Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015s/se201531005.html
Timestamp: 2019-03-20 07:33:43+00:00

Document:
se201531005
SENTENCIA N° 05
Expediente : 01/2015-CA
Demandante : Nelzon Willy Vargas Nina
Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo interpuesto por Nelzon Willy Vargas Nina, contra la AGIT.
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa interpuesta por Nelzon Willy Vargas Nina cursante de fs. 32 a 34, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1378/2014 de 29 de septiembre, pronunciada por la AGIT, la respuesta a la demanda, de Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT de fs. 46 a 50; la respuesta del tercero interesado de fs. 82 a 85 vta., memoriales de réplica (fs. 90 a 91) y dúplica (fs. 95 a 96 vta.); los antecedentes del proceso; y:
I.1.1. Del memorial de demanda
Que, Nelzon Willy Vargas Nina, dentro del plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil (CPC), interpone demanda contencioso administrativo, con los siguientes fundamentos:
Reseñando los antecedentes suscitados en sede administrativa, manifiesta que, la AGIT al pronunciar la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1378/2014 de 29 de septiembre, vulneró el debido proceso al no haber valorado real y objetivamente la prueba, pues no refirió ni estableció porq ué motivos la pericia que presentó no tiene valor legal; dice que, debió cumplirse con lo establecido por el art. 81 de la Ley Nº 2492, sobre la apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba, además de justificar y fundamentar adecuadamente las razones por las cuales se les otorga determinado valor, situación que no ocurrió con la AGIT, que vulneró el debido proceso actuando de forma parcializada a favor de la Administración Tributaria Aduanera.
Resalta que, la Resolución confutada se fundó en opiniones subjetivas de los funcionarios de la aduana, los que no tienen especialidad ni experiencia para realizar pericias que puedan comprobar que el vehículo está siniestrado; sin embargo, la AGIT dio más valor a dichas versiones subjetivas que al Informe pericial que presentó en el recurso jerárquico como prueba de reciente obtención, conforme establece el art. 81.3 de la Ley Nº 2492, la que fue efectuada por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas del Centro de Investigaciones y Capacitación en Seguro Vial de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre” (IITCUP) de la Policía Boliviana, certificado Nº RUP 52000211-14 SECC.M.A064-14.
Agrega que, la citada pericia debió ser aceptada por cuanto fue realizada por expertos y debió rechazarse la prueba de la Administración Tributaria Aduanera, consistentes en dos informes con criterios subjetivos efectuados por funcionarios sin idoneidad. Señala que, el perito después de una revisión prolija del vehículo concluyó que: “a la fecha de la inspección, en la estructura exterior de la carrocería accesorios y autopartes del vehículo objeto del presente informe, los daños enunciados en los incisos: 8.11, 8.1.6, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, y 8.2.7 corresponden a la categoría de ‘DAÑO LEVE’ los cuales no afectan el correcto funcionamiento y circulación del vehículo”(sic); peritaje que tiene la fuerza legal prevista por el art. 441 del CPC, por lo que no es admisible que la AGIT haya obviado dichos extremos sesgando la verdad material.
Finaliza resaltando que, es facultad y deber de la Autoridad administrativa, el valorar la prueba conforme establece el art. 62.k) del Decreto Supremo (DS) Nº 27113 Reglamento de la Ley Nº 2341; deber que omitió la AGIT aplicando indebidamente la Ley. Reitera que, en la Resolución AGIT-RJ 1378/2014, no existió un debido proceso establecido en el art. 200.1 de la Ley Nº 2492 concordante con el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), al no haberse valorado la prueba señalada precedentemente.
Con los argumentos expuestos, pide la admisión de la demanda y que en Sentencia se declare probada la misma, consecuentemente se revoque totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1378/2014 de 29 de septiembre.
I.2. Admisión de la demanda y Responde de la AGIT
Por el auto de fs. 38 al admitir la demanda se corrió traslado a la entidad demandada y al tercer interesado quienes fueron debidamente citados.
Que, Daney David Valdivia Coria, en representación de la AGIT, respondió la demanda en forma negativa exponiendo los siguientes argumentos:
Señala que, el sujeto pasivo ofreció como prueba Informe Pericial cumpliendo con el juramento de reciente obtención el 5 de mayo de 2014, en fecha posterior al aforo realizado por la Administración Aduanera, en el que evidenció que la parte de la suspensión y dirección del vehículo tenía los siguientes daños: “el tijeral y su perno de sujeciones están sueltos, porque la parte para el ensamblaje estaba dañada, la pieza que forma parte de la suspensión y dirección estaba suelta…”, por dichas características concluye que el vehículo es siniestrado conforme prevé el art. 3.w) del DS Nº 28963 modificado por el DS N° 29836 de 3 de diciembre 2008, por lo que el informe pericial no desvirtuó el hecho de que el mismo haya ingresado siniestrado a zona franca. Refiere que, el ahora demandante vulneró los arts. 9.I.a) del DS N° 28963, 34.II.a) del DS N° 470, 117.I.e) del Reglamento a la Ley General de Aduanas y párrafo tercero numeral 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° RD 01-002-10, ya que ingreso a zona franca un vehículo siniestrado prohibido de importación, adecuando de esa manera su conducta a la comisión de contravención aduanera de contrabando prevista en el art. 181.f) de la Ley N° 2492. Señala que, la Resolución AGIT-RJ 1378/2014 fue dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes y en observancia de lo establecido por las Sentencias Constitucionales (SSCC) Nros. 164/R de 15 de octubre de 2010 y 0143/2012 de 24 de mayo.
Ratifica que, el vehículo es siniestrado conforme prevé el art. 3.w) del DS Nº 28963, modificado por el DS N° 29836, por lo que pide se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1378/2014 de 29 de septiembre.
Por decreto de fs. 51, se dispuso tener presente dicho responde en los términos que se expuso, corriendo traslado al demandante a efectos de la réplica.
La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de Patacamaya de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, representada legalmente por Ronald Vargas Choque, mediante memorial de fs. 82 a 85 vta., respondió la demanda señalando:
Sobre la vulneración del debido proceso refiere que, todos los actos jurídicos celebrados en instancia recursiva fueron cumplidos en estricta observancia a la norma jurídica de carácter especial; a pesar que ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) no se cumplió con lo dispuesto por el art. 81 de la Ley Nº 2492, que fue cumplido recién en instancia jerárquica, conforme se advierte en el parágrafo ix) de la Fundamentación técnico jurídico de la Resolución de Recurso Jerárquico, se evidencia que la prueba pericial Informe N° 51000211-14 de 05 de mayo, expedido por el IITCUP fue valorado estrictamente. Continua refiriendo que, el Informe Técnico que evidenció la siniestralidad del vehículo fue originado el 24 de enero de 2014, de esa fecha a la fecha del Informe pericial pasaron 3 meses y 7 días, tiempo en el que sin permiso se hubiera efectuado modificaciones en el vehículo, a pesar de ello y en sujeción al principio de verdad material conforme al parte de recepción se evidencia la calidad de siniestrado del vehículo en cuestión. Por otro lado expresa que, la Administración Aduanera llevó a cabo el procedimiento sancionador en estricta observancia de la Ley respecto a los derechos, reglas, principios y garantías básicas, actuando dentro de los parámetros de la garantía del debido proceso, que concluyó al verificarse que el sujeto pasivo introdujo a territorio nacional mercancía prohibida, dando lugar a la emisión del Acta de Intervención conforme establecen los arts. 21, 66 y 100 del CTB, frente a lo cual el implicado no asumió defensa en el plazo concedido por Ley, no presentando prueba de descargo, lo que conllevó a la emisión de la Resolución Sancionatoria de Contravención Aduanera por Contrabando.
Sobre los Informes Técnicos emitidos por la Aduana Nacional, dice que, el demandante no desvirtuó la calidad probatoria de los mismos, y que conforme establece el art. 77.III de la Ley N° 2492, fueron considerados en apego a los hechos suscitados, que evidencian la calidad de siniestrado del vehículo objeto de Procedimiento Sancionador. Finaliza indicando que, el fundamento de la demanda se encuentra alejada de la realidad y el ordenamiento jurídico, haciendo presumir que la buena fe no es un principio menos una característica atribuible al actuar de la parte demandante, solicita se tenga presente aquel aspecto en base a lo señalado en la SC N° 0258/2007-R, toda vez que la buena fe aplicada por la administración aduanera es un principio bilateral, por lo que las partes involucradas en el proceso deben observarla, aspecto incumplido por la parte contraria.
Concluye manifestando que el demandante no demostró la supuesta aplicación indebida de la Ley, en consecuencia pide declarar improbada en todas sus partes la demanda y confirme la Resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT RJ 1378/2014, de 29 de septiembre.
Nelzon Willy Vargas Nina, objetó los argumentos de la AGIT señalando que dicha autoridad se contradice al indicar que, se presentó prueba de reciente obtención consistente en Informe Pericial el cual estable de forma objetiva que el vehículo en cuestión no está siniestrado; además señala que, este Informe fue posterior al aforo realizado por la Administración Aduanera. Ahora bien, obviamente que el referido Informe fue posterior a la arbitraria Acta de Intervención y consiguiente Resolución Sancionatoria, precisamente por esa razón presentó como prueba de reciente obtención en conformidad a lo establecido por el art. 81.3 y 219.d) de la Ley N° 2492; continúa refiriendo que la AGIT vulneró el debido proceso, regulado por los arts. 115.II de la CPE y 441 del CPC, al no asignarle el valor y fuerza probatoria que tiene, más aun si se cumplió con todas las formalidades de Ley. Con relación a la presentación de la prueba antes de la emisión del Acta de Intervención no es evidente, toda vez que el art. 219.d) establece la forma y plazo de presentación, por lo que demostró con pericia técnica y válida jurídicamente que el vehículo no está siniestrado, aspecto no demostrado por la Administración Tributaria, que transgredió su derecho a la defensa vulnerando el debido proceso.
Luego de contextualizar los argumentos descritos en la demanda pide se declare probada la demanda y se resuelva revocando totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ 1378/2014.
Dúplica de la AGIT
Señala que, la importación del sujeto pasivo fue sorteado a canal rojo, por lo que fue sometida a revisión documental y física, emitiéndose los informes técnicos los que conllevaron a la emisión del acta de intervención Contravencional N° PATLZI-C.0026/2014 de 24 de febrero, y que en la misma fecha se realizó el aforo del vehículo, procedimiento desarrollado en sujeción a lo establecido por el art. 181.f) de la ley N° 2492 concordante con el art. 9.1.a) del DS N° 28963, resalta que, no está permitida la importación de vehículos siniestrados.
Respecto al Informe Pericial de 5 de mayo de 2014 presentado como descargo, dice, si bien se concluye que el vehículo presenta daños leves que no afectarían su funcionamiento, dicha conclusión es contraria a la conclusión arribada con el aforo realizado por la Administración de la Aduana, que establece que el vehículo se encontraba siniestrado antes y durante el aforo, por lo que el citado Informe no desvirtuó dichos informes, en ese marco establece que Nelzon Willy Vargas Nina, adecuó su conducta a la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando, prevista por el art. 181.f) de la Ley N° 2492 por vulneración de las previsiones de los arts. 9.l.a) del DS N° 28963, 34.lll.a) del DS N° 470, 117.I.e) del Reglamento a la Ley General de Aduanas y párrafo tercero num.3 de la Resolución de Directorio N° RO 01-002-10, por lo que no existe contradicción en el memorial de contestación.
En principio corresponde resaltar que, por disposición del art. 2.2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, se tiene reconocida la competencia de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución de la presente controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que éste Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por la AGIT al pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1378/2014 de 29 de septiembre, por el que Confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0533/2014 de 14 de julio, en consecuencia mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN/GRLPZ/AZFIP Nº 032/2014 de 21 de marzo, emitida por la Administración Aduanera.
Antes de desarrollar los fundamentos del fallo, es menester identificar el motivo de la controversia en el presente proceso, que se circunscribe en determinar si la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1378/2014 de 29 de septiembre, emitida por la AGIT, vulneró el derecho al debido proceso del demandante Nelzon Willy Vargas Nina, al confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0533/2014 de 14 de julio, que mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN/GRLPZ/AZFIP Nº 032/2014 de 21 de marzo, para ello debe ejercerse un control para evidenciar si la autoridad demandada omitió valorar adecuadamente el Informe Pericial Nº 51000211-14 de 5 de mayo de 2014 emitido por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas, presentada como prueba de reciente obtención.
Luego de las precisiones que anteceden, con la finalidad de verificar si es evidente la denuncia planteada en la presente demanda, corresponde hacer referencia a lo dispuesto por los arts. 115.II y 119.II de la CPE, que propugnan como garantías jurisdiccionales el derecho al debido proceso y a la defensa, que según el entendimiento asumido por la SC Nº 2798/2010-R de 10 de diciembre es: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.
Sobre el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas, la SC N° 1810/2011-R de 7 de noviembre, referente a este deber señaló lo siguiente: “Las resoluciones pronunciadas en el ámbito judicial o administrativo, deben estar debidamente fundamentadas, es decir que deben apreciarse y valorarse cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, relacionándolas con los hechos y citando las disposiciones legales que sustentan la decisión”; de esto se concluye que las resoluciones que emiten las autoridades judiciales y administrativas deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, deber que se encuentra vinculado al debido proceso.
En materia administrativa en referencia al deber de fundamentación de la Resolución Determinativa, el art. 99.II de la Ley Nº 2492, establece que “deberá contener como requisitos mínimos;…, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones,…. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales,… viciará de nulidad la Resolución Determinativa”; norma legal que guarda relación con el art. 28.e) de la Ley Nº 2341, que exige como elemento esencial del Acto Administrativo que el mismo “deba ser fundamentado, expresando en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto,…”.
Referente a la carga de la prueba en los procesos administrativos, el art. 76 de la Ley Nº 2492 establece que “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos”, sobre el particular el art. 77.I de la citada norma, reconoce al sujeto pasivo el derecho, en el procedimiento tributario, de invocar todos los medios de prueba admitidos en derecho; dispositivos legales que tienen por finalidad proteger la igualdad de las partes en los procesos administrativos respecto a la proposición de la prueba y su valoración, normas legales que guardan estrecha relación con el art. 47 de la Ley Nº 2341, que prevé que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; siguiendo dicha lógica el art. 81 de la Ley Nº 2492, precisa que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, norma que además prevé que cuando la prueba fuere presentada fuera de plazo, el sujeto pasivo está obligado a probar que la omisión no fue por causa propia además de prestar el juramento de reciente obtención; finalmente el art. 62.k) del DS Nº 27113 imperativamente dispone que la autoridad administrativa tiene el deber ineludible de analizar y valorar la prueba presentada.
En mérito a las normas legales glosadas precedentemente, corresponde reafirmar que, toda autoridad judicial o administrativa tiene la ineludible obligación de respetar y garantizar los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesales, por ello deben motivar y fundamentar adecuadamente sus resoluciones, apreciando y valorando cada una de las pruebas aportadas, sean estas de cargo o de descargo, relacionarlas con los hechos y citar los dispositivos legales que sustenten el fallo.
En autos del análisis de antecedentes se evidencia que, ante la ARIT el sujeto pasivo Nelzon Willy Vargas Nina, presentó el memorial de fs. 42 proponiendo prueba de descargo consistente en Informe Técnico Pericial RUP 51000211-14 de 5 de mayo emitido por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre” de la Policía Boliviana, en el que se concluyó que: “A la fecha de la inspección, en la estructura exterior de la carrocería, accesorios y autopartes del vehículo objeto del presente informe, los daños enunciados en los incisos: 8.1.1, 8.1.6.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 y 6.2.7 corresponde a la categoría de ‘DAÑO LEVE’ los cuales no afectan el correcto funcionamiento y circulación del vehículo”(sic); prueba que no fue valorada por la Autoridad Regional por no haberse cumplido la formalidad prevista por los arts. 81 de la Ley Nº 2492 y 217.a) de la Ley Nº 3092 conforme se precisó en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0533/2014 de 14 de julio (fs. 68); ahora bien, interpuesto el recurso jerárquico, salvando la omisión advertida, el sujeto pasivo a través del memorial de fs. 112, propuso nuevamente como prueba de descargo el Informe Pericial Nº 51000211-14 de 5 de mayo, para lo cual cumplió con el juramento de prueba de reciente obtención conforme consta en el acta de fs. 115; por lo que la AGIT, analizó y valoró el citado informe pericial conforme consta en el numeral IX del acápite IV.4.3 “Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando” de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1378/2014 (fs. 141 vta.), en el que precisó: “…en instancia Jerárquica el sujeto pasivo ofreció prueba de reciente obtención, el citado Informe Pericial Nº 51000211-14 de 5 de mayo de 2014; … de la revisión de ese Informe, se evidencia que el mismo si bien concluye que el vehículo presenta daños leves que no afectan su funcionamiento, sin embargo, éste fue emitido el 5 de mayo de 2014, es decir, de forma posterior al aforo realizado por la Administración Aduanera, en el que evidenció que la parte de la suspensión y dirección del vehículo en la rueda delantera, lado derecho del vehículo, tenía los siguientes daños: el tijeral y su perno de sujeción están sueltos, porque la parte para el ensamblaje estaba dañada (doblado y donde debería sujetar estaba ensanchado); la pieza que forma parte de la suspensión y dirección estaba suelta; por los daños mencionados la rueda estaba descentrada, asimismo, la rueda de atrás del lado izquierdo del vehículo estaba descentrada y la bolsa de aire del volante reventada, además, que según el Form. 187 ‘inspección Previa – Detalle de Ingreso del Vehículo para Reacondicionamiento’, y el parte de Recepción Nº PRV13008857 de 19 de diciembre de 2013, en la casilla observaciones señalan ‘Parte frontal chocado, parte de atrás chocado’, es decir el vehículo se encontraba siniestrado, por lo que el citado informe no desvirtúa el hecho de que el mismo haya ingresado siniestrado a Zona Franca Patacamaya”(sic).
De la conclusión que precede, se advierte claramente que la AGIT, cumplió con el deber de análisis y valoración del Informe Pericial ofrecido como prueba de descargo de reciente obtención; por lo que no es evidente la denuncia del demandante que la citada autoridad hubiera omitido el deber de consideración y valoración de la prueba Pericial, y se puede además apreciar que en dicha labor desarrolló y expuso los motivos y fundamentos que le condujo a concluir que, la prueba pericial no era suficiente para enervar la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando. En la labor de análisis de la prueba, estimó tanto la prueba pericial como la prueba que se suscitó en sede administrativa desde la fecha en la que se realizó el aforo físico del vehículo en la Administración Aduanera hasta que se emitió la Resolución Sancionatoria, resaltando que el Informe Pericial fue efectuado en forma posterior al aforo físico y no desvirtúa lo que consta en el Form. 187 “Inspección Previa – Detalle de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento” ni en el “Parte de Recepción Nº PRV13008857”, así como en los Informes Técnicos AN/GRLPZ/AZIP Nº 48/2013 y AN-GRLPZ-AZFIP Nº 100/2014, donde se hizo constar que el vehículo motorizado presentaba las siguientes observaciones: “parte frontal chocado y parte de atrás chocado” con los siguientes daños, tijeral y su perno de sujeción sueltos, parte para el ensamblaje dañada, pieza que forma parte de la suspensión y dirección suelta, rueda descentrada y bolsa de aire del volante reventada, encontrándose el citado vehículo siniestrado. De lo anotado se concluye que la autoridad demandada, al valorar la prueba precauteló el respeto de los derechos y garantías del sujeto pasivo reconocidos por los arts. 115.II y 119.II de la CPE, pues motivó y fundamentó adecuadamente la Resolución de Recurso Jerárquico conforme las exigencias de los arts. 99.II, 76, 77.I de la Ley Nº 2492 y 28.e) de la Ley Nº 2341; por lo que no es evidente la vulneración de las citadas normas ni la errónea aplicación de los arts. 81 de la Ley Nº 2492, 62.k) del DS Nº 27113 y 441 del CPC, pues el dictamen pericial fue estimado tomando en cuenta además los demás elementos de convicción generados en sede administrativa; por lo que, al confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA0533/2014 y mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN/GRLPZ/AZFIP Nº 032/2014, lo hizo cumpliendo las normas legales citadas y aplicando correctamente lo dispuesto por los arts. 9.I.a) del DS Nº 28963, 2.I.w) del DS Nº 29836 y 181.f) de la Ley Nº 2492.
Del análisis precedente, se concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1428/2014 de 13 de octubre, fue emitida en cumplimiento a las normativas tributarias citadas, no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada o errónea interpretación de la norma legal administrativa que vulneren derechos.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida en el art. 2.2) de la Ley Nº 620 y arts. 778 a 781 del CPC, en virtud de los fundamentos expuesto, falla en única instancia, declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa, interpuesta por Nelzon Willy Vargas Nina; en consecuencia, mantiene subsistente y con total validez la Resolución del Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 1378/2014 de 29 de septiembre, pronunciada por la AGIT. Con costas.

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