Source: http://www.sanborondon.info/content/view/33045/1/
Timestamp: 2014-10-22 23:08:01+00:00

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Revista Digital San Borond�n - Un ciudadano denuncia al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por violaci�n de derechos constitucionales, entre ellos, coartar libertad de expresi�n
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Inicio Un ciudadano denuncia al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por violaci�n de derechos constitucionales, entre ellos, coartar libertad de expresi�n	viernes, 01 de abril de 2011	Denuncia también a Partido Popular, PSOE y Coalición Canaria por incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)Audio de la entrevista SB-Noticias.- Eloy Cuadra Pedrini, un ciudadano de Santa Cruz de Tenerife, indignado por cómo se las gastan el alcalde Miguel Zerolo y sus normativas antidemocráticas, con las maneras que usan los dirigentes políticos para tratar de amedrentar a la ciudadanos que se manifiestan contra las injusticias cometidas desde las administraciones o contra la situación actual de crisis y con la actitud de los tres partidos grandes (CC, PP y PSOE) que no dudan en saltarse la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) a su antojo, decidió denunciar ante la Subdelegación del Gobierno y ante el Defensor del pueblo el que la policía coartara una reivindicación pacífica en plena ciudad al entender que han sido violados derechos que la Constitución reserva a los ciudadanos en España, entre ellos el de la libertad de expresión.
Explica que el pasado viernes día 25 de marzo, aproximadamente a las 20:30 horas, se encontraba en la Plaza santacrucera de la Candelaria junto a algunos amigos, exponiendo algunos carteles alusivos a la situación global del mundo y hablando amistosamente con los viandantes que se detenían a conversar. En total no eran más de 15 los amigos que se habían congregado allí, todos a título individual, sin representar a ningún grupo, partido o colectivo, y ni gritabn, ni faltaban al respeto a nadie, ni obstruían el paso a los peatones que por la plaza pasaban. A pesar las normales circunstancias en las que se expresaban, se personaron en el lugar tres agentes motorizados de la Policía Nacional, los cuales preguntaron por el responsable o el organizador de dicha concentración de personas, a lo que los allí congregados les respondieron que eran ciudadanos, que no estaban allí organizados por nadie, ni representando a nadie más que a ellos mismos, y que únicamente ejercían el derecho a la libertad de expresión. Ante estos argumentos, los agentes refirieron a la Ley 1/1992 (de Seguridad Ciudadana) y amenazaron con posibles sanciones de hasta 6000 euros, y finalmente sugirieron que para evitar problemas futuros solicitaran autorización pertinente a las autoridades. Explica que ante la recomendación de los agentes, en los días posteriores estuvieron analizando el asunto, y por un lado vieron que el artículo 20 de la Constitución Española reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, además del artículo 21 del mismo texto, donde se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. A tenor de lo leído en la Constitución, han ido a la Ley Orgánica que regula el Derecho de Reunión, y en su artículo 1 se afirma que el Derecho de Reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, se ejercerá conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada. Vistas ambas normas legales, este ciudadano no encuentra razón por la cual deban comunicar o pedir permiso a la autoridad gubernativa y no cree que incumplan ninguna norma legal, incluida la Ley de Seguridad Ciudadana a la que aludían los agentes, puesto que no superaban el número de 20 personas, no alteraban el orden público y no representaban a ningún colectivo, grupo u organización. Eloy Cuadra inidca que a pesar de todo, también han estudiado lo que establece la normativa municipal de Santa Cruz de Tenerife, concretamente una Ordenanza municipal de policía y buen gobierno, que en su artículo 20 dice que queda prohibido efectuar en la vía pública los siguientes actos: lanzar, verter o depositar basuras, tierras, escombros, detritus, papeles o desperdicios de cualquier clase, tanto en las calzadas como en las aceras, alcorques y hoyas de los árboles y solares sin edificar, barrancos, etc., y en especial difundir o colocar propaganda política o comercial, no autorizada, mediante papeletas, pinturas en fachadas, muros, etc.(…) Serán responsables y objeto de sanción la infracción contra alguna de las disposiciones contenidas en este artículo, especialmente lo determinado en el apartado a) del mismo, sobre difusión de propaganda o panfletos de cualquier tipo, siendo responsables solidariamente con el infractor material del hecho, las Empresas, Partidos Políticos o Asociaciones cuyos objetos de anuncien de esta forma, y en cuyo beneficio se cometa la infracción. Este ciudadano señala que al conocer el contenido de la norma municipal, no pudo más que expresar su sorpresa, si bien entiende todo lo relacionado con verter basuras y otros materiales poco edificantes, pero no comprende que se equipare la basura con la expresión libre de un pensamiento o idea, aunque tenga contenido político, y se prohíba tal acción, cuando además es un derecho reconocido por la propia Constitución. Entiende que si así fuera, también un ayuntamiento podría exigir al ciudadano la obligación de pedir autorización previa para ejercer otro derecho que la misma Constitución reconoce en su artículo 15, como es el derecho a la vida y a la integridad física y moral, algo que considera a todas luces absurdo en una democracia. Por tal motivo, este pasado 30 de marzo de 2011 efectuó una llamada de teléfono a las oficinas de la Policía Local, para que le aclararan el asunto, y allí le comunicron que así está la normativa y que remitiera escrito al ayuntamiento pidiendo autorización para lo que deseaba hacer. En este punto, reconoce que confundido entre lo que dice la Ley y lo que dicen los agentes y la normativa municipal, está dudando y probablemente no salga a ejercer su derecho a expresarse en libertad, por temor a ser sancionado. Una situación sin duda muy triste, puesto que no se concentraron para una fiesta o algarabía, sino que sólo intentaban ser consecuentes con los problemas que afectan a los ciudadanos, y así lo expresaban con la inversión de su dinero en carteles e información escrita, invitando a los demás a tomar conciencia. Eloy Cuadra expone que frente a esta realidad de recortes de derechos de los ciudadanos que llega a poner en riesgo el sentido mismo de la democracia, al menos en lo que se refiere a los que los santacruceros viven permanentemente, se encontraron con otra realidad muy diferente, la que disfrutan los representantes políticos y las formaciones de las que son parte, en especial el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Coalición Canaria y que vemos en estos días, cuando desde el pasado 29 de marzo están prohibidos los carteles con alusiones políticas o electorales por parte de los partidos, según la última reforma de la LOREG, y en el mismo municipio de Santa Cruz de Tenerife donde al ciudadano se le priva de un derecho tan básico como el de la libertad de expresión, estos tres partidos hacen caso omiso a la mencionada Ley y mantienen carteles electorales en la ciudad días después de esa fecha. Desde su punto de vista, este agravio a la ciudadanía se hace ya ofensivo cuando los partidos infractores de la normativa, lejos de apresurarse o pedir disculpas, aducen falta de tiempo de los operarios. Afirma por tanto que no se entiende la respuesta salvo que los que la emiten hayan perdido toda consideración para con la ciudadanía que los ha colocado ahí, puesto que la Ley lleva ya un tiempo en vigor y no pueden aducir desconocerla, y además sufragan gran parte de sus campañas con los impuestos de los ciudadanos. Tras lo argumentado, Eloy Cuadra pide a la Subdelegación del Gobierno que informe y aclare las condiciones en las que puede salir a la calle con sus amigos a expresarse en libertad sin infringir la Ley, que obre lo oportuno para que el artículo 20 de la citada ordenanza municipal se ajuste a la Constitución española y permita a los ciudadanos ejercer en la ciudad de Santa Cruz la libertad de expresión sin más limitaciones que las que marca la Carta Magna y que se sirva informar a la Junta Electoral General de Canarias de la infracción al parecer cometida por los partidos a los que alude el mencionado anexo, para que ésta tome las medidas correctoras necesarias.	< Anterior

References: artículo 20
 artículo 21
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 15
 artículo 20