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Timestamp: 2017-02-23 03:13:26+00:00

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Reseña de novedades I propiedad intelectual y nuevas tecnologías: Núm. 29 – 3er trimestre de 2015 - Lexology
Reseña de novedades I propiedad intelectual y nuevas tecnologías: Núm. 29 – 3er trimestre de 2015
RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INTELECTUAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Núm. 29 – 3er Trimestre de 2015
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Destacamos las siguientes entradas:
La nueva guerra del futbol
MARCAS. PROTECCIÓN COMO MARCA DE SIGNOS GRÁFICOS SIMPLES. SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 (ASUNTO T-53/13)
marcas. protección como marca de formas tridimensionales (“cubo de rubik”). sentencia del tribunal general, de 25 de noviembre de 2014 (asunto t-450/09)
propiedad intelectual. limitaciones contractuales al uso de las bases de datos no protegibles por propiedad intelectual. sentencia del tribunal de justicia de la ue, de 15 de enero de 2015 (asunto c-30/14)
PROPIEDAD INTELECTUAL. páginas de enlaces p2p. sentencia de la audiencia nacional, de 17 de octubre de 2014 (caso www.elitetorrent.net
marcas. sentencia del tribunal supremo (sala de lo civil) de 14 de octubre de 2014
propiedad intelectual. reproducción de obras protegidas en campus virtual universitario. sentencia de la audiencia provincial de barcelona de 29 de octubre de 2014
Núm. 29 – 4º Trimestre de 2015
marcas. SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE (sECC. TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA) DE 11 DE JUNIO DE 2015, nº 124/2015: DISTRIBUCIÓN SELECTIVA DE MARCAS DE LUJO EN INTERNET (ASUNTO L’ORÉAL)
MARCAS. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE (SALA CUARTA) DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ASUNTO C-125/14: ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA MARCA RENOMBRADA (ASUNTO UNILEVER)
MARCAS. SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (sala tercera) DE 9 DE septiembre DE 2015, ASUNTO T-584/14: USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA EN MODELOS DE FRANQUICIADO (ASUNTO ZARA)
PATENTES. SENTENCIA DEL TRIBUNAL de justicia de la ue (sala QUINTA) DE 16 DE JULIO DE 2015, ASUNTO C-170/13: CONDICIONES PARA EL LEGÍTIMO EJERCICIO DE ACCIONES DE INFRACCIÓN DE PATENTE POR PARTE DE TITULARES DE PATENTES ESENCIALES (ASUNTO HUAWEI)
DISEÑOS. SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (sala octava) DE 13 DE MAYO DE 2015, ASUNTO T-15/13: enjuiciamiento de validez de dibujoS o modeloS: relevancia de diseños anteriores incorporados a productos distintos (ASUNTO “SIFÓN DE DUCHA”)
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Primera sentencia en España sobre “cookies”
El pasado 25 de julio de 2015 se publicó en el BOE la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que sustituirá a la actual, del año 1986[1]. No obstante, con la generosa vacatio legis prevista, la nueva ley no entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2017. El texto de la nueva Ley de Patentes puede consultarse aquí.
La nueva Ley de Patentes pretende modernizar la normativa española equiparándola a la de ámbito internacional y fortalecer el sistema de patentes español, estableciendo un marco legal que prime la actividad verdaderamente inventiva y novedosa. Algunas de las novedades más destacables que ofrece el texto recién aprobado son las siguientes:
Único procedimiento de concesión de patentes españolas, con examen sustantivo previo y obligatorio de patentabilidad, que incluye un examen de novedad y de actividad inventiva. Desaparece el actual procedimiento de concesión sin examen previo. Como consecuencia de este examen sustantivo previo, las nuevas solicitudes de patentes españolas podrán ser concedidas, en su versión original o en una versión limitada durante el proceso por el solicitante, o bien denegadas.
Reducción de las tasas para emprendedores (personas físicas y PYMES). Las personas físicas y pequeñas y medianas empresas (PYMES) que tengan la consideración de emprendedor (conforme a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre) se beneficiarán de una reducción del 50% de las siguientes tasas: tasa de solicitud; anualidades tercera, cuarta y quinta; y tasa de solicitud de informe sobre el estado de la técnica (“IET”) y de examen sustantivo (en el caso de las patentes).
Concesión rápida de patentes sólidas por la reducción de cargas administrativas y aceleración de los procedimientos. La fase de oposición tendrá lugar tras la concesión de la patente, como ocurre en el procedimiento de concesión de patentes europeas. El oponente deberá presentar la oposición dentro de los seis meses a partir de la publicación de la concesión de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Además, solo será recurrible el acto de resolución de la oposición – y no el acto de concesión – y por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición.
Desaparición de la patente de adición, que en la Ley de Patentes de 1986 permite añadir formas de realización o perfeccionamientos a una patente concedida y en vigor sin necesidad de que la “adición” entrañe actividad inventiva.
Nulidad parcial de patente. La nueva Ley de Patentes suprime la prohibición que existe en la todavía vigente Ley de Patentes de 1986 de anular parcialmente una reivindicación.
Limitación del alcance de la patente a instancia de su titular. El titular de la patente concedida puede solicitar la limitación de su alcance, a través de la modificación de sus reivindicaciones:
Por vía administrativa, a través de un nuevo procedimiento ante la OEPM, que podrá iniciarse en cualquier momento de la vida legal de la patente.
Por vía judicial, en el marco de un procedimiento sobre la validez de la patente. La patente así limitada servirá de base al procedimiento.
Fortalecimiento del modelo de utilidad:
Desaparición del requisito de la “novedad nacional” establecido en la Ley de Patentes de 1986, pasando a ser el mismo que para las patentes (novedad mundial o absoluta). Se mantiene, sin embargo, el requisito de menor actividad inventiva establecido en la Ley de Patentes de 1986, es decir, el nivel de actividad inventiva exigido a un modelo de utilidad sigue siendo inferior al que se exige a una patente.
Ampliación del objeto de protección a invenciones de prácticamente cualquier campo de la técnica, incluido el químico, excepto las sustancias y composiciones destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria. Se mantiene, con todo, la exclusión referente a las invenciones de procedimiento.
Obligación de obtener un IET para poder ejercitar acciones. A pesar de que el procedimiento de solicitud de modelo de utilidad no incluye una búsqueda obligatoria del estado de la técnica ni un examen sustantivo de patentabilidad, para poder instar acciones relativas a derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad será preciso haber obtenido o solicitado previamente un IET a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Mejora del régimen de las licencias obligatorias, que son aquellas que, por razones de interés público, el titular de la patente debe dar en todo caso para evitar que una invención quede sin explotar. En concreto:
Simplificación del procedimiento de concesión: La solicitud de licencia obligatoria y la contestación del titular de la patente deberán ir acompañadas de las oportunas pruebas. Las partes pueden designar un mediador común o bien nombrar cada una un experto. Un tercer experto es nombrado por la OEPM para acordar las condiciones de la licencia con los expertos nombrados por las partes. A falta de acuerdo, la OEPM resolverá sobre la concesión de la licencia.
Reducción del plazo: Se podrá solicitar una licencia obligatoria cuando la explotación de la patente haya sido interrumpida durante más de un año. En la Ley de Patentes de 1986 este plazo es de tres años.
Mayor precisión en el régimen de las invenciones laborales y de las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación, simplificándose en ambos casos su procedimiento y aumentando la seguridad jurídica de las partes afectadas.
Inclusión de los Certificados Complementarios de Protección (CCPs) de medicamentos y de productos fitosanitarios, entre los títulos regulados por la Ley de Patentes.
Novedades procesales. La nueva Ley de Patentes introduce numerosas e importantes novedades en las normas procesales que regulan los litigios de patentes. A modo simplemente de ejemplo:
Para los casos en que el condenado a cesar en los actos de infracción de la patente continúe infringiendo, el nuevo texto normativo prevé la posibilidad de indemnización coercitiva por día transcurrido a favor del demandante hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción.
Remisión del cálculo y liquidación de la indemnización de daños y perjuicios a la fase de ejecución de la resolución que haya apreciado la existencia de infracción, lo cual evitará tener que incurrir en la inversión necesaria para hacer dicho cálculo antes de saber si se estima o no la acción de infracción.
Ampliación de la legitimación activa para ejercitar la acción de impugnación de la validez de una patente a cualquier tercero perjudicado.
SAP DE ALICANTE (sECC. TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA) DE 11 DE JUNIO DE 2015, nº 124/2015: DISTRIBUCIÓN SELECTIVA DE MARCAS DE LUJO EN INTERNET (ASUNTO L’ORÉAL)
Los titulares de marcas de lujo están legitimados para exigir a los revendedores en línea no autorizados las mismas condiciones cualitativas de venta selectiva y diferenciada que observan los distribuidores oficiales.
Esta sentencia aborda la cuestión de si la venta de artículos de perfumería y cosmética de alta gama a través de páginas web multiproducto que no reúnen los criterios de distribución selectiva exigidos por los titulares de marcas de lujo constituye una infracción de sus derechos marcarios. Siguiendo la línea jurisprudencial de pronunciamientos anteriores, el Tribunal de Marca Comunitaria (el “Tribunal”) concluye que la preservación del “aurea” de lujo es motivo legítimo para limitar el principio de agotamiento de marca. En consecuencia, los titulares de marcas de productos de lujo están legitimados para demandar a los revendedores en línea las mismas condiciones de venta selectiva y diferenciada que se exigen a los distribuidores oficiales.
El hecho que originó el litigio fue la venta en línea por la demandada de productos de cosmética y perfumería de alta gama del grupo L’Oréal. Dicha venta se realizaba a través de un sitio web en el que:
Los productos ofrecidos se presentaban en orden alfabético.
Los productos objeto de controversia, todos ellos de alta gama, aparecían sin ningún tipo de diferenciación junto a los de otras marcas e incluso junto a productos de complemento, como collares.
El precio de venta de los productos ofrecidos figuraba de forma comparada con el del producto designado en cada caso como “habitual” por el propio sitio web.
No se ofrecían todos los productos de la misma gama, ni todas las “novedades” que iban apareciendo respecto a dicha gama.
No se ponían muestras (testers) de los productos de la demandante a disposición del público.
Disponían de unas existencias (stock) muy limitadas.
Como servicio pre y post venta, simplemente se incluía una dirección de correo electrónico para contactar. No se ofrecía ningún otro tipo de servicio electrónico o telefónico de asesoramiento pre venta.
No se permitía la devolución de productos.
Conforme al artículo 13 del Reglamento de Marca Comunitaria (“RMC”), se produce el agotamiento del derecho marcario cuando los productos se hayan comercializado en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento. No obstante, el segundo apartado del artículo 13 RMC prevé una excepción: “cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos”. El Tribunal, tras destacar la importancia de la distribución selectiva de los productos de lujo como instrumento que contribuye a la condensación del prestigio marcario, reitera el criterio de que la preservación del “aurea” de lujo es motivo legítimo para limitar el principio de agotamiento de marca.
En particular, el Tribunal acoge la tesis de que en la venta online los requisitos deben ser similares a los de venta en punto físico o, en su caso, a los que el titular de la marca exija a los distribuidores exclusivos autorizados a la venta online. Las notas características de la distribución selectiva de perfumes y productos cosméticos de alta gama trasladada a la venta por Internet incluyen:
Ofrecer espacios virtuales de diferenciación. Si bien la venta multiproducto a través de Internet “no constituye un factor negativo de por sí”, el espacio virtual debe reflejar una transferencia de imagen equilibrada y equivalente a la del mundo presencial: no pueden presentarse productos de lujo junto con otros productos de inferior calidad o de distinta naturaleza (por ejemplo, perfumes de alta gama junto a collares), sin una separación adecuada. Las páginas donde se ofrecen los productos de lujo deben, además, tener una cierta calidad estética y visual. En la práctica, todo ello se consigue, por ejemplo, estructurando el sitio web por sectores comerciales, y disponiendo de páginas/pestañas independientes, con contenidos visuales de calidad, para cada producto de alta gama.
Asesoramiento especializado y servicio pre venta. El Tribunal entiende que la conservación de la imagen de cosméticos de lujo también radica en la prestación de un servicio pre y post venta de calidad. En particular, “la presencia en el punto de venta de una persona capaz de asesorar al consumidor o de informarle apropiadamente constituye en principio una exigencia legítima para la venta de cosméticos de lujo”. Es por ello que la venta online debe contar con dichos servicios, que en principio pueden prestarse a distancia, por vía electrónica o telefónica. Para preservar la reputación marcaria, el servicio pre venta se ha de completar con la entrega gratuita a clientes de muestras o testers. Debe asimismo informarse al potencial comprador de los espacios físicos donde pueda conocer el producto de forma directa e inmediata, si lo desea.
Novedades y existencias. El distribuidor en línea de perfumes y productos cosméticos de lujo ha de ofrecer toda la gama, incluidas las novedades, las cuales deben presentarse en un lugar preeminente. Debe, además, contar con un stock suficiente que evite demoras en la entrega.
Servicio post venta. Por último, el distribuidor de perfumes y productos cosméticos de alta gama ha de permitir la devolución de los productos adquiridos en los términos exigidos a los distribuidores oficiales y, en todo caso, con respeto a la normativa sobre venta a distancia, que prevé un derecho de desistimiento por parte del consumidor.
El Tribunal advierte, por último, que la valoración de estos elementos se ha de ponderar de acuerdo con las concretas exigencias y nivel de cumplimiento de los distribuidores exclusivos en cada caso.
La sentencia viene, en definitiva, a confirmar el criterio jurisprudencial conforme al cual la preservación del “aurea” de lujo es motivo legítimo para limitar el principio de agotamiento de marca y delimita con mayor precisión las condiciones de distribución selectiva que los distribuidores online de artículos de perfumería y cosmética de alta gama deben cumplir para preservar el prestigio de las marcas y no vulnerar los derechos de sus titulares.
Esta línea jurisprudencial es, por lo demás, la que están siguiendo los tribunales españoles respecto a registros marcarios nacionales (vid. sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca núm. 103/2015, de 10 de abril, asunto “BVLGARI”).
A los efectos del art. 4.3 de la Directiva 2008/95/CE, una marca comunitaria es renombrada cuando se acredita su renombre en una parte sustancial del territorio de la UE, que puede coincidir en su caso con el territorio de un solo Estado miembro, y que no ha de corresponder ni incluir necesariamente el territorio del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud el registro de marca nacional posterior objeto de la oposición.
El pasado 3 de septiembre de 2015, la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) dictó sentencia resolviendo la cuestión prejudicial formulada por el Fövárosi Törvényszék (“Tribunal de Budapest”) sobre la interpretación del artículo 4 apartado 3 de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (la “Directiva”). Este precepto dispone que “se denegará […] el registro de la marca, o, si está registrada, podrá declararse su nulidad cuando […] haya sido registrada para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior cuando la marca anterior:
goce de renombre en la Comunidad y
con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa
se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o
el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos.”
Los hechos que dieron lugar a la controversia son los siguientes.
El 13 de abril de 2012 Iron & Smith kft (“Iron & Smith”) solicitó ante la Oficina de propiedad industrial de Hungría (la “Oficina”) el registro del signo figurativo “BE IMPULSIVE” como marca nacional húngara.
Unilever NV (“Unilever”) se opuso a dicho registro con base en el artículo 4.1 de la Directiva, invocando, entre otros, su marca comunitaria “IMPULSE” (denominativa) previamente registrada para productos desodorantes.
Unilever había promocionado y vendido productos desodorantes “IMPULSE” en, solamente, el Reino Unido e Italia. En particular, quedó demostrado que los productos de Unilever representaban una cuota de mercado del 5% en el Reino Unido y del 0,2 % en Italia. Unilever no pudo demostrar, en consecuencia, el renombre de la marca “IMPULSE” en Hungría, país en el que Unilever no vendía sus desodorantes “IMPULSE”.
A pesar de ello, la Oficina denegó el registro de la marca “BE IMPULSIVE” solicitado por Iron & Smith al entender que la promoción y venta de los productos de Unilever en el Reino Unido e Italia era suficiente para demostrar el renombre de la marca de Unilever “en una parte sustancial de la Unión”. Acreditado el “renombre” marcario, la Oficina concluyó que existía riesgo de que el registro marcario posterior se aprovechara deslealmente de dicho renombre, razón por la que debía ser denegado al amparo del artículo 4.3 de la Directiva.
Iron & Smith impugnó a decisión denegatoria de la Oficina ante el Tribunal de Budapest. A la vista de los hechos expuestos, Tribunal de Budapest remite una cuestión prejudicial al TJUE en la que plantea, en esencia, dos cuestiones:
Primera: ¿Cuáles son las condiciones territoriales para que pueda considerarse que una marca comunitaria goza de renombre en la Unión en el sentido del art. 4.3 de la Directiva y, en particular, si es suficiente con que el renombre exista en un país o países distintos del Estado miembro donde se ha presentado la solicitud de registro de marca nacional controvertida?
Segunda: Si el público nacional pertinente desconoce la marca comunitaria renombrada (al haber adquirido esta el renombre en una parte sustancial de la UE que no incluye el territorio nacional de la marca posterior) ¿puede darse el segundo requisito del art. 3.4 de la Directiva, a saber, que con el uso de la marca posterior se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o que dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos?
Respecto a la primera pregunta, el TJUE:
Recuerda que una marca comunitaria goza de «renombre» cuando se da un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, que debe considerarse alcanzado cuando «una parte significativa del público» interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria la conoce.
Reitera, en línea con la jurisprudencia anterior, que para valorar la existencia o no de renombre en el caso concreto hay que analizar factores como la cuota de mercado conseguida por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.
Respecto al ámbito territorial, considera que es suficiente con acreditar que la marca comunitaria goza de renombre en un solo Estado miembro, el cual puede no coincidir con el Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de registro de la marca nacional posterior objeto de la oposición.
Añade, por último, que los criterios que la jurisprudencia ha enunciado acerca del uso efectivo de la marca comunitaria no son pertinentes como tales para determinar la existencia de un “renombre” en el sentido del artículo 4.3 de la Directiva.
Respecto a la segunda pregunta, el TJUE considera que el hecho de que la marca comunitaria renombrada (conforme al criterio anterior) no lo sea en el Estado miembro en el que se ha solicitado el registro de la marca nacional posterior, no es óbice para que una parte de ese público “comercialmente no insignificante” conozca esa primera marca y establezca un vínculo entre ella y la marca nacional posterior. En estas circunstancias, cuando el titular de la marca comunitaria anterior pueda acreditar que una parte del público nacional, comercialmente no insignificante, conoce su marca y establece un vínculo entre esta y la marca nacional posterior (existiendo por tanto infracción o riesgo de infracción marcaria), podrá beneficiarse de la protección establecida en el artículo 4.3 de la Directiva.
Por lo tanto, se reconocerá la protección prevista en el artículo 4.3 de la Directiva si es capaz de demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca o un serio riesgo de que tal infracción se produzca en el futuro.
Esta decisión disipa algunas dudas pero abre nuevos debates. Así, no es difícil advertir que su alcance dependerá en último término de cómo se interprete el concepto de público nacional “comercialmente no insignificante” y de cómo se distinga, en su caso, del de “parte significativa del público”.
Para que el uso de la marca del franquiciador por los franquiciados pueda ser calificado de uso “real y efectivo” a los efectos del artículo 15 del Reglamento de Marca Comunitaria, es preciso que los franquiciados no estén totalmente integrados sino meramente asociados a la red de distribución.
Como es sabido, el titular de una marca está obligado a usarla de manera efectiva y real (en España, en el caso de las marcas nacionales españolas o en la UE, en el caso de las marcas comunitarias) para los productos o servicios para los que esté registrada (art 51.1 c Ley de Marcas -“LM”- y art. 51.1 a del Reglamento de Marca Comunitaria -“RMC”-). Si deja de hacerlo en un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca incurre en causa de caducidad y puede ser anulada (art. 39 LM y art. 15 RMC). Esta obligación pretende impedir que signos que no se utilizan y, por tanto, no pueden originar riesgo de confusión, monopolicen signos disponibles para otros competidores.
En esta sentencia de 9 de septiembre de 2015 el Tribunal General (“TG”) aborda la cuestión de si la marca comunitaria ZARA -registrada, entre otras, para la clase 39 del Nomenclátor Internacional (“servicios de transporte, distribución de productos, embalaje y almacenaje de mercancías, especialmente de artículos de vestido, zapatos y complementos, perfumería y cosméticos”) - cumplía con esta obligación de uso real y efectivo. Los hechos que originaron la controversia pueden resumirse del siguiente modo:
En enero de 2001 la Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”) acordó el registro de la marca ZARA a favor de la compañía Diseño Textil, S.A. (“Inditex”) para las clases 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37, 39, 40 y 42.
En octubre de 2011, los Sres. Aainab Ansell y Roger Anesll, residentes en Tanzania y propietarios de una empresa de transporte y almacenaje de mercancías denominada ZARA, con el objetivo de poder utilizar el signo ZARA para transportes en la Unión Europea, solicitaron ante la OAMI la caducidad de la marca ZARA para la clase 39.
En su defensa Inditex esgrimió, en esencia, que la marca ZARA se venía utilizando en el servicio de transporte de mercancías a sus franquiciados, a los que Inditex consideraba como compañías externas a su organización. En tanto que uso “público y hacia el exterior”, dicho uso debía considerarse – según Inditex – como uso “real y efectivo” a los efectos del artículo 15 RMC.
La Sentencia confirma la caducidad de la marca ZARA para la clase 39, al entender que Inditex no demostró un uso “real y efectivo” de dicha marca en relación con los servicios de la clase 39.
El análisis del TG comienza recordando que una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial (i.e. la de garantizar la identidad del origen de los productos para los que ha sido registrada), se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para los productos y servicios en los que ha sido registrada, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca.
Además, según el TG, el uso efectivo no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que ha de basarse en elementos concretos y objetivos que prueben y acrediten la utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado concreto.
A juicio del TG, la prueba aportada por Inditex durante el procedimiento es insuficiente para acreditar el uso público y externo de la marca ZARA en los servicios de transporte a franquiciados (comprendidos en la clase 39 del Nomenclátor Internacional). En particular, el TG estima que la prueba obrante en el procedimiento no permite concluir que los franquiciados de Inditex sean autónomos y estén meramente asociados (y no totalmente integrados) a la organización interna de Inditex. Y ello por cuanto de la declaración jurada presentada por Inditex se deduce que “la principal característica del modelo de franquicia de la demandante es `la integración total de las tiendas franquiciadas´ con las suyas, lo que implica una `logística integrada, que incluye el transporte, almacenamiento y entrega de la mercancía´. Además, indica que en el modelo de negocio de la marca controvertida se caracteriza por un `elevado grado de integración vertical´, aunque sin precisarlo.” El TG tuvo asimismo en cuenta el que los costes de transporte no se facturasen por separado, sino que se añadían al precio de cada artículo.
Por lo expuesto, el TG concluye que el uso de la marca ZARA que realizaron los siete franquiciados no puede calificarse de uso efectivo y real a los efectos del artículo 15 RMC.
A modo de apunte final, cabe preguntarse acerca de la repercusión práctica de esta decisión. En efecto, siendo la marca ZARA cuanto menos notoria, en principio su titular podrá oponerse al registro de esta palabra como marca para cualquier clase de productos y servicios (art. 8.5 RMC). Es más: incluso si el tercero optara por la vía de facto y simplemente utilizara el signo ZARA en el tráfico económico, sin registrarlo como marca, el titular de la marca ZARA podría hacer valer sus derechos marcarios al amparo del artículo 9.1 c RMC.
El titular de una patente esencial que se halla en posición de dominio y que se ha comprometido irrevocablemente frente a un organismo de normalización a conceder licencias a terceros en condiciones FRAND, solo puede instar legítimamente acciones de cesación y de remoción contra el infractor de dicha patente si antes (i) le ha notificado la infracción, especificando la patente y la manera en que ha sido violada; (ii) le ha transmitido una oferta concreta y escrita de licencia en condiciones FRAND, precisando en ella el canon y sus modalidades de cálculo; y (iii) demuestra que, objetivamente, el infractor no ha tratado dicha oferta con diligencia. El incumplimiento de estas condiciones por parte del titular de la patente puede conducir a la desestimación de la demanda de infracción por abuso de posición de dominio al amparo del artículo 102 TFUE.
Los anteriores requisitos no se exigen, sin embargo, en el caso de las acciones de daños y perjuicios, al no afectar estas la aparición y mantenimiento de los productos controvertidos en el mercado.
Huawei Technologies (“Huawei”), multinacional del sector de las telecomunicaciones, es titular de una patente europea, titulada “Procedimiento y aparato de establecimiento de una señal de sincronización en un sistema de comunicación” (la “Patente”). Se trata de una patente esencial. Una patente esencial es aquella que se refiere a una norma técnica que toda persona, todo competidor, que tenga intención de fabricar esa clase de productos deberá explotar necesariamente.
El 4 de marzo de 2009 Huawei notificó la Patente al “European Telecommunication Standards Institute” (“ETSI”) como patente esencial para la referida norma. El ETSI es un organismo cuyo objeto es crear normas adaptadas a los objetivos técnicos del sector europeo de las telecomunicaciones y garantizar el equilibrio entre el acceso a la propiedad intelectual necesaria para la aplicación de normas esenciales y los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual. El ETSI opera conforme a sus Reglas de Procedimiento (ETSI Rules of Procedure). Estas Reglas establecen que los miembros del ETSI pueden obtener el estatuto de patente esencial (“PEN”) si notifican la patente al ETSI y, además, como contrapartida de la declaración de patente esencial, se comprometen irrevocablemente, frente a dicho organismo de normalización, a conceder licencias de estas patentes a terceros en condiciones “FRAND”, esto es, en condiciones equitativas razonables y no discriminatorias (“fair, reasonable, and non-discriminatory”).
Así las cosas, al notificar la Patente al ETSI, Huawei se comprometió a conceder a terceros licencias en condiciones FRAND. Las Reglas de Procedimiento del ETSI no definen el concepto de licencia FRAND.
ZTE Corp. (“ZTE”) empezó a comercializar productos basados en la norma “Long Term Evolution”, que incorporaban el objeto de la Patente de Huawei, sin licencia y sin abonar royalty alguno a Huawei. Tras ser requerida, ZTE se negó a informar exhaustivamente a Huawei de los actos de explotación ya realizados.
Entre noviembre y finales de marzo de 2010 Huawei y ZTE mantuvieron conversaciones acerca de la situación de infracción de la Patente y la posibilidad de acordar una licencia en condiciones FRAND con respecto a los productos infractores. Huawei indicó el importe del canon que consideraba razonable pero ZTE deseaba una concesión recíproca de licencias, por lo que no se llegó a concretar ninguna oferta relativa a un contrato de licencia.
Finalmente en abril de 2011 Huawei instó demanda de infracción de Patente ante los Tribunales alemanes (Landgericht Düsseldorf), solicitando el cese de la infracción, la presentación de datos contables, la retirada de los productos del mercado y una indemnización por daños y perjuicios.
El Tribunal alemán remitente de la cuestión prejudicial considera que la resolución del litigio principal depende de la cuestión de si la acción de infracción formulada por Huawei constituye un abuso de posición dominante por parte de esta en el sentido del artículo 102 TFUE. Las partes no cuestionaron la existencia de posición dominante por parte de Huawei.
El TJUE, en esta pionera sentencia, establece que el titular de una patente esencial en posición dominante en el mercado, que se ha comprometido irrevocablemente frente a un organismo de normalización a conceder a terceros una licencia en condiciones FRAND, no abusa de su posición dominante en el sentido del art. 102 TFUE al ejercitar una acción por violación de patente encaminada (i) al cese de la infracción o (ii) a la retirada de productos infractores del mercado, siempre que:
antes de ejercitar dicha acción haya avisado al supuesto infractor de la violación que se le reprocha, mencionando la patente y precisando la manera en que ha sido infringida;
una vez que el supuesto infractor haya manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, haya transmitido al infractor una oferta concreta y escrita de licencia en tales condiciones, precisando en particular el canon y sus modalidades de cálculo; y
el infractor, tras recibir dicha oferta, haya continuado explotando la patente y no haya tratado la oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe. Este último requisito debe determinarse, según el TJUE, sobre la base de elementos objetivos e implica la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.
A diferencia de las acciones de cesación y remoción, las acciones por daños y perjuicios no pueden considerarse abusivas aun cuando no se cumplan las tres condiciones anteriores, y ello por cuanto dichas acciones no afectan a la aparición o el mantenimiento de los productos controvertidos en el mercado.
DISEÑOS. SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (sala octava) DE 13 DE MAYO DE 2015, ASUNTO T-15/13: enjuiciamiento de validez de dibujoS o modeloS: relevancia de diseños anteriores incorporados a productos distintos
Un diseño anterior incorporado a un producto distinto de aquel al que se refiere el diseño enjuiciado posterior es pertinente a los efectos de valorar la novedad de ese diseño posterior, pero no ha de tenerse en cuenta, sin embargo, para determinar su carácter singular.
En marzo de 2004 la OAMI registró como diseño comunitario número 000107834-0024 el siguiente modelo, designado como “sifón de ducha” (el “Diseño”):
El Diseño controvertido: sifón de ducha para espacio sanitario
En septiembre de 2009, la compañía I-drain BBVA (“I-drain”) instó demanda de nulidad del Diseño por, supuestamente, falta de novedad (artículo 5 del Reglamento nº 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, “RDC”) y carácter singular (artículo 6 RDC). En apoyo de su solicitud de declaración de nulidad, I-drain presentó, entre otra documentación, extractos de un catálogo de productos de la sociedad Blücher que incluía el siguiente diseño:
El diseño anterior, destinado a uso industrial
El modelo del catálogo Blücher era un diseño para uso industrial, es decir, no estaba destinado, como el Diseño cuestionado, a utilizarse como elemento de un sifón de ducha en un espacio sanitario. A pesar de ello, según I-drain, a la vista del modelo previo publicado en el catálogo Blücher, el Diseño no podía considerarse nuevo ni singular, razón por la que debía de ser anulado.
La División de Anulación tomó en cuenta el modelo del catálogo Blücher y concluyó que el Diseño cuestionado no cumplía el requisito de novedad del artículo 5 RDM, ya que su única característica visible, la placa de recubrimiento, era idéntica a la del modelo del catálogo Blücher. Consideró, por tanto, irrelevante el que las dos placas estuvieran destinadas a uso en entornos distintos (doméstico versus industrial) al no ser la función utilitaria una característica de apariencia.
La Sala de Recurso de la OAMI también consideró pertinente el modelo anterior, destinado a un uso distinto, si bien lo valoró de forma distinta a la División de Anulación. En particular, entendió que el Diseño presentaba diferencias que no podían considerarse insignificantes respecto de la placa del catálogo Blücher y que, por tanto, el Diseño posterior era novedoso.
El Tribunal General (“TG”) anula la resolución de la Sala de Recurso y confirma la resolución de la División de Anulación.
Más allá de la valoración fáctica del caso concreto (el TG considera que los exámenes realizados por la División de Anulación y la Sala de Recurso fueron erróneos), el interés de la sentencia del TG radica en haber entendido que el modelo del catálogo de Blücher era relevante para valorar la novedad del Diseño posterior, pero no para enjuiciar su carácter singular.
Como es sabido, para ser válido un diseño comunitario debe ser nuevo (artículo 5 RDC) y poseer carácter singular (artículo 6 RDC). Se considera que un diseño registrado es nuevo cuando antes de su fecha de prioridad no se ha hecho público ningún dibujo o modelo idéntico. Por su lado, se considera que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produce en el usuario informado difiere de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo hecho público antes de su fecha de prioridad.
La valoración de la novedad y el carácter singular ha de hacerse en relación con el “corpus de diseños”, es decir, el conjunto de diseños expuestos, comercializados, publicados o divulgados con anterioridad. Conforme al artículo 7 RDC no se tendrán en cuenta, sin embargo, los diseños previamente divulgados “que no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate.”
El TG que considera el “sector de que se trate” no se limita al del producto en el que se incorpora el diseño. La naturaleza o función del producto no ha de tenerse en cuenta en la apreciación de la novedad de los diseños, ya que el diseño registrado confiere a su titular un derecho exclusivo respecto a todo tipo de productos y no solo al indicado en la solicitud de registro, pudiendo el titular prohibir la utilización de su diseño (y de diseños que no produzcan una impresión general distinta en usuarios informados) con independencia del producto en el que se utilicen (art. 19.1 RDC). Siendo ello así, el TG concluye que un diseño no puede considerarse novedoso si se ha hecho público un diseño idéntico antes de las fechas establecidas en el artículo 5 RDM, incluso si ese diseño anterior se incorpora a un producto destinado a un uso distinto.
Ello no obstante, según el TG la naturaleza del producto al que se incorpora el modelo, y en particular el sector industrial al cual pertenece dicho producto, deben tenerse en cuenta en la determinación del carácter singular. Y ello por cuanto la valoración de la singularidad del diseño debe fundarse en la impresión general que dicho diseño causa en el llamado “usuario informado”, es decir, en una persona (hipotética) que, según consolidada jurisprudencia comunitaria, presumiblemente conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate.
En definitiva, la novedad y el carácter singular no reciben el mismo tratamiento. Mientras que para determinar la novedad la comparación se hace con diseños anteriores de cualquier otro producto, en el caso del carácter singular -sostiene la sentencia- hay que tener en cuenta la impresión que produce en el usuario del sector al que se refiere el diseño.
Este razonamiento puede conducir a peligrosos resultados: teniendo en cuenta que la protección del diseño no está limitada a una determinada categoría de productos -ni aún la indicada en la solicitud-, una aplicación muy estricta de este criterio del TG puede llevar a que se conceda un diseño que no tenga carácter singular respecto a otro, que era preexistente pero se aplicaba a un producto distinto, y que en cambio el diseño, una vez registrado, permita perseguir diseños aplicados a los mismos productos que los del diseño preexistente.
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[1] Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

References: resolución 
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 artículo 13
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 artículo 4
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 artículo 15
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 artículo 102
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 artículo 5
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 artículo 7
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