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Timestamp: 2020-07-13 23:33:30+00:00

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ULTIMO MOMENTO, Ordenan liberar al sindicalista Herme Juarez, Inforosario
Ordenan liberar al sindicalista Herme Juarez
ULTIMO MOMENTO 03-02-2020
La Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín resolvió quitarle al presidente de la Cooperativa Portuaria, Herme Juárez, la pulsera de seguridad con la que permanecía en prisión domiciliaria desde hace seis meses.
Transcribimos fallo:
Para resolver en la presente causa que lleva el nro. FSM 69145/2018, del registro de la Secretaría Penal N° 3 de este Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, respecto de la prisión preventiva de Herme Oscar Orlando Juárez;
I.- El aquí encausado Herme Oscar Orlando Juárez se encuentra procesado con prisión preventiva por considerarlo prima facie coautor material y penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita -en carácter de organizador-, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad (artículos 210, 173 -inc. 7o-, 149 bis -segundo párrafo-, y 303 -inc. 1° y 2° ap. “a”- del Código Penal), los cuales concurren en forma real entre sí (artículo 55 del Código Penal), decisión no firme a la fecha en virtud del recurso de apelación interpuesto por su defensa.
El día 2 de agosto del año 2019, se resolvió no hacer lugar a la excarcelación de Juárez, bajo ningún tipo de caución, de conformidad con lo establecido en los artículos 317, primer párrafo, en función del artículo 316, segundo párrafo, a contrario sensu y artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación (ver Incidente de Excarcelación N° FSM 69145/2018/10), decisión también recurrida y en instancias de ser revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
En aquella ocasión, se consideró que el encuadre legal asignado a los hechos objeto de estudio no habilitaría la soltura del encausado bajo las previsiones del artículo 317 en función del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación, y que las características y la gravedad del hecho atribuido ponían de manifiesto la existencia de un claro y concreto riesgo acerca del entorpecimiento de la investigación y de fuga del imputado, que solo podía neutralizarse bajo las previsiones del artículo 319 del código ritual.
De acuerdo a ello, el encierro preventivo del imputado, dado las circunstancias apuntadas, se imponía en ese momento como necesario.
Fecha de firma: 03/02/2020
Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: FELIPE SCAGLIOTTI, SECRETARIO FEDERAL
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA FSM 69145/2018/75
#34404000#254172628#20200203125118315
Posteriormente, en fecha 23 de agosto de 2019 se le otorgó a Juárez la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, a cumplir en la vivienda sita en la calle Hugo Parente (ex Saavedra) N° 1025 de la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 inciso “d” del Código Penal, de conformidad con la Ley 26.472.
Asimismo, en fecha 22 de noviembre de 2019, la excarcelación de Herme Juárez fue nuevamente rechazada por el colega Dr. Lino Mirabelli –a esa fecha a cargo de este tribunal- en el marco del Incidente de Excarcelación N° FSM 69145/2018/74, de conformidad con lo establecido en los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, y los artículos 317, primer párrafo, en función del artículo 316, segundo párrafo, a contrario sensu y artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación; ello así, pues se consideró que no habían sido incorporados nuevos elementos de juicio que echaran por tierra lo sostenido oportunamente por esta judicatura en ocasión de dictar su procesamiento con prisión preventiva ni de denegar el instituto allí requerido en el marco del Incidente de excarcelación N° FSM 69145/2018/10. Dicha decisión también fue apelada por la defensa y se encuentra en trámite ante la Alzada.
II.- Ahora bien, sentado lo anterior, he de traer a colación lo expresado en el fallo en pleno por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal, en los autos “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de casación”, donde en uno de los votos de la postura dominante se han citado, con criterio meramente enunciativo, pautas de mensura del riesgo a evaluar para rechazar el pedido de soltura caucionada cuando el imputado pudiere adoptar la conducta prevista por artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación. Estas son encabezadas por el monto de la pena que en abstracto tiene el delito, la naturaleza del hecho incriminado, la seriedad de la imputación, la peligrosidad evidenciada, la actitud asumida frente al daño causado, las circunstancias personales del imputado, el comportamiento ante la imposición de obligaciones procesales, la complejidad de la causa, la necesidad de producir pruebas
que requieran su comparecencia, los obstáculos que pueda presentar a la investigación impidiendo o demorando la acumulación de prueba, el riesgo de que testigos u otros sospechosos pudiesen ser amenazados, el estado de la investigación al momento de resolverse la cuestión y las consecuencias que podría generar en el proceso la obtención de la libertad caucionada (C. 2269/08. “Incidente de excarcelación de Verplaetsen, Fernando Exequiel”. 11/12/08. Reg. 7715. CFASM. Sala 1. Sec. Penal ad-hoc. Reg. 7715).+
Estos principios ya vigentes de orden superior -como la libertad durante el proceso y el carácter provisional y excepcional de toda restricción al respecto-, fueron consagrados en el texto procesal, con la decisión de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal de implementar los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 de dicho código, que despliegan un abanico de medidas de coerción, fijando en última instancia aquella que implica la prisión preventiva, cuando las restantes no fueran suficientes para asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación.
Sentado lo anterior, tal como lo señalé al momento de conceder la excarcelación de Oscar Juárez, entiendo que a través de las diligencias dispuestas en los interlocutorios obrantes en los autos principales, las medidas cautelares ordenadas y tareas efectuadas por la Fiscalía Federal de Campana a fin de asegurar los bienes que podrían hallarse en el exterior del país, las resoluciones adoptadas en el marco de los incidentes de medidas cautelares que corren por cuerda y en el Legajo de aseguramiento de bienes –Legajo de Investigación N° FSM 69145/2018/64-, se ha asegurado la prueba necesaria y primordial relacionada con las imputaciones efectuadas en autos –sin perjuicio de que se encuentren pendientes de recepción los resultados de algunas diligencias-, y, con ello, se desvirtúa la posibilidad de entorpecimiento de la investigación por parte del encausado.
En especial, cabe tener en consideración que tanto la Cooperativa de Trabajos Portuarios Ltda. de San Martín como la Mutual Portuaria “21
de Diciembre” se encuentran intervenidas –a pedido del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- en los incidentes números FSM 69145/2018/32, caratulado “Cooperativa de Trabajos Portuarios Ltda. San Martín S/ Medida Cautelar”, y FSM 69145/2018/34, caratulado “Mutual Portuaria 21 de Diciembre S/ Medida Cautelar”, habiéndose en su oportunidad -9 de agosto de 2019- desplazado a las anteriores autoridades de esas entidades, y encontrándose las mismas actualmente bajo control del interventor designado.
A ello se agrega que Juárez está debidamente identificado ante el organismo pertinente, tiene domicilio constatado y no cuenta con antecedentes penales ni impedimento alguno (conforme surge del informe del Registro Nacional de Reincidencia obrante en su Legajo de Identidad Personal), así como también que el nombrado ha cumplido con las obligaciones oportunamente impuestas al momento de concedérsele la prisión domiciliaria por motivos de salud.
Así las cosas, se ha arribado a un estadio en el que las circunstancias que impusieron el encarcelamiento de Herme Oscar Orlando Juárez, han sido contrarrestadas en la actualidad por las certeras diligencias concretadas por esta judicatura y la Fiscalía Federal de Campana.
Es que, la totalidad de las circunstancias particulares apuntadas, valoradas en conjunto y no aisladamente, importan la demostración de que no media en autos un peligro cierto de que Juárez podría impedir el normal desarrollo del proceso, ya sea intentando eludir el accionar de la justicia -evitando cumplir los actos procesales dispuestos sobre su persona- o entorpeciendo la investigación, conforme los extremos establecidos en el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación y en los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal.
En tal sentido, no debe desconocerse el carácter de excepcional que el ordenamiento jurídico le reconoce al encarcelamiento preventivo, lo que emerge de la combinación entre el derecho general a la libertad ambulatoria del que goza todo habitante del país y la prohibición de aplicar una pena que cercene ese derecho antes de que con fundamento
en un proceso regular previo, se dicte una sentencia de condena firme que la imponga (artículo 18 de la Constitución Nacional y Pactos Internacionales incorporados a la misma con jerarquía constitucional).
En este contexto, teniendo en cuenta la extinción de las causales de improcedencia estipuladas en el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación y en los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, que en su momento motivaron su prisión preventiva, no hay motivos para continuar con la restricción de la libertad del encausado, resultando procedente la excarcelación de Herme Oscar Orlando Juárez, lo que así resolveré.
Ello, en virtud de que entiendo que debe aplicarse la medida cautelar que, con el menor sacrificio, permita alcanzar las metas procesales y garantizar los fines que se le reconocen a la prisión preventiva. Esto significa aplicar una solución menos gravosa que la restricción de la libertad estipulada por el ordenamiento procesal vigente, ante el cuadro de autos.
Así, en cuanto a la caución a imponer, no encuentro elementos que habiliten a alejarme de la regla que fija el artículo 321 del Código Procesal Penal de la Nación (y artículo 210, inciso “a”, del Código Procesal Penal Federal), por lo cual fijaré una caución de orden juratorio.
No obstante, estimo que resulta procedente la fijación de pautas de conducta, orientadas en tal dirección, en aplicación del artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación.
Así, habrá de disponerse como exigencias complementarias la obligación de: a) Mantener su domicilio real, debiendo hacer saber inmediatamente cualquier cambio del mismo; b) No ausentarse de dicho domicilio por más de veinticuatro horas sin conocimiento y autorización de este tribunal; y c) Presentarse personalmente en los estrados de este Tribunal el primer lunes de cada mes, o en caso de ser este día inhábil, el primer día subsiguiente dentro del horario tribunalicio, de lo que deberá dejarse constancia (artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 210, incisos “c” y “d”, del Código Procesal Penal Federal).
A su vez, al mismo efecto de asegurar su sujeción al proceso, se mantendrá la prohibición de salida del país del nombrado ordenada oportunamente en los autos principales en fecha 9 de septiembre de 2019.
Finalmente, es preciso puntualizar –aunque se juzgue redundante- que el apartamiento del imputado de los compromisos a asumir, su cumplimiento de forma defectuosa y/o cualquier otra situación que atente contra los fines del proceso, implicará la revisión de la decisión que aquí se propicia.
En mérito a lo expuesto, de conformidad con la normativa legal invocada, corresponde y así;
I.- DISPONER LA EXCARCELACIÓN DE HERME OSCAR ORLANDO JUÁREZ bajo caución juratoria (artículos 319 a contrario sensu y 321 del Código Procesal Penal de la Nación, y artículo 210, inciso “a”, del Código Procesal Penal Federal), la que se hará efectiva desde la vivienda donde se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria, a través de la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina, previa constatación de que el nombrado no posea orden judicial restrictiva de su libertad emanada de otro Magistrado.
Cítese al incuso para que comparezca ante esta sede judicial el día 4 de febrero del corriente año entre las 10:00 y las 12:00 horas, a fin de labrar la correspondiente acta compromisoria.
Hágase saber lo decidido a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos mediante oficio de estilo, indicándose que en consecuencia, ha cesado la intervención de ese organismo, por lo cual se deberá procurar el urgente retiro del dispositivo de rastreo y monitoreo electrónico que fue oportunamente colocado sobre la persona de Juárez.
II.- IMPONER al causante las siguientes obligaciones (artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 210, incisos “c” y “d”, del Código Procesal Penal Federal), a saber:
a. Mantener su domicilio real, debiendo hacer saber inmediatamente cualquier cambio del mismo.
b. No ausentarse de dicho domicilio por más de veinticuatro horas sin conocimiento y autorización de este tribunal.
c. Presentarse personalmente en los estrados de este Tribunal el primer lunes de cada mes, o en caso de ser este día inhábil, el primer día subsiguiente dentro del horario tribunalicio, de lo que deberá dejarse constancia.
III.- ESTAR a la prohibición de salida del país ordenada respecto de Herme Oscar Orlando Juárez en los autos principales en fecha 9 de septiembre de 2019.
IV.- Tómese razón, notifíquese y cúmplase. Comuníquese a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
En fecha siendo las horas, notifiqué mediante cédula electrónica al Señor Fiscal Federal, a la querella (UIF) y a los Dres. Inchaurregui y Rabadé. Conste.-
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References: artículo 316
 artículo 319
 artículo 317
 artículo 316
 artículo 319
 artículo 10
 artículo 316
 artículo 319
 artículo 319
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 artículo 321
 artículo 210
 artículo 310
 artículo 210
 artículo 210
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