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La nulidad del proceso judicial a Jesús de Nazaret
Publicado en 2 abril, 2017 por Andrés Muñoz Barrios
Hace unos años se publicó Proceso a Jesús (Almuzara, 2013), una obra que ha adquirido cierta fama y en la que su autor, José María Ribas Alba, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla, defiende que el proceso judicial a Cristo fue justo y legítimo, de acuerdo con la legalidad de su momento.
Según el profesor Ribas, a Jesús no lo mataron los fariseos ni los romanos, sino la ley y el Derecho. Pero nada más lejos de la realidad, dado que como aquí expondremos a Jesús lo mataron los intereses de la clase social que ostentaba el poder en el pueblo judío.
Mi propósito por tanto con este ensayo es demostrar, en base al texto histórico recogido en los Evangelios, así como en base a la historiografía de fuentes romanas y judías, la nulidad de la sentencia de muerte a Jesús de Nazaret, sobre la base la nulidad de los procesos judiciales que dieron lugar a dicha sentencia.
La nulidad es un concepto jurídico que declara que un acto, hecho o negocio jurídico no reúne los requisitos necesarios para su válida existencia, por lo que se debe tener por inexistente: nunca realmente ha llegado a nacer válidamente, y no despliega por tanto ningún efecto; todo lo que se haya hecho en base al mismo debe retrotraerse, para que las cosas queden como si nunca hubiese existido dicho acto, hecho o negocio jurídico declarado nulo, pues jurídicamente no ha llegado a existir.
La nulidad puede ser parcial (afecta solo a una parte del acto, hecho o negocio) o total. En el caso del proceso judicial a Jesús debemos entender que es total, pues no habría ninguna parte válida de los distintos procesos seguidos.
Coyuntura política y jurídica.
Judea y Galilea eran reinos clientelares, formaban una provincia perteneciente al Imperio Romano, que la había ocupado y se la había anexado en el año 63 a.C.
En la época de Jesús, la región de Judea contaba como autoridad romana con Poncio Pilatos, y la de Galilea con Herodes Antípas. La ley vigente era la del Derecho Romano, y el pueblo estaba sometido a la jurisdicción de los magistrados y las autoridades del Imperio.
No obstante los romanos permitían que los representantes del pueblo judío ejerciesen la autoridad moral y juzgasen en base a la ley y normas del pueblo judío, recogida desde miles de años antes en sus Escrituras. Este órgano era el Sanedrín o Consejo Supremo Judío, formado por el sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de Israel.
Así por tanto, había una doble autoridad:
Imperio Romano:
Judea: Poncio Pilato
Galilea: Herodes Antipas
Moral o Religiosa: El Sanedrín, sometido a su vez a la autoridad imperial.
Diversidad de procesos judiciales
El proceso judicial a Jesús de Nazaret fue doble:
Por un lado fue juzgado por el Sanedrín, la autoridad judía, bajo la acusación de blasfemia: declararse un Dios a sí mismo. Al declararse “Hijo de Dios” se ponía al mismo nivel de Dios mismo, y esto iba en contra de la ley judía. La pena en caso de demostrarse la comisión del delito era de muerte. Este proceso se inició e impulsó por buena parte de los altos representantes de los fariseos.
Por otro lado fue procesado por la autoridad romana, bajo la acusación de lesa majestad y sedición: declararse un Rey y agitar al pueblo contra el Cesar. Al declararse “Rey de los Judíos” atenta contra el César, y la pena en caso de demostrarse la comisión del delito era de muerte. Este proceso se inició e impulsó por los representantes del Sanedrín.
En la época de Jesús de Nazaret había distintos grupos o sectas religiosas judías, que se distinguían por su distinta interpretación de las ley judía o Escrituras Sagradas:
De todos ellos, los que mayor aceptación por parte del pueblo, y también mayor poder habían alcanzado eran los fariseos, que ocupaban los puestos más prominentes en la jerarquía judía, y eran por lo general hombres ricos, con posesiones y formación. Eran la élite del pueblo, y representaban por así decirlo el judaísmo oficial.
Sus creencias religiosas se caracterizaban por enfatizar el formalismo: para ellos las formas eran lo más importante. Partían de la premisa de que no se podía explorar el interior de un hombre, por lo que el exterior, es decir, sus actos y lo que hacía, determinaban el fondo.
Esto chocó fuertemente con las enseñanzas de Jesús, que predicaba una visión de Dios menos formal y más afectiva, basada en el amor al prójimo.
Valga aquí en aras a la brevedad este burdo resumen, para poner en situación y contexto al lector, ya que este choque doctrinal es desde luego mucho más amplio, y requeriría de un análisis e informe mucho más profundo, en tanto que la doctrina impartida por Jesús desbancaba de manera absoluta a lo que durante siglos había predicado y establecido la élite de los fariseos.
Lo buscaban para matarlo.
La sentencia de muerte a Jesús de Nazaret ya estaba dictada antes del proceso.
El citado enfrentamiento entre Jesús y los fariseos, que como ya dijimos antes eran hombres poderosos, se había recrudecido a lo largo de los años de vida pública de Jesús. Su gran autoridad a la hora de enseñar era acompañada de signos y milagros, y muchos ciudadanos tanto del pueblo judío como de otros pueblos creían en su mensaje.
Esto le convirtió en un hombre de gran prestigio y, según nos indican los Evangelios en distintas ocasiones, los fariseos lo buscaban para matarlo. Cada milagro que se hacía público y adquiría relevancia suponía un duro golpe contra el poderoso Sanedrín.
Tras uno de sus más importantes milagros, el de devolver a la vida a Lazaro, nos dice el Evangelio de Juan que se reunió el Sanedrín, preocupados por la gran fama que había adquirido Jesús. Dado que gracias a la resurrección de Lazaro muchos judíos creían en él como el Cristo, el hijo de Dios. Y decidieron que era un peligro y debían matarle.
¿Cómo puede ser justo un juicio si, antes de que se inicie el mismo, y sin contradicción ni pruebas, ni existiendo posible defensa para el acusado, ya se ha decidido la sentencia? Ésta sería la primera prueba de la absoluta nulidad, por tanto, del proceso seguido contra Jesús.
El prendimiento.
No fue ni mucho menos un proceso justo, sino una trama que tenía por objetivo asesinar a un opositor que ponía en entredicho el gobierno religioso de los poderosos fariseos.
Éstos, aprovechando su poder económico, compraron (con 30 monedas de plata) a uno de los discípulos del Nazareno, concretamente a Judas Iscariote, como infiltrado en el círculo privado de Jesús, a fin de señalar su paradero y entregarlo al Sanedrín.
Debemos aquí tener en cuenta que Jesús no tenía una residencia fija, se movía por un territorio extenso, y contaba con muchos seguidores que lo protegían, por lo cual no resultaba una misión fácil para los jefes fariseos el darle caza; de hecho los Evangelios nos indican que varias veces habían ya intentado apresarlo. Además en su prendimiento tenían que tratar de no escandalizar al pueblo y a los seguidores de Jesús, debía tratarse de una acción rápida y efectiva.
Finalmente, antes de la celebración de la Pascua (para no levantar escándalo durante la fiesta sagrada) y con nocturnidad y alevosía, mediante la ayuda de Judas Iscariote pudieron los hombres del Sanedrín apresar a Jesús mientras oraba en el huerto de Getsemaní.
Desde luego, la injusticia del proceso se vuelve aquí a poner de manifiesto, y es que el miedo por parte de los fariseos a capturar al Nazareno de forma pública revela que no estaban haciendo bien las cosas, no hubiesen tenido problemas en capturar a un verdadero delincuente a plena luz del día y sin tantos rodeos.
El proceso ante el Sanedrín.
El primer proceso judicial que afronta Jesús es ante el máximo órgano judicial y de poder religioso judío. La acusación que se le realiza es la de blasfemia, y se pide para él la pena de muerte.
Nada más detenerlo, y siendo de madrugada, se lo llevan a casa de Anás, que había sido sumo sacerdote. Un juicio ordinario nunca se podría producir de noche, sino que se habría producido de día y con una convocatoria pública ordinaria. Reunirse de noche y tan extraordinariamente es otro indicio más de la injusticia del proceso.
Desde luego, y según todo lo ya expuesto, podemos afirmar que no se trataba de juzgar de manera objetiva el delito, sino que perseguían obtener a toda costa la sentencia que buscaban los propios jueces, esto es, la muerte de Jesús.
Por ello, no existió defensa posible ni principio de contradicción entre las partes. Y tampoco declararon testigos objetivos. De hecho, se comenzó interrogando al acusado, y solicitando de él una declaración autoinculpatoria, mientras un guardia le pegaba. La ley judía exigía audiencia pública y la defensa del acusado ante un delito penado con pena capital, pero nada de eso se dio aquí.
De casa de Anás lo llevan a casa de su yerno Caifás, actual sumo sacerdote, donde está reunido el Sanedrín. Allí la táctica de los juzgadores fue la misma, siguieron intentando una declaración inculpatoria por parte del propio acusado.
Dado que los testigos tenían una gran relevancia en el proceso judicial de los judíos, pues según su ley varias declaraciones en contra suponían una prueba muy firme, llevaron los acusadores a falsos testigos que declaraban contra Jesús. Pero al no haber preparado adecuadamente dichos falsos testimonios, se contradecían unos con otros. Desesperados, seguían pidiendo al acusado que se declarase culpable.
“Plantearle preguntas al acusado y condenarlo en función de su respuesta constituyó [una] violación de la justicia formal” como bien indicaba en sus escritos el famoso abogado inglés Alexander Taylor Innes.
Finalmente el sumo sacerdote le pregunta bajo juramento divino “Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios” a lo que Jesús le respondió “Tú lo has dicho”. De lo cual Caifás dijo a los demás “Ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia ¿qué decís?” y los demás sacerdotes dijeron “Es reo de muerte”.
Ya habían conseguido por tanto su objetivo, la pena de muerte.
Todo el proceso violaba la justicia formal y los más elementales principios del derecho procesal judío. Es decir, el proceso era nulo de pleno derecho.
El Gobernador Pilato.
Dado que bajo la soberanía romana el Sanedrín no tenía poder para ejecutar su propia sentencia, puesto que solo el Imperio Romano podía ordenar la muerte de un reo, llevaron al sentenciado al palacio del gobernador Pilato.
El delito de blasfemia por el que lo habían sentenciado quedaba en la esfera de la religión judía, y por tanto no era motivo de muerte ante el derecho romano. Fue por ello que los sacerdotes judíos presentaron a Jesús ante Pilato como “Rey de los Judíos”, es decir, como rebelde ante el Imperio Romano.
Además indicaron a Pilato que Jesús era un elemento subversivo para el pueblo, y predicaba que no se pagasen impuestos al Cesar. Estas falsas acusaciones lo convertían en reo de sedición contra el Imperio, lo cual si podía dar lugar a su condena a muerte.
Sin embargo, debía ser tan evidente que Jesús no lo era que Pilato indicó que no veía delito alguno en él, y no quiere firmar su sentencia de muerte.
Interrogándolo de nuevo, Pilato descubre que Jesús es natural de Nazaret, perteneciendo esta localidad a la jurisdicción de Galilea, bajo el mandato de Herodes Antipas. Y dado que Herodes se encontraba esos días en su palacio de Jerusalen para celebrar la Pascua lo envía a él. Es decir, se declara incompetente judicialmente para condenar a un ciudadano de otra región.
En el Palacio de Herodes Antipas.
Así por tanto los fariseos se vieron obligados a llevar a Jesús ante Herodes. Y éste, que había oído hablar mucho de él, pues debía ser como dijimos antes un hombre de gran fama y prestigio sobre el pueblo, le pidió que hiciese un milagro. Dado que Jesús no le respondía, Herodes se enfadó y se burló de él, pero no atreviéndose a condenarlo a muerte lo devuelve a Pilato concediéndole a éste la jurisdicción.
De nuevo ante Pilato.
El gobernador Pilato sigue sin creer en la culpabilidad de Jesús como reo de sedición, pues no existen pruebas ni antecedentes, ni tampoco testigos fiables, y se nota que solo es una estratagema del Sanedrín para matar al nazareno por motivos religiosos. Así por tanto, y buscando de nuevo eludir su responsabilidad, saca al balcón a Jesús.
Dado que tenía otro delincuente apresado para crucificarlo, llamado Barrabás, sacó a ambos a su balcón, y concedió al pueblo por estar en ciernes de la fiesta de la Pascua que pudiesen liberar a uno de ellos. Desde luego es lógico deducir que pretendía con esta estrategia que no quisiesen soltar al criminal real, Barrabás, mientras que liberarían al hombre que nada había hecho, Jesús de Nazaret.
Aquí resulta clave lo que nos dice el Evangelio de Lucas: «Ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan; ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. 16 Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad.
Sin embargo, los judíos allí presentes gritaron que liberase a Barrabás y crucificase a Jesús. ¿Cómo pudo ser esto así? Debemos tener en cuenta que todos los sacerdotes, junto con sus familiares, amigos y dirigentes fariseos habían sido quienes habían llevado allí a Jesús pidiendo su muerte, por lo que éstos debían estar allí en primera línea, agitando al pueblo. No era una representación real y homogénea del pueblo, sino que estaba muy sesgada por la presencia de los fariseos.
Nos indican los evangelios que ante esto, Pilato se lavó públicamente las manos, en señal de que reconocía la profunda injusticia que se iba a cometer al soltar a un delincuente real y crucificar a un inocente. Pero no queriendo asumir más problemas con el pueblo judío, firmó finalmente la sentencia de muerte, indicando en una tablilla para público conocimiento que el reo se había declarado Rey de los Judíos.
Nulidad absoluta del proceso.
De todo lo expuesto se concluye la total y absoluta nulidad del proceso judicial seguido contra Jesús de Nazaret, siendo por tanto también nula la condena de muerte dictada contra el Nazareno.
La sentencia de muerte estaba decidida antes del proceso, por motivos políticos y religiosos, dado que Jesús amenazaba el poder de los fariseos.
La detención se realizó con nocturnidad y sin ningún tipo de garantías para el imputado.
El proceso ante el Sanedrín se desarrolló igualmente de noche, de manera sumaria, rápida, privada y sin audiencia pública.
No se respetaron los más elementales principios de un proceso justo, sin ningún tipo de garantías procesales para el acusado.
No se presentaron pruebas de cargo de entidad suficiente, ni testigos de cargo reales y fidedignos. No se probó la acusación de ninguna manera.
La culpabilidad y condena por blasfemia se derivó de una afirmación indirecta del propio acusado: “Tú lo has dicho”.
El Sanedrín lo presentó como culpable de sedición contra el Imperio Romano ante el gobernador: una falsa acusación, dado que lo habían condenado por blasfemia. El objetivo único de esta acusación en falso era obtener con dicha mentira la condena de muerte que ellos no podían ejecutar.
El gobernador romano Pilato indicó que era evidente que el reo era inocente del delito imputado, y lo quería soltar. Por ello no se atrevía a firmar la condena.
Herodes Antipas, gobernador de Galilea (y por tanto con jurisdicción sobre Nazaret) tampoco quiso firmar la condena, lo cual reafirma de nuevo la evidente inocencia de Jesús de los delitos de los que le acusaban.
Devuelto por Herodes a Poncio Pilato, este intentó de nuevo salvar a Jesús, entendiendo que se trataba de un inocente, pero la manipulación de los fariseos logró salvar al delincuente Barrabas y obligar a Pilato a condenar a Jesús.
Finalmente, se vuelve a evidenciar la inocencia cuando Pilato se lava las manos y firma la sentencia de muerte solo porque no ve otra salida para no crear conflicto con los poderosos del pueblo judío.
En definitiva, un proceso a todas luces injusto y nulo tanto en el fondo como en las formas.
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La justicia europea y la extraña nulidad de las cláusulas suelo.
Publicado en 19 julio, 2016 por Andrés Muñoz Barrios
Con miles de millones en juego, se avecina en el horizonte cercano un nuevo varapalo a los intereses de los clientes de la banca española afectados por las “cláusulas suelo”.
En 2013 el Tribunal Supremo sentenció la nulidad de estas cláusulas en los contratos de Hipoteca, pero decretó una “rara” nulidad, como ahora veremos. Posteriormente el asunto ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ahora todo hace pensar que este alto tribunal europeo va a respaldar el criterio de nuestro Tribunal Supremo.
Cláusulas suelo: un tipo de interés mínimo de dudosa legitimidad.
De manera resumida podemos afirmar que la llamada “cláusula suelo” supone pactar un tipo de interés mínimo en el préstamo hipotecario.
En el caso de los préstamos hipotecarios a interés variable, el tipo de interés a pagar por el cliente por el dinero prestado se revisa con una periodicidad determinada (trimestralmente, semestralmente, anualmente, etc…) siendo la suma del tipo de referencia (normalmente Euribor) más un diferencial. Así por ejemplo, en un préstamo hipotecario a interés variable con revisión semestral y diferencia del 2 %, si llegado el día de la revisión el tipo de referencia es el 0,5 % corresponderá aplicar un tipo de interés del 2,5 % durante los siguientes seis meses.
¿Qué pasaría en este mismo ejemplo si el contrato de préstamo prescribiese una cláusula por la cual, siempre que llegada la revisión, si el Euribor de referencia está por debajo del 2 % se aplicará un mínimo del 2 %? Pues que en vez de pagar el cliente un 2,5 % tal y como calculamos en el párrafo anterior, pagaría un 4 %. Así pues, durante toda la vida de la hipoteca, siempre que el Euribor estuviese por debajo del 2 % el cliente pagaría un 4 % como tipo mínimo. Para hacernos una idea en términos monetarios, en un préstamo de 150.000 € a 30 años la cuota mensual con un tipo del 4 % sería de 716 € mientras que la cuota mensual sería de 592 €. Es decir, una diferencia de 124 € al mes (1.488 € en un año).
Desde luego, prima en nuestro Derecho civil la libre voluntad de las partes, por cuánto si esta cláusula ha sido pactada y firmada por el cliente sin que medie error, dolo, violencia o intimidación, deberíamos reconocerle toda la legalidad.
Sin embargo, esta cláusula que resulta tan gravosa para los clientes, al no poder aprovechar las bajadas del interés del mercado, a la par que atribuyen a la banca unos ingresos muy holgados sobre dicho tipo de mercado, fue desde la bajada del Euribor objeto de denuncia por muchos clientes.
Y ello porque según alegaban habían firmado sin entender correctamente el grave perjuicio que les suponía este interés mínimo, según hemos expuesto.
Y llegó la nulidad del Supremo.
Si tenemos en cuenta la complejidad del contrato de Hipoteca, que contempla decenas de cláusulas, cuadros de amortización, valores registrales y de responsabilidad, y otros varios aspectos que regularán durante años la relación de préstamo entre el Banco y su cliente, es fácil determinar que se hace necesario un elevado conocimiento financiero y jurídico por parte de un cliente para poder entender de manera plena y cierta el contrato que se está firmando, y sus implicaciones.
Así, en su Sentencia del 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo vino a determinar la nulidad de estas cláusulas, por su falta de transparencia. Indicando el texto de dicha sentencia que <<El conocimiento de una cláusula es un requisito previo al consentimiento>> y que << (Las cláusulas suelo) no pueden estar enmascaradas entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro. Máxime en aquellos casos en los que los matices que introducen en el objeto percibido por el consumidor como principal puede verse alterado de forma relevante.>>
La legislación en materia de defensa de consumidores y usuarios, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario, decretan la nulidad de las cláusulas oscuras y abusivas, y el Tribunal Supremo declara por tanto a tenor de esta legislación la nulidad de las “cláusulas suelo”.
Una nulidad “rara”.
La nulidad, una de las instituciones jurídicas más relevantes de cualquier ordenamiento jurídico, es la más alta sanción que el Derecho civil impone a una cláusula o contrato, por cuánto se considera al mismo como no realizado (nullum est negotium; nihil est actum). Y viene motivada por la falta total y absoluta de algún elemento esencial del contrato, esto es, consentimiento, objeto o causa, lo cual conlleva que no produzca efectos jurídicos. Al faltar un elemento esencial, nunca debió haber existido la relación jurídica, y por tanto nunca debió haber producido ningún efecto. Ambas partes deben restituirse todas las prestaciones ejecutadas, no admitiéndose la sanación o regularización del contrato. “Quod nullum est nullum effectum producit”
Pero ésto, que es así desde el Derecho romano, no es así en el caso de la nulidad de las “cláusulas suelo” por parte del Tribunal Supremo español. Sino que la mencionada Sentencia decreta la nulidad con efectos a partir de la publicación de la misma. Es decir, las cláusulas suelo son nulas, y el Banco debe retirarlas del contrato, no pudiendo aplicarlas, pero no hay retroactividad, por lo que no tienen que devolver a los clientes el dinero pagado por dichos tipos mínimos que resultaron ser nulos.
Así, esta situación inaudita intenta ser justificada por el Tribunal Supremo en base a extensos, enrevesados y complejos argumentos que podemos resumir en el temor de la alta instancia judicial a que esta retroactividad supusiese un riesgo sistémico para la estructura financiera española, y para toda la economía del país, dado que el Banco de España Banco sitúa el probable impacto en los balances bancarios en una cifra de entre 5.000 y 7.000 millones de euros.
En mi opinión, esto carece de toda justificación jurídica: no se puede decretar la nulidad de un contrato o cláusula sin que ello suponga la inexistencia total y absoluta de dicho precepto contractual, con la devolución íntegra de las cantidades que se entregaron por ejecución de la misma.
Esto mismo se debe temer el Juzgado de lo Mercantil de Granada que, en un procedimiento de nulidad de cláusula suelo (asunto C-154/15) planteó como cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esta nulidad sin retroactividad que sentenció nuestro Tribunal Supremo es conforme a la legislación europea de protección de los consumidores: el art. 6.1 de la Directiva Comunitaria 93/13/CEE establece que las cláusulas abusivas que se incluyan en contratos con consumidores “no vincularán al consumidor”. A ésta se sumaron después otras dos cuestiones sobre el mismo tema formuladas por la Audiencia Provincial de Alicante.
Las conclusiones del Abogado General de la Unión Europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está formado por un juez de cada país miembro y once abogados generales. Una de sus facultades jurisdiccionales más importantes es la de la interpretación de la legislación comunitaria en las decisiones prejudiciales de los Tribunales nacionales de los países miembros. Cuando un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación puede pedir una clarificación al Tribunal de Justicia europeo. El mismo mecanismo sirve para determinar si una normativa o práctica nacional es compatible con la legislación europea.
El abogado general es el letrado asesor que analiza las cuestiones sometidas al Tribunal y realiza un Informe sobre las conclusiones resultantes de dicho análisis. Si bien no se trata de un informe vinculante para el Tribunal, no es menos cierto en la mayor parte de las ocasiones el Tribunal acaba siguiendo el criterio marcado por el Informe del abogado general.
Y en el caso que nos ocupa, el abogado general ya ha emitido su Informe al Tribunal, estando ahora en espera del pronunciamiento de este último.
Dentro de la instrucción del proceso por el Tribunal, consta en el mismo que la Comisión Europea, a quién se pidió en la instrucción su opinión como parte, se pronunció a favor de la devolución total, entendiendo que la declaración de una “cláusula nula por abusiva como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor no es compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad”, resultando imposible “que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información” el abogado.
Mi opinión, como ya expresé, va en línea con el Informe de la Comisión Europea: la interpretación del Supremo queda fuera de toda lógica y correcta teoría jurídica.
Pero sin embargo Paolo Mengozzi, el abogado general, ha venido a respaldar la tesis del Tribunal Supremo al expresar en su informe que la Directiva “no determina las condiciones en las que un órgano jurisdiccional nacional puede limitar los efectos de las resoluciones por las que se califica como abusiva una cláusula contractual. Por consiguiente, corresponde al ordenamiento jurídico interno precisar esas condiciones”. Según el abogado general “a título de excepción, las mencionadas repercusiones pueden justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional”.
Desde luego, igual que no comparto que la máxima autoridad jurisdiccional española ampare una “libre interpretación” de una institución jurídica tan importante como la nulidad, menos entiendo aún que el Tribunal Europeo respaldase este posicionamiento. Aúnque a la vista del dictamen del Abogado general parece que el posible riesgo sistémico del sistema bancario tiene un peso importante sobre las decisiones judiciales hoy en día. Es seguro que en el futuro los libros de Historia del Derecho hablarán de esta sentencia sobre la “nulidad” de las “cláusulas suelo”.
Ahora toca esperar a la Sentencia del Tribunal de Justicia.
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Nulidad, Anulabilidad y Rescisión en nuestro Código Civil
Publicado en 17 abril, 2016 por Andrés Muñoz Barrios
Los contratos son la principal fuente de derechos y obligaciones entre los ciudadanos en una sociedad avanzada. El libre acuerdo de voluntades entre dos o más personas, formalizado en un contrato, hace nacer y extinguirse obligaciones, y esto es precisamente lo que se conoce como “eficacia de los contratos”, la creación de una relación jurídica entre las partes, que produce consecuencias para ambas, y para los bienes o derechos objetivo de dicho contrato.
Por tanto, ineficacia es justamente lo contrario, esto es, la falta de producción de dichas consecuencias. Ello se deriva del hecho de que el contrato, tal y como es previsto por el ordenamiento jurídico, no se ajusta al contrato tal y como ha sido llevado a cabo en la realidad, y dicho desajuste es sancionado por el mismo ordenamiento con la ineficacia.
El objeto del presente artículo es definir los diferentes supuestos jurídicos por los que un contrato deviene ineficaz en nuestro Derecho Civil:
Inexistencia y Nulidad.
En el Derecho Romano se conoció solo la nulidad de los contratos, en los casos taxativamente marcados por la Ley. La inexistencia fue una figura jurídica creada por la doctrina francesa para aquellos casos en los que los contratos, sin incurrir en causa de nulidad prevista legalmente (existían motivos tasados por Ley) no debían producir efectos por la naturaleza misma de las cosas.
Actualmente, el concepto de nulidad y de inexistencia se refieren al mismo supuesto jurídico: el de la falta total y absoluta de algún elemento esencial del contrato, esto es, consentimiento, objeto o causa, lo cual implica que no produzca efectos jurídicos. Se considera al contrato como no realizado (nullum est negotium; nihil est actum).
La nulidad supone la falta de producción de efectos por la violación de una norma imperativa prevista en el ordenamiento jurídico.
Son causas de nulidad en nuestro Código Civil:
1.- Que las partes contratantes traspasen los límites a la autonomía privada, como son ley, moral y orden público. (art. 1.255 CC)
2.- Falta absoluta de consentimiento. (art. 1.261 CC)
3.- Inexistencia, falta absoluta de determinación o ilicitud del objeto del contrato. (art. 1261 CC)
4.- Inexistencia o ilicitud de la causa. (art. 1261 CC)
5.- La falta de forma cuando venga exigida por la ley con el carácter de forma “ad solemnitatem”. (v.gr. art. 1279 CC)
Los efectos de la nulidad son los siguientes:
El contrato nulo no produce efectos. “Quod nullum est nullum effectum producit”.
No debe ser admitido en ningún registro público.
No sirve como título para la usucapión.
No admite sanación o regularización.
De haberse ejecutado prestaciones, procede su restitución.
La acción de nulidad es imprescriptible, y tiene legitimación activa cualquier persona que ostente un interés legítimo, pudiendo ser apreciada “ex oficio” por el órgano judicial.
A diferencia de la nulidad, que supone una ineficacia originaria, el caso de la anulabilidad es el de una ineficacia sobrevenida.
A tenor de lo dispuesto en el Art.1300 CC:
“Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.”
Es decir, se trata de un contrato válidamente celebrado, pero que adolece alguno de los vicios que lo invalidan con arreglo a la ley, siendo irrelevante la existencia de lesión (arts. 1.300 y 1.301 CC). Dichos vicios invalidantes serían:
– Concurrencia de vicios de la voluntad: error esencial excusable, dolo causante, intimidación y miedo grave (Arts.1265 y ss CC)
2.- Falta de plena capacidad de obrar o incapacidad relativa: los contratos celebrados por incapaces de obrar, por sí solos o sin reunir los complementos de capacidad necesarios.
3.- Falta de consentimiento del cónyuge cuándo así lo exija la Ley.
Los efectos de la anulabilidad son los siguientes:
1.- En tanto no se ejercite la acción de anulación, el contrato anulable es un contrato de eficacia claudicante. Se ha perfeccionado, pero frente a cualquier pretensión de eficacia puede ejercitarse la acción de anulación u oponerse el carácter de anulable por vía de excepción. El contrato es sanable, mediante confirmación, desde el momento en que el interesado conoce la causa de anulación. No puede acceder al Registro de la Propiedad, pero sirve como título para usucapir.
2.- Una vez ejercitada la acción de anulación u opuesta como excepción y recaída sentencia que declare la nulidad, los efectos son los de la nulidad radical: dicho contrato no produce efecto alguno, con carácter retroactivo. Como en el caso de la nulidad, procede la restitución de las cosas.
La acción de nulidad tiene un plazo de caducidad de cuatro años. Tienen legitimación activa los obligados principal o subsidiariamente en virtud de los contratos impugnados.
La rescisión es la ineficacia sobrevenida del contrato, derivada del ejercicio de una acción, la cual se fundamenta en que este contrato, válidamente celebrado y formado, produce un resultado injusto o contrario a Derecho: una lesión o un fraude.
El Art. 1291 Cc dispone que:
“Son rescindibles:
El punto número 3 del anterior artículo instituye en nuestro Código Civil la llamada acción Pauliana del Derecho Romano.
A continuación, el art. 1.292 CC establece:
“Son también rescindibles los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos.”
La acción rescisoria es de carácter subsidiario, cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio. Y tiene un plazo de caducidad para su ejercicio de 4 años. (arts. 1.294 y 1.299 CC).
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La Resolución y la Rescisión en nuestro Derecho Civil
Publicado en 15 marzo, 2015 por Andrés Muñoz Barrios
La Resolución y la Rescisión son dos formas de finalización y extinción de los contratos, o negocios jurídicos en general, por ineficacia de los mismos. Dos formas distintas pero que en muchas ocasiones se confunden, en buena medida porque nuestro Código Civil (CC) no aclara adecuadamente la distinción entre las mismas. Ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que ha ido definiéndolas.
La Rescisión supone la ineficacia sobrevenida de un negocio jurídico por lesionar los legítimos intereses de terceros, o constituir un fraude de acreedores. Es decir, no existe una ineficacia originaria, sino que el negocio jurídico se ha celebrado correcta y válidamente, conteniendo todos los elementos necesarios, pero su finalidad lesiona o perjudica los intereses de las partes o terceras personas.
Así, la rescisión supone como decimos una ineficacia sobrevenida, que obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto de contrato, con sus frutos e intereses, suponiendo una ineficacia con efectos <<ex nunc>> desde el momento de su reconocimiento, y no puede perjudicar a terceros.
Puede hacerse valer como ya anticipamos por las partes o por terceros perjudicados por el negocio jurídico, todo aquél que sufra una lesión injusta por resultado del mismo.
Un ejemplo típico de Rescisión es la del contrato en fraude de acreedores. Imaginemos que Juan mantiene una deuda de 100.000 € con Miguel, y siendo todo su patrimonio un terreno valorado en 150.000 € hace una donación del mismo en febrero a su hermano. Si la donación está correctamente formalizada en Notaría, se ha inscrito en el Registro de la Propiedad y ha pagado los impuestos que correspondan, el negocio jurídico es totalmente legítimo. Ahora pensemos que en marzo Miguel reclama el pago del préstamo, que vencía en dicha fecha, y Juan le dice que no puede pagarle porque no tiene dinero para ello, declarándose insolvente. Cuándo Miguel lo demanda por incumplimiento descubre que Juan no tiene patrimonio a su nombre con el cuál responder de la deuda, pero sin embargo un mes antes del vencimiento del contrato de préstamo Juan donó a su hermano un bien inmueble por un valor superior, es decir, se deshizo del patrimonio con que podría haber respondido de la deuda. Aquí Miguel podrá por tanto solicitar la Rescisión de dicha Donación, que claramente perjudicó su derecho de cobro, y que encaja en el supuesto del punto 3 del art. 1290 CC a cuyo tenor “son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuándo éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”.
La acción de rescisión tiene carácter subsidiario, solo puede ejercerse cuándo no cabe otra manera de reparar el perjuicio. Y está sujeta a un plazo de caducidad de 4 años (art. 1299 CC).
La resolución es la facultad que asiste a una de las partes del contrato para resolver o dar por terminado el mismo, ante el incumplimiento de la otra parte. Corresponde su ejercicio al contratante cumplidor frente al incumplidor.
En el caso de la resolución, nos encontramos también ante un negocio jurídico que nació y se perfeccionó con total validez, pero que deviene ineficaz por el incumplimiento de sus obligaciones por una de las partes, denunciado por la parte cumplidora.
Dicho incumplimiento puede especificarse contractualmente, muchos contratos incluyen en su clausulado los supuestos en los que una de las partes puede solicitar la rescisión (por ejemplo, por la falta de los pagos establecidos, o pasado un término o plazo de tiempo concreto). Aunque en general el simple incumplimiento legitima a la otra parte para resolver el contrato.
Frente a la rescisión, que como dijimos produce efectos desde su declaración, la resolución rompe el negocio jurídico con efectos desde el inicio de la relación obligacional, por lo que cada parte debe reintegrar o restituir a la otra todo lo recibido en virtud de dicha obligación. Si bien en el caso de una relación obligatoria de carácter continuado en el tiempo y parcialmente consumada los efectos son solo desde su declaración (STS 691/1998).
Si en la rescisión la acción la podía ejercer cualquier persona perjudicada, en la resolución solo están legitimados para ejercer la acción las partes cumplidoras del contrato.
Y en contra de lo que sucedía en la acción de rescisión, de carácter subsidiario, la acción resolutoria es de carácter principal.
La Resolución está sujeta a un plazo de prescripción de 15 años desde que se produce el incumplimiento.
Un ejemplo típico de resolución es el de la compañía de telefonía móvil que indica en su clausulado que tendrá la facultad de resolver el contrato, cortando el servicio de voz y datos, por impago por parte del usuario de la cuota mensual o recibo correspondiente.
Mientras que en el caso de la Resolución nos encontramos con una medida destinada a finalizar un negocio jurídico válidamente celebrado pero que daña los intereses de terceras personas, en el caso de la Rescisión tenemos una medida de finalización de un contrato que también goza de total validez, pero donde existe un incumplimiento de una de las partes, alegado para dicha finalización por la otra parte contratante.
Vía | Blog Sepin
Más Información | Ramirez Sanchez Abogados Codigo Civil.info
Imágenes | Pixabay Pixabay
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