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Timestamp: 2018-11-21 08:18:37+00:00

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﻿ Sentencia 37438 de diciembre 11 de 2013
SENTENCIA 37438 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:PROHIBICIÓN DE REBAJA DE PENA A DELITO DE EXTORSIÓN - GIRO JURISPRUDENCIAL. ES NECESARIO ACUDIR A LA INSISTENCIA PARA DAR APLICACIÓN A LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA PENAL, SOBRE NO TENER EN CUENTA LA PROHIBICIÓN DE REBAJA DE PENA PREVISTA POR REPARACIÓN A LA VÍCTIMA FRENTE A DELITOS COMO LA EXTORSIÓN (ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1121 DEL 2006). PUESTO QUE, SI EL FALLADOR TUVO EN CUENTA LA RESTRICCIÓN EN VIGENCIA DE DICHA NORMA, LO HIZO DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE LE ORDENABA LA JURISPRUDENCIA DEL MOMENTO. ENTONCES, LA NO APLICACIÓN DEL BENEFICIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 269 DEL CÓDIGO PENAL EN MOMENTOS EN QUE NO HABÍA SURGIDO EL REPROCHE JURISPRUDENCIAL NO CONSTITUYE UN ERROR JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:JURISPRUDENCIA, PROCESO PENAL, JUEZ PENAL, DISMINUCIÓN DE LA PENA, EXTORSIÓN, MECANISMO DE INSISTENCIA, MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Sentencia 37438 de diciembre 11 de 2013
Bogotá D.C., diciembre once de dos mil trece.
2. En el presente caso la defensa cuenta con interés para recurrir respecto de todos los cargos. Esa parte, en ejercicio del recurso de apelación, planteó como pretensión principal la absolución del acusado por los cargos atribuidos debido a que no se probó en el grado exigido por la ley su participación en los hechos, y ello la habilitaba para plantear en casación las censuras relacionadas con los delitos de porte de armas (orientadas a la absolución del procesado por no comprobarse la idoneidad del armamento utilizado en el crimen) y con las atenuantes de punibilidad que a su parecer no se aplicaron frente al secuestro extorsivo agravado y a la tentativa de extorsión agravada.
Así las cosas, procederá enseguida la Sala a determinar si los reproches de la demanda, o uno o varios de ella, obligan a su selección.
La improbación del acuerdo entre el procesado y la Fiscalía, de conformidad con el reproche, se hizo con sustento en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, de conformidad con el cual, cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, no se concederán subrogados penales, ni habrá lugar a ningún otro beneficio, salvo los derivados de colaboración eficaz con la justicia.
La Sala, en la sentencia del 29 de julio de 2008 –dictada en el caso de casación 29788 y referida por el censor—, concluyó que la restricción anotada se encontraba vigente “para los dos sistemas procesales penales coexistentes, previstos en la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004”.
La Corte Constitucional, a su turno, mediante Sentencia C-073 de 2010, declaró exequible el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Y aunque ciertamente lo hizo sólo en virtud de los cargos allí analizados, en ningún momento en su providencia dio a entender siquiera que esa norma sólo regía para asuntos tramitados por la Ley 600 de 2000. Al referirse a la finalidad perseguida por el legislador con la disposición, por el contrario, reprodujo sin objeción de ninguna naturaleza los argumentos expuestos por esta Sala en el fallo del 29 de julio de 2008, conforme a los cuales lo pretendido por el Congreso, evidentemente, “fue impedir que en adelante, las personas condenadas por los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, pudieran ser favorecidas con cualquier tipo de descuento, rebaja o subrogado penal, dada la gravedad de las conductas punibles, independientemente del sistema procesal en el que fuera aplicada”.
Así las cosas, en cuanto no existe ninguna razón para que la Corte proceda a revisar dicho criterio jurisprudencial, no se admitirá la demanda en relación con el cargo examinado.
No obstante lo anterior, una vez se surta el trámite correspondiente al mecanismo de insistencia, de oficio analizará la Sala la posibilidad de aplicar al presente caso la tesis asumida en la sentencia del 27 de febrero de 2013 (casación 33254), conforme a la cual “los aumentos de pena previstos en el art. 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006”.
2.2. Cargos segundo y tercero.
En consideración a que se trata de reproches similares se evaluarán conjuntamente para determinar si hay lugar, respecto de ellos, a la selección de la demanda.
En los dos expresa el casacionista que se incurrió en nulidad procesal porque se condenó a su representado por las conductas de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, sin contar con medios de convicción indicativos de que las armas eran aptas para disparar.
Se advierte, en primer lugar, que resulta un desacierto del censor la selección de la causal de casación para la formulación de estas censuras. Si los mencionados delitos contra la seguridad pública se atribuyeron sin medios de convicción, según expresa, debía plantear los reproches al amparo de la violación indirecta de la ley sustancial. Y aunque así finalmente lo hizo al señalar que las instancias supusieron la idoneidad del armamento, lo cual es suficiente para superar la falencia, la verdad es que sus propuestas se limitaron a esa afirmación, sin conseguir con ella desvirtuar los argumentos que condujeron al juzgador a declarar la responsabilidad penal de su defendido por dichas conductas punibles.
La materialidad de los ilícitos la dedujo la primera instancia de la prueba testimonial. Maribel Vargas Cuartas manifestó que “la mayoría” de los secuestradores “estaban armados”. Nubia Andrea López Cobos dijo que “durante el tiempo de la retención sí llevaban armas grandes y pequeñas”. De aquí derivó la a quo “la utilización de armas de corto y largo alcance, es decir, que no todas las usadas por los plagiarios hacían referencia a uso privativo de las Fuerzas Armadas”. Juan Vargas Cuartas, a su turno, contó que cuando lo encerraron en el baño y lo pusieron frente a ellos, “ahí un señor con una cachucha del CTI y una subametralladora (...) empieza a enroscarle una cosa ahí, entonces le pregunté yo qué era eso, entonces él me manifiesta que era un silenciador, que ahí me podían matar y matar a toda la familia y ningún vecino iba a escuchar”. Luis Jaime Prada, por su parte, en entrevista introducida al juicio por un investigador de Policía Judicial le dijo al Gaula que los delincuentes llevaban consigo “pistolas, revólveres y una subametralladora”.
Es claro, en concordancia con lo precedente, que nada de lo referido por lo testigos presenciales de los hechos conducía a pensar en la posibilidad de que en la ejecución del gran operativo llevado a cabo por los criminales, se hayan utilizado armas inservibles. Se deduce de sus dichos que aludieron a armamento en buen estado, logrando algunos de ellos, inclusive, reconocer armas de diferente clase. Juan Vargas Cuartas, específicamente, vio cuando uno de los agresores le ponía a una subametralladora un silenciador. Y supo que se trataba de este dispositivo porque el propio victimario se lo informó.
Ahora bien, en el proceso penal, como se sabe, opera el principio de libertad probatoria y en virtud de él procedía demostrar con cualquier medio de prueba la comisión de los delitos de porte de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas militares. No imponía la ley, para dicha demostración, la incautación de las armas y su sometimiento a peritaje balístico, o que fueran disparadas en desarrollo de la actividad criminal.
El despacho judicial de primer grado dio por acreditadas dichas conductas punibles con prueba testimonial y en ningún momento en el proceso fue puesta en duda la aptitud de las armas que portaban los asaltantes el día de los hechos, como tampoco de la hurtada a Juan Vargas Cuartas, una pistola de su propiedad Pietro Beretta de 7.65 mm, con permiso para portarla.
Si así son las cosas y si lo único que contrapone el censor a las conclusiones del juzgador —basadas en el examen de los medios de prueba—, es la afirmación categórica de que no se demostró la idoneidad de las armas —la cual está fundada en la conjetura de que podrían encontrarse inservibles—, es notable que no demostró ningún error de juicio del juzgador que imponga la selección del libelo en relación con las censuras respecto de las cuales se realiza el correspondiente juicio de admisibilidad.
2.3. Cuarto cargo.
Según esta censura, en el presente caso existió indemnización integral y ello obligaba aplicar la disminución de punibilidad prevista para los delitos contra el patrimonio económico en el artículo 269 del Código Penal.
Más allá de la impropiedad de postular el reproche por la vía de la nulidad procesal, cuando lo pertinente era hacerlo con fundamento en las causales primera o tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 —violación directa e indirecta de de la ley sustancial, respectivamente— lo cierto y evidente es que el abogado recurrente no demostró ningún error del juzgador. Omitir la rebaja de pena por reparación, argumento al cual limita el cargo, no señala una equivocación judicial si se tiene en cuenta que de conformidad con la interpretación imperante cuando las instancias dictaron los fallos, la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 incluía la atenuante de pena consagrada por el artículo 269 del Código Penal.
Ahora bien, si la disposición impedía esa rebaja, entre otros, para los delitos de extorsión y conexos con los allí relacionados, era evidente conforme a la jurisprudencia de entonces que en los delitos contra el patrimonio económico cometidos en el presente caso, es decir, tentativa de extorsión y hurto —conexo el último con el de secuestro extorsivo—, no procedía aplicar la reducción punitiva mencionada. Y si así mismo decidió el juzgador, es claro que la irregularidad denunciada no tuvo ocurrencia. En consecuencia, no hay lugar a la admisión del cargo.
No obstante lo anterior, consciente la Sala de que mediante sentencia del 6 de junio de 2012, proferida en la casación 35767, cambió la jurisprudencia y concluyó que la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 no incluía la reducción de pena por reparación contemplada en el artículo 269 del Código Penal, examinará oficiosamente, una vez surtido el trámite del mecanismo de insistencia, la posibilidad de aplicar al presente caso el criterio jurídico que en ese pronunciamiento se adoptó.
Se debía, según el impugnante, reconocer al acusado la circunstancia de atenuación punitiva dispuesta en el artículo 171, inciso 1º, del Código Penal, según la cual “si dentro de los quince (15) días siguientes al secuestro, se dejare voluntariamente en libertad a la víctima, sin que se hubiere obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta en la mitad”.
Aunque ciertamente se declaró probado en la sentencia que las víctimas permanecieron retenidas aproximadamente durante 3 horas, siendo dejadas voluntariamente en libertad por sus captores, no lo es que el juzgador considerara que el fin perseguido con el secuestro no se logró, como para en esas circunstancias concluir que ocurrió la violación directa de la ley sustancial denunciada en este reproche, consistente en la falta de aplicación de la norma atrás citada.
Todo lo contrario. Quedó clara en la sentencia de primera instancia la conclusión consistente en que los secuestradores lograron el propósito pretendido con la retención, “que no era otro que la suma de dinero que finalmente fue acordada en 500 millones de pesos”, de los cuales el mismo día recibieron 100. Para el ad quem, a la vez, el jefe de la banda delincuencial, “Alberto”, consiguió que Juan Carlos Vargas, a causa del secuestro, se comprometiera a entregarles la cantidad pactada a las 5 de la tarde del mismo día.
Es evidente, en consonancia con lo anterior, que las instancias dieron por demostrado que la retención de las víctimas se prolongó durante cerca de 3 horas, que las mismas quedaron en libertad por decisión voluntaria de los secuestradores y que estos lograron el propósito de comprometer a los retenidos a pagar varios millones de pesos horas más tarde. Claramente el último supuesto de hecho impedía la aplicación al caso de la disposición que a juicio del censor fue objeto de violación.
Así las cosas, no se advierte acreditado en el reproche ningún error jurídico del juzgador que imponga admitir la demanda de casación en relación con él.
Su suerte es común a la de los demás formulados en el libelo.
La conducta punible de secuestro extorsivo, según conclusión de la sentencia, quedó integrada por la retención de que fueron objeto las víctimas, su compromiso de entregarles a los secuestradores 500 millones de pesos y el pago, a las 7 horas de finalizada la retención, de 100. En desarrollo de esa actividad criminal, como lo dio por establecido el juzgador y lo admite el casacionista, mediaron amenazas de muerte. Y si ellas se repitieron en las llamadas que durante los días siguientes siguió haciendo “Alberto” en procura de obtener el dinero restante, comportamiento imputado como tentativa de extorsión agravada, resulta manifiesto que una misma circunstancia no fue objeto de doble imputación.
La censura, pues, no comprobó ningún error de juicio del fallador.
3. Cabe advertir, para finalizar, que contra la presente decisión procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal de 2004 y con las reglas que ha definido la Sala de manera pacifica en pronunciamientos anteriores a la presente decisión.
1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Juan Carlos Baquero Granada.
2. Una vez surtido el trámite de la insistencia VUELVA el asunto al despacho del magistrado ponente para los pronunciamientos de oficio anunciados en las motivaciones.

References: ARTÍCULO 269
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 269
 artículo 181
 artículo 26
 artículo 269
 artículo 26
 artículo 269
 artículo 171
 artículo 184