Source: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx
Timestamp: 2020-06-07 05:27:47+00:00

Document:
La Moncloa. 28/04/2020. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]
Madrid, martes 28 de abril de 2020
REAL DECRETO-LEY de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia y actuaciones relativas al expediente de contratación para la adquisición de ordenadores portátiles para el desarrollo de trabajo no presencial con destino al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por un importe de 115.240,60 euros.
ACUERDO por el que el Gobierno de España ratifica su apoyo a la ciudad de Bilbao para la celebración en dicho municipio de partidos de fútbol del Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA 2018-20 (UEFA EURO 2020), que se aplaza al año 2021 por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y otorga las garantías solicitadas en el Reglamento de presentación de candidaturas elaborado por la UEFA.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las actuaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para la adquisición de bienes, servicios y otros gastos para hacer frente al brote del coronavirus COVID-19, por un importe de 101.520,29 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 250 teclados bluetooth con touchpad integrado con funda y atril, compatibles con tabletas iPAD de 10,2" por la crisis del COVID-19, por importe de 10.285 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato administrativo para la dotación al Instituto de Mayores y Servicios Sociales de 20 ordenadores portátiles, con sus accesorios y garantía técnica extendida, al objeto de garantizar las modalidades de trabajo no presenciales derivadas de la incidencia del COVID-19, por importe máximo de 16.522,55 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato administrativo para la dotación de licencias "Enterprise Security for Endpoints Light" y módulos "Network Security" y "Malware Prevention" para el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por importe máximo de 20.872,97 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del servicio de limpieza para el Centro de recuperación de personas con discapacidad física de Albacete del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por importe máximo de 29.555,36 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de los servicios auxiliares básicos para el Centro de referencia de atención a personas con enfermedad de Alzheimer en Salamanca del Instituto de Mayores y Servicios Sociales durante la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-2019, por importe máximo de 115.479,98 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del servicio de teleasistencia y de ayuda a domicilio en la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Ceuta, por importe máximo de 217.664,72 euros, (IPSI incluido).
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del servicio de teleasistencia, de ayuda a domicilio y de prevención de las situaciones de dependencia en la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Melilla, por importe máximo de 311.034,13 euros (IPSI incluido).
ACUERDO por el que se toma razón de declaraciones de emergencia en el Ministerio de Defensa para hacer frente a la situación generada por el COVID-19, por un importe total de 4.902.807,35 euros.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a prestar garantías al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir el riesgo de las operaciones de préstamos y excepcionalmente de avales otorgados por el ICF a empresas afectadas por el COVID-19 que se comprometan a mantener los puestos de trabajo, por un importe máximo de 560.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del servicio de higienización del sistema de climatización y desinfección de superficies y ambientes de las zonas de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal, por importe de 15.475,90 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato de servicios de refuerzo del Centro de atención de usuarios existente en el Servicio Público de Empleo Estatal, por importe de 375.100 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato de suministro para la adquisición de 80 portátiles para el Servicio Público de Empleo Estatal, por importe de 53.117,06 euros, IVA incluido.
REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida.
ACUERDO por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 34.760 mascarillas de protección FFP2 para hacer frente al COVID-19, por un importe de 85.860,68 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de mascarillas de protección FFP2 y FFP3 para hacer frente al COVID-19, por un importe de 2.725,91 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de mascarillas quirúrgicas tipo II y tipo IIR para hacer frente al COVID-19, por un importe de 8.523,24 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 50.000 mascarillas quirúrgicas para hacer frente al COVID-19, por un importe de 3.025 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 2.640 mascarillas de protección FFP2, modelo 9320 para hacer frente al COVID-19, por un importe de 8.305,44 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de mascarillas KN95, mascarillas de protección respiratoria FFP2, guantes de nitrilo y gafas de protección para el coronavirus COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por importe de 58.695.400 dólares estadounidenses (71.307.589,72 euros estimados, IVA y derechos de aduana incluidos).
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de apoyo al centro de mando y control COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por importe de 528.528 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de 2.290.000 unidades de monos desechables protectores para el coronavirus COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por importe de 35.953.000 dólares estadounidenses (43.436.714,93 euros estimados, IVA y derechos de aduana incluidos).
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de 20 dispositivos de ventilación mecánica invasiva (VMI) para el coronavirus COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por importe de 1.038.000 dólares estadounidenses (1.254.062,53 euros estimados, IVA y derechos de aduana incluidos).
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de 850 dispositivos de ventilación mecánica invasiva (VMI) para coronavirus COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por importe de 15.427.500 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las actuaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación, para la adquisición de dos equipos codecs de videoconferencia, necesarios para hacer frente al brote del coronavirus COVID-19, por un importe máximo de 7.169,24 euros, IVA incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de los equipamientos y los servicios de instalación para incorporar escritorios virtuales que permitan la realización de tareas mediante el sistema de teletrabajo, con destino a la Seguridad Social por motivo de la lucha contra la pandemia del COVID-19, por importe de 6.464.409,95 euros, IVA incluido.
MODIFICADO EL REGLAMENTO DE CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA, DE OTRO MATERIAL Y DE PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO
La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso tiene la finalidad de contribuir a una mejor regulación del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.
Con este objetivo, el Artículo 4 prevé que las transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso se deban someter a previa autorización administrativa y que vayan acompañadas de determinados documentos de control. Asimismo, se señala que "para cada autorización se deberá valorar la conveniencia de establecer mecanismos de verificación, seguimiento y colaboración entre gobiernos".
Por su parte, la Disposición final primera sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso habilita a los ministros de Industria, Comercio y Turismo, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Defensa, de Interior y de Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dictar las disposiciones necesarias para su ejecución y desarrollo.
En cumplimiento de dicha Disposición final primera, se dictó el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.
El presente Real Decreto tiene por objeto modificar el Real Decreto 679/2014 para intensificar los controles en materia de exportación de material de defensa y otro material en determinados casos y para controlar adecuadamente las exportaciones cuando así lo aconsejen la sensibilidad de la operación y los intereses nacionales.
Por otro lado, se introduce una modificación en la redacción de los documentos emitidos por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa; en concreto, en el "certificado de último destino", al objeto de agilizar la tramitación de documentos entre diferentes jurisdicciones.
La norma se aprueba de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia recogidos en el Artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
APOYO A LA CIUDAD DE BILBAO PARA LA CELEBRACIÓN DE PARTIDOS DE FÚTBOL DEL CAMPEONATO EUROPEO DE FÚTBOL EURO 2020
La celebración de la decimosexta edición de la UEFA EURO 2020 estaba programada para disputarse en doce ciudades de Europa en el verano de 2020, siendo la primera vez que dicho campeonato se celebraba en distintos Estados europeos. La ciudad de Bilbao, y el nuevo estadio de San Mamés, fueron elegidos por la UEFA el 19 de septiembre de 2014 como una de las 12 sedes para la disputa de cuatro partidos, tres de la fase de grupos y uno de octavos de final de la Eurocopa 2020.
El Gobierno de España, mediante Acuerdo del Consejo de ministros de 23 de mayo de 2014, había prestado previamente su apoyo a la candidatura de Bilbao, otorgando además las garantías solicitadas al efecto en el "Reglamento de presentación de candidaturas" elaborado por la UEFA.
Sin embargo, tras la emergencia sanitaria ocasionada a nivel mundial por el COVID-19, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha acordado el aplazamiento de la UEFA EURO 2020, con el objetivo prioritario de proteger la salud de todos los implicados en el juego, así como evitar el aumento de presión innecesaria en los servicios públicos nacionales implicados en la organización de los partidos. Asimismo, esta decisión puede contribuir para que se completen todas las competiciones nacionales, actualmente suspendidas debido a la emergencia sanitaria.
Tras el aplazamiento, la UEFA ha solicitado la confirmación de las garantías exigidas en su "Reglamento de presentación de candidaturas", que fueron ya otorgadas por el Gobierno y otras autoridades y entidades en mayo de 2014.
Mediante el presente Acuerdo, y ante el interés que representa para la Nación que tal acontecimiento se celebre en nuestro país, el Gobierno manifiesta de nuevo su apoyo a la participación de la ciudad de Bilbao como una de las sedes del campeonato UEFA EURO 2020, que se celebrará previsiblemente en el verano de 2021.
Cabe destacar el apartado Séptimo, según el cual el Gobierno de España confirma y garantiza que:
Todos los ciudadanos extranjeros con un pasaporte válido que asistan a UEFA EURO 2020 con una acreditación personal oficial o entrada para un partido tendrán permiso para entrar, permanecer y salir de España y serán dotados con los visados necesarios sin coste alguno (con la excepción de una comisión mínima de tramitación) y con antelación suficiente.
Todas las solicitudes de permiso para entrar y permanecer en España realizadas por o en nombre de cualquier persona que entre y/o permanezca en España en relación con UEFA EURO 2020, serán estudiadas sin atender al origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o capacidad mental o física de dicha persona.
En el caso de que la UEFA considere necesario o deseable que determinados empleados de la UEFA y otras personas entren y permanezcan en España durante un periodo de hasta cuatro años anterior a UEFA EURO 2020, para trabajar en la organización de UEFA EURO 2020, se otorgará a dichos empleados u otras personas designadas permiso para trabajar en España sin que se considere que residen o han fijado su domicilio en España, con la excepción de aquellos que tengan su residencia o domicilio en España, siendo otorgado dicho permiso sin coste alguno y con la antelación necesaria.
Las personas de otros países anfitriones y países de equipos participantes con un pasaporte válido y entrada para uno de los partidos de UEFA EURO 2020 en España tendrán el derecho de entrar y salir de España, a través de un procedimiento preferente y simplificado, durante un periodo que comenzará dos semanas antes del inicio de UEFA EURO 2020 y finalizará una semana después de su conclusión, en el marco de la normativa Schengen.
Por otra parte, el apartado undécimo establece que "el Gobierno de España se compromete a permitir el despegue y aterrizaje de vuelos en los aeropuertos de interés general próximos al municipio de Bilbao que determine, entre las 18.00 horas del día inmediatamente anterior a aquél en que tengan lugar los partidos correspondientes a la EURO UEFA 2020 que se celebren en el municipio de Bilbao en 2021, y las 18.00 horas del día siguiente a la finalización del partido; sin perjuicio de las medidas de control fronterizo previstas en el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras".
Debido al aplazamiento de la celebración del evento, todas las referencias a "EURO 2020" se interpretarán en el sentido de incluir además "EURO 2021". En el mismo sentido se deberán interpretar las referencias a "UEFA EURO 2020", "Bilbao 2020" o "España 2020".
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia. La norma, que aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la paulatina vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento, tiene como principal prioridad la salud de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, procuradores y el resto de funcionarios y profesionales que desarrollan su labor en este ámbito. También trata de hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón productivo provocado por las medidas excepcionales de contención de la pandemia.
DECLARACIONES DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID-19, POR UN IMPORTE TOTAL DE 4.902.807,35 EUROS
El Consejo de Ministros ha procedido a la toma de razón de las declaraciones de emergencia correspondientes a 21 expedientes de contratación iniciados en el ámbito del Ministerio de Defensa, por un importe total de 4.902.807,35 €, todos ellos relacionados con la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19. La finalidad de estos contratos es contribuir a la eficaz ejecución de la operación ´Balmis´, y que el personal y los centros y establecimientos sanitarios de carácter militar, contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.
Se adquirirá una máquina capaz de fabricar 5.800 mascarillas a la hora, principios activos para la fábrica de medicamentos y material desinfectante, equipos de protección para el personal que participa en la operación ´Balmis´, y se contratarán servicios extraordinarios de limpieza de las máquinas y equipos de producción de medicamentos del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
AUTORIZADA CATALUÑA A PRESTAR GARANTÍAS PARA CUBRIR PRÉSTAMOS A EMPRESAS AFECTADAS POR EL COVID-19
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a Cataluña a prestar garantías al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir el riesgo de las operaciones de préstamos y excepcionalmente de avales otorgados por este Instituto a empresas afectadas por el COVID-19 que se comprometan a mantener los puestos de trabajo, por un importe máximo de 560 millones de euros.
Esta autorización se efectúa en cumplimiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
El aval de Cataluña a favor del ICF dará cobertura a una línea de préstamos, denominada ICF-COVID-19. Las garantías cubrirán el 80% del riesgo vivo de las operaciones de préstamos y para avales singulares frente a las entidades financieras (aval máximo del 80% del principal) a autónomos y empresas afectadas por el COVID-19 que se comprometen a mantener los puestos de trabajo, con un tope máximo de 560 millones.
La autorización del aval de la Generalitat de Cataluña a favor del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) no entra en conflicto con la línea de avales del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En cualquier caso, un préstamo sólo podrá optar bien a las operaciones del ICF o bien a la línea de avales prevista en el Real Decreto-ley 8/2020.
ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE CONSUMO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establecía la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Este Departamento, de nueva creación, retoma, en materia de Consumo, las competencias asignadas al extinguido Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y recoge las funciones que venían desempeñadas por el Ministerio de Hacienda en los asuntos relacionados con el Juego.
Los aspectos más destacables de esta norma son los siguientes:
La Secretaría General de Consumo y Juego tendrá bajo su adscripción a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Este organismos, tendrá además una dependencia funcional del Ministerio de Consumo, del Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaria General de Sanidad, y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Asimismo los órganos directivos de esta Secretaría General presenta la siguiente estructura:
La Dirección General de Consumo, que mantiene su estructura.
En la Dirección General de Ordenación del Juego queda suprimida la Subdirección General de Gestión y Relaciones Institucionales.
En relación a esta Dirección General, la misma se incluye entre las Direcciones Generales cuyos titulares no requieren detentar la condición de funcionario. Para ello se modifica el apartado 1 de la disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establecía la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Se dota de un gabinete técnico a esta Secretaría General.
En relación a la Subsecretaría se dispone la creación de dos subdirecciones generales, una división y un gabinete técnico, todos ellos órganos de nueva creación.
Éstos son, además del gabinete técnico, la Subdirección Gestión Económica, Oficina Presupuestaria y Asuntos Generales y la Subdirección General de Personal, Inspección de Servicios y Coordinación, más la División de Tecnologías y Servicios de la Información.
Por otra parte, dependiendo de la Secretaría General Técnica, se dispone la creación de dos subdirecciones generales, también órganos de nueva creación. La Vicesecretaría General Técnica y la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Publicaciones.
Los servicios comunes del Ministerio de Hacienda seguirán prestando servicios al Ministerio de Consumo en relación con el área de actividad vinculada a la Dirección General de Ordenación del Juego, hasta tanto se desarrolle la estructura orgánica básica de dichos ministerios, se establezca la distribución de efectivos y se definan, en su caso, los términos en los que se prestarán los servicios comunes de ambos ministerios.
Los servicios comunes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y los del Ministerio de Sanidad, seguirán prestando dichos servicios al Ministerio de Consumo en relación con el área de actividad vinculada a la Dirección General de Consumo hasta que se establezca la distribución de efectivos.
El saldo neto de creación de nuevas Subdirecciones Generales es en este caso de 6 nuevas Subdirecciones y una División, contando las 2 jefaturas de gabinete. Esta estructura es la mínima que debe tener el ministerio para poder asumir y prestar los servicios comunes que, como tal, requiere.
ESTRUCTURA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regulaba la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En la Tesorería General de la Seguridad Social, se atribuyen nuevas funciones a la Secretaría General, con nivel orgánico de subdirección general, tiene atribuidas en este proyecto nuevas funciones.
Se le atribuye la competencia en materia de contratación hasta ahora desempeñada por la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación, que con esta modificación pasa a denominarse Subdirección General de Gestión del Patrimonio.
De las 7 Subdirecciones Generales actuales, la nueva Subdirección General de Afiliación, Cotización y Recaudación en Período Voluntario unifica las funciones desempeñadas hasta el momento por las Subdirecciones Generales de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED y de Recaudación en Período Voluntario, que quedan suprimidas.
Como hemos indicado, la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación se denominará Subdirección General de Gestión del Patrimonio, y se crea la Subdirección General de Integración y Coordinación de Administración Digital.
En este Real Decreto, se encomienda al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, con excepción de aquellas cuya gestión esté atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales o servicios competentes de las Comunidades Autónomas.
Por ello recibe nueva denominación la Subdirección General de Gestión de Incapacidad Temporal, prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva y otras prestaciones a corto plazo. Se atribuye a este órgano del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
Como consecuencia de la reforma organizativa se mantiene el número de subdirecciones generales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE INCLUSION SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En este Ministerio, de nueva creación, esencialmente se regulan las competencias asignadas en materia de Seguridad Social y Migraciones del extinto Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, además de otras nuevas.
Los aspectos más destacables en la estructura de este Ministerio son los siguientes.
En la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, de la que dependen la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y la Intervención General de la Seguridad Social. Esta Secretaría de Estado no presenta modificaciones reseñables en su estructura en este Real Decreto.
La Secretaría de Estado de Migraciones mantiene la estructura orgánica a nivel de subdirecciones generales, dependientes de sus direcciones generales.
Las novedades en este ámbito organizativo son que se cambia la denominación de varias Subdirecciones:
En la Dirección General de Migraciones se modifica la denominación de la Subdirección General de Emigración, que pasa a llamarse Subdirección General de Ciudadanía Española en Exterior y Retornos.
En la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, la Subdirección General de Programas de Atención Humanitaria y Centros de Migraciones, pasa a denominarse Subdirección General de Programas de Acogida y Atención Humanitaria; la Subdirección General de Integración y Relaciones Institucionales, que pasa a llamarse Subdirección General de Planificación Estratégica y Fondos Europeos.
En la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, se crean, además del jefe de gabinete técnico, dos nuevas Subdirecciones Generales: la Subdirección General de Objetivos e Indicadores de Inclusión y la Subdirección General de Políticas de Inclusión.
La Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas, se adscribe al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
De la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dependen la Secretaría General Técnica, con rango de dirección general, y cuatro subdirecciones generales.
Estas son la Subdirección General de Gestión Económica y Oficina Presupuestaria, la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de los Servicios, la Subdirección General de Servicios y Coordinación, y la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Estas subdirecciones generales se compensarán con la supresión de subdirecciones generales del extinto Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y que se encuentran temporalmente adscritas a la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La Secretaría General Técnica se estructura en las siguientes subdirecciones generales: la Vicesecretaría General Técnica, la Subdirección General de Coordinación Jurídica, y la Subdirección General de Relaciones Internacionales.
En relación con la gestión temporal de medios y servicios se establece que la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social continuará prestando los servicios comunes al Ministerio de Inclusión, en tanto no se distribuyan sus efectivos, se produzca la integración efectiva de los créditos presupuestarios y los medios materiales y personales, y se definan, en su caso, los términos en los que se prestarán los servicios comunes de ambos ministerios.
Del mismo modo, hasta el 6 de octubre de 2020 y en relación con el régimen de clases pasivas del Estado, seguirán prestando servicios en dicha materia la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa y otros centros de los citados Ministerios que participen en su gestión.
Con esta nueva estructura organizativa se ha tratado de asegurar el funcionamiento operativo del Ministerio, en el marco de la eficiencia y contención que marcan la pauta para el desarrollo organizativo de los restantes departamentos ministeriales.
En términos netos se produce un incremento de 2 Subdirecciones Generales, comparando la estructura propuesta con la que anteriormente tenían las Secretarías de Estado de Migraciones y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, del extinto Ministerio de trabajo, Seguridad Social y Migraciones.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la nueva estructura orgánica del Ministerio de Educación y Formación Profesional de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero.
Los aspectos más destacados de esta norma son los siguientes
I.- La asignación al Ministerio de Educación y Formación Profesional de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de formación profesional del sistema educativo y la de desempleados, de ocupados, incluyendo las convocatorias nacionales y las autonómicas, cuando éstas respondan a formación vinculada a los certificados de profesionalidad, incluida la formación profesional dual del ámbito educativo.
II.- En la Secretaría de Estado de Educación
La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial renueva su estructura ya que unifica en la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, dos Subdirecciones anteriores: la Subdirección de Inspección y el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa.
Se crean la nueva Unidad de Acción Educativa Exterior, con rango de Subdirección general, que asume las funciones de la anterior Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa; y la Subdirección General de Centros, Inspección y Programas.
II.- En la Secretaría General de Formación Profesional, además de asumir las Subdirecciones generales que tenía la anterior configuración como Dirección General, presenta las siguientes novedades.
Añade a su estructura ex novo, además de su gabinete técnico, la nueva Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional.
Se adscribe al Departamento, a través de la Secretaría General de Formación Profesional, el Consejo General de Formación Profesional.
III.- La Subsecretaría de Educación y Formación Profesional añade a las ya existentes una nueva Subdirección, la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera.
IV.- Otro aspecto destacable, es que se regulan una serie de previsiones en relación a la Formación Profesional para el Empleo. Se establece que por resolución conjunta de las Subsecretarías de Educación y Formación Profesional y de Trabajo y Economía Social se arbitrarán las medidas para distribuir las unidades y puestos de trabajo así como los créditos presupuestarios, correspondientes a las competencias del suprimido Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que son asumidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Hasta que se adopten las medidas previstas en el apartado anterior, aquellos órganos o unidades del Ministerio de Trabajo y Economía Social o de sus organismos públicos, con competencias asignadas en materia de formación profesional para el empleo, realizarán estas funciones bajo la dependencia funcional de la Secretaría General de Formación Profesional.
Se prevé también que por los Ministerios de Educación y Formación Profesional, y de Cultura y Deporte, se establecerán los mecanismos de colaboración necesarios para que el Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura desarrolle sus funciones.
En definitiva los cambios estructurales más significativos son consecuencia, fundamentalmente, de la asignación al Ministerio de Educación y Formación Profesional de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de formación profesional del sistema educativo y la de desempleados ,de ocupados, incluyendo las convocatorias nacionales y las autonómicas, cuando éstas respondan a formación vinculada a los certificados de profesionalidad, incluida la formación profesional dual del ámbito educativo
El crecimiento neto de la estructura es de 1 subdirección general.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social hasta el nivel de subdirección general, así como con la definición de las adscripciones y dependencias de los entes públicos en su ámbito.
Las principales novedades en este Real Decreto son las siguientes:
En la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, su estructura se desarrolla con el siguiente contenido destacable:
En la Dirección General de Trabajo la Subdirección General de Relaciones Laborales asume las funciones de la suprimida Subdirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas e Informes sobre Seguridad Social e Inmigración y Emigración.
La Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, sin cambios destacables.
También es una novedad destacable la adscripción a esta Secretaría de Estado de la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, que dependía del extinto Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Subsecretaría de Trabajo y Economía Social:
Esta Subsecretaría ha agrupado en aras de una mayor eficiencia algunas de sus Subdirecciones Generales: Administración Financiera y de la Oficina Presupuestaria, (antes dos subdirecciones generales) la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección General de Servicios (antes dos subdirecciones generales) y mantiene la Oficialía Mayor y la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. De este proceso resulta una supresión neta de dos subdirecciones.
La Secretaría General Técnica se organiza en las siguientes Subdirecciones Generales: la Vicesecretaría General Técnica, la Subdirección General de Relaciones Internacionales e Información Administrativa y la Subdirección General de Informes, Recursos y Publicaciones.
En este ámbito se produce en total una supresión neta de 4 Subdirecciones, como ahora explicamos:
La Subdirección General de Informes, Recursos y Publicaciones, resulta de la agrupación de 3 Subdirecciones. Por tanto hay una supresión neta de 2 Subdirecciones.
Son suprimidas de modo neto, otras 2: La Subdirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas e Informes sobre Seguridad Social e Inmigración y Emigración y la Subdirección General de Informes Socioeconómicos y Documentación.
Asimismo, este Real Decreto normativo modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establecía la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regulaba su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo.
En la misma se establece la adscripción orgánica de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el exterior a este Departamento y la dependencia funcional del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. La necesaria coordinación se llevará a cabo a través de una Comisión Paritaria, a través de la incorporación de un nuevo artículo 2 bis en el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre.
En relación por último a los servicios comunes se prevé que en tanto que, por resolución conjunta de las Subsecretarías de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se arbitren las medidas para distribuir, las unidades y puestos de trabajo inferiores a Subdirección General, el Ministerio de Trabajo y Economía Social continuará prestando los servicios comunes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Este desarrollo organizativo supone en términos netos la supresión de 6 Subdirecciones generales, todas ellas en el ámbito de la Subsecretaría.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la nueva estructura orgánica del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y modifica la del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establecía la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Los aspectos más destacables en el desarrollo de esta estructura orgánica son los siguientes:
I.- En la Secretaría de Estado de Energía, de la misma dependen tanto la Dirección General de Política Energética y Minas como, directamente, la Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía.
En este ámbito la novedad más destacable, es la nueva denominación del anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras que pasa a ser el Organismo Autónomo Instituto para la Transición Justa, al que se confiere en este Real Decreto rango de Dirección General.
Cabe destacar que se modifica el Real Decreto 139/2020, de con el fin de excluir a este Organismos de la exigencia de que su titular ostente la condición de funcionario.
II.- De la Secretaría de Estado de Medio Ambiente dependen:
La Dirección General del Agua, la Oficina Española del Cambio Climático, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la Dirección General de la Costa y el Mar y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.
De esta última depende la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, de nueva creación, pero que no supone crecimiento orgánico ya que se compensa con la supresión de la Subdirección General de Política Forestal, prevista también en este Real Decreto.
Las Subsecretarías para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación, arbitrarán medidas para traspasar al Departamento que analizamos las unidades y puestos de trabajo inferiores a subdirección general, así como los medios materiales adscritos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la extinta Subdirección General de Política Forestal, necesarios para el ejercicio de la política forestal.
La competencia para la gestión del Convenio CITES recae en el MITERD si bien hasta que se modifique el RD 1739/1997 seguirá ejerciendo sus funciones de autoridad administrativa la DG de Política Comercial y Competitividad.
III.- La nueva Secretaría General para el Reto Demográfico, cuenta con un Gabinete Técnico como órgano de apoyo y asistencia inmediata, que tendrá nivel orgánico de subdirección general. Asimismo se incluye en su estructura:
La Dirección General de Políticas contra la Despoblación, de la que dependerán la Subdirección General de Análisis, Planificación y Coordinación y la Subdirección General de Iniciativas.
Estos órganos inferiores a Dirección General son de nueva creación.
Por resolución conjunta de las Subsecretarías para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Política Territorial y Función Pública, se arbitrarán las medidas precisas para distribuir, las unidades y puestos de trabajo inferiores a subdirección general adscritos al extinto Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico.
IV.- La Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presenta una estructura sin incremento organizativo.
Se establece que corresponde transitoriamente a la Subsecretaría la supervisión de los Servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea hasta en tanto se apruebe el régimen de adscripción orgánica definitiva de tales funciones a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En definitiva esta norma tiene como finalidad dotar a este Ministerio de la estructura necesaria, adecuando su organización a los requisitos de las políticas públicas cuya promoción le incumbe y a la vigente estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales.
Este Real Decreto supone un crecimiento neto de 2 Subdirecciones Generales en la SG de Reto Demográfico y la creación de una Dirección General.

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 

REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 129
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto