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Timestamp: 2018-04-20 12:47:56+00:00

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Aviso Legal | Tasegure
TASEGURE,S.L. es una sociedad de correduría, con número de inscripción en el Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunidad Valenciana VS/2012/038, y tiene concertado seguro de responsabilidad civil por los importes legales, así como capacidad financiera según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.
Procedimiento de prevención, vigilancia y control de actuaciones de posibles generadores de responsabilidad penal.
A. Procedimiento de prevención, vigilancia y control de actuaciones de posibles generadores de responsabilidad penal
III. Órgano de Control y Supervisión
IV. Identificación de las actividades en que se pueden prevenir la comisión de delitos
1. Identificación de posibles delitos penales
2. Obligación de Informar al órgano de Administración de la sociedad de correduría de seguros de sociedades de correduría sobre posibles riesgos e incumplimientos
3. Proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
4. Procedimiento de control de toma de decisiones y ejecución de las mismas
6. Gestión de recursos financieros adecuados de prevención
7. Verificación periódica, adaptación y actualización a cambios internos y externos
C. Anexo I
Este procedimiento tiene como objeto prevenir, controlar, supervisar, eliminar o reducir las actuaciones, en nombre o a cuenta de la sociedad de correduría de seguros y que impliquen un beneficio directo o indirecto para la misma, por parte de Directivos, empleados, y/o colaboradores externo, que pudieran derivar o generar delitos penales.
Este procedimiento será de aplicación a toda la estructura de la sociedad de correduría de seguros, incluyendo a los colaboradores externos.
ES competente y responsable para controlar y supervisar la aplicación práctica y efectiva del presente procedimiento el órgano de Administración de la sociedad de correduría de seguros.
La actividad de sociedad de correduría de Seguros conforme lo dispuesto en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
Identificación de posibles delitos penales
Sin entrar a detallar de forma exhaustiva cuáles son los delitos en que pueden incurrir las sociedades, se destacan aquellos que podrían generarse con mayor probabilidad en la mediación de seguros privados:
• Corrupción entre particulares Art. 286 bis C. P.
• Estafa Art. 251 Bis C. P.
• Cohecho Art. 427 C. P.
• Tráfico de influencias Art. 430 C. P.
• Fraude Fiscal y a la Seguridad Social Art. 310 bis C. P.
• Blanqueo de Capitales/Financiación del Terrorismo Art. 302 C. P. y 576 bis C. P.
• Delito de apoderamiento y revelación de secretos Arts. 278 a 280 C. P.
• Delitos contra la intimidad Art. 193.4 C. P.
Consultar con Anexo I las características de cada delito y ejemplos de cómo podrían darse lugar.
Obligación de Informar al órgano de Administración de la sociedad de correduría de seguros sobre posibles riesgos e incumplimientos
Toda aquella persona vinculada a la sociedad de correduría: directivos, empleados y/o colaboradores externos que en un momento determinado en el ejercicio de las funciones encomendadas detecte alguna actuación en que pudiera verse afectado el presente procedimiento lo comunicará inmediata y personalmente al órgano de Administración de la sociedad de correduría de seguros.
Proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
La toma de decisiones se regirá por la normativa mercantil de aplicación con las especialidades que sean necesarias.
En reuniones periódicas convocadas por la persona designada dentro del órgano de Administración en esta sociedad de correduría de seguros con un orden del día con puntos a tratar, la aprobación o no de los puntos que corresponda se adopta por criterio de mayoría simple. Así mismo, se decidirá la persona encargada de ejecutar dicha decisión.
Al menos anualmente en alguna de sus reuniones si incluirá en el orden del día un punto sobre la revisión de este procedimiento de prevención de responsabilidad penal
Todo lo tratado en dichas reuniones será reflejado en el acta correspondiente.
En caso de que el órgano de Administración de la sociedad de correduría de seguros sea unipersonal, el procedimiento anteriormente previsto se adaptará a tal condición.
Procedimientos de control de toma de decisiones y ejecución de las mismas
El órgano de Administración de la sociedad de correduría de seguros procederá a controlar, conocer y valorar todas los riesgos previsibles de su negocio, como condición necesaria para el cumplimento del presente procedimiento.
Por ello, recibido por el representante cualquier comunicación de alguna actuación percibida por medio de una fuente o medio (interno y externo) como posible actuación punible por cualquier miembro del personal de la sociedad de correduría de seguros, el representante determinará si dicha valoración presenta indicios de que se cumplan los requisitos de un delito o no.
El responsable de la sociedad de correduría de seguros pondrá siempre en conocimiento del informante de la decisión adoptada, en el plazo máximo de 2 días desde la referida comunicación cuando considere que no existen circunstancias punibles.
En el mismo plazo y en el caso de que considere que efectivamente dicha actuación pudiera tener la consideración de una infracción penal, se inicia, siempre que el órgano de Administración de la sociedad de correduría lo considere oportuno, el procedimiento disciplinario.
Las faltas se graduarán en graves y muy graves.
Serán graves aquellas que impliquen una conducta intencional o culposa que afecte a la aplicación de este procedimiento de prevención de actuaciones que pudieran generar responsabilidad penal de la sociedad de correduría.
Se tipifican como faltas graves:
a) La omisión o falseamiento de los datos o comunicaciones que estuvieran relacionadas con las funciones propias asignadas por la persona responsable de la sociedad de correduría.
b) La desobediencia a las órdenes de los superiores, así como el incumplimiento de las normas específicas de la empresa, siempre que no incida gravemente en la ejecución del trabajo.
Serán muy graves aquellas que impliquen una conducta intencional o culposa que afecte gravemente a la aplicación de este procedimiento de prevención impidiendo su ejecución, y que pudieran generar responsabilidad penal de la sociedad de correduría.
Se tipifican como faltas muy graves:
a) La omisión o falseamiento reiterado de los datos o comunicaciones que estuvieran relacionadas con las funciones propias asignadas por la persona responsable de la sociedad de correduría
b) La negligencia, o desinterés inexcusable en la prestación del servicio siempre que de ello se derive perjuicio grave para la empresa, las personas o las cosas
c) La deslealtad y abuso de confianza respecto a las directrices del responsable de la sociedad de correduría.
d) El quebrantamiento o violación del secreto de correspondencia o de documentos reservados, o datos de reserva obligada, que produzca grave perjuicio para la organización y funcionamiento de la sociedad
e) La desobediencia a las órdenes de los superiores, así como el incumplimiento de las normas específicas de la empresa en relación a este procedimiento de prevención de responsabilidad penal, siempre que incida gravemente en la ejecución del trabajo
En todo caso, será de aplicación a este régimen sancionador, aquellas conductas previstas anteriormente en el Convenio Colectivo siempre y cuando esté directamente relacionado con el presente procedimiento de prevención de responsabilidad penal.
En caso de imposición de una falta grave la sanción es:
Para colaboradores externos:
• Multa por el importe de las comisiones correspondientes a la nueva producción aportada entre el mes y los 6 meses desde la notificación de la conducta sancionable.
Para altos cargos de un Consejo de Administración, Administradores Mancomunados o Solidarios: u otros altos cargos
• Multa de un porcentaje entre un 10 y 30% de la retribución percibida en el último ejercicio. Si el cargo no estuviera retribuido, suspensión de sus funciones entre uno y tres meses.
En caso de imposición de una falta muy grave la sanción es:
• Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días, o
• Multa por el importe de las comisiones correspondientes a la nueva producción aportada entre el 7 meses y los 12 meses desde la notificación de la conducta sancionable o
• Resolución del contrato de colaborador externo.
Para altos cargos de un Consejo de Administración, Administradores Mancomunados o Solidarios:
• Cese el cargo dentro del órgano de Administración de la sociedad de correduría de seguros.
La facultad para imponer sanciones corresponde al responsable de la sociedad. Esta imposición de sanciones se basará en los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, ecuanimidad y de audiencia previa.
La imposición de sanción se notificará al interesado de la sociedad por escrito haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan. La notificación deberá hacerse por cualquier medio que acredite la recepción personal por parte del afectado.
En el mismo escrito se dará un plazo de 2 días hábiles para que el afectado pueda aportar cuantas alegaciones o pruebas que considere necesarias.
Pasados 2 días hábiles más, a contar desde la finalización del plazo anterior, el responsable de la sociedad comunicará al interesado la ratificación de la sanción, modificar la sanción por otra inferior, o su decisión de anular el expediente.
Gestión de recursos financieros adecuados de prevención
Anualmente debe medirse el nivel de domiciliaciones en cuentas bancarias de las entidades aseguradoras y de la sociedad de correduría de seguros, debiendo de ocupar como mínimo el 70% de los ingresos.
Se realizará un control diario de caja, no debiendo nunca disponer de más de 2500€. Toda operación que exceda de dicho importe debe gestionarse a través de entidades bancarias u organismos.
Todas las transacciones son aprobadas por el responsable de Administración.
En caso de que la sociedad de correduría cuente con colaboradores externos a los que se les haya autorizado, de forma específica y mediante contrato mercantil independiente, el cobro de recibos en efectivo, el importe máximo para cobro es de 1000€ por póliza. Cualquier otro importe superior debe realizarse a través de domiciliación bancaria, salvo que se disponga de autorización expresa por parte del órgano de Administración de la Sociedad de Correduría de Seguros. Todos los importes en efectivos deben ser entregados a la sociedad de correduría antes de la finalización del mes en que la operación se hubiera realizado.
La sociedad de correduría de seguros gestionará a través de su programa informático correctamente su contabilidad.
Verificación periódica, adaptación y actualización a cambios internos y externos
El representante informará y formará a todo el personal vinculado a la sociedad de correduría de seguros con la utilización del presente procedimiento de prevención de actuación que pudiera generar responsabilidad penal de la sociedad remitiendo anualmente al personal afectado un correo electrónico con el procedimiento.
Anualmente coincidiendo con algunas de las reuniones periódicas que decida el órgano de Administración de la sociedad de correduría de seguros, el responsable de la sociedad de correduría de seguros revisará el funcionamiento correcto y eficaz del procedimiento, y el conocimiento por parte de todo el personal. Realizada esta revisión, incorporará aquellas mejoras que se entiendan necesarias para prevenir actuaciones que pudieran ocasionar esta responsabilidad penal.
Siempre se tendrán en cuenta los cambios internos de la sociedad o cambios normativos.
Especial mención: Artículo 31 bis
1.ª el órgano de Administración de la sociedad de correduría de seguros ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de Administración de la sociedad de correduría de seguros. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
Delitos de responsabilidad penal
A. Corrupción en los negocios Art. 286 bis C. P.
B. Estafa Art. 251 Bis C. P. (248 C. P.)
C. Cohecho Art. 427 bis C. P. (419 y ss C. P.)
D. Tráfico de influencias Art. 430 C. P. (428 C. P.)
E. Fraude Fiscal y a la Seguridad Social Art. 310 bis C. P. (305 y ss C. P.)
F. Blanqueo de Capitales/Financiación del Terrorismo Art. 302 C. P. y 576.4 C. P.
G. Delito de apoderamiento y revelación de secretos Arts. 278 a 280 C. P.
H. Delitos contra la intimidad Art. 197 C. P.
A. Corrupción en los negocios. 286 bis C. P.
Este comportamiento puede ser activo y pasivo, y en ambos casos ya se considera cometido el delito. Se trata de obtener posiciones de
Corrupción activa: Se describe como el comportamiento de aquel que de manera activa se dirija a otro y le prometa, ofrezca, o conceda un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificada a quien puede tomar decisiones sobre la contratación de servicios con la intención de que le favorezca a él o a un tercero frente a otros.
Corrupción pasiva. Es lo mismo de antes, aunque al contrario. Cuando un directivo, administrador, empleado o colaborador de una entidad con personalidad jurídica solicita, acepta o recibe un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificada con el fin de favorecer frente a terceros a aquel que se le ofrece u otorga.
En ambos casos es necesario que se incumplan las obligaciones generales en la contratación de un seguro.
 Ejemplo de lo que podría ocurrir en una correduría:
Cuando un corredor convence a un jefe de compra de una multinacional a contratar un determinado seguro a través de su mediación, ofreciendo un beneficio personal económico o en especie no justificado y encubierto.
B. Estafa. Artículo 251 bis C. P. (248 C. P.)
Es cuando cualquier persona articula un engaño suficiente (actúa conscientemente con intención de engañar a otro (dolo)) antes de realizar un acto que cause un perjuicio económico a un tercero.
Existe también la estafa informática en que se utiliza la manipulación informática o artificio semejante. O las estafas llamadas impropias – artículo 251 C.P. – destacando como uno de este tipo de estafa “El que otorgue en perjuicio de otro un contrato simulado”.
Ofrecer un contrato de seguros inexistente para cobrar la prima.
También puede tener un comportamiento activo o pasivo.
En este delito destaca que se produce en torno a la figura de un funcionario o autoridad pública.
Se comete el delito tanto cuando un particular ofrece, promete o entrega un presente a un funcionario o autoridad público, como cuando éste lo acepta. Puede existir la finalidad que el funcionario o autoridad pública lleve a cabo una actuación beneficiosa para del particular o tan sólo a causa de su cargo.
También existe el delito si es el funcionario o autoridad pública quien se ofrece y el particular lo acepta.
Que un empleado ofrezca a un inspector de seguros un beneficio para que dicte una resolución favorable a la correduría.
Este delito también ocurre en el ámbito de los funcionarios públicos. Se castiga influir sobre un funcionario al que le vincula alguna relación personal con la intención de conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para el sujeto que cometa el delito.
El corredor o un empleado que tenga una relación de amistad, familiar o similar con un inspector de seguros e intente usar esta influencia para evitar o atenuar una sanción.
El fraude fiscal consiste en la elusión de impuestos y está penado penalmente cuando supera los 120.000€.
Es necesario que sea intencionado, y contempla cualquier acción u omisión defraudatoria concretada en comportamientos como eludir el pago de tributos, de cantidades retenidas o que se hubiesen debido retener, de ingresos a cuenta de retribuciones en especie, obtención indebida de devoluciones, disfrute indebido de beneficios fiscales, etc.
No se debe olvidar que también está penado penalmente la alteración de la contabilidad obligatoria.
Modificar sustancialmente la contabilidad sin detallar específicas transacciones para reducir la cuota de tributación de los impuestos debidos con el propósito de favorecer a la correduría.
El fraude a la seguridad social consiste en la elusión del pago de contribuciones a la Seguridad Social y está penado penalmente cuando supera los 50.000€.
También implica fraude a la seguridad social la obtención indebida de devoluciones o deducciones por encima de los 50.000€.
Para que haya responsabilidad penal efectiva no vale la comisión imprudente, sino que el fraude a la Seguridad Social debe ser llevada cabo con conocimiento y con intención de llevarlo a cabo.
No se añade ejemplo de lo que podría ocurrir en una correduría, por la claridad de este delito.
F. Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Art. 302 C. P. y 576.4 C. P.
En Blanqueo de Capitales será responsable penalmente:
El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.
La ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.
Existirá responsabilidad también si estos actos son cometidos en el extranjero.
El código penal prevé que los sujetos obligados de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo podrían ser responsables penalmente por imprudencia grave en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de esta Ley.
Se castiga penalmente:
Apoderarse de información reservada o confidencial de personas físicas o jurídicas con el fin de revelarlo.
Si se consigue revelar el secreto del que se ha apoderado el directivo, administrador, empleado, colaborador, la pena será más grave.
Quebrantar la obligación legal o contractual de guardar un secreto.
Divulgar o usar en beneficio propio un secreto, aunque la persona no haya participado en el apoderamiento o descubrimiento del secreto.
Desvelar información confidencial a la que se ha tenido acceso en un proyecto conjunto con otra correduría y que esté obligado por contrato a guardar la confidencialidad y/o utilizarla para un fin concreto.
H. Delito contra la intimidad Art. 197C. P.
Los supuestos de este delito son:
El que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado.
La difusión, revelación o cesión a terceros de los datos o hechos descubiertos o de las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.
Si los hechos se hacen con fines lucrativos las penas pueden ser superiores.
Apoderarse documentos personales de un empleado y utilizarlos en su contra en un procedimiento disciplinario.

References: artículo 27
 Resolución 
 Artículo 31
 Artículo 251
 artículo 251
 resolución 
 resolución