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Timestamp: 2018-09-24 08:27:31+00:00

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﻿ Sentencia 2006-00129 de febrero 11 de 2010
SENTENCIA 2006-00129 DE 11 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:BIENES QUE HACEN PARTE DE LA MASA DE LA LIQUIDACIÓN SON AQUELLOS QUE PERTENECEN A LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN, CONSTITUYEN PRENDA GENERAL DE SUS ACREEDORES Y GARANTIZAN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD, MIENTRAS QUE LOS EXCLUIDOS PERTENECEN A PERSONAS DIFERENTES A LA ENTIDAD Y LE SON ENTREGADOS A LA MISMA CON EL FIN DE QUE LOS ADMINISTRE Y REPORTE UNA UTILIDAD A SU PROPIETARIO, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDE UN DECRETO COMO EL ACUSADO, SIN AUTORIZACIÓN LEGAL, SUSTRAER LOS BIENES AFECTOS AL SERVICIO DE SU CONDICIÓN DE GARANTES DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR TELEUPAR S.A., EN DESMEDRO DE SUS ACREEDORES. DECLÁRASE LA NULIDAD DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 2º DEL DECRETO 4779 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2005 Y DE LA EXPRESIÓN “… NO AFECTOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO…”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 12, NUMERAL 12.1 DEL DECRETO 1613 DEL 2003, CON LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR EL DECRETO 4749 DEL 2005, EXPEDIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, SISTEMA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES, PATRIMONIO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Sentencia 2006-00129 de febrero 11 de 2010
Radicación: 11001-03-24-000-2006-00129-01
Actor: Luis Marcelino González Ochoa y otros
Bogotá, D.C., once de febrero del dos mil diez.
Decide la Sala, en única instancia, la demanda incoada por Luis Marcelino González Ochoa, Fernando Rafael Mendoza Mendoza, Jorge Isaac Muñoz Cantillo, Hipólito Páramo Leal, Henry Alexis Ropero Criado y Juan José Ustariz Aramendiz en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, contra el Decreto 4779 del 30 de diciembre de 2005 “Por el cual se aclara, modifica y adiciona el Decreto 1613 de 2003”, proferido por el Gobierno Nacional.
El contenido del Decreto 4779 del 30 de diciembre de 2005, por el cual se aclara, modifica y adiciona el Decreto 1613 de 2003, es el siguiente:
“en uso de las facultades constitucionales y legales y, en especial, de las previstas en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto-Ley 254 de 2000, y
“Que mediante el Decreto 1613 del 12 de junio de 2003 se ordenó la supresión y liquidación de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S.A. ESP en liquidación, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente.
“Que mediante el Decreto-Ley 1616 del 12 de junio de 2003 se creó la empresa de servicios públicos domiciliarios denominada “Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP”, asignándole la obligación de celebrar en forma directa con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en liquidación y con las Teleasociadas en liquidación, un contrato de explotación para el uso y goce de los bienes, activos y derechos requeridos para la prestación del servicio de telecomunicaciones, en los términos del numeral 3º del artículo 39 de la Ley 142 de 1994.
“Que con base en los parámetros determinados en el artículo 19 del Decreto-Ley 1616 del 12 de junio de 2003, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en liquidación, sus Teleasociadas en liquidación y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP suscribieron el 13 de agosto de 2003, el contrato de explotación, en virtud del cual Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP recibió de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en liquidación y de las Teleasociadas en liquidación, el uso y goce de los bienes, activos y derechos que dichas entidades destinaban a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, a cambio de una contraprestación a cargo de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP y a favor de las citadas entidades o del patrimonio autónomo que ellas podrían constituir por medio de un contrato de fiducia.
“Que los bienes afectos a la prestación del servicio no deben ser realizados, dada su especial destinación legal y la obligación constitucional de garantizar la prestación continua del servicio público de telecomunicaciones, razón por la cual, es necesario aclarar y modificar algunas disposiciones del Decreto 1613 de 2003, en relación con las funciones y obligaciones del liquidador tendientes al cumplimiento de las actividades que conducirían al cierre de la liquidación y a la consiguiente terminación de la existencia legal de la empresa.
“Que el numeral 12.2 del artículo 12 del Decreto 1613 de 2003, así como el contrato de explotación, establecen la obligación al liquidador de celebrar un contrato de fiducia mercantil para la administración y enajenación de los bienes afectos al servicio.
“Que el artículo 2º del Decreto-Ley 254 de 2000 dispone que en el acto que ordene la supresión o liquidación podrá establecerse la contratación de una entidad fiduciaria para la administración y enajenación de activos.
“Que mediante el Decreto 1917 del 9 de junio de 2005 se prorrogó el término de duración del proceso liquidatorio de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S.A. ESP en liquidación hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
“Que el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto-Ley 254 de 2000 faculta al Gobierno Nacional para prorrogar el término de duración de la liquidación hasta por un plazo igual al fijado en el acto que decreta la supresión y ordena la liquidación de la entidad.
“Que con fundamento en el informe de gestión presentado por el liquidador, y con el fin de cumplir con los objetivos de la liquidación se requiere ampliar el plazo previsto para su cierre.
“ART. 1º—Modifícase el artículo 2º del Decreto 1613 de 2003, el cual quedará así:
‘ART. 2º—Duración del proceso de liquidación y terminación de la existencia legal de la entidad. El proceso liquidatorio de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S.A. ESP en liquidación el cual fue prorrogado mediante Decreto 1917 de 2005, se extenderá hasta el 31 de enero del año 2006.
“Vencido el término de liquidación señalado o declarada la terminación del proceso liquidatorio con anterioridad a la finalización de dicho plazo, terminará para todos los efectos la existencia jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S.A. ESP en liquidación.
“ART. 2º—Aclárese y modifícase el artículo 9º del Decreto 1613 de 2003, el cual quedará así:
“ART. 9º—Masa de la liquidación. La masa de la liquidación de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S.A. ESP en liquidación estará constituida por los bienes de propiedad de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S.A. ESP en liquidación, a los que se refiere el artículo 20 del Decreto-Ley 254 de 2000 y la contraprestación que pague el gestor del servicio en virtud del contrato de explotación a que se refiere el artículo anterior.
“PAR.—Dada su especial destinación legal y la obligación constitucional de garantizar la prestación continua del servicio público de telecomunicaciones, los bienes afectos al servicio no están comprendidos dentro de la masa de la liquidación, por tanto y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 12.2 del presente decreto, su inventario técnico y avalúo no son necesarios para efectos de proceder al cierre de la liquidación. No obstante, dichas actividades continuarán adelantándose posteriormente por parte del patrimonio autónomo de remanentes a que se refiere el numeral 12.27 del artículo 12 del presente decreto, el cual se denominará PAR.
“Una vez se produzca el cierre del proceso liquidatorio el PAR se subrogará automáticamente en los derechos y obligaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S.A. ESP en liquidación en relación con el convenio suscrito con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, para elaborar el inventario y realizar el avalúo de los bienes afectos al servicio.
“ART. 3º—Modifícanse los numerales 12.1, 12.2 y 12.4; y adiciónanse los numerales 12.26 y 12.27 al artículo 12 del Decreto 1613 de 2003, los cuales quedarán así:
“ART. 12.—Funciones del liquidador. El liquidador actuará como representante legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S.A. ESP en liquidación y adelantará el proceso de liquidación de la empresa dentro del marco de las disposiciones del Decreto-Ley 254 de 2000, de las atribuciones señaladas en el presente decreto y de las demás normas aplicables. En particular ejercerá las siguientes funciones:
“12.1. Realizar el inventario físico detallado y el avalúo de los activos no afectos a la prestación del servicio y de aquellos bienes declarados como tales por el gestor del servicio y elaborar el inventario de los pasivos de la entidad, en los términos del presente decreto.
“12.2. Celebrar un contrato de fiducia mercantil para la administración y enajenación de los bienes afectos al servicio.
“Una vez suscrito el contrato de fiducia mercantil mencionado, los bienes afectos a la prestación del servicio se transferirán automáticamente al patrimonio autónomo constituido para tal fin, el cual se denominará Parapat, con base en una relación de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidación. Producido el cierre del proceso liquidatorio el pago de la contraprestación derivada del contrato de explotación lo realizará el gestor del servicio al Parapat, quien la destinará con base en los lineamientos fijados por el fideicomitente.
“12.4. Adelantar las medidas necesarias para asegurar la conservación y fidelidad de todos los archivos y los fondos acumulados de la entidad priorizando aquellos que puedan influir en la determinación de obligaciones a cargo de la misma.
“12.26. Determinar previamente al cierre del proceso liquidatorio el pasivo contingente a cargo de la empresa en liquidación y provisionarlo hasta el monto de los recursos con que cuente la liquidación al momento de la terminación de su existencia legal. El saldo restante del pasivo contingente, dentro del cual se encuentran las condenas derivadas de los procesos judiciales o administrativos y las obligaciones condicionales, que no se hayan provisionado, los gastos de funcionamiento del PAR y el pago de las demás obligaciones que el liquidador identifique con anterioridad al cierre del proceso liquidatorio, se financiarán tanto con los recursos provenientes del contrato de explotación económica suscrito con el gestor del servicio, como con los recursos excedentes del PAR, una vez este cubra los gastos a que se refiere el siguiente inciso.
“Los recursos provenientes de la administración y/o realización de los activos no afectos al servicio público de telecomunicaciones serán destinados al cumplimiento de las demás obligaciones que no tengan una fuente de financiación o respecto de las cuales la entidad en liquidación no haya trasladado los recursos suficientes al PAR.
“12.27. Celebrar un contrato de fiducia mercantil para la constitución del PAR, cuya finalidad será la administración, enajenación y saneamiento de los activos no afectos al servicio; la administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos; la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio, y el cumplimiento de las demás actividades, obligaciones o fines que se indican en el presente decreto o que de conformidad con la ley correspondan a las sociedades fiduciarias.
“ART. 4º—Adiciónase el artículo 32 del Decreto 1613 de 2003, con el siguiente parágrafo:
“PAR.—El cumplimiento de la obligación contenida en el presente artículo se referirá únicamente a los bienes inmuebles no afectos al servicio, y en caso de que al cierre del proceso liquidatorio no se hubiese cumplido en su totalidad, ello estará a cargo del PAR.
“ART. 5º—Adiciónase el Decreto 1613 de 2003 con el artículo 44, el cual quedará así:
“ART. 44.—Transferencia de la propiedad de los activos no afectos al servicio y de la subrogación de contratos al PAR. Una vez se celebre el contrato de fiducia mercantil a que se hace referencia en el numeral 12.27 del artículo 12 del presente decreto, se transferirá automáticamente al PAR la propiedad de los activos no afectos al servicio público de telecomunicaciones con base en una relación de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidación, así como los recursos líquidos de la Empresa de Telecomunicaciones de Armenia, Telearmenia S.A. ESP en liquidación para el cumplimiento de las actividades, obligaciones o fines a cargo del mismo, determinadas en el presente decreto, o que de conformidad con la ley correspondan a las sociedades fiduciarias.
“Así mismo, producido el cierre del proceso liquidatorio, se subrogarán automáticamente al PAR, únicamente aquellos contratos o procesos de contratación en curso y los convenios vigentes que el liquidador previamente identifique a través de la suscripción del acta correspondiente. Igualmente, se subrogarán automáticamente aquellos contratos a los que se refiere el inciso 2º del artículo 32 del presente decreto.
“Si posteriormente existieren activos no afectos al servicio sin inventariar, estos se transferirán automáticamente al PAR, tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros. Lo anterior, sin perjuicio de su inventario, avalúo y saneamiento cuando este sea necesario, por parte del PAR.
“ART. 6º—Derogatoria y vigencia: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones contenidas en el Decreto 1613 de 2003 que sean contrarias a lo dispuesto en el mismo.
En el primer cargo, la actora aduce la violación de los derechos al trabajo, al debido proceso, de asociación sindical, de los discapacitados, de los menores de edad, del núcleo familiar, así como el desconocimiento de la prevalencia de las normas constitucionales sobre cualesquiera otras, cargo que se despacha desfavorablemente, en cuanto la violación de dichos derechos no deviene del acto que se demanda, pues no fue el que suprimió la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S.A. ESP, ni el que ordenó su disolución y liquidación.
En el segundo cargo consideran los demandantes que el decreto acusado viola los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 del Decreto-Ley 254 de 2000, en cuanto excluyó de la masa de la liquidación los bienes afectos al servicio y eximió al liquidador de hacer un inventario de los mismos.
El contenido de los mencionados artículos, antes de la modificación introducida por la Ley 1105 de 2006, vigente para la fecha de expedición del acto acusado, es el siguiente:
“ART. 18.—Inventarios. El liquidador dispondrá la realización de un inventario físico detallado de los activos de la entidad, el cual deberá ser realizado dentro de un plazo no superior a tres (3) meses a partir del inicio del proceso. Este debe estar debidamente justificado tanto en los inventarios como en los documentos contables correspondientes y además incluirá la siguiente información:
“PAR.—En el inventario se identificarán por separado aquellos bienes que se consideren indispensables para el funcionamiento de la entidad durante el período de la liquidación”.
“Así mismo, el liquidador identificará plenamente aquellos bienes inmuebles que la entidad posea a título de tenencia, como arrendamiento, comodato, usufructo, u otro similar, con el fin de establecer la posibilidad de transferir dicha condición a terceros o, de lo contrario, proceder a su restitución. Si la restitución no se obtuviere en este lapso, se cederán los respectivos contratos a la entidad a la cual se traspasen los remanentes de la liquidación”.
“ART. 20.—Masa de la liquidación. Integran la masa de la liquidación todos los bienes, las utilidades, rendimientos financieros y cualquier tipo de derecho patrimonial que ingrese o deba ingresar al patrimonio de la entidad a liquidar”.
“ART. 22.—Inventario de pasivos. Simultáneamente con el inventario de activos, el liquidador elaborará un inventario de pasivos de la entidad, el cual se sujetará a las siguientes reglas:
“1. El inventario deberá contener una relación cronológica pormenorizada de todas las obligaciones a cargo de la entidad, incluyendo las obligaciones a término y aquellas que solo representan una contingencia para ella, entre otras, las condicionales, los litigios y las garantías.
“2. La relación de pasivos deberá sustentarse en los estados financieros de la entidad y en los demás documentos contables que permitan comprobar su existencia y exigibilidad.
“3. La relación de las obligaciones laborales a cargo de la entidad”.
La Sala considera pertinente destacar que el acto que se acusa dentro de sus facultades legales invocó, además del artículo 189, numeral 15 de la Constitución Política y el Decreto-Ley 254 de 2000, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, que dispone:
A dicho artículo 52 se refirió expresamente el artículo 2º del Decreto-Ley 254 de 2000, como se advierte a continuación:
“ART. 2º—Iniciación del proceso de liquidación. El proceso de liquidación se inicia una vez ordenada la supresión o disolución de una de las entidades a las cuales se refiere el artículo 1º del presente decreto. El acto que ordene la supresión o liquidación dispondrá lo relacionado con las situaciones a que se refiere el parágrafo primero del artículo 52 de la Ley 489 de 1998….”.
A juicio de la Sala, del estudio armónico de la anterior normativa se deduce que si bien es cierto que de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, el acto que ordene la disolución, supresión y liquidación de una entidad dispondrá, entre otras cosas, sobre la destinación de los bienes, también lo es que dicha destinación debe entenderse referida a determinar cuáles bienes están afectos al servicio y cuáles no, y no así a sí(sic) harán o no parte de la masa de liquidación, pues de conformidad con los artículos 20 y 21 del Decreto-Ley 254 de 2000, la masa de la liquidación la integran todos los bienes de la entidad a liquidar, a excepción de los recursos de seguridad social y los demás que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuales, son, al tenor de su artículo 299, los títulos que se hayan entregado a la entidad intervenida para su cobranza y los que haya adquirido por cuenta de otro; el dinero del mandante remitido a la entidad intervenida en desarrollo de un mandato o fideicomiso; las cantidades que se adeuden a la entidad intervenida y se encuentren afectas a una finalidad específica por corresponder a obligaciones contraídas por ella por cuenta de un tercero; los bienes que tenga la entidad intervenida en calidad de depositario o fiduciario; los valores de cesión o de rescate de los títulos de capitalización; los depósitos de ahorro o a término constituidos en establecimientos de crédito; las especies identificables que aún encontrándose en poder de la entidad intervenida pertenezcan a otra persona; y las especies identificables que aun encontrándose en poder de la entidad intervenida pertenezcan a otra persona.
De otra parte, debe tenerse en cuenta que el artículo 7º del Decreto 613 de 2003, por el cual se suprimió y se ordenó la disolución y liquidación de Teleupar S.A. ESP, define los bienes afectos al servicio como aquellos necesarios para la prestación del servicio de telecomunicaciones, de acuerdo con la metodología que se establezca en el contrato de explotación y que su artículo 9º, que fue precisamente modificado por el artículo 2º del decreto que se acusa, preceptuaba que la masa de la liquidación estará constituida por los bienes de propiedad de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S.A. ESP en liquidación, a los que se refiere el artículo 20 del Decreto-Ley 254 de 2000 y por la contra prestación que pague aquella entidad que se establezca como gestor del servicio por el contrato de explotación.
En consecuencia, al confrontar el artículo 2º del Decreto 4779 de 2005, que modificó el 9º del Decreto 1613 de 2003, con los artículos 20 y 21 del Decreto-Ley 254 de 2000, la Sala encuentra que, en efecto, el primero violó los dos últimos citados, pues si ni el Decreto-Ley 254 de 2000 ni el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero excluyeron de la masa de la liquidación los bienes afectos al servicio, mal podía hacerlo el decreto acusado, que es de inferior jerarquía.
Es tan cierto lo anterior, que tal como lo hace notar el representante del Ministerio Público ante esta corporación, el artículo 21 del Decreto-Ley 2504 fue objeto de modificación por parte del artículo 11 de la Ley 1105 de 2006, en los siguientes términos:
“ART. 11.—El artículo 21 del Decreto-Ley 254 de 2000 quedará así:
“a) Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la entidad que determine el Gobierno Nacional;
“b) Los bienes y derechos que determine el acto de supresión o disolución, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, siempre que dichos bienes estén afectos al servicio y se requieran para la prestación del mismo cuando se trata de la creación de nuevas entidades o del traslado de competencias; cuando quiera que la entidad no posea otros bienes o recursos para atender la totalidad de sus pasivos, deberá reconocerse a la entidad en liquidación, por la entidad que reciba los bienes u otra entidad que se señale, el valor comercial de los bienes que se transfieran o establecerse un mecanismo que permita a la liquidación disponer de recursos, con cargo a dichos bienes, para atender total o parcialmente el pago de acreencias, todo ello en la forma que señale el reglamento;
“c) Los bienes públicos que posea la entidad en liquidación, que conforme a la Constitución y la ley sean inalienables, inembargables e imprescriptibles;
“d) Los demás que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
“PAR.—Los recursos destinados a la ejecución de funciones, como consecuencia de la liquidación, fusión o traslado de competencias, de las que trata el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, conforman parte del organismo receptor de la correspondiente función o competencia”.
Lo anterior, por cuanto, como ya se expresó, los bienes que hacen parte de la masa de la liquidación garantizan las obligaciones de la entidad liquidada; de ahí, que el precepto arriba transcrito imponga a la entidad que recibe los bienes reconocer su valor comercial, en caso de que no se cuente con el respaldo suficiente para garantizar el pasivo, normativa que no puede aplicarse al proceso de liquidación de Teleupar S.A. ESP, por cuanto no se encontraba vigente al momento para el cual se expidió el decreto objeto de controversia.
Sobre el particular, la Sala estima que le asiste razón a la parte actora, dado que el artículo 18 del Decreto-Ley 254 de 2000 establece que el liquidador dispondrá la realización de un inventario físico detallado de los activos de la entidad, sin que haga discriminación entre los activos afectos y los activos no afectos al servicio, razón por la cual también se declarará nulo, por este aspecto, el parágrafo del artículo 2º del Decreto 4779 de 2005, al igual que el aparte “… no afectos a la prestación del servicio…”, contenido en el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto 1613 de 2003, con la modificación introducida por el artículo 3º del Decreto 4779 de 2005.
Por último, no es de recibo el argumento de los demandantes según el cual el acto acusado viola lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 del Código Contencioso Administrativo, los cuales se refieren al deber y forma de notificación de las actuaciones que ponen término a una actuación administrativa, pues, de una parte, el requisito de la publicidad, para el caso de los actos de carácter general, como lo es el Decreto 4779 de 2005, se cumplió con su publicación en el Diario Oficial y, de otra parte, porque es sabido que la falta de publicación de un acto no es causal de nulidad, sino de inoponibilidad frente a terceros.
Primero. DECLÁRASE la nulidad del parágrafo del artículo 2º del Decreto 4779 del 30 de diciembre de 2005 y de la expresión “… no afectos a la prestación del servicio…”, contenida en el artículo 12, numeral 12.1 del Decreto 1613 de 2003, con la modificación introducida por el Decreto 4749 de 2005, expedido por el Gobierno Nacional.

References: ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 12
 artículo 84
 artículo 189
 artículo 52
 artículo 39
 artículo 19
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 20
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 32
 artículo 44
 artículo 12
 artículo 32
 artículo 189
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 299
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 11
 artículo 21
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 12