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Constitucionalismo en México, contradicciones en su construcción. | Revista Jurista
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Publicado por: Redacción en Carrusel, Derecho Constitucional y Amparo abril 19, 2017
ÁNGEL JAVIER CASAS RAMOS/JURISTA.- La norma suprema en todos los órdenes jurídicos se deposita en las Constituciones, en nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con antecedentes que van desde la Constitución de Apatzingán que sería sancionado el 22 de octubre de 1814, en la cual como lo indica Emilio O. Rabasa en su obra Historia de las Constituciones Mexicanas se vertió “el conocimiento de la realidad que José María Morelos tenia, el que se manifestaría cuando escribió sus sentimientos de la nación, que recoge su pensamiento social liberal”.
No sería sino hasta 10 años después que se promulgo la Constitución de 1824, la cual sería llamada una mala copia de la Constitución norteamericana debido a que tomaba muchos elementos similares de nuestro vecino del norte.
Por su parte la constitución de 1857 tendría algunas características de las que vale destacar que, “baso una buena parte de su obra en los dos documentos constitucionales de 1824, acta y constitución… sin embargo la Constitución de 1857 presento nuevas y trascendentales adiciones a su predecesora federal”, según el autor antes citado, dichas adiciones partían de la filosofía de la soberanía y los ideales de los derechos individuales.
Finalmente se promulgo la Constitución de 1917, cuyos antecedentes datan del movimiento armado para restablecer la vigencia de la constitución de 1857, movimiento que llevaría por título “constitucionalismo” y como nos indica la historia, “en el curso de la lucha, los revolucionarios descubren el grave problema agrario y obrero existente. Entonces Carranza en Veracruz en septiembre de 1914 dicta una disposición modificando el plan de Guadalupe, para que se dicten providencias adecuadas que permitan hacer frente a los problemas de tipo social” (Azuela, 2010, p. 73) es así como surge la última de nuestras constituciones, señalada por muchos como la más progresista para su época.
Este movimiento denominado Constitucionalismo, aun cuando no existe una acepción uniforme, podemos decir que consiste en tomar una norma suprema para la organización del Estado, es decir en aceptar o promover la supremacía de la Constitución, la cual “implica que esta sea el ordenamiento cúspide de todo el derecho positivo del Estado, situación que la convierte en el índice de validez formal de todas las leyes secundarias u ordinarias que forman el sistema jurídico estatal, en cuanto que ninguna de ellas debe oponerse, violar o simplemente apartarse de las disposiciones constitucionales” (Burgoa, p. 359).
La Constitución de 1917 se consideró una de las más avanzadas de su tiempo, pero a pesar de comenzar un constitucionalismo social como lo señalan en la obra Teoría de la Constitución se consideraba que nuestro país ya se encontraba en contradicciones por encontrarnos “sujetos a una vinculación económica dependiente de los Estados Unidos y de Europa que se complementaba con una franca inducción ideológica hacia el liberalismo, situación que si bien creaba contradicciones en los países desarrollados, también había generado un pensamiento articulado de los grupos de obreros y campesinos frente al capital, situación que se encontró muy distante del capitalismo impuesto en nuestro país, donde además de enfrentar un capitalismo tardío, los grupos sociales no tenían la educación o cohesión social para enfrentar las leyes de la oferta y la demanda, de forma que se produjo un profundo desequilibrio entre los factores reales de poder que condujo a una realidad inequitativa que causaba profundos agravios a la mayoría.” (BARRAGAN, 2012 p.85)
Estas diferencias que se “originan” con el nuevo constitucionalismo, poco a poco se agravan haciendo las divisiones sociales cada vez más profundas, y ello ocurre además porque los encargados de la construcción de la Constitución en un país como el nuestro, han dejado de tener una verdadera representatividad, es decir raras veces hablan por el pueblo y para el pueblo, por el contrario, casi siempre legislan tendientes a obedecer intereses particulares, lo cual no extraña si tomamos en consideración los vicios que han demostrado los partidos políticos en nuestro país y los índices de corrupción, de los que ocupamos los primeros lugares en el mundo.
Habiendo transcurrido más de 200 años desde nuestra primera Constitución es claro que esta norma fundante ha sentado las bases para la organización de cualquier estado democrático, sin embargo, también en ocasiones ha sido utilizada para establecer restricciones que contradicen derechos elementales, de los que mencionaremos solo algunos para ejemplificar lo aquí sostenido.
“El 7 de diciembre de 1959 el Lic. Adolfo López, Mateos, presento a la Honorable Cámara de Senadores el proyecto de Reforma Constitucional” (MELENDEZ, 2011 p. 120). Este proyecto de reforma consistía en la adición del apartado B al artículo 123 constitucional. En un ánimo de proteger a los trabajadores al servicio del Estado se “subieron” a nivel constitucional los mínimos y máximos que regirían sus relaciones laborales, sin embargo, también se utilizó la Constitución para realizar una exclusión ya que, en la parte final del citado precepto constitucional, se legitima una discriminación autorizada por la propia Carta Magna al establecer en su texto que “la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.” Texto que sostendrían los tribunales restringe los derechos contenidos en el apartado B al únicamente al personal de base.
Esta sería una de varias ocasiones en que se utilizaría el texto Constitucional para realizar una distinción autorizada, con la cual se privaría a los trabajadores “de confianza” al servicio del Estado del derecho de permanencia en el empleo, del escalafón y de otros derivados del texto de la norma fundamental.
El 8 de marzo de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional por la que se reformaron y adicionaron diversos artículos a la Ley Suprema en la que se dispuso que “Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo… sin que proceda su reinstalación o restitución.” Posteriormente el 18 de junio del año 2008 se adicionaría al texto los agentes del Ministerio Público y los peritos entre aquellos que podrían ser removidos en esas condiciones, señalando incluso que no serían reinstalados “cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”. Lo que desde luego implica desconocer una posible resolución por parte del administrador de justicia. (lo cual claramente se opondría al contenido del artículo 17 del propio ordenamiento constitucional, dado que la obtención de justicia debe ser no solo declarativa, si no reparatoria, y en la opinión personal las indemnizaciones en nuestro país son todo menos eso, lo que desde luego niega la posibilidad de una justicia completa al burócrata que la busque.
Se considera que las restricciones constitucionales a que aludimos en el párrafo anterior, fueron realizadas en parte porque el Estado con frecuencia perdía juicios en los que realizaba despidos arbitrarios y al comprobarse la injustificacion de estos, la dependencia responsable del despido era condenada a reinstalar. Así se subiría al texto constitucional una vez más, en vez de la tutela de un derecho, una protección para el estatus quo, una protección a los intereses de quienes ostentan el poder, y a cuyo servicio se ha demostrado se encuentra el poder legislativo y recientemente de igual forma el poder judicial, el cual últimamente y cada vez con mayor frecuencia realizar interpretaciones oficialistas del texto constitucional, y de otras leyes secundarias que sin duda niegan derechos fundamentales.
El 29 de enero de 2016 se publicó en la gaceta parlamentaria una propuesta de reforma al artículo 123 apartado B fracción XIII que la Diputada María Gloria Hernández Madrid presento al congreso, en la que sugiere la modificación al texto constitucional en el sentido de que “La remoción y sus efectos subsistirán hasta en tanto la autoridad jurisdiccional resuelva el juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Si la remoción resultare injustificada, el Estado deberá proceder a la reincorporación al servicio y estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho” ello porque considera que se “desconoce a los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios como sujetos del derecho humano al debido proceso.”
Consideramos que la Constitución contiene contradicciones al plasmar en su texto “candados” o “llaves” según los intereses específicos de un poder ejecutivo que al menos en la apariencia demuestra control sobre un legislativo servil que autoriza sus designios sin mayor reflexión u oposición, como se ha evidenciado con la mal llamada “reforma educativa” cuyos principios constitucionales “guiaron” las leyes secundarias que tanto ha afectado a trabajadores del sector magisterial al despojar a los docentes de la permanencia en el empleo y al escalafón.
Situación similar ocurrió de nueva cuenta con la apertura de la “reforma energética” al sector privado (con la cual, la expresión popular estuvo en su contra desde antes a su publicación), y cuyos supuestos beneficios no se han podido mostrar hasta ahora; y en cambio no ha provocado más que despidos en el sector energético como lo es Petróleos Mexicanos y Comisión Federal De Electricidad.
La Constitución ha tenido reformas en distintas materias, siempre atendiendo a intereses que no son necesariamente los expresados por la población, prueba de ello es que el 24 de febrero de 2017 se publicó en el diario oficial de la federación la reforma laboral autorizada por el legislativo, que establece que: “La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.” Con lo anterior la Juntas de Conciliación y Arbitraje (cuya integración tripartita “garantizaba” la intervención de quienes buscan el equilibrio en los factores la producción), desaparecen al menos en el papel. Sin embargo lo más preocupante, no es la denominación de las Juntas, si no de los principios que regirán los procedimientos laborales de los que destacan en la reforma los de legalidad, e imparcialidad que podrían oponerse al de primacía de la realidad y suplencia de la deficiencia de la queja, principios que en apariencia podrían sustituir el principio in dubio pro operario, por el de ius strictum que suelen regir las resoluciones en materia común o civil, los cuales incluyen el de exacta aplicación de la ley, pero como decíamos en la materia laboral la propia ley faculta apartarse del “estricto derecho.”
En síntesis algunas antinomias en el texto de la Ley fundamental se han originado a petición y ejecución de los intereses de los grupos en el poder, que de manera caprichosa y en nuestros días sin ninguna representatividad real, establecen protecciones y desprotecciones por igual, contraviniendo los principios de progresividad, pro persona, de interpretación conforme entre otros estableciendo restricciones (sobre todo laborales). Por lo que a pesar de contar con una constitución sumamente garantista, en el aspecto social la historia es otra pues el texto constitucional se ha usado para legitimar disposiciones que atentan contra los trabajadores. la supremacía de estas disposiciones no ha sido azarosa, por el contrario, resulta claro que se han subido a nivel constitucional para que ante su injusticia cuando el afectado pretenda dolerse de ella, no pueda reclamarse su inconstitucionalidad, pues como señala la Ley de Amparo es improcedente aquel que versa sobre reformas constitucionales, dicho en palabras de la corte “no puede ser inconstitucional lo que está en la constitución.” Por ello consideramos que la ingeniería constitucional y la emisión de leyes si bien corresponde al poder legislativo, cuando se trate de reformas a la constitución dada su importancia y trascendencia debería tener que ser avalada por el pueblo por un medio en que él pueda ser consultado y votado como lo son el referendo o plebiscito, o cualquier otro que sirva de contrapeso a un legislativo cínico y que abusado de su posición.
1.-AZUELA, salvador, Curso De Derecho Constitucional, Ed. Poder Judicial de la Federación, México, 2010, p. 318
2.-BURGOA, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1997, 814 p.
3.-BURGOA, Ignacio, Las Garantías Individuales, Ed. Porrúa, México, 2005, 814 p.
4.-Constitucion Política De Los Estados Unidos Mexicanos.
5.-RABASA, Emilio O. Historia de las Constituciones Mexicanas, ed. UNAM, México 2008, 104 p.
6.-BARRAGAN, José, Teoría de la Constitución Ed. Porrúa, México 2012, p.447
Abogados Abogados Gratis que es estado de derecho	2017-04-19
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in dubio