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Timestamp: 2019-08-23 13:06:09+00:00

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Tipo de Procedimiento - Respuesta de la República Argentina al cuestionario para la segunda ronda de Comité de Expertos del mesecic
Tabla: Utilización de los procedimientos de contratación en los años 2004 y 2005 según el gasto efectuado
Tipo de Procedimiento 2003 2004
Cantidad de proveedores del estado
Cantidad de proveedores sancionados
Plazos de publicidad Monto del Presupuesto
Cantidad de procedimientos
Tabla: Utilización de los procedimientos de contratación en los años 2004 y 2005 según el gasto efectuado68:
Cantidad de proveedores del estado69:
Cantidad de proveedores sancionados70:
Proveedores con sanción vigente
Como ya se mencionara, resulta ineludible tener en cuenta que el Decreto Nº 1023/01 impacta en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de dos modos diversos:
a) El aspecto más importante por su generalidad radica en la aplicación del Título I del Decreto 1023/01, en todo aquello que no se oponga a las prescripciones del cuerpo especial sub examine, lo que implica renovar en forma explícita los principios generales a los que deberán ajustarse las contrataciones de obras públicas y de concesión de obras publicas (Ley 17.520 y modificatorias), introducir disposiciones expresas sobre transparencia, anticorrupción y control del procedimiento contractual, así como las formalidades de las actuaciones de trámite y las facultades y obligaciones de las partes, entre las principales. Si bien el criterio de selección de ofertas no recibe mayores alteraciones (“oferta más conveniente” -art. 18 LNOP y art. 15 Decreto 1023/01-) se abunda en su conformación y se introduce una limitante conforme antecedentes de cualquier naturaleza que obsten a su selección, siempre que consten en una base de datos de organismos públicos (art. 16 Decreto 1023/01, “elegilibilidad”) y en forma independiente de su aptitud específica (Reglamento Único de Constructores de Obras Públicas: arts. 13 y 20 LNOP y normas reglamentarias), tal como la carencia de Certificado Fiscal para Contratar (Resolución General AFIP Nº 1814/05 y Circular ONC Nº 18).
b) Otras modificaciones específicas afectaron, sobre todo en la terminología e indeterminación de montos (variables por reglamentación del PEN) a las excepciones a la licitación pública (art. 9 LNOP según artículo 33 Decreto Nº 1023/01).
Ahora bien, ingresando al análisis de la normativa, y de acuerdo con el artículo 1º se conceptúa como “obra pública”, con un criterio francamente expansivo, toda construcción, trabajo o servicio de industria sufragada con fondos del tesoro. Aquí cabría observar qué debería interpretarse por subsidios, exceptuados de su ámbito de aplicación, a la luz de la frecuente utilización en la actualidad de fuentes de financiamiento externas, y aún los fondos fideicomitidos mediante las “leyes especiales” que señalaba aquel texto en origen.
Las construcciones militares carecen hoy de normativa contractual especial.
La norma de competencia entonces establecida en su artículo 2° halla hoy reflejo en sucesivas delegaciones en cabeza del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Secretario de Obras Públicas en el ámbito de esa cartera.
El artículo 4º establece la obligación de elaborar y aprobar en forma previa a toda eventual convocatoria el proyecto y presupuesto respectivo, pliego incluido, y hasta del texto del contrato a suscribir “en caso de Contrataciones Directas”, aunque el uso extendió su inclusión en forma generalizada. Su último párrafo ya admitía entonces el hoy consabido “concurso de proyectos integrales”.
Como característica singular de este contrato el artículo 5 pauta los 3 sistemas de contratación (léase de cotización): unidad de medida (o itemizado de detalle), ajuste alzado (precio global) y “coste y costas”, éste con la restricción de ser aplicable sólo para “casos de URGENCIA justificada o CONVENIENCIA comprobada”.
El artículo 7 hizo ya explícita la obligación de contar con la reserva del crédito legal preventivo, en las partidas presupuestarias correspondientes, que hoy luce como regla general para todos los gastos de las jurisdicciones y entidades del Estado Nacional en los artículos 32, 33, 35 y 36 de la Ley de Administración Financiera y Control de Gestión N° 24.156.
El artículo 9 establece como principio general de contratación la licitación pública (texto según Art. 33 Decreto 1023/01) en concordancia con el actual artículo 24 párrafo primero del Decreto 1023/01 y, a renglón seguido, enumera diversas excepciones que habilitan su contratación directa, las que se completan “mutatis mutandi” con las listadas en el artículo 25 inciso d) del Decreto Delegado citado.
En cuanto a la publicidad requerida en la ley de obra pública, el artículo 10 dispone que las licitaciones públicas se anunciarán en el Boletín Oficial de la Nación y en un órgano similar del gobierno provincial o del territorio donde se ejecute la obra. Teniendo en cuenta los fondos que se operan en las obras públicas se estableció un régimen especial de publicaciones según el monto del presupuesto, que se actualiza progresivamente. La siguiente tabla muestra los días de anticipación y el tiempo de publicidad de los anuncios vigente a la fecha:
Plazos de publicidad
Monto del Presupuesto Días de anticipación Publicación
Hasta $ 110.000 5 5
De hasta $ 110.001 a $ 260.000 15 10
Más de $ 260.000 20 15
También resulta peculiar de su régimen la suscripción de una contrata (artículo 21) en lugar de una Orden de Compra o expresión formularia equivalente.
Las normas procedimentales, el carácter intuitu personae (artículo 23) e intransferible, las prerrogativas de dirección y control (artículos 27 y 28), el ius variandi (artículos 29 y 30 con más la limitación del artículo 53) guardan similitudes, salvando las distancias temporales y conceptuales, con las reglas de los artículos 12 y 13 Decreto Nº 1023/01.
En este orden, y como particulares de este contrato, pueden señalarse también las previsiones sobre materiales (artículos 32 y 33), suspensiones y demoras generadoras o no de multas y/o sanciones según los casos (artículos 34 y 35), la salvaguarda del salario del personal (artículo 36) respecto de los avatares del avance de la obra y/o su certificación y pago.
Sí cabe poner de resalto la responsabilidad del contratista respecto de la correcta interpretación de los planos y sus defectos (Art. 26), el uso indebido de materiales, sistemas constructivos o implementos patentados (Art. 27), el sostenimiento de los precios cotizados, inmodificables por error u omisión de su parte (Art. 37), la inoponibilidad de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados por su culpa (Art. 39), el sostenimiento de la fianza otorgada a la Administración hasta la aprobación de la recepción definitiva de las obras y la reparación de daños y perjuicios que ocasionó (Art. 44) y la prohibición de reclamos de intereses por retardos que él mismo hubiere causado (Art. 48 in fine).
Aquí resulta útil discernir que no obstante la pervivencia de la prohibición de indexación o repotenciación de deudas en los contratos públicos (vgr: artículos 18 y 19 Ley 25.561) al artículo 48 incluye aún hoy (y no obstante la sustitución traída por artículo 8 Ley 21.392) el derecho a reclamar intereses a la tasa BNA para descuentos sobre certificados de obra por retrasos en los pagos. Un examen aparte merece el Decreto 1295/2002 que estableció la “metodología de redeterminación de precios de contratos de obra pública” y sus modificatorios.
Respecto de las disposiciones tendientes a asegurar la transparencia en la contratación, además de todas las normas pertinentes del Decreto Nº 1023/01, se puede señalar lo siguiente respecto de la subcontratación de los contratos administrativos:
El Decreto Nº 1023/01 consagró la prohibición de la cesión o subcontratación, salvo autorización expresa del organismo administrativo. Este principio jurídico no es novedoso, la doctrina tradicional ya lo había señalado.
De igual forma, la ley 13.064 contempla la rescisión por culpa del cocontratante, cuando éste transfiera el contrato en todo o en parte, se asocie con otros para la construcción o subcontrate sin previa autorización (artículo 50 inciso d).
Este recaudo tiende a no desnaturalizar el procedimiento de selección a través de cesiones a favor de quienes no reúnan los requisitos de idoneidad exigidos para la adjudicación originaria.
Por último, los capítulos VIII (artículos 49 a 54) y IX (artículos 55 a 58) cierran la Ley con disposiciones sobre rescisión y el establecimiento de la competencia contencioso administrativa para todas las cuestiones derivadas de su interpretación o ejecución, salvo mutuo sometimiento a un tribunal arbitral específico.
El sistema establecido por los ARTICULOS 55 a 64 de la LEY DE CONTABILIDAD, reglamentada por el Decreto Nº 5720/1972 es el que aplica en sus compras y contrataciones la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público.
El Senado de la Nación aplica el Decreto Nº 1023/01, reglamentado por Decreto de la Presidencia de la Cámara de Senadores, por ello, corresponde remitirse a lo explicado en el capítulo correspondiente al Sistema del Poder Ejecutivo Nacional.
El Decreto Nº 5720/72 establece en su artículo 55 que toda compra o venta por cuenta de la Nación, así como todo contrato sobre locaciones, arrendamientos, trabajos o suministros, se hará por regla general previa licitación pública.
En el ámbito administrativo se interpretó que esta enumeración era meramente enunciativa, por lo que la regla de la licitación pública era aplicable para la selección del co-contratante en cualquier tipo de contrato que celebrara el Estado.
No obstante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que no resultaba obligatorio el procedimiento licitatorio fuera de los casos legalmente previstos71.
En cuanto a las disposiciones que incluye este régimen relativas a la publicidad, equidad y eficiencia, pueden mencionarse las siguientes:
Pliegos Dirigidos: A fin de evitar que se favorezca ilegítimamente a un determinado oferente eventual, la reglamentación del artículo 61 de la Ley de Contabilidad –que dice que los pliegos deben favorecer la concurrencia-, establece en su inciso 32, apartado b) que las respectivas oficinas de contratación, prepararán los pliegos de bases determinando las características, evitando la transcripción detallada de textos extraídos de folletos, catálogos o presupuestos informativos. La comprobación de que en un llamado a licitación se hubieran formulado especificaciones o incluido cláusulas, cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinada persona o entidad, de manera que el llamado este dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a su anulación inmediata en el estado de trámite en que se encuentre y la iniciación, también inmediata del sumario pertinente para determinar los responsables.
Por otro lado, el apartado d) del mismo inciso 32 del reglamento del artículo 61, establece la presunción de desdoblamiento de la contratación, del que serán responsables los funcionarios que hubieren acordado las respectivas autorizaciones, cuando en un lapso de 3 meses se efectúen contrataciones de elementos pertenecientes a un mismo agrupamiento, sin que previamente se documenten las razones que lo justifiquen. La excepción a ello la constituyen las adquisiciones de productos perecederos.
En cuanto a la equidad que debe regir en las contrataciones públicas, el principio es que debe satisfacer todos los requisitos de validez y eficacia del acto administrativo, afirmación que puede verificarse a partir de lo previsto en el inciso 30) que al detallar los requerimientos para iniciar la tramitación del expediente, expresa que éste debe dar fundamento a las razones que justifiquen la solicitud de bienes o servicios que difieran de las comunes o que signifiquen restringir la concurrencia de oferentes. Es decir que la norma señala expresamente la necesidad de fundar suficientemente el acto si éste contuviera alguna especificación que pueda limitar la concurrencia.
En cuanto a la publicidad, el artículo 62 de la Ley de Contabilidad determina que el llamado a licitación pública se publicará en el Boletín Oficial sin perjuicio de utilizar otros medios de difusión que fijen reglamentariamente las autoridades superiores de los poderes del Estado
Cuando el monto estimado de la contratación supere los $ 5.000.000 (pesos cinco millones), los anuncios se harán por 8 (ocho) días y con 12 (doce) de anticipación a la fecha de la apertura. Si el monto no excediera dicho importe, los días de publicación y anticipación serán de 2 (dos) a 4 (cuatro) respectivamente.
Su reglamentación establece que los anuncios o las invitaciones deberán expresar claramente el nombre del organismo licitante, el objeto de la contratación, el lugar donde pueden retirarse o consultarse las cláusulas particulares, el lugar de presentación de la oferta y día y hora en que se procederá a su apertura.
Además las licitaciones públicas se anunciarán con la misma anticipación y cantidad de publicaciones en el Boletín Oficial de la provincia en la cual hubiera de efectuarse el suministro o el servicio, salvo que no hubiera boletines oficiales o, si durante el período de anticipación pertinente no fueran publicados éstos, los anuncios serán efectuados en un diario de la capital de la provincia.
Todos los plazos aquí fijados se consideran mínimos, por lo tanto, cuando la contratación, por su importancia o conveniencia, o por la cantidad de renglones que se licitan o por el valor conjunto y/o individual de los mismos, lo justifique, deberán ampliarse los plazos de anticipación, además de hacer otras publicaciones en diarios de la Capital o del lugar en que presuman que existen interesados, o mediante cualquier otro sistema de difusión.
La normativa prevé la licitación pública como principio general, no obstante lo cual el artículo 56 establece las siguientes excepciones:
Se podrá contratar:
-por licitación privada cuando el valor estimado no exceda de $ 1.000.0000 (pesos un millón);
-en remate público, la venta de bienes que haya autorizado la autoridad competente, de acuerdo con la reglamentación jurisdiccional que se dicte al efecto.
-Directamente, en los siguientes casos:
a) cuando el monto no exceda de 100.000 (pesos cien mil);
b) la compra de inmuebles en remate público, previa fijación del precio máximo;
c) operaciones secretas;
d) urgencia, cuando por circunstancias imprevistas no pueda esperarse la licitación;
e) licitación desierta u ofertas inadmisibles;
f) obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas o personas especializadas;
g) bienes de fabricación o venta exclusiva, y no hubiera sustitutos;
h) compras o locaciones que deban efectuarse en países extranjeros, y no fuera posible realizar la licitación;
i) contrataciones entre reparticiones públicas;
j) notoria escasez en el mercado local de los bienes a adquirir, previa acreditación de esta circunstancia por las oficinas técnicas competentes;
k) venta de productos perecederos y de elementos destinados al fomento de las actividades económicas del país o para satisfacer necesidades de orden sanitario;
l) reparación de vehículos y motores; y
m) compra de semovientes por selección.
En todos los casos de proceder a la contratación en forma directa se deberá enviar, como mínimo, invitación a tres proveedores habituales, salvo en los casos en que por la naturaleza de la excepción no sea posible hacerlo (por ejemplo, en los supuestos de especialidad, único proveedor, etc).
El Senado nacional en el artículo 32 de su reglamento al Decreto Nº 1023/01 incorpora esta exigencia en forma específica, señalando que “en los procedimientos de contratación directa, se deberán cursar invitaciones por medio fehaciente a un mínimo de tres (3) proveedores inscriptos en el listado que deberá llevar la oficina de compras de este H. Senado. Las invitaciones se enviarán simultáneamente a todos los invitados con una antelación no menor a diez (10) días.”
Registro de Proveedores del Estado: Se encuentra previsto en la reglamentación del artículo 61, donde se señala que el Padrón de Proveedores y el Registro de Sancionados, se integrará con todas las personas físicas o jurídicas que oferten o contraten con el Estado.
La H. Cámara de Diputados de la Nación no ha reglamentado un registro de proveedores, por lo cual puede presentarse cualquier oferente que cumpla con los requisitos fijados por el Decreto Nº 5720/72 a las convocatorias para contratar.
Ahora bien, el Senado de la Nación, que como se señalara anteriormente aplica el Decreto Nº 1023/01, utiliza el (SIPRO) Sistema de Información de Proveedores, dependiente de la Oficina Nacional de Contrataciones, de la Subsecretaría Nacional de Presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional, para el cruce de información relativa a estado y situación de los proveedores, pues ha adherido al mismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 12 del Decreto P 632/02. Ello, sin perjuicio de que la oficina de Compras, lleva actualizado periódicamente una Base y Registro de Proveedores, en donde se consignan las sanciones y/o penalidades de los mismos.
Es necesario destacar que como este régimen lo aplican distintos poderes del Estado, los sistemas de información para la contratación pública variarán.
Por ejemplo, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (www.hcdn.gov.ar)72 publica en su página web todos los llamados a contratar, sean licitaciones públicas, contrataciones directas, u otra modalidad de las previstas, siendo posible además, bajar los pliegos de condiciones particulares y, en su caso, ver las correspondientes actas de aperturas.
En lo que respecta a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, la mencionamos pues forma parte del Poder Legislativo, pero como se ha dicho previamente, ésta aplica para sus contrataciones el régimen establecido por el Decreto Nº 1023/01 y por ella reglamentado mediante Decreto de la Presidencia Nº 632/2002.
No obstante, corresponde señalar en lo referido a los sistemas de información para la contratación pública, que el Senado de la Nación publica las convocatorias para contratar en la página web de la Cámara, www.senado.gov.ar. También pueden verse los dictámenes de calificación de las propuestas recibidas en cada procedimiento de contratación.
En el caso del Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para obras menores, se utiliza el marco del Decreto Nº 5720/72; de tratarse de obras mayores, aplican la ley de Obras Públicas Nacional Nº 13.064, incluso en lo relativo a su registro de contratistas.
Lo mismo ocurre con la Cámara de Senadores de la Nación en lo relativo a las obras públicas, pues aplica también la ley 13.064, de conformidad con lo que establece el artículo 1º del Decreto P Nº 632/2002.
El artículo 76 del Decreto 5720/7273 establece que la preadjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el organismo, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta. Es decir, que el precio es sólo un elemento más a tener en cuenta, debiendo ponderarse primero la calidad del producto.

References: artículo 33
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 10
 artículo 53
in fine
 artículo 48
 artículo 8
 artículo 55
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 62
 artículo 56
 artículo 32
 artículo 61
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 76