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Timestamp: 2018-04-27 02:49:48+00:00

Document:
PRIMERO.- La Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña de 28 de septiembre de 2015 (recurso contencioso-administrativo 303/2012) en cuya parte dispositiva se acuerda:
Estimar el presente recurso contencioso-administrativo ordinario núm 303/2012, promovido por el Consell Comarcal del Vallès Oriental contra el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya y, en su consecuencia, declarar nulos de pleno derecho los siguientes actos administrativos:
1: Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Direcció General de Transport i Mobilitat, por la que se dispuso la renovación de la autorización concedida a la empresa SAGALÉS, SA, para el establecimiento de un servicio discrecional, con reiteración de itinerario y cobro individual, entre Cànoves i Cardedeu, complementario del servicio público discrecional consolidado, con reiteración de itinerario y cobro por coche completo, para el transporte de escolares entre las poblaciones anteriormente citadas (ruta SOBL01A E-08006621), y
4.- Infracción del artículo 7 de la Ley 7/1985, de 22 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 67.4 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto-Legislativo 781/1986. Aduce aquí la Administración autonómica recurrente que no es cierto, como afirma la sentencia, que la competencia por delegación que ostenta el CCVO para la gestión del transporte escolar se pueda configurar sin tener en cuenta la normativa autonómica de transporte de viajeros por carretera.
CUARTO.- Mediante providencia de la Sección Primera de esta Sala de 19 de mayo de 2016 se acordó la admisión del recurso de casación así como la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sección Tercera, por diligencia de ordenación de 3 de junio de 2016 se dio traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que formalizase su oposición, lo que llevó a efecto la representación del Consell Comarcal del Vallés Oriental mediante escrito presentado con fecha 17 de junio de 2016 en el que expone las razones en las que fundamenta su oposición a los motivos de casación y termina solicitando que se dicte sentencia desestimando el recurso de casación con imposición de costas a la parte recurrente.
- Resolución de 20 de octubre de 2011 de la Dirección General de Transporte y Movilidad por la que se dispuso la renovación de la autorización concedida a la empresa Sagalés, SA, para el establecimiento de un servicio discrecional, con reiteración de itinerario y cobro individual, entre Cànoves i Cardedeu, complementario del servicio público discrecional consolidado, con reiteración de itinerario y cobro por coche completo, para el transporte de escolares entre las poblaciones anteriormente citadas (ruta SOBL01A E- 08006621).
- Resolución de 5 de octubre de 2012 del Secretario de Territorio y Movilidad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, por la que fue desestimado el recurso de alzada dirigido contra la anterior resolución.
Procede entonces que pasemos a examinar los motivos de casación que ha formulado la Administración autonómica recurrente, cuyo contenido hemos resumido en el antecedente tercero.
SEGUNDO.- .- En el motivo de casación primero se alega la infracción de los artículos 209.3 y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por incongruencia interna de la sentencia, aduciendo la recurrente que la Sala de instancia, aunque reconoce que la titularidad de la competencia para la autorización de la prestación del servicio de transporte escolar corresponde a la Generalidad de Cataluña, luego anula la resolución impugnada dictada en ejercicio de la citada titularidad por considerar que la competencia correspondía al Consejo Comarcal recurrente.
Nos abstendremos de reseñar aquí las demás apreciaciones que se hacen en la sentencia recurrida sobre la normativa catalana de transporte, y, en concreto, del transporte escolar, pues, tratándose de normas de procedencia autonómica, la interpretación que de ellas hace la Sala de instancia no cabe revisarla en este recurso de casación ( artículo 86.4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Nos limitamos por ello a dejar constancia de las referencias que acabamos de señalar al solo efecto de poner de manifiesto la falta de consistencia de lo que se alega en el motivo de casación.
Como hemos visto, la sentencia recurrida, aunque no lo declara probado, acepta como verosímil que el Consell Comarcal del Vallés Oriental hubiese consentido en alguna ocasión en la que la Generalitat había adoptado una decisión análoga a la aquí controvertida, pero correspondiente a un ejercicio anterior, autorizando a la empresa Sagalés, S.A. para que, compatibilizándolo con el transporte escolar, prestase en el mismo vehículo servicio discrecional de transporte de viajeros con reiteración de itinerario y cobro individual. En realidad, bien puede afirmarse que en alguna ocasión anterior ese consentimiento existió, pues con relación al curso escolar 2008-2009 la resolución de 20 de octubre de 2009 deja señalado que el Consell Comarcal, al que se había dado traslado de la solicitud de la empresa Sagalés, S.A. para recabar su parecer, no había formulado observaciones, (folios 49 a 51 del expediente administrativo). Y consta también en el expediente (folio 53) que mediante oficio de fecha 30 de junio de 2010 el Consell Comarcal comunicó al Departamento correspondiente de la Generalitat el número de plazas vacantes para cada ruta a fin de que pudiese llevarse a efecto aquella autorización a la empresa Sagalés, S.A.
Ahora bien, es incuestionable que aquella anterior conformidad o consentimiento del Consell Comarcal del Vallés Oriental había dejado de existir ya en la tramitación que precedió al dictado de la resolución de 20 de octubre de 2011 aquí controvertida (correspondiente al curso escolar 2011-2012). Así lo acredita el escrito de la Gerencia del Consell Comarcal de 21 de septiembre de 2011 en el que expresa su parecer sobre la nueva autorización solicitada por la empresa Sagalés, S.A. (folios 1 y 2 del segundo cuaderno del expediente administrativo), donde claramente se indica que la propuesta de autorización no es ajustada a derecho por no tener cabida en la regulación contenida en la legislación sectorial de transportes (cita el escrito, en particular el artículo 33 de la Ley 12/1987, de 28 de mayo). Y, en consonancia con ese parecer disconforme expresamente manifestado, cuando finalmente la Generalitat otorgó la autorización el Consell Comarcal la impugnó, primero en vía administrativa (recurso de alzada) y luego mediante el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
No ha lugar al recurso de casación nº 3851/2015 interpuesto en representación de la GENERALITAT DE CATALUÑA contra la sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña de 28 de septiembre de 2015 (recurso contencioso-administrativo 303/2012), con imposición de las costas derivadas del recurso de casación a la parte recurrente, en los términos señalados en el fundamento jurídico séptimo de esta sentencia.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079130032018100032

References: Resolución 
 artículo 7
 artículo 67
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 86
 resolución 
 resolución 
 artículo 33