Source: http://www.itaiusesto.com/apuntes-sobre-la-prohibicion-en-los-cines/
Timestamp: 2019-11-14 21:48:59+00:00

Document:
Apuntes sobre la prohibición en los cines – Ita Ius Esto
Aura Hurtado Castillo[1]
Durante las últimas semanas gran porcentaje de consumidores ha aplaudido el pronunciamiento de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) por el que se ordenó a Cineplex SA y Cinemark (en adelante los Cines), abstenerse de limitar los derechos de los consumidores y permitir el ingreso a sus establecimientos comerciales con alimentos o bebidas adquiridas fuera de ellos.
La restricción de ingreso a las salas de cine con productos adquiridos fuera de sus establecimientos (en adelante, la Prohibición) configuraría una limitación a los derechos los consumidores y por ende, sería una cláusula abusiva. A propósito de lo desarrollado sobre este tema en la Res. 0219-2018/SPC-INDECOPI, unos breves apuntes:
Los consumidores tienen derecho a elegir libremente entre los productos y servicios que se ofrezcan en el mercado[2]. Por ello, en los contratos de consumo, ninguna conducta o disposición puede o debe afectar la libertad del consumidor. En ese sentido, resultó válido que INDECOPI evalúe si la mencionada prohibición infringe lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 49[3] de la Ley N° 29571 (en adelante, CDPC) y si califica como alguna de las cláusulas abusivas per se descritas en el literal e) del artículo 50° del CDPC.
Así, siguiendo lo dispuesto por el CDPC y supletoriamente por el CC[4] verificamos que en los contratos de consumo que son contratos de adhesión lo que se protege es la libertad contractual de los consumidores. Por tanto, la norma dispone que en el contenido de dichos contratos:
Se encuentran prohibidas las cláusulas abusivas, entendiendo como estas a las estipulaciones que colocan al consumidor en i) una situación de desventaja o de desigualdad o ii) anulen sus derechos[5], y que
Son inválidas a favor de quien redacta las estipulaciones que limitan su responsabilidad, le otorgan facultades sobre la ejecución o vigencia del contrato o prohíba a la otra parte oponer excepciones[6].
Evidentemente, la Prohibición no configura ninguno de los supuestos detallados en el inciso b) pues no limita la responsabilidad de los Cines o extralimita sus facultades sobre la ejecución del contrato entendiendo que el objeto de del mismo es el servicio de proyección de cintas cinematográficas[7].
En esa línea, habrá entonces que determinar si la Prohibición se encuentra descrita dentro en el apartado a), toda vez que colocaría al consumidor en una situación de desventaja o desigualdad o anularía sus derechos.
A criterio del INDECOPI, el carácter abusivo de la Prohibición se basa en que esta coloca al consumidor en una situación de desventaja, la misma que radicaría en la limitación a la posibilidad de acceder a otros productos de distinta calidad y precio. Asimismo, enfatiza que los proveedores no pueden oponer a los consumidores las cláusulas abusivas que se encuentren en los contratos de adhesión[8] pues en este esquema de contratación los consumidores solo tienen libertad de contratar —para elegir con qué proveedor contratar—, y no libertad contractual —pues no pueden establecer el contenido del contrato—.
De ello, el fundamento para calificar la Prohibición como abusiva es la supuesta supresión de la libertad contractual de los consumidores, la misma que se materializa en: i) la restricción al acceso de otros productos[9] y, ii) el precio desproporcionalmente elevado de los productos ofrecidos por los Cines[10].
Sobre la restricción a la libertad de acceso a otros productos
La Prohibición supone la restricción de ingreso de otros productos distintos a los vendidos por los Cines, pero no supone un obstáculo oneroso o desproporcionado para recibir la prestación adquirida. Ello se verifica en que la adquisición del servicio (de cine) y de los productos (comestibles y bebidas) puede realizarse de manera separada no siendo necesario o condición que, el proveedor preste este segundo servicio, a fin de que se ejecute el servicio contratado por el consumidor.
Como indiqué previamente el consumidor que ha adquirido una entrada para ver una película tiene la libertad de elegir si adquiere o no los productos ofrecidos por los Cines. Esta libertad de ingresar alimentos no adquiridos en los Cines, probablemente no sería materia de discusión si los precios de los productos ofertados por los Cines fueran iguales a los ofertados fuera de sus instalaciones; o, si dentro de los Cines, otros proveedores distintos a esta última ofertaran sus productos.
Así, los Cines ejerciendo su derecho a la libre contratación, libre iniciativa privada[11] y libertad de empresa[12], pueden determinar los precios del servicio y productos que ofrezcan, dependiendo de los propios consumidores, que previamente conocen su precio y calidad, adoptar decisiones de consumo en función a sus intereses y necesidades.
Tampoco repararemos en la posición de catalogar el servicio que brindan los Cines como una ¨experiencia¨ completa o no[13], dependiendo de si se adquiere los productos ofrecidos en las confiterías de dichos establecimientos. Denominar la adquisición conjunta de productos y servicios como una experiencia permite a los consumidores relativizar cuando esta se encuentre completa o no, pues en algunos casos se entenderá completa cuando se adquieran determinados productos (Ej.: adquisición de bebidas alcohólicas) o en determinadas temporadas (Ej.: a inicio de año cuando se ofrecen calendarios).
2. Sobre el precio desproporcionalmente elevado
Si bien hemos descartado que la Prohibición califica como una cláusula abusiva, conviene descartar también que pueda ser considerada como una práctica abusiva[14]. El artículo 57° del CDPC indica que constituye un método abusivo: a) el aprovechamiento de la situación de desventaja, b) con la imposición de condiciones onerosas que c) resulten imprevisibles para el consumidor.
A criterio de INDECOPI la venta por parte de los Cines de productos cuyo precio es el quíntuple[15] respecto de su valor de mercado vinculado a la restricción de ingreso de otros productos, constituiría una práctica a todas luces abusiva. Discrepo con esta postura en razón de lo siguiente:
No existe imposición de condiciones onerosas, debido a que para la ejecución de la prestación del servicio (ver una película), el consumidor no está condicionado a la compra de los productos que ofrecen los Cines.
Ni la Prohibición ni el precio resultan imprevisibles para el consumidor, lo cual ha quedado acreditado según el anuncio de la Prohibición en la salas de los Cines y en las pantallas donde se indican los precios de los productos.
El precio no es un fundamento a juicio de calificar una cláusula como abusiva. La finalidad de prohibir disposiciones abusivas es la de corregir un desequilibrio normativo y no económico. Así, indica Stiglitz[16] que frente al abuso objeto-precio, se prevé distintas soluciones como límites a los intereses, lesión, revisión de contratos, ajustes equitativos, defensa de la competencia y abuso de la posición de dominio, entre otros.
Finalmente, cabe tener en cuenta que las asociaciones de consumidores además de representar los intereses difusos y colectivos de los consumidores, perciben un porcentaje de las multas impuestas[17]. Cabría preguntarse si en el caso de los Cines, la promoción de este procedimiento está exenta de una finalidad subyacente, diferente a la protección de los consumidores.
[1] Aura Liliana Hurtado Castillo, bachiller en Derecho y en Filosofía por la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como asistente en el Estudio Olaechea.
[2] Derecho reconocido en el artículo 65 de la Constitución Política del Perú (CPP) y al artículo 1.1 literal f) del CDPC.
[3] Artículo 49° del CDPC: En los contratos por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, se consideran cláusulas abusivas y, por tanto, inexigibles todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, coloquen al consumidor, en su perjuicio, en una situación de desventaja o desigualdad o anulen sus derechos.
[4] Artículo 45° del CDPC: El contrato de consumo tiene como objeto una relación jurídica patrimonial en la cual intervienen un consumidor y un proveedor para la adquisición de productos o servicios a cambio de una contraprestación económica.
[5] Artículo 49° del CDPC: (…) se consideran cláusulas abusivas y, por tanto, inexigibles todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, coloquen al consumidor, en su perjuicio, en una situación de desventaja o desigualdad o anulen sus derechos.
[6] Artículo 1398 del CC: En los contratos celebrados por adhesión (…), no son válidas las estipulaciones que establezcan, en favor de quien las ha redactado, exoneraciones o limitaciones de responsabilidad; facultades de suspender la ejecución del contrato, de rescindirlo o de resolverlo, y de prohibir a la otra parte el derecho de oponer excepciones o de prorrogar o renovar tácitamente el contrato.»
[7] Según la consulta RUC de Cineplex SA su objeto es la exhibición de cintas cinematográficas, videos y programas de televisión.
[8] Apartado 48 de la Res. 0219-2018/SPC-INDECOPI
[9] Artículo 47 inciso b) de la Ley N° 29571: No pueden incluirse cláusulas o ejercerse prácticas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en los contratos.
[10] Apartado 70 de la Res. 0219-2018/SPC-INDECOPI
[11] Artículo 58° de la CPP: La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
[12] Artículo 59° de la CPP: El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
[13] Argumento desarrollado en el artículo Derecho de Consumo Vs. Derecho de Protección al Consumidor: a propósito de la ¨Resolución Canchita¨ publicado en Linkedin el 11 de marzo de 2018 por Alfredo Lindley-Russo.
[14] Artículo 57° del CDPC: También son métodos abusivos todas aquellas otras prácticas que, aprovechándose de la situación de desventaja del consumidor resultante de las circunstancias particulares de la relación de consumo, le impongan condiciones excesivamente onerosas o que no resulten previsibles al momento de contratar.
[15] Considerando 70 de la Res. N° 219/SPC
[16] STIGLITZ, R. (2014) Condiciones Generales Abusivas en los Contratos de Consumos, en Argentina-Proyecto de Código Civil y Comercial.
[17] Específicamente las Asociaciones de Consumidores que han suscrito un Convenio de cooperación institucional con INDECOPI y que reciben el beneficio descrito en el artículo 156.1 del CDPC: El Indecopi y (…) pueden celebrar convenios de cooperación institucional con asociaciones de consumidores (…). La firma del convenio de cooperación institucional otorga la posibilidad de que el Indecopi (…) puedan disponer que un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos promovidos por estas asociaciones (…)
← Preguntas relacionadas al régimen de sociedades unipersonales. Entrevista al Dr. Ernesto Calderon Burneo
El papel de la Autorregulación, una aproximación general →
4 mayo, 2018 Boletín Ita Ius Esto 0
Apuntes para un nuevo Derecho Comercial Marítimo

References: artículo 49
 artículo 50
 artículo 57
 artículo 65
 artículo 1
 Artículo 49
 Artículo 45
 Artículo 49
 Artículo 1398
 Artículo 47
 Artículo 58
 Artículo 59
 Artículo 57
 artículo 156