Source: http://www.cita.es/sentencias/
Timestamp: 2020-03-30 09:39:06+00:00

Document:
Inspección del Consejo General del Poder Judicial, denuncia (Reglamento 1/98 FELISA ATIENZA RODRIGUEZ (al menos en 2 sentencias), FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS, MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE y JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES magistrados de la Audiencia Nacional y sus relaciones con AIDIT UPM UPC. Sugerencia para Angel Juanes Peces
A la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, denuncia (Reglamento 1/98)
Documento con hiperenlaces en www.cita.es/sentencias y www.miguelgallardo.es/sentencias.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito especialista en informática, telemática, criptología y acústica forense, también como Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es y domicilio para notificaciones C/ Fernando Poo, 16 6ºB 28045 Madrid, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 1/98 para la tramitación de iniciativas, sugerencias, quejas y denuncias, como mejor proceda, expone y denuncia:
1º En escrito que se adjunta sugerimos al Presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes Peces, inspeccionar las sentencias de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional SAN 3603/2009, SAN 3358/2010, SAN 5674/2011, SAN 5719/2011, SAN 1727/2012, SAN 554/2013 y SAN 905/2013 hacen referencia a AIDIT, una extraña entidad participada por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) por su Fundación General y también directamente por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). AIDIT está administrada por funcionarios públicos, siendo una sociedad limitada que emite miles de certificados para obtener desgravaciones fiscales y bonificaciones de las cuotas a la seguridad social de supuestos investigadores. Lo que resulta algo más que sospechoso es el tratamiento que la Sala da a una sociedad limitada que únicamente tiene como propósito facilitar, o asegurar, desgravaciones fiscales y bonificaciones de cuotas a la seguridad social. Curiosamente, AIDIT no aparece en ninguna sentencia del Tribunal Supremo que nos conste. Con fecha 3.5.13 el Presidente de la Audiencia Nacional nos comunica que carece de competencias para ello, y aunque hubiéramos deseado que fuera él quien trasladase nuestro escrito al CGPJ, lo hacemos nosotros mismos aquí, así y ahora.
2º Es posible, y creemos necesario, que los magistrados ponentes FELISA ATIENZA RODRIGUEZ (al menos en 2 sentencias), FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS, MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE y JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES puedan explicar mejor toda su enorme “fe” en AIDIT. Tenemos el máximo interés por conocer cualquier relación entre esos magistrados y cualquier otro que sentencie de esa manera, siempre en favor de un negocio privado del que se benefician, principalmente, funcionarios públicos perjudicando gravemente el interés general y al erario público por desgravaciones fiscales y bonificaciones de cuotas de Seguridad Social.
Por lo expuesto, a la Inspección del CGPJ solicitamos que teniendo por presentado este escrito de denuncia con la documentación que se acompaña (dirigida al Presidente de la Audiencia Nacional seguida de otra dirigida a 3 Secretarios de Estado con hiperenlaces), se digne admitirla e inspeccione la serie de sentencias SAN 3603/2009, SAN 3358/2010, SAN 5674/2011, SAN 5719/2011, SAN 1727/2012, SAN 554/2013 y SAN 905/2013 u otras que tengan relación con AIDIT, FG-UPM y UPC, en Madrid, a 5 de mayo de 2013.
Este escrito se mantiene publicado en Internet
www.miguelgallardo.es/sentencias.pdf
y www.cita.es/sentencias
adjuntando la documentación ya enviada al Presidente de la Audiencia Nacional
Al Presidente de la Audiencia Nacional, Excmo. Sr. D. Angel Juanes Peces
Documento publicado en www.cita.es/sugerencia y www.miguelgallardo.es/sugerencia.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito especialista en informática, telemática, criptología y acústica forense, también como Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es y domicilio para notificaciones C/ Fernando Poo, 16 6ºB 28045 Madrid, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 1/98 para la tramitación de iniciativas, sugerencias, quejas y denuncias, como mejor proceda, expone y sugiere:
1º Las sentencias de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional SAN 3603/2009, SAN 3358/2010, SAN 5674/2011, SAN 5719/2011, SAN 1727/2012, SAN 554/2013 y SAN 905/2013 hacen referencia a AIDIT, una extraña entidad participada por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) por su Fundación General y también directamente por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). AIDIT está administrada por funcionarios públicos, siendo una sociedad limitada que emite miles de certificados para obtener desgravaciones fiscales y bonificaciones de las cuotas a la seguridad social de investigadores. Lo que resulta algo más que sospechoso es el tratamiento que la Sala da a una sociedad limitada que únicamente tiene como propósito facilitar, o asegurar, desgravaciones fiscales y bonificaciones de cuotas a la seguridad social. Curiosamente, AIDIT no aparece en ninguna sentencia del Tribunal Supremo que nos conste.
2º Desde la buena fe, los magistrados deberían escuchar más a quienes cuestionamos los negocios privados de los funcionarios públicos. Con no tan buena fe, pensamos en las recientes noticias sobre la imputación del Tribunal Supremo al magistrado de la Sala de lo contencioso del TSJ de Catalunya, Joaquín Ortíz Blasco. En este sentido, los magistrados FELISA ATIENZA RODRIGUEZ (al menos en 2 sentencias), FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS, MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE y JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES deberían explicar mejor su enorme fe en AIDIT.
y 3º Hemos presentado la denuncia administrativa adjunta en la que les mencionamos ante los Secretarios de Estado de Hacienda Miguel Ferre Navarrete, Seguridad Social Tomás Burgos Gallego e Investigación, Desarrollo e Innovación Carmen Vela Olmo.
Por lo expuesto y puesto de manifiesto en este escrito y en la denuncia administrativa que se acompaña, como mejor proceda sugiero que desde la Presidencia de la Audiencia Nacional se investigue la relación con AIDIT de todos los magistrados relacionados con las sentencias SAN 3603/2009, SAN 3358/2010, SAN 5674/2011, SAN 5719/2011, SAN 1727/2012, SAN 554/2013 y SAN 905/2013, en Madrid, a 1 de mayo de 2013.
Adjuntando la denuncia publicada en
www.miguelgallardo.es/viceministros.pdf
también en www.cita.es/viceministros
y este documento en www.cita.es/sugerencia y www.miguelgallardo.es/sugerencia.pdf
A los Secretarios de Estado de Hacienda Miguel Ferre Navarrete, Seguridad Social Tomás Burgos Gallego e Investigación, Desarrollo e Innovación Carmen Vela Olmo
Documento publicado en www.cita.es/viceministros y www.miguelgallardo.es/viceministros.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito especialista en informática, telemática, criptología y acústica forense, también como Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es y domicilio para notificaciones C/ Fernando Poo, 16 6ºB 28045 Madrid, como mejor proceda, expone y DENUNCIA:
CUESTIÓN PREVIA por COMPETENCIA: Entendemos que los tres Secretarios de Estado a los que dirigimos esta denuncia administrativa son los competentes porque las deducciones fiscales (Real Decreto 4/2004, especialmente en su artículo 35) y las bonificaciones a la cotización de la Seguridad Social (Real Decreto 278/2007) por I+D+i relacionadas con la entidad AIDIT denunciada, deben ser inspeccionadas rigurosamente. La Presidencia del Tribunal Económico Administrativo Central ha negado tener cualquier competencia para investigar, o para informar, sobre sus propias resoluciones al respecto.
1º La "SENTENCIA 183/2009, de 19 de Abril de 2012" (SAN 1727/2012) de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, está publicada y aún más publicitada en Internet
http://www.e-aidit.com/data_nuevo/uploads/descargas/Sentencia_183_2009.pdf
por la entidad AIDIT que certifica numerosas actividades, entidades y personas supuestamente dedicadas a I+D+i. En esa sentencia se revoca una resolución del TEAC remitiéndose a una sentencia anterior, la SAN 3603/2009, en las que la Audiencia Nacional otorga a AIDIT una credibilidad judicial que consideramos sospechosa y sobre la que deseamos hacer pública nuestra más dura crítica hasta el punto que cuestionamos la independencia, ecuanimidad y sentido común de cualquier juez o magistrado que avale en sentencia, tan ilimitadamente, un puro negocio con descarada perversión fiscal y social.
2ª Además de las ya mencionadas sentencias SAN 1727/2012, de la que fue ponente FELISA ATIENZA RODRIGUEZ (recurso de CORPORACION DEMICHEM) y SAN 3603/2009, ponente FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS (recurso ITALCO), hay otras posteriores también en la Audiencia Nacional como la SAN 905/13 (Laboratorios NORMON, ponente MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE), SAN 554/2013 (CAIXA D`ESTALVIS DEL PENEDES, ponente FELISA ATIENZA RODRIGUEZ), todas estimatorias de recursos contra resoluciones del TEAC, y otras anteriores referencias de AIDIT en jurisprudencia de Audiencia Nacional, como la SAN 5719/2011, ponente JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES (recurso ACCIONA), SAN 5674/2011, ponente FELISA ATIENZA RODRIGUEZ (recurso SIDOGRAS), pero también otras de Tribunales Superiores de Justicia, como la desestimatoria del TSJ del País Vasco, STSJ PV 1301/2008, ponente MARIA DEL MAR DIAZ PEREZ (recurso LANACCESS TELECOM), la también desestimatoria del TSJ de Asturias, STSJ AS 5490/2009, ponente MARIA OLGA GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY (recurso INGENIUM INGENIERÍA Y DOMÓTICA) y parcialmente estimatoria del TSJ de Cataluña STSJ CAT 3967/2011, ponente MARIA JESUS EMILIA FERNANDEZ DE BENITO (recurso GIAVE). En resumen, conocemos al menos 6 sentencias de la Audiencia Nacional que citan a AIDIT, todas estimatorias de recursos contra resoluciones del TEAC, y 3 de TSJs, 2 de ellas desestimatorias y 1 parcialmente estimatoria. Entendemos que las estadísticas no son determinantes, pero es evidente la muy distinta consideración de unas y otras altas instancias judiciales hacia los certificados de AIDIT. Parece muy evidente que la Abogacía del Estado no ha cuestionado tan excesiva credibilidad de AIDIT o no parece que haya ejercido el derecho a contradecir aportando otros peritos, los sistemáticos certificados de AIDIT, lo que resulta extremadamente sospechoso. Es muy probable e indeseable que, ante la acumulación de sentencias que sobrevaloran los certificados de AIDIT, TEAC y TEALs y los inspectores ya se hayan resignado y acepten todos siempre sin cuestionar presuntas sobrevaloraciones o fraudes que AIDIT certifica con ánimo de lucro de funcionarios y empleados públicos.
3º Es también público y notorio que desde 2007 denunciamos el negocio de AIDIT por presuntas incompatibilidades y conflictos de intereses con funcionarios de la Universidad Politécnica de Madrid y competencia desleal. Pueden leerse las denuncias publicadas en www.cita.es/upm.pdf www.cita.es/corruptio www.miguelgallardo.es/aidit.pdf miguelgallardo.es/ministradetrabajo.pdf y miguelgallardo.es/interprofesional.pdf
4º Es más evidente aún que existen grandes conflictos de intereses entre AIDIT, por su relación de dependencia con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y varias entidades que utilizan sus certificados para oponerse a resoluciones del TEAC. Por ejemplo, ACCIONA participa con departamentos de la UPM en varios proyectos, algunos internacionales, y ofrece numerosas becas a estudiantes de la UPM al igual que LANACCESS e INGENIUM de las que se encuentran numerosas referencias en el dominio de la UPM, y que muy probablementemente existan otros conflictos de intereses que no afloran como esos de entidades que aparecen en sentencias de la Audiencia Nacional. No existe control alguno que garantice, si quiera formalmente, la independencia de quien certifica lo que equivale, fácticamente, a desgravaciones fiscales y bonificaciones a las cuotas de la seguridad social, en grandes cuantías. Pero las relaciones de la UPM, bien directamente o por participación conjunta en proyectos o por prestación de servicios a través de empresas en las que la UPM participa, como es el caso de AIDIT, no son públicas pues los convenios, contratos y facturación se ocultan. En otros casos, se publicita abiertamente, e incluso con jactancia. Por su actualidad y relevancia, puede señalarse el caso de PESCANOVA, que aparece en 43 resultados en el Web de la UPM, en algunos enlaces que ahora pueden ser muy relevantes para la CNMV y la administración judicial.
5º Para estimar las cantidades que el erario público ha dejado de ingresar basta considerar que manifiesta “En la actualidad, con más de 3.300 certificados emitidos y más de 900 empresas clientes, AIDIT se ha consolidado como la entidad líder en la certificación de la I+D+i del mercado español”. No debe confundirse el coste de cada certificado, que acaba siendo un ingreso o sobresueldo para funcionarios o empleados públicos de las universidades públicas UPM y UPC, con el impacto real en la recaudación de la Agencia Tributaria y la Seguridad, que con seguridad, asciende a varios cientos de millones y posiblemente más de mil millones de euros. En todo caso, el número real de certificados emitidos, su coste real, el impacto de tales certificados en el erario público, y quiénes son los beneficiarios, tanto por las desgravaciones como por los pagos a funcionarios o empleados públicos de la UPM y la UPC es un asunto de relevancia pública e interés general, sobre el que solicitamos información a quien corresponda.
6º Es conocido que el vicerrector de investigación de la UPM, Gonzalo León Serrano, ostenta cargos mercantiles en AIDIT al mismo tiempo que representa a la UPM (o a la Fundación General de la UPM, según le conviene) en una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo que a su vez participa sin ningún control contable en numerosas sociedades según puede verse en www.axon-capital.com recientemente redireccionada a www.axonpartnersgroup.com que ha recibido 3 millones de euros de capital público de la Agencia Financiera de la Comunidad de Madrid para hacer proyectos de casinos y webs de apuestas con BWIN, según se ha denunciado al Tribunal de Cuentas en www.miguelgallardo.es/axon.pdf en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) www.miguelgallardo.es/casino.pdf y en un procedimiento penal en www.cita.es/capital con recurso pendiente en www.cita.es/recapital También se ha iniciado un procedimiento penal por presuntos delitos tipificaos en los artículos 308 y 309 del Código Penal con documentación procedente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y del Tribunal de Cuentas, según puede verse en www.cita.es/craft y www.cita.es/recursocraft pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Madrid. El colmo de la impunidad es el registro, en Austin, Texas, Estados Unidos, de la entidad “Universidad Politécnica de Madrid, Limited Liability Company (LLC)”, ya denunciada en los siguientes documentos: http://www.miguelgallardo.es/titulados.pdf
http://www.miguelgallardo.es/titulados2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/titulados3.pdf
http://www.miguelgallardo.es/titulados4.pdf
7º AIDIT no es mencionada en el informe de fiscalización de la UPM del año 2008 de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (publicado en julio de 2011) ni en la denuncia de oficio del Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas (folios 2 a 5 de las Actuaciones Previas 28/12), por lo que no parece que exista control, ni contable ni fiscal, sobre sus lucrativas actividades realizadas con recursos públicos, materiales y humanos.
8º No es menos sospechosa la actividad de los letrados de la UPM, que ostentan cargos mercantiles en empresas, administran concursales o fincas o comunidades de propietarios y litigan para particulares, incluso contra otras universidades. También hemos podido conocer que un abogado del Estado, Carlos Enrique Romero Duplá, socio de la UPM de AXON, por cierto, presidida por su padre, José Manuel Romero Moreno que ostenta el cargo de asesor jurídico de la persona, la familia y la casa del rey, también litiga contra resoluciones del TEAC pudiendo utilizar todos los recursos que ofrecen sus socios de la UPM, y en especial, AIDIT, con gran ventaja. Carlos Enrique Romero Duplá no es el único abogado del Estado con descarados intereses en la UPM, copropietaria y gestora de AIDIT, pues alguna de las empresas participadas por AXON, concretamente, Santiago Cid Fernández aparece como Secretario de la empresa DOCONTIME participada por AXON. El conflicto de intereses entre la asesoría jurídica de la UPM y los cargos mercantiles de las empresas participadas por la UPM, como AXON y AIDIT, con varios abogados del Estado es escandalosamente repugnante y ya fue denunciado al Abogado General del Estado, sin respuesta, según http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf
9º Es nuestra intención presentar una nueva denuncia contra AIDIT ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y posiblemente otra en instancias europeas, por el efecto expulsión que produce la actuación de AIDIT. Resulta imposible competir contra una empresa que factura certificaciones firmadas por empleados públicos que para la Audiencia Nacional resultan prácticamente incuestionables, siendo el rector la única autoridad que podría abrir expedientes, y no consta que lo haya hecho nunca. Antes al contrario, los letrados de la UPM demandan por derecho al honor cantidades desproporcinadas (en nuestro caso 300.000 euros) malversando servicios jurídicos y costas judiciales y también denuncian ante la Agencia Española de Protección de Datos por derechos que en todo caso son personales, particulares y privados, utilizando recursos públicos, materiales y humanos (incluyendo pagos a un notario y procuradora de los tribunales) para una feroz defensa de derechos que, en todo caso, siempre serían personales, particulares y privados. Estos hechos están denunciados en www.miguelgallardo.es/malversado.pdf habiendo estimado por completo la Audiencia Provincial de Madrid el recurso contra un inmotivado archivo que puede verse en http://www.miguelgallardo.es/recurriendo.pdf por lo que se está instruyendo penalmente una presunta malversación de caudales públicos en la UPM, pudiendo verse la serie de documentos, hoy hasta el número 22 http://www.miguelgallardo.es/malversado22.pdf
10º También preparamos una denuncia, queja y sugerencia por el Reglamento 1/98 del Consejo General del Poder Judicial para la reflexión y alerta a los magistrados de la Audiencia Nacional FELISA ATIENZA RODRIGUEZ, MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE, FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS y JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES y cualquier otro magistrado de cuyas sentencias pueda desprenderse que existe un trato de favor hacia quienes se prevalen de su condición de empleados públicos para obtener beneficios indebidos para sí o para otros, contra lo dispuesto en el art. 95 j del Estatuto Básico del Empleado Público. Por numerosos procedimientos judiciales, y por la evidencia de relaciones cultivadas durante muchos años por la asesoría jurídica de la UPM, tenemos la fundada sospecha de que existen relaciones personales entre magistrados y fiscales que explican presuntos delitos tipificados en el artículo 408 del Código Penal en relación a irregularidades, indicios y presuntas malversaciones en concurso con otros delitos en claro y descarado conflicto de intereses con funcionarios y negocios de la UPM, que alcanzan proporciones escandalosas. En nuestra opinión, las mencionadas sentencias y los procedimientos pendientes de sentencia en los que consten documentos de AIDIT deberían ser inspeccionados y, en su caso, deducirse testimonio de particulares para actuación fiscal. Lamentablemente, los últimos rectores de la UPM, que son los únicos que podrían actuar disciplinariamente, son también quienes más han promovido este tipo de perversos negocios de funcionarios públicos.
11º Recientemente se han publicado varias noticias de fraudes a las ayudas al I+D+i investigadas por la Fiscalía, que evidencian falta de control de las acreditaciones y de los conflictos de intereses más descarados. Por ejemplo, pueden verse en Internet:
www.lavozdegalicia.es/galicia/
27/01/2013 Mozos de almacén figuraban como ingenieros en la trama de I+D+i. López Penide. La causa del supuesto fraude podría salpicar a empleados públicos ...
La Fiscalía investiga un fraude en ayudas de I+D+i en Pontevedra
27/01/2013 Galicia : La Fiscalía investiga un fraude en ayudas de I+D+i en Pontevedra. Centra su labor en una empresa y en un profesor universitario ..
El fiscal requiere a la Xunta los contratos de la trama de I+D+i
15/02/2013 – Poco a poco, la investigación de la Fiscalía de Pontevedra sobre un supuesto fraude en el cobro de subvenciones autonómicas de I+D+i va ...
Testigos declaran que peones hacían de investigadores en la trama ...
04/04/2013 – ... de I+D+i que implicaría a un grupo de empresas de Pontevedra y a ...que el presunto fraude puede ir más allá de lo inicialmente previsto.
Estas noticias justifican una seria profunda y amplia investigación de los certificados y acreditaciones emitidas por AIDIT sobre I+D+i desgravable fiscalmente, y de ingresos y compensaciones o reconocimientos de todos los empleados públicos que se lucran, no solamente por la corrupción puramente económica de quienes se prevalen de su condición de empleados públicos para obtener beneficios indebidos para sí, o para otros, sino también porque las motivaciones para favorecer a unas empresas u otras pueden estar relacionadas con la carrera docente contratados o funcionarios de la UPM y la UPC. Es decir, que los beneficios económicos que generan para otros pueden tener una motivación aparentemente científica o académica, pero el artículo 95 apartado J es claro al sancionar a quien se prevale de su condición de empleado público para obtener beneficios indebidos para sí, o para otros, sea cual fuere su motivación, incluso si no es económica.
Si se nos permite un análisis criminológico, desde una perspectiva histórica y dialéctica, puede asemejarse la corrupción en recalificaciones de suelo o urbanismo municipal, con la que ciertas universidades, entre ellas la UPM y la UPC, en la calificación, recalificación o sobrecalificación de personas físicas y jurídicas como presuntos investigadores. El daño que hacen al futuro del país algunos rectores no es mejor que el que hizo Jesús Gil, pero las autoridades administrativas, y especialmente los representantes de la Fiscalía, prefieren mirar a otro lado exactamente igual que ocurrió en Marbella a finales del siglo pasado.
12º Pese a que existen numerosas sentencias sobre resoluciones del TEAC en las que se cita expresamente a AIDIT, en la base de datos de doctrina del TEAC únicamente hemos encontrado una resolución, la 00/1743/2007 de fecha 29/01/2009, en la que se menciona a AIDIT en http://serviciosweb.meh.es/apps/doctrinateac aunque es posible que sea por desconocimiento nuestro, o bien porque aunque consten los certificados de AIDIT en expedientes, no se mencionan expresamente en resoluciones del TEAC. De lo que no dudamos es que numerosos inspectores de Hacienda y de la Seguridad Social entenderían bien lo que estamos apuntando y si pudieran, actuarían de oficio, más aún si dedican unos minutos a navegar y leer libremente en el Web de AIDIT www.e-aidit.com
La investigación de los hechos denunciados por las autoridades administrativas es mucho más sencilla de lo que pueda parecer. Basta con requerir a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) cuanto tiene documentado sobre AIDIT (en el Web de ENAC constan 7 relevantes documentos sobre AIDIT al día de hoy) y después inspeccionar los procedimientos administrativos, especialmente los tributarios y las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, en los que se hace uso de AIDIT, considerando las sentencias referenciadas u otras más recientes aún, y las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), los regionales (TEARs) y locales (TEALs) a las que no hemos conseguido tener acceso.
Por lo expuesto, SE SOLICITA los Secretarios de Estado de Hacienda Miguel Ferre Navarrete, Seguridad Social Tomás Burgos Gallego e Investigación, Desarrollo e Innovación Carmen Vela Olmo que a la mayor brevedad incoen cada uno de ellos un expediente informativo en el que se nos tenga por interesados para que se nos facilite lo antes posible cuanta información sea de acceso público o al menos estadísticas sobre la entidad AIDIT y sus certificados con consecuencias fiscales o en bonificaciones a cuotas de la Seguridad Social, con pronto trámite de audiencia por parte los funcionarios competentes para evaluar los certificados de AIDIT que consten en los expedientes de las resoluciones del TEAC, TEARs y TEALs, o en inspecciones.
En caso de denegación, se solicita a cada Secretario de Estado al que aquí nos dirigimos una resolución motivada y pie de recurso, o el traslado a quien resulte más competente, entendiendo que, en caso de silencio o denegación insuficientemente motivada, procedería recurso de alzada al correspondiente Ministro del Gobierno de España. Todo ello sin renuncia a ningún otro derecho que pueda correspondernos como denunciantes aquí, en Madrid, a 29 de abril de 2013.
Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales perito especialista en informática, telemática, criptología y acústica forense, también como Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es y domicilio para notificaciones en la calle Fernando Poo, 16 6ºB 28045 Madrid
Nota: Este documento se envía por fax y correo electrónico, pero se recomienda su lectura en formato digital porque se autodocumenta mediante enlaces relevantes, como ya se hizo con el dirigido a la Presidencia del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) www.miguelgallardo.es/teac.pdf

References: artículo 35
 resolución 
 resolución 
 artículo 408
 artículo 95
 resolución