Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38582
Timestamp: 2018-05-27 23:37:58+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1PPO-70/38582
Salvaguarda el interés superior de la infancia y la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; tutela y respeta derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales, principalmente el derecho a una educación libre de violencia.
Diseña mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las personas que integran la comunidad del centro educativo a una vida libre de violencia, así como a la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización o el pago de daños y perjuicios.
Además, establece los lineamientos conforme a los cuales se deberán realizar las acciones de prevención y medidas de seguridad. Fomenta la participación de maestros, padres de familia, alumnos y autoridades escolares; establece el Consejo para una Escuela Libre de Violencia y la creación del consejo de clase y del reglamento escolar con derechos, obligaciones y sanciones.
Asimismo, obliga a instalar un buzón escolar físico y electrónico para depositar las denuncias anónimas de violencia.
En el capítulo “De las infracciones y sanciones” determina multas de hasta cinco mil días de salario mínimo, suspensión e inhabilitación para el personal docente que viole dicha ley.
La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, a nombre propio y de los senadores ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, ADRIANA DÁCILA FERNÁNDEZ,ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, SONIA MENDOZA DÍAZ, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ,FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ, GABRIELA CUEVAS BARRON, JAVIER CORRAL JURADO, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ROBERTO GIL ZUARTH, RAÚL GARCÍA GUZMAN, FERNANDO HERRA ÁVILA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, JAVIER LOZANO ALARCÓN, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CARLOS MENDOZA DAVIS, MARTIN OROZCO SANDOVAL,CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS ROMERO HICKS,ERNESTO RUFFO APPEL, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, FERNANDO TORRES GRACIANO, SALVADOR VEGA CASILLAS, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, senadores a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión,con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la: LEY GENERAL DE CONVIVENCIA, PREVENCIÓNY ATENCIÓNDEL ACOSO ESCOLAR, al tenor dela siguiente:
La violencia en el ámbito escolar según diversos especialistas está atribuida en muchos casos a la repetición de patrones de conducta a los que están expuestos los menores de edad en sus hogares. Este tipo de conductas se agravan con el paso del tiempo, se robustecen en un contexto de impunidad y se han exacerbado gracias a los medios de comunicación electrónicos como es el Internet y las redes sociales.
En años recientes se ha advertido un alarmante crecimiento en la presencia de violaciones a los derechos humanos en los centros educativos, pero no únicamente entre alumnos; sino también de los maestros hacia los alumnos, de los alumnos hacia los maestros y de los padres de familia hacia maestros y alumnos.
En México, el abordaje que se ha dado a dicha problemática a nivel gubernamental hasta el momento ha sido limitativo a la violencia entre pares, y se han utilizado denominaciones como “acoso escolar”, “hostigamiento escolar”, “intimidación escolar” y el término anglosajón “bullying” siendo éste último el definido por el psicólogo escandinavo Dan Olweus en el año de 1993 como una “conducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden superar por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: disminución de su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que hace difícil su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”.
Al tratar el problema de la violencia escolar, no es posible considerarlo únicamente en una de las aristas que lo conforman, es decir, debe entenderse que no es un problema cuya solución sea unívoca o de carácter personal sino que debe procurar incluir a la comunidad educativa en su conjunto; tampoco debe buscarse una solución que criminalice a los menores de edad, por el contrario, debe buscar crear respuestas comprensivas y sensibles apelando siempre a dignificar a las personas; Debe partir de la concebir que este tipo de situaciones no sólo afectan a lasvíctimas o victimarios sino a un elevado número de menores que son espectadores o testigos de la violencia quienes no pueden estar ajenos de la solución. Por último, debe reconocerse que la principal herramienta para la creación de un ambiente libre de violencia en el ámbito escolar debe ser la puesta en marcha de acciones a favor de la prevención, acciones encaminadas a generar conciencia y a fomentar una cultura del respecto a los derechos humanos, a la tolerancia y al diálogo.
Las conductas violentas que ocurren en este ámbito no sólo comprenden hostigamiento, acoso o intimidación, si no que incluyen actos de discriminación, exclusión, negligencia, violencia emocional, física, sexual, verbal y hoy en día, la violencia ejercida mediante tecnologías de información y telecomunicaciones.
La arena educativa y de formación humana de los menores de edad se encuentra en la intersección de tres esferas: la familia, la vida en la comunidad educativa y el entorno social. Es por esto que no se busca atacar el problema de la violencia escolar en una sola de sus facetas sino en conjunto: familia, escuela e integrantes de la comunidad escolar (padres de familia, alumnos, maestros y autoridades escolares).
El gran problema de la violencia en el ámbito escolar es complejo, ya que las actitudes violentas de la niñez y la adolescencia, en general, son aprendidas y el primer aprendizaje de la violencia se presenta, por lo general en el ámbito familiar, lugar en el que se dan las primeras formas de interrelación.
El involucramiento de factores sociales claves como la familia, entendida esta como el espacio más importante de desarrollo de las personas ya que es el transmisor de patrones de conducta, valores y actitudes del entorno sociocultural al que pertenece. Por otro lado la escuela, que es el espacio que les brinda la socialización afuera de la familia y es el lugar de desarrollo de habilidades y aprendizajes para la vida; y por último, el ámbito comunitario, que es la zona en la que se desarrollan las familias y otras instituciones que forman a los ciudadanos; nos brindan una alerta urgente de atención a esta realidad.
En este sentido, existen algunos factores de riesgo familiares, que potencian la posibilidad de que un niño se convierta en agresor o en víctima en la escuela:
a.Falta de afecto, calidez, confianza, diálogo y comprensiónpor parte de los padres de familia.
b.Conductas por parte de los padres extremadamente permisivas, con falta absoluta de límites.
c.Falta de supervisión, por lo que pueden estar involucrados en otras conductas antisociales como vandalismo, robo y abuso de sustancias.
d.Disciplina estricta y física (golpes y castigos severos).
e.Incidentes de molestias o intimidaciones en casa.
La violencia familiar es una de las causas principales de la violencia escolar, si no es que la principal. Estadísticas del INEGI revelan que existe este tipo de violencia en más del 50% de los hogares mexicanos.
La estadística señalada nos indica que la violencia familiar se genera por la frustración de los padres de familia ante un entorno en el que se carece de oportunidades tanto laborales y profesionales como educativas, la falta de vivienda digna, los problemas económicos, las adicciones como el alcoholismo y el tabaquismo, la subsistente cultura de discriminación, el machismo y la desigualdad. Todos estos elementos contribuyen a la infelicidad en los hogares mexicanos que repercute en la vida social de sus miembros, que en el caso de los niños, principalmente es en la escuela.
Diversos estudios revelan que los medios de comunicación influencian la vida de los niños de forma significativa. Un niño observa la televisión un promedio de 22 a 25 horas a la semana. Es un factor digno de discusión la existencia de una creciente cantidad de contenidos mediáticos cargados de violencia física, verbal, sexual y estereotipos de raza y género. La violencia en los filmes cinematográficos que ven los niños ha aumentado significativamente. También los videojuegos con alto contenido agresivo incrementan el nivel de hostilidad de los niños, pues en éstos juegos existe la posibilidad de trasgredir normas, reglas y valores que las familias y las escuelas se empeñan en inculcar.
Pero no sólo la exposición a ciertos contenidos vertidos en los medios de comunicación influyen en el nivel de agresividad de los niños, también contribuye la violencia que viven en su comunidad, en la calle en que viven; la discriminación de la que son víctimas en caso de tener características físicas o ideológicas diferentes, la misma discriminación de la que pueden ser víctimas si no pertenecen a determinada clase social, estatus económico, si carecen de acceso a determinados benefactores que han cobrado popularidad como teléfonos móviles, aparatos electrónicos, ropa o juguetes de moda.
Asimismo el enfrentarse a un mundo joven sumergido en las adicciones, no sólo al alcohol y tabaco, si no drogas tales como mariguana, cocaína y otras, los invita a evadir la realidad violenta en la que viven y desafortunadamente se pierden en la adicción.
El Informe Nacional sobre las Adicciones, realizado por la Secretaría de Salud y el INEGI en 2008 señala que, en promedio, cada año 100 mil mexicanos, en su mayoría jóvenes de entre 14 y 18 años de edad, se inician en el consumo de alguna droga y, de ellos, alrededor de dos terceras partes lo hace con la cocaína sintética y las anfetaminas vinculadas directamente a colapsos, síncopes e infartos prematuros y con el 90 por ciento de los hechos de violencia.
La facilidad de acceso a armas de fuego constituye otro factor de riesgo comunitario y social.
A lo anterior se suma la proliferación en el uso de las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (TIC) dentro y fuera de los centros educativos como una continuación de la violencia que se ejerce entre ellos. Han evolucionado las agresiones compulsivas, acosos permanentes, hostigamientos sistemáticos, incluyendo el uso inadecuado de la telefonía celular, los blogs, redes sociales, chats, entre otros. Los agresores emplean correos, videos o fotografías para insultar, difundir rumores y atentar contra la intimidad de sus pares e incluso de sus maestros. La tecnología en el actual contexto social se ha convertido en un detonante en el incremento de la violencia escolar.
El carácter agresivo y violento de la interacción que se da dentro de las escuelas se ha constituido en un tema que debe ser prioritario para la investigación y la incidencia en políticas públicas. Esto debido a sus consecuencias en el desarrollo, desempeño y resultados académicos de los niños, niñas y jóvenes en formación. Estas prácticas que empiezan a constituirse en hechos cotidianos, conocidos y, en cierto modo, avalados por adultos y los propios estudiantes, entran en total contradicción con aquello que se espera sea una escuela: un espacio de protección, formación ética, moral, emocional y cognitiva de ciudadanos. De igual modo, comprometen seriamente la posibilidad de que la escuela se erija en un lugar para el intercambio del conocimiento, en un ambiente de sana convivencia y sociabilidad democrática y justa. Poder aprender sin miedo, en un clima confiable y seguro, se constituye en una de las condiciones fundamentales para que cada estudiante fortalezca habilidades de todo tipo y se apropie de aquellos aprendizajes que le asegurarán su pleno desarrollo y la participación social que le corresponde.
La violencia afecta el proceso pedagógico en las escuelas y las consecuencias pueden abarcar desde el aislamiento, la deserción escolar, graves problemas psicológicos y emocionales, trastornos alimenticios y lesiones auto-infringidas, hasta el suicidio; problemáticas que atentan contra los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Se ha catalogado a la violencia escolar como un problema de salud pública, ya que destacan la aparición de enfermedades y alteraciones de la salud en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que experimentan la violencia en el ámbito escolar, pues presentan predisposición a problemas de orden emocional que comprometen la integridad física. Es por esto que se debe de incorporar la atención de las víctimas de cualquier tipo de violencia en las escuelas y el tratamiento psicológico de los agresores o generadores de la misma en el rubro de salud mental.
En nuestro país, son pocos los estudios que ofrecen diagnósticos y estadísticas precisas y confiables sobre estas problemáticas; sin embargo, existen cifras alarmantes.
La SEP estima en el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México (2009) de una muestra de 26,319 niñas y niños de primaria y secundaria, que al menos el 10 por ciento de los alumnos son víctimas de violencia escolar y sólo uno de cada diez recibe atención personalizada. El 43.2 por ciento del personal docente menciona que se han detectado casos de violencia escolar entre alumnos en su escuela. Desagregando por modalidad de estudio, se encuentran diferencias entre primaria general (25.4%) y el de primaria indígena (36.9%), así como entre la secundaria técnica (25.4%), secundaria general (46.4%), y telesecundaria (57.5%), que reporta el más alto porcentaje.
En el caso de los niños y niñas en edad escolar, el cuerpo directivo manifestó que casi una cuarta parte del alumnado discrimina por diferencias religiosas. La homosexualidad, la pobreza, la diferencia de clases y la discapacidad fueron mencionadas también como causas de discriminación entre escolares. Otros motivos de discriminación mencionados con bajos porcentajes tienen que ver con el lugar de procedencia, el color de piel, constitución de la familia distinta a la tradicional, diferencias de lenguaje o referidas al género. Solamente el 27.7 por ciento de los directores y directoras planteó que en su escuela no se han dado casos de discriminación. (Primer Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, 2010).
En un estudio publicado por la CEPAL en agosto de 2011 se señala que un 11% de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de un 7%. Asimismo, se señala el porcentaje de estudiantes de 6º grado de primaria que declaran haber sido en su escuela, víctimas de: robo 40.24%, insultados o amenazados 25.35%, golpeados 16.72%, o atravesado por algún episodio de violencia 44.47%.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010) realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) arroja resultados de las situaciones más frecuentes de las que han sido víctimas niños y niñas de sus compañeros de la Escuela:
1.Se han burlado de ti (Mucho)
Niñas 13.8% Niños 19.2%
2.Te han hecho llorar (Mucho)
Niñas 8.6% Niños 12.8%
3.Te han pegado (Mucho)
Niñas 10.0% Niños 10.1%
4.Te han hecho sentir avergonzado (Mucho)
Niñas 22.5% Niños 39.8%
SISTEMA NORMATIVO MEXICANO.
El artículo 1° Constitucional (reformado el 10 de junio de 2011), establece que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…”, asimismo en su Párrafo Tercero dispone que:“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
La educación en México es un derecho inherente a todo individuo que se consagra a través del artículo 3º Constitucional en el cual se establece que, todo individuo tiene derecho a recibir educación y que ésta, desde el nivel básico y hasta la media superior serán obligatorias. El Estado, integrado por la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, es el facultado para impartirla. La educación básica se conforma por la educación pre-escolar, primaria y secundaria, que junto con la media superior son obligatorias en nuestro país.
La educación de conformidad con el artículo 3° Constitucional, se caracterizará en México, por ser laica, gratuita y deberá darse dentro de un contexto democrático, entendiendo a este último como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En lo relativo a una educación libre de violencia, se pone de manifiesto que “la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.
En párrafos posteriores del mismo artículo 3 de la Constitución establece que el “criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios” además de que “contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.”
Como se observa, se pugna por una educación libre de violencia, la promoción de la cultura de la paz y la no violencia, así como, contribuir al aprecio para la dignidad de la persona, sustentar los ideales de fraternidad e igualdad y evitar los privilegios.
El artículo 4 Constitucional prevé el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, estableciendo en ese mismo artículo el deber de ascendientes, tutores y custodios para preservar estos derechos coadyuvando con el Estado quien proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
Si bien es cierto que desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 1989, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, con vigencia en nuestro país a partir del 21 de octubre de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, se han dado avances significativos en la condición jurídica, psico-social y cultural de los niños, niñas y adolescentes, también se han observando una serie de señales preocupantes, que implican un retraso e incluso retrocesos en el ejercicio real de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, especialmente en temas como la violencia en el ámbito escolar en contra de niños, niñas y adolescentes, así como, en contra de otros actores de la comunidad escolar (padres de familia, docentes y/o autoridades escolares).
La Convención sobre los Derechos del Niño dio lugar a la defensa de los niños y niñas y jóvenes del mundo y de los Estados que forman parte de la Convención.
En nuestro país se han llevado a cabo muchas acciones desde que se ratificó en 1990 esta Convención; entre ellas, el reconocimiento como niños a todos los menores de 18 años, la expedición de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y la redefinición de los sistemas de justicia que se aplican a los menores de edad en México, además de la especialización de tribunales, la creación de medidas alternativas de detención y la elaboración de un sistema integral de justicia.
Por su parte la Ley General de Educación establece que la finalidad de la educación es propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos (Artículo 7 Fracción VI in fine), fomentar los valores y principios del cooperativismo (Artículo 7 Fracción XIII), contribuir a la mejor convivencia humana (Artículo 8 Fracción III) y a su vez señala que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijos (Artículo 33 Fracción IX), se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad (Artículo 42) y que la aplicación de la disciplina escolar debe ser compatible con la edad de los niños (Artículo 42).
Por su parte el artículo 71 de esta Ley, establece que en cada Entidad Federativa y en el Distrito Federal, funcionará un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, como Órgano de consulta, orientación y apoyo.
Se considera necesario generar un marco jurídico federal que sea la base de una política pública que aborde el problema de la violencia escolar bajo un enfoque de derechos humanos, en el que se propongan medidas efectivas de prevención de todas las manifestaciones de la violencia en los centros educativos, acciones encaminadas a la erradicación y eliminación de la misma estableciendo las particularidades y responsabilidades de los que ejercen el rol de estudiantes,maestros, padres de familia y autoridades educativas, de salud y de procuración de justicia y las regulaciones y reglamentaciones pertinentes en caso de que se incurra en actos de violencia escolar y sea conducente la aplicación de sanciones a los sujetos involucrados, priorizando en todo tiempo el principio constitucional del interés superior de la infancia, la promoción de una cultura de paz, la resolución no violenta de los conflictos, la colaboración interinstitucional y la responsabilidad social para garantizar el ejercicio pleno de derechos fundamentales como la salud, educación y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Por lo expuesto se presenta la Propuesta de Iniciativa de:
LEY GENERAL DE CONVIVENCIA, PREVENCIÓNY ATENCIÓNDEL ACOSO ESCOLAR.
ARTÍCULO 1º. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social para toda la República y tiene por objeto:
I. Salvaguardar el interés superior de la infancia y la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;
II. Tutelar y respetar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Constitución, y en los Instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en particular el derecho a una educación libre de violencia;
III. Diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las personas que integran la comunidad del centro educativo a una vida libre de violencia en el ámbito escolar;
IV .Establecer los lineamientos conforme a los cuales se deberán realizar las acciones de prevención y ejecución de medidas en materia de seguridad escolar en los Centros Educativos;
V. Crear y fortalecer vínculos entre las diferentes instancias externas que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar con los integrantes de ésta, a fin de mejorar la seguridad en las Escuelas;Otorgar atribuciones a los integrantes de la comunidad escolar para establecer, ejecutar y en su caso, vigilar las acciones, proyectos y programas en materia de seguridad escolar que permitan el seguimiento y evaluación constante de los mismos. Prevenir la violencia escolar en los centros educativos del país, así como otorgar apoyo asistencial a las víctimas; y psicológico o terapéutico a los agresores;
VI. Propiciar un ambiente de seguridad en las escuelas, generando una cultura de prevención, atención y solución de riesgos que puedan surgir en cualquier momento en los centros educativos; así como fomentar la participación de maestros, padres de familia, alumnos y autoridades escolares en estas actividades y en el fomento de la fraternidad, solidaridad y sentido de pertenencia;
VII. Establecer un Consejo para una Escuela Libre de Violencia, que servirá de instrumento rector para el diseño e implementación de programas en materia de seguridad escolar, el que una vez aprobado deberá ser de observancia obligatoria para las instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, estudiantes y en general para los habitantes de la República Mexicana;
VIII. Establecer la creación de un Reglamento Escolar, el cual deberá tener como fin que todas las personas que interactúan en el Centro Educativo conozcan sus derechos y obligaciones y las sanciones a que se harán acreedores si cometen una conducta violenta, así como las medidas para evitar la violencia escolar entre todos los agentes que intervienen en la Comunidad Educativa tales como alumnos, padres de familia, docentes y personal administrativo;
IX. Establecer la creación de un Consejo de Clase en cada grupo, que se encargará de discutir los asuntos y conflictos relacionados con problemas en clase y fuera de ésta; y,
X. Establecer la obligatoriedad de instalar un buzón escolar físico y electrónico para depositar las denuncias anónimas de violencia escolar de las que conocerá el Consejo para una Escuela Libre de Violencia.
Artículo 2º. Para los efectos y la aplicación de esta Ley, se entenderá por:
I. Niñas y Niños: Las personas de hasta 12 años incompletos (Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, niños, adolescentes y jóvenes).
II. Adolescentes: Las personas que tienen más de 12 años y menos de 18. (Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, niños, adolescentes y jóvenes).
III. Jóvenes: Es toda persona mayor de 12 años y menor de 29. (Ley del Instituto Mexicano de la Juventud)
IV. Violencia: Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o u grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte (OMS).
V. Violencia Escolar: Cualquier relación, proceso o condición por la cual un individuo o grupo viola la integridad física, social y/o psicológica de otra persona o grupo en el espacio educativo generando una forma de interacción en la que este proceso se reproduce. (Observatorio Ciudadano de la Educación).
VI. Intimidación Escolar: Forzar a una persona a realizar algo que no quiere hacer u obtener algo de ella mediante amenazas, violencia física o verbal, que se llevan a cabo fuera o dentro del horario escolar, y quienes la realizan y la sufren tienen relación escolar.
VII. Agentes involucrados en la Violencia Escolar:
-Víctima: La persona que, individual o colectivamente, haya sufrido o sufra daños, inclusive lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, pérdida patrimonial o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones dealguno u algunos otros miembros de la Comunidad Educativa.
-Agresor: Es quien ejerce la violencia, el abuso o el poder sobre la víctima. Suele ser fuerte físicamente, impulsivo, dominante, con conductas antisociales y poco empático con sus víctimas.
-Cómplices: Son todos aquellos que guardan silencio, se ríen y/o apoyan al agresory/o que sabiendoo conociendo de la agresión, son omisos en detener la o las acciones, lo que fomenta la violencia escolar.
VIII. Comunidad Escolar: Conjunto de personas que comparten espacios educativos, considerando a alumnos, padres de familia, docentes, personal administrativo y de apoyo en cada escuela.
IX. Represalias: Respuesta de castigo, venganza o amenaza en contra de quien reporte casos de violencia escolar, proporcione información durante la investigación, o sea testigo o poseedor de información fiable de algún hecho de violencia.
X. Ambiente Hostil: Situación en la que la violencia escolar altera las condiciones de la educación de los estudiantes y crea un ambiente escolar abusivo o violento.
XI. Escuela o Centro Escolar: El inmueble en que presta sus servicios una institución educativa, pública o privada.
XII. Personal Escolar: El que sostenga una relación laboral con el Centro Escolar, que incluye enunciativamente al de carácter directivo, docente, de supervisión, administrativo, (enfermera, portero, consejero, trabajadora social, psicóloga, mantenimiento, limpieza, seguridad, etcétera).
XIII. Estudiante: Persona que curse sus estudios en alguna Institución Educativa en la República Mexicana, que cuente con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de las autoridades correspondientes.
XIV. Consejo para una Escuela Libre de Violencia: Es un órgano que se integrará por autoridades escolares, docentes, padres de familia y alumnos del Centro Educativo.
XV. Reglamento Escolar: Documento que contiene el conjunto de derechos y obligaciones y sanciones que rigen las actividades de la comunidad escolar.
XVI. Consejo de Clase: Sesiones convocadas por alumnos que integran un salón de clases y el docente titular del grupo y un padre de familia.
XVII. Buzón Escolar: Contenedor físico y electrónico donde se depositarán las denuncias anónimas sobre violencia escolar.
XVIII. Secretaría: Secretaria de Educación Pública.
Artículo 3º. Los principios rectores de esta ley constituyen el marco conforme al cual las autoridades deberán planear, crear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el conjunto de acciones de Gobierno para garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, considerando como eje rector en todas sus decisiones el interés superior de la infancia, el respeto a los derechos humanos a la dignidad de las personas, la no discriminación, la perspectiva de género, la prevención de la violencia, la resolución no violenta de conflictos, la interdependencia, la protección integral, la coordinación interinstitucional, la pluriculturalidad y el reconocimiento a la diversidad, la resiliencia y el enfoque de derechos humanos.
Artículo 4º. Los programas y acciones que emprendan las autoridades y los Centros Educativos, tenderán principalmente a edificar y fortalecer las actitudes, y formar hábitos y valores de los alumnos a efecto de prevenir la violencia y fomentar el respeto a los derechos humanos en la comunidad escolar.
Artículo 5º. La persona víctima de cualquier tipo y modalidad de violencia en el entorno escolar tiene derecho a:
I. Ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos tanto por la comunidad educativa, como por las autoridades que conozcan del caso;
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades encargadas de la salvaguarda y protección de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica;
III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones para su atención, y tratamiento, en su caso;
VIII. En caso de riesgo grave a que se dicten medidas cautelares tendientes a salvaguardar su integridad física y asegurar su derecho a la vida, integridad y dignidad; y,
Artículo 6. El Agresor generador de violencia escolar tiene derecho a:
I. Ser escuchado y tratado con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad, al ser receptores de violencia en otros contextos, como el familiar;
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes, según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso; y,
VI. Acceder en su caso, a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.
Artículo 7. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren a las personas integrantes de la comunidad escolar la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.
Artículo 8. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, desarrollarán e impulsarán campañas de difusión que transmitan la importancia de una convivencia armónica y libre de violencia en los ámbitos familiar, escolar, comunitario y social, haciendo uso también de las tecnologías de la información y comunicación para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar.
Artículo 9. Las autoridades desarrollarán en el Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo de las disposiciones que en ella se establezcan, modelos de atención integral de las víctimas y agresores de violencia escolar, así como para los demás agentes involucrados de manera indirecta.
Artículo 10. En todas las acciones que se deriven con motivo de la aplicación de la Ley, se atenderá a la mayor protección de la identidad y datos personales conforme a la legislación aplicable.
Artículo 11. Las autoridades para efectos de la presente Ley, en los Anteproyectos de Presupuestos que formulen, contendrán la previsión de gasto para el desarrollo de acciones de conocimiento, atención y prevención de violencia escolar.
Artículo 12. Las autoridades correspondientes preverán una partida presupuestal etiquetada para la aplicación de acciones de atención y prevención de la violencia en la comunidad escolar.
Asimismo las autoridades correspondientes generarán convenios de colaboración con instituciones de salud y Educación Superior, para atender la prevención de la violencia en las comunidades escolares.
Artículo 13. En todo lo no previsto por la presente Ley, se observarán las disposiciones normativas compatibles con el objeto de la presente Ley contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, la Ley General de Educación, así como todo lo dispuesto en los Tratados Internacionales de la materia ratificados por el Estado Mexicano.
DE LAS AUTORIDADES Y SUS COMPETENCIAS
Artículo 14. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley:
I. Secretaría de Salud.
II. Secretaría de Educación Pública.
III. Secretaría de Desarrollo Social.
IV. Secretaría de Seguridad Pública.
V. Procuraduría General de la República.
VI. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF.
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. Realizar investigaciones, recabar y sistematizar datos estadísticos en materia de salud pública sobre los impactos que tiene la violencia en el entorno escolar, respecto a la salud psicológica de las niñas, los niños y los adolescentes, para la elaboración de políticas públicas para su prevención.
II. Ejecutar programas especializados para prevenir las afectaciones en la salud mental de las personas en contextos de violencia en el entorno escolar, específicamente las derivadas de la violencia escolar y dirigidas a los integrantes de la comunidad escolar.
III. Diseñar, implementar y evaluar periódicamente un programa integral de apoyo a las víctimas de violencia escolar, receptores indirectos, así como a los agresores de violencia, para proporcionar asistencia médica y psicológica especializada, dando seguimiento a la recuperación postraumática.
IV. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a identificar y disminuir los factores de riesgo que afectan la salud de las y los estudiantes en contextos de violencia escolar.
V. En coordinación con las autoridades correspondientes, implementar campañas que disminuyan la venta de alcohol, tabaco y en general de sustancias psicoactivas en el entorno de las instituciones educativas, así como el consumo en estudiantes, personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familia o tutores.
VI. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia entre escolares, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes.
VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables.
Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:
I. Coordinar la elaboración de programas de prevención y atención para la erradicación de la violencia escolar.
II. Proponer las normas de operación y funcionamiento del Consejo para una Escuela Libre de Violencia.
III. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de los objetivos de la presente Ley; así como para la capacitación y especialización de las y de los servidores públicos encargados de la protección de niñas, niños y adolescentes sobre el tema de violencia escolar desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.
IV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos, privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de la comunidad escolar.
V. Generar acciones y mecanismos extraescolares que favorezcan el desarrollo de las habilidades psicosociales de las niñas y los niños, las y los jóvenes, y otros miembros de la comunidad educativa en todas las etapas del proceso educativo.
VI. Establecer mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en la violencia escolar, procurando ofrecer mecanismos remotos de recepción de orientación a través de un buzón escolar, de atención telefónica y por medios electrónicos.
VII. Impartir capacitación y especialización, sobre la promoción y respeto de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y de la perspectiva de género, al personal de las instituciones implicadas en la atención, prevención y tratamiento de violencia escolar.
VIII. Impulsar, conjuntamente con las autoridades respectivas, la capacitación sobre el conocimiento, atención y prevención de la violencia escolar al personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familia o tutores de instituciones educativas públicas o privadas, y a las personas que voluntariamente deseen recibirla.
IX. Realizar diplomados, cursos, talleres, conferencias, mesas redondas, actividades extraescolares, ejercicios, dinámicas, medios audiovisuales, charlas y cualquier otra actividad que propicie la prevención de la violencia escolar dirigidos a las familias y al personal que formen parte de la comunidad escolar en la República Mexicana.
X. Diseñar e instrumentar estrategias educativas tendientes a generar ambientes amigables, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de la comunidad escolar.
XI. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra las niñas, niños, adolescentes y jóvenes por causa de violencia escolar, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales.
XII. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y modalidades de violencia contenidos en la presente Ley, así como coordinar campañas de información sobre las mismas.
XIII. Coordinar acciones con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de madres y padres de familia, y vecinales con el objeto de fomentar su participación en los programas de prevención integral que establece esta Ley, y ;
XIV. Crear para cada escuela o centro educativo, un buzón escolar físico y electrónico que funcionará para recibir las quejas que por motivo de acoso o violencia escolar se presenten y tendrán la obligación de administrar y dar seguimiento a las mismas, creando además un buzón electrónico en su página web oficial en donde también podrán recibirse las quejas, que en su caso serán canalizadas a las autoridades correspondientes a fin de satisfacerlas, siendo esta autoridad responsable de dar seguimiento y atención a todas las que se presenten.
XV.-Fomentar la inclusión en los planes de estudio de las careras magisteriales una asignatura que comprenda, la difusión del respeto de los derechos humanos, la sana convivencia y el manejo de conflictos así como la prevención del acoso escolar.
XVI.- Elaborar informes anuales con base en las denuncias y quejas presentadas, que contendrán como mínimo los datos estadísticos dela atención y seguimiento al avance de las acciones y programas implementados, dicho informe deberá ser remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión durante el mes de octubre de cada año; además debe ser publicado en su el sitio web oficial.
Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.
Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:
I. Realizar campañas dirigidas a la población en general, especialmente a las niñas, los niños y adolescentes, que pongan de manifiesto la importancia de una convivencia democrática y libre de violencia y en los ámbitos familiar, educativo, comunitario, social, así como el fomento de la cultura de respeto a los derechos humanos, dicha información deberá ser incluida en los materiales de difusión de las acciones de política social a su cargo,
II. Instrumentar acciones de participación en las redes sociales de Internet, con la finalidad de proporcionar información precisa, objetiva y con base en criterios científicos de la violencia escolar, en la comunidad escolar,
III. Crear una página de Internet y diversos espacios virtuales, donde se proporcione información para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, padres, madres de familia o tutores sobre los efectos adversos de la violencia escolar, la manera de prevenirla y las instancias públicas donde se preste atención;
IV. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños, y adolescentes, y
V. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.
Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:
I. Participar con estricto apego a los derechos humanos de las personas y, en su caso, dar parte a las autoridades correspondientes sobre una dinámica de violencia escolar,
III. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y
IV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.
Artículo 19. Corresponde a las Procuradurías Generales de Justicia Estatales y en su caso a la Procuraduría General de la República:
I. Elaborar e instrumentar acciones de política de prevención social que incidan en la prevención de la violencia escolar dando prioridad a las zonas de mayor incidencia;
II. Planear y desarrollar campañas de información y prevención de la violencia escolar desde el ámbito familiar para promover una convivencia libre de violencia;
III. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto implica que su personal cuente con herramientas psicológicas que les permitan proporcionar un mejor servicio, en especial al personal encargado de recibir, atender y dar trámite a las denuncias penales presentadas por motivo de violencia que se presente dentro de la comunidad escolar;
IV. Formular y administrar bases de datos que contengan información de carácter público a efecto que pueda registrarse el seguimiento de los casos donde las personas que integren la comunidad escolar que sean víctimas de algún delito que atente contra su integridad personal, desde la etapa de averiguación previa y hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño, observando la mayor protección de la identidad y datos personales conforme a la legislación aplicable,
V. Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia y canalización de los casos de violencia en la comunidad escolar, así la discriminación que permita articular una estrategia facilitadora de referencia y contrarreferencia de personas víctimas y agresoras de las mismas,
VI. Colaborar con las autoridades correspondientes para atender y prevenir la violencia escolar;
VII. Difundir los servicios que prestan los centros que integran el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito; los derechos que tienen las víctimas de delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, así como de violencia escolar y las agencias especializadas que las atienden;
VIII. Crear unidades especializadas para la atención de las personas víctimas de violencia escolar,
IX. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las y los estudiantes víctimas de violencia escolar, y
X. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.
Artículo 20. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:
I. Planear y desarrollar campañas de información y prevención de violencia escolar desde el ámbito familiar, así como para promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar;
II. Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia, acompañamiento a las víctimas y canalización de los casos de violencia en la comunidad escolar, que permita formular una estrategia facilitadora de referencia y contrarreferencia de personas víctimas y agresores de violencia escolar,
III. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia en la comunidad escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
IV. Coordinar y promover campañas de información sobre los tipos y modalidades de la violencia escolar,
V. Informar a la Secretaría de Educación Pública sobre casos que puedan constituir violencia escolar que detecte en los servicios que preste como parte de sus actividades;
VI. Intervenir en casos de violencia a escolares cuando lo realice el padre, madre, tutor o autoridad escolar, y
VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.
DE LA VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Artículo 21. Para los efectos de esta ley se entenderán como tipos de violencia entre estudiantes, los siguientes:
Violencia Psicoemocional: Acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones, consistentes en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica.
Violencia física directa: Toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal;
Violencia física indirecta: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias de las y los estudiantes como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras pertenencias;
Violencia sexual: Acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los estudiantes;
Violencia a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: Toda violencia psicoemocional implementada a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa vía de comunicación. Suele ser anónima y masiva donde, por lo regular, la mayoría de integrantes de la comunidad escolar se entera de la violencia ejercida; y,
Violencia verbal: Acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, poner sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras.
Artículo 22. Se considera violencia entre estudiantes, las conductas de maltrato, intimidación y discriminación en la comunidad escolar. Asimismo, se genera una relación de poder entre el agresor y la víctima, una relación jerárquica de dominación o sumisión, en la que el estudiante agresor vulnera en forma constante los derechos fundamentales del estudiante víctima del maltrato pudiendo ocasionarle repercusiones en su salud, bajo rendimiento en su desempeño escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima, entre otras consecuencias que pongan en riesgo su integridad física y mental.
La violencia entre estudiantes es generada individual y colectivamente cuando se cometen acciones negativas o actos violentos de tipo físico, verbales, sexuales, psicoemocionales o a través de los medios tecnológicos, no necesariamente son una respuesta a una acción predeterminada, ocurren de modo reiterativo prologándose en el tiempo y tienen como intención causar daño por el deseo consciente de herir, amenazar o discriminar por parte de uno o varios estudiantes a otro en el contexto escolar.
Artículo 23. Se considera violencia de estudiantes a docentes todas aquellas acciones que realicen uno o varios estudiantes en contra de los docentes y/o autoridades escolares que atenten contra la integridad física y/o emocional y patrimonial, la cual puede ser en una sola ocasión o de manera reiterada, dentro o fuera de la comunidad escolar.
Artículo 24. Se considera violencia de docentes/autoridades escolares hacia estudiantes, cualquier acción que atente contra la integridad física, sexual, patrimonial y psicológica que afecte el normal desarrollo biopsicosexual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Artículo 25. Se considera violencia entre padres de familia y estudiantes cualquier conducta por parte de un adulto del grupo familiar o de cualquier persona que guarde relación estrecha con el niño o adolescente, que dañe la salud emocional, la autoestima, la capacidad para competencia social o cognitiva, de la víctima.
Artículo 26. Se considera violencia entre padres de familia y maestros/autoridades escolares, cualquier acción realizada por uno o ambos padres de familia que atenten contra la integridad física, psicológica o patrimonial de algún maestro/autoridad escolar, por la relación académica alumno y maestro/autoridades escolares.
Artículo 27. El personal docente, directivos escolares y el personal administrativo de las escuelas que tengan conocimiento de casos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones definidas en esta Ley o de la comisión de algún delito en agravio de las y los estudiantes o del personal docente, lo harán del conocimiento inmediato del Consejo y, en su caso, presentarán la denuncia correspondiente, ante la autoridad competente e informarán a los padres, madres de familia o tutores, o a quien ejerza la guarda o custodia de la niña, niño, adolescente o joven.
DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA ESCOLAR
Artículo 28. Se entiende como Violencia Escolar la realización de las conductas señaladas en el artículo 2° fracción IV de esta Ley y que se llevan a cabo dentro y fuera del horario escolar y quienes la realizan y la sufren tienen relación dentro de la Comunidad Escolar.
Artículo 29. Las Autoridades Educativas así como el Consejo para una Escuela Libre de Violencia, en el ámbito de sus competencias, deberán implementar medidas para prevenir, atender y erradicar la Violencia Escolar dentro y fuera de los Centros Educativos.
Artículo 30. La prevención es el conjunto de acciones positivas que deberán llevar a cabo principalmente los integrantes de la comunidad escolar, para evitar la comisión de actos de violencia entre los miembros de la Comunidad Educativa, atendiendo a los posibles factores de riesgo, tanto sociales como culturales y privilegiando el fomento de los valores de fraternidad, respeto y pertenecía a la comunidad.
Las medidas de prevención son aquellas que, desde los distintos ámbitos de acción de las autoridades, están destinadas a toda la población de las comunidades escolares del País, evitando la violencia entre estudiantes, fomentando la convivencia armónica y, el desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Artículo 31. A través de la prevención se propone el desarrollo de las habilidades psicosociales necesarias que contribuyan a desplegar una armoniosa convivencia pacífica entre las y los miembros de la comunidad escolar, además de revertir los factores de riesgo y los que influyen en la generación de la violencia en el entorno escolar realizando acciones que desarrollen una cultura de respeto y fortalezcan la convivencia pacífica.
La Secretaría de Educación Pública podrá firmar convenios de colaboración con instituciones educativas o con organizaciones de la sociedad civil para editar y distribuir materiales de promoción y difusión en relación con la prevención y atención de la violencia escolar.
En los servicios educativos que se impartan, será obligatorio que el personal docente, directivos escolares y personal administrativo cursen los programas de capacitación que la Secretaría diseñe a partir del material editado para conocer, atender y prevenir la violencia escolar.
Artículo 32. Ninguna autoridad escolar ni docente podrá agredir física, verbal, psicológica, o sexualmente a ningún estudiante bajo el pretexto de educación o del derecho de corrección otorgado verbalmente por los padres de los educandos.
Artículo 33. En todos los casos las Autoridades del Centro Escolar, así como el Consejo para una Escuela Libre de Violencia deberán garantizar la protección de la identidad de los menores ya sean Víctimas o Agresores Escolares.
Artículo 34. El Consejo por una Escuela Libre de Violencia se integrará por, 11 Consejeros según sea el caso, que serán:
I.- Tratándose de escuela primaria; El Director(a) de la escuela, dos maestros, cuatro padres de familia, cuatro alumnos de entre 7 y 11 años de edad.
II.- Tratándose de escuela primaria que además cuente con secundaria: El Director(a) de la escuela, dos maestros, cuatro padres de familia, dos alumnos deberán ser de entre 7 y 10 años de edad y otros dos alumnos de entre 11 y 15 años de edad.
III.- Tratándose de escuela secundaria: El Director(a) de la escuela, dos maestros, cuatro padres de familia, y cuatro alumnos entre 12 y 16 o más años de edad.
En todos los casos citados en las anteriores fracciones, de entre los integrantes del consejo elegirán un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Vocal.
Artículo 35. El Consejo por una Escuela Libre de Violencia tiene por objeto:
I. Proponer y adoptar medidas de prevención y erradicación de la violencia en el Centro Escolar;
II. Organizar actividades con el fin de lograr la convivencia armónica de la comunidad escolar, y de concientizarla e informarla sobre los alcances y las consecuencias de la violencia escolar;
III. Revisar y proponer a las autoridades escolares la elaboración, modificación y adiciones al reglamento escolar, que tengan como objetivo evitar y erradicar la violencia en la escuela;
IV. Coadyuvar con el Centro Escolar para hacer cumplir el Reglamento Escolar;
V. Fomentar la cultura de la denuncia en caso de violencia;
VI. Analizar y proponer, en la medida de lo posible, la resolución pacífica de los conflictos que se presenten en el entorno escolar,
Artículo 36. Los miembros del Consejo por una Escuela Libre de Violencia serán elegidos mediante votaciones por la comunidad escolar al inicio del ciclo y concluirá al término del mismo; su cargo será honorifico, y deberán sesionar al menos una vez al mes o cuando se haga de su conocimiento una queja o denuncia y cuantas veces sea necesario en sesiones extraordinarias.
Artículo 37. Las resoluciones del Consejo serán aprobadas por mayoría de votos y se ejecutarán dentro de las 48 horas siguientes a que se emitan.
1.- Los integrantes del consejo deberán guardar total secrecía sobre los datos personales tanto de las victimas como agresores involucrados en las denuncias depositadas en el Buzón Escolar, o bien de aquellas que hayan sido puestas a su consideración por cualquier otro medio, en caso de incumplimiento de esta disposición, causará la baja inmediata del consejo quien la haya cometido, procediendo a sancionarse su conducta conforme a la normatividad aplicable según sea el caso.
2.- Las sesiones del consejo, deberán contar con un orden del día, y se levantara un acta que deberá contener: el nombre de quien haya presidido y del secretario y vocal; la relación de los integrantes presentes y, en su caso, de invitados; las horas de inicio y de conclusión; la síntesis de asuntos tratados conformeal orden del día, con referencia a los resultados de las votaciones y los acuerdos adoptados y deberá ser firmada por todos los integrantes del consejo.
3.-El funcionamiento del mecanismo interno para el desahogo de los asuntos, deberá adoptarse mediante acuerdo del propio consejo en la sesión de instalación o en su caso en la primera sesión,estos mecanismos deberán garantizar que todos los miembros del consejo sean escuchados y tomados en cuenta en la toma de decisiones.
Artículo 38. Son atribuciones y deberes del Presidente del Consejo entre otras:
I. Citar a los Consejeros a las reuniones mensuales y en su caso a las extraordinarias,
II. Ejecutar los acuerdos del Consejo,
III. Rendir informe trimestral al Consejo, que hará del conocimiento de toda la escuela, sobre el funcionamiento general del Consejo,
IV. Presidir las asambleas,
V. Organizar los trabajos del Consejo y proponer un programa anual de actividades,
VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo.
VII. Respecto de las denuncias que se depositen en el buzón escolar deberá someter a consideración del Consejo las medidas que se deberán imponer para el seguimiento y solución del conflicto.
Artículo 39. Son atribuciones y deberes del Vicepresidente:
I. Colaborar permanentemente con el Presidente en todas las funciones que a este correspondan,
II. En caso de ausencia o imposibilidad del Presidente, subrogarlo en el cargo, con las mismas atribuciones y obligaciones de éste,
Artículo 40. Son atribuciones y deberes del Secretario:
I. Asentar un acta de cada una de las reuniones del Consejo en la que se establezcan los puntos del Orden del Día y las resoluciones más importantes del Consejo.
II. Elaborar carteles u otras comunicaciones que el Consejo resuelva preparar.
III. Recibir las denuncias del Buzón Escolar, turnarlas y despachar la correspondencia,
IV. Realizar las demás gestiones relacionadas con las funciones encomendadas por el Consejo o el Presidente.
Artículo 41. Son atribuciones y deberes del vocal, realizar las gestiones que el Consejo le encomiende.
Artículo 42. El Consejo por una Escuela Libre de Violencia deberá elaborar su Reglamento Escolar, de acuerdo a las necesidades específicas de cada escuela.
Artículo 43. El reglamento escolar debe especificar los términos de las obligaciones de los miembros de la comunidad escolar (autoridades escolares/docentes, padres de familia, alumnos y personal administrativo), las prohibiciones y reglas que establezcan los límites para evitar la violencia en el entorno escolar, así como los mecanismos de mediación y solución de conflictos.
Artículo 44. El Consejo por una Escuela Libre de Violencia deberá proponer a la comunidad escolar la conformación de un Consejo de Clase por grupo, el cual se reunirá quincenalmente y discutirá asuntos y conflictos relacionados con problemas en clase y fuera de ésta.
Los temas se discutirán entre todos los alumnos que integran el salón de clases, un padre de familia y el profesor o maestro actuará como moderador.
Artículo 45. El Consejo por una Escuela Libre de Violencia, deberá instalar en el centro escolar un buzón en ulugar visible, seguro y accesible para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que sufren o tengan conocimiento de que otro niño sea víctima de violencia, sin temor a represalias tenga la oportunidad de hacer del conocimiento del Consejo posibles hechos que constituyan violencia escolar, a efecto de que se tomen las acciones pertinentes para la solución pacífica del conflicto, o en su caso, se ponga en conocimiento de la autoridad correspondiente.
Artículo 46. Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para las autoridades escolares/docentes y administrativas, serán aplicadas en los términos de la Ley General de Educación, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Código Penal Federal y las respectivas de los Estados y serán aplicadas por la Autoridad Educativa, Sanitaria, Administrativa o Penal, según corresponda.
Artículo 47.Son infracciones a la presente Ley, por parte del personal docente:
I. Incitar a la realización de actos de Violencia Escolar;
II. Llevar a cabo actos considerados como Violencia Escolar por el presente instrumento;
III. Tolerar o ignorar la realización de actividades de Violencia Escolar dentro o fuera del Centro Educativo;
IV. No cumplir con las normas del Reglamento Escolar;
V. No informar de la realización de actos que constituyan Violencia Escolar o cualquier conducta antisocial que para los adultos se encuentre tipificada como delito en el Código Penal Federal; y,
VI. No asistir a la Víctima o al Agresor.
Artículo 48. Para efectos del artículo anterior, serán aplicables cualquiera de las siguientes sanciones:
I. Multa hasta por el equivalente a cinco mil días de salario mínimo general vigente;
II. Suspensión definitiva del puesto académico; o,
III. Inhabilitación del encargo hasta por cinco años.
Estas sanciones serán aplicadas con independencia de la aplicación de otras normas de carácter administrativo, laboral o penal.
Las sanciones en comento serán empleadas por las autoridades administrativas correspondientes encargadas de vigilar que se cumplan las reglas de orden público de carácter administrativo según corresponda en la localidad, tales como los jueces cívicos o en su defecto y a falta de estos, por los ministerios públicos federales o estatales según corresponda.
Artículo 49. Son infracciones a la presente Ley, por parte del personal del Sector Salud:
I. Negarse a asistir a la víctima o al agresor; o,
II. No realizar el tratamiento solicitado a la víctima, agresor o cómplices que lo requieran.
Artículo 50. Las sanciones previstas en el presente Capítulo podrán ser recurridas en los términos de la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, según corresponda.
Artículo 51. Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para los padres de familia involucrados en actos de violencia en contra de alumnos, autoridades escolares, docentes y/o personal administrativo que conforman la comunidad escolar, serán las siguientes:
I.Canalizar para su atención psicológica, tanto al agresor como a los integrantes de su entorno familiar, para que reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de conductas violentas en su entorno familiar y escolar;
II.Integrar a los padres de familia a talleres para la sensibilización y concientización de los daños que ocasiona la violencia ejercida en contra de cualquiera de los miembros de la comunidad escolar, así como de los métodos alternativos para el tratamiento y solución de conflictos de manera pacífica;
III.En caso de la realización de actos de violencia que sean constitutivos de un delito, se deberá poner el hecho en conocimiento de las autoridades correspondientes;
IV.Reparación del daño; Y,
V.Las contenidas en el Reglamento Escolar.
Artículo 52. Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para los alumnos involucrados en el ejercicio de la violencia en contra de alumnos, padres de familia, autoridades escolares, docentes y/o personal administrativo que conforman la comunidad escolar, serán las siguientes:
I.Canalizar a las instituciones que cuenten con el servicios para su atención psicológica, tanto al agresor como a los integrantes de su entorno familiar, para que reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de conductas violentas en su entorno familiar y escolar;
II.Encomendarles la elaboración de una campaña relativa a evitar actos de violencia en contra de la comunidad escolar;
III.La obligatoriedad de asistir a actividades encaminadas a erradicar la violencia en su entorno familiar, social y escolar;
IV.Realización de trabajos a favor de la comunidad escolar previamente establecidos en el Reglamento Escolar, que obviamente no será inhumanos, degradantes o que pongan en riesgo su integridad física o moral; y,
V.La reparación del daño causado.
SEGUNDO. Las Secretarías de Educación Pública y Salud en un plazo de 200 días contados a partir de la publicación del presente ordenamiento deberán llevar a cabo la elaboración del Programa señalado en los artículos 4º y 5º de esta ley.
TERCERO. Los Centros Escolares deberán dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley conformar el Consejo por una Escuela Libre de Violencia señalado en el artículo 34.
CUARTO. El Consejo deberá expedir el Reglamento Escolar dentro de los 45 días siguientes a su formación.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México Distrito Federal,a los seis días del mes de diciembre del año dos mil doce.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38582

References: artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
in fine
 artículo 71
 resolución 

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Artículo 3
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Artículo 6

Artículo 7

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Artículo 10

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Artículo 14

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Artículo 33

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Artículo 48

Artículo 49

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Artículo 51

Artículo 52
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