Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2005-00450-49236-de-marzo-28-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f9497ea369ea0230e0430a0101510230&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-21 12:25:05+00:00

Document:
﻿ Auto 2005-00450 de marzo 28 de 2014
AUTO 2005-00450 DE 28 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:NOTAS PERIODÍSTICAS Y EL VALOR PROBATORIO. LAS NOTAS ESCRITAS POR PERIODISTAS, AUNQUE NO PRUEBAN LA VERACIDAD DE LOS HECHOS NARRADOS SÍ PUEDEN CONSTITUIR MATERIAL PROBATORIO, SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE LA PUBLICACIÓN. Y LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA DEBE ENCUADRAR EN UNO DE LOS PRESUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: I) CUANDO LAS PARTES LAS PIDAN DE COMÚN ACUERDO O CON SU ANUENCIA EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADAS POR TERCEROS. II) CUANDO DECRETADAS EN PRIMERA INSTANCIA, SE DEJARON DE PRACTICAR SIN CULPA DE LAS PARTES QUE LAS PIDIÓ, III) CUANDO VERSEN SOBRE HECHOS ACAECIDOS DESPUÉS DE VENCIDO EL PERIODO PROBATORIO, IV) CUANDO SE TRATE DE PRUEBAS QUE NO PUDIERON SOLICITARSE EN LA PRIMERA INSTANCIA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O POR OBRA DE LA PARTE CONTRARIA Y V) CUANDO CON ELLAS SE PRETENDAN DESVIRTUAR LOS EVENTOS SEÑALADOS EN LOS NUMERSLES III) Y IV) ANTES CITADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Auto 2005-00450 de marzo 28 de 2014
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014)
Radicación 25000232600020050045001 (49236)
Actor: Catalina Arango Salazar
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa-Fiscalía General de la Nación-DAS
Lo porte demandante, en memorial del 13 de noviembre de 2013(1), allegó, poro ser tenido como pruebo dentro del proceso: impresión de lo edición electrónico de lo publicación del periódico EL TIEMPO del nueve (9) de noviembre de 2013, y a su vez manifestó:
“(...) respetuosamente y con ocasión de la publicación del periódico EL TIEMPO de nueve (9) de noviembre de 2013, me permito anexar su edición electrónica, en donde pueden observarse temas como la declaración de HELENA ZORRILLA del siguiente tenor:
“Una de esas pruebas es la declaración que rindió, seis meses después de los hechos, Helena Zorrilla, investigadora de la Fiscalía adscrita a la unidad de grupos armados ilegales.
Bajo juramento, dijo que, 16 días antes del bombazo, el informante Jaime Quiñónez Rodríguez dio datos “grandes y relevantes” que ella puso en conocimiento de personal del CTI y “que si hubieran sido evaluados, el resultado habría sido diferente”.
Y al efecto recordemos, que efectivamente dentro de presente proceso, se encuentran en copia auténtica, piezas procesales provenientes del Juzgado Octavo (8) Penal Especializado de Bogotá, entre ellas la declaración en comento y dada la publicación en cita, me veo en la obligación de reafirmar los mentados hechos, pues constituyen uno de los tantos argumentos que coadyuvan nuestra posición”.
El despacho resalta que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las pruebas en segunda instancia sólo proceden en determinados casos: i) cuando las partes las pidan de común acuerdo o con su anuencia en caso de que sean solicitadas por terceros ii) cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, iii) cuando versen sobre hechos acaecidos después de vencido el período probatorio, iv) cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria y, v) cuando con ellas se pretendan desvirtuar los eventos señalados en los numerales iii y iv antes citados.
De acuerdo con lo expuesto, se analizará la solicitud probatoria a fin de corroborar su procedencia en segundo instancia.
La parte actora allegó la impresión de la edición electrónica de la publicación del periódico EL TIEMPO del nueve (9) de noviembre de 2013, para que sea tenido en cuenta el artículo contenido en la sección de noticias de justicia de esa publicación.
Al respecto, ha de reiterarse lo expresado por esta corporación en varias oportunidades, cuando ha señalado que las publicaciones periodísticas al ser consideradas medios de prueba, no demuestran más allá que la existencia de la nota y pueden servir al juez como indicador de la ocurrencia de los hechos; sin embargo, carecen de la virtualidad de probar la veracidad de lo narrado. En relación con el tema, la Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, puntualmente expuso:
“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada pruebo documental(2). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tonto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerado no puede constituir el único sustento de la decisión del juez.(3)
En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “... son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “... son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen”(4). (Resalta el despacho).
Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar o constatar la certeza de los hechos.
Consecuentemente, a las noticias o informaciones que obtengan los medios de comunicación y que publiquen como reportaje de una declaración, no pueden considerarse por sí solos con el carácter de testimonio sobre la materia que es motivo del respectivo proceso.
De lo expuesto, es claro que las notas escritas por periodistas, aunque no prueban la veracidad de los hechos narrados sí pueden constituir material probatorio, según lo dispuesto por el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, para demostrar la existencia de la publicación; teniendo en cuenta lo anterior y revisada la solicitud probatoria no se encuentra que esta última haya sido la intención de la parte actora.
En todo caso, advierte el despacho que la petición elevada por la parte demandante no encuadra en ninguno de los presupuestos contenidos en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que forzoso resulta para este despacho negarla, por lo que, en consecuencia, se
NO TENER como prueba el documento allegado por la parte actora, de conformidad con lo manifestado en la parte motiva de la presente providencia.
(1) Obrante a folios 529 a 534 del cuaderno de segunda instancia.
(2) “Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en lo prenso escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener” (...) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido”. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia de 27 de junio de 1996, Rad. 9255, C.P. Carlos A Orjuela G.; sentencia de 15 de junio de 2000, Exp. 13.338, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 10 de noviembre de 2000, Rad. 18298, actor: Renata María Guadalupe Lozano, C.P. Ricardo Hoyos Duque, y sentencia del 16 de enero de 2001, Rad. ACU-1753, C.P. Reinaldo Chavarro; sentencia de 25 de enero de 2001, Rad. 3122, C.P. Alberto Arango Mantilla; sentencia de 6 de junio de 2002, Rad. 739-01, C.P. Alberto Arango Mantilla”.
Ver, además, sentencio de lo Sección Tercera, proferida el 28 de agosto de 2013. Exp. 1996-00659-01 (25022) C.P. Enrique Gil Botero.
(3) En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre diez de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, expuso una tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso sólo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.
(4) Sentencia de 6 de junio de 2007, Exp. AP-00029, M.P. María Elena Giraldo Gómez. Sección Tercera.

References: ARTÍCULO 175
 ARTÍCULO 212
 artículo 212
 artículo 175
 artículo 175
 artículo 212