Source: http://dr-gustavo-aramburu.blogspot.com/2013/10/
Timestamp: 2018-11-21 08:38:50+00:00

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DR. GUSTAVO ARAMBURU: octubre 2013
LEYES LABORALES QUE VIENEN
"Veraz mata Procrear": casi 1 de cada 4 personas no accede al plan por su situación crediticia
Insólito: a través de Google Earth vecinos descubren que su iglesia tiene forma de pene
Quedarían exentos de este incremento en la alícuota de las contribuciones patronales los sindicatos y obras sociales, y las empresas que no superen el límite de facturación para ser considerada Mediana Empresa dispuesto por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de Industria de la Nación
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 12:56 No hay comentarios:
VERAZ - SUS PROBLEMAS PARA ACCEDER A CREDITOS
La evolución de los distintos planes implementados por el kirchnerismo sigue dando tela para cortar, alimentando análisis y generando todo tipo de discusiones.
Y el programa de créditos para viviendas Procrear no es ajeno a ello. El último sorteo tuvo lugar a pocos días de las elecciones y su resultado trajo algunas "curiosidades" en varias provincias.
Sucede que - 24 horas después de conocidas las bolillas favorecidas por Lotería Nacional- en distintos puntos del país se constató que prácticamente uno de cuatro beneficiarios del plan no cumple con las exigencias que plantea la iniciativa.
En paralelo a estas restricciones, se incrementan las quejas por los sucesivos incrementos que han venido experimentando los terrenos, más allá de la Avenida General Paz.
De hecho, en ciudades de la provincia de Buenos Aires las inmobiliarias dan cuenta de aumentos que van desde el 20% al 30% a partir del lanzamiento de Procrear.
El repunte ha sido tal que incluso el viceministro de Economía, Axel Kicillof, anticipó que el Gobierno controlará la evolución de los precios de los terrenos junto con los intendentes de las distintas localidades.
Esta iniciativa apunta a desarticular la posibilidad de que se sigan incrementando las cotizaciones en aquellas zonas donde el acceso a la tierra puede ser problemático para las personas favorecidas con el crédito.
"Vamos a poner el ojo, no queremos que se genere más presión sobre los valores de los terrenos", indicó el funcionario, luego de advertir que en los últimos meses "no hubo una burbuja inmobiliaria pero sí un sobreprecio".
"Vamos a monitorearlos en lugares de alto poder adquisitivo, en zonas prósperas agrícolas, donde el acceso al terreno urbano es un problema", agregó.
A la par de este escenario de precios alcistas, se viene registrando un incremento en el número de beneficiarios que luego quedan excluidos por no calificar al figurar en el Veraz.
Sucede que muchos aspirantes al crédito quedan bochados al registrar algún tipo de deuda que los hacen figurar en ese registro.
"Al menos un 20% de los solicitantes pierde la posibilidad de acceder al plan por esta razón", precisaron a iProfesional fuentes bancarias de provincias tales como Mendoza.
Otro de los problemas que complican a quienes buscan acceder a los beneficios de Procrear radica en el Monotributo. Sucede que el programa del Gobierno, entre otras cuestiones, establece como condición que no se registren atrasos en el pago del tributo durante los últimos tres meses.
"Puede estar al día, haber pagado los tres meses juntos, pero el retraso ya es causal para que no se pueda acceder al crédito", señaló a iProfesional un ejecutivo bancario.
Figurar en el Veraz y registrar demoras en la cancelación del Monotributo no son las únicas complicaciones.
Por ejemplo, en Córdoba o en la citada Mendoza viene sucediendo que muchos de los que salen sorteados en los créditos para la construcción -y que pretenden hacerse de un lote- se quedan "cortos" de fondos, porque el valor de los terrenos ha venido subiendo.
Otro inconveniente que se repite, según indicaron desde la Cámara Inmobiliaria mendocina, es que los beneficiarios que pueden avanzar con las tratativas para la adquisición de la superficie a construir no logran cumplimentar con los requisitos dentro del plazo de 60 días estipulado. Es decir, no pueden escriturarlo a tiempo.
Éstas, sumadas a otras exigencias y limitaciones, hacen que entre el 25% y el 30% de los créditos no puedan ser finalmente otorgados y deban ser sorteados nuevamente a través del sistema de repechaje.
Por ejemplo, en la citada Mendoza serían entre 2.000 y 3.000 este tipo de créditos, sobre un total de casi 10.000 que resultaron favorecidos en el sorteo del 22 de octubre. Una situación similar se dio en San Juan, Santiago del Estero, Formosa y otros distritos.
En todos los casos, según pudo averiguar desde Procrear se informará a quiénes se inscribieron en la fecha en la que se hará el repechaje, su número de orden y de sorteo por correo electrónico.
Pero para eso deben pasar al menos 60 días, lapso en el que se depurará quiénes estarán en condiciones de acceder al crédito. Por esta razón, se estima que el próximo repechaje no tendrá lugar hasta 2014.
Inconvenientes y viveza criolla
Consultado por la gran cantidad de personas que quedan excluidas del plan oficial, José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario, sostuvo: "El número de gente que no logra calificar es muy elevado. Como las opciones que plantea el plan son muy ventajosas, se genera una expectativa enorme, al estar por cumplir el sueño de la casa propia, que luego no se materializa".
Como sucede en otros órdenes, no faltan los oportunistas que, conocida las trabas, ofrecen sus servicios para "limpiar" a quienes figuran en el Veraz y se ven impedidos de obtener el beneficio de Procrear.
En lugar de establecer una suma fija sujeta a las inconsistencias que se derivan de las variables económicas y la inflación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil decidió que la prestación alimentaria del padre debía fijarse en un porcentaje de sus ingresos.
En la causa “F. C. A. c/ M. G. M. s/ alimentos”, la parte actora y el Defensor de Menores apelaron la sentencia de primera instancia que había fijado en mil quinientos pesos la prestación alimentaria que el demandado debe abonar a favor de sus hijos T. A. A. y A. U. B.
En su apelación, la actora se agravió al considerar que el juez de grado no tuvo en consideración la conducta procesal del alimentante, quien no contestó la demanda iniciada y, en consecuencia, habría reconocido tácitamente los gastos liquidados.
Sumado a ello, la recurrente cuestionó que el magistrado no ponderara la situación socioeconómica imperante, y que no tuviera en cuenta su aporte en especie, consistente en el cuidado permanente de sus hijos que ella ejerce en forma unilateral y sin ayuda del demandado, circunstancia que le impide trabajar fuera de su hogar, ya que los niños -de dos y cuatro años de edad- requieren atención constante.
Los jueces que integran la Sala B explicaron que “la determinación del quantum de la cuota de alimentos debe contemplar la edad de los alimentados, necesidades de su desarrollo físico y socio-cultural, vivienda, vestimenta, enseres personales, esparcimiento y salud; sin perjuicio de tener en cuenta la capacidad económica del alimentante”, añadiendo que a ello que se trata de equilibrar “las necesidades de los niños, las posibilidades del Poder Judicial de la Nación emandado y la importancia del deber alimentario que deriva de la responsabilidad parental”.
En este marco conceptual, los camaristas remarcaron que “el hijo no necesita demostrar sus gastos para que proceda la fijación de alimentos en su favor, pues el análisis elemental de las necesidades que de modo ineludible deben ser atendidas puede formularse de acuerdo al público y notorio conocimiento de los costos de la vida”.
Sentado ello, el tribunal recordó que la obligación alimentaria se encuentra a cargo de ambos progenitores, por lo que cada uno debe contribuir para lograr satisfacer las necesidades de sus hijos en común.
Sin embargo, los jueces aclararon que ello “no autoriza a olvidar que en este caso la madre convive con los niños de modo exclusivo y permanente; lo que hace presumir que es ella quien se hace cargo de las necesidades cotidianas de T. y A. de un modo directo, a través de la cotidiana atención de los requerimientos de los niños, lo que implica una inversión de tiempo al que no debe restársele valor susceptible de apreciación pecuniaria”.
En el fallo dictado el 2 de octubre pasado, la nombrada Sala concluyó que “el aporte en especie de la madre es significativo y, en esa inteligencia, resulta indiscutible que la mayor contribución económica deba encontrarse a cargo del padre no conviviente”, por lo que hizo lugar al reclamo efectuado.
En cuanto a la determinación concreta de la pensión alimentaria de los menores, los magistrados resolvieron que “la prestación alimentaria del padre, en lugar de establecerse en una suma fija sujeta a las inconsistencias que se derivan de las variables económicas y la inflación, se determine en un porcentaje de sus ingresos”, fijando que la cuota alimentaria será equivalente a un treinta por ciento de los ingresos que percibe el alimentante por todo concepto, con la única deducción de los descuentos obligatorios de ley.
FALLO CUIT - AFIP
Como era de esperar, los Tribunales ya comenzaron a atender reclamos judiciales por la polémica medida de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de suspender la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de empresas que hayan incurrido en infracciones formales o materiales; o que estén sospechadas de evadir impuestos.
En este escenario, iProfesional accedió a los detalles de una nueva causa que refleja esta situación y sienta un importante precedente.
La misma involucra a la empresa Ceralia SRL que, luego de que le fuera suspendida su CUIT, presentó una acción de amparo en contra del organismo a cargo de Ricardo Echegaray solicitando el dictado de una medida cautelar para lograr la rehabilitación de la clave.
Frente a ello, el magistrado de Primera Instancia decidió hacer lugar a la solicitud y ordenó al fisco habilitar dicha clave por el plazo de sesenta días o hasta que se dicte sentencia definitiva en el marco del litigio.
No obstante, el fisco nacional apeló al considerar que no se daban los supuestos básicos para la procedencia de las medidas cautelares y que el amparo tampoco era la vía válida para este tipo de casos.
Por otra parte, la AFIP señaló que la empresa no realizó el reclamo administrativo previo exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo, de manera que propuso el rechazo in limine de la acción.
A tal efecto, los abogados del fisco sostuvieron que “la medida precautoria solicitada se traduce en un menoscabo de las facultades del fisco tendiente a dar cumplimiento al objetivo esencial de la norma: optimizar el control fiscal y contribuir a la lucha contra el lavado de dinero”.
Por último, la defensa de la AFIP hizo referencia a la nueva ley de cautelares contra el Estado que exige que se debe solicitar un informe del organismo estatal involucrado en el pleito.
Pese a ello, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba -Sala II, conformada por los jueces Ignacio María Vélez Funes, José Vicente Muscará y Carlos Julio Lascano- decidió que la medida cautelar debía mantenerse en pie.
El Tribunal tuvo en cuenta que la resolución impugnada fue dictada con anterioridad a la sanción de la nueva ley de cautelares, como así también que la misma norma postula que los procesos judiciales referidos a acciones de amparo estaban excluidos de su aplicación.
Para los camaristas, contrariamente a lo planteado por las autoridades tributarias, en este caso se daban los presupuestos de peligro en la demora y verosimilitud del derecho
“Se advierte que mediante la cancelación de la C.U.I.T. a la firma se le suspende su vinculación con la clave fiscal, viéndose imposibilitada la misma de ejercer cualquier acto con trascendencia tributaria”, consignó el fallo.
"Por lo tanto, con su accionar presuntamente arbitrario, la AFIP afectó el derecho de la parte actora al debido proceso, derecho a ser oída y a una decisión fundada”, aseveraron los magistrados.
En cuanto al peligro en la demora, la sentencia, dada a conocer por Diario Judicial, indicó que “la cancelación de la CUIT importa la imposibilidad de operar ante la AFIP y otros organismos del Estado, lo que provoca consecuencias disvaliosas a la actora, viéndose afectados sus derechos de acceso al trabajo, no requiriéndose en consecuencia más consideraciones al respecto”.
En consecuencia, al haberse configurado las dos causales exigidas por el ordenamiento procesal para el dictado de una medida cautelar, la Cámara Federal optó por confirmar la decisión. La misma fue adoptada por un plazo de tres meses, a fin de no desnaturalizar el carácter provisorio de las cautelares.
En la última semana, se dio a conocer una flamante norma interna que establece el procedimiento que siguen los agentes fiscales a la hora de rehabilitar la CUIT de las empresas que fueron suspendidas por el fisco nacional.
Puntualmente, la nota 4238/2013 fija las pautas de acción a seguir de acuerdo con el solicitante de la rehabilitación de la CUIT.
En primer término, refiere a los contribuyentes que, a fin de recuperar la clave, manifiesten a través de una multinota su voluntad de adherirse al blanqueo que rige hasta fin de año. De este modo, regularizarían las obligaciones que dieron origen a la suspensión.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil remarcó el deber del progenitor de aplicar absoluto empeño en la búsqueda de mayores medios de subsistencia, a la vez que aclaró que la progenitora no queda eximida de procurarse una actividad rentada para asistir en la medida de sus posibilidades a su hijo.
En el marco de la causa "L, M H y otro c/ V, R R s/ Alimentos", el juez de grado condenó al demandado a abonar la suma de tres mil seiscientos pesos en concepto de cuota alimentaria mensual, con más la obra social o el servicio de medicina prepaga, a favor de su hijo menor de edad.
Dicha decisión fue apelada por el Ministerio Público de la Nación por considerarla insuficiente, mientras que el accionado impugnó tal resolución por estimarla excesiva. El alimentante alegó en sus agravios que sus ingresos reales y nivel de vida distan mucho de los considerados por el juez de grado, a la vez que apuntó a contrastar la prestación fijada con las reales necesidades de su hijo acordes con la edad del mismo (cinco años y dos meses al presente), y la total falta de predisposición de la progenitora para realizar tareas remuneradas y asumir la asistencia del menor. A su vez, el demandado pretendió derogar el efecto retroactivo de la sentencia de grado.
Los magistrados que componen la Sala G remarcaron en primer lugar que “el deber alimentario es uno de los deberes que se impone a los padres como contenido de la patria potestad y no está sujeta a la prueba de la necesidad por parte del reclamante”, agregando a ello que “la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, vestido, habitación, asistencia, gastos por enfermedades, educación y esparcimiento (cfr. art. 267 del Código Civil)”.
Con relación al caso bajo análisis, los camaristas explicaron que “apreciado el caso con óptica totalizadora, queda claro que el principal peso en materia de cuidado y manutención del niño ha recaído sobre la madre”.
En tal sentido, los magistrados señalaron que si bien “los arts. 264, inc. 1°, 265 y 267 de la ley sustantiva, conducen a una virtual equiparación de derechos y deberes entre hombre y mujer en materia alimentaria; y evidencian la existencia de una obligación impuesta por la ley para ambos progenitores”, ello “no importa que la contribución deba realizarse en exacta equivalencia, desde que el art. 265 establece que ambos padres deben alimentos a sus hijos "conforme a su condición y fortuna"”.
Tras aclarar que lo expuesto no exime a la progenitora de procurarse una actividad rentada para asistir en la medida de sus posibilidades a su hijo, la mencionada Sala concluyó en el fallo del 12 de septiembre pasado, que la cuota fijada en la anterior instancia resulta adecuada al presente caso.
Por último, con relación al efecto retroactivo de la sentencia de alimentos a la época de la mediación, los camaristas explicaron que “la cuestión que intenta introducir el apelante remite al descuento de los pagos y gastos anteriores a la sentencia tópico que, a todo evento, oportunamente deberá formar parte de la liquidación de las cuotas devengadas y/o atrasadas y su discusión (si la hubiere), pero no justifica la modificación del efecto retroactivo fallado en la sentencia”.
MOBBING - ACTITUD DISCRIMINATORIA EMPRESA
En este escenario, un nuevo fallo de la Cámara laboral de cuenta de esta situación condenando a la empresa a indemnizar a una dependiente luego de haberla aislado en su propio ambiente de trabajo, tras 10 años de trabajo, dejándola sin asignación de labores y lejos de sus compañeros. Para leer el fallo completo, provisto por elDial.com, haga clic aquí
La violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, limitando total o parcialmente a ésta el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.
En el ámbito laboral, el artículo 6, inciso c, establece como "violencia laboral contra las mujeres a aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo".
Constituye también violencia contra las mujeres dicho ámbito quebrantar el principio de igual remuneración por igual tarea o función, agrega la norma, y enfatiza que "incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada dependiente con el fin de lograr su exclusión laboral", explicaron Marta Brodsky de Petric y Matías Fisolo, colaboradores de elDial.com.
Finalmente, los expertos plantearon un interrogante: ¿Qué sucede si las provincias no han adherido aún a dicha ley y no han dictado normativa procesal al respecto?. Y concluyeron que estas disposiciones van en desmedro las empleadas víctimas de violencia, pues la propia la Ley 26.485 contiene normativa procesal de carácter tuitivo respecto a éstas.
Asimismo, remarcaron que el Decreto 2011/2010 -al reglamentar el mencionado artículo- aclara que: "Se considera discriminación en el ámbito laboral cualquier omisión, acción consumada o amenaza que tenga por fin o por resultado provocar distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos mencionados en la ley que se reglamenta o en cualquier otro motivo que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato, empleo u ocupación de las mujeres".
En el mismo sentido, indicaron que se entiende como "discriminatoria" a la exigencia, tanto sea para acceder como para mantener un contrato de trabajo, de cualquier condición inherente a la pertenencia de género.
Por otro lado, señalaron que se considera hostigamiento psicológico a toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a una trabajadora, sea como amenaza o acción consumada, y que puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores...".
Por último, en cuanto al aspecto probatorio, los especialistas consultados por iProfesional indicaron que en casos de discriminación, los jueces flexibilizan la carga probatoria y ante la duda se beneficia a la víctima de violencia, aspectos que se vinculan específicamente con la teoría de la carga dinámica de la prueba y, más concretamente, con las últimas reformas legislativas en materia de interpretación y aplicación de las normas laborales, particularmente respecto de los arts. 9 y 17 bis LCT.
reclamos y los pedidos de indemnización por incumplimientos en las compras online
"El inconveniente central es que uno queda prisionero de la buena fe del vendedor. La desprotección es total. Los sitios de intermediación, entre sus condiciones, deslindan cualquier responsabilidad, por lo que la producción de prueba para reclamar es muy difícil", señaló a iProfesional Fernando Blanco Muiño, titular de UCA.
Asimismo, los expertos consultados señalaron que las mismas particularidades de esta modalidad de compra puede aparejar o no, según el caso, algunos conflictos derivados de la existencia de un espacio y un tiempo con significado normativo, la privacidad, la documentación de las transacciones y la firma digital.
Sin embargo, aún cuando las transacciones online van ganando adeptos, por la comodidad de poder comprar desde el hogar o el trabajo, en la Argentina o en cualquier país, y en cualquier horario -muchas veces tentados por interesantes promociones que buscan incentivar esta modalidad-, los consumidores "digitales" enfrentan una enorme desventaja: no cuentan con una legislación específica que los proteja.
Al respecto, la experta María Cecilia Muiño Matienzo señaló que "es una necesidad urgente la contemplación legislativa para el comercio realizado por medios electrónicos".
"Estos vacíos significan piedras en el camino de la modernización, en las formas de comerciar, porque nadie querrá gozar de los beneficios de este medio si no está seguro de poder realizar una transacción comercial efectiva y protegida por una legislación que brinde seguridad en el tráfico", agregó.
"Hasta tanto no exista, por disposición del derecho civil debemos recurrir primero a la palabra, el espíritu de la ley, luego a las leyes análogas, y si aún fuere dudosa la situación, a los principios generales del derecho según las circunstancias de cada caso", remarcó.
Así las cosas, la prueba de la cognición se lograría "a través de un sencillo programa anexo, como el que usan los servicios de tarjetas de felicitación electrónicos, en los que está la posibilidad de que sea notificado el emisor el momento en el que la tarjeta fue leída por el destinatario", aclaró la experta.
"Corresponde destacar que aún cuando estos sitios hayan incluido dentro de las condiciones generales de contratación una cláusula de exoneración de la responsabilidad civil, aquella debe tenerse por no escrita conforme lo prescripto por el artículo 37 de LDC", indicó Celeste Fernández, colaboradora de IJ Editores.
"El fundamento en el cual se sustenta la responsabilidad en cabeza de estas plataformas, no radica únicamente en su integración en la cadena de comercialización, sino en lo que se denomina la "teoría del riesgo provecho", es decir, que el legislador pone la indemnización de los daños a cargo de quién obtiene ventajas de la realización de cierta actividad", puntualizó la especialista.
Sobre este punto agregó que "se requieren algunas modificaciones en torno a la formación del consentimiento, específicamente porque el comercio electrónico no queda bien incorporado en las normas actualmente vigentes".
"No es la Ley de Protección al Consumidor la llamada a suplir este vacío. Su ámbito, en materia de contratación electrónica debiera quedar circunscrito a la información sobre los proveedores electrónicos, los productos que se ofrecen y los procesos de adquisición", indicó la experta.
Y consideró que "debiera ponerse a disposición del consumidor de manera que su expresión de voluntad, a través de un medio aceptado por él, sea plenamente informada y de esta manera válida".
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 11:19 No hay comentarios:
DEUDA EN DOLARES - FALLO JUSTICIA COMERCIAL
Una jueza en lo Comercial ordenó cancelar una deuda contraída en dólares previo al cepo cambiario en la cantidad suficiente de pesos al cambio oficial utilizado por el Banco Nación.
La jueza subrogante María José Gigy Traynor dispuso la medida en el marco de un reclamo de un acreedor por un pagaré no cancelado vinculado con una transferencia de fondo de comercio por u$s58.000.
"Corresponde reconocer a los actores el derecho al cobro del capital reclamado (u$s 58.000), o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor utilizado por el Banco de la Nación al momento del pago, con más sus intereses que se liquidarán hasta el efectivo pago en equivalente al 8 por ciento anual, desde la fecha de vencimiento del pagaré ejecutado", determinó la magistrada en el fallo consignado por DyN.
Gigy Traynor hizo lugar al planteo del abogado de los deudores, Daniel Judkevitch, quien recordó que desde octubre de 2011 rigen en el país restricciones para el acceso al mercado de cambios que virtualmente impiden a los particulares la compra de dólares.
El abogado advirtió que esas medidas de las autoridades económicas terminaron "restringiendo la compraventa de divisas, cerco que, con el decurso del tiempo se fue tornando más y más opresivo e infranqueable a raíz de las sucesivas resoluciones que se fueron dictando en este sentido".
Además, argumentó: "No se puede pretender que mi parte deba perpetrar un ilícito acudiendo al denominado -mercado negro- o -blue-, pues esto sería exactamente lo mismo que imponerle la obligación de delinquir para satisfacer" la deuda.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 9:07 No hay comentarios:
La titular del Juzgado en lo Comercial número 24, María José Gigy Traynor, desconoció la cotización del dólar blue para calcular la ejecución de un pagaré pactado en moneda norteamericana.
La suma en cuestión asciende a los 58 mil dólares. El pagaré firmado establecía que la modalidad de pago deberá hacerse con billetes norteamericanos “o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor utilizado por el Banco de la Nación al momento del pago”.
El deudor, por su parte, argumentó que si tuviera la obligación de abonar la suma en billetes estadounidenses se vería obligado a delinquir ya que las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional impiden la adquisición de la moneda para determinadas acciones.
El magistrado remarcó que no “ha sido cuestionada la autenticidad de las firmas” y con respecto al pagaré aclaró que “habría sido dado en garantía de un contrato de transferencia de fondo de comercio”.
En su resolución, la jueza sostuvo que “corresponde reconocer los actores el derecho al cobro del capital reclamado (u$s 58.000), o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor utilizado por el Banco de la Nación al momento del pago, con más sus intereses que se liquidarán hasta el efectivo pago en equivalente al 8 % anual, desde la fecha de vencimiento del pagaré ejecutado”.
Esta sentencia fue apelada por el padre demandado. Sin embargo, de acuerdo con los integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela en el caso "G. C. c/ R. S. G. y Otros s/ alimentos y litis", se comprobó el incumplimiento del padre de los niños de sus obligaciones alimentarias.
"La cuota de alimentos debe ser acorde con las necesidades del alimentado (en este caso los hijos menores), como también con las posibilidades económicas del alimentante, para que la misma tenga una razonable proporción con los ingresos de éste y el nivel de vida de las partes", explicaron los camaristas.
"Se presume que el progenitor que no se encuentra en la tenencia del hijo se halla en mejores condiciones para prestar alimentos teniendo en cuenta el tiempo, cuidado y atención exigidos al otro", enfatizaron los jueces.
"Los ingresos exiguos del hombre no son idóneos para reducir la cuota alimentaria toda vez que el padre debe redoblar sus esfuerzos, aún en momentos de crisis económica, a fin de procurar alimentos a sus hijos menores", remarcaron los jueces.
Como el hombre tenía ingresos variables y no presentó ninguna prueba para poder estimarlos, los camaristas agregaron que "el monto de las prestaciones alimentarias debe guardar relación con la condición económica y social de las partes y cuando no es posible determinar la capacidad económica del alimentante, el juez debe atenerse para estimar el quantum, a lo que resulte de los indicios, valorando la situación a través de la actividad que desarrolle el obligado, en este caso, peluquería".
"Para establecer esta cantidad, el magistrado tendrá que tener en cuenta el nivel de vida de los menores y los ingresos de ambos progenitores para comprobar cuánto pueden aportar", remarcaron.
En este contexto, Patricia Kuyumdjian de Williams explicó que "en la práctica, la mayor dificultad se presenta a la hora de determinar el quantum de la obligación alimentaria cuando se solicita un aumento".
"La fijación del monto de la cuota consiste en la delicada tarea de determinar la cantidad necesaria para cubrir las necesidades del alimentado, dentro de las posibilidades económicas del alimentante. Es necesario lograr un prudente equilibrio entre aquello que se va a cubrir y la aptitud de este último de cumplimentar tal finalidad", indicó.
"El juez podrá, en caso de ser necesario, determinar el embargo de los bienes del progenitor que no paga. El reclamo tendrá validez siempre y cuando el valor de la cuota esté homologado o respaldado por una sentencia judicial", indicaron desde Defiéndase.
En ocasiones, los padres obligados a proveer la cuota alimentaria argumentan que aportan "especies" (como pañales, leche, colegio), pero la ley, para establecer dicho aporte, habla de que debe ser "monetario" y no en especies, pues el dinero a pagar es integral y debe utilizarse en los gastos generales, que se satisfacen con moneda.
VERAZ - SOLUCION
En este contexto, los expertos consultados coincidieron en afirmar que las quejas por los perjuicios que este tipo de situaciones ocasionan se multiplican y algunas dan lugar a importantes resarcimientos materiales.
Qué reclamar y ante quién
Los bancos, fideicomisos, tarjetas de crédito informan la existencia de la deuda y califican a quien la contrajo de 1 a 6 directamente ante el Banco Central.
Una entidad financiera debe ser cuidadosa en el manejo de los datos de sus clientes.
AFIP - ALLANAMIENTOS
El Juzgado de primera instancia rechazó el pedido de allanamiento por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por un manifiesto estado de incertidumbre con respecto a la capacidad contributiva del supuesto evasor.
Asimismo, los magistrados remarcaron que no hay certeza sobre si existió o no algún perjuicio contra el organismo recaudador, el cual decidió apelar la determinación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
La entidad dirigida por Ricardo Echegaray había solicitado el allanamiento de varias propiedades de un supuesto evasor para “obtener y resguardar” toda la documentación referida a operaciones comerciales y datos patrimoniales.
Luego de la apelación, los camaristas consideraron que los argumentos de la AFIP no cumplían con las exigencias que determina la normativa vigente debido a que la solicitud estaba dirigida a producir pruebas y no a conservarlas ante una supuesta intervención del contribuyente.
Por estos motivos, la Cámara desestimó el pedido de la AFIP, que deberá continuar con la investigación, la cual había arrojado una presunta existencia de ingresos y bienes no declarados.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 9:20 No hay comentarios:
CONDENA LINEA AEREA- EQUIPAJE
Tras aclarar que la silla de ruedas no constituye una categoría especial distinta al equipaje, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó una sentencia de primera instancia que condenó a dos líneas aéreas a indemnizar el daño moral sufrido por una pasajera como consecuencia de la demora en la entrega de su silla de ruedas.
En el marco de la causa “M., M. G. c/ Tam Líneas Aéreas S.A. y otro s/ pérdida/ daño de equipaje”, la sentencia de primera instancia rechazó la defensa de prescripción opuesta por British Airways PLC, hizo lugar a la demanda y condenó en forma solidaria a "British Airways PLC" y a "Tam Linhas Aéreas SA" a pagar a la actora la suma de diez mil pesos en concepto de daño moral, con más sus intereses calculados desde el 5/12/04 hasta el pago de acuerdo a la tasa pasiva comunicada por el Banco Central, en tanto no supere el límite legal previsto en la Convención de Varsovia – La Haya de 1929.
Dicha resolución fue apelada por la actora y por la demandada, siendo ambos recursos desestimados por no alcanzar el monto mínimo establecido por el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Ante ello, la actora presentó recurso de queja ante la Sala I, que le admitió el recurso, alegando en sus agravios que el quantum indemnizatorio no lograba reparar el daño probado y sufrido por su parte, a la vez que no procedía la limitación de la responsabilidad establecida en el Convenio de Varsovia-La Haya, por lo que deberían, a su criterio, aplicarse las normas de derecho común.
A su vez, la recurrente sostuvo que la limitación mencionada es inconstitucional, mientras que la silla de ruedas no forma parte del equipaje.
En relación a la limitación de la responsabilidad y su inconstitucionalidad, los jueces que integran la Sala I señalaron que “dentro de la Convención de Varsovia, los elementos del contrato de transporte, entre ellos la limitación de la responsabilidad, son establecidos por la ley y sujetos a la adhesión de los particulares”.
Los camaristas rechazaron dicho agravio debido a que “el pasajero de un transporte aéreo internacional acepta los topes de la Convención de Varsovia en conocimiento de las limitaciones ya que ésta obliga al transportador a indicar que el transporte está sometido al régimen de responsabilidad limitada establecido por ella”.
Por otro lado, en cuanto al quantum indemnizatorio fijado en la sentencia de grado, los magistrados aclararon que el reconocimiento de una indemnización por daño moral tiene carácter restrictivo y el juez debe ponderar su procedencia en atención al hecho generador y a las particularidades del caso.
En dicho marco conceptual, el tribunal destacó que en el caso bajo análisis, la actora, quien sufre de paraplejía, por una conducta negligente por parte de las aerolíneas demandadas no pudo contar con su silla de ruedas desde la mañana del día 4/12/04 en la que arribó al aeropuerto de Ezeiza hasta las 18:00 horas del día siguiente.
Al concluir que “si bien recibió una silla de ruedas provisoria por parte de Tam Linheas Aéreas SA esto no fue suficiente para evitar una situación de desasosiego y angustia que resulta indemnizable”, la mencionada Sala juzgó justo confirmar la indemnización de diez mil pesos establecida en la sentencia de primera instancia para resarcir el daño moral sufrido por la actora, siempre que no supere el límite establecido en la Convención de Varsovia.
Por último, los jueces explicaron en el fallo del 4 de junio pasado, que “la silla de ruedas si bien tiene particularidades que la convierten en algo necesario para la vida de la persona no constituye una categoría especial distinta al equipaje”.
A dos décadas de la inclusión de la protección del consumidor en la legislación argentina, los consumidores aún no se encuentran informados sobre las vías legales para defender sus derechos, y lo que es más, su papel determinante en las políticas consumistas del mercado.
Es consabido que el advenimiento del nuevo siglo, ya hace más de una década, trajo aparejado grandes cambios normativos en las legislaciones globales, así como también es sabido que dio a luz a nuevos y más amplios derechos, tal es el caso de los renombrados Derechos de Tercera Generación a los que con tanta simpatía aluden los doctrinarios del nuevo milenio.
No obstante, el nuevo milenio trajo aparejado también el nacimiento de otros derechos que, dentro de la esfera del derecho privado, cambiaron la concepción del derecho, aggiornandoese a la celeridad de los tiempos modernos y amoldándose tanto a micro como macro escalas del comercio. Parte de tales nuevos derechos constituyó la inclusión derecho de consumo en las legislaciones latinoamericanas y europeas que, ya desde a finales del siglo pasado, empezaron a incluir la protección al consumo dentro de las legislaciones.
Particularmente para la legislación argentina, la introducción de tales cuestiones tuvo cabida en el año 93’ con la sanción de la ley 24.240 y su posterior constitucionalización en el año 94’. Es asi que la reforma del año 1994 incluyó la actual redacción del art. 42 de la constitución nacional, reforma que significó un cambio de paradigma en cuanto ha ampliado la legitimación de quienes se encuentran en condición de cuestionar los actos del mercado, siendo los propios consumidores (en conjunto con el Estado) quienes en última instancia efectuaran un control sobre los situaciones inicuas a las que arroja a los particulares el sistema de mercado.
En el mismo sentido, el Dr. Álvarez Larrondo ha explicado el papel fundamental que juegan los consumidores en el Derecho de Consumo. En este sentido, ha manifestado que “son ahora los damnificados los que denuncian las prácticas violatorias de sus derechos incentivados, por un lado por el acceso gratuito al sistema de conciliación montado por la ley 24.240, y ahora, nada más ni nada menos que a los Palacios de la Justicia. Y la ventaja de este nuevo régimen, es que éstos no tienen temor alguno a las represalias que puedan darse en el mercado entre competidores. Así, el Derecho del Consumo ha declarado la vetustez e insuficiencia del viejo régimen (sin perjuicio de pasar a ser dichas normas complementarias del régimen tuitivo del consumidor), y en consecuencia ha dado carta de ciudadanía a un régimen que lo ha cambiado todo, y que por lo tanto excede la humilde figura del consumidor desvalido para pasar a ser eje central de un mercado de reglas claras y competitivo. Es que cuando un consumidor denuncia una publicidad falsa y obtiene el cese de su difusión, no sólo está protegiendo sus derechos y los de los demás consumidores, sino también, más ahora indirectamente, los del competidor de esa empresa denunciada que iba a ver reducidos sus ingresos por la canalización de muchos de sus clientes a manos de quien en verdad no iba a dar un servicio mejor ni de mayor calidad de aquél que él ofrecía.”(Alvarez Larrondo, Federico M. La protección constitucional de los "intereses económicos" de los consumidores - Sup. Const. 2013 (febrero) , 35 • LA LEY 2013-A , 395).
No obstante lo expuesto, lo cierto es que, si bien las personas allegadas al derecho se encuentran al tanto de la satisfactoria introducción del régimen de consumidores, y la implementación de la ley 24.240 con las modificaciones introducidas por la 26.361, lo cierto es que aún a 20 años de su adopción, la mayoría de los ciudadanos aún no se encuentran bien informados acerca del papel fundamental que juegan en la protección de la relación de consumo, así como tampoco se encuentran debidamente informados de las herramientas que se crearon a efectos de poner a disposición tal tutela de derechos.
Claramente, el solo hecho de vivir en el Siglo XXI nos pone en relación con grandes, medianas y pequeñas compañías, las cuales nos facilitan diariamente la provisión de todo tipo de servicios y bienes. Ante tal situación, el consumidor se ve envuelto en un cúmulo de situaciones de extrema vulnerabilidad, estando sometido a los precios y condiciones impuestas por las grandes empresas, sin posibilidad de aportar o realizar negociación alguna sobre las operaciones que concreta a diario, y lo que es más, viéndose vulnerado en sus derechos por cuanto los reclamos por el cumplimiento de las obligaciones de la empresa prestataria del servicio y/o vendedora se pierde en la burocracia interna de la misma.
Es en atención a reivindicar tal situación de vulnerabilidad, la ley que venimos mencionando implementó un mecanismo propio a efectos de proteger en forma expedita al Consumidor, mecanismo regulado en los arts. 45 y ss. de la ley 24.240, estableciendo como autoridad de aplicación a la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción.
Lo novedoso de este tipo de procedimientos es que ante una situación de incumplimiento contractual y/o violación a la ley de defensa al consumidor autoriza – e inclusive alienta- a los consumidores particulares a efectuar el reclamo administrativo correspondiente ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, quien por intermedio de Tribunal Arbitral de Consumo, realiza un procedimiento de suma celeridad y sencillez, poniendo a corto plazo al consumidor en tratativas con quienes fueran representantes de la empresa en conflicto.
Grosso modo, el procedimiento mencionado, un vez ingresada la denuncia, fija fecha de audiencia a la cual deberán concurrir las partes, donde tras la exposición de los hechos se insta a las mismas a llegar a un acuerdo respecto de lo acaecido, pudiendo a su vez cerrarse la misma con acuerdo entre las mismas, o pudiendo dilatarse recurriendo a un cuarto intermedio, en aquellos casos en que la conciliación sea posible tras un breve período de tiempo.
Fracasada esta instancia, ya sea para los casos en que no se concreta un acuerdo o, cuando concretado éste, deviene incumplimiento del mismo por parte de la empresa, el Tribunal pasa directamente a resolver, pudiendo establecer en caso de corresponder sanciones, que se traducen en multas y publicaciones sobre los incumplimientos realizados por las empresa en diferentes medios de difusión.
Lo sorprendente del mecanismo adoptado es que son los mismos consumidores quienes pueden formular las denuncias mencionadas, inclusive sin necesidad de ayuda letrada. En orden a encauzar propiamente las denuncias mencionadas, el organismo de control mencionado posee un cuerpo propio encargado de brindar toda la información que pueda requerir el consumidor e instruir al mismo en el inicio del procedimiento ante el Tribunal Arbitral.
Es preciso tener en cuenta que tipo de cuestiones se encuentran comprendidas dentro de lo que la ley 24.240 ha definido como relación de consumo. La técnica legislativa en esta materia ha sido adoptar un criterio amplio, por lo que se entenderá por relación de consumo “el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario”.
Sin intenciones de ahondar en la definición legal y jurídica de los conceptos del proveedor, consumidor y usuario, a los efectos del presente artículo bastará reproducir el concepto adoptado por la ley, la cual en una concepción una concepción amplia de la relación de consumo, quedando comprendidos “toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines”.
Asimismo, la subsecretaría mencionada supra, ha puesto a disposición de los consumidores tanto los formularios como los requisitos para el inicio de las mismas en http://www.consumidor.gov.ar/como-se-inicia-un-tramite/
Por último, para saber a dónde debe iniciarse la denuncia respectiva es preciso tener en cuenta el lugar donde se efectuó la relación de consumo. Las denuncias han de ser iniciadas en las oficinas de Defensa del Consumidor correspondientes a la jurisdicción donde ocurrió el hecho denunciado, tal como la compra de un producto o la firma de un contrato. Es de gran ayuda a efectos de conocer con mayor precisión a donde debemos dirigirnos la guía multimedia aportada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, la cual puede ser consultada de manera online en http://www.consumidor.gov.ar/donde-estamos/.
Además, se encuentran a disposición para consultas de los usuarios y/o consumidores el teléfono 4124-3400, o vía mail defensa@buenosaires.gov.ar.
ALQUILER - AUMENTOS INDEXATORIOS
Sin embargo, tal como indicaron fuentes consultadas en los últimos tiempos varias inmobiliarias y propietarios comenzaron a pautar incrementos escalonados cada 6 meses en lugar de 12.
Otra práctica extendida tendiente a evitar que el valor de un alquiler no quede desactualizado es pactar la locación como "obligación alternativa" (según el artículo 635 del Código Civil) a elección del inquilino.
Por eso, remarcó que "de mantenerse las actuales condiciones económicas, donde es de público y notorio conocimiento que hay una constante y creciente pérdida del valor adquisitivo del dinero, ha llegado la hora en que las decisiones judiciales se exterioricen en sentencias que comiencen a resguardar -efectiva y concretamente- el derecho de propiedad y que explícitamente se ocupen de la inflación y sus injustas consecuencias".
Cabe destacar que la prohibición de indexación no impide recurrir a los instrumentos del Código Civil ante una desproporción o "vulneración de la integridad de una de las partes", tales como el de la teoría de la imprevisión, abuso del derecho o la frustración del fin del contrato, a los efectos de preservar la equidad.
DISCRIMINACION - DESPIDO
AFIP - FALLO LIMITES
Otro de los aspectos que destacaron los especialistas consultados fue el hecho de que el organismo debió llevar adelante otro tipo de procedimientos para obtener elementos de prueba suficientes para conocer la capacidad contributiva del contribuyente.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 37
 resolución 
 artículo 242
 artículo 635