Source: http://ley.exam-10.com/law/9092/index.html
Timestamp: 2020-01-28 08:39:19+00:00

Document:
Patrimonio de familia inembargable interpretación de la ley 019 de 2012. Constitución. Sustitución. Cancelación / sustitucion y cancelación voluntaria de patrimonio de familia inembargable trámite notarial. Restricción al tratarse de menor de edad
título Patrimonio de familia inembargable interpretación de la ley 019 de 2012. Constitución. Sustitución. Cancelación / sustitucion y cancelación voluntaria de patrimonio de familia inembargable trámite notarial. Restricción al tratarse de menor de edad
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE - Interpretación de la ley 019 de 2012. Constitución. Sustitución. Cancelación / SUSTITUCION Y CANCELACIÓN VOLUNTARIA DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE - Trámite notarial. Restricción al tratarse de menor de edad
La ley 70 de 1931 estableció, por regla general, que para la constitución o sustitución voluntarias del patrimonio de familia inembargable era menester licencia judicial (artículos 11, 24, 25 y 26). Y al ocuparse de la cancelación o enajenación voluntaria del patrimonio de familia, la precitada ley 70 la condicionó a que en el evento de existir hijos menores de edad, era necesario el consentimiento de estos que se ha de producir a través de curador, bien el que tengan, ora el que se les designe para el caso específico, y que por eso la disposición denomina ad hoc (...) Desde el año de 2006, por medio de la expedición del decreto 2817, se reglamentó el trámite de constitución voluntaria de patrimonio de familia inembargable ante los notarios del país, autorizado en el artículo 37 de la ley 962 de 2005. Y posteriormente el decreto ley 019 de 2012 amplió las posibilidades en este ámbito al establecer, “sin perjuicio de la competencia judicial” en la materia, el trámite tanto de la sustitución como la cancelación voluntarias del patrimonio de familia también ante notarios. La habilitación legal para que los notarios adelanten estos trámites no tiene por efecto la desjudicialización total de la materia, dado que el interesado podrá escoger entre la vía judicial o la vía notarial, a su libre elección, según considere una u otra más adecuada y conveniente a sus propósitos e intereses. Por supuesto, cuando no hay acuerdo en la cancelación sino discrepancias entre los intervinientes, se dirime mediante un proceso judicial contencioso. Respecto de la cancelación voluntaria del patrimonio de familia inembargable, cuando existen menores de edad en calidad de beneficiarios del patrimonio, en este caso específico, de ninguna manera se desjudicializa el trámite en cuestión, pues, como se anotó, la designación de un curador ad hoc es indispensable para evitar el conflicto de intereses que puede surgir entre los constituyentes y los menores beneficiarios. Además, no es dable a los notarios la posibilidad de designar curadores de este tipo por no estar investidos de función judicial. Es decir, cuando se quiere únicamente cancelar o levantar el patrimonio de familia y aún hay hijos menores de edad este procedimiento se hace ante juez, dado que es este quien debe designar curador ad hoc y, en últimas, autorizar dicho acto, en protección de los derechos de aquellos. En consecuencia, es pertinente concluir que fue intención manifiesta e inequívoca del legislador extraordinario la de autorizar el trámite de la cancelación y sustitución voluntarias del patrimonio de familia inembargable ante los notarios, excepto cuando en la cancelación intervienen menores de edad, caso en el cual está excluido el trámite notarial. Finalmente, reitera la Sala que el presente concepto solo cobija lo relativo a la cancelación o sustitución voluntarios del patrimonio de familia inembargable y no los patrimonios de familia facultativos u obligatorios.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 42 INCISO 2 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 44 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 51 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 116 INCISO 3 / CODIGO CIVIL - ARTICULO 2488 / LEY 70 DE 1931 / LEY 495 DE 1999 - ARTICULO 1 / LEY 861 DE 2003 / LEY 962 DE 2005 - ARTICULO 37 / DECRETO 2817 DE 2006 - ARTICULO 1 / LEY 1098 DE 2006 - ARTICULO 82 NUMERAL 11 / LEY 1474 DE 2011 - ARTICULO 74 PARAGRAFO 1 / DECRETO LEY 019 DE 2012 - ARTICULO 84 / DECRETO LEY 019 DE 2012 - ARTICULO 85 / DECRETO LEY 019 DE 2012 - ARTICULO 86 / DECRETO LEY 019 DE 2012 - ARTICULO 87 / DECRETO LEY 019 DE 2012 - ARTICULO 88 / LEY 1564 DE 2012 - ARTICULO 21 NUMERAL 4 / LEY 1564 DE 2012 - ARTICULO 557 / LEY 1564 DE 2012 - ARTICULO 581 / DECRETO 2272 DE 1989 - ARTICULO 5 LITERAL F
Bogotá D.C., tres (03) de diciembre de dos mil trece (2013)
Radicación número: 11001-03-06-000-2013-00252-00(2151)
Referencia: Interpretación de los artículos 84, 85, 86 y 87 del decreto ley 019 de 2012, referentes a las figuras de cancelación y sustitución del patrimonio de familia inembargable.
La señora Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública formula a la Sala una consulta sobre la forma como se deben interpretar los artículos 84, 85, 86, 87 y 88 del decreto ley 019 de 2012, referentes a las figuras de cancelación y sustitución del patrimonio de familia inembargable, teniendo en cuenta que se han presentado divergentes posturas interpretativas respecto de las normas mencionadas, por parte de los defensores de familia y los notarios del país.
De acuerdo con los artículos 84 a 88 del decreto ley 019 de 2012, ¿pueden los notarios dar trámite tanto a las solicitudes de cancelación, así como a las de cancelación y sustitución del patrimonio de familia inembargable establecidas en el mencionado decreto ley, o existe algún tipo de restricción en cuanto a la procedencia y trámite de las figuras en cuestión?
Las calidades de los constituyentes y los beneficiarios, ¿tienen incidencia en el trámite de cancelación y sustitución del patrimonio de familia inembargable por parte de los notarios del país? …. “
“ ……2. Formas de terminación del patrimonio de familia y su regulación en las normas del decreto 019 de 2012
La ley 70 de 1931 contempla tres maneras de terminar un patrimonio de familia:
la cancelación voluntaria y directa del constituyente subordinada a la aquiescencia de su cónyuge y al consentimiento de los hijos menores dado por medio de curador si lo tienen o de uno nombrado ad hoc (art. 23);
la sustitución del inmueble que soporta el patrimonio de familia por otro que debe ser gravado con el patrimonio (art. 25),
y la extinción de la limitación por llegar los menores a la mayoría de edad cuando solo ellos quedaban como beneficiarios del patrimonio de familia, o sea en forma ipso iure por la verificación de esta condición de la cual pende y que implica el regreso del bien gravado al régimen del derecho común (art. 29).
Dentro de este marco se observa que el objetivo perseguido con la presente consulta se concreta en la determinación e interpretación de las normas que de acuerdo con el decreto ley 019 de 2012 regularon el trámite que ante notario se puede seguir para sustituir y cancelar el patrimonio de familia inembargable. La disparidad de criterios surgidos entre notarios y defensores de familia aparece como consecuencia de la redacción de las normas atendiendo solamente a un criterio exegético de interpretación jurídica.
El artículo 84 del decreto ley 019 de 2012 es claro al regular la sustitución y la cancelación del patrimonio de familia, al indicar que “(…) los notarios podrán sustituir o cancelar mediante escritura pública el patrimonio de familia constituido sobre un bien inmueble.” La voluntad del legislador, entonces, es inequívoca. En efecto, en el sentido de que los notarios podrán adelantar tanto la sustitución como la cancelación. De acuerdo con los artículos 85 y 86 ejusdem, la solicitud de “sustitución y cancelación” del patrimonio de familia inembargable debe ser presentada por los interesados bajo la gravedad del juramento, en la que se expresará la identificación, nacionalidad y domicilio del solicitante, lo que pretende, una síntesis de los hechos en que se fundamenta, la identificación, nacionalidad y domicilio de los padres del menor de edad beneficiario y los datos de éste último, la dirección del inmueble al que se le quiere cancelar o sustituir el patrimonio de familia, su ubicación, la cédula catastral y matrícula inmobiliaria y del nuevo inmueble dependiendo del caso, con indicación que el inmueble se encuentra libre de censo o anticresis, hipoteca o embargos, así como las razones por las cuales se pretende cancelar o sustituir el patrimonio de familia; además, deberá presentarse copia auténtica del registro civil de nacimiento del menor de edad y copia de la escritura pública mediante la cual se constituyó el patrimonio de familia el avalúo catastral de los inmuebles.
En igual sentido, la letra l. del artículo 85 del ya precitado decreto ley cuando determina el contenido de la solicitud de la sustitución o de la cancelación, indica que deberá contener: “l. Las razones por las cuales se pretende cancelar o sustituir el patrimonio de familia.” Así también el artículo 87, cuando regula la intervención del defensor de familia para las figuras en mención establece que “(…) el notario comunicará al Defensor de Familia para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir del tercer día hábil siguiente al envío por correo certificado de la comunicación, se pronuncie aceptando, negando o condicionando la cancelación o sustitución del patrimonio de familia (…).”
De lo anterior nótese que no resulta suficiente hacer un análisis puramente gramatical relativo a la utilización indiscriminada en la redacción de las normas en comento -tanto en sus títulos como sus contenidos- al referirse a las figuras de la “Sustitución” y/o “Cancelación” de la conjunción copulativa “y” o de la conjunción disyuntiva “o”1, para dilucidar el problema jurídico que se plantea en esta consulta respecto de la posibilidad de realizar dichos actos por vía notarial y las restricciones que puedan existir. La hermenéutica jurídica supone, como atrás se indicó, interpretar las normas para otorgarles un alcance en el cual produzcan efectos coherentes con el orden jurídico, en este caso, en armonía con las demás disposiciones que definen las figuras de cancelación y sustitución del patrimonio de familia2, en forma sistemática, de conformidad con su espíritu general y la intención manifiesta del legislador3, según se expone a continuación.
2.1. Sustitución del patrimonio de familia inembargable
“Artículo 25. Puede sustituirse un patrimonio de familia por otro, pero si entre los beneficiarios hay mujer casada o menores, el marido o el constituyente no puede hacer la sustitución sin licencia judicial, previo conocimiento de causa.
La escritura pública respectiva debe inscribirse en el libro especial de que trata el artículo 18, dentro de los 90 días señalados en el mismo texto.”
“Cuando hay acuerdo para la sustitución, la intervención judicial, se efectúa mediante proceso de jurisdicción voluntaria tendiente a nombrar el curador ad hoc para que consienta o no el levantamiento del patrimonio de familia de un bien, y la autorización para que otro bien lo reemplace en ese patrimonio de familia inembargable…”4
Ahora bien, el decreto ley 019 de 2012 en su artículo 84 señaló:
“Artículo 84. Sustitución y cancelación voluntaria del patrimonio de familia inembargable. Sin perjuicio de la competencia judicial, los notarios podrán sustituir o cancelar mediante escritura pública el patrimonio de familia constituido sobre un bien inmueble.”
En este sentido se abrió la posibilidad de tramitar la sustitución de patrimonio de familia inembargable ante los notarios del país, y el mencionado decreto ley en su artículo 875 impone además la intervención del defensor de familia con la finalidad de que este último se pronuncie ya sea aceptando, negando o condicionando dicha figura jurídica para garantizar los derechos de los beneficiarios. Aunque la ley 70 de 1931 supedita la sustitución del patrimonio de familia a la autorización judicial y esta se tramita bajo el proceso de jurisdicción voluntaria, es también viable hacer el trámite ante notario, según voluntad expresa del legislador extraordinario, porque de lo que se trata en este caso particular es de cambiar el inmueble objeto de protección por otro que va a ser amparado bajo la misma prerrogativa. En realidad, la intervención del defensor de familia tiene como función garantizar los intereses de la familia y de los menores de edad que pudieran resultar afectados con la decisión de sustitución, mediante la rendición de un concepto sobre el cual no cabe ningún recurso y, por tanto, de carácter vinculante para el notario, de manera que en el evento de ser negativo, perdería este competencia, caso en el cual el interesado estará en libertad de acudir ante la Jurisdicción de Familia.
2.2. Cancelación de patrimonio de familia inembargable
“Artículo 23. El propietario puede enajenar el patrimonio de familia o cancelar la inscripción por otra que haga entrar el bien en su patrimonio particular sometido al derecho común; pero si es casado o tiene hijos menores, la enajenación o la cancelación se subordinan, en el primer caso, al consentimiento de su cónyuge, y, en el otro, al consentimiento de los segundos, dado por medio o con intervención de un curador, si lo tienen, o de un curador nombrado ad hoc.”
La posibilidad de cancelación del patrimonio de familia inembargable contempla dos hipótesis bien definidas, de un lado, cuando en consonancia con la norma exista vínculo matrimonial, el consentimiento del cónyuge es indispensable y “no se requiere de intervención judicial porque basta la intervención solemne de los interesados”6, y por el otro, cuando haya hijos menores de edad, el consentimiento de estos está supeditado a la intervención de un curador en caso de que este exista, o un curador nombrado ad hoc que se designará en un proceso de jurisdicción voluntaria ante el juez de familia.
Es necesario distinguir entonces, la cancelación de patrimonio de familia inembargable del procedimiento para la designación de curador ad hoc para la cancelación de patrimonio de familia. La cancelación del patrimonio de familia de forma genérica, es la renuncia a la prerrogativa que la ley estableció tendiente a proteger un inmueble de la órbita intima del núcleo familiar. Por su parte, la designación del curador ad hoc únicamente adquiere relevancia cuando en la cancelación del patrimonio de familia resulta indispensable proteger los intereses de menores de edad. Además, como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia, no se trata solamente de una designación de plano sino que implica el análisis del juez respecto de la necesidad, utilidad y conveniencia de la cancelación, mediante el adelantamiento de un proceso de jurisdicción voluntaria7. La razón del nombramiento del curador ad hoc se encuentra fundada en el conflicto de intereses que podría resultar para los padres que cancelan al actuar en su propio interés y al mismo tiempo en interés de los menores de edad8.
La asignación del curador ad hoc para la cancelación del patrimonio de familia inembargable está atribuido a la jurisdicción de familia de acuerdo con lo establecido por el decreto 2272 de 1989 en su artículo 5° literal f), que establece:
“Articulo 5° Competencia. Los jueces de familia conocen de conformidad con el procedimiento señalado en la ley, de los siguientes asuntos:
f) De la designación de curador ad hoc para la cancelación del patrimonio de familia inembargable;”
“Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos:
4. De la autorización para cancelar el patrimonio de familia inembargable, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.”
La norma precitada entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2014, sin embargo, resulta importante señalar que aunque presenta diferencias respecto a lo expresado por el literal f del artículo 5 del decreto 2272 de 1989, según el cual los jueces de familia son competentes en única instancia para la designación de curador ad hoc a efectos de la cancelación del patrimonio de familia inembargable, no implica una modificación de la exigencia del artículo 23 de la ley 70 de 1931, según la cual la autorización para cancelar el patrimonio de familia inembargable cuando existan menores de edad beneficiarios de dicho patrimonio, requiere la designación de un curador ad hoc para proteger los intereses de estos y, finalmente, la autorización del juez.
Adicionalmente, el artículo 557 del Código General del Proceso señala que se sujetarán al procedimiento de jurisdicción voluntaria, entre otros asuntos: “8. La autorización para levantar patrimonio de familia inembargable”, y “9. Cualquier otro asunto de jurisdicción voluntaria que no tenga señalado trámite diferente.” Igualmente, el artículo 581 ibídem, ordena que “[e]n la solicitud de licencia para levantamiento de patrimonio de familia inembargable o para enajenación de bienes de incapaces, deberá justificarse la necesidad y expresarse la destinación del producto, en su caso.” Del texto de estas disposiciones, vigentes a partir del 1 de octubre del 2012, según el numeral 4 del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012, se desprende a las claras que los asuntos mencionados en las mismas no solo se ventilan en jurisdicción voluntaria, sino que requieren de la autorización o licencia del juez de familia, quien, como lo ha manifestado la jurisprudencia, debe analizar la necesidad, utilidad y conveniencia de la cancelación a efectuar.
Teniendo en cuenta la distinción a la cual se hace alusión, es necesario señalar que además del proceso para la designación de curador ad hoc en caso de cancelación o levantamiento de patrimonio de familia en la que existan menores de edad (niños, niñas y adolecentes), el trámite también precisa la intervención del defensor de familia, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 82 de la ley 1098 de 2006.
Ahora bien, como atrás se señaló, el decreto ley 019 de 2012 estableció en su artículo 84 que al igual que la sustitución de patrimonio de familia inembargable, los notarios del país pueden tramitar la cancelación de la mencionada figura jurídica. No obstante, respecto de la cancelación del patrimonio de familia inembargable dos hipótesis merecen análisis:
(i) La primera, cuando el constituyente tiene la voluntad de cancelar el patrimonio de familia inembargable, con el consentimiento del cónyuge, y no hay hijos o habiéndolos han alcanzado la mayoría de edad, ningún procedimiento o autorización judicial se establece para hacer efectiva la cancelación, razón por la cual no existe impedimento para que la figura jurídica bajo análisis pueda ser tramitada por los notarios del país, con la intervención del defensor de familia, tal como está establecido en el artículo 87 del decreto ley 019 de 2012.
(ii) La segunda, cuando en el trámite de cancelación de patrimonio ante notario, se encuentra de por medio el interés de menores de edad en calidad de beneficiarios. En este caso no es posible la desjudicialización del trámite pues, como se dijo, el procedimiento para la designación del curador ad hoc para la cancelación del patrimonio de familia inembargable, tiene la función esencial de proteger el interés superior de los menores de edad frente al posible conflicto que surge cuando el constituyente actúa en interés propio y al mismo tiempo en el de los menores de edad. Así, teniendo en cuenta que la competencia para la asignación del curador ad hoc está radicada de manera expresa y limitativa en la jurisdicción de familia, y escapa al ejercicio de funciones de los notarios dicha asignación -como se expondrá más adelante-, el trámite correspondiente respecto de esta hipótesis debe permanecer bajo los presupuestos del proceso judicial, es decir, quien conoce este asunto es el juez de familia. En estos casos, cuando se ha surtido el proceso de jurisdicción voluntaria para la designación del curador ad hoc para que este concurra al respectivo proceso luego del análisis que el juez hace de la juridicidad de la figura, la intervención o el concepto del defensor de familia se circunscribe a la verificación de la conveniencia de la cancelación respecto del interés de los intervinientes objeto de protección especial (menores de edad).
Sustituciones hereditarias: sus clases. Sustitución vulgar, pupilar...

References: artículo 37
 artículo 84
 artículo 85
 artículo 87
 artículo 18
 artículo 84
 artículo 875
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 23
 artículo 557
 artículo 581
 artículo 627
 artículo 82
 artículo 84
 artículo 87