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La jurisprudencia: la verdadera Constitución en México, por Juan Carlos González Cancino. | Constitucionalistas Mexicanos Google+
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La jurisprudencia: la verdadera Constitución en México, por Juan Carlos González Cancino.
0 Jurisprudencia, Política 12:17
Mientras muchos discutimos si en México existe o no un bloque de constitucionalidad o si los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional o procuramos vislumbrar todos los alcances de la reforma constitucional de junio de dos mil once, en los tribunales del país sucede algo muy distinto, algo que hace que ese tipo de discusiones académicas sean solamente eso, aspectos que nunca saldrán de las aulas y que jamás describirán aquello que opera como la verdadera norma suprema en México.
El atributo esencial de una norma constitucional es la supremacía, ese atributo que hace que la constitución no pueda ser contrariada por el resto de las disposiciones jurídicas de un sistema y que convierte a la constitución en el fundamento de validez de todo el ordenamiento jurídico estatal.
En palabras del maestro Elisur Arteaga Nava (Derecho Constitucional, 2004, pág. 3):
Toda constitución, por el hecho de serlo, goza del atributo de ser suprema. Para poder constituir requiere estar por encima de toda institución jurídica, es preciso que todo le sea inferior; lo que no lo es, de una u otra forma, es parte de ella. En lo normativo a nada se le reconoce como superior a ésta.
De lo anterior se sigue que toda norma jurídica que no pueda ser subordinada por otras normas pertenecientes a un sistema jurídico y que por el contrario tenga la capacidad de imponerse de forma ineludible será suprema y por ende constitucional.
En este artículo planteo que el texto al que todos los mexicanos llamamos “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (en adelante CPEUM) no es la Constitución de México pues existe otra norma que es suprema y que no está subordinada al texto expedido por el Poder Constituyente de 1917.
La norma a la que me refiero es la jurisprudencia y para demostrar su supremacía citaré las disposiciones que la vuelven inatacable tornándola así en la verdadera norma constitucional de México.
En términos de los artículos 216 y 217 de la Ley de Amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los Plenos de Circuito son los órganos encargados de crear jurisprudencia:
Este artículo sería el equivalente al proemio de la Constitución expedida en 1917, que nos indica quién emite la norma suprema:
Ahora veamos algunos artículos que establecen la obligatoriedad del texto de 1917 y la obligatoriedad de la jurisprudencia:
CPEUM[1]
Artículo 97…
Esos artículos aluden a la obligatoriedad del texto del Constituyente de 1917, ahora veamos su equivalente para la jurisprudencia:
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria
para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito
es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.
A continuación citemos los preceptos que sirven para garantizar la supremacía en ambos casos:
Todos estos preceptos fueron emitidos por el Constituyente de 1917 con la intención de garantizar que no existiese norma jurídica alguna que infringiera la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el problema fue que no vislumbraron que la jurisprudencia sería la que destronaría al texto de 1917 y se erigiría como suprema.
Así como existen artículos que impiden contrariar la CPEUM también hay artículos que impiden contrariar o combatir a la jurisprudencia, por ejemplo las fracciones II y VI de la Ley de Amparo que establecen la improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos, incluida la jurisprudencia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito.
El lector podría pensar que estas fracciones de la Ley de Amparo no establecen la superioridad jerárquica de la jurisprudencia respecto de la constitución y ello es correcto, ya que esas fracciones solamente establecen el carácter irrecurrible de la jurisprudencia, pero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia consciente de lo anterior emitió la siguiente jurisprudencia:
¿Cuál es el efecto de esta “jurisprudencia”?
En primer lugar, este criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte tiene como consecuencia establecer la superioridad jerárquica de la jurisprudencia respecto de la “CPEUM”.
Explico esta idea: ya hemos visto que prácticamente que todos los órganos jurisdiccionales están obligados a observar la jurisprudencia en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, por lo tanto los recursos ordinarios locales (recurso de apelación, reclamación, reposición, etc.) no sirven para impugnar la anticonstitucionalidad de la jurisprudencia[2] y a lo mucho, lo que se puede lograr es que la jurisprudencia sea reemplazada por otra.
En ese contexto, es válido afirmar que esta jurisprudencia equivale al artículo 41 del documento expedido por el Constituyente de 1917 ya que tiene por efecto subordinar a las autoridades locales a lo dispuesto por la jurisprudencia emitida por órganos federales.
Continuando con la explicación, también se señaló que el juicio de amparo es improcedente respecto de los actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados. Entonces, lo cual reduce aún más los medios de impugnación, ya que la jurisprudencia y su aplicación no puede señalarse como acto reclamado en un juicio de amparo. Entonces ¿qué medio de impugnación queda? La respuesta es, el recurso de revisión que según lo establecido por el Constituyente de 1917 tiene por objeto analizar la constitucionalidad de normas generales (incluida la jurisprudencia) en términos del artículo 107 fracciones VIII y IX:
Artículo 107…
IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno.
Como se puede observar, si atendemos a las disposiciones del Constituyente de Querétaro de 1917 la anticonstitucionalidad de la jurisprudencia (en especial la de los Tribunales Colegiados y la de las Salas de la Suprema Corte) puede ser impugnada en el recurso de revisión, pues se trata de contrastar el texto de la jurisprudencia con el texto de la “CPEUM” y por ello un tema de constitucionalidad y no un tema de mera legalidad como lo afirma la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La crítica que habría que formular en contra del criterio de la Primera Sala es que una violación a la Constitución siempre será un tema de constitucionalidad y no de mera legalidad.
Al haber calificado la anticonstitucionalidad de una jurisprudencia como tema de mera legalidad la Primera Sala de la Suprema Corte hizo improcedente el recurso de revisión (pues se requiere un elemento de constitucionalidad para que el recurso tenga materia) y ya no pueden combatirse los criterios anticonstitucionales lo que implica subordinar el texto denominado “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” a la jurisprudencia, ya que de ahora en adelante los órganos de justicia se arreglarán a la jurisprudencia a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” emitiéndose así una norma que tiene el mismo efecto que el artículo 133 de lo que en 1917 era la Constitución:
Como ejemplo de esta superioridad jerárquica basta recordar que durante mucho tiempo la Suprema Corte de Justicia, único órgano soberano de este país, dijo que el artículo 133 no establecía el control difuso de constitucionalidad a pesar de que la literalidad de dicho artículo establecía la contrario, el rubro de la jurisprudencia referida era: CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.
En segundo lugar, el criterio de la Primera Sala[3] tiene por efecto establecer la inviolabilidad y permanencia de la jurisprudencia a manera del artículo 136 de la CPEUM ya que la jurisprudencia seguirá vigente aun ante las reformas “constitucionales”.
Para demostrar que la jurisprudencia es inviolable y permanente aún ante reformas “constitucionales” basta recordar que existe una infinidad de criterios anticonstitucionales que al no ser impugnables se siguen aplicando, pero quizás la prueba más contundente se encuentra en la contradicción de tesis 293/2011 que establece que ante una contradicción entre un derecho humano previsto en un tratado internacional y una restricción establecida en la “CPEUM” debe privilegiarse la restricción establecida por la “CPEUM” a pesar de que en junio de 2011 la “CPEUM” fue reformada mediante el procedimiento del artículo 135 y se estableció el principio pro persona que en teoría permitiría que la disposición más benéfica fuese la que resultare aplicable.
Creo que a estas alturas conviene replantearse algunas cosas, por ejemplo:
· ¿En verdad la constitución actual de México fue creada por el Congreso Constituyente de 1917?
· El concepto de “Constituyente Permanente” (que tradicionalmente se empleaba para designar a las autoridades que intervienen en el proceso de reforma constitucional a los que infundadamente se les calificaba de soberanos) es más adecuado para designar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues sus ministros en verdad son soberanos y sesionan cada semana, no en Querétaro pero si en la calle de Pino Suárez.
Termino este post con otra pregunta: si en México tenemos un órgano soberano que sesiona cada semana ¿realmente tenemos una constitución?
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[2] Solamente jueces locales realmente comprometidos con el Estado de Derecho han desaplicado la jurisprudencia anticonstitucional, aunque en ocasiones al llegar al juicio de amparo directo se “corrige” esta situación y se ordena volver a aplicar la jurisprudencia anticonstitucional.
[3] Refiriéndome a la tesis: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.

References: Artículo 97
 artículo 217
 artículo 41
 artículo 107

Artículo 107
 artículo 133
 artículo 133
 ARTÍCULO 133
 artículo 136
 artículo 135