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Timestamp: 2019-02-17 10:00:11+00:00

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Sin respuesta del Ayuntamiento de Marbella por un accidente de su hijo en bicicleta | Defensor del Pueblo Andaluz
Sin respuesta del Ayuntamiento de Marbella por un accidente de su hijo en bicicleta
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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 18/1013 dirigida a Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
El Defensor del Pueblo Andaluz formula resolución ante el Ayuntamiento de Marbella, por la que recomienda dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por la parte afectada en fecha 20 de junio de 2016.
I.- La parte promotora de la queja exponía que su hijo tuvo un accidente de bicicleta el 19 de junio de 2016, mientras circulaba por una calle de Marbella. Añadía que efectuaron la correspondiente denuncia en la Policía Local, adjuntando fotos e informe del médico de urgencias. También manifestaba que iniciaron una reclamación por los daños ante el Ayuntamiento de Marbella.
Hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento por lo que solicitaba nuestra intervención al respecto.
II.- Admitida a trámite la queja, solicitamos informe de la Administración municipal en fecha 19 de marzo de 2018, debiendo reiterar el mismo en una ocasión, finalmente fue recibida respuesta el 23 de julio de 2017.
En la misma se nos hacía constar que el interesado formuló reclamación por responsabilidad patrimonial en fecha 20 de junio de 2016, a consecuencia de la caída de su hijo en la vía pública de Marbella, cuando circulaba en bicicleta.
Añadía el informe municipal que en fecha 12 de julio de 2016 se había iniciado el expediente por responsabilidad patrimonial con nombramiento de Instructora; constando también información de lo actuado en el periodo de prueba y la aportación de la valoración de daños por la persona interesada, en fecha 15 de febrero de 2017.
Consta igualmente en el informe recibido que la Instructora solicitó con fecha 25 de enero de 2017 un informe a la Delegación de Obras y Servicios sobre el estado de la vía pública donde tuvo lugar el accidente, que, como no fue contestado, se ha vuelto a solicitar ahora, tras nuestra intervención, con fecha 26 de marzo de 2018, transcurridos aproximadamente dos años desde los hechos; alegando la Administración la falta de tal informe para poder dictar una resolución.
Por cuanto antecede, conviene realizar a ese Ayuntamiento las siguientes
Debemos aclarar que a la reclamación de la parte interesada -que se presentó en 20 de junio de 2016- le resulta de aplicación el régimen jurídico de procedimiento y obligación de responder determinado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ello, por expresa previsión contenida al efecto en la Disposición transitoria tercera, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece:
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada y de aplicación al momento de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial a petición del interesado, establecía en su articulo 139 lo siguiente:
«1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial.»
Completando la norma procedimental general el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial con las previsiones relativas al procedimiento, contenidas en su artículo 142, que establecía:
«1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados.
7. Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización.»
Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa, y el derecho a la resolución del procedimiento para la determinación de la responsabilidad patrimonial.
Tal desarrollo reglamentario se materializó mediante el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, que fijó el plazo de resolución o terminación del procedimiento en su articulo 13.3, que dispuso: «Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento, o el plazo que resulte de añadirles un período extraordinario de prueba, de conformidad con el artículo 9 de este Reglamento, sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular».
En consecuencia, conforme a los principios legales y reglamentarios referidos, el interesado promotor de un expediente de responsabilidad patrimonial tiene derecho a su tramitación y resolución en un plazo máximo de seis meses.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se formula a ese Ayuntamiento de Marbella, la siguiente
RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por la parte afectada en fecha 20 de junio de 2016.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 142
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29