Source: http://www.libertadidioma.com/20180501.htm
Timestamp: 2020-04-10 08:16:57+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Martes 1 Mayo 2018
Antonio García Fuentes Periodista Digital 1 Mayo 2018
Participan en el linchamiento a los jueces para que no los llamen fachas
Hermann Tertsch ABC 1 Mayo 2018
No sé si cuando lean estas líneas habrá dimitido ya el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Si no lo ha hecho, se le estará haciendo tarde. Con una sola frase –«Todos saben que este juez tiene algún problema singular»–, el ministro ha puesto de acuerdo en que tiene que irse con su música a otra parte a las siete asociaciones de jueces y a todos los españoles que aún tienen un mínimo de respeto por las formas. Si se permite que siga en su cargo un ministro que envía al loquero a un juez porque no le gusta su sentencia, no solo demostramos hábitos propios del régimen de Mobutu. Es que estamos engrasando vagones para que futuros ministros, con más rancia ideología, nos manden a trabajar a las canteras a todos los que les disgustemos como el juez Ricardo Rodríguez disgusta a Catalá. Por eso se tiene que ir Catalá. Como se tenía que haber ido ya Cristóbal Montoro por sus afirmaciones falsarias que también dañan a los jueces, pero ante todo a España. Y por tantas omisiones en la lucha contra los auténticos enemigos del Estado, tratados con una deferencia que nunca hay para los millones de contribuyentes honrados.
Aunque para ser coherentes habría que pedir que fuera Mariano Rajoy quien encabezara el mutis general de este gabinete, después del espectáculo dado con estos Presupuestos, uno de los peores insultos a la inteligencia de los españoles en muchos años. Después de jurar y perjurar que España se tambalearía y correría grave peligro si se vinculaban las pensiones al IPC, bastó que fuera condición de los cinco votos que pueden prolongarle la vida política y la legislatura para mantener lo contrario. No le importó la cruda evidencia del engaño. Al decir que era imposible o al sostener que es perfectamente asumible. Por no hablar de las concesiones políticas con un previsible fin de la aplicación del artículo 155 en Cataluña cuando más falta hace ante la provocación permanente de la rebelión separatista y golpista. O de la desgarradora certeza, cimentada por el PNV y su entorno, de que el presidente ha asumido compromisos que llevarán a medio plazo a los presos terroristas a pasearse por el País Vasco sin cumplir las penas por sus crímenes. Todo este paquete intolerable es el precio a pagar por acabar una legislatura en total parálisis y sin otra prioridad que la de agotarse. A ello se encamina. Porque Ciudadanos tampoco es más que un soldado de conveniencia y Albert Rivera cree necesitar aún tiempo para consolidar el partido que recicle los escombros del Partido Popular. Tiene suerte Rajoy de que aún coinciden sus intereses con Rivera. No está claro que coincidan con los de España.
En realidad, el problema de Catalá y el de todos los que han salido irresponsablemente a participar en el linchamiento de los jueces está en esa obsesión por querer estar entre los «buenos» de la maniquea historia «progresista». Mendigar simpatías donde no las van a tener nunca. Ya le pasó a Cristina Cifuentes. Olvidar las leyes y las formas como hace la izquierda para parecer izquierda. Como siempre, el miedo a que los llamen fachas. En el fondo el caso solo importa porque es ideal para la agitación. Como a la izquierda y las organizaciones militantes que jamás mueven un dedo en favor de mujeres asesinadas o violadas cuyo perfil no interesa. Si no se lo creen, busquen los actos de condena, indignación, conmoción pública e ira popular por la terrible violación múltiple a la que sometieron diez argelinos durante 24 horas a una niña de 14 años en Alicante. Ha sido el 22 de marzo. Busquen.
El ministro de Justicia erró al sumarse a la fiesta del sentimentalismo
Luis Ventoso ABC 1 Mayo 2018
Los jueces son humanos. Los hay buenos, regulares y pésimos. Muchos son auténticos eruditos del Derecho, que además trabajan con denuedo y discreción y resuelven los asuntos en plazo. Otros están encantados de haberse conocido y aspiran a convertirse en vedetes mediáticas, como un magistrado de menores que ha degenerado en «youtuber» parlanchín, u otros que han llevado su divismo al extremo de publicar sus autobiografías. Existen magistrados pasados de rosca, que tienden a arruinar vidas ajenas con sus manías persecutorias (y quien no lo crea puede darse un voltio por Lugo, por ejemplo). Con gran trompetería y pocas pruebas, abren casos de presunta corrupción que luego quedan en nada, pero que aniquilan las reputaciones de inocentes. Otros jueces pecan de inhibición: no trabajan a fondo los asuntos, no quieren jaleos, y acaban provocando que algunos golfos queden impunes. Sufrimos también a magistrados que en vez de aspirar a imparciales ejecutores de la ley llevan en la frente la pegatina de un partido. El dogma nubla su visión. Padecemos a jueces que ora son políticos y ora retornan al sueldo fijo del juzgado, al albur de cómo pinten las urnas.
Vivimos en un país donde la magistratura está dividida de antemano en «conservadores» y «progresistas». Sus señorías no solo no se avergüenzan de tiznar su prestigio entregándose a un partidismo desaforado, sino que alardean de él dividiéndose en asociaciones totalmente politizadas. Habitamos en una España donde al Consejo del Poder Judicial, y muy notoriamente a su actual cabeza, se le agradecería que la notable diligencia que muestra para chupar cámara y practicar el corporativismo la dedicase a poner orden en la casa judicial, sancionando en plazo a magistrados reiteradamente negligentes –y hay casos sangrantes–; o peleando para que se resuelvan antes los pleitos, pues una justicia tardía no es justicia.
¿Por qué se le ha calentado la boca así a una persona preparada y sensata? Por la atmósfera del país: entre la demagogia de la llamada Nueva Política y el cainismo de ciertas televisiones, España se ha infectado del virus populista, que lleva a anteponer el termómetro de los sentimientos a los pilares jurídicos e institucionales. En lugar de intentar ganarse a los ciudadanos exponiendo sus puntos de vista, los políticos, PP incluido, se han lanzado a imitar al exitoso riverismo, que consiste en ir modulando el discurso al calor de lo que dicta el griterío tuitero del respetable.
BUSCA ‘PONER EL CONTADOR A CERO’
Intelectuales y víctimas evidencian en un manifiesto el objetivo real de ETA
La Gaceta 1 Mayo 2018
“ETA no ha cumplido porque su objetivo es realizar una campaña de propaganda política para sus herederos políticos, a nuestra costa”, manifiestan.
Intelectuales y víctimas del terrorismo han impulsado el manifiesto ‘ETA quiere poner el contador a cero’, que este lunes por la tarde ya superaba las 15.000 firmas que se habían propuesto conseguir.
El escrito será presentado el miércoles en San Sebastián y leído por Joaquín Echeverría, padre Ignacio, el “héroe del monopatín”, fallecido en el ataque islamista de Londres de junio de 2017.
En esta comparecencia pública intervendrán el filósofo Fernando Savater, la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa y la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.
Los escritores Fernando Aramburu, Juan José Millás, Félix de Azúa, Raúl Guerra Garrido, Jorge Martínez Reverte, Fernando Iwasaki y Francisco Javier Irazoki se encuentran entre los firmantes del texto, en el que piden a ETA el esclarecimiento de sus crímenes sin resolver, así como la condena de su “historia de terror”.
A continuación reproducimos íntegramente el manifiesto:
“1. ETA no ha cumplido los mínimos necesarios para un fin con Justicia
No ha aportado la información sobre los autores materiales de cientos de asesinatos y que no está a disposición de las familias, la sociedad y la justicia.
2. ETA no ha condenado la historia del terror
La petición parcial de “perdón” de la organización terrorista ETA es, de nuevo, parte del teatro propio de la banda.No condenar la historia del terror significa que seguirán legitimando los asesinatos con mentiras y construcciones ideológicas.
3. ETA no ha cumplido los mínimos necesarios para un fin con reparación
Los terroristas, ahora con careta de “sensibles”, han sido incapaces de pedir perdón a todas las víctimas, y ello, de forma coherente. Resulta especialmente cínico y cruel que publiciten una petición de perdón a las víctimas, y a la vez, justifiquen el asesinato de muchas de ellas. Justificar sus crímenes por la existencia de un conflicto y prolongar sus tentáculos en la estrategia política no es mostrar arrepentimiento. Su calculada alusión al perdón siembra la sospecha de si simplemente se debe a un requisito impuesto y para salvar la cara de los autodenominados mediadores internacionales y que no deja de ser una cuestión formal vacía de significado.
4. ETA no ha cumplido los mínimos necesarios para un fin asumiendo su responsabilidad
Invocando la teoría del conflicto, ETA diluye su responsabilidad dando a entender que todos hemos sido responsables del terror. La impunidad moral, social y política intenta abrirse espacio aprovechando las ganas de la sociedad de un final de ETA que se ha convertido en una larga agonía que solo beneficia a quienes quieren sacar provecho de ella.
5. ETA chantajea a las víctimas y a la sociedad
Con su comunicado ETA manipula los sentimientos de la sociedad española, tentada de pedir “generosidad” a las víctimas del terrorismo, obviando que ello implica la renuncia a derechos legítimos, entre ellos la reivindicación de justicia, que es a su vez un componente de la reparación. Esta demanda es un chantaje moral íntimo y personal para la mayoría de las víctimas, y una trampa para la sociedad en su conjunto.
6. ETA manipula el pasado
La organización lamenta ciertos daños causados, no todos, pero se justifica diciendo que hubiera querido que existiera paz y libertad democrática tras el bombardeo de Gernika, pero que no la hubo. Miente: a partir del 78 hubo libertad democrática en toda España y si no fue más pacífica es por culpa de la propia ETA. Este es el rescate político que debe pagar ETA, no nosotros.
ETA no ha cumplido porque su objetivo es realizar una campaña de propaganda política para sus herederos políticos, a nuestra costa. ETA fue el fruto de una identidad política excluyente y contraria al pluralismo político que se convirtió en una identidad asesina.
No pide perdón a toda la sociedad española y al Estado de Derecho que intentó destrozar. Solo si condena la historia del terror se puede aceptar el paso adelante.
Exigimos para un final digno y definitivo de ETA lo siguiente:
– El esclarecimiento de los crímenes sin resolver, que ascienden al menos a 358.
– La condena de la historia de terror, de manera que deslegitimen la violencia con vistas a generaciones futuras y para la consecución de cualquier objetivo político.
– El final de los homenajes públicos a terroristas.
– El respeto a todas las víctimas sin excepción: no caben discriminaciones al referirse a ellas. Es una nueva humillación. Nadie está bien muerto, ninguno debió ser asesinado.
– El reconocimiento público de que ETA obstaculizó el desarrollo de la democracia en España y que a pesar de ello hay ahora en España una democracia indudable, que debe ser respetada y defendida por todos, constitucionalistas y nacionalistas.
ETA tiene la oportunidad de encarar todo esto inmediatamente para no generar una doble victimización en aquellos a los que persiguió, acosó, hirió o asesinó”.
INFORME DE LA FAPE
El acoso secesionista a los periodistas continúa al alza en Cataluña
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha alertado del retroceso de la libertad de prensa en España, con especial incidencia en Cataluña, y ha pedido a los responsables del “acoso” a periodistas y medios en Cataluña “para que cesen su irresponsable campaña de intimidación”.
Con motivo del Día mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el próximo 3 de mayo, la federación sostiene que como consecuencia del “conflicto independentista” se ha desarrollado un “clima de hostilidad” hacia periodistas de medios nacionales y catalanes por parte de sectores radicales de independentistas y de ultraderecha.
“Han aprovechado la tensión que se vive en Cataluña para cometer actos vandálicos contra medios opuestos a sus tesis, vilipendiar e intimidar a los periodistas en redes sociales y agredir e insultar a los reporteros durante la cobertura de las manifestaciones a favor o en contra de la independencia”, detalla en un comunicado.
Asimismo, la FAPE reclama a los grupos parlamentarios que deroguen o reformen los artículos de la llamada “ley mordaza” que limitan el ejercicio libre del periodismo, así como que modifiquen la legislación para que sea obligatoria la retribución a los becarios.
“La precariedad salarial reduce el valor del periodismo como baluarte que es de la democracia”, subraya la federación, que demanda también a los responsables de los medios que tomen medidas contra la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y contra los obstáculos que impiden la promoción profesional de las periodistas.
No se olvida la FAPE de los medios públicos y requiere por ello a los gobiernos “que dejen trabajar libremente” a sus periodistas, y a los grupos parlamentarios les exige que tramiten “urgentemente” la reforma de la ley de RTVE que se aprobó hace siete meses.
A los propios periodistas les pide que defiendan su independencia con firmeza y apuesten “por un periodismo ajeno a los poderes”, en tanto que a la sociedad le reclama valorar que “una democracia es más fuerte cuantas menos trabas se ponga a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas”.
Por último, la FAPE expresa su reconocimiento al “sacrificado” trabajo que están haciendo los periodistas iberoamericanos, sobre todo en aquellos países donde defender la libertad de prensa y asegurar el derecho de información pone en riesgo sus vidas.
ESdiario 1 Mayo 2018
Intentó acorralar en directo al periodista por su artículo poniendo cara, nombre y apellidos a los docentes independentistas que señalizaron a menores de edad, pero ha salido escaldado.
Después de que el periodista Javier Negre publicara en El Mundo los nombres de los docentes del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) que hicieron comentarios en clase criticando la actuación policial el 1-O ha sufrido un duro linchamiento en redes sociales por parte de los independentistas.
Este lunes, Negre acudió al Espejo Público de Antena 3 para dejar claro que con su artículo buscaba identificar a las personas que la Fiscalía ha denunciado por un supuesto delito de odio: "Los afectados son hijos de guardias civiles que se jugaron el pellejo en tiempos de ETA y ahora ven cómo sus hijos tienen que sufrir ese comportamiento por parte de los profesores", denunció.
Dada la oleada de indignación entre el profesorado catalán, a Negre le sorprende que los docentes estén indignados "cuando son los primeros que han humillado y señalado a estos hijos de la Benemérita". En este sentido quiso recalcar que Denise y María Jesús, niñas de 12 o 13 años, no han vuelto a subir las persianas de sus casas, tienen miedo y ninguna gana de volver al colegio desde que fueron humilladas por sus profesores al aludir al comportamiento de sus padres, guardias civiles, el 1-O.
Precisamente, uno de los profesores del Instituto El Palau, Josep Lluís Alcázar, quiso entrar en directo para intentar acorralar a Neygre asegurando que el periodista se olvida de la presunción de inocencia en su artículo y que da los hechos por sentados sin contrastar con nadie.
Algo que no gustó ni un pelo al periodista que le instó a preguntar al director del centro "cuántas veces llamé al colegio". "Si quiere hablar conmigo puede hablar conmigo, no hay problema", le espetó el docente, a lo que Negre le contestó: "Sí, pero no me acuse de no contrastar, no diga mentiras, hombre".
La tensión fue in crescendo cuando Alcázar ironizó con que "yo estoy acostumbrado a hablar en las escuelas de otra manera, entonces lo de mentir lo dice usted no yo. Yo le estoy diciendo que la presunción de inocencia no la veo. Usted lo que hace es copiar lo que dice Fiscalía sin ningún contraste. Usted habla de que el alcalde defiende el buen hacer del centro y esto daría para argumentar un poco más en ese buen hacer del centro, que no será ajeno al profesorado me imagino. El señor alcalde tampoco es independentista, es más el concejal de Educación es del mismo partido del Señor Rivera, ellos votaron claramente en el Consejo Escolar que lo que habían sido esas acusaciones son infundadas. Siendo esos los colores sería un buen motivo también para profundizar...".
Ahí, Negre ya no pudo contener su indignación y tras averiguar que Alcázar era profesor de Ciencias, comenzó un contraataque que dejó a su interlocutor sin palabras: "Ya veo que de Lengua y de Compresión Lectora no tiene mucha idea porque en el artículo digo presuntamente y según la Fiscalía como 18.000 millones de veces. Me está acusando de que no respeto la presunción de inocencia. Sabes qué ocurre querido profesor, que si el profesor de Matemáticas hubiese dado el 2 de octubre clase de Álgebra en vez de, según la Fiscalía, haber señalado y humillado a los hijos de los guardias civiles por el mero hecho de serlo no estaríamos en este punto. Si la profesora de Ciencias Naturales hubiese explicado a sus alumnos quién es Charles Darwin en vez de haber, supuestamente, humillado y señalado a los hijos de la Benemérita no estaríamos en este punto, si el profesor ese al que llaman el Superman en el colegio porque se pone una estelada como capa en su Facebook hubiese dado clase de catalán no estaríamos en este punto... por lo tanto aquí hay una denuncia de la Fiscalía y el diario El Mundo reproduce esa denuncia, identifica a estos profesores como hemos hecho en otros casos de denuncias que han sido admitidas a trámite".
Más aún, siguió Negre, "aquí no hay ningún tipo de invención, se respeta la presunción de inocencia, pero yo he hablado con algunos de esos profesores, me dicen que todo es una invención política y de hecho en el artículo está recogida la versión de la profesora Gema Dabán y no pasa absolutamente nada. He hablado con el centro hasta en cuatro o cinco ocasiones y me dicen que el director no ha querido hablar".
Todavía se intentó quejar el profesor del Instituto El Palau asegurando que "yo no creo que cuando los imputados sean guardias civiles ustedes actúen de la misma manera publicando sus fotos y poniendo sus nombres y apellidos. En todo caso yo creo que hay funcionarios de un tipo y funcionarios de otro tipo".
Y una vez más, Negre volvió a dejarle sin argumentos: "Se equivoca. Nosotros en el momento en el que hay una denuncia no tenemos problema en identificar siempre y cuando sea una denuncia que se sustente, como en este caso donde hay un fiscal que creo que sabrá algo de derecho que ha entrevistado a los menores y que no ha tenido ningún problema en decir que estos señores han humillado y discriminado de cara al resto de los compañeros a hijos de guardias civiles que han hecho mucho por este país".
Orwell, ocho décadas después del espanto
'Homenaje a Cataluña', el libro donde el escritor británico retrata desde dentro la Guerra Civil, cumple 80 años con todas sus lecciones literarias intactas
Carlos Mármol Cronica Global 1 Mayo 2018
La verdad de un escritor​ está en sus libros. Incluidos aquellos en los que, con la prerrogativa que otorga el arte de la ficción, miente, disimula, embellece o matiza su existencia. Todos los recursos de la enunciación retórica --que eso, en definitiva, es la literatura-- no son suficientes para impedir que en algún momento la identidad de quien escribe salga a la luz a pesar de los camuflajes inherentes al oficio. En el caso de George Orwell esta norma es quizás aún más exacta. Aunque conviene comenzar con una advertencia para navegantes: el escritor británico no es ajeno al arte de la simulación. Baste reparar en que su nombre no era su nombre, sino un seudónimo inventado a partir de un juego de palabras que vincula al patrón oficial de Gran Bretaña --Saint George-- con un río --el Orwell-- que desemboca en el Mar del Norte. Eric Arthur Blair empezó su carrera literaria con una mentira que terminaría siendo verdad.
Miquel Berga, en un delicioso ensayo dedicado a la singular relación del escritor con sus editores, lo justifica por la tendencia a la autodevaluación que caracterizó su personalidad, breve en términos temporales --murió con 46 años-- pero suficientemente intensa como para, en apenas una década y media de escritura constante, dejarnos una bibliografía extensa y nutritiva que incluye luminosos ensayos, excelentes libros de crónica periodística --antes de la invención formal del género-- y novelas alegóricas de un futuro que ha terminado haciéndose muy presente. Su libro mayor --Homenaje a Cataluña-- cumple ahora los primeros ochenta años de su publicación --tormentosa-- en el diminuto sello británico Secker & Warburg, al que Orwell llegó después de la negativa de su editor habitual, Víctor Gollancz, a dar a la imprenta los folios de su testimonio como voluntario en el frente de Aragón de la Guerra Civil.
Orwell fue un escritor que trabajó sumergido en un universo de prosaísmos. Algo paradójico para alguien cuyo motor vital era el idealismo. Había que creer mucho en las utopías para buscar la verdad en las trincheras malolientes y embarradas de una guerra cuyo origen se remonta quizás a las obscenas relaciones de poder heredadas del feudalismo peninsular. Arriesgado era también oponerse al colonialismo que practicaba el país bajo cuyo pasaporte viajaba. Ingenuo es pensar que denunciar la miseria de los bajos fondos en las grandes ciudades ayudaría a que la gente tome conciencia de la injusticia social. Y melancólico, por inútil, puede ser soñar con una sociedad igualitaria. Orwell escribía a la contra de todos no sólo para ser él mismo. Estaba además convencido de que la realidad no es inamovible y que el hombre debe luchar para alcanzar su dignidad. Su literatura es abiertamente política, pero no deja de ser artística. Su vida tiene un aire mítico: “Voy a matar fascistas porque alguien debe hacerlo”, confesó en su día a Henry Miller, sumergido entonces en el hedonismo de las periferias de París, para resumirle los motivos de su alistamiento en el bando republicano español.
Al mismo tiempo, su obra es un canto a la individualidad, un monumento al sentido crítico y un ejercicio permanente de libertad de criterio. Incluso frente a uno mismo. Desde la primera página del Homenaje a Cataluña el escritor británico, que es parcial en su análisis de la Guerra Civil, se muestra honesto: admite que su perspectiva es sesgada y fragmentaria pero, de igual modo, totalmente sincera. Hay quien elogia de este libro, uno de los mejores que se han escrito de la contienda española --y se han escrito muchos--, su alto grado de compromiso con la causa libertaria o el valor (léase la temeridad) que suponía su alistamiento en las tropas rojas, pero ambas cuestiones, a efectos literarios, son perfectamente irrelevantes. Lo que hace que su relato de la Barcelona revolucionaria se sostenga ocho décadas después de aquel espanto, que no sólo enfrentó a las dos Españas, sino a las dos izquierdas, es la capacidad de Orwell para convertir su experiencia como espectador (activo) en una emoción compartida.
El prestigio editorial del Homenaje a Cataluña fue tardío y, en el caso de España, casi milagroso. Orwell murió en 1950 sin que se agotaran los 1.500 ejemplares de la primera edición, destinados básicamente a los militantes de izquierda británicos. Secker & Warburg tardó década y media en recuperar el dinero del adelanto que cobró el autor, que nunca llegó a verlo traducido al español por la sencilla razón de que hasta treinta años más tarde no pudo distribuirse en la Península una versión en castellano y catalán censurada por los inquisidores del tardofranquismo. Según los datos aportados por Miquel Berga, hasta 75 años después de su publicación, en 2003, no se restituyó en una edición en español la versión íntegra. El libro, cuyo mayor mérito es la extraordinaria carga sensorial que proyecta en sus páginas, donde se relata en primera persona, a la manera de las célebres narraciones de iniciación, es una pieza documental donde la mirada del protagonista --un Orwell que no es Orwell, sino un Eric Arthur Blair al que impulsan sus sueños políticos juveniles-- se topa, antes de ser herido en la garganta y regresar con miedo a Londres, con la vulgaridad en la que fenecen todas las utopías políticas desde que el mundo es mundo.
El miliciano libertario nos describe una Barcelona expresionista --predominaba el color gris, roto por el rojo y el negro de los anarquistas-- llena de hombres tan cándidos como crueles, ignorantes y, al mismo tiempo, sabios. Una ciudad donde los desconocidos se trataban como hermanos y los hermanos --de patria y hasta de bandera-- se asesinaban mutuamente movidos por el dogmatismo de las tripas y el recuerdo de afrentas incubadas en estómagos hambrientos durante décadas. Sumergido en aquel paisaje, Orwell miente --“había viajado a España con el proyecto de escribir artículos periodísticos”-- al mismo tiempo que confiesa la verdad --“ingresé en la milicia casi de inmediato porque en esa época y en esa atmósfera parecía ser la única actitud concebible”-- y, sin dejarse seducir por la comodidad de sus propios dogmas, constata que en una guerra --que no es sino otra metáfora de la vida-- las buenas intenciones y el buenismo político son, además de un estorbo, tan efímeros como el humo.
Orwell aprendió en España que para un verdadero escritor (aunque se disfrace de miliciano) no existe otro compromiso más que con la verdad, aunque ésta sea incómoda para todos los bandos. El narrador del Homenaje a Cataluña es un testigo impenitente que levanta acta de cómo el idealismo --propio y ajeno-- se precipita contra el muro de la realidad. “Hablar de las letrinas es un lugar común de la literatura bélica, y yo no las mencionaría si no fuera porque las de nuestro cuartel contribuyeron a desinflar el globo de mis fantasías sobre la Guerra Civil”, admitirá en un posterior libro de memorias. Su relato de la España del 37 es un extraordinario canto a la evidencia de la vida terrestre, un brillante análisis de la mentira --en este caso bajo la forma de la propaganda sectaria-- y la aceptación (poética) de que hasta la causa más noble del mundo, como la conquista de la libertad, está en peligro si dejamos que sea administrada por los que hablan en nombre del pueblo, la patria o la revolución. Ocho largas décadas después de su publicación todas sus lecciones literarias siguen vigentes. Las barricadas del Homenaje a Cataluña contra la manipulación totalitaria son indestructibles.
El despilfarro autonómico: casi mil millones para las televisiones locales
ODIO Y ADOCTRINAMIENTO
TV3, la terminal mediática del separatismo, cuesta más de 300 millones
Los secesionistas han hecho de los medios de comunicación -que reciben cuantiosas subvenciones por parte de la Generalitat- su principal medio de propaganda.
La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) fue de las primeras que comenzó a operar en 1983 y tiene 2.219 trabajadores. Su oferta audiovisual cuenta con cinco canales de televisión (TV3, Canal 3/24, Súper 3, Canal 33, Esport 3 y TV3Cat) y cuatro emisoras de radio (Catalunya Radio, Catalunya Informació, Catalunya Música e iCat fm).
Sin embargo, TV3 tiene en su hemeroteca multitud de ejemplos de odio y adoctrinamiento. El pasado 25 de abril conocíamos que las acusaciones sobre presunta manipulación en TV3 serán debatidas en próximas semanas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
El ciudadano Sergio Santamaría presentó una petición que menciona la falta de pluralidad en ese medio y la emisión de informaciones y contenidos en favor de la secesión de Cataluña. La queja denuncia además la emisión de anuncios en favor del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y del uso de la denominación “presos políticos” para referirse a las personas procesadas por su participación en la declaración unilateral de independencia de la región.
Y es que la cadena pública catalana no fue intervenida por decisión expresa del Gobierno, por lo que las cosas en TV3 están exactamente igual que antes de la aplicación del artículo 155: adoctrinamiento infantil, promoción del odio a España y difusión en exclusiva del relato separatista.
La activista separatista que quemó una Constitución cobra 25.000 euros
La periodista y activista separatista Empar Moliner cobra 25.000 euros por la sección que hace en el programa Tot es mou de TV3, según el contrato que está publicado en el portal de la transparencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
Moliner es conocida por quemar un ejemplar de la Constitución mientras criticaba la decisión del Tribunal Constitucional de declarar nulas diversas medidas del Ejecutivo catalán para combatir la pobreza energética en abril de 2016. También aseguró que “ser catalán en España es como ser gay en Marruecos, salvado las distancias”.
El contrato de Rahola en TV3: 5.000 euros al mes por insultar a España
La Gaceta ya publicó que la periodista Pilar Rahola recibe 5.000 euros al mes -tiene un contrato de seis meses- por hacer un un ‘miniespacio’ que se emite de lunes a jueves en el que comenta la actualidad de la jornada y responde a las preguntas de los ciudadanos. También en el programa Tot es mou.
En sus intervenciones en la cadena pública hace apología del golpe de Estado y defiende a los violentos Comités de Defensa de la República (CDR) asegurando que “son un movimiento cívico y de buena gente” y que sus acciones “sirven para defender la justicia, la democracia y la dignidad”.
La intolerable humillación de TV3 a la Policía
TV3 volvió a humillar a los españoles y a ridiculizar a la Policía Nacional el pasado 5 de abril con un ‘sketch’ supuestamente humorístico en el programa Polònia en el que relaciona a los contrarios al delirio separatista con el nazismo.
Con la pretensión de denunciar la “persecución” que los agentes llevan a cabo contra los miembros de los CDR, que la Fiscalía ha considerado similares a los llamados grupos Y de apoyo a ETA al calificar como terrorismo sus actos de sabotaje por estar dirigidos a “subvertir el orden constitucional”, censura a la mayoría que se muestra a favor de la unidad de España. Y todo con el aval del Gobierno, que se niega a intervenir la cadena pública.
Esta cadena ya alentó los disturbios que acabaron con un centenar de heridos, 23 de ellos agentes de los Mossos, tras la detención en Alemania del expresidente Carles Puigdemont, y cuenta con colaboradores que amenazan con violencia extrema en las calles por el ‘procés’. Jair Domínguez, que forma parte del programa Està passant, expresó en Instagram que “habrá muertos” por la “lucha” separatista.
TV3 también utilizó el canal infantil InfoK para diferenciar entre la actuación de los Mossos y la de la Guardia Civil y la Policía Nacional el 1-O.
El PP descarta tocar TV3
Cabe señalar que mientras las voces internas y externas llaman al Ejecutivo a actuar respecto a los medios de comunicación públicos, el PP descarta tocar TV3 sin el apoyo explícito de los socialistas, que han repetido por activa y por pasiva que no apoyarían nunca esta drástica decisión.
No obstante, los populares ya reconocieron el “error” de permitir “la propaganda separatista” desde un medio público. “TV3 ha dejado de ser un medio de comunicación social pasar a ser un medio de propaganda política y de manipulación (…) tendría que mirarse”, declaró la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, antes de tildar al medio de “aparato de propaganda política” y decir que su modelo es de “auténtica vergüenza”.
El PNV gobierna en España
Cayetano González Libertad Digital 1 Mayo 2018
Nunca 287.014 votos habían servido para tanto. Son los que cosechó el PNV en las últimas elecciones generales –junio de 2016–, que, gracias a la ley electoral, esa que el PP y el PSOE se niegan a cambiar, favorece tanto a los partidos nacionalistas. Al PNV ese resultado le supuso tener cinco diputados en el Congreso, mientras que el Pacma (Partido Animalista), que sacó 300 votos menos, 286.702, no obtuvo uno solo. Esos cinco diputados del PNV van a lanzar en los próximos días un salvavidas a Rajoy apoyando los Presupuestos Generales del Estado, lo que facilitará que el presidente del Gobierno pueda seguir en la Moncloa hasta junio de 2020.
Este domingo, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, resumía muy bien lo que había conseguido su partido al pactar con Rajoy: "Nunca antes el PNV había influido tanto en la política española", decía en una entrevista en El Correo. Y lo malo es que es verdad. De alguna manera, aunque fue algo diferente, me recordó lo que en mayo de 1996 dijo Xabier Arzalluz cuando, tras hacerse la foto en la sede del PP de la calle Génova, con la gaviota encima de la cabeza, soltó aquello de: En quince días hemos conseguido con Aznar más cosas que con Felipe González en catorce años.
Habrá que reconocer al PNV su habilidad para pactar con todo el mundo: con ETA en Estella, con Bildu y Podemos en Navarra, con el PSE en Vitoria y con el PP en Madrid. ¿Alguien da más? Y como encima no les va nada mal electoralmente, las encuestas les siguen diciendo que serán los más votados en las siguientes elecciones autonómicas, se entiende que estén encantados de la vida.
El PNV se ha encontrado muy cómodo durante todos estos años con el bipartidismo PSOE-PP, porque siempre, de una manera o de otra, ha sacado provecho de esa necesidad que tenían los socialistas o los populares de su apoyo en el Congreso. Ahora le han visto las orejas al lobo con la cada vez más que probable llegada de Albert Rivera al palacio de la Moncloa. Ortuzar ha llegado a decir de Ciudadanos que es un peligro no sólo para el País Vasco, sino para España y para Europa, lo cual no deja de ser la típica boutade de alguien que, aunque no es del mismo Bilbao, es de muy cerca, concretamente de la localidad vizcaína de Abanto Ciérvana.
Lo más preocupante del pacto de Rajoy con el PNV es lo que hay detrás o por debajo de la mesa. Es decir, la situación política en Cataluña y el acercamiento y liberación paulatina de los presos de ETA tras el aquelarre que se vivirá este próximo viernes en Cambó, con la supuesta disolución de la banda terrorista; aquelarre en el que, por supuesto, estará presente el PNV. Faltaría más: ETA nació en 1959 del seno de las juventudes del PNV, han sido sus hijos descarriados, y ahora tienen que estar presentes en su vuelta, aunque sea figurada, a la casa del padre.
En cuanto a Cataluña, Rajoy no tiene otro anhelo que poder retirar cuanto antes el artículo 155, que aplicó de forma tan timorata a finales del pasado mes de octubre, junto con una convocatoria suicida, por precipitada, de elecciones autonómicas. En lo de retirar el 155 coincide con el PNV, que siempre estará más cerca de los golpistas catalanes que del cumplimiento de la legalidad. Lo terrible de esta situación es que del partido fundado por Sabino Arana no se puede esperar otra cosa, y siempre estarán a favor de lo que haga más daño a España.
Aparte de comerse con el pacto presupuestario con el PNV todas sus palabras sobre la no viabilidad de una subida de las pensiones, Rajoy suplica, implora, para poder seguir dos años más en la Moncloa, el apoyo de un partido profundamente desleal al marco constitucional y que no ha colaborado nunca lo más mínimo con el Estado de Derecho en la lucha contra ETA. Más dura será la caída del presidente del Gobierno y de su partido, al que está destrozando.
Un proceso suicida (Parte II)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 1 Mayo 2018
RECAPITULACIÓN DE UN EPISODIO DE NUESTRA HISTORIA CUYO FINAL SE PRESENTA INCIERTO Y PREOCUPANTE (PARTE II).
CONSEJO MINISTROS EXTRAORDINARIO MEDIDAS INTERVENCIÓN ARTÍCULO 155 28 OCTUBRE 2017 Y FUGA DE PARTE DEL GOBIERNO DE LA GENERALIDAD A BÉLGICA 30 DE OCTUBRE 2017.
Tras la aprobación por el Senado de las medidas de intervención de la autonomía de Cataluña propuestas por el Gobierno, se celebró un Consejo de Ministros extraordinario que entre los acuerdos más relevantes se anunciaba el cese del Presidente, vicepresidente y todos los Consejeros de la Generalidad. El cese del Presidente de la Generalidad el Molt Honorable Carles Puigdemont i Casamajó y todos sus asesores eventuales de Presidencia, fue oficializado mediante su publicación en el BOE-264 del 28 de octubre de 2017. El vicepresidente Oriol Junqueras i Vies, así como el resto de Consejeros fueron cesados oficialmente de sus cargos en el BOE-261 del 28 de octubre de 2017.
En paralelo con esta comunicación de cese, la Fiscalía del Estado anunció el mismo viernes 27 la presentación de denuncias contra la Mesa del Parlamento de Cataluña presidida por Carme Forcadell por haber tramitado la declaración de independencia. Tras la aprobación de las medidas por el Senado, el Gobierno de la Generalidad tuvo una reunión de urgencia donde al parecer se debatió sobre la actitud a adoptar caso de que la Fiscalía, como así sucedió, presentase denuncias contra todos ellos con la salvedad de que el Parlamento había sido disuelto y convocado elecciones autonómicas, haber sido cesados de sus cargos y por tanto perdido su condición de aforados. La decisión fue que cada uno adoptase una solución de acuerdo con sus condiciones personales. No sé si hubo un pacto de reparto de papeles, pero me cuesta creerlo dada la sorpresa que demostraron algunos cuando conocieron la fuga de Carles Puigdemont y cinco de los Consejeros, aunque uno de ellos, Joaquim Forn, terminó por regresar y presentarse puntualmente a la citación de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
La denuncia formal de la Fiscalía de la Mesa del Parlamento fue ante el Tribunal Supremo, ya que tanto la Presidente como algunos miembros de la misma seguían estando aforados. La denuncia relativa al cesado Gobierno de la Generalidad fue tramitada a la Audiencia Nacional el 30 de octubre. La jueza Carmen Lamela les citó para los días 2 y 3 de noviembre del 2017. Puigdemont acompañado por cinco exconsejeros había emprendido la huida en coche y sin escoltas la madrugada del lunes 30 de octubre con destino a Marsella donde tomaron un avión que los llevó a Bruselas. Allí compareció ante los medios internacionales para vender la impresión de estar en el exilio por motivaciones políticas, denunciar a España de la no existencia de separación de poderes y pedir amparo y garantías para él y la parte de su Gobierno fugado de que no se actuaría contra ellos. Dijo además estar dispuesto a aceptar el reto democrático de presentarse a las elecciones autonómicas a las que les dio el carácter de plebiscitarias.
ELECCIONES AUTONÓMICAS Y VICTORIA DEL BLOQUE INDEPENDENTISTA 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.
Carles Puigdemont fue puesto en libertad por el juez cuando tuvo que presentarse tras la euroorden cursada contra él por la jueza Carmen Lamela al no haberse presentado a la citación. Se instaló en Bélgica primero en un Hotel céntrico y posteriormente en un chalet cedido por un alto dirigente del partido independentista flamenco belga. Desde su voluntario exilio y tras la retirada de la euroorden de detención por la posibilidad de que no fuese extraditado por el principal delito de rebelión, no contemplado en la legislación de Bélgica, tuvo libertad total de movimientos. Como el resto de encausados gozaba de todos sus derechos políticos de representación y tenía total libertad para optar a ser elegido diputado. Por ello preparó su candidatura como cabeza de cartel creando unas nuevas siglas: “Junts per-Catalunya” (JxCAT) e imponiendo a su partido PdeCAT unas listas que llamó transversales en las que fue designando a candidatos tan destacados como Jordi Sánchez, Elsa Artadi y antiguos exconsejeros suyos de confianza. De hecho, la lista no incorporaba a otros de su antiguo partido hasta el puesta 29. La campaña fue bastante descompensada ya que Oriol Junqueras, su principal oponente por ERC, se encontraba en prisión provisional y sin fianza, siendo su participación prácticamente nula.
El caso es que los resultados fueron en votos totales ligeramente favorables al llamado bloque constitucionalista, aunque en escaños y por la famosa ley D’Hont, fue favorable al bloque independentista. JxCAT con 34 escaños fue la opción independentista más votada tras CIUDADANOS que consiguió 36 escaños. ERC obtuvo 32 escaños, PSC 17, Comunes-PODEMOS 8, CUP y PP 4 escaños cada uno. Es decir, el bloque separatista tenía sobre el papel la mayoría con 70 escaños, dos menos en conjunto que los que disponía en la XI legislatura. Sin embargo, la realidad iba a ser otra ya que el Tribunal Constitucional, previas impugnaciones, intervino para limitar el derecho de los diputados electos que se encontraban fugados al no permitir la delegación del voto. Es decir, ni Carles Puigdemont ni los otros tres que habían conseguido Acta de diputado, ni podían votar por no estar presentes, ni podían delegar el voto, lo que dejaba en empate a 66 escaños e imposibilitaba la elección de un candidato a Presidente en primera instancia.
ESPERPENTO DE LA MESA DEL PARLAMENTO EN EL PROCESO DE INVESTIDURA CULEBRÓN INTERMINABLE. INICIO CUENTA ATRÁS NUEVAS ELECCIONES 22 DE MARZO DEL 2017.
Por su parte, CIUDADANOS renunció a presentar candidato a la Presidencia y con ello permitió que el independentismo marcase el ritmo de presentar sucesivos candidatos, comenzando por el fugitivo Carles Puigdemont, tras una ronda de contactos y un viaje a Bruselas incluido y eximirle de que fuese de forma presencial. Esta designación fue inmediatamente impugnada ante el Tribunal Constitucional que exigió que fuese de forma presencial previo permiso del juez del tribunal Supremo Pablo Llarena y sin permitir que otro diputado le representase, ni se hiciese de forma telemática ni por delegación de voto. El pleno fue suspendido por el Presidente de la Mesa, Roger Torrent sine díe.
Comenzó lo que está siendo un esperpento en forma de culebrón insufrible de haber ido viendo cómo se iban designando a sucesivos candidatos como Jordi Sánchez, preso en la cárcel de Estremera en Madrid, convocar plenos y tener que suspenderlos al negársele el permiso para asistir a su investidura. A eso se sumó la negativa de la CUP a no apoyar a ningún candidato que no fuese el fugitivo Carles Puigdemont. Solo cuando el candidato fue el exconsejero Jordi Turull, libre bajo fianza, pudo celebrarse la primera sesión del pleno en la que no consiguió ser elegido en primera ronda. La segunda ronda nunca pudo formalizarse ya que el día anterior fue llevado a prisión por el juez del Tribunal Supremo al ser acusado formalmente de delitos de rebelión y malversación. El pleno se transformó en un debate político con una resolución de condena por la injerencia de la justicia. Pero lo importante es que a partir de ese momento, se puso en marcha la cuenta atrás de dos meses para que se pueda investir a un nuevo Presidente de la Generalidad y formarse Gobierno. El plazo termina el próximo día 22 de mayo. Es decir, faltan escasamente tres semanas para que obligatoriamente se disuelva el Parlamento y se convoquen nuevas elecciones autonómicas.
SITUACIÓN PERSONAL PROCESAL CARLES PUIGDEMONT: INCÓGNITA SOBRE SU EXTRADICIÓN CONDICIONA POLITICA CATALUÑA Y ESPAÑA.
Es evidente que existe una dependencia clara del futuro político en Cataluña y por ende en España de lo que finamente se dictamine sobre la extradición de Carles Puigdemont. Todo está condicionado a lo que decida el Tribunal regional alemán del Estado de Schleswig – Holstein respecto a la posible extradición y de producirse si se asumen todos los delitos imputados o se limita a alguno de ellos de tipo menor penalmente. Solo faltan unos días para que se dicte sentencia y hay razones fundadas para ser pesimistas y que finalmente se deniegue la petición de extradición y pueda regresar a su refugio de Bélgica en Waterloo.
De suceder así, el Gobierno de España y el Tribunal Supremo tendrían un grave problema ante el decaimiento del principal delito de rebelión, debiendo optar por el de sedición que conlleva una pena mucho menor. Y por otra parte, las posibilidades de que el resto de países implicados accedan a la extradición sería prácticamente nula y deberían ser juzgados en rebeldía al solo poder mantener la orden de detención en España. En el aspecto político la situación en Cataluña sería insostenible e iríamos abocados a unas nuevas elecciones autonómicas que todo parece indicar que solo beneficiaría a la formación que lidera Carles Puigdemont y posiblemente a la CUP, perjudicando a ERC por la falta de liderazgo y sumisión demostrada ante JXCAT y Carles Puigdemont como líder indiscutible. Estaríamos en una situación kafkiana donde el independentismo volvería a conseguir una mayoría absoluta, pero con mayor legitimización del golpista fugado que podría presionar para solicitar su vuelta con garantías para poder ser investido.
España, su Gobierno y su poder judicial se juegan mucho en estos días y todo está en manos de un Tribunal regional alemán de tres jueces que ya han dado muestras de estar más a favor de proteger los derechos del fugitivo y no considerar los delitos imputados de la gravedad que realmente son para no conceder la extradición solicitada y dejarle en libertad sin condiciones. Aquí aplicaría lo de "in dubio pro reo" o lo que es lo mismo la presunción de inocencia y la falta de consistencia de las acusaciones, algo solo achacable a la torpeza del propio Gobierno de España en diversos momentos: fuga, ausencia de réplica a nivel internacional, derrota en la comunicación, error de diagnóstico y falta de criterio, descoordinación y pasividad, etc. Este posible revés conllevaría necesariamente rebajar los delitos en el próximo juicio y decretar la libertad con o sin fianza a los enjuiciados y permitirles que puedan ejercer todos sus derechos políticos, inclusive el de ser investidos como Presidente de la Generalidad o formar parte de su Gobierno. Este es el famoso “pollo” del que siempre habla Carles Puigdemont y que puede condicionar toda la política de Cataluña y de España que podría verse abocada a la convocatoria de elecciones generales.
Tendremos que esperar expectantes los próximos y decisivos acontecimientos. ¡Sé fuerte Mariano! Te ha llegado el momento de la verdad y será la primera vez que no verás pasar el cadáver de tu enemigo sentado a la puerta de tu casa de la Moncloa. Prepárate para abandonarla.
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 1 Mayo 2018
Todo está ya preparado en Combo-les-Bains, localidad francesa a 25 kilómetros de Bayona, para 'celebrar' el viernes próximo una de las representaciones más obscenas de las consumadas por la banda terrorista ETA, secundada por el Grupo Internacional de Contacto y el nacionalismo vasco, tanto el de EH Bildu como el del PNV. Ambas ramas del aranismo asistirán a la 'perfomance' en la que la banda, después de un vídeo que se emitirá en una TV extranjera, anunciará su “desmovilización”, apadrinada por las personalidades internacionales que participaron en la Conferencia de Ayete el 17 de octubre de 2011, previa al abandono definitivo de las armas por la organización terrorista que se produjo el día 20 de ese mismo mes.
El acto de “desmovilización” (que no disolución) ha venido precedido por el comunicado del pasado día 20 de marzo en que ETA pedía perdón selectivamente: sí a aquellas víctimas “irresponsables” del “conflicto”, pero no al resto. La banda se afirmó en “la teoría del conflicto”, según la cual sus acciones terroristas estaban motivadas nada menos que por el bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil. Los redactores del comunicado —desposeído de cualquier credibilidad moral— no concretaron cuáles de sus 859 víctimas (el 95% de ellas 'ejecutadas' durante la democracia) merecían su petición de perdón y cuáles no. Por ejemplo: sí los niños asesinados, pero no Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente o José Antonio Ortega Lara, entre otros muchos. Ellos estuvieron bien asesinados o secuestrados.
La realidad es que ETA fue criminalmente incompetente. Se calcula que el 40% de sus asesinatos fueron 'equivocaciones', y se desconoce el número de 'crímenes fantasma', es decir, el de sus víctimas cuya autoría no reivindicó. Hay fuentes que los calculan entre 20 y 30. Los etarras ya han decidido no colaborar jamás en el esclarecimiento de la autoría de, al menos, 358 de sus asesinatos; tampoco revelarán las fuentes de financiación que nutren al medio centenar de activistas aún refugiados en varios países. Pese a la apariencia de entrega de armas, la realidad es que la banda no ha puesto sus arsenales a disposición de las fuerzas y cuerpos del Estado, ni lo hará, entre otras razones porque podrían constituirse en pruebas de cargo de crímenes aún no esclarecidos.
Este montaje etarra ha sido rechazado por las víctimas, la mayoría de los partidos políticos y por el Gobierno francés. El Ejecutivo vasco no asistirá al acto de Cambo-les-Baines, pero sí el PNV. No faltará Joseba Egibar (con lazo amarillo en la solapa) —uno de los dirigentes del nacionalismo más próximos a ETA—, que ayer declaró en el 'Diario Vasco': "Hago autocrítica, no supe acercarme a las víctimas, pero he llorado mucho". Pese a sus lloros en la intimidad, no dejará de respaldar la pamema etarra, de la que se ha desmarcado el socialista más permeable a las tesis de la negociación: Jesús Eguiguren, que ha rechazado la invitación para estar presente en Combo-les-Baines. Estará, por supuesto, Arnaldo Otegi, que el mismo día 20 de marzo trató de capitalizar el comunicado del perdón selectivo de ETA en una comparecencia ante los medios en la que no admitió preguntas.
Los que secundaron el mensaje etarra fueron los obispos de las tres diócesis vascas, el de Navarra y el de Bayona. Reconocieron “ambigüedades, omisiones y complicidades” con ETA y pidieron perdón, pero, en un alarde de inoportunidad, sugirieron el acercamiento de los presos. Las víctimas han despreciado por insuficiente la declaración episcopal vasca —a rebufo del comunicado etarra— y exigen que los anteriores prelados, Setién y Uriarte, “pidan perdón”. Precisamente uno de los 'asesinatos fantasma' fue el del primo del que fuera obispo de Zamora y Bilbao, Juan José Uriarte Orúe (17 de mayo de 1985). Los etarras se abstuvieron de reclamar la autoría del crimen para no indisponerse con el prelado.
¿Por qué ETA monta esta representación ante el escepticismo general? Las razones prácticas son varias. Quiere mostrarse hipócritamente permeable a la demanda de parte de la sociedad vasca, que le viene requiriendo una rectificación definitiva. Pero los motivos fundamentales son otros: intentar que el Gobierno cambie su política penitenciaria y ensanchar el margen de maniobra de la izquierda 'abertzale' de cara a las elecciones forales y municipales de mayo de 2019. Y, en último término, facilitar que las organizaciones que le son próximas relancen (como la ANC vasca, Gure Esku Dago), por métodos diferentes a los del terrorismo, la consigna independentista. Lo comprobaremos muy pronto.
El Gobierno no va a cambiar de política penitenciaria. En las cárceles españolas hay 243 presos etarras, solo 25 en las del País Vasco y Navarra o a menos de 350 kilómetros. En Francia, los presos etarras son 53, y solo media docena está encarcelada en el departamento de los Pirineos Atlánticos. Nadie duda de que el PNV intentará por todos los medios que el Ejecutivo de Rajoy cambie de criterio mediante un procedimiento indirecto: la transferencia a Euskadi de la gestión de las instituciones penitenciarias.
Mientras, sigue el fortalecimiento de las organizaciones de las víctimas de la banda. El pasado martes se presentó en Bilbao el libro 'Pardines, cuando ETA empezó a matar' (Editorial Tecnos), una obra impulsada por el Centro Memorial de Vitoria. El guardia civil José Antonio Pardines fue asesinado en Aduna (Guipúzcoa) el 7 de junio de 1968, pronto hará 50 años. Medio siglo después de aquel inicio criminal, ETA, la jerarquía eclesiástica del País Vasco y el nacionalismo vasco en su conjunto (el de la banda fue un terrorismo nacionalista) siguen sin, de verdad, pedir perdón y declarar radicalmente ilegítima la 'lucha armada'.
De ahí que si obscena fue la comunicación etarra del pasado día 20 de marzo, más lo será la representación de la 'desmovilización' de ETA el próximo viernes en Cambo-les-Baines, sobre la que se quiere elaborar el relato de una lucha patriótica fracasada pero explicable. Es, exactamente, lo que no hay que consentir.
Los sindicatos de la vergüenza
Alejandro Tercero Cronica Global 1 Mayo 2018
UGT y CCOO de Cataluña parecen decididos a marcar ciertas distancias con el independentismo y con los promotores del procés. La imagen que les vincula al nacionalismo catalán no ha sido tan rentable como preveían, y ahora tratan de desmarcarse de ese proyecto perdedor asegurando que son transversales y que no están a favor de la secesión.
La gota que colmó la paciencia de muchos afiliados fue su participación activa en la manifestación del pasado 15 de abril en Barcelona en defensa de los dirigentes independentistas encarcelados por cometer presuntamente graves delitos en la implementación del plan para la secesión unilateral e ilegal.
Sin embargo, la descomposición viene de mucho más atrás --el hedor hace años que era evidente--. Y, sobre todo, sería de una indecencia inadmisible que los dos sindicatos mayoritarios se fuesen de rositas después de haber sido una pieza fundamental en el engranaje del procés.
Hoy, Primero de Mayo, es una buena oportunidad para recordarles a los --teóricos-- defensores de los derechos de los trabajadores que son tan responsables como el que más de la deriva nacionalista de los últimos tiempos. Una locura que ha convertido Cataluña en una sociedad cuyas fracturas sociales --en el mejor de los casos-- tardarán generaciones en recomponerse y cuya prosperidad ha sido lastrada indefinidamente.
En julio de 2010, UGT y CCOO de Cataluña --entonces lideradas por el hoy máximo responsable del sindicato a nivel nacional, Josep Maria Àlvarez, y por Joan Carles Gallego, respectivamente-- promovieron activamente la manifestación nacionalista contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, tantas veces utilizada en vano para hacer victimismo.
Durante 2012, ambos sindicatos no dudaron en sumarse a la reivindicación insolidaria del concierto económico que Artur Mas se sacó de la chistera. Para ello, no tuvieron reparos en liderar memoriales de agravio junto a la burguesía catalana más casposa, de la mano de Òmnium Cultural y el Ateneo Barcelonés, y con personajes como Miquel Roca y Francesc Cabana, cuñado y exsocio de Jordi Pujol en Banca Catalana.
Poco después, cuando Mas se lanzó por el barranco sin sentido del 9N, UGT y CCOO le acompañaron gustosamente. El sindicato ugetista incluso defendió en el editorial de una de sus revistas de cabecera las bondades de la independencia de Cataluña y comprar todos los argumentos victimistas del nacionalismo más rancio (como el de que España “estrangula” económicamente a Cataluña).
De aquella época es la foto infame de Àlvarez --antes, Álvarez-- y Gallego con la entonces presidenta de Òmnium Cultural, la desaparecida Muriel Casals, para apoyar la consulta secesionista junto a un cartel que rezaba: “El mundo del trabajo por el derecho a decidir”.
UGT y CCOO de Cataluña tampoco titubearon a la hora de adherirse al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, un instrumento más del nacionalismo catalán más reaccionario para avanzar en el procés.
Durante todos estos años, tanto UGT como CCOO de Cataluña han encabezado las principales manifestaciones en defensa de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, es decir, en contra del bilingüismo equilibrado en castellano y catalán que han ordenado los tribunales en reiteradas ocasiones.
De hecho, ambos sindicatos forman parte de Som Escola, una entidad controlada por Òmnium que trabaja para evitar la reintroducción del bilingüismo en las escuelas catalanas con el argumento de que rompería la “cohesión social”.
CCOO fue más allá y llegó a ofrecer un “servicio de asesoramiento técnico” a los directores de los colegios para “desobedecer” la LOMCE en la regulación del uso equilibrado de ambas lenguas oficiales.
Durante la mayor parte de la reciente crisis que ha asolado España, UGT y CCOO de Cataluña se han preocupado más por mostrar públicamente su apoyo y complicidad con el procés --de la mano del nacionalismo de derechas-- que por luchar por los derechos de los trabajadores y de los más desfavorecidos. Todo ello con la aquiescencia de las direcciones nacionales de los sindicatos.
Ante el referéndum secesionista ilegal del 1-O, UGT y CCOO de Cataluña también ejercieron de comparsas del nacionalismo radical a través de la denominada Taula per la Democràcia, avalando de esta forma todo el procés. E incluso mostraron su apoyo a la huelga política convocada por el independentismo el 3 de octubre.
¿Y todavía se preguntan por qué pierden afiliados? A otro perro con ese hueso...
Un 1 de Mayo lastrado por el «procés»
La Razon 1 Mayo 2018
Un pálido reflejo del pasado. Virando a sepia. Esa es la imagen que dan hoy en día los sindicatos. Nada que ver con las grandes manifestaciones del final del franquismo, de la reconversión industrial, de los primeros años de la democracia. Escándalos económicos como el de los ERE en Andalucía o el de los grandes jerarcas del sindicato SOMA-UGT en Asturias a cargo de la minería, han llevado a los sindicatos a un constante goteo de afiliados y simpatizantes.
La puntilla que ha dado el golpe de suerte a la reputación social y de clase de los sindicatos ha tenido lugar en Cataluña. Allí, UGT y CC OO se alinearon desde el primer momento con las fuerzas soberanistas –luego independentistas– que defendían el derecho a decidir. El punto de inflexión fue la manifestación del pasado 15 de abril en Barcelona, de la mano de Òmnium y ANC, y en favor de los políticos independentistas «presos». Unos encarcelados que lo están por un proceso judicial abierto por intentar destruir la convivencia y el Estado de Derecho y desobedecer la Constitución.
Los sindicatos –su dirección nacional– ha cerrado filas con sus representantes en Cataluña, por más que desde distintos puntos de España se les avisase del error. Una equivocación que deberán asumir también en Cataluña, pues allí la gran mayoría de los trabajadores de CCOO y UGT no son independentistas, pues desarrollan sus trabajos en amplias zonas industriales de Barcelona y Tarragona. Con esa rémora a sus espaldas, los sindicatos buscan desprenderse de su nuevo calificativo de «socio preferente» del «procés» y buscan redimirse y presentarse en público con otros acentos y características, como «defensor» de la igualdad de género –a la vista está la representación femenina que existe en las direcciones de los centrales sindicales– y de las pensiones, cuando fue el PSOE la formación que bajó lo que cobran los jubilados.
Por lo demás, silencio sobre el devenir económico y el progreso de nuestro país tras años duros, muy duros, de crisis y desempleo en los que los sindicatos contuvieron a la calle ante la desastrosa gestión económica del PSOE en el Gobierno. Silencio sindical pues ante un hecho irrefutable: que en los últimos años España es el país que más empleo crea de la Unión Europea, el que más empleo crea entre los jóvenes y las mujeres. Otro detalle sobre el que las centrales sindicales que hoy buscan –de nuevo– presentarse como las adalides de los trabajadores han silenciado que en 2017 se ha creado el doble de empleo indefinido que temporal, al tiempo que España lidera la UE en creación de empleo indefinido, con un 3%. Pero eso no interesa. Sería echar piedras contra su propio tejado sindicalista. Por no hablar de que, a diferencia de Alemania, aquí los cúpulas sindicales siempre han desojado la margarita de su independencia del poder del Estado o del Gobierno de turno y nunca se atrevieron a dar el paso de renunciar a la financiación oficial procedente del Estado.
Hoy es el día grande de los sindicatos. Su momento para mostrar músculo político. Sin embargo, de nada valdrá. Su presencia en las calles volverá a ser más exigua que el año anterior y sus demandas serán naftalina política ante unas sociedades que les ha dejado atrás en la historia. La lucha de clases tiene hoy en día nuevos y –en algunos casos– tecnológicos campos de batalla social y política. Los líderes de UGT y CC OO se empeñan en repetir una ceremonia del pasado. Una puesta en escena en la que cada vez hay más huecos. El error del «procés» tendrá también una lectura sindical. Al tiempo.
El actual Gobierno de Navarra (bajo la dirección solapada del PNV) tiene diseñado un plan para la euskaldunización de la Comunidad Foral, por aquello de que sin una lengua común difícilmente se puede construir un Estado.
J.M.Zuloaga. Madrid. La Razon 1 Mayo 2018
El Gobierno de Navarra pretende culminar–con el empuje de su socio EH Bildu– la euskaldunización de la Comunidad Foral. En primer lugar, a través de la lengua. Son numerosas las asociaciones y organizaciones, todas vinculadas al nacionalismo, que se dedican a la promoción y difusión del euskera en Navarra. Utilizan como instrumentos la televisión Euskal Telebista, tanto en su versión en lengua vasca como la española. Destacan los expertos que para muchísimos navarros «resulta ofensivo el proselitismo que hace de lo nacionalista y la falta de respeto por la cultura Navarra sin que obtenga réplica por las instituciones».
Recuerdan que la aprobación del Decreto del Euskera en Navarra supuso una adecuación de la aplicación de esta lengua en el ámbito institucional, y su normalización por territorios en Navarra. Este decreto era visto desde la perspectiva de las mencionadas asociaciones como «la vulneración de los derechos lingüísticos de los navarros», y el recorte de determinadas subvenciones como un auténtico «atentado» contra el euskera.
En la actualidad, el Gobierno nacionalista sustentado por PNV (Geroa Bai) con Bildu y mantenido por Podemos e Izquierda Unida, está trabajando para su derogación y nueva regulación al objeto de «normalizar» (imponer) el vascuence mediante la discriminación positiva, el proselitismo, la subvención clientelar y sus ventajas a la hora de acceder a puestos de la administración local o autonómica.
Los que están detrás de este proyecto son conscientes de que la lengua es un instrumento de la política de construcción nacional. Por ello, tratan de aislar a los grupos que no les siguen en estos planes y en la actualidad se vive una situación de crispación en torno al uso del euskera en Navarra. Ser euskaldún –subrayan–empieza a llevar aparejadas claras ventajas y protecciones sociales y laborales en el ámbito de la educación pública en Navarra, que luego se extiende al mercado laboral y al acceso a puestos de la administración por imposición de la nueva estructura de poder institucional en Navarra.
Ante esta realidad, la mezcla de un complejo de culpa irracional junto con el temor a enfrentarse al nacionalismo y ser tachado de intolerante o anti-vasco, o incluso franquista, facilita que el gobierno de Uxue Barkos pise el acelerador de la euskaldunización a través de la educación.
En cualquier caso, estamos ante un asunto que no tiene sentido ni necesidad. Los datos sociolingüísticos son contundentes. Unos 65.000 navarros –de un total de unos 640.000– son vascoparlantes, y la mayoría se concentra en la parte norte de Navarra.
Otro de los objetivos del nacionalismo es el de «blanquear su propia historia», a la que contribuye también la dejadez en este punto del constitucionalismo. Los medios afectos al nacionalismo bombardean continuamente a la sociedad con consignas de paz, de reconciliación, de derechos de los presos, de existencia de bandos en esa «lucha», de necesidad de pasar página para seguir avanzando.
Junto a estos titulares acompañan siempre noticias de memoria histórica; corrupción política del bloque constitucionalista; relatos de «independentistas» (de ETA), torturados por el Estado (Policía Nacional y Guardia Civil); situaciones gravísimas de presos de ETA muy enfermos y del sufrimiento de sus familiares.
El uso del lenguaje ayuda a esta estrategia de crear opinión. El término Euskadi, constreñido al País Vasco, ha dejado de utilizarse tanto en Euskadi como en Navarra y se sustituye por el de Euskal Herria. De hecho, se usa el mapa de una Euskal Herria «ilusoria» que incluye la Comunidad Vasca, Navarra y las tres provincias vasco-francesas para dar la información del tiempo en los noticiarios.
La denominación de «presos políticos vascos» a los asesinos de ETA o llamar «refugiados» a los terroristas huidos de la Justicia supone un «avance» en ese adoctrinamiento de las nuevas generaciones además de ser parte de la reiteración de la estrategia empleada por los ideólogos del soberanismo de la «equidistancia» entre víctimas y verdugos.
A todo este panorama hay que unirle las previsiones para las próximas elecciones, en las que el constitucionalismo no lograría mayorías suficientes. Se plantearía un escenario de difíciles equilibrios en los que Bildu sería marginado del Gobierno, pero mantendría capacidad de presión, y PSN pasaría a formar parte del Ejecutivo Navarro como pieza clave de gobernabilidad.
Educadores y golpistas de la mano en Cataluña: el Colegio de Pedagogos y Òmnium comparten sede
Agustín de Grado okdiario 1 Mayo 2018
¿Existe adoctrinamiento en las escuelas catalanas? Un nuevo dato para el debate: el Colegio de Pedagogos de Cataluña comparte sede en Tarragona con Òmnium Cultural, uno de los brazos civiles del golpismo y cuyo presidente durante el procés separatista, Jordi Cuixart, está en la cárcel acusado de sedición.
La connivencia del Colegio de Pedagogos con Òmnium Cultural ha quedado en evidencia por un tuit difundido por la entidad con motivo de una jornada de los profesionales de la educación. A la ponente se la ve charlando en una sala con un gran póster de la entidad que ha participado directamente en el proceso secesionista. También se aprecia un cartel de la marcha secesionista apadrinada por Òminum Cultural en la Diada de 2016.
Sin embargo, la prueba definitiva de la connivencia del colegio profesional que debiera representar a todos los pedagogos catalanes (tanto a los independentistas como a los que no lo son) con Òmnium Cultural es que la sede donde se celebra el acto es también la de la entidad separatista. Según la web del Colegio Oficial de Pedagogos de Cataluña, la dirección de su sede en Tarragona es la Rambla Nova, 12 1º 2ª. Y según la página oficial de Òmnium Cultural en Facebook, la dirección de su sede en Tarragona es la Rambla Nova 12, 1º 2ª.
La connivencia de los pedagogos con las entidades separatistas no es fruto de la casualidad. El colegio que se supone apolítico explica en su propia web cómo decidió en 2011 trasladarse a la sede en la que estaba previamente instalado Òmnium Cultural, organización a la que se investiga por su implicación en el 1-O.
Pedagogos con el 1-O
Pero esta connivencia entre educadores y entidades golpistas va más allá. Como ha publicado ‘El Catalán’, el Colegio Oficial de Pedagogos apoyó el autodenominado “derecho a decidir” en un manifiesto publicado en vísperas del referéndum ilegal del 1-O: “El Col·legi de Pedagogs, por acuerdo de la Junta de Gobierno, Consejo Social y Comisión de Deontología, se ha adherido al documento “Col·legis Professionals i Associacions de Catalunya davant del referèndum”, a través del cual las instituciones firmantes pedimos que los ciudadanos de Catalunya puedan ejercer todos sus derechos democráticos, entre ellos los de voto y de expresión, sin limitación y en libertad. Los colegios firmantes reconocemos el Parlament de Catalunya como la institución democrática dónde se manifiesta la voluntad popular del país y reiteramos nuestro soporte al Derecho a Decidir de los ciudadanos de Catalunya”.
En el punto álgido del conflicto, no dudaron en salir en defensa de sus compañeros
Esther Armora. BARCELONA ABC 1 Mayo 2018
El Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), en el que ejercen los nueve docentes denunciados por la Fiscalía por humillar a algunos alumnos hijos de guardias civiles tras el 1-0, intenta, sin éxito, recuperar la normalidad. Familias, estudiantes y profesores coinciden en que «ya no hay vuelta atrás».
«El daño ya está hecho. Lo que han vivido nuestros hijos no se arregla con ninguna mediación política», dice en declaraciones a ABC uno de los padres denunciantes, que pide mantener el anonimato. Niega tajantemente que haya habido «cualquier intención por parte de las autoridades educativas de mediar en el conflicto», algo que, sin embargo, aseguran profesores consultados por ABC y el alcalde de la localidad, Enric Llorca (PSC), que ha hecho un llamamiento público para que el curso escolar acabe «con la máxima normalidad». La aparición ayer de unas pintadas en el muro del centro con los nombres de algunos de los profesores investigados por la Fiscalía tildándoles de «ratas» y de «nazis separatas» no ayudó precisamente a sosegar los ánimos.
«Señalados»
Padres y docentes ven complicado pasar página. «Hemos llegado a una situación que nunca hubiéramos imaginado. Volver al punto de partida ahora es difícil porque ha pasado lo que ha pasado y la Fiscalía nos ha dado la razón», apunta el padre antes citado. Por su parte, Bartolomé Barba, padre de dos de los menores afectados por el presunto hostigamiento de los docentes, considera que los alumnos señalados «han sido víctimas por partida doble».
«Se les ha señalado directamente en el aula y también sufren al ver que sus padres son atacados constantemente», mantiene Barba, que desde que se produjeron los hechos ha abanderado la denuncia en los medios. Tanto él como el otro progenitor coinciden en que los únicos que han estado a la altura de las circunstancias durante todo el conflicto han sido los alumnos, tanto los hijos de los denunciantes como sus compañeros de aula. «Desde un primer momento han dado una lección de madurez a algunas familias y profesores», apuntan.
En un contexto de gran agitación y fractura social, los compañeros de los estudiantes señalados tuvieron un gesto con ellos y convocaron a través de las redes sociales una manifestación en su apoyo. Fue el 5 de octubre, dos días después de estallar la polémica.
«Asistieron unos 200 y fue una acción ejemplar. Sin estridencias ni tensiones. No hubo padres, ni profesores, solo alumnos que salieron en apoyo de sus colegas», recuerdan los padres. En la nota que enviaron por WhatsApp apuntaban que la protesta era contra la actitud «irresponsable, inmadura y fuera de lugar» del centro. Pidieron, ante todo, «respeto». Esta actitud la han mantenido en estos últimos meses. Según Bartolomé, coordinador en Cataluña de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), «lo peor es que los alumnos han sufrido mucho con todo esto y aún siguen sufriendo».
La situación se ha polarizado tanto que, según señala el padre, tiene «fundadas sospechas» acerca de las calificaciones que puedan recibir este curso. «Son sensaciones por lo que me han ido explicando los padres», precisa. El profesor Josep Lluís Alcàzar, que lleva dos décadas impartiendo clases en el instituto, desmiente por contra en declaraciones a ABC las acusaciones de los padres. «En todo este tiempo solo se ha escuchado una voz, la de los denunciantes, también en el informe de la Fiscalía», afirma. El docente, portavoz del sindicato CGT, asegura que el Ayuntamiento de Sant Andreu se ofreció a mediar entre profesores y padres y citó a éstos, aunque «no aparecieron».
Alcàzar se muestra también crítico con el silencio de las autoridades educativas durante el proceso. El alcalde Enric Llorca abona su denuncia y asegura que, pese a pedir hace meses un informe por escrito sobre los hechos a la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza en el Baix Llobregat, aún no ha recibido respuesta. Sea como fuere, Alcázar reitera que no se produjeron las escenas de humillación que relata la Fiscalía.
«Lo que es habitual es que los chavales hablen de los temas que les preocupan. Es una característica de la escuela pública. No quiere decir que se diga ‘vamos a hablar’, pero puede ser que cuando se comentara el tema de los 15 minutos hubiera alguna intervención de algún alumno. Pero no pasó de ahí», apuntaba ayer en Rac1. De hecho, apunta a lo contrario. «En el caso de nuestro instituto ni se lee un comunicado, porque sabemos de la sensibilidad del centro en el que estamos», señala en relación a la proximidad con el acuartelamiento de la Guardia Civil.
El mismo Alcázar añade a ABC que la tensión en el centro ha ido en aumento hasta el punto de que «uno de los denunciados ha tenido que dejar el instituto». «Es uno de los profesores más veteranos. Lamentablemente no ha podido resistir la presión y se ha ido a otro centro», apunta.
Tras el pronunciamiento del Ministerio Fiscal, por otra parte, el Ministerio de Educación anunció que también intervendrá en el caso. Por el momento, ha pedido información a la Generalitat. Lo ha hecho a través de una carta en la que solicita «una amplia documentación» sobre el caso. Asimismo, ha anunciado su intención de convocar en breve una reunión «de alto nivel» en Barcelona para buscar soluciones a esta situación.

References: artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 ARTÍCULO 155
 resolución 
in dubio