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Timestamp: 2020-05-28 16:06:44+00:00

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STC 293/1994, 27 de Octubre de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 15355658
STC 293/1994, 27 de Octubre de 1994
Fecha de Resolución: 27 de Octubre de 1994
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 3.927/1993
1. Según reiterada doctrina de este Tribunal, para entender que concurre legitimación para recurrir en amparo no basta con que la parte que la afirma haya intervenido como tal en el proceso previo. Es preciso que acredite, además, que posee en el recurso de amparo un «interés legítimo», en los términos a que se refiere el art. 162.1 b) C.E. (SSTC 19/1983, 141/1985, 38/1987, entre otras), atendiendo al objeto de éste, que halla su expresión normal en la titularidad del derecho fundamental invocado en el recurso. No cabe duda de que el actor invoca la existencia de un derecho fundamental que considera vulnerado por la Sentencia impugnada, el derecho a la inmutabilidad de la Sentencia de instancia, que, a su juicio, hubiera debido quedar firme por ser extemporáneo el recurso de apelación. Y con esta afirmación como propia de la titularidad del derecho invocado, así como con la comprobación de que «prima facie» esa titularidad es real, basta para entender cumplido y concurrente el requisito de legitimación, sin que las consideraciones sobre la afectación real o potencial de su interés por la Sentencia impugnada sean, en este momento, relevantes. 2. El art. 24 C.E. no consagra un derecho de la parte vencedora en la instancia a que no sea admitido un recurso (ni siquiera amparando la pretensión en la invocada intangibilidad de la resolución judicial de instancia) cuando ese recurso legalmente está establecido, pues, en la dinámica de oposición propia del proceso, alegaciones como las que la parte hace equivaldrían a reducir a la nada la efectividad de las reglas legales que ordenan los procesos de impugnación. Así las cosas, no puede invocar el actor en favor de la propia tesis nuestra jurisprudencia acerca de la eventual vulneración del art. 24 C.E. en la admisión a trámite de recursos. Esta jurisprudencia, y las conclusiones a las que se llegó con ella, no descansaba sobre el pretendido derecho a la no admisión del recurso cuya inexistencia se acaba de afirmar, sino en la naturaleza de la propia actividad jurisdiccional que, diseñada para operar sometida en todo momento a la ley (art. 117 C.E.), no puede ejercitarse de forma constitucionalmente legítima cuando desconoce los cauces que el propio legislador ha establecido (SSTC 116/1986 y 187/1989), generando pronunciamientos en vías de recurso inexistentes, por no previstos en la ley.
Sentencia citada en: 409 sentencias, un artículo doctrinal
En el recurso de amparo núm. 3.927/93, promovido por don Ignacio G. V. representado por el Procurador de los Tribunales el señor R. F. y asistido del Letrado don Ignacio Ganso Herranz, sobre Sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid, de 24 de noviembre de 1993, dictada en autos sobre resolución de contrato de arrendamiento. Han comparecido doña María R. P. G. representada por el Procurador don Celso de la Cruz Ortega y asistida del Letrado don José María del Río Marrero, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Presidente don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 28 de diciembre de 1993, el recurrente solicitaba nombramiento de Procurador de Oficio para interponer recurso de amparo contra la Sentencia de 24 de noviembre de 1993, dictada en recurso de apelación 468/92 por la Sección Octava de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid, y el Auto, de 29 de marzo de 1992, y la providencia, de fecha 4 del mismo mes y año, dictadas por el Juez de Primera Instancia núm. 3 de los de Madrid, en proceso sobre resolución de contrato de arrendamiento. Designado Procurador el señor R. F., firmó la demanda el 11 de febrero de 1994.
a) El actor fue demandado por doña María R. P. G. en procedimiento sobre resolución de contrato de arrendamiento, que se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Madrid. La resolución del contrato se fundaba en causa de necesidad, conforme a lo dispuesto en el art. 114.11 L.A.U., siguiéndose los trámites del juicio de cognición (Decreto de 21 noviembre de 1952) al amparo de lo dispuesto en el art. 125 L.A.U.
b) El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia el 10 de febrero de 1992, en la que se desestimaba la demanda por falta del requerimiento previsto en el art. 65 L.A.U. En la instrucción sobre recursos se hacía constar que contra dicha resolución podría «interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación». El referido plazo era erróneo, pues el que debía haberse previsto era el de tres días establecido en el art. 62 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, como así lo admitió expresamente la Audiencia Provincial de Madrid.
c) La parte actora y vencida en la instancia interpuso recurso de apelación en el quinto día, siendo admitido a trámite y, seguido el curso del procedimiento, la Audiencia Provincial dictó su Sentencia de 24 de noviembre de 1993, cuya parte dispositiva desestimaba el recurso de apelación interpuesto por doña María R. P. G. absolviendo en la instancia al señor G. V.. Igualmente, se desestimaba el motivo alegado por el hoy actor de ser el recurso extemporáneo por las razones antes expuestas. En relación con las alegaciones del hoy actor sobre la inadmisibilidad del recurso, la Sala, reconociendo que en la Sentencia de instancia «se hace patente» el «error de señalar un plazo de cinco días para interponerlo», como se desprendía de «la lectura del art. 62 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, por lo que en manera alguna rige lo previsto en el art. 382 L.E.C.», y, que la parte recurrente sí estuvo asistida de Letrado, consideraba necesario hacer una ponderación de los elementos confluyentes en el caso, determinados por «una actuación negligente de la parte actora y un error atribuible al órgano judicial». Consecuencia de tal ponderación fue admitir la viabilidad del recurso porque el error del órgano judicial pudo inducir a error a la parte, debiendo promoverse la interpretación más favorable a la tutela judicial efectiva.
3. Consideraba el hoy actor que la resolución impugnada vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva porque la Sala ha admitido un recurso de apelación que no era admisible por extemporáneo, provocando una lesión en sus intereses al alterar lo establecido en la resolución de instancia (que ya había adquirido firmeza al no haber sido recurrida en tiempo) para potenciar el derecho a la tutela judicial efectiva de la otra parte, cuyo error no era excusable, al haber comparecido asistida de Letrado (SSTC 159/1987, 119/1988, 12/1989, 187/1989 y 116/1986). Recordando la doctrina de este Tribunal al respecto, subrayaba la necesidad de tomar en consideración, en supuestos como el presente, el carácter contradictorio del proceso, y la desigualdad que se produce, en estos casos, en contra de la parte que sí actuó en toda la diligencia que le era exigible.
4. Por providencia de 14 de febrero de 1994 se acordó admitir a trámite la demanda, solicitando a los órganos jurisdiccionales de procedencia que remitiesen las actuaciones y que emplazasen a quienes habían sido parte en el proceso para que compareciesen en el de amparo si lo deseaban. Por escrito registrado ante el Juzgado de Guardia el 22 de marzo de 1994, se personó en el procedimiento doña María R. P. G. representada por el Procurador don Celso de la Cruz Ortega y asistida por el Letrado don José María del Río Marrero.
5. Abierto plazo de veinte días para que efectuasen alegaciones las partes comparecidas y el Ministerio Fiscal, de conformidad con lo previsto en el art. 52 LOTC, la representación de doña María R. P. G. efectuó las suyas mediante escrito registrado el 7 de mayo de 1994. En él se oponía a la estimación de la demanda de amparo por considerar que el actor no había sufrido indefensión de clase alguna. Al contrario, en el recurso de apelación se adhirió, e hizo las alegaciones que consideró oportunas, que no sólo comprendían las referentes a la inadmisibilidad de la apelación, sino también al fondo del asunto.
Por lo demás, sostenía la representación de la señora P. G. que la información errónea sobre recursos no podía ser equiparada a la omisión de toda indicación al respecto. Afirmando el órgano judicial que, para interponer el recurso, disponía de un plazo de cinco días previsto en el art. 382 L.E.C., se limitó a observar esta indicación que, por lo demás, proclama que «todas las Sentencias» serán apelables en el plazo de cinco días, tratándose de un precepto de una norma con rango de ley que no puede ser contradicha por un Decreto.
7. El Ministerio Fiscal, finalmente, evacuó el trámite mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de mayo de 1994. En él afirmaba que el actor carecía de legitimación para recurrir en amparo, pues la Sentencia impugnada había fallado en forma favorable a sus intereses. Teniendo en cuenta que para entender existente la legitimación no basta con que la parte recurrente lo haya sido en el proceso a quo, sino que hace falta que acredite la existencia de un «interés legítimo», debe desestimarse la demanda por este motivo.
Analizando los argumentos de fondo de la demanda, subsidiariamente y para el caso de que no se estimen los que se acaban de exponer, concluye el Ministerio Público que en este caso concurren circunstancias que lo diferencian de la jurisprudencia anterior, puesto que no se ha tratado de una información errónea sobre la inexistencia de un recurso, sino que se ha otorgado un plazo más amplio que el legalmente establecido al efecto. Teniendo en cuenta la doctrina de la STC 116/1986, el recurso de apelación no hubiera debido ser admitido. Concluye sosteniendo la necesaria desestimación de la demanda por los motivos expuestos en primer lugar.
Antes que ninguna otra consideración procede, sin embargo, examinar la causa de desestimación de la demanda puesta de manifiesto por el Ministerio Fiscal, y constituida por la falta de legitimación del hoy actor para interponer el recurso de amparo. Sostiene el Ministerio Público que el demandante carece de este requisito porque la Sentencia de apelación fue favorable a sus intereses, desde el momento en que fue absuelto en la instancia. Y, en contrapartida, subraya el actor que puesto que la resolución impugnada era, para él, absolutoria en la instancia, provocaba una sustancial alteración en su posición jurídica, teniendo en cuenta que el pronunciamiento de la del Juzgado de Primera Instancia era plenamente desestimatorio de la demanda de resolución del contrato de arrendamiento de la vivienda que ocupa el hoy actor. De este modo, si el fallo de la Sentencia de Primera Instancia se hubiera mantenido en sus propios términos, la actora no podría volver a proponer la cuestión interponiendo nueva demanda; en cambio, mediante un pronunciamiento absolutorio en la instancia, como lo fue el dictado en apelación, la posibilidad de reabrir el proceso quedaba plenamente despejada. La diferencia entre el mantenimiento de la primera resolución y la que ahora se impugna hubiera traído consigo, por tanto, un perjuicio efectivo de su interés a que se mantuviera inalterada una situación jurídica que la Sentencia de primera instancia confirmó.
Teniendo en cuenta los argumentos contradictorios expuestos al respecto, es cierto que, según ha reiterado la doctrina de este Tribunal, para entender que concurre legitimación para recurrir en amparo no basta con que la parte que la afirma haya intervenido como tal en el proceso previo. Es preciso que acredite, además, que posee en el recurso de amparo un «interés legítimo», en los términos a que se refiere el art. 162.1 b) C.E. (SSTC 19/1983, 141/1985 y 38/1987, entre otras), atendiendo al objeto de éste, que halla su expresión normal en la titularidad del derecho fundamental invocado en el recurso. No cabe duda de que el actor invoca la existencia de un derecho fundamental que considera vulnerado por la Sentencia impugnada; el derecho a la inmutabilidad de la Sentencia de instancia, que a su juicio hubiera debido quedar firme por ser extemporáneo el recurso de apelación. Y con esta afirmación como propia de la titularidad del derecho invocado, así como con la comprobación de que prima facie esa titularidad es real, basta para entender cumplido y concurrente el requisito de legitimación, sin que las consideraciones sobre la afectación real o potencial de su interés por la Sentencia impugnada sean, en este momento, relevantes. Lo serán, en su caso, para apreciar si la queja contenida en la demanda posee o no contenido constitucional y ha de ser estimada o no; una materia que, por afectar ya al fondo de la cuestión planteada no afecta a la existencia de legitimación -al contrario, la presupone- sino a la fundamentación de la queja contenida en aquélla.
SAP Madrid 338/2006, 31 de Julio de 2006
STS 583, 17 de Junio de 1995
ATS 752/2019, 6 de Junio de 2019

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