Source: https://es.scribd.com/document/267581022/Alvarez-Ugarte-Ramiro-y-Eleonora-Rabinovich-2013-Los-intermediarios-y-los-desafios-para-la-libertad-de-expresion-en-Internet-en-Cuestion-de-der
Timestamp: 2018-06-22 05:40:24+00:00

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Descripción: Álvarez Ugarte, Ramiro y Eleonora Rabinovich (2013), “Los intermediarios y los desafíos para la libertad de expresión en Internet”, en Cuestión de derechos nº4
Nº 4 - primer semestre 2013 - ISSN 1853-6565
Los intermediarios y los
desafíos para la libertad
de expresión en Internet *
Ramiro Álvarez Ugarte § y Eleonora Rabinovich ‡
La cuestión de la responsabilidad de los intermediarios de Internet por contenidos producidos por terceros se hizo visible en Argentina por una combinación un tanto aleatoria
de distintas causas: una doctrina civilista alejada del derecho constitucional, un impacto
excesivo de esa doctrina en la justicia civil de la Ciudad de Buenos Aires y el buen ojo
litigante de abogados de “ricos y famosos”.
Los casos judiciales que se han ido generando en los últimos años se refieren, en general,
a personas famosas del mundo del espectáculo que se quejan por la utilización no autorizada de su imagen por terceros o por el vinculación de sus nombres con páginas de
contenido reprochable. Más de 150 casos de este tipo han sido iniciados. Generalmente,
en estos casos los actores piden la eliminación de los vínculos entre su nombre o imagen
y las páginas web que les generan agravio. En algunos casos buscan una compensación
económica por daños.
Estas demandas se encuentran en diferentes etapas procesales. Hasta el momento ha
habido sólo dos decisiones sobre la cuestión de fondo en los casos que involucran a buscadores: la mayor parte de la jurisprudencia desarrollada hasta ahora se relaciona con
medidas cautelares que ordenan eliminar los resultados de las búsquedas que los actores
consideran violatorios de sus derechos. Además de estos casos, ha habido denuncias
por contenidos discriminatorios y difamatorios en sitios web o por parte de usuarios de
* Este artículo está basado en dos trabajos anteriores, “Viejos principios, nuevos problemas: Una mirada amplia sobre la libertad de expresión, la privacidad y los buscadores de Internet” de Ramiro Alvarez Ugarte y
“Challenges Facing Freedom of Expression: Intermediary Liability in Argentine Case-Law” de Eleonora Rabinovich. Agradecemos a Atilio Grimani, que colaboró en la actualización de la información y en la redacción
§ Ramiro Álvarez Ugarte es abogado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y LLM de la Universidad de
Columbia. Actualmente, dirige el área de Acceso a la Información Pública de la ADC.
‡ Eleonora Rabinovich es abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Máster en Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Nueva York (NYU); actualmente se desempeña como directora adjunta en la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Los intermediarios y los desafíos para la libertad... - Ramiro Álvarez Ugarte y Eleonora Rabinovich
Detrás de todos estos casos se ponen en juego principios fundamentales del derecho
constitucional que tienen que ver con el lugar que ocupa la libertad de expresión como
condición de funcionamiento de una sociedad democrática. Este artículo de la Asociación
por los Derechos Civiles (ADC) propone una mirada amplia sobre los problemas jurídicos
y de políticas públicas que surgen en el marco del flujo de información en Internet que
tiene como centro a los denominados intermediarios de servicios.
En este sentido, los casos judiciales nos dan la oportunidad de reflexionar sobre las cuestiones que subyacen a esos reclamos, sobre los principios que deben guiar a los jueces a
la hora de resolverlos y sobre aspectos que se relacionan con la regulación de los intermediarios, una cuestión que ocupa un lugar destacado dentro de las discusiones sobre
políticas en Internet en todo el mundo.
II. Los conflictos legales en la Argentina
Buscadores en la mira
Antes de exponer los casos que involucran a buscadores de Internet, como Google o
Yahoo!, resulta útil especificar, aunque en pocas líneas, la forma en la que funcionan
Los buscadores de Internet funcionan como intermediarios necesarios entre los usuarios
y quienes proveen contenidos en Internet. Son el mecanismo técnico que permite vincular
a esos contenidos con las personas interesadas en ellos. Grimmelmann (2007:1-17) ofrece un breve esquema que explica los flujos de información que tienen a los buscadores
como centro y las distintas interacciones que se dan entre quienes participan, voluntaria
e involuntariamente, del sistema. Identifica cuatro operaciones que se producen gracias
a la intermediación de los motores de búsqueda: (a) los buscadores indexan el contenido
disperso de la Web; (b) los usuarios introducen términos de búsqueda en los motores;
(c) el buscador ofrece al usuario listas de resultados relacionando el contenido indexado
con los términos ingresados y (d) el usuario accede al contenido provisto por terceros.
Observar en cierto detalle estas cuatro operaciones facilitará el análisis de las características técnicas de los buscadores.
Indexación. Los motores de búsqueda, para poder responder a las búsquedas de los
usuarios, deben primero conocer los contenidos que se encuentran dispersos. Ese “conocimiento” se produce a través de programas automáticos de software que recorren Internet y recopilan el contenido que está disponible en los distintos puntos de la red1. Estos
programas son conocidos como “robots”, “arañas” o crawlers. Introna y Nissenbaum
(2000:169) explican que “[los buscadores] crean un mapa de la Web mediante la indexa-
1 Cuando nacieron los motores de búsqueda, gran parte de la indexación se hacía en forma manual. Ver
INTRONA L. y NISSENBAUM H. (2000:172).
ción de páginas de Internet de acuerdo a palabras clave, y luego crean enormes bases
de datos que vinculan el contenido de las páginas con las palabras claves y con las URL
[direcciones de Internet]”. Los crawlers de los buscadores recorren todos los sitios Web
que son públicos: aquellos productores de contenido que no quieran ser indexados pueden
evitarlo mediante la inclusión de un simple comando de programación insertado en sus
sitios. En Estados Unidos se ha reconocido a los productores de contenido un derecho a
no ser indexado por crawlers si así lo desean2.
Como puede verse, esta tarea de indexación del contenido disperso es el primer paso para
poder dar a la información disponible en Internet cierta utilidad. El juez británico Eady en
el caso Metropolitan International Schools Ltd. v. Google Inc. consideró que era posible
trazar una analogía entre lo que ocurre en Internet con cómo funciona una biblioteca:
“Si un académico quiere buscar las referencias de su tema de investigación, puede consultar
el catálogo de la biblioteca. Al hacerlo, puede encontrar que hay algunos libros potencialmente relevantes en algún sector de la biblioteca, e ir hasta allí para ver si puede usar el
contenido” (Metropolitan, 2009:párr. 52).
Búsquedas. Los usuarios de Internet utilizan los motores de búsqueda para encontrar
la información que se encuentra dispersa y que estos motores han indexado. Lo hacen
a través de palabras o términos de búsqueda que estiman relevantes para acceder a la
información que quieren encontrar.
“Cuando un [usuario] introduce una palabra clave (o frase) –presumiblemente, una que
capture adecuadamente el objeto de su interés— la base de datos del motor de búsqueda
devuelve al [usuario] una lista de URLS vinculadas con esa palabra clave, idealmente
incluyendo todas las que son relevantes al interés del [usuario]”3.
Resultados. Los resultados que ofrece el buscador son ofrecidos en forma de hipervínculos o links. Estos son códigos de HTML simples que llevan al usuario a las páginas
Web que el buscador estima relevantes de acuerdo a los términos de búsqueda que fueron
utilizados. Es en este punto donde los distintos buscadores marcan diferencias entre sí
a través de la utilización de “variados algoritmos para sumariar y organizar el vasto mar
de contenido disponible” (Grimmelman, 2007:10). La oferta de resultados, así como
la indexación, es un proceso automático logrado a través de algoritmos matemáticos
programados en el software4.
Contenido. El contenido que es buscado por los usuarios no es ofrecido por los motores
de búsqueda: el buscador sólo brinda hipervínculos o links a sitios que estima relevantes
para la búsqueda de acuerdo con los términos ingresados. El contenido que representa el
esquema de Grimmelmann se transfiere directamente de los proveedores de contenido
2 Ver eBbay (2000), donde una Corte distrital del Distrito Norte de California ordenó que el agregador de
sitios de subasta Bidder´s Edge dejara de enviar sus crawlers a la base de datos del sitio eBay.com.
3 En el original en inglés se usa la palabra seeker, que aquí fue reemplazada por la palabra “usuario” para
evitar confusiones, debido a que la traducción literal de seeker es “buscador”. Ver INTRONA L. y NISSENBAUM H. (2000:171).
4 Ver PASQUALE (2006:115-118) donde se argumenta que el “software hace todo el trabajo”.
al usuario; los buscadores solo facilitan el acceso al mismo.
En el esquema de Grimmelmann podemos observar a los “terceros” como ajenos a este
flujo de información, lo que no significa que no estén interesados en el mismo. Gran
parte de las controversias jurídicas que surgen como consecuencia de estas interacciones
afectan a terceros, y los casos judiciales en Argentina que analizaremos continuación los
tienen como protagonistas.
Una avalancha de casos
En la Argentina, la mayoría de los conflictos legales generados con motivo de la intermediación de los buscadores entre usuarios y productores de contenido se originaron por
terceros que se consideraron afectados por ese flujo de información.
Podemos dividir esos casos en dos categorías bien definidas. Por un lado están algunas pocas demandas iniciadas por funcionarios públicos que buscan eliminar de los resultados
ciertos sitios que consideran agraviantes5. Por el otro, las demandas iniciadas por figuras
públicas que buscan eliminar los resultados que vinculan sus nombres con determinados
sitios pornográficos o de prostitución, y que hacen alegado uso indebido de su imagen6.
La mayoría de las demandas son por daños y perjuicios, pero sólo en algunos casos (Da
Cunha y Krum, entre ellos) se ha dictado sentencia definitiva. Por el momento, la mayoría
de los litigios giran en torno a las medidas cautelares solicitadas por los demandantes
tendientes a la eliminación de los resultados de búsqueda que consideran agraviantes.
La jurisprudencia nacional desarrollada hasta el momento, aunque ha ido modificándose,
se caracteriza por mostrar una visión particularmente pobre del derecho a la información. Estas visiones son, muchas veces, consecuencia de una inadecuada valoración del
rol que los motores de búsqueda cumplen en Internet y de una falta de consideración a
las cuestiones constitucionales involucradas en estos asuntos.
A continuación distinguiremos los principales argumentos utilizados por los jueces para
sustentar sus decisiones, según los tipos de casos que hemos mencionado anteriormente.
Casos de funcionarios públicos
En los casos Servini de Cubría y Miragaya, las salas I y II de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal han decidido, a nuestro entender correcta-
5 Casos “Servini de Cubría c. Yahoo Argentina” y “Miragaya, Eduardo c. Yahoo de Argentina S.R.L.”
6 Entre muchos otros: Casos “Da Cunha, Virginia c. Yahoo Argentina de S.R.L. y otros”; “Mazza, Valeria
Raquel c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otros”; “Abramo, Laura c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otros”; “Prandi, Julieta c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otros”; “Unteruberbacher, Nicole c. Yahoo de Argentina S.R.L.
y otros”; “Solaro, María Soledad c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otros”; “Krum, Andrea Paola c. Yahoo de
Argentina S.R.L y otros”; “Giovanetti, Laura c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otros”; “Zamolo, Sofía c. Yahoo
de Argentina S.R.L. y otros”; “Crivocapich, Priscila c. Google Inc. y otro”.
mente, rechazar las medidas cautelares solicitados por los actores, ambos funcionarios
del fuero federal. Los argumentos ofrecidos por los jueces para rechazar esas medidas
se basan en el carácter de funcionarios públicos de los demandantes y se apoyan en la
asentada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y en los principios desarrollados
por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, por el cual los
funcionarios públicos tienen un umbral distinto de protección. Según esta jurisprudencia,
“los funcionarios públicos se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir
perjuicio por noticias difamatorias”, y por lo tanto merecen menor protección que los
“ciudadanos privados” (Costa, 1987).
En efecto, en Servini de Cubría la sala II consideró que las imágenes publicadas en Internet de la jueza federal se relacionaban con su trabajo y como tales están vinculadas
a “acontecimientos de interés público” (Servini, 2009: Cdo.4.2). En el mismo sentido,
los magistrados consideraron que “la doctora S. de C. [sic] es jueza federal, que además
ejerce competencia electoral en el distrito, por lo que sus actos en ejercicio de sus funciones despiertan interés en los medios de difusión y en la sociedad en general” (Servini,
2009: Cdo.4.4).
En Miragaya, la sala I consideró no procedente acceder a una medida amplia tendiente
a eliminar todos los resultados relacionados con ciertos términos de búsqueda, ya que
ello violaría la garantía constitucional de libertad de expresión (Miragaya, 2008: Cdo.6).
Como en ese caso era posible identificar a los responsables de dos sitios específicos (los
de Seprin y Página/12), el funcionario debería dirigir su acción contra ellos y no contra
el intermediario (Miragaya, 2008: Cdo.7). El hecho de que en el caso se conocieran los
sitios cuestionados por el actor permitió a los jueces distinguir ese caso de otros casos en
los que era “fácticamente imposible” identificar a los responsables por la “gran cantidad”
de sitios involucrados (Miragaya, 2008: Cdo.8).
En este sentido, si bien es legítimo sostener –como en Miragaya- que las demandas
deben dirigirse a los productores de los contenidos y no a los intermediarios, los jueces
parecen dejar la puerta abierta para que quienes encuentren difícil identificar a los productores de contenidos cuestionables puedan demandar a los intermediarios, tal como
hizo la sala I en otros casos.
Medidas cautelares y sus problemas
Estos casos, que son mayoría en la jurisprudencia argentina, incluyen diversas demandas
iniciadas por “celebridades” tales como modelos (casos Mazza, Prandi, Unteruberbacher, Zámolo), cantantes (caso Da Cunha) o actrices (caso Krum) que accionan en función
del uso indebido del nombre y de la imagen en sitios de contenido sexual o pornográfico o
relacionados con servicios de prostitución. La mayoría de estos casos, hasta el momento,
han producido resoluciones sobre medidas cautelares.
En general, el razonamiento de los jueces que intervienen en estos casos procede de la
siguiente forma. En primer lugar, consideran como no controvertida la vinculación de los
nombres de los actores con sitios de contenido sexual sin que exista autorización de ellos
para eso. Una vez que establecieron esa vinculación, los jueces consideran –en la amplia
mayoría de los casos— que es legítimo ordenar a los buscadores la eliminación de los resultados cuestionados ya que, aunque no son los generadores del contenido, facilitan el acceso
a las búsquedas. Los jueces han sostenido que los intermediarios deben actuar “por estar
en mejores condiciones técnicas fácticas de actuar ante la prevención o reparación del daño
injusto” (Unteruberbacher, 2009). Y que “ante la entidad objetiva y fácilmente verificable
de la ilicitud del contenido, no puede la empresa responsable del servicio amplificar, con
su divulgación, los efectos dañosos en curso” (Zámolo, 2007: Cdo.6).
En el caso Unterubernacher, los magistrados de la sala I destacaron que la medida cautelar se limita a “los vínculos” que establece el buscador con los contenidos creados por
terceros. “[N]o se ordenó aquí la modificación del contenido de tales sitios, sino que la
medida se refiere a las conexiones que los buscadores permiten establecer” (Unteruberbacher, 2009: Cdo.4).
En esto consiste el núcleo de las decisiones sobre medidas cautelares relacionadas con figuras públicas. Esta clase de decisiones son compatibles con los casos que involucran a los
funcionarios públicos, ya que en estos casos el rechazo de las peticiones se produjo como
consecuencia del mayor grado de exposición que deben tolerar quienes ejercen funciones
públicas. En los casos de figuras públicas célebres o famosas, esa barrera jurisprudencial
está ausente, razón por la cual los jueces han concedido las medidas cautelares en esos
casos reconociendo verosimilutd en del derecho a los reclamos.
Este resultado jurisprudencial sólo es posible por la errónea valoración de parte de los
magistrados del rol de intermediarios necesarios de los buscadores que intentaremos
explicar en secciones posteriores. Sin excepción, los magistrados argentinos omiten
analizar el efecto inhibitorio que sus decisiones tienen sobre terceros y no desarrollan
una adecuada ponderación de los valores constitucionales involucrados. En efecto, las
medidas cautelares otorgadas ordenan por los general a los buscadores que se eliminen
los resultados de búsquedas que vinculen a los nombres de los actores con páginas de
contenido sexual o pornográfico, como en la decisión de primera instancia en el caso Da
Cunha7 al que luego volveremos.
Esta clase de órdenes judiciales son problemáticas por varios motivos, el principal de los
cuales es que abarcan más de lo necesario, por el simple hecho de que los términos de
búsqueda que utilizan los usuarios son indeterminados. Esta imposibilidad de cumplimiento es técnica y es producto de cómo funcionan los motores de búsqueda y el carácter
7 “Por los fundamentos expuestos, habrá asimismo de procederse a la eliminación de las vinculaciones entre
los buscadores de las demandadas y los sitios de contenido sexual, erótico y/o pornográfico que contengan
el nombre, imagen y fotografías de VIRGINIA DA CUNHA sin perjuicio de los alcances con que ya fue dictada y cumplida la medida ordenada en el incidente de medidas cautelares y las respectivas ampliaciones.”
Da Cunha (2009).
indeterminado, en mayor o menor medida, del lenguaje. Los motores de búsqueda no
pueden identificar “personas” o sitios Web que “hablen de esas personas”: se limitan a
vincular términos de búsquedas necesariamente imprecisos y polisémicos con contenidos
variados y cambiantes.
Debido a que estas órdenes son en general imposibles de cumplir, buscadores como
Yahoo se han visto obligados a eliminar todos los resultados ante la búsqueda de ciertos
términos específicos. Por ejemplo, si introducimos los términos “Valeria + Mazza”, “Julieta + Prandi” o “Soledad + Solaro” en Yahoo Argentina nos encontraremos con que la
empresa indica que se vio obligada a “suprimir temporalmente todos o algunos de los
resultados relacionados con ésta búsqueda” debido a “una orden judicial solicitada por
partes privadas”.
Para decirlo de otro modo, ante la imposibilidad de cumplir adecuadamente con las órdenes judiciales, Yahoo Argentina optó por eliminar todos los resultados relacionados afectando así a (a) el derecho a la información de todos los usuarios que buscan información
legítima utilizando esos términos de búsqueda; (b) el derecho a la libertad de expresión
de miles de emisores que quieren emitir contenidos legítimos. Para empeorar las cosas,
los jueces argentinos han considerado que las medidas genéricas como las adoptadas
por Yahoo no son reprochables. Por el contrario, han sostenido que las mismas cumplen
acabadamente con la orden emitida8.
Al abarcar necesariamente más de lo estrictamente necesario, esta clase de medidas violan
el principio de proporcionalidad que exige que, en materia de derechos constitucionales,
las medidas que los limiten estén adecuadamente diseñadas para no restringir los derechos más allá de lo estrictamente necesario. En efecto, como lo han sostenido los órganos
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, las restricciones a
la libertad de expresión deben ser idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales al
fin legítimo que las justifica. Ello significa que las limitaciones al derecho a la libertad
de expresión deben ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo imperioso que las
justifican, interfiriendo en la menor medida posible con el ejercicio legítimo del derecho
a la libertad de pensamiento y expresión9. Estas medidas cautelares, al ir más allá de lo
necesario, no lo hacen.
Hay casos en los que las medidas cautelares no son “genéricas” sino que se refieren específicamente a links determinados, como ocurrió en el caso Miragaya. Si bien esta clase de
cautelares evitan los problemas de las medidas genéricas y no afectan a más emisores de
los que es necesario, igual son problemáticas ya que invisibilizan a los emisores señalados
por las medidas (es decir, a los verdaderos productores de contenidos) al efectuar juicios
“previos” sobre la legalidad de los contenidos.
8 Unteruberbacher (2009: Cdo.5 in fine) argumentando que “la propia “Yahoo de Argentina S.R.L.” da
cuenta de que en la actualidad no informa resultados al ingresar el nombre de la actora (cfr. fs. 884, punto
III e impresión de fs. 883), por lo que la imposibilidad de cumplimiento alegada no es tal.”.
9 Corte I.D.H. Kimel (2008:Párr.83), Palamara (2005:Párr.85), Ulloa (2004:Párr.123), (OC-5/1885:Párr.46).
Obviamente, ni las medidas cautelares “genéricas” ni las medidas “específicas” son realmente idóneas para conseguir el objetivo que persiguen: basta con utilizar los servicios
de búsqueda basados en otros países para vadear las prohibiciones de los jueces locales.
Finalmente, las medidas cautelares son problemáticas desde el punto de vista del respeto
al debido proceso. Las cautelares –genéricas y específicas— suelen ser el comienzo y el
final de los juicios, y los demandantes en estas causas no muestran en general ninguna
intención de accionar contra los verdaderos responsables de los contenidos que ellos
cuestionan. El análisis limitado de la verosimilitud del derecho de una medida cautelar
termina produciendo una restricción a un derecho constitucional de un tercero sin ningún
tipo de garantías de que esa restricción sea revisada en el futuro, ya que el tercero no es
convocado y es altamente improbable que quien pide la medida cautelar inicie una acción
legal contra el responsable de la supuesta violación de sus derechos.
Dos decisiones sobre las cuestiones de fondo
El caso Da Cunha fue el primero en obtener una decisión sobre el fondo de la cuestión y
el primero en llegar a consideración de la Cortes Suprema de Justicia. Luego, a fines de
2012, el caso Krum vino a acompañarlo en este selecto grupo. En ambos, la demanda tuvo
como objeto el daño moral y económico causado por el uso no autorizado de la imagen
y el nombre de las demandantes, así como la conexión con sitios de contenido “sexual,
erótico y pornográfico”.
El relato de la demanda que hace la jueza de primera instancia en el caso Da Cunha resulta
significativo: allí se observa cómo su agravio se dirige, realmente, contra los creadores
de las páginas de Internet en las que se incluye su fotografía10. Sin embargo, la acción se
dirige contra los buscadores, ya que facilitan a los usuarios el acceso a esos contenidos.
El fallo de primera instancia da la razón a la demandada argumentando que aunque
en forma automática, los buscadores conocen y seleccionan la información mostrada,
pudiendo “involucrarse en la selección del contenido”. Asimismo, aduce que la responsabilidad, tanto de Google como de Yahoo! se basa en el hecho de facilitar el acceso al
contenido ofensivo. La cuestión de la libertad de expresión y el derecho a la información
fue desestimada diciendo poco más que ésta no es un derecho absoluto, y que admite
restricciones por un ejercicio abusivo.
10 “Manifiesta que (…) al incluir su nombre en el campo de búsqueda, encontró su nombre, fotografías e
imágenes que eran vinculadas y utilizadas en forma indebida y sin consentimiento con sitios de contenido
sexual, pornográfico, de acompañantes y otras actividades ligadas con el tráfico de sexo. // Explica que de
las búsquedas publicadas por los accionados se desprende que cualquier persona que ingrese su nombre
en esos buscadores obtiene como resultado una serie de enlaces a diferentes páginas web que la ligan con
actividades sexuales agraviantes a su persona e incompatibles con su forma de vida y conducta. // Funda su
reclamo en el uso comercial no autorizado de su imagen y en el avasallamiento de sus derechos personalísimos al honor, al nombre, a la imagen y a la intimidad, al haberla vinculado e incluído arbitrariamente en
páginas de internet que en nada se compadecen con su pensamiento y actividad profesional de las características que señala.” Da Cunha (2009).
La decisión fue revocada por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
(Da Cunha, 2010). Allí, las magistradas que integraron la mayoría señalaron que no corresponde aplicar a los buscadores una responsabilidad “objetiva” toda vez que ellos no
producen la información que existe en Internet sino que se limitan a ordenarla e indexarla.
“Quién o quiénes deciden el contenido que se carga en cada sitio web, es precisamente cada
sitio”, sostuvieron las juezas (Da Cunha, 2010). Por esa razón, consideraron que deben
ser juzgados de acuerdo al artículo 1109 del Código Civil, que dispone que corresponde
determinar si los demandados actuaron con “culpa” como factor de atribución del daño
reclamado.11 Los jueces determinaron que era imposible comprobar la presencia de
culpa por parte de los buscadores, ya que el contenido e información a los que se podía
acceder por medio de las páginas web no habían sido creados, editados o subidos por las
De cualquier manera, en el voto de la mayoría se considera que los buscadores podrían
ser pasibles de responsabilidad en el caso de haber sido notificados de la existencia del
contenido ilegal y de haberse negado a tomar las medidas necesarias para su remoción.
Este razonamiento es especialmente problemático porque deja un aspecto clave sin
resolución; no se especifican los “mecanismos pertinentes” para notificar a los buscadores
sobre el contenido ilegal (Da Cunha, 2010).
Este último punto se menciona luego en el fallo de primera instancia del caso Krum,
donde el juez muestra una posición dual al respecto: alega que el conocimiento efectivo
sólo puede darse mediante notificación judicial, pero remarca que un pedido privado
podría ser suficiente cuando el contenido fuese “evidentemente” ilegal (Krum, 2011)12.
La posibilidad de permitir la remoción de contenidos a partir de un pedido privado de
un tercero genera todo tipo de problemas para la libertad de expresión, como veremos
en el punto siguiente.
En Krum, el fallo de alzada de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
modifica la resolución y condena a los buscadores (Krum, 2012). Los magistrados adhieren sorpresivamente a la doctrina de la responsabilidad “objetiva”, considerando que las
compañías tienen control sobre los programas informáticos que explotan. De esta forma,
al parecer, equiparan a los buscadores con una cosa riesgosa.
Ambos casos muestras criterios divergentes pero, por distintos motivos, problemáticos.
Ellos revelan un desconocimiento del rol que los intermediarios cumplen y del posible
impacto de las decisiones judiciales en la forma en que fluye la información en Internet.
11 “Coherente con este rol y con las características técnicas del buscador, se dicho que no basta que la información o contenido existente en la web y encontrado a través de los buscadores sea erróneo y aún lesivo
para el honor, la imagen o la intimidad de un apersona para que ésta tenga derecho a que le sea reparado el
perjuicio causado. Comprobado el exceso o la ilegalidad, quien pretenda el resarcimiento deberá demostrar
la culpa o negligencia en que incurrió el buscador”. (Da Cunha, 2010).
12 En otro caso más reciente, los jueces de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil consideran que es suficiente para la celeridad del bloqueo, la “simple notificación por parte del tercero afectado”. Los
medios para realizar esta notificación, señalan, deben ser “de fácil acceso para cualquiera”. Ver R, M.B. (2013).
Como señalan Introna y Nissenbaum (2000:171), “lo que las personas son capaces de
encontrar en la Web determina lo que la Web consiste para ellos”. Esto se debe al carácter radicalmente descentralizado de Internet: no existe un emisor único de contenidos
ni un ente que controle los mecanismos físicos de conexión. Esto ha producido cambios
profundos en la forma en que se consumen bienes culturales e información, cuya
radicalidad probablemente todavía no veamos con claridad. Estos cambios implican,
fundamentalmente, dos cuestiones. Por un lado, una mayor cantidad de voces; por el
otro, un cambio radical en el rol del receptor. Ambos elementos están intrínsecamente
relacionados con los motores de búsqueda, ya que estos son intermediarios necesarios
del flujo de información que se produce en Internet.
Ya en 1997 Eben Moglen (1997:945-950) decía que las nuevas tecnologías eliminan los
altos costos de llegar a una gran audiencia. “Cualquier individuo puede, a través del
uso de medios en red como la World Wide Web, llegar a una audiencia más grande
que la de un dueño de varias cadenas pequeñas de televisión, y sin costo alguno.” Esta
descentralización de Internet produce una multiplicación exponencial de las voces que
participan del debate público, aspecto que indudablemente es positivo desde el punto
de vista de la teoría democrática. Sin embargo, la misma descentralización produce una
situación de exceso de información y de caos en términos organizativos. En un escenario
de esas características, el valor “real” está en “localizar y filtrar la información que será
relevante para los usuarios” (Elkin-Koren, 2001:184). Es en este sentido que señalamos
a los buscadores como intermediarios necesarios en los flujos de información que se dan
Gracias a los motores de búsqueda, los usuarios se colocan en una situación activa de
búsqueda de información, modificando el esquema tradicional propio de otros sistemas
en los que el receptor recibe información que transmite un tercero. Esta característica
elimina el esquema radiodifusor-consumidor13. Según Grimmelmann, este nuevo
paradigma tiene implicancias muy profundas.
“Este cambio es importante para la autonomía humana, ya que la habilidad de localizar
información que necesitamos es central para nuestra capacidad de tomar decisiones por
nosotros mismos. Es también económicamente importante; las búsquedas [en Internet]
facilitan el eficiente intercambio de bienes informativos, y por la tanto cataliza un círculo
virtuoso de creatividad. La lección obvia aquí es que la búsqueda [de información en
Internet] es muy importante como para ensuciarla, y deberíamos ser muy cuidadosos al
tomar decisiones que puedan [perjudicar] esa búsqueda” (Grimmelmann, 2007b:48-50).
El ingreso de nuevas voces genera, necesariamente, usuarios más activos. La sobreoferta
de contenidos genera receptores que salen a buscar la información que desean. Los buscadores son, en este sentido, imprescindibles para que este esquema funcione, ya que son
13 Ver MOGLEN E. (1997:952), explicando que el esquema radiodifusor-consumidor supone a un receptor
“pasivo”, un “globo ocular cuya única función es tomar nota de las publicidades.”
el principal mecanismo técnico a través del cual los ciudadanos satisfacen su derecho a
buscar información, garantizado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los artículos 14 y 32 de la Constitución Argentina. Sin embargo, ese
lugar de intermediario necesario pone a los motores de búsqueda en una situación comprometida14, ya que se convierten en un “punto focal de control” (Elkin-Koren, 2001:184)
sobre el cual muchos actores (por ejemplo, los gobiernos) que buscan controlar el flujo
de información concentran sus esfuerzos.
En este punto, vale la pena tener en cuenta una cosa: los buscadores, como otros intermediarios, son actores privados cuyos incentivos no necesariamente estarán del lado
de la defensa de la libertad de expresión. Ante presiones de los Estados, las empresas
que desarrollan los motores de búsqueda tienen escasos estímulos para comportarse de
otra manera: las expresiones que facilitan son siempre de terceros y las ganancias por
consumidores marginales son menores o escasas en comparación con el costo financiero
de sanciones o amenazas de sanciones oficiales (Elkin-Koren, 2001:28). En definitiva:
“siempre es más barato borrar a un sitio marginal que pagar abogados” (Elkin-Koren,
2001:28).
La censura privada identificada fue detectada en escenarios concretos. En el caso Center
for Democracy and Technology v. Pappert, por ejemplo, una corte de Pennsylvania encontró que un proveedor de servicios de Internet (ISP) bloqueó cerca de 1.2 millones de
sitios “inocentes” como respuesta a un pedido de agencias de seguridad de deshabilitar
400 direcciones de Internet específicamente señaladas (CDT, 2004). Del mismo modo,
con motivo de una demanda, Yahoo Argentina optó por eliminar todos los resultados
de las búsquedas relacionadas con los nombres de las figuras públicas que habían demandado a pesar de que las órdenes judiciales tenían alcances más limitados. También
en Argentina, la orden judicial de bloquear el sitio web Leakymails acarreó, como “daño
colateral”, el bloqueo transitorio de cientos de sitios completamente ajenos a la cuestión
en juego15.
II. Un caso sobre discurso de odio
El derecho al honor y la privacidad no ha sido el único argumento utilizado para requerir
el bloqueo de ciertos sitios web. Uno de los casos que se ha dado en el país involucró a la
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que actuando en representación de la comunidad judía de Argentina presentó una demanda colectiva contra Google
con la pretensión de que ciertos links que llevaban a varias páginas web con contenido
supuestamente discriminatorio fuesen removidos.
14 Ver GASSER U. (2006:201-202) argumentando que los “buscadores son los más importantes gatekeepers
en el ambiente digital interconectado de hoy.”
blogs_0_539346207.html
http://www.clarin.com/politica/bloqueo-leakymails-servicio-millon-
La DAIA identificó cerca de 80 sitios cuyos contenidos incluían: (a) referencias a una
variedad de “conspiraciones mundiales judías”, (b) referencias al “lobby internacional
judío” y su dominio sobre ciertos lugares de renombre, como Hollywood, (c) negación o
subestimación del Holocausto16, (d) críticas a Israel. Estos sitios, como puede observarse, apuntan a diferentes prejuicios antisemitas –la mayoría de los cuales se encuentran
caducos— y algunas opiniones críticas.
El juez concedió una medida cautelar a favor de la DAIA ordenando que los vínculos fueran removidos, así como la prohibición de alojar publicidad en ellos por parte de Google
(DAIA, 2011). El juez asume que estas amplias restricciones podrían ser incluidas en la
noción de “censura previa”, prohibida por la Constitución Nacional Argentina17. Sin embargo, argumenta que esas restricciones previas pueden ser aplicadas excepcionalmente
cuando la información es “evidentemente” ilegal y ofensiva.
El juez tomó por sentado que el contenido del sitio podría violar las provisiones realizadas por la Ley Anti Discriminatoria argentina (Nº 23.592) y la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, las cuales obligan al Estado
a sancionar cualquier incitación a la discriminación racial y la difusión de ideas basadas
en la supremacía y el odio racial. Sin embargo, la Convención Americana de Derechos
Humanos, en plena vigencia en Argentina, provee que sólo el discurso de odio que incita
a la violencia se encuentra sujeto a prohibiciones y el segundo aspecto que destacamos
no fue considerado en el análisis del margistrado argentino18.
Sin ahondar en el alcance que la ley argentina tiene en referencia a los discursos de este
tipo, puesto que sobrepasaría el objetivo de este trabajo19, cabe mencionar que ambos
tratados comprenden reglas que son parcialmente contradictorias y generan esperables
problemas de interpretación. De hecho, la Convención Americana protege con mayor
ímpetu la libertad de expresión, ya que la única expresión discriminatoria sujeta a castigo
es aquella que es susceptible de incitar a la violencia. Cualquier otra expresión discriminatoria, por muy ofensiva y chocante que sea, es considerada legítima.
Mencionamos este caso sólo para ilustrar los peligros que entrañan las medidas cautelares que bloquean sitios web: opiniones sociales o políticas protegidas por el derecho
a la libertad de expresión pueden ser censuradas por estas vías y los jueces están espe16 No existen en Argentina leyes que condenen la negación del Holocausto per se, como las que existen en
17 Artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional Argentina y artículo 13 de la Convención Americana de
18 Artículo 13.5, Convención Americana de Derechos Humanos. Dicho artículo dispone que “estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso
que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona
o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
19 Ver Rivera, Julio César (h), (2009) La libertad de expresión y las expresiones de odio, Buenos Aires:
AbeledoPerrot; y Bertoni, Eduardo Andrés (2007) Libertad de expresión en el Estado de derecho, Buenos
Aires: Editores del Puerto.
cialmente obligados a considerar los argumentos constitucionales cuando sus decisiones
pueden tener un impacto negativo no sólo sobre la libertad de expresión de individuos en
particular sino –especialmente— cuando ese impacto puede ser más amplio.
III. Una orden de censura hacia el futuro
En el caso TNR un juez ordenó que Facebook elimine todo dato o contenido referido a
la demandante de la página de un usuario, tanto el contenido referido a su vida personal como el relacionado con su actividad profesional a cargo de una repartición pública
(TNR, 2012). El demandante alegaba que el mencionado usuario profería expresiones
injuriantes hacia su persona a través de su cuenta de Facebook, y el juez consideró que
dichas expresiones no gozan de la protección del derecho a la libertad de expresión. El
magistrado fue más allá y ordenó que Facebook se abstenga “en el futuro de habilitar el
uso de enlaces, blogs, foros, grupos, sitios de fans, etc. que injurien, ofendan, agredan,
vulneren, o menoscaben la intimidad personal o laboral de la peticionante” (TNR, 2012).
De esta forma, habilitó a la empresa a decidir qué puede ser publicado y qué no por una
persona en particular. Esta medida es completamente desproporcionada y violatoria de
los estándares de libertad de expresión, toda vez que el juez ordena a la empresa a controlar los contenidos publicados en el futuro, lo cual significaría una supervisión permanente
sobre los contenidos publicados.
IV. Apuntes para una regulación sobre
Los casos reseñados en los párrafos anteriores revelan que, en general, los jueces argentinos no consideran el efecto inhibitorio que sus resoluciones tienen en relación a terceros
y no desarrollan una apreciación correcta de los valores constitucionales en juego. En
efecto, los jueces tienden a inclinar la balanza de la interpretación del caso a favor del
derecho civil de daños, descartando un análisis constitucional sobre la afectación al derecho de la libertad de expresión.
Este escenario demuestra la relevancia de discutir en el país un esquema legal sobre la
responsabilidad de los intermediarios que sea respetuoso de los estándares internacionales de derechos humanos.
Cómo señalamos antes, para publicar, buscar y recibir información los usuarios necesitamos de un sinnúmero de intermediarios (proveedores de acceso, buscadores, administradores de plataformas, etc.) que se vuelven agentes cruciales dentro de la arquitectura
abierta y descentralizada de Internet. La circulación de informaciones e ideas en Internet
no sería posible sin estos intermediarios, que de ese modo cumplen un rol esencial para
ejercer el derecho de buscar y recibir información en línea, potenciando la dimensión
social de la libertad de expresión en los términos de la Corte Interamericana.20
La función de los intermediarios ha sido asociada frecuentemente a la de gatekeepers:
actores privados que, por el rol que cumplen dentro de un ecosistema de las comunicaciones, tienen poder para controlar o dirigir, en alguna medida, el flujo de las comunicaciones21. Un sistema de responsabilidad de intermediarios debe tener en cuenta este rol de
agentes necesarios, o de potenciales gatekeepers, en la medida en que un régimen legal
es también un sistema de incentivos para la acción y prácticas de determinados actores.
La pregunta clave es si dichos intermediarios deben ser responsables por los contenidos
que publican los usuarios, y en qué medida o bajo qué condiciones. Se trata de una discusión relevante y actual en el mundo y en muchos países de América Latina. Existen, a
nivel mundial, distintos modelos mediante los cuales se les asigna responsabilidad a los
intermediarios (Meléndez, 2012).
Un primer esquema podría responsabilizar a los intermediarios por las expresiones presuntamente ilícitas generadas por los usuarios de sus servicios independientemente de su
diligencia o conocimiento sobre el ilícito (Meléndez, 2012). Lo anterior es particularmente
problemático ya que genera en los intermediarios incentivos para la censura privada de
un rango amplio de expresiones legítimas, como camino para evitar ser responsabilizados
por las expresiones de terceros potencialmente ilícitas22. Esto es así ya que los intermediarios son actores privados que no necesariamente van a considerar el valor de la libertad
de expresión al tomar decisiones sobre contenidos producidos por terceros que pueden
comprometer su responsabilidad (Meléndez, 2012:123).
Un segundo esquema es el de inmunidad condicionada, que permite a los intermediarios
obtener una exención de responsabilidad cumpliendo con ciertos requisitos, como el de
remover cualquier contenido ilícito una vez que hayan sido notificados (“notificación y
remoción”).23 En algunos casos, el intermediario debe actuar ante cualquier notificación
20 Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión tiene una
dimensión individual y una dimensión social ya que “ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho
de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información
y a conocer la expresión del pensamiento ajeno” (OC-5/1885:Párr.30). Esta dimensión social de la libertad
de expresión no puede ser infravalorada dado que “para el ciudadano común tiene tanta importancia el
conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la
propia” (OC-5/1885:Párr.32).
21 Ver, entre muchos otros trabajos sobre el tema, Zittrain, Jonathan: “A History of Online Gatekeeping”,
en: Harvard Journal of Law & Technology, Volume 19, No. 2, Spring 2006.
22 Por ejemplo, en Turquía o en China. Ver informe del Relator Especial sobre la promoción y protección
del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, 16 de mayo de 2011, A/HRC/17/27 en:
23 Ver Center for Democracy and Technology. Shielding the Messengers: Protecting Platforms for Expression and Innovation, pp.6–13. La Directiva Europea 2000/31/CE sobre el comercio electrónico adopta un esquema similar al establecer que todo prestador de servicios de alojamiento de contenidos generados por usuarios puede no ser considerado responsable de esos contenidos si no tiene conocimiento efectivo de la actividad ilegal y si actúa con prontitud para retirar los contenidos en cuestión
hecha por un particular24. Esta opción regulatoria coloca a los actores privados en posición de tener que tomar decisiones sobre la licitud o ilicitud de los contenidos y también
genera fuertes incentivos para la censura privada. De hecho, este tipo de esquemas de
notificación y retirada extrajudicial –como la DMCA (Digital Millenium Copyright Act)
en los Estados Unidos— se presta a abusos y ha provocado frecuentemente la remoción
de contenidos legítimos25. Cómo se dijo anteriormente, dejar las decisiones de remoción
al arbitrio de actores privados no aptos para ponderar derechos, en definitiva, puede
perjudicar seriamente la libertad de expresión.
Finalmente, otro modelo es el de la inmunidad absoluta, donde los intermediarios carecen
de toda responsabilidad por los contenidos generados por terceros. Este sistema atribuye
un valor superior a la expresión que se encuentra en juego y elimina todo riesgo de sobreprotección Meléndez, 2012). Ejemplo de este modelo es la Communications Decency Act
(CDA)26 que protege a los intermediarios ante una amplia variedad de expresiones potencialmente ilícitas (excluyendo, sin embargo, las infracciones a los derechos de autor).
En los Estados Unidos, la amplia protección otorgada por la CDA ha sido considerada
como un motor esencial para el desarrollo e innovación en la industria en Internet. Sin
embargo, este sistema cuenta también con críticas ante la falta de imposición de deberes
a los intermediarios27.
Otras legislaciones prevén que la obligación de remover contenidos por parte de los intermediarios, como condición para no ser considerados responsables por la expresión
ilícita, solamente procede cuando la remoción es ordenada por un juez28. Este tipo de
cuando tome conocimiento de ellos. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0031:ES:HTML
24 Por ejemplo, la “Digital Millennium Copyright Act” (DMCA) protege a algunos intermediarios por infracciones a derechos de autor cometidas por los usuarios de sus servicios, siempre y cuando se cumplan
ciertas condiciones, como el que ante una notificación hecha por un titular de derechos autor, el contenido
supuestamente infractor sea removido de manera expedita, procedimiento conocido como “notificación y
remoción”. Resumen disponible en: https://www.chillingeffects.org/dmca512/faq.cgi#QID130.
25 Ver EFF. Takedown Hall of Shame. Disponible en https://www.eff.org/takedowns; Center for Democracy and Technology. Report on Meritless DMCA Takedowns of Political Ads. Disponible en: https://
www.cdt.org/policy/cdt-releases-report-meritless-dmca-takedowns-political-ads#1; W, Seltzer. “Free
Speech Unmoored in Copyright’s Safe Harbor: Chilling Effects of the DMCA on the First Amendment”, en:
Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 24 p. 171, 2010. Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1577785; Jeniffer Urban & Laura Quilter, Efficient Process or “Chilling Effects”?
Takedown notices under Section 512 of the Digital Millenium Copyright Act, 22 Santa Clara Comp. & High
Tech. L. J. 621, 677 (2006); La DMCA como forma de censura. El caso del documental del Presidente Correa. Disponible en: http://openbusinesslatinamerica.org/2013/04/03/la-dmca-como-forma-de-censurael-caso-del-documental-del-presidente-correa/
26 Ver Communications Decency Act (CDA) de Estados Unidos de América, §230 (c)(1): “No provider or user
of an interactive computer service shall be treated as the Publisher or speaker of any information provided
by another information content provider”. Disponible en: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230
27 Sobre este punto ver también Tushnet, Rebecca, “Power Without Responsibility: Intermediaries and the
First Amendment”, en: George Washington Law Review, Vol. 76, p. 101, 2008; Georgetown Public Law
Research Paper No. 1205674. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=1205674.
28 Ver la Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navega
r?idNorma=28933&idParte=&idVersion=2010-05-04; Análisis disponible en: https://www.cdt.org/files/
regulaciones tienen la ventaja de evitar esquemas de control que no cuentan con garantías
suficientes en materia de debido proceso y tutela judicial efectiva.
Finalmente, otros esquemas de responsabilidad condicionada de intermediarios exigen
además que, ante una notificación privada que señala determinado contenido como ilícito, el intermediario transmita dicha notificación al usuario directamente responsable
de la publicación (sistema de notice and notice).29
Desde el punto de vista de la defensa de la libertad de expresión, consideramos que un
sistema de responsabilidad de intermediarios debería, como mínimo, considerar:
•	El vínculo entre los intermediarios y el ejercicio de la libertad de expresión en Internet. Como mencionamos anteriormente, la circulación de informaciones e ideas en
Internet no sería posible sin una amplia gama de intermediarios, que de ese modo
cumplen un rol esencial para ejercer el derecho de buscar y recibir información en
línea, potenciando la dimensión social de la libertad de expresión en los términos
de la Corte Interamericana30.
•	Los incentivos hacia la censura privada (o el riesgo de sobreprotección) que un régimen legal puede generar, lo cual está asociado a la necesidad de impulsar sistemas
que permitan la circulación de la mayor cantidad de expresiones y discursos.
•	El establecimiento de normas que sean claras y precisas. Disposiciones ambiguas
podrían incentivar a los intermediarios a retirar contenidos por decisión propia,
ante el temor de ser responsabilizados.
•	La necesidad de fijar que la ponderación de derechos sea llevada a cabo en sede
judicial. No es el intermediario quien debe decidir sobre la legalidad del contenido,
sino un juez. Adicionalmente, cualquier orden judicial que habilite la eximición de
responsabilidad de los intermediarios debe especificar con precisión cuáles contenidos deben ser removidos, evitando que se afecten expresiones legítimas, y proceder luego de una determinación sobre la ilicitud del contenido que cumpla con
las previsiones del debido proceso legal31.
pdfs/Chile-notice-takedown.pdf
29 Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile, artículo 85U. Disponible en: http://www.leychile.
cl/Navegar?idNorma=28933&idParte=&idVersion=2010-05-04; Ley C-11 sobre Derechos de Autor de Canadá. Artículo 41.25. Disponible en: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5
697419&Mode=1&Language=E&File=72.
30 Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión tiene una
31 CIDH. Informe Anual 2010. Volumen I. Capítulo IV: Informe sobre la situación de la Libertad de Expresión en Venezuela: “Solo en casos muy excepcionales, mediante normas precisas y acotadas, ajustadas
plenamente a los estándares internacionales de derechos humanos, es posible que una autoridad judicial
independiente ordene excluir ciertos contenidos de la red. Pero para ello es necesario que las normas se
ajusten al derecho internacional, que se respeten en forma plena las garantías del debido proceso y que
•	La inclusión de mecanismos que faciliten el traspaso de notificaciones a los usuarios
finales (productores de contenidos) y que permitan su participación en el proceso
de discusión de sobre la legitimidad del contenido.
•	La eximición del deber de los intermediarios de monitorear o supervisar contenidos.
Finalmente, se vuelve necesario poner de presente un hecho fundamental: cualquier
esquema responsabilidad de intermediarios debe estar en sintonía con lo que disponen
los estándares internacionales sobre libertad de expresión. En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 13 que el derecho a
la libertad de expresión no puede verse limitado por medio de la censura previa, sino
únicamente a través de responsabilidades ulteriores establecidas por ley, que busquen
al satisfacción de un interés legítimo y que sean necesarias en una sociedad democrática.
Esto significa que cualquier medida de restricción debe ser el medio menos restrictivo
posible del derecho a la libertad de expresión, debe ser idóneo para alcanzar ese fin y
debe ser estrictamente proporcional32.
La Corte Interamericana ha enfatizado que la libertad de expresión no se agota en el
derecho abstracto a hablar o escribir, sino que abarca inseparablemente el derecho a
la difusión del pensamiento, la información, las ideas y las opiniones por cualesquiera
medios apropiados que se elijan, para hacerlo llegar al mayor número de destinatarios33.
Para garantizar efectivamente esta libertad el Estado no debe restringir la difusión a través
de la prohibición o regulación desproporcionada de los medios escogidos para que los
destinatarios puedan recibirlas. En ese sentido, cualquier limitación desproporcionada
de los medios y posibilidades de difusión de la expresión es, en la misma medida, una
afectación de la libertad de expresión, según la Corte Interamericana.34
En esta línea, la declaración conjunta de los relatores especiales de libertad de expresión
de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comisión Africana de Derechos
Humanos señala que los proveedores de servicios de Internet no deben ser responsables
por contenidos generados por terceros, siempre que no intervenga específicamente en
dichos contenidos ni se nieguen a cumplir una orden judicial que exija su eliminación
cuando estén en condiciones de hacerlo; también agrega que no puede exigirse a los
intermediarios que controlen el contenido de los usuarios ni aplicarse sistemas de notificación y retiro de contenidos extrajudiciales, que no ofrecen suficiente protección para
la libertad de expresión35.
exista un adecuado y eficaz control”.
32 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Informe Anual 2009, Cap. III, párr. 89.
33 Conf. Corte IDH. Palmara (2005: Párr.73), Ulloa (2004:Párr.109), Canese (2004:Párr.78), Ivcher
(2001:Párr.147), Olmedo (2001:Párr.65), OC-5/85 (1885:Párr.31).
34 Conf. Corte IDH. López (2006:Párr.164), Ulloa (2004:Párr.109), Canese (2004:Párr.78), Ivcher
(2001:Párr.147), Olmedo (2001:Párr.65).
35 Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet. Art. 1 y 2. Washington D. C. 1 de junio,
En este trabajo presentamos un panorama de los problemas jurídicos que surgen cuando
se busca responsabilizar a intermediarios por contenidos producidos por terceros. Se
trata de una aproximación al problema que estimamos errónea, toda vez que –en principio- castiga a unos por lo que hacen otros. Sin embargo, el rol de intermediarios de una
red abierta y descentralizada que cumplen los buscadores de Internet y las principales
redes sociales hace que muchos busquen responsabilizarlos como un modo ejercer cierto
control sobre un flujo de información muy difícil de controlar.
En la Argentina los casos judiciales que hemos repasado tienen una característica en
común: todos ellos, en mayor o menor medida, yerran en el análisis constitucional que
realizan a la hora de adjudicar las controversias que llegan para su resolución. Se trata
de un problema grave, ya que el conjunto de resoluciones judiciales van formando una
jurisprudencia que crea los más inadecuados incentivos en los intermediarios. En efecto,
la decisión más racional posible a su disposición es acatar las resoluciones judiciales y
limitar el acceso de terceros a los contenidos que el poder judicial encuentra reprochables, en general a través de ordenes amplias y vagas que abarcan más de lo estrictamente
necesario. Los intermediarios son empresas privadas con intereses comerciales: perder
algunos clientes es una pérdida marginal en relación a los riesgos económicos que representa desobedecer un pedido de remoción o –de una forma aún más preocupante—
aumentar el riesgo de simplemente ser demandados. Ello genera prácticas demasiado
amplias que tienen el efecto directo de silenciar a ciertas voces sin que ellas tengan la
más mínima oportunidad de defenderse.
En consecuencia, se vuelve relevante pensar en los posibles regímenes de responsabilidad
y en los principios constitucionales que deben guiar tanto su diseño como la adjudicación de casos judiciales mientras esos regímenes específicos no existan. En este trabajo
repasamos algunas alternativas y presentamos, justamente, los principios de derechos
humanos que deben servir de guía a legisladores y jueces.
Si bien parece un tema menor, en las discusiones sobre la responsabilidad de intermediarios se juega mucho del futuro de la libertad de expresión en Internet, ya que ellos
cumplen el rol fundamental de conectar a los extremos de una red esencialmente descentralizada. Son nodos de contacto y –en consecuencia— se vuelven objeto de presiones
de todo tipo. Asegurar que sus prácticas y funcionamiento se adecuen a los estándares
democráticos en materia de libertad de expresión es un desafío enorme, que requerirá
esfuerzos transnacionales y acuerdos a nivel global. Una buena forma de empezar a emprender ese camino, sin embargo, es evitar presiones indebidas sobre ellos que incentiven
el tipo de prácticas que debemos tratar de evitar.
2011. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=848&lID=2 y Reporte
del Relator Especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión
y opinión. 16 de mayo de 2011. A/HRC/17/27. Disponible en http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
En este sentido, la discusión en la Argentina debe derivar no sólo en la adopción de garantías legales sino, también, en la modificación de la jurisprudencia problemática que
relevamos en este trabajo. Estos casos requieren de una decisión de la Corte Suprema
que clarifique los principios constitucionales en juego. La Asociación por los Derechos
Civiles (ADC) presentó un escrito de amicus curiae en una causa que está pendiente de
resolución por parte del tribunal36. Ese caso -si se resuelve- será un hito importante en
una discusión y debate que, seguramente, se extienda hacia el futuro.
Mientras este número entraba diseño de impresión, la Procuración General de la Nación emitió un
dictamen en la causa Da Cunha, que tramita ante la Corte Suprema, en el cual sostiene que los buscadores de Internet no son responsables por el contenido producido por terceros. Ver: http://fiscales.
gob.ar/procuracion-general/los-buscadores-de-internet-no-son-responsables-por-el-contenido-delos-sitios-que-relevan/
ELKIN-KOREN N. (2001). Let the Crawlers Crawl: On Virtual Gatekeepers and the Right to Exclude Indexing. 26 U. Dayton L. Rev. Pág. 184.
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Corte I.D.H., Eduardo Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No.177
Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135.
Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana
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Corte IDH. Caso Ricardo Canese. Sentencia del 31 de agosto de 2004, Serie C No. 111.
Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein. Sentencia del 6 de febrero de 2001, Serie C No. 74.
Corte IDH. Caso de “La Ultima Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros v. Chile). Sentencia
del 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73.
Corte IDH. Caso López Álvarez. Sentencia del 1º de febrero de 2006, Serie C No. 141.
Costa c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Fallos 310:508 (1987). Disponible en http://
www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=59150
36 Amicus curiae de la Asociación por los Derechos Civiles presentado en la causa “Da Cunha, Virginia c/
Yahoo de Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios”, Expte. Nº 544/2010”.
Da Cunha, Virginia c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otro. Juzgado Nacional en lo Civil No. 75.
(Sentencia del 29 de julio de 2009)
Da Cunha, Virgnia c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otro. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Sala D. (Sentencia del 10 de agosto de 2010).
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas c/ Google Inc. s/ Medidas Cautelares. Expte. n°
34023/11. (Sentencia de mayo de 2011).
Ebay Inc. v. Bidder”s Edge, Inc. 100 F. Supp. 2d 1058 (N.D. Cal., 24 de Mayo de 2000).
Krum, Andrea Paola c/ Yahoo de Argentina S. R. L. y otro s/ daños y perjuicios. Juzgado Nacional
en lo Civil No. 62. (Sentencia del 24 de junio de 2011).
Krum, Andrea Paola c/ Yahoo de Argentina S. R. L. y otro s/ daños y perjuicios. Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, Sala J. (Sentencia del 31 de agosto de 2012).
Metropolitan International Schools Ltd. v. Google, [2009] EWHC 1765 (QB).
Miragaya, Eduardo c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otro (23 de diciembre de 2008).
R, M.B. c/ Google Inc. y otro s/ Daños y Perjuicios. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Sala A. Exp. Nº 99.613/2006. (Sentencia del 13 de mayo de 2013).
Servini de Cubría c. Yahoo de Argentina S.R.L., LL 2009-D-165 (2009).
T.N.R. por si y como titular del Dpto. Expedición de Ordenes Médicas y Prestaciones del I.A.S.E.P.
c/ Facebook Argentina S.R.L. y/u otros s/ medida autosatisfactiva. Juzgado Civil y Comercial N° 4 de la Provincia de Formosa. Expte. N° 1051. (Sentencia del 21 de diciembre de 2012).
Unteruberbacher c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otro, LL (16 de Julio de 2009).
Zámolo, Sofía K. c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otro, LL, 2007 – A – 269 (2007).
Documents Similar To Álvarez Ugarte, Ramiro y Eleonora Rabinovich (2013), “Los intermediarios y los desafíos para la libertad de expresión en Internet”, en Cuestión de derechos nº4
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Ybag Gaby Contreras
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References: in fine
 artículo 1109
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 artículo 13
 artículo 13
 Artículo 13
 artículo 85
 Artículo 41
 artículo 13

resolución