Source: http://registromundo.blogspot.com/2011/09/domingo-11-de-septiembre-de-2011.html
Timestamp: 2018-07-19 05:33:34+00:00

Document:
La propiedad de la tierra, ley de tierras ~ registromundo
VER Proyecto Ley de Tierras - Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión, o tenencia de tierras rurales
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/Nuevo/Extranjerizacion%20de%20tierras.PDF
Fundamentos y Texto literal del Proyecto elevado por la presidenta al Congreso de la Nación
Asimismo, el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americanasobre Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social…”, formulación normativa de igual imperatividad que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por otra parte, en cuanto a la apropiación de las tierras se refiere, se registra en nuestro país y en otros países con tierras aptas para la producción, un fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones por parte de capitales financieros transnacionales, el que se vio intensificado en los últimos años, a raíz de la especulación desatada con motivo de la variación de los precios de los productos primarios en el mercado internacional.
Esta circunstancia, de profundas consecuencias para el desarrollo futuro de los mercados alimentarios, en especial de los países emergentes, así como la preservación de recursos naturales, escasos y no renovables, a nivel internacional, como lo son la tierra y el agua dulce, ya ha dejado de ser una cuestión de tratamiento sólo individual de determinados países y ha pasado a ser, también, una cuestión de tratamiento por parte de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
Prueba de ello, y en base a información elaborada por técnicos e investigadores individuales, así como a trabajos elaborados por entidades gremiales agropecuarias, a partir de la década del 90 habrían pasado a manos de capitales extranjeros tierras ruralesen DIECINUEVE (19) de nuestras provincias.
El espíritu y la letra del proyecto no sólo apunta a regular un previsible incremento de lapropiedad extranjera, sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros que, de profundizarse, comprometen objetivos estratégicos, vinculados al desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país.
El presente proyecto se apoya en los pactos internacionales y en el derecho comparado, los cuales imponen estrictas prohibiciones, restricciones y límites a la adquisición detierras por parte de extranjeros.
Este proyecto de ley se formula en un marco, en el que el Gobierno Nacional desarrolla una visión estratégica del Estado, a partir de la renovación y de la reconstrucción de las políticas públicas, tendientes a reconocer el valor del trabajo y la producción, con valor agregado en la REPÚBLICA ARGENTINA.
La norma propuesta se sustenta en los fundamentos y principios constitucionales antes enunciados, abarcando las siguientes áreas temáticas:
1- Definición de los ámbitos territorial y personal en los que será aplicable la presente normativa.
2- Limitación a la propiedad y tenencia extranjera de las tierras rurales, siendo el capítulo central de la normativa propuesta, siguiendo al derecho comparado y teniendo en cuenta los diversos proyectos sobre la materia presentados en el Honorable Congreso Nacional.
En efecto, los límites al dominio o tenencia por extranjeros –si no su taxativa prohibición- de tierras rurales, han sido establecidos por disposiciones normativas adoptadas por diversos países, como por ejemplo en la REPÚBLICA FRANCESA (Ley N° 85-30; 09-01-85); la Ley de Reforma Agraria de Andalucía N° 8/84 y su modificatoria Nº 19/95, ambas del REINO DE ESPAÑA; la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, a través de sus disposiciones constitucionales y Leyes Nros. 5.709, 8.629 y 9.272; la REPÚBLICA DE COSTA RICA, por la Ley N° 2.825 de Tierras y Colonización; la REPÚBLICA ITALIANA a través de las Leyes Nros. 411 y 499 (1996); la REPÚBLICA DEL PERÚ por la Ley N° 26.505 de Inversiones Privadas en Tierras; AUSTRALIA, a través de la “Lands Adquisition (Defense)”; el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA por la Ley del Servicio Nacional de la Reforma Agraria; CANADÁ, por la “Loi Concernant L’expropriation”; el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE a través de “The New Land Law”, y los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por “The Federal Land Policy and Management Act” (1976, Sección 501), entre otras normativas.
Debe ponerse de resalto, a los efectos de determinar los alcances de los Tratados Bilaterales de Inversión celebrados por nuestro país, que este proyecto de ley excluye del concepto de inversión la compraventa o adquisición de derechos sobre las tierras rurales, toda vez que se trata de un recurso natural no renovable que es de titularidad del Estado,nacional o provincial, o de los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA. En consecuencia, se procura efectivizar el derecho irrenunciable del Gobierno Nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales.
La propuesta sobre la inteligencia asignable al concepto de inversión contenido en el presente proyecto de ley ha sido adoptada, recientemente, en el Seminario Internacional de Comercio Exterior celebrado en la Ciudad de Quito, REPÚBLICA DEL ECUADOR del 31 de enero al 2 de febrero de 2011, organizado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACION y el Instituto de Altos Estudios Nacionales del mencionado país, recomendación girada a la Secretaría Ejecutiva de la UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR) para su adopción e implementación en los países de Latinoamérica y el Caribe.
La aplicación de un tratado internacional de carácter comercial se encuentra condicionada a su compatibilidad con las normas del derecho público contenidas en la ConstituciónNacional. En este sentido, las previsiones contenidas en el artículo 75 de nuestra Carta Magna, en lo que hace a proveer al desarrollo de la productividad económica con el fin de lograr el crecimiento armónico de la Nación, y la regulación de las tierras que invisten un interés sensible, restringiendo la propiedad en zonas de frontera o sujetas a especiales criterios de interés estratégico nacional, importan un ejercicio de soberanía no susceptible de limitación por acuerdos internacionales basados en el fomento y atracción de inversiones extranjeras. De otro modo resultaría afectada la política internacional de la REPÚBLICA ARGENTINA, según el dispositivo del artículo 27 de la ConstituciónNacional, en tanto los tratados de comercio e inversión desplegarían efectos contrarios a los principios de derecho público establecidos en nuestra Carta Magna.
3- Regulación de la realización de un relevamiento catastral y dominial de todas las tierrasrurales, a cuyo fin se crea en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el Registro Nacional de Tierras Rurales, a cuyo cargo estará dicho censo, al que se le fija como fecha del primer producido el 1º de enero de 2010, debiendo la futura reglamentación establecer la periodicidad de los relevamientos catastrales y dominiales.
Debe destacarse que sin este relevamiento catastral y dominial no puede regularse, fehacientemente, la limitación del dominio o tenencia extranjera sobre las tierras ruralesalcanzadas por este proyecto 4- Creación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales como Autoridad de Aplicación de la normativa propuesta bajo la presidencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS e integrado por diversas áreas ministeriales y organismos centralizados y descentralizados de la administración pública comprendidos por la temática de la ley.
5- El presente proyecto de ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones se aplicarán desde su entrada en vigencia.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, ... SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
PROTECCION AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LAPROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LASTIERRAS RURALES
CAPÍTULO I - ÁMBITO TERRITORIAL Y PERSONAL DE APLICACIÓN DE LA LEY:
ARTÍCULO 1°.- La presente ley rige en todo el territorio de la Nación Argentina, con carácter de orden público.
Debe ser aplicada según las respectivas jurisdicciones, por las autoridades del Gobierno Federal, provincial y municipal, a todas las personas, físicas y jurídicas que, por sí o por interpósita persona, posean tierras con destino rural, sea para usos o producciones agropecuarias, forestales, turísticas u otros usos rurales.
Determinar la titularidad, catastral y dominial, situación de posesión o tenencia, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, y establecer las obligaciones comunes y particulares que nacen del dominio, posesión o tenencia de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente ley.
Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad de tierras rurales, cualesquiera sea su destino de uso o producción.
CAPÍTULO III - DE LOS LÍMITES AL DOMINIO U OCUPACIÓN EXTRANJERA SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES
ARTÍCULO 3°.- A los efectos de la presente ley, se entenderá como titularidad extranjerasobre la propiedad de las tierras rurales, toda adquisición, transferencia, cesión de derechos, cualesquiera sea la forma o extensión temporal de los mismos, a favor de:
Personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en territorio de la Nación Argentina.
Personas jurídicas constituidas conforme las leyes societarias de la Nación Argentina o del extranjero, cuyo capital social, en proporción superior al CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%), sea de titularidad de personas físicas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, en las condiciones descriptas en el inciso precedente. Asimismo quedan incluidas en este precepto:
Las personas jurídicas, cualquiera sea su tipicidad social, que se encuentren en posición de vinculadas o controladas por cualquier forma societaria o cooperativa extranjera, de conformidad con las limitaciones previstas en esta ley, en un porcentaje mayor al VEINTICINCO POR CIENTO (25 %), o tengan los votos necesarios para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario.
Las personas jurídicas extranjeras que participen en más de un VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del capital de otra sociedad, en los términos previstos en el Artículo 33 de la Ley N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificaciones.
Aquellas personas físicas o jurídicas extranjeras que sin acreditar formalmente calidad de socios actúan en una sociedad como si lo fueren.
Las sociedades que hayan emitido obligaciones negociables o debentures y ello permita a su legítimo tenedor acrecer en sus tenencias accionarias o convertirlas en acciones en un porcentaje superior al VEINTICINCO POR CIENTO (25 %), y se trate de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Cuando se transfiera la propiedad, bajo cualquiera de las formas previstas en las leyes vigentes, en virtud de un contrato de fideicomiso y cuyos beneficiarios sean personas físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en esta ley.
Las Sociedades de Participación Accidental, las Agrupaciones de Colaboración y las Uniones Transitorias de Empresas, según la regulación de la Ley de Sociedades, y toda otra forma de colaboración empresaria de carácter accidental y provisoria que se regule en el futuro, cuando en ellas participen personas físicas o jurídicas extranjeras en proporción mayor al autorizado en esta ley.
ARTÍCULO 4°.- La reglamentación determinará los requisitos que deberán observar las personas físicas y jurídicas extranjeras para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, quedando a cargo de la Autoridad de Aplicación su control y ejecución.
ARTÍCULO 5°.- Queda prohibida la figuración aparente de personas físicas de nacionalidad argentina a los fines de configurar la titularidad ficta para infringir las previsiones de esta ley. Todo contradocumento, formalizado en instrumento público o privado, que contravenga lo aquí dispuesto, es nulo de nulidad total, absoluta e insanable.
ARTÍCULO 6°.- La infracción a estas disposiciones aparejará la nulidad total, absoluta e insanable del instrumento jurídico que habilitó el ingreso a la titularidad de las tierras, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno en beneficio de los autores y partícipes del acto antijurídico. A los efectos de esta disposición se considerarán partícipes a quiénes hicieran entrega de las tierras u otorgaren instrumentos, públicos o privados, que conformaren el obrar antijurídico, los que responderán en forma personal y con su patrimonio por las consecuencias dañosas de estos actos.
ARTÍCULO 7°.- Se establece en el VEINTE POR CIENTO (20 %) el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos regulados por este Capítulo.
ARTÍCULO 8°.- En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el TREINTA POR CIENTO (30 %) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad extranjera sobre tierras rurales.
ARTÍCULO 9°.- Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las MIL HECTÁREAS (1.000 has.), cualquiera sea su lugar de ubicación, y su cómputo se determinará por la Autoridad de Aplicación sobre la totalidad de las tierras rurales de dicho titular en el territorio nacional, atendiendo, asimismo, a los siguientes parámetros complementarios:
La localización de las tierras rurales y su proporción respecto del Municipio, Departamento y Provincia que integren.
La capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación.
La situación de titularidad del dominio de otras tierras rurales del pretenso adquirente.
ARTÍCULO 10.- A los fines de esta ley y atendiendo a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA y que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, no se entenderá como inversión la adquisición de tierrasrurales, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país que recibe la inversión.
ARTÍCULO 11.- Los propietarios de tierras, personas físicas o jurídicas, que invistan la condición de extranjeros, conforme lo determina la presente ley, deberán dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, proceder a la denuncia ante la Autoridad de Aplicación de dicha titularidad.
ARTICULO 12.- Para la adquisición de un inmueble rural ubicado en Zona de Seguridad por una persona comprendida en esta ley, se requiere el consentimiento previo del MINISTERIO DEL INTERIOR. CAPITULO IV - DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES
ARTÍCULO 14.- Se dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial que determine la propiedad de las tierras rurales, conforme las disposiciones de la presente ley, tomando como fecha de configuración del relevamiento la situación existente al 1º de enero de 2010.
CAPÍTULO V - AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 15.- Créase el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el que será presidido por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y conformado por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el MINISTERIO DE DEFENSA y por el MINISTERIO DEL INTERIOR, con competencia para solicitar la colaboración de otros organismos de la administración centralizada y descentralizada, nacional y provinciales.
ARTÍCULO 16.- La presente ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación.
Cristina Fernández de Kirchner Presidenta de la Nación
http://www.ncn.com.ar/notas/10779-como-es-el-proyecto-oficial-sobre-la-extranjerizacion-de-tierra.html
http://www.pregonagropecuario.com.ar/cat.php?txt=2271
27-4-2011 Qué dice la norma enviada al Congreso de la Nación para limitar la venta de terrenos a personas extranjeras.
La presidenta adelantó que se trataba de un proyecto de pocos artículos. Así es la iniciativa que pone límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
En su artículo 7°, se limita en un 20 por ciento "toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional" respecto de las personas y empresas.
http://parlamentario.com/noticia-35980.html
Proyecto de Ley de protección al Dominio Nacional
La Presidenta envió al Congreso el proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, que limita el 20% la posesión a los extranjeros, crea el Registro Nacional de Tierras Rurales y dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial. El proyecto de Ley enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández establece en el 20 por ciento el límite a los extranjeros a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional.
Lo establece el Proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, anunciado hoy por la presidenta Cristina Fernández en su mensaje al país por la cadena de radio y televisión.
Expresa que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las Mil hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y su cómputo se determinará por la Autoridad de Aplicación.
En el mensaje que acompaña el proyecto de Ley deja expresa constancia que el proyecto “en ningún modo resulta una legislación xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, siendo un modelo utilizado por numerosas legislaciones en el derecho comparado, asegurando que los recursos, vitales en el Siglo XXI, sigan en órbita y en competencia Nacional, sin que signifique desalentar la inversión extranjera”.
Expresa que la tierra es un recurso “estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano y social, se impone dictar una legislación tuitiva, para impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables”.
Deja en claro que las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales “se inscribe dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos así como su derecho a la independencia económica, y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado, con jerarquía constitucional, a nuestra Carta Magna (artículo 75, inciso 22) luego de la reforma constitucional del año 1994”.
En la presentación del proyecto señala también que se registra en la Argentina un fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones por pate de capitales financieros internacionales, el que se vio intensificado en los últimos años, a raíz de la especulación desatada con motivo de la variación de precios de los productos primarios en el mercado internacional. Ejemplifica, en tal sentido, que a partir de la década de los 90 habrían pasado a manos de capitales extranjeros tierras rurales en 19 provincias.
En otro párrafo del mensaje al Congreso expresa que el espíritu y la letra del proyecto no solo apunta a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera, sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros que, de profundizarse, comprometen objetivos estratégicos, vinculados al desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país. Desde el punto de vista político el proyecto procura “una sociedad más equitativa y democrática”.
http://www.prensa.argentina.ar/2011/04/27/18920-proyecto-de-ley-de-proteccion-al-dominio-nacional.php
Domingo, 11 de septiembre de 2011 ECONOMIA › OPINION Propiedad de la tierra
La propiedad y uso de la tierra tienen una indudable importancia social, económica y política. Esa relevancia histórica es hoy mayor por la crisis en Estados Unidos y Europa, que determina una marcada incertidumbre sobre el sistema monetario mundial.
La debilidad del dólar como moneda de aceptación universal y el deterioro del euro como eventual sustituto están provocando estrategias defensivas de grandes inversores y bancas centrales de países con excedentes para preservar el valor de sus patrimonios. Una de ellas es la compra de activos físicos, inmuebles urbanos y rurales, como también la acumulación de oro como reserva de valor. En ese contexto de reordenamiento en el funcionamiento del capitalismo global, que está lanzado sin certezas sobre cuál puede ser el saldo final, es conveniente poseer de un norma que regule la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
Demorar el debate o confundirlo, por razones electorales o para proteger intereses de grupos económicos, por fuerzas de la oposición e incluso por dirigentes de la Federación Agraria que han tenido como bandera histórica esa cuestión, sólo favorece a capitales financieros y a potencias emergentes que buscan garantizar su propio abastecimiento de materias primas.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que ya ha tenido modificaciones en discusiones de comisión en Diputados, no aborda en toda su dimensión el uso, acceso y propiedad de la tierra. Pero es un avance para empezar a complejizar esa cuestión sensible para el poder económico a partir de un aspecto básico: saber quiénes son los dueños de las tierras a partir de que la norma crea el Registro Nacional de Tierras Rurales y que dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial a nivel nacional.
Esta iniciativa tiene la virtud de plantear un debate que ha sido históricamente postergado por el poder político. Una ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales es una cuestión estratégica para el país en el nuevo orden económico mundial. El proyecto establece una serie de limitaciones a la venta de campos a extranjeros. Esa restricción es un primer paso para generar las condiciones para abrir la discusión acerca de cómo está distribuida la tierra en el territorio nacional, quiénes son los dueños de los campos, qué uso se hace del suelo y cuánto contribuyen al fisco los propietarios de ese recurso natural estratégico.
Uno de los aspectos más complejos de la norma tiene que ver con la nacionalidad de una sociedad anónima, ya que muchas empresas extranjeras suelen adquirir tierras a través de intermediarios locales. Para avanzar en este tema, se prevé la creación de un registro nacional de propietarios, que estará a cargo del Ministerio de Justicia, y la realización de un censo que debería estar finalizado a los 180 días de aprobada la norma. Sin ese relevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales, no podrá regularse fehacientemente la limitación de la tenencia extranjera.
Resulta notable el vacío normativo y de información existente sobre los dueños de campos en uno de los países con mayor cantidad y fertilidad de tierras del mundo. La historiadora y especialista en desarrollo rural Silvia Lilian Ferro señala esa increíble carencia destacando que, de los cuatro países del Mercosur, sólo Argentina no posee un organismo público nacional para fijar políticas de distribución de tierras en su territorio. Detalla que Brasil tiene el Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agrária; Paraguay, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra; Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización. Lilian Ferro explica que “en el país existió un Consejo Agrario Nacional, creado en la década del ’30 para ese fin, que después de décadas de paralización por parte de diferentes gobiernos militares fue eliminado en 1980 por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz”. El proyectado relevamiento catastral, que deberá superar las resistencias de dependencias provinciales bien dispuestas a las inquietudes de los grandes propietarios de campos, facilitaría la recuperación de ese tipo de organismo.
Esa ausencia informativa del Estado fue ocupada por especialistas que se dedicaron a indagar quiénes son los grandes propietarios de campos. Entre esas investigaciones se destacan las realizadas por Eduardo Basualdo en Flacso, focalizadas en la provincia de Buenos Aires, una de las zonas agropecuarias más ricas. En su libro Estudios de historia económica argentina apunta que, en 1996, en la provincia de Buenos Aires existían en total 1250 propietarios con más de 2500 hectáreas, desagregados de la siguiente manera:
- 740, entre 2500 y 4999 hectáreas. - 255, entre 5000 a 7499 hectáreas. - 94, entre 7500 y 9999 hectáreas. - 107, entre 10.000 y 19.999 hectáreas - 54, de 20.000 en adelante, incluidos los estados nacional y provinciales.
En conjunto, son dueños de 8,7 millones de hectáreas, algo más del 32 por ciento del total de la provincia.
Basualdo ubica como causa central del predominio dentro del campo argentino de los grandes propietarios de más de 20.000 hectáreas la posibilidad de aprovechar economías de escala. En los últimos quince años, el proceso de transformación en la forma de organización y de desarrollo técnico-productivo del campo ha provocado una acelerada concentración de la producción, y no así la de la tierra. Esta ya se encontraba históricamente en pocas manos. Lo que se ha verificado es una enorme concentración de la producción sobre tierras arrendadas, lo que ha provocado una profunda alteración de la estructura económica y social del campo. La propiedad de la tierra sigue tanto o más concentrada que antes, fenómeno que se asocia ahora con el actual proceso de concentración de la producción. Esta es fruto de la irrupción de nuevas formas de funcionamiento de la actividad para operar con economías de escala, con una elevada participación del capital financiero y extrasectorial que alquila grandes extensiones, apropiándose de gran parte de la rentabilidad agraria sin inmovilizar recursos con la adquisición de tierra.
La mayor presencia de capitales extranjeros en la propiedad de la tierra se observa en áreas extrapampeanas. En zonas donde se concentran otros recursos naturales, como el agua, petróleo o minerales, en la Patagonia, en los esteros del Iberá, y en áreas de seguridad de frontera, entre las más importantes. En los últimos veinte años ha habido una creciente inversión de capitales del exterior en amplias extensiones de tierras, y ahora se han manifestado voluntades de incrementarla, como el proyecto de China en Río Negro o el emprendimiento de capitales privados de India, según el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, o el plan para el Impenetrable chaqueño del sheik Mohamed Alkhorayef de Arabia Saudita.
Esa creciente participación de capitales del exterior se verifica al mismo tiempo de la expansión de la frontera agropecuaria, que genera un proceso de concentración de la producción, además de venta de campos por parte de pequeños productores. En el debate sobre la tenencia de la tierra y la limitación a extranjeros es necesario vincular, como propone Basualdo, la distribución de la propiedad rural con la producción de los campos pertenecientes a los grandes propietarios.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-176554-2011-09-11.html
La lucha por la tierra: sepa en detalle el mapa del territorio argentino en manos de extranjeros Casi 30 millones de hectáreas de los mejores territorios son controladas por magnates y empresas externas.
Reservas de agua, glaciares, paraísos naturales, campos fértiles y minerales estratégicos permanecen en manos foráneas. Casos emblemáticos. La presencia extranjera, provincia por provincia Por Patricio Eleisegui
Otro ejemplo emblemático del poder económico extranjero lo ofrece la incursión del británicoJoe Lewis en Río Negro, que tiene bajo su órbita unas 18.000 hectáreas, el control de todos los accesos que conducen al lago Escondido y, además, el emplazamiento de unapista aérea similar a la del aeropuerto de Bariloche.
Radiografía, provincia por provincia "Agua dulce, alimentos, minería, hidrocarburos y la riqueza turística del país explican este gran interés ", afirmó a iProfesional.com Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco y ex vicepresidente de Federación Agraria.
El caso más resonante en esa zona es, sin dudas, la adquisición de hasta 30.000 hectáreasen cercanías de Río Cuarto por parte de allegados al ex presidente estadounidense George W. Bush.
En Formosa y Chaco, empresas australianas tienen bajo su poder un total de 1,4 millonesde hectáreas.
La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis En Mendoza, diversas fuentes periodísticas locales vienen dando cuenta de unas 500.000hectáreas en manos de inversionistas del exterior.
En lo que hace a San Luis, la canadiense Wealth Minerals adquirió casi 6.000 hectáreasen cercanías de Rodeo de los Molles, para iniciar la búsqueda de "tierras raras".
Patagonia extranjera Más allá de los ejemplos enunciados, la Patagonia lidera cualquier nómina respecto del control extranjero de tierras argentinas
Según medios locales, el traspaso se hizo con una particularidad: la zona es de glaciarese incluye en sus márgenes parte del cerro Carreras, desde donde nacen varios de los ríos más importantes de la provincia.
"Aunque la avanzada en el lugar la están realizando principalmente inversionistas británicos, también hay incursión de estadounidenses. Es notorio cómo aparecieron en el último tiempo numerosas sociedades anónimas que controlan grandes extensiones de tierras", enfatizó a iProfesional.com Carlos Lorenzo, diputado de la UCR chubutense. Pero más allá de los nombres, lo que alimenta aún más la preocupación son las 13 millones de hectáreas que hoy se ofrecen a la venta, la mayoría de ellas ubicada en la Patagonia. Un territorio que, tal como aseguraron a este medio agentes inmobiliarios y legisladores provinciales, alberga un número casi indeterminado de terrenos fiscales.
http://negocios.iprofesional.com/notas/115615-La-lucha-por-la-tierra-sepa-en-detalle-el-mapa-del-territorio-argentino-en-manos-de-extranjeros
http://www.banya08.com/2011/09/como-es-el-mapa-del-territorio.html
Miércoles, 7 de septiembre de 2011 |
Hoy La ley de tierras entró en impasse
El proyecto de ley para limitar la extranjerización de tierras, cuya sanción la Presidenta reclamó ante la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias de este año en el Congreso, se encuentra trabada en Diputados. Después de la fracasada convocatoria la semana pasada a un plenario de comisiones legislativas para tratar la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Legislación General, la aliada oficialista Vilma Ibarra, volvió a llamar a una reunión para este jueves. Allí buscaría acordar la redacción de un predictamen que incluya las modificaciones que, por consenso, las bancadas opositoras ya incorporaron al texto que el Ejecutivo envió al Parlamento.
Aunque la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la duhaldista Graciela Camaño, comprometió su presencia el jueves, hizo su propia convocatoria para hoy. Camaño invitó a los constitucionalistas María Angélica Gelli y Carlos D’Alessio y al investigador del Conicet Carlos Eduardo Reboratty para que expongan sus opiniones sobre el proyecto del Gobierno. Recién ahí, la peronista disidente pondrá a consideración de sus miembros la invitación de Ibarra para el día siguiente. Camaño también advirtió que no facilitará las cosas al oficialismo. “No vamos a acordar que el debate se agote en un solo plenario de comisiones”, sostuvo.
En tanto, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería –la tercera a la que fue girado el proyecto del Ejecutivo–, el radical Juan Casañas, ni siquiera respondió al convite de Ibarra. Si bien el jefe del bloque de diputados de la UCR, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, afirmó que no trabaría el debate de la ley, Casañas tiene un problema adicional: el radicalismo tiene tres proyectos diferentes que no ha podido unificar dentro de su propia bancada.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176224-2011-09-07.html
La ley de tierras puede ser inconstitucional 06-09-11 00:00
Félix Lonigro Abogado Constitucionalista
En la Cámara de Diputados de la Nación se está elaborando un proyecto de ley en virtud del cual se limitaría la cantidad de tierras rurales que podrían ser adquiridas por extranjeros.
Existen distintos puntos de vista desde los cuales podría analizarse la cuestión; pero en esta columna me interesa abordar el análisis de la situación de los extranjeros en el país, según la Constitución Nacional.
Como se sabe, dentro de la población total de la Argentina, existen ciudadanos argentinos y extranjeros que la habitan. Nuestra ley fundamental ha dispuesto, desde 1853, que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de los mismos derechos civiles que el ciudadano argentino (art. 20). Pues indudablemente, el de propiedad es uno de los derechos civiles enunciados en el artículo 14 de la ley suprema, y tanto argentinos como extranjeros gozan del mismo derecho de adquirirla, usarla, disponer de ella y enajenarla.
Es cierto que hace ciento sesenta años, al dictarse la ley suprema, las circunstancias eran diferentes, y por tener entonces apenas poco más de un millón de habitantes, la Argentina necesitaba de los extranjeros para crecer; pero el transcurso de los años no modificó ese principio rector según el cual debe respetarse la igualdad que la Constitución Nacional consagra entre nacionales y extranjeros. Inclusive la ley antidiscriminatoria (23592), dispone que cualquier diferencia que las autoridades efectúen entre nacionales y extranjeros, en el ejercicio de los derechos constituye un acto de discriminación que la misma norma castiga.
Es justo que se dicten normas tendientes a evitar que grandes extensiones de tierras permanezcan improductivas; pero no lo es tanto, en función de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley fundamental, que se restrinja la adquisición de tierras por parte de extranjeros. En tal aspecto podría decirse que, una ley que impusiera restricciones en ese sentido, podría contener el vicio de inconstitucionalidad.
De cualquier manera es necesario hacer una distinción entre extranjeros que habitan el territorio en forma permanente y temporal, y quienes lo hacen sólo transitoriamente o directamente. Si la restricción fuera dirigida a los primeros, a mi juicio se configuraría el vicio de inconstitucionalidad antes señalado; no en cambio si sólo fuera para los segundos. Es importante advertir que los extranjeros fueron llamados por el constituyente, desde el preámbulo, para habitar el territorio argentino, con el objetivo de trabajar la tierra, mejorar las industrias e introducir las ciencias y las artes, trabajar, y en definitiva, ayudarnos a construir un país grande. Para ello se les ha garantizado la igualdad en el ejercicio de derechos civiles. Por lo tanto, dictar normas que pudieran afectar dicha igualdad, podría se contrario a los designios de quienes, hace ciento cincuenta y ocho años, ejercieron el poder constituyente originario en nuestro país.
http://www.cronista.com/contenidos/2011/09/06/noticia_0023.html
Freno al proyecto de ley de tierras que reclama el Gobierno
La oposición en Diputados no irá a la reunión promovida por el kirchnerismo para emitir dictamen; Camaño y Gil Lavedra criticaron la iniciativa
Graciela Camaño y Ricardo Gil Lavedra. Foto: Archivo El tratamiento del proyecto de ley que restringe la venta de tierras a los extranjeros, reclamado en los últimos días por la Presidenta, se frenó hoy en la Cámara de Diputados. Hoy, los legisladores de la oposición que presiden las comisiones encargadas de abordar la iniciativa, mostraron desacuerdo en avanzar.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura, presididas por diputados de la oposición, resolvieron no concurrir mañana a la reunión conjunta que convocó la Comisión de Legislación General para apurar un dictamen sobre la iniciativa.
Tras una prolongada reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la duhaldista Graciela Camaño, señaló que le solicitará a la presidenta de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) "más tiempo" para analizar el proyecto que impulsa el Gobierno ya que "no pasaría el test de constitucionalidad".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Agricultura, el radical Juan Casañas, confirmó que tampoco será parte por ahora de ningún plenario para tratar el tema.
En tanto, Ibarra, promotora de la iniciativa oficialista, resolvió frente a la resistencia de sus colegas, citar para el jueves sólo a su comisión para considerar el tema tierras.
Camaño lanzó que el proyecto "debería cambiar de nombre" y denominarse "ley para la extranjerización de tierras" ya que indicó que de acuerdo a la exposición del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, "menos del 3 por ciento de la tierra está en manos de extranjeros y el proyecto pone como límite el 20 por ciento".
Ricardo Gil Lavedra, titular del bloque radical, manifestó que la posición de la bancada es que el proyecto del Gobierno es "groseramente inconstitucional", y criticó que, además, "desconoce el derecho de las provincias y es de imposible cumplimiento porque desconoce los sistemas registrales de cada provincia".
Al inicio de la reunión estaban presentes por el oficialismo Alejandro Rossi y Patricia Fadel pero se retiraron cuando no tuvieron respuesta afirmativa a su pedido de que se levantara la audiencia y directamente se pasara a tratar el tema mañana con la comisión de Legislación General.
Antes de irse, Rossi acusó a Camaño de "plantear un esquema dilatorio" para entorpecer el tratamiento de una ley que interesa al Poder Ejecutivo..
http://www.lanacion.com.ar/1404178-se-frena-el-proyecto-de-ley-de-tierras-que-reclama-la-presidenta
La tierra, ley de propiedad de tierras - 11 Sep
Domingo, 11 de septiembre de...(mas)

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