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Timestamp: 2017-08-24 03:16:31+00:00

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Tribunal permanente de los pueblos - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
DeVer 445
Miércoles 30 de julio de 2008, por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Por segunda vez, Colombia es epicentro de una nueva sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos. En esta ocasión en un proceso de casi 3 años de trabajo de audiencias preparatorios, audiencias finales en los que se ha documentado con fundamentos de hecho y de derecho las actuaciones de más de 30 empresas transnacionales en Colombia, en las que es posible definir su responsabilidad en Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes y Daños Ambientales.
El Dictamen es un documento histórico, de memoria que rastrea uno de los aspectos ocultos de la estrategia paramilitar, sus benefactores o inspiradores de planes sistemáticos de destrucción de comunidades, de pueblos y de líderes y organizaciones sociales.
Es al mismo tiempo una expresión de objeción ética, de indignación en Derecho y razonable ante la persistente impunidad, la reingeniería criminal del Estado y la responsabilidad de Estados sobre el pasado y el presente de Colombia, en el que se clama y se construye desde los pueblos para el futuro: Verdad, Justicia, Reparación Integral y No Repetición,
Las y los invitamos a leer el Dictamen Final del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las Empresas Transnacionales y los Derechos de los Pueblos.
Bogotá, D.C. Julio 29 de 2008
Fundador	Presidente
EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN COLOMBIA, 2006 – 2008 SESIÓN FINAL
Bogotá, Auditorio Leon de Greiff, Universidad Nacional de Colombia
21 – 23 de julio de 2008.
E-mail:tribunale@internazionaleleliobasso.it – filb@iol.it
RELACIÓN DE ORGANIZACIONES PROMOTORAS Y PARTICIPANTES
EN EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS SESIÓN COLOMBIA
Organizaciones Promotoras y Participantes
El largo proceso de investigaciones, testimonios, informes que se ha desarrollado a lo largo de las seis Audiencias Especializadas (2006-2008) ha visto la participación activa de un espectro muy amplio y representativo de organizaciones promotoras, que incluyen, entre otras, las que están en el listado que sigue. Es preciso también de subrayar que la audiencia final de Bogotá ha sido atendida por 3250 personas acreditadas.
Acción Ecológica; Acción Permanente Por La Paz; Acikek; Acadehum; Adida, Antioquia; Afavit; Amnistía Internacional; Alebrije; App, Panamá; Asamblea Permanente De La Sociedad Civil Por La Paz; Asem, Barrancabermeja; Asipab; Asmulider, Bogotá; Asocandespo; Asociación Campesina De Antioquia; Asociación Colombiana De Abogados Defensores "Eduardo Umaña Mendoza"; Asociación Colombiana De Estudiantes Universitarios, Aceu; Asociación De Abogados Defensores De Derechos Humanos; Asociación De Mujeres, Palmira; Asociación Internacional De Jusirtas Demócratas; Asociación Nacional De Usuarios Campesinos Unidad Y Reconstrucción, Anuc Ur; Asociación Para La Investigación Y Acción Social "Nomadesc"; Asoinca, Popayán; Asoproa, Oriente Antioqueño; Asou’wa; Banco de datos, Armenia; Banderbilt University, Estados Unidos; Baso; Brigadas Internacionales De Paz; Cabildo Guambía; Cabildo Indígena Honduras, Cauca; Cahucopana; Campaña Prohibido Olvidar; Cedsala España; Central Unitaria De Trabajadores, Cut; Centro Cultural Caleidoscopio; Centro De Desarrollo Panafricano De Miami (Usa); Censat Agua Viva; Cepalc; Cgt, España; Christian Aid; Cima; Cinelibertad; Codhes; Codehsel; Colectivo Antígona, Univesridad Nacional; Colectivo Bachué; Colectivo Brecha; Colectivo Cable A Tierra; Colectivo Coliche, España; Colectivo De Abogados "José Alvear Restrepo"; Colectivo De Derechos Humanos "Semillas De Libertad", Codhesel; Colectivo Identidad; Colectivo La Colmena; Colectivo Maíz Rebelde, Bogotá; Colectivo Pensamiento Crítico; Colectivo Somos Sudacas; Colectivo Vivo Arte; Colegiatura De Abogados, Cali; Colegio Liceo Ecológico Del Norte; Colegio Manuela Beltrán, Valledupar; Colegio Saludcoop Sur; Colombia Solidarity Campaign, Reino Unido; Comisión Intereclesial De Justicia Y Paz; Comité De Integración Social Del Catatumbo, Cisca; Comité De Solidaridad Con América Latina, Asturias; Comité Internacionalista, País Vasco; Comité Nuruego De Solidaridad Con América Latina; Comité Permanente Por La Defensa De Los Derechos Humanos, Cpdh; Comité Pro Defensa De Taganga (Cooperativa De Pescadores, Corporación De Chinchorreros, Asociación De Profesionales, Expendedoras De Alimentos, Transportadores De Turistas, Grupo De Teatro, Junta Administradora Local, Asociación De Kioscos); Comité Sindical De Solidaridad Con Colombia, Nueva York; Comité De Solidaridad Con Los Presos Politicos; Comunidad De Paz De San José De Apartadó; Comunidad Hijas De San José; Comunidad Muisca; Comunidad De Autodeterminacion Vida Y Dignidad De Cacarica; Concejo Juventudes; Confederación Nindígena Tayrona; Consejo Regional Indígena De Caldas; Consejo Regional Indígena De Risaralda; Cooperacción; Coordinación De Jóvenes Del Cauca; Coordinador Nacional Agrario, Cna; Coordinadora Nacional De Desplazados, Cnd; Copdiconc; Corporación Alotropia; Corporación Ambientalista Bosque Montano; Corporación Aury Sara Marrugo; Corporación Avocar; Corporación Avre; Corporación Cactus; Corporación Claretiana; Corporación De Servicio A Proyectos De Desarrollo, Podion; Corporación Juridica Libertad; Corporación Niños Y Niñas Por La Paz; Corporación Nuevo Día; Corporación Pescar; Corporación Sembrar; Corporación Social Para La Asesoría Y Capacitación Comunitaria - Cospacc; Credhos; Cuba Labor Exchange; Defensoría Juvenil; Desde Abajo; Diócesis De Quibdó; Entrepueblos; Equipo De Educación Popular "Pañuelos En Rebeldía", Argentina; Escuela De Liderazgo Ambiental; Escuela Nacional Sindical; Escuela Popular De Jóvenes; Esg, Colonia; Federación Agrominera Del Sur De Bolívar, Fedeagromisbol; Federación Colombiana De Educadores, Fecode; Federación De Estudiantes De Agronomía; Federación De Estudiantes Universutarios, Feu; Federación Mixta De Pensionados De Antioquia Fempa; Federación Nacional De Trabajadores Al Servicio Del Estado - Fenaltrase; Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - Fensuagro; Federación Universitaria Nacional Comisiones; Foro Energético Latinoamericano Y Caribeño, Rep. Bolivariana De Venezuela; Frente Popular "Darío Santillán" Argentina; Forcoffes; Fumpaz; Fundación Bio Andina; Fundación Cese Al Fuego; Fundación Comité De Derechos Humanos "Joel Sierra" - Arauca; Fundación Comité De Solidaridad Con Los Presos Políticos; Fundación Fica; Fundación Franciscana Santo Tomás Moro; Fundación Jaide; Fundación San Isidro;Galería De La Memoria; Grupos Ecológicos De Risaralda; Grupos Estudiantiles Confederados, Bogotá; Hijos E Hijas; Human Rights Everywhere;Identidad Lafkenche, Chile; Iepri; Instituto Latinoamericano De Servicios Legales Alternativos, Ilsa; Instituto Nacional Sindical; Internacional De Servicios Públicos, Isp - Subregión Andina; Interpares, Canadá;Kairos;La Bruja Films;Mencoldes; Mesa Distrital De Servicios Públicos, Bogotá; Mesa Permanente Kofán; Movimiento De Víctimas De Crímenes De Estado; Movimiento Popular Regional; Movimiento Por La Defdensa De Los Derechos Del Pueblo Modep; Mujeres Por La Resistencia; Novib;Objetores De Onciencia; Observatorio De Derechos Indígenas; Observatorio De Megaproyectos De Pereira; Observatorio Internacional De Paz; Observatorio Social De Empresas Transnacionales, Megaproyectos Y Derechos Humanos En Colombia Oset; Observatorio Socioambiental, Pereira; Oficina De Derechos Sociales Seco, España; Opción Legal; Organización De Los Pueblos Indígenas De La Amazonía Colombiana Opiac; Organización De
Solidaridad Con Los Pueblos De Asia, África Y América Latina, Ospaaal; Organización De Vecinos De Onleyville; Organización Femenina Popular; Organización Indígena Kankuama Oik-; Organización Nacional Indígena De Colombia Onic; Organizaciones Sociales De Arauca (Asociación Departamental De Usuarios Campesinos Aduc-, Asociación Juvenil Y Estudiantil Regional Asojer, Cooperativa Agropecuaria Del Sarare -Cooagrosarare, Asociación De Juntas De Acción Comunal Asojuntas, Central Unitaria De Los Trabajadores De Colombia Cut, Seccional Arauca, Asociación Amanecer De Mujeres Por Arauca Amar); Oxfam; Pan Para El Mundo; Partido Comunista Colombiano; Pasc, Canadá; Pastoral De Trabajadores De Barrabcabermeja; Pastoral Social De La Diocesi De Quibdo; Pax Christi, Alemania; Paz Con Dignidad; Periódico Desafío; Periódico El Nuevo Oriente; Periódico El Turbión; Periódico Polo; Pescar; Planeta Paz; Plataforma Colombiana De Derechos Humanos, Democracia Y Desarrollo; Plataforma Rural; Polo Democrático Alternativo; Prensa Latina, Argentina; Prensa Rural; Proceso De Comunidades Negras De Colombia, Pcn; Productora Todos Los Pueblos; Project Councelling Service (Consejería En Proyectos) Pcs; Proyecto Nunca Más; Proyecto Aurora; Pueblo Nasa; Pueblo Wayuu; Pueblo Bari; Pueblo Embera; Pueblos UZWa; Pueblo Sikuani; Pueblo Kogi; Pueblo Wiwa; Rapalmira; Recalca; Red Colombiana De Acción Contra El Libre Comercio Y El Alca, Recalca; Red De Bibliotecas Comunitarias; Red De Organizaciones Comunitarias De Medellín; Red De Organizaciones Sociales De Bogotá; Red De Ususarios De Servicios Publicos De La Costa Caribe; Red Estudiantil Antorcha; Red Europea De Hermandad Y Solidaridad Con Colombia, Redher; Red Juvenil, Medellín; Red Revuelta; Reditoco; Semilleros De Investigación De Las Universidades Monserrate Y Distrital; Serpaj Colombia; Sindicato De Trabajadores Agrarios De Sumapaz, Sintrapaz; Sindicato De Trabajadores De Empresas De Servicios Públicos Sintraemsdes-; Sindicato De Trabajadores De La Empresa Minera De Colombia, Sintraminercol; Sindicato De Trabajadores De La Industria Del Tabaco Sintraintabaco; Sindicato De Trabajadores De La Industria Metalúrgica Sintrametal; Sindicato De Trabajadores De Las Electrificadoras De Colombia Sintraelecol; Sindicato De Trabajadores De Las Empresas Municipales De Cali Sintraemcali; Sindicato De Trabajadores Y Empleados Universitarios De Colombia Sintraunicol; Sindicato Nacional De Trabajadores De La Industria De Alimentos, Sinaltrainal; Sindicato Nacional De Trabajadores De La Industria Del Carbón Sintracarbón; Sindicato Nacional De Trabajadores Del Instituto De Seguros Sociales Sintraiss; Sintraclínica, Medellín; Sintradistritales; Sintraemsirva; Sintraicollantas, Cali; Sintrainquigas; Sintralimenticia; Sintramarítimo, Buenaventura; Sintrapresan; Siudat; Sociólogos Sin Fronteras; Solifonds/Unia; Somos Río; South Face News; Sutima, Medellín; Take Back The Land, Estados Unidos; Tejdhes; Tejido Comunicación; Telesur; Terra Nova; Territoriosur;Unidad De Amigos De Mosquera; Unimotor, Bucaramanga; Unión Sindical Obrera, Uso; Universidad En Realidad; Uoafroc;Veeduría "Ojo Al Parque"; Veedurías Ciudadanas.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un organismo internacional no gubernamental que se establece en el año 1979, como institución que tiene como misión específica la de transformar en permanente la función que había sido la de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976): garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional.
El derecho internacional es sin lugar a dudas un orden imperfecto, en desarrollo. Aún después de la institución de la Corte Penal Internacional, que ha excluido de su competencia los crímenes económicos, para muchas y quizás la mayoría de las acciones que se producen o coinciden con la violación de los derechos de vida de poblaciones no existe la posibilidad de formular juicios que tengan efectividad. Es el caso específico de todo el ámbito que se refiere a los crímenes de raíces y mecanismos económicos, que a lo largo de los últimos veinte años se han transformado visiblemente en una de las causas principales y más dramáticas de las violaciones de los derechos humanos.
La necesidad y la urgencia de una función promotora en este campo, que es central en esta sesión sobre el rol de las transnacionales, con respecto a los derechos de los pueblos en Colombia) han sido percibidas muy tempranamente por el TPP, a través de una serie de sesiones que han tratado sea los aspectos y los mecanismos más generales y doctrinales de la relación entre la pretensión de autonomía de la economía y la obligatoriedad de los derechos fundamentales, sea la calificación de sus impactos sobre la vida de las personas y los pueblos reales.
Cabe mencionar específicamente las dos sesiones dedicadas a las políticas del FMI y del BM (Berlín 1988; Madrid 1994), la sesión sobre la conquista de América Latina y las orígenes del derecho internacional (Venecia, 1992); el desastre de Bhopal y la irresponsabilidad corporativa (Bhopal, 1991; Londres, 1994); las corporaciones transnacionales y las industrias textiles, del vestido y de la indumentaria deportiva y sus impactos sobre los derechos laborales y el medioambiente (Bruselas, 1998); las malas prácticas de las corporaciones transnacionales (Warwick, 2001); y finalmente la audiencia sobre políticas neoliberales y transnacionales europeas en América Latina (Viena, 2006; Lima 2008), cuyas análisis y conclusiones integran las consideraciones y los criterios de juicio de esta sentencia.
El carácter de "opinión" del TPP explica bien por un lado la significación por el otro los límites de su actividad: no puede ejercer ninguna influencia que no sea lo que la opinión pública (es decir el sentido y el apoyo operativo de los pueblos) le puede garantizar; pero su misma existencia, que se enfrenta y pone en evidencias las lagunas de las prácticas del derecho a nivel nacional e internacional, subraya su legitimidad, en cuanto expresión de la soberanía de los pueblos del mundo y de los organismos de la sociedad civil, que es la fuente única de la autoridad de los mismos Estados.
Colombia es por segunda vez objeto de examen y enjuiciamiento por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos. Otra sesión de este mismo Tribunal se llevó a cabo entre 1989 y 1991 para enjuiciar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, en un ciclo de audiencias que involucró a doce países de América Latina, habiendo sido Colombia el primer país investigado y la sede de la sesión final deliberante que tuvo lugar en Bogotá del 22 al 25 de abril de 1991.
Quince años después el Tribunal ha aceptado volver a someter a su examen situaciones graves que afectan la vida y los derechos fundamentales de la mayoría de la población colombiana, pero esta vez dirigiendo su mirada específicamente hacia empresas transnacionales que actúan en Colombia y que se han ido involucrando también en prácticas violatorias de los derechos humanos más elementales, articulándose a las redes de violencia que hunden sus raíces en estrategias de Estado, incentivadas y patrocinadas por políticas hemisféricas que buscan legitimarse en imperativos de seguridad para los grandes inversionistas y empresarios.
Después de la aceptación en 2005 por parte del TPP de la acusación general formulada por un espectro muy representativo de asociaciones y grupos, a lo largo de más de dos años se han desarrollado seis audiencias temáticas, integradas por la pre-audiencia sobre la transnacional suiza Nestlé que tuvo lugar en la ciudad de Berna en el mes de octubre del 2005:
•	Transnacionales agroalimentarias (Bogotá 1 y 2 de abril de 2006)
•	Transnacionales mineras (Medellín, 10 y 11 de noviembre de 2006)
•	Transnacionales que afectan la biodiversidad (Zona Humanitaria de
Nueva Esperanza, cuenca del Río Cacarica en el Bajo Atrato chocoano, 25 y 26 de febrero 2007)
•	Transnacionales petroleras (Bogotá 3, 4 y 5 de agosto de 2007); Servicios Públicos (7 y 8 de abril de 2008)
•	Pueblos indígenas (Atánquez, Sierra Nevada de Santa Marta, 18 y 19 de julio de 2008).
Las notificaciones han sido entregadas específicamente al Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; a las transnacionales (y a las industrias nacionales con vínculos estrechos con transnacionales) reenviadas al final de las audiencias preliminares al juicio definitivo; a los representantes de los Estados donde se encuentran las casas madres de las mismas transnacionales Dos grupos (que no se habían reconocidos idóneos al reenvío al juicio final) han enviado sus motivaciones de defensa.
Otros cuatro grupos transnacionales han contestado para afirmar la falta de competencia jurídica formal de un tribunal de opinión, y su disponibilidad a observar solamente compromisos voluntarios (como los del Global Compact).
Las empresas examinadas en este juicio (según el orden en que fueron presentadas en las audiencias preliminares) son:
Las audiencias públicas de esta sesión del TPP se desarrollaron según el programa adjunto en el anexo 1, en los días 21 y 22. En la sesión se acreditó la participaron de 3.250 personas. El dictamen fue presentado en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, a las 4 pm del día 23.
•	Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), quien presidió la audiencia Premio Nobel por la Paz en 1980
•	Dalmo de Abreu Dallari (Brasil), profesor de derecho de la Universidad de Sao Paulo, miembro de la Comisión Internacional deJuristas, miembro del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana de la Presidencia de la República de Brasil
•	Marcelo Ferreira (Argentina), Profesor de Derechos Humanos de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
•	Francois Houtart (Bélgica), sociólogo, presidente del Centre Tricontinental de Lovaina (Cetri); miembro del Comité ejecutivo del Foro Social Mundial.
•	Franco Ippolito (Italia), Magistrado de la Corte Suprema de Casación de Italia, antes presidente de Magistratura Democrática y de la Asociación italiana de Juristas Democráticos; fue miembro del Consejo Superior de la Magistratura.
•	Lorenzo Muelas Hurtado (Colombia), autoridad tradicional del pueblo Guambiano, ex constituyente y ex senador indígena, Departamento del Cauca.
•	Juana Manquecura Aillapán (Chile), autoridad ancestral del pueblo mapuche, médica lawentuchefe, miembro del Parlamento del Koz-cok Mapu.
•	Vilma Núñez de Escorcia (Nicaragua), Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (1979-1988), Presidenta del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH); desde 1990,Vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
•	Antoni Pigrau Solé (España), Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
•	Bruno Rütsche (Suiza), secretario del Grupo de Trabajo Colombia- Suiza, Paz y Derechos Humanos.
•	Philippe Texier (Francia), Magistrado de la Corte de Casación de Francia y presidente del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU.
•	Gianni Tognoni (Italia), director de Investigación en Epidemiología y Salud Pùblica y Secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Desde la independencia, Colombia se ha caracterizado por una dualidad social: una monopolización de los poderes económicos, políticos, culturales por una minoría, esencialmente urbana y, del otro lado grandes masas rurales viviendo a un nivel de subsistencia. La injusticia social, imperante desde el periodo de la colonia, se profundizó durante el período neoliberal.
Según el informe del PNUD del 2007, 17 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza, y seis millones están en la indigencia teniendo que vivir con menos de un dólar por día y la distancia entre los más ricos y los más pobres va creciendo.
Desde el punto de vista político, dos partidos, el partido liberal y el partido conservador, reflejos de la burguesía y de la oligarquía han dirigido al país desde el siglo XIX, en alternancias más o menos regulares, concluyendo a veces un pacto oficial para compartir el poder (periodo conocido como el Frente Nacional).
No han permito nunca la expresión de una alternativa política. Cada vez que un líder político podía presentar la esperanza de un cambio real ha sido asesinado: Jorge Eliecer Gaitán, Carlos Galán y más recientemente Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarrro Leongomez o Bernardo Jaramillo.
La injusticia social, la imposibilidad de una alternativa real, explican entre otros factores, el nacimiento de movimientos insurgentes armados a principio de los años 60, después de la guerra civil desatada entre liberales y conservadores por el asesinato de Gaitán, conocida como periodo de "la violencia" que causó trescientos mil muertos.
A partir de los años setenta, el desarrollo del narcotráfico como un sistema que integra una gran parte de las estructuras sociales y económicas del país, se volvió un componente importante de la realidad político económico de Colombia.
Se organizaron importantes carteles, y las ganancias del negocio penetraron el conjunto de la estructura económica, con el reciclaje de dinero en el sistema financiero, en la construcción, y en casi todos los sectores de la economía. Penetró también el sistema político y la sociedad entera: fuerzas armadas, parlamento, justicia, gobierno.
Gran parte de la insurgencia se benefició también del narcotráfico, empezando por una tolerancia hacia los narcotraficantes, pasando luego por un periodo de beneficios indirectos y terminando por ser productores.
A lo largo de un conflicto de más de 40 años, los métodos de los grupos insurgentes, y en particular de las FARC EP se han degradado considerablemente: desde el cobro de impuesto al narcotráfico a las empresas nacionales o trasnacionales, hasta el secuestro sea político o puramente económico, el reclutamiento de niños y niñas menores, las ejecuciones sumarias.
Con la elección de Álvaro Uribe Vélez en el 2002 el conflicto se extendió una franja importante de la sociedad civil a través de la política de "seguridad democrática". El objetivo asumido de esta política es la solución militar del conflicto desde los primeros años, para llegar a esos objetivos, se utilizaron mecanismos o políticas que implicaban a la población civil en la guerra: redes de informante, soldados campesinos, entre otros.
A partir del 2004 se emprendió una operación de desmovilización de los paramilitares, acompañada de varias medidas legislativas que muchos organismos analizaron como una amnistía encubierta destinada a asegurar la impunidad de los paramilitares. La Ley 975 del 25 de Julio del 2005 denominada de "Justicia y Paz", permitió a pesar de la anulación de varias disposiciones por la Corte Constitucional en el 2006, que los principales jefes paramilitares escapen a las sanciones incurridas por crímenes de una particular gravedad. Este proceso de impunidad culminó el 13 de mayo del 2008, con la extradición de 14 de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC que les permitió eludir su responsabilidad hacia las numerosas víctimas de sus crímenes.
La complicidad del aparato estatal civil o militar, con el paramilitarismo, negada por el gobierno, ha sido demostrada por la justicia que investiga actualmente decenas de parlamentarios de la bancada uribista, incluyendo el propio primo del Presidente de la República, por colaboración con los organismos paramilitares. Hoy en día 37 parlamentarios están en la cárcel, entre ellos el hermano de la antigua Ministra de Relaciones Exteriores.
Entre las dos opciones posibles para el gobierno, negociar con la insurgencia y enfrentar el paramilitarismo, o profundizar la guerra contra la insurgencia y aliarse con los paramilitares, se escogió claramente la segunda.
También se escuchó en estas audiencias la memoria de numerosas víctimas, además de especialistas y expertos, lo cual permitió descifrar una política de las empresas y del Estado colombiano, muchas veces presionados por organismos multilaterales como el Banco Mundial, el FMI y el BID, de imponer las reglas de juego del capital por encima de cualquier valor humano y social y de la misma vida.
Se recordó, entre otros, a los sindicalistas de Coca-Cola, de Nestlé y de Drummond; a los 80 campesinos, afrodescendientes e indígenas sacrificados en la Operación Génesis para "limpiarle" los territorios ancestrales a las empresas madereras y palmeras que arrasaron con la biodiversidad de la región del Pacífico; a los numerosos indígenas sacrificados en las luchas del Cauca por la liberación de la Madre Tierra; las innumerables víctimas de resguardos indígenas y comunidades campesinas sacrificadas por el paramilitarismo al servicio de las empresas petroleras y mineras como la Anglo Gold Ashanti, la Kedhada, la B.P. en el Sur de Bolívar, en el Casanare, en el Putumayo, en el Macizo Colombiano, en el Eje Cafetero; a las innumerables víctimas del Urabá, del Bajo Atrato y del Magdalena a quienes los paramilitares financiados con los dineros de la Chiquita Brands y otras multinacionales asesinaron, desaparecieron y desplazaron; a los centenares de millares de pobladores que han visto deteriorarse irreversiblemente su calidad de vida, desde que empresas como Unión Fenosa, Canal Isabel II, Endesa, Aguas de Barcelona, compraron las empresas locales de acueducto y energía y sometieron a las reglas de juego de la rentabilidad privada servicios tan inherentes a la calidad de la vida.
Según estudios que fueron aportados al Tribunal, el primer momento de gran expansión de la inversión extranjera en Colombia se percibe en los años 50, cuando obedeciendo a una misión enviada por el gobierno de los Estados Unidos, la inversión extranjera se extiende a muchas ramas de la economía. En ese momento, el asesor técnico Lauchlin Currie, consideraba como eje de su estrategia la despoblación del campo y la urbanización intensiva, para lograr lo cual él sostenía que " la guerra puede tomar el lugar de un programa de movilidad acelerada". De hecho este modelo de desarrollo se impuso en un contexto de extrema violencia.
En los años 90 se introdujeron significativos cambios en la legalización para inversiones extranjeras, como también en la que regulaba la explotación de hidrocarburos. Se instauró un nuevo régimen cambiario que permitió un tratamiento tal a la inversión extranjera que la equiparaba a la nacional, permitiendo que tuvieran acceso a subsidios del Estado, a sus líneas de crédito y a utilizar sistemas especiales de importación / exportación estimulados por el Estado.
La inversión, en su mayoría proveniente de paraísos fiscales, se concentra en las finanzas, los servicios públicos, industria, minería e hidrocarburos. En este período la inversión extranjera pasa de 500 millones de dólares en 1990 a 6.966 millones en 1997, es decir, se da un crecimiento de 1.300%.
En 1996 un informe de la Embajada de los Estados Unidos, afirmaba: "la guerra ha minado la confianza de los inversionistas". A pesar de que esto no correspondía al altísimo nivel de inversión extranjera que había en ese momento, sí determinó una nueva política por parte del gobierno colombiano que se caracteriza por el afán de generar seguridad, confianza y estabilidad para las inversiones extranjeras.
Así se fue gestando una nueva estrategia que puso al Estado al servicio de las transnacionales, otorgó enormes ventajas a los inversionistas y recortó los derechos de los trabajadores y eliminó muchos derechos políticos. Esto tuvo su concreción en la llamada " política de seguridad democrática", eje de la política del actual gobierno, y en el Plan Colombia, que permitió el incremento de la ingerencia del control militar y político de los Estados Unidos en Colombia, que incluso se ha servido de empresas militares privadas basadas en un esquema de mercenariato internacional.
Este período, que se extiende hasta el momento actual, registra las cifras más altas de inversión extranjera en la historia de Colombia: en 2000 dicha cifra ascendió a 3768 millones de dólares y en 2005 llegó a 10.085 millones. Los giros al exterior por utilidades llegaron en el año 2000 a 673 millones de dólares y en el 2007 a 6.535, registrando un crecimiento cercano al 1000%.
Este período se caracteriza también por la venta masiva de las empresas del Estado a inversionistas extranjeros, transacciones en las cuales el Estado recaudó, sólo en los años 90, 12.406 millones de dólares. La transferencia de empresas estatales a inversionistas extranjeros no se ha realizado sin grandes mecanismos de corrupción, como pago de comisiones a los funcionarios que autorizan las privatizaciones; el "marchitamiento" de las empresas y la subvaloración de sus activos antes de su venta; el pago "leonino" ligado a los niveles de rentabilidad, etc.
Según un estudio del Banco Mundial de principios de esta década, el monto calculado de la corrupción estatal en Colombia llegaba a 2.800 millones de dólares anuales. También ha sido notoria la injerencia en asuntos políticos de los gobiernos de países en donde tienen sus sedes matrices las transnacionales, además promoviendo que dichas empresas no cumplan los estándares internacionales de Derechos Humanos que en sus países están obligados a respetar.
La toma de los mercados nacionales, de la infraestructura y de las finanzas por los capitales transnacionales, ha estado acompañada por formas de violencia brutal contra los trabajadores, especialmente los sindicalizados, y contra la población en general, usuaria de muchos servicios.
Se aprobaron leyes lesivas contra los trabajadores, arrebatándoles casi todos sus derechos conquistados en muchas décadas. El marco de terror dentro y fuera de las empresas fue complementado por la acción de los grupos paramilitares y los servicios de seguridad del mismo Estado, perpetrando un verdadero genocidio que ha costado la vida a cerca de 4.000 sindicalistas, en un período de 20 años, el desplazamiento forzado a más de 4 millones de pobladores y la salida del país de 5 millones de colombianos.
Muchos más sufrieron atentados, detenciones arbitrarias, torturas y amenazas de muerte. En este marco de terror se introdujeron la contratación temporal y la "tercerización", llegando a formas de semiesclavitud. 32% de los trabajadores laboran hoy día sin ningún tipo de contrato, el 60% son informales y el 44% no tiene ningún tipo de seguridad social La lógica de la economía transnacional en Colombia no difiere de la del resto del mundo que busca la más rápida rotación de capitales y procesos de acumulación a favor del 20% de la población capaz de consumir bienes y servicios sofisticados, en lugar de buscar una distribución más equitativa de la riqueza, un cuidado sostenible de la naturaleza y la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías.
En efecto, en 2007 el número de hambrientos en el mundo aumentó en 50 millones, según informe de la FAO.
Es un hecho que el derecho internacional se ha adaptado a los intereses de las transnacionales, como se evidencia en la OMC, el FMI y el BM. Hay que señalar que muchas de las firmas transnacionales que operan en Colombia, lo hacen en otros países con efectos similares.
Así, en el pasado, las transnacionales han apoyado a las dictaduras militares en muchos países de América Latina. En Indonesia, las empresas palmeras y madereras han destruido más del 80% de la selva original y expulsado 6 millones de pobladores con ayuda de paramilitares. En el Congo, dos guerras sucesivas causaron 4 millones de muertos, en gran parte por el control de las riquezas minerales explotadas por empresas que también actúan en Colombia, como la Anglo Gold Ashanti, Angloamerican, Glencore Xstrata, también con ayuda de ejércitos ilegales.
En los últimos diez años ha habido centenares de miles de muertos, 300.000 registrados oficialmente y la mitad de éstos causados por grupos paramilitares. Alrededor de 4000 sindicalistas han sido asesinados en Colombia en los últimos 20 años, lo que pone de relieve el severo riesgo al que están sometidos quienes defienden los derechos de los trabajadores.
Miles de indígenas y campesinos han sido asimismo asesinados en el contexto de campañas de terror dirigidas a forzar el abandono de sus tierras.
Los paramilitares asesinaron o desaparecieron a 1.060 personas cada año, sumando un total de 3.005 personas asesinadas, de las cuales 678 niñas y niños y 52 defensores de derechos humanos. Entre enero y diciembre de 2007 se han registrado 131 episodios de lo que se conoce como "falsos positivos", en los cuales se destruyó la vida de 211 personas, se torturó a 20 más y se hirió a otras 15.
La llamada política de seguridad democrática que promueve la implicación de los particulares en las tareas de seguridad ha servido de caldo de cultivo a esta dinámica, diluyendo la distinción entre combatientes y población civil esencial en el marco del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado (Artículo 214.2 de la Constitución Política de Colombia; Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolo Adicional II de 1977).
El artículo 214.2 de la Constitución colombiana dispone que "en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario"; La Corte Suprema de Colombia, en sus sentencias C-574/92 y C-088/93, ha afirmado que los Protocolos adicionales de 1977 a los convenio de Ginebra de 1949 forman parte del ius cogens y en ellos están contenidas las garantías para la protección de las víctimas en conflictos armados no internacionales y que en el constitucionalismo colombiano el derecho internacional humanitario debe ser entendido de manera amplia, esto es como el derecho de los conflictos armados, el cual comprende las dos ramas tradicionales: el derecho internacional humanitario, en sentido estricto y el derecho de guerra. Según la Corte "el derecho internacional humanitario contiene normas que limitan el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los medios y métodos utilizados en el combate, así como disposiciones encaminadas a proteger a las víctimas y a los bienes susceptibles de verse afectados por un conflicto armado" (C-574/92 M.P. Ciro Angarita Barón". Esta afirmación es valida para todas las partes en conflicto.
Pero además el Tribunal considera probado que existe un patrón generalizado de vinculación entre la estructura del Estado de Colombia y la actuación de los grupos armados paramilitares. Baste con mencionar aquí la propia legislación que facilitó su creación, las numerosas declaraciones de miembros de dichos grupos y de miembros de las fuerzas armadas en que se reconoce su colaboración mutua y las disposiciones legales y actuaciones judiciales que han tendido a facilitar la impunidad de sus integrantes.
Numerosos informes sobre violaciones de derechos humanos procedentes de fuentes intergubernamentales y no gubernamentales, así como distintas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo corroboran, pudiéndose mencionar aquí la sentencia de 5 de julio de 2004 en el caso "19 comerciantes", la sentencia de 12 de septiembre de 2005, en el Caso Gutiérrez Soler y la sentencia de 15 de septiembre de 2005 en el Caso de la "Masacre de Mapiripán", Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia de 31 de enero de 2006, en el caso de la "Masacre de Pueblo Bello" y la sentencia de 1 de julio de 2006, en el caso de las "Masacres de Ituango" .
En Colombia se han cometido numerosas masacres de conocimiento público, algunas de ellas en el marco de grandes operativos militares como fueron la "Operación Génesis", en el Chocó y Urabá o la "Tormenta del Atrato", en el Atrato, o el "Borrasca 1", en el territorio del pueblo Sikuani en el que actualmente se desarrolla el proyecto petrolero del bloque Capachos, propiedad de REPSOL. Entre las masacres están las de Honduras y La Negra, Ariari, Trujillo, Campo Hermoso, Río Sucio, Mapiripán, Pueblo Bello, la Rochela, Bahía Portete, Santo Domingo, La Cabuya, Tame (veredas Flor Amarillo, Piñalito y Clavo Charo), Cravo Norte, Caño Seco, Mulatos y la Resbalosa en San José de Apartadó, la Unión, El Aro y la Granja, o el Tigre.
El mismo 20 de julio, coincidiendo con las marchas masivas a favor de la libertad de los secuestrados y en plena sesión del Tribunal se ha conocido una nueva masacre de campesinos en Puerto Libertador, en Córdoba. Cabe destacar la persecución a que ha sido sometida la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, especialmente castigada por haber asumido una opción clara de no colaboración con los actores armados.
Entre los líderes sindicales asesinados se puede citar como ejemplos a los miembros de SINTRAMIENERGÉTICA, trabajadores de DRUMMOND, en el departamento del Cesar, CÁNDIDO MÉNDEZ, MANUEL ENRIQUE CHARRIS ARIZA VALMORE LACARNO RODRÍGUEZ, VÍCTOR HUGO ORCASITA AMAYA y GUSTAVO SOLER MORA. Los dirigentes de la USO, sindicato de ECOPETROL en Barranca Bermeja, Santander, MANUEL GUSTAVO CHACÓN SARMIENTO, RAFAEL JAIMES TORRA, JORGE ORLANDO HIGUITA, AURI SARÁ MARRUGO Y ENRIQUE ARELLANO.
También los dirigentes de SINALTRAINAL AVELINO ACHICANOY ERAZO, JOSE ELEASAR MANCO DAVID, LUIS ENRIQUE GIRALDO ARANGO, LUIS ENRIQUE GOMEZ GRANADO, ISIDRO SEGUNDO GIL GIL, GUILLERMO GOMEZ MAIGUAL, ADOLFO DE JESUS MUNERA LÓPEZ.
También los dirigentes de SINTRAELECOL IVÁN FRANCO, JAVIER JONÁS CARBONO MALDONADO; EDGAR MANUEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ; VÍCTOR CARRILLO, MARTÍN CONTRERAS QUINTERO, ADÁN ALBERTO PACHECO RODRÍGUEZ.
La extrema crueldad de algunos de los asesinatos puede ilustrarse con el caso de MARINO LÓPEZ MENA, a quien, en el marco de la Operación Génesis, le cortaron la cabeza y jugaron al fútbol con ella frente a su comunidad.
Además son numerosísimos los casos de personas heridas, mutiladas o torturadas a lo largo de estos últimos años, incluidos los que han sido víctimas de las minas antipersonales. El pueblo Awá en Nariño está especialmente afectado por este problema. Pero no es el único. Un caso especialmente llamativo es el proceso de exterminio del grupo político Unión Patriótica, que hasta el momento ha causado un total de 2.350 homicidios, 415 desapariciones forzadas y 377 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personas (totalizadas entre sobrevivientes de atentado personal y víctimas de tortura), además de amenazas, desplazamiento forzado y detenciones arbitrarias.
Si hubiera que elegir a una empresa especialmente implicada en todo este drama de muerte tal vez la más significada sea OCCIDENTAL CORPORATION, que opera en Colombia a través de sus filiales OCCIDENTAL DE COLOMBIA Y OCCIDENTAL ANDINA, y que es generalmente conocida como OXY. Esta empresa fue promotora del "Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado", más conocido como "Plan Colombia", beneficiaria directa de asistencia militar en el marco de dicho Plan, posee pistas de aterrizaje que son utilizadas en los operativos militares y forma parte, como única empresa presente, de organismos oficiales de coordinación de toda la estrategia y militar del Plan Colombia, como el Centro de Coordinación de Acción Integral, junto con el Gobierno de Colombia, la Embajada de los Estados Unidos, USAID y el Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, entre otras instituciones.
Sus funciones son ser el Centro Interinstitucional liderado por la Presidencia de la República, apoyado por la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur, que Garantiza legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía y Desarrolla acciones integrales de tipo económico y social para complementar la Política de Defensa y Seguridad Democrática en el marco de la Recuperación Social del Territorio."
En Colombia se estima que hay alrededor de cuatro millones de desplazados internos. Probablemente no es menor la cifra de las personas que han tenido que abandonar el país por motivos políticos o económicos. Se calcula que ese desplazamiento ha permitido la apropiación ilegitima de unos 4 millones de hectáreas, lo que equivale a un tercio de la superficie cultivable en Colombia.
Dichos espacios coinciden con las áreas de presencia paramilitar. Por ejemplo, la exploración y explotación petrolera ha significado el desplazamiento, la expulsión o la quasi extinción de gran parte de las comunidades indígenas (UWAS, SIKUANES, MACAGUANES, CUIBAS, GUAHIBOS, BETOYES, BARI, COFANES, NASA, INGA, EMBERA, EMBERA CHAMÍ, SIONA, AWÁ, PASTOS, CAMSÁ, YANACONA, CAMENTZÁ) de sus territorios ancestrales por la invasión y destrucción de los mismos.
En 1997 la población afrocolombiana de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó, fue expulsada de su territorio por paramilitares del bloque Elmer Cárdenas.
El territorio colectivo de estas comunidades fue ilegalmente ocupado por empresas de monocultivo de palma africana MULTIFRUITS y URAPALMA o la maderera MADERAS DEL DARIÉN. La conexión de reconocidos jefes paramilitares con estas empresas es directa.
Esta situación se ha agravado con posterioridad, siendo que en la actualidad las comunidades del Chocó denuncian la existencia de una campaña mediática de deslegitimación y tergiversación de la realidad, en virtud de la cual se pretende trocar los roles y colocar a las víctimas en situación de victimarios.
En efecto los desplazados que intentan recuperar sus tierras son presentados como apropiadores ilícitos asociados con la guerrilla, y las propias organizaciones comunitarias y religiosas del lugar son tildadas de usurpadores de tierras. Esta falsa información ha sido acogida y difundida por los medios masivos de comunicación sin confrontación de fuentes ni constatación alguna de su veracidad, lo que coloca a los desterrados del Chocó frente al escenario trágico de un segundo destierro.
Además, en el ámbito de las violaciones a la libertad hay que señalar numerosos casos de detenciones masivas y arbitrarias, de secuestros y desapariciones forzadas, y de reclutamiento forzado, como se deriva de numerosos testimonios presentados ante el Tribunal, que los han atribuido tanto al ejército como a grupos paramilitares. Como es mucho más notorio, por ser mucho más ampliamente difundido por los medios de comunicación nacionales e internacionales, la guerrilla también ha desarrollado una práctica de secuestros de personas civiles por razones económicas o políticas, una práctica que ha sido rechazada de manera clara por el propio movimiento de víctimas de los crímenes de Estado, que ha llamado a la guerrilla a reconsiderar estos métodos. Tales actos militares contra la población civil son contrarios al derecho internacional humanitario.
La vulneración del derecho a la libre circulación se articula también en las "zonas de exclusión" que se crean alrededor de las grandes explotaciones petroleras o mineras, en las que rige un virtual estado de guerra bajo el control directo de las fuerzas armadas y de seguridad privada. Se evidenció que esta situación se agrava por la arbitrariedad de los controles militares sobre las vías de paso y las restricciones de circulación de alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad, teniendo en cuenta que se trata de comunidades rurales muy pobres. Estas situaciones de confinamiento forzado se dan también por parte de otros actores armados.
Se han expuesto ante el tribunal comportamientos de algunas de las empresas estudiadas que desbordan con mucho lo que podría ser una mejora de las condiciones que permitan mejorar la eficiencia económica, por cuanto para el objetivo de incrementar los beneficios se llevan a cabo todo tipo de actividades legales, paralegales o directamente ilegales que ignoran de manera absoluta tanto los derechos de los trabajadores y de sus familias, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales, como el interés y respeto por las comunidades donde estas empresas operan.
En efecto se verifica una persecución sistemática de toda forma de actividad sindical, en el marco de una política de precarización del empleo y desguace de las redes de seguridad social, mediante despidos masivos, tercerización de vínculos laborales para diluir la responsabilidad de la empresa principal. En este sentido se destaca el desmantelamiento de la Unión Sindical Obrera, sindicato de ECOPETROL, incluido el asesinato de sus principales líderes sindicales ya descrito y el aniquilamiento de Sinaltrainal en CICOLAC-NESTLE. En el curso de la audiencia sobre servicios públicos el jurado vio imágenes fílmicas de la brutalidad policial para acallar la protesta de los trabajadores de la empresa Aguas de Cartagena, filial de la transnacional AGUAS DE BARCELONA (AGBAR).
Se ha demostrado también con claridad la simbiosis existente entre la estructura del Estado de Colombia y algunas de las empresas transnacionales analizadas, reflejada de manera muy visible en los flujos, que se dan en ambos sentidos, de dirigentes estatales y empresariales: así altas responsables de NESTLÉ pasaron a ser altos cargos en el Ministerio de Protección Social; un ex Procurador General que se negó, en el ejercicio de su cargo, a investigar muchas denuncias de los sindicalistas de Coca Cola, luego actuó como abogado de dicha empresa en procesos contra los dirigentes del sindicato en 2003.
Esta simbiosis se traduce en la práctica en una subordinación del Estado a las peticiones, necesidades o conveniencias de las empresas transnacionales estudiadas y se materializa en todos los poderes del Estado.
En el poder legislativo, mediante la adopción de normas legales dirigidas a dificultar la libertad sindical, a desregular la contratación y, en la práctica, a desmantelar el derecho del trabajo. En el poder judicial, mediante el bloqueo de los procedimientos abiertos desde los representantes de los trabajadores y mediante la cooperación en estrategias de acoso judicial, como el que lleva a cabo COCA-COLA. En el poder ejecutivo, mediante la parcialidad absoluta de los organismos gubernamentales, como lo prueba la actuación del Ministerio de Trabajo en el proceso coordinado de desmantelamiento del sindicato Sinaltrainal, de despido masivo de los trabajadores y de sustitución por trabajadores precarizados en la empresa de NESTLÉ en Valledupar.
A pesar de la reiteración de las denuncias en este sentido, la vinculación entre las empresas transnacionales y los grupos armados paramilitares no siempre es evidente. Un primer dato que no puede ser casual es la considerable coincidencia entre el mapa de recursos naturales valiosos de Colombia, el mapa de implantación de las grandes empresas multinacionales y el mapa de las zonas controladas por los grupos paramilitares.
En algunos casos, las evidencias son irrefutables, como es el caso de CHIQUITA BRANDS ya que fueron presentadas pruebas de que dicha empresa ha dado significativos aportes financieros a grupos paramilitares y en 2001 transportó 3000 fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles con destino a grupos paramilitares en Córdoba y Urabá, autores de varios miles de crímenes horrendos en dicha zona.
El tráfico de armas y la financiación de grupos armados, calificados en los Estados Unidos como grupos terroristas, ha sido reconocido por la misma empresa y ha conllevado la imposición de sanciones pecuniarias en dicho país. Las empresas ANGLO AMERICAN, BHP BILLITON y GLENCORE A.G. han reconocido expresamente que escogían al comandante del batallón encargado de la seguridad en la mina del Cerrejón.
En el caso de MULTIFRUITS S.A. Y CIA LTDA. la relación con el paramilitarismo parece clara por razones de parentesco, en la medida en que uno de sus socios es hermano de la persona que da nombre a uno de los bloques paramilitares.
En el caso de UNIÓN FENOSA distintos testimonios han coincidido en afirmar una relación con el paramilitarismo hasta el punto de permitir el ingreso de miembros de sus filas en puestos clave de la administración de sus empresas filiales ELECTROCOSTA, ENERGIA SOCIAL Y ELECTRICARIBE, con objeto de conocer al personal y a los dirigentes sindicales.
Dicha relación se ha visto confirmada por la confesión de un dirigente de las AUC en una carta a la Fiscalía General de la Nación. El documento describe un acuerdo entre UNIÓN FENOSA y el Bloque Norte de las AUC en dos fases: la primera tenía como objeto garantizar, por parte de la empresa, un mejor servicio de energía en aquellas áreas rurales y barrios marginados ubicados en sus zonas de influencia paramilitar; las AUC, a su vez, se comprometieron a garantizar una mayor seguridad para las infraestructuras eléctricas y "presionar" a los usuarios para facilitar el recaudo. La segunda fase "consistía en que los jefes de la AUC le exigieron a los funcionarios de UNIÓN FENOSA en Colombia, que se les permitiera el ingreso de algunas personas de su confianza en puesto claves de la administración de las empresas ELECTROCOSTA, ENERGÍA SOCIAL Y ELECTRICARIBE, de esa forma conocer a todos los trabajadores de esta empresas y en especial a los dirigentes sindicales, lo que permitiría por parte de ellos garantizarle una verdadera seguridad sin ningún riesgo para los miembros de UNIÓN FENOSA en Colombia y su patrimonio económico".
En muchos otros casos es la coincidencia o casi la sincronización entre las necesidades de las empresas y las actuaciones de los grupos paramilitares la que lleva a pensar, cuando menos en una colaboración informal. Así sucede cuando a la convocatoria de una huelga siguen las amenazas de los paramilitares; cuando los directivos de las empresas señalan con nombres y apellidos a algunos de sus trabajadores como colaboradores de la guerrilla, o como en el caso de Nestlé en Valledupar, de ser los responsables del bajo precio de compra de la leche por causa de sus demandas laborales, o cuando una parte significativa de los desaparecidos y asesinados son sindicalistas (cerca de 100 desde enero de 2005).
Resulta extremadamente reveladora en este sentido la ausencia de condenas de los crímenes por parte de las empresas estudiadas y la abstención de ejercer cualquier presión, a pesar de su fácil acceso al gobierno, para exigir responsabilidades por dichos crímenes. Resulta indiscutible que estas empresas han utilizado métodos, en sus relaciones con los trabajadores, que alientan la violencia y, sobretodo resulta claro que sus estrategias antisindicales se han beneficiado del clima de terror y violencia generado por los grupos paramilitares.
La situación de pobreza masiva en Colombia incide directamente en la posibilidad de alimentación de tal manera que una gran parte de la población colombiana presenta altos grados de desnutrición y hambre.
Millones de personas carecen de suficientes energías, proteínas y micronutrientes para satisfacer sus necesidades básicas de manutención, crecimiento y desarrollo corporal.
6 millones de colombianos, el 13% de los habitantes, soportan hambre severa y carecen de recursos necesarios para adquirir alimentos, según la FAO y el PMA, y otros 5 millones tienen un alto grado de desnutrición. Especialmente vulnerables son los niños de los que 2,5 millones tienen una nutrición insuficiente. Hasta mediados de los años 90, 147 de cada mil desnutridos de América Latina (un 14.7%) estaban en Colombia y a finales de esta década ya eran 173 de cada mil (un 17.3%).
Paradójicamente ello coincide con grandes proyectos de expansión de cultivos para la producción de agrocombustibles que, al parecer, pueden llevar a Colombia a encabezar la producción mundial.
Obviamente el fenómeno del desplazamiento masivo supone en sí ismo la pérdida de la vivienda, difícilmente reparable cuando la mayor parte de los desplazados tienen grandes dificultades económicas en sus nuevos lugares de ubicación.
En cuanto a los servicios de electricidad, en la zona de cobertura de UNIÓN FENOSA, las suspensiones del servicio son constantes, sin ninguna posibilidad de compensación.
UNIÓN FENOSA como parte de su estrategia, suspende y raciona el servicio a grandes sectores de usuarios, aunque algunos se encuentren al día en los pagos; adicionalmente, si consideran que el porcentaje de pagos en un bloque de usuarios es bajo, la empresa procede a retirar el transformador, dejando de prestar el servicio de manera permanente.
Por otra parte, desde la llegada de UNIÓN FENOSA a Colombia, se ha producido en la costa norte una alta tasa de mortalidad por electrocución, teniendo como víctimas sus trabajadores y usuarios.
Ello se deriva de la política laboral de las empresas ELECTRICARIBE y ELECTROCOSTA, pues se ejecutan los trabajos técnicos por parte de personal de contratista (dado que posibilitan el pago de salarios más bajos) que representan una mano de obra no calificada, lo que ha ocasionado una alta tasa de accidentes.
Por otra parte, se han denunciado prácticas repetidas de NESTLÉ de contaminación de las aguas. Entre otras, los vertidos en el río Bugalagrande de hidrocarburos y químicos (residuos de soda y acido fosfórico), materia fecal y residuos de café, a través de la planta de aguas residuales PETAR.
La misma situación se presenta con el río Guatapuri en Valledupar. Estos ríos desembocan en los Ríos Cauca y Magdalena, respectivamente, son dos grandes fuentes que surcan el país y que presentan graves problemas de contaminación con perjuicio para el ecosistema y los recursos naturales e ictiológicos, como lo han demostrado los análisis realizados. Igualmente se han registrados vertidos de desecho de malta por vencimiento en el relleno sanitario de Presidente Municipio de San Pedro, sin contar con el permiso de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, generando graves problemas ambientales.
Al parecer, mantiene una política de extracción irregular de aguas subterráneas en Bugalagrande, en pozos artesanos en uso; dejo otros 2 fuera de servicio: uno por contaminación con hidrocarburos y el otro por extinción del líquido.
Nestlé utiliza irracionalmente las aguas subterráneas para sus procesos, dejando los socavones cuando estos llegan a sus puntos mínimos de irrigación; extrae 10.000 metros cúbicos de agua subterránea de cada pozo por semana, en un total de 160.000 metros cúbicos al mes, que tienen un costo aproximado de $2.061.42.400, en el año esta cifra será de: $ 2.473.708.800 millones de pesos a la fecha. Son los dineros que deja de recibir la administración municipal.
4.4.1 Derecho a la propiedad colectiva de la tierra
•	La negación del reconocimiento como pueblos indígenas, como es el caso del pueblo Mocaná, del Departamento del Atlántico.
•	La ausencia de un reconocimiento automático de las cédulas emitidas por la corona española ni de la posesión histórica de la tierra.
•	La prolongación sin resultados efectivos de los procedimientos de legalización de los resguardos, agravada por la política gubernamental de no autorizar nuevos resguardos. Actualmente existen más de 400solicitudes de constitución de resguardos ante la Unidad Nacional de Tierras del Ministerio del Interior. Entre los pueblos más afectados por ello están los pueblos NASA, PASTOS, QUILLASINGAS, ZENÚES, YANACONAS, WIWAS, KANKUAMOS, KOGUIS y ARHUACOS.
•	El carácter colectivo de las costumbres y las formas de organización colectivas de los pueblos indígenas, entre otros factores, son determinantes de la naturaleza colectiva de sus derechos.
En el Caso Awas Tigni, la Corte Interamericana ha establecido claramente la naturaleza colectiva del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente poseen, sobre la base de la costumbre y posesión tradicional. Inclusive, la Corte estableció que como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro. [Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, 31/08/2001, párr. 150]
En el Caso de la Comunidad Sawhoyamaxa, el Tribunal ha concluido respecto de la posesión de tierras por parte de los pueblos indígenas, que:
1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de titulo legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe; y 4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas.
[TIDH,
Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, 29/03/2006, párr. 128] Finalmente, todo procedimiento administrativo creado a los efectos de conceder títulos de propiedad colectiva a los pueblos indígenas debe ser eficaz, expedito y de simple acceso. Al decir de la Corte Interamericana, de conformidad con el art. 2 de la Convención Americana los estados deberán instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas interesados. Para ello, la obligación general de garantía establecida en el art. 1.1 de dicho tratado impone a los Estados el deber de asegurar que los trámites de esos procedimientos sean accesibles y simples y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se le hagan en el marco de dichos procedimientos."
[TIDH, Caso de la Comunidad Yake Axa vs. Paraguay, 17/06/2005, párr. 102]
En la cosmovisión indígena el territorio representa el universo, esto es, lo que está encima del suelo, sobre el suelo y debajo del suelo. Incluye los recursos naturales renovables (fuentes de agua, madereros, flora y fauna) como los no renovables (minas, gas y petróleo).
El territorio está ligado a lo sagrado, al espacio de reproducción social, de supervivencia física, de trabajo, solidaridad, y en general al ejercicio de su autonomía. Por eso es especialmente importante subrayar este aspecto. La Corte Interamericana resaltó en el Caso de la Masacre Plan de Sánchez, que para los miembros de las comunidades indígenas la armonía con el ambiente se expresa por la relación espiritual que tienen con la tierra, la forma de manejo de los recursos y el profundo respeto a la naturaleza. [Caso de la Masacre Plan de Sanchez vs. Guatemala, 19/11/2004, párr. 85]
•	La adopción de leyes nacionales incompatibles con la Constitución colombiana, como la fallida Ley forestal, el código minero o el estatuto rural, entre otros, que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, recogidos en los tratados internacionales suscritos por Colombia.
•	La utilización de la violencia y de las amenazas, del terror contra personas civiles por parte de grupos armados, con frecuencia al servicio de las empresas transnacionales, como una situación generalizada en los pueblos indígenas, tanto para limpiar el territorio antes del inicio de actividades económicas, como para reprimir las expresiones de protestas contra las mismas.
•	La militarización del territorio, asociada a la implementación de grandes proyectos de explotación, especialmente los mineros, los petroleros y los agroindustriales que además precisan de proyectos de infraestructuras conexos. La presencia militar va acompañada de limitaciones de acceso a grandes áreas de territorio y de problemas de abastecimiento de bienes y servicios. Estas situaciones se dan entre otras, en las zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Guajira, Putumayo, Catatumbo y Arauca.
•	La ocupación de grandes extensiones de territorio para la introducción a gran escala de la palma africana para la obtención de agrocombustibles, especialmente en el Meta, en el Chocó y en la zona de Nariño.
•	La destrucción de formas de vida tradicionales (agricultura, pesca, caza) a causa de la explotación de los recursos y la contaminación antes citada. Por ejemplo, entre muchos otros casos, han sido muy afectadas la pesca de Taganga o las formas de vida del pueblo Sicuani.
4.4.2 Derecho a la propiedad colectiva sobre sus recursos naturales
Se constata un saqueo de los recursos naturales, tales como gas, carbón, minerales, petróleo, madera y biodiversidad que no parece tener límites, con una absoluta falta de consideración sobre el impacto ambiental y con la consecución del mayor lucro en el menor tiempo posible como único objetivo.
La destrucción de cultivos, de la pesca y del ganado a causa de la fumigación indiscriminada que ha afectado gravemente a 105 territorios indígenas entre 2000 y 2006. La acusación de la comunidad Awa sobre fumigaciones ha señalado que la aspersión aérea no discrimina entre cultivos lícitos e ilícitos. En efecto, según los propios datos de la página web del Ministerio de Defensa colombiano, surge que entre los años 1999 y 2006 se fumigaron con químicos 910.049 Hs en Colombia. El agroquímico utilizado es a esos efectos el Rand Up, cuyo agente químico es el Glifosato elaborado por la empresa transnacional MONSANTO. Pero lo que es más significativo: la fumigación, con frecuencia no se dirige contra los cultivos ilícitos, cuyo control está en poder de los sectores más poderosos del país; prueba de ello es el incremento de la producción ilícita de coca en un 20% en 2007.
El saqueo de los conocimientos ancestrales asociados a la biodiversidad y de material genético de los pueblos indígenas de Colombia, a través del proyecto Genoma Humano. En efecto, en Colombia, un equipo de investigadores del Instituto de Genética de la Universidad Pontificia Javeriana realizó colecciones de ADN en poblaciones indígenas.
Los equipos de colecta, en alianza con científicos norteamericanos, se presentaron como misiones médicas en poblaciones indígenas marginadas, en la Sierra Nevada de Santa Marta y la mayoría de regiones indígenas del país. Con las muestras de sangre colectadas, los investigadores extrajeron, almacenaron y transfirieron a laboratorios extranjeros el ADN de las poblaciones indígenas muestreadas. Una vez colectadas las muestras de sangre, los poseedores originales pierden todo control sobre su información genética; con las técnicas disponibles los genes se pueden clonar, experimentar y terceros pueden solicitar patentes cuando desarrollan aplicaciones comerciales o industriales con base en dicho material.
Las prácticas utilizadas para obtener las muestras en las comunidades indígenas violaron el principio de la dignidad humana reconocida en los diversos pactos sobre derechos humanos. No se siguieron protocolos para obtener el consentimiento informado previo. Nunca se informó qué estudios se realizarían con las muestras, mucho menos se dijo que los materiales serían transferidos fuera del país y podrían ser objeto de patente.
Similares procedimientos de extracción y engaño se siguen por los investigadores que entran a territorios indígenas, amparados por la amistad y confianza que han recibido, realizando colectas de plantas, animales e información sobre los usos, prácticas y aplicaciones sin obtener la autorización de las comunidades. Esta información luego es publicada o puesta en bases de datos públicas con lo que las comunidades pierden toda posibilidad de decidir sobre sus usos.
Las plantas colectadas pueden ser reproducidas y luego de realizar pequeñas modificaciones en su genoma, por fito mejoramiento clásico o mediante técnicas de ingeniería genética, terceros pueden apropiárselas mediante instrumentos de propiedad intelectual. Los cientos de años de selección, cultivo y trabajo colectivo asociado a las plantas pasan, en virtud de una pequeña intervención, a ser propiedad de compañías y particulares que utilizar la diversidad biológica y cultural para explotación industrial y comercial.
Los casos de la ayahuasca (Banisteriopsis spp), achiote (Bixa orellana), uña de gato (Uncaria tomentosa) y del frijól enola son apenas muestras de una tendencia generalizada de biopiratería.
4.4.3 Derecho al autogobierno y a la autonomía cultural
La ausencia de respeto a los lugares sagrados, con irrupciones de actores armados en ellos, proyectos de explotación de recursos en los mismos e incluso ataques armados contra dichos espacios. Ejemplos de ello son el proyecto de la empresa MURIEL en el Cerro Careperro, entre Chocó y Antioquia o la presencia de OCCIDENTAL PETROLEUM en territorio sagrado de los Uwa, o el proyecto de le empresa DRISA de la represa de Besotes, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
4.4.4 Derecho a la participación en los asuntos que les conciernen
El resultado de todo ello es la vulneración de las decisiones de los pueblos en ejercicio de su derecho de autogobierno y el incumplimiento generalizado de la obligación de consulta previa y la perversión de dicha figura. La consulta previa, casi nunca es previa, tiene poco de consulta y más de reunión publicitaria convocada por las propias empresas promotoras; solamente se dispone de la información que quieran facilitar los propios promotores y, con frecuencia, se recurre al engaño para obtener firmas indígenas para actas preparadas con antelación, o se utilizan estos procedimientos para promover la corrupción entre algunos representantes indígenas. A veces incluso se niega la presencia de dichos pueblos en la zona afectada, como es el caso de las operaciones de ECOPETROL en el territorio del pueblo Barí.
Además, nunca se incorporan auténticos acuerdos de compensación para los recursos ya explotados o los daños ya causados. Constituyen en general una auténtica burla al derecho de participación. Por estas razones, algunos representantes de pueblos indígenas rechazan la consulta previa, que consideran como una estrategia, de engaño, división y compra o corrupción de líderes en desmedro de la comunidad. Como consecuencia de ello, por toda Colombia se van imponiendo, uno tras otro, grandes proyectos de explotación de recursos, agroindustriales, de turismo y de infraestructuras que afectan de manera especialmente grave a los pueblos indígenas.
4.4.5 Derecho al desarrollo propio
Un caso significativo es el del Plan de Vida JUAN TAMA de las comunidades Nasa de Inzá. Este Plan de Vida reafirma la identidad cultural de los Nasa Wala y materializa una alternativa productiva legal para el uso de la hoja de coca. El proyecto ofrecía una ocupación productiva a más de 2000 familias. Las autoridades Naza de Inzá expidieron la Resolución 001 del 29 de junio de 2002 por medio de la cual autorizaron el Proyecto Coca Nasa para la producción y comercialización de productos lícitos derivados de la hoja de coca con lo cual el proyecto comenzó a ejecutarse.
El 31 de enero de 2007 el INVIMA, a través de la Subdirectora de Medicamentos y Productos Biológicos, y del Subdirector de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, expidió una orden prohibiendo la comercialización de productos elaborados con base en la hoja de coca como té, galletas, dulces y la gaseosa Coca Sek fuera de resguardos indígenas. Con este acto el INVIMA atacó la propia subsistencia y autonomía del pueblo indígena al prohibir un proyecto del Plan de Vida de las comunidades Nasa de Inzá. El proyecto había sido adoptado por la Asamblea de Indios o Nasa Wala al amparo de los arts. 286, 287 y 330 de la Constitución Polìtica y de los compromisos internacionales de Colombia que protege formas propias de gobierno de los pueblos indígenas. Este acto del INVIMA es un precedente que proscribe alternativas productivas legales y que condena a los pueblos indígenas a vivir en condiciones de exclusión económica, social y cultural.
4.4.6 Derecho a la existencia como pueblos
Del conjunto de pruebas aportadas al Tribunal en el curso de las audiencias se debe afirmar la existencia de una situación generalizada de impunidad, que en Colombia alcanza carácter estructural, merced al incumplimiento sistemático de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
En efecto, puede concluirse que la impunidad es la regla porque el Estado ha cobijado violaciones persistentes a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad –por naturaleza imprescriptibles-, lo que llevó a las víctimas a presentar acusaciones ante este Tribunal.
En este sentido, cabe recordar la doctrina sentada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, en la Audiencia sobre "Proceso a la impunidad de crímenes de lesa humanidad en América Latina ", celebrada en Bogotá entre los días 22 a 25 de abril de 1991. En esa oportunidad se destacó la existencia de un "verdadero estado de criminalidad… ejercido por el Estado mismo o por grupos para-oficiales", con la consecuencia de la destrucción del tejido social, merced a la violencia ejercida sobre "grupos sociales bien determinados: campesinos, obreros, y pobladores urbanos", y se estableció que "la población indígena es objeto específico de matanzas cercanas al genocidio" (Audiencia sobre "Proceso a la impunidad de crímenes de lesa humanidad en América Latina. Párr. 62)
Así observó "el establecimiento de una verdadera cultura de la violencia. Ella aparece como normal y la muerte por razones políticas pierde su verdadera dimensión, en especial para los medios de comunicación social que publican estos hechos a diario. El miedo a denunciar los crímenes y los responsables se traduce en el silencio de las personas afectadas. De esta forma, la destrucción del tejido social se convierte en desintegración cultural" (Párr. 64).
Y en ese orden de ideas concluyó con la severa advertencia de que "la impunidad institucionalizada puede poner en peligro los derechos y los espacios políticos adquiridos por la sociedad civil. Al crecer el desprestigio de gobiernos democráticos que no confrontan la impunidad, se estanca el proceso democratizador resultando perjudicado el ideal mismo de la democracia y el proceso social, cuando no del sistema político y hasta de la política en general. Se establecen entonces condiciones propias para la promoción y aceptación de falsas alternativas de carácter populista, caudillistas y de nuevos autoritarismos en general" (Párr 66).
La impunidad supone la violación de los derechos de las víctimas reconocidos, entre otros textos, en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la resolución 40/34 de la Asamblea General de la ONU, del 29 de noviembre de 1985, en la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2004/34 sobre El Derecho de Restitución, Indemnización y Rehabilitación de las Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales o en los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobados por la Comisión de Derechos Humanos, el 19 de abril de 2005.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la impunidad como "la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana"; y ha señalado que "el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todo los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares (Corte Interamericana de Derechos. Sentencia Paniagua Morales y otros, párr.173, y sentencia de reparaciones Loaiza Tamayo, párr. 168 y 170).
En el conocido caso Barrios Altos estableció que "la impunidad de los crímenes constituye por sí misma una violación a los derechos humanos… no está permitido a los Estado renunciar al deber de investigar, juzgar, y sancionar a través de la amnistía u otras prácticas que establezcan la impunidad"; y que […] son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos."
En el caso específico de Colombia la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en los casos conocidos como "19 comerciantes" (5 de julio de 2004), "Gutiérrez Soler" (12 de septiembre de 2005), "Masacre de Mapiripán" (15 de septiembre de 2005), "Masacre de Pueblo Bello" (31 de enero de 2006), "Masacre de Ituango" (1º de julio de 2006) y "Masacre de La Rochela" (11 de mayo de 2007).
En efecto, en el Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia, dejó establecida la responsabilidad internacional de Colombia "por haber emitido un marco legal a través del cual se propició la creación de grupos de autodefensa que derivaron en paramilitares y por la falta de adopción de todas las medidas necesarias para terminar de forma efectiva con la situación de riesgo creada por el propio Estado a través de dichas normas", como asimismo por "el incumplimiento de su deber de garantía por no haber adoptado medidas efectivas de prevención y protección de la población civil que se encontraba en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado respecto de grupos paramilitares" (párr. 78).
Y en el caso "19 comerciantes" concluyó que el Estado colombiano violó el derecho a la verdad. En este sentido, estableció que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares, en su caso, tienen el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas deben ser informados de todo lo sucedido en relación con dichas violaciones (párr. 261).
Del conjunto de documentos aportados y testimonios vertidos en el curso de las audiencias puede concluirse que la mentada situación de impunidad reconocida en los documentos internacionales citados, no solo se ha mantenido incólume, sino que se ha agravado de modo exponencial, en función del curso de los acontecimientos políticos, y la acumulación de poder incontrolado en manos del Estado y el monopolio de la información.
En efecto, las investigaciones no suelen exceder de la etapa preliminar, y en raros casos alcanzan sentencias firmes, en un marco de temor generalizado de los testigos e inoperancia, cuando no verdadera complicidad de las autoridades encargadas de investigar.
En este sentido, el Tribunal Permanente de los Pueblos recoge la invocación de las víctimas y el grito de indignación de una testigo: QUE NO QUEDE IMPUNE… QUE NUNCA MAS QUEDE IMPUNE UN DELITO DE LESA HUMANIDAD.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, tras un largo proceso de investigación y audiencias públicas, que se inició en Berna a finales del año 2005 y que ha continuado con varias audiencias temáticas realizadas en Colombia; Habiendo escuchado en audiencia pública a las organizaciones sociales y sindicales, a las organizaciones no gubernamentales, a los pueblos indígenas y a las víctimas; Habiendo analizado las denuncias, los testimonios y las peticiones, así como los alegatos de defensa presentados; Al amparo de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, los convenios y las declaraciones internacionales pertinentes y los principios y normas generales del derecho internacional público; En uso de las atribuciones que le otorga su Estatuto y por disposición y autorización de las personas, organizaciones, comunidades y pueblos participantes en esta sesión;
5.1 Considera primeramente imprescindible denunciar moral y éticamente a nivel mundial:
Las conductas y práctica políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, permitidas e implementadas por los Estados y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio que, con el pretexto de promover el crecimiento y desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, son causa del aumento de las desigualdades entre una minoría de poderosos y una extraordinaria mayoría que padece las consecuencias negativas de la globalización y alientan y permiten la invisibilización jurídica de las empresas multinacionales que hace muy difícil exigirles responsabilidades desde el derecho internacional; A las empresas transnacionales por las graves, claras y persistentes violaciones de los principios y normas generales y de los convenios internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades, nacionalidades, pueblos, familias y personas de los pueblos de América Latina.
5.2 Considera en este contexto general el caso específico de las transnacionales y de los derechos humanos en Colombia.
"Colombia: Un gobierno formalmente democrático, sobre el cual se cimenta una inusitada y persistente ejecución de Crímenes de Lesa Humanidad. La violencia institucional (Fuerzas Armadas y Organismos de Seguridad), parainstitucional (organismos paramilitares) y extrainstitucional (sicarios y asesinos a suelo), enmarcada en la Doctrina de la Seguridad Nacional y en la teoría del Conflicto de Baja Intensidad, persigue acabar con toda persona y organización social, gremial o política que confronte las injustas estructuras socio-económicas y políticas vigentes. El asesinato de líderes populares y políticos de oposición, la desaparición forzada, las masacres de campesinos, los bombardeos de zonas rurales, la detención ilegal, son varios de los instrumentos utilizados en la sistemática y permanente violación de los más elementales derechos. Los mecanismos de impunidad se expresan en el ocultamiento, por parte de las autoridades, de los victimarios; en la legalización de los grupos de autodefensa; en la ausencia de registro de personas capturadas y encarceladas en instalaciones militares; en la renuencia de las autoridades a recibir denuncias sobre hechos constitutivos de Crímenes de Lesa Humanidad; en el amedrentamiento de testigos o denunciantes; en la inexistencia de tipificación de delitos como el homicidio colectivo y la desaparición forzada; en el Fuero Militar, extensivo aún para delitos comunes cometidos "en virtud del servicio" por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; en la expedición de una legislación de quasi-indulto, indulto impropio o amnistía disfrazada para los paramilitares.
A todo lo anterior se suma la ausencia de voluntad política por parte del Estado, que por acción u omisión consciente permite y es protagonista principal de los Crímenes de Lesa Humanidad.
5.3. A LA VISTA DE LOS HECHOS PROBADOS, EL TRIBUNAL
•	Por establecer un marco legislativo que permite la violación del derecho al trabajo, que la Constitución política de Colombia de 1991 reconoce, así como de los derechos laborales reconocidos en diversas convenciones internacionales adoptadas en el marco de la OIT, como la nº 87 y la nº 98.
•	Por establecer un marco legal e institucional que permite las violación generalizada de los derechos civiles y políticos y delos derechos económicos sociales y culturales, reconocidos en los convenios internacionales, entre otros en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966.
•	Por violación de su deber de protección del medio ambiente establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991.
•	Por la vulneración de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno, a los derechos de participación y al desarrollo propio de los pueblos originarios.
•	Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de prácticas genocidas, en sus modalidades de: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Estas prácticas se concretan especialmente en el proceso de extinción de 28 comunidades indígenas, en el proceso de aniquilación del movimiento sindical colombiano y en el exterminio del grupo político Unión Patriótica.
•	Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en los siguientes: asesinato; exterminio; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y étnicos, en conexión con otros crímenes mencionados, y desaparición forzada de personas;
•	Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de crímenes de guerra, que se concretan especialmente en los recogidos en el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949 en relación con los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades: atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables.
•	Por incumplimiento de sus obligaciones de persecución del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y en particular de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reconocidos internacionalmente a las víctimas de dichos crímenes.
En cuanto a lo que denominamos participación indirecta es preciso recordar la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que "Es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tal responsabilidad puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder, órgano o agente estatal, independientemente de su jerarquía, que violen los derechos internacionalmente consagrados . Además, la Corte ha considerado que "un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención". Esto es aplicable a los crímenes cometidos por los grupos paramilitares por si mismos, mucho más cuando se han cometido conjuntamente con agentes del Estado.
EN LA MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS RESPONSABILIDADES A LAS EMPRESAS MATRICES Y A SUS FILIALES COLOMBIANAS SIGUIENTES:
COCA COLA, NESTLÉ, CHIQUITA BRANDS, DRUMMOND, CEMEX, HOLCIM, MURIEL MINING CORPORATION, GLENCOREXTRATA, ANGLO AMERICAN, BHP BILLINGTON, ANGLO GOLD ASHANTI, KEDHADA, SMURFIT KAPA – CARTÓN DE COLOMBIA, PIZANO S.A. Y SU FILIAL MADERAS DEL DARIÉN, URAPALMA S.A., MONSANTO, DYNCORP, MULTIFRUIT S.A. FILIAL DE LA TRANSNACIONA DEL MONTE, OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION, BRITISH PETROLEUM, REPSOL YPF, UNIÓN FENOSA, ENDESA, AGUAS DE BARCELONA, TELEFÓNICA, CANAL ISABEL II, CANAL DE SUEZ, ECOPETROL, PETROMINERALES, GRAN TIERRA ENERGY, BRISA S.A., EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, B2 GOLD COBRE Y ORO DE COLOMBIA S.A;
Las empresas transnacionales estudiadas han participado en distintos grados en las violaciones de derechos humanos que a continuación se les imputan. En unos casos, mediante una participación directa y activa; en otros mediante una participación como instigadores o como cómplices; en todos los casos, por lo menos, beneficiándose económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia y de las violaciones de derechos que en ese marco se han producido.
•	por violaciones graves y masivas de los derechos laborales, y específicamente de la libertad sindical; por desprecio de la dignidad y de la vida de los trabajadores y sus comunidades, así como por el respaldo a políticas empresariales que contribuyen al deterioro dramático de las condiciones de vida y salud de una parte creciente de la población colombiana.
•	por fraude a sus accionistas y a sus consumidores al asumir unos compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente en Colombia.
•	Por su participación en la degradación del medio ambiente en Colombia.
•	Por su participación como autores, cómplices o instigadores, en la comisión de práctica genocidas, en sus modalidades de: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Estas prácticas se concretan especialmente en el proceso de extinción de comunidades indígenas, en el proceso de aniquilación del movimiento sindical colombiano y en el exterminio del grupo político Unión Patriótica.
•	Por su participación como autores, cómplices o instigadores, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en los siguientes: asesinato; exterminio; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y étnicos, en conexión con otros crímenes mencionados, y desaparición forzada de personas; Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona vinculada a estas empresas es también individualmente responsable en el ámbito penal como autor o cómplice de aquellos crímenes de lesa humanidad en los que pueda haber participado.
A LOS ESTADOS CUYA NACIONALIDAD TIENEN LAS EMPRESAS MATRICES DE LAS TRANSNACIONALES ANALIZADAS:
•	por permitir e incluso avalar que dichas entidades jurídicas puedan incumplir en su actividad económica en otros países, como Colombia, los estándares internacionales de derechos humanos que en sus países de origen en todo caso serían obligadas a respetar.
AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
•	por su participación decisiva en los planos político, económico y militar, en la creación, el mantenimiento y en la impunidad de la situación que se ha denunciado.
Finalmente, el Tribunal quiere recordar que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra están considerados como los más graves por la comunidad internacional y por eso se ha atribuido competencia sobre los mismos a la Corte Penal Internacional. Se trata de crímenes imprescriptibles para los que no cabe ninguna exención de responsabilidad derivada de cualquier cargo oficial.
Por último es oportuno señalar que no solamente las víctimas pueden poner en conocimiento de la Fiscalía de la Corte los hechos denunciados, siempre que se trate de hechos producidos con posterioridad a 1 de julio de 2002, sino que de acuerdo con el Estatuto de Roma, cualquiera de los más de cien Estados parte pueden remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes, como la que vive Colombia.
Al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un Relator Especial para que presente un informe a la Asamblea General que contenga la propuesta de dar valor vinculante a las " Normas sobre las responsabilidades de las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos”, propuestas en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 26 de agosto de 2003. Para esta finalidad, debe constituirse un Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los crímenes económicos y ambientales ante el que las víctimas individuales o colectivas puedan constituirse como parte accionante legítima.
Frente a las prácticas de las ETN, la sociedad entera debe adoptar una posición ética y jurídica de rechazo al hambre, a la falta de vivienda, educación, salud, empleo, de seguridad alimentaria y, en general, de las situaciones infrahumanas de pobreza y de carencias absolutas que impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de dignidad.
Esto es, una actitud similar a la mantenida frente a acciones como la tortura o las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias.
El Tribunal considera importante señalar que - además del fortalecimiento de un poder judicial verdaderamente independiente de todos otros poderes - se está universalizando una nueva concepción del derecho y de la jurisdicción. En la moderna jurisprudencia ya no hay lugar para la superada concepción formal del derecho que permitió la degradación de las instituciones jurídicas y la utilización perversa de la ley como escudo para procedimientos contrarios a los derechos fundamentales de la personas, para el uso de la violencia en beneficio de privilegios inmorales y para dar apariencia de legitimidad a agresiones a la vida, a los derechos fundamentales y a la dignidad de seres humanos más frágiles y desprotegidos.
El constitucionalismo ha orientado todo el derecho hacia la garantía de la persona humana, centro y finalidad del ordenamiento, y ha producido una estrecha conexión entre humanismo y derecho y los juristas tienen la responsabilidad de promover en la práctica esta complementación.
La democracia no es solamente procedimiento electoral, sino también debate público, abierto a todos los componentes de la sociedad y a todo ciudadano y garantía de ejercicio libre de todos sus derechos. Ésta es la manera de que emerja y se forme la "razón pública" para individualizar y compartir un interés general. Hoy en día, el debate entre ciudadano y la participación efectiva han sido sustituidas por la televisión, a su vez monopolizada por grupos económicos. El ciudadano ha sido reducido a consumidor y espectador de la política hecha por políticos que se transforman en personajes del mundo televisivo. A menudo en las mismas manos se concentra el poder económico, el poder político y el poder de información: un poder enorme y desmesurado, que violenta y pervierte el proceso democrático e impide un verdadero debate público y la formación de una opinión libre del ciudadano. Lo que está pasando en muchos países, donde existe monopolio u oligopolio de la información y formación de la opinión publica, nos obliga a dudar que la actual pueda definirse como verdadera democracia.
Para corregir las tendencias perversas de las oligarquías políticas, cómplices o por lo menos condicionadas por el poder económico y financiero de las empresas transnacionales, y para tutelar a los más débiles de la presión de la mayoría intolerante, es necesario, por un lado, valorizar la dimensión supranacional e internacional de los ordenamientos y, por otro lado, poner el acento en los derechos de las personas, de los movimientos, de las asociaciones, que "desde abajo" constituyen una alternativa al modelo mercantil de la globalización salvaje.
•	Constitución Política de Colombia 1991
•	Ley 685 de 2005, del Código Minero
•	Ley 1021, de 2006, Ley Forestañ
•	La Ley 1152 de 2007, Estatuto de Desarrollo Rural
•	Paramilitarismo: Ley 418 de 1997, Ley 782 de 2002, Decreto 128 de 2003, Decreto 3360 de 2003, Decreto 2767 de 2004 y ley 1106 de 2006.
•	Ley 975 de Justicia y Paz, de 25 de julio de 2005
•	Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución 217 (III), 1948.
•	Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Resolución 260 A (III) AGNU, 9 de diciembre de 1948.
•	Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (n° 87), 9 de julio de 1948, Conferencia General de la OrganizaciónInternacional del Trabajo.
•	Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (N° 98), Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.
•	Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1949.
•	Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949.
•	Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Resolución 2106 A (XX) AGNU, 21 de diciembre de 1965.
•	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200 A (XXI) AGNU, 16 de diciembre de 1966.
•	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Resolución 2200 A (XXI) AGNU, 16 de diciembre de 1966.
•	Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969.
•	Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad, Resolución 3074 (XXVIII) AGNU, 3 de diciembre de 1973.
•	Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácterinternacional (Protocolo II), 8 de junio de 1977.
•	Directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales 1977.
•	Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Resolución 39/46 AGNU, 10 de diciembre de 1984.
•	Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Cartagena de Indias, Colombia, 12 de septiembre de 1985.
•	Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, Resolución 40/34 AGNU, 29 de noviembre de1985.
•	Declaración sobre el derecho al desarrollo, Resolución 41/128 AGNU, 4 de diciembre de 1986.
•	Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, C169, 1989.
•	Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación, y el entrenamiento de los mercenarios, Resolución 44/34 AGNU, 4 de diciembre de 1989.
•	Protocolo de Minnesota, de 1991, Manual de la ONU para la Prevención e Investigación efectivas de Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales, Arbitrarias o Legales.
•	Declaración de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992.
•	Convención de las Naciones Unidas sobre biodiversidad 1992.
•	Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, Resolución 47/135 AGNU, 18 dediciembre de 1992.
•	Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, OEA, Belem do Para, Brasil, 9 de junio de 1994.
•	Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, OEA, Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994.
•	Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, Conferencia General de la UNESCO, 11 de noviembre de 1997.
•	Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998.
•	Protocolo de Estambul, de 1999, Manual de la ONU para la investigación y documentación efectivas de la Tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
•	Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica, de 29 de enero de 2000.
•	Declaración del Milenio, Resolución 55/2 AGNU, 8 de septiembre de 2000.
•	Declaraciones realizadas por el Estado Colombiano en el momento del depósito de instrumentos de ratificación del Estatuto de Roma, 2 de agosto de 2002.
•	Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Resolución 57/199 AGNU, 18 de diciembre de 2002.
•	"Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos", Subcomisión de
•	Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Comisión de Derechos
•	Humanos de las Naciones Unidas, 13 de agosto de 2003.
•	"Acuerdo respecto a la entrega de personas de los Estados Unidos de América a la Corte Penal Internacional", entre los Estados Unidos de América y Colombia, de 17 de septiembre de 2003.
•	Resolución 60/1 AGNU, Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, 16 de septiembre de 2005.
•	Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Resolución 60/147 AGNU, 16 de diciembre de 2005.
•	Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 2006.
•	Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Resolución61/295 AGNU, de 13 de septiembre de 2007.
•	Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995
•	Caso 19 comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004
•	Resolución de 5 de julio de 2004, Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Colombia, Caso Pueblo Indígena Kankuamo
•	Caso Las Palmeras, Sentencia de 6 de diciembre de 2001
•	Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, Sentencia de 12 de septiembre de 2005
•	Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, Sentencia de 15 septiembre de 2005
•	Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006
•	Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006
•	Resolución de 30 de enero de 2007, Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Colombia, Asunto del Pueblo Indígena Kankuamo
•	Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, Sentencia de 11 de Mayo de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas)
•	Caso Escué Zapata vs. Colombia, Sentencia de 4 de julio de 2007, (Fondo, Reparaciones y Costas)
7.4. Informes de otros órganos internacionales pertinentes
•	ONU, Comisión de Derechos Humanos, "Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales", Informe definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, 45° período de sesiones, Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8.
•	Acuerdo relativo al establecimiento en Colombia de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, 29 de noviembre de 1996.
•	ONU; Question of the Human Rights of All Persons Subjected to Any Form of Detention or Imprisonment, Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Mr. Param Cumaraswamy, ADDENDUM, Report on the mission of the Special Rapporteur to Colombia, Doc. E/CN.4/1998/39/Add.2, 30 March 1998.
•	OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. 1999.
•	ONU, Comisión de Derechos Humanos, "El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales". Informe Final del Relator Especial, Sr. M. Cherif Bassiouni, presentado en virtud de la resolución 1999/93 de la Comisión, Doc. E/CN.4/2000/62.
•	ONU, Specific Groups and Individuals: Mass Exoduses and Displaced Persons, Report of the Representative of the Secretary-General on internally displaced persons submitted in accordance with Commission resolution 1999/47, Addendum, Profiles in displacement: follow-up mission to Colombia; Doc. E/CN.4/2000/83/Add.1, 11 January 2000.
•	ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales, Examen de los informes presentados por los Estados Partes, de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Colombia; Doc. E/C.12/1/Add.74, 6 de diciembre de 2001.
•	ONU, Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective, Violence against Women, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 2001/49, Addendum, Mission to Colombia (1-7 November 2001); Doc. E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 March 2002.
•	ONU, Promotion and Protection of Human Rights, Human Rights Defenders, Report submitted by Ms. Hina Jilani, Special Representative of the Secretary- General on human rights defenders, pursuant to Commission on Human Rights resolution 2000/61, Addendum, Mission to Colombia (23-31 October 2001); Doc. E/CN.4/2002/106/Add.2, 28 March 2002.
•	ONU, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seminario Internacional Verdad y Justicia en procesos de paz o transición a la democracia. Memorias, Bogotá, junio de 2003.
•	ONU, Comité contra la Tortura, Examen de los Informes presentados por los Estados Parte en virtud del Artículo 19 de la Convención, Conclusiones y Recomendaciones del Comité contra la Tortura, Colombia; Doc. CAT/C/CR/31/1, 4 de febrero de 2004.
•	ONU, Economic, Social And Cultural Rights, The right to education, Report submitted by Katarina Tomaševski, Special Rapporteur, Addendum, Mission to Colombia, (1-10 October 2003); Doc. E/CN.4/2004/45/Add.2, 17 February 2004.
•	ONU, Racism, racial discrimination, xenophobia and all forms of discrimination, Report by Mr. Doudou Diène, Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and relatedintolerance, Addendum, Mission to Colombia, Doc. E/CN.4/2004/18/Add.3, 24 February 2004.
•	ONU, Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, Colombia; Doc. CCPR/CO/80/COL, 26 de mayo de 2004.
•	ONU, Cuestiones Indígenas, Derechos humanos y cuestiones indígenas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, Adición, Misión a Colombia; Doc. E/CN.4/2005/88/Add.2, 10 November 2004.
•	OEA, Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, 13 diciembre 2004.
•	ONU, Derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Ambeyi Ligabo, Adición, Misión a Colombia,; Doc. E/CN.4/2005/64/Add.3, 26 November 2004.
•	ONU, Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005.
•	ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresastransnacionales y otras empresas comerciales; Doc. E/CN.4/2005/91.
•	ONU, Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y las ejecuciones sumarias, Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias, Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Adición, Misión a Colombia; Doc. E/CN.4/2006/56/Add.1, 17 de enero de 2006.
•	ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia; Doc. E/CN.4/2006/9, 20 de enero de 2006.
•	ONU, Informe provisional del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Doc. E/CN.4/2006/97 22 de febrero de 2006.
•	OEA, Sexto Informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 1 marzo 2006.
•	ONU, Comité de los Derechos del Niño, Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 44 de la Convención, Observaciones finales, Colombia; Doc. CRC/C/COL/CO/3, 8 de junio de 2006.
•	ONU, Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de Derechos Humanos", Informe presentado por el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Sr. Walter Kälin, Adición, Misión a Colombia; Doc. A/HRC/4/38/Add.3, 24 de enero de 2007.
•	ONU, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Colombia; Doc. CEDAW/C/COL/CO/6, 2 de febrero de 2007.
•	ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie, Las empresas y los derechos humanos: catálogo de las normas internacionales sobre responsabilidad y rendición de cuentas por actos cometidos por empresas; Doc. A/HRC/4/35, 19 de febrero de 2007.
•	ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Adición, Responsabilidades de los Estados en materia de regulación y arbitraje de las actividades empresariales con arreglo a los tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas: panorama general de los comentarios de los órganos creados en virtud de tratados; Doc. A/HRC/4/35/Add.1, 13 de febrero de 2007.
•	ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Adición 2, Responsabilidad empresarial con arreglo al derecho internacional y cuestiones relacionadas con la regulación extraterritorial: resumen de los seminarios jurídicos, Doc. A/HRC/4/35/Add.2, 15 de febrero de 2007.
•	ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Adición, Políticas de derechos humanos y prácticas de gestión: resultados de las encuestas realizadas a gobiernos y a las empresas de la lista Fortune Global 500; Doc. A/HRC/4/35/Add.3, 28 de febrero de 2007.
•	ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Adición, Reconocimiento de los derechos humanos por las empresas: tendencias mundiales, variaciones regionales y sectoriales, Doc. A/HRC/4/35/Add.4, 8 de febrero de 2007.
•	ONU, Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de Derechos Humanos", Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia; Doc. A/HRC/4/48, 5 de marzo de 2007.
•	ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia; Doc. A/HRC/7/39, 28 de febrero de 2008.
•	ONU, Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Nota preliminar sobre la misión al Ecuador y Colombia, Adición; Doc. A/HRC/7/11/Add.3, 4 de marzo de 2008.
7.5. Informes de organismos no gubernamentales
•	Declaración de Quito acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en América Latina y el Caribe, (24 de julio, 1998).
•	Internacional Council on Human Rights, "Más allá de los discrecional. Los derechos humanos y la emergencia de obligaciones legales internacionales para las empresas"; Versoix, Suiza, 2002.
•	Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) - Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) - Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos y Abogados sin Fronteras Francia (ASF), "Colombia: ¿Administración de la justicia... o de la impunidad?", Informe Misión internacional de investigación, Mayo 2003.
•	Amnistía Internacional, "Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?", Septiembre de 2005.
•	Escola de Cultura de Pau, "Empreses espanyoles a Colòmbia, Costos i Oportunitats en la construcció de la Pau i els Drets Humans", Generalitat de Catalunya – Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament – Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, desembre 2005.
•	Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe, Viena, 10-12 de mayo de 2006, Conclusiones.
•	Observatorio para la protección de los defensores de Derechos Humanos, "Colombia Las Tinieblas de la Impunidad: Muerte y Persecución a Los Defensores de Derechos Humanos." Misión internacional de investigación Situación de los defensores de derechos humanos en Colombia (13 al 18 de noviembre de 2006).
•	Coalición Colombia y Comisión Colombiana de Juristas, "Violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en contra de las niñas y los niños en Colombia 2005-2006", Bogotá, Colombia, febrero de 2007.
•	Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), "Colombia, La desmovilización paramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internacional", Octubre 2007.
•	Universidad de los Andes – International Alert, "Explorando el dividendo de la paz: Percepción de los impactos del conflicto armado en el sector privado colombiano. Resultados de una encuesta nacional", marzo 2008.
•	Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe, Lima, 13-16 de mayo de 2008, Dictamen.
Finalmente el Tribunal deja constancia del profundo impacto que le ha producido el comprobar que, a pesar de una situación muy trágica, que continúa desde muchos decenios, sigue viva una potente resistencia a las injusticias y una firme decisión de trabajar de forma continuada por superar la cultura del conflicto y de la guerra y promover la transformación de la sociedad para realizar un verdadero Estado constitucional social de derecho.
•	Fiscal de la Corte Penal Internacional
•	Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
•	Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Relatores especiales competentes para esa materia, Relator especial para la independencia de los magistrados y de los jueces y Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales
•	Europeo de Derechos Humanos Tribunal
•	Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	Presidentes de la Corte constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, Procurador general, Fiscal general y Defensor del pueblo de Colombia
•	Gobiernos de los Estados miembros y la Comisión y al Parlamento de la Unión Europea
DADO EN BOGOTÁ, COLOMBIA, EL 23 DE JULIO DE 2008
Operaciones armadas de tipo paramilitar en cercanías del PPT El Playón

References: Artículo 3
 artículo 214
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 artículo 3
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	Resolución 
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	Resolución 
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 Artículo 19
 artículo 40
 artículo 44
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