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Timestamp: 2020-08-13 09:52:04+00:00

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Partido Democratico Somos Peru | Burocracia | Gobierno
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P&S V21 N1 Battezzati
PLAN DE GOBIERNO PUENTE PIEDRA 2019-2022
PLAN DE GOBIERNO PUENTE PIEDRA 2019 – 2022
1. BASES DEL PLAN DE GOBIERNO
1.1 Calidad de las Personas
1.2 Los Recursos Legales
1.3 Procesos Claros y Sencillos
¿Por qué lo sencillo se hace difícil? ¿Dónde radica el problema?
1.4 Reforma de las políticas represivas. No
1.5 Ahorro del gasto
2. DISTRITO PUJANTE DE PUENTE PIEDRA, PRIMER ACERCAMIENTO
Recuperación de los espacios públicos y problemática del comercio ambulatorio
Competencia en materia de comercio ambulatorio
Lanzamiento del programa “Vivienda segura”
Reordenamiento del Servicio de Transporte en Vehículo Menor
3. EVOLUCIÓN DE LIMA METROPOLITANA
4. DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
4.1 Información Demográfica
4.2 Acceso a Servicios Básicos
4.7 Limpieza Pública y Gestión Ambiental
4.8 Desarrollo Económico
4.9 Vivienda
4.10 Delimitación Distrital
4.11 Sistema de Información Catastral
5. VISION DE DESARROLLO
6. EJES ESTRATEGICOS
EJE 1 – Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
EJE 2 - Oportunidades y Acceso a los
2.3 Educación y
2.4 Tránsito y realidad
EJE 3 – Estado y
EJE 4 – Economía, Competitividad y
4.1 Inserción y Estabilidad Laboral
4.2 Empresa y Microempresa
EJE 5 – Desarrollo Regional e
5.1 Inversión Pública y Asociaciones Público-Privadas (APP)
EJE 6 – Recursos Naturales y
Limpieza Pública y Contaminación
Las ideas expuestas en el presente Plan de Gobierno, son el producto de un análisis concienzudo de las características reales del espacio territorial, hábitos de vida de nuestros vecinos, problemas detectados por sectores, y déficit del servicio público, todos sostenidos en tres elementos fundamentales:
• Calidad de las personas (en lo moral, profesional y emocional).
• Recursos legales.
• Procesos claros y sencillos.
• Reforma de las políticas represivas. No sanción.
• Ahorro del gasto municipal.
Es prácticamente imposible crear ventaja competitiva sostenida sólo en productos tangibles, conforme se observa en el portal de transparencia del MEF, el nivel de producción es medido según el nivel de gasto, lo cual, no es garantía de crear bienestar en los vecinos y desarrollo del distrito. La compra de una flota vehicular para el serenazgo, no garantiza que el servicio de seguridad mejore, tampoco la colocación de contenedores subterráneos garantiza que haya menos basura en las calles. Los planteamientos sobre la calidad, basados en números, tienden a destacar sólo aquellos aspectos concretos de la operación que pueden ser convenientemente contados y medidos, dejando de lado los elementos críticos de la percepción del ciudadano.
Lo que pretendemos, es el diseño de políticas que garanticen la calidad del servicio. Se afirma, no sin razón, que el servicio, o es algo individualizado, singularizado, o no es servicio 1 . Servicio es una interacción singular, única e irrepetible en principio. Desde este punto de vista parecería imposible ir más allá de especificaciones básicas de sentido común para la provisión del servicio, porque no tiene sentido prescribir estándares precisos (con sus correspondientes indicadores de desempeño) para comportamientos que se desarrollan en contextos que son cambiantes, únicos y prácticamente imprevisibles debido a las características peculiares que acompañan la interacción entre el proveedor y el usuario del servicio. Por ejemplo, en el servicio de limpieza pública, no habrá calidad en el servicio, si el camión recolector cumple con pasar a su horario, pero no se hace el trabajo complementario de barrido de calles, que
1 Gobernanza y Gestión Pública. Primera Edición 2006, Fondo de Cultura Económica. Página
incluye el recojo de los residuos que caen de las bolsas y la limpieza de los lixiviados en los centros de acopio.
Distinto es el caso de la manufactura, no hay duda de que es posible asegurar la calidad porque es posible establecer con precisión las especificaciones y estándares que los insumos, las actividades de producción y los productos deben reunir para estar en aptitud de satisfacer los requerimientos del requeridor. Esta posibilidad, según varios autores, es en cambio volátil en el campo de los servicios, en el que las expectativas lo son también acerca de las conductas del prestador de servicio y no sólo se refiere al bien que vincula el servicio, con la observación cautelar de que la conducta del servidor no depende únicamente de él, de su disposición y destrezas, sino que está condicionada por la interacción que ocurre entre el usuario del servicio y él mismo.
La gerencia de calidad, ha descubierto y valorado que la raíz de la calidad de los productos y de las actividades, más allá de normas pertinentes y procesos bien diseñados, se encuentra en la calidad de las personas, en su calidad profesional, emocional y moral, así como también en su capital/calidad intelectual, que se manifiesta en capacidades y destrezas analíticas, productivas, técnicas, comunicativas, decisorias, administrativas y serviciales; que anclan todas en el conocimiento como saber y como aptitud para saber, como la capacidad de preguntarse y aprender continuamente y de extender las fronteras de lo sabido y probado personal y socialmente.
El regreso de la persona como el centro de la calidad, es lo que distingue a la gestión de calidad en la actualidad, tanto en el sector privado como principalmente en el público que, después de redimensionamientos y reformas innumerables en normatividades, estructuras, sistemas, procesos, procedimientos y mediciones del desempeño, descubre ahora el valor del personal público, valora su capital humano, sus conocimientos, experiencia, destrezas y moralidad, a la vez que entiende que el éxito de la reforma administrativa pasa por la calidad de la actuación institucional y técnica del personal/funcionario público, cuyas capacidades van aprovechadas y sostenidas mediante programas e incentivos.
De acuerdo a la definición de los profesores, Bruno Dente y Joan Subirats 2 «Éstos consisten en las potestades, o posiciones de ventaja, que las normas jurídicas, y en
general los pronunciamientos de las autoridades legislativas y administrativas, atribuyen
a algunos sujetos en los Estados contemporáneos». Esas posiciones de ventaja, que
cometan los autores, no son otra cosa, que la llamada “competencia”, —punto de partida para legislar y uno de los límites de todo gobierno democrático— en cualquiera de sus niveles. Los recursos legales, son entre los demás, los más importantes en el proceso de toma de decisiones, debido a que pueden generar efectos potencialmente relevantes
si son utilizados de manera óptima y oportuna.
2 Decisiones públicas. Análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas. Editorial Ariel (sello editorial de Planeta S.A.) 1ra edición. Página 92.
En materia municipal, esta valiosísima herramienta ha sido soslayada en reiteradas oportunidades por la intromisión del parlamento al legislar asuntos que son exclusivos de los gobiernos locales que, sin dejar de considerar el letargo de estos últimos en la búsqueda de soluciones y oportunidades de innovar, no constituye una justificación para quebrantar el Estado de Derecho.
Comprendiendo la importancia de las competencias asignadas a cada nivel de gobierno, hagamos una revisión a nuestro ordenamiento jurídico sobre qué dice o qué dispone respecto a las atribuciones normativas en materia de títulos habilitantes. El artículo 119 de la Constitución dispone de manera general que "La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo". Conjuntamente con las competencias del Poder Ejecutivo, el artículo 195.8 de la Constitución reconoce a los gobiernos locales su capacidad para promover "el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo", por lo que, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo son competentes 3 para: “Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar el control de: (…) Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación”.
Bajo la perspectiva del mandato legal antes comentado, existe un evidente conflicto de competencias, no solo en materia de licencias, son diversas las materias que el parlamento y el ejecutivo han observado sin poseer las atribuciones constitucionales, tal es el caso de la Ley 28681, Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, publicada en febrero de 2006. La Ley Orgánica de Municipalidades otorga plena atribución a los gobiernos locales en materia de comercialización, consumo y control de bebidas alcohólicas, entonces, ¿por qué el Parlamento aprobó una ley de esa naturaleza? ¿No estamos ante un conflicto de
3 “ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:
(…) 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
(…) 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación.”
competencia? Lo mismo ocurre en el caso de la Ley 28687, Ley de Desarrollo Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, publicada en marzo de 2006. La Ley Orgánica de Municipalidades otorga competencia exclusiva a las provinciales y distritales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, del catastro, zonificación, habilitación urbana, saneamiento físico legal, otorgar títulos de propiedad, reconocer a los asentamientos humanos, entre otros. Entonces, ¿por qué el Congreso les resta atribuciones a los gobiernos locales? Las explicaciones son diversas, “no hay capacidad de gestión” “si no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros”, argumentos, que, en algunos casos, fueron comprensibles, considerando el eterno letargo de algunos gobiernos locales en la búsqueda de soluciones, que, sumado al alto índice de corrupción, que ha ido en aumento en las últimas décadas en nuestro país, en su momento, no se vio descabellado que, de oficio, el Parlamento y el Ejecutivo, tomen partido al asumir la tarea, como es el caso de COFOPRI, —a quien el Estado le confirió competencias absorbidas de las Municipalidades Provinciales— que desde su creación, (hace más de 20 años) demostró oportuno su nacimiento, con fines de descongestionar la ardua labor municipal. Sin embargo, no hay que olvidar que esas medidas extremas, son excepcionales y, por lo tanto, no son eternas y están sujetas a periodos de tiempo, por ser paliativos que no corresponden a la regla general. Ya han transcurrido 16 años desde que se sentaron las bases del proceso de descentralización, los gobiernos locales durante el transcurso de esos años han gozado de considerables mejoras económicas en sus presupuestos institucionales, —producto de un crecimiento económico mucho más optimista en la pasada década— motivo por el cual, vemos mejor infraestructura y personal con mejor perfil académico que en épocas pasadas, sumándose a ello, que por el cumplimiento de metas del plan de incentivos, sus arcas siguen aumentado. El caso de las Licencias de Funcionamiento, no es ajeno a lo antes comentado. Existe una Ley y un Texto Único Ordenado que regula su tratamiento, cuando la Ley Orgánica de Municipalidades otorga competencia —en calidad de exclusiva— a las municipalidades para normar, controlar y otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales. Es un contrasentido que, siendo el Congreso de la República, el que aprueba la Constitución y las Leyes, sea el que las vulnere e incumpla. El Parlamento no es un poder del Estado omnipresente en materia legislativa, está obligado —al igual que los demás poderes del Estado y niveles de gobierno— a respetar las competencias conferidas por la Carta Magma.
Es muy importante añadir que la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que:
«ninguna autoridad puede avocarse a conocer o normar las materias de competencia
exclusiva a las municipalidades. Las autoridades políticas, administrativas y policiales, ajenas al gobierno local tienen la obligación de reconocer y respetar la preminencia de la autoridad municipal en los asuntos de su competencia, estando impedidos de interferir en el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales». En esa línea de entendimiento, no existe justificación legal para que el Congreso de la República apruebe leyes en materia de licencia de apertura de establecimientos comerciales; hacerlo, significa restarle atribuciones a los gobiernos locales, aún si la ley del Congreso tiene como único objetivo dictar una línea base general para todas las municipalidades, por cuanto, esa atribución le corresponde, por mandato expreso de la Ley 27972, a las municipalidades provinciales, que en el caso específico de Lima, es la Municipalidad Metropolitana de Lima 4 .
En reiteradas ocasiones se ha escuchado decir, que los problemas sociales no encuentran solución con la emisión de más leyes, y que la labor del Parlamento, es garantista del derecho ciudadano. Sin embargo, Perú sigue teniendo un marco normativo bastante robusto que amplía el ancho de posibilidades a los disidentes expertos en evadir el mandato legal.
La llamada “voz del pueblo”, debe ser reconducida, guiada, para que sus demandas sean atendidas por la vía reglamentaria, propio de los Estados Republicanos que garantizan los derechos ciudadanos, como el nuestro, no hay vías alternas ni espacio para la retórica populista, la única vía es el respeto a las competencias asignadas a cada nivel de Gobierno. El razonamiento común nos dice que las autoridades públicas hacen de las ideas la principal herramienta para la creación de políticas públicas efectivas y sostenibles en el tiempo. El gran problema, es que las actividades de esta noble labor no generan el despreciable estruendo que algunas malas autoridades
4 ARTÍCULO 154.- MUNICIPALIDADES DISTRITALES La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones establecidas para las municipalidades distritales en general, en concordancia con las competencias y funciones metropolitanas especiales, con las limitaciones comprendidas en la presente ley y las que se establezcan mediante ordenanza metropolitana. ARTÍCULO 157.- ATRIBUCIONES Compete al Concejo Metropolitano:
(…) 2. Dictar ordenanzas sobre asuntos municipales y regionales, dentro de su ámbito territorial, las cuales tendrán alcance, vigencia y preeminencia metropolitana; (…) 11. Aprobar normas necesarias para implementar la integración de las Municipalidades Distritales ubicadas en la Provincia de Lima en la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo al desarrollo de los planes y programas metropolitanos en forma integral y armónica;
añoran. Para ellos, tocar puertas, gestionar, coordinar, planificar y hasta coaccionar causas justas, resulta improductivo y muy laborioso, nada comparable al protagonismo que genera el debate político desde una curul al aprobar leyes.
Las autoridades locales, han dado avisos, en muchos casos, de no tener conciencia del gran poder y nivel jerárquico de las ordenanzas municipales y regionales, y lo más importante, de la valiosa herramienta con la que cuentan para dar solución (o al menos aminorar) a la problemática local. Los maestros Bruno Dente y Joan Subirats 5 sostienen que: «los recursos legales, pueden ser verdaderamente importantes sólo si el propio actor decide utilizarlas en el proceso. Y presumiblemente esto sucederá si ese actor confía en que la utilización de esa “potestad”, reconocida por ley, le es útil con el fin de conseguir sus objetivos.»
Ya el Tribunal Constitucional con la finalidad de evitar confusiones futuras, hizo algunas aclaraciones en diversos pronunciamientos 6 , respecto al nivel jerárquico de las ordenanzas municipales, precisando que son equivalentes a las emitidas por el Parlamento y que solo se diferencian por el principio de competencia y no por el de jerarquía normativa.
En la tramitología municipal, el de mayor demanda y complejidad, es sin duda el referido a las licencias de funcionamiento, que, a pesar de la evolución tecnológica y buenas intenciones en vencer el letargo burocrático, las gestiones de las autoridades municipales han sido deficientes. Veamos. La evaluación de la zonificación y compatibilidad del uso del suelo, es un servicio administrativo hecho en gabinete y no requiere más que corroborar en la base de datos su cumplimiento o no. Entonces, el verdadero punto de quiebre está centrado en el trámite para la obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. No hay duda, que la inseguridad de las edificaciones son, hoy por hoy, uno de los grandes problemas de larga data que
5 Decisiones públicas. Análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas. Editorial Ariel (sello editorial de Planeta S.A.) 1ra edición. Página 92. 6 “La fuerza o el valor de ley de estas normas se determina por el rango de ley que la propia Constitución les otorga —artículo 200°, inciso 4 de la Constitución—. Se trata, por tanto, de normas que, aun cuando no provengan de una fuente formal como la parlamentaria, son equivalentes a las emitidas por ella y, como tales, se diferencian por el principio de competencia y no por el de jerarquía normativa. De este modo, la ordenanza, en tanto ley municipal, constituye un instrumento importante a través del cual las municipalidades pueden ejercer y manifestar su autonomía”.
no encuentran solución, originado principalmente por la ocupación ilegal de tierras del Estado (invasiones); sin embargo, a pesar de que las autoridades son los principales propulsores y garantes de esas pésimas medidas populistas, las normas generales emanadas del parlamento y el ejecutivo, no tienen nada de preventivas; muy por el contrario, actúan impulsados después de algún acontecimiento de la naturaleza, — como los ocurridos por el fenómeno del niño— o acontecimientos generados por el ser humano, —grandes incendios, como el ocurrido en la galería Nicolini en las Malvinas en noviembre de 2017—. Desde la época de la colonia, ya había evidencias de la vulnerabilidad de nuestro suelo, ello sumado al vertiginoso crecimiento demográfico producto de la migración provinciana a la capital, motivó, desde el inicio de la república, la creación de organismos especializados en materia de prevención de desastres que, junto con los gobiernos locales, asumieron la tarea de diseñar políticas públicas preventivas; sin embargo, los resultados han sido defectuosos y nada alentadores.
Todos los gobiernos locales han adecuado sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos incorporando los mismos requisitos y plazos que dispone la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, siendo el requisito de mayor complejidad, el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Según la misma Ley, el procedimiento de una licencia es de evaluación previa con silencio administrativo positivo. El plazo de su emisión varía según el nivel de calificación del riesgo, que van desde cuatro (04) días hábiles a diez (10) días hábiles, como plazo máximo.
En los últimos cuatro años, hemos visto como como la reglamentación en materia de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones ha ido modificándose. Antes, existía 3 tipos de ITSE, (básica, de detalle y multidisciplinaria) sólo la más común y de fácil acceso, la ITSE básica para establecimientos de hasta 100 m 2 , establecía el procedimiento ex post, es decir, la inspección se realizaba después del otorgamiento de licencia de funcionamiento, bastando sólo una declaración jurada de observancia de las condiciones de seguridad. Para los demás establecimientos comerciales mayores a 100 m 2 , se requería, previo al otorgamiento de la licencia, el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. Como se observa, el único criterio de evaluación que determinaba el grado de complejidad de cada caso eran las medidas del establecimiento.
En enero último, vía Decreto Supremo, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó un nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Éste reglamento establece dos (2) clases de ITSE. Una posterior y otra previa al otorgamiento
de la licencia de funcionamiento, siendo el criterio que determinaba si la inspección es previa o posterior, ya no las medidas del establecimiento, sino la “clasificación del nivel de riesgo”. ¿En qué consiste esa clasificación del nivel de riesgo? Según el mencionado dispositivo, es una evaluación en gabinete hecha por personal autorizado por el Gobierno Local, con facultades de clasificar al establecimiento con nivel de riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Pero, ¿en qué etapa del procedimiento? Si hablamos propiamente del procedimiento de licencia de funcionamiento, la respuesta sería en ninguna.
De acuerdo al nuevo Reglamento, la calificación del nivel del riesgo, se realiza en un procedimiento previo al de la licencia de funcionamiento. ¿En qué consiste? Personal autorizado por el gobierno local, recibe la información sobre las características del establecimiento vía formato, que es llenado por el administrado. Una vez calificado por el personal autorizado, el administrado recién podrá dar trámite a su solicitud de licencia teniendo dos alternativas: O adjunta una declaración jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad, en los casos que fuese calificada con riesgo bajo o medio; o, adjunta los requisitos que establece el Reglamento de ITSE para su evaluación e inspecciones previas en los casos de calificación de riesgo alto o muy alto. Cabe destacar que el plazo máximo para la emisión del certificado de defensa civil —requisito para el trámite de licencias de funcionamientos— es de diez (10) días hábiles.
Respecto a los casos más comunes, aquellos que presentan riesgo bajo o medio, se observa que ambos cuerpos legales —Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento— no están alineados. Sus disposiciones no logran articularse, colisionan unas con otras. Mientras que una, mantiene el espíritu simplificador al permitir que los administrados presenten declaraciones juradas; la otra, no reconoce su inmediatez y, muy por el contrario, exige una evaluación previa con un plazo de cuatro días hábiles.
Ante las exigencias de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, surge la pregunta ¿simplifica el procedimiento para su emisión en los casos de edificaciones con calificación de riesgo baja o media? Es evidente que la respuesta contiene una negativa. Si bien la Ley reduce los plazos máximos para la emisión de la licencia de funcionamiento, (de 15 días a 4 días en los casos más simples) dicha medida sigue siendo obstruccionista y limitativa de derechos. Si el grado de complejidad, es lo que determina el plazo máximo que deben pronunciarse las autoridades administrativas, no hay argumentos que justifique que un procedimiento común y sencillo, este sujeto a un
plazo de evaluación, porque, de ser así, se produciría, no sólo la ruptura del ordenamiento jurídico administrativo al no comulgar con sus principios primarios, sino, también es nocivo a las políticas de Estado y de Gobierno que las últimas administraciones han implantado en pos de una administración desburocratizada, dinámica y eficiente.
Por otro lado, es oportuno señalar que es fuente del procedimiento administrativo, los principios generales, como el de simplicidad, presunción de veracidad, celeridad, eficacia, informalismo, entre otros, que tienen un sólo objetivo, que los trámites sean sencillos, eliminando toda complejidad innecesaria, considerando como válida y verdaderas todas las declaraciones de los administrados.
«Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo. (…)
1.6. Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento
deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.
1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación
del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta
presunción admite prueba en contrario.
1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad
administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la
presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede
interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.
1.9. Principio de celeridad. - Quienes participan en el
procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.
1.10. Principio de eficacia. - Los sujetos del procedimiento
administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.
1.13. Principio de simplicidad. - Los trámites establecidos por la
autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser
racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
1.16. Principio de privilegio de controles posteriores. - La
tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de control posterior; reservándose la autoridad administrativa,
el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las normas pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.»
En ese estado de cosas, es oportuno resaltar lo dicho por el maestro Mises 7 en los años 40 y su crítica a la burocracia de la época, atribuyendo responsabilidad, no a los operadores de la administración del Estado, sino a las pésimas normas aprobadas por los legisladores parlamentarios y administrativos. Es evidente que, a lo largo de los
7 Burocracia. Mises, Ludwig Von. Unión Editorial, Madrid. Página 35.
años, y de cara a nuestro real y actual sistema administrativo, las cosas no han cambiado mucho. El verdadero punto de partida es entender que los principales actores son los individuos o las organizaciones que con sus acciones son capaces de influir sobre los resultados en un proceso de toma de decisiones, por cuanto persiguen objetivos relativos al problema. Pero estas acciones, siguen líneas de conducta impuestas por el Estado, que si no son claras y precisas generan desánimo y desazón en el ciudadano, siendo el responsable directo el legislador parlamentario o municipal. Legislar procesos, es el arte de crear, bajo un análisis prospectivo, mecanismos que faciliten al ciudadano acceder a sus necesidades lícitas, y no hay mejor manera de hacerlo que motivando su participación con estrategias sujetas a una realidad específica que les haga sentir que son el principal aliado del Estado.
«Los actores burocráticos son aquellos sujetos que basan su lógica o propósito de intervención en la consideración de que las reglas legales les atribuyen una responsabilidad determinada en el procedimiento de adopción de la decisión. Esta consideración se basa en que disponen de la competencia formal para intervenir»
«En los sistemas político-administrativo con altas tasas de diferenciación interna, las normas deben predeterminar el modo más claro posible a quién concierne tomar la decisión, a través de qué secuencias procedimentales deben ser adoptadas y, por último, dentro de qué límites, lo más estrictos posibles, debe moverse el decisor público en la definición del contenido.»
«Consecuentemente, los actores burocráticos justificarán todas sus acciones a partir de la lectura e interpretación de las normas, en el acatamiento de los procedimientos predeterminados por ley y en el respeto de las competencias y responsabilidades definidos en la misma 8 .»
En efecto, en un análisis lógico, los autores proponen normas claras y precisas que faciliten al decisor adoptar una posición rápida y efectiva garantizando el debido proceso. Es de destacar que la burocracia esta tan arraigada en nuestro sistema público
8 Decisiones públicas. Análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas. Editorial Ariel (sello editorial de Planeta S.A.) 1ra edición.
que cualquier intento por mejorarla, tendrá que incorporar medidas exactas, sin opción
a los burócratas desidiosos a tener argumentos que justifiquen la dilación de trámites
sencillos. Por lo dicho, si los establecimientos comerciales con nivel de riesgo bajo o medio, son habilitados a presentar declaraciones juradas, —que sustituyen el certificado de defensa civil— ¿por qué el procedimiento de licencia es de evaluación previa? ¿por qué no son automáticos? No hay duda, que estas medidas exacerba el ánimo evasivo del pequeño comerciante, e incrementan el alto índice de la informalidad en nuestro país, que no sólo refleja una realidad de “exclusión”, sino también la posibilidad de que el microempresario vea en la informalidad una vía de “escape” frente a lo que percibe
como costos impuestos por el Estado sin beneficios que compensen el actuar dentro de
El principal desafío para reducir la informalidad podría resumirse de manera simple
como sigue: el análisis costo-beneficio que hace el comerciante le sugiere altos costos
y bajos beneficios de la formalidad comparada con la alternativa del incumplimiento de
la legislación. Así, en la medida que el negocio crece (y los ingresos son más predecibles), el pequeño comerciante recién evalúa las posibilidades en ser formal. Una primera y esencial reacción sería continuar legislando en materia de simplificación de trámites a nivel municipal que, sin lugar a dudas, reduciría la percepción de los micro y
pequeños empresarios que perciben menos beneficios y mayores costos de la formalidad. Los maestros Bruno Dente y Joan Subirats, indican:
«En el momento en que los procedimientos formales prevén cadenas decisionales particularmente largas y complejas, el riesgo de fracaso y de bloqueo de las decisiones es más que probable».
Nuestra crítica a la Ley General de Licencias de Funcionamiento, su Texto Único Ordenado y, en general, al resto de leyes aprobadas por el Congreso de la República,
no es sólo la intromisión de legislar materias que no son de su competencia, sino, sus efectos lesivos al sistema municipal, dando comodidad al burócrata desidioso. De acuerdo a nuestro diagnóstico, ningún alcalde y/o autoridad municipal ha diseñado procesos especiales para el trámite de licencias de acuerdo a las características urbanas y geográficas de su propia jurisdicción, así como tampoco consideran el nivel socioeconómico de sus vecinos. Todos han modificado sus TUPA incorporando los requisitos que exige la ley, y algunos, han aprobado ordenanzas incorporando más de
El Congreso de la República, no puede diseñar procedimientos “generales” para ciudades tan desiguales, específicamente en lo geográfico, urbano y cultural. De hacerlo, no sólo se estaría camino al fracaso, —como dicen los autores— también daña el espíritu de la descentralización, que es la separación de competencias y funciones con el único objetivo de estar más cerca al ciudadano y sus problemas. El debate político desde una curul, no contribuye a aminorar el mal servicio de una agónica y burocrática administración municipal.
A lo dicho, es oportuno indicar que la Ley de Bases de la Descentralización 9 establece que la normatividad que aprueben los distintos niveles de gobierno en el marco de sus atribuciones y competencias exclusivas, «son de cumplimiento obligatorio, prohibiendo
a los Poderes Legislativo y Ejecutivo afectar o restringir las competencias constitucionales exclusivas de los gobiernos regionales y locales».
¿Cuál es el problema existente? En el distrito de Puente Piedra, son dos las razones que han contribuido a incrementar la morosidad en materia de licencias de funcionamiento. Uno, está referido a la ausencia de un marco normativo que sintetice,
en una línea base, la solución a la problemática real del distrito. La segunda razón está
referido a la ausencia de una base de datos que determine qué tipo de comercio existe
el distrito, y la precaria información que reciben los usuarios.
distrito de Puente Piedra, no cuenta con suficientes herramientas técnicas que
determine el uso del suelo. El TUO de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, indica que, para su otorgamiento, la municipalidad evalúa obligatoriamente, —aparte de
las condiciones de seguridad— el Plano de Zonificación y la compatibilidad de uso. Por
otro lado, otro de los problemas detectados, es el plazo promedio de entrega de la
9 Artículo 3.- Finalidad
Artículo 10.- Carácter y efecto de las normas 10.1. La normatividad que aprueben los distintos niveles de gobierno en el marco de sus atribuciones y competencias exclusivas, son de cumplimiento obligatorio en sus respectivas jurisdicciones. 10.2. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no pueden afectar ni restringir las competencias constitucionales exclusivas de los gobiernos regionales y locales. Artículo 13.- Tipos de competencias 13.1. Competencias exclusivas: Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la ley.
licencia municipal de funcionamiento. De acuerdo a la información recabada del mismo concejo municipal, desde la fecha de presentación de la solicitud de autorización (formato), es entre siete (07) a diez (10) días hábiles el plazo promedio de entrega. Por dichas razones, nuestra preocupación recae en la injustificada demora para resolver el trámite mencionado y de qué manera la entrega de la licencia de funcionamiento puede ser automática, sobre la base del principio de presunción de veracidad y desarrollado en una plataforma digital que comulgue con la idiosincrasia de los vecinos del distrito.
Se planteará la elaboración de un software que haga posible que, en un solo acto, se instruya al ciudadano, se almacene información (base de datos) y se otorgue la licencia de funcionamiento, dando una atención personalizada al vecino. Es decir, lo que el proyecto plantea, no es solo que el usuario ingrese voluntariamente a una ventanilla virtual y generar su licencia. Está más enfocada en la política de acercamiento e interacción autoridad municipal–vecino, con visitas en sus propios establecimientos comerciales. En una muy resumida explicación, personal capacitado provisto de insumos tecnológicos y conectados al sistema electrónico municipal, harán la labor de sociabilizar, informar y gestionar la formalización de sus negocios y, a la vez generar una real base de datos.
1.4 Reforma de las políticas represivas. No sanción.
No basta con publicar medidas y conminar sanciones, sino que hay que hacerlas realidad. Ni el deber del Estado ni su correlativa responsabilidad se agotan con la publicación de normas. Partiendo de aquí es como puede empezarse a llevar a cabo esta tarea, a primera vista imposible de acotar y ordenar el catálogo efectivo de sanciones, pero que; sin embargo, resulta viable y realizable sólo si comprendemos que el único objetivo de una buena política represiva no es sancionar sino cabalmente lo contrario, no sancionar, porque con una adecuada y oportuna difusión de lo que no se debe hacer (advertencia de conductas infractoras) se logra el cumplimiento efectivo de las órdenes y prohibiciones cuando el aparato represivo oficial es activo y honesto. Todo se traduce en las siguientes proposiciones concretas:
1. Las medidas de intervención y su corolario de infracciones y sanciones, tienen un límite: la posibilidad real de ser cumplida por los destinatarios. Lo cual significa que no deben ser impuestas cuando se sabe de antemano que no pueden ser cumplidas ya que el mercado o la situación económica o el nivel
tecnológico o cultural no las consiente. Como ejemplos extremos de esta desmesura de límites pueden citarse la ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, más conocida como la ley de la comida chatarra, cuya atribución fiscalizadora y sancionadora está a cargo del Ministerio de Educación, INDECOPI y los gobiernos locales; otro ejemplo son las normas de la construcción que durante décadas abrumaron las páginas del diario oficial “El Peruano” a conciencia de que no iban a ser cumplidas.
2. El segundo límite es el de que tales infracciones no pueden llegar más allá de donde alcancen las fuerzas del aparato inspector y represivo del Estado. Regular y conminar con sanciones actividades que pueden ser incumplidas, pero no controladas, es una arbitrariedad.
3. Una norma cuyo incumplimiento es sistemáticamente tolerado no puede luego, sin advertencia previa, ser exigida a los particulares ni generar una sanción. Comprendo que esta afirmación puede aparecer heterodoxa, pero es el único medio de superar lo que llamaría “conducta complaciente del Estado”. No se puede ser tolerante con unos e implacable con otros.
Al respecto el maestro Alejandro Nieto 10 manifiesta que: «El Estado “puede” exigir el cumplimiento de la norma, pero no “quiere” y así lo demuestra con la tolerancia. Ahora bien, una vez que esta tolerancia se ha generalizado y consolidado en el tiempo, se crean en el ciudadano unas expectativas basadas en la confianza en que la administración vaya seguir actuando así. En su consecuencia, si cambia de criterio, ha de hacerlo también con carácter generalizado y no para casos aislados y, además, con advertencia. Parafraseando el viejo principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos, hay que decir ahora que no cabe la “derogación singular de un criterio generalizado de oportunidad sobre el ejercicio de la potestad sancionadora”. O, en otras palabras: la Administración puede, o no, sancionar el incumplimiento de órdenes o prohibiciones, pero siempre con carácter general, no singular.»
10 “Derecho Administrativo Sancionador”. Alejandro Nieto García, Editorial Tecnos 5ta edición 2012. Página 33.
4. Desde el punto de vista del Derecho, la eficacia de la norma sancionadora
únicamente está condicionada por su publicación; desde el punto de vista de la política sancionadora se exige, además, su divulgación, más o menos larga y detallada según sea el grado de especialización o profesionalización de sus destinatarios. Las normas sancionadoras ofrecen una peculiaridad muy curiosa:
lo ideal (como antes ya se ha adelantado) es que no se apliquen nunca por no ser necesario. Pues bien, para no infringir una norma hay que empezar en conocerla; y para que sea conocida hay que divulgarla suficientemente, puesto que de ordinario no basta el requisito formal de su publicación en el diario oficial “El Peruano” que el ciudadano no lee. O sea, que si lo que el Estado quiere es sancionar, claro es que con la publicación de la norma ya está legitimado; pero
si lo que quiere es no sancionar sino inducir a los ciudadanos a que no infrinjan,
haciendo con ello innecesaria la sanción, entonces la divulgación resulta
imprescindible en una buena política represiva.
La divulgación ha de ser general y previa utilizando los medios de publicidad y comunicación de masas que el Estado tiene a su alcance; pero también puede ser posterior a la publicación de la norma mediante previsiones de una vacatio legis más prolongada de lo habitual. Y sin descartar, por último, la posibilidad de una pedagogía individual manifestada en la tolerancia ante la primera infracción. La experiencia enseña que en determinadas infracciones una advertencia — acompañada de una ilustración sobre la conducta futura— es mucho más eficaz que la sanción a secas.
5. El principio represivo fundamental (o sea, el de que el objetivo real de la potestad sancionadora es no tener que sancionar) se traduce inevitablemente en otro no menos conocido: la sanción es la última ratio del Estado, quien sólo debe acudir
a ella cuando no se puedan utilizar otros medios más convincentes para lograr
que los particulares cumplan las órdenes y las prohibiciones. Esto ya se ha visto, en la escala más simple, al hablar de la divulgación y de la pedagogía de la política sancionadora. El llamado principio de subsidiariedad debe generalizarse en un plano más elevado. La mayor parte de las infracciones que cometen las pequeñas empresas son debidas, además de a la falta de información, a la falta de medios. Por ello, una adecuada política de financiación finalista es más eficaz que una dura política de represión, aunque naturalmente resulte más cara y menos cómoda que la simple aprobación de unas ordenanzas de infracciones.
Lo importante, dentro de esta temática, es la exigencia de colaboración pública, entendida como la adopción de medidas que puedan evitar las infracciones.
Si el ayuntamiento no coloca papeleras, no puede castigar a los que arrojen papeles al suelo. Si la policía no garantiza la seguridad de un barrio, carecen las autoridades de legitimación para sancionar a los vecinos que se autoprotegen. Como se habrá notado, los ejemplos están tomados de la realidad y, en cualquier caso, lo importante es lo siguiente: únicamente puede ejercerse la potestad sancionadora después de haberse adoptado las medidas necesarias para evitar
A lo dicho, es oportuno citar el comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia
de Murcia, España: “La sentencia de 17 de diciembre de 2010 del Tribunal de Justicia de Murcia ilustra bien lo que se está diciendo. Se trataba en el caso de una sanción impuesta a un vecino por realizar vertidos de carácter doméstico en un cause público. Esta conducta estaba rigurosamente prohibida; pero como se daba la circunstancia de que el ayuntamiento no había instalado el servicio de desagüe, el Tribunal entiende que su cumplimiento resultaba imposible y que,
por ende, no podía originarse tal obligación.”
6. Insistiendo en lo anterior, la sanción tiene que insertarse en una lista de opciones enderezadas a una realidad común: el asegurar el respeto a la legalidad y castigar el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones legalmente impuestas. El infractor tiene que asumir las consecuencias de su incumplimiento que, por lo demás, no suelen limitarse a una sanción. Los efectos de la revocación de una licencia suelen ser de ordinario mucho más doloroso que los de una multa y de lo que se trata es de articular eficazmente estas medidas complementarias, no subsidiarias y mucho menos excluyentes.
Es oportuno volver a citar el comentario de Alejandro Nieto 11 : «El Estado se encuentra aislado de los ciudadanos —cuyo apoyo tanto necesitaría— en el ejercicio de la potestad sancionadora. Remediar esta situación no es fácil, desde luego, aunque podría intentarse al menos. Pero para ello precisaría el Estado captar la diferencia entre política represiva y normas sancionadoras, puesto que
11 “Derecho Administrativo Sancionador”. Alejandro Nieto García, Editorial Tecnos 5ta edición 2012. Página 35.
las raíces del mal se encuentran de ordinario en la política y no en las normas. Y, sin embargo, esto no se tiene en cuenta, salvados los esfuerzos, realmente meritorios por muy parciales que sean, que se hacen en algunos ámbitos aislados como los de Tráfico y de Hacienda. Prescindiendo de esto (y de algún otro caso aún más excepcional) el Estado no ve más allá de lo normativo: cuando detecta alguna irregularidad social, dicta una ley con medidas sancionadoras — a veces de dureza medieval o tercermundista— y con ello cree (aparenta creer) que ha arreglado la situación sin preocuparse de lo que hay detrás de las normas, o sea, una realidad social, que sólo puede modificarse a través de una política (represiva) inteligente y no con sanciones bárbaras arbitrariamente impuestas: la lotería no es, conocidamente, el remedio de la pobreza (aunque enriquezca a algunos) ni las sanciones el remedio a la defraudación (aunque arruinen a muchos) ».
La política sancionadora ha de hacer operativas las normas sancionadoras (que son un simple papel) mediante la creación de un aparato represivo justo y eficaz y, sobre todo, mediante su implantación social, que es para lo que podrían ser útiles las proposiciones antes expuestas.
Para entender bien las normas represivas hay que contemplarlas desde una perspectiva real de la misma manera que para interpretarlas y aplicarlas correctamente hay que tener siempre a la vista las necesidades sociales.
Por último, resulta imposible el ejercicio eficaz de la potestad sancionadora si no media una decidida colaboración social. Importa, en consecuencia, alterar hasta el mismo fondo los planteamientos tradicionales: no se trata de la Administración contra los ciudadanos (como ahora se piensa) sino del Estado junto con los ciudadanos contra los infractores. Mientras no tenga lugar este cambio de mentalidad, la política represiva seguirá siendo tan inútil como arbitraria y en modo alguno servirá para el logro de su verdadero objetivo: el cumplimiento de las normas. Ahora bien, para que tal transformación suceda hace falta que los ciudadanos se solidaricen con los objetivos públicos y que el Estado modifique su actitud respecto a los ciudadanos, lo que no parece fácil puesto que no se ha iniciado este proceso de aproximación e identificación y ni siquiera se ha tomado conciencia de su necesidad.
Por tales razones y teniendo como base lo señalado en los párrafos que anteceden, se propone el diseño y ejecución de políticas cuyo único objetivo es no sancionar, mediante acciones efectivas de divulgación y difusión de lo que no se debe hacer, adecuándose la totalidad de la normatividad represiva, haciendo pedagogía individualizada y aplicando provisoriamente una vacatio legis más prolongada de lo habitual. Por lo tanto, como primera medida que avizora cambios radicales en su objetivo, se cambiará el nombre de la Subgerencia de Fiscalización por el de Gerencia de Prevención Ciudadana, modificándose los instrumentos de gestión e incorporándose sus nuevas atribuciones.
1.5 Ahorro del gasto municipal.
Existe una variedad de normas (leyes, decretos supremos, decretos de urgencia, directicas etc.) que restringen el gasto público, en aquello que resulta ser innecesario, no prioritario, de escasa utilidad; pero, sin embargo, no es difícil darse cuenta que esas medidas restrictivas solo tienen efecto ilustrativo, por cuanto, poco o nada contribuyen al ahorro público.
Estos gastos superfluos no solo lo encontramos en el interior de la entidad pública, donde ingentes sumas de dinero son destinadas a equipar oficinas con muebles y herramientas tecnológicas innecesarias, así como los útiles de oficina. También, fuera de ella, es visible el derroche del dinero público en los eventos y actividades que patrocina la municipalidad en la contratación de artistas e instalación de escenarios o tarimas. Un cometario aparte merece el gasto desmesurado y descontrolado de la publicidad Estatal.
El 15 de agosto de 2006, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Ley 28874, “Ley que regula la publicidad estatal”, con el objeto de establecer los criterios generales para el uso de los recursos que las instancias de los gobiernos, nacional, regional y local, destinen al rubro de publicidad, estableciendo límites al desarrollo de las actividades de difusión, información y promoción de sus planes de desarrollo. La referida Ley dispone que las entidades y dependencias se abstengan de realizar erogaciones de recursos presupuestarios cuya finalidad sea distinta a la promoción de la imagen institucional, la comunicación de sus planes y programas.
Sin embargo, a pesar de haber transcurrido 12 años desde la dación de la ley, sus efectos restrictivos han fracasado. Por décadas el concepto “publicidad estatal” es utilizado dolosamente por las autoridades de turno, al destinar ingentes sumas de dinero con el principal objetivo de publicitar su propia imagen corporal, nombres y hasta los colores del partido u organización política al que pertenecen. Sólo basta salir a las calles para encontrar publicidad impresa de todo tipo, donde lo más resaltante es la fotografía a cuerpo completo del alcalde o gobernador y su nombre, siendo lo menos notorio, la actividad u obra que la entidad realizará, lo mismo ocurre en las páginas web o portales institucionales de las municipalidades o gobiernos regionales.
En esa línea de entendimiento, lo más grave de la actitud omisiva y complaciente de las autoridades y órganos de control gubernamental es que, la ley no tiene visos de ambigüedad, muy por el contrario, es didáctica y entendible por cualquier ciudadano sin formación jurídica. Veamos, el artículo 5° de la ley 28874, dispone lo siguiente: “Ningún funcionario de la entidad o dependencia que realice determinada campaña publicitaria podrá aparecer en las inserciones que se paguen en medios impresos, spots televisivos y radiofónicos que se difundan”. ¿Cuánto se gasta en publicidad estatal? La pregunta es formulada de esa manera, porque, como ya se detalló, ese es el concepto que utilizan para camuflar gastos ilegales en publicitar la imagen del alcalde.
Más que una propuesta, o el cumplimiento expreso de la ley, planteo generar un espíritu de conciencia del ahorro público, de lo que se podría hacer si cambiamos las fiestas y contratación de personajes del espectáculo, por eventos culturales; si cambiamos los gastos de publicidad de la imagen del alcalde por la contratación de maquinaria pesada para trabajos comunales.
Puente Piedra, se encuentra ubicado en la zona norte de Lima, se ha convertido en un polo de inversiones en el sector industrial y comercial, y centro atractivo turístico, por la riqueza de sus antepasados, quienes dejaron evidencias de su arte y forma de vida. Sin embargo, ante la ausencia de políticas que definan líneas bases de ordenamiento territorial, sus problemas se han ido incrementando generando daño a la vecindad puentepedrina.
Siguiendo la línea de lo señalado en el punto 2 del presente plan de gobierno, más allá de las obras públicas y compra de bienes que priorizará nuestra gestión con la participación de nuestra comunidad, es de suma importancia, el planteamiento de acciones inmediatas de cara a nuestra realidad y afrontar aquellos problemas que aquejan incesantemente a nuestros vecinos, como la inseguridad ciudadana, la recuperación de espacios públicos, el saneamiento físico legal, el reordenamiento del servicio de transporte en vehículo menor, entre otros.
2.1 Inseguridad ciudadana
La inseguridad ciudadana, se ha convertido en un elemento determinante en la percepción de la calidad de vida de los habitantes, no solo en el distrito de Puente Piedra, sino también de la gran mayoría de metrópolis latinoamericanas, conformándose como un tema trascendental en la agenda de gobiernos locales y nacionales, debido al elevado impacto económico y social que representa para la ciudadanía. El distrito de Puente Piedra en la actualidad, se encuentra duramente golpeado por distintos problemas con respecto a la inseguridad, de los cuales destaca, por su elevado índice de ocurrencia, los delitos contra el patrimonio, en la modalidad de hurto, robo simple y agravado, seguido por delitos contra la seguridad pública, tal como lo demuestran datos obtenidos en las comisarías del Distrito, ocasionando que la percepción de la inseguridad por parte de la población, alcance cifras del 86.6%.
Esta realidad ha conllevado la ejecución de medidas en pos de reducir las oportunidades de comisión de delitos, abarcando iniciativas de diversa índole, las cuales parten desde organizar a la sociedad civil en juntas vecinales que realicen actividades de vigilancia en su localidad, hasta la creación de procedimientos masivos de intervención en zonas de alto riesgo; sin embargo, hemos podido verificar que estas iniciativas han presentado dificultades para cumplir con su objetivo, promover un marco de convivencia y
proporcionar un entorno sin riesgos para la ciudadanía. Éstas iniciativas coinciden en dos características:
• La ausencia de políticas de ámbito preventivo-promocional, dirigida principalmente a la juventud, con el fin de evitar el acceso de más personas a este ámbito delictivo.
• La débil articulación que existen entre los organismos del Estado encargados de velar por la seguridad de la sociedad (Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Defensoría del Pueblo, Municipalidades Regionales y Locales, Policía Nacional del Perú e Instituto Nacional Penitenciario).
Por otro lado, la existencia de un sistema judicial en crisis y autoridades judiciales que aún no pueden revertir la profunda crisis administrativa de justicia, unido a otras causas de la inseguridad, tales como el alto índice de desempleo, la pobreza, la falta de cultura y educación, se constituyen como causantes de que no haya disminuido la realidad delictiva que nos aqueja.
2.2 Recuperación de los espacios públicos y problemática del comercio ambulatorio
En los últimos años hemos visto como las vías públicas han sido tomadas por el comercio informal. Al menos, en todo Puente Piedra cercado, no existe calle, avenida, jirón donde no se ejerza el comercio ambulatorio.
Nuestro distrito de Puente Piedra cuenta con una extensión de 71,18 kilómetros cuadrados y una población estimada superior a los 300,000 habitantes. Es eje de desarrollo comercial que crece aceleradamente; sin embargo, existen diversas zonas críticas, ocasionados, entre otros, por el incremento descomunal del comercio ambulatorio. Actividad regulada por los gobiernos locales con la finalidad que este se desarrolle en condiciones de respeto a la tranquilidad, orden, limpieza y ornato y, principalmente, promover mecanismos de desarrollo económico y la formalización de los comerciantes en establecimientos, a través de programas concertados. Condiciones, que como ya sabemos, no se cumple en la mayoría de las municipalidades de Lima y Provincias, quienes, apelando a medidas complacientes, son los principales responsables de convertir la excepción en una regla habitual y permanente.
La ocupación de la vía pública para ejercer el comercio ambulatorio, es uno de los principales problemas que aqueja al distrito. Con el consentimiento de las autoridades municipales, cientos de comerciantes ambulantes, salen a las calles a vender sus productos, —calles que pertenecen a todos los ciudadanos, por ser de propiedad pública, cuyo único uso exclusivo es la transitabilidad de la sociedad en su conjunto— o realizan sobre ella otros actos de disposición ilegal, como especies de lotizaciones por temporadas entregados a los comerciantes, previo pago por el arrendamientos de pedazos de vías y otras formas inimaginables de utilización ilegal de las aceras y calzadas, originando perjuicio y daño irreparable, no solo a los comerciantes formales, que contribuyen y pagan sus impuestos, sino, a miles de familias que sufren los desmanes de un distrito desordenado e inseguro.
Que, el gran congestionamiento e inseguridad que se genera de lunes a domingo, especialmente los fines de semana, pueden ocasionar desgracias fatales. La avenida Juan Lecaros en toda su extensión, la avenida Puente Piedra (auxiliar de la Panamericana Norte, incluida la zona conocida como la trocha), los cruces de la Av. Puente Piedra con la Av. San Lorenzo, entre otros, se han convertido en zonas intransitables de alto riesgo para quienes caminan en ella. Los riesgos de sufrir graves accidentes son muy altos, y los asaltos y robos a mano armada, se han incrementado considerablemente. Conforme lo señala el artículo 31° de la LOM, el Concejo Municipal controla la prestación de los servicios públicos locales, entre ellos, el ornato y la seguridad ciudadana; sin embargo, día a día vemos fiscalizadores y efectivos de serenazgo parados o caminando en las zonas antes mencionadas, consintiendo el comercio ambulatorio no autorizado, convirtiéndose en cómplices de la generación del caos por la inseguridad y el desorden.
Para entrar en contexto, es necesario se determine las competencias de cada nivel de gobierno que nuestra Constitución Política les asigna. El artículo 194° de la Constitución Pítica, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS A LAS MUNICIPALIDADES
ESTÁN EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 12 (en adelante LOM).
Los Gobiernos Locales están conformados por las municipalidades provinciales y distritales. Ambos gobiernos poseen competencias asignadas por la LOM, siendo competencia exclusiva de las municipalidades provinciales, dictar normas en materia de comercio ambulatorio. Veamos, el artículo 83° numeral 1.2. de la LOM, establece que las municipalidades PROVINCIALES, en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, ejercen las funciones de: "establecer las normas respecto del comercio ambulatorio". De lo señalado en el acápite normativo se desprende que, en el caso de la provincia de Lima, es la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien esta atribuida de normar todas las actividades propias del comercio ambulatorio, aplicable a todos los distritos de Lima Metropolitana. Por su parte, respecto a las municipalidades distritales, el numeral 3.2. del mismo artículo 83° de la LOM, les otorga funciones exclusivas para: “Regular y controlar el comercio ambulatorio, DE ACUERDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.” (Énfasis agregado)
Como se puede apreciar, la municipalidad provincial, es el órgano rector competente en regular los lineamientos generales en materia de comercio ambulatorio aplicable a todos los distritos de Lima Metropolitana y, las municipalidades distritales, poseen también competencias reguladoras en dicha materia —según las características y realidades propias del distrito— SUJETÁNDOSE, CON CARÁCTER OBLIGATORIO A LAS DISPOSICIONES GENERALES EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, que en el caso materia de análisis, es la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Que, es necesario reiterar las competencias atribuidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima en materia de comercio ambulatorio y el respeto irrestricto al principio de legalidad que toda autoridad le merece. Las municipalidades provinciales ejercen jurisdicción sobre las municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima; por lo que, ninguna municipalidad distrital podrá dictar normas que sean contrarias a las emitidas por la municipalidad provincial.
12 Constitución Política del Perú Leyes Orgánicas Artículo 106.- Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución.
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES ARTÍCULO 154.- MUNICIPALIDADES DISTRITALES La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones establecidas para las municipalidades distritales en general, en concordancia con las competencias y funciones metropolitanas especiales, con las limitaciones comprendidas en la presente ley y las que se establezcan mediante ordenanza metropolitana.
Que, en ese extremo, se concluye que la Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce competencias regulatorias en materia de comercio ambulatorio y, las municipalidades distritales, están facultadas a disponer medidas complementarias a las emitidas por el gobierno provincial —de acuerdo con las características y realidades del distrito—, en estricta sujeción a sus lineamientos. Bajo esa línea de entendimiento, continuando con el análisis, se procederá a determinar si existe alguna ordenanza vigente de la Municipalidad Metropolitana de Lima que regule el comercio ambulatorio.
Ordenanza 1787-MML, que regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos en lima metropolitana.
Que, el 12 de mayo del año 2014, la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicó en el diario oficial “El Peruano” la Ordenanza 1787-MML, que regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos en Lima metropolitana, cuyo cumplimiento es obligatorio en toda la jurisdicción de la provincia de Lima, conforme lo establece su artículo 3°. Así mismo, la citada Ordenanza establece que las municipalidades distritales pueden emitir normas complementarias sujetándose a sus disposiciones (Ord. 1787-MML) y de cuerdo a las características propias de cada distrito.
“Artículo 3.- Ámbito Su ámbito de aplicación es conforme a lo previsto por el artículo 154 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, su cumplimiento es obligatorio en toda la jurisdicción de la provincia Lima.”
Artículo 6.- Normas complementarias Los gobiernos locales de la provincia de Lima, deberán normar complementariamente y en estricta sujeción a esta ordenanza, para lo
cual tendrán en cuenta las características propias del comercio ambulatorio en su jurisdicción.
Que, el artículo 43° de la Ordenanza que regula el comercio ambulatorio, establece que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene competencia para determinar las zonas rígidas, entre otros, en los puentes y vías metropolitanas. Entiéndase por vías metropolitana, las conformadas por vías expresas, vías arteriales y vías colectoras, que se encuentran bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima 13 .
Que, el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, aprobó una Ordenanza que regula ferias navideñas y otras fechas festivas del distrito, la cual fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 17 de diciembre de 2016, mediante Ordenanza N° 305-MDPP.
Que, la citada Ordenanza señala que su finalidad es establecer normas y criterios administrativos, técnicos y legales, que regulen las actividades de comercio por la temporada de Navidad. Así mismo, en su artículo 13° estableció como zonas habilitadas para el desarrollo la Feria Navideña, la Av. Juan Lecaros 1ra y 2da. Hasta la intersección de la calle Miguel Grau, habilitándose el lado derecho de ambos sentidos de la avenida, así como la zona conocida como la trocha, ubicado entre la intersección de la Av. San Juan y el puente peatonal ubicado frente a TOTUS, en la vereda colindante a la pared de la empresa KIMBERLY.
En la misma línea, el Concejo Distrital de Puente Piedra, aprobó la Ordenanza 327- MDPP, publicada el 29 de noviembre de 2017, que regula la autorización temporal para el desarrollo de la actividad comercial en espacios públicos del Distrito de Puente Piedra, el cual incluye la realización de ferias que han sido reglamentadas vía Decreto de Alcaldía.
13 Ordenanza 1787-MML, que regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos en Lima Metropolitana. (*) Numeral corregido por el Artículo 3 de la Ordenanza N° 1933, publicada el 17 febrero 2016, cuyo texto es el siguiente:
"4.39. Vías Metropolitanas.- Conformada por vías expresas, vías arteriales y vías colectoras, se basan en la función que cumple cada una de ellas dentro de la estructura urbana de la Ciudad de Lima, las cuales forman parte del sistema vial metropolitano y que se encuentran bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima." Artículo 43.-Zonas rígidas para el comercio ambulatorio La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene competencia para determinar las zonas rígidas en el Centro Histórico de Lima, de acuerdo con las normas definidas en la Ordenanza Nº 062-MML y otras normas aplicables; así también, en el Cercado de Lima, puentes y vías metropolitanas.
Que, en esa línea de entendimiento, las vías señaladas en los párrafos que anteceden son VÍAS EXPRESAS, de acuerdo con el Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima, aprobado con Ordenanza 341-MML. Las vías expresas, según la referida Ordenanza, SON EXCLUSIVAMENTE DE USO PÚBLICO Y COMO MEDIDA EXCEPCIONAL, CABE LA POSIBILIDAD DE DARLE UN USO TEMPORAL PARA OTROS FINES, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO ÚNICO ÓRGANO COMPETENTE 14 . Por su parte, la misma Ordenanza 1787- MML, que regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos de Lima Metropolitana, reitera la disposición antes señalada.
Artículo 45.- Sectores de uso público irrestricto, inalienable e imprescriptible Las áreas que forman parte del derecho de vía, así como los intercambios viales, son de uso público irrestricto, inalienable e imprescriptible, quedando terminantemente prohibido su utilización para otros fines.
Que, como se puede apreciar, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra aprobó dos ordenanzas que contravienen la Ordenanza 1787-MML, que regula el comercio ambulatorio para Lima Metropolitana; así mismo, establece cobros irregulares por el uso de la vía pública, acto que genera responsabilidad en todos los miembros del Concejo Municipal que votaron a favor de su aprobación. Como se evidencia, la Municipalidad
14 Ordenanza 341-MML, que aprobó el Plano del Sistema Vial de Lima Artículo Sexto.- Las áreas que forman parte del Derecho de Vía -tanto las vías propiamente dichas como los Intercambios Viales- son de uso público irrestricto, inalienables e imprescriptibles, quedando terminantemente prohibida su utilización para otros fines, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios o autoridades responsables. Para el uso temporal del Derecho de Vía de las vías Expresas, Arteriales y Colectoras e Intercambios Viales, por la ejecución de obras u otros factores o eventos no previstos, se requiere en todos los casos de la autorización administrativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, expedida con arreglo a los procedimientos establecidos. La autorización administrativa correspondiente para las vías Locales corresponderá a las Municipalidades Distritales, previa coordinación con la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (*) (*) De conformidad con la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ordenanza N° 1851, publicada el 28 diciembre 2014, dispone que entienda que lo dispuesto en la citada ordenanza no afecta lo dispuesto en el presente artículo que aprueba el plano del Sistema Vial Metropolitano y a través del cual se establece que las áreas que forman parte del Derecho de Vía, tanto las vías propiamente dichas como los Intercambios Viales, son de uso público irrestricto, inalienables e imprescriptibles, quedando terminantemente prohibida su utilización para otros fines. La referida disposición rige a los quince (15) días contados desde su publicación en el diario oficial “El Peruano”. CONCORDANCIAS: Ordenanza Nº 1680, Primera Disp. Comp. y Final (De la autorización para el uso temporal de la vía y la interferencia de vías).
distrital de Puente Piedra vulnera el principio de legalidad al legislar ignorando líneas normativas básicas y superiores de aplicación obligatoria a todos los distritos de Lima. Al respecto, es oportuno destacar que si bien los gobiernos regionales y locales gozan de autonomía no pueden olvidar que forman parte de un Estado Constitucional, de modo tal que en virtud al principio de fuerza normativa de la Constitución se encuentran directamente vinculados a ella y, en consecuencia, las decisiones, el ejercicio de sus competencias y el desarrollo de sus relaciones necesariamente deberán respetar las reglas inherentes al principio de lealtad constitucional.
2.3 Saneamiento físico legal
Puente Piedra es un distrito que en un corto tiempo ha crecido de manera exponencial, situación que ha promovido la invasión de terrenos del Estado, ocupación de áreas de uso público, informalidad en la construcción y un proceso de expansión desordenado y sin criterios técnicos que impide el desarrollo del Distrito en materia de espacio y organización. Asimismo, a pesar de contar con el marco legal y la autonomía con la que cuentan los gobiernos locales para desarrollar proyectos que ayuden a mejorar su situación, se ha avanzado muy poco en cuanto a políticas y acciones que beneficien a los vecinos puentepedrinos.
Por otro lado, los procesos de formalización de la propiedad, que dependen de otras instancias gubernamentales ajenas a la realidad del distrito (COFOPRI – MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA), mantienen retrasado las gestiones hacia una vivienda mejor, debido a la sobrecarga para la atención de los procedimientos de titulación que piden los vecinos que se encuentran dentro de los alcances de la Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos. Puente Piedra será un distrito predominantemente informal si no se inician las gestiones para reducir el 52.53% de los centros urbanos que mantienen la condición de posesionarios.
Una problemática similar se presenta con respecto a los predios que cuentan con título de propiedad, en cuyo caso la promoción de banco de proyectos de vivienda o asesorías para una apropiada y segura construcción no han sido prioritarios, en una coyuntura en donde hemos constatado como país, que las políticas de prevención, tanto a nivel nacional como local, frente a los recientes embates de la naturaleza (inundaciones, sismos, desbordes, etc.) no han sido consideradas dentro de la gestión pública municipal. A pesar que son cerca de 163 asentamientos humanos y centros poblados
saneados por COFOPRI en el ámbito del Distrito, los vecinos reconocen la importancia de contar con una adecuada construcción de sus viviendas o de la regularización de sus edificaciones, sin embargo al no haber la orientación o la asesoría apropiada, el engorroso proceso que resulta la obtención de la licencia o por el alto costo que conlleva la elaboración del expediente respectivo, dejan de lado la formalización de sus construcciones y optan por alternativas informales y rápidas.
Finalmente, la municipalidad no cuenta con un PLAN DE DESARROLLO URBANO, importante herramienta de gestión para una adecuada planificación de su territorio y que sirve como instrumento para una política a corto, mediano y largo plazo que permita orientar el desarrollo espacial, económico y sostenible del Distrito. De igual manera se carece de una base de datos espacial que nos indique la situación física y legal de determinados predios, sectores, centros urbanos, etc., la cual se obtiene con un CATASTRO ACTUALIZADO cuyo levantamiento de información permitirá conocer la realidad de todos los predios del Distrito y desarrollar otras herramientas de gestión que pueden ser aplicadas por la gestión municipal y que permitan la toma inmediata de decisiones y agilizar los procesos de atención al ciudadano.
Durante la última década, el Perú ha experimentado extraordinarias tasas de crecimiento económico, los cuales se ven reflejados en mayor inversión pública y privada, haciendo posible que las ciudades atraviesen por procesos que tienden a valorizar su espacio residencial. Esto implica procesos de construcción de viviendas, acceso a servicios básicos, entre otros, que en su conjunto expresan bienestar y mejoras en la calidad de vida de sus habitantes.
Sin embargo, en el proceso constructivo, muchas veces las aspiraciones a una mejor calidad de vida se ven truncadas por factores normativos; no todos tienen la oportunidad de acceder a supervisión y asesoramiento técnico calificado. Existe un sector de la población que sí califica a ser atendido por la entidad municipal para el visado de sus planos del proyecto de vivienda o de uso comercial a razón de contar con título propiedad. El otro sector de la población que alberga un alto porcentaje habitantes son los parias del proceso constructivo a razón que no cuentan con el preciado título de propiedad.
Para el sector que, si tiene acceso al servicio constructivo municipal, las cosas no están caminando bien. Los Colegios Profesionales de Arquitectos, Regional Lima, y de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima, han observado con gran preocupación la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, en el sentido que con el pretexto de facilitar la inversión y reducir los plazos en la expedición de licencias de construcción se ha aprobado un dispositivo que vulnera el principio constitucional de defensa de la vida de la persona por encima de cualquier otro interés y alienta un despropósito en materia de planificación urbana, fomentando la improvisación, la informalidad y la irresponsabilidad en la construcción de edificaciones. Basta citar al respecto las modalidades de aprobación automática para la construcción de viviendas unifamiliares hasta de 120 m 2 , cuyas obras pueden iniciarse con la sola presentación del formulario único y efectuado el pago respectivo; y, para los casos de condominios de vivienda hasta de cinco pisos, con no más de tres mil metros cuadrados de construcción, que para el inicio de las obras solo requieren presentar el formulario, realizar el pago respectivo y tener la firma de un profesional responsable. En ambos casos el cargo de ingreso constituye la Licencia 15 , sin revisión previa. Ante ello, es lamentable que ni la catástrofe de Ica, ni el colapso del Hotel Embassy, de Pisco, que solo tenía licencia para dos pisos y construyó cinco, donde perecieron muchos de sus huéspedes, hayan impulsado el ánimo de las autoridades para el logro de una solución efectiva.
La situación es alarmante, si los que reúnen las condiciones de contar con supervisión técnica califica en su proyecto de vivienda no logran tener éxito, que podemos esperar del sector que no califica como beneficiario del mencionado servicio profesional. Las mejoras económicas han originado entre otras cosas que los habitantes de predios en vía de formalización que no cuentan con título de propiedad, pero si con servicios básicos de luz, agua y desagüe, así como vías ejecutadas o proyecciones de vías, inviertan en la ampliación o mejora de sus viviendas, con la expectativa de que esta inversión genere un aumento en el valor y precio de sus predios a futuro; sin embargo, por razones de inadecuadas políticas de gestión municipal no logran acceder a los
15 (*) Artículo modificado por el Artículo 7 de la Ley N° 29476, publicada el 18 diciembre 2009, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 10.- Modalidades de aprobación Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación, existen cuatro (4) modalidades:
servicios profesionales por impedimento de normas rígidas y de sus operadores que hacen aún más complicado la formalización edificativa, recurriendo a prácticas simplistas e ineficaces que poco o nada contribuyen con el desarrollo de la comunidad.
Estas prácticas colisionan con uno de los fines primordiales de la formalización urbana que es convertir en activos líquidos a la propiedad predial de los sectores de menores recursos, integrarlos al mercado y ser objeto de transacciones a futuro; incrementando así el valor de los predios y posibilitando a sus habitantes el acceso a los servicios de infraestructura básica; sin embargo, la realidad nos muestra situaciones que hacen inviable el cumplimiento de cada uno de ellos, por las razones antes indicadas, debido a que un alto porcentaje de los predios en vía de formalización, es decir, aquellos que cuentan con servicios básicos de luz, agua y desagüe, vías ejecutadas, no han culminado su proceso de habilitación urbana y, por lo tanto, no cuentan con título de propiedad.
De acuerdo a las normas sobre la materia 16 , los denominados asentamientos humanos, pueblos jóvenes, programas municipales de vivienda, centros poblados, pueblos tradicionales y otros similares, son considerados “posesiones Informales” constituidas por agrupaciones de personas que han ejercido posesión hasta el 31 de diciembre de 2004 con fines de vivienda con una extensión no mayor a 300 m 2 . Inicialmente los espacios donde se ubican los asentamientos humanos eran terrenos no aptos para vivienda; sin embargo con la intervención y ayuda del Estado, de las instituciones privadas y de las municipalidades se ha revertido dicha situación, permitiendo el acceso al suelo a través de la entrega de certificados de posesión expedido por los Gobiernos Locales y posterior ejecución de obras de servicios básicos, así como también la implementación de un entorno urbano compuesto por espacios destinados a la circulación peatonal y vehicular, al esparcimiento y al comercio; es decir, en la práctica dejaron de tener la condición y características de posesiones informales o más conocidos como “asentamientos humanos”, convirtiéndose en urbanizaciones 17 debidamente constituidas.
16 D.S. 013-99-MTC, reglamento de Formalización de la Propiedad a cargo de COFOPRI Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 011-2003-JUS, publicado el 13-06- 2003, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 4.- Definición de Posesión Informal Para efectos del presente reglamento, se consideran Posesiones Informales a los denominados asentamientos humanos, pueblos jóvenes, programas municipales de vivienda, centros poblados, pueblos tradicionales y otras posesiones informales que determine COFOPRI mediante directiva […]”
17 Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA que aprobó sesenta y seis (66) Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.
Sin embargo, a pesar del gran avance urbanístico en zonas que como mínimo tienen 10 años de antigüedad y en su mayoría más de 20 años, están impedidas de obtener una licencia de edificación por no contar con título de propiedad que sumado a la falta de apoyo de las autoridades competentes, recurren a prácticas anti técnicas e inseguras encargando el proceso constructivo a “maestros de obras” que sin desmerecer su oficio, sólo cuentan con sus conocimientos empíricos, sin ninguna supervisión profesional. Por otro lado, por su ubicación geográfica, el Perú es un país con una alta ocurrencia de sismos. A lo largo de su historia se han producido sismos muy destructivos, sobre todo, aquellos ocurridos al sur del Perú que afectaron terriblemente a las ciudades de Arequipa en el 2005 y Pisco en el 2007; por estas razones y las señaladas en los párrafos que anteceden, es de extrema urgencia diseñar una alternativa de solución que deberá estar a cargo de los Gobiernos Locales, que garantice un proceso constructivo seguro mediante la supervisión técnica de profesionales altamente calificados.
Razones que originan el problema.
1. No califican para la obtención de una licencia de edificación: es requisito indispensable contar con título de propiedad 18 .
2. Recurren a prácticas atentatorias a su seguridad y economía, encargando el proceso constructivo a personal empírico (“maestros de obras”).
3. Inexistencia de planos de edificación, perimétricos y sanitarios.
4. Ausencia de las autoridades: los gobiernos locales y COFOPRI no abordan el problema a pesar que es una realidad superior al 50% de los lotes de la mayoría de los distritos de los conos de Lima y de provincias.
A continuación, plantearemos una alternativa de solución, escogiendo como ejemplo el Asentamiento Humano Lomas de Zapallal del distrito de Puente Piedra.
Urbanización: Área de terreno que cuenta con resolución aprobatoria de recepción de las obras de habilitación urbana. 18 LEY Nº 29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES (*) Artículo modificado por el Artículo 11 de la Ley N° 29476, publicada el 18 diciembre 2009, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 25.- Requisitos Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el expediente, son los siguientes:
[…] b. Copia literal de dominio, expedida por el Registro de Predios. En caso de demoliciones totales o parciales, debe contar con el rubro de cargas y gravámenes sin limitaciones, caso contrario debe acreditar la autorización del acreedor.
En el Distrito de Puente Piedra el 66% de la población habita en viviendas sobre terrenos del Estado en calidad de poseedores, cuentan con servicios básicos de agua y desagüe, así como también cuentan con vías ejecutadas o proyecciones de vías. Desean construir su vivienda unifamiliar dentro de lo que enmarca el reglamento nacional de edificaciones.
Establecer un mecanismo que garantice supervisión y asesoramiento técnico profesional en el proceso constructivo, viabilizando las autorizaciones provisionales edificativas en terrenos ocupados por centros poblados, asentamientos humanos y cualquier otra forma de posesión en vía de formalización de propiedad del Estado en un marco que garantice la seguridad privada y pública.
1. Los que no cuenta con ningún tipo de construcción y que desean iniciar la construcción de sus viviendas, comprando su proyecto de vivienda a través del Banco Municipal de Proyectos (planos de arquitectura, estructura, sanitarios, eléctricos).
2. Los que traen sus planos hechos por sus propios proyectistas para que estos sean calificados por el área técnica correspondiente.
3. Los que ya cuentan con construcciones y desean regularizar a través de una evaluación estructural y arquitectónica.
El programa será lanzado por primera vez en el Asentamiento Humano Proyecto Integral Zapallal Alto conformado por los sectores de Brisas del Norte, Hijos de Luya III, Keiko Sofía Fujimori, Los Zorzales, La Florida y Lomas de Zapallal; contando el mismo con 2846 lotes de vivienda, distribuidas en 100 manzanas y una extensión de 856,927.45 m2, que representa el 11.33% aproximadamente del distrito de Puente Piedra. De acuerdo al trabajo de campo, la municipalidad se detectó una cantidad de 1537 lotes que cuentan con edificaciones de tipo provisional (madera, estera, plástico, etc.) los mismos que son el objetivo del programa.
Misión: Brindar un instrumento técnico que le permita a la población realizar sus edificaciones con calidad arquitectónica y de bajo costo constructivo, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida del beneficiario y al desarrollo urbanístico integral, involucrándolos en una cultura de formalidad.
Visión: Lograr convertir en activos líquidos a la propiedad predial de los sectores de menores recursos, integrarlos al mercado y ser objeto de transacciones financieras, incrementando así el valor de los predios y posibilitando a sus habitantes el acceso a mejores servicios.
1. Identificación de las zonas de acción (66% de los habitantes que viven en posesiones en vía de formalización).
2. Elección de la zona a intervenir, priorizando las más vulnerables.
3. De acuerdo a la zona a intervenir, se elaboran los proyectos de vivienda, en sus cuatro (04) especialidades: Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, a fin de que sean aprobadas e incorporadas al Banco Municipal de Proyectos 19 .
4. Campaña de Difusión en la zona a intervenir, mediante la exposición de los proyectos (Banners, maquetas, videos, folletos) y la asesoría técnica y legal personalizada en la elección del modelo adecuado teniendo en consideración las necesidades de cada beneficiario y su familia.
19 Art. 25º de la Ley Nº 29090 Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el expediente, son los siguientes:
[…] Para el caso de edificaciones, ampliaciones, modificaciones así como obras menores no mayores a 30 m2, sólo deben presentar: plano de ubicación y arquitectura, y boleta de habilitación; o puede optar por la adquisición de un proyecto del banco de proyectos de la municipalidad. Esta documentación debe ser presentada en original y una (1) copia. SEGUNDA.- Las municipalidades distritales y las provinciales o la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado, en un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, elaborarán un Banco de Proyectos, el cual se menciona en el artículo 25, de acuerdo a las necesidades de su jurisdicción. Cada municipalidad podrá realizar las acciones pertinentes para la convocatoria, elaboración y calificación de dichos proyectos, previamente al plazo antes mencionado.
5. Contar con una brigada de profesionales: Según su especialidad son: el arquitecto, para el proyecto de arquitectura y/o de habilitación urbana; el ingeniero civil, para el proyecto de estructuras y/o de habilitación urbana; el ingeniero sanitario, para el proyecto de instalaciones sanitarias; el ingeniero electricista o electromecánico, para el proyecto de instalaciones eléctricas y electromecánicas.
▪ Asesoramiento y supervisión de la construcción para una vivienda segura
▪ Mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria
▪ Facilitar el acceso al proceso de habilitación urbana
▪ Reducción de costo para la obtención de planos
• Incorporar el Procedimiento de Autorización Provisional en los Documento de Gestión Municipal (ROF, TUPA y TUSNE)
• Carácter Obligatorio: Incorporar como Conducta Infractora en el RAS. “No contar con autorización Provisional de Construcción”
• Campañas de Difusión Intensiva de los Beneficios del Proyecto.
2.4 Reordenamiento del Servicio de Transporte en Vehículo Menor
El transporte en la ciudad de Lima es lento, inseguro, contaminante y muy ineficiente, encontrándose caracterizado por un exceso de oferta, situación que genera congestión vehicular, demora en los desplazamientos y competencia ruinosa. Ante la complejidad del problema, lo primero que se debe realizar es un diagnóstico situacional, que determine la demanda real de transporte y qué preferencias o demandas requerimos, analizando a su vez, la red vial, la red de rutas y el impacto ambiental en el distrito, para luego, entorno a estos resultados, proponer las posibles alternativas de solución.
El distrito de Puente Piedra, no es ajeno a dicha problemática, cuenta con una trama urbana cuyo eje principal es la Panamericana Norte, la misma que divide de manera longitudinal al Distrito, haciendo que el acceso a ambos lados, se realice por dicha vía; también la manera explosiva e informal en que ha crecido el Distrito, ha ocasionado que su proceso de expansión urbana sea desordenado, carente de criterios técnicos,
impidiendo el desarrollo del espacio, razón principal por la que la trama vial es bastante complicada.
Así también, a través de un recorrido por el Distrito, se observa un desordenado servicio de transporte de vehículos menores entre unidades informales y formales, paraderos autorizados y no autorizados, debiendo precisar que cada zona de trabajo tiene una problemática en común que es la informalidad de muchas unidades que prestan este servicio, panorama en el que podemos encontrar menores de edad manejando, otros en actos delincuenciales y circulando en vías de alto tránsito, constituyéndose como amenazas potenciales para la sociedad. La radiografía del servicio de transporte público de vehículos menores en el Distrito, evidencia graves problemas por el desorden en el desplazamiento, informalidad del servicio que brindan y en el número de vehículos en circulación, los cuales superan los índices permitidos; ante la complacencia de sus autoridades.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, son competencias compartidas de las municipalidades distritales: “3.2 Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la regulación provincial”; en ese sentido, la Municipalidad Metropolitana de Lima en la Ordenanza 1693-2013, Ordenanza que Regula el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados y no Motorizados en Lima Metropolitana, indica en su Art° 17 que las municipalidades distritales están obligadas a aprobar un Plan Regulador para la prestación de servicio especial del distrito, el cual deberá contener las características de la prestación del servicio, así como lineamientos, políticas para su reordenamiento y mejora de la movilidad urbana.
Respecto al transporte regular de personas (transporte público, taxis, servicio escolar y carga), se observa desorden del uso de la vía Panamericana Norte, desde la entrada, en Shangrila hasta el Sector de Zapallal (Ovalo de Puente Piedra, Ovalo de Zapallal, Paradero Norteño, etc.), debiendo precisarse que es de total competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, realizar los respectivos trabajos de control, los cuales no han sido ejecutados. Por ello, se propone poner énfasis en mantener y/o renovar el convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el fin de tomar acciones de control a través de un cuerpo de Inspectores Municipales de Transportes debidamente capacitados y aprobados por la Municipalidad Metropolitana de Lima para realizar operativos de control con el fin de tener un objeto disuasivo, ordenador y
coadyuvar en el ordenamiento del transporte, tránsito y vialidad en coordinación con la Fiscalía y la Policía Nacional, dejando claro el respeto al principio de autoridad.
Otro aspecto de la problemática en la red vial del Distrito es el tránsito y la seguridad vial, los cuales, por falta de mantenimiento, han ocasionado un importante número de accidentes de tránsito, causando malestar y estrés a la población, esto aunado al mal estado físico de la calzada (baches) y a la omisión de los dispositivos de control de tránsito por parte de los usuarios de la vía, viene causando desorden en las calles del Distrito. Por tanto, se propone una adecuada señalización, los dispositivos de control de tránsito en la red vial del Distrito y su respectivo mantenimiento, y así contribuir a una buena canalización, fluidez y orientación de los usuarios de las vías. Así mismo realizar campañas de sensibilización de cultura vial a la población con el fin de contribuir a respetar las señales de tránsito, cambiando de actitud a la población en seguridad vial.
En los años 20, del siglo pasado se inició la formación de barriadas o pueblos jóvenes. En 1940, se aceleró el crecimiento demográfico; la población de Lima se situaba ya en unas 520 mil personas, esto provocó una fuerte demanda de tierras para urbanizar. Los factores que contribuyeron con la expansión demográfica en Lima, fueron el terremoto de 1940 y los migrantes provincianos. Las zonas ocupadas a mediados de los cincuenta empezaban a saturarse siendo necesario ir a lugares donde los terrenos eran abundantes y de bajo valor comercial.
Al mismo tiempo, los distritos populares del centro de la ciudad sufrían un fuerte proceso de densificación y tugurizarían. En los años ochenta la migración hacia Lima descendió de forma importante. Sin embargo, aumentó la proliferación de los Asentamientos Humanos denominadas “barriadas”, si bien la inmigración había descendido, el crecimiento natural de la población la había sustituido.
Actualmente, Lima Metropolitana presenta problemas críticos que son el resultado de un largo proceso histórico que explica su crecimiento urbano desordenado, su apariencia caótica, su informalidad, los apuros y los peligros entre sus habitantes que viven con limitada preocupación por el tema medioambiental. Lima Metropolitana es la región de mayor desarrollo y menor índice de pobreza y pobreza extrema del Perú; no obstante, es la mayor concentración de pobres del país, creciendo año tras año en términos absolutos 20 . En esa línea muestra un contraste entre la pobreza y riqueza del país: Alrededor de 2.5 millones viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema y más de la mitad del PBI nacional se genera en ella. Lima concentra la mayor infraestructura necesaria para la industrialización, tales como servicios, comunicaciones y transportes; atrayendo la migración, la inversión y constituyéndose en el mercado más importante a nivel nacional; sin embargo, presenta grandes limitaciones para generar un ambiente de calidad de vida a sus ciudadanos.
Una alta proporción del territorio de Lima Metropolitana está ocupado por asentamientos humanos. Por esta razón un amplio número de sus trabajadores
20 Estrategia de Desarrollo Integral y Reducción de la Pobreza en Lima Metropolitana
participan en la actividad económica informal, consecuencia de la migración y la permisología de ser formal. En respuesta al desempleo engendrado por la concentración urbana, en Lima se incrementó significativamente el sector informal, a la vez se experimentó una mayor dinámica política y económica por ser la primera ciudad del país. El incremento de la oferta de mano obra no calificada en Lima Metropolitana generó una brecha, pues muchos no pudieron sostener un puesto de trabajo, dándose el desempleo y el subempleo en distintos puntos de la capital, surgiendo la delincuencia como la forma más común de obtener recursos. Esto potenció otros problemas sociales tales como la drogadicción, la prostitución, la inseguridad ciudadana y la actividad comercial ambulatoria. También se aprecia una atomización en el servicio de transporte urbano en Lima, y una sobreoferta de vehículos, lo cual no es un incentivo para una adecuada prestación del servicio, originando congestión, bajas velocidades de desplazamiento, altos índices de accidentes de tránsito y un elevado nivel de contaminación ambiental.
La dinámica y constante crecimiento de la demográfica en Lima Metropolitana, como consecuencia de lo expuesto, se aprecia a continuación.
Crecimiento demográfico de la ciudad, 2014 – 2015
Los principales problemas de la ciudad en Lima y Callao, 2017.
Contraste de la percepción de seguridad en la ciudad y el barrio por nivel económico. Lima y Callao, 2017
Nivel de satisfacción con el transporte público en Lima, 2017
Problemas más graves relacionados a la gestión ambiental. Lima y Callao,
Educación. Problemas que enfrenta la educación en Lima y Callao, 2017
Vivienda. Nivel de seguridad en su hogar ante determinada situación de peligro. Lima y Callao, 2017.
Cultura, deporte y recreación. Nivel de satisfacción con la oferta de actividades deportivas, recreativas y culturales. Lima y Callao, 2017.
Economía, pobreza y desigualdad. Percepción del aumento de la pobreza por nivel económico, 2017.
Salud. Satisfacción e insatisfacción de los servicios de salud en Lima y Callao, 2017
Gestión pública. Nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones,
Participación ciudadana. Nivel de acuerdo y desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Lima y Callao, 2017.
Cultura ciudadana. Nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones según área interdistrital, 2017.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), mediante su publicación más reciente sobre población distrital, al 30 de junio del año 2015, el Distrito de Puente Piedra cuenta con una proyección poblacional de 353,327 habitantes, posicionándose como el noveno distrito con mayor número de habitantes, de los cuarenta y tres, que conforman Lima Metropolitana. Basándonos en los resultados obtenidos, pudimos realizar un contraste del crecimiento porcentual de la población, entre Puente Piedra y distritos aledaños y/o que comparten características similares a la nuestra, obteniendo como resultado que Puente Piedra, presenta el mayor porcentaje de crecimiento poblacional de los últimos cinco (5) años. Estas cifras plantean para el Distrito, un panorama que debe ser atendido en el planeamiento del desarrollo urbano distrital, a fin de responder ante este fenómeno de una manera adecuada. El Distrito cuenta con una superficie territorial de 71,18 km 2 y una densidad poblacional de 4963,85 hab/km 2 .
Tabla 1 - Población Distrital Según Sexo
Fuente: INEI 2015 Elaboración: Propia
Tabla 2 - Crecimiento Porcentual Distrital
Tabla 3 – Población Distrital según Grupo de Edad
El distrito de Puente Piedra presenta distintas dificultades con respecto al acceso
a los servicios básicos de saneamiento (agua potable, desagüe y alumbrado),
ocasionado principalmente por la ocupación desordenada e informal de territorios dentro del Distrito, la cual no cuenta con la infraestructura ni las habilitaciones correspondientes para cubrir las necesidades de los pobladores. Este crecimiento desordenado de los centros urbanos, ha sido ocasionados principalmente, por la inseguridad jurídica de los predios y un mercado
inmobiliario informal instaurado en distintos distritos de Lima Norte.
Tabla 4 - Población y hogares sin Acceso a Servicios Básicos
Porcentaje de Hogares sin acceso a Servicios Básicos
Porcentaje de la población en hogares sin acceso a servicios
Fuente: Censos Nacionales de Población y de Vivienda 2007 Elaboración: Propia
El acceso a servicios básicos en el hogar conlleva una relación directa con las condiciones de salud de sus habitantes, especialmente de niños y adultos mayores. Los datos obtenidos, correspondientes al acceso a agua potable, nos indica que aproximadamente el 38.6% de la población del Distrito carece de este servicio, evidenciando una condición crítica para la salud.
El distrito de Puente Piedra cuenta con 705 Instituciones Educativas, de las
cuales 265 son públicas y atienden a un total del 54.7% de la población
estudiantil. Por otro lado, contamos con 440 instituciones de educación privadas,
respondiendo a las necesidades del 45.3% de los estudiantes. 21 Según el Censo
Nacional de Población y Vivienda llevado a cabo en el año 2007, nos ubicamos
en el quinto lugar de los distritos con mayor tasa de incidencia en analfabetismo
(4.6%), siendo a su vez, las personas de 65 años a más, el grueso de este grupo
(22.1%). Vale mencionar que el Distrito cuanta con varios Institutos Superiores
no Universitarios que brindan capacitación técnica a los jóvenes del Distrito. El
distrito de Puente Piedra aún no cuenta con universidades.
Tabla 5 - Instituciones Educativas en el Distrito
Instituto Superior no Universitario
Fuente: Ministerio de Educación 2017 – Web ESCALE Elaboración: Propia
Tabla 6 - Población Censada de 15 y más años de edad, por Nivel de Educación Alcanzado y Sexo
21 Ministerio de Educación. Web ESCALE
Según el Directorio de los Establecimientos de Salud, publicado por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima-Norte, el distrito de Puente Piedra cuenta con 10 establecimientos de salud, los cuales están divididos según su respectiva categorización en 1 centro hospitalario, 1 centro materno infantil, 2 puestos de salud, 3 centros de salud, 2 CMI y 1 centro de salud mental comunitario. A su vez, contamos con 906 profesionales atendiendo problemas de salud en los establecimientos antes mencionados.
Según se observa en el registro de atendidos y atenciones por etapas de vida del MINSA, el año 2015, se registraron 654,327 atenciones en el Distrito, siendo los habitantes de 0 a 11 y de 30 a 59 años de edad, los grupos etarios con mayor número de atendidos, con un 29.88% y 29.56% respectivamente. Así mismo, entre las principales causas de morbilidad, se observa que problemas relacionados con infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, se establecen como los principales problemas que aquejan a la ciudadanía. 22 La anemia también se presenta como una grave problemática que afecta la salud, debido a que, dentro de la población de niños menores a 3 años, observamos que afectó al 43%, así como también, a un importante número de madres gestantes. 23
Asimismo, la elevada cantidad de animales en situación de abandono en el Distrito, se constituye como un problema de salud pública y una realidad que hiere la sensibilidad de muchos y da un aspecto de abandono de las vías públicas, debiendo ser objeto de medidas decididas que eviten la proliferación de animales en esta situación. Ante esta realidad y en vista de la desprotección que presentan los animales en estado de abandono, que en muchas ocasiones son objeto de abuso y maltrato, el gobierno central promulgó la Ley N° 30407 “Ley de Protección y Bienestar Animal”, que tiene por finalidad «garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de las medidas de protección de la vida, la salud de los animales y la salud pública».
22 Portal Web de información estadística del Ministerio de Salud. 23 Plan Nacional de Reducción y Control de la Anemia en la Población Materno Infantil en el Perú
El Distrito de Puente Piedra, viene registrando un aumento en la incidencia de actos delictivos, tales como: homicidios, agresiones, robos y asaltos, delincuencia juvenil, etc. Según los Indicadores Estadísticos de Seguridad Ciudadana, publicados en marzo de 2015, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 35% de la población del Distrito, ha sido víctima de algún hecho delictivo, de los cuales el 20.3% han sido víctimas de robos al paso y el 8.5% de algún tipo de estafa. Asimismo, el Plan Local de Seguridad Ciudadana de Puente Piedra 2018, indica que la percepción de inseguridad en el Distrito asciende a un
Tabla 7 - Logística del Área de Seguridad Ciudadana
Motocicletas / Cuatrimotos
Bicicletas / Patín de patrullaje
Centrales Descentralizadas de Monitoreo
Fuente: Plan Local de Seguridad 2018 Elaboración: Propia
Tabla 8 - Registro de Denuncias por Comicios de Delitos
Contra el cuerpo, la vida y la salud
El ordenamiento del transporte, depende de la autoridad administrativa y de los mismos operadores del servicio, así pues, por el lado de la autoridad administrativa corresponde establecer las condiciones adecuadas (normas, parámetros técnicos, señalización e infraestructura) que garanticen a los operadores del servicio un correcto desenvolvimiento de su actividad en la vía pública; y por el lado de los operadores les corresponde organizarse adecuadamente bajo las condiciones de respeto y cumplimiento a las normas
establecidas por la autoridad competente y del orden público. Así mismo, respecto al tránsito, el Distrito carece de una adecuada señalización y mantenimiento integral de la vía pública, comprometiendo sus condiciones físicas-operacionales.
El servicio de transporte de vehículos menores (mototaxis y anconetas), es el complemento del transporte público regular, que cubre una demanda de movilidad insatisfecha por el sistema convencional, convirtiéndose además en una fuente de ingresos para un número importante de la población. Actualmente existe una problemática en el Distrito respecto al transporte de vehículos menores, puesto que existe una sobredemanda de este tipo de unidades en todo el Distrito, debido a un deficiente control y a la ausencia de estudios técnicos en los últimos 11 años que permitan la ejecución de gestiones que posibiliten tomar decisiones frente a esta realidad. Así también, el servicio de transporte de vehículos menores, que en su mayoría se encuentran organizados en empresas y asociaciones, por su naturaleza de autogeneración de empleos, carecen de conocimientos en seguridad vial, ocasionando caos y desorden en los sectores de tránsito peatonal y vehicular, en los perímetros de los mercados y los centros educativos, constituyéndose como una amenaza para la integridad física de sus usuarios y el público en general.
Según la Memoria Anual 2017 de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 94 empresas constituidas y formales, cuentan con autorización para brindar servicio de transporte público en vehículos menores, significando esto un total de 5012 vehículos motorizados habilitados.
Tabla 9 - Vehículos menores autorizados para brindar servicio en el Distrito
Fuente: Memoria Anual 2017 – Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Elaboración: Propia
Actualmente la Municipalidad Distrital cuenta con un convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Metropolitana de Lima para el control del servicio público del transporte de personas y cargas, sin embargo, no se toma las acciones de control facultadas en dicho convenio, dejando al Distrito en un desorden y mal uso de la infraestructura vial.
El distrito de Puente Piedra presenta distintos problemas de contaminación ambiental y gestión de residuos, destacando entre estos, los casos de la zona industrial “Las Vegas”, y las áreas colindantes con el distrito de Ventanilla, lugares donde las emisiones de gases nocivos han provocado distintos problemas en el ambiente, así mismo, la falta de pavimentación en distintos asentamientos humanos, genera dificultades para la recolección de basura y por efecto del transporte que circula por la zona, también es afectada por el levantamiento de polvo, lo que provoca diversas infecciones respiratorias en los pobladores, principalmente en los niños. A esto se suma, la falta de conciencia de cuidado del medio ambiente de la sociedad en general, la cual arroja desechos en la vía pública o en las riberas del río Chillón. De acuerdo con información brindada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) comunicó, que en Puente Piedra, el mes de diciembre de 2016, los niveles de material particulado menor a 2,5 micras (PM 2,5 ) presentes en el aire, alcanzaron el nivel más alto en Lima Metropolitana (32,5 µg/m 3 24), superando ampliamente los niveles recomendados por el estándar de calidad ambiental nacional (25 µg/m 3 ), rebasando a su vez, los resultado obtenidos un año atrás (2015) en un 3.8%.
Puente Piedra, en el año 2017, produjo un promedio de 8,829.91 toneladas de residuos sólidos mensualmente, los cuales fueron vertidos en el relleno sanitario de Zapallal, el cual se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 34 de la Panamericana Norte.
Tabla 10 - Generación de residuos sólidos domiciliares en Puente Piedra
Población Proyectada al 2016
371819.00
187,745.06
Fuente: Plan de manejo de residuos sólidos del Distrito de Puente Piedra 2016-2018. Elaboración: Propia
24 Microgramo por metro cúbico de material particulado en el aire
El distrito de Puente Piedra, viene caracterizándose por un aumento constante de la actividad económica, fomentada por la inversión de los microempresarios del Distrito, los cuales a través de su capacidad de emprendimiento han logrado estimular el desarrollo económico del Distrito. Esta situación, se manifestó mediante la emisión de 1780 licencias de funcionamiento solo en el año 2016. Este panorama de crecimiento económico convierte al Distrito, en un posible nuevo eje de desarrollo comercial en Lima Norte, representando un nuevo polo de inversión para capitales privados (sector industrial y comercial).
Por otro lado, se ha podido constatar que actualmente existe un incremento del comercio ambulatorio del Distrito, generando la ocupación de áreas de uso público (pistas, veredas, puentes), situación que requiere medidas de ordenamiento.
Tabla 11 - Unidades Económicas del Distrito
CUE al
% CUE
Otras micro y pequeñas empresas
Fuente: Presupuesto Participativo 2011 – Puente Piedra Elaboración: Propia
El distrito de Puente Piedra cuenta con 554 centros urbanos, de los cuales el
47.47% se encuentra formalizado, 163 de ellos se encuentran saneados por
COFOPRI y 100 a través del procedimiento de habilitación urbana, por lo que los
lotes de vivienda que los conforman, se encuentran aptos a tener construcciones
formales y seguras de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.
Asimismo, la falta de conocimiento y recursos económicos de la población ha
ocasionado que la tasa de construcciones informales en el distrito
(autoconstrucciones y construcciones sin supervisión), sea bastante elevada,
generando una latente situación de inseguridad para sus habitantes. El 52.53%
de centros urbanos restantes, no cuentan con saneamiento físico legal, es decir,
291 pueblos no cuentan con título de propiedad y, por ende, las familias que en
ellas residen, mantienen su condición solo de posesionarios sobre el espacio
que ocupan y que limita sus oportunidades económicas y de una vivienda
segura. Las características de la propiedad en la que se encuentran ubicados
estos centros poblados (pública o privada), los enmarca dentro de los alcances
del DL. N° 1202, Saneamiento físico legal de centros urbano, que modifica el
Decreto Legislativo N° 803, Ley de promoción del acceso a la propiedad formal;
y la Ley N° 29898 Ley que modifica la Ley 29090, Ley de regulación de
habilitaciones urbanas y de edificaciones, panorama que hace posible su
respectivo saneamiento de acuerdo a ley. Ante esto, la saturación que presenta actualmente el organismo de formalización – COFOPRI, genera que el proceso de saneamiento en el Distrito sea lento.
La provincia de Lima Metropolitana está constituida por cuarenta y tres (43) distritos, de los cuales solo cuatro (4) de ellos cuentan con límites jurisdiccionales definidos por Ley y que cuentan con mapas definitivos, existiendo conflictos limítrofes en el resto de ellos. Para el caso del distrito de Puente Piedra, este cuenta con un 40% de sus límites saneados, siendo estos los que limitan con la Provincia Constitucional del Callao (distrito de Ventanilla y Mi Perú), establecidos con coordenadas UTM en sistema WGS84, tal como lo exige la Ley N° 27795, Ley de demarcación y organización territorial, quedando pendiente para su saneamiento los límites con el distrito de Carabayllo (por el este, hasta el Río Chillón) y con Ancón (por el norte), evidenciándose así una preocupante situación de desorden territorial. Esta definición de límites jurisdiccionales del distrito, nos dará autonomía a poder normar, regular y administrar los asuntos públicos de competencia, a través de sus órganos de gobierno, además de tener autonomía económica de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios.
El Distrito de Puente Piedra, actualmente no cuenta con un Sistema de Información Catastral, es decir, no existe un inventario físico y/o legal de la propiedad, debidamente sistematizado, que sirva de herramienta para garantizar el ordenamiento del espacio geográfico del distrito con fines de desarrollo, incluyendo sus características físicas, económicas, de uso, infraestructura y situación jurídica. Asimismo, contar con un sistema catastral permitirá contar con una herramienta indispensable para la toma rápida de decisiones y realizar trabajos coordinados con todas las unidades orgánicas de la entidad en temas de gestión de riesgo y prevención, desarrollo económico, licencias, administración tributaria, servicios a la ciudad, seguridad ciudadana, obras públicas y privadas; y con otras entidades como comisarías, bomberos, hospitales, colegios, etc.
“Puente Piedra centro de desarrollo económico de Lima Norte, seguro y con calidad de vida”.
Dirigido a impulsar el proceso de desarrollo, mediante la articulación de todos los actores responsables y una visión de desarrollo integrada. Empoderaremos a la familia en el rol formador del ciudadano y lo complementaremos con actividades educacionales que generen ética, conocimientos y habilidades productivas.
6. EJES ESTRATEGICOS.
De conformidad con las disposiciones dictadas por el Jurado Nacional de Elecciones (Resolución N° 0082-2018-JNE), el presente Plan de Gobierno ha sido diseñado tomando en consideración el marco supranacional (acuerdos internacionales suscritos por el país), constitucional y legal vigente y, está enmarcado en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y la Agenda 2030. Así mismo, está articulado con los lineamientos, políticas y planes nacionales (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional), el Marco Macroeconómico Multianual, planes regionales y locales (Planes de Desarrollo Concertado), teniendo en cuenta lo relacionado con los derechos humanos y lucha contra la pobreza, propuestas del Presupuesto Participativo, entre otros.
Los siguientes ejes temáticos están concordados con los establecidos por el Plan Bicentenario (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional), como siguen:
1.1 Participación Ciudadana.
• Alinear las políticas públicas municipales al Plan de Desarrollo Concertado 2017-2021, con la finalidad de cumplir los objetivos estratégicos de los Ejes: derechos humanos e inclusión social, servicios públicos, seguridad ciudadana, desarrollo económico, desarrollo de infraestructura urbana y políticas ambientales y gestión de riesgo de desastres.
• Modernizar el capital humano capacitando a los vecinos en procesos y gestión municipal, con el fin de afianzar su colaboración en los procesos participativos.
• Crear el “Consejo Estudiantil”, el cual desarrolle capacidades de liderazgo, participación y ciudadanía responsable en los estudiantes de instituciones educativas del Distrito, ante sus diversas problemáticas, con el fin de promover un comportamiento participativo y una visión crítica de la gestión municipal.
• Crear el programa “El Alcalde te escucha”, el cual promoverá una relación propicia entre el vecino y la municipalidad, mediante
la interacción en campo, recogiendo sus apreciaciones, ideas, opiniones y sugerencias a fin de proponer alternativas de solución
• Contar con un grupo de promotores, debidamente capacitados,
que recorran diariamente el Distrito, recogiendo las apreciaciones
o problemáticas de los vecinos, así como difundir los programas
municipales y los proyectos de inversión en el Distrito.
• Con la finalidad de acercar los servicios municipales al vecino, descentralizando la atención al ciudadano, se realizará la campaña “Muni en tu barrio”, incluyendo la atención médica, asesoría en temas técnicos y legales, corte de cabello, entretenimiento y recreación, etc.
• Promover la participación del vecino, buscando que se involucre en las diversas capacitaciones y talleres en la que la municipalidad requiera contar con su opinión y apreciación a fin de desarrollar proyectos de manera prioritaria.
• Atender eventos que podrían generar conflictos sociales entre vecinos en el ámbito del distrito.
1.2 Población Vulnerable.
• Fortalecer el área de la DEMUNA, con la finalidad de responder adecuada y oportunamente ante las denuncias de los vecinos, asegurando un apropiado acompañamiento en el proceso de atención brindado por profesionales en la materia.
• Implementar el programa “Ponle Tercera”, en búsqueda del incremento de propuestas que beneficien al adulto mayor,
potenciando un envejecimiento positivo, mediante talleres de recreación y esparcimiento, habilidades sociales, educación continua, emprendimiento y capacitación laboral.
• Crear la “Mesa de Concertación para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer”, la cual gestionará la cooperación de instituciones públicas y privadas comprometidas a combatir la violencia contra la mujer, a través del desarrollo de políticas, planes y programas que respondan ante esta problemática.
• Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), generando políticas que respondan ante sus necesidades, impulsando sus potencialidades, así como también, promoviendo su inserción en la comunidad.
1.3 Juventud y Cultura.
• Fundar la “Mesa de Participación Juvenil”, encargada de formular y proponer políticas municipales en materias relacionadas a los jóvenes, así como de la promoción y supervisión de programas y proyectos en beneficio de la población juvenil.
• Implementar el programa “Emprendemos”, como gestión municipal que busca la formación empresarial de jóvenes a través de la asesoría e incentivos, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico y el Ministerio de Producción.
• Crear la liga “Madre Joven Emprendedora”, la cual promoverá el desarrollo económico de madres de entre 18 y 25 años de edad. Las jóvenes se asociarán en acción coordinada con la Municipalidad Distrital, entidad que las convocará, asesorará y ejecutará labores de intermediario con los distintos programas de capacitación empresarial que ofrece el Estado de forma gratuita, con el objetivo de generar emprendimientos de negocios, potenciando la creación de circuitos económicos y la innovación en el distrito de Puente Piedra.
• Crear la “Red Cultura Online”, la cual se conformará como una plataforma de marketing digital para las agrupaciones de danza,
baile moderno, teatro y agrupaciones musicales del Distrito, en la cual se organizará un registro de agrupaciones, donde constará el nombre de los grupos, directores de la agrupación, número de contacto, un video promocional de cada elenco y las participaciones y/o eventos de los cuales serán parte; así como también, la promoción de circuitos arqueológicos en el Distrito, con una visión revalorizadora de nuestra historia, consolidándose como una vitrina para estos.
• Incentivar la cultura y el arte en el Distrito, mediante la implementación del programa “Como en el Cine”, el cual impulsará la proyección de películas con contenidos reflexivos y educativos, en espacios público totalmente gratis.
• Impulsar el programa “Teatrízate”, a través de la formación de elencos de teatro los adolescentes y jóvenes podrán desarrollar diversas capacidades entre las comunicativas, sociales, fortalecer su autoestima, dominio escénico, entre otras propias de la disciplina.
• Ejecutar el programa “Tambo Inga y su Historia”, el cual busca promover la investigación y puesta en valor del sitio arqueológico Tambo Inga en coordinación con el programa del Estado Puerto Cultura.
• Promover la “Zona Joven”, como una iniciativa que busca fomentar actividades de recreación en parques a fin de promover buenas prácticas formativas, lúdicas, artísticas y deportivas en la población adolescente y joven con la finalidad que estas actividades fortalezcan la socialización, el trabajo en equipo, la salud psicoemocional de los jóvenes y adolescentes, se presentará como una alternativa de tiempo libre contra el ocio nocivo.
• Implementar el programa “Casa Joven”, espacio descentralizado dónde los jóvenes podrán realizar actividades de sociabilización, debate o aprendizaje a través de charlas psicológicas, de planificación familiar, talleres empresariales, etc.
• Fundar la “Red de Embajadores Puentepedrinos”, la cual considera la experiencia de aquellos puentepedrinos que han logrado el éxito dentro de sus respectivas especialidades u ocupaciones a fin de que compartan sus experiencias,
potenciando la identidad de los jóvenes y constituyéndose, a su vez, como una referencia positiva.
• Crear el Programa “Joven de Puente TV”, el cual se constituirá como un espacio netamente juvenil, donde se transmitirán todos los eventos de interés en el Distrito.
• Implementar el programa “Tu Punto de Cultura”, donde las organizaciones en general (asociaciones, cooperativas, colectivos o agrupaciones culturales sin fines de lucro), se inscriban y sean reconocidas por el Ministerio de Cultura con la intención de fortalecer su acción a nivel local en coordinación con la Municipalidad.
• Promover la cultura juvenil en espacios públicos, impulsando la implementación del programa “Paredes al Ataque”, el cual busca que los jóvenes que deseen expresar el arte urbano, cuenten con espacios públicos seguros, previamente acondicionados y coordinados con la Municipalidad.
• Convocar la experiencia de ONG’s en materia de prevención, reinserción y rehabilitación de niños, jóvenes y adolescentes consumidores de drogas.
• Ejecutar el programa “Ven a tu Biblioteca”, el cual busca fortalecer, implementar y difundir los espacios de lectura y estudio en diversos sectores del Distrito.
2.1 Seguridad Ciudadana.
• Implementar los 15 Puestos de Auxilio Rápido - PAR existentes en el Distrito, con la finalidad de responder de manera inmediata ante situaciones de riesgo para la comuna, garantizando la seguridad en todo el Distrito, asimismo construir e implementar 16 Casetas de Seguridad en los lugares de mayor incidencia delictiva de acuerdo al Mapa del Delito del Distrito.
• Crear el “Centro de Alta Capacitación y Formación de Serenazgo Municipal”, donde se capacitará, especializará y profesionalizará al personal de serenazgo en coordinación con la Policía Nacional del Perú y las Juntas Vecinales, en los campos
de defensa personal, técnicas policiales, cadena de custodia, primeros auxilios, charlas de derechos humanos, psicología y marco jurídico de desempeño. Este Centro de Formación contará con un sistema de apoyo que incluirá contención psicológica, acondicionamiento físico, control nutricional y medios de distracción.
• Repotenciar el Centro de Monitoreo Distrital con la adquisición de 250 cámaras de videovigilancia en Full HD, las cuales se colocarán en puntos estratégicos del Distrito, lo que a su vez significará la implementación de equipos de última generación tales como: sistema de Data Center, sistema de atención de emergencia y sistema de radiocomunicación tetra, manipulado por personal debidamente capacitado para la operación de las mismas.
• Repotenciar el sistema de “Alarma Vecinal”, a fin de mejorar la comunicación entre, los propios vecinos, la Central de Comunicación de Serenazgos y la Comisaría de su respectiva jurisdicción, ante la ocurrencia de actos delictivos que se desarrollen en las localidades, así como también, de cualquier emergencia, accidente o incendio.
• Adquisición de 50 camionetas pick up, 4x4, doble cabina, destinadas al patrullaje del Distrito, así como también, la compra de 50 motocicletas, con la finalidad de contribuir a mejorar las acciones de seguridad ciudadana en el Distrito.
• Implementar la “Brigada Canina”, entrenada en seguridad, defensa y detección de drogas para trabajos preventivos ante la microcomercialización de estupefacientes, delincuencia juvenil, pandillaje, robo, etc., debidamente entrenada y con estricto respeto a la Ley N° 30407 “Ley de Protección y Bienestar Animal”.
• Fortalecer, repotenciar e implementar logísticamente el patrullaje de serenazgo, integrando, a su vez, un sistema de información y comunicación de última generación.
• Implementar una oficina de apoyo al ciudadano, que articulará a las organizaciones públicas encargadas de velar por sus derechos (Defensoría del Pueblo, DEMUNA, CIAM, Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, Centro de Emergencia Mujer y
otros) a fin de realizar el acompañamiento legal de las víctimas de delitos en el Distrito.
• Ejecutar el “Plan Escuelas Seguras”, mediante el cual, los serenos municipales e inspectores de transporte del Distrito brindarán seguridad a los centros educativos públicos, en los horarios de ingreso y salida de alumnos, previniendo actos delictivos y/o accidentes de tránsito.
• Actualizar el Mapa del Delito del Distrito de Puente Piedra, con
el fin de que se constituya en una herramienta que potenciará las
acciones del área de Seguridad Ciudadana, permitiéndole analizar los patrones delictivos del Distrito, buscando generar
acciones preventivas situacionales y sociales, así como el control
y represión de situaciones que representen peligro para la
• Recuperar los espacios públicos del Distrito, promoviendo la interacción de las personas en lugares rediseñados para generar un entorno seguro y pacífico que impulse la integración entre los vecinos.
• Coordinar con las entidades públicas correspondientes (Ministerio Público y Comisarias) la implementación de Cámaras Gesell, con
la finalidad de cautelar las declaraciones de víctimas de abuso
sexual, actos contra el pudor, tocamientos indebidos, trata de personas con fines de explotación sexual, así como violencia familiar, agilizando los procesos penales denunciados en nuestra localidad.
Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana de Puente Piedra 2018 Elaboración: Propia
2.2 Salud.
• Crear el “Sistema de Salud Municipal”, que cuente con dos Hospitales Municipales, tanto en la Zona Norte y Sur del Distrito, las cuales contaran con una variedad de especialidades, representando un importante medio para brindar los servicios de salud a toda la población. Ambos establecimientos contarán con equipos de profesionales altamente capacitados, lo que garantiza una adecuada atención para los vecinos, con precios accesibles.
• Crear la “Red de Salud Comunal”, mediante la cual se instalarán farmacias comunales, ópticas comunales, laboratorios de exámenes comunales y veterinarias comunales, con la finalidad de asegurar el acceso a servicios de salud de quienes más lo necesitan.
• Implementar el “Servicio Telefónico de Consejería en Salud”. Centro atención desde el cual, se brinda asesoría gratuita para nuestros vecinos en una amplia gama de temas, tales como, salud infantil y familiar (embarazo, lactancia materna y crianza – reducción de la mortalidad materno infantil y neonatal), depresión y ansiedad prenatal y posparto, prevención de enfermedades crónicas (diabetes, cáncer y enfermedades cardiacas), uso de sustancias (drogas, tabaco, alcohol), promoción de la salud mental, cuidados del adulto mayor y alimentación saludable.
• Ejecutar el programa “Toc, Toc, el doctor está en casa” como parte del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, el cual consiste en la visita diaria de nuestros equipos de profesionales a diferentes sectores vulnerables del Distrito, con el fin de brindar asistencia médica a diversas familias, ofreciendo servicios como medicina general, nutrición, odontología, pediatría y obstetricia a cero costos.
• Crear del Programa Municipal Nutricional “Bienvenida Chispita y Adiós Anemia” la que buscará contribuir en la lucha contra la anemia en las gestantes y la población infantil, este programa deberá tener una participación activa de la comunidad, las prácticas de alimentación y de controles de salud, así como la continuidad de la suplementación en la población materno – infantil.
• Fortalecer la salud preventiva, mediante capacitaciones dictadas por especialista, en temas de educación en salubridad y buena nutrición, dirigidos a prevenir las principales enfermedades que aquejan nuestro entorno (enfermedades respiratorias, problemas vocales, desnutrición, etc.).
• Activar una Mesa de Trabajo de lucha contra la desnutrición crónica y la anemia infantil en el Distrito, que congrega a las instituciones que intervienen en la lucha contra esta problemática en el distrito.
• Crear la “Veterinaria Municipal”, la cual brindará atención integral de salud de primer nivel para los animales de compañía del Distrito (consultas, tratamientos, atención de urgencias, vacunaciones, desparasitaciones, cirugías especializadas, campañas de esterilización, etc.), contribuyendo al fomento del bienestar de estos, y disminuyendo el riesgo de las principales zoonosis transmitidas por mascotas a sus propietarios.
• Implementar un aplicativo web y móvil llamado “Registra a tus patitas”, el mismo que nos permitirá un control de la población canina a fin de contar con la información necesaria que nos permita mejorar las políticas públicas en este tema,
• Crear, con el apoyo de asociaciones para la protección y el bienestar de animales, el “Albergue Temporal Puentepedrino”, para animales en estado de abandono.
• Crear zonas especiales para la recreación de las mascotas “Zonas de Mascotas” dentro de las áreas recreativas del Distrito, las mismas que contarán con un espacio de uso exclusivo de canes, elementos de Agility, un cerco metálico de seguridad rodeado de un cerco vivo, a fin de mantener la armonía con el parque, bancas para el descanso de los propietarios y papeleras con dispensador de bolsas para el recojo y depósito de las heces de los canes. Esta medida de consolidará como espacios seguros donde las mascotas podrán correr libremente sin peligro a escapar y extraviarse, regulando sus niveles de estrés, mejorando su comportamiento en casa. Así también como un lugar seguro de diversión para niños y adultos mayores.
• Crear el “Régimen de Tenencia, Registro y Protección de animales en el Distrito”, el mismo que fomentará las capacidades de nuestra población para la crianza responsable de mascotas, ejecutando los programas “Soy tu pata, no me abandones”, fortaleciendo la tenencia responsable, así como también, campañas de esterilización y salud “Chapa tu perro y vacúnalo”.
2.3 Educación y Deporte.
• Crear el programa “Sembradoras de Semillitas”, el cual fortalecerá las competencias profesionales de las animadoras de los programas no escolarizados de educación inicial – PRONOEI del Distrito, a quienes se les brindará capacitación en estimulación temprana, y bases teóricas del desarrollo pre escolar. Además, se les proporcionará material pedagógico, que facilite su labor.
• Implementar el programa de becas municipales “Munibecas”, el mismo que tendrá por objeto solventar los estudios superiores y técnicos a aquellos estudiantes destacados en el Distrito. Además, se debe considerar, que los estudiantes beneficiados deberán realizar un voluntariado de capacitación de cuatro (4) horas a la semana en unidades descentralizadas de la Municipalidad o en locales comunales del Distrito.
• Implementar el programa “Beca Magisterial” el cual brindará capacitación, especialización y actualización de maestros y directivos de instituciones educativas públicas del Distrito, a fin de mejorar la calidad de la educación.
• Promover la Investigación Científica y Tecnológica a través del programa “INCITEC”, con el cual se patrocinará estudios de investigación, cuyo resultado e implementación beneficien al Distrito en su crecimiento económico, social, técnico y productivo, permitiendo así, mejorar la calidad vida de la población.
• Implementar el programa piloto “Psicólogo en tu Cole”, como un sistema de asistencia personalizada dirigido a la disminución del índice de deserción escolar, conformado por una brigada de especialistas que brindará soporte psicológico para la contención emocional y las practicas restaurativas en el estudiante y su
familia. Dicho trabajo se realizará de forma coordinada con los centros educativos dentro del Distrito.
• Promover y fomentar una educación ciudadana en la práctica de
valores para disminuir la violencia y todo tipo de agresión existente con la realización de diversos concursos escolares de ensayo, historieta, fotografía, grafiti, álbum escolar, láminas educativas en
el Distrito de Puente Piedra, dentro del marco de una “Ciudadanía
• Promover la universalización del uso y acceso a las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), como herramienta para
consolidar la calidad de vida de los estudiantes puentepedrinos dentro de un entorno interconectado a un sistema de información, implementando el acceso a internet de banda ancha en instituciones educativas públicas del Distrito.
• Implementar el funcionamiento de un “Tecnomóvil”, que brindará capacitaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación
a docentes y alumnos de los centros educativos públicos del
Distrito. Además, brindará soporte y mantenimiento a sus centros de cómputo.
• Establecer como prioridad la enseñanza de inglés en la educación de nivel primaria, para tal fin se implementará el programa “Twenty”.
• Promover el deporte, cultura y conocimiento, mediante la instauración de las “Olimpiadas Puentepedrinas”, la misma que englobará el ámbito deportivo: fútbol, vóley, básquet, atletismo, ajedrez, tenis, karate, etc. y el ámbito académico: matemáticas, historia, deletreo, literatura, ciencias, etc.
• Crear el fondo municipal para la “Excelencia Deportiva”, el que tiene por finalidad brindar un apoyo económico a deportistas puentepedrinos que representen al país en algún certamen nacional o internacional.
• Implementar la “Biblioteca Rodante”, la cual promoverá lectura en la población del Distrito, la misma que incluirá talleres de historietas, caricaturas, culturales, cuentacuentos, etc.
• Implementar el “Instituto Técnico Superior de Puente Piedra” a fin de promover y potenciar la educación técnica superior de los
jóvenes del Distrito, alineada a la estrategia de desarrollo distrital, poniendo énfasis en la demanda laboral del mercado nacional e internacional.
• Crear el programa “Quiero Chambear” para los jóvenes que por diversos motivos no pudieron estudiar alguna carrera, pues para ellos se les brindara la oportunidad de ser capacitados para que se inserten al mundo laboral con carreras técnicas bajo el principio de equidad y de oportunidad.
• Crear un sistema descentralizado de “Academias Preuniversitarias Municipales”, las cual brindarán preparación académica a jóvenes de distintos puntos del Distrito que busquen ingresar a una carrera universitaria.
• Implementar los “Mini gimnasios al aire libre”, con el fin de promover la práctica de actividades físicas tanto en niños, jóvenes, adulto y personas de tercera edad que concurran a estos espacios públicos recreativos, mejorando así su calidad de vida y fomentando la socialización entre la población. Estos espacios contarán con equipos compuestos de aparatos que cubran la movilidad de todos los grupos musculares como de calentamiento, coordinación de movimientos, etc.
2.4 Tránsito y realidad vial.
• Elaborar el “Plan Regulador de Vehículos Menores”, el mismo que no se ha realizado desde el año 2007, asimismo, en dicho plan se establecerán las especificaciones del servicio del transporte menor dentro del Distrito, determinándose la demanda de viajes que se generan en cada zona de trabajo, oferta requerida (número de vehículos), así como lineamientos, infraestructura vial, políticas para su reordenamiento y mejora; buscando reglamentar las condiciones de acceso y permanencia que se debe cumplir para la prestación del servicio.
• Elaborar y aprobar la “Reglamentación del Inspector Municipal de Transporte” (IMT), la cual contendrá funciones de índole disuasivo y ordenador.
• Formar y Capacitar el área de “Inspectores Municipales de Transporte”, desarrollándose temas de leyes y normas vigentes
en el ámbito de transporte de vehículos menores, acerca de moral
y valores, así mismos, exámenes básicos de aptitudes físicas y
psicológicas. Serán aceptados como inspectores municipales de transporte (IMT) aquellos que aprueben el curso de formación.
• Sistematizar a través de una herramienta informática, toda la información vehicular (información del propietario, conductor y características vehiculares, procesamiento de actas de internamiento y papeletas impuestas), para la consulta de la ciudadanía en general.
• Mantener y/o renovar el convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el fin de tomar acciones de control y ordenador a través de los inspectores municipales de transporte (IMT) a los servicios de transporte regular de pasajeros, taxi metropolitano, transporte escolar, transporte turístico y transporte de carga. Los IMT serán capacitados y aprobados según el programa de evaluación que dicta la Municipalidad Metropolitana de Lima tal como establece dicho convenio.
• Coordinar con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía la ejecución de operativos de alcoholemia, con el fin de evitar accidentes de tránsito, adquiriendo como mínimo dos alcoholímetros, los cuales permitirán realizar los operativos de control en las vías del Distrito.
• Crear el “Área de Mantenimiento Vial”, la cual dependerá de la Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, tendrá las funciones de mantenimiento y/o colocación de las señalizaciones en las vías tanto horizontales (marcas en el pavimento) y verticales, así como parches de las calzadas, instalación y/o mantenimiento de reductores de velocidad (rompemuelles), misma que contará con personal adecuado, así como de equipos
y maquinarias para la ejecución de los trabajos con el fin de
preservar en forma continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial. Dicha área se encontrará en coordinación directa con la Central de Captación de Solicitudes de Servicios a la Ciudad “Servifono”.
• Implementar la campaña de sensibilización y capacitación “Yo Respeto”, la cual ejecutará actividades en los centros educativos
del Distrito, a fin de capacitar a los niños y jóvenes, a través de material audiovisual y el despliegue de un circuito simulador de vía pública con todos los elementos correspondientes (semáforos, cruceros peatonales, señales de tránsito), donde los alumnos durante la capacitación participarán activamente siendo conductores en bicicletas, y peatones. Esta iniciativa también se desarrollará en intersecciones semaforizadas, realizando dinámicas e interactuando con la población, promoviendo el respeto a los semáforos, el uso de las líneas peatonales, etc., contribuyendo al cambio de hábitos mediante la adopción de nuevos conocimientos, actitudes y prácticas en la población del Distrito, por medio del desarrollo de estas estrategias de comunicación.
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL “YO RESPETO”
3.1 Gobernabilidad
• Simplificar los trámites municipales, a fin de optimizar la celeridad y funcionalidad de los mismos, mejorando su eficiencia, pertinencia y utilidad, para con los vecinos del Distrito,
• Tomando en consideración las medidas de simplificación administrativa y de austeridad a favor del ciudadano, se realizarán las coordinaciones con la secretaría del Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros- PCM, a fin de implementar
el proyecto “Cero papel”, que promueve el uso de un sistema de trámite documentario utilizando la tecnología de firma digital.
• Implementar la “Mesa de parte virtual”.
• Mejorar las capacidades administrativas y operativas de nuestros colaboradores a fin de mejorar la calidad y tiempo de atención.
• Fortalecer el órgano de control interno, impulsando el ejercicio efectivo de sus labores de promoción de la transparencia en la gestión de recursos y bienes municipales.
• Implementar el “Programa de Atención Nocturna”, el cual, propone habilitar las oficinas municipales un determinado día por mes, en horarios de 6:30 pm. a 10:30 pm. con la finalidad de responder ante la ciudadanía que por razones laborales y demás, presenta dificultades para realizar trámites municipales dentro del horario regular de atención.
• Implementar un Sistema Municipal de “Información Estadística y Geográfica”, para proveer de datos de calidad al Municipio, que contribuyan a ejecutar acciones ante diversos fenómenos que ocurren en el Distrito, potenciando gestiones preventivas. Esta información podrá ser compartida con la ciudadanía si así lo requieren.
• Elaborar el “Código de Ética del Servidor Público”, en la búsqueda de un referente formal e institucional de la conducta personal y profesional que deben cumplir nuestros colaboradores.
• Implementar la “Gaceta Oficial Municipal”, a fin de mantener informada a la comuna de las actividades realizadas, mejorando sus capacidades de fiscalización para con la labor del municipio.
4.1 Inserción y Estabilidad Laboral.
• Estimular el sector comercial-productivo, brindando capacitación técnica dirigida a los empleos con mayor demanda del Distrito.
• Fundar el “Centro de Prácticas Preprofesionales”, el cual, promoverá la inserción laboral de los jóvenes.
• Crear “Ferias Laborales”, en coordinación el Ministerio de Trabajo, a fin de implementar un espacio donde diferentes
instituciones, públicas y privadas, ofrezcan la posibilidad a jóvenes y adultos de contar con un empleo digno. Así también, dentro de estas ferias, se impartirán asesorías gratuitas que promuevan la empleabilidad de los puentepedrinos (orientación vocacional, elaboración de curriculum, charlas sobre empleabilidad e ideas de negocios).
• Realizar acciones fomentadas a la formalización de los comerciantes ambulantes que se encuentren en los espacios públicos.
• Crear la “Agencia de Empleo Municipal”, la cual se encargará no solo de la colocación de las personas en un centro de trabajo, sino del seguimiento y monitoreo de su desempeño en esta.
• Realizar coordinaciones y convenios con las medianas y grandes empresas que se encuentren en el Distrito, a fin de colocar en el mercado laboral un considerable grupo humano del Distrito.
• Realizar talleres de orientación vocacional para estudiantes de centros educativos de 4° y 5° de secundaria.
4.2 Empresa y Microempresa.
• Implementar el “Plan de Reordenamiento del Comercio Ambulatorio”, el cual buscará disminuir la ocupación de espacios públicos, promoviendo la formalización de los comerciantes ambulantes del Distrito, mejorando las condiciones del ornato, urbanismo, limpieza pública y transitabilidad de las calles.
• Simplificar los procesos de licencia de funcionamiento, motivando la formalización y la creación de emprendimientos y microempresas en el Distrito.
• Coordinar “Convenios con Financieras” a fin de promover la creación de microempresas.
• Crear “Ferias de Exposición” de productos en la búsqueda de promover el comercio dentro del Distrito a un precio accesible.
• Crear el “Centro del Emprendedor”. Iniciativa que busca potenciar, a través de la asesoría y capacitación brindada por parte de profesionales, a los emprendimientos de los vecinos y microempresarios del Distrito.
• Implementar la iniciativa “Produce lo que Consumes y Consume lo que Produces”. Este programa busca unir económica y socialmente a productores del Distrito, para luego, mediante un estudio de mercado que identifique los productos de mayor consumo en el Sector Norte de Lima, los proponga como opciones de producción, para luego, a través de campañas publicitarias, se promocione su consumo como un producto de alta calidad hecho en Puente Piedra. Todo este proceso contará con el apoyo, capacitación y asesoramiento de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra.
4.3 Turismo.
• Crear un circuito turístico, fomentando la articulación de restaurantes, centros de esparcimiento, sitios arqueológicos, entre otros.
• Fomentar la realización de capacitaciones dirigidas a los colaboradores de locales turísticos, en temas de atención al cliente, a fin de profesionalizar sus servicios, garantizando su excelencia y competitividad.
• Ampliar la ejecución de obras, que respondan a las necesidades de los vecinos de Puente Piedra, con una visión descentralizadora (escaleras, pistas, veredas, parques y jardines, lozas deportivas, muros de contención, espacios recreacionales, locales comunales, etc.).
• En los últimos años la Municipalidad de Puente Piedra ha contado con un presupuesto aproximado anual de S/. 140 000 000.00 (Ciento Cuarenta millones de soles) el mismo que deberá ser distribuido de mejor forma, y atendiendo a todas las zonas del distrito, no solo en proyectos de infraestructura, sino también en proyectos de carácter educativo y social. Así también deberá estructurarse un mejor Presupuesto Participativo, en el que los agentes participantes pongan de conocimiento a la autoridad sus necesidades y puedan priorizarse sus proyectos, así como la
Municipalidad poder presentar su cartera de proyectos que deberá alimentarse constantemente por sus áreas técnicas.
• Crear la “Gerencia de Formalización de la Propiedad”, unidad orgánica cuya función será la de realizar todo el proceso de reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de centros urbanos que carecen de título de propiedad, previa delegación de facultades.
• Implementar el CATASTRO de inmuebles con la finalidad de contar con una base de datos de los predios del distrito que nos permita conocer la realidad y se puedan desarrollar proyectos conforme a las carencias y dificultades de determinado sector. La misma que nos permitirá:
Diseñar políticas de prevención y gestión de riesgos de desastres (defensa civil).
Implementar herramientas virtuales que permitan realizar gestiones a los vecinos del Distrito, a través de la web o aplicativo móvil – App.
Permitirá el desarrollo empresarial y de inversiones en el Distrito.
Conocer la situación física y legal de los predios del distrito para el desarrollo de determinadas acciones.
Agilizar los procesos de formalización y regularización de la propiedad.
Contar con los adecuados equipos e instrumentos de última generación, a fin de garantizar la eficiencia y eficacia de los trabajos de levantamiento de la información.
MODELAMIENTO Y SIMULACION DE LA REALIDAD EN 3D OBTENIDO A PARTIR DEL CATASTRO.
REPRESENTACION DE LO QUE SERÍA LA PLATAFORMA VIRTUAL “MAPA PUENTEPEDRINO” DONDE SE CONSIGNA INFORMACION Y FOTOGRAFIA DE UN LOTE.
• Implementar un “Plan de Mitigación de riesgos de Desastres”, dirigido a centros urbanos ubicados en zonas de riesgo, mediante la realización de capacitaciones brindadas por especialistas.
• Formar la “Brigada de Prevención de Riesgos”, la cual promoverá la participación voluntaria de vecinos del Distrito, en distintas capacitaciones (evacuación, comunicación, manejo de extintores y primeros auxilios), con el fin de responder ante eventuales situaciones que puedan presentarse en su comunidad.
• Mitigación de riesgos a los centros urbanos ubicados en zona de riesgo y realizar eventos de capacitación con ese fin a los que lo requieran.
• Contar con un equipo de inspectores técnicos acreditados que permitan realizar una evaluación rápida y periódica en los campos que se requieran.
• Promover entre la población y sus Instituciones la cultura de la seguridad, a fin de proteger la vida y asegurar las adecuadas y mejores condiciones para la subsistencia de la población y sus actividades dentro del territorio de la jurisdicción distrital.
• Equipar apropiadamente los almacenes destinados a la realización de actividades de defensa civil en caso de desastres, emergencias o ayuda humanitaria.
• Crear la plataforma virtual “Mapa Puentepedrino” que permitirá acceder de manera rápida a los vecinos a la información obtenida mediante el catastro, tanto para la presentación de expedientes como para la correspondiente emisión de licencias, resoluciones y/o certificados de manera automática y todo desde el portal web a o través de un dispositivo móvil- APP.
MODELO DE LA APLICACIÓN WEB DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES POR PARTE DE LOS VECINOS
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE ADQUIRIRÁ EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION Y ALTA PRECISION: DRONES, GPS, ETC. PARA LA OBTENCION DE INFORMACION
• Crear el Programa “Casa Segura”, la misma que promoverá la construcción formal de viviendas, teniendo a la municipalidad como agente promotor de mecanismos técnicos y como facilitador en el proceso de postulación a los bonos de programa Techo Propio y a los bonos de Reforzamiento Estructural del Ministerio de Vivienda,
• Crear un procedimiento para la emisión de licencias provisionales de edificación en posesiones informales que se encuentren en proceso de formalización, a fin de garantizar la seguridad de la construcción.
• Crear procedimientos de servicio no exclusivos para la elaboración de expedientes de regularización en edificaciones.
• Iniciar las gestiones para el saneamiento físico legal de los límites del distrito de Puente Piedra con los de Carabayllo y Ancón.
6.1 Limpieza Pública y Contaminación Ambiental.
• Crear el “Servifono”, central de captación de solicitudes de servicio a la ciudad (pistas en mal estado, limpieza de calles, recojo de desmonte, grafitis no artísticos, señales de tránsito en mal estado, etc.), vía telefónica y whatsApp. Esta central, permitirá recopilar información que facilite la planificación de obras, cambiando el paradigma de respuestas reactivas. Además, mejorará el tiempo de respuesta por parte del municipio ante eventuales problemas que se presentan en el Distrito.
• Implementar la utilización de “Agua Sólida” (polímero de potasio biodegradable e inocuo que absorbe, retiene y provee, de manera continua, agua a plantaciones), buscando optimizar el riego de áreas verdes, pudiendo reducir hasta en un 80% el consumo de agua utilizada con este fin.
• Instalación de “Contenedores Subterráneos”, distribuidos en lugares estratégicos y de manera progresiva, con el fin de eliminar los puntos críticos de acumulación de basura, lo que permitirá tener un ambiente limpio y sin el riesgo de atraer plagas (roedores, insectos, etc.), siendo además una ventaja su funcionamiento las 24 horas del día.
• Capacitar e involucrar a los recicladores con el fin de que informen constantemente a los vecinos sobre la importancia de la segregación en la fuente y recolección selectiva de algunos residuos generados en el hogar.
• Capacitar y supervisar el adecuado manejo de los residuos sólidos generado por los Mercados, dentro y a fuera del establecimiento.
• Mejorar y actualizar las rutas para el servicio óptimo de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.
• Minimizar los puntos críticos de residuos de la construcción y demolición de obras menores (desmonte).
• Realizar campañas de limpiezas de viviendas que cuenten con materiales en desuso (maderas, calaminas, etc.)

References: artículo 119
 artículo 195
 ARTÍCULO 154
 ARTÍCULO 157
 Artículo 3

Artículo 10
 Artículo 13
 artículo 5
 artículo 31
 artículo 194
 artículo 83
 artículo 83
 Artículo 106
 ARTÍCULO 154
 artículo 3
 artículo 154

Artículo 6
 artículo 43
 artículo 13
 Artículo 3
 Artículo 43

Artículo 45
 Artículo 7
 Artículo 2
 resolución 
 Artículo 11
 artículo 25
in fine