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Timestamp: 2014-03-09 07:04:25+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0745/2013 - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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Expediente: 02997-2013-06-AL
En revisión la Resolución 06 de 10 de enero de 2013, cursante de fs. 134 a 136, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ruvén Salvatierra Justiniano representado sin mandato por Isidro Rodolfo Asistiri Calle contra Ángel Sánchez Rivero, Juez de Instrucción Mixto Cautelar de la provincia de Warnes del Departamento de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 9 de enero de 2013, cursante de fs. 123 a 125, el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
El Juez a cargo de la investigación, ahora demandado, al considerar que existían nuevos elementos de juicio que demostraban que no concurrían los motivos que fundaron la detención preventiva de su representado, mediante Auto de 7 de diciembre de 2012, luego de realizar una valoración integral de las pruebas y aplicar la jurisprudencia constitucional, le concedió la cesación, aplicándole medidas sustitutivas de: a) Presentación ante el Ministerio Público, los lunes y viernes de cada semana y cuantas veces así lo requiera el mismo; b) Prohibición de salir fuera del país, ordenando su arraigo; c) Prohibición de concurrir al domicilio de la víctima o parte denunciante; y, d) Presentar dos fiadores personales solventes con domicilio conocido y con solvencia económica; las que una vez cumplidas no dieron lugar a la emisión del mandamiento de libertad correspondiente, bajo el argumento de encontrarse pendiente el recurso de apelación incidental planteado por la otra parte; lo que provocaría que se mantenga detenido preventivamente a pesar de la decisión judicial.
El representante no señaló los derechos del accionante que supuestamente hubieren sido vulnerados, ni la norma constitucional que los contiene.
Solicita que se conceda la tutela, disponiendo que el Juez demandado extienda mandamiento de libertad en el día, con expresa imposición de costas, calificación de daños y perjuicios.
En audiencia pública celebrada el 10 de enero de 2013, en presencia del representante del accionante, en ausencia de este último y de la autoridad jurisdiccional demandada; conforme consta en el acta cursante de fs. 132 a 134, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante mediante su abogado representante, en audiencia, ratificó los fundamentos del memorial de demanda y los amplió mencionando lo siguiente: 1) Ante la imposición de medidas sustitutivas de la detención preventiva; por escrito de 10 de diciembre de 2012; éste ofreció a los fiadores personales, los cuales fueron aceptados por la autoridad jurisdiccional; asimismo se acompañó el ingreso o las boletas de trámite de la solicitud de arraigo; en base a lo cual, se peticionó la emisión del mandamiento de libertad correspondiente; 2) No obstante ello, el querellante planteó recurso de apelación incidental; lo que motivó que el Juez demandado, no atienda a su petitorio de libertad, porque a su criterio, previamente debe resolverse el recurso de alzada; simplemente dando celeridad a su tramitación y obstaculizando la efectivización del mandamiento correspondiente; y, 3) Se habría provocado su detención preventiva por treinta días adicionales.
Ángel Sánchez Rivero, Juez de Instrucción Mixto Cautelar de la provincia Warnes del departamento de Santa Cruz, a través del informe escrito cursante de fs. 130 a 131, señaló lo siguiente: i) Contra la decisión asumida por su parte de aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; la parte civil, presentó recurso de apelación incidental; la que una vez concedida se ordenó sea remitida ante la autoridad competente dentro del plazo de veinticuatro horas; lo que se cumplió el 20 de diciembre de 2012; ii) Se remitió el cuaderno procesal original, porque la parte apelante no proporcionó los recaudos económicos para las fotocopias de rigor; y, iii) Previo a librar el mandamiento de libertad, el imputado debe cumplir con las medidas cautelares impuestas; las que hasta la fecha de remisión del expediente ante el Tribunal de alzada, aún no se materializaron.
Mediante Resolución 06 de 10 de enero de 2013, cursante de fs. 134 a 136, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, denegó la tutela impetrada, disponiendo pese a ello, que el Juez inferior, una vez tome conocimiento de que se cumplió con la presentación del mandamiento de arraigo, atienda el petitorio y disponga la libertad del imputado; bajo los siguientes fundamentos: a) Ante la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva, se evidenció que el imputado cumplió con la presentación de dos garantes personales; más no con la medida de arraigo; b) El certificado de arraigo se extendió el 26 de diciembre de 2012; es decir, con posterioridad a la remisión del cuaderno original ante el Tribunal de alzada que se efectuó el 20 del mismo mes y año. Por tanto, aún no se cumplieron todas las medidas impuestas; y, c) Es reprochable que el Juez de la causa hubiera remitido el expediente original porque dio lugar a que la petición de libertad no sea considerada; sin embargo, tampoco se acreditó la existencia del mandamiento de arraigo.
II.1.Dentro del proceso penal seguido contra Ruvén Salvatierra Justiniano por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente; se constató que por Auto de 9 de septiembre de 2011, el Juez de Instrucción Mixto Cautelar -ahora demandado-, ordenó la detención preventiva de Ruven Salvatierra Justiniano -ahora accionante- (fs. 38 vta. a 39 vta.).
II.2.Previa celebración de audiencia de consideración de la detención preventiva (fs. 87 a 89 vta.), mediante Auto de 7 de diciembre de 2012, la autoridad demandada concedió la cesación de la detención preventiva del accionante, imponiéndole las siguientes medidas sustitutivas: 1) La presentación ante el Ministerio Público los lunes y viernes de cada semana y cuantas veces así lo requiera el mismo; 2) Prohibición de salir fuera del país, por tanto se ordenó su respectivo arraigo; 3) Prohibición de concurrir al domicilio de la víctima o parte denunciante; y, 4) Presentar dos fiadores personales solventes con domicilio conocido o con solvencia económica (fs. 89 vta. a 92 vta.). Decisión que fue apelada por la querellante, a través del memorial presentado el 10 de igual mes y año (fs. 109 a 110 vta.), recurso concedido y dispuesto en su remisión ante el Tribunal Superior del Distrito debiendo ser remitido dentro de las veinticuatro horas (fs. 111).
II.3. Por memorial presentado ante el Juez de la causa el 11 de diciembre de 2012, el accionante ofreció a los fiadores personales (fs. 105 y vta.), al que se providenció en la misma fecha, teniéndose a los garantes por ofrecidos (fs. 105 vta.); celebrándose las correspondientes audiencias para tomar su compromiso de garantizar al accionante, al siguiente día (fs. 112 a 113).
II.4. Por memorial presentado el 11 de diciembre de 2012, ante el Juez demandado, el accionante solicitó la emisión del mandamiento de libertad, refiriendo haber ofrecido dos fiadores personales y acompañando su “…talonario de certificado de arraigo…” (fs. 116).
II.5.Mediante oficio 459/2012 recibido el 20 de diciembre de 2012, se procedió a la remisión del expediente original del proceso penal citado en la Conclusión II.1, a efectos de la resolución del recurso de apelación incidental interpuesto (fs. 114 y vta.).
II.6. Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2012, ante el Juez demandado, el accionante solicitó orden judicial para verificar los domicilios reales de sus dos garantes (fs. 118 y vta.).
III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO El representante alega que dentro del proceso penal seguido contra el accionante se incurrió en apresamiento ilegal e indebido, puesto que no obstante haber cumplido con las medidas sustitutivas a la detención preventiva, impuestas por la autoridad demandada, consistentes en el ofrecimiento de dos garantes y el talonario de certificado de arraigo, no se emitió mandamiento de libertad.
En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen persecución, aprehensión, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. Del efecto no suspensivo de la apelación incidental de medidas cautelares El art. 396 inc. 1) del CPP, establece que los recursos en general tienen efecto suspensivo salvo resolución contraria; lo que quiere decir que a partir de su activación, suspenden la competencia del juez o tribunal.
De la revisión de la normativa específica que rige a la apelación incidental de medidas cautelares, se tiene que el art. 251 del CPP, vigente por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC) y concordante con el art. 403 del mismo adjetivo penal, determina que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas, y que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la entonces Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
De lo señalado, es posible verificar que la apelación incidental planteada contra una resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, ingresa dentro del ámbito de la excepción prevista por el art. 396 inc. 1) del CPP, al estar dispuesta expresamente por el art. 251 del mismo cuerpo legal en sentido que tendrá efecto no suspensivo, lo que implica que la decisión debe ejecutarse inmediatamente después de haber sido adoptada; sin perjuicio de que la parte que se considere agraviada, haga uso del recurso de alzada y lógicamente sin aguardar pronunciamiento del Tribunal superior donde radicó la impugnación planteada.
Al respecto la jurisprudencia constitucional ha señalado lo siguiente: “…El art. 251 del Código de procedimiento penal (CPP), modificado según la Ley 2494 de 4 de agosto de 2003 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto 'no suspensivo', lo que implica que la competencia del Juez que dictó la resolución no queda suspendida por un eventual recurso que hubiere sido planteado, la que no obstante podrá ser ejecutada…” (SC 0236/2004-R de 20 de febrero). Entendimiento reiterado en las SSCC 1419/2005-R, 0660/2006-R y 0522/2011-R entre otras.
III.2. Efectivización de la libertad luego de cumplir las medidas sustitutivas a la detención preventiva
Teniendo en cuenta que el recurso de apelación incidental planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar no tiene efecto suspensivo, entonces se entiende que la misma provocará la inmediata ejecución de la decisión adoptada sin perjuicio de aguardar los resultados de parte del Tribunal de alzada. En consecuencia, siguiendo ese razonamiento, cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales.
Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad.
La jurisprudencia constitucional refiriéndose a la efectividad de la libertad después de la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, a través de la SC 0473/2004-R de 30 de marzo, señaló: “ … lo establecido en el art. 245, en sentido de que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le concede la cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los casos establecidos en el art. 239 del CPP.
Cuando no se reúnen estos supuestos, se ha determinado que lo que corresponde a la autoridad judicial es ordenar la libertad de quien se encuentra aprehendido por orden fiscal y concederle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas sustitutivas a la detención preventiva que le fueron impuestas…”. En el mismo sentido, las SSCC 0318/2003-R, 0679/2003-R y 1085/2003-R.
En ese mismo orden, las SSCC 0550/2010-R y 1242/2010-R, entre otras, recogiendo el razonamiento de la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, determinaron: “…para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa ha viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva”.
III.3.Observancia del principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas con la libertad Entre los principios que rigen a la administración de justicia y sobre el cual se fundamenta la jurisdicción ordinaria, está la celeridad, contenida en el art. 178.I de la CPE, en virtud al cual, el órgano jurisdiccional está compelido a imprimir la prontitud debida en la tramitación de los actos procesales vinculados con la libertad, con la finalidad de hacer efectivo el mandato constitucional previsto en el art. 115 de la referida norma, respecto del acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como brindar tutela jurisdiccional efectiva. En otros términos, implica otorgar certeza en la tramitación de las causas vinculadas con la libertad, respecto del cumplimiento de los plazos establecidos en el ordenamiento jurídico y concretamente en la Ley adjetiva penal.
Con relación a este principio, en la SCP 0507/2012 de 9 de julio, se afirmó lo siguiente: “…el principio de celeridad, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la actuación judicial, y el subprincipio 'oportunidad' importa la conveniencia de tiempo y de lugar del acto judicial.
Conforme a lo desarrollado; el contenido del principio de celeridad; de un lado implica el cumplimiento de los plazos procesales evitando dilaciones; y de otro, comprende la actuación conveniente en tiempo y espacio de la autoridad judicial, lo que obliga a la evaluación de las circunstancias particulares de cada situación jurídica, para discernir una oportuna respuesta judicial; así como abreviar los plazos procesales de acuerdo a esas diferencias.
Conforme a lo afirmado, este Tribunal arriba al siguiente convencimiento: la aplicación del principio de celeridad, también obliga a las autoridades jurisdiccionales a otorgar pronta respuesta a la tramitación de incidentes procesales, actuando de forma oportuna de acuerdo a la necesidad que emerja de la evaluación de la situación particular de cada caso; la prontitud, necesariamente implica actuación antes del cumplimiento del plazo y a la brevedad posible; así, siendo una situación común que los jueces atiendan varios casos al mismo tiempo, deberán priorizar la atención de excepciones e incidentes de quienes se encuentren detenidos preventivamente, por la supresión del derecho a la libertad de que son objeto, siendo merecedores de que dicha autoridad abrevie los plazos procesales resolviendo sus peticiones y solicitudes”.
En síntesis, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, principio que impone a quienes imparten justicia a despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, cuando menos dentro de los plazos razonables, si no es posible hacerlo antes de su cumplimiento; lo contrario podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no implica, que siempre tendrá que dar curso a la solicitud en forma positiva, pues ello dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.
III.4.Análisis del caso concreto En el caso de análisis, el accionante refiere que mediante Auto de 7 de diciembre de 2012, el Juez ahora demandado, le concedió la cesación a la detención preventiva, estableciendo las siguientes medidas sustitutivas: 1) La presentación ante el Ministerio Público los lunes y viernes de cada semana y cuantas veces así lo requiera el mismo; 2) Prohibición de salir fuera del país, por tanto se ordena su respectivo arraigo; 3) Prohibición de concurrir al domicilio de la víctima o parte denunciante; y, 4) Presentar dos fiadores personales solventes con domicilio conocido o con solvencia económica.
Asimismo sostiene que pese a haber dado cumplimiento a la medidas impuestas, una vez solicitada su libertad a la autoridad jurisdiccional, ésta desatendió su petitorio bajo el argumento de que existía un recurso de apelación incidental pendiente de resolución, interpuesto por la parte querellante contra la Resolución que dispuso la aplicación de las mismas y por ende la cesación de su detención preventiva.
En ese orden, de inicio resulta importante aclarar que si bien, conforme se desarrolló en los Fundamentos Jurídicos precedentes, la apelación incidental contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, tiene efecto no suspensivo; es decir, que se ejecuta de forma inmediata a su adopción; ello no implica que deban hacerse efectivas y lograr la libertad del procesado, sin que éste previamente hubiera cumplido con las medidas que son exigibles antes de librar el mandamiento correspondiente.
Dicho de otro modo, las medidas sustitutivas impuestas deben ser acatadas previo a la obtención de la libertad, puesto que éstas tienen la finalidad de asegurar que el imputado se someterá al proceso, por tanto, deben estar legalmente constituidas y dadas a conocer a la instancia legal correspondiente como es el juez cautelar, para que dicha autoridad, previa valoración de las mismas, efectivice el derecho primario del imputado.
Entonces, en la especie se tiene que de las cuatro medidas sustitutivas impuestas, dos de ellas, como son el arraigo y la presentación de dos fiadores personales solventes con domicilio conocido o con solvencia económica, constituyen prerrequisitos para solicitar la libertad; y por ende, deben ser cumplidas a cabalidad. Es así que de los antecedentes, es posible constatar que Ruvén Salvatierra Justiniano, ofreció los respectivos fiadores personales, quienes se hicieron presentes ante el Juez, para asumir su compromiso de garantizar al imputado, restando la verificación de sus domicilios reales; extremo que el imputado solicitó mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 2012; es decir, un día después de la remisión del expediente original al superior en grado para resolución de la apelación incidental planteada por el querellante; escrito que no mereció atención alguna por parte del Juzgador; en vista de no contar con el cuaderno procesal.
Ahora bien, en cuanto a otra exigencia como es el arraigo, no se evidencia que hubiera sido acatada, al contrario, en el memorial presentado el 11 de diciembre de 2012, el propio afectado señala que acompaña simplemente el talonario del certificado de arraigo; extremo que no puede ser considerado como cumplimiento del requisito, pues el documento idóneo que demuestra su establecimiento, es el mandamiento de arraigo emitido por la autoridad competente, como es la repartición de Migraciones dependiente del Ministerio de Defensa, pues el talón al que se refiere el accionante, demuestra únicamente que la petición se encuentra en proceso, pero que aún no concluyó con su tramitación; y por lo tanto, el arraigo aún no está legalmente constituido.
De donde se concluye que en el primer caso, la medida no pudo ser cumplida por negligencia de la autoridad jurisdiccional ahora demandada, quien no proveyó el escrito de solicitud de verificación de domicilios reales de los garantes personales, dilación atribuible exclusivamente a su persona.
En el segundo caso, si bien, el trámite de arraigo aún no concluyó con la emisión y presentación del mandamiento correspondiente; sin embargo, el memorial por el cual, el procesado solicitó su libertad, debió haber sido respondido en ese sentido, por la precitada autoridad; quien, como se estimó precedentemente, no quedó suspendida en su competencia por el recurso de apelación incidental planteado por la otra parte, máxime si las características de las resoluciones que imponen medidas cautelares son provisionales, temporales, no causan estado y pueden ser revocadas o modificadas aún de oficio.
Al respecto cabe advertir que el trámite sumario de la apelación incidental contra resoluciones de medidas cautelares tiene su fundamento en que de por medio se encuentra en tela de juicio, el derecho a la libertad, por tanto, se exige la observancia del principio de celeridad en su tramitación; precisamente en resguardo del mismo, y por ello, se establecieron plazos cortos para su remisión así como para su resolución ante el Tribunal de alzada; sin embargo, en este caso, la decisión de remitir el expediente original, dio lugar a la dilación en la atención a las solicitudes vinculadas con el precitado derecho, presentadas por Ruvén Salvatierra Justiniano ante el a quo, puesto que, dicha autoridad, en vez de imprimir la diligencia necesaria para efectivizar la libertad, se preocupó únicamente por cumplir con el envío inmediato del expediente original al superior en grado.
En conclusión, los medios procesales deben justificar su utilización y estar a merced de la materialización de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por tanto, no pueden ser empleados como mecanismos que provoquen dilación en su trámite; hubiera sido diferente que del resultado de la apelación incidental, hubiera dependido la libertad del imputado; en este caso, se dio el efecto contrario; es decir, que la diligencia en la remisión provocó un perjuicio grave al representado del accionante, ello por dar prevalencia al derecho formal sobre el sustancial, sin valorar las características específicas del hecho concreto.
En consecuencia, el Juez demandado con su conducta incurrió en la vulneración del derecho a la libertad del accionante por la demora en la atención de sus petitorios, dado que toda solicitud en la cual se encuentre de por medio la libertad, deberá tramitarse en estricta observancia del principio de celeridad como rector de la administración de justicia, a objeto de evitar dilaciones indebidas que tornen la restricción de derechos y garantías de los justiciables.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la acción de libertad, no evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 06 de 10 de enero de 2013, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juez de la causa, atienda de inmediato a las solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad presentadas por el accionante y efectivice su libertad en cuanto éste cumpla con las medidas sustitutivas impuestas, sin perjuicio de solicitar la devolución del expediente original del Tribunal de alzada donde radicó la apelación incidental, regularizando nuevamente dicha remisión, cuando corresponda.

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