Source: http://mercantil.blogs.lexnova.es/2012/05/
Timestamp: 2018-10-21 15:05:58+00:00

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2012 mayo | Mercantil hoy
El dinero electrónico y la lucha contra el fraude fiscal
El Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, por el que se desarrolla la Ley 21/2011, de 16 de julio, de dinero electrónico, ha completado la trasposición de la Directiva 2009/110/CE, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, derogando el Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, aunque ya lo había hecho la disposición derogatoria de la Ley 21/2011, que también deroga el artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. Además, estas entidades han dejado de tener la consideración de entidades de crédito al desaparecer del listado del artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
Diferencias entre el contrato de concesión mercantil y el de agencia
El contrato de distribución, también llamado de concesión comercial, se define como aquel acuerdo de voluntades por el que un empresario –concesionario- pone el establecimiento del que es titular al servicio de otro empresario -concedente- para comercializar por tiempo indefinido o limitado, en una zona geográficamente determinada y bajo las directrices y supervisión del concedente, aunque en nombre y por cuenta propia, los productos cuya exclusiva de reventa se le otorga. Dicho contrato consiste, por lo tanto, en un suministro en el que la cláusula de exclusiva, generalmente recíproca, adquiere una relevancia fundamental, al que se añaden las obligaciones propias de un agente, salvo la de contratar en nombre del concedente, ya que el concesionario compra en firme y revende a su clientela propia, aunque utilice la marca del concesionario.
Los índices hipotecarios tras la orden de transparencia y protección del cliente de servicios financieros.
La entrada en vigor tras los seis meses de carencia previstos de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios financieros, ha supuesto entre otras muchas modificaciones la aparición de un nuevo índice hipotecario para referenciar los préstamos que está llamado a sustituir con el paso del tiempo al conocido Euribor.
En efecto, el artículo 27 de la citada Orden establece los tipos de interés oficiales que pueden ser utilizados por las entidades de crédito y que se publicarán mensualmente. Y entre ellos aparece la denominada permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años. El IRS es un índice que refleja la evolución de los tipos de interés a cinco años y se calcula como una media del mercado de futuros sobre los tipos a ese plazo. El objetivo fundamental de su implantación es utilizar un índice más estable que el Euribor y que refleje mejor la evolución de los tipos de interés, aunque lo cierto es que al igual que este se calcula también diariamente y en la actualidad están evolucionando de un modo bastante similar. En todo caso, el IRS estaá pensado para lograr una mayor estabilidad en las cuotas y a la banca, por su parte, le permitiría calcular mejor su previsión de ingresos.
Una reciente sentencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores
El 26 de abril de 2012 se dictó por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una sentencia, asunto C-472/10, ciertamente interesante para los consumidores. La misma tuvo por objeto, fundamentalmente, la interpretación de los artículos 3, apartados 1 y 3, y 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. De ella y de su fallo damos cuenta en las siguientes líneas.
Efectivamente, con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se pidió por un Tribunal húngaro al Tribunal comunitario la emisión de una decisión prejudicial surgida en el marco de una acción de cesación por motivos de interés público ejercitada por la Oficina nacional húngara de defensa del consumidor contra un empresario que incluyó entre las condiciones generales de los contratos celebrados con los consumidores una cláusula que establecía una modificación unilateral de los gastos relacionados con el servicio que debía prestarse, sin describir explícitamente el modo de fijación de dichos gastos ni especificar motivos válidos para tal modificación.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 21
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 267