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Gabriel Contreras Paz
1 SALA PRIMERA
3 INDICE SISTEMÁTICO Página 1. COMPETENCIA DESLEAL Reclamación de indemnización por lucro cesante, producido por la pérdida de clientela. Procedencia de la reclamación Actos contrarios a la buena fe. Cláusula general. Carácter autónomo respecto de las demás categorías de actos de competencia desleal Publicidad comparativa. Requisitos. Carácter denigratorio: existencia CONTRATOS MERCANTILES Compraventa mercantil. Venta de cabezas de ganado que se integran en la actividad empresarial de la compradora. Carácter mercantil de la compraventa. Prescripción Gestión de cobro. Inaplicación de las normas del contrato de agencia. Contrato de adhesión: inexistencia Contrato de distribución. Diferencias con el contrato de agencia Contrato de suministro de energía eléctrica. Error en el cobro de la tarifa. Acción de enriquecimiento injusto y de cumplimiento de contrato: falta de la identidad de objeto. Enriquecimiento injusto: inexistencia Contrato de agencia. Resolución. Preaviso. Aplicación de la Ley del Contrato de Agencia a los celebrados antes de su vigencia, pero resueltos con posterioridad. Indemnización por lucro cesante Leasing de retorno. Caracterización del contrato. Represión de la usura. Prohibición del pacto comisorio. Requisitos
4 CRÓNICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 2.7. Cámaras de Comercio. Recurso cameral. Inconstitucionalidad: no afecta a situaciones consolidadas según la STC 179/ Contrato de crédito en cuenta para la compra de acciones del propio banco. Crisis económica del banco. Error en el consentimiento: inexistencia. Vicio de consentimiento: inexistencia. Inaplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» Contrato de seguro. Seguro de daños. Interés asegurado: titularidad de un crédito hipotecario sobre la finca objeto del seguro. Consecuencias de la cesión del remate a un tercero en la ejecución de la hipoteca. Desaparición del interés asegurado CONTRATOS Compraventa. Edificio que sufre «aluminosis», rehabilitado por la Comunidad de Propietarios. Vicios ocultos. Rescisión del contrato: procedencia. Indemnización de daños y perjuicios Precario. Uso de vivienda familiar disfrutada en precario tras separación o divorcio. Diferencias con el comodato Arrendamientos. Urbano. Edificio único: arrendamiento de vivienda e industria. Retracto: improcedencia Compraventa. Incumplimiento de la obligación de pago del precio en el plazo pactado. Resolución del contrato: requisitos. Incumplimiento definitivo COSTAS PROCESALES Tasación de costas. Impugnación de honorarios por indebidos. Inclusión del IVA DERECHO DE FAMILIA Uniones de hecho. Ruptura no sujeta a pacto alguno. Consecuencias patrimoniales Filiación. Negativa injustificada a la práctica de la prueba biológica. Valor como indicio junto con otras pruebas Filiación. Acción de reclamación y de impugnación de la contradictoria. Imprescriptibilidad del ejercicio de la acción. Legitimación activa Separación de hecho. Sociedad de gananciales. Disolución: requisitos. Escritura pública. Documento privado complementario del convenio regulador Página
5 SALA PRIMERA Página 6. DERECHO MARÍTIMO Abordaje. Clases. Responsabilidad. Legislación aplicable Contrato de transporte marítimo bajo el régimen de conocimiento de embarque. Convenio de Bruselas de 25 de agosto de 1924: condiciones para su aplicación Contrato de transporte bajo el régimen de conocimiento de embarque. Responsabilidad del consignatario del buque. Legitimación del poseedor del conocimiento de embarque Contrato de fletamento. Cláusula FIO: significado. Riesgos de estiba: corresponden al fletador, aun cuando los costes sena soportados por el cargador DERECHO PROCESAL Competencia judicial internacional. Cláusula de sumisión expresa consignada en conocimiento de embarque. Presunción de consentimiento. Artículo 17 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de Recurso de casación. Interés casacional. Inexistencia de interés casacional Costas procesales. Imposición a la Tesorería General de la Seguridad Social: procedencia Procedimiento de ejecución hipotecaria. Requerimiento de pago: en el domicilio señalado en la escritura. Notificación al deudor en otro domicilio: no es imperativo de la buena fe procesal DERECHOS REALES Prenda sin desplazamiento. Falta de inscripción. Imposibilidad de convertirla en prenda ordinaria: falta del presupuesto de la desposesión Acción reivindicatoria. Restitución: procedencia. Obstáculos derivados de la gestión de la actividad turística regulada por normativa administrativa: irrelevancia EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS Exequátur. Carácter ejecutorio de la resolución. Sentencia ejecutable provisionalmente previa fianza. Interpretación del requisito a la luz de la jurisprudencia comunitaria HONOR, INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y PROPIA IMAGEN Derecho al honor. Atribución de la condición de prostituta al cadáver de una mujer, luego desmentida. Información veraz. Inexistencia de intromisión ilegítima
6 CRÓNICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Derecho al honor y derecho a la libertad de información. Ingreso en prisión por presunto fraude inmobiliario de persona relacionada con subdirector de una Caja de Ahorros. Prevalencia del derecho a la libertad de información Derecho al honor. Intromisión ilegítima. Aportación de diarios íntimos a un proceso conyugal por el otro cónyuge Derecho al honor y a la propia imagen, y derecho a la libertad de expresión. Caricatura. Límites Derecho al honor. Intromisión ilegítima. Inclusión de datos en ficheros de solvencia patrimonial: error en la persona PROPIEDAD INDUSTRIAL Patentes. Distinción entre la acción frente al que fabrica o utiliza el procedimiento patentado sin consentimiento del titular y las derivadas de la competencia desleal Marcas. Agotamiento del derecho. Doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Patentes. Derecho de oposición por uso anterior (art. 54 Ley 11/1986). Inaplicabilidad a los modelos industriales Marcas. Confusión con marca notoria. Acción de nulidad del art. 3.2 de la Ley 32/1988. Régimen transitorio: no aplicación de la disposición transitoria tercera. Plazo de caducidad QUIEBRAS Actos del quebrado durante el periodo de retroacción de la quiebra. Nulidad. Compraventa. Efectos de la nulidad; devolución del precio e intereses. Nueva jurisprudencia Actos del quebrado durante el periodo de retroacción de la quiebra: Aplicación del criterio flexible, cuando se trata de actos que afectan a terceros: necesidad de perjuicio para la masa activa RESPONSABILIDAD CIVIL Responsabilidad extracontractual. Accidente en piscina. Piscina de uso público sin licencia. Responsabilidad del Ayuntamiento Ejercicio de acción infundada: interdicto de obra nueva y suspensión de la obra ejecutada. Desestimación 38 Página
7 SALA PRIMERA Página de la acción encaminada a la reposición al estado de cosas inicial. Abuso de derecho; inexistencia Responsabilidad extracontractual. Fallecimiento por acto terrorista en el extranjero, durante un viaje. Legitimación del perjudicado que reclama como heredero. Nexo causal: no advertencia por la agencia de viajes del riesgo en la zona visitada. Responsabilidad de asociación de Agencias de Viajes: inexistencia, al tratarse de mera asociación representativa Responsabilidad profesional: sanitaria. Consentimiento informado. Omisión. Responsabilidad: pérdida de oportunidades SOCIEDADES Responsabilidad de los administradores sociales. Incumplimiento de los deberes legales en orden a promover la disolución. Caracterización de la responsabilidad ex art TRLSA y LSRL SUCESIONES Colación. Donación de la nuda propiedad de acciones. Beneficios derivados de la reflotación de la empresa: inexistencia. Deducción del valor de compra del usufructo de las acciones: improcedencia. Intereses Testamentos. Testamento abierto: requisitos. Falta de expresión de conformidad por el testador. Manifestación de quedar enterado. Nulidad: inexistencia TERCERIAS De dominio. Justificación del dominio. Promesa de venta de la mitad indivisa de la vivienda conyugal en acuerdo de separación: insuficiencia De mejor derecho. Prelación de créditos. En favor de la Hacienda Pública. Anotación preventiva de embargo: no alteración de la prelación. Modificación legislativa y jurisprudencia
9 La crónica de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo correspondiente al año judicial contiene la recensión de aquellas sentencias que presentan especial relevancia en las diversas materias que conforman el ámbito objetivo propio de la competencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, siendo de destacar que un significativo número de ellas han sido dictadas tras la celebración de Plenos de Sala convocados en atención a la importancia de la materia a tratar y por la necesidad de establecer una autorizada doctrina jurisprudencial sobre las cuestiones jurídicas suscitadas. Al igual que en las ediciones anteriores, se pretende acercar al lector el contenido esencial de tales resoluciones, permitiéndole conocer los criterios jurisprudenciales establecidos en relación con los supuestos de hecho contemplados en cada caso. 1. Competencia desleal 1.1. La STS (RC 3340/2000) analiza la procedencia de la indemnización por el lucro cesante producido como consecuencia de la pérdida de clientela subsiguiente a un acto de competencia desleal. La Sala examina la naturaleza de la cartera de clientes, que considera como un activo inmaterial e intangible no reflejado en los balances de situación de la empresa, y que consiste en el valor actualizado de los beneficios futuros que se espera obtener de los clientes, La elaboración de la Crónica de la Sala Primera ha sido realizada por D. Eduardo FON- TÁN SILVA, Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, bajo la coordinación de la Ilma. Sra. D. a Rosa de CASTRO MARTÍN y el Ilmo. Sr. D. Jaime MALDONADO RAMOS, Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y la supervisión general del Excmo. Sr. D. Juan Antonio XIOL RÍOS, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 41
10 CRÓNICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO precisando que cuando a un empresario se le paga una cantidad por la cartera de clientes se le está indemnizando el lucro cesante que va a suponer la pérdida de clientela. Recuerda el Tribunal la dificultad de prueba de la existencia del lucro cesante, por su alto grado de indeterminación, lo que conduce al problema de encontrar un criterio válido para dilucidar cuándo se trata de una hipótesis de lucro cesante, y cuando se está ante una mera esperanza imaginaria, dudosa y contingente. La ganancia frustrada, precisa la Sala, debe determinarse mediante un juicio de probabilidad, teniendo en cuenta lo que lógicamente fuera de esperar según el curso normal de las cosas y las circunstancias del caso concreto. Concluye que en el caso examinado el criterio razonable para la fijación del lucro cesante es la propia valoración de la pérdida de clientela, pues esta clientela constituye la circunstancia decisiva para la obtención del lucro En la STS (RC 2659/1999), con motivo de un juicio que versó sobre el conflicto existente entre el uso de una marca y el empleo del signo como denominación social, y en el que junto con las acciones derivadas de la legislación marcaria se ejercitaron las propias de la legislación sobre competencia desleal, se lleva a cabo la interpretación del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal en relación con su art. 6, y a tal efecto declara el Tribunal que el primero de ellos no establece una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores de la Ley, en el sentido de que necesariamente tengan que ser objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, sino que la llamada «clausula general» trata de prohibir todas aquellas actuaciones de competencia desleal que, concurriendo los requisitos del art. 2 de la Ley (acto realizado en el mercado con fines concurrenciales) no encuentren acomodo en los supuestos que expresamente se tipifican en los arts. 16 a 17 de la propia Ley La STS (RC 2752/1999) aborda el examen del carácter denigratorio de los actos de publicidad comparativa llevados a cabo por el demandado con motivo de la apertura de un establecimiento de una importante cadena de grandes almacenes en la localidad donde desarrollaba su actividad comercial, en el marco del proceso sobre publicidad ilícita promovido por esta última. Precisa la Sala que el mensaje publicitario difundido por el demandado constituye un supuesto de publicidad comparativa en los 42
11 SALA PRIMERA términos previstos en el art. 2 de la Directiva 84/450/CEE, modificada por la Directiva 97/55/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, al aludir explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes y servicios ofrecidos por un competidor, y recuerda que este tipo de publicidad está permitida siempre que cumpla los requisitos que la norma le impone, más rigurosos que los exigidos para otras modalidades de publicidad, como consecuencia de la necesidad de tutelar los legítimos intereses de los competidores aludidos, además de garantizar a los consumidores una información objetiva y veraz. Añade la Sala que, dado que toda comparación implica un cierto grado de descrédito para la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, la medida de lo tolerable depende del contenido del mensaje, que ha de ser interpretado en su conjunto, sin descomponerlo en partes y atendiendo a la impresión global que sea susceptible de generar en los destinatarios, así como de la necesidad de utilizar la minusvaloración para llevar a cabo una comparación de los productos y servicios. En el caso examinado, el Tribunal considera que con la publicidad cuestionada se trasladó a los consumidores un doble mensaje: que los precios de la anunciante eran más bajos que los de la competidora, y que los de ésta, que acababa de abrir el establecimiento en la ciudad y se encontraba con la urgente necesidad de captar clientela, eran elevados no solo en relación con los la anunciante, sino también con lo que las circunstancias exigían, lo que constituye un juicio de valor apto para desprestigiar la actividad comercial de la competidora e innecesario para establecer una comparación útil y tolerable para el buen funcionamiento del sistema concurrencial. 2. Contratos mercantiles 2.1. La STS (RC 707/1999) analiza el caso de una explotación ganadera que vende una serie de cabezas de ganado lanar para explotación quesera a otra que no le abona el precio, lo que determina el ejercicio de la correspondiente acción de cumplimiento del contrato. Califica la Sala la compraventa de autos de naturaleza mercantil, ya que el ganado, si no fue adquirido para ser revendido, sí se integró en la actividad empresarial de venta de queso producido por el comprador, lo que determina la calificación del contrato como de compraventa mercantil, en línea con la doctrina jurisprudencial anterior que atribuyó tal naturaleza a la venta de áridos para utilizar en una 43
12 CRÓNICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO obra, la de parqué para colocar en una obra en construcción, la de piensos por un ganadero para alimentar el ganado y la de productos químicos para la construcción de carreteras. En cuanto a la prescripción de la acción ejercitada, declara la sentencia que, por razón de la remisión que hace el Código de Comercio en su art. 943 al Código Civil, la prescripción es la general para las acciones personales de 15 años que establece el art del Código Civil Desestima la Sala en la STS (RC 1307/1999) el recurso de casación interpuesto por los demandados contra la sentencia que, confirmando la de la instancia, rechazó su pretensión de ser indemnizados por la resolución del contrato que les ligaba con el demandado. El recurso se rechaza con carácter general, pues los recurrentes pretenden una interpretación del contrato distinta de la efectuada por el órgano «a quo». Así, mientras éste lo califica de contrato atípico de gestión de cobro, los recurrentes lo califican como mercantil de colaboración atípico y de adhesión al que le es aplicable a partir del 1 de enero de 1994 la Ley sobre Contrato de Agencia, olvidando que no se dan los requisitos legalmente exigidos para ello y que la actividad desarrollada por los actores respecto de los clientes de la demandada nada tiene que ver con la causa típica del contrato de agencia. Asimismo considera la Sala que no hay base suficiente para considerar que el contrato suscrito por las partes sea de los denominados de adhesión, ni para calificar de abusiva la estipulación contractual a efectos de una posible exclusión de su contenido En dos sentencias sucesivas, la STS (RC 1505/1999) y la STS (RC 1544/1999), la Sala examina la caracterización jurisprudencial del contrato de distribución o concesión mercantil frente al contrato de agencia. En ambos casos concluye la Sala que las notas diferenciadoras se encuentran en el elemento de la independencia respecto del principal, la reventa y, el verdaderamente cualificado que destaca la doctrina más reciente, de la promoción de la distribución de los productos del concedente entre el público, de manera que el concesionario sirve los intereses del empresario concedente y se integra en su red distributiva; en este ámbito el pacto de exclusiva aparece como un elemento natural pero no esencial La STS (RC 1556/1999) versa sobre un contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre el demandante recurrente y el demandado recurrido, al que, por un error administrativo en 44
13 SALA PRIMERA la facturación, se le cobró menos de lo que correspondía, según la tarifa establecida. La Sala, después de precisar que el demandado carece de la condición de consumidor según lo dispuesto en la Ley 26/1984, de 19 de julio, afirma que el error en el cobro padecido se debió únicamente al recurrente, confirmando así la sentencia de la Audiencia que absolvía al demandado de pagar a la empresa suministradora la diferencia entre lo debido y lo cobrado. Tras analizar los requisitos de la acción de enriquecimiento sin causa ejercitada concluye que no puede prosperar, ya que en el caso de autos no falta la causa que justifica el enriquecimiento, encontrándose la misma en el contrato de suministro que les vinculaba. La suministradora se empobreció, pero no por la atribución efectuada, sino porque, en la ejecución del contrato, al errar sobre el importe de su crédito, no reclamó íntegramente a aquel todo lo que le adeudaba. La reglamentación contractual (pacta sunt servanda) le facultaba, empero, para reclamar lo cobrado de menos ejercitando una acción de cumplimiento En la STS (RC 1674/1999) se abordan dos cuestiones de singular relevancia. Por un lado, atiende al criterio de aplicar a los contratos de agencia anteriores a la Ley de Contrato de Agencia, pero resueltos después, y sometidos en cuanto a los efectos de la resolución a dicha Ley, las previsiones ésta en cuanto al plazo de preaviso en función del tiempo de duración del contrato y no considerando la duración desde la vigencia de la Ley; por otra parte fija, para determinar la indemnización por daños y perjuicios por lucro secante, como criterio el de atener a la ganancia neta, es decir, al importe de las comisiones menos los gastos efectuados Examina la STS (RC 4809/2000) un contrato de leasing de retorno, respecto del cual se destaca la triple perspectiva desde la que ha sido jurisprudencialmente considerado: desde su posible carácter de negocio de fiducia con efectos de transmisión de dominio a los efectos de garantía sin aptitud para legitimar el ejercicio de acciones declarativas o de tercerías de dominio; la del posible incumplimiento de la Ley de Represión de la usura como consecuencia de la desproporción entre los intereses y la garantía pactada, por una parte, y el volumen económico del préstamo, por otra; y la del posible incumplimiento de la prohibición del pacto comisorio. Destaca la Sala que la jurisprudencia, por lo general, ha entendido que el lease-back, aun faltándole el requisito de la intervención 45
14 CRÓNICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO de un tercero como propietario del bien suministrado, mantiene las características y la finalidad económico-social propia del contrato de leasing, y, por tanto, su autonomía contractual frente al préstamo puro, para lo cual es preciso tener en cuenta determinados elementos cuya concurrencia o no determinan que pueda sostenerse la existencia de un contrato de arrendamiento financiero, o por el contrario, de un negocio de fiducia en el que la transmisión de la titularidad de la propiedad tiene lugar a los meros efectos de garantía de un préstamo, con las consiguientes consecuencias en relación con la falta de legitimación del arrendador para formular tercería de dominio, con la posible aplicación de la Ley de Represión de la Usura o con la vulneración de la prohibición del pacto comisorio De nuevo se enfrenta la Sala a la reclamación de la indemnización por clientela establecida en el art. 28 de la Ley de Contrato de Agencia, esta vez con ocasión de la resolución de un contrato de venta de vehículos, revisiones y accesorios, en la STS (RC 2239/1999). Comienza por declarar la aplicabilidad del art. 28 de la Ley de Contrato de Agencia a las actividades de revisiones, recambios, accesorios y asistencia en general de vehículos, pues si la venta de vehículos nuevos es una actividad comercial idónea para crear una clientela de la marca, lo mismo cabe decir de las actividades señaladas, toda vez que lo usual es que los propietarios de vehículos acudan a revisar y repararlos en los talleres y agencias oficiales. Recuerda la Sala seguidamente que la clientela supone una realidad económica que debe resarcirse por quien se aproveche de su aporte, y que se integra por lo aportado y dejado en la esfera de desenvolvimiento del concesionario o agente que va seguida de un disfrute por parte del empresario, con la consiguiente pérdida que su desaparición supone para el agente o distribuidor. Concluye el Tribunal destacando que, si bien la indemnización no procede automáticamente por el simple hecho de la extinción del contrato, pues precisa de la acreditación del incremento de los compradores o usuarios habituales, consiste, sin embargo, en una apreciación meramente potencial, es decir, la posibilidad de continuar disfrutando de la clientela con aprovechamiento económico, tratándose, por tanto, de un pronóstico razonable acerca de un comportamiento probable por parte de dicha clientela La STC (RC 2526/1999), sirve a la Sala para fijar el criterio que debe seguirse en las reclamaciones por las Cámaras Oficia- 46
15 SALA PRIMERA les de Comercio de las cuotas del denominado recurso cameral, criterio tributario del establecido en las Sentencias del Tribunal Constitucional 179/1994 y 22/1996, que limitan el alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad de las Bases Cuarta y Quinta de la Ley de 29 de junio de 1991 y del artículo primero del Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, con la precisión de que no puede afectar a las situaciones consolidadas no susceptibles de ser revisadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad, entre las que se encuentran tanto las que han sido definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada, como las que no hubiesen sido impugnadas en la fecha de publicación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad, habiéndose precisado aún más el alcance y extensión de la Sentencia del Tribunal Constitucional 179/1994 por la Sentencia 22/1996 en el sentido de que la retroacción de sus efectos se ciñe a los casos de previa impugnación de las liquidaciones de las cuotas camerales, sin extenderlas a los supuestos de oposición al cobro en vía civil de las ya devengadas La STS (RC 2517/1999) recoge el criterio establecido en la STS (RC 708/1999), aplicado asimismo en la STS (RC 2503/1999), que contempla supuestos de hecho idénticos, consistentes en la reclamación por el banco del importe del préstamo concedido para la compra de acciones del mismo banco, que después sufrió una crisis económica. Destaca la Sala que el criterio seguido uniformemente, con la única excepción que representa la STS de 17 de enero de 2005, pasa por rechazar la concurrencia del error y del dolo opuestos por el demandado, siendo difícilmente admisible su presencia en una operación de riesgo y fluctuante como es una inversión de la índole de la analizada. Rechaza la Sala la aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» y sus consecuencias, puesto que los contratos ya se habían cumplido tal y como las partes habían previsto y solo quedaba vigente la obligación del prestatario de devolver el crédito obtenido para la compra de las acciones. En términos similares, la STS rechaza la nulidad de pleno derecho del negocio jurídico fundada en el art. 6.3 del Código Civil, porque las acciones fueron compradas por los demandados, no por el banco, habiéndose movido la jurisprudencia en esta materia por criterios de prudencia y flexibilidad, ante la evidencia de que en bastantes de los litigios se daba el contrasentido de que los demandados pretendieran liberarse de su deuda pero subsistiendo la titularidad de las acciones a su favor, que no quedaba desvirtuada por el hecho de que no tuvieran los títulos en su poder. 47
16 CRÓNICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Particular relevancia presenta la STS (RC 3012/1999), en la que se examinan las consecuencias de la cesión del remate a un tercero de una finca respecto de la que se había concertado un contrato de seguro de daños, consistiendo el interés asegurado en la titularidad de un crédito garantizado hipotecariamente con el bien objeto del seguro, todo ello a efectos de determinar el deber de indemnizar por el asegurador. Recuerda la Sala que la jurisprudencia ha admitido que el interés asegurado en el seguro de daños derive no solo de la propiedad del bien asegurado, sino también de cualquier relación económica que se refiera al mismo, como la titularidad de un crédito hipotecario garantizado mediante el expresado bien, pues en este caso el interés asegurado se cifra en el mantenimiento de la integridad de la garantía hipotecaria para hacer efectivo el crédito en caso de impago. Continúa destacando la Sentencia que la doctrina y la jurisprudencia entienden unánimemente que la desaparición del interés asegurado durante la vigencia del contrato de seguro determina a su vez la extinción de éste, de tal manera que queda excluida la posibilidad del daño y, consiguientemente, el deber de indemnizar por el asegurador. Y aplicando ese principio al caso de autos, concluye que la cesión del remate a un tercero en la ejecución de la finca hipotecada o objeto del seguro determina la desaparición del interés asegurado, pues la transmisión de la cosa a que alude el art. 34 de la Ley de Contrato de Seguro equivale a la transmisión del interés asegurado y no puede identificarse con cualquier enajenación o transmisión del bien, sino solo con aquella que tiene lugar en las condiciones adecuadas a la naturaleza del contrato de seguro para que pueda entenderse transmitido dicho interés, derivado de la posición económica del asegurado respecto del bien objeto de la transmisión. Y tal cosa no sucede cuando, derivando el interés asegurado en la titularidad del crédito hipotecario, el remate y la adjudicación de la finca a un tercero comporta la extinción de la garantía a la que debe entenderse anudada la existencia del interés asegurado, pues éste difiere sustancialmente en cuanto a su naturaleza y alcance respecto del interés del adquirente a título de propiedad. 3. Contratos 3.1. Versa la STS (RC 1093/1999) sobre una compraventa respecto de la que se estima la acción de saneamiento por vicios 48
17 SALA PRIMERA ocultos ejercitada por la actora compradora, al haberse procedido a la construcción de toda la estructura de una finca urbana con «cemento aluminoso», circunstancia ésta conocida por los vendedores e irreconocible para el comprador. La Sala considera que dicha circunstancia constituye un vicio oculto y grave, aunque las patologías de que adoleciera el edificio se encuentren subsanadas por la Comunidad de Propietarios y la vivienda litigiosa esté en condiciones de habitabilidad. Determina, en consecuencia, la responsabilidad del vendedor al concurrir en el caso los presupuestos para el éxito de la acción ejercitada, siendo además de aplicación lo dispuesto en el art del Código Civil, que contiene una agravación de la responsabilidad del vendedor fundada en la mala fe que tiene lugar cuando el comprador opta por la rescisión del contrato y requiere que el vendedor conozca los vicios o defectos de la cosa vendida, lo que obra probado en autos La STS (RC 1551/1999) examina las notas diferenciadoras entre precario y comodato y declara, en relación con aquellas situaciones provocadas por la atribución del uso de la vivienda familiar disfrutada en precario, en litigios de separación o divorcio, que el argumento de protección a la familia no es invocable frente al tercero propietario que pretende recuperar la posesión, aclarando que la Sentencia que homologa el convenio de separación o divorcio no altera la titularidad con la que los cónyuges ocupaban la vivienda, por lo que el propietario puede recuperarla. Concluye esta Sentencia que para solucionar aquellas reclamaciones efectuadas por los propietarios, progenitores de uno de los cónyuges, acerca de la reivindicación de los inmuebles que les hubiesen cedido, habrá que examinar, en primer lugar, si existió un contrato entre ellos y aplicar los efectos propios de este contrato, pero en el caso de que no hubiera existido, la situación de los cesionarios del uso del inmueble es la de un precarista El supuesto de hecho que contempla la STS (RC 2147/1999) presenta la singularidad de que versa sobre un arrendamiento urbano sobre un edificio único conformado por vivienda e industria, pretendiéndose el ejercicio del retracto arrendaticio sobre la vivienda y el local de negocio. La Sala pone de relieve la existencia de una unidad de arrendamiento, si bien recae sobre la vivienda y sobre una industria o negocio, excluído éste de la Ley de Arrendamientos de 1964; de una unidad de transmisión, la de la finca; y de una unidad de acción, la de retracto, y concluye que no se puede dividir éste, dando lugar al mismo sobre la vivienda y rechazándolo respecto del negocio, 49
18 CRÓNICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO excluido de la regulación arrendaticia. Precisa el Tribunal que una unidad arrendaticia no puede dividirse y dar lugar a medio retracto; y que no se está ante el supuesto de un piso agrupado a otros que contempla el art de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino ante una unidad arrendaticia que no permite su desglose La relevancia de la STS (RC 1980/1999) se encuentra en la integración que en ella se hace del contenido actual del art del Código Civil con los principios del derecho internacional de los contratos. Afirma la sentencia que ya la jurisprudencia de la Sala había matizado el rigor de la aplicación del señalado precepto, respecto del cual se había exigido la presencia de una voluntad deliberadamente rebelde el deudor, bien presumiendo que esta voluntad se demostraba por el mismo hecho de la inefectividad del precio contraviniendo la obligación asumida, bien por una frustración del fin del contrato sin que sea preciso una tenaz y persistente resistencia obstativa al cumplimiento, bastando que se malogren las legítimas aspiraciones de la contraparte, bien exigiendo que la conducta del incumplidor sea grave. Y se añade que esta tendencia se ajusta a los modernos planteamientos sobre incumplimiento contenidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, de 11 de abril de 1980, cuyo art. 25 considera esencial el incumplimiento cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que le prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, pronunciándose en sentido parecido el art. 8:103, c) de los Principios de Derecho Europeo de Contratos, y que deben servir para integrar el art del Código Civil en el momento actual. 4. Costas procesales 4.1. En tres Sentencias, la STS (RC 2748/1998), la STS (RC 685/1999), y la STS (RC 4534/1999) la Sala decide fijar la doctrina jurisprudencial acerca de la inclusión del IVA en las tasaciones de costas, recogiendo el criterio establecido en anteriores resoluciones, y apartándose del seguido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la Sentencia de 6 de mayo de Precisa la Sala que el pago de dicho gravamen fiscal obedece a servicios prestados por el Abogado y Procurador, que resultan sujetos pasivos y tiene derecho a repercutirlo sobre el cliente, y al haber pronunciamiento expreso de 50
19 SALA PRIMERA costas a su favor, la obligación de soportar el IVA por honorarios corre de cuenta de la parte que resultó condenada. 5. Derecho de familia 5.1. La STS (Pleno) (RC 980/2002) examina una cuestión de creciente relevancia social: los efectos indemnizatorios de la ruptura unilateral de una unión de hecho no sujeta a pacto alguno entre los miembros de la pareja. La Sala comienza por precisar que las uniones de hecho, uniones estables de pareja o uniones de «more uxorio», y más en particular el fenómeno de su extinción por muerte de uno de sus miembros, por la voluntad concorde de ambos o por la decisión unilateral de uno solo de ellos, tiene que partir para su regulación y la mensura de sus consecuencias de dos principios esenciales, uno de rango constitucional, como es la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico art. 1-1 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para su realidad y efectividad art. 9-2 de la Constitución, y justifica que el Título relativo a los derechos y deberes fundamentales tenga como pórtico la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás art de la Constitución ; y otro de legalidad ordinaria, integrado, por las leyes autonómicas, a falta una regulación general estatal. La Sala recorre detenidamente las diversas posiciones sobre los efectos de la ruptura de la unión de hecho y la doctrina de la Sala sobre el tema, que aparece sintéticamente recogida en la Sentencia de 17 de junio de 2003, haciendo una exhaustiva exposición de las resoluciones dictadas en la materia, examina aquellas del Tribunal Constitucional relacionadas con el tema debatido y analiza el ámbito del derecho comparado, para sentar su doctrina a partir de dos supuestos imprescindibles, como son: la ausencia de una norma específica legal, y la ausencia de un pacto establecido por los miembros de una unión de hecho, con base en la autonomía de la voluntad negociadora establecida en el art del Código Civil. Para la Sala, en la línea mantenida por el Tribunal Constitucional en sus SSTC 184/1990 y la 222/92, la unión de hecho es una institución que no tiene nada que ver con el matrimonio, aunque las dos estén dentro del derecho de familia, por ello debe huirse de la aplicación por «analogía legis» de normas propias del matrimonio como son los 51
20 CRÓNICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO arts.. 97, 96 y 98 del Código Civil, ya que tal aplicación comporta inevitablemente una penalización de la libre ruptura de la pareja, y más especialmente una penalización al miembro de la unión que no desea su continuidad; y entiende la Sala que nada más paradójico que imponer una compensación económica por la ruptura a quien precisamente nunca quiso acogerse al régimen jurídico que prevé dicha compensación para el caso de ruptura del matrimonio por separación o divorcio. No obstante, no debe excluirse la aplicación del derecho resarcitorio en los casos en que pueda darse un desequilibrio no querido ni buscado, en los supuestos de una disolución de una unión de hecho; y, dentro del ámbito del derecho resarcitorio, y dada la ausencia de norma concreta que regule la cuestión actual, considera la necesidad de recurrir a la técnica de «la analogía iuris», partiendo de una serie o conjunto de normas y deduciendo de ellas un principio general del Derecho, todo lo cual lleva ineludiblemente a la aplicación del principio de protección a la dignidad de la persona y a la proscripción del enriquecimiento injusto, que siempre servirá como «cláusula de cierre» para resolver la cuestión. Precisa finalmente esta Sentencia que la compensación que se puede conceder en los supuestos de ruptura requiere que se produzca un desequilibrio, que se mide en relación con el otro cónyuge y que implica un empeoramiento en relación con la situación anterior y, tras inquirir la Sala hasta qué punto estos rasgos definitorios son proyectables sobre una convivencia «more uxorio» en la que, por hipótesis, ni un cónyuge ni el otro se obligaron o vincularon a una vida en común, concluye que habrá de estarse al supuesto, a la existencia de pactos, promesas o la creación y el sostenimiento de situaciones de facto de las que, por la vía de los «facta concludentia» se pueda deducir que hubo ese proyecto de vida en común y que se ha producido lo que se denomina la «pérdida de oportunidad», que sería, aquí, el factor de soporte que vendría de algún modo a sustituir al concepto de «empeoramiento» que ha de calificar el desequilibrio, como lo recogen Sentencias de la Sala, de 13 de diciembre de 1991 y 4 de junio de En la misma línea se sitúa la STS (RC 1173/1999). La relevancia de esta Sentencia radica en que recoge la doctrina contenida en la Sentencia del Pleno de la Sala de 12 de septiembre de 2005 sobre la naturaleza jurídica de las uniones de hecho en línea con las Sentencias del Tribunal Constitucional 184/1990 y 222/1992, que aun situadas en el derecho de familia son instituciones que nada tienen que ver con el 52

References: Resolución 
 Artículo 17
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución