Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L144.html
Timestamp: 2019-03-20 07:15:44+00:00

Document:
as20151L144
AUTO SUPREMO Nº 144/2015-RA-L
Expediente : Potosí 102/2009
Parte Imputada : Kenny Gonzáles Flores
Por memorial presentado el 17 de diciembre de 2009, cursante de fs. 117 a 127 vta., el Ministerio Público representado por Sandro Fuentes Miranda interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 41/2009 de 28 de noviembre, de fs. 111 a 112 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por Sandro Fuentes Miranda en representación del Ministerio Público contra Kenny Gonzáles Flores, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP).
En mérito a la acusación pública (fs. 3 a 6 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, se pronunció la Sentencia 14/2009 de 1 de junio (fs. 75 a 83), emitida por el Juez Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, por la que declaró al imputado Kenny Gonzáles Flores, autor del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de seis meses a cumplirse en el Centro de Readaptación Productiva de Santo Domingo de Cantumarca de la ciudad de Potosí, más costas y responsabilidad civil a favor del Estado. Concediéndosele el beneficio de perdón judicial, en virtud al tiempo de la pena impuesta.
Contra la referida Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 87 a 88), resuelto por Auto de Vista 41/2009 de 28 de noviembre (fs. 111 a 112 vta.), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró procedente el recurso, y con la permisibilidad conferida por el art. 413 parte in fine del Código de Procedimiento Penal (CPP), declaró al apelante absuelto de culpa y pena del delito de Incumplimiento de Deberes.
Notificado el recurrente Sandro Fuentes Miranda en representación del Ministerio Público con el Auto de explicación, complementación y enmienda el 14 de diciembre de 2009 (fs. 116), interpuso recurso de casación, mediante memorial presentado el 17 de igual mes y año (fs. 117 a 127 vta.), objeto del presente análisis de admisibilidad.
Como primer motivo, el recurrente denuncia errónea aplicación de la ley sustantiva, dado que, a su decir, el Auto de Vista impugnado resolvió absolver al imputado de pena y culpa de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, con la exigencia de que sea acreditado previamente que este sea autor del delito inculpado, bajo el siguiente texto: “no se halla adecuada al tipo penal descrito por el art. 154 del Código penal… en razón de que no se precisa que documentos faltan, e inclusive hasta se habló de extravío de documentos” (sic), como si la acreditación de autoría, constituyera requisito de culpabilidad del acusado para ser sancionado por la comisión del delito atribuido; sin tener presente que el acto ilícito reconocido por el imputado en las actas de compromiso de entrega de documentos firmadas por su parte, acredita la retardación de una labor propia de su función, como es hacer entrega en tiempo oportuno de toda la documentación exigida, inherente al cargo que desempeñó como Oficial Mayor Técnico del Gobierno Municipal de Tinguipaya. De donde se infiere que se encuentran presentes los elementos constitutivos del delito mencionado supra, los que fueron la base fáctica de la acusación, comprobados en el propio juicio mediante prueba idónea, y legalmente incorporada y valorada conforme a las reglas de la sana crítica en la Sentencia revocada; puesto que se identificó con certeza la conducta típica del acusado, su acción, la antijuricidad de su proceder, deviniendo su culpabilidad por inconcurrencia de causal de justificación alguna, ameritando su punibilidad. Por consiguiente, el Tribunal de alzada incurrió en una exigencia a la parte acusadora de acreditar la concurrencia en juicio de elementos objetivos y normativos que no se encuentran consignados en el tipo penal y por ende, tampoco en la ley; dimanando dicha conducta en violación de los derechos a la seguridad jurídica en su vertiente al principio de legalidad y sus matices esenciales materializados en los principios de taxatividad y tipicidad; y por ende, el debido proceso; denuncia que considera suficiente para abrir la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud a lo señalado en los Autos Supremos 80 de 24 de mayo de 2005, 290/2005 y 226/2005, que estarían referidos a la admisión del recurso de casación al invocar violación derechos y garantías constitucionales.
Asimismo invoca las SSCC 1330/2003-R, 0753/2003-R, 0207/2004-R y 0582/2005-R.
Agrega que la Resolución de alzada carece de fundamentación por las siguientes razones: 1) Resume sus razonamientos con meras apreciaciones subjetivas e ideas doctrinarias incompletas que no tienen relación con la causa y con apreciaciones inexactas del objeto del proceso, absolviendo de culpa al imputado en tres considerandos, reiterativos del memorial de apelación restringida y en los que aplican incorrectamente el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006; 2) No explica los motivos por los que consideran que en Sentencia no se valoraron correctamente las pruebas, es más, ni siquiera las identifica plenamente ni señala qué regla de valoración se vulneró, tan solo, se limita a meras menciones carentes de sustento lógico y jurídico traducidas en arbitrariedades e ilegalidades; 3) Los fundamentos de sustento jamás fueron enunciados por el acusado en su apelación restringida, constituyendo un argumento irreal carente de sustento y fundamento, tornándose en una Resolución ultra petita e incongruente; 4) No se señala
cuál es la errónea aplicación de la ley por parte del Juez de Sentencia y cuál la aplicación que correspondía, incurriendo en quebrantamiento de lo prescrito en el art. 169 incs. 1) y 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como en el art. 370 incs. 1), 3), 6) y 8) del mismo cuerpo legal, generando defectos absolutos; y, 5) Alega que existe incongruencia entre la parte resolutiva y considerativa de la Sentencia, sin siquiera referencialmente expresar en qué considerando, sobre qué hecho o cuál la contradicción expresa que determine la decisión asumida.
Señala que los extremos denunciados constituyen una carencia de seguridad jurídica a las partes, así como el debido proceso. Invoca las SC 1274/2001-R.
Acusa que el Auto de Vista incurrió en revalorización de la prueba que no fue introducida ante los ojos del Tribunal de alzada, actividad prohibida para dicha instancia, como ser las testificales, a las que otorgó un valor distinto del apreciado legalmente por el Juez de Sentencia durante el juicio, concediendo una credibilidad errada a los testimonios de los testigos y de los propios acusados, generando una eficacia probatoria desacertada e insuficiente para absolver de pena y culpa a los acusados; sin tener en cuenta que la “Corte Suprema”, jamás otorgó al Tribunal de alzada, la facultad de revalorizar la prueba aún frente a una comprobada valoración defectuosa de la misma, correspondiéndole a la instancia superior, únicamente identificar la falla o impericia y observar el cumplimiento de las reglas de la sana crítica, no ameritando que pueda proceder a esa tarea de ejercer la correcta valoración directamente, ni en aplicación de la limitada facultad conferida por el art. 413 del CPP, como ocurrió en el caso de autos, en el que se aplicó erradamente la doctrina legal sentada en el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006. Lo que se demuestra con la aseveración de que: “no se precisa que documentos faltan, e inclusive hasta se habló de extravío de documentación” (sic), que equivale a un razonamiento intelectivo probatorio que le compete exclusivamente el Juez de Sentencia.
De otro lado, el Tribunal de alzada señaló que debió aplicarse el principio in dubio pro reo, lo cual a criterio del recurrente implica revalorización de toda la prueba incorporada al juicio, al extremo de llegar al convencimiento de que existe duda razonable en la participación delictiva del acusado. Así como cuando afirmó que “…no ocurre en el presente caso de autos, en razón en que no se precisa qué documentos faltan, e inclusive hasta se habló de extravío de documentación lo cual no condice con los antecedentes del proceso…” (sic), transgrediendo los derechos a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y fundamentalmente el debido proceso.
Cita como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 317/03 de 13 de junio de 2003, 111 de 31 de enero de 2007 y 436/2005.
Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo
cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.
De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días posteriores de la notificación a la recurrente con el Auto de explicación, complementación y enmienda, el mismo que se le diligenció el 14 de diciembre de 2009 (fs. 116), presentando su recurso el 17 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera con lo preceptuado por el art. 417 del CPP.
En cuanto al primer motivo referido a la supuesta errónea aplicación de la ley sustantiva, puesto que a decir del recurrente, el Tribunal de alzada absolvió al imputado de pena y culpa de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes,
bajo el argumento que no se acreditó la autoría del acusado, requisito no constitutivo del tipo penal, incurriendo supuestamente en vulneración de los derechos a la seguridad jurídica en su vertiente al principio de legalidad y sus matices esenciales materializados en los principios de taxatividad y tipicidad; y por ende, el debido proceso.
Previo a realizar el análisis de admisibilidad del motivo denunciado, para fines pedagógicos, conviene aclarar que, al haberse producido los agravios supuestamente en la Resolución emergente del recurso de apelación restringida, la obligación de invocar los precedentes contradictorios a tiempo de plantearse recurso de alzada, conforme prevé el art. 416 del CPP, no es exigible, más aun teniendo en cuenta que el apelante, en el caso analizado, fue la parte imputada.
Una vez realizada la aclaración precedente, corresponde ingresar al análisis de admisibilidad el recurso interpuesto, a cuyo efecto se tiene que el recurrente, en el motivo analizado, invocó los Autos Supremos 80 de 24 de mayo de 2005, 290/2005 y 226/2005, que estarían referidos a la admisión del recurso de casación al invocar violación de derechos y garantías constitucionales, aun cuando se hubieren omitido invocar precedentes contradictorios. De donde se evidencia que en definitiva no se citó doctrina legal aplicable, como tampoco explicaron ni fundamentaron la presunta contradicción entre dicho precedente con el Auto de Vista impugnado, inobservando lo establecido por los arts. 416 y 417 del CPP.
Cabe resaltar que con referencia a las Sentencias Constitucionales invocadas como precedentes contradictorios; debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se advierte que en el motivo que se analiza, el recurrente denunció expresamente vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, como son la seguridad jurídica en su vertiente al principio de legalidad y sus matices esenciales materializados en los principios de taxatividad y tipicidad; y por ende, el debido proceso; identificando adecuadamente los hechos concretos que consideran gravosos de sus intereses, tal es la presunta errónea aplicación de la ley sustantiva, puesto que a su decir, el Tribunal de alzada exigió el cumplimiento de elementos objetivos y normativos que no se encuentran consignados en el tipo penal de Incumplimiento de Deberes consagrado en el art. 154 del CP, como es la acreditación de autoría; explicando de esa forma las deficiencias en que hubiera incurrido el Tribunal de alzada, y el resultado dañoso emergente del defecto que dio lugar a la violación de derechos y garantías. Por lo tanto, de la fundamentación expuesta en este motivo, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV del presente Auto Supremo, haciendo viable la admisión de este motivo en forma extraordinaria.
En cuanto al segundo motivo en el cual, el recurrente alega que la Resolución de alzada carece de una debida fundamentación, puesto que: 1) Sus razonamientos son meras apreciaciones subjetivas e ideas doctrinarias incompletas que no guardan relación con la causa, absolviendo al imputado en tres considerandos reiterativos de memorial de apelación y en los que aplicaron incorrectamente el Auto Supremo 91 de 28 de mayo de 2006; 2) No explica los motivos por los que consideran que en la Sentencia no se valoraron correctamente las pruebas; 3) Se trata de un fallo ultra petita, porque los argumentos que motivaron el mismo, no fueron apelados por la parte imputada; 4) No explica por qué considera que el Juez de Sentencia incurrió en errónea aplicación de la ley, incidiendo en defectos absolutos contenidos en los arts. 169 incs. 1) y 3) y 370 incs. 1), 3) 6) y 8), ambos del CPP; y, 5) Alega incongruencia en la Sentencia, sin señalar en qué considerando, sobre qué hecho o cuál la contradicción expresa.
Sobre la presente denuncia, si bien tampoco se invocaron precedentes contradictorios ni se demostró una probable contradicción con los mismos; sin embargo, se cumplieron cabalmente los supuestos de flexibilización, puesto que se identificaron adecuadamente los hechos concretos que implican errónea o carencia de fundamentación del el fallo impugnado, los cuales considera gravosos de sus intereses; denunciando expresamente vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y debido proceso, identificando plenamente las deficiencias en que hubiera incurrido el Tribunal de alzada, como son las anotadas en los incisos precedentes, atribuyendo dicha conducta como defectos absolutos contenidos en los arts. 169 y 370 del CPP en los incisos que se indican, así como el resultado dañoso emergente del defecto que dio lugar a la violación de derechos y garantías. Por lo tanto, de la fundamentación expuesta en este motivo, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización, haciendo viable su admisión por flexibilización.
Con relación a la Sentencia Constitucional invocada en calidad de precedente, no resulta atendible por los motivos señalados en el primer motivo.
Respecto del tercer motivo, en el que se acusa revalorización de prueba por parte del Tribunal de alzada, habida cuenta que señala el recurrente que se le otorgó un valor distinto al apreciado por el Juez de Sentencia durante el juicio, concediendo credibilidad errada a los testimonios de los testigos y acusados, lo que a su decir, generó una eficacia probatoria desacertada e insuficiente, el cual dio lugar a la absolución del imputado, aplicando erradamente la doctrinal legal sentada en el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006; asimismo, se afirmó que debió aplicarse el principio in dubio pro reo, suponiendo subjetivamente una duda razonable en la participación delictiva del acusado.
De lo relatado, se tiene que se argumentó la supuesta actuación de revalorización de prueba, identificando los actuados en los que se hubiera incurrido en dicha labor, contrastando adecuadamente con el precedente invocado como son los Autos Supremos 317/03 de 13 de junio de 2003, 111 de 31 de enero de 2007 y 436/2005, que estuvieran referidos a la imposibilidad de los tribunales de alzada de revalorizar prueba a tiempo de resolver la apelación restringida; habiendo cumplido con la carga argumentativa mínima para la verificación de contradicción por este Tribunal; consiguientemente, al haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, el motivo planteado deviene en admisible.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Sandro Fuentes Miranda en representación del Ministerio Público, cursante de fs. 117 a 127 vta., asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 41/2009, cursante de fs. 111 a 112 vta., así como el presente Auto Supremo.

References: in fine
 Resolución 
 Resolución 
in dubio
 Resolución 
 Resolución 
in dubio