Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-24-de-2002?documento=legcol&contexto=legcol_75992041c65ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-06-27 12:46:54+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 24 DE 2002
RESOLUCIÓN 24 DE 15 DE ENERO DE 2002
CONTENIDO:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. EXPIDE EL MANUAL DE ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SERÁ UTILIZADO COMO GUÍA EN EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CON LAS AUTORIDADES NACIONALES Y LOS PARTICULARES, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES EXTRANJERAS MENCIONADAS EN LOS ARTÍCULOS 499 A 507 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. DEROGA LA RESOLUCIÓN 1219 DE 2001.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCEDIMIENTO PENAL, INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE RELACIONES EXTERIORES, PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1186 DE MARZO 15 DE 2002, PG.434
DIARIO OFICIAL N°:44684 DE ENERO 22 DE 2002
VIGENCIA:DEROGADO POR LA RESOLUCIÓN 4717 DE 2009 ARTÍCULO 2 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN 24 DE 2002
“Por medio de la cual se expide el Manual de asistencia judicial mutua nacional e internacional”.
(Nota: Derogado por la Resolución 4717 de 2009 artículo 2° de la Fiscalía General de la Nación)
(Nota: Véase Resolución 2450 de 2006 artículo 10 de la Fiscalía General de la Nación)
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en los numerales 1º, 4º, 7º, 8º y 13 del artículo 17 del Decreto 261 de 22 de febrero de 2000, de las conferidas por las leyes aprobatorias de los acuerdos o convenios binacionales y multinacionales sobre asistencia o cooperación judicial mutua o recíproca en materia penal, y en los artículos 499 a 507 del Código de Procedimiento Penal, y
1. Que es conveniente, para la función de investigación de la Fiscalía General de la Nación, disciplinar las comunicaciones de los funcionarios judiciales y de policía judicial de la Fiscalía con autoridades nacionales y particulares, en las que se solicita asistencia o cooperación para el mejor desempeño de la función de investigar, y
2. Que para claridad y legalidad de la asistencia o cooperación judicial penal mutua o recíproca internacional, es conveniente organizarla distinguiendo la que se apoya en convenios binacionales o multinacionales vigentes; de la que se apoya en el Código de Procedimiento Penal; o la que trata del empleo de técnicas como la “entrega vigilada” o la de “agente encubierto”,
ART. 1º—El texto que sigue es el manual de asistencia judicial mutua nacional e internacional, que será utilizado como guía en el desarrollo de las relaciones de la Fiscalía General de la Nación con las autoridades nacionales y los particulares, así como con las autoridades judiciales extranjeras mencionadas en los artículos 499 a 507 del Código de Procedimiento Penal.
Manual de asistencia judicial mutua nacional e internacional
La palabra manual se emplea para denotar un texto que compendia lo esencial de una determinada materia. También, se usa para designar un libro de instrucciones para usar como guía o referencia. Libro que contiene los pasos o trámites que hay que dar para hacer algo. El manual es un texto que contiene las reglas prácticas para ser aplicadas en una determinada labor. Todos los manuales contienen indicaciones acerca de la forma de realizar un trabajo o alguna actividad de la manera más eficiente y eficaz. El manual de asistencia judicial penal mutua nacional e internacional, debe contener las instrucciones para que el Fiscal General de la Nación o el fiscal delegado soliciten la cooperación de las autoridades nacionales y de los particulares en desarrollo de proceso de investigación, y la asistencia judicial mutua o recíproca de las autoridades extranjeras para realizar los fines de la investigación de los delitos y sus autores y cómplices en Colombia.
¿Qué es la asistencia judicial penal?
La palabra asistencia tiene, en castellano, múltiples acepciones. La que mejor conviene en la expresión “asistencia judicial”, es la tercera acepción que denota socorro, favor, ayuda y, por tanto, significa también apoyar, cooperar y colaborar. El vocablo judicial, en cuanto a la Fiscalía se refiere, denota la función de investigar los delitos y la de acusar a los presuntos infractores. Por eso la expresión “asistencia judicial penal” significa ayuda, cooperación o colaboración para el ejercicio eficiente de la función de investigar, pues en la acusación no se ha de requerir y, si llega a requerirse, es para muy poco. En la investigación, la cooperación se necesita para descubrir las fuentes de información, para acceder a ellas, para obtener la información, para obtener los elementos físicos o materiales de prueba, para la práctica de medios de prueba, para la obtención de medios de prueba ya practicados, para descubrir el paradero de un individuo, la captura o aprehensión de procesados, la citación de testigos, la ejecución de embargos, secuestros y congelaciones de depósitos en bancos y otras entidades financieras; para la realización de comiso o decomisos e incautaciones; para hacer notificaciones y traslados, etc. La asistencia judicial penal es múltiple y variada.
El Fiscal investigador puede, legalmente, esperar la cooperación de las autoridades nacionales y de los residentes en Colombia. Para obtener esa colaboración debe emplear procedimientos prácticos que sean legales y eficaces. Así, cuando solicita le envíen un documento que se encuentra en una oficina pública o privada. Cuando solicita la congelación de depósitos existentes en cuentas corrientes, cuentas de ahorros, depósitos a término fijó, etc. Cuando solicita el registro de un embargo de bienes inmuebles. Cuando solicita la cooperación técnico-científica de expertos de ciertas entidades como empresas industriales, universidades, hospitales, laboratorios de distintas clases, etc. En todos estos casos se debe proceder de manera legal y técnica.
El fiscal investigador puede esperar la colaboración de un ministro o agente diplomático de Nación extranjera acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia. La solicitud de asistencia judicial debe hacerse en la forma legal prevista en el artículo 272 del Código de Procedimiento Penal. En casos de allanamientos especiales debe procederse en la forma prescrita por el artículo 295 de la obra citada.
El Fiscal investigador puede esperar la cooperación de autoridades extranjeras para obtener medios de prueba ya practicados, para obtener la práctica de medios de prueba, para obtener elementos materiales de prueba y la ejecutoria de otros actos procesales de gran importancia en una investigación. Esta cooperación puede basarse en acuerdos o convenios, entre Colombia y otro Estado, o en convenios multilaterales como la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas” del 20 de diciembre de 1988. Cuando no existe ninguno de los instrumentos jurídicos antes mencionados, se recurre a la ley interna y a la cortesía internacional. Hay otros tipos de cooperación que pueden o no servir inmediatamente a una investigación que adelanta un fiscal en Colombia, como las llamadas “entregas vigiladas” y los agentes encubiertos mencionados en el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal.
Formas de la solicitud de asistencia
Las formas más frecuentes de la solicitud de asistencia judicial penal son las siguientes:
El oficio. Es la comunicación escrita que un funcionario público dirige a otro, referente a los asuntos del servicio público en las dependencias del Estado, y por extensión, la dirigida, por dicho funcionario a un particular pero siempre relacionada con los fines del ejercicio de la función pública. El oficio puede contener la orden imperativa de que se haga o no se haga algo, o la solicitud a alguien de que ordene a otro hacer o no hacer algo. Esta forma de comunicación se usa entre una autoridad y otra que le está subordinada o que tiene el deber legal de hacer o no hacer lo que se ordena.
El despacho. Es el mensaje escrito que un funcionario público dirige a otro para que facilite algo o remueva algún obstáculo. El mensaje se refiere, usualmente, a una diligencia o un negocio oficial.
La comisión. Es la orden y facultad que una autoridad da a otra por escrito, para que ejecute algún encargo o atienda algún asunto. Es, pues, la comunicación escrita que contiene la orden y la facultad para hacer algo específico. La comisión, en el proceso penal, es sólo para la práctica de medios de prueba y la realización de otras diligencias procesales penales.
La boleta de citación. En el sentido que esa expresión tiene en el medio judicial, es una comunicación escrita y firmada por la autoridad competente y dirigida a una persona natural, en la que se le señala fecha y hora para que concurra al despacho judicial del que suscribe la comunicación, para la realización de algún acto de prueba o algún acto procesal de otra índole. Generalmente se indican las sanciones que le pueden imponer legalmente en el caso de que el citado no cumpla con su deber de concurrir al mencionado despacho.
El exhorto. Es el despacho de un juez dirigido a otro de igual o similar categoría, para que mande dar cumplimiento a lo que se le pide. Exhorta y pide, no manda por no ser su superior. El artículo 1º de la Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, de 23 de octubre de 1975, dice: “Para los efectos de esta convención las expresiones “exhortos” o “cartas rogatorias”, se utilizan como sinónimos en el texto español. Las expresiones “commissions rogatoires”, y “letters rogatory” y “cartas rogatorias”, empleadas en los textos francés, inglés y portugués, respectivamente, comprenden tanto los exhortos como las cartas rogatorias”. No obstante, la carta rogatoria se ha reservado para solicitar cooperación judicial a una autoridad extranjera.
La carta rogatoria. Es la comunicación escrita que un funcionario judicial dirige a una autoridad extranjera solicitándole practicar u ordenar que se practique un acto de asistencia judicial penal previsto en un acuerdo o convenio, en un tratado multilateral o convención, en la cortesía internacional o en la ley interna del Estado requerido o del Estado del funcionario que formula la solicitud. En todos los casos se ruega prestar la colaboración o asistencia. La nota suplicatoria es una comunicación escrita similar a la anterior.
Actos que comprende la asistencia judicial penal
Cada acuerdo o convenio sobre asistencia o cooperación judicial penal señala expresamente los actos que dicha asistencia comprende. En estos casos hay que obrar conforme a ese acuerdo o convenio. El tratado multilateral como la Convención de Viena de 1988, también señala expresamente los actos de cooperación judicial. Y hay que atenerse a lo dispuesto en ese instrumento. A falta de los mencionados acuerdos y tratados, es necesario consultar la ley interna del Estado requerido y la cortesía internacional. Y en todos los casos, nacionales e internacionales, consultar la ley colombiana sobre el tema. Ejemplo o modelo.
Unidad de Fiscalía 1ª de Vida
Medellín, 10 de septiembre de 2001
Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín
Sírvase remitir a este despacho, dentro de las 24 horas siguientes al de su recibo, el informe pericial de necropsia practicada en esa regional al cadáver de quien en vida respondiera el nombre de _______ cuyo levantamiento se llevó a cabo (fecha y lugar) y trasladado a la dependencia a su cargo en la misma fecha dicha y a las (hora de entrega). Se requiere para agregarlo al proceso que por homicidio adelanta esta Unidad de Fiscalía.
Fulano de tal y cual
Fiscal 30 Delegado
Penitenciaría Central de Colombia (Picota)
Por providencia de tal fecha, ha sido comisionado conforme al artículo 183 del Código de Procedimiento Penal, para notificar personalmente al señor ______ la resolución de acusación por los delitos de homicidio y lesiones personales, proferida en su contra en tal fecha. Le anexo copia de la providencia a notificar. Se encarece cumplir la comisión y su devolución a este despacho a la mayor brevedad posible.
Fiscal 3º Delegado
Por resolución fechada el ______, se dispuso recibir a usted declaración bajo juramento mediante certificación jurada como lo manda el artículo 271 del Código de Procedimiento Penal. En cumplimiento de esa misma disposición le anexo una sucinta relación de los hechos pertinentes y el cuestionario que debe responder. Se le solicita devolver a este despacho la certificación jurada y la documentación que se le envía, dentro de los 8 días siguientes a la recepción de estos documentos.
Fiscal 3º Delegado Unidad de Fiscalía 1ª de Vida
Boleta de Citación Nº
En cumplimiento de la providencia de tal fecha, por medio de la presente se le cita para que se presente a este despacho, situado _______, el día tal a tal hora, con el fin de rendir declaración bajo juramento, en proceso por la muerte violenta del señor N.N., ocurrida en el sector tal, el ______ a las 9 de la noche. El despacho tiene información según la cual, usted fue testigo presencial de los hechos. Si desatiende esta citación, se le podrán imponer las sanciones previstas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Penal, y ordenar a la policía que lo conduzca a esta oficina conforme al artículo 279 de la obra citada.
Exhorto Nº
El Fiscal 3º Delegado, Unidad de Fiscalía 1ª de Vida
Señor tal, Cónsul de Colombia en Madrid, España
Para que en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución de tal fecha, expedida por este despacho, en el proceso Nº _____ adelantado por la muerte violenta del señor Fulano, se sirva realizar las siguientes diligencias: recibir declaración bajo juramento a cada uno de los señores Perano y Mengano, residentes en Madrid, España, en tal dirección, conforme al interrogatorio que anexo para cada declarante. El término de la comisión es el de diez días contados a partir de la fecha de su recibo. Se le solicita devolver la comisión y los anexos, o solamente la documentación que se envía con la anotación de haber sido imposible cumplirla.
Carta rogatoria Nº 1
El Fiscal 3º delegado, Unidad de Fiscalía 1ª de Vida 1,
Funcionario judicial competente de Caracas,
Prestar la asistencia judicial penal con finalidad de recibir declaración bajo juramento al señor Fulano de tal cuyo testimonio se requiere en el proceso por la muerte violenta del señor tal y en el que figura como sindicado el señor cual, radicado bajo el número ______. Se anexa copia de la providencia que decretó la práctica de esa prueba y que dispuso requerir la cooperación solicitada mediante carta rogatoria, así como una breve relación de los hechos y el interrogatorio que debe responder el mencionado testigo. Este señor reside (aquí la dirección de la residencia).
Le pido y ruego devolver la prueba practicada con la certificación de que se hizo conforme a la ley procedimental penal de su país.
Aunque el convenio en que me fundo la establece, me permito ofrecer reciprocidad para casos similares conforme a la ley colombiana.
Manifiesto a usted mi agradecimiento y consideración.
Carta rogatoria Nº 2
El Fiscal 3º delegado, Unidad de Fiscalía 1ª de Vida,
Prestar la asistencia judicial penal consistente en remitir copia auténtica del informe de la Policía Técnica Judicial de Venezuela sobre los depósitos bancarios del señor Fulano de tal, de nacionalidad colombiana, identificado con el pasaporte Nº _____ y que se encuentra en el proceso número _____ que adelanta su despacho en contra de dicho señor por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Se requiere ese informe para verificar la exactitud de otras informaciones que indican que el dinero recibido por dicho Fulano, por ocasionar la muerte de N.N. que investiga el Fiscal 3º delegado que ruega esta cooperación, fue depositado en los bancos mencionados en el informe que se solicita.
Comedidamente le pido remitir el documento solicitado con la constancia de que es copia del original.
El Fiscal 3º delegado que formula esta rogatoria se permite ofrecer reciprocidad para casos similares conforme a la ley colombiana, y manifiesta su agradecimiento y consideración.
Nota suplicatoria Nº
De la ciudad de Medellín
Al señor Fulano de tal, Embajador de la República de Venezuela acreditado en Colombia, que si lo tiene a bien, se sirva rendir testimonio por medio de certificación jurada con base en la breve relación de los hechos que se investigan y el cuestionario que junto con lo anterior conforman los anexos de esta nota suplicatoria. Se le suplica devolver su atestación y los anexos a la mayor brevedad, pues los términos procesales son perentorios. Su testimonio se requiere en el proceso número _____ que cursa en este despacho por el delito de _____ contra el señor _____.
La Fiscalía agradece su valiosa cooperación y me suscribo de usted con todo respeto.
Medellín, 10 de septiembre de 2001.
Asistencia judicial penal nacional
Las autoridades de la República están distribuidas en las diversas ramas del poder público y en los demás órganos autónomos e independientes. Aunque tienen funciones separadas, colaboran armónicamente para la realización de los fines del Estado. Entre éstos se cuentan la justicia y la protección de todos los residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, según el preámbulo y los artículos 2º y 113 de la Constitución Política. Para cumplir tales propósitos, el numeral 7º del artículo 95 de la obra citada establece como deber de toda persona “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. El artículo 4º del Decreto 2699 de 1991, prescribe que las dependencias administrativas y de policía judicial pertenecientes a la Fiscalía, tienen como propósito exclusivo apoyar el ejercicio de la función de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores. Todo esto quiere decir que en el ejercicio de la función judicial de investigar, el Fiscal General, el vicefiscal general y los diferentes fiscales delegados ante los distintos órganos judiciales, tienen el derecho a la cooperación de las demás autoridades nacionales y de los residentes en Colombia, en la forma y términos que la ley procedimental penal establece. Pero no es sólo un derecho sino también un deber, el de ejercer ese derecho para el éxito de las investigaciones. Por tanto, se trata de una potestad y ninguna autoridad nacional, ni ningún residente en Colombia puede impunemente negar la asistencia o ayuda que le solicita la Fiscalía General, conforme a la ley.
El funcionario judicial penal competente, que tiene a su cargo la investigación, necesita la cooperación de testigos, peritos, intérpretes, traductores, autoridades públicas y privadas, de la fuerza pública y en fin, de personas naturales que poseen información útil para la investigación y pueden suministrarla a dicho funcionario. Aunque en el Código de Procedimiento Penal se prevé la forma de solicitar y obtener esa colaboración, las instrucciones siguientes pueden ser de gran utilidad.
Instrucciones para solicitar la anterior cooperación
En este texto, el vocablo instrucción se toma en el sentido de conjunto de reglas o advertencias para un fin. Se trata, pues, de reglas técnicas y no de normas jurídicas o morales. Estas instrucciones se refieren a la solicitud de cooperación que, con base en el Código de Procedimiento Penal, se hace a las personas mencionadas en el último párrafo anterior.
Si el funcionario judicial penal o de policía judicial encargado de la investigación, necesita que una persona comparezca a su despacho a rendir declaración bajo juramento, debe ordenarlo mediante resolución en la cual dispone que se le cite indicando la fecha y hora en que debe comparecer y a dónde. En la misma resolución debe indicar el medio y la forma como se hará la citación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Penal. Aparte de la boleta de citación que es el medio más seguro, se han propuesto la carta certificada, el telegrama con aviso de entrega, el telefax, el teléfono y hasta el correo electrónico.
En la citación se advertirá a la persona que, en caso de que desatienda la citación, podrá ser sancionada conforme al artículo 150 en armonía con los artículos 151 y 279 del Código citado.
Si el funcionario judicial penal o de policía judicial encargado de la investigación, necesita recibir declaración bajo juramento a persona físicamente impedida para concurrir al despacho judicial, lo ordenará mediante resolución y le hará saber, por escrito, que debe permanecer en el sitio en el cual se encuentra, en la fecha y hora señalada para recibirle la declaración, advirtiéndole de las sanciones imponibles en caso de incumplimiento.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, necesita el testimonio de alguna de las personas mencionadas en el artículo 271 del Código de Procedimiento Penal, lo ordenará mediante resolución en la que dispondrá elaborar despacho dirigido a esa persona solicitándole declarar por certificación jurada e indicando los anexos. Éstos están constituidos por la relación sucinta de los hechos objeto de declaración y de las preguntas específicas que el funcionario judicial estima que se deben responder. Se le advierte que debe devolver el despacho dentro de los ocho días siguientes a la fecha de su recibo, so pena de incurrir en falta por incumplimiento de sus deberes.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, necesita saber si sobre los elementos constitutivos de la conducta punible está pendiente decisión judicial al momento de cometerse aquélla, artículo 153 del Código de Procedimiento Penal, dicta resolución ordenando solicitar, al despacho judicial o administrativo del cual depende la mencionada decisión, le suministre la información pertinente. Se comunica mediante oficio o mediante exhorto según el caso.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, considera que el fallo que deba dictarse en el proceso penal que ha iniciado, haya de influir necesariamente en la decisión de un proceso de la jurisdicción ordinaria de especialidad diferente a la penal, como se prevé en el artículo 154 del Código de Procedimiento Penal, dictará resolución ordenando comunicar mediante oficio la situación al juez que esté conociendo del asunto.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación se encontrare en la situación de reconstruir un expediente conforme al artículo 155 del Código de Procedimiento Penal, dictará resolución ordenando solicitar mediante oficio las copias mencionadas en dicha disposición.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, necesitase notificar personalmente alguna providencia a quien se halle privado de libertad en lugar diferente de aquel en el que se adelanta la investigación, dicta resolución comisionando para hacerla al director del establecimiento carcelario y dispone que se le comunique mediante despacho comisorio, el cual se le enviará con los anexos necesarios para cumplir la comisión, tal como se deduce del artículo 183 del Código de Procedimiento Penal.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, necesitare la información de que trata el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, dictará resolución ordenando solicitarla mediante oficio que enviará a la dirección del establecimiento carcelario o al asesor jurídico si lo hay.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, necesita un determinado medio de prueba, un testimonio por ejemplo, que obra en otro proceso penal, civil, laboral, administrativo, etc., que cursa en algún despacho nacional, dicta resolución decretando que se traslade en copia auténtica al proceso que adelanta; y dispone que mediante oficio, en el que transcribe lo resuelto, se solicite al funcionario que conoce de ese proceso le remita la mentada copia. Debe identificar al testigo y señalar la fecha en que rindió la declaración cuya copia requiere.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, requiere la ilustración de expertos en determinada ciencia, arte o técnica conforme al artículo 242 del Código de Procedimiento Penal, dicta resolución disponiendo tal ayuda y solicitar a la entidad oficial o privada, mediante oficio, designar el experto o expertos que se necesiten, como expertos en informática, en telemática, etc. En el mismo acto procesal ordenará que el designado o designados comparezcan a su despacho a prestar la asesoría.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, necesita asegurar los elementos materiales de prueba de que trata el artículo 241 del Código de Procedimiento Penal, dictará la resolución en la que especificará las medidas que deban ponerse en práctica, tales como la vigilancia especial de personas, de muebles o inmuebles, etc., señalará a los funcionarios o empleados que deban realizar esas operaciones e indicará los medios o instrumentos que deban utilizar, ordenará de comunicar lo resuelto mediante oficio en el que se transcribirá el texto de la providencia y señalará el término de la operación.
Si el Fiscal General de la Nación se encontrare en el caso previsto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal, dicta resolución expresando brevemente los motivos en que base su decisión de delegar esa función o de ordenar la incursión o seguimiento pasivo por parte de funcionarios judiciales o de policía judicial que comisiona para tales fines, además señala la duración del seguimiento, la periodicidad de los informes de los comisionados y la citación del representante del Ministerio Público y la orden de comunicar lo decidido mediante oficio en el que se transcribirá la providencia.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, se encontrare en el caso previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Penal, dictará resolución expresando los motivos en que se funda para ordenar que al procesado le hagan los exámenes médicos o paraclínicos necesarios para la comprobación de la conducta punible, sus circunstancias y el grado de responsabilidad del sindicado. Deberá, en esa providencia exigir el respeto incondicional a los derechos fundamentales del procesado. En la misma providencia designará el perito o peritos que hayan de realizar los exámenes y la duración de la comisión. El sindicado deberá ser advertido de lo que se ha ordenado. Lo resuelto se comunicará mediante oficio en el que se transcribirá la providencia.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, se encuentra en la situación descrita en el numeral 1º del artículo 254, dictará una resolución en la que indicará los motivos por los cuales no admite el dictamen, y los requisitos legales que le faltan y en la que ordena al perito que elabore el dictamen observando totalmente lo mandado por el artículo 251. Esta decisión se comunicará mediante oficio en el que se transcribirá la providencia.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, necesita uno o más documentos que se encuentran en poder de persona investida de función pública o no, mediante resolución ordenará a esa persona que cumpla con el deber de entregárselos o de mostrárselos, según el caso, advirtiéndole que para hacerlo dispone de 10 días contados a partir de la fecha del oficio que se le enviará transcribiendo en él la providencia.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, requiere para el proceso investigativo que está adelantando, un documento tachado de falso que obra en proceso que adelanta otro fiscal o alguna otra autoridad pública, dicta resolución ordenando que mediante oficio se solicite a dicha autoridad le envíe el documento requerido, el cual se identifica o determina.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, requiere de los informes de que trata el artículo 263, dictará una resolución ordenando a la entidad pública o privada en cuyos libros aparecen registrados o en cuyos archivos constan los datos sobre los cuales deben producirse los informes técnicos o científicos, suministre al funcionario judicial tales informes dentro del plazo que se fije, teniendo en cuenta la naturaleza de los datos y la dificultad de elaborar los informes. Mediante oficio hace saber lo decidido, transcribiendo en él, la providencia.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, necesita saber si un determinado elemento físico de prueba estuvo en todo tiempo sometido a cadena de custodia, dictará una resolución ordenando que cada una de las personas que haya tenido en su poder dicho elemento, informe si mientras lo tuvo existió la posibilidad de que fuera alterado o suplantado. Mediante oficio en el que se transcribirá la providencia, solicitará el informe antes dicho a cada una de tales personas.
El inciso 5º del artículo 290 del Código de Procedimiento Penal dice: se ordenará la práctica de la necropsia con el fin de obtener información útil a la investigación. En estos casos, el funcionario judicial debe dictar una resolución ordenando la práctica de esa diligencia y enviará al médico-perito la información y documentación disponible como dibujos, diagramas, actas, fotografías o registro, obtenidos por diferentes medios técnicos, así como historias clínicas, etc. Ordenará, también que se libre despacho con los mentados anexos con destino al médico-perito.
En los casos de lesiones personales, el funcionario judicial profiere resolución ordenando el reconocimiento médico del lesionado para determinar la naturaleza de las heridas, el instrumento con que pudieron ser causadas, la determinación de la incapacidad médico-legal y las demás secuelas que puedan producirse. Así lo comunicará al perito mediante oficio en el cual transcribirá la providencia.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, considera necesario retener la correspondencia privada, postal o telegráfica que reciba o remita el imputado o procesado, dicta una resolución motivada (art. 293) ordenando dicha retención, exceptuando la que reciba de su defensor o remita a él y además dispondrá que se oficie en forma reservada a los jefes de oficinas de correos y telégrafos y a los directores de establecimientos de reclusión. En el oficio se transcribe la providencia.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, considera necesario obtener copia de los mensajes transmitidos o recibidos por orden del imputado o procesado a través de las oficinas telegráficas, dictará una resolución decretando la solicitud de copias y oficiando al jefe de oficina respectivo para que le envíe sin dilación lo solicitado.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, considera necesario interceptar mediante grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético con la finalidad de obtener elementos materiales de prueba, dictará una resolución en la que decreta la interceptación, señalará los técnicos que deban hacer la operación, que deben hacerla dentro de las 48 horas siguientes a la del recibo de la comunicación y oficiará a dichos técnicos, y a la Dirección Nacional de Fiscalías dentro de las 24 horas el pronunciamiento de la providencia. En uno y otro oficio se transcribirá la providencia.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, considera que hay lugar a recibir indagatoria a persona que se encuentra en libertad, dictará resolución ordenando indagatoriarla y citándola para que comparezca al despacho del funcionario en fecha y hora que allí se indica. Se ordena además expedir la boleta de citación para que funcionarios del CTI o de la policía hagan la citación.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, considera procedente la captura de quien deba ser indagatoriado o de persona ya vinculada al proceso, dictará una resolución en la que expresa los motivos de la captura y las razones en que se funda, señalando claramente todos los datos necesarios para la identificación o individualización de esa persona y ordenando por oficio que se comunique la providencia a las autoridades encargadas de llevarla a cabo, oficiando para el efecto a la dirección de fiscalía que corresponda a fin de dar cuenta de la captura ordenada, conforme al artículo 350 del Código de Procedimiento Penal.
Si el funcionario judicial penal, hubiese dispuesto mediante resolución la búsqueda urgente de alguna persona cuyo paradero se ignora, y todas las diligencias de búsqueda o algunas de ellas deban llevarse a cabo en lugares distintos, el funcionario que ha proferido la resolución solicita la colaboración de jueces y fiscales del respectivo lugar mediante despacho comisorio que será transmitido por la vía más rápida posible. En esta búsqueda urgente, los funcionarios podrán ingresar a instalaciones, guarniciones, estaciones, dependencias y otros recintos de la fuerza pública, de los organismos de seguridad o de cualquier otra entidad del Estado conforme al artículo 391 del Código de Procedimiento Penal. Para ello deberán hacer saber a los encargados de esas dependencias la autorización que tienen para buscar en esos lugares a personas cuyo paradero se ignora.
En todos los casos previstos en los artículos 60 a 67 del Código de Procedimiento Penal, el Fiscal General de la Nación, el vicefiscal general o el fiscal delegado, para la efectividad de la resolución que ha dictado, la comunica mediante oficio a cada una de las autoridades mencionadas en esas disposiciones.
Asistencia judicial penal prestada por cónsul o embajador colombiano en el Estado donde está la ayuda que se requiere
El Código de Procedimiento Penal no menciona en forma expresa este tipo de asistencia judicial penal. Pero el artículo 23 del ese código dice: “En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, siempre que no se opongan a la naturaleza del proceso penal”. El numeral 2º del artículo 193 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo sustituyó el numeral 93, del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, dice: “Comisionar por medio de exhorto directamente al cónsul o agente diplomático de Colombia en el país respectivo, para que practique las diligencias de conformidad con las leyes nacionales y las devuelva directamente. Los cónsules y agentes diplomáticos de Colombia en el exterior, quedan facultados para practicar todas las diligencias judiciales en materia civil, para las cuales sean comisionados”. Con base en esta disposición se puede comisionar a tales funcionarios para la práctica de diligencias tales como testimonios, colección y envío de documentos, notificaciones, etc. Pero cuando existe acuerdo de cooperación penal entre Colombia y ese Estado, o existe tratado o convención multilateral que prevea tal asistencia, es preferible utilizar esos instrumentos.
En este manual, la palabra instrucción, está tomada en el sentido de conjunto de reglas o advertencias para un fin. Se trata, pues, de reglas técnicas y no de normas jurídicas, morales o del trato social. Estas instrucciones se refieren a la solicitud de cooperación que, con base en las disposiciones citadas en el párrafo anterior, se hace a un cónsul o embajador de Colombia para la práctica o la obtención y ulterior remisión de algún medio de prueba o de un elemento de prueba, como un documento.
La comisión para cualquier diligencia debe determinarse con claridad y precisión.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, necesitare de la cooperación de un cónsul o embajador colombiano para la recepción de un testimonio en la ciudad extranjera donde presta sus servicios, dicta una providencia decretando la práctica de esa prueba. En ella indica inequívocamente la identidad del testigo, su nacionalidad colombiana, su residencia en la mencionada ciudad y toda otra información útil para dar con su paradero. Ordenará elaborar los siguientes anexos: una breve relación de los hechos que se investigan y el interrogatorio a que debe someterse al testigo. También señalará el plazo para cumplir el pedido.
Si el funcionario judicial penal encargado de la investigación, necesitare de la cooperación de un cónsul o embajador colombiano para la obtención de un documento, en original o copia, dicta una providencia decretando la práctica de la prueba. En ella indicará con toda claridad, la clase de documento que requiere, su número si lo tiene, la materia que contiene, la fecha y lugar en que fue expedido y la oficina o archivo en que reposa. Señalará, además, los motivos por los cuales lo requiere, y el plazo dentro del cual debe cumplirse lo solicitado.
Elabora un exhorto en el que transcribe la providencia. Éste y los anexos los empaca debidamente y los remite a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para que luego de registrar la solicitud, la remita a su destinatario.
Asistencia judicial penal solicitada a una autoridad extranjera
1. Asistencia judicial penal prestada por ministro o agente diplomático de Nación extranjera acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia.
1.1. Fundamentos.
El artículo 272 del Código de Procedimiento Penal establece: “Cuando se requiera testimonio de un ministro o agente diplomático de Nación extranjera acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia, se le remitirá al embajador o agente, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria con cuestionario y copia de lo pertinente para que, si él tiene a bien, declare por medio de certificación jurada o permita declarar en la misma forma a la persona solicitada”. Y el artículo 295 dice: “Para el allanamiento y registro de las casas y naves, que conforme al derecho internacional gozan de inmunidad diplomática, el funcionario pedirá su venia al respectivo agente diplomático, mediante oficio en el cual rogará que conteste dentro de las veinticuatro horas siguientes. Este oficio será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de registro de residencia u oficinas de los cónsules se dará aviso al cónsul respectivo y en su defecto a la persona a cuyo cargo estuviese el inmueble objeto de registro”.
Los dos artículos antes mencionados dicen que la nota suplicatoria se envía por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el numeral 2º del artículo 19 del Decreto 261 de 22 de febrero de 2000, le asigna a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General, la función de “atender los requerimientos de las autoridades competentes en materia de cooperación judicial en lo referente al control de la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial recíproca”. Este control no significa poder para interactuar diplomáticamente. La forma de armonizar esas disposiciones se hace tomando la mentada dirección como intermediaria entre el fiscal requirente y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
1.2. Instrucciones para solicitar la anterior cooperación.
En este texto, como en los demás de este manual, la palabra instrucción se toma en el sentido de conjunto de reglas o advertencias para un fin. Se trata, pues, de reglas técnicas y no de normas jurídicas, morales o del trato social. Estas instrucciones se refieren a la solicitud de cooperación que, con base en los artículos 272 y 295 del Código de Procedimiento Penal, se hace a un embajador o a un cónsul acreditados en Colombia y mencionados en párrafos anteriores.
Si el funcionario judicial penal requiere el testimonio de un ministro o agente diplomático de Nación extranjera acreditado en Colombia o, de una persona de su comitiva o familia, dictará una providencia decretando la práctica de ese medio de prueba. En el mismo proveído expresará las razones que hacen necesario el testimonio y su conducencia en el caso concreto; ordenará elaborar un breve resumen del asunto relacionado con la declaración y el interrogatorio que debe responder la persona al declarar mediante certificación jurada. En su caso, en la resolución judicial se formula la solicitud de permitir que el miembro de su comitiva o familia deponga en la misma forma.
Elaborará la nota suplicatoria que tiene las mismas características de la carta rogatoria. En ella transcribirá la providencia mencionada en la regla anterior.
Empacará o embalará la nota suplicatoria y los anexos y enviará todo a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación.
La dirección de asuntos internacionales citada registrará la solicitud. Elaborará el documento por el cual el Fiscal General de la Nación dispone remitir la petición al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que por este conducto se envíe al ministro o agente diplomático acreditado en Colombia.
La dirección de asuntos internacionales hará las gestiones pertinentes para conseguir pronta respuesta.
Las reglas anteriores se observarán cuando lo que solicita es el permiso para que una persona de la comitiva o de la familia del ministro o agente diplomático rinda testimonio mediante certificación jurada.
Si el funcionario judicial penal considera que existen los serios motivos de que trata el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal para llevar a cabo diligencia de allanamiento y registro de las casas y naves que conforme al derecho internacional gozan de inmunidad diplomática, dictará la providencia motivada de que trata el artículo citado. En ella dispondrá, además, solicitar la venia o licencia al respectivo agente diplomático, mediante “oficio en el cual rogará que conteste dentro de las 24 horas siguientes”. Este oficio es equivalente a una carta rogatoria.
Elaborará el oficio o carta rogatoria en la cual transcribirá la providencia mencionada en la regla anterior y la enviará a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación.
La Dirección de asuntos internacionales citada, sigue el procedimiento con observancia de las reglas 4 y 5.
Si el funcionario judicial penal considera que existen los serios motivos de que trata el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal para realizar diligencia de allanamiento y registro en residencia u oficina de un cónsul acreditado en Colombia, dicta la providencia motivada de que trata el artículo citado. En ella dispondrá dar aviso de lo resuelto al respectivo cónsul y, en su defecto, a la persona a cuyo cargo estuviere el inmueble objeto de registro. El funcionario, antes de realizar la diligencia, se cerciorará de que el cónsul o el dicho inmueble no están amparados por la inmunidad diplomática, pues hay que evitar cualquier incidente diplomático.
2. Asistencia judicial penal mutua con Estados que tienen acuerdos o convenios de asistencia con Colombia.
Según el artículo 499 del Código de Procedimiento Penal, son aplicables a las relaciones de las autoridades judiciales penales colombianas con las autoridades extranjeras, principalmente las normas internacionales y subsidiariamente las internas. Las normas internacionales están contenidas en los acuerdos o convenios sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua, o de cooperación judicial en materia penal, o de asistencia judicial mutua en materia penal, etc. O en tratados multilaterales o convenciones. Estas normas una vez perfeccionadas son obligatorias entre los Estados comprometidos y son las que principalmente se emplean en las mentadas relaciones. A falta de esos instrumentos internacionales se aplican las normas legales internas y especialmente los artículos 500 a 507 del Código de Procedimiento Penal. Existen también los memorándum, es decir, comunicaciones diplomáticas generalmente no firmadas, en las que se recapitulan hechos y razones para que se tengan presentes en un asunto grave. Las llamadas declaraciones de intención no son más que la manifestación expresa del ánimo de llegar a un acuerdo. Es claro, entonces, que ni el memorándum, ni las declaraciones de intención obligan a los Estados. En este manual sólo se tendrán como fundamentos jurídicos los acuerdos, las convenciones y la ley nacional interna.
Colombia tiene acuerdos o convenios de asistencia o cooperación judicial en materia penal con la República de Panamá, el Reino de España, la República de Paraguay, la República Francesa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Perú, la República de Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Ecuador, la República de Venezuela, la República Oriental del Uruguay, los Estados Mexicanos, la República de Cuba, la República Dominicana, la República de China. Algunos de estos convenios pueden estar aún en trámite y pueden haberse suscrito otros. Pero para los fines de este manual, los convenios mencionados suministran guías suficientes para el manejo de la asistencia judicial con base en tales instrumentos. En estas condiciones no es conveniente generalizar ni en cuanto a los actos que comprende la ayuda, ni en cuanto a los contenidos de las solicitudes y, ni siquiera, en cuanto al trámite, puesto que si bien en todos esos convenios la autoridad central por Colombia es la Fiscalía General de la Nación, en cada uno de los Estados ya mencionados dicha autoridad varía. Así, pues, se indicarán las instrucciones o guías de acuerdo a cada convenio.
2.2. Cooperación judicial penal mutua entre Colombia y Panamá.
La cooperación judicial penal entre Colombia y la República de Panamá está regulada por el “Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá”, aprobado por medio de la Ley 450 del 4 de agosto de 1998. Como el nombre lo indica, este acuerdo regula la asistencia judicial penal y otras materias.
Actos comprendidos en la asistencia
El artículo II dice:
Dicha asistencia comprenderá, entre otros, los siguientes actos:
f) El Estado requerido hará una consideración especial para decidir con el Estado requirente la forma como se repartirá tanto los bienes objeto del decomiso como, de ser el caso, el producto de su venta entre las dos partes. Lo anterior, teniendo en cuenta el grado de colaboración aportado, así como la información suministrada;
El artículo IV del acuerdo en cita establece que los requerimientos de asistencia se efectuarán a través de las autoridades centrales competentes. Señala que por la República de Panamá la autoridad central es el Ministerio de Gobierno y de Justicia y por la República de Colombia la autoridad central es la Fiscalía General de la Nación. Esto significa que las solicitudes de asistencia judicial penal deben ser formuladas por el fiscal que la requiera, pero el trámite se hace entre el Fiscal General de la Nación y el Ministro de Gobierno y de Justicia. Esto hay que tenerlo en cuenta al señalar las instrucciones para el trámite.
El artículo VIII del acuerdo en cita, establece los siguientes requisitos formales de las solicitudes de asistencia:
1. Deben formularse por escrito y contener la siguiente información:
a) El nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el proceso;
b) El propósito de la solicitud y de la descripción de la asistencia solicitada;
c) La descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la asistencia, de conformidad con la legislación del Estado requirente. Deberá adjuntarse o transcribirse el texto de las disposiciones legales pertinentes;
2. Según la naturaleza de la asistencia también se incluye:
e) Una descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la inmovilización o decomiso y su relación con la persona contra quien se inició o se iniciará un procedimiento judicial;
f) Cuando corresponda una aclaración de la suma que se desea inmovilizar y decomisar;
2.3. Cooperación judicial penal mutua entre Colombia y el Reino de España
La asistencia judicial penal recíproca entre la República de Colombia y el Reino de España está regulada por el “Convenio de cooperación judicial en materia penal”, suscrito el 29 de mayo de 1997 y aprobado mediante la Ley 451 del 4 de agosto de 1998.
Actos comprendidos en la asistencia judicial
Según el artículo 3º, la asistencia comprenderá:
b) Recepción y producción o práctica de pruebas, tales como testimonios, peritajes e inspecciones de personas, bienes y lugares;
i) Cualquier otra forma de asistencia de conformidad con los fines de este convenio, siempre y cuando no sea incompatible con las leyes del Estado requerido.
El artículo 4º del convenio en cita establece: “Las autoridades centrales se encargarán de presentar y recibir por comunicación directa entre ellas las solicitudes de asistencia a las que se refiere el presente convenio”. Y señala que por el Reino de España la autoridad central es el Ministerio de Justicia. Con relación a las solicitudes de asistencia enviadas a Colombia, la autoridad central será la Fiscalía General de la Nación. Con relación a las solicitudes de asistencia formuladas por Colombia, la autoridad central será la Fiscalía General de la Nación o el Ministerio de Justicia y del Derecho. Queda claro que la asistencia judicial penal se envía de Colombia a España por la Fiscalía y se recibe de España también por la Fiscalía General de la Nación.
El artículo 7º del convenio que se viene mencionando sobre la forma y contenido de la solicitud establece:
4. Cuando sea necesario y en la medida de lo posible, la solicitud deberá también incluir:
c) El texto del interrogatorio a ser formulado para la práctica de la prueba testimonial en la parte requerida, así como la descripción de la forma como deberá efectuarse cualquier testimonio o declaración;
e) La información sobre el pago de los gastos que se asignarán a la persona cuya presencia se solicite a la parte requerida;
El fiscal investigador que necesita la cooperación judicial es el que sabe suministrar la información exigida en el artículo transcrito. Por eso, que dicho funcionario es quien elabora el texto de la solicitud y los demás anexos como interrogatorio a testigos y a peritos, etc. El Fiscal General de la Nación redacta la petición para que la autoridad central del Reino de España ordene a la autoridad competente de ese Estado ejecutar lo solicitado.
2.4. Cooperación judicial penal mutua entre Colombia y la República del Paraguay.
La asistencia judicial penal mutua entre la República de Colombia y la República del Paraguay está regida por el “Acuerdo de cooperación judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay”, hecho en Santafé de Bogotá el 31 de julio de 1997 y aprobado mediante la Ley 452 del 4 de agosto de 1998.
Según el artículo 2º, la asistencia judicial comprende:
“a) Notificación de actos procesales;
j) Cualquier otra forma de asistencia de conformidad con los fines de este acuerdo siempre y cuando no sea incompatible con las leyes del Estado requerido”.
El artículo 3º del Acuerdo de cooperación judicial establece que las autoridades centrales para Colombia son: Con relación a las solicitudes de asistencia enviadas a Colombia, la Fiscalía General de la Nación y con relación a las solicitudes de asistencia judicial hechas por Colombia, la autoridad central es la Fiscalía General de la Nación o el Ministerio de Justicia y del Derecho. En síntesis: Para los fines de este manual, la autoridad central en materia penal es la Fiscalía General. Y por la República del Paraguay la autoridad central es el Ministerio de Justicia y Trabajo. En conclusión: La solicitud de asistencia judicial penal la envía el Fiscal General de la Nación al Ministro de Justicia y Trabajo de Paraguay. Éste envía a aquélla la solicitud de asistencia judicial penal formulada por autoridad penal competente del mencionado Estado.
Según el artículo 6º del acuerdo en cita, la solicitud debe poseer la siguiente forma y contenido:
2. Si la solicitud fuere enviada por télex, facsímil, correo electrónico u otro medio equivalente, los documentos originales firmados por la parte requirente deberán ser remitidos dentro de los 30 días siguientes a su formulación, de acuerdo con lo establecido en éste.
g) Plazo dentro del cual la parte requirente desea que la solicitud sea cumplida;
g) Información sobre el pago de los gastos que se asignarán a la persona cuya presencia se solicita a la parte requerida;
h) Cuando fuera necesario y procedente, la indicación de las autoridades de la parte requirente que participan en el proceso que se desarrolla en la parte requerida;
i) Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la parte requerida para facilitar el cumplimiento de la solicitud”.
2.5. Asistencia judicial penal mutua entre la República de Colombia y la República Francesa.
La asistencia judicial penal mutua entre la República de Colombia y la República Francesa está regida por el Convenio realizado el 21 de marzo de 1997 entre los gobiernos de las dos Repúblicas y aprobado por medio de la Ley 453 del 4 de agosto de 1998.
Según el artículo 2º del Convenio, la República de Colombia, como la República Francesa, designarán la autoridad central encargada de presentar y recibir las solicitudes de asistencia judicial penal. Estas autoridades no figuran en el texto del convenio, sino que fueron designadas al momento de la firma y por intercambio de notas diplomáticas. Las autoridades competentes para pedir la cooperación judicial penal son las judiciales de cada país. Así pues, el Fiscal General de la Nación, el vicefiscal general y el fiscal delegado son autoridades judiciales competentes para formular las solicitudes de asistencia. Estas solicitudes son enviadas por la autoridad central colombiana a la autoridad central francesa.
Según el artículo 5º del convenio, la asistencia judicial penal comprende:
a) Cumplir actos de instrucción;
b) Comunicar expedientes en copia, fotocopia o en original;
c) Comunicar elementos de prueba.
Lo anterior, en armonía con el artículo 7º permite hacer la relación siguiente:
1. Actos de instrucción como:
a) Notificación de providencias judiciales;
b) Recepción de testimonios;
c) Traslado de medio de prueba;
d) Realización de dictámenes periciales;
e) Realización de inspecciones de lugares, personas y cosas;
f) Localización e identificación de personas;
g) Otros actos propios de la investigación-instrucción.
2. El envío de copias de expedientes o incluso del expediente original.
3. Transmisión o envío de documentos en copia o incluso en original.
4. El envío de elementos de prueba como:
a) Huellas dactilares;
b) Armas o instrumentos de comisión del delito;
c) Moneda falsificada;
d) Muchos otros elementos de prueba que pueden requerirse.
5. Conforme al artículo 13, la asistencia también comprende:
a) La investigación, incautación o decomiso definitivo de los bienes u objetos provenientes de un delito que pudieren encontrarse en la parte requerida (Francia);
b) Medidas cautelares contra los bienes antes mencionados para evitar que sean objeto de transacciones o transferidos o cedidos antes que la autoridad competente de la parte requirente (Colombia), hubiese tomado una decisión definitiva al respecto.
Según el artículo 15 del convenio que se viene mencionando, la solicitud de asistencia debe poseer la siguiente forma y contenido:
a) La autoridad competente de que emana la solicitud;
b) El objeto y motivo de la solicitud;
e) La fecha de la solicitud;
2. Si fuere el caso, las solicitudes contendrán cualquier otra información que facilite su ejecución, como, entre otras cosas, una lista de preguntas que se harán en caso de audiencia o interrogatorio; una descripción lo más precisa posible de los bienes que se van a investigar y/o decomisar definitivamente, así como su ubicación si se conoce.
La solicitud de asistencia y los elementos anexos se acompañan de una traducción en el idioma del Estado requerido, en este caso, en idioma francés. Y, en caso de urgencia, la autoridad central de la parte requirente podrá adelantar a la autoridad central de la parte requerida, las solicitudes de asistencia por fax o por cualquier medio del cual quede constancia escrita; el original se enviará a la brevedad posible.
2.6. Asistencia judicial penal mutua entre la República de Colombia y la República del Perú.
La cooperación judicial penal entre Colombia y Perú se rige por el “Convenio entre la República de Colombia y la República de Perú sobre asistencia judicial en materia penal”, suscrito el 12 de julio de 1994 y aprobado por la Ley 479 del 22 de octubre de 1998. En este convenio se prevé la más amplia asistencia en el desarrollo de procedimientos penales. La asistencia puede dividirse en una que puede llamarse general y otra que en el acuerdo se denomina “Formas específicas de asistencia”.
En este manual es necesario mencionar ambas, dada la importancia que tienen.
La asistencia general
La asistencia general prevista en el artículo 1º comprende:
b) Remisión de documentos e informaciones, de conformidad con los términos y condiciones del presente convenio;
d) Localización y traslado voluntario de personas para los efectos del presente convenio en calidad de testigos o peritos;
e) La ejecución de peritajes, decomisos, incautaciones, secuestros, inmovilización de bienes, embargos, así como identificar o detectar el producto de los bienes o los instrumentos de la comisión de un delito, inspecciones oculares y registros;
f) El Estado requerido y el Estado requirente repartirán en partes iguales los bienes objeto de decomiso o el producto de la venta de los mismos, siempre y cuando exista una colaboración efectiva entre los dos Estados;
g) Facilitar el ingreso y permitir la libertad de desplazamiento en el territorio del Estado requerido a funcionarios del Estado requirente, con el fin de asistir a la práctica de las actuaciones descritas en el presente convenio, siempre que el ordenamiento interno del Estado Requerido lo permita;
La colaboración en la zona fronteriza comprende los siguientes dos puntos:
“El nacional de una de las partes que sea solicitado por las autoridades judiciales de su país, en virtud de medida que implique su privación de la libertad y que para eludirla haya ingresado a la zona fronteriza del otro Estado parte, será deportado o expulsado del territorio del Estado donde se encuentre, por las autoridades competentes y conducido a la frontera para su entrega a los agentes del Estado requirente”. Para hacer esto, es necesario el previo “requerimiento de asistencia” hecho por la autoridad central de uno de los Estados parte. Esta autoridad debe comunicar bajo dicho requerimiento a los funcionarios encargados del control de inmigración, “enviando la documentación pertinente a fin de que presten su concurso con la mayor celeridad, para la adopción de las medidas de expulsión o deportación y entrega del extranjero a las autoridades del Estado requirente”. Para esos efectos actuarán como autoridades centrales, las indicadas en el artículo 4º del presente convenio.
Los artículos 5º a 17 tratan de estas formas de asistencia judicial penal. Ellas se refieren a la notificación y entrega de documentos; la entrega de documentos, informaciones y objetos; la comparecencia de personas en la parte requerida; la comparecencia de personas en la parte requirente; la cooperación para la práctica de pruebas; las garantías de las personas cuya comparecencia se solicita; el envío de sentencias y de certificados del registro judicial; los plazos para prestar la asistencia; la obtención específica de medios de prueba; la localización e identificación de personas; la búsqueda y aprehensión de objetos; la asistencia en procedimientos de decomiso y otros y las informaciones relacionadas con las condenas. Dada la extensión y minuciosidad de esta cooperación, el funcionario judicial colombiano deberá, en todo caso, consultar el convenio para precisar los detalles.
El artículo 18 del convenio regula la forma y contenido de la solicitud de asistencia en los siguientes términos:
“1. La asistencia se prestará a solicitud de la parte requirente.
c) La descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la asistencia, de conformidad con la legislación del Estado requirente. Deberá transcribirse o adjuntarse el texto de las disposiciones legales pertinentes, debidamente certificadas;
d) El detalle y fundamento de cualquier aspecto o procedimiento particular que la parte requirente desea que se siga;
e) El término dentro del cual el Estado requirente desearía que la solicitud sea cumplida.
3. Según la naturaleza de la asistencia solicitada, también incluirá:
d) La descripción del lugar objeto del registro y de los objetos que deben ser aprehendidos; e) La mención del tipo de bienes respecto de los cuales se solicita la inmovilización, decomiso, incautación, secuestro y/o embargo y su relación con la persona contra quien se inició o se iniciará un procedimiento judicial;
f) Cuando fuere el caso, la precisión del monto a que asciende la afectación de la medida cautelar;
g) Las formas y modalidades especiales eventualmente requeridas para la ejecución de las acciones, así como los datos identificatorios de las autoridades o de las partes privadas que puedan participar;
h) Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la solicitud.
Si el Estado requerido considera que la información contenida en la solicitud no es suficiente para permitir el cumplimiento de la misma, puede solicitar información adicional al Estado requirente”.
El artículo 4º del convenio dice:
“Los requerimientos de asistencia en virtud de este convenio, se efectuarán a través de las autoridades centrales competentes, tal como se indica en el presente enunciado:
1. La República de Colombia designa como autoridad central a la Fiscalía General de la Nación y la República del Perú designa como autoridad central al Ministerio Público-Fiscalía de la Nación. La autoridad central de la parte requerida atenderá de forma expedita las solicitudes, o cuando sea adecuado, las transmitirá a otras autoridades competentes para ejecutarlas.
2. Para la ejecución de las acciones solicitadas se aplicarán las disposiciones de la ley de la parte requerida, excepto la observación de las formas y modalidades expresamente identificadas por la parte requirente que no sean contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la parte requerida.
3. La parte requerida informará a la parte requirente que así lo haya solicitado, la fecha y el lugar de la ejecución de las acciones requeridas”.
El artículo 19 dice: “Las comunicaciones entre las partes se efectuarán a través de sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores”. Y el artículo 22 prescribe: “Las autoridades centrales celebrarán consultas en fechas acordadas con el fin de evaluar la asistencia prestada en aplicación del presente convenio”.
¿A través de qué autoridades se hacen las solicitudes o requerimientos de asistencia judicial penal? A través de las autoridades centrales competentes, dice el artículo 4º, inciso primero. ¿Cuáles son las autoridades centrales? Según el numeral 1º del artículo 4º, por Colombia es autoridad central la Fiscalía General de la Nación y por Perú lo es el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación. Hasta aquí no cabe duda que la solicitud de asistencia, por ejemplo, la formula la Fiscalía General de la Nación y la recibe en Perú, el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación.
El artículo 22, transcrito, en parte establece que las autoridades acabadas de mentar celebrarán consultas para evaluar la asistencia prestada en desarrollo del convenio de que se viene tratando. Pero el artículo 19 que se denomina “Comunicaciones” dice que las partes se comunicarán entre sí a través de sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores. Esta disposición en nada afecta la interpretación antes expuesta y que el Fiscal General de la Nación (Colombia), se dirige directamente al representante del Ministerio Público-Fiscalía de la Nación (Perú). Las comunicaciones distintas a las propiamente técnicas de asistencia judicial penal, se establecen entre los citados ministerios. Con base en esto, en el manual se indicará el procedimiento para obtener la cooperación judicial penal.
2.7. Asistencia judicial penal mutua entre la República de Colombia y la República de Argentina
La cooperación judicial penal entre Colombia y Argentina, se rige por el “Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República de Colombia y la República de Argentina”, suscrito el 3 de abril de 1997 y aprobado por la Ley 492 de 21 de enero de 1999. En este acuerdo se afirma que carta rogatoria, exhorto o solicitud de asistencia judicial se entenderán como sinónimos.
Según el artículo 3º, la asistencia comprende:
“1. Las partes se prestarán asistencia mutua en el intercambio de información, pruebas, enjuiciamientos y actuaciones en materia penal.
Dicha asistencia comprenderá, entre otras:
i) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la parte requerida lo permita y de conformidad con lo establecido en el artículo 9º del presente acuerdo”.
2. Las partes facilitarán ingreso y la presencia en el territorio del Estado requerido de autoridades competentes de la parte requirente a fin de que asistan y participen en la práctica de las actuaciones solicitadas, siempre que ello no contravenga lo dispuesto en su legislación interna. Los funcionarios de la parte requirente actuarán conforme a la autorización de las autoridades competentes de la parte requerida”.
El artículo 9º del acuerdo señala las características de la solicitud de asistencia en la forma siguiente:
“1. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito, bajo circunstancias de carácter urgente o en el caso que sea permitido por la parte requerida, las solicitudes podrán hacerse a través de una transmisión por fax o por cualquier otro medio electrónico, pero deberán ser formalizadas a la mayor brevedad posible y contendrán al menos la siguiente información:
g) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o domicilio de la persona que sea citada para la ejecución de pruebas”.
Conforme al artículo 5º del acuerdo, son autoridades centrales las siguientes:
Por la parte Argentina la autoridad central será el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Por la parte Colombiana la autoridad central con relación a las solicitudes recibidas lo es la Fiscalía General de la Nación y respecto de las solicitudes presentadas por Colombia lo es la misma Fiscalía General o el Ministerio de Justicia y del Derecho. “Las solicitudes de asistencia que en virtud del presente acuerdo se formulen, así como sus respuestas, serán enviadas y recibidas a través de las autoridades centrales.
2.8. Asistencia judicial penal mutua entre la República de Colombia y la República de Venezuela
La cooperación judicial penal entre Colombia y Venezuela, se rige por el “Acuerdo de cooperación y asistencia judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela”, suscrito el 20 de febrero de 1998 y aprobado por la Ley 567 de 2 de febrero de 2000.
b) Recepción, práctica y remisión de pruebas y diligencias judiciales, tales como testimonio, declaraciones, peritajes e inspecciones de personas, bienes y lugares;
Formas de cooperación o asistencia
Estas formas están previstas en los artículos 12 a 23, se refieren al procedimiento de ejecución de la asistencia solicitada como notificaciones y entrega de documentos; entrega y devolución de documentos oficiales; la asistencia en la parte requerida, la asistencia en la parte requirente; la comparecencia de personas detenidas; la garantía temporal para personas que consienten en rendir testimonio o prestar otra clase de colaboración; las medidas cautelares; otras medidas de cooperación; la custodia y disposición de bienes; y referentes a la responsabilidad por daños causados por la prestación de la asistencia y relacionadas con la solución de controversias que surjan de una o varias solicitudes, pero no tienen especial trascendencia para la elaboración de la solicitud de asistencia judicial penal.
El artículo 7º del acuerdo prescribe:
2. La solicitud podrá ser anticipada por télex, facsímil, correo electrónico u otro medio equivalente, debiendo ser confirmada por documento original firmado por la parte requirente dentro de los 30 días siguientes a su formulación.
3. La solicitud deberá contener las siguiente indicaciones:
a) Identificación de la autoridad competente en la parte requirente;
b) Descripción de los hechos que constituyen el objeto de la cooperación o asistencia y la naturaleza del procedimiento judicial, incluyendo los delitos a los que se refiere;
c) Descripción de las medidas de cooperación o asistencia solicitadas;
a) Información sobre la identidad y lugar de ubicación de las personas a ser notificadas y su relación con el proceso;
g) Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la parte requerida para facilitar el cumplimiento de la solicitud”.
Según el artículo 4º del acuerdo de que se viene tratando, la Fiscalía General de la Nación es autoridad central para Colombia y el Ministerio de Justicia será la autoridad central para Venezuela. Estas autoridades centrales se encargarán de presentar y recibir por comunicación directa entre ellas, las solicitudes de cooperación y asistencia a las que se refiere el presente acuerdo.
2.9. Asistencia judicial penal mutua entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos.
La asistencia judicial penal mutua entre Colombia y México, se rige por el “Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos” suscrito el 7 de diciembre de 1998 y aprobado por la Ley 569 de 2 de febrero de 2000.
Actos que comprende la asistencia
Según el artículo III del mencionado acuerdo, las partes se prestarán asistencia jurídica en el intercambio de información, pruebas, enjuiciamientos y actuaciones en materia penal. Dicha asistencia comprenderá, entre otras:
b) Notificación de actos procesales;
c) Remisión de documentos e informaciones procesales;
e) Recepción de testimonios e interrogatorios;
f) Citación y traslado voluntario de personas para los efectos del presente acuerdo, en calidad de testigos o peritos;
g) Medidas cautelares sobre bienes;
h) Intercambio de información, sobre antecedentes judiciales;
i) Facilitar con fines probatorios copias de documentos oficiales o privados, antecedentes o informaciones que se encuentren en un organismo o dependencia gubernamental o privada de dicha parte, siempre que su legislación interna lo permita;
j) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la parte requerida lo permita.
El artículo VIII del acuerdo prescribe:
1. La solicitud de asistencia jurídica deberá formularse por escrito. Bajo circunstancias de carácter urgente o en el caso que sea permitido por la parte requerida, las solicitudes podrán hacerse a través de una transmisión por fax o por cualquier otro medio electrónico, pero deberán formalizarse en un plazo no mayor a veinte (20) días calendario y contendrán al menos la siguiente información:
c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la solicitud de asistencia jurídica, adjuntándose o transcribiéndose, en cuanto a los delitos, el texto de las disposiciones legales pertinentes;
g) Si fuere el caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o domicilio de la persona que sea citada para el desahogo o práctica de pruebas;
h) Toda información que resulte necesaria para la práctica o el desahogo de la prueba”.
Por parte de la República de Colombia, con relación a las solicitudes de asistencia recibidas, la autoridad central será la Fiscalía General de la Nación. Con relación a las solicitudes de asistencia formuladas por Colombia las autoridades centrales serán la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Por los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad central designada es la Procuraduría General de la República.
Las mencionadas autoridades centrales son las encargadas de presentar y recibir las solicitudes que constituyen el objeto del presente acuerdo, se comunicarán directamente entre ellas y remitirán las solicitudes a sus autoridades competentes.
2.10. Asistencia judicial penal mutua fundada en la Convención de Viena.
La “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” fue aprobada por la conferencia en su sexta sesión plenaria, suscrita el 20 de diciembre de 1988 y aprobada por el Congreso de la República de Colombia que rige desde 1995. Ella se refiere a los delitos mencionados en el artículo 3º de dicha convención y que se prevén en los artículos 375 a 385 del Código Penal vigente. La asistencia judicial recíproca se presta en relación con las investigaciones, procesos y actuaciones judiciales referentes a los mencionados delitos.
Conforme al artículo 7º de la convención, numeral 2º y siguientes, la asistencia judicial recíproca que ha de prestarse, podrá ser solicitada para cualquiera de los siguientes fines:
f) Entregar originales y copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, financiera, social y comercial;
g) Identificar o detectar el producto, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
5. Las partes no invocarán, el secreto bancario para negarse a prestar asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.
6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones derivadas de otros tratados bilaterales o multilaterales, vigentes o futuros, que fijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca en asuntos penales”.
La forma y contenido de las solicitudes de asistencia judicial penal mutua, se prevé en los numerales 9º a 11 del artículo 7º ya citado, en los siguientes términos:
“9. Las solicitudes deberán presentarse por escrito en un idioma aceptable para la parte requerida. Se notificará al secretario general el idioma o idiomas que sean aceptables para cada una de las partes. En situaciones de urgencia, y cuando las partes convengan en ello podrán hacer las solicitudes verbalmente, debiendo ser seguidamente confirmadas por escrito.
b) El objeto y la índole de la investigación del proceso o de las actuaciones a que se refiere la solicitud, y el nombre de las funciones de la autoridad que esté efectuando dicha investigación, dicho procesamiento o dichas actuaciones;
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que la parte requirente desee se aplique;
f) La finalidad para qué se solicita la prueba, la información o la actuación.
11. La parte requerida podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento”.
Hay que advertir que según el numeral 7º del artículo 7º que se viene mencionando, lo dispuesto en los numerales 9º, 10 y 11 transcritos, no se aplica cuando las partes interesadas estén vinculadas por un tratado de esta índole, es decir, de asistencia judicial penal mutua. Sin embargo, las partes pueden convenir en aplicar los numerales mentados. Por ejemplo: En un proceso por tráfico ilícito de estupefacientes, el Fiscal delegado colombiano puede solicitar asistencia judicial penal a la autoridad peruana competente, conforme al Convenio aprobado por la Ley 479 de 22 de octubre de 1998, en parte transcrito en este manual. Pero los gobiernos de Colombia y Perú podrían convenir en aplicar la Convención de Viena y no el mentado convenio.
El numeral 8º del artículo 7º más de una vez citado, dice que las partes designarán una autoridad, o cuando sea necesario, varias autoridades, con facultades para dar cumplimiento a las solicitudes de asistencia judicial recíproca o transmitirla a las autoridades competentes para su ejecución. Tal designación se notificará al Secretario General de la ONU. Tales autoridades, según el numeral, serán las encargadas de transmitir las solicitudes de asistencia y cualquier otra comunicación pertinente. Esta disposición no afecta el derecho de cualquiera de las partes a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando las partes convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser ello posible.
2.11. Instrucciones para elaborar y tramitar la solicitud de asistencia judicial.
En este texto, el vocablo instrucción se toma en el sentido de conjunto de reglas o advertencias para un fin. Se trata, entonces, de reglas técnicas y no de normas jurídicas o morales. Estas instrucciones se refieren a la solicitud de asistencia judicial penal fundada en los acuerdos y convenios internacionales que anteceden. Por tanto, debe comprenderse la distinción entre autoridad central y autoridad competente. Esta última es la que elabora la solicitud y sus anexos para enviar al extranjero, y la que ejecuta la asistencia pedida por autoridad extranjera. La autoridad central tiene las funciones mencionadas en los instrumentos jurídico-internacionales ya dichos. Es claro que estas instrucciones podrán utilizarse para solicitar asistencia con base en los convenios que ya suscritos lleguen a regir y los demás que celebre el gobierno colombiano en relación con la materia de que trata este manual.
El funcionario judicial competente, que tiene a su cargo la investigación, selecciona la prueba que necesita le practiquen, o el medio de prueba que desea le trasladen desde un proceso penal extranjero, o el documento que en copia o en original pretende que le envíen o el acto procesal penal cuya realización requiere que lo ejecute la autoridad judicial penal competente extranjera.
Verifique si el acto seleccionado está comprendido entre los actos de asistencia previstos en el convenio suscrito por Colombia y el Estado al cual usted solicitará la cooperación judicial penal. Al hacer esto, descubrirá lo que debe contener la solicitud y los anexos que deben acompañarla, según la naturaleza de la asistencia pedida.
Dicte o profiera la providencia mediante la cual decreta la práctica de la prueba, o el traslado del medio de prueba, o la realización del acto procesal penal que requiere. En la misma providencia dispone solicitar, a la autoridad judicial competente del Estado requerido, la ejecución de la solicitud dentro del término o plazo que en la misma resolución indica. Expresa en ella los motivos por los cuales necesita la asistencia en la investigación adelantada por el delito (tal). Anuncia los anexos y ordena elaborar la solicitud.
Elabore la solicitud observando las exigencias previstas en el convenio en que se funda y transcribiendo la providencia en que se basa. Elabore también los anexos necesarios según el tipo de asistencia que solicita. Por ejemplo: El texto del interrogatorio que debe hacerse al testigo en caso de que pida la recepción de un testimonio.
La solicitud puede tener la forma de exhorto o de carta rogatoria y llamarse así, o tener otra forma y denominarse “solicitud de asistencia judicial penal” como se prevé en algunos de los convenios internacionales.
Empaque o embale la anterior documentación y, por un medio oficial y seguro, envíela a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que tiene la función de “Atender los requerimientos de las autoridades competentes en materia de cooperación judicial en lo relativo al control de la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial recíproca”.
La dirección de asuntos internacionales antes dicha, examina la solicitud para decidir si se transmite de autoridad central a autoridad central, o a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. En el primer caso, elabora el documento mediante el cual el Fiscal General de la Nación envía la solicitud a la autoridad central del Estado al cual se dirige el requerimiento, para que, si lo encuentra a bien, lo firme y lo remita a su destino. En el segundo caso, elabora un documento por el cual envía la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo remita a la autoridad extranjera.
Devuelta la solicitud de asistencia judicial penal, cumplida o no, se envía al funcionario competente solicitante por la misma vía utilizada para remitirla al extranjero.
3. Solicitudes de asistencia judicial penal a Estados que no tienen convenios con Colombia.
El artículo 499 del Código de Procedimiento Penal establece que, las relaciones con autoridades extranjeras se rigen principalmente por normas internacionales y subsidiariamente por las normas internas. Por tanto, cuando no existen convenios bilaterales ni multilaterales sobre la materia, hay que recurrir a los artículos 503 y 504 de la obra citada. Esto significa que, para descubrir los actos comprendidos en el código, la forma y contenido de la solicitud, y los conductos legalmente previstos, se necesita interpretar y, por sobre todo, fijar el alcance de esas dos últimas disposiciones.
3.1. Actos comprendidos en la asistencia según el código.
El artículo 503 del Código de Procedimiento Penal establece:
1. Las solicitudes de asistencia pueden ser formuladas por los jueces, los fiscales, los magistrados y los jefes de unidades de policía judicial.
2. Los fines de la asistencia consisten en determinar la procedencia de la acción penal, de acuerdo con el artículo 322 de la obra en cita; además recaudar pruebas para los fines señalados en el artículo 331 de la misma obra, y cualquier otro tipo de información o de asistencia útil para los mencionados propósitos.
3. Recaudar pruebas como:
a) Testimonios, documentos, dictámenes periciales que hallándose en un proceso extranjero, pueden ser traslados (sic) en original o copia al proceso penal que se adelanta en Colombia;
b) Elementos materiales de prueba como instrumentos y objetos con los que se cometió el hecho o que provienen de su ejecución; vestigios dejados por la ejecución del hecho y otros elementos similares;
c) La práctica o producción de medios de prueba como recepción de testimonios, realización de inspecciones de lugares, objetos o personas, práctica de pruebas periciales, etc.
4. Información útil como:
a) Información sobre bienes muebles, inmuebles, depósitos bancarios de toda clase que se requieran conocer para decretar embargo, secuestro, incautación, decomiso, o alguna otra medida cautelar;
b) Información sobre ubicación o localización de sindicados o procesados en el extranjero.
5. Otro tipo de asistencia judicial como:
a) Notificación de providencia;
b) Ejecución de órdenes de embargo, secuestro, incautación, decomiso, congelación o inmovilización de depósitos bancarios.
3.2. Forma y contenido de la solicitud de asistencia judicial.
La solicitud de asistencia judicial penal, se elabora en forma de carta rogatoria dirigida a la autoridad competente para prestar la asistencia o cooperación y debe contener, al menos, los siguientes:
a) La identificación de la autoridad competente que formula la solicitud;
b) La transcripción de la providencia por medio de la cual se decretó la prueba y se dispuso solicitar la cooperación judicial penal;
c) La descripción de los hechos materia de investigación y la transcripción de las disposiciones penales al tenor de las cuales, esos hechos son calificables como delito;
d) La descripción de los actos de asistencia que se solicitan;
e) La exposición de los motivos por los cuales se solicita la asistencia;
f) Cuando se trate de la recepción de testimonio, se debe acompañar, como anexo, un breve resumen de los hechos pertinentes y el texto del interrogatorio que debe proponerse al testigo;
g) Cuando se trate de la realización de una inspección, debe hacerse la descripción exacta del lugar a inspeccionar y señalar la identidad de la persona que habrá de ser sometida a examen;
h) Cuando se trate de notificar o citar a alguna persona, debe informar sobre la identidad y la residencia de la misma, así como sobre su relación con el proceso;
i) La información sobre el pago de los gastos que se asignarán a la persona cuya presencia se solicita en el despacho u oficina del funcionario requirente, cuando ésta forma parte de la solicitud de asistencia;
j) Cualquier otra información que pueda servir a la autoridad requerida para facilitar el cumplimiento de la solicitud;
k) El término o plazo dentro del cual el solicitante desea que la solicitud sea cumplida y devuelta.
3.3. Envío de la solicitud de asistencia.
El artículo 503 del Código de Procedimiento Penal autoriza al funcionario competente, que formula la solicitud, a concurrir al cumplimiento de la cooperación o ayuda; a comunicarse directamente con las autoridades extranjeras encargadas de prestar voluntariamente la asistencia, y a comunicarse por los conductos legalmente previstos. Como se trata de relaciones con autoridades extranjeras, de Estados que no han suscrito con Colombia convenios de asistencia o cooperación judicial penal, tenemos que aceptar que la dirección de esas relaciones internacionales compete al Presidente de la República a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y por la vía diplomática. Por tanto, la solicitud de asistencia que se viene mencionando debe enviarse al Ministerio de Relaciones Exteriores por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, que es encargada de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores de la ley penal.
3.4. Instrucciones para solicitar la anterior cooperación.
Como ya se ha indicado en este manual, la palabra instrucción se toma en el sentido de regla o reglas que deben observarse para obtener un determinado fin. Por eso se trata de reglas técnicas y no de normas jurídicas, morales o del trato social. Las instrucciones que siguen se refieren, exclusivamente a la solicitud de cooperación judicial a autoridades extranjeras de Estados que no han suscrito acuerdos o convenios bilaterales o tratados multilaterales con Colombia sobre dicha materia.
El funcionario judicial competente, que tiene a su cargo la investigación, selecciona la prueba que necesita le practiquen, o el medio de prueba que desea le trasladen desde un proceso penal extranjero, o el documento que en copia o en original pretende que le envíen, o el acto procesal penal cuya realización requiere que le ejecute la autoridad judicial penal competente extranjera.
Dicta o profiere la providencia mediante la cual decreta la práctica de la prueba, o el traslado del medio de prueba, o realizar el acto procesal que requiere. En la misma providencia dispone solicitar, a la autoridad judicial competente extranjera, la ejecución de la solicitud dentro del término o plazo que en la misma resolución indica. Expresa en ella los motivos por los cuales necesita la asistencia en la investigación adelantada por el delito (tal). Anuncia los anexos y ordena elaborarlos lo mismo que la carta rogatoria en la cual transcribirá este proveído.
Elabora la solicitud observando las exigencias previstas en el subcapítulo “forma y contenido de la solicitud de asistencia judicial” contenido en este capítulo. Elabora los anexos necesarios según el tipo de asistencia que solicita y el texto del interrogatorio que debe hacerse al testigo en caso de que se solicite la recepción de testimonio.
Empaca o embala la anterior documentación y, por un medio oficial y seguro, la envía a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para su registro en desarrollo del control administrativo.
La dirección de asuntos internacionales antes dicha, luego de registrar la mencionada documentación de solicitud de asistencia judicial penal, la remite al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para que a su vez, la envíe por vía diplomática a la autoridad judicial competente.
Devuelta la solicitud de asistencia judicial penal, cumplida o no, se envía al funcionario competente que la había formulado, por la misma vía utilizada para remitirla al Ministerio de Relaciones Exteriores.
4. Traslado de funcionario judicial al exterior para la práctica de diligencias judiciales penales.
El artículo 505 del Código de Procedimiento Penal establece:
“Cuando el Fiscal General de la Nación advierta la necesidad de que un fiscal se traslade al territorio extranjero para la práctica de diligencias, procederá con autorización de las autoridades legitimadas para otorgarla”. ¿Cómo se da cuenta el Fiscal General que es necesario el mencionado traslado? ¿Quién debe gestionar la obtención de la autorización de que trata el artículo? Si se trata de recibir indagatoria a una persona en el exterior ¿cómo resolver el problema de la asistencia de un defensor?
Éstos y otros interrogantes son los que hay que responder mediante instrucciones aceptables para llevar a la práctica lo dispuesto en el artículo transcrito.
Para lograr este propósito hay que obrar observando las siguientes reglas:
El funcionario judicial penal encargado de la investigación, que considere necesario trasladarse a territorio extranjero para la práctica de una o varias diligencias probatorias, dicta una providencia en la que expresa los motivos por los cuales es más efectivo trasladarse al extranjero a practicar la diligencia, que obtenerla mediante solicitud de asistencia judicial penal mutua internacional; identifica claramente la diligencia o diligencias y señala la ciudad extranjera donde cumplirá su labor; además manifiesta qué personas le acompañarán y por qué es necesaria su presencia. También fija el término dentro del cual se realizarán las diligencias y cualquier otra información útil para comprender la necesidad de ese traslado y dispone formular la solicitud al Fiscal General de la Nación transcribiendo la providencia.
Elaborada la solicitud antes mencionada, la envía directamente al despacho del Fiscal General de la Nación.
El Fiscal General de la Nación, por sí mismo o por medio del vicefiscal, estudia la solicitud. Si advierte la necesidad del traslado del peticionario al territorio extranjero que ha indicado, dicta una providencia autorizando el traslado, a condición de que se obtengan las autorizaciones pertinentes de las autoridades extranjeras, en esa misma providencia, comisiona al director de asuntos internacionales de la Fiscalía, para que gestione los mencionados permisos. Si considera que no es necesario el traslado, así lo resuelve y dispone devolver la solicitud al peticionario.
Obtenida la autorización de las autoridades extranjeras antes mentadas, se expide la resolución concediendo la comisión de trabajo en el exterior y señalando la cuantía de todos los factores económicos para el traslado.
Vencido el término o plazo señalado para la práctica de la diligencia o diligencias, el funcionario encargado de la investigación, informará sin tardanza alguna al Fiscal General de la Nación sobre los resultados de la comisión y de los obstáculos que tuvo que superar para llevarla a cabo.
Asistencia judicial penal de autoridad colombiana a autoridad extranjera
La asistencia judicial penal de autoridad colombiana a la autoridad competente extranjera, será solicitada y tramitada de conformidad con los acuerdos o convenios mencionados en este manual y los que lleguen a regir, los tratados multilaterales como la Convención de Viena y, a falta de ellos, de conformidad con lo previsto para la solicitud colombiana de asistencia, según lo señalado en el artículo 504 del Código de Procedimiento Penal.
1. Denegación de la asistencia solicitada
1.1. Conforme al artículo VII del acuerdo suscrito entre Colombia y Panamá ya citado, la autoridad central del Estado requerido podrá negar la asistencia cuando a su juicio:
b) Considere que el cumplimiento de una solicitud puede obstaculizar una investigación o proceso penal en curso en dicho Estado. No obstante, el otorgamiento de dicha solicitud de asistencia podrá ser aplazada o condicionada en la forma en que se considere necesaria. En tal caso, la autoridad central del Estado requerido así lo notificará a la autoridad central del Estado requirente;
f) En todo caso, el Estado requerido informará por escrito al Estado requirente de la denegación de la asistencia.
1.2. Conforme al artículo 6º del convenio suscrito entre Colombia y el Reino de España ya citado, procede la denegación de la asistencia:
d) El cumplimiento de la solicitud sea contrario a la seguridad, el orden público o a otros intereses esenciales de la parte requerida;
f) La investigación, haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra forma de discriminación.
2. Si la parte requerida deniega la asistencia, deberá informarlo a la parte requirente por intermedio de su autoridad central, y las razones en que se funda; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo (13.1.b).
1.3. Conforme al artículo 5º del acuerdo suscrito entre Colombia y la República del Paraguay ya citado, procede la denegación de la asistencia:
a) La solicitud se refiere a un delito tipificado como tal en la legislación militar, no así en la legislación penal ordinaria;
c) La persona en relación de la cual se solicitare la medida haya sido absuelta o haya cumplido su condena en la parte requerida por el delito mencionado en la solicitud. Sin embargo, esta disposición no podrá ser invocada para negar la asistencia en relación con otras personas;
2. Si la parte requerida deniega la asistencia, deberá informarlo a la parte requirente a través de su autoridad central, expresando las razones en que se funda, salvo lo dispuesto en el artículo 12,1 b).
Sobre esas condiciones la parte requerida consultará a la parte requirente por intermedio de las autoridades centrales. Si la parte requirente aceptare la asistencia condicionada, la solicitud será cumplida de la manera propuesta.
1.4. Conforme al artículo 4º del convenio suscrito entre Colombia y la República Francesa ya citado, procede la denegación de la asistencia:
1.5. Según el artículo 3º del convenio entre Colombia y la República del Perú:
c) Si la parte requerida tiene fundadas razones para suponer que consideraciones relacionadas con la raza, la región, el sexo, la nacionalidad, el idioma, las opiniones políticas o las condiciones personales o sociales de la persona imputada del delito pueden influir negativamente en el desarrollo del proceso o en el resultado del mismo;
d) Si la persona contra quien se procede en la parte requirente ya ha sido juzgada por el mismo hecho en la parte requerida;
3. La asistencia puede ser rechazada o diferida si la ejecución de las acciones solicitadas interfiere con el procedimiento judicial que se siga en la parte requerida, indicando los motivos.
4. El Estado requerido podrá considerar, antes de negar o posponer el cumplimiento de una solicitud de asistencia, sujetarla a ciertas condiciones, las cuales serán establecidas por las autoridades centrales en cada caso.
5. En todos los casos la denegatoria de asistencia debe ser motivada.
1.6. El artículo 11 del acuerdo suscrito entre Colombia y Argentina, establece:
“Rechazo de la solicitud:
c) La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito respecto del cual la persona haya sido exonerada de responsabilidad penal definitivamente, habiéndosela condenado, se hubiere cumplido o extinguido la pena;
2. La parte requerida informará mediante escrito motivado a la parte requirente la denegación de asistencia".
1.7. El artículo 6º del acuerdo suscrito entre Colombia y Venezuela, prescribe:
“Denegación de asistencia
a) La solicitud de asistencia a juicio del Estado requerido se refiera a un delito político o conexo con éste;
b) La persona en relación con la cual se solicita la medida haya sido absuelta o haya cumplido su condena en la parte requerida por los mismos hechos mencionados en la solicitud o cuando la acción penal se haya extinguido;
c) El cumplimiento de la solicitud sea contrario a su soberanía, a la seguridad, al orden público o a otros intereses esenciales o fundamentales de la parte requerida;
d) La solicitud de asistencia sea contraria al orden jurídico de la parte requerida o no se ajuste a las disposiciones de este acuerdo;
e) La investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra forma de violación de derechos humanos.
2. Si la parte requerida deniega la asistencia, deberá informarlo a la parte requirente por intermedio de su autoridad central, con las razones en que se funda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.1.b).
Sobre esas condiciones la parte requerida consultará a la parte requirente por intermedio de las autoridades centrales. Si la parte requirente acepta la cooperación o asistencia condicionada, la solicitud será cumplida de conformidad con la manera propuesta".
1.8. El artículo X del acuerdo suscrito entre Colombia y México, prescribe:
a) La solicitud de asistencia jurídica sea contraria a un ordenamiento jurídico o no se ajuste a las disposiciones de este acuerdo;
b) Considere que el cumplimiento de la solicitud pueda obstaculizar una investigación o proceso penal en curso en su territorio, salvo lo dispuesto en el artículo 9º del presente acuerdo;
c) La solicitud de asistencia jurídica se refiere a un delito respecto del cual la persona haya sido exonerada de responsabilidad penal definitivamente, o habiéndosele condenado, se hubiera cumplido o extinguido la pena;
e) El otorgamiento de la asistencia pueda afectar el orden público, la soberanía, la seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales de la parte requerida;
f) La solicitud de asistencia jurídica se refiera a delitos políticos o conexos con éstos, o a delitos del fuero militar no previstos en la legislación penal ordinaria;
g) Se trate de medidas cautelares o definitivas sobre bienes y los hechos por los cuales se solicita la adopción de éstas no estén tipificados como delitos en su legislación.
1.9. El numeral 15, del artículo 7º, de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, establece:
“La asistencia judicial recíproca solicitada podrá ser denegada:
b) Cuando la parte requerida considera que el cumplimiento de lo solicitado pudiera menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales;
d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico de la parte requerida en lo relativo a la asistencia judicial recíproca”.
1.10 El parágrafo del artículo 506 del Código de Procedimiento Penal dice:
“En ningún caso se negará la solicitud de asistencia judicial, por no estar tipificada en la legislación colombiana la conducta que se investiga, salvo que resulte ser manifiestamente contraria a la Constitución Política.
Esta disposición se aplica, según el artículo 499 de la obra citada, a falta de norma internacional.
2. Ejecución de la solicitud de asistencia.
La ejecución de la solicitud de asistencia judicial le guiará por las siguientes reglas:
Las solicitudes de asistencia judicial penal, formuladas por autoridades judiciales extranjeras, serán recibidas y registradas en la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Por tanto, las solicitudes recibidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia deben ser remitidas a la mencionada dirección, aunque vengan dirigidas a un funcionario colombiano específico. Y si por algún caso, la solicitud llega directamente a este último, debe remitirla de inmediato a la dirección en cita.
La dirección de asuntos internacionales, tan pronto reciba una solicitud de asistencia, verificará si ha sido formulada con base en acuerdo binacional, en convención multinacional o con base en la legislación del Estado de la autoridad solicitante. Y avisará su recibo el señor Fiscal General de la Nación y al vicefiscal general de la Nación, para los fines señalados en el artículo 506 del Código de Procedimiento Penal y en el numeral 4º del artículo 22 del Decreto 261 de 22 de febrero del año 2000.
El Fiscal General de la Nación, supremo coordinador y director de la prestación de la asistencia judicial al exterior como lo manda el artículo 506, decidirá si gobierna directamente la ejecución de la cooperación o así deja la coordinación al vicefiscal general para que actúe bajo su dirección o si delega la función en otro funcionario investido de la función judicial de investigar y acusar.
El que conforme a la regla 3 quede encargado de dirigir y coordinar el cumplimiento de la solicitud de asistencia recibida, la examinará para decidir si existe o no alguno de los motivos para denegar la ya mentada en los 10 numerales contenidos en este mismo capítulo. Si encuentra razones para denegarla, profiere una resolución motivada denegándola y ordenando comunicarla a la autoridad solicitante. Si decide que puede cumplirse condicionalmente, así lo comunicará a la autoridad requirente. Si ésta lo acepta, se cumple condicionadamente la solicitud; si no hay razón para denegarla ni para condicionarla, se dispone la ejecución de la solicitud.
El Fiscal General de la Nación, el vicefiscal general de la Nación o el delegado especial de aquél, si no se encargan directamente de cumplir la solicitud de asistencia, designan a un fiscal miembro de unidad de fiscalía encargada de asuntos similares a los mentados en la solicitud. O designa a alguno de los miembros de la unidad de fiscalía especial de asistencia al exterior si ya estuviese organizada. Hecha la designación se le envía la documentación de que consta la solicitud.
Si en la solicitud de asistencia se ha pedido autorización para que el funcionario competente peticionario, o algún otro funcionario judicial, asista como observador al cumplimiento de la solicitud, el Fiscal General de la Nación podrá autorizarlo, ya conforme a los tratados internacionales, ora según el artículo 506 del Código de Procedimiento Penal, pues quien puede lo más, puede lo menos.
El funcionario judicial penal competente, cumplirá la solicitud de asistencia observando la Constitución y la ley colombiana. Si se hubiese solicitado la observancia de alguna formalidad o procedimiento previsto en la legislación del solicitante y no en la colombiana, el ejecutor de la asistencia lo observará si no es contrario a la Constitución Política o a la ley.
Si el funcionario judicial encargado de cumplir la comisión encontrare que le falta información para poder cumplirla, así lo hace saber a quien lo haya designado, para que el señor Fiscal General de la Nación solicite al requirente complete o amplíe la información.
Cumplida la solicitud de asistencia, el funcionario comisionado lo devolverá a quien lo haya designado, informándole de las dificultades que hubiese tenido para cumplirla. Si no le hubiese sido posible cumplirla, hará la misma devolución antes dicha e informará las causas, motivos o razones por las cuales no le fue posible.
Devuelta la solicitud en la forma dicha en la regla anterior, se avisará de ello a la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para que haga las anotaciones pertinentes en el registro de esa solicitud.
La solicitud de asistencia judicial será devuelta por el Fiscal General de la Nación, como autoridad central, a la autoridad central del Estado requirente, si se obró en desarrollo de convenio binacional o multinacional, o la devolverá al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a su vez la remita al Estado requirente.
3. Autorización a funcionario judicial extranjero para practicar diligencias judiciales en Colombia.
El inciso segundo del artículo 506 del Código de Procedimiento Penal dice:
“El Fiscal General de la Nación podrá autorizar a funcionarios judiciales extranjeros para la práctica de diligencias en el territorio nacional, con asistencia de un funcionario judicial colombiano y del representante del Ministerio Público. “Los funcionarios judiciales colombianos pueden trasladarse a territorio extranjero a practicar diligencias judiciales; así también, los funcionarios judiciales extranjeros pueden ser autorizados para practicar diligencias judiciales en el territorio colombiano. En esto consiste la reciprocidad en la asistencia judicial internacional. Para llevar a la práctica lo dispuesto en el inciso transcrito, es conveniente observar las reglas siguientes:
Recibida la solicitud de la autoridad competente extranjera, el Fiscal General de la Nación, por sí mismo o con la asesoría del vicefiscal, examina el tipo de diligencias que se pretenden practicar para determinar si son aceptables según el orden jurídico nacional y si el término o plazo es proporcionado a lo que se pretende hacer.
Si la solicitud es aceptable, se profiere una resolución concediendo la autorización solicitada, señalando el lugar del territorio nacional en el que se practicará la diligencia o los diferentes sitios, si fueren varias las diligencias y así lo requirieran. En la misma resolución se identifica a los funcionarios extranjeros que harán el trabajo y se designa al funcionario judicial de la Fiscalía que asistirá a la práctica de las diligencias, y se dispondrá solicitar a la Procuraduría General de la Nación que designe un representante de ese ministerio para que asista a la práctica de las mencionadas diligencias.
La resolución anterior se comunicará al solicitante. En la misma comunicación se le pedirá que al término de su comisión, informe sobre las condiciones del desarrollo de la misma y los obstáculos que haya tenido que superar para cumplirla.
El funcionario judicial de la Fiscalía que asiste a la práctica de las diligencias es: testigo de lo que sucede, facilitador de la diligencia y, en general, presta la ayuda necesaria al funcionario extranjero para que cumpla su función. El representante del Ministerio Público ejerce, durante la diligencia, las funciones que ejerce en diligencias practicadas por funcionarios judiciales colombianos y las que le indique el Procurador General de la Nación.
4. Asistencia judicial penal para la ejecución de medidas sobre los bienes.
El artículo 507 del Código de Procedimiento Penal se refiere a tres diferentes tipos de medidas sobre los bienes, a saber:
1. Medida para ejecutar la decisión de extinción del derecho de dominio proferida por funcionario judicial penal extranjero.
2. Medida que implica la pérdida del poder dispositivo sobre bienes dictada por funcionario judicial penal extranjero.
3. Medida que implica la suspensión del poder dispositivo sobre bienes.
Las dos últimas se ejecutan en cumplimiento de solicitud de asistencia judicial penal, formulada con base en convenios binacionales o multinacionales, o simplemente en la legislación del Estado requirente en armonía con la del Estado requerido. En cambio, la señalada en el número 1, se encomienda a la Fiscalía General de la Nación iniciar el procedimiento de ejecución en los términos siguientes:
“La decisión que ordena la extinción del derecho de dominio, comiso o cualquier medida definitiva, será puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Ésta determinará, mediante decisión interlocutoria, si procede la medida solicitada, caso en el cual la enviará al juez competente para que decida mediante sentencia”.
Reglas que es conveniente observar para el cumplimiento de este tipo de asistencia judicial penal.
La solicitud de ejecución de una decisión extranjera que ordena la extinción del derecho de dominio, comiso o cualquier medida definitiva sobre bienes, formulada por autoridad judicial penal extranjera, será recibida y registrada en la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación.
La dirección de asuntos internacionales, tan pronto reciba la solicitud de asistencia, la registrará y avisará su recibo al señor Fiscal General de la Nación y al vicefiscal general de la Nación.
El Fiscal General de la Nación decidirá si gobierna directamente la ejecución de la solicitud de asistencia, o si deja el asunto en manos del vicefiscal general, o si designa algún funcionario judicial investido de la función judicial de investigar y acusar, o a uno de los integrantes de la unidad especial de que trata el artículo 506 del Código de Procedimiento Penal, si ya está en funcionamiento.
El funcionario judicial de la Fiscalía que quede a cargo del cumplimiento de la solicitud, determinará mediante providencia interlocutoria si procede la medida solicitada y la envía al juez competente para que decida.
Cumplida la solicitud de asistencia por la Fiscalía General de la Nación, comunicará el hecho a la autoridad requirente, lo cual se hará por intermedio de la Dirección de Asuntos Internacionales.
5. Cooperación judicial penal internacional en el empleo de la técnica de entrega vigilada.
5.1. Técnica de entrega vigilada.
Según el literal (g) del artículo 1º de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas del 20 de diciembre de 1998, “Por “entrega vigilada” se entiende la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes, sustancias sicotrópicas, sustancias que figuran, en el cuadro I o en el cuadro II anexos a la presente convención o sustancias por las que se hayan sustituido las anteriormente mencionadas, salgan del territorio, de uno o más países, con el fin de identificar a las personas involucradas en la comisión de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º de la presente convención”. Según el literal (u) del artículo en cita, “Por “Estado de tránsito”, se entiende el Estado a través de cuyo territorio se hacen pasar estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias que figuran en el cuadro I y el cuadro II, de carácter ilícito, y que no es el punto de procedencia, ni el de destino definitivo de esas sustancias”. A esta técnica se refiere el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal que atribuye al Fiscal General de la Nación, la “coordinación de entregas vigiladas” que son las mismas controladas. Según el numeral 2º del artículo 11 de la convención en cita, las decisiones d e recurrir a la entrega vigilada se adoptarán caso por caso y podrán, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los relativos al ejercicio de su competencia por las partes interesadas. Y el numeral 3º establece que las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado podrán, con el consentimiento de las partes interesadas, ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o, habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente los estupefacientes o sustancias psicotrópicas que contengan”.
5.2. La función del Fiscal General de la Nación según el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, consiste en lo siguiente:
1. Acordar con autoridad extranjera, similar a la suya, emplear la técnica de entrega vigilada o controlada en un caso determinado.
2. Coordinar el paso de remesa ilícita o sospechosa de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias que figuran en los cuadros I y II anexos a la convención mentada en el párrafo anterior, o sustancias por las que se hayan sustituido las antes mencionadas; de falsificación de moneda, lavado de activos, terrorismo, trata de personas, etc.; por el territorio colombiano hasta salir de él y pasar a otro. Es decir, dispone metódicamente todo lo necesario para la entrada tránsito y salida de la remesa al territorio, por el territorio y del territorio nacional, sirviendo Colombia como “Estado de tránsito”.
3. La decisión de recurrir a la entrega vigilada, se adopta caso por caso. En la toma de la decisión se puede tener en cuenta un arreglo financiero para sufragar, por lo menos, los costos que demande la cooperación colombiana. También se puede tener en cuenta, en ese acuerdo, el ejercicio de la competencia penal de la Fiscalía General de la Nación como interceptar la remesa, retirar o sustituir el contenido, total o parcialmente, etc.
Todo esto da lugar a ciertas recomendaciones que deben observarse, como criterios generales, para acordar el empleo de la técnica de entrega vigilada.
Para llegar al acuerdo, el Fiscal General de la Nación debe ser informado, por lo menos, sobre lo siguiente:
1. Que la autoridad que le propone el acuerdo es, por las funciones que ejerce en su país, homólogo suyo.
2. El contenido y la cuantía de la remesa.
3. La fecha en que la remesa entrará a Colombia, el sitio o puerto por el cual entrará, la identidad del medio de transporte y la identidad del transportista o transportistas si se conoce, los posibles contactos en Colombia, el tiempo que permanecerá la remesa en territorio colombiano, el posible sitio o puerto de salida y el país al que proseguirá la remesa.
4. Si la remesa será vigilada en territorio colombiano sólo por personal de Colombia. O si también intervendrá personal extranjero y quienes.
5. Si la remesa es transportada por una persona o por varias, es necesario se le informe por el grado de agresividad de ellas, o de los miembros de la organización que la haya enviado.
El Fiscal General de la Nación, con la asesoría del Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, elaborará la forma de prestar la cooperación acordada con el peticionario, y la comunicará reservadamente a éste.
El Fiscal General de la Nación, con la asesoría del Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, seleccionará e instruirá al personal colombiano que vigilará o controlará la entrada, tránsito y salida del territorio nacional. Igualmente designará al funcionario que deba obrar como jefe de ese personal.
Si se descubriese que la remesa permanecerá indefinidamente en Colombia o que las sustancias que la constituyen serán para distribución en el país, el jefe del personal de vigilancia o control lo informará al señor Fiscal General de la Nación, para que designe al funcionario que debe iniciar la investigación por el delito que constituya el hecho antes mencionado.
Terminado el operativo, se suministrará informe detallado tanto al señor Fiscal General de la Nación como a la autoridad extranjera con la que se acordó el empleo de la técnica de entrega vigilada. Sin perjuicio de la existencia de convención o tratado internacional.
6. Cooperación judicial penal colombiana a los agentes encubiertos extranjeros.
6.1. La operación encubierta y el agente encubierto.
Como lo enseñan todos los expertos en investigación criminal y, en particular el puertorriqueño Francisco Ruiz González, la operación encubierta es una técnica empleada para obtener información, producir capturas o realizar decomisos o incautaciones. Requiere una extensa planificación, preparación y manejo. El agente encubierto, que es el investigador, asume una identidad apropiada para conseguir información, adquirir elementos materiales de prueba, verificar hipótesis, etc. El trabajo de agente encubierto es sumamente riesgoso y el investigador requiere mucha ayuda rápida y eficiente. Generalmente se emplea esta técnica para infiltrar organizaciones criminales y descubrir a los dirigentes y cabecillas. La operación encubierta es siempre secreta o muy reservada. Cualquier información sobre ella puede llegar a conocimiento de los miembros de la organización y es el fin del agente.
6.2. Según el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal la función del Fiscal General de la Nación consiste en:
1. Acordar con autoridad extranjera, similar a la suya, participar en una operación encubierta que se llevará a cabo en Colombia.
2. Coordinar la cooperación pertinente al agente o agentes encubiertos, para la mentada operación.
3. La decisión de participar en dicha operación, se adopta caso por caso, jamás en forma general.
Todo esto da lugar a ciertas recomendaciones que deben observarse, como criterios generales, para acordar la participación y para disponer metódicamente la prestación de la asistencia al agente encubierto.
Para llegar al acuerdo, el Fiscal General de la Nación debe tener información sobre todos los pormenores de la operación y, por lo menos, sobre lo siguiente:
a) El tamaño de la actividad criminalizada y qué resultará del operativo;
b) La duración de la operación encubierta en el territorio colombiano;
c) El tipo de planificación de la operación y el grado de complejidad de la misma;
d) Qué factores afectan o pueden afectar la infiltración y el retiro del agente en un momento dado;
e) Los objetivos de la operación encubierta;
f) Cualquier otra información útil para la firmeza y seguridad de la posición del Fiscal General de la Nación en ese acuerdo.
El Fiscal General de la Nación, asesorado por el Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, adoptará los procedimientos para asistir al agente encubierto y facilitarle la ejecución de su trabajo, tales como la forma de comunicarse con las autoridades colombianas, periodicidad de esa comunicación, entrega y recepción de elementos materiales de prueba, etc.
El Fiscal General de la Nación asesorado por el Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, designará la persona o personas que cooperarán con el agente o los agentes encubiertos de la operación acordada.
El Fiscal General de la Nación, asesorado por el Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, determinará la forma y la periodicidad de los informes que el personal colombiano de asistencia deban suministrarle sobre el desarrollo y resultados de la operación y de la cooperación.
Terminada la labor de cooperación o asistencia, el Fiscal General por sí mismo o por medio del vicefiscal general de la Nación, examinará la anterior información y decidirá, si hay o no lugar a iniciar investigación penal por algún delito descubierto durante la operación y ocurrido en Colombia.
¿Qué es un manual? 1
¿Qué es la asistencia judicial penal? 2
Formas de la solicitud de asistencia 3
Actos que comprende la asistencia judicial penal 4
Oficio Nº 4
Despacho Nº 5
Boleta de citación Nº 6
Exhorto Nº 6
Carta rogatoria Nº 1 7
Carta rogatoria Nº 2 8
Nota suplicatoria Nº 9
Fundamentos 9
Instrucciones para solicitar la anterior cooperación 10
Asistencia judicial penal prestada por cónsul o embajador colombiano en el Estado donde está la ayuda que se requiere 15
Instrucciones para solicitar la anterior cooperación 15
1. Asistencia judicial penal prestada por ministro o agente diplomático de Nación extranjera acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia 16
1.1. Fundamentos 16
1.2. Instrucciones para solicitar la anterior cooperación 17
2. Asistencia judicial penal mutua con Estados que tienen acuerdos o convenios de asistencia con Colombia 18
2.1. Fundamentos 18
2.2. Cooperación judicial penal mutua entre Colombia y Panamá 19
2.3. Cooperación judicial penal mutua entre Colombia y el Reino de España 21
2.4. Cooperación judicial penal mutua entre Colombia y República del Paraguay 23
2.5. Cooperación judicial penal mutua entre República de Colombia y la República Francesa 24
2.6. Cooperación judicial penal mutua entre República de Colombia y la República del Perú 26
2.7. Cooperación judicial penal mutua entre República de Colombia y la República de Argentina 29
2.8. Cooperación judicial penal mutua entre República de Colombia y la República de Venezuela 30
2.9. Cooperación judicial penal mutua entre República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos 32
2.10. Cooperación judicial penal mutua fundada en la Convención de Viena 34
2.11. Instrucciones para elaborar y tramitar la solicitud de asistencia judicial 35
3. Solicitud de asistencia judicial penal a estados que no tienen convenios con Colombia 37
3.1. Actos comprendidos en la asistencia según el código 37
3.2. Forma y contenido de la solicitud de asistencia judicial 38
3.3. Envío de la solicitud de asistencia 38
3.4. Instrucciones para solicitar la anterior cooperación 39
4. Traslado de funcionario judicial al exterior para la práctica de diligencias judiciales penales 40
1. Denegación de la asistencia solicitada 41
1.1. Con base en el Acuerdo entre Colombia y Panamá 41
1.2. Con base en el Acuerdo entre Colombia y el Reino de España 41
1.3. Con base en el Acuerdo entre Colombia y el Paraguay 42
1.4. Con base en el Acuerdo entre Colombia y Francia 43
1.5. Con base en el Acuerdo entre Colombia y Perú 43
1.6. Con base en el Acuerdo entre Colombia y Argentina 44
1.7. Con base en el Acuerdo entre Colombia y Venezuela 44
1.8. Con base en el Acuerdo entre Colombia y México 45
1.9. Con base en la Convención de Viena de 1988 45
1.10. Con base en el artículo 506 del Código de Procedimiento Penal 46
2. Ejecución de la solicitud de asistencia 46
3. Autorización a funcionario judicial extranjero para practicar diligencias judiciales en Colombia 48
4. Asistencia judicial penal para la ejecución de medidas sobre los bienes 49
5. Cooperación judicial penal internacional en el empleo de la técnica de entrega vigilada 50
5.1. Técnica de entrega vigilada 50
5.2. Función del Fiscal General de la Nación según el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal 50
6. Cooperación judicial penal colombiana a los agentes encubiertos extranjeros 52
6.1. La operación encubierta y el agente encubierto 52
6.2. Función del Fiscal General de la Nación según el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal 52
ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga toda otra resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación relacionada con esta materia. Y en forma expresa y especial queda derogada en su totalidad la Resolución 1219 de 10 de agosto de 2001.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 2

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 17
 artículo 272
 artículo 295
 artículo 500
 artículo 1
 artículo 183
 resolución 
 resolución 
 artículo 271
 artículo 150
 artículo 279
 resolución 
 artículo 95
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 151
 artículo 150
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 artículo 271
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 artículo 153
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 artículo 154
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 artículo 155
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 artículo 183
 artículo 184
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 artículo 242
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 artículo 241
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 artículo 243
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 artículo 23
 artículo 193
 artículo 1
 artículo 272
 artículo 295
 artículo 19
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 artículo 294
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 artículo 499
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 2
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 artículo 6
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 18
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 artículo 22
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 artículo 9
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 artículo 5
 artículo 7
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 artículo 322
 artículo 331
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 artículo 506
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