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Timestamp: 2013-06-18 22:39:12+00:00

Document:
NYR. Informe n� 198. BOE de marzo de 2011.
www.notariosyregistradores.com INFORME N� 198. (BOE de MARZO de 2011)
Ley Econom�a Sostenible
N. y R. adscritos
Ley Econom�a Social
Fusi�n sociedades
Registro prestamistas
Menor venezolano vende
Hipoteca sin deudor
OFERTA DE EMPLEO P�BLICO.
Salen escasas plazas por aplicaci�n del Plan de Austeridad para el periodo 2011‑2013, el cual contempla, entre otras medidas, la contenci�n de los gastos de personal con actuaciones como una estrategia restrictiva en la configuraci�n de las ofertas de empleo p�blico.
Por ello, para el corriente a�o, el n�mero total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector p�blico ser� como m�ximo igual al 10 por ciento de la tasa de reposici�n de efectivos con car�cter general, tasa que se fija en hasta el 30 por ciento para el acceso a los Cuerpos de funcionarios docentes.
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ANDALUC�A. Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenaci�n del sector p�blico de Andaluc�a.
Las cuestiones m�s importantes de esta Ley est�n relacionadas con las garant�as de salvaguarda de los derechos de los empleados p�blicos, reforzando la voluntariedad del proceso de integraci�n. Tambi�n, queda reforzada la garant�a de los principios de igualdad, m�rito, capacidad y publicidad para el acceso a la condici�n de personal funcionario o laboral de la Administraci�n General de la Junta de Andaluc�a. Por otra parte, se establecer� la forma de participaci�n p�blica de organizaciones representativas de la ciudadan�a para contar con sus sugerencias y aportaciones sobre aquellos aspectos que est�n relacionados con la prestaci�n de los mismos.
Entr� en vigor el 22 de febrero de 2011
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***ECONOM�A SOSTENIBLE. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom�a Sostenible.
Por la gran extensi�n del resumen (30 p�ginas aproximadamente), nos remitimos a la p�gina especial donde hay un �ndice de contenidos:
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2011-economia-sostenible.htm
PDF (BOE-A-2011-4117 - 203 p�gs. - 6791 KB) Otros formatos
ECONOM�A SOSTENIBLE. Ley Org�nica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Econom�a Sostenible, por la que se modifican las Leyes Org�nicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formaci�n Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci�n, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Esta Ley recoge la reforma de preceptos de car�cter org�nico incluidos en Leyes Org�nicas, que no pueden ser modificados por una ley ordinaria como es la de Econom�a Sostenible. La Ley atiende as� a las directrices de t�cnica normativa que aconsejan incluir en textos distintos los preceptos de naturaleza ordinaria y los preceptos de naturaleza org�nica
Citemos las leyes org�nicas afectadas:
1. Ley Org�nica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Se a�ade un nuevo apartado 5 al art�culo 90 (que trata de los Juzgados de lo Contencioso):
�5. Corresponde tambi�n a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, la cesi�n de los datos que permitan la identificaci�n a que se refiere el art�culo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci�n y de Comercio Electr�nico, as� como la ejecuci�n material de las resoluciones adoptadas por la Secci�n Segunda de la Comisi�n de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestaci�n de servicios de la sociedad de la informaci�n o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicaci�n de la citada Ley 34/2002 y del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.�
Ver resumen de la Ley Sinde.
2.- Ley Org�nica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formaci�n Profesional. Se trata de potenciar la formaci�n profesional. Algunas de las medidas que pretenden mejorar la adaptabilidad de la formaci�n profesional, de conformidad con el art�culo 81 de nuestra Constituci�n, no pueden abordarse exclusivamente mediante una ley ordinaria como son, por ejemplo, la rebaja de las exigencias formales requeridas para la actualizaci�n del Cat�logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con objeto de facilitar su r�pida adaptaci�n a las necesidades de la econom�a, o la posibilidad que se reconoce a los centros de formaci�n profesional de ofertar programas formativos configurados a partir de m�dulos incluidos en los t�tulos de formaci�n profesional o certificados de profesionalidad que tengan autorizados y que est�n asociados a unidades de competencia del Cat�logo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
3. Ley Org�nica
2/2006, de 3 de mayo, de Educaci�n. Afecta a la organizaci�n del cuarto curso.
4. Ley Org�nica
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Se modifica el apartado Trece del art�culo 22 dedicado a determinar los casos en los que la Comisi�n Permanente del Consejo de Estado deber� ser consultada en los siguientes asuntos:
�Trece. Reclamaciones que, en concepto de indemnizaci�n por da�os y perjuicios, se formulen a la Administraci�n General del Estado en los supuestos establecidos por las leyes.� Antes alud�a a la Administraci�n del Estado a partir de 6.000 euros o de la cuant�a superior que establezcan las leyes.
La D. A. 2� promueve la prolongaci�n voluntaria del servicio activo de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y profesores de investigaci�n del CSIC una vez alcanzada la edad de jubilaci�n forzosa. Podr� alcanzar
un per�odo m�ximo de cinco a�os adicionales.
6. Se proh�be la comunicaci�n comercial televisiva de naturaleza pol�tica. Para ello, se modifica la
Ley General de la Comunicaci�n Audiovisual.
Entr� en vigor el 13 de marzo de 2011.
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REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACI�N. Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican el Reglamento General de Circulaci�n, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y el Texto Articulado de la Ley sobre Tr�fico, Circulaci�n de Veh�culos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y se reduce el l�mite gen�rico de velocidad para turismos y motocicletas en autopistas y autov�as. Con el objetivo de rebajar la factura energ�tica, se modifica el art�culo 48 para reducir el l�mite gen�rico de velocidad para turismos y motocicletas, en autopistas y autov�as, de 120 km/h a 110 km/h. Esta medida se aplicar� transitoriamente hasta el 30 de junio de 2011, que podr� prorrogarse en atenci�n a los resultados obtenidos.
Se retoca el anexo II para que la detracci�n de puntos por exceso de velocidad se mantenga, en este caso, en los l�mites actuales.
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CORRUPCI�N. Instrumento de Ratificaci�n del Protocolo Adicional al Convenio penal sobre la corrupci�n, hecho en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003.
Este Protocolo Adicional est� relacionado con el Instrumento de Ratificaci�n del
Convenio penal sobre la corrupci�n (Convenio n�mero 173 del Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999.
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*SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA. Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en Espa�a. El objetivo principal de la Ley es permitir de iure la constituci�n de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) en Espa�a.
Concepto. Se considera sociedad cooperativa europea (SCE) domiciliada en Espa�a aquella cuya administraci�n central y domicilio social se encuentren dentro del territorio espa�ol. La sociedad cooperativa europea deber� fijar su domicilio en Espa�a cuando su administraci�n central se halle dentro del territorio espa�ol.
- La primordial es el
Reglamento (CE) 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, que no est� resumido en este informe de lo publicado en el BOE.
- las disposiciones de esta Ley,
- la Ley de Cooperativas aplicable en funci�n del lugar donde realice principalmente la actividad - y la Ley
31/2006, de 18 de octubre, sobre implicaci�n de los trabajadores en las sociedades an�nimas y cooperativas europeas.
- La SCE se inscribir� en el Registro Mercantil que corresponda a su domicilio en Espa�a.
- En el Registro Mercantil se depositar� el proyecto de constituci�n de una SCE que vaya a tener su domicilio en Espa�a.
- Se le aplicar� para las inscripciones y publicidad lo dispuesto para las sociedades an�nimas.
- Su denominaci�n no puede ser id�ntica a la de otra sociedad espa�ola preexistente. El Registro Mercantil Central lo comprobar� en el Registro estatal de cooperativas y en los Registros auton�micos correspondientes, los cuales estar�n coordinados con aqu�l.
Traslado del domicilio a otro Estado miembro. El registrador mercantil del domicilio social, a la vista de los datos obrantes en el Registro y en la escritura p�blica de traslado del domicilio social presentada, certificar� el cumplimiento de los actos y tr�mites que han de realizarse por la sociedad antes del traslado. El Gobierno tiene derecho de oposici�n, por lo que el registrador mercantil comunicar� la presentaci�n del proyecto de traslado de domicilio a los �rganos que determina el art. 5.
Fusi�n. - Se trata de supuestos en
que una o m�s sociedades cooperativas espa�olas participen en la fusi�n o cuando la SCE vaya a fijar su domicilio en Espa�a.
- El registrador mercantil designar� a uno o varios expertos independientes, previa petici�n conjunta de las sociedades que se fusionan, para que examinen el proyecto de fusi�n e informen por escrito a los socios.
- Los socios de las sociedades cooperativas espa�olas que voten en contra del acuerdo de una fusi�n que implique la constituci�n de una SCE domiciliada en otro Estado miembro podr�n separarse. Igual derecho tendr�n los socios de una sociedad cooperativa espa�ola que sea absorbida por una SCE domiciliada en otro Estado miembro.
- La escritura de fusi�n se presentar� en el Registro de Cooperativas en el que se encuentre inscrita, a fin de que �ste informe al Registro Mercantil, en el plazo de quince d�as, sobre la inexistencia de obst�culos para la fusi�n, realizando un cierre provisional de la hoja registral.
- El registrador mercantil del domicilio social, tras calificar el t�tulo, certificar� el cumplimiento por parte de la sociedad cooperativa espa�ola que se fusiona de todos los actos y tr�mites previos a la fusi�n.
- Si, tras la fusi�n, la SCE resultante fija su domicilio en Espa�a, el registrador mercantil controlar� la existencia de los certificados de las autoridades competentes de los pa�ses en los que ten�an su domicilio las sociedades cooperativas extranjeras participantes y la legalidad del procedimiento en cuanto a la realizaci�n de la fusi�n y la constituci�n de la sociedad cooperativa europea. Tras la inscripci�n, la comunicar� a los Registros de Cooperativas espa�oles correspondientes para que procedan a su cancelaci�n.
- Se trata de los casos en los que una sociedad cooperativa espa�ola quiera convertirse en SCE.
- Los administradores redactar�n un proyecto de transformaci�n que ser� depositado en el Registro Mercantil y se publicar� conforme a lo establecido en el art�culo 471
T.R. Ley de Sociedades de Capital.
- La escritura de transformaci�n se presentar� en el Registro de Cooperativas en el que se encuentre inscrita, a fin de que �ste informe al Registro Mercantil sobre la inexistencia de obst�culos para la transformaci�n, realizando un cierre provisional de la hoja registral.
- Tras la inscripci�n de transformaci�n, el Registro Mercantil lo comunicar� a los Registros de Cooperativas espa�oles correspondientes para que procedan a su cancelaci�n
Sistemas de administraci�n
- La SCE que se domicilie en Espa�a podr� optar por un sistema de administraci�n monista o dual, y lo har� constar en sus estatutos.
- En el sistema monista, existir� un �rgano de administraci�n, que ser� el Consejo Rector de la cooperativa o el �rgano de gobierno correspondiente, seg�n la legislaci�n aplicable.
- En el sistema dual, existir� una direcci�n y un Consejo de control.
Facultades de la direcci�n.
- Le corresponden la gesti�n y la representaci�n de la sociedad.
- Cualquier limitaci�n a las facultades de los directores, aunque se halle inscrita en el Registro, ser�
ineficaz frente a terceros.
- La titularidad y el �mbito del poder de representaci�n de los directores se regir�n conforme a lo dispuesto para los consejeros en la legislaci�n de cooperativas que les sea de aplicaci�n.
Modos de organizar la direcci�n.
- Los estatutos pueden asignar la gesti�n a un solo director, a varios directores que act�en solidaria o conjuntamente o a un Consejo de direcci�n (obligatorio a partir de 3 que act�en conjuntamente). Los estatutos, cuando no determinen el n�mero exacto, establecer�n el m�ximo y el m�nimo, y las reglas para su determinaci�n.
- Regulaci�n de la organizaci�n, funcionamiento y r�gimen de adopci�n de acuerdos del Consejo de direcci�n: normas imperativas del Reglamento (CE) 1.435/2003, los estatutos sociales y, en su defecto, por lo previsto en la legislaci�n de cooperativas para el Consejo Rector. Consejo de control.
- La representaci�n de la sociedad frente a los miembros de la direcci�n le corresponde. - Podr� acordar que determinadas operaciones de la direcci�n se sometan a su autorizaci�n previa, pero su falta ser� inoponible a los terceros, salvo que la sociedad cooperativa pruebe que el tercero hubiera actuado en fraude o con mala fe en perjuicio de la sociedad.
- Se le aplica la regulaci�n sobre el funcionamiento del Consejo rector de las sociedades cooperativas en cuanto no contradiga lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1.435/2003.
- Sus miembros ser�n nombrados y revocados por la asamblea general, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1.435/2003 y en la Ley
31/2006, de 18 de octubre. Responsabilidad. Se aplicar� a los miembros de los �rganos de administraci�n, de direcci�n y del Consejo de control las disposiciones sobre responsabilidad previstas para los administradores de sociedades an�nimas.
Disoluci�n. Si lo fuera por resoluci�n judicial, la autoridad competente ser� el Juez de lo Mercantil del domicilio social de la SCE.
Regularizaci�n. Cuando una SCE domiciliada en Espa�a deje de tener su administraci�n central en Espa�a deber� regularizar su situaci�n en el plazo de un a�o, bien restableciendo su administraci�n central en Espa�a, bien trasladando su domicilio social al Estado miembro en el que tenga su administraci�n central. Si no lo hace, deber� disolverse.
Ser� adaptado por el Gobierno antes del 8 de abril de 2012.
Aplicaci�n a toda Espa�a. Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva que el art�culo 149.1.6.� de la Constituci�n atribuye al Estado en materia de legislaci�n mercantil, sin perjuicio de las competencias en materia de cooperativas de las Comunidades Aut�nomas.
Entrada en vigor: El 8 de abril de 2011. PDF (BOE-A-2011-4288 - 7 p�gs. - 208 KB) Otros formatos
ASTURIAS. Ley 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011.
Destacan, entre otras, el desarrollo de la Ley de Promoci�n de la Autonom�a Personal y Atenci�n a las Personas en Situaci�n de Dependencia, cuyo calendario de implantaci�n incorpora un nuevo grupo de beneficiarios, el reforzamiento de la inclusi�n social a trav�s del Salario Social B�sico, la mejora de la dotaci�n de infraestructuras judiciales y el fortalecimiento de la calidad y la accesibilidad de los servicios sanitarios y educativos.
Se refuerza el control sobre los presupuestos de las entidades, entes y empresas del sector p�blico que reciben transferencias nominativas corrientes. Adicionalmente, la Ley autoriza mediante la t�cnica de la deslegalizaci�n al Consejo de Gobierno para que reorganice las empresas p�blicas de la Comunidad Aut�noma.
PDF (BOE-A-2011-4295 - 34 p�gs. - 688 KB) Otros formatos
ASTURIAS. Ley 13/2010, de 28 de diciembre, de medidas presupuestarias y tributarias de acompa�amiento a los Presupuestos Generales para 2011.
La ley tiene tres partes diferenciadas a las que responden los tres t�tulos en que est� organizado su texto.
El t�tulo I recoge las medidas de naturaleza presupuestaria.
El t�tulo II contiene normas tributarias:
- En el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas se mantienen las deducciones vigentes durante 2010 incrementando en un uno por ciento sus l�mites y cuant�as; asimismo se crea una nueva deducci�n para compensar parte de los costes asumidos en la obtenci�n del certificado de la gesti�n forestal sostenible por parte de propietarios de montes ubicados en el Principado de Asturias.
- En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados, se lleva a cabo una modificaci�n de car�cter t�cnico cuyo fin es clarificar cu�l es el tipo a aplicar sobre las transmisiones onerosas de inmuebles y derechos reales sobre los mismos.
- Por otro lado, y en relaci�n con la tributaci�n propia, se crea un nuevo impuesto que grava la realizaci�n de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, relativas al transporte de energ�a el�ctrica y a las redes de comunicaciones telef�nicas y telem�ticas. - Respecto al canon de saneamiento del Principado de Asturias, a partir del pr�ximo a�o el gravamen del impuesto ser� el que resulte de aplicar una cuota que consta de una parte variable y otra fija que, en el caso de consumos industriales, se grad�a a su vez en funci�n del volumen consumido.
- Se establecen varias modificaciones al Texto Refundido de las Leyes de Tasas y de Precios P�blicos. Expresamente se a�aden dos tarifas a la tasa de industria y se actualizan los hechos imponibles y tarifas de las tasas por pesca mar�tima y por expedici�n de titulaciones y tarjetas n�uticas, de buceo profesional y actividades subacu�ticas, derechos de examen y otros tr�mites.
La parte final contiene dos disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales; en la D.A. segunda, se complementa el r�gimen de la autorizaci�n de que ya dispone el Consejo de Gobierno para la transmisi�n del patrimonio de viviendas protegidas a la empresa p�blica Viviendas del Principado de Asturias, S.A.
Por �ltimo, la disposici�n final primera, autoriza al Consejo de Gobierno a elaborar un texto refundido en materia de tributos cedidos con el fin de unificar en un �nico texto toda la normativa en vigor para favorecer el cumplimiento del principio de seguridad jur�dica en el �mbito tributario.
PDF (BOE-A-2011-4296 - 21 p�gs. - 400 KB) Otros formatos
*REGISTRO MERCANTIL. MODELOS DE CUENTAS ANUALES. Resoluci�n de 28 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la
Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentaci�n en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicaci�n, modifica la
Resoluci�n de 6 de abril de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Aut�noma.
El contenido de esta Resoluci�n es el siguiente:
- Modifica los modelos establecidos en la
Orden JUS/206/2009.
- Var�a la
Resoluci�n de 6 de abril de 2010 de la DGRN, que modific� los modelos establecidos en la
- Se da publicidad a las traducciones de los mencionados modelos a las dem�s lenguas cooficiales propias de cada una de las Comunidades aut�nomas, recogiendo todos los cambios introducidos dentro del modelo en castellano.
Los cambios se deben a reformas puntuales de la normativa contable, concretamente, dos disposiciones: - El Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulaci�n de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad - La
Resoluci�n de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas, sobre la informaci�n a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relaci�n con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.
Los modelos se publicar�n en la
PDF (BOE-A-2011-4626 - 14 p�gs. - 330 KB) Otros formatos
MADRID. Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el a�o 2011.
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2011 consta de 6 t�tulos, de cuyo contenido pueden rese�arse los siguientes aspectos:
- El T�tulo I, �De la aprobaci�n de los presupuestos y de sus modificaciones�
- El T�tulo II, �De los gastos de Personal�, consta de dos cap�tulos, el primero regula el r�gimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo seg�n sea funcionarial, laboral o estatutario el v�nculo de su relaci�n de servicios, as� como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo, que no habr� incremento retributivo para el ejercicio 2011 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2010, - El T�tulo III, �De las operaciones financieras�, - El T�tulo IV, �Procedimientos de gesti�n presupuestaria�, - En el T�tulo V, �Disposiciones sobre el sector p�blico de la Comunidad de Madrid�
- En el T�tulo VI, �De las tasas�, se actualiza la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuant�a fija.
Otras disposiciones adicionales tienen por objeto, entre otros asuntos, el procedimiento para la concesi�n directa de subvenciones en las que exista una pluralidad indeterminada de beneficiarios no singularizados en el momento de aprobar la normativa reguladora, as� como la congelaci�n las retribuciones del personal laboral al servicio de las sociedades mercantiles. PDF (BOE-A-2011-4633 - 86 p�gs. - 2276 KB) Otros formatos
ALBANIA. Convenio entre el Reino de Espa�a y la Rep�blica de Albania para evitar la doble imposici�n y prevenir la evasi�n fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Tirana el 2 de julio de 2010.
Se aplica a los siguientes impuestos actuales: a) en Espa�a:
ii) el impuesto sobre las actividades de la peque�a empresa;
PDF (BOE-A-2011-4709 - 16 p�gs. - 281 KB) Otros formatos Correcci�n.
RECAUDACI�N SEGURIDAD SOCIAL. Resoluci�n de 4 de marzo de 2011, de la Tesorer�a General de la Seguridad Social, por la que se autoriza la utilizaci�n de tarjetas, tanto de d�bito como de cr�dito, como medio de pago de las deudas con la Seguridad Social en v�a ejecutiva.
Esta resoluci�n, que ya est� en vigor, se dicta en desarrollo del art�culo 21
del Reglamento general de recaudaci�n de la Seguridad Social, el cual establece que el pago de las deudas a la Seguridad Social deber� realizarse en efectivo, mediante dinero de curso legal, cheque, transferencia o domiciliaci�n bancaria, as� como cualquier otro medio de pago autorizado por la Tesorer�a General de la Seguridad Social.
Se podr�n utilizar, pues, tanto tarjetas de cr�dito como de d�bito.
PDF (BOE-A-2011-4816 - 1 p�g. - 154 KB) Otros formatos
ASOCIACIONES JUDICIALES PROFESIONALES. Acuerdo de 28 de febrero de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2011 de asociaciones judiciales profesionales.
Este Acuerdo se dicta en desarrollo del art�culo 127 de la
Constituci�n y del art�culo 401
Pueden asociarse los Jueces y Magistrados en servicio activo, pero s�lo a una Asociaci�n.
Se aplicar�n con car�cter supletorio las normas reguladoras del derecho de asociaci�n en general.
Tendr�n personalidad jur�dica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, quedando v�lidamente constituidas desde que se inscriban en el Registro llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial.
Ser�n de �mbito nacional.
Tendr�n como fines l�citos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realizaci�n de actividades encaminadas al servicio de la justicia y de los valores constitucionales.
No podr�n llevar a cabo actividades pol�ticas ni tener vinculaciones con partidos pol�ticos o sindicatos.
En su financiaci�n pueden incluirse tanto recursos p�blicos como privados.
PDF (BOE-A-2011-4946 - 14 p�gs. - 317 KB) Otros formatos
IRPF: DECLARACI�N 2010. Orden EHA/585/2011, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo de declaraci�n del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, ejercicio 2010, se determinan el lugar, forma y plazos de presentaci�n del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud, remisi�n o puesta a disposici�n, modificaci�n y confirmaci�n o suscripci�n del borrador de declaraci�n del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentaci�n de ambos por medios telem�ticos o telef�nicos.
Qui�nes han de declarar. Se regula por los arts 96 y 97
LIRPF Est�n obligados los no excluidos, entre los que se encuentran aquellos cuyas rentas no superen las cuant�as brutas anuales que, en funci�n de su origen o fuente se se�alan. Pero estar�n obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que soliciten devoluci�n, que tengan derecho a deducci�n por inversi�n en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposici�n internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsi�n asegurados o mutualidades de previsi�n social, planes de previsi�n social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente, cuando ejerciten el derecho a la pr�ctica de las correspondientes reducciones o deducciones. Ver art. 1.
Borrador. El art�culo 98
LIRPF dispone en su apartado 1 que los contribuyentes pueden solicitar que la Administraci�n tributaria les remita un borrador de declaraci�n, siempre que obtengan exclusivamente las rentas se�aladas en dicho apartado. Puede solicitarse la rectificaci�n conforme al art. 64 del
Reglamento. Lo regulan los arts 3 al 7.
Plazo para el borrador. - La confirmaci�n o suscripci�n del borrador de declaraci�n por v�a telem�tica o telef�nica podr� efectuarse, cualquiera que sea su resultado, a ingresar, a devolver o negativo, a partir del d�a 4 de abril y hasta el d�a 30 de junio de 2011, ambos inclusive. - Si la confirmaci�n o suscripci�n del borrador de declaraci�n se efect�a por alguna de las restantes v�as, el plazo para realizarlo ser� el comprendido entre el d�a 3 de mayo y el d�a 30 de junio de 2011, ambos inclusive.
- En todo caso, si el resultado del borrador de declaraci�n arroja una cantidad a ingresar y su pago se domicilia en cuenta en los t�rminos establecidos en el art�culo 13 siguiente, la confirmaci�n o suscripci�n del mismo no podr� realizarse con posterioridad al d�a 27 de junio de 2011.
Plazo de presentaci�n. El plazo de presentaci�n de las declaraciones, cualquiera que sea el resultado de las mismas, ser� el comprendido entre los d�as 3 de mayo y 30 de junio de 2011, ambos inclusive.
Forma de presentaci�n. Se trata de ella en el art. 9 y, en el 10, de las etiquetas.
Documentaci�n adicional. Determinados contribuyentes han de presentarla como aqu�llos a los que sea de aplicaci�n la imputaci�n de rentas en el r�gimen de transparencia fiscal internacional, los que hayan realizado inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias o los que soliciten la devoluci�n mediante cheque nominativo del Banco de Espa�a Art. 11
Fraccionamiento del pago. Si se opta por �l, se pagar� el 60 por 100 de su importe en el momento de presentar la declaraci�n, y el 40 por 100 restante, hasta el d�a 7 de noviembre de 2011, inclusive. Art. 12. Domiciliaci�n bancaria. Arts. 13 y 18 (para el segundo pago)
Lugar de presentaci�n. Se desarrolla en el art. 14. La presentaci�n telem�tica en los arts. 15 al 18.
Comunidades Aut�nomas. En la Exposici�n de Motivos se enumeran las disposiciones auton�micas de derecho com�n donde se recogen deducciones y escalas.
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*MODELO 111. ADIOS AL 110. Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo 111 de autoliquidaci�n de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades econ�micas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifica otra normativa tributaria.
Se unifican los dos modelos hasta ahora existentes -110 (de periodicidad trimestral) y 111 (mensual)- en uno solo, que ser� el 111, pues tienen un mismo contenido y esquema liquidatorio. Por ello, se aprueba un nuevo modelo 111 de autoliquidaci�n que puede ser
utilizado con car�cter general por retenedores u obligados que deban realizar mensual o trimestralmente la declaraci�n e ingreso de las cantidades retenidas.
Aparte de ello, son aspectos relevantes de esta Orden:
- Se modifican los anexos I y II de la Orden EHA/
2027/2007, de 28 de junio (entidades colaboradoras) y de la Orden EHA/1658/2009, de 12 junio (domiciliaci�n de pago). - Est�n obligadas a la presentaci�n telem�tica por Internet del modelo 111 las entidades que tengan la consideraci�n de gran Empresa o de Administraciones P�blicas as� como aquellas entidades que tengan la forma jur�dica de sociedad an�nima o de sociedad de responsabilidad limitada. - Para el resto de obligados se mantiene de presentaci�n del modelo 111 en papel o por v�a telem�tica, a opci�n del declarante. Para obtener la autoliquidaci�n en papel se podr� utilizar, adem�s del impreso oficial, el servicio de impresi�n desarrollado a estos efectos por la Agencia Tributaria, a trav�s de la cumplimentaci�n del formulario que �sta proporciona en su p�gina web.
- La regulaci�n que se efect�a del pago de las deudas tributarias mediante domiciliaci�n bancaria.
- Diferentes cauces de subsanaci�n de los errores u omisiones advertidos en las autoliquidaciones con posterioridad a su presentaci�n.
Entr� en vigor el 19 de marzo de 2011 y surtir� efectos respecto de las autoliquidaciones de retenciones e ingresos a cuenta que correspondan al primer trimestre o, en su caso, a las del mes de marzo cuando se trate de autoliquidaciones mensuales, ambas de 2011 y siguientes.
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CONTRATACI�N ADMINISTRATIVA. Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector p�blico y se habilita al titular del Ministerio de Econom�a y Hacienda para modificar sus anexos.
La reforma se refiere a los Modelos de anuncios de licitaci�n y formalizaci�n de los contratos para su publicaci�n en el BOE. En el de licitaci�n, por ejemplo, se mencionar� el valor estimado del contrato, pero no el IVA, que no se aplica a todo el territorio nacional.
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ARAG�N. Ley 1/2011, de 10 de febrero, de convenios de la Comunidad Aut�noma de Arag�n.
La presente ley tiene por finalidad
potenciar el uso de los convenios. La ley se estructura en siete Cap�tulos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.
El Cap�tulo I, bajo la r�brica �Disposiciones generales�, destaca que quedan fuera de la aplicaci�n directa de la ley, y solo lo es con car�cter supletorio, los celebrados con las entidades locales y, fuera de su �mbito, los regidos por la normativa de contratos, urbanismo y en materia de seguridad p�blica.
El Cap�tulo II se dedica a los convenios que se celebren con el Estado, incluyendo en este �mbito los �rganos constitucionales y estatales con autonom�a funcional, tales como el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal o el Banco de Espa�a. Los convenios con otras Comunidades Aut�nomas se regulan en el Cap�tulo III. Junto con la distinci�n normativa de los instrumentos regulados en la Constituci�n y en el Estatuto de Autonom�a, se introduce otra, como son los protocolos o acuerdos de coordinaci�n, regulando la posibilidad de formalizar estas relaciones interauton�micas en asuntos de naturaleza pol�tica y que, si bien est�n desprovistas de eficacia vinculante, tienen indudable utilidad para la coordinaci�n y cooperaci�n entre las Comunidades Aut�nomas.
El Cap�tulo IV plasma normativamente las posibilidades que en el �mbito de la Uni�n Europea y de la acci�n exterior establece el Estatuto de Autonom�a, siguiendo en las relaciones transfronterizas, interterritoriales y transnacionales los dictados del Tribunal Constitucional y los tratados internacionales
Los Cap�tulos V y VI regulan, respectivamente, los convenios que se celebran con las universidades p�blicas y las corporaciones de derecho p�blico. Por �ltimo, el Cap�tulo VII lleva por r�brica �Procedimiento�. Su regulaci�n viene motivada, por un lado, por la intenci�n de flexibilizar los tr�mites internos al objeto de facilitar el desarrollo de la actividad convencional. Por otro lado, la transparencia y la publicidad que debe darse a los convenios caracterizan esta regulaci�n. Para ello, se proclama la naturaleza p�blica del Registro y se establece la obligatoriedad de inscribir todos los convenios en un plazo determinado y de publicarlos.
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EXTREMADURA. Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educaci�n de Extremadura.
La presente Ley tiene por objeto regular el modelo educativo extreme�o, en ejercicio de las competencias asumidas en el Estatuto de Autonom�a de Extremadura y en desarrollo de las normas b�sicas aprobadas por el Estado.
Para ello, la Ley hace una apuesta estrat�gica por la autonom�a de los centros, favoreciendo la toma de decisiones y el dise�o y ejecuci�n de planes espec�ficos; por el reconocimiento profesional y social del profesorado; por la implicaci�n activa de las familias; y por el pluriling�ismo, con obligada vinculaci�n a las directrices y niveles establecidos en el �Marco Com�n Europeo de Referencia para las Lenguas�.
En cuanto a la autonom�a de gesti�n de los centros educativos, la Ley prev� la posibilidad de delegar en los centros competencias para contratar dentro de los l�mites que se establezcan y en el marco de la normativa general de contrataci�n del sector p�blico.
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*LEY ENJUICIAMIENTO CIVIL. Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificaci�n de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicaci�n en Espa�a de los procesos europeos monitorio y de escasa cuant�a.
Ley de Enjuiciamiento Civil, art�culos 23, 31, 437, 539, 813, 815 y se a�aden tres disposiciones finales.
- El art�culo 35 de la Ley
53/2002, de 30 de diciembre (tasas judiciales)
En el camino hacia un Derecho procesal europeo, se han dictado dos Reglamentos, directamente aplicables a Espa�a (lo que no exime al legislador espa�ol de aprobar las normas precisas para engarzar esos dos nuevos procesos con nuestras leyes procesales y colmar as� las lagunas de tales Reglamentos):
- Reglamento (CE) n.�
1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, y - el Reglamento (CE) n.�
861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuant�a.
Para esta adaptaci�n se incorporan a la LEC tres disposiciones finales m�s, a la espera de una futura ley de cooperaci�n jur�dica internacional. En la 23 y en la 24 �una para cada proceso-, el legislador espa�ol se limita a precisar y concretar aquellas disposiciones de las normas de la Uni�n Europea que lo requieren y, en concreto:
- los temas de competencia judicial, - tipo de resoluciones a adoptar por el juez o el secretario judicial - enlace con el formulario de los Reglamentos europeos que corresponda al tr�mite de que se trate, - los recursos procedentes con arreglo a nuestro Derecho, y
- normas procesales supletorias en cada caso. En concreto, la competencia la tendr�, en el monitorio, el Juzgado de Primera Instancia y en el de escasa cuant�a, el Juzgado de Primera Instancia o Mercantil, seg�n el objeto de la demanda.
Pero el correspondiente Reglamento comunitario es de aplicaci�n directa por los tribunales espa�oles para estos nuevos procedimientos judiciales caracterizados por el uso de formularios y reservados exclusivamente para litigios transfronterizos.
Proceso monitorio europeo:
- El proceso monitorio espa�ol fue regulado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, habiendo tenido un gran �xito por su brevedad y la facilidad de obtener un auto de ejecuci�n de un derecho de cr�dito con ciertas caracter�sticas. Por ello, se utiliza como procedimiento previo de m�s de una tercera parte del total de las ejecuciones del orden civil.
13/2009, que implant� la nueva oficina judicial, aument� la cantidad m�xima que se puede reclamar a trav�s de este proceso monitorio, que ha pasado de 30.000 a 250.000 euros, junto a otras modificaciones que resuelven dudas interpretativas. - El proceso monitorio europeo ahora aparece como una v�a de reclamaci�n transfronteriza de cr�ditos pecuniarios no impugnados. - Comprende reclamaciones en asuntos civiles y mercantiles, conceptos que deben interpretarse de acuerdo con las normas de la Uni�n Europea. De hecho, se incluyen en su �mbito supuestos como el contrato de trabajo, que en el Derecho espa�ol no constituye instituto propio del Derecho civil o mercantil.
- La adaptaci�n est� en la Disposici�n final 23�
Proceso europeo de escasa cuant�a
- Permite cualquier tipo de demanda cuando su valor, excluidos los intereses, gastos y costas, no rebase los 2.000 euros.
- Comprende reclamaciones en asuntos civiles y mercantiles, conceptos que deben interpretarse de acuerdo con las normas de la Uni�n Europea.
- La adaptaci�n est� en la Disposici�n final 24�
Formularios. La Disposici�n final 25� est� dedicada a formularios de procesos o instrumentos procesales regulados en normas de la Uni�n Europea. Las Administraciones P�blicas competentes proveer�n la puesta a disposici�n de los �rganos jurisdiccionales y del p�blico de los formularios procesales contenidos en normas de la Uni�n Europea.
Reformas para procesos no transfronterizos.
Se estima que la regulaci�n de los Reglamentos en determinados puntos conviene extenderla para que beneficie a cualquier acreedor, resida en Espa�a o en otro pa�s de la Uni�n Europea. Estas son las novedades:
- Podr�n los litigantes comparecer por s� mismos, sin necesidad de procurador, en los juicios verbales cuya cuant�a no exceda de 2.000 euros y para la petici�n inicial de los procedimientos monitorios. Antes el l�mite estaba en 900 euros. Art. 23. Tambi�n se aplica a la ejecuci�n derivada de procesos monitorios en que no haya habido oposici�n. Art. 539.
- En id�ntica l�nea, se except�an de la firma de abogado, los juicios verbales cuya cuant�a no exceda de 2.000 euros y la petici�n inicial de los procedimientos monitorios. El l�mite tambi�n estaba antes en 900. Art. 31. Lo mismo se aplica a la ejecuci�n derivada de procesos monitorios en que no haya habido oposici�n. Art. 539.
- En los juicios verbales en que se reclame una cantidad que no exceda de 2.000 euros, el demandante podr� formular su demanda cumplimentando unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallar�n a su disposici�n en el tribunal correspondiente. Tambi�n se pasa de 900 a 2000. Art. 437.2
- Competencia en el proceso monitorio. Se a�ade un �ltimo p�rrafo al art�culo 813 con la siguiente redacci�n: �Si, tras la realizaci�n de las correspondientes averiguaciones por el secretario Judicial sobre el domicilio o residencia, �stas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, el juez dictar� auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente.�
- Tambi�n en el monitorio, se a�ade un p�rrafo al art�culo 815, dedicado a la admisi�n de la petici�n y requerimiento de pago:
�3. Si de la documentaci�n aportada con la petici�n se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el secretario judicial dar� traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto podr� plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique. En la propuesta, se deber� informar al peticionario de que, si en un plazo no superior a diez d�as no env�a la respuesta o la misma es de rechazo, se le tendr� por desistido.�
- Se incluye dentro del hecho imponible la presentaci�n inicial del procedimiento monitorio y se a�ade una nueva exenci�n que impida el doble pago de la tasa en los casos de oposici�n del deudor. - Se incorpora al �mbito de la tasa judicial la iniciaci�n del proceso monitorio europeo, en los t�rminos y con las cautelas del art�culo 25 del Reglamento (CE) n.�
1896/2006. El pago de la tasa por iniciaci�n de un proceso monitorio o por la presentaci�n de un requerimiento europeo de pago excluir� la obligaci�n de exacci�n de una nueva tasa por el inicio del proceso declarativo que corresponda en caso de oposici�n del deudor. Entrada en vigor. El 14 de abril de 2011 (a los veinte d�as de su publicaci�n en el BOE).
Ver rese�a del Consejo de Ministros sobre futura reforma procesal.
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*N. Y R. ADSCRITOS A LA DGRN. Real Decreto 253/2011, de 28 de febrero, sobre r�gimen jur�dico de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles adscritos a la Direcci�n General de los Registros y del Notariado.
VER STS QUE ANULA ESTE REAL DECRETO. La disposici�n de mayor rango que los regula es el art�culo 127 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:
�Uno. En el Ministerio de Justicia, Direcci�n General de los Registros y del Notariado, existir�n diez plazas servidas por Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, dependientes, directamente, del Director General.
Dos. Estas plazas se proveer�n mediante concurso de m�ritos que se convocar� y resolver� en la forma y con el r�gimen jur�dico que determina la legislaci�n hipotecaria.
Tres. Dichas plazas no incrementar�n la relaci�n de puestos de trabajo que tenga autorizada el Ministerio de Justicia y quienes las ocupen mantendr�n su r�gimen retributivo propio, regulado por la legislaci�n hipotecaria.�
El precepto legal fue desarrollado por Real Decreto
1786/1997, de 1 de diciembre, ahora derogado
N�mero de plazas: diez, adscritas al/la titular de la Direcci�n General. Ser�n la mitad de cada Cuerpo y se procurar� una representaci�n igualitaria entre hombres y mujeres en cada uno de los grupos profesionales.
Llevar m�s de cinco a�os de servicios efectivos en su respectivo Cuerpo cuando formalicen la solicitud.
No podr�n serlo: - Los cargos en el Consejo General del Notariado o en las Juntas Directivas de los Colegios Notariales.
- Los cargos en el Colegio de Registradores o en sus Juntas Territoriales o Auton�micas.
Procedimiento de elecci�n:
- Ser� por concurso de m�ritos convocado por Orden Ministerial, que se anunciar� en el BOE.
- Instancias ante la DGRN, con alegaci�n de los m�ritos oportunos y su justificaci�n.
- M�ritos: a) la antig�edad entre Registradores seg�n escalaf�n y entre Notarios, la categor�a respectiva o la antig�edad en la carrera si ha sido ganada por oposici�n; b) la posesi�n de t�tulos universitarios -al margen del de Derecho- y otros m�ritos acad�micos; c) la publicaci�n de estudios jur�dicos relacionados con las materias de la competencia de la DGRN;
d) la prestaci�n de servicios duraderos u ocasionales a la mencionada Direcci�n General.
- Comisi�n. Valorar� los m�ritos. Estar� formada por el titular de la DGRN y dos vocales.
- Nombramiento. Resuelve el Ministro de Justicia, a propuesta del Presidente de la Comisi�n, en un plazo m�ximo de dos meses a partir de la convocatoria del concurso.
- Las plazas no cubiertas en el correspondiente concurso de m�ritos, as� como las que vayan quedando vacantes, se proveer�n tambi�n por concurso entre los pertenecientes al Cuerpo de que forme parte el cesante o al que correspondiese la plaza no cubierta. Esos concursos se convocar�n tan pronto como se constate la existencia de plazas no cubiertas.
Duraci�n del cargo. Cuatro a�os a contar desde la fecha de la toma de posesi�n y renovable una sola vez por un periodo de dos a�os a trav�s de la correspondiente participaci�n en el concurso de m�ritos en igualdad de condiciones con los restantes interesados. No se puede pasar de seis a�os. R�gimen jur�dico.
- Los Notarios y Registradores adscritos deber�n estar en servicio activo en sus respectivos Cuerpos.
- Conservar�n sus despachos, manteniendo su r�gimen retributivo propio, regulado por la legislaci�n hipotecaria.
- Ser�n sustituidos en su Notar�a o Registro por un compa�ero en activo, nombrado por la Direcci�n General a propuesta del sustituido y de conformidad con el sustituto.
- Por raz�n de servicio, la DGRN podr� designar directamente al Notario sustituto o al Registrador interino, atendiendo, de ser posible, a las previsiones de los cuadros de sustituciones de uno y otro Cuerpo.
Supuestos de cese. Por transcurso del plazo de duraci�n, excedencia, dejar de estar en activo o por haber sido nombrados para los cargos corporativos referidos anteriormente.
- Puede acordarla el Ministro de Justicia por justa causa mediante expediente.
- Tambi�n cabe cuando sea aprobada una nueva organizaci�n de las actividades desempe�adas por los adscritos o una nueva administraci�n de las citadas plazas en la DGRN.
Funciones. - Colaborar�n en las materias cuya competencia corresponda a la DGRN, de acuerdo con la distribuci�n de funciones que establezca el titular del Centro Directivo. - En ning�n caso podr�n desempe�ar funciones de representaci�n corporativa ni defender intereses propios o ajenos distintos a los inherentes a sus funciones como Notarios y Registradores adscritos.
- En las funciones asignadas se respetar�n las que corresponden a la Abogac�a del Estado que desempe�a el asesoramiento ordinario del Ministerio de Justicia as� como de las funciones de promoci�n legislativa atribuidas a la Secretaria General T�cnica del Ministerio de Justicia
Comisiones de servicio. La DGRN podr� conceder las comisiones de servicio establecidas en el art�culo 272 de la
Ley Hipotecaria aunque las diez plazas previstas en este real decreto se encuentren cubiertas.
Los actuales: Se les aplicar� el presente real decreto, pero la duraci�n el cargo se contar� desde el 26 de marzo de 2011. El Consejo de Estado fue el que sugiri� que se previera un r�gimen transitorio.
Deroga. Aparte de la cl�usula gen�rica:
1786/1997, de 1 de diciembre, sobre r�gimen jur�dico de los Notarios y Registradores adscritos a la DGRN.
- Los art�culos 457 a 463 (ambos inclusive) del Reglamento Hipotecario, relativos al Cuerpo Facultativo de la DGRN, as� como su normativa de desarrollo y aplicaci�n.
Estos son los preceptos derogados:
Art�culo 457.
Las vacantes del Cuerpo Facultativo que hayan de proveerse entre Registradores de la Propiedad y Notarios con m�s de cinco a�os de servicios, en las condiciones del art�culo 262 de la Ley, se anunciar�n en el BOE, a concurso de m�ritos, a fin de que los interesados, dentro de un plazo de treinta d�as naturales, presenten las solicitudes y justificantes.
Art�culo 458.
Se apreciar�n en dicho concurso especialmente: trabajos de investigaci�n jur�dica, m�ritos acad�micos, especiales servicios prestados a los Cuerpos dependientes del Ministerio y conocimiento de idiomas.
Art�culo 459.
Los solicitantes expresar�n en su instancia a la DGRN y bajo su responsabilidad:
1. Su situaci�n administrativa, con servicios efectivos en el cargo de Registrador o de Notario.
2. Enumeraci�n de m�ritos, especialmente apreciables en el concurso y cualesquiera otros que quieran alegar.
3. Declaraci�n jurada de no haber sido sancionados ni corregidos disciplinariamente en el ejercicio de su cargo o cargos, o, en su caso, de los correctivos que les hayan sido impuestos.
En este �ltimo supuesto la Direcci�n General podr�, discrecionalmente, admitir o excluir de la lista de solicitantes al corregido.
Acompa�ar�n dicha instancia los justificantes que acrediten los m�ritos alegados, cuando no consten al Centro directivo.
Si alegaren el conocimiento de idiomas, los justificar�n del propio modo establecido para las oposiciones.
Art�culo 460.
La lista de los admitidos con aptitud legal y reglamentaria se publicar� en el Bolet�n Oficial del Estado. En el mismo anuncio, en su caso, podr� convocarse a los aspirantes para la pr�ctica del ejercicio de idiomas. Para este ejercicio la Direcci�n podr� asesorarse de Profesores o int�rpretes, seg�n lo determinado para la oposici�n.
Art�culo 461 La Direcci�n General, examinadas las solicitudes y justificantes, los informes de cualquier clase obtenidos y, en su caso, el resultado del ejercicio de idiomas, resolver� el concurso seg�n los m�ritos acreditados de los aspirantes y propondr� los oportunos nombramientos.
Art�culo 462.
A los efectos del p�rrafo pen�ltimo del art�culo 263 de la Ley, los funcionarios del Cuerpo Especial Facultativo que, procedentes del Notariado, obtengan por concurso plazas de Registradores de la Propiedad, ocupar�n en el Escalaf�n de este �ltimo Cuerpo el n�mero que corresponda seg�n la antig�edad que les confiera la fecha de la toma de posesi�n en el Centro directivo. Igualmente, y en el mismo caso, los procedentes del Cuerpo de Registradores ocupar�n en el Escalaf�n Notarial el n�mero que les corresponda seg�n su antig�edad en dicho Cuerpo Especial Facultativo.
Art�culo 463.
Sin perjuicio del estricto cumplimiento de los plazos se�alados sobre su provisi�n en propiedad, para desempe�ar interinamente las plazas vacantes de Letrados de la Direcci�n, ser�n preferidos los Registradores y Notarios que la soliciten y, en su defecto, los que tengan aptitud legal para tomar parte en las oposiciones a aquellas plazas.
Los nombramientos se har�n por Orden ministerial.
Entrada en vigor. El 26 de marzo de 2011.
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TURQU�A. Acuerdo entre el Reino de Espa�a y la Rep�blica de Turqu�a sobre el reconocimiento rec�proco y el canje de los permisos de conducci�n nacionales, hecho "ad referendum" en Estambul el 5 de abril de 2009.
Las Partes reconocen rec�procamente los permisos de conducci�n nacionales expedidos por las autoridades competentes de los Estados a quienes tuvieran su residencia legal en los mismos, siempre que se encuentren en vigor.
El titular de un permiso de conducci�n v�lido y en vigor expedido por una de las Partes est� autorizado a conducir temporalmente en el territorio de �ste los veh�culos de motor de categor�as similares. Pasado el plazo temporal, se puede obtener un permiso de conducci�n equivalente.
Entrada en vigor el 25 de abril de 2011.
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ELECCIONES. Orden INT/662/2011, de 23 de marzo, por la que se modifican los Anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulaci�n complementaria de los procesos electorales.
Los anexos sustituidos se refieren a urnas, cabinas, papeletas, sobres, impresos de candidaturas, material para voto por correo, designaciones y nombramientos, actuaci�n de las mesas, modelos de actas, modelos de credenciales y documentaci�n com�n en caso de concurrencia con elecciones locales.
Por razones de econom�a presupuestaria, mientras exista material electoral fabricado conforme a modelos anteriores, �ste seguir� siendo utilizado. Especialmente en el caso del material electoral no impreso: urnas, cabinas y soportes.
Del mismo modo, podr� seguir utiliz�ndose, mientras sea imprescindible, la documentaci�n electoral generada mediante aplicaciones inform�ticas elaboradas por la Oficina del Censo Electoral.
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ECONOM�A SOCIAL. Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Econom�a Social.
Objeto de la Ley: establecer un marco jur�dico com�n para el conjunto de entidades que integran la econom�a social, con pleno respeto a la normativa espec�fica aplicable a cada una de ellas y promover su fomento.
Concepto de econom�a social:
conjunto de las actividades econ�micas y empresariales, que en el �mbito privado llevan a cabo aquellas entidades que persiguen bien el inter�s colectivo de sus integrantes, bien el inter�s general econ�mico o social, o ambos. Principios orientadores.
a) Primac�a de las personas y del fin social sobre el capital.
b) Aplicaci�n de los resultados obtenidos al fin social objeto de la entidad.
c) Promoci�n de la solidaridad interna y con la sociedad.
d) Independencia respecto a los poderes p�blicos.
Entidades de la econom�a social.
- Cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad econ�mica, - sociedades laborales, sociedades agrarias de transformaci�n
- empresas de inserci�n, centros especiales de empleo, cofrad�as de pescadores, - las entidades singulares creadas por normas espec�ficas que se rijan por sus principios orientadores - y aquellas entidades que realicen actividad econ�mica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios orientadores y que sean incluidas en el cat�logo p�blico y electr�nico que elaborar� el Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n.
�mbito de aplicaci�n. Estatal, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a las Comunidades Aut�nomas.
Cooperativas de viviendas. Dice la Disposici�n transitoria segunda: �Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 89.4 de la Ley
27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, las cooperativas de viviendas podr�n enajenar o arrendar a terceros no socios, las viviendas de su propiedad iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. En este supuesto, la enajenaci�n o arrendamiento de las viviendas y sus condiciones generales deber�n haber sido acordadas previamente por la Asamblea General. Adicionalmente, estas operaciones con terceros no socios podr�n alcanzar como l�mite m�ximo el 50 por ciento de las realizadas con los socios. La Asamblea General acordar� tambi�n el destino del importe obtenido por la enajenaci�n o arrendamiento.�
Entrada en vigor: 30 de abril de 2011. PDF (BOE-A-2011-5708 - 11 p�gs. - 241 KB) Otros formatos
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones b�sicas para la participaci�n de las personas con discapacidad en la vida pol�tica y en los procesos electorales.
El objeto de este Reglamento es regular las condiciones b�sicas de accesibilidad y no discriminaci�n que deben reunir los entornos, productos y servicios necesarios para la participaci�n de las personas con discapacidad en la vida pol�tica y en los procesos electorales.
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CATALU�A. Decreto-ley 1/2011, de 15 de febrero, de modificaci�n de la Ley
18/2002, de 5 de julio, de cooperativas de Catalu�a.
Se modifica la vigente Ley de cooperativas para adaptarla a las normas internacionales de contabilidad, de forma que de cobertura legal a las modificaciones de estatutos de las cooperativas catalanas que voluntariamente decidan crear una categor�a de aportaciones al capital no reembolsables.
La modificaci�n legal que se articula remite a la libre decisi�n de cada cooperativa prever la existencia de aportaciones a capital social no reembolsables con objeto de poder contabilizarlas como fondos propios.
Se recogen una serie de cautelas para las personas titulares de aportaciones de capital cuyo reembolso haya sido rehusado por la cooperativa en relaci�n con su retribuci�n y la participaci�n en el haber social. Tambi�n se regula la posibilidad de que los Estatutos puedan prever que las aportaciones al capital de los nuevos socios se tengan que efectuar preferentemente mediante la adquisici�n de las aportaciones cuyo reembolso haya sido rehusado por la cooperativa.
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CASTILLA Y LE�N. Ley 2/2011, de 4 de marzo, por la que se modifica la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
r�gimen local de Castilla y Le�n y de creaci�n del Consejo de Cooperaci�n Local de Castilla y Le�n.
La modificaci�n abordada pretende lograr cuatro objetivos:
- Se crea el Consejo de Cooperaci�n Local de Castilla y Le�n.
- La Ley trata de clarificar los �rganos que intervienen en los procesos de transferencia y delegaci�n de competencias de la Comunidad Aut�noma a las entidades Locales.
- Se enumeran funciones de la Federaci�n Regional de Municipios y Provincias de Castilla y Le�n.
- Se establece un nuevo r�gimen transitorio hasta el desarrollo reglamentario del Consejo de Cooperaci�n Local de Castilla y Le�n.
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Cuesti�n interna de inconstitucionalidad n.� 605-2011, en relaci�n con el art�culo 35 apartado siete. 2 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Similar la n� 644-2011
El art. 35 trata sobre la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los �rdenes civil y contencioso-administrativo. Su apartado Siete se dedica a la Autoliquidaci�n y pago. Y el p�rrafo 2 dice:
�2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompa�ar� a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo, sin el cual el Secretario Judicial no dar� curso al mismo, salvo que la omisi�n fuere subsanada en un plazo de diez d�as.�
PDF (BOE-A-2011-4623 - 1 p�g. - 149 KB) Otros formatos PDF (BOE-A-2011-4624 - 1 p�g. - 149 KB) VALENCIA. EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES. Recurso de inconstitucionalidad n.� 7456-2010, en relaci�n con el art�culo 130.4 en conexi�n con el art�culo 130.1.b) de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenaci�n y Gesti�n de la Funci�n P�blica Valenciana.
Dicen los p�rrafos afectados (cuya suspensi�n se mantiene):
Art�culo 130. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
1. El personal funcionario tendr� derecho a un per�odo de excedencia no superior a tres a�os en los siguientes supuestos:� b) Para atender al cuidado del c�nyuge o pareja de hecho legalmente constituida o familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad o cualquier persona que, legalmente, se encuentre bajo su guarda o custodia que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por s� mismo y no desempe�e actividad retribuida.
4. El tiempo de permanencia en esta situaci�n ser� computable a efectos de antig�edad, promoci�n profesional y derechos en el R�gimen de Seguridad Social que les sea aplicable.
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R�GIMEN LOCAL. Sentencia de 25 de febrero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se establece como doctrina legal que "A los efectos del art�culo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de R�gimen Local, el c�mputo del plazo de quince d�as para formular el requerimiento previo se computar� a partir de que la Administraci�n estatal o auton�mica reciban de la Entidad Local la comunicaci�n del acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley".
Dice as� el art�culo interpretado: Art�culo 65.
1. Cuando la Administraci�n del Estado o de las Comunidades Aut�nomas considere, en el �mbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jur�dico, podr� requerirla, invocando expresamente el presente art�culo, para que anule dicho acto en el plazo m�ximo de un mes.
2. El requerimiento deber� ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular� en el plazo de quince d�as h�biles a partir de la recepci�n de la comunicaci�n del acuerdo.
3. La Administraci�n del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Aut�noma, podr� impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicci�n contencioso-administrativa��
El art�culo 56.1, a su vez dice que �las Entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Aut�nomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas.�
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NUEVOS NOTARIOS. Resoluci�n de 28 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la lista de opositores aprobados en la oposici�n para obtener el t�tulo de notario convocada por Resoluci�n de 24 de septiembre de 2009.
Se hace p�blica la lista de los 91 opositores que superaron las pruebas de selecci�n en la oposici�n celebrada en los Ilustres Colegios Notariales de Galicia y Madrid y que fue convocada por
Resoluci�n de 24 de septiembre de 2009.
Han quedado sin cubrir nueve plazas de entre las reservadas para las personas con discapacidad
Obtuvo el n�mero 1
Mar�a L�pez Mej�a, con una impresionante puntuaci�n de 54,40 (diez por encima de los siguientes clasificados).
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CONCURSO REGISTROS DGRN.
Resoluci�n de 24 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario n� 281 para la provisi�n de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado por Resoluci�n de 22 de diciembre de 2010, y se dispone su comunicaci�n a las comunidades aut�nomas para que se proceda a los nombramientos.
Esta Resoluci�n adjudica 33 Registros, seg�n anexo.
Tambi�n da cumplimiento a la
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2011 por la que se estima parcialmente el recurso n.� 134/2007, interpuesto contra el art�culo 1 del
Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcaci�n registral, en lo que afecta al Registro de la Propiedad de Calvi�, declarando la nulidad de la divisi�n del Registro de la Propiedad de Calvi� n.� 1, por disconformidad a Derecho y, en ejecuci�n de dicha sentencia dejar sin efecto la inclusi�n del mencionado Registro en la convocatoria del concurso objeto de la esta Resoluci�n, declarando que el citado Registro de la Propiedad de Calvi� n.� 1 mantiene la misma demarcaci�n territorial que ten�a con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 172/2007, y que continuar� siendo desempe�ado por su Registrador titular actual.
PDF (BOE-A-2011-4399 - 2 p�gs. - 208 KB) Otros formatos CONCURSO NOTARIAL DGRN.
Resoluci�n de 24 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisi�n de notar�as vacantes convocado por Resoluci�n de 19 de noviembre de 2010, y se dispone su publicaci�n y comunicaci�n a las comunidades aut�nomas para que se proceda a los nombramientos.
De las 184 plazas que se ofertaron,
se adscriben 86 a solicitantes, quedando desiertas 98 que volver�n a salir en el pr�ximo concurso.
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CONCURSO NOTARIAL CATALU�A. Resoluci�n de 24 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de Derecho y de Entidades Jur�dicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisi�n de notar�as vacantes, convocado por Resoluci�n de 19 de noviembre de 2010.
Se adscriben 13 de las 85 plazas ofertadas a notarios solicitantes. Queda un remanente de 72.
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CONCURSO REGISTROS CATALU�A. Resoluci�n de 24 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de Derecho y de Entidades Jur�dicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisi�n de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocado por Resoluci�n de 22 de diciembre de 2010.
Se adjudica plaza a cuatro registradoras y queda una vacante.
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OPOSICI�N ENTRE NOTARIOS. Resoluci�n de 2 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba con car�cter definitivo la lista de admitidos para tomar parte en la oposici�n entre notarios, convocada por Resoluci�n de 22 de noviembre de 2010.
lista provisional con los 21 candidatos.
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ABOGADOS DEL ESTADO. Orden JUS/587/2011, de 11 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Abogados del Estado.
Se convocan 20 plazas (19 m�s una para personas con discapacidad).
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El notario de Alzira don Enrique Sifr� Corts. El notario de Santander, don Francisco Javier As�n Zurita.
El notario de Paterna, don �ngel Guardo Santamar�a.
El notario excedente don Juan Maym� Ballart.
El notario de Ciudad Real, don Antonio Velasco Casas.
El notario de Toledo, don Manuel Nebot Sanch�s.
El notario de Alcal� de Henares, don Enrique Aldaz Riera, por jubilaci�n voluntaria.
El notario excedente don Miguel Z��iga L�pez por jubilaci�n anticipada.
38. EXPEDIENTE DE DOMINIO SIN TRACTO INTERRUMPIDO. Resoluci�n de 22 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Vilanova i la Geltr� n.� 2, por la que se deniega la inscripci�n de un expediente de dominio para la reanudaci�n del tracto sucesivo. Se plantea si cabe acudir al expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo cuando el promoverte adquiri� del titular registral. La Direcci�n recogiendo doctrina reiterada confirma la calificaci�n: dado el car�cter supletorio y excepcional del expediente de dominio no cabe acudir a �l cuando, como ocurre en este caso, no est� interrumpido el tracto y lo que procede es acudir a un procedimiento dirigido a elevar a p�blico el documento por el que el promotor adquiri� del titular registral.
El Registrador alega tambi�n otros defectos: No acompa�arse testimonio literal del Auto dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona, pues lo aportado es una fotocopia y, no constar la fecha en que se libra el Testimonio del Auto acompa�ado. La Direcci�n rechaza estos defectos ya que lo que se present� era efectivamente un Testimonio con el sello y la firma de la secretaria judicial en el que consta el Auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia y al que se incorpora el dictado por la Audiencia de Barcelona y en dicho testimonio figura la fecha. (MN) PDF (BOE-A-2011-4668 - 7 p�gs. - 205 KB) Otros formatos
39. HIPOTECA POSTERIOR A CAPITULACIONES SUSPENDIDAS. Resoluci�n de 5 de enero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Vitoria-Gasteiz n.� 5, a inscribir una escritura de constituci�n de hipoteca.
En el Registro aparece inscrita una finca a nombre de dos esposos con car�cter ganancial. Se presenta ahora una escritura de hipoteca en la que en el apartado t�tulo se menciona que la finca se ha adjudicado al marido en una escritura no inscrita por defectos de disoluci�n y liquidaci�n de gananciales. El marido constituye la hipoteca con consentimiento de su esposa, al ser la vivienda familiar.
La registradora suspende la inscripci�n pues considera que o bien se ha de inscribir la mencionada escritura de liquidaci�n de gananciales o bien ha de constituir la hipoteca la esposa, no bastando el mero asentimiento.
La entidad bancaria recurre y alega que consta el consentimiento de los dos titulares registrales, y que es tercero que conf�a en el contenido del Registro por lo que las vicisitudes de la escritura de disoluci�n de gananciales no le pueden afectar pues no est�n inscritas. Alega adem�s el precedente de alguna resoluci�n que confirmar�a este criterio.
La DGRN confirma la nota y la posici�n de la registradora. Alude para ello a que no es lo mismo el asentimiento del c�nyuge no titular que el consentimiento pleno, como cotitular constituyente de la hipoteca. Reconoce que en alguna resoluci�n ha mantenido la postura contraria, pero por tratarse de una caso muy concreto (t�tulos presentados telem�ticamente a la vez, pero en orden inverso). COMENTARIO.- Aunque la postura de la DGRN tiene su fundamento jur�dico parece excesivamente formalista, dif�cil de explicar a un lego en la materia, pues en definitiva, como dice el recurrente, consta el concurso de voluntades de los dos titulares registrales; en ocasiones similares y tambi�n en otras materias (herencia por ejemplo) la propia DGRN ha obviado problemas te�ricos aplicando el principio de que todos los interesados han prestado su consentimiento. En todo caso la soluci�n pr�ctica al defecto, aplicando la postura de la DGRN, no parece muy complicada: la esposa deber� de otorgar una escritura complementaria prestando su consentimiento pleno, en su condici�n de titular registral, a la constituci�n de la hipoteca.
A mi juicio, de la postura de la DGRN se extrae un principio aplicable para otros casos similares de conflicto de titularidades, civil y registral: cuando se produce una discrepancia entre la titularidad civil (en este caso por liquidaci�n de gananciales) seg�n manifiestan los propios interesados y la registral (no consta inscrita la liquidaci�n) es posible obviar la titularidad civil con el consentimiento de los titulares registrales, por el principio de legitimaci�n registral que obligar� al registrador imperativamente a inscribir, siguiendo la titularidad que publica el Registro. Otra cuesti�n que se puede plantear posteriormente, pero ajena a la inscripci�n solicitada, es si el acto inscrito, por aplicaci�n de este principio de legitimaci�n que concede la titularidad registral, es v�lido civilmente o no y si el adquirente o contratante es tercero de buena fe protegido o no, pero dicha cuesti�n se resolver� en sede judicial, en su caso. (AFS)
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40. EMBARGO CONTRA HEREDEROS INDETERMINADOS: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR. Resoluci�n de 10 de enero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don una Comunidad de Propietarios de Tavernes de la Valldigna contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad interino de Tavernes de la Valldigna, por la que se suspende la anotaci�n preventiva de un embargo ordenado contra una herencia yacente. Presentado mandamiento de embargo en procedimiento seguido contra la herencia yacente de los titulares registrales
de la finca, el Registrador alega como defectos: 1.� No haberse designado un administrador que represente a la herencia yacente; y 2.� Es necesario expresar la fecha del fallecimiento del causante.
En cuanto al primer defecto la Direcci�n lo confirma: es necesario el nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente en procedimientos judiciales seguidos contra herederos indeterminados del titular registral y el Registrador debe se�alar como defecto que impide la inscripci�n la falta de intervenci�n en el procedimiento del titular registral, ya que lo contrario le originar�a indefensi�n, con vulneraci�n del derecho constitucional a la Tutela Judicial Efectiva. Aunque matiza que esta exigencia no debe ser excesivamente gravosa y debe limitarse a aqu�llos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente gen�rico y obviarse cuando hay demanda contra personas determinadas como posibles herederos y de los documentos presentados resulte que el Juez ha considerado suficiente la legitimaci�n pasiva de la herencia yacente - S�lo si no se conociera el testamento del causante ni hubiera parientes con derechos a la sucesi�n por ministerio de la ley, y la demanda fuera gen�rica a los posibles herederos del titular registral es cuando resultar�a pertinente la designaci�n de un administrador judicial -. En el presente caso del Mandamiento �nicamente resulta que el procedimiento se dirige contra la herencia yacente, sin haberse dirigido el procedimiento contra persona determinada alguna en su condici�n de eventual heredero, de modo que es preciso, como se�ala el Registrador en su nota, el nombramiento del correspondiente administrador judicial.
En cuanto al segundo defecto tambi�n se confirma: Es incuestionable que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, la demanda ha de ser dirigida contra el titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de �ste, contra la herencia yacente, pero es indiscutible que en tal caso es preciso acreditar la fecha del fallecimiento del titular registral, y as� lo exige expresamente el art�culo 166.1 RH. (MN)
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*41. INSCRIPCI�N DE EMPRESAS PRESTAMISTAS EN REGISTRO ESPECIAL. Resoluci�n de 18 de enero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don Juan Bol�s Alfonso, contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.� 13, a inscribir una escritura de pr�stamo con garant�a hipotecaria. Extemporaneidad. Tras la STS de 3 de enero de 2011, �el transcurso del plazo impuesto a la DGRN en el art�culo 327, p�rrafo noveno, LH para resolver y notificar el recurso interpuesto contra la calificaci�n negativa del registrador determina que se entienda desestimado el recurso y comporta la nulidad de una resoluci�n del recurso reca�da con posterioridad al transcurso de este plazo�.
Si consideramos que el recurso se puso el 15 de octubre de 2010 y la resoluci�n es de 18 de enero de 2011, parece que a esa fecha existe ya resoluci�n administrativa firme por silencio negativo desestimatoria del mismo, por lo que lo aqu� se dir� tiene, de momento, en cuanto se apoya en la resoluci�n recensionada, un car�cter claudicante que s�lo el tiempo podr� remediar.
Hechos. En el caso estudiado el Notario autoriza una escritura de pr�stamo con hipoteca a favor de una sociedad limitada que tiene por objeto la realizaci�n de operaciones dentro del �mbito de la Ley
2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contrataci�n con los consumidores de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios y de servicios de intermediaci�n para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito (LCCPCHySI en adelante).
En la escritura se constata que no se han creado por las comunidades aut�nomas los Registros de empresas a los que se refiere el art. 3 LCCPCHySI aunque se han cumplido los requisitos que la misma impone, a saber, folleto informativo, informaci�n previa y oferta vinculante; pero no se ha cumplido con la inscripci�n en el Registro de empresas por no haberse creado.
El Registrador deniega la inscripci�n por falta de acreditaci�n del requisito de inscripci�n previa en el Registro auton�mico o estatal conforme al art. 3.1 y apartado 3 de la Disposici�n transitoria �nica LCCPCHySI porque �si tal registro no existe lo que sucede es que, por incumplimiento de la Administraci�n p�blica de su obligaci�n de constituir el registro p�blico, no puede realizarse la actividad prevista. No cabe defender que el incumplimiento de la Administraci�n traiga como consecuencia que el Registrador de la Propiedad incumpla, a su vez, la obligaci�n que le impone el art�culo 18�.
La DGRN revoca la nota sobre la base de una interpretaci�n finalista, l�gica y sistem�tica del art. 18.1 LCCPCHySI. Alega la resoluci�n que ese precepto reafirma el control de legalidad de Notarios y Registradores pero debe interpretarse en sus justos t�rminos, de modo que la falta inscripci�n en el Registro de empresas no impide que mientras no se cree dicho Registro la prestamista, preexistente a la Ley, siga desarrollando su actividad, ya que el requisito de la inscripci�n �nicamente ser� aplicable una vez constituidos los Registros P�blicos de empresas de la LCCPCHySI.
Por otra parte, la negativa a que las empresas prestamistas puedan seguir desarrollando su actividad mientras no se creen los Registros ��nicamente podr� fundarse en una norma de que de manera indefectible imponga tal consecuencia�.
Y precisa que la falta de creaci�n de los Registros administrativos no impide �que, como resulta de la escritura calificada en el presente caso, se cumplan los dem�s requisitos especialmente contemplados por la Ley 2/2009, de 31 de marzo, exigibles incondicionadamente, en aras de la transparencia del mercado hipotecario, incrementando la informaci�n precontractual y protegiendo en definitiva a los usuarios y consumidores�.
La resoluci�n se funda en un cuidadoso an�lisis de los requisitos que deber�n ser objeto de calificaci�n registral conforme al art. 18.1 LCCPCHySI. Partiendo del reconocimiento de que la ley reafirma el control de legalidad realizado por notarios y registradores matiza el alcance de tal calificaci�n atendiendo no s�lo a la interpretaci�n literal del precepto sino fundamentalmente a la interpretaci�n finalista, l�gica y sistem�tica.
Conforme a lo expresamente se�alado por el art. 18.1, el control de legalidad de notarios y registradores se extiende a la legalidad vigente y, muy especialmente a los requisitos de la LCCPCHySI.
Se pregunta el centro Directivo cu�les son esos requisitos cuyo incumplimiento obliga a notarios y registradores a denegar su funci�n. En primer lugar distingue seg�n que tales requisitos sean o no exigibles en el momento de prestar su funci�n por registradores y notarios.
Seg�n el criterio l�gico, la empresa prestamista preexistente puede desarrollar su actividad mientras no se constituyan los Registros del art. 3 LCCPCHySI. Seg�n la interpretaci�n sistem�tica, apoy�ndose en la Disposici�n Transitoria �nica de la LCCPCHySI, se distingue entre requisitos exigibles a partir de la entrada en vigor de la Ley, requisitos exigibles transcurridos los tres meses siguientes y requisitos controlables tras la creaci�n de los Registros de empresas del art. 3.
Entre los primeros, exigibles en las �relaciones precontractuales y en los contratos� la resoluci�n cita �las exigencias relativas a las obligaciones de transparencia en relaci�n con los contratos, informaci�n previa al contrato, los requisitos de forma y contenido de los mismos, as� como las obligaciones en materia de tasaci�n y servicios accesorios, r�gimen de compensaci�n por amortizaci�n anticipada, comisi�n de apertura en los pr�stamos o cr�ditos hipotecarios sobre viviendas y oferta vinculante (art�culos 4, 5 14, 15, 16, 17, 20 y 21)�.
A ellos hay que sumar, habiendo pasado ya el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, �las exigencias impuestas a las empresas que a la entrada en vigor de la misma no cumplan con los requisitos relativos a las comunicaciones comerciales y publicidad (art�culos 12 y 19)�.
Finalmente �la exigencia de inscripci�n en los Registros objeto de debate en este expediente que, como resulta del apartado 3 de dicha disposici�n transitoria, �nicamente ser� aplicable �Una vez constituidos los Registros P�blicos de empresas a que se refiere el art�culo 3��.
Nada se dice ni en la nota recurrida ni en la resoluci�n de la obligaci�n de constituir seguro o aval impuesta por el art. 7 LCCPCHySI: �Con car�cter previo a su inscripci�n en los registros previstos en el art�culo 3, las empresas deber�n contratar un seguro de responsabilidad civil con entidad autorizada o un aval bancario que cubra las responsabilidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores por los perjuicios derivados de la realizaci�n de los servicios propios de la actividad de intermediaci�n o concesi�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios. La suma asegurada m�nima y el importe m�nimo del aval se determinar�n reglamentariamente.�
Pero no cabe duda que la obligaci�n del art 7 LCCPCHySI es un requisito impuesto especialmente por dicha Ley cuyo incumplimiento obliga a notarios y registradores a denegar su funci�n, eso s�, a partir de la entrada en vigor del Reglamento que determina la suma asegurada m�nima y el importe m�nimo del aval. Dicho Reglamento se ha dictado por
Real Decreto 106/2011, de 28 de enero, por el que se crea y regula el Registro estatal de empresas previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contrataci�n con los consumidores de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios y de servicios de intermediaci�n para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito, y se fija el importe m�nimo del seguro de responsabilidad o aval bancario para el ejercicio de estas actividades, BOE de 11 de febrero de 2011 que entr� en vigor al d�a siguiente.
El que el art. 7 LCCPCHySI empiece afirmado que el seguro o aval habr� de constituirse con car�cter previo a su inscripci�n en los registros previstos en el art�culo no quiere decir que la obligaci�n que dicho requisito encierra sea exigible s�lo cuando lo sea la inscripci�n, sino que se recuerda o se presupone que ese car�cter previo hace referencia al momento de la inscripci�n para indicar que entre las circunstancias de la misma, sin las cuales habr� de suspenderse, conforme al art. 3.2.II LCCPCHySI est�n �los datos identificativos de la entidad aseguradora o bancaria con la que se haya contratado el seguro de responsabilidad civil o el aval bancario previsto en el art�culo 7 y cuantos datos referidos a dicho seguro o aval que se establezcan en el mencionado desarrollo reglamentario�. La aportaci�n de tales datos antes de la inscripci�n no ser� posible si el seguro o aval no se han constituido con anterioridad.
En ese sentido, la Exposici�n de Motivos del citado Reglamento, nos dice con toda claridad que el seguro es exigible con car�cter previo al inicio de la actividad de la empresa, no con car�cter previo a la inscripci�n: �Tanto la inscripci�n en el Registro estatal como la constituci�n del seguro de responsabilidad o aval bancario son requisitos necesarios para que las empresas puedan desarrollar tales actividades y, por tanto, deben reunirse con car�cter previo al inicio de las mismas.� (CBG)
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D*42. VENTA DE BIENES DE MENOR VENEZOLANO: REQUISITOS IMPUESTOS POR EL JUEZ DE DICHO PA�S. Resoluci�n de 20 de enero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Wilton Siglo 21, SL, contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Madrid n.� 23, por la que se suspende la inscripci�n de un acta de protocolizaci�n de escritura de venta otorgada en Venezuela. Se venden varios inmuebles sitos en Espa�a en los que un menor venezolano es titular de varias participaciones indivisas (al parecer de 1/16). El menor est� representado por su padre, �nico titular de la patria potestad, y cuenta con autorizaci�n judicial de un juez venezolano. La venta se formaliza en Venezuela conforme a las formas documentales de dicho pa�s y posteriormente el documento se protocoliza mediante Acta Notarial en Espa�a. En dichos documentos no consta la forma de pago.
El registrador suspende la inscripci�n, entre otros defectos de los que luego desiste, seg�n entiende la DGRN, porque no se acredita haber cumplido lo dispuesto por el Juez venezolano que establec�a en su disposici�n que la parte de precio del menor deb�a de entregarse mediante cheque nominativo y depositarse en un organismo de control venezolano. El recurrente, en lo que se refiere a este defecto, alega que el precio fue el mismo que se consign� en la herencia previa �que s� fue inscrita- y que ya contempl� el juez venezolano en su autorizaci�n.
La DGRN hace un extenso e ilustrativo recorrido por las normas de derecho internacional privado y convenios internacionales susceptibles de aplicaci�n, para concluir que estamos ante una cuesti�n de capacidad, excluida del Convenio de Roma de 1980 sobre las obligaciones (que ha sido sustituido por el Reglamento europeo 593/2008 denominado Roma I, aplicable desde 17 de Diciembre de 2009), y por tanto no es aplicable la lex contractus o sustantiva del negocio jur�dico (que ser�a la espa�ola) sino la legislaci�n del Estado que resulte aplicable en virtud de la norma conflictual. En este caso concreto los art�culos 10.11 y 9.4 de nuestro c�digo civil remiten a la legislaci�n del menor representado, es decir la venezolana.
La cuesti�n por tanto es saber si se ha cumplido o no la legislaci�n venezolana, pero para ello al registrador solo le cabe alegar que no se le ha acreditado dicha legislaci�n (si la desconoce) y, en su caso, si la conociera o se le acreditara, fundamentar su defecto en la norma de dicha legislaci�n incumplida, siempre que afecte a la validez civil del acto jur�dico. En el caso concreto el registrador no fundamenta adecuadamente el defecto por lo que se estima el recurso revocando el defecto en los t�rminos anteriores.
COMENTARIO.- En mi opini�n hay que distinguir en las autorizaciones judiciales de venta de menores o incapacitados lo que son obligaciones judiciales posteriores del representante legal (depositar el dinero en una cuenta determinada, invertirlo adecuadamente, etc...) impuestas por el juez, pero que no afectan a la validez del acto, sin perjuicio de la responsabilidad personal del representante legal en caso de incumplimiento, y aquellas cautelas u obligaciones que por su propia naturaleza despliegan sus efectos antes o simult�neamente a la venta y act�an a modo de condicionantes o requisitos de la autorizaci�n judicial (por ejemplo un precio concreto o m�nimo, la venta a una persona determinada) que afectar�an a la validez del acto y que podr�an dar lugar, seg�n su naturaleza, a la nulidad del negocio jur�dico o a la anulabilidad con posibilidad de subsanaci�n posterior. En el caso concreto es dudosa la naturaleza del requisito de que el precio se pague con un cheque nominativo a favor del menor, pues el resto de las cautelas est� claro que son obligaciones posteriores. A salvo de alguna disposici�n concreta sobre el caso en la legislaci�n venezolana, que desconocemos, parece un requisito simult�neo a la venta cuyo incumplimiento dar�a lugar a la anulabilidad de la compraventa. Por tanto o se acredita la existencia de ese cheque o se acredita fehacientemente que el importe de la venta, aunque no hubiera habido tal cheque, fue ingresado �ntegramente en la cuenta del menor en el organismo de control establecido en la resoluci�n judicial, en cuyo caso el defecto quedar�a subsanado a posteriori, pues en definitiva se cumplir�a con la finalidad perseguida por el juez.
Hay que tener en cuenta para el futuro en esta materia la entrada en vigor en Espa�a el pasado 1 de enero de 2011 del Convenio de La Haya el 19 de octubre de 1996 relativo a la ley aplicable al reconocimiento, la ejecuci�n y la cooperaci�n en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci�n de los ni�os, que desplaza la competencia en todas estas materias (y por tanto prevalece sobre las normas del C�digo Civil, especialmente art�culos 9.4 y 9.6) a la ley del lugar de
residencia habitual del menor (ver informe 195). Para los pa�ses de la Uni�n Europea hay que tener presente tambi�n el Reglamento Europeo denominado
Bruselas II (ver trabajo de
Inmaculada Espi�eira). Respecto a la acreditaci�n del medio de pago exigida por la legislaci�n espa�ola, cuyo defecto no entra a valorar la DGRN, me parece por un lado que la no acreditaci�n no afecta a la validez del negocio jur�dico ni le es exigible al notario venezolano como otras obligaciones administrativas impuestas por la legislaci�n espa�ola (falta de NIE por ejemplo) a los funcionarios espa�oles; ahora bien una cosa es la validez del acto y otras es que el documento no ser� inscribible en un Registro de la Propiedad espa�ol mientras no se acredite el medio de pago en la forma exigida por la legislaci�n espa�ola, aunque el pago se haya hecho en el extranjero, por exigencias de la Ley Hipotecaria espa�ola. No es argumento, en contra de lo que dice el recurrente, que no sea aplicable la legislaci�n espa�ola sobre control de cambios porque el importe de la venta nunca ingres� en territorio espa�ol, pues la exigencia de acreditaci�n deriva no de la legislaci�n de control de cambios sino de la de control del medio de pago para evitar el fraude fiscal (vigente desde diciembre de 2006), aplicable a todos los contratos relativos a inmuebles que hayan de inscribirse en el Registro de la Propiedad espa�ol. En su caso, si el dinero hubiera sido transferido de un pa�s a otro, habr�a que acreditar el medio de pago y adem�s el cumplimiento del control de cambios, aunque es posible que una sola acreditaci�n (por ejemplo una transferencia internacional) sirviera para los dos controles. (AFS)
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*45. HIPOTECA SIN INTERVENCI�N DEL DEUDOR Y SIN DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES. Resoluci�n de 8 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Alicante, contra la negativa del registrador de la propiedad n.� 3 de Alicante, a inscribir una escritura de hipoteca de m�ximo. Se plantean en este recurso dos cuestiones:
Si es necesaria para la inscripci�n de una hipoteca en garant�a de una deuda ajena �consistente en un pr�stamo documentado en p�liza, cuyo testimonio se protocoliza- la intervenci�n de la entidad deudora. La Direcci�n rechaza el defecto dado el car�cter accesorio de la hipoteca como derecho real de garant�a; aunque en la generalidad de las hip�tesis son simult�neos el acto generador del cr�dito y el negocio constitutivo de la hipoteca y coinciden los sujetos de uno y otro, no significa que cuando cr�dito y garant�a real nazcan en momentos distintos sea precisa la intervenci�n del deudor en la constituci�n de �sta.
Entiende, en una interpretaci�n flexible del principio de determinaci�n, (R.
21/12/2007) que basta que se precisen las circunstancias b�sicas que identifiquen la obligaci�n garantizada o la relaci�n jur�dica de la que pueda surgir cuando sea futura. Y en ese �mbito de aplicaci�n flexible del principio de determinaci�n hipotecaria se ha admitido tambi�n (R
26/5/1986) que pueda constituirse hipoteca en garant�a de deuda ajena sin que sea precisa la intervenci�n del sujeto pasivo de �sta: as� lo corrobora la regulaci�n civil sobre los requisitos y condiciones de la negociabilidad del cr�dito con independencia del deudor (arts. 1198, 1205, 1527 CC), la posibilidad de afianzamiento sin su intervenci�n (arts. 1823 y 1838), la admisi�n del pago por otro ignor�ndolo el deudor (art. 1158), o la posibilidad de la hipoteca unilateral (art. 141 LH).
La otra cuesti�n que se plantea es si es defecto que impida la inscripci�n de la hipoteca la omisi�n de alguno de los domicilios para notificaciones y requerimientos, en concreto el del deudor. Tambi�n rechaza este defecto, pues si bien es cierto que el art. 682.2.2.� LEC exige que el deudor -y, en su caso, el hipotecante no deudor- fije en la escritura un domicilio para la pr�ctica de notificaciones y requerimientos a efectos del procedimiento de ejecuci�n directa sobre bienes hipotecados y que tal designaci�n tiene la doble finalidad por un lado de asegurar al acreedor frente a dilaciones indebidas por cambios de residencia o mala fe del deudor, y por otro garantizar al deudor el exacto conocimiento de las actuaciones ejecutivas, la falta de designaci�n de dicho domicilio no comporta, al no existir precepto alguno que as� lo disponga, la ineficacia de la hipoteca ni constituye obst�culo para la inscripci�n de �sta en el Registro, sin perjuicio de la obligada exclusi�n de los pactos relativos al procedimiento de ejecuci�n directa sobre bienes hipotecados y sobre ejecuci�n extrajudicial. Ello supone que la ejecuci�n de la hipoteca no podr� desenvolverse en tales casos a trav�s de los citados procedimientos al no constar el domicilio del deudor ni los citados pactos de ejecuci�n en el Registro (art. 130 LH), perdiendo con ello una de sus m�s importantes ventajas, pero no el resto de sus facultades que, no obstante, para nacer al mundo jur�dico, dado el car�cter constitutivo de la inscripci�n de la hipoteca (art. 1875 CC y 145 LH), precisan de su constataci�n tabular, la cual no debe ser impedida por el motivo indicado en la calificaci�n. (MN)
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*47. DESAFECCI�N DE ELEMENTOS COMUNES DE PROPIEDAD HORIZONTAL. Resoluci�n de 27 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valladolid, don Juli�n Manteca Alonso-Cort�s, frente a la negativa de la registradora de la propiedad de Valladolid n�mero 5, a inscribir una escritura de rectificaci�n de obra nueva y constituci�n de r�gimen de propiedad horizontal. Se pretende la inscripci�n de una rectificaci�n de la escritura de obra nueva y divisi�n horizontal de un edificio por el promotor para crear un nuevo elemento privativo (trastero), que se omiti� individualizar en la escritura inicial y cuya propiedad se le atribuye al propio promotor. Ahora el promotor ha obtenido el consentimiento un�nime de la Comunidad de Propietarios (pues varios elementos privativos est�n vendidos) y otorga la escritura con el Presidente de dicha Comunidad. No se modifican las cuotas de la propiedad horizontal de los propietarios no comparecientes ni los elementos privativos. El error se acredita con la manifestaci�n y comparecencia del Arquitecto director de la obra se�alando que siempre existi� dicho trastero, aunque por error en los planos no se traslad� su existencia a la escritura de obra nueva y divisi�n horizontal.
La registradora considera que tienen que prestar su consentimiento individual y fehacientemente todos y cada uno de los propietarios (y sus c�nyuges en gananciales), no bastando el de la Comunidad como acto colectivo, por exigencias del principio de tracto sucesivo. Adem�s, a�ade una serie de defectos formales relativos a la propia Junta en s� y a la acreditaci�n de los acuerdos y cargos. Finalmente considera que tienen que prestar su consentimiento los acreedores hipotecarios de los elementos privativos.
El notario considera que estamos ante uno de los llamados actos colectivos por no afectar a los elementos privativos, citando precedentes de resoluciones de la DGRN y por tanto
es la Comunidad la que debe de actuar y no individualmente los propietarios. Los defectos formales los considera incongruentes con la postura de la registradora (que no reconoce la competencia de la Junta) y en todo caso improcedentes o excesivamente rigurosos ya que el notario ha tenido a la vista y testimoniado el Libro de Actas. Y finalmente, en cuanto a la necesidad de consentimiento de los acreedores hipotecarios, se remite a la doctrina de la DGRN que considera innecesario el consentimiento de terceros ajenos a la Comunidad de Propietarios.
As� en el primer caso se citan como actos colectivos la desafectaci�n de elementos comunes y su venta como elementos privativos (la vivienda del portero, p.ej.) o la vinculaci�n ob rem de los trasteros a las viviendas.
En el segundo caso, como actos individuales, la especificaci�n de los trasteros que corresponden a cada vivienda y la conversi�n de un elemento privativo en elemento com�n. Completa ahora su doctrina la DGRN en cuanto a la modificaci�n de cuotas en la comunidad. Se�ala que dichos acto requieren como norma general el consentimiento individualizado expreso de todos los copropietarios, excepto en algunos supuestos contemplados por la legislaci�n (fijaci�n de nuevas cuotas para nuevos elementos, siempre que no perjudiquen derechos individuales) o, por analog�a, creaci�n de nuevo elemento privativos por desafecci�n de un elemento com�n, en que la Junta puede acordar variar las cuotas proporcionalmente.
Aplicando la teor�a anterior al presente caso la DGRN llega a la conclusi�n de que SI es necesario el consentimiento individualizado de todos los propietarios (y sus c�nyuges en r�gimen de gananciales) y por ello confirma el defecto, pues a pesar de no verse afectados los elementos privativos ni los coeficientes individuales, hay un elemento com�n que pasa a ser privativo del promotor, por lo que se ve afectado el derecho de propiedad de cada copropietario.
Finalmente respecto del �ltimo defecto lo revoca, pues las modificaciones posteriores del objeto hipotecado no afectan a los acreedores hipotecarios, y por ello, seg�n reiterada doctrina, no es necesario el consentimiento individualizado de los titulares de cargas, sin perjuicio de que el nuevo elemento privativo quedar�a afecto a las cargas preexistentes.
Comentario.- A mi juicio es excesivamente rigurosa la postura de la DGRN en el presente caso, pues es casi id�ntico al de la desafecci�n y venta de la vivienda del portero, es decir de un elemento com�n que pasa a ser privativo, en el que la propia DGRN ha admitido la competencia de la Junta al considerarlo acto colectivo, ya que no afecta a los elementos privativos ni siquiera a su coeficiente (excepto al de un titular que ha prestado su consentimiento fehaciente).
Parece que lo que inclina la balanza de la DGRN hacia la necesidad de consentimiento expreso e individualizado es la consideraci�n de que el nuevo titular del elemento privativo no es la Comunidad -aunque luego por venta pase a propiedad de un tercero-, sino el Promotor.
Sin embargo hay que tener en cuenta que no estamos, en sentido estricto, ante una desafecci�n de un elemento com�n y su conversi�n en privativo sino ante el reconocimiento de que dicho trastero siempre fue privativo del promotor desde un inicio y que por un error no se hizo constar as�. Dicho error por lo dem�s queda acreditado de forma objetiva con la intervenci�n de un tercero que es el arquitecto.
Es verdad que, en hip�tesis, las rectificaciones pueden encubrir un fraude, pero es principio general que el fraude no ha de presumirse y adem�s �para alejar cualquier sospecha- resulta que los copropietarios (s�lo 8) han prestado ya su consentimiento de forma expresa, pues todos asistieron a la Junta, tal como refleja el Libro de Actas, y que ni siquiera fue necesario obtener su consentimiento de forma t�cita por notificaci�n y silencio en el plazo de un mes.
En definitiva, considero que el acto de rectificaci�n de un error en la divisi�n horizontal que afecta a un elemento com�n, al menos en el caso concreto, s� era competencia de la Junta de Propietarios. (AFS)
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43. SOCIO �NICO Y PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PARA LA INSCRIPCI�N DE UN ACUERDO DE SOCIO �NICO NO ES NECESARIA SU PREVIA INSCRIPCI�N. Resoluci�n de 21 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Fuenlabrada, don Javier L�pez-Pol�n M�ndez de Vigo, contra la negativa de la registradora mercantil de Toledo, a inscribir una escritura de elevaci�n a p�blico de acuerdos sociales de Caldersan, SL, sociedad unipersonal. Hechos: Se trata de una escritura de cambio de domicilio, seg�n decisi�n del
socio �nico de la sociedad, con certificaci�n expedida y escritura otorgada por la administradora con cargo vigente e inscrito. Se suspende la inscripci�n pues seg�n el Registro el socio �nico es persona distinta. El problema se complica pues como forma de subsanar el defecto se aporta una escritura otorgada por la administradora en la que al mismo tiempo que declara la unipersonalidad, manifiesta que la nueva socia �nica adquiri� parte de las participaciones que la convirtieron en socia �nica, al anterior socio �nico de la sociedad inscrito en el Registro. L�gicamente la registradora califica que seg�n lo manifestado no se trata de nueva socia �nica sino de todo lo contrario, es decir de una p�rdida del car�cter unipersonal de la sociedad, salvo que con anterioridad hubiera la sociedad perdido su car�cter de unipersonal. Al propio tiempo se califica la primera escritura como pendiente de la subsanaci�n de la segunda Como fundamento de derecho en todos los casos se alega el art. 11 del RRM por analog�a.
En otra escritura posterior la administradora aclara diversas cuestiones sobre el iter sufrido por la sociedad en cuanto a la titularidad de sus participaciones, considerando aclarada la cuesti�n.
Esta escritura fue tambi�n calificada negativamente pues para la inscripci�n de la actual socia �nica debe inscribirse previamente, en la forma prescrita por el art. 203 del RRM, la p�rdida de unipersonalidad de la sociedad acaecida con posterioridad a su constituci�n.
Se interpone recurso por el notario en el que aparte de alegar que la p�rdida de unipersonalidad ya debi� inscribirse al inscribir un aumento de capital no asumido por el socio �nico, alega que en la escritura o certificaciones expedidas por la administradora con cargo inscrito, aunque el socio �nico, seg�n el registro, sea persona distinta de la que resulta de la escritura o de la certificaci�n, debe inscribirse pues se da cumplimiento a la literalidad del art. 11 del RRM.
Doctrina: La DG revoca la nota de calificaci�n y declara tanto la inscribibilidad del cambio de domicilio, como la constancia del cambio de socio �nico que se solicita.
1�. El RM es un registro de personas por lo que el principio de tracto sucesivo debe ser aplicado de forma restrictiva.
2�. Es ajeno al RM el tr�fico de las participaciones sociales.
3�. La publicaci�n por el RM de una situaci�n de unipersonalidad o de p�rdida de dicha situaci�n o de socio �nico distinto del actual, no debe ser obst�culo para la inscripci�n de acuerdos sociales adoptados por el actual socio �nico de la sociedad.
4�. La exigencia de que el socio �nico conste inscrito en el RM, cuando del documento presentado resulta que adopta decisiones, no viene establecida en precepto alguno, pues en la LSC la �nica consecuencia de la falta de publicidad de la unipersonalidad de la sociedad es la que afecta a la responsabilidad de dicho socio.
Comentarios: A�n reconociendo lo acertado y ajustado a las normas aplicables de la decisi�n de la DG, debemos tambi�n reconocer que para nuestra formaci�n de juristas, encargados de dar seguridad jur�dica, se nos hace cuesta arriba inscribir un acuerdo social adoptado por un socio �nico que no aparece inscrito como tal en la hoja abierta a la sociedad.
Dados los t�rminos imperativos en que se produce el art. 13 de la LSC-se har�n constar la situaciones de unipersonalidad en escritura p�blica que se inscribir�- y el art. 15 de la misma Ley, expresivo de que el socio �nico ejerce las competencias de la junta general, estimo que quiz�s haya base suficiente para, en una futura reforma del RRM, incluir o desarrollar el principio de tracto sucesivo en relaci�n al socio �nico de una forma similar a como la hace el actual art. 11 del RRM para administradores o apoderados.
De todas formas en tanto sobreviene esta l�gica reforma del RRM, parece aconsejable que, en todos aquellos documentos de los que resulte una situaci�n personal de la sociedad distinta de la que figure en el registro, la actuaci�n del registrador debe ser la de inscribir los acuerdos, si no est�n afectados por otros defectos, pero haciendo constar en la nota de despacho que la situaci�n de la sociedad es distinta de la que se refleja en la certificaci�n de los acuerdos inscritos o, en su caso, de la propia escritura. Ello puede actuar como aviso al posible nuevo socio �nico para hacer constar su situaci�n y evitar la fuerte responsabilidad que por no hacerlo se le puede imponer. En el mismo sentido consideramos que si el documento presentado, aparte de no concordar la situaci�n personal de la sociedad con la que resulta del Registro, est� afectado por otros defectos, en el acuerdo de calificaci�n se le debe hacer constar esa discordancia para que los administradores act�en en consecuencia, aunque advirtiendo que dicha discordancia en ning�n caso constituye defecto que impida la inscripci�n. (JAGV)
Ver la opini�n del Notario autorizante en el Foro.
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*44. FUSION DE SOCIEDADES AN�NIMAS POR ACUERDO UN�NIME: NO CABE DISPENSA DEL INFORME DEL EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE EL PATRIMONIO SOCIAL NO DINERARIO. Resoluci�n de 2 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Cibernos Outsourcing, SA, contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles VII de Madrid, a inscribir una escritura de fusi�n.
Hechos: Se presenta a inscripci�n una escritura de fusi�n de sociedades an�nimas y limitadas, en la que la beneficiaria o absorbente de la fusi�n es an�nima. En las respectivas Juntas Universales se dispensa por unanimidad, de conformidad con el art. 34.5 de la Ley 3/2009, del informe de expertos independientes sobre el proyecto de fusi�n y sobre la valoraci�n del patrimonio social no dinerario transmitido a la beneficiaria.
Se suspende la inscripci�n por no acompa�arse el informe del experto independiente nombrado por el RM, a los efectos de la valoraci�n del patrimonio social no dinerario
transmitido a la sociedad absorbente. Se se�ala que lo que puede ser dispensado por la Juntas Generales de las sociedades participantes en la fusi�n es el informe sobre el proyecto com�n de fusi�n, es decir sobre el canje de acciones o participaciones, pues ello es algo que s�lo interesa a los socios, pero en ning�n caso podr� dispensarse del informe sobre el patrimonio social no dinerario pues ello afecta a los terceros am�n de ser exigido por la segunda Directiva de sociedades, por el art. 67 de la LSC para los aumentos de capital en an�nimas y por los art. 18.3, 49 y 52 de la propia Ley 3/2009.
Se interpone recurso en el que, entre otros argumentos, se alega la literalidad del art. 34.5 de la Ley 3/2009 y el hecho de que el proyecto de fusi�n, en el que ya constaba la intenci�n de no solicitar experto independiente para la fusi�n, fue depositado sin reservas en el registro Mercantil competente.
Doctrina: La DGRN confirma el acuerdo de calificaci�n sobre la base de los siguientes argumentos:
1�. �El informe que sobre el proyecto debe emitir el experto independiente nombrado por el Registrador Mercantil tiene un doble contenido: por una parte, el relativo a los aspectos propios de esa espec�fica operaci�n de modificaci�n estructural de la sociedad �atinentes, en esencia, al tipo de canje de las acciones o participaciones-; y, por otra parte, la manifestaci�n sobre el hecho de que
el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen sea igual, por lo menos, a la cifra en que se aumenta el capital social de la absorbente (cfr. el art�culo 34.3 de la Ley 3/2009)�.
2�. La exigencia de dicho informe �no es sino consecuencia del principio de realidad del capital social, seg�n el cual es nula la emisi�n de acciones que no respondan a una efectiva aportaci�n patrimonial a la sociedad y no cabe emitir acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal (cfr. art�culo 59 de la Ley de Sociedades de Capital)�.
3�. �El informe del experto independiente sobre la equivalencia entre el patrimonio aportado y el aumento del capital de la sociedad absorbente es exigido en inter�s no s�lo de los accionistas sino tambi�n de los acreedores sociales, por lo que no puede dejarse al arbitrio de aqu�llos exclusivamente. Por ello, la norma del art�culo 34.5 de la Ley 3/2009, en cuanto permite prescindir del informe del experto independiente �cuando as� lo haya acordado la totalidad de los socios con derecho de voto� de cada una de las sociedades que intervienen en la fusi�n�, debe ser interpretada en el sentido de que dicha renuncia puede tener como objeto �nicamente el informe sobre el proyecto com�n de fusi�n�.
4�. Del examen de las Directivas Comunitarias, en especial de la Directiva 2009/109, resulta �que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de fusi�n por voluntad de los socios, ser� siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia econ�mica de la aportaci�n patrimonial que constituya el contravalor del aumento del capital de la sociedad absorbente�.
Comentario: Interesante e importante resoluci�n de nuestro Centro Directiva en cuanto aclara uno de los puntos dudosos que exist�an en la Ley 3/2009 como era el relativo a si la dispensa del informe del experto independiente, establecido en el art. 34.5, se aplicaba al informe en su globalidad, como sostuve en alg�n comentario a dicho precepto, o s�lo se aplicaba al proyecto com�n de fusi�n y no al informe sobre las aportaciones no dinerarias a la sociedad absorbente.
A partir de esta resoluci�n se sienta la doctrina de que pese a la existencia de acuerdo un�nime de todos los socios dispensando la necesidad de informe de expertos independientes, dicha dispensa s�lo ser� aplicable al proyecto com�n de fusi�n, entendido este como determinador del tipo de canje, pero no al informe de experto sobre la valoraci�n del patrimonio social no dinerario.
Pese a ello entendemos, con respeto pleno a la doctrina sentada por el Centro Directivo, que existen argumentos para poder adoptar una postura distinta y sostener que la dispensa se refiere a la totalidad del informe y no s�lo al informe sobre el proyecto com�n de fusi�n.
1�. Superaci�n del concepto capital como garant�a de los acreedores. La doctrina m�s moderna aboga por un cambio en la consideraci�n del capital social como la �nica garant�a frente a los acreedores de la sociedad y los terceros en general. La misma EM del Real Decreto Legislativo 1/2010 que aprob� el TR de la Ley de Sociedades de Capital apunta que �no procede ahora hacer pron�sticos sobre el futuro del capital como t�cnica de tutela de los terceros -tema que s�lo ser� posible afrontar adecuadamente en el marco supranacional de la Uni�n Europea�, lo que viene a indicar que la cuesti�n ya est� planteada en el plano doctrinal e incluso legislativo y que s�lo ser� cuesti�n de tiempo el llegar a su total supresi�n. Ello nos debe servir para interpretar las normas protectoras del capital social evitando o minimizando requisitos cuya aplicabilidad incrementan los costes de funcionamiento de las sociedades, sin que los beneficios derivados de su no supresi�n sean especialmente relevantes para los fines perseguidos.
2�. La propia literalidad del art�culo 34. Este art. en su punto 1 exige para la fusi�n de sociedades an�nimas el nombramiento de uno o varios expertos independientes que emitan un informe sobre el proyecto com�n de fusi�n. En su punto 3 aclara el contenido de este informe que debe centrarse en si est� o no justificado el tipo de canje y sobre si el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen es igual al capital de la nueva sociedad o al aumento de capital de la absorbente. Finalmente en su punto 5 dispensa del proyecto com�n de fusi�n cuando as� lo hayan acordado la totalidad de los socios con derecho a voto. Pues bien tanto en el punto 1 como en el 5 se utiliza la misma expresi�n de �proyecto com�n de fusi�n�, lo que nos hace pensar que el legislador al regular esta dispensa estaba pensando en el proyecto com�n de fusi�n en su globalidad, es decir comprensivo de las dos finalidades que le atribuye el punto 3 del mismo art�culo. Si as� no hubiera sido, el legislador, conocedor profundo del derecho comunitario, hubiera excepcionado de esta dispensa s�lo lo relativo al tipo de canje de las acciones, pero hubiera mantenido de forma expresa la necesidad del informe sobre el patrimonio social no dinerario. As� adem�s vemos que lo hace en multitud de preceptos de la misma Ley 3/2009 cuando al minimizar requisitos o trabas en determinadas fusiones excepciona lo que estima que debe ser excepcionado. Por poner alg�n ejemplo citamos los art�culos 35, en que se dice expresamente que en los casos regulados en el mismo �ser� necesario el informe de expertos, incluso cuando se trate de acuerdo un�nime de fusi�n�, el 42 en su �ltimo p�rrafo, art. 49 punto 2, etc. 3�. El principio de proporcionalidad. La mayor parte de las Directivas comunitarias est�n presididas por lo que se llama principio de proporcionalidad, es decir que toda restricci�n o limitaci�n del derecho interno a una actividad econ�mica debe ser proporcionada a los fines perseguidos. Por ello la Ley 3/2009 est� presidida por el principio de la simplificaci�n y por la eliminaci�n de costes innecesarios a las empresas. Si ante preceptos que pueden ser dudosos siempre nos inclinamos por la mayor exigencia, gran parte de la finalidad pretendida por dicha ley se habr� esfumado, haciendo in�tiles los esfuerzos de nuestro legislador por incrementar la competitividad de las empresas.
4�. Falta de claridad en las Directivas.
La Directiva 77/91/CEE, uno de los m�s fuertes argumentos tanto del acuerdo de calificaci�n del registrador, como de la propia DG, se refiere no a las fusiones, sino a la constituci�n de la sociedad y al mantenimiento y modificaciones de su capital.
Por su parte la Directiva 2009/109/CE es expresiva de que �Los Estados miembros deben estar facultados para establecer que no es necesario cumplir con los requisitos sobre informes detallados e informaci�n respecto de las fusiones o escisiones de sociedades, establecidos en el art�culo 9 y el art�culo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 78/855/CEE y en el art�culo 7 y el art�culo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 82/891/CEE, si todos los accionistas de las sociedades afectadas por la fusi�n o la escisi�n acuerdan que puede prescindirse de de tal cumplimiento� .
No obstante la Directiva, como recoge la DG, a�ade m�s adelante que �El informe de peritos independientes establecido en la Directiva 77/91/CEE a menudo no es necesario cuando ha de elaborarse asimismo un informe pericial independiente para proteger los intereses de los accionistas o acreedores en el contexto de la fusi�n o escisi�n. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad en estos casos de eximir a las sociedades de la obligaci�n de presentar un informe con arreglo a la Directiva 77/91/CEE o de permitir que ambos informes sean redactados por el mismo perito�. Por consiguiente vemos a trav�s de estos textos una aparente contradicci�n al referirse cada uno de ellos a materias diferentes y que puede resolverse en el sentido de que si bien s�lo puede excepcionarse del informe de expertos en los aumentos de capital derivados de una fusi�n cuando exista informe de experto sobre el proyecto de fusi�n, ello ser� cuando dicho informe sea obligatorio, pero no cuando dicho informe se declare innecesario por la Directiva espec�ficamente aplicable a la cuesti�n, en cuyo caso debe primar la norma espec�fica. No obstante reconocemos que, pese a su falta de claridad, a la vista de los concretos textos legales, es muy dudoso que el legislador comunitario haya querido excepcionar el informe de expertos en todo aumento de capital motivado por una fusi�n. Ahora bien lo procedente en estos casos de defectuosa transposici�n de una Directiva es que la UE demande al Reino de Espa�a por dicho motivo.
En cuanto a los art�culos 18.3, 49 y 52 de la propia Ley 3/2009, citados por el registrador en su acuerdo, creemos que se refieren a supuestos muy espec�ficos, que no deben ser aplicables a los casos generales a que se refiere el art. 34.5 de la misma Ley.
5�. La fusi�n como acto complejo no escindible en dos.
La fusi�n debe considerarse como un
acto complejo, formado por un acuerdo global de fusi�n que engloba otros acuerdos que son inescindibles del mismo. Por ello entendemos que los requisitos y exigencias legales deben ser los de la fusi�n y no de aquellos acuerdos que normalmente la acompa�an, como son los aumentos de capital de la absorbente o de la nueva sociedad que no existir�an si no existiera la fusi�n.
6�. La propia doctrina de la DGRN.
Efectivamente en resoluci�n publicada en el mismo BOE, resoluci�n de 2 de marzo de 2011, permite que en una reducci�n de capital de una sociedad limitada por p�rdidas, pueda prescindirse del informe del auditor, si al propio tiempo se aumenta el capital social, aunque ello sea de forma meramente contable- por compensaci�n de cr�ditos-, siempre que el capital resultante sea superior al capital del que part�a la sociedad. Aqu� la DG consciente de su responsabilidad en la minimizaci�n de costes empresariales, evita un informe de auditor que a su juicio no presta utilidad, ni a los socios ni a los acreedores. Para ello, en su �ltimo fundamento derecho se refiere incluso a el caso contemplado en la resoluci�n que resumimos en los siguientes t�rminos: �Por ello, atendiendo a su finalidad, centrada en el inter�s de los socios, y relacionada con el derecho de informaci�n de los mismos, debe entenderse que la verificaci�n contable del referido balance es una medida tuitiva renunciable por todos los socios, como acontece en el presente caso. As�, no se entender�a que en los supuestos de separaci�n o exclusi�n el socio saliente pueda llegar a un acuerdo con la sociedad respecto de la valoraci�n de sus participaciones sociales (cfr. art�culo 353 de la Ley de Sociedades de Capital), o que en caso de fusi�n pueda prescindirse del informe de expertos independientes sobre el proyecto com�n de fusi�n cuando as� lo haya acordado la totalidad de los socios (art�culo 34.5 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles) y, por el contrario, no se pudiera prescindir del informe de auditores en el presente caso a pesar de haber sido adoptado el acuerdo por unanimidad de todos los socios�. Como vemos la DG se refiere al proyecto com�n de fusi�n en su globalidad sin distinguir su doble finalidad. Claro que puede referirse la DG tambi�n a las fusiones que no implican aumento de capital social, como las del art. 49.1 de la Ley 3/2009, en cuyo caso, pese a la resoluci�n que comentamos, creemos que puede prescindirse totalmente del informe de expertos independientes pues el mismo carece de utilidad.
7�. La protecci�n de los acreedores y terceros.
En este punto debemos tener en cuenta que en todo acuerdo de fusi�n los acreedores quedan protegidos pues cuando sus cr�ditos re�nen la condiciones exigidas, pueden oponerse a la fusi�n y si se oponen la fusi�n no puede llevarse a cabo sin que se les den las debidas garant�as, y en cuanto a los terceros en general, no citados por la DG, no nos ofrece dudas que, en la actualidad, ning�n tercero contratar� con la sociedad s�lo por su cifra de capital social, pues si as� lo hace est� corriendo un riesgo innecesario(Cfr. Art. 43 y 44 Ley 3/2009). (JAGV)
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*46. OPERACI�N ACORDE�N EN SOCIEDAD LIMITADA: SI LA REDUCCI�N ES POR P�RDIDAS NO ES NECESARIO EL INFORME DEL AUDITOR. Resoluci�n de 2 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Alcorc�n, contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XIII de Madrid, a inscribir una escritura p�blica de reducci�n de capital social. Hechos: Son muy simples; Se trata de una reducci�n de capital por p�rdidas en una sociedad limitada, con simult�nea ampliaci�n de capital por compensaci�n de cr�ditos adoptado en Junta Universal por unanimidad. No se incorpora a la escritura el informe del auditor que exige el art.323 de la LSC. El registrador
suspende la inscripci�n por dicho defecto.
El notario recurre alegando, en esencia, que el art. 323 no debe aplicarse a la operaci�n acorde�n, dado que no hay intereses que proteger pues frente a los acreedores la cifra final del capital social es superior a la inicial y frente a los socios tampoco haya nada que proteger dado que el acuerdo se ha tomado en Junta Universal y por unanimidad.
Doctrina: La DG revoca el acuerdo de calificaci�n del registrador sobre la base de los siguientes argumentos:
1. El rec�proco condicionamiento de la operaci�n acorde�n hace que la posici�n del acreedor pueda quedar inc�lume si la cifra final de capital social se mantiene o incluso aumenta lo que supone un beneficio para los acreedores.
2. No obstante ello las p�rdidas deben existir pero para acreditarlo basta el balance aprobado, de donde resulten dichas p�rdidas y la inexistencia de reservas legales y voluntarias, lo que resulta de la escritura calificada.
3. La verificaci�n del balance es una
medida tuitiva renunciable por todos los socios.
Comentario: Como vemos por esta resoluci�n, la DG, ante la exigencia de requisitos externos relacionados con determinados acuerdos mercantiles, siempre se pregunta por la
finalidad y utilidad que pueden prestar los mismos. Si esa finalidad o utilidad no se justifica o queda suplida por otro acuerdo en sentido contrario o complementario que tambi�n adopte la sociedad, tiende declara que el requisito claramente exigido por la Ley no es necesario para la inscripci�n del respectivo acuerdo en el Registro Mercantil.
No obstante esta doctrina, en principio acertada y aceptable, es peligrosa pues nunca sabremos de qu� requisitos podremos o no prescindir, pues son tantos los casos y tan variados que es dif�cil discriminar entre unos y otros. Por poner algunos ejemplos en la mente de todos: --- Los anuncios, hoy en web, de los
cambios de objeto, domicilio o denominaci�n en sociedades an�nimas, y aunque el art. 289 LSC dice que sin ellos no se inscriben en el RM �Qu� utilidad prestan?
--- El anuncio de la transformaci�n exigido en el art. 14 de la Ley 3/2009, cuando el acuerdo se toma en Junta universal y por unanimidad, �para qu� sirve?
--- Los anuncios de reducci�n de capital en an�nimas exigidos por el art. 319 modificado de la LSC, cuando no existe derecho de oposici�n de acreedores, �a qui�n les interesa?
Pudi�ramos seguir con los informes de los administradores de muchos otros acuerdos cuando el mismo se toma por unanimidad y en Junta Universal, pero b�stenos con precisar que en algunos de estos supuestos la DG estima que son exigibles los anuncios y en otros, en que existen acuerdos �ntimamente relacionados entre s�, declara que cada uno debe regirse por sus espec�ficas normas aplicables. (JAGV).
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Junto a este informe se publica la rese�a del Seminario celebrado el de 2010. Se recoge a continuaci�n un caso, estando el resto en
1. FONDOS DE TITULIZACI�N. El 14 de abril de 2010 ha entrado en vigor una norma que destaca por su inter�s registral. Se trata del art. 27 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril (BOE de 13 de abril de 2010), de medidas para el impulso de la recuperaci�n econ�mica y el empleo.
Dicho art�culo a�ade un nuevo p�rrafo al apartado 2 de la disposici�n adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la Legislaci�n espa�ola en materia de Entidades de Cr�dito a la Segunda Directiva de Coordinaci�n Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.
Esta es la nueva redacci�n del precepto: �Los Fondos de Titulizaci�n Hipotecaria y Fondos de Titulizaci�n de Activos podr�n ser titulares de cualesquiera otras cantidades, inmuebles, bienes, valores o derechos que sean percibidos en pago de principal, intereses o gastos de las participaciones hipotecarias, certificados de transmisi�n de hipoteca, activos financieros u otros derechos de cr�dito que se hubieren agrupado en su activo, por resoluci�n de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial iniciado para el cobro de tales derechos de cr�dito; en particular y sin �nimo limitativo, (1) por producto del remate de procedimientos de ejecuci�n de garant�as hipotecarias o no hipotecarias, (2) por la enajenaci�n o explotaci�n de los inmuebles o bienes o valores adjudicados o dados en pago o, como consecuencia de las citadas ejecuciones, en administraci�n y posesi�n interina de los inmuebles, bienes o valores en proceso de ejecuci�n. La inscripci�n de los bienes inmuebles pertenecientes a los Fondos de Titulizaci�n en el Registro de la Propiedad y de cualesquiera otros bienes en los registros que correspondan, se podr� efectuar a nombre de los mismos�. Los numerales son nuestros.
En la sesi�n de 26 de noviembre de 2009, hab�amos dicho que mientras no se produjera una modificaci�n legal no era posible la inscripci�n de bienes rematados en un procedimiento de ejecuci�n a favor de los Fondos de Titulizaci�n. Ahora nos preguntamos si la reforma introducida es la norma que lo permite.
No es f�cil responder porque la redacci�n es bastante farragosa. De una primera lectura parece que son muchos los casos en los que se permite la titularidad de inmuebles a favor de los fondos. Si leemos detenidamente el precepto observaremos que se les permite no s�lo ser titulares de ciertos cr�ditos, sino tambi�n de otros bienes, incluidos los inmuebles.
Nada se dice sobre el car�cter cerrado de los fondos de titulizaci�n hipotecaria, por lo que entendemos que ese car�cter subsiste, conforme al art. 5.1.II de la Ley 19/1992, de 7 julio 1992 por la que se regula el r�gimen de las Sociedades y Fondos de Inversi�n Inmobiliaria y los Fondos de Titulizaci�n Hipotecaria[1].
Seg�n el art. 3 del Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo se considerar�n cerrados aquellos fondos en los que, a partir del momento de su constituci�n, no se modifique ni su activo ni su pasivo.
De modo que la adquisici�n posterior a su constituci�n de esos otros bienes que se permiten en el Decreto-Ley tiene car�cter excepcional y se limita a los supuestos autorizados por el mismo art. 27, que deber�n ser interpretados de acuerdo con ese car�cter general cerrado del fondo y, por tanto, de modo restrictivo.
�Cu�les son los supuestos autorizados por el art. 27? Lo m�s importante es observar que no se trata de la adquisici�n por los fondos de bienes por cualquier t�tulo, sino s�lo de los que se adquieran por resoluci�n de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial iniciado para el cobro de los correspondientes derechos de cr�dito.
En contra de eso la redacci�n farragosa del precepto y las enumeraciones no exhaustivas de t�tulos de adquisici�n abonan la idea de que los fondos de titulizaci�n pueden adquirir bienes por cualquier t�tulo, incluso mediante adquisiciones en enajenaciones voluntarias en particular las daciones en pago.
Tambi�n la referencia al procedimiento extrajudicial nos deja a las puertas de creer que las enajenaciones voluntarias puedan ser t�tulos aptos para la adquisici�n de inmuebles por los fondos de titulizaci�n hipotecaria.
Pero por m�s que leamos y releamos el precepto y queramos estirar el alcance de los procedimientos extrajudiciales creemos que la redacci�n no comprende las adquisiciones en enajenaciones voluntarias.
En efecto la adquisici�n, toda adquisici�n aqu� autorizada, ha de ser por resoluci�n, se entiende que de la autoridad o funcionario a cuyo cargo se encuentra el procedimiento llamado aqu�, extrajudicial y que para el caso de que la autoridad sea un notario no es otro que el de la venta o procedimiento extrajudicial del art. 129 LH en relaci�n con el 1858 CC y de los arts. 86 y ss. de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento. En resumen el t�tulo de adquisici�n ser� siempre y �nicamente una resoluci�n dentro de alguno de esos procedimientos de ejecuci�n.
Desde el punto de vista del Registro de la propiedad y de la calificaci�n registral, la resoluci�n judicial, administrativa o notarial en la que conste la adquisici�n deber� expresar que la ejecuci�n lo es de cr�ditos agrupados previamente en el fondo, por producto de remate o por �la enajenaci�n o explotaci�n de los inmuebles o bienes o valores adjudicados o dados en pago o, como consecuencia de las citadas ejecuciones, en administraci�n y posesi�n interina de los inmuebles, bienes o valores en proceso de ejecuci�n�.
Queda con ello aclarada la cuesti�n en el sentido de quedar excluidas las adquisiciones fuera de procedimiento de ejecuci�n judicial o extrajudicial con posterioridad a la constituci�n del fondo de titulizaci�n hipotecaria. Tampoco caben esas adquisiciones a favor de Fondos de Titulizaci�n de Activos porque el �nico t�tulo de adquisici�n de inmuebles que se admite en la norma es la resoluci�n dimanante de un proceso de ejecuci�n de los cr�ditos incorporados previamente al fondo.
N� Resoluci�n: 00/2433/2010 de 31/01/2011
�Impuesto de Sucesiones y Donaciones.- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.-
Es compatible su aplicaci�n sobre un mismo negocio jur�dico que produce efectos lucrativos y onerosos, como es el caso de la donaci�n de vivienda hipotecada, en que el donatario asume la carga hipotecaria. Se declara en unificaci�n de criterio que en el supuesto de donaci�n de un bien hipotecado en el que el donatario se subroga en el pr�stamo hipotecario proceden dos liquidaciones: la primera por Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales por transmisi�n onerosa de bien inmueble por el valor de la deuda asumida, y en la parte que el valor real del inmueble exceda a la deuda, por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como adquisici�n gratuita. Referencias Normativas: Ley 29/1987 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Art. 29 R. D. 1629/1991 Reglamento Imp. Sucesiones y Donaciones. Art. 59� Fuenlabrada, Santa F�, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Bolta�a, a 8 de abril de 2011.
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References: Real Decreto 
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