Source: http://www.qacorporate.es/blog/archives/03-2020
Timestamp: 2020-07-11 15:04:58+00:00

Document:
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Este RD ley está en vigor desde hoy, 18 de marzo, y las medidas previstas en el presente real decreto ley mante
medidas adoptadas por el Gobierno:
Cuando el Catastro comunique actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia a partir de hoy, 18 de marzo, el plazo para ser atendidos finalizará el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación.
Asimismo, recoge las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. Se refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, posibilitándoles que tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, adicionalmente, que el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos. En circunstancias normales, durante un ERTE el trabajador puede acceder a la prestación contributiva por desempleo si cuenta con el periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, además, este periodo le computa a efecto de los periodos máximos de percepción de la prestación.
Prórroga autómatica de las prestaciones por desempleo, nadie perderá sus derechos por no acudir a una oficina de empleo.
I- Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual
- Que se trate de empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización,
- Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación resultado del impacto de la crisis del COVID 19 en su actividad económica.
- Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para subvenciones de concesión directa para proyectos y programas de investigación del coronavirus COVID-19”, por importe de 24.000.000 de euros.
- Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos de investigación del coronavirus COVID-19”, por importe de 4.450.000 euros.
VII-Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Disposición Final cuarta.
VIII .Flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientospuedan invertir hasta 300 millones de euros de su superávit en partidas de atención social de colectivos afectados por la expansión del Covid-19, como había reclamado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Nos parece interesante para nuestro colectivo el anexo “Plan Acelera” con una serie de medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización de las pymes desde el asesoramiento y la formación.
Desde el Consejo General de Economistas, ahora más que nunca, queremos ser útiles y un apoyo para afrontar esta situación tan excepcional para todos, por lo que, os recordamos que tenéis a vuestra disposición en nuestra página web un apartado de resolución de aquellas dudas que se os puedan suscitar en relación con el COVID-19 y nuestra actividad como economistas. Disponible Aquí
Deseamos que esta situación pase lo más rápido posible y con las menores consecuencias tanto de salud, familiares y económicas.Haz clic aquí para editar.
TS 1623/2020, de 19 de febrero. Sala de lo Civil. .Calificación: Art. 164.2.3.º, transferencia injustificada a socio mayoritario.
ATS 1623/2020, de 19 de febrero.*
Calificación: Art. 164.2.3.º, transferencia injustificada a socio mayoritario.
Respecto de las causas de calificación del art. 164.2.3º, el ámbito de conocimiento en la sección reabierta se ciñe necesaria y exclusivamente a la determinación de si la frustración del cumplimiento del convenio es imputable al deudor concursado. Cita sus SS 246/2016, 13/04/2016. En el caso de autos se considera imputable por cuanto se realizaron tres transferencias por el concursadoal socio mayoritario sin justificación.
AAP GI 177/2020, de 10 de febrero.*
Sección 2. Ponente, María Isabel Soler Navarro.
Venta de la unidad productiva: Leasing, fianza.
Cuando se vende una unidad productiva y entre los activos trasmitidos se encuentran derechos sobre bienes en arrendamiento financiero (contratos de leasing), los fiadores de la relación jurídica originaria únicamente responden de las deudas contraídas hasta el momento de la efectiva transmisión (a no ser que se disponga de otra manera en el Auto de adjudicación). No así de las posteriores toda vez que con la venta a quedó extinguida la obligación del fiador de conformidad con lo dispuesto en el Art 1847 del Código Civil. Cita su A de 19 de noviembre de 2019.
Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga.Haz clic aquí para editar.
Liquidación: Constitución de hipoteca.
1) RDGSFP, de 2 de diciembre de 2019.**
Supuesto de hecho: Hipoteca constituida la administración concursal de una persona física a favor de una entidad bancaria que ostenta la condición de acreedora concursal. Posteriormente el Juzgado conocedor del concurso dictó auto de conclusión del concurso al amparo del art. 176.1.4.º LC.
Tratándose de personas naturales, en la medida en que éstas, por su propia naturaleza, no quedan extinguidas con ocasión de la liquidación y conclusión del concurso, a diferencia de lo que ocurre con los concursados personas jurídicas (cfr. artículos 145.3 y 178.3 de la Ley Concursal), y su responsabilidad es personal e ilimitada ex artículo 1911 del Código Civil hasta el momento de su fallecimiento (cfr. artículo 32 del Código Civil), el rigor en la aplicación de las normas concursales debe ciertamente atemperarse en aras a lograr una salida exitosa de la situación concursal por parte de los deudores personas físicas, sin olvidar en modo alguno la íntegra satisfacción de los acreedores, lo que en todo caso debe obtenerse en cuanto a ello responde la finalidad última de los procedimientos concursales. La hipoteca es válida.
Nota: El Auto de 17 de junio de 2011 dictado por el Juzgado Mercantil 1 de Barcelona ya aceptó esta posibilidad. La resolución contemplaba la aprobación de un plan de liquidación que preveía como mecanismo solutorio la constitución de una hipoteca otorgada en favor de una entidad financiera sobre diversos inmuebles, en el bien entendido de que la financiación otorgada con dicha hipoteca permitía atender el pago de la totalidad de los créditos concursales y contra la masa.
Agradecemos a Antoni Ramírez Angelat habernos facilitado esta R.
2) SJM M 4234/2019, de 16 de octubre.***
Sección 7. Ponente, Juan Carlos Picazo Menéndez.
Contratos con obligaciones recíprocas: Descuento comercial.
Supuesto de hecho: Entidad financiera que se niega a descontar los efectos que la concursada le solicita en el marco del contrato que ambas partes tenían suscrito desde antes de la declaración del concurso.
La negativa produce un daño indemnizable en favor de la concursada por la disminución de beneficios como consecuencia de la falta de circulante necesario para atender las necesidades del proceso productivo y también por el menor precio obtenido en la venta de la unidad productiva. El daño es imputable a la entidad financiera a la que se condena.
Agradecemos a Pablo Ferrándiz Avedaño habernos facilitado esta resolución.
Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga
Crédito de la TGSS: Derivación de responsabilidad a administrador social.
HaSJE REFOR-CGE 9/2020 - 5 de marzo de 2020
seaprador
1) ATS 1438/2020, de 18 de febrero.*
Sala de lo Contencioso. Ponente, JOSÉ LUIS REQUERO IBÁÑEZ.
Para acordar la TGSS la derivación de responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital resulta necesario, no sólo constatar una situación fáctica de insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales a que se refiere el art. 367.1 LSC, sino también y además, justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad. Reproduce doctrina emanada de la misma Sala en las SS de 24 de junio de 2019, 25 de junio de 2019, y 26 de junio de 2019.
2) RDGSJFP, de 5 de diciembre de 2019.***
Venta de inmueble: Requisitos formales a efectos del registro.
Ante la negativa del registrador de la propiedad de inscribir una escritura de compraventa celebrada por un administrador concursal en el marco de una liquidación concursal, por considerar que a) es necesario que se aporte el plan de liquidación concursal mediante la presentación de un testimonio expedido por la autoridad judicial competente, sin que sea admisible la aportación de una fotocopia; b) es preciso que conste la firmeza del auto judicial por el que se aprueba el referido plan de liquidación, y, c) para cuando se aporte dicho testimonio del plan de liquidación, teniendo en cuenta que de las reglas que en él se recogen resulta que a la fecha del otorgamiento de la escritura, se habría superado el plazo previsto en el plan de liquidación para la enajenación de los bienes por el sistema de venta directa, es necesaria la declaración por el juez concursal de la misma se ajusta al plan de liquidación aprobado; Resuelve la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública:
1.- Uno de los principios básicos de nuestro Derecho hipotecario es que sólo la documentación auténtica y pública puede tener acceso al Registro. Esta exigencia de titulación auténtica derivada del principio de legalidad al que responde el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. Tratándose de documentos judiciales, sean resoluciones o diligencias de cualquier índole, el documento a presentar debe ser la ejecutoria, mandamiento o testimonio correspondiente expedido por quien se halle facultado para ello con las formas y solemnidades previstas en las leyes, extremos que no se dan en el caso, ya que la documentación aportada a calificación consiste en meras fotocopias, es decir reproducciones xerográficas de un documento.
2.- La práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como son las inscripciones y las cancelaciones, ordenada en virtud de documento judicial, sólo puede llevarse a cabo cuando del mismo resulta la firmeza de la resolución judicial (arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la Ley Hipotecaria y 174 del Reglamento Hipotecario). Mientras que dicha firmeza no quede oportunamente acreditada, solo sería posible practicar una anotación preventiva (artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Cita sus Resoluciones de 6 y 8 de julio de 2015.
3.- La enajenación de bienes inmuebles en el concurso debe realizarse por la vía de apremio, por subasta, salvo que el juez del concurso haya autorizado la venta directa, ya sea al aprobar un plan de liquidación ya sea de forma específica para ese acto. Por ello una venta directa de bienes del concursado debe contar con la resolución judicial que lo autoriza, ya sea la expresa para esa venta ya sea la general de aprobación del plan de liquidación que lo comprende. El registrador puede controlar esta exigencia legal al calificar la escritura de venta directa. Pero el control afecta a la existencia de esa autorización judicial, no al cumplimiento de otros requisitos o condiciones que pudieran haberse previsto en el plan de liquidación y que presupongan una valoración jurídica que no le corresponde, como pudieran ser los términos y condiciones de la venta previstos en el plan. De ahí que el registrador, para corroborar la existencia de la autorización judicial de venta directa (la específica o la general de aprobación del plan de liquidación), deba exigir su aportación junto con la escritura. Y, por ello la calificación negativa del registrador, que suspende la inscripción mientras no se aporte el plan de liquidación o una resolución específica que autorizara la venta directa en ese caso, se acomoda a lo previsto en el art. 18 LH. Reproduce STS 315/2019, de 4 de junio.
Del criterio que sostiene esta Sentencia puede concluirse que el registrador ha de exigir necesariamente que se aporte una resolución judicial que autorice la venta directa durante la fase de liquidación. Esa resolución puede ser específica para ese acto concreto, o la general que apruebe el plan de liquidación.
El registrador, a la vista del plan de liquidación, tendrá que comprobar que dicho plan prevé la opción de la venta directa para esa clase concreta de bienes; y debe calificar si se cumplen los requisitos necesarios para que la venta pueda ser directa, es decir que se dan los presupuestos y requisitos exigidos para ello en el plan de liquidación (ad ex. si la venta se realiza por el precio mínimo que se hubiera fijado en el plan de liquidación se fije un precio mínimo; que se ha respetado el plazo previsto para la venta directa; o que se respetan determinadas garantías que se exigieran al comprador).
En el Derecho español existe una clara opción de política legislativa dirigida a evitar que la administración concursal opere discrecionalmente en la fase predispuesta para la conversión en dinero de los bienes y derechos que integran el patrimonio concursal. Cita RR de 28 de junio de 2016 y 20 de septiembre de 2018.z clic aquí para editar.

References: real decreto 
 resolución 
 artículo 1911
 artículo 32
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución