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Timestamp: 2017-06-28 20:08:14+00:00

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Sentencia Yaracuy by Carola Ruiz - issuu
TSJ Regiones - DecisiónRepublica Bolivariana de Venezuela
Juzgado Superior en Lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
EXPEDIENTE N° 5795
DEMANDANTE: Lisbeth Mireya Rivero Jiménez, titular de la cédula de identidad N° 11.275.791, en su
condición de Representante Legal de la firma Laboratorio Clínico “Lisbeth Rivero”
APODERADO JUDICIAL: Abogado Humberto Brito Brito, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 5.180
DEMANDADA: Sociedad mercantil Instituto de Especialidades Quirúrgicas San Ignacio, C.A., registrada
ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, bajo el N° 5, tomo 228-A del
REPRESENTANTE LEGAL: Ramón Ignacio Mora, titular de la cédula de identidad N° 7.732.416
MOTIVO: Cobro de bolívares por intimación
SENTENCIA: InterlocutoriaConoce este juzgado superior de recurso de apelación interpuesto en fecha 25/10/2010 por el apoderado
judicial de la parte demandante contra el auto de fecha 20 de octubre de 2010 dictado por el Juzgado
Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado
Yaracuy que revocó la medida preventiva de embargo decretada en fecha 14/6/2010 sobre bienes muebles
propiedad de la demandada.
Dicho recurso fue oído en un solo efecto por auto dictado el 29 de octubre de 2010 que ordenó remitir el
cuaderno de medidas a este juzgado superior, dándosele entrada el 10 de noviembre de 2010, oportunidad
en la que de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, se fijó el décimo (10°) día
de despacho siguiente al presente auto para que las partes presenten por escrito sus informes.
El acto de informes correspondió el 24 de noviembre de 2010, dejándose constancia de que solo compareció
la parte demandante y consignó sus conclusiones que se ordenaron agregar al expediente.
http://yaracuy.tsj.gov.ve/decisiones/2011/enero/1428-19-5795-.html[24/05/2012 08:11:51 p.m.]TSJ Regiones - DecisiónEstando en la oportunidad para decidir, esta superioridad lo hace con base en las siguientes consideraciones.
Mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2010, los abogados Carlos Eduardo Arango y Yarisol
Figueira en su condición de apoderados judiciales del Instituto de Especialidades Quirúrgicas San Ignacio,
C.A., parte demandada, solicitaron se revocara el decreto de medida de embargo preventivo de bienes
propiedad de su mandante.
El 20 de octubre de 2010 el tribunal respondió:
“…Así las cosas, se evidencia que por efectos de la oposición al decreto intimatorio presentado por la parte
demandada, el mismo queda sin efecto, y continuando el juicio por el procedimiento ordinario, debe
concluir esta Juzgadora que al quedar sin efecto el decreto intimatorio, dejan de ser aplicables las normas
especiales contenidas para el procedimiento por intimación, como lo sería el artículo 646 antes comentado,
entrando a regir las normas del procedimiento ordinario, y para el caso particular de las medidas cautelares
corresponde el llenar los requisitos establecidos en el artículo 585 y siguientes de la ley adjetiva civil, lo que
hace que en base al análisis de las actas procesales con respectos a las anteriores consideraciones, esta
Sentenciadora establece que no se desprende ningún elemento demostrativo o indiciario del periculum in
mora, razón por la cual considera procedente la solicitud de revocatoria del decreto de la medida de
embargo preventivo de bienes muebles propiedad de la parte demandada de autos Y ASÍ SE DECIDE…”Informes ante esta instancia
El apoderado judicial de la parte demandante arguyó en sus informes:
En primer lugar, realizó un pequeño recuento de la acción planteada desde su inicio.
Seguidamente, trata lo que denomina fundamentos de la apelación, de la siguiente manera:
Que el procedimiento monitorio establecido en la ultima reforma del Código de Procedimiento Civil, es un
juicio de carácter breve y ejecutivo, que conlleva a la orden de ejecución, si el demandado no formula
oposición a dicho decreto en el termino establecido en la referida norma ( no hay contestación, incidencias
de cuestiones previas, pruebas, informes y sentencia). De no haber oposición al decreto lo que ocurre es que
ya no podrá proceder a la ejecución forzosa – al respecto transcribió definición de esta-.
Que por lo tanto, la medida decretada en el decreto intimatorio es una medida precautelar, preventiva, que
se convertirá en ejecutiva, si no hay oposición al decreto.
Que además no señala la norma del artículo 652 del CPC, que al dejar sin efecto el decreto intimatorio, y
menos que haya que solicitar nuevamente alguna medida cautelar.
Que en los procedimientos por intimación, esa fase de ejecución comienza desde el momento en que ha
quedado firme el decreto intimatorio y, precisamente se van a ejecutar los bienes que hubiesen sido
embargados, al comienzo del proceso, una vez cumplidos los términos de las normas que regulan esa
Que la ejecución forzada, no es más que la ejecución o remate de los bienes embargados en caso de
incumplimiento voluntario del demandado; por lo tanto lo que se suspende es ese proceso ejecutorio y
forzoso, pero no la medida cautelar acordada, que lo fue en fundamento a otra disposición legal.
Que el alegato de la parte demandada, y que ha acogido la Juez de la causa, en el sentido que por tratarse de
la transformación del proceso intimatorio en ordinario, debieron tomarse en cuenta los fundamentos exigidos
por la norma ordinaria para acordar las medidas preventivas: presunción del buen derecho y riesgo de
resultar ilusoria la pretensión demandada.
Que la norma rectora de este proceso intimatorio, señala que se seguirá el proceso por los trámites del juicio
ordinario, pero ello no implica que se deba demandar de nuevo.
Que es el mismo libelo, ya existe citación, por lo tanto las medidas acordadas mantienen su estatus, solo que
ya no se podrá proceder a la ejecución forzosa hasta tanto no exista sentencia definitivamente firme.
En un tercer punto expone lo que denomina análisis de la sentencia apelada, manifestando le resulta curiosohttp://yaracuy.tsj.gov.ve/decisiones/2011/enero/1428-19-5795-.html[24/05/2012 08:11:51 p.m.]TSJ Regiones - Decisiónel contexto de la interlocutoria objeto de la apelación, ya que el operador judicial para fundamentar su
decisión de suspensión de la medida, se sustenta en la posición doctrinaria del eminente procesalista
Ricardo Henrique La Roche (transcribiendo dicha cita).
Que tales criterios y los de otros autores, lo repite el Juez en su decisión, pero sin embargo hizo todo lo
contrario decretó la suspensión de la medida cautelar, lo cual a todas luces es contraria a derecho y contraria
a las opiniones doctrinarias con las cuales pretendió fomentar su decisión.
Que el tratadista aludido por la sentenciadora, dice todo lo contrario a su interpretación, en ningún momento
se señala que haya que suspender la medida cautelar preventiva, ya que la medida no está dictada en función
del decreto intimatorio, sino en atención a los instrumentos acompañados y que sustentan la pretensión del
Que por ultimo considera necesario resaltar que los lapsos transcurridos entre una decisión y otra, que
debieron serlo en un solo cuerpo, por el principio de la concentración procesal y para facilitar la defensa del
perjudicado con la decisión.
Que así se tiene, que se ordenó y transcurrió todo el lapso para la notificación del Procurador General de la
República (45 días) tal como lo establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Que el auto de suspensión decreto, ocurrió el 14 de junio y, suspensión de la medida el 20 de octubre, por
supuesto de este año ¿Celeridad Procesal?
Que de esa manera deja presentado sus informes, rogando sean tomados en cuenta, esperando que la
apelación formulada sea declarada con lugar y en consecuencia se ordene la revocatoria de la decisión
apelada con todos sus efectos legales.
De la revisión de las actas y del análisis de la decisión apelada, se observa por parte de éste sentenciador,
que el a quo declaró revocada la medida preventiva de embargo decretada en fecha 14 de junio de 2010,
sobre bienes muebles propiedad de la demandada, de igual manera declaró valido la oposición al decreto
intimatorio en fecha 30 de septiembre de 2010, hecha por el demandado, igualmente ordenando el a-quo que
se siga por el procedimiento ordinario, dando cumplimiento así a lo establecido en el artículo 651 del
Código de Procedimiento Civil, en cuanto a éste punto no se evidencia ninguna contradicción, por lo que
ésta alzada debe de pronunciarse de forma distinta, ya que todo se ha regido por las normas que establecen
y dictan las pautas del procedimiento por intimación. Ahora bien, el apelante en su escrito de informes ante
esta instancia superior manifestó:
“Que el procedimiento monitorio establecido en la última reforma del Código de Procedimiento Civil, es un
ya no podrá proceder a la ejecución forzosa – al respecto transcribió definición de esta-. Que por lo tanto, la
medida decretada en el decreto intimatorio es una medida precautelar, preventiva, que se convertirá en
ejecutiva, si no hay oposición al decreto. Que además no señala la norma del artículo 652 del CPC, que al
dejar sin efecto el decreto intimatorio, y menos que haya que solicitar nuevamente alguna medida cautelar.
actividad. Que la ejecución forzada, no es más que la ejecución o remate de los bienes embargados en caso
de incumplimiento voluntario del demandado; por lo tanto lo que se suspende es ese proceso ejecutorio y
forzoso, pero no la medida cautelar acordada, que lo fue en fundamento a otra disposición legal. Que el
alegato de la parte demandada, y que ha acogido la Juez de la causa, en el sentido que por tratarse de la
transformación del proceso intimatorio en ordinario, debieron tomarse en cuenta los fundamentos exigidos
resultar ilusoria la pretensión demandada. Que la norma rectora de este proceso intimatorio, señala que sehttp://yaracuy.tsj.gov.ve/decisiones/2011/enero/1428-19-5795-.html[24/05/2012 08:11:51 p.m.]TSJ Regiones - Decisiónseguirá el proceso por los trámites del juicio ordinario, pero ello no implica que se deba demandar de nuevo.
ya no se podrá proceder a la ejecución forzosa hasta tanto no exista sentencia definitivamente firme.En un
tercer punto expone lo que denomina análisis de la sentencia apelada, manifestando le resulta curioso el
contexto de la interlocutoria objeto de la apelación, ya que el operador judicial para fundamentar su decisión
de suspensión de la medida, se sustenta en la posición doctrinaria del eminente procesalista Ricardo
Henrique La Roche (transcribiendo dicha cita). Que tales criterios y los de otros autores, lo repite el Juez en
su decisión, pero sin embargo hizo todo lo contrario decretó la suspensión de la medida cautelar, lo cual a
todas luces es contraria a derecho y contraria a las opiniones doctrinarias con las cuales pretendió fomentar
su decisión. Que el tratadista aludido por la sentenciadora, dice todo lo contrario a su interpretación, en
ningún momento se señala que haya que suspender la medida cautelar preventiva, ya que la medida no está
dictada en función del decreto intimatorio, sino en atención a los instrumentos acompañados y que sustentan
la pretensión del actor. Que por ultimo considera necesario resaltar que los lapsos transcurridos entre una
decisión y otra, que debieron serlo en un solo cuerpo, por el principio de la concentración procesal y para
facilitar la defensa del perjudicado con la decisión. Que así se tiene, que se ordenó y transcurrió todo el
lapso para la notificación del Procurador General de la República (45 días) tal como lo establece la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República. Que el auto de suspensión decreto, ocurrió el 14 de
junio y, suspensión de la medida el 20 de octubre, por supuesto de este año ¿Celeridad Procesal? Que de esa
manera deja presentado sus informes, rogando sean tomados en cuenta, esperando que la apelación
formulada sea declarada con lugar y en consecuencia se ordene la revocatoria de la decisión apelada con
todos sus efectos legales.”
En estos términos solicitó que se revoque la decisión que suspende la medida decretada, alegando que las
opiniones de los doctrinarios aludidos dicen lo contrario y lo que hace es ordenar la suspensión de la
medida preventiva de embargo y que la ejecución es obligatoria y no potestativa según el artículo 646 del
código de procedimiento civil. Con respecto a éste punto observa ésta superioridad que el apelante
manifiesta la medida está basada en el titulo fundamental y no en el decreto intimatorio y que debe ser
revocado, lo que éste tribunal no comparte ya que el decreto intimatorio, parte del supuesto de que se
convierta en sentencia con autoridad de cosa juzgada si el demandado no hace oposición oportunamente, lo
que precisamente se considera que las medidas decretadas en el decreto intimatorio son de carácter
eminentemente preventiva y no ejecutiva, razón por la cual no hay que demostrar el fomus bonis iuri y el
periculunm in mora, como lo hace ver el a-quo en la motiva de su sentencia.
En este orden de ideas, el decreto intimatorio en caso que no se haga la oposición en el lapso legal queda
como sentencia en autoridad de cosa juzgada, ya que la naturaleza de los juicios son ejecutivos, por lo que
el a quo no podía revocar ni corregir una vez hecha la oposición, luego de verificar si dicha oposición fue
hecha en el lapso legal, lo lógico es que dicho decreto quede sin efecto así como la medida decretada en él,
ya que de autos se evidencia que no había sido practicada la misma, ahora bien el apelante quiere hacer
notar “que tiene que ver el dejar sin efecto el decreto de intimación, con la ejecución de una medida
preventiva, cuyo objeto es asegurar que la causa o la pretensión no quede ilusoria…”; con respecto a esto,
considera quien decide que el a quo obro bien al dejar sin efecto la ejecución de la medida decretada con el
decreto intimatorio, pues de practicarse la misma habiendo de por medio oposición del intimado
(demandado) en tiempo oportuno, se le estaría conculcando el derecho a la defensa de acuerdo a lo
establecido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, ya que el demandado podría, al momento de contestar
la demanda, alegar por ejemplo, el pago de la deuda y haberse libertado de la obligación, y si se le
practicara dicha medida se le estaría causando un daño, aunado a esto es importante destacar que dichas
medidas son de naturaleza preventiva y anticipadas por lo que en caso de que el intimado demandado no
hiciere su oposición oportuna el decreto quedaría como titulo ejecutivo y así si se procedería de manera
forzosa su cumplimiento.
Finalmente a lo señalado por el apelante en cuanto a la celeridad procesal, considera quien decide que lahttp://yaracuy.tsj.gov.ve/decisiones/2011/enero/1428-19-5795-.html[24/05/2012 08:11:51 p.m.]TSJ Regiones - Decisiónsuspensión de la causa por el transcurso de 45 días continuos no comporta una actitud arbitraria del a quo,
sino es un imperativo legal establecido en el artículo 99 de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República Bolivariana de Venezuela, por lo que pone en conocimiento al apelante que si no se cumple con
esta formalidad es objeto de reposición de la causa en cualquier grado e instancia del proceso.
Por otro lado, y no menos importante para reforzar lo anteriormente dicho, nada le impide al actor solicitar
nuevamente dicha medida preventiva, solo que en esta ocasión deberá el actor cumplir con los dos requisitos
exigidos para que prospere la misma como lo son el FUMUS BONIS IURI Y EL PERICULUN IN MORA,
por lo que ésta alzada considera que no prospera dicho argumentando.
Por todas las consideraciones anteriores considera quien juzga que no debe prosperar el recurso de apelación
en los términos propuestos, y así será establecido en la parte dispositiva.
En mérito de las razones expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la
Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana
de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha
25 de octubre de 2010 por el apoderado judicial de la parte demandante contra la decisión de fecha 20 de
octubre de 2010 dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy que revocó la medida preventiva de embargo decretada en
fecha 14 de junio de 2010 sobre bienes muebles propiedad de la demandada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la
Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe, a los diecinueve (19) días del mes de enero (01)
del año dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.El Juez Superior,
Abg. Eduardo José Chirinos Chaviel
Abg. Linette Vetri Meleán
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las once de la mañana.
Abg. Linette Vetri Meleánhttp://yaracuy.tsj.gov.ve/decisiones/2011/enero/1428-19-5795-.html[24/05/2012 08:11:51 p.m.]All pages:12345InfoSaveLikeShareDownloadMoreSentencia Yaracuy Published on May 24, 2012 una sentenciacarola88FollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: artículo 517
 artículo 646
 artículo 585
 artículo 652
 artículo 651
 artículo 652
 artículo 646
 artículo 49
 artículo 99