Source: https://es.scribd.com/document/121964439/Parte-II-Informe-Nybar-v-l-PDF
Timestamp: 2018-08-14 13:18:09+00:00

Document:
EL DERECHO DEL PUEBLO DEL SÁHARA OCCIDENTAL A LA AUTODETERMINACIÓN SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL
PARTE II EL DERECHO DEL PUEBLO DEL SÁHARA OCCIDENTAL A LA AUTODETERMINACIÓN SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL
I. EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL: PRINCIPIOS GENERALES A. B. C. D. E. F. II. Evolución histórica del derecho de autodeterminación. La Carta de las Naciones Unidas y los Territorios No Autónomos. Estatus de derecho consuetudinario y norma imperativa. Pueblos legitimados para invocar el derecho a la autodeterminación. Límites geográficos del derecho a la autodeterminación. Excepciones al derecho de autodeterminación. EL DERECHO COMPENSATORIO A LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
A. El principio de la integridad territorial aplicado a los derechos de los colectivos de un Estado establecido. B. La doctrina de los vínculos históricos para apoyar la reclamación de un territorio en virtud del derecho a la integridad territorial. C. Otros argumentos para la adquisición de territorios sujetos al derecho a la integridad territorial. III. CONCLUSIÓN
I. EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL: PRINCIPIOS GENERALES
El derecho de autodeterminación es el derecho de los pueblos a participar en su propio gobierno, libre de la influencia indebida de agentes externos. En ciertas circunstancias --por ejemplo, cuando un territorio está saliendo de la ocupación o de la dominación colonial o pudiera decirse que su población está sometida a niveles significativos de opresión dentro de la estructura estatal vigente--, la autodeterminación significa el derecho del pueblo “a constituir un Estado independiente y decidir por sí mismo su propio gobierno.”78 En otras circunstancias, el derecho de un Estado a la integridad territorial conforme al Derecho Internacional puede requerir que un pueblo que actualmente existe dentro de un Estado reconocido ejerza su derecho a la autodeterminación “internamente”, es decir, dentro del marco estatal existente. En las secciones siguientes se analizan en detalle el desarrollo y los límites del derecho a la autodeterminación, en general y en su aplicación a los Territorios No Autónomos.
Evolución histórica del derecho de autodeterminación
A finales del siglo XIX, los países europeos competían por establecer su influencia respectiva en África, erigiendo allí enclaves económicos y políticos. Para establecer su autoridad, firmaron tratados y acuerdos con los jefes locales, jeques y otros gobernantes indígenas ofreciéndoles garantías de seguridad frente a otros Estados europeos, a cambio del derecho exclusivo sobre los recursos económicos del territorio colonial. Los Estados europeos utilizaron esos tratados con fines políticos, al tiempo que los consideraban de dudosa relevancia jurídica.79 El razonamiento jurídico vigente en
A. Cobban, NATIONAL SELF-DETERMINATION, (Oxford U. Press 1945), pp. 45-46. [N. del T.: En esta Parte II del presente documento, continuación de la Parte I, se ha mantenido el orden de numeración de las notas a pie de página del texto original en inglés]: http://www2.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072264-WesternSaharaDispute-SelfDeterminationMoroccosLegalClaims.pdf - http://www.arso.org/AspectosjuridicosSAHOCC_v_l.pdf
M. Shaw, The Western Sahara Case, 49 British Year Book of International Law 119 (1979) p. 133. Shaw también señala que, más tarde, el derecho internacional otorgó a esos tratados el estatus de acuerdos entre entidades con igual personalidad jurídica internacional. (Id, p. 134). Como más tarde confirmaría el Tribunal Internacional de Justicia en The Western Sahara Case, estos tratados confirmaban que Europa
aquella época era que las naciones “incivilizadas” no podían ser sujetos de derecho internacional y, por lo tanto, aquellos tratados apenas tenían trascendencia jurídica.80 En la Conferencia Internacional celebrada en Berlín en 1884, las potencias coloniales se reunieron para legitimar su adquisición de territorios en África. Reconocieron la necesidad del consentimiento de los dirigentes africanos para hacer válida la cesión de territorio o la concesión de derechos, con lo cual, por primera vez, trataban a las naciones africanas como sujetos de derecho internacional.81 Sin embargo, los acuerdos resultantes [de la Conferencia de Berlín] dieron carta blanca a cada una de las potencias europeas para anexionarse sus protectorados de entonces sin consultar con el país africano afectado.82 Después del final de la Primera Guerra Mundial, cuando las potencias aliadas vencedoras se enfrentaron al reto de cómo gobernar los territorios culturalmente diversos de los dos imperios derrotados, principalmente el germánico y el otomano, el presidente de EE.UU., Woodrow Wilson, llegó a Versalles pertrechado con la noción de que todos los pueblos tenían derecho a la “autodeterminación”.83 La inusitada idea de que los pueblos “incivilizados” tenían legítimo derecho a determinar su propio futuro político fue concebida ante todo como una idea política y moral, como un medio para alcanzar la paz y la seguridad a fin de evitar la repetición de los estallidos nacionalistas que habían llevado a la Primera Guerra Mundial.84 Así, las naciones victoriosas se vieron obligadas a crear un nuevo sistema para administrar los territorios coloniales, al
reconoció la legitimidad de los gobernantes africanos y les concedió el estatus de soberano igual conforme al derecho internacional. (Advisory Opinion on Western Sahara, International Court of Justice Reports 12 (1975), p. 12). ( En lo sucesivo, “Advisory Opinion” – “Dictamen del TIJ”). El acuerdo fue considerado documento crucial para determinar la adquisición legal de soberanía sobre el territorio.
L. Hanauer, The Irrelevance of Self-Determination Law To Ethno-National Conflict: A New Look At The Western Sahara Case, 9 Emory International Law Review 133 (1995) (“Hanauer”), p. 138.
Id., citando a C.H. Alexandrowicz, The Role of Treaties in The European-African Confrontation in the 19th Century, in AFRICAN INTERNATIONAL LEGAL HISTORY 27, (A. Mensah-Brown Ed., 1973), pp. 46-47.
Hanauer, p. 133. Id, pp. 133, 138.
tiempo que se permitía, en cierta medida, el ejercicio del recién formulado derecho a la autodeterminación. Para lograr ese objetivo, al menos con respecto a los territorios coloniales bajo el control de los Estados derrotados en la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones (SDN), que iba a ser la principal institución de la posguerra encargada de mantener la paz y la seguridad internacionales, creó el Sistema de Mandato. El artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones, estipulaba: Para aquellas colonias y territorios que, como consecuencia de la última guerra, han dejado de estar bajo la soberanía de los Estados que las gobernaban anteriormente y que están habitados por pueblos que todavía no pueden valerse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno, se debe aplicar el principio de que el bienestar y el desarrollo de dichos pueblos constituyen una misión sagrada de civilización y las garantías para el cumplimiento de esta misión deben estar consignadas en el presente Pacto. El mejor método para hacer efectivo este principio es que la tutela de esos pueblos sea confiada a aquellas naciones avanzadas que, por razón de sus recursos, su experiencia o su posición geográfica, mejor puedan asumir esta responsabilidad y estén dispuestas a aceptarla, y que esta tutela sea ejercida por ellas como Mandatarias en nombre de la Sociedad de Naciones.85
Si bien el artículo 22 no menciona explícitamente la autodeterminación, supuso un importante avance en cuanto al tratamiento de las colonias y pueblos coloniales. Por primera vez, dicho Pacto otorgaba a los pueblos coloniales ciertos derechos y protecciones legales; por ejemplo, garantizaba la libertad de religión y la prohibición de la trata de esclavos.86 Además, al menos con respecto a los antiguos territorios turcos, la SDN reconoció que “los deseos de estas comunidades deben tener una importancia primordial en la selección del Mandatario.”87 Así pues, al hacer a las colonias, que no tenían antes personalidad jurídica propia, sujeto del Derecho
Pacto de la Sociedad de Naciones (SDN), Artículo 22 (1-2). Pacto de la Sociedad de Naciones, artículo 22 (5). Id., artículo 22 (4).
Internacional, el sistema de Mandato representó un avance importante en el desarrollo del derecho de descolonización.88 Es importante destacar que el Sistema de Mandato se basaba en el entendimiento de que “el bienestar y el desarrollo” de las poblaciones coloniales era una obligación de las potencias coloniales, lo que implicaba lógicamente, cuando menos, que en algún momento el desarrollo de estos pueblos pudiera llevar a alguna forma de autogobierno. Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas marcó el comienzo de un cambio drástico en la situación jurídica de los pueblos de las colonias y otras poblaciones oprimidas en virtud del derecho internacional. Por primera vez, el derecho internacional reconocía la importancia del principio de autodeterminación. El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas (“la Carta”) describía “el principio de igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos” como una medida que “fortalece la paz universal”.89 Asimismo, el artículo 55 reconocía que el respeto del principio de autodeterminación es necesario para la “creación de condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones”.90 Las líneas que siguen tratan sobre el derecho a la autodeterminación tal como se ha desarrollado en la era de las Naciones Unidas, en la Carta de la ONU y como principio de derecho internacional consuetudinario.
La Carta de las Naciones Unidas y los Territorios No Autónomos
El Capítulo XI de la Carta contiene una Declaración sobre los Territorios No Autónomos, que se definen como aquellos territorios en los que la población “aún no
C. O. Quale, LIBERATION STRUGGLES IN INTERNATIONAL LAW (Temple U. Press, 1991) (citando a A. Brooks and J. Brickhilll, WHIRLWIND BEFORE THE STORM: THE ORIGINS AND DEVELOPMENT OF THE UPRISING IN SOWETO AND THE REST OF SOUTH AFRICA FROM JUNE TO DECEMBER 1976 [London: International Defense and Aid Fund for Southern Africa (1980) ] p. 169.
Carta de la ONU, artículo 1 (2). Id., artículo 55.
ha alcanzado el autogobierno pleno.”91 Esta Declaración se refería principalmente a las colonias del “Tercer Mundo” de las potencias occidentales. 92 A las potencias coloniales que eran miembros de las Naciones Unidas se les pidió que asumieran la responsabilidad de la administración de esos territorios y se les demandó, inter alia, que promovieran su autogobierno, teniendo “debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos.” Al mismo tiempo, las Naciones Unidas establecieron un sistema de “fideicomiso”, concediendo ciertos derechos políticos a otros grupos de población.93 Sin embargo, la aplicación del derecho a la autodeterminación de los pueblos de esos Territorios No Autónomos no se declaró explícitamente hasta diciembre de 1960, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 1514 (XV), la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.” Esta Declaración señalaba la necesidad de crear las condiciones para unas relaciones pacíficas y amistosas entre los Estados basadas en “el respeto de los principios de igualdad de derechos y la autodeterminación de todos los pueblos.” Consideraba
Id., artículo 73.
La Resolución 1541, aprobada también en diciembre de 1960, y que tenía por objeto complementar la Resolución 1514, declaraba que “Los autores de la Carta de las Naciones Unidas consideraban que el capítulo XI debía aplicarse a los territorios entonces conocidos como territorios de tipo colonial.” Además, dejaba claro que los territorios que se hallan geográficamente separados y son distintos étnica y/o culturalmente del país que los administra son prima facie territorios sujetos a las obligaciones del Capítulo XI de la Carta.
Las Naciones Unidas, en el artículo 77 de la Carta, establecieron un sistema de fideicomiso como mecanismo principal para la supervisión internacional de (1) antiguos territorios bajo mandato de la Sociedad de Naciones; (2) territorios que antes formaban parte de los Estados derrotados en la Segunda Guerra Mundial; y (3) territorios voluntariamente colocados bajo este sistema [de fideicomiso] por los Estados responsables de su administración. Se requirió a los miembros de las Naciones Unidas a “promover el progreso político, económico, social y educativo de los territorios en fideicomiso y su progresivo desarrollo hacia el autogobierno o la independencia, conforme a las circunstancias particulares de cada territorio y de sus pueblos y a los deseos libremente expresados por el pueblo afectado.” A. Cristescu (Relator Especial de la Subcomisión sobre Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías), The Right To Self-Determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/404/Rev. 1, párrs.. 31, 46 (1981) (“Right to SelfDetermination Study”), párr. 262.
“importante” el papel de las Naciones Unidas “en su ayuda al movimiento por la independencia en los Territorios en fideicomiso y en los Territorios no autónomos”, y declaraba que “todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación; en virtud de ese derecho, determinan libremente su estatus político y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.” Las Resoluciones 1514 y 1541 de la Asamblea General dejan claro que aquellos territorios geográficamente separados, cuyos pueblos tienen una geografía, una cultura o una etnicidad diferente, y que no obstante están subordinados a otro Estado, son considerados, prima facie, Territorios No Autónomos. Si bien el derecho a la autodeterminación de otros grupos de población puede variar según las circunstancias de cada caso y la aplicación de otros principios del derecho internacional, las resoluciones 1514 y 1541 dejan claro que la población de dichos Territorios No Autónomos tiene legítimamente este derecho.
Estatus de derecho consuetudinario y norma imperativa
El derecho de los pueblos de los Territorios No Autónomos a la autodeterminación es ampliamente aceptado hoy como derecho internacional consuetudinario. Este derecho ha sido reconocido y afirmado por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, incluido el Tribunal Internacional de Justicia, como principal derecho en juego en la descolonización.94 El ámbito de esa norma consuetudinaria puede apreciarse en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia y la praxis de los Estados durante el período de la descolonización.95 El derecho de los pueblos coloniales a la autodeterminación es un principio imperativo (jus cogens) del derecho internacional.96
Véase Dictamen del TIJ, supra, p. 33. Véase también, Asamblea General, Resolución 1514 (XV). Hanauer, p. 134.
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, abierto a la firma el 23 de mayo de 1969, art. 53, U.N. Doc. A/CONF.39/27 (1969). Véase también Relator Especial de la Subcomisión de la ONU sobre Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, “The Right to Self-Determination: Implementation of United Nations Resolutions,” 12, U.N. Doc.
El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados específicamente invalida cualquier acuerdo celebrado en violación de una norma de jus cogens.97 Por separado, las resoluciones de la Asamblea General, como las antes mencionadas, y los dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia, no son vinculantes. Sin embargo considerados conjuntamente, en combinación con la Carta y otras convenciones de derechos humanos, y tras años de evolución de la praxis de los Estados, los principios que declaran pueden alcanzar el estatus de derecho internacional consuetudinario,98 que se define en el artículo 38 (1) (b) del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia como una “práctica generalmente aceptada como derecho.” El juez Dillard, en su voto particular en el caso del Sáhara Occidental, hizo referencia a la posición adoptada por muchos expertos señalando que: El efecto acumulativo de muchas resoluciones similares en contenido, aprobadas por una mayoría abrumadora y frecuentemente reiteradas durante un cierto periodo de tiempo, puede dar lugar a una opinio juris general y, por lo tanto, constituir una norma de derecho internacional consuetudinario… Esta es exactamente la situación que se manifiesta con la larga lista de resoluciones que, en la estela de la Resolución 1514 (XV), han proclamado que el principio de autodeterminación es un derecho vigente en la descolonización de los territorios no autónomos.99
E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, U.N. Sales No. E.79.XIV.5 (1980) (elaborado por Hector Gros Espiell) (“Nadie puede cuestionar el hecho de que, a la luz de las actuales realidades internacionales, el principio de autodeterminación necesariamente tiene carácter de jus cogens.”); Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa & Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276, Advisory Opinion, 1971 I.C.J. Rep., 16, 64 (June 1971) (voto particular del Juez Ammoun, reconociendo el carácter de jus cogens del derecho a la autodeterminación); I. Brownlie, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (3rd ed. 1979), p. 83 (argumentando a favor de máxima protección para los combatientes que persiguen la autodeterminación en base a la naturaleza de jus cogens del derecho que se persigue) citado en Karen Parker, “Understanding Self-Determination: The Basics,” n. 6, ponencia presentada en la Primera Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Autodeterminación, Ginebra (agosto de 2000). http://www.humanlaw.org/determination.html
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, abierto a la firma el 23 de mayo de 1969, art. 53, U.N. Doc. A/CONF.39/27 (1969).
Hanauer, p. 152 (“Colectivamente. . ., junto con la Carta [de la ONU] y los convenios de derechos humanos, y tras años de evolución de la práctica de los Estados, [las resoluciones de la Asamblea General] han desarrollado un conjunto de normas sobre la autodeterminación que ha alcanzado el estatus de derecho internacional consuetudinario, que se define en el artículo 38 (1) (b) del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, TIJ] como una “práctica general aceptada como derecho.”).
Dictamen del TIJ, supra, p. 121 (voto particular de L. Dillard). Algunos especialistas no están de acuerdo con la proposición de que la mera repetición de resoluciones de la Asamblea General puede crear
La afirmación de que el derecho a la autodeterminación es un principio del derecho internacional consuetudinario ha sido la base de una serie de dictámenes y decisiones del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), tanto antes como después del Western Sahara Case. Ello fue subrayado en el dictamen del TIJ Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970).100 También fue citado y aplicado a otro territorio no autónomo en el fallo del Tribunal Internacional de Justicia en el Case Concerning East Timor (Portugal vs. Australia), de 30 de junio de 1995.101 El principio enunciado en estos casos se reflejó más recientemente en el dictamen del Tribunal en Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories (2004) (“Dictamen sobre la Construcción del Muro”).102
un principio de derecho internacional. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que los principios enunciados en tales resoluciones, junto con la aplicación de esos principios por los Estados y el Tribunal Internacional de Justicia durante un período de tiempo (especialmente junto con principios similares enunciados en las resoluciones del Consejo de Seguridad y la aplicación de esos principios por parte del Consejo de Seguridad en contextos diferentes a lo largo de una serie de años), pueden adquirir el estatus de derecho internacional consuetudinario. Véase, por ejemplo, Thomas de Saint Maurice, Sahara Occidental 2001: Prelude d’un Fiasco Annoncé (Actualité et Droit International, febrero de 2002) pp. 2– 3, citando la decisión del Tribunal Internacional de Justicia en el caso East Timor (Portugal v. Australia), 30 de junio de 1995, párr. 2. La respuesta del Gobierno de Estados Unidos al estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja titulado “Customary International Humanitarian Law,” [“Derecho internacional humanitario consuetudinario”] Vol. 89, No. 866 (junio 2007) indicaba que “el derecho internacional consuetudinario se desarrolla a partir de una práctica general y consistente de los Estados seguida por ellos por un sentido de obligación legal u opinio juris,” y si bien tales normas no pueden extraerse de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, sí pueden derivarse de una práctica del Estado que es “extensa y prácticamente uniforme,” “suficientemente densa,” y tiene debidamente en cuenta la “práctica de los Estados especialmente afectados.” (pp. 444-445) Aunque pensadas principalmente para cuestiones relacionadas con los conflictos armados, las condiciones expuestas en dicho documento pueden reflejar la posición del Gobierno de los EE.UU. con respecto al desarrollo de normas jurídicas internacionales en otros contextos.
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, pp. 31-32, párrs. 52-53.
En opinión del Tribunal, la afirmación de Portugal de que el derecho de los pueblos a la autodeterminación, tal como evolucionó a partir de la Carta y de la práctica de Naciones Unidas, tenía un carácter erga omnes (es decir, de obligado cumplimiento para todas las partes), era “irreprochable.” El Tribunal señaló que el principio de la libre determinación de los pueblos había sido reconocido por la Carta de las Naciones Unidas y en la jurisprudencia del Tribunal (citando Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, pp. 31-32, párrs. 52-53; y Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, pp. 31-33, párrs. 54-59) y declaró que era “uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo. . .”
Opinion on Construction of Wall, I.C.J. Reports 2004, p. 136.
En ese caso, el Tribunal declaró que el artículo 1, común al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reafirmaba el derecho de todos los pueblos a la lautodeterminación, e impuso a los Estados Parte la obligación de promover el ejercicio de ese derecho y respetarlo, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.103 A continuación, [el TIJ] recordaba que en 1971 había hecho hincapié en que la evolución actual del derecho internacional en lo que respecta a los territorios no autónomos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, “había hecho el principio de autodeterminación aplicable a todos [esos territorios],“ concluyendo que “estos hechos no dejan lugar a duda de que el objetivo último de la misión sagrada” a que se refiere el artículo 22, párrafo 1, del Pacto de la Sociedad de Naciones “era la autodeterminación. . . de los pueblos concernidos” (citando Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 31, párrs. 52-53). Además, el Tribunal recordaba que “se ha referido a este principio en varias ocasiones en su jurisprudencia” (citando el dictamen Western Sahara Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 68, párr. 162). Por último, el Tribunal dejaba bien claro que el derecho de los pueblos a la autodeterminación es hoy un derecho erga omnes (citando su decisión en East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 102, párr. 29).104 La existencia del derecho a la autodeterminación en virtud del derecho internacional también ha sido reconocida por los tribunales estatales. En Reference: Secession of Quebec, 105 el Tribunal Supremo del Canadá declaró que “la existencia del derecho de los pueblos a la autodeterminación es ahora tan ampliamente reconocido en los
Id. párrs. 89 y 154-156. Id., párr. 88. Supreme Court of Canada [1998] 2 S.C.R. 217.
convenios internacionales que el principio ha adquirido un estatus más allá de la ‘convención’ y se considera un principio general del derecho internacional.”106 Además, hay una larga lista de resoluciones de la Asamblea General [de la ONU] afirmando este derecho. Entre ellas, la Resolución 1514 (XV) representa la mayor contribución a la noción de que la autodeterminación ha devenido derecho consuetudinario. Como “declaración” que se aprobó sin discrepancia alguna, esa resolución tiene un estatus especial. La Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU señala que: dada la mayor solemnidad y trascendencia de una declaración, cabe pensar que ésta confiere, en nombre del órgano que la adopta, grandes expectativas de que los miembros de la comunidad internacional la acaten. En consecuencia, en la medida en que esas expectativas se ven gradualmente justificadas por la práctica estatal, puede reconocerse por costumbre que la declaración establece normas vinculantes para los Estados.107
Pueblos legitimados para invocar el derecho a la autodeterminación
Como se señaló anteriormente, la Carta y diversas resoluciones de Naciones Unidas se refieren al principio de autodeterminación que incumbe a los “pueblos”. Sin embargo, está claro que no todos los colectivos tienen el mismo “derecho” a la autodeterminación en virtud del derecho internacional. En su estudio The Right To Self-Determination – Historical and Current Developments on the Basis of United Nations Instruments [El derecho de autodeterminación - Evolución histórica y actual sobre la base de los instrumentos de las Naciones Unidas], Aureliu Cristescu, Relator Especial de la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías, examinó los documentos pertinentes de
Id. párr. 114, citando a A. Cassese, Self-determination of peoples: A legal reappraisal (1995), pp. 171172; K. Doehring, “Self-Determination,” en THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS: A COMMENTARY (B. Simma, Ed., 1994), p. 70.
Memorándum de 2 de abril de 1962 (citado en Right to Self-Determination Study [Estudio sobre el derecho a la autodeterminación], supra, párr. 148).
la ONU y no halló unos criterios comúnmente aceptados y claramente articulados para determinar qué colectivos en general satisfacen los requisitos como “pueblos” legitimados para ejercer el derecho a la autodeterminación sin que potencialmente resulte en la desintegración de la integridad territorial de Estados-nación ya establecidos.108 Y Cristescu concluía: “no hay un texto o una definición reconocida conforme a la cual determinar lo que es un ‘pueblo’ que tenga el derecho en cuestión.” Por esa razón, Cristescu constataba que “Naciones Unidas ha procedido con cautela en los casos de autodeterminación política, si bien ha actuado con firmeza en materia de eliminación del colonialismo.”109 Una cosa está clara: el término “pueblos” no exige abarcar a los habitantes de un Estado establecido. La Carta utiliza el término “pueblos” separadamente de su uso del término “Estado”, lo que implica que cada término tiene su propio significado distinto.110 La Secretaría de la ONU confirmó esta distinción en un memorando en el que definía el término “pueblos” como “grupos de seres humanos que pueden abarcar
En algunos documentos de Naciones Unidas el principio de autodeterminación parece adquirir una aplicación universal o un derecho colectivo de todos los “pueblos”, independientemente de si habitan en territorios no autónomos o en Estados establecidos. Véase Estudio sobre el Derecho de Autodeterminación (Right to Self-Determination Study), supra, párrs. 31 y 46 (1981). El artículo I (2) de la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, se refiere al “principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos”. El artículo 55 de la Carta repite esta frase, que parece dar a entender un sentido universalista del derecho de todos los “pueblos” a la autodeterminación. Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“PIDCP”) también ha adoptado un concepto universalista de los “pueblos”, estableciendo en su artículo 1 que “todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación.” Véase, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor 23 de marzo de 1976, 999 U.N.T.S. 171. La Asamblea General de la ONU adoptó un enfoque universalista del derecho de todos los ‘pueblos’ a la autodeterminación en su Resolución 637 A (VII), que establece que “Los Estados Miembros de las Naciones Unidas defenderán el principio de autodeterminación de todos los pueblos y naciones.”
Estudio sobre el derecho a la autodeterminación, párr. 279. Numerosos comentaristas han sugerido que el derecho a la autodeterminación se aplica sólo en el contexto colonial. Véase, por ej., Hanauer, supra, pp. 145-146. (“Al colocar el derecho a la autodeterminación firmemente en el contexto del colonialismo, [la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU] define la autodeterminación como derecho a la descolonización. El derecho a la autodeterminación, por lo tanto, ha quedado indisolublemente ligado al proceso de descolonización.”); Weller, supra, pp. 112-113 (“Al mismo tiempo, los gobiernos... han asegurado que el derecho a la autodeterminación, al menos en el sentido de secesión, está estrictamente tasado y nunca puede ser invocado contra el Estado que aquellos representan…. Por eso, la autodeterminación como derecho positivo a la secesión sólo se ha aplicado a las entidades coloniales clásicas y casos estrechamente análogos.”).
Carta de las Naciones Unidas, Capítulo IX: Cooperación Internacional Económica y Social, artículo
o no estados o naciones.”111 En coherencia con el uso separado que hace la Carta de los términos “pueblos” y “Estado”, también la Resolución 637 utilizaba esos mismos términos por separado.112 Sin embargo, independientemente de cómo el término “pueblos” aplicado al derecho de autodeterminación pueda aplicarse en otros contextos, la praxis de los Estados, como ya se señaló anteriormente, respaldada por los dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia y las declaraciones de la Asamblea General, ha llevado a la formación gradual de normas de derecho internacional consuetudinario que dotan de aquél derecho a todos los “pueblos” que habitan territorios no autónomos. Laurence Hanauer113 lo resume mejor: conjuntamente, la Carta, los convenios de Derechos Humanos, las resoluciones de la Asamblea General, los dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia y la práctica de los Estados han definido el derecho a la autodeterminación como el derecho a la descolonización y a la consecución de un gobierno propio de los pueblos que habitan territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, mediante un proceso que tenga en cuenta la voluntad libremente expresada de los pueblos.
Límites geográficos del derecho de autodeterminación
Se ha llegado a un consenso sobre el vínculo que ha de haber entre el “pueblo” con derecho a la autodeterminación en el proceso de descolonización y un territorio no autónomo específico. La Resolución 1541, en el artículo 73 (e), refiriéndose a los territorios coloniales donde viven pueblos sin autogobierno, vincula “pueblos” con “territorios”. A continuación define dichos territorios conforme a las siguientes
H. Quane, “The United Nations and the Evolving Right to Self-Determination” , The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 47, No. 3 (July 1998), p. 543.
G.A. Res. 637 A (VII), 8 U.N. GAOR Supp. (No. 17), U.N. Doc. A/2630 (1953). Esta resolución, aprobada el 16 de diciembre de 1952, fue un temprano reconocimiento de que “todos los Miembros de las Naciones Unidas, de conformidad con la Carta, deben respetar el mantenimiento del derecho a la autodeterminación.”
Hanauer, supra, p. 155.
características: (1) geográficamente separado y (2) étnica y/o culturalmente distinto de la potencia colonial administradora. 114 Asimismo, las dos principales convenciones de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos115 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales116, definen la autodeterminación ante todo sobre una base territorial. Según esos documentos, los lazos étnicos, religiosos, culturales o históricos sin relación alguna con el pueblo que habita un territorio no crean ningún derecho vinculante a la autodeterminación. 117 En su dictamen sobre la situación del Sáhara Occidental, el Tribunal Internacional de Justicia utilizó dicho concepto de “pueblos” basado en el territorio. Y concluía señalando que “la información proporcionada a este Tribunal demuestra que, en la época de la colonización, el Sáhara Occidental estaba habitado por pueblos que, aunque nómadas, estaban social y políticamente organizados en tribus y bajo jefes competentes para representarlos.”118 Era el estatus territorial de un pueblo lo que importaba para determinar si ese pueblo tenía o no derecho a la autodeterminación. El Tribunal llegó a la conclusión de que la historia y la cultura de un pueblo no tienen trascendencia jurídica en el derecho a la autodeterminación en ausencia de una
Asamblea General de la ONU, Resolución 1541 (IV), supra. http://www.un.org/es/decolonization/ga_resolutions.shtml
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor 23 de marzo de 1976, 999 UNTS 171.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 3 de enero de 1976, 993 UNTS 3.
Right to Self-Determination Study, supra, párr. 147. Cristescu también llegó a una definición que evitaba referirse a características específicas de tipo étnico o cultural, concluyendo que el “término ‘pueblo’ denota una entidad social que posee una identidad clara y características propias,” y que “implica una relación con un territorio.” (Véase Estudio sobre el derecho a la autodeterminación, supra, párr. 279). Otros autores han señalado que las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas que prevén la autodeterminación tienen restricciones similares. Véase, por ejemplo, Hanauer, supra, p. 141: “Los capítulos XI y XII establecen claramente... el beneficiario de la autodeterminación o el autogobierno: ‘territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado aún plenamente el gobierno propio ‘. . . El artículo 76 establece además que los Estados miembros se comprometen a garantizar el desarrollo de los territorios en fideicomiso. No hay nada en ninguno de los dos capítulos que aborde directamente las obligaciones hacia los pueblos no autónomos; sólo los pueblos que habitan en extensiones de tierra con fronteras distintas son candidatos al autogobierno.”
Dictamen del TIJ, supra, párr. 81.
conexión territorial, porque tales características históricas y étnicas no tienen nada que ver con los derechos territoriales.119
(1) La limitación del uti possidetis juris El principio del uti possidetis juris exige que las fronteras establecidas por las potencias coloniales, independientemente de su idiosincrasia, sean respetadas en el ejercicio de la autodeterminación, con el fin de evitar las incesantes alteraciones del orden internacional que se producirían si cada minoría étnica en un territorio fuera a reclamar este derecho. Según S. James Anaya, Si el derecho internacional fuera a asumir plenamente reivindicaciones étnicas de autonomía en base al enfoque de la soberanía histórica, el número de potenciales desafíos a las fronteras estatales existentes, junto con la incertidumbre verosímil de tener que juzgar reclamaciones rivales de soberanía a lo largo del tiempo, podría llevar al sistema internacional a un estado de continuo cambio jurídico y convertir el derecho internacional en un factor de inestabilidad en lugar de estabilidad.120 La necesidad práctica de mantener las fronteras de los territorios no autónomos establecidas por las potencias coloniales ha sido reafirmada por el Tribunal Internacional de Justicia. Tal como éste señaló en su dictamen sobre el Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali) (“Frontier Dispute”), esa doctrina es necesaria para evitar que el proceso de descolonización amenace la estabilidad del orden político internacional.121 El Tribunal explicó que el “propósito obvio [de la doctrina del uti possidetis juris] es evitar que la independencia y la estabilidad de los nuevos Estados se vean amenazadas por luchas fratricidas
Dictamen del TIJ, supra, párrs. 66-68.
S. J. Anaya, “The Capacity of International Law to Advance Ethnic or Nationality Rights Claims”, 75 Iowa Law Review 837, 840 (1990). Véase también Franck, supra, p. 698.
Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali) (1986) I.C.J. 554.
provocadas por el cuestionamiento de las fronteras tras la retirada de la potencia administradora.”122 Incluso la Unión Africana, a pesar de lo “absurdo y la falta de autoridad jurídica de las fronteras coloniales en África,”123 ha adoptado la doctrina del uti possidetis juris y el mantenimiento de las fronteras coloniales a fin de que el proceso de descolonización sea lo más ordenado y tranquilo posible. El Primer Ministro de Etiopía declaró en la Conferencia Cumbre de Addis Abeba de 1963, en la que se creó la Unión Africana, que “está en el interés de todos los africanos hoy respetar las fronteras trazadas en los mapas, aun cuando fueran dibujadas por los antiguos colonizadores.”124 En consecuencia, la Cumbre de Addis Abba hizo del principio de uti possidetis juris uno de los pilares de la Carta de la Unión Africana.125 En 1964, en El Cairo, Egipto, la Unión Africana reiteró su compromiso con el principio del uti possidetis juris en la Declaración de El Cairo, que declaraba que “las fronteras de los Estados de África, al día de su independencia, constituyen una realidad tangible” y que “todos los Estados miembros se comprometen a respetar las fronteras existentes al acceder a la independencia nacional.”126 Por lo tanto, es evidente que la Unión Africana acepta la validez legal de las fronteras impuestas por el régimen colonial127 y reconoce las fronteras coloniales como base para las reivindicaciones de autodeterminación y de soberanía estatal, rechazando así las pretensiones de autodeterminación basadas únicamente en reivindicaciones étnicas o históricas o de subgrupos de un territorio no autónomo.128
A. Allot, Boundaries in Africa: A Legal and Historical Survey, in AFRICAN INTERNATIONAL LEGAL HISTORY 69 (A. K. Mensah-Brown ed., 1975), p. 83; U.N. Doc. JX/1977/XV/ST9 (1975). 124 Id. 125 Id. 126 Resolución de la Asamblea de la Unión Africana. A.U. Assembly Res. AHG/Res. 17(1), July 17-21, 1964. 127 Véase A. G. Pazzanita, Legal Aspects of Membership in the Organization of African Unity: The Case of Western Sahara, 17 Case W. Res. Journal of International Law (J. Int‘l L.) 123, (1985) p. 138. 128 Id., p. 149.
(2) Naturaleza de los vínculos con el territorio no autónomo
Queda por aclarar una última cuestión para determinar los “pueblos” legitimados a reclamar el derecho a la autodeterminación conferido a los pueblos de los territorios no autónomos. Se trata de la naturaleza de los vínculos que deben existir con el territorio. ¿Corresponde ese derecho únicamente a la población indígena del territorio o cualquier persona que habite en el territorio podría ejercer ese derecho? Hay innumerables casos en que los ciudadanos de una potencia colonial o de otros países han residido en las colonias durante el período de la dominación colonial y posteriormente, hasta que la autodeterminación se ha ejercido legítimamente. En casi todos los casos de descolonización realizada mediante un referéndum u otro proceso aprobado por las Naciones Unidas, las personas con derecho a votar sobre su futuro se han limitado a aquellas que han sido consideradas habitantes indígenas del territorio. En efecto, sería contrario al principio de autodeterminación de los pueblos de las colonias permitir que las personas introducidas en la colonia por las potencias coloniales participasen en el ejercicio de ese derecho. Sería aún más hostil al principio de autodeterminación de los pueblos de las colonias conceder ese derecho a las personas introducidas en la colonia por una autoridad que ocupa la colonia ilegalmente por la fuerza. En consecuencia, si bien puede haber dificultades en la descripción de los criterios aplicables a un grupo indígena al que se permite ejercer el derecho a la autodeterminación,129 o en la determinación de si un individuo concreto pertenece realmente a tal grupo, generalmente no hay duda de que ese derecho debe limitarse a los miembros legítimos de la comunidad indígena, a menos que ellos mismos deseen conferir ese derecho a otros.
Esto puede ser especialmente problemático cuando hay varias minorías étnicas que históricamente han habitado un territorio o allí donde los habitantes autóctonos se han casado con miembros de otras poblaciones.
Excepciones al derecho de autodeterminación
Como es habitual en el desarrollo de un principio de derecho internacional, se han hecho ciertas excepciones a la aplicación del principio de autodeterminación a los territorios no autónomos. Una de estas excepciones se basa en el principio de la “integración”. El Comité [de Naciones Unidas, del Colegio de Abogados de Nueva York] constata que por lo menos un autor130 ha impugnado el carácter de jus cogens del derecho a la autodeterminación de los pueblos que habitan en dichos territorios, por lo menos en ciertas circunstancias, al afirmar que el derecho a la autodeterminación puede estar protegido por la norma pacta tertiis, es decir, el principio de la integración.131 Sin embargo, como principio de derecho internacional, la integración ha sido históricamente considerada relevante sólo en las circunstancias más limitadas, esto es, en el caso de territorios diminutos étnica y económicamente parásitos de un Estado, o que se deriven del mismo, y de los que no puede decirse legítimamente que constituyan unidades territoriales distintas.132 Los requisitos esenciales para la integración como modalidad de la autodeterminación están establecidos en el Principio IX de la Resolución 1541 (XV). Hasta el momento, cuatro territorios se han integrado en otros Estados por razones de unidad nacional en lugar de autodeterminación; Goa y dependencias, y establecimientos franceses en la India (India); Ifni (Marruecos) y São João Baptista de Adjudá (Dahomey, actualmente República de Benin).133
Véase J. Crawford, supra, pp. 79-81 y 366.
Ifni, el menor de los dos territorios mencionados en la Resolución 2072 (XX), era un pequeño territorio rodeado por todas partes por un Estado independiente, en este caso, Marruecos. La práctica de las Naciones Unidas con respecto a tales enclaves ha variado, a veces se ha permitido que el territorio se integrara en el Estado vecino sin haber obtenido la aprobación oficial de los habitantes, en la presunción de que el territorio había sido separado del Estado circundante durante el período colonial y no podría sobrevivir de forma independiente de él. La integración sobre esta base es una excepción al principio aplicado a los territorios mayores y más viables, en virtud del cual la integración en otro Estado debe hacerse por medio de una “elección responsable mediante procedimientos democráticos”, e históricamente ha sido aplicada sólo en las circunstancias más limitadas, esto es, a pequeños territorios considerados étnica y económicamente un “parásito” de un Estado adyacente. Véase Resolución 1541(XV) Principio IX; R. T. Vance, “Recognition as an Affirmative Step in the Decolonization Process: The Case of Western Sahara,” Yale Journal of World Public Order (“Vance”) 7:45 (1980), p. 48, nota 17. Véase también A. Rigo-Sureda, THE EVOLUTION OF THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION (Leiden: Sijthoff, 1973) pp. 214-20.
Vance, p. 48. J. Crawford, supra, p. 370.
Una excepción mucho mayor a la aplicabilidad del derecho de autodeterminación a los territorios no autónomos es la que plantea el principio compensatorio de la integridad territorial, aplicado a territorios mayores y potencialmente viables, lo que se analiza con más detalle en las líneas que siguen.
EL DERECHO COMPENSATORIO A LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
Como se ha indicado anteriormente, fuera del contexto colonial el derecho de los pueblos a la autodeterminación es más complicado debido a la interacción con el derecho de un Estado a la integridad territorial. Tanto el derecho a la autodeterminación como el principio de la integridad territorial son normas imperativas fundamentales del orden jurídico internacional.134 En consecuencia, cuando un colectivo de personas que viven en un Estado ya establecido trata de ejercer su derecho colectivo a la autodeterminación, estos dos principios fundamentales entran en conflicto directo. La sección siguiente se ocupa de cómo el derecho internacional ha tratado de conciliar estos dos derechos en conflicto. A. El principio de la integridad territorial aplicado a los derechos de los colectivos de un Estado establecido. (1) Aplicación del principio uti possidetis juris La importancia del principio de la integridad territorial está presente en muchos textos legales diferentes, incluido el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.135 Como ya
L. Seshagiri, Democratic Disobedience: Reconceiving Self-Determination and Secession at International Law, 51 Harv. Int‘l L.J. 553 [Harvard International Law Journal] (Summer, 2010) pps. 567577.
Carta de la ONU, artículo 2, párrafo 4 (“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”; véase también, Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, art. 1, G.A. Res. 2625 (XXV), Annex, U.N. GAOR, 25th Sess., Supp. No. 28, at 122, U.N. Doc. A/8028 (October 24 1970) (“La integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables.”) (“Declaration on Friendly Relations”); Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados art. 11, 26 diciembre 1933, 49 Stat. 3097, 165 L.N.T.S. 19 (“El territorio de un Estado es inviolable”) (“Convención de Montevideo”); Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, G.A. Res. 61/295, Annex, U.N. Doc. A/RES/61/295 October 2, 2007 (“Nada en esta Declaración podrá
se mencionó anteriormente, incluso en el contexto de la liberación del colonialismo, el principio de integridad territorial desempeña un papel debido al principio del uti possidetis juris, negando a los subgrupos de un territorio no autónomo los derechos que son aplicables al pueblo en su conjunto. Ese principio adquiere una importancia aún mayor en el contexto de los derechos de los subgrupos de un Estado ya establecido. La Comisión Badinter, creada en 1991 para abordar las cuestiones de la antigua Yugoslavia, hizo hincapié en que este principio se aplica en todos los contextos, sosteniendo que “cualesquiera que sean las circunstancias, el derecho a la autodeterminación no debe implicar cambios en las fronteras existentes en el momento de la independencia (uti possidetis juris), salvo que los Estados interesados acuerden otra cosa.”136 De hecho, en situaciones no coloniales, la primacía de la integridad territorial es la que manda.137 Permitir el ejercicio ilimitado del derecho de autodeterminación por parte de cualquier grupo que constituya un pueblo podría conducir potencialmente a la fractura de muchos Estados en la comunidad internacional. El resultado fue el establecimiento de dos concepciones del derecho a la autodeterminación: (1) el derecho a la autodeterminación externa, aplicable en los casos en que un pueblo busca el alivio de las formas extremas de opresión, por lo general, del colonialismo (tratado detalladamente en el apartado anterior); y (2) el derecho a la autodeterminación interna, al que pueden acceder todos los colectivos de los Estados establecidos. En la presente sección se trata el derecho a la autodeterminación interna que tiene la población de un Estado
interpretarse como si confiriera a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá que autoriza o fomenta acción alguna dirigida a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.”) (“Declaración sobre los Pueblos Indígenas”).
Conference on Yugoslavia Arbitration Commission: Opinions on Questions Arising From the Dissolution of Yugoslavia, Opinion No. 2, July 4, 1992, 31 I.L.M. 1488, 1498 (1992) (“Comisión Badinter”).
Véase, p. ej., G.A. Res. 1514(XV) supra (“Todo intento de quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”); Declaration of Friendly Relations, supra, (“Nada en los párrafos precedentes se entenderá que autoriza o fomenta acción alguna dirigida a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos como se ha descrito anteriormente y, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color.”).
establecido, así como cuando, en virtud de los principios jurídicos internacionales, ese derecho puede manifestarse como un derecho a la secesión138 o a la autodeterminación externa.
(2) La autodeterminación interna y la cláusula de salvaguardia Como se ha señalado antes, en deferencia al principio de la integridad territorial, el derecho internacional se ha opuesto a reconocer el derecho a la secesión unilateral de los pueblos.139 El principal temor es que el ejercicio unilateral y sin restricciones de la autodeterminación en favor de todos los “pueblos” llevaría a un nivel inaceptable de fragmentación y desestabilización del sistema internacional.140 En consecuencia, el derecho internacional ha establecido un derecho más limitado de autodeterminación interna de los pueblos de los Estados ya establecidos, donde una posible autodeterminación externa o secesión sólo es realizable cuando “al grupo se le niegan colectivamente los derechos civiles y políticos y está sometido a graves abusos.”141 La autodeterminación interna, aplicable a todos los colectivos que satisfacen la definición de pueblos según el derecho internacional, prevé un conjunto de derechos respetados en el Estado central, incluyendo el derecho del pueblo a la “búsqueda de su desarrollo político, económico, social y cultural en el marco de un Estado establecido.”142 Es una garantía de autonomía y autogobierno y, en definitiva, un “ejercicio de libertad.”143 En términos prácticos, es el derecho a la participación política
La secesión puede definirse como la separación de parte del territorio de un Estado llevado a cabo por la población residente, con el objetivo de crear un nuevo Estado independiente o adherirse a otro Estado existente”. Christine Haverland, “Secession”, en ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW, vol. 4, p. 354 (Rudolph Bernhardt ed., 2d ed. 2000).
L. Seshagiri, supra, p. 573.
R. Dickinson, Twenty-First Century Self-Determination: Implications Of The Kosovo Status Settlement For Tibet, 26 Ariz. J. Int‘l & Comp. Law 547, 552 (Fall 2009). [Arizona Journal of International and Comparative Law].
M. Sterio, “On the Right to External Self-Determination: ‘Selfistans’, Secession, and the Great Powers’ Rule, 19 Minn. J. Int‘l L. 137, 143 (Winter 2010). [Minnesota Journal of International Law].
Reference re: Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217, 282 (Can.). L. Seshagiri, supra, p. 556.
efectiva, incluyendo, idealmente, el derecho a votar, el derecho de petición al gobierno, el derecho a expresarse contra el gobierno y disentir del mismo, y el derecho a ocupar un cargo y postularse para el mismo.144 Esto incluye el derecho “de los colectivos nacionales o étnicos de un Estado a hacer valer un cierto grado de ‘autonomía’ sobre sus asuntos, sin darles el derecho a la secesión.”145 En un fallo ampliamente citado, el Tribunal Supremo de Canadá abordó el derecho a la autodeterminación interna conforme al derecho internacional en relación con el movimiento secesionista en la provincia canadiense francófona de Quebec. En un referéndum celebrado en 1995, el pueblo de Quebec había votado por un estrecho margen permanecer unido a Canadá. El estrecho margen de la votación dio lugar a que se solicitara un dictamen al Tribunal Supremo de Canadá para abordar la cuestión de si Quebec podría o no separarse unilateralmente de Canadá. El Tribunal emitió su dictamen en 1998146, determinando que el derecho a la autodeterminación de los pueblos que habitan en un Estado reconocido debe “ser ejercido por los pueblos en el marco de los Estados soberanos establecidos y en coherencia con el mantenimiento de la integridad territorial de esos Estados.”147 El Tribunal, sin embargo, reconoció que “cuando un pueblo tiene obstruido el ejercicio de su derecho a la autodeterminación interna, está legitimado, como último recurso, a ejercerlo mediante la secesión.”148
Id., p. 557.
P. Groarke, DIVIDING THE STATE: LEGITIMACY, SECESSION AND THE DOCTRINE OF OPPRESSION (2004), p. 84; Véase también A. Cassese, SELF-DETERMINATION OF PEOPLES: A LEGAL REAPPRAISAL (1998), pp. 350-351.
Reference: Secession of Quebec, supra, [1998] 2 S.C.R. 217, para. 122. El Tribunal tuvo el cuidado de diferenciar el derecho a la autodeterminación de un pueblo que habita en un Estado establecido del derecho a la autodeterminación de un pueblo que habita en un territorio no autónomo. Con respecto a esto último, el Tribunal consideró que la existencia del derecho a la autodeterminación era indiscutible y que incluía el derecho a la independencia. Véase párr. 114.
Id. párr. 134.
Por lo tanto, conforme al derecho internacional no existe un derecho unilateral a la secesión per se.149 Aunque algunas veces la población de algunos Estados ha tratado de separarse unilateralmente, y a pesar del reciente dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, que establece que la declaración de independencia no es contraria al derecho internacional (por lo menos en el caso de Kosovo150), el reconocimiento jurídico internacional de un “Estado” que ha tratado de separarse unilateralmente es la excepción, no la regla.151 Tal como se indicaba en el informe de un Relator Especial publicado por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1980: La aceptación expresa [en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas] de los principios de unidad nacional e integridad territorial del Estado implica el no reconocimiento del derecho de secesión. . . El derecho a la secesión de un Estado miembro de las Naciones Unidas no existe como tal en los instrumentos o en la práctica seguida por la Organización, ya que tratar de invocarlo con el fin de romper la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado sería una aplicación errónea del principio de autodeterminación y contraria a los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.152 Aparte de los Estados que se han formado por la disolución de sus Estados de origen, como los que provienen de la división de la antigua Unión Soviética o de la antigua
C. Warbrick, “States and Recognition in International Law”, en INTERNATIONAL LAW 217, 227 (Malcom Evans ed., 2nd ed., 2006) (La praxis de los Estados se opone a toda reivindicación de un derecho a la secesión “que conduzca a la condición de Estado contra la voluntad del soberano actual.”).
Accordance with International Law of Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, (July 22, 2010). [Conformidad con el derecho internacional de la declaración unilateral de independencia con respecto a Kosovo, 22 julio 2010]. En su reciente dictamen sobre la legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo, el Tribunal Internacional de Justicia trató de adoptar una visión estrecha de la cuestión planteada, concluyendo que basta solamente con decidir si “el derecho internacional prohíbe la declaración”, y no si existía o no un “derecho positivo” a la independencia. (p. 56). El Tribunal examinó la práctica estatal y las acciones del Consejo de Seguridad y determinó que no había ninguna prohibición sobre la declaración de la independencia en el derecho internacional. Es importante destacar que el Tribunal señaló que no estaba decidiendo la cuestión fundamental de si dicha declaración debería dar lugar a un Estado independiente de Kosovo.
J. Crawford, STATE PRACTICE AND INTERNATIONAL LAW IN RELATION TO UNILATERAL SECESSION, IN SELF-DETERMINATION IN INTERNATIONAL LAW: QUEBEC AND LESSONS LEARNED 31, 32 (Anne F. Bayefsky ed., 2000) (“Fuera del contexto colonial, las Naciones Unidas son extremadamente renuentes a admitir como miembro a una entidad secesionista en contra de los deseos del gobierno del Estado del que ha pretendido separarse.”).
U.N. Econ. & Soc. Council [ECOSOC], Sub-Comm. on Prevention of Discrimination & Prot. of Minorities, The Right to Self-Determination, Implementation of United Nations Resolutions, P 90. U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1 (1980) (prepared by G. Espiell Special Rapporteur).
Yugoslavia, sólo se han identificado unos pocos -como Eritrea, la República de Sudán del Sur y quizás Bangladesh- que, con posterioridad a la formación de las Naciones Unidas, se separaron unilateralmente fuera del contexto colonial y posteriormente fueron admitidos en la ONU.153 Aunque no parece haber un derecho per se a la secesión unilateral conforme al derecho internacional, sí hay un derecho cualificado aplicable, en circunstancias excepcionales, a los pueblos que forman parte de un Estado establecido. Como lo explicaba el Tribunal Supremo de Canadá en el dictamen Quebec Reference: El derecho internacional no contiene ni un derecho de secesión unilateral ni la negación explícita de tal derecho, aunque dicha negación está implícita, en cierta medida, en las circunstancias excepcionales requeridas para que se permita la secesión en virtud del derecho de los pueblos a la autodeterminación, p. ej., el derecho de secesión que surge en la situación de excepción de un pueblo oprimido o colonial.154 Así pues, el Tribunal Supremo de Canadá reconoció que el derecho internacional ha hecho una excepción a la negación general del derecho de secesión unilateral cuando una población está “oprimida” o habita una “colonia”. El recurso a la autodeterminación externa cuando hay evidencia de opresión se basa en el principio conocido como teoría de los derechos correctivos (the remedial rights theory) y tiene algún precedente histórico.155 En el Åaland Islands Case,156 los habitantes de un
Tras una guerra civil y un movimiento secesionista, Eritrea pidió un referéndum auspiciado por la ONU sobre la independencia de Eritrea, y la ONU, en virtud de la Resolución 47/144 de la Asamblea General, estableció una Misión de Observación para supervisar el referéndum. (U.N. GAOR, 47th Sess., 3d Committee, Agenda Item 97(b), Annex II at 4, U.N. Doc. A/C.3/47/5 (October 29, 1992)). El referéndum se llevó a cabo en 1993 y la votación fue a favor de la independencia. Posteriormente, Eritrea fue admitida en la ONU y en la Unión Africana. (S.C. Res. 828, U.N. Doc. S/RES/828 (June 4, 1993)). [Resolución 828 del Consejo de Seguridad]. [GAOR, General Assembly Official Records - Asamblea General, Documentos Oficiales].
Reference: Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217 (Can.). Párr. 112.
A. Cassese, INTERNATIONAL LAW 119 (2d Ed. 2005) [argumentando que el derecho a la autodeterminación externa puede ser apropiado cuando el gobierno central niegue persistentemente a un pueblo derechos políticos participativos, viole grave y sistemáticamente sus derechos humanos fundamentales, y deniegue la solución pacífica de los conflictos mediante las instituciones del Estado central].
The Åaland Islands Question: Report Submitted to the Council of the League of Nations by the Commission of Rapporteurs, League of Nations Doc. B7/21/68/106 at 34 (1921) (“Åaland Islands Report”) [fallando que los habitantes de Åaland, un pequeño grupo de islas pertenecientes a Finlandia y
pequeño archipiélago que formaba parte del territorio finlandés querían unirse Suecia. Sus demandas fueron presentadas ante la Sociedad de Naciones, donde la Segunda Comisión de Relatores emitió un dictamen afirmando que la integridad territorial de Finlandia tenía que ser respetada y que el derecho a separarse de Finlandia sólo existiría para los habitantes de Åaland si Finlandia mostrara una manifiesta falta de respeto por la autonomía cultural y étnica de la mencionada población.157 La Comisión Africana de Derechos Humanos llegó a una conclusión similar en la evaluación de las pretensiones secesionistas del pueblo de Katanga. La Comisión observó que, En ausencia de pruebas concretas de violaciones de los derechos humanos, hasta el punto de que haya que cuestionar la integridad territorial de Zaire y a falta de pruebas de que al pueblo de Katanga se le niegue el derecho a participar en el gobierno, tal como garantiza… la Carta Africana, la Comisión considera que Katanga está obligada a ejercer una variante de la autodeterminación que sea compatible con la soberanía y la integridad territorial de Zaire. 158 Este principio se refleja en la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (en adelante, “Declaración de Relaciones de Amistad” –“Friendly Relations Declaration”): Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna dirigida a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos antes descrito y, por tanto, estén dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color.159
que pretendían unirse a Suecia, tenían el derecho a la autonomía cultural y étnica, pero no el derecho a separarse de Finlandia].
M. Sterio, “On the Right to External Self-Determination: ‘Selfistans’, Secession, and the Great Powers’ Rule,” 19 Minn. J. Int‘l L. 137, 143-144 (Winter 2010).
Katangese Peoples‟ Congress v. Zaire, African Commission on Human and Peoples‘ Rights, Comm. No. 75/92 (1995), para. 6.
Declaración de Relaciones de Amistad, párr. 7
(Friendly Relations Declaration, para. 7).
Así pues, la Declaración de Relaciones de Amistad defiende la integridad territorial de un Estado siempre que exista un gobierno que represente a la totalidad del pueblo, respete los derechos humanos y no discrimine a ciertas partes de su población por motivos de raza, credo o color, y este principio ha sido reiterado por otros tratados y organismos de derechos humanos.160 Los teóricos de los derechos correctivos (Remedial rights theorists) sostienen que el pueblo que pretenda ejercer la autodeterminación externa debe demostrar que persigue una causa legítima: Un colectivo tiene derecho a la secesión (a falta de negociaciones o disposiciones constitucionales que establezcan ese derecho) sólo como recurso de última instancia para escapar de graves injusticias..., injusticias capaces de generar el derecho a la secesión, como la violación persistente de los derechos humanos, incluido el derecho a participar en la gobernanza democrática, y la ocupación injusta del territorio de que se trate, en caso de que ese territorio anteriormente hubiera sido un Estado legítimo o parte del mismo (en cuyo caso, la secesión sería simplemente la recuperación de lo que había sido injustamente tomado).161
Véase, p. ej., Report of the African Commission on Human and Peoples‘ Rights, Working Group of Experts on Indigenous Populations/Communities, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/WP.3 (April 22, 2005) (sosteniendo que no hay derecho a la secesión siempre que el gobierno respete y actúe de una manera coherente con la igualdad de derechos de los pueblos sin distinción de color, raza o credo); Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination & Protection of Minorities, “Protection of Minorities: Possible Ways and Means of Facilitating the Peaceful and Constructive Solution of Problems Involving Minorities”, para. 84, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/34 (August 11, 1993) (“Sólo si los representantes del grupo afectado pueden demostrar, más allá de toda duda razonable, que no hay ninguna expectativa en un futuro previsible de que el Gobierno devenga representante de todo el pueblo, se puede tener derecho a pedir y recibir apoyo para la búsqueda de la independencia.”); Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, U.N. GAOR, 51st Sess., Supp. No. 18, General Recommendation XXI at 125-26, P 11, U.N. Doc. A/51/18 (Sep. 30, 1996) (“El Comité subraya que, de conformidad con la Declaración sobre las Relaciones de Amistad, ninguna actuación del Comité se interpretará en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna dirigida a desmembrar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos, y que tengan un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color. En opinión del Comité, el derecho internacional no ha reconocido un derecho general de los pueblos a declarar unilateralmente su secesión de un Estado. A este respecto, el Comité sigue los principios expresados en An Agenda for Peace (párrs. 17 y siguientes), a saber, que la fragmentación de los Estados puede ser perjudicial para la protección de los derechos humanos y la preservación de la paz y la seguridad. Esto no significa, sin embargo, excluir la posibilidad de llegar a arreglos concertados libremente por todas las partes interesadas.”).
A. Buchanan, “Democracy and Secession”, en NATIONAL SELF-DETERMINATION AND SECESSION 1, 25 (Margaret Moore ed., 1998). De hecho, una de las principales excepciones a la inviolabilidad del principio de integridad territorial se refiere a la recuperación de la tierra perdida a causa del uso ilegal de la fuerza. El Derecho Internacional reconoce el derecho de los habitantes a derrocar al
Aunque no existe un consenso universal sobre el alcance de las violaciones necesarias para justificar el derecho a la autodeterminación externa (es decir, la secesión), hay un acuerdo general de que sólo se justifica en casos extremos en que haya “injusticias concretas y sustanciales” y “todos las demás [medios de resolver esas injusticias] hayan sido agotados o rechazados.” Por lo tanto, al evaluar cualquier reclamación de secesión, la verificación de si esa reclamación está justificada o no debe fijarse en “la naturaleza y extensión de la privación de los derechos humanos del colectivo que reclame ese derecho.”162 Por ejemplo, las violaciones graves de las normas fundamentales de derechos humanos (como el genocidio) que se produzcan dentro de un Estado determinado durante un período prolongado de tiempo pueden bastar para justificar la secesión.163 Algunos destacados expertos sostienen que un largo período de ocupación militar “es en sí mismo una condición de ilegalidad de facto que representa una negación continua del derecho a la autodeterminación y da lugar al derecho a la resistencia dentro de los límites del derecho internacional humanitario.”164 La práctica estatal reciente también ha apoyado la aplicación de la teoría de los derechos correctivos en casos de opresión extrema. Las revoluciones separatistas que condujeron a la independencia de Bangladesh de Pakistán y la formación de los nuevos Estados de la antigua Yugoslavia (las repúblicas de Eslovenia, Croacia, BosniaHerzegovina y Macedonia) y, más recientemente, la República de Sudán del Sur, son sin duda un reconocimiento del derecho a la autodeterminación externa de aquellos pueblos a los que se ha negado sistemáticamente el derecho a participar de manera
invasor y restablecer un Estado independiente. Véase R. Dickinson, “Twenty-First Century SelfDetermination: Implications Of The Kosovo Status Settlement For Tibet”, 26 Ariz. J. Int‘l & Comp. Law 547, 558 (Fall 2009). Véase también, H. Hannum, “Rethinking Self-Determination”, 34 Va. J. Int‘L L. 1, 44-4 (1993). [Virginia Journal of International Law].
V. P. Nanda, “Self-Determination Outside The Colonial Context: The Birth Of Bangladesh In Retrospect”, en SELF-DETERMINATION: NATIONAL, REGIONAL AND GLOBAL DIMENSIONS 193, 204 (Yonah Alexander & Robert. A. Friedlander eds., Westview Press 1980).
H. Hannum, supra, pp. 46-48.
R. Falk, Agora, “The International Court of Justice’s Kosovo Advisory Opinion: The Kosovo Advisory Opinion: Conflict Resolution And Precedent,‖ 105 A.J.I.L. 50 (January 2011) p. 59.
efectiva en su autogobierno.165 En algunos casos, los pueblos habían sido objeto de horrendos abusos contra los derechos humanos y de violencia étnica por parte del gobierno central, lo que no hizo más que intensificar sus reivindicaciones.166 Por supuesto, las limitaciones al derecho a la autodeterminación derivadas de los principios antes mencionados surgieron en el contexto del derecho de un “pueblo” a separarse de un Estado establecido –presuponen que el territorio ocupado por el colectivo que pretende la secesión está dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas del Estado del que pretende separarse-.
La doctrina de los vínculos históricos para apoyar la reclamación de un territorio en virtud del derecho a la integridad territorial
En la sección anterior se ha descrito el derecho a la integridad territorial en lo que respecta a los colectivos que existen dentro de un Estado establecido y reconocido. Sin embargo, en varios casos, los Estados han argumentado que, en virtud del derecho internacional, tienen derecho a anexionarse partes de un territorio o de otro Estado soberano (es decir, considerar esas partes dentro de sus límites territoriales y, por lo tanto, protegidas por la doctrina de la integridad territorial) cuya población no está dentro de sus fronteras actualmente reconocidas, en base a vínculos históricos con esas poblaciones. Tales argumentos plantean una serie de cuestiones jurídicas y políticas. En primer lugar, hay que señalar que este argumento no se plantea si la población de un Estado ya establecido desea fusionar voluntariamente su territorio con el de otro Estado; no hay ningún principio de derecho internacional que prohíba a los Estados
J. Martinez-Paoletti, “Rights And Duties Of Minorities In A Context Of Post-Colonial SelfDetermination: Basques And Catalans In Contemporary Spain,” 15 Buff. Hum. Rts. L. Rev. 159, n.49 (2009).
M. Sterio, “On the Right to External Self-Determination: ‘Selfistans’ Secession, and the Great Powers’ Rule,” 19 Minn. J. Int‘l L. 137 (Winter 2010) p. 146.
independientes unirse, de mutuo acuerdo, en una federación o establecer un Estado soberano común, y hay muchos ejemplos en la Historia en que esto se ha hecho. Por el contrario, sólo se plantea si la anexión está en contra de la voluntad de la mayoría de la población del otro Estado soberano, cuyos derechos territoriales están siendo cuestionados y que puede invocar el principio de la integridad territorial, o en contra de la voluntad de los habitantes de la parte que se anexiona, que pueden invocar el principio de la autodeterminación. Del mismo modo, como se expondrá con más detalle en la siguiente sección del presente informe, ese argumento sólo se suscita en el marco de la anexión de un territorio no autónomo si tal anexión es contraria a la voluntad de los pueblos del territorio.167 En el primer caso, por ejemplo, cuando Irak utilizó el argumento de los “vínculos históricos” para reclamar el derecho de soberanía sobre el territorio de su vecino Estado soberano, Kuwait, contra la voluntad de su pueblo, el argumento casi siempre falla. Sin embargo, en el caso de los territorios no autónomos en proceso de descolonización, la situación es más complicada; tal reclamación no se descarta automáticamente, sino que debe ser sopesada con la reclamación rival de autodeterminación por parte de los habitantes del territorio. En primer lugar, el argumento como principio filosófico adolece del hecho de que diferentes gobiernos pueden basarse en ese principio para justificar la anexión de un mismo territorio, dependiendo de cuán atrás en el tiempo estén dispuestos a remontarse los expertos168; y asimismo, resulta difícil justificar el ejercicio del poder sobre un pueblo
El otro contexto en el que puede plantearse es con respecto a un territorio que está despoblado o que es terra nullius. Esta fue la situación que se presentó en el caso The Legal Status of Eastern Greenland [El Estatus Jurídico de Groenlandia Oriental], 1933 PCIJ (Ser. A / B) No. 53 (April 5), que veremos más adelante en el presente informe. En ese contexto, cabe hacer una argumentación más sólida para evaluar los lazos históricos.
Por ejemplo, el ministro de Justicia argelino observaba en 1976: “¿Reclama Marruecos el Sáhara porque algunos comerciantes marroquíes transitaban por él para comprar oro y esclavos en lo que en aquel entonces se llamaba ‘el Sudán’? Bajo esta hipótesis, los saharauis tienen derecho a reclamar Marruecos y España, ya que sus antepasados, los almorávides, partieron de este territorio en el siglo XI para extender su autoridad sobre toda la región y Andalucía.” (Bouale Be Hamouda, La question du Sahara occidental et le droit international (Algiers, 1976), p. 12; citado por Hodges, supra, p. 195). El autor citado argumenta que, antes de 1145, cuando el sultán Abd el Moumen rompió definitivamente relaciones con el califa de Bagdad, el califa gobernó sobre las tierras marroquíes, de manera que según la argumentación de Marruecos, Iraq puede reclamar legítimamente Marruecos como parte de su territorio. Siguiendo la argumentación de Marruecos hasta su conclusión lógica, según el mencionado autor, algunos historiadores han sugerido que los Estados del Golfo Pérsico dejarían de tener derecho a existir, y que
renuente [a la anexión] basándose en lo ocurrido doscientos o más años antes. Es un principio que, si fuera utilizado de forma laxa por la comunidad internacional, conduciría inevitablemente a un mayor –en lugar de un menor- número de conflictos por las fronteras internacionales.169 Por esas razones, dicho argumento ha sido desaprobado por el derecho internacional cuando ha sido invocado, y para tener éxito debe cumplir unos requisitos muy rigurosos. La enunciación más clara de la interacción entre el derecho de un Estado a reclamar territorio basándose en los vínculos históricos y el derecho compensatorio de los pueblos de territorios no autónomos a la autodeterminación se halla en el fallo del Tribunal Internacional de Justicia relativo al Sáhara Occidental. En el dictamen que emitió en 1975 -que se comentará en detalle más adelante en el presente informe-, el Tribunal, ante todo, reconoció el derecho a la autodeterminación como el principal derecho en juego en la descolonización.170 Por esa razón, estipuló que sólo unos vínculos de carácter formal, tradicional, político y jurídico entre un Estado y una colonia en el momento previo a su colonización podrían prevalecer sobre la aplicación del principio de autodeterminación, y que las pruebas de vínculos religiosos y vagos juramentos de lealtad entre algunos grupos de población y el Estado eran
Marruecos, la mayor parte de Argelia y toda Mauritania deberían pertenecer a una amplio Estado del Magreb.
Como señaló el profesor Thomas M. Franck en “The Stealing of the Sahara,” Am.J.Int‘l Law Vol. 70, 694 (1976) p. 698: “Esta preeminencia de la autodeterminación contemporánea sobre las reivindicaciones históricas y la reparación de injusticias antiguas se basa en dos consideraciones. En primer lugar, está la presunción de que cualquier otro enfoque daría lugar a conflictos interminables, dado que los Estados modernos se encuentran bajo la presión de incorporarse a un proceso general de reversión hacia atrás para retrotraerse a un status quo ante de una época y una validez inciertas. Y en segundo lugar, es un hecho ampliamente constatado que Estados e incluso colonias con fronteras establecidas y poblaciones asentadas, independientemente de la manera injusta o fortuita como se haya llegado a ello, pronto desarrollan una lógica propia de cohesión que no debe menospreciarse a la ligera.” [Thomas M. Franck en “The Stealing of the Sahara,” American Journal of International Law Vol. 70, 694 (1976) p. 698. [ N. del T.: Hay traducción al español disponible en Internet: “El robo del Sáhara” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=75427 ].
Dictamen del TIJ, supra, párrs. 12 y 32. Cuando la Asamblea General de la ONU, en su Resolución 3292, pidió al Tribunal Internacional de Justicia que determinara los vínculos jurídicos entre Marruecos y Mauritania y el Sáhara Occidental, el Tribunal interpretó la expresión “vínculos jurídicos” a la luz de la finalidad de la Resolución 3292 (XXIX) y la política que debía adoptarse con respecto a la descolonización del Sáhara Occidental. http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/29/ares29.htm http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/71/IMG/NR074371.pdf?OpenElement
insuficientes.171 En resumen, según el Tribunal Internacional de Justicia, un Estado debe demostrar los vínculos [existentes] entre éste y la población de una colonia en su conjunto, y durante un período continuado, y de una manera significativa y formal inmediatamente antes de su colonización para poder superar el derecho a la autodeterminación de los habitantes de la colonia.
Otros fundamentos para la adquisición de territorios sujetos al derecho a la integridad territorial.
Hay otros medios, sancionados por el derecho internacional, mediante los cuales un Estado puede extender sus límites territoriales. Como se ha señalado anteriormente, los estados soberanos pueden ceder voluntariamente todo o parte de su territorio a otro Estado soberano. Sin embargo, desde que las Naciones Unidas establecieron la categoría de territorios no autónomos como proceso para la descolonización de los territorios controlados por las potencias occidentales, se sostiene que las potencias coloniales no tienen derecho a vender o ceder porciones de territorios no autónomos a otros estados. Por el contrario, las potencias coloniales son declaradas “Potencias administradoras” sin derechos soberanos sobre los territorios no autónomos, limitándose sus derechos a otorgar a los pueblos de esos territorios un proceso mediante el cual dichos pueblos puedan ejercer su derecho a la autodeterminación o a ceder la administración del territorio a las Naciones Unidas. La Declaración de Relaciones de Amistad, de la Asamblea General de la ONU (“Resolución 2625”), afirma que, en virtud de la Carta de la ONU, el territorio no autónomo tiene un “estatus separado y distinto del territorio del Estado que lo administra”. Ese estatus separado y distinto continúa existiendo hasta que el pueblo del territorio no autónomo “haya ejercido su derecho a la autodeterminación de conformidad con la Carta.”172
El Tribunal era de la opinión de que para examinar la reclamación de Marruecos tenía una importancia decisiva “...no unas inferencias indirectas extraídas de la historia pasada, sino evidencia directamente relacionada con la exhibición efectiva de autoridad en el Sáhara Occidental en el momento de su colonización por España y en el período inmediatamente anterior. [párr. 93].
G.A. Res. 2625 (XXV), Annex, 25 U.N. GAOR, Supp. (No. 28), U.N. Doc. A/5217, p.121 (1970).
Por lo tanto, se presume que el papel del administrador es temporal; y que no obtiene la soberanía sobre el territorio ni adquiriere el derecho a ceder partes de él. En cambio, sí adquiere la obligación de ayudar a la población del territorio a alcanzar la autodeterminación. En efecto, la Resolución 1514 establece lo siguiente: “Deberán tomarse medidas inmediatas, en los territorios en fideicomiso y en los territorios no autónomos o en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia, para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, de acuerdo con su voluntad y deseo libremente expresados. . .”173 (la cursiva es nuestra). Cada territorio podrá avanzar hacia la capacidad de ejercer la autodeterminación o el autogobierno de acuerdo con sus propias circunstancias.174 Se supone que la autoridad administradora ayudará a avanzar, no a obstaculizar, este proceso. Si la autoridad administradora intentara asumir por sí misma, o transferir a otro Estado, la soberanía de los pueblos de los territorios no autónomos antes de que éstos hayan tenido la oportunidad de expresar libremente su voluntad con respecto a su futuro político, dicha acción no tendría ningún efecto jurídico y equivaldría a destripar el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Un Estado, en determinadas circunstancias, también puede adquirir el territorio que se encuentra bajo su posesión y control, en virtud del principio de “ocupación efectiva” o, en francés, “effectivités”. El principio de la “ocupación efectiva” postula que un territorio que pretende separarse de un Estado establecido podría obtener legitimidad como Estado independiente conforme a la ley si su gobierno ejerce un control “efectivo” sobre su territorio durante un período suficiente de tiempo, independientemente de la legalidad de la secesión. También contiene la idea de que un Estado puede adquirir la titularidad de un territorio perteneciente a otro Estado mediante el ejercicio constante, notorio y sin oposición de dominio sobre el territorio durante un período de tiempo suficiente. En este último caso, incorpora elementos del principio de la “prescripción”175, que algunos expertos consideran aplicable a las
G.A. Res. 1514 (XV), U.N. GAOR, 15th Sess., Supp. No. 16, p. 66, U.N. Doc. A/4684 (1960). Capítulo XI de la Carta de la ONU.
El destacado internacionalista Paul Fauchille señaló cuatro condiciones para la prescripción adquisitiva en el derecho internacional. En primer lugar, la posesión tiene que ejercerse a titre de souverain. En
acciones de los estados176. Ambos principios tratan de regularizar una situación de facto. El principio de “efectividad” o de la ocupación efectiva fue ampliamente debatido por el Tribunal Supremo de Canadá en la Reference on Secession of Quebec. El Tribunal señaló que “un acto ilegal puede llegar a adquirir estatus legal si, como cuestión de hecho empírico, se reconoce en el plano internacional”. El Tribunal continuaba afirmando que la ley ha reconocido “mediante una combinación de aquiescencia y prescripción, que a un acto ilegal pueda concedérsele, en algún momento posterior, alguna forma de estatus legal.”177 En consecuencia, la anexión ilegal de un territorio o parte de un territorio por un Estado, después de un largo periodo de aceptación por la comunidad internacional y la aquiescencia de la población afectada, puede hacer posible que dicho Estado adquiera el derecho de soberanía sobre ese territorio. Como han señalado varios eminentes especialistas, “un gobierno que se establezca y mantenga una administración pacífica con la aquiescencia del pueblo durante un período sustancial de tiempo”, en algún momento obtiene el derecho a ser reconocido como gobierno legítimo de ese pueblo.178 Este principio se aplicó en el arbitraje Island of Las Palmas (Netherlands/United States), en el cual se reconocló la soberanía de los Países Bajos sobre la isla de Las Palmas, frente a lo que fue caracterizado por el árbitro
segundo lugar, la posesión debe ser pacífica y sin interrupciones. En su interpretación más extrema, esto significa que la posesión no debe ser cuestionada. Tercero, la posesión debe ser pública. Cuarto, debe persistir. Fauchille tomó estas condiciones del Código Civil francés. Véase R. Lesaffer, “Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription,” The European Journal of Int‘l Law, Vol. 16, No. 1, 25(2005), p. 50.
Este principio tiene su origen en el derecho romano clásico, según el cual se consideraban legítimos cinco métodos de adquisición de territorios. Estos eran: la ocupación de terra nullius, la prescripción, la cesión, el acrecimiento y la subyugación (o conquista). La ocupación y la prescripción se basaban esencialmente en la noción de “control efectivo”. Tras la creación de las Naciones Unidas, la conquista dejó de constituir una forma aceptable de obtención del derecho [de adquisición]. Al menos algunos expertos consideran que el principio de “prescripción” está incluido en el derecho internacional público y es aplicable a la acción del Estado. Véase I. Brownlie, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (4th ed. 1980) p. 131; Lesaffer, supra, p. 38.
Reference re: Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217, párrs. 140-146.
Opinión de los Expertos, redactada en 1992 por T. M. Franck, R. Higgins, A. Pellet, M.N. Shaw y C. Tomuschat, “The Territorial Integrity of Quebec in the Event of the Attainment of Sovereignty,” párr. 85.
como “titularidad vigente” (“valid tltle”) ostentada por Estados Unidos, porque los Países Bajos habían administrado la isla de facto desde años antes.179 Sin embargo, tanto el principio de la “ocupación efectiva” como el principio de la “prescripción” --ambos incorporan elementos del principio de la “prescripción adquisitiva de dominio” (“adverse possession”, usucapión)180-- requieren, de una forma u otra, una afirmación notoria, pacífica181 y aceptada del dominio sobre el territorio, durante muchos años, por parte del gobierno implicado. El término "pacífico" significa algo más que la mera ausencia de violencia. En el arbitraje del Chamizal entre Estados Unidos y México en 1911, Estados Unidos alegó tener derecho a una zona de tierras en disputa en la frontera con México, en base a la prescripción, que definió como su posesión “pacífica, ininterrumpida y sin oposición” desde 1848. Los árbitros rechazaron la demanda sobre la base de que la protesta diplomática era suficiente para evitar la prescripción; “pacífica” significaba aquiescencia de la parte contraria.182 En el pleito Island of Las Palmas, el árbitro señaló que hay un núcleo común en la prescripción y la ocupación, que es la posesión pacífica. Basó su decisión en el hecho de que los Países Bajos habían ejercido su soberanía de facto sobre el territorio, sin oposición, desde 1677, declarando que “esta visualización continuada y pacífica de la soberanía territorial” “equivalía a tener la titularidad” (was “as good as title”).183 El Tribunal Internacional de Justicia se ha ocupado de reclamaciones basadas en el principio de la ocupación efectiva, con diferentes nombres, en toda una serie de
Id., párr. 87, p. 338, citando la sentencia arbitral de Max Huber en el Island of Las Palmas Case (Netherlands/United States), R.I.A.A., Vol. II (April 4, 1928) pp. 829-871.
Reference re: Secession of Quebec, párr. 146. El Tribunal Supremo señaló la analogía entre el principio de “efectividad” y el principio de Derecho que, con el tiempo, concede a los ocupantes ilegales (“squatters”, “okupas”) derechos de propiedad que éstos detentan por la dejación de los propietarios en hacer valer sus propios derechos.
Según Lesaffer, supra, la prescripción adquisitiva se define como “el ejercicio pacífico de la soberanía de facto, durante un período muy largo, sobre un territorio sometido a la soberanía de otro”, p. 46 (cursiva nuestra), y la “ocupación efectiva” implica la “exhibición pacífica y continuada de la autoridad del Estado”. Id., p. 49.
The Chamizal Arbitration, R.I.A.A. (1911), pp. 309 y 328. http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_xi/309-347.pdf - http://www.un.org/law/riaa/
Island of Las Palmas Arbitration, supra, p. 839. http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_ii/829871.pdf
litigios.184 En lugar de utilizar una definición estricta de qué acciones constituyen una ocupación efectiva, ha adoptado una política de sopesar los diversos factores presentes en cada caso, incluyendo si el ejercicio de la soberanía ha sido o no pacífico, ininterrumpido y público.185 Cuando el dominio es resultado del uso de la fuerza, rigen otras consideraciones políticas. La regla general es que un Estado no puede adquirir territorio mediante el uso ilegal de la fuerza. El 24 de octubre de 1970, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 2625 (XXV), la Declaración de Relaciones de Amistad, en la que destacó que "Ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o uso de la fuerza será reconocida como legal”. Este principio fue citado en el dictamen Advisory Opinion of the International Court of Justice in “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”186, así como también en su Fallo en la causa relativa a las Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)187. En este último caso, el Tribunal proclamó que los principios relativos al uso de la fuerza incorporados en la Carta de la ONU y en la Resolución 3314 de la Asamblea General (la Definición de Agresión que figura como anexo)188 reflejan el derecho internacional consuetudinario, y que lo mismo ocurre con
Véase, por ejemplo, Minquiers and Ecrehos, I.C.J Reports (1953) que estudia las demandas rivales de Francia e Inglaterra sobre ciertas islas del Canal; Right of Passage over Indian Territory, I.C.J Reports (1960), que estudia la reclamación de soberanía de Portugal sobre ciertas aldeas rodeadas por territorio indio; Frontier Dispute, I.C.J Reports (1986); Land, Island and Maritime Frontier Dispute, I.C.J Reports (1992); Territorial Dispute, I.C.J Reports (1994); Kasikili/Sedudu Island, I.C.J Reports (1999); Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, I.C.J Reports (2001); Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, I.C.J Reports (2002); y Sovereignty over Pulau Litigan and Pulau Sipadan, I.C.J Reports (2002).
Lesaffer, supra, p. 55. Opinion on Construction of Wall, supra, I.C.J Reports 2004, p. 136, párrs. 87-88 (July 9, 2004). I.C.J. Reports 1986, pp. 98-101, párrs. 187-190.
La Resolución 3314 (XXIX), 29 UN GAOR, Supp. (N º 31) p. 34, U.N. Doc.A/9631 (1975), contiene un texto en el sentido de que la invasión de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado es un acto de agresión para los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y el Tribunal Internacional de Justicia determinó que el artículo 3, párrafo (g), de la Definición, relativo a las bandas de irregulares o mercenarios que van de un Estado a otro, refleja el derecho internacional consuetudinario. Dicha Resolución forma parte ahora del documento de debate propuesto a la Corte Penal Internacional por el Presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión. Véase ICC-ASP/6/SWGCA/2.
su corolario, que implica la ilegalidad de la adquisición territorial derivada de la amenaza o uso de la fuerza. Además, tanto el principio de la “prescripción” como el de la “ocupación efectiva”, que en esencia legitiman una adquisición -de otra manera ilegal- de territorio, sólo se aplican en casos excepcionales. El Tribunal Supremo de Canadá, al tiempo que reconocía la existencia del principio de “efectividad”, se negó a aplicarlo a la cuestión sobre la legalidad de una posible secesión de Quebec de Canadá, declarando: “En nuestra opinión, el presunto principio de efectividad no tiene rango constitucional o legal. En esencia, la aceptación del principio de efectividad sería tanto como aceptar que la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo, o el Gobierno de Quebec puedan actuar sin atenerse a la ley, simplemente porque afirmen tener poder para hacerlo. . . Esta idea es contraria al imperio de la ley y debe ser rechazada.”189 Algunos miembros del Tribunal Internacional de Justicia han llegado incluso a rechazar la incorporación de tales doctrinas en el derecho internacional. Mientras que, en su voto particular en 1986, en la Sentencia sobre Jurisdicción y Admisibilidad en [el caso] Nicaragua, el juez Mosler manifestó que la prescripción adquisitiva es “un principio general del derecho, en el sentido del artículo 38, párrafo 1 (c) del Estatuto [del TIJ], según el cual el transcurso del tiempo puede remediar las deficiencias de actos jurídicos formales”, el juez Torres Bernárdez, en su voto particular en 1992, en [el litigio] Land, Island and Maritime Frontier, calificó la prescripción adquisitiva como “un concepto muy controvertido que, por mi parte, me resulta harto difícil aceptar como institución establecida del derecho internacional.”190
Reference: Secession of Quebec, supra, párrs. 107-108. Más adelante, el Tribunal sugería que los Estados consideren si una entidad que reclama el reconocimiento de un estatus de facto ha cumplido o no con las normas legales internacionalmente aceptadas para adquirir ese estatus, en el momento de decidir si se concede o no tal reconocimiento. Párrs. 142-143.
Otros autores, como Lesaffer, supra, han señalado que la doctrina de la ocupación efectiva puede haber eclipsado la doctrina de la prescripción adquisitiva, haciéndola obsoleta como principio distinto en el derecho internacional. P. 56.
En conclusión, en base al examen de los precedentes legales, el Comité [de Naciones Unidas del Colegio de Abogados de Nueva York] considera que el derecho internacional diferencia entre el derecho a la autodeterminación de aquellos pueblos que pretenden liberarse de la opresión severa, generalmente asociada a la dominación colonial, y aquellos otros pueblos que viven en Estados-nación establecidos que ya prevén alguna forma de autogobierno. En efecto, si los grupos de personas que viven dentro de Estados-nación establecidos, incluidos los que han logrado la independencia de sus antiguas administraciones coloniales, fueran a reclamar el derecho a la autodeterminación, es decir, a la independencia, en base a motivos puramente étnicos, culturales, religiosos o históricos, podría producirse un ciclo continuo de secesiones que llevaría a un deterioro o desmembramiento grave de la integridad territorial o de la unidad política de los Estados soberanos e independientes.191 Por otra parte, el derecho internacional reconoce claramente como regla general que los “pueblos” de los antiguos territorios coloniales -es decir, los habitantes indígenas del territorio-, en circunstancias en las que haya una separación geográfica del territorio y una identidad social distintiva de las personas que viven dentro del territorio, o procedan del mismo, que las distinga de la potencia colonial administradora192, tienen derecho a la autodeterminación, que incluye, como se verá más adelante, el derecho a constituir un Estado independiente con gobierno propio. Hay ciertas excepciones al derecho de los pueblos de territorios no autónomos a ejercer la autodeterminación, tales como el principio de “integración”. Sin embargo, la integración, como principio de derecho internacional, históricamente sólo ha sido considerada relevante en las más limitadas circunstancias, esto es, para territorios diminutos étnica y económicamente parasitarios del Estado en cuestión o derivados del mismo, y de los que no se puede decir legítimamente que constituyan una unidad territorial. Aunque puede haber límites al derecho de los colectivos de un territorio no autónomo a invocar el derecho a la autodeterminación, dicho derecho es claramente
The Right To Self-Determination Study, supra, párr. 275. Véase, The United Nations and the Evolving Right to Self-Determination, supra, pp. 551-554 y 556.
aplicable a los habitantes autóctonos del territorio en su conjunto, especialmente cuando se respetan las fronteras territoriales establecidas por las potencias coloniales. Los Estados tienen el derecho, en virtud del Derecho Internacional, a invocar el principio de integridad territorial para impedir el desmantelamiento de sus fronteras ya existentes y reconocidas por los colectivos que pretenden la secesión. También tienen el derecho de ampliar sus respectivos territorios mediante la adquisición de territorios de otros Estados soberanos, con la aprobación de la población de esos Estados. Sin embargo, no pueden adquirir el derecho de soberanía sobre un territorio no autónomo mediante la adquisición de ese territorio a la Potencia Administradora del mismo contra la voluntad de sus habitantes. Por otra parte, el derecho de un Estado, en virtud del Derecho Internacional, a adquirir el territorio de otro Estado soberano o de un territorio no autónomo contra la voluntad de su pueblo, en virtud de la teoría de los “vínculos históricos”, está rigurosamente circunscrito. La teoría no puede apoyar la anexión del territorio de otro Estado soberano. Cuando se aplica al territorio de un territorio no autónomo, los requisitos son estrictos; se requiere la prueba de la existencia de vínculos continuados, importantes y formales de carácter político y económico en los pocos casos en los que [dicha teoría] ha vencido con éxito al derecho de los habitantes a la autodeterminación. Según algunos expertos, en virtud del principio de la “ocupación efectiva” un Estado puede llegar a adquirir el derecho de soberanía sobre un territorio ilegalmente anexionado. Sin embargo, esto es así sólo después de un largo período de control efectivo, pacífico, patente y sin oposición sobre el territorio, consentido por la comunidad internacional, y no se aplicaría a los territorios adquiridos ilegalmente por la fuerza después de la creación de las Naciones Unidas, y posiblemente tampoco antes.
[N. del T.: 1) Las referencias a sitios de Internet en las notas a pie de página han sido añadidas por el Traductor a título de ejemplo: El lector interesado puede encontrar en Internet muchas de las referencias bibliográficas del presente Informe Jurídico. 2) La traducción al español de las Partes III y IV y de las Recomendaciones del documento original en inglés se publicará próximamente].
PARTE I: ANTECEDENTES DE HECHO http://www.arso.org/AspectosjuridicosSAHOCC_v_l.pdf
Documents Similar To Parte II Informe Nybar v.l. PDF
Derechos de T° Generación
Tesis Autonomia y Territorio Indigena en Chile Meza
Asociacion y Soberania
Tema IV Nuevo Ordenamiento Constitucional en Venezuela
Guía consulta previa OIT
Miradas Sobre La Identidad Armenia
Situación política y confluencia de fuerzas-Eugenio Etxebeste [2010/12/9]
Existe America Latina - Johan Silva
Dra Myrnna Cunningham Determinantes Sociales Salud

References: artículo 22
 artículo 22
 Artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 55
 artículo 1
 artículo 55
 Resolución 
 artículo 73
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 77
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 38
 Resolución 
 artículo 38
 artículo 1
 artículo 22
 Resolución 
 resolución 
 artículo 55
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 73
 Resolución 
 artículo 76
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 38