Source: https://es.scribd.com/document/38804355/DEL-CARPIO-NARVAEZ-Luis-Los-Beneficios-Penitenciarios-en-El-Peru-1
Timestamp: 2016-08-29 20:39:34+00:00

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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreLOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN EL PERÚ Redención de la pena por el trabajo o la educación, semilibertad y liberación condicionalLuis Alberto Del Carpio Narváez (*)
aún y cuando se cumpla con los requisitos de ley. Wilfredo y Rosa MAVILA LEÓN 2 y que a decir de Dino CARLOS CORIA 3 .) constituirían derechos esenciales que conminan a todo poder del Estado. Como expresa Villavicencio Terreros 5 . 139. 22 Co. que fomentan la reeducación. 43° Co. 2. la concesión de ésta quedaría al mero arbitrio y criterio del operador judicial. por el sólo imperio de la ley .Primera postura. pues ello.Segunda Postura.. la reeducación. considero que es la más adecuada al modelo de Estado social y democrático de derecho que hemos adoptado (Art. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (Art. conocer la “naturaleza jurídica” que nuestro ordenamiento y tribunales jurisprudenciales conceden a los beneficios penitenciarios. que pese a que no es acogida por la gran mayoría de juristas connacionales de la talla de Iván Meini. esto es pensando en su reeducación. PEDRAZA SIERRA. reinserción y resocialización de todo interno y que al encontrarse encuadradas como máximas constitucionales (Art. nos permitirá resolver cuestiones de inestimable valor como: a) basta con que el interno haya cumplido con los requisitos legales y/o administrativos que exige la ley para la concesión de tal o cual beneficio penitenciario sin más ni más..1.2.
Naturaleza Jurídica de los Beneficios Penitenciarios: De plano precisamos que es de vital importancia. Es decir considera a los beneficios penitenciarios como “derechos sustantivos”. Small Arana entre otros 4 .22 Co. Esta primera tesis. judiciales que no restrinjan dichos fines resocializadores. o b) si por el contrario. sino en la imposición y ejecución de las penas.) en los que evidentemente los beneficios penitenciarios tienen un papel preponderante pues incitan determinados comportamientos a los internos con miras a la vida futura que obtendrían fuera de los muros de una cárcel. a adoptar medidas legislativas. 139.II. los beneficios penitenciarios como derechos sustantivos Esta postura es defendida entre otros por TAMARIT SUMALLA. administrativas. orientados a influir directa e individualmente sobre el infractor y cuya actuación no se centra en el momento de la conminación legal. 2. Joseph 1 . los beneficios penitenciarios como incentivos
. constituyen criterios preventivos-especiales.) por el hecho de que nuestra propia constitución adopta como fines de la pena. considera que siendo los beneficios penitenciarios parte esencial de todo régimen penitenciario/carcelario. resultaría ser la posición mayoritaria a nivel doctrinario.
al criticar esta segunda tesis. que no cometerá nuevo delito. el beneficio será concedido en los casos en que la naturaleza del delito cometido. considero que pues es inexacta en la medida que los beneficios penitenciarios de modo alguno importan un acortamiento de las penas. no conlleva que su otorgamiento sea automático e incondicional.03) donde ha establecido como precedente de observancia obligatoria que “los beneficios penitenciarios pueden ser estimados como derechos subjetivos de los internos. consideran que los beneficios penitenciarios son verdaderos incentivos que permitirían al interno observar las normas de conducta en el campo penitenciario. por el sólo hecho de cumplir con las exigencias legales (tiempo. por cuanto de acuerdo al Tribunal Constitucional constituye un Derecho Expectaticio que está sujeto a que el beneficiario reúna ciertas condiciones de readaptación que hagan prever su salida del penal antes del cumplimiento de su pena no genere un peligro para la sociedad. esta segunda postura como hemos dicho resultaría ser la que adoptarían la mayoría de juristas nacionales.” 2. quiénes. En otras palabras. En lo particular concordando con Carlos Coria. etc. todo que finalmente al criterio del Juzgador.
. quiénes asumiendo una posición ecléctica respecto a la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios. 50 y 51 del Código de ejecución penal. En segundo lugar el hecho de que los beneficios penitenciarios sean considerados como derechos del interno. El debate doctrinario ha sido zanjado por La Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Lima 6 . consideran que.12.3. ciertamente condicionados.) pues como bien precisa los Arts. la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento permitan suponer.Postura que asume la Judicatura Nacional..Contrariamente de la tendencia extranjera. pues están sujetos además del cumplimiento de los requisitos legales a la evaluación del órgano técnico del establecimiento penal y lo que es más al criterio del juez. informes. porque su aplicación no procede automáticamente por el sólo hecho de que quien lo solicita se encuentra privado de su libertad. comportamiento. tendentes a lograr el acortamiento de la pena impuesta y que no se pueden concebir como un derecho. pues bastaría con recordar que los beneficios penitenciarios pueden ser revocados por el Juez en cualquier instancia. En el mismo sentido lo ha entendido el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 2196-2003-HC/TC (10. El Beneficio Penitenciario no es un derecho inherente al condenado.
En lo referente a las normas penales materiales Señala Zugaldía Espinar. 3. se trata más bien de un derecho expectaticio que esta sujeto a que el condenado reúna las condiciones previstas en la ley y a lo que disponga el juez en uso de su facultad discrecional. La claridad del citado precepto constitucional no deja. sí estaríamos en presencia de un acto discriminatorio. La regla “tempus regit actum” se eleva de este modo a exigencia básica del principio de legalidad. goza de una permanente actualidad político jurídico por el hecho de que todo legislador puede caer en la tentación de introducir o agravar a posteriori las previsiones de pena bajo la impresión de hechos especialmente escandalosos. Los beneficios penitenciarios no constituyen derecho absoluto del interno.1. íntimamente relacionado con el principio de seguridad jurídica: toda persona tiene derecho a poder calcular la trascendencia
. cuando favorece al reo”. Los beneficios penitenciarios y sus efectos en el tiempo Iván Meini 7 manifiesta que la postura que se adopte tiene que asumir como punto de partida. 103 de la Constitución Política del Perú. salvo en materia penal. Si existiendo condiciones para acceder a un Beneficio Penitenciario este fuere negado.. toda vez que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación. Las restricciones o limitaciones previstas en la ley no constituyen actos discriminatorios siempre y cuando no nieguen de manera absoluta la posibilidad que el condenado acceda al Beneficio Penitenciario y que se cumplan con las condiciones previstas en la misma norma. esto es por la regla general de que los hechos se enjuician con arreglo a la ley que estaba en vigor en el momento de su realización (lo que comporta irretroactividad de las leyes penales). el Art. III. En él se establece que “ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos. y de manera ineludible. en principio. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad previsto en el inciso 22 del articulo 139 de la Constitución Política.Ni en la norma positiva interna ni en la supranacional están previstos los Beneficios como derecho inherente al condenado. lugar a dudas: sólo en materia penal y sólo cuando beneficie al reo se puede aplicar retroactivamente una Ley Ahora bien la prohibición de retroactividad. para aplacar estados de alarma y políticamente indeseables 8 . el punto de partida para solucionar estos problemas viene dado por el principio “tempos regit actum”. refiere Roxín.
procesal o penitenciaria. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (conforme el postulado principista contenido en el Art. 103). el tratamiento penitenciario y demás condiciones necesarias para lograr los efectos de reeducación. y más bien. hacer cierto tipo de “matizaciones” en cuanto se trata del estudio de la problemática de la irretroactividad de la ley procesal.2. no corresponde a enunciados propios del derecho material. San Martín Castro. ya que ella no puede ser eterna no menos inmutable.. cabe. sin distinguir su naturaleza material. si el proceso está en trámite y la nueva norma no modifica el sentido político criminal del mismo ni introduce normas desfavorables en comparación con la ley procesal vigente al momento de la comisión del delito imputado. sin tener que contar con los cambios de valoración que de esos mismos hechos pueda hacer posteriormente el legislador.En lo referente a las leyes penitenciarias Por su naturaleza. En principio señala el profesor español. tal y como hemos venido usando para leyes penales. Por consiguiente. pues su acción positiva se centra en reglamentar las condiciones necesarias para la ejecución de la sanción impuesta. siempre que la variación de los trámites de procedimiento no altere el sentido del proceso. el régimen penitenciario. del CEP).En lo referente a las leyes procesales penales Dada la generalidad con que la norma constitucional se refiere a la “ley en materia penal” (Art. II del T. la ley procesal se aplica al desenvolvimiento de los actos procesales en el momento en que éstos están teniendo lugar. en virtud de la cual. 3.3. Como apreciamos. no siempre es trasladable aquí el concepto de retroactividad de la ley. como bien sostiene Muñoz Conde.jurídica de sus actos en el momento en que los realiza. 3. por tanto. por su parte considera que la aplicación inmediata de una norma procesal está en función a la fecha de comisión del delito. En tal sentido. la norma modificatoria será de aplicación inmediata. tiende a caracterizarse por una constante mutación.. ello corresponde a la aplicación de la regla tempus regit actum. la norma penitenciaria también se ve influenciada por el principio de temporalidad. no pudiéndose concluir que de ello pueda derivarse una aplicación retroactiva de la ley. la ley procesal aplicable será la vigente en el momento de cado uno de los actos procesales. ya
se encuentran regidas también por el principio del debido proceso. determinando condiciones mas severas o gravosas para el interno solicitante. debiendo ser matizado bajo los postulados del principio de favorablidad. la nueva norma. En opinión de Hurtado Pozo 9 . no puede ser aplicada al caso concreto. surge aquí también la problemática de la vigencia del principio de irretroactividad. debiéndose atender además. hace particularmente difícil y delicada la aplicación absoluta de esta regla. 139. Por ejemplo. Particular es el caso de las leyes que otorgan beneficios penitenciarios. sin con posterioridad al hecho delictivo la nueva ley impone condiciones más severas en el tratamiento penitenciario. que si bien es cierto es de aceptación general.4. 3. a criterios de favorabilidad. VII del Título Preliminar del CEP. Siendo estas normas de naturaleza eminentemente procedimental. establece que: “La retroactividad y la interpretación de este Código se resuelven en lo más favorable al interno”. no puede aplicarse irrestrictamente. conforme al cual se expresa la prohibición de ser sometido a procedimiento distinto del previamente establecido en la ley (Art. Ello podría traer como consecuencia una distorsión en el sistema.. En este sentido. que en el transcurso del tiempo pueden mutar. Así. que afectaría la seguridad jurídica y los derechos del interno. en cuanto ya se haya iniciado el respectivo trámite en el que se solicita el beneficio. que se entiende aplicable de inmediato. la naturaleza especial del derecho de ejecución y cuya finalidad es el logro del mejor resultado en la ejecución de la sanción penal. En este contexto. que incluso generaría desigualdades entre los internos. Aceptar lo contrario sería fundamentar una forma de retroactividad “maligna”. al igual que para el caso de la ley procesal penal. no se podría aceptar que el interno sea tratado con la ley que estuvo vigente cuando cometió el delito. ya que cada interno podría exigir el tratamiento que le resulte más beneficioso.que con ella se buscan las mejores condiciones que la técnica y la ciencia pueden ofrecer a la política criminal.Posición del Tribunal Constitucional
. 3 Co. la aplicación inmediata de una norma penitenciaria. está matizada en función a los lineamientos de política criminal que esbozan una determinada meta los fines resocializadores del Estado.). para lograr los fines de readaptación deseados por el ordenamiento. pudiéndose llegar al extremo de tenerse que aceptar una multiplicidad de tratamientos. Así el Art.
Específicamente. De igual modo.11 de la Constitución.3 de la Constitución. sin embargo esta cláusula constitucional se encuentra matizada por el principio de favorabilidad. 139. que prescribe que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley. literal “d”. Ello supone la aplicación inmediata de la ley procesal. lo que es acorde con el Art. mas no que a través de ella se regulen actos procesales ya cumplidos con la legislación anterior. cuyo enunciado es que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse el acto. por cuanto a través de ellas se establecen los presupuestos que fijan su ámbito de aplicación. sus normas deben considerarse como normas procedimentales. el alcance de este principio se manifiesta en la aplicación de la Ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre leyes penales. específicamente en lo que a la aplicación de determinados beneficios penitenciarios. cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos. Ello precisamente por que la prohibición de retroactividad es una prohibición garantista. el Tribunal Constitucional indica que debe aclararse que tratándose de normas de derecho penal material rige para ellas el principio “Tempus delicti comissi”. Al respecto. ha dado pautas constitucionales ha seguirse en supuestos de conflictos en el tiempo de normas penitenciarias. 103. y . y establece una referencia a las leyes que despenaliza una conducta o que reducen la penalidad. la prohibición de beneficios penales y la
. el problema de la Ley aplicable en el tiempo está supeditado a si la disposición se deriva del derecho penal material. Así tenemos en la sentencia recaída en el Exp. N° 2196-2006-HC/TC (06. En el caso de las normas procesales rige el principio “Tempus regis actum””. del derecho procesal penal. 2. que establece que la ley aplicable es aquella vigente al momento de cometerse el delito. Precisada esta regla general. que establece una importante excepción en el vaso de que la nueva ley sea más favorable al reo.2002). de manera expresa e inequívoca. como infracción punible. ni sancionado con pena no prevista en la ley. más allá hasta la finalización de la condena impuesta surge la cuestión relativa a la selección de una de ellas para la resolución del conflicto plateado. en el ámbito del Sistema Jurídico penal. conforme lo proclama el Art. considera la máxima instancia que cuando se presenta una sucesión de leyes penales aplicables a un determinado supuesto de hecho en el lapso que va desde la comisión del delito hasta su enjuiciamiento.02. o del derecho de ejecución penal. Señala por último el Tribunal Constitucional que en el caso de las normas de ejecución penal. numeral 24° de la Constitución.El Tribunal Constitucional. como así lo consagra el Art.
401-B). 394. 401. 395. concusión en todas sus modalidades (Arts. c) Liberación condicional a que se refieren los Artículos 53 a 57 del Código de Ejecución Penal cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en las sentencias como reparación civil y de la multa o.
. 396. delitos y beneficios penitenciarios: 4. 390.recepción de beneficios penitenciarios aplicables a los condenados. 389. 401-A. 398. 317). del 28 de junio del 2002.Delitos contra la Administración pública Mediante Ley N° 27770. se establece que aquellos delitos contra la administración pública. incluidas las cometidas por particulares (Arts. está representado por la fecha en el cual se inicia el procedimiento destinado a obtener el beneficio. 385. Asociación ilícita para delinquir. 399. 387. como el que atañe a los beneficios penitenciarios. 393. 384. cuando se haya cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o. En otras palabras las leyes penitenciarias se resuelven bajo los alcances del principio “Tempus regis actum”. 386). peculado en todas sus modalidades. 388.1. la correspondiente fianza en la forma prevista en el Artículo 183 del Código Procesal Penal. 383. Así entonces. 391.Leyes penitenciarias especiales. 400. en el caso del interno insolvente.. IV. el Tribunal Constitucional considera que el momento que ha de marcar la legislación aplicable para resolver un determinado acto procedimental. Corrupción de funcionarios en todas sus modalidades. excepto en la forma culposa (Arts. b) Semilibertad a que se refieren los Artículos 48 a 52 del Código de Ejecución Penal. la correspondiente fianza en la forma prevista en el Artículo 183 del Código Procesal Penal.. en el caso del interno insolvente. 382. cuando los hechos materia de condena se hallen relacionados con atentados contra la Administración Pública. esto es el momento de la presentación de la solicitud de acogerse a éste. se sujetarán a las siguientes formulas: a) Redención de la pena por el trabajo y la educación a que se refieren los Artículos 44 al 47 del Código de Ejecución Penal. 397. a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio debidamente comprobada.392). contra el Estado y la Defensa Nacional o contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional (Art.
3° establece que los delitos de secuestro y extorsión.(violación de menor) . 171. 2° de la Ley N° 29423 (14.09).09). Del mismo modo precisa que los delitos previstos en los artículos 170.10. c) Los condenados a pena temporal por delito de secuestro y/o extorsión podrán acogerse al beneficio penitenciario de liberación condicional cuando hayan cumplido efectivamente los tres cuartos de la pena impuesta siempre que no tengan proceso pendiente con mandato de detención y
.. en su Art. entre los cuales aparecen que los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. 172 y 174.Delitos de Secuestro y Extorsión La misma ley 29423 (14. 53 del mismo cuerpo legal antes acotado.. la semilibertad y la liberación condicional. dispone que los condenados por delitos de terrorismo y/o traición a la patria no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. En cuyo caso podrá solicitar la semilibertad cuando ha cumplido la tercera parte de la pena. semilibertad y liberación condicional no son aplicables a los sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173 y 173-A.4. en su caso. el interno redime la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio.10. 4. a tenor de lo dispuesto por el Art. sólo podrán acogerse a los beneficios de redención de la pena por el trabajo o la educación y liberación condicional.Delitos de Terrorismo y Traición a la Patria El Art. bajo la dirección y control de la administración penitenciaria. como vemos se ha suprimido de manera definitiva al beneficio de semi-libertad. se expidió una serie de dispositivos reguladores relativos a los delitos Contra la libertad sexual 10 .4. Así tenemos: a) el interno por el delito de secuestro y/o extorsión redime la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva. b) La redención de la pena por la educación se acreditará con la evaluación mensual de los estudios con notas aprobatorias. El informe trimestral será agregado al expediente personal del interno.Delitos contra la Libertad sexual Con Ley 28704. La redención de la pena por el trabajo se acredita con la planilla de control laboral efectiva que estará a cargo del jefe de trabajo. 48 del Código de ejecución penal.2. 4. según lo acotado en el Art.3.. Del mismo modo podrá solicitar la liberación condicional cuando haya cumplido la mitad de la pena.
Delito contra la libertad. previstos en el artículo 153 del Código Penal. 300. Se redime la pena a razón de dos días de trabajo o educación por uno de pena..7. son sujetos de beneficios penitenciarios. 296. a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio debidamente comprobada. 4.. Microcomercialización o microproducción 13 Procede la redención de la pena por el trabajo o la educación semilibertad y liberación condicional siempre que se trate de la primera condena a pena privativa de libertad. a que se refieren los artículos 48 al 52 del Código de Ejecución Penal. En el caso del interno insolvente deberá adjuntar la correspondiente fianza en la forma prevista en ley. 153 y 153-A 15 Los agentes del delito de trata de personas.previo pago del íntegro de la cantidad fijada por reparación civil y de multa. a que se refieren los artículos 44 al 47 del Código de Ejecución Penal. cuando se haya cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como
. En este aspecto la ley es clara en señalar que los sentenciados por este delito no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación.. podrán recibir a su favor los siguientes beneficios penitenciarios: a) Redención de la pena por el trabajo y la educación. a saber: a) Art. Trata de personas Arts.Delito de Lavados de Activos 14 . 301 y 302 11 Procede la redención de la pena por el trabajo o la educación. semilibertad y liberación condicional 4. b) Semilibertad.6. b) Art. c) Art. 296-B y 297 del Código penal. semilibertad y liberación condicional siempre que se trate de la primera condena a pena privativa de libertad. 296-A. Se redime la pena a razón de cinco días de trabajo o educación por uno de pena.5.Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas En este punto es pertinente aclarar que no todas las figuras delictivas que constituyen tráfico ilícito de drogas. no gozan de ningún tipo de beneficios penitenciarios 12 . 4. 298 del Código penal.
Los agentes del delito de trata de personas. p. 161 9 HURTADO POZO. Barcelona.72 6 Resolución Administrativa Nº 041-2006-P-CSJLI/PJ (junio 2006) 7 Artículo publicado en la Revista Electrónica de la Universidad de Fribourg. 71. conmutación de pena o derecho de gracia a los sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173 y 173A. promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 638 o en su caso en el artículo 289 del Código Procesal Penal. Derecho Penal. 4° de la Ley 26320 14 Art. 4° de la Ley 26320 12 Parte in fine del Art. 89 3 En el Informativo del Instituto de Ciencia procesal Penal. José. por la Universidad Nacional de Trujillo. en sus formas agravadas. prohíbe la concesión de indulto. Cedecs 1996. Lima 1987. Alejandro Solís Espinoza. previstas en el artículo 153-A del Código Penal no podrán acogerse a ninguno de los beneficios penitenciarios. Editorial Civitas S. promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957. 294 10 Es pertinente precisar que esta Ley 28704. en el caso del interno insolvente. Consejo de Coordinación Judicial 1998. Germán Small Arana.reparación civil y de la multa o. 1 Curso de Derecho penitenciario. promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 638 o en su caso en el artículo 289 del Código Procesal Penal. Jelio Paredes Infanzón. p. Parte General. 11 Art. Walter Sánchez Lomparte. c) Liberación condicional. promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957. 5 Villavicencio Terreros. Madrid 1997. “Aplicación temporal de la ley penal y beneficios penitenciarios” 8 Claux Roxin. Tomo I. Lima.A. Editorial y Distribuidora de Libros S. “Sobre el principio de irretroactividad de la ley. Manual de Derecho Penal: Parte General. Derecho Penal: Parte General. 7° de la Ley 27765 15 Ley 28950
(*) Postgrado en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Lima. penal penitenciaria perjudicial al condenado” 4 Cf. 99 2 Situación actual de la ejecución penal en el Perú. a que se refieren los artículos 53 al 57 del Código de Ejecución Penal. cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en las sentencias como reparación civil y de la multa o. en el caso del interno insolvente. la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183 del Código Procesal Penal.A. 4° de la Ley 26320 13 Art. Grijley 2006. p. la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183 del Código Procesal Penal.
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 Artículo 183
 Artículo 183
 artículo 153
 Resolución 
 artículo 289
in fine
 artículo 153
 artículo 289
 artículo 183
 artículo 183