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Timestamp: 2019-10-20 17:47:23+00:00

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C-11 ASPECTOS ETICOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL
Este documento resulta de la integración de los títulos 1, 2 y 3 de la edición 2014 del documento C.11 Ética y promoción del trabajo con el documento A-109 Doctrina del CPAU referente a cuestiones de ética, en ambos casos, revisados y actualizados.
Se refiere a las más frecuentes cuestiones que dan lugar a causas de ética, comprende recomendaciones para evitarlas y extracta causas que revisten interés con sus respectivos fallos. Corresponde aclarar que dado que tanto el Consejo como la Junta Central de Consejos Profesionales son organismos cuya opinión puede ir evolucionando a lo largo del tiempo, el material publicado debe ser considerado sólo como una guía, cuyo examen se recomienda cuando se presentan interrogantes sobre cuestiones de ética.
1.2 Gestión de las causas de ética
1.3 Causas de disciplina
Opinión del Consejo sobre cuestiones de ética
2.1 Incompatibilidad de la actuación del Director de obra como contratista
2.2 Asesoramiento técnico por firmas comerciales
2.3 Obras que transgreden las disposiciones de los Códigos de Planeamiento o de Edificación
2.4 Comisiones, descuentos, bonificaciones y demás análogas
2.5 Honorarios exiguos
2.6 Reemplazo del profesional
2.7 Mala praxis
2.8 Préstamo de firma
2.9 Participación en concursos objetados por el Consejo
2.10 Autoría y ética
2.11 Crítica a colegas con motivo de su actuación profesional
2.12 Propuestas de difícil cumplimiento
Causas con resolución del Tribunal de Ética
3.1 Honorarios y autoría de planos para tramitaciones
3.2 Participación en concurso con bases objetadas por el Consejo
3.3 Conflicto entre un asesor del comitente y el Director de obra
3.4 Asesor y Jurado de concurso que después actuó como Director de obra
3.5 Autoría de proyecto y dirección de obra
3.6 Injerencia de otro profesional en una dirección de obra
3.7 Emisión de juicios adversos
3.8 Irregularidades en la obra / Incumplimiento contractual
3.9 Fallas en la obra
3.10 Abuso de propiedad intelectual
3.11 Comportamiento desaprensivo de un director de obra
3.12 Dos profesionales falsifican reiteradamente firma de demoledor en documentos públicos.
El concepto de ética es por definición, la capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto desde el punto de vista moral. Es la acción de obrar conforme al deber ser. Debe haber por lo tanto una voluntad moral como valor absoluto. El problema consiste en conciliar dentro de una comunidad, moralidad con interés particular, comportamiento ético con conveniencia individual.
Es por esto que la sociedad misma ha generado en su seno las instituciones necesarias para codificar los derechos y obligaciones del individuo dentro de la misma. Entre ellas se sitúan los organismos que velan por las conductas en el ámbito privado y dentro de este, en el ámbito del ejercicio profesional
La ética profesional es definida en la introducción al Código de Ética para la Jurisdicción Nacional, como “el conjunto de los mejores criterios y conceptos que deben guiar la conducta de un sujeto por razón de los más elevados fines que puedan atribuirse a la profesión que ejerce”.
El Código de Ética (A-105), en adelante CE, establece guías y normas de conducta para los arquitectos en el desempeño de sus obligaciones y constituye un compendio de comportamientos básicos en los que se debe basar la práctica de la profesión. Sus disposiciones son aplicables a los agrimensores, arquitectos e ingenieros que actúan dentro de la CABA y de la Jurisdicción Nacional y alcanzan inclusive a los arquitectos no matriculados que desarrollan actividades profesionales en la jurisdicción del CPAU.
El “CE” está compuesto por una introducción y tres capítulos que incluyen más de sesenta disposiciones. La introducción y el Libro 1° definen la ética profesional y fijan los alcances de las reglas de ética, el Libro 2° trata acerca "De los deberes que impone la ética profesional" y el Libro 3° determina las "Normas de procedimiento". El Libro 2° ordena los deberes del profesional bajo los siguientes títulos:
Deberes del profesional para con la dignidad de la profesión
Deberes del profesional para con los demás profesionales
Deberes del profesional para con los clientes y el público en general
Deberes entre los profesionales que se desempeñan en la función pública y los que lo hacen en la actividad privada
Deberes del profesional en su actuación ante contratos
De los profesionales ligados entre sí por relación de jerarquía
Deberes del profesional en concursos
El primer código de ética fue aprobado por Decreto 128 del año 1956 y estuvo vigente hasta el año 1962, fecha en que fue derogado por el Decreto 8173. El art. 2º de ese decreto facultaba a la Junta Central para establecer las normas de fondo y de forma hasta tanto proyectase y propusiese a los poderes públicos el CE correspondiente. Durante ese mismo año, la Junta Central estudió y puso en vigencia un nuevo código, el que desde entonces y hasta la fecha ha sido modificado en dos oportunidades.
La primera, por Decreto 1099/84, otorgó al código validez oficial y le introdujo una modificación al art. 2.2.1.3. Que contribuye a esclarecer una materia de por sí conflictiva como es el reemplazo de un profesional por otro profesional. La segunda, por la Ley 24441 en el año 1991, establece disposiciones para desregular el ejercicio de la profesión en la jurisdicción nacional, entre ellas, la derogación del art. 2.1.1.4. Cuyo texto era el siguiente: “No competir con los demás colegas mediante concesiones sobre el importe de los honorarios, directa o indirectamente, a favor del comitente y que, bajo cualquier denominación signifiquen disminuir o anular los que corresponderían por aplicación del mínimo fijado en el arancel”.
La derogación del art. 2.1.1.4, dispuesta casi simultáneamente por el Decreto 2284/91 con la derogación del orden público establecida "en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios…" más la reciente entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, cuyo art. 1255 establece: “Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios”, abrió un nuevo escenario para el ejercicio profesional, porque al no existir más una obligación que cumplir, se hace necesario afianzar el concepto: a mayor libertad, mayor responsabilidad, libertad que obliga a los arquitectos a cuidar más la ética de sus actos y la dignidad de la profesión.
Las causas de ética son procedimientos en los que se determina si los profesionales denunciados han incurrido en faltas de ética y cuando corresponde, se califican las faltas a los efectos de aplicar las penalidades que pudieran corresponder, en virtud de las disposiciones del art. 28 del Decreto-Ley 6070/58.
Las denuncias contra un profesional pueden ser formuladas por otro profesional, por un tercero o de oficio, por propia iniciativa del Consejo o de la Junta Central de Consejos Profesionales. Un profesional puede, asimismo, solicitar la investigación de su propia conducta. El trámite se inicia efectuando la denuncia según lo dispuesto en el documento Presentación de una denuncia por falta de ética (A-514).
Recibida una denuncia, el Consejo determina en primer lugar si corresponde la apertura y tramitación de la causa y en su caso, solicita la ratificación de la misma, designa un profesional como Instructor e inicia la instrucción de la causa, la que se lleva a cabo respetando instancias procesales y bajo la supervisión de la Gerencia Técnica y del Asesor Legal del Consejo. La Comisión de Etica del Consejo presta colaboración fijando criterios y brinda asesoramiento. Finalmente el Instructor eleva a consideración del Consejo un “informe de relación de la causa”. Una vez convalidado por Resolución, las actuaciones son trasladadas a la Junta Central de Consejos Profesionales para la resolución definitiva.
La Junta Central de Consejos Profesionales, constituida en Tribunal de Etica, dicta la resolución que declara si la conducta investigada constituye o no trasgresión a las normas de la ética profesional y, en caso afirmativo, efectúa la calificación de la falta y decide la imposición de alguna de las sanciones previstas en el art. 28º del Decreto-Ley 6070/58, que son las siguientes: advertencia, amonestación, censura pública, multa, suspensión de hasta dos años en el ejercicio de la profesión y cancelación de la matrícula. El denunciante y el denunciado pueden apelar la Resolución ante la Justicia Ordinaria.
Las causas de disciplina son procedimientos mediante los cuales el Consejo determina, y en su caso sanciona, si el profesional ha contravenido disposiciones del Decreto-Ley 6070/58, que establece:
Artículo 11º. Para ejercer las actividades que regula esta ley, es imprescindible estar inscripto en la matrícula correspondiente, según lo establece para cada Consejo el inciso 3) del artículo 16º.
Artículo 16°. Corresponde a los Consejos Profesionales constituidos por especialidades independientes entre sí: …, inciso 5. Aplicar las sanciones establecidas por esta ley, sin perjuicio de la intervención que pudiera corresponder a la Junta Central…
Artículo 27º. El ejercicio de la profesión por parte de la persona que reuniendo los requisitos necesarios para matricularse no lo hubiera hecho, o que la ejercite estando suspendida su matrícula, será considerado falta grave reprimible con multa. Se aclara que el Art. 2° del Decreto-Ley 6070/58 considera ejercicio profesional “toda actividad remunerada o gratuita que requiera la capacitación proporcionada por las universidades nacionales con arreglo a sus normas y sea propia de los diplomados a quienes se refiere el art.13º, tal como: a) el ofrecimiento o prestación de servicios o ejecución de obras, b) la realización de estudios, proyectos, direcciones, asesoramientos, pericias, tasaciones, mensuras, ensayos, análisis, certificaciones; la evacuación de consultas y laudos; la confección de informes, dictámenes e inventarios técnicos y c) el desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos, privados o públicos, incluso nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de parte”.
El Consejo efectúa controles de rutina mediante los cuales puede detectar faltas de disciplina, como p.ej.:
controla la situación y vigencia de la matrícula de los profesionales que figuran en toda documentación que ingresa al Consejo sin importar su origen, ya sean oficios judiciales, documentaciones presentadas por el profesional o por terceros,
efectúa relevamientos de carteles de obra y reúne información sobre la actividad profesional en la CABA y Jurisdicción Nacional de estudios profesionales en diarios y revistas, páginas web y otros medios de marketing y promoción profesional,
verifica la matriculación de los arquitectos que se desempeñan en Organismos Oficiales.
Las causas disciplinarias las inicia, instruye, resuelve y sanciona el Consejo y, a diferencia de las causa de ética, sin intervención de la Junta Central de Consejos Profesionales.
OPINION DEL CONSEJO SOBRE CUESTIONES DE ETICA
Toda transgresión al Código de edificación constituye una falta de ética, aunque no haya sido denunciada y sancionada. pero su conocimiento y posibles efectos permanecen en la memoria de los damnificados, se irradian a la sociedad y deberían ser motivo de preocupación y reflexión para sus causantes.
En los apartados 2.1 a 2.12 se tratan algunas cuestiones estrechamente relacionadas con los deberes éticos del arquitecto sobre las cuales el Consejo recibe frecuentes consultas e inicia causas de ética, acerca de las cuales considera conveniente difundir su opinión.
La disposición 2.3.1.3. Del CE establece “No asumir en una misma obra funciones de director al mismo tiempo que las de contratista total o parcial”. A partir de esta disposición, el Consejo considera conveniente efectuar las aclaraciones que siguen:
­ Incurre en falta de ética:
el DO que actúa, en la misma obra, como proveedor o Representante técnico de la empresa constructora, quien es parte, socio, directivo o integrante del plantel de la misma, excepto en los siguientes casos: a) cuando el comitente de la obra es la misma empresa constructora de la que forma parte, b) cuando el comitente de la obra es el mismo arquitecto bajo la modalidad proyecto y construcción, c) cuando el arquitecto constructor firma los planos municipales como DO pero no actúa como tal ante el Comitente ni percibe honorarios por ello. (C-12)
el DO que ha firmado los planos municipales como constructor en una obra que está a cargo de una empresa constructora. Para evitar esta falta debe desligarse de esta responsabilidad para que la empresa contraiga las obligaciones y responsabilidades que le competen y no contravenir el art. 2.1.1.6 del CE que dispone “No conceder su firma, a título oneroso ni gratuito, para autorizar planos, especificaciones, dictámenes, memorias, informes y toda otra documentación profesional, que no hayan sido estudiados o ejecutados o controlados personalmente por él”.
­ No incurre en falta de ética:
el DO que actúa como Representante técnico del comitente en obras en la que no hay constructor, firma los planos oficiales como tal y asume las responsabilidades técnicas por la ejecución de la obra, puesto que la disposición 2.3.1.3 del CE es bien clara al referirse expresamente a “contratistas”, los cuales son personas o empresas que ejecutan rubros, partes o la totalidad de una obra como agentes de la industria de la construcción a cambio de un beneficio empresario, cosa bien distinta a ejercer el rol profesional y técnico de “ejecución de obra”, habilitado por la Resolución 498/2006 del Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología y con funciones definidas en documento Honorarios sugeridos CPAU (A-115-03-16). El DO en este caso no desempeña una actividad comercial, no hay lucro, ni gastos generales ni beneficio empresario y corresponde, en cambio, que perciba un honorario por desempeñar el rol profesional de Dirección ejecutiva.
el arquitecto que sin desempeñar la dirección de obra, actúa como empresa constructora o contratista en la misma obra, aunque haya sido el Director de proyecto de la obra.
2.2 Condiciones necesarias para actuar como Contratista P&C
En primer lugar es necesario diferenciar el asesoramiento técnico-comercial que brindan proveedores y contratistas a profesionales y público en general, consistente en folletos, material técnico y precios sobre materiales, equipos y técnicas constructivas, de otros “asesoramientos” que trascendiendo dichas instancias pueden llegar a la ejecución de una documentación de proyecto. Aceptar esto último implica falta ética pues quebranta la disposición 2.3.1.2 del CE cuando explicita “demás análogas”. El arquitecto debe desechar esta práctica a la que puede recurrir por comodidad o economía y ser consciente de que la firma comercial que traspasa el nivel de “asesoramiento técnico-comercial”, seguramente le proporcionará una documentación que en forma abierta o subrepticia, le facilitaría la adjudicación de la provisión o del trabajo, además de contar con la ventaja de conocer el proyecto mucho antes que la competencia.
Proceder de esta forma implicaría, además y entre otras, las siguientes consecuencias:
la pérdida del asesoramiento profesional y objetivo que brinda un especialista y su reemplazo por un servicio por parte de una empresa que difícilmente sea realizado en forma desinteresada.
la pérdida de autoridad ante una firma comercial que de asesora se podría transformar en contratista.
Solo en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias el arquitecto puede recurrir a asesoramientos que pueden alcanzan un nivel similar al de una documentación de proyecto, situación reconocida y aceptable cuando resulta de un pedido expreso del comitente o cuando comitente y arquitecto acuerdan que determinado rubro o provisión estará a cargo de determinada firma comercial, que por tecnología, diseño u otros motivos haya sido previamente seleccionada por ellos; como puede ser el caso de empresas proveedoras de productos o sistemas patentados, pilotajes o estructuras especiales o firmas que comercializan líneas de equipamiento para oficinas, hoteles, hospitales o similares.
La disposición 1.2 del CE establece: “Es deber primordial de los profesionales respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en actos de la profesión. Es también deber primordial de los profesionales velar por el prestigio de la profesión.”
El arquitecto que dirige una obra sin planos registrados, con construcciones que no figuran en ellos o con transgresiones a la normativa oficial vigente, incurre en falta de ética y el incumplimiento puede acarrearle además consecuencias que van más allá de la trasgresión ética: sanciones administrativas de la autoridad de aplicación y demandas por daños y perjuicios por parte del comitente.
No disminuye la responsabilidad del arquitecto el hecho de que la trasgresión haya sido motivada a pedido o por exigencia del propietario. Por el contrario, en estos casos quebranta además la disposición 2.2.10 del CE que establece: “Oponerse como profesional y en carácter de consejero del cliente, comitente o mandante, a las incorrecciones de éste en cuanto atañe a las tareas profesionales que aquél tenga a su cargo, renunciando a la continuación de ellas si no puede impedir que se lleven a cabo”.
En este caso el arquitecto debería haber advertido la trasgresión al comitente y ante su insistencia, renunciar al encargo y desligarse de su condición de DO en el expediente del Gobierno de la CABA.
La disposición 2.3.1.2 del CE establece: “No aceptar en su propio beneficio, comisiones, descuentos, bonificaciones y demás análogas, ofrecidas por proveedores de materiales, artefactos o estructuras, por contratistas y/o por otras personas directamente interesadas en la ejecución de los trabajos que el profesional proyecte o dirija”. El incumplimiento de esta disposición implica:
incurrir en descrédito personal y de la profesión ante quienes ofrecen las comisiones, descuentos y bonificaciones.
perder autoridad moral ante proveedores y contratistas y verse comprometido en caso de tener que imponerles el cumplimiento de sus obligaciones.
ocasionar un perjuicio económico al comitente ante quien el arquitecto debe ser ante todo, asesor y guardián de sus intereses.
Los honorarios que figuran en el documento Honorarios sugeridos CPAU (A-115) son los sugeridos para retribuir servicios profesionales cuya prestación implica creación intelectual, trabajo material y responsabilidad profesional y deben compensar, además, los gastos directos para la ejecución del encargo y los gastos indirectos o generales del estudio.
Los honorarios acordados con el comitente deben garantizar la prestación de servicios y tareas profesionales completas, eficientes y de la mejor calidad. Es imposible que un honorario exiguo cumpla esta premisa y es probable que motive la prestación de servicios profesionales incompletos y/o faltos de calidad. También es posible que el profesional que se encuentra dificultado o impedido en el cumplimiento de un encargo se vea motivado para incurrir en algún tipo de compensación mediante la aceptación de ingresos espurios, descalificados por el CE, como son “comisiones, descuentos, bonificaciones y demás análogas, ofrecidas por proveedores de materiales, artefactos o estructuras, por contratistas y/o por otras personas directamente interesadas en la ejecución de los trabajos que el profesional proyecte o dirija”, como establece la disposición 2.3.1.2 del CE.
La disposición 2.2.1.3 del CE establece que el profesional debe “abstenerse de cualquier intento de sustituir al colega en un trabajo iniciado por éste, no debiendo en su caso aceptar el ofrecimiento de reemplazo hasta tanto haya tenido conocimiento fehaciente de la desvinculación del colega con el comitente. En este supuesto deberá comunicar el hecho al reemplazado y advertir al comitente acerca de su obligación de abonar al colega los honorarios de los que éste sea acreedor. En ningún caso deberá emitir opinión sobre la pertinencia o corrección del monto o condiciones de tales honorarios”.
Afortunadamente son pocos los casos en los cuales se transgrede esta disposición, pero con frecuencia se cumplen mal o no se cumplen todos sus requerimientos, principalmente el que se refiere al “conocimiento fehaciente de la desvinculación del colega con el comitente”.
En caso de sustitución de un Director de obra el profesional reemplazante, además de cumplir rigurosamente con lo dispuesto en el art 2.2.1.3 del CE,
debe constatar el desligue del profesional reemplazado en el expediente en el Gobierno de la CABA y firmar el mismo como Director de obra
debe inspeccionar la obra, previa invitación para hacerlo en conjunto con el Director de obra reemplazado y dejar constancia, preferentemente ante escribano, del estado de avance de la obra y de las fallas y defectos que se detecten.
debe asegurarse que en el cartel de la obra figuren el o los profesionales autores del proyecto en tal condición, salvo que éstos indicaran en forma fehaciente que no desean que sus nombres permanezcan en el cartel y la mención de su participación únicamente como Director de obra
A los efectos de otorgar máxima transparencia al reemplazo del profesional, evitar problemas entre colegas y la iniciación de causas de ética el Consejo ha implementado un simple procedimiento, obligatorio para el reemplazo de un DO que consiste en presentar al Consejo el formulario-declaración jurada designado Declaración jurada: Desvinculación de un profesional.
La mayoría de las denuncias por falta de ética que recibe el Consejo adjudica mala praxis a la actuación de un profesional invocando los artículos 1.2 y 2.1.1.2 del CE que respectivamente disponen: “Es deber primordial de los profesionales respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en actos de la profesión. Es también deber primordial de los profesionales velar por el prestigio de la profesión” y “No ejecutar actos reñidos con la buena técnica, aún cuando pudiere ser en cumplimiento de órdenes de autoridades, mandantes o comitentes”.
Este tipo de denuncias se origina usualmente cuando surgen conflictos en obra, por reales o supuestas fallas, errores u omisiones del DO en el desempeño de sus funciones y el comitente intenta lograr una sanción ética del profesional con el propósito de afianzar su posición en un juicio civil. En muchos casos el problema radica más que en fallas técnicas, generalmente responsabilidad del constructor, en la falta de respuesta del profesional ante los reclamos para ordenar y lograr que sean subsanadas.
En muchos casos el profesional no cuenta con un contrato profesional que deslinde sus responsabilidades de las del constructor o comitente y constructor no han suscrito un claro contrato de construcción, también sucede que no fue dejando las debidas constancias de su accionar como DO o de las incorrectas acciones del constructor, temas que no son fácilmente discriminados por comitentes jueces y letrados.
Estos comentarios deben alertar a los profesionales, especialmente a los profesionales noveles para que instrumenten adecuadamente la participación y accionar de los distintos roles en la obra y dejar constancias fehacientes de sus procederes al frente de la misma.
Es lamentable pero usual el llamado “préstamo de firma”, mala práctica que se lleva a cabo irresponsablemente y contraviniendo el art. 2.1.1.6 del CE que dispone: “No conceder su firma, a título oneroso ni gratuito, para autorizar planos, especificaciones, dictámenes, memorias, informes y toda otra documentación profesional, que no hayan sido estudiados o ejecutados o controlados personalmente por él.”
La ignorancia, la irresponsabilidad o el afán de lucro movilizan este pésimo proceder que se ha llegado a manifestar en consultas de matriculados a la Gerencia Técnica del Consejo acerca del honorario que correspondería por tal proceder.
Aún en el caso de préstamo de firma gratuito a un colega amigo sin su matrícula activa, el proceder es incorrecto e implica para el trasgresor no sólo la posibilidad de que se le inicie una causa de ética sino el riesgo de tener que soportar sanciones administrativas, demandas civiles y juicios penales por errores u omisiones incurridos por el colega favorecido por su mala praxis.
Las reiteradas consultas que llegan al Consejo aconsejan el agregado de las siguientes aclaraciones:
Es usual en un estudio formado por varios profesionales que estos firmen indistintamente las presentaciones de documentaciones ante la CABA.
No es lícito que un arquitecto inhabilitado haga firmar los planos por un tercero ajeno a su estudio.
Un arquitecto puede asociarse comercialmente a personas sin título habilitante, pero, como la profesión solo puede ser ejercida en forma personal, será el profesional inscripto en el Consejo Profesional el responsable ante el Gobierno de la CABA, siempre que esté matriculado y habilitado.
En ocasiones el Consejo toma conocimiento de bases de concurso que a su criterio quebrantan las disposiciones del art. 2.1.1.5 del CE que dispone: “No tomar parte en concursos sobre materias profesionales en cuyas bases aparezcan disposiciones o condiciones reñidas con la dignidad profesional, con los principios básicos que inspiran a este Código o sus disposiciones expresas o tácitas.”
Luego de estudiar las bases el Consejo emite su opinión y si advierte trasgresiones al art 2.1.1.5 del CE informa a los matriculados el deber de abstenerse de participar en dicho concurso. Quienes ignoran la recomendación incurren en falta de ética, se favorecen por la ausencia de los competidores respetuosos de los principios éticos y se arriesgan a sufrir los problemas que pueden devenir por las fallas de las bases, p.ej.: falta de garantías del jurado, premios irrisorios, honorarios idem para el ganador.
Suele suceder que en curriculums y dossiers, así como en otras expresiones privadas o públicas, un profesional se adjudique una autoría desconociendo por omisión la existencia de otro u otros autores. También es usual la inapropiada asignación de la condición de autor por el solo hecho de haber participado en determinado proyecto sin ser el titular ni el verdadero autor del encargo.
Con el objeto de comunicar a la matrícula su opinión respecto de estas cuestiones, informar a los arquitectos los derechos y deberes que les corresponden según su condición de autores, coautores o participantes en determinado proyecto o gestión y advertirles los incumplimientos que originan con mayor frecuencia trasgresiones a la normativa vigente, el Consejo ha emitido un dictamen que se reproduce en el documento Etica y roles dentro de un equipo de proyecto y dirección (A-104). Este dictamen define roles entre los cuales el arquitecto puede y debe encuadrar su participación cuando su labor ha sido realizada dentro de un equipo y recomienda que en toda referencia a dicha labor se respeten ciertas disposiciones, entre las que se destacan:
precisar los alcances de la actuación con ajuste a los roles definidos en el dictamen y en el caso de roles no mencionados, referirlos de acuerdo con el espíritu de los conceptos que lo presiden,
en el caso de roles o tareas que se circunscriben a una o más etapas de la prestación de un servicio profesional, precisar únicamente la o las abarcadas por la actuación,
El art 2.2.1.2 del CE dispone: “No difamar ni denigrar a colegas, ni contribuir en forma directa o indirecta a su difamación o denigración con motivo de su actuación profesional”. Aunque las definiciones del RAE son bastante precisas, no es fácil en muchos casos establecer los límites precisos entre difamar o denigrar con otras acciones similares, como criticar o denunciar el estado ilegal, irregular o inconveniente de algo.
Por tal razón se recomienda a los colegas:
que ejercen la crítica o el periodismo en relación con la arquitectura, que extremen sus cuidados para que sus opiniones sean fundadas y respetuosas cuando se refieren a trabajos o acciones de sus colegas,
que actúan como supervisores o auditores, además de reiterar los conceptos anteriores, que recuerden los procedimientos a seguir mencionados en los documentos Supervisión de proyecto/Supervisión de dirección de obra (C-18) y Auditoría de proyecto/Auditoría de dirección de obra (C-19).
que actúan como peritos, además de reiterar los conceptos anteriores. deben emitir juicio en forma totalmente objetiva, limitándose estrictamente a la información técnica que le ha sido encomendada.
que actúan como jurados de concursos, que recuerden que su labor consiste en ponderar los méritos de los trabajos presentados o de los antecedentes de colegas y de ninguna manera hacerlo en detrimento de los trabajos o antecedentes de colegas.
La disposición 2.3.1.1 del CE establece: “No ofrecer, por medio alguno, la prestación de servicios cuyo objeto, por cualquier razón de orden técnico, jurídico, reglamentario, económico o social, etc., sea de muy dudoso o imposible cumplimiento, o si por sus propias circunstancias personales el profesional no pudiere satisfacer.”
En las propuestas verbales o escritas que presentan a sus clientes, algunos arquitectos suelen deslizar apreciaciones de difícil cumplimiento motivadas por su imprudencia o por el deseo de lograr un encargo. Por este motivo, llegan al Consejo cuestionamientos o denuncias, que frecuentemente dan lugar a causas de ética, por parte de clientes que se sienten damnificados por incumplimientos del arquitecto, generalmente como consecuencia de las siguientes circunstancias:
encargos que no prosperan ante la imposibilidad de cumplir la normativa vigente:
encargos que no prosperan porque su presupuesto definitivo supera sustancialmente el estimado inicial,
obras terminadas o en ejecución cuyo costo supera en mucho al estimado inicial y/o a presupuestos posteriores y sin advertencia alguna al comitente,
incumplimiento de los plazos comprometidos por el arquitecto para cumplir el encargo.
En estos casos el arquitecto puede verse comprometido en causas de ética y demandas civiles por incumplimientos contractuales, daños y perjuicios.
CAUSAS CON RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE ETICA
El CPAU, desde su creación, ha ido generando y acumulando material de interés con motivo de los fallos que dicta el Tribunal de Etica de la Junta Central de Consejos Profesionales en las causas que somete a su consideración. A continuación se extractan las causas de ética que revisten interés con sus respectivos fallos que conforman lo que se denomina “páginas de doctrina”.
Todas las causas se refieren a situaciones específicas en un momento determinado. Por esta razón y dado que tanto el Consejo como la Junta Central de Consejos Profesionales son cuerpos cuya opinión puede ir evolucionando a lo largo del tiempo, el material publicado debe ser considerado sólo como una guía, cuyo examen se recomienda cuando se presentan interrogantes sobre cuestiones de ética.
Dos arquitectos son denunciados por haber incurrido, entre otras, en las siguientes faltas de ética:
haber cobrado honorarios por la “aprobación” de planos de obras sanitarias que no fueron aprobados.
falsear el título de la persona en quien habían delegado la tarea llamándolo “arquitecto” cuando no lo era
Artículo relacionados del Código de Etica (A-105-1.2)
Los arquitectos fueron contratados para proseguir una obra de ampliación en construcción, para la que no se habían efectuado pedidos de permisos ni presentación de documentación alguna.
La regularización frente a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la encararon los arquitectos aprovechando un plano de ampliación del anterior propietario y presentando nuevos planos. Evitaron así a su comitente las multas por obras sin permiso y asumieron responsabilidad por obra no proyectada y dirigida por ellos. Esta actitud de los arquitectos solo benefició al propietario.
Ante OSN, donde no existía ningún antecedente, se presentaron planos como si se tratase de obras a efectuar, pese a que algunas ya estaban terminadas. Estos planos, que iban a ser firmados por uno de los arquitectos lo fueron luego por un instalador matriculado.
Los arquitectos incurrieron en dos errores: a) imputar el pago recibido a “aprobación de planos” cuando OSN solo los registra y b) referirse al instalador matriculado como arquitecto en el recibo otorgado y en los planos presentados a OSN. Estas circunstancias, sin duda constituyen desprolijidades o falta de atención a cosas que la merecen, pero la falta carece de entidad y de las características que debe reunir una conducta para ser tratada de no ética y sancionada por un Tribunal de Etica.
No merece el mismo concepto la conducta de los arquitectos en cuanto a las disposiciones de la MCBA y de OSN que habían sido violadas por los anteriores responsables de la obra y que ellos, falseando la verdad en los planos y documentos que presentaron ante ambas reparticiones procuraron solucionar. La conducta, sin duda de beneficio para el comitente, no les acarreó sino problemas, incluyendo esta causa de ética.
El Consejo no ignora que en tales actitudes incurren muchos arquitectos para beneficiar a propietarios o solucionar faltas cometidas, pero la reiteración de una mala conducta, como es falsear información en documentaciones, no la transforma en legítima, dado que para obtener el resultado se falsean los hechos frente a las reparticiones en cuestión. Los arquitectos no cumplieron con “el deber primordial de respetar y hacer respetar todas las disposiciones…” dispuesto por el art 1.2 del Código de Etica.
Por lo expuesto en los puntos precedentes, el Consejo entiende que los arquitectos deben ser considerados incursos en una falta a la ética, que debería graduarse como leve en atención al propósito que los guió y las consecuencias de por sí aleccionadoras que su conducta les acarreó.
La resolución de la Junta Central declaró que los arquitectos no incurrieron en falta de ética, manteniendo el criterio de su Asesor Letrado, en cuyo informe sostiene: “En las condiciones indicadas provocaría una indudable violación al principio de defensa y al debido proceso, el sancionar a los arquitectos sobre temas que no han sido objeto del procedimiento, sobre los que no han sido acusados y sobre los que tampoco se han defendido”.
El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo inició una cuestión de ética a 7 Estudios de Arquitectura por su participación en un Concurso Privado de Ideas a pesar de que las bases de dicho concurso habían sido objetadas por el Consejo.
Los denunciados fueron sancionados por la Junta Central de Consejos Profesionales que, según los casos, calificó las faltas de “leves” o “graves” y les impuso sanciones de amonestación o censura pública.
Artículos relacionados del Código de Etica (A-105-1.2) - (A-105-2.1.1.5)
Los puntos de las Bases del concurso que resultaron definitorios de la cuestión fueron los siguientes:
“Se deja expresa constancia que el presente concurso se encuentra excluido de la Ley de Aranceles” (Decreto-Ley 7887/55, Ley 6070/58 y modificatorios).
“El premio del concurso consiste en la firma de un contrato. Este premio no da derecho a la elaboración del proyecto definitivo de la obra, así como tampoco a participar en la realización de la misma “.
Los puntos anteriores, conjuntamente con otros, fueron impugnados por el CPAU y objeto de un memorandum remitido al promotor del concurso y notificado tanto a los profesionales invitados a participar del concurso como a los demás matriculados y la Resolución 10/92 declaró a las Bases del Concurso como contrarias a la ética profesional y consecuentemente, descalificó el llamado a concurso.
Los descargos presentados por los distintos Estudios incluyen diversos argumentos, entre ellos:
invocan el decreto 2284/91 cuyo Art. 8 desregula cualquier forma de retribución de servicios profesionales.
mencionan un dictamen de la Subsecretaría de Desregulación del Ministerio de Economía y Servicios Públicos el cual, entre otras cosas, se refiere al Decreto-Ley 7887/55 y expresa que “también ha perdido el carácter de orden público,… por lo que sus disposiciones no rigen en este caso.”
algunos Estudios señalan que la notificación del Consejo fue recibida con poca anticipación con respecto a la fecha de entrega del concurso, “no obstante haber tomado conocimiento del cuestionamiento con anterioridad”.
un Estudio afirma que no recibió la notificación y que “tal circunstancia le impidió contar con elementos de juicio indispensables como para desistir del concurso por propia iniciativa”.
un Estudio expresa que la acción fue “fruto de la inexperiencia en tareas como ésta y debido al intenso trabajo no efectuó averiguaciones aclaratorias, cometiendo el error de no dar importancia a un hecho que después reconocería como grave”
El CPAU imputó a los denunciados el haber aceptado con su presentación al concurso la exclusión del régimen del Decreto-Ley 6070/58, regulatorio de todas las manifestaciones del ejercicio profesional, que en su Art. 1 establece que dicho ejercicio, en la jurisdicción nacional, queda sujeto a sus normas, sus disposiciones complementarias y las reglas de ética profesional. El CPAU sostuvo que si bien el carácter de orden público de los aranceles fue derogado por el Decreto 2284/91, la legalidad de esta derogación no ha sido cuestionada sino que, por el contrario señala que la pérdida del carácter de orden público de los aranceles y la libertad de contratación no fueron aspectos cuestionados.
La Resolución de la Junta Central de Consejos Profesionales, constituida en Tribunal de Etica, de fecha 26 de julio de 1994 resuelve:
Declarar que los arquitectos de tres de los Estudios denunciados han incurrido en las faltas de ética previstas en los artículos 1.2 y 2.1.1.5 del Código respectivo, las que se califican de graves e imponerles la sanción de censura pública.
Declarar que los arquitectos de los otros tres Estudios denunciados han incurrido en las faltas de ética previstas en los artículos 1.2 y 2.1.1.5 del Código de Etica, las que se califican de leves e imponerles la sanción de amonestación.
Nota: La distinta calificación de las faltas y graduación de las sanciones responden a la consideración de los aspectos atenuantes o agravantes que surgen de las argumentaciones de los descargos presentados.
Un arquitecto que actúa como asesor del comitente es denunciado por los profesionales proyectistas y directores de obra por:
haber entorpecido su labor profesional tanto en lo atinente al proyecto como a la dirección de obra
por haberles creado un enfrentamiento con el comitente
haber asumido tareas que correspondían a la dirección de obra
La Junta Central resolvió que el denunciado incurrió en falta de ética.
Artículos relacionados del Código de Etica (A-105-2.1.1.6) - (A-105-2.1.1.7)
El denunciado rechazó todos los cargos y manifestó:
que el asesoramiento a su cargo fue conocido y consentido por el denunciante durante toda la obra
que dadas sus funciones, silenciar lo que consideraba erróneo o mal hecho hubiera sido una falta de responsabilidad como asesor del comitente.
que recién en oportunidad de plantearse un problema de cobro de honorarios el denunciante argumentó la existencia de una interferencia indebida de su parte en la obra y en sus relaciones con el comitente.
Ni el comitente ni el denunciado advirtieron a la denunciante la designación y funciones del denunciado.
El denunciado se excedió en sus funciones de asesor e invadió funciones que no le correspondían. Esta intervención afectó sin duda la figura del profesional denunciante.
La parte denunciante consintió la presencia y actuación del denunciado, colaborando en cierto modo en la concreción de sus fines. No debió silenciar que se sentía ofendida y aguardar hasta la finalización de su tarea para cuestionar la conducta de quien consideraba su ofensor, quien así pudo considerar que la denunciante no se encontraba disconforme con su accionar y, por la índole de su tarea, poco a poco e inconscientemente, ir invadiendo sus funciones.
La resolución de la Junta Central declaró que el denunciado incurrió en falta de ética al invadir funciones que legítimamente correspondían a otro profesional, afectando así su figura. La falta, si bien grave, se ve atenuada por el consentimiento de la denunciante, por lo que se le impone la sanción de amonestación.
Un arquitecto es denunciado por haber violado el Código de Etica en su artículos 2.7.3 por haber sido Director de la obra cuyo proyecto fue resultado de un concurso de anteproyectos en el cual, el mismo arquitecto había sido Asesor primero y posteriormente Jurado.
El CPAU consideró que no hubo falta de ética.
Artículos relacionados del Código de Etica (A-105-2.7.3)
En el caso denunciado se llamó a concurso a fin de contratar el proyecto con el ganador del concurso, pero no se hizo referencia alguna a la Dirección de obra, es decir, ella no se prometió al concursante ganador.
Los asesores de un concurso no debieran, bajo pena de incurrir en falta de ética, desarrollar tarea alguna en la elaboración del proyecto, pero tal limitación no alcanza a la dirección de la obra, no prevista en las bases del concurso.
Quien asumió la dirección de obra no actuó en las tareas profesionales requeridas por el desarrollo del trabajo concursado - proyecto - sino en una distinta tarea profesional, como es la dirección de la obra.
La resolución 2/86 del CPAU resuelve no hacer lugar a la causa de ética iniciada por no constituir cuestión de ética la conducta imputada.
Dos arquitectas asociadas son denunciadas por haberse adjudicado la calidad de proyectistas y directoras de una obra cuya autoría pertenecería a los denunciantes.
Artículos relacionados del Código de Etica: (A-105-2.8.1)
Se denuncia a las arquitectas en razón de aparecer sus nombres como proyectistas y directoras de una obra sita en la calle XXX en el índice y en una nota de la Revista XXX, que publicó un artículo donde hicieron la presentación del departamento objeto de una refacción, cuando dicha obra había sido proyectada y dirigida por los denunciantes.
Al contestar la denuncia, una de las Arquitectas reconoce el equívoco pero hace responsable del mismo a la editora de la revista, desde que debió hacer constar que su participación se limitó al asesoramiento de la decoración interior del departamento y no al proyecto y dirección de la obra. Agregando la encausada que en repetidas oportunidades se solicitó a la editora la subsanación de dicho error.
Por su parte, la otra arquitecta denunciada negó haberse atribuido responsabilidad y/o participación en el proyecto y dirección de la mencionada obra; reconoció su firma inserta en el formulario de autorización para publicar la obra, pero explica que nunca tuvo intención de referirse a otra autoría que no sea la de decoración y/o ambientación del inmueble en cuestión y agrega que al conocer lo publicado por se comunicó inmediatamente con la encargada de coordinación a fin de que rectificara públicamente el error; sin embargo se le respondió que sería imposible tal rectificación ya que la revista ya no se publicaba.
A pesar de que las arquitectas reconocieron que la publicación era errónea y ofrecieron a los denunciantes la publicación de una solicitada en cualquier diario o revista para realizar la pertinente aclaración demostrando una actitud de disculpa y un ánimo de reparación por el daño causado, incurrieron en el error respecto del alcance de la palabra “obra” en la autorización firmada por una de las arquitectas denunciadas incurriendo en una falta de cuidado en su accionar desde que todo profesional está obligado a conducirse con especial diligencia en lo atinente al respeto de los derechos de autoría intelectual de sus colegas.
La resolución de la Junta Central declaró que las arquitectas incurrieron en falta de ética grave aplicando a una de ellas la sanción de amonestación y censura pública y de advertencia y censura pública a la otra arquitecta denunciada.
Un Director de obra denuncia a otro arquitecto por proponer a su comitente un proyecto de fachada distinto del proyectado para la obra, en construcción avanzada y por impartir órdenes en dicha misma obra.
Artículos relacionados del Código de Etica (A-105-2.2.1.7)
El denunciante manifiesta que con la obra en ejecución, proyectada y dirigida por él, el comitente le presentó un proyecto de fachada efectuado por otro arquitecto, consistente en modificaciones introducidas sobre el plano de fachada original. Asimismo manifiesta que expresó su disconformidad al comitente y que desde ese momento las relaciones sufrieron un grave deterioro, que posteriormente se tornaron malas por la falta de pago de honorarios y por la presencia en obra del mencionado arquitecto, quien daba instrucciones a los gremios. El arquitecto denunciado reconoció como propios aclaraciones manuscritas y detalles constructivos que constan en el expediente de la causa.
La Junta Central considera:
que el arquitecto denunciado no ha demostrado que las “ideas” que dio fueran convenidas con el arquitecto denunciante.
que el arquitecto denunciado, siendo amigo del comitente, introdujo las modificaciones con la conformidad del comitente, y que considerándolas convenientes, indicó su ejecución al director de obra, quien consintió la actuación del arquitecto denunciado, primero con su silencio y luego mediante la ejecución de las modificaciones introducidas al plano original, en la obra bajo su dirección.
que el espíritu del art. 2.2.1.7 ha sido violado, pues sin el previo conocimiento del arquitecto autor del proyecto de fachada original, ha introducido modificaciones al mismo con el propósito de que ellas luego fueran llevadas a la práctica por el autor del proyecto original.
que si bien el modo de actuar del arquitecto denunciado no ocultó, ni intentó hacerlo, su autoría en las modificaciones introducidas, por lo que no parece haber actuado con propósito de perjudicar ni con malicia, y, si bien es cierto que el autor del proyecto y Director de obra consintió luego su accionar y no objetó su intervención, dado que dirigió tales modificaciones, ello no convalida la actuación del arquitecto denunciado, pues el hecho de haber proyectado modificaciones sobre planos de otro arquitecto sin su previo conocimiento y sin que ello se justifique por razones de necesidad y urgencia, constituye una conducta que transgrede el Art. 2.2.1.7 del CE.
La Resolución de la Junta Central de Consejos Profesionales resuelve:
Declarar que el arquitecto denunciado ha incurrido en falta de ética prevista en el Art. 2.2.1.7 del CE, la que se califica de leve e imponer la sanción de amonestación.
Un arquitecto es denunciado por un colega que le imputa haberle difamado con motivo de su intervención en los trabajos realizados en el edificio donde este último habita, de emitir públicamente juicios adversos sobre su actuación y de haber evacuado consultas de su comitente sin ponerlo previamente en conocimiento de las mismas.
Artículos relacionados del Código de Etica (A-105-2.2.1.2) - (A-105-2.2.1.6) - (A-105-2.2.1.7)
El denunciante fue contratado por un consorcio para realizar trabajos en el edificio donde habita el denunciado.
El denunciado, en asamblea de copropietarios señaló fallas en los trabajos realizados
El denunciado presentó posteriormente al administrador del consorcio un informe evacuando la consulta del Consorcio
De las constancias de la causa no puede inferirse una difamación contra el denunciante ya que las opiniones u observaciones del denunciado no pueden ser consideradas como difamatorias.
De las constancias de la causa surge que el denunciado emitió juicios adversos sobre la actuación de su colega sin haberle dado oportunidad de reconocer y rectificar los errores incurridos.
De las constancias de la causa surge que el denunciado ha evacuado la consulta del consorcio de copropietarios sin haber invitado al denunciante a tomar intervención conjunta en el estudio necesario para su evacuación.
A los efectos de la calificación de la falta se considera como atenuante que el arquitecto denunciado no se trata de un profesional ajeno a la relación entre el consorcio y el denunciante sino que era uno de los propietarios condóminos, designado veedor de los trabajo en su calidad de profesional de la arquitectura.
La resolución de la Junta Central declara que el arquitecto denunciado ha incurrido en falta de ética de carácter leve por violación de los artículos 2.2.1.6 y 2.2.1.7 del Código de Etica y le aplica la sanción de advertencia.
Un arquitecto es denunciado por:
Haber comenzado la obra sin realizar el proyecto de la misma;
Negligencia en la ejecución de la obra, incurriendo en graves errores técnicos de construcción, sin responder a los reclamos de su comitente ni subsanar los errores por él cometidos;
Incumplimiento de cláusulas contractuales;
Abandono injustificado de la obra
Haber ejecutado la obra sin el correspondiente permiso municipal, habiéndosele abonado para la “tramitación de planos municipales".
Asumir en una misma obra funciones de director al mismo tiempo que las de contratista total o parcial.
Artículos relacionados del Código de Etica (A-105-2.1.1.2), (A-105-2.3.1.3), (A-105-2.3.1.5),
(A-105-2.3.1.7), (A-105-2.8.1)
Los denunciantes suscribieron un contrato de locación de obra con el arquitecto denunciado para la realización de las siguientes tareas en la vivienda propiedad de los mismos: demolición, levantamiento de medianeras, realización de revoques de medianeras exterior-contrafrente, realización de tareas de excavación, llenado de bases, construcción de columnas, vigas, losas, escaleras, levantamiento de paredes, instalación sanitaria, de gas, de calefacción, colocación de contrapisos y carpetas , colocación de cerámicos de piso y paredes, reparación de cielorrasos, instalación eléctrica, de Tv y teléfono, colocación de membrana y tramitaciones ante el GCBA.
Los denunciantes alegan serias deficiencias técnicas, incumplimientos contractuales, realización improvisada y desprolija de la obra, entrega de documentación incompleta de proyecto, superposición en la misma persona en los roles de contratista y director de obra; falta de cartel de obra; falta de acreditación del cumplimiento de las normas laborales, previsionales y fiscales del personal que trabajaba en la obra; falta de acreditación del cumplimiento de lo prescripto por el art. 32 de la Ley 22.250, y de la ley 24.557, falta de entrega en tiempo y forma de certificados de avance de obra, comisión de maniobras fraudulentas al incluir el IVA en sus honorarios cuando su situación era la de responsable no inscripto frente a ese tributo, no entregar recibos en forma y de no haber realizado los trámites municipales encomendados y abonados por el comitente.
Los denunciantes intimaron al arquitecto a cumplimentar todas las deficiencias e incumplimientos por carta documento. La falta de cumplimiento de dichas exigencias por parte del profesional denunciado, motivó la paralización de la obra debido a la incertidumbre y falta de confianza que les generaba el arquitecto XXX.
que se encontraban impagos sus honorarios profesionales por proyecto, dirección, de obra efectivamente realizada; así como también los trabajos de dirección de obra por demolición y trabajos.
que no se encontraban pagos los derechos necesarios para terminar la tramitación administrativa de los planos ante el GCBA.
que en el mes de enero de 2002 los denunciantes se mudaron a la obra recibiendo la misma en forma provisoria e impidiendo de esa forma un ritmo normal de trabajo; lo que sumado a la falta de aportes dinerarios para la misma generaron parálisis e incumplimientos no imputables a su parte.
que el permanente cambio de bases proyectuales desacomodó los tiempos de ejecución de la obra generando honorarios impagos de acuerdo al Decreto 7887/55.
El profesional debió haber acreditado en la causa la realización del proyecto cuyos honorarios, según afirma, se le adeudaban. Advirtiéndose que el profesional no ha incorporado a la causa, documento alguno que permita acreditar la existencia de un proyecto – entendido según el art. 46 del Decreto 7887/55 –se presume que no lo ha realizado, incumpliendo con la responsabilidad inherente a su calidad de proyectista. El arquitecto comenzó por ende una obra sin haber realizado el proyecto encomendado.
El profesional no subsanó los graves errores por él cometidos a pesar de encontrarse fehacientemente notificado de la existencia de los mismos.
El arquitecto, en su rol de constructor, debió haber acreditado el cumplimiento de su obligación de hacerse cargo de las cargas sociales y los seguros por accidentes de trabajo del personal de obra, tal como lo habían estipulado las partes en el contrato de locación.
No se ha acreditado en la causa, la imputación de haber abandonado injustificadamente la obra. De hecho en una de las cartas documento que envían los denunciantes al arquitecto, éstos reconocen que la paralización de la obra se debió a la “incertidumbre y falta de confianza” que les generó su incorrecto desempeño profesional y no a la no concurrencia por voluntad unilateral del arquitecto.
El Arquitecto no debió engañar a su comitente manifestándole que había ingresado en la Mesa de Entradas del GCBA los trámites inherentes a la obra, cuando ni siquiera lo había hecho a pesar de haber cobrado una suma importante a cuenta de dicha tarea encomendada.
El Arquitecto no debió reclamar honorarios como director de obra, ya que reclamó honorarios por una función de imposible cumplimiento toda vez que cumplía la función de contratista de la obra. Siendo la misión principal del director de obra asesorar al comitente y guardar sus intereses ejerciendo la vigilancia y dirección técnica de la obra, es claro que no pudo haber cumplido con este cometido si se encargó también de la construcción o refacción como empresario, dado que no puede vigilarse a si mismo.
La resolución de la Junta Central declaró que el Arquitecto XXX no ha incurrido en falta de ética en cuanto al cargo de abandono de obra injustificado. Por otra parte resolvió aplicarle sanción por las faltas cometidas, consistentes en:
haber comenzado la obra sin realizar el proyecto de la misma (art. 2.3.1.7 del Código de Ética);
negligencia en la ejecución de la obra, incurriendo en graves errores técnicos de construcción, sin responder a los reclamos de su comitente ni subsanar los errores por él cometidos (arts. 2.1.1.2 y 2.3.1.5);
incumplimiento de la cláusula séptima del contrato de locación (art. 2.8.1);
haber ejecutado la obra sin el correspondiente permiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habiéndosele abonado para la “tramitación de planos municipales” la suma de $ xx (art. 1.2);
y haber asumido en una misma obra funciones de director al mismo tiempo que las de contratista total o parcial (art. 2.3.1.3),
Fue aplicada la sanción máxima de dos años de suspensión en la matrícula, prevista en el inc. e) del art.28 del Decreto-Ley 6070/58, con más la de censura pública, inc c) art. 28 del mismo Decreto Ley.
Dos arquitectos asociados son denunciados por su comitente, el Sr XX, por haber realizado el proyecto y dirección de una obra de reciclaje con anomalías técnicas y por no haberlas subsanado en su totalidad a pesar de los requerimientos fehacientes de su parte.
Artículos relacionados del Código de Ética (A-105-1.2) - (A-105-2.1.1.2) - (A-105-2.3.1.5)
Los arquitectos A y B fueron contratados para realizar el proyecto y dirección de un PH. Se les había encomendado demoliciones parciales y numerosos trabajos de albañilería, cielorrasos, colocaciones de pisos y aberturas, trabajos de plomería y electricidad y la ejecución de un techo con su zinguería.
Terminada la obra, el Sr XX constató con la primera lluvia, filtraciones considerables a través del nuevo techo. Ante el reclamo uno de los profesionales concurrió al inmueble e hizo efectuar remiendos en la membrana. Ante el resultado desfavorable del nuevo trabajo, el Sr XX llegó a un acuerdo con el Arq A para imputar el saldo de $1000 que se le adeudaba para realizar la reparación del techo por su cuenta, lo que tampoco resolvió el problema a pesar de intentarlo en varias oportunidades. Finalmente el Sr XX consultó otros profesionales quienes llegaron a la conclusión de que debía ejecutarse el techo nuevamente porque “estaba mal construido” y presupuestaron el trabajo en $6000.
El Sr. XX se comunicó con los profesionales a fin de que se hicieran cargo del importe y los arquitectos A y B se negaron a hacerse cargo del mismo.
El instructor de la causa concurrió al inmueble a fin de realizar una inspección ocular y comprobó la existencia de humedades ocasionadas por el ingresos de agua de lluvia, numerosas imperfecciones en la construcción, desprendimientos de revoque expuestos a la intemperie, fuerte pendiente del techo que generaba un rápido escurrimiento de aguas hacia una canaleta que no estaba en condiciones de asimilar la descarga con eficiencia.
El Arq. B alegó en su descargo que su participación se había limitado a diseñar los muebles de cocina. En las actuaciones no pudo ser determinada su participación como proyectista y director de obra.
Se presume que un arquitecto es conocedor de las reglas básicas y mínimas del arte de la profesión, tales como el cálculo del dimensionamiento de un sistema pluvial en función de la superficie de la cubierta y su relación con la pendiente, conocimientos que se presume adquiere todo profesional al graduarse de la profesión de arquitectura, las que a juzgar por las constancias en autos, no fueron aplicadas correctamente.
La equivocación cometida por un arquitecto en el ejercicio de su profesión no implica necesariamente falta a la ética profesional. Pero cuando de tal error resultan consecuencias como las ocurridas en este caso, hecho al que se suma la falta de subsanación de aquellas y la negligencia y falta de respuesta frente a la obligación asumida que era la de entregar la obra sin fallas ni defectos, se considera que el profesional A incurrió en falta de ética.
La resolución de la Junta Central declaró que el Arquitecto A incurrió en falta de ética por violación a los arts. 1.2, 2.1.1.2. y 2.3.1.5. del Código de Etica y resolvió aplicarle la sanción de amonestación (inc. B del art. 28 del Decreto-Ley 6070/58).
Un particular denuncia a un arquitecto de haber repetido una obra que se había proyectado y dirigido a su pedido en la misma vereda en una parcela a dos lotes de por medio. Además, la obra repetida se denomina de una manera análoga de la parte denunciante y coincide en el rubro comercial explotado. El denunciante acusa también de competencia desleal y de desviación de clientela.
Artículos relacionados del Código de Etica (A-105-1.2 - (A-105-2.1.1.1) - (A-105-2.3.1.4)
El Consejo dispuso ordenar una prueba pericial a un arquitecto y designó un ingeniero consultor técnico propuesto por la parte denunciante.
El informe presentado por el consultor técnico, entre otros conceptos expresa: “… que las fachadas de ambos inmuebles son prácticamente idénticas, existiendo diferencia solo en la repartición de las ventanas centrales; ambos tienen la misma altura y los mismos retiros, incluso en ambos casos se utilizó, contra la medianera, el mismo techo vidriado curvo apoyado en estructura metálica”
El informe presentado por el perito arquitecto, entre otros conceptos expresa: “Dado que ambos edificios se encuentran separados a una instancia de solo dos lotes, su gran proximidad, conjuntamente con las características de diseño arquitectónico descriptas, ofrecen una imagen que induce a percibir la existencia de algún tipo de vínculo entre ambos, que hubiera estado expuesto. Solo se advierte una subdivisión distinta de los paños vidriados centrales. También se ha observado los coronamientos de ambos edificios, que guardan muy estrecha similitud.”
De las declaraciones de varios testigos propuestos por la parte denunciante surge la confusión de proveedores, taxis, clientes que en numerosas oportunidades toman un edificio por otro.
En primera instancia cabe establecer si la actuación reprochada al arquitecto denunciado configura trasgresión a los principios y normas propios de la ética profesional.
En segundo lugar cabe analizar si dichas obras poseen características arquitectónicas en sus fachadas que permitan considerarlas como reproducciones parciales o totales entre sí.
Las diferencias que menciona el arquitecto denunciado en su sucesivas presentaciones no son elementos que identifican a los inmuebles en cuanto a su fachada, ni son los que definen el aspecto y la imagen exterior de los edificios que es lo que está en discusión.
La cuestión no consiste en si las diferencias entre los proyectos son mayores o menores a las similitudes, se trata de una cuestión referida a la actitud profesional de un arquitecto respecto del comportamiento ético de la persona, , pues, en cuanto fachada exterior e imagen los edificios presentan una indudable semejanza arquitectónica.
Hay implícito en el proyecto de arquitectura que el denunciado realizó para su emprendimiento una clara intención de copiar el proyecto realizado para su comitente en todos sus modos y formas , con lo que confundió al público al duplicar una concepción que no solo es arquitectónica sino que lo es comercial por lo que se infiere que ya no debe ser considerada de propiedad exclusiva del arquitecto sino que revela circunstancias con el cliente y los trabajos que para él realizó y las utiliza en beneficio propio sin previo consentimiento, traicionando con esta actitud la confianza que el comitente depositó en él y lesionando la relación entre ambos.
Se considera agravante el hecho que el trabajo realizado se encuentra a pocos metros del anterior, generando una competencia directa con quien contrató un proyecto para realizar una actividad comercial.
Se considera agravante que el comitente de este segundo proyecto es el propio arquitecto, volcando información, en esta segunda ocasión que no le pertenecía o que había percibido honorarios por realizarla para otro cliente , violando la confidencialidad que le obliga con el primero.
La actitud del denunciado al haber proyectado y dirigido para él un edificio con el mismo destino y semejante fachada que otro que había desarrollado para un comitente de quien había cobrado por su trabajo profesional, sin siquiera advertirle que haría uno del mismo concepto comercial, constituye una falta de ética que debe ser sancionada.
La resolución de Junta Central declaró que el arquitecto denunciado incurrió en falta grave de etica le aplicó la sanción de amonestación más censura publica.
Una arquitecta es denunciada por haber incurrido en las siguientes faltas de ética:
Demoler un muro lindero ignorando los reiterados reclamos del vecino para impedir que la tarea se realizase.
No apersonarse en la obra, desatender los reclamos y no enfrentar el conflicto de acuerdo con su condición de proyectista y directora de obra.
Artículos relacionados del Código de Etica (A-105-1.2), (2.1.1.1) y (2.8.1)
El conflicto se suscitó debido a que se demolió parte de un muro sobre el cual se apoyaban construcciones de propiedad del reclamante, desconociendo el expreso pedido del vecino para detener la tarea, la cual fue realizada en el lapso en que la denunciante se encontraba ausente por vacaciones.
La profesional nunca compareció y todos los intercambios y reclamos fueron atendidos por interpósita persona, un copropietario de la obra en ejecución, no profesional.
La profesional responsable del proyecto y dirección de la obra, y de la construcción tal como resultó de la prueba, no tuvo trato personal ni relación directa con la propietaria del lindero ni con sus asesores legales y técnicos.
Al fin de considerar desde un punto de vista ético la conducta de la profesional denunciada caben las siguientes reflexiones: a) no se puede atribuirle responsabilidad por la acción del personal de la obra que depende exclusivamente del constructor, b) tampoco se puede atribuír responsabilidad por proseguir la obra en ausencia de los vecinos, c) ni por llevar a cabo tareas de demolición en el muro lindero pues ello no es mala práctica profesional.
En cuanto a si existía derecho a reducir la altura de la pared medianera – no por seguridad por no existir riesgo según pericia – sino por cuestiones estéticas y de iluminación natural, es cuestión ya sometida al Poder Judicial y en consecuencia no corresponde resolver al Consejo Profesional.
Lo que sí se advierte es que durante toda la relación entre la denunciante, sus asesores y personal con motivo de las obras cuestionadas, la única intervención oficiosa correspondió a un copropietario de la obra a cargo de la arquitecta denunciada quien, como responsable técnica debió, ante una situación conflictiva, haber asumido interés personal en la cuestión para intentar resolver la cuestión.
La profesional, proyectista y directora de obra, quien también suscribió los planos como propietaria y constructora de la obra tiene el deber ético de velar por el prestigio de la profesión y contribuir con su conducta profesional y con todos los medios a su alcance a que en el consenso público se forme y mantenga el concepto de dignidad que debe acompañar al profesional y el alto respeto que debe merecer.
La profesional mantuvo total silencio frente a los distintos reclamos que existieron motivados por trabajos de la obra a su cargo, no se apersonó a la vecina demandante ni respondió los reclamos de sus asesores técnicos ni legales, dejó toda la información y comunicación en manos del empresario de la construcción y copropietario del inmueble a quien se suponía arquitecto, quien intentó dar explicaciones a quienes las requerían, pero no por ello la conducta de la arquitecta directora de obra puede liberarse de un cuestionamiento ético, pues tenía por sobre los conflictos planteados en particular, un deber ético para con la profesión en general, que incumplió con su conducta desaprensiva.
La Junta Central de Colegios profesionales resolvió que la profesional incurrió en falta de ética.
Del análisis realzado por la Junta Central el Tribunal de disciplina dictó sentencia sancionando al profesional por haber incurrido en falta de ética y por ello correspondía aplicarle la sanción de amonestación.
3.12 Dos profesionales falsifican reiteradamente firma de demoledor en documentos públicos
Dos arquitectos falsificaron en documentos públicos la firma de una SRL en los planos de demolición, en actas de declaración jurada, en el documento “Autorización de representación” y en la “Constancia de aviso de demolición”.
Artículos relacionados del Código de Ética
Preámbulo del Código de Ética y los artículos 1.2, 2.1.1.1, 2.3.1.5, 2.4.1 y 2.81
El representante de una SRL, empresa demoledora, presenta una denuncia ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro en la que imputa el delito de uso indebido de documento público aduciendo que se han presentado documentaciones con la firma del demoledor falsificada para llevar a cabo la demolición y la posterior realización de obras nuevas.
La SRL denunciante afirma no haber sido el demoledor en las 19 obras cuestionadas, que desconocía a los profesionales y propietarios de dichas obras y que su firma había sido falsificada.
Según lo informado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a este Consejo y luego de haber efectuado averiguaciones en la justicia penal, se resuelve abrir causa de ética profesional contra los arquitectos involucrados.
Los profesionales, en defensa de su acusación invocan que hubo error material por cuanto el gestor habría equivocado el nombre del demoledor puesto que ya había realizado trabajos anteriormente con él.
Se realiza un análisis pormenorizado de las actuaciones judiciales y la lectura de la sentencia dictada por el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 41, en el marco de la causa Nº 37.431/2007, demuestra el cuadro probatorio de la evidencia y la responsabilidad de los arquitectos en las falsificaciones ocurridas.
En los diecisiete expedientes en que se falsificó y denunció como demoledor a la SRL, se falsificó la firma del denunciante en los planos de demolición como así también en el acta de declaración jurada, en la "Autorización de Representación" y en la "Constancia de Aviso de Demolición".
La citada falsa documentación fue registrada en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro con excepción de dos casos en que no hay constancia de registro.
Se acreditó que las firmas de quien supuestamente había sido nombrado como demoledor no habrían sido efectuadas por él y que, por el contrario, pretendían imitar la firma del titular de la empresa demoledora.
Se acreditó la participación de los tres imputados, los dos arquitectos y el gestor, dado que este último fue quien en principio habría presentado las documentaciones de origen espurio ante la dependencia del Gobierno de la Ciudad, al punto de que entre los documentos presentados se encuentran las "Autorizaciones de Representación" – una en relación con cada expediente, es decir, con cada inmueble a demoler – por medio de las cuales se les confería autorización para actuar ante esa repartición en representación del denunciante cuyas firmas resultaron falsas.
La participación de los profesionales se encuentra probada por el hecho de que fueron ellos quienes como socios responsables de la empresa que llevó a cabo el proyecto y dirección de todas las obras, quienes encomendaron al gestor la realización de las diligencias tendientes a obtener las correspondientes habilitaciones para demoler los predios en los que posteriormente los nombrados construirían nuevas obras, siendo indispensable para ello la obtención de las habilitaciones antedichas.
Asimismo, corresponde destacar que los dos arquitectos resultan ser los últimos beneficiarios del accionar aquí investigado, toda vez que conforme a lo ya manifestado, para poder proceder a la construcción de nuevas obras, debieron en primer lugar llevarse a cabo las demoliciones que erróneamente fueron habilitadas por el Gobierno de la Ciudad en la creencia de que el demoledor que supuestamente suscribía las mismas era quien iba a llevar a cabo tales tareas.
Por otro lado, cabe resaltar que de ninguna forma los nombrados pueden desvincularse de la imputación que se les formula bajo la excusa de que todo se debió a un error del gestor, ya que los nombrados de ninguna forma podían desconocer que el demoledor informado al Gobierno de la Ciudad no era quien realmente llevaría a cabo tales tareas, más aún, cuando conforme recibió del denunciante en su declaración testimonial, éste nunca había trabajado con la empresa de los aquí imputados, ni tampoco en forma particular para alguno de ellos."
Los arquitectos no sólo han actuado como socios de su SRL, en algunos casos también propietaria de los inmuebles, sino que también como proyectistas y directores de obra asumían frente al GCBA responsabilidad por la veracidad y corrección de los trámites en que con su firma intervenían, firmando la Solicitud de Permiso para las obras de demolición en casos en que la Constancia de Aviso de Demolición estaba falsamente atribuida y firmada por la SRL del denunciante y, en ocasiones, firmando también la Constancia de Aviso de Demolición como declaración jurada de la veracidad de lo manifestado en ellas, cuando en realidad no era verdad.
En razón de todo lo expuesto no cabe sino considerar que los Arquitectos han incurrido en una grave falta a la ética profesional en su actuación ante el GCBA en los expedientes en que se ha falsificado la firma de una empresa demoledora y le han atribuido a este demoledor tareas en las que no intervino.
Cabe señalar que la reiteración de la falta en muchos casos y la existencia de antecedentes de uno de los arquitectos imputados por la presentación de datos falsos al GCBA, en un caso omitiendo la existencia de una línea particularizada y en otro informando una superficie mayor a la de la parcela, conductas que motivaron la existencia de dos causas de ética. Considerando la existencia de falta grave en una de las causas. sancionada con una suspensión de la matrícula, y la otra, a ser merituada conjuntamente con ésta, pues, por su estado en trámite es procedente que la sanción a aplicar sea una evaluando las conductas en ambas causas, lleva a este Consejo a solicitar que en razón del antecedente y de lo que resulta de las causas 2184 y 2830, se califique la conducta de grave incumplimiento a los artículos 1.2 y 2.1.1.1 así como de los principios del Preámbulo del Código de Ética y se aplique sanción a ambos profesionales.
Frente a todo ello, teniendo en cuenta la seriedad de las imputaciones acreditadas en sede penal, la cantidad de obras involucradas, que ambos encartados fueron imputados por el mismo grado de participación, como así también que revisten el carácter de socios, se entiende que corresponde aplicar igual sanción para ambos.
Del análisis realizado por la Junta Central de Consejos Profesionales, el Tribunal dictó sentencia sancionando a los arquitectos por haber incurrido en falta de ética y por ello corresponde aplicarles la sanción de CANCELACIÓN de la Matrícula Profesional y CENSURA PÚBLICA a ambos profesionales.

References: resolución 
 resolución 
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Artículo 11
 artículo 16

Artículo 16

Artículo 27
 Resolución 
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