Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2012/as201212305.htm
Timestamp: 2019-03-26 14:48:34+00:00

Document:
201211-Sala Penal Segunda-2-305
AUTO SUPREMO Nº 305/2012-RRC
Expediente : La Paz 107/2012
Parte acusadora : Juan Carlos Huanca Quisbert
Parte imputada : Margarita Quisbert de Yujra, Natividad Yujra Quisbert,
Álvaro Javier Moya Quisbert y Verónica Mery Vera Trujillo
Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2012, cursante de fs. 165 a 168, Juan Carlos Huanca Quisbert, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 49/2012 de 17 de julio, cursante de fs. 157 a 162 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Margarita Quisbert de Yujra, Natividad Yujra Quisbert, Álvaro Javier Moya Quisbert y Verónica Mery Vera Trujillo, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP).
En mérito a la acusación particular que cursa de fs. 1 a 2 vta. y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 3/2012 de 8 de marzo, cursante de fs. 126 a 134, la Jueza Cuarta de Partido Liquidadora y de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Margarita Quisbert de Yujra, Natividad Yujra Quisbert, Álvaro Javier Moya Quisbert y Verónica Vera Trujillo, absueltos de la comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del CP, por no existir suficientes elementos de convicción, sobre la responsabilidad penal de los acusados, sin costas por ser excusable.
Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Juan Carlos Huanca Quisbert, formuló recurso de apelación restringida (fs. 138 a 142 vta.), siendo resuelto por Auto de Vista 49/2012 de 17 de julio, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que lo declaró improcedente y en consecuencia confirmó la Sentencia apelada.
Notificado el acusador particular el 18 de septiembre de 2012, conforme la diligencia cursante a fs. 163 de obrados, interpuso recurso de casación el 25 del mismo mes y año, que es motivo de autos.
Del memorial que cursa de fs. 165 a 168, se extraen los siguientes motivos:
El recurrente refiere que, el delito que denunció es contra el honor y por ser de carácter formal la materialización de su resultado no es exigible; por lo que dados los antecedentes del hecho que acusó, el medio de la comisión de los delitos fueron vía agresiones verbales directas, teniendo singular valor las declaraciones de los testigos que presenciaron los hechos; en ese entendido, interpuso el recurso de apelación restringida, pues el Juez a quo, restó credibilidad a la declaración testifical de Edwin Freddy Quisbert Aguilar, porque supuestamente incurrió en imprecisiones y contradicciones, sin precisar cuáles son esas contradicciones e imprecisiones; asimismo, respecto a la declaración de Hilda Ojeda Flores, habría advertido la falta de seguridad y precisión, sin señalar las razones por las que se llegó a esa conclusión; sin embargo, el Tribunal "ad que" (sic), señaló que los hechos y las declaraciones no pueden ser revalorizados por el Tribunal de alzada, lo cual según el recurrente es contradictorio al Auto Supremo 214 de 28 de mayo de 2007, donde se señala que no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formulara de un modo general y abstracto, en el que se omite una exposición razonada de los motivos en los que se funda; por lo que en su criterio tanto la Sentencia y el Auto de Vista son insuficientes en su fundamentación, más cuando en ningún momento solicitó la revalorización de la prueba, sino el cumplimiento de los requisitos de la Sentencia, cuya inobservancia generaría defecto absoluto de dicha Resolución.
También denuncia que el Auto de Vista 49/2012, no se pronunció sobre todos los puntos esgrimidos en la apelación, ya que solamente se alegó "que sin ingresar a mayores consideraciones legales se establece que el apelante no cumplió a cabalidad las disposiciones legales contenidas en los Arts. 407 y 408 del c.p.p." (sic); lo cual -según el recurrente- sería contradictorio con el Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003, que establece que la actividad jurisdiccional deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación; asimismo, invocó los Autos Supremos 411 de 20 de octubre de 2006 y 518 de 17 de noviembre de 2006.
Por último, invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 196/2008 de 20 de mayo, indicando que establece que ante la violación de las reglas de la sana crítica, el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad de la sentencia; los Autos Supremos 49/2012 de 17 de julio, 507/2009, 646/2004 y 726/2004, que determinan que se puede denunciar la vulneración de la sana crítica y que ello no implicaría una nueva revalorización de la prueba; y el Auto de Vista 025 de 3 de febrero de 2010, donde se señala que es deber del Tribunal de apelación y de todo administrador de justicia, realizar una adecuada motivación de las resoluciones, cuya falta de fundamentación constituiría un defecto absoluto en la tramitación de la causa.
El recurrente solicitó, se admita el recurso planteado y se dicte resolución determinando la doctrina legal aplicable, revocando el Auto de Vista impugnado.
Mediante Auto Supremo 273/2012-RA de 26 de octubre, cursante de fs. 178 a 180, este Tribunal declaró admisible el recurso, ante la observancia de los requisitos previstos por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Juan Carlos Huanca Quisbert formuló acusación particular contra Margarita Quisbert de Yujra, Natividad Yujra Quisbert, Álvaro Javier Moya Quisbert y Verónica Mery Vera Trujillo, por la comisión de los delitos de Difamación Calumnia e Injuria; sustanciándose el juicio oral, ante la Jueza Cuarto de Partido y de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recepcionándose las pruebas de cargo como descargo, consistentes en documentales, testificales y careo. Entre la prueba testifical de cargo se recibieron las declaraciones de Edwin Freddy Quisbert Aguilar, Hilda Ojeda Flores y Luis Miguel Aguilar Flores, quienes refirieron de manera uniforme que Juan Carlos Huanca Quisbert habría sufrido insultos de parte de los imputados; sin embargo, la Jueza señaló que: la declaración de Edwin Quisbert careció de credibilidad, por ser incongruente, imprecisa y contradictoria; la declaración de Hilda Ojeda Flores, no precisó lugar ni donde ocurrieron los hechos, advirtiéndose falta de seguridad y precisión en su declaración; y, sobre la declaración de Luis Miguel Aguilar Flores, estableció no ser creíble por la inseguridad, contradicción y falta de objetividad demostrada. De la misma manera, las pruebas ofrecidas por el querellante generó convicción en la juzgadora de la existencia de un proceso instaurado por el querellante y otras personas contra los ahora imputados por los delitos de Amenazas y Lesiones Leves, respecto a hechos que hubieren acaecido el 2 de agosto de 2009, que coincide con la tesis sostenida por cada una de las partes, pero que no contribuyeron a esclarecer la verdad histórica de los hechos. Además, se recepcionó las declaraciones testificales de descargo de Ricardo Chauca Mendoza, Rudy Carlos Villca Colque, Beatriz Vera Trujillo, Wilmer Gonzalo Siñañi y Eugenia Quisbert Vda. de Casto; para finalmente realizarse la prueba de careo, en el que la juzgadora advirtió que los hechos acaecidos el 2 de agosto de 2009, tienen origen en problemas familiares en los que existiría resentimiento y posiciones encontradas. Con estos antecedentes se dictó Sentencia 3/2012 de 8 de marzo, declarando a: Margarita Quisbert de Yujra, Natividad Yujra Quisbert, Álvaro Javier Moya Quisbert y Verónica Vera Trujillo, absueltos de la comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del CP, por no existir suficientes elementos de convicción, sobre la responsabilidad penal de los acusados, sin costas por ser excusable.
Contra la mencionada Sentencia el querellante Juan Carlos Huanca Quisbert, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 138 a 142 vta.), señalando como motivos los siguientes: i) Primero, de la valoración defectuosa de la prueba e inserción de hechos inexistentes o no acreditados, insuficiente y contradictoria fundamentación de la Sentencia, en sentido que las razones por las que la autoridad no les otorgó credibilidad a los testigos de cargo es el principal agravio que sufrió, Resolución contradictoria que tergiversa lo declarado por los testigos, sin cumplir con los parámetros de los arts. 359 y 173 del CPP, indicando que la declaración de los testigos tendrían vital importancia porque presenciaron los hechos. Asimismo, refiere el apelante que la juzgadora debió haber realizado una adecuada valoración de las declaraciones de los testigos, ya que el hecho que el testigo Edwin Quisbert mencionó al hermano y no los otros testigos de cargo, se debe a que fue un testigo circunstancial al presenciar un hecho, del que además no tendría nada que ver en el fondo, no tendría el deber de conocer con nombres y apellidos a los que están a su alrededor; además que, habría señalado la juzgadora que la declaración sería incongruente, si tomar en cuenta que el testigo se refirió a la reacción del apelante y no que vendría de otro lado sino que reaccionó al momento.
Sobre la declaración de Hilda Ojeda aduce la Sentencia que la testigo no podría precisar en qué puesto sucedió la agresión siendo que el acusado no tendría otro puesto por el sector, sobre esta declaración se diría que se habría advertido falta de seguridad y precisión; empero, tampoco habría señalado la jueza por qué llegó a esa conclusión, desestimando en consecuencia ese testimonio. Por último, el apelante refirió que la declaración de Luis Miguel Aguilar, no fue valorada correctamente por la juzgadora; finalmente observó que la juzgadora no tomó en cuenta las pruebas testificales de cargo que son la principal prueba.
Con relación al inc. ii) segundo motivo por errónea aplicación de la ley sustantiva de los arts. 282, 283 del CP, art. 21 inc. 2) de la Constitución Política del Estado (CPE), el apelante señaló que, las aseveraciones de la Sentencia sobre los elementos subjetivos y objetivos constituirían en una errónea aplicación de la norma; además, que la Difamación tendría similares caracteres de tipicidad objetiva como subjetiva, siendo que los tres delitos acusados deberían ser dolosos, y en sí todos protegerían la dignidad y el decoro de un individuo, habiendo sido denigrado respecto a su familia y trabajo, pues al estar armando su puesto de venta frente a la clientela se le sindicó de estafador, de que fue criado y que le habrían prestado plata para hacer abortar a su esposa. Asimismo refiere que un tipo penal necesita de un hecho y no varios para configurarse, igualmente al referir la juzgadora que no existe circunstancia fáctica que acredite que los acusados habrían imputado la comisión de un delito al acusador, no corresponde con la verdad de las declaraciones.
Radicado el recurso de apelación restringida, por ante la Sala Penal Tercera, se emitió el decreto de 28 de mayo de 2012, fijándose día y hora para audiencia pública de prueba y fundamentación oral, habiéndose llevado a
cabo la audiencia con la inasistencia de las partes, ingresando en consecuencia obrados para dictar resolución
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz,
resolvió el recurso de apelación restringida mediante Auto de Vista 49/2012 de 17 de julio (fs. 157 a 162 vta.), estableciendo en relación al primer motivo, que el apelante refirió una descripción abundante de los hechos probados en el juicio oral, tales como las pruebas testificales de cargo, correspondientes a varios testigos quienes testificaron sobre los hechos concernientes a la averiguación de la verdad histórica de los hechos, aduciendo defectuosa valoración y defectuosa aplicación de la sana crítica; empero, las declaraciones y hechos no pueden ser revalorizados por el Tribunal de apelación, citando la amplia doctrina legal aplicable sobre el tema; asimismo, refirió que el mismo apelante en los fundamentos del recurso en cuanto a las declaraciones de sus testigos de cargo señalaría la ausencia de precisión, situación que consiguientemente tiene como resultado la determinación adoptada por el Juez a quo; además, de la revisión de la Sentencia establecería que se tomó en cuenta las declaraciones testificales de cargo como de descargo, así como las documentales "observándose que se efectuó una valoración descriptiva e intelectiva para arribar a las conclusiones establecidas en la fundamentación probatoria, dentro de las reglas de la sana crítica" (sic).
En lo que respecta al segundo motivo de errónea aplicación de la ley sustantiva de los arts. 282, 283 y 287 del CP; el Tribunal de alzada citó los artículos referidos a los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, refiriendo que son delitos contra el honor de las personas, constituyéndose los dos primeros en una sanción que se considera cuando una persona entiende que determinada información u opinión que daña puede que produzca daños cualitativos a la moral u honor de uno o varios sujetos; contando ambos delitos con elemento constitutivo de la publicidad, ya que sin este elemento no constituyen delitos propiamente dichos, desarrollando en relación a estos tres delitos sus elementos constitutivos; igualmente, el Juez a quo habría llegado a la conclusión que no concurrieron los elementos objetivos ni subjetivos de los tipos penales referidos y ante la existencia de duda razonable conforme prevé el art. 116.I de la CPE, se resolvió por la absolución. Finalmente precisó el Tribunal de apelación que la Sentencia emitida no incurrió en inobservancia o errónea aplicación de la ley; es decir, no presenta errores in procedendo o in iudicando, además que el apelante no habría cumplido a cabalidad las disposiciones legales contenidas en los arts. 407 y 408 del CPP, haciendo inviable el recurso y en consecuencia improcedente el recurso de apelación restringida.
Notificado con tal determinación Juan Carlos Huanca Quisbert, planteo recurso de casación (fs.165 a 168), que es objeto del presente análisis.
Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso, corresponde a este Tribunal analizar su contenido y establecer en los términos previstos por el art. 419 del CPP, si existe o no contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios invocados por el acusador particular Juan Carlos Huanca Quisbert, ahora recurrente.
Así, del contenido del recurso de casación, se llega a evidenciar que el recurrente
elevó dos denuncias a saber: 1) sobre la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado en relación a la Sentencia apelada, referente a las declaraciones testificales de cargo; y, 2) La incongruencia omisiva del Auto de Vista sobre las denuncias planteadas por el apelante.
III.1. Respecto a la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado
Con referencia a la primera temática, el recurrente denunció que el Auto de Vista impugnado así como la Sentencia apelada, carecen de fundamentación porque se habría restado credibilidad por la supuesta contradicción e imprecisión de las declaraciones testificales de Edwin Freddy Quisbert Aguilar e Hilda Ojeda Flores.
Sobre el particular el recurrente invoca como precedente el Auto Supremo 214 de 28 de mayo de 2007; que en lo pertinente al presente recurso sienta como doctrina legal aplicable, en sentido que, para que la fundamentación de una Sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.
El Auto Supremo agregó que: además los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, además ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica, es obligación del recurrente, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la Sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la Resolución de mérito; asimismo, resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.
En el presente motivo, el recurrente hace énfasis en la denuncia en contra de la Sentencia por no haber otorgado valor a las declaraciones de los
testigos de cargo presentados, así como la falta de fundamentación del Tribunal de alzada respecto a esta denuncia; evidenciándose que el Auto de Vista en el cuarto Considerando responde y fundamenta sobre esta denuncia, refiriendo que no puede el Tribunal de alzada ingresar a una nueva revalorización de los hechos probados en juicio porque los únicos facultados para ello son los Jueces y Tribunales de Sentencia; así también, el apelante en su recurso de apelación restringida en lo pertinente a las declaraciones de sus testigos de cargo habría señalado la ausencia de precisión, situación que consiguientemente tuvo como resultado la determinación adoptada por el Juez a quo; de igual modo, el Tribunal de apelación una vez realizada la revisión de la Sentencia estableció que el Juez inferior tomó en consideración las declaraciones testificales de cargo como de descargo, así como las documentales, observando que se habría efectuado una valoración descriptiva e intelectiva para arribar a las conclusiones establecidas en la fundamentación probatoria, dentro de las reglas de la sana crítica por parte de la Juzgadora.
De la misma manera, de la revisión de la Sentencia se establece que la juzgadora tomó en cuenta para dictar la Resolución, una valoración integral de todas las pruebas de cargo como de descargo, consistentes en documentales, testificales y careo; así se tiene que, respecto a la declaración testifical de Edwin Freddy Quisbert Aguilar, que según la juzgadora careció de credibilidad, por ser incongruente, imprecisa y contradictoria, al haberse diferenciado de las declaraciones de los demás testigos de cargo en cuanto a la participación de "Franklin" en el lugar de los hechos, pues los demás testigos habrían señalado que solo fueron agredidos "Carlos" y su esposa; además que no pudo precisar el testigo el día de los hechos; es más, de la declaración de Hilda Ojeda Flores, se evidenció que no pudo precisar en qué puesto de venta habría ocurrido el hecho, ni donde se encontraba dicho puesto, sin efectuar una relación circunstanciada de los supuestos hechos ocurridos, sino limitándose a reiterar que ese día se emitieron expresiones ofensivas contra el querellante y su esposa, advirtiendo la juzgadora falta de precisión y seguridad en esas declaraciones; de lo anterior se tiene que tanto la Sentencia como el Auto de Vista impugnado fundamentan y establecen de manera clara y precisa sobre el supuesto agravio denunciado; además, se evidencia el valor otorgado por la Jueza a las declaraciones testificales no solo de cargo, sino también a las declaraciones de descargo, las pruebas documentales y el careo entre las partes; en consecuencia ante la inexistencia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente contradictorio invocado, el presente motivo deviene en infundado.
III.2 Respecto a la denuncia sobre la incongruencia omisiva del Auto de Vista
Con referencia a la segunda temática, el recurrente denunció que el Auto de Vista impugnado no se pronunció sobre todos los puntos alegados en su apelación, además que expresó la vulneración de la sana crítica en la Sentencia y no pidió una nueva revalorización del Tribunal de alzada, invocando los Autos Supremos417 de 19 de agosto de 2003; 411 de 20 de octubre de 2006, 518 de 17 de noviembre de 2006, 196/2008 de 20 de mayo, 507/2009, 646/2004, 726/2004 y el "Auto de Vista" 025 de 3 de febrero de 2010.
Con relación al Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003, cuya problemática está referida a un delito emergente de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), relativo a la congruencia delAuto de Vista, estableció que una resolución debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, por ello la pertinencia del Auto de Vista con los puntos resueltos por el inferior, deriva de la correspondencia que aquél debe tener con los extremos de la apelación y que inexcusablemente debe contener la fundamentación, respecto a los hechos fácticos debatidos y traídos en apelación.
Respecto al Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006, cuya temática está centrada en la actividad del tribunal cuando no se pronuncia sobre todos los motivos en los que se funda la apelación restringida, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta a los mismos, siendo evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.
Referente al Auto Supremo 518 de 17 de noviembre de 2006, que estableció en sentido que si el Tribunal de Apelación advierte que existe falta o existe contradicción en la fundamentación de la sentencia apelada, es deber de dicha autoridad corregir o complementar el fundamento jurídico aludido, de no hacerlo constituye en defecto absoluto; asimismo, el Tribunal de alzada se encuentra en el deber de circunscribir su resolución a los puntos impugnados, la omisión de uno de ellos vulnera el derecho a la defensa.
De la revisión de los Autos Supremos 196 de 20 de mayo de 2008 y 507 de 3 de octubre de 2009; se evidencia que en dichos fallos no se estableció doctrina legal aplicable.
Por su parte el Auto Supremo 646 de 21 de octubre de 2004, está referido a la garantía constitucional que tienen las partes durante la tramitación del juicio oral, por consiguiente no es una temática relacionada con el presente caso.
También el Auto Supremo 726 Sucre 26 de noviembre de 2004, establece que el Tribunal de alzada no puede omitir señalar día y hora de audiencia a efecto de practicar la fundamentación solicitada y recepcionar la declaración de los testigos ofrecidos en apelación restringida.
Finalmente el "Auto de Vista" (se entiende por Auto Supremo) 25 de 3 de febrero de 2010, establece que es deber del Tribunal de apelación y de todo administrador de justicia realizar una adecuada motivación de las resoluciones que pronuncie, porque constituye un elemento esencial del debido proceso, que permite a las partes asumir conocimiento sobre el razonamiento intelectivo desarrollado por los juzgadores; en ese entendido,
es pertinente señalar que la falta de fundamentación constituye un defecto absoluto en la tramitación de la causa.
Lo que fundamentalmente refieren los citados Autos Supremos es que, el Tribunal de alzada debe pronunciarse sobre todos los motivos del recurso de apelación restringida y que es vicio absoluto que atenta contra el derecho a la defensa y al debido proceso, cuando la autoridad jurisdiccional dicta sus resoluciones sin estar debidamente motivadas sobre todas las cuestiones puestas a su consideración; en el presente motivo, pese a que el recurrente no establece de manera precisa y detallada cuales son las omisiones en que ingresa el Tribunal de alzada; se puede evidenciar de la revisión del Auto de Vista impugnado, que en su contenido desarrolla de manera sucinta los argumentos fácticos y de derecho respecto a los puntos invocados en las apelaciones restringidas del querellante como por los imputados, mismos que se encuentran descritos en el segundo y tercer CONSIDERANDO; es así, que en el segundo Considerando sobre la apelación de Juan Carlos Huanca Quisbert refiere respecto a: i) la primera denuncia sobre la valoración defectuosa de la prueba e inserción de hechos inexistentes o no acreditados, además de insuficiente y contradictoria fundamentación de la Sentencia manifestando las razones por las que la autoridad no le otorgaría credibilidad a sus testigos de cargo; y, ii) la segunda denuncia sobre la existencia de una errónea aplicación de la ley sustantiva de los arts. 282, 283 del CP y el art. 21 inc. 2) de la CPE; asimismo, en lo que respecta al tercer considerando en ella se establecen los agravios de los imputados.
En ese contexto se evidencia que el Tribunal de alzada en el cuarto CONSIDERANDO respondió y fundamentó cada uno de los agravios denunciados por el recurrente, cuyos argumentos pueden resumirse en: a) Para la emisión de la Sentencia la Jueza a quo tomó en cuenta la valoración integral de todos los elementos de prueba de cargo como de descargo, incluyendo los testigos de cargo como Edwin Freddy Quisbert Aguilar e Hilda Ojeda Flores, cuyas declaraciones no otorgaron credibilidad a la Jueza a quo, por sus imprecisiones y contradicciones; y, b) El Tribunal de apelación desglosó los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, refiriendo respecto a los dos primeros que necesitarían del elemento de la publicidad para constituirse en delitos; sin embargo, el delito de Injuria no precisaría para su configuración el referido elemento; asimismo, desarrolló doctrinariamente cuales fueran los elementos constitutivos de estos delitos, concluyendo que la juzgadora habría evidenciado que no concurrirían los elementos objetivos ni subjetivos para sancionar a los imputados y en previsión del art. 116.I de la CPE, declaró la inocencia de ellos; por lo que, el Tribunal de alzada no hubo incurrido en una incongruencia omisiva; consiguientemente, al no existir contradicción entre el contenido de la Resolución impugnada con los precedentes contradictorios invocados, este agravio deviene en infundado.
Por lo expuesto, este Tribunal concluye que, no es evidente la denuncia de falta de fundamentación e incongruencia omisiva, denunciado por el recurrente, puesto que como se tiene señalado el Tribunal de apelación ingresó al análisis de todos los motivos del recurso de apelación restringida, respondiendo a cada uno de los puntos denunciados; por lo que, no siendo evidente la contradicción entre el Auto de Vista 49/2012 de 17 de julio con el contenido de los fallos invocados, el presente recurso de casación deviene en infundado.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.1.I de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Huanca Quisbert, cursante de fs. 165 a 168.

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