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Timestamp: 2018-02-19 23:38:17+00:00

Document:
Jurandir ferreira de lima y otros admisibilidad
INFORME No. 11/12
PETICIÓN P-6-07
JURANDIR FERREIRA DE LIMA Y OTROS
El 3 de enero de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “La Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una petición contra la República Federativa de Brasil (“El Estado” o “Brasil”), alegando su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4, 5, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (“la Convención Americana”). El peticionario afirma que Brasil es responsable internacionalmente por la alegada desaparición forzada de Jurandir Ferreira de Lima (“la presunta víctima”) desde el 14 de marzo de 1995, y las consecuencias relacionadas con respecto a sus familiares cercanos (“las presuntas víctimas”). La petición fue presentada por la organización no gubernamental Projeto Legal (“el peticionario”).
De acuerdo al peticionario, el 14 de marzo de 1995, la presunta víctima dejó su casa para dirigirse a la comunidad “Chico Mendes” en el estado de Rio de Janeiro, adonde trabajaba como líder social, luego de informar a su madre que regresaría más tarde para cenar. Desde entonces, la presunta víctima ha estado desaparecida. El peticionario argumenta que la desaparición del Sr. Ferreira de Lima fue probablemente motivada por el hecho de que, es su calidad de líder comunitario encargado de la organización de la asociación local de moradores, trabajaba en el combate del narcotráfico en el vecindario. El peticionario añade que lo anterior resultó en constantes amenazas contra la presunta víctima por parte de oficiales de la policía y guardias de la prisión que participaban en el tráfico de drogas. El peticionario subraya que el crimen permanece impune, doce años después de la alegada desaparición.
El Estado sostiene que la petición es inadmisible porque no se han agotado los recursos internos, según lo requiere el artículo 46.1.a de la Convención Americana. En este sentido, el Estado asegura que existe una investigación policial abierta relacionada con los hechos de la petición, así como una investigación administrativa iniciada por el Ministerio Público. Asimismo, el Estado sostiene que los recursos internos en la esfera civil no han sido agotados, desde que ni las presuntas víctimas ni sus representantes han iniciado acciones civiles por daños compensatorios. El Estado argumenta asimismo, que la petición fue presentada extemporáneamente, en violación a los requisitos contenidos en los artículos 46.1.b de la Convención Americana y 32 del Reglamento de la CIDH.
Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, y de acuerdo a lo previsto por los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana decide declarar esta petición admisible, en relación con las presuntas violaciones de los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 16 y 25 del mismo instrumento, en conjunción con las obligaciones generales establecidas en sus artículos 1.1 y 2. Por otro lado, la CIDH declara que la petición es inadmisible, con relación a las alegadas violaciones del artículo 11 de la Convención Americana. La CIDH decide también notificar a las partes, publicar este informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
La petición fue recibida el 3 de enero de 2007. El 15 de mayo de 2007 el peticionario envió una nueva comunicación, en respuesta a una solicitud de información adicional por parte de la CIDH. Las partes pertinentes de dichas comunicaciones fueron remitidas al Estado el 12 de julio de 2007. El Estado respondió mediante notas recibidas por la CIDH el 26 de agosto y 7 de septiembre de 2008. La CIDH remitió debidamente dichas comunicaciones al peticionario.
El peticionario envió información adicional el 26 de febrero de 2009 y el Estado lo hizo el 2 de junio y el 27 de octubre de 2009. Estas comunicaciones fueron debidamente remitidas a la otra parte.
De acuerdo al peticionario, la presunta víctima era un líder comunitario que trabajó en la comunidad “Chico Mendes” en el estado de Rio de Janeiro. En dicha calidad, trabajó para organizar a 8.365 residentes de la asociación del barrio, en particular con miras a combatir el tráfico de drogas en el área. De acuerdo al peticionario, oficiales de policía amenazaban habitualmente a los residentes de la comunidad “Chico Mendes” y eran también los responsables de promover y organizar el tráfico de drogas en la comunidad.
El peticionario reclama que el 14 de marzo de 1995, la presunta víctima se dirigió a su trabajo en la comunidad y nunca más fue visto. De acuerdo al peticionario, un día después de la desaparición de la presunta víctima, su madre, la Sra. Beatriz Ferreira da Silva, fue a buscarlo a la comunidad “Chico Mendes”, adonde fue informada que un oficial de policía había matado a su hijo, y luego había llevado su cuerpo a un chiquero local, adonde molieron el cuerpo de la presunta víctima y lo mezclaron con el alimento para cerdos. El peticionario sostiene que la familia de la presunta víctima denunció inmediatamente su desaparición ante las autoridades de la 31ª Comisaría de Policía. Asimismo, el peticionario alega que, luego de informar de su desaparición, la Sra. da Silva recibió varias amenazas telefónicas de oficiales de policía, que la amenazaron con matar a cada miembro de su familia.
Como información de contexto, el peticionario señala que al menos desde 1990 las autoridades estatales de Río de Janeiro han implementado políticas de seguridad pública inadecuadas, que promueven la victimización desproporcionada de grupos sociales específicos, en particular los residentes de las favelas. De acuerdo al peticionario, el presente caso ilustra que los oficiales estatales explícitamente apoyan los asesinatos por la policía o frecuentemente justifican los altos niveles de muertes por la policía, como un producto necesario e inevitable del control del crimen.
Finalmente, el peticionario subraya que, a pesar de la denuncia de la desaparición de la presunta víctima ante las autoridades, en marzo de 1995, a la fecha la investigación policial permanece abierta, sin haberse determinado el paradero de la presunta víctima o los responsables de su desaparición. Asimismo, el peticionario observa que más de un testigo ha sido eliminado, incluido un testigo ocular llamado “Marcel”, y que la familia de la presunta víctima ha recibido numerosas amenazas. Indican además que “Marcel” era amigo de la presunta víctima y fue asesinado por venganza, a pesar de encontrarse protegido por el Programa de Protección de Testigos. En base a lo mencionado, el peticionario reclama que el Estado ha violado los artículos 4, 5, 11 y 25 de la Convención Americana. El peticionario añade que la conducta de las autoridades y la demora en la investigación policial en relación a los hechos, han efectivamente provocado una denegación de acceso a los recursos bajo la legislación interna. Por tanto, el peticionario concluye que la excepción prevista en el artículo 46.2.b de la Convención Americana es aplicable a esta petición.
El Estado argumenta, de manera preliminar, que la petición describe información de contexto que no se relaciona con los hechos, como la precariedad del sistema penitenciario de Brasil y la discriminación social, entre otros. Específicamente en relación con la admisibilidad de la petición, el Estado argumenta que la petición es inadmisible por falta de agotamiento de recursos internos, según lo requiere el artículo 46.1.a de la Convención Americana. En este sentido, el Estado afirma que existe una investigación policial abierta, relacionada con los hechos alegados en la petición. Esta investigación, de acuerdo con el Estado, fue abierta en 1995 por la 31ª Comisaría de Policía, y luego fue remitida a la jurisdicción de la 39ª Comisaría de Policía en 2007, momento en el cual se asignó un nuevo número al expediente policial de investigación. El Estado afirma que ésta investigación policial se encuentra abierta y sigue su curso.
Adicionalmente, el Estado señala que en 2004 el Ministerio Público de Rio de Janeiro abrió un proceso administrativo, con el fin de investigar la desaparición de la presunta víctima. De acuerdo con el Estado, este procedimiento administrativo se encuentra también pendiente. Asimismo, el Estado subraya que el peticionario no ha agotado los recursos internos en la esfera civil, ya que ni las presuntas víctimas ni sus representantes han intentado una acción civil por daños compensatorios.
El Estado señala también que la petición no cumple con el requisito de haber sido presentada en plazo, de conformidad con el artículo 46.1.b de la Convención Americana y el artículo 32 del Reglamento de la CIDH. El Estado observa que la petición no fue presentada dentro del plazo de seis meses desde la decisión final, o dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta cuándo ocurrieron las violaciones alegadas.
Por lo tanto, el Estado concluye que se encuentran en trámite procedimientos internos efectivos y que la petición es inadmisible debido a la falta de agotamiento de recursos internos y porque la petición fue presentada de manera extemporánea. En consecuencia, el Estado argumenta que ésta petición no cumple con los requisitos estipulados por el artículo 46 de la Convención Americana y el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Interamericana.
El peticionario se encuentra facultado para presentar peticiones ante la Comisión Interamericana, conforme al artículo 44 de la Convención Americana. Las presuntas víctimas son personas respecto de las cuales el Estado de Brasil se ha comprometido a respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención. En relación con el Estado, Brasil ha ratificado la Convención Americana el 25 de septiembre de 1992; en consecuencia la Comisión Interamericana tiene competencia ratione personae y ratione materiae para examinar la petición.
Las potenciales violaciones descriptas en esta petición, presuntamente tuvieron lugar bajo la jurisdicción de Brasil, un Estado parte de la Convención Americana; por lo tanto la CIDH tiene competencia ratione loci. Finalmente, la Comisión Interamericana tiene competencia ratione temporis, ya que la petición describe potenciales violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana, las cuales habrían ocurrido después de que ese tratado internacional se encontraba en vigor para Brasil.
Bajo el artículo 46.1 de la Convención Americana, para que una petición pueda ser admitida por la CIDH, los remedios ofrecidos por la jurisdicción interna deben haber sido agotados, de acuerdo con los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. El segundo párrafo del artículo 46 señala que esas provisiones no serán aplicables cuando la legislación no contemple el debido proceso legal para la protección del derecho en cuestión; cuando se deniegue a la presunta víctima el acceso a los recursos existentes en la jurisdicción interna; o cuando haya retardo injustificado en la decisión final sobre dichos recursos.
De manera preliminar, la Comisión Interamericana observa que en casos como el presente, el cual alegadamente implica ofensas criminales perseguibles de oficio en Brasil – como es el caso de la desaparición forzada –, el remedio adecuado y efectivo es normalmente una investigación criminal y un juicio ante el sistema de justicia ordinaria. La CIDH nota también que es un hecho indiscutible que, a la fecha, no existe una decisión final respecto de la desaparición de la presunta víctima (supra párrs. 10 y 11), es decir que la investigación policial permanece abierta sin que se haya determinado el paradero de la presunta víctima o identificado a los responsables de su desaparición.
La Comisión Interamericana toma nota de que la investigación policial respecto de la desaparición de la presunta víctima, fue iniciada luego de que su mujer denunciara su desaparición a la 31ª Comisaría de Policía de Alburquerque, el 17 de marzo de 1995, por medio del formulario de denuncia (registro de ocorrência) Nº 000543/951. Por lo tanto, a los fines de la admisibilidad, la CIDH debe tener en cuenta que la alegada desaparición de la presunta víctima comenzó el 14 de marzo de 1995 y fue debidamente denunciada a las autoridades el 17 de marzo de 1995; es decir que han pasado diecisiete años a la fecha de la aprobación de este informe. De acuerdo a la información aportada por ambas partes, la investigación policial permanece abierta hasta la fecha y el caso no ha sido trasladado aún al Poder Judicial.
En las circunstancias de esta petición, la Comisión Interamericana encuentra que el tiempo de duración de la investigación policial inicial, previa al inicio de una eventual investigación judicial, excede de forma significativa lo que puede considerarse razonable. Luego de la revisión cuidadosa de los expedientes de la investigación policial, la CIDH observa que, a los fines de la decisión sobre admisibilidad, el Estado no ha presentado información o evidencia específicas, relacionadas con circunstancias particulares aplicables a esta petición, que podrían justificar la ausencia de una investigación completa y un juicio, luego de diecisiete años de la desaparición de la presunta víctima.
La CIDH nota que, en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la regla de previo agotamiento de los recursos internos nunca debe “conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la víctima indefensa”2. En el presente caso, teniendo en cuenta que la investigación policial no ha dado resultados por diecisiete años, el requisito de agotamiento de recursos internos no puede ser interpretado de manera que podría causar una restricción prolongada o injustificada para acceder al sistema interamericano. En consecuencia, la CIDH encuentra que ha habido un retardo injustificado en dictar una resolución final, y que la excepción prevista por el artículo 46.2.c de la Convención Americana es aplicable a este asunto. Asimismo, la Comisión Interamericana afirma, como lo ha hecho de manera reiterada, que en casos de desaparición forzada de personas no es necesario entablar o agotar una acción civil antes de acudir al sistema interamericano, desde que ese remedio no respondería al reclamo principal que se realiza en esta petición, concerniente a lo que se alega fue una desaparición forzada seguida por la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y castigo de los responsables3.
Finalmente, debe señalarse que la excepción por retardo injustificado se encuentra íntimamente relacionada con la posible violación de ciertos derechos protegidos por la Convención Americana, específicamente bajo sus artículos 8 y 25. No obstante, el artículo 46.2 de ese instrumento internacional es, por su propia naturaleza y propósito, una provisión con contenido autónomo vis-à-vis sus preceptos sustantivos. En consecuencia, si la regla del previo agotamiento de los recursos internos contenida en la Convención Americana es o no aplicable en el presente caso, debe ser decidido previamente y con independencia de la evaluación del fondo del caso. Ello por cuanto el análisis de admisibilidad depende de un estándar de apreciación diferente de aquel utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana; este último será examinado, de forma adecuada, en el informe sobre el fondo del asunto4.
El artículo 46.1.b de la Convención Americana requiere que la petición sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de la decisión final. Por otro lado, el artículo 32.2 del Reglamento de la CIDH provee:
En los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión [Interamericana]. A tal efecto, la Comisión [Interamericana] considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.
Habiendo decidido previamente que la excepción a la regla de agotamiento de recursos internos es aplicable, la Comisión Interamericana debe determinar ahora si la petición fue presentada dentro de un plazo razonable. La petición fue presentada el 3 de enero de 2007. En las circunstancias especificas de esta petición, en particular el hecho de que denuncia la posible desaparición forzada de la presunta víctima, la cual continúa hasta la fecha, y teniendo en cuenta también las alegaciones relacionadas con la denegación de justicia e impunidad relacionadas con la investigación policial que permanece inconclusa hasta la fecha, la CIDH concluye que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable. En consecuencia, el requisito fijado por el artículo 32.2 del Reglamento de la CIDH ha sido cumplido.
No surge del expediente que la materia de esta petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que sea sustancialmente igual a otra petición ya examinada por la Comisión Interamericana u otro órgano internacional. Por lo tanto, los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención Americana han sido cumplidos.
A los fines de la admisibilidad, la Comisión Interamericana debe determinar si los hechos denunciados en la petición tienden a caracterizar una violación de los derechos garantizados por la Convención Americana, como lo requiere su artículo 47.b, o si la petición debe ser rechazada por ser “manifiestamente infundada” o “improcedente”. En esta etapa del procedimiento, la CIDH debe llevar adelante una evaluación prima facie, no para establecer violaciones alegadas de la Convención Americana u otro tratado aplicable, sino para determinar si la petición describe hechos que podrían caracterizar violaciones de derechos protegidos por los instrumentos interamericanos. Este examen de ningún modo constituye un prejuzgamiento u opinión preliminar sobre el fondo del caso5.
Ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH requieren que el peticionario identifique los derechos específicos que se alegan violados por el Estado en el asunto que se presenta ante la Comisión Interamericana, aún cuando los peticionarios pueden hacerlo. Es la Comisión Interamericana, con base en la jurisprudencia del sistema, quién debe determinar en su informe de admisibilidad qué provisiones de los instrumentos Interamericanos relevantes son aplicables y pueden ser pasibles de haber sido violadas, si los hechos alegados fueran probados con elementos suficientes. En este caso, la CIDH nota que la presunta víctima fue presumiblemente desaparecida, posiblemente a manos de agentes estatales. El peticionario afirma también que el crimen ha permanecido en la impunidad, desde que la investigación policial no ha producido ningún resultado efectivo.
En relación con la desaparición forzada de la presunta víctima, siguiendo la jurisprudencia constante del sistema Interamericano de derechos humanos, la CIDH declara admisible esta petición respecto de los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en conjunción con la obligación de respetar los derechos reconocidos en ella y darles efectividad, según sus artículos 1.1 y 2. Asimismo, la Comisión Interamericana considera que si las alegaciones relacionadas con la falta de debida diligencia en la investigación criminal fueran probadas, podrían constituir una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Adicionalmente, dada la naturaleza de las alegadas violaciones descritas en esta petición – lo que incluye la desaparición forzada –, así como amenazas específicas, miedo a las represalias y el trato recibido por los familiares supervivientes que han buscado justicia; podría constituirse una violación al artículo 5.1 de la Convención Americana en perjuicio de los miembros de la familia de la presunta víctima, incluidos Beatriz Ferreira de Lima (madre), Solange Ribeiro de Lima (esposa), João Maria Ferreira de Lima (hermano), Maria Alba Ferreira de Lima (hermana), y otros que podrían ser identificados en la etapa de fondo6. Finalmente, respecto de la alegación de que la desaparición forzada de la presunta víctima fue motivada por su trabajo como líder comunitario de la asociación de residentes de “Chico Mendes” que apoyaba a los moradores locales a asociarse con varios fines, particularmente en aras de combatir el narcotráfico, si fuera probada, podría constituir una violación del artículo 16 de la Convención Americana7. Por otro lado, la CIDH considera que el peticionario no ha presentado elementos básicos para establecer prima facie un reclamo relacionado con la potencial violación del artículo 11 de la Convención Americana; en consecuencia, esta petición es inadmisible sobre ese alegato, de conformidad con el artículo 47.b de la Convención Americana.
En conclusión, la CIDH decide que esta petición no es manifiestamente infundada o improcedente y, en consecuencia, declara que el peticionario ha cumplido prima facie con los requisitos establecidos por el artículo 47.b de la Convención Americana, en relación con la potencial violación de sus artículos 3, 4, 5, 7, 8, 16 y 25, en conjunción con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, como se detalla más arriba.
30. La Comisión Interamericana concluye que es competente para examinar el fondo de este caso y decide que la petición es admisible bajo los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. En base a las consideraciones de hecho y de derecho precedentes y sin prejuzgar sobre el fondo del caso,
1. Declarar esta petición admisible respecto de las alegadas violaciones a los derechos protegidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 16 y 25 de la Convención Americana, en conjunción con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento;
2. Declarar inadmisible la violación alegada del artículo 11 de la Convención Americana;
3. Notificar esta decisión a ambas partes;
4. Continuar con el análisis del fondo del caso; y
5. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 20 días del mes de marzo de 2012. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Dinah Shelton, Rosa María Ortiz, y Rose-Marie Belle Antoine, Miembros de la Comisión.
1 Copia del expediente policial de investigación (Inquérito Policial) Nº 406/2007, 39ª Comisaría de Policía de Pavuna, Págs. 90-93 – Anexo I de la Comunicación del Estado del 7 de septiembre de 2008.
2 Corte IDH, Caso Velazquez Rodríguez. Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Series C Nro. 1, párr. 93.
3 Ver CIDH Informe No. 126/10, Peticiones 1448-06, 1452-06, 1458-06 y 65-07, Admisibilidad, Roberto Carlos Pereira de Souza y otros (Brasil), 23 de octubre de 2010, párr. 44; Informe No. 51/10, Petición 1166-05, Admisibilidad, Massacres de Tibú (Colombia), 18 de marzo de 2010, párrs. 110 y 120; Informe No. 38/10, Petición 1198-05, Admisibilidad, Ivanildo Amaro da Silva y otros (Brasil), 17 de marzo de 2010, párrs. 29 y 33; e Informe No. 61/09, Petición 373-03, Admisibilidad, Josenildo João de Freitas Jr. y otros (Brasil), 22 de julio de 2009, párr. 28.
4 CIDH, Informe No. 61/09, Petición 373-03, Admisibilidad, Josenildo João de Freitas Jr. y otros, (Brasil), 22 de Julio de 2009, párr. 31; CIDH, Informe No. 72/08, Petición 1342-04, Admisibilidad, Márcio Lapoente da Silveira (Brasil), 16 de octubre de 2008, párr. 75; CIDH, Informe No. 23/07, Petición 435-06, Admisibilidad, Eduardo José Landaeta Mejía y otros, (Venezuela), 9 de marzo de 2007, párr. 47; CIDH, Informe No. 40/07, Petición 665-05, Admisibilidad, Alan Felipe da Silva, Leonardo Santos da Silva, Rodrigo da Guia Martins Figueiro Tavares y otros, (Brasil) 23 de Julio de 2007, párr. 55.
5 CIDH, Informe No. 61/09, Petición 373-03, Admisibilidad, Josenildo João de Freitas Jr. y otros (Brasil), 22 de julio de 2009, párr. 36.
6 Ver CIDH Informe No. 126/10, Peticiones 1448-06, 1452-06, 1458-06 y 65-07, Admisibilidad, Roberto Carlos Pereira de Souza y otros (Brasil), 23 de octubre de 2010, párr. 64; Informe No. 38/10, Petición 1198-05, Admisibilidad, Ivanildo Amaro da Silva y otros (Brasil), 17 de marzo de 2010, párr. 40; e Informe No. 61/09, Petición 373-03, Admisibilidad, Josenildo João de Freitas Jr. y otros (Brasil), 22 de julio de 2009, párr. 38.
7 Ver, mutatis mutandi, CIDH. Informe No. 71/08, Petición 1290-04, Admisibilidad, José Dutra da Costa (Brasil), 16 de octubre de 2008, párr. 47; Informe No. 73/08, Petición 1236-06, Admisibilidad, Gabriel Sales Pimenta (Brasil), 16 de octubre de 2008, párr. 36; y Corte IDH, Caso Fleury y otros vs. Haití, Fondo y Reparaciones. Sentencia del 23 de noviembre de 2011. Series C No. 236, párrs. 99-102.

References: artículo 46
 artículo 11
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 47
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 11
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 11