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Timestamp: 2018-09-26 14:30:23+00:00

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No es exigible a la Superentendía Nacional de Bienes acudir a conciliación si tiene como pretensión de demanda un desalojo - Actualidad Civil
No es exigible a la Superentendía Nacional de Bienes acudir a conciliación si tiene como pretensión de demanda un desalojo
CAS. N.° 5637-2015 Lima Sur
Emitida el 27 de octubre del 2016
(Publicada en El Peruano, 30/05/2018)
Señor Juez Supremo Toledo Toribio
Artículo 38 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1068
[S]e aprecia que el artículo 38 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-2008-JUS, precisa los supuestos en los cuales los Procuradores Públicos se encuentran facultados a conciliar, transigir o desistirse de las acciones judiciales - norma aplicable por razón de especialidad, toda vez que regula la facultad de conciliación de los Procuradores Públicos del Estado, en virtud de la remisión expresa del Decreto Legislativo N.° 1068 - los mismos que se encuentran referidos a pretensiones sobre obligaciones de dar suma de dinero en que el Estado actúe como demandante o demandado, y sólo sobre pretensiones que no tengan naturaleza pecuniaria cuando el Estado actúe como demandado, siempre que se ventilen en un proceso contencioso administrativo, constitucional y otros […].
CAS. N.° 5637-2015
SUMILLA. “En el presente caso, respecto de la exigencia previa de conciliación para demandar, no se ha tenido en cuenta que el artículo 38 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-2008-JUS, solo faculta a los Procuradores Públicos a participar en conciliaciones únicamente ante pretensiones que versen sobre montos dinerarios, por lo que en relación a lo pretendido en la demanda, se encuentran imposibilitados de efectuar tal acto”.
Lima, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa número cinco mil seiscientos treinta y siete - dos mil quince; con el acompañado; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Señores Jueces Supremos: Walde Jáuregui - Presidente, Vinatea Medina, Rueda Fernández, Toledo Toribio y Malca Guaylupo; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia:
Se trata del recurso de casación obrante a fojas doscientos noventa y cinco, de fecha treinta de setiembre de dos mil catorce, interpuesto por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, contra el auto de vista obrante a fojas doscientos ochenta, de fecha veintidós de julio de dos mil catorce, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que confirmó la resolución número cinco de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, obrante a fojas ochenta y ocho, que declaró improcedente la demanda; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN contra la Cooperativa de Vivienda Trabajadores “Lobo Varado Ltda. 530”, sobre Desalojo por Ocupación Precaria.
II. CAUSALES DEL RECURSO
Mediante resolución suprema obrante a fojas noventa y cuatro, de fecha quince de enero de dos mil dieciséis del cuadernillo de casación formado por este Supremo Tribunal, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Pública de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, por la causal de infracción normativa consistente en: a) Inaplicación del artículo 7- A literal i) de la Ley N.° 26872, Ley de Conciliación; alegando que dicha norma excluye del requisito de asistir a conciliación previamente a la interposición de la demanda, cuando se trate de pretensiones no disponibles, como el caso de autos; y, b) Inaplicación del artículo 38 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1068, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-2008-JUS; argumentando que dicho artículo establece los supuestos por los cuales los Procuradores Públicos pueden conciliar, no encontrándose entre los mismos, aquel referido a bienes de dominio netamente estatal.
PRIMERO. Mediante escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil once, de fojas veintiuno, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, interpone demanda contra la Cooperativa de Vivienda Trabajadores “Lobo Varado Ltda. 530”, sobre desalojo por ocupación precaria, a fin que se proceda a la restitución del predio de ochenta y un mil doscientos sesenta y cinco metros cuadrados (81,265.00 m2), ubicado a la altura del kilómetro cuatro punto cinco (Km. 4.5) de la carretera Lima - Pucusana, distrito de Pucusana, provincia y departamento de Lima. Señala como fundamento que el citado inmueble forma parte de un área de mayor extensión de propiedad estatal, inscrito en la Partida N.° 11539843 del Registro de Predios de Lima, así como en el Registro SINABIP N.° 13404 correspondiente al Departamento de Lima. Que, conforme se acredita de la Partida Registral N.° 11539843 del Registro de Predios de Lima y la Constancia N.° 023-23011/SBN-DNR-SDRC de la Subdirección de Registro y Catastro, el área que es materia de desalojo, forma parte de una mayor extensión que constituye propiedad estatal. Que, en mérito a la presunción legal de propiedad contenida en la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Supremo N.° 154- 2001-EF, sustituida por el artículo 23 de la Ley N.° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, se expidió la Resolución N.° 213-2003/SBN-GO-JAR de fecha veintisiete de febrero de dos mil tres, a través de la cual se resolvió inscribir en primera de dominio una extensión de un millón novecientos dieciocho mil cuatrocientos treinta punto treinta y seis metros cuadrados (1’918,430.36 m2), del cual forma parte el área de desalojo, siendo que, dicho acto quedó firme en todos sus extremos, razón por la que se registró la propiedad a favor del Estado.
SEGUNDO. Mediante el auto de vista obrante a fojas doscientos ochenta, de fecha veintidós de julio de dos mil catorce, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, se confirma la resolución apelada de fojas ochenta y ocho de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, que declara improcedente la demanda, expresando el Colegiado Superior como fundamentos de su decisión, que si bien la entidad apelante ha referido que el predio materia de desalojo se encuentra fuera del ámbito de su libre disposición; y si bien la Sentencia Casatoria N.° 1229-2011-Lima, citada por la parte demandante, concluye que el Estado no está obligado a acudir previamente a una conciliación extrajudicial; sin embargo, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales (Ley N.° 29151), la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN es el ente rector responsable tanto de normar los actos de disposición de los bienes estatales, como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administración está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente. Entonces, la demandante tiene facultades de disponibilidad sobre los bienes estatales a su cargo, como es el inmueble materia del presente proceso; en ese sentido, visto que la pretensión de restitución de la posesión por ocupación precaria versa sobre un derecho disponible de la demandante y al no existir norma que exonere al Estado del procedimiento de conciliación previsto en abstracto de modo general, señala que sí resulta exigible el requisito de la conciliación previa a fin de admitir a trámite la demanda de desalojo. Por tales razones, concluye que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, no ha cumplido con un presupuesto material previo a la interposición de la demanda, que es el interés para obrar, por cuanto no adjuntó a su demanda el acta de conciliación extrajudicial correspondiente.
TERCERO. Del análisis del recurso de casación, se advierte que se atribuye a la resolución de vista inobservar lo previsto en el inciso i) del artículo 7 de la Ley N.° 26872, conforme al cual, no se exige el cumplimiento de recurrir a conciliación previamente a la interposición de la demanda cuando se trate de pretensiones que no sean de libre disposición, toda vez que los bienes del Estado son de dominio netamente estatal, no teniendo la característica de libre disponibilidad, no existiendo además norma que establezca lo contrario; asimismo, alega que no se ha tenido en cuenta el artículo 38 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-2008-JUS, el cual faculta a los Procuradores Públicos a participar en conciliaciones únicamente ante pretensiones que versen sobre montos dinerarios, por lo que en relación a lo pretendido en la demanda, se encuentran imposibilitados de efectuar tal acto.
CUARTO. En ese sentido se aprecia que el artículo 6 de la Ley N.° 26872, Ley de Conciliación, vigente desde el trece de enero de mil novecientos noventa y ocho, modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 27398, publicada el trece de enero de dos mil uno, establece que la conciliación será facultativa en aquellos asuntos en los que el Estado sea parte; sin embargo, dicho artículo fue modificado posteriormente por el artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 1070, publicado el veintiocho de junio de dos mil ocho, es decir, se encontraba vigente a la presentación de la demanda, disponiendo que si el demandante con anterioridad a la interposición de la demanda, no solicita o concurre a la audiencia de conciliación, dicha demanda deberá ser declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar.
QUINTO. El artículo 7 - A de la Ley precitada regula los supuestos por los cuales el requisito descrito en el considerando precedente no resulta exigible, precisando en el inciso i): “en las demás pretensiones que no sean de libre disposición por las partes conciliantes”, supuesto en el cual la demandante pretende sostener la falta de cumplimiento de tal requisito.
SEXTO. Por su parte, el artículo 38 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-2008-JUS, vigente desde el seis de diciembre de dos mil ocho, precisa que los Procuradores Públicos pueden conciliar, transigir, desistirse de las acciones judiciales en supuestos referidos a obligación de dar suma de dinero, señalando los montos respecto a los cuales se encuentran facultados a realizar tales conciliaciones, sea en calidad de parte demandada o demandado, regulando como único supuesto no referido a procesos de naturaleza pecuniaria, aquel en que intervenga como demandado en procesos contencioso administrativos, constitucionales, entre otros, en los términos autorizados mediante las resoluciones expedidas por los titulares de las entidades respectivas.
SÉPTIMO. En tal sentido, corresponde determinar si la pretensión de desalojo por ocupación precaria de una propiedad del Estado, resulta ser una de libre disposición, para lo cual debemos tener en cuenta que los bienes del Estado, pueden ser de dominio público o de dominio privado, siendo por la primera inalienables e imprescriptibles de conformidad con el artículo 73 de la Constitución Política del Estado, al encontrarse afectados al uso general o de servicios públicos, como las fuentes, calles, plazas públicas, obras públicas de servicio general cuyo costo ha sido asumido por el Estado, entre otros, o cuando la ley les otorgue dicha condición; sin embargo, por la segunda pueden ser adquiridos, gravados o transmitidos como si se tratara de propiedad de un particular.
OCTAVO: Se advierte de los anexos adjuntados a la demanda, que el predio cuya restitución pretende la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, corresponde a una playa ubicada a la altura del Kilómetro 4.5 de la carretera Lima - Pucusana, distrito de Pucusana, provincia y departamento de Lima, según se desprende de la constatación policial obrante a fojas ocho, de las fotografías y plano adjuntadas de fojas nueve a once, debiéndose tener en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Ley N.° 26856, vigente desde el nueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete, conforme al cual las playas del litoral de la República del Perú son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles; razón por la cual, la pretensión de autos se encontraría inmersa en el supuesto previsto en el inciso i) del artículo 7- A de la Ley N° 26872.
NOVENO. Resulta pertinente señalar, que el artículo 23 del Decreto Legislativo N.° 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, vigente desde el veintinueve de junio de dos mil ocho, prescribe que constituye facultad de los Procuradores Públicos conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el Reglamento, siendo que para dichos efectos resulta menester la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad, previa emisión por parte del Procurador correspondiente, del informe precisando los motivos de la solicitud.
DÉCIMO: En tal contexto, respecto al segundo agravio alegado en el recurso de casación, se aprecia que el artículo 38 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-2008-JUS, precisa los supuestos en los cuales los Procuradores Públicos se encuentran facultados a conciliar, transigir o desistirse de las acciones judiciales - norma aplicable por razón de especialidad, toda vez que regula la facultad de conciliación de los Procuradores Públicos del Estado, en virtud de la remisión expresa del Decreto Legislativo N.° 1068 - los mismos que se encuentran referidos a pretensiones sobre obligaciones de dar suma de dinero en que el Estado actúe como demandante o demandado, y sólo sobre pretensiones que no tengan naturaleza pecuniaria cuando el Estado actúe como demandado, siempre que se ventilen en un proceso contencioso administrativo, constitucional y otros, en los términos autorizados mediante resoluciones expedidas por los Titulares de las respectivas entidades, por lo que al no haberse estipulado la facultad de conciliación de los citados Procuradores en pretensiones como la de autos, la misma no le resulta exigible.
UNDÉCIMO: En consecuencia, al haberse acreditado los argumentos impugnatorios expuestos en el recurso de casación, esto es, al evidenciarse vicios en la fundamentación de la resolución de vista recurrida, de los que también adolece la apelada, es correcto retrotraer el proceso a la primera instancia, a efectos que se subsanen los defectos advertidos en la presente resolución.
Por tales consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación obrante a fojas doscientos noventa y cinco, de fecha treinta de setiembre de dos mil catorce, interpuesto por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; en consecuencia, NULO el auto de vista obrante a fojas doscientos ochenta, de fecha veintidós de julio de dos mil catorce, e INSUBISTENTE la resolución número cinco de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, obrante a fojas ochenta y ocho, que declaró improcedente la demanda; ORDENARON que el Juez de la presente causa proceda a admitir la demanda con arreglo a ley y continuar el trámite del proceso según su estado; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN contra la Cooperativa de Vivienda Trabajadores “Lobo Varado Ltda. 530”, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.
S.S. WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

References: Artículo 38
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 resolución 
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 artículo 7
 artículo 38
 artículo 23
 Resolución 
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 artículo 13
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 artículo 7
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 artículo 6
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 7
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 artículo 73
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 artículo 7
 artículo 23
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