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Timestamp: 2020-08-12 23:47:40+00:00

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﻿ Sentencia 1996-10989 de julio 24 de 2013
SENTENCIA 1996-10989 DE 24 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA. EL JUEZ DEBE ANALIZAR CADA SITUACIÓN EN CONCRETO PARA ESTABLECER SI BAJO LAS CORRESPONDIENTES PREMISAS HAY LUGAR AL RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA O, SI POR EL CONTRARIO, LA CONDUCTA DESPLEGADA POR EL PARTICULAR TRASGREDE TAN GROSERAMENTE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE TAL FORMA QUE SU COMPORTAMIENTO FUE EL DIRECTO DESENCADENANTE DEL TRASLADO PATRIMONIALSITUACIÓN EN LA CUAL DICHO DETRIMENTO ESTARÍA JUSTIFICADO DADA LA CONDUCTA DESPLEGADA POR EL SUJETO DE DERECHO PRIVADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:MUNICIPIO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE EMPRÉSTITO
Sentencia 1996-10989 de julio 24 de 2013
Rad.: 13001-23-31-000-1996-10989-01 (25.188)
Demandante: Angélica María Gaines Guerra
De acuerdo con lo establecido en el artículo 129(2) del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, del Consejo de Estado —modificado por el Acuerdo 55 de 2003(3)—, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las controversias de naturaleza contractual.
Adicionalmente, en el asunto que nos ocupa, la demandante presentó —en primera instancia— acción contractual contra el municipio de Turbaco —Bolívar—, por el incumplimiento de los contratos de empréstito celebrados entre ellos. Y cuando se presentó la demanda —8 de abril de 1996— para que un proceso fuera de doble instancia su cuantía debía exceder de $13.460.000, y en el caso bajo estudio la pretensión mayor superaba tal monto, por lo que podía impugnarse.
a) Se destaca, inicialmente, la existencia de un contrato de empréstito —fl. 20 cdno. 1— celebrado entre Angélica María Gaines Guerra —denominada El Financiero— y Celedonio Cabarcas Puello, quien obró en su condición de alcalde del municipio de Turbaco —denominado El municipio—. Allí se estableció que el financiero “ha entregado al municipio la cantidad de veinte y dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y tres pesos ($ 22.655.134) m/l…”. —fl. 20, cdno. 1—, y además que la suma fue recibida a satisfacción para el pago de obras públicas y funcionamiento del municipio.
En la cláusula tercera, se acordó un plazo de doce (12) meses para el pago, contados a partir de la suscripción del contrato; y también se pactó un porcentaje del 3% mensual, por concepto de intereses remuneratorios, y del 4.5% de intereses moratorios.
Así mismo se incluyó una cláusula penal del 50% del valor total del negocio, en caso de incumplimiento por parte del municipio. Al final, el documento lo firmaron Angélica Gaines Guerra y Celedonio Cabarcas Puello, este además estampó un sello, que dice “ALCALDIA MPAL, Turbaco Bol.”.
La demandante manifestó que del negocio jurídico nació para el municipio la obligación de pagar, en los siguientes términos: “El municipio para garantizar la obligación nacida de los contratos estatales, constituye a favor de mi representada pagarés por valor del capital, y en ellos se estipula claramente la fecha de vencimiento de las obligaciones”(4).
b) A folio 23 del cuaderno 1 se encuentra el segundo contrato. Allí se confirma que entre la demandante —El financiero— y el municipio de Turbaco, se suscribió un segundo contrato de empréstito, que también señala que el financiero, “ha entregado al municipio la cantidad de veinte y dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y cuatro pesos ($ 22.655.134) m/l”, se acordó, además, que la suma fue recibida a satisfacción para el pago de obras públicas y funcionamiento del municipio. En la cláusula tercera, pactaron un plazo de doce meses para el pago, contados a partir de la suscripción del contrato; adicionalmente, establecieron un porcentaje del 3% mensual, por concepto de intereses remuneratorios y del 4.5% en caso de mora.
Fijaron una cláusula penal del 50% del valor del negocio, en caso de incumplimiento por parte del municipio. Al final, como frente a lo inicialmente acordado, el documento lo firmaron Angélica Gaines Guerra y Celedonio Cabarcas Puello, quien además estampó un sello, que dice “ALCALDIA MPAL, Turbaco Bol.”. Sobre el mismo —al igual que en el anterior— el demandante aduce que de él nació la obligación para el municipio.
c) También obran dos pagarés, el primero —que no tiene fecha de suscripción-, establece que Celedonio Cabarcas Puello, como alcalde municipal de Turbaco, “pagará incondicionalmente al vencimiento del mismo” —15 de enero de 1995— y a la orden de Angélica Gaines Guerra, “veinte y dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y tres pesos ($ 22.655.134) m/l”. Adicionalmente, estableció el 3% como intereses durante el plazo, y el 4.5% como intereses de mora. —fl. 26, cdno. 1—.
El segundo pagaré —que tampoco tiene fecha de suscripción— establece, igualmente, que Celedonio Cabarcas Puello, como alcalde municipal de Turbaco, “pagará incondicionalmente al vencimiento del mismo” —15 de abril de 1995— y a la orden de Angélica Gaines Guerra, “veinte y dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y cuatro pesos ($ 22.655.134) m/l”, adicionalmente estableció el 3% mensual como intereses durante el plazo, y el 4.5% de intereses de mora. —fl. 27, cdno. 1—.
d) En el oficio del 12 de enero de 1995, suscrito por la tesorera saliente de la administración, dirigido al funcionario que la reemplazó, se informa sobre el estado financiero del municipio de Turbaco. Expresó que con el propósito de cumplir algunas obligaciones pecuniarias, el municipio firmó a varias personas pagarés dados en garantía, comunicación que además identifica a las personas a favor de quienes se suscribieron esos títulos valores. Y entre ellos —fl. 3 del documento, al final— se relacionan los dos pagarés suscritos a nombre de Angélica Gaines Guerra, así:
Pagarés Nº Valor Fecha de vencimiento
2283005 $ 22.655.134 Enero 15 de 1995
2283006 $ 22.655.133 Enero 15 de 1995”.
e) Se portó copia de la denuncia que presentó el señor Santiago Rafael Torres Puello, alcalde de Turbaco, contra Celedonio Cabarcas, ex mandatario del municipio, por la presunta comisión de varios hechos punibles: peculado culposo, celebración indebida de contratos, falsedad documental y peculado por apropiación. En efecto —en lo atinente al sub judice—, indicó que el señor Cabarcas suscribió unos contratos de empréstito con personas naturales, y que para garantizar la obligación firmó unos pagarés, que reposaban en el Banco Ganadero, y que no se sabe en qué se invirtió el dinero entregado en préstamo.
f) En el acta de inspección judicial a la tesorería del municipio —fl. 43 y 44, cdno. 2— se dedujo —por las copias de los contratos de empréstito y los pagarés que allí reposaban—, que la señora Angélica María Gaines Guerra entregó dinero —$ 22.655.134 en cada negocio— al señor Celedonio Cabarcas Puello, montó que no fue ingresado a la tesorería y que tampoco se registró en la contabilidad presupuestal y financiera del ente territorial.
g) Por último, el 15 de enero de 1998 se allegaron copias de la actuación de primera y segunda instancia del proceso penal adelantado contra Celedonio Cabarcas Puello, por los delitos de peculado por apropiación y peculado por aplicación oficial diferente.
En efecto, de la sentencia de segunda instancia del proceso penal aportado a este proceso contencioso, se tiene que Celedonio Cabarcas Puello, en su condición de alcalde municipal de Turbaco “… recibió por concepto de préstamos efectuados con particulares y a favor del municipio, elevadas sumas de dinero por un valor total que supera los cuatrocientos millones de pesos, para garantizar dicho pago entregó a los acreedores cheques correspondientes a la cuenta corriente del municipio en el Banco Ganadero de la ciudad de Cartagena. En vista de que dichos cheques no fueron pagados, los acreedores al ver culminado el mandato electoral, suscribieron con el hoy inculpado contratos de empréstito garantizados con pagarés… ” —fl. 28. cdno. 2—.
Por otra parte, de la declaración jurada rendida por Gustavo Adolfo Gaines Guerra, dentro del proceso penal, se desprende que los contratos fueron suscritos el 27 de diciembre de 1994, y no como pretende hacer ver la demandante, el 15 de enero de la misma anualidad, fecha en la cual aparentemente nació la obligación.
Ahora bien, la Sala también advierte otra irregularidad, con relación a lo expuesto en la demanda, toda vez que la parte actora adujo que los contratos fueron suscritos el 15 de enero de 1994 —ya que mencionó que la obligación se haría exigible doce meses después de su firma, y en los pagarés se consignó como fecha de vencimiento el 15 de enero de 1995—, y sin embargo el hermano de la demandante manifestó que su padre —William Gaines Rodríguez— los llevó el 27 de diciembre de 1994 para que en la notaria del municipio firmaran los contratos de empréstito, tres días antes de terminarse el período como alcalde de Celedonio Cabarcas Puello.
Lo expuesto significa, sin duda alguna, que los contratos fueron posteriores a los créditos, y que las partes los celebraron no con la finalidad de hacer surgir las obligaciones pecuniarias sino para legalizar todas las irregularidades cometidas hasta ese momento, como incluso se concluyó en el proceso penal donde se condenó al alcalde de Turbaco. De allí que el móvil de los dos contratos no fue un crédito, sino la urgencia de legalizar las irregularidades cometidas hasta ese momento, tanto por la administración —quizás principalmente por ella— como también por la parte actora, quien pasó por encima de la legalidad del contrato, hasta el punto de consignar fechas sin tener la precaución de verificar si en aquella época el alcalde de turno contaba con las facultades legales de suscribir los contratos.
Finalmente, respecto a la copia de la noticia titulada “fallo contra Celedonio Cabarcas” la Corporación no se referirá, pues no se aportó con la demanda, ni con la contestación, ni fue decretada por el a quo, de manera que no es posible estudiarlas porque menos aún fueron controvertidas.
4. La falta de objeto y la causa ilícita en los contratos de empréstito
“De acuerdo con pronunciamientos efectuados en ocasiones anteriores por la Sala(5), la figura de la inexistencia jurídica de los actos o contratos es de recibo en la contratación estatal. Los argumentos que sirven para sustentar tal afirmación están concentrados especialmente en lo siguiente: en primer lugar cabe precisar que en cuanto el artículo 41 de la Ley 80, proferida en el año 1993, determinó los requisitos indispensables para el perfeccionamiento de los contratos estatales, de manera implícita pero clara le dio cabida a la figura de la inexistencia, puesto que a partir de dicha disposición resulta evidente que no podrán tenerse por existentes, es decir que se reputarán como inexistentes en el mundo jurídico, los pretendidos contratos estatales que no alcancen a perfeccionarse; en segundo lugar, cabe sostener que ante la ausencia de una regulación expresa y completa acerca de la figura de la inexistencia de los actos o contratos en el régimen contractual de las entidades del Estado, necesariamente habrá lugar a la aplicación de los dictados del inciso 2º del artículo 898 del Código de Comercio, por cuanto los mismos fueron incorporados a la Ley 80 por orden expresa del inciso 1º de su artículo 13; en tercer lugar, el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo determina con claridad que la acción de controversias contractuales tiene entre sus fines el de conseguir que el juez competente resuelva los litigios que pudieren surgir acerca de la existencia o inexistencia de los respectivos contratos, aspecto a propósito del cual esa norma legal señala, de manera expresa y precisa, que mediante el ejercicio de dicha acción “cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia”.
““Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales”
En gracia de discusión, la Sala considera que si acaso existen los dos contratos a que se refiere la demanda, porque fueron aportados al proceso, lo cierto es que la razón por la que se suscribieron adolecería de causa ilícita, que el Código Civil define en los siguientes términos —y que aplica por remisión de los arts. 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, por tratarse de un negocio celebrado por el Estado con una persona natural no comerciante—:
“Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita”
“En atención a lo anterior, la Sala concluye que la “Adición al contrato de Obra Pública 247-95” tenía como causa la intención contraria al orden público de dar la apariencia de legalidad a unos hechos que habían sido cumplidos por fuera de ella, puesto que no era posible adelantar obras adicionales sin que tuviera lugar el lleno de los requisitos legales. En otras palabras, de haber existido el negocio jurídico este habría estado viciado de causa ilícita puesto que con la suscripción de la “Adición al contrato de Obra Pública 247-95”, solo se perseguía, en apariencia, arreglar las cosas que irregularmente se habían cumplido con anterioridad.”
Por las razones anotadas, y siguiendo la línea jurisprudencial citada, la Sala accederá a la pretensión quinta subsidiaria —y negará las demás— que dispone: “Quinta: Que se declare la nulidad del contrato de empréstito celebrado entre Angélica María Gaines Guerra y el municipio de Turbaco (Bol.)”.
Establecido que la ausencia de los requisitos estudiados hasta ahora genera el vicio de nulidad absoluta del contrato, es necesario aclarar que la facultad que se tiene de declararla ha provenido— históricamente— del parágrafo del artículo 78 de Decreto 222, que establecía:
“Las causales aquí previstas pueden alegarse por el Ministerio Público en interés del orden jurídico o ser declaradas oficiosamente, cuando estén plenamente comprobadas. No se sanean por ratificación de las partes.” (Negrillas fuera de texto)
Es así como en este caso, incluso, la demandante solicita se declare la nulidad, aunque está claro que es posible hacerlo de oficio, en las condiciones finalmente reiteradas por la Ley 80 de 1993, también mantenidas en el artículo 87 Código Contencioso Administrativo —modificado por la L. 446/1998— que estableció en el inciso tercero que:
“Esa facultad oficiosa del juez para declarar la nulidad absoluta del contrato, no está sometida al término de caducidad de la acción, porque el ejercicio de una potestad difiere sustancialmente del ejercicio del derecho de acción, por virtud del cual se acude a la jurisdicción para pedir la declaración judicial en el sentido que propone el actor.”
Sin embargo, la anterior posibilidad tiene un límite. Resulta que en términos del artículo 1742 del Código Civil —aplicable tanto a la contratación regida por el Decreto-Ley 222 de 1983 como por la Ley 80 de 1993—, “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato… Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria”, de allí que trascurridos 20 años —para la época de suscripción del contrato sub iudice (10 años ahora, con la reforma de la Ley 791 de 2003)— ni siquiera de oficio procede su declaración, pues se sanean los vicios, por ministerio de la ley(6).
No obstante, esta postura tiene, a su vez, una limitante en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, es decir, un caso en el cual el transcurso del tiempo no impide al juez pronunciarse sobre la nulidad de un contrato, bien de oficio o por solicitud de parte o de un tercero. Se trata de los contratos que disponen de los bienes de uso público, los cuales —por razones constitucionales— son innebargables(sic), imprescriptibles y no se pueden enajenar. Sobre el particular ha expresado esta sección —Sent. jul. 6/2005, exp. 12.249—:
“Cabe tener en cuenta también, conforme lo ha advertido esta Corporación, que tal saneamiento de la nulidad absoluta no opera cuando el vicio de invalidez se produce en consideración a la características de los bienes de uso público, bajo el entendido de que tales eventos están amparados por la imprescriptibilidad, según lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución y en el parágrafo 1º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998(7).
““[e]l mero transcurso del tiempo no puede extinguir las acciones encaminadas a que se produzca declaración judicial sobre la propiedad del subsuelo. De no ser así, el paso del tiempo volvería indirectamente enajenable o prescriptible un bien público carente de esas características. Dicho en otras palabras, de aceptarse la tesis sobre la caducidad en casos como éste, los bienes de uso público podrían convertirse en patrimonio particular de quienes los detenten por espacio de 20 años””(8)(9) (se subraya).
Además de lo manifestado, es claro que la nulidad que se puede declarar de oficio es la absoluta, no así la relativa, porque la Ley 80 de 1993, que remite al derecho privado, confirió competencia al juez solo para estos efectos, por ello la nulidad relativa solo puede alegarla la parte interesada(10).
De esta forma, bien puede solicitarse en la demanda la nulidad absoluta, o proponerse como excepción —por la parte interesada—(11), o solicitarla el ministerio público en cualquier estado del proceso, o el juez en cualquiera de las instancias.
En relación con las restituciones derivadas de la declaración de nulidad absoluta, se considera que si bien no proceden por vicios como el que se estudió —causa ilícita—, no debe perderse de vista que la ley 80 de 1993 reguló el tema de manera distinta, permitiendo que lo dado o pagado, siempre que aproveche a la entidad, lo compense ésta —L. 80, art. 48(12)—. Se trata de la aplicación del principio de equidad, que, salvada la buena fe, ordena pagar las prestaciones recibidas en todo aquello que ha favorecido a la otra parte del contrato. De alguna manera, esta disposición también supone, parcialmente, la aplicación de la prohibición del enriquecimiento sin causa, porque impide que una parte del contrato se beneficie impunemente de los servicios prestados por otra, que no actuó de mala fe.
“Pero además el enriquecimiento sin causa no puede ser admitido en este caso porque se trata de un evento en que con él se está pretendiendo desconocer el cumplimiento de una norma imperativa como lo es aquella que exige que los contratos estatales se celebren por escrito, agotando desde luego los procedimientos de selección previstos en la ley”(13).
Otro sería el supuesto si la parte actora hubiera intentado el reconocimiento de su acreencia sin ocultar la verdad, pues, en efecto, su buena fe se presumiría y se descartaría la culpa, para que no procediera el enriquecimiento que bajo este supuesto sería sin causa, a favor del ente territorial. No obstante, en cada caso concreto el juez de lo contencioso administrativo debe analizar la situación fáctica y jurídica en la que se encuentra el particular frente a la administración pública, con el fin de establecer, mediante ponderación —en aplicación del principio de proporcionalidad— si aquél merece efectivamente el reconocimiento —compensatorio—, de la prestación ejecutada, así en principio se haya desconocido el ordenamiento jurídico contractual. Lo anterior, por cuanto, se reitera, la teoría del enriquecimiento sin causa en sí misma supone simplemente el rebalanceo de los traslados patrimoniales injustificados, cuando no existe otro medio jurídico para solicitarlo.
Entonces, el juez debe analizar cada situación en concreto para establecer si bajo las correspondientes premisas hay lugar al reconocimiento del enriquecimiento sin causa o, si por el contrario, la conducta desplegada por el particular trasgrede tan groseramente el ordenamiento jurídico de tal forma que su comportamiento fue el directo desencadenante del traslado patrimonial; situación en la cual dicho detrimento estaría justificado dada la conducta desplegada por el sujeto de derecho privado, lo que sucedió en el caso sub iudice. El planteamiento esbozado se puede comprender mejor a través de algunos ejemplos derivados de la experiencia, entre los que encontramos, los siguientes:
b) Situaciones en las cuales la entidad pública y el particular celebran el contrato estatal —lo perfeccionan—, pero el mismo resulta inejecutable dada la ausencia de algún requisito para tal propósito (v. gr. registro presupuestal o el otorgamiento de pólizas): En estas hipótesis el juez deberá determinar en cada caso, la conducta desplegada por la entidad pública, así como la desarrollada por el particular, toda vez que, por ejemplo, este último no tiene porque asumir la carga de la falta de registro presupuestal como evento de inejecución del contrato estatal, ya que dicho procedimiento es de aquellos que corresponden única y exclusivamente a la administración pública.
d) Eventos en los cuales, el particular ejecuta una obra, motu proprio, sin que la administración lo haya convenido o dirigido a ello: En esta hipótesis, es claro que el particular, por sí mismo, sin la intervención previa de la voluntad estatal, ejecuta una obra o presta un servicio sin el consentimiento de la entidad pública; bajo este supuesto, aquél no tendrá derecho a que se le reconozca suma de dinero alguna, o recomposición patrimonial, comoquiera que fue su comportamiento individual y directo —unilateral— el que lo colocó en la situación de detrimento patrimonial. En ese contexto, en estos casos, el enriquecimiento de la entidad pública no es injustificado, sino que se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico.
Modifícase la sentencia proferida el 18 de febrero de 2003, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual quedará así:
1. Declárase la nulidad de los contratos de empréstito celebrados entre la señora Angélica María Gaines Guerra y el Municipio de Turbaco.
(2) “ART. 129.—El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. (…).”
(3) “ART. 13.—Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)
(4) Escrito de la demanda, folio 2, cuaderno 1.
(5) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de julio de 2009, expediente 16.106, actores: Luz Marina González y otros.
(6) El artículo 1742 fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en los siguientes términos: “Al interpretar la norma objeto de demanda no prohíbe el saneamiento de la nulidad absoluta cuando ésta es generada por objeto o causa ilícita. Por el contrario, mediante la expresión acusada se autoriza su saneamiento siempre y cuando haya transcurrido un período determinado, que el legislador ha fijado en 20 años (L. 50/1936).
“En efecto: según el precepto acusado cuando la nulidad absoluta no es producida por objeto o causa ilícitos puede sanearse por ratificación de las partes “y en todo caso por prescripción extraordinaria”. La expresión “y en todo caso” se refiere no solo a las nulidades producidas por causas diferentes a objeto o causa ilícitos sino también a las generadas por éstos; pues si el legislador hubiere querido excluir del saneamiento los actos o contratos cuyo objeto o causa es ilícito, bien hubiera podido omitir dicha frase y decir expresamente “y por prescripción extintiva”, pero ello no ocurrió así”. —Sent. C-597 de 1998—.
(7) A este respecto puede consultarse lo manifestado por la Sala en sentencia proferida el 16 de febrero de 2000, expediente 16956.
(8) Sentencia de septiembre 13 de 1999, expediente 6976.
(9) El legislador acogió esta tesis jurisprudencial en el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que prescribe: “Parágrafo 1º—Cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables la acción no caducará”.
(10) Al respecto ha señalado la Sala —sentencia de 12 de octubre de 2000, expediente 13.097—, que: “Se dice como mínimo, porque el juez oficiosamente puede declarar la nulidad del contrato solo por causales de nulidad absoluta. Respecto de las otras causales “las relativas”, únicamente las partes pueden alegarlas.”
(11) En la sentencia de 12 de octubre de 2000 —exp. 13.097—, expresó la Sección tercera: “La última codificación mencionada dice, textualmente, que “Cuando se proponga la excepción de nulidad o de simulación del acto o contrato del cual se pretenda derivar la relación debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario, se limitará a declarar si es o no fundada la excepción” (art. 306, inc. 3º).
“La naturaleza de ese hecho exceptivo, considerar que el contrato es nulo, sí es excepción de fondo no solo porque así lo dice la ley sino además, porque aún ante la falta de disposición que así lo dispusiere, cuando se pretende frente a un contrato y ante el juez, derivar algo, frente al demandado, de dicha relación negocial es necesario, como mínimo, que ésta relación no adolezca de un vicio constitutivo de causal de nulidad absoluta” (resalto fuera de texto).
En el mismo sentido se ha señalado: “Así las cosas, en el evento en que el demandado proponga la excepción de nulidad del contrato, siempre que sean partes del proceso quienes lo fueron del contrato, la sentencia deberá tacharse de inconsonante, si, a pesar de haber encontrado demostrada dicha excepción, se limita tan solo a declararla fundada, desconociendo que el juzgador tiene el deber insoslayable de pronunciarse aplicando la regla de procedimiento citada, la cual, se reitera, es de ineludible cumplimiento. Con otras palabras, si el juez no obra así, incurre en vicio de actividad, pues la sentencia cae en desarmonía o incongruencia por mínima petita, habida cuenta que se dejó de decidir sobre uno de los extremos de la litis”. —Sent. nov. 25/2004, exp. 25.560—.
(12) “ART. 48.—De los efectos de la nulidad. La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
(13) Sentencia de 19 de noviembre de 2012, radicación 03075-01(24.897).

References: artículo 129
 artículo 13
 artículo 41
 artículo 898
 artículo 13
 artículo 87
 artículo 78
 artículo 87
 artículo 1742
 artículo 63
 artículo 136
 artículo 44
 artículo 1742
 artículo 44
 artículo 136