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Timestamp: 2020-07-10 16:55:20+00:00

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Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas - ¿Quién nos alimenta en tiempos revueltos?
¿Quién nos alimenta en tiempos revueltos?
Publicado: Jueves, 16 Abril 2020 14:26
Manos que no vemos, nombres que no conocemos
Rafael Zabaleta, El carro | Fundación Zabaleta
Comer, del latín comedere
El prefijo com, según una teoría etimológica, indica que no deberíamos comer solas. Comer, ese verbo que también alberga el acto de humanizar, pues sin comida el ser humano no es. Ese verbo tan autómata e instintivo, pues responde a una necesidad biológica envuelta, eso sí, en toda una argamasa social y cultural que determina qué, con quién, cómo, de dónde, cuánto se come, etc. El alimento y por tanto el verbo y la acción de comer han de ser un derecho universal. En un mundo donde se produce alimento de sobra como para toda la población, ¿qué problema debería suponer?
No es tarea fácil analizar los factores que provocan hambre o, mejor dicho, que producen hambre, pues el hambre también es producto de unas lógicas geopolíticas de funcionamiento y estructuración de las sociedades. Las causas son diversas y complejas aunque tengan la misma base: la instauración de un mercado alimentario que se rige por las lógicas de mayor producción a menor coste; una producción sin límite para una venta sin límite.
Este mercado alimentario globalizado permite que las sociedades enriquecidas dispongamos de acceso a alimentos de cualquier parte del mundo, pero ¿qué ocurre cuando nuestro escenario normalizado se tambalea? Hoy atendemos a una revuelta social. La COVID-19, entre otras muchas cosas, ha permitido ver una pandemia de desigualdad necesitada de emergencia que se había naturalizado tanto que había pasado a ser una rutina. Es el caso de las condiciones de las personas que trabajan para mantener el mercado alimentario global del que hablamos.
Uno de los grandes problemas mediáticos de los últimos días es la falta de mano de obra para las cosechas de temporada, en las que trabajan personas llegadas de distintas latitudes. Esta deslocalización de la mano de obra es parte de esa fórmula por la que se rige la alimentación de hoy: producir al menor coste para obtener el mayor beneficio. Esto se traduce en pérdida de derechos laborales y sociales.
Para ejemplificarlo, vamos a centrarnos en Andalucía, donde la producción de frutas y hortalizas se ha consolidado como un sector económico esencial a través de las exportaciones y donde encontramos una gran presencia de trabajadoras y trabajadores migrantes desde hace ya varias décadas.
Rafael Zabaleta, Maternidad | Fundación Zabaleta
El caso de Huelva
La producción alimentaria en Andalucía funciona aún por temporadas en muchos sectores. Y digo aún, porque otro de los horizontes del mercado alimentario ha sido acabar con las temporadas para producir alimentos de forma continua, recurriendo a todo tipo de usos y recursos. Aun así, hay productos que siguen el surco de su ciclo temporal. Vamos a poner el foco en tres perfiles de trabajadores de la temporada del fruto rojo, pues es el que ahora (desde finales de febrero hasta junio) se encuentra en plena época de recogida.
El modo de recolección de estos frutos ha saltado a la actualidad varias veces por las condiciones de quienes se desplazan para trabajar en la campaña y por los contratos en origen que se hacen a la mujeres de Marruecos, cuya principal cláusula es el retorno obligatorio al finalizar la temporada. Este sistema se presenta como una migración ordenada, como una ayuda entre países vecinos; pero implica una coartación del derecho de libre circulación que repercute de forma directa en las mujeres, cuya presencia se acepta solo con un fin y por un periodo de tiempo concreto, tras el cual se deniega y se prohíbe. Esta humanización temporal y ligada a un fin comercial, ¿qué dice de nuestra sociedad?
A partir del estado de alarma, los puestos de trabajo de estas mujeres se han quedado vacíos en plena campaña. En ningún momento se ha debatido dónde están esas mujeres, cómo están o qué sustento tienen al no haber podido venir.
Vamos a extender la mirada. A los tajos acude también en temporada gente autóctona de los distintos pueblos de la provincia de Huelva que se desplazan a diario compartiendo vehículo. Con un estado de alarma que impide compartir el coche, muchas de estas personas se han quedado en casa teniendo trabajo por no poder desplazarse a él.
Y un tercer caso serían las personas que tienen trabajo y pueden desplazarse a él, pero que después no pueden “quedarse en casa” porque viven en una chabola de madera y plástico que ni siquiera tiene agua.
Si las medidas de urgencia son lavarse las manos y no tenemos agua, quedarse en casa y no tenemos casa, mantener la actividad básica, en este caso la producción alimentaria, pero no podemos acceder a nuestro puesto de trabajo porque no tenemos medio de transporte apropiado, ¿qué hacemos?, ¿quién piensa en todo esto?, ¿dónde están quienes no pueden estar? Esta pandemia de indiferencia ya existía desde hace mucho.
Colectivos como Jornaleras de Huelva en Lucha, el Colectivo de Trabajadores Africanos así como o distintas organizaciones y sindicatos como el SAT sirven de puente para visibilizar esta serie de cuestiones en tiempos de la COVID-19. Justo el día que se decretó el confinamiento había preparada una manifestación convocada por el Colectivo de Trabajadores Africanos para reclamar, precisamente, viviendas dignas. Mucho antes de que el confinamiento nos mandase a casa, ya denunciaban su situación. Sin embargo, esto no ha impedido que hoy en las tiendas de barrio y los supermercados, las cajas de fresas se apilen. No ha impedido que se presuma de que en 2019 el sector del fruto rojo batiese récord, llegando a unos 719 millones de euros, un 8,3 % más del año anterior.
Rafael Zabaleta, La noche | Fundación Zabaleta
Preocupación por falta de mano de obra
La preocupación de las administraciones no es cómo o en qué condiciones venían todas estas personas (no solo de Marruecos, sino de Mali o Senegal, entre otros países africanos, o del Este de Europa) a transitar esta temporada, o en qué condiciones se encuentran las personas que ya estaban trabajando. La preocupación no es si tienen agua para lavarse las manos, guantes, mascarillas o un aseo adecuado, ni cómo hacer para mantener la distancia de seguridad o qué alternativas se les puede ofrecer a quienes no se pueden desplazar. La preocupación es ¿qué pasará con los puestos de trabajo vacíos?
Muchas esperábamos que esto pudiese ser una oportunidad para cuestionar el estado del sector y las condiciones de vida de cientos de personas en nuestra Andalucía; sin embargo, ha cundido la prisa por no frenar el engranaje de producción. No se ha comprendido que no es tiempo de abundancia cuantitativa, sino de transformación. La prioridad debiera ser, para dar ejemplo y humanizar la alimentación, que las personas que se ocupen de la producción de alimentos estén regularizadas y en unas condiciones dignas de vida. Como cuenta Ana Pinto, jornalera y activista del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha en una de nuestras muchas conversaciones, la máxima productividad y la dignidad en el trabajo parecen incompatibles:
“En la fresa hay gente a la que han echado para casa o la han reñido o que se han ido de trabajar porque se han levantado a sonarse los mocos; o sea, el tema de la productividad es una bestialidad en todos los ámbitos. Lo único que quieren es producir, producir, producir muchos kilos. Las normas: cada vez más normas. Antes había mucho compañerismo, muy buen rollo entre la gente porque no había topes de cajas, no te amenazaban con echarte si no llegabas a los kilos; a lo mejor existían las listas, pero no había la competición que hay hoy en día en el campo por intentar no quedarte detrás para que no te echen”.
La realidad: un real decreto ofensivo
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para incorporar con urgencia esta mano de obra que se necesita con la intención, según exponen, de evitar un desabastecimiento alimentario y el alza de precios en plena pandemia. Un real decreto que no aborda las condiciones específicas de los territorios, sino que ha establecido una serie de pautas y acciones generales, con independencia también del tipo de trabajo que se desarrolle en el campo.
El real decreto mantiene la prórroga de permisos de trabajo de aquellas personas cuyos contratos venciesen entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio. Esto evidencia que la mano de obra es necesaria, por lo que esta prórroga no es ningún favor gratuito, digamos.
Por el contrario, no tendrán autorización para trabajar aquellas personas solicitantes de asilo que lleven menos de seis meses en España y no cuenten con un permiso de trabajo, ni tampoco quienes tengan papeles pendientes de trámites burocráticos. Así, el real decreto deja fuera a las personas más vulnerables, pues, como es sabido, en Andalucía, muchas personas trabajan “sin papeles”, y por tanto sin contratos. Distintas organizaciones sociales, e incluso asociaciones de agricultores, han reclamado en vano que el real decreto regulara la situación de estas personas.
Además, se ha puesto como condición una proximidad entre el domicilio del trabajador o la trabajadora y el centro de trabajo para evitar desplazamientos innecesarios. Sin embargo, muchos viven en lugares que no les protegen de esta pandemia. El real decreto no dice nada a este respecto ni asegura unas condiciones de vivienda dignas para quien las necesite durante el desarrollo del trabajo.
Humanizar la producción
El debate en torno a una producción humanizada desde el punto de vista de los cuidados hubiese tenido lugar dado poniendo primero el foco en cómo están las personas que se van a encargar de salvar las cosechas. ¿Qué necesitan? Resituemos las prioridades como sociedad.
Que en 2019 el sector del fruto rojo batiese récord superando los 700 millones de euros no nos vale si una persona muere calcinada en un incendio del asentamiento chabolista donde descansa para poder ir al tajo; no vale de nada si, como relata Ana Pinto, por medidas de higiene no puedes llevar una botella de agua en el carro donde recolectas, en un invernadero a más de 40º C. Este caso de Huelva puede extrapolarse a la zona de Almería y a otras partes del Estado donde la lógica de mercado es la misma. En Almería, el SAT denuncia a diario estas condiciones y sigue haciéndolo durante la pandemia.
Sin duda, hoy más que nunca consumir es un acto político, citando al colectivo Carro de Combate. Sin duda, hoy más que nunca la responsabilidad de que este debate tome otro rumbo es de todas, urgente y sin tiempos de espera. Si no, no estamos salvando nada, ni mucho menos estamos parando esta pandemia juntas.
Estos aplausos en forma de letras van para ellas. Sus manos han de ser nuestro fruto más preciado.
Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo

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