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Sentencia en Incidente Concursal derivado de Cno 457/2008. Acción rescisoria de garantía hipotecaria | Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil
20 de octubre de 2010 - 20:48	 - SENTENCIAS DE JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES
SENTENCIA Nº 53/10 (mrc)
En Cuenca, a trece de Octubre de dos mil diez.
Vistos por Don José Luis Pascual Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos incidentales dimanantes del procedimiento concursal n° 457/08, a instancia de la Administración Concursal, contra Construcciones y Proyectos Júcar S.L. y Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L., representado por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández y asistido por el Letrado Don Luis Bolas Alonso.
PRIMERO.- Por la Administración Concursal, se presentó demanda incidental solicitando el dictado de Sentencia por la que se rescinda la constitución de hipoteca de las fincas registrales a que se hace mención en los hechos de la demanda, constituida ante Doña Elisa Basanta Rodríguez el día 26 de Marzo de 2.008, bajo el número 727 de su protocolo y se reintegren en la masa activa del concurso los bienes sujetos a rescisión libres de las citadas cargas hipotecarias como se encontraban antes de celebrar el contrato perjudicial a la masa contrario a derecho, así como al pago de las costas procesales.
SEGUNDO.- Admitida a trámite por Providencia, se dio traslado de la demanda para contestación.
TERCERO.- Por la representación procesal de Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. se contestó a la demanda incidental con el resultado que consta en los presentes autos.
PRIMERO.- La Administración Concursal presentó demanda incidental solicitando el dictado de Sentencia por la que se rescinda la constitución de hipoteca de las fincas registrales a que se hace mención en los hechos de la demanda, constituida ante Doña Elisa Basanta Rodríguez el día 26 de Marzo de 2.008, bajo el número 727 de su protocolo y se reintegren en la masa activa del concurso los bienes sujetos a rescisión libres de las citadas cargas hipotecarias como se encontraban antes de celebrar el contrato perjudicial a la masa contrario a derecho, así como al pago de las costas procesales.
Por el contrario, el Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. se opone a la demanda incidental formulada de contrario por los motivos que constan en su escrito que se dan aquí por reproducidos.
SEGUNDO.- El artículo 71 LC dispone lo siguiente:” 1. Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.
Las garantías constituidas a favor de los créditos de derecho público y a favor del Fondo de Garantía Salarial en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica.
6. El ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el Juez del concurso, conforme a las normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene el artículo siguiente.”.
De la mera lectura del artículo 71 LC se deduce que el éxito de la acción rescisoria concursal exige la concurrencia de los siguientes presupuestos:
1) La concurrencia de perjuicio patrimonial para la masa activa.
2) Que los actos perjudiciales se hayan realizado por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso.
3) Que no se trate de actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales, ni de actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.
Por otra parte, la ley favorece la prueba del perjuicio patrimonial mediante un sistema de presunciones iuris et de iure, que no admiten prueba en contrario y otras iuris tantum, que presumen el perjuicio mientras los demandados no acrediten su inexistencia.
En el caso de autos, procede indicar los antecedentes de este procedimiento. En este sentido hay que reseñar que Construcciones y Proyectos Júcar S.L. se declaró en concurso en fecha de 22 de Septiembre de 2.008.
Así mismo, con anterioridad a la citada declaración de concurso, en fecha 14 de Marzo de 2.008, la concursada y el Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. suscribieron una escritura de elevación a público de un documento privado de reconocimiento de deuda en virtud del cual la mercantil Construcciones y Proyectos Júcar S.L. reconocía adeudar a Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. la cantidad de 783.512,31 euros (documento nº 4 acompañado con la demanda incidental) y en fecha 26 de Marzo de 2.008 suscribieron una hipoteca en garantía de la deuda constituida con anterioridad sobre todos y cada uno de los bienes relacionados y descritos en el exponiendo III del documento privado de reconocimiento de deuda de fecha 14 de Marzo de 2.008 (documento nº 5 acompañado con la demanda incidental).
Estamos, en consecuencia, ante un caso claramente subsumible en las previsiones del art. 71.3.2º LC, pues se constituye una garantía, la hipoteca sobre una serie de bienes, para asegurar el cumplimiento de una obligación que ya existía previamente al momento en que se otorga.
Una vez examinada la petición de la administración concursal procede indicar en primer término que se cumple el plazo temporal previsto en el artículo 71.1 LC puesto que se pretende la rescisión de una hipoteca constituida dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
Debe de indicarse así mismo que por la parte demandada se ha alegado que por la administración concursal se ha ejercitado tardíamente la acción rescisoria. En este sentido, procede indicar que la SAP Lugo 19.12.2006 establece lo siguiente:”La administración concursal está perfectamente legitimada para actuar como lo hizo conforme a lo establecido el apartado primero del artículo 72 de la Ley Concursal que atribuye a aquella la legitimación activa para el ejercicio de las acciones rescisorias y demás acciones de impugnación, pudiendo hacerlo bajo las condiciones que establece el citado artículo y por tanto, en determinados supuestos asimismo los acreedores. No cabe confundir supuestos señalando que al no mencionar en el inventario la posibilidad de iniciar una acción de reintegración falta la legitimidad ya que son cuestiones diferentes, no siendo tampoco de aplicación el artículo 97 de la citada Ley que no afecta a la administración sino a quien no impugnase en tiempo y forma el inventario. Tampoco lo dispuesto en el artículo 82.4 significa un impedimento de legitimación para el ejercicio de la acción. Las indicadas razones justamente con las expuestas en la sentencia recurrida que se dan por reproducidos para evitar innecesarias repeticiones lleva, como se dijo, a no poder acoger esta primera alegación”.
Aplicando la doctrina expuesta anteriormente al caso de autos procede reseñar que si bien el artículo 82.4 LC establece que al inventario se añadirá una relación de todos los litigios cuyo resultado pueda afectar a su contenido y otra comprensiva de cuantas acciones debieran promoverse, a juicio de la administración concursal, para la reintegración de la masa activa, por el contrario no existe precepto legal que determine que si no se ha incluido la posibilidad de ejercitar la acción rescisoria en el inventario no pueda ejercitarse la misma con posterioridad teniendo en cuenta a mayor abundamiento que la administración concursal está legitimada para interponer la acción rescisoria de conformidad con lo establecido en el artículo 72.1 LC.
TERCERO.- A continuación procede examinar si existe perjuicio patrimonial para la masa activa.
Como señala la sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de mayo de 2006, el perjuicio patrimonial es un concepto jurídico indeterminado que “se advierte con claridad cuando existe un sacrificio patrimonial injustificado, como ocurre con las donaciones y en general con las transmisiones a título gratuito; también en los negocios bilaterales con reciprocidad de prestaciones, si se da una ausencia de equivalencia; y podría ocurrir también en los actos unilaterales del deudor, como es el pago, que por proximidad en el tiempo de la apertura del concurso, y por estar ya en estado de insolvencia, suponen una vulneración de la par canditio creditorum, siempre que no se trate de actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales, expresamente excluidos por el artículo 71.5 LC.”.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Barcelona, de 25-2-2005, indica: "Aplicado lo que antecede al supuesto enjuiciado, la constitución de hipoteca, apenas dos meses antes de la declaración del concurso en garantía de una deuda preexistente de la concursada con Don Tomás, constituye un acto que debe presumirse perjudicial para la masa activa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.3° apartado segundo; y, si bien la presunción admite prueba en contrario, la demandada no ha logrado acreditar que con ello se beneficiara a la masa. La hipoteca sujeta el bien o derecho afecto al pago del crédito hipotecario (artículo 155 de la Le) y el acreedor hipotecario goza del derecho de ejecución separada (artículos 55 y 56), con la consiguiente merma para la masa. El hecho de que la hipoteca facilitara nuevos suministros por parte del demandado no es suficiente para desvirtuar la presunción, dada la situación de insolvencia en la que se encontraba el deudor y la inminencia del concurso - . Por tanto no nos hallamos ante un pago corriente realizado en el ejercicio de la actividad ordinaria del deudor, sino ante un acto rescindible directamente relacionado con la previa constitución de una hipoteca para garantizar una obligación preexistente. ".
No hay duda alguna en considerar que hay perjuicio cuando el activo patrimonial del deudor se ve disminuido por la realización del acto o no se incrementa como consecuencia de su omisión, apuntándose también por un importante sector doctrinal que también lo habrá cuando el acto impugnado impida, disminuya o dificulte la satisfacción colectiva de los acreedores concursales, ya que aquel perjuicio se aprecia no solamente atendiendo al activo patrimonial (visión estricta) sino también atendiendo al conjunto de los acreedores, como se deduce del art. 71.2.2º y 71.3. 2º), dando entrada al principio de paridad de trato (visión amplia).
Esta última tesis esta última que se asume y es la seguida por las Audiencia Provinciales, entre ellas la SAP de Madrid de 19/12/2008 que dice «El perjuicio para la masa activa también puede devenir de una reducción del activo, aunque le acompañe una minoración de pasivo, si de resultas de la misma se produce una disminución de la posibilidad de dar satisfacción a los acreedores, según la regla de paridad de trato, como consecuencia de la reducción del soporte patrimonial del deudor que habría de responder ante ellos. Si el acto objeto de la acción de reintegración por vía de la rescisoria concursal ha incidido, de modo desfavorable, en la posibilidad de dar una mejor satisfacción al colectivo de los acreedores concursales, lo que ocurre cuando se reduce la masa activa con la que atender el pago de las obligaciones contraídas, debe considerarse que existe el perjuicio patrimonial a que se refiere el núm. 4 del artículo 71 de la LC en relación con el núm. 1 del mismo precepto legal.
La regla de la "par conditio creditorum" subyace en la redacción del artículo 71 de la LC, y debe orientar su interpretación, lo demuestra el tenor de varias de las presunciones que se contienen en los números 2 y 3 del dicho precepto legal, en los que se contemplan algunas operaciones que no sólo entrañan disminución del activo patrimonial, sino también del pasivo, pero que no se consideran de carácter neutro, sino perjudiciales, porque entrañan infracción del principio de paridad de trato a los acreedores.
Este criterio resulta de aplicación, a los efectos de rescindir negocios jurídicos, en principio eficaces y aunque se hubiesen realizado sin intención fraudulenta, con cierta proximidad a la manifestación externa de la insolvencia (dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso), cuando como consecuencia de aquéllos se satisfizo tan sólo el derecho de un acreedor singular en perjuicio del interés del conjunto de los acreedores, que comprueban cómo se disminuyó el activo que a todos interesaba a costa de atender el interés particular de uno de ellos.
Se trata de una interferencia que el derecho concursal introduce en el principio de seguridad del tráfico, de mucho menos entidad, desde luego, que el antiguo principio de retroacción absoluta de la quiebra, en aras a garantizar la recuperación de aquellos bienes que hubiesen salido del patrimonio del deudor en un tiempo inmediatamente anterior a su declaración en concurso con la finalidad de posibilitar un trato más justo e igualitario al colectivo de afectados por la situación concursal mediante la reintegración de todo aquello que debiera formar parte del patrimonio a liquidar en el procedimiento universal». De igual modo la SAP de Barcelona de 1 de febrero de 2007 y la más reciente de 8 de enero de 2009 que enseña que «La norma, sin embargo, admite una noción de perjuicio para la masa activa que no se reduce estrictamente a los actos que de modo directo produzcan una disminución del patrimonio del deudor (generalmente por falta de equivalencia de las prestaciones o por tratarse de actos a título gratuito), sino que también alcanza a aquellos que supongan un perjuicio indirecto por quebrar el principio de paridad de trato de los acreedores cuando se provoca una alteración de la preferencia y prelación concursal de cobro. En este sentido el perjuicio es presumido por la Ley en el apartado 2 (con carácter iuris et de iure) y en el apartado 3 (aquí iuris tantum) del art. 71 LC, que describen ciertos supuestos de favorecimiento a acreedores mediante la anticipación del pago de deudas no vencidas a la fecha de declaración del concurso o la constitución de garantías reales para garantizar deudas preexistentes (además de presumir el perjuicio por actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor concursado)». Con iguales argumentos SAP de Vizcaya de 12 de junio de 2008.
Aplicando lo dispuesto anteriormente al caso de autos, hay que señalar que la constitución de hipoteca, aproximadamente seis meses antes de la declaración del concurso, en garantía de una deuda preexistente de la concursada con Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L., constituye un acto que debe presumirse perjudicial para la masa activa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.3º, apartado segundo LC; y, si bien la presunción admite prueba en contrario, la demandada no ha logrado acreditar que con ello se beneficiara a la masa. El hecho de que la hipoteca facilitara la continuación de la obra por la concursada así como el hecho de que el demandado hubiese efectuado aportaciones superiores a la forma de pago establecida en el contrato formalizado para la ejecución de la obra (documento nº 4 acompañado con la demanda incidental) no es suficiente para desvirtuar la presunción, dada la situación de insolvencia en la que se encontraba el deudor y la inminencia del concurso, teniendo en cuenta a mayor abundamiento que el demandado conocía la difícil situación económica por la que atravesaba la concursada como lo denota el hecho que a finales del año 2.007 la concursada incurrió en retrasos en la entrega de las 67 viviendas que estaba construyendo en la localidad de Ocaña (Toledo) por la falta de terminación de las mismas, existían también importantes defectos de construcción así como resultaba un importante crédito a favor del Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L., tal como alega el demandado en la contestación de la demanda incidental, de manera que el hecho de que se hipotecasen bienes del concursado no puede ser calificado sino como un evidente perjuicio objetivo para la masa activa dado que no obstante aminorarse el pasivo tal como se ha expuesto anteriormente no obsta para que se causase un perjuicio patrimonial al poder verse privada la concursada de los bienes hipotecados con la consiguiente merma de su activo patrimonial en contra del interés concursal de manera que para la apreciación de si ha habido o no perjuicio tiene que atenderse no sólo al interés de las partes en el contrato, sino también al sacrificio patrimonial que deben soportar los acreedores concursales como consecuencia de la insolvencia del deudor y en este sentido implica un trato de favor respecto de este acreedor en relación con los demás, que pueden ver frustrada la satisfacción de su crédito e implica una reducción de la masa destinada a la satisfacción del conjunto de los acreedores concursales, teniendo en cuenta a mayor abundamiento que beneficia al acreedor hipotecario en perjuicio de la masa activa, dado que aquél podrá ejecutar su derecho al margen del concurso (artículos 55 y 56 de la Ley Concursal) y, en cualquier caso, podrá satisfacer su crédito con cargo al bien afecto (artículo 155).
Por tanto nos hallamos ante un reconocimiento de deuda y posterior constitución de una hipoteca que debe ser rescindida dada la evidente alteración del principio de la paridad o la par conditio creditorum en perjuicio del resto de acreedores.
CUARTO.- El artículo 73 LC dispone lo siguiente:” 1. La sentencia que estime la acción declarará la ineficacia del acto impugnado y condenará a la restitución de las prestaciones objeto de aquel, con sus frutos e intereses.
3. El derecho a la prestación que resulte a favor de cualquiera de los demandados como consecuencia de la rescisión tendrá la consideración de crédito contra la masa, que habrá de satisfacerse simultáneamente a la reintegración de los bienes y derechos objeto del acto rescindido, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el acreedor, en cuyo caso se considerará crédito concursal subordinado.”.
Debe indicarse al respecto que desde la promulgación de la Ley Concursal la redacción del precepto en cuestión ha sido objeto de críticas en el terreno doctrinal porque, al señalar su apartado 1 que la sentencia que estime la acción de reintegración condenará a la restitución de las prestaciones objeto de acto impugnado, la norma toma la parte por el todo, centrando su disciplina en el ámbito de la rescisión de contratos con obligaciones recíprocas y dejando fuera del mismo otros supuestos distintos de rescisión (vgr., la rescisión de garantías reales).
En tal sentido, se ha puesto de relieve en la doctrina que la rescisión no hace nacer derecho alguno de prestación a favor del acreedor que sobrevenidamente recibió una garantía real, porque sus posiciones acreedoras traían causa de un negocio anterior a la rescisión y la sentencia que acoge la rescisión no viene a operar sobre el negocio jurídico "in totum" puesto que el perjuicio y el consiguiente reproche se concentran en la garantía y no en el negocio obligacional, y de ahí que la sentencia de rescisión únicamente comporte que aquellas primitivas situaciones de crédito, que quedan subsistentes, se declaren desprovistas de la garantía sobreañadida (en tal sentido, el Prof. GIL RODRIGUEZ, en "Comentarios a la Ley Concursal", Ed. TECNOS, pag, 899, coordinada por el Prof. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO). En el mismo sentido, señala CURIEL LORENTE (en "La reintegración en el concurso de acreedores", Ed. Aranzadi, 2009, pag. 214, obra dirigida por el Prof. GARCIA CRUCES) que los efectos de la sentencia estimatoria no pueden consistir, sin más, en una recíproca restitución de prestaciones por no haber nada que restituir, de manera que -añade más adelante- como el crédito no es originado por la rescisión, conservará su propio título y, extinguida la garantía, su condición de ordinario. Y, comentando el Anteproyecto de Ley Concursal de 1983, el Porf. MASSAGUER indicaba ya en 1986 que los efectos de la sentencia que acoge la impugnación de la constitución o ampliación de gravámenes por deudas preexistentes no vencidas no pueden materializarse en devolución alguna y solamente se traducirán en una cancelación de la inscripción que se hubiera practicado ("La reintegración de la masa en los procedimientos concursales", Ed. Bosch, 1986, pag. 148, MASSAGUER FUENTES).
La SAP de Alicante, sección 8ª, de 28 de enero de 2008 que señala que "...simplemente, lo que se pone de manifiesto es que el artículo 73 de la Ley Concursal parte de la hipótesis de que el acto rescindible es un contrato bilateral o sinalagmático por lo que deberá producirse la recíproca restitución de prestaciones entre las partes una vez declarada la ineficacia del contrato rescindible. Por el contrario, cuando se trata de un derecho real de garantía, al no existir un contrato con prestaciones recíprocas, la ineficacia del acto rescindible se concretará en la extinción del derecho real de garantía manteniendo el acreedor la titularidad de su derecho de crédito, ahora ya sin ninguna garantía. ".
Respecto a la mala fe la SAP Alicante, sección 8ª, de 9 de abril de 2008 establece: "Ciertamente, la mala fe no se presume y por tanto, quien ejercita la acción de rescisión, debe probarla, teniendo en cuenta que la mala fe (como la buena fe), es un concepto jurídico que se apoya en una conducta que ha de ser deducida de los hechos (Sentencias de 22-10-1991, 12-3-1992, 9-10-1993, 8-6-1994 y 10 de julio de 2001). Por tanto, resulta preciso determinar qué se entiende por mala fe en el específico perímetro de las acciones rescisorias concursales porque, en función de la noción que tengamos de ella, el reproche será más o menos extenso.
Pues bien, entiende el Tribunal que la mala fe que se requiere para agravar las consecuencias de la estimación de una acción rescisoria frente a los terceros condenados a la restitución de las prestaciones objeto del acto impugnado (condenándole a indemnizar daños y perjuicios en caso de no poder restituir la prestación in natura y calificando el derecho de crédito que dimane de la prestación a que se tenga derecho como crédito concursal subordinado -art.73-2-3 LC -) se debe construir, partiendo de la objetividad con que se construye y fundamenta el sistema rescisorio concursal -art.71-1 in fine LC -, a partir del artículo 1298 Código Civil y, por tanto, adicionando un particular dolo a la conducta negocial del tercero con ocasión del acto declarado ineficaz, ello en el sentido de entender que hay mala fe solo cuando la intervención en el negocio rescindido se ha producido conociendo que se está participando en un acto destinado a causar perjuicio a los acreedores de la contraparte en el negocio. Dicho de otro modo, resulta insuficiente para apreciar mala fe que el tercero simplemente participe en el negocio conociendo la situación de crisis que padece la otra parte. Es necesario que además sepa que el negocio lo realiza aquél con intención de perjudicar a sus acreedores, esto es, de que lo que se quiere es sustraer bienes en perjuicio de acreedores.
Hay pues mala fe en el tercero partícipe en el acto que se declara ineficaz en virtud de una acción rescisoria concursal cuando la parte -de ordinario, el adquirente-, conoce y, conociendo, colabora con el deudor, en la finalidad defraudatoria seguida por éste. Hay mala fe cuando existe un consilium fraudis.
Pues bien, y partiendo de dicho concepto resulta que en el caso no existe prueba de mala fe ya que en realidad toda la argumentación de la resolución de instancia se sustenta sobre la relación familiar, que conforma la presunción de perjuicio - art.71-3 - pero no de fraude -art.71-1 -, con lo que no basta per se, para construir la mala fe, tanto más cuando no hay prueba que con la compraventa la vendedora quedara en situación de insolvencia, estando documentado al contrario que son operaciones posteriores las que completan el vaciado del patrimonio de la Sra. Asunción. Y desde luego no hay prueba alguna, salvo la que quisiéramos presumir a partir de la relación familiar, de que los adquirentes tomaran parte, conociendo, en una operación global y estratégica de la vendedora destinada a perjudicar a sus acreedores.
En conclusión, no cabe negar, porque es hecho reconocido, que los adquirentes conocían la situación de crisis en que se producía la transmisión, por bajo precio, de los inmuebles, pero en absoluto puede afirmarse que su actuación lo fuera con intención de perjudicar a los acreedores o que al menos, conocieran que aquella actuaba con esa intención. Incluso las circunstancias concurrentes, esto es, el que fueran ocupantes ya antiguos de la vivienda, que era su domicilio habitual, permite concluir que la adquisición era para ellos un medio de adquirir propiedad a buen precio en atención a las necesidades del vendedor, al que se le paga, como consta acreditado, sin que en ello hubiera disimulo o engaño, y sin que, por tanto, pueda derivarse de una operación de esta índole, connivencia con el vendedor a causar perjuicio a terceros acreedores que, objetivamente sin embargo, acabaron viéndose perjudicados tal y como hemos comentado a la hora de apreciar la concurrencia del elemento objeto de la acción rescisoria concursal”.
Por todo ello, en el presente caso procede condenar a la demandada a que restituya a la masa los bienes sujetos a rescisión libres de las citadas cargas hipotecarias como se encontraban antes de celebrar el contrato sin prestación alguna con cargo a la masa dado que la constitución de la hipoteca lo fue en pago de deudas.
La parte demandada reclama la devolución de la cantidad de 768.117,66 euros, cantidad resultante de la diferencia entre la liquidación de fecha 27 de Julio de 2.009 que ha sido homologada judicialmente (1.551.629,97 euros) y la deuda reconocida en la escritura de fecha 14 de Marzo de 2.008 (783.512,31 euros), por los beneficios que la concursada obtuvo como consecuencia del contrato de 14 de Marzo de 2.008, petición que debe ser desestimada. En este sentido, aplicando la doctrina expuesta anteriormente al caso de autos procede indicar que al tratarse de la constitución de hipoteca en garantía de una deuda anterior no existe un contrato con prestaciones recíprocas de manera que la ineficacia del acto rescindible determinará la extinción del derecho real de garantía manteniendo el acreedor la titularidad de su derecho de crédito, ahora ya sin ninguna garantía, por lo que al haberse producido la rescisión de la garantía no existe prestación recíproca que devolverse, sino solo la restitución. La consecuencia que conlleva la rescisión e ineficacia de la garantía (derecho real), es que ésta desaparece permaneciendo el derecho de crédito, y ello porque en la constitución del derecho real no hay reciprocidad de obligaciones, por lo que al producirse la rescisión de la garantía no hay prestaciones recíprocas que devolverse. Así, la ineficacia conlleva dejar a los contratantes en la situación anterior al acto rescindido, de manera que se rescinde el derecho real de garantía manteniendo Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. su derecho de crédito, por lo que dicho crédito debe considerarse como ordinario en virtud de la aplicación al caso de autos de la doctrina expuesta anteriormente, teniendo que indicarse a mayor abundamiento que no se aprecia la existencia de mala fe por parte del demandado ya que no ha quedado probado en el presente procedimiento que el demandado conociese la situación de insolvencia del deudor, la inminencia del concurso o existiese una intención de perjudicar al resto de los acreedores, y ello por más que finalmente, casi seis meses mas tarde de la formalización de la operación, dicha entidad no lograse tal objetivo se declarase su concurso.
Así mismo, debe descartarse que los gastos consistentes en el importe satisfecho para interponer la demanda de ejecución hipotecaria que ascienden al importe de 6.150 euros y los gastos de constitución de la hipoteca e inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad que ascienden a la cuantía de 18.091,77 euros, cuyo reintegro interesa la parte demandada, deban ser soportados por la masa, dado que dicho efecto no está contemplado en el artículo 73 de la LC como propio de la rescisión ya que dicho precepto solo habla de "frutos e intereses".
QUINTO.- En cuanto a las costas, dadas las dudas de derecho que suscita la cuestión y que, en definitiva, no se advierte mala fe ni temeridad en la parte demandada, no es procedente hacer pronunciamiento alguno, abonando cada parte las causadas a su instancia (artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda incidental interpuesta por la Administración Concursal, contra Construcciones y Proyectos Júcar S.L. y Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L., y, en su consecuencia, acuerdo la rescisión la constitución de hipoteca de las fincas registrales a que se hace mención en los hechos de la demanda, constituida ante Doña Elisa Basanta Rodríguez el día 26 de Marzo de 2.008, bajo el número 727 de su protocolo y se reintegren en la masa activa del concurso los bienes sujetos a rescisión libres de las citadas cargas hipotecarias como se encontraban antes de celebrar el contrato, en tanto que el crédito del Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. deberá figurar, en la relación de acreedores, como ordinario.
Notifíquese esta Sentencia a las partes, dando cumplimiento al artículo 208.4 de la LEC, en relación con el artículo 197 de la LC, y al apartado 6 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.
Así lo acuerda, manda y firma, Don José Luis Pascual Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil. Doy fe.
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References: e contrario
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 72
 artículo 97
 artículo 82
 artículo 82
 artículo 72
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 73
 artículo 73
in fine
 artículo 1298
 resolución 
 artículo 73
 artículo 208
 artículo 197