereses.
La relación entre ambos ha sido reconocida por el propio Hernando, así como la estancia del político del PP en el yate de El Pocero, el Clarena. Por ello, Zaplana decidió cambiar de yate y este verano va a disfrutar del que le brinda su amigo, el dueño de la clínica privada Salus de Benidorm. (31/07/06)
82. ASTURIAS: INVESTIGAN A UN SENADOR DEL PP DE ASTURIAS POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN COMO COMISIONISTA EN LA VENTA DE TERRENOS
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias investigó al senador del PP Javier Sopeña por su presunta participación como comisionista en la venta de unos terrenos en la costa asturiana. Según se indica en una denuncia este senador y concejal del ayuntamiento de Oviedo ha actuado de intermediario en la operación urbanística en la que se llega a pactar una comisión de 19 millones de pesetas en dinero negro. Según la trascripción de las grabaciones los intermediarios en la venta son el propio senador y concejal de urbanismo de Oviedo durante más de diez años, Javier Sopeña; su abogado y un tercer comisionista, Regino Canteli, el autor de las grabaciones.
Se trata de vender los terrenos a una empresa inmobiliaria en la que participa Serafín Abilio, presidente de los constructores asturianos. En una de las reuniones, Abilio llega a un principio de acuerdo sobre la comisión a pagar a los intermediarios: 19 millones de pesetas en dinero B. En todo momento, según la trascripción, el pago de la comisión lo garantiza el dirigente del PP por su relación con el empresario de la construcción. Así lo asegura en varias reuniones con el abogado del senador, el intermediario Cantelli.
La operación se complica cuando este comisionista, Regino Cantelli, exige más dinero por la operación. Entonces es el propio senador del PP el que interviene y trata de convencerle.
El senador Javier Sopeña ha reconocido que puso en contacto a las partes compradora y vendedora, aunque asegura que lo hizo por amistad y sin cobrar nada a cambio. Serafín Abilio reconoce su relación con el senador pero niega que hablara con él sobre esta operación. Sí, admite que ofreció a los intermediarios 19 millones de pesetas en dinero negro por las fincas.
Mientras, el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, salió públicamente en defensa de su concejal y senador Javier Sopeña, por primera vez. El regidor sostuvo que los cargos públicos tienen derecho a participar en otras actividades en su tiempo libre: “Fuera de sus horas de trabajo pueden dedicarse a jugar al tute por las tardes, que los hay, o a intervenir en la compra de una finca. Es absolutamente legal”. (09/05/06)
La Fiscalía Anticorrupción del Estado ha abierto diligencias informativas por el caso del Golf Guadiana en Badajoz, por el que se construyeron en este recinto 70 apartamentos en lugar del aparta hotel proyectado para el que se tenía licencia municipal. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, José Ramón Suárez, declaró ante el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz.
Suárez ha hecho hincapié en "las responsabilidades políticas" que de este caso se derivan, y que en su opinión apuntan directamente a la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, y al alcalde de la ciudad, Miguel Celdrán. El PSOE de Badajoz ya denunció en otras ocasiones que"el alcalde y la concejala de Urbanismo conocían desde hace años las irregularidades del Golf Guadiana y no han hecho nada al respecto, salvo ocultar la situación". Por eso piden la dimisión de la titular local de Urbanismo.
Por su parte, Cristina Herrera rechaza esta petición de dimisión y sale al paso de las declaraciones de Suárez afirmando que lo que ha abierto la Fiscalía Anticorrupción son "sólo diligencias informativas que no demuestran nada", y que podrían ser archivadas. Respecto al hecho de que el caso hubiese pasado de la Audiencia Provincial de Badajoz a la Fiscalía Anticorrupción del Estado, Herrera sostiene que "es algo normal". (07/02/06)
El denominado caso Egüés, la instrucción de la trama de corrupción urbanística en la que están procesados varios ex cargos públicos de UPN seguirá un procedimiento abreviado de diligencias previas. La judicatura basa su auto en el proyecto para construir un apartotel en Gorraiz. A Galipienzo le imputa ser el autor de un delito de cohecho, donde concurren como cooperadores necesarios José Luis Ruiz Bartolomé (su socio), Jesús Marco del Rincón (ex asesor legal del Ayuntamiento), Nuria Alas Brun (arquitecta municipal), y como cómplice su esposa, Eva Iglesias. A Galipienzo también le imputa tres delitos de prevaricación por otras actuaciones durante su mandato.
El juez debe ahora concretar las acusaciones contra los imputados, un total de diez personas, entre las que se encuentran el ex alcalde de UPN en Egüés, Ignacio Galipienzo, y su esposa, Eva Iglesias; el ex director general de Industria del Gobierno navarro, Emilio Izquierdo; la arquitecta municipal de Egüés y el gerente del consistorio, así como diversos empresarios inmobiliarios que participaron en la compraventa de un solar escolar con la pretensión de edificar un apartotel. De momento el juzgado ha decidido continuar la instrucción contra todos ellos, sin perjuicio de que en el momento en que se acabe la instrucción decida qué personas continúan o no imputadas. El juzgado aceptó en diciembre la personación en la causa del Ayuntamiento del valle de Egüés como acusación particular al haber resultado perjudicado por las actuaciones investigadas en la causa. (2005)
85. PAMPLONA: LOS CONSTRUCTORES VEN "ESCANDALOSA" LA SUBASTA DE SOLARES POR EL AYUNTAMIENTO
Los constructores y promotores de Navarra han calificado de "escandalosa" la actuación del Ayuntamiento de Pamplona, gobernada por UPN-CDN, que esta semana ha recaudado 45,6 millones € con la subasta de los últimos ochos solares edificables de la ciudad, en los que se construirán 258 viviendas libres. Los constructores acusaron al consistorio de ser "el mayor especulador" de la Comunidad foral por utilizar un sistema "perverso", que el propio Gobierno central quiere prohibir.La Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP) afeó con energía la actuación del equipo de gobierno de Yolanda Barcina (UPN), al considerar que contribuye "escandalosamente" a encarecer el precio del suelo y la vivienda. "Es un sistema poco social", indicó Jesús Urdánoz, portavoz de ACP, para añadir que tan transparente es la subasta como el sistema concurso,.
UPN ha defendido el procedimiento afirmando que otorga transparencia a las adjudicaciones y ha acudido al mismo argumento que criticó con dureza en 1998: que con el dinero recaudado por cada vivienda libre el consistorio podrá promover tres pisos de VPO, además de obtener fondos para otros fines. Los constructores han señalado que otros municipios de la comarca de Pamplona, con fuerte escasez de suelo, han optado por enajenar parcelas mediante convenios o concursos, permitiendo construir pisos bastante más baratos. Un portavoz de la ACP calculó que la repercusión por vivienda de la subasta realizada en 1998 fue de 120.000 €. La de ahora oscilaría entre los 170.000 y los 210.000 €. (2005)
El Ayuntamiento de Logroño, gobernado por el PP, dio luz verde a la venta de un aparcamiento situado en el centro de la ciudad a una empresa propiedad de la familia de Pedro J. Ramírez. La sociedad, participada por una hermana del director de El Mundo, compró las plazas por 600 € cada una y podrá sacarlas a la venta por 24.000 €. Se da la circunstancia, además, de que la jefa de prensa del alcalde, que autorizó esta venta, es otra hermana de Pedro J. Ramírez. Un cúmulo de “casualidades” que ha sido denunciado.
La empresa, Parking Logroño S. L., explotaba desde 1982 el aparcamiento de la Plaza Paz, pero no tenía la propiedad del suelo, que es lo que ahora le ha vendido el Ayuntamiento. Según denuncia la oposición, el único motivo para justificar la venta de este aparcamiento es que se va a construir otro en Gran Vía que incumple una cláusula de la concesión que impide ubicar otro estacionamiento a menos de 150 metros de la Plaza de la Paz. El Ayuntamiento fijó el precio de cada una de las plazas en 600 €, mientras que la empresa podrá venderlas a los ciudadanos por 24.297 €. Este desfase económico supondrá para esta compañía un beneficio de 12 millones €, mientras que para el Ayuntamiento supone una pérdida de 1,3 millones €. (31/03/06)
El PSOE de La Rioja anunció que se personará como acusación particular contra el alcalde de Santurde, Jesús Montoya (PP), por un presunto delito contra la Administración Pública. Este anuncio lo hizo público después de que el juzgado de Haro admitiese a trámite la denuncia del propio fiscal jefe de La Rioja, Juan Calparsoro. El “pelotazo urbanístico” se consumó cuando el pleno municipal votó a favor de una recalificación de terrenos rústicos a urbanizables en una parcela de casi 7.300 m2 propiedad de la empresa Ribera del Oja Mercantil, de la que era también co-administrador.
Tanto el alcalde como sus concejales del PP votaron “unánimemente la recalificación de los terrenos en cuestión”. El 21 de enero de 2005, cuatro meses más tarde, el alcalde y los concejales del PP votaron de nuevo “unánimemente la recalificación provisional de los terrenos en cuestión y dan traslado del expediente, además de facultar al alcalde para que firme y tramite los documentos pertinentes”. El pasado 10 de abril, el fiscal jefe de La Rioja, Juan Calparsoro, interpuso una denuncia ante el juzgado número 1 de Haro para investigar las acciones urbanísticas de Montoya “por entender que los hechos denunciados podrían constituir delito contra la Administración Pública”. Los beneficios de venta de los terrenos recalificados (construcción de la urbanización San Andrés: 10 unifamiliares y 37 viviendas con apartamentos, pisos y locales comerciales) ascenderían a 7 millones €. (03/05/06)
El avance del PGM de Manjarrés califica como suelo urbano con uso deportivo y de ocio unas fincas de 60 hectáreas situadas en un monte a cuatro kilómetros del casco urbano y que podrían albergar un campo de golf y admitir viviendas en una tramitación posterior del propio plan o en una modificación puntual. Las fincas son propiedad del alcalde y de dos hermanos, así como de sus esposas. La zona proyectada es un monte con gran diversidad de flora y fauna y denunciaron que a escasos metros de las fincas el Ayuntamiento ya ha trasladado un depósito de agua. (20/07/06)
El edificio cambió el uso de unifamiliar a manzana para albergar el doble de viviendas por una decisión del Consistorio anulada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja Pedro Vallejo, el alcalde, era accionista de la sociedad que construyó la urbanización La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha ordenado la “demolición” parcial de una urbanización edificada por DAMWO 10, SL, sociedad en la que el propio alcalde de Lardero, el 'popular' Pedro Vallejo, participaba directamente como accionista, según un documento que obra en el expediente judicial.
La sentencia es consecuencia de un recurso presentado por la colindante comunidad de vecinos de la urbanización 'Las Adelfas', cuyos vecinos cuando adquirieron las viviendas contaban con la garantía urbanística inicial de que la construcción planificada delante de sus jardines no superaría la altura de la suya ni asumiría parte de los terrenos destinados a espacios libres (zona verde o aceras, por ejemplo).
La sentencia del TSJR revoca una anterior en la que ya se daba la razón a la comunidad de vecinos de 'Las Adelfas', pero en la que no se entraba en el fondo de la cuestión. Ahora queda clara la ilegalidad de la licencia concedida por el Consistorio. En este sentido, el nuevo fallo estima el recurso de apelación, revoca la sentencia previa y “anula la licencia otorgada para la edificación de la parcela 54 del polígono 5 de Lardero por ser contraria a derecho y en consecuencia nulo el estudio de detalle en que se ampara”. “Y ordenamos -continúa la sala del TSJR- la demolición de la edificación en cuanto exceda de lo legalmente permitido conforme a las normas subsidiarias de aplicación, pero si ello resultare imposible técnicamente se sustituirá por la indemnización que proceda conforme al artículo 105 de la Ley Jurisdiccional”. La sentencia deja claro que “el estudio de detalle modifica las alineaciones interiores, incrementa la altura máxima de cornisa en la edificación, aumenta el aprovechamiento urbanístico y la densidad de población”. (01/08/06)
90. LARDERO: EL AYUNTAMIENTO PAGARÁ 3,2 MILLONES € POR LOS "DESMANES" DE SU ALCALDE
La diputada socialista Inmaculada Ortega dijo que "las decisiones irresponsables" del alcalde de Lardero, Pedro Vallejo (PP), en relación con dos promociones urbanísticas en esta localidad, supondrán al Consistorio el pago de 3,2 millones de €, la mitad de las plusvalías obtenidas en estas operaciones. Ortega hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en la que informó de "las graves consecuencias económicas" de dos sentencias contra dos promociones en esta localidad. Estas dos sentencias obligan la demolición o en su defecto indemnización a los demandantes -propietarios de chalés- por el importe del exceso de obra en las promociones Alfil y Argos. (10/09/06)

References: e contrario
 resolución 
 resolución 
 artículo 66
 resolución 
 artículo 6
 artículo 105