Source: https://tc.vlex.es/vid/2000-s-v-177726
Timestamp: 2018-12-11 04:15:13+00:00

Document:
STC 14/2003, 28 de Enero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 177726
STC 14/2003, 28 de Enero de 2003
Número de Recurso: 4184/2000
Recurso de amparo 4184-2000. Promovido por don Mederico S. V. frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su demanda contra el Ministerio del Interior por responsabilidad patrimonial. Vulneración de los derechos a la propia imagen y al honor: difusión por la policía de la fotografía de un detenido, por su implicación en una investigación por asesinato, tomada para su reseña en los archivos policiales.
Sentencia citada en: 682 sentencias, 16 artículos doctrinales, 8 resoluciones administrativas, una noticia
En el recurso de amparo núm. 4184-2000, promovido por don Mederico S. V., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Nuria Munar Serrano y asistido por el Letrado don Rafael Guerra González, contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 5 de mayo de 2000, que desestimó el recurso contencioso-administrativo núm. 655/98 interpuesto contra la desestimación presunta por el Ministerio del Interior de la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado (expediente 324/97), como consecuencia de la difusión por la policía a determinados medios de comunicación de la reseña fotográfica policial tomada al demandante de amparo el día de su detención por su supuesta implicación en diligencias instruidas por delitos de homicidio y lesiones. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 18 de julio de 2000, doña Nuria Munar Serrano, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Mederico S. V., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
En la demanda de amparo se recoge la relación de antecedentes fácticos que, a continuación, sucintamente se extracta:
El día 20 de febrero de 1994 el demandante de amparo -don Mederico S. V.-, en compañía de un hermano y de un amigo de éste, se vio involucrado en una pelea entre varias personas en una calle de Valladolid, como consecuencia de la cual una de ellas resultó muerta por el hermano del recurrente en amparo y otras dos heridas por su hermano y el amigo de éste.
A los pocos días, el 26 de febrero de 1994, el demandante de amparo se presentó en la Comisaría de Policía de Valladolid a contar lo que sabía de los hechos. En ese momento fue detenido y se le tomó para los archivos policiales una foto especial de cuerpo entero, de pie, delante de una pared blanca, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo.
Al día siguiente, domingo 27 de febrero de 1994, los periódicos "El Norte de Castilla" y "El Mundo de Valladolid" publicaron con gran aparato tipográfico y expresivo la noticia de la detención y las fotografías entregadas por la policía ("El Mundo de Valladolid" las mostró en el centro de su primera plana; "El Norte de Castilla", bajo el siguiente rótulo a toda plana: "En prisión dos de los asesinos de Raúl"). También la agencia de noticias "EFE" vendió a sus clientes las fotografías. E, incluso, algunos de los antes citados periódicos siguieron publicándolas en ocasiones posteriores.
El hermano del demandante de amparo que se encontraba huido se presentó, motu propio, unos meses después.
Una vez finalizado el proceso penal, el ahora recurrente en amparo inició acciones contra "El Norte de Castilla" en defensa de su honor, intimidad personal y propia imagen, encontrándose el proceso en el momento de presentarse la demanda de amparo en trámite de recurso de casación.
Con ocasión del citado proceso contra "El Norte de Castilla", el demandante de amparo tuvo conocimiento de que la fotografía que le había sido tomada para los archivos policiales el día de su detención había sido entregada a los medios de comunicación por la propia policía, por lo que decidió presentar reclamación contra el Ministerio del Interior por daños a su honor, intimidad y propia imagen al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado por Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 5 de mayo de 2000.
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta, frente a la mencionada Sentencia, la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen (art. 18.1 CE).
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional declaró en su Sentencia que la entrega a los medios de comunicación de la fotografía tomada al demandante de amparo para los archivos policiales el día en que se produjo su detención, sin resolución previa del órgano administrativo o judicial competente y sin audiencia previa del interesado, no violó la reserva y el secreto de sus datos personales contenidos en esos archivos, pese a que tal reserva viene impuesta por el art. 37.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común -LPC-, por el art. 10, en relación con el art. 20, de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal -LORTAD-, y por el art. 5.5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, reguladora de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las policías de las Comunidades Autónomas y de las policías locales (sic). En consecuencia estimó que aquella actuación no había supuesto tampoco una intromisión en su derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
El demandante de amparo deduce de la mencionada Sentencia que a la Sala nada le importó que no se hubiese escuchado al detenido, ni que el órgano competente no hubiese dictado resolución razonada antes de difundir la fotografía destinada a los archivos policiales (arts. 54 y 84 LPC). Tales requisitos, el de la audiencia previa y la resolución razonada de la autoridad competente no son ceremonias rituales, sino instituciones jurídicas de garantía, exigibles con más cuidado al estar implicado un derecho fundamental y cuya omisión afecta al mismo derecho. En el presente caso, la falta de resolución y de la audiencia del detenido agravó la lesión de su honor, de su intimidad personal y de su propia imagen, por cuanto fueron utilizados, y con ellos su titular, como objetos de los que cualquier funcionario puede disponer sin ninguna formalidad ni reserva. El honor del recurrente en amparo ha sido considerado, no como uno de los bienes más preciados del hombre, sino como algo trivial e insignificante.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 28 de junio de 2001, acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir sendas comunicaciones al Ministerio del Interior y a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitieran, respectivamente, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente administrativo núm. 324/97 y al recurso contencioso-administrativo núm. 655/98, debiendo previamente emplazar el mencionado órgano judicial a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseasen, en el presente proceso de amparo.
Mediante escrito registrado en fecha 3 de julio de 2001 el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se personó en el proceso de amparo.
El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado el día 19 de septiembre de 2001, que en lo sustancial a continuación se resume:
Comienza por precisar el objeto del presente recurso de amparo, al apreciar en la demanda una evidente confusión, pues ésta se dirige formalmente contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cuando en realidad la supuesta vulneración que se invoca del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen no se deriva directamente de dicha resolución judicial, sino de la previa actuación administrativa, siendo la única virtualidad de aquella Sentencia la de agotar la vía jurisdiccional previa (arts. 53.2 CE y 43.1 LOTC). Se trata, por lo tanto, de un recurso de amparo que ha de entenderse promovido, no por la vía del art. 44 LOTC, sino de su art. 43.
En cuanto a la cuestión de fondo suscitada, el Abogado del Estado entiende que la misma se contrae a una supuesta vulneración de los derechos al honor y a la propia imagen del recurrente por la difusión por la prensa de una fotografía que le vinculaba a la comisión de un acto delictivo. Es decir, desde una perspectiva constitucional, el tema planteado se circunscribe a resolver el conflicto entre los derechos invocados, reconocidos en el art. 18.1 CE, y el derecho a la información, proclamado en el art. 20.1.d CE. No se encuentra en juego, aunque el demandante de amparo parece referirse a él en algunas ocasiones, el art. 18.4 CE, en cuanto no se ha producido en este caso violación del honor como consecuencia de la difusión de datos contenidos en ficheros automatizados. También resultan ajenas al objeto del recurso, en el que en ningún momento se invoca el art. 24 CE, supuestas violaciones de normas procedimentales que hayan podido tener lugar durante la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial o con anterioridad a éste, a pesar de que en la demanda de amparo se hacen algunas alusiones a las mismas.
Para determinar si en este caso ha existido o no vulneración del art. 18.1 CE, el Abogado del Estado considera que ha de partirse de la doctrina constitucional relativa a la prevalencia de la libertad de información sobre el derecho al honor siempre y cuando la información transmitida sea veraz y se refiera a asuntos de interés general (SSTC 171/1990, 219/1992, 200/1998, 112/2000). Pues bien, con base en la mencionada jurisprudencia constitucional, entiende que basta con acudir a la nota difundida por la policía para constatar que ésta habla siempre de "presuntos autores del homicidio" y, aparte de la edad y el nombre propio, no facilita ningún otro dato del recurrente, cuyos apellidos se sustituyen por iniciales. Tal nota, a la que se acompañó la fotografía de los detenidos, tenía además, y así resulta confirmado por otros documentos igualmente unidos a los autos, una clara finalidad de difusión de la información disponible a fin de lograr la colaboración ciudadana en la identificación y detención del tercer implicado en los hechos que, en ese momento, se encontraba huido de la Justicia.
En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la propia imagen (art. 18.1 CE), el Abogado del Estado considera que este derecho cede ante el derecho recogido en el art. 20.1.d CE en los mismos términos y condiciones que el derecho al honor, por lo que estima de aplicación la argumentación antes expuesta en relación con la denunciada vulneración del derecho al honor. En definitiva, como se declaró en la STC 99/1994: "En este contexto, la captación y difusión de la imagen del sujeto sólo será admisible cuando la propia -y previa- conducta de aquél o las circunstancias en que se encuentre inmerso justifiquen el descenso de las barreras de reserva para que prevalezca el interés ajeno o el público que puedan colisionar con aquél" (FJ 5).
La representación procesal del demandante de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado el día 28 de septiembre de 2001, que en lo sustancial a continuación se resume:
Tras señalar que el hecho determinante de la intromisión en el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen del demandante de amparo fue la entrega por parte del Jefe Superior de Policía de Castilla y León a los medios de comunicación el día 26 de febrero de 1994 de la fotografía que ese mismo día se le había tomado con destino a su ficha policial cuando fue detenido, la representación procesal del recurrente sostiene que la toma de fotografía a un detenido en dependencias policiales no es un espectáculo o un acto público, y representa a una persona en un momento importantísimo de su vida, no siendo dicha imagen, que no trasluce lo mejor de su persona, la deseada por el fotografiado. Al haberse propiciado en este caso su difusión se rompió la privacidad de esa imagen y se le arrancó al demandante de amparo de su pequeño círculo vital -familia, amigos y trabajo-, para lanzarlo forzadamente a un ámbito mucho más amplio, nacional e, incluso, internacional, a través de la agencia "EFE" y vinculándolo a hechos desmerecedores de su prestigio y honor. La única imagen relevante que el mundo y la posterioridad retendrán de él, conservada en las hemerotecas, de donde cualquiera podrá tomarla y publicarla de nuevo, será la vergonzante imagen de implicado en un homicidio, con camisa de cuadros, los brazos caídos a lo largo del cuerpo, de pie delante de una pared.
En la demanda del recurso contencioso-administrativo se denunció expresamente que la decisión administrativa había sido adoptada por órgano manifiestamente incompetente, sin motivación, sin serle notificada al interesado y sin la preceptiva expresión escrita (arts. 53 a 55 y 84 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común), y, por lo tanto, resulta nula de pleno Derecho (art. 62 LPC).
Seguidamente, tras afirmar que nadie ha negado en el procedimiento que el honor, la intimidad y la propia imagen del recurrente en amparo se han visto lesionados por la difusión de su fotografía policial, su representación procesal examina las razones esgrimidas tanto por el Ministerio del Interior como por la Audiencia Nacional para justificar dicha intromisión, comenzando por invocar la posible infracción del principio de igualdad procesal de las partes (art. 24.1 CE) al añadir la Audiencia Nacional nuevos motivos a los invocados a tal efecto por el Ministerio del Interior.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado el día 5 de octubre de 2001, que en lo sustancial a continuación se resume:
Tras precisar que el objeto del recurso de amparo lo constituye exclusivamente la difusión de la fotografía del recurrente por el Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Policía de Valladolid, no las noticias aparecidas en los medios de comunicación, ni la nota de prensa emitida por el mencionado Gabinete, el Ministerio Fiscal procede a identificar el derecho fundamental en juego, al tratarse los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de tres derechos autónomos (SSTC 156/2001, FJ 2; 81/2001, FJ 2), lo que sin embargo no quiere decir que una fotografía solamente pueda vulnerar uno de estos derechos fundamentales (STC 156/2001, FJ 3).
Así pues, el derecho fundamental concernido en este caso es el derecho a la propia imagen, al mostrar la fotografía "los rasgos físicos que permiten la identificación de una persona" (STC 156/2001).
Además, en opinión del Ministerio Fiscal, concurren circunstancias que limitan el derecho fundamental a la propia imagen y que en este caso hacen que no exista la denunciada vulneración, al estar justificada la difusión de la fotografía del demandante de amparo junto con la nota de prensa del Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Valladolid.
Además la inclusión en la información que se daba de la fotografía del demandante de amparo ha de enjuiciarse de acuerdo con los datos que entonces se disponían, no con el resultado de la prueba en el acto del juicio en el que algunos testigos se retractaron de sus primeras declaraciones. Conforme a las declaraciones que se tenían el día 26 de febrero de 1994, como se explica en el Informe de la Jefatura Superior de Policía de Valladolid, "Mederico S. V. es el más alto de los tres presuntos autores y es el que viste cazadora negra, y por consiguiente, ya que concuerdan las declaraciones de los detenidos y testigos, es el que apuñala a una de las víctimas".
Por providencia de 23 de enero de 2003 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 de enero siguiente.
La adecuada y correcta delimitación del objeto del presente recurso de amparo requiere comenzar por efectuar una serie de consideraciones previas a la vista de las imprecisiones que se advierten en el escrito de formalización de la demanda y de las alegaciones efectuadas por la representación actora en el trámite del art. 52.1 LOTC.
Como se ha dejado constancia en los antecedentes de esta Sentencia, el demandante de amparo, en compañía de un hermano suyo y de un amigo de éste, estuvo involucrado en una pelea con otras personas, que tuvo lugar en una calle de Valladolid el día 20 de febrero de 1994, como consecuencia de la cual falleció una de ellas y otras dos resultaron heridas. Tras las correspondientes investigaciones, la policía detuvo el día 26 de febrero de 1994 en su domicilio al amigo del hermano del demandante de amparo y éste último se presentó ese mismo día, acompañado de su Abogado, en la comisaría de la policía de la calle San Pablo de Valladolid para declarar en relación con los referidos hechos delictivos, siendo detenido en ese momento. Trasladado a la sede del Grupo de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Valladolid, se le tomó en la ya indicada fecha reseña fotográfica de cuerpo entero.
Figura, asimismo, en las actuaciones el informe emitido por el Jefe de la Brigada Provincial de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Valladolid, según el cual la reseña dactiloscópica y fotográfica de los detenidos por razón de delito está regulada por las Normas de procedimiento sobre reseñas, de 15 de septiembre de 1995, editadas por la Comisaría General de la Policía Científica, sirviendo la fotografía obtenida del detenido "para realizar la identificación del mismo mediante reconocimiento en aquellos casos en que sea preciso". En el referido informe se describen las dos modalidades de reseñas fotográficas que se toman de los detenidos -convencional o de cuerpo entero-, indicándose que "el negativo obtenido al reseñado se guarda en un sobre en el que consta el nombre y número asignado [y] que conforma el archivo ¿reserva de filiación¿", el cual, "junto con el biográfico y dactiloscópico es obtenido por la Brigada de Policía Científica y administrado y custodiado por ella". Asimismo, como "norma obligada de cada reseña fotográfica se obtienen dos copias: una es remitida al Servicio Central de Policía Científica y otra a la Brigada de Policía Judicial ... [suministrándose] a las Brigadas o Grupos de las mismas que lo soliciten todas las copias fotográficas que demanden para la realización de gestiones de carácter profesional". El informe se extiende a continuación sobre los supuestos en los que los detenidos son fotografiados de cuerpo entero, entre ellos "a todo aquél que policialmente pueda interesar para recoger el aspecto total del fotografiado [y] a las personas de las que se supone fundadamente puedan o deban ser objeto de reconocimiento para el que se presume no va a ser suficiente la reseña convencional".
El demandante de amparo considera que han resultado vulnerados sus derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen (art. 18.1 CE), como consecuencia de la difusión o distribución por parte de la policía a determinados medios de comunicación, sin resolución razonada del órgano o de la autoridad competente y sin que se le hubiera conferido un previo trámite de audiencia, de la fotografía que el día de su detención se le había tomado en dependencias policiales con destino a su ficha policial, pues tal actuación policial permitió, sin necesidad alguna, que se ofreciese la imagen, que constituye la máxima expresión de su identidad, de una persona sin ningún tipo de relevancia pública a la curiosidad, a la difamación y escarnio públicos, resultando además la fotografía difamante por sí misma dada la situación en que lo representaba. En esta línea argumental entiende, asimismo, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en su Sentencia ha supeditado en este caso sus derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen a la tranquilidad de la opinión pública, a la imagen de eficacia de la policía y a la oportunidad de amedrentar a la persona huida implicada en los hechos, objetivos éstos que califica de muy respetables, pero que carecen del rango de derechos fundamentales y que en esta ocasión resultaban perfectamente alcanzables sin necesidad del alto sacrificio que padecieron sus derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
Delimitadas en los términos expuestos las posiciones de las partes, ha de traerse a colación la doctrina de este Tribunal, según la cual los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, reconocidos en el art. 18.1 CE, a pesar de su estrecha relación en tanto que derechos de la personalidad, derivados de la dignidad humana y dirigidos a la protección del patrimonio moral de las personas, tienen, no obstante, un contenido propio y específico. Se trata, dicho con otras palabras, de derechos autónomos, de modo que, al tener cada uno de ellos su propia sustantividad, la apreciación de la vulneración de uno no conlleva necesariamente la vulneración de los demás (SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 156/2001, de 2 de julio, FJ 3). Como hemos declarado en la última de las Sentencias citadas, el carácter autónomo de los derechos del art. 18.1 CE supone que ninguno de ellos tiene respecto de los demás la consideración de derecho genérico que pueda subsumirse en los otros dos derechos fundamentales que prevé este precepto constitucional, pues la especificidad de cada uno de estos derechos impide considerar subsumido en alguno de ellos las vulneraciones de los otros derechos que puedan ocasionarse a través de una imagen que muestre, además de los rasgos físicos que permiten la identificación de la persona, aspectos de su vida privada, partes íntimas de su cuerpo o que se la represente en una situación que pueda hacer desmerecer su buen nombre o su propia estima. En tales supuestos la apreciación de la vulneración del derecho a la imagen no impedirá, en su caso, la apreciación de la vulneración de las eventuales lesiones del derecho a la intimidad o al honor que a través de la imagen se hayan podido causar, pues, desde la perspectiva constitucional, el desvalor de la acción no es el mismo cuando los hechos realizados sólo pueden considerarse lesivos del derecho a la imagen que cuando, además, a través de la imagen puede vulnerarse también el derecho al honor o a la intimidad, o ambos derechos conjuntamente (FJ 3; en el mismo sentido, SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 83/2002, de 22 de abril, FJ 4).
En su dimensión constitucional, el derecho a la propia imagen proclamado en el art.18.1 CE se configura como un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública. La facultad otorgada por este derecho, en tanto que derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad -informativa, comercial, científica, cultural, etc.- perseguida por quien la capta o difunde (SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 139/2001, de 18 de junio, FJ 4; 83/2002, de 22 de abril, FJ 4).
A tenor de la doctrina constitucional expuesta hemos de examinar la denunciada vulneración del derecho a la propia imagen del recurrente en amparo, debiendo precisarse que su queja se circunscribe, como ha puesto de manifiesto el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, únicamente a la difusión o distribución por la policía a determinados medios de comunicación de la fotografía que le fue tomada en dependencias policiales el día de su detención con destino a su ficha policial, sin que en ningún momento se cuestione o se impugne en este proceso la captación u obtención por la policía de dicha fotografía, ni la nota de prensa difundida por el Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Policía de Valladolid sobre las investigaciones policiales y sus resultados, ni, en fin, las noticias aparecidas al respecto en los diversos medios de comunicación. A tales efectos nuestro enjuiciamiento ha de comenzar por analizar, en primer término, si la actuación policial cuestionada ha supuesto una intromisión en el contenido del derecho a la propia imagen del recurrente en amparo, para determinar posteriormente si, a pesar de ello, esa intromisión, en el supuesto de haber existido, ha resultado o no justificada por la concurrencia de otros derechos o bienes constitucionales más dignos de protección dadas las circunstancias del caso (SSTC 156/2001, de 2 de julio, FJ 3; 83/2002, de 22 de abril, FJ 4).
Asimismo en esta línea argumental no resulta ocioso traer a colación que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado que la toma de fotografía, con o sin su consentimiento, de una persona detenida en un centro militar constituye una injerencia en el ejercicio de su derecho al respeto a la vida privada y familiar (art. 8.2 CEDH; STEDH de 28 de octubre de 1994 -caso Murray contra Reino Unido-, §§ 84 y 85).
El paso siguiente en nuestro análisis debe ser, según se ha planteado antes, si, dada la intromisión, ésta puede considerarse ilegítima, como sostiene el recurrente en amparo, o si no, como mantienen el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, en cuyo análisis debe partirse de la consideración de cuál sea la naturaleza de esa fotografía difundida.
En esta línea argumental, aun cuando en la demanda de amparo no se ha invocado la posible vulneración del art. 18.4 CE, en modo alguno resulta ocioso resaltar que, según se señala en el informe del Jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Valladolid, la reseña fotográfica del recurrente en amparo conforma el archivo "reseña de filiación", y que, de conformidad con la legislación en aquel momento vigente, "la recogida y tratamiento automatizado para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas, están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad" (art. 20.2 Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal -LORTAD-; también art. 22 de la actualmente vigente Ley Orgánica 15/1999, de 14 de diciembre, de protección de datos de carácter personal -LOPD). Tales datos, además, de acuerdo con los principios de protección de datos recogidos en el Título II de la mencionada Ley, "no podrán usarse para finalidades distintas a aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos" (art. 4.2 LORTAD; también art. 4 LOPD), estando obligados el responsable del fichero automatizado y quienes interviniesen en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal "al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar las relaciones con el titular del fichero automatizado o, en su caso, con el responsable del mismo" (art. 10 LORTAD; también art. 10 LOPD). Finalmente, únicamente estaba autorizada su cesión, sin el previo consentimiento del afectado, en los tasados supuestos del art. 11.2 LORTAD, entre los que no se contempla la cesión a los medios de comunicación de datos personales que figuren en los ficheros de las fuerzas y cuerpos de seguridad (en el mismo sentido, art. 11.2 LOPD).
Ahora bien, como razona la Audiencia Nacional en su Sentencia (fundamento de Derecho tercero), la confidencialidad de la fotografía del recurrente en amparo, difundida por la policía a determinados medios de comunicación, o, en otras palabras, el deber de secreto profesional por el que se encontraba protegido el referido dato personal, no ha de revestir necesariamente carácter absoluto en todos los supuestos, pudiendo resultar justificada en determinados casos, en atención a sus concretas circunstancias, la difusión por la policía de la reseña fotográfica policial de una persona por la concurrencia de otros derechos o bienes constitucionales prevalentes en razón de dichas circunstancias. Como ya hemos tenido ocasión de señalar en el fundamento jurídico 5 de esta Sentencia, hemos de recordar, a los efectos que a este recurso de amparo interesan, que el derecho a la propia imagen, como cualquier otro derecho fundamental, no es un derecho absoluto, pudiendo su contenido encontrarse delimitado por el de otros derechos y bienes constitucionales, de modo que la intromisión en aquel derecho puede resultar justificada por la concurrencia de otros derechos o bienes constitucionales más dignos de protección dadas las circunstancias del caso (SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 156/2001, de 2 de julio, FFJJ 3 y 6).
Aunque en el presente supuesto no cabe apreciar la existencia de un conflicto entre el derecho a la propia imagen del recurrente en amparo con otros derechos fundamentales, en concreto, como sostienen el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, con el derecho a la libertad de información, no puede sin embargo descartarse que puedan concurrir otros bienes constitucionales o de interés público más dignos de protección, dadas las circunstancias del caso, que el interés del demandante de amparo en evitar la difusión de su imagen, lo que excluiría el carácter ilegítimo de la intromisión apreciada en su derecho a la propia imagen como consecuencia de la difusión o distribución por la policía a determinados medios de comunicación de la reseña fotográfica policial que fue tomada en las dependencias policiales el día de su detención. Puede acontecer así que, a pesar de haberse producido una intromisión en el derecho del demandante de amparo a la propia imagen, la misma no resulte ilegítima si se revela como idónea y necesaria para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, proporcionada para lograrlo y se lleva a cabo utilizando los medios necesarios para procurar una mínima afectación del ámbito garantizado por el derecho fundamental (en este sentido, STC 156/2001, de 2 de julio, FJ 4, y la doctrina constitucional allí citada).
La adopción de una medida como la cuestionada requería ponderar, adecuadamente y de forma equilibrada, de una parte, la gravedad de la intromisión que comportaba, en lo que ahora interesa, en el derecho a la propia imagen del recurrente en amparo y, de otra parte, si la medida era idónea, necesaria, imprescindible y proporcionada para asegurar la defensa del interés público que se pretendía proteger. Y bien se comprende que el respeto a esa exigencia requería la fundamentación de la medida por parte de la autoridad que la ha adoptado, pues sólo tal fundamentación permitiría que fuera apreciada por el afectado en primer lugar y, posteriormente, que los órganos judiciales pudieran controlar las razones que la justificaron a juicio de la autoridad policial (STC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6.b). Sin embargo, en el presente caso la medida tomada por la autoridad administrativa carece en el momento de su adopción de cualquier fundamentación, la cual sólo ha sido ofrecida a posteriori durante la tramitación del expediente por responsabilidad patrimonial de la Administración promovido por el demandante de amparo, en el que consta el informe emitido, a solicitud de la Instructora, por la Jefatura Superior de la Policía de Valladolid, en el que se justifica la distribución de las fotografías de los presuntos autores de los hechos delictivos investigados, entre ellas la del demandante de amparo, "por la trascendencia social que supuso la gravísima agresión y con la pretensión de que algún testigo, dada la hora y zona en que ocurrieron los hechos, pudiese facilitar nuevos datos que permitiesen la localización del tercer individuo interviniente en la agresión".
De los fines expresados de la Sentencia de la Audiencia Nacional en función de los que justifica la distribución de la fotografía del recurrente, el de mayor entidad es el referente a los fines de la investigación. Sobre el particular, es preciso recordar que este Tribunal ha tenido ocasión de declarar que la persecución y castigo del delito constituye un bien digno de protección constitucional, a través del cual se defienden otros como la paz social y la seguridad ciudadana, bienes igualmente reconocidos en los arts. 10.1 y 104.1 CE (SSTC 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 2; 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3.a; 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 9; ATC 155/1999, de 15 de junio).
El demandante de amparo considera, también, que la difusión de su reseña fotográfica policial ha vulnerado, además de su derecho a la propia imagen, su derecho al honor (art. 18.1 CE), al resultar dicha fotografía difamante por sí misma, dada la situación en que lo representa. Aduce al respecto, en el trámite de alegaciones del art. 52 LOTC, que la toma de la fotografía de una persona detenida en dependencias policiales representa a esa persona en un momento importantísimo de su vida, no siendo dicha imagen, que no trasluce lo mejor de ella, la deseada por la persona fotografiada.
Al objeto de determinar los efectos del otorgamiento del presente recurso de amparo (art. 55.1 LOTC), hemos de recordar, como señalamos en el fundamento jurídico 1 de esta Sentencia, que es una cuestión reservada a la jurisdicción ordinaria y ajena, por tanto, a este proceso constitucional la determinación de si concurren los presupuestos constitucional y legalmente exigibles sobre la existencia en este caso de una responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, como pretende el demandante de amparo. Procede, en consecuencia, que junto a la declaración de reconocimiento de los derechos fundamentales vulnerados se declare la nulidad de la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 5 de mayo de 2000, retrotrayendo las actuaciones judiciales al momento inmediatamente anterior al de dictarse la mencionada Sentencia, para que de dicte una nueva Sentencia respetuosa con los derechos fundamentales declarados vulnerados en la que el órgano judicial, si procede, se pronuncie sobre la pretensión del demandante de amparo de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado.
Estimar la presente demanda de amparo promovida por don Mederico S. V. y, en su virtud:
Declarar vulnerados los derechos del recurrente en amparo a la propia imagen y al honor (art. 18.1 CE).
Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 5 de mayo de 2000 (recurso contencioso-administrativo núm. 655/98), retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la mencionada Sentencia, a fin de que se dicte otra sobre la pretensión deducida en la vía judicial respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados.
STS, 11 de Octubre de 1999
STS, 4 de Marzo de 1998
SAP Madrid 58/2007, 7 de Febrero de 2007

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución