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Timestamp: 2018-12-14 00:40:43+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/4000/2004, 02-02-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4000/2004 de 02 de Febrero de 2007
Núm. Resolución: 00/4000/2004
Aprobadas definitivamente las cuentas de un ejercicio, la rectificación de las mismas en un ejercicio posterior tiene efecto contable y fiscal en el posterior ejercicio en que se aprecian y corrigen los errores cometidos, por lo que no es procedente la regularización practicada por la Inspección en la que se admite la rectificación en el ejercicio al que se refieren las cuentas de la parte de la deuda de los acreedores que al cierre de dicho ejercicio no intervinieron en la elaboración de las cuentas ni en su aprobación, si bien por la aplicación del principio "non reformatio in peius" se confirma la regularización practicada.
En la Villa de Madrid, a 2 de febrero de 2007 en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central interpuesto por la entidad X, S.A. con NIF ..., y actuando en su nombre y representación D. A, y con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdo de liquidación de 28 de Agosto de 2000 relativo a Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1995 y acuerdo sancionador de 24 de enero de 2001 y por importe respectivamente de 190.909,88 € (31.764.731 ptas), y 43.284,03 € (7.201.856 ptas)
PRIMERO.- En fecha 6 de julio de 2000 se extendió por la Inspección de los Tributos de ... el acta de disconformidad número ..., por el Impuesto sobre Sociedades del periodo 1995, a la entidad X, S.A. en la que se hacía constar que el sujeto pasivo realizó durante el ejercicio 1995 la actividad de "Promoción de edificaciones", habiendo presentado, con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras, declaración-liquidación por el concepto tributario y período comprobado en la que se hicieron constar los siguientes datos:
-Base imponible declarada 4.536.865 ptas
-Cuota diferencial 627.491 ptas.
La mencionada entidad era titular de 547 acciones nominativas de 100.000 ptas. de valor nominal cada una y totalmente desembolsadas de la sociedad Y, S.A. Con fecha 21 de octubre de 1994, X, S.A. y D. A (titular asimismo de 742 acciones nominativas de la misma entidad) formalizaron conjuntamente contrato de compraventa de valores mobiliarios mediante el cual vendieron la totalidad de las acciones mencionadas a la sociedad Z, S.A. por el precio de una peseta por acción. En relación con esta compraventa cabe señalar que la operación no fue reflejada en la contabilidad de X, S.A. hasta el 31/12/1995. Así, en el asiento de apertura del ejercicio 1995 figura la cuenta de activo "250102 ACCNES.GRUPO Y, S.A." con un saldo de 55.025.432 ptas, permaneciendo invariable hasta el 31/12/1995, fecha en que se da de baja con cargo a la cuenta de gastos "673001 PERD. PROC.PART.CAP. EMP.ASOC.". reflejándose dicha pérdida en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 1995.
A tales efectos se manifiesta por la representación de la entidad en escrito presentado el 23 de mayo de 2000 lo siguiente: "... se quiere manifestar que la venta de la participación en Y, S.A. que se produjo en 1994 tal como indica la inspectora actuaria fue contabilizada en 1995 arrojando dicha operación una pérdida de 55 millones de pesetas. En este sentido, debe reconocerse que está mal contabilizada la operación de venta en 1995 dado que debió ser contabilizada en 1994".
Partiendo de lo anterior, la Inspección considera que la venta de acciones de Y, S.A. generó para X, S.A. una disminución patrimonial, puesto que el precio de venta pactado (una peseta por acción) fue inferior al valor contable de los títulos (55.025.432 pesetas). Ahora bien, esta disminución patrimonial, contabilizada y declarada fiscalmente en 1995, se produjo como consecuencia de una venta que se formalizó y perfeccionó el 21 de octubre de 1994; por lo que de acuerdo con los principios de imputación temporal contenidos en el art. 22 de la Ley del Impuesto y 88 de su Reglamento no puede admitirse dicho gasto en el mencionado ejercicio.
Asimismo, el 31/12/1995, a través de los movimientos 5748 a 5757 del Libro Diario, se registran en la contabilidad de X, S.A. deudas (préstamos y pólizas de crédito), por importe de 275.941.479 ptas., un crédito con Y, S.A. por importe de 230.867.753 ptas., y gastos en concepto de dotación a la provisión de insolvencias por importe de 44.759.700 ptas. Para justificar tales movimientos se aportó inicialmente a la Inspección fotocopia de contrato privado de fecha 10 de febrero de 1995 celebrado por las entidades X, S.A. y Y, S.A. De acuerdo con dicho documento, Y, S.A. era deudora de préstamos y pólizas de crédito por importe de 275.941.479 ptas, estableciéndose en la cláusula segunda del contrato la subrogación expresa de X, S.A. en todas las obligaciones derivadas de la devolución de dichos préstamos, para lo cual firmaría nuevas pólizas con la entidad financiera correspondiente. De esta forma, Y, S.A. quedaba liberado del pago de dichas deudas frente a las entidades financieras señaladas, pero sería responsable del mismo frente a X, S.A. No obstante, según la mencionada cláusula, X, S.A. renunciaba al cobro de 45.000.000 ptas, importe correspondiente a uno de los préstamos, por lo que el crédito que ostentaba frente a Y, S.A. ascendía a 230.941.479 ptas.
En escrito presentado el 23 de mayo de 2000, la representación de la entidad, en relación con el contrato a que se ha hecho referencia anteriormente, manifiesta que "... se tenga por no presentado dicha fotocopia de documento definitivo dado que no se puede en absoluto garantizar que fuese llevado a efecto o tuviese validez alguna...". Asimismo, en relación con los movimientos contables de referencia, se manifiesta que "...de los 276 millones de pesetas que se asumen con Entidades Financieras, existen 181 millones de pesetas que no son imputables a cuentas pagadas por o a financiaciones o deudas contraídas por Y, S.A., sino que deben imputarse a financiaciones de miembros de la familia E y únicamente 95 millones de pesetas era lo que realmente se financió a Y, S.A. directamente o por asunción de deudas. Como mejor explicación de la regularización que se produce en 1995 de aproximadamente 44 millones de pesetas con cargo a provisión por insolvencias, la Dirección de X, S.A. entiende que esta provisión se debe imputar claramente al insolvente, que era Y, S.A. y no a la familia E...Asimismo, se debe proceder en 1995 a provisionar adicionalmente los 50,2 millones de pesetas que teóricamente Y, S.A. seguía debiendo a X, S.A. y que no estaban provisionados...".
Dado que la entidad deudora no fue declarada en quiebra hasta el 23/07/1996 procede incrementar la base imponible declarada en 44.759.700 ptas, puesto que no se cumplen las condiciones y requisitos establecidos para calificar dicho saldo como de dudoso cobro.
El 31/12/1995 se registraron en el Libro Diario de X, S.A. los movimientos 5742 y 5746, a través de los cuales se contabilizaron 64.381.714 ptas en la cuenta "678001 GASTOS EXTRAORDINARIOS". Como justificación de tales movimientos se aportó inicialmente a la Inspección fotocopia de contrato privado de fecha 10 de febrero de 1995 celebrado por las entidades X, S.A. y Y, S.A., al cual ya se ha hecho referencia en el apartado 3.3 de la presente acta. De acuerdo con dicho documento, a fecha 10/02/1995, X, S.A. tenía entre sus elementos de activo circulante dos cuentas a cobrar a Y, S.A. por los siguientes importes:
La cuenta 440010004 presenta un saldo deudor al inicio del ejercicio de 12.219.142 ptas, permaneciendo invariable hasta el 31/12/1995 en que se produce su cancelación con cargo a la cuenta de gastos extraordinarios mencionada.
La cuenta 400099, a pesar de su número y denominación, funciona hasta el final del ejercicio como una cuenta de activo con saldo deudor. Del examen del Libro Mayor, así como de los justificantes de las anotaciones contables producidas en la misma, se deduce que, además de registrarse la recepción de facturas de proveedores de bienes o servicios y, en su caso, el pago correspondiente, a través de dicha cuenta se han contabilizado otro tipo de movimientos, entre los que destacan salidas de efectivo (cargos en la cuenta de referencia) por un importe total de 107.925.000 ptas.
En escrito presentado el 23 de mayo de 2000, la representación de la entidad manifestó, en relación con el contrato mencionado, que "...se tenga por no presentado dicha fotocopia de documento definitivo dado que no se puede en absoluto garantizar que fuese llevado a efecto o tuviese validez alguna...". No obstante, ni en dicho escrito ni en los posteriores presentados los días 24 y 30 de mayo se contienen referencias o justificación documental que ampare la contabilización de tales gastos extraordinarios.
Como consecuencia de lo expuesto, tales gastos no resultan deducibles para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, puesto que se incumple el requisito básico de disponer de justificación documental.
En el mismo ejercicio fueron contabilizadas en las cuentas 629999 y 669001 gastos por importe de 2.389.763 ptas correspondientes a conceptos no relacionados con la actividad de la empresa.
El 31/12/1995 se registraron en el Libro Diario de X, S.A. dos asientos mediante los cuales se canceló la cuenta de pasivo "410000001 D. B", que arrojaba un saldo de 91.199.200 ptas con abono a la cuenta de ingresos "778001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS". Dicho ingreso extraordinario fue debidamente consignado en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio.
En escrito presentado el 23 de mayo de 2000, la representación de X, S.A. manifestó que: "...existe en el cierre del ejercicio 1995 un apunte contable por el cual se anula una deuda que tenía X, S.A. a favor de la Sociedad de gananciales de D. B, deuda por importe de aproximadamente 91 millones de pesetas que venía siendo reconocida desde años atrás en los diferentes estados financieros y sin que exista ninguna justificación, una vez consultados los acreedores, para su eliminación (téngase en cuenta que los acreedores en 1995 de esta deuda eran la viuda de D. B y sus legitimarios en las proporciones establecidas de acuerdo con la Ley). Esta anulación que tuvo una repercusión en las cuentas de ingresos de 1995 por importe de aproximadamente 91 millones de pesetas no procede, porque ciertamente la Sociedad X, S.A. debe reconocer que no ha saldado todavía a la fecha actual dicha deuda ni nadie de los acreedores expresa o tácitamente la han condonado, entre otras cosas porque no eran conscientes del crédito que ostentaban contra X, S.A. Por tanto, dicha partida no debiese ser considerada bajo ningún concepto como ingreso del ejercicio 1995 dado que no tiene fundamento alguno...".
Asimismo, en el acta notarial de 22 de mayo de 2000 que se adjuntó al escrito de referencia y en la que figuran como comparecientes D.ª C, D.ª D y D. A se hace constar que: " ...dado que dicha deuda venía figurando en los estados financieros de X, S.A. desde aproximadamente el año 1990, año en el que falleció D. B, resulta que los acreedores de dicha deuda son en un 50% su esposa, D.ª C ... y proporcionalmente los herederos de D. B (en el otro 50%). De esta forma, tanto D.ª C, así como parte de los herederos legítimos que se hayan presentes en este acto y que no conocían la existencia de esta partida en el caudal relicto de D. B, declaran que una vez conocida la misma ... no tienen intención de renunciar a ella y por tanto se proclaman como acreedores de la misma contra la Sociedad".
Finalmente en el escrito presentado el 30 de mayo de 2000, se manifiesta que "No existe documento alguno que recoja la renuncia de la viuda ni de los herederos legitimarios a sus derechos sobre dicha cantidad, quienes por otra parte han reclamado la titularidad de tal crédito a su favor mediante escritura de fecha 22 de mayo de 2000... por lo que el registro contable de dicho ingreso por la Sociedad no está en absoluto justificado, procediéndose a rectificarlo en las nuevas cuentas anuales aprobadas".
Habida cuenta de la eficacia probatoria de la contabilidad y que no ha habido hasta la fecha de las actuaciones inspectoras corrección contable alguno sobre el mencionado apunte contable y de la concurrencia de algunos de los acreedores en la condición de administradores de la sociedad, la Inspección considera la validez del ingreso extraordinario, salvo para uno de los acreedores que no tenían dicha condición en el ejercicio. El importe que procede rectificar por dicho concepto es por importe de 52.439.540 ptas, importe que debe minorarse en la base del ejercicio.
La base imponible comprobada que resulta de la propuesta de regularización formulada por la Inspección asciende a 118.653.934 ptas, lo que supone un incremento de 114.117.069 ptas. sobre la base imponible declarada por la entidad. No consta que el interesado haya presentado escrito de alegaciones al respecto. Con fecha de 28 de Agosto de 2000 se dicta acuerdo de liquidación por la que se confirma la liquidación contenida en el acta resultando una cuota tributaria de 24.275.079 ptas. a lo que se añaden los correspondientes intereses de demora por importe de 7.489.652 ptas. dando lugar a una deuda tributaria de 31.764.731 ptas. Dicha liquidación es notificada el 5 de septiembre de 2000.
SEGUNDO.- Con fecha 8 de septiembre de 2000 se le notifica la propuesta de imposición de sanción por infracción tributaria grave, apreciándose además la existencia de ocultación, por lo que de conformidad con los arts 87,1 y 82,1,d de la LGT es propuesta una sanción de 7.201.856 ptas. (43.284,03 €). El 26 del mismo mes se presentan alegaciones a la misma que, una vez examinadas, se desestiman, dictándose acuerdo por parte del Inspector-Jefe por el que se confirma la propuesta. El acuerdo es de fecha 24 de enero de 2001 y es notificado el 29 de enero de 2001.
TERCERO.- Contra el acuerdo de liquidación formula el 20 de septiembre de 2000 reclamación económico-administrativa ... y asimismo contra el acuerdo sancionador es interpuesta el 14 de febrero de 2001 reclamación económico-administrativa ... y, previa acumulación, una vez puestas de manifiesto las actuaciones a la reclamante en el plazo establecido al efecto, practicó alegaciones que consisten, en síntesis, en afirmar que la disminución correspondiente a ingresos extraordinarios debe computarse por importe de 91.199.200 ptas. (548.118,23 €) y no por 52.439.540 ptas. (315.167,98 €), cuantía esta última que es la que ha tenido en cuenta la Inspección; y que debe computarse, a efectos de su compensación, la base imponible negativa del ejercicio 1994. Respecto al resto de los componentes afirma estar de acuerdo con la regularización practicada.
En relación con el acuerdo sancionador se alega que no se ha incurrido en la infracción tributaria grave que se sanciona; que no concurre culpabilidad en la conducta que se sanciona; y que la sanción no ha sido calculada correctamente.
En sesión de 18 de diciembre de 2003, se resuelven ambas reclamaciones de forma acumulada desestimado las pretensiones del actor y confirmando los acuerdos impugnados. La resolución es notificada el 28 de abril de 2004.
CUARTO.- Con fecha de 19 de Mayo de 2004 es interpuesto recurso de alzada contra la anterior resolución reiterando la validez a efectos contables y fiscales del ejercicio 1995 de las modificaciones acordadas en el año 2000 por considerar que las cuentas de un ejercicio, pueden ser objeto de modificación de conformidad con lo dispuesto en la normativa mercantil-contable. Reitera asimismo su falta de culpabilidad derivada de la regularización practicada, así como la improcedente calificación de la graduación por ocultación y el incorrecto cálculo de la base de la sanción.
PRIMERO.- Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso de alzada en el que se plantea como cuestión principal la validez a efectos fiscales de la modificación del resultado contable de un ejercicio por una reformulación de las cuentas anuales con posterioridad a su aprobación por la Junta General, así como la procedencia de la sanción impuesta como consecuencia de la regularización practicada.
SEGUNDO.- Del examen de los antecedentes se desprende que la cuestión controvertida se centra en determinar si la modificación de las cuentas realizadas como consecuencia de la rectificación de un apunte contable, debe tener efecto en el ejercicio del que procede el supuesto error o debe reflejarse en las cuentas en la que se advierte y se formaliza o subsana dicho error. Así la empresa alega que: "Si bien es cierto que tanto la normativa contable como la normativa fiscal han previsto la posibilidad de que los estados financieros de una compañía registren gastos o ingresos en ejercicios distintos a los de su imputación temporal y que éstos sean plenamente admitidos desde el punto de vista fiscal en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no es menos cierto que los órganos de gobierno de una compañía tienen la posibilidad de, una vez aprobadas las cuentas de un ejercicio económico, requerir del órgano de administración una nueva formulación de las cuentas introduciendo las modificaciones que se estimen necesarias para proceder a su aprobación posterior. Ante la aparición de nuevas circunstancias que puedan influir en la imagen fiel, tal y como establece el artículo 34 del Código de Comercio, potestativamente es posible optar por reformular las cuentas de una compañía reflejando la verdadera realidad social y contable y someter las mismas a la aprobación de la Junta General en los términos que señala la normativa mercantil".
Por su parte el Tribunal de instancia resuelve que ... "Es claro que, de acuerdo con la normativa contable, las cuentas anuales deben reflejar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa, pero no es menos cierto que en el Plan General de Contabilidad se contemplan cuentas, tanto de ingresos como de gastos, que recogen aquellos que se produzcan en la empresa por causas excepcionales o que deriven de ejercicios anteriores. Asimismo, en la consulta número 1 del BOICAC número 34 de julio de 1998, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas indica que en la medida que se detecten errores en la contabilidad se deben investigar las causas que han originado dichos errores y proceder al ajuste de las partida implicadas, añadiendo que: "en todo caso, será de aplicación la norma de valoración 21,a "Cambios en criterios contables y estimaciones", contenida en la quinta parte del Plan General de Contabilidad, en el sentido de considerar que el efecto que ocasiona el error se produce al inicio del ejercicio en que se pone de manifiesto", criterio que comparte este Tribunal. Por tanto, dado que la modificación corresponde al ejercicio 2000, es en este en el que procede la minoración que se pudiera derivar de la misma, una vez examinada la realidad o no de la deuda y la posible condonación o no de la misma, temas éstos que no han sido estudiados por este Tribunal; sin embargo, dado que la actuaria y, posteriormente, el Inspector-Jefe han entendido que procede la minoración de parte de los ingresos computados, y en virtud del principio de prohibición de la reformatio in peius, no procede la modificación en este aspecto de la liquidación recurrida.
TERCERO.- Efectivamente, las modificaciones a la contabilidad derivados de errores o inexactitudes en la misma pueden ser subsanadas en el propio ejercicio a través de una reformulación de las cuentas anuales, o mediante asientos realizados en ejercicios posteriores utilizando las cuentas específicas que el plan contable habilita al efecto (Ctas 679 "Gastos y Perdidas de ejercicios anteriores" y 779 "Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores"). El primer sistema es aplicable en aquellos supuestos en que las cuentas formuladas por el Órgano de Administración no son aprobadas por la Junta General de accionistas, o son puestas en entredicho por la impugnación de una parte de ellos (Art 115. LSA), o bien cuando se inicie un procedimiento judicial (art. 119 LSA). En todos estos casos, al no haber sido aprobadas por los socios, o por estar pendientes de un procedimiento contradictorio, las cuentas del ejercicio no son definitivas y las posibles modificaciones que puedan resultar serán directamente imputadas a efectos contables, (y por ende fiscales) al propio ejercicio de donde proceden los hechos, debiendo ser reelaboradas, y previa definitiva aprobación por la Junta, depositadas en el Registro mercantil. Una vez aprobadas las cuentas por la Junta y transcurridos los plazos de impugnación previstos en el art. 116 de la LSA, cualquier controversia o modificación posterior que pudiera surgir por hechos con origen en ese ejercicio, deberá ser contabilizado en el ejercicio en curso correspondiente, a través de las mencionadas cuentas de reflejo extraanual previstas al efecto en el Plan Contable (ctas. 679 y 779). Aplicado lo anterior a la cuestión controvertida debe señalarse que las cuentas de dicho ejercicio fueron aprobadas sin oposición ni impugnación dentro de los plazos legales, coincidiendo además parte de los acreedores como administrador o socios de la entidad deudora. La regularización del saldo acreedor y su aceptación por la parte deudora formalizado en un ejercicio posterior, produce plenos efectos legales, pero no habiendo sido impugnadas en su momento las cuentas del ejercicio 1995, debe reflejarse en contabilidad la existencia de la deuda a través de las cuentas específicas mencionadas del Plan Contable tal y como se razona acertadamente en la resolución impugnada, produciendo sus efectos en dicho ejercicio (2000).
Es por todo ello que, como dice la resolución recurrida, y reitera este Tribunal Central, no es procedente la regularización practicada por la Inspección en la que se admite la rectificación en el ejercicio 1995 de la parte de deuda de los acreedores que al cierre de dicho ejercicio no intervinieron en la elaboración de las cuentas ni en su aprobación, si bien por la aplicación de la reglas sobre non reformatio in peius, se confirma la regularización practicada por la Inspección en este punto.
CUARTO.- Respecto a la compensación de la base negativa de 1994 en el ejercicio siguiente, debe señalarse, como hace constar la resolución recurrida, que en fecha 26 de julio de 1995 se presentó declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1994 con una cuota del ejercicio de 2.405.538 ptas. (14.457,57 €), acreditando en la misma una base imponible positiva de 6.872.967 ptas. (41.307,36 €); b) en esta misma sesión se resolvió con acuerdo desestimatorio la reclamación número ... presentada contra la desestimación de la solicitud de rectificación de la declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades del año 1994, ya que la solicitud ante la oficina gestora se había presentado fuera del plazo de prescripción con el que cuenta la Administración Tributaria para efectuar la liquidación por lo que no constando acreditada la existencia de la base imponible negativa a compensar procedente del ejercicio 1994 no cabe sino reiterar la desestimación de la pretensión del recurrente en este punto.
QUINTO.- En relación con la sanción impuesta, alega el interesado la ausencia de culpabilidad, la inexistencia de ocultación, y la incorrecta cuantificación de la misma.
Hay que comenzar señalando al respecto que es un principio general de nuestro Derecho que todo acto administrativo debe ser motivado. Este requisito de motivación viene recogido en el art. 54,1 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que con anterioridad ya se recogía en el art 43 de la LPA de 17 de Julio de 1958, y tiene por finalidad la de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración, con el fin, de poder rebatirlos si los considera no ajustados a Derecho. En este sentido, se ha destacado la estrecha conexión que existe entre la motivación del acto administrativo y el derecho a la defensa del administrado vinculada al control de legalidad de la actuación administrativa, de ahí que el Tribunal Supremo haya venido exigiendo de forma reiterada el cumplimiento de los requisitos de motivación, que si son exigibles con carácter general, para toda liquidación tributaria, con mayor razón lo será cuando se trata de una expediente sancionador en el que dicho requisito debe observarse con mayor rigor.
Bajo la premisa anterior, la ausencia de una clara descripción de las regularizaciones que han sido sancionadas y las que no, hace imposible analizar la concurrencia o no culpabilidad y ocultación de las sancionadas así como en de determinar si la base de sanción (teniendo en cuanta que en la regularización inspectora ha habido tanto incrementos como disminuciones de la base imponible declarada) ha sido correctamente calculada; no existe, ni en el acuerdo sancionador ni en los antecedentes obrantes en el expediente, explicación o motivación que permita determinar el sistema seguido por el instructor para cuantificar la base de la sanción, lo que imposibilita a este Tribunal examinar la adecuación a Derecho del importe de la sanción impuesta. La necesidad de motivar todo acto administrativo se acrecienta en la actuación administrativa sancionadora dada su especial naturaleza, por lo que debe anularse el acuerdo sancionador, sustituyéndose por otro que cumpla con los elementos objetivos y requisitos de motivación exigibles.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada interpuesto por la entidad X, S.A. contra acuerdo de liquidación de 28 de Agosto de 2000 relativo a Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1995 y acuerdo sancionador de 24 de enero de 2001 y por importe respectivamente de 190.909,88 € (31.764.731 ptas), y 43.284,03 € (7.201.856 ptas) ACUERDA: 1°: Estimar parcialmente el recurso de alzada 2º Confirmar la liquidación e intereses. 3º Anular la sanción impuesta y que por el Órgano competente se dicte otro acuerdo sancionador debidamente motivado, aplicándose el régimen sancionador contenido en la Ley 58/2003 de ser éste más favorable.
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 artículo 34
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 ARTÍCULO 2
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