Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910115.html
Timestamp: 2020-03-29 08:31:51+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 115/2019-RRC
Expediente : Oruro 19/2018
Parte Imputada : Cimar Luís Montaño Zambrana y otro
Por memorial presentado el 15 de mayo de 2018, cursante de fs. 778 a 789 vta., Cimar Luís Montaño Zambrana y Fabio Gabriel Ávila Ibarbe interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 29/2018 de 23 de abril, de fs. 761 a 766 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la empresa Minera “HUANUNI” representada por Winston Danilo Medrano Escalante contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Hurto, Asociación Delictuosa y Destrucción y Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, previstos y sancionados por los arts. 326, 132 y 223 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 12/2017 de 3 de agosto (fs. 568 a 578 vta.), el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Cimar Luís Montaño Zambrana y Fabio Gabriel Ávila Ibarde, autores de la comisión de los delitos de Hurto y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 326 primera parte y 132 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión para ambos, sin derecho a la suspensión condicional de la pena por la no acreditación de los presupuestos para su aplicación, más el pago de costas y daño civil a favor del Estado y de la víctima, siendo absueltos del delito de Destrucción y Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional.
b) Contra la referida Sentencia, los imputados Cimar Luís Montaño Zambrana (fs. 581 a 585) y Fabio Gabriel Ávila Ibarde (fs. 587 a 591 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que previo memorial de subsanación (fs. 620 a 623), fueron resueltos por Auto de Vista 29/2018 de 23 de abril, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.
Del memorial del recurso de casación; y, del Auto Supremo 694/2018-RA de 17 de agosto, se admitió el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Reclaman, que el Auto de Vista incurrió en insuficiente fundamentación al convalidar la fundamentación insuficiente de la Sentencia que omitió considerar los argumentos de la defensa de la parte acusada expuesta en juicio oral, vulnerando el art. 370 inc. 5) del CPP y el derecho a la defensa, consagrado por el art. 119 de la Constitución Política del Estado (CPE). Aducen que una Sentencia no debe limitarse a la consideración de los argumentos de la parte acusadora, omitiendo hacerlo respecto a los planteamientos de la parte imputada, constituyendo insuficiente fundamentación, donde no se hace ninguna referencia a la postulación de absolución, que fue impugnado y resuelto en la Resolución recurrida; que tampoco habría hecho referencia a los defectos de la Sentencia inherente al art. 370 inc. 1) del CPP, no tomándose en cuenta lo que establece la CIDH en su vasta jurisprudencia (cita texto). Asimismo, el Auto de Vista no habría tomado en cuenta el Auto Supremo 64 de 27 de enero de 2007, al convalidar un fallo que impone una condena sin haberse probado siquiera la autoría. El Tribunal de alzada no precisa argumento en cuanto a los precedentes contradictorios invocados en apelación respecto a los agravios denunciados por los defectos del art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, sobre la sana crítica, el nexo de causalidad del responsable y su responsabilidad penal; la fundamentación coherente de la Sentencia en función a los hechos y los elementos constitutivos del tipo penal en relación a los elementos de convicción, en base a la exposición de las partes considerando también los fundamentos de la defensa y el control bilateral de la prueba. Sobre lo particular existe ausencia de pronunciamiento por el Auto de Vista, siendo que el pliego impugnatorio estaba encaminado a la nulidad por la vulneración del derecho a la defensa. Invocan en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007.
Los recurrentes solicitan, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, disponiendo que el Tribunal de alzada emita nueva Resolución.
Mediante Auto Supremo 694/2018-RA de 17 de agosto, de fs. 816 a 817 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por los imputados Cimar Luis Montaño Zambrana y Fabio Gabriel Ávila Ibarbe, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.
Por Sentencia 12/2017 de 3 de agosto, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Cimar Luís Montaño Zambrana y Fabio Gabriel Ávila Ibarde, autores de la comisión de los delitos de Hurto y Asociación Delictuosa, sancionados por los arts. 326 primera parte y 132 del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión, sin derecho a la suspensión condicional de la pena, más el pago de costas y daño civil a favor del Estado y de la víctima; asimismo, los absolvió del delito de Destrucción y Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, bajo las siguientes conclusiones:
Se tiene acreditado que el 24 de septiembre de 2007 aproximadamente a horas 20:00 y siguientes, los acusados fueron encontrados en posesión de mineral de propiedad de la empresa minera Huanuni.
i) Con relación al delito de Hurto.
Aunque no cómo, se ha logrado establecer de manera objetiva el desplazamiento de once sacos con contenido de mineral de Estaño de propiedad de la empresa minera Huanuni con un peso de 491 Kilogramos en posesión de los imputados, que no acreditaron mediante prueba alguna que tuvieran derecho a poseer dicho bien, lo que le permite concluir, que se apoderaron de manera ilegítima de una cosa mueble que no era de su propiedad.
ii) Respecto al tipo penal de Asociación Delictuosa.
Se ha probado que en el hecho participaron cuatro personas: Cimar Luis Montaño Zambrana, Fabio Gabriel Ávila Ibarbe, Rolando Chivi Roque y Teófilo Jancko Huanca.
Se acreditó que los mismos, acordaron cómo trasladarían el mineral de propiedad de empresa minera Huanuni fuera de la localidad, por un camino diferente de la ruta principal Huanuni – Oruro, en forma paralela a ella, la ocultación del mineral en forma distribuida sobre los pies de los pasajeros traseros del vehículo donde trasladarían el mineral, tapado con una frazada para dar la apariencia de no encontrarse nada en dicho lugar, la coordinación con una coartada referida a un aparente patrullaje e inclusive, la espera de asentimiento por parte del imputado Cimar Montaño para abrir las puertas del vehículo, cuando se produjo la aprehensión que él estaba al mando.
Se tiene acreditado que existió la coordinación entre cuatro personas; y, que dicha coordinación se produjo para consolidar la apropiación ilegítima, el hurto que propiciaron del mineral de propiedad de la empresa minera Huanuni, por lo que concluye, que se acreditó la participación de los imputados en el delito en grado de autores.
iii) En cuanto al delito de Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional.
Precisa que el tipo exige que exista constatación de destrucción, deterioro, substracción o exportación de un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza o monumentos del patrimonio cultural material boliviano, que en el presente caso, si bien se determinó una traslación de dominio de mineral de estaño de propiedad de la empresa minera Huanuni, que se constituye en una fuente de riqueza, en obrados no se acreditó la forma, el tiempo y la autoría de la sustracción denunciada por la acusación particular, en la medida que existe elemento probatorio que permita establecer cuál de los acusados, cuándo, cómo o de dónde sustrajo el mineral que se encontró en su posesión, lo que no le permite establecer la responsabilidad penal del delito.
II.2.1. De Cimar Luis Montaño Zambrana.
Notificado con la Sentencia, interpone recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:
i) Que la Sentencia hace una relación de los antecedentes con relevancia jurídica, transcribiendo el punto I.1.2 referente a la enunciación del hecho y circunstancias objeto del juicio; y, el punto II.4.1 concerniente a la existencia del hecho refiere, que este punto se pretende hacer creer que una vez que fue ilegalmente detenido habría sido trasladado a instancias policiales junto con los once sacos del supuesto mineral, no ocurriendo el Hurto y la Asociación Delictuosa ya que jamás se tomaron muestras del contenido de los sacos en presencia de la FELCC, Ministerio Público o de ellos mismos, existiendo la posibilidad de haberse realizado un cambio del contenido de los sacos.
ii) Transcribiendo el punto II.4.2 de la Sentencia, la declaración de Franz Guido Montoya Ruiz, el informe de 25 de septiembre de 2007, signada como prueba MPD-3, la declaración de Jhonny Vásquez Canseco, afirma, que le resulta inadmisible que se intente beneficiar a la empresa Minera Huanuni en base a falsedades ya que nunca fue trasladado a dependencias de la FELCC, lo que atenta al principio de verdad material; además, que de las declaraciones testificales referidas señalaron que jamás fue trasladado a dependencia de la FELCC pero que si fue trasladado a dependencia de la empresa minera Huanuni. Añade que la Sentencia menciona la prueba pericial realizada por Juan Carlos Ayaviri Inturias; empero, no refiere de donde aparecen las muestras contenidas en los sacos encontrados al perito, puesto que “a ninguna de las partes acusadoras ha ofrecido prueba material”.
iii) Manifiesta, que “Su Autoridad” pudo comprobar que la prueba aportada por la víctima y el Ministerio Público carece de valor legal ya que fue obtenida en forma ilegal y sobre prueba inexistente, de los cuales al parecer solo “usted” conoce su origen como los once sobres cerrados con contenido desconocido, que pasaron por manos de otros peritos sin que se los haya hecho conocer la forma o el color de su contenido.
iv) Afirma que fueron detenidos en forma ilegal, puesto que, no fueron inmediatamente entregados a sede policial o Ministerio Público, sino fueron llevados a la empresa minera donde se los mantuvo boca abajo con una gran cantidad de soldados que los apuntaban con sus fusiles.
v) Que la supuesta prueba del delito habría sido entregado a la empresa minera, habiendo ellos mismos realizado el pesaje y la valoración del material decomisado, sin haber puesto a consideración del fiscal, pues únicamente el armamento y sus celulares fueron remitidos, desconociendo hasta el momento si el material decomisado era Estaño.
vi) Bajo el título “Mi DERECHO A LA DEFENSA”, consagrado por los arts. 16 de la CPE, 8 y 9 del CPP, refiere que fue condenado con absoluto y total desconocimiento de las normas jurídicas, habiéndose aportado elementos incriminatorios en su contra ilícitamente y mediante tortura.
vii) “SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA PRODUCIDA EN JUICIO, DE LAS PRUEBAS DEL M.P., PRUEBAS DOCUMENTALES” refiere, la prueba MPD1 consistente en acta de intervención policial preventiva de la policía suscrita por un militar en la que no menciona nada del caso ni lleva sellos oficiales; prueba MPD3 informe de 25 de septiembre de 2007, que según a horas 21:20 se entregó a su persona en calidad de detenido lo que no le es evidente; prueba MPD4 acta de registro del lugar del hecho de 2 de octubre de 2007 que refiere que se realizó en presencia del fiscal aunque no existe firma de ninguno, no encontrándose presente el investigador asignado al caso, ni los miembros de laboratorio de la FELCC, únicamente el denunciante y un testigo de nombre Isidro Achacollo Guzmán, acta fraccionada por el Sub oficial Juan Beltrán junto al Capitán Jhonny Vásquez, que le resulta ilegal y nulo ya que su persona no participó ni fue notificado para tal efecto; Prueba MP-D7 informe preliminar de 3 de octubre de 2007 que refiere que no se recepcionaron las entrevistas a otros testigos; empero, no llevan firmas; prueba MP-D9 acta de secuestro de 13 de diciembre de 2007 de celulares, armamento, manillas, vehículo, sin señalar dónde consigna una muestra de mineral (estaño); “El registro de inspección ocular y reconstrucción presentan el vehículo sin placas, no existiendo una arena fina más bien trozos de piedra de color plomizo y caminamos bastante metros, no los 200 que manifiestan el denunciante y querellante”.
viii) Se vulneró sus derechos al principio de certeza, debido proceso ya que en “parte alguna” de la imputación se hace referencia a los antecedentes de la presencia de los sacos de mineral, no existiendo los principios de certeza, legalidad, certidumbre, congruencia, seguridad jurídica, eficacia, eficiencia, verdad material, igualdad de las partes, pues se realizó una valoración defectuosa de la prueba, por cuanto, los 11 sacos que supuestamente contenían mineral jamás fueron ofrecidos ni judicializados como prueba.
II.2.2. De Fabio Gabriel Ávila Ibarbe.
Notificado con la Sentencia, interpuso recurso de apelación restringida, que de una comparación con el recurso de apelación restringida de Cimar Luis Montaño Zambrana, resulta una copia con una pequeña variación; en consecuencia, a los fines de evitar reiteraciones innecesarias, no serán transcritas, sino solo la variación, que es la siguiente:
Bajo el título fundamento jurídico, punto 2, refiere que la Sentencia en el punto II.5 que titula subsunción, puntos 1 y 1.1 con relación al tipo penal de Hurto indicó “AUNQUE NO COMO, SE HA LOGRADO ESTABLECER DE MANERA OBJETIVA EL DESPLAZAMIENTO DE ONCE SACOS CON CONTENIDO MINERAL DE ESTAÑO”, “usted dice que no sabe cómo ‘aunque no cómo´ y posteriormente indica que ha logrado establecer de manera OBJETIVA el desplazamiento de once sacos”, afirma que no puede basarse una condena en un hecho que no se logró establecer ya que la Sentencia debe ser objetiva, basarse en la verdad material, existiendo en el caso duda que debió ser beneficiosa; toda vez, que el Ministerio Público, ni la supuesta víctima lograron establecer en juicio cómo se desplazaron los once sacos, por lo que no existiría delito, por no existir prueba idónea y contundente, pues las bolsas encontradas no fueron entregadas a la autoridad fiscal, por lo que, no se menciona en la Sentencia, realizándose el peritaje en prueba “amañada” que jamás fue judicializada e incorporada al proceso; no obstante, se emitió fallo condenatorio.
II.3. Del decreto de 13 de octubre de 2017.
Remitido los antecedentes a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por decreto de 13 de octubre de 2017 (fs. 616), observó los recursos de apelación restringida, señalando de manera coincidente, que los imputados Cimar Luis Montoya Zambrana y Fabio Gabriel Ibarbe, no señalaron la normativa legal en la cual fundamentan sus recursos de apelación, no señalan la aplicación que pretenden y no mencionan los precedentes contradictorios.
Por lo que con carácter previo a declarar la admisibilidad de los recursos, dispuso que en el plazo de tres días perentorios computables a partir de su notificación, subsanen las observaciones, bajo alternativa de rechazo de los recursos en caso de incumplimiento, conforme prevé el art. 399 del CPP.
II.4. Del memorial de subsanación a los recursos de apelación.
En cumplimiento del decreto de 13 de octubre de 2017, los imputados Cimar Luis Montoya Zambrana y Fabio Gabriel Ávila Ibarbe por memorial de fs. 620 a 623 alegaron:
i) Que la normativa legal en que amparan sus recursos se encuentra contenida en el art. 407 y ss. del CPP.
ii) “APLICACIÓN QUE SE PRETENDE”, efectuando una copia de los puntos de su apelación refieren, que los defectos de la sentencia que habilitan el recurso se encuentra establecida en el art. 370 inc. 1) del CPP, Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, en cuyo efecto, cita la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio, por lo que solicitan se declare procedente y se anule el fallo de primera instancia.
iii) Que la aplicación que pretenden es que la Sentencia debe resolver todas las cuestiones planteadas por las partes y ser una garantía para el imputado.
iv) Citan el Auto Supremo 64 de 27 de enero de 2007.
v) Refieren que la Sentencia les causa perjuicio, ya que, fueron condenados por un delito que no fue probado quien fue el autor.
vi) “PRECEDENTES CONTRADICTORIOS”, que la Sentencia “acusa” una errónea aplicación de la norma sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP], ya que, los condena por un hecho totalmente incoherente, por tanto hace una defectuosa valoración de la prueba; y, que sentencia “acusa” una errónea y defectuosa valoración de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP], al establecer una inadecuada aplicación de la sana crítica y la trasgresión de las reglas jurídicas.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro a través del Auto de Vista impugnado, declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia; bajo los siguientes argumentos, vinculados a los motivos de casación:
a) Tomando en cuenta la forma de redacción del memorial de los imputados, incurren en una exposición entreverada que no condice a los antecedentes del proceso penal, no precisan de manera clara, precisa el agravio del fallo apelado, que el art. 398 del CPP, limita al Tribunal de alzada circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados que deben ser precisos y concretos con sustento normativo encuadrado a los incisos del art. 370 del CPP, excepto la segunda parte del art. 407 del CPP, de donde tiene establecido de manera clara las limitaciones que existe a momento de plantear recurso de apelación restringida y no como lo hicieron los recurrentes en la forma como se tiene del memorial con absoluta carencia de fundamento.
b) Que los recurrentes acusan el inc. 1) del art. 370 del CPP, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; que el primero se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o lo que es lo mismo ha creado causes paralelos a los establecidos, que en el segundo caso, si bien se ha observado la norma, la autoridad judicial la aplica de forma errónea; empero, los apelantes no especifican cuál la norma inobservada o erróneamente aplicada, la sustantiva o la adjetiva, si bien acusa inobservancia o errónea aplicación de la Ley no precisa si se trata de norma sustantiva, que tomando en cuenta que tiene fallo condenatorio, en la idea de los apelantes qué artículo está erróneamente aplicado, menos explican si se ha inobservado la norma, qué norma debió aplicarse, en cambio si consideran que la norma erróneamente se aplicó en su lugar qué artículo debió aplicarse. Señalando de manera confusa que los medios probatorios que sirvió para condenar fueron obtenidos mediante tortura; empero, no precisan qué prueba fue obtenida mediante tortura, por qué no lo excluyeron en el momento procesal oportuno, mediante incidente de exclusión probatoria, pues en recurso de apelación restringida no era posible alegar pruebas obtenidas mediante tortura, resultándole importuna; salvo reserva de apelación que en el caso no se tiene planteada por los recurrentes.
c) Que sobre la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva le corresponde puntualizar, que la inobservancia de la Ley o la aplicación errónea puede ser tanto de la ley sustantiva como la Ley adjetiva, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada: 1) errónea calificación de los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal, 3) errónea fijación judicial de la pena, aspectos referidos en la Sentencia Constitucional 727/2003-R, sentido en el que debe quedar establecido que se presenta el supuesto de violación de la Ley, por errónea aplicación de la norma penal sustantiva, cuando la Sentencia ha incurrido en una errónea calificación de los hechos, emergente de un inadecuado proceso de subsunción de los mismos al tipo penal, circunstancia que en el caso que se analiza no se explica de manera precisa y concreta, qué artículo y qué ley hubiera sido inobservado o erróneamente aplicado como tampoco demuestra que se hubiere incurrido en una errónea fijación judicial de la pena ya que la misma se adecua a los parámetros previstos en el tipo penal acusado, no advirtiéndose en el fallo impugnado el defecto de Sentencia, limitándose los recurrentes a argumentar tópicos que no corresponden a demostrar ninguno de los supuestos señalados en la fallo Constitucional, limitándose a señalar que fueron condenados bajo la valoración de prueba ilegal lo que resulta sin reserva de apelación.
d) De la lectura del fallo impugnado en el Considerando II fundamentos jurídicos de la Resolución en el punto II (subsunción), con relación a los tipos penales de Hurto y Asociación Delictuosa el fundamento resulta conforme a los medios de prueba producidos e incorporados en juicio oral, la acusación fiscal y particular no fueron enervados, por el contrario, la conducta desplegada por los recurrentes se tiene acreditada, la voluntad de causar daño económico a la empresa minera Huanuni, ello con el Hurto de Mineral, Estaño de propiedad de la empresa Huanuni, asociándose varias personas configurando el delito de Asociación Delictuosa con fines enteramente ilícitos, por lo que la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva no cuenta con sustento legal y jurídico.
e) Por otra parte los recurrentes acusan violación al derecho a la defensa consagrada en el art. 16 de la CPE, 8 y 9 del CPP; empero, no demuestran de qué manera se afectó el derecho a la defensa, no se tiene desarrollada de manera clara y precisa el por qué acusa derecho a la defensa, cuando en todo momento ejerció su derecho a la defensa, cuando menos no se tiene incidentes o excepciones planteadas con reserva de apelación, puesto que, no hay posibilidad de retrotraer a hechos juzgados por el Tribunal inferior por el principio de inmediación, sino cualquier acusación por defecto de sentencia debe remitirse al art. 370 del CPP; además, la supuesta infracción al art. 16 de la CPE, no resulta ser evidente ya que refiere “I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”, lo que no se refiere al derecho a la defensa siendo errónea la cita presuntamente infringida, probablemente se refiera a normas abrogadas, en relación a los arts. 8 y 9 del CPP, el primero se refiere a la defensa material que fue asumida por los recurrentes desde el momento del inicio de la investigación, presentando sus declaraciones informativas que resulta ser derecho a la defensa, además estuvieron asistidos por defensor técnico en todo momento, fase preliminar de investigación, etapa preparatoria, juicio oral, hasta interponer recurso de apelación restringida, por lo que no advierte afectación al derecho a la defensa.
f) Respecto a la valoración defectuosa de la prueba prevista por el art. 370 inc. 6) del CPP; si bien acusan inaplicabilidad de la sana crítica y la transgresión a las reglas jurídicas; empero, no identifican ni precisan la infracción a las reglas de la sana crítica, no identifican qué pruebas de cargo o descargo se halla valorada defectuosamente, por la forma de redacción del memorial altamente confusa e incoherente se tiene que los recurrentes no tienen el mínimo cuidado de fundamentar su recurso y demostrar la contradicción del fallo con precedentes, defecto de sentencia que debe merecer su fundamentación de manera separada, por cada violación, lo que no acontece en el caso; empero, sin demostrar defecto de sentencia solicitan la declaratoria de procedencia del recurso y anular la Sentencia.
g) En cuanto a la vulneración de las reglas de la sana crítica, haciendo referencia al art. 173 del CPP, obliga a los apelantes a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicados o aplicados erróneamente, expresando las partes en la que consta el agravio para que el Tribunal de apelación pueda ejercer el control de logicidad, que en el caso presente los imputados refieren inaplicación de la sana crítica y transgresión de las reglas jurídicas; empero, no identifican cuáles son esas reglas de la sana crítica infringidas menos señalan cuáles son las pruebas de cargo o descargo valorados defectuosamente; no obstante, en el caso llega a advertir que el fallo se basa en medios probatorios que se produjeron en el juicio oral, otorgándose valor a todos los medios probatorios, así advierte de la Sentencia en sus puntos I, I,4 descripción de la prueba producida en juicio, pruebas del Ministerio Público, documentales y testificales, prueba codificada como MP-D1 a la MP-D12; testificales, declaración de los testigos Franz Guido Montoya Ruiz, Jhonny Vásquez Canceco; pericial Juan Carlos Ayaviri Inturias, prueba testifical de la acusación particular; los mismos testigos ofrecidos por el acusador público. Pruebas de Defensa en el punto I.4.3.1, documentales I.D1 a la I.D3, prueba testifical que no se tiene por ambos apelantes. Es decir en relación a la prueba de descargo se tiene tres pruebas documentales, los que no enervan la acusación fiscal ni particular; y, en el punto II fundamentos Jurídicos de la Resolución, el Juez en el marco del art. 173 del CPP, realizó una apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida en juicio para llegar a la existencia del hecho y la participación de los acusados en el ilícito cuya conducta asumida por los mismos se subsume el tipo penal de Hurto previsto por el art. 326 primera parte y Asociación Delictuosa art. 132 del CP, absolviendo por el delito de Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y Riqueza Nacional, por lo que no advierte vicios de Sentencia.
En el presente caso, este Tribunal admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista recurrido incurrió en insuficiente fundamentación al convalidar la fundamentación insuficiente de la Sentencia; y, ausencia de fundamentación al no hacer referencia a los defectos de Sentencia inherentes al art. 370 incs. 1) y 6) del CPP; consecuentemente, corresponde resolver las problemáticas planteadas mediante la labor de contraste.
Invocó el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, en el que constató que el Auto de Vista no consideró la denuncia de la parte recurrente, incurriendo en incongruencia omisiva, situación por el que fue dejado sin efecto, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.
e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia. (Las negrillas nos corresponden).
Del precedente invocado, se tiene que resolvió una temática procesal similar a la que denuncian los recurrentes concerniente a la insuficiente y ausencia de fundamentación del Auto de Vista recurrido; en cuyo efecto, corresponde ingresar al análisis del reclamo.
También invocó el Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007, que fue dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Peculado y Uso Indebido de Influencias, en el que constató que ante la emisión de la Sentencia absolutoria, el Auto de Vista no corrigió el defecto concerniente al art. 370 inc. 1) del CPP, puesto que, confirmó la Resolución, no observando que se encontraron probados la comisión de los delitos, así como la autoría de los imputados, situación por el que fue dejado sin efecto la Resolución recurrida; no obstante, no será considerado; toda vez, que la problemática resuelta, difiere de la ahora planteada.
III.2. Valoración de la prueba según la sana crítica y su control por el Tribunal de alzada.
Antes de ingresar al análisis del presente recurso, resulta pertinente hacer referencia a la carga procesal que tiene la parte apelante en los casos en los que se denuncie defectuosa valoración probatoria, así tenemos el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 que estableció que: “El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.
Sintetizada la denuncia, se tiene que los recurrentes alegan: que el Auto de Vista incurrió en insuficiente fundamentación al convalidar la fundamentación insuficiente de la Sentencia que omitió considerar los argumentos de la defensa, de la parte acusada expuesta en juicio oral, vulnerando el art. 370 inc. 5) del CPP y el derecho a la defensa; puesto que, una Sentencia no debe limitarse a la consideración de los argumentos de la parte acusadora, omitiendo hacerlo respecto a los planteamientos de la parte imputada, constituyendo insuficiente fundamentación. Añaden, que tampoco habría hecho referencia a los defectos de la Sentencia inherente al art. 370 inc. 1) del CPP, ni habría tomado en cuenta el Auto Supremo 64 de 27 de enero de 2007, al convalidar un fallo que impone una condena sin haberse probado siquiera la autoría. Que el Tribunal de alzada no precisó argumentos en cuanto a los precedentes contradictorios invocados en apelación respecto a los agravios denunciados por los defectos del art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, sobre la sana crítica, el nexo de causalidad del responsable y su responsabilidad penal; la fundamentación coherente de la Sentencia en función a los hechos y los elementos constitutivos del tipo penal en relación a los elementos de convicción, en base a la exposición de las partes considerando también los fundamentos de la defensa y el control bilateral de la prueba, existiendo ausencia de pronunciamiento por el Auto de Vista; en cuyo efecto, a los fines de una mejor comprensión los puntos cuestionados serán analizados de manera separada.
Respecto a que el Auto de Vista incurrió en insuficiente fundamentación al convalidar la fundamentación insuficiente de la Sentencia que omitió considerar los argumentos de la defensa de la parte acusada expuesta en juicio oral, vulnerando el art. 370 inc. 5) del CPP.
Previamente corresponde señalar, que la fundamentación de las Resoluciones implica el deber de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida, ello en apego al principio de congruencia que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; lo que implica, que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus Resoluciones, deben abocarse a responder a todos los puntos denunciados por la parte recurrente, en concordancia o coherencia a lo solicitado, (principio tantum devolutum quantum apellatum), aspecto que encuentra su base legal, en lo previsto por los arts. 398 del CPP, que establece “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”; y, 17.II de la LOJ; que señala que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.
Ahora bien, de la revisión de los recursos de apelación restringida y el memorial de subsanación al recurso, conforme se extractó en los acápites II.2.1, II.2.2 y II.4 de la presente Resolución, se advierte que el referido cuestionamiento (fundamentación insuficiente de la Sentencia), no fue puesto a conocimiento del Tribunal de alzada; entonces, resultaría ilógico exigir pronunciamiento fundamentado alguno, sobre una temática que dicho Tribunal no tuvo oportunidad de conocer; lo que evidencia, que de ninguna manera convalidó el defecto que recién reclaman en casación los recurrentes, pues a los fines de obtener un pronunciamiento fundamentado del Tribunal de alzada, dicho reclamo debieron efectuarlo en la interposición de sus recursos de apelación restringida, lo que no ocurrió.
Por los argumentos expuestos, se tiene que el Auto de Vista recurrido respecto al presente punto no incurrió en contradicción con el precedente invocado que fue extractado en el acápite III.1 de este fallo; toda vez, que el Tribunal de alzada se abocó a responder a todos los puntos denunciados por los recurrentes, no encontrándose en ellos la fundamentación insuficiente de la Sentencia que recién reclaman; en consecuencia, el presente motivo deviene en infundado.
Respecto a la vulneración del derecho a la defensa; se tiene que ante la emisión de la Sentencia condenatoria contra los imputados, respectivamente interpusieron recursos de apelación restringida, en el que cuestionaron “Mi DERECHO A LA DEFENSA”, consagrado por los arts. 16 de la CPE, 8 y 9 del CPP; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada aperturó su competencia y desestimó el reclamo, alegando que los recurrentes no demostraron de qué manera se afectó el derecho a la defensa, cuando en todo momento lo ejercieron; que además, la supuesta infracción al art. 16 de la CPE, no resultaba ser evidente ya que refería “I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”, y no el derecho a la defensa como alegaban los mismos, que en relación a los arts. 8 y 9 del CPP, el primero se referiría a la defensa material que fue asumida por los recurrentes desde el momento del inicio de la investigación, presentando sus declaraciones informativas que resulta ser derecho a la defensa, que además, estuvieron asistidos por defensor técnico en todo momento, fase preliminar de investigación, etapa preparatoria, juicio oral, hasta interponer recurso de apelación restringida.
De esta relación necesaria de antecedentes se evidencia que el Auto de Vista recurrido respecto a la vulneración a sus derechos a la defensa, no incurrió en insuficiente fundamentación como arguyen los recurrentes; sino, que por el contrario contiene la debida fundamentación inmerso dentro del ámbito del derecho al debido proceso; puesto que, resulta expresa; ya que, respondió al cuestionamiento que extrañan los recurrentes, con fundamentos que amparan su decisión del por qué el reclamo no era evidente; clara, se observa que es completamente comprensible, completa; toda vez, que del análisis de los antecedentes del proceso, le permitió llegar al conocimiento de los hechos para emitir su decisión, legítima, porque explicó que los recurrentes no demostraron de qué manera se infringió el derecho a la defensa; y, sin perjuicio de ello, advirtió que en todo momento lo ejercieron; y, lógica, pues cumplió con la secuencia de los referidos requisitos; consecuentemente, este Tribunal observa que la Resolución recurrida, respecto al presente punto del reclamo, reúne los requisitos de validez necesarias, no incurriendo en contradicción con el Auto Supremo invocado; puesto que, cumplió con su deber de fundamentación, por lo que, deviene en infundado.
En cuanto, a que el Auto de Vista recurrido no habría hecho referencia al defecto de Sentencia inherente al art. 370 inc. 1) del CPP, ni habría tomado en cuenta el Auto Supremo 64 de 27 de enero de 2007, convalidando un fallo que impone una condena sin haberse probado la autoría.
Ingresando al análisis del presente punto, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión del fallo condenatorio contra los imputados, respectivamente formularon recursos de apelación restringida, alegando por su parte el imputado Cimar Luis Montaño Zambrana que no ocurrió el Hurto y la Asociación Delictuosa; y, por otra parte el imputado Fabio Gabriel Ávila Ibarbe señaló que la Sentencia en el punto II.5 que titula subsunción, puntos 1 y 1.1 con relación al tipo penal de Hurto indicó “AUNQUE NO COMO, SE HA LOGRADO ESTABLECER DE MANERA OBJETIVA EL DESPLAZAMIENTO DE ONCE SACOS CON CONTENIDO MINERAL DE ESTAÑO”, “usted dice que no sabe cómo ‘aunque no cómo´ y posteriormente indica que ha logrado establecer de manera OBJETIVA el desplazamiento de once sacos”, afirma, que no puede basarse una condena en un hecho que no se logró establecer ya que la Sentencia debe ser objetiva, por lo que no existiría los delitos por no existir prueba idónea y contundente; remitidos los antecedentes a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por decreto de 13 de octubre de 2017, observó los recursos, alegando que los imputados no habían señalado la normativa legal en la cual fundamentan sus recursos de apelación, no señalaron la aplicación que pretenden y no mencionaron los precedentes contradictorios; en cuyo efecto, les concedió el plazo de tres días, para que subsanen las observaciones, bajo alternativa de rechazo del recurso en caso de incumplimiento.
En cumplimiento del referido decreto, los imputados por memorial de fs. 620 a 623 alegaron que la aplicación que pretenden, era el defecto de la sentencia que habilita el recurso establecido en el art. 370 inc. 1) del CPP, Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva. Continuaron su memorial citando el Auto Supremo 64 de 27 de enero de 2007; y, añaden que la Sentencia “acusa” una errónea aplicación de la norma sustantiva, art. 370 inc. 1) del CPP, ya que los condena por un hecho totalmente incoherente; respecto a lo cual, conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.5 del presente Auto, el Tribunal de alzada aperturó su competencia, señalando que los recurrentes acusan el inc. 1) del art. 370 del CPP, señalando la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, que el primero se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o lo que es lo mismo ha creado causes paralelos a los establecidos, que en el segundo caso, si bien se ha observado la norma, la autoridad judicial la aplica de forma errónea; empero, los apelantes no habían especificado cuál la norma inobservada o erróneamente aplicada, si la sustantiva o la adjetiva, que en la idea de los apelantes qué artículo estaba erróneamente aplicado sustantiva o adjetiva, menos explicaban si se inobservó la norma, qué norma debió aplicarse, que de manera confusa señalaban que los medios probatorios que sirvió para condenar fueron obtenidos mediante tortura; empero, no precisaban qué prueba fue obtenida mediante tortura, por qué no lo excluyeron en el momento procesal oportuno, mediante incidente de exclusión probatoria, que en apelación restringida no era posible alegar pruebas obtenidas mediante tortura, lo que era importuna; salvo reserva de apelación, que en el caso no se tenía planteada por la parte recurrente.
Continuando con los fundamentos de la Resolución recurrida, no obstante de lo anterior, añadió, que de la lectura del fallo impugnado en el Considerando II fundamentos jurídicos de la Resolución en el punto II (subsunción), con relación a los tipos penales de Hurto y Asociación Delictuosa, el fundamento le resultaba conforme a los medios de prueba producidos e incorporados en juicio oral, que la conducta desplegada por los recurrentes se tenía acreditada, la voluntad de causar daño económico a la empresa minera Huanuni, ello con el Hurto de Mineral Estaño de propiedad de la empresa Huanuni, asociándose varias personas configurando el delito de Asociación Delictuosa con fines enteramente ilícitos, por lo que, desestimó el reclamo.
De esa relación necesaria de antecedentes, se tiene que no resulta evidente el reclamo de los recurrentes; toda vez, que el Auto de Vista recurrido no omitió considerar ni referirse respecto al defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP; sino, que por el contrario advirtió que los apelantes no habían especificado cuál la norma inobservada o erróneamente aplicada, si la sustantiva o la adjetiva, qué artículo estaba erróneamente aplicado sustantiva o adjetiva, menos explicaban si se inobservó la norma, qué norma debió aplicarse, limitándose a señalar de manera confusa que los medios probatorios fueron obtenidos mediante tortura, sin precisar por qué no los excluyeron en el momento procesal oportuno; fundamentos, que resultan coherentes; puesto que, de la revisión del contenido de los recursos de apelación restringida que fueron extractados en los puntos II.2.1 y II.2.2 de este Auto Supremo y del memorial de subsanación de los recursos de apelación, ciertamente los imputados no precisaron cuál la norma inobservada o erróneamente aplicada, omitiendo señalar de manera clara y precisa de qué manera la Sentencia hubiere incurrido en el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP; no obstante, de dicha negligencia en la que incurrieron los recurrentes, el Tribunal de alzada concluyó que con relación a los tipos penales de Hurto y Asociación Delictuosa, el fundamento le resultaba conforme a los medios de prueba producidos e incorporados en juicio oral, que la conducta desplegada por los imputados se tenía acreditada, el Hurto de Mineral de propiedad de la empresa Huanuni, asociándose varias personas configurándose el delito de Asociación Delictuosa con fines enteramente ilícitos, aspecto por el que desestimó el reclamo, lo que evidencia que el Tribunal de alzada sí se refirió en relación al defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, tomando en cuenta el Auto Supremo 64 de 27 de enero de 2007, que fue únicamente citado por los recurrentes, entendiéndose como un apoyo a la pretensión, por lo que el Tribunal de apelación de una comprensión integral del reclamo, concluyó que el defecto no era evidente; toda vez, que constató que el Tribunal de mérito realizó la correcta subsunción del hecho acusado a la conducta desplegada por los imputados.
De lo anterior, se concluye que el Auto de Vista no incurrió en insuficiente fundamentación, puesto que, sí hizo referencia en relación al defecto del art. 370 inc. 1) del CPP que extrañan los recurrentes; consecuentemente no resulta contrario al Auto Supremo invocado que fue extractado en el acápite III.1 de este fallo; toda vez, que respondió a la integralidad del reclamo, concluyendo que la subsunción que realizó el Tribunal de mérito respecto a la conducta de los imputados era correcta, aspecto por el desestimó el reclamo, por lo que, el presente motivo deviene en infundado.
Respecto a que el Tribunal de alzada no precisó argumentos en cuanto a los precedentes contradictorios invocados respecto a los agravios denunciados por los defectos del art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, existiendo ausencia de pronunciamiento.
Ingresando al análisis del presente punto, del memorial de subsanación a los recursos de apelación, conforme se señaló en el análisis del punto anterior se tiene que los imputados alegaron que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, en el que citaron el Auto Supremo 64 de 27 de enero de 2007, que fue considerado por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el defecto; toda vez, que el referido Auto Supremo fue citada en apoyo al reclamo y no como una denuncia propia que debiera ser tratada de manera diferente como pretenden los recurrentes; en consecuencia, respecto a este punto del reclamo no se advierte contradicción con el precedente invocado; puesto que, la Resolución recurrida respondió a los puntos reclamados, por lo que, este punto del reclamo deviene en infundado.
En cuanto al reclamo concerniente al defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, por una parte corresponde señalar, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, que los imputados respectivamente formularon recursos de apelación restringida, en el que acusaron que se realizó una valoración defectuosa de la prueba, recurso que fue observado por decreto de 13 de octubre de 2017; en cuyo efecto, los imputados subsanaron sus recursos alegando que la Sentencia “acusa” una errónea y defectuosa valoración de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP, al establecer una inadecuada aplicación de la sana crítica y la trasgresión de las reglas jurídicas; no obstante, se advierte que de ninguna manera invocaron precedentes que consideren contradictorios; entonces, en resguardo del principio de congruencia resultaría ilógico, exigirle al Tribunal de alzada pronunciamiento, sobre precedentes contradictorios que no tuvo oportunidad de conocer; lo que evidencia, que de ninguna manera incurrió en contradicción con el precedente invocado que fue extractado en el acápite III.1 de este Auto; por cuanto, el Auto de Vista recurrido resolvió los puntos expresamente recurridos en apelación restringida, no encontrándose en ellos la invocación de precedentes que considere contradictorios respecto al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, por lo que el presente punto deviene en infundado.
Por otra parte, corresponde precisar, que ante el defecto de sentencia señalado; el Tribunal de alzada aperturó su competencia alegando que si bien los imputados acusaban inaplicabilidad de la sana crítica y la transgresión a las reglas jurídicas; empero, no identificaron ni precisaron dicha infracción, no identificaron qué prueba de cargo o descargo habrían sido valoradas defectuosamente, que la forma de redacción del memorial le resultó confusa e incoherente, que la vulneración de las reglas de la sana crítica, obligaba a los apelantes señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicados o aplicados erróneamente, expresando las partes en la que consta el agravio para que el Tribunal de apelación pueda ejercer el control de logicidad, lo que en el caso presente no se había cumplido; no obstante de ello, advirtió que el fallo se basaba en medios probatorios que se produjeron en el juicio oral, otorgándose valor a todos, así advirtió de la Sentencia en sus puntos I, I,4 descripción de la prueba producida en juicio, pruebas del Ministerio Público, documentales y testificales, prueba codificada como MP-D1 a la MP-D12; testificales, declaración de los testigos Franz Guido Montoya Ruiz, Jhonny Vásquez Canceco; pericial Juan Carlos Ayaviri Inturias, prueba testifical de la acusación particular, que fueron los mismos testigos ofrecidos por el acusador público. Pruebas de Defensa en el punto I.4.3.1, documentales I.D1 a la I.D3, prueba testifical que no se tiene por ambos apelantes. Que en relación a la prueba de descargo se tiene tres pruebas documentales; y, en el punto II fundamentos Jurídicos de la Resolución, el Juez en el marco del art. 173 del CPP, realizó una apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida en juicio para llegar a la existencia del hecho y la participación de los acusados en los ilícitos, por lo que desestimó el reclamo.
De esa relación necesaria de antecedentes, se tiene que el Auto de Vista recurrido no incurrió en ausencia de pronunciamiento respecto al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, puesto que, el Tribunal de alzada de manera fundamentada explicó que los imputados no señalaron de qué manera se infringió las reglas de la sana crítica, pues no identificaron qué prueba de cargo o descargo habrían sido valoradas defectuosamente; lo que resulta coherente; puesto que, de la revisión del contenido de los recursos de apelación restringida y del memorial de subsanación a los recursos, los recurrentes se limitaron a transcribir partes de la Sentencia, describiendo las pruebas documentales y mencionando las testificales, omitiendo señalar de manera clara y precisa de qué manera el Tribunal de mérito inobservó las reglas de la sana crítica respecto a las pruebas que describieron; no obstante de ello, el Tribunal de alzada ejerció su deber de control respecto a la valoración probatoria efectuada por el Juez de mérito; puesto que, advirtió que la Sentencia en el marco del art. 173 del CPP, realizó una apreciación conjunta y armónica de todas las pruebas producidas en juicio para llegar a la existencia del hecho y la participación de los acusados en los ilícitos, por lo que desestimó el reclamo; argumentos que evidencian que el Tribunal de alzada no incurrió en ausencia de pronunciamiento como alegan los recurrentes, por lo que, no se advierte contradicción con el Auto Supremo invocado que fue extractado en el acápite III.1 de este fallo; toda vez, que el Tribunal de apelación consideró todos los puntos cuestionados en apelación restringida, adecuando además su acto a la norma y a la doctrina legal vinculante del Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 que fue explicada en el acápite III.2 del presente fallo; toda vez, que es obligación de quien interpone un recurso en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar qué partes de la sentencia constarían de errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis explícito; consecuentemente, el presente punto del motivo deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Cimar Luís Montaño Zambrana y Fabio Gabriel Ávila Ibarbe, de fs. 778 a 789 vta.

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