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Timestamp: 2019-04-23 10:05:02+00:00

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Estructura propuesta para la Modernización Tributaria – Tax
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Este nuevo proyecto de reforma tributaria apunta, en su esencia, a modificar completamente el sistema tributario hoy vigente
Este nuevo proyecto de reforma tributaria apunta, en su esencia, a modificar completamente el sistema tributario hoy vigente (algunos hablan de una “contrarreforma”[1]), el cual con la anterior reforma tributaria de la ex presidenta M. Bachelet (leyes N°s. 20.780, de 2014 y 20.899, de 2016) ya se había cambiado en su totalidad (en lo referido al “corazón de la reforma”), afectando la tributación del binomio empresa-dueños, al pasar de un sistema único de “FUT” (Fondo de Utilidades Tributables) que fue totalmente eliminado, luego de casi 30 años de existencia y donde los dueños de las empresas con una contabilidad completa (renta efectiva) pagaban sus impuestos finales con base en los retiros, remesas y dividendos por las utilidades registradas en dicho “FUT”, convergiendo obligatoriamente a contar del 1.01.2017 a un sistema mixto o de carácter dual que estableció dos regímenes de tributación “inconciliables”: los regímenes “Atribuido” y “Semiintegrado”. En el primero, la tributación final de los dueños ahora es inmediata (“sin derecho a postergación”), pero con la ventaja de que estos pueden descontar el 100% del impuesto de primera categoría que pagan sus empresas (lo que lo hace ser conocido como “integrado”), a diferencia de lo que ocurre con el segundo, que vio la luz (por presión del empresariado y en su oposición al régimen “Atribuido”) al continuar permitiéndoseles la postergación de los impuestos finales, pero limitando el descuento por impuesto de primera categoría a solo un 65% de su monto, haciéndolos pagar ahora hasta nueve coma cuarenta y cinco (9,45) puntos porcentuales demás (conocido como “Semiintegrado” o “Parcialmente integrado”), con diferencia al régimen alternativo.
Este nuevo proyecto de reforma tributaria apunta, en su esencia, a modificar completamente el sistema tributario hoy vigente (algunos hablan de una “contrarreforma”[2]), el cual con la anterior reforma tributaria de la ex presidenta M. Bachelet (leyes N°s. 20.780, de 2014 y 20.899, de 2016) ya se había cambiado en su totalidad (en lo referido al“corazón de la reforma”), afectando la tributación del binomio empresa-dueños, al pasar de un sistema único de “FUT” (Fondo de Utilidades Tributables) que fue totalmente eliminado, luego de casi 30 años de existencia y donde los dueños de las empresas con una contabilidad completa (renta efectiva) pagaban sus impuestos finales con base en los retiros, remesas y dividendos por las utilidades registradas en dicho “FUT”, convergiendo obligatoriamente a contar del 1.01.2017 a un sistema mixto o de carácter dual que estableció dos regímenes de tributación “inconciliables”: los regímenes “Atribuido” y “Semiintegrado”. En el primero, la tributación final de los dueños ahora es inmediata (“sin derecho a postergación”), pero con la ventaja de que estos pueden descontar el 100% del impuesto de primera categoría que pagan sus empresas (lo que lo hace ser conocido como “integrado”), a diferencia de lo que ocurre con el segundo, que vio la luz (por presión del empresariado y en su oposición al régimen “Atribuido”) al continuar permitiéndoseles la postergación de los impuestos finales, pero limitando el descuento por impuesto de primera categoría a solo un 65% de su monto, haciéndolos pagar ahora hasta nueve coma cuarenta y cinco (9,45) puntos porcentuales demás (conocido como “Semiintegrado” o “Parcialmente integrado”), con diferencia al régimen alternativo.
Lo creado por el anterior gobierno estableció cambios importantes en cuanto al alza de la tasa del impuesto de primera categoría a nivel de la empresa, siendo de 25% para las empresas del régimen “Atribuido” y de 27% para las del régimen “Semiintegrado”, además de diferencias en las bases de tributación (al distinguir entre una inmediata y otra de carácter diferida) y en el sistema de créditos por el impuesto de categoría que impetran los dueños, socios y accionistas (en unos el 100%, mientras que otros solo un 65%). Esto ha llevado a que el sistema creado por el anterior gobierno de la ex presidenta M. Bachelet y que hoy continúa plenamente vigente, tenga un trato muy desigual entre los contribuyentes. Esto, indudablemente, tuvo una concepción política que en el fondo era opositora al “capitalismo”, ya que el objetivo de la reforma anterior fue parar el abuso del empresariado al gravar a los “más ricos”, lo que llevó a finalmente a que resultara una dualidad de regímenes para la empresa.
Por el contrario, el actual proyecto de reforma que anunció el presidente Piñera, simplemente, pretende corregir la desigualdad entre regímenes, creando en su reemplazo un sistema general y único de tributación para todas las empresas, que denomina “Sistema Integrado Total” (SIT). No se descarta, en lo absoluto, que en el parlamento el proyecto se vea atacado fuertemente por la clase política opositora, pues éste ahora bajo la mirada de “modernización” no hace, sino darles un trato más benevolente a las empresas más capitalistas[3] del Chile actual y que hoy pertenecen al régimen “Semiintegrado” (se elimina la carga adicional de hasta 9,45 puntos porcentuales). Dos frentes diagonalmente opuestos, que hoy vuelven a chocar en el Congreso, pero que se necesitan entre sí. La lógica nos dice que más allá de la ideología, lo que debe primar es el bien superior del país. ¿No le parece?
¡Por fin!, el jueves 23 de agosto, el presidente, Sebastián Piñera E., ingresó a discusión parlamentaria el tan anunciado proyecto de ley que “Moderniza la Legislación Tributaria”, cuyos objetivos son “modernizar” y “simplificar” nuestro actual sistema tributario, luego del debut casi fallido de la Operación Renta A.T. 2018, que reveló que los contribuyentes y hasta el propio órgano fiscalizador (el S.I.I.) en realidad no estaban realmente preparados para enfrentar la denominada “reforma tributaria en pleno”, después de casi 4 años de implementación gradual por parte del ex gobierno de la presidenta M. Bachelet.
En efecto, la reforma de la ley N° 20.780, de 2014, además de afectar a casi 30 cuerpos legales; en cuanto a lo tributario y medular, apuntó sencillamente a desintegrar el “corazón mismo” del anterior sistema, para luego más tarde, corregirlo a través de otra ley de reforma a la reforma que apuntó a simplificarlo (la ley N° 20.899, de 2016) y que terminó por confundir aún más a quienes debían aplicarlo: el binomio empresa-dueños, entre otros actores. Pese a ello, el ex gobierno de la presidenta M. Bachelet había justificado el cambio con el fin de parar, ¡de una vez por todas!, el abuso que por años había permitido a un importante sector de la economía formar y concentrar una riqueza en utilidades tributables que no habían pagado impuestos a la renta (los impuestos finales I.G.C. o I.A.), o si lo habían hecho, la contribución al erario había sido muy escasa. Hablamos principalmente de los holdings y sociedades anónimas. Este hecho se tradujo en el cambio de las reglas del juego, que luego de casi 30 años de funcionamiento ininterrumpido y aunque con diversos ajustes durante el camino, vino a eliminar un sistema cuyo único registro era el “Fondo de Utilidades Tributables” (FUT). Aunque se trataba de un solo un registro, en la práctica era de alta complejidad. Al Servicio le tardó años dictar normas más claras para su operación, haciéndolo recién el año 1991 por medio de la resolución exenta N° 2.154, para luego ir descubriendo escenarios nuevos y normándolos también a través de un sin número de oficios hasta el año 2014, fecha en la cual se decide terminar con él; primero, desmembrando de forma gradual aquellos miembros considerados “elusivos” o “nocivos” para el fisco, tales como el llamado “FUT devengado”, la figura de los “retiros excesivos” en el caso de las empresas unipersonales, EIRL y sociedades de personas, la eliminación de la “reinversión de utilidades” hasta, finalmente, concluir con su desaparición por completo a fines del 2016.
El “FUT” permitió controlar las utilidades tributables de la empresa, los impuestos de primera categoría pagados por ésta y su consumo por los dueños del capital a través del tiempo (aquí hablamos de los créditos contra los impuestos finales de los dueños, socios y accionistas) y, por supuesto, ¡lo más importante! la tributación de tales utilidades con los impuestos finales (I.G.C. o I.A., según corresponda) con base en el mecanismo de la “renta percibida”. Esto significa que, si existían retiros, remesas o distribuciones de utilidades, entonces, se activaba el cobro de los impuestos finales. En caso contrario, bien podían pasar más de 100 años sin que los dueños de las empresas, especialmente, de aquellas más pudientes, pagaran sus impuestos a la renta. Este supuesto “abuso” y que supuso el norte del programa de la reforma tributaria de la ex presidenta M. Bachelet, derivó en un cambio, hasta entonces, inédito para el país. El cambio significó al principio converger de una base “percibida” a una de tipo “atribuida” o de carácter “devengada”, donde las empresas y sus dueños debían tributar inmediatamente en el impuesto a la renta por las utilidades generadas. Esto hizo eco, precisamente, en los principales poderes económicos y altos patrimonios que vieron cómo el sistema anterior basado en la postergación de los impuestos finales y que contribuyó por casi tres décadas a la inversión y reinversión de utilidades, pasaba ahora a un régimen que fomentaba el consumo y el gasto inmediato. Un régimen “nefasto” y de tipo “inflacionario” para el país. Esto tendría desastrosas consecuencias para estas empresas y, por supuesto, también para la economía nacional en cuanto a su crecimiento y desarrollo. Así, fue tanta la presión que la reforma tributaria de la ex presidenta terminó por dar a la luz, inéditamente en Chile: dos sistemas, desiguales y prácticamente inconciliables entre sí: los regímenes “Atribuido” y “Semiintegrado”, que vinieron a distinguir entre tipos de contribuyentes (“tipos jurídicos”) a quienes aplicarían, tasas del impuesto de primera categoría, registros empresariales, base y oportunidad de tributación.
En el sistema “Atribuido”, por ejemplo, una tasa de 25% para el impuesto de primera categoría (IDPC) que debe pagar la empresa, 100% integrado al servir dicho impuesto de rebaja contra los impuestos finales de los dueños de las empresas (lo que se conoce como “crédito por IDPC”), y que opera –en cierta manera- igual al sistema anterior de “FUT”. Además, de base “devengada” y con un costo que, en definitiva, para el binomio empresa-dueños puede llegar incluso hasta un 35%. Esto dependiendo del tramo de renta (en el caso de la tabla del I.G.C.) en que se encuentren los dueños de la empresa. Veamos el siguiente esquema del “costo por impuesto a la renta”:
Régimen del actual artículo 14, letra A) de la LIR, vigente a contar del 1.01.2017
Costo empresa Costo dueños
(sistema 100% integrado)
“Renta Atribuida” Costo total
Régimen Atribuido
(puede llegar hasta)
25% (35% – 25% = 10%) 35%
En cambio, el sistema alternativo “Semiintegrado” viene como “anillo al dedo” para quienes presionaron por lograr un sistema que continuara fomentando la acumulación de las utilidades tributables, es decir, la “concentración de riqueza”, toda vez que sus dueños tributarían con base en la “renta percibida” (al cual también habría optado un grupo de más de 150.000 pymes[4] y, que a juicio del actual gobierno, serían beneficiadas con su proyecto de reforma, en lo referido a la “integración”). A estas alturas, es sabido que la “renta percibida” permite a los dueños de las empresas seguir postergando la tributación de las utilidades. Aunque este gran logro no quedó tan solo ahí. El empresariado de mayor riqueza logró incluso que se les bajara la tasa nominal del último tramo de rentas de la tabla del I.G.C., pasando de 40% a 35% (recordemos que este último tramo, ya había sido beneficiado con la reforma de la ley N° 20.630, de 2012, durante el primer gobierno del actual presidente S. Piñera, quien, ya les había aumentado la rebaja del I.G.C. según tabla). Si bien, el sector más acomodado del país logró un importante elemento de planificación, a diferencia de quienes están en el régimen “Atribuido”; en contraste, han debido sacrificar un 35% del impuesto de primera categoría de sus empresas. Una cosa por otra. Esto, precisamente, distingue al régimen “Semiintegrado”, ya que los dueños no pueden rebajar o utilizar como crédito contra sus impuestos finales (I.G.C. o I.A., según corresponda) la totalidad del impuesto de primera categoría, como sí ocurre en el régimen “Atribuido” y en los actuales regímenes especiales.
Esta situación frente al uso del impuesto de primera categoría dificultó sobremanera la confección de las declaraciones de impuestos a la renta del A.T. 2018, ya que los contribuyentes de impuestos finales debieron distinguir respecto al crédito por impuesto de primera categoría entre “con obligación de restitución” y “sin obligación de restitución”, respectivamente. Esto porque supuso otorgar a los dueños de empresas del régimen “Semiintegrado” un crédito por impuesto de primera categoría en la totalidad de este impuesto (100%), para luego en una línea nueva y especial del formulario N° 22 (la nueva línea 27 denominada “Débito Fiscal por restitución crédito por Impuesto de Primera Categoría, según inciso final Art. 56 (código 1035)” proceder a descontar la diferencia de 35%, de modo que en definitiva, los dueños de empresas de este régimen solo utilizan un 65% del IDPC. De ahí, entonces, que este sistema se denomine “Semiintegrado”. Por otra parte, las empresas de este régimen, a diferencia del “Atribuido” y de los regímenes especiales (14 ter y renta presunta), deben también asumir una tasa para el IDPC de 27% a contar del año comercial 2018 (A.T. 2019). Estos dos puntos porcentuales suponen que estas empresas no tendrían dificultad por sus “anchas espaldas financieras”, además que lo pueden pagar con los variados créditos que otorga nuestra legislación tributaria contra el citado tributo de categoría (es sabido, que más de alguno de los holdings de empresas cuenta con alguna fundación a la cual destinan parte de sus recursos y por lo que descuentan hasta el 50% en contra del IDPC). Estos dos hechos: los dueños impetrando un menor crédito por el impuesto de la empresa y esta última enfrentando una mayor tasa de impuestos, son las características más sublimes del régimen “Semiintegrado” y que permitirían al gobierno anterior lograr los objetivos propuestos, entre ellos, financiar la gratuidad del sistema educacional. Precisamente, el uso de esta gratuidad hoy está en revisión por el gobierno actual. Veamos el esquema del “costo por impuesto a la renta” para el régimen “Semiintegrado”:
Régimen del actual artículo 14, letra B) de la LIR, vigente a contar del 1.01.2017
(sistema integrado en un 65%)
“Retiros efectivos” Costo total
Régimen Semiintegrado
27% (35% – 27% X 65% = 17,45%) 44,45%
Este segundo sistema (el “Semiintegrado”) indudablemente resulta en una diferencia de hasta 9,45% más costoso que el anterior (44,45% – 35%), pero tiene la gran ventaja, desde el punto de vista tributario, al permitir planificar cuidadosamente los retiros, remesas y dividendos.
La reforma tributaria de la ex presidenta M. Bachelet no vino, sino a reflejar a través de los hechos: la enorme brecha y las posturas casi irreconciliables que existen entre dos clases diferentes -familias, trabajadores y pymes, por un lado, y grandes empresas y altos patrimonios, entre ellos, los “ricos” y “súper ricos”, por el otro-. Bien sabemos que unos y otros se necesitan. Unos y otros tienen que hacer sacrificios por el bien común y la grandeza de la patria. El gran meollo de todo es cuánto estamos dispuestos a sacrificar.
Las diferencias y sentimientos encontrados continúan con la actual propuesta de reforma del gobierno del presidente S. Piñera, hoy a la fecha de redacción de este artículo en discusión en el Congreso y con un alto revuelo en la opinión pública. Algunos ya la han catalogado como una “contrarreforma” a la reforma de las leyes N°s. 20.780 y 20.899, mientras que otros se alzan por desestimarla por completo. ¿Por qué? Conozcamos las ideas principales de la nueva iniciativa y revisemos a continuación el proyecto de reforma.
Sinteticemos las ideas generales del actual proyecto de reforma en lo que respecta al binomio empresa-dueños:
Figura N° 1. Ideas principales del proyecto de ley que “Moderniza la Legislación Tributaria”.
Tópico de estudio El proyecto Naturaleza y/o comentario
Contenido Mensaje N° 107-366 de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera E. a S.E. la Presidenta de la H. Cámara de Diputados, doña Maya Fernández Allende, de 23.08.2018. Texto de 291 páginas (tamaño carta).
Parte I. Presentación de la iniciativa en 56 páginas;
Parte II. Proyecto de ley propiamente tal: contiene 23 artículos y 36 artículos transitorios, con medidas PRO CRECIMIENTO e iniciativas MODERNIZADORAS y de SIMPLIFICACIÓN.
Vigencia Como regla general a partir del 1.01.2019. Se incorporan también cuatro (4) disposiciones transitorias, referidas a:
Impuesto sustitutivo al FUT de tasa 30%, con preferencia para efectos de imputación, para contribuyentes que al 31.12.2018 mantengan un saldo de utilidades tributables acumuladas generadas hasta el 31.12.2016;
Avenimiento en juicios pendientes por un plazo de dos años a contar de la vigencia de esta ley, con una condonación del 100% de los intereses y multas;
Declaración de diferencias en el Capital Propio Tributario que se declararán y pagarán en los F22 de los A.T. 2019 o 2020, o la opción de corregir todos los F22 afectados con dichas diferencias;
Registro de Capitales en el exterior no declarados, sujetos a un impuesto único de 10%, por 1 año, con vigencia dos meses después de publicada esta ley.
Objetivos y principio fundamental Modernización y simplicidad tributaria, para promover la innovación y el emprendimiento, con un marco legal más preciso, con base en elprincipio de legalidad tributaria. Busca otorgar mayor simpleza y certeza jurídica a los contribuyentes, reduciendo la burocracia, los altísimos costos de cumplimiento, los espacios de arbitrariedad y discrecionalidad de nuestro actual sistema tributario y que afectan especialmente a las pequeñas, medianas y micro empresas.
Deja muy en claro que… No pretende reducir el nivel de recaudación existente a la fecha, ni tampoco modificar las actuales tasas de tributación que pagan las empresas y las personas. ¿De dónde saldrán los recursos entonces? Se plantea, entre otros, que de la medida de “uso obligatorio de la boleta electrónica, que desglosará el IVA”.
Fundamentos (el porqué) Reconoce que el vigor y fortaleza de la economía chilena se deterioraron durante los últimos años, señalando entre las causas: el aumento significativo de la carga tributaria de las empresas, lo que complejizó las normas tributarias y redujo los incentivos al ahorro y a la inversión. Plantea que: “nunca antes en la historia económica de Chile, desde que se tienen registros, se había observado una caída en la inversión por cuatro años consecutivos”. Por eso algunos señalan que este proyecto es una“contrarreforma” a la de la ex mandataria, M. Bachelet.
Principios generales La iniciativa se construyó con base en 6 pilares:
Equidad y justicia en la distribución de los tributos (equidad horizontal);
Simplicidad de las normas y procesos tributarios (reglas claras y menores costos: el contribuyente debe saber por qué y para qué lo fiscalizan, cuánto tiempo demora una fiscalización y cómo se pone término a un proceso, el ente fiscalizador no podrá exigir formalidades o solemnidades que no estén establecidas en la ley);
Certeza y seguridad jurídica (la observancia irrestricta del principio de legalidad de los tributos);
Competitividad (reconoce que el sistema tributario es fundamental para el crecimiento y la competitividad de las empresas. De ahí, entonces, la simplicidad que se pretende, siendo prioridad del gobierno actual: un mayor crecimiento de la inversión y de la productividad, orientado a atraer “inversión extranjera”);
Estabilidad (propone normas estables que perduren en el tiempo), y
Suficiencia a fin de hacer frente a los gastos del Estado (deja claro que el proyecto no reduce la carga tributaria global, pero garantiza los ingresos para hacer frente a los gastos del Estado).
¿Para qué?, en términos generales (se recomienda leer el proyecto):
Establecer un sistema de tributación único, totalmente integrado y con tributación de los dueños en base a “retiros efectivos” (aplicable también a las Pymes “la Cláusula Pyme”, pero con tratamientos especiales de “tributación en base a propuesta del Servicio” y “opción de transparencia”);
Se robustece el catálogo de los derechos del contribuyente y se crea un nuevo organismo “Dedecon” (Defensoría de Derechos del Contribuyente) a cargo de la defensa efectiva y eficiente de tales derechos, reconociéndose una aspiración transversal y de larga data de las pymes;
Se digitaliza la relación del Servicio con el contribuyente (se crea una carpeta electrónica personal);
Se hacen más expeditos los procesos de devolución de IVA activo fijo (al reducir el plazo para su recuperación de 6 a 2 meses y acortar los días de respuesta del Servicio de 60 a 5 días, sujeto a fiscalización posterior) y exportador;
Se crea el avenimiento extrajudicial y la posibilidad de poner en todo momento término a los juicios llegando a avenimiento con el Servicio;
Se introducen readecuaciones a las normas interpretativas en materia de Norma General Antielusiva (NGA)fortaleciendo el “principio de legalidad tributaria”;
Se consagra el “silencio positivo” en los actos y procesos del Servicio;
Se simplifican las normas en materia probatoria;
Se redefinen las normas en materia de gastos deducibles para efectos tributarios, lo que llevaría a aceptar ahora todos los gastos voluntarios, extraordinarios y que no generen una renta correlativa.
El corazón del proyecto Modifica el actual artículo 14 de la LIR, que rige desde el 1.01.2017 y que contiene el sistema tributario vigente para las rentas empresariales (binomio empresa-dueños) con los sistemas Atribuido y Semiintegrado, proponiendo su reemplazo ahora por un “SIT” (Sistema Integrado Total), donde el IDPC de la empresa servirá de crédito en su totalidad (100%) contra los impuestos finales de la Ley de la Renta, integrando así el sistema tal como ocurría con el “FUT” antes de la reforma de la ex presidenta M. Bachelet (leyes N°s. 20.680 y 20.899). Asimismo, los dueños (propietarios, socios y accionistas) tributarán con los impuestos finales (I.G.C. o I.A., según corresponda) exclusivamente en base a “retiros efectivos”, esto es, “Renta Percibida”. Pregúntese usted, entonces, ¿para qué cambiamos el sistema, si volvemos de cierta forma a lo de antes?
Las empresas del “SIT” llevarán contabilidad completa y tributarán con una tasa de IDPC de 27%, mayor con respecto a las que califiquen como empresas de la “Cláusula Pyme” (25%).
Dentro del “SIT” se simplifican y liberan los registros tributarios en la medida que no sea estrictamente necesario. Así, en el caso de las empresas que no tengan rentas exentas o ingresos no renta solo será exigible llevar el registro “SAC” (Saldo Acumulado de Créditos).
Por otro lado, se elimina el régimen actual vigente del art. 14 ter, creándose un régimen especial para las “Pymes” (con ingresos anuales menores a 50.000 UF) que denomina “Cláusula Pyme”, al cual cumpliendo los requisitos ingresarán automáticamente las empresas por el solo “ministerio de la ley”, tributando con base en una contabilidad completa y sus dueños en base a “retiros efectivos”, con dos opciones: i) tributación en base a una propuesta de Renta elaborada por el SII sobre márgenes de rentabilidad determinados por tipos de industria o negocio, para aquellas “Pymes” con ingresos anuales inferiores a 10.000 UF, y con “certeza tributaria”, es decir, el SII no podrá realizar impugnaciones (cuestionamientos) posteriores y ii) transparencia tributaria, aplicable solo a “Pymes” con dueños personas naturales afectas al I.G.C., que permitiría no pagar el IDPC a nivel de la empresa, sino solo el I.G.C. que corresponda a sus dueños, evitando así que la “Pyme” pague un IDPC mayor al que correspondería a sus dueños. En general, el gran cambio afecta favorablemente a los dueños de las empresas en la tributación final (I.G.C. o I.A.). Por ejemplo, en el régimen “Atribuido” la base de tributación dejaría de ser “devengada” o inmediata y pasaría a ser “percibida”. En cambio, la mayor contribución de la iniciativa la obtendrían las empresas hoy pertenecientes al régimen “Semiintegrado”, pues sus dueños continúan tributando con base en una “Renta Percibida” (retiros efectivos), pero ahora con un crédito por IDPC descontable en un 100% de los impuestos finales. Es decir, aquí se elimina el costo tributario adicional de hasta 9,45% que existía en este último régimen.
Por otra parte, las empresas comprendidas dentro de la “Cláusula Pyme” quedarían liberadas de llevar el registro “DDAN” (diferencia entre las depreciaciones acelerada y normal), ya que se les reconoce un sistema de depreciación instantánea, eximiéndose también de aplicar las reglas de la “corrección monetaria”. En este aspecto no se observa un cambio gravitante y favorable a las empresas del régimen del art. 14 ter de la LIR, ya que se les sustituye el actual “libro caja” por una contabilidad completa. Precisamente, la esencia del régimen del art. 14 ter de la LIR es una “tributación simplificada” con la eliminación de obligaciones tributarias.
Finalmente, las empresas comprendidas dentro de la “Cláusula Pyme”, de ingresos anuales inferiores a 10.000 UF, que adicionalmente opten por el sistema de tributación con base en la propuesta anual de Renta elaborada por el SII sobre la base de márgenes de rentabilidad determinados por tipos de industria o negocio, quedarán eximidas de llevar contabilidad y registros tributarios. Esta situación se ve compleja desde el punto de vista administrativo, ya que las “Pymes” por regla general ahora deberán llevar una contabilidad completa, excepcionándose solo si optan por esta alternativa tributaria, la que en la práctica las lleva a desconocer sus propios costos y gastos, es decir, su propia realidad de negocio (por ejemplo, la actividad agrícola frente al cambio climático).
Fuente. Elaborado por el editor de contenidos con base en el “Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia el Proyecto de ley que Moderniza la Legislación Tributaria”, N° 107-366, de 23.08.2018.
Veamos cómo queda el costo total en cada uno de los nuevos regímenes que propone la iniciativa, en lo que nos interesa[5], que reemplaza al actual artículo 14 de la LIR:
Régimen del artículo 14, letra A) de la LIR, vigente a contar del 1.01.2019:
(sistema integrado en un 100%)
“SIT” (puede llegar hasta)
27% (35% – 27% = 8%) 35%
Régimen del artículo 14, letra D) de la LIR, vigente a contar del 1.01.2019:
“Cláusula Pyme” para empresas con ingresos anuales = o < a 50.000 UF
“Cláusula Pyme” con opción “propuesta del SII” para empresas con ingresos anuales < a 10.000 UF (hasta)
25% X (Margen de rentabilidad por tipo de industria o negocio) (35% – 25% = 10%) 35%
Régimen del artículo 14, letra F) de la LIR, vigente a contar del 1.01.2019:
“Cláusula Pyme” con opción “transparencia tributaria” (hasta)
Exención del IDPC (35% – 0% = 35%) 35%
Conclusión. Nótese en todos los casos, que el costo total por impuestos a la renta para el binomio empresa-dueños está dado, finalmente, por la tasa resultante de los impuestos finales (I.G.C. o I.A., según corresponda).
El actual proyecto de ley propuesto por el presidente S. Piñera, lo construye curiosamente sobre la base de la reforma de la ex mandataria M. Bachelet, aceptando o dando por sentadas algunas de las medidas cuestionadas y que, a su juicio, habrían generado un aumento significativo de la carga tributaria de las empresas e incertidumbre jurídica, lo que ahora con su propuesta “buscaría corregir”, y donde ya algunas de sus modificaciones -a la fecha de redacción de este artículo- ya han resultado altamente controvertidas por parte de algunos sectores: las asociaciones que agrupan a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), quienes señalan que no fueron consultados. ¡Esto constituye la gran paradoja!, ¿quién lo diría? En vez de alzarse, como ha ocurrido en el pasado, trabajadores y familias, las pymes o los contribuyentes propiamente tal, lo hacen ¡inéditamente en Chile! el organismo fiscalizador de los impuestos internos y aquél que imparte la justicia tributaria. ¡El mundo al revés! Si hay algo bueno de la reforma de la ex presidenta M. Bachelet es que potenció el rol fiscalizador del Servicio (se puede consultar, por ejemplo, la circular N° 55, de 16.10.2014, en su p. 17) y que lo llevó a través del llamado “Plan de gestión de cumplimiento tributario” a apuntar, además del I.V.A., Renta, Bienes Raíces, Fiscalización Internacional, a los Grandes Contribuyentes y Altos Patrimonios.
No obstante, el fundamento actual de la iniciativa del Ejecutivo descansa en el llamado “principio de legalidad tributaria”, y que en palabras del propio proyecto tiene su máxima expresión en lo siguiente: “…en materia tributaria no es admisible la creación de hechos gravados de manera analógica o más allá de lo que establece la ley. Por tanto, no puede ser un reglamento, un decreto, ni menos una circular, un oficio o la interpretación del Servicio llevada a cabo a través de un proceso de fiscalización, los que definan y determinen la procedencia de un determinado beneficio, que, por mandato de la Constitución, le competen exclusivamente a la ley.” Asimismo, esto se ve reflejado, entre otros aspectos, en la propuesta de creación de un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el denominado “Dedecon” que estará al mismo nivel que el Servicio de Impuestos Internos, a cargo de velar por el respeto de los derechos de los contribuyentes, entre ellos, las Pymes, y que tendría un rol de mediador de los conflictos entre el Servicio y los contribuyentes, a fin de evitar que se produzcan litigios tributarios. Estos hechos, unidos a otras medidas a nivel del proyecto (catalogadas lisas y llanamente como “pro empresariado”), han llevado a la AFIICH y ANEIICH a movilizarse a través de un paro nacional del 29.08.2018, con miras a que los legisladores desestimen esta iniciativa, que ellos ven como “nefasta para el país”. Los puntos de la discordia, a su juicio serían los siguientes:
“Se trata de una contrarreforma tributaria de carácter profundamente regresivo, que concentra sus beneficios en el sector minoritario que acapara la mayor riqueza del país.
Estamos ante un planteamiento cuya sustentabilidad social y económica es cuestionable, por cuanto no es fiscalmente neutro al reducir permanentemente fuentes de recaudación, estableciendo, por un lado, compensaciones de carácter transitorio o, de carácter regresivo y sobreestimadas, por otro.
Por diversas vías (modificación del Código Tributario, restricciones administrativas al accionar del SII, etc.), tiene la clara intención de debilitar la capacidad fiscalizadora de nuestra institución, poniendo en riesgo la excelencia y prestigio construido con el esfuerzo de todos los funcionarios a lo largo de los 116 años de historia.
Incorpora una delegación de facultades discrecional y sin limitación legal, por DFL del presidente de la República, para reducir al SII, traspasando a sus funcionarios/as a la DEDECON; órgano que constituye, en los hechos, una “superintendencia” con capacidades “sancionatorias” respecto de nuestro desempeño institucional.”
También, por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Chile (ANMTTACH), también ha hecho su propia declaración pública en relación con el proyecto, quienes ven con desaliento el hecho de que se pretenda el traspaso de funcionarios de los TTA al nuevo organismo que se pretende crear, lo que, a su juicio, supone poner fin a la independencia de la justicia tributaria y aduanera en nuestro país. Esto porque “las opiniones de todos quienes participaron en la creación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) fueron unánimes: la nueva jurisdicción, con absoluta independencia del Ejecutivo, debía asegurar los derechos de los contribuyentes y el sometimiento de la administración tributaria al Principio de Legalidad”.
Otro punto de la discordia, altamente criticado, ha sido la llamada “Modernización del concepto de gastos del giro de la empresa”, que supone ahora una flexibilización pro contribuyente y donde, lógicamente, serán las grandes empresas las más beneficiadas con ello. Esto porque los gastos ahora, entre otros requisitos, podrán estar vinculados directa o indirectamente al desarrollo del giro, pudiendo tratarse de gastos de naturaleza ordinaria, extraordinaria, habituales, excepcionales, voluntarios u obligatorios. Los demás requisitos, a juicio del editor de contenidos, en realidad ya no importarían. Además, el requisito de la “razonabilidad” de los gastos en cuanto a su monto, estaría en función de las circunstancias particulares de cada caso.
En otro orden de ideas, revisemos el “corazón de la iniciativa” que pretende el actual gobierno del presidente S. Piñera, esto es, modernización y simplificación del sistema de tributación del binomio empresa-dueños, de carácter único y equitativo. ¿Cómo es esto posible? Simplemente, lo que se pretende ahora es integrar todo el sistema tributario. Todos los dueños de empresas podrán rebajar o descontar, sin distingo, de sus impuestos finales el que corresponde a sus empresas.
En la actualidad, desde el 1.01.2017 rige el sistema “Semiintegrado” para un determinado tipo jurídico, que agrupa a un grupo empresarial selecto de empresas y dueños en nuestra economía: las “sociedades anónimas”que, por su especial naturaleza y regulación, agrupan los capitales de los grandes proyectos empresariales. Estos contribuyentes ahora entendidos como binomio empresa-accionistas, hoy deben sacrificar hasta 9,45 puntos porcentuales más con relación al régimen alternativo “Atribuido”, mientras que con el nuevo sistema que se propone se elimina completamente este sacrificio adicional. En opinión de este editor, este aspecto es el último bastión de un sistema tributario que –de cierta forma- pretende ser justo, entendido esto último en lo referido al impuesto a la renta por cumplir con las siguientes dos condiciones: creciente y progresividad. En el primer caso, “el que más gana más impuesto paga”, mientras que, en el segundo, “el que más gana realiza un mayor sacrificio a nivel social”. De cierta forma, nuestra Ley de Impuesto a la Renta propende a cumplir tales condiciones, aunque se discute la “progresividad” del impuesto, en lo referido a los impuestos finales. Nuestro I.G.C. es más bien “progresivo no uniforme”. Así, claramente, la reforma de la ex presidenta M. Bachelet entendió que eran las empresas, diferenciando según sus tipos jurídicos, las que debían soportar una mayor carga por concepto de impuestos a la renta. De modo que, la empresa de la señora Juanita le debía corresponder, a partir del 1.01.2017, una tasa del 25%, contrastando con aquella de altos capitales cuyo esfuerzo sería de 27%. Además, la señora Juanita gozaría de la “integración” del sistema, mientras que los dueños de las empresas sujetas al régimen “Semiintegrado” gozarían parcialmente, al permitírseles un 65% del impuesto de primera categoría. La “integración” de la nueva iniciativa busca ahora homologar la tributación de los grandes capitales a las de las empresas menos pudientes (las “Pymes”), bajo la premisa de “equidad tributaria horizontal”. Aunque pequeños y grandes contarán, de cierta forma, con las mismas reglas del juego; en la práctica, el pequeño sacrificará menos, mientras que el grande deberá sacrificar más. Aquí se cumple la condición de “creciente”. En cambio, la diferencia radica en que el sacrificio del pequeño es significativamente de una mayor proporción respecto al sacrificio que realizan los grandes. Aquí, entonces, radica el punto de discusión: la “progresividad” del impuesto a la renta no sería tal. Más bien, algunos hablan que esta nueva reforma tendría un carácter “regresivo”, en atención a que los impuestos siempre los han terminado pagando la clase trabajadora y las familias.
De prosperar la iniciativa, el sistema tributario chileno volvería a su condición de ser integrado totalmente. ¡Eso sí!, tales empresas conservarían la tasa del IDPC en un 27% (la gran crítica que hace la propuesta al aumento significativo de la carga impositiva de las empresas, pareciera que no es tan así). Aunque para ser cierto, “¡qué le hace el agua al pez!”, nada…Ya hicimos referencia a la gama de créditos a que pueden echar mano todas las empresas en Chile, incluida la denominada Pyme de la señora Juanita. Aunque, a decir verdad, esta última casi siempre rehúye hacerlo, precisamente, porque no quiere ver cuestionada por el Servicio su potencial devolución de impuestos y/o porque tampoco sabe cómo hacerlo. En cambio, las grandes empresas y altos patrimonios, por una clara lógica de que están provistas de más recursos, son capaces de reunir a los mejores equipos de contadores, abogados y tributaristas del mercado para este fin. Por lo tanto, adicionalmente a esto, no viene mal un “Dedecon” para ayudar a las Pymes y, de paso, muy útil también para los propósitos de los grandes poderes económicos. Otra de las críticas: utilizar a las Pymes para lograr los intereses de los grandes.
Por otro lado, el nuevo sistema pretendido será para todos los dueños de empresas que están sujetas a una contabilidad completa a base de una tributación final sustentada en los “retiros efectivos”, es decir, “rentas percibidas”. Lo bueno del anterior sistema “FUT” -eliminado por la reforma de la ex presidenta M. Bachelet-, de que seguía gozando el empresariado del régimen “Semiintegrado”, ahora se busca extenderlo a todas las empresas que deban declarar su “renta efectiva” con base en un sistema de contabilidad completa y balance general.
Lo anterior, conduce que la iniciativa elimine el actual régimen “Atribuido” y cuyas empresas deberán converger al nuevo sistema que se propone: el llamado “SIT” (“Sistema Integrado Total”), o en su defecto, si califican como “Pymes” (con ingresos anuales iguales o menores a 50.000 UF) podrán pertenecer a un nuevo sistema llamado “Cláusula Pyme”, que las tipificaría por el solo ministerio de la ley, reemplazándose de este modo al actual régimen del artículo 14 ter. Los dos nuevos sistemas exigirían llevar una contabilidad completa y contarían con la posibilidad de acceder a una simplificación y/o liberación de sus registros tributarios (en “SIT” se liberarían de los registros “RAI”, “DDAN” y “REX” aquellas empresas que no mantengan rentas o cantidades que deban ser controladas en el registro “REX”, mientras que en la “Cláusula Pyme” se liberarían del registro “DDAN” y de aplicar la corrección monetaria del art. 41 de la LIR, entre otros), todo bajo el cumplimiento de ciertos requisitos.
El sistema “Cláusula Pyme” incorpora, a su vez, dos opciones: i) una tributación en base a una propuesta del Servicio construida sobre la base de “Márgenes de rentabilidad” determinados por tipos de industria o negocio, para aquellas Pymes de ingresos anuales menores a 10.000 UF, las que resultarían liberadas de llevar una contabilidad y registros tributarios, y cuya opción da la certeza al contribuyente de que la autoridad tributaria no podrá realizar posteriores impugnaciones a las declaraciones de impuestos, salvo en cuanto al cumplimiento del requisito de acceso a esta opción. Esto, a juicio de la iniciativa del Ejecutivo, simplificaría importantemente la labor fiscalizadora del Servicio (esto apuntaría a limitar la capacidad de fiscalización y conllevaría a que se redestinaran los recursos humanos a otras funciones, ¿el Dedecon, quizás?), y ii) opción de transparencia tributaria, para todas aquellas Pymes que tengan como dueños a personas naturales afectas al I.G.C., es decir, que paguen impuesto a la renta, para lo cual se liberaría a la empresa de pagar el IDPC. Esta opción simplemente nos demuestra que el verdadero costo por impuesto a la renta lo constituyen en realidad los impuestos finales (el I.G.C. o I.A., según corresponda), ya que en realidad –bien sabemos- que el impuesto de primera categoría de las empresas da cuenta de una “ficción” (legalmente, las empresas sí pagan el impuesto, pero económicamente no lo hacen al acceder a un sistema formal de “créditos”). Además, tarde o temprano el Fisco “saldará” la cuenta por los impuestos finales con los dueños de la empresa, cuando estos declaren los retiros, remesas y distribuciones de las utilidades que provengan de sus empresas. Así, entonces, el impuesto de primera categoría que han declarado y pagado por medio de sus empresas, y que es visto como un anticipo a cuenta de los impuestos finales, ahora bajo la opción de transparencia tributaria, los dueños no contarán con la posibilidad de prepagar el impuesto final a través de su empresa, sino que deberán hacerlo directamente y por todo el impuesto que, en definitiva, les corresponda.
Las dos opciones anteriores de buenas a primeras resultan atractivas, pero no exentas de críticas. Veamos, por ejemplo, para qué obligar a las Pymes (las que hoy pertenecen al régimen de tributación simplificada del artículo 14 ter, letra A) de la LIR) a llevar una contabilidad completa, bastando quizás, en su reemplazo, haberles propuesto, por ejemplo, la creación de un “informe tipo” (de elaboración por parte del Servicio a partir de la información de los “ingresos, agentes retenedores y otros”), en acuerdo previo con el organismo fiscalizador y con los bancos e instituciones financieras, ya que el argumento del Ejecutivo para volver a obligarlas a llevar contabilidad completa radicaría en “el acceso al mundo financiero”. Precisamente, gran parte de las liberaciones de obligaciones accesorias que hoy contiene el régimen del art. 14 ter fueron también consideradas en la nueva iniciativa, lo que no reflejaría en este aspecto un cambio significativo. ¿Dónde está el real incentivo y simplificación para la Pyme? El cambio radicaría en que las Pymes quedarían sujetas a una contabilidad completa, pero dependiendo de su opción anual de tributación, podrían liberarse. Esto puede resultar en que para un año haya contabilidad y para el otro no y, así sucesivamente. Esto no parece criterioso y se presta para confusiones. Precisamente, aquellas Pymes que optaron por el actual régimen 14 ter, letra A) lo hicieron pensando en zafarse de la complejidad de los registros y de la obligación de llevar una contabilidad completa. No parece justo la idea de que las Pymes vuelvan a quedar obligadas. En vez de avanzar se retrocede.
Por otro lado, el hecho de optar por una tributación definida previamente por el Servicio sobre la base del “Margen de rentabilidad” de la industria o negocio en que se encuentre la Pyme pareciera que no es tan malo, ya que bastaría con pagar una cuota anual de impuestos y olvidarse para siempre, así de simple, de las fiscalizaciones del Servicio en materia del impuesto a la renta. ¿Será así, realmente? Esto sería la panacea para la Pyme, especialmente para la señora Juanita, quien se ha acostumbrado a terminar pagando por todo, a quien ahora se le simplificaría realizar la declaración anual de impuestos de la empresa, pero, ¿lo que pagará será realmente lo justo para ella? Recordemos que “no todo lo que brilla es oro”. Esta opción se prestará para realizar todos los años una pequeña planificación y evaluación de los posibles escenarios. Puede suceder que a la Pyme no le convenga en lo absoluto pagar de acuerdo con un “Margen de rentabilidad” elaborado previamente por el Servicio, sobre todo, cuando está enfrentando una situación de “pérdida tributaria” explicada por factores sectoriales, de carácter internacional, de tipo climático, etc. Así, al no optar la Pyme por esta vía se verá literalmente “presa” a llevar una contabilidad completa que, de otro modo, con el actual art. 14 ter buscó evitar. En otros casos, algunas Pymes y hasta grandes empresas con una alta rentabilidad por sobre el promedio de la industria o negocio manifestarán su conveniente deseo de elegir esta alternativa para pagar menos impuestos y, de paso, lograr evitarse “lo mejor de todo” cuestionamientos posteriores de parte del Servicio, ya que la iniciativa asegura que habrá “certeza jurídica”. Indudablemente, tal como me lo señaló un destacado colega, se está estimulando al sector empresarial simplemente a tributar como Pyme, bastando con ejercer un cierto control en los ingresos de las empresas de sus holdings para conseguir tal propósito, para abaratar así sus costos por impuestos. Ni qué decir si la propuesta, además, introduciría adecuaciones en las normas interpretativas en materia de la Norma General Antielusión (NGA), con ánimo de fortalecer el “principio de legalidad” y que, curiosamente, también vendría a restringir las facultades del organismo fiscalizador. Muchos de los pasajes de la iniciativa llevan a vislumbrar que se estaría utilizando a las Pymes para lograr el propósito de una “economía en impuestos” para las grandes empresas, avalado por un proyecto que busca convertirse prontamente en ley.
III. Estructura del proyecto para su lectura
A continuación, el especialista tributario don Víctor Morales P., consultor tributario de Thomson Reuters, nos colabora con cuatro estructuras que le ayudarán a comprender y facilitar la mejor lectura del Proyecto de ley que “Moderniza la Legislación Tributaria”. Revisémoslas:
La imagen de la figura N° 2, 3, 4 y 5 se adjunta en archivo “Excel”
Figura N° 2. Índice general del Proyecto de ley que “Moderniza la Legislación Tributaria”.
N° Tema Ponderación Cantidad arts. Materia general Materia específica
1 56 Fundamentos de la Iniciativa
56 Inicio de Proyecto Ley
56 100 1 20,9% 53 Código Tributario
101 182 2 21,7% 55 Ley de Renta
182 197 3 11,4% 29 Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
197 203 4 4,3% 11 Ley de Impuesto Herencia y Donaciones
203 203 5 0,4% 1 Ley N° 19.885, art. 10 Donaciones Fines Sociales y Públicos
203 204 6 0,4% 1 D.L. N° 910, art. 21 Crédito Especial Empresas Constructoras
204 204 7 0,4% 1 Ley N° 20.780, art. 12° Transitorio Ajustes al Sistema Tributario
204 204 8 0,4% 1 Ley N° 18.320 Incentivo Cumplimiento Tributario
204 204 9 0,8% 2 Ley N° 20.544, art. 13 Tratamiento Tributario Instrumentos Derivados
204 204 10 0,4% 1 D.L. N° 2.398, art. 2 inc. 1° Normas de Administración Financiera
205 205 11 0,4% 1 Ley N° 19.149, art. 2° Reg. Tributario Porvenir y Tierra del Fuego
205 205 12 0,4% 1 Ley N° 18.392, art. 2° Reg. Tributario Antártica y Región Magallanes
205 206 13 0,4% 1 D.F.L. N° 341 Zona Franca
206 206 14 0,4% 1 Ley N° 19.790 Zona Franca Industrial de Insumos
206 210 15 0,4% 1 Impuesto Servicios Digitales
210 212 16 0,4% 1 Ley N° 20.780, art. 8°
212 212 17 0,4% 1 D.F.L. N° 1
212 213 18 1,6% 4 Ley N° 20.712 Ley Adm. De Fondos de Terceros y Carteras Individuales
213 213 19 0,4% 1 Código del Trabajo, art. 145 – L
213 213 20 0,4% 1 D.L. N° 824 (art. 1°), art. 41 D
214 214 21 0,4% 1 Ley N° 21.047 Medidas de Índole Tributario
214 215 22 1,2% 3 D.F.L. N° 7 Ley Orgánica del SII
215 240 23 32,3% 82 Defensoría del Contribuyente
240 290 Artículos 1 al 36 Transitorio
Fuente. Elaborado por Víctor Morales P., consultor tributario Thomson Reuters, con base en el “Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia el Proyecto de ley que Moderniza la Legislación Tributaria”, N° 107-366, de 23.08.2018.
Figura N° 3. Índice y contenido de los 36 artículos transitorios del Proyecto de ley que “Moderniza la Legislación Tributaria”.
Artículo Página (desde / hasta) Norma
1 240 240 Fecha de Vigencia General de Normas
2 240 241 Fecha de Vigencia Código Tributario
3 241 241 Fecha de Vigencia Código Tributario artículos particulares
4 241 241 Fecha de Vigencia Código Tributario artículos particulares
5 241 241 Fecha de Vigencia Código Tributario artículos particulares
6 241 241 Fecha de Vigencia Código Tributario artículos 207
7 241 241 Fecha Vigencia normas LIR AUC
8 241 241 Fecha Vigencia normas Ley de la Renta
9 241 242 Contribuyentes que al 31.12.2018 sean Régimen A o B
10 242 244 Contribuyentes que al 31.12.2018 sean Régimen A
11 244 248 Contribuyentes que al 31.12.2018 sean Régimen B
12 248 248 Temas art. 14 Letra B al 31.12.2018
13 248 249 Enajenación Acciones o Derechos sociales de contribuyentes Régimen A al 31.12.2018
14 249 251 Contribuyentes que al 31.12.2018 sean art. 14 Ter, letra A)
15 251 254 Contribuyentes art. 14 Ter, letra A) con pago Diferido
16 254 256 Reinversión de Utilidades
17 256 258 Retiros en Excesos contribuyentes Reg. A o B al 31.12.2018
18 258 258 Recálculo Tasa PPM art. 14, letra A) contribuyentes al 31.12.2018
19 258 261 Saldos al 31.12.2018
20 261 261 Ley N° 20.544 Contrato de Derivados
21 261 262 Depreciación General
22 262 263 Depreciación Araucanía
23 263 263 Art. 17 N° 8, letra B)
24 263 264 Fundaciones y Corporaciones
25 264 268 Pago de Impuesto Sustitutivo Versión 3.0
26 268 268 Vigencias art. 21, D.L. N° 910
27 268 269 Vigencia Impuestos Digitales
28 269 269 Vigencia art. 36 D.L. N° 825
29 269 269 Vigencia Modificaciones arts. 54 y 69 Ley de IVA
30 269 269 Ley N° 21.039
31 269 269 Vigencia norma art. 8° Ley N° 20.780
32 269 273 Rectificar CPT
33 273 274 Plazos Fiscalización
34 274 274 Vigencia art. 8°, Ley N° 20.780
35 274 277 Vigencia Defensoría del Contribuyente
36 277 290 Pago de Rentas del Extranjero
Figura N° 4. Estructura general del artículo 14 de la LIR, según el Proyecto de ley que “Moderniza la Legislación Tributaria”.
Propuesta del art. 14 de la LIR “El Corazón de la Iniciativa”
Letra Pág. Contenido
A 103 Renta Efectiva Balance General Contabilidad Completa
B 112 Empresas sin Contabilidad
C 112 Reorganización Empresarial
D 115 Cláusula PYME
E 121 Incentivo Ahorro Ingresos menores a 100.000 UF
F 122 Opción Régimen Transparencia Tributaria
G 123 Contribuyentes no sujetos al art. 14
H 124 Definiciones
Figura N° 5. Contenido del artículo 14 de la LIR, según el Proyecto de ley que “Moderniza la Legislación Tributaria”.
N° Pág. Contenido
1 103 Régimen Tributario
2 104 Registros
3 106 Liberación de Registros
4 106 Orden de Imputación
5 108 Determinación Crédito
6 109 Anticipo de Crédito
7 110 Compensación Rentas y Créditos
8 111 Información al SII
Por último, lo invitamos a descargar y revisar el actual Proyecto de ley que “Moderniza la Legislación Tributaria”, de 23.08.2018, haciendo clic en el siguiente link:

References: resolución 
 artículo 14
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