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Timestamp: 2019-06-16 06:17:25+00:00

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EUR-Lex - 52003PC0468 - ES
52003PC0468
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 /* COM/2003/0468 final - COD 2003/0184 */
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71
Los Reglamentos (CEE) nos 1408/71 y 574/72 han sido actualizados por el Reglamento (CE) n° 118/97 [1] y modificados en último lugar por el Reglamento (CE) n° 89/2001 [2] de la Comisión y el Reglamento (CE) n° 1386/2001 [3] del Parlamento Europeo y del Consejo.
[1] DO L 28 de 30.1.1997.
[2] DO L 14 de 18.1.2001.
[3] DO L 187 de 10.7.2001.
La presente propuesta está dirigida a actualizar dichos Reglamentos comunitarios a fin de incluir en ellos los cambios que se han producido en las legislaciones nacionales, a aclarar la situación jurídica en lo concerniente a algunos artículos de dichos Reglamentos y a tener en cuenta los cambios recientes en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
2. COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS
Modificación del Reglamento (CEE) n° 1408/71
Modificación del apartado 2 bis del artículo 4.
Habida cuenta de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 8 de marzo de 2002 en el asunto C-215/99, Friedrich Jauch contra Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (Rec. 2001, p. I-1901) y en su sentencia de 31 de mayo de 2001 en el asunto C-43/99, Ghislain Leclere, Alina Deaconescu et Caisse nationale des prestations familiales (Rec. 2001, p. I-4265), se ha observado la necesidad de precisar los elementos constitutivos de las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo.
En efecto, en la sentencia dictada el 8 de marzo de 2001 en el asunto JAUCH, el Tribunal de Justicia señala que el hecho de que una prestación esté incluida en el anexo II bis no basta para que sea considerada como una «prestación especial de carácter no contributivo»; por consiguiente, procede examinar los elementos que caracterizan ese tipo de prestaciones (su carácter especial y no contributivo).
El Tribunal de Justicia ha considerado asimismo que las disposiciones por las que se introducen excepciones al principio de exportabilidad de las prestaciones de seguridad social, como las disposiciones en virtud de las cuales se coordinan las prestaciones especiales de carácter no contributivo establecidas en el artículo 10 bis del Reglamento n° 1408/71, han de ser objeto de una interpretación estricta. En consecuencia, éstas únicamente pueden aplicarse a prestaciones que se ajusten a las condiciones que en ellas se establecen. Por tanto, el citado artículo 10 bis únicamente puede aplicarse a las prestaciones que cumplan las condiciones establecidas en el apartado 2 bis del artículo 4 del Reglamento n° 1408/71, a saber: las prestaciones que tengan al mismo tiempo un carácter especial y no contributivo y que se mencionen en el anexo II bis de dicho Reglamento.
Por ello el Tribunal de Justicia ha invalidado la inscripción de la prestación de dependencia (subsidio por cuidados) mencionada en el anexo II bis del Reglamento (CEE) n° 1408/71, negándole el carácter especial, ya que las condiciones de concesión de la asignación por asistencia y el modo de financiación de ésta no podrían tener por objeto ni por efecto desnaturalizar la prestación de asistencia, tal como se ha analizado en la sentencia de 5 de marzo de 1998, asunto C-160/96, Manfred Molenaar, Barbara Fath-Molenaar et Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg, con arreglo a la cual las prestaciones de este tipo están destinadas principalmente a completar las prestaciones del seguro de enfermedad, al cual, por otra parte, están ligadas en lo que respecta a la organización, a fin de mejorar la situación sanitaria y la vida de las personas necesitadas de cuidados especiales. En tales condiciones, aun cuando tienen características específicas, estas prestaciones han de considerarse «prestaciones de enfermedad» en metálico con arreglo a las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 1408/71.
Por último, es preciso tener en cuenta la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 31 de mayo de 2001 en el asunto Leclere, en el cual el Tribunal, aun admitiendo que, para conceder prestaciones estrechamente ligadas al entorno social, es legítimo exigir una condición de residencia en el Estado de la institución competente, ha privado de validez el anexo II bis del Reglamento, ya que en él figura el subsidio luxemburgués de maternidad que niega a esta prestación el carácter especial.
El Tribunal ha considerado que, habida cuenta de que el subsidio de maternidad previsto en la Ley de 30 de abril de 1980 se concede a toda mujer embarazada, con la única condición de que tenga su domicilio legal en Luxemburgo en el momento en que se origina el derecho, no puede considerarse que dicho subsidio tenga, en lo que respecta a las prestaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento nº 1408/71, el carácter de subsidio especial. Pues bien, del contenido del apartado 2 bis del artículo 4 del Reglamento nº 1408/71 se desprende que las únicas prestaciones que se podrán considerar sujetas a dicha disposición son las prestaciones que no se hallen dentro del ámbito de aplicación de la legislación general relativa a los regímenes contemplados en el apartado 1 del artículo 4 de dicho Reglamento.
Modificación del artículo 9 bis
El artículo 9 bis se refiere a la prolongación del período de referencia si la legislación de un Estado miembro supedita el reconocimiento del derecho a una prestación a que se haya cumplido un período de seguro mínimo durante un período determinado antes de que se produzca el hecho asegurado (período de referencia) y dispone que los períodos en los que se hayan concedido prestaciones en virtud de la legislación de ese Estado miembro o los períodos consagrados a la educación de los hijos en el territorio de dicho Estado miembro prolongan ese período de referencia. En ese caso, el artículo 9 bis impone a ese Estado la obligación de prolongar también dicho período de referencia de los períodos en que se hayan concedido prestaciones de invalidez o de vejez, o prestaciones de enfermedad, desempleo o accidente de trabajo (con excepción de las rentas) en virtud de la legislación de otro Estado miembro, así como los períodos consagrados a la educación de los hijos en el territorio de otro Estado miembro. Por consiguiente, está prevista una excepción que afecta a los períodos en que se han abonado rentas por accidente de trabajo.
Habida cuenta de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 18 de abril de 2002 en el asunto C-290/00, Johann Franz Duchon contra Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Rec. 2002, p. I-3567), es necesario modificar el artículo 9 bis a fin de que sea conforme con esta sentencia, que lo ha invalidado en parte «en la medida en que, a efectos de prórroga del período de referencia previsto en la legislación de un Estado miembro, [el artículo 9 bis] excluye expresamente la posibilidad de tener en cuenta los períodos durante los cuales se hayan abonado rentas por accidente de trabajo en virtud de la legislación de otro Estado miembro.»
Modificación del artículo 10 bis
En el artículo 10 bis se enuncian las normas de coordinación específica que se aplican a las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo. Para garantizar la seguridad jurídica, se ha constatado que es necesario precisar que esas normas se aplican a dichas prestaciones, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10 y en el título III del Reglamento (CEE) n° 1408/71.
Modificación del artículo 23
El artículo 23 se refiere al cálculo de las prestaciones en metálico del seguro de enfermedad y de maternidad
En el apartado 1 se dispone que si la legislación competente de un Estado miembro establece que el cálculo de las prestaciones en metálico se efectúe en función de unos ingresos medios o de una base de cotización media, la institución competente de ese Estado determinará dichos ingresos medios o dicha base de cotización media exclusivamente en función de los ingresos comprobados o de las bases de cotización aplicadas durante los períodos cubiertos bajo dicha legislación. En el apartado 2 se establece un norma similar cuando el cálculo de las prestaciones en metálico se base en unos ingresos a tanto alzado.
Se propone un nuevo apartado 2 bis en el que se prevea que las normas enunciadas en los apartados 1 y 2 serán de aplicación cuando el período de referencia establecido en la legislación aplicable se extienda totalmente o en parte a lo largo de un período cumplido bajo la legislación de uno o varios otros Estados miembros.
Modificación del apartado 1 del artículo 33
En el apartado 1 del artículo 33 se sienta el principio del paralelismo entre las prestaciones de enfermedad y de maternidad concedidas y las retenciones de cuotas aplicadas por ese concepto, y se establece que una institución de un Estado miembro podrá practicar esas retenciones únicamente a los titulares de pensión o de renta que, en contrapartida, sean beneficiarios de prestaciones de enfermedad y de maternidad a cargo de la institución de dicho Estado miembro.
La modificación del apartado 1 del artículo 33 tiene por objeto precisar que la retención de dichas cuotas puede efectuarse sobre todas las pensiones o rentas abonadas a dichos titulares de pensión o de renta si la legislación nacional lo contempla. Además, de esa forma la situación del titular de pensión o de renta se alinea a la del trabajador activo, el cual, en virtud del artículo 14 quinquies, es tratado, a efectos de la aplicación de la legislación que el Reglamento designa como aplicable, como si ejerciera toda su actividad profesional o sus actividades profesionales en el territorio del Estado miembro de que se trate. Sin embargo, es necesario prever que, para el cálculo de las cotizaciones en cuestión, deben tenerse en cuenta los importes que se abonen efectivamente a las personas de que se trate. Por consiguiente, se trata de importes netos, teniendo en cuenta toda retención que ya haya gravado los importes abonados a los titulares de pensión o de renta de que se trate en el Estado miembro deudor. Por una parte, esta precisión fundamental se debe a la jurisprudencia Sehrer [4] y, por otra, está destinada a evitar que el importe de las contribuciones al seguro de enfermedad aplicadas sobre las pensiones y rentas en cuestión sean superiores al importe que habría adeudado una persona que tenga los mismos ingresos obtenidos sólo en el Estado miembro competente. En efecto, es necesario velar por que no se obstaculice indebidamente el ejercicio del derecho a la libre circulación de las personas de que se trate. La exigencia de que se tengan en cuenta los importes netos de las pensiones y rentas percibidas por las personas de que se trate es apropiada y proporcionada en el contexto de la coordinación, para prevenir las dificultades que pudieran producirse en determinadas situaciones transfronterizas debido a la diversidad de sistemas de seguridad social, y más concretamente de los modos de financiación en los distintos Estados miembros.
[4] Sentencia de 15 de junio de 2000, asunto C-302/98, Rec. p I-4585.
Supresión del apartado 2 del artículo 35
En el apartado 2 del artículo 35 se indica el régimen aplicable a los trabajadores por cuenta propia, en activo o titulares de pensiones, en el país de estancia temporal o de residencia cuando, tanto en ese país como en el país donde los interesados estén asegurados (Estado competente) existan uno o varios regímenes especiales de seguro de enfermedad o de maternidad aplicables a los trabajadores por cuenta propia que concedan prestaciones en especie menos favorables que aquéllas de las que se benefician los trabajadores por cuenta ajena.
Lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 35 ya no tiene razón de ser, ya que Bélgica es el único Estado miembro que aún dispone de un régimen especial para los trabajadores por cuenta propia en materia de prestaciones de enfermedad y de maternidad en especie que les otorga una protección menor que aquélla de la que se benefician los trabajadores por cuenta ajena.
Supresión del apartado 4 del artículo 69
Es preciso tener en cuenta la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 13 de junio de 1996 en el asunto C-170/95, Office national de l'emploi contra Calogero Spataro (Rec. 1996, p. I-2921), en la cual se da una interpretación restrictiva del apartado 4 del artículo 69.
Añadido de un artículo 95 septies
En virtud del subpárrafo cuarto de la letra j) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, las disposiciones por las que se rigen los regímenes especiales de trabajadores por cuenta propia, cuya creación se haya dejado a la iniciativa de los interesados o cuya aplicación se limite a una parte del territorio del Estado miembro afectado, están excluidas del ámbito de aplicación material de dicho Reglamento y, a tal fin, aparecen mencionadas en el anexo II. Alemania ha pedido que se suprima la mención de los regímenes en cuestión (las cajas de previsión profesional y las instituciones de previsión análogas) que figuran actualmente en el anexo II, en la rúbrica «C. Alemania». Esta inclusión hace necesarias disposiciones transitorias.
Añadido de un artículo 95 octies
En la sentencia dictada el 8 de marzo de 2001, en el asunto C-215/99, Friedrich Jauch contra Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (Rec. 2001, p. I-1901), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas invalidó la inscripción en el anexo II bis del Reglamento (CEE) n° 1408/71 de la prestación de dependencia austríaca (asignación de asistencia), señalando que dicha prestación es una prestación «normal» de enfermedad en metálico con arreglo a las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, y no una prestación especial de carácter no contributivo no exportable. Por consiguiente, es necesario proteger los derechos de las personas que, sobre la base del apartado 3 del artículo 10 bis del Reglamento (CEE) n° 1408/71, hayan obtenido o solicitado antes del 8 de marzo de 2001 una asignación de asistencia con arreglo a la legislación austríaca. A tal fin, el artículo 5 del presente Reglamento contiene una disposición transitoria en la que se establece que el derecho a dicha asignación de asistencia se mantendrá, mediante la aplicación del apartado 3 del artículo 10 bis, mientras las personas interesadas sigan residiendo en Austria.
Los anexos II, II bis, III, IV y VI del Reglamento (CEE) n 1408/71 se modificarán con arreglo al anexo I del presente Reglamento.
Modificación del Reglamento (CEE) n° 574/72
Modificación del artículo 4 y del artículo 32 bis
El apartado 11 del artículo 4 y el artículo 32 bis remiten al anexo 11, en el cual deben mencionarse los regímenes contemplados en el apartado 2 del artículo 35 del Reglamento (CEE) n° 1408/71. Habida cuenta de que se ha suprimido el apartado 2 de ese artículo 35, han de suprimirse asimismo el punto 11 del artículo 4 y el artículo 32 bis del Reglamento (CEE) n° 574/72, así como el anexo 11 del citado Reglamento.
Añadido de un artículo 10 ter y modificación del artículo 12 bis
En la letra d) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento se establece que los funcionarios y el personal asimilado estarán sometidos a la legislación del Estado miembro del que dependa la administración que los emplea.
En la letra a) del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento se establecen las normas de determinación de la legislación aplicable al trabajador que forme parte del personal itinerante o navegante de una empresa que efectúe por cuenta de otro o por su propia cuenta transportes internacionales de pasajeros o de mercancías por vía férrea, por carretera, por aire o por navegación interior. Dependiendo de la situación, el trabajador estará sometido a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio tenga su sede la empresa, la sucursal o la representación permanente que lo emplee, o bien el lugar donde resida y trabaje de forma preponderante.
En aras de la seguridad jurídica, es preciso prever para esas dos categorías de trabajadores que la institución del Estado miembro cuya legislación sea aplicable entregue al funcionario un certificado en el que se acredite que está sujeto a su legislación.
El anexo 4 del Reglamento (CEE) n° 574/72 se modificará y el anexo 11 de ese mismo Reglamento será suprimido.
3. COMENTARIO SOBRE EL ANEXO I
1. Modificaciones de la sección I del anexo II
La supresión de la mención que figura en la rúbrica «C. ALEMANIA» significa que las cajas de previsión profesional y las instituciones de previsión análogas (regímenes especiales para los trabajadores por cuenta propia) estarán incluidas dentro del ámbito de aplicación material del Reglamento (CEE) n° 1408/71 a partir del 1 de enero de 2004.
2. Modificación de la sección II del anexo II
El legislador español, en el marco de su política de promoción de la natalidad, concede dos prestaciones que responden a los mismos objetivos que las asignaciones especiales de natalidad citadas en el inciso i) de la letra u) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 y mencionadas en la sección II del anexo II. Se trata de la prestación en metálico de pago único por el nacimiento del tercer hijo y de los siguientes, y de la prestación en metálico de pago único en caso de parto múltiple. Estas prestaciones deben mencionarse en la rúbrica «D. ESPAÑA».
La Ley finlandesa sobre las asignaciones de maternidad se ha ampliado a una prestación que consiste en conceder una ayuda en forma de un importe a tanto alzado destinado a compensar el coste de la adopción internacional. La indicación en la rúbrica «M. FINLANDIA» debe adaptarse a fin de tenerlo en cuenta.
3. Modificación de la sección III del anexo II
La mención del «suplemento social en virtud de la ley de ajuste de pensiones de 28 de junio de 1990» debe suprimirse de la rúbrica «C. ALEMANIA», ya que esta prestación se concedía hasta el 31 de diciembre de 1996.
4. Modificación del anexo II bis
El anexo II bis contiene las prestaciones especiales de carácter no contributivo de las que se benefician los interesados exclusivamente en el territorio del Estado miembro en el que residen, en aplicación del artículo 10 bis del Reglamento (CEE) n° 1408/71.
Este anexo II bis se modifica a fin de tener en cuenta, por una parte, nuevas prestaciones de este tipo que se han introducido en las legislaciones nacionales y, por otra, cambios recientes en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en lo que respecta a la calificación de las «prestaciones especiales de carácter no contributivo», a saber: la sentencia de 8 de marzo de 2001 en el asunto C-215/99, Friedrich Jauch contra Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (Rec. 2001, p. I-1901) y la sentencia de 31 de mayo de 2001 en el asunto C-43/99, Ghislain Leclere, Alina Deaconescu et Caisse nationale des prestations familiales (Rec. 2001, p. I-4265).
A la luz de esa jurisprudencia, se ha observado que no sólo es necesario suprimir del anexo II bis las prestaciones invalidadas por el Tribunal (la asignación de asistencia austríaca y el subsidio de maternidad luxemburgués), sino también efectuar un nuevo análisis de los elementos constitutivos de cada prestación inscrita en el anexo II bis, a fin de comprobar si esos elementos se ajustan a los criterios «especial» y «no contributivo», tal como se hallan definidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, criterios que una prestación debe presentar para poder inscribirse en el anexo II bis y estar coordinada por las normas específicas de coordinación establecidas en lo concerniente a las prestaciones especiales de carácter no contributivo.
El análisis de las prestaciones actualmente inscritas en el anexo II bis, o cuya inscripción se ha pedido, está basado en la interpretación teleológica que el Tribunal de Justicia hace de las disposiciones del apartado 2 bis del artículo 4 y del artículo 10 bis del Reglamento (CEE) n° 1408/71. En efecto, cuando ha de pronunciarse sobre la calificación que ha de darse a una prestación, el Tribunal busca la finalidad perseguida por la prestación de que se trate.
El primer elemento constitutivo de una «prestación especial de carácter no contributivo» es, por su naturaleza, el carácter «especial» que debe presentar, y esto es válido con independencia de la rama de la seguridad social a la que corresponda la prestación analizada.
Las prestaciones «especiales» se hallan a medio camino entre las prestaciones «clásicas» de seguridad social y la asistencia social, y se asemejan a la asistencia social «en la medida en que la necesidad constituye un criterio esencial de aplicación» (véanse los considerandos segundo y tercero del Reglamento n° 1247/92 [5]).
[5] DO L 136 de 19.5.1992.
La primera finalidad de la prestación es básicamente responder a la necesidad financiera del interesado y garantizarle, con objeto de prevenir la pobreza, unos ingresos que le proporcionen los medios de subsistencia necesarios teniendo en cuenta el contexto económico y social del Estado miembro de que se trate. En su sentencia Leclere, el Tribunal de Justicia remite a sus sentencias de 27 de septiembre de 1988, en el asunto Lenoir (C-313/86, Rec. 1988, p. I-5391) y de 4 de noviembre de 1997, en el asunto Snares (C-20/96, Rec. 1997, p. I-6057), para recordar que admite que «el legislador comunitario puede legítimamente adoptar, en el contexto de la aplicación del artículo 51 del Tratado (actual artículo 42), disposiciones que establezcan excepciones al principio de exportabilidad de las prestaciones de seguridad social. En especial, [...], para la concesión de prestaciones estrechamente ligadas al entorno social cabe legítimamente imponer como requisito la residencia en el Estado de la institución competente» (punto 32).
Por consiguiente, el nivel de los ingresos mínimos garantizados por la prestación en cuestión debe estar próximo (o guardar relación con) los medios mínimos de subsistencia necesarios tal como se calculen o sean habituales en el Estado miembro de que se trate, de tal modo que esté estrechamente relacionado con el entorno socioeconómico de dicho Estado.
Al evaluar ese criterio de la necesidad financiera, la existencia de un requisito de recursos («means-test») para la concesión de la prestación en cuestión es un elemento importante. En efecto, esta condición corresponde a la búsqueda del objetivo principal, que es garantizar unos ingresos mínimos. La presencia de esta condición no es, sin embargo, un criterio absoluto y determinante para admitir que se trata de una prestación «especial». En efecto, por una parte no puede excluirse que algunas legislaciones presupongan implícitamente, habida cuenta de los beneficiarios de los que se trata, la ausencia de recursos suficientes y, por otra, se da el caso de que la concesión de prestaciones «clásicas» de seguridad social también esté supeditada a una condición de recursos.
Sea como fuere, la prestación debe tener un carácter supletorio, accesorio o complementario respecto de una prestación que guarde relación con una de las contingencias clásicas de la seguridad social enumeradas en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1408/71. Esto excluye un régimen que prevea para una contingencia determinada una prestación clásica para todos los habitantes.
El elemento que permite determinar cuándo una prestación puede mencionarse en el anexo II bis como prestación destinada únicamente a garantizar la protección del minusválido, es la necesidad de integración social. Por lo general, esta necesidad de integración social del minusválido está estrechamente ligada al entorno social de la persona, y ha de ser la única finalidad de la prestación, excluyendo cualquier otro objetivo.
Por lo que respecta al criterio de la necesidad financiera, cabe recordar que el Tribunal de Justicia ha reconocido, en el asunto Newton (C-356/89, Rec. 1991, p. I-3017), el carácter mixto de una prestación británica, la «asignación de movilidad reducida», a pesar de que la legislación que establecía dicha asignación no condicionaba su concesión al examen de los ingresos del beneficiario. La presencia de una estrecha relación con el entorno social que el Tribunal ha señalado en el asunto Lenoir para justificar que una prestación pueda no ser exportada, se da, por lo general, en el caso de prestaciones dirigidas a responder a las necesidades específicas de integración del beneficiario en la sociedad, integración que resulta más difícil debido a la minusvalía de la persona de que se trate.
Evidentemente, como todos los elementos de las prestaciones especiales de carácter no contributivo, este criterio de la necesidad de integración social de la persona que sufra una discapacidad debe ser objeto de interpretación restrictiva. La única finalidad de las prestaciones para minusválidos en esta categoría es fomentar la integración social de la persona que sufra una minusvalía. Su finalidad no es cubrir una de las contingencias clásicas de seguridad social enumeradas en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1408/71.
La adopción de este enfoque conduce a excluir:
- las prestaciones sujetas a la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento: «las prestaciones de invalidez, comprendidas las destinadas a mantener o a mejorar la capacidad de ganancia»;
- las prestaciones concedidas para niños que sufran una minusvalía, cuyo objetivo principal es compensar las cargas familiares suplementarias ocasionadas por la presencia de un hijo minusválido en la familia;
- las prestaciones de asistencia calificadas por el Tribunal de Justicia en el asunto Jauch como prestaciones de enfermedad en metálico tienen, en efecto, como objetivo mejorar el estado de salud y las condiciones de vida de las personas necesitadas de cuidados especiales, aun cuando las prestaciones pueden cubrir numerosos aspectos totalmente independientes de la enfermedad en sí.
En lo que respecta al criterio horizontal del carácter no contributivo de la prestación especial, cabe hacer referencia a las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 2000 (asuntos CRDS, C-34/98, Rec. 2000, p. I-995 y CSG, C-169/98, Rec. 2000, p. I-1049), en los cuales el Tribunal de Justicia ha señalado lo siguiente:
«la circunstancia de que una legislación nacional califique de impuesto a un gravamen no significa que, con respecto al Reglamento nº 1408/71, ese mismo gravamen no pueda considerarse comprendido dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento y sujeto, en consecuencia, a la regla de no acumulación de las legislaciones aplicables.»
«Como señaló el Tribunal de Justicia, en particular, en la sentencia de 18 de mayo de 1995, Rheinhold & Mahla (C-327/92, Rec. p. I-1223), apartado 15, el artículo 4 del Reglamento nº 1408/71 determina el ámbito de aplicación de las disposiciones de dicho Reglamento en términos que revelan que los regímenes de Seguridad Social en su totalidad están sometidos a la aplicación de las normas del Derecho comunitario. En el apartado 23 de esa misma sentencia, el Tribunal de Justicia precisó que el elemento determinante a efectos de la aplicación del Reglamento nº 1408/71 radica en la relación que debe guardar la disposición de que se trate con las leyes que regulan las ramas de Seguridad Social enumeradas en el artículo 4 del mismo Reglamento, relación que debe ser directa y suficientemente relevante.» (asunto C-34/98, puntos 34 y 35, y asunto C-169/98, puntos 32 y 33).
El Tribunal de Justicia ha señalado que la CRDS y la CSG tienen una relación directa y suficientemente pertinente con el régimen general de seguridad social francés, ya que tiene por objeto directo y específico amortizar los déficits del régimen general de seguridad social francés y se inserta en el contexto de la reforma general de la protección social en Francia, dirigida a garantizar el equilibrio financiero futuro de dicho régimen, respecto del cual no se cuestiona que sus ramas figuran entre las recogidas en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 1408/71 (asunto C-34/98, puntos 36 y 37 y asunto C-169/98, puntos 34 y 35).
El Tribunal de Justicia ha señalado que «el criterio determinante [...] es el de la afectación específica de una contribución a la financiación del régimen de Seguridad Social de un Estado miembro» (asunto C-34/98, punto 40 y asunto C-169/98, punto 38).
Por último, cabe subrayar que, evidentemente, al examinar nuevas solicitudes de inscripción en el anexo II bis de prestaciones adoptadas en determinadas legislaciones nacionales ha prevalecido ese mismo análisis. Por consiguiente, las prestaciones que figuran a continuación pueden inscribirse en dicho anexo:
- en lo que respecta a Alemania, «las prestaciones debidas con arreglo a la Ley por la que se establece un seguro de base condicionado al nivel de los recursos para las personas de edad avanzada o que no pueden ganarse la vida»;
- en lo que respecta a Italia, la «mejora social» (apartados 1 y 12 del artículo 1 de la Ley nº 544 de 29 de diciembre de 1988 modificada);
- en lo que respecta a los Países Bajos, «los suplementos concedidos a los beneficiarios de prestaciones sociales» (Ley de 6 de noviembre de 1986 modificada);
- en lo que respecta a Suecia, «la ayuda de subsistencia a las personas de edad avanzada» (Ley 2001/853);
- en lo que respecta al Reino Unido, el «crédito de pensión» (esta prestación sustituye la ayuda a los ingresos para las personas de edad avanzada actualmente mencionada en el anexo II bis).
5. Modificaciones del Anexo III
Por lo que se refiere a la parte A del anexo III, cabe señalar que mantener en vigor disposiciones de los convenios bilaterales existentes antes de la entrada en vigor del Reglamento sólo puede justificarse en dos casos: ya sea que dichas disposiciones convencionales tengan efectos favorables para los beneficiarios del convenio de que se trate, caso que se refleja en la jurisprudencia del Tribunal, ya sea que las disposiciones convencionales de que se trate respondan a circunstancias específicas, excepcionales, generalmente de carácter histórico, y cuyos efectos sean limitados en el tiempo al agotarse los derechos potenciales de las personas afectadas por la situación específica de que se trate.
Las inscripciones en la parte B del anexo III deberían ser limitadas y corresponder a situaciones objetivas excepcionales que pudieran justificar una excepción a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 1408/71 y en los artículos 12, 39 y 42 del Tratado.
Las inscripciones relativas a la exportación de las prestaciones a un tercer país deben suprimirse. En efecto, o bien el pago de una pensión en un tercer país se halla dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (si la pensión se halla dentro de su ámbito material y el beneficiario dentro de su ámbito personal) y se aplica el principio de igualdad de trato, o bien no se halla dentro de su ámbito de aplicación y esta materia no puede tratarse ni en el anexo III ni en la parte dispositiva del Reglamento. En consecuencia, estas disposiciones deberían suprimirse de las partes A y B del anexo III.
6. Modificaciones de la parte B del anexo IV
La parte B del anexo IV contiene la lista de los «regímenes especiales para los trabajadores por cuenta propia con arreglo al apartado 3 del artículo 38 y al apartado 3 del artículo 45 del Reglamento».
En Italia, nuevas categorías profesionales están sujetas a un régimen especial para trabajadores por cuenta propia, lo cual justifica la modificación de la rúbrica «H. ITALIA».
La Ley sobre el seguro de vejez de los agricultores (Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte - GAL) de 14 de septiembre de 1965 se ha sustituido por la Ley sobre el seguro de vejez de los agricultores de 29 de julio de 1994 (Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte), con efecto a partir de 1 de enero de 1995. Por consiguiente, es necesario adaptar la mención que figura en el apartado «C. ALEMANIA» a fin de que sea conforme con la nueva Ley.
7. Modificaciones del anexo VI
En el anexo VI se enuncian las modalidades particulares de aplicación de las legislaciones de determinados Estados miembros.
Las menciones que figuran en la letra b) del punto 6 de la rúbrica «B. DINAMARCA» y en el punto 5 de la rúbrica «G. IRLANDA» son ahora redundantes, ya que las situaciones a las que se referían tienen una solución general en el nuevo apartado 3 que, en virtud del presente Reglamento, se inserta en el artículo 23 del Reglamento (CEE) nº 1408/71.
La Ley Federal alemana de 10 de octubre de 2001, por la que se transponen los convenios de seguridad social y las modificaciones de diversas leyes de aprobación, ha facilitado una base jurídica al sistema de distribución entre las instituciones alemanas de seguro de enfermedad de las cargas excepcionales que la aplicación de los Reglamentos (CEE) nos 1408/71 y 574/72 les causaba a algunas de ellas, de modo que es posible suprimir el apartado 3 de la rúbrica «C. ALEMANIA».
La Ley sobre el seguro de vejez de los agricultores (Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte - GAL) de 14 de septiembre de 1965 se ha sustituido por la Ley sobre el seguro de vejez de los agricultores de 29 de julio de 1994 (Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte), con efecto a partir de 1 de enero de 1995. Se suprime el punto 11 de la rúbrica «C. ALEMANIA»; su razón de ser era lo dispuesto en el artículo 27 de antigua Ley sobre el seguro de vejez de los agricultores, disposiciones que no se contemplan en la nueva Ley.
Se suprime el punto 17 de la rúbrica «C. ALEMANIA». En efecto, dicho punto se refiere a disposiciones legislativas que se han derogado y sustituido por las disposiciones del seguro de dependencia del Código Social alemán, en virtud del cual se conceden prestaciones que, con arreglo a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 5 de marzo de 1998 en el asunto C-160/96, Molenaar (Rec. p. I-843), están reguladas por la coordinación relativa a las prestaciones de enfermedad.
La mención del «subsidio parental de educación» se suprime del punto 7 de la rúbrica «E. FRANCIA», ya que dicha prestación no puede estar sujeta a una condición de residencia en Francia, dado que ha de considerarse como una ventaja social en el sentido del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1612/68, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad. Las ventajas sociales son exportables con arreglo a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada el 27 de noviembre de 1997 en el asunto C-57/96, H. Meints contra Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Rec. 1997, p. I-6689.
El punto 2 de la rúbrica «O. REINO UNIDO» se adapta técnicamente, a fin de tener en cuenta que se amplían a los viudos las disposiciones legislativas («Welfare Reform and Pensions Act 1999») por las que se establecen nuevas prestaciones de supervivencia a partir del 9 de abril de 2001.
El punto 11 de la rúbrica «G. IRLANDA» y el punto 21 de la rúbrica «O. REINO UNIDO» ya no tienen razón de ser. Esas modalidades particulares de aplicación habían sido necesarias debido a que en los Reglamentos (CEE) nos 1408/71 y 574/72 no se había previsto ninguna norma de acumulación para la acumulación específica de prestaciones generada por la aplicación de dos legislaciones ligadas al ejercicio de una actividad profesional y debido a que se tiene en cuenta la actividad profesional ejercida en el territorio del otro Estado miembro. Se trataba de la legislación británica relativa al crédito familiar («Family Credit») y de la legislación de la República de Irlanda relativa al complemento de los ingresos familiares («Family Income Supplement»). En el Reino Unido se ha establecido una nueva prestación familiar, el crédito fiscal por hijos («Child Tax Credit »), a partir del 6 de abril de 2003. El objetivo del legislador británico ha sido unificar el sistema de las ayudas concedidas para los hijos, que dependían de los ingresos, con la consecuencia de la supresión de las antiguas prestaciones que tenían el mismo objetivo, en particular el crédito familiar («Family Credit). Habida cuenta de que el derecho al crédito fiscal por hijos («Child Tax Credit») no está supeditado al ejercicio de una actividad profesional y de que el complemento de los ingresos familiares sí lo está, la acumulación entre ambas prestaciones está sujeta al artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 574/72.
4. COMENTARIO DEL ANEXO II
1. Modificación del anexo 4
La rúbrica «C. ALEMANIA» del anexo 4 se completa con un punto 9, en el que se designa al organismo de enlace para los regímenes especiales para los trabajadores por cuenta propia gestionados por las cajas de previsión profesionales.
2. Supresión del anexo 11
En el anexo 11 se enumeran los regímenes contemplados en el apartado 2 del artículo 35 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, es decir, los regímenes que ofrecen a los trabajadores una cobertura en materia de prestaciones de enfermedad y de maternidad en especie menos favorable de la que tienen los trabajadores por cuenta ajena. La aplicación del apartado 2 del artículo 35 se basa en el principio de que al menos dos Estados miembros tienen un régimen de ese tipo, lo cual ya no es así. Por consiguiente, esta disposición se suprime en virtud del presente Reglamento, lo cual justifica la supresión del anexo 11.
5. APLICACIÓN EN LOS PAÍSES DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO Y EN LA CONFEDERACIÓN SUIZA
La libre circulación de las personas es uno de los objetivos y de los principios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), que entró en vigor el 1 de enero de 1994 [6]. En el capítulo 1 de la tercera parte, relativa a la libre circulación de personas, servicios y capitales, los artículos 28, 29 y 30 están dedicados a la libre circulación de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. En el artículo 29, en particular, se reiteran los principios que figuran en el artículo 42 del Tratado CE, relativo a la seguridad social de las personas que se desplazan dentro de la Comunidad. Por consiguiente, esta propuesta de Reglamento, si se adopta, deberá aplicarse a los países miembros del EEE.
[6] DO L 1 de 3.1.1994, modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE nº 7/94 de 21.3.1994 (DO L 160 de 28.6.1994).
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre circulación de las personas, que entró en vigor el 1 de junio de 2002, contiene un artículo 8 que recoge los principios que figuran en el artículo 42 del Tratado CE, relativo a la seguridad de las personas que se desplazan dentro de la Comunidad. Por consiguiente, esta propuesta de Reglamento, si se adopta, deberá aplicarse a la Confedederación Suiza.
2003/0184 (COD)
Vista la propuesta de la Comisión [7],
[7] DO C [...] de [...], p. [...].
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [8],
[8] DO C [...] de [...], p. [...].
Visto el dictamen del Comité de las Regiones [9],
[9] DO C [...] de [...], p. [...].
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [10],
[10] DO C [...] de [...], p. [...].
(1) Es preciso introducir algunas modificaciones en el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo [11] y en el Reglamento (CEE) n° 574/72 del Consejo [12], a fin de tener en cuenta los cambios recientes en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de facilitar la aplicación de dichos Reglamentos y de reflejar los cambios que se han producido en la legislación de los Estados miembros en materia de seguridad social.
[11] DO L 149 de 5.7.1971, p. 2. - Reglamento actualizado por el Reglamento (CE) n° 118/97 (DO L 28 de 30.1.1997, p. 1) y modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1399/1999 (DO L 164 de 30.6.1999, p. 1).
[12] DO L 74 de 27.3.1972, p. 1. - Reglamento actualizado por el Reglamento (CE) nº 118/97 (DO n° L 28 de 30.1.1997, p. 1) y modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1399/1999 (DO L 164 de 30.6.1999, p. 1).
(2) Para tener en cuenta los cambios en la jurisprudencia, es preciso extraer las consecuencias oportunas de las sentencias dictadas, en particular en el asunto Johann Franz Duchon/Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten [13] y en el asunto Office national de l'emploi/Calogero Spataro [14] .
[13] Sentencia de 18 de abril de 2002 en el asunto C-290/00, Johann Franz Duchon contra Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Rec. 2002, p. I-3567).
[14] Sentencia de 13 de junio de 1996 en el asunto C-170/95, Office national de l'emploi contra Calogero Spataro (Rec. 1996, p. I-2921).
(3) Las sentencias Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter et Ghislain Leclere, Alina Deaconescu et Caisse nationale des prestations familiales [15], relativas a la cualificación de las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo, requieren, por razones de seguridad jurídica, que se precisen los dos criterios acumulativos que hay que tener en cuenta para que dichas prestaciones puedan figurar en el anexo II bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71. Sobre esa base, procede revisar el anexo teniendo en cuenta asimismo las modificaciones legislativas que se hayan introducido en los Estados miembros y afecten a este tipo de prestaciones, que son objeto de una coordinación específica, dado su carácter mixto. Además, es necesario precisar las disposiciones transitorias relativas a la prestación que ha sido objeto de la sentencia Jauch anteriormente citada, a fin de proteger los derechos de los beneficiarios.
[15] Sentencias de 8 de marzo de 2001 en el asunto C-215/99, (Rec. 2001, p. I-1901), y de 31 de mayo de 2001 en el asunto C-43/99 (Rec. 2001, p. I-4265).
(4) A la vista de la jurisprudencia relativa a las relaciones entre el Reglamento y las disposiciones de los convenios bilaterales de seguridad social, en particular la sentencia Röndfeldt [16], es necesario revisar el anexo III del Reglamento (CEE) n° 1408/71. En efecto, las inscripciones en la parte A del anexo III sólo están justificadas en dos casos: si son más favorables para los trabajadores migrantes o si se refieren a situaciones específicas y excepcionales, por lo general relacionadas con circunstancias históricas. Además, no procede admitir inscripciones en la parte B, salvo en caso de que situaciones excepcionales y objetivas justifiquen una excepción al apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 y a los artículos 12, 39 y 42 del Tratado [17].
[16] Sentencia de 7 de febrero de 1991, asunto C-227/89, Ludwig Rönfeldt, Rec. 1991, p. I-323, cuyo principio se ha utilizado constantement después, en particular en la sentencia de 9 de noviembre de 1995, asunto C- 475/93, Jean-Louis Thévenon, Rec. 1995, p. I-3813; la sentencia de 9 de noviembre de 2000, asunto C-75/99, Edmund Thelen, Rec. 2000, p. I-9399 y la sentencia de 5 de febrero de 2002, asunto C-277/99, Doris Kaske, Rec. p. I-1261.
[17] - Sentencia de 30 de abril de 1996, asunto C-214/94, Ingrid Boukalfa, Rec. 1996, p. I-2253;
(5) Para facilitar la aplicación del Reglamento (CEE) n° 1408/71, procede prever determinadas disposiciones relativas, por una parte, a los funcionarios o a los miembros del personal asimilado y, por otra, al personal itinerante o navegante de empresas de transporte internacional de pasajeros o de mercancías por vía férrea, por carretera, por aire o por navegación interior, y también precisar las modalidades de determinación del importe medio que ha de tenerse en cuenta en el marco del artículo 23 de dicho Reglamento.
(6) Para restablecer --a petición de los Estados miembros cuyas instituciones sean competentes para las prestaciones de enfermedad-- un paralelismo en el tratamiento de los titulares de pensiones de antiguos trabajadores migrantes que reciban rentas y pensiones abonadas por las instituciones de otros Estados miembros y de los titulares de pensiones sedentarios que reciban la totalidad de esos mismos ingresos únicamente de las instituciones de su Estado de residencia, procede precisar el texto del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 para indicar que el cálculo de las cotizaciones de seguridad social para el seguro de enfermedad puede efectuarse teniendo en cuenta todas las pensiones o rentas abonadas a los asegurados sociales, cuando la legislación del Estado miembro competente así lo prevea. Sin embargo, al efectuar ese cálculo únicamente se tendrán en cuenta los importes efectivos de las pensiones o rentas abonadas por las instituciones de otros Estados miembros, es decir, importes netos, en los que se tiene en cuenta cualquier retención que ya hubiera gravado esos importes en el Estado miembro de la institución que los abone,
El Reglamento (CEE) n° 1408/71 se modificará como sigue:
1) El apartado 2 bis del artículo 4 se sustituirá por el texto siguiente:
«2 bisLo dispuesto en el presente artículo se aplicará a las prestaciones especiales de carácter no contributivo previstas en una legislación que, por su ámbito de aplicación personal, sus objetivos y/o las condiciones para la adquisición del derecho tenga características tanto de la legislación de seguridad social indicada en el apartado 1 del artículo 4 como de la legislación relativa a la asistencia social.
Las prestaciones especiales de carácter no contributivo son prestaciones:
a) destinadas a cubrir:
i) con carácter supletorio, complementario o accesorio, las contingencias correspondientes a las ramas de seguridad social contempladas en el apartado 1 del artículo 4, y que garantice a las personas de que se trate un ingreso mínimo social según la situación económica y social del Estado miembro de que se trate;
ii) a asegurar únicamente la protección específica de las personas con discapacidad, que dependerá en gran medida del entorno social de la persona en el Estado miembro de que se trate,
b) la financiación de estas prestaciones proviene exclusivamente de impuestos obligatorios destinados a cubrir el gasto público general, y las condiciones para la concesión y el cálculo de las mismas son independientes de cualquier cotización del beneficiario. Sin embargo, las prestaciones concedidas como complemento de una prestación contributiva no se considerarán prestaciones contributivas únicamente por este motivo,
c que se mencionan en el anexo IIa.»
2) El artículo 9 bis se sustituirá por el texto siguiente:
« Artículo 9 bis
Si la legislación de un Estado miembro supedita el reconocimiento del derecho a una prestación al cumplimiento de un período mínimo de seguro durante un período determinado anterior a que se produzca el hecho asegurado (período de referencia) y dispone que los períodos en los que se hayan concedido prestaciones en virtud de la legislación de ese Estado miembro o los consagrados a la educación de los hijos en el territorio de dicho Estado miembro prolongan dicho período de referencia, también lo harán los períodos en los que se hayan concedido pensiones de invalidez o vejez, prestaciones de enfermedad, desempleo o accidentes de trabajo en virtud de la legislación de otro Estado miembro, así como los períodos consagrados a la educación de los hijos en el territorio de otro Estado miembro.»
3) En el artículo 10 bis, el apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:
«1. Lo dispuesto en el artículo 10 y en el título III no es aplicable a las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo mencionadas en el apartado 2 bis del artículo 4. Las personas a las que se aplica el presente Reglamento se beneficiarán de dichas prestaciones exclusivamente en el territorio del Estado miembro en el que residan y con arreglo a la legislación de dicho Estado, siempre que estas prestaciones se mencionen en el Anexo II bis. Las prestaciones serán satisfechas por la institución del lugar de residencia y a su cargo.»
4) En el artículo 23, se introducirá el siguiente apartado 2 bis:
«2 bis. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 también se aplicará en el caso de que la legislación que aplique la institución competente establezca un período de referencia definido y que ese período corresponda, en su caso, íntegramente o en parte a períodos cumplidos por el interesado con arreglo a la legislación de uno o varios otros Estados miembros.»
5) En el artículo 33, el apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:
«La institución de un Estado miembro que sea deudora de una pensión o de una renta y que aplique una legislación que prevea, para la cobertura de las prestaciones de enfermedad y de maternidad que corran a su cargo con arreglo a los artículos 27, 28, 28 bis, 29, 31 y 32, la retención de cuotas al titular de una pensión o de una renta, quedará facultada para practicar estas retenciones, calculadas de conformidad con dicha legislación, sobre las pensiones o las rentas adeudadas por ella o por otro Estado miembro. Dicha institución tendrá en cuenta los importes efectivos de las pensiones o rentas concedidas por los demás Estados miembros.»
6) Se suprimirá el apartado 2 del artículo 35.
7) Se suprimirá el apartado 4 del artículo 69.
8) Se insertarán los siguientes artículos 95 septies y 95 octies:
Artículo 95 septies
Disposiciones transitorias relativas a la rúbrica «C. ALEMANIA» de la sección I del anexo II
«1. La rúbrica «C. ALEMANIA» de la sección I del anexo II, tal como fue modificada por el Reglamento ...[el presente Reglamento] no otorga derecho alguno para el período anterior al 1 de enero de 2004.
2. Cualquier período de seguro, así como, en su caso, cualquier período de empleo, de actividad no asalariada o de residencia, cumplido bajo la legislación de un Estado miembro antes del 1 de enero de 2004 se tendrá en cuenta para la determinación de los derechos adquiridos de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
3. Salvo lo dispuesto en el apartado 1, nacerá un derecho en virtud del presente Reglamento incluso cuando se trate de una contingencia realizada antes del 1 de enero de 2004.
4. Cualquier prestación que no haya sido liquidada o que haya sido suspendida debido a la nacionalidad o residencia del interesado será, a solicitud de éste, liquidada o restablecida a partir del 1 de enero de 2004, siempre que los derechos anteriormente liquidados no hayan dado lugar a un pago único.
5. Los derechos de los interesados que hayan obtenido, antes del 1 de enero de 2004, la liquidación de una pensión o de una renta podrán ser revisados a solicitud suya, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente Reglamento. Esta disposición también se aplicará a las demás prestaciones mencionadas en el artículo 78.
6. Si la solicitud contemplada en el apartado 4 o en el apartado 5 se presenta en un plazo de dos años a partir del 1 de enero de 2004, los derechos derivados del presente Reglamento nacerán a partir de dicha fecha y no se podrán denegar al interesado basándose en lo dispuesto en la legislación de cualquier otro Estado miembro en relación con la caducidad o la prescripción de los derechos.
7. Si la solicitud contemplada en el apartado 4 o en el apartado 5 se presenta una vez transcurrido el plazo de dos años después del 1 de enero de 2004, los derechos que no hayan caducado o que no hayan prescrito se abrirán a partir de la fecha de solicitud, sin perjuicio de disposiciones más favorables de la legislación de cualquier otro Estado miembro.»
Artículo 95 octies
Disposiciones transitorias relativas a la supresión de la inscripción en el anexo II bis de la asignación de asistencia austríaca (Pflegegeld)
En el caso de las solicitudes de asignaciones de asistencia en virtud de la Ley Federal austríaca sobre la asignación de asistencia (Bundespflegegeldgesetz) presentadas a más tardar el 8 de marzo de 2001 con arreglo al apartado 3 del artículo 10 bis del presente Reglamento, dicha disposición se seguirá aplicando mientras el beneficiario de la asignación de asistencia siga residiendo en Austria con posterioridad al 8 de marzo de 2001.»
9) Los Anexos II, II bis, III, IV y VI se modificarán de conformidad con el anexo I del presente Reglamento.
El Reglamento (CEE) n° 574/72 se modificará como sigue:
1) Se suprimirá el apartado 11 del artículo 4.
2) Se añadirá el siguiente artículo 10 quater:
«Artículo 10 quater
Formalidades previstas en caso de aplicación de la letra d) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento para los funcionarios y el personal asimilado
Para la aplicación de la letra d) del apartado 2 del artículo 13, la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable expedirá un certificado en el que se haga constar que el funcionario o miembro del personal asimilado está sujeto a su legislación».
3) El artículo 12 bis se modificará como sigue:
a) El título del artículo 12 bis se sustituirá por el texto siguiente:
«Normas aplicables a las personas contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 14, en los apartados 2 a 4 del artículo 14 bis y en el artículo 14 quater del Reglamento que ejercen normalmente una actividad por cuenta ajena y/o por cuenta propia en el territorio de dos o más Estados miembros».
b) La frase preliminar se sustituirá por el texto siguiente:
«Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 14, en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 14 bis y en el artículo 14 quater del Reglamento, serán aplicables las siguientes normas:»
c) Se añadirá el siguiente apartado 1 bis:
«1 bis. Si, con arreglo a lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 14, la persona que forme parte del personal itinerante o navegante de una empresa que efectúe transportes internacionales está sujeta a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio se halle, según el caso, ya sea el domicilio social de la empresa, ya sea la sucursal o la representación permanente que la ocupa, ya sea el lugar donde resida y trabaje de manera preponderante, la institución designada por la autoridad competente del Estado de que se trate le expedirá un certificado en el que se haga constar que está sujeta a su legislación».
4) Se suprimirá el artículo 32 bis.
5) Los anexos se modificarán con arreglo al anexo II del presente Reglamento.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El apartado 8 del artículo 1 del presente Reglamento, relativo al artículo 95 septies del Reglamento (CEE) n° 1408/71 será aplicable a partir del 1 de enero de 2004.
Hecho en Bruselas, el [... ]
Los anexos del Reglamento (CEE) n° 1408/71 se modificarán como sigue:
1) El anexo II se modificará como sigue:
a) En la rúbrica «C. Alemania» de la sección I, el texto se sustituirá por la mención «Sin objeto».
b) La sección II se modificará como sigue:
i) en la rúbrica «D. España», la mención «Sin objeto» se sustituirá por:
«Asignación de natalidad (Prestaciones en metálico de pago único por el nacimiento del tercer hijo y siguientes, y prestaciones en metálico de pago único en caso de parto múltiple)»
ii) en la rúbrica «M. FINLANDIA», el texto se sustituirá por el texto siguiente:
«La prima de maternidad, la prestación a tanto alzado por maternidad y la ayuda en forma de importe a tanto alzado destinada a compensar el coste de la adopción internacional, en aplicación de la Ley de Prestaciones de Maternidad.»
c) En la rúbrica «C. ALEMANIA» de la sección III, se suprimirá la letra b). 2) El anexo II bis se sustituirá por el texto siguiente:
PRESTACIONES ESPECIALES DE CARÁCTER NO CONTRIBUTIVO
(Artículo 10 bis)
a) Prestación de compensación de ingresos (Ley de 27 febrero 1987).
b) Ingreso garantizado para personas de edad avanzada (Ley de 1 de abril de 1969).
Gastos de vivienda de los pensionistas (Ley de ayuda a la vivienda individual, codificada por la Ley n° 204, de 29 de marzo de 1995).
C. ALEMANIA
Prestaciones concedidas en virtud de la Ley sobre la cobertura básica , en función de los ingresos, de las necesidades de las personas de edad avanzada o incapacitadas para el trabajo.
a) Garantía de ingresos mínimos (Ley n° 13/82 de 7 de abril de 1982).
b) Prestaciones en metálico de asistencia a personas de edad avanzada e inválidos incapacitados para el trabajo (Real Decreto n° 2620/81 de 24 de julio de 1981).
c) Pensiones de invalidez y jubilación, de carácter no contributivo, contempladas en el apartado 1 del artículo 38 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio de 1994.
E. FRANCIA
a) Subsidio complementario del Fondo nacional de solidaridad (Ley de 30 de junio de 1956).
b) Subsidio para minusválidos adultos (Ley de 30 de junio de 1975).
c) Subsidio especial (Ley de 10 de julio de 1952).
Prestaciones especiales para las personas de edad avanzada (Ley 1296/82).
G. IRLANDA
a) Ayuda al desempleo [Social Welfare (Consolidation) Act de 1993, tercera parte, capítulo 2].
b) Pensiones de vejez (no contributivas) [Social Welfare (Consolidation) Act de 1993, tercera parte, capítulo 4].
c) Pensiones de viudedad (no contributivas) [Social Welfare (Consolidation) Act de 1993, tercera parte, capítulo 6], modificado por la quinta parte del Social Welfare de 1997).
d) Subsidio de subsistencia para minusválidos (Social Welfare Act de 1996, cuarta parte);
H. ITALIA
a) Pensiones sociales para los nacionales carentes de recursos (Ley n° 153, de 30 de abril de 1969).
b) Pensiones, subsidios e indemnizaciones a los mutilados y a los inválidos civiles (Leyes n° 118, de 30 de marzo de 1974, n° 18, de 11 de febrero de 1980 y n° 508, de 23 de noviembre de 1988).
c) Pensiones e indemnizaciones a los sordomudos (Leyes n° 381, de 26 de mayo de 1970 y n° 508, de 23 de noviembre de 1988).
d) Pensiones e indemnizaciones a los invidentes civiles (Leyes n° 382, de 27 de mayo de 1970 y n° 508, de 23 de noviembre de 1988).
e) Complemento a la pensión mínima (Leyes n° 218, de 4 de abril de 1952, n° 638, de 11 de noviembre de 1983, y n° 407, de 29 de diciembre de 1990).
f) Complemento al subsidio de invalidez (Ley n° 222, de 12 de junio de 1984).
g) Subsidio social (ley nº 335, de 8 de agosto de 1995);
h) Mejora social.
I. LUXEMBURGO
J. PAÍSES BAJOS
a) Prestaciones de incapacidad laboral para los jóvenes minusválidos (Ley de 24 de abril de 1997) .
b) Ley para la concesión de cantidades complementarias a los ingresos mínimos pertinentes a los beneficiarios de la Ley de desempleo, la Ley sobre el seguro de enfermedad, la Ley relativa al seguro de incapacidad laboral para trabajadores autónomos, la Ley sobre las medidas asistenciales por incapacidad laboral de los jóvenes con discapacidad, la Ley sobre el seguro de incapacidad laboral y la Ley sobre las medidas asistenciales por incapacidad laboral del personal de las Fuerzas Armadas (Ley de 6 de noviembre de 1986 sobre la concesión de complementos a los beneficiarios de ayudas sociales).
K. AUSTRIA
Suplemento compensatorio (Ley Federal de 9 de septiembre de 1955 sobre el Seguro Social General - ASGV, Ley Federal de 11 de octubre de 1978 relativa al Seguro Social para personas que trabajen en el comercio - GSVG y Ley Federal de 11 de octubre de 1978 relativa al Seguro Social para los productores agrarios - BSVG).
L. PORTUGAL
a) Pensión social no contributiva de vejez e invalidez (Decreto-ley nº 464/80, de 13 de octubre de 1980).
b) Pensión no contributiva de viudedad (Decreto normativo n° 52/81, de 11 de noviembre de 1981).
M. FINLANDIA
a) Prestaciones por invalidez (Ley de prestaciones por invalidez, 124/88).
b) Asignaciones de vivienda para jubilados (Ley relativa a las asignaciones de vivienda para jubilados, 591/78).
c) Subsidio de empleo (Ley del subsidio de empleo 1542/93).
N. SUECIA
a Asignación para vivienda concedida a los pensionistas (Ley 1994: 308).
b) Subsidio de subsistencia para personas de edad avanzada (Ley 2001:853).
O. REINO UNIDO
a) Crédito de pensión.
b) Subsidios para solicitantes de empleo basados en los ingresos [Jobseekers Act 1995, 28 de junio de 1995, secciones I, apartado 2 letra d) inciso ii) y 3, y Jobseekers (Irlanda del Norte) Order 1995, 18 de octubre de 1995, artículo 3 apartado 2 letra d) inciso ii) y artículo 5].
3) El anexo III se modificará como sigue:
a) En la parte A, se suprimirán los siguientes puntos:
Los puntos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 27, letras a) y b) del 29, letras a) y c) del 30, 31, 32, letras a), b), c), d), e), f) y g) del 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152 y 153.
b) En la parte B, se suprimirán todas las menciones.
4) En el anexo IV, la sección B se modificará como sigue:
a) En la rúbrica «C. ALEMANIA», el texto se sustituirá por lo que sigue:
«Seguro de vejez de los agricultores (Alterssicherung für Landwirte)»
b) En la rúbrica «H. ITALIA», el texto se sustituirá por lo que sigue:
«Regímenes del seguro de pensión para (Assicurazione pensioni per):
- médicos (medici),
- farmacéuticos (farmacisti),
- veterinarios (veterinari),
- enfermeros, asistentes sanitarios, cuidadoras de niños (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)
- ingenieros y arquitectos (ingegneri ed architetti),
- topógrafos (geometri),
- abogados (avvocati)
- diplomados en ciencias económicas (dottori commercialisti),
- censores de cuentas y peritos mercantiles (ragionieri e periti commerciali),
- asesores laborales (consulenti del lavoro),
- notarios (notari),
- agentes de aduanas (spédizionieri doganali).
- biólogos (biologi)
- ingenieros agrónomos y peritos agrícolas (agrotecnici e periti agrari)
- agentes y representantes de comercio (agenti e rappresentanti di commercio)
- periodistas (giornalisti)
- peritos industriales (periti industriali)
- actuarios, químicos, expertos agrónomos, expertos en arboricultura, geólogos (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)»
5) El anexo VI se modificará como sigue:
a) En la rúbrica «B. DINAMARCA», se suprimirá la letra b) del punto 6.
b) En la rúbrica «C. ALEMANIA», se suprimirán los puntos 3, 11 y 17.
c) En la rúbrica «E. FRANCIA», en el punto 7, se suprimirán los términos «y el subsidio parental de educación».
d) En la rúbrica «G. IRLANDA», se suprimirán los puntos 5 y 11.
e) En la rúbrica «O. REINO UNIDO», el texto se modificará como sigue:
i) En la letra b) del punto 2, los incisos i) y ii) se sustituirán por el siguiente texto:
- una mujer casada o
- una persona cuyo matrimonio haya terminado por cualquier motivo que no sea la defunción del cónyuge,
ii) un ex cónyuge, si la solicitud proviniere de:
- un viudo que inmediatamente antes de la edad de jubilación no es beneficiario de una prestación de supervivencia; o
- una viuda que inmediatamente antes de la edad de jubilación no es beneficiaria de un subsidio de madre viuda, de una prestación de supervivencia ni de una pensión de viudedad relacionada con su edad, calculada en aplicación del apartado 2 del artículo 46 del Reglamento; a este efecto, «pensión de viudedad relacionada con la edad» significa una pensión de viudedad de cuantía reducida, de conformidad con el apartado 4 de la sección 39 de la Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social.»
iii) Se suprimirá el punto 22.
El anexo del Reglamento (CEE) n° 574/72 se modificará como sigue:
1) En el anexo, rúbrica «C. ALEMANIA», se añadirá el siguiente punto 9:
«9. Cajas de previsión profesionales:
Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln».
2) Se suprimirá el Anexo 11.

References: artículo 4
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 14
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 95
 artículo 1
 artículo 95
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 32
 artículo 4
 artículo 32
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 4
 artículo 32
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 51
 artículo 42
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 38
 artículo 45
 artículo 23
 artículo 27
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 29
 artículo 42
 artículo 8
 artículo 42
 artículo 251
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 33
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 9
 Artículo 9
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 33
 artículo 35
 artículo 69

Artículo 95
 artículo 78

Artículo 95
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 95
 artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 46