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Timestamp: 2015-08-04 05:18:57+00:00

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Práctica Jurídica de Colombia: Vigencia del Código General del Proceso
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La nueva ley 1564 de 2012 o "Código General del Proceso", recién sancionada el 12 de Julio de 2012 (coincidió con el día de la sanción de la reforma procesal introducida por la ley 1395 de 2010) señala que sus disposiciones entrarán a regir progresivamente.
Unas ya están vigentes con su promulgación, otras a partir del 01 de Octubre de 2012, otras a partir del 01° de Julio de 2013 y el resto el 01° de Enero de 2014.
Por el momento, las disposiciones que desde ya están en vigencias son los artículos 24, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, 610 a 627 pues su vigencia se condicionó a la promulgación de la ley (12 de Julio de 2012).
Esta entrada muestra las disposiciones que según la misma ley, están vigentes desde ya.
Para consultar la ley, haga CLICK AQUÍ (Actualizada a 01 de Noviembre de 2012)
Artículo 24. Ejercicio de funciones
jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades
administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones
jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:
1. La Superintendencia de Industria y Comercio en
los procesos que versen sobre:
a) Violación a los derechos de los consumidores
establecidos en el Estatuto del Consumidor.
b) Violación a las normas relativas a la
2. La Superintendencia Financiera de Colombia
conocerá de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y
las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el
cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la
actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.
3. Las autoridades nacionales competentes en
materia de propiedad intelectual:
a) La Superintendencia de Industria y Comercio en
los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.
b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en
los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos.
c) El Instituto Colombiano Agropecuario en los
procesos por infracción a los derechos de obtentor de variedades vegetales.
4. El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien
haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos determine la
estructura interna, podrá, bajo el principio de gradualidad en la oferta,
operar servicios de justicia en todos los asuntos jurisdiccionales que de
conformidad con lo establecido en la Ley 446 de 1998 sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia han sido atribuidos a la
Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera y
Superintendencia de Sociedades, así como en los asuntos jurisdiccionales
relacionados con el trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes
y los asuntos previstos en la Ley 1098 de 2006 de conocimiento de los
defensores y comisarios de familia. También podrá asesorar y ejercer la
representación judicial de las personas que inicien procesos judiciales de
declaración de pertenencia con miras al saneamiento de sus propiedades.
5. La Superintendencia de Sociedades tendrá
facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a:
a) Las controversias relacionadas con el
cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecución específica de las
obligaciones pactadas en los acuerdos.
b) La resolución de conflictos societarios, las
diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o
entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto
c) La impugnación de actos de asambleas, juntas
directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas
sometidas a su supervisión. Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar
por los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren
nulos será competencia exclusiva del Juez.
d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y
la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su
supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de
terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado,
participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán
solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios
causados. Así mismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los
posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.
e) La declaratoria de nulidad absoluta de la
determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de
indemnización de perjuicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de
minoría y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en
interés de la compañía con el propósito de causar daño a la compañía o a otros
accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así
como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los
otros accionistas.
Parágrafo 1°. Las funciones jurisdiccionales a que
se refiere este artículo, generan competencia a prevención y, por ende, no
excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a
las autoridades administrativas en estos determinados asuntos.
Cuando las autoridades administrativas ejercen
funciones jurisdiccionales, el principio de inmediación se cumple con la
realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la
estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o
Parágrafo 2°. Las autoridades administrativas que a
la fecha de promulgación de esta ley no se encuentren ejerciendo funciones
jurisdiccionales en las materias precisas que aquí se les atribuyen,
administrarán justicia bajo el principio de gradualidad de la oferta. De
acuerdo con lo anterior, estas autoridades informarán las condiciones y la
fecha a partir de la cual ejercerán dichas funciones jurisdiccionales.
Parágrafo 3°. Las autoridades administrativas
tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la
ley para los jueces.
Las providencias que profieran las autoridades
administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales no son impugnables
ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Las apelaciones de providencias proferidas por las
autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones
jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del
juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera
instancia ante un juez y la providencia fuere apelable.
Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el
juez en única instancia, los asuntos atribuidos a las autoridades
administrativas se tramitarán en única instancia.
Parágrafo 4°. Las partes podrán concurrir
directamente a los procesos que se tramitan ante autoridades administrativas en
ejercicio de funciones jurisdiccionales sin necesidad de abogado, solamente en
aquellos casos en que de haberse tramitado el asunto ante los jueces, tampoco
hubiese sido necesaria la concurrencia a través de abogado.
Parágrafo 5°. Las decisiones adoptadas en los
procesos concursales y de reorganización, de liquidación y de
validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización, serán de única
instancia, y seguirán los términos de duración previstos en el respectivo procedimiento.
Parágrafo 6°. Las competencias que enuncia este
artículo no excluyen las otorgadas por otras leyes especiales por la naturaleza
Artículo 30. Competencia de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de
Justicia conoce en Sala de Casación Civil:
8. De las peticiones de cambio de radicación de un
proceso o actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia, que
implique su remisión de un distrito judicial a otro.
Parágrafo. El Procurador General de la Nación o el
Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también están
legitimados para solicitar el cambio de radicación previsto en el numeral 8.
Artículo 31. Competencia de las salas civiles de
los tribunales superiores. Los tribunales superiores de distrito judicial
conocen, en sala civil:
2. De la segunda instancia de los procesos que
conocen en primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio de
funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el
juez civil del circuito. En estos casos, conocerá el tribunal superior del
distrito judicial de la sede principal de la autoridad administrativa o de la
sede regional correspondiente al lugar en donde se adoptó la decisión, según
fuere el caso.
Artículo 33. Competencia funcional de los
jueces civiles del circuito. Los jueces civiles del circuito conocerán en
2. De los procesos atribuidos en primera a las
autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando
el juez desplazado en su competencia sea el juez civil municipal. En estos
casos, conocerá el juez civil del circuito de la sede principal de la autoridad
administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se
adoptó la decisión, según fuere el caso.
Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago
de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la
demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos.
Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por
la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la
objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la
Formulada la objeción el juez concederá el término
de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite
las pruebas pertinentes.
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el
juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que
haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.
Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta
por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a
la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.
El juez no podrá reconocer suma superior a la
indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con
posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo
objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan
desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en
relación con la suma indicada en el juramento.
El juramento estimatorio no aplicará a la
cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien
reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.
Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que
se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por
falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá
al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones
fueron desestimadas.
o realización especial de la garantía real
Artículo 467. Adjudicación o realización
especial de la garantía real. El acreedor hipotecario o prendario
podrá demandar desde un principio la adjudicación del bien hipotecado o
prendado, para el pago total o parcial de la obligación garantizada, y
solicitar en subsidio que si el propietario demandado se opone a través de excepciones
de mérito, la ejecución reciba el trámite previsto en el artículo siguiente,
para los fines allí contemplados.
1. A la demanda de adjudicación se deberá acompañar
título que preste mérito ejecutivo, el contrato de hipoteca o de prenda, un
certificado del registrador respecto de la propiedad de demandado sobre el bien
perseguido y, en el caso de la prenda sin tenencia, un certificado sobre la
vigencia del gravamen. Tales certificados deberán tener una fecha de expedición
no superior a un (1) mes. También se acompañará el avalúo a que se refiere el
artículo 444, así como una liquidación del crédito a la fecha de la demanda.
2. El juez librará mandamiento ejecutivo en la
forma prevista en el artículo 430, en el que prevendrá al demandado sobre la pretensión
de adjudicación. También decretará el embargo del bien hipotecado y, en el caso
de los bienes prendados, su embargo y secuestro.
3. El ejecutado podrá, en el término de diez (10)
días, plantear las siguientes defensas:
a) Pedir la regulación o pérdida de intereses; la
reducción de la pena, hipoteca o prenda; la fijación de la tasa de cambio, o
tachar de falso el título ejecutivo o el contrato de hipoteca o de prenda,
eventos en los cuales la solicitud se tramitará como incidente que se decidirá
por auto apelable en el efecto diferido.
Ejecutoriado este auto, se procederá a la
adjudicación en la forma aquí prevista, salvo que prospere la tacha del título
ejecutivo, caso en el cual decretará la terminación del proceso. Si la que
prospera es la tacha del contrato de garantía, la ejecución continuará según
las reglas generales.
Si también se proponen excepciones de mérito,
dichas solicitudes se tramitarán y decidirán conjuntamente con ellas.
b) Formular excepciones de mérito, a las que se les
dará el trámite previsto en el artículo 443.
c) Objetar el avalúo en la forma dispuesta en el
artículo 444, que el juez tramitará y decidirá en la forma señalada en esa
d) Objetar la liquidación del crédito en la forma
dispuesta en el artículo 446, que el juez resolverá con sujeción a esa norma.
e) Solicitar que antes de la adjudicación se someta
el bien a subasta, caso en el cual se procederá en la forma establecida en los
artículos 448 y 450 a 457, en lo pertinente. Si no se presentaren postores se
procederá a la adjudicación en la forma aquí prevista.
La solicitud de subasta previa también podrá ser
formulada por el acreedor de remanentes.
Si sólo se hubieren objetado el avalúo y la
liquidación del crédito o uno cualquiera de ellos, en firme el auto que
resuelve la objeción se adjudicará el inmueble al acreedor.
4. Cuando no se formule oposición, ni objeciones,
ni petición de remate previo, el juez adjudicará el bien al acreedor mediante
auto, por un valor equivalente al noventa por ciento (90%) del avalúo
establecido en la forma dispuesta en el artículo 444. En la misma providencia
cancelará los gravámenes prendarios o hipotecarios, así como la afectación a
vivienda familiar y el patrimonio de familia; cancelará el embargo y el
secuestro; ordenará expedir copia del auto para que se protocolice en una
notaría del lugar del proceso y, si fuere el caso, se inscriba en la oficina de
registro correspondiente, copia de lo cual se agregará al expediente; y
dispondrá la entrega del bien al demandante, así como de los títulos del bien
adjudicado que el demandado tenga en su poder.
Si fuere necesario, el juez comisionará para la
diligencia de entrega del bien. Sólo en caso de no haberse secuestrado
previamente, serán escuchadas oposiciones de terceros.
5. Si el valor de adjudicación del bien es superior
al monto del crédito, el acreedor deberá consignar la diferencia a órdenes del
juzgado respectivo dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del
plazo para presentar oposición, si esta no se formula, o a la providencia que
la decida. Si el acreedor no realiza oportunamente la consignación se procederá
como lo dispone el inciso final del artículo 453.
6. A este trámite no se puede acudir cuando no se
conozca el domicilio del propietario o su paradero, ni cuando el bien se
encuentre embargado, o existan acreedores con garantía real de mejor derecho.
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA
Artículo 610. Intervención de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En los procesos que se tramiten
ante cualquier jurisdicción, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, podrá actuar en cualquier estado del proceso, en los siguientes
1. Como interviniente, en los asuntos donde sea
parte una entidad pública o donde se considere necesario defender los intereses
patrimoniales del Estado.
2. Como apoderada judicial de entidades públicas,
facultada, incluso, para demandar.
Parágrafo 1°. Cuando la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado actúe como interviniente, tendrá las mismas facultades
atribuidas legalmente a la entidad o entidades públicas vinculadas como parte
en el respectivo proceso y en especial, las siguientes:
a) Proponer excepciones previas y de mérito,
coadyuvar u oponerse a la demanda.
b) Aportar y solicitar la práctica de pruebas e
intervenir en su práctica.
c) Interponer recursos ordinarios y
d) Recurrir las providencias que aprueben acuerdos
conciliatorios o que terminen el proceso por cualquier causa.
e) Solicitar la práctica de medidas cautelares o
solicitar el levantamiento de las mismas, sin necesidad de prestar caución.
f) Llamar en garantía.
Parágrafo 2°. Cuando la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado obre como apoderada judicial de una entidad pública, esta
le otorgará poder a aquella.
La actuación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en todos los eventos, se ejercerá a través del abogado o
abogados que designe bajo las reglas del otorgamiento de poderes.
Parágrafo 3°. La Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado podrá interponer acciones de tutela en representación de
Así mismo, en toda tutela, la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado podrá solicitarle a la Corte Constitucional la
revisión de que trata el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 .
Artículo 611. Suspensión del proceso por
intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Los
procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, se suspenderán por el
término de treinta (30) días cuando la Agencia Nacional de Defensa del Estado
manifieste su intención de intervenir en el proceso, mediante escrito
presentado ante el juez de conocimiento. La suspensión tendrá efectos
automáticos para todas las partes desde el momento en que se radique el
respectivo escrito. Esta suspensión sólo operará en los eventos en que la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no haya actuado en el proceso y
siempre y cuando este se encuentre en etapa posterior al vencimiento del
término de traslado de la demanda.
Artículo 612. Modifíquese el Artículo 199 de
la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:
Artículo 199. Notificación personal del
auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al
Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a
particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. El
auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las
entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del
Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a
quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o
directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público,
mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a
que se refiere el artículo 197 de este código.
De esta misma forma se deberá notificar el
auto admisorio de la demanda a los particulares inscritos en el
registro mercantil en la dirección electrónica por ellos dispuesta para recibir
El mensaje deberá identificar la notificación que
se realiza y contener copia de la providencia a notificar y de la demanda.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la
notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se
pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El
secretario hará constar este hecho en el expediente.
En este evento, las copias de la demanda y de sus
anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o
los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al
vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la
última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del
servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio,
sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición
de conformidad con lo establecido en este inciso.
En los procesos que se tramiten ante cualquier
jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse
también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos
términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento
se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior.
La notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de
los documentos a que se refiere este artículo para la parte demandada.
Artículo 613. Audiencia de conciliación
extrajudicial en los asuntos contencioso administrativos. Cuando se
solicite conciliación extrajudicial, el peticionario deberá acreditar la
entrega de copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los
mismos términos previstos para el convocado, con el fin de que la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado resuelva sobre su intervención o no en
el Comité de Conciliación de la entidad convocada, así como en la audiencia de
conciliación correspondiente.
No será necesario agotar el requisito de procedibilidad
en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se
adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida
medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una
Las entidades públicas en los procesos declarativos
que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra
particulares, podrán solicitar las medidas cautelares previstas para los
procesos declarativos en el Código General del Proceso.
Artículo 614. Extensión de la
jurisprudencia. Con el objeto de resolver las peticiones de extensión
de la jurisprudencia a que se refieren los artículos 10 y 102 de la Ley
1437 de 2011, las entidades públicas deberán solicitar concepto previo a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el término de diez (10)
días, la Agencia informará a la entidad pública respectiva, su intención de
rendir concepto. La emisión del concepto por parte de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado se deberá producir en un término máximo de veinte
(20) días.
El término a que se refiere el inciso 4° del
numeral 3 del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, empezará a correr al
día siguiente de recibido el concepto de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado o del vencimiento del término a que se refiere el inciso
anterior, lo que ocurra primero.
Artículo 615. Modifíquese el artículo 150 de
“Artículo 150. Competencia del Consejo de
Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá de las peticiones de cambio de radicación de un
proceso o actuación, que se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar
en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden
público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia,
las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes.
Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de
radicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los
procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Parágrafo. En todas las jurisdicciones las
solicitudes de cambio de radicación podrán ser formuladas por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.
Artículo 616. Modifíquese el inciso 2° del artículo
269 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:
“Del escrito se dará traslado a la administración
demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el término
común de treinta (30) días para que aporten las pruebas que consideren. La
administración y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrán
oponerse por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este
Artículo 617. Trámites notariales. Sin
perjuicio de las competencias establecidas en este Código y en otras leyes, los
notarios podrán conocer y tramitar, a prevención, de los siguientes asuntos:
1. De la autorización para enajenar bienes de los
incapaces, sean estos mayores o menores de edad, de conformidad con el artículo
581 de este código.
2. De la declaración de ausencia de que trata el
artículo 583 de este código.
3. Del inventario solemne de bienes propios de
menores bajo patria potestad o mayores discapacitados, en caso de matrimonio,
de declaración de unión marital de hecho o declaración de sociedad patrimonial
de hecho de uno de los padres, así como de la declaración de inexistencia de
bienes propios del menor o del mayor discapacitado cuando fuere el caso, de
conformidad con lo establecido en los artículos 169 y 170 del Código Civil.
4. De la custodia del hijo menor o del mayor
discapacitado y la regulación de visitas, de común acuerdo.
5. De las declaraciones de constitución, disolución
y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, y de la existencia y
cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho, entre compañeros
permanentes, de común acuerdo.
6. De la declaración de bienes de la sociedad
patrimonial no declarada, ni liquidada que ingresan a la sociedad conyugal.
7. De la cancelación de hipotecas en mayor
extensión, en los casos de subrogación.
8. De la solicitud de copias sustitutivas de las
primeras copias que prestan mérito ejecutivo.
9. De las correcciones de errores en los registros
10. De la cancelación y sustitución voluntaria del
Parágrafo. Cuando en estos asuntos surjan
controversias o existan oposiciones, el trámite se remitirá al juez competente.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO
Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Artículo 618. Plan de Acción para la
Implementación del Código General del Proceso. La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, con la colaboración armónica del Ministerio
de Justicia y del Derecho, dentro de los seis (6) meses siguientes a la
promulgación de la presente ley, elaborará el correspondiente Plan de Acción
para la Implementación del Código General del Proceso que incluirá, como
mínimo, los siguientes componentes respecto de los despachos judiciales con
competencias en lo civil, comercial, de familia y agrario:
1. Plan especial de descongestión, incluyendo el
previo inventario real de los procesos clasificados por especialidad, tipo de
proceso, afinidad temática, cuantías, fecha de reparto y estado del trámite
procesal, entre otras.
2. Nuevo modelo de gestión, estructura interna y
funcionamiento de los despachos, así como de las oficinas y centros de
3. Reglamentación de los asuntos de su competencia
que guarden relación con las funciones atribuidas en este código.
4. Creación y redistribución de despachos
judiciales, ajustes al mapa judicial y desconcentración de servicios judiciales
según la demanda y la oferta de justicia.
5. Uso y adecuación de la infraestructura física y
tecnológica de los despachos, salas de audiencias y centros de servicios, que
garanticen la seguridad e integridad de la información.
6. Selección, en los casos a que haya lugar, del
talento humano por el sistema de carrera judicial de acuerdo con el perfil
requerido para la implementación del nuevo código.
7. Programa de formación y capacitación para la
transformación cultural y el desarrollo en los funcionarios y empleados
judiciales de las competencias requeridas para la implementación del nuevo
código, con énfasis en la oralidad, las nuevas tendencias en la dirección del
proceso por audiencias y el uso de las tecnologías de la información y las
8. Modelo de atención y comunicación con los
9. Formación de funcionarios de las entidades con
responsabilidades en procesos regidos por la oralidad.
10. Planeación y control financiero y presupuestal
de acuerdo con el estudio de costos y beneficios para la implementación del
11. Sistema de seguimiento y control a la ejecución
Artículo 619. Comisión de Seguimiento a la
Ejecución del Plan de Acción para la Implementación del Código General del
Proceso. La ejecución del Plan de Acción para la Implementación del Código
General del Proceso estará a cargo de la Sala Administrativa del Consejo
Confórmase una Comisión de Seguimiento a la
Proceso integrada por:
1. El Ministro de Justicia y del Derecho, quien la
4. El Presidente de la Sala de Casación Civil de la
5. Dos (2) Presidentes de salas especializadas en
lo civil o de familia de tribunal superior de distrito judicial, designados por
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
6. Cuatro (4) abogados expertos en derecho procesal
con experiencia académica, en litigios o en la magistratura, designados por el
Presidente de la Comisión de seguimiento a que se refiere este artículo.
7. Dos (2) representantes de organizaciones no
gubernamentales de la sociedad civil especializadas en temas de justicia,
designados por el Presidente de la Comisión de seguimiento a que se refiere
Parágrafo 1°. El Presidente de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura será invitado permanente
Parágrafo 2°. Los miembros a los que se refieren
los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 podrán delegar, únicamente, en
Viceministros, Viceprocuradores o Procuradores Delegados y
Parágrafo 3°. Los delegados a los que se refiere
los numerales 6 y 7 tendrán voz pero no voto.
Parágrafo 4°. La Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura y las demás entidades públicas estarán obligadas a
suministrar la información que le solicite la Comisión.
OTRAS MODIFICACIONES,
Artículo 620. Modifíquese el parágrafo 2º del
artículo 1º de la Ley 640 de 2001, el cual quedará así:
“Parágrafo 2°. Las partes deberán asistir
personalmente a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo junto con su
apoderado. Con todo, en aquellos eventos en los que el domicilio de alguna de
las partes no esté en el municipio del lugar donde se vaya a celebrar la
audiencia o alguna de ellas se encuentre por fuera del territorio nacional, la
audiencia de conciliación podrá celebrarse con la comparecencia de su apoderado
debidamente facultado para conciliar, aun sin la asistencia de su representado”.
Artículo 621. Modifíquese el artículo 38 de
la Ley 640 de 2001, el cual quedará así:
“Artículo 38. Requisito de procedibilidad
en asuntos civiles. Si la materia de que trate es conciliable, la
conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deberá
intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los
procesos declarativos, con excepción de los divisorios, los de expropiación y
aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citación de indeterminados.
Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en el parágrafo 1° del artículo 590 del Código General del
Artículo 622. Modifíquese el numeral 4 del artículo
2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual quedará
“4. Las controversias relativas a la prestación de
los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados,
beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o
prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con
Artículo 623. Modifíquese la parte final del
numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2010, la cual quedará así:
“Vencido el término que tienen las partes para
alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10)
días, sin retiro del expediente”.
Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de
la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
“Artículo 40. Las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde
el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica
de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas,
los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando
se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá
por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que
se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.
Artículo 625. Tránsito de legislación.
Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las
siguientes reglas de tránsito de legislación:
a) Si no se hubiese proferido el auto que decreta
pruebas, el proceso se seguirá tramitando conforme a la legislación anterior
hasta que el juez las decrete, inclusive.
En el auto en que las ordene, también convocará a
la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el presente código. A
partir del auto que decrete pruebas se tramitará con base en la nueva
b) Si ya se hubiese proferido el auto que decrete
pruebas, estas se practicarán conforme a la legislación anterior. Concluida la
etapa probatoria, se convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de
que trata el presente código, únicamente para efectos de alegatos y sentencia.
A partir del auto que convoca la audiencia, el proceso se tramitará con base en
c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de
alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en
la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará
conforme a la nueva legislación.
2. Para los procesos verbales de mayor y menor
a) Una vez agotado el trámite que precede a la
audiencia de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, se
citará a la audiencia inicial prevista en el artículo 372 del Código General
del Proceso, y continuará de conformidad con este.
b) Si la audiencia del artículo 432 del Código de
Procedimiento Civil ya se hubiere convocado, el proceso se adelantará conforme
a la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará
audiencia de que trata el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, se
citará a la audiencia inicial prevista en el artículo 392 del Código General
b) Si la audiencia del artículo 439 del Código de
Los procesos ejecutivos en curso, se tramitarán
hasta el vencimiento del término para proponer excepciones con base en la
legislación anterior. Vencido dicho término el proceso continuará su trámite
conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso.
En aquellos procesos ejecutivos en curso en los
que, a la entrada en vigencia de este código, hubiese precluido el
traslado para proponer excepciones, el trámite se adelantará con base en la
legislación anterior hasta proferir la sentencia o auto que ordene seguir
adelante la ejecución. Dictada alguna de estas providencias, el proceso se
seguirá conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso.
b) Si no se ha iniciado el trámite de las
excepciones de mérito o estuviere en curso, el juez citará a la audiencia
prevista en este código para los procesos ejecutivos.
c) Si el proceso estuviere a despacho para proferir
fallo, el juez lo dictará por escrito dentro del término que estuviere corriendo.
5. No obstante lo previsto en los numerales
anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones.
6. En los demás procesos, se aplicará la regla
general prevista en el numeral anterior.
7. El desistimiento tácito previsto en el artículo
317 será aplicable a los procesos en curso, pero los plazos previstos en sus
dos numerales se contarán a partir de la promulgación de esta ley.
8. Las reglas sobre competencia previstas en este
código, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos
respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda. Por tanto, el
régimen de cuantías no cambia la competencia que ya se hubiere fijado por ese
Sin embargo, los procesos de responsabilidad médica
que actualmente tramitan los jueces laborales, serán remitidos a los jueces
civiles competentes, en el estado en que se encuentren.
9. La prórroga del plazo de duración del proceso
prevista en el artículo 121 de este Código, será aplicable, por decisión del
juez o magistrado, a los procesos en curso al momento de promulgarse este
Artículo 626. Derogaciones. Deróguense
a) A partir de la promulgación de esta ley quedan
derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los
testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión
“practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las
expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que
habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código
Civil; artículos 9° y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8° inciso
2° parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 de
la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el
numeral 1 del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67
inciso 1° de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2° del artículo 40 de la Ley
1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo
71, el inciso 1° del artículo 215 y el inciso 2° del artículo 309 de la Ley
1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado”
del artículo 58 numeral 4, el literal e) del numeral 5 del artículo 58 y el
numeral 8 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto
ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en
vigencia a partir de la promulgación de esta ley.
b) A partir del primero (1º) de octubre de dos mil
doce (2012) quedan derogados: los artículos 19, 90, 91, 346, 449, y 690 del
Código de Procedimiento Civil; y todas las que sean contrarias a las que entran
en vigencia a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).
c) A partir de la entrada en vigencia de esta ley,
en los términos del numeral 4 del artículo 627, queda derogado el Código de
Procedimiento Civil expedido mediante los Decretos1400 y 2019 de 1970 y
las disposiciones que lo reforman; el Decreto 508 de 1974; artículos 151,
157 a 159, las expresiones “mediante prueba científica” y “en atención a lo
consagrado en la Ley 721 de 2001” del 214, la expresión “En el respectivo
proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras
si así lo considera” del 217, 225 al 230, 402, 404, 405, 409, 410, la expresión
“mientras no preceda” y los numerales 1 y 2 del artículo 757, el 766 inciso
final, y 1434 del Código Civil; artículos 6°, 8°, 9°, 68 a 74, 804 inciso
1°, 805 a 816, 1006, las expresiones “según las condiciones de la
correspondiente póliza” y “de manera seria y fundada” del numeral 3 del
artículo 1053, y artículos 2027 al 2032 del Código de Comercio; artículo 88
del Decreto 1778 de 1954; artículos 11, 14 y 16 a 18 de la Ley 75 de
1968; artículo 69 del Decreto 2820 de 1974; el Decreto 206 de 1975;
artículo 25 de la Ley 9 de 1989; artículo 36 del Decreto 919 de 1989;
el Decreto 2272 de 1989; el Decreto 2273 de 1989; el Decreto
2303 de 1989; artículos 139 al 147 y 320 a 325 del Decreto ley 2737 de
1989; la expresión “Los procesos de disolución y liquidación de sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento
establecido en el Título XXX del Código de Procedimiento Civil y
serán del conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia.” el
artículo 7° y 8º parágrafo de la Ley 54 de 1990; artículos 10, 11, 21, 23,
24, 41, 46 al 48, 50, 51, 56 y 58 del Decreto 2651 de 1991; artículos 7° y
8° de la Ley 25 de 1992; artículos 24 al 30, y 32 de la Ley 256 de
1996; artículo 54 inciso 4° de la Ley 270 de 1996; el artículo 62 y 94 de
la Ley 388 de 1997; artículos 2° a 6°, 9°, 10 al 15, 17, 19, 20, 22, 23,
25 a 29, 103, 137, y 148 salvo los parágrafos 1° y 2° de la Ley 446 de
1998; artículos 43 a 45 de la Ley 640 de 2001; artículo 49 inciso 2°, el
parágrafo 3° del artículo 58, y la expresión “Será aplicable para efectos del
presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de
Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen” del
artículo 62 inciso 2° de la Ley 675 de 2001; artículos 7° y 8° de la Ley
721 de 2001; la Ley 794 de 2003; artículos 35 a 40 de la Ley 820 de
2003; el artículo 5° de la Ley 861 de 2003; artículo 111 numeral 5 Ley
1098 de 2006; artículo 25 de la Ley 1285 de 2009; artículos 40 a 45 y 108
de la Ley 1306 de 2009; artículos 1° a 39, 41, 42, 44, 1 13, 116, 117, 120
y 121 de la Ley 1395 de 2010; el artículo 80 de la Ley 1480 de 2011;
y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Artículo 627. Vigencia. La vigencia de
las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:
1. Los artículos 24, 30 numeral 8 y parágrafo, 31
numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la
promulgación de esta ley.
2. La prórroga del plazo de duración del proceso
prevista en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión de
juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta ley.
3. El Consejo Superior de la Judicatura dispondrá
lo necesario para que los expedientes de procesos o asuntos en los que no se
haya producido actuación alguna en los últimos dos (2) años anteriores a la
promulgación de este código, no sean registrados dentro del inventario de
procesos en trámite. En consecuencia, estos procesos o asuntos no podrán, en
ningún caso, ser considerados para efectos de análisis de carga de trabajo, o
congestión judicial.
4. Los artículos 17 numeral 1, 18 numeral 1, 20
numeral 1, 25, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 6 y parágrafo, 32 numeral 5
y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a
regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).
5. A partir del primero (1º) de julio de dos mil
trece (2013) corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura la expedición de las licencias provisionales y temporales previstas
en el Decreto 196 de 1971, así como la aprobación para la constitución de
consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho Decreto.
6. Los demás artículos de la presente ley entrarán
en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en
forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de
formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura
física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y
de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por
audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo
máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en
todos los distritos judiciales del país.
| Reacciones: 1 Response to "Vigencia del Código General del Proceso"
Seria importante que se hiciera un estudio concienzudo del Art.624 y 625 del C-del Proceso.En especial dado que se derogò expresamente El art.40 de la Ley 153 de 1887 .Igualmente el C.de Procedimiento Civl(1400/ 1970.Igualmente la Ley 1395/2010.No se puede por un decreto prorro gar la vigencia de un Còdigo que ha sido expresamente derogado.gla

References: Artículo 24
 resolución 

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 33

Artículo 467

artículo 444
 artículo 430
 artículo 443

artículo 444
 artículo 446
 artículo 444
 artículo 453

Artículo 610
 artículo 33

Artículo 611

Artículo 612
 Artículo 199

Artículo 199
 artículo 197

Artículo 613

Artículo 614
 artículo 102

Artículo 615
 artículo 150

Artículo 616
 artículo
269
 artículo 102

Artículo 617
 artículo
581

artículo 583

Artículo 618

Artículo 619

Artículo 620

artículo 1

Artículo 621
 artículo 38
 artículo 590

Artículo 622
 artículo
2

Artículo 623
 artículo 247

Artículo 624
 artículo 40

Artículo 625
 artículo 432
 artículo 372
 artículo 432
 artículo 439
 artículo 392
 artículo 439
 artículo
317
 artículo 121

Artículo 626
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 148
 artículo 19
 artículo 67
 artículo 40
 artículo
71
 artículo 215
 artículo 309
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 34
 artículo 627
 artículo 757

artículo 1053
 artículo 88
 artículo 69

artículo 25
 artículo 36

artículo 7
 artículo 54
 artículo 62
 artículo 49
 artículo 58
 artículo 194

artículo 62
 artículo 5
 artículo 111
 artículo 25
 artículo 80

Artículo 627
 artículo 121
 artículo 30