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Fiscalidad: DEDUCIBILIDAD INTERESES DE DEMORA
por basso » 20/07/2019 15:33
Alguien tiene claro cómo ha quedado la deducibilidad de los intereses de demora de actas?
Los intereses correspondientes a 2014 y años anteriores creo que con la nota que publicó Hacienda hace tres años quedó claro que eran deducibles https://www.agenciatributaria.es/static ... demora.pdf
Pero con los intereses de 2015 hacia adelante la verdad es que me pierdo, la AEAT, los tribunales y la Dirección General de Tributos han cambiado varias veces el criterio y ahora mismo no se dónde estamos.
Re: DEDUCIBILIDAD INTERESES DE DEMORA
por MGA » 20/07/2019 16:04
Yo pienso que también serán deducibles, puede asimilarse como un recargo por no pagar en su vencimiento, es como si fueran unos intereses financieros. ¿ Si te paga unos intereses de demora la AEAT supongamos por la devolución del Imp. Soc , no lo tienes que considerar como un ingreso ?.
Otra cosa sería una sanción, en mi opinión
por Sonotone » 29/07/2019 15:11
basso escribió: Alguien tiene claro cómo ha quedado la deducibilidad de los intereses de demora de actas?
V1439-18
Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, art: 10, 11, 15 y 16.
A la entidad consultante le ha sido notificado el acuerdo de liquidación derivado de un acta de disconformidad en el año 2016, incoada por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2010 y 2011. De la misma se deriva una cuota y unos intereses de demora. Tal liquidación será objeto de reclamación ante el TEAC.
Si es deducible en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016 el completo importe soportado por los intereses de demora antes referidos, y, si se opinase que la deducibilidad es procedente en ejercicios anteriores, ¿cómo debería operar para lograr tal fin?
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en adelante LIS, establece un nuevo marco jurídico de regulación de esta figura impositiva, no sólo desde un punto de vista formal, sino también desde un punto de vista material. Si bien esta Ley mantiene la misma estructura del Impuesto que ya existe desde el año 1996, tal y como establece su propia exposición de motivos, proporciona una revisión global indispensable.
- La retribución correspondiente a valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades que genere un gasto contable.
- La retribución correspondiente a préstamos participativos otorgados entre entidades que formen parte del mismo grupo mercantil.
- Los de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
- Los correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que dan lugar a un híbrido tributario.
Para determinar el importe de dicha renta, el artículo 10.3 de la LIS establece en que “en el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.”.
La entidad consultante plantea la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de determinados intereses de demora derivados de unas Actas de inspección.
En el caso de los intereses de demora, cabe indicar que el interés de demora, con carácter general, es un interés derivado de la mora, esto es, del retraso en el pago de una deuda, sea del tipo que sea, desde la fecha de vencimiento de la misma, teniendo, por tanto, un carácter compensatorio que trae causa en esa dilación en el pago de la deuda.
El interés de demora de carácter tributario que se puede exigir por conceptos constitutivos o no de infracción tributaria tiene su origen, así, en el retraso en el pago de la deuda, adquiriendo, por tanto, un carácter indemnizatorio o compensatorio que trae causa en la dilación, en este caso, del pago de las deudas tributarias.
Este carácter compensatorio se deriva del interés de demora de carácter tributario, diferenciándose de la sanción que pueda recaer, en su caso, sobre una actuación de comprobación administrativa, cuya finalidad es estrictamente sancionadora o de los recargos. Todos estos elementos, sanción, recargos e intereses de demora, pueden acompañar a la cuota, de acuerdo con el artículo 58 de la LGT, si bien con finalidad diferente.
“B) Las consideraciones anteriores obligan a rechazar también la pretendida infracción del artículo 25.1 de la Constitución. Como ya se ha dicho, la norma cuestionada no trata de sancionar una conducta ilícita, pues su sola finalidad consiste en disuadir a los contribuyentes de su morosidad en el pago de las deudas tributarias y compensar al erario público por el perjuicio que a este supone la no disposición tempestiva de todos los fondos necesarios para atender a los gastos públicos. Los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria, y así lo admite expresamente la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Territorial de Valencia. Más que una penalización en sentido estricto, son una especie de compensación específica, con arreglo a un módulo objetivo, del coste financiero que para la Administración tributaria supone dejar de disponer a tiempo cantidades dinerarias que le son legalmente debidas. En suma, no hay aquí sanción alguna en sentido técnico-jurídico, y ello excluye sin más cualquier transgresión del artículo 25.1 de la Constitución.”.
De acuerdo con la referida sentencia, tal y como es concebido por el Tribunal Constitucional, el interés de demora tributario no deriva, en ningún caso, de la infracción de la norma, sino únicamente de la necesidad de compensación o resarcimiento del coste financiero que supone para la Administración dejar de disponer a tiempo de las cantidades que son legalmente debidas, en el bien entendido que la dimensión infractora del contribuyente tiene respuesta en la correspondiente sanción que, en su caso, se imponga.
En coherencia con ello, el artículo 26 de la LGT, en su apartado 1, define el interés de demora en los siguientes términos:
Este interés de demora tributario definido, con carácter general, en el artículo 26 de la LGT se exige en múltiples supuestos, tanto de la propia LGT (i.e. artículo 26.2 que regula genéricamente determinados supuestos; artículo 15.3 en la existencia de conflicto en la aplicación de la norma tributaria; artículo 16.3 en la existencia de simulación; artículo 27 en recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo; artículo 28 en recargos del período ejecutivo; artículo 65 en aplazamientos o fraccionamientos de pago, artículo 180 compatibles con la exigencia de sanciones…), como en las leyes reguladoras de cada tributo (i.e, cualquier regularización de un incentivo fiscal indebidamente aplicado).
En todos estos supuestos, el origen y finalidad del interés de demora es único, y no es otro que el establecido por el propio Tribunal Constitucional, resarcir a la Administración por el retraso en el pago de las deudas tributarias, desvinculándose totalmente de la posible conducta infractora del contribuyente. El interés de demora está regulado unitariamente en el artículo 26 de la LGT, no pudiendo establecerse, por tanto, finalidades ni tipologías diferentes del interés de demora por el hecho de que sea exigible en distintos supuestos previstos en la LGT.
a) La cuota del impuesto sobre sociedades del ejercicio se contabilizará como un gasto en la partida 17 “Impuesto sobre beneficios”. A tal efecto se podrá emplear la cuenta 633 “Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios” contenida en la cuarta parte del Plan General de Contabilidad.
c) Los intereses y las cuotas correspondientes a todos los ejercicios anteriores se contabilizarán mediante un cargo en una cuenta de reservas cuando habiendo procedido el registro de la citada provisión en un ejercicio previo, este no se hubiese producido. Por el contrario, si el reconocimiento o los ajustes en el importe de la provisión se efectúen por cambio de estimación (consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos), se cargará a cuentas del subgrupo 63 por el importe que corresponde a la cuota y a cuentas del subgrupo 66 por los intereses de demora, correspondan éstos al ejercicio o a ejercicios anteriores.
d) La sanción producirá un gasto de naturaleza excepcional, que se contabilizará mediante la cuenta 678 “Gastos excepcionales”.”.
En conclusión, los intereses de demora tributarios se califican como gastos financieros, tanto por su sentido jurídico, teniendo en cuenta la propia calificación que de los mismos hace el Tribunal Constitucional en STC 76/1990, como por su calificación contable, existiendo una norma positiva, en este caso el derecho contable, que califica estos intereses con aquel carácter, calificación que vincula a la normativa fiscal salvo que esta establezca expresamente por la Ley del Impuesto una calificación distinta. En este sentido, cabe señalar, como ejemplo, el tratamiento específico que realiza la LIS en el artículo 15 a) respecto de los préstamos participativos otorgados entre entidades del mismo grupo mercantil, de manera que la normativa fiscal establece una calificación distinta de la contable.
Por tanto, cabe analizar si estos gastos financieros se pueden encuadrar entre aquellos que tienen la condición de no deducibles en aplicación del artículo 15 de la LIS, ya que, de lo contrario, por aplicación del artículo 10.3 de la LIS, rige en el ámbito fiscal lo establecido por la norma contable, y siendo ello coherente con el tratamiento que el propio Tribunal Constitucional ha otorgado a los intereses de demora tributario, cualquiera que sea el origen de los mismos.
Existe, de este modo, una única conducta fáctica de impago de la deuda tributaria que puede dar lugar a distintas consecuencias jurídicas. En concreto, en el caso de actuaciones de comprobación administrativa, la conducta de impago de la deuda tributaria genera tres consecuencias jurídicas: el pago de la cuota, para cumplir el deber general de contribuir; el pago de la sanción, por la eventual infracción tributaria cometida; y el pago de los intereses de demora, como resarcimiento financiero de la Administración. Supone así, un concepto jurídico diferente de la sanción, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional.
En relación con la letra e) del artículo 15 de la LIS, cabe señalar, en primer lugar, que el segundo párrafo de esta letra establece una mera aclaración de que determinado tipo de gastos no deben entenderse como donativos o liberalidades. Así, la Ley establece la referencia a “no se entenderán comprendidos en esta letra….”. Ello no debe interpretarse como una definición negativa de lo que no son donativos o liberalidades, de suerte que los gastos no enumerados en dicho párrafo no adquieren la condición de donativos o liberalidades, siendo esta última consideración la relevante para determinar la no deducibilidad de un gasto, mientras que el segundo párrafo de la referida letra e) lo único que hace es aclarar que determinado tipo de gastos no participan de aquella consideración.
En este caso concreto, los intereses de demora no tienen la condición de donativo o liberalidad, por cuanto no existe por parte de la entidad el “animus donandi” o la voluntariedad que requiere la donación o liberalidad, toda vez que estos intereses vienen impuestos por el ordenamiento jurídico. Por tanto, tampoco se encuadran los intereses de demora en la letra e) del artículo 15 de la LIS.
Por último, la letra f) del artículo 15 de la LIS hace referencia a los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico son aquellos cuya realización está castigada por el propio ordenamiento jurídico, como es el caso de los sobornos, de manera que su realización es contraria al mismo y está penada. Esto es, la realización del propio gasto, el gasto ilícito y que, como tal, conlleva una pena, es el gasto que no resulta fiscalmente deducible. Dicha ilicitud, sin embargo no puede atribuirse a la existencia de meros defectos formales, cuya subsanación resulte posible sin consecuencias gravosas.
En el caso de los intereses de demora tributarios, no nos encontramos ante gastos contrarios al ordenamiento jurídico, sino todo lo contrario, son gastos que vienen impuestos por el mismo, por lo que tampoco cabe establecer su no deducibilidad por la referida letra f). Precisamente aquellos gastos impuestos por el ordenamiento jurídico con carácter punitivo, las sanciones, se consideran no deducibles de forma expresa por la normativa tributaria, mientras que nada establece la normativa fiscal respecto a los intereses de demora.
De hecho, de atribuirle al interés de demora tributario una condición distinta de la prevista para el interés de demora derivado de otro tipo de deudas como consecuencia de que aquel derivara de una infracción de la ley, el primero se vería directamente afectado por el principio general de non bis in idem, pudiendo llegarse a la conclusión de que, en caso de concurrencia del interés de demora con una sanción tributaria, se estaría aplicando una doble sanción a una única conducta, la primera a través de la sanción propiamente dicha, y la segunda a través de la no deducibilidad del interés de demora por infracción de ley, interés que, en caso de no proceder de una deuda tributaria sí sería deducible, lo que contravendría el principio señalado.
A mayor abundamiento, hay una multitud de intereses de demora establecidos en la normativa tributaria que no van acompañados de una sanción. Resultaría paradójico que una conducta que no ha sido sancionada por la propia Administración tributaria, y que, por tanto, la propia Administración no considera como una infracción del ordenamiento tributario, no tipificada en la LGT, se pudiera aun así considerar contraria a la ley y devenir, en consecuencia, el interés de demora generado como no deducible por infracción de ley.
Teniendo en cuenta las fuentes del ordenamiento jurídico previstas en el artículo 1 del Código Civil y el artículo 3.1 del mismo, este Centro Directivo considera que los intereses de demora de carácter tributario, con independencia de que se exijan en diferentes supuestos dentro de la LGT, tienen la consideración de gastos financieros, no pudiendo este Centro Directivo separarse del carácter que a los mismos atribuye la Ley, en este caso tanto contable como fiscal, al no corregir esta segunda lo establecido por la primera, teniendo en cuenta su no consideración como gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (artículo 15.f) de la LIS), todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 26 de la LGT y en coherencia con lo expresado por el propio Tribunal Constitucional, de acuerdo con la sentencia 76/1990.
Por tanto, los intereses de demora tributarios deben considerarse como gastos fiscalmente deducibles. No obstante, dado su carácter financiero, estarán sometidos a los límites de deducibilidad establecidos en el artículo 16 de la LIS:
por MGA » 31/07/2019 18:05
Aunque respeto totalmente tu respuesta que posiblemente sea el 1000% de lo que yo le he contestado, esa me parece una "respuesta de funcionario" y creo que si sabes como yo creo que sabes no se debe de dar una respuesta al que pregunta así, "hay que mojarse" y si yo le he dicho que me parece que es deducible porque en mi opinión lo asimilo a unos gastos financieros, debieras haber refutado mi respuesta o en el caso contrario avalarla.
Luego nos perdemos en luchas inútiles contra otros foreros , porque si has dicho o si has dejado de decir. No nos paramos a pensar que el que está agobiad@ está sol@" y lo quiere es un apoyo a su tesis o una recomendación hacia otro lado de forma clara y diáfana de una persona no de un funcionariado que con perdón son de "sota, caballo y rey"....

References: artículo 10
 artículo 58
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 65
 artículo 180
 artículo 26
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 26
 artículo 16