Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/22650
Timestamp: 2020-02-26 23:51:13+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 196/2011
SENTENCIA 196/2011, de 13 de diciembre
ECLI:ES:TC:2011:196
2. La representación procesal del Gobierno de Aragón alude, en primer lugar, a que la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria, y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley general de estabilidad presupuestaria, traen causa inmediata del Pacto de estabilidad y crecimiento acordado en el seno del Consejo Europeo celebrado en Ámsterdam el 17 de junio de 1997 en el marco de lo previsto en el art. 104 del Tratado de la Comunidad Europea (que se corresponde con el actual art. 126 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea), y de los Reglamentos (CE) núms. 1466/1997, del Consejo, de 7 de julio —relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas—, y 1467/1997, del Consejo, de 7 de julio —relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo—, que tienen como finalidad concretar el alcance del referido Pacto.
a) Se impugna, en primer lugar, el artículo 3.2 de la Ley 18/2001, por suponer una invasión de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de planificación económica (artículo 35. 2. 24 del Estatuto de Autonomía de Aragón), la supresión del recurso al crédito como fuente de financiación de la hacienda autonómica, e invadir un ámbito de decisión limitando el principio de autonomía política garantizado por el artículo 137 de la Constitución. Considera el Gobierno de Aragón que el contenido de la norma impugnada excede de lo pactado por la Administración del Estado en el Pacto de estabilidad y crecimiento de 1997 y en los Reglamentos 1446/97 y 1447/97, al eliminar la posibilidad del recurso al crédito de las Comunidades Autónomas como forma de financiación de su autonomía política, de manera que, al ir más allá del cumplimiento de los compromisos adquiridos en estos instrumentos, el precepto recurrido se enmarca únicamente en el ejercicio de la competencia en materia de “bases y coordinación de la política económica” o “hacienda general”, lo que supone la interdicción de los mecanismos de cooperación así como una extralimitación competencial por tres motivos.
En primer lugar, por producir una quiebra de la competencia asumida con carácter exclusivo por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de planificación económica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1. 24 del Estatuto de Autonomía, reduciendo la competencia autonómica a una declaración nominal, sin contenido, dado que mediante el término “bases” se adopta una regulación total por la que se suprime el recurso al déficit sin margen de apreciación para la Comunidad Autónoma, cuestionando que el concepto de estabilidad presupuestaria, entendido como situación de equilibrio o superávit, sea un elemento necesario para asegurar la uniformidad del sistema, máxime cuando en la normativa comunitaria se admite un margen de déficit presupuestario para hacer coincidir las necesidades del sistema con la realidad económica.
Para la recurrente, los acuerdos dictados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para la aplicación del objetivo de estabilidad presupuestaria, no pueden tener carácter decisorio y vinculante respecto del ámbito de decisión de las Comunidades Autónomas, so pena de cambiar la naturaleza del referido órgano. De esta manera, la regulación por la que se dota al Consejo de facultades decisorias resulta contraria al concepto formal y material del término “bases”.
g) Seguidamente se impugnan en bloque los artículos 19, 20.2, 22.2, 23.2, 25 y disposición adicional única, punto 2, de la Ley 18/2001, por suponer la quiebra de los arts. 35.1.2 , 44.2 y 53.1 del Estatuto de Autonomía, en cuanto se impone a los entes locales de la Comunidad Autónoma de Aragón los principios de estabilidad presupuestaria entendida como equilibrio o superávit, con invasión de la esfera de competencia de esta Administración autonómica respecto al régimen local.
h) La impugnación de la disposición transitoria única de la Ley 18/2001 se basa en que su redacción adolece de arbitrariedad proscrita por el art. 9.3 de la Constitución, así como en la inobservancia de los artículos 41 y 50 del texto constitucional al intentar trasladar los recursos del sistema de Seguridad Social a la Administración General del Estado, permitiendo esta última una situación de déficit que se niega a otras Administraciones. Tras referirse al contenido de la Ley 24/1997, de 15 julio, de seguridad social, consolidación y racionalización del sistema, y al acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social, publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 9 de abril de 2001, y concluir que la disposición transitoria única impugnada contraviene, con patente arbitrariedad, los compromisos previos adquiridos. Se refiere seguidamente la representación legal del Gobierno de Aragón a la legitimación que ostenta para discutir este precepto y que se deriva del efecto económico que tendrá su contenido y en las competencias que ostenta en materias conexas con el sistema público de Seguridad Social.
3. Por providencia de 23 de abril de 2002 el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. Asimismo se acordó publicar la incoación del procedimiento en el “Boletín Oficial del Estado”.
a) Antes de examinar los motivos de inconstitucionalidad aducidos por el Gobierno de Aragón, el Abogado del Estado expone el contenido y finalidad de las leyes recurridas, que queda expresado en la exposición de motivos de la Ley 18/2001. Según el legislador se trata de adoptar una importantísima medida de política económica dirigida a mantener y prolongar el ciclo expansivo económico actual, actuando sobre el sector de la política económica en el que el Estado tiene un margen de actuación, al ser mínima su posibilidad de intervenir en la política monetaria, que recae en el Banco Central Europeo. Por ello, el margen de intervención del Estado se localiza en las políticas estructurales y en la política presupuestaria, esfera esta última en la que inciden las medidas contenidas en las leyes recurridas, que se refieren a los principios de estabilidad presupuestaria —definido como equilibrio o superávit—, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. Estas medidas tienen en cuenta las decisiones y recomendaciones adoptadas en el ámbito europeo (Pacto de estabilidad y crecimiento acordado en el Consejo de Ámsterdam en junio de 1997 y recomendaciones del Consejo Europeo de Santa Maria da Feira de junio de 2000).
Y es de indicar que las cuestiones planteadas en este proceso han sido ya resueltas en las SSTC 134/2011, de 20 de julio, y 157/2011 de 18 de octubre a cuyos textos nos remitiremos sucintamente, destacando ya que la reforma constitucional de 27 de septiembre pasado, que entró en vigor ese mismo día —disposición final única—, ha dado una nueva redacción al art. 135 CE con la que se ha llevado a cabo la “consagración constitucional” del principio de estabilidad presupuestaria.
3. Ante todo, hemos de plantearnos la posible extinción de este proceso por virtud de la derogación de la Ley 18/2001 por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley general de estabilidad presupuestaria, cuestión ésta a la que la citada STC 134/2011, ha dado en su fundamento jurídico 2 una respuesta negativa: “carece de sentido, tratándose de un recurso de inconstitucionalidad, pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya” del ordenamiento, pero “constituyen una excepción a esta regla general aquellos supuestos en los que a través de un recurso de inconstitucionalidad lo que se traba en realidad es una controversia en el ámbito de las competencias respectivas del Estado y de las Comunidades Autónomas”.
Y el apartado 1 de la nueva redacción del art. 135 CE establece que “todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”. Estamos, pues, como ya dijimos en la STC 157/2011, de 18 de octubre, “ante un mandato constitucional que, como tal, vincula a todos los poderes públicos y que por tanto, en su sentido principial queda fuera de la disponibilidad —de la competencia— del Estado y de las Comunidades Autónomas. Cuestión distinta es la de su desarrollo, pues aquel sentido principial admite diversas formulaciones, de modo que será ese desarrollo el que perfilará su contenido”. Desarrollo que la nueva redacción del art. 135 CE en su apartado 3 encomienda a una ley orgánica, obviamente estatal.
5. Estando clara, como ya declaramos en la STC 134/2011, ya citada, y ratificamos en la STC 157/2011, la competencia estatal ex art. 149.1.13 y 14 CE, por un lado, y art. 149.1.11 y 18 CE, por otro para dictar las normas controvertidas, “deberemos valorar en el examen de cada precepto impugnado si las competencias estatales en juego limitan o no de modo indebido las competencias autonómicas, en particular su autonomía política y financiera (arts. 137 y 156 CE)” —STC 134/2011, ya citada, FJ 7—, no sin antes recordar la doctrina establecida en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 64, en relación con que la atribución por el Estatuto de competencias a la Comunidad Autónoma, en el presente supuesto las competencias exclusivas en materia de planificación de la actividad económica y de régimen de organización y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, no puede afectar a las competencias (o potestades o funciones dentro de las mismas) sobre las materias o submaterias reservadas al Estado, que se proyectarán, cuando corresponda, sobre dichas competencias autonómicas con el alcance que les haya otorgado el legislador estatal con plena libertad de configuración, sin necesidad de que el Estatuto incluya cláusulas de salvaguardia de las competencias estatales.
2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de la Administración del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales y no comprendidos en el número anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en el Título I de esta Ley y a las normas que específicamente se refieran a las mismas.”
3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley, se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero a la que, en su caso, se accederá a través de la adopción de estrategias de saneamiento que eviten o disminuyan las pérdidas y puedan aportar beneficios adecuados a su objeto social o institucional.”
Hemos afirmado que “la política presupuestaria forma parte esencial de la política económica general, cuya ordenación, a su vez, está atribuida al Estado por la Constitución (art. 149.1.13 CE). Es asimismo obvio que esta competencia estatal es susceptible de proyectarse sobre todos los presupuestos del sector público, estatal, autonómico y local” [STC 134/2011, FJ 8 a) y 14 a)]. Ello determina la plena aplicabilidad del principio de estabilidad presupuestaria a los entes de derecho público de las Comunidades Autónomas y demás entidades a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 18/2001, sin que se pueda considerar que tal aplicación quebrante la competencia autonómica en materia de régimen de organización de su autogobierno porque no se pone en cuestión la creación y establecimiento de los mismos, sino que tan sólo se determina el marco presupuestario en el que han de ejercer tales entes su actividad.
“Art. 6. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos
2. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley que afecte a los gastos públicos, deben valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria.”
1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley vendrán obligados a establecer en sus normas reguladoras en materia presupuestaria los instrumentos y procedimientos necesarios para adecuarlas al objetivo de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.”
El informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera al que se refiere el apartado 1 del presente artículo, así como los acuerdos del mismo que se dicten para la aplicación del objetivo de estabilidad presupuestaria, se remitirán por la Secretaría Permanente de dicho Consejo a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, para su conocimiento.”
Tal como argumentamos en la STC 134/2011, FJ 11, “la atribución al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas de la facultad de emitir informes y de adoptar acuerdos en relación con la aplicación efectiva del objetivo de estabilidad presupuestaria se adecua a las competencias de coordinación y cooperación que son propias de dicho Consejo”, por lo que debe, ahora, ser desestimada la impugnación del artículo 8.3.
Este Tribunal ha afirmado que la responsabilidad ad extra de la Administración estatal por incumplimientos del Derecho de la Unión Europea “no justifica la asunción de una competencia que no le corresponde, aunque tampoco le impide repercutir ad intra, sobre las Administraciones públicas autonómicas competentes, la responsabilidad que en cada caso proceda” (SSTC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 5; 148/1998, de 2 de julio, FJ 8, o 96/2002, de 25 de abril, FJ 10). Para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional corresponde al Estado, no sólo establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la normativa europea, sino también “los sistemas de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio Estado en el caso de que dichas irregularidades o carencias se produjeran efectivamente y así se constatara por las instituciones comunitarias” (STC 148/1998, FJ 8). Con base en esta doctrina se debe desestimar la impugnación del artículo 11 de la Ley 18/2001.
“Art. 19. Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de las entidades locales:
Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, ajustarán sus presupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos previstos en el art. 3.2 de esta Ley, y sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan atribuidas las Comunidades Autónomas.”
“Artículo 20. Objetivo de estabilidad presupuestaria de las Entidades Locales.
2. El objetivo de estabilidad presupuestaria para las Entidades Locales requerirá informe previo de la Comisión Nacional de Administración Local, que actuará como órgano de colaboración entre la Administración del Estado y las Entidades Locales respecto de las materias comprendidas en el presente Ley.”
“Artículo 22. Corrección de las situaciones de desequilibrio.
2. El plan económico-financiero para la corrección del desequilibrio será remitido al Ministerio de Hacienda, que será el órgano responsable del seguimiento de las actuaciones encaminadas a la corrección del desequilibrio, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan atribuidas las Comunidades Autónomas.”
“Art. 23. Autorización de operaciones de crédito y emisión de deuda:
2. Cuando las medidas contenidas en el plan económico-financiero permitan la desaparición en tres ejercicios presupuestarios de la situación de desequilibrio podrá concederse la autorización a que se refiere el apartado precedente.”
“Artículo 25. Régimen aplicable a los entes de derecho público comprendidos en el artículo 2.2 de esta Ley.
Los entes de derecho público a los que se refiere el artículo 2.2 de la presente Ley, dependientes de las Entidades Locales, que incurran en pérdidas que afecten al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, vendrán obligados a elaborar un informe de gestión, dirigido al Pleno de la Corporación, sobre las causas del desequilibrio y, en su caso, un plan de saneamiento a medio plazo, en el que se indicarán las medidas correctoras de carácter económico-financiero que se han de adoptar por sus órganos rectores. El contenido, el plazo y el procedimiento para la presentación del informe de gestión y del plan de saneamiento serán objeto de desarrollo reglamentario.”
“Disposición adicional única. Modificación de los arts. 54 y 146 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales:
Asimismo, incluirá las Bases de Ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de las recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el Presupuesto.”
a) “la política presupuestaria forma parte esencial de la política económica general, cuya ordenación, a su vez, está atribuida al Estado por la Constitución (art. 149.1.13 CE). Es asimismo obvio que esta competencia estatal es susceptible de proyectarse sobre todos los presupuestos del sector público, estatal, autonómico y local. Ello determina la plena aplicabilidad de los arts. 3.2 y 19 de la Ley 18/2001 a los entes locales, toda vez que con dicha aplicabilidad no se quebrantan ni su autonomía política ni su autonomía financiera. No se quebranta su autonomía política porque dichos preceptos no ponen en cuestión el establecimiento de las políticas locales de los diversos entes, de acuerdo con lo que haya establecido en cada caso el legislador estatal o autonómico competente, sino que tan sólo fijan el marco presupuestario en el que han de ejercerse dichas políticas… tampoco vulneran la suficiencia financiera de los entes locales, pues en nada interfieren en los recursos que el Estado debe poner a su disposición mediante la participación de dichos entes en los tributos estatales.”
b) “Por tanto, cumple desestimar la impugnación de los arts. 3.2 y 19 de la Ley 18/2001.”
a) “por la concurrencia y prevalencia de otros títulos competenciales, la apelación al crédito ha de quedar sujeta —a la hora de establecer los límites o de verificar la procedencia de operaciones que excedan del techo de endeudamiento— al control estatal.”
b) “del mismo modo que en el proceso de establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas se produce la intervención del Consejo de Política Fiscal y Financiera (art. 6 y concordantes de la Ley Orgánica 5/2001), donde están representadas las Comunidades Autónomas, la audiencia a la Comisión Nacional de Administración Local exclusivamente atiende a razones de eficacia y operatividad en el ejercicio por el Estado de su propia competencia y no menoscaba la competencia autonómica de tutela de los entes locales.”
c) “Por tanto, procede desestimar la impugnación del art. 20.2 de la Ley18/2001.”
a) “tanto la obligada elaboración del plan económico-financiero como la intervención del Ministerio de Hacienda —siendo esta última el específico objeto de esta impugnación— son manifestación del principio de coordinación de la competencia estatal, coordinación que, como hemos señalado en el anterior fundamento jurídico 11, puede conllevar una actuación de vigilancia o seguimiento, sin que ello suponga la sustitución por el Estado del ente local afectado.”
a) “es un supuesto en que …ha de atribuirse a la autoridad que tiene la responsabilidad del equilibrio económico la competencia para autorizar o no una operación de crédito que supone superar el techo normal de endeudamiento. Con lo que el acto de autorización puede significar en orden a prevenir las consecuencias dañosas que pudieran producirse para las entidades locales por un endeudamiento excesivo, destacan los aspectos que afectan al conjunto, y, desde esta estimativa, son invocables los títulos competenciales del art. 149.1.11 y 13” de la Constitución.
b) “el apartado 2 del art. 23 (en su conexión con el apartado 1 del precepto, no impugnado) no prejuzga la autoridad competente para otorgar la autorización de las operaciones de crédito, sino que tan sólo condiciona dicha autorización a que desaparezca la situación de desequilibrio presupuestario de acuerdo con lo previsto en el plan económico-financiero.”
a) “las determinaciones normativas de los presupuestos locales contenidas en el precepto impugnado son meras especificaciones técnicas que no vulneran las autonomía local ni su suficiencia financiera, ya que no ponen en cuestión la intervención de los entes locales en los asuntos de su interés ni conllevan merma alguna de sus recursos.”
b) “En consecuencia, procede desestimar la impugnación de la disposición adicional única, apartado dos, de la Ley 18/2001.”
“Disposición transitoria única.
La determinación del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Estado y el Sistema de Seguridad Social se realizará conjuntamente en tanto no se culmine el proceso de separación de fuentes de este último.”
Sin embargo, no cabe estimar tal impugnación pues con relación a este reproche es necesario reafirmar, una vez más, la doctrina de este Tribunal, según la cual, la calificación de “arbitraria” dada a una ley a los efectos del art. 9.3 de la Constitución exige una cierta prudencia. La ley es la “expresión de la voluntad popular”, como dice el preámbulo de la Constitución, y es principio básico del sistema democrático. Ahora bien, en un régimen constitucional, también el poder legislativo está sujeto a la Constitución, y es misión de este Tribunal velar porque se mantenga esa sujeción, que no es más que otra forma de sumisión a la voluntad popular, expresada esta vez como poder constituyente. Ese control de la constitucionalidad de las leyes debe ejercerse, sin embargo, de forma que no imponga constricciones indebidas al poder legislativo y respete sus opciones políticas. El cuidado que este Tribunal ha de tener para mantenerse dentro de los límites de ese control ha de extremarse cuando se trata de aplicar preceptos generales e indeterminados, como es el de la interdicción de la arbitrariedad, según han advertido ya algunas de nuestras Sentencias. Así, al examinar un precepto legal impugnado, desde ese punto de vista, el análisis se ha de centrar en verificar si tal precepto establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien, si aun no estableciéndola, carece de toda justificación, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10; 66/1985, de 23 de mayo, FJ 1; 108/1986, de 29 de julio, FJ 18; 65/1990, de 5 de abril, FJ 6; 142/1993, de 22 de abril, FJ 9; 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 16; 116/1999, de 17 de junio, FJ 14; 74/2000, de 14 de marzo, FJ 4; y 104/2000, de 13 de abril FJ 8).
“Disposición final cuarta. Desarrollo normativo de la Ley.
1. Se faculta al Gobierno de la Nación, en el ámbito de sus competencias, para que apruebe las normas reglamentarias previstas en la presente Ley. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá dictar las medidas necesarias para garantizar la efectiva implantación de los principios establecidos en esta Ley.”
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 1467-2002
Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria.
El Tribunal recuerda la doctrina sobre estabilidad presupuestaria sentada en sus Sentencias 134/2011 y 157/2011 y desestima los recursos. Además, añade que está justificado que la persecución del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Estado y el Sistema de Seguridad Social se haga conjuntamente, ya que el hecho de que éste se financie a través de recursos estatales implica no sólo una comunicación de las fuentes en los presupuestos de los dos organismos, sino también de las situaciones de déficit o superávit de ambos.
Aplica la doctrina sobre las limitaciones de las competencias autonómicas, y en particular de su autonomía política y financiera, generadas en virtud de la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria, de la STC 134/2011 [FFJJ 3, 5 a 12].
La legitimidad constitucional de que el Estado establezca topes máximos en materias concretas a las Comunidades Autónomas en la elaboración de sus presupuestos se extiende a la fijación de topes generales para dichos presupuestos, toda vez que la política presupuestaria es un instrumento de la política económica a cuyo través incumbe al Estado garantizar el equilibrio económico general (SSTC 62/2011, 134/2011) [FJ 6].
La competencia estatal sobre la política presupuestaria determina la plena aplicabilidad del principio de estabilidad presupuestaria a los presupuestos del sector público —estatal, autonómico y local—, sin que se pueda considerar que tal aplicación quebrante la competencia autonómica en materia de régimen de organización de su autogobierno ya que tan sólo determina el marco presupuestario en el que ha de ejercer su actividad [FJ 7].
El Estado está constitucionalmente legitimado, ex arts. 149.1.13 y 156.1 CE, para establecer topes en los presupuestos autonómicos, por corresponderle garantizar el equilibrio económico general (STC 134/2011) [FJ 8].
La responsabilidad ad extra de la Administración estatal por incumplimientos del Derecho de la Unión Europea no justifica la asunción de una competencia que no le corresponde, aunque tampoco le impide repercutir ad intra, sobre las Administraciones públicas autonómicas competentes, la responsabilidad que en cada caso proceda (SSTC 79/1992, 96/2002) [FJ 11].
Corresponde al Estado, no sólo establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las irregularidades en el cumplimiento de la normativa europea, sino también los sistemas de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio Estado en el caso de que dichas irregularidades se produjeran efectivamente (STC 148/1998) [FJ 11].
La obligación de las entidades locales de ajustar sus presupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria no quebranta su autonomía política al no cuestionar el establecimiento de las políticas locales ni vulnerar su suficiencia financiera, fijando tan sólo el marco presupuestario en el que han de ejercerse dichas políticas (STC 134/2011) [FJ 12].
La obligación de las entidades locales de ajustar sus presupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria no quebranta su autonomía financiera, pues en nada interfieren en los recursos que el Estado debe poner a su disposición mediante la participación de dichos entes en los tributos estatales (STC 134/2011) [FJ 12].
Por la concurrencia y prevalencia de otros títulos competenciales, la apelación al crédito ha de quedar sujeta, a la hora de establecer los límites o de verificar la procedencia de operaciones que excedan del techo de endeudamiento, al control estatal (STC 134/2011) [FJ 12].
La audiencia a la Comisión Nacional de Administración Local, en el proceso de establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de las entidades locales no menoscaba la competencia autonómica de tutela de los entes locales, ya que exclusivamente atiende a razones de eficacia y operatividad en el ejercicio, por el Estado, de su propia competencia (STC 134/2011) [FJ 12].
Tanto la obligada elaboración del plan económico-financiero como la intervención del Ministerio de Hacienda son manifestación del principio de coordinación de la competencia estatal, coordinación que puede conllevar una actuación de vigilancia o seguimiento, sin que ello suponga la sustitución por el Estado del ente local afectado (STC 134/2011) [FJ 12].
La competencia para autorizar o no una operación de crédito que supone superar el techo normal de endeudamiento ha de atribuirse a la autoridad que tiene la responsabilidad del equilibrio económico (STC 134/2011) [FJ 12].
Las determinaciones normativas de los presupuestos locales contenidas en el precepto impugnado son meras especificaciones técnicas que no vulneran las autonomía local ni su suficiencia financiera, ya que no ponen en cuestión la intervención de los entes locales en los asuntos de su interés ni conllevan merma alguna de sus recursos (STC 134/2011) [FJ 12].
La determinación conjunta del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Estado y el Sistema de Seguridad Social posee una finalidad razonable dado que este último también se financia con recursos del Estado por lo que mientas no exista separación de fuentes no es arbitrario que dicho objetivo se determine teniendo en cuenta a ambos [FJ 13].
La verificación de una posible extralimitación competencial por parte del Gobierno habrá que verificarla cuando se dicten las disposiciones reglamentarias y de otra naturaleza necesarias para garantizar la efectiva implantación de los principios establecidos en la ley impugnada [FJ 14].
Artículo 146.1 (redactado por la Ley 18/2001, de 12 de diciembre)
Artículo 149.1.11, ff. 2, 5, 12
Artículo 149.1.13, ff. 2, 5 a 8, 12
Artículo 149.1.14, ff. 2, 5, 6
Artículo 156, ff. 2, 5
Artículo 156.1, ff. 6, 8
Artículo 35.1.1, f. 2
Artículo 35.1.14, f. 2
Artículo 71.32, f. 6
Artículo 146.1 (redactado por la Ley 18/2001, de 12 de diciembre), ff. 1, 12
Artículo 2.2, ff. 1, 7, 12
Artículo 3.2, ff. 1, 6, 8, 12
Artículo 3.3, ff. 1, 7
Artículo 6.2, ff. 1, 8
Artículo 8.3, ff. 1, 10
Artículo 19, ff. 1, 12
Artículo 20.2, ff. 1, 12
Artículo 23.2, ff. 1, 12
Artículo 25, ff. 1, 12
Disposición adicional única, apartado 2, ff. 1, 12
Disposición transitoria única, ff. 1, 13
Disposición final cuarta, apartado 1, ff. 1, 14
Autonomía financieraAutonomía financiera, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Autonomía financiera de los entes localesAutonomía financiera de los entes locales, f. 12
Comisión Nacional de Administración LocalComisión Nacional de Administración Local, f. 12
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, f. 12
Competencias en materia de planificación económicaCompetencias en materia de planificación económica, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Competencias en materia de tutela financiera de Entes LocalesCompetencias en materia de tutela financiera de Entes Locales, f. 12
Contención del gasto públicoContención del gasto público, ff. 5 a 15
Control financieroControl financiero, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Controles del Estado sobre los entes localesControles del Estado sobre los entes locales, f. 12
Coordinación entre el Estado y las Comunidades AutónomasCoordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Extralimitaciones competencialesExtralimitaciones competenciales, f. 14
Gasto públicoGasto público, f. 11
Límites a la autonomía financieraLímites a la autonomía financiera, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Plan de saneamiento financieroPlan de saneamiento financiero, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Presupuestos de las Comunidades AutónomasPresupuestos de las Comunidades Autónomas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Presupuestos de los entes localesPresupuestos de los entes locales, f. 12
Presupuestos públicosPresupuestos públicos, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Principio de estabilidad presupuestariaPrincipio de estabilidad presupuestaria, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Principio de suficiencia financieraPrincipio de suficiencia financiera, f. 12
Responsabilidad financieraResponsabilidad financiera, f. 11
Aplicación del Derecho de la Unión EuropeaAplicación del Derecho de la Unión Europea, f. 11
Autorizaciones de operaciones de créditoAutorizaciones de operaciones de crédito, f. 12
Informes consultivosInformes consultivos, f. 10
Leyes de presupuestos de las Comunidades AutónomasLeyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Leyes estatalesLeyes estatales, f. 14
Régimen económico de la Seguridad SocialRégimen económico de la Seguridad Social, f. 13
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicasResponsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, f. 11
Responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Unión EuropeaResponsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, f. 11
Consejo de política fiscal y financiera de las Comunidades AutónomasConsejo de política fiscal y financiera de las Comunidades Autónomas, f. 10

References: artículo 3
 artículo 137
 artículo 35
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 146

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 156

Artículo 156

Artículo 35

Artículo 35

Artículo 71

Artículo 146

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 23

Artículo 25