Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/administrativo/realidad-urbanistica-catastro-inmobiliario_12_846060001.html
Timestamp: 2018-06-19 14:30:07+00:00

Document:
En efecto, cuando tratamos este mismo tema en la primera ocasión partíamos del hecho cierto de que la unidad o estanqueidad de la valoración inmobiliaria, entendida la primera como que un determinado bien inmueble solo puede tener una valoración, y la segunda como la posibilidad de que cada norma sectorial establezca sus propios criterios que pueden dar lugar a valores distintos para un mismo bien, han sido acogidos indistintamente por la propia jurisprudencia. Citábamos entonces la conocida sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Junio de 1998 - EDJ 1998/18712-, que relativiza el problema y acude a las circunstancias de cada valoración en litigio.
Por lo que respecta a la eventual reclamación contra la liquidación, ésta pasaría previamente por la impugnación del valor catastral asignado a cada bien que genere el hecho imponible y en este sentido en Tribunal Supremo en su jurisprudencia, por todas las sentencias de 10 de febrero de 2011 -EDJ 2011/11728- y 11 de Julio de 2013 -EDJ 2013/136197-, afirma su naturaleza de actos administrativos de carácter plúrimo, lo que no avalaría su impugnación indirecta.
El urbanismo –en términos generales- es competencia exclusiva de las Comunidades autónomas; y tras la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, el régimen de clasificación del suelo perdió su condición “básica” y con ello su naturaleza “estatal”. No en vano, la Ley 8/2007 - nació con la pretensión de no ser una Ley “urbanística”, sino una norma dirigida a garantizar la igualdad básica en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales inherentes a la propiedad inmobiliaria. Y el texto refundido de 2008 -EDL 2008/89754- ha seguido esa estela, como no podía ser menos.
De ahí que el nuevo redactado del art 7.2.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario -EDL 2004/2896- supedite la condición “urbana” del suelo apto para ser urbanizado a que “Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado(….) se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable”.
Por su parte, sí que debería el Catastro revisar sus clasificaciones y valoraciones (ver el nuevo redactado de la Disposición transitoria 7ª del texto refundido de la Ley del Catastro -EDL 2004/2896- ); y todo ello, por razones de legalidad y para evitar algo tan absurdo y antieconómico como un sinfín de pleitos con un mal pronóstico.
La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 -EDJ 2014/85803- me gusta. Toca las dos cuestiones que, a mi juicio, más necesitaban racionalizarse, la del hecho imponible y la de los criterios de valoración, y lo hace desde una perspectiva protectora de las garantías del administrado.
Este artículo 7.2.b) -EDL 2004/2896- establecía, en la época de dictarse la STS, que se entiende por suelo de naturaleza urbana los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de la aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.
Sí es criticable, en cambio, que el legislador no haya aprovechado la reforma de la Ley 13/2015 -EDL 2015/102048- para haber sintonizado el sistema haciendo coincidir la realización del hecho imponible del IBI de urbana con la definición de suelo urbano de la legislación urbanística.
Alguna STS se ha referido a ellas como cuasi-reglamentos –STS de 25 de febrero de 2010 –EDJ 2010/21741- y en los TSJ hay criterios dispares) Con este trasfondo, el resultado es que la impugnación de valores a través de la liquidación del IBI (de gestión municipal) es imposible. Así el artículo 77.4 TRLHL -EDL 2004/2992- establece que no será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que, de conformidad con los artículos 65 y siguientes de esta ley, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva. Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.
Por tanto, el camino de la devolución de ingresos indebidos está cerrado conforme al artículo 221.3 LGT -EDL 2003/149899- ya que, en caso de notificación de valores catastrales, las bases imponibles y liquidables serán firmes y, si se notifica la liquidación, lo procedente será recurrirla. Si no se hace devendrá firme y quedará cerrado el camino de la devolución de ingresos indebidos. La única opción sería la de instar o promover la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión, como también dice el artículo 221.3 LGT.
En el número de octubre de 2012) de esta Revista de Urbanismo -EDC 2012/204998- afirmaba que "conseguir la identidad, o al menos la aproximación fiable, entre las situaciones físicas, registrales y urbanísticas de los inmuebles constituye la clave del arco de todo sistema catastral. Pero, ¿cuál es esa “realidad” que debe reflejar el Catastro? ¿Y cómo hacer que la descripción catastral concuerde con dicha “realidad”?" .
Lo cierto es que casi tres años después, seguimos sin poder contestar claramente a esta pregunta, e incluso la respuesta se ha complicado más a raíz de la STS de 30 mayo 2014 (recurso de casación en interés de ley nº 2362/2013 -EDJ 2014/85803-) y de la reciente reforma del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario operada por Ley 13/2015, de 24 de junio, cuya entrada en vigor el 1 de noviembre de 2015 eleva a rango de ley la interpretación del Tribunal Supremo. Y así, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria y la del Catastro Inmobiliario (BOE nº 151 de 25 junio 2015) -EDL 2015/102048- ha dado nueva redacción al artículo 7.2.b) del texto refundido de la Ley catastral -EDL 2004/2896-, con el objetivo de recoger el criterio jurisprudencial que considera que los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como inmuebles de naturaleza rústica.
Según el Alto Tribunal, el suelo urbanizable sectorizado o delimitado por el planeamiento general no tiene per se la consideración catastral de suelo urbano, sin distinguir si se encuentra ordenado o no ordenado, puesto que el artículo 7.2.b) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario -EDL 2004/2896- (antes de la reforma por Ley 13/2015 -EDL 2015/102048- ) sólo excluía de tal consideración al urbanizable no sectorizado sin instrumento urbanístico de desarrollo aprobado (FJ. 6). Ratificando el criterio de la sala de instancia (STSJ de de Extremadura de 26 marzo 2013 -EDJ 2013/67585-), el Tribunal Supremo confirma que “hay que entender que el legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de ordenación, de aquel otro que, que aunque sectorizado carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado, así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá, como dice la sentencia recurrida, el carácter de rústico” (FJ 6).
Así que, efectivamente, hay que perder el miedo a la diferencia y aceptar que las situaciones básicas del suelo del TRLS -EDL 2008/89754- no permiten un trato monolítico a efectos catastrales. Lo que no se puede aceptar es una brecha demasiado profunda entre el valor del mismo inmueble cuando se trata de pagar (catastro) y cuando se trata de cobrar (indemnización expropiatoria). El problema es, pues, también cuantitativo y no sólo cualitativo: cuánta discordancia resulta admisible para mantener un estándar mínimo de justicia tributaria y asignación equitativa de los recursos públicos.
Por lo que se refiere a si los Ayuntamientos están obligados a revisar sus clasificaciones urbanísticas o catastrales por efecto directo de la sentencia, hay que recordar que el Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación en interés de Ley, rechazando fijar como doctrina legal la tesis defendida por la Administración General del Estado y la Dirección General del Catastro. Los efectos vinculantes de esta sentencia son, por tanto, limitados, al no ser estimado el recurso. Pero el Abogado del Estado ha conseguido que la doctrina contraria a sus intereses tenga una enorme repercusión. El espaldarazo definitivo lo ha dado, sorprendentemente, el propio legislador estatal al reformar el artículo 7.2.b) de la Ley catastral -EDL 2004/2896- por Ley 13/2015 -EDL 2015/102048- , a pesar de que, como digo, la STS carecía de efectos vinculantes generales.
Lo dicho no supone negar trascendencia a la función hermenéutica llevada a cabo por esta Sentencia, en particular si se repara en el hecho de que en su fundamento de Derecho sexto se realiza una interpretación del art. 7.2 b) del texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario -EDL 2004/2896- en los siguientes términos: “hay que entender que el legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de ordenación, de aquel otro que, que aunque sectorizado carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá, como dice la sentencia recurrida, el carácter de rústico.”
Debe hacerse notar que la literalidad del art. 7.2 b) del texto refundido de la Ley del catastro -EDL 2004/2896- ha sido modificada por la Ley 13/2015, de 24 de junio -EDL 2015/102048-, de modo que allí donde el texto originario atribuía la condición de suelos de naturaleza urbana a los urbanizables “siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos especiales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo”, en su redacción actual esa condición se predica de los suelos incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados siempre que “se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada”. Con esta reforma, el legislador ha “abandonado” las posiciones en su día sostenidas por la Abogacía del Estado, que defendiera en el recurso de casación en interés de ley la consideración como suelo urbano —a efectos catastrales— del suelo sectorizado o delimitado, y ha venido a consagrar la tesis del Tribunal Supremo en la materia. Este cambio legislativo atempera, por ello mismo, los efectos que pudiera haber tenido el acogimiento incondicionado de la tesis en su día propugnada por la Abogacía del Estado.
Aunque el legislador estatal se ha adaptado a este orden, no puede decirse todavía que lo haya asumido o interiorizado plenamente. En los últimos años, el Estado ha legislado de una manera un tanto accidentada, en parte forzado por las circunstancias, pues lo ha hecho a caballo de sucesivos fallos constitucionales. Así, desde que en 1992 se promulgara el último Texto Refundido Estatal de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, se han sucedido seis reformas o innovaciones de diverso calado, además de las dos operaciones de «legislación negativa» en sendas Sentencias Constitucionales, las número 61/1997 -EDJ 1997/860-, y 164/2001 -EDJ 2001/14932-. No puede decirse que tan atropellada evolución -ocho innovaciones en doce años- constituya el marco idóneo en el que las Comunidades Autónomas han de ejercer sus propias competencias legislativas sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”.
No obstante, a pesar que se indique que las técnicas referidas no son necesarias para fijar los criterios legales de valoración de suelo, no debe pasar desapercibido que el empleo de esas técnicas urbanísticas –de clasificación y calificación urbanística y de planeamiento urbanístico- tienen mucho que ver con el valor propio de los correspondientes terrenos.
Como resulta sabido en la problemática recayente, en concreto, en el Suelo Urbanizable, el Tribunal Supremo en la Sentencia referida, a pesar del contenido desestimatorio del recurso de casación en interés de la ley, dejó debidamente establecido una doctrina que ha dado lugar a determinados particulares de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, bastando relacionar de su Exposición de Motivos -EDL 2015/102048- lo siguiente:
Esa hipótesis se considera arriesgada desde el punto de vista temporal ya que bien parece que producida esa modificación, si es que se produce, no tendría ni podría tener efectos retroactivos. Pero igualmente desde el punto de vista económico bien parece que la “alegría” urbanística de promoción inmobiliaria, pública o privada, ya no existe por lo que, a salvo supuestos que cuenten con apoyos de los titulares de los terrenos de su razón o de promotores que pudiese existir, la simple iniciativa de oficio se entiende de un esfuerzo tal para todos los casos que simplemente se estima que procede ir observando donde se hallan o pueden estar esas iniciativas y a qué efectos se desarrollan ya que pudiendo ser de cierto interés para mejorar la materia tributaria –al añadirse mayores importes en base imponible- quizá se empeora el tratamiento de la materia expropiatoria –al añadirse la consideración de una valoración mayor a efectos de justiprecio expropiatorio-, entre otras.
En esta vertiente la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo -EDL 2015/102048-, da buena muestra de la sustancial problemática que se plantea, desde luego a efectos futuros de la misma, y a resultas de las modificaciones operadas en ese último Real Decreto Legislativo, cuanto menos, en su artículo 7.2.b) -EDL 2004/2896- respecto a su calificación catastral, en su artículo 30 para con el procedimiento simplificado y su valoración –apostillándose que se valorarán considerando, en todo caso, su localización- y en la Disposición Transitoria Séptima –no pasando desapercibo que se contempla el supuesto a partir del primer procedimiento simplificado de valoración colectiva que se inicie a partir de la entrada en vigor de la Ley 13/2015, recayendo en los Ayuntamientos la carga de suministrar a la Dirección General del Catastro información sobre los suelos que se encuentren afectados-.

References: artículo 7
 artículo 77
 artículo 221
 artículo 221
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 30