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Timestamp: 2019-09-17 12:35:16+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 970772, 20-07-2001 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970772 de 20 de Julio de 2001
Núm. Resolución: 970772
Interponen los interesados recurso por el que se rechaza la aplicación del método de estimación indirecta. El Órgano inadmite por extemporaneidad. Hace una exposición sobre la evolución en la normativa de la expresión ?fecha a fecha? y el ?dies a quo? para cómputo de plazos. Así, habiéndose notificado los actos administrativos el 25 de septiembre de 1997 e interpuesto recurso el 27 de octubre de 1997, la impugnación se produjo fuera del plazo de un mes establecido, es decir, extemporáneamente. Y siendo los plazos de indeclinable observancia para la Administración e interesados, no cabe entrar a conocer el fondo de la cuestión.
Visto escrito presentado por Don (AAA) y Don (BBB) y Don (CCC), todos ellos con domicilio en (XXX) (Navarra), en relación con liquidaciones derivadas por Actas suscritas en disconformidad por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1991 a 1995, ambos inclusive.
PRIMERO.- Por la Inspección de la Hacienda de Navarra se iniciaron actuaciones tendentes a la comprobación y, en su caso, regularización de la situación tributaria de los sujetos pasivos en relación con el Impuesto y años de referencia, derivando en las Actas suscritas en disconformidad números (?) a (?), ambas inclusive, que contenían la correspondiente propuesta inspectora.
SEGUNDO.- A la vista de las Actas, del informe ampliatorio y de las alegaciones formuladas por los interesados, vino la Sección gestora a dictar actos administrativos confirmatorios de las propuestas inspectoras, girándose a continuación las oportunas liquidaciones. Y contra dichos actos administrativos vienen ahora los interesados a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de octubre de 1997, rechazando, por diversas razones la aplicación del método de estimación indirecta. Solicita, pues, se anule lo actuado con base en estas alegaciones.
UNICO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado por persona debidamente legitimada al efecto. Y refiriéndonos en primer lugar a la cuestión de interposición en plazo del recurso que dio lugar al Acuerdo impugnado, ha de indicarse que no se le oculta a este Organo la existencia de una muy abundantísima jurisprudencia en el sentido de interpretar la expresión ?de fecha a fecha? de tal modo que en el vencimiento de los plazos a computar por meses habrá de incluirse el día de idéntico numeral al del mes en que se produjo la notificación. Ahora bien: una tan reiterada jurisprudencia merece, cuando menos, comentario. El problema no se halla tanto en la interpretación de la expresión ?de fecha a fecha? cuanto en el ?dies a quo? que se elija para el inicio del cómputo del plazo y que, como veremos, condiciona sustancialmente cuál haya de ser el día que deba considerarse como final del plazo para la interposición de recurso. En efecto: el artículo 60.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 decía que ?si el plazo se fija en meses, éstos se computarán de fecha a fecha?, iniciándose el cómputo del dicho plazo el ?día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate?. Dentro de este marco normativo tiene perfecto encaje y sentido la reiterada jurisprudencia que interpretando estos preceptos (y que es, por cierto, mayoría en relación que incluye la interesada en su recurso) decía que iniciándose el cómputo del plazo el día siguiente a aquel en que se produce la notificación, el plazo de recurso habría de finalizar en día del mes de idéntico numeral al de la notificación. Pero no porque ese sea el contenido de la expresión ?fecha a fecha?, sino porque ello viene dado por haberse elegido como ?dies a quo? para el cómputo del plazo el siguiente al de la notificación del acto impugnado. Veámoslo con un ejemplo: si el acto impugnado se notifica un 12 de enero, el cómputo del plazo de interposición de recurso se inicia el 13 de enero, debiendo finalizar entonces el 12 de febrero, inclusive, y ello porque el 13 de febrero pertenece al mes siguiente al contado a partir de la notificación (y si no véase lo que ocurre cuando el día de la notificación es el último del mes, en que todavía se ve más claro este cómputo, sobre todo en lo que se refiere a los días que componen el mes siguiente al día de la notificación y cuáles pertenecen ya al mes siguiente). De hecho este Organo vino asumiendo sin ningún problema aquella doctrina jurisprudencial bajo la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, por estimarla correcta. No obstante, la situación cambia radicalmente, a nuestro juicio, con la entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto: manteniéndose el artículo 48.2 de esta última norma en que ?si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán de fecha a fecha? (de forma similar, como se ve, a lo que decía la Ley de 1958), sin embargo, se prevé que los plazos contados por meses ?se contarán a partir de la notificación o publicación del correspondiente acto? (artículo 48.4). Es decir, manteniéndose la expresión ?de fecha a fecha?, ha variado el ?dies a quo? para el cómputo del plazo de interposición del recurso, adelantándose en un día. Ello impide seguir sosteniendo lo que se decía acertadamente por la jurisprudencia con fundamento en la normativa anterior, y ello no porque no se reconozca que la normativa sigue diciendo que los plazos por meses se computarán de fecha a fecha sino porque ello no afecta al hecho de la variación de la fijación del ?dies a quo? para el cómputo del plazo de recurso. Por tanto, de acuerdo con el ejemplo anteriormente expuesto el plazo de recurso finalizará el 11 de febrero, pero por la sencilla razón de que el dicho plazo se inicia el 12 de enero, día de la notificación, sin que se violente con ello la interpretación de la expresión ?fecha a fecha? (a nuestro juicio, con la tendencia jurisprudencial actual, no se produce el cómputo de fecha a fecha sino que se incluye en el cómputo un día de más, correspondiente al mes siguiente al de la notificación). Semejante interpretación no es en absoluto, además, patrimonio de este Organo, sino que coincide con la que reiteradamente viene ofreciendo González Navarro, Magistrado, por cierto, del Tribunal Supremo: ?El cómputo por meses naturales se realiza de fecha a fecha, lo que quiere decir que si, por ejemplo, un mes empieza a contarse el día 10 terminará el día 9; en consecuencia: el día 10 habrá empezado ya otro mes?. Tal afirmación viene acompañada, además, de la correspondiente cita jurisprudencial (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1959) y doctrinal (un artículo publicado por el propio autor en la Revista de Administración Pública en 1967), añadiéndose en la misma nota al pie que frente a un problema (el del cómputo de fecha a fecha) que ya había sido adecuadamente resuelto por el Tribunal Supremo, los autores de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ?con la mejor voluntad pero ignorando que llevaba resuelto hacía treinta años?, pretendieron resolverlo ?para lo cual no se les ocurrió mejor cosa que establecer un dies a quo distinto, según que el plazo viniese establecido en días o, por el contrario, viniese establecido en meses o en años?. Y es el que con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común vino a orillarse el caso principio procesal ?dies a quo non computatur in termino?, que había sido criterio tradicional en nuestro Derecho Administrativo, regla que, por cierto ha venido a ser restablecida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tras ella, el artículo 48.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que ?si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate?, con lo que se vuelve a respetar el viejo principio ?dies a quo no computatur in termino?. Pues bien: es éste un último argumento en pro de la tesis sostenida por este Organo, puesto que si el sistema de cómputo de plazos creado por la Ley 30/1992 diera lugar a idénticos resultados que los que derivaban de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, hubiera carecido de sentido la modificación operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Por ello, hemos de indicar que habiéndose notificado a los interesados los actos administrativos impugnados en 25 de septiembre de 1997, y no habiéndose producido actividad impugnatoria alguna sino hasta el 27 de octubre de 1997, la tal impugnación se produjo fuera del plazo de un mes establecido por la normativa vigente para la interposición de esta clase de recursos, resolución que es, además, acorde con lo que viene sosteniendo en los últimos tiempos el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (vid. Sentencias de 30 de noviembre de 2000 y 30 de marzo de 2001). Y siendo la cuestión de los plazos de indeclinable observancia tanto para la Administración como para los interesados, ello nos impide entrar a conocer del fondo de las cuestiones planteadas en el recurso.
Y, en consecuencia, este Organo en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada acuerda inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada interpuesto por Don (AAA) y Don (BBB) y Don (CCC) contra liquidaciones derivadas de Actas suscritas en disconformidad por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1991 a 1995, sin que pueda entrar a conocerse del fondo de las cuestiones planteadas en este escrito de recurso.
Sentencia Administrativo Nº 818/2013, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 984/2010, 19-07-2013
Orden: Administrativo Fecha: 19/07/2013 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Gomis Masque, Ramon Num. Sentencia: 818/2013 Num. Recurso: 984/2010
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 521/2004, 22-09-2008
Orden: Administrativo Fecha: 22/09/2008 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Frias Ponce, Emilio Num. Recurso: 521/2004
Sentencia Administrativo Nº 2320/2014, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 240/2014, 17-11-2014
Orden: Administrativo Fecha: 17/11/2014 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Martinez Olalla, Ana Maria Victoria Num. Sentencia: 2320/2014 Num. Recurso: 240/2014
Resolución de TEAF Navarra, 970767, 22-08-2001
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 22/08/2001 Núm. Resolución: 970767

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 60
 artículo 48
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