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Timestamp: 2018-08-21 15:57:28+00:00

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Nota Tributaria - Sentencia C-192 de 2016. Expediente D-10974. (Comunicado de Prensa). - Plan de Ordenamiento Territorial POT - Régimen para los Distritos Especiales - Derechos Adquiridos - Uso de Suelos - Actuaciones, Licencias y Sanciones Urbanísticas - Facultades de los Municipios y Distritos para Reglamentar el Uso del Suelo. Con Salvamentos de Voto de los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Luis Ernesto Vargas Silva. FALLO: Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “en materia de usos de suelos” y “en materia de uso del suelo, salvo, aquellos que hubieren sido declarados como Unidades de Actuación Urbanística y hubiesen sido incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial”, contenidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 1617 de 2013. - Corte Constitucional. - M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. - - NORMAS DEMANDADAS: Parágrafo Artículo 23 de la Ley 1617 de 2013 (parcial); Parágrafo Artículo 24 Ley 1617 de 2013 (parcial) "Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales". - En esta oportunidad, la Corte debía resolver de un lado, (i) si establecer que los Planes de Ordenamiento Territorial del orden distrital deben respetar los derechos adquiridos en materia de usos del suelo con anterioridad a la expedición de la Ley 1617 de 2013, desconoce la prevalencia del interés general sobre el particular reconocida en los artículos 1º y 58 de la Constitución. De otro, (ii) si prever que en los procesos sancionatorios y de licenciamiento urbanístico deberán respetarse los derechos adquiridos en materia de usos del suelo, con anterioridad a la Ley 1617 de 2013, atenta igualmente contra la prevalencia del interés general sobre el particular (arts. 1º y 5º C.Po.) // La Corte recordó en primer término, que de conformidad con la Constitución Política (at. 313), les corresponde a los concejos municipales y distritales reglamentar los usos del suelo con base en los parámetros que señale la correspondiente ley orgánica. Es así como, la Ley 388 de 1997, que desarrolla la autonomía de los municipios y distritos en materia de reglamentación de usos del suelo, establece que el ordenamiento del territorio constituye una función pública cuyo objeto consiste en establecer los procesos de cambio de usos del suelo en su jurisdicción, acorde con el interés general y el logro de la función social y ecológica de la propiedad. En concreto, los que se denominan como planes de ordenamiento territorial (POT) son actos de interés general aprobados mediante acuerdos distritales y municipales, que se revisan también por los concejos municipales y distritales cada tres períodos constitucionales de gobierno municipal, con el propósito de establecer si proceden modificaciones respecto del uso del suelo. // Al mismo tiempo, señaló que la garantía constitucional de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a la ley (art. 58 C.Po.), no se opone a que puedan ser objeto de limitaciones en caso de que entren en conflicto con el interés público o social, como puede ocurrir frente a lo establecido en los planes de ordenamiento territorial. En este evento, habrá situaciones concretas en las que prevalezca la garantía de la propiedad privada frente a la reglamentación de los usos del suelo, como cuando se expide una licencia y el titular lleva a cabo la respectiva construcción en los términos autorizados. Ocurre lo contrario, en caso de que el propietario no haya iniciado el proyecto y sean modificadas las normas sobre uso del suelo, toda vez que no puede aducirse un derecho adquirido a determinado uso, ya que prima el interés general. Otro tanto sucede, cuando el propietario destina el predio de manera distinta a la licencia autorizada. // Para la Corte, las decisiones de carácter general que se adopten por los concejos municipales y distritales al revisar el POT, que impliquen la modificación de usos del suelo prevalecen sobre las licencias que se hayan otorgado con anterioridad, ya que no puede alegarse un derecho adquirido a determinado uso del suelo, en la medida en que el interés particular debe ceder ante intereses de orden general que se buscan en los planes de ordenamiento territorial. No debe olvidarse que la propiedad tiene una función social y una función ecológica, que justifica las restricciones que puedan imponerse por motivos de interés social y conveniencia pública. En la tensión que surge entre la garantía de la propiedad privada y de los derechos adquiridos y el reordenamiento en los usos de suelo por razones de interés general, social o ecológico, el legislador debía ponderar los intereses en juego y darle prelación a éstos últimos, acorde con lo dispuesto en el artículo 58 de la Carta Política. En consideración a la prevalencia del interés general sobre el particular y a las funciones social y ecológica de la propiedad, resulta válido que el legislador fije a cargo del propietario limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Así lo determinó la Corte Constitucional, recientemente, en la Sentencia C-035 de 2016. // Por consiguiente, el legislador no podía consagrar la intangibilidad de derechos adquiridos con anterioridad a la Ley 1617 de 2013, frente a los cambios que se introduzcan el uso del suelo por parte de los concejos municipales y distritales, en ejercicio de la autonomía que le reconoce la Constitución y la protección y defensa del interés general por encima de intereses particulares. Al disponer el reconocimiento de derechos adquiridos sobre usos del suelo genera un desequilibrio que afecta el interés común del municipio, que obstaculiza la actividad urbanística y el desarrollo de objetivos del mismo orden, contenidos en los planes de ordenamiento territorial De igual modo, en los procesos sancionatorios y licenciamientos urbanísticos, de conformidad con la Constitución, deben aplicarse de preferencia las regulaciones vigentes en materia de uso del suelo, sin que a ellos pueda oponerse derechos de particulares adquiridos con anterioridad a la Ley 1617 de 2013. // Con fundamento en lo expuesto, la Corte procedió a declarar inexequibles las expresiones demandadas de los artículos 23 y 26 de la Ley 1617 de 2013, que establecían el respeto a derechos adquiridos en materia de usos de suelo, en contravía de lo consagrado en los artículos 1º y 58 de la Constitución Política.
Sentencia C-192 de 2016. Expediente D-10974. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Plan de Ordenamiento Territorial POT - Régimen para los Distritos Especiales - Derechos Adquiridos - Uso de Suelos - Actuaciones, Licencias y Sanciones Urbanísticas - Facultades de los Municipios y Distritos para Reglamentar el Uso del Suelo. Con Salvamentos de Voto de los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Luis Ernesto Vargas Silva. FALLO: Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “en materia de usos de suelos” y “en materia de uso del suelo, salvo, aquellos que hubieren sido declarados como Unidades de Actuación Urbanística y hubiesen sido incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial”, contenidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 1617 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. NORMAS DEMANDADAS: Parágrafo Artículo 23 de la Ley 1617 de 2013 (parcial); Parágrafo Artículo 24 Ley 1617 de 2013 (parcial) "Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales". En esta oportunidad, la Corte debía resolver de un lado, (i) si establecer que los Planes de Ordenamiento Territorial del orden distrital deben respetar los derechos adquiridos en materia de usos del suelo con anterioridad a la expedición de la Ley 1617 de 2013, desconoce la prevalencia del interés general sobre el particular reconocida en los artículos 1º y 58 de la Constitución. De otro, (ii) si prever que en los procesos sancionatorios y de licenciamiento urbanístico deberán respetarse los derechos adquiridos en materia de usos del suelo, con anterioridad a la Ley 1617 de 2013, atenta igualmente contra la prevalencia del interés general sobre el particular (arts. 1º y 5º C.Po.) // La Corte recordó en primer término, que de conformidad con la Constitución Política (at. 313), les corresponde a los concejos municipales y distritales reglamentar los usos del suelo con base en los parámetros que señale la correspondiente ley orgánica. Es así como, la Ley 388 de 1997, que desarrolla la autonomía de los municipios y distritos en materia de reglamentación de usos del suelo, establece que el ordenamiento del territorio constituye una función pública cuyo objeto consiste en establecer los procesos de cambio de usos del suelo en su jurisdicción, acorde con el interés general y el logro de la función social y ecológica de la propiedad. En concreto, los que se denominan como planes de ordenamiento territorial (POT) son actos de interés general aprobados mediante acuerdos distritales y municipales, que se revisan también por los concejos municipales y distritales cada tres períodos constitucionales de gobierno municipal, con el propósito de establecer si proceden modificaciones respecto del uso del suelo. // Al mismo tiempo, señaló que la garantía constitucional de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a la ley (art. 58 C.Po.), no se opone a que puedan ser objeto de limitaciones en caso de que entren en conflicto con el interés público o social, como puede ocurrir frente a lo establecido en los planes de ordenamiento territorial. En este evento, habrá situaciones concretas en las que prevalezca la garantía de la propiedad privada frente a la reglamentación de los usos del suelo, como cuando se expide una licencia y el titular lleva a cabo la respectiva construcción en los términos autorizados. Ocurre lo contrario, en caso de que el propietario no haya iniciado el proyecto y sean modificadas las normas sobre uso del suelo, toda vez que no puede aducirse un derecho adquirido a determinado uso, ya que prima el interés general. Otro tanto sucede, cuando el propietario destina el predio de manera distinta a la licencia autorizada. // Para la Corte, las decisiones de carácter general que se adopten por los concejos municipales y distritales al revisar el POT, que impliquen la modificación de usos del suelo prevalecen sobre las licencias que se hayan otorgado con anterioridad, ya que no puede alegarse un derecho adquirido a determinado uso del suelo, en la medida en que el interés particular debe ceder ante intereses de orden general que se buscan en los planes de ordenamiento territorial. No debe olvidarse que la propiedad tiene una función social y una función ecológica, que justifica las restricciones que puedan imponerse por motivos de interés social y conveniencia pública. En la tensión que surge entre la garantía de la propiedad privada y de los derechos adquiridos y el reordenamiento en los usos de suelo por razones de interés general, social o ecológico, el legislador debía ponderar los intereses en juego y darle prelación a éstos últimos, acorde con lo dispuesto en el artículo 58 de la Carta Política. En consideración a la prevalencia del interés general sobre el particular y a las funciones social y ecológica de la propiedad, resulta válido que el legislador fije a cargo del propietario limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Así lo determinó la Corte Constitucional, recientemente, en la Sentencia C-035 de 2016. // Por consiguiente, el legislador no podía consagrar la intangibilidad de derechos adquiridos con anterioridad a la Ley 1617 de 2013, frente a los cambios que se introduzcan el uso del suelo por parte de los concejos municipales y distritales, en ejercicio de la autonomía que le reconoce la Constitución y la protección y defensa del interés general por encima de intereses particulares. Al disponer el reconocimiento de derechos adquiridos sobre usos del suelo genera un desequilibrio que afecta el interés común del municipio, que obstaculiza la actividad urbanística y el desarrollo de objetivos del mismo orden, contenidos en los planes de ordenamiento territorial De igual modo, en los procesos sancionatorios y licenciamientos urbanísticos, de conformidad con la Constitución, deben aplicarse de preferencia las regulaciones vigentes en materia de uso del suelo, sin que a ellos pueda oponerse derechos de particulares adquiridos con anterioridad a la Ley 1617 de 2013. // Con fundamento en lo expuesto, la Corte procedió a declarar inexequibles las expresiones demandadas de los artículos 23 y 26 de la Ley 1617 de 2013, que establecían el respeto a derechos adquiridos en materia de usos de suelo, en contravía de lo consagrado en los artículos 1º y 58 de la Constitución Política.
Sentencia C-218 de 2015. Expediente D-10445. Corte Constitucional. Tasas - Tasa a favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte - Nuevos Sujetos - Ampliación del Cobro de la Tasa a la Totalidad de los Sujetos de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los Costos y Gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión - Pago Proporcional de la Tasa sobre Ingresos Brutos - Ley del Plan de Desarrollo - Ley 1450 de 2010 - Principios Constitucionales Tributarios - Principio de Igualdad - FALLO: PRIMERO: SE DECLARA EXEQUIBLE, por los cargos examinados en la presente sentencia, el inciso primero del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014”, salvo la expresión “y/o inversión”, que se declara INEXEQUIBLE. // SE DECLARA INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, el cual estipula “Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.”. Con Salvamento de Voto del Magistrado Mauricio González Cuervo. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez Acción de Constitucionalidad. Norma Demandada: Incisos 1o y 2 Artículo 89 Ley 1450 de 2011 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. La Corte decidió sobre la demanda a través de la cual se cuestionaba la norma que establece nuevos obligados al pago de la tasa creada por la Ley 1ª de 1991 y las reglas a las que se sujeta el pago de esta contribución, a partir del hecho de que a los nuevos responsables de esta tasa se les calculará la suma a pagar a partir de los costos y gastos ocasionados por su funcionamiento y/o inversión, y no únicamente por su funcionamiento, como ocurre con aquellos vigilados que de tiempo atrás estaban obligados al pago de esta tasa. En opinión de los actores, las normas acusadas son contrarias a lo previsto en los artículos 58 y 363 de la Constitución. // Consultada la evidencia disponible sobre el proceso de creación de las normas acusadas, la Corte halló conforme a la Constitución el señalamiento de nuevos sujetos obligados al pago de esta tasa, decisión que más allá de específicas razones, es manifestación del amplio poder de configuración normativa que es propio del legislador. En cambio, no encontró la Sala justificación alguna para el establecimiento de un trato diferencial entre los nuevos vigilados y los antiguos, que somete a aquéllos al pago de una tasa proporcionalmente mayor, en la medida en que ésta se liquida no sólo sobre los gastos de funcionamiento, sino también sobre los de inversión, lo que no ocurre en el caso de las entidades obligadas a este pago desde antes de la expedición de la Ley 1450 de 2011. Esta diferencia se estimó contraria al principio de igualdad, previsto en el artículo 13 de la carta política. // En esta medida, la Corte concluyó que si bien la regla general contenida en el primer inciso de la norma acusada no riñe con el texto superior, no ocurre lo mismo con la expresión “y/o inversión” que hace parte de esa norma, ni con el texto del inciso 2º, que detalla las otras reglas de liquidación de la referida tasa, apartes que por consiguiente, se declararon inexequibles. // El Magistrado Mauricio González Cuervo salvó su voto respecto de esta decisión, al estimar que el trato desigual dispensado por la norma acusada obedece a diferencias fácticas originales existentes entre los distintos sujetos vigilados por esta Superintendencia, razón por la cual ninguna de las normas acusadas era contraria a la Constitución.
Sentencia C-259 de 2015. Expediente D-10453. Corte Constitucional. Procedimiento Contencioso - Acción de Nulidad contra Actos Administrativos de Carácter Particular - Procedencia Excepcional - Teoría de los Móviles y las Finalidades - Acceso a la Administración de Justicia - Interpretación del Artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 137 DEL C.P.A.C.A.. Con Aclaración de Voto del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Norma Demandada: Apartes del Artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. "La Corte resolvió acerca de si las reglas sobre procedencia excepcional de la acción de nulidad respecto de actos administrativos de contenido particular contrarían el artículo 243 de la Constitución Política, pues en criterio del actor ellas consagran y reproducen la doctrina de los móviles y las finalidades que esta Corte declaró inexequible mediante sentencia C-426 de 2002, por restringir el derecho de acceder a la administración de justicia. // La Sala encontró que este cargo no estaba llamado a prosperar por cuanto la ratio decidendi de la sentencia C-426 de 2002 no fue en realidad la que el actor relata, pues si bien la Corte condicionó la exequibilidad de la norma entonces acusada (artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, Art. 14 del Decreto 2304 de 1989) en el sentido de excluir la referida doctrina como para esa fecha era aplicada por el Consejo de Estado, la razón de tal exclusión fue el hecho de que ella restringía indebidamente los alcances de la acción diseñada en su momento por el legislador, y no tanto que su contenido fuera intrínsecamente contrario al texto superior. // Así las cosas, además de tratarse de una norma formalmente distinta, cuyo contenido material tampoco es coincidente, lo que impediría hablar de un posible efecto de cosa juzgada material, la razón por la cual se tomó esa decisión conduce en cambio a precisar que el legislador bien podía darle a la acción de nulidad un contenido específico como el que le dio en la Ley 1437 de 2011, razón por la cual no resulta contrario a la Constitución el establecimiento de estas reglas. Por lo anterior, los apartes acusados se declararon exequibles frente al cargo planteado."
Sentencia C-260 de 2015. Expediente D-10443. Corte Constitucional. Actos Notariales o de Registro que no pueden ser gravados con Impuestos, Tasas o Contribuciones Municipales o Departamentales - Alcance de la Prohibición del Artículo 294 de la C.N. - Impuesto de Registro - Procedimientos Notariales Vía Electrónica - Expedición de Documentos Electrónicos - Efectos Jurídicos de la Radicación de Documento o Título Vía Electrónica en las Notarías, Despachos Judiciales o Entidades Estatales - Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO 2O DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 1579 DE 2012. Con Aclaración de Voto de la Magistrada María Victoria Calle Correa. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Norma Demandada: Parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012. por la cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones. En este caso la Corte decidió si la regla contenida en el parágrafo acusado es contraria al artículo 294 de la Constitución Política, conforme al cual la ley no puede conceder exenciones en relación con tributos de las entidades territoriales. // Sin embargo, la Sala encontró que la regla acusada no infringe la referida prohibición, pues en realidad no establece una exención frente a impuestos territoriales preexistentes, que es la limitación que de manera específica establece el artículo 294 superior, sino que se limita, en uso de sus facultades, a establecer un supuesto de no sujeción a impuestos territoriales, como es la radicación o envío por vía electrónica de documentos notariales ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Por estas razones se declaró la exequibilidad de la norma acusada.// La Magistrada María Victoria Calle Correa se reservó la posibilidad de presentar una aclaración de voto sobre algunos de los fundamentos de esta providencia.
Sentencia C-272 de 2016. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Contribuciones - Contribución Especial de Alumbrado Público del Artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 - Autonomía Tributaria de las Entidades Territoriales - Principios Constitucionales Tributarios - Principio de Legalidad Tributaria. FALLO: Declarar INEXEQUIBLE el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2016, Todos por un nuevo país”. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. A la Sala Plena correspondió determinar si la disposición acusada: a) vulneraba la autonomía de las entidades territoriales para fijar los elementos de los tributos y administrar sus propios recursos, b) desnaturalizaba la tipología tributaria establecida en la Constitución, al individualizar la contraprestación correlativa a una contribución especial, los sujetos pasivos del tributo y la base gravable, impidiéndoles a las entidades territoriales fijar los elementos del tributo, y c) contrariaba la cláusula de Estado social de derecho, al fijar una contribución regresiva que promueve que sólo las personas y zonas con mayor capacidad de pago reciban alumbrado público. // Para decidir, la Corte subrayó que, a la luz de la Carta Política y, en especial, de los artículos 365 a 370, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y que existe una relación inescindible entre dichos servicios y el principio de Estado social de derecho (art. 365 C. P.). // La Corte indicó que la función fundamental del servicio de alumbrado público no es proporcionar un beneficio exclusivo, particular y privado a personas específicas, sino que es prestado en interés general a toda una colectividad. // De similar forma, reiteró que contrario a las tasas, las contribuciones especiales son compensaciones que se pagan por beneficios dirigidos a sectores sociales, no individualizables. Señaló que dichas obras no se llevan a cabo a elección o por solicitud del contribuyente y que el pago del gravamen es obligatorio. // Conforme a lo anterior, la Sala Plena constató que la financiación del servicio de alumbrado público, en tanto no genera utilidades particulares a personas o grupos sociales específicos, no es compatible con las contribuciones especiales. // Así mismo, la Corte consideró que el artículo demandado condicionó la prestación continua, permanente y en interés general del alumbrado público a los criterios de viabilidad financiera y de rentabilidad razonable, en relación con aparentes beneficiarios individuales del servicio, con lo cual, puso en riesgo su suministro efectivo en todas la zonas del pais. Al comportar esta consecuencia, la Sala Plena encontró que el legislador infringió la cláusula de Estado social, en especial los artículos 365 y 1º, así como el artículo 338 de la Constitución. // Desconoció que, de acuerdo al tenor literal del artículo 365 C. P., los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que en este reside la obligación de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Así mismo, menoscabó el principio de la prevalencia del interés general, al someter a indicadores de rentabilidad y viabilidad financiera, ligados a supuestos beneficiarios individuales del servicio, la continuidad de un servicio que beneficia a toda la colectividad (art. 1º ídem). Y, por último, lesionó el artículo 338 C. P., puesto que el Constituyente solo permite a la ley establecer la modalidad de las contribuciones para obtener compensaciones por beneficios particulares recibidos, los cuales no se perciben a través del servicio de alumbrado público. Con base en lo anterior, la Corte concluyó que el tributo creado por el artículo acusado era contrario a la Constitución. Dado que toda la regulación que seguía y antecedía al establecimiento de la contribución especial en los apartados controvertidos era accesoria a ella y guardaba unidad de sentido y propósito con el gravamen incompatible con la Carta, la Corte procedió a declarar la inexequibilidad del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, en su integridad. La Sala Plena aclaró que, con la decisión, no surgía vacío normativo alguno, puesto que recobraban vigencia las disposiciones tributarias anteriores de alumbrado público, en especial, el numeral 1, literal a, de la Ley 84 de 1915, en concordancia con el artículo 1, literal d, del artículo de la Ley 97 de 1913 y todas las normas que las modificaran y complementaran.
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References: Artículo 23
 Artículo 24
 artículo 58
 Artículo 23
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 artículo 58
 artículo 89
 artículo 89
 Artículo 89
 artículo 13
 Artículo 137
 ARTÍCULO 137
 Artículo 137
 artículo 243
e contrario
 Artículo 294
 ARTÍCULO 15
 artículo 15
 artículo 294
 artículo 294
 Artículo 191
 artículo 191
e contrario
 artículo 338
 artículo 365
 artículo 338
 artículo 191
 artículo 1