Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831022.html
Timestamp: 2018-12-11 16:26:29+00:00

Document:
se201831022
Expediente : 310/2015-CA
Resolución Impugnada : AGIT-RJ 1262/2015 de 21/07/2015
Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1262/2015 de 21 de julio, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 15 a 22, la respuesta del tercero interesado de fs. 45-49 vta., la respuesta por la entidad demandada de fs. 77 a 84; la réplica de fs. 110-111 vta., la dúplica de fs. 115 a 121 en fax y fs. 122 a 125 en original, el decreto de Autos de fs. 126, los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos, y;
Acusan que, el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GGRCGR-UFICR-005/2012 se funda en el Decreto Supremo (DS) N° 28141 de 16 de mayo de 2005, porque el vehículo objeto de importación, si bien se encontraba en zona franca a la fecha de publicación del DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 (modificatorio del DS N° 28141), tiene un Manifiesto Internacional de Carga/ Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) que data del 20 de mayo de 2005, es decir que el documento que dio inicio a la operación de importación, es posterior a la fecha de publicación del DS N° 28141 por lo que no correspondía realizar trámite alguno de importación, pues esta norma prohibía la importación de movilidades menores a los 4000 cc que utilizan Diésel Oíl como combustible, conforme aconteció en el caso presente.
Que el vehículo, en el caso presente, estaba prohibido de importarse por ello, la Aduana Regional, emitió, en ejercicio de sus facultades, el Acta de Intervención por Contrabando Nº AN-GRCGR-UFICR-005/2012, conforme a los arts. 160-4, 181 inc. b) y f) del CTB y 85 de la LGA que establecen que se considera contrabando la importación de bienes prohibidos.
Fundamenta que la emisión del Acta Contravencional, responde a una estricta observancia y aplicación de la norma en lo relacionado a la responsabilidad solidaria e indivisible que tiene la Agencia Despachante de Aduana “Trans Oceánica S.R.L.” representada por Wilfredo Antezana Cuellar, por realizar trámites de importación de un vehículo prohibido por el art. 2 del DS N° 28141, incumpliendo los incisos a) y f) del Art. 45 de la LGA concordante con los arts. 41 y 61 de su Reglamento y que en ese marco incurrieron en Contrabando Contravencional: Raúl Lozano Hérbas (importador); la Agencia Despachante de Aduana “Trans Oceánica S.R.L.”, representada por Wilfredo Antezana Cuellar; la Empresa de Transporte Carretero “Choque y Choque Ltda.” y, Juan Choque, como conductor del medio de transporte.
Con los fundamentos descritos precedentemente, solicitó la revocatoria de lo “indebidamente resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1262/2015 de 21/07/2015 y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-045/2014 de 22 de septiembre de 2014 emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional”.
Admitida la demanda y corrida en traslado, por decreto de 28 de octubre de 2015, cursante a fs. 25, por escrito de fs. 45-49 vta., se apersonó el Tercer Interesado Agencia Despachante de Aduanas “Trans Oceánica S.R.L., negando la demanda, y posteriormente por memorial de fs. 77 a 84, se apersonó el demandado, Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT y respondió negativamente la demanda con los argumentos siguientes:
Que la norma es clara al establecer que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización o la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, aspectos, en el caso, no acontecieron evidenciándose de los antecedentes que el 23 de mayo de 2005, la Agencia Despachante de Aduana Trans Oceánica S.R.L., validó la DUI C-3790, ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Cochabamba, por lo que, la prescripción inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, lapso en el que la administración no efectuó y/o emitió acto alguno que pueda constituirse en causal de suspensión e interrupción de la prescripción conforme lo determinan los arts. 61 y 62 de la citada Ley, de tal modo que fue recién el 31 de diciembre de 2014 que notificó al sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-045/2014 de 22 de septiembre, por lo que mal podría decirse que la instancia jerárquica afectó los intereses del Estado, al contario se habría sujetado a las reglas del debido proceso conforme establece el art. 115 de la CPE.
La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, con memorial de fs. 110 a 111, formulo la réplica, reiterando los términos de su demanda.
Por su parte, en la dúplica de fs. 115 a 121 en fax y 122 a 125 en original, la AGIT aclaró que la solicitud de prescripción es sobre la facultad para imponer sanciones por la Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el art. 181 de la Ley N° 2492, originado en 2005 en vigencia de la referida Ley.
Que mediante Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-045/2014 de 22 de septiembre, que fue notificada el 31 de diciembre de 2014 (fs. 115 a 104 y 116 respectivamente del primer anexo), la Administración Aduanera declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Raúl Lozano Hérbas (importador); la Agencia Despachante de Aduana “Trans Oceánica S.R.L.”, representada por Wilfredo Antezada Cuellar; la Empresa de Transporte Carretero “Choque y Choque Ltda.” Representada por Marilenka Tarqui Fernández y, Juan Choque como conductor del medio de transporte, al haber nacionalizado el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, tramitada con la DUI 2005/332/C-3790, con posterioridad a la vigencia del DS N° 28141 de 16 de mayo de 2005, ordenándose la captura y el comiso del mismo y la anulación de la DUI referida.
Esta Resolución fue objeto del recurso de alzada interpuesto por el representante legal de la Agencia Despachante de Aduana “Trans Oceánica S.R.L.” (fs. 36 a 48 del anexo 2), que mereció la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0324/2015 de 27 de abril (fs. 74 a 83 vta.), que resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-045/2014 de 22 de septiembre, al considerar que la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492 se encuentra prescrita.
Por ello es que la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 105-109 vta., del anexo 2), que fue resuelto con el pronunciamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1262/2015 de 21 de julio, (fs. 126-133 del anexo 2), en la que el Director Ejecutivo de la AGIT CONFIRMÓ la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0324/2015 de 27 de abril.
En efecto, conforme se tiene en los antecedentes, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria atendiendo la solicitud de la Agencia Despachante de Aduana, resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-0045/2014 de 22 de septiembre, al considerar que la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones, conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492, se encuentra prescrita, en razón a que el hecho generador se produjo el 23 de mayo de 2005 y por tanto, en materia de prescripción, la Ley aplicable resultaría el art. 60-II de la Ley N° 2492, pues se determinó que el inicio del cómputo de la prescripción se dio el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009
Asimismo, al emitirse la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-045/2014, que declaraba probado el contrabando contravencional, por haberse nacionalizado el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, tramitada con la DUI C-3749, con posterioridad a la vigencia del DS N° 28141, la facultad para sancionar ya se encontraba prescrita, porque la indicada Resolución Sancionatoria fue notificada el 31 de diciembre de 2014, conforme consta a fs. 116 del primer anexo, cuando la prescripción había operado, sin que hubiese concurrido ninguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción, regladas en los arts. 61 y 62 de la Ley N° 2492; aspecto que fue confirmado en la Resolución de Recurso Jerárquico a tiempo de sostener que corresponde declarar prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto de la DUI C-3749, al no haber la Administración Aduanera ejercido esa su facultad, dentro del término previsto por el art. 154 de la Ley Nº 2492.
En ese marco, revisados los antecedentes del presente caso, se advierte que, el 23 de mayo de 2005, la Agencia Despachante de Aduanas Trans Oceánica S.R.L, validó la DUI 2005/332/C-3790, ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Cochabamba, respecto del vehículo en cuestión, instancia aduanera que sin mayor observación otorgó el levante correspondiente, de manera que, en aplicación del art. 60-I de la Ley N° 2492, el término de la prescripción para fiscalizar, controlar y sancionar cualquier posible responsabilidad administrativa derivada de tales actuaciones en la que intervino la Agencia Despachante de Aduana, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 y siendo que durante dicho término no se evidenció la existencia de causales que interrumpan o suspendan el cómputo de la prescripción, en aplicación de los arts. 61 y 62 del CTB, resultando evidente que la facultad que tenía la Administración Aduanera para controlar, fiscalizar y sancionar a la Agencia Despachante mencionada, prescribió, como acertadamente entendió la Autoridad General de Impugnación Tributaria ahora demandada.
Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por Jorge F. Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Diego Manuel Soria Guerrero, en representación de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1262/2015, de 21 de julio, deviene en infundada, al no haberse demostrado que la Resolución impugnada contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, o que ésta hubiere incurrido en error de hecho o error de derecho en la apreciación de las pruebas presentadas.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 15 a 22, presentada por Jorge Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Manuel Soria Guerrero en representación legal de Dirzey Rosario Vargas Amurrio, Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1262/2015 de 21 de julio de 2015, emitida por la AGIT; consiguientemente se mantiene firme y subsistente la Resolución impugnada, conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

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