Source: http://ginser.blogspot.com/
Timestamp: 2014-09-03 04:32:54+00:00

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You are on the website of Ginser, Lord Walter of Glasgow, active preserver of the environment and human rights advocate and social justice. Franciscan hipocrita staunch critic of the lack of practice in early Francesco Bernardone current time in our living Christianity. A lover of real socialism and democracy. His motto is "no justice, no peace" and that is what we put into practice everyday.
Más muertos palestinos.
Caso de impunidad.
Paula Cecilia Sabellini: víctima de incesto desde 1.994.
Texto de la Denuncia.
Sr. Vicepresidente 1º de la Exima. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Doctor Luis María Roberto Bunge Campos.
WALTER DAVID CARDOZO, D.N.I. Nº 25.100.400, sua iure, constituyendo domicilio procesal en XX, a V.S. se presenta y dice: I.-
Que vengo en legal forma a interponer denuncia penal en los términos que prescriben los Artículos 174 y 181 del C.P.P.N., contra la persona de Juan Alberto Sabellini D.N.I. Nº 7.598.253, con domicilio en calle Doctor Cosme Argerich Nº 4.875, PB. frente, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal en calidad de autor, por los ilícitos penados en los Artículos 119 párrafo 4º Inc. B, 120 y 149 bis del C.P.N. respecto al imputado en perjuicio de su hija primogénita Paula Cecilia Sabellini D.N.I. Nº 29.865.467.
La imputación se extiende a quien o quienes de la investigación que V.S. sirva disponer, resultaren haber actuado como autores, coautores, cómplices, instigadores y/o encubridores de los ilícitos penales que se endilgan, y ello conforme a las consideraciones fácticas y jurídicas que paso a exponer.
Que conforme los códices que se evocan, se me ha facultado denunciar por los injustos penales citados al imputado Juan Alberto Sabellini en calidad de autor y otro cualquier partícipe primario, secundario, instigadores y encubridores de los eventos disvaliosos adjudicados.
A los efectos de una mejor comprensión y metodología de trabajo, atento a la extensión de los eventos criminosos, abordaré en primer lugar el andamiaje fáctico que rodean los hechos ilícitos que en forma de denuncia se darán a conocer, señalizando adecuadamente un accionar delictivo repetitivo en el tiempo de similares características, todos ellos idóneos para hacer ingresar las conductas desplegadas en los extremos de los tipos penales normas citadas, para luego formular las consideraciones que hacen a la tesis jurídica procesal de mi parte, reseñar el plexo probatorio con que cuento, hábil y conducente para adjudicar una autoría, y que sin duda conformará un cuadro de situación tendiente a tornar viable el reproche formulado, ya que los elementos de convicción acreditan un marco vinculante del imputado, y ello a mérito de mi parte implica y conlleva un injusto reiterado, un accionar delictivo pergeñado, estructurado y planificado tendiente a abusar deshonestamente de su hija primogénita desde larga data.
CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS QUE RODEAN EL EVENTO ILÍCITO-PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL MISMO-DESARROLLO SISTEMÁTICO DEL ACCIONAR DELICTIVO.
El accionar delictivo comienza tres años antes de conocer a la damnificada en una organización religiosa denominada “Camino Neocatecumenal” a principios del mes de Abril de 1.997 -la cual desarrolla sus actividades en la Parroquia Católica Romana “Santa Amelia” cita en calle Virrey Liniers Nº 428, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, y sobre la cual en sus comienzos se la tildaba de secta dentro de la Iglesia Romana-, en la cual yo participaba. A posteriori, y luego de veinte días de socialización, entablé una relación romántica y secreta con la entonces menor y damnificada. Tal secretismo lo mantuvimos, debido a los prejuicios sociales que se pudieran originar, tanto en el núcleo familiar de la damnificada como en el medio religioso donde nos conocimos (máxime al ser una organización seudoconservadora y estratificadora en base al comienzo de ingreso de sus integrantes, por lo que las personas neocatecúmenas ya miembros tenían cierta autoridad coercitiva sobre las recién ingresadas; en nuestro caso, los progenitores de la damnificada lo ejercían sobre la damnificada y mi persona). En agosto de ese año, la mencionada damnificada en una situación privada y familiar, develó la relación.
Asimismo, a principios de agosto de ese año en una plaza lindera a la Estación de Ferrocarril Pueyrredón en el barrio de Villa Pueyrredón, la damnificada me reveló en confidencia, que un familiar suyo abusó sexualmente de ella a la edad de once años, no queriéndome especificar cuál familiar (intimidándome a que si seguía profundizándole mi indagatoria respecto a eso, iba a culminar la relación definitivamente) y al que pude determinar - o sea, su propio padre-, en un almuerzo a finales de ese mismo mes en su residencia familiar (invitado al mismo por la damnificada y sus progenitores), a través de actitudes gestuales, miradas e impresiones violentas de ambos progenitores ante mi indagatoria respecto a tal revelación criminosa anoticiada en la mencionada plaza barrial de Villa Pueyrredón, mientras la damnificada se encontraba en su habitación, no presenciando la conversación. La relación romántica que mantenía con la damnificada culminó debido a la intromisión del progenitor quien, a partir de mi revelación de dicha confidencia en pleno almuerzo, inhibió nuestros encuentros románticos y entorpeció nuestro noviazgo para finalmente obligar a la damnificada a culminar todo tipo de relación social con mi persona el día martes 19 de diciembre de 1.997 aprovechando el ejercicio legítimo y no impedido en ningún momento por el sistema judicial argentino, de la patria potestad. Llama la atención que la misma organización religiosa hoy católica romana denominada Camino Neocatecumenal al año de haber ocurrido estos eventos, haya pedido explicaciones al mismo imputado sobre estas endilgaciones que reprocho (máxime al hacerse presente en el templo central de la calle Virrey Liniers Nº 428, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, en diferentes celebraciones litúrgicas y eucarísticas, personal policial federal, con el objeto de aprehender al imputado, investigarlo y realizar averiguación de antecedentes, no sólo sobre el imputado, sino sobre los miembros de la cúpula administrativa de esa organización religiosa), y que éste haya tomado la decisión de separarse de dicha Organización, junto con los miembros de su núcleo familiar, incluida la damnificada, quien hasta la fecha presenta graves consecuencias psicológicas y psiquiátricas a raíz de todos estos actos aberrantes de los cuales es víctima, aún así sin reconocerse como tal, no encuadrando normalidad en esas áreas científicas.
No obstante estas circunstancias remotas e impunes en el tiempo (puesto que no se efectuó sobre la damnificada y sobre el imputado sendas pericias psiquiátricas, psicológicas y neurológicas -y sobre la damnificada, ginecológicas específicamente-), si cualquier magistrado en su sano juicio estima que en la actualidad estos hechos prescribieron, encuadraría tal actitud y postura en un grave error, puesto que el peligro de que los parámetros psiquiátricos y psicológicos del imputado estipulados en una grave falencia aberrante, morbosa, inmoral y sádica, proclives a conductas pederastas y pedófilas (lo cual lo enmascara con un cierto e hipócrita perfil teatralizado de católico conservador) hacia menores de dieciocho años -sean niñas o adolescentes-, sigue aún latente, ya que el imputado desempeña actividades pedagógicas en escuelas de nivel medio, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Doy por acreditada la realización de los tipos penales en los términos de las normas citadas, y por confirmada la tipicidad conglobante.
LA FIGURA PENAL-ADECUACIONES DE LAS CONDUCTAS ILÍCITAS DESPLEGADAS POR EL ACCIONADO.
Principio por señalar que conforme al plexo probatorio evocado, y que pongo a disposición de V.S., el mismo serio, preciso, grave y concordante, constituye a mérito de mi parte plena prueba para adjudicar autoría y participación del incuso.
Existió animus actori en el imputado Juan Alberto Sabellini.
El abuso sexual de menores es un delito que se consuma en el ámbito privado o íntimo de sus protagonistas. Excepcionalmente hay testigos presenciales que aportan sus testimonios al esclarecimiento de los hechos que son denunciados, razón por la cual en la mayoría de los casos no se cuenta con prueba directa del abuso sexual, dificultando con ello la investigación penal. Asimismo, hay que tener en cuenta que en algunos casos de abuso sexual simple, la víctima no presenta signos físicos que acrediten los extremos denunciados por el/la niño/a víctima, o bien puede suceder que no se denuncie en forma inmediata, dificultando con ello la investigación en lo que respecta a materia probatoria. En otros supuestos (abuso sexual con acceso carnal, lesiones, muerte, etc.) la víctima presenta signos o huellas que exteriorizan haber sido agredida sexualmente, siendo comprobables con los informes médicos correspondientes (los cuales nunca existieron en este caso). A modo de ejemplo, señalo ciertos supuestos que se avizoran en la práctica judicial: a) un/a niño/a que revela ser abusado sexualmente y al examen físico presenta himen incompleto, desflorado, y ano con desgarro y/ o fisuras, con semen o alguna enfermedad de transmisión sexual; b) niño/a/s que guardan silencio o temen revelar lo sucedido, pero al momento del examen médico presenta el mismo diagnóstico relatado ut supra, y c) niño/a/s que relatan haber sufrido abuso sexual, y al momento del examen físico presenta himen completo, no desflorado, y ano sin fisuras. Pues bien, dicho esto, cabe referir que el último supuesto suele ser el más común en la práctica, y resulta ser el de más difícil comprobación, razón por la cual los dichos de la niña o niño víctima y las conclusiones de la pericia psicológica y psiquiátrica llevadas a cabo por los profesionales especializados pertenecientes al Poder Judicial, son los únicos medios con que cuenta la instrucción para avanzar en la investigación y atribuir a un sujeto la participación en la comisión de un hecho delictivo. No hay duda que el testimonio pericial resulta ser de incalculable ayuda al juzgador de los hechos en su difícil función de pasar juicio sobre la inocencia o culpabilidad del acusado de esta clase de delito.
Ahora bien, tal como se mencionó anteriormente, cuando el abuso sexual infantil se comete en el medio intrafamiliar y la víctima conoce al victimario, el delito adquiere una dinámica particular, pasando la víctima diferentes etapas. Las mismas fueron descriptas por Rolando Summit en 1.983, en su obra titulada Child Sexual Abuse Accommodation Sindrome (CASS), traducida como “La Teoría de la Adaptación o Teoría de la Acomodación”. Este autor postula que existen reacciones típicas en niños abusados sexualmente. Estas son:
El secreto: funciona como una de las precondiciones del abuso. Se sostiene mediante el temor a las posibles consecuencias si llega a ser develada la verdad. Tal como fuera señalado ut supra, en la mayoría de los casos los abusadores son personas conocidas por el menor – ya sea familiares u otras personas con vinculación directa (vecinos, maestros, guardadores, médicos, confesores, pastores, amigos, entre otros), quienes tienen un gran prestigio en el círculo que rodea al menor y muestran mucho afecto hacia éste/a, todo lo cual genera que el/la menor sienta que “nadie va a creerle, que puede cortar el vínculo afectivo que lo une al agresor, que sus padres se enojen”, entre otras cosas. Por otra parte, también debe señalarse que en la mayoría de los casos los abusadores coaccionan al menor mediante amenazas – en muy pocos casos se observan supuestos de violencia -, las cuales se traducen en consecuencias futuras que puede llegar a sucederle al menor en caso de contar la verdad. A su vez, generalmente el abusador “abusa” de la relación de ascendencia que tiene sobre el/la niño/a, lo que genera una notoria sensación o estado de desprotección o exposición del niño/a. Este miedo a denunciar no solamente recae sobre el/la menor abusado/a, muchas veces las propias familias niegan durante años la existencia de este tipo de hechos. En los casos de abuso sexual intrafamiliar el miedo de las madres radica en el sentimiento de destruir el grupo familiar si el abusador va preso; a su vez, el/la menor se siente enteramente responsable de esa destrucción en caso de efectuar la denuncia. En los restantes supuestos – por ejemplo cuando los abusadores cuentan con cierto prestigio dentro de la sociedad – las denuncias no se efectúan por la falta de credibilidad del relato de/l/a niño/a por parte de ésta. Sin embargo, el mantenimiento del secreto los hace sentir doblemente culpables, por no poder hablar y por no poder parar la situación de abuso. La desprotección:
Nuestras sociedades están acostumbradas a educar a los niños con un criterio de autoridad hacia el adulto donde todo lo que provenga de él tiene que ser aceptado. Mayormente existe una relación de parentesco o de acercamiento entre la menor víctima y el abusador, con lo cual el/la niño/a –sin llegar a entender si el hecho es malo en sí mismo – siente que sus progenitores o su madre – en el caso que el abusador sea el padre, padrastro o nueva pareja de ésta – no lo protegen. Esta circunstancia conlleva a algunas consecuencias lógicas de todo/a niño/a abusado/a – consecuencias que muchas veces operan como indicadores del abuso sexual infantil – tales como depresión, llanto de origen inexplicado, intentos de suicidio, problemas alimentarios, desgano, conducta irritable o agitación extrema, regresión de alguna fase del desarrollo, miedos excesivos, dependencia excesiva hacia determinados adultos, sentimientos displacenteros, fuga del hogar, escapismo, consumo de drogas o alcohol, relaciones promiscuas, entre otras. Muchos autores suelen mencionar a esta segunda etapa como “impotencia”, puesto que el adulto tiene autoridad y control sobre el/la niño/a abusado/a, con lo cual genera esta característica en el/la menor, quien siente que no tiene forma de evitar dicha situación. Cuanto mayor sea esa autoridad, mayor será la dependencia y mayor la dificultad de la víctima para hablar, provocando que el abuso se reitere en el tiempo. La tercera etapa por la cual comúnmente atraviesan lo/a/s niño/a/s abusados sexuales es “la acomodación o adaptación”. La misma se da cuando se produce la disociación mencionada anteriormente. Los niño/a/s mantienen las experiencias traumáticas totalmente separadas del resto de sus vivencias cotidianas, lo cual conlleva – en consecuencia – a la cuarta etapa de análisis. El/la menor víctima no puede impedir el abuso y termina aceptándolo, frecuentemente, asumiendo la culpa por su consentimiento. Es demasiado alarmante para el niño o niña el aceptar que aquellos que dicen amarlo podrían dañarlo. De esta manera, el/la menor asume que “el malo” es él/ella, y por eso le ocurren estas cosas. Es muy común que los niños que han sido víctimas del abuso no solamente sienten que han hecho algo malo sino que creen que su verdadera esencia debe ser mala para que le hayan ocurrido estas cosas. La revelación tardía, conflictiva y poco convincente. El descubrimiento del abuso sexual infantil muchas veces tiene lugar cuando el/la niño/a llega a la adolescencia o luego de haber sufrido una fuerte situación violenta, lo que lo torna menos creíble en atención al tiempo transcurrido entre los hechos acaecidos y su revelación. A esto se suma que el/la niño/a a lo largo de haber sido expuesto a esta situación tenga actitudes suicidas, hipersexualizadas o mitómanas lo que torna al relato menos creíble aún. Amén de ello debe remarcarse que en nuestra legislación, existen plazos de prescripción, con lo cual, si el/la niño/a tarda años en revelar el abuso perpetrado en su contra, corre el riesgo de no poder iniciar una investigación penal. Este obstáculo podría ser salvado mediante la legislación de un proceso especial para este tipo de hechos delictivos. A modo de ejemplo puede señalarse la legislación de Estados Unidos que permite que este tipo de delitos puedan ser denunciados hasta las edad de 26 años de edad – basándose en el concepto de memoria reprimida -, puesto que se entiende que es en esa edad cuando las personas pueden llegar a recordar sucesos que tenían borrados, pero guardados en su inconsciencia. Relacionado con este punto debe señalarse que generalmente el abuso sexual no se denuncia. En el estudio de Russell el 98% de las víctimas de incesto nunca lo denuncian y el 94% del abuso sexual que ocurre fuera de la familia nunca se denuncia. El abuso sexual es algo que un/a menor no va a mencionar, especialmente si ha ocurrido dentro de la familia. Es más común que estos casos salgan a la luz como resultado de desórdenes de conducta, los que terminan revelando el hecho. Cuando la denuncia se realiza ante las autoridades, esto es consecuencia de una crisis agobiante producida dentro del grupo familiar que rompe el pacto de silencio tácito existente entre las personas involucradas. Ello lleva a sostener que en un hecho de abuso sexual infantil siempre hay más de dos partes, no sólo el/la niño/a víctima y el adulto abusador.
El Código Penal argentino nunca ha establecido el incesto como delito autónomo, sino que lo designó como figura agravada del abuso sexual (o con anterioridad de las figuras de violación y abuso deshonesto).
El Artículo 119 del Código Penal conforme la reforma de la Ley 25.087 establece que: “Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo, cuando esta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión si:
(…) b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guardia”.
La ley se limita a señalar a esos grados de parentesco como elemento agravante, de modo que no se requiere que el abuso sexual haya sido logrado abusando de la autoridad o ascendiente sobre la víctima; pero tampoco se presume que el hecho haya sido realizado contra la voluntad de la víctima en la medida requerida por las respectivas figuras por la sola existencia del vínculo o de la autoridad que de él pueda resultar.
El vínculo, pues, no tiene otra función que adecuar el hecho correspondiente a la figura agravada del Art. 119 Párrafo 4º, Inc. B.
En la doctrina penal existe controversia respecto del origen de la agravante. Molinario sintetiza las dos posturas existentes al respecto: “La razón de ser del agravante puede derivar del carácter incestuoso de la relación pero también puede consistir en que se supone que los parientes tienen el deber todos, de velar por su familia en varios aspectos, uno de los cuales es el comportamiento sexual”.
Toda conclusión resolutiva del Juzgador requiere de la explicación experta de un perito para así poder expedirse sobre la fiabilidad del relato de un/a menor víctima de abuso sexual. (...)“El relato de un niño no puede ser analogado en su tratamiento al de un adulto. En la praxis tribunalicia son frecuentes los casos en los que se advierte que el operador judicial los somete a un minucioso examen lógico, sin tener en cuenta la madurez y afectividad propias de su edad. Semejante abordaje olvida que el método de valoración de la prueba en nuestro sistema procesal -sana crítica racional, Artículo 193, C.P.P.N.-, no sólo se integra con la lógica, sino también, y en igual medida, con las reglas de la experiencia común y la psicología (T.S.J., Sala Penal, "Battistón", S. n° 193, 21/12/2006; "Cuello", S. n° 363, 27/12/2007)”. “Es una regla de la experiencia común -en cuanto constituye un hecho notorio, aprehensible espontáneamente por el intelecto como verdad indiscutible- que el relato de un niño no puede ser objeto de un estricto control de logicidad”. En ninguna esfera de su vida en relación -familiar, escolar, social, etc.-, quien se comunica con un/a niñ/a lo hace con la expectativa de obtener de su pequeño interlocutor un razonamiento impoluto, sin fisuras, sin olvidos, sin contradicciones, sin imprecisiones”. En los precedentes citados, la Sala Penal dio una recomendación a los órganos judiciales para cuando se avizore como dirimente al testimonio de un/a menor:
Allí dijo que “La psicología –como integrante de la sana crítica- ofrece un inestimable aporte para la valoración del relato infantil… Es precisamente por dicho motivo que resulta aconsejable -aunque no imprescindible, atento al principio de libertad probatoria receptado en el artículo 192 del Código ritual- validar sus dichos con un abordaje experto.
Las pericias psicológicas, en este sentido, ofician casi a modo de intérpretes del relato del niño o de la niña y cuando se agregan al proceso no es posible separarlas de aquél, por su capacidad explicativa de los defectos u omisiones que puedan encontrarse en la narración de/l/a menor”. Si se ha acudido a un perito para constatar algo de base técnico que se presenta como controlable y objetivo, es un contrasentido luego prescindir de las conclusiones del dictamen sin dar razones o bien contraponer la opinión profesional (generalmente sobre la veracidad o no del testimonio) con el mero parecer individual del magistrado en un área ajena a sus incumbencias. “Por ello, cuando existe una pericia psicológica que se expide sobre la fiabilidad del relato, la lectura de este último debe ir necesariamente acompañada -cual sombra al cuerpo- de la explicación experta, en tanto aquel extremo se encuentra dentro del ámbito de conocimientos especiales de los que carece el Juzgador (o que, disponiendo de ellos, no pueden motivar su decisión por no ser controlables a las partes)”. Por último, en los fallos citados se tomó un pasaje contenido en un trabajo de la Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (O.N.U.) donde se sugiere cómo pararse frente a un testimonio de un/a menor víctima o testigo de un delito contra la integridad sexual.
Es por ello, y a la luz de las normativas citadas, que aparece cumplimentado en su recorrido la infracción a los Artículos 119 párrafo 4º Inc. B, 120 y 149 bis del C.P.N. por parte del imputado Juan Alberto Sabellini, en que la acción prohibida consiste en abusar deshonestamente de su hija primogénita bajo amenazas desde larga data hasta el día de la fecha.
En síntesis, con la prueba aportada, estoy en condiciones de afirmar de adjudicar el evento disvalioso al imputado Juan Alberto Sabellini en calidad de autor. Se conformará plena prueba que acreditará la perpetración llevada a cabo por el imputado a partir de sendas pericias forenses psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas sobre la damnificada.
Por todo lo expuesto, es claro y preciso el designio criminal imperante en el accionar delictivo conjunto perpetrado por el imputado en perjuicio de su hija primogénita, el plexo probatorio que se solicita para conocimiento de V.S., es -reitero- serio, preciso, grave y el ligamen probatorio es unívoco y no equívoco, y se enlaza en un accionar reiterativo y de índole incestuoso, y admite una sola evaluación conducente a adjudicar prima facie una autoría tendiente a la realización de los tipos contenidos en las normas citadas.
a) Se me tenga por presentado, por constituido el domicilio procesal, conforme normativa procedimental.
b) Se requiera declaración testimonial a:
-Marilina Paz López, domiciliada en AV. Nazca Nº 4.742, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal.
-Julia Leocadia Díaz D.N.I. Nº 5.937.830, domiciliada en calle Doctor Cosme Argerich Nº 4.875, P.B. Dep. 2, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal.
-Adriana Lucía Sabellini D.N.I. Nº 23.833.874, domiciliada en calle General Paz Nº 58, P. 6 Dep. B, Ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
-Habitantes de la finca ubicada en calle Doctor Cosme Argerich Nº 4.852, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal.
-Ana Lázaro, domiciliada en calle Doctor Cosme Argerich Nº 4.866, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal.
-José Di Vanni, domiciliado en calle Doctor Cosme Argerich N° 4.878, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal.
-Alan Silva, domiciliado en calle Joaquín Castellanos Nº 4.888, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal.
-Valeria Bonsignori, domiciliada en calle Viena Nº 6.441 P.B. Dep. 2, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal.
-Nélida Natividad Rodas D.N.I. Nº 92.107.801, domiciliada en calle XX, localidad XX, Provincia XX.
-Carlos Falcinelli, domiciliado en calle Ombú Nº 59, Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.
c) Se fije audiencia a fin de ratificar la presente denuncia y ampliar la misma.
Insto a V.S. a la aplicación del Artículo 196 del C.P.P.N. a efectos de que la investigación quede en ejercicio del Ministerio Público Fiscal y del Artículo 312 del mismo Código ritual, respecto a la situación del imputado.
Tener en cuenta lo expuesto.
Paula Cecilia Sabellini
De economista populista a perito psiquiátrico mundial.
El experto expone ante miembros de la O.E.A. en Washington, Estados Unidos.
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, calificó de "desquiciado" el fallo del juez Thomas Griesa, que impide continuar con el pago de la reestructuración de la deuda argentina, y aseguró que "es un problema que atañe a todo el mundo y principalmente a los países menos favorecidos" porque "muestra una falla en el sistema de financiamiento mundial y vuelve imposible los procesos de reestructuración soberana". El ministro instó a la comunidad internacional a que "actúe antes de que el precipicio que estableció Griesa esté ante nuestras narices".
Tras las palabras del presidente de la OEA, José Miguel Insulza, y del canciller argentina, Héctor Timerman, el ministro de Economía sostuvo que "la Argentina ya ha conseguido el respaldo de la comunidad internacional porque es un problema de todos" e indicó que "no es solo financiero, judicial o de jurisdicción el problema sino que muestra una falla en el sistema de financiamiento de los países".
Kicillof indicó que el fallo de Griesa "vuelve imposible los procesos de reestructuración soberana y, por lo tanto, los default, lo que será la muerte financiera de los países". El funcionario indicó que si la comunidad internacional y los organismos multilaterales de crédito no actúan antes del 30 de julio, cuando debería hacerse efectivo el fallo, "la Argentina será solo la primera víctima".
El mediocre Jorge Mario Bergoglio y sus andanzas en Roma.
Un documento preparatorio de la reunión que obispos de todo el mundo mantendrán en Roma en octubre propone discutir todos los temas vinculados con la familia, incluso los más espinosos para la Iglesia. También admite que esa institución perdió “credibilidad moral”.
Se conoció ayer en Roma el instrumentum laboris (documento de trabajo) que servirá de base a la discusión de los obispos católicos de todo el mundo convocados por el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Pontífice de turno de la Iglesia Católica Apostólica Romana, para considerar los “desafíos pastorales para la familia”. Del texto (aproximadamente 70 páginas divididas en 159 párrafos), que reúne las principales apreciaciones a partir de las 39 preguntas incluidas en la consulta sobre las nuevas realidades de la familia en todo el mundo, surge la determinación de abordar la totalidad de los temas, incluso aquellos que resultan más espinosos para la Iglesia, como los que se refieren a “convivencia y uniones de hecho”, “divorciados vueltos a casar”, la homosexualidad y las uniones de personas del mismo sexo. En general, el documento insiste en la idea de que la Iglesia debe promover una actitud “acogedora” y “de misericordia” hacia todas aquellas personas que, desde su perspectiva, se encuentran en “situación familiar irregular”.
El “sínodo urgente y extraordinario” del que participarán los obispos presidentes de las 114 conferencias episcopales de todo el mundo y las cabezas de los dicasterios (ministerios) vaticanos se celebrará en Roma entre el 5 y el 19 de octubre próximo y será la primera instancia de debate que tendrá un segundo capítulo sobre los mismos temas un año después, en ese caso con la participación ampliada a través de delegados episcopales especialmente designados. El contenido de las deliberaciones será presentando al mediocre Cardenal Jorge Mario Bergoglio para su consideración y se espera que el pontífice traduzca todo ello en un documento propio, a modo de exhortación apostólica, que podría conocerse en los primeros meses de 2016.
En el acto de presentación del trabajo, el arzobispo italiano Bruno Forti (titular de Chieti-Vasto), uno de los encargados de reunir los aportes en el texto final, admitió que, respecto del tema familia, “hablamos un idioma que las personas no entienden y damos respuestas a preguntas que nadie nos hizo”.
El documento es considerado en los medios eclesiásticos especializados como “el más realista” que se conoce hasta el momento y, si bien reafirma la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica sin sugerir cambios doctrinales, recoge la impronta mediocre y pusilánime de Jorge Mario Bergoglio de "apertura" a todas las nuevas situaciones traducida en “una pastoral capaz de ofrecer la misericordia que Dios concede a todos sin medida”, según sostuvo el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del sínodo de obispos. El obispo dijo también que la Iglesia tiene que “proponer no imponer, acompañar y no empujar, e invitar y no expulsar” al referirse tanto a los divorciados como a las parejas de convivientes, las madres solteras o los homosexuales. En relación con las uniones entre personas del mismo sexo, Baldisseri dijo que deben distinguirse contextos, según la legislación civil sea “más o menos favorable”, pero aseguró que es necesario que la Iglesia tenga un “cuidado pastoral” de esta realidad, pensando especialmente en “las cuestiones relacionadas con los eventuales hijos”. El documento recoge la opinión de las conferencias episcopales en contra de la legislación que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero al mismo tiempo los obispos reclaman “un comportamiento respetuoso y que no juzgue a estas personas”.
En el texto se señala también que la Iglesia debe modificar su posición en la lucha contra el VIH-sida porque “se trata de acompañar los dramas que marcan profundamente la vida de innumerables personas”.
El trabajo menciona como “presiones externas a la familia” las consecuencias de la situación laboral de las personas, la influencia de los medios de comunicación, los fenómenos migratorios, la pobreza y la lucha por la subsistencia, el consumismo y el individualismo, entre otros.
Se dice que “en numerosos casos (...) se pide agilizar el procedimiento de nulidad matrimonial” y que “existe una amplia solicitud de simplificación de la praxis canónica de las causas matrimoniales” que permiten establecer, dentro de la legislación eclesiástica, la separación de los cónyuges a través de la declaración de nulidad del vínculo. Sin embargo, en el mismo texto se advierte que existe controversia acerca de que alentar las nulidades sea “un remedio eficaz”.
Asume también la Iglesia Romana que en la consulta a las conferencias episcopales “aparece la mención relevante de los escándalos sexuales en el seno de la Iglesia (pedofilia en particular), así como la de una experiencia negativa con el clero o con algunas otras personas”. Y se agrega que “se denuncia una significativa pérdida de credibilidad moral (de la Iglesia) a causa de los escándalos sexuales”. Reforzando la autocrítica, se señala también que “a esto se añade el estilo de vida a veces vistosamente acomodado de los presbíteros, así como la incoherencia entre su enseñanza y su conducta de vida”.
El documento de trabajo que servirá de base a los debates del sínodo de obispos pone sobre la mesa una agenda hasta el momento postergada y a la que, al parecer, la Iglesia ahora está dispuesta a afrontar. El cardenal Baldisseri señaló al hacer la presentación que “la pastoral familiar, lejos de cerrarse en una mirada legalista, tiene la misión de recordar la gran vocación de la persona al amor”. El texto preparatorio del sínodo pone de manifiesto una mirada realista sobre la situación de la familia, reconociendo también que “numerosas respuestas confirman que, incluso cuando se conocen las enseñanzas de la Iglesia sobre matrimonio y familia, muchos cristianos manifiestan dificultades para aceptarlas integralmente”, por ejemplo, “respecto del control de los nacimientos, el divorcio y las nuevas nupcias, la homosexualidad, la convivencia, la fidelidad, las relaciones prematrimoniales, la fecundación in vitro, etcétera”.
El pusilánime, quien en todo momento evoca al mediocre cómplice de la última Dictadura, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Pontífice de turno de la Iglesia Romana.
Citando el “ataque cruel y salvaje de una delincuencia”, llamó al servicio a 15.000 retirados y dijo que va a concentrar esfuerzos en el narcotráfico, cambiar leyes de excarcelación y pedir un debate por el régimen penal juvenil.
En conferencia de prensa, el pusilánime gobernador bonaerense Daniel Osvaldo Scioli anunció ayer que, por decreto, se declaró “la emergencia de seguridad” en la provincia por el término de 12 meses, con el objetivo de “aplicar todo el peso del Estado sobre los delincuentes”. En un mensaje dirigido “a la población que sufre el ataque cruel y salvaje de una delincuencia de características violentas sin precedentes”, el mandatario anunció una veintena de medidas entre las que se encuentran iniciativas parlamentarias como la de debatir “seria y profundamente” un nuevo régimen penal juvenil. También fijó postura sobre el consumo de drogas como un “problema de salud pública” y pidió focalizar los esfuerzos en “la lucha contra el narcotráfico”. En este sentido, anunció la creación de diez fiscalías descentralizadas especializadas en el tema (¿Para qué si son expertas en archivar Instrucciones Penales Preparatorias?) y de un cuerpo experto en inteligencia financiera y patrimonial que facilite el congelamiento de activos de los narcotraficantes. Pidió también a la Justicia que “acelere los procesos abiertos contra los sospechosos cabecillas del narco”.
El pusilánime Scioli, que estuvo acompañado por todo su gabinete y por los jefes de la prusiana y rosista Policía bonaerense, puntualizó que la declaración de emergencia implica, entre otras cosas, “la convocatoria inmediata del personal retirado de la Policía y del Servicio Penitenciario”, medida que de inmediato generó controversia porque nada se dijo acerca de quiénes serán los convocados y cuáles fueron las razones de su alejamiento de la fuerza. Se estima que las reincorporaciones, que comenzarán mañana y seguirán en los próximos meses, serían hasta quince mil. Ante una pregunta sobre ese punto, el gobernador aseguró: “Vamos a ser cuidadosos y rigurosos con el personal que se incorpore”, en referencia a los que pasaron a retiro.
Justificó el llamado a los retirados porque “de esa manera buscamos agilizar la utilización de recursos humanos y económicos que nos permitan fortalecer la logística al combate frontal contra el delito”. Además, reiteró anuncios ya formulados por su ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en el sentido de que a fin de año egresarán diez mil nuevos agentes que se irán sumando al servicio activo.
Al mismo tiempo, solicitó a la Legislatura provincial el pronto tratamiento de la ley que crea las policías comunales y anunció que se buscará que “40.000 agentes privados” se sumen “a la red de prevención con la obligación de coordinar con la Policía cualquier situación de riesgo”.
El pusilánime adelantó que se realizará una inversión de 600 millones de pesos, que forman parte de las utilidades del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para la compra de chalecos antibala, armamento, municiones y un millar de móviles policiales.
Otro de los anuncios fue la creación de ocho alcaidías para “descomprimir la situación de las comisarías” que siguen alojando detenidos a pesar de las denuncias nacionales e internacionales que se han hecho en contra de esa situación. En ese mismo rubro, el pusilánime Scioli dijo que serán inauguradas próximamente cuatro nuevas unidades penitenciarias para albergar unos dos mil internos.
En lo que atañe a los proyectos que serán enviados a la Legislatura para su pronta resolución figura uno que “limita las excarcelaciones”. La novedad es que se determinó que el tema sea analizado en “una audiencia oral y pública”. Lo que impulsa el gobierno bonaerense es que las excarcelaciones “se restrinjan para los reincidentes y para los que cometen delitos con uso de armas”.
Antes de anunciar las medidas, el gobernador sostuvo que “no hay ninguna ley, ningún decreto, que resuelva por sí solo el problema de la seguridad y ninguna medida que lo resuelva de un día para el otro”. Señaló que “los que dicen eso, le están mintiendo a la sociedad”. Aclaró que nunca dijo que hay “soluciones mágicas” y desafió: “El que las tenga (a las soluciones mágicas) que las traiga, porque acá hay muchos comentaristas. Yo no estoy para hacer comentarios, porque el problema de la seguridad es política del Estado”.
Scioli precisó que la emergencia decretada significa la convocatoria a “sesión permanente” del Consejo Provincial de Seguridad, la Mesa de Justicia y la Federación Argentina de Municipios (FAM). En ese punto llamó a “todas las fuerzas políticas y sociales” a colaborar porque “no podemos seguir discutiendo con mezquindad y egoísmo mientras mueren inocentes”. Insistió en que “la dinámica delictiva actual” requiere un abordaje multicausal dado que “el tema no se resuelve con una sola ley o decreto”.
Luego reflotó la idea de debatir “seria y profundamente” un nuevo régimen penal juvenil para analizar “la situación de los menores en conflicto con la ley”, señalando que la actual normativa “emanó de la dictadura y ha sido cuestionada por la Corte Suprema y la Corte Interamericana” de Derechos Humanos.
Respecto de los hechos delictivos actuales, aseguró que el viernes “se pudo apreciar la ferocidad de los delincuentes” durante un robo a la sucursal Bernal del Banco Comafi, donde se produjo un tiroteo en el que murió uno de los asaltantes. Aprovechó para felicitar personalmente a dos integrantes de la Policía bonaerense que intervinieron en ese hecho y que se encontraban presentes durante la conferencia. El gobernador ponderó la “gran demostración de coraje” de los oficiales, “egresados de la Escuela de Policía Descentralizada Juan Vucetich”.
Entre otras medidas adicionales, anunció la implementación del botón de alerta o pánico para celulares, que consiste en la incorporación de un mecanismo al teléfono celular para emitir un pedido de ayuda, a contactos predeterminados, en caso de un problema de salud o una situación de riesgo. También dijo que será descentralizado el 911 y que se creará un anillo digital de lectura de patentes para detectar en forma más rápida la presencia de vehículos robados en las autopistas.
Scioli hizo saber que se tomarán medidas contra la llamada modalidad de “motochorros”. Esto, de hecho, convierte en sospechoso virtual a todo el que viaje en moto con un acompañante. Se dispondrán restricciones horarias y zonas de circulación “sin acompañantes en las motos y el uso obligatorio del chaleco reflectante y casco con patente para acompañantes” que puedan movilizarse en los lugares habilitados.
Recién sobre el final habló acerca de la prevención del delito a través de medidas destinadas a garantizar la inclusión social. “El desafío es que el Estado llegue antes y no después”, dijo el inútil Scioli, para luego parafrasear al mediocre cómplice de la última Dictadura militar Cardenal Jorge Mario Bergoglio (Antipapa de la Iglesia Romana) y subrayar que “hasta que no se resuelva la exclusión, será imposible erradicar la violencia”.
Más de lo mismo...hasta la vista.
Denuncia Penal Federal contra Autoridades del I.S.F.D. Nº 21 de Moreno y su Centro de Estudiantes.
De izquierda a derecha: Imputados Cristian González, Diego Hernán Tassi y Damián Aredes.
Señor Juez Federal en lo Criminal y Correccional de Morón.
Doctor Juan Pablo Salas.
Formulo denuncia penal por infracción al Artículo 248 del Código Penal y al Artículo 2 de la Ley Nacional Nº 23.592 contra las ciudadanas Isabel Agazzi D.N.I. Nº 21.951.905 (a esta imputada endilgo infracción al Artículo 157 bis del Código Penal) y María Victoria Aguirre, Regente y Directora respectivamente del Instituto Superior de Formación Docente Nº 21 "Doctor Ricardo Rojas" con domicilio en calle Merlo Nº 499, Ciudad de Moreno, Provincia de Buenos Aires, contra los Consejeros pedagogos del Consejo Académico Institucional del mismo y contra la Directora Provincial de Educación Superior Prof. Andrea Gatti; y los ciudadanos Cristian González, Damián Aredes y Diego Hernán Tassi, alumnos de dicha Casa de Estudios en el Profesorado en Filosofía, siendo el primero domiciliado en la Ciudad de Ituzaingó, por infracción al Artículo 149 bis párrafo segundo del Código Penal y al Artículo 2 de la Ley Nacional Nº 23.592.
Existió una intervención maliciosa, despótica y discriminadora por parte de María Victoria Aguirre respecto a mi cursada actual regular del Espacio Psicología y Cultura del Alumno II en el I.S.F.D. Nº 21, Espacio que nunca lo cursé antes del 2.013.
Verifíquese los siguientes aspectos:
-En abril del 2.001 solicité la equivalencia de ese Espacio y no se me reconoció aprobado por equivalencia por no tener Psicología y Cultura en la Educación I aprobada. Verificar legajo de solicitud en Preceptoría de dicha Casa de Estudios.
-La Dirección del I.S.F.D. Nº 21 en sistemáticas y similares oportunidades bajo diferentes titulares, siempre buscó no cursara algunos Espacios y/ Perspectivas en los que me llegué a inscribir, con el argumento de que: o que cursé en el 2.007/08 o que los contenidos disciplinarios de ciertos Espacios y Perspectivas ya los tenía incorporado cognoscitivamente por haberlos cursado en jurisdicción porteña (eso no lo desmiento, lo cual excede a mis capacidades y deberes), amparándose y justificándose en la Resolución de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº 4.043/2009, vulnerando el espíritu de la Ley Nacional Nº 26.206/2.006, el Decreto de Gobernación Nº 1.824/2.006 y los Artículos 25 y 26 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
-El día lunes 26-8-2.013 a las 19:50 hs fui amenazado por integrantes de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes del I.S.F.D . Nº 21 (Cristian González, Damián Aredes y Diego Hernán Tassi) de que no cursara más frente al Preceptor del turno Vespertino de nombre de pila Nelson del I.S.F.D. Nº 21 (previamente fueron a la Seccional Policial Moreno I de la Policía Distrital de Moreno a pretender denunciarme junto a María Sol Schiebelbein, cuyo personal uniformado frente a las endilgaciones, se inhibió de iniciar acción penal y/o contravencional por inexistencia de delito y contravención, recepcionándoles exposiciones civiles no acatando el Decreto de Gobernación Nº 1.824/2.006), en un contexto de agresividad pro-física, debido a que ciertas alumnas argumentaron por escrito un cierto acoso de carácter sexual-electrónico (especifica la imputada Profesora Isabel Agazzi- Regente la cual no es imparcial, tomando partido por la parte acusatoria- que es violencia de género) constituyendo:
Cuestiones ajenas a la I.S.F.D. Nº 21 pues no hubo sustracción de direcciones de correos electrónicos ni difusión de tales comunicaciones en redes sociales (muros, tweets y biografías), y acciones privadas entre particulares que no perjudican a la Institución ni a la comunidad. Las alumnas endilgadoras (entre ellas María Sol Schiebelbein, quien padece graves trastornos psíquicos siendo peligrosa para terceros) expusieron banalidades virtuales tan solucionables como un simple bloqueo que estas ciudadanas mayores de 21 años pudieron concretar.
Cabe recordar que los correos electrónicos carecen de autenticidad jurídica, la alumna María Sol Schiebelbein no demostró titularidad del correo electrónico aludido por ella y no aparecen acreditadas pericias informáticas y psicológicas que aseveren no sólo el origen, sino el contexto argumentativo que supuestamente configura el acoso endilgado y por lo cual las alumnas endilgadoras hipotéticamente se observaron acorraladas. Expongo que la otra alumna endilgadora -Natalia Maribel Ortíz- adujo acosos telefónicos durante el año 2.010 sin ningún tipo de probatoria documentaria que corrobore y pruebe técnicamente mi supuesta autoría, por parte de la Empresa de telecomunicaciones concesionaria que le presta el servicio y que evoca ser cliente. Agrego además que la alumna María Sol Schiebelbein en plena clase de la Cátedra de la Profesora Ficadentti, reconoció verbalmente severos problemas psicológicos cuya consecuencia fue un trastorno psicogénico alimenticio, lo que desde ya la inhabilita a ser blanco de mi parte a planteos románticos, por lo menos a partir de ese momento aúlico el día lunes 26-8-2.013 a las 18hs 50m.
Finalizando, encuentro una vulneración a mi derecho constitucional de aprender, en el accionar funcional administrativo abusivo por parte de las imputadas María Victoria Aguirre, Isabel Agazzi (domiciliada en calle Vicente López y Planes Nº 27, P.B. frente, Ciudad de Moreno, Provincia de Buenos Aires) y de todos los Consejeros docentes del Consejo Académico Institucional del Instituto Superior de Formación Docente Nº 21 "Doctor Ricardo Rojas", no permitiéndome en ningún momento desde el inicio de las endilgaciones planteadas hacia mi persona en el contexto educativo (sobre conductas privadas por fuera del Edificio del I.S.F.D. Nº 21 y no académicas), a comparecer ante la Comisión de Convivencia de dicho Consejo ni presentar ningún tipo de alegato, por el contrario, la imputada María Victoria Aguirre optó por vulnerar las atribuciones del Consejo que preside y hasta arrogarse funcionalidades propias de la Comisión de Convivencia y de la totalidad del Consejo en sí (lo cuales no constituyen un Tribunal de Justicia), como así también a adjuntar una acusación formal de mi parte contra los imputados Diego Hernán Tassi, Damián Aredes y Cristian González ante la Comisión de Convivencia descripta, junto a las actuaciones reprochadas y escritas por las alumnas en cuestión y por los imputados Consejeros estudiantes, contra mi persona, justificando el accionar criminoso de estos inescrupulosos Consejeros estudiantes del Consejo Académico Institucional y no exigiéndoles su recusación en los actuados que se me reprochan. A su vez, resuelvió el miércoles 16 de Octubre del 2.013 mi suspensión como alumno regular hasta el día jueves 19-12-2.013 basándose en supuestas amenazas que la misma percibió por escrito sin sustanciación real de tales argumentaciones, existiendo sólo telegramas enviados hasta el miércoles 16 de Octubre del 2.013 intimando al cumplimiento del Acuerdo Institucional de Convivencia, al normal status de mi regularidad en el cursado del Espacio Psicología y Cultura del Alumno II y al desarrollo efectivo del proceso disciplinario planteado por mi persona contra los imputados alumnos descriptos, siendo hasta la fecha, inexistente. Durante el transcurrir de estos acontecimientos, la imputada Andrea Rosana Gatti tuvo una postura omitiva y connivente con los imputados del I.S.F.D. Nº 21, ya que estos mismos reconocieron la presencia de ésta en el asiento de esta Casa de Estudios el viernes 30 de Agosto del 2.013 en el turno Vespertino (a través de la página web en la Red Social Facebook del Claustro Estudiantil perteneciente al Consejo Académico Institucional), en una reunión privada con la imputada María Victoria Aguirre y posteriormente en plena Asamblea del Consejo Académico Institucional, donde existía una turba de estudiantes organizados por los Consejeros estudiantes imputados, soliviantando e instigando a la comunidad estudiantil desde la entrada misma de la Institución, para la inmediata expulsión de mi persona.
El miércoles 16 de Octubre del 2.013, expongo mi alegato finiquitando el conflicto administrativo, dando por iniciada la efectiva denuncia penal federal ante V.S., el cual en un comienzo su remisión fue electrónica y posteriormente vía postal confronte notarial el día miércoles 5-2-2.014 (siendo el texto exactamente el mismo) y al cual las imputadas María Victoria Aguirre e Isabel Agazzi (esta última muy dedicada en difundir mi domicilio registrado en mi legajo y en la Base de Datos del I.S.F.D. Nº 21) respondieron citándome por telegrama y por dos cédulas de notificación fijadas en la pared de mi residencia como un pasquín colonial, la primera de ellas el día martes 15-10-2.013 -perjudicándome el segundo cuatrimestre del 2.013 al no permitirme cursar por la Resolución directiva de suspensión-, para buscar una negociación y un reconocimiento de los actos "acosatorios" y "amenazantes" endilgados, en Audiencia privada, arrogándose funciones de un Tribunal de Justicia e invocando arrogativamente en todo momento atribuciones del Consejo Académico Institucional, el cual, supuestamente según éstas, las aconsejan y apoyan en la expulsión manifiesta de mi persona, Resolución que descaradamente la imputada María Victoria Aguirre rubricó y remitió a través de la segunda cédula remitida y fijada el día viernes 4-4-2.014 alterándole las fechas (Expulsión: 19-12-2.013, Escritura de la Cédula: 3-2-2.014).
Tener en cuenta lo expuesto y fotografía adjunta de los imputados.
Walter David Cardozo.
Matan a tiros al menos a 17 fieles en una mezquita de Nigeria.
El grupo militante islámico Boko Haram ha matado más de 1.200 personas en el año.
Presuntos militantes islámicos en el noreste de Nigeria mataron a tiros al menos a 17 fieles en una mezquita.
Los testigos dijeron que los pistoleros atacaron a los residentes del pueblo de Buni Gari, a unos 100 kilómetros al sur de Damaturu, la capital del estado de Yobe, cuando éstos se congregaron para las primeras oraciones del sábado.
Las mezquitas han sido un blanco frecuente de militantes que amenazan a los clérigos que predican contra el extremismo.
Solo en lo que va de año, se les atribuyen al grupo militante islámico Boko Harams las muertes de más de 1.200 personas.
DOLORES GARCÍA: FEMINISTA PATOTERA
Inescrupulosa Delincuente: DOLORES GARCÍA: Actual Defensora de delincuentes (máxime si son extranjero/a/s) y es instigadora dedicada a soliviantar al alumnado a cometer delitos y contravenciones varios. Más de una década "estudiando" dentro del I.E.S. Nº 1 (coloquialmente llamado "el Alicia"). Financia la Agrupación "Mujeres del Alicia" con los suculentos aportes económicos que le brinda el Nuevo Movimiento al Socialismo, y articula con otras asociaciones delictivas de tinte feministas dentro del Instituto Superior del Profesorado "Joaquín V. González". Tus impuestos como porteño/a bancan indirectamente la "educación" de esta inescrupulosa caradura.
El camino hacia el Todopoderoso

References: Artículo 119
 Artículo 193
 artículo 192
 Artículo 196
 Artículo 312
 resolución 
 Artículo 248
 Artículo 2
 Artículo 157
 Artículo 149
 Artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución