Source: https://beta.e-justice.europa.eu/78/ES/securing_assets_during_a_claim_in_eu_countries?ROMANIA&action=print&init=true
Timestamp: 2019-11-21 01:18:22+00:00

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Los diferentes tipos de medidas cautelares incluyen la intervención cautelar y judicial y el embargo cautelar. Las medidas cautelares incluyen el embargo procesal y la prohibición de disponer que los órganos jurisdiccionales ordenan sobre los activos del deudor con el fin de impedir que la parte demandada destruya, enajene o grave los bienes afectados.
La intervención cautelar consiste en el embargo de los activos localizables del deudor con el fin de conservarlos hasta que el acreedor obtenga una orden de ejecución. El Código de Procedimiento Civil contiene una serie de disposiciones especiales en relación con el procedimiento para la ejecución de la intervención cautelar de buques mercantes.
La intervención judicial consiste en el embargo de bienes, que se confían a un agente de embargos para que los custodie.
La intervención judicial puede aplicarse siempre que se haya iniciado un proceso en relación con un derecho de propiedad o de algún otro derecho real superior, en relación con la propiedad de bienes inmuebles o en relación con el uso y la gestión compartida de bienes. Solo los órganos jurisdiccionales tienen competencia para aprobar la intervención judicial de un bien.
El embargo cautelar se puede aplicar a fondos, depósitos u otros activos muebles intangibles localizables que una tercera persona debe al deudor.
El embargo ejecutivo es una forma de ejecución indirecta mediante la cual se recuperan los fondos, depósitos u otros activos muebles intangibles localizables.
Algunas sentencias de los juzgados de primera instancia son provisionalmente ejecutables desde el punto de vista legal cuando su objetivo es establecer el ejercicio de la patria potestad, el derecho a tener una relación personal con el menor y la residencia de este; la retribución, la prestación por desempleo; la indemnización por accidente de trabajo; las rentas, las obligaciones de alimentos; la asignación por hijo y las pensiones; la indemnización por fallecimiento o lesión corporal o daños a la salud; las reparaciones urgentes; el precinto, el desprecinto o el inventariado; las demandas relacionadas con la posesión; las sentencias dictadas en virtud del allanamiento del demandado, etc. Estas sentencias serán provisionalmente ejecutables.
El órgano jurisdiccional puede dictar la ejecución provisional de las sentencias relacionadas con activos.
En cuanto a la práctica de pruebas, cualquier persona que esté interesada en establecer, con carácter de urgencia, el testimonio de una persona, el dictamen de un perito o la condición de determinados activos o en que se le reconozca un alegato, un hecho o un derecho, estará autorizada a solicitar, tanto antes como durante el juicio, la práctica de estas pruebas.
En cuanto a la intervención y el embargo cautelares, es preciso contar con una resolución para trabar los bienes identificables o importes del deudor. Solo pueden dictar estas órdenes el juez de primera instancia con competencia para conocer del asunto (intervención judicial, embargo cautelar), el juez de primera instancia que conozca del caso o el juez en la jurisdicción donde se encuentren los bienes (intervención judicial). En estos procedimientos especiales no se precisa la asistencia de un abogado. Un agente judicial se encargará de ejecutar las sentencias relacionadas con la intervención cautelar y el embargo cautelar. El agente de embargos puede preparar todos los documentos para la conservación y administración, recibir cualquier ingreso y cantidad que se deba y pagar las deudas existentes y las deudas establecidas con arreglo a una orden de ejecución. En un principio, las costas solo se extienden a los derechos de timbre judiciales, que, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letra b), del Decreto de Urgencia del Gobierno n.º 80, de 26 de junio de 2013, sobre los derechos de timbre judiciales, ascienden a 100 RON para demandas relacionadas con medidas cautelares y a 1 000 RON para demandas relacionadas con el embargo de buques y aeronaves. Se puede obligar al acreedor a depositar en garantía la cuantía fijada por el órgano jurisdiccional. Si el acreedor no indica por escrito su petición, el depósito se fija por ley en la mitad de la cuantía reclamada.
Se encarga de aplicar el embargo ejecutorio, a instancia del acreedor, un agente judicial cuya oficina se encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal de apelación donde el deudor o la tercera parte sujetos al embargo ejecutorio tienen su domicilio, o, en el caso de cuentas bancarias, un agente judicial del lugar donde el deudor tiene su domicilio/domicilio social o del lugar donde la entidad de crédito tiene su oficina central/filial.
En cuanto a la ejecución provisional, la petición puede presentarse ante el órgano jurisdiccional por escrito u oralmente en juicio hasta la conclusión del mismo. El órgano jurisdiccional puede aceptar la ejecución provisional de requerimientos aplicables a bienes siempre que considere que la medida es necesaria en relación con los fundamentos jurídicos o con el manifiesto estado de insolvencia del deudor, y cuando estime que no aplicar una orden de este tipo perjudicaría claramente al acreedor. En estos casos, el órgano jurisdiccional puede obligar al acreedor a depositar una suma en garantía.
En cuanto a la práctica de pruebas, la solicitud debe dirigirse, antes del inicio del proceso, al juez de primera instancia de la jurisdicción donde se encuentra el testigo o el objeto del hallazgo y, durante el proceso, al órgano jurisdiccional que conozca del asunto en primera instancia. La parte establece en su petición las pruebas y los hechos que intenta demostrar, así como la justificación de la necesidad de practicar estas pruebas o de contar con el consentimiento de la parte contraria.
En cuanto a la intervención y el embargo cautelares, solo se pueden adoptar en relación con asuntos en curso. En el caso de la intervención judicial, se puede dictar un requerimiento aun cuando no se haya incoado el proceso. Un acreedor que no cuente con una orden de ejecución puede solicitar la ejecución de la intervención o el embargo cautelares si demuestra que ha presentado una demanda.
En causas urgentes, se puede formular una solicitud de intervención cautelar de un buque incluso antes de iniciar un proceso sobre el fondo del asunto.
Un órgano jurisdiccional puede aceptar la solicitud de intervención judicial o embargo cautelar si la medida resulta necesaria para preservar el derecho correspondiente y existe un asunto en curso en relación con la propiedad u otro derecho real superior, la posesión de los activos o el uso y la administración de la bienes de propiedad conjunta.
La intervención judicial se puede aprobar, incluso a falta de un procedimiento judicial sobre el fondo relativo a un activo que el deudor ofrece para su liberación, con el fin de trabar un bien con respecto al cual la parte afectada tiene motivos fundados para temer que el propietario lo puede eliminar, destruir o alterar. En cuanto a los activos muebles que representan la garantía del acreedor, la intervención judicial se puede aprobar cuando el acreedor declara la insolvencia de su deudor o cuando el acreedor tiene motivos para sospechar que el deudor eludirá la ejecución o para temer la eliminación o el deterioro de los bienes.
Los órganos jurisdiccionales dictan la resolución con respecto a la solicitud de una intervención cautelar o embargo cautelar con carácter urgente y a puerta cerrada, sin citar a las partes, con arreglo a una resolución ejecutable que fija, si procede, el valor de la fianza y el plazo para pagarla. Las solicitudes de intervención judicial se deben tratar con carácter de urgencia, citando a las partes. En el caso de que se conceda, el órgano jurisdiccional puede obligar al demandante a depositar una suma en garantía, que, en el caso de bienes inmuebles, se anotará en el Registro de la Propiedad.
No hay requisitos en cuanto a la urgencia de la solicitud, pero el acreedor tiene la posibilidad de demostrar que la orden no podrá ejecutarse a causa de la enajenación o la destrucción por parte del deudor del bien afectado, en el caso de la intervención cautelar y del embargo cautelar, aunque la demanda no sea pagadera.
El embargo ejecutorio se establece sin previo aviso, con arreglo a una resolución que reconoce la ejecución, mediante una nota que indica la orden de ejecución, que se ha de enviar a la tercera persona, junto con dicha resolución. También se informa al deudor sobre el requerimiento. La orden judicial de embargo informa a la tercera persona, que pasa a ser una tercera persona embargada, de que tiene prohibido pagar al deudor la suma o bienes muebles que debe o deberá, indicando que esta parte está sujeta al embargo en la medida en que es necesario cumplir la obligación impuesta.
En cuanto a la práctica de pruebas, el requisito es que debería haber un riesgo de que las pruebas pudieran desaparecer o fueran difíciles de hallar en el futuro. Si la parte contraria da su consentimiento, la solicitud puede presentarse aun a falta de urgencia. El órgano jurisdiccional emplazará a las partes y entregará una copia de la solicitud a la parte contraria. Se dará curso a la solicitud a puerta cerrada dictando finalmente una resolución. Cuando no exista riesgo de demora, el órgano jurisdiccional puede admitir la solicitud de emplazar a las partes.
Las cuentas bancarias, los activos intangibles, los depósitos, etc., pueden ser objeto de un embargo cautelar.
Los bienes muebles tangibles, los vehículos matriculados, los bienes inmuebles, etc., pueden ser objeto de un embargo cautelar.
Los bienes inmuebles, los bienes muebles, etc., puede ser objeto de una intervención judicial.
Los fondos, los depósitos u otros bienes muebles intangibles pueden ser objeto de embargo ejecutorio.
En cuanto a la intervención y el embargo cautelares, los bienes intervenidos solo se podrán recuperar una vez el acreedor haya obtenido una orden de ejecución.
Los requerimientos de embargo cautelar de buques se aplican mediante la retención del buque por parte de la capitanía del puerto donde se encuentre la embarcación. En este caso, la capitanía no entregará los documentos de embarque y no permitirá que el buque abandone el puerto.
Se impone una multa a modo de sanción solo cuando el demandante consigue una medida cautelar de mala fe que es perjudicial para el demandado. En virtud del Derecho penal, el demandado/deudor puede ser objeto de sanción por el incumplimiento de las sentencias judiciales.
Si el deudor aporta una garantía suficiente, el órgano jurisdiccional puede desestimar el requerimiento de intervención cautelar a petición del deudor. La petición para la liberación de activos se tramita a puerta cerrada, con carácter de urgencia. A las partes se las cita con poca antelación mediante una resolución.
De la misma forma, si la petición principal subyacente a la solicitud de una medida cautelar se ha anulado, desestimado o ha quedado obsoleta mediante una sentencia firme o si la persona que presentó la petición renunció a su pretensión, el deudor puede solicitar la liberación de los activos al órgano jurisdiccional que dictó el requerimiento. El órgano jurisdiccional dicta una sentencia firme con respecto a la solicitud, sin citar a las partes.
En cuanto al embargo ejecutorio, todos los fondos y activos objeto de embargo quedan trabados desde el día en que se envía el requerimiento de embargo a la tercera parte objeto de embargo. Desde el momento del embargo hasta el pago íntegro de las obligaciones indicadas en la orden de ejecución, la tercera parte objeto de embargo no hará ningún pago o realizará ninguna operación que puedan reducir los bienes trabados. Cuando la demanda esté asegurada con una hipoteca u otro tipo de garantía real, el acreedor que practica el embargo tendrá derecho a solicitar que el embargo conste en el Registro de la Propiedad o en otros registros públicos.
En cuanto a la intervención y el embargo cautelares, se pueden fijar, con arreglo a una resolución judicial, plazos que no cubran el período del requerimiento ordenado por el órgano jurisdiccional (por ejemplo, el plazo para que el acreedor deposite una suma en garantía sujeto a sanción de liberación de activos).
El requerimiento es válido hasta que se dicte la resolución sobre la solicitud de liberación de activos en caso de que dicha solicitud se haya desestimado, haya quedado obsoleta o no se haya tomado en consideración, o bien, en caso de que se admita la solicitud, hasta la ejecución de la sentencia o hasta que el deudor haya ofrecido garantías suficientes.
Para resolver los recursos siempre se cita a las partes.
En cuanto al embargo ejecutorio, todos los fondos y activos objeto de embargo quedan trabados desde el día en que se envía el requerimiento de embargo a la tercera parte embargada. Desde el momento del embargo hasta el pago íntegro de las obligaciones indicadas en la orden de ejecución, incluido el período de suspensión de la ejecución mediante embargo, la tercera parte objeto de embargo no hará ningún pago o realizará ninguna operación que pueda reducir los bienes trabados, a no ser que la ley especifique otra cosa.
Una tercera parte sujeta a embargo debe presentar la suma de dinero o liberar los bienes muebles intangibles embargados dentro de un plazo de cinco días desde la notificación del embargo o desde la fecha de vencimiento de las sumas adeudadas en el futuro. El agente judicial liberará o asignará la suma de dinero consignada.
Si una tercera parte sujeta a embargo no cumple sus obligaciones, el acreedor, el deudor o el agente judicial pueden comunicarlo al órgano jurisdiccional que conozca de la ejecución con el fin de realizar el embargo. Si las pruebas practicadas demuestran que la tercera parte sujeta a embargo debe dinero al deudor, el órgano jurisdiccional dictará una resolución para realizar el embargo, obligando a la tercera parte sujeta a embargo a pagar al acreedor la cantidad adeudada al deudor y, si no, resuelve rechazar el embargo. Si el embargo se ha ejecutado sobre bienes muebles intangibles que, en el momento de la ejecución, eran propiedad de la tercera parte sujeta a embargo, el órgano jurisdiccional los liquidará.
En cuanto a la práctica de pruebas, las pruebas aportadas se examinan durante el juicio al determinar su admisibilidad y su valor. Todas las partes pueden servirse de todas las pruebas al margen de que solicitasen su práctica o no. El órgano jurisdiccional que conoce del fondo del asunto registra los gastos incurridos en la práctica de las pruebas.
En el caso de la intervención y el embargo cautelares, la resolución que las adopta tan solo se puede recurrir ante el tribunal jerárquicamente superior en un plazo de cinco días desde que se dicten o se notifiquen, dependiendo de si se emplazó o no a las partes al juicio. Si la competencia para conocer en primera instancia pertenece a un tribunal de apelación, el recurso será de apelación. El sentido de estos recursos es bien la liberación de los bienes, bien el mantenimiento de la medida cautelar. Cualquier parte interesada puede formular una objeción contra la ejecución de la intervención o el requerimiento de embargo.
Para el embargo ejecutorio, la resolución dictada con respecto a la validación del embargo tan solo puede recurrirse en los cinco días siguientes a la notificación. La resolución definitiva relativa a la validación tiene los efectos de una estimación de demanda y cuenta como una orden de ejecución contra un tercero susceptible de ser embargado con el límite de las cantidades por la que se acordó la validación. Tras la validación del embargo, el tercero susceptible de ser embargado procede al registro o al pago dentro de los límites de la cantidad indicada explícitamente en la resolución relativa a la validación.
En el caso de la ejecución provisional, puede estar sujeta a recurso si el juez de primera instancia desestimó la petición. La suspensión de la ejecución provisional puede solicitarse mediante el recurso interpuesto o separadamente a través de un recurso de apelación. Hasta que no se haya resuelto la petición de suspensión, se puede admitir la ejecución de manera provisional mediante orden judicial incluso antes de la llegada del archivo del asunto.
En cuanto a la práctica de pruebas, la resolución por la que se admite la solicitud de práctica de pruebas es plenamente aplicable y no está sujeta a ningún tipo de recurso. Una resolución que desestime la solicitud tan solo se puede recurrir en un plazo de cinco días desde la fecha de la resolución, si se ha citado a las partes, y desde la fecha de notificación, si no se ha citado a las partes.
Las pruebas tan solo se pueden práctica tan pronto se pueda o dentro del plazo fijado a ese respecto. La práctica de las pruebas se determina en una resolución que no está sujeta a ningún tipo de recurso.

References: resolución 
 artículo 11
 resolución 
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