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Timestamp: 2019-07-21 18:03:39+00:00

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Comentarios a la nueva Ley de Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido (26.356/08) Por Gustavo N. Fernández – Turismo y Derecho
30 abril, 2008 18 septiembre, 2018 gusfer	0 comentarios Gustavo N. Fernández, Tiempo Compartido
Hace ya bastante tiempo, se venía requiriendo desde diversos sectores de la sociedad, la regulación normativa de los denominados Tiempo Compartido o como alguna doctrina lo llama: Multipropiedad. Ello, debido entre otras cuestiones, a la conflictividad que presentaba el funcionamiento de tal sistema – y que aun existe -, a la hora de ofertar, vender y finalmente consumir los servicios de tiempo compartido. Este panorama, sumado al hecho de que para resolver los conflictos que se planteaban, era necesario recurrir a normas jurídicas que fueron pensadas para otros institutos mas antiguos y con clasificaciones mas rígidas, resultaban insuficientes para atender esta novedosa realidad negocial, que surgió en el mundo en la posguerra y en nuestro país tomó impulso recién en la década del 80. Por tal motivo, fue madurando en nuestros legisladores, la necesidad de generar una norma que ordenara el sector, que por lo demás, tiene una importancia económica considerable y de la cual se prevé un crecimiento a futuro.
Los usuarios, en muchos casos llegaban a las secretarías de comercio provinciales y de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, con reclamos de incumplimientos y de operaciones desprolijas por parte de los prestadores del servicio. Esto en función de que a partir de diciembre de 1993 se sancionó la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y esta norma activó los reclamos enormemente, máxime, teniendo en cuenta que es una ley de orden público y por tal motivo no puede ser dejada de lado por los particulares a la hora de contratar. Así las cosas, y ante la realidad que estaba desbordando a la normativa, es que ve la luz la Ley 26.536 que ordena en el territorio de la república Argentina los “Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido”
Ahora bien; esta ley deja sin encuadrar una cuestión que se ha debatido tanto en nuestra doctrina jurídica cuanto en el derecho extranjero. Esa cuestión es la de considerar al denominado Tiempo Compartido como un Derecho real O Personal (Creditorio). Y esto es de una trascendencia innegable a la hora de aplicar la norma a casos concretos, encuadrar jurídicamente situaciones que se planteen, como también al momento de ver qué efectos se producen y cómo impactan en el contrato celebrado entre el usuario y los comercializadores. En definitiva no se sabe qué derecho se le confiere al adquirente del STTC.
Otra de las cuestiones que no queda en claro es si por ser una norma de orden público, y ante un eventual conflicto entre esta y la Ley de Defensa del Consumidor, también de orden público, deberá prevalecer una u otra. La ley en análisis es una ley especial ya que regula (aunque no de manera completa como se verá) los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido. Pero, la LDC también es especial en el sentido que está dirigida en pos de la tutela jurídica de los consumidores y usuario. Nos preguntamos, ¿qué pasará cuando llegado a los tribunales un caso concreto donde por ejemplo se discuta la validez de un contrato de tiempo compartido?. Si tomamos como guía la ley de STTC y observamos su artículo 15, notamos que el contrato de tiempo compartido deberá contener bajo pena de nulidad una serie de requisitos que detalla el artículo en cuestión. Si por el contrario, aplicamos la LDC, en su artículo 37 establece que: ” Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:
En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.”
Entonces, ¿ sancionar con pena de nulidad un contrato que por ejemplo, omita el inciso n) del artículo 15[i] de la ley de STTC, no es desproteger al usuario o consumidor, cuando por el art. 37 de la LDC el juez puede integrar el contrato ? ¿ No es demasiado gravoso para el usuario, que el juez deba declarar la nulidad de un contrato, ya que así se lo marca la ley de STTC, porque no se dejó constancia de la recepción de un ejemplar por parte del usuario cuando este suscribió también con la red de intercambio ?
Otro aspecto a tener en cuenta es el de la responsabilidad que introduce la ley. Así en su artículo 21[ii] la norma que deja fuera del sistema de responsabilidad, al propietario del inmueble sobre el que se afecta para el destino del sistema de tiempo compartido. Esto como bien señala la Profesora Noemí Nicolau[iii] desprotege al consumidor, ya que deja fuera de la responsabilidad a quien probablemente sea el que mejor pueda responder patrimonialmente ante una posible insolvencia de los sujetos que están en la cadena de comercialización. Esto, teniendo en cuenta que el propietario y el emprendedor no necesariamente serán una misma persona, como lo establece el artículo 3º de la ley[iv].
A continuación haremos un breve comentario de la norma, y advertimos al lector que al no estar aún reglamentada, sólo se podrán hacer consideraciones sobre el texto publicado, y será el correr del tiempo y la publicación del decreto que la reglamente –si algún día sale- lo que nos podrá dar un panorama acabado del funcionamiento del sistema.
ESQUEMA DE LA LEY y BREVE COMENTARIO
El esquema de la nueva ley sigue el siguiente detalle:
Son 44 artículos organizados en 10 Capítulos que tratan de I Disposiciones generales; II De la Autoridad de Aplicación de los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido; III De la Constitución del Sistema Turístico de Tiempo Compartido; IV Del Contrato de Tiempo Compartido; V De la Administración de los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido; VI De la Comercialización y la Publicidad de los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido; VII De la Instancia Arbitral; VIII De las Sanciones; IX De la Extinción del Sistema Turístico de Tiempo Compartido y X Disposiciones Complementarias.
En las Disposiciones Generales se delimita el ámbito de aplicación de la ley en donde se establece que regulará los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido con independencia de la naturaleza de los derechos que se constituyan o transmitan y del régimen legal al que se encuentren sometidos los bienes que los integran. Como vemos, al legislador no le interesó encuadrar al sistema dentro del régimen de los derechos reales o de los personales. Creemos que en un futuro, esto provocará no pocas cuestiones controversiales, a la hora de desentrañar la naturaleza jurídica de los contratos que se suscriban en el marco general de todo el sistema. Y esto se nota rápidamente cunado analizamos que para llevar adelante el cometido de la ley (regular el tiempo compartido y proteger al usuario), no sólo es necesario la celebración del Contrato de Tiempo Compartido definido en el artículo 14 de la ley[v], sino que deben preexistir una serie de contratos conexos, sin los cuales sería imposible proveer al usuario de los beneficios finales del sistema. Esa cadena contractual (propietario-emprendedor-vendedor-revendedor-red de intercambio) no está regulada por la ley. Esta cuestión también la ha señalado Noemí Nicolau, a cuya opinión, humildemente adherimos.
También la ley de STTC en este primer capítulo, tipifica al sistema estableciendo que el sistema debe integrarse con uno o mas inmuebles, afectados a uso periódico y por turnos para el alojamiento u hospedaje y para brindar otras prestaciones compatibles con su destino.
Finalmente, el articulo 3ero. establece un catálogo de definiciones de los términos técnicos que introduce la ley, a la cual nos remitimos en honor a la brevedad y que se pueden consultar en el apéndice de éste artículo.
En el segundo capítulo la norma fija como autoridad de aplicación a la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación, por lo que el contralor está en la órbita federal. Dejando a las provincias sin participación en dicho sentido, sin perjuicio de lo que en el futuro establezca el decreto reglamentario que aún no se dictó. No obstante, el párrafo final del artículo 4º deja una puerta abierta al decir: “La Autoridad de Aplicación debe instrumentar normas de procedimientos eficaces tendientes a la protección de los derechos del usuario de los STTC y a la prevención y solución de conflictos entre las partes intervinientes. A tal efecto se podrá suscribir convenios de cooperación, delegación y fiscalización.”
También se crea un registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido, en el ámbito de la Secretaría de Turismo Nacional, donde se deberán inscribirse, previo al inicio de sus respectivas actividades, los emprendedores, administradores, vendedores, revendedores y las redes de intercambio.
La constitución del STTC (Capítulo Tercero) requiere de la afectación de uno o más inmuebles destinados al aprovechamiento periódico y por turnos y la escritura de constitución del STTC la otorgará el emprendedor, con el consentimiento del propietario del inmueble cuando nos sean una única persona. Se establecen una serie de requisitos respecto de los bienes, los usuarios y de la administración, debiéndose inscribir el título constitutivo en el registro de la Propiedad que corresponda y en el registro de Prestadores y establecimientos Vacacionales afectados a STTC.
Aquí vale la pena detenernos en una cuestión: al suprimirse un párrafo de manera poco clara, se limitó la responsabilidad del emprendedor e incluso las facultades de contralor de la Secretaría de Turismo. Así es, al leer el diario de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina del día 20 de diciembre de 2006[vi], se observa lo siguiente:
“ Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Turismo, de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales, en el proyecto de ley del señor senador Falcó, sobre regulación del sistema turístico de tiempo compartido o multipropiedad exclusiva intermitente; y en el mensaje respectivo del Poder Ejecutivo nacional, por el que se regulan los sistemas turísticos de tiempo compartido. (S. 512/05 y P.E. 90/06)..
Sr. Fernández. — Señor presidente: hay dos correcciones que va a plantear el señor senador Mera, en nombre de la Comisión de Turismo, respecto de dos artículos que han sido consensuados. Con esas modificaciones aceptadas se puede someter a votación el proyecto en general y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.[1]
Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera. — Señor presidente: quisiera saber cómo ha quedado redactado el artículo 10, inciso b), punto 6 del dictamen.
Sr. Secretario (Estrada). — Dice así: Cuando la transferencia o constitución de derechos a favor de futuros usuarios quede condicionada a la enajenación de un número determinado de períodos de disfrute en un determinado lapso, este no podrá exceder de un año ni el mínimo de períodos podrá ser superior al 50 por ciento del total de los períodos a comercializar. Dicha condición será oponible siempre y cuando la Cámara de Tiempo Compartido o la autoridad de aplicación respectiva garanticen en similares condiciones el pleno disfrute de los derechos adquiridos.[vii]
Sr. Mera. — La Secretaría de Turismo, que en este punto es la autoridad de aplicación, es conteste en que se anule este párrafo del artículo.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: pasemos a votar.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 40 votos por la afirmativa; unanimidad.
…— El resultado de la votación surge del Acta N
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. [2] Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.”
Este último párrafo suprimido, era una salvaguarda para el futuro usuario en el sentido de que si no se lograba la consolidación del emprendimiento al iniciarse, dentro de los plazos que preveía el emprendedor (que no pueden exceder de 1 año ni pretender comenzar a operar con una comercialización de períodos que sea superior al 50 % del total ), el usuario podía solicitar un equivalente en calidad, duración, servicios, etc. al tiempo compartido contratado en el emprendimiento en formación, brindado por otro emprendedor que formara parte de la red de intercambio. Al menos eso entendemos nosotros que significa en este contexto la frase “Dicha condición será oponible siempre y cuando la Cámara de Tiempo Compartido o la autoridad de aplicación respectiva garanticen en similares condiciones el pleno disfrute de los derechos adquiridos.”
Entonces, al haberse suprimido llamativamente el párrafo precitado, el usuario podrá quedar en la siguiente situación: Pagar el contrato por el cual accede al sistema y verse privado de gozar de los beneficios, durante el plazo o en las condiciones que detalla el art. 10, inc b), punto6) de la norma. Es una compra de algo (¿derecho real, personal?) pero sujeto a una condición. Entendemos que en definitiva es una compra condicional, lo que en el Derecho Romano sería “dies incertus an certus quando” no se sabe si va a ocurrir, pero de ocurrir se sabe cuándo. Al cabo de transcurrido un año o cuando se complete el mínimo de períodos previstos en el contrato del total de períodos a comercializar.
Si se quería proteger al usuario, evidentemente la norma no cumplió con su cometido.
En el Capítulo Cuarto se define al Contrato de Tiempo Compartido de la siguiente manera: “A los fines de la presente ley, se denomina contrato de tiempo compartido, independientemente del nombre o forma jurídica que se utilice, y del régimen jurídico a que se encuentren sometidos los bienes, a todo convenio escrito en virtud del cual una persona llamada emprendedor, por sí o a través de terceros, se obliga a proporcionar en forma periódica y durante un tiempo determinado, turnos de alojamiento u hospedaje, en una unidad vacacional con el mobiliario y enseres necesarios para su uso y goce y con las cosas y espacios comunes, en uno o varios establecimientos vacacionales, que constituyen el STTC, con la calidad, características y demás condiciones expresamente pactadas, a otra persona llamada usuario, quien a su vez se obliga a pagar un precio determinado en dinero a cambio de dichas prestaciones, además de obligarse a cubrir con la frecuencia convenida, los gastos de administración y mantenimiento correspondientes.”
Luego de la definición, se establece el contenido del contrato, que previo a enumerar los requisitos, sanciona con pena de nulidad la falta de las referencias o cláusulas que luego detalla. Esto, parece bastante gravoso para el usuario, y fundamentalmente porque algunos de los requisitos no serías esenciales para cumplir con la finalidad de dicho contrato. Para ejemplo, nos remitimos al comentario arriba señalado respecto del artículo 15, inciso n).
El artículo 16 es una verdad de Perogrullo al decir que las cláusulas contractuales abusivas, no serán oponibles al usuario.
También se regula la posibilidad de celebrar un Precontrato, que no es otra cosa que una reserva de compra y en el cual el futuro usuario no podrá suscribir el contrato definitivo pasado los 60 días de la celebración del llamado precontrato.
Se prevé asimismo la posibilidad de arrepentimiento del futuro usuario o usuario hasta los 7 días de la suscripción del precontrato o del contrato, según sea el caso. Se enumeran deberes del emprendedor y del usuario y finaliza el capítulo con un artículo (21) destinado a fijar responsabilidades, sobre el que ya hemos tratado algunos aspectos.
En el Capítulo Quinto se regula la Administración de los STTC, permitiendo que la administración sea ejercida por el propio emprendedor o por un tercero designado por aquél y estableciendo en este último caso la responsabilidad solidaria frente al usuario.
También se enumeran un catálogo de deberes y facultades y se fija que los gastos administrativos y de mantenimiento serán soportado por el usuario, conforme a criterios de proporcionalidad basados en factores objetivos, excluyendo el caso en que el administrador o emprendedor hubieran pactado la modalidad de ajuste alzado relativo. Para finalizar, el artículo 25 establece que el certificado emanado del administrador en el que conste la deuda por gastos del sistema, los rubros que la componen y el plazo para abonarla, constituirá título suficiente para accionar por la vía ejecutiva.
La Comercialización y Publicidad de los STTC está contemplada en el Capítulo Sexto en donde se establecen pautas a seguir respecto del deber de información y de las promociones, que han producido hasta el momento no pocos conflictos entre las partes. La obligación de suministrar con certeza y objetividad, información veraz, eficaz y suficiente las características de los bienes que integran el STTC y de las prestaciones que ofrecen, detallando el tipo y alcances de los derechos que se transmiten o constituyen, recae sobre: emprendedores, vendedores, revendedores y redes de intercambio. En cuanto a las promociones, las mismas deben contener una serie de precisiones que de desarrollan en el artículo 27 (ver apéndice Ley 26356).
En lo relativo a la publicidad el artículo 29 sigue el criterio de la Ley de Defensa del Consumidor, en cuanto a que las precisiones formuladas por el emprendedor en anuncios, folletos, etc. obligan a aquél y se consideran incluidas en el contrato de STTC.
En el Capítulo Séptimo se incorpora una Instancia Arbitral para la resolución de conflictos que pudieran suscitarse entre usuarios y prestadores del STTC, para lo cual será de aplicación el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo que funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, en su calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley 24240 y normas complementarias[viii].
Las sanciones son tratadas en el Capítulo Octavo, y abarcan un menú de:
Multa desde $ 2.000 hasta $ 1.000.000; Inhabilitación temporaria y Revocación de la habilitación. Se establecen unas reglas de procedimiento y la posibilidad, como no podía ser de otra manera, de recurrir las resoluciones de los sumarios administrativos ante la justicia competente en la materia, de la jurisdicción respectiva.
Las acciones por infracciones al STTC prescriben a los 2 años contados desde la fecha de la en que se cometió infracción.
La Extinción del STTC está tratada en el Capítulo Noveno, que en un solo artículo (art. 39) contempla las siguientes causales:
a) Por vencimiento del plazo de afectación al STTC, previsto en la escritura de constitución;
b) En cualquier momento, cuando no se hubieran producido enajenaciones, o se hubieran rescindido la totalidad de los contratos, lo que se hará constar en escritura pública;
c) Cuando se hubiere cumplido la condición resolutoria prevista en el artículo 10, inciso b), apartado 6 [ix] y el vendedor revoque los derechos que hubiere enajenado mediante declaración de voluntad, manifestada en escritura pública, dentro de los 30 días de vencido el plazo establecido en la escritura de constitución del STTC[x];
Finalmente, el Capítulo Décimo establece las Disposiciones Complementarias y fija un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la presente ley, y esperamos que dicha reglamentación traiga claridad allí donde es necesario. Pero no debemos pasar por alto un hecho que por obvio no deja de ser importante: el Decreto Reglamentario no puede torcer la letra y el espíritu de la ley por ser de jerarquía normativa inferior.
También se declara de orden público a esta ley y sus normas reglamentarias y además, complementarias del Código Civil.
Con respecto a los contratos celebrados con anterioridad a la sanción de la ley, se les otorga un plazo de 1 año para su adecuación a la nueva normativa.
A modo de conclusión, y sin pretender haber analizado en profundidad el texto, sino simplemente marcar algunas notas “disparadoras” para el posterior debate, creemos que:
En primer término, es bueno que se haya incorporado una normativa para el sector, que hasta el momento no existía y que venía siendo reclamada no sólo por las Cámaras interesadas en el negocio (Cámara Argentina de Tiempo Compartido, CAT, etc.) sino también por los propios usuarios del sistema, muchos de los cuáles y debido a malas experiencias, abandonaron la modalidad vacacional del Tiempo Compartido, mientras que otros se mantienen en el mismo pero han hecho escuchar su voz en todos los ámbitos donde pudieron ser escuchados.
En segundo lugar, pensamos que habría sido conveniente darle mayor precisión terminológica al texto para evitar planteos innecesarios y con desgaste de la actividad jurisdiccional, y que tal como está redactada la norma, sospechamos – y ojala que la realidad nos contradiga – serán casi inevitables.
También se debe destacar que si la intención del legislador fue proteger al usuario del sistema, tropezará con varios escollos que ya se han señalado en el presente artículo y otros que por la pretensión tenida en cuenta al elaborar estas líneas no hemos destacado , pero que de un estudio detenido de la ley invariablemente salen a la luz, lamentablemente el usuario sufrirá la desprotección, aún con el dictado de esta norma.
Otro de los temas que habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, es el referido al entramado que se plantea con dos normas de orden público como son la presente de STTC y la Ley de defensa del Consumidor. No es tarea sencilla compatibilizar esto, pero, al crear un sistema nuevo de orden público que apareció días antes de la ley que reforma a la 24240 (Ley 26361) dicha reforma, traerá aparejada consecuencias sobre la interpretación de la ley de STTC, que esperamos hayan sido evaluadas.
[i] Artículo 15, inciso n) Ley 26356: “ Indicación de si el STTC cuenta con un programa interno de intercambio y si se encuentra afiliado a alguna red de intercambio, consignando en tal caso su nombre, domicilio y sede, en su caso. Si se suscribiera simultáneamente el contrato entre la red de intercambio y el futuro usuario, deberá dejarse constancia de la recepción de un ejemplar del mismo por éste.”
[ii] Artículo 21 Ley 26356: “Responsabilidades. Sin perjuicio de otras normas que resulten aplicables, son solidariamente responsables con el emprendedor, por su falta de legitimación para transmitir o constituir los derechos emergentes del contrato de tiempo compartido:
La legitimación deberá valorarse al tiempo de la celebración del contrato de tiempo compartido, en el caso del vendedor, y al tiempo de la afiliación del emprendedor a la red de intercambio o de su renovación, si se tratare de ésta.”
[iii] Noemí Nicolau es Titular de la Cátedra de Derechos Reales, Directora de la Maestría en Derecho Privado, Directora de la Especialización en Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la Construcción, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y una reconocida Jurista en el área de Derecho Privado.
[iv] El propietario es el titular dominial del inmueble, quien lo afecta total o parcialmente, al STTC; El emprendedor, es la persona física o jurídica propietaria o con justo título de disposición del inmueble, que constituye el STTC para comercializar períodos de disfrute y brindar a los usuarios las prestaciones que lo integran, por sí o por intermedio de terceros.
[v] “Artículo 14, Ley 26356: “Concepto. A los fines de la presente ley, se denomina contrato de tiempo compartido, independientemente del nombre o forma jurídica que se utilice, y del régimen jurídico a que se encuentren sometidos los bienes, a todo convenio escrito en virtud del cual una persona llamada emprendedor, por si o a través de terceros, se obliga a proporcionar en forma periódica y durante un tiempo determinado, turnos de alojamiento u hospedaje, en unidad vacacional con el mobiliario y enseres necesarios para su uso y goce y con las cosas y espacios comunes, en uno o varios establecimientos vacacionales, que constituyen en STTC , con la calidad, características y demás condiciones expresamente pactadas, a otra persona llamada usuario, quien a su vez se obliga a pagar un precio determinado a cambio de dichas prestaciones, además de obligarse a cubrir con la frecuencia convenida, los gastos de administración y mantenimiento correspondientes.”
[vi] Se puede consultar en: www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/extraordinarias%202007/textos/punto%2005/debate%2020-12-06.%20S.doc – el diario corresponde a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Secretaría Parlamentaria, Dirección de Información Parlamentaria.
[vii] La negrita es nuestra.
[viii] Esto puede traer consecuencias no queridas. Si la Autoridad de Aplicación de la Ley 26356 de STTC es la Secretaría de Turismo de la Nación, y la Autoridad de Aplicación del artículo 32 de la misma ley (Tribunal Arbitral) es la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, ¿ qué pasará cuando un usuario solicite el arbitraje ante defensa del Consumidor y un comercializador del sistema se ampare en el artículo 4º de la misma ley que establece que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Turismo?. Si bien el sistema de arbitraje es de adhesión voluntaria, igualmente el conflicto de competencias se planteará, habida cuenta que la intervención de uno u otro organismo del Estado Nacional puede traer consecuencias distintas para los actores en conflicto, por su diferente grado de protección, que en la práctica brindar al consumidor. Mas tuitivo de los derechos de éste es el criterio de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor que el de la SECTUR. Y esto no es ninguna novedad.
[ix] El tema ya ha sido tratado en este mismo artículo al abordar el análisis del Capítulo Tercero y allí nos remitimos.
[x] Nos preguntamos ¿ cómo se puede revocar un derecho ya enajenado ?.Según el Diccionario de la Real Academia Española, enajenar, (Del lat. in, en, y alienāre). en su primera acepción significa :1. tr. Pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello. Por lo tanto excepto que medie un vicio de la voluntad que torne nulo el acto, ¿ cómo revocar un derecho que ya no poseemos? . La redacción de este artículo, sin dudas, dará lugar a mas de un planteo.
b) Los fallidos por quiebra durante el período de inhabilitación puesto por la Ley522 y sus modificatorias;
ARTICULO 32. — Tribunal Arbitral. Para la resolución de conflictos que pudieren suscitarse entre los usuarios y los prestadores de los SISTEMAS TURISTICOS DE TIEMPO COMPARTIDO (STTC), será de aplicación el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO (SNAC), perteneciente a la órbita de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la SECRETARIA DECOORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, normas concordantes y complementarias. Dicho sistema extrajudicial y voluntario atenderá y resolverá aquellos casos en los que pueda existir alguna violación a los derechos emanados de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor.
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References: artículo 15
 artículo 37
 artículo 15
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 29
 resolución 
 artículo 10
 Artículo 15
 Artículo 21
 artículo 32
 artículo 4
 resolución