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Timestamp: 2020-07-08 05:28:38+00:00

Document:
Impuesto transmisiones patrimoniales cantabria 2017, gastos compra garaje segunda mano 2018
Impuesto transmisiones patrimoniales cantabria
Cantabria sube el ITP
Qué se considera rehabilitación a estos efectos
Qué se entiende por obras inmediatas
Tipo reducido en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas para la adquisición de viviendas objeto de inmediata rehabilitación
Se consideran obras de rehabilitación de viviendas las siguientes
¿Qué impuestos conlleva la compra o alquiler de una plaza de garaje?
¿Qué IVA debo pagar al comprar o alquilar una plaza de garaje?
¿Hay que incluir el IVA en las facturas de alquiler de garajes entre particulares?
Soy particular, ¿debo aplicar IRPF en las facturas de alquiler de plazas de garaje?
Quiero poner en alquiler una plaza de garaje, ¿qué obligaciones fiscales conlleva?
Otros impuestos asociados a la compra de plazas de garaje
Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Cantabria
Desde el 1 de enero de 2018, comprar una vivienda o un local o una plaza de garaje de segunda mano en Cantabria conllevará un mayor pago de impuestos al comprador.
El tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) aplicable a compras de inmuebles ha pasado del 8% al 10%.
Ahora bien, en función de los ingresos que haya declarado el contribuyente en su IRPF, el tipo puede mantenerse en el anterior 8%. En concreto, a los sujetos pasivos cuya base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del periodo inmediatamente anterior a la adquisición del inmueble, antes de las reducciones por mínimo personal y familiar, sea inferior a 30.000 euros se les aplicará un tipo del 8 %.
Actualización: el ITP de Cantabria 2019, al detalle.
También se contempla el caso de que la vivienda que se adquiera vaya a ser inmediatamente rehabilitada. Aquí se aplicaría un tipo reducido del 5% de ITP, pero hay que verficar que se cumplen todas las condiciones legales. Y justificar las obras con licencias, facturas y justificantes de pago (no en efectivo).
a) En el documento público en el que se formalice la compraventa se hará constar que la vivienda va a ser objeto de inmediata rehabilitación. No se aplicará el tipo reducido si no consta dicha declaración en el documento, ni tampoco se aplicará cuando se produzcan rectificaciones del documento que subsanen su omisión, una vez pasados tres meses desde la formalización de la compraventa.
b) La edificación objeto de compraventa debe mantener el uso de vivienda tras la rehabilitación.
c) El coste total de las obras de rehabilitación será como mínimo del 15 %del precio de adquisición de la vivienda que conste en escritura.
A estos efectos son obras de rehabilitación de viviendas las siguientes:
f) Obras de supresión de barreras arquitectónicas y/o instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectónicas para su uso por personas con discapacidad.
Se entiende por inmediatas aquellas obras de rehabilitación que se finalicen en un plazo inferior a 18 meses desde la fecha de devengo del impuesto. En el plazo máximo de los treinta días posteriores a la finalización de los dieciocho meses a los que se refiere el párrafo anterior, el sujeto pasivo deberá presentar la licencia de obras, las facturas, los justificantes de pago y demás documentación oportuna derivada de la rehabilitación, que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente artículo, con desglose por partidas que acrediten que el importe de las obras es igual o superior al 15 % del precio de adquisición de la vivienda, en la Dirección General competente en materia de Vivienda, que resolverá si las obras a las que se refiera la documentación presentada se adecuan a las descritas en los apartados anteriores.
El incumplimiento de la obligación de presentar la documentación reseñada en el plazo establecido o la falta de adecuación de las obras realizadas declarada por la Dirección General competente en materia de vivienda, determinarán la pérdida del derecho al tipo reducido.
La aplicación del tipo reducido estará condicionada a que los importes satisfechos por la rehabilitación sean justificados con factura y abonados mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen las obras o presten los servicios. En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal en efectivo.
El tipo reducido será aplicable siempre que concurran todas las condiciones siguientes:
En el documento público en el que se formalice la compraventa se hará constar que la vivienda va a ser objeto de inmediata rehabilitación. No se aplicará el tipo reducido si no consta dicha declaración en el documento, ni tampoco se aplicará cuando se produzcan rectificaciones del documento que subsanen su omisión, una vez pasados tres meses desde la formalización de la compraventa.
La edificación objeto de compraventa debe mantener el uso de vivienda tras la rehabilitación.
El coste total de las obras de rehabilitación será como mínimo del 15 % del precio de adquisición de la vivienda que conste en la escritura.
Las obras deberán finalizar en un plazo inferior a 18 MESES desde la fecha de devengo del impuesto.
La aplicación del tipo reducido estará condicionada a que los importes satisfechos por la rehabilitación sean justificados con factura y abonados mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas de entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen las obras o presten los servicios. En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal en efectivo.
Obras de reconstrucción de las viviendas, que comprendan obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas.
Obras de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.
Obras de albañilería, fontanería y carpintería para la adecuación de habitabilidad de la vivienda que la proporcionen condiciones mínimas respecto a su superficie útil, distribución interior, aislamiento acústico, servicios higiénicos u otros servicios de carácter general.
Obras de rehabilitación energética destinadas a la mejora del comportamiento energético de la vivienda reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía renovables.
La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha denunciado que «todos los cántabros pagarán más impuestos en 2018» con la reforma fiscal que va a aprobar el Gobierno, un “sablazo” que afecta especialmente a las rentas medias y no solo a los que más tienen, como sostiene la coalición PRC-PSOE.
Buruaga ha afirmado que «se han confirmado los vaticinios del PP», porque en 2018 habrá una subida de impuestos que va mucho más allá de un ajuste mínimo o de un mero retoque, ya que afecta no solo al Impuesto sobre Patrimonio, sino también a las herencias y donaciones y a todas las transacciones de segunda mano, especialmente la compra de viviendas.
Según la presidenta del PP, el Gobierno de Cantabria está «tratando de engañar a los ciudadanos» y de ocultar el verdadero alcance de una reforma fiscal con la que, según sus estimaciones, espera recaudar más de 20 millones de euros en el mismo año 2018.
La mayor recaudación se obtendrá con la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que grava igual todas las transacciones de segunda mano que realizan los cántabros al margen de cuál sea su renta o su riqueza, lo que, según Buruaga, revela que «no es cierto que la subida sea mínima y que vayan a pagar más los que más tienen».
La presidenta del PP, que «conoce de primera mano la propuesta de reforma» que el Gobierno tiene previsto aprobar esta semana, ha explicado que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de Bienes Inmuebles sube de un 8 a un 10 por ciento para la compra de viviendas de menos de 300.000 euros, mientras que el tipo para las que superan ese importe se mantiene igual.
Esto significa que «una familia media que compra una vivienda de 150.000 euros pagará 3.000 euros más» por esta operación a partir del 1 de enero de 2018.
Al mismo tiempo, el Gobierno doblará en 2018 el Impuesto de Transmisiones de Bienes Muebles, que grava, por ejemplo, las transacciones de vehículos de segunda mano, que «compran precisamente las personas con menos recursos».
Este impuesto pasa de un 4 a un 8 por ciento, salvo para los vehículos de gran cilindrada, las obras de arte y las embarcaciones de recreo, que se mantienen en el 8 por ciento. Todas las tasas suben un 1,5 por ciento.
La presidenta del PP ha desvelado también que el Impuesto sobre el Patrimonio «sube en todos los tramos un media de un 20 por ciento» y no solo a partir de los 600.000 euros y se incrementa lo mismo para los patrimonios de 167.000 euros que para los que superan los 5 millones de euros.
Para Buruaga, las deducciones anunciadas por el Gobierno en sucesiones y donaciones «son mínimas», para casos muy concretos que afectan «a muy pocos contribuyentes», y son una «cortina de humo» para ocultar que un heredero medio va a pagar diez veces más, mientras que los que hereden por debajo de 60.000 euros pasarán de pagar 7 euros a no pagar nada.
Mi consulta es relativa a la compra de una plaza de parking. El vendedor vende por separado una plaza de parking y el piso. A nosotros nos interesa el garaje y ya lo hemos acordado verbalmente. La escritura es de las dos propiedades, pero el vendedor dice que son divisibles. ¿Se debe realizar la acción notarial de las dos ventas juntas o puede ser por separado? ¿Qué gastos notariales comporta? ¿Quién debe buscar el notario, la parte vendedora o la compradora? ¿A quién corresponden los gastos?
El garaje y la vivienda a menudo figuran como fincas registrales independientes, pero la compra se suele hacer en la misma escritura si es al mismo vendedor. También se puede hacer en la misma escritura a diversos compradores o una escritura para cada comprador, como sería su caso. El coste depende, sobre todo, del valor de la vivienda, puede pedir presupuesto en cualquier Notaría; se cobra por arancel, por tanto en todas igual. Si ustedes no han pactado nada especial, los gastos se reparten de la siguiente forma:- El impuesto Municipal sobre el Incremento del valor de los terrenos (comúnmente llamado plus-valía municipal), corresponde al vendedor.- Los gastos de notaría corresponden al vendedor (gastos de matriz de escritura, excepto en Cataluña y salvo pacto en contrario) y al comprador (gastos de copia).- Los gastos de impuestos (entre el 6% y el 10% de ITP en el caso de vivienda usada, y un 10% de IVA más un 1% o 1&rsquo;5% de AJD en caso de vivienda nueva, según las distintas comunidades autónomas), corresponden al comprador. Es importante saber que para que a los garajes nuevos se aplique el 10% y no el 21 % de IVA deben transmitirse juntamente con la vivienda.- Los gastos de Registro corresponden al comprador. Debe elegir notario el que va a pagar la mayor parte de los gastos de notaría, y en cualquier caso el comprador si compra a un promotor.
Cuando se realiza la compra o alquiler de una plaza de garaje, existen una serie de obligaciones fiscales e impuestos fijos. El porcentaje de IVA, varía entre el 21% y el 10% según vincules o no tu plaza de garaje en el mismo acto a tu vivienda habitual.
La clave para pagar más o menos IVA al comprar o alquilar tu plaza de garaje viene determinada por si el contrato se hace vinculado a la vivienda o no.
En el caso de comprar o alquilar una plaza de garaje en el mismo momento y contrato que la vivienda destinada a ser ocupada como residencia, éste se regirá por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el IVA asociado será del tipo reducido, el 10%.
Si compras o alquilas una plaza de garaje de forma independiente a tu vivienda habitual, el contrato se establecerá según lo acordado por las partes y el IVA aplicable será del tipo general, el 21%.
Los particulares, que no son sujetos pasivos de IVA, al alquilar una plaza de garaje adquieren la condición de empresarios y profesionales a efectos del Impuesto de Valor Añadido (IVA).
Para formalizar el pago de la plaza de garaje, es necesario emitir una factura en la que se aplican los impuestos de IVA. El arrendador, deberá realizar las correspondientes declaraciones trimestrales y anuales.
Un particular que alquile una plaza de garaje a un arrendatario (usuario de la plaza y pagador) dado de alta como profesional o empresario o incluido en alguno de los supuestos del artículo 76 del Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (RIRPF), deberá aplicar IRPF en sus facturas cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no superen los 900 euros anuales.
Durante el año 2015 se debe aplicar el 20% de retención IRPF. Está previsto que, en el 2016, esta retención IRPF sea del 19%.
El arrendador debe darse de alta como retenedor en Hacienda mediante el modelo 037, marcando el epígrafe “Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores” dentro del grupo 8612/1 y tipo de actividad: alquiler de locales.
Las plazas de garaje, se consideran rentas inmobiliarias por lo tanto tributan en la declaración de la renta tanto si las tienes alquiladas como si no.
Únicamente estarán exentas hasta un máximo de dos plazas de garaje compradas conjuntamente a la vivienda habitual siempre que se encuentren en el mismo edificio y cuya adquisición se haya producido en el mismo acto y no se alquilen.
El alquiler de una plaza de garaje implica que se está recibiendo un ingreso por el que es necesario tributar en la declaración de la renta al igual que haríamos con el dinero percibido por alquilar un piso.
La compra de plazas de garaje de obra nueva está sujeta al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que dependerá de cada comunidad autónoma. Habitualmente ronda el 1% del valor de la compraventa.
La compra de plazas de garaje de segunda mano están vinculadas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que también varía según comunidad autónoma al ser un impuesto autonómico.
Se distingue entre los tipos aplicables a las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles y de bienes muebles.
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1) Transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles
Podemos diferenciar los siguientes supuestos:
Con carácter general, en la transmisión de bienes inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles, excepto en los derechos reales de garantía: 7%.
Este tipo de gravamen se aplica únicamente al tramo del valor real del bien inmueble o derechos reales constituidos o cedidos respecto al mismo que no supere la cuantía de 300.000 euros, o la de 30.000 euros en caso de plazas de garaje, salvo en el caso de los garajes anejos a la vivienda, con un máximo de dos.
En la transmisión de bienes inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles, excepto en los derechos reales de garantía, para el tramo del valor real del bien inmueble o derechos reales constituidos o cedidos respecto al mismo, que supere la cuantía de 300.000 euros: 8%.
En la transmisión de bienes inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles, excepto en los derechos reales de garantía, cuya calificación urbanística conforme a la normativa aplicable sea la de plaza de garaje, salvo en el caso de los garajes anejos a la vivienda con un máximo de dos, para los tramos superiores a 30.000 euros conforme al valor real del bien inmueble o derecho real constituido o cedido: 8%.
En el otorgamiento de concesiones administrativas, constitución o cesión de derechos reales que recaigan sobre las mismas, excepto en el caso de constitución de derechos reales de garantía, y actos y negocios administrativos equiparados a ellas: 7%.
En transmisiones de viviendas y promesas u opciones de compra sobre las mismas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo: 5%.
Para que este tipo reducido sea de aplicación, es necesario que el sujeto pasivo reúna alguno de los siguientes requisitos o circunstancias:
Tener la consideración de titular de familia numerosa o cónyuge del mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2003, de protección a las familias numerosas.
Persona con minusvalía física, psíquica o sensorial que tenga la consideración legal de minusválida con un grado de disminución igual o superior al 33% e inferior al 65% de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del RDL 1/1994. Cuando, como resultado de la adquisición de la propiedad de la vivienda, ésta pase a pertenecer pro indiviso a varias personas, reuniendo una de ellas el requisito de discapacidad, se aplicará el tipo reducido a cada uno de los sujetos pasivos en proporción a su porcentaje de participación en la adquisición.
En las transmisiones de inmuebles que se refieran a viviendas situadas en municipios con problemas de despoblación o de alta dispersión de la población: 5%.
En aquellas transmisiones de inmuebles exentas del IVA (artículo 20.Uno. 20º, 21º y 22º LIVA), cuando el adquirente sea sujeto pasivo del IVA actuando en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales, tenga derecho a la deducción total del IVA soportado por tales adquisiciones, y no se haya producido la renuncia a la exención: 4%.
En aquellas transmisiones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo, cuando éste sea una persona con minusvalía física, psíquica o sensorial que tenga la condición legal de minusválida con un grado de disminución igual o superior al 65% de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 RDL 1/1994: 4%.
Cuando, como resultado de la adquisición de la propiedad de la vivienda, ésta pase a pertenecer pro indiviso a varias personas, reuniendo unas el requisito previsto en este apartado, se aplicará el tipo reducido del 4% a cada uno de los sujetos pasivos en proporción a su porcentaje de participación en la adquisición.
2) Transmisión onerosa de bienes muebles
Con carácter general, en la transmisión de bienes muebles y semovientes, así como la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía: 4%.
No obstante, se aplicará el 8%:
En las transmisiones de vehículos de turismo y vehículos todo terreno, según la clasificación establecida en las Órdenes de precios medios de venta establecidos anualmente en Orden Ministerial, que superen los 15 caballos de potencia fiscal.
En las transmisiones de embarcaciones de recreo con más de ocho metros de eslora.
En las transmisiones de aquellos otros bienes muebles que se puedan considerar como objetos de arte y antigüedades según la definición que de los mismos se realiza en la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio.
Transmisión onerosa de explotación agraria prioritaria familiar, individual, asociativa o asociativa cooperativa especialmente protegida en su integridad: 4%.
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En los arrendamientos de viviendas que constituyan la vivienda habitual del arrendatario, cuando éste pertenezca a determinados colectivos, y siempre que la renta anual satisfecha no sea superior a 8.000 euros, se aplica una bonificación del 99% sobre la cuota tributaria obtenida aplicando la tarifa del impuesto.
Esos colectivos son los siguientes:
Persona con minusvalía física, psíquica o sensorial que tenga la consideración legal de minusválida en los términos previstos en el Decreto Legislativo Cantabria 62/2008, artículos 9.4 y 7.
Persona de menos de 30 años cumplidos en la fecha del arrendamiento.
Arrendatario de viviendas de protección pública que no gocen de la exención prevista en el artículo 45 Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
El bipartito PRC-PSOE decidió aumentar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados del 8% al 10%. Esto ha situado a Cantabria a la cabeza en dicho tributo, equiparando la cuota que pagan los ciudadanos por la compraventa de vivienda de segunda mano con la que se abona en comunidades más grandes y más ricas como Cataluña, Galicia o Comunidad Valenciana. Así se desprende de la XVII edición del estudio ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2018’, publicado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (REAF-REGAF) del Consejo General de Economistas (CGE).
En dicho documento, que hace un extenso análisis de los diferentes impuestos en todo el territorio nacional, Cantabria destaca por lo que pagan sus ciudadanos en las transmisiones patrimoniales. Por ejemplo, por la compra de un inmueble de 150.000 euros en Cantabria se abona una cuota de 15.000 euros, la misma cantidad que en las citadas comunidades autónomas. Por comparar, Madrid es en la que menos se paga: 9.000 euros. En Castilla-La Mancha se pagarían 13.500 euros; en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Castilla y León, Extremadura y Murcia, 12.000 euros; en La Rioja se abonan 10.500 euros; y en Islas Canarias 9.750 euros.
El presidente del CGE, Valentín Pich, encargado de presentar el informe, ha señalado que tener tan alto este impuesto no tiene sentido en un contexto como el actual, con un amplio stock de viviendas. Junto al presidente del REAF, Jesús Sanmartin, ha abogado por simplificar y armonizar los impuestos, de forma que se establezca un impuesto tipo por parte del Estado y las CCAA tengan «cierta» potestad normativa.
Cataluña repitió de nuevo en 2017 como la comunidad autónoma con un IRPF más elevado para las rentas medias y bajas
A su vez, Sanmartin ha explicado que el 82% de los ingresos impositivos de las CCAA procede de los grandes impuestos (IVA, IRPF e Impuestos Especiales), y ha indicado que, aunque la recaudación en general crece desde el año 2010, todavía no se ha recuperado en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).
Un salario de 16.000 euros anuales, el más común en España, paga de media 1.611 euros de IRPF en Cataluña, frente a los 1.434 que abonan en la Comunidad de Madrid, lo que supone un 12,3% menos; y en el tramo del salario medio de 20.000 euros en Cataluña se pagan 2.510 euros, frente a los 2.303 euros de la Comunidad de Madrid.
Valentín Pich ha explicado que los tributos propios suponen una «escasa» fuente de financiación para las autonomías, ya que representan solo el 2,2% de la recaudación tributaria en 2016, año en el que la recaudación aumentó en 122,5 millones a través de estos gravámenes. La mayor parte de estos impuestos giran sobre el agua, con un 78,8% de la recaudación, ha detallado la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, María José Portillo.
En este artículo se analizan para el ejercicio 2018 las novedades normativas introducidas por las Comunidades Autónomas tanto en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (“TPO”) como en la de Actos Jurídicos Documentados (“AJD”) del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. Se incluyen en la primera entrega del artículo las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, la Región de Murcia y las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Yi Zhou, Abogado de Fiscal de Pérez-Llorca
La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (“CC.AA.”) de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias faculta a las CC.AA. para asumir competencias normativas en cuanto al tipo de gravamen tanto en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (“TPO”) como en la de Actos Jurídicos Documentados (“AJD”) del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (“ITP-AJD”).
Por su parte, los artículos 11 y 31.2 del Texto Refundido de la Ley del ITP-AJD, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (“Ley de ITP-AJD”), establecen los tipos residuales para el caso de que las CC.AA. no hagan uso de sus competencias normativas. Así, en TPO, en defecto de normas autonómicas para la transmisión de bienes muebles o inmuebles y la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, exceptuando los derechos reales de garantía, se establece un tipo del 6% si se trata de inmuebles y del 4% si se trata de muebles, mientras que los arrendamientos tributan según la escala establecida y las concesiones administrativas al 4%. En AJD, en defecto de regulación del tipo por la CC.AA., el tipo residual es el 0,5%.
Por otro lado, para 2018, en la transmisión de vehículos se aplicarán los precios medios que publica la Orden HFP/1258/2017, de 5 de diciembre.
En ejercicio de sus facultades, todas las CC.AA. han establecido tipos propios, tanto incrementados como reducidos, respecto a los estatales. A este respecto, las Ciudades con Estatuto de Autonomía (Ceuta y Melilla) no tienen transferidas competencias sobre ITP-AJD, al no haberse adoptado la preceptiva Ley de Cesión, por lo que se aplican los tipos estatales expuestos.
Así, por ejemplo, la mayor parte de las CC.AA. han establecido un tipo incrementado en AJD para aquellas transmisiones de inmuebles en las que se ejercite la opción de renuncia a las exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido (“IVA”) previstas en el artículo 20.Uno números 20, 21 y 22 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (“LIVA”) para, de esta forma, compensar la disminución que les produce dicha renuncia en la recaudación por la modalidad de TPO.
Además, en algunas CC.AA. esta medida viene acompañada del establecimiento de tipos reducidos en la modalidad de TPO para determinadas operaciones inmobiliarias en las que, teniendo derecho a ello, el vendedor no renuncie a la exención del IVA, incentivando aún más la decisión de no renunciar a la exención del IVA y tributar por TPO.
Las CC.AA. también tienen competencia para regular el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones del ITP-AJD. No obstante, muchas de ellas mantienen el plazo de presentación que prevé el artículo 102 del Reglamento del ITP-AJD, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo y que se fija en treinta días hábiles a contar desde el momento en que se cause el acto o contrato.
Para el ejercicio 2018, algunas CC.AA. ya han introducido novedades legislativas tanto en la modalidad de TPO, como en la modalidad de AJD, que a continuación se reproducen. Destacamos que se incluyen en esta primera entrega del artículo la mayoría de las CC.AA que ya han introducido cambios a la fecha del envío de dicho artículo a la revista (i.e. Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, la Región de Murcia y las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya).
Se dejan para la segunda entrega de este artículo las CC.AA que, a la fecha de su envío, (i) hay previsión de que vayan a introducir cambios para este ejercicio pero que todavía no han sido publicados; o (ii) algunas CC.AA. para las que no hay previsión de que vayan a introducir cambios para este ejercicio porque no hay proyecto de reforma alguno.
MODIFICACIONES DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA EN MATERIA DE ITP-AJD

References: artículo 76
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 45
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 102
 Real Decreto