Source: https://tc.vlex.es/vid/sstc-f-pa-27-1992-15355750
Timestamp: 2019-08-20 23:44:15+00:00

Document:
STC 199/1994, 4 de Julio de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 15355750
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.382/1992
1. Por lo que respecta al derecho constitucional a los recursos, a este Tribunal sólo le corresponde fiscalizar si la resolución del órgano judicial que ha denegado el acceso al recurso carece de toda motivación (SSTC 133/1989 y 18/1990, entre otras), se ha basado en una causa legal manifiestamente inexistente (SSTC 68/1983 y 192/1992, entre otras), ha desconocido arbitrariamente uno de los presupuestos o requisitos legales para el acceso al recurso (SSTC 43/1984, 140/1985, en relación con el proceso) o, en términos más generales, si ha llevado a cabo una interpretación y aplicación de alguna de las causas de inadmisión legalmente previstas que es manifiestamente irrazonable en sus fundamentos o arbitraria en sus resultados [F.J.2]. 2. Cuando al amparo del principio de cooperación se trata de reconocer en España la resolución judicial dictada en otro Estado, para que dicha resolución pueda producir efectos jurídicos en el nuestro es preciso que se cumplan los requisitos o presupuestos previstos con carácter general en la Ley española (arts. 951 a 954 L.E.C.) o específicamente en un tratado internacional, a los que el legislador subordina, en el ejercicio de su soberanía, la concesión del «exequatur» (SSTC 98/1984, 54/1988 y 132/1991). Sin embargo, una vez otorgado éste, como ha ocurrido en el presente caso, la ulterior ejecución de la Sentencia extranjera por parte de los órganos judiciales españoles ha de seguir los cauces procesales establecidos en nuestro ordenamiento (art. 958, párrafo 2., L.E.C.), incluidos los medios de ejecución y el sistema de recursos existente en esta materia [F.J.3]. 3. Sentado lo anterior, ha de señalarse, en segundo término, que la resolución impugnada en este proceso constitucional, el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de abril de 1992, basó la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la entidad recurrente en el art. 1.687, núm. 2., en relación con el núm. 1., L.E.C.; afirmando que dicho precepto sólo admite el recurso de casación frente a los Autos dictados en apelación cuando se refieran a la ejecución de Sentencias recaídas en los juicios declarativos ordinarios de mayor y menor cuantía. Lo que excluye, a juicio de la Sala, que pueda llevarse a cabo una interpretación extensiva del mencionado precepto, dado que, conforme a lo dispuesto en su núm. 2., en el ámbito del recurso de casación no tienen cabida ni otras Sentencias que las recaídas en los juicio declarativos mencionados ni tampoco, evidentemente, los Autos dimanados de un procedimiento de ejecución en España de una Sentencia extranjera [F.J.3].
Sentencia citada en: 69 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 1.382/92, promovido por «Exploración Minera Internacional, S. A.» (EXMINESA), representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz y asistida por el Letrado don Antonio Fernández Rodríguez, contra el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de abril de 1992, inadmitiendo el recurso de casación planteado contra los Autos de la Audiencia Provincial de León de 4 de marzo y 8 de abril de 1991, relativos a la liquidación, en trámite de ejecución, de la condena contenida en una Sentencia extranjera. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte la entidad Mount Wright Iron Mines Company Limited, representada por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén y asistida del Letrado don Felipe Ronda Zuloaga. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia de Madrid, el 29 de mayo de 1992, y registrado en este Tribunal el 1 de junio siguiente, don Antonio R. R. M. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de «Exploración Minera Internacional España, S.A.» (EXMINESA), interpone recurso de amparo contra el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 27 de abril de 1992, inadmitiendo el recurso de casación planteado contra los Autos de la Audiencia Provincial de León, de 4 de marzo y 8 de abril de 1991, relativos a la liquidación, en trámite de ejecución, de la condena contenida en una Sentencia extranjera.
6. Por providencia de 28 de enero de 1993, se tuvo por personado y parte a don Argimiro V. G. en nombre y representación de Mount Weight Iron Mines Co. Ltd, que había presentado escrito solicitándolo el 31 de diciembre de 1992. En la misma resolución se concedía a las partes y al Ministerio Fiscal un plazo común de veinte días para presentar las alegaciones oportunas.
8. Mediante escrito registrado el 26 de febrero de 1993, la representación procesal de Mount Wright Iron Mines Co. Ltd. formuló alegaciones, solicitando la desestimación del recurso de amparo. Mantiene esta parte que, según la jurisprudencia constitucional, la vulneración del art. 24.1 C.E. en esta materia sólo concurre en los casos en que la inadmisión de un recurso se acuerda en contradicción con la norma legal o en base al incumplimiento de exigencias formales que merezcan la consideración de irracionales o no justificadas. Desde su punto de vista, el Tribunal Supremo razona impecablemente la inadmisión del recurso, que acuerda por no comprenderse la resolución, cuya casación se pretende, en ninguno de los apartados del art. 1.687.1 L.E.C., ni estar expresamente admitida por la Ley (art. 1.687.4). Es decir, concurre una causa legal para la inadmisión, cuya aplicación e interpretación es facultad exclusiva del Tribunal Supremo, sin que pueda calificarse de irracional o injustificada la aplicación del precepto realizada en el presente caso.
Se sostiene, por último, en el escrito de alegaciones de Mount Wright Iron Mines Co. Ltd. que la pretensión de la demandante en amparo de que se interprete el art. 1.687 en el sentido de que puede incluir, por analogía, Sentencias extranjeras no es admisible, porque esta supuesta «interpretación» estaría en contradicción con el tenor literal del precepto.
10. Solicitado el recibimiento a prueba del recurso por la representación de Mount Wright Iron Mines Co. Ltd., por otrosí de su escrito de alegaciones la Sección Tercera por providencia de 4 de marzo de 1993 acordó requerir a la parte demandada para que manifestase, dentro de un plazo de diez días, qué medios de prueba intenta recabar y la finalidad de los mismos. Mediante escrito registrado en este Tribunal el siguiente 1 de abril, la requerida renunció a lo solicitado y la Sección Tercera por providencia de 15 de abril de 1993, acordó incorporar a las actuaciones dicho escrito y declarar los autos conclusos para Sentencia para cuando por turno corresponda.
Ciertamente, este Tribunal ha afirmado en diversas ocasiones que los órganos jurisdiccionales han de interpretar la legalidad en el sentido más favorable a los derechos fundamentales y, en concreto, a la efectividad de la tutela judicial (SSTC 164/1986, 118/1987 y 157/1991), por lo que han de prescindir de formalismos susceptibles de enervar este derecho constitucional y privar a una parte del acceso a un recurso. Sin embargo, también hemos subrayado que la interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho fundamental, principio que aun debiendo guiar su interpretación no está exento de límites en cuanto canon de constitucionalidad ya que, de un lado, «presupone necesariamente que la norma aplicada permita otra interpretación alternativa a la elegida por el órgano judicial» (SSTC 32/1989 y 113/1990), pues en otro caso no se estaría protegiendo el derecho constitucional, sino confiriendo a las leyes un significado y alcance, que las propias leyes no tienen ni consienten (SSTC 1/1989 y 65/1989). De otro lado, aun existiendo tal presupuesto, ya se ha dicho que cuando la interpretación efectuada por el juzgador es razonable no cabe que pueda ser sustituida por otra que resulte más favorable a la efectividad del derecho constitucional (STC 113/1990), límite que posee una especial relevancia en esta sede constitucional.
En efecto, el art. 24.1 C.E. no ampara el acierto de las resoluciones judiciales en la aplicación de las leyes, cuyo control corresponde al propio sistema de recursos judiciales (SSTC 50/1988, 256/1988 y 210/1991). Y como ha declarado recientemente el Pleno de este Tribunal, tras recordar lo anterior, si la selección e interpretación de la norma aplicable al caso pertenece al ámbito de la función jurisdiccional, el posible error judicial en la interpretación y aplicación de la norma o la eventual infracción de la Ley o de la doctrina legal por el juzgador sólo pueden adquirir relieve constitucional, por entrañar una vulneración de la garantía que el art. 24.1 C.E. establece, cuando la decisión judicial sea manifiestamente irrazonable o arbitraria (STC 148/1994, fundamento jurídico 4.). De lo que claramente se desprende, en lo que respecta al derecho constitucional a los recursos, que a este Tribunal sólo le corresponde fiscalizar si la resolución del órgano judicial que ha denegado el acceso al recurso carece de toda motivación (SSTC 133/1989 y 18/1990, entre otras), se ha basado en una causa legal manifiestamente inexistente (SSTC 68/1983 y 192/1992, entre otras), ha desconocido arbitrariamente uno de los presupuestos o requisitos legales para el acceso al recurso (SSTC 43/1984, 140/1985, en relación con el proceso) o, en términos más generales, si ha llevado a cabo una interpretación y aplicación de alguna de las causas de inadmisión legalmente previstas que es manifiestamente irrazonable en sus fundamentos o arbitraria en sus resultados.
A) En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que la resolución impugnada ha recaído en un procedimiento relativo a la ejecución de la Sentencia dictada por un Tribunal extranjero, en la que se condenó a la entidad demandante de amparo al abono de ciertas cantidades. Por ello, cuando al amparo del principio de cooperación se trata de reconocer en España la resolución judicial dictada en otro Estado, para que dicha resolución pueda producir efectos jurídicos en el nuestro es preciso que se cumplan los requisitos o presupuestos previstos con carácter general en la Ley española (arts. 951 a 954 L.E.C.) o específicamente en un tratado internacional, a los que el Legislador subordina, en el ejercicio de su soberanía, la concesión del exequatur (SSTC 98/1984, 54/1988 y 132/1991). Sin embargo, una vez otorgado éste, como ha ocurrido en el presente caso, la ulterior ejecución de la Sentencia extranjera por parte de los órganos judiciales españoles ha de seguir los cauces procesales establecidos en nuestro ordenamiento (art. 958, párrafo 2., L.E.C.), incluidos los medios de ejecución y el sistema de recursos existente en esta materia.
B) Sentado lo anterior, ha de señalarse, en segundo término, que la resolución impugnada en este proceso constitucional, el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de abril de 1992, basó la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la entidad recurrente en el art. 1.687, núm. 2. en relación con el núm. 1., L.E.C.; afirmando que dicho precepto sólo admite el recurso de casación frente a los Autos dictados en apelación cuando se refieran a la ejecución de Sentencias recaídas en los juicios declarativos ordinarios de mayor y menor cuantía. Lo que excluye, a juicio de la Sala, que pueda llevarse a cabo una interpretación extensiva del mencionado precepto, dado que conforme a lo dispuesto en su núm. 2., en el ámbito del recurso de casación no tienen cabida ni otras Sentencias que las recaídas en los juicios declarativos mencionados ni tampoco, evidentemente, los Autos dimanados de un procedimiento de ejecución en España de una Sentencia extranjera.
Pues bien, frente a esta interpretación del art. 1.687, núm. 2., L.E.C., la demandante de amparo entiende que no es razonable, por haber partido de una injustificada discriminación entre los juicios seguidos en España y los seguidos en el extranjero y conducir en su resultado a una evidente limitación de la plena eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 C.E., en su dimensión de acceso a los recursos. A cuyo fin se sostiene por la recurrente que, si bien la norma citada se refiere literalmente a las Sentencias recaídas en «los juicios declarativos ordinarios de mayor y en los de menor cuantía», cabe interpretar que la voluntad del Legislador no es la de restringir el acceso al recurso de casación cuando el juicio se denomine literalmente «mayor cuantía» o «menor cuantía», sino la de limitarlo a aquellos supuestos en los cuales el proceso tenga naturaleza declarativa ordinaria y en los cuales el valor económico de lo debatido exceda de determinada cantidad. Interpretación que se juzga más conforme con el contenido del derecho constitucional vulnerado, ya que permite que los Autos dictados en apelación en los procedimientos de ejecución en España de Sentencias extranjeras tengan acceso a la casación, siempre que las Sentencias dimanen de un proceso de naturaleza declarativa ordinaria y en el que el valor de lo discutido exceda del límite cuantitativo fijado en dicho precepto.
4. De lo anterior se desprende claramente que el órgano jurisdiccional ha aplicado una causa de inadmisión legalmente prevista y ha motivado su decisión con base tanto en una interpretación literal del precepto aplicado como en la misma finalidad del recurso de casación. Mientras que la entidad ahora recurrente trata de fundamentar la solicitud de amparo a partir de una interpretación teleológica del mismo precepto que se apoya en el hecho de haberse seguido el previo proceso en otro Estado y según lo previsto en el ordenamiento extranjero; por lo que en la mayor parte de supuestos de ejecución de una Sentencia extranjera es posible que dicho proceso no se acomode ni en su denominación ni en su contenido a los cauces procesales previstos por el Legislador español.
5. En definitiva, el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de abril de 1992, que inadmitió el recurso de casación planteado por «Exploración Minera Internacional, S. A.», no ha vulnerado el derecho que el art. 24.1 reconoce, en su dimensión de derecho a los recursos. Y ello ha de conducir necesariamente a la desestimación del amparo solicitado por dicho entidad.
SAP Sevilla 230/2002, 8 de Octubre de 2002
STSJ Cataluña 8420/2007, 28 de Noviembre de 2007

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución