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Timestamp: 2018-08-15 15:22:42+00:00

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﻿ Sentencia 38199 de marzo 16 de 2010
SENTENCIA 38199 DE 16 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:LA DECLARACIÓN DE LA MANERA COMO SE PRODUJO EL DESPIDO NO SE AFECTA POR EL FENÓMENO PRESCRIPTIVO. EL JUEZ NO TIENE NINGÚN FUNDAMENTO LEGAL PARA SOSTENER QUE LA CALIFICACIÓN DEL DESPIDO HA DEBIDO INTENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO TRIENAL QUE ESTABLECE LA LEY PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO
TEMAS ESPECÍFICOS:INDEMNIZACIÓN LABORAL, JUEZ LABORAL, DERECHO LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, PRESCRIPCIÓN
Sentencia 38199 de marzo 16 de 2010
Rad.: 38199
EXTRACTOS: «Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por la Nación —Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural— contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 30 de mayo de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que le sigue Nelson García Vargas.
Como se relacionan los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, como violados por interpretación errónea, se cumple el requisito exigido por el literal a) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la morigeración introducida por el numeral 1º del artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, que establece que “Será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa”.
“Esa diferenciación la ha llevado a concluir que se trata de conceptos que, aunque afines, son diferentes porque tiene cada uno de ellos connotaciones particulares, pues los modos de terminación del contrato corresponden a los eventos que de manera general dan lugar a la terminación del contrato de trabajo, mientras que las justas causas son los hechos o actos que autorizan al empleador a que haga uso de uno de esos modos legales: la decisión unilateral de terminar el contrato de trabajo, esto es, el despido. De tal suerte que la circunstancia de que un contrato de trabajo termine por razón de la existencia de un modo legal de extinción, no significa que esa terminación se haya producido con justa causa, en la medida en que éstas corresponden a uno solo de los modos legales y, aparte de ello, se encuentran taxativamente establecidas en la ley.
“Así, en la sentencia del 16 de diciembre de 1959, publicada en Gaceta Judicial 2217-2219 tomo XCI, página 1212, consideró esta Sala lo que a continuación se transcribe:
“Dentro de tal criterio de protección, es lógico pensar que la noción de justa causa no debe entenderse en el sentido lato en que la entiende el recurrente porque, de esa manera, prácticamente dejaría de tener operancia positiva la norma comentada. Esto no exige ninguna compleja demostración, ya que la tesis extrema del impugnador, o sea, que por justa causa de despido deben entenderse no solo las previstas en los artículos 62 y 63 ibídem sino también los modos del artículo 61, es un punto de vista que presenta el notorio inconveniente de que deja sin posibilidad de aplicación al artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, por la sencilla razón de que en los tres preceptos primeramente mencionados están comprendidos todos los casos en que, de acuerdo con la legislación positiva laboral, se puede dar por terminado el contrato de trabajo. Como se ve, esa interpretación conduce al resultado negativo de convertir en nulo e impracticable el artículo que consagra la pensión especial. Y, naturalmente, no, debe ser ese el recto entendimiento de la norma cuestionada puesto que con él se produce su completa parálisis jurídica. No se trata, pues, de un problema de filosofía del derecho, ni de sutilezas jurídicas de difícil aprehensión, sino simplemente de darle al texto legal su sentido dinámico y proteccionista. Este no puede ser otro que entender, cuando el artículo 267 habla de justa causa, que son las justas causas señaladas en los artículos 62 y 63 y no otras, porque a las otras formas de terminación contractual no les da la ley esa denominación y, por lo que se ha dicho ante, es decir porque se llegaría a cobijar dentro del concepto de justa causa todos los cabos de desvinculación contractual, con lo cual jurídicamente nunca, el trabajador con más de 15 años de servicios y menos de 20, tendría la posibilidad de disfrutar del derecho a la pensión jubilatoria especial”.
“Aun cuando el anterior criterio fue expuesto en relación con normas del Código Sustantivo del Trabajo, la diferenciación que allí se efectuó sobre los modos legales y las justas causas resulta procedente respecto de las normas que gobiernan la terminación del contrato de trabajo de los trabajadores oficiales. Así lo corrobora el criterio expuesto por la Sala en la sentencia de la Sección Primera del 27 de octubre de 1995, Radicación 7762, que fue acogido en la que sirvió de apoyo al tribunal, y en la que, refiriéndose en concreto a las normas que en el cargo se citan como equivocadamente apreciadas, se dijo lo siguiente:
“Concretamente este cargo, que la censura orienta por la vía directa parte del hecho no discutido de que el contrato ficto sub examine terminó por decisión del empleador, mediante causa legal; y acusa la aplicación indebida de los preceptos indicados en la proposición jurídica, pues considera que a ese modo de fenecer el vínculo laboral no puede atribuírsele la ausencia de causa justa.
“Ya se vio al estudiar los cargos primero y tercero que no se controvierte el hecho de que la desvinculación del señor Dulce Ibarra obedeció a que la labor por él desempeñada fue suprimida con motivo de la reestructuración de la Caja Agraria mediante los decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993, en desarrollo del artículo transitorio 20 de la Carta Política. Y son innumerables los casos en los cuales la Corte ha hecho clara diferenciación entre el despido autorizado legalmente y el despido con justa causa, admitiendo que no siempre el primero obedece uno de esos determinados motivos específicos que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan “justas causas”, como son, para el caso del trabajador oficial, las que establecen los artículos 16, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 y no otras, porque a los demás modos de terminación del contrato de trabajo no les da la ley esa forma de denominación.
“El anterior discernimiento fue reiterado, entre muchas otras, en la sentencia del 1º de abril de 2008, Radicado 32106, en los siguientes términos:
“No encuentra esta Sala que la interpretación que, desde sus inicios como parte de la Corte Suprema de Justicia, le ha otorgado a la diferencia entre los modos legales de terminación del contrato y las justas causas de despido, no se acompase con las actuales construcciones científicas del derecho, como lo pregona el censor, pues, por el contrario, parte de la base esencial del objetivo protector de las normas laborales en materia de terminación del contrato de trabajo y, en particular, del criterio jurídico según el cual el trabajador no puede verse afectado por situaciones empresariales ajenas a su voluntad, como la liquidación de la entidad para la cual presta sus servicios.
“No desconoce la Corte que fenómenos como el de la extinción jurídica de la empresa justifican plenamente la terminación del contrato de trabajo y de ahí que la ley, en este caso el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, consagre ese hecho como motivo de finalización del vínculo laboral. Mas ello no significa que esa terminación, con amparo en la ley, no dé lugar al surgimiento de algunos derechos para el trabajador, derivados, precisamente, de la culminación de la relación de trabajo por razones que no le son oponibles y que le impiden la consolidación de otros derechos laborales, como el de la pensión de jubilación.
“Se sostiene en el cargo que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas y que si una entidad pública se cierra con arreglo a los preceptos jurídicos, se está ante una situación de juridicidad, de tal modo que cuando el Estado suprime entidades públicas, por ese solo hecho no está obligado a reparar el perjuicio que sufren sus servidores o cualquiera otra persona.
“En relación con ese argumento, debe precisar la Sala que es cierto que la supresión de una entidad pública no puede ser considerada como un hecho antijurídico. Pero, una cosa es que se estime que ese hecho es ajustado a la ley y otra, distinta, que no constituya una de las justas causas para terminar el contrato de trabajo, que, ya se dijo, son solamente aquellos hechos catalogados expresamente como tales por la ley, que justifican el despido del trabajador.
“Por lo demás, si bien el artículo 90 de la Constitución Política establece una condición de antijuridicidad para que el Estado responda patrimonialmente, ello no significa que solamente esté obligado a hacerlo en casos en que el hecho o acto sea antijurídico, o que no pueda hacerlo en otros eventos, en los que cause un perjuicio, no obstante la legalidad de su actuación.
“Con todo, importa precisar que las inquietudes que plantea el cargo han sido ya resueltas, de antiguo, por esta Sala. En la sentencia del 16 de septiembre de 1958, publicada en Gaceta Judicial 2202 tomo LXXXIX páginas 238 y 239, se explicó por la corporación:
“12. La cláusula de reserva es una manera legal de terminar el contrato de trabajo, pero no es una causa justa, en el sentido preciso atribuido por la ley a ciertos motivos específicos y determinados que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan “justas causas”. Existe una diferencia sustancial entre aquel y “modus” extintivo del contrato que la ley acoge y estas causas, establecidas por los artículos 62 y 63, que la ley expresan califica de justas.
“Podría objetarse que todo lo legal es justo, y que por consiguiente siendo legal la manera en que se termina el contrato de trabajo, según el artículo 48; esa manera también será justa. Tal tesis equivale a asumir una de las posiciones extremas que surgen, dentro del campo filosófico, al tratar de establecer el paralelismo o discrepancia entre lo legal y lo justo, en el vastísimo ámbito de las relaciones entre el derecho natural como categoría de justicia y el derecho positivo como ley. Sin profundizar en materia tan ardua, es menester afirmar que en el ordenamiento jurídico positivo existen normas que se desvinculan del jusnaturalismo no por ser francamente opuestas a este sino por ser indiferentes. Es un desideratum que la ley positiva rija no solo las relaciones fundamentales dentro del espíritu de la justicia natural, sino que también regule las situaciones indiferentes a ella, u obscuras, en cuya fijación estén interesados el bien común o la conveniencia social.
“En todas estas situaciones consideradas indiferentes o por lo menos de difícil acomodo a la idea de la justicia, el legislador ocurre a la equidad y ordena al juzgador que, por su parte, al aplicar la ley, también ocurra a ella (CST, art. 18, L. 153/887, art. 5º).
“Ya se dijo atrás que la cláusula de reserva es una manera, pero no es una causa. Es sabido que la manera es el modo como se rige una situación jurídica, en tanto que la causa es el antecedente de hecho o de derecho que produce esa situación. La causa se confunde en este caso con la noción móvil determinante.
“El legislador acogió la manera preavisada de concluir una relación contractual de trabajo a término indefinido, inspirado por un criterio de equidad, en una cuestión en la cual el acomodamiento de la idea pura de justicia resulta difícil sobre manera en vista de la complejidad de la materia, y en que, precisamente por tal dificultad, determinaría injusticias una regulación demasiado asaz elástica, al tiempo que era necesario legitimar situaciones decisivamente vinculadas a la conveniencia social. En punto a la terminación con preaviso del artículo 48 la ley sanciona y legitima el “modus” o manera, pero no hace referencia alguna a la causa. En cambio en la terminación unilateral de los artículos 62 y 63 la ley hace especial énfasis sobre la causa (aunque también señala la manera), lo cual destaca aún más la distinción entre la una y la otra”.
Por cuanto la Corte no encuentra razones para variar el criterio jurisprudencial de que da cuenta la sentencia arriba memorada, el cargo no prospera.
Acusa a la sentencia del tribunal de violar por aplicación indebida los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y la Ley 6ª de 1945, la cual reglamenta.
Señala como mal estimados el artículo 98 de la convención, el escrito de terminación del contrato, de 22 de julio de 2997 y la fecha de presentación de la demanda.
Copia el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y dice que el tribunal incurrió en el error de considerar la prescripción con referencia exclusiva a la pensión de jubilación deprecada, como si fuera una prestación autónoma, sin serlo, porque en los términos del artículo 98 convencional ella es la consecuencia obligada de un despido injusto producido por la administración, en tanto que las pensiones legales corresponden a un hecho diferente, como es la afiliación a una administradora de pensiones, los aportes con cierto número de semanas y el cumplimiento de la edad o la ocurrencia de un riesgo que genera invalidez, por lo que para tener derecho a la pensión del artículo 98 de la convención se requería que el reclamante hubiese obtenido declaración judicial de calificación de la causa injusta, y que se debe distinguir entre el término prescriptivo para la calificación judicial de la causa injusta y el prescriptivo de la pensión de jubilación, como diferenciar entre la pensión prestación y la pensión como consecuencia de un despido, eventualmente calificado como injusto, y esta última con carácter sancionatorio, derivado o accesorio, y que un derecho pensional sancionatorio, por ser accesorio al supuesto de hecho que lo genera, queda supeditado a la acreditación por la jurisdicción dentro del término general prescriptito previsto por el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Afirma que si el tribunal hubiese tenido claro que el demandante tenía un plazo de tres años, desde el 22 de julio de 1997, para instaurar la demanda calificatoria de la justa causa y no hubiera declarado, como lo hizo, que la obligación no se hallaba prescrita, por lo que en esas condiciones ha debido presentarse a más tardar el 22 de julio de 2000, y no varios años después, y que ese error del juzgador, puede ser calificado de “error de hecho”, por emerger de las peticiones de la demanda, del texto convencional, de la carta de terminación del contrato y de la fecha de presentación de la demanda.
Dice que la forma como el ad quem resolvió la excepción de prescripción influyó en la manera como resolvió el derecho sustancial deprecado, el que tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, en los artículos 47 y 48 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y en la convención, de los que pretendió derivar el derecho pensional que solo es consecuencia de un eventual despido sin justa causa.
Sostiene que el argumento de la prescripción que alega la censura es nuevo en casación, toda vez que no lo expuso durante el debate procesal.
Arguye que la obligación encuentra su piso jurídico en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, y transcribe unos fragmentos de las sentencia de la Corte de 25 de abril de 2006, Radicación 24425, y 25 de marzo de 2009, que no identificó con número de radicación, en la que se copia lo que se asentó en la sentencia de 4 de marzo de 2009, Radicación 34480.
En este cargo el recurrente sostiene que la acreditación del despido injustificado, como fuente del derecho pensional sancionatorio, debe ser sometido a la jurisdicción dentro del término general prescriptivo establecido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
No le asiste razón al impugnante, porque de antiguo y en muchísimas sentencias, que han consolidado una jurisprudencia sólida y pacífica, esta Sala de la Corte ha explicado que la declaración de la forma como ha sucedido un hecho, en este caso el despido, no puede verse afectada por el fenómeno prescriptivo. En la sentencia del 6 de febrero de 1996, Radicación 8188 se dijo:
“De los “hechos” que fundamentan la pretensión que se hace valer en juicio solo cabe predicar su existencia o inexistencia, lo cual sucede también con los “estados jurídicos” cuya declaratoria judicial se demande —como los que emanan del estado civil de las personas—, respecto de los cuales adicionalmente se puede afirmar que se han extinguido. La jurisprudencia ha dicho que la pensión de jubilación genera un verdadero estado jurídico, el de jubilado, que le da a la persona el derecho a disfrutar de por vida de una determinada suma mensual de dinero. Por eso ha declarado la imprescriptibilidad del derecho a la pensión de jubilación y por ello la acción que se dirija a reclamar esa prestación puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extinga la condición de pensionado, que puede suceder por causa de la muerte de su beneficiario. “Del estado de jubilado se puede predicar su extinción, mas no su prescripción”, dijo la Corte (Cas., 18 de diciembre de 1954). También la ley tiene establecido que la prescripción es un medio de extinguir los derechos, con lo cual los efectos de ese medio extintivo de las obligaciones no comprende los estados jurídicos, como el de pensionado.
“La posibilidad de demandar en cualquier tiempo está jurídicamente permitida por ser consustancial al derecho subjetivo público de acción. La prescripción extintiva por tanto, no excluye tal derecho porque dentro de ella, dentro del proceso y presuponiendo su existencia, le permite al juez declarar el derecho y adicionalmente declarar que se ha extinguido —como obligación civil, mas no natural— por no haberse ejercido durante cierto tiempo.
“Es claro, en consecuencia, que cualquier persona en ejercicio de la acción —entendida como derecho subjetivo público— puede demandar en cualquier tiempo que se declare judicialmente la existencia de un derecho que crea tener en su favor. El derecho público también se manifiesta en el ejercicio del derecho de excepcionar.
“Los hechos que le dan fundamento a una pretensión, por ser imprescriptibles, deben ser admitidos o rechazados por el juez antes de pronunciarse sobre la excepción correspondiente por lo cual, tratándose de la acción que se promueva para que se declare que el despido se ha producido con o sin justa causa, de manera legal o ilegal, no puede concluir con una decisión inhibitoria. El derecho que la ley le atribuya al hecho, debe ser declarado por el juez antes de pronunciarse sobre su extinción, pues ese derecho corresponde al ámbito de las obligaciones civiles y aún cuando, como tal, se haya producido su extinción por cualquiera de los medios ordinarios que la ley establece (pago, transacción, confusión, compensación, prescripción, etc.), subsistirá la obligación del deudor como obligación puramente natural.
“El ejercicio del derecho subjetivo público de acción que se haga valer en un caso concreto para obtener que el juez declare que el despido se ha producido de manera ilegal o sin justa causa sólo se agota cuando el juez declara si tal despido realmente ha ocurrido o no. La connotación que tenga el despido es una calificación jurídica, pero ni siquiera sobre ella cabe predicar la prescripción, pues esta solo es predicable de las obligaciones —civiles—, que son las que se extinguen cuando el derecho no se ha ejercido dentro de cierto tiempo. Como adicionalmente el hecho del despido, el tiempo de servicios durante el término legal y el capital de la empresa, generan en el caso de las pensiones de jubilación un estado jurídico imprescriptible, el juez no encontrará fundamento legal alguno en las normas sobre prescripción para sostener que la calificación del despido ha debido intentarse dentro del mismo término trienal que establece la ley para reclamar la indemnización por despido injusto y sobre esa base declarar la extinción del derecho a la jubilación”.
Siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, el cargo no prospera.
Acusa a la sentencia del tribunal de violar por aplicación indebida los artículos 2º y 48 de la Constitución Política, 1º, 2º literal e), 5º, 8º, 11 inciso 2º y 283 inciso 3º de la Ley 100 de 1993, 6º, 8º, 11 y 17 de la Ley 38 de 1989, reformada por la 179 de 1994.
Dice que el ad quem estimó mal el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo.
Afirma que el error de hecho se dio por haberle reconocido efectos jurídicos, sin tenerlos, a la estipulación convencional que creó una prestación para los trabajadores oficiales del Idema.
Critica al tribunal por haberle dado validez y plenos efectos jurídicos al artículo 98 del acuerdo convencional 1996-1998, por aplicación del numeral 2º del artículo 7º del Decreto 1848 de 1969 y el inciso 3º del artículo 283 de la Ley 100 de 1993, y dice que ese juzgador aplicó indebidamente las normas que gobiernan el sistema de seguridad social en pensiones, de la Ley 100 de 1993, que constituyen derechos mínimos para los trabajadores oficiales, y también el inciso 3º del artículo 283, ibídem, que copia; explica el contenido del artículo 48 de la Constitución Política y transcribe el artículo 8º de la Ley 100 de 1993, respecto del cual plasma un discurso jurídico que luego extiende a la Ley 38 de 1989, reformada por la Ley 179 de 1994.
Sostiene que la censura desconoce la facultad que tienen las empresas para establecer, conjuntamente con sus trabajadores, las condiciones de la relación laboral, según el artículo 39 de la Constitución Política, y que el artículo 53 considera irrenunciables los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, como lo indicó la Corte en la sentencia de 4 de marzo de 2009, Radicación 34480, de la que reproduce un breve pasaje, por lo que carece de validez el argumento esgrimido por la recurrente.
Importa anotar que ha sido reiterativa la Corte en precisar que cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la equivocada estimación de las pruebas o por no haber sido apreciadas, como aquí acontece, le es imperativo al impugnante exponer de manera clara qué es lo que ellas acreditan, en contra de lo inferido por el tribunal, y cómo incidieron tales fallas en el yerro evidente denunciado, demostración que ha de estructurarse mediante un análisis razonado y crítico de los medios de convicción, confrontando la conclusión de ese proceso intelectual con las deducciones acogidas en la resolución judicial.
Se advierte lo anterior, por cuanto la censura no cumple con tal carga procesal, pues los que enuncia como errores fácticos en este segundo cargo no tienen esa índole, en cuanto involucran razonamientos estrictamente jurídicos, como lo son, en su orden, determinar si la estipulación convencional en que se apoyó el tribunal produjo efectos jurídicos; las consecuencias de lo establecido en el artículo 283 de la Ley 100 de 1993; los propósitos de esa ley; los efectos de la organización de la seguridad social como sistema y el correcto entendimiento del numeral 2º del artículo 7º del Decreto 1848 de 1969; así como los alcances del principio de sujeción de la ley al presupuesto.
Desde luego, esas cuestiones no guardan ninguna relación con las pruebas del proceso y, por lo tanto, no pueden ser elucidadas en un cargo claramente orientado por la vía de los hechos, en la que no proceden análisis jurídicos como los equivocadamente propuestos.
Acusa a la sentencia del tribunal por aplicación indebida de los artículos 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, la Ley 6ª del mismo año, 3º y parágrafo final del 62 del Código Sustantivo del Trabajo, 177 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Decreto 1675 de 1997.
Dice que fueron mal estimados el texto convencional, artículo 98.
Señala los siguientes errores de hecho:
“2. En consecuencia, dar por probada, sin estarlo, la existencia de la obligación pensional”.
Afirma que esos errores fueron provocados por aplicar defectuosamente los artículos 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y de la Ley 6ª de 1945.
Explica que a ese convencimiento llegó el ad quem por haber apreciado mal la comunicación de 22 de julio de 1997, al entender que era necesario para configurar una causa justa de despido que se invocara en ella el motivo que inducía a la terminación del contrato, y que aplicó indebidamente los artículos 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, porque supuso como ocurre en el derecho privado, que el empleador está obligado a manifestarle al trabajador oficial, al desvincularlo, la causa por la cual le termina el contrato, porque el referido decreto no estableció esa formalidad, por lo que al carecer la comunicación de la motivación, no constituye elemento esencial de la justa causa cuando de trabajadores oficiales se trata.
Añade que quienes laboraban en el Idema en la época en que fue clausurado de manera definitiva, entre ellos el actor, sabían por haber sido un hecho notorio que los servidores de la entidad quedarían cesantes, y como tal no requiere de prueba, como lo establece el artículo 177 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que “ha de entenderse que el demandante supo perfectamente el motivo por el cual su contrato llegaba a su fin”, y que el tribunal debió entender que el cierre de una empresa pública como el Idema constituye justa causa para el despido.
Sostiene que la censura involucra normas que, pese a estimarlas como violadas, son las que sustentan el derecho impetrado, que emana de la convención colectiva de trabajo, por lo cual el cargo no está llamado a prosperar.
Pese a que denuncia la equivocada apreciación de dos medios de convicción, en realidad el discurso del recurrente es de naturaleza jurídica, en cuanto centra su argumentación en que el tribunal concluyó que “…era necesario para que se configurara una justa causa de despido, el que se invocara en ella el motivo que inducía a la terminación del contrato, motivo que no podía ser otro que alguno de los contemplados en el artículo 48 del Decreto Ley 2127 de 1945” y más adelante asevera que el tribunal supuso que el empleador oficial está obligado a manifestarle al trabajador en el momento de terminar el contrato la causa por la cual lo termina, lo que no se halla establecido en el Decreto Reglamentario 2127 de 1945, y que el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo no se aplica a los trabajadores oficiales.
Para la Corte es claro que esos razonamientos son de orden jurídico y, por lo tanto, ajenos a la cuestión de hecho del proceso, de modo que no pueden ser ventilados en un cargo que se dice dirigido por la vía indirecta. Aparte de ello, el alegato del cargo no se corresponde con lo que arguyó el tribunal, que, en realidad, no exigió que la empleadora comunicara la justa causa de terminación del contrato de trabajo, pues lo que concluyó fue que la liquidación de la demandada no es una justa causa de despido, cuestión que es distinta.
Por esa razón, también resulta impertinente la argumentación sobre la calidad de hecho notorio de la liquidación de la empleadora, a que alude el cargo, porque, como ha quedado visto, el tribunal no desconoció ese hecho, ya que, por el contrario, le sirvió de estribo a sus conclusiones.
Acusa a la sentencia del tribunal de violar por infracción directa el artículo 90 de la Constitución Política.
Lo transcribe y afirma que el tribunal no lo aplicó ni reparó en que la prosperidad o no de la pensión solicitada, no es otra que la pensión del artículo 98 de la convención, por lo que debió enjuiciarla no desde la perspectiva de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 sino desde el referido canon constitucional, pues ignoró el deber del actor de probar el daño concreto que sufrió con relación a ella, contrario al ordenamiento jurídico, sin poder suponer que llegará en el futuro sino que él se haya materializado, como lo expresó la Sala de Casación Civil, en la sentencia de 24 de junio de 2008, Radicación 2000-01141.
Insiste en que si no existe prueba en el plenario, ni de lo uno ni de lo otro, el Estado no puede ser obligado a reparar, y que los preceptos del decreto mencionado y el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, no tienen prelación ni derogan el artículo 90 de la Constitución Política.
Sostiene que el artículo 90 de la Constitución Política no es el soporte sustantivo en el presente caso, y que el supuesto “daño pensional irrogado por la terminación unilateral de su contrato”, es solo un argumento de la censura, sin soporte legal, jurisprudencial ni doctrinal, por lo que no existe la infracción directa denunciada.
Por último, solicita que, en razón de lo dispuesto por el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se case parcialmente la sentencia del ad quem y, en su lugar, se modifique el numeral segundo de la sentencia de 30 de mayo de 2008, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y ordene el reconocimiento de la pensión sanción en monto de $2’845.305,48.
Se sostiene en el cargo que, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, se ha debido probar que el despido fue injusto y que el demandante sufrió un daño. Con esa argumentación el recurrente deja de lado que lo demandado en el proceso fue una prestación consagrada en una convención colectiva de trabajo y no la indemnización de un daño antijurídico ocasionado por el Estado, y que los supuestos de hecho exigidos por la norma convencional que consagra ese derecho son el despido sin justa causa, (que se acreditó, conforme se expresó anteriormente al dar respuesta al primer cargo), y el tiempo de servicios, requisito respecto del cual nada se dice en este ataque.
De otra parte, aunque los cargos no obtuvieron prosperidad, corresponde anotar que en punto a la equivocada y exótica solicitud que hace la réplica, en torno a que la Corte, haciendo uso de las facultades extra y ultra petita, imponga a la demandada condena por pensión sanción convencional en monto inicial de $2’845.305,48 (fls. 52 y 53, cdno. de la Corte), es pertinente señalar que la Corte tiene definida su competencia conforme al alcance de la impugnación de quien en verdad haya recurrido en casación, de modo que, en sede de casación, no puede esta corporación ocuparse de temas distintos, ni mucho menos, estudiar una petición de casar la sentencia de la parte que, pudiendo hacerlo en la oportunidad procesal, no interpuso el recurso extraordinario y pretende aprovecharse de la presentación de su escrito de réplica para enmendar su omisión.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 30 de mayo de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por Nelson García Vargas contra la Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Como hubo oposición, las costas del recurso extraordinario se imponen a la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

References: artículo 90
 artículo 51
 artículo 61
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 47
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 98
 artículo 151
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 151
 artículo 90
 artículo 467
 artículo 151
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 7
 artículo 283
 artículo 283
 artículo 48
 artículo 8
 artículo 39
 artículo 53
 resolución 
 artículo 283
 artículo 7
 artículo 98
 artículo 177
 artículo 48
 artículo 62
 artículo 90
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 50
 artículo 90