Source: https://www.scribd.com/document/31320832/Articulo-Advocatus-Periodo-de-sospecha-final
Timestamp: 2017-02-22 02:14:36+00:00

Document:
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinAL FILO DE LA SOSPECHALA INEFICACIA DE ACTOS DEL DEUDOR EN CONCURSO Guillermo Puelles1 I. DEL DEUDOR Y OTROS DEMONIOS Si usted tiene una empresa y está en dificultades financieras o económicas, algún voluntarioso asesor, abogado o consejero podría recomendarle iniciar un procedimiento concursal ante el INDECOPI a fin de tener un respiro frente a las presiones individuales de los acreedores y establecer un marco de negociación por mayorías, reduciendo así los costos de transacción que implicaría negociar con cada acreedor. Sin embargo, usted se preguntará cuál será el costo de ingresar a un concurso desde el punto de vista de su imagen y reputación comercial. Más importante aún: usted quiere que, en la medida de lo posible, su negocio siga funcionando y generando ingresos de manera que pueda lograr una reestructuración exitosa. Entonces usted hará la pregunta de rigor: ¿una vez iniciado el concurso, podré seguir desarrollando el giro del negocio en forma regular y sin sobresaltos? Su asesor, entusiasta explorador de la legislación concursal, le dirá que por supuesto, que la idea es que los deudores que inicien un procedimiento concursal pueden continuar desarrollando su actividad sin duda alguna. Entonces, usted preguntará si puede, en consecuencia, seguir comprando insumos, vendiendo productos terminados, obteniendo líneas de crédito para capital de trabajo, pagando planillas, liberando warrants, otorgando garantías y, en general, todas aquellas actividades que forman parte del devenir empresarial. Y, en ese momento, su asesor dudará. Y cuando usted pregunte qué pasará con esas medidas de emergencia financiera que vino tomando en los últimos meses, su asesor dudará aún más. Cuando, a fin de cuentas, usted pregunte qué puede y qué no puede hacer en el marco de un concurso, su asesor probablemente ya estará en camino hacia el parque más
Profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y Profesor de Derecho Concursal en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Master en Derecho, Universidad de Virginia. Abogado socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, Abogados. El autor agradece especialmente los valiosos comentarios de los doctores Hugo Silva y Ramón Vidurrizaga, que han contribuido significativamente al desarrollo de los temas materia de este artículo.
cercano, donde elegirá un árbol conveniente y se colgará de él para acabar con tanta duda. Y es que cuando se trata de los eventos que ocurren poco antes del inicio de un concurso (el “umbral de la insolvencia”) y de los que ocurren después de la fecha de solicitud de inicio del concurso, nuestra legislación concursal tiene un tratamiento riguroso, por un lado, y bastante confuso, por otro. Efectivamente, el artículo 19 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, se refiere a lo que la doctrina denomina “régimen de ineficacia concursal”, cuya finalidad es preservar el patrimonio del deudor permitiendo que ciertos actos de desmedro patrimonial realizados antes o durante el proceso concursal, sean declarados ineficaces y, por ende, inoponibles a los acreedores. La ineficacia así declarada tendrá por mérito salvaguardar la proporcionalidad y universalidad características de los concursos. Este régimen, pensado para proteger la masa concursal del deudor y los créditos de los acreedores, puede sin embargo convertirse en una verdadera pesadilla que, a la larga, termina perjudicando a aquellos que precisamente buscaba proteger. De hecho, este régimen ha causado no pocos problemas de interpretación y aplicación del ordenamiento concursal, al punto que fue parte de una radical propuesta de modificación (en adelante el Proyecto de Ley) que fuera originalmente publicada en la página web del INDECOPI y que vio la luz, aunque recortada precisamente en sus propuestas más radicales, como el recientemente publicado Decreto Legislativo No. 1050 (en adelante la Ley Modificatoria), que mejora la situación actual en cierta medida pero que resulta a la postre insuficiente. En el presente artículo buscaremos aproximarnos a la institución de la ineficacia concursal, analizando su tratamiento en la actual LGSC y sus problemas de interpretación y aplicación y, finalmente, comentaremos la propuesta de modificación del Proyecto de Ley, que fue finalmente recogida en la Ley Modificatoria. En todo caso, sirva este artículo como una herramienta de trabajo para un debate útil sobre la necesidad de regular la ineficacia concursal de manera eficiente y coherente con los fines y necesidades de los procedimientos concursales. II. VIAJE AL CENTRO DEL PROBLEMA
Es sabido que en los últimos años el sistema concursal peruano ha ido perdiendo relevancia para los agentes económicos a los que, en principio, iba dirigido este ordenamiento. El declive en la utilización de los procedimientos concursales se aprecia tanto en el caso de los acreedores como en el de los deudores. Basta revisar las estadísticas relativas a las solicitudes de inicio de procesos concursales para obtener datos objetivos: de un promedio superior a 1,600 casos en los años 2000 y 2001 a tan sólo 376 casos en 2007 y, a marzo de 2008, sólo 109 procesos2. Lo que no indican las estadísticas es que, en el caso de las cifras de los dos últimos años, una mayoría significativa de los procesos concursales computados se iniciaron como consecuencia de la aplicación del artículo 703 del Código Procesal Civil; es decir, se trata de procedimientos de disolución y liquidación directa de deudores que, vencidos por su acreedor en un procedimiento judicial, no han pagado las obligaciones impuestas en su contra ni señalado bienes libres de gravamen para ejecución judicial. En estos casos, es frecuente que el deudor sencillamente no tenga patrimonio alguno para responder por sus obligaciones, siendo la consecuencia natural su salida definitiva del mercado a través de la declaración judicial de quiebra. Por supuesto, la existencia de estos procedimientos cumple una función relevante desde el punto de vista de la “limpieza” del mercado de aquellos agentes económicos fallidos, que ya no son sino “fantasmas” formales que en muchos casos han cesado definitivamente su actividad empresarial. No obstante, en términos prácticos, estos casos son los de menor relevancia en cuanto se refiere a la utilización de la legislación concursal como un medio de protección del crédito o como una efectiva mesa de negociación que permita la reestructuración de deudores económicamente viables3. Más aún, estos procedimientos ni siquiera son redituables para la autoridad concursal dado que, siendo por lo común inexistente el patrimonio del deudor concursado, son escasos los incentivos para que otros acreedores se apersonen al concurso, incurriendo en los costos que implican el reconocimiento de sus créditos y la participación en juntas de acreedores. ¿Por qué este pronunciado declive del sistema concursal? Si uno pregunta a quienes defienden la actual legislación concursal, en más de
Fuente: Estadísticas publicadas por el INDECOPI a través de su página web. Para revisarlas, visitar http://www.indecopi.gob.pe/destacado-competencia-comisiones-cco-estad.jsp. Recuérdese que uno de los objetivos esenciales del ordenamiento concursal peruano es la tutela del crédito, tal como expresamente recoge el artículo I del Título Preliminar de la Ley 27809 – Ley General del Sistema Concursal, según su texto modificado por la Ley Modificatoria.
En otras palabras. atraviesen por naturales situaciones de crisis financiera o económica. a pesar de la mejora macroeconómica. Es además sintomático que las entidades financieras. pero inevitablemente generará situaciones de crisis en aquellos agentes económicos que no estén en condiciones de adaptarse rápidamente a mercados más competitivos o que. en parte. que se han convertido para acreedores y deudores en verdaderas alternativas fuera del sistema concursal. no lo hagan más. la liquidación se convierte en obligatoria 4
. Desde su entrada en vigencia en octubre de 2002. pues con la entonces nueva LGSC se han producido una serie de dramáticos cambios en la legislación concursal: los créditos post-concursales carecen de preferencia en liquidación. ¿Han desaparecido acaso los deudores con problemas económicos? Ciertamente no. creando en consecuencia un “incentivo legal” para votar a favor de la liquidación de los deudores. Esto beneficiará sin duda a consumidores y usuarios de bienes y servicios. La verdad es que la relativamente reciente Ley General del Sistema Concursal (en adelante. los procesos concursales iniciados se redujeron dramáticamente. parcial. respectivamente. reduciendo las posibilidades de obtener el mejor valor posible en liquidación. para nuestra buena fortuna colectiva. otrora principales iniciadores de procedimientos concursales. la mejoría económica de nuestro país en estos últimos años sumada a la existencia de un número importante de reestructuraciones en curso producto de los procedimientos iniciados de 1999 en adelante. no lo necesitan por ahora. el proceso de liquidación como “empresa en marcha” tiene un límite de seis meses. si es cierto que la actividad económica ha mejorado es razonable también que el dinamismo propio del mercado haga que nuevas empresas surjan y compitan más y mejor. LGSC) es.una ocasión escuchará que. los créditos tardíos no tienen voz ni voto en junta. La mejor prueba son las constantes operaciones de refinanciación privada que se han dado en el mercado local en los últimos años así como las operaciones de compra de empresas en dificultades financieras. Y este decrecimiento no es casualidad. las garantías de terceros se levantan si el acreedor vota a favor de la reestructuración del deudor. Sin embargo. la causante del cada vez menor uso de la legislación concursal. Efectivamente. explican la reducción del número de procedimientos iniciados en años posteriores. en realidad. con lo cual el proceso es especialmente perjudicial para los acreedores. los agentes económicos ya no usan el sistema concursal porque. en el mejor de los casos. es necesario reconocer que esta respuesta es. eliminando cualquier incentivo a financiar empresas reestructuradas.
En buena medida.en el caso que las pérdidas acumuladas del deudor superen el 100% del capital social. advertimos repetidamente de estos problemas tanto a la administración como a los redactores de la norma. que hicieron de la legislación concursal algo poco o nada atractivo para los actores del mercado. Y lo anecdótico es que. lo que resulta en la muerte anunciada de casi cualquier deudor. sus reacciones pueden ser muy disímiles. sus conexiones y otros elementos no considerados en la simple evaluación de capital y pérdidas. las sucesivas modificaciones que sufrió la LGSC y la reciente Ley Modificatoria nos dan la razón en cuanto a estos aspectos negativos. en nuestra opinión. en más de una ocasión.
III. pero ningún caso se hizo y las consecuencias son hoy visibles. los cambios son insuficientes para la recuperación de un sistema concursal atractivo y funcional. Habrá los que se encuentren entre uno y otro extremo. habrá quienes triunfen y quienes fracasen en el camino.
¿POR QUÉ UN SISTEMA DE INEFICACIA CONCURSAL? Cuando las personas atraviesan situaciones de crisis. Antes de la dación de la LGSC. sus activos. Habrá quienes simplemente se den por vencidos ante los problemas y.
. considerando un país con empresas infra-capitalizadas cuyo valor económico real radica en su know-how. La reciente dación de la Ley Modificatoria ayudará a corregir algunas de estas distorsiones aunque. la forma de enfrentar el problema no será determinante del resultado: el derrotista salvado por un golpe de suerte. Al final. asumiendo la derrota. Habrá quienes. El anteproyecto original de la Ley Modificatoria planteó una reforma estructural de la regulación sobre la ineficacia concursal. enfrentarán los problemas con entereza y creatividad. se desplomen y esperen que alguna mano salvadora los rescate. manteniendo la esperanza y la confianza en las propias capacidades y esforzándose al máximo para superar los problemas. En la última parte de este artículo nos referiremos al Proyecto de Ley. con especial referencia a la profunda modificación del régimen de ineficacia concursal que proponía y las probables razones por las cuales este tema no fue acogido en la Ley Modificatoria. por el contrario. sin embargo. el optimista vencido pese a su perseverancia.
Sin embargo. las empresas en ocasiones toman decisiones extremas. En ese sentido. Discúlpese de antemano la falta de rigor en la distinción entre personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad empresarial. apuestan y arriesgan al límite para salir de la crisis. sostiene el autor argentino Horacio Augusto Grillo: “El deudor (…) no llega a su declaración de falencia en forma súbita. Esta es una de las razones por las que algunos ordenamientos no acuden al análisis de la “buena fe” como criterio para determinar la procedencia o no de una demanda de ineficacia concursal de ciertos actos del deudor. por el contrario. deciden diversificar sus actividades productivas. por lo general. la crisis de las personas que se dedican a la actividad empresarial presenta situaciones similares a las descritas líneas arriba: las respuestas de las empresas4 son variadas y diversas. con fe ilimitada. Desde los temerosos que caen en la inoperancia y la inactividad ante los problemas económicos o financieros hasta los entusiastas y optimistas que. Hay un proceso de deterioro de su economía más o menos lento que lo va arrojando hacia la declaración de quiebra a petición suya o por solicitud de sus acreedores. explicada únicamente por el propósito simplificador del texto. se utilizará simplemente el término “deudor” para designar a la “empresa” ya comprendida en un proceso concursal o cerca de estarlo. Las dificultades económicas y financieras lo llevan al estado de cesación de pagos (…)”. el cual en ocasiones no puede ser contrarestado y. nos referiremos a “empresa” en el sentido de “persona dedicada a la actividad empresarial”. ante situaciones de crisis económica y financiera. ingresando en mercados o desarrollando productos que probablemente los harán menos competitivos. causas naturales y similares. algunas equivocadas y otras premeditadamente dirigidas a “resguardarse” del temporal que se avecina. en muchos casos la crisis es consecuencia de un gradual y hasta previsible deterioro en las finanzas y la economía de la empresa. No debe perderse de vista que. Es en estos casos donde las
Para efectos de este artículo. intempestiva e inopinada. El caso es que. Aquejadas por la iliquidez. Claro está. deteriorando la situación a mediano y corto plazo. Más adelante. a fin de facilitar la explicación de ciertos conceptos e ideas. crack de una determinada industria. deciden transferir parte de su patrimonio para colocarlo fuera del alcance de sus acreedores. no obstante lo cual los resultados pueden ser tan catastróficos como aquellos derivados de actos de mala fe. Circunstancias a las que ninguna empresa es ajena y que tienen que ver con riesgos políticos. existen circunstancias que precipitan la insolvencia de un deudor en mayor o menor medida: desastres naturales.De alguna manera. se ve incluso agravado por los gestores del negocio5. En muchos casos la actuación de las empresas en dificultades puede ser de una buena fe absoluta. guerras. siguen endeudándose más para enfrentar gastos inmediatos. impulsadas por la urgencia. etc. atemorizadas por una posible insolvencia. las situaciones de crisis no surgen de improviso. Horacio Grillo. Período de sospecha en la ley de
en ese caso. los deudores a menudo tienden a preferir a ciertos acreedores antes que a otros. Instituciones de Derecho Concursal. p. Cualesquiera que fuesen tales razones. el cual establece: “los acreedores participan proporcionalmente en el resultado económico de los procedimientos concursales. Transferencias de activos por valor inferior al de mercado. por lo común. En nuestro ordenamiento. The elements of Bankruptcy. en más de una oportunidad. La excepción mencionada en el artículo VI parece evidentemente referida a los órdenes de preferencia recogidos
concursos. 3. los restantes acreedores que no reciben trato preferencial alguno. creencia de que ello les permitirá recuperarse financieramente. En virtud de este principio. 1997. este principio está recogido expresamente en el artículo VI del Título Preliminar de la LGSC. refinanciaciones en condiciones desventajosas: los actos realizados “al borde del abismo” frecuentemente terminan empobreciendo más al deudor. salvo los órdenes de preferencia establecidos expresamente en la presente Ley”. cit. amistad. 110. Buenos Aires.medidas de “urgencia” hacen aparición y. etc. p. En circunstancias de crisis. la proporcionalidad no es “absoluta”. T. 1992. Rubinzal Culzoni. ante la imposibilidad del deudor de satisfacer con su patrimonio los créditos existentes. terminan contribuyendo al desastre. II. p. En ese sentido: Horacio Grillo. sino que reconoce excepcionalmente ciertas preferencias a favor de determinados acreedores respecto de otros. adquisiciones onerosas pero inútiles. Los directos perjudicados serán. En este punto. Astrea. 4. p. por las más diversas razones: vinculación. Baird. En el mismo sentido. en directo perjuicio de sus acreedores6. op. Buenos Aires. 155. temor. Pero estas medidas de urgencia no son el único fenómeno que aparece cuando el deudor está en dificultades. será mejor que el que recibirían si éste ingresara en un proceso concursal. endeudamiento excesivamente costoso. New Cork. el resultado es que ciertos acreedores se verán beneficiados con un trato preferente del deudor que. 1988. Foundation Press.
. Julio César Rivera. Como se aprecia. cabe recordar que uno de los principios rectores de los procedimientos concursales es el denominado “par conditio creditorum” también conocido como principio de igualdad o de proporcionalidad. de tal forma que no exista una ilegítima discriminación ni en beneficio ni en detrimento de algún acreedor concursal. También: Douglas G. todos los acreedores del concurso deben recibir las mismas condiciones y soportar en igual medida del resultado de la crisis del deudor concursado.
es ilustrativo lo señalado por los autores David Epstein. el artículo 66. tengan vocaciones similares. Basta con revisar la preferencia de pago a los acreedores laborales durante la reestructuración.4 contiene una “doble excepción” al principio de igualdad: establece un derecho a recibir cuando menos el 30% de los montos destinados anualmente al pago de acreencias en un plan de reestructuración (afectando la igualdad respecto de acreedores no laborales) y establece el pago de créditos laborales “por cabeza” y no a prorrata de sus créditos. Bankruptcy. et. 1993. El propósito primario es tratar igual a los acreedores dentro de cada clase.en el artículo 42 de la LGSC. Lo que sí es evidente es que. Salvando las diferencias conceptuales entre los procedimientos concursales en el “common law” y los ordenamientos concursales del “civil law”. por la vía de otorgar a cada miembro de la clase una participación a pro rata en la masa disponible a ser distribuida en dicha clase” (Traducción libre del autor). que establece prioridades para el pago de las acreencias en el marco de una liquidación. Más aún. En cuanto a la idea de que el principio de proporcionalidad se distorsiona con cada
. En realidad.1 de la LGSC) es una muestra adicional de que el principio de igualdad no es absoluto sino relativo: la proporcionalidad no “iguala” a los acreedores. El propósito primario es La ley concursal tiene como objetivo distribuir la masa activa a favor de los acreedores del deudor e un orden que corresponde a una jerarquía pre-establecida de clases de acreedores. al. La proporcionalidad no obliga a “igualar” ambas “categorías” de acreedores. pero sí impediría. hay también otras excepciones al principio de igualdad. en una línea más próxima a la visión anglosajona del principio de igualdad. 278. como el caso del principio de proporcionalidad.
Resulta así que.4 de la LGSC. la ciertamente saludable libertad de establecer regímenes de pago diferenciado entre agrupaciones de acreedores en los planes de reestructuración (artículo 69. Así. con lo que el principio de proporcionalidad no parece ser tan poderoso como parecería. es destacable que muchas instituciones. contenida en el artículo 66. Al respecto. Steve Nickles y James White: “La ley concursal tiene como objetivo distribuir la masa activa a favor de los acreedores del deudor e un orden que corresponde a una jerarquía pre-establecida de clases de acreedores. como sería el caso de establecer un privilegio de pago a ciertos acreedores sin garantías frente a un tratamiento menos favorable a otros acreedores no garantizados.. los planes de reestructuración pueden prever un régimen de pago más favorable para acreedores que cuentan con garantías que aquél aplicable a los acreedores quirografarios. más bien previene que acreedores en similares condiciones sean tratados desigualmente. a más excepciones al principio de proporcionalidad. el principio de proporcionalidad de la LGSC es de carácter relativo y no absoluto. West Group. por ejemplo. p. pese al texto del artículo VI. por ejemplo. un trato discriminatorio no justificado entre acreedores que están en una misma situación. más lírica su realidad como principio rector de los procesos concursales7. como debería ser en principio (afectando entonces la igualdad de unos acreedores laborales respecto de otros). algunas más sutiles y otras más evidentes. David Epstein. No obstante.
El tema ha merecido atención. como la norteamericana. ver por todos: David Epstein. aún a costa de afectar gravemente el patrimonio empresarial. pp. et. Ad-Hoc. en otros casos se trata de actos intencionalmente dirigidos a “proteger” el patrimonio del deudor de las ávidas manos de los acreedores (sin preferir a ninguno). Para un desarrollo muy completo y claro del tratamiento de las “preferences” y “fraudulent conveyances” en el Bankruptcy Code de los Estados Unidos de América. Fundamentos de Derecho Concursal. se distingan como instituciones diferentes. Ver al respecto: Mario Alberto Bonfanti y José Alberto Garrone. donde las primeras comprenden aquellos actos de disposición patrimonial destinados a pagar preferentemente a unos acreedores frente a otros que no reciben ese beneficio (afectando así la proporcionalidad).Por no ser objeto de este trabajo. op.
. sin embargo. Y decimos a propósito que el principio de proporcionalidad resulta dañado “muchas veces” y no “siempre”. la experiencia argentina ha reconocido tal hecho como una realidad derivada de su legislación concursal de los últimos años. Concursos y Quiebras. mientras que las segundas se refieren a los actos de disposición en perjuicio de todos los acreedores. el régimen de ineficacia concursal en nuestra legislación no sólo es aplicable a actos de disposición en sentido estricto. es precisamente el principio de proporcionalidad del cual hemos venido tratando. sin que se beneficie con ellos a un acreedor en particular9. cit. 1998. De hecho.. al. Vid. prácticamente todas las legislaciones en materia concursal recogen. Horacio Pablo Garaguso. porque si bien en ocasiones los actos de disposición del patrimonio del deudor van dirigidos a pagar preferentemente a algunos acreedores. 2001.
excepción que se recoge legislativamente. p. 138-139. pp. Abeledo Perrot. Esta distinción debería ser evaluada por el legislador peruano. porque uno de los principios concursales que resulta muchas veces vulnerado con los actos de disposición del patrimonio del deudor8 en el “umbral del concurso”. intencional o no. con reglas y procedimientos diferentes. dejaremos por ahora el debate sobre el principio de proporcionalidad y sus bondades a la luz de nuestra legislación concursal. regulaciones expresas sobre los actos de disposición patrimonial de los deudores realizados en el “umbral de la insolvencia” y en perjuicio. de la masa de acreedores concursales. Buenos Aires. a las “preferencias” y a las “transferencias fraudulentas”. sino a cualquier acto jurídico del deudor. o simplemente deshacerse de activos para obtener liquidez inmediata. 46. infra. Buenos Aires. Como veremos. Utilizamos la referencia a actos de disposición simplemente para facilitar el discurso. Esto explica por qué en legislaciones concursales con mayor experiencia y desarrollo. pues consideramos que puede ofrecer mejores respuestas y resultados que las reglas genéricas contenidas en el artículo 19 de la LGSC. nota al pie 12. 278 – 390. con más o menos variantes.
que ampara solamente al acreedor que interpone la demanda de ineficacia. en su concepción. que es precisamente la situación de concurso del deudor10. no necesariamente media mala fe de las partes.
¿INEFICACIA O NULIDAD? ALGUNAS PRECISIONES Fenómeno interesante es el de las consecuencias jurídicas que las diferentes legislaciones han establecido para estos actos del deudor. un sector importante de la doctrina especializada ha cuestionado la nulidad como la sanción adecuada para estos actos de disposición patrimonial.IV. T II. por ejemplo. es simple constatar que tanto en los actos de disposición patrimonial realizados por el deudor en razón de la urgencia o ante la inminencia de la crisis. En cierto modo. los actos de disposición patrimonial del deudor realizados cerca del inicio del concurso del deudor serán declarados ineficaces con respecto a la totalidad de acreedores concursales. el tratamiento de nuestra propia legislación concursal. cuando menos. como en ciertas conductas preferenciales a favor de algunos acreedores. sino de un problema de ineficacia funcional por causa sobreviviente al negocio. Esto marca una clara diferencia con la acción pauliana. como prefieren algunos autores) es el que ha sido adoptado por nuestra vigente LGSC en su artículo 19. a través de la ya conocida y estudiada “acción pauliana” del derecho civil. Es por ello que la sanción aplicable a estos actos de disposición es la ineficacia. en el artículo 19 de la ya derogada Ley de Reestructuración Patrimonial (Decreto Legislativo No. Efectivamente. tal como está establecido en diversas legislaciones concursales. Este modelo de ineficacia concursal (o ineficacia “falencial”.
. No obstante. tales negocios presenten un vicio estructural de ilicitud de la causa. Tal fue. 845). Una reflexión más pausada en cuanto a la naturaleza y avatares de estos actos de disposición patrimonial lleva a la conclusión de que no se trata de un problema de ineficacia estructural que deba resultar en la nulidad del negocio jurídico. Así. pero no a los restantes acreedores del deudor. pp. habida cuenta del aparente fin ilícito del acto cuestionado o. op cit. Como quiera que. el acto de disposición del deudor no será oponible a sus acreedores concursales. debido a la ineficacia. el patrimonio
En similar sentido: Julio César Rivera. 116-117. esta aproximación al problema es similar a la que corresponde en el campo de la ineficacia de negocios en fraude de acreedores. Es asimismo poco probable que. de la “presumible” mala fe de las partes. Algunas han considerado la nulidad del acto de disposición como la sanción aplicable.
inoponibles frente a los acreedores del concurso. Esta reintegración patrimonial se verificará ya sea mediante el regreso de los bienes indebidamente enajenados o mediante el levantamiento de los gravámenes o cargas declarados ineficaces. los gravámenes.1). por la junta de acreedores. De ahí que se considere a la acción de ineficacia concursal como un medio de recomposición ex post del patrimonio en concurso. diseñado para permitir la satisfacción de las obligaciones adeudadas a los acreedores del fallido. derivada del negocio ineficaz. En esta sección trataremos acerca del “período de sospecha” regulado en el artículo 19. de un período anterior al inicio del concurso del deudor en el cual los actos de disposición patrimonial son “sospechosos” y pueden ser cuestionados y revisados. Al final. y el período de ineficacia propiamente dicho (artículo 19.concursal será “reintegrado” de tal forma que quede en la misma situación que existía antes del negocio de disposición. en consecuencia. que no se refieran al desarrollo normal de la actividad del
. sean a título gratuito u oneroso.1 de la LGSC11. de tener una regulación adecuada y solvente respecto de la ineficacia concursal. del administrador del deudor o del liquidador. es posible que la contraparte resulte siendo un acreedor más en el concurso del deudor y de allí la trascendencia. contratos y demás actos jurídicos. De acuerdo con este artículo. frente a principios tales como la tan manida “seguridad jurídica”. según se decida la reestructuración o la liquidación. De otro lado. en este caso basta la realización del acto prohibido para que éste sea susceptible de ser declarado ineficaz. transferencias.1
AL FILO DE LA SOSPECHA: EL ARTÍCULO 19. como veremos.3) que transcurre entre el inicio del procedimiento concursal y el nombramiento.1 El juez declarará ineficaces y. V. los actos
“Artículo 19. no obstante su inoponibilidad a los acreedores. en muchos casos la declaración de ineficacia resultará en que la contraparte del deudor tenga una acreencia contra este último.
V.1 DE LA LGSC Ineficacia y período de sospecha: notas generales El régimen de ineficacia del artículo 19 de la LGSC puede dividirse en dos grandes rubros: la regulación del denominado “período de sospecha” (artículo 19. la consecuencia de la ineficacia funcional del negocio dispositivo es que el negocio subsiste y vincula válidamente a las partes que lo celebraron. es decir. Este segundo período no es realmente un período de “sospecha” puesto que. De esta manera.
el legislador tiene claro que realizar un pago dinerario es también disponer de activos (liquidez. incluso actos que no son en estricto de disposición de bienes sino de mera administración se encontrarían dentro del conjunto de actos impugnables y. contratos y demás actos jurídicos. en este punto. como veremos. para la LGSC son impugnables los gravámenes. deben verificarse todos para que el acto sea susceptible de ser declarado ineficaz. claro está. un negocio en marcha en el cual constantemente adquiere bienes. Estos requisitos son concurrentes. no sólo como acto de enajenación o transferencia. sea cual fuere su naturaleza y siempre que se cumplan. Contra la tradicional idea de que son impugnables. Sobre este tema volveremos más adelante. caja) del deudor13. y (iv) que el acto perjudique el patrimonio del deudor.2 Actos impugnables y ámbito temporal El primero de los requisitos. pues su texto alude a los “demás actos jurídicos” del deudor. tiene un ámbito de aplicación tan amplio que en realidad deja de ser un requisito y abarca prácticamente cualquier acto del deudor. Y por esta vía podríamos acercar nuestro sistema de ineficacia concursal al tratamiento de las “preferences” del Bankruptcy Code. a saber: (i) que el acto califique como un “acto impugnable”. habrá que andar con mucho cuidado. la LGSC hace una referencia omnicomprensiva. incluso los pagos de facturas por servicios. por ejemplo. paga y
deudor. en esencia. En esa línea.” En este artículo utilizaremos la expresión “acto de disposición patrimonial” en el sentido más amplio posible. Más aún. carga u otros. los actos de enajenación y gravamen de bienes del deudor. los transfiere. con lo que todo acto de este último es susceptible de ser declarado ineficaz. pues así como son evidentes las bondades de mantener incólume el patrimonio del deudor. (ii) que el acto de disposición se haya realizado dentro del año anterior a la solicitud o notificación del inicio del concurso. que perjudiquen su patrimonio y que hayan sido realizados o celebrados por éste dentro del año anterior a la fecha en que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos concursales. compras de insumos. podrían ser revisados bajo la norma comentada. En efecto. sea a título gratuito u oneroso.. reparaciones de equipos. los demás requisitos previstos en el artículo 19. V. transferencias. fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue notificado del inicio de la disolución y liquidación.1.
. es decir. que contiene cuatro requisitos. realizados por el deudor. en la línea más irrestricta de definición que maneja la LGSC. etc. En el fondo.de disposición patrimonial del deudor12 celebrados en el “umbral de la insolvencia” pueden ser declarados ineficaces si se verifica el supuesto de hecho complejo de la norma. es también evidente y necesario entender que el deudor desarrolla una empresa. (iii) que el acto no corresponda al desarrollo normal de la actividad del deudor. sino también como actos de gravamen.
New Cork.” (traducción libre del autor) William D. buscaran ocultar sus bienes. este es un error importante dada la necesidad de tutelar la seguridad jurídica en el tráfico de bienes. Bussel.contrata. El segundo requisito no presenta mayor problema. sean impugnables y anuladas solamente porque un resultado incidental es que el acreedor que recibe el pago resulta preferido sobre otros acreedores que no tuvieron la fortuna de recibir pagos antes del concurso. intentaremos desarrollar el concepto de “desarrollo normal de la actividad” desde una óptica funcional. cuyo artículo 20 establecía un plazo de prescripción de dos años para la acción de nulidad concursal del artículo 19. El legislador. La ineficacia concursal es y debe ser tratada como un supuesto anómalo y de excepción14. volveremos más adelante. con lo que sería de aplicación el plazo general de diez años para las acciones de naturaleza personal. pues no se refiere a un término que tenga una definición legal en nuestro ordenamiento. Si una doctrina diseñada para obtener igualdad para todos los acreedores interfiere con prácticas comerciales normales y significativamente añade costos a transacciones comerciales ordinarias. abarca todo y cualquier acto jurídico). University Casebook Series. 2002. que conjugue la aproximación de la doctrina especializada en el tema con los fines y principios establecidos en nuestra LGSC. 339. entonces el costo de dicha igualdad puede ser demasiado alto.
. p. como hemos visto. La Ley Modificatoria dejó pasar una oportunidad importante de establecer un plazo de prescripción más adecuado para las acciones de ineficacia concursal. este primer requisito en realidad no lo es ya que si cualquier acto jurídico es susceptible de ser cuestionado entonces este “requisito” se cumple siempre. Por ello. Warren y Daniel J. Bankruptcy. El período de sospecha se extiende ahora a un plazo de un año.3 Desarrollo normal de la actividad El tercer requisito presenta mayores complicaciones. no sin razón. la noción de “desarrollo normal de la actividad” debe ser también entendida en el sentido menos restringido y más
Sobre los pagos de obligaciones por el deudor como supuestos impugnables. Así las cosas. V. A diferencia de la ya derogada Ley de Reestructuración Patrimonial. Bussel que “No es tan claro que transacciones realizadas por un deudor insolvente relativas a realizar pagos a medida que van venciendo sus obligaciones. ha considerado que el período de seis meses era demasiado corto y que podía incentivar la “preparación del terreno” por parte de deudores que. pues nuestra anterior ley concursal lo estableció en seis meses. con mala fe. de acuerdo al inciso 1) del artículo 2001 del Código Civil. podemos decir con William D. Warren y Daniel J. Sobre la relevancia de un cuidadoso análisis de lo que puede ser impugnable y su interacción con el concepto de “desarrollo normal de la actividad” del deudor. nuestra vigente LGSC no establece un plazo de prescripción específico. El problema radica más bien en el límite temporal para demandar la ineficacia. A nuestro juicio. Nótese aquí que debido a la amplitud de los actos impugnables del deudor (que.
que se ajusta a normas fijadas de antemano (tercera acepción). que sirve de norma o regla (segunda acepción). pues la definición de “anómalo” en el mejor de los casos equivaldría a “infrecuente” y.
. Lo primero que debe resaltarse es la poco feliz redacción de la norma en cuanto a este requisito. sin que se llegue a lo que habría querido decir el legislador. Por ello.comprehensivo posible. Efectivamente. siendo infrecuente. a pesar de lo que hemos anotado en los párrafos precedentes. Por esta razón y. Ello implica que una vez al año habrá una disposición de activo fijo que. Poco o nada se ha escrito sobre este tema en la doctrina nacional. la referencia a la normalidad parecería oponerse a la realización de actos “anómalos” por el deudor. es el que ha merecido amplio debate y desarrollo por la doctrina especializada en materia concursal. en el caso de una empresa que requiere reponer anualmente parte de su activo fijo por motivos tecnológicos que son usuales en la industria. los cuales serían sancionables. Si ello fuera así. la referencia a la “normalidad” es bastante equívoca. a fin de avalar la lógica de una empresa en marcha y la idea de la ineficacia concursal como mecanismo de excepción y no como regla general para calificar todos los actos del deudor en el período previo al concurso. Más aún. en realidad. por ejemplo. nuevamente nos encontramos ante una deficiente aproximación conceptual. Se ha dicho que “el desarrollo normal de la actividad es un enunciado general que permite analizar las actuaciones sobre el patrimonio en crisis con amplitud de criterio y detectar aquellas que
Piénsese. Dicho lo anterior cabe precisar qué se entiende por “curso ordinario del negocio”. la mayor o menor frecuencia de un acto no necesariamente tiene que ver con el hecho de que se trate de un acto usual y propio de la actividad del deudor15. no tendría por qué ser sancionable o considerada fuera de lo usual u ordinario en el negocio. además. para los fines de este artículo nos referiremos indistintamente a “desarrollo normal de la actividad” o al “curso ordinario del negocio” como conceptos equivalentes que nos ayudarán a determinar cuándo un determinado acto de disposición del deudor será impugnable o no sobre la base de la acción de ineficacia concursal. y así sucesivamente. si nos atenemos a lo que el Diccionario de la Lengua Española define por “normal”: aquello que está en estado natural (primera acepción). Este concepto. la LGSC debería haberse referido más bien al “curso ordinario de los negocios” como el criterio para discriminar qué actos del deudor podrían ser “sospechosos” y cuáles no. que suponemos se refiere a las actividades usuales y ordinarias del deudor.
por el contrario. se considerará ordinaria la compra de insumos. Ara Editores. etc. al dejar de lado a las personas naturales deudoras que. es necesario esbozar una interpretación del “curso ordinario del negocio” que sea funcional. considerando la amplitud de los actos impugnables. solamente serían ordinarios aquellos actos del deudor específicamente referidos a su actividad productiva o comercial definida en sus estatutos o norma equivalente. la globalización y las transacciones cada vez más sofisticadas. en puridad. en realidad poco importa a la LGSC si el acto del deudor es “intencional”. ello terminaría encareciendo el acceso al crédito. Bajo esta estructura. combustibles. este enunciado no contiene definición alguna. materia prima. consideramos que sería además errónea. todos los acreedores financieros. existe cierta corriente de opinión según la cual el curso ordinario del negocio debe definirse en función al objeto social del deudor. las operaciones financieras. servicios públicos y similares.hubieran tenido por finalidad perjudicar la futura acción del proceso concursal”16. el crecimiento económico y el acceso de las empresas al mercado financiero. Así. La especialización de las industrias. p 87. Sin perjuicio de que esta aproximación es incompleta. no tienen “objeto social”. hacen pueril pensar que sólo el objeto social en sí mismo puede ser considerado como el negocio ordinario de un deudor. abarca cualquier acto del deudor. 2002. como también los pagos de planillas. debido al “fantasma de la ineficacia”. Se habla de actos cuya finalidad sea “perjudicar el proceso concursal” y.
. ajenos al análisis de las motivaciones o la mala fe del deudor. cosa que se refiere al primer requisito que. contratos de prestación de servicios no vinculados directamente al proceso productivo o a la actividad comercial. Razonablemente. esta visión nos parece completamente insuficiente para responder satisfactoriamente al problema de la ineficacia. En esas circunstancias. verán siempre amenazadas sus transacciones con deudores. Lamentablemente.1 tiene requisitos objetivos. Lima. Según esta interpretación. Serían extraordinarios. Por ello. eficiente y acorde con los fines de nuestro
Juan Francisco Rojas Leo. que es precisamente un efecto no deseado por nuestra legislación concursal.. Nuevamente. lógicamente. los proveedores de servicios colaterales y otros terceros ajenos a la actividad productiva misma. eso nada tiene que ver con lo que se entiende por desarrollo normal de la actividad. Se habla de las actuaciones sobre el patrimonio en crisis. como hemos visto. Comentarios a la Ley General del Sistema Concursal. Peor aún. puesto que el artículo 19. endeudamientos.
el “test” del Bankruptcy Code para evaluar los actos en el curso ordinario del negocio tiene un triple componente: (i) la deuda que se paga (o garantiza) con el acto del deudor debe haber sido contraída en el curso ordinario de los negocios (recuérdese que este “test” tiene que ver con las preferences y.1 de la LGSC18. lo ordinario debe estar referido a todos los actos habituales. al caso de las ”preferences” y. inusual o de
El contexto es relativamente distinto pues la noción de “curso ordinario de los negocios” es aplicable. por ser el que nos ayudará en la búsqueda de un significado adecuado para la expresión “desarrollo normal de la actividad” de nuestra LGSC. interesa evaluar la deuda misma. frecuente y común en un negocio de similar naturaleza al de la empresa en concurso. la interpretación más coherente con los fines del procedimiento concursal consiste en que los actos del deudor estarán dentro del curso ordinario de sus negocios cuando cumplan los siguientes requisitos: (i) que se trate de actos típicos de cualquier otra persona que desarrolle la misma actividad (estándar de la industria). considerando la visión amplia que debe darse al precepto del curso ordinario del negocio. (iii) el acto debe haber sido realizado de acuerdo a “términos ordinarios de negocio”. los términos ordinarios del negocio también son útiles y pueden. previsibles o que. sí sea típico y habitual como práctica del deudor y sus acreedores o terceros.1. más que como criterio para determinar la impugnabilidad del acto. por naturaleza. aun no siendo un acto típico de la industria. ó (ii) que. resulta útil la definición que la doctrina y jurisprudencia norteamericanas han ido construyendo sobre este concepto17. (ii) el acto del deudor debe haberse realizado en el curso ordinario de los negocios tanto del deudor como del acreedor. en el marco del Bankruptcy Code. sean acordes con el devenir razonable de una determinada industria o actividad. En la legislación norteamericana. estándares. en nuestra opinión. Efectivamente. creemos necesaria una visión flexible y funcional para el deudor que viabilice la prosecución de su actividad empresarial con la mayor normalidad posible. Para ser precisos.
. requisito que. Para ello. el acto no sólo debe realizarse en el curso ordinario del negocio sino que debe efectuarse además de acuerdo a “términos habituales de negocio”. como una posible excepción al “avoidance power” del administrador del concurso (trustee) designado por la corte a cargo del proceso concursal. la referencia al curso ordinario de los negocios se determina tanto en función a lo que es práctica habitual entre el deudor y el tercero con el que celebra el acto. aunque en este último caso habrá que evaluar si la práctica es razonable o si es tan extrema. a diferencia de nuestra LGSC). En este caso. En efecto. aunque no ha sido expresamente recogido en nuestra ley puede ayudar. comunes. como en función del estándar de la industria en cuanto a aquello que es usual. a una mejor comprensión de la noción misma de curso ordinario del negocio para efectos del artículo 19. Para los fines del artículo 19.sistema concursal. ser analizados como una forma de determinar “in abstracto” si el acto del deudor es acorde con los términos usuales de la industria. por qué no. Así las cosas. Sin embargo. aun cuando nacida en un contexto distinto. por tanto. nos interesa particularmente el desarrollo del concepto de “curso ordinario del negocio”.
cuando el estándar en la industria es pagar a los cinco días. circunstancias. Nótese que. la norma concursal no alude al perjuicio de las posibilidades de cobro del acreedor. Evidentemente. cuando ésta se sustente en aquello que es ordinario desde la perspectiva del funcionamiento interno de la empresa del deudor. puesto que pueden existir actos del deudor que. aun siendo típica para el deudor. Aquí resulta interesante revisar cómo es que las legislaciones concursales han llegado a la noción de perjuicio (sea a los acreedores. Enfatizamos que esto responde al hecho de que la legislación americana preceptúa su “test” sólo para las preferences. nosotros proponemos que el curso ordinario se demuestre con cualquiera de los requisitos: ordinario para la industria o para el deudor. la autoridad jurisdiccional deberá efectuar una evaluación más profunda de las condiciones. podría criticarse esta aproximación señalando que el segundo criterio (lo ordinario “para el deudor”) puede tener como consecuencia validar “estafas habituales” por parte del concursado. no por ello caerá fuera del curso ordinario del negocio. En esa línea. sea al patrimonio del deudor) como requisito esencial para la procedencia de la sanción de ineficacia sobre el acto impugnado. es decir. que exige que el acto sea común tanto en la industria como en la práctica del deudor. que abarcan un período de revisión mucho menor que el de nuestro período de sospecha y. En legislaciones concursales más antiguas usualmente se aparejó la idea de la ineficacia concursal con la del fraude del deudor. sin representar un perjuicio para su patrimonio.4 El perjuicio patrimonial Queda finalmente el cuarto requisito. A diferencia de la legislación norteamericana.mala fe que. esté claramente fuera de lo ordinario19. a la circunstancia de que el conjunto de actos impugnables en la LGSC es tan amplio que debe tenerse una visión igualmente amplia del curso del negocio del deudor. pues la evaluación de lo ordinario estará a cargo de una autoridad judicial que deberá revisar los méritos de cada situación concreta. se sancionaban los actos del deudor realizados en el umbral de la insolvencia con la manifiesta intención de perjudicar o defraudar a los
Así por ejemplo. referido a la necesidad de que el acto de disposición afecte negativamente el patrimonio del deudor. sí resulten en un deterioro de las posibilidades de cobro de los créditos de uno o más acreedores. En nuestra opinión. Esto es algo muy importante. además. términos y naturaleza del acto impugnado.
. el deudor que suele pagar las facturas a sus proveedores con treinta días de retraso. a diferencia de la regulación sobre la acción pauliana contenida en el artículo 195 del Código Civil. si se demuestra que ha sido práctica habitual de dicho deudor el pagar sus deudas con ese nivel de retraso. V. ello sería incorrecto. si bien proponemos una aproximación abierta al concepto de curso ordinario del negocio.
acreedores. un tercero de buena fe totalmente ajeno a las vicisitudes del deudor y su potencial insolvencia21. Aunque la ley promulgada no regula el tema del régimen de ineficacia concursal. para dar paso a la simple constatación objetiva del perjuicio20. Es justamente esta aproximación subjetiva y sustentada en el fraude la que originó la frase “período de sospecha”.87 Por supuesto. En nuestra opinión. que analizaremos detenidamente más adelante. No compartimos esta posición. Volviendo al tema. la cuestión es entonces: ¿Qué perjuicio? ¿Hablamos de la afectación negativa del patrimonio del deudor o la afectación de las posibilidades de cobro de los acreedores? Algunos han considerado que la noción misma de perjuicio es innecesaria. tómese en cuenta que si del
Cfr. De esta manera. ambos requisitos deberían exigirse. que en los últimos meses se estuvo debatiendo un proyecto de reforma de nuestra LGSC.3. establecida en su artículo 19. Es interesante mencionar en este punto.. pp. pues si no existe perjuicio entonces no vemos razón para afectar per se una relación jurídica donde una de las partes puede ser. Tal es el caso de la Ley 24. Trataremos en detalle este tema en la parte final de este artículo. que requieren probanza del conocimiento del perjuicio a los acreedores por parte del tercero que celebra el acto con el deudor. Ley de Concursos de Argentina. nuestra LGSC tiene una regla de ineficacia per se. sin necesidad de demostración del perjuicio. hay alternativas intermedias. son ineficaces per se. sin embargo. desligándola de la necesidad de acreditación de la intención fraudulenta del deudor y reemplazándola con el requisito del perjuicio a los acreedores. Ahora bien. sin embargo. hacia una concepción “objetiva” de la ineficacia concursal. pues éste debería presumirse habida cuenta de la probable gravedad intrínseca de todo acto de disposición del deudor durante el período de sospecha. se fue abandonando la complicada investigación de la psicología del deudor y de su intencionalidad. el proyecto de la referida ley tenía como principal modificación. en las cuales determinados actos específicos del deudor. sin duda alguna. la carga de probar la inexistencia de perjuicio. 66 .522. nuestra LGSC alude al “perjuicio al patrimonio del deudor” y no al perjuicio de los acreedores. Horacio Grillo. Al respecto. por lo demás. taxativamente establecidos en la ley. la reforma integral del régimen de ineficacia concursal. que regula la ineficacia per se en su artículo 118. op cit. además. colocando en dicho tercero.
. La mayoría de legislaciones fue evolucionando. De hecho. el cual ha resultado en la dación de la Ley Modificatoria. sin perjuicio de lo cual cabe mencionar en este punto que el legislador consideró supuestos de ineficacia per se durante el período de impugnación (presumiendo de iure la existencia de perjuicio) en el caso de actos gratuitos y pago de obligaciones no vencidas. mientras que en su artículo 119 regula los demás supuestos de ineficacia.
) Puede haber menoscabo patrimonial del deudor.
. cuando la norma de ineficacia se aplica a los
Aunque infrecuente. quien señala: “Pero. beneficiar a uno o más acreedores en perjuicio de otros.. cuenta con bienes suficientes para satisfacer el pago de la totalidad de sus deudas en un escenario de liquidación. menoscabo. pese a no admitirse expresamente. Cabe citar al autor Horacio Grillo. más aún cuando ciertos actos del deudor podrían no causar un perjuicio a su patrimonio y. Nótese cómo. En ese sentido. con prescindencia de si realmente se afecta o no las posibilidades de cobro de los acreedores concursales. sin embargo. puede darse el caso de una disposición patrimonial de un bien relativamente ilíquido. Por ello. implica un empobrecimiento para el patrimonio del deudor que. la regla debería establecer la necesidad de que ambos supuestos se verifiquen. no constituye el perjuicio a los acreedores (.. por ende.acto del deudor no se desprende un perjuicio a su patrimonio. Horacio Grillo. tampoco habrá perjuicio a los acreedores. efectuada a valor menor que el de mercado y que. la aptitud de ese patrimonio para ser garantía o “prenda” común de los acreedores en forma íntegra”23 Sin embargo. op cit. afectando así el principio de proporcionalidad o par conditio creditorum. Estos conceptos son fácilmente aplicables cuando pensamos en actos de enajenación de bienes del deudor. o. deterioro o pérdida de todo o parte del patrimonio del deudor. pero no son tan fácilmente asimilables a los casos en que el acto del deudor consiste en la creación de un gravamen sobre sus bienes o en la celebración de algún contrato. a los supuestos antes descritos habrá que añadir como perjuicio aquella afectación que reduce el valor del patrimonio de libre disposición del deudor para la satisfacción de sus deudas. más genéricamente. mostrando una considerable inclinación a proteger un estricto principio de universalidad. pero no encontrarse comprometida su solvencia. p. cuando existe perjuicio al patrimonio del deudor.. contenido en el artículo IV de su Título Preliminar. 98. Ahora bien. es decir. el perjuicio es el desmedro. reducción. puede haber disminución considerable de su activo. todo menoscabo de él a causa de un acto por él ejecutado. todo daño al patrimonio del deudor. Se advierte así la naturaleza restitutoria a ultranza del régimen de ineficacia concursal de la LGSC. Sin embargo. sin embargo. ello no siempre genera un perjuicio a los acreedores22. ¿qué debe entenderse por “perjuicio”? En nuestra opinión. el texto de la LGSC requiere únicamente el perjuicio al patrimonio del deudor.
Así por ejemplo. cabe preguntarse cuándo se verifica el perjuicio. si el deudor consigue un préstamo para aliviar su situación de crisis financiera y otorga una garantía en respaldo de dicho préstamo. Con ello. pues en tal supuesto se produce un empobrecimiento evidente del patrimonio del deudor sin que reciba nada a cambio. reducción. Sin embargo. pues dicha transacción no disminuye la masa activa del deudor en detrimento de los acreedores” Y más adelante. aun cuando dicho acto esté fuera del curso ordinario de los negocios no habrá perjuicio. en el caso de las transferencias fraudulentas. menoscabo. deterioro. es decir. en cierta forma. la noción del perjuicio a los acreedores como sustento de la ineficacia subyace al texto literal de la LGSC. Piénsese en el caso de un gravamen constituido durante el período de sospecha para garantizar una deuda preexistente: al tiempo de constituir el gravamen el deudor no está recibiendo valor alguno. Este criterio puede también aplicarse al caso de los gravámenes y cargas sobre bienes del deudor.
El criterio del “valor equivalente” es uno de los safe harbors o supuestos de excepción a la sanción que corresponde en casos de pagos preferenciales y es. los mismos autores señalan: “(…) el síndico u otra persona que cuestione la transferencia tiene la carga de probar (…) la insolvencia del deudor y la falta de equivalencia de valor (…) Al decidir si lo que el deudor recibe en contraprestación por
.actos de gravamen no estamos frente a un caso donde importe el perjuicio al patrimonio del deudor sino más bien el perjuicio a las posibilidades de cobranza de aquellos acreedores no beneficiados con el citado gravamen. por lo menos. su acto es exclusivamente beneficioso para el acreedor a cuyo favor se otorga la garantía. Así las cosas. no ofende la finalidad detrás de las normas sobre pagos preferenciales. El asunto parece no tener mayor complicación cuando se trata de actos gratuitos. Por supuesto. en el caso de los pagos preferentes. cuando los actos de disposición son a título oneroso el tema se complica: ¿cómo juzgar la existencia del perjuicio? Una primera forma de hacerlo es determinar si al acto de disposición ha correspondido un “valor equivalente” recibido por el deudor. supuestos ambos regulados en el Bankruptcy Code norteamericano. Al respecto. dado que la contraprestación recibida por el deudor por la enajenación de su activo tendrá. que termine respaldando otras obligaciones antecedentes del deudor frente al acreedor garantizado24. a un valor equivalente al que tendría dicho bien en el mercado. Por el contrario. tal como en una compra de bienes al contado. Steve Nickles y James White señalan que: “(…) una transferencia hecha a cambio de nuevo valor. se puede advertir que. si el deudor en crisis se entera de una inmejorable posibilidad de vender un activo a un valor superior al de mercado. no habrá valor equivalente cuando exista una “sobre-garantía” fuera de la costumbre habitual de la plaza financiera. cuándo se produce el desmedro. entonces puede advertirse que el gravamen se hace a cambio de un “valor equivalente” consistente en el monto del préstamo recibido por el deudor. asimismo. pérdida o afectación del patrimonio del deudor. un criterio para evaluar la procedencia de acciones por transferencias fraudulentas del deudor. los autores David Epstein.
pp. 315. al. el valor nuevo. pero solamente para volver a otorgar al deudor un financiamiento de igual valor y con mejores condiciones (una menor tasa de interés. David Epstein.3 DE LA LGSC Generalidades
la transferencia es un “valor equivalente razonable”. contemporáneo y equivalente” recibido por el deudor.. contemporáneo y equivalente. et. debe ser contrastado con la revisión de la posible afectación de la capacidad del deudor para continuar en el giro del negocio y generar ingresos que permitan afrontar el pago de sus deudas.1
LA INEFICACIA SIN SOSPECHA: EL ARTÍCULO 19. por ejemplo. etc. p. sea insuficiente para atender todos sus pasivos.). aun cuando el deudor reciba valor equivalente. elimina la posibilidad de alegar un perjuicio como sustento de la ineficacia concursal en el caso propuesto. 371-374. Nótese. op cit. representaría un perjuicio a la liquidez de este último. 323-324. comparar el valor de esa contraprestación con el valor del bien transferido ” (traducción libre del autor) David Epstein. pp.El criterio del “valor equivalente”. el prepago de un préstamo aún no vencido.
. sin embargo. sobre todo en el caso que el valor recibido... Así. aunque producto de un nuevo negocio jurídico entre el deudor y el acreedor distinto de aquél en que se prepagó el crédito originalmente otorgado. El prepago de un financiamiento no vencido sería un acto ajeno al curso ordinario de los negocios del deudor y.. si un acreedor financiero recibe. en casos de transferencia de todo o sustancialmente todo el activo productivo de un deudor. un mayor plazo de repago. sin embargo. Otro criterio útil para dilucidar la existencia o no de un perjuicio al patrimonio del deudor es el “valor nuevo. claro está. VI. Tal sería el caso. aun siendo equivalente al de mercado. el primer paso será determinar si el deudor recibió una contraprestación y si así fue. podría existir perjuicio en la medida en que el acto de disposición suponga una “liquidación adelantada” que elimine la posibilidad de que el deudor pueda seguir generando ingresos para pagar sus deudas. al. analizada la operación como un todo (prepago de un crédito / otorgamiento de nuevo crédito en mejores condiciones) se advierte que no existe perjuicio alguno para el deudor. op cit. dentro del período de sospecha. que el nuevo beneficio recibido por el deudor debe ser sustancialmente contemporáneo al acto de disposición que se cuestiona25. visto aisladamente. et. Así por ejemplo.
c) Los actos y contratos a título oneroso. g) Las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de su patrimonio. b) Todo pago por obligaciones vencidas que no se realice de acuerdo a la forma pactada o establecida en el contrato o en el título respectivo. desde la difusión del concurso. requisitos que sí se exigen respecto de los actos cuestionados al amparo del artículo 19. cualquiera sea la forma en que se realice. Este segundo período de ineficacia. el régimen de ineficacia concursal no se agota en el período de sospecha. según sea el caso. Ello es así por dos razones: la primera es que en esta etapa el deudor ya inició o ya conoce que se inició en su contra un procedimiento concursal y.3 de la LGSC 26 regula un segundo “período de ineficacia” que se inicia con la solicitud de concurso del deudor o la notificación del inicio de un proceso concursal en contra de este último. tiene una regulación más estricta que la del período de sospecha.3 de la LGSC prescinde de la acreditación del perjuicio o de la evaluación de si el acto corresponde al curso ordinario de los negocios. la segunda. inoponibles frente a los acreedores. en consecuencia. e) Los gravámenes constituidos y las transferencias realizadas por el insolvente con cargo a bienes de su propiedad. éste se mantiene como “deudor en posesión”. d) Las compensaciones efectuadas entre obligaciones recíprocas entre el deudor y sus acreedores. para asegurar el pago de obligaciones contraídas con fecha anterior a éste. los actos jurídicos celebrados entre la fecha que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos concursales. dentro del plazo referido. como veremos.3. el artículo 19.1. la noción de perjuicio
“Artículo 19.Hemos visto cómo funciona la ineficacia concursal respecto de los actos del deudor realizados dentro del denominado “período de sospecha” de un año anterior al inicio (o notificación con el inicio) del procedimiento concursal. En nuestra opinión.. se le impone un deber fiduciario de tutela de su patrimonio y maximización de su valor. y que culmina con la designación del administrador o liquidador del deudor. dirigiendo la administración de la empresa y el curso ordinario de los negocios hasta que la Junta de Acreedores se reúna y ratifique a dicho deudor en la administración o lo desapodere (si se decide reestructurarlo).Podrán ser declarados ineficaces y. es que en el procedimiento concursal peruano no existe un desapoderamiento ab initio del deudor y. Sin embargo. la ineficacia del artículo 19. sea a título oneroso o a título gratuito. fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue notificado del inicio de la disolución y liquidación hasta el momento en que la Junta nombre o ratifique a la administración del deudor o se apruebe y suscriba el respectivo Convenio de Liquidación. en consecuencia. f) Las garantías constituidas sobre bienes del deudor. o designe al liquidador (si se decide liquidarlo). realizados o celebrados por el insolvente que no se refieran al desarrollo normal de su actividad. Debido a lo señalado en el párrafo precedente. según sea el caso.3 contiene un listado de actos sancionables del deudor donde basta que se produzcan para que sean impugnables per se. Efectivamente. absorciones o escisiones que impliquen un detrimento patrimonial. por ende. y h) Las fusiones. El artículo 19.”
. que se detallan a continuación: a) Todo pago anticipado por obligaciones no vencidas.
tal como un joint venture para impulsar las ventas y conseguir liquidez. puede en muchos casos resultar afectando negativamente al deudor y a los propios acreedores. incluso en los casos señalados en el artículo 19. el deudor deberá administrar su empresa dentro del giro ordinario del 23
. Otro tema relevante es que el encabezado del artículo 19. tener una definición amplia del “curso ordinario de los negocios” de forma que el artículo 19. deja la puerta abierta para que numerosos actos y contratos a título oneroso queden al alcance de la ineficacia.3 y 18. actúe con ubérrima buena fe. Para muestra un botón: un acto atípico y excepcional celebrado por el deudor. sin embargo. en nuestra opinión.3 debería ser necesario que el demandante acredite el perjuicio a la masa activa del deudor y a las posibilidades de cobro de los acreedores. Pese a ello. lo señalado en los artículos 18. La respuesta es. en especial. con lo que la sanción de ineficacia puede extenderse. la existencia de una norma a manera de “cajón de sastre”. no puede deducirse o presumirse la ineficacia de actos no comprendidos en el listado de la norma. VI. en apariencia. ineficaz per se de acuerdo con el literal c) del artículo 19. Es por ello que. La ineficacia absolutamente objetiva. es decir. que establece la ineficacia de las ejecuciones judiciales o extrajudiciales del patrimonio del deudor realizadas con posterioridad a la publicación que da cuenta el inicio del concurso. a actos realizados directamente por terceros: tal será el caso del literal g).2 Pagar o morir: el dilema del deudor Uno de los más arduos problemas que plantea el artículo 19. en estas circunstancias.3.3 ya no alude a actos realizados por el deudor. podría no ser necesario dado el marco general de protección del patrimonio que se genera a partir de la publicación del concurso y.3 de la LGSC no resulte en la virtual inmovilización del deudor. como es el caso del literal c) de este artículo.debería mantenerse como tamiz para determinar si procede la ineficacia o no. sin embargo.3 de la LGSC consiste en definir qué puede hacer el deudor una vez que se inició la tramitación de su procedimiento concursal. pese a ser sumamente beneficioso para su patrimonio y para las posibilidades de cobro de los acreedores sería. en algunos casos. sin espacio para analizar judicialmente los actos concretos.3 son numerus clausus.6 de la LGSC. Este literal. simple: habida cuenta del deber fiduciario del deudor y de la exigencia de que. Una cuestión importante es que los supuestos de ineficacia del artículo 19. De allí que sea necesario. una vez más.
sin embargo.” Francisco Junyent Bas. la consideración del perjuicio es un tema debatido y diversas legislaciones y parte de la doctrina admite también la sanción de ineficacia per se de ciertos actos del deudor.3(a) sanciona con ineficacia los pagos por obligaciones no vencidas. etcétera. el que se puedan efectuar pagos no significa. 40. dándoles informes correctos. Naturalmente. como se verá seguidamente. (…) Estas obligaciones se potencian en caso de insolvencia de la sociedad. Más aún. En la misma línea. 2001. Buenos Aires. suspender actividades y desaparecer en los hechos. no compartimos del todo esa posición y creemos que cuando se debate la ineficacia concursal el perjuicio debería ser probado siempre. Rubinzal Culzoni.negocio. situaciones donde se produce un prepago no significativo a cambio de una condonación significativa serían ineficaces de plano. Nuestro legislador. acercando la documentación contable pertinente.3 establecen expresamente los supuestos de pagos prohibidos por la norma que. Recordemos el deber fiduciario hacia todos sus acreedores. Como ya hemos señalado. el asunto es bastante más complicado. y una cuestión es el riesgo empresario y otra muy distinta el daño inflingido a sabiendas al acreedor. sin embargo. La pregunta más importante que todo deudor formula cuando se encuentra en esta etapa inicial del concurso es: ¿puedo seguir realizando pagos a acreedores y terceros? La respuesta no puede ser negativa. el prepago de una deuda para reemplazarla por una nueva deuda de menor costo financiero es una decisión que puede ser perfectamente acertada y beneficiosa para la masa patrimonial y para los acreedores pero que. p. que el deudor esté autorizado a realizar los pagos que le venga en gana. cualquiera sea la forma en que se realice. ya que en ese caso estaríamos condenando al deudor a cerrar sus puertas. Ahora bien. no tiene sentido admitir una prohibición absoluta de efectuar pagos incluso cuando el procedimiento concursal ya está en trámite. sin embargo. los literales a) y b) del artículo 19. si consideramos que la ley concursal permite las reestructuraciones.
. El deudor está llamado a actuar como un leal y diligente comerciante que tutela su patrimonio lo más posible con miras a la mesa de negociación en que consiste el procedimiento concursal27. sin afectar su patrimonio. ha tomado la opción legislativa
Sobre el deber fiduciario del deudor en crisis. La norma es clara pero su fundamento controvertible: al eliminar la posibilidad de probanza del perjuicio. de producirse. Sin embargo. señala Francisco Junyent Bas: “(…) no puede ignorarse que el administrador societario tiene que cumplir especiales deberes fiduciarios frente a los acreedores aun en estado de solvencia de la sociedad. Más aún. el principio de par conditio y la universalidad del patrimonio. Responsabilidad de administradores y terceros en la quiebra. El supuesto del artículo 19. podrán ser declarados ineficaces por la autoridad jurisdiccional. sería ineficaz.
Como ya habíamos referido. mantenga el curso ordinario del negocio. Por su parte. salvo tratándose de actos gratuitos del deudor y de prepago de obligaciones no vencidas. el artículo 19. bajo ningún concepto. de buena fe. una de cuyas virtudes era eliminar la línea divisoria entre el período de sospecha del artículo 19.3. donde el perjuicio se presumía sin admitir prueba en contrario. dejando impagas otras deudas igualmente vencidas? En otras palabras. una prohibición absoluta para el deudor respecto de la posibilidad de efectuar pagos resultaría inevitablemente en su inmovilidad y consiguiente paralización. ¿tiene el deudor entera libertad para pagar obligaciones vencidas siempre que lo haga en la forma originalmente prevista en el contrato o título de la obligación? La respuesta debe ser. cómo no. Ahora bien. un pago notoriamente preferencial para
A este respecto. esta permisión es correcta en la medida que permite la continuidad del negocio del deudor. sin embargo.de prescindir del perjuicio como elemento determinante para la ineficacia del acto y ello es entendible hasta cierto punto. surge una primera regla de juego para el deudor que transita en esta etapa preliminar del procedimiento concursal: no pueden pagarse deudas no vencidas.1 y el período de ineficacia del artículo 19. por ejemplo. estableciendo la necesidad de acreditar el perjuicio en todos los casos de impugnación de actos por ineficacia concursal. Aquí se plantean.
. es de notar que el Proyecto de Ley contemplaba una radical reforma del sistema de ineficacia concursal. cesiones de créditos.3(b) regula el caso del pago de obligaciones efectivamente vencidas. A nuestro parecer. De lo expuesto. señalando que el pago será ineficaz cuando se realice en forma distinta a la pactada. considerando que el deudor usualmente tiende a manejar más inadecuadamente la empresa a medida que la crisis se agudiza28. pagar la totalidad de la deuda vencida de un solo acreedor siguiendo la forma pactada. En consecuencia. pagando sus deudas dinerarias mediante daciones en pago de activos. Esta interesante propuesta no fue finalmente recogida en la recientemente publicada Ley Modificatoria. La permisión de pagos de deuda vencida debe ser rectamente entendida como un medio para que el deudor. si interpretamos esta norma contrario sensu. negativa. se deduce que no serán ineficaces los pagos por obligaciones vencidas que sí se realicen de acuerdo con la forma pactada entre las partes. la norma fue ideada con la finalidad de evitar un fenómeno advertido en diversos procedimientos concursales. etc. Bien entendida. para la cual será indispensable que éste vaya pagando sus deudas (principalmente las corrientes) a la par que mantiene en actividad productiva o comercial. diversos problemas: ¿puede el deudor decidir bajo esta norma. donde el deudor comenzaba a “liquidar” su negocio en términos prácticos.
del acreedor beneficiario del pago preferente29. los principios de proporcionalidad y universalidad así como la finalidad de protección del crédito así lo exigen. ya que su texto no es del todo adecuado a los principios. fines y necesidades de los procedimientos concursales.3(b) podría caer en el supuesto de ineficacia del artículo 19. actos de disposición que favorezcan preferentemente a uno o más acreedores en perjuicio de los demás acreedores del concurso.
. estas situaciones tendrán que ser analizadas caso por caso. Más aún. Como hemos anotado antes. Es decir. inciso 3) del Código Penal sanciona los actos del deudor que impliquen una “disposición o generación de obligaciones a favor de un acreedor”. Al respecto. nos interesa referir que si el deudor realiza pagos o. en esas circunstancias el deudor tiene un deber de actuar con la mayor buena fe y con una constante preocupación por mantener incólume su patrimonio habida cuenta que. Y decimos “en algunos casos” porque. ya sea porque él mismo la inició o porque ha sido notificado con la solicitud presentada por un acreedor. dada la amplitud con que debe ser evaluado el concepto de curso ordinario del negocio. constituiría un indebido ejercicio del derecho del deudor explicado en los párrafos precedentes. entonces habrá responsabilidad penal del deudor y. es de notar lo señalado por el autor Percy García Cavero:
Nótese que la norma penal alude al perjuicio patrimonial a los acreedores y no al patrimonio del deudor. Por otro lado.3(c). No obstante. en general. No será parte de este artículo una revisión completa de las normas penales relativas a materia concursal. En particular. no puede perderse de vista que este derecho del deudor a pagar obligaciones vencidas en la forma pactada está también limitado por normas de responsabilidad penal que regulan los delitos contra el orden económico. Baste señalar que tales normas deben ser interpretadas cuidadosamente. En todo caso. el artículo 209. aun cuando permitido por 19. por tratarse de un acto que podría ir más allá del curso ordinario de los negocios.favorecer a un acreedor en perjuicio del resto. Ahora bien. debe acreditarse la actuación dolosa del deudor para que se configure el delito. en ciertos casos un pago preferente del deudor. eventualmente. el deudor ya sabe en esta etapa que existe una solicitud de inicio de proceso concursal en trámite. coincidimos con aquel sector de la doctrina que observa que el tipo penal requiere una conducta fraudulenta del autor. de abrirse la situación de concurso.
particularmente los contemplados en los literales e) y f) de la citada norma. Lo cierto.
. El literal e) sanciona con ineficacia los gravámenes
Percy García Cavero. VI. p. es importante revisar algunos de los demás supuestos de ineficacia del artículo 19. con miras a la continuación del giro de una manera adecuada y tomando siempre en cuenta su deber fiduciario en situaciones de crisis. garantías y transferencias de propiedad Aunque con menor interés que el tema anterior.”30 Obviamente. aun si no existe intención fraudulenta del deudor. para poder castigar un pago indebido (…) como fraude concursal doloso. sin ninguna duda. cuando existe connivencia con el acreedor beneficiado para perjudicar al resto de acreedores.3 Gravámenes. No obstante. sin embargo.3 de la LGSC. particularmente. no tendrá riesgos de ineficacia o de sanciones penales en la medida que mantenga una actuación razonable. (…) El carácter fraudulento del pago incorrecto se presenta. No será materia de este trabajo el debate sobre esta norma. lo que carecería de cualquier coherencia con los fines del proceso concursal. es que el deudor tendrá que ser muy cauteloso y prudente en sus actuaciones y. la norma penal no puede ser entendida como una sanción a cualquier pago de deuda a acreedores realizado por el deudor en esta etapa del concurso. tema en el que quedamos en deuda para una siguiente. Lima.“(…) el delito de fraude concursal no debería castigar el solo pago indebido en un procedimiento concursal. sino que este pago debe reunir un carácter fraudulento para adquirir relevancia penal. por ejemplo. en los pagos que realice en la etapa de ineficacia concursal31. Fraude en la administración de personas jurídicas y delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios. 157 Tómese en cuenta que. entonces. cuando el autor quiere favorecer especialmente a un acreedor vinculado (un familiar). el autor debe tener la intención de favorecer indebidamente a un acreedor. 2005. Palestra. deber que debe llevarlo a realizar acciones que favorezcan su patrimonio y a servir mejor a sus acreedores en conjunto. En cualquier caso. sabiendo que con ello pone en peligro el cobro del crédito de los otros acreedores. el pago incorrecto puede tornarse defraudatorio también sin que exista con el acreedor. podría igualmente incurrirse en el tipo penal culposo previsto en el artículo 210 del Código Penal. El deudor. Ya hemos indicado que una prohibición de esa naturaleza implicaría la clausura definitiva del negocio del deudor.
sus bienes productivos. podrán ser declaradas ineficaces en virtud de ser actos extraños al curso ordinario de los negocios.constituidos y las transferencias efectuadas respecto de bienes de propiedad del deudor. Esta norma previene estas situaciones de 28
. percatándose de la crisis del deudor. si bien el texto de la norma parece tener una sanción absoluta para la transferencia de bienes del deudor. Finalmente. etc. No consideramos válida una observación de esa naturaleza: las transferencias de activo corriente que se hagan a título gratuito o a valor sustancialmente menor al de mercado. bajo la regla del artículo 19. que podría tener un valor muy significativo para la masa concursal. bajo esta regla en teoría el deudor que se dedica a la fabricación de muebles a pedido no podría venderlos en esta etapa del concurso.3(e) no puede ser interpretada en el sentido que el deudor no puede enajenar ni siquiera su activo corriente: ello sería un despropósito que tendría un efecto perjudicial e incluso fatal para el deudor y para los acreedores. está destinado a ser comercializado.3(c) de la LGSC. tenían por práctica frecuente “mejorar” el respaldo de sus créditos curiosamente poco tiempo antes de la publicación de inicio del concurso del deudor. Evidentemente. parece evidente que la ineficacia sólo puede alcanzar solamente a la transferencia del activo fijo del deudor. dado que estaría transfiriendo bienes de su propiedad. Si la norma fuese tomada en un sentido simplemente literal. Efectivamente. equipos. ya sea a título gratuito u oneroso. el inciso f) del artículo 19. Esta norma busca evitar el comportamiento estratégico de ciertos acreedores que. Lo que sí es claro es que la regla del artículo 19. con claro perjuicio del patrimonio del deudor y de los acreedores.3 bajo comentario señala que pueden ser declaradas ineficaces las garantías constituidas por el deudor para respaldar el pago de deudas contraídas en fecha anterior al otorgamiento de la garantía. La sanción de ineficacia no puede aplicarse al activo corriente del deudor pues éste. obtienen una garantía sobre bienes de este último para respaldar sus créditos quirografarios otorgados en fecha anterior. Se objetará que con esta interpretación el deudor podría “hacer de las suyas” con el activo corriente. inmuebles. desafortunadamente. La práctica reveló que. algunos acreedores. entonces nuevamente estaríamos condenando a muerte a toda empresa deudora que se dedique a la producción o comercialización de bienes. por naturaleza. aun cuando la transferencia de esos bienes sea precisamente el objeto de su actividad empresarial. “mejorando” así su situación respecto de los demás acreedores que no cuenten con garantías específicas. principalmente del sistema financiero.
3(e) se refiere a la ineficacia de cualesquiera “gravámenes” sobre bienes del deudor. VI. en este caso. el tercero adquirente o beneficiario del acto de disposición del deudor. interpretando la norma contrario sensu. las garantías reales sobre bienes del deudor no estarán comprendidas dentro de su ámbito de aplicación. ello será un acto en principio válido y eficaz. protegen y benefician a un determinado conjunto de sujetos de derecho (los acreedores) pero. situación que se presenta cuando los fondos del préstamo se usan para prepagar o pagar deuda vencida no garantizada y donde el nuevo “préstamo” es sólo una fachada para obtener una garantía que no sea ineficaz. Recordemos a este respecto el deber de buena fe del deudor. el artículo 19. La opción legislativa que admite la ineficacia concursal no podía ser ajena a la circunstancia de estar creando “nuevas víctimas” al trasladar al tercero adquirente el peso de la sanción legal al acto indebido de disposición. tales como la constitución de derechos reales de usufructo. Habrá que ver. si una entidad bancaria presta dinero al deudor en esta etapa y obtiene una garantía real en respaldo de tal acreencia. gravamen o derecho adquirido del deudor y. 29
. Así. servidumbres. es muy probable que no la pueda recuperar y.3(f) comentado líneas arriba. Una segunda constatación es que.comportamiento estratégico y es regulación común en diversas legislaciones concursales. si ya pagó la contraprestación. claro está. a su turno. sí serán válidas y plenamente eficaces las constituciones de garantías por nuevas acreencias nacidas en forma coetánea al nacimiento de la garantía. El tercero no podrá beneficiarse con el bien. las sanciones de ineficacia contra pagos de deudas no vencidas y pago de deudas vencidas no realizado en la forma originalmente prevista. etc. Tomando en cuenta lo anterior.3(e) tendrá que ser interpretado como referido a otros actos de gravamen del deudor. uso. a la larga. se convierta en un acreedor concursal más por el monto de dicha contraprestación no restituida. puesto que las garantías tienen la regulación específica del artículo 19. imposición de cargas. Así. aunque el artículo 19. si el acto en el fondo busca una preferencia indebida indirecta.4 El límite de la ineficacia: el tercero adquirente de buena fe Suele ocurrir que las sanciones legales como la ineficacia de ciertos actos y negocios jurídicos del deudor. Otra cuestión importante es que. el sistema de ineficacia concursal buscó proteger también la seguridad jurídica de las transacciones comerciales. desamparan y perjudican a otro sujeto.
En la mayoría de sistemas de ineficacia. quien debe desconocer y no estar en razonable aptitud de conocer del perjuicio que el acto en cuestión podría estar causando al patrimonio del deudor y a las posibilidades de cobro de los restantes acreedores.3 de la LGSC). se protege siempre al tercero adquirente de buena fe. nos parece criticable que se restrinja la protección del tercero adquirente a aquellos casos en que exista posibilidad de inscribir su derecho en un registro. sin embargo. otorgados en el período de sospecha pueden ser declarados ineficaces respecto de los acreedores. una vez inscrito su derechos.5 Reflexiones finales: el Proyecto de Ley. A diferencia de la acción pauliana.4 de la LGSC32 que. si quien celebro el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor. hace que el sistema de ineficacia concursal no opere cuando existe un tercero adquirente de buena fe.4. será necesaria también la buena fe civil del adquirente.por la vía de tutelar al tercero adquirente siempre que éste hubiese actuado de buena fe. pero sí aplica a todos los demás actos del deudor. el sistema de ineficacia concursal de la LGSC se queda corto respecto de la protección de terceros adquirentes que actúen con total buena fe pero donde no haya registro público en el cual inscribir la transferencia a su favor33.
. VI. bien o prestación de persona que tenga poderes suficientes en el registro público para celebrar el acto y siempre que éste sea a título oneroso.” Es cierto. lo dispuesto por la ley concursal argentina en su artículo 119: “Los demás actos perjudiciales para los acreedores. al artículo 19. por ende. incentiva la actividad de tutela y reintegración del patrimonio del deudor. la buena fe exigida al tercero adquirente en este artículo debe ser tanto buena fe civil como registral. En nuestra opinión. no resultará afectado con la ineficacia que se refiere el presente artículo. No basta simplemente una actuación basada en la fe registral.” Citemos. recibiendo el derecho. la Ley Modificatoria y las oportunidades perdidas Un elemento de gran importancia se refiere a la consideración del acreedor impugnante en un proceso de ineficacia concursal. Así. exigiéndose al acreedor que demanda la prueba de la mala fe o. Esto es lo que establece el artículo 19. la ineficacia concursal opera de
“Artículo 19. que el requisito del conocimiento del tercero no se aplica a los casos de ineficacia taxativa señalados en el artículo 118 de la norma concursal citada (que equivale. El tercero debe probar que el acto no causó perjuicio.El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho del deudor que en el Registro pertinente aparece con facultades para otorgarlo. en suma.. a manera de ejemplo. Sin perjuicio de lo anterior. incluyendo los que regulan la acción pauliana. cuyo resultado sólo favorece al acreedor impugnante del acto y que. aunque mucho más restringida. del conocimiento efectivo o de la razonable posición de conocer que debe tener el tercero respecto del perjuicio que causará el acto de disposición del deudor. cuando menos.
forma tal que el acto de disposición resulta ineficaz no sólo respecto del acreedor impugnante sino de la totalidad de acreedores concursales. pero estamos seguros que la Ley Modificatoria dejó de ser revolucionaria para convertirse simplemente en una corrección de temas no tan relevantes. al tratarse de acreedores laborales. ¿qué incentivo tienen los acreedores concursales para gastar tiempo y dinero en una acción donde la “recuperación” del patrimonio del deudor favorece a toda la masa de acreedores? Así como está regulada la LGSC. persigan los actos de disposición indebidos realizados por el deudor en los períodos de ineficacia previstos en la LGSC. dejando pasar una buena oportunidad para mejorar el régimen de ineficacia concursal vigente. por ejemplo. Una norma de esta naturaleza habría significado un gran avance en cuanto a la creación de incentivos adecuados para que los acreedores. con limite en el monto de su crédito”. Así. por otro lado. por un lado.3 en un solo régimen basado en los principios de 31
. a menos que estén en el primer orden de preferencia. De otro lado. la ley concursal argentina establece expresamente que: “si se declara la ineficacia. Dentro de esa idea. el Proyecto de Ley proponía un radical cambio en el sistema de ineficacia concursal. Pese a ello. Lo lógico sería incentivar a los acreedores a ser los primeros vigías de la conducta del deudor en crisis. poca o ninguna motivación habrá para los acreedores. por la vía de reconocerles el reembolso de lo gastado en la acción de ineficacia concursal. y “premiarlo”. En esas circunstancias. ni el Proyecto de Ley ni la Ley Modificatoria incorporaron una previsión similar. actores principales en el concurso del deudor. el acreedor tiene derecho al resarcimiento de sus gastos y a una preferencia especial sobre los bienes recuperados. por la vía de incluirlos en el segundo orden de prelación del artículo 42 de la LGSC. dejando sin solución un problema que ha venido desincentivando el uso del sistema concursal en general: la inexistencia de un régimen justo para los acreedores postconcursales. que determina el juez entre la tercera y la décima parte del producido de éstos. Esta propuesta no fue finalmente recogida en la Ley Modificatoria. unificando los regímenes de los artículos 19. No es materia de este artículo el debate sobre este punto. por su actividad diligente en beneficio de la masa de acreedores. el Proyecto de Ley contenía una interesante aunque problemática regulación de la preferencia de los créditos postconcursales en caso de liquidación. en cuyo caso es poco probable que tengan recursos para impugnar debidamente.1 y 19.
y la tutela de la seguridad jurídica y la buena fe de los terceros adquirentes.
. al cual acudir para las acciones de ineficacia concursal de tal forma que homologara las decisiones tomadas por la Comisión. Por ahora. planteamos la conveniencia de que existiera un juez específico adscrito al concurso. evitándose cuestionamientos basados en una asunción ilegítima de función jurisdiccional y eliminándose la inevitable demora que supondría seguir el proceso de ineficacia concursal primero en el ámbito administrativo para luego llevarlo al plano judicial por la vía contencioso administrativa. con la participación de diversos especialistas en materia concursal y de las autoridades del INDECOPI. sin embargo. Es claro que una reforma de esa magnitud requiere amplia reflexión y cuidadosa interacción entre autoridades. En aquella oportunidad. julio de 2008. por el otro. la radical reforma del sistema de ineficacia concursal no se concretó en la Ley Modificatoria y. Tuvimos el privilegio de ser invitados a una sesión de discusión del Proyecto de Ley. perjuicio y presunciones en ciertos supuestos. La parte más revolucionaria. por un lado. radicaba en la atribución a la Comisión de Procedimientos Concursales de la facultad para declarar la ineficacia de los actos indebidos de disposición del deudor. eficiente y predecible. eliminando la necesidad de acudir a un procedimiento judicial para tal fin. En aquella ocasión expusimos nuestras dudas respecto de la posibilidad de que esta entidad administrativa pudiera asumir una función que es netamente jurisdiccional: declarar la ineficacia de actos jurídicos en los que incluso podrían haber intervenido terceros adquirentes totalmente ajenos al concurso. en esa medida.curso ordinario del negocio. no queda más que adaptarse a las circunstancias e interpretar adecuadamente las disposiciones del artículo 19 de la LGSC. De la correcta aplicación de esta norma dependerá el delicado equilibrio entre la protección del patrimonio concursal.
Lima. Al final. nuestra legislación concursal ha quedado todavía en deuda respecto del desarrollo de un régimen de ineficacia más claro.
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulArtículo Advocatus - Período de sospecha(final) by LucasdelPino0.0 (0)EmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
Related-MUTUO - MONOGRAFIA completaby solotusabesPARTICIPACIÓN DE LA PNP EN EL NCPPby stonestone123Manual de Derecho Notarial - Carlos Nicolas Gattariby xh1170DERECHO CONCURSAL (Apuntes Nueva Versión)[1]by Cadumc21785134 Derecho Ambiental UAP 2009by Rene AranaDemanda de Reduccion de Alimentos iby Vicente Orbegoso RodriguezEl Codigo Civil Peruano y El Sistema Juridico Latinoamericanoby Jose GarciaSegundo Pleno Casatorio Civilby Juan Paul Rojas JaenSentencia condenatoria Alberto Fujimori 07.04.2009by Mario Lohonel Abanto QuevedoDerecho Notarialby Diana Estela Anzures MorenoDEFINICION DE DERECHO NOTARIALby Denisse GnzDERECHO NOTARIAL II y IIIby Elizabeth de ReyesSimilar to Artículo Advocatus - Período de sospecha(final)Skip carousel-MUTUO - MONOGRAFIA completaPARTICIPACIÓN DE LA PNP EN EL NCPPManual de Derecho Notarial - Carlos Nicolas GattariDERECHO CONCURSAL (Apuntes Nueva Versión)[1]21785134 Derecho Ambiental UAP 2009Demanda de Reduccion de Alimentos iEl Codigo Civil Peruano y El Sistema Juridico LatinoamericanoSegundo Pleno Casatorio CivilSentencia condenatoria Alberto Fujimori 07.04.2009Derecho NotarialDEFINICION DE DERECHO NOTARIALDERECHO NOTARIAL II y IIIHistoria Derecho NotarialEl Acta Notarial (Lic Nery Muñoz)Apuntes Derecho NotarialArtículo Advocatus - Período de sospecha(final)

References: artículo 19
 artículo 703
 artículo 66
 artículo 42
 artículo 66
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 ARTÍCULO 19
 artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 2001
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 195
 artículo 19
 artículo 118
 artículo 119
 ARTÍCULO 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 209
 artículo 19
 artículo 210
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 119
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 118
 artículo 42
 artículo 19