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Timestamp: 2018-06-23 07:48:36+00:00

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ESTUDIANTES – Debate Global
28 abril, 2017 28 abril, 2017 debateglobal Deja un comentario
Por: Damaris Martínez Acosta.
Estudiante de Derecho. Universidad La Gran Colombia – Sede Bogotá.
La Corte Penal Internacional (en adelante CPI/Corte), institución insignia de la justicia a nivel internacional, creada el 17 de julio de 1998, con el apoyo de 120 países que aprobaron el Estatuto de Roma, tiene por labor investigar, juzgar y sancionar a aquellos considerados “máximos responsables” de crímenes internacionales en aquellos Estados sobre los cuales puede ejercer competencia, 34 de los cuales se encuentran en África.
A la fecha, la Oficina de la Fiscalía de la CPI tiene bajo examen preliminar diez situaciones, cuatro de ellas en territorio africano, Nigeria, Guinea, Gabón y Burundi. A su vez, bajo conocimiento de la Corte, se encuentran nueve situaciones, ocho de las cuales corresponden a países de África, a saber, Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí.
En dicho contexto, durante los últimos meses algunos países africanos, entre ellos Gambia, Sudáfrica y Burundi a finales del año 2016[i], seguidos por Namibia y Kenia y otros Estados de la región han dado a conocer su intención de retirarse de la CPI. Incluso en el seno de la XXVIII Cumbre de la Unión Africana, realizada en Adis Abeba, Etiopia, a finales de enero de 2017, se gestaron iniciativas formales por llevar a cabo un retiro masivo de todos los Estados africanos parte del Estatuto de Roma.[ii]
Lo anterior puesto que a juicio de dichos Estados, la CPI ha centrado sus actuaciones, a lo largo de más de una década de funciones, en situaciones llevadas a cabo por nacionales africanos, dejando de lado graves conductas criminales que comprometen a países de otras latitudes, entre ellos importantes potencias mundiales – que si bien no han ratificado el Estatuto de Roma han protagonizado violaciones a Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de significativa magnitud que merecen atención de la comunidad internacional – como es el caso de los atentados del Estado Islámico, los ataque a Alepo por parte de fuerzas sirias y rusas, los recientes bombardeos por parte de E.E.U.U a Siria y Afganistán, entre otros.
Por su parte, las reacciones acerca de las intenciones africanas por abandonar la CPI no se hicieron esperar, toda vez que ello implicaría el retroceso de la lucha contra la impunidad, la justicia y la reparación de miles de víctimas de crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra en dicho continente, al dejar de hacer parte del tribunal al cual se le ha encomendado dicha labor.[iii]
Luego de tan tensa relación, la resistencia de algunos de los Estados a la acción de la CPI se vio reducida una vez Gambia decidió retractarse de su decisión en febrero del presente año, tras la elección de Adama Barrow como nuevo presidente del país[iv], actuación que fue replicada por Sudáfrica al conocerse la decisión del Tribunal Superior de Pretoria el 22 de marzo de 2017 de declarar la comunicación de retiro de la CPI sin el aval del Parlamento como inconstitucional e inválida y ordenar al Ejecutivo revocarla.[v] Solamente Burundi continúa en el proceso de hacer efectivo su retiro de la Corte.
Con ocasión de lo descrito se puede evidenciar el continuo debate acerca de la relación de la CPI con África, especialmente porque los casos potenciales ante dicho tribunal se refieren a personalidades de amplio poder en dichos países, lo cual ha desatado problemas de cooperación, dificultades en las relaciones diplomáticas con otros Estados, discrepancias entre normatividad interna e internacional, entre otros.
Pero a su vez, debe tenerse en cuenta que únicamente con relación a las situaciones acontecidas en Kenia y Costa de Marfil, la Fiscalía de la Corte actuó propio motu, mientras que las demás situaciones fueron remitidas o bien por el Estado o bien por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual desvirtúa el constante argumento de que la CPI solamente ha centrado su actividad en dicho continente.
Para finalizar, es importante tener en cuenta que la CPI se ha fijado por objetivo cometidos tan ambiciosos como el fin de la impunidad, la seguridad, el bienestar y la paz de la comunidad internacional, los cuales no podrán materializarse sin el compromiso y acción conjunta de todos los Estados, no solamente de los africanos que se sienten amedrentados por el mayoritario número de situaciones de conocimiento de la Corte en su territorio, sino de todos aquellos que deben responsabilizarse por otorgar justicia, verdad y reparación a las víctimas de crímenes internacionales.
[i] Pacheco Blandino, Tania Elena. (23.11.16) Lo mejor está por venir: el proceso de deconstrucción de la Corte Penal Internacional ha comenzado. Disponible en: https://inomnemterram.wordpress.com/tag/denuncia-del-estatuto-de-roma/
[ii] Valdehita, Carolina. (21.10.16) La justicia global no convence en África. Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/21/580a1d19e2704e7f098b457a.html
[iii] Naciones Unidas. (26.10.16) La ONU lamenta retirada de Gambia y Burundi de la Corte Penal Internacional. Disponible en: http://www.efe.com/efe/america/mundo/la-onu-lamenta-retirada-de-gambia-y-burundi-corte-penal-internacional/20000012-3079297. Fundación Sur. (17.11.16) La CPI apela a los países africanos ¡Don´t Go! Disponible en: http://www.africafundacion.org/spip.php?article25787
[iv] Centro de Noticias NOU. (17.02.17) Gambia cancela su retiro de la Corte Penal Internacional. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36797#.WMlh9G_hAdU
[v] Carien Du Plessis. (14.03.17) Justice Minister Withdraws Bill That Would Take South Africa Out Of International Criminal Court. http://www.huffingtonpost.co.za/2017/03/14/justice-minister-withdraws-bill-that-would-take-south-africa-out/
28 septiembre, 2015 28 septiembre, 2015 debateglobal Deja un comentario
Por: Juan Felipe Sarmiento y Natalia Alarcón
Durante el lunes 28 de septiembre y hasta el viernes 2 de octubre del 2015 se llevarán a cabo las audiencias orales de excepciones preliminares acerca del caso Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia) (CIJ, 2013) donde la República de Colombia hará uso efectivo de su derecho, consagrado en el Art. 79 del reglamento de la CIJ.
Lo cierto es que un resultado a favor de Colombia, depende en gran medida de su exitoso desempeño en las audiencias preliminares anteriormente referidas. Por ésta razón consideramos que Colombia debe presentar las siguientes excepciones preliminares.
En primer lugar, Colombia debe presentar una excepción preliminar en cuanto a la competencia que tiene la CIJ, pues ésta no tenía jurisdicción al momento que Nicaragua presentó la demanda. La razón es muy sencilla: La denuncia del art. LVI del Pacto de Bogotá sí genera efectos sobre los procedimientos iniciados después de su presentación.
Según lo anterior, una lectura a contrario sensu del párrafo 2 del art. LVI permite concluir que la denuncia realizada sí genera efectos sobre los procedimientos iniciados después de transmitida la denuncia. Por ello, el párrafo uno (1) del artículo XXXI cobra sentido en cuanto el lapso de un año que establece la cláusula se aplica para todos los procedimientos iniciados con anterioridad a la denuncia, en aras a proteger la seguridad jurídica.
En este caso, la demanda de Nicaragua fue presentada luego de que Colombia denunció el Pacto de Bogotá, lo que no lo hace un caso pendiente sino por lo contrario uno sobreviniente.
En segundo lugar se recomienda la presentación de una excepción preliminar en cuanto a la admisibilidad de la cuarta pretensión presentada por Nicaragua. En caso de que la CIJ decida tener jurisdicción en el caso concreto, esta pretensión es inadmisible puesto que no hay razón jurídica alguna para la CIJ se pronuncie al respecto.
No tiene sentido pedirle a la CIJ que vuelva a declarar algo que ya declaró en el pasado. Precisamente por esto, el art. 59 del Estatuto de la CIJ consagra el principio de que las decisiones de un fallo vinculan a los Estados partes en este (Corte Internacional de Justicia, 2015). Además la Corte también desarrolló dicho argumento en el Nuclear Test case (Corte Internacional de Justicia, 1974, p. 271, pár. 56).
En tercer lugar, se recomienda la presentación de una excepción preliminar en relación a la admisibilidad de la primera pretensión presentada por Nicaragua. En caso que la CIJ decida tener jurisdicción, la primera pretensión presentada por Nicaragua es inadmisible, pues carece de contenido material por no derivarse de las disposiciones previstas en el tratado.
El caso Armed Actions, analizó el significado del art. XXXI del Pacto de Bogotá. En últimas, el art. XXXI solo podrá tenerse por una provisión de un tratado que le confiere jurisdicción a la CIJ en el contexto del art. 36 (1) de su Estatuto. (Corte Internacional de Justicia, 1988, pp. 69, 84. paras. 32-34). Así pues, toda compromissory clause deberá analizarse con las provisiones del tratado donde se encuentra explícita la cláusula (Zimmermann (Ed.), 2012). En otras palabras, el art. XXXI c) solo le da jurisdicción a la CIJ sobre conductas que constituyan una violación a las obligaciones internacionales que los Estados parte adquirieron al firmar el Pacto de Bogotá.
Al interpretar literalmente el art. I, concluimos que no es cierto que los Estados parte se obliguen a no amenazar o hacer uso de la fuerza, i.e. este tratado no genera una obligación internacional como tal, sino una mera abstención. Por tanto, la primera pretensión de Nicaragua es inadmisible.
Sólo de esta manera la República de Colombia podrá lograr que la CIJ no haga un pronunciamiento de fondo que pueda poner en peligro los intereses del Estado y sus habitantes.
Corte Internacional de Justicia. (2013), Press release, 2015/20. Recuperado de: http://www.icj-cij.org/docket/files/155/18730.pdf
Corte Internacional de Justicia. (2015). Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Recuperado de: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974.
Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports
Tomuschat, C., Gowlland-Debbas, V., Oellers-Frahm, K., Shaw, M., khan, D., Talmon, S.,…Karl, W., Zimmerman (Ed.). (2012). The Statute of the ICJ. A commentary. Segunda edición. Oxford Commentaries on International Law.
3 julio, 2015 5 julio, 2015 debateglobal Deja un comentario
Los Objetivos del Milenio y la construcción de la paz en el posconflicto
18 octubre, 2014 21 enero, 2015 debateglobal Deja un comentario
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Los ocho propósitos fijados a nivel mundial en el marco de la Conferencia Global sobre los Objetivos del Milenio[1] (ODM) constituyen en principio la raíz primigenia de un marco de paz. El avance y materialización de dichos objetivos depende sustancialmente de la superación del conflicto armado interno[2] colombiano.
Los ataques a la población civil y a la infraestructura, el reclutamiento de menores en grupos al margen de la ley y la desigualdad como barreras propias del conflicto son factores que retardan la consecución de las metas e indicadores trazados por Colombia.[3]
No obstante y pese a las dificultades, el país ha mostrado una notable mejoría en algunos de los objetivos, principalmente en materia de cobertura de la educación básica y reducción en la tasa de desempleo[4], logros que entre otras cosas se derivan de la correcta aplicación de políticas públicas en todos los niveles (nacional, regional, local). Estos avances condujeron a una modificación del documento Conpes Social 91 de 2005, por el cual Colombia adoptó los ODM, por medio del Conpes 140 de 2011[5], toda vez que algunos de los objetivos (ya mencionados) se alcanzaron con anterioridad a 2015.
Las políticas económica, social, ambiental y de desarrollo que intrínsecamente tienen los ODM han sido incorporadas en los lineamientos de la política de gobierno[6]. A partir de este hecho se puede detallar la relación y funcionalidad de los ODM en la construcción de una paz duradera, particularmente en un futuro escenario de posconflicto.
En una proyección a corto, mediano y largo plazo, los avances en los ODM han servido como herramienta de cohesión social y unidad política, toda vez que los éxitos, hasta ahora exhibidos, han sido el resultado de la sinergia entre diferentes sectores de la sociedad y el trabajo de los entes territoriales. Aunque la Resolución de la Asamblea General estableció el año 2015 como fecha límite para cumplir los objetivos, visiblemente no se tiene previsto por parte de Colombia la renuncia a la obtención de mejoras que, finalmente, conlleven a la promoción del desarrollo más allá del futuro cercano.
En el marco de un proceso de paz, las medidas y disposiciones emanadas del acuerdo (entre gobierno y guerrilla) contribuirían drásticamente en una mejor aplicación de políticas públicas en escenarios locales destinadas a mejorar las condiciones de la población y reducir la inequidad social persistente[7]. Los ODM inciden en la construcción de paz al configurarse como peldaños a través de los cuales un Estado cimienta los pilares generales de su sociedad en el posconflicto, principalmente cuando un eje vertebral de su relación lo compone precisamente la política de desarrollo rural y el acceso a tierras que en el futuro deberán enfocarse en mitigar la desigualdad como factor generador de violencia.
[1] Declaración del Milenio, quincuagésimo quinto período de sesiones, 2000.
[2] Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977. Artículo 1.
[3] Balance sobre el estado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Colombia, 2014.
[4] Ibídem, pp.47.
[5] Modificación a Conpes Social 91 del 14 de junio de 2005: “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos del Milenio-2015, pp. 4-5.
[6] Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”.
[7] “Lo que ya se ha pactado en la mesa de diálogos en Cuba”. Editorial el Tiempo, mayo, 2014.
19 septiembre, 2014 20 septiembre, 2014 debateglobal Deja un comentario
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Principios rectores sobre empresas y derechos humanos: Promoción y protección al derecho de consulta previa de grupos étnicos en Colombia
28 agosto, 2014 28 agosto, 2014 debateglobal Deja un comentario
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Este artículo dará continuidad al debate planteado por el Vicepresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, Álvaro Francisco Amaya, y se centrará en el impacto y responsabilidad que poseen las empresas en la vigencia y subsistencia de grupos étnicos en Colombia.
Si bien aún no se ha constituido un instrumento internacional que obligue jurídicamente a las empresas a respetar y garantizar los derechos humanos, si existe un amplio marco jurídico para la protección a los derechos humanos que crea obligaciones a los Estados para su cumplimiento.[i] Entre ellos se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, instrumento que pese a ser una mera declaración, impuso deberes a los Estados y adquirió fuerza vinculante como costumbre internacional debido a su generalizada aceptación e incorporación a las constituciones nacionales de los países,[ii] los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos así como sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que versan sobre Principios Fundamentales y Derechos de Trabajo y los tratados que tutelan los derechos individuales y colectivos de grupos étnicos y población vulnerable.[iii]
Como se señalaba anteriormente, aunque las empresas no están obligadas directamente a cumplir estos estándares internacionales, esto no es un pretexto para no establecer unos parámetros mínimos que garanticen su protección, lo cierto es que es responsabilidad del Estado hacer que las empresas acaten normas en esta materia. Así lo manifestó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en 2011 en el desarrollo de un evento sobre empresas y derechos humanos, en el que también hizo mención a la construcción de un marco normativo relativo a la responsabilidad de las empresas. Así pues, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas esgrimió los principales pilares de la protección y promoción de tales derechos,[iv] esto con objeto de impulsar a las empresas a ajustar sus acciones, evitar cualquier posible violación a los derechos humanos y tomar medidas para reaccionar oportunamente.
Ahora bien, el desarrollo de proyectos y actividades económicas en Colombia en el marco de un conflicto interno ha generado mayores desafíos para las empresas, principalmente en el escenario hipotético de llevar a cabo por ejemplo grandes inversiones en territorios indígenas o poblaciones vulnerables que pudieran haber sido víctimas de dicho conflicto, aumentando el número de la población en situación de desplazamiento. Este hecho suele ser vinculado con la apropiación ilícita de tierras en Colombia por parte de grupos insurgentes y/o sectores económicos. Es por esto que, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece medidas para la materialización de los derechos de las víctimas, involucrando tanto al Estado como sujeto activo garante de los derechos humanos como a la empresa privada, en caso de haber lesionado a la población en el marco del conflicto, por lo que se le atribuye responsabilidad de reparación.[v] Las empresas también deben hacer aportes y por tanto se constituyen como una de las fuentes de financiación del fondo de reparación para las víctimas de la violencia,[vi] esto en escenarios en los cuales se les atribuya haber financiado grupos al margen de la ley.[vii]
Para la especial protección a grupos étnicos en Colombia, es necesario determinar la posible afectación y subsistencia de vidas humanas ante el desarrollo de proyectos empresariales enfocados en la extracción de recursos naturales, hecho que aunado a la explotación minera acrecentada en los últimos años por configurarse como una de las ventajas económicamente comparativas de nuestro país, supone un desafío a la integridad cultural de pueblos indígenas y comunidades afro. Respecto a estos grupos poblacionales, existen derechos reconocidos en normas internacionales que les conceden poder de decisión, particularmente en torno a la posibilidad de expresar su consentimiento previo y libre frente al desarrollo de proyectos que puedan poner en peligro su subsistencia. Este derecho está consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,[viii] y también es uno de los pilares de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el cual reconoce la participación de las comunidades y su importante papel en pro de actividades económicas, además de indicar que el reparto de beneficios debe ser mutuo y favorecer tanto a las empresas como a la población.
En lo que concierne al derecho a una consulta previa, la Corte Constitucional Colombiana sentó un precedente al referirse a la explotación de recursos en pueblos indígenas y señalar que tanto las disposiciones constitucionales como las regulaciones del Convenio 169 de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad,[ix] e igualmente reiteró el derecho de la comunidad indígena (refiriéndose al pueblo Uwa) a su subsistencia[x] e integridad étnica. Conjuntamente, en lo que se refiere a la subsistencia de los pueblos indígenas, el Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2013 ofrece recomendaciones específicas encaminadas al cumplimiento de las obligaciones en este ámbito, por lo que exhorta al Estado colombiano a llevar a cabo consultas previas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas.[xi]
Las empresas deben crear mecanismos tendientes a respetar los derechos humanos conforme a las leyes nacionales e internacionales que garantizan su cumplimiento debido a que son de carácter universal y su aplicación debe darse en todo momento y circunstancia. Una buena forma de promover la protección y promoción a los derechos humanos por parte de las empresas es la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas,[xii] el cual supone compromisos para implementar acciones y desplegar su actividad económica con un enfoque de derechos humanos, creando estándares laborales que propendan por la eliminación del trabajo forzoso o coaccionado, la protección al medio ambiente y la creación de estrategias para combatir la corrupción. Si bien esta adhesión carecería de carácter vinculante, si establece la incorporación de medidas de protección para los derechos humanos y entra en consonancia con las leyes que pretenden contribuir a la materialización de los derechos humanos en Colombia así como la debida planificación de proyectos empresariales que beneficien a grupos vulnerables y minorías étnicas.
[i] La responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen, evitando y mitigando consecuencias negativas sobre tales derechos.
[ii] Cárdenas Castañeda, Fabián; Uribe Vargas, Diego. “Fuentes del Derecho Internacional Ambiental”, en Derecho Internacional Ambiental, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 2010, pp. 178.
[iii] Para ampliar información ver: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf.
[iv] Los principios descritos por el Consejo de Derechos Humanos fueron: 1) Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos y libertades fundamentales, 2) Las empresas tienen la responsabilidad de respetar las leyes y los derechos humanos y 3) Las víctimas de infracciones o abusos cometidos por empresas deben tener acceso a justicia y remedios efectivos.
[v] Colombia, Congreso de la República, Ley 1448 de 2011, artículo 33.
[vi] Ibídem, artículo 177.
[vii] En el 2003 pudo determinarse que la filial Banaldex de la multinacional Chiquita Brands, productora y distribuidora de plátanos, entregó dineros a las Autodefensas Unidas de Colombia desde el año 2000, cuya finalidad era que dicha compañía pudiera operar en la región de Urabá. Para ampliar información ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-pecados-de-chiquita-brands-articulo-391790
[viii] Los ejes centrales del Convenio giran en torno al resto de las culturas, las formas de vida e instituciones de los pueblos indígenas y a la consulta y participación efectiva en las decisiones que les afecte.
[ix] Colombia, Corte Constitucional, Sentencia Unificadora 039 de 1997.
[x] Ver artículo 330, Constitución Política de Colombia, 1991.
[xi] El artículo 91 del Informe Anual expresa textualmente la preocupación existente en materia del derecho a la consulta previa en Colombia afirmando que las decisiones relativas a la utilización y explotación de los recursos naturales suelen tomarse sin respetar el derecho a la consulta previa, sin el respeto debido a las autoridades y procedimientos tradicionales y sin ajustarse tampoco al contexto cultural específico.
[xii] Para ampliar información ver: http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.HTML

References: Resolución 
 Artículo 1
 artículo 33
 artículo 177
 artículo 330
 artículo 91