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Timestamp: 2019-08-25 05:29:33+00:00

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Grupo 10_delitos Contra La Adm de Justicia Art 418_426
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NOTICIA A TINDRE EN COMPTE ALCALDES-EX-ALCALDES Y.....
STC No. 01321-2010-AA
Auto de Apertura de Juicio oral Caso Nóos
Cuest.Penal I.Final. (2).docx
Comentario_Prevaricato
prevaricato1
Ley 31 de marzo Bolivia
CUESTIONARIO 3 (1).doc
Expo Yauri
TEMA: “DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA”
CARRERA PROFESIONAL CURSO DOCENTE INTEGRANTES
: DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
: “DERECHO PENAL IV”
: DR. ESPINOZA ESPINO, José : TUPAYACHI HOLGADO, Magaly
LOAIZA CHACON, Lizandro
Es deber nuestro (estudiantes de la Carrera Profesional de Derecho) tener conocimiento de conceptos básicos como son LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, para este fin exponemos el presente trabajo, que nos brindó un alcance del mismo.
La administración de Justicia tiene dentro del Estado una esfera de acción con caracteres propios, que netamente la distinguen de los otros organismos públicos o administrativos, resulta lógico que los delitos contra ella sean definidos separadamente de aquellos que se refieren a la autoridad pública a la administración, en sentido estricto.
El presente trabajo reúne conceptos básicos del tema y como este se manifiesta en nuestro país.
a.- DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA
El término Administración Pública, denota toda la actividad del Estado:
legislativa, judicial y ejecutiva, por lo que puede ser considerada como el complejo de funciones ejercidas por los órganos estatales, en la consecución de bienes colectivos.
En esta sentido se entiende que atentan contra la Administración pública los delitos que impiden o perturban la organización y el desarrollo normal de las actividades de los órganos públicos en el ejercicio de sus funciones.
Se considera funcionario o servidor público al que, por disposición de la ley o por la elección o por nombramiento de autoridad competente, participe del ejercicio de funciones públicas. El artículo 425 del Código Penal enumera las calidades comprendidos en la carrera pública, que desempeñen cargos políticos o de confianza, incluso se emanan de elección popular, todo aquel que independientemente del régimen laboral que se encuentre, los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, los miembros de las fuerzas armadas y policía nacional y todas aquellas indicadas por la Constitución.
El delito referido a los delitos cometidos por particulares, el bien jurídico es el interés del Estado por el funcionamiento normal de la administración Pública, en cuanto resulta turbada gravemente por actos de intrusión y de invasión (usurpación de autoridad, títulos y honores), por atentados contra el libre ejercicio de funciones (violencia y resistencia a la autoridad), por actos contra la dignidad y prestigio del funcionario público, inseparable de la autoridad de un Estado bien ordenado (desacato).
En lo referente a los delitos cometidos por servidores públicos (funcionarios), el Bien Jurídico es el interés del Estado por proteger el ejercicio normal de las funciones de la Administración Pública, en cuanto puede ser ofendida por abuso de los poderes inherentes al cargo de funcionario (abuso de autoridad),
ausencia de probidad y fidelidad del funcionario (concusión, peculado) o por violación de deberes oficiales (corrupción).
Los Delitos Contra la Administración de Justicia tiene como bien jurídico el normal y eficaz funcionamiento de la actividad judicial, el respeto hacia la autoridad de las decisiones judiciales, y el sometimiento de los particulares a la jurisdicción, interés que quedan garantizados contra determinados hechos, capaces de obstaculizar o desoír la actividad judicial, o que importan evasión de providencias jurisdiccionales o desconocimiento de la función de jurisdicción.
b.- DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
El titular del bien jurídico es el pueblo, la colectividad que es el sujeto pasivo en los hechos que lo atacan. Cuando se plantean delitos contra la Administración de Justicia, hay que entender a ésta como la referida función jurisdiccional, por lo que no se trata de la protección a los órganos en cuanto tales, que es un carácter político de control y por lo tanto, referido a la seguridad interior del Estado
El prevaricato, también denominado como prevaricación es aquel delito en el cual incurren los funcionarios públicos, autoridades, jueces, entre otros, cuando faltan, ya sea, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñan.
Por ejemplo, cuando un juez dicta una resolución arbitraria en el marco de una causa en la cual se propone hallar a los responsables de un asesinato y además sabe que la resolución que está tomando es absolutamente injusta o contraria al fin de impartir justicia o a lo que la ley propone expresamente, podremos hablar
de prevaricato o de prevaricación. Mientras tanto, el prevaricato podría agravarse en aquellas circunstancias en las cuales hay una causa criminal condenatoria, o en su defecto, en las cuales se encuentra comprometida la libertad de un individuo.
Otro ámbito, además del judicial expuesto, en el cual es recurrente la acción de prevaricato es en la función pública; cuando un funcionario público, por ejemplo, el ministro de salud de la nación recibe fondos públicos para hacer frente a una obra que subsanará la crisis ambiental de una región, pero en vez de emplearlos en tal situación, decide emplearlos para contratar nuevo personal para su cartera, estará también incurriendo en prevaricato.
Siempre, la acción de prevaricación o prevaricato, será considerada como un abuso de autoridad por parte de quien la realiza, porque en el ejercicio máximo y pleno de sus funciones es donde ejerce la falta a sus tareas y normalmente afecta la calidad de vida de los ciudadanos a los que debería representar.La mayoría de las legislaciones del mundo contemplan en sus códigos penales tal acción y por tanto está debidamente regulada para así proteger al ciudadano y a la administración pública.
Para que haya prevaricato deben existir los siguientes componentes: la persona que desempeña la prevaricación debe ser un funcionario o una autoridad pública, la misma debe encontrarse en el ejercicio vigente de su cargo y que la resolución injusta se dicte sabiendo perfectamente que lo es, es decir, debe ser evidente el dolo.
EL PREVARICATO 1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El termino prevaricato proviene del latín prevaricatio (de prae y varicare, desviarse del camino recto), o sea la traición del deber de la defensa.
MOLINARIO recuerda la etimología de esta voz a
través de las palabras de Ulpiano: “prevaricar llaman los
latinos a una manera especial de andar que tienen las personas cuyos huesos de las piernas son largos y al mismo
tiempo torcidos; de modo q al andar producen un curioso movimiento de balanceo, por el cual pueden inclinarse ya al lado izquierdo ya al lado derecho mientras avanza.
Inclinándose a uno y a otro lado”.
En el derecho romano, el prevaricato se ubico entre los delitos de los acusadores en los procesos por cuestiones. Además del prevaricato, se estableció dos formas delictivas posibles de cometerse en esta clase de procesos: la calumnia, o sea interposición de una acción con conciencia de que era infundada esto es, el desistimiento injustificado de la misma, el acto de abandonarla después de haberla interpuesto.
El prevaricato era el acto de llevar la acción por vías favorables al acusado culpable. Bajo esta denominación, se comprendía el ilícito contubernio entre las partes y la infidelidad de los apoderados o consultores.
No se estableció un tribunal especial para conocer de los procesos por prevaricación. Si se llegaba a constatar la existencia de este delito, se hacía cargo del mismo el propio tribunal q había dado el fallo contra el cual se reclamaba.
El orden que seguía el proceso por prevaricación era el siguiente: en primer lugar, el tribunal comenzaba por establecer si se había producido prevaricato en el juicio anterior respectivo; posteriormente, en caso de haberse comprobado el delito, daba un segundo fallo sobre el asunto principal, anulando el fallo primero, y, finalmente, imponía una pena por la
derecho pretorio fundado en l a República de Roma. Es el derecho que crea el pretor para corroborar,suplir o corregir el derecho civil , el derecho honorario viene a reformar el derecho civil ya existente en Roma , y el cual termina de reformar al derecho civil en la época post-clásica y en el cual su fin está marcado por el Edicto Perpetuo de Salvio Juliano en el año 129 d.C. http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_honorarium 7 " id="pdf-obj-6-6" src="pdf-obj-6-6.jpg">
prevaricación. Esta última consistía, básicamente, en hacer sufrir las consecuencias derivadas de la anulación del torcido fallo absolutorio y, además, en la pena de infamia. La sanción para el actor que había actuado en connivencia con el acusado consistía en devolver el dinero recibido por la corrupción-caso de haberlo recibido- y en soportar el mismo castigo previsto para el calumniador. A esta pena venia aneja la perdida, además, del iushonorum 1 .
Tiempo después, el digesto, asignó al prevaricato una pena que debía ser estimada por el juez en cada caso. Así, se castigaba no solo al prevaricador, al defensor en juicio penal que traicionaba a su cliente, sino también al defensor de un litigante en juicio civil, (traicionando su causa, ayudaba a la parte contraria).
En líneas generales, para el derecho romano la prevaricación constituyó, pues, una actividad ilícita propia de los abogados o litigantes realizada con el fin de de desviar o torcer la recta administración de justicia.
No es sino hasta el surgimiento del derecho hispano que se empieza a sancionar la prevaricación cometida por los jueces. Así, en el fuero Juzgo, se
dice “que si el juez juzga tuerto por algún ruego, o mandar alguna cosa con
tuerto… peche otro tanto de lo suyo”. De manera similar se legisló en el Fuero
En lo que se refiere al prevaricato cometido por los abogados y procuradores, el antiguo derecho español penaba severamente la revelación del secreto profesional, así como el engaño en perjuicio de las partes realizado por los abogados
1 El Ius Honorarium es el derecho pretorio fundado en la República de Roma. Es el derecho que crea el pretor para corroborar,suplir o corregir el derecho civil , el derecho honorario viene a reformar el derecho civil ya existente en Roma , y el cual termina de reformar al derecho civil en la época post-clásica y en el cual su fin está marcado por el Edicto Perpetuo de Salvio Juliano en el año 129 d.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_honorarium
http://www.europeana.eu/portal/record/9200127/20F762702C3BC9ADD6CCB58BBF172E50EC9853F5. html 8 " id="pdf-obj-7-6" src="pdf-obj-7-6.jpg">
2.- EL DELITO DE PREVARICATO EN LA CODIFICACIÓN PENAL PERUANA
La tipificación del delito del prevaricato se remonta al Código Penal Santa Cruz del Estado sud-peruano 2 . Se ubico entre los delitos cuya comisión podría ser atribuible a todos los funcionarios públicos y no exclusivamente a los jueces.
Así, en el Titulo VI De los delitos y culpas de los Funcionarios Públicos en el Ejercicio de sus Cargos se establece:
“Art. 344.-Comete prevaricación todo funcionario público que en el ejercicio de sus funciones procede contra las leyes, ya haciendo lo que ellas prohíben expresa y terminantemente o dejando de hacer lo que ordenan del mismo modo, por interés personal o por soborno, o por afecto o desafecto a alguna persona o corporación, o en perjuicio de la causa pública o de tercero interesado. Los prevaricadores perderán sus empleos, sueldos y honores, y no podrán obtener cargo alguno público, sin perjuicio de sufrir otras penas que merezcan por otros delitos que cometan en la prevaricación.
Art.345.- Los jueces de derecho o árbitros prevaricadores, serán condenados además, a oír públicamente la sentencia si hubiese cometido la prevaricación en causa civil, y si hubiesen cometido la prevaricado en causa criminal a igual tiempo de prisión a la misma pena a que injustamente hubiesen
2 Código penal Peruano, 1836
http://www.europeana.eu/portal/record/9200127/20F762702C3BC9ADD6CCB58BBF172E50EC9853F5.
http://www.europeana.eu/portal/record/9200127/20F762702C3BC9ADD6CCB58BBF172E50EC9853F5. html 9 " id="pdf-obj-8-6" src="pdf-obj-8-6.jpg">
impondrán las mismas penas a los demás
individual de alguna persona, de cualquiera de los modos expresados en el capítulo 4to, titulo 1ro del libro 2do de este código.
Art.346.- El funcionario público que cometa prevaricación por soborno o cohecho dado o prometido a él o a su familia directamente o por interpuesta persona, sufrirá además de las penas de prevaricador, la de infamia, y una reclusión de uno a cuatro años, sino estuviere señalado otra mayor al delito que cometiere.
Art.347.- El juez de derecho o arbitro, o cualquiera otro funcionario público que por si o por su familia, o por interpuesta persona, admitida a sabiendas, o se convenga en admitir algún soborno, cohecho o regalo, y en su consecuencia haga alguna cosa contraria a su obligación, o deje de hacer alguna a que este obligado, aunque no llegue a incurrir en prevaricación, sufrirá las mismas penas que los artículos precedentes imponen a los prevaricadores. Si a la acción que cometiere por soborno, fuese no solo contraria a su obligación, sino que contenga otro delito a que este señalada alguna pena, se le
impondrá esta igualmente”.
El Código Penal Santa Cruz 3 describió el delito de prevaricato entre los ilícitos penales cometidos por los funcionarios públicos en general. No tomaba aun como sujetos activos exclusivos de esta figura a los jueces, abogados y
3 Código penal Peruano, 1836
Ministro de Justicia e Instrucción del Perú y mayor comentarista del Codigo Penal de 1836 http://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Felipe_Paz_Sold%C3%A1n 10 " id="pdf-obj-9-6" src="pdf-obj-9-6.jpg">
procuradores. Para la comisión del delito se requería, básicamente, que los funcionarios procedan contra las leyes. “ya haciendo lo que ellas prohíben
expresa y terminantemente o dejando de hacer lo que ordenan del mismo
Otra característica de este código, en lo que respecta a la tipificación del prevaricato, fue que no distinguía nítidamente la prevaricación del cohecho o soborno.
Es en el Código Penal de 1863 en donde el legislador asigna un titulo específico de reprimir el prevaricato (Título III del prevaricato). A pesar de que la figura se sigue ubicando bajo el rubro de los delitos peculiares a los empleados públicos (Sección Quinta), el codificador de 1863 se cuido de no comprender como posibles agentes de este delito a todos los funcionarios públicos. Así, podían ser sujetos activos de prevaricato únicamente: los jueces, abogados, procuradores y peritos.
Ya VITERBO ARIAS 4 , el máximo comentarista del C.P. de 1863, sostenía que este código daba a la palabra prevaricato la más restringida de sus acepciones;
“la de crimen peculiar a los que administran la justicia común. Otras
legislaciones extienden mas su significado haciéndole comprender ciertos
delitos análogos perpetrados por otros géneros de funcionarios y particularmente por los jueces y tribunales en materia contencioso
La actividad prevaricante de los jueces y de los que colaboran con estos – según opinión de VITERBO- riñe más directamente con la administración de justicia. Mediante su combate se busca evitar la alarma social que puede ocasionar una maleada administración de justicia. El castigo del prevaricato se vuelve, de esta manera, una forma de preservar “la buena administración de justicia que es la más solida garantía del orden social y político”.
El texto punitivo de 1863, describe el delito de prevaricato de la siguiente manera:
Ministro de Justicia e Instrucción del Perú y mayor comentarista del Codigo Penal de 1836
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Felipe_Paz_Sold%C3%A1n
ART. 170.- COMETE PREVARICATO:
manifiestamente injusta;
2.- El juez que conoce en causa que patrocino como abogado;
3.- El juez que cita hechos o resoluciones falsas;
4.- El juez que se niega a juzgar, bajo pretexto de oscuridad o insuficiencia de la ley;
Art.171.-los que incurran en cualquiera de los tres primeros delitos comprendidos en el artículo anterior, serán condenados a suspensión de tres a seis meses.
Art.172.- Cometen también prevaricato, los abogados y procuradores que defienden o representan a ambas partes simultáneamente; o que, después de patrocinar o representar a una parte, defienden o representan a la contraria en la misma causa.
Art.173.- Los reos expresados en el artículo anterior, sufrirán multa de cincuenta a doscientos pesos.
Art.174.- Los jueces árbitros, los asesores y los
peritos, quedan sujetos en sus respectivos casos a las
disposiciones de este titulo.”
http://www.significadolegal.com/2009/07/de-lege-ferenda.html 12 " id="pdf-obj-11-6" src="pdf-obj-11-6.jpg">
No se detuvo aquí el análisis de VITERBO, pues siempre ve más allá de la ley positiva, para buscar su armonización, de legeferenda 5 , con los principios de equidad y justicia. De esta manera, al no estar de acuerdo con la equiparación entre las sentencias civiles con las criminales y, entre estas, las absolutorias con las condenatorias, o las que imponían pena gravo con las que imponían una leve, propuso un trato penal diferente para cada uno de estos casos. Esto
porque “No toda sentencia injusta produce igual daño ni el mismo grado de alarma social”.
En relación al inc. 5 del art. 170. VITERBO advirtió su peligrosidad, pues los
jueces de entonces dada la frondosidad
de sistematización de la
legislación no tenían la plena capacidad de saber acerca de todos los dispositivos que permanecían en vigencia y de los que ya habían sido derogados.
Entonces como ahora se precisaba una revisión general de nuestras leyes y la compilación exclusiva de las vigentes.
Según VITERBO: “El juez esta ciertamente obligado a hacer el detenido estudio
de la legislación para aplicarla con oportunidad y acierto; mas son tantas las leyes que tenemos abrogadas sin derogación expresa, y tantas las derogaciones y reposiciones en estas materia, que se necesita un paciente y prolongado examen, incompatible con el ejercicio de funciones públicas permanentes, para alejar el riesgo de errar en lo que no sea de uso cotidiano.
La invocación de leyes supuestas o derogadas en apoyo de la resolución judicial que se expida debe ser castigada, aun cuando se haga una sentencia justa; porque de otro modo se tendría el caso previsto por el inc. 1° y el fraude
5 Expresión latina que significa "para una futura reforma de la ley", o "con motivo de proponer una ley". Es decir, recomendación que debe ser tenida en cuenta como conveniente en una próxima enmienda legislativa.
(Fuente: RODRÍGUEZ, Agustín W., GALETTA DE RODRÍGUEZ, Beatriz, Diccionario Latín Jurídico, Locuciones latinas de aplicación jurídica actual, Ed. García Alonso, 1º Ed., 1º reimp., Buenos Aires, 2008, p. 70).
http://www.significadolegal.com/2009/07/de-lege-ferenda.html
no serio sino una prueba de la malicia del juez que apelo a él para sacrificar el
derecho de la parte perjudicada”
Sobre el prevaricato cometido por los abogados o procuradores (art. 172) dirigido a contrarrestar la actitud infiel de los profesionales para con sus representados y para con la administración de justicia, principalmente, la
doctrina penal de entonces entendía que era una forma de reforzar las
sanciones disciplinarias establecidas para estos casos. Para VITERBO, “estas
obligaciones no tienen, como las otras que las acompañan, suficientemente garantizado su cumplimiento con las penas disciplinarias, que los juzgados y tribunales pueden imponer a los que interviene en la administración de
justicia; ellos necesitan sanción formal, porque su violación es capaz de causar
gravísimos daños al derecho privado y trascender sobre el orden público”.
En el C.P. de 1863, la figura típica de prolongación ilegal de la detención que el C.P. de 1924 y el C.P. de 1991 establecen como una forma de prevaricato aparece bajo el epígrafe del abuso de autoridad. Así, el art. 168 in, 5 prescribe:
Comete abuso de autoridad “el juez que no otorga libertad al detenido o preso cuya soltura ha debido decretar conforme a ley”
VITERBO no creía que era aplicación este inciso al caso en que el juez deniegue la libertad, juzgando procedente la detención o prisión preventiva; por cuanto la apelación para ante el superior, que ya era permitida en virtud de lo dispuesto en el art. 1° de la ley de 21 de diciembre de 1878; podía remediar el error en que el juez hubiera incurrido al denegar la soltura.
Esto porque se promulgo el C.P. de 1863, la condición del acusado, durante el sumario, dependía exclusivamente del juez, que era el árbitro para mantenerle en detención, y responsable, por consiguiente, en el caso de ser inmerecida.
Si la misma ley otorga al detenido la posibilidad de pretender su libertad, y apelar a la corte si no se le otorga, a disposición del inciso 5to del artículo 168 no podía subsistir invariable.
Posteriormente, el texto punitivo de 1924 establece las modalidades del delito de prevaricato en los artículos 354°, 355°, 356° y 357°. Ubicados en el Titulo V de la Sección Decimo Cuarta Delitos contra deberes de función y los deberes
profesionales, el prevaricato comprendió la figura de colusión del abogado o mandatario judicial con la parte contraria (art. 357°).
Comparándose la redacción del Código penal de 1924 con la del código de 1991 se puede comprobar que el prevaricato no ha sufrido modificación sustancial, salvo, en lo que atañe al delito de colusión en donde hay una variación considerable en la descripción típica y en los presupuestos necesarios para que se consume el delito. Así, se exigía que la actividad infiel del abogado para con su cliente debía ocasionar a este ultimo un perjuicio intencional en el proceso en donde estaban en juego sus intereses. Otra diferencia se ubica en el hecho de que el patrocinio indebido a al otra parte se podía llevar a cabo solo de manera simultánea y no de forma sucesiva como lo prescribe el artículo421 del Código penal vigente.
El código penal de 1924 establecía:
Art.354.- El juez que dictara resoluciones manifiestamente contrarias al texto expreso y claro de la ley o que citara resoluciones o hechos falsos o que se apoyare en leyes supuestas o derogadas será reprimido con multa de la renta de treinta a noventa días e inhabilitación absoluta perpetua.
El Decreto Legislativo N° 121, de 12 de junio de 1981 modificó el artículo 354° del Código penal de 1924 de la siguiente manera:
“Articulo 354.- El juez que dictare resoluciones o el fiscal que emitiere dictámenes manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley o citare resoluciones o hechos falsos o que se apoyare en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con multa de la rente de treinta a noventa días e inhabilitación absoluta perpetua
La misma pena será aplicada al funcionario o servidor público que incurriere en las mismas
acciones en asunto administrativo.”
Articulo 355.- El juez que, maliciosamente o sin motivo legal, ordenara la detención, o no otorgara la libertad del detenido o preso cuya soltura ha debido decretar, será reprimido con multa de la renta de treinta a sesenta días e inhabilitación absoluta no menor de un año.
Articulo 356.-El juez o el árbitro o el fiscal o el asesor que conociere en causa que patrocino como abogado, será reprimido con multa de la renta de treinta a noventa días e inhabilitación, conforme a los incisos 1° y 3° del artículo 27°, por no más de tres años.
Articulo 357.- El abogado o mandatario judicial que se coludiera con la parte contraria, o que sirviese por sus concejos o su asistencia a partes que tengan intereses opuestos, o que de otra manera perjudicase intencionalmente la causa que defiende o representa, será reprimido con multa de la renta de los treinta a noventa días e inhabilitación, conforme a los incisos 1°, 3° y 6° del artículo 27°, por no más de tres años.
La prevaricación, como figura delictiva inscrita en los delitos contra la Administración de justicia, presenta muchas convergencias con delitos ubicados en otros rubros del Código Penal. En muchos casos los intereses particulares están en el ámbito de afección de la actividad prevaricadora, sin embargo, el daño que se infringe a la administración es el que prevalece para establecer y delimitar la objetividad jurídica del hecho. El designio político criminal del legislador ha sido, principalmente, tutelar el legal desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional frente a las actividades ilícitas
Florencia,Italia, 6 de agosto d e 1940) es u n jurista florentino y uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, teoría que desarrolló inicialmente en el ámbito del Derecho penal, pero que considera, en general, un paradigma aplicable a la garantía de todos los derechos fundamentales. Ferrajoli se define como u niuspositivista crítico. http://es.wikipedia.org/wiki/Luigi_Ferrajoli 16 " id="pdf-obj-15-6" src="pdf-obj-15-6.jpg">
de los jueces o de aquellos que las realizan de una forma íntimamente conexa a la administración de justicia (fiscales, abogados).
Cada uno de los tipos descritos en los cuatro artículos que comprenden esta sección, altera, de distinto modo, el legal desarrollo de la labor jurisdiccional. Lo que diferencia a estos delitos, de los demás comprendidos en el capítulo III del Titulo XVIII del Código Penal, es que la actividad infractora de los agentes está dirigida a vulnerar la legalidad formal y garantista de la administración de justicia. Téngase presente, desde ya, que no se trata de proteger únicamente la mera legalidad formal en el aspecto sustantivo y procesal, sino aquella legalidad asentada en el estricto respeto a los Derechos Fundamentales consagrados en la constitución.
En el paradigma del estado constitucional de derecho o sea, el modelo garantista se cambia la relación entre el juez y la ley y se asigna a la jurisdicción una función de garantía del ciudadano frente a las violaciones de cualquier nivel de legalidad, por parte de los poderes públicos.
De acuerdo con FERRAJOLI 6 . La sujeción del juez a la ley ya no es, como en el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra de la ley cualquiera que fuere su significado, sino sujeción a ley en cuanto válida, es decir, coherente con la constitución. Y en el modelo constitucional garantista, la validez ya no es un dogma ligado a la mera existencia formal de la ley, sino una cualidad contingente de la misma ligada a la coherencia de sus significados con la Constitución, coherencia más o menos opinable y siempre remitida a la valoración del juez. De ello se sigue que la interpretación judicial de la ley es también siempre un juicio sobre la ley misma, que corresponde al juez, junto con la responsabilidad de elegir los únicos significados validos, o sea, compatible con las normas constitucionales sustanciales y con los derechos fundamentales establecidos por las mismas.
6 Luigi Ferrajoli (n. Florencia,Italia, 6 de agosto de 1940) es un jurista florentino y uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, teoría que desarrolló inicialmente en el ámbito del Derecho penal, pero que considera, en general, un paradigma aplicable a la garantía de todos los derechos fundamentales. Ferrajoli se define como uniuspositivista crítico.
http://es.wikipedia.org/wiki/Luigi_Ferrajoli
Por estar incluidos en los delitos cometidos por los funcionarios, el prevaricato de los jueces y fiscales alcanza comportamientos que, en primer lugar, importa un ejercicio contrario al deber de la función pública, pero además significan una lesión de la confianza pública en el ejercicio del poder administrativo o judicial de acuerdo a los principios del Estado de Derechos.
En general, el delito de prevaricato es un ilícito penal contrario a la Administración pública que afecta, específicamente, a la administración de justicia, que es una parte especialmente relevante del ejercicio de funciones públicas.
La actividad prevaricadora vulnera la rectitud y la legalidad en el cumplimiento de los actos en qué consisten la actividad de administrar justicia en el debido proceso. Asimismo, involucra un gravísimo menoscabo a la confianza pública en el ejercicio de la potestad judicial, la misma que debe guiarse de acuerdo a los principios del Estado de Derecho.
De manera aneja a la comisión de un delito contra la Administración de Justicia, en el caso del patrocinio indebido de abogados o mandatarios judicial se infringen, también, deberes propios de la profesión de abogados y normas del ordenamiento procesal civil, pena lo administrativo. De acuerdo con
CREUS, “todos los delitos previstos en este capítulos atentatorios contra la Administración de la justicia por medio de una actuación infiel tanto de los que integran los órganos jurisdiccionales o los ministerios públicos, como de
quienes actúan ante aquellos como auxiliares”.
El deber del juez (y en su caso del funcionario público) consiste en aplicar el derecho sin favorecer de una manera antijurídica a ninguna de las partes y sin perjudicarlas.
Bajo la rúbrica de los delitos contra la Administración de justicia el codificador nacional ha ubicado algunos delitos que, en la técnica legislativa y en la doctrina seguida por muchos códigos penales extranjeros, merecen distinta posición. Así, no es común encontrar el delito de prevaricato dentro de los delitos contra la Administración de justicia. En el Código Penal brasileño, se ha optado por establecer una figura de prevaricato cometida por los funcionarios
o empleados o empleados públicos en general –en donde se comprende la actividad prevaricante de los jueces- dentro de los delitos contra la Administración pública. En otras legislaciones, el prevaricato merece doble ubicación, pues se toma en cuéntala calidad funcional de los sujetos que lo cometen. De esta manera, el Código penal español reprime la prevaricación de los funcionarios y empleados en general y, en Título aparte (delitos contra la administración de justicia), describe la prevaricación de los jueces miembros del poder Judicial.
En lo que se refiere al prevaricato, nuestro Código penal ha seguido una sistemática diferente a la de los textos punitivos brasileño y español. Para esta forma delictiva, el legislador peruano ha destinado una sección específica (sección II) ubicada dentro del Capítulo III Delitos contra la Administración de Justicia que a su vez, forma parte del Título XVIII Delitos contra la Administración pública. Entre los sujetos prendidos como posibles agentes de este delito, están los jueces miembros del Poder Judicial, los Fiscales, abogados y mandatarios judiciales. La prevaricación no está circunscrita a la torcida aplicación de la ley por parte de los jueces, sino que abarca las actividades de todos aquellos que, teniendo el deber de colaborar con la correcta aplicación del Derecho, dirigen su actividad a poner en riesgo una decisión jurisdiccional adecuada al texto expreso de la ley.
Según el Código Penal Peruano en su CAPITULO III: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SECCION II, tenemos contemplados los Art. 418 – 421, SECCION III DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA Art. 422 – 424 y CAPITULO IV DISPOSICIONES COMUNES Art. 425 -426, los mismos que serán tratados en el siguiente trabajo.
1.- DESCRIPCION TIPICA
Art. 418.- Prevaricato
El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. 7
Recogiendo el sentir de la doctrina penal más significativa, el Código Penal articula la prevaricación judicial, la de fiscal y la de Abogados y mandatarios judiciales n en el seno de los delitos contra la Administración de Justicia.
La decisión del legislador ha sido comprender la actividad prevaricante de los funcionarios o servidores públicos en el tipo destinado a describir el abuso de autoridad
Actualmente, por hallarse entre los delitos contra la Administración de justicia, la figura de prevaricato solo puede entenderse como un ilícito penal propio de los jueces, fiscales y abogados o mandatarios judiciales. De esta manera se guarda armonía con la concepción del Estado Democrático de Derecho, proclamada por la Constitución de 1979 y la de 1993, en la que es esencial la separación de poderes.
7 Código Penal Peruano – Juristas Editores (Edición Setiembre 2012) Articulo Modificado por el Art. Único de la Ley Nº 28492 del 12/04/05
La doctrina y la legislación penal extranjera ofrecen un panorama distinto en el tratamiento del prevaricato. Así, se distinguen varias clases de prevaricación:
jueces es
hispánico a la cultura jurídico-penal de occidente, pues el derecho romano no consideraba a los juzgadores entre aquellos que podían cometer prevaricación. En roma solo se dispuso el castigo del prevaricato cometido por los acusadores.
La torcida aplicación de la ley fue tenida como más grave en el caso de ser cometida por un juez. De esta manera, se tomo la actividad prevaricadora como una traición a la ley. En Alemania, BINDING llego a
afirmar, “todos pueden apostatar de la ley, pero solo el juez puede
traicionarla; esta relación asume dos formas; el juez puede negar la ley
relativa al caso particular no aplicando a este el derecho existente, o puede falsear la ley y entonces lo que no es derecho recibe, por su intervención, para aquel caso particular, autoridad de ley. El delito de prevaricación termina diciendo- consiste en la actividad culpable ilegal
del juez como tal juez”.
b) El prevaricato cometido por los funcionarios públicos en general, la legislación extranjera ofrece muchos ejemplos de tratamiento unitario al delito de prevaricación. Entre estos, se ubica el Código Penal brasileño que responde a una concepción lata del prevaricato, la misma que está dirigida e establecer –como parte de esta figura- todo actuar ajenos a los deberes de función que impliquen una aplicación torcida de la ley. No se distingue la calidad del funcionario público que prevarica. Puede tratarse de un juez miembro del poder judicial, o de un funcionario administrativo.
El prevaricato de los abogados y mandatarios judiciales, que, según CARRARA, era el verdadero prevaricato, pues el sentido exacto de esta palabra era el que se refería a la acción del abogado que abusaba de la confianza de su representado.
2. BIEN JURIDICO PROTEGIDO
El bien jurídico tutelado, mediante la figura del prevaricato, es la legalidad en el ejercicio de la actividad administrativa justicia y, asimismo, la confianza en que el ejercicio de la potestad judicial se guía de acuerdo a los principios del Estado de Derecho.
En la doctrina no existe unanimidad al momento de precisar el bien jurídico objeto de protección. Así, muchos autores, se limitan a designar a la Administración de justicia como el bien jurídico protegido, pero no se preocupan por especificar qué aspecto del mismo es directamente vulnerado por la actividad prevaricante.
3. TIPICIDAD OBJETIVA 3.1. SUJETO ACTIVO
Solo pueden ser los jueces y fiscales.
Cuando el sujeto activo del prevaricato es el juez, en general, hay acuerdo en que este término debe ser tomado en sentido amplio. Con él se comprende a quien integra un tribunal colegiado o unipersonal, sea la función ejercida temporal o permanentemente.
Si el juez forma parte de un órgano colegiado, solo incurrirá en responsabilidad en tanto haya dado lugar a la resolución prevaricante prevista en el Código, excluyéndose, por tanto, a los que hayan disentido, y tampoco cometerá delito el que formule un voto particular con los caracteres típicos del delito de prevaricación, ya que el mismo no es una resolución.
De esta manera, se configura el tipo de prevaricato cuando ha sido cometido en el seno de un Tribunal, siempre que pueda imputarse a cada uno de sus miembros a título personal en calidad de autor o coautor.
El tipo describe la actividad prevaricante de los jueces en general, es decir, la de todos a quienes –en calidad de juzgador- les está sometido un asunto justiciable.
a Universidad de Valencia. http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Vicente_Gimeno_Sendra 22 " id="pdf-obj-21-6" src="pdf-obj-21-6.jpg">
Para un determinado sector doctrinal, el prevaricato no es un delito referido exclusivamente a los miembros del Poder Judicial. Nada impediría que e sujeto activo de este delito sea un funcionario público que tenga la facultad de emitir resoluciones en asuntos administrativos. Así, podrían cometer prevaricato los integrantes del Tribunal Fiscal o los miembros de los Tribunales económico- administrativos, en general.
El Código penal peruano, a diferencia de algunos textos punitivos extranjeros, no ha previsto el prevaricato de los funcionarios públicos como figura autónoma. Por esta razón, para que una actividad sea calificada como prevaricato, es suficiente que el agente tenga la facultad de emitir –como Juez miembro del poder judicial- una resolución que implique la obligación de aplicar correctamente el Derecho. Esta decisión, además, debe referirse a un asunto que sea justiciable.
El delito de prevaricato puede ser cometido, también, por los miembros del Ministerio Publico. Los Fiscales deben actuar con sometimiento a la legalidad, lo que les exige imparcialidad en virtud del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Los representantes del Ministerio Publico no llevan a cabo una labor
jurisdiccional, porque no ostentan la potestad de aplicar el derecho objetivo de una manera definitiva e irrevocable a los casos concretos, ni les corresponda la de ejecutar las decisiones que gocen los efectos de las cosa juzgada material. Como enseña GIMENO SENDRA 8 “se trata de un órgano administrativo cualificado por su actividad de colaborar al ejercicio de la potestad jurisdiccional en orden de garantizar el cumplimiento efectivo de la
legalidad”. Por esta razón, constituye prevaricato la emisión de un dictamen
fiscal reñido con el derecho, pues, en lugar de colaborar con la correcta Administración de justicia, altera su curso desviándola en un sentido ajeno a lo prescrito clara y expresamente en la ley.
8 José Vicente Gimeno Sendra es un jurista español. El 15 de julio de 1977 recibió el premio extraordinario de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Vicente_Gimeno_Sendra
http://www.significadolegal.com/2009/07/de-lege-ferenda.html 23 " id="pdf-obj-22-6" src="pdf-obj-22-6.jpg">
Es el estado como titular del bien jurídico vulnerado.
De legeferenda 9 , sería necesario amoldar legislativamente la sugerente propuesta de JORGE ENRIQUE VALENCIA para que se puedan constituir, separada o conjuntamente, como parte civil el Estado y los ciudadanos directamente agraviados por la actividad prevaricadora de los jueces.
El actuar prevaricante de los jueces y los fiscales ha sido descrito como un delito exclusivamente doloso. No hay prevaricato culposo; es siempre un delito de intención.
El legislador ha respetado de esta manera, la definición del prevaricato hecho
por la Real Academia Española como la acción de: “Faltar uno a sabiendas y
voluntariamente a la obligación de la autoridad o cargo que desempeña,
quebrantando la fe, palabra, religión o juramento”.
Así, el prevaricato designaba la connivencia dolosa del acusador o defensor con la parte contraria, traicionando la propia.
Siguiendo esta tradición legislativa y doctrinal, nuestro codificador solo castiga el prevaricato doloso. No se reprime la prevaricación culposa, llevada a cabo por ignorancia o error inexcusable de aquellos a quienes les es exigible guardar la diligencia elemental en el desempeño de las funciones judiciales o fiscales.
Así, para que se configure el prevaricato llevado a cabo por el juez se precisa que este tenga el conocimiento de que lo que invoca no puede, fáctica o jurídicamente, fundamentar su fallo; debe querer, por tanto mostrar como
9 Expresión latina que significa "para una futura reforma de la ley", o "con motivo de proponer una ley". Es decir, recomendación que debe ser tenida en cuenta como conveniente en una próxima enmienda legislativa.
jurídico o como verdadero, lo que no es jurídico, o como verdadero, lo que no es jurídico o no es verdadero. El error y la ignorancia del derecho excluyen el prevaricato. La resolución contraria a la ley expuesta debe ser hecha a sabiendas con conocimiento de la violación de la ley.
Reprimir el error seria atentar con el principio de independencia y libre determinación de los magistrados. Dentro de la facultad de interpretarla ley y crear el derecho en el caso necesario, que presupone la libertad de criterio y de apreciación, cabe admitir la posibilidad de error.
Por este motivo, seria segar las facultades que por esencia les corresponden a los jueces y violar el precepto constitucional de independencia de los magistrados el calificarlos como prevaricadores, destituirlos y castigarlos penalmente, sacan una falsa deducción de sus conocimientos, yerran sin mala fe, o contraria con su criterio bien inspirado el texto expreso de la ley.
Con la castiza expresión “a sabiendas”, de que se hace uso en el art. 418 de C.P., se exige en autor un ánimo deliberado de faltar la ley o “animus prevaricandi”, es decir, propósito conocido de quebrantar un mandato legal. El
juez debe saber que la resolución que dicta es prevaricante por contraria a la ley, y no obstante, la dicta voluntaria y conscientemente.
El actuar prevaricante de los fiscales se prevé como un delito doloso. La emisión de un dictamen –contrario al texto expreso y claro de la ley- hecho de manera negligente: por ignorancia o error inexcusable, no tiene cabida en nuestra tipificación penal. El fiscal ha de actuar dolosamente cuando cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o cuando se apoya en leyes supuestas o derogadas para emitir su dictamen prevaricante.
No son admisibles, dada la naturaleza del delito formas imperfectas de ejecución. Un mero proyecto de sentencia propuesto por un juez o un vocal ponente, miembro del Tribunal colegiado, es una acción atípica, aunque la sentencia cumpliera los requisitos del tipo.
La prevaricación judicial y fiscal se configura como un delito de peligro abstracto. No se precisa una efectiva lesión al bien jurídico, por ello debe considerarse la prevaricación como un delito de pura actividad. La norma subyacente a los distintos tipos de prevaricación no es la prohibición de un proceso de causación de un mal sino la prohibición que quebrantar un deber impuesto por razón de la función de administrar justicia o de colaborar con ella.
Asimismo, significa poner en peligro la confianza de los ciudadanos en que la administración de justicia se efectúa conforme a los principios de Estado de Derecho.
Tratando del prevaricato llevado a cabo por el juzgador, es un delito instantáneo que se consuma con el dictado de la resolución, es decir por el
acto de la firma en la pieza escrita por parte del juez o pronunciamiento verbal si es resolución adoptada en audiencia. No se precisa que mediante la resolución se cause un daño o que esta sea susceptible de recurso. De aquí
deduce FONTÁN BALESTRA, que “la revocatoria nada significa para la configuración del delito”.
El prevaricato del fiscal se consuma con la emisión de dictamen contrario al texto expreso de la ley, sin importar que, posteriormente, el dictamen pueda ser rechazado o no tenido en cuenta por el órgano jurisdiccional a la vista de su ilegalidad.
Además de la sanción penal, la actividad prevaricante del juez está sujeta a sanción disciplinaria –siempre que no vulnere el principio non bis in ídem- por infringir gravemente el normal ejercicio del cargo. Asimismo, viene aneja
a la sanción disciplinaria, la sanción civil “por los daños y perjuicios dolosos o culposos que se cause en el desempeño de la función jurisdiccional”
El artículo 426 del C.P. establece la pena de inhabilitación para el prevaricato del juez o del fiscal. El tiempo de inhabilitación que se dispone es de uno a tres años conforme al artículo 36 inciso 1° y 2°.
En este caso, la inhabilitación produce, según lo disponga la sentencia:
1.- Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular (art. 36 inc. 1°)
2.- Incapacidad para obtener mandato, cargo empleo o comisión de carácter público (art. 36 inc. 2°).
Artículo 419.- Detención ilegal El Juez que, maliciosamente o sin motivo legal, ordena la detención de una persona o no otorga la libertad de un detenido o preso, que debió decretar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años 10 .
Antes de abordar el análisis dogmático de esta figura, es necesario precisar el concepto y las características de la detención lo que debe entenderse por
“legalidad de la detención”
1.1.1. LA DETENCIÓN : CONCEPTO
La detención es una medida cautelar de naturaleza personal y provisionalísima, que puede adoptar la autoridad judicial, policial e incluso los particulares respecto de la libertad del imputado con el objeto esencial, bien de ponerlo a disposición de la Autoridad Judicial, bien se encuentra ya en dicha situación, de resolver sobre la misma, restableciendo dicho derecho o adoptando una medida cautelar menos interina.
10 Código Penal Peruano – Juristas Editores (Edición Setiembre 2012).
El objeto material sobre el que recae esta medida coercitiva es la “libertad ambulatoria” o de derecho a la libertad de movimientos, aunque de manera
efectiva se restrinjan, por igual, otras manifestaciones de este derecho.
Para que se detenga a una persona deberá existir contra ella un título de imputación previo que pueda tratarse de una condena, rebeldía o la evidente participación en un hecho punible (casos de detención en fragancia). Sin imputación previa no se concibe una detención legal. Asimismo, se requiere que el título de imputación derive de un hecho punible de gravedad considerable o que sin tener esta característica, debido a las circunstancias en que se cometió el hecho o la personalidad del imputado se pueda presumir que este se sustraerá a la actividad de la justicia.
1.1.2. LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN
La libertad general de autodeterminación individual es el valor superior del ordenamiento jurídico que se cristaliza en un conjunto de manifestaciones a las
que la Carta Política otorga el “status” de derechos fundamentales (Así, el art. 2º
La libertad es una dimensión esencial de la persona que tiene como una de sus vertientes más significativas a la libertad física y la libertad frente a la detención, condenada o internamientos arbitrarios. El articulo 2 inc. 24 lit. b. establece el derecho fundamental de la persona a que no se restrinja su libertad personal salvo en los casos previstos por la ley. En el literal f. del mismo inciso 24, se consagran las garantías propias a la libertad individual frente a la
detención, cuando dice: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento
escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas de efectuada la detención o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince
días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Publico y al Juez, quien puede
asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.
La Policía Nacional está facultada para hacer efectiva la detención, debiendo entenderse que está facultado no es autónoma ni discrecional, sino que emana
de la potestad que tiene el Estado para mantener, restablecer e imponer el buen orden dentro del país, Este abanico de atribuciones que le competen Estado ha
sido concebido doctrinariamente como “Poder de policía”.
Hay flagrancia, cuando la comisión del delito es actual y en esa circunstancia su autor es descubierto, o cuando el agente hecho delictuoso, o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que viene de ejecutarlo.
El legislador procesal debe conceptualizar la flagrancia en procura de salvaguardar la libertad del ciudadano ante cualquier interpretación abusiva de este término.
En definitiva, tiene amparo legal la detención que efectúa la policía cuando existe un mandato judicial escrito y motivado y cuando se lleva a cabo en las circunstancias de flagrancias en la comisión de un delito.
El articulo 2 inc 24º consagra la garantía legal de la privación de libertad. Nadie puede ser desposeído de su libertad sin que, anteriormente a la medida coercitiva de carácter personal, como la determinación, se haya establecido legalmente la circunstancia que motive dicha medida y esta se hubiera decidido en un procedimiento preestablecido conforme a la ley y por el órgano jurisdiccional facultado para ello.
De esta manera, se garantiza la legalidad de la detención como un dique frente a cualquier desborde autoritario en que pudiera caer el Poder Ejecutivo. La concreción de las causa de privación de libertad deben estar, en un Estado Democrático de Derecho, en manos de los miembros del poder legislativo.
La libertad personal no constituye un derecho absoluto exento de restricciones, la Constitución ha establecido las circunstancias que ameritan privar de libertad a un ciudadano además de reservar a la ley el establecimiento de las formalidades precisas para este cometido. Debe existir proporcionalidad entre
el derecho a la libertad a un ciudadano además de reservar a la ley el establecimiento de las formalidades precisas para este cometido. Debe existir proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de la misma, desterrándose su limitación cuando no sea razonable hacerlo.
Una vez privada de su libertad la persona ha de ser puesta a disposición de la autoridad judicial en el plazo más breve posible. Nuestra Constitución establece un plazo no mayor de 24 horas, salvo en el caso de delito de terrorismo, espionaje , o tráfico ilícito de drogas en donde se extienda a quince días el plazo de detención, si no que esto implique que las autoridades policiales deban dejar de dar cuenta de esta medida, al Ministerio Publico y al Juez.
Una persona se halla detenida cuando se ve impedida u obstaculizada para auto determinarse, por obra de su voluntad, para realizar acciones licitas. La detención no implica, necesariamente, el producto de una decisión jurisdiccional adoptada en el desarrollo de un proceso penal, sino que se trata de una situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad.
1.1.3. DERECHO A SER INDEMNIZADO POR LOS ERRORES JUDICIALES Y LAS DETENCIONES ARBITRARIAS
Asimismo al inculpado el derecho a ser indemnizado por los errores judiciales en los procesos penales y las detenciones arbitrarias (art.138 inc. 7mo de la constitución)
En vista que la detención arbitraria ordenado por el Juez constituye delito contra la Administración de Justicia, el Legislador Constitucional ha establecido que toda detención realizada sin fundamento legal alguno no sea pasada por alto aunque el que la hubiera ordenado o mantenido indemnice al inculpado.
Mediante la detención arbitraria se vulnera un derecho fundamental que no se encuentra sometido ilimitadamente a la voluntad del poder jurisdiccional del Estado.
Debe tener en cuenta que no constituye error la mala aplicación de la ley penal
hecha a propósito, dolorosamente. En
este caso nos hallaríamos ante un delito
inc.7mo
No obstante, el error puede deberse a negligencia, como ocurre generalmente, de allí lo acertado de garantizar la indemnización del inculpado afectado por este.
Las detenciones arbitrarias pueden producirse cuando la medida coercitiva de carácter personal no tiene fundamento alguno, no está debidamente motivada o se basa en cualquiera de los presupuestos materiales que meritan su excepcional aplicación. A esta situación podrá llegarse arbitraria o negligentemente.
La detención ilegal, ordenada o mantenida dolorosamente por un Juez en contra de cualquier ciudadano afecta, principalmente, la legalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional y la confianza pública en que labor del juzgado se realiza respetando los principios del Estado de Derecho.
La detención ilegal no constituye un mero quebrantamiento del deber funcional del Juez, sino que implica además, una grave vulneración a la libertad loca motiva de los ciudadanos.
Al incumplimiento de deber funcional del Juez se suma produciendo un mayor grado de ilicitud – la violación de su derecho fundamental de la persona: la libertad. No obstante, el legislador penal, al tipificar la detención ilegal, ha puesto en relieve el resguardado de la legalidad y credibilidad de la labor jurisdiccional (como parte de los delitos contra la administración de justicia) antes que la protección de la libertad individual, objeto de tutela en otro Código Penal.
Solo puede ser Juez que este facultando para ordenar la detención de una persona o para otorgar la libertad del detenido preso.
Es el Estado, por el titular del bien jurídico vulnerado. El legislador penal ha puesto como bien jurídico protegido, de manera preponderante, la legalidad y credibilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. La libertad personal aparece protegida de manera mediata. Por eta razón, los particulares solo aparecen como agraviados directos de la detección ilegal –ordenada o mantenida arbitrariamente por un Juez -, mas no en calidad de sujetos pasivos del delito.
Nos encontramos frente a un delito en el que la lesión de un bien jurado del Estado - la administración de justicia – se produce a través de la lesión de un bien jurídico de un particular – la libertar personal.
Es un delito exclusivamente doloso. El agente ordena la detención u omite otorgar la libertad de un detenido con malicia, es decir, obra o deja de obrar a conciencia de que produce mal.
5. COMSUMACION
Es delito se consuma cuando el juez ordena la detención ilegal de una persona. No es necesario que esta se ejecute. Cuando se trata de no otorgar la libertad de un detenido o preso, el delito se consuma cuando el juez tiene pleno conocimiento que procede otorgar y, sin embargo, omite decretarla.
Primitiva de libertad no mayor de dos ni mayor d cuatro años. A esta se añade la pena de inhabilitación.
PROHIBICION DE CONOCER UN PROCESO QUE PATROCINO
Art. 420.- Prohibicion de Conocer un Proceso que Patrocino
El Juez o Fiscal que conoce en un proceso que anteriormente patrocinó como abogado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos 11 .
En el artículo 420 Código Penal de Prohibición de conocer un proceso que patrocino, se refiere expresamente a la responsabilidad que adquiere un Juez o Fiscal, que no se inhibe de conocer un proceso del cual participo previamente, cuando patrocino a una de las partes.
Donde el juez realiza este tipo penal, pero se puede dar el caso en que el Juez que patrocino a una de las partes se puede inhibir de conocer esta proceso, para que otro juez asuma competencia en dicho proceso que es de la misma especialidad.
En donde se debe dar un debido proceso para las pares y se quiere que el juez se imparcial e imparcial para las partes en el proceso.
Tutelar el legal ejercicio de la Administración de justicia o la Correcta Administración de Justicia.
El Juez o fiscal
El Tipo es netamente Doloso.
11 Código Penal Peruano – Juristas Editores (Edición Setiembre 2012).
La tentativa es inadmisible.
6. CONSUMACION
Se consuma este delito cuando el juez o fiscal no se abstiene del proceso.
La pena privativa de libertad no mayor de dos años.
PATROCINIO INDEBIDO DE ABOGADO O MANDATO JUDICAL
Art. 421.- Patrocinio Indebido de Abogado o Mandato Judicial
El abogado o mandatario judicial que, después de haber patrocinado o representado a una parte en un proceso judicial o administración de la parte contraria en el mismo proceso, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años 12 .
Ya el derecho romano obligaba a los abogados al mantenimiento del secreto profesional (digesto, 1.25, de Test, XXII). En el antiguo derecho español se penaba severamente la revelación del mismo, así como el engaño en perjuicio de las partes realizado por los abogados CARRARA considerada que el sentido exacto de la palabra prevaricato era el que se refiere ala a acción del abogado que abusa de la confianza de su representado.
En normal desarrollo de una de la Administración de justicia, que precisa siempre de una actitud jurisdiccional llevada a cabo en el cauce dela ley, se pone en riesgo cuando los abogados patrocinan o defienden o los mandatarios
12 Código Penal Peruano – Juristas Editores (Edición Setiembre 2012)
que representan a las partes en juicio actúan de manera infiel para con sus representados. Son actos que pueden llegar a desviar la correcta decisión de los jueces en un proceso judicial o administrativo.
De acuerdo con MAGALDI y GARCIA ARAN, la prevaricación de los representantes de las partes (abogadas y mandatarios judiciales) atenta directamente, y de modo grave, contra los fines del proceso de tal manera que, al amparo de un proceso legalmente correcto, la verdad puede ser absolutamente distorsionada y la solución proporcionada al conflicto injusticia.
Sabido es que los abogados a los representantes son sujetos cuya intervención en el proceso debe tener como principal el designio el perfeccionamiento de la relación procesal y, por consiguiente, el correcto funcionamiento de la administración de justicia depende de ellos tanto como del juez.
Si el abogado actúa de manera dolosa o fraudulenta , el juez remitirá copia de las actuaciones respectivas a la Presidencia de la Corte Superior, al Ministerio Publico y al Colegio de Abogados correspondientes para las sanciones a que hubiere lugar.
El legislador penal no ha buscado proteger la administración de justicia como actividad asignada exclusivamente a uno de los poderes del Estado. Su intención es resguardar el legal desarrollo de los poderes judiciales o administrativos.
De esta manera, comprobamos, una vez más, que nuestra ley penal ha consagrado un concepto amplio de Administración pública no circunscrito a los actos del ejecutivo así como tampoco a los actos exclusivos del poder judicial o legislativo.
Solo pueden serlo los abogados a los mandatarios judiciales.
Abogado es aquel que ejerce la defensa o patrocina a alguien en un proceso. Como indica NUÑEZ: abogado es aquel que teniendo esa calidad, lo que significa título habilitante, defiende, aunque no represente; basta solo el patrocinio.
La defensa comprende tanto la representación en proceso civil, comercial, laboral, contencioso –administrativo, como la defensa en proceso penal. En este último como indica CREUS también se pueden dar intereses contrapuestos, aunque no mediara acción civil ejercida conjuntamente (por ej., cuando la exclusión de la autoría de uno de los coprocesador importa, necesariamente, la atribución de la misma a otro).
En el estado como titular del bien jurídico vulnerado, no obstante, los directamente agraviados por el delito serán aquellos ciudadanos que ven defraudadas sus expectativas por el actuar infiel de aquellos que los representan en calidad de abogado o mandatario judicial.
Es un delito doloso. El agente debe saber que asume la defensa o representación de la parte contraria a la que patrocino en el mismo proceso judicial o administrativo. A pesar de este conocimiento el agente realiza la acción típica.
Se consuma este delito al asumir la función de abogado o mandatario judicial. Asumir la defensa es dirigir en el aspecto técnico–legal. Se trata de un asesoramiento técnico, sin que sea precisa la realización de actos que trascienda al exterior, como presentación de escritos, pronunciar informes, etc.
La tentativa es inadmisible, pues la función de abogado o mandatario judicial de una parte en juicios se asume o no se asume.
La pena establecida para el presente delito es: privativa de libertad no mayor de dos años. De acuerdo al art.426° del C.P. a la pena privativa de libertad se le añadirá la pena d inhabilitación de uno a tres años conforme al art.36° incisos 1° y 2°.
Art. 422.- Negativa del Administrado a Administrar Justicia
El Juez que se niega a administrar justicia o que elude juzgar bajo
pretexto de defecto o deficiencia de la ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años 13 . GENERALIDADES
El Art. 138 de nuestra Carta Magna establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes; consecuentemente los jueces tienen la misión primordial de administrar justicia, máxime que el Art. 5 de la L.O.P.J. señala que los magistrados, cualquiera sea su rango, especialidad o denominación ejercen la dirección de los procesos de su competencia y están obligados a impulsar de oficio, salvo reserva procesal expresa.
A su vez, el Código Civil en su Art. VII del T.P., refiere que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, debe aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.
El delito de denegación y retardo de justicia, antiguamente se consideraba como forma del delito de prevaricato, así Fontan Ballesta al comentar el Capitulo IX del C.P. argentino refiere que en pocos delitos como en los que constituye el capitulo que nos ocupa se ve con mayor claridad la tutela de la administración de justicia. Asimismo,
13 Código Penal Peruano – Juristas Editores (Edición Setiembre 2012)
“se puede afirmar que existe una estrecha relación entre esta figura y la del prevaricato, diferenciable en el modo comisivo y en la penalidad asignada por el legislador“ 14
En todo caso los delitos comentados “tienen de a proteger el correcto funcionamiento de la administración de justicia, en sus funciones más esenciales, de impartir justicia a los casos que llegan a su conocimiento, por tanto de realizar sus respectivas actuaciones funcionariales en sujeción a la ley y a la Constitución” 15
El bien jurídico protegido es la correcta administración de justicia en los procesos judiciales para que se pueda desarrollar con toda normalidad.
El delito de negativa del juez a administrar justicia sólo lo perpetra a quien la ley la considera magistrado, únicamente los funcionarios públicos revestidos con poderes
jurisdiccionales, se trata de un delito “especial propio”, donde el disvalor del injusto
radica en la infracción de los deberes institucionales de la administración de justicia.
Cuando se trata de un órgano colegiado compuesto por varios jueces, si todos sus miembros comparten la decisión de no emitir el fallo que corresponda serán catalogados como coautores; quien se excusa en un voto singular, estará exonerado de una responsabilidad penal
El ofendido es el Estado como titular de la actuación funcional que toma lugar en el sistema de justicia, pudiéndose identificarse sujetos pasivos inmediatos, como las partes, quienes se ven afectados por la pasividad funcional del magistrado.
14 DONNA, Edgardo Alberto. Derecho Penal – Parte Especial Tomo III. Rubinzal – Culzoni Editores. Buenos Aires - Argentina.1999. Pág. 434
15 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Editores. Lima Perú. 2011. Pág. 509
Derecho Penal Parte Especial Tomo VI.
1ra. Edición. IDEMSA S.A.
De la descripción típica del Art. 422 del C.P. se concluye que la punición de este comportamiento está condicionada al dolo del agente; consciencia y voluntad de realización típica. El juzgador se niega a juzgar, a resolver la materia controvertible, pese a conocer la exigencia que ha asumido como órgano de administración de justicia
Se señala que este delito protege a la administración de justicia frente a las conductas de los jueces que tienden a paralizar o enervar la acción protectora del Poder Judicial de los derechos individuales y colectivos.
Además, se debe tomar en cuenta que los delitos contra la administración pública brindan un marco de protección contra ciertos comportamientos peculiares aptos para poner en peligro o lesionar el correcto desarrollo de la administración del Estado. Pues bien, esta figura también tutela en forma idéntica ese bien jurídico, pero no ya contra los actos venales de sus funcionarios, sino respecto de ciertas omisiones por parte de ellos, que igualmente adquieren entidad suficiente para entorpecer esa correcta administración en general, pero en particular a la administración de justicia. Esas omisiones ya no son incentivadas por terceros o motivadas por el afán de lucro del agente, sino que ellas pueden obedecer a la ineficacia o a la desidia de éste.
5. CONSUMACION
Se sabe que un delito está consumado con el total cumplimiento del tipo, es decir, con la realización de todos los elementos integrantes del tipo penal, en tal sentido para el delito de negativa de administrar justicia es necesario que el sujeto activo realice actos compatibles con la negación de administrar justicia
La pena para este delito sera privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
NEGATIVA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE NOTARIOS, SECRETARIOS DE JUZGADO Y AUXILIARES DE JUSTICIA
Art. 423.- Negativa al cumplimiento de obligaciones de notarios, secretarios de juzgado y auxiliares de justicia
El notario o secretario de juzgado o fiscalía o cualquier otro auxiliar de justicia que se niega a cumplir las obligaciones que legalmente le corresponde, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de un año, o con treinta a sesenta días-multa 16 . GENERALIDADES
El correcto funcionamiento de la administración de justicia, no solo tiene que ver con sus protagonistas principales, esto es, los jueces, sino que la función que aquellos realizan, se ve coadyuvada, complementada y reforzada con la actuación que desempeñan los órganos jurisdiccionales, quienes en muchas oportunidades asumen la carga procesal, dedicándose no solo a dar trámite e impulso al proceso, sino también a proyectar la resolución, que es finalmente suscrita por el juez
La falta a los deberes funcionales, por parte de los órganos de auxilio judicial y asistencia fiscal también puede significar una grave perturbación a los cometidos de la administración de justicia en el estado constitucional de derecho, pues sino cumplen con notificar a las partes, con proporcionar copias de las piezas procesales o de dar trámite a una diligencia judicial, el proceso no podrá alcanzar el objetivo primordial que es de impartir justicia resolviendo las causas conforme a derecho, pudiendo incidir también en una delación injustificada del procedimiento en detrimento de los derechos de las partes
El bien jurídico tutelado sería el correcto funcionamiento de la administración de justicia de que el proceso judicial se desarrolle con total normalidad de manera que se penaliza todas aquellas conductas atribuibles a la esfera de organización de los órganos auxiliares de justicia.
16 Código Penal Peruano – Juristas Editores (Edición Setiembre 2012)
3.1. SUJETO ACTIVO:
Es autor aquel que tiene la condición de auxiliar judicial o de asistente de función fiscal o cualquier otro servidor público que ejecute labores coadyuvantes a la tarea de administrar justicia, se le considera como un delito especial propio.
El legislador ha incluido al Notario, quien no es propiamente un funcionario o servidor público, sus labores se encaminan a legalizar, a dar fe de los actos jurídicos que suscriben los particulares, por lo tanto no forma parte de dicho sistema, por lo que la consignación en el listado de sujetos activos, puede conllevar ciertos reparos de legitimidad.
3.2 SUJETO PASIVO:
El ofendido es el Estado como titular de toda actividad jurisdiccional que toma lugar en el sistema de administración de justicia
La punición es a titulo de dolo, consciencia y voluntad de realización típica el agente rehúsa a realizar una acción funcional propia de su esfera competencial sabiendo que la no realización de la conducta contraviene la legalidad aplicable
No se admite la tentativa en esta figura
Este delito se consuma ante el incumplimiento doloso de auxiliar judicial o de asistente de función fiscal o cualquier otro servidor público frente al requerimiento de sus deberes
Este delito es reprimible con pena privativa de la libertad no mayor de un año, o con 30 a 60 días multa.
OMISION DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL
1. DESCRIPCION TIPICA Art. 424.- Omisión del ejercicio de la acción penal El Fiscal que omite ejercitar la acción penal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años 17 . GENERALIDADES
Desde el momento en que un fiscal tiene conocimiento de la comisión de una conducta punible con la notitia criminis (noticia criminal) debe iniciar o propiciar las labores de averiguación que conduzcan, inicialmente, a determinar e identificar a las víctimas, a saber si el hecho que se conoció está descrito como punible y a lograr la individualización o identificación de los participes en este hecho, posteriormente a determinar las causas, motivos y finalidades que llevaron a los participes a cometer la conducta; la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que se cometió; condiciones sociales, individuales y familiares de los participes y de las victimas; así como todo lo que considere necesario para adquirir certeza particular sobre las responsabilidades o inocencia de los investigados, sobre la necesidad o no de sanción por ello, así como su gravedad.
La obligación que tiene el Fiscal de promover la acción penal pública, se somete al Principio de Legalidad Material y al Principio de Intervención Indiciaria. Así el Art. 11 de la L.O.M.P. dispone que el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que se ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquellos contra los cuales la ley la concede expresamente
El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la persecución penal, de forma específica, de aquel sistema investigativo, que debe activarse, cuando el órgano persecutor público toma conocimiento de la perpetración de un hecho punible y de forma subsecuente que los delitos sean objeto de procesamiento por la justicia, en vista de que un modelo mixto o puramente acusatorio, no se puede dar inicia al
1717 Código Penal Peruano – Juristas Editores (Edición Setiembre 2012)
procedimiento, si previamente el Fiscal no ha formulado la denuncia penal respectiva; en términos del nuevo Código Procesal Penal, cuando el persecutor público formaliza la investigación preparatoria
En los casos de que la afectación es pública, podemos decir que la afectación no solo es de orden institucional, sino que se genera una legítima defraudación a los intereses de la sociedad.
Como autor únicamente comete quien ejerce la función fiscal apareciendo como delito especial propio.
funcionario público competente (Fiscal) para la persecución y represión de los
En la jurisprudencia se ha señalado que “al haber eludido el Fiscal provincial denunciar a los involucrados en el delito de trafico ilícito de drogas previsto en el articulo 297 del Código Penal, habiéndolo solo por el Articulo 296, permitiendo de este modo que los ciudadanos colombianos se acogieran al procedimiento de la terminación anticipada; así como al haber omitido formular denuncia por delito de tenencia ilegal de armas, se encuentra acreditado el delito de denegación y retardo de justicia” Exp. Nº 6114-97-San Martin 18 .
El ofendido es el Estado, sin embargo, la sociedad se ve conmocionada al ver que la abstención en el ejercicio de la acción penal permite la impunidad de la delincuencia
Sólo puede ser punible a titulo de dolo, consciencia y voluntad de realización típica el agente omite ejercitar la acción penal, pese a saber que conforme los recaudos de la
18 Jurisprudencia tomado en Código Penal Digital. 1ra. Edición. Gaceta Juridica S.A. Lima Perú. 2011. Pág. 256
investigación, tiene la obligación de promover formalmente la persecución penal estatal.
Se exige dolo directo. La figura no requiere motivación o intención especial en el autor, tan sólo que éste conozca la existencia o la posibilidad de existencia de un delito, y que tanto su persecución como la represión estén dentro del marco de su competencia
No es admisible la tentativa.
Este delito se consuma con la omisión del Fiscal de cumplir con cargo.
los deberes a
Este delito se ve reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
Art. 425.- Funcionarios o Servidores Públicos.
3. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dicha entidades u organismos.
6. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley 19 .
Art. 426.- Inhabilitación Accesoria y Especial
Los delitos en el capítulo II de este Título se sancionan, además, con pena de inhabilitación accesoria, con igual tiempo de duración que la pena principal, de conformidad con el artículo 36, incisos 1 y 2.
Los delitos previstos en el capítulo III de este Título se sancionan, además con pena de inhabilitación de uno a tres años de conformidad con el artículo 36, incisos 1 y 2 20 .
Inhabilitación accesoria y especial (art. 426)
Este artículo regula la imposición de la pena de inhabilitación para delitos cometidos por funcionarios públicos contra la Administración Pública y delitos contra la Administración de Justicia.
Si bien no había sido materia de cambios en la anterior modificación (la dispuesta por la Ley N° 29703), ahora (con las reformas de la Ley N° 29758) se ha desdoblado para aplicar la pena de inhabilitación en dos casos distintos.
Así, en los casos del Capítulo II (delitos cometidos por funcionarios públicos) del Título XVIII (delitos contra la Administración Pública) del Código Penal, se impondrá, además de la pena privativa de libertad establecida en el tipo penal, una pena de inhabilitación. Esta última será de una duración igual a la pena principal impuesta (la privativa de libertad); en estos casos, entonces, la pena de inhabilitación es accesoria.
Por su parte, en los casos del Capítulo III (delitos contra la Administración de Justicia) del Título XVIII (delitos contra la Administración Pública) del Código
19 Código Penal Peruano – Juristas Editores (Edición Setiembre 2012)
20 Código Penal Peruano – Juristas Editores (Edición Setiembre 2012)
http://www.gacetajuridica.com.pe/noticias/gaceta_noticia.php?idnot=N000002329 45 " id="pdf-obj-44-6" src="pdf-obj-44-6.jpg">
Penal, se mantiene la anterior regulación (inhabilitación de uno a tres años); por lo que constituye una pena principal. 21
21 http://www.gacetajuridica.com.pe/noticias/gaceta_noticia.php?idnot=N000002329
El prevaricato, también denominado como prevaricación es aquel delito en el cual incurren los funcionarios públicos, autoridades, jueces, entre otros, cuando faltan, ya sea, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñan. El prevaricato podría agravarse en aquellas circunstancias en las cuales hay una causa criminal condenatoria, o en su defecto, en las cuales se encuentra comprometida la libertad de un individuo.  La acción de prevaricación o prevaricato, será considerada como un abuso de autoridad por parte de quien la realiza, porque en el ejercicio máximo y pleno de sus funciones es donde ejerce la falta a sus tareas y normalmente afecta la calidad de vida de los ciudadanos a los que debería representar. La mayoría de las legislaciones del mundo contemplan en sus códigos penales tal acción y por tanto está debidamente regulada para así proteger al ciudadano y a la administración pública.  Para que haya prevaricato deben existir los siguientes componentes: la persona que desempeña la prevaricación debe ser un funcionario o una autoridad pública, la misma debe encontrarse en el ejercicio vigente de su cargo y que la resolución injusta se dicte sabiendo perfectamente que lo es, es decir, debe ser evidente el dolo.
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Convocatoria TAC

References: artículo 425
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 artículo 168
 artículo421
 artículo 354
e contrario
 artículo 27
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e contrario
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 artículo 426
 artículo 36

Artículo 419
 artículo 420
 artículo 36
 artículo 36
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