Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1453
Timestamp: 2019-12-15 13:53:41+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2016-1453
Documento BOE-A-2016-1453
«BOE» núm. 37, de 12 de febrero de 2016, páginas 11639 a 11645 (7 págs.)
BOE-A-2016-1453
Sentencia n.º: 1/2015.
Fecha sentencia: 16/12/2015.
Conflicto de jurisdicción: 1/2015.
Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy.
Sentencia núm.: 1/2015
Presidente: Don Carlos Lesmes Serrano
Don José Antonio Montero Fernández.
Don Wenceslao Francisco Olea Godoy.
Primero. Antecedentes previos al planteamiento del conflicto de jurisdicción.–Mediante sentencia de 8 de abril de 2015 recaída en el juicio ordinario 160/2012, el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Huesca estimó las demandas formuladas por la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena frente a la Generalitat de Cataluña, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, la Orden Sanjuanista del Monasterio de Villanueva de Sijena, las Reverendas Sanjuanistas del Monasterio de Valldoreix y declaró la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat de Cataluña en los años 1983 y 1992 y por el Museo de Arte de Cataluña en 1994, declarando que la propiedad de los bienes objeto de tales contratos es de la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena y acordando el reintegro al propietario de la posesión material de los bienes objeto de las compraventas, relacionados en el anexo 5 de la sentencia, al Monasterio de Sijena, sito en el término municipal de Villanueva de Sijena (Huesca). Por otra parte, desestimó la demanda formulada frente a la Federación de la Orden San Juan de Jerusalén (Orden Religiosa Sanjuanista).
Segundo. Planteamiento del conflicto de jurisdicción y negativa al requerimiento de inhibición.–En la sesión del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña de 16 de junio de 2015 se acordó plantear conflicto de jurisdicción al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Huesca, facultándose al consejero de Cultura para formalizar, firmar y presentar el escrito de requerimiento de inhibición a que se refiere el artículo 10.2 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales (en lo sucesivo, LCJ).
Acordada la suspensión de las actuaciones de ejecución provisional, en las que se había formulado oposición tanto por la Generalitat de Cataluña como por el Museo Nacional de Arte de Cataluña, previo traslado para alegaciones sobre el conflicto planteado a las partes y al Ministerio Fiscal, el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Huesca, mediante auto de 22 de julio de 2015, acordó no acceder al requerimiento de inhibición, teniendo por planteado formalmente el conflicto de jurisdicción y remitiendo las actuaciones al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
Tercero. Tramitación ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.–Recibidas las actuaciones de ejecución provisional, se interesó de la Generalitat de Cataluña la remisión del expediente administrativo, confiriéndose traslado al Ministerio Fiscal y a la Administración interesada a los efectos previstos en el artículo 14.1.º de la LCJ, habiéndose evacuado por ambos el traslado conferido.
Primero. Delimitación de la cuestión controvertida y marco normativo aplicable.–El objeto del conflicto promovido exige resolver si el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Huesca tiene competencia para continuar conociendo de la demanda de ejecución provisional despachada o si, por el contrario, mediante su conocimiento está invadiendo alguna competencia de la Administración.
Para dilucidar la controversia ha de partirse del marco normativo que la delimita, tanto en lo atinente al objeto del conflicto que puede promover la Administración a los órganos jurisdiccionales, como en lo relativo a la posibilidad que tiene de plantearlo en fase de ejecución de sentencia, aunque sea provisional, y al alcance de la sentencia que puede recaer en el mismo. A este respecto, debe recordarse el contenido de los artículos 5, 7 y 17.1.º de la LCJ:
«Sólo los titulares de los órganos a que se refiere el artículo 3 podrán plantear conflictos de jurisdicción a los Juzgados y Tribunales, y únicamente lo harán para reclamar el conocimiento de los asuntos que, de acuerdo con la legislación vigente, les corresponda entender a ellos mismos, a las autoridades que de ellos dependan, o a los órganos de la Administración Pública en los ramos que representan» (art. 5 de la LCJ).
«No podrán plantearse conflictos de jurisdicción a los Juzgados y Tribunales en los asuntos judiciales resueltos por auto o sentencia firmes o pendientes sólo de recurso de casación o de revisión, salvo cuando el conflicto nazca o se plantee con motivo de la ejecución de aquéllos o afecte a facultades de la Administración que hayan de ejercitarse en trámite de ejecución» (art. 7 de la LCJ).
«La sentencia declarará a quién corresponde la jurisdicción controvertida, no pudiendo extenderse a cuestiones ajenas al conflicto jurisdiccional planteado» (art. 17.1 de la LCJ).
Segundo. Razonamientos de la Administración que promueve el conflicto.–En primer lugar, la Generalitat de Cataluña hace referencia a que el conflicto se ha promovido en el momento procesal adecuado, ya que, al amparo del artículo 7 de la LCJ, el conflicto afecta a facultades de la Administración que han de ejercitarse en trámite de ejecución, cuando se dictan medidas ejecutivas concretas contra la Generalitat que le imponen la restitución de los bienes controvertidos, bienes que están protegidos por la Administración Pública catalana.
1. El artículo 127.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, atribuye a Cataluña competencia exclusiva en materia de cultura y patrimonio cultural de Cataluña.
2. La STC 6/2012, de 18 de enero, al resolver un conflicto positivo de competencia planteado frente a la Comunidad Autónoma de Aragón respecto de los mismos bienes procedentes del Monasterio de Sijena objeto de la actual ejecución provisional, atribuyó la competencia controvertida sobre tales bienes a la Comunidad Autónoma catalana a cuyo cuidado se encuentran los bienes. E invoca la Generalitat que esta sentencia que, con independencia de cuál sea el origen de los bienes discutidos, Cataluña viene cumpliendo respecto de ellos la función de preservación del patrimonio histórico y artístico de España, por lo que los bienes están en adecuadas condiciones de conservación en Cataluña y resulta constitucionalmente congruente que permanezcan en la Comunidad Autónoma en la que se encuentran.
3. El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Huesca, en la argumentación de la Administración catalana, al dictar la sentencia, infringió el contenido del artículo 61.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que atribuye plenos efectos frente a todos a las sentencias del Tribunal Constitucional por las que se resuelven los conflictos de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí.
4. El auto por el que se despacha la ejecución adopta unas medidas contrarias a la preservación de los bienes protegidos cuya competencia corresponde a la Generalitat de Cataluña, ya que en él se especifica que los bienes se entreguen al Monasterio de Sijena, entidad que carece de competencias para la protección del patrimonio histórico y cultural, por lo que la ejecución provisional pone en peligro la preservación y conservación de bienes protegidos e incide directamente en las competencias que en materia de patrimonio cultural tiene atribuidas estatutariamente la Generalitat de Cataluña.
Tercero. Razonamientos del órgano jurisdiccional que rechaza el requerimiento de inhibición.–Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Huesca rechaza el requerimiento de inhibición, sintéticamente, por las siguientes razones:
1. En el conflicto planteado no existe la discrepancia competencial entre la Administración y el órgano judicial exigida por el artículo 5 de la LCJ, sino que la Administración, al promoverlo, tiene por único objeto suspender la ejecución provisional despachada. Añade, además, que la Generalitat carece de modo evidente de cualquier competencia para decidir sobre la propiedad de los bienes (lo que constituye el objeto del pleito promovido ante la jurisdicción) ni sobre la ejecución de la sentencia dictada sobre dicha materia.
2. La STC 6/2012 en la que se apoya el conflicto jurisdiccional planteado no es aplicable al caso, ya que la misma resuelve un conflicto positivo de competencia entre las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón en materia de cultura y patrimonio cultural, mientras que en el juicio ordinario promovido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Huesca se ha discutido la titularidad de la propiedad de los bienes mediante el ejercicio de una acción de nulidad de pleno de derecho de determinados contratos de compraventa. La referida STC 6/2012 especifica que las cuestiones relativas a la determinación de la titularidad de los bienes controvertidos «deben excluirse del conflicto constitucional, dado su carácter fáctico o de legalidad ordinaria, pues ciertamente afectan a la calificación de los bienes y a eventuales vicios de legalidad en el proceso de enajenación. La verificación de dichos requisitos corresponde en exclusiva a los Tribunales ordinarios».
Cuarto. Delimitación del debate suscitado.–Antes de proceder al examen de las cuestiones que surgen en el presente incidente conflictual es necesario dejar constancia de la propia naturaleza de este Tribunal y de su cometido, conforme a la normativa ya mencionada, así como de la propia naturaleza de las decisiones adoptadas tanto por el Juzgado requerido como por la Administración requirente, en orden a la competencia para conocer de la materia a que se refiere el debate.
Ha de tenerse en cuenta al respecto la naturaleza del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, órgano que únicamente puede pronunciarse sobre la atribución de competencia para conocer del asunto promovido a favor de los órganos de la Administración o a favor de los de la jurisdicción, con independencia de la solución que proceda en cuanto al fondo de la controversia. Así se desprende de todo el articulado de la LCJ y en especial, en lo que afecta al conflicto aquí promovido, de los artículos 5 [que determina que la Administración únicamente puede promover conflicto a los órganos jurisdiccionales para «reclamar el conocimiento de los asuntos (…)»] y 17.1.º [que especifica que la sentencia que puede dictar este tribunal ha de limitarse a declarar «(…) a quién corresponde la jurisdicción controvertida, no pudiendo extenderse a cuestiones ajenas al conflicto jurisdiccional planteado»].
En este sentido debemos comenzar por señalar que lo que realmente constituye el objeto sobre el que recaen la polémica del conflicto es la misma ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia de Huesca, en el bien entendido de que no nos corresponde ahora a nosotros determinar la procedencia u oportunidad sobre la naturaleza provisional de la decisión adoptada por el mencionado órgano judicial, conforme a las normas de procedimiento que le está obligado guardar, a la vista de las peticiones de las partes. Y dando un paso en esa delimitación, debemos señalar que esa potestad de ejecución de sentencias comporta, de una parte, la potestad de los juzgados y Tribunales, conforme se proclama en el artículo 117.3.º de la Constitución y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial; de otra, que es esa una facultad que se integra en el derecho fundamental a la tutela judicial, que ha de ser efectiva, que se reconoce a quienes han sido parte en un proceso –también de los poderes públicos cuando lo sean– en el artículo 24 de la Constitución. Ahora bien, sobre esa premisa debe tenerse en cuenta que este Tribunal, por su mismo cometido, no puede entrar a examinar las cuestiones concretas a que se refieren las resoluciones dictadas para arrogarse la competencia cuestionada, al menos no puede examinarse más allá de lo que se exclusivamente necesario para determinar esa atribución competencia.
Sentado lo anterior hemos de recordar que, como se ha señalado en el fundamento de derecho segundo, la Generalitat de Cataluña considera que el conflicto se ha promovido en el momento procesal adecuado, al amparo del artículo 7 de la LCJ, ya que afecta a facultades de la Administración que han de ejercitarse en trámite de ejecución, fase en la que se dictan medidas ejecutivas concretas contra la Generalitat que le imponen la restitución de los bienes controvertidos.
Y si bien es verdad que en relación con el momento procesal para promover el conflicto, conforme a lo establecido en el artículo 7, se excluye respecto de la ejecución de sentencias o autos firmes, lo que no es el caso de autos, debemos tener en cuenta que por la misma motivación y momento en que se suscita aparece como un medio para suspender la ejecución, lo que no puede ampararse en este procedimiento conflictual, como ya se declaró, entre otras, en la sentencia de 7 de octubre de 2014 (CJ 9/2014).
Quinto. Naturaleza y objeto de los conflictos positivos de jurisdicción: inadmisibilidad del conflicto promovido por falta de sus presupuestos.–Una vez analizados el objeto y naturaleza de los conflictos positivos de jurisdicción y los términos en que ha quedado planteado el conflicto promovido, cabe señalar, en primer lugar, su inadmisibilidad, que en esta fase procesal deviene en causa de desestimación, por falta de cumplimiento de sus presupuestos.
Por el contrario, lo que invoca la Generalitat es que la sentencia se dictó desoyendo determinadas competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma. Es decir, el órgano requirente no está poniendo en cuestión la competencia de la jurisdicción para conocer del asunto –que es la ejecución de una resolución jurisdiccional–, sino los términos en los que la controversia fue resuelta en primera instancia por los tribunales.
En consecuencia, la pretensión ejercitada a través del conflicto de jurisdicción promovido es ajena a su objeto, conforme está delimitado en el artículo 5 de la LCJ, en el que se especifica, como ya se ha recordado, que únicamente cabe promover el conflicto para «reclamar el conocimiento» de los asuntos que, de acuerdo con la legislación vigente, corresponda conocer a los órganos de la Administración. De no aceptarse el argumento expuesto se llegaría a la inadmisible conclusión de que la Administración catalana está pretendiendo la competencia para ejecutar una resolución jurisdiccional, que nunca se postula.
Este tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre la inadecuación de la utilización de la vía del conflicto de jurisdicción para evitar o demorar el cumplimiento de un fallo judicial (STJC 3/2004, de 30-6 [confl. 2/2003]), para mostrar discrepancias frente a las resoluciones jurisdiccionales que hayan de hacerse valer por la vía de los recursos (SSTCJ 12/2007, de 7-11 [confl. 5/2007] y 2/2011, de 20-9 [confl. 3/2011] o para replantear en el conflicto de jurisdicción el fondo de la cuestión debatida en el proceso judicial (STCJ 10/2013, de 18-12 [confl. 8/2013]).
Sexto. Competencia de la jurisdicción para conocer de la acción promovida y de la ejecución de la sentencia.–Aunque los razonamientos reflejados en el anterior fundamento de derecho son suficientes, por sí mismos, para la desestimación del conflicto promovido por ausencia de sus presupuestos, en un intento de apurar al máximo la tutela impetrada ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, cabe añadir que, aun en el caso de que se entendiese que el conflicto cumple los presupuestos exigidos en la LCJ, procede desestimarlo también en cuanto al fondo de la controversia planteada y declarar que la jurisdicción corresponde al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Huesca, en aplicación de la exigencia contenida en el artículo 17.1 LCJ:
La STC 6/2012 en la que se apoya el conflicto jurisdiccional planteado no es aplicable al caso, ya que la misma resuelve un conflicto positivo de competencia entre las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón en materia de cultura y patrimonio cultural, mientras que en el proceso judicial se ha discutido la titularidad de la propiedad de los bienes por posibles vicios en su enajenación, cuestión sobre la que la propia STC 6/2012 atribuye a la jurisdicción ordinaria. Ello sin perjuicio de que, tratándose de bienes de interés cultural, en la ejecución provisional de la sentencia el Juzgado tenga que atender a las obligaciones de «singular protección y tutela» que impone el interés público, para evitar años o deterioro de los mismos (F.J 4 de la sentencia de este Tribunal de Conflictos núm. 2/2007, de 5 de marzo de 2007, BOE de 9 de abril), lo que en nada afecta a la competencia para ejecutar la sentencia dictada que corresponde en exclusiva a la jurisdicción, como proclama el principio de exclusividad jurisdiccional previsto en el artículo 117.3 de la Constitución Española, ya que la ejecución de las resoluciones judiciales forma parte integrante de la tutela judicial efectiva (art. 24. 1 CE) y corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional (artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Séptimo. Gratuidad del procedimiento.–No procede hacer pronunciamiento alguno en materia de costas, habida cuenta del carácter gratuito del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la LCJ.
Octavo. Firmeza de la sentencia.–La presente sentencia es firme, ya que no procede contra ella recurso ordinario ni extraordinario, salvo el amparo constitucional cuando proceda, conforme a lo establecido en el artículo 20.1 de la LCJ.
1. Desestimar el conflicto positivo de jurisdicción planteado por la Generalitat de Cataluña frente al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Huesca.
2. Declarar que corresponde al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Huesca la competencia para seguir conociendo de la ejecución provisional despachada bajo el núm. 87/2015.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos y firmamos.–Carlos Lesmes Serrano, Jose Antonio Montero Fernández, Wenceslao Francisco Olea Godoy, Enrique Alonso García, Landelino Lavilla Alsina, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

References: artículo 10
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 127
 artículo 61
 artículo 5
 artículo 117
 artículo 24
 artículo 7
 artículo 7
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 17
 artículo 117
 artículo 21
 artículo 20