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Timestamp: 2019-07-21 21:28:25+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 86, de 04/05/2012
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados.
161/000547 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre regulación por Ley de la obligación del Jefe del Estado de comunicar oficialmente al Gobierno, con la antelación suficiente, cualquier viaje del Rey fuera del territorio nacional ... (Página10)
161/000564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura ... (Página10)
161/000556 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al impulso ante la UE de la creación de una Comisión de Investigación Internacional sobre la situación de los presos palestinos ... (Página13)
161/000558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la prohibición del uso de pelotas de goma como material antidisturbios ... (Página13)
161/000561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para la promoción y uso del valenciano entre los agentes del orden de la Comunitat Valenciana ... (Página14)
161/000563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Observatorio de la vida militar ... (Página14)
161/000555 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la emisión de Hispanobonos ... (Página15)
161/000553 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la presencia de Federaciones deportivas nacionales en el seno de las diferentes Federaciones internacionales ... (Página16)
161/000560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad profesional o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a su situación de pluriactividad ... (Página17)
161/000562 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el régimen de los trabajadores temporales de colaboración social ... (Página18)
161/000552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación de un corredor ecológico marítimo entre Donosti y Biarritz ... (Página20)
161/000548 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el recorte adicional de 7.000 millones de euros en la sanidad pública ... (Página20)
161/000549 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre demolición del hotel Algarrobico y restauración de la playa en el término municipal de Carboneras (Almería) ... (Página21)
161/000551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación interautonómica de los cribados ... (Página22)
161/000554 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la hospitalización domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud en los supuestos en los que resulte recomendable desde el punto de vista sanitario y social ... (Página23)
161/000550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la contribución española para garantizar el acceso universal a la salud y la protección social en países con recursos limitados ... (Página23)
161/000559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Observatorio de la Imagen de las Mujeres ... (Página25)
181/000245 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre alcance de la reforma del Código Penal que se plantea el Gobierno ... (Página26)
181/000246 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre explicación de lo que entiende el Gobierno por convocatoria de actos violentos ... (Página26)
181/000247 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de las palabras del Sr. Beteta de olvidarse "del cafelito y de leer los periódicos" en relación a los funcionarios ... (Página26)
181/000242 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre previsiones acerca de hacer alguna gestión relacionada con el proceso de deslocalización de la multinacional UNILEVER, que supondrá el cierre de su factoría en Aranjuez y la pérdida de cerca de 400 puestos de trabajo ... (Página26)
181/000248 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre previsiones del Gobierno en relación con el programa de Desarrollo Rural Sostenible ... (Página26)
181/000243 Pregunta formulada por el Diputado don Guillem García Gasulla (GS), sobre valoración de la introducción de un pago de 10 euros por la renovación u obtención de la tarjeta sanitaria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ... (Página27)
181/000249 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre previsiones acerca de establecer el copago por acto médico ... (Página27)
181/000250 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre motivos por los que se ha abierto expediente a los cuatro laboratorios farmacéuticos que firmaron los contratos resultantes de la subasta de medicamentos en Andalucía ... (Página27)
181/000244 Pregunta formulada por el Diputado don Pablo Martín Peré (GS), sobre opinión del Gobierno acerca del incumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que se está llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ... (Página27)
181/000241 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD), sobre modificaciones para impulsar el reconocimiento legal de la figura del asistente personal potenciando la creación de oficinas de vida independiente sin ánimo de lucro ... (Página27)
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2012.- P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para regular por Ley la obligación del Jefe del Estado de comunicar oficialmente al Gobierno, con la antelación suficiente, cualquier viaje del Rey fuera del territorio nacional, para su debate en la Comisión de Justicia.
El reciente viaje del Rey a Botsuana para participar en la cacería de elefantes en la que sufrió un grave accidente, ha puesto de relieve el vacío legislativo existente en nuestro país, en cuanto a la falta de regulación de los viajes del Jefe del Estado, tanto de carácter oficial como privado.
Por todo ello, teniendo en cuenta el derecho internacional comparado y las legislaciones vigentes en la materia en otros Estados democráticos de nuestro entorno, se presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un Proyecto de Ley que se obligue al Jefe del Estado a comunicar oficialmente al Gobierno, con el suficiente plazo de antelación, su intención de viajar fuera del territorio nacional, tanto en viajes oficiales como en viajes privados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000564
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, para su debate en la Comisión Constitucional.
"En 1978 quizá no era razonable (o simplemente era imposible) desenterrar a los muertos; en 2012 es un espanto que sigan enterrados..." (Javier Cercas)
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, entró en vigor hace algo más de 4 años. El grado de cumplimiento con los mandatos de desarrollo y aplicación de la norma a lo largo de la pasada legislatura, se puede calificar como muy alto.
- Casi 200.000 personas han adquirido la nacionalidad española como descendientes de españoles exiliados;
- Se han realizado casi 6.000 exhumaciones, en casi 300 fosas; en un trabajo que sigue abierto;
- Más de 2.400 Niños de la Guerra han visto reconocida una prestación económica. En algunos casos, son pensiones que les han devuelto a la dignidad y a la supervivencia.
- El Ministerio de Justicia ha publicado un Mapa de Fosas al que se han incorporado 2.318 lugares con
sus respectivas historias documentales, que permiten identificar los restos de "los desaparecidos" en la represión franquista después de la guerra;
- 833 proyectos de asociaciones vinculados a Memoria Histórica han sido subvencionados con 25 millones de euros desde 2006, para ayudar a la exhumación de restos, a la recuperación de documentos, para homenajear o rememorar hechos históricos de aquella época, etc.;
- Se han reconocido más de 1.300 Declaraciones de reparación y reconocimiento personal expedidas por el Ministerio de Justicia, por padecer persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, entre los que destacan, como casos más conocidos, el de Lluis Companys y el de Miguel Hernández;
- Más de 1.100 familiares de víctimas de la Guerra Civil han visto mejoradas las prestaciones de pensiones y asistencia médico-farmacéutica;
- 382 personas se han beneficiado de la exención en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a favor de quienes sufrieron privación de libertad, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía;
- 104 personas han recibido indemnización por haber sido objeto de internamiento por su condición de homosexuales en aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes o de Peligrosidad Social;
- Casi 90 personas a las que se han concedido indemnizaciones por haber sufrido prisión tras la Guerra, que no pudieron acreditar esa actuación, con arreglo a la ley anterior;
- Casi 50 indemnizaciones reconocidas a personas fallecidas o con lesiones incapacitantes en defensa de la democracia en el tardofranquismo (1968 a 1977);
- 22 brigadistas internacionales, que dieron o arriesgaron su vida para hacer frente al fascismo, a los que se ha concedido la nacionalidad española...
Además se han retirado centenares de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado. Se ha creado el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca (RO 697/2007). Y el Ministerio de Cultura creó el Portal de Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo.
El Gobierno socialista trabajó en el desarrollo de esta ley hasta el final. De hecho en el último medio año se puso a disposición de los ciudadanos el Portal de la Memoria, fue publicado el Protocolo de Exhumación de Fosas, Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, y, en el último Consejo de Ministros, dentro del Decreto del Sistema Español de Archivos, se aprobó un procedimiento para el acceso a archivos, que incluye también los archivos históricos, lo que facilitará enormemente, el acceso a información y a acreditaciones de los penosos sucesos que tuvieron lugar en el período posterior a la tragedia de la Guerra Civil.
El pasado día 27 de febrero, el Tribunal Supremo dictó la sentencia n.º 101/2012 en la que se absuelve al Juez Baltasar Garzón en el asunto popularmente conocido como el de las Fosas del Franquismo. En esa sentencia, el Tribunal hace una serie de consideraciones sustentando la absolución -en esencia- en la existencia de una causa justa, erróneamente enjuiciada. ¿Cuál es la causa justa que reiteradamente declara la sentencia? Que los familiares de los desaparecidos tienen todo el derecho a conocer la verdad y a recuperar los restos de sus seres queridos, fusilados y enterrados en fosas comunes, muchas veces en lugares desconocidos a los que no se ha podido acceder durante décadas.
"Más bien se pretendía, mediante la demanda de tutela judicial la satisfacción del derecho a saber las circunstancias en las que el familiar respectivo falleció, en la manera en que se han desarrollado estos denominados juicios de la verdad en otras latitudes. Esa pretensión de las víctimas, aunque razonable, no puede ser dispensada por el sistema penal, pues no es el medio que el legislador ha dispuesto para atender esas legítimas pretensiones."
"La búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria. Corresponde al Estado a través de otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores. Pero no corresponde al juez de instrucción..."
"Los testimonios oídos en el juicio oral narraron los sentimientos de los familiares de los desaparecidos, el silencio que imperaba en los familiares al no poder hablar sobre los hechos acaecidos, incluso de la vergüenza padecida y lo horrible de la comparación entre la suerte de unos fallecidos y la de otros."
"La Ley de Amnistía, Ley 46/1977 de 15 de octubre, ley aprobada por el primer Parlamento democrático, acabada la dictadura, lo fue por una amplísima mayoría, más del 90 por ciento de los Diputados. Desde
la ley de amnistía y con apoyo en ella, el ordenamiento español se ha dotado de más de 20 disposiciones con rango de ley, Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, a través de los que se han acometido importantes reparaciones económicas y, de otro orden, a las víctimas de la guerra civil del bando republicano (restitución de escalafones, reconocimientos económicos, restitución de bienes, concesión de nacionalidad a descendientes de exiliados, etc.), tendentes a reparar materialmente los efectos de la guerra civil y del franquismo."
"Es preciso exponer, siquiera sea sistemáticamente el presupuesto de hecho sobre el que actuó el magistrado imputado. Para un mejor examen haremos referencia al Informe General de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo de 28 de julio de 2006. La Comisión fue creada por Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, con el antecedente de la proposición no de ley aprobada por la unanimidad del Congreso de los Diputados que adoptó el siguiente pronunciamiento: "El Congreso de los Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleven a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones, evitando en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o remover rescoldos de la confrontación civil"."
Por otro lado, mediante Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, el Consejo de Ministros decidió, al aprobar la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, la supresión de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, que, desde 2008, se ha mostrado como un instrumento institucional fundamental para coordinar los trabajos que desde el Gobierno se han llevado a cabo en materia de aplicación de la Ley 52/2007 y, en especial, en materia de localización y exhumación de fosas.
Además, esta oficina está llamada a dar cumplimiento a la disposición adicional tercera de la mencionada Ley, que establece como política pública la conservación y fomento de la memoria democrática. Resulta imprescindible su restitución o, en caso de decisión en contrario, articular un marco institucional suficiente para dar cumplimiento a esta norma legal.
Es por todo lo anterior que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
2. Mantener el programa de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales y Asociaciones de Memoria Histórica para apoyar los proyectos destinados a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo (Orden PRE/809/2011, de 4 de abril), y, en particular, seguir ayudando a los familiares de víctimas de la guerra y de la represión franquista para facilitarles la localización y la exhumación de fosas, de acuerdo con el Protocolo de Exhumaciones aprobado por el Gobierno. Es un ejercicio de dignificación y de memoria que nos hace progresar moralmente como sociedad.
3. Recuperar, en consecuencia, la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, creada en 2008, con el objeto de coordinar e impulsar los trabajos de aplicación de la Ley 52/2007, en especial en materia de localización y exhumación de fosas y elaboración del mapa de fosas, e informar de todo ello a las víctimas o, establecer en su lugar, otro marco institucional adecuado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la citada Ley, en orden a dar impulso a las políticas públicas de conservación y fomento de la memoria democrática."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2012.-Ramón Jáuregui Atondo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000556
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que el Gobierno español impulse ante la UE la creación de una Comisión de Investigación Internacional sobre la situación de los presos palestinos, para su debate en Comisión.
Como cada año, el 17 de abril, el Pueblo Palestino conmemora el Día del Prisionero Palestino. Este día es de vital importancia en el calendario nacional palestino, debido a la gravedad de la cuestión de las detenciones en todos los sectores de la población Palestina bajo la ocupación israelí.
Aproximadamente 4.700 palestinos (entre ellos niños y mujeres) permanecen detenidos en cárceles, centros y campos militares israelíes en durísimas condiciones, donde un gran número de ellos están privados de sus derechos humanos y necesidades básicas, como el derecho a ser visitados. Se encuentran en un régimen de aislamiento con detenciones administrativas, sin haber sido juzgados y sin cumplir los más básicos derechos y necesidades humanitarias como cuidados médicos y educación. Algunos de los prisioneros fueron detenidos antes de los Acuerdos de Oslo de 1993.
La política de mano de hierro que el gobierno israelí está ejerciendo sobre estos prisioneros, especialmente después de la declaración de la huelga de hambre, vulnera todos sus derechos.
Los pasos que ha dado la Comunidad Internacional no son suficientes, es necesario avanzar y adoptar medidas como la creación de una Comisión de Investigación Internacional sobre la situación de estos prisioneros en cárceles israelíes, es preciso adoptar medidas de presión para que el Gobierno de Israel respete el Derecho Internacional y las Convenciones de Ginebra relativas a los detenidos, para que se elimine la detención administrativa y les otorgue la libertad.
- Realizar las gestiones necesarias ante la UE y los organismos internacionales para que se proceda a la creación de una Comisión de Investigación Internacional sobre la situación de los presos palestinos prisioneros en cárceles israelíes.
- Dirigirse al Gobierno de Israel para demandarle que respete el Derecho Internacional y las Convenciones de Ginebra relativas a los detenidos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000558
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la prohibición del uso de pelotas de goma como material antidisturbios, para su debate en Comisión.
Los hechos acaecidos recientemente en el País Vasco como consecuencia de la utilización de pelotas de goma por parte de ciertas unidades de la Ertzaintza, que han desembocado en la muerte del joven de 28 años lñigo Cabacas, han dejado al descubierto que este medio reactivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no es el más adecuado en los protocolos de actuación de antidisturbios y cabe su retirada de las dotaciones policiales.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizo la siguiente
"Que el Ministerio del Interior dicte las instrucciones necesarias para que las pelotas de goma utilizadas en el armamento y material antidisturbios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, deje de ser una dotación que forme parte del equipamiento policial por ser perjudicial y altamente peligrosa para la integridad física de las personas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000561
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre medidas para la promoción y uso del valenciano entre los agentes del orden de la Comunidad Autónoma Valenciana, para su debate en Comisión.
En los últimos años, muchos son los problemas que tienen algunos ciudadanos y ciudadanas del territorio valenciano al ser discriminados y, en algunos casos, menospreciados, denunciados e intimidados por querer usar con agentes del orden su lengua vernácula.
Como bien establece el Estatuto de Autonomía, la Ley de Enseñanza y Uso del Valenciano y la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a dirigirse y a ser atendidos en valenciano, sin que esto sea motivo de discriminación.
Por otra parte, y dentro de la acertada cultura de evaluar la calidad de atención a los ciudadanos por parte de los servicios públicos, sería conveniente que el Gobierno incorporara entre los criterios el conocimiento y uso del valenciano de los agentes del orden dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Valenciana.
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio del Interior a poner en marcha una evaluación sobre el grado de conocimiento del valenciano de los componentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que prestan su servicio en la Comunitat Valenciana.
Del mismo modo, el Congreso de los Diputados insta al Ministerio del Interior a que, con la colaboración del Gobierno Valenciano, fomente el respeto, la enseñanza, comprensión y expresión en valenciano de los efectivos policiales, con el fin de mejorar la calidad asistencial y acabar con los conflictos lingüísticos existentes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el Observatorio de la vida militar para su debate ante la Comisión de Defensa.
La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, crea el Observatorio de la vida militar como órgano colegiado de carácter asesor y consultivo, adscrito a las Cortes Generales, para el análisis permanente de la condición de militar. Sus funciones son analizar aquellas cuestiones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y fomentar aquellas actuaciones que coadyuven a la mejor regulación de la citada condición militar.
En la disposición final décima de la Ley Orgánica se señala que el Observatorio deberá estar constituido en el plazo de seis meses a partir del día 1 de octubre de 2011, fecha de su entrada en vigor, que se ha incumplido. No se trata de entrar en las razones, algunas evidentes, que justifican ese retraso pero si de poner en marcha iniciativas para que, con una ampliación de tres meses, se pueda dar cumplimiento al mandato.
A este respecto es necesario que los Grupos Parlamentarios asuman públicamente el compromiso, que el Grupo proponente defiende, de proceder a la elección de los miembros del Observatorio en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso que finaliza el 30 de junio.
Dicha designación es condición necesaria pero no suficiente. Para que el Observatorio inicie sus actividades es imprescindible que por el Gobierno se dé adecuado cumplimiento a las disposiciones legales en la materia, especialmente al artículo 53.2 (proporcionar sede y apoyo administrativo) y 56.2 (determinación reglamentaria del régimen de funcionamiento del Observatorio, estatuto de sus miembros y composición y funciones del órgano de trabajo) de la Ley Orgánica 9/2011.
Se considera que los análisis y evaluaciones que debe efectuar el Observatorio, según el acuerdo alcanzado la pasada legislatura y que quedaron recogidos en la disposición final undécima, son esenciales para que una vez presentados ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, ésta pueda emitir dictamen sobre su contenido con las recomendaciones que se estimen oportunas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proporcionar al Observatorio de la vida militar, creado por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, la sede y el apoyo administrativo necesarios para su funcionamiento. A tal efecto se adoptarán las medidas normativas y de dotación de medios personales, materiales y de infraestructura para que, una vez elegidos sus miembros por el Congreso de los Diputados y el Senado, el Observatorio pueda iniciar su funcionamiento el 1 de julio del presente año 2012."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2012.-Diego López Garrido, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000555
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación con la emisión de Hispanobonos, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Los mercados financieros internacionales atraviesan actualmente una difícil coyuntura, caracterizados entre otros factores, por la crisis de la deuda soberana europea, que ha generado una desconfianza generalizada de los inversores hacia el riesgo europeo denominado "periférico". Esta tendencia se ha visto profundamente agravada en los últimos meses, por los efectos que la reforma financiera y las exigencias de solvencia realizadas a las entidades de crédito nacionales, están teniendo en los balances de las mismas.
Esta creciente aversión al riesgo no se ha transmitido de igual manera a todos los tipos de emisores, afectando particularmente al riesgo subsoberano público español, en el que se encuadran las Comunidades Autónomas. Para ellas se ha producido, en paralelo al proceso que experimentaban de bajada de sus calificaciones crediticias por parte de las agencias de rating, una ausencia prácticamente total del crédito y un incremento exponencial de los costes de financiación que amenaza con hipotecar su futuro financiero.
Frente a lo que sucede a las Comunidades Autónomas, el Estado a través del Tesoro, sí mantiene actualmente abiertos sus canales de acceso a los mercados financieros. Siendo así, el Estado debe afrontar su responsabilidad y adoptar, sin más tardanza, las medidas que sean necesarias para garantizar la financiación autonómica, evitando los graves perjuicios que el no hacerlo podría tener, tanto para el bienestar de los ciudadanos, que podrían ver afectada la prestación de servicios básicos, como por las repercusiones que un problema de liquidez de alguna comunidad pudiera tener para el conjunto del riesgo español.
Tales medidas pueden concretarse bien mediante la adopción por parte del Estado de instrumentos como los denominados Hispanobonos (emitidos por el Tesoro) o la concesión de avales por parte del Estado para las emisiones públicas de las Comunidades Autónomas, como a través de la concesión directa a las comunidades de préstamos por parte del Tesoro o del ICO.
La implantación de cualquiera de estas medidas propiciaría un sustancial ahorro financiero a las Comunidades Autónomas y evidenciaría la plasmación práctica del principio de solidaridad entre todas las Administraciones Públicas. La instrumentación además de los llamados Hispanobonos, constituiría, por último, un precedente para conseguir hacer realidad la reivindicación de muchos países europeos, incluido España, para la futura emisión de los Eurobonos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de medidas que permitan a las Comunidades Autónomas llevar a cabo las emisiones de deuda pública que tengan autorizadas consiguiendo el mayor ahorro financiero posible, y la consiguiente mejora de la valoración del riesgo de sus emisiones de deuda pública. Este ahorro contribuiría de forma importante a la consecución de los objetivos de estabilidad fijados para las Comunidades Autónomas y el Estado, y se podría obtener, entre otras medidas, mediante:
- La emisión de Hispanobonos por el Tesoro Público.
- La prestación de avales a la emisión de deuda pública de las Comunidades Autónomas.
- Concesión de préstamos directamente por el Tesoro Público o del ICO a las Comunidades Autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate en Comisión de Educación y Deporte la siguiente Proposición no de Ley sobre la presencia de Federaciones deportivas nacionales en el seno de las diferentes Federaciones internacionales.
Resulta paradójico ver que el texto constitucional, en el reparto competencial, oferta a las diferentes Comunidades Autónomas la posibilidad de arrogarse la competencia sobre el deporte, y en ese sentido tanto Catalunya, Galiza, como la Euskal Herria peninsular, en sus respectivos Estatutos asumieron la citada competencia sobre deporte con carácter de exclusividad, sin embargo, la práctica desplegada por el Estado Español viene a contradecir la letra de la propia Constitución, toda vez que no reconoce, permite, ni tolera, la presencia, convivencia, de las Federaciones deportivas Vasca, Gallega y Catalana, junto con la Federación Española, en el seno de las Federaciones internacionales.
Así, nos encontramos con que, a nivel interno, el Gobierno del Estado, vía Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, obtuvo la suspensión del artículo 16.6 de la Ley del Deporte del País Vasco, suspensión esta que se mantiene en estos catorce años, por no haber resuelto el Tribunal Constitucional el citado Recurso desde el año 1998 hasta la fecha.
Asimismo, a nivel externo, el Gobierno Español está actuando tanto por la vía diplomática directa, como a través de organismos autónomos de carácter administrativo, así como por vía federativa, para lograr modificaciones de Estatutos de Federaciones deportivas internacionales e impedir así la presencia de Federaciones Vascas, Catalanas y Gallegas en el seno de las mismas.
Aun así, la labor que viene desplegando el Estado tiene un alcance realmente limitado, toda vez que, siendo las Federaciones internacionales organismos de carácter netamente privado, con sede -y por tanto jurisdicción- fuera del territorio español, la legislación estatal no les vincula en absoluto. La intencionada, o no, demora en la resolución del anteriormente expuesto Recurso de Inconstitucionalidad, y la incongruente actitud de los diferentes Gobiernos Españoles respecto del texto constitucional, ha ocasionado en primer lugar, la anulación parcial de los Estatutos de un buen número de Federaciones Vascas, y en segundo lugar, una enorme desazón social en el ámbito deportivo por la inseguridad jurídica en que los y las deportistas vascos/as, gallegos/as y catalanes/as respecto de las competiciones internacionales.
Resulta evidente que todo se reduce a una cuestión de madurez democrática, para tolerar la presencia y la actuación oficial, en el ámbito internacional de deportistas que, de momento comparten estado pero no nacionalidad, compitiendo bajo el pabellón por el que, de mejor grado ellos/as se sienten representados/as.
La realidad confirma que, a pesar de los esfuerzos desplegados por delegaciones gubernamentales, fundamentalmente españolas y francesas, por vetar e impedir la entrada y presencia de Federaciones de Naciones sin Estado en Federaciones internacionales, y por encima de textos estatutarios modificados ad hoc, se cuentan por decenas estas Federaciones de Naciones que, careciendo de estado, pueden competir de igual a igual contra los combinados españoles, franceses, alemanes o de cualquier otro estado. Es el caso de Irlanda del Norte, Escocia, Gales, Islas Feroe, Groenlandia, Gibraltar, Palestina, Québec, Tahiti, Hong-Kong, etc.
En este sentido es reseñable la trascendencia de la Resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre la admisión de la Federación Catalana en la Federación Internacional de Bowling, como miembro de pleno derecho.
Desde un criterio de transigencia democrática, la lógica inferencia directa de la oferta constitucional de asunción de la competencia exclusiva del deporte, debería de ser la tolerancia y permisividad -cuando no la facilitación, vehiculización o/y aval- para garantizar la presencia de Federaciones Vascas, Catalanas y Gallegas en ámbitos federativos internacionales. La realidad sin embargo nos está demostrando que la actitud imperante -también en este ámbito- es la apuesta jacobina y uniformizadora, negadora de los derechos deportivos individuales y colectivos de los/as deportistas vascos/as, gallegos/as y catalanes/as para poder competir con su propia selección.
Solamente desde ese punto de vista se puede entender, por un lado, la constante interposición de trabas normativas para impedir la presencia de Federaciones Vascas, Gallegas y Catalanas en ámbitos internacionales y, por otro, la obligatoriedad de competir con la selección española de todos y todas los/as deportistas federados/as, so pena de sanción, que, en su caso puede llegar hasta la pérdida de la licencia.
Remarcamos la importancia de escuchar la valoración que se hace desde los agentes sociales (que son una buena muestra para conocer la opinión de la ciudadanía) y poder dotar a los y las diputadas de todos los argumentos posibles y necesarios para forjarnos una opinión contrastada.
Por ello, en el plazo más breve posible, se debiera garantizar la comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte de los agentes sociales ESAIT, plataforma pro-selecciones catalanas y xiareiros galegos.
1. Retirar el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto frente a la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco, y a reconocer en consecuencia que, "La federación vasca de cada modalidad deportiva será la única representante del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional. Las federaciones vascas deberán fomentar e instrumentar la participación de sus selecciones deportivas en actividades y competiciones deportivas estatales e internacionales".
2. En consonancia con el criterio de distribución competencial establecido en la Constitución, facilitar mediante el Consejo Superior de Deportes o/y las Federaciones estatales de las diferentes modalidades deportivas, la modificación de los Estatutos de las diferentes Federaciones Internacionales, para obtener y garantizar la presencia y permanencia, con plenitud de derechos, de las Federaciones deportivas Vascas y Catalanas en dichas Federaciones.
3. De manera transitoria, y hasta que tenga lugar la modificación estatutaria instada en el punto anterior, o en su caso, hasta obtener la creación de Estado exigido en dichos Estatutos, avalar a las Federaciones Vascas y Catalanas de las modalidades deportivas que así lo soliciten, para obtener y garantizar la presencia y permanencia, con plenitud de derechos, de sus correspondientes Federaciones internacionales.
4. Reconocer a los/las deportistas vascos/as y catalanes/as la libre opción para que puedan participar a nivel internacional con la selección estatal o nacional, que ellos/ellas expresamente elijan, eliminando así las posibles sanciones actualmente vigentes por no acudir a convocatoria de la selección española.
5. La modificación de los artículos 8, 32, 33, 47 y 76 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en el sentido expuesto en la presente proposición."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2012. -Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000560
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo a aquellos trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad profesional o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a su situación de pluriactividad, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
En la actualidad se encuentran dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) un total de 3.050.798 trabajadores por cuenta propia, que han sido los que más han sufrido los efectos de la crisis. En total casi 340.000 autónomos se han dado de baja en este régimen especial de la Seguridad Social desde el primer trimestre de 2008.
Los últimos datos muestran una evolución más positiva, ya que en los últimos dos meses se ha registrado un incremento en la afiliación de 9.502 autónomos, en especial en los sectores de la hostelería y del comercio.
En este escenario ha de tenerse en cuenta la importancia del trabajo autónomo como palanca de cambio en la salida de la crisis y en la creación de empleo en España, toda vez que el 12 % del total de los autónomos tienen trabajadores asalariados a su cargo y que, junto con las empresas de menos de 50 trabajadores, conforman más del 95 % del tejido productivo.
Además, más de 86.000 autónomos se encuentran en situación de pluriactividad, es decir, compatibilizan un empleo por cuenta ajena en jornada ordinaria con el desarrollo de otras actividades profesionales o económicas en períodos de tiempo más reducidos. Estos trabajadores se encuentran dados de alta de forma simultánea en el régimen general y en el RETA.
En el contexto actual, y para reforzar la tendencia de los últimos dos meses, se hace necesaria la puesta en marcha de medidas que flexibilicen las condiciones de cotización de los trabajadores autónomos en situación de pluriactividad con el doble objetivo de incentivar el inicio y la cotización de actividades emprendedoras, lo que podría traducirse en la generación de más puestos de trabajo; y, en segundo lugar, evitar la pérdida de más cotizantes en el régimen especial del RETA.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, a la mayor brevedad posible, medidas de apoyo a aquellos trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad profesional o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al Régi
men Especial de Trabajadores Autónomos a su situación de pluriactividad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2012. -Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000562
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el régimen de los trabajadores temporales de colaboración social, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El desempleo es la mayor preocupación de los españoles, consecuencia deplorable de la crisis económica producida por la arbitrariedad voraz de los mercados y la ausencia de controles gubernamentales. Como ha sucedido siempre, los períodos de depresión azotan especialmente a la clase trabajadora -entendida ésta en su acepción más general- arrojando entre uno de sus resultados más característicos la destrucción incontrolada de puestos de trabajo.
En una situación como la actual, la pérdida de ingresos de las Administraciones Públicas agrava este escenario conduciendo de modo injusto a la limitación o desaparición de las coberturas sociales de aquellos que padecen esa lacra; es decir, al oprobio del paro, a la desesperación de su padecimiento, se acompaña la desprotección social, renunciando nuestro Estado a su naturaleza Social.
Tales circunstancias de falta de empleo y disminución de las medidas de protección del Estado de Bienestar se confabulan a veces con los sectores más desfavorecidos: los parados de larga duración y, entre este colectivo, sobre aquellos que rebasan los cincuenta años.
En estos supuestos, a la difícil inserción en el mercado laboral, que de una forma atroz rechaza y prescinde del conocimiento y experiencia de ese colectivo en aras a la disminución de los costes laborales inherentes a su mantenimiento en plantilla, se une en muchas ocasiones el agotamiento de la prestación por desempleo, que se termina sustituyendo por una compensación económica exigua y que, además, en el camino final hacia su jubilación, perjudica y minora este derecho irreversiblemente.
El panorama descrito se ha visto agravado por las sucesivas reformas instigadas por los gobiernos con el sedicente ánimo de satisfacer a las fuerzas económicas, en un esfuerzo incompresible y antisocial que puede acabar cercenando, quizá de modo definitivo, nuestro sistema de previsión social.
Existe un colectivo particularmente agredido y perjudicado, cual es el de los trabajadores que quedan bajo el amparo de los artículos 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, sobre Medidas de Fomento del Empleo, con las modificaciones operadas por el Real Decreto 1809/1986, de 28 de junio, que regulan los trabajos de colaboración social.
En virtud de esta figura, las Administraciones Públicas pueden utilizar trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo sin pérdida para éstos de las cantidades que en tal concepto vinieran percibiendo, en trabajos de colaboración temporal que cumplan los siguientes requisitos:
b) Que la duración máxima del trabajo sea la que le falta al trabajador por percibir la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiera reconocido.
Mediante este mecanismo, articulado en abstracto sobre una motivación legítima, los trabajadores que participan en la realización de obras, trabajos o servicios referidos, tienen derecho a percibir con cargo al INEM la correspondiente prestación o subsidio por desempleo.
Por su parte, las Administraciones Públicas completan, mientras realicen tales trabajos, la prestación o subsidio hasta el importe total de la base reguladora para el cálculo de la prestación contributiva que estuviere percibiendo o que hubiera agotado antes de percibir el subsidio. En todo caso, se garantiza el cien por cien del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, pero se prescinde de dotar a esta figura de cualquier otro tipo de cobertura o beneficio social.
Siendo loable el propósito de esta modalidad de colaboración, sin embargo, como en tantas otras ocasiones, la práctica ha pervertido esta figura desvirtuando su contenido y finalidad. En verdad, resulta un hecho público y notorio que las Administraciones Públicas han venido empleando este método de colaboración quizá excesivamente, ampliando y extendiendo temporalmente su dedicación, así como dotando a las tareas desarrolladas de los perfiles propios de una plaza de las propias de su plantilla de trabajadores.
Pese al desarrollo y ejercicio por parte de los colaboradores de un verdadero trabajo y, por lo tanto, adscritos a un puesto de trabajo cierto, recogido en la correspondiente relación, los derechos que nuestro ordenamiento reconoce y atribuye a esta condición son desconocidos e ignorados en tales casos, en detrimento de sus derechos más básicos.
Y es que, ceñida estrictamente esta colaboración a lo señalado en el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, sobre Medidas de Fomento del Empleo, las Administraciones Públicas para las que se realizan trabajos de colaboración social mediante los servicios prestados por trabajadores desempleados, deberán ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social únicamente las cuotas correspondientes por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En definitiva, existe un colectivo importante de trabajadores que, desempeñando funciones propias de un puesto de trabajo en una Administración Pública, se encuentra en una situación de ilegalidad, desamparados y abandonados a la incertidumbre de esa colaboración, sin conocer su extensión en el tiempo, sus condiciones futuras, etc.
Además, este colectivo, dadas las circunstancias personales que caracterizan a los trabajadores condenados a su pertenencia al mismo, carece de los recursos y de toda posibilidad de queja en la mayor parte de los supuestos, pues al menos con esta solución se les garantizan unos ingresos que de otro modo no percibirían, a pesar de que los mismos ni se incrementan en años sucesivos, ni sirven a los fines del mantenimiento de su derecho a una pensión digna. No parece admisible que una figura creada para su protección, termine constituyendo, por obligada precaución, cuando no miedo, la herramienta para una contratación cautiva.
Es cierto que el artículo 1, párrafo tercero, letra a), del Estatuto de los Trabajadores excluye del régimen laboral las relaciones del personal de las Administraciones Públicas que se regulen por normas de Derecho Administrativo. Pero ello no es óbice para que la doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1999 y 29 de septiembre de 1989) sostenga que si bien esta exclusión permite en principio romper la presunción de laboralidad de las relaciones de servicios establecida en el artículo 8, párrafo primero, del propio Estatuto de los Trabajadores, cabe la "excepción de la excepción" cuando la contratación administrativa se ha efectuado con flagrante desviación del cauce legal previsto, esto es, cuando el convenio de colaboración social consiste, en puridad, en la prestación de servicios genéricos sin sustantividad propia.
La evidencia de que las tareas realizadas por un trabajador pueden ser encuadradas en el marco de la actividad administrativa general y ordinaria de una Administración Pública, sin que exista obra o servicio concreto con autonomía y sustantividad propia que pueda actuar como objeto de un contrato de trabajo temporal, impone que la figura de colaboración regulada en el Real Decreto 1445/1982, deba configurarse de un modo diverso.
Esta evidencia, sin embargo, no ha concitado pronunciamientos judiciales unánimes cuando se ha sometido a su criterio supuestos que, en puridad, sí son iguales; circunstancia que hace más acuciante la necesidad de acometer los cambios normativos que sean precisos.
No pretende la presente iniciativa vedar a la Administración el recurso a los trabajos de colaboración social para dar cobertura a funciones que pudieran considerarse normales y que el personal adscrito viniera desarrollando a través de una vinculación laboral. Pero, ante el hecho manifiesto de que estos convenios de colaboración se vienen empleando de este modo, respondiendo a necesidades reales del sector público y, asimismo, constatando la injusticia flagrante de su configuración jurídica actual, la promoción de los cambios normativos oportunos para dotar del contenido adecuado a esta figura es necesaria.
Y es que siendo laborales los servicios prestados bajo la cobertura formal de trabajos de colaboración social, ha de auspiciarse una modificación de la norma que transforme y reconduzca esa colaboración a una relación laboral congruente con su realidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar en el plazo de tres meses la regulación vigente de los trabajos temporales de colaboración social prevista en los artículos 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo, así como la normativa precisa de modo que los mismos queden sometidos a las siguientes reglas y principios:
1. Su inclusión en el ámbito regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, mediante su equiparación a la situación de los trabajadores que voluntariamente prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.
2. Su inclusión plena en el ámbito de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social articulando los mecanismos de cotización a cargo de la Administración Pública que requiera el trabajo temporal de colaboración social, de modo que se garantice el mantenimiento de los derechos a una prestación contributiva de la Seguridad Social para el trabajador en términos congruentes y adecuados a los derechos que hubiera devengado con anterioridad a su situación de desempleo.
3. La aprobación de medidas compensatorias para aquellos trabajadores que hubieran estado sometidos a esta contratación de trabajo temporal de colaboración social y que, como consecuencia de la misma, no se les hubieran reconocido los derechos consustanciales a su condición de trabajadores durante ese período, en evitación del perjuicio que acarrea sobre sus derechos
sociales la situación existente y, en especial, sobre su pensión de jubilación y prestaciones análogas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000552
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un corredor ecológico marítimo entre Donosti y Biarritz, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las asociaciones OCEANA y COBE (Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi) han investigado conjuntamente las costas y fondos marítimos de Ulia y Jaizkibel (Gipuzkoa). De las investigaciones realizadas han concluido que las 13.000 hectáreas entre Ulia y Jaizkibel conforman una zona de gran interés desde el punto de vista de la naturaleza. Por ello, han hecho un llamamiento al Gobierno de España y al Gobierno Vasco a fin de que protejan dicha zona.
OCEANA y COBE han propuesto la creación de un corredor marítimo ecológico que estaría incluido en la Red Natura 2000. De ese modo, dicho corredor tendría alrededor de 27.305 hectáreas y se protegería el hábitat de unas 50 especies protegidas y alrededor de una docena de comunidades de gran interés a nivel internacional.
Teniendo en cuenta que, en comparación a otras zonas, el mar Cantábrico tiene pocos espacios protegidos y que la Red Natura 2000 no tiene ningún espacio marítimo del País Vasco, la protección de dicho entorno vendría a dar solución a esta necesidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar conjuntamente con el Gobierno Vasco al objeto de incluir en la Red Natura 2000 la creación de un corredor ecológico marino entre Donosti y Biarritz, recogiendo las conclusiones del estudio elaborado por la asociación OCEANA y el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE) sobre la "Protección de la zona marina de Jaizkibel y Ulia"."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Después de sucesivos recortes en la sanidad de competencia autonómica y en los PGE para 2012, el Gobierno acaba de anunciar un hachazo adicional de 7.000 millones de euros en Sanidad.
Tal recorte resulta inasumible para uno de los mejores sistemas sanitarios públicos y altamente eficientes.
Sin embargo, existen márgenes para mejorar la financiación del Sistema Nacional de Salud de manera justa y así mismo para apurar los niveles de eficiencia.
1. Rechaza por inasumible e inviable el recorte adicional de 7.000 millones de euros, en la sanidad pública de competencia autonómica.
2. Propone la mejora en la fiscalidad general en contraposición a copagos, repagos o impuestos a los enfermos por discriminatorios y contraproducentes.
3. Rechaza el recorte de la cartera de servicios, los salarios y el personal en el Sistema Nacional de Salud por su impacto negativo en las listas de espera y en la pérdida de calidad de la atención sanitaria.
4. Propone utilizar los márgenes de ahorro y eficiencia del Sistema Nacional de Salud en gasto farmacéutico, aplicación de tecnologías, centrales de compra, etc.
5. Propone la reorientación del Sistema a la atención a enfermos crónicos potenciando la atención primaria, la salud pública y la participación de la Comunidad."
Proposición no de Ley sobre demolición del hotel Algarrobico y restauración de la playa en el término municipal de Carboneras (Almería).
Con excepción del punto 4 de la iniciativa, en la medida en que no procede instar al Gobierno a lo dispuesto en dicho apartado, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre demolición del hotel Algarrobico y restauración de la playa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El edificio del hotel Algarrobico, en el término municipal de Carboneras, Almería, es una de las mayores agresiones urbanísticas sufridas por el litoral español durante la más reciente especulación inmobiliaria. Desde el año 2002 se está asistiendo a un embrollo de resoluciones judiciales y declaraciones políticas. Sin embargo la reivindicación ciudadana ha sido en todo momento muy clara solicitando deshacer esa edificación y restaurar ambientalmente el paraje afectado.
El arquitecto que certificó la obra de la empresa promotora Azata, señaló un coste de 16 millones de euros, y sin embargo ahora la citada empresa solicita, inexplicablemente, más de 200 millones de euros de indemnización.
La Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Junta de Andalucía, del 12 de marzo de 2012, en cumplimiento de los autos del TSJA y sentencia del Tribunal Supremo que se citan en la Resolución, acepta que el paraje del Algarrobico era espacio protegido, no urbanizable, en el PORN de 1994 del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Hasta ese momento la Administración Autonómica Andaluza sostuvo que en el PORN el Algarrobico era urbanizable, basando esa afirmación en una posible falsificación de la planimetría del PORN donde se mudaba la clasificación de los terrenos, sin expediente alguno, diciendo que se trataba de una corrección de errores. Ahora reconocen que esa manipulación de la planimetría no tiene validez legal alguna.
El pasado 20 de marzo de 2012, el Tribunal Supremo dictó la ilegalidad del hotel Algarrobico por situarse dentro de los 100 metros de la zona de servidumbre y protección, ser contrario a la ley de Costas, constituir una agresión ambiental y atentar contra la ordenación del territorio.
El Ministerio de Medio Ambiente sabía que la servidumbre de protección era de 100 metros desde el año 1988, cuando el entonces Director General de Costas, en un informe preceptivo y vinculante, se lo dijo al Gobierno Municipal de Carboneras.
La promotora Azata, antes de comprar los terrenos, sabía que el paraje era Parque Natural porque así estaba publicado en el "BOJA". Y también sabía que la servidumbre de protección era de 100 metros porque así se lo había explicado el Servicio Provincial de Costas al arquitecto del hotel en carta con registro de salida número 284, de 1998.
El "BOE" del 6 de diciembre de 2011, señala que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Junta de Andalucía, firmaron un protocolo general de colaboración para la recuperación de la Playa del Algarrobico. Dicho convenio establece un marco de colaboración, respetando las competencias de ambas administraciones públicas en orden a la desaparición del edificio destinado a hotel situado en la Playa del Algarrobico, sita en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, así como a la posterior restauración ambiental de la zona, todo ello de conformidad, con lo establecido en la normativa aplicable y pronunciamientos judiciales que posibiliten dicha solución.
Entre las actuaciones acordadas, se establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se compromete a abordar la financiación de la descomposición de la edificación, de acuerdo con el plan conjunto que desarrollaran las dos administraciones. La Junta de Andalucía debe realizar los trabajos de deconstrucción y correcta gestión de los materiales constructivos recuperados para su posterior reutilización.
Tras los últimos pronunciamientos judiciales, nada impide que el citado protocolo general se desarrolle
comenzando, en el menor plazo posible, los procedimientos de asignación presupuestaria y trámites administrativos oportunos con ejecución de las últimas resoluciones judiciales del Tribunal Supremo respecto a deshacer el hotel Algarrobico siguiendo las pautas establecidas en dicho texto.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes medidas:
1. Iniciar los procedimientos pertinentes para desarrollar el protocolo general de colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica Andaluza con el objetivo de recuperar la Playa del Algarrobico, en el término municipal de Carboneras, Almería. Los más recientes pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo, decretan la demolición del hotel Algarrobico, dado que es contrario a la Ley de Costas.
2. Establecer una propuesta concreta, o proyecto, con el correspondiente cálculo de costes, sobre la forma de deshacer la edificación, recuperar el máximo de los materiales de construcción utilizados en su día y programar la reutilización de dichos materiales recuperados.
3. Convocar la comisión mixta de seguimiento del protocolo general para recuperar la playa del Paraje Algarrobico para abordar las siguientes cuestiones: Adoptar el plan de actuación, elaborar el acuerdo de cofinanciación, efectuar el seguimiento del plan de actuación conjunto y velar por su correcta aplicación
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000551
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la coordinación interautonómica de los cribados, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, contempla algunas recomendaciones sobre el cribado que han de ser desarrolladas en todo el Estado.
Además, un grupo de trabajo activo en los últimos años en el que participaron las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y Política Social, elaboró un informe sobre criterios para el abordaje del cribado en el Sistema Nacional de Salud.
En dicho documento, se pone de manifiesto que el concepto de cribado como actividad sanitaria, está ampliamente aceptado en la actualidad, y es considerado como una importante herramienta, para disminuir el impacto en la población de determinadas enfermedades o problemas de salud.
También, y aunque la detección precoz es un concepto que en la mayoría de casos supone efectos positivos, el informe plantea que la experiencia no siempre ha demostrado que produzca los beneficios esperados. Por otra parte, un cribado puede ser eficaz y disponer de los recursos suficientes, pero puede no obtener el beneficio deseado por deficiencias en la calidad del proceso. Por estos motivos se han establecido una serie de criterios y requisitos que es necesario valorar y seguir antes de la introducción de un cribado, en el sistema sanitario.
Antes de la toma de decisiones estratégicas sobre un programa de cribado, y previo a su implantación, debe existir un proceso explícito, sistemático y transparente de evaluación de la evidencia de la eficacia del cribado y de las características locales que ayuden a determinar su factibilidad.
Este modo de proceder está en consonancia con lo dispuesto en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, que establece que "... habrá que garantizar que ninguna nueva técnica, tecnología o procedimiento clínico relevante se generalice en el sistema sin una previa evaluación pública de su seguridad, eficacia, coste y utilidad".
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una propuesta con la que:
1. Establecer una estructura de coordinación y evaluación de los programas de cribado nacionales que realice recomendaciones.
2. Garantizar una adherencia estricta a los criterios que deben cumplir los programas de cribado poblacional.
3. Asegurar la existencia de registros poblacionales fiables.
4. Promover la uniformidad en el acceso a la prestación en todas las autonomías y a todos los grupos socioeconómicos.
5. Impulsar la investigación científica de calidad en la que poder basar las recomendaciones sobre cribado, especialmente en lo relacionado con las nuevas tecnologías."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2012. -Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000554
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la promoción de la hospitalización domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud en los supuestos en los que resulte recomendable desde el punto de vista sanitario y social, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La hospitalización domiciliaria es una modalidad asistencial diseñada para proporcionar una atención de calidad a pacientes para los que su domicilio es el "mejor hábitat terapéutico" por su patología y su estado clínico.
Los enfermos sólo son seleccionados para la hospitalización domiciliaria si cumplen una serie de criterios médicos y sociológicos que aseguren, cuanto menos, el mantenimiento de la calidad asistencial en los niveles que se presta en el hospital.
Los beneficios obtenidos y la experiencia acumulada en España en los últimos treinta años (en nuestro país hay actualmente más de 80 unidades de hospitalización domiciliaria, siendo la Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia las autonomías más prolíficas en este modelo) ponen de manifiesto, según la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, que los resultados clínicos obtenidos en los hogares de los enfermos seleccionados son similares a los conseguidos en los hospitales, y que se han conseguido importantes progresos en la calidad de la atención prestada.
Además, la hospitalización domiciliaria, y más si es polivalente -entendiendo como tal compartir los recursos tecnológicos y humanos en todas las especialidades de hospitalización domiciliaria, sin compartimentos estancos, que reducen su eficiencia-, colabora en la optimización de los recursos existentes en el Sistema Nacional de Salud frente al incremento progresivo del gasto generado por el envejecimiento de la población y la creciente cronicidad de las enfermedades, y está sustentada en la colaboración de los profesionales sanitarios y los sociales, en el uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, y en la implicación cada vez más elevada del paciente y de sus familiares en el autocuidado de la salud.
Partiendo de la idea de que es más operativo y eficiente atender a un mayor número de pacientes que a un número menor pero con más especialización, las mejoras en el abordaje de los enfermos que ofrece la hospitalización domiciliaria han sido reflejadas en diversos ensayos clínicos publicados; buenos resultados que pueden servir de acicate para estimular la expansión de esta práctica asistencial en el Sistema Nacional de Salud con el fin de mejorar el tratamiento y la rehabilitación de determinados pacientes, y de favorecer el aprovechamiento de los recursos existentes.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la hospitalización domiciliaria en las Comunidades Autónomas, en el marco de la Estrategia que abordará la Cronicidad, que será aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud."
161/000550
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la contribución española para garantizar el acceso universal a la salud y la protección social en países con recursos limitados, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Mientras el mundo lucha contra la desaceleración económica, la globalización de las enfermedades y de las economías, la necesidad de una cobertura sanitaria universal y de una estrategia para financiarla nunca ha sido mayor. La OMS estima que más de 1.000 millones de personas no pueden utilizar los servicios sanitarios que necesitan, cuando lo necesitan, ya sea por no estar disponibles o no ser asequibles. En algunos países, hasta el 11 % de la población sufre dificultades financieras graves cada año por el uso de servicios sanita
rios; de hecho cada año, el pago directo por atención sanitaria lleva a 100 millones de personas a caer en la pobreza.
El segundo semestre del 2012 será un período decisivo en la agenda internacional para determinar cuál será el marco post-ODM en el que deberían contemplarse la cobertura universal y la protección social.
Por un lado, veinte años después de la histórica Cumbre para la Tierra celebrada en Río, dirigentes mundiales, junto a participantes del sector privado, las ONG y otros grupos, se reunirán en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012 para descifrar la manera de poder reducir la pobreza, avanzar en la equidad social y asegurar la protección ambiental en un planeta cada vez más poblado. La protección social en salud no puede quedar fuera de esta Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, porque sin protección social no hay buena salud y la mala salud empobrece. Por tanto, es un hecho, que no hay desarrollo posible, sostenible o no, sin salud y sin protección social.
Por otro, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Nueva York 2012, se abordará también el tema de la protección social. Es importante apoyar los esfuerzos de la OMS para abordar el problema del pago por servicios y otras iniciativas políticas que se están ejecutando.
En este contexto, la Unión Europea, como uno de los principales actores de la AOD a nivel mundial, debe desempeñar un papel preponderante en estas Cumbres y adoptar una postura unificada y ambiciosa, que promueva la inclusión de la cobertura universal y la protección social en el marco de los ODMs post-2015.
Tal y como se aprobó en el Consejo Europeo (mayo 2010), el "Papel de la UE en la Salud Global", en todas sus acciones y políticas exteriores e internas, la UE debería aplicar los principios y valores comunes de solidaridad hacia una cobertura equitativa y universal de unos servicios sanitarios de calidad.
Aparte de aumentar la recaudación de recursos suficientes para la salud entre los países y dentro de ellos, esto implica redoblar el diálogo político sobre los sistemas de salud y sus mecanismos de financiación, con el fin de asegurar la protección social en la salud y frenar las dificultades económicas asociadas al pago de los mismos.
Conforme a las resoluciones adoptadas en la Asamblea Mundial de la Salud de 2005 (WHA 58.33) y 2009 (WHA 62.12), todos los Estados Miembros se han comprometido a una financiación justa de los servicios sanitarios esenciales para garantizar una cobertura universal, de forma que nadie sufra dificultades financieras por hacerlo. Sin embargo, los países de renta media y baja se encuentran con tres problemas fundamentales relacionados entre sí: la disponibilidad de recursos (tecnología o intervenciones) y servicios disponibles; la dependencia excesiva de pagos directos en el punto de prestación de asistencia sanitaria (medicamentos, consultas y procedimientos) y el uso ineficiente y no equitativo de los recursos.
En la UE el promedio de pérdida potencial de vida sana es del 10 %, en comparación con el casi 50 % en los países más pobres. Eliminar la diferencia de cobertura entre ricos y pobres en 49 países de ingresos bajos salvaría la vida de más de 700.000 mujeres desde este momento hasta el año 2015. Del mismo modo, si se superara esta diferencia de cobertura en los diversos servicios para niños menores de cinco años, en concreto, la vacunación sistemática, salvaría más de 16 millones de vidas.
Hasta el momento, muchos organismos de ayuda bilateral y las organizaciones de la sociedad civil han hecho de los sistemas de financiación de la salud una característica de su apoyo técnico y financiero. La Cooperación Española se sumó a la iniciativa relativa a "Prestaciones para la Salud" (P4H-Providing for Health) en 2011 tras una Proposición no de Ley con el apoyo más amplio de la cámara, con el fin de proporcionar apoyo técnico a los países en el ámbito de la cobertura universal de la salud y la protección social a través de la complementariedad y sinergias entre sus miembros.
El Plan de Actuación de Salud 2011-2013 de la AECID tiene su génesis en la necesidad urgente de tomar medidas para mejorar el acceso a la salud, reducir las desigualdades y aumentar la protección contra amenazas para la salud global. Una necesidad que fue puesta de relieve por nuestro gobierno durante la presidencia española de la UE en el 2010 y apoyado por los 27 EEMM de la UE en el Consejo de Europa y que se ha convertido en prioridad actual en la agenda internacional para el desarrollo.
Se basa en valores comunes de los países que componen la UE de solidaridad, equidad y justicia social que se traducen en una cooperación en salud enfocada hacia (1) la cobertura universal y equitativa de servicios y de protección social, (2) la apropiación democrática de la salud, (3) la coherencia de políticas para el desarrollo, en particular, el enfoque de Salud en Todas las Políticas y (4) el acceso universal al conocimiento e innovación en salud como un bien global.
1. Promover la introducción de la cobertura universal de la salud y la protección en la agenda de la Conferencia de Río+20 (Río de Janeiro, junio 2012).
2. Impulsar que en el marco de los ODMs post-2015, se contemplen los principios y valores comunes de solidaridad hacia una cobertura equitativa y universal a unos servicios sanitarios de calidad, de conformidad con los acuerdos internacionales vigentes, como la Política de la UE en Salud Global aprobada por el Consejo Europeo (mayo 2010).
3. Trabajar conjuntamente con otros países socios para que se apliquen mecanismos de financiación de
los sistemas de salud de países de renta media y baja, con el fin de asegurar la protección social en la salud.
4. Comprometerse, a través del IV Plan Director, a apoyar, junto con países socios, el desarrollo de sistemas de prepago y riesgo mancomunado para la ampliación de la cobertura sanitaria y la protección social en salud.
5. Fortalecer la participación en la red Providing for Health, explorando las oportunidades que España ofrece para que esta iniciativa ofrezca sus servicios de apoyo y asistencia técnica en América Latina."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2012.-Laia Ortiz Castellví y Gaspar Llamazares Trigo, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000559
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al Observatorio de la Imagen de las Mujeres, para su debate en la Comisión de Igualdad.
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, celebrada en 1995, se consideró a los medios de comunicación como una de las 12 áreas de especial atención para el objetivo de la igualdad. Por ello, se estableció la necesidad de promover una participación activa y equitativa de las mujeres en los medios, tanto como protagonistas de los contenidos, como con respecto al funcionamiento interno de sus estructuras, en todos los niveles.
Así, en el ámbito de la Unión Europea, son muchos los estados que, conscientes de esa necesidad de introducir la perspectiva de género en los medios de comunicación, han impulsado la elaboración de códigos de autorregulación.
En muchos de ellos se han establecido premios y reconocimientos a periodistas, publicistas y cineastas por trabajos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, se han organizado actividades de formación y sensibilización dirigidas a profesionales del sector o se han elaborado materiales formativos.
En la misma línea, España avanzó de manera muy significativa durante los últimos años estableciendo que los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad.
Así lo recoge la Ley de Igualdad Efectiva que dedica un título completo de su articulado a los medios de comunicación.
En la pasada legislatura, entre las muchas actuaciones que se llevaron a cabo durante la Presidencia española de la UE en materia de Igualdad, se dedicó un encuentro en exclusiva a los medios de comunicación y la igualdad.
El Instituto de la Mujer ha otorgado desde su creación un gran valor a los medios de comunicación y a la imagen que desde ellos se proyecta de las mujeres.
Desde 1994 se gestiona el Observatorio de la Imagen de las mujeres, a través del cual se realizan un seguimiento anual de la publicidad y de los medios de comunicación. Un análisis que permite obtener información sobre los roles y estereotipos más significativos que se les atribuyen a las mujeres. Y en el caso de que éstos sean sexistas, se realizan acciones que contribuyan a suprimir los contenidos ilícitos.
Se analiza, vigila y denuncia pero también se hace uso de los medios para transmitir valores no sexistas a través de diferentes campañas.
Todo ello se llevó a cabo en los últimos años con el convencimiento de que una representación equilibrada de mujeres y hombres en los medios de comunicación tendrá consecuencias positivas para toda la sociedad.
- Reforzar el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Instituto de la Mujer, haciendo públicos las denuncias presentadas y los datos de su actividad.
- A través de dicho Observatorio y cuando sea preciso, bien sea por denuncias presentadas o de oficio, dirigirse a los medios de comunicación públicos y privados para que retiren los contenidos sexistas y estereotipados de mujeres y hombres.
- Seguir reforzando el trabajo y la colaboración con RTVE y con la agencia EFE a través de convenios que permitan promover la participación social de las mujeres y mejorar su representación política, social, económica, deportiva y cultural."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado y Carmen Montón Giménez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
181/000245
Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
¿Qué alcance tiene la reforma del Código Penal que se plantea el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2012.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.
181/000246
¿Qué entiende el Gobierno por convocatoria de actos violentos?
181/000247
¿Está el Gobierno de acuerdo con las palabras del Sr. Beteta de olvidarse "del cafelito y de leer los periódicos" en relación a los funcionarios?
181/000242
¿Tiene previsto el Gobierno hacer alguna gestión relacionada con el proceso de deslocalización de la multinacional UNILEVER, que supondrá el cierre de su factoría en Aranjuez y la pérdida de cerca de 400 puestos de trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2012.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000248
¿Qué tiene previsto hacer el Gobierno con el programa de Desarrollo Rural Sostenible?
181/000243
Diputado don Guillem García Gasulla
¿Cuál es su valoración sobre la introducción de un pago de 10 ? por la renovación u obtención de la tarjeta sanitaria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Guillem García Gasulla, Diputado.
181/000249
¿Tiene el Gobierno intención de establecer el copago por acto médico?
181/000250
¿Cuáles son los motivos por los que se ha abierto expediente a los cuatro laboratorios farmacéuticos que firmaron los contratos resultantes de la subasta de medicamentos en Andalucía?
181/000244
Diputado don Pablo Martín Peré
¿Qué opinión le merece el incumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que se está llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2012.-Pablo Martín Peré, Diputado.
181/000241
Diputado don Antonio Cantó García del Moral
¿Qué modificaciones legales va a realizar el Gobierno para impulsar el reconocimiento legal de la figura del Asistente Personal potenciando con ello la creación de al menos una Oficina de Vida Independiente sin ánimo de lucro en cada ciudad y comunidad autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2012.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.

References: artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 53
 artículo 193
 artículo 16
 resolución 
 Resolución 
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 194
 Resolución 
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193