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Timestamp: 2016-09-27 12:21:10+00:00

Document:
Publicado en BOE n�m. 182 de 31 de Julio de 2015
�La calidad alimentaria y su control
�El control oficial
�Inspecci�n y acta de inspecci�n en el control oficial
�Autocontrol y trazabilidad
�Comprobaci�n del autocontrol del operador en calidad alimentaria
�Responsabilidad por las infracciones
Cooperaci�n entre administraciones
�Colaboraci�n y cooperaci�n en el ejercicio del control
�Deber de informaci�n sobre el control oficial
�R�gimen sancionador en materia de clasificaci�n de canales de vacuno y porcino
�Compromiso de no incremento de gasto
�Previsi�n de un sistema para facilitar el conocimiento de la normativa de calidad alimentaria de obligado cumplimiento
�Periodo transitorio
�Modificaci�n del pre�mbulo y del art�culo 2 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
�Modificaci�n de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
�Normas de calidad
R Coordinaci�n Auton�mica y Local 3 Nov. 2015 (Acuerdo de la Comisi�n Bilateral de Cooperaci�n Administraci�n del Estado-CA Pa�s Vasco, en relaci�n con la L 28/2015 de 30 Jul., para la defensa de la calidad alimentaria) Ocultar / Mostrar comentarios V�ase Res. 3 noviembre 2015, de la Secretar�a General de Coordinaci�n Auton�mica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi�n Bilateral de Cooperaci�n Administraci�n del Estado-Administraci�n de la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco en relaci�n con la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria (�B.O.E.� 25 noviembre/�B.O.P.V.� 25 noviembre).
V�ase Res. 3 noviembre 2015, de la Secretar�a General de Coordinaci�n Auton�mica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi�n Bilateral de Cooperaci�n Administraci�n del Estado-Administraci�n de la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco en relaci�n con la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria (�B.O.E.� 25 noviembre/�B.O.P.V.� 25 noviembre).
El sector alimentario, por su trascendencia en t�rminos sociales, econ�micos y medio ambientales, tiene un car�cter estrat�gico tanto en Espa�a como en toda la Uni�n Europea. Su misi�n b�sica es proporcionar al ciudadano unos alimentos sanos, seguros y que adem�s respondan a sus expectativas de calidad. Esta situaci�n demanda un modelo de calidad alimentaria que incluya un conjunto b�sico de disposiciones legales y vele por el respeto a la competencia leal entre operadores.
En este sentido, resulta necesario revisar tanto los aspectos generales como los particulares de la calidad alimentaria en el �mbito de la competencia de la Administraci�n General del Estado, para tener en cuenta las nuevas tendencias en esta materia que, de modo espec�fico, afectan a la alimentaci�n; recogiendo y respetando, en el �mbito econ�mico, los principios b�sicos y requisitos de la legislaci�n alimentaria establecidos en el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislaci�n alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta, asimismo, los principios recogidos en la materia sobre trazabilidad, autocontrol, y responsabilidad de los operadores.
Por lo dem�s, el control del cumplimiento de los requisitos establecidos con car�cter obligatorio para la comercializaci�n de los productos alimenticios y la persecuci�n del fraude, regulado en el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificaci�n del cumplimiento de la legislaci�n en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, constituye un elemento indispensable para garantizar la lealtad de las transacciones comerciales, la seguridad jur�dica de los diferentes operadores y para no defraudar las expectativas de los consumidores. As� mismo, el citado reglamento en su art�culo 55 prev� que los Estados miembros establecer�n normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de la legislaci�n en materia de alimentos y tomar�n todas las medidas necesarias para garantizar su aplicaci�n, indicando que las sanciones establecidas deber�n ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Por otro lado, a este Reglamento (CE) n.o 882/2004 remite, para extender al mismo su r�gimen de controles, una de las principales normas a la que resultar� aplicable la presente ley, el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la informaci�n alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisi�n, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisi�n, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisi�n, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisi�n.
La ley centra su objeto en los aspectos t�cnicos de las reglamentaciones t�cnico-sanitarias y en la normativa de la Uni�n Europea y nacional que regula las caracter�sticas de los alimentos o sus procesos de producci�n y que tienen contenido esencialmente econ�mico por estar dirigidos a intentar prevenir fraudes alimentarios y mejorar la calidad de los bienes puestos en el mercado, superponiendo a todas ellas unos sistemas comunes de autocontrol, autocontrol acreditado, control oficial administrativo y r�gimen sancionador de su incumplimiento. Asimismo, incluye las normas de etiquetado facultativo que si bien no son obligatorias en el sentido de que sean vinculantes para todos los operadores, act�an como normas de obligado cumplimiento en cuanto a sus condiciones en caso de que �stos decidan libremente acogerse a la posibilidad de etiquetar esos elementos adicionales.
Por otro lado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vienen participando activamente en las labores de inspecci�n y control en las fases de la cadena alimentaria comprendidas en el �mbito de aplicaci�n de esta ley y con id�nticos fines. Con el objeto de dar continuidad a esta actividad de colaboraci�n en el control oficial, se hace necesaria su presencia en este texto, siguiendo las recomendaciones de la Uni�n Europea sobre la estrecha colaboraci�n con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra el fraude alimentario.
Todo ello sin perjuicio de las competencias que puedan tener los Departamentos ministeriales responsables en el control higi�nico sanitario, del consumo o del control del comercio exterior, cuyos �mbitos de actuaci�n no se ven afectados por la presente normativa.
Tampoco resulta afectado por la presente ley el control de la producci�n primaria, salvo que una norma de calidad as� lo prevea.
El Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producci�n agro-alimentaria, fue aprobado para dar cumplimiento al mandato parlamentario de acordar un plan de medidas urgentes de defensa de la salud de los consumidores.
En el citado real decreto se actualizaron y refundieron todas las normas y disposiciones en materia de inspecci�n y vigilancia de las actividades alimentarias y de sanci�n de las infracciones por aquel entonces vigentes. Por eso en el mencionado real decreto confluyen la defensa de la salud p�blica, la protecci�n de los intereses de los consumidores y las leg�timas exigencias de la industria, el comercio y los servicios.
En la actualidad, la regulaci�n de las infracciones sanitarias, recogida en el art�culo 2 del citado real decreto, se encuentra regulada de manera independiente en su propia normativa. En aras de la seguridad jur�dica y debido a la necesidad de un nuevo marco sancionador con valor y efectividad actual, as� como la necesidad de establecer un marco normativo unitario que sea de aplicaci�n a todo el territorio nacional y asegure un tratamiento uniforme a todos los operadores incluidos en el �mbito de aplicaci�n se ha considerado necesario elaborar la presente ley.
En consecuencia, no proceder� la aplicaci�n del mencionado Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, para los productos alimenticios incluidos en el �mbito de aplicaci�n de esta ley, ni a los operadores de dichos productos en las etapas de la cadena alimentaria desde la consideraci�n del producto como alimento de acuerdo con el citado Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, hasta la transformaci�n, incluidos los almacenes mayoristas y de distribuidores mayoristas, as� como el transporte entre todos ellos, sin olvidar a los intermediarios mercantiles con o sin almac�n.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que existe una parte del tan mencionado real decreto que ni est� recogida en esta ley ni est� derogada por otra normativa. Esta parte corresponde a la toma de muestras y a los an�lisis, para los que se aplicar�n las disposiciones contenidas en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, en tanto se desarrolle reglamentariamente esta ley. Tambi�n seguir� aplic�ndose por entero a los aspectos higi�nico-sanitarios y de la seguridad alimentaria, as� como a los productos y servicios distintos de los alimentarios.
En tanto no se desarrolle un procedimiento propio, la potestad sancionadora recogida en esta ley se ejercer� mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Por otra parte, en los �ltimos a�os se ha producido un incremento substancial de los sistemas privados de certificaci�n de calidad. Estas certificaciones est�n basadas en normas internacionalmente reconocidas, confiando la garant�a de que los productos cumplen los requisitos establecidos a una tercera parte independiente de los intereses de los operadores del mercado y de los consumidores: las entidades de certificaci�n o de inspecci�n. En muchos mercados, este tipo de certificaci�n se est� convirtiendo en una condici�n imprescindible para el acceso a los mismos.
Tambi�n son utilizados estos sistemas para realizar la verificaci�n del autocontrol del operador y en este contexto se regula en la presente ley la necesidad de que estas entidades de inspecci�n y certificaci�n realicen una declaraci�n responsable ante la autoridad competente donde inicien su actividad seg�n el alcance de su acreditaci�n. Esta declaraci�n responsable es �nica y v�lida para todo el territorio nacional independientemente de d�nde se realice la mencionada declaraci�n.
Estos sistemas de la evaluaci�n de la conformidad de los alimentos en el �mbito voluntario de la calidad, y la naturaleza, caracter�sticas y principios de funcionamiento de la acreditaci�n en el sector alimentario, se establecen en el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditaci�n y vigilancia del mercado relativos a la comercializaci�n de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 339/93.
Asimismo, en el �mbito de la calidad y como mecanismo para garantizar la transparencia en las transacciones comerciales y el equilibrio en la cadena comercial, el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organizaci�n com�n de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007, establece la obligatoriedad de la clasificaci�n de canales de ganado vacuno y porcino, as� como la voluntariedad para cada Estado miembro de la aplicaci�n de la clasificaci�n de canales en el caso del ganado ovino y caprino.
Para garantizar el correcto cumplimiento de las disposiciones recogidas en la normativa comunitaria y en aras de una mayor transparencia comercial y seguridad jur�dica de los operadores se hace necesario establecer un r�gimen de infracciones y sanciones espec�fico en este �mbito, para el caso del ganado vacuno y porcino, mientras que no resulta necesario para el ganado ovino y caprino, al no ser, por el momento, obligatoria su aplicaci�n en Espa�a.
Adem�s, los operadores del sector de la alimentaci�n y bebidas perciben que existe fragmentaci�n de la unidad de mercado, al tener que enfrentar procedimientos de control oficial y sancionador, entre otros, distintos en cada territorio donde se ubican sus empresas, por lo que la regulaci�n contenida en esta ley tiene como referencia los principios de garant�a de la libertad de establecimiento y la libertad de circulaci�n, consagrados en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant�a de la unidad de mercado. La Constituci�n, por un lado, reconoce en su art�culo 38 la libertad de empresa en el marco de la econom�a de mercado, instando a los Poderes p�blicos a garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la econom�a general y, en su caso, de la planificaci�n. Por otro, en su art�culo 139 establece que ninguna autoridad podr� adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulaci�n y establecimiento de las personas y la libre circulaci�n de bienes en todo el territorio espa�ol.
Ambos preceptos inspiran los mencionados principios de garant�a de la libertad de establecimiento y la libertad de circulaci�n, que constituye un escenario esencial para el funcionamiento competitivo de la econom�a espa�ola, en la que la industria alimentaria desempe�a un papel fundamental, siendo uno de los pilares del proyecto Marca Espa�a.
Estos principios relativos a la unidad de mercado adquieren plena significaci�n en un �mbito tan importante para la econom�a nacional como la producci�n alimentaria. A tal efecto, la presente norma parte de la existencia de m�ltiples y dispares normas auton�micas, a partir de cuya existencia se articula un sistema arm�nico que viene a constituir un m�nimo denominador com�n en que quepan los diferentes intereses respectivos en la materia en cada una de las comunidades aut�nomas. Este contenido com�n se consigna en una norma con rango legal por las especiales necesidades normativas que la actividad de control y sanci�n presenta, garantizando con ello la protecci�n de los destinatarios y la correcta distribuci�n competencial.
En esa l�nea, esta ley transita en la senda de la homogeneizaci�n en el trato de las empresas alimentarias en todo el territorio espa�ol, independientemente de la comunidad aut�noma donde se asienten, desde el punto de vista del control de calidad y de la aplicaci�n del r�gimen sancionador.
Los sistemas de control que regula la presente ley provienen de la normativa de la Uni�n Europea aplicable, si bien se procede a sistematizarlos en un �nico instrumento legal dotado adem�s de car�cter b�sico. La existencia de distintos mecanismos de control no puede suponer para el operador en ning�n caso trabas al ejercicio de su actividad, ya que ninguna autoridad puede adoptar medidas que obstaculicen la libre circulaci�n de bienes o servicios.
Adem�s, con el fin de mejorar la coordinaci�n del control ejercido por las autoridades competentes en esta materia, se procede a la creaci�n como grupo de trabajo de la Mesa de Coordinaci�n de la Calidad Alimentaria, que se constituye como instrumento b�sico de cooperaci�n entre las Administraciones.
La Mesa es el �nico medio de cooperaci�n posible en lo que respecta al campo de aplicaci�n de esta ley, para asegurar la aplicaci�n uniforme en todo el territorio nacional del control de la calidad y la �nica forma de garantizar la leal competencia de los operadores y consecuentemente la unidad del mercado.
Espa�a, como miembro de la Uni�n Europea, realiza actuaciones de coordinaci�n de las actividades relacionadas con el control oficial, que dimanan del citado Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, y que tienen que ver con actividades como la asistencia entre Estados miembros y con terceros pa�ses en casos de fraudes cometidos por empresas espa�olas en aqu�llos y viceversa, la exigencia de establecer sanciones disuasorias que tengan en cuenta el lucro obtenido con el fraude cometido, la asistencia por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente a la Comisi�n Europea en sus recomendaciones para atajar un fraude de �mbito europeo o la actuaci�n de las autoridades de la Administraci�n General del Estado en la implantaci�n de la Red de Intercambio de Informaci�n sobre fraudes en el �mbito alimentario que pretende establecer la Comisi�n Europea, al modo de las Redes Europeas ya existentes.
VI La ley consta de cuatro t�tulos.
El t�tulo I, sobre disposiciones generales, establece el objeto, el �mbito de aplicaci�n as� como los fines y las definiciones b�sicas necesarias para el desarrollo de la misma.
El t�tulo II regula la calidad alimentaria y los sistemas de control que se aplican al respecto, teniendo en cuenta las nuevas tendencias en materia de control que de forma espec�fica afectan a la alimentaci�n.
El t�tulo III establece el r�gimen sancionador b�sico aplicable en materia de control de la calidad alimentaria, tipificando las infracciones cometidas por los operadores en relaci�n con la legislaci�n alimentaria compuesto por las normas de obligado cumplimiento dictadas por las Administraciones competentes en cada sector y en la normativa horizontal aplicable, as� como aquellas recogidas en la presente ley que quedan clasificadas en los grupos de leves, graves y muy graves y fijando los l�mites de las sanciones aplicables en cada caso.
Por �ltimo, el t�tulo IV recoge los aspectos relacionados con la colaboraci�n y cooperaci�n entre las distintas Administraciones p�blicas en el �mbito de esta ley.
La ley se completa con cuatro disposiciones adicionales en las que se incluyen respectivamente, el r�gimen sancionador en materia de clasificaci�n de canales de vacuno y porcino, la cl�usula de reconocimiento mutuo, el compromiso de no incremento de gasto y la previsi�n de un sistema para facilitar el conocimiento de la normativa de calidad aplicable en el �mbito de la ley, una disposici�n transitoria que prev� la inaplicaci�n del Real Decreto 1945/1983 al �mbito de los aspectos regulados en esta ley, excepto dos art�culos referidos a toma de muestras y an�lisis que se aplicar�n en tanto se desarrolle reglamentariamente la presente ley y la aplicaci�n transitoria del reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y ocho disposiciones finales que recogen, respectivamente, modificaciones a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y a la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, la habilitaci�n al Gobierno para elaborar normas de calidad, el t�tulo competencial, la facultad de desarrollo, la actualizaci�n de sanciones y la entrada en vigor.
Adem�s cabe se�alar que esta ley, en su fase de anteproyecto, se ha consultado a los representantes sectoriales desde la producci�n hasta la industria alimentaria, incluy�ndose asimismo los representantes de la moderna distribuci�n y otros actores de la cadena alimentaria. Tambi�n se ha consultado a todas las Consejer�as de Agricultura de las comunidades aut�nomas con competencias en control oficial alimentario, adem�s de recabar los informes de las Secretar�as Generales T�cnicas de los Ministerios relacionados y del Consejo de Estado.
Finalmente, esta ley para la defensa de la calidad alimentaria se constituye como legislaci�n b�sica en materia de bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica, dictada al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1, regla 13.�, de la Constituci�n Espa�ola.
Objeto Es objeto de esta ley establecer la regulaci�n b�sica en materia de defensa de la calidad alimentaria, incluyendo el r�gimen sancionador, para dar cumplimiento a la obligaci�n establecida por el art�culo 55 del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificaci�n del cumplimiento de la legislaci�n en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales o reglamento que lo substituya, as� como los mecanismos de cooperaci�n.
a) A todos los productos alimenticios o alimentos seg�n se definen en el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislaci�n alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, transformados o sin transformar comercializados en Espa�a, con independencia del lugar de establecimiento del operador en el territorio nacional.
b) En instalaciones de manipulaci�n, clasificaci�n, f�bricas, plantas de envasado, almacenes de los mayoristas o de los distribuidores mayoristas incluidos los denominados almacenes de log�stica pertenecientes a la moderna distribuci�n, almacenes de los importadores de productos alimenticios, oficinas de intermediarios mercantiles con o sin almac�n, as� como en el transporte entre todos ellos.
2. Quedan excluidos de su �mbito de aplicaci�n: los aspectos higi�nico-sanitarios y de seguridad alimentaria; la legislaci�n espec�fica de organismos modificados gen�ticamente y de la irradiaci�n de productos alimenticios; la oferta para la venta al consumidor final, incluidos los obradores de las instalaciones detallistas; el comercio exterior; la producci�n primaria, incluida la legislaci�n sobre bienestar de los animales y la producci�n ecol�gica.
Fines Son fines de esta ley:
c) Proteger los derechos de los operadores de la industria alimentaria y de los consumidores, garantizando el cumplimiento del principio general de veracidad y demostrabilidad de la informaci�n que figure en el etiquetado de los productos alimenticios.
d) Contribuir a la unidad de mercado y a la competitividad, adem�s de a la transparencia y claridad del sector alimentario espa�ol.
e) Garantizar la coordinaci�n del control ejercido sobre la calidad alimentaria por las autoridades competentes.
f) Vigilar que los procesos de elaboraci�n y transformaci�n de los productos alimenticios se ajusten a la normativa vigente en la Uni�n Europea.
g) Establecer la necesaria colaboraci�n con la industria alimentaria para abordar cuestiones que afecten a los objetivos de esta ley.
a) Alimento o producto alimenticio: Seg�n lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, es cualquier substancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si no. Incluye las bebidas, la goma de mascar y cualquier substancia, incluida el agua, incorporada voluntariamente al alimento durante su fabricaci�n, preparaci�n o tratamiento.
b) Calidad alimentaria: Conjunto de propiedades y caracter�sticas de un producto alimenticio o alimento relativas a las materias primas o ingredientes utilizados en su elaboraci�n, a su naturaleza, composici�n, pureza, identificaci�n, origen, y trazabilidad, as� como a los procesos de elaboraci�n, almacenamiento, envasado y comercializaci�n utilizados y a la presentaci�n del producto final, incluyendo su contenido efectivo y la informaci�n al consumidor final especialmente el etiquetado.Estas propiedades y caracter�sticas ser�n las recogidas en la normativa de calidad alimentaria de obligado cumplimiento dictada por las Administraciones competentes en cada sector, as� como en la normativa horizontal de aplicaci�n en el �mbito de esta ley.
c) Operador: Toda persona f�sica o jur�dica que act�a en la parte de la cadena alimentaria, que abarca las instalaciones enumeradas en el art�culo 2.1.b). No se consideran operadores de la cadena alimentaria a los efectos de esta ley los titulares de los mercados centrales de abastecimiento mayorista (MERCAS), sin perjuicio de que tengan tal consideraci�n los mayoristas y operadores de log�stica y distribuci�n que tengan su establecimiento en dichos mercados o sus zonas de actividades complementarias.
T�TULO IISistemas de control de la calidad alimentaria
La calidad alimentaria y su control Sin perjuicio del control oficial establecido en el �mbito de la Uni�n Europea, el control de la calidad se realizar� seg�n las siguientes modalidades:
b) Autocontrol del operador, que podr� ser verificado por entidades de inspecci�n y certificaci�n acreditadas.
c) Autocontrol establecido por una asociaci�n sectorial concreta, en su caso, sobre los operadores de su �mbito sectorial.
El control oficial El control oficial se realizar� por las autoridades competentes en cada una de las fases de la cadena alimentaria que comprende las instalaciones enumeradas en el art�culo 2.1.b) y en cada una de las actividades siguientes: la recepci�n, la manipulaci�n, la clasificaci�n, la obtenci�n, la elaboraci�n, la transformaci�n, el envasado, el almacenamiento y el transporte de alimentos.
Inspecci�n y acta de inspecci�n en el control oficial 1. Las actuaciones de inspecci�n se realizar�n por funcionarios p�blicos que en el ejercicio de sus funciones, tendr�n la condici�n de agentes de la autoridad y podr�n solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad p�blica, as� como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Podr�n recabar cuantos documentos consideren necesarios de las empresas que inspeccionen de acuerdo con el objetivo perseguido en el curso de sus actuaciones que, en todo caso, tendr�n car�cter confidencial.
Los servicios de inspecci�n podr�n solicitar la informaci�n que precisen a los �rganos de las Administraciones p�blicas y sus organismos y entidades vinculadas o dependientes incluidas, entre otras, las empresas con participaci�n p�blica, organizaciones profesionales e interprofesionales, los cuales prestar�n, cuando sean requeridos para ello, la informaci�n que se les solicite de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.
3. Los inspectores est�n obligados de modo estricto a cumplir el deber de sigilo profesional. El incumplimiento de este deber ser� sancionado conforme a la normativa de r�gimen disciplinario de las Administraciones p�blicas donde presten sus servicios.
4. En las actuaciones de inspecci�n, el inspector levantar� acta en la que constar�n los datos relativos a la identificaci�n de la empresa y de la persona ante la que se realiza la inspecci�n, detallando todos los hechos que constituyen el control oficial y, en su caso, las medidas que se hubiesen ordenado.
5. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condici�n de autoridad, y que se formalicen en las actas observando los requisitos legales pertinentes, tendr�n valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan se�alar o aportar los propios administrados.
6. Cuando en el ejercicio de sus actuaciones de investigaci�n sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado, la Administraci�n deber� obtener el consentimiento de aquel o la oportuna autorizaci�n judicial.
Obligaciones de los interesados 1. Las personas f�sicas y jur�dicas estar�n obligadas, a requerimiento de los funcionarios inspectores o cualquier otra autoridad competente, a:
a) Consentir la realizaci�n de las visitas de inspecci�n y dar toda clase de facilidades para llevarla a cabo.
b) Suministrar toda clase de informaci�n pertinente sobre instalaciones, productos o servicios, permitiendo su comprobaci�n directa por los inspectores.
c) Facilitar que se obtenga copia o reproducci�n de la referida documentaci�n.
d) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras de los productos o mercanc�as que elaboren, distribuyan o comercialicen.
2. Cuando a requerimiento de la Administraci�n p�blica competente o espont�neamente se aporten declaraciones o documentaci�n de la empresa de cualquier �ndole, deber�n ir firmados por una persona que represente y obligue a la empresa.
La falsedad, as� como la constancia en dichos documentos de datos inexactos o incompletos, se sancionar� de conformidad con lo previsto en esta ley.
Medidas cautelares 1. Los funcionarios inspectores podr�n inmovilizar de manera cautelar las mercanc�as, productos, envases, etiquetas u otros elementos que incumplan los preceptos relacionados con las infracciones a que se refiere el t�tulo III, haciendo constar en acta tanto el objeto como los motivos de la intervenci�n cautelar as� como, en su caso, las medidas que hayan de adoptarse para evitar su deterioro y asegurar su integridad.
2. Las medidas cautelares adoptadas por los funcionarios inspectores deber�n ser confirmadas, modificadas o levantadas, en un plazo no superior a quince d�as por la autoridad competente. En caso de alimentos perecederos, el inspector deber� tener en cuenta la caducidad de los mismos, reflejando en el acta la reducci�n del plazo de forma motivada y adaptado a su caducidad. Transcurrido el citado plazo habr�n de levantarse si no se ha acordado ya la iniciaci�n de procedimiento sancionador.
3. Sin perjuicio de la aplicaci�n de lo dispuesto en el apartado 2 respecto del pronunciamiento expreso en plazo y sus efectos, cuando no pueda iniciarse un procedimiento sancionador por falta de competencia en raz�n de la materia o del territorio, se comunicar� inmediatamente a la autoridad que corresponda, remiti�ndole las actuaciones realizadas.
4. La autoridad competente en sus actuaciones podr� acordar, sin car�cter de sanci�n, la clausura o cierre temporal de empresas, instalaciones, locales o medios de transporte que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos o no hayan realizado las comunicaciones o declaraciones responsables, en caso de estar sujetos a dicha obligaci�n, hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos para las mismas.
Autocontrol y trazabilidad 1. Los operadores incluidos en el �mbito de aplicaci�n de esta ley deber�n establecer un sistema de autocontrol de las operaciones del proceso productivo bajo su responsabilidad, con el fin de cumplir lo establecido en la legislaci�n espec�fica correspondiente y asegurar la calidad alimentaria de los productos.
2. El sistema de autocontrol dispondr�, al menos, de los siguientes elementos:
b) Un plan de muestreo y an�lisis.
c) Un procedimiento de trazabilidad seg�n los requisitos establecidos por el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislaci�n alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Adem�s, cuando la legislaci�n sectorial espec�fica as� lo disponga, los operadores dispondr�n del procedimiento de trazabilidad interna que �sta describa.
3. Los operadores deben poner a disposici�n de las autoridades competentes toda la informaci�n relativa al propio sistema de autocontrol y trazabilidad, as� como la informaci�n derivada o producida por el mismo.
Deber�n conservar la referida informaci�n y en su caso la documentaci�n correspondiente al menos los seis meses siguientes a la fecha de duraci�n m�nima de los productos o fecha de caducidad.
Cuando los productos tengan una fecha de caducidad inferior a tres meses o sin fecha especificada, y se destinen directamente al consumidor final, la informaci�n deber� conservarse durante los seis meses siguientes a la fecha de fabricaci�n del producto en la industria o de entrega en almac�n.
4. Las asociaciones sectoriales o cooperativas que establezcan en su �mbito sistemas de autocontrol deber�n elaborar un procedimiento al efecto y darlo a conocer a todos los operadores del sector o socios de la entidad cooperativa, as� como a las autoridades competentes.
Comprobaci�n del autocontrol del operador en calidad alimentaria 1. En el caso de que una norma de calidad o disposici�n legal o reglamentaria exija una comprobaci�n del autocontrol por entidades de inspecci�n o certificaci�n, excluidos los pliegos de condiciones de las figuras de calidad que se rigen por su propia normativa, adem�s de cumplir las condiciones establecidas en este art�culo, las citadas entidades deber�n presentar una declaraci�n responsable ante la autoridad competente del �mbito territorial donde inicien su actividad. Se informar� de este hecho al resto de autoridades competentes de otras demarcaciones territoriales cuando desarrollen su actividad en su territorio.
La declaraci�n responsable presentada ser� v�lida para operar en todo el territorio nacional.
2. Las entidades de inspecci�n o certificaci�n deber�n cumplir los siguientes requisitos:
a) Cumplir con las normas que establezca la legislaci�n sectorial correspondiente.
b) Estar acreditada, para la actividad espec�fica que vaya a realizar, por la Entidad Nacional de Acreditaci�n (ENAC) de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditaci�n y vigilancia del mercado relativos a la comercializaci�n de los productos, y que se haya sometido con �xito al sistema de evaluaci�n por pares previsto en dicho reglamento.
c) Comunicar a las autoridades competentes de control oficial los posibles incumplimientos detectados en el marco de las actividades de inspecci�n o certificaci�n.
Asimismo, deber�n mantener puntualmente informada a la autoridad competente de toda suspensi�n y retirada de acreditaci�n o cualquier incidencia al respecto de su actividad.
Principios generales 1. El incumplimiento de lo dispuesto en la legislaci�n alimentaria de aplicaci�n que recoge la normativa de calidad alimentaria de obligado cumplimiento dictada por las Administraciones competentes en cada sector y la normativa horizontal aplicable, as� como los preceptos recogidos en esta ley, ser� considerado infracci�n administrativa, que se calificar� como leve, grave o muy grave de acuerdo con la tipificaci�n de infracciones realizada en este t�tulo.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 18 de noviembre de 2015, ha acordado admitir a tr�mite el recurso de inconstitucionalidad n�m. 6014-2015, contra los art�culos 12.1 y 2; 13; 14; 15; 17.1; 19.1 y 2; 20; 22; 23.1 y 2; 24.1, 2, 4 y 5; disposici�n adicional primera; disposici�n transitoria �nica y disposici�n final quinta de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria (�B.O.E.� 21 noviembre).
2. Las sanciones aplicables a las infracciones ser�n las establecidas en este t�tulo en funci�n de su calificaci�n.
3. Cuando los servicios o autoridades competentes en materia de control de la calidad alimentaria aprecien en el ejercicio de su actividad que pudieran existir riesgos para la salud, trasladar�n la parte correspondiente de las actuaciones a las autoridades sanitarias competentes, que, en este caso, calificar�n las infracciones seg�n la legislaci�n sanitaria aplicable.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de mayo de 2016, ha acordado admitir a tr�mite el recurso de inconstitucionalidad n�m. 2219-2016, promovido por el Gobierno de la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco, contra los art�culos 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 26 y contra la disposici�n adicional primera y disposici�n transitoria �nica de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria (�B.O.E.� 25 mayo).
Infracciones leves Se considerar�n infracciones leves las siguientes:
1. No disponer en el establecimiento inspeccionado del certificado acreditativo de la inscripci�n oficial de la empresa, industria, establecimiento, instalaci�n, local, medio de transporte, actividad, producto alimenticio o la materia prima, ingrediente o substancia para la elaboraci�n y la transformaci�n alimentarias, cuando est� obligado legalmente a su inscripci�n, o no exhibirlo en el correspondiente local de la forma establecida.
2. No presentar los registros o libros-registro, declaraciones relativas a alimentos o los documentos de acompa�amiento sin causa justificada, cuando fueren requeridos para su control en actos de inspecci�n, o presentarlos con inexactitudes, errores u omisiones, cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta no supere el 15 % de esta �ltima y se puedan demostrar de otra forma los movimientos de los productos.
3. No tener identificados los dep�sitos, silos, contenedores y cualquier clase de envase de productos a granel o los productos que contengan, o su identificaci�n de forma no clara o sin marcado indeleble, y, en su caso, no indicar el volumen nominal u otras indicaciones contempladas en la normativa de aplicaci�n.
4. La no presentaci�n de las declaraciones de existencias, de elaboraci�n o de movimiento de productos, o presentarlas incompletas, con inexactitudes, errores u omisiones o presentarlas fuera del plazo reglamentario o cuando sea preceptivo antes de la ejecuci�n de pr�cticas de elaboraci�n y tratamiento de productos determinados, si los hechos constitutivos de infracci�n no afectan a la naturaleza, calidad, caracter�sticas, composici�n, procedencia u origen de los productos consignados.
5. El suministro incompleto de la informaci�n o documentaci�n necesarias para las funciones de inspecci�n y control administrativo cuando sean requeridas por los inspectores.
6. La expresi�n de alguna de las indicaciones obligatorias o facultativas reguladas del etiquetado o presentaci�n de los productos, documentos de acompa�amiento, documentos comerciales, registros, rotulaci�n y embalajes en forma distinta a la reglamentaria o en los que las indicaciones que consten no sean las autorizadas, as� como aqu�llas no reguladas o autorizadas que incumplan los principios generales de la informaci�n alimentaria facilitada al consumidor.
7. Validar o autentificar los documentos de acompa�amiento o los documentos comerciales sin la autorizaci�n del �rgano competente en la materia o no validarlos o autentificarlos en el caso de que este tr�mite sea obligatorio.
8. Incurrir en discrepancia entre las caracter�sticas reales del producto alimentario o la materia prima, ingrediente o substancia para la elaboraci�n y comercializaci�n alimentarias y las que ofrece el operador si se refiere a par�metros o elementos cuyo contenido queda limitado por la reglamentaci�n de aplicaci�n y el exceso o defecto no afecta a su propia naturaleza, identidad, definici�n reglamentaria, calidad, designaci�n o denominaci�n del producto, siempre y cuando las diferencias no superen el doble de la tolerancia admitida reglamentariamente para el par�metro o elemento de que se trate.
9. Aplicar tratamientos, pr�cticas o procesos de forma distinta a la establecida en la normativa aplicable, siempre que no afecten a la composici�n, definici�n, identidad, naturaleza, caracter�sticas o calidad de los productos alimentarios o las materias o elementos para la elaboraci�n alimentaria.
10. Incumplir las medidas cautelares, siempre que se trate de un incumplimiento meramente formal, no tipificado como grave, entre ellas el traslado f�sico, sin autorizaci�n del �rgano competente, de las mercanc�as intervenidas cautelarmente, siempre que no se violen los precintos ni las mercanc�as salgan de las instalaciones en las que fueron intervenidas.
11. Incumplir las instrucciones que sobre su actividad emanen de las Administraciones competentes en materia de defensa de la calidad de la elaboraci�n, transformaci�n, almacenamiento o comercializaci�n alimentaria y de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en las normas relacionadas con la elaboraci�n y comercializaci�n alimentarias, incluido el transporte, siempre que se trate de infracciones meramente formales no previstas en los art�culos siguientes.
12. Las simples irregularidades en la observaci�n de las obligaciones establecidas en las disposiciones vigentes en la materia regulada por esta ley que no est�n incluidas como infracciones graves o muy graves.
Infracciones graves Se considerar�n infracciones graves las siguientes:
1. Ejercer actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la elaboraci�n, transformaci�n o comercializaci�n de productos alimentarios o materias primas, ingredientes y substancias para la elaboraci�n y la transformaci�n alimentarias sin autorizaci�n, ejercer actividades que no consten expresamente en la autorizaci�n o ejercer actividades para cuyo ejercicio haya sido cancelada su autorizaci�n, o efectuar ampliaciones o reducciones substanciales, trasladar, cambiar de titularidad, cambiar de domicilio social o cerrar una industria alimentaria sin la correspondiente modificaci�n registral.
2. La falta de inscripci�n de productos, materias primas o elementos, cuando legalmente sea exigible dicho requisito, en la forma que para cada uno de ellos se hubiera establecido.
3. No llevar registros o libros de registro comerciales, no tener talonarios matriz de facturas de venta o dem�s documentos establecidos por las disposiciones vigentes, tener estos documentos con una informaci�n poco legible o comprensible o gestionarlos defectuosamente o no conservar los registros durante el tiempo reglamentario o no tenerlo documentado por otro sistema equivalente.
4. No tener realizada una anotaci�n en los registros cuando haya transcurrido m�s de un mes desde la fecha en que debi� anotarse a efectos de trazabilidad o cuando, no habiendo transcurrido dicho periodo de tiempo, el asiento o los asientos no registrados no puedan justificarse mediante otra documentaci�n.
5. Las inexactitudes o errores en los registros o declaraciones establecidos en la normativa alimentaria cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta rebase en un 15% esta �ltima o cuando, no rebas�ndola, afecte a la naturaleza, calidad, caracter�sticas, composici�n, procedencia u origen de los productos.
6. No presentar, o presentar fuera del plazo establecido, las declaraciones que deban realizarse de acuerdo con la normativa aplicable, antes de la ejecuci�n de pr�cticas de elaboraci�n y tratamiento de determinados productos, o tener inexactitudes, errores u omisiones en las declaraciones, si los hechos constitutivos de infracci�n afectan a su naturaleza, calidad, caracter�sticas, composici�n, procedencia u origen de los productos consignados.
7. La instalaci�n o modificaci�n de las industrias agrarias y alimentarias con incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de regulaci�n de dichas industrias.
8. No tener o no llevar un sistema de autocontrol y de trazabilidad interna, cuando tenga obligaci�n de llevarla porque as� lo indique una normativa sectorial espec�fica o no disponer de alguno de los elementos reglamentarios en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como la identificaci�n, los registros y la documentaci�n de acompa�amiento de los productos, o no tener sistemas y procedimientos de trazabilidad suficientes y actualizados.
9. Defraudar en las caracter�sticas de los productos alimentarios o las materias primas o ingredientes y las substancias para la elaboraci�n y la comercializaci�n alimentarias, especialmente las relativas a su identidad, naturaleza, especie, composici�n, contenido, designaci�n, definici�n reglamentaria, calidad, riqueza, peso, volumen o cantidad, exceso de humedad, contenido en principios �tiles, aptitud para el uso o cualquier otra discrepancia existente, entre las caracter�sticas reales y las que ofrece el operador alimentario, as� como todo acto de naturaleza similar que implique una transgresi�n o incumplimiento de lo dispuesto por la legislaci�n vigente.
10. Utilizar o comercializar productos alimenticios o materias primas o ingredientes y substancias para la elaboraci�n y la comercializaci�n alimentarias no conformes con la normativa, que hayan sido objeto de pr�cticas, procesos o tratamientos no autorizados, que hayan adicionado o sustra�do substancias o elementos que modifiquen su composici�n y tener productos, substancias, materias, equipos, maquinaria o elementos no autorizados por la legislaci�n espec�fica para actividades relacionadas con las etapas de elaboraci�n, transformaci�n o comercializaci�n alimentarias o depositar productos cuya identidad no se pueda garantizar mediante la presencia y exactitud de la informaci�n sobre dicho producto, en cualquier instalaci�n o medio de transporte.
11. La tenencia o comercializaci�n de productos a granel sin estar autorizados para ello, as� como de substancias no autorizadas por la legislaci�n espec�fica de aplicaci�n o para cuya posesi�n o comercializaci�n se carece de autorizaci�n.
12. La posesi�n en las dependencias de las industrias agrarias y alimentarias de equipos, maquinaria o instalaciones no autorizadas por la legislaci�n espec�fica para actividades relacionadas con la elaboraci�n, transformaci�n o comercializaci�n.
13. Comercializar productos, materias o elementos sin el correspondiente etiquetaje, los documentos de acompa�amiento, los documentos comerciales, la rotulaci�n, la presentaci�n, los embalajes, los envases o los recipientes que sean preceptivos, o comercializarlos con una informaci�n que induzca a enga�o a los receptores o consumidores.
14. No poder demostrar documentalmente la exactitud de las informaciones que constan en el etiquetado, los documentos de acompa�amiento o los documentos comerciales de los productos alimentarios, o las que constan en los productos utilizados en su elaboraci�n o transformaci�n.
15. Utilizar en el etiquetado de los productos alimenticios indicaciones que no sean acordes con las normas de comercializaci�n vigentes en la Uni�n Europea y que establece la secci�n 1.� del cap�tulo 1 del t�tulo II del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea la organizaci�n com�n de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007, o con los t�rminos reservados facultativos autorizados o cualquier otra indicaci�n facultativa regulada por normativa nacional o de la Uni�n Europea, o reglamentaciones que las substituyan.
16. No conservar durante el per�odo reglamentario los originales de los documentos de acompa�amiento de productos recibidos y las copias de los documentos de acompa�amiento de productos expedidos.
17. Cometer inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en el etiquetado, los documentos de acompa�amiento, documentos comerciales, registros, rotulaci�n, presentaci�n y embalajes, si estas inexactitudes, errores u omisiones se refieren a indicaciones obligatorias.
18. Modificar la verdadera identidad de los productos alimentarios o de las materias primas o ingredientes o cualquier otra substancia para la elaboraci�n y la comercializaci�n alimentarias que sirva para identificarlos.
19. Inducir a confusi�n o enga�o en lo que concierne a productos alimentarios o materias primas o ingredientes o cualquier otra substancia para la elaboraci�n y la comercializaci�n alimentarias, as� como expedirlos, o comercializarlos, incluso en el caso de que el enga�o sea conocido por los receptores, compradores o consumidores.
20. Resistirse a suministrar datos o a facilitar la informaci�n requerida por los �rganos competentes o los respectivos agentes debidamente acreditados, para el cumplimiento de las funciones de informaci�n, vigilancia, investigaci�n, inspecci�n, tramitaci�n y ejecuci�n en las materias a que se refiere la presente ley, y suministrar informaci�n inexacta o documentaci�n falsa, y concretamente las siguientes actuaciones:
a) No permitir el acceso a determinados locales, instalaciones o veh�culos de transporte.
b) No permitir la toma de muestras o la realizaci�n de otros tipos de controles sobre los productos.
c) No justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos puestos en circulaci�n.
d) No proporcionar en el momento de la inspecci�n toda la documentaci�n y los datos e informaciones que el funcionario de la Administraci�n p�blica que efect�a funciones inspectoras necesite para llevar a cabo sus funciones de investigaci�n, o no permitir su comprobaci�n.
e) No proporcionar al funcionario que realiza funciones de inspecci�n, en el plazo que �ste le otorgue, los datos o informaciones requeridos.
f) No aportar la documentaci�n requerida por el funcionario que realiza funciones inspectoras en el momento de la inspecci�n, o no aportarla en el plazo indicado.
21. La manipulaci�n, traslado o disposici�n en cualquier forma, sin autorizaci�n de la autoridad competente, de mercanc�as intervenidas cautelarmente, siempre y cuando no se violen los precintos, no resulte acreditado que entra�en un riesgo para la salud o si las mercanc�as no salen de las instalaciones donde fueron intervenidas.
22. Comercializar productos alimentarios sin que se haya levantado la inmovilizaci�n cautelar, movilizar los veh�culos paralizados cautelarmente o poner en funcionamiento un �rea, un elemento o una actividad del establecimiento cautelarmente suspendido.
23. Comercializar, comprar o adquirir productos alimenticios o materias primas, ingredientes y substancias para la elaboraci�n y comercializaci�n alimentaria, cuando dichas actividades hubieran sido objeto de suspensi�n cautelar.
24. Los insultos y el trato no respetuoso al personal funcionario que realiza labores de inspecci�n, al personal auxiliar y, en su caso, a los instructores de los expedientes sancionadores.
25. La reincidencia en la misma infracci�n leve en los tres �ltimos a�os. El plazo comenzar� a contar desde el d�a de la comisi�n de la primera infracci�n, siendo necesario para su aplicaci�n, que la resoluci�n sancionadora, adquiera firmeza en v�a administrativa, en caso de que se haya interpuesto un recurso administrativo.
Infracciones muy graves Se considerar�n infracciones muy graves las siguientes:
1. Cometer infracciones graves que den lugar a perjuicios sanitarios de car�cter grave o que hayan servido para facilitarlos o encubrirlos.
2. Cometer infracciones graves que impliquen la extensi�n de la alteraci�n, la adulteraci�n, la falsificaci�n o el fraude a realizar por terceros a los cuales se faciliten la substancia, los medios o los procedimientos para realizarlos, encubrirlos o enmascararlos.
3. La reincidencia en la misma infracci�n grave en los dos �ltimos a�os. El plazo comenzar� a contar desde el d�a de la comisi�n de la primera infracci�n, siendo necesario para su aplicaci�n que la resoluci�n sancionadora adquiera firmeza en v�a administrativa.
4. Negarse absolutamente a la actuaci�n de los servicios p�blicos de inspecci�n.
5. Coaccionar, intimidar, amenazar o maltratar al personal funcionario que realiza funciones de inspecci�n, al personal auxiliar en su caso, a los instructores de los expedientes sancionadores, al personal de los organismos de gesti�n o de las entidades de control, o ejercer cualquier otra forma de presi�n grave.
6. Suministrar a industrias alimentarias, a t�tulo oneroso o gratuito, productos alimentarios o materias primas, ingredientes o substancias no permitidas o prohibidas para la elaboraci�n de los productos para los cuales est�n autorizadas dichas industrias.
7. La falsificaci�n de productos o comercializaci�n de productos falsificados, siempre que no sean constitutivas de infracci�n penal.
8. La manipulaci�n, traslado o disposici�n en cualquier forma, sin autorizaci�n, de mercanc�as intervenidas cautelarmente, siempre y cuando se violen los precintos, resulte acreditado que entra�an un riesgo para la salud o las mercanc�as salgan de las instalaciones donde fueron intervenidas.
Concurrencia de infracciones 1. Cuando concurran dos o m�s infracciones en materia de defensa de la calidad alimentaria imputables por un mismo hecho a un mismo sujeto se impondr� como sanci�n conjunta la correspondiente a la infracci�n m�s grave, en su grado m�ximo, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que corresponder�a aplicar si se sancionan por separado las infracciones en cuyo caso, cuando se exceda este l�mite se sancionar�n las infracciones por separado.
2. Cuando concurran dos o m�s infracciones tipificadas tanto en la normativa en materia de defensa de los consumidores como en la de defensa de la calidad alimentaria en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, en ning�n caso se podr�n sancionar ambas. A tal fin, de acuerdo con el art�culo 25, se establecer� la suficiente coordinaci�n entre las autoridades competentes en ambas materias.
3. Cuando de las infracciones detectadas se observase la posible existencia de infracci�n penal, se pasar� el tanto de culpa a la jurisdicci�n competente y se abstendr� de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devoluci�n del expediente por el ministerio fiscal.
Responsabilidad por las infracciones 1. Ser�n sujetos responsables de las infracciones las personas f�sicas o jur�dicas y las comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracci�n en la presente ley.
2. Salvo que la normativa de la Uni�n Europea prevea un r�gimen diferente, de las infracciones en productos envasados ser�n responsables las firmas o razones sociales, incluido el distribuidor, que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o bien mediante cualquier indicaci�n que permita su identificaci�n cierta. Se except�an los casos en que se demuestre falsificaci�n o mala conservaci�n del producto por el tenedor, siempre que se especifiquen en el etiquetado las condiciones de conservaci�n.
Asimismo, ser� responsable solidario el elaborador, fabricante o envasador y el distribuidor que no figure en la etiqueta si se prueba que conoc�a la infracci�n cometida y que prest� su consentimiento.
En el caso de que se hayan falsificado las etiquetas, la responsabilidad corresponder� al falsificador y a las personas que comercialicen los productos a sabiendas de la falsificaci�n.
3. De las infracciones en productos a granel, o envasados sin etiqueta, o cuando en la etiqueta no figure ninguna firma o raz�n social, ser� responsable su tenedor, excepto cuando se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, y sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al actual tenedor, incluido el distribuidor.
4. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a varias personas conjuntamente, o si la infracci�n fuera imputable a varias personas y no resultare posible determinar el grado de participaci�n de cada una de ellas, responder�n de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
6. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en esta ley estar� supeditada a la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus responsables, siendo esta �ltima preferente, paraliz�ndose el procedimiento administrativo sancionador cuando se aprecie que los hechos tambi�n son constitutivos de delito o cuando se est� desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, de acuerdo con el art�culo 16.3.
7. Sin perjuicio de las sanciones que procedan, los responsables de las infracciones quedar�n obligados a indemnizar los da�os y perjuicios que se hubieran causado y que ser�n determinados por el �rgano competente para imponer la sanci�n, teniendo en estos casos el perjudicado la consideraci�n de interesado en el procedimiento.
Medidas complementarias Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercanc�as, productos, envases, etiquetas u otros elementos relacionados con la infracci�n sancionada, la autoridad a la que corresponda resolver el procedimiento sancionador acordar� su destino. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo, la destrucci�n o el decomiso correr�n por cuenta del infractor, incluida la indemnizaci�n que deba abonarse al propietario de la mercanc�a decomisada cuando �ste no sea el infractor.
Multas coercitivas 1. Cuando el interesado no cumpla la obligaci�n personal�sima establecida en la presente ley o lo haga de forma incompleta, podr�n imponerse multas coercitivas a fin de que se cumpla �ntegramente la obligaci�n, en los supuestos previstos en el art�culo 99.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
La multa coercitiva ser� de 100 euros por cada mes de retraso cuando la obligaci�n no estuviera relacionada con el valor de la mercanc�a y el 1 % del valor de la mercanc�a por cada mes de retraso cuando la obligaci�n impuesta estuviera relacionada con �sta.
2. En el caso de incumplimiento de la obligaci�n, las multas coercitivas se impondr�n con una periodicidad de al menos tres meses hasta el cumplimiento total de la sanci�n a que se refieran.
3. Las multas coercitivas ser�n independientes y compatibles con las sanciones que procedan con tal car�cter por la infracci�n cometida.
Sanciones 1. Las sanciones a imponer por la autoridad competente en su �mbito correspondiente ser�n:
a) Las infracciones leves ser�n sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 4.000 euros.
b) Las infracciones graves ser�n sancionadas con multa entre 4.001 y 150.000 euros.
c) Las infracciones muy graves ser�n sancionadas con multa entre 150.001 y 3.000.000 de euros.
d) La sanci�n que se imponga en ning�n caso podr� ser inferior en su cuant�a al beneficio il�cito obtenido por la comisi�n de las infracciones.
2. El �rgano competente para resolver podr� imponer como sanci�n accesoria alguna de las siguientes medidas:
b) Decomiso de los productos no identificados o de las mercanc�as, productos, envases, etiquetas u otros elementos no conformes.
c) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada por un periodo m�ximo de cinco a�os.
d) La retirada del mercado del producto falsificado, cuando la infracci�n se refiera a falsificaci�n del producto por sustituci�n de la especie, variedad o raza.
Graduaci�n de las sanciones Para la determinaci�n concreta de la sanci�n que se imponga, entre las asignadas a cada tipo de infracci�n, se tomar�n en consideraci�n los siguientes criterios:
c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial que la infracci�n hubiese podido producir sobre los intereses econ�micos de los consumidores, los precios, el consumo o, en su caso, el prestigio de las figuras de protecci�n de la calidad diferenciada.
d) El volumen de ventas o producci�n y la posici�n de la empresa infractora en el sector.
e) El reconocimiento de la infracci�n y la subsanaci�n de la falta o de los efectos de la misma antes de que se resuelva el correspondiente procedimiento sancionador.
f) El volumen y valor de las mercanc�as o productos afectados por la infracci�n.
Publicidad de las sanciones Por razones de ejemplaridad o en caso de reincidencia en infracciones de naturaleza an�loga o acreditada intencionalidad en la infracci�n, la autoridad que resuelva el expediente podr� acordar la publicaci�n de las sanciones impuestas como consecuencia de lo establecido en esta ley.
Para llevar a cabo dicha medida se esperar� el tiempo necesario hasta que se cumpla el plazo de interposici�n de recurso; de no presentarse �ste, se proceder� a dar la mencionada publicidad.
Cuando haya interposici�n de recurso contencioso-administrativo se esperar� a que la sanci�n haya adquirido firmeza en sede judicial.
En la publicidad se incluir�n los nombres, apellidos, denominaci�n o raz�n social de las personas naturales o jur�dicas responsables y la �ndole y naturaleza de las infracciones, que se insertar� en el �Bolet�n Oficial del Estado�, en el bolet�n de la comunidad aut�noma correspondiente donde tuviera su raz�n social el infractor, y en los medios de comunicaci�n social que se consideren oportunos.
La publicaci�n de las referidas sanciones se realizar� como m�ximo en el plazo de tres meses a contar desde la notificaci�n de la firmeza de la resoluci�n.
Sanciones accesorias 1. Con independencia de las sanciones impuestas, las autoridades competentes podr�n proponer en su �mbito competencial, para las infracciones graves y muy graves, la supresi�n, cancelaci�n o suspensi�n total o parcial de toda clase de ayudas oficiales, tales como cr�ditos, subvenciones y otros que hubiere solicitado o solicitase en el futuro la empresa sancionada, en un plazo de cinco a�os. La citada autoridad competente decidir� a este respecto de acuerdo con las circunstancias que, en cada caso, concurran, incluyendo el tiempo que se mantendr� dicha supresi�n, cancelaci�n o suspensi�n.
Los infractores se incluir�n en una base de datos del Ministerio de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente que se nutrir� de las incorporaciones de datos que realicen las comunidades aut�nomas y el propio Ministerio, para su consulta exclusiva por los organismos concernidos, y de la que se dar� de baja al infractor cuando haya pasado el periodo correspondiente, siempre que �ste haya satisfecho la cuant�a de la sanci�n impuesta. Los datos a incluir en la mencionada lista se establecer�n reglamentariamente. Se preservar�n con el grado de confidencialidad requerida en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci�n de datos de car�cter personal.
2. En los casos de infracciones graves y muy graves, la autoridad competente para imponer la sanci�n, con independencia de la misma, inhabilitar� a las empresas u operadores sancionados para contratar con las Administraciones p�blicas, total o parcialmente, durante un plazo de cinco a�os.
3. Las sanciones firmes ser�n objeto de inmediata ejecuci�n con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4. Las sanciones previstas en esta ley ser�n compatibles con la p�rdida o retirada de derechos econ�micos previstos en la normativa de la Uni�n Europea.
Prescripci�n y caducidad 1. Las infracciones y sanciones muy graves prescribir�n a los seis a�os, las graves a los cuatro a�os, y las leves a los dos a�os.
2. Para el c�mputo de los plazos de prescripci�n de infracciones y sanciones se estar� a lo dispuesto en el art�culo 132, apartados 2 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En los supuestos de infracciones continuadas el plazo de prescripci�n comenzar� a contar desde el momento de la finalizaci�n de la actividad o del �ltimo acto con el que la infracci�n se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracci�n fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computar� desde que estos se manifiesten.
3. El plazo m�ximo para resolver el procedimiento sancionador y notificar la resoluci�n correspondiente ser� de un a�o contado desde la incoaci�n del mismo, salvo que la normativa auton�mica fije otro superior.
4. La falta de resoluci�n en dicho plazo conllevar� la caducidad del expediente, pudiendo reabrirse, siempre que la infracci�n no hubiera prescrito, conserv�ndose la toma de muestras, los an�lisis efectuados, as� como los actos, documentos y tr�mites cuyo contenido se hubiere mantenido igual de no haber caducado el procedimiento anterior.
5. Caducar� la acci�n para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Administraci�n la existencia de una infracci�n y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, que en el caso de un acta con toma de muestras se considerar� la fecha del bolet�n de an�lisis inicial, hubiera transcurrido m�s de un a�o sin que la autoridad competente hubiera ordenado incoar el oportuno procedimiento.
T�TULO IVCooperaci�n entre administraciones
Colaboraci�n y cooperaci�n en el ejercicio del control 1. Las Administraciones p�blicas y sus organismos p�blicos vinculados o dependientes, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso, actuar�n de manera coordinada y prestar�n la debida colaboraci�n entre ellas para hacer efectivas las actuaciones de control y la ejecuci�n de las sanciones previstas en la presente ley.
En particular colaborar�n y cooperar�n las Administraciones competentes en materia de la defensa de la calidad alimentaria y de la protecci�n de los consumidores.
En el ejercicio de sus funciones las autoridades competentes en materia de inspecci�n y control podr�n solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, de la Guardia Civil y, en su caso, de cualquier otra Fuerza y Cuerpo de Seguridad.
Las autoridades competentes en materia de control de calidad y defensa contra fraudes se prestar�n asistencia administrativa mutua en los procedimientos de control y sancionador.
2. Para mejorar la eficacia del desarrollo de los procedimientos de control y contribuir a mantener la unidad de mercado y la lealtad en las transacciones comerciales se constituye como grupo de trabajo la Mesa de Coordinaci�n de la Calidad Alimentaria, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente y que estar� integrada con car�cter institucional por los representantes de la Administraci�n General del Estado y de las comunidades aut�nomas competentes en materia de control de la calidad alimentaria. Podr�n ser invitadas a colaborar, cuando el asunto lo requiera, o cuando necesiten exponer alguna cuesti�n que les afecte, las asociaciones representativas del sector alimentario, en particular la industria alimentaria y otras asociaciones o entidades.
Dicha Mesa, que estar� presidida por el Director General de la Industria Alimentaria, realizar� y desarrollar� los estudios y los trabajos t�cnicos relacionados con:
a) La coordinaci�n de las actuaciones de control oficial para la defensa de la calidad alimentaria incluidas la programaci�n de actuaciones de control oficial y la organizaci�n de campa�as de inspecci�n.
b) El establecimiento de criterios comunes para la interpretaci�n de la normativa alimentaria.
c) La elaboraci�n de un informe anual de resultados de las actividades de control oficial para la defensa de la calidad alimentaria.
d) La difusi�n de la normativa alimentaria.
e) La organizaci�n de actividades de formaci�n de los funcionarios que realizan el control oficial.
f) La elaboraci�n de procedimientos documentados relativos al control oficial para la defensa de la calidad alimentaria.
g) La realizaci�n de an�lisis del control de la calidad en el conjunto de la cadena alimentaria.
3. Para conseguir los objetivos enumerados, adem�s, se utiliza la aplicaci�n inform�tica de acceso restringido Red Informativa del Sistema de Control de la Calidad Alimentaria (RICAL), que pone a disposici�n de los inspectores de calidad de las comunidades aut�nomas la documentaci�n generada por la Mesa de Coordinaci�n de la Calidad Alimentaria.
4. Las asociaciones sectoriales que realicen actividades de autocontrol, seg�n se establece en el art�culo 5.c) de la presente ley, informar�n al Ministerio de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente y a las autoridades competentes de las comunidades aut�nomas de los resultados, en caso de que se aparten de lo establecido en la legislaci�n vigente correspondiente, para que las mencionadas autoridades competentes puedan tomar las medidas oportunas.
5. La mesa de coordinaci�n, en su creaci�n y funcionamiento, ser� atendida con los medios personales, t�cnicos y presupuestarios asignados al �rgano superior o directivo en el cual se encuentre integrada.
6. Con objeto de lograr la m�xima coordinaci�n en los trabajos que en materia de control corresponden a las distintas administraciones p�blicas implicadas, se establecer�n reglamentariamente los procedimientos operativos y de intercambio de informaci�n y de documentaci�n, que habr�n de seguirse por dichas administraciones p�blicas en casos de inspecciones o expedientes en los que est�n involucrados operadores de m�s de una Comunidad Aut�noma, o para responder ante la solicitud de asistencia en controles desarrollados por administraciones p�blicas competentes de otros estados miembros o desarrollar los trabajos necesarios en el marco de planes de control promovidos por la Uni�n Europea.
Deber de informaci�n sobre el control oficial 1. Las autoridades auton�micas competentes para el control oficial de la calidad alimentaria enviar�n la informaci�n necesaria sobre dichos controles a la unidad del Ministerio de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente encargada de su coordinaci�n cuando se le requiera, en las fechas y plazos que se determinen en la Mesa de Coordinaci�n de la Calidad Alimentaria, siguiendo los correspondientes procedimientos documentados, con el objetivo de alcanzar una coordinaci�n eficaz en materia de calidad alimentaria en todo el territorio espa�ol, informar a la Comisi�n Europea sobre la efectividad de este control en Espa�a y ofrecer dicha informaci�n de manera homog�nea y actualizada.
2. El resultado global de dichos documentos estar� disponible en la mencionada Red Informativa del Sistema de Control de la Calidad Alimentaria (RICAL) para todos los usuarios registrados, tanto estatales como auton�micos.
3. Se establecer� una Red de Intercambio de Informaci�n de Calidad Alimentaria (RIICA) entre todas las autoridades competentes de control oficial, incluido el servicio de Protecci�n de la Naturaleza de la Guardia Civil, con el fin de disponer de los instrumentos id�neos para gestionar cualquier incidencia en el �mbito de la calidad, con la eficacia y con la agilidad requerida en este tipo de actuaciones en todo el territorio nacional. Esta Red de coordinaci�n estar� relacionada con la Red de intercambio de informaci�n que cree la autoridad de la Uni�n Europea relativa al seguimiento del fraude alimentario.
4. Las autoridades competentes de las comunidades aut�nomas informar�n al Ministerio de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente de las medidas tomadas como consecuencia de la informaci�n que reciban de las actividades de autocontrol de las asociaciones, que se recoge en el art�culo precedente apartado 4.
R�gimen sancionador en materia de clasificaci�n de canales de vacuno y porcino 1. El r�gimen sancionador por los incumplimientos de la normativa aplicable en materia de clasificaci�n de canales de vacuno, porcino, derivada del art�culo 10 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organizaci�n com�n de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007, ser� el establecido en esta disposici�n.
a) Llevar a cabo un faenado de la canal diferente a cualquiera de los permitidos seg�n la normativa espec�fica.
c) En el caso de las canales de vacuno, utilizar presentaciones diferentes a las de referencia sin aplicar los coeficientes correctores establecidos a tal efecto para ajustar el peso de las canales. En el caso de las canales de porcino, utilizar presentaciones diferentes a las presentaciones tipo establecidas en el Real Decreto 1028/2011, de 15 julio, por el que se establecen disposiciones de aplicaci�n relativas a la clasificaci�n de las canales de porcino.
d) No informar al proveedor de los animales, y, en su caso, al ganadero si as� lo solicita, del resultado de la clasificaci�n con indicaci�n expresa de la categor�a y peso, junto con los coeficientes correctores aplicados.
e) La concurrencia de errores reiterados a la hora de determinar el peso o la clasificaci�n de la canal, entendiendo como tales al menos un n�mero de 20 detectados en la visita de inspecci�n.
a) No llevar a cabo la clasificaci�n de canales en los casos en que la misma sea obligatoria.
b) En el caso de las canales de vacuno, no tener entre su personal contratado ning�n clasificador con la autorizaci�n vigente para realizar la clasificaci�n, en el momento de la inspecci�n. En el caso de la clasificaci�n de canales de porcino, no disponer de equipos de clasificaci�n autorizados conforme a la normativa vigente.
c) No realizar los registros establecidos en la normativa espec�fica de clasificaci�n de canales o no conservar los registros sobre la clasificaci�n de canales el tiempo establecido en la normativa espec�fica.
e) La reiteraci�n de tres faltas leves por cualquier motivo o reincidencia de dos faltas leves por la misma causa en los �ltimos tres a�os.
a) Negarse a la actuaci�n de los servicios p�blicos de inspecci�n.
b) Vejar, coaccionar, intimidar o amenazar al personal de la Administraci�n que realiza funciones de inspecci�n, a los instructores de los expedientes sancionadores, al personal de los organismos de gesti�n o de las entidades de control, o ejercer cualquier otra forma de presi�n sobre los mismos, siempre que dichas acciones no constituyan infracci�n penal.
c) Alterar el resultado de la clasificaci�n de canales.
d) Manipular, trasladar o tener cualquier forma de mercanc�a cautelarmente inmovilizada con violaci�n de los precintos, o si las mercanc�as salen de las instalaciones donde fueron intervenidas sin la autorizaci�n del �rgano competente en la materia.
e) La reiteraci�n de tres faltas graves por cualquier motivo o reincidencia de dos faltas graves por la misma causa en los �ltimos tres a�os.
5. Las sanciones a imponer por la autoridad competente en su �mbito correspondiente ser�n:
6. En el supuesto de la comisi�n de infracci�n grave o muy grave, la autoridad competente para resolver podr� imponer como sanci�n accesoria alguna de las siguientes medidas:
Cl�usula de reconocimiento mutuo Esta ley no se aplicar� a los productos alimenticios legalmente fabricados o comercializados de acuerdo con otras especificaciones en otros Estados miembros de la Uni�n Europea, ni a los originarios de los pa�ses de la Asociaci�n Europea de Libre Comercio (AELC), ni partes contratantes en el Acuerdo del Espacio Econ�mico Europeo (EEE), ni a los Estados que tengan un acuerdo de asociaci�n aduanera con la Uni�n Europea.
Compromiso de no incremento de gasto Las medidas incluidas en esta ley no podr�n suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Previsi�n de un sistema para facilitar el conocimiento de la normativa de calidad alimentaria de obligado cumplimiento El Ministerio de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente, para facilitar el conocimiento de la normativa de calidad alimentaria de obligado cumplimiento dictada por las Administraciones competentes para cada sector, articular� un sistema para elaborar peri�dicamente, con car�cter informativo, una relaci�n de la mencionada normativa.
Periodo transitorio 1. El Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producci�n agro-alimentaria, no ser� de aplicaci�n a los aspectos regulados en el �mbito de esta ley, excepto los art�culos 15 y 16, que seguir�n aplic�ndose en tanto se desarrolle reglamentariamente la presente ley.
2. En tanto no se desarrolle un procedimiento sancionador propio, se aplicar� el procedimiento general regulado en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Modificaci�n del pre�mbulo y del art�culo 2 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria Uno. El s�ptimo p�rrafo de la parte III del pre�mbulo, quedar� redactado de la siguiente forma:
�Asimismo, el �mbito de aplicaci�n del cap�tulo I del t�tulo II de esta ley se circunscribe a las relaciones comerciales de los operadores que realicen transacciones comerciales, continuadas o peri�dicas, cuyo precio sea superior a 2.500 euros, siempre que estos se encuentren en alguna de las siguientes situaciones de desequilibrio:�
Dos. El apartado 3 del art�culo 2, quedar� redactado de la siguiente forma:
�3. El �mbito de aplicaci�n del cap�tulo I del t�tulo II de esta ley se circunscribe a las relaciones comerciales de los operadores que realicen transacciones comerciales cuyo precio sea superior a 2.500 euros, siempre que estos se encuentren en alguna de las siguientes situaciones de desequilibrio:�
Modificaci�n de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria Se a�ade una disposici�n adicional quinta con la siguiente redacci�n:
�Disposici�n adicional quinta (sic)
Infracciones y sanciones en materia de trazabilidad de productos pesqueros no incluidos en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar�tima del Estado La tenencia, consignaci�n, transporte, tr�nsito, almacenamiento, transformaci�n, exposici�n y venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros no incluidos en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar�tima del Estado, que no cumplan los requisitos de trazabilidad, etiquetado, higiene o informaci�n al consumidor exigidos por la normativa vigente ser� tipificada como infracci�n grave y castigada con sanci�n pecuniaria de 601 a 60.000 euros.�
Modificaci�n de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados Se modifica la disposici�n adicional segunda, que queda con la siguiente redacci�n:
Concesi�n directa Las aportaciones del Estado al importe global de las primas a satisfacer por los agricultores se conceder�n de forma directa a los agricultores, tal y como establece el art�culo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo al procedimiento de concesi�n de subvenciones.�
Normas de calidad Se habilita al Gobierno para aprobar normas de calidad de productos alimenticios, con el objeto, entre otros, de adaptarse a la reglamentaci�n de la Uni�n Europea, y de simplificar, modernizar y valorizar las normas existentes as� como de mejorar la competitividad del sector, incluyendo los adelantos producidos por la innovaci�n tecnol�gica.
T�tulo competencial La presente ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.13.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinaci�n general de la planificaci�n econ�mica.
Facultad de desarrollo Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicaci�n y desarrollo de esta ley.
Actualizaci�n de sanciones Se autoriza al Gobierno a actualizar mediante real decreto las cuant�as de las sanciones establecidas por esta ley.

References: Real Decreto 
 real decreto 
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