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Timestamp: 2019-10-13 21:13:40+00:00

Document:
STC 103/2003, 2 de Junio de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 184630
STC 103/2003, 2 de Junio de 2003
Número de Recurso: 4332-2000
Vulneración parcial del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión en Sentencia de demanda sobre plantilla orgánica, publicada en el boletín de información del ministerio, no irrazonable; pero inadmisión por incompetencia sobre nóminas, en vez de remitir los autos a la Sala competente.
Sentencia citada en: 147 sentencias, 3 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 4332-2000, promovido por don Isidro A.A., doña María Milagros V.G., doña Irene C.F., doña María Angeles C.U., doña Rosa G.C., doña María Angela G.G., doña Celia G.O., doña Elvira O.G., doña Asunción P.E. y don Adrián R.G., representados por el Procurador de los Tribunales don Guillermo García-San Miguel Hoover y asistidos por el Abogado don Julio Otaduy Zubia, contra la Sentencia de 8 de junio de 2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en el recurso núm. 1832/96 de personal. Han intervenido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Tomás S. Vives Antón, quien expresa el parecer de la Sala.
El día 25 de julio de 2000 se presentó ante este Tribunal por el Procurador Sr. García-San Miguel Hoover, en nombre y representación de don Isidro A.A. y los demás demandantes a que se ha hecho referencia, un escrito promoviendo recurso de amparo contra la resolución judicial de que se hace mérito en el encabezamiento de la Sentencia.
Doña María Milagros V.G., don Isidro A.A., doña Irene C.F., doña María Angeles C.U., doña Rosa G.C., doña María Angela G.G., doña Celia G.O., doña Elvira O.G., doña Asunción P.E. y don Adrián R.G. son funcionarios de la Administración de Justicia con destino en el Decanato de los Juzgados de Bilbao. El día 26 de abril de 1996 interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recurso contencioso-administrativo, registrado con el número 1832/96, contra la Resolución de 31 de mayo de 1993 de la Subsecretaría de Justicia (Ministerio de Justicia), en la que se hace pública la plantilla orgánica de los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de Justicia.
Tras la tramitación del proceso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pronuncia, con fecha de 8 de junio de 2000, Sentencia núm. 292/2000, fallando que, con apreciación de las causas de inadmisibilidad previstas en el art. 82 a) y f) de la Ley jurisdiccional, procede declarar la inadmisión de los recursos contencioso-administrativos núm. 1832 de 1996, y 2899 y 4122 de 1997.
El fundamento jurídico segundo de la Sentencia contiene expresiones del siguiente tenor: "Antes de analizar las cuestiones sustantivas o de fondo que en los recursos se debaten, deben examinarse las de orden procesal suscitadas por el Abogado del Estado, de las que se dio traslado a los recurrentes". "Como excepción procesal en el recurso nº 1832/96, formulado frente a la resolución de 31 de mayo de 1993, se alega su interposición extemporánea, al ser publicada dicha resolución en el BOE de 4 de junio de 1993, interponiéndose el recurso contencioso-administrativo el 27 de abril de 1996". "La Resolución de 31 de mayo de 1993, por la que se aprueba la plantilla orgánica de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, fue publicada en el BOE el 4 de junio de 1993, según copia de dicho boletín incorporado a los autos, disponiéndose que las plantillas que se acompañaban en el Anexo de la resolución, fueran publicadas en el 'Boletín de Información del Ministerio de Justicia¿ por lo que a juicio de esta Sala, la tesis que debe prosperar es la del Abogado del Estado, ya que interpuesto el recurso frente a una disposición general para cuya eficacia se exige legalmente -art. 132 de la Ley de procedimiento administrativo y art. 52.p.1 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre- la publicación en el Diario Oficial que corresponda, que en este caso es dicho BOE, dado el origen y alcance general de los efectos de la norma en cuestión, el plazo de dos meses para recurrir, establecido en el art. 58 de la Ley de la Jurisdicción, se inicia en la fecha de dicha publicación. El hecho de que la publicación oficial por la extensión de la norma se realice de forma fraccionada, remitiéndose la publicación del anexo a un boletín informativo, no es óbice para poder afirmar la eficacia de la publicación en el Diario Oficial por evidentes razones de seguridad jurídica a fin de evitar situaciones de incertidumbre en los casos de distintas publicaciones de una misma disposición general, como así expresa el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de abril de 1999".
Los demandantes dedujeron recurso de amparo ante este Tribunal Constitucional. Denuncian que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en cuanto aplica la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 82 a) LJCA de 1956, vulnera el derecho a obtener tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que el Tribunal Constitucional ha derogado ese precepto (SSTC 22/1985, 39/1985). Para los demandantes la Sentencia recurrida ha aplicado una causa inexistente de inadmisión, pues el art. 82 a) LJCA ha sido expulsado del Ordenamiento jurídico por decisión del Tribunal Constitucional. También ha existido violación del principio de legalidad (art. 9 CE) en relación con la infracción del derecho a obtener tutela judicial efectiva. Resulta palmario que en el peor de los supuestos la Sala debió hacer uso del art. 8.3 LJCA y, en su caso, remitir los autos al órgano competente, solución que los demandantes interesaron ad cautelam -pues éstos sostienen que la competencia corresponde a la Sala que dictó la resolución recurrida- en la interposición del recurso contencioso-administrativo. La Sala no lo efectuó así, y esperó a la Sentencia, dictada más de cuatro años después de interpuestos los recursos, para determinar la inadmisión, conducta ésta que conlleva violación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), tal y como lo pone de manifiesto la citada STC 22/1985 así como la STC 55/1986. Por otra parte la inadmisión dictada en la Sentencia, basada en dicho artículo, ha sido declarada incompatible con la Constitución y generadora de violación del derecho a la tutela judicial efectiva en SSTC 109/1985 y 90/1991. Además la Sentencia viola el derecho del art. 24.1 CE, ya que éste comprende el de obtener una resolución de fondo, al aplicar la Sentencia recurrida una inadmisión que no se basa en ninguna causa legal, no efectuando desde luego, la interpretación de la norma de conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental, tal y como requieren las SSTC 19/1983 y 69/1984, resultando palmario, asimismo, que se ha infringido el principio pro actione que defiende la jurisprudencia constitucional.
Por providencia de 26 de septiembre de 2002 la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que, en el plazo de diez días, procediera a la práctica de los emplazamientos pertinentes.
Por escrito de 26 de diciembre de 2002 los demandantes reiteran las alegaciones vertidas en el escrito de demanda.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional dedujo alegaciones en escrito de 23 de diciembre de 2002. Considera que la razón asiste a los demandantes en cuanto al motivo de amparo relacionado con la causa de inadmisión de incompetencia, prevista en el art. 82 a) LJCA de 1956. Con cita de la STC 90/1991, que recoge la doctrina sentada en Sentencias anteriores, advierte que en el caso que aquí se enjuicia la declaración de incompetencia judicial se produjo a través de una Sentencia pronunciada más de cuatro años después de haberse interpuesto el recurso. Durante ese dilatado periodo de tiempo pudo la Sala, bien inadmitir el recurso por incompetencia en el trámite inicial previsto en el art. 62.1 a) LJCA, si ello le resultaba de modo inequívoco y manifiesto, bien declarar esa incompetencia con anterioridad a la Sentencia, remitiendo las actuaciones al órgano que considerara competente para que siguiese ante el mismo el curso de los autos (art. 8.3 LJCA). Con ello se hubiera abierto tempranamente el camino a una decisión por parte del mencionado órgano; en este caso, a criterio de la Sala, la Audiencia Nacional. Al no hacerlo así, acogiéndose en cambio a la posibilidad que le ofrecía un precepto que, como el art. 82 a) de la Ley jurisdiccional, debe considerarse, en el extremo señalado, derogado por la Constitución, según la evocada doctrina de este Tribunal, terminantemente expuesta en las resoluciones antes citadas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha infringido el derecho fundamental de los demandantes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por lo cual procede estimar en este extremo el recurso de amparo.
El Abogado del Estado dedujo alegaciones en escrito registrado a 13 de diciembre de 2002, interesando la desestimación del recurso de amparo. Destaca que la materia propia de los recursos acumulados en el proceso judicial se presenta tanto en la Sentencia impugnada cuanto en las alegaciones de la demandante de amparo como una consecuencia absolutamente dependiente de la primitivamente impugnada, esto es: de la Resolución que aprueba la clasificación de los puestos de trabajo. Las retribuciones se limitan a reflejar la clasificación acordada. En lo atinente al acuerdo aprobatorio de la clasificación, sobre el que la Sentencia impugnada aprecia la extemporaneidad del recurso contra aquél dirigido, parecen acertadas las razones contenidas en la resolución judicial y propias de legalidad ordinaria. El plazo de interposición es un requisito común de los procesos contencioso-administrativos y en su cómputo no se aprecia, no ya error patente como pretenden los actores, sino error alguno. Frente a la denuncia de una lesión del art. 9 CE sobre publicidad de las normas por no haberse recogido en BOE los listados anexos opone el Abogado del Estado que tal precepto no recoge ningún derecho fundamental, con independencia de que difícilmente podrán los funcionarios alegar desconocimiento de la clasificación correspondiente -según dicen- al puesto de trabajo que realmente desempeñan.
Por providencia de 29 de mayo de 2003, se acordó señalar el día 2 de junio siguiente, para deliberación y votación de la presente Sentencia.
El recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 8 de junio de 2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esta resolución judicial inadmite por causa de extemporaneidad el recurso contencioso-administrativo que los demandantes de amparo dedujeron frente a la Resolución de 31 de mayo de 1993 de la Subsecretaría de Justicia (Ministerio de Justicia), por la que se hace pública la plantilla orgánica de los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de Justicia; de otro lado la misma Sentencia inadmite, por entender que la competencia para el conocimiento del proceso corresponde a la Audiencia Nacional, los recursos contencioso-administrativos acumulados al anterior que los demandantes interpusieron contra la desestimación presunta de su recurso administrativo deducido contra la disminución de haberes -3622 pesetas o 3655 pesetas- sufrida en sus respectivas nóminas desde el 27 de febrero de 1996.
Los demandantes denuncian que las decisiones de inadmisión contenidas en la Sentencia impugnada lesionan los derechos que el art. 24.1 CE les reconoce a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión. La apreciación de la causa de inadmisibilidad consistente en haber interpuesto los recursos acumulados ante un órgano sin competencia para resolverlo (art. 82.a LJCA de 1956) supone, en el sentir de los demandantes, la aplicación de un precepto derogado por el Tribunal Constitucional y que el órgano judicial acoja una causa inexistente de inadmisión, lo que, además, les ha producido indefensión, dado que la solución judicial imposibilita recurrir dentro de los plazos preceptivos ante el órgano que se señala como el competente.
Dos son las decisiones de inadmisión que aquí se resumen: la inadmisión por incompetencia de los recursos contra la desestimación del recurso administrativo interpuesto frente a la disminución de haberes y la inadmisión por extemporaneidad del recurso interpuesto contra la Resolución que aprueba la plantilla orgánica. Para el adecuado enjuiciamiento de las cuestiones que suscita el presente recurso de amparo es aconsejable invertir el orden que los demandantes proponen para su examen. Habremos de empezar con la queja que, con fundamento en el art. 24.1 CE, articulan contra la decisión judicial de inadmitir por razón de extemporaneidad el recurso deducido contra la resolución administrativa que hizo pública la plantilla orgánica de los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de Justicia.
También hemos dicho en nuestras SSTC 228/1999, de 13 de diciembre, y 214/2002, de 11 de noviembre, que el instituto de la caducidad de la acción constituye una de las causas legales impeditivas de un pronunciamiento sobre el fondo, y, como tal presupuesto procesal establecido legalmente en aras del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), no vulnera por sí mismo el derecho a la tutela judicial efectiva siempre que el legislador habilite unos plazos suficientes y adecuados en orden a hacer valer los derechos e intereses legítimos ante los tribunales, de manera que su tutela no resulte imposible por insuficiencia del plazo establecido al efecto (STC 160/1997, de 2 de octubre, FJ 3), como tampoco se deriva ninguna lesión de su correcta aplicación por parte de los órganos judiciales, ya que los plazos en que las acciones deben ejercitarse no se encuentran a disposición de las partes. El control de constitucionalidad en estos casos es el mismo que para el resto de los plazos procesales; esto es, su cómputo constituye una cuestión de legalidad ordinaria (SSTC 27/1984, de 24 de febrero; 89/1992, de 8 de junio; 220/1993, de 30 de junio; 322/1993, de 8 de noviembre; y 160/1997, de 2 de octubre), y así lo hemos sentado igualmente con relación a la inadmisión por causa de extemporaneidad en la interposición del recurso contencioso-administrativo (SSTC 32/1989, de 13 de febrero; 302/1994, de 14 de noviembre; o 165/1996, de 28 de octubre). Sólo por excepción la interpretación de la legalidad ordinaria alcanza relevancia constitucional cuando haga imposible en la práctica el ejercicio de la acción, cuando en la determinación de dicho plazo se incurra en un error patente o cuando se apoye en un razonamiento puramente arbitrario o absurdo; siendo importante, como se dijo en la STC 77/2002, de 8 de abril, FJ 3, con cita de la STC 298/2000, de 11 de diciembre, el momento procesal en el que se aprecia la caducidad, ya que si la aplicación de su concurrencia se realiza tras el completo y regular desarrollo del proceso judicial, y en decisión adoptada por el propio juzgador del fondo de la pretensión, y no in limine litis, éste no se haya vinculado por la regla hermenéutica pro actione, pues debe considerarse que ha existido auténtico acceso a la justicia. En definitiva, lo que ha podido existir es una desestimación de fondo y no una denegación de acceso a la justicia, lo que no excluye una posible existencia de una lesión constitucional que, sin embargo, deberá abordarse desde la exigencia de una respuesta judicial razonada, motivada y fundada en Derecho.
Dada la argumentación de los demandantes de amparo, se comprueba que éstos coinciden en la percepción previa de los datos, extremos o circunstancias desde los que parte el discurso judicial que viene a concluir con la inadmisión del recurso por razón de extemporaneidad. Por ello hemos de rechazar el aserto de los demandantes, según el cual el motivo constitucional de impugnación apunta a un error patente padecido por el órgano sentenciador, puesto que, tal y como alega el Ministerio Fiscal, la discrepancia está centrada en la interpretación jurídica, en el proceso de subsunción jurídica de determinas circunstancias en las normas y las consecuencias que aquélla llevó aparejadas, y no en la percepción judicial de la realidad o existencia de ésta, con lo que no podría derivar error de hecho o material con relevancia constitucional (SSTC 89/2000, de 27 de marzo, FJ 3; 171/2001, de 19 de julio, FJ 4; 34/2002, de 11 de febrero, FJ 4; 161/2002, de 16 de septiembre, FJ 2).
En vista de los antecedentes descritos, y a la luz de nuestra doctrina, más arriba expuesta, las quejas que los demandantes vierten sobre la inadmisión por extemporaneidad carecen de significación constitucional. Para ponerlo de manifiesto basta considerar que los demandantes de amparo interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 31 de mayo de 1993, por la que se aprueba la plantilla orgánica de los cuerpos auxiliares y agentes de la Administración de Justicia (que, como acabamos de decir, se publicó en el BOE del 4 de junio del referido año y que remitía a unas plantillas publicadas en el "Boletín de información del Ministerio de Justicia" el 15 de junio de 1993), el 27 de abril de 1996, es decir, sobrepasados con exceso los dos meses de plazo establecidos en el art. 58 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ora se compute dicho plazo a partir de la fecha de publicación en el BOE o, en términos más garantistas, desde la publicación de la plantilla orgánica en el "Boletín de información del Ministerio de Justicia", sin que sea irrazonable entender, como hace la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que dicha publicación parcial de la norma impugnada en el "Boletín de información del Ministerio de Justicia", por remisión del "Boletín Oficial del Estado", no prive de eficacia a la publicación efectuada.
Distinta suerte ha de correr el restante motivo que, con invocación también del art. 24.1 CE, los demandantes proponen. Ya vimos que éstos impugnan la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de inadmitir los recursos articulados contra sus nóminas cuando acoge, al momento de pronunciar sentencia, la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 82 a) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 consistente en que el recurso contencioso-administrativo "se hubiera interpuesto ante Tribunal que carezca ... de competencia, por corresponder el asunto ... a otro órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa"; ello porque el Tribunal sentenciador consideró que el órgano competente para conocer de la pretensión en este caso era "la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con los artículos 13.4 de la Ley 30/92 y 66 de la LOPJ, toda vez que la resolución de la petición que los recurrentes formularon en vía administrativa y, en consecuencia, la emisión de la certificación de acto presunto corresponde al Secretario de Estado de Justicia, como así consta en la certificación de acto presunto remitida a la Sala" (fundamento de derecho 3).
El Abogado del Estado sostiene que la Sentencia de inadmisión por falta de competencia no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto que la declaración ha de entenderse -según su interpretación-, no como la clausura definitiva del proceso, sino como una declinación para que intervenga el Tribunal competente, por lo que ante este órgano judicial debieron hacer valer su derecho los demandantes, de quienes el Abogado del Estado dice que centran su solicitud amparo en una discrepancia de legalidad ordinaria relativa a la determinación de la competencia, al pedir ante esta sede constitucional que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco resuelva sobre el fondo.
"Ya en la STC 22/1985 declaró este Tribunal en relación con el art. 82 LJCA, que 'esa libre facultad de declarar en la Sentencia la inadmisión del recurso por incompetencia del órgano, no es compatible con el derecho a un acceso sin obstáculos innecesarios a la tutela judicial efectiva¿: que no existe 'finalidad que justifique el obstáculo que la aplicación del art. 82 a) LJCA crea¿, por lo que 'dicho precepto ha de considerarse lesivo para el derecho de la tutela judicial efectiva y, en consecuencia, vulneradora de tal derecho la Sentencia que hace uso de la facultad que ese precepto otorga¿; y, por último, -dice esta Sentencia- que 'tratándose de una norma preconstitucional estamos facultados, como el resto de los órganos judiciales, para considerar derogado dicho precepto, lo que hace innecesario acudir al procedimiento previsto en el art. 55.2 de nuestra Ley Orgánica¿ (fundamento jurídico 6).
Finalmente, la STC 55/1986, después de recordar la doctrina del propio Tribunal Supremo, según la cual, 'siendo improrrogable la competencia en el proceso contencioso-administrativo, las Salas de este orden jurisdiccional deben apreciar su incompetencia, incluso de oficio, ... y remitir las actuaciones a la que entiendan que es competente para que siga ante ella el curso de los autos¿, termina con el siguiente fundamento de perfecta aplicación al presente caso. Dice así la STC 55/1986 en el fundamento jurídico 3: 'Tanto el recurrente como el Ministerio Fiscal señalan, finalmente, que el art. 82 a) LJCA en el que se funda la Sentencia de inadmisibilidad por incompetencia de la Sala, ha sido derogado por el art. 24.1 CE, según ha declarado ya este Tribunal Constitucional en las SSTC 22/1985 y 39/1985. En efecto, debemos recordar que el mencionado precepto de la Ley jurisdiccional carece de justificación razonable al erigir un obstáculo impeditivo del pronunciamiento de fondo que lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que, como ocurre en el caso que ahora contemplamos, vulnera tal derecho la Sentencia que hace uso de la facultad prevista en el mismo. Todo lo cual conduce también a la estimación del presente recurso de amparo¿.
En el supuesto que enjuiciamos, la declaración de incompetencia efectuada por el órgano judicial se produjo a través de una Sentencia pronunciada el 28 de abril de 1988, es decir, cuatro años y medio después de haberse interpuesto el recurso (el cual se presentó, según consta en las actuaciones el 29 de octubre de 1983). Durante todo ese dilatado período de tiempo, pudo la Sala bien inadmitir el recurso por incompetencia en el trámite inicial previsto en el art. 62.1 a) LJCA, si ello le resultaba de modo inequívoco y manifiesto, bien declarar esa incompetencia con anterioridad a la Sentencia, remitiendo las actuaciones al órgano que considerara competente para que siguiese ante el mismo el curso de los autos (art. 8.3 de la citada Ley). Con ello se hubiera abierto tempranamente el camino a una decisión por parte del mencionado órgano (en este caso, a criterio de la Sala, el Tribunal Supremo).
En el presente caso, al igual que los examinados en las Sentencias arriba citadas, el órgano judicial ha obstaculizado innecesariamente el ejercicio de un derecho constitucionalmente garantizado y, en consecuencia, lo ha lesionado, al acogerse a un precepto legal, el art. 82 a) LJCA de 1956, que en el extremo controvertido, en tanto que no respetuoso con el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, ha de considerase derogado por la Constitución (disposición derogatoria tercera), como hemos declarado en nuestra doctrina. Durante más de dos años y seis meses -contados desde que se interpusieron los recursos acumulados hasta el momento de dictar sentencia- no adoptó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco una decisión de incompetencia, bien en el trámite inicial que prevé art. 62.1 a) LJCA, si ello le resultaba inequívoco y manifiesto, bien en otro que fuera anterior a la Sentencia, remitiendo las actuaciones al órgano considerado como competente para que siguiese ante el mismo el curso del proceso (art. 8.3 LJCA de 1956). Con ello hubiera abierto tempranamente el camino a una decisión por parte del órgano competente (STC 90/1991, de 25 de abril, FJ 3), en línea, por cierto, con la nueva Ley jurisdiccional (Ley 29/1998, de 13 de julio), que establece en su art. 7.3 que "la declaración de incompetencia adoptará la forma de auto y deberá efectuarse antes de la sentencia". Pero no lo hizo así, sin que la solución acogida judicialmente de esperar al momento de la Sentencia venga impuesta por exigencias derivadas de la acumulación de recursos, contra lo que sugiere el Abogado del Estado sin concretar cuáles pudieran ser tales exigencias. De ahí que en el extremo controvertido la actuación judicial ha de reputarse contraria al art. 24.1 CE por lo que debemos estimar el recurso de amparo, procediendo, en consecuencia, la declaración de nulidad de la Sentencia impugnada en la parte que desconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, así como que ordenemos que se retrotraigan las actuaciones procesales al momento anterior al pronunciamiento declarado nulo, a fin de que el órgano judicial emita otro respetuoso con el derecho fundamental.
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por don Isidro A.A. y otros y, en su virtud:
Reconocer que se ha vulnerado el derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Restablecerlos en su derecho y, en consecuencia:
Anular la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 8 de junio de 2000 en sus extremos relativos a la apreciación de la causa de inadmisibilidad por incompetencia del apartado a) del art. 82 de la LJCA de 27 de diciembre de 1956, aplicada a los recursos acumulados núm. 2899 y 4122 de 1997.
Retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior al de dictar la Sentencia parcialmente anulada, para que el órgano judicial se pronuncie sobre la competencia para conocer del proceso relativo a los recursos acumulados 2899 y 4122 de 1997 y remita las actuaciones a la Sala que estime competente.
SAN, 6 de Abril de 2005
STSJ Galicia , 18 de Junio de 1998

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