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Timestamp: 2019-01-17 09:12:55+00:00

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﻿ LAUDO EN DERECHO GEOADINPRO LTDA. VS INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. ICA. NOVIEMBRE 12 DE 1999
CONTENIDO:• El contrato de arrendamiento de servicios inmateriales es uno de los contratos en que la ley autoriza a una de las partes, o a ambas, para dar por terminado unilateralmente el contrato o, como suele denominarlo la doctrina con mayor propiedad, para revocarlo de la misma manera. Cuando así acontece, quien revoca unilateralmente el contrato no tiene que aducir razón alguna para hacerlo, distinta a la manifestación de su propia voluntad. Ocurre sin embargo, que en ocasiones el titular de tal facultad aduce, innecesariamente, que lo hace por motivo o razón adicional a su mera decisión. En tales casos el juez del contrato puede juzgar la realidad de los hechos que se invocan como fundamento de la terminación unilateral.• Si la terminación unilateral de un contrato estatal solo es posible, como atrás se observó, cuando el incumplimiento de las obligaciones afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la permitida en el derecho privado, de origen legal o convencional, no debe juzgarse con criterio menos estricto.
ÁRBITROS:William Salazar Luján (presidente), Manuel Pretelt De La Vega y José Francisco Chalela
DEMANDANTE:Geoadinpro Ltda.
DEMANDADO:Ingenieros Civiles Asociados S.A. ICA.
NORMAS ANALIZADAS:Código Civil, arts. 1602, 1973, 2056Código de Procedimiento Civil, arts. 280, 1609
Geoadinpro Ltda.,
En Santafé de Bogotá, el día doce (12) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se reunió el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las diferencias entre la sociedad Geoadinpro Ltda., y la Sociedad Ingenieros Civiles Asociados S.A., integrado por los árbitros doctores William Salazar Luján, quien lo preside, Manuel Pretelt de la Vega y José Francisco Chalela Mantilla, y la secretaria doctora Carmenza Mejía Martínez, con la asistencia de los apoderados de las partes, doctores Clara Gómez de Hincapié y Jairo Alberto Barros.
Encontrándose surtido en su totalidad el trámite procesal, oídas las alegaciones de las partes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, el tribunal procede dentro del término legal a proferir, en derecho, el siguiente
En la cláusula décimo sexta del subcontrato de prestación de servicios para la evaluación geológica y geofísica del bloque “Las Moras” ICA.SUBCON.001.97 las partes pactaron la cláusula compromisoria en los siguientes términos:
“Décimo sexta arbitramento: Cláusula compromisoria. Toda controversia y diferencia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se someterá al directivo de Ingenieros Civiles Asociados S.A., y en caso de no existir ningún arreglo, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento designado por la Junta directiva de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros suscritos en la lista que lleva el “centro de arbitraje y conciliación mercantiles” de dicha cámara. El tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Civil y de Comercio, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El tribunal está integrado por tres (3) árbitros; b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el “centro de arbitraje y conciliación mercantiles” de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá; c) El tribunal decidirá en derecho; d) El tribunal funcionará en Bogotá en el “Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles” de la Cámara de Comercio.
2. Trámite prearbitral
Con base en la cláusula compromisoria la convocante Geoadinpro Ltda., por conducto de apoderado judicial, solicitó al centro de arbitraje y conciliación mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, en septiembre 2 de 1998, la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento encargado de dirimir en derecho las controversias suscitadas entre ella y la Sociedad Ingenieros Civiles Asociados S.A., en razón del denominado contrato ICA.SUBCON.001.97
Admitida la solicitud, el director del centro de arbitraje y conciliación mercantiles procedió a notificar a la parte convocada la demanda formulada por la convocante, el 9 de septiembre de 1998. La demanda fue contestada en su oportunidad legal.
El director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá llevó a cabo la audiencia de conciliación el día 23 de diciembre de 1998, la cual fue suspendida y convocada nuevamente para el 29 de enero de 1999, mediante notificación previa a las partes y a sus apoderados quienes se hicieron presentes sin que se hubiese logrado acuerdo entre ellos sobre la controversia planteada.
Habiendo fracasado la conciliación, la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá designó a los árbitros, doctores William Salazar Luján, Manuel Pretelt de la Vega y Francisco Chalela, quienes previa aceptación de su cargo tomaron posesión del mismo.
Cumplido el trámite inicial, el director del centro de arbitraje y conciliación mercantiles citó a las partes para la audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento, la cual se llevó a cabo el día 26 de abril de 1999. En esta fue nombrado como presidente el doctor William Salazar Luján y como secretaria la doctora Carmenza Mejía Martínez y fueron fijados los honorarios y gastos de funcionamiento del tribunal.
Instalado el tribunal, previa consignación hecha por las partes de lo que a cada una de ellas correspondía pagar por concepto de honorarios y gastos del tribunal, se realizó la primera audiencia de trámite el día 2 de junio de 1999.
En la primera audiencia de trámite el tribunal examinó la cláusula arbitral así como las pretensiones y las excepciones formuladas y declaró su propia competencia para conocer de las diferencias sometidas a su decisión.
Procedió así mismo el tribunal, dentro de esa misma audiencia, a decretar las pruebas solicitadas por las partes.
4. Duración del proceso
Teniendo en cuenta que la primera audiencia de trámite se celebró el dos de junio de 1999, el término de seis meses fijado por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991 corre a partir de ese día y por consiguiente el tribunal se encuentra en tiempo para proferir su decisión.
5. Pretensiones de la demanda
Las pretensiones de la parte convocante, expresadas en la demanda, fueron las siguientes:
1. Declarar la terminación del subcontrato ICA SUBCON 001.97 por incumplimiento por parte de Ingenieros Civiles Asociados.
2. Ordenar a Ingenieros Civiles Asociados SA., el pago de las facturas 0071, 0069 y 0085 por US$ 36.000, US$ 21.824 y US$ 60.000 pagaderos en pesos colombianos al tipo de cambio de la tasa representativa del mercado.
3. Condenar a Ingenieros Civiles Asociados S.A, al pago de indemnización de perjuicios a favor de Geoadinpro.
4. Condenar a Ingenieros Civiles Asociados S.A., a pagar las costas y costos del proceso.
Los hechos enunciados por la parte actora para sustentar sus pretensiones se transcriben a continuación:
1. “Ingenieros Civiles Asociados S.A., suscribió con Geoadinpro Ltda., el subcontrato de prestación de servicios para la evaluación geológica y geofísica del proyecto “Las Moras” ICA. SUBCON. 00197 con fecha 6 de octubre de 1997, con duración aproximada de diez (10) meses, prorrogables, de común acuerdo entre las partes contratantes.
2. “El subcontrato tiene un valor aproximado de US$ 11.600 sin incluir IVA.
3. “De acuerdo con la cláusula cuarta del subcontrato y su parágrafo, Ingenieros Civiles Asociados S.A., pagaría a Geoadinpro Ltda., en pesos colombianos al tipo de cambio de la tasa representativa del mercado existente a la presentación de la factura de cobro, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su recibo y aceptación.
4. “Según lo anterior, injustificadamente Ingenieros Civiles Asociados S.A., están en mora de pagar la factura 0071 de marzo 11 de 1998 por US$ 36.000, pago que ha debido efectuarse el 2 de abril de 1998.
5. “Así mismo, la factura 0069 por US$ 21.824, recibida el 11 de mayo de 1998 por Ingenieros Civiles Asociados S.A., se encuentra pendiente de pago desde el 22 de mayo de 1998. Particularmente sobre esta factura, han sido muchas las disculpas para obviar su pago. Uno de los varios pretextos era que debía presentarse nuevamente en pesos colombianos. Aunque el subcontrato está pactado en dólares y las tareas realizadas en 1997 que sí fueron pagadas se facturaron en dólares, Geoadinpro Ltda., el 29 de mayo de 1998 presentó la factura 0072 por Col$ 30.490.746. (en reemplazo de la factura 0069 por US$ 21.824) que tampoco a la fecha ha sido cancelada. Sobre el particular Geoadinpro Ltda., se dirigió directamente a su gerente general, señor Juan José Luis Gragea Salinas en carta de fecha 8 de junio de 1998, recibida en esa misma fecha y que no fue contestada.
6. “El 17 de julio de 1998, Ingenieros Civiles Asociados S.A., envió fax a Geoadinpro Ltda. Un acta de liquidación, donde pretende condicionar el pago de la factura por US$ 21.824 (reemplazada por la factura 0072 por Col$ 30.490.746) a la firma de los finiquitos correspondientes, desconociendo que esta suma corresponde a una etapa del subcontrato, y no a una liquidación definitiva.
7. “El contrato está vigente, Ingenieros Civiles Asociados S.A., no ha dado aviso escrito a Geoadinpro Ltda., para su terminación, ni lo ha suspendido, acciones que hubiera podido ejercer, según lo establecido en la cláusula décima tercera del subcontrato.
8. “No se ha presentado ninguna de las causas establecidas en la cláusula décima cuarta para la terminación unilateral del Subcontrato por parte de Ingenieros Civiles Asociados S.A., caso en el cual Geoadinpro Ltda., tendría derecho al pago de los trabajos efectuados.
9. “Geoadinpro Ltda., ha establecido íntegramente a disposición de Ingenieros Civiles Asociados S.A., y para dar cumplimiento al subcontrato vigente, ha dejado de participar en otros proyectos de Sipetrol y Ecopetrol.
10. “Geoadinpro Ltda., no ha recibido pago alguno de Ingenieros Civiles Asociados S.A., durante el presente año, lo cual ha ocasionado un grave perjuicio económico a Geoadinpro Ltda. A la fecha se encuentran pendientes de pago las facturas 00071 US$ 36.000, 0069 por US$ 21.824 y 0085 de fecha 3 de agosto de 1998 por US$ 60.000 por servicios de consultoría profesional de marzo a julio de 1998, esta última remitida directamente al Ingeniero Juan José Luis Gragea Salinas.
11. “La cláusula décima sexta del subcontrato estipula que en caso de controversia o diferencia relativa al subcontrato, su ejecución o liquidación, debe someterse en primer término al directivo de Ingenieros Civiles Asociados S.A., con fecha 3 de agosto de 1998, Geoadinpro Ltda., dirigió al directivo de Ingenieros Civiles Asociados S.A., una comunicación informando sobre la controversia surgida en relación con la terminación y pago del subcontrato, que no fue contestada. Corresponde por lo tanto, la convocatoria al Tribunal de Arbitramento designado por la junta directiva de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá para su decisión.
La Sociedad Ingenieros Civiles Asociados S.A., en su contestación de la demanda, se pronunció respecto de los hechos de la misma y se opuso a todas las pretensiones del demandante.Como excepciones de fondo propuso las que denominó: Pago de lo no debido; Reclamación de obligaciones no convenidas en el objeto del subcontrato suscrito por las partes.
Dentro del proceso se practicaron y tuvieron como pruebas las siguientes:a) Pedidas por la parte demandante:
a) Subcontrato ICA.SUBCON.001.97 suscrito entre Ingenieros Civiles Asociados S.A., y Geoadinpro Ltda., plan de trabajo y cronograma. En la primer audiencia de trámite el tribunal se abstuvo de tener este documento como prueba hasta tanto se acreditara el pago del impuesto de timbre, a lo cual procedieron las partes y se hizo constar en acta 4 de 9 de junio de 1999;
b) Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal de Ingenieros Civiles Asociados S.A.;
c) Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal de Geoadinpro Ltda.;
d) Fotocopia facturas 0071, 0069, 0072 y 0085;
e) Carta dirigida a Ingenieros Civiles Asociados S.A., ingeniero Juan José Grageda Salinas con fecha de junio 8 de 1998;
f) Comunicación a Ecopetrol (mayo 28 y julio 30 de 1998) y Sipetrol (junio 26 de 1998) informando la imposibilidad de participar en diferentes proyectos, debido al contrato vigente con Ingenieros Civiles Asociados S.A.;
g) Acta de liquidación y anexo 1 recibido por fax de Ingenieros Civiles Asociados S.A.;
h) Carta dirigida a Ingenieros Civiles Asociados S.A., (doctor Jairo Barros por Geoadinpro Ltda., de fecha 31 de julio 1998, sobre los puntos en desacuerdo del acta de liquidación), e
i) Comunicación de fecha 3 de agosto 1998, dirigida a Ingenieros Civiles Asociados S.A., (ingeniero Juan José Luis Gragea Salinas) informando sobre la controversia surgida en relación con la terminación y liquidación del subcontrato ICA.SUBCON 001.97 y enviando la factura 0085 por US$ 60.000 por servicios de consultoría profesional.
Se recibieron los siguientes testimonios: Felipe Panqueva, Pedro Balaguera, Federico Solano y Carlos Arce, pedidos por la parte convocante. De los testimonios de los señores Nelson Álvarez y Narciso Chiquillo, la parte convocante desistió con anuencia de la parte convocada.
El doctor John Nikys Karakatsianis, en su calidad de representante legal de la sociedad convocada, compareció en dos ocasiones a absolver interrogatorio de parte, la primera a petición de la sociedad convocante y la segunda como prueba decretada de oficio por el tribunal.
b) Pruebas pedidas por la parte convocada:
Se tuvieron como pruebas los documentos aportados por la convocada con su contestación de demanda y se ordenaron las siguientes:
a) Subcontrato 001/97 suscrito por ICA S.A., con la sociedad Geoadinpro Ltda., con sus respectivos anexos, presentada por la parte demandante;
b) Comunicación de ICA S.A., de junio 8 de 1998 dirigida a Geoadinpro Ltda.;
c) Comunicación de junio 11 de 1998 de Geoadinpro Ltda., dirigida a Ecopetrol;
d) Comunicación de ICA S.A., de julio 15 de 1998 dirigida a Geoadinpro Ltda.;
e) Comunicación de Geoadinpro Ltda., de junio 8 de 1998 dirigida ICA S.A.;
f) Comunicación de junio 11 de 1998 de Geoadinpro Ltda., a Ecopetrol;
g) Comunicación de junio 24 de 1998 000531 de Ecopetrol;
h) Comunicación de junio 24 de Geoadinpro Ltda., dirigida a ICA S.A.;
i) Comunicación de ICA S.A., de julio 14 de 1998 dirigida a Ecopetrol;
j) Comunicación de julio 31 de 1998 de Geoadinpro Ltda., a ICA S.A.;
k) Comunicación de agosto 3 de 1998 de Geoadinpro Ltda., a ICA S.A., y
l) Comunicación de agosto 21 de 1998 de ICA S.A., dirigida a Geoadinpro Ltda.
Se ordenó comparecer al representante legal de Geoadinpro Ltda., ingeniero Ricardo Villalobos, quien se hizo presente en la hora y fecha señaladas y absolvió el interrogatorio que le formuló el apoderado de la parte convocante. Así mismo compareció a una segunda audiencia de interrogatorio de parte decretada de oficio por el tribunal.
Se oyó el testimonio del ingeniero Rafael Sánchez M.
9. Audiencia de conciliación judicial
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley 446 de 1998, se citó a las partes para una audiencia de conciliación, la cual inició el 16 de septiembre de 1999 y culminó el 22 de septiembre siguiente, sin que hubiese sido posible un arreglo directo entre ellas.
10. Alegaciones de las partes
En la respectiva audiencia los apoderados de las partes entregaron un resumen escrito de sus alegaciones de conclusión.
La controversia sometida a la decisión del tribunal de arbitramento
Las afirmaciones contenidas por las partes en los escritos de demanda y su contestación, así como las modificaciones y adiciones a unos y otros y el material probatorio, tanto el aportado por las partes como el resultante de la acción oficiosa del tribunal, permiten a este colegir que el conflicto surgido entre Geoadinpro Ltda. (Geoadinpro) e Ingenieros Civiles Asociados S.A. (ICA) surge en desarrollo de la relación jurídica trabada entre ellos de la siguiente manera:
1. Geoadinpro e ICA celebraron el llamado subcontrato de prestación de servicios para la evaluación geológica y geofísica del bloque “Las Moras”, el cual le había sido entregado a ICA por la Empresa Colombiana de Petróleos (“Ecopetrol”) para que dentro del mismo se adelantaran trabajos de exploración de hidrocarburos como los contratados con Geoadinpro.
2. La fecha cierta del llamado “subcontrato”, en los términos del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, es el 6 de octubre de 1997, por cuanto es en esta que se produce la suscripción ante notario público, y es también la fecha en que debe empezar a contarse el término o plazo, inicialmente estimado en diez (10) meses, por haberlo pactado así los contratantes.
3. El “subcontrato” contiene en su cláusula segunda la determinación del objeto de las obligaciones de Geoadinpro, cuyo alcance se determina de manera muy específica en documentos que se tienen como parte integrante del subcontrato. Los principales documentos son la oferta de servicios presentada por Geoadinpro con fecha 29 de septiembre de 1997, el anexo B de esta y el cronograma de actividades y presupuesto, todos los cuales, al haber sido aceptados por ICA, conformaron el acuerdo de voluntades necesario para el nacimiento del “subcontrato” cuya formalización por escrito permite al tribunal conocer los elementos convencionales del mismo. En particular, lo relativo al término para la ejecución de servicios por parte de Geoadinpro y el precio a cargo de ICA.
4. Conforme con el cronograma citado, y lo resultante del material procesal, aparece que las relaciones de las partes en desarrollo del subcontrato ocurrieron así:
a) Geoadinpro efectuó el servicio de levantamiento de geología de superficie, por intermedio del ingeniero Guillermo A. Camargo, quien lo entregó en diciembre de 1997. El informe respectivo obra en autos, en los folios 100 a 137 del cuaderno 1 de pruebas del expediente. Aunque más tarde aparecieron objeciones de ICA sobre este trabajo, lo cierto es que el servicio le fue cancelado a Geoadinpro, al valor de US$ 11.200, o su equivalente en pesos colombianos según lo pactado en el subcontrato.Sobre este particular no existe discrepancia entre las partes;
b) Así mismo, Geoadinpro ejecutó el servicio relativo a la primera parte de la integración geológica y geofísica de la información sobre el bloque “Las Moras”, así como los trabajos del control de calidad del reprocesamiento de información sísmica existente, tasados según el cronograma en las sumas de US$ 17.100 y US$ 11.250, pagaderos en pesos colombianos equivalentes, los cuales también fueron cancelados sin que exista discrepancia al respecto;
c) Previamente, en diciembre de 1997, según se desprende de los documentos y de las declaraciones que obran en el proceso, Geoadinpro había cumplido con su obligación de proponer el programa para los trabajos complementarios de sismología, los cuales incluían los diseños de parámetros de contratación y la evaluación de las propuestas (fl. 15 del cdno. 1 de pbas.). Este servicio, valorado en la suma de US$ 4.500 pagaderos en pesos equivalentes según lo pactado, tampoco es materia de discrepancia entre las partes;
d) Pero es importante destacar desde ahora que, como resultado de su evaluación de propuestas, Geoadinpro recomendó a ICA considerar la oferta presentada por la firma Grant Geofísica. Esta recomendación fue seguida por ICA, por cuanto Grant Geofísica, según la declaración del representante legal de la firma Gaya Ltda., geólogo Federico Solano Camelo, ejecutó este trabajo para ICA. Sin embargo, la supervisión y control de calidad del mismo, inicialmente contratada con Geoadinpro, la efectuó Gaya Ltda., en los meses de septiembre y octubre de 1998. Es decir, después de que el término inicial del subcontrato había expirado;
e) Las dificultades entre las partes se inician por el primer trimestre de 1998 como resultado de algunos hechos que, a la vista del tribunal, son principalmente los siguientes:
f) Por una parte, ICA demora su decisión para contratar la compañía que efectuaría el trabajo de adquisición de sísmica. Según la declaración del geólogo Rafael Sánchez Montes de Oca, testigo propuesto por la parte demandada y tachado por la parte actora (declaración que obra en los fls. 54 a 77 del cdno 1 de testimonios), la demora en adoptar esta decisión tuvo varias razones, ninguna de las cuales es atribuible a Geoadinpro;
g) En el interregno, es decir, entre los meses de diciembre de 1997, enero y febrero de 1998, cuando Geoadinpro debía haber efectuado sus trabajos de control de calidad en la adquisición y el procesamiento de la nueva sísmica, Geoadinpro estuvo dispuesto a cumplir con su obligación, comprometiendo su capacidad de trabajo mayormente para su cliente ICA y sin que tuviere razón formal de esta sobre si el servicio se iba a ejecutar según lo pactado. Por el contrario, obra al folio 100 del cuaderno 1 de pruebas, un documento de febrero 5 de 1998 (“informe mensual al Grupo Scout”), en donde se manifiesta que la sísmica se espera iniciar “en un par de semanas”, lo cual, junto con otras indicaciones coincidentes, fue tomado por Geoadinpro como una señal que dicho servicio sería ejecutado aunque fuera después de lo previsto en el cronograma;
h) En 19 de marzo de 1998, cuando ya aparece que la relación armoniosa del principio entre las partes no era así, Geoadinpro resuelve presentar a ICA para pago la factura 0071, por valor de US$ 36.000 más IVA, por concepto de “control de calidad, adquisición y proceso bloque Las Moras”, trabajos que en rigor de verdad no hizo, así hubiere estado dispuesto a hacerlos;
i) Esto contribuyó, al decir del representante legal de ICA y del geólogo Sánchez Montes de Oca, a minar la confianza comercial de su empresa en Geoadinpro;
j) Geoadinpro, en ejercicio de lo que su representante legal en su declaración solicitada de oficio por el tribunal denomina “colaboración de buena voluntad”, y que a la vista del tribunal debe entenderse como en desarrollo de su obligación legal de ejecutar sus compromisos de buena fe (C.C., art. 1603), prestó asistencia a ICA, no pactada expresamente en el Subcontrato, incluyendo dentro de esta informes y actividades con Ecopetrol, el Ministerio de Minas y Energía, el Grupo Scout, etc. respecto de las cuales ICA, por su condición de empresa extranjera, carecía de la familiaridad necesaria;
k) Estos servicios de “colaboración y buena voluntad” fueron tan lejos como para aconsejarle a ICA la adquisición de información geológica de Ecopetrol respecto del llamado Bloque Castillo, situado al sur del Bloque Las Moras, para lo cual Geoadinpro actuó en nombre de ICA con consentimiento de esta;
l) No cabe duda tampoco al tribunal que, algún tiempo después, se presentaron hechos que contribuyeron a exacerbar aún más los ánimos mutuos, como por ejemplo la solicitud de Geoadinpro ante Ecopetrol para que esta interviniera en el conflicto privado con ICA y, en particular, la disconformidad de ICA con la calidad de ciertos servicios ejecutados por Geoadinpro al presentar el informe para la segunda parte de la integración Geológica-Geofísica que motivó el rechazo de pago de la factura correspondiente;
m) Como se indicó anteriormente, ICA no estaba satisfecha con algunos trabajos realizados por Geoadinpro. En efecto, en opinión de ICA, Geoadinpro no entregó la totalidad de la información de geología de superficie (aunque la factura correspondiente le fue cancelada en tiempo); mantuvo en su poder por un período información de la denominada “confidencial” en el subcontrato y los conceptos incluidos en el informe final de la segunda etapa de integración geológica - geofísica, merecieron reparos y rechazos de ICA que Geoadinpro subsanó posteriormente, y
n) Todos estos fueron factores contribuyentes al rechazo de la factura 0072, presentada en pesos colombianos equivalentes, seguida pocos días después por la factura 0080 por US$ 27.000 por el mismo concepto de integración geológica - geofísica, que afectaron adversamente aún más las relaciones de las partes y que, respecto únicamente de este punto, solo se zanjaron por un acuerdo posterior inclusive a la presentación de la solicitud de convocatoria de este tribunal, mediante el cual ICA reconoció parcialmente el valor de los servicios facturados, junto con los causados en el servicio adicional prestado en relación con el Bloque “Castillo”. Debe anotarse desde ya que Geoadinpro aceptó este reconocimiento parcial de sus servicios y recibió el menor importe de la factura.
Análisis de los hechos de la demanda y su comprobación dentro del proceso
A continuación el tribunal procede a efectuar un análisis de los hechos planteados en la demanda y en su contestación, a la luz del material probatorio con que las partes intentaron acreditar unos y otros.
1. Hecho primero
Este hecho parte de la afirmación de la convocante, no controvertida por la convocada, según la cual ICA suscribió el contrato con Geoadinpro, con fecha 6 de octubre de 1997, por un término inicial de 10 meses, prorrogable a voluntad mutua de las partes.
Como se ha indicado, este hecho no es controvertido y está suficientemente acreditado con aporte de un ejemplar original del llamado subcontrato al proceso.
Destaca el tribunal que del contenido mismo del subcontrato se desprende que las partes con claridad definieron el plazo, el precio por valor fijo distribuido para cada etapa de la obra, el modo y lugar de su ejecución.
De las declaraciones de las partes y de los testigos, en particular la del representante legal de Gaya Ltda., geólogo conocedor del tema, resultó evidente para el tribunal que el subcontrato, por la naturaleza de las obras, implicaba una ejecución secuencial de servicios, es decir, por sucesión de obras parciales, en algunos casos por ser unos servicios presupuesto de los siguientes, y en otros casos por orden técnico aunque eventualmente pudieran sobréponerse de manera coyuntural, todo en función de la ejecución integral del objeto final descrito en la cláusula primera del subcontrato.
2. Hecho segundo
Este hecho es el relacionado con el valor estimado del subcontrato, erróneamente citado por la convocante en la demanda, en un comienzo, pero enmendado posteriormente, confirmado por el texto del subcontrato mismo y no controvertido por la convocada.
3. Hecho tercero
Lo afirmado en este hecho, respecto del precio y forma del pago de los servicios, corresponde a lo pactado por las partes en el denominado subcontrato y, por consiguiente, se encuentra demostrado en el proceso.
4. Hecho cuarto
La convocante afirma que ICA, injustificadamente, se encuentra en mora de pagar la factura 0071 de marzo 11 de 1998, por valor de US$ 36.000, pago que, según ella, ha debido efectuarse el 2 de abril de 1998. A esta afirmación se opone la convocada y dice que no es cierta.
Sobre el particular debe advertirse que, cuando el tribunal estudió el acervo probatorio en el proceso y concretamente lo relativo al concepto originario de esta factura, a saber, el “control de calidad, adquisición y proceso del bloque “Las Moras”, encontró que no será demostrado que Geoadinpro hubiese efectuado este servicio.
Por el contrario, lo que está demostrado, inclusive por el reconocimiento expreso del representante legal de Geoadinpro, es que el servicio no fue ejecutado.
También está demostrado que la inejecución no es atribuible a Geoadinpro, en la medida en que ICA no contrató con la empresa recomendada por aquella los servicios de adquisición de sísmica dentro del término del subcontrato, lo cual era presupuesto necesario para que Geoadinpro pudiera cumplir con los de control de calidad de la adquisición y procesamiento.
5. Hecho quinto
Lo indicado en este hecho de la demanda se refiere a las dificultades que tuvo la convocante para el pago de la factura 0069 (por concepto de la segunda parte de la integración geológica-geofísica del Bloque Las Moras y un trabajo adicional sobre evaluación del sector “Castillo” que no es parte del subcontrato), por valor total de US$ 21.824, ya que esta factura tuvo que ser reemplazada por la factura 0072 por Col.$ 30.490.746, que incluía los dos conceptos citados, a pesar de que estaba acordado en el subcontrato que el precio era referido a dólares americanos determinable en pesos colombianos equivalentes por aplicación de la tasa representativa del mercado.
Frente a esta afirmación de la parte convocante, la convocada se opone aclarando, en primer lugar, que todas las facturas se han pagado en pesos colombianos, aclaración que, a juicio del tribunal, es irrelevante puesto que eso era simplemente el cumplimiento de lo pactado por su representada.
Pero, en segundo lugar, y esta sí sería un argumento de fondo, porque ICA objetó el pago por no estar satisfecha respecto de la cantidad y la calidad del servicio prestado. O, dicho de otra manera, porque frente a la acción de la convocante, tendría la excepción de contrato no cumplido propia de los contratos bilaterales (CC, art.1609).
Sin embargo, parece al tribunal que respecto del pago de esta parte de obra ya existe un acuerdo definitivo de las partes porque, como ellas mismas lo manifiestan dentro del proceso, el pago de estos servicios se efectuó por parte de ICA, con posterioridad al inicio del procedimiento arbitral. Así lo reconoce la apoderada de la convocada en oportunidad posterior a la demanda y, muy en particular, el propio representante legal de Geoadinpro en la declaración de parte decretada de oficio por el tribunal. En efecto, a la pregunta específica del presidente del tribunal que reza textualmente: “... Sírvase decir al tribunal si la factura 0069 por US$ 21.824 le fue pagada por ICA?, el señor representante legal de Geoadinpro responde de manera textual: “... Sí, esa factura me fue pagada no en dólares como inicialmente la presenté, me solicitaron que la cambiara y la pasara a pesos, entonces fue presentada en pesos y nos fue pagada el 2 de septiembre de 1998, cuatro meses después de su presentación ...”.
El tribunal encuentra, en relación con este hecho, que está demostrado en el proceso que la obligación original de ICA, o sea pagar US$ 27.000, según lo pactado en el Subcontrato, fue cambiada por acuerdo de las partes por la de US$ 21824, que se reclamó con la demanda, pero que a su vez fue sustituida por el pago de Col.$ 26.299.386 (ya que los restantes Col.$ 4.191.360 correspondieron a servicios externos al subcontrato).
Reconocer de nuevo el pago de la factura 0069 implicaría, por una parte, que el tribunal desconoce sin motivo alguno, y sin que se lo hubieren pedido, el acuerdo de las partes para zanjar una porción de sus diferencias y, por la otra, que concede a Geoadinpro el pago doble de un mismo servicio.
6. Hecho sexto
La convocante afirma en este hecho que ICA, con fecha 17 de julio de 1998, envió por fax a Geoadinpro un acta de liquidación condicionando el pago de la factura 069, reemplazada después por la factura 0072, a la firma de los finiquitos correspondientes, desconociendo que esa suma correspondía a una de las etapas del subcontrato y no a la liquidación definitiva.
La parte convocada solicitó que tal afirmación se pruebe.
El tribunal considera que la convocante demostró que ICA realmente remitió esta acta de liquidación. En cuanto al contenido de este documento, el tribunal encuentra, después de apreciarlo en conjunto con otras pruebas que obran en el proceso que, por una parte, demuestra la intención de ICA de desligarse de los compromisos contractuales con Geoadinpro provenientes del subcontrato y, por otra, una oferta de liquidación de las prestaciones mutuas existentes en ese momento, que no es aceptada por Geoadinpro, lo cual también está comprobado dentro del proceso.
El hecho de que el tribunal le de a este documento el valor de aviso de su intención de destratar no implica que el tribunal acepte que su remisión por fax del doctor Jairo A. Barros Acosta, quien es apoderado procesal de ICA pero no aparece en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá aportado al proceso como persona con facultad legal para comprometer a ICA, pueda entenderse que cumple con los requisitos pactados en la cláusula décima cuarta del subcontrato para que opere legítimamente el derecho reservado por ICA de dar por terminado el contrato unilateralmente como se expondrá adelante.
7. Hecho séptimo
En este hecho, la convocante afirma que el subcontrato está vigente porque ICA no ha dado aviso escrito de terminación, ni de suspensión, acciones que hubiera podido ejercer según lo establecido en el subcontrato. A esta afirmación, la parte convocada responde que el subcontrato terminó por acuerdo verbal entre las partes.
Sobre la afirmación de la convocante, el tribunal se refiere en extenso en otra parte del presente laudo.
En cuanto a lo afirmado por la parte convocada, el tribunal considera que no hay probanza que demuestre el supuesto acuerdo verbal de las partes para dar por terminado el subcontrato. Aunque alguna de las correspondencias intercambiadas por las partes, aportadas por la parte convocante, contienen indicios sobre discusiones del tema de una terminación por mutuo acuerdo, tienen mayor fuerza las pruebas documentales aportadas por la parte convocante que demuestran con claridad que de su parte no hubo consentimiento para la alegada terminación convenida.
8. Hecho octavo
En este Hecho, la convocante afirma que no se dieron ninguna de las causales para dar por terminado el subcontrato unilateralmente por parte de ICA, a lo cual el apoderado de esta simplemente responde que esto no es cierto y que esto debe probarlo la parte convocante.
El tribunal considera que la afirmación de la convocante es una negación indefinida y que, por consiguiente, no le incumbe probarla. (CPC, art. 177). En todo caso, habría correspondido a ICA demostrar las causales para dar por terminado el contrato unilateralmente si hubiere resuelto hacer uso de esa facultad que se reservó contractualmente.
9. Hecho noveno
Afirma la convocante que ha estado íntegramente a disposición de ICA para dar cumplimiento a su parte contractual. Pretende demostrar esta afirmación con la prueba testimonial del señor Felipe Panqueva, quien comparte sitio de oficina con Geoadinpro y por eso le consta el grado de dedicación de Geoadinpro al servicio de ICA; con la del geólogo Carlos Arce, a quien como funcionario de la empresa Sipetrol le consta que Geoadinpro declinó una invitación de contrato alegando sus compromisos con ICA y con pruebas documentales, en particular la carta enviada a Ecopetrol, que obra al folio 76 del cuaderno 1 de pruebas, aunque forzoso es aclarar que esta es de fecha 27 de agosto de 1998, cuando Geoadinpro podría razonablemente haber concluido que sus servicios no serían requeridos por ICA ya que para entonces esta le había comunicado su intención de hacer cesar el subcontrato, el plazo inicialmente pactado para la duración del precitado subcontrato había expirado y las relaciones de las partes se habían deteriorado hasta un punto de no retorno.
A la afirmación de la convocante, responde la convocada solicitando su prueba y afirmando que el subcontrato en parte alguna contiene un acuerdo de exclusividad durante el plazo.
Para el tribunal, el material probatorio aportado por las partes y el resultante de las solicitadas de oficio, demuestra con claridad lo afirmado por la parte convocada. Evidentemente, la exclusividad al servicio de ICA no era condición del subcontrato y mal podría Geoadinpro hacer de su determinación unilateral de consagrar toda su capacidad operativa al servicio de ICA, una fuente para reclamar indemnización de perjuicios. Mucho menos con tan exiguo esfuerzo probatorio de su parte.
Lo que para el tribunal sí resulta evidente, por la evaluación de ese mismo material probatorio, es que Geoadinpro estuvo dispuesto en todo momento, con toda su capacidad operativa, para cumplir su parte del subcontrato. La obra que no ejecutó fue la relativa al control de calidad de la adquisición y procesamiento de nueva sísmica, pero fue por un hecho atribuible a su contraparte que no le suministró el medio indispensable para que Geoadinpro cumpliera la suya.
10. Hecho décimo
La convocante alega que, en 1998 y hasta la fecha de la solicitud de convocatoria del tribunal, no ha recibido pago alguno de ICA con el grave perjuicio económico que de esto se deriva. Es en este hecho donde afirma que, a esa fecha (el resaltado es nuestro) estaban insolutas las facturas 0071 y 0069, a las cuales ya nos hemos referido, y la 0085 por “servicios de consultoría profesional” durante los meses de marzo a julio de 1998 por valor total de US$ 60.000.
La convocada se opone a esta afirmación y a su turno indica, es de suponer que en relación con la factura 0085, que ICA nunca contrató con Geoadinpro servicios de consultoría profesional distintos de los que con claridad meridiana aparecen dentro del objeto único del subcontrato.
Para el tribunal, la confrontación de las facturas aludidas con las pruebas que aparecen en el proceso, le lleva a la siguientes conclusiones:
a) En relación con la factura 0071, como ya se dijo, es claro que se refiere al cobro de un servicio que no ejecutó, pero por razones que son imputables a ICA. El tribunal se refiere separadamente a esta;
b) La factura 0069, corresponde a servicios cancelados en forma mutuamente aceptada por las partes con posterioridad a la presentación de la solicitud de convocatoria del tribunal, y
c) En cuanto a la factura 0069, no encuentra el tribunal que la parte convocante haya sido exitosa en demostrar que su cobro se justifique por la aparente asesoría profesional que le prestó a ICA. En efecto, no se demuestra si los servicios de representación y asesoría fueron prestados más allá de la atención de sus obligaciones propias de ejecutar el contrato de buena fe. Tampoco es exitoso en demostrar que tales servicios se originen en compromiso alguno del subcontrato y, si hubiesen sido el resultado de acuerdos adicionales entre las partes como parece reconocerlo el señor representante legal de ICA, no habría sido el subcontrato la fuente de la obligación que Geoadinpro pretender exigir y el tribunal no puede desbordar su competencia para entrar a fallar sobre acuerdos distintos de este.
11. Hecho undécimo
Este hecho se refiere a la estipulación sobre el sometimiento de discrepancias a la decisión del Tribunal de Arbitramento, que es compartido por las partes, y sobre el cual, en realidad de verdad, este tribunal se pronunció al reconocer su propia competencia. Esta, por lo demás, no ha sido discutida en el proceso por vía de excepción.
El contrato celebrado por las partes
No cabe duda para el tribunal que el contrato celebrado por las partes es de prestación de servicios profesionales o lo que equivale, entre nosotros, al contrato de arrendamiento de servicios inmateriales.
Se trata de uno de aquellos contratos para la prestación, con autonomía o independencia, de servicios de carácter inmaterial, por primar la actividad intelectual sobre la meramente material y que, por consiguiente, es de carácter típico o nominado pues para la interpretación de los efectos jurídicos derivados del mismo tiene el tribunal a su alcance no solamente lo convenido por las partes, que es ley entre ellas (C.C., art. 1602), sino las normas específicas del Código Civil Colombiano que lo regulan y las concordantes de este Código y el Código de Comercio.
Es también un contrato bilateral, conmutativo, consensual, aunque en este caso las partes por mutuo acuerdo resolvieron dotarlo de la formalidad del escrito, y es también un contrato de ejecución o tracto sucesivo en que las prestaciones de las partes se ejecutan en el tiempo a medida que se van causando recíprocamente.
Definida la naturaleza jurídica del contrato, pasa el tribunal ahora a examinar el alcance de las obligaciones asumidas por las partes y, más precisamente, de las prestaciones que constituyen su objeto.
De las cláusulas del contrato el tribunal destaca, como pertinentes, las siguientes:
— De conformidad con la cláusula primera del contrato relativa al objeto del mismo, “el subcontratista se obliga para con Ingenieros Civiles Asociados S.A., a realizar la evaluación geológica y geofísica del proyecto Las Moras, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones de la propuesta técnica presentada, en concordancia con lo convenido en el contrato de asociación suscrito entre ICA y Ecopetrol el 14 de julio de 1997...”, todo ello “de acuerdo al plan de trabajo presentado en la propuesta...”.
— “El valor del presente subcontrato —se estipula en la cláusula tercera— es de US$ 111.600 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente, sin incluir IVA”.
— Según la cláusula inmediatamente siguiente, cláusula cuarta, ICA “pagará al subcontratista ... a la presentación de la factura de cobro ... dentro de los ocho días hábiles siguientes al recibo y aceptación de la factura de cobro correspondiente”.
— De conformidad con la cláusula relativa al plazo del contrato (quinta) “su plazo de duración será de aproximadamente diez meses...”.
— Según la misma cláusula, y en referencia con la terminación del contrato, las partes acordaron que “en el evento en que el subcontratista no atienda las indicaciones de Ingenieros Civiles Asociados que se desprendan de las obligaciones a que se comprometió en la propuesta presentada pudiendo hacerlo, tal actitud será causa suficiente para dar por terminado el subcontrato en forma inmediata sin indemnización alguna a cargo de Ingenieros Civiles Asociados S.A. Queda así entendido que la terminación se producirá con el aviso por escrito que para tal caso suministre Ingenieros Civiles Asociados al subcontratista ...”.
- Al tenor de lo acordado en la cláusula sexta, “el subcontratista no será intermediario de Ingenieros Civiles Asociados y tendrá plena autonomía administrativa, asumirá, por lo tanto, sus propios riesgos en la ejecución de este subcontrato, utilizando sus propios medios y contratando el personal que requiera para la ejecución de este subcontrato...”.
— De conformidad con la cláusula décima siguiente, “cuando por circunstancias especiales, a juicio de Ingenieros Civiles Asociados, hubiere necesidad de modificar el plazo o el valor convenido, se deberá suscribir otrosí, siempre y cuando el plazo del subcontrato no estuviera vencido”.
Según lo estipulado en la cláusula décima tercera, “El subcontratista autoriza a Ingenieros Civiles Asociados para ordenar la suspensión, en todo o en parte, de los trabajos contratados, cuando no se estén ejecutando dentro de las especificaciones técnicas convenidas ... En estos eventos, los trabajos solo se reiniciarán, previa suscripción de un acta entre los representantes de Ingenieros Civiles Asociados y el subcontratista que hubieran suscrito el Subcontrato, en la cual se determinará el compromiso de cumplimiento de las normas infringidas, la prórroga de las garantías y la manera de acreditar y reconocer os perjuicios causados a Ingenieros Civiles Asociados. Así mismo Ingenieros Civiles Asociados podrá ordenar la suspensión, en todo o en parte, de los trabajos contratados, cuando lo estime conveniente o cuando se presenten causas o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, previa suscripción de un acta donde se estipulen las causa de tal suspensión y se estime la fecha probable de reiniciación. Al reiniciar los trabajos contratados, deberá suscribirse un acta donde se determine la fecha de reiniciación del contrato, la tasación de los perjuicios causados, la prórroga de las garantías y la forma de pago de los valores acordados. Para los efectos del plazo contractual, no se computa el tiempo que dure la suspensión”.
— En punto tocante con la terminación del contrato (cláusula décima cuarta), en el contrato se prevé que “El subcontratista autoriza a Ingenieros Civiles Asociados para dar por terminado unilateralmente este contrato, en cualquier momento, cuando se presente alguna de las siguientes causas: a) No se diere inicio a os trabajos en el tiempo convenido en el subcontrato; b) La incapacidad financiera del subcontratista que se presume cuando se le declare en quiebra, se le abra concurso de acreedores o sea intervenido por la autoridad competente. Igualmente Ingenieros Civiles Asociados podrá considerar que hay incapacidad financiera cuando el subcontratista sea embargado judicialmente; c) Si a juicio de Ingenieros Civiles Asociados, del incumplimiento de las obligaciones del subcontratista se derivan consecuencias que hagan imposible la ejecución del subcontrato o se causen perjuicios a Ingenieros Civiles Asociados; d) Por no contar permanentemente en el sitio de los trabajos con el equipo los recursos necesarios para la ejecución de los mismos; e) Si suspendidos los trabajos no se reanudaren dentro del plazo acordado entre las partes, una vez terminen las causas que obligaron a esta suspensión; f) Si el subcontratista se negare a ejecutar las reparaciones o modificaciones en los trabajos de acuerdo con lo previsto en este subcontrato o en la oferta presentada, y en el contrato de asociación. En el evento en que se de por terminado el subcontrato, el funcionario competente de Ingenieros Civiles Asociados lo comunicará por escrito al subcontratista, el cual tendrá derecho a que se le pague la parte de los trabajos recibida a satisfacción de Ingenieros Civiles Asociados, sin derecho a reclamar ninguna otra compensación, indemnización, retribución o pago”.
Como puede apreciarse de las estipulaciones transcritas, Geoadinpro se obligó a prestar sus servicios profesionales para la evaluación geológico y geofísica del proyecto Las Moras, de acuerdo con la propuesta técnica presentada.
Como retribución por la prestación de tales servicios, Ingenieros Civiles Asociados se obligó a reconocerle por honorarios la suma de US$ 111.600, mediante pagos que efectuaría dentro de los ocho días siguientes al recibo y aceptación de las facturas de cobro correspondiente.
El plazo para la ejecución del contrato era de diez meses, aproximadamente.
ICA se reservó el derecho de dar por terminado el contrato, de manera unilateral y sin indemnización alguna a su cargo, cuando Geoadinpro, a juicio de la primera, no atendiere las indicaciones en relación con el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la segunda.
Las partes acordaron que el ejercicio de la facultad de revocar unilateralmente el contrato que tenía ICA, se produciría con el aviso escrito que en tal sentido le cursara a Geoadinpro.
Adicionalmente, en cláusula posterior (décimo cuarta), el ejercicio de la revocación unilateral quedó restringido a la ocurrencia de las seis causales allí expresadas, de las cuales el tribunal considera relevantes para los efectos de este laudo las previstas en los numerales c) y f).
De conformidad con el numeral c) de la cláusula décimo cuarta, ICA podía dar por terminado unilateralmente el contrato cuando, del incumplimiento de las obligaciones a cargo de Geoadinpro, se hubieren derivado consecuencias que hicieren imposible la ejecución del contrato o causare perjuicios a aquella.
De acuerdo con el numeral f) de la misma cláusula, ICA estaba autorizado para ejercer la facultad de revocación unilateral que se había reservado, en. el caso de que Geoadinpro se negare a ejecutar las reparaciones o modificaciones en los trabajos, exigidas por aquella, todo de acuerdo con lo previsto en el mismo contrato.
En la cláusula que se analiza se reitera lo dicho en la cláusula quinta precedente, como ya se anotó, en el sentido de que ICA debía ejercer la facultad de revocación unilateral del contrato mediante noticia escrita dirigida a Geoadinpro, caso en el cual esta sociedad tendría derecho a que se le pagaran los trabajos que ICA había recibido a satisfacción, pero sin derecho a reclamar compensación, indemnización o retribución algunas.
De igual manera, en la cláusula décima tercera, Geoadinpro autorizó a ICA para ordenar la suspensión, en todo o en parte, de los trabajos contratados, cuando ellos no se estuvieren ejecutando dentro de las especificaciones técnicas convenidas. En este evento, las partes suscribirían un acta de reiniciación de los trabajos, en la cual precisarían las obligaciones que a juicio de ICA se habían incumplido y la forma de dar cabal cumplimiento a las mismas, así como el plazo para ejecutar dichas obligaciones y la manera de acreditar y reconocer los perjuicios que ICA considerare haber sufrido.
ICA podía, además, ordenar a Geoadinpro la suspensión, en todo o en parte, de los trabajos contratados cuando lo estimare conveniente, o cuando se presentaren causales constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, eventualidades en las cuales se debía suscribir, también, un acta en la que se dejare constancia de los eventos o de los hechos que se estimaron con virtualidad suficiente para tenerse como causales justificativas de la suspensión, al igual que la fecha en que habrían de reiniciarse los trabajos tantas veces mencionados. En este caso, al igual que lo que ocurría en las hipótesis de suspensión a que arriba se hizo referencia, las partes dejarían consignada en un acta la fecha de reiniciación del contrato, la estimación de las pérdidas, en el caso de haber estimado conveniente la suspensión, o de los perjuicios en el evento de que dichas pérdidas fueren imputables a la parte contraria, al igual que la prórroga de las garantías y la forma de pago de dichas pérdidas o perjuicios.
Teniendo en cuenta las precedentes consideraciones, el tribunal estima:
1. El contrato celebrado por convocante y convocada es de prestación de servicios profesionales, reglado por el Código Civil como contrato de arrendamiento de servicios inmateriales, con las características, principios y normas aplicables que de manera sucinta se precisaron atrás.
Es este “... un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a ... prestar un servicio y la otra a pagar por este ... servicio un precio determinado” (C.C., art. 1973).
Geoadinpro, en efecto, se obligó, fundamentalmente, a realizar la evaluación geológica y geofísica del proyecto Las Moras, con la absoluta independencia técnica y profesional a que se refiere la cláusula sexta del contrato denominada, precisamente, “independencia del subcontratista”.
En razón de prestar sus servicios de la forma estipulada, Geoadinpro conservó la libertad de prestarlos a otros clientes, en la medida, claro está, de las disponibilidades de personal y de tiempo que su organización le permitiera. El hecho de que no se trate de una sociedad de tamaño considerable, según lo mencionó su mismo representante legal, pudo haber impedido eventualmente que no tuviere la disponibilidad de atender la invitación a participar en otros trabajos, pero ello obedecía a los limitados recursos de personal y a la práctica de contratar a otros profesionales o empleados, dependiendo de los requerimientos de cada contrato, por parte de Geoadinpro.
Estima de importancia el tribunal precisar, desde ahora, los temas atinentes a las facultades de ICA de suspender y revocar el contrato.
En relación con las primeras, Geoadinpro autorizó a ICA para “ordenar la suspensión” de los trabajos contratados, en todo o en parte, cuando esta estimare que aquella no estaba ejecutando el contrato “dentro de las especificaciones técnicas convenidas”. De igual manera, podía hacerlo cuando simplemente lo considerare conveniente, “previa suscripción de una acta donde se estipulen las causas de tal suspensión y se estime la fecha probable de reiniciación”, cumplida la cual debía suscribirse otra acta donde se determinaba “la fecha de reiniciación del contrato, la tasación de los perjuicios causados, la prórroga de las garantías y la forma de pago de los valores acordados”.
Quedó al criterio de la convocada determinar si la forma como Geoadinpro estaba cumpliendo las prestaciones a su cargo correspondía o no a lo convenido en el contrato, o la simple conveniencia para ICA de esa suspensión. Las partes estaban conscientes de la amplia discrecionalidad de las facultades que ICA se reservaba y, prueba de ello, es la forma como regularon su ejercicio, hasta el punto de prever que en el caso de invocarse para los propósitos que fue reconocida, “los trabajos solo, se reiniciarían previa suscripción de un acta entre los representantes” de ellas “en la cual se determinaría el compromiso de cumplimiento de las normas infringidas, la prórroga de las garantías y la manera de acreditar y reconocer los perjuicios causados a” ICA. (cláusula décimo tercera)En punto tocante con las segundas —la revocación unilateral del contrato— Geoadinpro “autorizó” a ICA para dar por terminado el contrato, “cuando se presente alguna de las siguientes causas: a) No se diere inicio a los trabajos en el tiempo convenido…; b) La incapacidad financiera del subcontratista...”; c) Si, “a juicio” de ICA, “del incumplimiento de las obligaciones del subcontratista se deriven consecuencias que hagan imposible la ejecución del subcontrato o se causen perjuicios a” ICA; d) “Por no contar permanentemente en el sitio de los trabajos con el equipo o los recursos necesarios para la ejecución de los mismos; e) Si suspendidos los trabajos, no se reanudaren dentro del plazo acordado entre las partes … y f) Si el subcontratista se negare a ejecutar las reparaciones o modificaciones en los trabajos de acuerdo con lo previsto en este subcontrato o en el de la oferta presentada y en el contrato de asociación ...”.
De las seis causales de revocación unilateral del contrato contempladas en la cláusula décimo cuarta que se comenta, solo sería pertinente para los efectos que al tribunal interesan, la contenida en el numeral c) antes transcrito, cual es la posibilidad de estimar, a juicio de los ingenieros de ICA, que había habido incumplimiento de Geoadinpro y que de dicho incumplimiento se derivaban consecuencias que, hacían imposible la ejecución del subcontrato o causaban perjuicios a ICA. Aquí, de manera similar pero aún más estricta que en la hipótesis de suspensión, las partes circunscribieron la forma y las causales, a manera de requisitos para el legítimo ejercicio de la facultad de revocación unilateral que nos ocupa.
El tribunal quiere llamar la atención acerca de la semejanza que hay entre la cláusula que se comenta y la potestad exorbitante que se reconoce a las entidades estatales, relativa a la caducidad de los contratos y efectos de la misma, contemplada en el artículo 18 de la Ley 80 de1993.
En el inciso 1º de la citada norma se dispone que “si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado...”. No es difícil, pues, comprobar la similitud entre las dos previsiones. Baste para ello observar que mientras que la ley habla de incumplimiento de obligaciones que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, la cláusula en comento se refiere a las consecuencias del incumplimiento del contratista que hagan imposible la ejecución del subcontrato o le ocasionen perjuicios a ICA.
Sin necesidad de que el tribunal opte entre las tesis que defienden la validez de esta clase de estipulaciones en el derecho privado y las que la niegan, es evidente que al limitar a seis causales la facultad de revocar unilateralmente el contrato, así como al prever los requisitos de forma en que debía ejercerse, esto es mediante una comunicación suscrita por el funcionario competente de ICA, inclina al tribunal a pensar que para que se entendieran cumplidos estos requisitos no era suficiente el simple envío del documento que ICA denominó acta de liquidación sino que era indispensable, además, que en dicho documento se hubieran expresado las razones o motivos por los cuales estimaba que se habían configurado los hechos que justificaban el ejercicio de esa excepcional potestad.
De conformidad con el inciso 2º del artículo 2056 del Código Civil “... el que cargó la obra, aún en el caso de haberse estipulado un precio único o total por ella, podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice todos los costos, y dándole lo que valga el trabajo hecho, y lo que hubiere podido ganar en la obra”.
El tribunal observa que es este uno de los contratos en que la ley autoriza a una de las partes, o a ambas (v. gr., mandato, seguros, etc.), para dar por terminado unilateralmente el contrato o, como suele denominarlo la doctrina con mayor propiedad, para revocarlo de la misma manera.
Cuando así acontece, quien revoca unilateralmente el contrato no tiene que aducir razón alguna para hacerlo, distinta a la manifestación de su propia voluntad. Ocurre, sin embargo, que en ocasiones el titular de tal facultad aduce, innecesariamente, que lo hace por motivo o razón adicional a su mera decisión. En tales casos el juez del contrato puede juzgar la realidad de los hechos que se invocan como fundamento de la terminación unilateral.
Algo similar ocurre cuando la ley o la estipulación de las partes prevén las causales para la terminación unilateral de la convención. Al invocar tales causales el juez debe verificar que los hechos ocurridos y aducidos o, lo que es lo mismo, las consideraciones invocadas, se ajustan a lo estipulado y justifican, por ende, la terminación unilateral del contrato que en derecho privado es una estipulación excepcional.
Ahora bien, si la terminación unilateral de un contrato estatal solo es posible, como atrás se observó, cuando el incumplimiento de las obligaciones afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la permitida en el derecho privado, de origen legal o convencional, no debe juzgarse con criterio menos estricto. Por lo tanto, en el caso que se examina, el argumento de ICA en el sentido de que del solo envío de un proyecto de liquidación del contrato, debía Geoadinpro entender que aquella lo había dado por terminado de manera unilateral, sin reconocimiento de compensación, indemnización o retribución de suma alguna, no puede ser acogido por el tribunal. Repárese a este respecto, además, que ICA tenía la facultad contractual no solo de suspender el contrato por tiempo indefinido cuando le pareciere conveniente, sino también la de darlo por terminado invocando cualquiera de las seis causales previstas en el mismo, aún en el supuesto de que hubiera ocurrido, en su opinión, una cualquiera de tales causales.
En conclusión, para el tribunal está demostrado que ICA no ejerció su derecho para dar por terminado o suspendido el subcontrato de conformidad con las cláusulas décima cuarta y décima tercera, respectivamente. Esa potestad que se reservó, con la aceptación de Geoadinpro, solamente se podía ejercer por causales muy específicas y mediante el cumplimiento de un ritual también específico, que en el caso de la terminación consistía en la notificación escrita, y debe entenderse que justificada, debidamente suscrita por funcionario competente de ICA (cláusula décimo cuarta). Si uno y otro se hubiesen dado, es decir, si hubiesen existido las causales y se hubiese observado el ritual pactado en el caso de terminación unilateral contractual, la consecuencia habría sido que Geoadinpro solo podría intentar un reclamo por el pago de los servicios prestados “a satisfacción de ICA”, habiendo renunciado de antemano a cualquier tipo de compensación o indemnización.
Las alegaciones de la convocante, de otra parte, en el sentido de que se le indemnicen los perjuicios por la eventual pérdida de la oportunidad que para ella representó el no poder aceptar otras invitaciones para participar en la ejecución de trabajos adicionales, no podrán ser atendidas por el tribunal en la medida en que, según se observó atrás, el contrato que ella celebró con ICA fue uno de prestación de servicios profesionales con absoluta independencia técnica y jurídica; que su infraestructura solo le permitía atender determinados negocios, a cuyo efecto no sobra recordar que su propio representante explicó que acudía a la contratación temporal de otros profesionales para poder hacerse cargo de más trabajos y, en fin, que el perjuicio, menos aún su cuantía, consistente en la pérdida de la oportunidad que sostiene haber sufrido, no fue acreditado dentro del proceso.Otra discrepancia entre las partes es la que tiene que ver con trabajos adicionales de asesoría que Geoadinpro considera derivados del contrato o comprendidos en el mismo y que ICA estima, en cambio, haber sido simples colaboraciones hechas por Geoadinpro en el entendimiento de que no habría una particular retribución por ellos.
Por partir de las premisas de considerar que, además de que el contrato continuaba vigente, esos servicios eran de asesoría y estaban comprendidos en el contrato, Geoadinpro los facturó a razón de US$ 12.000 dólares mensuales por el lapso de cinco meses comprendidos entre marzo y julio de 1998.
ICA estima, por el contrario, que el contrato se encontraba terminado, de común acuerdo o por la revocación unilateral; que esos servicios no tenían el alcance de una asesoría sino que eran meras colaboraciones usuales en esta clase de relaciones y, en todo caso, que eran ajenos al contrato.
El tribunal comparte la apreciación de Geoadinpro de que el contrato no había aún terminado ni de común acuerdo ni por virtud de la revocación unilateral que su contraparte aduce. Las probanzas que obran en el expediente no dan sustento, en cambio, para apoyar la posición de Geoadinpro de que esos servicios eran los propios de una asesoría ni que quedaban comprendidos dentro del objeto del contrato. Si no hay prueba alguna de la naturaleza de los servicios que Geoadinpro sostiene haber. prestado ni, menos aún de la cuantía de los mismos, mal podría el tribunal acoger la pretensión de la convocarte de estimarlos en US$ 12.000 dólares mensuales por el plazo de anca meses antes mencionado.
El tribunal no comparte, sin embargo, el criterio de la convocada de que los honorados correspondientes a la etapa en que Geoadinpro debía hacer el control de calidad de adquisición y procesamiento de sísmica, actividad prevista para ser ejecutada entre los meses de diciembre de 1997, enero y febrero de 1998 dejaron de causarse.
Los honorarios se acordaron en una suma fija por cada etapa —y sin que pueda interpretarse como contradicción con la opinión ya expresada acerca de la independencia que como profesional tenía Geoadinpro— la verdad es que la no prestación de los servicios correspondientes a la mencionada actividad se debió a un hecho no atribuible a Geoadinpro, por lo que el valor estipulado en el contrato por la suma de US$ 12.000 por los meses de noviembre de 1997 a febrero de 1998, representado en la factura 0071 por US$ 36.000, debe ser reconocido por la convocada a la convocante, y así se dispondrá en la parte resolutiva de este laudo.
Dicha suma estipulada en dólares, se liquidará a la tasa representativa del mercado vigente el 19 de marzo de 1998, fecha de presentación de la factura, en concordancia con lo expresamente pactado por las partes en el subcontrato. Esa tasa corresponde a Col$ 1.360.56 moneda legal, El valor resultante se actualizará aplicando el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE hasta la fecha del presente laudo.
Factura 071
Fecha IPC * Valor
Marzo 19 1998 (36.000 USD) $ 48.980.160 **
Abr-98 2.6 $ 50.253.644.16
May-98 2.9 $ 51.710.999.84
Jun-98 1.56 $ 52.517.691.44
Jul-98 1.22 $ 53.158.407.27
Ago-98 0.47 $ 53.408.251.79
Sep-98 0.03 $ 53.424.274.26
Oct-98 0.29 $ 53.579.204.66
Nov-98 0.35 $ 53.766.731.88
Dic-98 0.17 $ 53.858.135.32
Ene-99 0.91 $ 54.348.244.35
Feb-99 2.21 $ 55.549.340.55
Mar-99 1.7 $ 56.493.679.34
Abr-99 0.94 $ 57.024.719.93
May-99 0.78 $ 57.469.512.74
Jun-99 0.48 $ 57.745.366.40
Jul-99 0.28 $ 57.907.053.43
Ago-99 0.31 $ 58.086.565.29
Sep-99 0.5 $ 58.376.998.12
Oct-99 0.33 $ 58.569.642.21
Nov-99 0.35 $ 58.774.635.96
Total a pagar $ 58.774.635.96
* Tomado Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
** Tasa representativa del mercado tomado del Banco de la República.
III. La tacha del testigo
La apoderada de la parte convocante formuló tacha al testigo Rafael Sánchez Montes de Oca, con fundamento en que, según ella expresó, esta ha mantenido y mantiene vigente una relación con Ingenieros Civiles Asociados; la que hace presumir una vinculación laboral de prestación de servidos del testigo con la sociedad convocada.
La apoderada aportó documentos como prueba de la tacha formulada.
Al respeto observa el tribunal que de conformidad con el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil corresponde al juzgador apreciar las pruebas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Es reconocido que la tacha de un testigo no tiene como finalidad inhabilitar la prueba en su integridad, sino tan solo llamar la atención del juez respeto de la situación del testigo en la época de los hechos sobre los que versa su declaración, que puedan afectar la forma en que los aprecia o relata. Alertado el juzgador sobre especiales condiciones subjetivas del testigo como la motivación o el interés de algún orden, que puedan influir sobre su declaración, así lo ha de tener en cuenta al valorar dicha prueba.
En el presente caso el tribunal ha valorado, en efecto, la declaración del testigo Rafael Sánchez Montes de Oca teniendo en cuenta las especiales condiciones de motivación y su evidente interés, dada su vinculación con la sociedad demandada.
lV. Excepciones
La parte demandada formuló las excepciones que denominó “pago de lo no debido” y “reclamación de obligaciones no convenidas en el objeto del subcontrato suscrito por las partes”.
El tribunal entiende que bajo estas denominaciones la parte demandada alegó no estar obligada a pago alguno a favor de la convocante, como resultado de su relación contractual.
Sin embargo, como resalta del análisis del material probatorio aportado al proceso, el tribunal no encontró que el fundamento de las excepciones invocadas hubiesen sido probadas por la parte demandada.
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 dispone:
“Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la parte vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.
De igual manera, según el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, en los procesos y actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: “... se condenará a la parte vencida en el proceso, a la que pierde el incidente o los trámites especiales que los sustituyen, señalados en el numeral 4º del artículo 351, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podía abstenerme de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
En el presente caso el tribunal considera que por cuanto la demanda solo prosperó parcialmente y, de otra parte, no se encontraron probadas las excepciones propuestas por la demandada, se abstendrá de hacer condena en costas.
En cuanto a las agencias en derecho para la apoderada de la parte convocante, el tribunal las fija en un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000)”.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir en derecho las diferencias surgidas entre Geoadinpro Ltda., y la sociedad Ingenieros Civiles Asociados S.A., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. Negar la pretensión primera de la demanda relativa a la declaratoria de terminación del subcontrato ICA SUBCON 001.97 por incumplimiento de la parte demandada, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Ordenar el pago de la factura 071 por valor de US$ 36.0000 que, liquidada en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado vigente en marzo 19 de 1998, correspondía a la cantidad de $ 48.980.160. Esta suma deberá ser pagada por Ingenieros Civiles Asociados S.A., a favor de Geoadinpro a más tardar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, en su valor actual calculado con el Índice de Precios al Consumidor hasta la fecha de este laudo, o sea la cantidad de $ 58.774.635.96.
3. Niégase el pago de las facturas 069 y 085 por valor de US$ 21.824 y US$ 60.000, respectivamente, a que se refiere la pretensión segunda de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
4. Niégase la pretensión tercera de la demanda por no encontrarse probados los perjuicios a favor de Geoadinpro Ltda.
5. No se tiene en cuenta la pretensión subsidiaria de la demanda por haber prosperado parcialmente las pretensiones principales y por las razones expuestas en la parte motiva.
6. Declárase no probadas las excepciones probadas por la parte demandada.
7. Por haber prosperado solo parcialmente la demanda y no haberse probado las excepciones, el tribunal se abstiene de hacer condena en costas del proceso, excepto en cuanto a agencias en derecho de la parte convocada deberá pagar a la apoderada de la parte convocante, por la suma de $ 1.500.000.
8. En firme este laudo, protocolícese por el presidente del tribunal en una notaría del círculo de Bogotá.

References: artículo 103
 artículo 101
 artículo 280
 artículo 18
 artículo 2056
 artículo 187
 artículo 55
 artículo 392
 artículo 351