Source: http://conflictuslegum.blogspot.com/2018/07/tribunal-de-justicia-de-la-union-europea_16.html
Timestamp: 2019-05-23 08:42:56+00:00

Document:
-Asunto C-266/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) el 17 de abril de 2018 — Aqua med sp. z o.o. con domicilio en Opalenica / Irena Skóra
"1) ¿Debe comprender el examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional nacional de las cláusulas atributivas de competencia de un contrato celebrado con un consumidor y que encuentra acomodo en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores; en lo sucesivo, «Directiva 93/13») y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-243/08, Pannom GSM Zrt./Erzsebet Sustikne Gyórfi), también a aquellas cláusulas contractuales que regulan la cuestión de la competencia judicial para resolver los litigios entre las partes, pero con una remisión a las disposiciones del Derecho nacional?
2) En caso de una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe lograr el examen llevado a cabo por el órgano jurisdiccional la aplicación de las reglas de competencia, de modo que se garantice al consumidor la protección resultante del tenor de la Directiva y, por tanto, la posibilidad de que conozca del asunto el órgano jurisdiccional más próximo al domicilio/a la residencia habitual del consumidor?"
-Asunto C-311/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 9 de mayo de 2018 — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems
"1) ¿Es la normativa de la Unión [,incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»)], sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 TUE, apartado 2, respecto a la seguridad nacional, y 3, apartado 2, primer guion, de la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo, «Directiva»), en relación con la seguridad pública, la defensa y la seguridad del Estado, aplicable a la transferencia de datos personales en un contexto en el que una empresa privada de un Estado miembro de la Unión Europea transfiere, con arreglo a la Decisión 2010/87/UE, en su versión modificada por la Decisión 2016/2297 de la Comisión (en lo sucesivo, «Decisión CCT»), a una empresa privada de un tercer país datos personales con fines comerciales que pueden ser tratados posteriormente por las autoridades de ese tercer país no solo por razones de seguridad nacional, sino también a efectos de la aplicación de la ley y de la administración de los asuntos exteriores del país?
9) 1. A los efectos del artículo 25, apartado 6, de la Directiva, ¿constituye la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 (en lo sucesivo, «Decisión sobre el Escudo de la privacidad») una constatación de alcance general vinculante para las autoridades de protección de datos y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el sentido de que EE.UU., en virtud de su legislación nacional o de los compromisos internacionales que ha suscrito, garantiza un nivel de protección adecuado en el sentido del artículo 25, apartado 2, de la Directiva?
11. ¿Viola la Decisión CCT los artículos 7, 8 y/o 47 de la Carta?"
-Asunto C-325/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 17 de mayo de 2018 — Hampshire County Council / C.E., N.E.
"1) Cuando se alega que los padres u otros familiares de unos menores han trasladado indebidamente a estos fuera de su Estado de residencia habitual incumpliendo una resolución judicial dictada a instancias de una autoridad pública de dicho Estado, ¿puede dicha autoridad pública solicitar la ejecución de una resolución judicial de restitución a ese país de los menores ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, o ello supondría una elusión ilícita del artículo 11 de este mismo Reglamento y del Convenio de La Haya de 1980, o bien un abuso de Derecho o fraude de ley por parte de la autoridad de que se trata?
2) En un asunto relativo al régimen de ejecución previsto en el Reglamento nº 2201/2003 del Consejo, ¿existe la facultad de ampliar el plazo a efectos del artículo 33, apartado 5, de este mismo Reglamento, cuando el retraso sea, en esencia, mínimo y dicha ampliación habría sido concedida en virtud del Derecho procesal nacional?
3) Sin perjuicio de la segunda cuestión, cuando una autoridad pública extranjera traslada a los menores objeto de la controversia fuera del territorio de un Estado miembro en virtud de una resolución de ejecución dictada ex parte con arreglo al artículo 31 del Reglamento nº 2201/2003, pero antes de la notificación de dicha resolución a los padres, privándolos así de su derecho de solicitar la suspensión de tal resolución hasta que se resuelva el recurso, ¿resulta menoscabado el contenido esencial del derecho de los padres reconocido por el artículo 6 CEDH o el artículo 47 de la Carta, teniendo en cuenta que, en otro caso, dicha ampliación del plazo debería haberse concedido (a efectos de lo dispuesto en el artículo 33, apartado 5, del citado Reglamento)?"
-Asunto C-327/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 18 de mayo de 2018 — Minister for Justice and Equality / R O
"Habida cuenta de:
b) la incertidumbre en cuanto a los acuerdos que se celebrarán entre la Unión Europea y el Reino Unido para regir las relaciones tras la salida del Reino Unido, y
c) la consiguiente incertidumbre en cuanto a las posibilidades de que el demandado pueda disfrutar en la práctica de los derechos reconocidos en los Tratados, en la Carta o en la legislación pertinente en caso de ser entregado al Reino Unido y permanecer en prisión tras la salida del Reino Unido.
1) Se pregunta si el Derecho de la Unión obliga al Estado miembro requerido a rehusar la entrega al Reino Unido de una persona objeto de una orden de detención europea, aunque en cualquier otra circunstancia la legislación nacional del Estado miembro exigiría efectuar dicha entrega:
3) En el marco de la segunda cuestión, se pregunta si el órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido está obligado a posponer la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea hasta que exista mayor claridad sobre el régimen legal que vaya a entrar en vigor tras la retirada del Estado miembro requirente de la Unión:
iii) ¿en ningún caso?"
[DOUE C249, de 16.7.2018]
Etiquetas: D.Familia, D.Obligaciones, D.Persona, DOUE, DPCI, DPPI, Reglamento Bruselas II, TJUE

References: artículo 6
 artículo 25
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 33
 resolución 
 artículo 31
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 47
 artículo 33