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Timestamp: 2020-06-03 12:08:21+00:00

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﻿ Sentencia 38420 de mayo 2 de 2012
SENTENCIA 38420 DE 02 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:CUMPLIMIENTO DE METAS DEBEN SER COMUNICADAS PREVIAMENTE, PARA CONCLUIR POSTERIORMENTE SI SE PRESENTA INCUMPLIMIENTO. SE PRECISA QUE EL HECHO DE QUE UNA CONDUCTA DEL TRABAJADOR SEA CALIFICADA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO FALTA GRAVE QUE FACULTE AL EMPLEADOR PARA TERMINAR EL VÍNCULO CONTRACTUAL POR JUSTA CAUSA, NO SIGNIFICA QUE EL JUEZ NO PUEDA EXAMINAR LOS MOTIVOS ADUCIDOS PARA DETERMINAR SI EFECTIVAMENTE EL TRABAJADOR INCURRIÓ EN DICHA FALTA. DESDE LUEGO QUE NO JUZGARÁ LA GRAVEDAD DE LA MISMA, PUES ESA CALIFICACIÓN HA SIDO PREVIAMENTE CONVENIDA POR LAS PARTES, PERO SÍ, SI EL TRABAJADOR INCURRIÓ EN LA CONDUCTA ANTILABORAL, YA QUE EN ESTOS EVENTOS NO OPERA LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR, RECURSO DE CASACIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, CLASES DE FALTAS, FALTAS GRAVES
Sentencia 38420 de mayo 2 de 2012
Rad.: 38420
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A.-Pensiones y Cesantías Santander contra la sentencia dictada el 31 de julio de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que Jorge Fernando Morales Oliveros promovió contra la recurrente.
Ante el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, el actor demandó a la sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Santander S.A.-Pensiones y Cesantías Santander para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término fijo por el lapso comprendido entre el 21 de marzo de 2000 y el 1º de septiembre del mismo año, el cual fue terminado por la empleadora sin justa causa. Consecuencialmente pretende el reintegro al cargo que venía desempeñando al momento del despido o a otro de igual o superior categoría, y al reconocimiento y pago de los salarios, con todos los incrementos legales, arbitrales y prestaciones, dejados de percibir desde el momento del retiro hasta cuando se produzca el reintegro, declarando la no solución de continuidad de la relación laboral; además pidió la indexación de los salarios dejados de percibir.
Subsidiariamente aspiró al reconocimiento y pago de las sumas de dinero deducidas y retenidas en la liquidación, la indemnización por la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo, la moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y la indexación sobre derechos que no generen sanción moratoria.
En sustento de sus pretensiones afirmó que empezó a laborar al servicio de la demandada desde el 21 de marzo de 2000 hasta el 1º de septiembre del mismo año, faltándole 20 días para concluir su contrato a término fijo; que durante la vigencia de la relación laboral cumplió en forma eficaz con sus deberes y obligaciones y nunca se le hizo un llamado de atención o requerimiento alguno; que su último salario promedio devengado fue de $316.816 y el cargo que desempeño fue el de ejecutivo de cuentas; que el 1º de septiembre de 2000 la demandada en forma unilateral y sin justa causa, y a pesar de existir un conflicto laboral colectivo dio por terminado el contrato de trabajo, lo cual le ocasionó graves perjuicios de orden moral, familiar y económico; que desde su afiliación al sindicato, la demandada viene exigiendo el retiro del personal sindicalizado y que a la terminación de la relación laboral no le pagaron la totalidad de sus salarios y prestaciones.
Pensiones y Cesantías Santander se opuso a las pretensiones de su ex-trabajador con fundamento en que al actor se le canceló el contrato de trabajo por justa causa debidamente comprobada, que en la liquidación no se le dedujo suma alguna y que no hay lugar a la indemnización moratoria por cuanto no se le adeuda suma alguna; de los hechos, admitió los relativos a la relación laboral, sus extremos temporales, la modalidad del contrato laboral y el cargo desempeña; los restantes, los negó. Propuso como excepciones la de inexistencia de la obligación, pago y cobro de lo no debido.
Fue proferida el 28 de octubre de 2005, y con ella, el juzgado condenó a la demandada a reintegrar al actor al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría y al pago de salarios con los respectivos incrementos legales y convencionales dejados de percibir desde el 1º de septiembre de 2000 hasta el reintegro efectivo y le impuso las costas a la parte demandada.
La alzada se surtió por apelación de la parte demandada y concluyó con la sentencia acusada en casación, por medio de la cual el tribunal confirmó el fallo apelado.
El juzgador luego de transcribir apartes de la sentencia de esta Sala del 2 de octubre de 2007, radicación 29822 alusiva a la estructuración del fuero circunstancial expresó:
Se invoca por la demandada no haberse demostrado en el informativo la notificación por parte de la organización sindical a la empresa de la vinculación del actor y por tanto concluye que no le era factible tener conocimiento de su protección especial.
Como se observa de la litis, estos argumentos constituyen circunstancias nuevas y no debatidas en el proceso que deslegitiman su comprobación en apelación, pues si se observa, en la proposición defensiva de la demandada desde su contestación al libelo y en todo el desarrollo de la primera instancia, solamente argumentó en contraposición que el despido efectuado al demandante obedeció a justas causas, pero el hecho de la vinculación del demandante al sindicato no fue materia de controversia en la litis.
Así mismo se dejó en claro al momento de la concreción del debate probatorio efectuado por el a quo en la primera audiencia de trámite el 28 de octubre de 2002, relegándolo a lo siguiente:
“(…) Fijación del litigio
El presente conflicto se encamina a obtener pronunciamiento judicial que determine la cuantía del salario, la modalidad del despido (…)” (resaltado fuera del texto original).
Teniendo en claro lo anterior, y teniendo en cuenta que la parte demandada, asistente a la celebración de la vista pública anterior, guardó silencio en señal [de] reaceptación respecto de lo que iba a ser materia de conflicto, no puede recibirse a esta instancia la invocación de la parte demandada respecto de la presunta omisión probatoria.
Reprodujo la motivación por la que se efectuó el despido del trabajador y aludió a los folios 12 y 54 a 56 contentivos del reporte de los porcentajes de cumplimiento del actor al igual que de la tabla comparativa de los promedios de cumplimiento con los demás ejecutivos de cuenta de la entidad; luego señaló que de esas pruebas no se infiere la comisión de la falta grave endilgada, “pues grosso modo, y comparativamente observado con los demás ejecutivos de la misma “CIC”, “Toberín” en los mismos períodos, no presenta el actor una diferencia representativa que diste con los demás, al punto de considerar el amparo de la determinación de despido del trabajador, pues obsérvese que aunque en efecto se presentan trabajadores con porcentajes de cumplimiento dentro del trimestre superiores, igualmente se evidencian otros con porcentajes iguales e inferiores al obtenido por el demandante, lo que no constituye una irregularidad flagrante”.
Recordó que el trabajador era miembro activo de la organización sindical “UNEB”, la cual el 13 de julio de 2000 había presentado pliego de peticiones ante la empresa y por tanto se encontraba en conflicto colectivo, “tiempo este que es estrictamente protegido por la ley para todos sus afiliados, debiéndose por tanto contar con una justificación muy rigurosa como para optar por el despido de su trabajador beneficiario, pues es claro que las consecuencias en esta etapa son más drásticas que fuera de esta, ya que el sentido de la norma que lo contempla es evidentemente proteccionista respecto de los trabajadores pues se pretende evitar la desestabilización de la negociación colectiva”.
Consideró aceptable lo expuesto por el a quo respecto de los llamados de atención que previamente se le deben hacer al trabajador en los casos de insuficiencia en su rendimiento, “pues si bien es cierto se planteó en el contrato como falta grave el incumplimiento de las metas propuestas, dicha cláusula al tenor legal es del todo ineficaz, pues contraría abiertamente el procedimiento legal establecidos para estos eventos”.
Aduce que de conformidad con el objeto social de la demandada se le debe exigir a sus trabajadores, especialmente a los que ocupen el cargo del demandante, metas concretas de venta, por ser un aspecto álgido para la compañía, sin embargo, dicho evento no puede llevar a la vulneración de los derechos del trabajador, máxime cuando alguno de los testigos, Milton Pérez Caracas, manifestó que las metas propuestas por la empresa no estaban acordes con la situación económica del país, lo cual cobra fuerza al observar que de los 131 ejecutivos de cuenta que se reportan en el “CIC” de “Toberín”, en donde laboraba el demandante, “solamente 13 cumplieron con el 100% de las metas en el trimestre de mayo a julio”.
Para concluir que no se encuentran debidamente demostradas las justas causas que se argumentaron para el despido del trabajador, puntualizó:
“Reluce entonces de la documentación aportada que es un mecanismo con el que cuenta la entidad para poder despedir en cualquier momento a cualquier trabajador de la compañía, pues es obvio que pueden haber períodos en que se cumpla el 100% de las metas y otros en que no, por lo que hace una valoración injusta del desempeño del trabajador, más aún cuando no se presentaron al actor requerimientos anteriores que deduzcan en verdad el incumplimiento de sus compromisos, pues en sentir de la demandada, solamente con que tuviese ocurrencia por una única vez, constituía mérito suficiente para su despido, precisamente por la connotación dada en su contrato”.
Lo interpuso la parte demandada, y según lo declaró en el alcance de la impugnación, pretende que se case la sentencia recurrida para que en sede de instancia, se revoque la dictada por el juzgado y en su lugar absuelva a la demandada de todas las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formuló un cargo, que con vista en la réplica, se decidirá a continuación.
Acusa a la sentencia por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de “los artículos 7º, literal a) numerales 6º y 9º del Decreto 2351 de 1965 (adoptado como legislación permanente por L. 48/68, art. 3º), el artículo 2º del Decreto 1373 de 1966 y el numeral 3º del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, en relación con el artículo 25 del mismo decreto 2351 de 1965 (…)”.
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que para terminar el contrato de trabajo invocado la comisión de una falta grave, el empleador debía haber realizado previamente llamados de atención al trabajador.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la calificación de falta grave respecto del incumplimiento de las metas propuestas, contraría el procedimiento legal previsto para las insuficiencias en el rendimiento.
3. Dar por demostrado, contra la evidencia, al confirmar las consideraciones del a quo sobre el particular, que la sociedad terminó el contrato de trabajo del señor Jorge Fernando Morales Oliveros invocando su deficiente rendimiento.
4. No dar por demostrado, estándolo, que la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A. invocó como justa causa, para dar por terminado el contrato de trabajo del señor Jorge Fernando Morales Oliveros, el haber incurrido el trabajador en una falta calificada como grave en el contrato como era la de incumplir las metas de ventas establecidas por el empleador contenidas en el documento denominado “estándares de productividad”.
5. No dar por demostrado, estándolo, que la falta grave invocada por la administradora al actor como causa de terminación de su contrato de trabajo, está establecida de manera clara, precisa y concreta en el mencionado contrato.
6. Dar por demostrado, contra la evidencia, que los hechos invocados por la sociedad demandada como causa de terminación del contrato de trabajo corresponden al deficiente rendimiento en el trabajo.
7. Dar por demostrado, contra la evidencia, que la empresa demandada estaba obligada a cumplir el procedimiento previsto en la ley para los despidos por deficiente rendimiento del trabajador.
8. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo del señor Jorge Fernando Morales Oliveros terminó por justas causas oportunamente invocadas por la sociedad demandada.
Estima que los errores en los que incurrió el tribunal fueron consecuencias de “apreciar equivocadamente el contrato de trabajo suscrito el 21 de marzo de 2000 (fls. 2 a 6 y 43 a 47), la carta de terminación del contrato de trabajo (fls. 10 y 11 y 52 y 53), el cuadro de metas comerciales adjunto a la misma (fls. 12 y 54), el cuadro de producción comercial julio-septiembre 2000 de los ejecutivos de cuenta de la regional Bogotá (fls. 38 a 43 y 55 a 57) y la declaración del señor Milton Pérez Caracas (fls. 108 y 109)”.
En la demostración copia apartes del fallo acusado en lo atinente a la injustificación en la causa invocada por la sociedad demandada; luego expresa que al examinar el parágrafo de la cláusula séptima del contrato de trabajo que obra a folios 22 a 28 se establece que en el literal n) se encuentra calificada como falta grave el “Incumplir las metas de ventas establecidas por el empleador contenidas en el documento denominado “estándares de productividad”.
Aduce que la condición de ley para que una determinada conducta se tenga como falta grave es que la calificación quede consignada en pacto o convención colectiva, reglamento de trabajo o contrato de trabajo, tal como ocurre en el presente caso, por lo que se equivocó el tribunal cuando del contenido de la referida cláusula no encuentra que la falta allí esté calificada como grave de manera clara, precisa y concreta, “sino que entiende que se refiere la cláusula a un deficiente rendimiento”.
Agrega que en cumplimiento de lo previsto en el ordinal 6º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 que “consagra como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador el que el trabajador incurra en “cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 a 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos”, la administración calificó en el contrato individual de trabajo celebrado con el señor Morales Oliveros como falta grave la de “incumplir las metas de ventas establecidas por el empleador contenidas en el documento denominado “estándares de productividad”.
Además, anota que al presentarse el incumplimiento de las metas de ventas que había establecido la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander, para los meses de julio, agosto y septiembre de 2000, tal como se observa en la carta de terminación del contrato de trabajo del actor, la empleadora no hizo nada diferente a dar aplicación a lo previsto en dicho contrato por haber incurrido el trabajador en una conducta calificada como falta grave en el mencionado contrato.
Ese incumplimiento de los estándares de producción “fue la única y suficiente razón invocada por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander para dar por terminado el contrato de trabajo” del demandante, tal como se observa a folios 52 y 53.
Afirma que en el cuadro adjunto a la carta de terminación del contrato de trabajo, y que hace parte de la misma, relaciona en forma detallada, logros y las metas en pensiones, cesantías y pensiones voluntarias, y de cuyo examen se evidencia que el trabajador “en ninguno de los meses relacionados en esa comunicación alcanzó las metas asignadas”.
Alude a los folios 55 a 57 contentivos de los cuadros de producción comercial julio-septiembre de 2000, los cuales, según el recurrente, incluyen los resultados obtenidos por la totalidad de los ejecutivos de cuenta de la regional Bogotá en donde aparece el actor con el número 290 con un puntaje de 43 sobre un máximo de 130 logrado por otros ejecutivos de cuenta.
Reitera que de haber analizado correctamente el tribunal las referidas pruebas, habría concluido que dicho contrato terminó por justas causas oportunamente invocadas por la sociedad demandada y debidamente demostradas como lo exige la ley.
También considera equivocada la apreciación del tribunal respecto del testimonio de Milton Pérez Caracas, pues de su simple declaración “no podía concluir que el proceso de evaluación de las metas en las ventas no estuviera acorde con la situación del país”.
Aclara que el ad quem hace referencia a las metas cumplidas por 131 ejecutivos de cuenta en el trimestre de mayo a julio y la falta grave en la que incurrió el demandante “hace relación al trimestre junio, julio y agosto de 2000”.
Se refiere a la legalidad de las faltas calificadas como graves en el contrato de trabajo; en ese sentido cita algunos pronunciamientos de esta corporación.
Aduce que en el desarrollo del proceso no se probó que los llamados “estándares de productividad” elaborados por la demandada, y que dieron lugar a la terminación del contrato de trabajo, se le hubieran entregado al trabajador: además señala que los cuadros de producción corresponden a resultados de producción, los cuales no coinciden con el plan de metas de ventas fijado por la empresa.
La empleadora adujo como justa causa para la terminación del vínculo contractual el haber incumplido el actor con “los estándares de productividad durante los meses de junio, julio y agosto del año en curso —2000—“, lo que de conformidad con la cláusula séptima del contrato de trabajo se consideraba como falta grave; de allí que la censura denuncie la apreciación errónea de las pruebas que enlista, de las cuales infiere no sólo el incumplimiento de las metas de ventas o estándares de producción establecidos por el empleador, sino su estipulación como falta grave en el contrato individual de trabajo.
Al respecto, cabe destacar que el tribunal al examinar los cuadros “Ejecutivo de cuenta-Jorge Fernando Morales Oliveros” y “Datos ejecutivos de cuenta-regional Bogotá mayo-julio 2000” (fls. 12 y 54 a 56), contentivos de los porcentajes de cumplimiento de los ejecutivos de cuenta de la entidad, dedujo que el actor no presentaba una diferencia representativa respecto de los demás que ameritara la terminación de su contrato de trabajo, toda vez que así como existían trabajadores con porcentajes de cumplimiento superiores también se encontraban otros con porcentajes iguales o inferiores.
La conclusión del juzgador de segundo grado no se exhibe desatinada, por lo menos en forma manifiesta que amerite quebrantar la sentencia impugnada, toda vez que de acuerdo a las previsiones del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, además, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, lo cual no ocurre en el caso que se examina.
Además, esta Sala ha reiterado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le concede al juez del trabajo la facultad de formar libremente su convencimiento, lo cual le permite establecer su juicio sobre los hechos debatidos en el proceso con las pruebas que más lo convenzan y atendiendo los principios que orientan la crítica de la prueba.
Ahora, encontró el tribunal que efectivamente en el contrato de trabajo se planteó como grave el incumplimiento de las metas propuestas, sin embargo, estimó que “dicha cláusula al tenor legal es del todo ineficaz, pues contraría el procedimiento legal establecido para estos eventos”, conclusión de orden jurídico, totalmente diferente a la que presenta la censura sobre que supuestamente el ad quem no encontró en la cláusula contractual citada que “la falta esté calificada como grave de manera, clara precisa y concreta”.
En todo caso, y en gracia de discusión, de prosperar la acusación, la sentencia no se podrá quebrantar, en tanto en instancia la Sala llegaría a la misma decisión del tribunal.
En efecto, observa la Corte que tanto el documento “estándares de productividad” al que alude la pluricitada cláusula séptima del contrato de trabajo del actor, como su comunicación, brillan por su ausencia en las presentes diligencias, lo que imposibilitaría determinar si, previa a la cancelación del contrato de trabajo, la empleadora le informó al trabajador acerca de las metas de la empresa.
Así las cosas, resulta oportuno rememorar lo expresado por esta Sala en sentencia del 25 de junio de 2009, radicación 35998, en la que se dijo:
El hecho de que una conducta del trabajador sea calificada en el contrato de trabajo como falta grave que faculte al empleador para terminar el vínculo contractual por justa causa, no significa que el juez no pueda examinar los motivos aducidos para determinar si efectivamente el trabajador incurrió en dicha falta. Desde luego que no juzgará la gravedad de la misma, pues esa calificación ha sido previamente convenida por las partes, pero sí, si el trabajador incurrió en la conducta antilaboral, ya que en estos eventos no opera la responsabilidad objetiva.
Por tanto, si bien en la comunicación de despido al asalariado se le dice que el cuadro de metas comerciales está adjunto a la misma y que de ese cuadro se puede desprender que los logros del trabajador son inferiores a las metas fijadas, no es posible establecer con certeza si las metas de la empresa fueron comunicadas previamente a su subordinado, para concluir en un incumplimiento suyo a las mismas, ya que ninguna prueba en el expediente apunta en esa dirección.
Y en cuanto al dato de ejecutivos de ventas de la regional de Bogotá en la que el actor aparece en el número 368 con puntaje de 24 sobre un máximo de 130 logrado por otros ejecutivos de cuenta, tampoco puede desprenderse que el actor hubiera incumplido las metas y si estas fueron comunicadas previamente al trabajador, además de tratarse de un documento elaborado por la empresa que no aparece suscrito o manuscrito por el demandante o que hubiera sido aceptado expresamente por el mismo.
En virtud a que con los medios de pruebas examinados la censura no demostró ningunos de los yerros fácticos atribuidos a la sentencia impugnada, no es posible estudiar la testimonial, toda vez que no tiene el carácter de calificada de acuerdo a lo previsto en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
Costas en casación a cargo de la recurrente. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($6.000.000).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 31 de julio de 2008, dentro del proceso adelantado por Jorge Fernando Morales Oliveros contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A.-Pensiones y Cesantías Santander.

References: artículo 65
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 25
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 61
 artículo 7