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Timestamp: 2019-06-24 11:41:53+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 29-05-2013 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra de 29 de Mayo de 2013
Artículo 148 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 48 del Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas.
Doctrina del "fumus boni iuris". Necesidad de justificación de los perjuicios de imposible o difícil reparación. SE DENIEGA LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN.
Suspensión de la ejecución de acto sin contenido económico
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo EXPEDIENTE 75s/2013 En la ciudad de Pamplona a 29 de mayo de 2013, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Na- varra, adopta la siguiente resolución: Visto escrito presentado por don (…), en representación de la Compañía mercantil AAA, S.A., con N.I.F. XXX y domicilio a efectos de notificaciones en (…), en relación con solicitud de suspensión de requerimiento de obtención de información del Director del Servicio de Inspección Tributaria de la Hacienda de Navarra. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Mediante escrito depositado en oficina de correos el día 27 de febrero de 2013 la interesada in- terpone reclamación económico-administrativa contra requerimiento de información tributaria, dictado el 22 de enero de 2013, del Director del Servicio de Inspección Tributaria de la Hacienda de Navarra. SEGUNDO.- Paralelamente, en otro escrito presentado en 28 de febrero de 2013, la sociedad recurrente so- licita la suspensión de la ejecución de dicho acto administrativo. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la solici- tud de suspensión de la ejecución del requerimiento de información tributaria del Director del Servicio de Ins- pección Tributaria en virtud de lo que disponen los artículos 20 y 45 a 48 del Reglamento del recurso de re- posición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio. SEGUNDO.- El artículo 48 del Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas, al regular la suspensión de la ejecución del acto impugnado, prevé la posibilidad de suspender actos administrativos que no tengan por ob- jeto una deuda tributaria o cantidad líquida que el interesado haya de ingresar, esto es, un contenido econó- mico, estableciendo que "el Tribunal Económico-Administrativo Foral, en los supuestos de impugnación de aquellos actos administrativos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida, como los re- querimientos administrativos para el suministro de información o para el cumplimiento de otros deberes de colaboración, podrá ordenar la suspensión de su ejecución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Foral General Tributaria", y remitiendo la tramitación y resolución del procedimiento al artículo 47 de la misma norma reglamentaria. A su vez, el artículo 148 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, tras establecer la regla general de la no suspensión de la ejecución del acto impugnado por la interposición del correspondiente recurso o reclamación, abre la posibilidad de admitir dicha suspensión al señalar que "no obstante lo dispues- to en el apartado anterior, el órgano a quien compete resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de ofi- cio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurra alguna de las siguientes cir- cunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impug- nación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en la legislación de ré- gimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común". TERCERO.- Pretende la interesada que sea otorgada la suspensión con fundamento en que "concurren mo- tivos de nulidad entre los alegados en el recurso interpuesto" y para apreciar esta alegada nulidad de pleno derecho del acto administrativo impugnado trae a colación la doctrina del "fumus boni iuris" o apariencia de buen derecho. Pues bien, a tal pretensión han de oponerse los razonamientos contenidos en las Sentencias de la Audiencia Nacional de 31 de octubre de 2002 y 9 de octubre de 2003, razonamientos que hacemos nuestros. Así la Au- diencia Nacional afirma que es posible admitir la doctrina del "fumus boni iuris", debidamente matizada, con el fin de apreciar la concurrencia o no de nulidad de pleno Derecho en los actos cuya suspensión se insta. Pero, a continuación define el alcance de dicha doctrina del siguiente modo: "En cuanto a la doctrina del "fu- Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo mus boni iuris" la jurisprudencia más reciente, así las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1998, 24 de marzo y 10 de mayo de 1999, resaltan su carácter meramente interpretativo de los principios que rigen la suspensión y no como un supuesto autónomo de la misma, limitando su operatividad a aquellos su- puestos en los que existe una apariencia clara de ilegalidad, como cuando se impugna un acto idéntico a otro ya anulado jurisdiccionalmente o se solicita la nulidad de un acto dictado al amparo de una norma declarada previamente nula, ya que, fuera de supuestos como los indicados se podría incurrir en el riesgo de que, vía suspensión se resolviera de forma anticipada el fondo del asunto sin tener en cuenta todos los argumentos que pueden concurrir en el supuesto de que se trate". Asimismo, más recientemente, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 5 de noviembre de 2010, ha señalado lo siguiente acerca de la doctrina del "fumus boni iuris": "A estos efectos conviene precisar que la más recien- te jurisprudencia, como señala la Sentencia de 15 de marzo de 2004 (recurso de casación nº 6127 / 2001), hace una aplicación mucho más matizada de la doctrina de la apariencia del buen derecho, utilizándola en determinados supuestos, como son los casos de nulidad de pleno derecho, de actos dictados en cumplimien- to o ejecución de una disposición general declarada nula, de existencia de una sentencia que anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme y de existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia contumaz". Y es que, como bien afirma el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en Sentencias de 7 de abril de 2005 y 13 de febrero de 2006, "no basta con que el demandante fundamente su demanda en una nulidad de tal cla- se sino que, a efectos de la suspensión de la ejecución del acto, es necesario que ésta aparezca, prima facie y sin perjuicio del fondo, de una manera palmaria, clara y evidente", pues "otra interpretación supondría dejar en manos del demandante la mera invocación de una nulidad de tal clase, aun infundada, para producir la automática suspensión pretendida". Pues bien, en el presente caso no nos hallamos ante un supuesto de apariencia de buen derecho tan eviden- te e incontrovertido a primera vista como el que se exige por la jurisprudencia para poder aplicar la doctrina del "fumus boni iuris", en especial si tenemos en consideración que la Audiencia Nacional, en Sentencia de 26 de julio de 2012 (recurso contencioso-administrativo número 357/2009), ha venido a desestimar el recurso interpuesto frente a resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 10 de septiembre de 2009, relativa a similar requerimiento formulado por la Administración tributaria estatal. CUARTO.- Asimismo pretende la interesada que le sea concedida la suspensión de la ejecución del acto en cuestión, alegando que la ejecución inmediata del mismo causaría a la entidad daños y perjuicios "que no podrían ser reparados si no se procede a suspender la ejecución del requerimiento de información notificado y cuya existencia, por obvia, no requiere mayor acreditación". Pues bien, al igual que en la suspensión sin aportación de garantía de los actos de contenido económico, el criterio seguido por la normativa aplicable es el de que no basta con la mera alegación de dichos daños y perjuicios por parte del solicitante de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, sino que tal supuesto excepcional de suspensión ha de verse también condicionado a la necesidad de que tales daños y perjuicios (que deben poder calificarse de irreparables o de difícil reparación, ya que tal carácter es fundamental para poder acceder a la suspensión solicitada y no se puede presumir y que así ha sido recogido por el Tribunal Supremo, entre otras, en una Sentencia de 18 de enero de 1998, al afirmar que "lo prioritario no es la inci- dencia del interés público, como elemento inicial a ponderar en orden a la suspensión, sino la reparabilidad o no del daño derivado del acto, entrando en juego aquel factor, al que alude la exposición de motivos de la ley (se está refiriendo a la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), y una constante juris- prudencia, en combinación con el de reparabilidad, y no en sustitución de éste") sean efectivamente justifica- dos (como así lo ha puesto también de manifiesto el Tribunal Supremo en reiteradas Sentencias, entre las que cabe citar, por ser unas de las más recientes, las de 19 de mayo, 14 de julio, 8 de septiembre y 10 de noviembre de 2011); es decir, debe probarse el periculum in mora (como primer requisito a valorar, dado que con él se intenta asegurar que la futura resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta pueda llevarse a la práctica o ejecutarse de modo útil, tratando así de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede desprovisto de eficacia), ya que la concurrencia o existencia de dichos perjui- cios es el hecho constitutivo de la pretensión de suspender la ejecutividad de un acto administrativo. Sin em- bargo, en el caso que nos ocupa no viene a acreditarse cumplidamente y con certeza por la reclamante (a quien corresponde o incumbe dicha carga), ni se desprende o deduce de la documentación obrante en el ex- pediente o incorporada al mismo, ni siquiera por indicios racionales, la concurrencia o la causación a la mis- ma de perjuicios de difícil o imposible reparación derivados de la eventual ejecución del acto administrativo impugnado, limitándose la interesada a hacer una serie de manifestaciones genéricas o abstractas que no se ponen en relación con la verdadera situación económico-financiero-patrimonial de la recurrente, la cual no ha venido a probarse cara a acreditar la existencia de los daños y perjuicios del tipo señalado, siendo como es un dato que tiene una incidencia clara en la apreciación de la existencia o no de daños y perjuicios, y, tal y Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo como señala el Tribunal Supremo en la mencionada Sentencia de 10 de noviembre de 2011, "sin que ello presuponga negar la suspensión a quien dispone de una buena posición financiera, sino simplemente aplicar un principio tan elemental como es el de proporcionalidad". Además, la alegada carga económica que el cumplimento del requerimiento pudiese originar a la reclamante no determinaría la concurrencia de perjuicios de difícil o imposible reparación, ya que siempre sería suscepti- ble, en el caso de anularse el mismo, de ser reintegrado a la misma. En definitiva, el Tribunal Supremo, en doctrina reiterada y consolidada (esto es, invariable), ha venido y viene exigiendo de los particulares que prueben que los perjuicios son realmente irreparables o de difícil reparación y que esos daños se derivan precisamente de la ejecución del acto administrativo impugnado, lo cual no ha venido ha acreditarse, ni siquiera indiciariamente, por la interesada, por lo que no puede admitirse su solicitud de suspensión por dicho motivo. QUINTO.- Finalmente expone la interesada que: "esta parte ha recibido un requerimiento idéntico respecto del que ahora se solicita la suspensión en territorio común, que actualmente se encuentra recurrido ante el Tribunal Supremo…". Continua manifestando las vicisitudes procesales del citado caso para concluir: "Si bien el Abogado del Estado recurrió los referidos Autos en casación (dicho recurso recibió nº de referencia XXX/XX), el Tribunal Supremo resolvió el mencionado recurso mediante Sentencia de fecha 17 de mayo de 2012 en virtud de la cual desestimaba la pretensión administrativa". En base a lo expuesto entiende que "si el Tribunal Supremo ha considerado que procedía la suspensión de un requerimiento idéntico al presente, el mismo criterio debe seguir ese Excmo. Tribunal al que hoy respetuosamente me dirijo". Pues bien, el supuesto que se enjuicia en la referida Sentencia no se corresponde con el presente caso ya que el auto accediendo a la suspensión no fue recurrido, ganando así firmeza. Ahora bien, y en contra de la petición de la interesada, sí existen numerosos pronunciamientos que desestiman la pretensión de suspen- sión frente a previas inadmisiones a trámite de solicitud de suspensión de requerimiento de información, tales como las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2009 (recurso número 5761/2003) y de 18 de julio de 2011 (recurso número 2790/2009), entre otras. A lo que ha de añadirse el hecho de que, sin perjuicio de la concesión de la suspensión por parte de la Audiencia Nacional en su momento, ese mismo tribunal ha venido a desestimar el fondo del asunto en Sentencia de 26 de julio de 2012, tal y como más arriba hemos señalado. Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda dene- gar la solicitud de suspensión presentada por la representación de AAA, S.A., en relación con solicitud de suspensión de requerimiento de obtención de información del Director del Servicio de Inspección Tributaria de la Hacienda de Navarra, por las razones expuestas en la fundamentación del presente Acuerdo.
Sentencia Administrativo Nº 527/2015, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 10, Rec 509/2015, 28-07-2015
Orden: Administrativo Fecha: 28/07/2015 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Vazquez Castellanos, Maria Del Camino Num. Sentencia: 527/2015 Num. Recurso: 509/2015
Sentencia Administrativo Nº 1110/2011, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 84/2011, 03-11-2011
Orden: Administrativo Fecha: 03/11/2011 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Aragones Beltran, Emilio Rodrigo Num. Sentencia: 1110/2011 Num. Recurso: 84/2011
Sentencia Administrativo Nº 221/2016, TSJ Murcia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 275/2014, 16-03-2016
Orden: Administrativo Fecha: 16/03/2016 Tribunal: Tsj Murcia Ponente: Saez Domenech, Abel Angel Num. Sentencia: 221/2016 Num. Recurso: 275/2014
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 231/2018, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1034/2017, 03-04-2018
Orden: Administrativo Fecha: 03/04/2018 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Lopez De Hontanar Sanchez, Juan Francisco Num. Sentencia: 231/2018 Num. Recurso: 1034/2017
Sentencia Administrativo Nº 623/2008, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 556/2007, 15-05-2008
Orden: Administrativo Fecha: 15/05/2008 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Borrero Moro, Cristobal Jose Num. Sentencia: 623/2008 Num. Recurso: 556/2007
Caso práctico: Medidas cautelares. Suspensión de la ejecutividad del acto administrativo recurrido
¿Cuál es la doctrina jurisprudencial en relación con la adopción de la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado? ¿Cuáles son las notas características del sistema general de medidas cautelares de los ...
Resolución de TEAF Navarra, 02387y, 12-03-2003
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 12/03/2003 Núm. Resolución: 02387y

References: Resolución 

Artículo 148

Artículo 48

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 artículo 148
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