Source: http://gestores-publicos.blogspot.com/2020/05/
Timestamp: 2020-07-13 20:26:38+00:00

Document:
Gestores Públicos: mayo 2020
Elisa de la Nuez: Administración pública y coronavirus
"Esta Administración lleva lustros sin interesar mínimamente a los partidos salvo para intentar instrumentarla"
Por Elisa de la Nuez. Hay Derecho blog.- Igual que le ha pasado al Gobierno y a la mayoría de nuestras instituciones, la llegada del Covid-19 ha pillado a nuestra Administración Pública con una enfermedad crónica previa: una multiesclerosis aguda que la ha convertido en presa fácil de la pandemia en su vertiente de gestión errática y disfuncional. No es de extrañar, pues lleva años pidiendo a gritos unas reformas estructurales que nunca llegan.
Desde el bienintencionado intento del ministro Jordi Sevilla allá por el año 2007, no hemos vuelto a saber nada de la reforma de la Administración Pública, ni de su despolitización, ni de la profesionalización de los directivos públicos (que, como estamos viendo estos días, no es precisamente una cuestión académica cuando vienen mal dadas), ni de la evaluación de políticas públicas o, ya puestos, de la necesaria capacitación de los empleados públicos para un mundo muy distinto del que existía a finales de los 80 y principios de los 90. La reforma CORA del Gobierno de Rajoy fue un paripé.
Es la hora de iniciar reformas en las #aapp?
Etiquetas: #InformeCORA, #Reforma AAPP, Ebep
Las personas con hijos asumen más cargas añadidas a la situación de teletrabajo
Por Bárbara Couto. @coutoBarbara. Mujeres en el sector Público.com. - La implantación del teletrabajo en las administraciones públicas está en el debate desde hace tiempo, y como reivindicación ha estado muchas veces asociada a la conciliación, y no al cumplimiento en sí de objetivos de la organización. Son de hecho muchas las administraciones que al elaborar sus resoluciones de teletrabajo dan puntos por tener hijos menores de 12 años, personas dependientes a cargo, o en función de la distancia al centro de trabajo. Si bien el que sea favorable para la conciliación es en principio positivo, podría tener efectos contrarios a los que se pretende conseguir en el caso de la carrera profesional de las mujeres.
Así, son varias las voces que argumentan en sentido contrario, que el teletrabajo no favorece la igualdad al apartar a las personas de los puestos de trabajo y por tanto de la toma de decisiones, siendo de facto perjudicial para la carrera de las mujeres. De hecho Eva Rimbau, profesora de los estudios de economía y empresa en la UOC, resalta que las mujeres usan el teletrabajo para conciliar, y los hombres lo hacen para ser más productivos.
Con motivo de la crisis del COVID-19 una amplia mayoría tuvo que dejar los puestos de trabajo presenciales, y en un tiempo récord las administraciones y los empleados y empleadas públicas se adaptaron y empezaron a trabajar desde casa, convirtiéndose en un gran laboratorio de teletrabajo.
Desde la Asociación de Mujeres en el Sector Público nos preguntábamos qué estaba pasando con las diferentes situaciones personales, qué impacto estaba teniendo esto para hombres y mujeres, tanto en la esfera privada como en la profesional, por lo que decidimos diseñar y lanzar una encuesta que nos permitiera analizarlo, aun siendo conscientes de las limitaciones de extrapolar conclusiones por lo excepcional del momento.
Se pidió la colaboración desde redes sociales y la respuesta fue abrumadora. En solo una semana se recogieron 1.134 respuestas. Pero esta acogida ha sido mucho mayor entre las mujeres, ya que han contestado en total un 89,8% de mujeres, lo que ya nos indica que es una preocupación mayor para ellas.
Queremos agradecer la altísima participación, que nos ha permitido sacar conclusiones relevantes de cómo afecta el género y las situaciones personales a diferentes aspectos del teletrabajo, ya sea en familias en las que conviven los dos progenitores con sus hijos y/o hijas, en familias monomarentales, o para las personas sin hijos, tanto solas como en pareja.
El informe completo del estudio se puede descargar aquí, pero merece la pena destacar algunos resultados.
El tener hijos o no es uno de los aspectos que más influye en la valoración de los diferentes aspectos que realizan las personas encuestadas, y, cuando se tienen, influye también el género. No hay en cambio apenas diferencias por género en las personas sin hijos.
Las personas con hijos asumen más cargas añadidas a la situación de teletrabajo.
Probablemente por esto son los hombres, y por situaciones familiares, las personas sin hijos, quienes mejor valoran la posibilidad de seguir teletrabajando en el futuro, y también quienes piensan que tiene más efectos positivos para su trabajo.
Mención especial merecen las familias monomarentales, donde se observa un aumento de la carga mental más significativo, es mayor el porcentaje que ha tenido que renunciar a horas de atención a la familia, se ven en mayor medida obligadas a compartir los recursos tecnológicos, etc. Es además el perfil donde, en estas circunstancias, el teletrabajo ha tenido una valoración más negativa.
En todo caso, es importante resaltar que, en general, el teletrabajo ha tenido una muy buena acogida entre todos los perfiles, y a la mayoría le gustaría poder seguir teletrabajando en el futuro. Toca ahora reflexionar sobre cómo poder llevar a cabo este deseo de la mayoría de manera que sea eficiente para las organizaciones y beneficie por igual a hombres y mujeres.
Etiquetas: encuesta sobre teletrabajo, teletrabajo, teletrabajo de mujeres, Teletrabajo en las #AAPP, teletrabajo y género
"La aprobación de códigos de conducta por las instituciones, si nos van unidos a la construcción de sistemas de integridad institucional, se convierten al fin y a la postre en los peores embajadores de la ética institucional: el cinismo político nunca ha conjugado bien con la moral pública” (Cómo prevenir la corrupción: Integridad y Transparencia, Catarata/IVAP, 2017, p. 99)
Por Rafael Jiménez Asensio.- La Mirada Institucional blog.- Desde hace tiempo, cuando pretendo poner en valor la ética pública y la integridad de las instituciones recurro a diferentes autores clásicos. Tanto a Séneca, como a Marco Aurelio, también Montesquieu. La tradición del pensamiento filosófico está plagada de referencias a la necesaria probidad del gobernante como espejo de ejemplaridad y refuerzo, así, de su imagen institucional ante la población. Adam Smith, en su Teoría de los sentimientos morales, define al buen estadista como aquel que reúne dos grandes atributos: “Es la mejor cabeza unida al mejor corazón. Es la sabiduría más perfecta combinada con la virtud más cabal” (Alianza, 2009, p. 377). Dicho en términos más llanos: buen gobernante o servidor público sería aquel que une competencia política o profesional (en expresión de Léon Blum) junto a integridad de conducta. La reivindicación de los valores públicos es algo muy importante, más aún cuando nos deslizamos hacia una sociedad en la que la pobreza y la desigualdad harán fuerte mella en la población en los próximos meses y años. En este contexto, los servidores públicos (políticos, directivos y funcionarios) deben multiplicar su probidad hasta límites desconocidos. Cualquier esfuerzo será pequeño. La mejora de la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, hoy en día tan maltrecha, dependerá mucho de ello.
Actuación "ex post"
-Un código o códigos de conducta, como normas de autorregulación o de carácter deontológico que definan valores y principios, así como normas de conducta y de actuación.
-Un conjunto de mecanismos de prevención y difusión de la cultura de integridad en la organización.
-Articular canales internos de dilemas éticos, quejas o, en su caso, denuncias (en este último punto desarrollando la Directiva (UE) 2019/1937, de protección del denunciante.
-Implantar órganos de garantía con autonomía e independencia orgánica y funcional (Comisiones de Integridad o Comisionados de Ética) que tramiten y resuelvan los dilemas, quejas o las denuncias e interpreten y apliquen los principios o normas de conducta. Sirvan de faro u orientación en cada organización.
-Disponer de un sistema continuo de evaluación y de adaptación permanente de tales códigos como instrumentos vivos (OCDE).
Etiquetas: Código ético, ética pública, gobernanza ética, integridad institucional
Por Francisco Pleite. Hay Derecho blog-Expansión.- La situación creada por la pandemia que asola España y gran parte de los países de nuestro entorno, va a afectar a todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos la justicia. Esta situación va a suponer un hito en nuestras vidas no solo a nivel personal, sino en la forma de relacionarnos con los otros y de organizarnos. Nos tenemos que anticipar al futuro y estar preparados. Es preciso adaptar el sistema judicial a las nuevas necesidades.
Los tribunales, ya de por si sobrecargados, se verán afectados por el retraso acumulado por la paralización derivada del Estado de alarma y por el, mas que previsible, aumento de la litigiosidad en todas las jurisdicciones. Ya ocurrió con la crisis de 2008, aunque no es comparable, pues esta parece mas profunda, igual que una ola el incremento de litigios se fue expandiendo inicialmente desde los juzgados de lo mercantil a los otros órdenes jurisdiccionales.
Pero, además de esto, la pandemia requerirá una modificación de nuestros procedimientos y la forma de celebración de los juicios. En efecto, según las previsiones durante al menos un año tendremos que “convivir” con la amenaza del virus, hasta que se encuentre una vacuna y un tratamiento eficaz, quien sabe si vendrán otras pandemias. En nuestro sistema judicial predominan los procedimientos verbales, en las sedes judiciales se acumulan gran cantidad de personas, abogados, procuradores, las partes, testigos, peritos, las salas de vistas y las antesalas pequeñas, a veces abarrotadas, en estrechos pasillos que no permiten el distanciamiento adecuado. Esto exige un replanteamiento del sistema judicial, tanto a nivel organizativo como procedimental. En vez de abatirnos esta crisis tiene que ser vista como una oportunidad para reorganizar la justicia en la que todos debemos contribuir con nuestro esfuerzo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea adoptó medidas para continuar trabajando en esta situación de confinamiento. Se dictaron disposiciones para que prosigan las actividades de los órganos jurisdiccionales y de los servicios, con el fin de garantizar la continuidad del servicio europeo de justicia en condiciones lo más aproximadas posible a las aplicables en tiempo normal y necesariamente adaptadas a las circunstancias excepcionales. Para ello se proporcionó equipamiento del personal en material informático que permitiese el trabajo a distancia. Se otorgo prioridad a la tramitación de los asuntos que presentan especial urgencia, la tramitación de los demás asuntos sigue asimismo su curso. Se adoptaron diversas medidas, respetando las normas de procedimiento aplicables, a fin de no interrumpir la tramitación de los asuntos: resoluciones adoptadas mediante procedimiento escrito, preguntas escritas dirigidas a las partes, organización específica de vistas de pronunciamiento de sentencias y de lectura de conclusiones.
En España el CGPJ anunció la elaboración de un plan de choque de cara a la reanudación de la actividad judicial tras el levantamiento del estado de alarma, que tenía como principales objetivos evitar el colapso de la Administración de Justicia y agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables. Aun se desconoce las medidas y cuando se podrán llevar a la práctica. El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley destinado a paliar el mas que previsible colapso en la justica, cuya medida mas significativa consiste en abrir los juzgados en agosto y celebrar juicios por las tardes, que ha sido recibido con la oposición de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, así como la mayoría de las asociaciones judiciales.
La crisis puede suponer un impulso y obliga a acelerar los cambios aplazados para avanzar en la reforma de la justicia. Para ello hay que reflexionar sobre aquello que dificulta una justicia ágil y eficaz, además, de adaptarse a las nuevas necesidades derivadas de la pandemia, tratando de garantizar la seguridad de todo el personal de la administración de justicia y de aquellos que acceden a las sedes judiciales.
En estos momentos se vuelve transcendental disponer de material informático adecuado para trabajar a distancia, reducir la actividad presencial en las sedes judiciales a lo imprescindible, potenciar el uso de medios telemáticos y la digitalización de los expedientes. Establecer un plan de prioridad en la tramitación de los asuntos que presentan especial urgencia por afectar a los mas vulnerables y que tengan mayor repercusión económica, así como continuar la tramitación de los demás asuntos según su curso. Desde el punto de vista procedimental retornar, en la medida de lo posible, a los procedimientos escritos, simplificando los trámites. Los señalamientos deberían ser escalonados y espaciados en el tiempo, que no supongan acumulación de personas en las salas de espera. Elaborar un plan de refuerzo de los órganos judiciales sobrecargados para que no se genere un cuello de botella en la resolución de los asuntos pendientes. Otro tema para reflexionar sería abordar la coordinación y la uniformidad en todo el territorio en los medios personales y materiales en la prestación de servicios para que no se produzcan desigualdades, según se ha puesto de manifiesto con los diferentes criterios de las Comunidades Autónomas de la aplicación del Estado de Alarma. En definitiva, aunque parezca un tópico, hay que invertir en justicia para evitar que la avalancha de asuntos que amenaza siga a la pandemia colapse nuestro sistema judicial.
Es momento que todos los operadores implicados en la administración de justicia escuchen, colaboren, aporten ideas constructivamente, sin miedo al cambio, con el esfuerzo y entrega de todos se podrá salir de esta situación con una justicia fortalecida y mas eficaz, que de respuesta adecuada y en tiempo a la tutela judicial requerida por los ciudadanos en estos momentos de cambio tan complicados y duros que estamos viviendo.
Etiquetas: justicia y pandemia
Otro post de actualidad. Administración electrónica: las cinco etapas del duelo. Por Víctor Almonacid
"El Gobierno se ha visto obligado a hacer pequeñas rectificaciones prometiendo una futura transparencia, aunque, de momento, tengamos una transparencia más formal que real"
Por MABLANESCLIMENT blog.- Por Durante el dilatado periodo de tiempo transcurrido desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 -llevamos ya 5 prórrogas-, el derecho fundamental a la libertad de información, recogido en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española, se ha visto seriamente afectado por varias circunstancias:
Recientemente, el Ministerio facilitó al periódico El País el informe que justificaba el mantenimiento en la Fase 0 de la Comunidad de Madrid, pero no ha publicado en el portal de la transparencia los informes relativos a las demás Comunidades Autónomas. El Gobierno ha dicho hace unos días que publicará los informes más adelante, cuando todos los territorios estén en la misma fase. El malestar crece por la indefensión que genera no saber los motivos y las razones que justifican las decisiones del Gobierno.
Así, el Tribunal de Estrasburgo, en su Sentencia de fecha 8/10/2019, ha declarado lo siguiente: “la recopilación previa de información es un paso preparatorio esencial en el periodismo y es una parte inherente y protegida de la libertad de prensa. Los obstáculos generados para dificultar el acceso a la información de interés público pueden disuadir a los que trabajan en los medios de comunicación o en ámbitos que reivindican estos asuntos. Como consecuencia, es posible que ya no puedan desempeñar su papel fundamental como “guardianes públicos”, y su capacidad para facilitar información precisa y fiable puede verse afectada negativamente (…) El papel de “guardián” de los medios de comunicación adquiere especial importancia en tales contextos, ya que su presencia es una garantía de que las autoridades pueden rendir cuentas por sus conductas (…) el Tribunal está convencido de que el informe que el demandante pretendía preparar se refería a una cuestión de interés público, donde había poco margen para las restricciones a la libertad de expresión en virtud del artículo 10, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos (…)”.
-Modificar el Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre las excepciones de suspensión de plazos administrativos;
-Instar a las unidades de información de la Administración General del Estado, y mientras dure el estado de alarma, a responder de forma prioritaria a todas aquellas solicitudes relacionadas con la Covid-19. En base a lo establecido en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto, que permite la continuación de procedimientos administrativos relacionados con la pandemia;
-Continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes recibidas antes o durante el estado de alarma no relacionadas con la pandemia, evitando que la resolución se prolongue en el tiempo.
Etiquetas: acceso a la información en estado de alarma, Covid-19, libertad de información

References: resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 20
 artículo 10
 Real Decreto 
 resolución