Source: http://www.scribd.com/doc/144010344/BOLETIN-No-2-Mesanacionalorganizacionesafro
Timestamp: 2013-12-05 19:21:26+00:00

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P. 1BOLETIN No 2 MesanacionalorganizacionesafroBOLETIN No 2 MesanacionalorganizacionesafroRatings: 0|Views: 44|Likes: 0Published by Juan CarabaliMore info:Published by: Juan Carabali on May 27, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Free download as PDF, TXT or read online for free from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee MoreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/144010344/BOLETIN-No-2-Mesanacionalorganizacionesafro05/27/2013pdftextoriginal BOLETÍN No. 2 - Mayo de 2013Editorial
Retos para la visibilidad Estadísti-ca de la Población negra, Arocolom-biana, raizal Y palenquera
en el marcodel Censo Poblacional 2015
Análisis de los derechos a la partici-pación y la consulta previa para lapoblación arocolombiana: Proble-mas y oportunidades…Violaciones a los derechos huma-nos y étnico-territoriales de lascomunidades arocolombianas:Militarización, desplazamientoy confnamientoRaíces de la identidad política delpueblo arocolombiano
n el segundo boletín
de la Mesa Nacional de Organiza-ciones Arocolombianas los lectores se encontrarán con dierentes perspec-tivas sobre temas undamentales como el proceso de paz y los arocolom-bianos, el tema de las víctimas arocolombianas y el nuevo marco jurídico de la ley1448 y el tema de la visibilidad estadística. Los aportes que se hacen a través deeste medio servirán como punto de partida para generar discusiones dentro delpueblo arocolombiano y su proceso organizativo sobre temas undamentales dela sociedad colombiana.Invitamos a los lectores y a las lectoras a hacer sus comentarios para ortalecer estasperspectivas y contribuir, de alguna manera, a la consolidación de un punto devista arocolombiano sobre los temas que pueden cambiar la historia del País, locual también contribuirá a la construcción de un sujeto político arocolombiano derelevancia en la escena política de Colombia.Aprovechamos este espacio para maniestar que su apoyo unánime al proceso dePaz que viene liderando el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con laGuerrilla de la FARC, pero le preocupa que los crímenes cometidos por este grupoinsurgente vayan a quedar impunes, por lo tanto, alerta al Congreso de la Repúbli-ca, a la población colombiana y a la comunidad internacional, sobre la importanciade la participación activa de estas comunidades como constructores de Paz en to-dos los escenarios donde se deba presentar la agenda y las aspiraciones del puebloarocolombiano.
Mesa Nacional de OrganizacionesArocolombianas
Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Articulación deOrganizaciones Sociales Arodescendientes y redes de ConsejosComunitarios para la exigibilidad de los derechos de la poblaciónarocolombiana.
Juan Alberto Carabalí Ospina
Liliana BatallaDanny María Ramírez TorresEusebio Mosquera
María del Pilar López PatiñoAlta Voz Editoresaltavozeditores@gmail.comDiseño GráfcoRubén A. Urriago Gutiérrez
Secretaría Operativa de la Mesa
Conerencia Nacional de Organizaciones ArocolombianasTeléono: (57-1) 3455520, Bogotá, Colombia.
Esta publicación hace parte del proyecto Fortalecimiento del proceso de ar-ticulación de Organizaciones Sociales Arodescendientes y redes de ConsejosComunitarios para la exigibilidad de los derechos de la población arocolom-biana, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional parael Desarrollo, AECID, en Colombia. El contenido es responsabilidad exclusivade sus autores y no representa necesariamente la posición de la AECID ni delGobierno de España.
l presente artículo tiene como pro-pósito brindar un análisis al mecanis-mo de representación nacional delpueblo arocolombiano establecido por elgobierno nacional con ocasión de las discu-siones y deliberaciones de su agenda legis-lativa próxima. Y hace especial énasis en lasimplicaciones proyectadas con la estructu-ración de una Comisión Consultiva Nacio-nal de Alto Nivel de Comunidades Negrasy Arocolombianas para la realización deconsultas previas de medidas legislativas yadministrativas, mediante la expedición delDecreto 2163 de 2012.Este acto administrativo que orientó elgobierno nacional generó esperanzas, entanto que conaron en que se resolveríanlos limbos jurídicos en materia de repre-sentación, pero acto seguido las acciones jurídicas de sectores importante de lascomunidades posibilitaron que la CorteConstitucional declarara la suspensión pro-visional de la Resolución 0121 y los actosadministrativos que se hayan proerido endesarrollo de la misma.
Análisis de los derechos a laparticipación y la consulta previapara la población arocolombiana:problemas y oportunidades…
La Corte Constitucional evidenció vicios deprocedimientos en el instrumento de con-vocatoria y posterior elección de represen-tantes al espacio nacional. Más allá de ello,el mecanismo que se denió mediante elDecreto 2163 de 2012 y que posteriormen-te ue suspendido por esa dependencia ju-dicial, otorgaba la representación y voceríaterritorial a un segmento de la poblaciónarocolombiana por su especial orma or-ganizativa en el territorio, pero deja en evi-dencia, en primer lugar, un proundo vacíopara reconocer las complejidades del pro-ceso étnico organizativo arocolombiano,en tanto que desconoce las otras ormasorganizativas distintas a los consejos co-munitarios. En segundo lugar, no cumplecon las observaciones y obligaciones que laCorte Constitucional ha sugerido sobre losprocesos de consulta previa; de ahí, que seadel todo pertinente, una propuesta de aná-lisis de los derechos a la participación y a laconsulta previa para la población arodes-cendientes en Colombia, como la aquí pro-puesta, dirigida a identicar los problemasactuales y las posibles oportunidades parala garantía eectiva de estos derechos.
La cuestión de la representaciónafrocolombiana
El gobierno nacional construyó un marco jurídico institucional para la representaciónde los ciudadanos arocolombianos a pesarde las grandes dudas sobre las inconve-niencias de aterrizar las discusiones a un es-pacio de interlocución y decisión amarradoexclusivamente sobre la Ley 70 de 1993. Esimportante tener en cuenta, que han exis-tido pronunciamientos que cuestionan laidoneidad jurídica y política, como ejerci-
Miembro del Equipo Técnico de la ConerenciaNacional de Organizaciones Arocolombianas –CNOA, Asistente de investigación de laConsultoría para los Derechos Humanosy el Desplazamiento – CODHES
través del artículo 7° de la ConstituciónNacional de 1991, el Estado colom-biano reconoce la diversidad étnica ycultural de la Nación colombiana, lo cualla constituye como una nación pluriétnicay multicultural, representada por las expre-siones de los descendientes de aricanosesclavizados en las Américas, los amerin-dios y la población rom o gitanos, pobla-ciones que se distribuyen a lo largo y anchodel territorio nacional.A partir de este reconocimiento se suponeun nuevo tipo de relación entre el Estado ysu población rente a la diversidad étnica,pasando de relaciones de tipo vertical arelaciones horizontales con grupos de po-blación considerados como minoritarios,lo que genera en las distintas entidades degobierno la necesidad de asumir un eno-que dierencial que valore y reconozca ladiversidad.Dentro de ese reconocimiento de la diver-sidad se supondría que el Estado debe con-tar con un Sistema de Medición PoblacionalEectivo que dé cuenta de la variedad ét-nica de la Nación. Pues bien, esa presun-ción aún no está completa. En Colombiala identicación de la población étnica seha undamentado sobre varios criteriosmetodológicos, que han incidido sobre suvisibilización. Criterios que han tenido suundamento principal en la “raza”, en el lu-gar de ubicación de la persona censada, enla lengua y en la identidad.En eecto, de 1905 a 1928 el criterio de iden-ticación en Colombia estaba undamenta-do sobre la “raza”, es decir sobre los rasgosísicos que percibía el empadronador. De1928 a 1973 el criterio de identicación sebasaba sobre la lengua y la ubicación dela persona censada, en áreas previamenteestablecidas. En el periodo 1985-2005 elcriterio de base para la identicación étni-ca es el autorreconocimiento, como rasgode pertenencia y de identidad, reerido alsentido de pertenencia que expresa un in-dividuo rente al colectivo porque se com-parten prácticas socioculturales habituales.En el Censo 2005, a petición de la poblaciónarocolombiana, se incluyó el autorrecono-cimiento por sus rasgos ísicos con el n devisibilizar a una parte de esta población queno se reconoce culturalmente.En ese sentido, los criterios para el auto-reconocimiento o identidad étnica de loscolombianos y colombianas se debe com-plejizar, tener más hilo en el detalle y sobretodo abordar el proceso de socialización yde ormación para el reconocimiento étni-co cultural, porque aún persisten los reza-gos de la colonización, las dinámicas delracismo y la discriminación racial y la sub-valoración de lo dierente, en las cuales seha camufado la negación de esas riquezasculturales y étnicas de las poblaciones ra-cializadas en la subalteridad en la sociedadcolombiana.Esos retos que están dados para el DANE,se extienden a las dierentes entidades delEstado que aún tienen decientes sistemasde medición, tal como lo reconoce el docu-mento de Lineamientos de la Política Públi-ca de Equidad de Género para las Mujeres:
“Es poca la inormación estadística ofcial dedatos desagregados por grupos poblaciona-les con la cual se pueda observar con claridad el comportamiento de la variable étnica, y son menos los datos que cruzan esta varia-ble con la de sexo, por lo cual no se tiene in-ormación estadística dierenciada sobre lasmujeres indígenas arocolombianas, negras,raizales, palenqueras y rom” (Pág. 14).Reconocer la diversidad cultural no es so-lamente un acto de proclamación. Implica,ante todo, adecuar la normatividad y losprocedimientos de las instituciones esta-tales, para que la visibilización de los gru-pos étnicos sea una realidad y para quesus reivindicaciones y sus necesidades departicipación puedan ser atendidas. Conla inormación censal es posible realizarun enoque dierencial étnico/racial en laconstrucción, seguimiento y evaluación depolíticas públicas de inclusión social, parala investigación académica, para el ortale-cimiento de las organizaciones arocolom-bianas y en la ormulación de los planes devida y los planes de desarrollo de la pobla-ción indígena, arocolombiana y rom.En ese sentido algunos de los retos quedebe arontar el DANE para el censo pobla-cional previsto para 2015, están dados en:Establecer los criterios metodológicos per-tinentes para la medición poblacional étni-co/racial.Liderar la construcción real y pertinente desistemas de medición y bases de datos delas poblaciones étnicamente dierenciadasdentro de la estructura del Estado.Indicadores demográcos de los gruposétnicos, incluyendo su distribución porcen-tual y por área, sus estructuras poblaciona-les por sexo y edad comparadas, los princi-pales indicadores demográcos asociadosa esas estructuras, la ecundidad, las reco-mendaciones y prácticas.Visibilizar el reconocimiento de las condi-ciones demográcas y sociales de la pobla-ción étnica en el país, para que sirva de un-damento en la construcción de un enoquedierencial que sitúe a los grupos étnicosen las agendas de las dierentes entidadesestatales.Trabajar mancomunadamente con las po-blaciones étnicamente dierenciadas paragarantizar su participación y aportes para elcuestionario censal y su aplicación.Fortalecer los procesos de sensibilización yejecución del censo poblacional en los te-rritorios.Construir de manera concertada con losgrupos étnicos el ítem de pertinencia étni-ca del cuestionario censal.Es realmente importante y necesario que selleve a cabo un proceso serio y conable delproceso de medición censal en 2015 y losaños venideros, porque las poblaciones ne-gras, arocolombianos, raizales y palenque-ras necesitamos saber realmente ¿Cuántossomos?
para la visibilidadestadística de lapoblación negra,arocolombiana, raizaly palenquera
Foto: Danny María Ramírez Torres.Foto: Danny María Ramírez Torres.
Socióloga y Candidata a Magíster en Estudios deGénero de la Universidad Nacional de Colombia. Inte-grante de la Conerencia Nacional de OrganizacionesArocolombianas -CNOA-
cio que pondera los derechos en cuestióny que no se ven recogidos con respecto ala existencia de una institucionalidad pre-vista para la reglamentación de la ley en sí misma y a lo cual, hoy se denominó: “limbo jurídico”. No obstante, el decreto pretendíaresolverlo, pese a las grandes advertencias,comunicados y suplicas que líderes y lide-resas arocolombianas le hicieran al Minis-terio del Interior.De ahí que, es altamente irracional seguirconcibiendo que las discusiones internasdel proceso organizativo arocolombiano yla relación modelo de desarrollo y puebloarocolombiano tengan que ser unilateral-mente resueltas por el gobierno nacionalvía la expedición de mecanismos adminis-trativos que violan principios de autono-mías y blindan toda posibilidad de generarun proceso de unidad étnico organizativaarocolombiana.
La estructura del Decreto 2163 determinórevestir la representatividad y adjudicarla responsabilidad única y exclusivamen-te en los Consejos Comunitarios respectode todas las decisiones que implican brin-darle continuidad al modelo de desarrolloeconómico de Colombia. En sumo, es unavisión limitada del pueblo arocolombianoque lo ubican y limitan a la ruralidad, peroademás, es una mecánica jurídica que eneecto acomoda las incomodidades insti-tucionales que se han dejado evidenciar eninterpretaciones como: el “tropel”que im-plican los procesos de consulta previa conlas comunidades negras, arocolombianas,Palenqueras y Raizales.Es relevante explicitar que el pueblo aro-colombiano se encuentra en la actualidadbajo el uego cruzado y en el epicentro deun conficto que se recongura surtiendomenos concentración en tácticas contrain-surgentes y proundiza sus capacidades mi-litares generando protección a los distintosintereses corporativos y anti estatales quese pelean las oportunidades que trae consi-go la propuesta de crecimiento económicoenmarcada en el Plan Nacional de Desarro-llo y tratados multilaterales. Pues bien, elmodelo integra una avanzada estrategia deexpropiación territorial que no termina allí,sino que aterriza e impone el autoritarismocon el reajuste y modicación de todas lasmedidas normativas que tienen por obje-to proteger la diversidad étnica, cultural, ytambién, desbaratar la integridad territorialque hoy sostiene el pueblo arocolombia-no. Aún resiste.Los impactos por el modelo de crecimientoeconómico en Colombia, que es integradoy acelerada por cinco locomotoras de lacual hace parte un motor legislativo quesacude las bases normativas para posterior-mente abrirle paso a la locomotora mineraque undamentalmente va en detrimentode cualquier posibilidad de construir un pa-norama de acceso a derechos para las ma-yorías del país y en particular para el puebloarocolombiano.Es relevante expresar que, los antecedenteshistóricos, el nivel de Necesidades BásicasInsatisechas
(NBI), los impactos despro-porcionados del conficto y la minería or-ganizada y desorganizada, sin duda serándeterminantes en la línea de agudizacióny proundización del escenario de empo-brecimiento. En el año 2012, el gobiernonacional además de no cumplir con la cons-trucción e implementación de un marco deprotección a los pueblos arocolombianosordenado por la Corte Constitucional hacemás de tres años, por el contrario, ha emi-tido resoluciones como la (180241 y 0045)que declaran importantes territorios de lascomunidades a lo largo del territorio delPacíco; como zonas estratégicas mineras.Ante la gravedad de estos impactos no segeneran procesos de diálogo intercultu-ral como supone el derecho a la consultaprevia. No obstante, resulta curioso quesectores institucionales reconozcan quelas apuestas mineras de alta escala en elterritorio no solo destruyen las relacionesy vínculos de tradición del pueblo aroco-lombiano, sino también, las condicionesmateriales de existencia y supervivencia enel territorio.Dicho de otra manera, loinmediatamente ante-rior pone de pre-sente no solouna crisis humanitaria que se asienta cadavez más uerte en el Pacico colombiano,sino que también, no deja perder de vistalos diagnósticos preocupantes y denunciasalarmantes que han emitido los escenariosacadémicos y comunidad internacional so-bre los limites rente al acceso a derechosy que son apuntalados por prácticas de ex-clusión y empobrecimiento. Según la diná-mica institucional; en mérito de ocupar porparte de las comunidades negras y pueblosarocolombianos los índices más preocu-pantes en los registros de medición y eva-luación de impactos de la política públicadel país.Nótese, que mientras el impacto territorialde la política pública muestra un panoramapoco alentador para los territorios ocupa-dos por comunidad negra y pueblos aro-colombianos, simultáneamente son ase-diados por asesinatos de jóvenes y niños,explosión de arteactos en viviendas y unadestrucción masiva dirigida por la visiónde minería a gran escala y redenición deronteras territoriales a sangre y uego, porquienes tienen el propósito de adjudicarsepoder de control territorial para incidir enla seguridad de los megaproyectos y rutasdel narcotráco. A marzo de 2013 se han re-gistrado en Buenaventura 20 muertos porenrentamientos relacionados con el narco-tráco, ¿qué tan lejos está el narcotráco dela política en Colombia?Tampoco perdamos de vista que es unalínea de continuidad, en tanto que el año2012, los registros de organizaciones y ONGcompletaron más de 600 jóvenes asesina-dos entre Buenaventura, Tumaco, Guapi,Itsmina y Quibdó, con un panorama dedesplazamiento superior a diez milpersonas y conun nivel de connamiento evidenciado yano solo en la esera rural, sino también enlas zonas urbanas. Ésta, es una realidad deuertes preocupaciones en el movimientoorganizativo arocolombiano y que entraa constituir parte de las invisibilidades enuna diáspora que en la cotidianidad marcalos proyectos de las amilias de la comuni-dad negra y arocolombiana en el Pacíco,el Caribe y zonas marginales de las ciuda-des colombianas.Es perentorio plantear que, quienes de-nan ser los voceros y tomen las decisionesque comprometen el presente y uturo delpueblo arocolombiano deben tener unalectura clara sobre los ataques brutales yacciones que socaban las posibilidades deprotección de los derechos no solo indivi-duales, sino como pueblo.
Los seis problemas más gravesdel Decreto 2163 y la alarma de laCorte Constitucional:
1. Una de las más graves contradiccionesdel Decreto radica en que el gobiernonacional estructuró en primer lugar,unos considerandos que van desdereerir el artículo 7° de la ConstituciónPolítica en prosa de reconocer y prote-ger la diversidad étnica y cultural delpaís y luego soslayar los parámetrosnormativos a un segmento de la pobla-ción arocolombiana, en segundo lugar,realizó mención a la Ley 70 de 1993 y alconvenio 169 de la OIT respecto de lanecesidad de consultar a los pueblosinteresados mediante sus institucionesrepresentativas, para nalmente resol-ver con undamento en una visión re-ducida sobre elcomponente poblacional que supone eldialogo intercultural de ese mismo mar-co normativo. Es decir, viola el artículo8 del mismo convenio 169 de la OIT, entanto que este plantea en su desarrollo;que son las mismas expresiones orga-nizativas las que denen su represen-tatividad. “En algunas instancias, el tér-mino “instituciones”se usa para hacerreerencia a las instituciones u organi-zaciones ísicas, mientras que en otraspuede tener un signicado más amplioque incluye las prácticas, costumbres ypatrones culturales de los pueblos indí-genas”(Organización Internacional delTrabajo (OIT).2. La visión reducida hace relación conla orma como se desdibujan las citasnormativas anteriores con ocasión a lasresoluciones 0121 y 0254 de 2012 quetambién se citan en los considerandosde orma perversa y que evidentementevan a tener una incidencia corrosiva delos aspectos a que se reere la medidade Decreto. Dicho de otra manera, lasresoluciones corresponden a una ormade gobernabilidad que ha tomado cadavez más uerza y ha asentado su accio-nar sobre los aspectos que involucranal pueblo arocolombiano, sin tener encuenta la visión de sus bases organiza-tivas comunitarias no solo en los territo-rios ancestrales, sino a lo largo y anchodel país donde reside el pueblo aroco-lombiano.Para eectos del entendimiento, es un-damental plantear que el artículo 2 dela Ley 70 del 93, en el numeral 1 y elnumeral 5 dene de orma integral elsegmento poblacional a que reere yno margina, de tajo, al resto de la po-blación. Es evidente, cómo la variablede desplazamiento étnico ha cons-tatado que un número sig-nicativo de negros yarocolombianoshan salido desitios de ocupación ancestral y terri-torios de Consejos Comunitarios. Estaconsideración anterior, es un aspecto detrascendencia que hoy más que nuncay en tiempos de crisis humanitaria debetenerse en cuenta para analizar la: rela-ción campo poblado. En tanto que;
“Co-munidad negra es el conjunto de amiliasde ascendencia arocolombiana que po-seen unan cultura propia, comparten unahistoria y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relación cam- po-poblado, que revelan y conservan con-ciencia de identidad que las distinguen deotros grupos étnicos” 2
. En contraste, lo se-ñalando por el gobierno nacional a par-tir del Decreto; la condición étnica soloprocede por el reconocimiento territo-rial que el Estado ha realizado y no porcompartir una sola historia o compartirun trato histórico marcado entre otrascosas por la historicidad iniciada con lainstitución esclavitud, dicho de otra ma-nera, la medida no guarda proporciona-lidad con la misma Ley 70 de 1993.3. Así las cosas, se tiene en cuenta una par-te de las comunidades en el marco delas deliberaciones y se excluyen en pro-porción y de orma catastróca más del90% de los arocolombianos. El meca-nismo conorma una Comisión Consulti-va de Alto Nivel con delegados de Con-sejos Comunitarios que demuestren eltitulo colectivo a partir del desarrollo deresoluciones de titulación territorial conacomodo a lo establecido en la Ley 70de 1993. La participación en esta Comi-sión Consultiva, en lo actico, marca unadependencia del número y cantidad deConsejos Comunitarios que ostentan te-ner la resolución en los departamentos.Por consiguiente, la participación quese buscó establece; de uno a cuatro (1 a4) delegados por departamento, tenien-do en cuenta que la realidad los pro-cesos de titulación que históricamentehan estado precedido por la precarie-dad y lentitud de los procesos desarro-llados por la singular institucionalidaddel Instituto Colombiano de DesarrolloRural –Incoder– de cara al pueblo aro-colombiano y en consecuencia no todostienen títulos.4. Encima, la catástroe no termina allí, elprocedimiento que buscó reglamentarel Decreto no solo excluye al procesoorganizativo arocolombiano en su másamplio espectro, sino que también,generó exclusiones al interior de losconsejos comunitarios que poseen lostítulos colectivos y no habían realizadoactualización de sus juntas directivas eigualmente reportado la documenta-ción pertinente a las ocinas de la Di-rección de Comunidades Negras y aro-
Ley 70 de1993.Artículo 2,numeral 5.
Paramayorinormaciónsobreeltemapuedeconsultar:PNUD.2011.ArocolombianosFrentealosObjetivosdeDesarrollodelMilenio.Dispo-nibleenURL:http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66140Búsquedarealizadaeldía28demayode2012;CODHES.2012.BoletínNo79:Despla-zamientoCrecienteyCrisisHumanitariaInvisibilizada.DisponibleenURL:http://www.codhes.org/images/stories/pd/bolet%C3%ADn%2079%20desplazamiento%20creciente%20y%20crisis%20humanitaria%20visible.txt.pd;yConsejodeDerechosHumanos,NacionesUnidas.InormedelaExpertaIndependientesobreCuestionesdelasMinorías,Sra.GayMcDou-gall.MisiónColombia.(A/HRC/16/45/Add.1),25deenerode2011.
Viene de la pág. 3Continúa pág. 6

References: Resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo8
 artículo 2
 resolución