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Timestamp: 2013-12-05 00:16:35+00:00

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La Demanda en el Proceso de Seguridad Social
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Por José Manuel BERMEJO MEDINA / Revista: FORO 15-16 - Septiembre 2006 / Sección: Análisis I.- La Demanda
A las demandas formuladas en materia de Seguridad Social se refiere el art. 139 LPL simplemente para disponer que en ellas “se acreditará haber cumplido el trámite de la reclamación previa regulado en el art. 71” de la Ley, cuya omisión determinará una resolución judicial que disponga la subsanación del defecto en el plazo de cuatro días y ulterior archivo si transcurrido dicho término el demandante no lo hiciera.
No existe, por tanto, en el proceso de Seguridad Social ninguna especialidad en el régimen jurídico de la demanda, razón por la cual debe tener tal acto de iniciación del procedimiento, por efecto de la remisión a que hace mérito el art. 102 LPL, el contenido mínimo de acuerdo con las disposiciones del art. 80.1 LPL, regulador de toda demanda en el proceso laboral ordinario.
En esto contrasta el proceso de Seguridad Social con, por ejemplo, el proceso especial por despido disciplinario, cuya demanda iniciadora, además de los requisitos generales, debe contener los que, con cierta prolijidad, enumera el art. 104 LPL.
Se aparta así la vigente LPL, y también la LPL de 1990, del precedente normativo representado por el Texto Refundido de la LPL de 1980, en cuyo art. 71 se establecía que en las demandas por accidente de trabajo o por invalidez permanente, cualquiera que fuera su causa, se haría constar asimismo: 1. Trabajo habitual. 2. Fecha del accidente. 3. Salario y bases de cotización. 4. Fecha de alta e incapacidad resultante, en su caso. 5. Lugar y fecha de nacimiento del o de los beneficiarios. Añadía el precepto que en las demandas por enfermedades profesionales también debía consignarse detalladamente: 1. Salario y bases de cotización. 2. Grado de enfermedad. 3. Indemnización pedida.
La variante procedimental que, respecto del proceso laboral ordinario, representa la materia de Seguridad Social ya no tiene, por tanto, ninguna especialidad en su demanda iniciadora, razón por la cual deben aplicarse los requisitos generales del art. 80.1 LPL, el cual debe ser interpretado, siguiendo el criterio hermenéutico del art. 3.1 CC, sin perder de vista el señalado antecedente legislativo. En todo caso, el juez debe velar por que la demanda de prestaciones contenga y consigne todos los elementos de hecho que resulten imprescindibles para que pueda emitir un adecuado pronunciamiento.
El demandante debe fijar en su demanda los hechos constitutivos de su pretensión existentes y conocidos en el momento de la interposición, hechos que activen las normas legales que se pretende hacer valer. Para delimitar el objeto litigioso en dicho escrito inicial no parece que deban ser aplicados los criterios del art. 399 LEC sobre la exposición numerada y separada de los hechos y los fundamentos de derecho, fijando con claridad y precisión lo que se pida. Esto es así porque, salvo en los supuestos en los que la expresa fundamentación jurídica es una exigencia de la LPL., como sucede con las modalidades procesales de tutela de derechos fundamentales (art. 181), conflictos colectivos (art. 155.1) e impugnación de convenios colectivos (arts. 162.1 a y b y 163.3), las demandas laborales en general, y las de Seguridad Social en particular, no precisan de tal requisito, por lo que el contenido de las mismas es suficiente con “la enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas” (art. 80.1 c LPL). El proceso laboral se parece más al juicio verbal civil, que tan solo precisa de una “demanda sucinta” en la que “se fijará con claridad y precisión lo que se pida” (art, 437 LEC). Significativamente la LEC de 1881 llamaba a la demanda del juicio verbal “papeleta” por su carencia de todo formalismo.
Llama la atención que no sea presupuesto de admisibilidad de la demanda de Seguridad Social la cita de los razonamientos jurídicos y de los motivos legales que sustentan la acción ejercitada, y en cambio el recurso de reposición, para cuya sustanciación debe seguirse la regulación de la LEC (art. 186 LPL), exija como requisito imprescindible expresar en el escrito de interposición la infracción alegada, sea ésta de norma procesal o sustantiva (art. 452 LEC).
Si el proceso laboral ordinario se asemeja al juicio verbal civil, como ya se ha dicho, el proceso especial de Seguridad Social se acerca más al recurso contencioso-administrativo dada la índole de la materia en él tratada, al menos en el aspecto revisorio de la actuación de la Administración. Es por esto por lo que no hubiera estado de más que también en esta modalidad especial la LPL obligara a hacer en la demanda una referencia, aunque fuera somera, a los fundamentos jurídicos de la pretensión formulada, la cual normalmente se dirige a impugnar una resolución administrativa dictada por la entidad gestora que se estima contraria a Derecho, lo que, claramente, obliga a utilizar los argumentos jurídicos de la impugnación. Así, el art. 45 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa determina que en el escrito de interposición del recurso debe citarse la disposición, acto, inactividad o actuación que se impugna, pues no otra cosa es la pretensión del demandante que la declaración de no ser conformes a Derecho, según el art. 31.1 de la misma Ley.
La demanda sucinta en el orden social debe tener su límite en la indefensión que la parquedad de datos fácticos pueda causar al demandado, y, en cualquier caso, la solución para remediar situaciones de desamparo debe venir dada, de una parte, por el trámite de subsanación previsto en el art. 81 LPL y, de otro, por la prohibición de alegar en la demanda hechos distintos de los aducidos en conciliación o en reclamación previa, salvo que se hubieran producido con posterioridad a la interposición de aquélla (art. 80.1 c LPL), así como de variarla sustancialmente en juicio (art. 85.1 LPL).
II.- Preclusión de la Alegación de Hechos en la demanda.-
Los defectos en la confección de la demanda laboral no causan sólo situaciones de indefensión en el demandado, pues una omisión en la redacción de la causa de pedir puede originar en el demandante los perjuicios irreparables que derivan del efecto preclusivo en la alegación de hechos y fundamentos de derecho que establece el art. 400 LEC.
El apartado 2 de este precepto determina que a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste, lo cual debe ser determinante de una mínima disciplina en la composición de las demandas laborales, pues, como advierte el apartado 1 del mismo artículo, cuando lo que se pida en éstos pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ellas cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerlas, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior.
Tal régimen normativo tiene innegables consecuencias en el proceso de Seguridad Social, singularmente en dos concretos extremos de ineludible concreción en el escrito de demanda, a saber: la base reguladora y la contingencia.
Por lo que a la primera se refiere, resulta paradigmático el litigio sustanciado en el Juzgado de lo Social num. 7 de Murcia. El caso es el siguiente. Se trata de un trabajador que permanece en situación protegida de incapacidad temporal por la contingencia de accidente de trabajo desde el 5 de octubre del 2000 hasta el 16 de noviembre del 2001, en que recibe de la mutua parte médico de alta por curación. El 12 de diciembre del 2001 el asalariado interpone demanda en la que impugna el anterior parte médico de alta. La demanda corresponde por turno de reparto al Juzgado de lo Social num. 2 de Murcia, el que en fecha 11 de marzo del 2002 dicta sentencia por la que, estimando la pretensión, deja sin efecto el alta impugnada y condena a la mutua a reponer al demandante a la situación protegida de incapacidad temporal, con abono del subsidio económico correspondiente. En esta sentencia se declara probado que la base reguladora diaria asciende a 33,51 euros. Se da la circunstancia de que en la nómina del mes de noviembre del 2000, es decir, antes de la iniciación de este pleito, el obrero percibe una serie de atrasos por importe de 306,52 euros correspondientes al salario de septiembre del mismo año, mes anterior a la baja médica, quedando así conformada la base de cotización por contingencias profesionales en 46,28 euros diarios. Por resolución del INSS de 11 de noviembre del 2002 se declara al trabajador afecto de lesiones permanentes no invalidantes indemnizables conforme a baremo. Disconforme con ello interpone demanda en solicitud de que se le declare en situación de incapacidad permanente total y subsidiariamente parcial, demanda que en esta ocasión se turna al Juzgado de lo social num. 3 de Murcia, el que en fecha 30 de abril de 2003 dicta sentencia que declara al demandante afecto de incapacidad permanente parcial y condena a la mutua a abonar una cantidad equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora de 33`51 euros diarias. Finalmente el trabajador interpone nueva demanda, turnada al Juzgado de lo Social num. 7 de Murcia, en la que postula que se declare que la base reguladora del subsidio correspondiente al proceso de incapacidad temporal iniciado el 5 de octubre del 2000 asciende a 1388,33 euros mensuales y a 46,28 euros diarios, y que se condene a la mutua al pago de las diferencias existentes de base reguladora desde la referida fecha hasta la extinción de dicha situación protegida, que tuvo lugar el 17 de octubre del 2002, en que se emitió por el Equipo de Valoración de Incapacidades dictámen propuesta.
En este tercer litigio de mutua y el INSS oponen la excepción de cosa juzgada al haber quedado fijada la base reguladora de la prestación de incapacidad temporal en la cantidad de 33, 51 euros, en virtud de dos sentencia firmes, las que pusieron fin a los dos procesos judiciales precedentes, uno de impugnación de alta médica y otro de incapacidad permanente parcial, situación protegida esta última en la que la prestación económica tiene una base reguladora que se calcula, como sabemos, de la misma forma que la que corresponde al subsidio de incapacidad temporal.
El juez acoge la excepción opuesta con el argumento de que los hechos delimitadores de la petición del trabajador, tanto en las dos primeras demandas como en la que da lugar al tercer pleito, en torno a la base reguladora han sido los mismos (art. 400 LEC), por lo resulta evidente que se da la identidad de razón o causa de pedir, pues el fundamento de la última demanda no ha sido un cambio de hechos toda vez que desde el mes de noviembre del 2000, en que al obrero se le abonan unos atrasos por importe de 306, 52 euros correspondientes al salario de septiembre del 2000, mes anterior a la baja médica, ya tiene conocimiento de la cuantía de su base de cotización.
Desde entonces el trabajador sabe los datos de su cotización, datos que en el tercer litigio se pretenden discutir alegándose que no se ha computado esa cotización complementaria, cuando tal alegación pudo hacer y no hizo en el primer pleito.
Resulta oportuno traer a colación el precedente que representan las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1992, 9 de diciembre de 1993 y 27 de enero de 1997, cuya doctrina unificada puede sintetizarse así: “estando fijada la base reguladora en el pleito anterior en la parte dispositiva de la sentencia, la que era plenamente congruente con la base de acción ejercitada, que es la de obtener una declaración de invalidez permanente para lucrar los beneficios que a dicha situación corresponde, constituyendo un elemento de la pretensión, que no puede escindirse de la misma sin desvirtuarla, siendo intranscendente que esa fijación deriva de la prueba practicada en el pleito, o como consecuencia de otra causa, no podía sostenerse que dicha cuestión no haya sido debatida ni juzgada, pues al ser elemento determinante de la condena se incorporó necesariamente a la sentencia, coincidiendo por tanto las tres identidades del art. 1252 del CC, para apreciar la cosa juzgada, en este caso en sentido negativo impidiendo un nuevo fallo sobre la ya juzgada; el éxito de la excepción, se añadía, no podía ser enervado mediante la invocación de un error evidente en la sentencia, pues aún de existir, el instituto de la cosa juzgada impone por razones de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) la eficacia de la resolución judicial; por último, se terminaba diciendo que no podía sostenerse que las pretensiones eran distintas, en el primero el reconocimiento de la invalidez, en el segundo la base reguladora, cuando la determinación de ésta fue también objeto del primer pleito.”
En suma, pues, no desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante un segundo pleito, se quieren suplir o subsanar los errores alegatorios cometidos en el primero, pues no cabe procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron los pedimentos. Otra cosa quiebra las garantías jurídicas y requiere el rechazo de los tribunales al constituir un paladino fraude procesal (art. 11 LOPJ).
Idénticos criterios son aplicables a la contingencia. Así, la cuestión relativa a si el efecto positivo de la cosa Juzgada es o no aplicable para determinar la contingencia de una incapacidad permanente, cuando media una resolución judicial que establece que la incapacidad temporal que la precede deriva de enfermedad común, ha sido resuelta en sentido afirmativo por la STS de 14 de abril del 2005, dictada en Recurso de Casación para la unificación de Doctrina, en la que se argumenta que el proceso de incapacidad temporal (objeto del primero de los procedimientos judiciales) y la declaración de incapacidad permanente (la determinación de cuya contingencia es el objeto del segundo) son consecutivos y se sustentan sobre los mismos hechos y lesiones, añadiendo que ambos procesos tienen por objeto establecer cuál sea la contingencia (enfermedad común o accidente laboral) determinante de las lesiones que motivaron inicialmente la incapacidad transitoria y luego la declaración de incapacidad permanente, de suerte que el objeto de uno y otro es el mismo en cuanto a determinación de contingencia, aún cuando difieran en lo relativo a las prestaciones y a las situaciones de incapacidad.
III.- Subsanación de la Demanda Defectuosa
El juez, conforme al principio de tutela efectiva consagrado en el art. 24 CE, debe siempre resolver sobre las pretensiones que se le formulen, y sólo puede desestimarlas por motivos de forma cuando el defecto fuese insubsanable o no se corrigiese por el procedimiento establecido en las leyes. Así lo dispone el art. 11.3 LOPJ, precepto que recoge el principio de subsanabilidad de los actos procesales, presente también en otros artículos de la misma Ley Orgánica (arts. 240.2 y 243.4).
La LEC contiene preceptos que responden a este principio en lo que concierne a los requisitos de la demanda y a los “casos excepcionales de inadmisión” (arts. 403, 404, 418, 419, 420, 424 y 425).
La LPL dedica a esta materia un artículo, el 81.1 que prescribe que si no se cumplen los requisitos generales de redacción de la demanda exigidos por el artículo anterior, el juez lo advertirá a la parte a fin de que subsane los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya podido incurrir dentro del plazo de cuatro días, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se acordará el archivo de las actuaciones.
La doctrina del Tribunal Constitucional relativa a esta función de advertencia, elaborada no sólo con respecto al precepto citado sino también en torno a su precedente inmediato, párrafo 1º del art. 72 LPL de 1980, redactado en parecidos términos, es, sintéticamente, la que sigue:
- Es constitucionalmente inobjetable puesto que responde a una finalidad razonable y necesaria, incluso respecto de la brevedad del plazo de subsanación establecido, acorde con el principio de celeridad que preside los procesos laborales (STC 154/1992).
- Se propone garantizar que los importantes derechos de fondo deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales (STC 118/1987).
- Si, tras la solicitud del juez social con fundamento en el art. 81 LPL, no se procede a la subsanación en plazo, incumpliéndose de esta manera el requerimiento judicial, se producirá fatalmente el archivo de las actuaciones, con lo que excluye así la ley una reiteración o cadena de subsanaciones sucesivas que amplíe “ad infinitum” las posibilidades de subsanación de la demanda (STC 130/1998).
- El art. 24 CE no deja los plazos legales al arbitrio de las partes, ni somete a la libre disposición de éstas su prórroga ni el tiempo en que han de ser cumplidas, sin que sea posible subsanar la extemporaneidad o el incumplimiento del plazo, el cual se agota una vez llega su término (STC 210/1992).
- Es necesario elegir una interpretación que favorezca el principio pro actione, pero siempre que el interesado actúe con diligencia, no se lesionen bienes o derechos constitucionales, no se grave injustificadamente la posición de la parte contraria, ni se dañe la integridad objetiva del procedimiento; es decir, no ha de optarse forzosamente por la solución más favorable a la admisibilidad de entre todas las posibles, sino que únicamente ha de ponerse freno a aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican (STC 63/1999).
- Aún cuando el trámite de subsanación debe seguirse en la fase de admisión de la demanda, la inadvertencia inicial no precluye la obligación del órgano judicial de poner de manifiesto en momento procesal posterior el defecto observado (STC 25/1991).
- Consecuencia de todo lo anterior es que la decisión de archivar el procedimiento si el demandante incumple el mandato judicial no viola el art. 24.1 CE, porque se basa en la concurrencia de una causa legalmente prevista para la inadmisión de la demanda (SSTC 118/1987, 11/1988 y 232/1988.)
En el proceso laboral viene considerándose como inaceptable la vieja excepción de “defecto legal en el modo de proponer la demanda” a que hacía referencia el art. 533.6 de la LEC de 1881, y que hoy regula el art. 416.1-5ª de la vigente LEC, precisamente por la exigencia legal del art. 81.1 LPL. Es por ello por lo que existe una abundante doctrina de suplicación en que se acuerda la nulidad de actuaciones por defectos de la demanda no advertidos por el juez de instancia en el trámite de subsanación a que hace mérito el último precepto procesal citado. Los supuestos son muy variados y por lo que hace al proceso especial de Seguridad Social destacaremos algunos.
A) Omisión de la Base Reguladora
De la STS 21 de julio del 2000, relativa a una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, se extrae la siguiente conclusión aplicable a todas las prestaciones del Sistema de Seguridad Social: cuando se pretende una pensión, el objeto litigioso es único, aunque contiene normalmente dos pronunciamientos íntimamente relacionados; uno se contrae a la determinación de la situación protegida (incapacidad temporal, incapacidad permanente, vejez, viudedad y orfandad, desempleo, etc) y el otro al cálculo del contenido económico de la prestación. Ambos, según esta sentencia, no son objetos diversos que puedan ventilarse en procesos judiciales distintos, iniciados mediante diferentes demandas, sino que necesariamente han de discutirse en un solo proceso e introducirse en éste a través de una sola demanda (recuérdese lo antes dicho acerca de la preclusión de la alegación de hechos en la demanda conforme al art. 400 LEC). En definitiva, no puede sostenerse que sean distintas las pretensiones sobre el reconocimiento de un grado de invalidez permanente y sobre la base reguladora de la prestación correspondiente a tal situación protegida, sino que ambas cosas constituyen una sola acción cuyo objeto es el de la declaración judicial de una determinada situación protegida con la prestación económica inherente.
En las demandas de prestaciones de la Seguridad Social, al menos las del nivel contributivo, debe, pues, figurar la base reguladora correspondiente, la cual no es un elemento accidental de la pretensión ejercitada, ya que si se litiga por una prestación la base reguladora rige el importe de la pensión. En otro caso se pleitearía por nada, lo cual es una pretensión no tutelable.
Así, la Sala de lo Social del TSJ de Murcia, en sentencia de 23 de octubre del 2000 (núm. 1374/2000) decreta la nulidad de actuaciones por entender, de un lado, que la resolución recurrida había incurrido en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre el régimen de la Seguridad Social en el que se concedía la pensión, y, de otro, por defecto en la demanda, al no fijar el importe de la base reguladora. El Tribunal Superior razona lo siguiente: “es claro que existen en derecho procesal principios básicos, entre los que se encuentra que es a la parte a quien corresponde presentar demandas que cumplan con el mínimo de aceptabilidad procesal requerido y ello se manifiesta legalmente, en este ámbito, en el art. 80 Ley de Procedimiento Laboral, previniéndose la posibilidad de subsanación de la demanda. A su vez, la petición formulada en la demanda debe ser tal que precise los términos de la congruencia, ya que no es el juzgador a quo el que debe precisar su alcance, en la medida que no es postulador ni parte. Además, sobre el juzgador a quo pesan obligaciones procesales y, concretamente, porque así lo ha querido el Legislador, la de requerir la subsanación de demandas imperfectas (art. 81 Ley de Procedimiento Laboral), ya que no se contempla en el derecho procesal laboral la existencia de la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda (sentencia de esta Sala 15 julio 1996)”.
Es práctica frecuente presentar en los juzgados de lo Social demandas en las que, sin cuantificar base reguladora alguna, se alegue que se admite la fijada por la entidad gestora. También es cosa corriente que el asentimiento a la cifrada por la Administración pública tenga lugar en el acto de juicio. En tales casos el no hacer constar en la demanda inicial tal elemento económico de la pensión que se postula no es vicio o defecto que merezca ser advertido por el juez de instancia con vistas a un ulterior archivo de las actuaciones. Al menos así se pronuncia la doctrina constitucional (STC 112/97), al considerar excesivamente riguroso archivar un procedimiento judicial por omitir el demandante la base reguladora, ya que no determinarla numéricamente de forma expresa no autoriza a tenerla por no aportada, al haber manifestado el actor que aceptaba la aplicada por el INSS, pues en tal caso no había merma del derecho de defensa de éste si se hubiera admitido la demanda.
Cosa bien diferente es discrepar de la base reguladora establecida por el ente gestor y, ante el requerimiento judicial para que concrete las bases de cotización determinantes del cálculo, el demandante alegue que se trata de datos que obran en poder de la Administración demandada. La solución en este caso debe ser el cierre y archivo del procedimiento pues, como es natural, corresponde al actor centrar los términos del debate y, por lo tanto, especificar con detalle los elementos que sirven de presupuesto a su petición. Solo a él incumbe conocer qué bases de cotización devengadas durante determinado periodo le han llevado a postular una concreta base reguladora. La falta de especificación de tales elementos, esenciales para conocer dónde se encuentra la controversia suscitada, puede comportar la indefensión de la parte que soporta la acción y, lo que es más, una muy probable nulidad de actuaciones por insuficiencia de hechos de la demanda.
B) Omisión de la reclamación previa
La única previsión normativa que el art. 139 LPL dedica a las demandas en materia de Seguridad Social es, precisamente, que en ellas se acreditará, como requisito de admisibilidad, haber cumplido el trámite de la reclamación previa que regula el art. 71 de la misma ley. La demostración del cumplimiento de tal trámite se hará bien mediante la aportación de copia de la resolución bien en la forma que indica el apartado 6 del art. 71 citado, esto es, acompañando a la demanda el recibo o la copia sellada “de las solicitudes y recursos que se dirijan en cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley”.
A la naturaleza jurídica de esta institución se ha referido la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 27-01-1990 diciendo que “la reclamación previa no constituye ningún tipo de recurso o medio de impugnación, sino que es un presupuesto del proceso, con el que se tiende a evitar el debate judicial, facilitando a la Administración el conocimiento de los hechos y de las peticiones de parte con el fin de posibilitar la obtención de fórmulas de solución pacíficas”.
Sobre la exigencia de la reclamación administrativa previa a la vía judicial en el ámbito laboral, el Tribunal Constitucional ha declarado que tal requisito, carga procesal del demandante, es compatible con el art. 24.1 CE pues, aunque dificulte el acceso a la jurisdicción, que además en ningún caso se ve impedida, se justifica merced a las especiales funciones y tareas que la Administración Pública tiene encomendadas por el ordenamiento jurídico. Poner en conocimiento de ésta el contenido y fundamento de la pretensión es la razón de dicho presupuesto, de suerte tal que se le ofrece la oportunidad de resolver directamente el litigio, evitando así la vía judicial (SSTC 21/1986, 60/1989, 217/1991, 65/1993, 120/1993).
Tal finalidad ha sido resaltada por la jurisprudencial del Tribunal Constitucional, el que la ha declarado equivalente o común con la perseguida con la conciliación preprocesal (SSTC 120/1993, 16/1999 y 108/2000) al afirmar que en cierto modo viene a sustituir a la reclamación previa, sin perjuicio de que la fórmula utilizada en uno y en otro caso sea diferente, fundamentalmente por la imposibilidad legal de que las entidades públicas transijan, que es el objeto principal de la conciliación (STC 60/1989) pues, desde la perspectiva del significado del requisito previo, éste no es otro que el de la posibilidad de evitar, por acuerdo de las partes (conciliación) o por estimación por parte del órgano administrativo de la pretensión (reclamación previa), la prosecución del litigio con todos sus inconvenientes (STC 11/1988).
En ambos casos el Tribunal Constitucional se ha decantado por una flexible aplicación del requisito procesal en cuestión y ha optado por el criterio de favorecer la subsanabilidad del mismo a lo largo del proceso, para evitar la ausencia de un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, es decir, acerca de la procedencia o improcedencia de la pretensión ejercitada ante los órganos jurisdiccionales (STC 108/2000). Subsanación que en el proceso laboral, en relación con el art. 81 LPL, se ha considerado por el referido Tribunal, con carácter general como ya se dijo antes, como un deber legal del órgano judicial, esto es, como un mandato dirigido al juzgador para advertir de oficio los defectos en que pueda haber incurrido la demanda y que puedan ser subsanados, criterio éste mantenido concretamente para la falta de acreditación de la reclamación previa, siempre que la finalidad de ésta se hubiera satisfecho y que la actitud de la parte no hubiera sido incompatible con la petición de subsanación (SSTC 11/1988, 60/1989, 81/1992, 65/1993, 120/1993, 122/1993, 355/1993, 335/1994, 69/1997 y 112/1997).
Así, la STC 70/1992, interpretando desde una perspectiva constitucional el art. 62 LPL de 1980, que obligaba a acompañar con la demanda el recibo o copia sellada del documento acreditativo del agotamiento de la vía administrativa, redactado en parecidos términos que los arts. 69.2 y 71.6 LPL vigente, señala que el precepto legal prevé el defecto subsanable de la falta de acreditación de tal agotamiento en el momento de la presentación de la demanda, agotamiento que sólo puede realizarse antes de accionar. También el ATC 132/1994 estimó constitucionalmente irreprochable el proceder del juez social al detectar inicialmente el defecto de agotamiento de la vía administrativa, al no poder estimarse desestimada la reclamación previa ante la prematura interposición de la demanda, pues de lo contrario se produciría la eliminación del presupuesto previo.
La STSJ Valencia de 16-4-2002 (Núm. 2357/2002) ha considerado como un requisito necesario para formular demanda en materia de Seguridad Social, conforme al art. 71.1 LPL, la reclamación previa y su omisión debe determinar la absolución en la instancia de la parte demandada.
Por contra, la STS de 24-3-2004 (rec. 3350/2002) declara que la consecuencia jurídica que en el proceso laboral debe tener aparejada la falta del requisito preprocesal de reclamación previa a la vía judicial ante la entidad gestora debe ser la prevista en el art. 139 LPL, es decir, anular la sentencia dictada en la instancia y las actuaciones procesales realizadas con posterioridad a la presentación de la demanda, retrotrayendo los autos a tal fase procesal de presentación al objeto de que por el Juzgado de lo Social conceda al demandante un plazo de cuatro días para subsanar la omisión de la reclamación previa.
Razona el Alto Tribunal que el art. 139 LPL constituye un complemento, aplicable a la variante procesal de Seguridad Social, del requisito preprocesal de carácter general que establece el art. 71 LPL; que por aplicación mecánica de la norma, la falta de reclamación previa lleva pareja la apertura de un trámite en el que se concede al interesado un plazo de cuatro días con vistas a subsanar la omisión; que el incumplimiento del precepto por el juez o tribunal determina, dada la claridad y rigidez de la exigencia legal, la nulidad de las actuaciones seguidas desde la presentación de la demanda con reposición del procedimiento a tal momento procesal; y que todo ello es consecuencia ineludible de la importancia que la LPL otorga a la reclamación previa en el proceso de Seguridad Social, en el que constituye un verdadero presupuesto procesal pues, dados los términos del art. 139 LPL, con la demanda habrá de acreditarse el cumplimiento del trámite preprocesal cuyo defecto determinará el requerimiento judicial de subsanación en el mencionado plazo de cuatro días, ordenándose, en caso de no ser atendido, el archivo de la demanda sin más trámite.
Termina argumentando el Tribunal Supremo que la conclusión alcanzada es coherente con la doctrina general del Tribunal Constitucional sobre esta materia contenida en las SSTC 11/1988, 60/1989, 217/1991, 70/1992 y 355/1993.
En aquellos casos en los que, interpuesta la demanda sin acreditar el requisito preprocesal, y concedido un plazo de cuatro días para enmendar tal omisión, el demandante aporta copia sellada de una reclamación previa formulada en fecha posterior al requerimiento judicial de subsanación, estimo que la solución debe ser la de dictar una sentencia absolutoria en la instancia.
Tal fue el supuesto resuelto por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social num. 7 de Murcia el 4 de marzo del 2003. Se trataba de lo siguiente. El trabajador recibió el 30 de abril del 2002 del Servicio Murciano de Salud parte médico de alta, que impugnó directamente mediante demanda interpuesta el 30 de agosto de 2002. El 11 de noviembre del mismo año el Juzgado de lo Social requirió al demandante para que acreditara haber interpuesto ante dicho organismo administrativo la reclamación previa contra el alta médica combatida en la demanda. El actor atendió al requerimiento aportando copia de una reclamación previa interpuesta ante el Servicio Murciano de Salud el día 12 de noviembre del 2002. El Organismo demandado alegó la caducidad de la instancia al amparo del art. 71.2 LPL. La sentencia resolvió el debate con los siguientes argumentos: “Las peculiaridades que presenta el caso de autos determinan que más que de caducidad de la instancia debe hablarse de falta de agotamiento de la vía previa administrativa, lo que, en aplicación del art. 71.1 LPL, impide resolver la cuestión de fondo.
En efecto, en el supuesto enjuiciado no hay una mera omisión formal del documento acreditativo de la reclamación ni la presentación extemporánea, anticipada e indebida de aquélla respecto de la demanda judicial, sino el incumplimiento efectivo del trámite preprocesal que, en evitación del proceso, se exige legalmente por parte del art. 71.1 LPL al disponer de forma imperativa que “Será requisito necesario para formular demanda en materia de Seguridad Social que los interesados interpongan reclamación previa ante la entidad gestora”. El actor no ha cumplido este requisito. Antes de presentar la demanda impugnatoria del alta médica no hay constancia de reclamación previa. Con el escrito de demanda se aporta una resolución del INSS en la que se desestima una reclamación previa contra la denegación de la prestación de invalidez permanente. Advertida esta omisión en el acto del juicio señalado por primera vez, se requirió al demandante para que acreditara haber cumplido el referido requisito previo al proceso. En cumplimiento de este requerimiento se aportó una reclamación previa presentada ante el Servicio Murciano de Salud el mismo día en que tal requerimiento judicial fue formalmente atendido por el actor.
Desde las anteriores premisas, procede apreciar de oficio la falta de agotamiento de la vía previa administrativa, lo que impide un pronunciamiento sobre el fondo, solución ésta que satisface el derecho a la tutela judicial efectiva de acuerdo con la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional num. 16/1999, de 22 de febrero, aplicada al presente caso a sensu contrario, toda vez que, como ya se ha dicho, se requirió al demandante una subsanación que permitió aclarar que la reclamación previa no se había producido antes de la interposición de la demanda.”
C) Acumulación indebida de acciones.
En una sola demanda, también en materia de Seguridad Social, pueden ejercitarse al mismo tiempo varias acciones. Así lo dispone el art. 27 LPL al consagrar el principio general de acumulación de acciones en el primero de sus apartados, enumerando en los siguientes una relación de pretensiones no acumulables. El apartado tercero señala que “Tampoco serán acumulables entre sí las reclamaciones en materia de Seguridad Social, salvo cuando tengan la misma causa de pedir”.
La aplicación de este precepto determina que para que dos o más pretensiones de Seguridad Social puedan acumularse en una misma demanda es preciso que todas ellas deriven de una misma causa de pedir. Lo que se plantea a continuación es qué debe entenderse por causa de pedir, pregunta ésta que no ha recibido una sola respuesta pues el asunto no ha sido tratado de una manera uniforme.
Los procesalistas se han referido a la “causa petendi” como “el fundamento histórico o de hecho de la acción” (GOMEZ ORBANEJA), y también como “el fundamento o la razón, que el Derecho objetivo aprueba, en la que el demandante apoya su petición de tutela. Así expresado resulta indudable que título o causa de pedir es, siempre, un conjunto de hechos que, calificados (es decir, puestos en relación con una determinada norma jurídica), otorgan al actor el derecho subjetivo en el que basa su petición de tutela” (DE LA OLIVA).
El TS (S 12-02-1988), proporcionando un concepto de causa de pedir en los casos de acumulación inicial de acciones de Seguridad Social en una misma demanda, ha declarado que “en ningún caso puede entenderse que dicha causa de pedir sea la petición de la declaración de una incapacidad permanente, pues esto constituye el “petitum” de la demanda pero no la “causa petendi”, que, sin necesidad de decantarse entre las teorías de la individualización o de la sustanciación que tratan de explicar su naturaleza, no cabe duda que, como fundamento del primero, está constituida por el conjunto de hechos, actos y calificaciones jurídicas que desembocan en el suplico de la demanda.”
La vigente LEC emplea tales términos al referirse a esta cuestión en el párrafo segundo del art. 72 cuando dice que “se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos”.
El anterior precepto ha sido literalmente reproducido en el nuevo apartado 3 del art. 27 introducido por el borrador de la LPL, en trance de reforma para adaptarla a las funciones que asumirá el Secretario Judicial en la nueva Oficina Judicial.
Dicho lo anterior, los mismos hechos, los acontecimientos históricos en que se apoya la pretensión y que configuran la identidad de la causa de pedir, ¿se vinculan a la contingencia determinante de la prestación o a las circunstancias que integran la situación protegida?
Para unos, todos, absolutamente todos, los efectos de una misma contingencia pueden ser reunidos en una sola demanda sin que puedan acumularse las reclamaciones cuando las contingencias son diferentes; para otros no se trata de acumular pretensiones relativas a una misma contingencia, sino de admitir la suma de acciones referentes a unos mismos hechos, por ser éstos y no aquélla los que conforman la causa de pedir. Si lo primero, es dable acumular una reclamación de un subsidio de incapacidad temporal a otra de una pensión de incapacidad permanente, con tal de que sea una misma contingencia. Si lo segundo, es factible que ante una misma situación protegida pretendida en una demanda, sea ésta una incapacidad temporal sea una incapacidad permanente, se solicite que se declare que deriva de accidente de trabajo y, de forma subsidiaria, de enfermedad común.
La STS de 18-05-1990 ha admitido que es posible acumular en una misma demanda la declaración de invalidez por accidente de trabajo o alternativamente por enfermedad común, “porque ambas peticiones se fundamentan en idénticos déficits y disminuciones, única causa de pedir, siendo a estos efectos indiferente la contingencia por que resulte protegido el actor”. También la STS de 6-5-1994 ha admitido la excepción del art. 27.3 LPL en un supuesto en que se solicitó una incapacidad permanente total por accidente de trabajo y, de forma alternativa, por enfermedad común por parte de quien tenía reconocida una prestación de incapacidad permanente parcial por accidente laboral, razonándose a este respecto que la acción ejercitada no puede escindirse en dos distintas dado que el nuevo grado puede tener su origen en contingencia común o en contingencia profesional o en ambas conjuntamente.
De lo anterior parece deducirse que el TS ha interpretado que el origen común o profesional de la situación protegida no es determinante para impedir la acumulación de acciones en una misma demanda de Seguridad Social.
Dice la STS 14-07-1997 que no son acumulables una acción relativa a la pensión de incapacidad permanente absoluta de la Seguridad Social y otra solicitando una indemnización a tanto alzado pactada en un convenio colectivo, pero no porque ambas no tengan una misma causa de pedir, que sí la tienen, una dolencia cardiaca padecida por un asalariado cuyos primeros síntomas se manifiestan durante el trabajo y a la que, por ello, se califica de accidente laboral, sino porque deben ventilarse y decidirse en juicios de diferente naturaleza, la primera en el proceso especial de Seguridad Social y la segunda en el proceso ordinario, utilizando para ello como argumento dogmático el art. 154.3 de la LEC de 1881 (art. 73.2 de la vigente LEC) y como tesis jurisprudencial (STS 29-09-1992 y las que en ella se citan) aquella conforme a la cual el procedimiento adecuado para resolver las reclamaciones de mejoras voluntarias del sistema prestacional de la Seguridad Social es el proceso ordinario.
Tesis discutible pues se ha venido admitiendo desde hace tiempo el ejercicio simultáneo de la acción de clasificación profesional en razón a la realización de funciones de superior categoría y de reclamación de diferencias salariales, pese a que se trata de pretensiones que deben sustanciarse en juicios de diferente tipo, la primera en la modalidad procesal de clasificación profesional (art. 137 LPL) y la segunda en el procedimiento ordinario, y ello con el argumento de que ésta está subordinada a aquélla, de forma tal que la suerte de la acción declarativa de la categoría profesional determina la del abono de las correspondiente diferencias retributivas.
Siguiendo con el ejemplo de la citada STS de 14-07-1997, el fundamento de las dos acciones ejercitadas por el trabajador se basa en unos mismos hechos, una cardiopatía isquémica que se estima que deriva de contingencia profesional. El éxito de la acción principal, que tal alteración cardiaca produce unas limitaciones funcionales que dan lugar a una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, va a determinar el de la subordinada, una indemnización a tanto alzado que el convenio colectivo prevé cuando concurre tal situación protegida.
De interés es el caso juzgado por la STS de 29-06-1999. Se trata de un trabajador autónomo del transporte que solicita de forma simultánea en la vía administrativa, antes de cumplir los 65 años de edad, la jubilación y la invalidez permanente. El INSS resuelve con celeridad la primera en sentido estimatorio. No ocurre lo mismo con la segunda, de suerte que, pese a que el Equipo de Valoración de Incapacidades propone la incapacidad permanente absoluta, la entidad gestora rechaza el dictámen propuesta por haberse reconocido ya al solicitante la pensión de jubilación. El Alto Tribunal admite el recurso del trabajador por considerar que las secuelas incapacitantes quedaron plenamente consolidadas en un momento anterior al dictámen del Tribunal médico calificador, e incluso a la misma solicitud de jubilación, de manera que aquél tiene derecho a una y a otra pensión, si bien con la obligación de optar por la que estimara más favorable.
La STSJ Cataluña de 24-10-2002 (rec. núm. 831/2002) declara que la acción tendente al reconocimiento de grado de incapacidad permanente derivada de accidente laboral no puede acumularse a la pretensión dirigida a imponer a la empresa el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, aunque en ambas los demandados sean los mismos, pues se basan en distinta causa de pedir: en una se impugna la resolución administrativa sobre declaración de incapacidad permanente y en otra se combate la resolución administrativa que impone el recargo por falta de medidas de seguridad, pero que el demandante estima que la responsabilidad debe extenderse a otras empresas. En el mismo sentido la STSJ Castilla-León (Valladolid) de 9-12-2003 (rec. 2100/2003) declara indebida la acumulación de acciones en un supuesto en el que el demandante pretendía que se le declarara en incapacidad permanente absoluta o alternativamente total derivada de accidente de trabajo, con la prestación económica correspondiente, y, por otra parte, que se condenara a la empresa al abono del recargo del 50 por 100 de la prestación. Se razona al respecto que no hay identidad de causa de pedir, pues mientras que la primera trae su causa en el factor desencadenante del accidente, es decir, si puede encuadrarse en alguno de los supuestos del art. 115 LGSS, el pedimento relativo al recargo tiene como causa de pedir el hecho de que la patronal no atendió las medidas generales y particulares de seguridad y de adecuación personal a cada trabajo, necesarias para evitar dicha contingencia, pretensión ésta última que encuentra su fundamento normativo en el art. 123 LGSS.
Se ve fácilmente que en estos dos casos causa petendi no se identifica con contingencia.
En contraste, el mismo TSJ Cataluña en sentencia de 17-2-2004 (rec. 83/2002) justifica el ejercicio simultáneo, en una misma demanda, de la reclamación de incapacidad permanente con origen en accidente laboral y la pretensión de recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo, argumentando que ambas deben acumularse puesto que derivan de una misma contingencia, por lo que, en consecuencia, se produce una identidad de la “causa petendi”.
Los Tribunales Laborales han declarado indebida la acumulación a una acción de Seguridad Social otra de diferente naturaleza en distintos supuestos:
- Un médico ya jubilado que prestaba servicios para el Insalud, que pide que se condene a éste a abonarle las cantidades correspondientes por los trienios completados antes de alcanzar la plaza en propiedad y que, además, demanda al INSS para que revise la base reguladora de la pensión de jubilación en función de esos trienios. Se argumenta que esta acumulación, en una sola demanda, de ambas acciones infringe tanto lo dispuesto en el art. 27.1 LPL, que sólo autoriza a acumular las acciones que competen al actor contra el mismo demandado, salvo los supuestos de litisconsorcio pasivo necesario, que se da respecto de la pretensión de seguridad social pero no así en la retributiva, como en su núm.3, que prohíbe acumular a las pretensiones de la Seguridad Social cualesquiera otras (STSJ Murcia 28-11-1995, rec. 1241/1994).
- Demanda confusa que mezcla conceptos jurídico-laborales y en la que se solicita el abono de ciertas diferencias tanto salariales como derivadas de prestaciones de ILT (STSJ Cataluña 18-6-1996, rec. 1004/1996).
- Demanda que reclama una cantidad global, correspondiendo una parte a salarios y otra a prestaciones devengadas en concepto de I.L.T. (STSJ Navarra 25-6-1996, rec. 308/1996).
- Empresa que reclama al Estado por un exceso de salarios de tramitación y, al tiempo, por cuotas a la Seguridad Social (STSJ Andalucía-Sevilla 19-11-1999, rec 606/1999).
- Demanda que hace una mixtura de reclamaciones al entrelazar cuestiones de derecho de trabajo y de seguridad social, pues se pide que se declare la existencia de relación laboral con la demandada en la que el demandante tenía determinada categoría profesional, con abono de diferencias salariales, dándose traslado, en caso de estimación de la anterior pretensión, a la Seguridad Social de Murcia a los efectos de cotización y desempleo y a la Inspección de Trabajo de Valencia para la revocación de determinadas actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social (STSJ Murcia 16-1-2001, rec 673/2000).
- Trabajador que demanda para que se declare que las bajas laborales que ha tenido lo son por accidente laboral y no por enfermedad común, lo que apoya en el art. 115.2 e) LGSS, así como para que se le indemnice en los daños sufridos a resultas de un incumplimiento de la obligación de preservación de su salud por parte de la empresa, lo que fundamenta en los arts. 1101 y 1102 CC (STSJ Canarias-SCr-30-1-2001, rec 908/2000).
- Demanda que mezcla salarios y subsidio de incapacidad temporal (STSJ Murcia 9-7-2002, rec. 617/2002).
- Demanda que acumula prestación de I.T. y mejora de convenio colectivo (STSJ País Vasco 11-2-2003 rec. 2889/2002).
Por supuesto que también se ha considerado indebido el acumular entre sí reclamaciones de Seguridad Social de distinta naturaleza, por estimar que en tales casos no hay identidad en la causa de pedir. Así, cuando se pide una incapacidad permanente total para la profesión habitual, con derecho a la correspondiente prestación económica, y, subsidiariamente que se reconozca el derecho a continuar el subsidio de incapacidad temporal, y ello con independencia de que la contingencia fuera la misma (STSJ Extremadura 2-5-2002, rec 191/2002), o cuando a consecuencia de una revisión de las bases reguladoras que sirvieron para el cálculo de la prestación por desempleo y para el pago de la I.L.T., se reclaman las diferencias existentes en el pago de ambas prestaciones en una misma demanda (STSJ Galicia 3-3-2000, rec. 5936/1996).
Casos de pretensiones de Seguridad Social que se han considerado acumulables por tener la misma causa de pedir son los que siguen:
- Las pensiones de viudedad y de orfandad, pues derivan del hecho de la muerte del trabajador (STCT 29-4-1973).
- El subsidio de incapacidad temporal y la reclamación de los gastos de asistencia sanitaria, al tener su origen en la situación provocada por un accidente de trabajo (STSJ Cataluña 25-1-1995).
- Los gastos por asistencia sanitaria, incapacidad temporal, invalidez provisional y por incapacidad permanente reclamados en una misma demanda por parte de una mutua patronal que los hubo de anticipar frente a una empresa que tenía constantes y reiterados descubiertos en sus cotizaciones a la Seguridad Social, y, subsidiariamente, frente al INSS y a la TGSS, y todo ello como consecuencia de un accidente de trabajo de un empleado de dicha empresa incumplidora, razonándose que todos estos gastos tienen una misma causa de pedir y que no se puede obligar a la mutua a plantear cuatro demandas diferentes para reintegrarse de las prestaciones anticipadas (STSJ Andalucía- Málaga 10-3-2000).
- El trabajador que pretende que se le declare en situación protegida de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y que, además, la contingencia determinante es accidente laboral y subsidiariamente enfermedad común. Se arguye que el estado de salud del demandante que menoscaba su capacidad para el trabajo es una situación unitaria que ha de ser valorada globalmente, pues en otro caso se rompería la unidad de la evaluación que permite conocer el alcance de su incapacidad (STSJ Extremadura 31-7-2001, rec. 374/2001).
- En una misma demanda una empresa que impugna dos resoluciones administrativas dictadas por el INSS, una que declara en situación de incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional a un trabajador, cuyo posterior fallecimiento dio lugar a pensiones de viudedad y orfandad por enfermedad común, y otra que impuso a dicha empresa recargo por falta de medidas de seguridad del 50 por 100 de esas prestaciones de viudedad, orfandad e incapacidad causadas. Se argumenta que hay identidad entre el objeto de ambas impugnaciones, cual es instar la nulidad de tales resoluciones por ser contrarias al contenido de una sentencia firme anterior en la que se resuelve la cuestión relativa a la contingencia determinante del fallecimiento del causante (STSJ Cataluña 11-12-2003, rec 716/2001).
- Una incapacidad temporal que se sucede en el tiempo, que ha dado lugar a diversas declaraciones y procedimientos sobre las correspondientes altas y sobre la que se objeta el origen de la contingencia (STSJ Cataluña 3-9-2004, rec. 4480/2003).
- El operario que interesa en su demanda el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta y subsidiariamente total, bien por la contingencia de accidente laboral o, de forma subsidiaria, por enfermedad común. Se explica que el objeto del proceso es una pretensión procesal única, el reconocimiento de una invalidez permanente que se basa en un único y determinado cuadro clínico, lo cual constituye la “causa petendi”, sin que resulte procedente la equiparación de contingencia con dicho concepto, afirmación esta última que se apoya en la doctrina contenida en la STS 18-5-1990 (STSJ País Vasco 7-10-1997).
D) Falta de Litisconsorcio pasivo necesario.
El litisconsorcio es la pluralidad de sujetos en la posición procesal de actor o de demandado. Cuando varios demandantes pleitean contra un demandado se habla de litisconsorcio activo; si solo un demandante acciona frente a varios demandados se habla entonces de litisconsorcio pasivo.
Al litisconsorcio voluntario se refiere el art. 72 de la Lec cuando dice que “podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir”, texto éste cuyo tenor ha sido reproducido por el nuevo apartado 3 del art. 27 incluido por el borrador de la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral a que antes se hizo referencia.
En principio, pues, el actor puede dirigir su demanda contra quien tenga por conveniente. Como dijo la STC 101/1993, “constituye una carga procesal del demandante la de determinar la legitimación pasiva de la parte demandada, por lo que corresponde sólo al demandante la determinación de los sujetos frente a los que dirige su acción, y no es, desde luego, función del órgano judicial suplir la voluntad de aquél en cuanto a la configuración de la relación procesal, ya que también en el proceso de trabajo rigen los principios dispositivo y de aportación de parte”.
El problema que se suscitó en el pasado se planteaba en aquellos casos en los que una norma jurídica permitía que la sentencia dictada en un proceso entre determinadas partes tuviera efectos frente a terceros que no intervinieron en él. Léanse si no los párrafos segundo y tercero del ya derogado art. 1252 del Código Civil:
“En las actuaciones relativas al estado civil de las personas y en las de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, la presunción de cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque no hubiesen litigado
Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas”
Es por ello por lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo creó la figura del litisconsorcio pasivo necesario, respondiendo a la necesidad de traer al proceso a todas aquellas personas interesadas en la relación jurídica controvertida, a quienes les pudiera perjudicar la resolución que se dicte (SSTS / Sala I 22-5-1985 y 20-12-1996)
El artículo 12.2 de la Lec ha plasmado normativamente esta doctrina al disponer que “cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa”.
La STC 335/1994, tras afirmar que el art. 81.1LPL parece ceñir el ámbito de la subsanación a defectos de tipo formal (STC 210/92, F.J. 1º), al incumplimiento de los requisitos generales y específicos de las distintas demandas, de suerte que el control judicial no se extiende al análisis de los presupuestos procesales, nos dice que, no obstante ello, “la jurisprudencia social viene sosteniendo en general que el juzgador, de oficio o a través de este cauce, debe velar por la correcta constitución de la relación jurídico-procesal en las situaciones de litisconsorcio pasivo, a fin de conseguir, salvaguardando el principio de audiencia bilateral, que la cosa juzgada material despliegue sus efectos y evitar así que se dicten eventuales fallos contradictorios sobre un mismo asunto (SSTS de 15 diciembre 1987; 14 marzo, 19 septiembre y 22 diciembre 1988; 24 febrero, 17 julio y 1 y 11 diciembre 1989; 19 mayo 1992)”.
En efecto, la Sala 4ª del T.S. ha tenido ocasión de tratar este problema varias veces, aunque no de una manera uniforme dada la diversidad de situaciones planteadas. Se trataba de decidir, interpretando el art. 81 LPL, si en un proceso iniciado mediante una demanda defectuosa por no estar dirigida contra todos los que pudieran resultar afectados por la sentencia, debía apreciarse la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario o bien anular las actuaciones y requerir al demandante para que procediera a subsanar tal defecto. En algunas ocasiones el Alto Tribunal se ha decidido por estimar la excepción, (así en la sentencia de 21 de diciembre de 1988) , pero en general parece que se ha consolidado la tesis de la nulidad de actuaciones (a modo de ejemplo la STS de 5 de mayo de 2000 y la mas reciente STS de 16 de julio de 2004, ambas relativas a materia de Seguridad Social)
No contiene la LPL una regulación específica acerca de quíenes deben ser demandados en los procesos de Seguridad Social. Tan solo dedica un artículo, el 140, a decir que las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social pueden personarse y ser tenidas por parte en los pleitos en esta materia en los que tengan interés, sin que esta intervención haga retroceder o detener el curso de las actuaciones.
En lo que a prestaciones se refiere, esto es, el ámbito de protección definido en el art. 38 LGSS (asistencia sanitaria, recuperación profesional y prestaciones económicas de incapacidad temporal, maternidad, invalidez, jubilación, desempleo, muerte y supervivencia y prestaciones familiares por hijo a cargo), tratándose de contingencias comunes la demanda habrá de entablarse contra la entidad que gestiona la prestación discutida, y también contra la empresa, como litisconsorte pasivo necesario, en el caso de que haya incumplido con sus obligaciones de cotización a la Seguridad Social, como así decidió la ya citada STS 5.5.2000.
En los procesos de impugnación de alta médica extendida por el Insalud o por el correspondiente Servicio Autonómico de Salud, además de éste también tiene legitimación pasiva el INSS por ser la entidad gestora obligada al pago del subsidio económico de incapacidad temporal. (SSTS 31.1.1996, 16-7.1996 y 28.9.1996). Finalmente, en estos casos de contingencia común, la TGSS no es litisconsorte pasivo necesario (STS 5.7.1985)
Si las prestaciones reclamadas por el interesado traen su causa en contingencias profesionales, el elemento subjetivo del proceso se amplía en el lado pasivo ya que la responsabilidad directa viene atribuida al empresario y, por subrogación, a la entidad aseguradora con la que éste tuviera concertado el riesgo (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o, a opción del asegurado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social), y la responsabilidad subsidiaria corresponde a este último organismo que tiene su origen en la desaparición, y consiguiente integración en él, del Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo, además de la responsabilidad legal de la Tesorería General de la Seguridad Social como continuadora de las funciones que tenía asignadas el Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo.
Por último, decir que, conforme a la STS 16.7.2004, en todos los procesos de accidente de trabajo o enfermedad profesional debe ser demandada la empresa para que la relación jurídico-procesal quede válidamente constituida, por existir un litisconsorcio pasivo necesario de origen legal, exigido por el art. 141 LPL, precepto que alude “al empresario demandado”; y aún cuando no hubiera tal exigencia legal la empresa, argumenta esta sentencia, debe ser demandada en su condición de sujeto de la relación jurídico-material de aseguramiento, no sólo si hubiera incumplido sus obligaciones para con la Seguridad Social, sino también si ha actuado de forma acorde al sistema, pues, en todo caso, se afirma, la sentencia que se dicte le afectará de forma directa.
Author : José Manuel BERMEJO MEDINA
La Reclamación Administrativa Previa en los Procesos de Seguridad Social
Proceso y Derechos Fundamentales en el Ambito de la Seguridad Social Filtrar

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 artículo 12