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Timestamp: 2018-09-21 13:23:52+00:00

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LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. (MODIFICACIÓN LLEVADA A CABO POR LA LEY 52/1999, DE 28 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA).
Tengan por objeto defender y promover las exportaciones, siempre que no alteren la competencia en el mercado interno y sean compatibles con las obligaciones que resulten de los Convenios Internacionales ratificados por España, o
Participen dos o más empresas e impongan restricciones en la distribución y/o suministro de determinados bienes o servicios para su venta o reventa, o en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial o intelectual, o de conocimientos secretos industriales o comerciales, o
De su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.
De la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor además de los descuentos habituales, debe conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.
La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de 6 meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas por el proveedor o en caso de fuerza mayor.
Que ese acto de competencia desleal distorsione gravemente las condiciones de competencia en el mercado.
Que esa grave distorsión afecte al interés público.
4. No se impondrán multas por infracción del artículo 1, si se solicitara la autorización prevista en el artículo 4, por las conductas a que se refiere la petición realizadas en el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la decisión sobre la misma. Lo anterior no se aplicará cuando el Tribunal, tras un examen provisional de la solicitud, hubiera adoptado una decisión oponiéndose a la ejecución de los actos que constituyen su objeto.
A la cesación de una acción que haya sido declarada prohibida conforme a lo dispuesto en la Ley.
A la remoción de los efectos distorsionadores de las condiciones de competencia provocados por una infracción.
Al cumplimiento de los compromisos adoptados por dichos sujetos en el marco de un acuerdo de terminación convencional del procedimiento.
Al cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.5 de esta Ley.
A los cuatro años, las infracciones previstas en este texto legal. El término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiera cometido la infracción.
A los cuatro años, las sanciones.
Esta obligación de notificación no afecta a aquellas operaciones de concentración que caigan dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) 4064/89, del Consejo, modificado por el Reglamento CEE) 1310/97.
6. La notificación de las operaciones de adquisición de acciones admitidas a negociación en una bolsa de valores cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, sea preceptiva la realización de una oferta pública de adquisición, será objeto de procedimiento especifico determinado reglamentariamente.
1. El Ministro de Economía, a propuesta del Servicio de Defensa de la Competencia, remitirá al Tribunal de Defensa de la Competencia los expedientes de aquellos proyectos u operaciones de concentración notificados por los interesados que considere pueden obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado, para que aquel, previa audiencia, en su caso, de los interesados dictamine al respecto.
1. Una vez remitido el expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia, éste deberá emitir su dictamen sobre la operación antes de dos meses . La apreciación de si un proyecto u operación de concentración puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado se basará en un análisis de sus efectos restrictivos, previsibles o constatados, atendiendo principalmente a las siguientes circunstancias:
Subordinar su aprobación a la observancia de condiciones que aporten al progreso económico y social una contribución suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia. Dichas condiciones podrán consistir, entre otras, en la obligación de transmitir ciertos negocios o activos o en la imposición de limitaciones. En el supuesto de que la legislación sectorial correspondiente establezca algún tipo de limitación, el Acuerdo del Consejo de Ministros podrá autorizar su modificación en tanto se ejecuta y en los términos fijados en el mismo.
2. Declararla improcedente, estando facultado para:
4. Independientemente de lo previsto en el apartado anterior, el incumplimiento de lo ordenado en aplicación del artículo 17 podrá dar lugar a la imposición por el Gobierno a cada una de las empresas afectadas de multas de hasta el 10 % de su respectivo volumen de ventas en España en el ejercicio en que se hubiera producido la operación de concentración.
Artículo 19. Ayudas públicas.
Artículo 20. Naturaleza jurídica y fines generales.
Los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los productos y rentas del mismo;
Los ingresos propios que estén autorizados a obtener;
Las dotaciones que puedan percibir a través de los Presupuestos Generales del Estado.
3. El Tribunal podrá aprobar elaborar un reglamento de régimen Interior en el que regule su organización y funcionamiento interno. Dicho reglamento interno se publicará en el Boletín Oficial del Estado .
Resolver y dictaminar los asuntos que tiene atribuidos por esta Ley.
Autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 1, en los supuestos y con los requisitos previstos en el artículo 3.
Aplicar en España los artículos 85.1 y 86 del Tratado de la Comunidad Europea y de su Derecho derivado.
Informar sobre las operaciones de concentración económica de dimensión comunitaria que sean remitidos por la Comisión Europea en aplicación de las normas comunitarias de control de concentraciones por la Comisión.
Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le encomienden las leyes, y en particular las establecidas en el artículo 7 de la Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos.
Elaborar el informe que, en cuanto a las eventuales indemnizaciones de daños y perjuicios, prevé el artículo 13 de la presente Ley.
Elaborar el informe que, en materia de ayudas públicas, prevé el artículo 19 de esta Ley.
Artículo 26. Funciones consultivas.
Artículo 27. Competencias del Pleno.
Elaborar su reglamento de régimen interior, en el cual se establecerá su funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios.
Preparar el anteproyecto de presupuesto general de gastos del Tribunal.
Establecer el criterio de distribución de asuntos entre Salas y Secciones.
Mantener el buen orden y gobierno del Tribunal.
Dar cuenta de las vacantes que se produzcan en el Tribunal.
Resolver las cuestiones no asignadas al Pleno del Tribunal.
Representarlo en las relaciones con otros órganos públicos.
Ejercer funciones de jefatura en relación al personal del Tribunal.
Ordenar los gastos del Tribunal.
Artículo 31. Funciones del Servicio de Defensa de la Competencia.
Instruir los expedientes por conductas incluidas en esta Ley.
Vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en aplicación de esta Ley y, en su caso, declarar la prescripción de la acción para exigir el cumplimiento de las sanciones previstas en el artículo doce de esta Ley.
Las de estudio e investigación de los sectores económicos, analizando la situación y grado de competencia de cada uno de ellos, así como la de posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia. Como consecuencia de los estudios e investigaciones efectuadas podrá proponer la adopción de medidas conducentes a la remoción de los obstáculos en que se ampare la restricción.
Las de cooperación, en materia de competencia, con organismos extranjeros e instituciones internacionales.
Ejercitar las competencias que le atribuyen los artículos 15 al 18 de esta Ley en materia de control de concentraciones.
Promover y acordar la terminación convencional de los procedimientos tramitados como consecuencia de conductas prohibidas en esta Ley.
Informar los anteproyectos de normas que afecten a la competencia.
Dirigir informes y/o recomendaciones sobre materias de defensa de la competencia a cualquiera de los Departamentos Ministeriales, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Cámaras de Comercio y organizaciones empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios.
Estudiar y someter al Gobierno las oportunas propuestas de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, conforme a los dictados de la experiencia en la aplicación del Derecho nacional y comunitario.
Proponer al Ministro de Economía y Hacienda, para su elevación, en su caso, al Consejo de Ministros, las directrices de política de defensa de la competencia en el marco de la política económica de aquel.
Proponer al Gobierno, la adopción de reglamentos de exención previstos en el artículo quinto de esta Ley respecto de las categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refieren los artículos 3.1 y 3.2 de esta Ley.
Dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado a los reglamentos de exención del artículo 5 de esta Ley.
Ejercitar las competencias que le atribuyen los artículos 15 y 18 de esta Ley.
1. Toda persona natural o jurídica queda sujeta al deber de colaboración con el Servicio de Defensa de la Competencia, y está obligada a proporcionar a requerimiento de éste, y en un plazo de diez días, toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de estaLey.
Nombre o razón social y domicilio del denunciante y, en el caso de que actúe por medio de representante, acreditación de la representación y domicilio a efecto de notificaciones.
Nombre o razón social y domicilio del/los denunciado/s.
Hechos de los que se deriva la existencia de infracción y pruebas, en su caso, de los mismos.
Intereses legítimos de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/1992, para poder ser considerado interesado en el eventual expediente sancionador.
La referida nota podrá publicarse en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en cualquier otro medio de difusión que garantice una publicidad suficiente.
Artículo 36 bis. Supuestos de inadmisión y terminación convencional.
Acordar la no iniciación de los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por los artículos 1 y 6 que, por su escasa importancia, no afecten de manera significativa a las condiciones de competencia.
Acordar la no iniciación de los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas previstas en el artículo 7 de esta Ley cuando estime que no concurren las circunstancias previstas en dicho artículo.
Acordar la terminación convencional de una investigación que se haya iniciado de oficio o a instancia de parte interesada por posible infracción de los artículos 1, 6 y 7 de la Ley, siempre que la misma no resulte contraria a lo dispuesto en esta Ley, y esté encaminada a finalizar las actuaciones administrativas.
Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de concreción de hechos que se notificará a los presuntos infractores para que, en un plazo de quince días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes y, cerrado el periodo probatorio, efectuar en el plazo de diez días su valoración.
4. Cuando, tras la instrucción necesaria, el Servicio considere que no se ha acreditado la existencia de prácticas prohibidas, redactará la propuesta de sobreseimiento que se notificará a los interesados para que en el plazo de diez días hagan las alegaciones oportunas.
Posteriormente el Servicio, podrá acordar el sobreseimiento del expediente con archivo de las actuaciones. Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso conforme a lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de esta Ley.
Artículo 38. Instrucción del expediente de autorización.
1. El procedimiento para autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 3 se iniciará a instancia de la parte interesada.
3. Iniciado un expediente para la constatación de la existencia de acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas prohibidas recogidas en el artículo 1, los interesados podrán pedir que se declaren autorizados de conformidad con el artículo 3.
Artículo 47. Recurso contra los actos dictados por el Servicio de Defensa de la Competencia.
Artículo 50. Supletoriedad de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 51 bis. Relaciones con otras Administraciones Públicas.
Artículo 56. Plazos máximos del procedimiento.
Artículo 57. Tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración.
3. No estará sujeta a la tasa la consulta previa prevista en el apartado 5 del artículo 15 de esta Ley.
De 3.005 euros cuando el volumen de ventas global en España del conjunto de los partícipes en el acuerdo de concentración sea igual o inferior a 40.000 millones de pesetas o 240.404.841,75 euros.
De 6.010 euros cuando el volumen de ventas global en España de las empresas partícipes sea superior a 40.000 millones de pesetas o 240.404.841,75 euros e igual o inferior a 480.800.000 euros.
De 12.020 euros cuando el volumen de ventas global en España de las empresas partícipes sea superior a 480.800.000 euros e igual o inferior a 3.000.000.000 euros.
De una cantidad fija de 24.000 euros cuando el volumen de ventas en España del conjunto de los partícipes sea superior a 3.000.000.000 euros, más 6.000 euros adicionales por cada 3.000.000.000 de euros en que el mencionado volumen de ventas supere la cantidad anterior, hasta un límite máximo de 60.000 euros.
9. El 50 % de la recaudación obtenida por el pago de la presente tasa se afectará a los recursos del Tribunal de Defensa de la Competencia como ingresos propios.

References: artículo 1
 artículo 4
 artículo 46
 artículo 60
 artículo 17

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 19

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 31
 artículo 5
 artículo 31

Artículo 36
 artículo 7

Artículo 38
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3

Artículo 47

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 56

Artículo 57
 artículo 15