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Timestamp: 2017-11-19 01:52:52+00:00

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1. COLECCIÓN DERECHO Litigación penal Juicio oral y prueba ANDRÉS BAYTELMAN A. MAURICIO DUCE J.Litigación Penal. Juicio Oral y Prueba© Andrés Baytelman Aronowsky – Mauricio Duce Jaime© 2004 by Universidad Diego PortalesRegistro de Propiedad Intelectual Nº 145.017ISBN Nº 956-7397-63-51ª EdiciónUniversidad Diego PortalesVicerrectoría Académica / Dirección de Extensión y PublicacionesTeléfono (56 2) 676 2000 / Fax (56 2) 676 2141Av. Manuel Rodríguez Sur N° 415Santiago, ChilePágina web: www.udp.cl (publicaciones)Coordinación de edición: Silvia Castillo IbáñezRevisión de estilo: Leonor Rodríguez VidelaDiseño y producción gráfica: Trinidad Justiniano - Marianne KunsemüllerAsistente: Ingrid FigueroaImpresión: Imprenta Salesianos S.A.Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o trasmitida, mediante algún sistema –electrónico,mecánico, fotocopiado, grabación o de recuperación o almacenamiento de información–, sin la expresaautorización de la Universidad Diego Portales.
2. ContenidoNota para el lectorPresentación de Alberto M. BinderPresentación de Juan Enrique VargasPresentación de Marcos Kusanovic A.Introducción: Enseñanza del Derecho: La indulgencia con la ineptitudCapítulo IExplicación panorámica del nuevo proceso penal y análisis de los principales aspectosde la regulación normativa del juicio oral en ChileINTRODUCCIÓN1. ETAPAS DE DESARROLLO DEL NUEVO PROCESO PENAL CHILENO 1.1. LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 1.2. LA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL 1.3. EL JUICIO ORAL2. REGULACIÓN DEL JUICIO ORAL 2.1. ACTORES NECESARIOS Y ACTORES EVENTUALES 2.2. INFORMACIÓN CON QUE CUENTAN LOS ACTORES AL INICIO DEL JUICIO 2.3. INICIO DEL JUICIO ORAL 2.4. ALEGATOS DE APERTURA 2.5. PRUEBA EN EL JUICIO ORAL A) TESTIGOS B) PERITOS C) OBJETOS, DOCUMENTOS Y OTROS MEDIOS D) PRUEBA ADICIONAL ORDENADA POR EL TRIBUNAL 2.6. ALEGATOS FINALES 2.7. FACULTADES DEL TRIBUNAL PARA CONDUCIR EL DEBATE 2.8. PUBLICIDAD DEL JUICIO 2.9. REGISTRO DEL JUICIO 2.10. FALLO INMEDIATO Y SENTENCIA
3. Capítulo II Teoría del Caso1. EL JUICIO: UNA CUESTIÓN ESTRATÉGICA2. LA NARRACIÓN DE HISTORIAS EN JUICIO: PROPOSICIONES FÁCTICAS VS.TEORÍAS JURÍDICAS 2.1. LA DISTANCIA ENTRE LA NARRACIÓN DE HECHOS Y LAS CONCLUSIONES JURÍDICAS 2.2. PROPOSICIONES FÁCTICAS 2.3. PRUEBA3. LA TEORÍA DEL CASO4. EL ESCÁNERCAPITULO III Exámen directo de testigosINTRODUCIÓN1. LA LÓGICA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL EN EL NUEVO SISTEMAPROCESSAL PENAL2. OBJETIVOS DEL EXAMEN DIRECTO 2.1. SOLVENTAR LA CREDIBILIDAD DEL TESTIGO 2.2. ACREDITAR LAS PROPOSICIONES FÁCTICAS DE NUESTRA TEORÍA DEL CASO 2.3. ACREDITAR E INTRODUCIR AL JUICIO PRUEBA MATERIAL (OBJETOS Y DOCUMENTOS) 2.4. OBTENER INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL ANÁLISIS DE OTRA PRUEBA3. ESTRUCTURA BÁSICA DE UN EXAMEN DIRECTO 3.1. ACREDITACIÓN DEL TESTIGO 3.2. EL RELATO DE LOS HECHOS4. CARACTERÍSTICAS DE UN EXAMEN DIRECTO EFECTIVO 4.1. CINE 4.2. DIETA5. ASPECTOS DE PRODUCCIÓN DEL EXAMEN DIRECTO 5.1. ORGANIZACIÓN DEL EXAMEN DIRECTO 5.2. HERRAMIENTAS PARA EJECUTAR UN EXAMEN DIRECTO (TIPOS DE PREGUNTAS)6. LA PREPARACIÓN DEL TESTIGO
4. 7. ALGUNAS RECOMENDACIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL TESTIMONIO 7.1. LENGUAJE COMÚN 7.2. DIRECTO AL PUNTO 7.3. ESCUCHAR AL TESTIGO 7.4. ADELANTAR DEBILIDADES Y EXPLICARLAS 7.5. NO LEA SU EXAMEN DIRECTO 7.6. USO DE APOYO GRÁFICOCapítulo IV Contraexamen1. CONTRAEXAMEN: DEBIDO PROCESO Y CONTRADICTORIEDAD2. “¡YO ME ENCARGO DE DESTRUIR AL TONTO1”3. CONTRAEXAMEN Y ALEGATO FINAL4. LA PREGUNTA DE MÁS...5. OBJETIVOS DEL CONTRAEXAMEN 5.1. DESACREDITAR AL TESTIGO 5.2. DESACREDITAR EL TESTIMONIO 5.3. ACREDITAR NUESTRAS PROPIAS PROPOSICIONES FÁCTICAS 5.4. ACREDITAR PRUEBA MATERIAL PROPIA 5.5. OBTENER INCONSISTENCIAS CON OTRAS PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE6. ESTRUCTURA DEL CONTRAEXAMEN7. PREGUNTAS 7.1. PREGUNTAS SUGESTIVAS DE UN SOLO PUNTO 7.2. PREGUNTAS ABIERTAS8. OBJETIVO, LÍNEAS, PREGUNTAS Y ARGUMENTOS9. FORMAS DE ENCARAR EL CONTRAEXAMEN 9.1.UTILIZAR LAS DECLARACIONES PREVIAS DEL TESTIGO CONTRAEXAMINADO 9.2. UTILIZAR LAS DECLARACIONES DE UN TESTIGO MÁS CREÍBLE 9.3. ENTORNO DE CONDICIONES Y FALTA DE CREDIBILIDAD 9.4. LA UTILIZACIÓN DE NUESTRA PROPIA HISTORIA 9.5. IR “DE PESCA”10. AMBITO DEL CONTRAEXAMEN
5. Capítulo V Límites a la posibilidad de examinar y contraexaminar a testigos y peritosINTRODUCCIÓN1. IDEAS FUERZA DETRÁS DE LOS LÍMITES A LAS FACULTADES DE PREGUNTAR2. LIMITACIONES A LAS FACULTADES DE PREGUNTAR CONTENIDAS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL CHILENO3. TIPOS DE PREGUNTAS OBJETABLES EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL 3.1. PREGUNTAS SUGESTIVAS 3.2. PREGUNTAS CAPCIOSAS O ENGAÑOSAS 3.3. PREGUNTAS DESTINADAS A COACCIONAR ILEGÍTIMAMENTE 3.4. PREGUNTAS FORMULADAS EN TÉRMINOS POCO CLAROS (PREGUNTAS CONFUSAS, AMBIGUAS O VAGAS) 3.5. PREGUNTAS IMPERTINENTES O IRRELEVANTES 3.6. OTRAS OBJECIONES POSIBLES4. ASPECTOS PROCEDIMENTALES EN LA FORMULACIÓN, RESOLUCIÓN Y DEBATE DE LAS OBJECIONES5. LA PRESENTACIÓN DE UNA OBJECIÓN TAMBIÉN ES UNA DECISIÓNESTRATÉGICASCapítulo VI Uso en juicio de declaraciones previasINTRODUCCIÓN1. ¿QUÉ CONSTITUYE UNA DECLARACIÓN PREVIA?2. EL USO DE DECLARACIONES PREVIAS PARA REFRESCAR LA MEMORIA3. EL USO DE LAS DECLARACIONES PREVIAS PARA MANIFESTARINCONSISTENCIASCapítulo VII Prueba material (Objetos y Documentos)INTRODUCCIÓN1. LA LÓGICA DE LA DESCONFIANZA2. LA LÓGICA DEL SENTIDO COMÚN3. LA PRUEBA MATERIAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
6. 4. ACREDITACIÓN 4.1. OBJETOS 4.2. DOCUMENTOS 4.3. ACREDITACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL5. PRUEBA “REAL” Y PRUEBA “DEMOSTRATIVA”Capítulo VIII Examen y Contraexamen de peritos y testigos expertosINTRODUCCIÓN1. DEFINICIONES BÁSICAS Y OBJETO DE LA DECLARACIÓN DE EXPERTOS 1.1. ¿QUIÉNES SON LOS PERITOS Y LOS TESTIGOS EXPERTOS? 1.2. OBJETO DEL TESTIMONIO DE EXPERTOS2. CUESTIONES NORMATIVAS Y DE LÓGICA DEL SISTEMA RELEVANTESPARA EL EXAMEN Y CONTRAEXAMEN DE PERITOS Y TESTIGOS3. TEMAS RELEVANTES PARA LA PRESENTACIÓN Y EXAMEN DIRECTO DEPERITOS 3.1. UN PROBLEMA: LA DECLARACIÓN ESPONTÁNEA INICIAL 3.2. SELECCIÓN DEL EXPERTO Y SU ACREDITACIÓN EN EL EXAMEN DIRECTO 3.3. LA ORGANIZACIÓN DEL RELATO 3.4. ATENCIÓN CON EL USO DEL LENGUAJE ESPECIALIZADO 3.5. HECHOS E HIPÓTESIS 3.6. CONTROL, CONTROL Y MÁS CONTROL4. EL CONTRAEXAMEN DE PERITOS Y TESTIGOS EXPERTOS 4.1. PRIMERA LÍNEA: “INTERÉS” 4.2. SEGUNDA LÍNEA: “EL PERITO NO ES EL EXPERTO QUE DICE SER” 4.3. TERCERA LÍNEA: “EL PERITO NO PUEDE AFIRMAR CON CERTEZA LO QUE DICE” 4.4. CUARTA LÍNEA: “ESTE PERITO NO ESTÁ SIENDO FIEL A SU PROPIA CIENCIA”5. EL USO DEL INFORME PERICIALCapítulo IX El Alegato de la aperturaINTRODUCCIÓN1. LA REGULACIÓN NORMATIVA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL2. LOS “NO” DEL ALEGATO DE LA APERTURA 2.1. EL ALEGATO DE APERTURA NO ES UN PURO EJERCICIO DE RETÓRICA U ORATORIA
7. 2.2. EL ALEGATO DE APERTURA NO ES UN ALEGATO POLÍTICO NI EMOCIONAL 2.3. EL ALEGATO DE APERTURA NO ES UN EJERCICIO ARGUMENTATIVO 2.4. EL ALEGATO DE APERTURA NO ES UNA INSTANCIA PARA DAR OPINIONES PERSONALES3. ASPECTOS ESTRATÉGICOS A CONSIDERAR EN LA ESTRUCTURACIÓN DEUN ALEGATO DE APERTURA 3.1. LOS JUECES NO CONOCEN EL CASO 3.2. LA CREDIBILIDAD SE CONSTRUYE A PARTIR DEL ALEGATO DE APERTURA4. ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN ALEGATO DE APERTURA 4.1. PRESENTACIÓN DE HECHOS Y NO DE CONCLUSIONES 4.2. LA EXTENSIÓN DEL ALEGATO 4.3. SIN OPINIONES PERSONALES 4.4. CUIDADO CON EXAGERAR LA PRUEBA 4.5. ANTICIPAR LAS PROPIAS DEBILIDADES Y EXPLICARLAS RAZONABLEMENTE 4.6. CUIDADO CON LOS DETALLES 4.7. LA IMPORTANCIA DE PERSONALIZAR (HUMANIZAR) EL CONFLICTO: EL “TEMA”5. ALGUNOS COMPONENTES DEL ALEGATO DE APERTURA 5.1. INTRODUCCIÓN 5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES INTERVINIENTES EN EL CASO 5.3. ESCENA 5.4. BASES PARA LA ABSOLUCIÓN O CONDENA: EL DERECHOCapítulo X El alegato final1. ARMAR EL ROMPECABEZAS, ESPECÍFICO Y CONCRETO2. CLARO Y DIRECTO3. CONTENIDO DEL ALEGATO FINAL 3.1. TEORÍA DEL CASO 3.2. CREDIBILIDAD Y ARGUMENTATIVIDAD4. LA SUFICIENCIA JURÍDICA Y EL DERECHO5. ESTRUCTURA 5.1. ESTRUCTURA TEMÁTICA
8. 5.2. ESTRUCTURA CRONOLÓGICA 5.3. EL ALEGATO “RELACIÓN” O “LISTA DE TESTIGOS”6. UNA HISTORIA PERSUASIVA7. EL RESUMEN DE TODO: EL ALEGATO COMO SENTENCIABibliografía1. NOTA BIBLIOGRÁFICA2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 2.1. LIBROS EN ESPAÑOL 2.2. LIBROS EN INGLÉS
9. Nota para el lectorMás allá de la introducción que sigue a continuación, nos ha parecido de suma relevanciadestacar dos cosas respecto de este manual.En primer lugar, este ES un texto que habla acerca de derecho procesal penal.En segundo lugar, este ES un texto destinado también a los jueces, no solo a los litigantes.Por estos días y desde hace algún tiempo, se ha venido instalando la idea en la enseñanzadel Derecho de que “no solo se debe conocer la teoría (procesal penal), sino que también esnecesario entrenar las destrezas (de litigación)”. Cuando escribimos la primera versión deeste manual el año 1997, esa era la lógica que también nosotros teníamos en mente.Siempre hubo en esta visión al menos un ligero tono de que, si el dogmático procesal penalera algo así como el ingeniero, la litigación era más bien como el gásfiter.Tras varios años de experiencia entrenando litigación en Chile y en el extranjero, sumada ala observación del sistema tanto en nuestro país como en otros, hoy sabemos que lacuestión va todavía mucho más allá: teoría y destrezas son, en una porción muy relevante,una misma cosa.Salvo que uno sea indiferente a hacer de la teoría procesal penal y de la lectura del nuevoCódigo una cuestión puramente intelectual, construida sobre la base de conceptosabstractos y frecuentemente huecos –desprovistos de sentido útil para la genuinarealización del nuevo sistema–, el único modo de comprender cabalmente las normas sobrejuicio oral y prueba es hacerlo desde las destrezas de litigación. La verdad, esto esigualmente cierto respecto del resto de las áreas del proceso también.Los ejemplos de esto son infinitos: no se puede decir casi nada acerca del derecho adefensa, su contenido concreto y sus límites, si no se conoce en profundidad el modo enque funciona el contraexamen en el juicio oral. Solo cuando se tiene este conocimiento –acerca de la dinámica del contraexamen y sus destrezas– se puede argumentar o decidiracerca de cuestiones tales como, cuánta información previa requiere la preparación de uncontraexamen efectivo, cuándo es posible que el tribunal ordene al contraexaminadorabandonar una línea de contraexamen sin vulnerar el derecho a defensa, o cuándo laadmisión de prueba nueva genera indefensión. Lo mismo, por ejemplo, en relación con todoel sistema de objeciones, que le exige a los jueces tomar decisiones respecto de informaciónque aún no se ha producido, pero que litigantes y jueces entrenados pueden anticipar yresolver. Sólo detrezas afinadas de litigación permiten leer correctamente normas como laprohibición de preguntas sugestivas en el examen directo, y saber que dicha prohibicióntiene múltiples excepciones, aun cuando ninguna de ellas esté expresa en el Código;simplemente vienen impuestas por la dinámica misma de la litigación, y los valores delsistema que, en este caso, solo pueden ser cabalmente comprendidos cuando se sabe cómoopera la producción de información en juicio. Incluso a nivel de juez de garantía existen
10. múltiples cuestiones que están absolutamente asociadas a temas cruciales de litigación: porejemplo, la relevancia o pertinencia de una prueba solo puede evaluarse desde la teoría delcaso de las partes y su funcionamiento en juicio; cuando no se sabe esto, se plaga losmanuales de definiciones superficiales o derechamente erradas –del tipo “la pertinenciatiene que ver con la prueba que acredita el hecho materia de la acusación y laparticipación”. Incluso decisiones como la prisión preventiva o la evaluación acerca de siun cierto caso satisface o no los respectivos requisitos legales, con frecuencia exigen de losjueces poder hacer una cierta proyección acerca de qué pasaría con el caso sometido a ladinámica de litigación en juicio.En fin, los ejemplos no dejarían de tocar prácticamente ninguna institución procesal. Si unjuez –de juicio o de garantía– no conoce las dinámicas de litigación con cierta profundidad,sus posibilidades de tomar decisiones en frente de las cuestiones normativas –deadmisibilidad, de credibilidad o de legalidad– se ven seriamente mermadas.Un jurista que no sabe litigación –litigante, juez o profesor de derecho– simplementeelabora teorías abstractas, intelectuales, que no responden a la realidad, a los problemas y alos valores para los que dichas normas fueron diseñadas. Y con demasiada frecuencia esto –en América Latina lo sabemos bien– desnaturaliza el proceso, lleva a lecturas lineales yliteralistas de las normas, equivoca las interpretaciones, genera requisitos absurdos o bienlos estima satisfechos con cumplimientos puramente formales. Finalmente, terminamosentregando la comprensión de nuestras instituciones procesal-penales a la Real AcademiaEspañola de la Lengua, o a la esclavitud de absurdos silogismos, categorizaciones, excesosconceptuales y fetichismos teóricos, que privilegian que dichas teorías “sean consistentes yredondas”, aun cuando ellas solo arrojen más sombra que luz a nuestro uso de las normasprocesales.En nuestra opinión, no hay tal cosa como “está la teoría procesal penal, por un lado, y lasdestrezas de litigación, por el otro”. Litigación y teoría procesal son dos caras de la mismamoneda. La teoría está para comprender mejor la realidad y para resolverla igualmentemejor. Si una teoría no puede hacer esto, no se ve para qué otra cosa pudiera servir. Si unateoría no responde a la realidad, entonces tal vez sea hora de cambiar la teoría. En lasciencias de verdad –la ciencias naturales– todos entendemos claramente esta idea: si unfísico dijera que un avión puede volar con alas de plomo y, llegado el día, el avión no logramás que derrapar por la pista, todos estarían de acuerdo en que la teoría del físico erasimplemente una mala teoría y que hay que abandonarla. Nosotros los abogados, encambio, probablemente inventaríamos conceptos y categorías para la expresión “volar”,distinguiríamos el vuelo “real” del vuelo “ficto”, y haríamos de ese físico una eminencia enaerodinámica.En el mundo del proceso penal acusatorio –especialmente en el mundo de la prueba y eljuicio– la realidad está representada por la disciplina de litigación. Quien no sabe litigacióndeteriora su capacidad para hacer teoría; con frecuencia, sólo se limita a repetir teorías deotras personas. Sin litigación, las personas tal vez sepan, pero con demasiada frecuencia nocomprenden. Como dice el viejo proverbio chino, tal vez tengan peces, pero no sabenpescar: pueden repetir fórmulas ajenas si es que tienen la fortuna de que el caso que tienenentre manos sea suficientemente parecido al que trató un cierto autor, o a lo que dice
11. literalmente una regla legal; pero si uno los saca un par de milímetros del camino conocido,empiezan a darle palos a la piñata. Esa es la razón por la cual en América Latina –en dondelas cuestiones de litigación han campeado por su ausencia– los sistemas se equivocan tanto(en casi ningún país donde la reforma procesal penal se ha intentado, se ha consolidado ungenuino sistema acusatorio). Esa es también la razón por la cual –para tomar las palabras deun Ministro de Corte amigo– sin un conocimiento genuino de las cuestiones de litigaciónen juicios orales, es difícil ver en un jurista haciendo dogmática procesal, un interlocutorlegítimo.Y esto es cierto, en nuestra opinión, lo mismo para litigantes, jueces y profesores deDerecho. Los autores
12. Presentación de Alberto BinderEl juicio oral y público que tan trabajosamente vamos estableciendo y aceptando enAmérica Latina no es un simple “artificio” procesal. Su naturaleza y fuerza institucionalproviene de su estrecha vinculación con la dinámica del conflicto, con la ineludibleinserción social de ese conflicto y con las finalidades políticas de la administración dejusticia, vinculadas a la disminución de la violencia y el abuso de poder. Cuando decimos,con fórmula sintética, que el “litigio es un conflicto formalizado” nos referimos a estevínculo profundo entre las formas del juicio y la vida social. De ese vínculo surge unaforma de transitar por el juicio oral que tampoco es artificial, sino que está conectada a lasmismas características del conflicto y las necesidades de institucionalizarlo. A ese tránsito,que tiene sus reglas, sus habilidades, su saber, sus compromisos políticos y su ética lollamamos “litigar” y, posiblemente, junto con la capacidad de darle formas seguras a lasmúltiples variedades de la cooperación humana, litigar constituye el núcleo del “arte de laabogacía”.Este “manual de litigación” que nos presentan remozado Mauricio Duce y AndrésBaytelman, ahora enriquecido con la experiencia docente de los últimos años, desarrolladaen varios países de nuestra región, no es, en consecuencia, un libro auxiliar, es decir, paraclínicas, “prácticas” o cursos complementarios, sino un manual para el aprendizaje de laabogacía. Esta frase parece de circunstancia y por eso necesita una mejor justificación. Enel estado actual de la literatura jurídica y, más aún, en la literatura dedicada a la enseñanzadel derecho, un libro que se limitara a exponer teorías, conceptos, historias, no necesitajustificación. Menos aún necesitan justificación esos libros que apenas superan el simplerelato de lo que dicen las leyes o hacen sinopsis del pensamiento de autores, aun de fácillectura o disponibilidad. Esos son “textos de enseñanza” que admitimos y hacemos circularsin mayor cuestionamiento. Es francamente dudosa la utilidad para el estudiante de muchosde esos libros que hoy llenan los escaparates de las librerías universitarias. Lo que ocurre esque responden a los dos mayores vicios de la enseñanza actual del derecho: por un lado, el“saber forense”, entendido como el conocimiento de los trámites elementales delprocurador, no ya del abogado; por el otro, el “conceptualismo”, es decir, una formaescolástica que confunde el derecho positivo con el derecho profesoral y entiende que latarea más noble (y teórica-mente más fecunda) es rebatir teorías de otros profesores einventar clasificaciones hasta donde el juego de la lógica lo permita.El saber jurídico que trasmite esa literatura de enseñanza no solo es pobre, sino que le hacemucho daño a nuestros países. Gracias a ella nuestras universidades perpetúan unaideología del Derecho al servicio de sistemas judiciales autonomizados de sus finalidadessociales, incomprensibles para la ciudadanía, atrapados por la cultura inquisitorial y pocoeficaz para cumplir las más elementales tareas políticas. Todo ello en desmedro del imperiode la ley y de la fortaleza de nuestras instituciones. Creo que pocas veces como en elpresente se ha puesto en evidencia la profunda contradicción de nuestra cultura jurídica conlas necesidades sociales de seguridad, consolidación institucional, creatividad jurídica eigualdad social.
13. En este libro el alumno podrá descubrir los vínculos profundos que existen entre el saberpráctico de la abogacía y sus más importantes funciones sociales. Aprender a trabajar ensistemas adversariales significa, nada más y nada menos que, fortalecer la capacidad delsistema judicial de reconocer los intereses de las partes y, en este sentido, “humanizarlo”.Significa también conectar muchos de los principios fundamentales de defensa de lapersona con herramientas concretas y eficaces. La declamación solo realza la poesía. Ladeclamación de principios que no se respaldan en herramientas de trabajo solo puedesatisfacer a un narcisismo de lo “correcto” que degrada la lucha y la idea de la dignidadhumana.Si el conflicto es un juego de intereses que no se resuelven en armonía, el juicio deberá seruna estrategia para lograr que alguno de esos intereses triunfe. Esta idea que parecemeramente utilitaria es mucho más respetuosa de la persona humana que aquella quepretende que todos los intereses en conflicto deban ser subordinados a ideas abstractas de“verdad” o “justicia” que normalmente esconden la ideología de los jueces o la vanapretensión de su superioridad moral. Aprender a litigar es aprender a controlar la prueba yen esa actividad se resume buena parte de las garantías judiciales que hoy conforman unode los núcleos más importantes de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Hacetiempo nos advirtió Ihering: “La finalidad del derecho es la paz, el medio para ello es lalucha”. Si lográramos que la lucha por el Derecho se desarrolle en la sala de audiencia, esepequeño espacio de civilidad que todavía nos resistimos a respetar y custodiar como elcentro de la abogacía, seguramente haríamos avanzar nuestra cultura jurídica mucho másallá que cientos de tratados enjundiosos. Este manual solo tiene sentido si existen “salas deaudiencia” y por ello es un libro “estrictamente jurídico”.Ojalá que el empeño de Duce y Baytelman se extienda por toda nuestra América Latina yque la esforzada reforma de nuestros sistemas de justicia penal vaya ingresando a golpes debuena enseñanza en nuestras Escuelas de Derecho, atrapadas cómodamente en un “sopordogmático” o en un “ritual de repetición” que les permite sobrevivir sin traumas en mediode la crisis de legalidad y de la sinrazón jurídica. Alberto M. Binder Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP)
14. Presentación de Juan Enrique VargasMucho se ha hablado de que reformas procesales penales, como las que se han impulsadoen los últimos años en Latinoamérica, entrañan un profundo cambio cultural. Poco, sinembargo, se ha avanzado en tratar de entender y explicar qué significa exactamente talcambio cultural y menos aún en poder influir en él. Sin dudas la cultura de los operadoreslegales es algo complejo, integrado por elementos que juegan en diversos niveles. Estánprimeramente presentes las creencias y valores más profundos que los animan, suconcepción del derecho y del rol que cada uno juega en él. Pero también integran esacultura elementos menos elevados, más profanos y menos glamorosos si se quiere, talescomo la forma en que realizan su trabajo cotidianamente esos operadores, como serelacionan con sus colegas y superiores, en fin, la estructura de incentivos que existe dentrode la institución o profesión que desempeñan. Para influir en tal complejidad de factores sehace necesario también ejercer muy diversas acciones: cambios en el diseño normativo, enla estructura institucional, en los procedimientos de trabajo, en fin, hasta en lasremuneraciones si se quiere, todo lo cual termina incidiendo en esa cultura y sureproducción. Como se ve, cada una de esas medidas afecta algunos de los elementos quegruesamente hemos descrito como constitutivos de la cultura. Hay sin embargo un tipo deacción que tiene la virtud de incidir al unísono en todos y cada uno de los niveles, aunquetradicionalmente no haya sido utilizado como tal. Nos referimos obviamente a lacapacitación.Decimos que la capacitación tradicional no ha sacado partido a sus potencialidades paraincidir en el cambio de la cultura judicial prevaleciente, tanto por las limitaciones de suconcepción, como por las debilidades en su ejecución. En cuanto a la concepción, lo mássignificativo ha sido la diferenciación tajante que se ha hecho entre la capacitación enteorías y conceptos y el entrenamiento en habilidades y destrezas. Solo el primero, en elámbito del Derecho, ha sido realmente valorado y explotado, dirigiéndose allí el grueso delas acciones de capacitación de las Facultades de Derecho y escuelas judiciales. El segundo,el de las destrezas, ha quedado olvidado e incluso ha sido menospreciado. Pero másrelevante aún para estos efectos que la carencia cuantitativa de programas prácticos deentrenamiento, ha sido la creencia de que uno y otro nivel de capacitación estáncompletamente diferenciados y no se intersectan; la creencia de que el entrenamiento endestrezas supone una capacitación teórica previa y de que esa capacitación en destrezassolo sirve para transmitir habilidades pedestres y cotidianas, mas no nociones abstractas.En cuanto a las debilidades de ejecución, son bien sabidas las múltiples deficiencias de laeducación formal a la que son sometidos abogados, jueces, fiscales y defensores. La clasemagistral, la repetición memorística, la ausencia de una preparación adecuada para resolverproblemas, para usar información para enfrentar situaciones nuevas, son el comúndenominador de los programas. Si esto es claramente insuficiente para la formación defuturos abogados en las escuelas de Derecho, lo es más agudamente aun cuando los que hayque capacitar son operadores adultos con experiencia –buena o mala– en el ejercicio de suprofesión. Programas recargados, que repiten lo que ya debió haberse estudiado en la
15. Universidad o que se limitan simplemente a una exégesis más o menos rigurosa de unnuevo texto legal, poco o nada pueden aportarle a un operador legal con años de ejercicio.Pues bien, son esas las características que han tenido los programas de capacitacióndiseñados para “implementar” los nuevos sistemas procesales penales en Latinoamérica.Así concebidos, realmente no es de extrañar que el tan mentado cambio cultural poco sehaya producido. Como hemos repetido estos años, nos equivocamos cuando diseñamos lasreformas y pensamos que nuestros enemigos futuros iban a ser los contrarreformistas que alcabo de un tiempo se iban a reagrupar y volver por sus fueros con nuevas normas quedesandarían el camino de la reforma. No, nuestros enemigos no han sido esoscontrarreformistas, más allá de lo sucedido en algunas situaciones puntuales. El principalproblema para la vigencia real de los nuevos sistemas lo han constituido los propiosreformistas, personas realmente comprometidas con los valores y principios que encarna elnuevo sistema, que quieren actuar en consonancia con él, pero que al no comprenderlo deltodo y, principalmente, al no saber cómo ajustar su conducta diaria, su actuar más cotidianoal nuevo sistema, terminan llenando todos esos vacíos con lo único que conocen que no esotra cosa que el antiguo sistema. Es por esa vía y no producto de la contrarreforma que elsistema inquisitivo se nos cuela día a día, que el expediente renace de sus cenizas y que lasaudiencias dejan de ser un auténtico debate para convertirse en una simple teatralización sinsentido.La reforma no se completa con la afirmación del principio de la oralidad. La reforma secompleta cuando se sabe cómo organizar una audiencia oral y qué debe hacer cada uno delos participantes en ella, hasta en sus menores detalles, para el correcto cumplimiento desus fines. La capacitación, si quiere lograr realmente un cambio cultural, tiene que sercapaz de transmitir no solo la noción tras el principio, sino también su concreción práctica,lo cual es a su vez, y esto es lo que quisiéramos resaltar, la única vía para lograr entendercabalmente lo que significa ese principio, con todas sus complejidades teóricas incluidas.Esto vale tanto para la oralidad como para los restantes principios sobre los que seconstruye la reforma. La capacitación entonces pasa a ser la bisagra que une y da sentido alos principios con la praxis, que dota realmente de sentido a la reforma, que permite cerrarel círculo en la mente y las acciones de los operadores.Es en este contexto que valoramos especialmente el esfuerzo revitalizador de lacapacitación que viene impulsando desde hace años ya la Universidad Diego Portales deChile, a través de la adaptación a la realidad de nuestros países de las metodologías delitigación desarrolladas preferentemente en el mundo anglosajón. Pero ese esfuerzo no seha limitado a un simple ejercicio de adaptación, sino ha ido más allá como lo prueba estelibro de los profesores de esta Universidad, señores Andrés Baytelman y Mauricio Duce,que permite repensar en forma profunda la capacitación legal a partir del entrenamiento dedestrezas y habilidades. Se puede decir que una reforma tan radical como ha sido en lojurídico el cambio de un sistema inquisitivo por uno adversarial, demanda tambiénreformas en la misma medida radicales en ámbitos como la gestión judicial y lacapacitación judicial. Un instrumento para materializar esto último es lo que nos entrega lapresente publicación.
16. Los profesores Baytelman y Duce vuelcan en este texto su experiencia a partir de larealización de un elevado número de cursos de capacitación en litigación en países comoArgentina, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú, a la par de haber participado enprogramas de capacitación regional dirigidos desde CEJA. El impacto de estos esfuerzos decapacitación ha sido notable en la Región. No solo han permitido extender la idea de lareforma, sino cambiar en forma muy concreta la dirección que estaban llevando losprocesos de implementación. Hemos podido presenciar cómo allí donde la “lectura” de losnuevos Códigos nos había llevado de vuelta a los viejos procedimientos, uno solo de estostalleres ha tenido la virtud de dar un giro hacia una nueva concepción mucho másadversarial del nuevo sistema, lo que se tradujo en cambios concretos de prácticas en lostribunales.Con mayor o menor intensidad, esta metodología ha dejando huella en todos los lugares ypersonas que han estado expuestos a ella. Tal impacto debiera aumentar en formaconsiderable a través de la difusión de este texto, que perfecciona significativamente unoescrito años atrás, el cual esperamos tenga una amplia difusión a nivel regional. Juan Enrique Vargas Director Ejecutivo Centro de Estudios de Justicia de las Américas
17. Presentación de Marcos KusanovicLas exigencias que impone litigar en el nuevo proceso penal obligan a los abogados, seanfiscales, querellantes, defensores o jueces, a prepararse para responder adecuadamente a unejercicio profesional distinto de lo que, hasta ahora, ha sido tradicionalmente conocido en eltrabajo de los tribunales en nuestro país.El desarrollo diario de las distintas dinámicas de presentación de casos, que podemosapreciar en las audiencias, ha ido incorporando, paulatinamente, nuevos enfoques ycriterios que van de la mano con la utilización de distintas herramientas procesales, soloalgunas de las cuales tienen claro sustento normativo.La tarea de los litigantes y de los jueces al resolver no es fácil, si a lo anterior agregamos unescenario de toma de decisiones rápidas y oportunas que para todos los actores se potenciapor la publicidad y oralidad de un debate intenso debido a la lógica adversarial del juiciooral que no admite tiempo para dudar.Lo expuesto cobra relevancia si pensamos que detrás de ello se encuentra la legítimaexpectativa de los jueces de que el debate introduzca información y argumentos de calidad,pues solo de esa forma se podrán provocar los pronunciamientos que permitan, no solollegar finalmente a reconstruir lo mejor posible la verdad de lo ocurrido, sino además,asentar criterios o parámetros que, como referentes seguros, nos permitan avanzar yentender mejor este nuevo proceso penal con el cual tan identificados nos sentimos.El manual de litigación que vienen perfeccionando desde hace años Andrés Baytelman yMauricio Duce es fruto de un trabajo constante que, a estas alturas, no puede pasardesapercibido para quien pretenda estar al día en las prácticas que se desarrollan en lostribunales de juicio oral con el avance de la reforma.Pero no es eso lo que deseo sucintamente destacar, sino el aporte de un texto que, comopocos hasta ahora en el medio local, expresa en cada capítulo una verdadera comprensiónde la diná-mica y noción estratégica del juicio oral, con directrices certeras para laadecuada resolución de los variados y, a veces, complejos problemas a que nos vemosenfrentados casi a diario quienes nos desempeñamos en la sala del nuevo sistema procesalpenal.Si alguna literatura puedo sentirme autorizado a recomendar para ser utilizada en el actualescenario en que se desarrolla el debate en las salas de audiencias de los tribunales de JuicioOral, es la que surge de las páginas de este libro donde sus autores han sabido plasmar elmejor conocimiento que podemos detentar actualmente del modelo procesal penalimplementado en nuestro país. Marcos Jorge Kusanovic Antinopai Juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal Rancagua
18. Introducción Enseñanza del derecho indulgencia con la ineptitudAl igual que casi todo el resto de América Latina, Chile ha estado inmerso en una reformamuy significativa de su sistema de justicia criminal. Dicha reforma tiene componentessimilares a los que configuran el cambio en el resto de la Región: el intento de sustituir unsistema inquisitivo por uno de raigambre acusatoria, la separación de funciones entre lainvestigación y el juzgamiento, la radicación de la investigación en el ministerio público, lacreación de tribunales de control de la investigación como instancias distintas de lostribunales de juzgamiento, y la instauración de juicios orales.Más allá de los cambios estructurales a los cuales se han visto sometidas las leyes einstituciones que participan de nuestro sistema de justicia criminal, la reforma procesalpenal está produciendo un efecto secundario que comienza a presentarse como una im-portante transformación adicional de la cultura jurídica chilena: las exigencias en materiade capacitación están desarrollando un nuevo paradigma de enseñanza legal, quelentamente ha comenzado a desplazar al tradicional sistema de enseñanza del Derecho, almenos en el área procesal penal.Tradicionalmente, luego de la enseñanza de pregrado, los operadores del sistema de justiciacriminal tenían una preparación más o menos artesanal, que, puesto en relación con lasevidentes y superabundantes necesidades de capacitación de la justicia criminal en nuestraregión, equivale bastante a afirmar que la cultura jurídica tradicional no se tomó realmenteen serio la capacitación de dichos operadores. Algo similar ocurrió en Chile. En el caso delos jueces, la capacitación sistemática comenzó solo recientemente en nuestro país con lacreación de la Academia Judicial en el año 1996. La Defensoría Penal Pública y elministerio público, por su parte, son instituciones nuevas y quienes antes cumplían susfunciones no eran sometidos a procesos de capacitación específicos para el cumplimientode tales roles. Los abogados penalistas, por último, no contaban en el área más que con unmuy precario y desarticulado mercado de capacitación de posgrado.La idea que quizás más contribuya a entender este estado de cosas anterior al proceso dereforma, es que en un sistema de justicia criminal de corte inquisitivo existen pocas razonesestructurales para tomarse en serio la preparación tanto de jueces como de abogados, almenos en el sentido más consistente con la imagen que tenemos de la profesión jurídica1.Los incentivos simplemente no apuntaban en esa dirección y todo más bien parecía invitar aque el sistema se comportara exactamente del modo en que tradicionalmente lo habíavenido haciendo. Nos parece que existen tres buenas razones por las cuales un profesional –un juez o un abogado– en lugar de volver temprano a su casa y disfrutar de su familia ogozar de una buena obra de teatro, preferiría invertir esfuerzo, tiempo, y recursos enadquirir nuevos conocimientos y destrezas y, de esa manera, estar en la punta de sudisciplina. Estas tres buenas razones son: ingresos, ascenso y/o prestigio.1 Digamos, la de profesionales en quienes las personas confían sus más preciados bienes y derechos, que actúan bajo pautas más o menos rigurosas de desempeño profesional, capaces de responder a controles más o menos estrictos respecto de la dedicación que le confieren a los casos de los que se hacen cargo, del tiempo que le destinan a prepararlos, y del grado de improvisación con que actúan en ellos; profesionales responsables ante el cliente y la sociedad por sus fracasos y errores; profesionales razonablemente al día
19. en su dominio de la ley penal y de su procedimiento, entrenados en un conjunto de destrezas analíticas y argumentativas para presentar su caso con efectividad en los tribunales o resolverlos, según se trate de abogados o jueces.Las personas se perfeccionan porque creen que de este modo van a poder aumentar susingresos, avanzar en su carrera obteniendo ascensos o promociones, o bien porque suprestigio, que también constituye una herramienta de trabajo, puede verse en jaque si no lohacen2. De esta manera, si dicha relación no existe –es decir, si mi perfeccionamientoprofesional no tiene mayor relevancia respecto de mi carrera, mis ingresos o mi prestigio–,es perfectamente natural que prefiera conformarme con los conocimientos que actualmentedomino, volver a mi casa tan temprano como pueda, disfrutar de la familia y gozar delteatro.El sistema inquisitivo vigente en Chile hasta antes del proceso de reforma constituye unbuen ejemplo de un entorno profesional donde un mayor perfeccionamiento profesional noes realmente ‘rentable’, o lo es muy marginalmente. En efecto, el sistema procesal penalinquisitivo no premia necesariamente una mayor preparación de los operadores –jueces yabogados– ni castiga su ausencia. Lo que un abogado necesita para ganar un caso y lo queun juez necesita para resolverlo corren por líneas muy separadas de lo que pudierasuponerse, esto es, la mayor preparación profesional que ambos oficios suponen, al menosen una gran cantidad de situaciones. En ambos casos, la mayor perfección profesionalprobablemente se agrega de manera tan marginal al éxito o competitividad de cada cual,que hace del todo razonable que ni uno ni otro derrochen recursos, tiempo y energía enperfeccionarse.Muy por el contrario, el sistema inquisitivo es sobreco-gedoramente indulgente con laineptitud, la ignorancia y la falta de destreza de abogados y jueces. Principalmentefavorecido por la escrituración y el secreto, un abogado puede perfectamente encontrarse enel tribunal con resoluciones que no entiende, pero que puede responder en la calma de suoficina tras consultar un manual o conferenciar con un colega (ni hablar de la racionalidadde la conclusión de que probablemente la destreza que más le otorgue competitividad seadesarrollar su habilidad para establecer buenas “redes” de funcionarios en los tribunales –yde policías fuera de ellos–, antes que privilegiar su capacidad de análisis jurídico o suconocimiento de la Ley). Los jueces, por su parte, gozan del refugio de su despacho yescasamente deben rendir cuentas por sus decisiones; así, pueden con total impunidadrechazar el más perfecto argumento jurídico sin haber jamás llegado a entenderlo,simplemente poniendo ‘no ha lugar’ al final de la página u ofreciendo fundamentacionespuramente formales que no se hacen cargo realmente de los argumentos presentados.2 No se trata de que no haya razones más nobles que éstas para querer perfeccionarse. Pero, desde el punto de vista del sistema en su conjunto y del modo en que se modela la conducta de la generalidad de las personas al interior de él –lo cual equivale a decir el modo en que se diseñan políticas públicas–, éstas son las razones que configuran la estructura de incentivos dentro del mundo profesional para capacitarse.
20. No queremos decir que los abogados y los jueces sean ineptos, poco profesionales oignorantes, de hecho está lleno de ejemplos de abogados y jueces virtuosos en nuestro país.Lo que queremos relevar es solo que, en el entorno de incentivos construido por el sistemainquisitivo, un abogado o un juez puede ser inepto, poco profesional o ignorante, y aun asíser perfectamente exitoso y competitivo. A su vez, un abogado o un juez inteligente,instruido o hábil –amén de honesto– no tiene para nada asegurada una mayorcompetitividad o éxito dentro del sistema. Por el contrario, muchas veces una o algunas deestas cualidades puede perfectamente –aunque, por supuesto, no necesariamente– jugar encontra del éxito profesional de jueces y abogados: jueces con mayor conocimiento delDerecho que los ministros de sus respectivos tribunales superiores, que ven sus decisionesfrecuentemente revocadas; abogados que confían ingenuamente en sus conocimientosjurídicos litigando ante los empleados del tribunal de menor preparación jurídica o incluso,en casos extremos, con compromisos con la contraparte. El punto es que, en el entorno deincentivos del sistema inquisitivo, la mayor preparación profesional no parece hacer grandiferencia, ni ser lo suficientemente rentable como para que valga la pena, desde el puntode vista de los actores, invertir en ella, en desmedro de ocupar tiempo, energía y recursosen las otras destrezas que el sistema sí parece recompensar (como el cultivo de su “llegada”en los tribunales, o el dominio del “trámite”).El sistema acusatorio establecido en el nuevo Código Procesal Penal –al igual que en elresto de los países latinoamericanos que están llevando adelante similares reformas– estácambiando de manera significativa y profunda este entorno de incentivos.Al respecto, nos parece que hay tres elementos adosados al sistema acusatorio que tienen elpoder de producir este cambio: en primer lugar, la publicidad de los procedimientos,especialmente del juicio oral. La apertura de los tribunales a la ciudadanía (y a la prensa)suele producir un fenómeno que supera la mera publicidad: los procesos judiciales –especialmente los juicios penales– capturan la atención de la comunidad, catalizan ladiscusión social, moral y política, se convierten en una vía de comunicación entre el Estadoy los ciudadanos a través de la cual se afirman valores, se instalan simbologías, y se envíany reciben mensajes mutuos. En una frase, la publicidad de los procedimientos judicialesinstala la vida de los tribunales dentro de la convivencia social. Una vez allí, los abogados yjueces se encuentran con que su trabajo pasa a estar bajo el escrutinio público, en todos losniveles: las discusiones tienen lugar en salas con otros abogados y fiscales esperando supropio turno, ante miembros de la comunidad que están esperando la audiencia de algúnfamiliar detenido el día anterior (por ejemplo, en una sala ante un juez de garantía en dondese realizan controles de detención o se formalizan investigaciones), en ocasiones con prensapresente si algún caso importante está en la agenda; los abogados tendrán que argumentar –y los jueces tendrán que tomar decisiones y justificarlas– instantáneamente y en público, enun contexto en que toda la comunidad estará al tanto de –y dispuesta a– discutir lospormenores de un caso que convoque su atención. Este contexto, como salta a la vista,ofrece bastante menos misericordia para con la falta de preparación de jueces y abogados:todo ocurre vertiginosamente y no hay demasiado espacio para aquellos que no sepanexactamente qué hacer y cómo hacerlo con efectividad.El segundo elemento a través del cual el nuevo sistema acusatorio se encuentra alterando deuna manera importante la estructura de incentivos de los operadores jurídicos respecto de la
21. capacitación es la lógica competitiva. El sistema acusatorio contenido en el nuevo CódigoProcesal Penal está diseñado sobre la base de una importante confianza en la competenciaadversarial; esto es, en la idea de que el proceso –y especialmente el juicio– promueve elenfrentamiento intenso entre las partes y apuesta a que esta instancia de confrontaciónarrojará la mayor cantidad de información sobre el caso, a la vez que depurará la calidad dedicha información. Este modelo –que revisaremos más adelante con mayor profundidad– hadesarrollado toda una nueva metodología de enseñanza y es probable que exija a losestudios jurídicos alterar sustancialmente la organización de su trabajo penal; lo queinteresa resaltar aquí, sin embargo, es que la situación pública en la que se encuentranabogados y jueces incentiva la confrontación: el sistema promueve a que, en un entorno dejuego justo, los abogados exploren todas las armas legales disponibles, investiguen todoslos hechos, desconfíen de toda la información (y, por lo tanto, la verifiquen), detecten todasy cada una de las debilidades en el caso de la contraparte (de argumentación y de prueba),construyan su propio caso sobre la base de que la contraparte hará lo mismo y, enconsecuencia, cada defecto del caso propio implicará un mayor riesgo de perder.Esto es lo que abogados y jueces hacen en público. Por cierto, esto no quiere decir quenecesariamente todos los casos sean tra-bajados por todos los operadores con todo esterigor; pero esta es la manera de trabajar un caso penal en un sistema acusatorio, y esto es loque el sistema necesita y exige de los abogados, no como actos de buena voluntadprofesional o de filantropía gremial, sino en el más crudo sentido de mercado: litigar juiciosorales –y dirigirlos– es un arte complejo y exigente, y no hay demasiado espacio –por nodecir ninguno– para la improvisación: si los abogados no están preparados, los casos sepierden y se pierden ante los ojos de todo el mundo; si los jueces no están preparados, lasinjusticias que ello genera se cometen ante los ojos de todo el mundo.El tercer elemento que juega en favor de la transformación de la cultura de capacitación delos operadores jurídicos del sis-tema penal es menos tangible y acaso menos “técnico”, perono menos poderoso: el sistema de juicios orales hace el ejercicio de la profesión de abogadoy de juez algo extraordinariamente atractivo; profesionalmente más digno y másestimulante, allí donde el sistema inquisitivo ha hecho de la profesión algo más tedioso eindigno. En efecto, el sistema inquisitivo ha convertido en una medida importante elejercicio de la profesión en un trabajo de papelería y en el abandono de mayorespretensiones de excelencia jurídica en la litigación penal, ante el hecho, por una parte, deque los escritos que se apartan de las formas estandarizadas e intentan profundizar en laargumentación, el análisis o el conocimiento, tienen altas posibilidades de no ser siquieraleídos por los tribunales; y, por la otra, ante el hecho de que mucho más valioso que laexcelencia profesional parece ser la capacidad para desarrollar redes y contactos conactuarios de baja formación que detentan, sin embargo, un poder de facto sobre losabogados y los casos. Si a esto le sumamos la rigidez y la formulación ritual del sistema, elresultado es un entorno profesional poco atractivo, tedioso, poco estimulante y de bastantemenos dignidad que el que seguramente formó alguna vez la fantasía vocacional delabogado penalista. A los jueces no les va mejor: también su trabajo los aparta de laspersonas que conforman las causas que están llamados a juzgar; sus casos son resueltos sinque ellos hayan visto realmente toda la prueba, muchas veces sin siquiera conocer alimputado o a la víctima; dependen de un sistema de empleados que ha demostrado tenercuotas importantes de corrupción, muchas veces a espaldas del juez con abuso de cuyo
22. nombre están corrompiendo la administración de justicia; el trabajo de juez consiste enbuena medida en leer lo que estos empleados han escrito y sancionar ese trabajo con pocasposibilidades de control; los jueces –llamados a investigar y resolver– casi nunca investiganrealmente y casi siempre resuelven en condiciones precarias respecto de la información quenecesitarían para tomar el tipo de decisiones que les hemos confiado.El nuevo sistema, en cambio, pone por primera vez a las partes a litigar casos en audienciasorales, en donde las decisiones se juegan realmente en el trabajo efectivo con la prueba y laargumentación jurídica. De muchas maneras, esta labor hace de la profesión de abogados yjueces algo profesionalmente muy atractivo y estimulante.En este escenario de nuevas lógicas y destrezas que impone el sistema, la capacitación delos actores del sistema juega un rol clave en la implementación y en el éxito de la Reforma.Para tales efectos, estos materiales tienen como propósito traspasar a los alumnos losaspectos básicos para desarrollar y ejercitar las destrezas requeridas por el nuevo sistemaprocesal penal en la litigación de audiencias, particularmente las de juicio oral.La premisa sustantiva de estos materiales consiste en que litigar y dirigir juicios orales es,redundancia aparte, una disciplina: no es en absoluto una cuestión entregada al talentointuitivo de los participantes. Abandonar la litigación o la dirección de juicios orales a lapura improvisación artesanal de jueces y abogados –por talentosos que sean– no es más quefalta de profesionalismo y, desde luego, un riesgo tan extremo como absurdo desde el puntode vista del desempeño y el resultado de estos profesionales. En cambio, existe unametodología que puede aprenderse y entrenarse por cualquier persona.Esta disciplina está lejos de consistir en técnicas de oratoria o desarrollos de la capacidadhistriónica, como los prejuicios de nuestra comunidad jurídica suelen creer. En cambio,subyace a ella la idea que el juicio es un ejercicio profundamente estratégico y que, enconsecuencia, comportarse profesionalmente respecto de él consiste –en particular para losabogados, aunque esta visión también altera radicalmente la actuación de los jueces– enconstruir una teoría del caso adecuada y dominar la técnica para ejecutarla con efectividad.Esta visión del juicio y del trabajo que allí realizan abogados y jueces, es radicalmentedistinta al modo en que la actual cultura jurídica percibe esta instancia. En efecto, nuestraactual cultura en torno al juicio se espanta con facilidad ante la idea de que el juicio seaalgo “estratégico”: “la verdad no es estratégica –dirían nuestras ideas culturales– la verdades la verdad, y los avances estratégicos no son sino un intento por distorsionarla… laverdad ‘verdadera’ lo único que requiere es ser revelada, tal cual ella es… así, completa ysimplemente, sin estrategias de por medio…”. Esta idea tan presente en la cultura jurídicalatinoamericana, sin embargo, no comprende qué quiere decir que el juicio sea un ejercicioestratégico. Desde luego, no quiere decir que haya que enseñarle a los abogados cómodistorsionar la realidad de manera de poder engañar a los jueces, ni que estos últimostengan que ser siquiera mínimamente tolerantes con esta clase de artimañas. En cambio, laimagen del juicio como un ejercicio estratégico asume dos ideas, ambas distantes de nuestraactual visión acerca del proceso penal.La primera idea es que la prueba no habla por sí sola. A veces, una porción de su valor esauto-evidente, pero prácticamente nunca lo es en todo el aporte que la prueba puede hacer
23. al caso. A su turno, la prueba siempre consiste en versiones, relatos subjetivos y parciales,compuestos por un conjunto de información heterogénea en cuanto a su origen, amplitud ycalidad (de manera que no hay tal cosa como asumir que la prueba simplemente ‘revela laverdad’); por último, la prueba tiene su máximo aporte de información y de peso probatorioen relación con la totalidad del caso y con el resto de la evidencia, de manera que solo en lamedida en que esas relaciones sean relevadas, la prueba aporta al caso toda la extensión –encantidad y calidad– de la información que posee. Como contracara, no importa qué tanrelevante sea la información que una prueba contenga si dicha información es entregada deuna forma tan estratégicamente torpe y defectuosa que su contribución no es capturada ocomprendida por los jueces. Concebir el juicio como un ejercicio estratégico no consiste endistorsionar la realidad, sino, al contrario, en presentar la prueba del modo que másefectivamente contribuya a reconstruir ‘lo que realmente ocurrió’. Lo que nos interesadestacar a estas alturas es que concebir el juicio estratégicamente importa asumir que laprueba no habla por sí sola, sino a través de los litigantes; y los litigantes puedenpresentarla de manera que ella revele en toda su plenitud la información que posee, o bienpueden hacerlo de un modo que dicha información naufrague en un mar de detallesinsignificantes, pase inadvertida por otras miles de razones, pierda credibilidad, omitainformación o la entregue de un modo que no convoque adecuadamente la atención deltribunal.En este contexto, la disciplina de litigación provee herramientas para aproximarseestratégicamente al juicio: enseña cómo construir una ‘teoría del caso’ adecuada; cómoexaminar a los testigos propios, extraer de ellos la información que dicha teoría del casorequiere y fortalecer su credibilidad; cómo contraexaminar a los testigos de la contraparte yrelevar los defectos de su testimonio; cómo examinar y contraexaminar a los peritos; cómoutilizar prueba material y documental; cómo utilizar el alegato de apertura y el alegato finaly, en fin, cómo proveer al tribunal de un ‘punto de vista’ desde el cual analizar toda laprueba. Lejos de engañar a los jueces, la aproximación estratégica al juicio los provee conmás y mejor información, situándolos en una posición más ventajosa para resolver el caso.La segunda idea que subyace a la visión del juicio como un ejercicio estratégico estáíntimamente vinculada a la anterior: si el juzgamiento penal y la construcción de ‘lo querealmente ocurrió’ es algo complejo, lleno de versiones, ángulos, interpretaciones yprejuicios, entonces la mejor manera de producir la mayor cantidad posible de información,a la par que depurar ‘el grano de la paja’ testeando la calidad de la información con arregloa la cual el caso se va a juzgar, es a través de un modelo que estimule la competencia entrelas partes en un entorno de juego justo garantizado por el tribunal. De la mano con esto ycomo consecuencia natural, viene la estricta separación de roles. Las partes, a través de lacompetencia, aportarán cada una toda la información que la otra haya decidido omitir, a lavez que relevarán todos los defectos de la información contenida en la prueba de lacontraparte a través del contraexamen, las objeciones y los alegatos. Esta comprensión deljuicio supone hacerse cargo –como la disciplina de litigación lo hace– de cada rolespecífico y de los distintos intereses, poderes y funciones que concurren en cada uno deellos.La premisa metodológica tras la disciplina de litigación, consiste en desplazar la imagen decapacitación como ‘instrucción hacia la imagen de capacitación como ‘entrenamiento .
24. Consistente con esto, la capacitación en destrezas de litigación está estructurada sobre labase de simulaciones. Este modelo de enseñanza, más que a la filosofía, se parece al fútbol:para aprender a jugar, hay que jugar. Y hay que jugar mucho. Por supuesto que un jugadorde fútbol debe tener cierta información: debe saber las reglas del juego, debe conocer a suscompañeros de equipo y las capacidades de cada uno, debe conocer las instrucciones deldirector técnico, los acuerdos estratégicos del equipo y las jugadas practicadas en losentrenamientos. Pero nadie es realmente un jugador de fútbol por ser capaz de repetir dememoria las reglas de la FIFA. El modelo de litigación se hace cargo de esta idea, y pone alos alumnos a litigar casos simulados sobre la base de una cierta técnica que el curso enseñay que los alumnos –lo mismo que los jugadores respecto de las reglas de la FIFA– debenconocer. Igual que en el fútbol, la técnica está escrita y probada, pero no es posibleaprender nada de ella –absolutamente nada– si no es a través de un entrenamiento intensoen su utilización. La pizarra es sin duda útil, pero el verdadero entrenamiento para elpartido se hace en la cancha; solo allí el jugador sabe si es capaz de tomar parte en lasjugadas que le han asignado en el camarín.A la luz de estas reflexiones, el presente texto intenta entregar al alumno las reglas básicasde la FIFA y traspasar algunas herramientas mínimas para poner en acción dichas reglas.Así, el texto aborda, en primer lugar, una cierta concepción del juicio y la idea que lesubyace: que todo juicio es un relato y que, ineludiblemente, la tarea de litigar puedetraducirse en la de proveer al juzgador de un relato verosímil, que le dé fundamento a unadecisión en nuestro favor. A continuación, vamos sobre el tema de los testigos, ydedicamos buena parte del trabajo a analizar qué es lo que debe hacerse con ellos, la máscrucial evidencia del juicio penal; revisamos, entonces, qué debe hacerse con los testigospropios (examen directo), de qué manera el tratamiento de los testigos de la contraparte escompletamente diverso (contraexamen), cuáles son las particularidades que presenta elexamen directo y el contraexamen de testigos expertos, cuáles son los límites queencuentran las partes en su capacidad de examinar y contraexaminar en el juicio y, en fin,qué podemos hacer cuando un testigo declara en juicio algo inconsistente con declaracionesprevias o tiene problemas de memoria en la audiencia. Con esto, habremos cubierto elcampo de los testigos. Pero el relato penal suele requerir también de prueba material, demanera que iremos sobre eso en un capítulo aparte. Por último, la evidencia requiere seranalizada y argumentada. Esa es la función de los dos alegatos que contiene elprocedimiento, el alegato de apertura y el alegato final. Antes de revisar los temasseñalados, el texto se detiene en forma preliminar en el análisis general del modelo dejuicio oral regulado en el nuevo Código Procesal Penal con el fin de dar información básicaacerca del marco normativo en el que se desenvuelven las destrezas de litigación que estetexto intenta explicar.Desde otro punto de vista, los temas que cubren estos materiales pueden fraccionarse entres tipos de destrezas requeridas para litigar efectivamente en juicios orales. La primera deellas está vinculada al desarrollo de una capacidad para planificar estratégicamente el juicioy su preparación (“Teoría del Caso”). La segunda destreza tiene que ver con la capacidadpara obtener e introducir información de manera efectiva en juicio (exámenes ycontraexámenes de testigos y peritos, y las demás actividades asociadas a tales cuestiones).Finalmente, un tercer nivel de destrezas es el uso efectivo de la información que seproducirá o que ya se ha producido en juicio (alegatos de apertura y clausura). En la
25. contracara, el lector no encontrará en estos materiales ninguna idea acerca del tono de vozque debe tener el litigante, su postura gestual en la sala de audiencia u otras relacionadascon destrezas que, si bien pueden ser relevantes para ser un comunicador más eficaz, no sevinculan estrictamente con la visión estratégica del juicio que hemos descrito. Esasdestrezas quedan entregadas a otras disciplinas que no dominamos y en las cuales, creemos,la experiencia comparada resulta mucho menos aplicable sin un esfuerzo muy importantede adaptación en nuestro país.Estos materiales se han elaborado sobre la base de nuestro trabajo de enseñanza de pre yposgrado desarrollado fundamentalmente en la Facultad de Derecho de la UniversidadDiego Portales desde el año 1997. Además, ellos se han visto enriquecidos por nuestraexperiencia en la utilización de esta metodología de manera muy intensa durante los años1999 a 2003 en la capacitación de abogados, jueces, fiscales y defensores en el contexto dela implementación de la Reforma Procesal Penal en Chile. A su vez, también hemos tenidola posibilidad de aplicarla en otros países como Argentina, Ecuador, México, Paraguay yPerú en la capacitación de abogados, fiscales, jueces y defensores.Los materiales corresponden a una edición sustancialmente modificada de un textooriginalmente publicado en enero del año 2000 por la Universidad Diego Portales comomateriales de apoyo docente. La primera edición constituyó un primer esfuerzo porintroducir materiales muy simples sobre la materia, inexistentes en Chile, y que nospermitían trabajar con esta metodología de enseñanza en un escenario en que era requeridoen forma urgente material de trabajo. Es por eso que buena parte de los textos corres-pondíaa un trabajo de selección de lecturas especializadas, algunos de cuyos desarrollos fueronseguidos muy de cerca, otros adaptados a la realidad de lo que era en esa época la propuestade reforma chilena, todos ellos complementados con nuestra experiencia en el diseño ytramitación de los proyectos que la integraban. Las referencias normativas en dicho texto sehacían a los proyectos que se encontraban en estado de tramitación legislativa en elCongreso Nacional.En esta nueva edición hemos introducido cambios importantes al texto original, quecreemos nacen de él uno prácticamente nuevo. Estos cambios se deben fundamentalmente ados factores. Por una parte, hoy contamos con un texto normativo definitivo que nospermite darle un sustento legal a varias de las destrezas explicadas en los diversoscapítulos. Una segunda razón a los cambios obedece al natural proceso de aprendizaje quehemos experimentado en el período transcurrido. La misma utilización de la metodologíaen Chile y otros países nos ha permitido ir perfeccionando nuestra aproximación al tema,generando un discurso mucho más propio que el de la primera edición. Como decíamosrecientemente, en dicha edición seguíamos muy de cerca a otros países con mayorexperiencia en estos temas, particularmente Estados Unidos, donde fuimos formadosoriginariamente en esta materia. La utilización de esta metodología de trabajo y laobservación de su funcionamiento práctico en la realidad del sistema nos ha permitidoconstruir una visión propia que, siguiendo todavía la experiencia de países con mástradición, creemos se hace cargo en forma muy específica y concreta de los problemas quese presentan para su desarrollo en nuestro país y que son muy difíciles de resolver con unalectura desnuda de la literatura comparada existente.
26. Al igual que en la primera edición de estos materiales, por razones pedagógicas se hanomitido en general las remisiones detalladas a los autores, solo hacemos remisionesgenerales a los capítulos relevantes de los mismos que permiten al lector acceder a lainformación necesaria para complementar sus estudios y en aquellas porciones en dondenos ha parecido una exigencia ética por la cercanía con que tomamos las estructuras deotros textos o las expresiones de otros autores. Con todo, en las páginas finales se ofrece unlistado de la bibliografía que sirvió de base a estos materiales, así como la indicación debibliografía complementaria. A su turno, hemos evitado el tono académico y, en cambio,privilegiamos una orientación eminentemente práctica y de fácil lectura.
27. IntroducciónEl presente capítulo tiene por objeto presentar una visión general de los principalescontenidos y etapas del nuevo proceso penal en Chile, con especial énfasis en el análisis delas reglas que regulan el juicio oral. La idea es proveer a los lectores del marco normativobásico en el cual se deben desplegar y ejecutar las actividades de litigación que revisaremosen el resto del libro. No se trata, en consecuencia, de realizar una revisión normativaexhaustiva ni análisis dogmáticos detallados de las diversas instituciones, sino presentar demanera general aquellas cuestiones que resulta indispensable conocer para entender lalógica de las destrezas de litigación que revisaremos.Para los efectos descritos, dividiremos este capítulo en dos partes. La primera de ellasdestinada a realizar una breve descripción de las principales etapas de desarrollo del nuevoprocedimiento. La segunda parte abordará la revisión de los diversos aspectos queconfiguran la regulación de la audiencia de juicio oral en nuestro Código.
28. Capítulo IExplicación panorámica del nuevo proceso penaly análisis de los principales aspectos de la regulación normativa del juicio oral en Chile1. Etapas de desarrollo del nuevo Proceso Penal chilenoEl nuevo proceso penal está compuesto centralmente por cinco etapas: la de investigación;la de preparación del juicio oral, el juicio oral, la de impugnación de la sentencia y la deejecución. En lo que sigue, describiremos de manera general las tres primeras etapas queson las que resultan más relevantes de ser examinadas para los efectos de explorar las basesnormativas de las destrezas de litigación que explora este libro.1.1. LA ETAPA DE INVESTIGACIÓNEl nuevo sistema se orienta a modificar sustancialmente la etapa de investigación,suprimiendo el sumario criminal del sistema inquisitivo caracterizado por el secreto, cuyarealización estaba entregada a un juez de instrucción. Caracterizaba también al su-mario lacasi completa exclusión de la defensa, y la centralidad de esta etapa dentro del proceso. Porel contrario, el nuevo modelo de investigación implica la transformación de esta en unaetapa puramente preparatoria del juicio criminal, entregada a los fiscales del ministeriopúblico, quienes deberán, con el auxilio de la policía, conducir la investigación de losdelitos, realizar las diligencias de investigación y ejercer la acción penal pública. Todo loanterior bajo la supervisión del juez de garantía, juez unipersonal imparcial distinto deaquel que deberá fallar la causa.Las modificaciones realizadas a la etapa de investigación fundamentalmente buscan darle aesta una mayor racionalidad, en términos de favorecer métodos más eficientes deinvestigación de delitos, sobre la base de una colaboración muy directa entre los fiscales ylos agentes policiales y demás auxiliares. A la vez, se busca garantizar de mejor forma losderechos del imputado por medio de entregar su custodia a un juez completamente alejadode las tareas de investigación y persecución.El ejercicio de la acción penal pública corresponde al ministerio público, órgano acusador,de acuerdo con el principio de legalidad. De este modo, el ministerio público deberáinvestigar y, en su caso, plantear la acusación respecto de todos los delitos que lleguen a suconocimiento. No obstante lo anterior, se reconoce la posibilidad de que el ministeriopúblico no ejercite la acción penal, basado en diversas consideraciones de oportunidad queregula el Código Procesal Penal.1 Se permite también poner término al proceso por vía de la1 Estas facultades son tres: (1) La facultad de no iniciar la investigación para los casos en que el hechodenunciado no sea constitutivo de delito o la responsabilidad penal del autor se encuentre extinguida, (2) elarchivo provisional para los casos en los que sobre la base de los antecedentes disponibles es posibleproyectar que no se podrán esclarecer, y (3) el principio de oportunidad para los casos que tienen asignadaspenas menores y el fiscal considere que no se afectó de manera grave el interés público. Estas facultadesestán reguladas en los artículos 167 a 170 del Código Procesal Penal.
29. suspensión condicional del procedimiento, quedando, en todo caso, el imputado obligado acumplir ciertas condiciones, sin necesidad de reconocimiento de culpabilidad, para aquelloscasos en que exista el pronóstico de que, aún llegándose a la condena, deberá aplicarse unamedida alternativa a la privación de libertad. Asimismo, se puede poner término al procesodurante la etapa de investigación, aun cuando el ministerio público esté en desacuerdo, encasos en los que el imputado alcance un pleno acuerdo reparatorio con la parte agraviada,tratándose de delitos que afectan a ciertas categorías de bienes jurídicos o de ciertanaturaleza.En los casos en los que el ministerio público decida llevar adelante una investigación, podráinvestigar libremente sin limitaciones de tiempo. No obstante, cuando la persecución res-pecto de una persona determinada pueda importar afección a sus derechos constitucionalesy, en consecuencia, se requiera la intervención judicial, deberá formular cargos precisos encontra del imputado. Esta formulación de cargos se denomina formalización de lainvestigación y sustituye al auto de procesamiento del sistema inquisitivo: no importaanotación en los antecedentes personales del imputado, no genera en principio ningunaafectación de derechos, ni implica ningún grado de sospecha, al menos judicialmentehablando. La formalización de la investigación tiene por objetivo central dejar en evidenciael hecho de llevarse a cabo una investigación de orden criminal, por un hecho determinado,respecto de una o más personas, también determinadas. La formalización de lainvestigación tiene el efecto de suspender el curso de la prescripción de la acción y de darinicio a un plazo máximo de dos años para completar y cerrar dicha investigación.En esta fase, el juez de garantía tiene fundamentalmente atribuciones de control y resguardode las garantías constitucionales ligadas al debido proceso y a la libertad personal delimputado. Las actuaciones de la investigación siempre pueden ser examinadas por elimputado, las personas a quienes se haya acordado intervención en el procedimiento, losdefensores y los mandatarios, salvo cuando pudiera entorpecerse la investigación, caso enel cual el ministerio público puede disponer la reserva parcial de ellos por decisión de losfiscales y por lapsos determinados. Esta decisión siempre podrá ser revisada, a petición departe, por el juez de garantía. Por el contrario, la investigación siempre es reservada paralos terceros extraños al procedimiento.1.2. LA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO ORALEntre la etapa de investigación y el juicio oral se crea un procedimiento intermedio decarácter oral, realizado también ante el juez de garantía y que tiene por objeto principal lapreparación del juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes, asícomo la prueba que deberá ser examinada.Esta etapa tiene un desarrollo muy simple que se inicia una vez concluida la etapa deinvestigación y declarado el cierre de la misma por parte del fiscal. Hecho esto, el fiscalcuenta con un plazo de 10 días para formular su acusación por escrito, si es que estima quehay mérito para ello. Si formula acusación debe enviarla al juez de garantía quien debe citara la audiencia intermedia o de preparación del juicio oral.
30. En la audiencia misma, si no hay problemas formales o de fondo, el juez de garantíaprocederá a fijar el objeto del debate, a determinar los medios de prueba y el tribunal queconocerá del juicio. En la determinación de la prueba que puede llevarse al juicio, el juez degarantía está facultado para excluir la aquella obtenida con infracción a derechosfundamentales y las partes están habilitadas para acordar convenciones probatorias sobrehechos que no requerirán ser probados luego en el juicio.1.3. EL JUICIO ORALEl eje central de la reforma está constituido por la instauración del juicio oral ya que soloesta forma de llevar adelante el proceso otorga adecuadas garantías en términos de laintervención e imparcialidad judicial, del ejercicio efectivo de la defensa y del controlpúblico, tanto de la actuación de todos los intervinientes como del modo de realización dela prueba.El juicio oral es público, concentrado, con vigencia estricta del principio de inmediación.Esto supone que el tribunal debe recibir y percibir en forma personal y directa la prueba, yque su recepción y percepción debe obtenerse a partir de su fuente directa. De este modo,salvo casos muy excepcionales, los testigos y peritos deberán comparecer personalmente aljuicio para declarar y ser examinados y contraexaminados directamente por las partes, sinpermitirse la reproducción de sus declaraciones anteriores por medio de su lectura.En este nuevo sistema los jueces que dictan el fallo lo hacen sobre la base de lo obrado enel juicio oral, entendiendo que el conocimiento obtenido en él es el único que habilita paraun pronunciamiento adecuado sobre el fondo del asunto. Por ello se limitan severamente losrecursos, regulándose solo un recurso de nulidad como vía de impugnación del juicio, cuyoefecto principal en caso de concederse obliga a la reiteración del mismo ante un tribunaldistinto.El tribunal que conoce el juicio oral es colegiado y se integra por tres jueces profesionales.No obstante, los casos de menor gravedad son fallados por tribunales unipersonales (losjueces de garantía, tratándose de los procedimientos simplificados).En materia de prueba, el nuevo sistema introduce modificaciones sustanciales. La primerade ellas es que la prueba debe producirse necesariamente en el juicio oral de formacontradictoria. Además, se abandona el sistema de prueba legal o tasada y, en su reemplazo,se establece el sistema de libre valoración de la prueba. Esto implica que el tribunal es librey soberano para decidir a cuál de todos los medios de prueba le va a reconocer mayormérito, sin que la ley le pueda limitar ese enjuiciamiento. Ello no se opone a la formulaciónde diversos límites, como son: máximas de la experiencia, leyes del razonamiento lógico yel conocimiento científico. En todo caso, en el sistema de la libre valoración importa quelos fallos fundamenten de manera detallada las pruebas que forman la convicción deljuzgador (que para condenar requiere ser una convicción más allá de toda duda razonable),es decir, la fundamentación debe permitir la reproducción del razonamiento utilizado paraalcanzar dicha convicción.
31. El veredicto debe dictarse sin solución de continuidad en el juicio oral, debiendo el tribunalpronunciarse sobre la absolución o condena del acusado. Hecho eso, tiene un plazorelativamente breve (cinco días) para determinar la pena y redactar el fallo.2. Regulación del juicio oralSobre la base de la explicación general precedente, nos detendremos en el análisis deldesarrollo de la audiencia de juicio oral en nuestro código procesal penal. Este análisis nospermitirá adelantar el cono-cimiento básico de las principales normas que determinan elmarco normativo en donde deben desarrollarse las actividades de litigación de las diversaspartes en el juicio.2.1. ACTORES NECESARIOS Y ACTORES EVENTUALESEl juicio oral demanda la presencia necesaria de los siguientes actores: a) Los jueces que fallarán el casoEl nuevo sistema entrega el conocimiento del juicio oral a un panel de tres juecesprofesionales –sin jurado ni escabinos– que forman parte del ‘Tribunal Oral en lo Penal’.Estos tribunales reúnen a un conjunto de jueces, quienes integran salas de tres para conocerlos juicios. El número de jueces varía según las necesidades de la jurisdicción. Cada uno deesos ‘grandes tribunales’ cuenta con un ‘juez presidente del Comité de Jueces’ a cargo de laadministración del tribunal, junto con la administración profesional. La integración de lassalas que componen el tribunal varía según reglas preestablecidas, sea por casos o porperíodos. A su vez, cada una de estas salas de tres jueces tiene, para cada juicio, unpresidente a cargo de arbitrar el debate.Ahora bien, una vez que se ha cerrado la investigación y se ha deducido acusación por partedel ministerio público, el juez de garantía confecciona el “auto de apertura del juicio oral”,documento en el cual se contiene la acusación, la defensa y los medios de prueba que seutilizarán en el debate. Recibido el auto de apertura por el juez presidente del tribunal, sefijará fecha para el juicio. Esta fecha no podrá ser antes de quince ni después de sesenta. Eljuez presidente señalará también la integración precisa de la sala del juicio, de acuerdo conel sistema de distribución de causas previsto en el tribunal. Los jueces en lo penal puedenser inhabilitados por las partes según las normas generales de implicancias y recusacionescontenidas en el Código Orgánico de tribunales. La ausencia de cualquiera de los jueces encualquier porción del juicio acarrea la nulidad del mismo. No obstante, el juez presidentedel tribunal podrá convocar a un número mayor que los tres jueces requeridos cuandoexistan circunstancias que permitan presumir que alguno de estos deberá ausentarse deldebate. Por supuesto, una vez que un juez se ausenta del debate no puede seguir conociendoese juicio. b) El ministerio públicoSe trata en este caso de la institución y no de un fiscal en particular. El ministerio públicoopera bajo el principio de unidad, de manera que cualquier fiscal representa de igual
32. manera a toda la institución. Al tribunal le es indiferente cómo el ministerio públicoorganice su comparecencia a juicio. Habiendo en la sala un fiscal que dice venir a litigar elcaso en juicio, la presencia del ministerio público se encuentra satisfecha. La ausencia delministerio público en cualquier porción del juicio acarrea su nulidad. c) El acusado con su defensaAunque el acusado tiene derecho a presenciar todo el juicio, el Código contempla ciertashipótesis en que puede ser excluido:• Cuando el propio acusado así lo solicite.• Cuando el tribunal ordene que el acusado haga abandono de la sala, porque sucomportamiento perturba el orden de la audiencia.En ambos casos, si el acusado reingresa a la audiencia, el Código dispone que el presidentede la sala le informe de lo ocurrido en su ausencia (ver artículo 285).En el caso del defensor, su presencia en el juicio es un requisito de validez del mismo (verartículo 286). El artículo 287 establece sanciones para el abogado que no asistiere oabandonare la audiencia injustificadamente. Esta norma intenta evitar que la nocomparecencia al juicio sea utilizada por los abogados como prácticas dilatorias.Participan también en el juicio el querellante si lo hay, lo mismo que los actores civiles. Sinembargo, aun existiendo dichos actores, su ausencia en el juicio oral –o la de susrepresentantes– no impide la realización del mismo, acarreando para ellos en cambio elabandono de la instancia (ver artículo 288 y artículo 120 c).2.2. INFORMACIÓN CON QUE CUENTAN LOS ACTORES AL INICIO DEL JUICIOAl momento de inicio del juicio oral, el tribunal no cuenta sino con el auto de aperturaelaborado por el juez de garantía en el cual se contiene la exposición de la acusación y de ladefensa. El auto de apertura tiene la función de acotar el debate y delimitar la prueba que seva a rendir en él. En consecuencia, los jueces tienen más bien información acerca de qué seva a discutir en el juicio –qué hechos, qué ‘teorías jurídicas’ y qué pruebas– pero nocuentan con nada similar a un expediente y, desde luego, no tienen acceso a lainvestigación del ministerio público. Esta investigación es precisa-mente lo que el fiscalestá llamado a exponer y probar delante de ellos.El artículo 281 señalaba que el juez de garantía debía hacer llegar el auto de apertura deljuicio oral al tribunal competente, ‘junto con los registros que debieren acompañarse’.Respecto de esta frase se planteó un debate para aclarar su significado. La Corte Supremainterpretó que por ‘otros registros’ debía entenderse toda la carpeta judicial, en la queconstaban los registros de todas las audiencias preliminares, es decir, los debates yresoluciones respecto de temas como el control de la detención, la prisión preventiva uotras medidas cautelares, posibles acuerdos para terminar el caso, entre otros, con lo que sepuso en peligro varios principios del nuevo Código. El debate terminó cuando el Congreso
33. eliminó la frase, quedando claro que el tribunal de juicio recibiría solo el auto de aperturade juicio oral.Las partes, en cambio, cuentan con toda la información que va a ser sometida al juicio,incluyendo la información de la o las contrapartes; como se sabe, la investigación de lafiscalía es pública para la defensa de manera que esta conoce cuál es la información que elfiscal ha adquirido a través de dicha investigación; pero todavía más, el objeto de laaudiencia de preparación del juicio oral es precisamente que todas las partes ‘abran suscartas’ respecto de cuál es la versión de cada quién y a través de qué medios específicospretenden probarla. Así, el Código señala que el auto de apertura –que resume finalmenteesta audiencia intermedia– deberá indicar, entre otras cosas, “la o las acusaciones quedeberán ser objeto del juicio, la o las demandas civiles, las pruebas que deberán rendirse enla audiencia oral y la individualización de quienes deban ser citados a esta”. No se trata,pues, de utilizar alguna frase sacramental del tipo “probaré mis dichos con todos los mediosque me franquea la ley”; lejos de eso, si se pretende que haya en el juicio genuinacontradictoriedad, cada una de las partes debe haber tenido con anticipación al juicio lainformación que se va a presentar en este, de manera de poder hacer investigacionesindependientes y preparar adecuadamente el examen y contraexamen de los testigos yperitos, incluidos los de la contraparte. Esta exigencia de ‘revelación’ o ‘descubrimiento’ dela información con anterioridad al juicio significa, en consecuencia, que las partes llegan ala audiencia principal sabiendo con precisión cuáles son los hechos que están en discusión,cuál es el derecho que cada uno invoca y, sobre todo, cuáles son individualizadamente cadauna de las pruebas que se van a presentar y qué es en lo medular la información queaportarán. En este sentido, el artículo 259 inciso 2º dispone que la acusación deberá incluiruna lista de testigos y peritos, así como los puntos sobre los cuales dichos testimonios operitajes recaerán. La defensa puede contestar la acusación de la fiscalía, pero no estáobligada a ello. Sin embargo, si quiere presentar prueba en el juicio deberá someterse a lamisma regla (ver artículo 263 c).2.3. INICIO DEL JUICIO ORALEl día y hora fijados, constituido el tribunal, el juez presidente de la sala deberá realizar lossiguiente actos iniciales (artículo 325):• Verificar que las partes estén presentes y que se encuentren listas para comenzar el juicio,incluida la disponibilidad de todos los intervinientes.• Declarar iniciado el debate.• Advertir al acusado que debe estar atento a lo que va a oír. Se trata de que el tribunal sepreocupe de explicar brevemente al acusado –pero de forma genuina– cuál es su situaciónen el juicio, qué es lo que está ocurriendo y cuáles son sus derechos en ello. Esta obligaciónno se limita a este solo momento del juicio, sino que se mantiene mientras este dure (porejemplo, cuando va a hacer uso de la palabra o cuando no se le obliga a jurar al tomar elestrado). Las explicaciones dadas al acusado deben ser hechas sin arreglo a ningúnformalismo o fórmula sacramental, dirigiéndose a él directamente en un lenguaje que estéen condiciones de comprender a cabalidad.• Realizar una exposición del contenido del auto de apertura del juicio oral. El auto deapertura es conocido por todas las partes, de manera que se trata más bien de una
34. corroboración de que todos están de acuerdo en que ese es el auto de apertura –que esos sonlos límites del debate– emanados para este caso de la audiencia intermedia. Por otro lado,se trata de una exposición del tribunal al público presente en el juicio –a la comunidad–acerca de qué trata el caso que está a punto de verse.2.4. ALEGATOS DE APERTURARealizados los actos iniciales, el presidente del tribunal concederá la palabra al fiscal paraque exponga la acusación, y al querellante, si lo hay, para que sostenga la suya, así como lademanda civil si la hubiere interpuesto (artículo 325). Realizadas las exposiciones, seconcederá al acusado la posibilidad de tomar la palabra. Se trata de un derecho y elimputado puede o no ejercerlo, a voluntad. Haga uso de él o no, a continuación el abogadodefensor podrá hacer su propio alegato de apertura (artículo 326). Realizados los actosiniciales, entonces, cada parte tiene derecho a hacer un alegato de apertura. En ese alegatolas partes presentarán al tribunal el caso que está a punto de conocer, señalando qué es loque la prueba demostrará y desde qué punto de vista específico ella debe ser apreciada. Adiferencia del alegato final, el alegato de apertura no pretende analizar el peso o lacredibilidad de la prueba, pues esta todavía no se ha presentado. El objeto de estos alegatosde apertura es otro: presentar al tribunal la teoría del caso de cada parte y hacer una cierta‘promesa’ acerca de qué hechos, en términos generales, quedarán acreditados a partir de laprueba.La declaración del acusado es voluntaria. En consecuencia el presidente le ofrecerá lapalabra para que hable en este momento –en cuyo caso podrá ser interrogado luego por laspartes– o bien puede no hacer uso de su derecho a hablar, sea porque no lo va a hacerdurante todo el juicio, sea porque va a declarar en un momento posterior a través de laspreguntas de su abogado. Volveremos sobre esta regla a propósito del capítulo destinado alanálisis del examen directo de los testigos.2.5. PRUEBA EN EL JUICIO ORALOídos los alegatos de apertura de todos los intervinientes, se recibirá la prueba. El juiciooral en un sistema acusatorio admite como prueba todo medio apto para producir fe, con talque cumpla los requisitos generales de la prueba (pertinencia, relevancia, licitud, que estéincluido en el auto de apertura, etc.). El nuevo Código establece un sistema de librevaloración de la prueba; en consecuencia, los hechos del juicio pueden probarse porcualquier medio sin que ninguno tenga para los jueces credibilidad preconcebida ni pesoprobatorio más allá del que emerja de la actividad del juicio. En este sentido, el artículo 296señala que “todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución delcaso sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido eincorporado en conformidad a la ley…”. Sin embargo, los jueces no pueden apreciar laprueba de cualquier modo, por mera arbitrariedad o simple apego a sus propios prejuicios oconvicciones subjetivas; a cambio de esta libertad y de este poder frente a la prueba, elCódigo hace fuertes exigencias de fundamentación a la sentencia en la cual los juecesdeberán explicar de qué modo valoraron la prueba presentada ante ellos en el juicio (verartículo 297).
35. Este sistema inunda toda la prueba: en el procedimiento penal no existen testigos inhábilesni tachas (ver artículo 309). Si un testigo tiene cercanía a la parte por la que declara,enemistad con aquella contra la cual lo hace, o si tiene interés en el juicio, todas esoselementos podrán –o no– impactar su credibilidad y acarrear como consecuencia que losjueces la desestimen. Sin embargo, es perfectamente posible que, pese a estos elementos, eltestimonio en cuestión parezca a los jueces perfectamente creíble y lo acojan. Asimismo, lanoción acerca de quién es ‘perito’ cambia radicalmente; quien quiera presentarse como‘experto’ en una determinada materia tendrá que dar cuenta de su experticia en el juiciooral y dicha experticia será materia de examen y contraexamen, tal como el resto de lainformación. No hay listas preexistentes de peritos ni basta tener un cargo o un título paraserlo; desde luego un título o un cargo podrán hacernos creer que el sujeto posee elconocimiento privilegiado que dice tener, pero también puede ser perfectamente posibleque aceptemos para una materia en particular que alguien sea experto sin tener títulouniversitario, que teniéndolo no sea el experto que dice ser o bien que el cargo que ostentano nos dé ninguna garantía acerca de su experticia (ver artículos 318 y 316).Todo eso deberá ser evaluado por los jueces en el caso concreto, a través del examen ycontraexamen que hagan las partes. A su vez, en el sistema de libre valoración los objetos ydocumentos que se pretenda ingresar al juicio pasarán un examen de admisibilidad y decredibilidad, tal como el resto de la prueba; por muy escritura pública que sea undocumento, nada impide que un testigo diga que se trata de un instrumento falso y que losjueces, en ese caso concreto, den mayor credibilidad al testigo que al instrumento.En cuanto al orden de presentación de la prueba, el Código establece que las partesacusadoras presenten primero todos sus respectivos casos, comenzando con el ministeriopúblico y luego con el querellante, si lo hay. A continuación, todo el caso de la defensa. Elorden concreto de presentación de cada prueba dentro del caso de cada parte, así como elorden en que las partes extraen la información de cada prueba en particular, dependeexclusivamente de ellas. En la lógica acusatoria del juicio oral, la cuestión clave es quecada parte cumpla su rol del modo más efectivo posible. Las partes llegan al juicio con unconocimiento cabal del caso, que llevan días, semanas o meses preparando. Enconsecuencia, quienes mejor pueden decidir de qué manera presentar la información, delmodo más efectivo, claro y comprensible, son las propias partes, quienes además van asufrir los costos de su desempeño profesional. Así quizás el peritaje con que cuenta la partevaya sobre un punto específico, cuya relevancia resulta incomprensible antes de que otrotestigo haya relatado los hechos más generales. Quizás la parte quiera reservar dichoperitaje al último lugar, y presentarlo una vez que su importancia dentro del relato generalresulte evidente, habiendo examinado primero a otros testigos del caso, incluso habiendointroducido a través de esos testigos otro tipo de pruebas, documentos, grabaciones uobjetos, por ejemplo.Revisemos cada uno de estos medios del modo en que están regulados en el Código: a) TestigosLa prueba por excelencia en el juicio oral suele estar constituida por el testimonio,ampliamente concebido. Sea que se trate de la declaración de un tercero que dice haberpercibido cosas relativas al caso, sea que se trate de la propia declaración de la víctima o
36. del acusado, en un sistema de libre valoración todo ello es testimonio. Ya veremos queincluso cuando deseamos incorporar al juicio objetos o documentos esto deberá las más delas veces ser realizado a través de una persona que nos diga que dicho objeto o documentoes lo que la parte que lo presenta asegura que es.Los testigos son personas que han percibido a través de sus sentidos hechos que sonrelevantes para la resolución del caso. En consecuencia –y en principio– los testigosconcurren a declarar sobre hechos. Sus opiniones o conclusiones no son materia detestimonio, no resultan relevantes, salvo excepciones, y por lo general, dan lugar a unalegítima objeción de la contraparte.Como se dijo, en un sistema de libre valoración no existen testigos inhábiles y la instituciónde las tachas desaparece del procedimiento penal con el nuevo Código. Toda persona quetenga información sobre el caso –incluida la víctima y el acusado– es hábil para tomar elestrado, prestar testimonio y ser creído o no por los jueces, dependiendo de susparticularidades concretas y de la solidez de su testimonio. b) PeritosLos peritos son una particular especie de testigos. No importa cómo se les llame, el hechoes que –lo mismo que los testigos– se trata de personas que cuentan con informaciónrelevante acerca del caso que se está juzgando y que deben venir a dar cuenta de ella enforma oral y sujeta a la contradictoriedad del juicio. A diferencia de los testigos, sinembargo, los peritos por lo general no han presenciado directamente los hechos del caso,sino que emiten acerca de él juicios para los cuales se requiere una determinada experticia.En el caso de los peritos, en consecuencia, las opiniones, lejos de ser irrelevantes –y por lotanto inadmisibles– suelen constituir precisamente el objeto de su declaración. Así, elartículo 314 señala que “procederá el informe de peritos en los casos determinados por laley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fuerennecesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio”.En un sistema de libre valoración de la prueba no existen experticias preconcebidas. No sees ‘perito’ sino en la medida en que, en el mismo juicio, se dé cuenta de la experticia que sepretende tener. Así, por ejemplo, el hecho de que una persona sea médico en el ServicioMédico Legal no necesariamente acredita su experticia. Quizás sea médico allí porque, porejemplo, lo han echado de varios hospitales debido a su falta de rigor profesional; quizásesté recién recibido y este es uno de los primeros casos que allí le ha tocado atender. Encualquiera de estas hipótesis los jueces están en perfecta libertad para evaluar –y las partespara cuestionar– la supuesta experticia de este perito. Entonces, todo aquel que pretendatener un conocimiento experto relativo a la materia sobre la que está declarando deberá darcuenta del origen de esa experticia. A su turno, tanto las partes como el juez podráncuestionar dicha experticia, sea que lo hagan por sus defectos propios o bien por oposicióna otro perito más verosímil en esa misma materia. En este sentido, el artículo 318 señalaque “los peritos que presentaren no podrán ser inhabilitados. No obstante, durante el juiciooral podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su imparcialidad e idoneidad, asícomo el rigor técnico o científico de sus conclusiones”.
Cuenca hidrográfica Quebrada el Molino

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 285
 artículo 287
 artículo 288
 artículo 120
 artículo 281
 artículo 259
 artículo 263
 artículo 296
 artículo 309
 resolución 
 artículo 318