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Timestamp: 2016-12-11 04:15:42+00:00

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RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por notario de Madrid don José Aristónico García Sánchez, contra la negativa del registrador de la propiedad de Sacedón, a inscribir una escritura de novación de préstamo con garantía hipotecaria
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por notario de Madrid don José Aristónico García Sánchez, contra la negativa del registrador de la propiedad de Sacedón, a inscribir una escritura de novación de préstamo con garantía hipotecaria Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por notario de Madrid don José Aristónico García Sánchez, contra la negativa del registrador de la propiedad de Sacedón, a inscribir una escritura de novación de préstamo con garantía hipotecaria Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por notario de Madrid don José Aristónico García Sánchez, contra la negativa del registrador de la propiedad de Sacedón, a inscribir una escritura de novación de préstamo con garantía hipotecaria.
En el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don José Aristónico García Sánchez contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Sacedón, don Jesús María Martínez Rojo, a inscribir una escritura de novación de préstamo con garantía hipotecaria.
El día 4 de marzo de 2005 don José Aristónico García Sánchez, Notario de Madrid, autorizó una escritura de novación de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por una entidad de crédito, en cuya representación actuaron don I.V.M.C. y don F.G.H.
En dicha escritura se expresa que dichos señores «Hacen uso de los poderes a su favor otorgados, que manifiestan vigentes y sin restricción alguna, en escrituras autorizadas, la del Sr. V.M.C., por el Notario de Madrid, Don José María de Prada González, el día 18 de diciembre de 2000, con el número 2477 de su protocolo, y la referente al Sr. G.H., por el Notario de Madrid, Don José María de Prada González, el día 1 de abril de 1993, bajo el núm. 535 de su protocolo; que causaron las inscripciones núms. 562.ª y 370.ª, respectivamente, en la hoja M-6189, del Registro Mercantil de Madrid; copias autorizadas de las citadas escrituras de poder me exhiben y yo, el Notario, estimo bajo mi responsabilidad, que los apoderados citados resultan suficientemente facultados para la ampliación de importe y modificación de otra de préstamo con garantía hipotecaria que se instrumenta en esta escritura».
El título se presentó en el Registro de la Propiedad de Sacedón el 8 de abril 2004, con asiento número 330 del Diario 66; y fue objeto de la siguiente calificación negativa:
«Sacedón, a 26 de abril de 2005. Hechos...
La escritura calificada no reseña los documentos mediante los que se acredita la representación de modo que permita la calificación registral, esto es, realizando una transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas atinentes al caso, ámbito y extensión de las mismas, o referencia o relación de la esencia de ellas (artículos 1259 del Código Civil; 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre; 18 y 33 de la Ley Hipotecaria; 145 y 164 del Reglamento Notarial; RRDGRN de 12.04.02, 30.09.02). Contra esta calificación podrá interponerse recurso gubernativo.
El Registrador de la Propiedad. [Firma ilegible. Existe sello con el nombre y apellidos del Registrador]».
Según consta en el expediente, la calificación se notificó al Notario autorizante por correo el 28 de abril 2005, con aviso de recibo de 4 de mayo.
Por medio de escrito enviado por vía postal el 2 de junio de 2005, que tuvo entrada en el Registro de la Propiedad de Sacedón el 3 de junio, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo únicamente contra dicha calificación, con base en los siguientes argumentos: 1.º La existencia de numerosas resoluciones de este Centro Directivo que han interpretado el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en un sentido claramente contrario al mantenido por el Registrador, aduciendo el carácter vinculante de esas resoluciones mientras no se anulen por los Tribunales; 2.º En sentido análogo al de dichas Resoluciones se han pronunciado la Sentencias de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 18 de marzo de 2004, de l Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de Baleares de 12 de noviembre de 2004; y aunque varias Audiencias Provinciales han dictado resoluciones contradictorias sobre el presente asunto, son ampliamente mayoritarias las dictadas en el mismo sentido que se propone en este recurso; 3.º El mencionado precepto tan sólo exige al Notario que reseñe los datos del documento auténtico del que surgen las facultades representativas, que incluya un juicio de suficiencia acerca de esas facultades y que ese juicio sea congruente con el negocio jurídico documentado en la escritura en la que se actúan tales facultades representativas. Ambos requisitos se cumplen en el presente caso.
El Registrador de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 21 de junio de 2005, que tuvieron entrada en este Centro el día 10 de junio. En tal informe se añaden determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada.
19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tri bunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo,
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/ 2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas del apoderado e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es, una novación de préstamo con garantía hipotecaria.
En efecto, no se trata sólo de que la calificación sea un acto de Administración en el sentido ya expuesto, al ser el Registrador un funcionario público que presta una función pública, sino que es el mismo Legislador el que, tras la modificación operada en la Ley Hipotecaria, ha entendido que a dicho funcionario se le debe exigir el mismo deber y extensión en la motivación que a cualquier otro órgano administrativo. El hecho de que la Ley Hipotecaria no utilice la expresión empleada en el artículo 54 de la Ley 30/1992 «Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho», no obsta a que sea de aplicación dicho deber de motivación y con idéntica extensión, pues no otra es la interpretación adecuada que ha de darse a la expresión». y la motivación jurídica de las mismas [causas impeditivas, suspensivas o denegatorias de la inscripción], ordenada en hechos y fundamentos de derecho» que utiliza el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria.
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que el funcionario calificador se ha limitado a citar determinados preceptos legales y resoluciones de esta Dirección General; y no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera dicho funcionario que el Notario debe reseñar las concretas facultades representativas de quien actúa en nombre de la entidad de crédito o consignar el contenido del poder en que conste la facultad con que actúan, sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para la escritura de novación de préstamo con garantía hipotecaria que se otorga.
Desde este punto de vista, bastaría que se demostrara la identidad de supuesto entre el problema jurídico planteado por el funcionario calificador y las previas resoluciones de esta Dirección General para que, por aplicación de lo dispuesto en el párrafo décimo del artículo 327 de la Ley Hipotecaria, este Centro Directivo revocara la nota de calificación si contradice la doctrina contenida en Resoluciones de este Centro cuando ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas. Así, en el presente supuesto es evidente el paralelismo existente entre la calificación negativa del Registrador y la doctrina contenida en las Resoluciones enumeradas en el apartado «Vistos» de la presente, de modo que por aplicación del artículo 327 de la Ley Hipotecaria debería, sin más, estimarse este recurso al ser vinculantes para el Registrador dichas Resoluciones, mientras no se anulen por los Tribunales.
19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005,
21, 22 y 23 de febrero de 2004 entre otras más recientes citadas en los
«Vistos» de la presente, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «copias autorizadas de las citadas escrituras de poder me exhiben y yo, el Notario, estimo bajo mi responsabilidad, que los apoderados citados resultan suficientemente facultados para la ampliación de importe y modificación de otra de préstamo con garantía hipotecaria que se instrumenta en esta escritura».
Resulta evidente que el juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de novación de préstamo con garantía hipotecaria.
5. Por último, esta Dirección General entiende que, a la vista de la calificación impugnada, pueden existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, pues el Registrador procede en dicha calificación en sentido materialmente contrario al reiterado criterio de este Centro Directivo; y, lo que resulta aún más importante, utilizando como base de su argumentación un razonamiento relativo a la Resolución de 12 de abril de 2002, que en nada se corresponde con el que esta Dirección General ha mantenido y explicado respecto de dicha Resolución, en las sucesivas por las que ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas que tienen como objeto el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y que son citadas en su integridad en la presente.
Sr. Registrador de la Propiedad de Sacedón.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 artículo 98
e contrario
 artículo 98
 artículo 54
 artículo 19
 artículo 327
 artículo 327
 artículo 98
e contrario
 Resolución 
 artículo 98