Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3122
Timestamp: 2020-06-03 00:27:56+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 70/1996
SENTENCIA 70/1996, de 24 de abril
ECLI:ES:TC:1996:70
En el recurso de amparo núm. 1.998/93, promovido por don Ceferino de Blas García y la entidad "Faro de Vigo, S.A.", representados por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa y asistidos por el Letrado don Juan José Yarza Urquiza, contra el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 26 de abril de 1993, que declara desierto el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Vigo, de 12 de febrero de 1993, recaída en autos núm. 401/92, sobre juicio incidental de protección de derechos fundamentales. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueral, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 18 de junio de 1993, don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Ceferino de Blas García y la entidad "Faro de Vigo, S.A.", interpone recurso de amparo contra el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 26 de abril de 1993, que declara desierto el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Vigo, de 12 de febrero de 1993, recaída en autos núm. 401/92, sobre juicio incidental de protección de derechos fundamentales.
a) El Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Vigo dictó Sentencia, de fecha de 12 de febrero de 1993, en la que estimó la demanda promovida por don Manuel Soto Martínez contra el periodista de "El Faro de Vigo, S.A.", don Eduardo Rolland, declarado en rebeldía, así como contra la empresa "Faro de Vigo, S.A.", y el director del mencionado periódico don Ceferino de Blas. La Sentencia reconocía la existencia de una intromisión ilegítima en el honor del demandante, y condenaba a los codemandados a abstenerse de atentar en un futuro contra el derecho al honor del demandante a través de cualquier medio de comunicación social, a publicar a su costa la parte dispositiva de la Sentencia, a indemnizar conjunta y solidariamente al actor en la suma de un millón de pesetas y a pagar las costas del juicio. En la notificación de la Sentencia no se llevó a cabo la indicación de recursos.
d) Esta providencia fue notificada al Procurador de la parte apelante. Éste, sin embargo, entendiendo que el recurso de apelación se tramitaría conforme a lo dispuesto en el art. 733 de la L.E.C., en la redacción otorgada al mismo por la Ley 10/1992, consideró que ya había cumplido dicho trámite al haber consignado en su escrito de recurso las alegaciones que fundaban su apelación.
7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 4 de mayo de 1994, el Ministerio Fiscal formuló alegaciones, interesando la desestimación del amparo. En este sentido, y respecto de la primera de las alegaciones del los demandantes, esto es, la de la quiebra del art. 24.1 C.E. por la omisión en la Sentencia de instancia de la información de los recursos procedentes, considera el Fiscal que no puede apreciarse tal vulneración porque, en primer lugar, aquélla no impidió la efectiva interposición del recurso de apelación ante el Juzgado de Primera Instancia; y, en segundo lugar, porque es doctrina reiterada de este Tribunal que la indicación de recursos no forma parte del contenido decisorio de la resolución notificada, sino que constituye una mera información al interesado, cuya omisión no lesiona el art. 24.1 C.E. Y, a mayor abundamiento, pone de manifiesto que el recurrente actuaba bajo dirección letrada, por lo que, según lo declarado en la STC 36/1989, dicha omisión no tiene relevancia constitucional.
Una vez más debemos recordar que los ahora demandantes actuaron ante la jurisdicción ordinaria asistidos de Letrado, y que la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, señala en el art.13 que el procedimiento para este tipo de juicios será el establecido para los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, el regulado en los arts. 741 y siguientes de la mencionada Ley, y en su art. 15 prevé que las apelaciones se sustanciarán por los trámites establecidos en la Sección tercera del Título VI del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, por los artículos 887 y siguientes de esta Ley. Por ello la interpretación realizada por el órgano judicial no puede tacharse de arbitraria ni de manifiestamente irrazonable (STC 148/1994); de ahí, que la discrepancia manifestada por los recurrentes carezca ahora de toda relevancia. Mas lo que no carece de relevancia es que, acordado por el Juzgado, mediante providencia de 19 de marzo de 1993, la admisión del recurso en ambos efectos y el emplazamiento de las partes a fin de que se personaran en la Audiencia Provincial de Pontevedra para hacer uso de su derecho, quien ahora recurre no se personó y así lo admite en la propia demanda de amparo. Ello explica que la Audiencia dictara Auto declarando desierto el recurso por la falta de personación en plazo que reconoce el recurrente y que por no ser imputable al órgano judicial, sino a su propia equivocación -y así lo reconoce-, no cumple el requisito exigido por el art. 44.1 b) de nuestra Ley Orgánica para ser susceptible del amparo constitucional que interpone.
Ciertamente, que dicha resolución cerró el acceso al recurso y a la ulterior prosecución de la apelación, haciendolo -repetimos- con base en una interpretación razonable y no arbitraria; Pero es que, además, la no personación ante la Audiencia para mantener el recurso pese a estar debidamente emplazado, es una cuestión que afecta también a la otra parte en el proceso y a ambas partes alcanzan las garantías que establece el art. 24 C.E. y que este Tribunal ha de salvaguardar a las mismas.
Desestimar el amparo solicitado por don Ceferino de Blas García y la entidad "Faro de Vigo, S.A.".
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1998-1993
Contra Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra declarando desierto recurso de apelación contra Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Vigo recaída en autos sobre juicio incidental de protección de derechos fundamentales.
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: omisión de instrucción de recursos.
La llamada instrucción de recursos no forma parte del «decisum» de la Sentencia (SSTC 175/1985, 155/1991) y por tanto no supone una decisión que cierre el paso al recurso ni que fije de manera definitiva las condiciones en que deba interponerse. Además, hay que distinguir las situaciones creadas por la mera omisión de la indicación de recursos contra una resolución concreta, de aquellas otras en las que se da una instrucción o información errónea que induzca a error al litigante (SSTC 50/1987, 107/1987, 376/1993), pues la omisión en una resolución de los recursos utilizables -como información prescrita legalmente- no impide en modo alguno la posibilidad de recurrir, en tanto en cuanto esta falta no vincula a la parte ni es obstáculo para que pudiera efectivamente recurrir (SSTC 145/1986, 50/1987), como así lo hizo en el presente caso, toda vez que los defectos u omisiones en la instrucción de los recursos pueden ser salvados por el propio interesado [F.J. 2].
Desde nuestra STC 37/1995 venimos afirmando que el principio «pro actione» no opera con igual intensidad cuando se trata de acceder a la jurisdicción que cuando tiene por objeto utilizar los recursos jurisdiccionales. En este último caso basta con comprobar que el motivo de inadmisión o de declarar desierto el recurso se fundamenta en una causa legal que no es interpretada de modo arbitrario o irrazonable, para considerarse cumplidas las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E. [F.J. 3].
Es cierto que la resolución impugnada cerró el acceso al recurso y a la ulterior prosecución de la apelación, haciéndolo con base en una interpretación razonable y no arbitraria; pero es que, además, la no personación ante la Audiencia para mantener el recurso pese a estar debidamente emplazado, es una cuestión que afecta también a la otra parte en el proceso y a ambas partes alcanzan las garantías que establece el art. 24 C.E. y que este Tribunal ha de salvaguardar a las mismas [F.J. 4].
Libro II, título VI, sección tercera, f. 4
Artículo 733, f. 4
Artículo 887, f. 4
Auto declarando desierto el recurso de apelaciónAuto declarando desierto el recurso de apelación, ff. 1, 2, 3, 4
Falta de personación del apelanteFalta de personación del apelante, f. 4
Procedimiento especial de la ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentalesProcedimiento especial de la ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, f. 4

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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Artículo 733

Artículo 887