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Timestamp: 2017-10-17 06:04:17+00:00

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Infojus by Fabio Blanco - issuu
Año 2 - Nº 13 - Abril 2010
Analizaron perfil de la justicia de paz Magistrados apuntaron a mejorar su funcionamiento y trazar un panorama provincial que será presentado en las Segundas Jornadas Regionales de Justicia de Paz del NEA y el Primer Encuentro Nacional de Justicia de Paz y Faltas.
Fiscalía de DD.HH.: la primera en su tipo del país Creada como resultado del caso Greco, investiga tratos degradantes cometidos por funcionarios públicos y se constituye como querellante en las causas.
Causa “Peatonal”
El STJ rechazó casación de la defensa Los camaristas rechazaron los planteos de nulidad y oposición, confirmando la calificación de tentativa de homicidio y el dictado de prisión preventiva.
Más de 70 jueces de Paz y Faltas de toda la provincia participaron del encuentro que se realizó el 29 de marzo en Sáenz Peña.
Archivo Judicial, un siglo de historia en un millón de expedientes
INFOJUSCHACO digital: www.justiciachaco.gov.ar
El renacimiento de la justicia PÁG. de paz Por María Luisa Lucas
Ofrecerá cuatro cursos anuales
Centro Estudios Judiciales PÁG. profundiza propuestas de capacitación
PÁG. Resistencia,
Por qué renace la esencia de la justicia de paz
uando el presidente Domingo Faustino Sarmiento, el 31 de enero de 1872 en decisión apresurada pero estratégica, dictó el decreto creando el primer Territorio Nacional del Chaco por ser el centro del conflicto de las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), designó gobernador a Julio de Vedia encargándole la administración y la designación de los primeros jueces de paz y de la comisiones municipales hasta que los pueblos alcanzaran una población de 10.000 habitantes. Este decreto fue mejorado luego cuando sesionó el Congreso mediante la sanción de la ley 576 de ese año 1872. Desde entonces esta organización político-institucional chaqueña cuenta con jueces de paz a cargo de la justicia en todos los rincones del territorio y como provincia desde el año 1951. El actual movimiento de la justicia de paz, tiene como antecedentes las Primeras Jornadas Regionales de Justicia de Paz del NEA en Corrientes en mayo del año 2009, donde se eligió al Chaco para organizar las Segundas Jornadas del NEA, pero advirtiendo el éxito de estas reuniones, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, decidió convocar también al Primer Encuentro Nacional de Justicia de Paz y Faltas a realizarse en Resistencia, los días 10 y 11 de junio del corriente año en el Aula Magna de la UNNE. Es que el Chaco comprendió a partir de la recuperación democrática, que el punto de
Año II Número
13 Abril de 2010
partida para el progreso global de la administración de justicia, es tal vez, provocar la tendencia a formar jueces de paz con un perfil más fuerte que débil, permitiendo adicionar notables ventajas que bien aprovechadas conlleven a cumplir esa renovación y eficiencia desde el escenario de la justicia de menor complejidad propio de la justicia de paz, por su destacada función pacificadora. Por eso convencidos decimos, que el ciudadano común, va a buscar paz en esa justicia, y ahí radica la misión que decididamente defendemos. Que se permita la participación cívica de los interesados y que se estimule la justa composición de los litigios por acuerdo entre las partes, es decir que la justicia de paz puede y debe tener una acción pedagógica y de solución de disputas entre los ciudadanos dependiendo, claro está, de la sensibilización de los usuarios y de los servidores de la administración de justicia. En la actualidad el mundo jurídico se debate entre reducir la litigiosidad de los tribunales, observándose por un lado, la tendencia de informalización y de desjudicialización de los litigios privados, laborales y de consumo, y la transformación de la justicia penal, con la aparición de un nuevo paradigma de desviación, de descentralización, consenso y oportunidad. Y por otro lado, se observa el (re)nacimiento de la justicia de paz con sus principios de simplicidad, adecuación, informalidad, oralidad y absoluta economía procesal, y la trans-
Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia del Chaco López y Planes 215 Resistencia | Chaco Dirección editorial Superior Tribunal de Justicia
Editorial Por MARÍA LUISA LUCAS Ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco formación de las profesiones jurídicas en función de la evolución de las sociedades y de las reformas de la administración de justicia, que se encuentran en curso. El movimiento de reformas de la administración de justicia de naturaleza informal y de desjudicialización, se incluye dentro de un complejo proceso de juridificación y desjuridificación de las sociedades modernas y muestra una permanente ambivalencia. La informalización de la justicia y la desjudicialización, incluyendo todo el movimiento ADR, (Alternative Dispute Resolution) MARC (Métodos Alternativos
Presidente Rolando Ignacio Toledo Ministros Ramón Rubén Avalos María Luisa Lucas Ricardo Fernando Franco Alberto Mario Modi
de Resolución de Conflictos) constituyen, de este modo, mecanismos para la reforma de la administración de justicia siempre y cuando defiendan la igualdad de las partes y promuevan el acceso al derecho. Sólo de este modo, en la multiplicidad de procesos, puede hacer que la justicia sea más democrática. Es decir que en el re-nacimiento de la justicia de paz, con su identidad, esencia y misión tiene como objetivo final, integrar debidamente el extenso territorio chaqueño, y en cada provincia, en relación con una más accesible administración de justicia que directa o indirectamente haga sentir sus efectos en importantes regiones alejadas de las cabeceras de los departamentos judiciales, facilitando el acceso a justicia de las clases menos favorecidas. Este Primer Encuentro Nacional de Justicia de Paz y Faltas en el Chaco está justificando el re-nacimiento de la justicia de paz, porque cuando el año pasado el STJ del Chaco, comunicó su realización a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (JUFEJUS), inmediatamente el STJ de Rio Negro se ofreció a realizar Jornadas Preparatorias en Gral. Roca los días 19 y 20 de marzo, invitando a los jueces de paz del Foro Patagónico, mientras que el STJ de Formosa, se ofreció para realizar las preparatorias regionales del NEA el 10 de abril pasado. En Río Negro fui invitada a exponer sobre los ejes temáticos del encuentro y presencié el plenario anual de la justicia de paz de la provincia, y cuando el señor Presidente, doctor Victor Hugo Sodero Nievas, me cedió la palabra no pude menos que agradecer estar presente en esa reunión y manifesté la necesidad de imitarlos, obligándome a proponer al STJ del Chaco que se
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implemente un plenario anual de jueces de paz y faltas por la trascendencia que significa institucionalizar un encuentro para intercambiar experiencias, y mostrar fortalezas y debilidades en el ejercicio de la función. En el Acuerdo del 31 de marzo de este año quedó plasmada la propuesta de la realización anual del plenario de jueces de paz y faltas. Es que la cultura jurídica es universal, la misma se proyecta en todas las comunidades y a medida que evolucionan las instituciones procesales, ellas influyen en la reformas, las que se adecuan a las necesidades del propio medio y obran como modelos, que se adaptan en cuanto fueren compatibles con la realidad sociológica, en miras a un perfeccionamiento del sistema del servicio de justicia. Nos enseñaba el querido maestro Morello que estudiosos europeos y americanos desnudaban perplejidades e interrogaciones entre optar por una justicia de paz fuerte u otra más débil, así como el modo de superar las dificultades, y rearmar un mapa coherente y equilibrado entre el pretor, el conciliador y el juez de paz, en busca de la informalización de la justicia, que se basa en la creación de una “justicia alternativa o informal” y en el desarrollo de los paradigmas de consenso, reparación, negociación y de “justicia en comunidad” En definitiva podríamos decir que se evoca la figura del mediador, pues la causa no radica en la simple aplicación de la norma legal, sino alcanzar un acuerdo que las partes consideren satisfactorio. De allí entonces, que junto a la verdad material, y en los litigios, la verdad judicial, proponemos la verdad consensual, donde se pretende probar un nuevo paradigma basado en el consenso, que tiene como preocupación no sólo la decisión del caso sino también la solución del conflicto.
Este ejemplar se distribuye una vez por mes en el Chaco y en la Argentina. Queda prohibida su venta por separado. Los artículos pueden reproducirse citando la fuente de la publicación
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Resistencia, PÁG. Abril de 2010
Destinados a todos los fueros
El CEJ ofrecerá cursos anuales de nivel introductorio Las clases se extenderán entre abril y septiembre y se dictarán en las instalaciones del Centro. Tiene como destinatarios a los empleados judiciales de toda la provincia.
Cursos para ingresantes, otra de las propuestas del CEJ. La capacitación a empleados judiciales es una premisa del Centro.
El Centro de Estudios Judiciales tiene previsto ofrecer este año cuatro cursos de nivel introductorio orientados a empleados judiciales de los fueros civil y comercial, laboral, penal y de familia. De acuerdo con la planificación realizada por el CEJ, el cronograma se extenderá entre abril y septiembre con clases que se dictarán en forma quincenal de 17 a 20 en las instalaciones del centro de capacitación del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, ubicadas en Juan B. Justo 42 (Resistencia). A partir del 21 de abril se dictarán las jornadas para empleados judiciales del fuero civil y comercial en el salón auditorio del CEJ. A lo largo de las once clases se abordarán diversas temáticas, entre ellas: acceso a la justicia (21/4); expedientes (5/5); actos procesales (19/5); proceso ordinario (2 y 16/6); proceso sumario (30/6); proceso sumarísimo (14/7); proceso ejecutivo y monitorio (4/8); medidas cautelares (18/8); honorarios, tasas judiciales, planillas y archivo (1/9) y la última clase (programada para el 15 de septiembre) será destinada a la evaluación de conocimientos. En tanto, los interesados en profundizar sus conocimientos para el fuero laboral tendrán un intenso cronograma que incluye diez clases entre el 21 de abril y el 15 de septiembre a dictarse en el aula del CEJ. Para el fuero penal se establecieron también once clases que abarcarán los temas: valores humanos y ética (20/4); introducción al proceso penal
(4/5); marco constitucional del proceso penal (18/5); introducción a la gestión de calidad en el Poder Judicial (1/6); actos procesales, actas, plazos, términos, notificaciones vistas (15/6); taller para fiscalías de investigación (29/6 y 3/7); taller para defensorías correccionales y Cámara del Crimen (3 y 17/8); taller para correccionales y Cámara del Crimen (31/8) y el 14 de septiembre se realizará la evaluación formativa integradora. Las clases se desarrollarán en el salón auditorio del CEJ. Finalmente en el ámbito del fuero de familia la capacitación se extenderá entre el 20 de abril y el 13 de julio. En este caso las clases tendrán lugar en el aula del CEJ e incluyen: nociones procesales de los distintos trámites (20/4); violencia familiar (4/5); trámites del registro civil (18/5); notificaciones (1/6); taller de mesa de entradas y salidas (15/6); taller de audiencias y secretaría (29/6) y la última instancia destinada al examen final. Los primeros Durante los primeros días del mes se realizaron en Villa Ángela y Charata las jornadas de “Proceso Monitorio” que estuvieron a cargo de Olga Allevi, secretaria letrada de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y Laboral; María de los Ángeles Vulecovich, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 12 de Resistencia y Norma del Palacio, secretaria de la Procuración General. Asimismo tuvo lugar la jornada sobre “Preservación del lugar del hecho y escena del crimen” que se dictó en el
Salón de Conferencias del Juzgado de Paz de Sáenz Peña; y tuvo como capacitadores a las doctoras Liliana Lupi, Fanny Zamateo y el doctor Marcelo Soto. Por parte del Gabinete Científico estuvieron presentes el licenciado Gustavo Astesuain, Alejandra Iznardo y Cristian Darocas. Ambas convocatorias tuvieron como destinatarios a magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial.
· Web oficial del CEJ · Tel: 03722 – 443083 / 452933
· Preservación del lugar del hecho y escena del crimen Fecha: 14 y 21 de abril Lugar: Gral. San Martín Disertante: Lic. Fernando Pereyra, Lic. Myrna Juárez Gómez y Lic. Gustavo Enciso · Operador en resolución alternativa de conflictos Fecha: 23 y 24 de abril – 7 y 8 de mayo Lugar: Charata Capacitador: Alejandro Bottini · Preservación del lugar del hecho y escena del crimen Fecha: 14 y 21 de mayo Lugar: Castelli Disertante: Lic. Fernando Pereyra
Caso Profe: rechazan pedido de la defensa de Romero La Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja por recurso denegado planteado el 26 de marzo por la defensa de Jorge Romero (ex ministro de Salud Pública) con el argumento que la cuestión traída a esta sede no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal y por lo tanto debe continuar su trámite de ser elevada a juicio, tal lo había dispuesto la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En su fallo los ministros Ricardo Franco y Mario Modi, presidente y juez de la Sala en cuestión, señalaron que el planteo de los abogados defensores “solo puede ser deducido contra las sentencias definitivas y autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen o denieguen la conmutación o suspensión de la pena”. En tal sentido detallaron “la decisión que se pone en tela de juicio no resulta asimilable a aquellos pronunciamientos que la ley de rito equipara a la sentencia definitiva”. Asimismo los magistrados concluyeron que “en autos no se encuentra cumplido el requisito de definitividad de la sentencia, o su equiparación, no constatándose tampoco que nos encontremos frente a un caso de prolongación injustificada del proceso o ante la existencia de perjuicios de imposible o tardía reparación ulterior que justifiquen excepcionar esta regla”. En plazo razonable y sin doble persecución Los magistrados abundaron en los fundamentos de su rechazo al pedido de la defensa al indicar que la resolución 164/09 de ninguna forma afecta la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable, ni viola la prohibición de doble persecución penal (conocido como el principio de ne bis in idem). Respecto a la duración del proceso el tribunal adhirió a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al destacar que “la propia naturaleza de dicha garantía impide que esta Corte pueda determinar con precisión a partir de qué momento o bajo qué circunstancias comenzaría a lesionarse”, teniendo en cuenta que “el lapso que puede ser razonable para el trámite judicial por un hurto puede no serlo para una asociación ilícita compleja”. Y añadieron “la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso” y “no puede traducirse en un número de días, meses o años”. Sobre el segundo punto la Sala dictaminó que a la defensa “tampoco le asiste la razón por cuanto dicha garantía no puede extenderse a los supuestos de nulidades declaradas en la causa... toda vez que el sentido del ne bis in idem debe siempre ser entendido como la prohibición de más de una sola persecución penal respecto a una misma persona sobre el mismo hecho ya sea simultánea o sucesivamente”. La causa que fue elevada a juicio está caratulada “Romero, Jorge Humberto s/Fraude contra la Administración Pública -12 hechos en concurso real”.
Debatieron esencia y vigencia de la justicia de paz y faltas Magistrados de todo el Chaco participaron del encuentro que se realizó en Sáenz Peña. Las conclusiones serán presentadas en las jornadas nacionales que se harán en junio en Resistencia. Ministros del STJ atendieron propuestas y brindaron soluciones a reclamos. Jueces de las seis circunscripciones judiciales resaltaron los aspectos positivos que determinan el perfil de la justicia de paz y faltas en la provincia. Durante el encuentro, que se realizó a fines de marzo en Presidencia Roque Sáenz Peña, también se expusieron demandas que fueron canalizadas por ministros del Superior Tribunal. Al finalizar la reunión, el presidente Rolando Toledo realizó anuncios entre los que se destacaron la proyección de nuevas capacitaciones y la realización de plenarios anuales de justicia de paz y faltas. Más de 70 jueces de paz y faltas de las seis circunscripciones judiciales participaron del encuentro que se realizó el 29 de marzo en Sáenz Peña. En la ocasión los asistentes arribaron a conclusiones que permitirán mejorar el funcionamiento de esa dependencia del Poder Judicial y trazarán un panorama provincial que será presentado en vistas a las Segundas Jornadas Regionales de Justicia de Paz del NEA y el Primer Encuentro Nacional de Justicia de Paz y Faltas que se realizará el 10 y 11 de junio en Resistencia. Participaron del encuentro el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, la ministra María Luisa Lucas, el inspector de Justicia de Paz, Nelson Mussin y el sub-inspector Omar Amad, así como jueces y secretarios de las seis circunscripciones judiciales. Reunidos en grupos de trabajo conformados por distintas zonas geográficas, los magistrados destacaron los recursos informáticos con los que trabajan y aspectos que hacen al quehacer diario tales como “el compromiso, la independencia e inmediatez en la resolución de conflictos”.
La convocatoria al encuentro fue multitudinaria.
Elvira Kaenel, jueza del Juzgado de Paz de Colonias Unidas, afirmó a InfoJus que el hecho de contar con medios para lograr el mejor desarrollo de las tareas permite optimizar el acceso a la justicia de aquellos que menos tienen y esa es “la meta primordial de todos los magistrados del Chaco”. También reconocieron los aportes en infraestructura y capacitación, que se realizaron en juzgados de paz y faltas de toda la provincia, los cuales permitieron la revalorización del servicio que se brinda a la comunidad. “Nuestro juzgado se creó hace tres años ya que antes dependíamos de Puerto Tirol, pero ahora tenemos edificio propio y trabajamos en excelentes condiciones dando respuesta a las
inquietudes de los ciudadanos”, indicó Antonia Cuadra, jueza del Juzgado de Paz de Laguna Blanca. Resolución de conflictos Los magistrados chaqueños se refirieron de manera positiva a la utilización de la mediación, tanto en lo civil como en faltas, y a la conciliación obligatoria como modo de resolver los casos sin llegar al litigio judicial. Al respecto Omar Berdón, juez del Juzgado de Paz de Miraflores, expresó que “es muy gratificante poder restablecer vínculos de buena vecindad, pese a que muchas veces los conflictos parecen irreconciliables entre pobladores del mismo paraje”. Al finalizar la reunión el inspector
de Justicia de Paz, Nelson Mussin, destacó la participación de jueces, secretarios y otros miembros de la justicia chaqueña y afirmó que “se logró unificar criterios ya que apuntamos a alcanzar una justicia de paz y faltas verbal y actuada que nos permita resolver los conflictos con celeridad”. Mussin reconoció que las conclusiones del encuentro permitirán “mirar hacia el futuro tratando de anticiparnos a la resolución de problemáticas que se puedan suscitar”. Por otro lado, indicó que están trabajando con ahínco para las jornadas nacionales que cobrarán gran relevancia para esta región ya que participarán referentes de distintos poderes judiciales del país.
El presidente del STJ, Rolando Toledo, anunció mejoras para la Justicia de Paz.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, anunció que comenzarán a implementar una nueva forma de capacitación itinerante, en cuestiones de índole judicial e informática, que se sumará a las existentes para mejorar el quehacer judicial en toda la provincia. También se implementará la firma digital, lo cual hará disminuir las notificaciones por escrito hasta llegar lo más rápido posible hacia la digitalización total. Los jueces de paz y faltas pidieron que se armonicen los vínculos con otras instituciones, como es el caso de la Policía, y que se brinden directivas en relación al funcionamiento. Finalmente, el titular del STJ anunció que comenzarán a realizarse plenarios anuales de justicia de paz y faltas, atendiendo a una iniciativa presentada por la ministra Lucas. Se estima que el primero se efectúe después de las jornadas nacionales de Resistencia.
Los magistrados trazaron ejes de acción.
Durante el encuentro en Sáenz Peña, la Ministra del STJ María Luisa Lucas se refirió a los ejes temáticos de las jornadas, antecedentes y a la esencia e identidad de la justicia de paz y faltas. “Se busca la esencia de un modelo que reúna pautas básicas, al cual además de la atribución de servicio a la pacificación, se agregue el de su independencia, de su prestigio y experiencia en la relación personal con la gente”, describió. La doctora hizo hincapié en otros aspectos específicos como los de su competencia
Balance del encuentro en Formosa
Jueces del NEA resaltaron la importancia que tiene en la resolución de conflictos Magistrados y funcionarios participaron el 10 de abril de la segunda jornada preparatoria en la ciudad de Formosa de cara al Encuentro Nacional de Justicia de Paz y Faltas a realizarse los días 10 y 11 de junio en Resistencia. Durante el encuentro coincidieron en la necesidad de vigorizar a la justicia de paz, entiendo a la misma como el ámbito que debe servir de modelo a la hora de comenzar a instrumentar reformas dentro de la justicia. En este sentido destacaron las bondades que tiene su procedimiento como la inmediatez, rápido acceso y espíritu componedor al momento de poner fin a un conflicto vecinal. En la jornada el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Héctor Tievas destacó las bondades y ventajas del sistema sobre el cual están erigidos y funcionan los juzgados y dijo estar persuadido de su importancia a la hora de zanjar diferencias entre litigantes y resolver conflicto entre las partes. Se refirió a la inmediatez de su procedimiento, la celeridad del trámite, la posibilidad que permite al justiciable de acceder sin impedimentos a la justicia de manera simple y sencilla y el alcance de sus resoluciones que ponen fin al conflicto planteado. A su turno la ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, María Luisa Lucas elogió sin eufemismos el andamiaje de la Justicia de Paz, a tal punto que dijo que cualquier reforma que se impulse dentro de la justicia
debe tenerla como modelo y espejo. También habló de la necesidad de fortalecer y vigorizar a estas estructuras judiciales, con “jueces fuertes y capacitados” para resolver los conflictos entre partes. Exposiciones La apertura de las exposiciones estuvo a cargo del ministro del STJ de Formosa, Ariel Gustavo Coll quien se refirió a la mediación y justicia de paz. Hizo una reseña histórica sobre las formas de resolución de conflictos desde tiempos remotos hasta arribar a nuestros días. Tras esa exposición se llevaron a cabo tres disertaciones: Damián Font, secretario relator de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habló sobre el acceso a la justicia; Silvia Coronel, juez de Paz N º 2 de Formosa- y Laura González, delegada vecinal, se refirieron a su identidad, esencia y hacia dónde va. Luego, Olga Gómez García -Juez de Paz de Comandante Fontana – expuso sobre vigencia de la justicia. Finalmente, cada representante del NEA explicó la situación actual de la justicia de paz. En el marco de la primera jornada preparatoria que se realizó el 19 y 20 de marzo en la localidad de General Roca (Río Negro), estuvo presente la ministra del Superior Tribunal de Justicia, María Luisa Lucas, quien realizó una disertación sobre la actualidad y objetivos de la justicia de paz.
para conocer asuntos de limitado valor económico, “sin alta complejidad jurídica pero de potente voltaje social”, señaló. Además reseñó los principios que deben regir el funcionamiento de los juzgados de paz que deben actuar en acuerdo con la simplicidad, informalidad, adecuación, oralidad y absoluta economía procesal. “Su misión es permitir la participación cívica de los interesados y estimular la justa composición de los litigios por acuerdo entre partes”, destacó.
Caso de la Peatonal
El Superior Tribunal rechazó recurso de casación deducido por la defensa del principal imputado El 13 de abril de 2009 el juez de Garantías Nº 2, Carlos Emiliano Alvarenga, dispuso por vía de Control Jurisdiccional la libertad del vendedor ambulante Carlos Maciel, para lo cual cambió el encuadramiento jurídico del hecho que se le imputaba. Para el magistrado se trataba de “lesiones graves”, no de “tentativa de homicidio”. Maciel era el único que permanecía detenido por los violentos hechos ocurridos en la Peatonal el 14 de de noviembre del 2008. La Fiscal de Investigación Nº 5 de esta capital había dispuesto la prisión preventiva del mismo por considerarlo “presunto autor responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa”. La defensa de imputado interpuso diversos planteos contra dicha decisión, reclamando el cambio de la calificación de “homicidio simple en grado de tentativa” por la de “lesiones graves”. Tras analizar la causa, caratulada “Monzón, Daniel Oscar y otro s/ Resistencia Contra la Autoridad y Daño a Bienes del Estado”, el juez Alvarenga concluyó que no podía precisarse fehacientemente que en el ánimo del inculpado hubiese existido una intencionalidad manifiesta de acabar con la vida de Walter Martínez. Basándose en el nuevo encuadre legal, lesiones graves, el 17 de abril la Fiscalía de Investigación Nº 5 resolvió la liberación de Maciel. Lo hizo “bajo caución juratoria” y con expresa prohibición de acercarse al presunto damnificado, Walter Martínez. El criterio de la Cámara de Apelaciones Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por resolución Nº 53/09, declaró nula aquella resolución (Nº 153) a través de la cual la Fiscalía 5 había dispuesto la libertad de Maciel. Los camaristas rechazaron los planteos de nulidad y oposición de la defensa, confirmando tanto la calificación tanto de tentativa de homicidio como la prisión preventiva. Concretamente, declaró la nulidad “de todos los actos consecuentes y posteriores, retrotrayendo la situación procesal del encartado Carlos Maciel a la determinada por la referida Cámara por resolución Nº 27 del 20 de marzo de 2009”. Además, apartaron al doctor Carlos Emiliano Alvarenga “del entendimiento e intervención en la presente causa”. Quienes integran la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional interpretaron que en la referida decisión de Alvarenga “se incurrió en una causal subjetiva de invalidación procesal, por ausencia de aptitud para actuar con relación a un acto concreto”. Enfatizaron, al respecto, que “en autos se había producido el agotamiento de la facultad del citado juez de volver a decidir
ner que (el juez de Garantías Nº 2) se apartó de los principios procesales de preclusión e indisponibilidad en detrimento de su debido proceso legal y la seguridad jurídica, por cuanto surge indudable de los términos del interlocutorio nulificado que para resolver en sentido contrario dicho juez no tuvo en cuenta ni merituó nuevos elementos de prueba sino que con idéntica plataforma fáctica definió una posición jurídica distinta a la plasmada por el anterior juez de Garantías interviniente (Nº 3) que fuera confirmada por la propia Alzada y lo hizo con el mero argumento aclaratorio que antes no había tenido intervención en el proceso para expedirse al respecto”.
Los incidentes ocurrieron el 14 de noviembre de 2008 (Foto gentileza). respecto de cuestiones que ya fueron objeto de solución por parte de la propia Cámara de Apelaciones”. Dicho agotamiento implicaba, añadieron, “la imposibilidad de actuar como consecuencia de haberse superado la etapa procesal pertinente y contarse con una prisión preventiva contra Carlos Norberto Maciel, ya consolidada”. A criterio de los camaristas, los abogados defensores no tenían razón en su planteo recursivo “por cuanto del material probatorio colectado en la causa aparecía como poco probable que el encartado se haya limitado a repeler la agresión”. A dicha conclusión llegaron tras valorar las testimoniales del propio damnificado –el empleado municipal Walter Martínez- y de otros testigos directos del hecho. Analizaron, asimismo, las fotografías agregadas a la causa. Respecto de dicho material, coincidieron que las fotos “ponen de manifiesto la aparente inexistencia de la hipótesis defensiva alegada por la defensa, adquiriendo mayor credibilidad la versión del damnificado y los demás testigos, por ser la que más se compadece con las probanzas de autos”. El rechazo de la Sala Segunda Ya a nivel del Superior Tribunal de Justicia, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional, que se integró para este caso concreto por los doctores Juan Ramón Díaz Colodrero como presidente subrogante, y Alejandro Ernesto Parmetler como vocal subrogante,
rechazaron el recurso de casación deducido. Ambos compartieron la posición explicitada en la resolución-objeto del recurso, “en razón de la correcta fundamentación y aplicación de los principios procesales en juego, resultando la solución arribada por la Alzada ordinaria a todas luces ajustada a derecho”. Los doctores Díaz Colodrero y Parmetler fundamentaron su criterio recordando que el juez de Garantías Nº 2 dictó su resolución invocando “un control jurisdiccional impetrado por segunda vez por la defensa de Maciel y sobre idénticas cuestiones”. Al respecto, consignaron que efectivamente está contemplado en el artículo 331 del Código Procesal Penal que el juez de Garantías intervenga por solicitud directa del imputado. A través del control jurisdiccional, explicaron, “un juez de Garantías se encuentra facultado por la norma procesal para definir una cuestión como la que le fuera llevada a su conocimiento directo por el imputado”. Sin embargo en el caso que tenían a consideración, “de acuerdo con las constancias de la causa y la propia fundamentación del resolutorio nulificado ello no resultaba posible” por cuanto “el juez invoca el control jurisdiccional pero se introduce a resolver una cuestión ya sometida a decisión de la Alzada, la que además fuera consentida por la defensa dada la renuncia a plazos y recursos que efectuara el abogado de Maciel”. Consecuentemente, argumenta la referida Sala del Superior Tribunal provincial, “asiste razón a la Cámara de Apelaciones al soste-
Un acierto de la Cámara de Apelaciones Luego de citar diversas doctrinas sobre la obligatoriedad de un juez inferior respecto de cuestiones decididas por un juez o tribunal superior, la mencionada Sala enfatiza que “carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los procedentes de la Corte y tribunales de alzada sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal”. Subrayó, en tal sentido, que “el procedimiento ya había superado la discusión en torno a la medida restrictiva de la libertad del imputado, avanzando la investigación que por lo demás ya se había visto demorada por la tramitación de los incidentes y la feria judicial, por lo que la resolución del juez de Garantías Nº 2 implicó una retrogradación del mismo, carente de sustento en nuevas pruebas que otorguen fundamento válido a su decisión”. En otros términos, para la Sala Segunda en lo Criminal del alto cuerpo provincial “constituye un acierto de la Cámara de Apelaciones en su Resolución Nº 53/09 declarar la nulidad de lo decidido por el a quo (juez de Garantías Nº 2) conforme los fundamentos desarrollados in extenso, en virtud de que la resolución de ese juez de Garantías fue dictada en contradicción a la garantía del debido proceso legal por haberse en tal caso operado la preclusión de la cuestión sobre la que el mismo emitiera distinta opinión jurídica y resolviera en sentido contrario a lo decidido por el juez o tribunal superior, por lo que también asiste razón a los señores camaristas al afirmar que el poder de actuación del a quo se había perdido definitivamente o agotado”. Contra dicha decisión la defensa interpuso recurso extraordinario federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así un planteo de nulidad contra todo lo actuado en el proceso. Ambos remedios legales están siendo analizados por los jueces intervinientes.
La primera en su tipo del país
La Fiscalía de Derechos Humanos en la provincia La Fiscalía penal especial de Derechos Humanos – dependiente del Ministerio Público del Poder Judicial del Chaco- fue creada mediante la ley Nº 5702 y comenzó a funcionar el 17 de junio de 2008 con jurisdicción en todo el ámbito provincial. El origen de su implementación se vincula con la trascendencia internacional que, varios años antes, había obtenido el “caso Greco”. El ámbito, específico y único en el país, fue proyectado luego de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se había expedido al respecto. El 25 de junio de 1990, Juan Ángel Greco, un artesano de 24 años, fue arrestado ilegalmente cuando solicitaba asistencia policial al denunciar una agresión. El joven estuvo detenido en la Comisaría de Puerto Vilelas donde se produjo un incendio en su celda, en circunstancias no aclaradas, que derivó en su posterior muerte. La familia de Greco acusó a la Policía como responsable de provocar el incendio y de demorar el traslado de la víctima al hospital, donde falleció el 4 de julio de 1990. La denuncia llegó a instancias internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró su competencia. Fue así que se firmó un acuerdo de solución amistosa con el estado provincial chaqueño, en octubre de 2003. El Estado chaqueño reconoció su responsabilidad institucional en los hechos ocurridos y se comprometió a tomar las medidas necesarias para reexaminar y reabrir las investigaciones correspondientes, y asegurar la protección de los derechos humanos en la Provincia. Una de ellas fue la creación de la Fiscalía Penal Especial de Derechos Humanos de la provincia.
Casos según su tipo Junio 2008 - marzo 2010
Casos por circunscripción
Resistencia es la circunscripción que registra la mayor cantidad de denuncias. Su titular, el doctor Daniel Turraca, articula tareas con el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, y con el Consejo Provincial para la Promoción, el Fortalecimiento y la Defensa de los Derechos Humanos. En diálogo con INFOJUS explicó que la Fiscalía promueve la investigación de los hechos de torturas u otros tratos degradantes cometidos por funcionarios públicos en perjuicio de personas que se encuentren jurídicamente a su cargo o sobre quienes tienen poder de hecho. Ante una denuncia de este tipo, el organismo se constituye en querellante particular, figura técnica que lo habilita para promover la investigación y acercar pruebas para que el
fiscal de turno investigue el hecho en cuestión. La fiscalía de Derechos Humanos toma conocimiento de las denuncias derivadas de la mesa informática del fuero penal y las comunicaciones del resto de los fiscales de las distintas jurisdicciones provinciales, además de la subsecretaría de Derechos Humanos y la dirección de defensa de la democracia del Poder Ejecutivo y ONG vinculadas a DDHH y familiares de presos. Desde el 17 de junio de 2008 hasta el 31 de marzo de 2010 la Fiscalía tomó conocimiento de 496 hechos, la procedencia de las denuncias es la siguiente: por acta de damnificados, 107 casos; por Cámara de Diputados, 20 casos; por entes gubernamentales, 13 casos; por notificaciones de Fiscalía Capital, 125; por notificaciones de mesa informatizada, 35 casos; por otras
dependencias judiciales, 12 casos; por conocimiento público, 9 casos. Casi la totalidad de las denuncias apuntan a funcionarios policiales (ver recuadro). En la evolución de los procedimientos de investigación, hay causas que quedan archivadas por falta de mérito, otras se encuentran en proceso y otras a punto de ser elevadas a juicio, especialmente en el ámbito de la primera y segunda circunscripción (que es donde se reciben la mayoría de las denuncias). El fiscal Turraca explicó a INFOJUS que la dilación en la resolución de muchos casos tiene que ver con un problema que trasciende las posibilidades de la fiscalía, y es que algunos testigos no concurren a las audiencias o no recuerdan el hecho que presenciaron (muchas veces 6 u 8 meses atrás); entonces se reprograma la cita y se alargan los tiempos en contra de la celeridad que amerita el tratamiento del tema. La primera circunscripción judicial, con sede en Resistencia, recibe la mayor cantidad de denuncias por apremios ilegales (323 casos). La siguen Villa Ángela, con 55 denuncias; Sáenz Peña con 46; General San Martín, con 40; Juan J. Castelli, con 16, y Charata, con 10 denuncias. Los lugares de encierro son los sitios clave en los que se registra el maltrato policial (alcaidía, casa Cuna, hospital, etc.) pero no son los únicos ámbitos donde esto ocurre. La vía pública, y el desmesurado celo del personal policial en determinados casos, también es ámbito en el que se desenvuelven situaciones relacionadas con los apremios ilegales, que luego engrosan la estadística de la Fiscalía provincial de Derechos Humanos.
El fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca, promueve la investigación de los hechos de torturas u otros tratos degradantes cometidos por funcionarios públicos y se constituye en querellante particular de las causas derivadas de las denuncias sobre este tipo de delitos.
Una práctica equivocada que persiste El fiscal Turraca explicó a INFOJUS que la mayoría de los apremios ilegales cometidos por funcionarios policiales se asocian con la aplicación –desmedida y equivocada- del código de faltas y no por la comisión puntual de delitos. Suele ocurrir, detalló el funcionario, que una persona (las estadísticas hablan de una abrumadora mayoría de jóvenes, además) sea detenida por no portar documentos o por usar pelo largo o andar desaliñado o estar reunida en grupo en una esquina. También es frecuente que, aún habiendo sido declarado un procedimiento inconstitucional (a consecuencia del caso Bulacio), se persista con el procedimiento de las razzias. Turraca reveló que, en estos casos, de treinta personas detenidas, la mayoría lo son por no portar identificación o por consumo de un cigarrillo de marihuana. El fiscal informó que es muy común que ocurran abusos en las requisas policiales. “Una cosa es palpar (lo que se conoce como cacheo), y otra levantar la remera o bajar el pantalón de la persona o sacarle las plantillas de las zapatillas para revisarlas”, aclaró el fiscal, y añadió que ese tipo de procedimientos está en el límite con el abuso. Por otro lado el fiscal aseguró que la detención arbitraria, sin orden judicial, es un procedimiento ilegal. En tal sentido, explicó que el único funcionario
que está en condiciones de decidir un arresto es un juez. Si bien se reciben denuncias por esta distorsión de la interpretación del deber de funcionario público, Turraca sostuvo que la cifra de casos no denunciados (por miedo, por desconfianza o por desconocimiento) es todavía mayor. El tema es complejo y se relaciona con decisiones a nivel de políticas públicas en torno a la aplicación de las normas, reasignación de recursos y reeducación del personal policial. Las conductas abusivas y arbitrarias de la fuerza policial tienen que ver con antiguas (y vetustas) prácticas. Actualmente, la normativa en vigencia establece con claridad cuál debe ser el tratamiento del recluso, pero en la práctica persisten comportamientos asociados a viejos tiempos autoritarios. Esto también se vincula a una demanda muy extendida: la de mayor presencia policial en la calle, que suele asociarse con la prevención y disminución del delito. Suele ocurrir, asimismo, que muchos agentes policiales detengan a personas en la calle por haber recibido una agresión verbal. En tal sentido, Turraca opinó que “el funcionario público tiene que aceptar las críticas de los ciudadanos, aún las más aberrantes”, porque, según su criterio, eso forma parte de su quehacer profesional.
A qué se denomina apremio ilegal El apremio ilegal es un delito que se ubica entre los que atentan contra la libertad individual. Se tipifica cuando un funcionario público, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, priva a alguien de su libertad personal, o aplica cualquier tipo de vejámenes y severidades. Las vejaciones pueden ser físicas o morales, y generalmente tienen el fin en sí misma; en tanto que los apremios al igual que las torturas persiguen que la víctima haga o diga algo, como por ejemplo, que confiese. También constituye apre-
mio ilegal la imposición de cualquier especie de tormento por el funcionario público a los presos que guarde. La pena se agrava si resulta la muerte de la víctima y también cuando el reo es un preso político. La Constitución de la Nación Argentina establece en su art. 18: “quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes”. En al actualidad, entre los denominados instrumentos de tortura, desempeña un papel preponderante la picana eléctrica, por su eficacia y ausencia de rastros.
Un mundo donde conviven un millón de expedientes del pasado y presente
Quien crea que la palabra archivo simboliza lo viejo, lo que ya está fuera de uso y por lo tanto candidato al descarte, deberá revisar su concepto tras visitar el Archivo General del Poder Judicial ubicado en Arbo y Blanco 498, Resistencia. Su existencia y función pasan desapercibidas dentro del conjunto jurisdiccional. Sin embargo, más de un millón de expedientes del pasado y del presente conviven admirablemente en sus anaqueles. Las historias que contienen dichos expedientes no son letras muertas para escritores, periodistas e investigadores. En sus estanterías un investigador puede encontrar expedientes sobre pasajes horrendos de la historia chaqueña, como la muerte de la condesa Alice Lesaige o la masacre de Napalpí, pero también con expedientes sobre hechos menos traumáticos como un juicio por el hurto de un loro llamado “Arturo de Oro”. Se entiende entonces por qué allí pasaban largas horas, conectado con el pasado, personalidades como Guido Miranda, Ramón de las Mercedes Tissera y Carlos López Piacentini. Hizo lo propio, recientemente, el escritor y periodista Pedro J. Solanz, cuyo próximo libro se basará en los expedientes sobre Isidro Velásquez que allí se conservan. Un archivo con historia, vida y movimiento El Archivo Judicial tiene vida y movimiento gracias a la acertada concepción que tiene su personal respecto de lo que un lugar como éste debe ofrecer: celeridad y eficacia en lo que allí se peticiona. Desde su directora Elena Beatriz Macagno hasta el último personal comprenden que un Archivo debe ser vívido y su contenido presto para el esclarecimiento y la información del visitante. El trabajo constante y consciente de sus empleados se parece al de las hormigas. Silencioso, desapercibido, pero sus frutos se ven en el momento preciso. Creado en 1953 para guardar protocolos de escribanos, de jueces de Paz y de documentaciones civiles, penales y laborales, lo respalda una trayectoria de 57 años. Desde aquellos tiempos de la tinta china, el plumín y el secante hasta la actualidad, signada por la magia de las computadoras, el Archivo Judicial ha desarrollado una historia institucionalmente apasionante. Allí están, por ejemplo, en notable estado de conservación, resoluciones de los juzgados de Paz de Puerto Bermejo y
Elena Macagno, secretaria general del Archivo del Poder Judicial.
La Sabana, que corresponden a los años 1895 y 1899. Y si de protocolos de los escribanos se trata, el más antiguo que se conserva es la escritura Nº 1 suscripta el 16 de noviembre de 1885 por el escribano Juan A. López. Un testimonio de dicha escritura fue obsequiado al Colegio de Escribanos y hoy se encuentra, convenientemente enmarcado, en su Salón de Actos. Por otra parte, los expedientes criminales iniciados entre los años 1890 a 1910 encontrarán que era habitual que los jueces dispusieran el “engrillado” de los condenados. En noviembre de 1953, el gobernador Felipe Gallardo autorizó la creación del Archivo General del Poder Judicial y asignó, para su funcionamiento, el edificio de calle Colón 46. Allí fueron a parar todos los expedientes de la extinguida justicia del Territorio Nacional del Chaco. Es decir, los mismos expedientes que hoy, convertidos en tesoros documentales, reposan en el archivo de la justicia chaqueña. Al fondo de este edificio en deplorable estado de conservación existía una no menos destartalada pieza que funcionaba como Sala de Armas y criadero de ratas. Allí estaban amontonados, despidiendo terrible olor, pruebas de delitos y materiales inimaginables enviados por la justicia criminal. Tan nauseabundo era el olor que cierto día un ordenanza llamado Mariano Acevedo en colaboración con otros empleados armaron una fogata donde fueron a parar todos esos efectos malolientes. Menos mal que na-
die reclamó nada. “Si no íbamos todos en cana”, recuerda hoy una de las protagonistas de aquel acto incendiario. A principios de la década del 60 el archivo seguía funcionando en el mismo calamitoso edificio. Pero, técnicamente, estaba más organizado. Sus autoridades pidieron a todas las provincias material relacionado con archivos y hasta se suscribieron a la revista de la Asociación Archivística Argentina, cuyos escritos sirvieron para abrirle nuevos campos de acción. Comenzó a clasificar los expedientes y agruparlos en legajos y fichado. Los dos ficheros giratorios –que aún se conservan- se llenaron. Paralelamente rescató innumerables protocolos de escribanos que estaban mezclados con diarios, revistas y material con los que nada tenían que ver. Cambios de escenario En 1962, con la ayuda de soldados y camiones del regimiento local, el Archivo se mudó a la planta baja de Alberdi 319. En 1963 el Superior Tribunal de Justicia consiguió la aprobación del decreto ley número 761 que reglamentaba la incineración de expedientes judiciales. Seguidamente apareció la ley 2550 sobre aspectos a tener en cuenta para la destrucción de expedientes. La norma legal establecía que el material descartado sea vendido, y, lo recaudado destinado a la compra de útiles para el Archivo. Posteriormente se modificó el artículo que reglamentaba dicho aspecto. A partir de allí de modo cuanto se
recaudaba pasaba a la biblioteca del Superior Tribunal, desde donde se pedía reiteradamente la compra de libros. En 1965 otra vez se requirió el apoyo del ejército y de vehículos de la empresa que en ese momento construía el edificio del IPS (hoy Insssep) para una nueva mudanza. El nuevo destino, Colón 182, tenía planta baja, dos pisos y un entrepiso, pero antiguo y con un estado de conservación deprimente. Afortunadamente encontró un alma caritativa en el subsecretario de Obras Públicas de la provincia, arquitecto Enrique Gómez, más conocido como “Gardelito”, quien ordenó la remodelación del inmueble. Cada destino ofrecía sus propias anécdotas y éste no podía ser una excepción. En los fondos de este inmueble existía una habitación con rejillas en el techo, por donde se filtraba un insoportable olor a cloaca. Allí trabajaba un empleado al que le gustaba estar sólo y no quería ser molestado. Evidentemente era muy querido, a juzgar por las continuas visitas que recibía. Hasta que se descubrió que el solitario empleado se dedicaba a la usura y utilizaba aquella pieza con olor a cloaca como oficina para sus operaciones de prestamista. Veintiún años después, en 1986, sobrevino la tercera mudanza. Nueva dirección, Belgrano 159. Éste local sí era bueno: espacios aireados, cómodos, lugares aptos para guardar las documentaciones que ingresaba, buenas instalaciones sanitarias y cocina adecuada. Ese mismo año se realizó en el Archivo General de la Nación un congreso nacional sobre la materia, donde los representantes del Archivo Judicial del Chaco presentaron un trabajo vinculado con la Archivología Judicial. El hecho de que el jurado ubicara el trabajo de los chaqueños en primer lugar le otorgó tanta relevancia que años después seguían recibiéndose pedidos de informes de otras provincias sobre aquella ponencia. Salto notable fue para el Archivo su mudanza, en 1995, al edificio que ocupa actualmente sobre la calle Arbo y Blanco como relevantes han sido, institucionalmente, las sucesivas inauguraciones de delegaciones en Roque Sáenz Peña, Charata y Villa Ángela. En materia de delegaciones en el interior, la próxima beneficiará a General San Martín, según un proyecto del Superior Tribunal de Justicia.
Publicación del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco

References: Resolución 
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 artículo 331
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