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Timestamp: 2018-01-20 01:13:26+00:00

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Doctor en Derecho, Profesor de Derecho en la Universidad de Valladolid, España,
Estos Tratados, aunque funcionando desde el Tratado de Bruselas de 8 de abril de 1965 bajo el principio de unidad estructural (esto es, con instituciones comunes a los tres Tratados) van a mantenerse hasta la firma el 7 de febrero de 1992 en la ciudad holandesa de Maastricht del Tratado de la Unión Europea (TUE) como Tratados independientes, tanto desde un punto de vista formal (vigencia, reforma, procedimiento de adhesión) como material (propia personalidad jurídica). Su reforma por el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997 (en vigor desde el 1 de mayo de 1999) dio lugar a la unidad económica y monetaria, aplazando la unidad de la política exterior y de defensa común y la reforma institucional. La posterior modificación por el Tratado de Niza, ahora vigente, concierne básicamente al diseño institucional para intentar hacer viable la Unión con más de veinticinco Estados (Declaración 23.2),2 y se mantendrá mientras se consigue el acuerdo de los gobiernos para sustituir los Tratados vigentes por uno que simplifique la dispersión de fuentes y agilice la complejísima estructura de la Unión. Existe un “Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa” ya acabado pero que no ha concitado el acuerdo de los gobiernos en el Consejo Europeo de diciembre de 2003 celebrado en Roma.3
La Unión Europea se presenta no meramente como una comunidad política sino también como una Comunidad de Derecho.4 Al conjunto normativo integrado por los tres Tratados fundacionales de París y Roma y sus modificaciones, cabe denominarlo Constitución de la Comunidad, y lo cierto es que los poderes constituidos –Consejo, Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas– ejercerán orgánicamente competencias, porque así se lo permiten y exigen los Tratados. El artículo 312 TCE (anterior art. 240) ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia (TJCE) con sede en Luxemburgo como base para hablar de unas “limitaciones definitivas de los derechos soberanos de los Estados Miembros”.5
El Tratado de Amsterdam no reconoce personalidad jurídica a la Unión Europea, salvo ciertas alusiones en los artículos 24 y 38 TUE reformados, que la autorizan a celebrar acuerdos con Estados y organizaciones internacionales en materia exterior y de cooperación judicial y policial en el ámbito penal. En cambio, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea es más explícito ya en su artículo 281: “La Comunidad tendrá personalidad jurídica”.6
También los órganos comunitarios han venido pronunciándose en favor de la protección de los derechos individuales en una serie de documentos. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas emitió un importante Dictamen, a requerimiento del Consejo de Europa, con fecha 28 de marzo de 1996. En él reconocía que ninguna disposición de los Tratados constitutivos concede a las instituciones comunitarias, de manera general, el poder de promulgar normas o de concluir convenciones internacionales en materia de derechos humanos.15 Como la adhesión al CEDH implicaría la inserción de la Comunidad en un sistema institucional internacional distinto y la integración de la totalidad de sus disposiciones en el ordenamiento jurídico comunitario, esto supondría una modificación de envergadura constitucional; así que concluye:“la Comunidad no tiene competencias para adherirse al Convenio (CEDH)”.16
La consolidación de esta línea jurisprudencial se produce el 17 de diciembre de 1970, al resolver las causas o asuntos 11/70 y 25/70. La primera es la famosa relativa al caso Internationale Handelsgesellschaft, en la que el Tribunal afirma la existencia en el ordenamiento comunitario de principios generales tendentes a la protección de los derechos fundamentales y procedentes de “las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros”. El Tribunal utiliza un método comparatista, por otro lado ya previsto en el artículo 288 TCE (ex 215) en materia de responsabilidad extracontractual. Dicho método consiste en acudir a analizar el estado de la cuestión en los ordenamientos de los Estados miembros cuando el TJCE se encuentre con un problema jurídico no contemplado normativamente, o contemplado de manera insuficiente.
En el caso Nold de 14 de mayo de 1974 se produce como novedad la alusión a los Tratados internacionales como elementos de inspiración para concretar el contenido de los derechos, al mencionar “los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos del hombre a los cuales los Estados miembros han cooperado o se han adherido”, en concreto el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 1950. Además el Tribunal manifiesta su intención de no admitir “medidas incompatibles con los derechos reconocidos y garantizados por las Constituciones estatales”,19 con lo cual los derechos reconocidos en los sistemas internos constituirían un límite a la acción del Tribunal. Ahí se encuentra la prueba de que el juez comunitario insinúa un estándar máximo de protección de los derechos fundamentales.20
El Tribunal de Justicia ha insistido en el carácter meramente inspirador del Convenio (CEDH), de forma que “conviene tener en cuenta los principios que alientan el Convenio en el marco del Derecho Comunitario” (sentencia Johnston de 15 de mayo de 1986), aunque “el Convenio no vincula a la Comunidad en cuanto tal y no constituye un elemento de Derecho Comunitario” (sentencias Musique Diffusion Française de 7 de junio de 1983; Royer de 8 de abril de 1976; Dufay de 1 de abril de 1987).
El particular afectado tiene siempre acceso directo al Tribunal y, tratándose de cuestiones prejudiciales, el artículo 234 (ex 177) TCE faculta a los órganos jurisdiccionales nacionales a plantear ante el TJCE cuantas cuestiones prejudiciales de Derecho comunitario se susciten en el curso de los procesos que ante ellos se tramiten.25 Pero en su párrafo final se exige plantear la cuestión cuando se trate de un Tribunal “cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno”.
Hay quien se interroga acerca de si los principios generales reconocidos por el TJCE prevalecerían también sobre el Derecho comunitario primario. O si debería darse preferencia a los estándares de protección más altos o, en cambio, acoger la opción minimalista, pues el nivel de protección no es el mismo en todos los Estados miembros. Lo único que tienen en común los Estados miembros es “una concepción política de los derechos fundamentales”, lo cual es una pobre base para edificar por vía pretoriana un sistema jurídico de tutela de los derechos.28
Por Auto de 17 de octubre de 1967 el Tribunal Constitucional alemán señalaba que en caso de apreciarse violaciones a los derechos fundamentales aceptaría la interposición de recursos de inconstitucionalidad. No volvió a presentarse otra ocasión hasta la sentencia de 29 de mayo de 1974 (Solange Beschluss-decisión en tanto), donde el Alto Tribunal alemán argumenta que en caso de conflicto entre Derecho comunitario y los derechos fundamentales garantizados en la Ley Fundamental de Bonn, el Tribunal Constitucional asegura que velará por que prevalezca la Constitución “en tanto la Comunidad no se dote de un Parlamento democráticamente elegido y con atribuciones legislativas y ante el que los órganos comunitarios fueran responsables políticamente, y de un catálogo codificado de derechos fundamentales semejantes al de la Ley Fundamental”.
Suavizó esta postura en Auto de 23 de junio de 1981 y todavía más con la sentencia de 22 de octubre de 1986 (Solange II), al señalar que, “mientras la Comunidad Europea asegure la efectiva protección de los derechos fundamentales de manera sustancialmente similar a la protección requerida incondicionalmente por la Constitución, y salvaguarde el contenido esencial de los derechos fundamentales, no corresponde al Tribunal Constitucional examinar la conformidad del Derecho comunitario con el orden alemán”. Sin embargo, de la sentencia Soweit de 1989 se deduce la posibilidad de plantear una cuestión de constitucionalidad si el TJCE no asegurase un nivel de protección comparable al establecido en la Constitución.
Con ocasión de la ratificación del Tratado de Maastricht, dictó su sentencia de 12 de octubre de 1993, donde vino a sostener que los derechos fundamentales están protegidos en Alemania frente a todos los poderes públicos estatales o supranacionales que puedan afectarlos y que, en consecuencia, el Tribunal Constitucional podrá controlar los actos comunitarios que los vulneren. En todo caso, “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal sobre la aplicabilidad del Derecho comunitario derivado se desarrollará en una relación de cooperación con el Tribunal Europeo”.32
Una toma de posición explícita se produce en la sentencia de 27 de diciembre de 1973, dictada por la Corte Constitucional italiana en el caso Frontini. El control sobre la compatibilidad constante de los Tratados con los principios fundamentales del orden jurídico constitucional y los derechos inalienables de la persona se hará “sólo en el caso, más que límite, casi impensable de que las Instituciones hiciesen un uso o una interpretación aberrante de sus poderes”.
En la sentencia de 22 de marzo de 1991 el Tribunal Constitucional español establece como doctrina general que no cabe formular recurso de amparo frente a normas o actos de las instituciones de la Comunidad, sino solamente contra disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos internos. En la medida en que se impugne en amparo un acto del poder público que pudiera lesionar un derecho fundamental, el conocimiento de tal pretensión corresponde a esta jurisdicción constitucional, pues “la cesión del ejercicio de competencias en favor de organismos supranacionales no implica que las autoridades nacionales dejen de estar sometidas al ordenamiento interno cuando actúan cumpliendo obligaciones adquiridas frente a tales organismos, pues también en estos casos siguen siendo poder público que está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español”.36
Una vez afirmada la sujeción de los actos de los poderes públicos internos ejecutores del Derecho comunitario a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución española, el Tribunal tuvo el cuidado de matizar que, en el control de tal sujeción, el contenido y alcance de los derechos “habrá de interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales a que hace referencia el artículo 10.2 de la Constitución española”; añadiendo a continuación que las normas del Derecho comunitario “podrían llegar a tener, en su caso, el valor interpretativo que a los Tratados internacionales asigna el artículo 10.2 de la Constitución”.37
Esta cuestión se planteó y fue resuelta negativamente por la Comisión Europea de Derechos Humanos mediante Decisión de 10 de julio de 1978: la Confederación francesa Democrática del Trabajo demandó a la Comunidad Europea ante la Comisión de Derechos Humanos, y ésta inadmitió el recurso ratione personae al no ser la Comunidad parte contratante vinculada al CEDH. También se inadmitió con relación a los Estados miembros de la Comunidad Europea considerados conjuntamente. Pero en la decisión Dufay v. Parlamento Europeo de 19 de enero de 1989, la Comisión de Derechos Humanos no excluyó “la eventualidad” de que un acto de un órgano comunitario pudiera ser “susceptible de comprometer la responsabilidad de cada uno de los doce Estados miembros de las Comunidades Europeas en el terreno del Convenio”.
“La Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados Miembros como principios generales del Derecho comunitario”
Menos optimistas eran otras interpretaciones: el artículo F serviría de elemento meramente interpretativo para calibrar la idoneidad de las políticas concretas que la Comunidad adopte al tratar de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.46 Incluso hay argumentos para entender que no se alteraba en nada la situación anterior, si consideramos que el antiguo artículo M (actual art. 47) matizaba que “sin perjuicio de las disposiciones por las que se modifica el TCEE a fin de establecer la Comunidad Europea... ninguna disposición del presente Tratado [por consiguiente, incluidas las disposiciones comunes y, entre ellas, el art. F] afectará a los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea ni a los Tratados y actos subsiguientes que los hayan modificado o completado”. Lo cual, unido a la “exclusión de las mencionadas disposiciones comunes del ámbito jurisdiccional del Tribunal de Justicia” (art. L) conducía a sostener la inocuidad de la reforma.47
Algunos de estos problemas han sido resueltos tras la reforma por el Tratado de Amsterdam y después por el actual de Niza. Se mantiene en el actual artículo 6 la redacción del anterior art. F, pero amplía las garantías jurisdiccionales al dar una nueva redacción al artículo 46 (ex art. L) que atribuye al TJCE competencia para controlar el respeto de los derechos fundamentales dentro de la Unión Europea. Corrige la aberración anterior, que la excluía, al atribuir ahora al Tribunal una competencia aplicable al “apartado 2 del artículo 6 con respecto a la actuación de las instituciones, en la medida en que el Tribunal de Justicia sea competente con arreglo a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y al presente Tratado” (art. 46 d) TUE).
Aunque sólo podrá ejercer este control frente a los “actos de las instituciones”, y no de los Estados, con lo cual no se avanza demasiado pues este control ya venía siendo ejercido por el Tribunal con anterioridad. Tampoco extiende su facultad de control a la política exterior y de seguridad común, y con respecto al tercer pilar sólo tiene las competencias que le confiere el art. 35 TUE.
Si bien hay lagunas desde una perspectiva estrictamente jurídica, el talante político es claro49. El Tratado de Amsterdam proclama que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros (art. 6.1 TUE). Estos principios se convierten en el art. 49 en requisito de ineludible cumplimiento para los Estados que soliciten la adhesión a la Unión Europea. El art. 7 TUE (modificado en Niza) añade un tímido procedimiento de control al prever que la violación “grave y persistente” de estos principios por un Estado miembro pueda conllevar la suspensión de algunos derechos de índole institucional o económica.50
Hay un refuerzo del principio de no discriminación en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea: el art. 12 TCE (ex 6) prohíbe discriminación por razón de nacionalidad; el art. 141 (ex 119) garantiza la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un trabajo de igual valor. El nuevo art. 13 permite al Consejo “adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”.
Al enumerar las misiones de la Comunidad en el art. 2 TCE se ha incluido la potenciación de la igualdad entre el hombre y la mujer. En el art. 3.2 se añade que “en todas las actividades contempladas en el presente artículo, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad”.
La Declaración 1ª, sobre la abolición de la pena de muerte, señala: “En relación con el apartado 2 del art. 6 TUE, la Conferencia recuerda que el Protocolo Nº 6 del CEDH, y que ha sido firmado y ratificado por una amplia mayoría de Estados miembros, prevé la abolición de la pena de muerte. En este contexto, la Conferencia observa que, desde la firma de dicho Protocolo el 28 de abril de 1983, la pena de muerte ha sido abolida en la mayoría de los Estados miembros de la Unión y que no ha sido aplicada en ninguno de ellos”.
El nuevo art. 286 TCE aplica a las instituciones y organismos comunitarios la protección reforzada de datos personales informatizados, ordenando al Consejo la creación de “un organismo de vigilancia independiente”.
El Consejo Europeo de Colonia (3 y 4 de junio de 1999) encomendó a la Presidencia la creación de un órgano encargado de preparar un proyecto de Carta de los derechos fundamentales de la Unión. La Decisión del Consejo contenida en el Anexo IV recordaba que “la salvaguardia de los derechos fundamentales es uno de los principios básicos de la Unión Europea y una condición indispensable para la legitimidad de la misma”, que ha venido protegiendo el Tribunal Europeo de Justicia, pero ahora “la evolución actual” exigía la redacción de una Carta de derechos que resalte su importancia ante los ciudadanos.
A tal fin se constituyó un órgano, la “Convención”, encargado de elaborar el proyecto. En el Consejo Europeo de Tampere (15 y 16 de octubre de 1999) se determinó la composición, métodos de trabajo y otras cuestiones prácticas. Formaron parte del mismo representantes de los Estados (15 representantes), Comisión (1), Parlamentos Europeo (16) y nacionales (2 por Parlamento), invitándose como observadores al Consejo de Europa, TEDH y TJCE. Durante los trabajos pudieron intervenir otros órganos comunitarios, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo, los países candidatos y cualquier otra instancia, grupo social o experto invitado. Todos los trabajos del órgano y los documentos que se le presentaron durante sus audiencias en Bruselas fueron públicos.
Aunque el TJCE proclama con firmeza la primacía del Derecho comunitario incluso sobre el Derecho interno de carácter constitucional, también encontramos en él manifestaciones por no chocar con los estándares de protección alcanzados a nivel nacional. Así es muy claro en el asunto Nold de 1974, en donde el Tribunal afirma su obligación de inspirarse en las tradiciones constitucionales comunes a todos los Estados miembros y que “no podría, por tanto, admitir medidas incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos y garantizados por las Constituciones de los Estados miembros”.
Precisamente, al utilizarse por el Tribunal la noción de “principios generales”, que operan como las células básicas de cualquier sistema, posibilita a la doctrina trabajar sobre campos jurídicos simples, sin sectorializar, contribuyendo decisivamente a la configuración de lo que Häberle denomina derecho constitucional común europeo.54
Pero este Derecho Constitucional común aún no existe porque Europa como tal no forma un único Estado constitucional. Es antes necesaria una “política de reserva científica”, cara a una ulterior jurisprudencia.57 Pero cuando el objetivo consiste en construir una organización política común ya no basta el llamado enfoque funcionalista o gradualista, bien conseguido por las decisiones jurisprudenciales y las actuaciones políticas comunes de los Estados miembros de la Unión. La interdependencia alcanzada hasta el presente exige sustituir la estructura institucional existente y un decisivo impulso político que comprometa también a todos los ciudadanos.
Que hay conciencia de ello es claro, pero la homogeneización del contenido esencial de los derechos fundamentales y del alcance de sus límites no se resolverá simplemente con la proclamación de una Carta de los Derechos Fundamentales, pues reconocer el derecho a la vida o a la educación es común a todos, pero su alcance varía según contextos. Por lo tanto no hay soluciones fáciles dentro de las coordenadas en que nos movemos, donde, como concluye Besselink, “diferentes niveles de protección son endémicos al sistema”.
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2 En adelante citaremos todos los preceptos según la versión consolidada de los Tratados tras la reforma de Amsterdam y después de Niza. El Tratado de Niza fue firmado el 26 de febrero de 2001 y vio retrasada su entrada en vigor al ser rechazado en el primer referéndum irlandés, hasta la aprobación en el segundo referéndum de 19 de octubre de 2002. Sobre este Tratado, por ejemplo: St C. Bradley, K., “Institutional design in the Treaty of Nice”, en Common Market Law Review, vol. 38 (2001), pp. 1195-1124; Andrés, P., “La reforma institucional en el Tratado de Niza”, en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, Nº 211 (Enero/Febrero 2001), pp. 11-26; Gutiérrez Espada, C., “Una reforma difícil pero constructiva: La revisión institucional en el Tratado de Niza”, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, 9 (2001), pp. 27-75.
3 Recordamos que se llama Consejo Europeo a las reuniones regulares de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y del Presidente de la Comisión; se reúne al menos dos veces al año con el objetivo de impulsar los avances de la Unión Europea y determinar las políticas generales. Cfr.: Schwarze, J., “The Convention´s Draft Treaty establishing a Constitution for Europa”, en Common Market Law Review, vol. 40 (2003), pp. 1037-1045; Kokott, J. y Rüth, A., “The European Convention and its draft treaty establishing a Constitution for Europe: apropiate answers to the Leaken questions?”, en Common Market Law Review, vol. 40 (2003), pp. 1315-1345; Tomkins, A., “The draft Constitution of the European Union”, en Public Law, 571 (843), 2003, pp. 571-577; Zanon, F., “EU constitutional reform and the Convention method”, en The International Spectator, vol. 38, n. 4 (october-december 2003), pp. 75-90; Dehousse, F. y Coussens, W., “Le traité constitutionel de la Convention pour l´Europe: un nouveau pas pour l´intégration européenne?”, en Courrier hebdomadaire du CRIS, n. 1808-1809 (2003), pp. 7-57; De Poncins, E., Vers une Constitution européenne. Texte commenté du projet de traité constitutionnel établi par la Convention européenne, UGE, París, 2003; Triantafyllou, D. N., Le projet constitutionnel de la Convention européenne. Présentation critique de ses choix clés, Bruylant-Sakkoulas, Bruselas-Atenas, 2003; Duhamel, O., Pour l´Europe. Le texte intégral de la Constitution expliqué et commenté, Seuil, París, 2003.
4 Como tal “Comunidad de Derecho” la calificó el Presidente Walter Hallstein ya en 1965, en su discurso ante el Parlamento Europeo (PE-Débats, DOC.50 I/II, séance du 17.6.1965, pp. 218-222). La misma calificación hizo el Tribunal en su dictamen de 14 de diciembre de 1991 (Rep. 91, I-6079). Vid.: Díez de Velasco, M., “Prólogo” al libro de Mangas Martín, A., Derecho Comunitario europeo y Derecho español, 2ª edición, Tecnos, Madrid, 1987, p. 13.
7 A partir de la fundamental sentencia Nold, de 14 de mayo de 1974, no ofrece duda alguna que el “respeto del Derecho” que exigen los arts. 31 TCECA, 220 TCE (ex 164) y 136 TCEEA, se extiende no sólo al Derecho escrito sino a los principios generales del Derecho y, por derivación, a los derechos fundamentales de la persona.
8 Alonso García, R., Derecho Comunitario. Sistema Constitucional y Administrativo de la Comunidad Europea, Ceura, Madrid, 1994, p. 323.
9 Vid.: Leclerc, S., Akandi-Kombé, J. F., Redor, M. J., L´Union Européenne et les droits fondamentaux, Bruylant, Bruselas, 1999.
10 Robles Morchón, G., Los derechos fundamentales en la Comunidad Europea, Ceura, Madrid, 1988, p. 32.
12 Pérez Vera, E., “La protección de los Derechos Humanos en la Comunidad Europea”, en Sistema, núm. 114/115, 1993. Recoge las discrepancias doctrinales Robles Morchón, G., op. cit., pp. 35-39.
13 En este sentido Weiler, J. H. H., Il sistema comunitario europeo. Struttura giuridica e processo politico, Il Mulino, Bolonia, 1985; de cuyas aportaciones se hace eco Díez-Picazo, L. M., “¿Una Constitución sin Declaración de derechos? (Reflexiones constitucionales sobre los derechos fundamentales en la Comunidad Europea”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 32 (mayo-agosto 1991), pp. 136-137. También Ronchetti, L., “Sovranazionalità senza sovranità: la Commissione e il Parlamento dell´UE”, en Politica del Diritto, núm. 2 (2001), pp. 197-256. Proponen para el porvenir de la construcción europea un “federalismo intergubernamental” Croisat, M. y Quermonne, J.-L., L´Europe et le fédéralisme. Contribution à l´émergence d´un fédéralisme intergouvernemental, Montchrestien, París, 1996, pp. 146-148 y passim.
14 Ruiz-Jarabo Colomer, D., “Cuestiones prejudiciales planteadas en relación con el Derecho Administrativo”, en Menéndez Pérez, S. (dir.), Implicaciones que en el orden jurisdiccional contencioso administrativo produce la integración en la Unión Europea, CGPJ, Madrid, 1996, pp. 81-126.
16 Sin embargo, no impediría la adhesión al CEDH después de reformar los Tratados. Vid.: Pi Llorens, M., Los derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario, Ariel, Barcelona, 1999, pp. 148-161.
17 As. 26/69, Rec. 1969, pp. 419 ss. El Tribunal sigue la orientación propugnada doctrinalmente por Pescatore, P., “Les droits de l´homme et l´intégration européenne”, en Cahiers de Droit Européen, núm. 6 (1968), pp. 656 ss.
20 Sasse, C., “La protection des droits fondamentaux dans la Communauté européenne”, en Mélanges Fernand Dehousse, vol. II, Institut d´Études juridiques européennes, Bruselas, 1979, pp. 298-299.
23 Sánchez Patrón, J. M., “El Convenio Europeo de Derechos humanos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, en Revista General de Derecho, núm. 680 (2001), pp. 3387-3410; Carrillo Salcedo, J. A., El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Tecnos, Madrid, 2003; Queralt Jiménez, A., El Tribunal de Estrasburgo. Una jurisdicción internacional para la protección de los derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.
25 Vid.: Albors Llorens, A., “Changes in the jurisdiction of the European Court of Justice under the treaty of Amsterdam”, en Commom Market Law Review, 35 (1998) 1273-1294; Marugán Sáenz, A., “¿Hacia un Tribunal de Justicia de la Unión Europea?: la extensión de competencias del Tribunal de Luxemburgo en el Tratado de Amsterdam”, en Cuadernos de Derecho Público, núm. 6 (enero-abril 1999), pp. 185-204; Ortega, M., El acceso de los particulares a la justicia comunitaria, Ariel, Barcelona, 1999; Marcuello Moreno, J. L., “Los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 195 (2001), pp. 9-22; Morcillo Moreno, J., “La cuestión prejudicial comunitaria: la obligación de remisión prejudicial”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 201 (2001), pp. 9-28.
27 Muñoz Machado, S., La Unión Europea y las mutaciones del Estado, Alianza, Madrid, 1993; Pérez Tremps, P., Constitución española y Comunidad Europea, Cuadernos de Estudios Europeos, Civitas, Madrid, 1994, pp. 116-125.
29 Con amplitud, Besselink, L. F. M., “Entrapped by the maximum standard: on fundamental rights, pluralism and subsidiarity in the European Union”, en Common Market Law Review, 35 (1998), pp. 629-680.
30 Salinas Alcega, S., “Desarrollos recientes en la protección de los derechos humanos en Europa. Nuevos elementos en una vieja controversia: la adhesión de las Comunidades europeas a la Convención europea de salvaguarda de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 199/2 (2001), pp. 9-36.
31 Cfr.: Kumm, M., “Who is the final arbiter of constitutionality in Europe?: three conceptions of the relationship between the German Federal Constitutional Court and the European Court of Justice”, en Common Market Law Review, 36 (1999), pp. 351-386.
32 Vid.: Hanf, D., “Le jugement de la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur la constitutionnalité du traité de Maastricht”, en Revue Trimestrielle de Droit Européen, num. 3 (1994), pp. 391-423; Bacigalupo, M., “La constitucionalidad del Tratado de la Unión Europea en Alemania (la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 12 de octubre de 1993), en Gaceta Jurídica de la CE y de la Competencia D-121, 1994, pp. 7-45; Stein, T., “La sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el Tratado de Maastricht”, en Revista de Instituciones Europeas, núm. 3 (1994), pp. 745-769.
33 Chueca Sancho, A. G., Los derechos fundamentales en la Comunidad Europea, Bosch, Barcelona, 1989 (hay 2ª edición totalmente revisada en 1999), pp. 111-120; Mangas Martín, A., Derecho Comunitario, op. cit., pp. 151-152; Alonso García, R., op. cit., pp. 630-633; Salinas de Frías, A., La protección de los Derechos fundamentales en la Unión Europea, Comares, Granada, 2000, pp. 43-57.
37 Ibid., p. 679. Según el art. 10.2 de la Constitución española: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
38 Aragón Reyes, M., “La Constitución española y el Tratado de la Unión: la reforma de la Constitución”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 42 (1994), p. 24.
39 El art. 93 de la Constitución española dice: “Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión”.
41 Gearty, C. A. (ed.), European civil liberties and the European Convention on Human Rights, Nijhoff, La Haya-Boston-Londres, 1997; Alonso García, R., op. cit., pp. 619 ss.
43 Según el art. 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión, la Comunidad o los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros”. Cfr.: Liisberg, J. B., “Does the EU Charter of Fundamental Rights threaten the supremacy of Community law?”, en Common Market Law Review, vol. 38 (2001), pp. 1171-1199.
44 García de Enterría, E., “Los derechos fundamentales europeos según el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea”, en Derechos y Libertades, núm. 1 (1993), pp. 473 ss.; Pérez Vera, “El Tratado de la Unión Europea y los derechos humanos”, en Revista de Instituciones Europeas, Vol. 20, núm. 2 (mayo-agosto 1993), pp. 459 ss., esp. p. 475.
46 Bru, C. M., La ciudadanía europea, Sistema, Madrid, 1994, p. 267.
52 Vid.: Rodríguez Bereijo, A., “La carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 192 (2001), pp. 9-19; lord GOLDSMITH Q. C., “A Charter of rights, freedoms and principles”, en Common Market Law Review, vol. 38 (2001), pp. 1201-1216; Grabenwarter, Ch., “Die Charta der Grundrechte für die Europäischen Union”, en Deutsches Verwaltungsblatt, 1 (2001), pp. 1 ss.; Fernández Tomás, A., “La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en Gaceta Jurídica de la Unión y de la Competencia, núm. 214 (julio/agosto 2001), pp. 15-30; López Castillo, A., “Algunas consideraciones en torno a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 113 (Julio-Septiembre 2001), pp. 43-73; Carrillo Salcedo, J. A., “Notas sobre el significado político y jurídico de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, 9 (2001), pp. 7-26; Rubio Llorente, F., “Una Carta de dudosa utilidad”, en Matia Portilla, F. J. (dir.), La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, Civitas, Madrid, 2002, pp. 169-201; García Roca, J., “Originado y derivado en el contenido de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: los test de constitucionalidad y convencionalidad”, en Revista de Estudios Políticos, 119 (2003), pp. 165 ss.; Sanz Caballero, S., “La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en la Convención sobre el Futuro de la UE: un encaje de filigrana”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 221 (2003), pp. 47-58.
53 Expresión literal de Alonso García, R., op. cit., p. 662; Jackson, B. S., “Legal Vision of the New Europe: Ius Gentium, Ius Commune, European Law”, en Jackson, B. S. y McGoldick, D. (eds.), Legal Visions of the New Europe, Graham & Trotman/Nijhoff, Londres-Dordrecht-Boston, 1993, pp. 3-25.
54 Consistiría éste en un conjunto de principios constitucionales particulares que resultan comunes a los diferentes Estados nacionales europeos, tanto si se han positivado como si no. Proceden de las Constituciones de los Estados, de su propio derecho consuetudinario, del Derecho Comunitario, del Consejo de Europa o de la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa. Vid.: Häberle, P., Europäische Rechtskultur, Baden-Baden, Nomos, 1994; Id., “Derecho Constitucional común europeo”, en Pérez Luño, A.-E. (dir.), Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio, Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 187-223.
55 Pérez Luño, A.-E., “Derechos humanos y constitucionalismo en la actualidad: ¿continuidad o cambio de paradigma?”, ibid., pp. 22-32; Alonso García, R. y Sarmiento, D., “Los efectos colaterales de la Convención sobre el futuro de Europa en la arquitectura judicial de la Unión: ¿Hacia una jurisdicción auténticamente constitucional europea?”, en Revista de Estudios Políticos, 119 (2003), pp. 111-137.
56 Esta idea de Häberle también es defendida por Ferrajoli, L., “La soberanía en el mundo moderno”, en Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999, pp. 148-158.
58 Sobre esta idea, Díez-Picazo, L. M., “La constitucionalización de Europa”, en Claves de razón práctica, Nº 64 (julio-agosto 1996), pp. 16-22; Íd.: Constitucionalismo de la Unión Europea, Civitas, Madrid, 2002; Weiler, J. H. H., The constitution of Europe:“do the new clothes have an emperor?” and others essays in europeaan integration, Cambridge University Press, 1999; Solozábal Echavarría, J. J., “Constitución y orden constitucional en la Unión Europea”, en Revista de Estudios Políticos, 119 (2003), pp. 57 ss.
59 Díez-Picazo, L. M., “La constitucionalización de Europa”, op. cit., p. 22: el pacto constituyente en materia de servicios públicos satisfaría a los ciudadanos europeos a la vez que otorgaría cierta discrecionalidad al legislador ordinario, siempre que se concibiera tal pacto no como un exhaustivo programa de acción social sino como un mínimo irrenunciable.
60 Cosi, A. R., “The protection of fundamental rights in the European multilevel legal context”, en La Comunità internazionale, v. 58/1 (2003), pp. 109-136.
61 Solución anticipada por Weiler, J. H. H., “Eurocracy and Distrust: Some Questions Concerning the Role of the European Court of Justice in the Protection of Fundamental Rights within the Legal Order of the European Communities”, en Washington Law Review, 61 (1986), pp. 1103-1142; más elaborada en “Fundamental Rights and Fundamental Boundaries”, en Neuwahl, N. A. y Rosas, A. (eds.), The European Union and Human Rights, Martinus Nijhof, La Haya, 1995, pp. 51 ss.
62 Besselink, L. F. M., “Entrapped by the maximum standard: on fundamental rights, pluralism and subsidiarity in the European Union”, en Common Market Law Review, 35 (1998), pp. 629-680.
63 El art. 60 CEDH establece: “Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos o libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte”.
64 El Tribunal Constitucional alemán reitera en sentencia de 7 de junio de 2000 la doctrina de Solange II y del caso Maastricht: la Constitución asegura el estándar mínimo y el Tribunal Constitucional se reserva actuar residualmente cuando quiebre esa protección por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Es muy clara la entonces Presidenta del Bundesverfassungsgericht, Jutta Limbach, “Inter-Jurisdictional Cooperation within the Future Scheme of Protection of Fundamental Rights in Europe”, en Human Rights Law Journal, Vol. 21, N. 9-12 (2000), pp. 333-337.
AMEZUA AMEZUA, Luis-Carlos. Los derechos fundamentales en la unión europea. Rev. derecho (Valdivia), jul. 2004, vol.16, p.105-130. ISSN 0718-0950.
© 2007 Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

References: artículo 312
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 artículo 288
 artículo 234
 artículo 10
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 artículo 6
 artículo 46
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