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Timestamp: 2016-07-31 05:28:10+00:00

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Sentencia de Tutela nº 472/05 de Corte Constitucional, 10 de Mayo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623126
Sentencia de Tutela nº 472/05 de Corte Constitucional, 10 de Mayo de 2005
Actor:Luis Eduardo Farfan Melo
Demandado:Juzgado S&eacute;Ptimo Civil del Circuito de Cucuta y Otros
Fecha de Resolución:10 de Mayo de 2005
Expediente:1039434
Derecho al debido proceso de deudor del sistema upac a quien por suspension del pago de cuotas del credito le fue iniciado proceso ejecutivo hipotecario y habiendo solicitado la terminación del proceso, el juzgado no acepto la peticion y apelo la decision. Solicita se ordene a la entidad conavi la terminación del proceso ejecutivo hipotecario de conformidad con lo ordenado en la ley 546 de 1999 y como medida transitoria la suspension del remate del inmueble. Accion de tutela contra providencias judiciales. Ocurrencia de una via de hecho. Subreglas a tener en cuenta para la debida interpretacion de la ley 546 de 1999, y para hacer viable la accion de tutela por la posible ocurrencia de una via de hecho. Para garantizar la proteccion del mencionado derecho fundamental, esta sala ordenara en primer termino dejar sin efecto todas las actuaciones judicales surtidas con posterioridad ala fecha en que se hubiere presentado la reliquidacion del credito hipotecario y se ordenara el pronunciamiento en los terminos de la ley 546 de 1999 y ciñéndose a la interpretación hecha mediante sentencia c-955/00
Sentencia T-472/05
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Ocurrencia de una vía de hecho
VIA DE HECHO-Requisitos que la configuran
La Corte Constitucional consideró necesario que, en aquellos casos en los cuales los jueces encargados de dar aplicación a dicha ley, incurrieran en un error de interpretación y así mismo se apartaran de la posición jurisprudencial sentada por la Corte, dicha actuación podría configurar una vía de hecho, y en ese evento, se deberá entonces, entrar a verificar el cumplimiento, no solamente de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, sino también de aquellos que determinan la efectiva configuración de una vía de hecho, criterios jurisprudenciales sobre los cuales esta Corporación ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia y que son a saber los siguientes: a) Que la conducta del agente carezca de fundamento legal; b) Que la acción obedezca a la voluntad subjetiva de quien desempeña la autoridad judicial; c) Que tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales, de manera grave e inminente; d) Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo, se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado.
ACCION DE TUTELA POR VIA DE HECHO-Subreglas a tener en cuenta para la debida interpretación de la Ley 546/99
Las subreglas que se pueden deducir de la misma Ley 546 de 1999, y de la interpretación que esta Corporación ha hecho de la misma en varias de sus sentencias de tutela y constitucionalidad son las siguientes: Primero. Que los procesos ejecutivos con titulo hipotecario objeto del beneficio ofrecido por la ley 546 de 1999, se hubieren iniciado antes del 31 de diciembre de 1999. Segundo. Que la actitud del actor haya sido diligente en el proceso ejecutivo y haya agotado en consecuencia los mecanismos de dicho proceso para solicitar la cancelación del mismo. Tercero. Reliquidada la obligación hipotecaria, el camino a seguir, estaba claramente señalado por la misma ley 546 de 1999, la cual disponía la terminación o cancelación del proceso ejecutivo que se adelantaba contra el particular y el archivo del mismo. Cuarto. Cumplidos las anteriores exigencias legales, la Corte Constitucional consideró necesario que, en aquellos casos en los cuales los jueces encargados de dar aplicación a dicha ley, incurrieran en un error de interpretación y así mismo se apartaran de la posición jurisprudencial sentada por ella misma, dicha actuación podría configurar una vía de hecho, y en ese evento, se debería entrar a verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad respectivos, criterios jurisprudenciales sobre los cuales esta Corporación ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia y a los cuales ya se hizo mención en acápite anterior.
VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO-Terminación del proceso por reliquidación del crédito de UPAC
VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO-Defecto procedimental en la interpretación de la Ley 546/99
El error en que incurrió el juez correspondió a un defecto procedimental. Recordemos que un defecto de estas características corresponde a cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones. Recuerda la Sala que la interpretación hecha por la Corte en sentencia C-955 de 2000 respecto de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, en particular en lo indicado en el parágrafo tercero, señalaba que el único camino a seguir luego de efectuada la reliquidación en los términos de dicha ley, era la de proceder a la terminación o cancelación del proceso, sin más trámite. En consecuencia, el juez argumenta criterios de orden legal que contravienen lo dispuesto por la Corte en su jurisprudencia y desconociéndose en consecuencia la doctrina constitucional que determinaba el verdadero alcance de las normas ya citadas, lleva a concluir a esta Corporación que el juez incurrió en una vía de hecho por defecto procedimental y consecuencia de ello fue la flagrante violación de su derecho fundamental al debido proceso.
RELIQUIDACION DE CREDITO HIPOTECARIO-Suspensión y archivo de proceso en curso
Referencia: expediente T-1039434
Acción de tutela instaurada por Luis Eduardo Farfán Melo contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta y la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda -CONAVI.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Luis Eduardo Farfán Melo contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta y la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda -CONAVI.
El señor Luis Eduardo Farfán Melo interpuso acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta y la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda -CONAVI, por considerar violados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Anota que para la compra de su vivienda, adquirió una obligación hipotecaria con la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda -CONAVI.
Ante el desbordamiento de la deuda, y su imposibilidad de cubrir los pagos, el accionante suspendió el pago de las cuotas de dicho crédito desde el mes de febrero de 1999.
En razón a tal circunstancia, la entidad financiera CONAVI inició el respectivo proceso ejecutivo hipotecario. De los documentos que obran en el expediente se pudo establecer que el accionante entró en mora respecto de su obligación hiporecaria desde el 2 de febrero de 1999, El 27 de abril de 1999, CONAVI inició el proceso ejecutivo. El 31 de mayo de ese mismo año se expide la orden de pago en contra del accionante, la cual se le notificó personalmente el día 14 de septiembre, sin que se hubiere propuesto excepción alguna durante su término de ejecutoria. Con posterioridad se adelantaron las gestiones correspondientes al embargo y secuestro del inmueble con la respectiva anotación en la oficina de registro de instrumentos públicos.
Luego, varias de las normas que servía de estructura jurídica para soportar la figura del UPAC y de su cálculo financiero, perdieron su vigencia, y en su lugar se profirió la Ley de Vivienda (Ley 546 de 1999). Esta misma ley en su artículo 42, dispuso la suspensión de todos los procesos ejecutivos en marcha y la terminación de los mismos, circunstancia que no se dio en el caso del actor.
En vista de tal circunstancia, el accionante, actuando por medio de apoderado judicial en dicho proceso ejecutivo, solicitó la terminación del mencionado proceso que se seguía en su contra, sin que esta petición se hubiere aceptado por parte del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta, razón por la cual apeló ante su superior jerárquico, el Tribunal Superior de Cúcuta.
Advierte el accionante que una vez reliquidada su obligación hipotecaria con CONAVI, bajo los lineamientos señalado en la Ley 546 de 1999, no se le dio la oportunidad de pagar el saldo de las cuotas pendientes. En este punto expone de manera puntal como sucedieron los hechos:
Que la liquidación fue presentada al despacho quien no hizo revisión alguna.
Que la Superintendencia ''nada dijo frente al saldo de la obligación sobre el que se descontó el alivio sino que se limitó a declarar el valor del alivio y a indicar irresponsablemente el valor de un nuevo saldo sin examinar si sobre el que se había restado el alivio había sido o no desprovisto de la DTF. Salvando su responsabilidad al indicar que : `Bajo el supuesto de veracidad en la información básica referente a los pagos, tasas, intereses de mora, primas y fechas reportadas cuya responsabilidad recae en la entidad financiera.' (Negrilla, cursiva y subraya fuera del texto).''
Que habiendo quedado en firme la reliquidación, sin que hubiere mediado examen alguno por parte del juzgado aquí accionado, esta fue aprobada, sin dar al accionante la posibilidad de obligar al banco a atender la reestructuración de su crédito, ya que extra-proceso, dicha entidad financiera no quiso atender las solicitudes verbales del tutelante en relación con la refinanciación y pago del saldo vencido.
Que de todos modos la ley, le otorga al accionante el derecho de reclamar la terminación del proceso y el pago de los saldos mediante un nuevo plan de amortización, porque la crisis de pago no fue un querer del actor, sino su absoluta incapacidad de seguir con el cubrimiento de las cuotas en razón del desbordamiento de la obligación financiera.
Finalmente, indica el accionante que ha insistido en varias oportunidades ante la entidad financiera CONAVI a efectos de que le sea recibido el valor de las cuotas y se le haga la respectiva refinanciación de su crédito como lo ordena la ley, requerimientos ante los cuales la entidad financiera se ha negado.
Mediante documento recibido el día 23 de noviembre de 2004 en la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el Secretario de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, dio respuesta al requerimiento hecho por la Corte Suprema en relación con esta tutela. Sobre el particular dicha instancia judicial remitió copia del Auto proferido por la misma Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta de fecha 25 de abril de 2003, por el cual resolvió el recurso de apelación presentado por el señor Luis Eduardo Farfán Melo.
En sus consideraciones, la Sala Civil-Familia del Tribunal manifestó en especial lo siguiente:
''Es claro que del texto del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, procede la suspensión del proceso hasta que se efectúe la reliquidación del crédito, y presentada ésta, si después de surtirse el periodo de contradicción, quedare saldo insoluto, la misma ley faculta a las partes para que acuerden una reestructuración de ese saldo impagado, en cuyo caso el proceso se dará por terminado. Pero en ningún momento la ley, ni la interpretación constitucional que alega el apelante llegan al extremo, que una vez presentada la reliquidación del crédito, si esta no es objetada y se guarda absoluto silencio por el ejecutado, sin importar que de ella se desprenda que el deudor tiene todavía un saldo en mora, se ordene la terminación del proceso, pues, esa es a más de una muy desafortunada y arbitraria interpretación que implicaría decir que la ley lo que permite es que los deudores hipotecarios se sustraigan del cumplimiento de sus propias obligaciones crediticias, es absurda, porque conllevaría al desgaste de la función judicial, por cuanto, no se podría dejar sin defensa al acreedor hipotecario y éste tendría que volver a iniciar inmediatamente otro proceso como que es el único medio de defensa judicial que le da la ley, y así sucesivamente de manera interminable, lo que, sería entonces una grosera violación al debido proceso y derecho de defensa de los acreedores y que como solución final acabaría con los créditos hipotecarios, situación ajena al espíritu y querer de la ley, que tan ligeramente analiza el recurrente.
''Dentro de este mismo orden de ideas debe afirmarse que concordante como deben ser las cosas, tanto doctrina como jurisprudencia han dicho que ciertamente como consecuencia de la reglada liquidación el proceso finaliza obviamente si los créditos quedan al día y en caso de mora posterior, el acreedor debe iniciar un nuevo proceso, pero, si en virtud de la misma no se quedaba al día en el pago, el proceso donde se realizaba la reliquidación debe continuar su trámite normal, sólo que lo será por el saldo insoluto.''(Negrilla y subraya fuera del texto original).
- Posteriormente, dentro de ese mismo Auto que resuelve la apelación interpuesta por el señor Farfán Melo en el trámite del proceso ejecutivo en cuestión, el Tribunal procedió a relacionar las normas que sustentaba el proceso de transición del sistema UPAC al sistema UVR así como otras normas de la Ley de Vivienda (Ley 546 de 1999).
- Junto con la copia del Auto atrás citado, se anexó copia de la demanda ejecutiva interpuesta por CONAVI en contra del señor Farfán Melo así como copia de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta de fecha 2 de noviembre de 1999, por la cual se decreta la venta en pública subasta del inmueble propiedad del señor Luis Eduardo Farfán.
- Folios 19 a 53, copia de documento remitido vía fax a la Corte Suprema de justicia consistente en oficio suscrito por el Secretario Adjunto de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta junto con el cual remite los siguientes documentos:
Copia del Auto proferido por ese mismo Tribunal el 25 de abril de 2003 por el cual resolvió negativamente un recurso de apelación interpuesto por el señor Farfán Melo en el trámite del proceso efectivo iniciado en su contra por CONAVI
Copia de la demanda ejecutiva hipotecaria interpuesta en abril de 1999 por CONAVI en contra del señor Cuis Eduardo Farfán Melo.
- Folios 54 a 75, original de los anteriores documentos, más copia de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta de fecha 2 de noviembre de 1999, por la cual se decretó la venta en pública subasta del inmueble propiedad del señor Luis Eduardo Farfán Melo, para que con su producto se pague el valor de lo adeudado a la entidad demandante.
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política , en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Corresponde a la Sala decidir si el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta y la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de esa misma ciudad, y la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda -CONAVI violaron el derecho fundamental al debido proceso del señor Luis Eduardo Farfán Melo, al no haber dado por terminado el proceso ejecutivo hipotecario iniciado en su contra, luego de que dicha obligación se hubiere reliquidado en los términos de la Ley 546 de 1999.
Acción de tutela contra providencia judiciales. Ocurrencia de una vía de hecho.
Sin embargo, para que la acción de tutela resulte viable, se deberá verificar el cumplimiento de todos los requisitos de procedibilidad En sentencia T-327 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa se dispuso los elementos esenciales que debía concurrir para considerar que una providencia judicial presenta en su contenido un vicio que la convierta en una vía de hecho, y estos elementos son los siguientes:
''a) Que la conducta del agente carezca de fundamento legal;
''b) Que la acción obedezca a la voluntad subjetiva de quien desempeña la autoridad judicial;
''c) Que tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales, de manera grave e inminente;
''d) Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo, se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado.''. Ver sentencia T-121 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
Inicialmente debemos recordar que esta Corporación definió la vía de hecho como ''aquellas actuaciones arbitrarias que el funcionario judicial desarrolla dentro de la dirección y sustanciación de un proceso. Por consiguiente, suceden estas circunstancias cuando el juez se aparta de la ley, con lo cual vulnera derechos constitucionales fundamentales.'' Ver sentencia SU-542 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
''Pero lo que la Sala reitera es que no basta con aludir a un derecho fundamental -porque toda irregularidad, directa o indirectamente, afecta los derechos fundamentales-, sino que la actitud ilícita del juez debe afectar el derecho grave e inminentemente. Se entiende que la gravedad debe predicarse tanto de la violación del orden legal, como del daño que le causa a la persona afectada, lo cual justifica la acción inmediata por parte del Estado para que no continúe o se produzca tal efecto ilícito. La inminencia ha de entenderse como la evidente probabilidad de una consecuencia negativa e ilícita producida por la actuación judicial.''
Por otra parte, la Corte Constitucional ha establecido una doctrina en relación con las vías de hecho, al clasificar varios tipos de defectos en los que incurren las autoridades judiciales y que conllevan a que sus decisiones sean consideradas como tal. En sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, están claramente resumidos los cuatro tipos de defectos judiciales que pueden configurar una vía de hecho
''(1) un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto;
''(2) un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado;
''(3) un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y,
''(4) un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones. Ibídem.
''En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.
''Adicional a los cuatro tipos de defectos judiciales definidos por esta Corporación como los errores que pueden hacer que una actuación judicial se configure como una vía de hecho, esta misma Corte, en sentencia SU-014 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano planteó un posible quinto tipo de defecto en una actuación judicial y que podría definirse como una vía de hecho por consecuencia. En dicha providencia se señaló lo siguiente:
`De presentarse una sentencia en la que se verifique una vía de hecho por consecuencia, esto es, que la decisión judicial se base en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos constitucionales, y que tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental, se impone, en aras de garantizar los fines esenciales del Estado, su revisión. En caso de que no exista otro medio de defensa judicial, no existe razón constitucional alguna para que no se pueda acudir a la tutela.' (Negrilla y subraya fuera del texto original).'' Ver sentencia T-053 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Con todo, debe señalarse como así lo hiciera la sentencia T-803 de 2004 Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra., que quien acude a la acción de tutela alegando la ocurrencia de una vía de hecho deberá demostrar que agotó previamente los recursos que la ley tiene previsto. Dicha providencia se pronunció así:
''Al respecto cabe mencionar que debido al carácter subsidiario de la acción de tutela, cuando los tutelantes alegan la presencia de una vía de hecho en una providencia judicial o en un acto administrativo, les corresponde acreditar el agotamiento de los recursos que la ley prevé en contra de estos, la no idoneidad de los medios ordinarios de defensa para lograr la protección de los derechos conculcados.''
Cumplidos las anteriores exigencias legales, la Corte Constitucional consideró necesario que, en aquellos casos en los cuales los jueces encargados de dar aplicación a dicha ley, incurrieran en un error de interpretación y así mismo se apartaran de la posición jurisprudencial sentada por la Corte, dicha actuación podría configurar una vía de hecho, y en ese evento, se deberá entonces, entrar a verificar el cumplimiento, no solamente de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, sino también de aquellos que determinan la efectiva configuración de una vía de hecho, criterios jurisprudenciales sobre los cuales esta Corporación ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia y que son a saber los siguientes:
Que tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales, de manera grave e inminente; Para mayor claridad sobre los términos en negrilla es importante consultar la sentencia SU-542 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo, se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado. Sentencia T-397 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
Subreglas a tener en cuenta para la debida interpretación de la Ley 546 de 1999, y para hacer viable la acción de tutela por la posible ocurrencia de una vía de hecho.
Con la expedición del la Ley 546 de 1999, el Gobierno Nacional quiso poner freno a un grave problema de orden social que estaba tomando grandes dimensiones, y que había surgido como consecuencia del desbordado incremento de las deudas hipotecarias adquiridas por los particulares con entidades financieras, deudas que llegaron a causar graves efectos de orden económico, financiero, político y social. Efectivamente, tal y como lo anotara la sentencia T-606 de 2003, M.P. Alvaro Tafur Galvis, la expedición de la mencionada ley, y en particular lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 42 de la misma, buscó:
''...solucionar una crisis social y económica de grandes proporciones, motivada en gran parte por el gran número de procesos ejecutivos en curso i) dado que las obligaciones superaron el monto de pago de los deudores, y en muchos casos el valor de las viviendas; ii) en razón de que los deudores fueron compelidos a trasladar a las entidades prestamistas sumas superiores a lo realmente adeudado; y iii) toda vez que los obligados no conocían el monto de sus obligaciones, siéndoles imposible proyectar sus pagos, como también solicitar la reestructuración del crédito para adecuarlo a sus reales condiciones de pago''
Con todo, la mencionada Ley 546 de 1999, consideró necesario que para obtener los beneficios que ella comportaba, era pertinente cumplir con algunos requerimientos básicos, que se encontraban claramente determinados en el artículo 42 de dicha ley. Pero junto con dichos requerimientos legales, la sentencia C-955 de 2000, así como posteriores providencias de esta Corporación proferidas en casos similares al que hoy se revisa, señalaron unos condicionamientos adicionales que permitieran no solo beneficiarse de lo dispuesto por dicha norma -en el eventual caso que esta fuera mal interpretada por los jueces-, sino también, que se pudiera acudir a la acción de tutela en busca de protección a sus derechos fundamentales conculcados.
Primero. Que los procesos ejecutivos con titulo hipotecario objeto del beneficio ofrecido por la ley 546 de 1999, se hubieren iniciado antes del 31 de diciembre de 1999. El artículo 42 de la Ley 546 de 1999, dispone -se resaltan las expresiones declaradas inconstitucionales mediante la sentencia C-955 de 2000:
Lo anterior significa que el proceso ejecutivo, con el cual una entidad crediticia pretendía hacer efectiva la obligación hipotecaria celebrada en Unidades de Poder Adquisitivo Constante UPAC, por aplicación de la Ley 546 de 1999, debía ser suspendido a efectos de que dicha obligación financiera se reliquidara previo el abono señalado en el artículo 40 ''Artículo 40. Inversión social para vivienda. Con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Estado invertirá las sumas previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo y para contribuir a la formación del ahorro que permita formar la cuota inicial de los deudores que hayan entregado en dación en pago sus viviendas, en los términos previstos en el artículo 46.
''Parágrafo 1°. Los abonos a que se refiere el presente artículo solamente se harán para un crédito por persona. Cuando quiera que una persona tenga crédito individual a largo plazo para más de una vivienda, deberá elegir aquel sobre el cual se hará el abono e informarlo al o a los respectivos establecimientos de crédito de los cuales sea deudor. Si existiera más de un crédito para la financiación de la misma vivienda, el abono podrá efectuarse sobre todos ellos. En caso de que el crédito haya sido reestructurado en una misma entidad, la reliquidación se efectuará teniendo en cuenta la fecha del crédito originalmente pactado.
''Parágrafo 2°. Quien acepte más de un abono en violación de lo dispuesto en este numeral, deberá restituir en un término de treinta (30) días los abonos que hubiera recibido en desarrollo de lo dispuesto en esta ley y los decretos que la desarrollen; si no lo hiciere incurrirá en las sanciones penales establecidas para la desviación de recursos públicos. La restitución de las sumas abonadas por fuera del plazo antes señalado deberá efectuarse con intereses de mora, calculados a la máxima tasa moratoria permitida por la ley.'' (Lo subrayado fue declarado exequible mediante sentencia C-955 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo)., actuación que podía adelantarse de oficio o por petición del deudor.
Ciertamente, el demandado dentro del proceso ejecutivo hipotecario deberá haber asumido y adelantado una posición activa al interior de dicho proceso, haciéndose parte del mismo e igualmente agotando todos los mecanismos legales de que dispone dentro del mismo para solicitar la cancelación de su proceso. Sin embargo, si de los hechos se demuestra que tal actuación brilla por su ausencia, no puede dicho particular pretender que por vía de tutela se puedan corregir o adelantar aquellas actuaciones que de manera negligente o imprudente dejo pasar sin hacer uso de ellas. En sentencia T-535 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra se dijo sobre el particular lo siguiente:
''Otra cosa distinta es si dentro del proceso ordinario se pide la terminación del mismo, y la decisión del juez, aceptando o no la petición, constituye una vía de hecho, evento en el que si se dan los elementos que conforman la denominada vía de hecho, según la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte, la acción de tutela puede proceder.''
''... no existe ninguna solicitud de la actora encaminada a que el juez dé por terminado el proceso y la única actividad que ha realizado en el largo proceso ejecutivo, se encuentra en la objeción que presentó en contra del avalúo del inmueble, objeción que fue resuelta desfavorablemente mediante auto de 14 de julio de 2003. Pero antes de esto no se observa otra actuación procesal, no obstante haber sido notificada personalmente del mandamiento de pago, tampoco compareció como parte demandada a la audiencia de conciliación, ni objetó la liquidación del crédito. Sólo faltando 4 días antes de la fecha señalada para la diligencia de remate, la actora presentó esta acción de tutela''
''A juicio de la Corte, no hay quebranto de mandato constitucional alguno por el hecho de prever la suspensión de los procesos judiciales en cuanto a deudores cuyas obligaciones se encuentran vencidas, pues resulta apenas elemental que, si la situación general objeto de regulación no era otra que la de una extendida imposibilidad de pago, más por el colapso del sistema que por la consciente y deliberada voluntad de los deudores de permanecer en mora, las reliquidaciones de los créditos, así como los abonos y las compensaciones producidos a partir de aquéllas, deben repercutir en el trámite de los procesos, como lo dijo la Corte en la Sentencia SU-846 del 6 de julio de 2000 (M.P.: Alfredo Beltrán Sierra).
''En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P. ) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P. ) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P. ).'' (Negrilla y subraya fuera del texto original).
Cuarto. Cumplidos las anteriores exigencias legales, la Corte Constitucional consideró necesario que, en aquellos casos en los cuales los jueces encargados de dar aplicación a dicha ley, incurrieran en un error de interpretación y así mismo se apartaran de la posición jurisprudencial sentada por ella misma, dicha actuación podría configurar una vía de hecho, y en ese evento, se debería entrar a verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad respectivos, criterios jurisprudenciales sobre los cuales esta Corporación ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia y a los cuales ya se hizo mención en acápite anterior.
En el presente caso, el accionante manifiesta que había adquirido una vivienda y sobre la misma pesaba una obligación hipotecaria contraída con la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda - CONAVI-. Que en virtud de su incumplimiento en el pago del dicho crédito, la mencionada entidad financiera inició en su contra el respecto proceso ejecutivo hipotecario, radicando la respectiva demanda en el mes de abril de 1999. Sin embargo, posteriormente, con ocasión del surgimiento de la Ley 546 de 1999, el accionante solicitó la reliquidación de su obligación financiera, y efectuada ésta, mediante apoderado judicial solicitó al banco la terminación del respectivo proceso, previo el ofrecimiento del pago de las cuotas que quedaron pendientes por cancelar luego de que su obligación fuera reliquidada.
Primero. Se requiere que los procesos ejecutivos con titulo hipotecario objeto del beneficio ofrecido por la ley 546 de 1999, se hubieren iniciado antes del 31 de diciembre de 1999.
Analizados los hechos expuestos por el accionante en el sentido de señalar que en varias oportunidades solicito de manera verbal a la entidad financiera que luego de efectuada la reliquidación de su crédito hipotecario le fuera aceptado el pago de las cuotas remanentes, ofrecimiento que no fue aceptado por dicha entidad financiera. Tal afirmación habrá de tenerse por cierta en los términos del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, pues las partes accionadas en esta tutela, no controvirtieron dicha afirmación, como tampoco aportaron pruebas a partir de las cueles se pudiera deducir que tal intención de pago nunca se hizo.
Ahora bien, teniendo en cuenta la información que obra en el expediente, en especial revisada la copia de la demanda que iniciara la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda -CONAVI., en contra del accionante, es claro que el proceso ejecutivo hipotecario se inició en el mes de abril de 1999 y que el mismo 31 de mayo se expide el mandamiento de pago y el 14 de septiembre se expidió la orden de embargo y secuestro del inmueble, con lo cual queda demostrado que se cumple con el primero de los requerimientos señalados por la Ley 546 de 1999.
Segundo. que el particular titular de un crédito hipotecario en UPAC respecto de quien se estuviere tramitando un proceso ejecutivo, solicite la terminación de su crédito en los términos del artículo 42 de la mencionada Ley 546 de 1999.
Sobre este punto es clara la participación del accionante quien de manera diligente, solicitó en su momento la terminación del proceso ejecutivo, más específicamente que se declarara la nulidad de las actuaciones que se surtieron con posterioridad al 31 de diciembre de 1999 en virtud de lo estipulado en la Ley 546 de 1999. Esta situación se deduce de la lectura del recurso de apelación desatado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, que advierte al accionante que de la aplicación de la Ley 546 de 1999 y de la interpretación que se puede hacer de dicha norma, efectuada la reliquidación del crédito hipotecario en los términos allí estipulados no puede sobrevenir la automática terminación del proceso, advirtiendo que dicha circunstancia sólo podrá ocurrir en el evento en que no quedare saldo alguno por cancelar luego de hecha la mencionada reliquidación. De tal suerte que si quedare un saldo pendiente de la obligación hipotecaria inicial, el proceso ejecutivo en cuestión proseguiría, pero la reclamación se haría tan sólo por ese remanente.
En virtud de dicha respuesta, y teniendo en cuenta igualmente la petición que se relata al inició del mencionado auto, es claro que el tutelante, no sólo obtuvo la reliquidación de su crédito sino que habiéndosele negado la petición de terminación del proceso ejecutivo, este acudió a los recursos que la ley le ofrece en el trámite de tales diligencias, recursos que igualmente le negaron la petición en cuestión.
''Por consiguiente, como el archivo de estos procesos depende de la existencia de la reliquidación, y como en virtud de la sentencia C-955 de 2000, dicha reliquidación es automática, una conclusión se impone: el parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado a la luz de la sentencia C-955 de 2000, estableció la terminación y archivo de los procesos ejecutivos con título hipotecario basado en un crédito UPAC y que se encontraban en curso el 31 de diciembre de 1999.
''29- La conclusión previa se confirma si además se tiene en cuenta que efectivamente el parágrafo del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 preveía una hipótesis de continuación de los procesos ejecutivos, pero dicha posibilidad fue declarada inexequible por la sentencia C-955 de 2000'' M. P. Rodrigo Uprimny Yepes
Tercero. Reliquidada la obligación hipotecaria, el proceso ejecutivo debía terminarse o cancelarse en los términos del artículo 42, parágrafo 3 de la Ley 546 de 1999.
Efectivamente las afirmaciones hechas por el accionante en la demanda de tutela, que corresponden a hechos que no fueron controvertidos por los accionados, y de la lectura del Auto proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta con el cual resolvió negativamente la petición de nulidad que elevara el actor respecto de las actuaciones que se surtieron por parte del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de esa misma ciudad con posterioridad a diciembre de 1999 y en particular luego de que se hubiera reliquidado su obligación hipotecaria en aplicación del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, es más que evidente el hecho de que el trámite que se ha seguido en relación con el proceso ejecutivo iniciado desde 1999 en contra del tutelante, debió efectivamente darse por terminado
Frente al incumplimiento de esta subregla por parte del Juez Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta, y en vista de que no obran otros documentos o actuaciones en esta acción de tutela que desvirtúen lo afirmado por el actor, en el sentido de que en varias oportunidades se ha dirigido ante la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda CONAVI para que esta le recibiera el pago de las cuotas que quedaron pendientes después de la reliquidación de su obligación, y para efectos de la reestructuración de dicho saldo, habrá de tenerlas por ciertas y se deberá advertir igualmente, que en tanto CONAVI no hizo pronunciamiento alguno sobre el particular en el trámite de esta tutela, y que al parecer las gestiones del accionante ante dicha entidad financiera no fueron de conocimiento del juzgado que conoció del proceso ejecutivo, aún así, esta instancia judicial debió, en aplicación de lo dispuesto por el parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, proceder al archivo del expediente, de tal suerte que cualquier otro proceder diferente al señalado por la ley, carecería de todo sustento jurídico.
No obstante, esta actuación no se surtió por parte del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta, como tampoco por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de esa misma ciudad, quienes al resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos por el accionante, prosiguieron con el proceso ejecutivo en cuestión, tal como se deduce lo resuelto en el Auto de fecha 25 de abril de 2003 proferido por el Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Civil-Familia..
Cuarto. Que la actuación judicial atacada por vía de tutela, corresponda a una vía de hecho, para lo cual debe cumplir con los elementos de procedibilidad respectivos.
Recordemos que la vía de hecho corresponde a aquellas actuaciones arbitrarias que el funcionario judicial desarrolla dentro de la dirección y sustanciación de un proceso. Por consiguiente, suceden estas circunstancias cuando el juez se aparta de la ley, con lo cual vulnera derechos constitucionales fundamentales. Ver sentencia SU-542 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Efectuada la reliquidación de la deuda hipotecaria del accionante, circunstancia que se deduce de su relato en la demanda de tutela, así como de la lectura del Auto del Tribunal Superior de Cúcuta que resolvió un recurso de apelación interpuesto por el actor en el que solicitó la terminación del proceso ejecutivo en virtud de lo establecido por la Ley 546 de 1999, y que como se señaló en el acápite anterior se profirió el 25 de abril de 2003, las instancias judiciales efectivamente no dieron aplicación a la mencionada Ley de Vivienda y por el contrario siguieron con el proceso ejecutivo
''Dentro de este mismo orden de ideas debe afirmarse que concordante como deben ser las cosas, tanto doctrina como jurisprudencia han dicho que ciertamente como consecuencia de la reglada liquidación el proceso finaliza obviamente si los créditos quedan al día y en caso de mora posterior, el acreedor debe iniciar un nuevo proceso, pero, si en virtud de la misma no se quedaba al día en el pago, el proceso donde se realizaba la reliquidación debe continuar su trámite normal, sólo que lo será por el saldo insoluto.(Negrilla y subraya fuera del texto original).
En efecto, de lo resuelto en el Auto de fecha 25 de abril de 2003 expedido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, con el cual se resolvió negativamente un recurso de apelación interpuesto por el actor en relación con una solicitud de nulidad de las actuaciones adelantadas por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de esa ciudad, el Tribunal considera que si bien se efectuó la reliquidación del crédito del actor en virtud de la Ley de Vivienda, la terminación del proceso no podía operar de manera automática si aún persistía un saldo pendiente de dicha obligación.
Primero. REVOCAR la decisión proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia que negó el amparo constitucional solicitado, y en su lugar TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Luis Eduardo Farfán Melo.
Segundo. DEJAR SIN EFECTO todas las actuaciones judiciales surtidas con posterioridad a la fecha en que se hubiere presentado la reliquidación del crédito hipotecario del señor Farfán Melo al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta.
Sentencia nº 88001-23-31-000-2005-00067-02 de Consejo de Estado - Sección Primera, de 18 de Julio de 2012
Providencia nº 11001010200020130161900 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 31 de Julio de 2013
Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 46641 de 26 de Agosto de 2015

References: artículo 42
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