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BOE.es - Documento BOE-A-2017-900
Documento BOE-A-2017-900
«BOE» núm. 23, de 27 de enero de 2017, páginas 6718 a 6730 (13 págs.)
BOE-A-2017-900
En el recurso de amparo núm. 7425-2014, promovido por don Jordi Antoni Vives y doña María Inmaculada Cots Paltor, representados por la Procuradora de los Tribunales doña María José Rodríguez Teijeiro y asistidos por el Letrado don Jordi Vives i Bas, contra el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 17 de febrero de 2014 (procedimiento ordinario núm. 688-2013) y contra el Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 22 de octubre de 2014, que desestimó el recurso de apelación (rollo núm. 260-2014) promovido contra la resolución anterior. Ha actuado como parte la entidad Caixabank, S.A., representada por el Procurador don Miguel Montero Reiter y asistida por el Letrado don Francesc Torres Vallespí. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito registrado el 9 de diciembre de 2014, la Procuradora de los Tribunales doña María José Rodríguez Teijeiro, actuando en nombre de don Jordi Antoni Vives y doña María Inmaculada Cots Paltor, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales indicadas en el encabezamiento.
a) Con fecha 12 de septiembre de 2013, los ahora recurrentes en amparo interpusieron demanda de juicio ordinario frente a la entidad Caixabank, S.A., ejercitando conjuntamente una acción declarativa de nulidad de una condición general de la contratación y otra de reclamación de cantidad. Se alegaba por los recurrentes que, tras la constitución el día 1 de julio de 2008 de una hipoteca sobre la vivienda de su propiedad con el fin de garantizar la devolución del préstamo otorgado a su favor por la entidad Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona, se incluyó una cláusula sobre el tipo de interés aplicable a la vida del préstamo, que consistía en establecimiento, en una primera etapa, de un interés a tipo fijo del 5,75 por 100 nominal anual, que abarcaba desde el día de la firma de la escritura hasta el 31 de enero de 2009 inclusive; y otra segunda etapa, «de interés variable», comprendida desde el día siguiente al de finalización de la primera etapa hasta el día de vencimiento del préstamo, con la inclusión de una estipulación signada como «pacto tercero bis» de la escritura, en la que se determinaba que el «tipo máximo y mínimo de interés nominal anual aplicable durante la fase sujeta a intereses variables será de nueve enteros (9,00) por 100 y de cuatro enteros (4,00) por 100, respectivamente, siendo también dicho tipo máximo obligacional el tipo máximo a efectos hipotecarios para la primera disposición».
La demanda de los actores combatía precisamente el extremo de esa estipulación que hacía referencia al límite mínimo del 4 por 100 nominal anual, en referencia a lo que se conoce como «cláusula suelo». Argumentaban aquéllos que dicha cláusula era nula de pleno derecho por abusiva, al no haber podido negociarse individualmente, resultar contraria a las exigencias de la buena fe y causar un desequilibrio contractual en su perjuicio, con incumplimiento del principio de transparencia en cuanto a la información de las consecuencias de la cláusula, teniendo en cuenta su condición jurídica de consumidores. Por ello, solicitaban, además de su nulidad, la devolución de lo pagado al prestatario en aplicación de la referida cláusula, con los intereses legales devengados.
b) La demanda «sobre acción declarativa de nulidad de condición general de la contratación y acción de reclamación de cantidad» fue turnada al Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona y admitida a trámite en virtud de decreto de su Secretaría de 25 de octubre de 2013. Conferido traslado de la misma a la parte demandada, la entidad Caixabank, S.A., su representación procesal presentó escrito de personación en las actuaciones el 19 de noviembre de 2013, formulando en el mismo, mediante un «otrosí digo», la petición de sobreseimiento del proceso por existir a criterio de dicha parte litispendencia o, en su defecto, prejudicialidad civil, respecto del procedimiento instado por la Asociación de usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE), para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios, conforme a demanda de la que se aportaba copia de su «cabecera y suplico», autos seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid (procedimiento ordinario núm. 471-2010) donde se impugnaba, entre otras, la cláusula suelo de la demandada.
El Juzgado proveyó a lo solicitado dictando providencia el 21 de noviembre de 2013, por la que ordenó dar traslado del escrito a la parte actora, «resolviéndose esta cuestión en la audiencia previa», con orden de que continuara el procedimiento. La parte demandada presentó el 12 de diciembre de 2013 el escrito de contestación a la demanda, en el que reiteró el planteamiento de las excepciones de litispendencia o en su caso prejudicialidad civil, remitiéndose en su argumentación a lo expuesto en su anterior escrito de 19 de noviembre. También se opuso al fondo de las pretensiones suscitadas en la demanda y solicitó, «caso de que este pleito llegue a Sentencia», que se acordara su desestimación íntegra.
c) La Secretaría del Juzgado dictó diligencia de ordenación el 13 de diciembre de 2013, teniendo por presentado el escrito de contestación a la demanda y convocando a las partes a la celebración del acto de la audiencia previa el 6 de febrero de 2014, donde tuvo lugar lo acordado.
d) Con fecha 17 de febrero de 2014, el Juzgado dictó Auto estimatorio de la excepción de prejudicialidad civil planteada por la representación de Caixabank, S.A., y la suspensión del procedimiento hasta que recayera resolución firme en el proceso seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid (por error se indica el núm. 12). En su fundamentación, el Juzgado, luego de reconocer la complejidad de la cuestión que le había sido suscitada por la dificultad de tener que »compatibilizar los diferentes intereses en juego» y de señalar que, de una parte, el art. 11.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) reconocía legitimación a las asociaciones de consumidores y usuarios para defender los intereses de éstos, pero también, de otra, confería legitimación activa a los consumidores individuales para defender sus propios intereses, permitiendo extender los efectos de la cosa juzgada material a los consumidores no litigantes, destacaba de modo textual en su fundamento jurídico 3 que tal circunstancia «implicaría que promovido un pleito con las mismas pretensiones por una asociación de consumidores no pudieran plantearse acciones individuales o las que se plantearan fueran sobreseídas, art. 421 LEC, mientras que si la coincidencia no es total sino parcial, el procedimiento tendría que suspenderse por prejudicialidad civil, art. 421.1 y 43 LEC». Por ello y, según refería la resolución, para evitar «resoluciones contradictorias» y con apoyo, también, en un precedente Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona (de 11 de junio de 2013), que, según razonaba el Juzgado, era similar al de autos, estimó procedente la existencia de una prejudicialidad civil, conforme prevé el art. 43 LEC, y acordó pues la suspensión del procedimiento hasta tanto fuera resuelto el seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid.
e) Contra el indicado Auto, la parte actora interpuso recurso de apelación en el que, además de alegar en el plano de la legalidad ordinaria la infracción del art. 43 LEC y argumentar que el ejercicio de la acción colectiva por parte de ADICAE no impedía a los interesados ejercitar las acciones individuales que tuvieran por conveniente con base en lo previsto en el art. 11.1 LEC, los recurrentes sostuvieron que la tesis del Juzgado conducía a una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24.1 CE.
f) La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Auto el día 22 de octubre de 2014, en el seno del rollo de apelación 260-2014, por el que desestimó el recurso interpuesto, si bien en su parte dispositiva agregó el siguiente tenor literal: «no obstante lo cual, modificamos de oficio la resolución recurrida apreciando que no concurre prejudicialidad sino litispendencia, de manera que procede el archivo de las actuaciones», sin expresa imposición de costas por apreciar «dudas de derecho».
En primer lugar (FJ 3), con apoyo en el art. 222.3 LEC, destaca que «nuestro legislador optó claramente por un sistema de afectación personal de lo resuelto en la acción colectiva a todos los integrantes del grupo, esto es, a todos los afectados, tanto en el caso de que lo resuelto sea favorable como adverso. Y en nuestro sistema no se ha regulado el derecho de autoexcluirse del grupo, de manera que los derechos de los afectados podemos considerar que se limitan» a los que resultan del art. 15 LEC, esto es, intervenir en el proceso, o bien solicitar la acumulación de la acción individual a la colectiva (siempre que se cumplan los requisitos que exige el art. 76.2.1 LEC) o interesar la extensión de los efectos del pronunciamiento en fase de ejecución (art. 519 LEC). De aquí deduce la Sala que «si se extienden a los particulares titulares de acciones individuales los efectos de la acción colectiva con los atributos propios de la cosa juzgada, de ello se sigue la idea de que tienen absolutamente vedado iniciar con posterioridad a la acción colectiva acciones de carácter individual que versen sobre el mismo objeto». Afirma (FJ 4) que tiene razón la recurrente cuando alega que no se cumplen en el supuesto enjuiciado los presupuestos establecidos en el art. 43 LEC, norma que regula la prejudicialidad civil, sino que existe identidad de objeto «porque la condición general impugnada en ambos en la misma, no es solo similar. Y también porque en la acción colectiva ADICAE no se limitó a solicitar la nulidad de la cláusula sino que también ejercitó la acción de restitución de cantidades, acción que aunque tiene un carácter general debemos considerar que incluye todas las acciones individuales, tal y como resulta de los arts. 221 y 519 LEC. Esos artículos permiten y regulan la forma en la que las acciones individuales se pueden concretar en el proceso relativo a la acción colectiva: (i) sea en la propia sentencia, mediante la concreción de la identidad de cada uno de los afectados; o (ii) en la fase de ejecución, en el caso de que en la sentencia no se hubiera hecho aquella concreción».
En segundo término (FJ 6), la Sala arguye que, aun cuando el art. 11.1 LEC reconozca legitimación activa a los perjudicados titulares de acciones individuales, tal circunstancia no se opone a la apreciación de litispendencia, pues sostiene que el hecho de que «tengan legitimación activa los perjudicados no significa que deban mantener abierta de forma incondicional la posibilidad de actuar en un proceso separado. Iniciada la acción colectiva su legitimación se concreta, como resulta de lo establecido en el artículo 15 LEC, en intervenir en el proceso en el que se sustancia la acción colectiva para hacer valer en él su derecho o interés singular, tal y como expresa ese precepto en su apartado 1». Del mismo modo, descarta el órgano judicial que exista afectación relevante alguna al derecho a la tutela judicial efectiva pues, a su parecer, «no se restringe la legitimación de los afectados ni se les impide el acceso a la tutela sino que únicamente se condiciona el ejercicio de las acciones individuales de una forma concreta y determinada (acumulada a otras, las colectivas), de manera que permite conciliar esos derechos individuales con los de los demás afectados». Se trataría por tanto, concluye, de «normas de organización procesal que pretenden salvaguardar el interés general (los intereses colectivos) respetando el buen orden procesal (la cosa juzgada)».
Más adelante, en el bloque de fundamentos de derecho procesales, en concreto en el epígrafe dedicado al requisito del debido agotamiento de la vía judicial previa al amparo, art. 44.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la demanda explica que dicha parte actora «ha tenido serias dificultades» para su cumplimiento. Que, siendo el Auto de la Audiencia Provincial firme y no caber contra él recurso alguno, «parecía claro que la vía judicial previa al recurso de amparo se agotaba con la interposición del recurso de nulidad de actuaciones ante el órgano que dictó dicha resolución». Sin embargo, prosigue diciendo la demanda, «dicha interpretación, fue pacífica hasta que el Tribunal Constitucional, en Pleno, dictó la STC 216/2013, de 19 de diciembre», de la que reproduce su fundamento jurídico 2 d), donde se declara que, para el agotamiento de la vía judicial previa, «basta comprobar que los órganos judiciales han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los derechos fundamentales luego invocados en vía de amparo constitucional, para estimar cumplido el mencionado requisito», por lo que «cuando el objeto del proceso consista en el estudio de la lesión directa del derecho … consecuencia de la revocación de las sentencias de las instancias previas, no requiere la necesaria interposición del incidente de nulidad». Añade el escrito que la disyuntiva entre interponer el incidente o no hacerlo «no es baladí, ya que optar por la interposición del recurso sin ser necesario conllevaría una interposición extemporánea del recurso de amparo, y no interponerlo siendo preceptivo conllevaría una inadmisión del recurso por no cumplir el requisito del agotamiento previo de la vía judicial». Y finaliza en este punto la demanda diciendo que «en consecuencia, esta parte ha llegado a la conclusión que en este supuesto no es necesaria la interposición del recurso [sic] de nulidad de actuaciones y que, por tanto, debemos interponer directamente el presente recurso de amparo, habida cuenta que el órgano judicial que dictó el Auto, recurrido ahora en amparo, ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la vulneración del derecho fundamental objeto de la presente demanda (art. 24. CE) entendiendo que no existía ‘‘afectación alguna relevante desde la perspectiva del art. 24 CE’’, por ende, ha de concluirse que se han agotado todos los recursos preceptivos de la vía judicial».
El suplico de la demanda solicita la declaración de nulidad del Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 22 de octubre de 2014 y que, como consecuencia de ello, «se ordene la emisión de una sentencia sobre el fondo según las pretensiones y peticiones de las partes que constan en los autos, restableciendo de este modo los derechos a la tutela judicial efectiva de los recurrentes».
4. Mediante diligencia de ordenación de 2 de enero de 2015, la Secretaría de Justicia de la Sección Cuarta de este Tribunal requirió al Procurador de los recurrentes para que aportara copia del Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona. El requerimiento fue cumplimentado por dicha representación procesal, a través de escrito presentado el 9 de enero de 2015.
6. Por medio de escrito presentado el día 10 de julio de 2015, el Procurador de los Tribunales don Miguel Montero Reiter vino a personarse en nombre y representación de la entidad Caixabank, S.A., solicitando se entendieran con él las sucesivas diligencias y notificaciones.
7. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal dictó diligencia de ordenación el día 2 de septiembre de 2015, por la que tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador indicado, en nombre y representación de Caixabank, S.A., si bien con la condición de que en el plazo de diez días aportase la escritura de poder acreditativa de tal representación, lo que efectuó el día 11 de septiembre siguiente. Asimismo, en la diligencia de ordenación del día 2 de septiembre se acordó abrir trámite de audiencia por veinte días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, a fin de que pudieran presentar alegaciones conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
8. Por escrito registrado el día 1 de octubre de 2015, la representante procesal de los recurrentes en amparo presentó sus alegaciones, informando que ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pendía una cuestión prejudicial relativa a la interpretación de la Directiva 91/13/CEE [sic], del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en la que se plantea «si el art. 7 de dicha Directiva se opone a una normativa procesal nacional según la cual los procedimientos judiciales individuales sobre cláusulas abusivas, entablados paralelamente a procedimientos colectivos, deben suspenderse, por existir prejudicialidad civil, hasta que recaiga sentencia firme en los procedimientos colectivos, quedando también vinculados a lo que se decida en dicha sentencia». En relación a dicho procedimiento, se aportó informe del servicio jurídico de la Comisión Europea en los asuntos acumulados C-381/14 y C-385/14, cuyo criterio «es relevante y debe ser conocido por este Alto Tribunal», acompañando copia del mismo, y reproduciendo varios de sus apartados así como su conclusión, según la cual una norma nacional que prevea suspender los procedimientos individuales hasta que recaiga sentencia firme en los procesos colectivos, se opone al art. 7 de la Directiva 93/13/CEE.
9. Con fecha 5 de octubre de 2015 se formalizó escrito de alegaciones por el representante procesal de la entidad Caixabank, S.A. Como primer punto, se alega la infracción del requisito de procedibilidad del art. 44.1 a) LOTC, referido al agotamiento previo de la vía judicial. Se fundamenta dicho óbice en que el escrito de interposición del recurso de apelación apenas invierte dos líneas en denunciar la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), sin ofrecer una argumentación más detallada al respecto, por lo que en consonancia con ello la respuesta del órgano judicial alcanza la misma extensión en su último fundamento jurídico titulado «Otras consideraciones adicionales». De aquí colige que «el Tribunal de apelación no ha tenido ocasión de pronunciarse de forma suficientemente exhaustiva sobre una posible vulneración» del indicado derecho fundamental, dejando así de preservarse el carácter subsidiario del recurso de amparo.
Por lo que se refiere a la cuestión de fondo, sostiene la entidad bancaria que la demanda de amparo tampoco dedica una alegación específica en torno a los términos en que se produce la lesión del art. 24.1 CE, más bien genérica. En todo caso, y efectuando una interpretación de las normas procesales aplicadas por la resolución recurrida, afirma que no hay la vulneración que se aduce de contrario, porque los consumidores y usuarios tienen legitimación para ejercitar una acción individual bien que en casos como éste han de hacerlo «en el seno del procedimiento colectivo, en el que como tales individuos pueden comparecer y ser parte, sin que quepa que puedan seguir un proceso singular en paralelo, al margen del colectivo».
10. El Ministerio Fiscal formalizó su escrito de alegaciones con fecha 9 de octubre de 2015, interesando la estimación del amparo «por entender que el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil … y el Auto … de la Audiencia Provincial de Barcelona desestimando el recurso de apelación contra el anterior han vulnerado el art. 24.1 CE que tutela el acceso al proceso y a obtener una resolución de fondo, restableciendo a los demandantes en amparo en su derecho fundamental».
En relación al motivo de fondo del recurso, el Ministerio público se centra en el art. 11.1 LEC, del que observa que prevé la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios para ejercitar acciones en defensa de los intereses generales de éstos, «sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados», quedando así establecida la compatibilidad entre ambas. Pasa a referirse a los razonamientos dados en el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, y critica la solución de suspender el procedimiento hasta que recaiga sentencia firme en la causa seguida por ADICAE ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid, al no tratarse de las mismas partes, «porque en el proceso previo es una asociación de consumidores y en el proceso que se encuentra en el origen del presente recurso son los demandantes de amparo, que ni consta pertenezcan a la asociación demandante ni tan siquiera que hayan sido llamados a dicho proceso».
Así las cosas, considera el Fiscal que la solución interpretativa que sustenta el Auto del Juzgado de lo Mercantil «nos parece poco fundada en derecho, pudiera entenderse como arbitraria por cuanto desconoce el completo juego normativo que hemos esbozado más arriba y que se desprendería de la interpretación armónica de los arts. 11 y 15 LEC, revelando asimismo perspectivas ciertas de carácter enervante o formalista en su argumentación que justifican la vulneración aducida en la demanda de amparo relativa a un impedimento constitucional del derecho fundamental de acceso al proceso y en su seno a una resolución de fondo debidamente fundamentada de conformidad con lo tutelado en el art. 24.1 CE».
11. La representación procesal de los recurrentes presentó escrito el 19 de abril de 2016, por la que alega que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado Sentencia el 14 de abril previo, en las cuestiones prejudiciales referidas en su escrito de alegaciones del art. 52 LOTC, y cuya copia acompaña como documento núm. 1, solicitando su admisión a los actuaciones, lo que fue acordado por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda, de 20 de abril de 2016.
La propia Secretaría de Justicia de la Sala Segunda, finalmente, dictó diligencias de ordenación el 27 de julio y el 21 de septiembre de 2016, requiriendo documentación de las actuaciones, respectivamente, al Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona y a la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, con el resultado que obra en los autos.
12. Por providencia de 15 de diciembre de 2016, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
1. La demanda de amparo solicita en su suplico, por los motivos que expone en sus fundamentos y que luego se analizarán, que este Tribunal declare la nulidad del Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictado el 22 de octubre de 2014, por vulnerar el derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE) de los recurrentes, al haber estimado la excepción procesal de litispendencia respecto del procedimiento abierto a su instancia contra la entidad Caixabank, S.A., para la nulidad de la cláusula suelo incluida en el contrato de préstamo suscrito entre ambas partes; en favor del procedimiento instado a su vez en el año 2010 por la asociación de consumidores ADICAE (Asociación de usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España) contra diversas entidades financieras –entre ellas la aquí demandada–, en ejercicio de una acción colectiva de cesación de cláusulas abusivas, ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid.
Ahora bien, aunque no en el suplico, el escrito de demanda sí que hace referencia en sus fundamentos a que el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona había dictado Auto el 17 de febrero de 2014, acordando estimar la excepción de prejudicialidad del art. 43 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) planteada por la entidad demandada, en relación con aquel otro proceso seguido a instancias de ADICAE, trayendo consigo que se suspendieran las actuaciones hasta recaer sentencia firme en este último, a fin de estar a lo resuelto en el mismo para dilucidar la controversia aquí planteada. Esta decisión judicial propició, según explica la propia demanda, la interposición de un recurso de apelación en el que, aparte de otros argumentos, se hizo expresa invocación del art. 24.1 CE, al entenderse como impeditiva del derecho de los recurrentes a obtener una resolución de fondo sobre sus pretensiones.
A la vista de esa denuncia, y dado que la demanda en ningún momento afirma que el Auto de la Audiencia hubiere reparado la lesión producida por el Juzgado a quo, ha de entenderse que el recurso de amparo se plantea en realidad contra ambas resoluciones judiciales, siguiendo la doctrina de este Tribunal, en cuya virtud el escrito de demanda de amparo «constituye un todo unitario, cuya lectura ha de acometerse con un criterio flexible y no formalista, importando sobre todo que el escrito permita conocer ‘la vulneración constitucional denunciada y la pretensión deducida’ (por todas, STC 214/2005, de 12 de septiembre, FJ 2 y las que en ella se citan» [STC 123/2010, de 29 de noviembre, FJ 2].
2. Debe ponerse de relieve, sin más demora, que el objeto del presente proceso coincide sustancialmente con el deducido a su vez por otros demandantes de amparo en el recurso núm. 7120-2014, resuelto en sentido estimatorio por nuestra reciente Sentencia 148/2016, de 19 de septiembre. No solamente el asunto de fondo es coincidente entre ambos (la denuncia de vulneración del derecho de acceso a la jurisdicción, por preterición de una acción de nulidad individual de cláusula abusiva, a favor de una acción colectiva de cesación instada por una asociación de consumidores –en este caso la de ADICAE arriba identificada–), sino que también lo son tanto la dispositiva como la ratio decidendi de las resoluciones impugnadas: la del Juzgado a quo (en este caso, incluso, es el mismo: el Mercantil núm. 4 de Barcelona) que declara la suspensión del proceso individual por prejudicialidad, y la del Tribunal de apelación: en los dos, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, con los mismos argumentos, desestima los respectivos recursos de apelación, aunque acordando el archivo del procedimiento. Al no concurrir por tanto cuestiones nuevas ni distintas de las ya enjuiciadas entonces, se impone por unidad de criterio que traslademos aquí los razonamientos vertidos en aquella STC 148/2016.
3. Antes de entrar en el examen del fondo del recurso hemos de dar, aunque sea de modo sucinto, debida respuesta al óbice procesal que plantea la entidad bancaria personada, relativo a la falta de agotamiento de la vía judicial previa ex art. 44.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). De los términos con que el mismo se formula se desprende su falta de consistencia, pues lo único que se objeta es que el escrito de los apelantes no fuera más extenso en su denuncia de lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando lo cierto es que lo alegado fue, aunque sucinto, suficiente, pues generó una contestación concreta del Tribunal de apelación, como reconoce la entidad, sin que tenga relevancia alguna que esta última aparezca en el fundamento jurídico de la resolución.
4. Corresponde iniciar ya el examen de la lesión constitucional invocada. Para centrar el debate, la STC 148/2016, FJ 3, recordó la doctrina de este Tribunal acerca del derecho de acceso a la jurisdicción, vertiente del art. 24.1 CE, con cita de la STC 49/2016, de 14 de marzo, FJ 3 –que relaciona otras anteriores– acerca del derecho del justiciable a obtener una decisión de fondo de sus pretensiones, salvo que medie causa legal que lo impida y ésta se aplique de manera razonada y proporcionada por la resolución judicial que así lo declare. Asimismo recordamos con cita de la STC 106/2013, de 6 de mayo, FJ 4, (dictada también en un caso de aplicación indebida de la litispendencia), cuál es el canon de control a emplear en estos casos (arbitrariedad, irrazonabilidad, error patente o falta de proporcionalidad), advirtiendo que nos encontramos ante un control externo que no comporta formular un juicio de interpretación de la legalidad ordinaria aplicable, tarea propia de la jurisdicción ordinaria, sino analizar «si la interpretación que en este caso concreto han realizado los órganos judiciales a través de las resoluciones impugnadas es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia».
En la mencionada STC 148/2016, FFJJ 4 y 5, este Tribunal hizo un detallado examen de la normativa interna española y también de la Unión Europea (UE), de la que, a modo de resumen, podemos destacar lo siguiente:
En relación con el análisis del Ordenamiento jurídico nacional, este Tribunal hizo referencia, en primer lugar, al régimen de legitimación activa (restringida a las entidades e instituciones señaladas en su artículo 16) para el ejercicio de acciones de cesación de cláusulas ilícitas y, también, de las pretensiones de condena acumulables, previstos en las Leyes 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación y 39/2002, de 28 de octubre, (de transposición de la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, «relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores»), que supuso como novedad, en el caso de la segunda de las normas citadas, la inclusión de un apartado cuarto en el art. 15 LEC, que exceptúa expresamente a «los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios», de las reglas de publicidad y llamamiento al proceso contenidas en los apartados anteriores del mismo artículo 15, que operan en el ámbito de las acciones colectivas de reclamación de daños y perjuicios a consumidores determinados o de difícil o imposible determinación, y se venía a destacar que, con la precitada dispensa, resulta evidente «…que el legislador asume no solamente que el consumidor individual no necesita estar presente en las actuaciones del proceso colectivo y, por ello mismo, puede actuar al margen de él ejercitando la acción de nulidad individual en un proceso autónomo. También que, en consecuencia, no puede deducirse judicialmente ninguna privación o sacrificio a dicha acción individual, por mor de una carga de personación al proceso de cesación que no existe» [STC 148/2016, FJ 4 b)].
Y, a continuación, la STC 148/2016 centró su atención en el vigente texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que prevé en su artículo 53 una acción de cesación de alcance más amplio que la de la Ley 7/1998, pues se dirige a «cesar» conductas que resulten contrarias a los derechos e intereses de los consumidores (entre las que cabe situar la cesación de cláusulas abusivas, como ya previó la anterior Ley de consumidores 26/1984 tras su reforma por la citada Ley 39/2002), también con legitimación tasada a entidades e instituciones, si bien recoge como pretensiones acumulables algunas que pueden concernir a contratos concretos (declaraciones de anulabilidad, resolución, rescisión o condena al cumplimiento de obligaciones, restitución de cantidades pagadas por cláusulas declaradas abusivas e indemnización de daños y perjuicios producidas por éstas). De modo textual se decía: «una vez más, y esto es lo determinante, la ley no fija ningún tipo de preterición, sea por la vía de la litispendencia u otra, de las acciones individuales frente a la acción colectiva de cesación, quedando indemne el derecho del interesado para impetrar la tutela autónoma de sus derechos e intereses legítimos de manera separada» [STC 148/2016, FJ 4 b)].
Además, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 2016, también citada por la STC 148/2016, que resolvió dos cuestiones prejudiciales acumuladas suscitadas por el Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, en torno al mismo problema planteado en este caso por la decisión del Juzgado a quo de aplicar el art. 43 LEC con suspensión de los procesos de acción individual de nulidad de cláusula abusiva, hasta que recayera sentencia firme en el proceso de cesación instado por ADICAE ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid (procedimiento 471-2010), vino a declarar, en interpretación del art. 7 de la Directiva 93/13/CEE, que tal precepto se refiere a la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas «eficaces» en defensa de los consumidores, subrayando las diferencias existentes entre las acciones de cesación, que tienen carácter preventivo y finalidad disuasoria, y las acciones individuales, encaminadas a la protección de los mismos, añadiendo que la articulación de ambas no puede hacerse de modo que cause merma en los derechos de los consumidores (STJUE, apartado 29), debiendo cada Estado asegurar que sus reglas satisfagan los principios de equivalencia y efectividad (STUE, apartado 32).
5. La aplicación de los postulados que preceden nos conduce, como se adelantó antes y de igual modo a lo razonado en la STC 148/2016, FJ 6, a la estimación de la presente demanda de amparo. En efecto, las resoluciones aquí impugnadas «prescindiendo del marco normativo propio de las acciones colectivas de cesación al que debía atenderse … han denegado la tutela jurisdiccional solicitada a través de la demanda de nulidad individual de cláusula abusiva, remitiendo a los actores a un proceso de cesación iniciado casi dos años antes en un Juzgado de Madrid por una asociación de consumidores. Para ello se aplican las reglas propias de otro tipo de acciones, las de reclamación de daños de los arts. 11.2 y 11.3 LEC y preceptos concordantes de esta última, excepto el que realmente importaba aquí: el apartado cuarto del art. 15 LEC, que como ya se ha visto, dispensa de adoptar las medidas de llamamiento y publicidad del proceso en todas las modalidades de acción de cesación, con desaparición, así, de toda posible carga procesal del reclamante individual por tener que acudir al proceso de cesación, cuyas disposiciones (Ley de condiciones generales de la contratación y texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios) no prevén siquiera la legitimación de afectados individuales, aunque éstos podrían confiar su caso a alguna de las entidades legitimadas como pretensión acumulada, lo que aquí sin embargo no sucedió.
En consecuencia, si los aquí recurrentes no eran parte en ese proceso de acción colectiva, ni estamos en un supuesto de legitimación indirecta impuesta ex lege (como en el ámbito de la defensa colectiva de los derechos de propiedad intelectual y las entidades de gestión especializadas: SSTC 196/2009, de 28 de septiembre, FJ 3, y 123/2010, de 29 de noviembre, FJ 3), la conclusión lógica es que falta la identidad del elemento subjetivo necesario entre ambos procesos, el de cesación y el individual, para poder acordar la litispendencia» (FJ 6). Que en el proceso iniciado a instancias de ADICAE el órgano competente ordenara publicar la demanda (del que la entidad demandada en el proceso a quo 688-2013, apenas aportó la página del encabezado y la del suplico) en medios de comunicación nacional, resulta irrelevante, «pues lo cierto es que, a falta de una carga procesal impuesta por la ley, los aquí recurrentes no tenían que atender al emplazamiento efectuado, ni en ese ni en otro proceso de cesación en cualquier parte del territorio nacional, por más que apareciere impugnada una cláusula del mismo contenido que la suya, ni antes ni después de formalizar demanda individual de nulidad de su cláusula y solicitud de devolución de lo pagado por ella» [STC 148/2016, FJ 6].
En el aspecto objetivo, por su lado, la identidad entre el proceso individual y el colectivo resulta cuanto menos dudosa, por cuanto, la «demanda de cesación se configura por ley como instrumento de control abstracto de cláusulas ilícitas, y lo que se pretende con ella es que el profesional demandado deje de recomendarlas o suscribirlas con sus potenciales clientes. En este caso, la acción de cesación de ADICAE impugnaba, entre otras, la cláusula suelo cuyo contenido coincide con la firmada por los recurrentes años antes con la misma entidad bancaria. Pero lo cierto es que en ese proceso no se conoció de la cláusula suelo de “su” contrato, ni de las circunstancias concurrentes en su celebración (arts. 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, y art. 82.3 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios), como por ejemplo el cumplimiento del principio de transparencia. El objeto controvertido por tanto entre ambos procesos es similar, pero no idéntico. Ello no obsta, por supuesto, a que el Juzgado a quo, al dictar Sentencia sobre el fondo, deba de tener en cuenta los pronunciamientos ante todo del Tribunal Supremo, máximo intérprete de la legalidad ordinaria (art. 123 CE), en torno a la validez o nulidad de este tipo de cláusula. Pero extender de manera automática un efecto de cosa juzgada derivado de la estimación de la acción de cesación, a todas las cláusulas iguales insertas en la universalidad de contratos en vigor, además de no preverse en las normas que regulan dicha acción colectiva, puede llegar a atentar contra la autonomía de la voluntad del consumidor que no desee tal nulidad en su contrato, en los términos observados antes por nuestro Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O cercenar las posibilidades de su impugnación individual si la demanda de cesación se desestima por mor de una línea de defensa jurídica de la entidad actora, distinta de la que hubiera sostenido el reclamante individual con base en las circunstancias concurrentes sólo por él conocidas. Los Autos recurridos en amparo, por lo demás, citan pero no aplican el art. 11.1 LEC, que precisamente garantiza el ejercicio de acciones individuales –en este y múltiples ámbitos– con independencia de la promoción por las asociaciones de consumidores, de acciones en defensa de los intereses generales de éstos» [STC 148/2016, FJ 6].
Procede por tanto el otorgamiento del amparo que se solicita, declarando para ello la nulidad de los Autos recurridos, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de haberse dictado el Auto de 17 de febrero de 2014, para que el Juzgado de lo Mercantil a quo provea en términos que resulten respetuosos con el derecho fundamental declarado. Esto es, ordenando la continuación del procedimiento en primera instancia (juicio ordinario 688-2013) hasta su resolución por sentencia que resuelva el fondo de las pretensiones deducidas por las partes.
Estimar el amparo interpuesto por don Jordi Antoni Vives y doña María Inmaculada Cots Paltor, y, en su virtud:
2.º Restablecerlos en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 17 de febrero de 2014 (procedimiento ordinario núm. 688-2013); así como la nulidad del Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 22 de octubre de 2014 (rollo de apelación núm. 260-2014).
3.º Retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al de dictarse el Auto de 17 de febrero de 2014, para que el Juzgado de lo Mercantil a quo provea a las actuaciones de una manera que resulte respetuosa con el derecho fundamental declarado, en los términos que fijamos en el anterior fundamento jurídico 5.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 53
 resolución