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Timestamp: 2019-05-22 03:26:44+00:00

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SENTENCIA DE 26 DE ENERO DE 1999
En el caso Cesti Hurtado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y Renzo Pomi, Secretario adjunto de acuerdo con el artículo 36.6 de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”).
1. Este caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) el 9 de enero de 1998. Se originó en la denuncia número 11.730, recibida en la Secretaría de la Comisión el 7 de marzo de 1997.
Sobre los hechos expuestos en la demanda
2. En los siguientes párrafos, la Corte resume aquellos hechos alegados por la Comisión en el escrito de demanda, relevantes para la consideración de las excepciones preliminares:
a. el señor Gustavo Adolfo Cesti Hurtado, ciudadano peruano, fue capitán en el Ejército peruano y se retiró del servicio en 1984. Al momento de los hechos del presente caso, era el Gerente General de la empresa “Top Security Sociedad Anónima”, la cual tenía celebrado un contrato de asesoría en materia de seguros con el Comando Logístico del Ejército peruano;
b. en noviembre de 1996 se inició, ante el fuero militar peruano, un proceso contra varios miembros del Ejército y contra el señor Cesti Hurtado;
c. el 23 de diciembre de 1996 se acusó al señor Cesti Hurtado por los delitos de fraude, negligencia, desobediencia y delitos contra el deber y dignidad de la función y el 17 de enero de 1997 el Vocal Instructor ordenó su detención;
d. el 31 de enero de 1997 el señor Cesti Hurtado interpuso un recurso de hábeas corpus, por considerar que el fuero militar no era competente para juzgarle, en razón de su condición de civil. El 12 de febrero de 1997 el recurso mencionado fue declarado procedente en segunda instancia por la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Lima, la cual ordenó que se sustrajera al señor Cesti Hurtado del procedimiento que se seguía ante el fuero militar y que se dejara sin efecto la orden de detención y el impedimento de salida del país dictados en su contra. La resolución de la “Sala Especializada de Derecho Público” fue notificada al fuero militar el 18 de febrero de 1997;
e. el 26 de febrero de 1997 el Consejo Supremo de Justicia Militar desconoció la resolución de la Sala Especializada de Derecho Público de 12 de los mismos mes y año y dispuso la inmediata ejecución de la orden de detención contra el señor Cesti Hurtado;
f. el 28 de febrero de 1997 el señor Cesti Hurtado fue detenido;
g. el 6 de marzo de 1997 la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Lima manifestó que sus resoluciones son de obligatorio acatamiento y declaró que es competente para la resolución de acciones de garantía constitucional;
h. el 8 de marzo de 1997 el Vocal del fuero militar ordenó la detención definitiva y la continuación del proceso abierto en dicho fuero contra el señor Cesti Hurtado;
i. entre los días 13 y 19 de marzo de 1997 el Juez Ejecutor del hábeas corpus notificó al fuero militar la resolución de la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Lima y se apersonó en el cuartel militar en que se encontraba detenido el señor Cesti Hurtado para intentar, infructuosamente, que se pusiera en libertad a este último;
j. el 13 de abril de 1997 la Sala de Guerra condenó al señor Cesti Hurtado a siete años de prisión; y
k. el 2 de mayo de 1997 la Sala Revisora del fuero militar sentenció al señor Cesti Hurtado a cuatro años de prisión y al pago de US$390.000,00 (trescientos noventa mil dólares de los Estados Unidos de América).
3. El 7 de marzo de 1997 la Comisión recibió en su Secretaría una denuncia hecha por la señora Carmen Judith Cardó Guarderas en favor de su esposo, el señor Cesti Hurtado. El 10 de los mismos mes y año, la Comisión comunicó la denuncia al Estado, al cual solicitó que presentara la información correspondiente en un plazo de 90 días.
4. El 25 de abril de 1997 la Comisión solicitó al Perú, como medida cautelar, que le informara si se había dado cumplimiento “en todas sus partes el pronunciamiento recaído en el hábeas corpus” dictado en favor del señor Cesti Hurtado y, en su caso, cuáles serían las medidas que se adoptarían con ese objeto. Asimismo, le solicitó que presentara información referente a la atención médica que recibía el señor Cesti Hurtado. El 19 de mayo del mismo año, el Estado presentó a la Comisión su respuesta, la cual fue transmitida, en lo conducente, a la peticionaria el 28 de los mismos mes y año.
5. El 9 de julio de 1997 el Estado presentó “información consolidada” sobre este caso, la cual, a criterio de la Comisión, contenía “una síntesis de las posiciones que se habían acompañado en comunicaciones anteriores”.
6. El 12 de septiembre de 1997 la Comisión se puso a disposición de las partes para procurar una solución amistosa y les solicitó que dieran una respuesta sobre este ofrecimiento dentro de un plazo de 15 días. El Estado no dio respuesta a dicho ofrecimiento.
7. El 16 de octubre de 1997, durante su 97o. Período de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe número 45/97, el cual fue transmitido al Estado el 30 de los mismos mes y año. En dicho Informe, la Comisión planteó las siguientes conclusiones:
1. El Estado peruano es responsable de la violación del derecho a la libertad personal del Sr. Gustavo Adolfo Cesti Hurtado quien se encuentra detenido en la prisión militar del cuartel Simón Bolívar de Lima, derecho que se encuentra protegido por el artículo 7 inciso 1 de la Convención Americana.
2. El Estado peruano es responsable de la violación del derecho al debido proceso en contra del Sr. Gustavo Adolfo Cesti Hurtado, al haberlo sometido ante un Tribunal incompetente para la determinación de sus derechos, y de la privación de su libertad personal, derechos consagrados en los artículos 8 inciso 1, y 7 inciso 6, de la Convención, respectivamente.
3. El Estado peruano es responsable de la violación del derecho al honor y a la buena reputación del Sr. Gustavo Adolfo Cesti Hurtado, al haberlo determinado como culpable de la comisión de un delito como resultado de un proceso indebido, derecho que se encuentra consagrado por el artículo 11 de la Convención.
4. El Estado peruano es responsable por la falta de cumplimiento del contenido de la sentencia de hábeas corpus que se emitió a favor del Sr. Gustavo Adolfo Cesti Hurtado en instancia definitiva e inapelable por la Sala Especializada de Derecho Público de Lima, violando así el derecho del mencionado Sr. Cesti a que se ejecuten las resoluciones a su favor como consecuencia de los recursos sencillos y rápidos a los que tiene derecho según lo consagrado por el artículo 25.1 y 25.2.a y 25.2.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
5. El Estado peruano es responsable por la violación del derecho consagrado en el artículo 21 de la Convención, en perjuicio del Sr. Cesti Hurtado.
6. El Estado peruano no ha permitido una cabal atención médica del Sr. Gustavo Adolfo Cesti Hurtado, lo cual es incompatible con el artículo 5 de la Convención.
y las siguientes recomendaciones al Estado:
1. [Que ejecutara] de inmediato la resolución de hábeas corpus emitida por la Sala Especializada de Derecho Público de Lima de fecha 12 de febrero de 1997, a favor del Sr. Gustavo Adolfo Cesti Hurtado y en consecuencia [dispusiera] su libertad, [dejara] sin efecto el proceso que se le inició al señor Cesti ante el fuero militar y las conclusiones a las que en ese proceso se han arribado.
2. [Que indemnizara] al Sr. Gustavo Adolfo Cesti Hurtado por las consecuencias ocasionadas por la detención indebida, el proceso irregular y el cuestionamiento a su honor al que fue sometido.
La Comisión también decidió transmitir el informe citado al Estado peruano, al cual otorgó el plazo de un mes para dar cumplimiento a las recomendaciones que se han citado.
8. El 25 de noviembre de 1997 el Estado rechazó el Informe de la Comisión y solicitó que se archivara definitivamente el caso.
9. El 22 de diciembre de 1997 la Comisión decidió presentar el caso ante la Corte.
10. El 17 de julio de 1997, con anterioridad a la presentación de la demanda, la Comisión solicitó a la Corte que, como medida provisional, ordenara al Estado dar cumplimiento a la sentencia dictada en el proceso de hábeas corpus por la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, sin perjuicio de que las investigaciones continuaran ante el órgano judicial competente para determinar la eventual responsabilidad penal del señor Cesti Hurtado.
11. El 29 de julio de 1997 el Presidente solicitó al Estado que adoptara “sin dilación cuantas medidas [fueran] necesarias para asegurar la integridad física, psíquica y moral del señor Gustavo Cesti Hurtado”. Esta resolución fue ratificada por la Corte el 11 de septiembre del mismo año.
12. El 9 de enero de 1998 la Comisión solicitó a la Corte que ordenara la libertad personal de la víctima y la liberación de su patrimonio. El 21 de los mismos mes y año, la Corte requirió al Estado que mantuviera las medidas provisionales para asegurar la integridad personal del señor Cesti Hurtado.
13. El 9 de enero de 1998 la Comisión también presentó la demanda, en la cual invocó los artículos 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y 26 del Reglamento. La Comisión sometió este caso para que la Corte decidiera si hubo violación de los siguientes artículos de la Convención: 5.1, 5.2 y 5.3 (Derecho a la Integridad Personal); 7.1, 7.2, 7.3 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal); 8.1 y 8.2 (Garantías Judiciales); 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad); 17 (Protección a la Familia); 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 25.1, 25.2.a y 25.2.c (Protección Judicial); y 51.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1 y 2 de la misma. Asimismo, solicitó que la Corte ordenara al Perú que sancionara a los responsables de las presuntas violaciones cometidas en perjuicio de la víctima, pusiera a esta última en libertad y anulara el proceso seguido en su contra ante el fuero militar. La Comisión también solicitó que el Estado
repare y pague una indemnización a la víctima por el tiempo que ha estado detenido indebidamente y por el daño al honor personal que se le la inferido al tratársele como reo, a la inmovilización de su patrimonio, a las remuneraciones dejadas de percibir al no poder ejercer su derecho a trabajar mientras permanezca injustamente detenido y a la angustia generada al obligársele a un tratamiento médico que no es de su elección.
Finalmente, la Comisión solicitó que se condene al Estado peruano al pago de las costas de este proceso.
14. La Comisión designó como su delegado al señor Oscar Luján Fappiano; como sus asesores al señor Jorge E. Taiana y a la señora Christina M. Cerna, y como su asistente al señor Alberto Borea Odría.
15. El 22 de enero de 1998 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por su Presidente (en adelante “el Presidente”), la notificó al Estado, al cual informó sobre los plazos para contestarla, oponer excepciones preliminares y nombrar su representación. Asimismo, se invitó al Estado a designar Juez ad hoc.
16. El 20 de febrero de 1998 el Perú designó al señor David Pezúa Vivanco como Juez ad hoc.
17. El 20 de marzo de 1998 el Estado designó al señor Jorge Hawie Soret como agente.
18. El mismo día, el Estado interpuso las siguientes excepciones preliminares (en mayúsculas en el original):
(1) falta de agotamiento de la jurisdicción interna al momento que la [Comisión] admitió a trámite la petición del supuesto agraviado; y de acción legal inidónea [;]
(2) de incompetencia y jurisdicción[;]
(4) falta de reclamación previa ante la Comisión [;]
y solicitó que la Corte dispusiera el archivo de la demanda.
19. El 20 de abril de 1998 la Comisión presentó sus observaciones, en las cuales solicitó que la Corte rechazara “en todas sus partes” las excepciones preliminares interpuestas.
20. El 22 de mayo de 1998 el Estado presentó la contestación de la demanda.
21. El 14 de septiembre de 1998 el Presidente convocó al Estado y a la Comisión a una audiencia pública, que se celebraría el 24 de noviembre de 1998 en la sede de la Corte, para conocer sus puntos de vista sobre las excepciones preliminares interpuestas por el primero. Asimismo, el Presidente citó a dicha audiencia a los señores Valentín Paniagua Corazao, Julio B. Maier y Néstor Sagües, peritos ofrecidos por la Comisión, para que rindieran sus dictámenes en el curso de la audiencia mencionada.
22. El 21 de octubre de 1998 la Comisión solicitó a la Corte que aceptase la sustitución del perito Julio B. Maier por el señor Samuel Abad Yupanqui, en razón del nombramiento del primero como magistrado de la Corte de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 23 de los mismos mes y año, el Presidente designó al señor Abad Yupanqui como perito y le citó a la audiencia pública sobre excepciones preliminares.
23. El 20 de noviembre de 1998 el señor Pezúa Vivanco informó a la Corte que le resultaba “materialmente imposible” viajar a su sede durante su XLII Período de Sesiones, con el objeto de rendir juramento ante el Presidente y concurrir al Tribunal durante la audiencia pública sobre excepciones preliminares.
24. La audiencia pública sobre excepciones preliminares fue celebrada en la sede de la Corte el 24 de noviembre de 1998.
Sergio Tapia Tapia, asesor;
Alberto Cortez, asesor;
Walter Palomino Cabezas, asesor; y
Mario Cavagnaro Basile, asesor;
Oscar Luján Fappiano, delegado;
Verónica Gómez, asistente; y
Samuel Abad Yupanqui; y
Los peritos mencionados rindieron sus informes, que serán oportunamente agregados al acervo probatorio del presente caso. Por su parte, pese a haber sido debidamente convocado, el señor Néstor Sagües, perito propuesto por la Comisión, no compareció ante la Corte.
25. El 10 de diciembre de 1998 el señor Pezúa Vivanco presentó a la Corte su renuncia al nombramiento como Juez ad hoc en el presente caso, por razones de incompatibilidad con su cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial del Perú.
26. El 19 de enero de 1999 la Corte dictó una resolución mediante la cual dispuso
27. El Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Por lo tanto, la Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer las excepciones preliminares interpuestas en el presente caso.
28. Es necesario dilucidar en este momento un asunto relacionado, en forma genérica, con las observaciones de la Comisión al escrito de excepciones preliminares presentado por el Estado. La Comisión manifestó en las observaciones citadas que
no es la primera ocasión que el Ilustrado Gobierno del Perú opone [las] excepciones [que se han interpuesto en este caso] porque, en efecto, cuestiones de similar tenor a las que ahora respondo han sido propuestas ya en el caso Castillo Petruzzi y otros. Es por ello que, en homenaje a la brevedad, me remito, en lo pertinente, a cuanto expuso la Comisión en tal caso en su escrito de respuesta como así también a las correspondientes consideraciones que la Comisión consignó en la demanda presentada en este caso Cesti Hurtado, las que solicito se tengan reproducidas en esta respuesta.
29. La petición de la Comisión en el sentido de que la Corte considere “en lo pertinente” argumentos que fueron planteados en otro caso, no contribuye a la marcha del proceso. Cuando la Comisión presenta observaciones sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, debe relacionarlas con las circunstancias particulares del caso respectivo. Por lo tanto, para los efectos de esta sentencia, la Corte ha examinado las observaciones hechas por la Comisión en relación con las excepciones presentadas por el Estado en el marco de este proceso y en la presente etapa, sin remitirse a las planteadas en el desarrollo de otros casos.
30. La primera excepción interpuesta por el Estado se refiere a la supuesta falta de agotamiento de la jurisdicción interna al momento en que la Comisión admitió a trámite la petición a favor del supuesto agraviado, y de acción legal inidónea.
31. Para fundamentar dicha excepción, el Estado presentó un resumen de su interpretación sobre los hechos del caso y, además, los argumentos que la Corte sintetiza a continuación:
a. que cuando la Comisión recibió y admitió la denuncia interpuesta por la señora Carmen Judith Cardó Guarderas de Cesti el 4 de marzo de 1997, no se había agotado aún la jurisdicción interna, porque el punto central en discusión, que es el de la competencia del fuero militar, no puede dirimirse a través de una acción de hábeas corpus, ni por parte de la Corte Superior de Lima, sino mediante la aplicación de los procedimientos previstos en el Código de Justicia Militar y la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por parte de la Corte Suprema de Justicia;
b. que no existía prisión arbitraria contra el señor Cesti Hurtado, pues la orden de detención reunía los requisitos de una resolución judicial emanada de un procedimiento regular, resolución consistente en mandamiento escrito y motivado emitido por un organismo jurisdiccional, constitucionalmente autónomo y exclusivo; y
c. que el 2 de mayo de 1997, dos meses después de la interposición de la petición originaria ante la Comisión, el fuero privativo militar condenó al señor Cesti Hurtado a cuatro años de pena privativa de libertad, lo cual, en opinión del Estado, demuestra que los recursos internos no se habían agotado cuando la denuncia fue interpuesta ante la Comisión.
32. La Corte sintetiza a continuación los argumentos de la Comisión sobre la primera excepción interpuesta por el Estado:
a. que, en su escrito de demanda, se había referido a este tema, por lo que remitió, “entre otros”, a los párrafos 56, 57, 65 a 70, 75 y 78 del mismo;
b. que la acción de hábeas corpus procede por mandato de ley en el supuesto de “falta o ausencia de [...] debido proceso”; que este último concepto comprende la competencia del juzgador y que, por lo tanto, la acción de hábeas corpus era el recurso idóneo en el caso del señor Cesti;
c. que la Convención Americana “queda violada con la sola promoción del proceso ante un juez o tribunal incompetente”;
d. que la emisión de una orden de detención por parte de una autoridad o funcionario que no es competente es un hecho que amenaza la libertad, situación que, de acuerdo con la Constitución peruana, puede impugnarse a través del recurso de hábeas corpus; y
e. que “la Convención queda violada por la amenaza que se cierne sobre la libertad de una persona, de la que se deducen luego los demás derechos conexos, según lo establece el artículo 200 de la Constitución peruana”.
33. El artículo 46.1.a de la Convención establece que para que una petición o comunicación presentada a la Comisión Interamericana de acuerdo con los artículos 44 ó 45 de la Convención resulte admisible, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. El tema del agotamiento fue planteado ante la Comisión, y ésta estimó, en su Informe No. 45/97 de 16 de octubre de 1997, que los recursos internos se habían agotado con la decisión sobre la acción de hábeas corpus en última instancia. Lo que la Corte debe resolver ahora es si el encarcelamiento y multa impuestos al señor Cesti Hurtado fueron resultado de un debido proceso legal. Esta es una cuestión esencialmente sustantiva, mientras que la objeción del no agotamiento de los recursos internos, a su vez, es de carácter procesal y de pura admisibilidad. Como los argumentos del Estado se refieren al fondo, la Corte los considerará en el examen del fondo del caso. Por lo tanto, la Corte rechaza la primera excepción preliminar por improcedente.
Segunda y tercera excepciones:
Incompetencia y Jurisdicción, y Cosa Juzgada
34. La segunda excepción interpuesta por el Estado se refiere a la jurisdicción y competencia.
35. Al respecto, el Estado alegó:
a. que, a través de su demanda, la Comisión “pretende enervar la institución de la cosa juzgada” al solicitar que se declare la nulidad del proceso ante el Fuero Privativo Militar que condenó al señor Cesti Hurtado por el delito de fraude en agravio del Estado;
b. que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 138 y 139.1 de la Constitución Política del Perú, la potestad de administrar justicia es una atribución privativa del Estado que emana del pueblo;
c. que si la Corte aceptase lo propuesto en la demanda, enervaría el orden jurídico del Estado peruano y “desestabilizaría instituciones constitucionalmente vigentes como el Fuero Privativo Militar y el Fuero Común cuyas diferencias se resuelven conforme a procedimientos previstos en la Ley peruana”; y que estaría transgrediendo la Carta de la Organización de los Estados Americanos al comprometer indirectamente a otros Estados de los cuales proceden sus miembros en asuntos peruanos;
d. que un organismo integrado por personas ajenas a la sociedad peruana no puede cuestionar su orden jurídico, reestructurado a partir de 1992; y
e. que en la redacción de su informe en este caso, la Comisión infringió conceptos jurídicos elementales que garantizan la soberanía de los Estados y, particularmente, la potestad sancionatoria.
Por último, el Estado realizó algunas consideraciones con respecto a la filiación política de los defensores del señor Cesti Hurtado y manifestó que la oposición radical de éstos “al gobierno del Presidente Constitucional de la República es absolutamente conocida”.
36. Por su parte, la Comisión argumentó:
a. que esta excepción es una “reedición” de las opuestas como sexta y décima en el caso Castillo Petruzzi y otros, por lo que se remitió a las consideraciones dadas por ella en dicho caso, “en lo pertinente” (supra 29);
b. que la excepción de cosa juzgada es contradictoria con la de no agotamiento de los recursos internos;
c. que la única sentencia que tiene carácter de cosa juzgada en este caso es la emitida en el proceso de hábeas corpus incoado por el señor Cesti Hurtado; y
d. que la exigencia del requisito de previo agotamiento de los recursos internos en la Convención Americana, demuestra que no se puede alegar la excepción de cosa juzgada en el proceso ante la Corte. Que además, de conformidad con los principios del derecho internacional, “las sentencias judiciales pueden ser causa de responsabilidad internacional del Estado y, por ende, `objeto' de un proceso judicial internacional”.
Con respecto a los alegatos del Estado sobre la filiación política de los defensores del señor Cesti Hurtado, la Comisión argumentó que dichas afirmaciones “constituyen una clara afectación al principio de igualdad, no discriminación y libertad de expresión” y “arroja[n] luz acerca de la verdadera causa de prisión del señor Cesti Hurtado”.
37. En lo que concierne a los alegatos del Estado sobre la supuesta incompetencia de “un organismo constituido de personas ajenas a la sociedad peruana [para] cuestionar [el] orden jurídico” de ese Estado (supra 35.d), la Corte se limitará a dejar constancia de que estas expresiones no son congruentes con las obligaciones contraídas por el Estado de acuerdo con la Convención.
38. La Corte no examinará los argumentos referentes a la filiación política de la representación del señor Cesti Hurtado. La presentación de argumentos como los descritos ante este Tribunal es impertinente.
39. Los otros aspectos de la segunda excepción preliminar interpuesta por el Estado están estrechamente vinculados con la excepción preliminar sobre la cosa juzgada (res judicata). Por lo tanto, es conveniente que la Corte los considere cuando trate la tercera excepción preliminar (infra 46).
40. La tercera excepción interpuesta por el Estado se refiere a la autoridad de cosa juzgada de la cual goza, en su opinión, la sentencia que condena al señor Cesti Hurtado a la pena privativa de libertad.
41. Para fundamentar dicha excepción, el Estado presentó un resumen de su interpretación de los hechos del presente caso y, además, los argumentos que la Corte resume a continuación:
a. que la acción de hábeas corpus fue promovida contra un mandato provisorio de detención dispuesto en un proceso penal, y que dicho mandato solamente subsistió hasta el momento en que se dictó sentencia condenatoria; y
b. que la pena privativa de libertad a que ha sido sometido el señor Cesti Hurtado se deriva de una sentencia definitiva, emitida en última instancia por el fuero militar, que goza de la autoridad de cosa juzgada y, por lo tanto, es “inamovible [e] irrevisable”. Por lo tanto, el Estado solicita que “se haga respetar dicho fallo”.
42. Por su parte, la Comisión argumentó:
a. que si bien es cierto que el proceso de hábeas corpus fue interpuesto para cuestionar la legalidad de un mandato de detención que tenía carácter provisional, la prisión preventiva es una medida cautelar que debe ser dictada por juez competente; que la sentencia emitida en el proceso de hábeas corpus “está fundada en que el tribunal militar no era el competente [para restringir la libertad del señor Cesti] y, en consecuencia, no podía válidamente dictar la detención preventiva ni, mucho menos, juzgar en definitiva”;
b. que, por lo tanto, la sentencia condenatoria pronunciada por el tribunal militar sería la consecuencia jurídica de la falta de competencia señalada por el juez que resolvió el recurso de hábeas corpus; y
c. que no puede exigirse la interposición de una acción de hábeas corpus por cada uno de los actos procesales emitidos en el curso del proceso, “so pena de quedar saneados o compurgados los que no han sido objeto de [dicha acción]”; y que tal tesis no puede considerarse como válida ya que “la nulidad de un acto procesal acarrea la nulidad de todos aquellos actos procesales consecutivos”.
43. La segunda excepción preliminar está basada en un error fundamental sobre el papel de los órganos -la Comisión y la Corte- creados por la Convención de la cual el Estado es Parte. El artículo 33 de la Convención establece que
[s]on competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta Convención:
a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
[ ... y]
b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos [...].
44. El artículo 62.3 de la Convención dispone, en lo conducente, que
[l]a Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial [...], ora por convención especial.
45. El Estado presentó, en la segunda excepción preliminar, argumentos relacionados con el “debilitamiento” o la “desestabilización” de las instituciones nacionales (supra 35.c). En relación con observaciones de esta naturaleza, la Corte ya ha dicho que
[...]el Perú suscribió y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, aceptó las obligaciones convencionales consagradas en ésta en relación con todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna. No sobra decir que el Perú, al igual que los demás Estados Parte en la Convención, aceptó ésta precisamente en el ejercicio de su soberanía.
[...] Al constituirse como Estado Parte de la Convención, el Perú admitió la competencia de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y por ende se obligó, también en ejercicio de su soberanía, a participar en los procedimientos ante la Comisión y la Corte y asumir las obligaciones que derivan de éstos y, en general, de la aplicación de la Convención (Caso Castillo Petruzzi y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C No. 41, párrs. 101 y 102).
46. En las dos excepciones preliminares de que se ocupa la Corte en este momento, el Estado ha hecho referencia al principio de cosa juzgada (res judicata). El Estado argumenta que la pena privativa de libertad impuesta al señor Cesti Hurtado “es en mérito de una sentencia que goza de la autoridad de cosa juzgada por cuanto ha sido revisada en última instancia del fuero militar. Dicha sentencia es inamovible, irrevisable” (supra 41.b). De este alegato derivaría, como consecuencia necesaria, que no es posible que la Corte admita y tramite la demanda que la Comisión ha presentado en favor de la supuesta víctima.
47. La Corte recuerda que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene por fin proporcionar al individuo medios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente al Estado (sus órganos, sus agentes, y todos aquellos que actúan en su nombre). En la jurisdicción internacional las partes y la materia de la controversia son, por definición, distintas de las de la jurisdicción interna. En el presente caso, el aspecto sustancial de la controversia ante la Corte no es si la supuesta víctima violó la Ley peruana (ya sea ésta la ordinaria o la militar), sino si el Perú ha violado las obligaciones internacionales que contrajo al constituirse en Estado Parte en la Convención Americana.
48. Por estas razones, la Corte rechaza, in toto, por improcedentes, las segunda y tercera excepciones preliminares (supra 34 y 40) interpuestas por el Estado.
Falta de reclamación previa
50. La Corte resume los argumentos del Estado para fundamentar dicha excepción de la siguiente manera:
a. que la pretensión de la Comisión de que se sancione a los responsables de los actos que habrían sido perpetrados en contra de la víctima no puede ser atendida por la Corte, ya que no fue considerada en las recomendaciones propuestas por la Comisión al Estado en su Informe; y
b. que en el texto de la demanda, la Comisión argumentó que el Estado habría violado la Convención de Lucha contra la Tortura y Tratos Crueles (sic), lo cual no ha sido materia de pronunciamiento en las conclusiones de su Informe.
51. La Corte sintetiza los argumentos de la Comisión sobre dicha excepción de la siguiente manera:
a. que la excepción propuesta por el Estado es una “reedición de las tercera, cuarta y octava excepciones opuestas en el caso Castillo Petruzzi y otros”, por lo que se remitió, en lo pertinente, a la respuesta dada en dicho caso (supra 29); y
b. que “el deber de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención, emana de la obligación genérica de garantizar su pleno goce y ejercicio que su artículo 1.1. impone a los Estados Partes, por lo que no precisa de ninguna solicitud particular, y que la inclusión de la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se impone como una lógica consecuencia de no haber cumplido el Estado con las recomendaciones que le formulara la Comisión en su informe”.
53. El Estado alegó, además, que la “Convención de Lucha contra la Tortura y Tratos Crueles (sic)” no fue incluida en el Informe de la Comisión. Al respecto, esta última manifestó que “la inclusión de la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se impone como una lógica consecuencia de no haber cumplido el Estado con las recomendaciones que le formulara la Comisión en su informe”.
54. La Corte ha estudiado la demanda interpuesta por la Comisión y ha constatado que en una sección de ésta hay una referencia, sin mayor identificación, a “la Convención de Viena (sic), que prohibe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” (cfr. escrito de demanda, folio 24). En el texto respectivo, la Comisión argumentó que el Estado peruano estaría violando dicho instrumento “[a]l mantener a la víctima en una situación de detención arbitraria”. Sin embargo, no solicitó a la Corte que declarara dicha violación, como se constata de la lectura de las conclusiones de la sección respectiva (cfr. escrito de demanda, folio 24 in fine), del objeto de la demanda (cfr. escrito de demanda, folio 1) y de su petitorio (cfr. escrito de demanda, folio 36).
55. Por los indicados motivos, la Corte estima que no es necesario examinar la cuarta excepción preliminar interpuesta por el Estado, en lo referente a la supuesta “falta de reclamación previa ante la Comisión” sobre la violación de la “Convención de Lucha contra la Tortura y otros Tratos crueles (sic)”.
57. Por tanto,
2. Continuar con el conocimiento del presente caso.
Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 26 de enero de 1999.

References: artículo 36
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 25
 artículo 21
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 artículo 200
 artículo 46
 artículo 33
 artículo 62
 artículo 1
in fine