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AN aprobó ley para la conservación del ambiente | Transparencia Venezuela
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Publicado en 20/07/2016 por Comunicaciones
No hay comentarios ↓	Este martes 19 de julio, el Parlamento aprobó en primera discusión, el Proyecto de Reforma de Ley Orgánica del Ambiente, presentada desde la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales.
La misma tiene como objeto establecer y desarrollar los principios para la conservación del ambiente y lograr el bienestar social, contribuyendo al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad.
Conoce la Ley a continuación:
PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE (2006) (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5833 del 22de diciembre de 2006)
1. Todos los pueblos dispondrán libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este derecho será ejercido en el exclusivo interés del puebl En ningún caso será pueblo alguno privado de él.
6. Los Estados firmantes de la presente Carta se comprometerán a eliminar toda forma de explotación económica extranjera, especialmente la practicada por los monopolios internacionales, con el fin de posibilitar que sus pueblos se beneficien plenamente de las ventajas derivadas de sus recursos naturales. (Resaltado y subrayado propio).
En este orden de ideas, la Carta Africana hace una mención directa e inequívoca sobre el derecho humano a disfrutar de un ambiente general satisfactorio; consagrándole, de forma lato sensu, a toda la humanidad tal derecho sin distinción de naturaleza alguna, por lo que es la humanidad su titular. Sin embargo, ese derecho a un ambiente general satisfactorio está impregnado de ciertas particularidades, por cuanto en muchas ocasiones se encuentra en disputa o colisión con otros derechos como los económicos para citar alguno, lo que dificulta su aplicabilidad, particularmente cuando el interés económico pesa sobre el ambiental, según criterio prevaleciente y la visión que se tenga sobre el ambiente.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) se firmó en San Salvador, el 17-11-1988; sin embargo, entró en vigor el 16-11-1999. Dicho instrumento reconoce el derecho humano al ambiente y dispone en su artículo 11 que:
2.Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente(Resaltado y subrayado propio).
Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. (Resaltado y subrayado propio).
El artículo 2 del Protocolo referente a la Obligación de Adoptar Disposiciones de
Derecho Interno, determina que:
Es decir, que los Estados Parte, en el marco del Protocolono habiendo regulación expresa sobre el ambiente procederán, en la medida de sus posibilidades y en función de sus realidades locales, aadoptarlas regulaciones pertinentes en garantía de la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental.
Con ese marco referencial, y para materializar el objetivo central, el órgano rector en materia de ambiente definió un conjunto de principios rectores que rigieron, fundamentaron y orientaron la política ambiental del país, en su nivel más agregado, a saber:
La compatibilidad del ambiente y el desarrollo. El uso racional de los recursos ambientales.
La utilidad pública de la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
Cada estadio del desarrollo genera sus propios problemas ambientales y requiere soluciones específicas.
El daño ambiental permisible.
La calidad del ambiente depende de la participación de toda la población. El problema ambiental es mundial.
Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro.Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia…(Resaltado y subrayado propio).
El legislador de 2006 sancionó la nueva Ley Orgánica del Ambiente, cuyo proyecto inicialmente fue titulado “LEY ORGÁNICA PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL”, reconociendo de tal manera la declaración del Constituyente como principio de seguridad de la Nación a la “Conservación Ambiental” (Artículo 326); título que luego fue modificado quedando identificada como Ley Orgánica del Ambiente. Por otra parte, dicho proyecto recogió particularidades propias de la
doctrina y del derecho ambiental internacional y que al final fueron asumidos en la Ley sancionada y promulgada mediante la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5833 del 22 de diciembre de 2006, siendo derogada la Ley Orgánica del Ambiente de 1976.
La Ley Orgánica del Ambiente (2006) incorporó compromisos que fueron establecidos en la Agenda 21, Capítulo 36 sobre el “FOMENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CAPACITACIÓN Y LA TOMA DE CONCIENCIA”, complementaria a la Declaración y Recomendaciones de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre la Educación Ambiental, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), celebrada enTbilisi, Georgia, del 14-26 de octubre de 1977. Lo que dio lugar a la creacióndel TÍTULO IV DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, artículos 34 al 44, específicamente en el artículo 34; por otra parte, integrando al mismo título en materia de participación de los pueblos y comunidades indígenas se materializó en el artículo 41 el Principio 22 de la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual precisa:
Otro aspecto incorporado en la Ley Orgánica del Ambiente (2006), es el atinente al Principio 17 de la Declaración Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, sobre la evaluación ambiental y el cual determina que:
Entendiéndose por estudio de impacto de impacto ambiental y sociocultural a la ddocumentación técnica que sustenta la evaluación ambiental preventiva y que integra los elementos de juicio para tomar decisiones informadas con relación a las implicaciones ambientales y sociales de las acciones del desarrollo (Artículo 3 de la Ley) y complementado en los artículos 4, numeral 9; 8; 23, numeral 5; 84 y
85 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA)
Es pertinente señalar que el título originario del proyecto de Ley fue “LEY ORGÁNICA PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL”, y su objetoera del siguiente tenor:
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y desarrollar los principios rectores para la conservación del ambienteen el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la Sociedad, para logrodel bienestar social, contribuyendo al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad.
De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.(Resaltado y subrayado propio).
Posterior a la consulta pública realizada luego de la primera discusión,se procedió a la elaboración del informe para la segunda discusión. Cuando se sometió el informe a la plenaria de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial”, el proyecto sufrió modificaciones de fondo que generó cambios que setradujeron en errores. Al respecto es preciso manifestar que el objeto de la Ley quedó redactado de la siguiente forma:
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad.
Artículo 2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por conservación ambiental al proceso constituido por un conjunto de acciones o medidas orientadas a diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, sustituir, preservar, proteger, usar o aprovechar los recursos naturales, la diversidad biológica y demás elementos del ambiente, en garantía del desarrollo sustentable. (Resaltado propio).
Artículo 2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por gestión del ambiente el proceso constituido por un conjunto de acciones o medidas orientadas a diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, proteger, controlar, vigilar y aprovechar los ecosistemas, la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos del ambiente, en garantía del desarrollo sustentable.
Gestión del ambiente Artículo 2. Conjunto de actuaciones propias de la función administrativa del Estado, en términos de Política Pública, destinado a la conservación ambiental, con énfasis en la preservación, tomando en cuenta el estado evolutivo de los ecosistemas, demás recursos naturales y elementos del ambiente, dentro del proceso de sucesión natural, en resguardo de la salud pública y en el marco del desarrollo sustentable.
Artículo 17.- El Poder Público Municipal, en el marco de su competencia constitucional en especial en materia de ordenación territorial y de protección del ambiente, bajo los principios de corresponsabilidad y conservación ambiental, podrá establecer, a los fines de su conservación, áreas de protección de ecosistemas naturales, componentes de la diversidad biológica y de regulación del clima, en tierras bajo su jurisdicción.
ARTÍCULO 18. La declaratoria del área, a la cual se refiere el artículo anterior, deberá procurar constituirse en corredor ecológico de las especies presentes en dicha área con las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, áreas naturales protegidas y demás áreas especiales, establecidas por el ejecutivo nacional o cualesquiera otras áreas que así lo determine el ordenamiento jurídico, con la finalidad de facilitar el flujo genético de las especies y consecuentemente el proceso de sucesión natural.
Un aspecto de interés a considerar es el reconocimiento que debe hacerse en la ley, respecto a la competencia de la instancia correspondiente en relación a la gestión y manejo de los Parques Nacionales y Monumentos Naturales, como figuras jurídicas tuteladas por la ley Aprobatoria del Convenio Ley Aprobatoria de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington). (1941), publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 20.643. Noviembre, 13 de 1941. En consecuencia se propone insertar, en el Título II, ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, Capítulo II, de las Autoridades Ambientales, un nuevo artículo que se identificaría con el número 19, con la redacción del siguiente
tenor: Dicho artículo se identificaría como número 19 y cuyo epígrafe sería
“Instancia de gestión”, con la redacción del siguiente tenor:
Artículo 19. La Autoridad Nacional Ambiental a los fines del cumplimiento de la política pública en materia de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Parques de Recreación, establecerá dentro de su estructura organizativa una instancia con competencia exclusiva en gestión, manejo y conservación de los mismos bajo la figura de instituto autónomo.
Incorporación de un nuevo artículo que se identifica con el N° 61, dentro del Título V “De los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica”, Capítulo III “De los demás Elementos del Ambiente”, pasando el artículo
61 de la Ley vigente a adoptar otra numeración
Artículo 61. La Autoridad Nacional Ambiental, a los fines de la conservación de la calidad de la atmósfera formulará y aplicará, en coordinación con el Poder Público Estadal y Municipal, políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Artículo 62. La política nacional de adaptación y mitigación del cambio climático deberá comportar, entre otros aspectos, la reducción de la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno.
Propuesta de un nuevo artículo que se identifica con el N° 63, dentro del Título V “De los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica”, Capítulo III “De los demás Elementos del Ambiente”, pasando el artículo
63 de la Ley vigente a adoptar otra numeración.
Artículo 63. La Autoridad Nacional Ambiental regulará las emisiones de gases de efecto invernadero, con el propósito de estabilizar sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Tal nivel deberá alcanzarse antes que los ecosistemas pierdan su capacidad de resiliencia ecológica y, por consiguiente, logren adaptarse naturalmente al cambio climático.
Artículo 87. En todo caso la garantía, a la cual se refiere el artículo anterior, no podrá ser inferior al uno por ciento (1%) del monto de la inversión. Cuando la actividad no conlleve la construcción de infraestructura, el porcentaje se fijará sobre el valor del terreno involucrado en el proyecto y tomando en consideración el tipo de proyecto y las características físico naturales del área.
Otra particularidad de interés que constituye una preocupación por parte de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático por las contradicciones existentes entre dos normas jurídicas contenidas en el articulado de la vigente Ley Orgánica del Ambiente, como son los Artículos 126 y 128, relacionadas con la prescripción del procedimiento administrativo y la aplicación de las sanciones derivadas de ilícitos ambientales. Tal preocupación se vincula
fundamentalmente con los temas de la seguridad jurídica, inherente a todo ordenamiento legal.
Artículo 126. El ejercicio de la potestad pública para el inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios y para la imposición de las sanciones en sí, prescribe a los diez años contados a partir del conocimiento del hecho por parte de la autoridad competente. (Resaltado y subrayado propio).
Se equipara el tiempo de prescripción para iniciar el procedimiento con el tiempo que deberá transcurrir desde el mismo momento en que el órgano rector, en materia ambiental, dicta la providencia administrativa con ocasión de la comisión de una infracción. Por las características de los hechos violatorios de las normas administrativas y el proceso de investigación especial que debe hacerse, el cual
puede conllevar un estudio minucioso del hecho como tal, por las particularidades de las relaciones intra e interespecíficas propias de las tramas tróficas no es conveniente que el tiempo de prescripción sea igualitario.
En consecuencia se propone reformar el artículo 126 de la Ley Orgánica del
Ambiente y modificar el epígrafe del mismo, en los siguientes términos:
Artículo 126.El ejercicio de la potestad pública para el inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios prescribe a los diez (10) años contados a partir del conocimiento del hecho por parte de la autoridad competente.
Artículo 128. La ejecución de las sanciones y de las medidas impuestas en los actos administrativos sancionatorios son imprescriptibles, en consecuencia la responsabilidad civil prescribe en este mismo lapso.
Artículo 128. La ejecución de las sanciones y de las medidas impuestas en los actos administrativos sancionatorios es imprescriptible.
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TSJ es juez y parte en la sentencia sobre la nulidad de la designación de los magistrados ›

References: artículo 11
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 41

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2
 Artículo 2

Artículo 17

ARTÍCULO 18

Artículo 19
 artículo
61

Artículo 61

Artículo 62
 artículo
63

Artículo 63

Artículo 87

Artículo 126
 artículo 126

Artículo 126

Artículo 128

Artículo 128