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Timestamp: 2020-06-07 10:00:48+00:00

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Sentencia nº 1152 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Agosto de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 393543854
Número de Expediente: 12-0257
Exp. Nº 12-0257
Mediante escrito presentado el 22 de febrero de 2012 ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la ciudadana I.M.D.M.R., titular de la cédula de identidad Nº 13.736.195, asistida por el abogado L.A.G.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 59.214, solicitó la revisión de la sentencia del 16 de diciembre de 2010, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró: i) con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada M.U. apoderada judicial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; ii) revocó el fallo dictado el 4 de diciembre de 2008 por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital y iii) sin lugar el recurso contencioso administrativo.
El 23 de febrero de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El 26 de marzo de 2008, la ciudadana I.M.d.M.R. interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial (Nulidad de Acto), contra la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) adscrita al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.
El 4 de diciembre de 2008, el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, declaró: “ i) parcialmente con lugar el recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Nulidad de Acto) (…); ii) Desaplicar por Control Difuso el contenido del Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (…), iii) Declarar la nulidad absoluta del acto administrativo de efectos particulares (…) mediante el cual se resolvió remover y retirar a la hoy querellante del cargo que venía desempeñándose como Examinador Asistente II (…); ordenar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras que proceda en forma inmediata, a reincorporar a la recurrente al cargo que venía desempeñando (…); negar por improcedente en derecho el pago de la remuneración especial de fin de año (REFA); ordenar al querellado cancelarle a la ciudadana I.M.d.M. (sic) Reyes, lo adeudado por concepto de bonificación de fin de año causadas desde el ilegal retiro hasta su efectiva reincorporación al cargo(…)”
El 8 de diciembre de 2008, la apoderada judicial de la demandada, apeló de la sentencia dictada el 4 de diciembre de 2008, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo.
El 16 de diciembre de 2010, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, declaró: “(…) Con Lugar el recurso de apelación interpuesto; ii) revocó el fallo apelado, y iii) sin lugar el recurso contencioso administrativo interpuesto.
El 27 de julio de 2011, la ciudadana I.M.d.M.R., solicitó la revisión de la sentencia del 16 de diciembre de 2010, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
El 22 de noviembre de 2011, esta Sala declaró inadmisible la solicitud interpuesta, en los términos siguientes:
´Artículo 133. Se declarará la inadmisión de la demanda:
1. Cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles (…)´.
El 22 de febrero de 2012, la ciudadana I.M.d.M.R., nuevamente solicitó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la revisión de la sentencia del 16 de diciembre de 2010, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Que los apoderados judiciales “interpusieron Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de nulidad, (…) contra el acto administrativo N° SBIF-DSB-IO-GRH-25468, de fecha 20 de diciembre de 2008, suscrito por el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, (…) mediante el cual se acordó la remoción de la recurrente, (…) del cargo de EXAMINADOR ASISTENTE II, adscrito (sic) a la Gerencia General de Inspección de la Intendencia de Inspección de SUDEBAN (…)”, pidiendo el pago de salarios dejados de percibir y su reincorporación al cargo.
Que “el Superintendente de SUDEBAN basó su acto administrativo por medio del cual remueve del cargo de ASISTENTE DE BANCOS II a la recurrente, en lo previsto en los artículos 223 numeral 5 y 273 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; con sujeción a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 segundo aparte del Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en concordancia con los artículos 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.”
Que “se solicitó la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado por haber violación de la Reserva Legal en materia de regulación del Régimen de la Función Pública, por cuanto el mismo artículo 144 de la Constitución Nacional dispone taxativamente que ´La Ley establecerá el Estatuto de la Función Pública´, por ende existe una reserva legal”.
Que “se pide en el escrito libelar, que se desaplique el Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras a la situación jurídica de la recurrente, por colidir con la Constitución Nacional, y se de aplicación preferente a las normas constitucionales y a la Ley del Estatuto de la Función Pública.”
Que “se pide la nulidad del acto administrativo por evidenciarse en él que hay una violación del numeral 10 del artículo 236 de la Constitución Nacional.”
Que “SUDEBAN no tenía a la fecha de la remoción del cargo de la recurrente el registro de Información del cargo (R.I.C), donde se estableciera la denominación y clasificación del cargo, y menos aún como se señala en el escrito libelar la determinación de que fuere o no un cargo de confianza, por lo que mal podía considerar a la recurrente con la sola mención de las supuestas funciones del cargo señaladas en el acto administrativo impugnado, como de libre nombramiento y remoción, lo que constituye un Falso Supuesto por erro (sic) de hecho.”
Que “(…) en la sentencia de la Corte Primera –se verifica- una clara violación de las disposiciones constitucionales, al no haber desaplicado por inconstitucionalidad los artículos 2 y 3 del Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, toda vez que, tal como señala la propia jurisprudencia que trajera a colación en la parte motiva de su fallo, es contraria a la Constitución y a la Ley considerar todo un cuerpo de funcionarios dependientes de un organismo del Estado como de libre nombramiento y remoción, ello viola flagrantemente los principios constitucionales de estabilidad en el trabajo, establecido en el artículo 93 (…)”.
Que “La Constitución de la República es reiterativa en su principio de estabilidad en el trabajo, sin importar el carácter que tenga o de quien se es subordinado, teniendo como premisa mayor el derecho a la estabilidad al trabajo, y solo por vía de excepción se pierde esa protección legal, en consecuencia, la pérdida de la estabilidad es la excepción de esa regla, sea porque los cargos son de elección popular o de libre nombramiento y remoción entre otros, pero en el caso del Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, se contrarían las disposiciones constitucionales, al punto que son considerados de libre nombramiento y remoción del Superintendente la totalidad de los funcionarios de dicho ente, ya que hasta el personal de vigilancia o seguridad, secretarias, servicios generales (…) son considerados como de confianza en consecuencia, de libre nombramiento y remoción, hecho que viola de forma inobjetable lo dispuesto en el ordinal primero del artículo 89 de la Constitución Nacional (…)”.
Que, del artículo 89 del Texto Fundamental, se observa que “existen varios elementos en la relación de trabajo que el Estado debe proteger, más aún cuando el Estado mismo es el Patrono, ellos son, el principio de supremacía de la realidad sobre las formas y apariencias, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, el de la progresividad de los derechos, y en consecuencia de ellos, el Estado por ninguno de sus órganos puede ir contra esos principios constitucionales fundamentales.”
Que “(…) la redacción de los artículos 2 y 3 del Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, pretende soslayar los principios in supra determinados, haciendo uso de términos y conceptos que no son aplicables a los cargos como para determinarlos como de confianza, como por ejemplo se pueden mencionar los funcionarios de servicios de almacén, secretarias, vigilantes o seguridad, asistente de proveeduría, que objetivamente analizados no abarca una actividad delicada o de tal interés para el Estado que la deba envestir como de confianza o de libre nombramiento o remoción, hecho violatorio de la Carta Magna (…)”.
Que “(…)existe una violación de las normas constitucionales en la redacción de los artículos 2 y 3 del Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, por colidir con lo dispuesto en los artículos 93, 146 y 144, y por ende se declare la nulidad del acto administrativo identificado con las siglas SB1F-DSB-IO-GRH-25468, y con dicha declaratoria se ordene reponer al cargo a la querellante, con el subsiguiente pago de los salarios y demás derechos laborales dejados de percibir desde la fecha de su desincorporación hasta la fecha en que sea efectivamente reenganchada (…)”.
Una vez que transcribió parcialmente la sentencia de esta Sala Constitucional N° 2530/2006; caso: “Colisión entre la Ley del Estatuto de la Función Pública y el Decreto con Fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas”) explicó que: “se detallan como existe identidad de hechos entre los verificados en dicha sentencia con los del presente recurso, y estima esta recurrente que, haciendo un minucioso análisis de lo denunciado se puede determinar la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del tantas veces mencionado Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras(…)”
Finalmente, pidió se declarase la nulidad de la sentencia emitida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y la del Acto Administrativo emitido el 20 de diciembre, distinguido con el N° SBIF-DSL-10-GRH-25468, suscrito por el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, por medio del cual se le removió del cargo a la hoy solicitante, y se emita nueva sentencia donde se subsane la violación de sus derechos constitucionales y se ordene su reincorporación con el pago de los derechos laborales dejados de percibir hasta la fecha de su reincorporación.
El 16 de diciembre de 2010, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia N° 2010-001428, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras contra la decisión del 4 de diciembre de 2008, expedida por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, revocó la misma y declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo propuesto por la ciudadana I.M.d.M.R. –hoy solicitante-, en los términos siguientes:
De esta forma, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de una decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, esta Sala se considera competente para conocerla, y así lo declara.
De manera que, la Sala se encuentra en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, pero no de concederla y proceder a realizarla, por lo que su negativa no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes.
En este orden, aprecia la Sala que en el presente caso, se pretende la revisión de la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2010, por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró: i) con lugar el recurso de apelación interpuesto, ii) revocó el fallo dictado el 4 de diciembre de 2008 por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, y iii) sin lugar el recurso contencioso administrativo.
Para fundamentar la solicitud de revisión, la solicitante denunció que la sentencia violó “las disposiciones constitucionales, al no haber desaplicado por inconstitucionalidad los artículos 2 y 3 del Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, toda vez que, tal como lo señala la propia jurisprudencia que trajera a colación en la parte motiva de su fallo, es contraria a la constitución (sic) y a la Ley considerar todo un cuerpo de funcionarios dependientes de un organismo del estado (sic) como de libre nombramiento y remoción, ello viola flagrantemente los principios constitucionales de estabilidad en el trabajo, establecido en el artículo 93 de la Constitución Nacional, (…).Asimismo, denunció “ existe otro elemento que no se tomó en consideración en la sentencia que se recurre, y es la inexistencia del registro de Información del cargo (R.I.C.), el cual viene a conformar el instrumento determinante para circunscribir las funciones del funcionario, lo que determinaría su condición laboral, (…)”
Al efecto, esta Sala en sentencia N° 554 del 13 de mayo de 2009, Caso: H.M.B. vs Contraloría del Municipio Plaza del Estado Miranda, estableció lo siguiente:
Pese a las imprecisiones antes descritas, esta Sala observa respecto de la naturaleza del acto jurídico desaplicado, que la Resolución N° 0018-2001 dictada por el Contralor del Municipio Plaza del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal N° 063-2001 el 2 de agosto de 2001 establece ´(…) un catálogo de cargos adscritos al Órgano [contralor], como de libre nombramiento (sic), por ser de confianza o de alto nivel (…)
, lo cual, en criterio de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, contraría el principio de estabilidad en la carrera funcionarial, conforme al postulado contenido en el artículo 146 constitucional.
´(…) si -históricamente- la institución del control constitucional difuso surgió en aquellos sistemas de separación flexible del poder, aquella limitación objetiva que sólo hacía controlables a través de este medio a las leyes en sentido formal, hoy día carece de sentido práctico, por cuanto la potestad para crear normas jurídicas no sólo reside en el Órgano Legislativo. Así, si el poder ejecutivo tiene la potestad constitucional de dictar actos con rango y fuerza de Ley a través de habilitación legislativa, ex artículo 236.8 constitucional; entonces, el producto del ejercicio de dicha facultad –Decretos con rango y fuerza de Ley- podrá ser objeto de control difuso al igual que las Leyes en sentido formal.
Desde luego, esta Sala repara que si bien la potestad legislativa -entiéndase como tal la actividad que reglan, para el caso del poder nacional, los artículos 202 y ss. de la Carta Magna- es competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional, no lo es así la potestad normativa del Estado en sentido amplio, la cual ejerce, como se advirtió supra, el Presidente de la República a través del dictamen de Decretos Legislativos, así como en relación con la producción reglamentaria que preceptúa el artículo 236.10 eiusdem. En este último caso, la potestad en referencia tiene un carácter secundario en la jerarquía del proceso de creación normativa, en el sentido de que la ley supraordena el contenido de los actos reglamentarios, los que- en ningún caso- podrán contrariarla; ergo, tampoco podrán contravenir a la Constitución (Cfr. J.A.S.P.. ‘Principios de Derecho Administrativo’. T. I. Pág. 324 y ss. 4° ed. E.C.d.E.R.A.. Madrid, 2002). De esa forma, adquiere sentido jurídico que sobre tales actos sublegales -reglamentos- pueda ejercerse el control difuso de la constitucionalidad, fundamentalmente porque dichos actos, como ya se explicó, son producto del desarrollo de una actividad normativa del Estado.
En todo caso, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo al advertir en su análisis que el acto administrativo antes mencionado no constituía un acto normativo de ejecución directa de la Constitución, debió efectuar el control jurídico peticionado por la querellante en su escrito inicial del procedimiento contencioso administrativo funcionarial y verificar la legitimidad o contrariedad a Derecho de la Resolución N° 0018-2001 dictada por el Contralor del Municipio Plaza del Estado Miranda y declarar, de ser el caso, su nulidad”.(Subrayado de esta Sala)
En atención a la sentencia parcialmente transcrita, se desprende que en el presente caso, el Estatuto de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras no fue dictado en ejecución directa de la Constitución, no ostenta un carácter preceptivo, general y abstracto pues su objeto y ámbito de aplicación está circunscrito exclusivamente a la esfera funcionarial del personal al servicio de la mencionada Superintendencia, por lo que mal podría la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo desaplicar dicho estatuto.
Así las cosas, advierte la Sala que las denuncias formuladas por la solicitante no encuadran en los supuestos establecidos para la procedencia de la solicitud de revisión; pues sólo se aprecia su disconformidad, por cuanto obtuvo un pronunciamiento que le fue desfavorable.
Asimismo, aprecia esta Sala Constitucional que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no incurrió en errores grotescos en la interpretación de la norma, que amerite el ejercicio de la facultad que le ha sido otorgada y tampoco constituyen razones suficientes que hagan procedente la nulidad del fallo objeto de revisión, pues lo pretendido por la solicitante no corresponde con la finalidad que persigue la solicitud de revisión.
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR a la solicitud de revisión interpuesta por la ciudadana I.M.D.M.R., asistida en este acto por el abogado L.A.G.R., contra la sentencia del 16 de diciembre de 2010, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del mes de agosto de dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
Exp. 12-0257
Decisión nº 42 de Tribunal Cuarto de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Mayo de 2011

References: artículo 144
 artículo 236
 artículo 93
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 93
 Resolución 
 artículo 146
 artículo 236
 artículo 236
 Resolución 

Decisión nº