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Timestamp: 2019-09-18 05:13:34+00:00

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Resolución de TEAF Álava, 18-12-2008 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 18 de Diciembre de 2008
Núm. Resolución: R080098
La inspección ha acudido incorrectamente al método subsidiario de estimación indirecta de bases imponibles porque: 1. No ha justificado que las irregularidades contables detectadas impidan la determinación de las bases imponibles por el método de estimación directa; y 2. La incongruencia entre las adquisiciones del sujeto pasivo y las operaciones realizadas no puede considerarse probada con base en ventas estimadas.
En Vitoria-Gasteiz, a dieciocho de diciembre de dos mil ocho. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 177/08, interpuesta por S.L., contra las liquidaciones núms. 2008/300.533 y 301.060 derivadas de las Actas de Inspección núms. 122 PK y 123 PK, relativas al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2006; y contra dos resoluciones del Jefe del Servicio de Inspección, de 7 de julio de 2008, que imponen, una de ellas, dos sanciones en relación con el primer tributo mencionado y, la otra, una sanción relativa al segundo.
Primero.La interesada, que desarrolla la actividad económica de 'salas de baile y discotecas' -epígrafe 969.1 del Impuesto sobre Actividades Económicas-, declaró en el Impuesto sobre Sociedades (IS) correspondiente al ejercicio 2006 un volumen de ventas de 228.347,68 € -de los que 216.757,46 € corresponden a 'prestaciones de servicios' y 11.590,22 € a 'otras ventas'- y una base imponible negativa a compensar en períodos posteriores de 238.498,34 €, con origen en unas pérdidas contables de 170.589,02 €. Por su parte, el resumen anual del IVA (Modelo 390) correspondiente al citado período recoge los siguientes datos, relevantes a estos efectos:
213.456,05
14.941,94
14.391,62
2.302,67
Total cuota devengada
17.244,61
Deducción por adquisiciones interiores
568.155,30
89.314,68
72.070,07
Segundo. El 11 de junio de 2007 se le notifica el inicio de una comprobación restringida en relación con el IVA del 2006, señalando en dicha notificación la obligación de aportar: libros registro de IVA, facturas recibidas y copia de las emitidas, libros de contabilidad y tarifas de precios. Posteriormente, la inspección de tributos, según diligencia de 28 de noviembre de 2007, al constatar ventas no declaradas, considera conveniente ampliar la comprobación, a una general del citado tributo y al IS de los ejercicios 2005 y 2006 ambos inclusive.
Como resultado del citado procedimiento, se incoan las actas de referencia, firmadas en disconformidad, en cuyo informe ampliatorio se recoge la aplicación de la estimación indirecta de bases imponibles por la concurrencia de: a) Omisiones, inexactitudes o alteraciones en los libros y registros contables que dificultan gravemente la exacta constatación de las operaciones efectuadas y que consisten en las irregularidades de las cintas de las cajas registradoras de la discoteca que, según la inspección, 'presentan un porcentaje demasiado elevado de 'aperturas sin registro'.Esta incidencia alcanza 'un valor tan relevante que impide conocer de manera fehaciente el volumen de negocio realizado por la entidad', relevancia que el inspector actuario justifica mediante la elaboración de un muestreo de las aperturas de las cajas registradoras en distintos días del ejercicio económico, del que resulta que el 34,91% de las mismas se ha efectuado sin registro económico y que prácticamente todas ellas se efectúan en la misma franja horaria;y b) Una incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones o gastos, que permite entender que la contabilidad es incorrecta. Dicha incongruencia queda justificada, según el citado informe ampliatorio, por el estudio contable de los consumos y la aplicación de las tarifas de precios aportadas al producto final que se obtiene con los citados consumos, lo que conduce a 'una cifra de ventas estimadas muy superior a la presentada por la entidad en su contabilidad'.
Tercero. La aplicación de la estimación indirecta de bases imponibles determina unas ventas estimadas de 484.633,44 €. Dicha cuantía es el resultado, grosso modo, de un proceso que, partiendo del mayor valor añadido de las bebidas no alcohólicas, se basa en: los consumos de bebidas alcohólicas y no alcohólicas -derivado de las adquisiciones efectuadas en el período y de las existencias finales inventariadas-; la estimación, con base en recetas de cocina, del producto final que se obtiene de los citados consumos, minorado en las mermas y gastos de difícil justificación que el inspector actuario estima razonable; y las tarifas medias de las aportadas por la entidad reclamante. De todo lo cual resultan unas ventas de 360.700,50 €, por el concepto de 'bebidas combinadas', y de 142.458,25 €, para el caso de bebidas no alcohólicas, IVA incluido en ambos casos.
A las ventas estimadas conforme a lo anterior -que están sujetas en el IVA a un tipo impositivo del 7% y que suponen unos ingresos estimados de 470.241,82 € [(360.700,50 € + 142.458,25 €)/1,07)], la inspección adiciona las ventas que, conforme a la autoliquidación del IVA tributan por el impuesto citado al 16% (14.391,62 €), lo que supone unas ventas estimadas totales de 484.633,44, importe que se traslada a las bases imponibles del IVA e IS del ejercicio 2006.
Cuarto.En consecuencia con ello, las liquidaciones impugnadas fijan, en relación al Impuesto sobre Sociedades, una base imponible positiva de 18.287,42 € que, tras la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores (14.949,40 €), supone una deuda a ingresar de 1.044,85 € (incluyendo 35,93 € de intereses de demora y 7,5 € en concepto de recurso cameral permanente) y, en lo que se refiere al IVA, las siguientes cifras:
470.241,82 €
32.916,93 €
14.391,62 €
2.302,66 €
35.219,59 €
568.155,30 €
89.314,68 €
54.095,09 €
Quinto. La resolución señalada en el encabezamiento determina que la actuación de la entidad reclamante es constitutiva de varias infracciones tributarias: a) en relación al IVA la consistente en la solicitud indebida de devoluciones, por la que impone una sanción de 2.696,24 € equivalente al 15% del exceso de devolución solicitada (17.974,98 €); y b) en lo que respecta al IS considera que concurren dos infracciones tributarias: la de dejar de ingresar la cuota del impuesto y la de determinar indebidamente partidas negativas a compensar de bases imponibles futuras, por lo que impone unas sanciones de 500,70 € (el 50% de la cuota íntegra dejada de ingresar) y 23.849,83 € (10% de la base imponible negativa declarada), respectivamente.
Sexto. Contra los actos citados en el encabezamiento, la representación de la reclamante formula la presente reclamación económico-administrativa en la que solicita su anulación alegando, en primer lugar, respecto a la improcedencia del método de estimación indirecta de las bases imponibles: a) que las anomalías de la contabilidad consistentes en las aperturas de caja sin registro no son tal, ya que corresponden, como hizo constar en diligencia de 10 de octubre de 2007, a cambios para la máquina de tabaco, teléfono, o incluso a la política de marketing de la empresa consistente en la distribución de numerosas consumiciones gratuitas para atraer a clientes. En prueba de ello adjunta invitaciones correspondientes a viernes y sábados de varios meses de 2006, así como declaraciones de testigos que aseveran dichas campañas de publicidad; b) que para la aplicación de la estimación indirecta, de carácter subsidiario, ha de constatarse la anomalía contable mediante un análisis pormenorizado de la contabilidad, y posteriormente, de existir dicha anomalía, estimar el beneficio, lo que no ha ocurrido en este caso en que se ha invertido el citado proceso al comparar los beneficios estimados con la contabilidad para concluir que ésta no representa la imagen fiel del patrimonio. En apoyo de esta tesis cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 22 de febrero de 1992 y varias resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, en particular, la de 7 de febrero de 1996.
Por otra parte, en cuanto al procedimiento utilizado para la determinación de la base imponible, la reclamante aduce su incorrección al distorsionar la realidad ya que: a) la tarifa a aplicar no debe ser la media sino que cada venta debe valorarse a su tarifa teniendo en cuenta que éstas se elevan cada mes de septiembre; b) las bebidas alcohólicas pueden consumirse solas; c) en determinadas ocasiones las entradas al establecimiento incorporan consumiciones gratuitas; d) los costes que ha tenido en cuenta la inspección están obsoletos; e) no se han tenido en cuenta las mermas; y f) si del muestreo efectuado por la inspección se deriva que el 34,91 % de las aperturas son sin registro económico, esto es, que corresponden a operaciones no declaradas, los 216.757,46 € declarados por 'prestación de servicios' son el 65,09% del volumen de total de éstos, con lo que el 100% es 333.011,92 € y no 470.241,82 €.
Séptimo.Finalmente, respecto a las sanciones impuestas alega que dado que no le es aplicable el régimen de estimación indirecta no existen las infracciones que le han sido imputadas.
Octavo. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.
Primero. Las cuestiones a determinar en la presente reclamación son: 1º Si es o no ajustada a derecho la aplicación del régimen de estimación indirecta de las bases imponibles y, sólo en el caso de respuesta afirmativa, si el medio utilizado para la estimación es correcto; y 2º Si las sanciones impuestas son o no conformes a derecho.
Segundo. El art. 49 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava dispone que la base imponible podrá determinarse por los métodos de estimación directa, objetiva o indirecta, que ésta última tendrá carácter subsidiario respecto de los demás métodos y que se aplicará cuando se produzca alguna de las circunstancias previstas en el artículo 52 de dicha Norma Foral, que establece:
'1. El método de estimación indirecta se aplicará cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias:
3. Cuando resulte aplicable el método de estimación indirecta, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 153 de esta Norma Foral.'
Por su parte, el art. 43.1 del Decreto Foral 41/2006, del Consejo de Diputados de 6 de junio, que aprueba el Reglamento de Inspección de los Tributos del Territorio Histórico de Álava, dispone en relación con la estimación indirecta de bases que se entenderá, entre otros supuestos, que existe un incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales:
Cuando la contabilidad no recoja fielmente la titularidad de las actividades, bienes o derechos.Cuando los registros y documentos contables contengan omisiones, alteraciones o inexactitudes que oculten o dificulten gravemente la exacta constatación de las operaciones realizadas.Cuando, aplicando las técnicas y criterios generalmente aceptados a la documentación facilitada por el interesado, no pueda verificarse la declaración o determinar con exactitud las bases, cuotas o rendimientos objeto de comprobación.Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de la actividad permita entender que la contabilidad es incorrecta.
(…)'.
Y el apartado 3 del citado artículo establece que 'La apreciación de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 52 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, no determinará por sí sola la aplicación del método de estimación indirecta si, de acuerdo con los datos y antecedentes obtenidos a lo largo del desarrollo de las actuaciones inspectoras, pudiera determinarse la base o la cuota mediante el método de estimación directa u objetiva'.
Tercero. Del conjunto de los preceptos transcritos se extraen las siguientes conclusiones: 1º que el método de estimación indirecta de bases imponibles es de carácter subsidiario, es decir, sólo procede cuando no se disponga de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible conforme a las reglas de la estimación directa; 2º que su aplicación exige la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para ello, como el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales; 3º que existe dicho incumplimiento, entre otros supuestos, cuando los registros y documentos contables contienen inexactitudes o cuando existe una incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones o gastos que permita entender que la contabilidad es incorrecta; y 4º que, dado su carácter subsidiario, el resultado del comportamiento irregular del contribuyente debe imposibilitar o dificultar gravemente la determinación de la base imponible por la estimación directa, es decir, la existencia de una o de varias de las circunstancias que habilitan para la utilización de este método excepcional no determina sin más su aplicación, sino que es exigible a la inspección tributaria la justificación de que la circunstancia concurrente impide, de forma insalvable, la cuantificación de la base imponible mediante la estimación directa.
Todo lo anterior debe quedar debidamente justificado, razón por la que el art.153.1 de la referida Norma Foral General Tributaria exige que las actas incoadas para regularizar la situación tributaria contengan un informe razonado de las causas determinantes de la aplicación del método, de la situación de la contabilidad y registros obligatorios, y de los cálculos y estimaciones efectuados en virtud de los medios elegidos.
Por ello, la aplicación del método subsidiario exige un análisis previo de la documentación contable del sujeto pasivo del que resulte, y así se recoja en el informe ampliatorio, la existencia de una situación irregular -consistente en una de las causas tasadas- y su carácter insalvable para fijar la base imponible del tributo por estimación directa. En este sentido se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su sentencia de 6 de septiembre de 2002 (Ar. JUR 2003/98438) en la que, ante un supuesto en que no se aportaron ni los tickets de venta ni el inventario, dice así:'El carácter subsidiario de este régimen impone a la Administración el deber de motivar su aplicación en cada supuesto concreto, motivación encaminada a justificar, por una parte, la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 50 y, por otra, y más importante, por ser la razón de la determinación indirecta de las bases, el hecho de que dichas circunstancias han privado a la Administración del conocimiento de los datos para la estimación completa de las bases'.
Y esta también es la postura consolidada del Tribunal Económico Administrativo Central que se recoge, entre otras, en la resolución de 8 de septiembre de 1992 (Ar. JT 1992\495) en la que afirma que una correcta aplicación de la estimación indirecta de bases'debe comenzar necesariamente por un examen del comportamiento o conducta observada por el contribuyente y de la documentación presentada por el mismo, con la finalidad de precisar si se dan los supuestos de hecho exigidos (…) y una vez verificada y justificada la existencia de tales presupuestos, debe procederse, en las mismas actuaciones inspectoras, a la aplicación del régimen subsidiario…'.
Cuarto. En este caso, en el informe ampliatorio del acta, la inspección de tributos señala como una de las causas de aplicación de la estimación indirecta las irregularidades que presentan las cintas de control de las cajas registradoras en las que constan numerosas aperturas sin importe que, analizadas mediante un muestreo, como ha quedado expuesto en el Antecedente de Hecho Segundo, alcanzan el 34,91% de las aperturas totales efectuadas, y que se efectúan todas ellas en la misma franja horaria. Las citadas omisiones, a criterio de la inspección, suponen que la contabilidad del sujeto pasivo basada en dicha documentación no refleja la imagen fiel del patrimonio empresarial ni, en consecuencia, los beneficios obtenidos, y que, además, con la documentación contable existente no puedan determinarse las bases imponibles de los tributos inspeccionados.
Pues bien, aunque la conducta de la reclamante pudiera indicar la existencia de irregularidades en los soportes documentales en que se fundamenta su contabilidad, también es cierto que, de acuerdo a la normativa expuesta, debe quedar justificado que dichas irregularidades necesariamente suponen la imposibilidad de fijar de forma completa la base imponible, lo que, en este caso, no concurre, ya que el carácter insuperable de la irregularidad, cuando menos, exige, incluso con carácter previo al muestreo efectuado, la investigación de su procedencia, lo que no consta en el expediente administrativo en el que no existe ninguna solicitud de información, documentación o aclaración de los apuntes sin registro económico o, en su caso, de los documentos que suplan dichas omisiones, sino que todas las solicitudes efectuadas se orientan a obtener los datos necesarios para estimar las ventas, proceso en que se ha centrado el esfuerzo inspector. Es decir, no puede considerarse justificado que las omisiones en los tickets, de ser tales, imposibiliten la aplicación del régimen general.
Esta es la postura del TEAC, en la resolución de 7 de febrero de 1996 (Ar. JT 1996\ 285) aducida por la reclamante, que dice así: ' …tan parca aportación de hechos pretendidamente determinantes del método estimatorio que se propone, no es suficiente para concluir que estemos ante anomalías contables y menos todavía que éstas sean sustanciales, porque la diferencia observada entre la suma de facturas y los ingresos contabilizados (…) no prueba omisión, alteración ni inexactitud que oculte o dificulte gravemente la exacta constatación de las operaciones realizadas, máxime cuando no consta que la Inspección haya requerido al contribuyente para que justifique las diferencias en menos(….).
Así pues, si los apuntes sin registro económico se debieran, como apunta la interesada en diligencia de 10 de octubre de 2007, a invitaciones dentro de una política de marketing -lo que tiene una trascendencia fiscal considerable, puesto que el art. 14 de la Norma Foral 24/1996 del IS restringe la deducibilidad de liberalidades, y porque el art. 9 y el 95 de la Norma Foral del IVA, aprobada por el Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, establecen una tratamiento especial para las entregas gratuitas-, la justificación del régimen subsidiario exigiría, cuando menos, el requerimiento al contribuyente de la documentación y control que, entre otros extremos, acredite las invitaciones realizadas, los consumos imputables a las mismas etc., y sólo mediante esa labor previa es posible un razonamiento de la imposibilidad de fijar las bases por la estimación directa, pues, como entiende el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su sentencia antes citada, 'la imposibilidad de la inspección de comprobar la veracidad de determinados asientos contables efectuados en la contabilidad oficial no puede abocar necesariamente a un cálculo indirecto de bases sino, en todo caso, a la modificación del dato que se pone en duda (…)'.
Y ello es así porque en esa labor investigatoria previa es cuando el contribuyente tiene la posibilidad de acreditar por otros medios el origen las deficiencias detectadas, y sólo en caso de que no exista el mencionado soporte, que no se aporte, o que sea insuficiente para la determinación completa de las bases imponibles por el régimen de estimación directa, podría entonces justificarse la determinación del régimen por el método subsidiario. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de enero de 1993 (Ar. RJ 1993\1114) en la que siendo impugnado un precepto del Reglamento de Inspección aprobado por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, en concreto el art. 64.1 d), manifiesta que incluso para el caso de la desaparición de libros por fuerza mayor debe darse al contribuyente la posibilidad de acreditar por otros medios de prueba sustitutorios los elementos del hecho imponible:'supuesto que por fuerza mayor hubieren desaparecido los medios de comprobación o justificación, subsistiendo en cuanto al resto la obligación tributaria, es lo cierto que ésta podrá acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho (arts. 115 y concordantes de la Ley General Tributaria), y no, necesaria y exclusivamente, a través de la estimación indirecta de las bases, como establece este párr. d) del ap. 1 del art. 64 del Reglamento, pues hacerlo así significa cercenar unas posibilidades de prueba de los hechos imponibles que la Ley concede al sujeto pasivo que, en todo caso, han de tener consideración preferente a la aplicación de procedimientos supletorios para su determinación …'.
Quinto. Sentado lo anterior, procede ahora examinar si concurre la segunda de las causas considerada a juicio de la inspección como determinante de la aplicación del régimen de estimación indirecta y que consiste en una incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas y las que debieran resultar de las adquisiciones efectuadas que permita considerar que la contabilidad es incorrecta.
En primer lugar, cabe señalar que para que la incongruencia se repute como probada ha de excluir los datos externos puesto que éstos son propios del procedimiento estimatorio, lo que conduce a concluir que la misma ha de ser consecuencia de los datos internos del sujeto pasivo, pudiendo tener dicha consideración incluso los márgenes comerciales cuando hayan sido aportados por el propio contribuyente, como reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sentencia de 15 de diciembre de 2006 (Ar. JUR 2007/23228) que dice así: ' (…)Sin embargo, como se razona en el informe de justificación de la aplicación del régimen de estimación indirecta de bases, contenido en el informe ampliatorio al Acta de disconformidad, resulta que de los propios datos contables aportados por la recurrente relativos al volumen de ventas consumidas se deduce racionalmente a la vista de los propios datos obtenidos por la Inspección del recurrente en cuanto a rendimientos medios y precios aplicables, que el volumen real de negocio es muy superior al reflejado en la contabilidad, con lo que resulta que la contabilidad formalmente correcta presentada por la recurrente es en realidad una contabilidad inexacta que no sirve para conocer la situación real (…).
En el supuesto que nos ocupa, en el informe ampliatorio del acta la inspección tributaria manifiesta: '(…) como se desarrolla más adelante, en el apartado d) del Informe, 'cálculos y estimaciones efectuadas en base a los mediosefectivamente elegidos', analizados el importe y composición de las compras, y relacionado este dato objetivo con el de las existencias finales, obtenemos el dato del consumo del ejercicio con el cual es posible determinar el producto final que, como mínimo, debe obtenerse. Teniendo en cuenta las tarifas de precios aportadas por el obligado tributario, obtenemos una cifra de ventas estimadas muy superior a la presentada por la entidad en su contabilidad'.
Pues bien, a la vista de lo expuesto, y con independencia de que los cálculos realizados pudieran resultar correctos y válidos para fijar la base imponible por estimación indirecta, el estudio económico efectuado no puede considerarse, a juicio de este Tribunal, como un razonamiento suficiente de la concurrencia de una incongruencia probada entre las adquisiciones y las operaciones realizadas, puesto que en dicho estudio económico se han utilizado datos externos, en concreto, el número de consumiciones que se extraen de cada botella (según una receta de cocina), y otros estimados, como las mermas y los gastos de difícil justificación, con lo que la incongruencia apuntada por la inspección tributaria deriva de un resultado estimado, en concreto, el del producto final obtenido, que si bien es procedente cuando el régimen es de aplicación, es decir, una vez determinada la irregular situación contable del contribuyente, no lo es para determinar dicha irregularidad.
Y es que la diferencia entre las ventas estimadas y las declaradas no puede, como se recoge en el informe ampliatorio, determinar que la contabilidad sea irregular. Admitir lo contrario conduciría a que la estimación de un resultado que, por tanto, es aproximado -carácter típico de la estimación indirecta- sea prueba de una anomalía sustancial de la contabilidad, lo que no está permitido por el ordenamiento jurídico, por constituir, como aduce la reclamante, la inversión del procedimiento establecido en la normativa. Esta es la postura del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en su sentencia de 2 de febrero de 2001 (Ar. JT 2001\1523), cuando dice que:'no puede confundirse el acceso al método con el método mismo, ni en consecuencia,pueden determinarse de manera indiciaria o genérica unos rendimientos, para comparar después esos rendimientos,... con la contabilidad del sujeto pasivo, de manera que, si dicha contabilidad no se ajusta a los rendimientos apriorísticamente deducidos, se regulariza la situación por el cómodo método de aplicar la estimación indirecta de las bases,... sobre la base de afirmar que la contabilidad no es correcta. Así las cosas se ha invertido el sistema que prevén las normas arriba indicadas; se comienza por el final; se hace primero la estimación, y después se deduce que la contabilidad no es correcta; cuando el sistema que impone la Ley es precisamente el contrario...'. Además, han de tenerse en cuenta, en este sentido, las sentencias de la Audiencia Nacional, de fechas 31 de octubre de 2001 (Ar. JUR 2002/10133) y 23 de julio de 2002 (Ar. JT 2002\1575), en las que afirma que la incongruencia debe asentarse en datos contables objetivos de los que razonablemente se deduzca la misma.
Sexto.Por lo expuesto y razonado, procede estimar la presente reclamación económico-administrativa y anular los actos impugnados por no ser conformes a derecho sin que sea preciso analizar la segunda de las cuestiones planteadas.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 177/08, interpuesta por S.L.,contra las liquidaciones núms. 2008/300.533 y 301.060 derivadas de las Actas de Inspección núms. 122 PK y 123 PK, relativas al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2006; y contra dos resoluciones del Jefe del Servicio de Inspección, de 7 de julio de 2008, que imponen, una de ellas, dos sanciones en relación con el primer tributo mencionado y, la otra, una sanción relativa al segundo,RESUELVEESTIMARla misma y anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes a derecho.
DF. Normativo 12/1993 de 19 de Ene Álava/Araba (normativa reguladora del IVA) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial de Álava Número: 11 Fecha de Publicación: 29/01/1993 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1993 Órgano Emisor: Departamento De Hacienda, Finanzas Y Presupuestos
D.F. 2ª. Entrada en vigor de la Norma.
D.F. 1ª. Modificaciones por Norma Foral de Presupuestos.
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 25/2018, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 433/2016, 24-01-2018
Orden: Administrativo Fecha: 24/01/2018 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Zarzalejos Burguillo, Jose Ignacio Num. Sentencia: 25/2018 Num. Recurso: 433/2016
Sentencia Administrativo Nº 1252/2014, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 1083/2012, 15-10-2014
Orden: Administrativo Fecha: 15/10/2014 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Ornosa Fernandez, Maria Rosario Num. Sentencia: 1252/2014 Num. Recurso: 1083/2012
Sentencia Administrativo Nº 273/2014, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 1027/2011, 12-03-2014
Orden: Administrativo Fecha: 12/03/2014 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Canabal Conejos, Francisco Javier Num. Sentencia: 273/2014 Num. Recurso: 1027/2011
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