Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-1582-2007-09-06-2009-56111
Timestamp: 2018-10-23 11:52:52+00:00

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Resolución de TEAC, 00/1582/2007, 09-06-2009 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1582/2007 de 09 de Junio de 2009
En la villa de Madrid, en la fecha arriba indicada (09/06/2009), vistas las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovidas por la entidad X, S.A., con NIF ..., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación provisional dictada por la Unidad de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes por el Impuesto sobre el Valor Añadido, período 03 del ejercicio 2003 y por un importe de 647.922,80 euros, de los que 595.603,52 corresponden a la cuota y 52.319,28 a los intereses de demora, así como contra el acuerdo de imposición de sanción por infracción tributaria derivado de la anterior liquidación, por importe de 297.801,76 euros.
Primero.- Con fecha 2 de Marzo de 2005 X, S.A. presentó escrito de modificación de bases imponibles de 15 facturas por importe de 5.245.944,26 euros de base y 839.351,08 euros de cuota, en relación con el deudor Y, S.A., que había sido declarada en situación de concurso necesario por auto del Juzgado de lo Mercantil nº ... de ... en fecha 2 de febrero de 2005.
El 24 de Junio de 2005 se iniciaron, por parte de Equipo Nacional de Inspección con sede en ..., de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, actuaciones de comprobación en relación con la citada entidad con el objeto de comprobar si efectuó la rectificación de las cuotas de IVA soportadas durante los ejercicios 2003, 2004 y 2005 por suministros de X, S.A., al haber rectificado esta última sus facturas emitidas a Y, S.A.
En contestación a este requerimiento, X, S.A. manifiesta que "las facturas emitidas... son generadas mediante un proceso de alimentación de datos y expedición masiva automática en nuestro sistema informático, y son remitidas a los clientes, vía correo ordinario, en la misma fecha de expedición o el día siguiente, dependiendo de la hora del día en que se haya generado la factura en el sistema. ... sólo en casos muy concretos es utilizado el correo certificado para su remisión, por lo que en la mayoría de las ocasiones (como en la presente), esta Compañía carece de constancia fehaciente o forma alguna de justificar la recepción de las facturas por sus destinatarios".
El 17 de noviembre de 2006 el interesado presentó copia del escrito de comunicación de créditos en el procedimiento concursal, manifestando que "(...) esta compañía reivindicó la totalidad del crédito ostentado frente a la entidad concursada (importe del suministro junto con el IVA devengado correspondiente), dado que al momento de presentar dicho escrito, apunto de precluir el plazo para la comunicación de créditos, no se habían recuperado aún las cantidades repercutidas por el referido impuesto"
Asimismo, manifiesta que "(...) asimismo les informamos de que con fecha 17 de octubre de 2006, Y, S.A. ha abonado a nuestra compañía la suma de 1.521.782,29 euros que corresponde al 25% del crédito total reconocido, en pago del primer plazo de la suma adeudada en virtud de lo acordado en el convenio entre la concursada y sus acreedores.
Segundo.- La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco regula la "gestión e inspección" del Impuesto sobre el Valor Añadido en su artículo 29, cuyo número seis dispone que "la inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobaciones se acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes".
Frente a ello la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por el interesado señaló que "... en el presente caso no nos encontramos ante un acto administrativo dictado en el seno de un procedimiento de inspector, sino que se trata de una liquidación provisional dictada en el seno de un procedimiento de gestión tributaria, en concreto, de comprobación limitada, pudiéndose practicar por cualquiera de las Administraciones competentes para la exacción del impuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Concierto, sin perjuicio de que el resultado haya de imputarse a cada Administración competente en proporción al volumen de operaciones realizadas en cada territorio en el año natural correspondiente, tal como se desprende del apartado Uno del artículo 29 el Concierto".
Tercero.- El interesado manifiesta en sus alegaciones que "... para llegar a una correcta interpretación de lo que, a efectos del concierto Económico, debe entenderse por "inspección de los sujetos pasivos "y por "actividades de comprobación e investigación" se ha de partir de la normativa en vigor en el momento de aprobación de aquél, esto es, la entonces aplicable Ley 230/1963, General Tributaria, en la que todas las funciones de la Administración en materia tributaria se englobaban en un único Título, el Título III, bajo la rúbrica de "La gestión Tributaria", y el Real Decreto 939/1986, de 254 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos".
Tras un examen del contenido del Titulo III de la Ley 230/1963, la entidad llega a la conclusión de que la misma "todas las actuaciones de comprobación e investigación realizadas por la Administración Tributaria dentro de los denominados genéricamente procedimientos de gestión tributaria, dejando claro que dichas actuaciones, dependiendo del alcance y las motivaciones de las mismas, podían dar lugar tanto a liquidaciones provisionales como definitivas".
Añade el interesado que "en la ley 230/1963... dentro de las actuaciones de comprobación e investigación se incluían las actuaciones de comprobación abreviada, así como todas aquéllas que implicasen unas actuaciones de comprobación de la situación del obligado tributario, con independencia de que los correspondientes expedientes administrativos surgidos como consecuencia de ellas dieran lugar a liquidaciones definitivas o provisionales".
Llega, así, a la conclusión "de que en el momento en que se aprobó el concierto Económico las actuaciones de comprobación abreviada (hoy comprobación limitada) estaban incluidas dentro de las actuaciones de comprobación e investigación, y que las mismas estaban asignadas asimismo a la Inspección tributaria...".
Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que cualquier discrepancia terminológica entre el Concierto y la Ley General Tributaria debe quedar resuelta expresamente, pues, según el artículo 3, a) de aquél, "Los territorios históricos, en la elaboración de la normativa tributaria... a) se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente Concierto Económico". Luego, si la entrada en vigor de una nueva Ley General Tributaria hubiera supuesto algún cambio en dicho sentido, y dada su importancia, se hubiera expresado en la misma.
La entidad, a través de la interpretación sistemática de la Ley 230/1963, llega a la conclusión de que el término "gestión" es utilizado en la misma como sinónimo de toda actuación de la Administración Tributaria. Con ello vaciaría de contenido el argumento contenido en el acto de liquidación y en la resolución del recurso de reposición según el cual "en el presente caso no nos encontramos ante un acto administrativo dictado en el seno de un procedimiento inspector, sino que se trata de una liquidación provisional dictada en el seno de un procedimiento de gestión tributaria, en concreto, de comprobación limitada", pues decir que el acto administrativo dictado lo fue en un procedimiento de gestión no resultaría relevante, ya que tanto los realizados en el curso de procedimientos de gestión en sentido estricto, como los de recaudación y los de inspección formarían parte de la categoría de "actos de gestión tributaria".
No puede desconocerse que la doctrina ha señalado unánimemente que el término "gestión" en la Ley 230/1963 no era unívoco, pues la misma utiliza dicho término en diferentes sentidos, entre los que destacan, fundamentalmente, dos:
2. en un sentido más estricto, en cuanto referido a una realidad distinta y excluyente de la inspección, de la recaudación, del procedimiento ante los jurados y de las reclamaciones económico-administrativas, en su artículo 9,1,c) al aludir a los reglamentos generales de desarrollo de la LGT. Sentido estricto que es reiterado nuevamente en modificaciones ulteriores de la ley en el ámbito de las infracciones y sanciones tributarias, al contraponer la fase de "gestión" a la de "inspección" y "recaudación" tributarias (Art. 78,1,f).
En este sentido, resulta oportuno traer a colación el informe para la reforma de la LGT elaborado en Julio de 2001 por la Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de la LGT, en el que se señala que "La vigente LGT - Ley 230/1963 - en la denominación del Título III utiliza la expresión "Gestión Tributaria" en un primer sentido muy amplio, que comprendería incluso la resolución de reclamaciones, si bien el artículo 90 las excluye. Sin embargo, aunque desde el punto de vista técnico - jurídico pudiera ser adecuado seguir utilizando tal expresión, la Comisión considera que resulta más adecuada la de "Aplicación de los tributos", presente en el artículo 140,1,d) de la LGT y que evita distinguir entre los dos sentidos, amplio y estricto del término gestión".
Es decir, que el término "gestión", tal como venía utilizándose en la Ley 230/1963, comprendía dos acepciones para las que la Ley 58/2003 utiliza dos términos distintos: uno más amplio, que es el de procedimientos de aplicación, y que abarca los tres órdenes de gestión, inspección y recaudación; y uno más estricto, que se identifica con el término "procedimientos de gestión" utilizado en la citada Ley 58/2003.
Por otro lado, el interesado, dentro de esta interpretación sistemática, llega a la conclusión de que "...en la Ley 230/1963... las actuaciones de comprobación e investigación estaban asignadas a la inspección de los Tributos, eran una parte de sus funciones, y que dentro de dichas actuaciones de comprobación e investigación se incluían todas aquéllas que implicasen en general cualquier comprobación de la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios (y, por supuesto, las actuaciones de comprobación abreviada - hoy, en la actual LGT, conocidas como procedimientos de comprobación limitada), con independencia de que los correspondientes expedientes administrativos surgidos como consecuencia de ellas dieran lugar a liquidaciones provisionales o definitivas, entiende mi representada que resulta evidente que cuando el artículo 29, seis del Concierto Económico se refiere a "la inspección de los sujetos pasivos" sólo puede estar refiriendo a las funciones y actuaciones que, de acuerdo con la Ley 230/1963 y el RGIT, estaban asignadas a la Inspección de los Tributos, y entre ellas todas las relacionadas con las actuaciones de comprobación e investigación de dichos sujetos pasivos en los términos contemplados en el propio RGIT, por lo que cuando un contribuyente tiene su domicilio fiscal en el País Vasco y salvo que realice en su territorio de régimen común el 75 por ciento o más de sus operaciones, la Administración General del Estado no puede iniciar por su cuenta un procedimiento de comprobación limitada, y, mucho menos, practicar una liquidación provisional como consecuencia del inicio de dicho procedimiento."
A tal efecto resulta ilustrativo el antes mencionado informe para la reforma de la LGT elaborado en Julio de 2001 por la Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de la LGT, en el que se describe de forma somera esta evolución, apuntando que "con la generalización de los pagos a cuenta y las liquidaciones en los impuestos estatales mas relevantes, la diferenciación desde un punto de vista estructural entre la comprobación e investigación y la liquidación pierde sentido. En la década de los años ochenta la primera pasa a tener tal importancia que absorbe gran parte de los esfuerzos de la Administración tributaria, lo que se refleja en la modificación del artículo 140 de la Ley 230/1963 por la Ley 10/1985, al atribuir funciones liquidadoras a la Inspección.
A partir de este momento se produce el reforzamiento de la gestión tributaria, lo que lleva, incluso, a atribuir a los órganos que la desarrollan determinadas funciones de comprobación al través de diversas normas, lo que se consagra con la modificación del artículo 123 LGT por la Ley 25/1995."
Admitida, pues, la posibilidad de que por parte de los órganos de gestión se llevaran a cabo actuaciones de comprobación que pudiesen desembocar en la práctica de una liquidación, es obvio que el término "comprobación" no hace referencia a un único tipo de actuación, ya que ésta puede llevarse a cabo tanto por parte de los órganos de gestión como de inspección, en cada caso con las normas de procedimiento que les sean aplicables, y con las limitaciones, en el caso de que sean llevadas a cabo por los órganos de gestión, que de dichas normas resulten.
Lo que no provoca dudas es el significado del término "Inspección", tanto desde un punto de vista orgánico como funcional. Y así, según el artículo 1 del Real Decreto 939/1986, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, la define como el conjunto de "Órganos de la Administración de la Hacienda Pública que tienen encomendada la función de comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Pública, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente"
La Inspección tiene, pues, un significado unívoco y nada ambiguo, y es llamativo que el Concierto emplee dicho término, y no el más amplio de "actuaciones de comprobación e investigación".
En este caso nos hallamos ante una diligencia probatoria cursada en el correspondiente procedimiento de gestión que tiene su origen en la comunicación presentada por el interesado, a raíz de la cual se produjo el primer requerimiento de información. Es totalmente procedente, lógica y jurídicamente, que el órgano competente para la recepción de dicha comunicación (y al cual se dirige la misma por la entidad), solicite la aportación de la documentación acreditativa de que se cumplen los requisitos para proceder a la citada modificación de bases imponibles, habida cuenta, además, de que, según el artículo 105 de la Ley 58/2003 (en términos similares al 114 de la derogada Ley 230/1963), "en los procedimientos de aplicación de los tributos, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutitos del mismo".
Cuarto .- En relación con la segunda de las cuestiones planteadas, la regulación de la modificación de la base imponible en el IVA figura en el artículo 80 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que dispone en su apartado Tres que "La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo máximo fijado en el número 5 del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, concursal"
c) La aprobación del convenio de acreedores, en su caso, no afectará a la modificación de la base imponible que se hubiera efectuado previamente."
Quinto.- El interesado alega que "la expedición de las facturas rectificativas queda notoriamente fuera de cualquier duda (y así ha sido reconocido finalmente por la propia UCTA), por cuanto la preceptiva copia de las mismas fue entregada a la Administración Tributaria anexada a la comunicación dirigida a la misma, de fecha 2 de marzo de 2005".
"En lo que respecta a la remisión de las facturas rectificativas al cliente, y como ya argumentó en el procedimiento que finalizó en la liquidación objeto del presente recurso, la Compañía tampoco considera aceptable la conclusión de que dicha remisión no ha quedado acreditada, de manera que permita derivar el incumplimiento de requisitos sustanciales del procedimiento de rectificación de base imponible realizado".
"Porque, si bien es cierto que en las contestaciones a sendos requerimientos de información recibidos de la Administración Tributaria, la Compañía afirmó no poder demostrar fehacientemente la recepción de las facturas por el cliente, no es menos cierto que:
2. Pero lo realmente importante es que, ... la Compañía sí ha propuesto y presentado pruebas de la remisión de las facturas.
"...la compañía aportó como prueba ..., en su trámite de alegaciones, un documento privado: el certificado estándar generado por el sistema masivo de facturación de la Compañía con el que se generaron todas las facturas.
"(...) La compañía se pone a disposición de la Administración para realizar, si la Sra. Actuaria lo estima oportuno, dicho cotejo con las matrices de las facturas (las copias que, según el artículo 1 del Real Decreto 1496/2003, por el que se regulan las obligaciones de facturación, debe conservar el emisor de las mismas), que constan oportunamente conservadas en los archivos y anotadas en el Libro Registro de Facturas emitidas de la Compañía(...)
(...) Adicionalmente, la Compañía se pone a disposición de la Administración Tributaria para la práctica de cualquier demostración, prueba o chequeo adicional del sistema masivo de facturación de la Compañía en relación con éstas u otras facturas, que la Sra Actuaria estime pertinente (...)"
(...) Finalmente, y aunque, como se ha señalado, este sistema de facturación empleado por la Compañía es de absoluta notoriedad pública, la Compañía puede indicar y aportar, si así lo estima conveniente la Sra Actuaria, infinidad de facturas rectificativas de características idénticas a las que nos ocupan (rectificadoras de base imponible de IVA en situación de Concurso) con otros clientes, que podrán corroborar, a petición de la Administración, la recepción de las mismas por el correo ordinario incardinado en el sistema masivo de facturación al que se ha hecho referencia (...)"
El interesado alega, asimismo, que "la acción de remisión de facturas no ha de identificarse de manera alguna con la de entrega o recepción por el cliente de las mismas, por cuanto se trata de actos de contenido diferente, siendo el primero exigible al emisor de las facturas, pero los otros no.
(...) probar la remisión conlleva demostrar el envío o salida de la factura hacia su destinatario, mientras que probar la entrega implica demostrar que el destinatario recibe efectivamente lo enviado.
El legislador fiscal ha querido imponer al obligado a la emisión de la factura únicamente la primera de las demostraciones, lo cual ha de encontrarse lógico porque la acción implícita en la remisión únicamente implica activamente al emisor de la factura, mientras que la entrega necesariamente conlleva la participación del destinatario de la misma."
La discusión se centra en el significado que deba darse al término "remitir". La entidad recurre aquí al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, según el cual, remitir significa "Enviar algo a determinada persona de otro lugar".
Destaca, asimismo, en sus alegaciones que "la acción de remisión de facturas no ha de identificarse de manera alguna con la de entrega o recepción por el cliente de las mismas, por cuanto se trata de actos de contenido diferente, siendo el primero exigible al emisor de las facturas, pero los otros no.".
Mas la resolución del recurso de reposición contra la que se interpone la presente reclamación no exige prueba de la entrega o recepción de la factura por el cliente, sino que, tal como indica "(...) sin que proceda entrar a valorar en estos momentos la posibilidad o no de haber solicitado la prueba de la recepción por el deudor de la factura rectificativa atendiendo al espíritu o finalidad de la norma contenida en el artículo 245 del Reglamento del IVA o la necesidad de su interpretación sistemática con el resto del ordenamiento jurídico, es importante señalar que la Administración le ha exigido simplemente la prueba de su remisión, atendiéndose a la literalidad del precepto tal y como puede comprobarse en los diversos requerimientos que constan en el expediente"
Y, en este sentido, y siguiendo el significado que la RAE da al término "remitir", se trata de probar que dichas facturas han salido con destino a "determinada persona en otro lugar". No que han sido entregadas al destinatario o recibidas por éste, sino que se le han enviado.
En relación con la segunda de las cuestiones, la carga de la prueba, lo primero que debemos tener en cuenta para la resolución de la reclamación es que tanto el artículo 114 de la LGT de 1963 como el actual artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determinan que en el procedimiento de aplicación de los tributos, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. Este principio es interpretado por el Tribunal Supremo, en su sentencia de 27 de enero de 1992, en el sentido de que "cada parte ha de probar el supuesto de hecho de la norma, cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor". En este sentido, este Tribunal entiende que los anteriores criterios han de conjugarse con los de normalidad y facilidad probatoria "de manera que la carga de la prueba ha de atribuirse a aquella parte más próxima a las fuentes de prueba, y para la cual resulta de extrema sencillez la demostración de los hechos controvertidos". En la vía económico-administrativa rige el principio de "interés" en la prueba, según el cual las consecuencias jurídicas desfavorables de la falta o insuficiencia de la prueba irán a cargo de la parte a la que favorecería la existencia de tal hecho y su demostración, salvo que legalmente se disponga lo contrario, mediante algún tipo de ficción, presunción o "relevatio ab onere probando".
Con anterioridad a estas modificaciones, una vez concluida la operación, las cuotas de IVA quedaban integradas en el crédito que el emisor de la factura ostentaba frente al destinatario de las operaciones gravadas, y, por lo tanto, sometidas al mismo régimen jurídico que el resto de dicho crédito, que formaba parte de una relación jurídico - privada entre las partes implicadas, sin que la falta de pago de dicho crédito afectase a la relación jurídico - tributaria entre el sujeto pasivo y la Administración tributaria.
Finalmente, el interesado aporta como "prueba" un documento privado: el certificado estándar de facturación generado por el sistema masivo de facturación de la Compañía con el que se generaron todas las facturas. Se trata, no ya de un documento privado suscrito entre dos partes, sino de un documento elaborado por el propio obligado tributario con el que pretende demostrar dichos hechos, por lo que no cabe admitirlo como prueba, ya que dicha prueba consiste en una declaración documentada por el interesado que no aporta nada nuevo a sus manifestaciones relativas a la remisión de las facturas a su destinatario, por lo que no puede considerarse como un medio de prueba, ya que no acredita hecho alguno frente a un tercero (en esta caso, la Administración Tributaria)
Alega asimismo el interesado que reconoció poder demostrar la remisión por otros medios, y alude a un medio de prueba que asimila al reconocimiento judicial previsto en los artículos 353 a 359 LEC, al ponerse "a disposición de la Administración Tributaria para la práctica de cualquier demostración, prueba o chequeo adicional del sistema masivo de facturación de la Compañía en relación con éstas u otras facturas...".
Sin embargo, este "reconocimiento" del sistema masivo de facturación hace referencia a una operativa que, en todo caso, tendría lugar en la fecha en la que se lleve a cabo dicho reconocimiento, pero no acredita la remisión de las facturas rectificativas emitidas anteriormente.
Sin perjuicio de que en este caso el propio importe de la operación justificaría la utilización de un sistema individualizado de remisión a los solos efectos de asegurar la posibilidad de acreditar dicha remisión con destino a la persona del deudor concursado, si ello no pudiera conseguirse de otro modo, del propio expediente se desprende que este sistema individualizado, en concreto mediante agente notificador, ha sido efectivamente utilizado de hecho por X, S.A. al menos con Y, S.A., para la notificación de facturas relativas a ...
Así, en diligencia de constancia de hechos de fecha 14 de julio de 2005 extendida por la Inspección de los Tributos en las oficinas de Y, S.A. el representante de dicha entidad manifiesta, a requerimiento de la Inspección, que en las oficinas de la citada entidad no se han recibido facturas rectificativas de X, S.A. por ninguno de los medios citados (correo ordinario, buró fax, factura electrónica, o entrega en mano por agente notificador). Asimismo, manifiesta que todas las facturas de ... expedidas por la citada entidad correspondientes al año 2005 han sido remitidas a través de agentes notificadores firmándose a la recepción de las mismas el correspondiente "recibí".
En este sentido, en la propuesta de liquidación se expresa que "No obstante, y sin perjuicio de que en esta caso el propio importe de la operación justificaría la utilización de un sistema individualizado de notificación a los solos efectos de asegurar su recepción por el destinatario de la operación, si es que ello no pudiera conseguirse de otro modo, del propio expediente se desprende que este sistema individualizado, en concreto mediante agente notificador, ha sido efectivamente utilizado de hecho por X, S.A., al menos con Y, S.A. para la notificación de facturas relativas a ...".
Frente a esta manifestación, el interesado sostiene, en el escrito de alegaciones presentado en el trámite de audiencia que abrió la notificación de la anterior propuesta (Alegación Quinta), que "el empleo de medios fehacientes para estas facturas de ... de 2005 que se señalan, obedeció a razones jurídicas no tributarias relacionadas con la situación económica del cliente y su entrada en situación de concurso, en concreto al ánimo de garantizar el cobro de las mismas en dicha situación (en especial, las que constituían un crédito calificado contra la masa)".
Añade que "en ningún caso el empleo en determinadas ocasiones o períodos de medios fehacientes de notificación, adoptados por razones no fiscales, invalidan la afirmación de la Compañía sobre el empleo general de un "sistema masivo automático de generación y expedición de facturas, incluidas las rectificativas".
Es decir, que el sistema que el interesado manifiesta que ordinariamente seguía la empresa no permite acreditar la remisión y notificación de las facturas al destinatario. Alega la dificultad de utilizar medios específicos para la remisión de las facturas rectificativas, que permitan acreditar dicha remisión, mientras que sí encuentra motivos para utilizarlos en la notificación de las facturas correspondientes a ... del propio ejercicio 2005.
Finalmente, en relación con la ausencia de elemento subjetivo, el interesado alega que no existe conducta negligente, ya que a diferencia de las afirmaciones de la Dependencia según las cuales X, S.A. modificó la base imponible "sin remitir al destinatario la factura rectificativa correspondiente, o, en cualquier caso, sin asegurarse la posibilidad de probar tal remisión, en la medida en que constituye un requisito expreso exigido reglamentariamente para hacer uso del mencionado derecho, previsto en el artículo 80 de la Ley del IVA", considera que ha actuado correctamente aportando y proponiendo medios de prueba en los términos descritos en el Fundamento Quinto.
Para afirmar la culpabilidad en grado de negligencia debe expresarse cuál hubiera sido el grado de diligencia exigible razonablemente al interesado. En este caso, esta diligencia exigible consiste en la utilización, para la remisión de las facturas rectificativas, de los mismos medios utilizados posteriormente, en el propio ejercicio 2005, para la remisión de las facturas correspondientes a los ..., es decir, en palabras del propio recurrente, "el empleo de medios fehacientes para estas facturas de ... de 2005 que se señalan", que "obedeció a razones jurídicas no tributarias relacionadas con la situación económica del cliente y su entrada en situación de concurso, en concreto con el ánimo de garantizar el cobro de las mismas en dicha situación (en especial, las que constituían un crédito calificado contra la masa)".
Sentencia Administrativo Nº 251/2016, TSJ Aragon, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 370/2014, 11-05-2016
Orden: Administrativo Fecha: 11/05/2016 Tribunal: Tsj Aragon Ponente: Garcia-atance, Emilio Molins Num. Sentencia: 251/2016 Num. Recurso: 370/2014
Orden: Administrativo Fecha: 29/09/2016 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Ornosa Fernandez, Maria Rosario Num. Sentencia: 1022/2016 Num. Recurso: 1312/2014
Resolución de TEAF Bizkaia, 5622, 17-02-2009
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De Bizkaia Fecha: 17/02/2009
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 29/12/2008 Núm. Resolución: V2496-08
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 23/02/2009 Núm. Resolución: V0358-09
Resolución de TEAC, 00/7340/2008, 21-09-2010
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 21/09/2010 Núm. Resolución: 00/7340/2008

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