Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95745
Timestamp: 2019-09-20 08:02:18+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPR-5/95745
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE ARMONICE LOS REGLAMENTOS Y NORMATIVIDADES EN EL USO TERAPÉUTICO Y MEDICINAL DE MARIHUANA, SUSCRITO POR LA SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
La suscrita Senadora, Patricia Mercado Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de la República el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:
El 4 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver el amparo en revisión 237/2014, a cargo del Ministro Ponente Arturo Zaldívar, destrabó la discusión en materia de salud pública y combate en materia de política de drogas, y rompió el paradigma prohibicionista del uso, consumo y posesión de la marihuana. En dicho fallo, el Alto Tribunal determinó amparar a diversos ciudadanos, contra la negativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de permitir el consumo de marihuana de forma lúdica y sin fines de lucro, y declaró inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, todos de la Ley General de Salud.
En ese sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal determinó que “resultan inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos —sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar— del estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización.”
Así, “al declararse por parte de este Alto Tribunal la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud antes señaladas y, en consecuencia, permitírsele a los recurrentes recibir una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para el uso lúdico de la marihuana, al realizar éstas los recurrentes no incurrirán en los delitos contra la salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal.”
Posteriormente, el 11 de abril de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un segundo fallo histórico: otorgó, en el amparo en revisión 1115/2017 al abogado Ulrich Richter, quien había solicitado ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la autorización para consumir marihuana de manera recreativa, regular y personal, así como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportarla, sin fines comerciales o de distribución. La autorización le había sido negada, por lo que acudió ante la Corte, y el Alto Tribunal determinó que resultaban inconstitucionales “las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos —sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar— del estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana”, con la precisión que la “declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros.”
De igual manera, el 13 de junio de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 623/2017, reiteró su criterio, y otorgó un tercer amparo, en favor de Armando Ríos Píter, a fin de permitir la realización de actividades relacionadas con el autoconsumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos, “tales como la adquisición de su semilla, la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte”, “en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros”, toda vez que diversos artículos de la Ley General de Salud devenían inconstitucionales.
Asimismo, el 4 de julio de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió -en el amparo en revisión 1163/2017- amparar a tres particulares -entre ellos a Zara Snapp, consultora en temas de políticas de drogas-, para, entre otras cosas, permitir “la posibilidad de importar semillas de marihuana, o adquirirlas de sujetos previamente autorizados para ello”, limitándose a su autoconsumo; es decir, dicho amparo no supuso “autorización para transmitir la propiedad de forma gratuita o para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias aludidas, incluida en esta prohibición las semillas adquiridas conforme al permiso que extienda la autoridad correspondiente para su importación o que sean producidas posteriormente a raíz de las actividades permitidas en razón de este amparo”.
Por último, el 31 de octubre de 2018, la Primera Sala del Alto Tribunal resolvió los amparos en revisión 547/2018 y 548/2018, a cargo de las Ponencias de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y del Ministro Arturo Zaldívar, en los que, la Corte reiteró -por quinta ocasión- su criterio respecto de la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de marihuana, que implicó fijar jurisprudencia sobre el tema.
En ese sentido, en dichas sentencias se determinó declarar, nuevamente, como inconstitucionales “las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos —adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar— del estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros.”
Cabe precisar que, en el amparo en revisión 547/2018, la Primera Sala señaló que -toda vez que el marco legal, respecto a la regulación de marihuana, se modificó mediante reforma de abril de 2017- “puede apreciarse, [que] el artículo 234 considera a la cannabis sativa como un estupefaciente para los efectos de la propia ley. El 236 establece que la Secretaría establecerá los requisitos y expedirá los permisos para la adquisición y el traspaso, necesarios para el comercio o tráfico de estupefacientes. El artículo 368 establece la naturaleza de acto administrativo de las autorizaciones sanitarias, sus requisitos y modalidades. Finalmente, el artículo 479 establece la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato”.
Por ello, resulta congruente que la determinación del amparo en revisión 548/2018, implicó ordenar al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Cofepris, a establecer los “lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho [...] reconocido”, ello, “a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho.”
Es necesario señalar que, derivado de la resoluciones antes mencionadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido las siguientes tesis aisladas, que resultan relevantes al tema:
Los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" [tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocido como marihuana, son inconstitucionales, toda vez que provocan una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, la medida no es necesaria porque existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero que afectan en menor grado al derecho fundamental en cuestión; asimismo, la ley ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida.
PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO.
En la cuarta y última etapa del test de proporcionalidad, corresponde comparar el grado de intervención en el derecho fundamental frente al grado de satisfacción de la finalidad constitucional perseguida. En este contexto, en el caso de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, corresponde contrastar la eficacia con la que el "sistema de prohibiciones administrativas" consigue proteger la salud de las personas y el orden público, frente al nivel de afectación que esa misma medida provoca en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, en claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege la prohibición aludida, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Desde este punto de vista, la afectación al libre desarrollo de la personalidad que comporta este "sistema de prohibiciones administrativas" puede calificarse como muy intensa, pues consiste en una prohibición prácticamente absoluta para consumir la marihuana y realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de ésta, de tal manera que suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho. En tal sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar en que pueden realizarse dichas actividades atendiendo a las finalidades constitucionalmente válidas que efectivamente tienen esos artículos, como podría haberlo hecho el legislador, sino que directamente prohíbe todas esas conductas. Consecuentemente, el "sistema de prohibiciones administrativas" ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida.
Por otra parte, -y una vez que se ha señalado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que no resulta proporcional la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana- es necesario señalar que, al haber sido aprobado en el Congreso de la Unión el uso medicinal de marihuana, el Estado mexicano quedó obligado a garantizar el acceso a dicho uso, a fin de garantizar el derecho a la salud, por lo que debe establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso al referido uso de marihuana. En ese sentido, cobra relevancia el siguiente criterio jurisprudencial:
SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL.
La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso.
Es decir, la tarea que le dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este Poder Legislativo que debía atender con responsabilidad y en específico, una visión con la que se debería legislar en materia de política de drogas, la defensa de las libertades individuales. La prohibición contraviene el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad.
En ese tenor, el Senado de la República el 13 de Diciembre 2016 aprobó con 98 votos a favor, siete en contra y una abstención y , el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, y la Cámara de Diputados hizo lo propio el 28 de abril de 2017 al aprobar la minuta enviada por este Senado de la República a fin de permitir en el país el uso medicinal de la cannabis [*] .
La modificación legal que permitirá la importación de medicinas y aceites que contengan THC, previa autorización de la COFEPRIS fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio del 2017 incluyendo en su cuarto transitorio lo siguiente [*] :
“CUARTO. La secretaría de Salud tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del TETRAHIDROCANNABINOL de los siguientes isómeros: 66a (10a), 116a (7), 67, 68, 119, 111 O, 69 (11) y sus variantes estereoquímicas.”
Es decir, el artículo Transitorio Cuarto del referido Decreto, obliga a la Secretaría de Salud para que en un plazo de 180 días armonizar los reglamentos y normatividades en materia del uso terapéutico del tetrahidrocannabinol, asimismo también diseñar y ejecutar políticas públicas a efecto de regular el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana y/o sus derivados; esto a fin de garantizar la salud de los pacientes.
Consecuentemente, y a pesar de haber excedido los 180 días que estableció la reforma legal la COFEPRIS emitió el 30 de octubre de 2018, unos lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados [*] , que establecían “los criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con uso industrial que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1 por ciento o menores de THC” [*] . Sin embargo, el pasado 27 de marzo la COFEPRIS revocó los referidos lineamientos, puesto que no cumplían “con el marco de la Ley General de Salud de 2017, ya que otorgó permisos a productos de cannabis en usos distintos a los médicos y científicos que contienen el componente psicotrópico THC, clasificadas como estupefacientes o psicotrópicos, de acuerdo con dicha ley. [*] ” [*]
Lo anterior, ha prolonga la omisión en la expedición del Reglamento que se mandató, afectando la investigación, y el desarrollo científico, en detrimento de las personas, y sus derechos -tutelados por nuestra Constitución, la legislación secundaria, y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, por lo que es urgente que la Secretaría de Salud a través de las dependencias correspondientes cumplan lo aprobado y establecido por este Congreso de la Unión.
Es que a razón de todo lo anterior, se ocurre ante esta Asamblea a solicitar atentamente que, se exhorte a la Secretaría de Salud, a efecto de que; realice las acciones necesarias para armonizar, así como de regular las políticas públicas, como de los reglamentos y normatividades para garantizar el consumo de fármacos elaborados a base de cannabis sativa, índica y americana o marihuana y/o sus derivados en los términos establecidos.
Sin más, en vista de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la aprobación del siguiente:
ÚNICO. El Senado de la República acuerda exhortar al Titular de la Secretaría de Salud, para que dé cumplimiento con lo mandatado en el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado el Lunes 19 de Junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, relativo a que armonice los reglamentos y normatividad respectiva, en el uso terapéutico del TETRAHIDROCANNABINOL de los siguiente isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas.
[*] De las Comisiones Unidas de Justicia y Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/abr/20170428-II.pdf (consultado el 2 de mayo de 2019).
[*] DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, Diario Oficial de la Federación. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487335&fecha=19/06/2017 (consultado el 2 de mayo de 2019).
[*] “resentan lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados”, resentan lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados. Disponible en: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/presentan-lineamientos-en-materia-de-control-sanitario-de-la-cannabis-y-sus-derivados-181234?idiom=es (consultado el 3 de mayo de 2019).
[*] Ibid.
[*] “Cofepris revoca los lineamientos para productos de marihuana con THC”, Expansión. Disponible en: https://expansion.mx/empresas/2019/03/27/cofepris-revoca-los-lineamientos-para-productos-de-mariguana-con-thc (consultado el 3 de mayo de 2019).

References: artículo 276
in fine
in fine
 artículo 234
 artículo 368
 artículo 479
 ARTÍCULO 4