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Timestamp: 2019-10-17 20:59:30+00:00

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﻿ LEY 984 DE 2005
LEY 984 DE 12 DE AGOSTO DE 2005
CONTENIDO:SE APRUEBA EL "PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER", ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EL 6 DE OCTUBRE DE 1999. LA NORMA TENIENDO EN CUENTA QUE LA IGUALDAD ES EL SOPORTE DE TODA SOCIEDAD QUE ASPIRE A LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS APRUEBA EL "PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER".
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1270 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2005, PG.212
“Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.
Visto el texto del “Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
PROYECTO DE LEY NÚMERO 202 SENADO
Recordando así mismo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (“la convención”), en la que los Estados partes en ella condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
Todo Estado parte en el presente protocolo (“Estado parte”) reconoce la competencia del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (“el comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2º.
2. Cuando el comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1º del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the optional protocol to the convention on the Elimination of All forms of discrimination against women, adopted by the general assembly of the United Nations on 6 October 1999, the original of which is deposited with the secretary-general of the United Nations.
United Nations, New York 10 November 1999 Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du protocole facultatif à la convention sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l´égard des femmes, adopté par l´assemblée générale des Nations Unies le 6 octobre 1999, et dont l´original se trouve déposé auprès du Secrétaire General des Nations Unies.
Pour le secrétaire général, le conseiller juridique (secrétaire général adjoint aux affaires juridiques)
Organisation des Nations Unies New York, le 10 novembre 1999
ART. 1º—Apruébase el “Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
El protocolo consta de un total de 21 artículos, entre los que se destacan los relativos a las condiciones para presentar comunicaciones ante “el comité”, que tengan por objeto alegar una violación de los derechos enunciados en la convención. Tales condiciones son:
• El Estado acusado debe ser parte en el protocolo.
• El Estado acusado debe haber violado uno de los derechos establecidos en la convención.
• El reclamante debe haber agotado todos los recursos establecidos en la jurisdicción interna, a excepción de que el agotamiento de estos recursos se prolongue injustificadamente, o no sea probable que brinde un remedio efectivo.
• Los hechos manifestados en la comunicación deben haberse presentado después de la entrada en vigor del protocolo, a menos que continúen ocurriendo después de esta fecha.
• La comunicación no debe estar pendiente de otro proceso internacional o haber sido estudiada por el comité con anterioridad.
Colombia es parte de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada mediante Ley 51 de 1981, ratificada el 19 de enero de 1982. Dicha convención condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas y obliga a los Estados a adoptar una política encaminada a eliminar esta discriminación por todos los medios apropiados y sin dilaciones. Colombia es parte de la convención desde el año 1983. Al suscribir el protocolo manifestó que: “(...) este es un paso más en la búsqueda por el respeto a los derechos humanos y por la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres consagrada en la Constitución Nacional...”.
“(...) La ratificación del Protocolo facultativo de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) —Ley 51 de 1981 de la República de Colombia—, sin ningún tipo de declaración unilateral, se constituye en un acto jurídico coherente del gobierno frente a su política de construcción de equidad entre mujeres y hombres —social, cultural, política, económica, familiar— y su política nacional e internacional de defensa y protección de los derechos humanos, sobre todo en el contexto de guerra interna que afrontamos en la actualidad.
La ratificación del Protocolo facultativo (1) de la Cedaw se constituye en una oportunidad para el Gobierno colombiano. Primero, porque da otro paso adelante para continuar en la transición de la justicia formal a la justicia material para ciudadanas y ciudadanos, pues los instrumentos internacionales que permiten a un gobierno democrático exponer sus acciones en defensa de los derechos humanos amplían la legitimidad del mismo y el apoyo de sus nacionales, en la medida en que estos/as perciben un mensaje de compromiso, seriedad, transparencia y voluntad positiva de control de los órganos estatales. En segundo lugar, es el momento de cumplir con la difusión de la Cedaw tal como lo obliga su articulado y lo recomienda el comité (1999) para generar un proceso dialéctico con el que se logre cambios culturales y sociales sobre la especificidad en los derechos humanos de las mujeres, para propender por nuevas actitudes entre los jueces y funcionarios públicos por ejemplo, para que estén más dispuestos a respetar, garantizar y materializar los derechos de las mujeres bajo la jurisdicción nacional. En consecuencia, para que sea mínima la necesidad de recurrir a comités internacionales de derechos humanos a los que, en todo caso, debe someterse Colombia, a través de informes, como parte de su compromiso.
La actual política del gobierno, liderada por la Vicepresidencia de la República y su oficina de derechos humanos, así como la decisión de permanencia de la consejería presidencial para la equidad de la mujer, son interpretadas por las mujeres como señales de compromiso con la igualdad real, y no solo formal, entre mujeres y hombres, como la voluntad de materializar el respeto de los derechos de las (sic) humanas, como un deseo por cerrar la brecha de inequidad construida desde patrones de género patriarcales y jerárquicos que discriminan a la mujer en lo laboral, familiar, económico, político y representativo, entre otros”.
Los fines de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” son igualmente coincidentes con los avances del Estado colombiano en materia de igualdad de género.
Hoy son evidentes los avances en cuanto al reconocimiento efectivo de la igualdad entre hombres y mujeres. Baste recordar que bien entrado el siglo XX, las mujeres en Colombia tenían restringida su ciudadanía, se les equiparaba a los menores y dementes en la administración de sus bienes, no podían ejercer la patria potestad, se les obligaba a adoptar el apellido del marido, agregándole al suyo la partícula “de” como símbolo de pertenencia, entre otras limitaciones.
El Decreto 2820 de 1974 concedió la patria potestad tanto al hombre como a la mujer, eliminó la obligación de obediencia al marido, y la de vivir con él y seguirle adonde quiera que se trasladase su residencia; el artículo 94 Decreto-Ley 999 de 1988 abolió la obligación de llevar el apellido del esposo, y las leyes 1ª de 1976 y 75 de 1968 introdujeron reformas de señalada importancia en el camino hacia la igualdad de los sexos ante la ley. En materia laboral, la Ley 83 de 1931 permitió a la mujer trabajadora recibir directamente su salario. En 1938, se pusieron en vigor normas sobre protección a la maternidad, recomendadas por la OIT desde 1919, entre otras, las que reconocían una licencia remunerada de ocho semanas tras el parto, ampliada a doce semanas mediante la Ley 50 de 1990. Por su parte, mediante el Decreto 2351 de 1965 se prohibió despedir a la mujer en estado de embarazo.
A este propósito de reconocimiento de la igualdad jurídica de la mujer se sumó también el Constituyente de 1991. Por primera vez en nuestro ordenamiento superior se reconoció expresamente que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades” y que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
En opinión de las Naciones Unidas, la igualdad es la piedra angular de toda sociedad que aspire a la democracia, la justicia social y los derechos humanos. Prácticamente en todas las sociedades y ámbitos de actividad, la mujer está sujeta a desigualdades de hecho y de derecho. Esta situación se debe a que hay discriminación en la familia, la comunidad y el lugar de trabajo, y se agrava por esta circunstancia. Aunque sus causas y efectos varían según los países, la discriminación de la mujer está generalizada y se ve perpetuada por la supervivencia de prejuicios y tradiciones nocivos para ella.
La idea de igualdad significa mucho más que tratar a todos de la misma manera. El trato igual de personas que se encuentran en situaciones desiguales perpetuará la injusticia en vez de erradicarla. La verdadera igualdad solo puede alcanzarse mediante esfuerzos que rectifiquen los actuales desequilibrios. En este amplio contexto, el tema “los derechos de la mujer, responsabilidad de todos” tiene un significado especial.
• Celebración de cuatro conferencias mundiales de la ONU (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985 y Beijing, 1995), sobre las mujeres y propuesta (sic) estrategias para su avance integral.
• La superación de ciertos debates en torno al reconocimiento de la discriminación histórica de las mujeres.
• La necesidad de que existan instituciones públicas y privadas específicamente dedicadas a dar respuesta a las necesidades e intereses de las mujeres.
• La necesidad de que las acciones dirigidas a las mujeres se realicen de manera integrada, sistémica (transversal), tocando con todos los sectores que comprenden las iniciativas de desarrollo (Gender Mainstreaming).
• El abandono del criterio de que las mujeres son un grupo vulnerable y el reconocimiento de que constituyen la mitad de la población.
• El dejar de lado la consideración de la situación de las mujeres en conexión con el tema de la familia. El reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos de las mujeres; y
• La plena aceptación del enfoque y los criterios de género.
La plataforma de acción de Beijing es sin duda el compromiso que mayor dinámica viene demandando de los Estados. A partir de los doce temas que comprende la plataforma —pobreza, violencia, conflictos armados, trabajo, salud, educación, medios de difusión, medio ambiente, mecanismos nacionales, niña, derechos humanos y poder y toma de decisiones—, las expertas del comité suelen destacar los siguientes objetivos:
• Promover y proteger los DDHH de las mujeres mediante la plena aplicación de los instrumentos internacionales, especialmente la Cedaw y fomentar la adquisición de conocimientos jurídicos elementales.
En este ámbito se destacan: ratificar los tratados; ratificar la Cedaw; limitar el alcance de las reservas; considerar la creación de planes nacionales de acción en DDHH, que consideren los derechos de las mujeres; crear o fortalecer las instituciones nacionales de protección de los DD de las mujeres; convalidar la legislación nacional con la Cedaw; educación en DDHH; adoptar enfoque de género en los informes dirigidos a los comités; apoyo al Comité Cedaw, a la CSW y al Protocolo facultativo de la Cedaw.
• Garantizar la igualdad y no discriminación en la ley y en los hechos.
Prevé: priorizar la promoción y protección de los DDHH sin discriminación de ningún grupo o sector; garantías constitucionales y legislación contra la discriminación; incorporación en la ley del principio de igualdad; convalidar la legislación y normas consuetudinarias con los tratados internacionales de DDHH; establecimiento de programas de protección de los DDHH de las mujeres; adopción urgente de medidas contra la violencia; prohibir la clitoridectomía; capacitación género-sensitiva en DDHH a funcionarios/as a cargo del cumplimiento de la ley; establecimiento de mecanismos de investigación de violaciones de DD de las mujeres por parte de funcionarios públicos; garantizar la protección efectiva de derechos de las mujeres en la legislación penal; existencia de servicios gratuitos de asistencia jurídica para las mujeres; protección y garantías a las mujeres y ONG de DDHH, por su trabajo a favor del tema; garantizar el enfoque de género en las iniciativas de DDHH.
• Fomentar la adquisición de conocimientos jurídicos elementales
Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional, a través del Ministro del Interior y de Justicia, y de la Ministra de Relaciones Exteriores, solicita al honorable Congreso de la República, aprobar el “Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia; Carolina Barco Isakson, Ministra de Relaciones Exteriores.
ART. 1º—Apruébase el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional del mismo.
(1) Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999 y abierto a la firma el 10 de diciembre de 1999. Entró en vigor el 22 de diciembre de 2000. Colombia firmó el protocolo y según el artículo 16 del instrumento: para cada Estado que ratifique el presente protocolo o se adhiera a él después de su entrada en vigor, este protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o adhesión.

References: artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 94
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 16