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Ley 2302 de Protección de Niños y Adolescentes en la provincia de Neuquén
RESOLUCION 657
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN RESUELVE:
Artículo 1° Aprobar el texto ordenado de la Ley 2302 -que establece la protección integral del niño y del adolescente- que forma parte de la presente como Anexo I, el cual contiene las modificaciones introducidas por Ley 2346.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veintiún días de mayo de dos mil tres.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
TEXTO ORDENADO CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LEY 2346
Artículo 1° La presente Ley tiene por objeto la protección integral del niño y del adolescente como sujeto de los derechos reconocidos en ésta, y que deben entenderse complementarios de otros reconocidos en la Constitución nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los tratados internacionales, las leyes nacionales, la Constitución de la Provincia del Neuquén y las leyes provinciales.
Artículo 2° A los efectos de esta Ley, se entiende por niño y adolescente a toda persona menor de dieciocho (18) años de edad.
Artículo 3° En la aplicación e interpretación de la presente Ley, de las demás normas y en todas las medidas que adopten o intervengan instituciones públicas o privadas, así como los órganos administrativos o judiciales, será de consideración primordial el interés superior del niño y del adolescente.
Artículo 4° Se entenderá por interés superior del niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos. El Estado lo garantizará en el ámbito de la familia y de la sociedad, brindándoles la igualdad de oportunidades y facilidades para su desarrollo físico, psíquico y social en un marco de libertad, respeto y dignidad. Su objetivo esencial es la prevención y detección precoz de aquellas situaciones de amenaza o violación de los principios, derechos y garantías del niño y del adolescente. Removerá los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho la efectiva y plena realización de sus derechos y adoptará las medidas de acción positiva que los garanticen.
Artículo 5° Los niños y adolescentes tendrán prioridad en la protección y auxilio, cualquiera sea la circunstancia, de atención en los servicios públicos o privados, en la formulación y ejecución de las políticas sociales y en la asignación de los recursos públicos en orden a la consecución de los objetivos de la presente Ley.
Artículo 6° Las organizaciones no gubernamentales especializadas en niños y adolescentes tendrán una participación activa en las políticas de atención de éstos, y su actuación se desarrollará en forma articulada y alternativa de las acciones gubernamentales.
Artículo 7° El Estado respetará y asegurará la aplicación de los derechos de niños y adolescentes sin distinción alguna y adoptará todas las medidas para garantizar que se vean protegidos contra toda forma de discriminación.
GARANTIA A LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Artículo 8° Se garantizará al niño y al adolescente, cualquiera sea la situación en que se encuentre, su contención en el grupo familiar y en su comunidad a través de la implementación de políticas de prevención, promoción, asistencia e inserción social. La separación del niño de su familia constituirá una medida excepcional cuando sea necesaria en su interés superior. La falta o carencia de recursos materiales en ningún caso justificará su separación del grupo familiar.
Artículo 9° Cualquier forma que importe una privación de la libertad de niños y adolescentes debe ser una medida debidamente fundada, bajo pena de nulidad, de último recurso, por tiempo determinado y por el mínimo período necesario, garantizando al niño y adolescente los cuidados y atención inherentes a su peculiar condición de persona en desarrollo. Nunca serán considerados meros objetos de socialización, control o prueba.
Artículo 10° El Estado, la sociedad y la familia tienen el deber de asegurar a los niños y adolescentes la efectivización de los derechos a la vida, salud, libertad, identidad, alimentación, educación, vivienda, cultura, deporte, recreación, formación integral, respeto, convivencia familiar y comunitaria y, en general, a procurar su desarrollo integral. Esta enumeración no es taxativa ni implica negación de otros derechos y garantías del niño y adolescente no enumerados.
Artículo 11 El Estado implementará políticas sociales que garanticen a los niños y adolescentes en la máxima medida posible su derecho intrínseco a la vida, a su disfrute y protección y su derecho a la salud, que permitan su supervivencia y desarrollo integral en condiciones dignas de existencia. Se asegurará el acceso gratuito, universal e igualitario a la atención integral de la salud de los niños y adolescentes.
Artículo 12 A fin de garantizar el acceso al más alto nivel de salud, el Estado adoptará las siguientes medidas:
1) Asegurará a la embarazada, a través de los establecimientos públicos de asistencia a la salud, diagnóstico precoz, atención prenatal y perinatal, así como el apoyo alimentario a la mujer embarazada y al lactante según lo fijen normas técnicas sectoriales. 2) Asegurará a los niños de madres sometidas a medidas privativas de la libertad, la lactancia materna en condiciones dignas por doce (12) meses consecutivos sin que pueda separarse al niño de su madre y garantizará el vínculo permanente entre ellos. 3) Implementará y garantizará la inmunización obligatoria y gratuita a fin de prevenir la morbi-mortalidad infantil. 4) Ejecutará programas que garanticen a todo niño y adolescente el acceso al agua potable, a los servicios sanitarios y a todo servicio básico indispensable para la salud y el pleno desarrollo en un medio sano y equilibrado. 5) Las necesarias para que los niños y adolescentes, y la comunidad en general, conozcan los principios básicos para promover y preservar la salud. 6) Para el desarrollo de la atención sanitaria, la orientación al grupo familiar conviviente, la educación en materia de salud sexual y reproductiva -Ley provincial 2222- tendientes a prevenir el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual. 7) Proporcionará condiciones dignas para que la madre, el padre o la persona responsable del cuidado de niños y adolescentes permanezca todo el tiempo durante el cual se prolongue la internación en establecimientos de salud. 8) Proveerá gratuitamente a niños y adolescentes de escasos recursos, medicamentos, prótesis u otros elementos necesarios para su tratamiento, habilitación y rehabilitación.
Artículo 13 El derecho a la identidad comprende el derecho a una nacionalidad, a un nombre, a su cultura, a su lengua de origen, a conocer quiénes son sus padres y a la preservación de sus relaciones familiares. Para efectivizar el derecho a la identidad de los niños y adolescentes el Estado debe:
1) Adoptar las medidas tendientes a su inscripción inmediatamente después de su nacimiento. 2) Facilitar y colaborar para obtener información, la búsqueda o localización de los padres u otros familiares procurando su encuentro o reencuentro con éstos. 3) Respetar el derecho de éstos a preservar su identidad y prestar asistencia y protección especial cuando hayan sido ilegalmente privados de alguno de los elementos de identidad con miras a restablecerlos rápidamente.
Artículo 14 Los niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, psíquica y social; a la intimidad; a la privacidad; a la autonomía de valores, ideas o creencias, y a sus espacios y objetos personales.
Artículo 15 Los niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados en cualquier ámbito cuando se trate de sus intereses o al encontrarse involucrados personalmente en cuestiones o procedimientos relativos a sus derechos. Se garantizará al niño y al adolescente su intervención en todo proceso judicial o administrativo que afecte sus intereses. La opinión de éstos en los citados procesos será tenida en cuenta y deberá ser valorada, bajo pena de nulidad, en función de su edad y madurez para la resolución que se adopte, tanto administrativa como judicialmente, debiéndose dejar constancia en acta certificada por quien tenga a su cargo la fe pública.
Artículo 16 Se garantizará el derecho de los niños y adolescentes a la igualdad y a la aplicación de las normas de cualquier naturaleza sin discriminación alguna. Se garantizará también el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza; etnia; género; orientación sexual; edad; ideología; religión; opinión; nacionalidad; caracteres físicos; condición psicofísica, social, económica; creencias culturales o cualquier otra circunstancia que implique exclusión o menoscabo de ellos, de sus padres o responsables.
Artículo 17 Se asegurará a los niños y adolescentes con discapacidades el derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad e integración igualitaria y a recibir cuidados especiales.
Artículo 18 Los niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de informarse, opinar, expresarse y participar. Los órganos creados por esta Ley deberán promover la creación de organizaciones juveniles y fortalecer las ya existentes.
Artículo 19 El derecho al respeto y a la dignidad consiste en la inviolabilidad a la integridad y desarrollo físico, psíquico y moral del niño y del adolescente:
1) Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado proteger la dignidad de los niños y adolescentes impidiendo que sean sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a prostitución, explotación sexual o a cualquier otra condición inhumana o degradante. 2) El respeto de los niños y adolescentes consiste en brindarles protección, en otorgarles la oportunidad al despliegue de sus actividades, al desarrollo de sus potencialidades, al goce y ejercicio de sus derechos y al protagonismo en las prácticas ciudadanas acordes con su edad.
Artículo 20 Ningún medio de comunicación, público o privado, difundirá o publicará información o imágenes que infrinjan el derecho al respeto y a la dignidad. Quedando prohibida toda individualización de niños o adolescentes infractores o víctimas de un delito. El juez competente mandará cesar en su conducta, de conformidad con el artículo 1071 bis del Código Civil, al medio que violare dicha prohibición.
PROHIBICION DE REGISTROS
Artículo 21 Queda prohibido la creación de prontuarios policiales con registros de antecedentes por delitos, faltas o contravenciones cometidas por niños y adolescentes.
Artículo 22 Toda persona que tomare conocimiento de situaciones que atenten contra los derechos al respeto y a la dignidad del niño y del adolescente, deberá denunciarlo ante los organismos competentes. Las denuncias serán reservadas, en lo relativo a la identidad de los denunciantes y los contenidos de las mismas.
Artículo 23 La educación de niños y adolescentes será considerada un bien social y su adquisición un derecho inalienable. El Estado lo garantizará como principio en todos los niveles y modalidades, desde los jardines maternales hasta el nivel de educación superior. El Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho sin discriminación de ningún tipo y en igualdad de oportunidades y posibilidades para el ingreso, la permanencia, el egreso y la reinserción con logros equivalentes en todos los ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo. A tal fin asegurará:
1) La obligatoriedad y gratuidad en las franjas de edades comprendidas entre los cinco (5) años y los dieciocho (18) años de edad. 2) La obligatoriedad asistida para estudiantes en condiciones socio-económicas desfavorables, implementando programas que atiendan la cobertura de salud, alimentación, asistencia psicopedagógica, becas y otros servicios que permitan favorecer la igualdad de oportunidades. 3) El derecho de niños y adolescentes con necesidades especiales, implementando medidas que les garantice acceder a la educación en todos sus niveles, recibiendo cuidados y atención especial que tiendan a su progresiva integración en el sistema y a su plena inserción social.
GARANTIAS MINIMAS EDUCATIVAS
Artículo 24 Todos los niños y adolescentes gozarán de los siguientes derechos:
1) A acceder a los más altos niveles de formación, conforme con su vocación y aptitudes. 2) A la atención de su desarrollo cultural, cognitivo, social, ético, estético y físico. 3) A nuclearse en centros, asociaciones u organismos estudiantiles y/o federarse para participar del proceso educativo, de acuerdo a las posibilidades de su edad, ejerciendo prácticas democráticas a partir de la convivencia pluralista. 4) A tener acceso a la información disponible sobre todos los aspectos relativos a su proceso educativo. 5) A que su rendimiento educacional sea evaluado conforme a criterios académicos y científicos compatibles con las características de su proceso educativo, de su condición social, cultural y étnica y con el nivel evolutivo alcanzado en cada caso. 6) A concurrir a establecimientos seguros y adecuados al proceso de enseñanza-aprendizaje.
DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Artículo 25 Los niños y adolescentes tienen derecho a ser criados y cuidados por sus padres y a permanecer en su grupo familiar de origen, en una convivencia sustentada en vínculos y relaciones afectivas y comunitarias. La carencia o insuficiencia de recursos materiales del padre, madre o responsable, no constituye causa para la separación de los niños y adolescentes de su grupo familiar. La convivencia dentro de otros grupos familiares constituirá una medida excepcional y transitoria.
DERECHO A LA RECREACION, JUEGO, DEPORTE Y DESCANSO
Artículo 26 Los niños y adolescentes tiene derecho a la recreación, al juego, al deporte y al descanso. El Estado implementará actividades culturales, deportivas y de recreación, promoviendo el protagonismo de los niños y adolescentes y la participación e integración de aquellos con necesidades especiales.
Artículo 27 El Estado adoptará las medidas adecuadas para prevenir y reprimir la explotación de niños y adolescentes, y la violación de la legislación laboral vigente. Desarrollará programas de apoyo familiar que permitan poner fin a la situación de niños y adolescentes descripta en el párrafo anterior.
Artículo 28 Incumbe a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo de sus hijos para su protección y formación integral. El Estado respetará sus derechos y deberes y les prestará la ayuda necesaria para su ejercicio con plenitud y responsabilidad.
DE LAS POLITICAS PUBLICAS
Artículo 29 Las políticas públicas de protección integral de derechos de la niñez, adolescencia y familia, entendida como el accionar conjunto del Estado en sus distintos niveles de jerarquía y la sociedad civil, tienen como objetivo la materialización de los derechos fundamentales consagrados en la presente Ley y se orientan en los siguientes ejes conceptuales:
1) Descentralizar administrativa y financieramente la aplicación del conjunto de programas específicos relativos a las políticas de protección integral, a fin de garantizar mayor autonomía y eficiencia en su implementación. 2) Elaborar, articular y evaluar programas específicos de las distintas áreas de salud, educación, vivienda, trabajo, deporte, cultura, seguridad pública y seguridad social, con criterio de intersectorialidad, interdisciplinariedad y participación activa de la sociedad. 3) Propiciar la constitución y desarrollo de organizaciones de defensa de los derechos de niños y adolescentes, promoviendo su participación, y generando los espacios institucionales acordes. 4) Promover e implementar programas sociales de fortalecimiento familiar con el objetivo de garantizar la integridad física, psíquica, moral y social de niños y adolescentes.
Artículo 30 Se adoptarán medidas de protección especial en caso de amenaza o violación de los derechos de niños y adolescentes para la conservación o recuperación de su ejercicio y la reparación de sus consecuencias. Serán limitadas en el tiempo y durarán mientras persistan las causas que le dieron origen.
Artículo 31 Los organismos competentes implementarán acciones sociales de protección especial que proporcionen escucha, atención, contención y ayuda necesaria a los niños y adolescentes y a quienes cuiden de ellos.
Artículo 32 Ante la amenaza o violación de los derechos establecidos en esta Ley, podrá disponerse la aplicación de las siguientes medidas:
1) Orientación, apoyo y seguimiento psico-social en programas gubernamentales o no gubernamentales, a niños y adolescentes, sus familias o responsables. 2) Indicación de matrícula y asistencia obligatoria en establecimientos de enseñanza básica. 3) Indicación de tratamiento específico en las diferentes modalidades de atención médica psicológica y de acuerdo a la problemática bio-psico-social presente. 4) Albergue en entidad pública o privada, de carácter provisorio y excepcional, aplicable en forma transitoria hasta el reintegro a su grupo familiar o incorporación a una modalidad de convivencia alternativa.
Las medidas enunciadas en los incisos 1), 2) y 3) podrán ser dispuestas en forma directa por la autoridad administrativa de aplicación. La enunciada en el inciso 4), deberá ser ordenada por autoridad judicial competente.
Artículo 33 Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, las medidas de protección a aplicar son los programas sociales establecidos por las políticas públicas, que deben brindar orientación, ayuda, apoyo, con miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar responsable del cuidado de los niños y adolescentes.
Artículo 34 Ante evidencia o posibilidad cierta de maltrato, presión o abuso sexual por cualquier padre o responsable del niño o adolescente, la autoridad judicial podrá disponer, como medida cautelar, la exclusión del agresor de la vivienda común.
AUTORIDAD DE APLICACION. FUNCIONES
Artículo 35 El Poder Ejecutivo, por medio del organismo que la Ley de Ministerios determina, es autoridad de aplicación de la presente Ley.
Artículo 36 El Poder Ejecutivo, a través de su organismo especializado, promueve y articula las políticas públicas de protección integral de la niñez, de la adolescencia y de la familia, coordinando su accionar con los organismos estatales de cualquier jerarquía y con las organizaciones de la sociedad civil implicadas en la temática, de conformidad con la presente Ley.
Artículo 37 Le corresponde:
1) Elaborar e implementar programas de prevención, asistencia y protección de niños y adolescentes para garantizar su pleno desarrollo como personas, reconociendo a la familia como núcleo principal para su desenvolvimiento. 2) Intervenir en aquellas situaciones que impliquen perjuicio o abuso físico o psíquico, malos tratos, explotación o abuso sexual de niños o adolescentes, se encuentren o no bajo la custodia de los padres, de tutor o de guardador, para asegurar su protección; todo ello mediante la intervención del juez competente. En situaciones de urgencia el organismo competente podrá ejecutarlas con carácter preventivo debiendo dar cuenta al defensor de la Niñez y Adolescencia, e intervención al juez competente, dentro de las veinticuatro (24) horas de dispuesta. 3) Implementar programas y servicios alternativos a la institucionalización, a la que sólo podrá recurrirse en forma excepcional, subsidiaria y por el lapso más breve posible, debiéndose propiciar el regreso de niños y adolescentes a su grupo de pertenencia o medio familiar. 4) Diseñar, implementar y realizar el seguimiento de programas de prevención, protección y asistencia relativos a:
a) Las familias involucradas en situaciones de amenaza o violación de los derechos consagrados en la presente como consecuencia de necesidades básicas insatisfechas (NBI), con el objetivo de la sustentación y fortalecimiento del grupo o familia responsable de los niños y adolescentes. b) El fortalecimiento familiar, dando prioridad a programas de prevención y atención de la población inmersa en el abandono, maltrato, abuso o explotación. c) Garantizar servicios adecuados para que los niños, adolescentes y las familias que consideran vulnerados sus derechos reciban atención legal, psicológica y social. d) La capacitación para generar condiciones apropiadas que favorezcan la protección integral de la niñez y adolescencia. e) El cumplimiento de las disposiciones legales en favor de la niñez y adolescencia, debiendo denunciar ante los organismos judiciales las infracciones a las leyes vigentes en la materia.
5) Participar en la formulación de las políticas de comunicación, para que los medios respectivos contribuyan a la defensa y promoción de los derechos del niño y del adolescente. 6) Dar a conocer, a través de los medios de comunicación, los programas y acciones que se desarrollan. 7) Propiciar el conocimiento efectivo de sus derechos por los niños y adolescentes, facilitando su ejercicio pleno. 8) Recabar, recibir y canalizar las inquietudes de niños y adolescentes. 9) Propiciar servicios de identificación y localización de los padres, madres y responsables de niños y adolescentes. 10) Realizar los estudios y diagnósticos necesarios y permanentes a fin de conocer el comportamiento de los indicadores sociales referentes al bienestar de los niños y adolescentes. 11) Evaluar periódicamente, cualitativa y cuantitativamente, los programas implementados. 12) Propiciar la participación de la sociedad civil en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas a desarrollar. 13) Crear un registro de las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la problemática de la niñez y adolescencia. 14) Implementar mecanismos de aprobación, seguimiento y evaluación de las metodologías y actividades de las organizaciones no gubernamentales, con o sin fines de lucro, que desarrollen acciones dirigidas a la niñez, adolescencia y familia, a fin de lograr su coordinación con las políticas públicas. 15) Elaborar, por sí o mediante convenios con otras instituciones, programas de capacitación del personal de instituciones públicas y privadas que se encuentren al cuidado de niños y adolescentes a fin de garantizar la calidad e idoneidad de los servicios prestados.
Artículo 38 Créase el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia como órgano consultivo y de asesoramiento en la planificación de políticas públicas de la niñez, adolescencia y familia, y para impulsar la participación institucional de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la temática de la niñez y adolescencia.
Artículo 39 El Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia se integra:
1) Con la máxima autoridad de la materia en el ámbito del Poder Ejecutivo. 2) Con un (1) representante de máxima jerarquía de cada área de competencia vinculada a la problemática de la niñez, adolescencia y familia, por Ministerio. 3) Con especialistas designados por la Honorable Legislatura Provincial, en proporción a su composición política. 4) Con un (1) magistrado y un (1) defensor de la Niñez y Adolescencia, designados por el Tribunal Superior de Justicia.
1) Con cuatro (4) representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que desarrollen sus actividades en favor de la niñez y adolescencia, que estén debidamente registradas. 2) Con un (1) representante por las Iglesias reconocidas en la jurisdicción. 3) Con cuatro (4) representantes de organizaciones de niños y adolescentes que representen diferentes espacios de inserción social.
Artículo 40 Los integrantes del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia acceden al ejercicio honorario de sus funciones por su especial idoneidad en el tema.
Artículo 41 El Consejo tiene una Mesa Coordinadora Ejecutiva presidida por la máxima autoridad de la materia en el ámbito del Poder Ejecutivo e integrada por cuatro (4) miembros más, cuya designación será efectuada anualmente a simple pluralidad de votos en la primera sesión del Consejo. Su designación puede ser revocada en cualquier momento, por justa causa, debiéndose elegir inmediatamente a su reemplazante.
Artículo 42 Corresponde al Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia:
1) Diseñar y propiciar, con el máximo consenso, la política de Estado en el área de los niños y adolescentes en todo el ámbito provincial, articulando transversalmente la acción de gobierno. 2) Asesorar a las distintas áreas del Poder Ejecutivo que tengan relación con la temática de su competencia. 3) Incentivar la coordinación y la ejecución de acciones en las instituciones públicas y privadas destinadas a la protección de niños y adolescentes, propiciando la participación de la sociedad civil. 4) Proponer y diseñar estrategias destinadas a promover el respeto hacia los niños y adolescentes y la responsabilidad familiar y comunitaria hacia los mismos. 5) Coordinar la planificación, ejecución y evaluación del conjunto de las políticas sociales para la niñez, a fin de evitar la omisión o la superposición de la oferta de servicios. 6) Participar en la formulación de las políticas de comunicación, para que los medios respectivos contribuyan a la defensa y promoción de los derechos del niño y del adolescente. 7) Propiciar la creación de Consejos Municipales de la Niñez y Adolescencia, con el objeto de garantizar la participación conjunta de la sociedad civil y los estados municipales como conocedores de su propia realidad en la temática. 8) Impulsar acciones de formación y capacitación permanente al personal de las instituciones públicas y privadas que se encuentren al cuidado de niños, a fin de garantizar la calidad de los servicios prestados. 9) Promover programas de capacitación para generar condiciones apropiadas que favorezcan la protección integral de niños y adolescentes. 10) Crear comisiones de trabajo permanentes y transitorias, generales y especiales, para profundizar el análisis de proyectos, planes y acciones que emanen de la propia iniciativa del Consejo, o por solicitud de entes públicos o privados. 11) Dictar su reglamento interno dentro de los noventa (90) días de su conformación.
Artículo 43 La Justicia de la Niñez, Adolescencia y Familia se integran con los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y los Juzgados Penales del Niño y Adolescente.
Artículo 44 Los Juzgados de Familia y los Juzgados Penales de la Niñez y Adolescencia contarán con el auxilio de un equipo interdisciplinario, en las condiciones que fije la reglamentación.
DE LA JUSTICIA CIVIL DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Artículo 45 La Justicia Civil de la Familia, Niñez y Adolescencia se integra con los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia que contarán con dos (2) Secretarías letradas cada uno. En la II Circunscripción el actual Juzgado de Menores tendrá, además de su competencia Penal, la Civil prevista en los incisos 18) -cuando aparezca como víctima de la violencia un niño o adolescente-, 19) y 21), del artículo 48, correspondiendo al Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería el resto de la competencia detallada en el precitado artículo. En las demás Circunscripciones, mientras no existan estos órganos, la competencia de los jueces de Familia la ejercerán los actuales Juzgados con competencia Civil.
Artículo 46 En las causas del fuero de Familia no se admitirá la recusación sin causa. Los jueces de Familia se subrogarán recíprocamente y, en su defecto, por los Juzgados Civiles en la forma que dispone la Ley orgánica.
Artículo 47 Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral serán competentes para intervenir en los recursos deducidos contra las decisiones de los Juzgados de Familia.
Artículo 48 Los Juzgados de Familia tendrán la siguiente competencia:
1) Separación personal, divorcio vincular y liquidación de la sociedad conyugal, con excepción de las cuestiones relativas al Derecho Sucesorio. 2) Separación judicial de bienes. 3) Nulidad de matrimonio. 4) Acciones de estado relativas a la filiación. 5) Acciones relativas al ejercicio, suspensión, privación y restitución a la patria potestad. 6) Tenencia y régimen de visitas. 7) Acciones relativas a la prestación alimentaria. 8) Tutela, curatela e inhabilitación. 9) Adopción, su nulidad y revocación. 10) Autorización para contraer matrimonio, disenso y dispensa de edad. 11) Autorización supletoria del artículo 1277 del Código Civil. 12) Emancipación de menores por habilitación de edad y su revocación. 13) Autorización para gravar y disponer de bienes de menores e incapaces. 14) Medidas de internación de enfermos mentales, alcohólicos crónicos y toxicómanos (artículo 482 del Código Civil). 15) Cuestiones relativas al nombre, estado civil y capacidad de las personas. 16) Litisexpensas y toda causa conexa, incidental, trámites auxiliares, preparatorios, cautelares y sus cancelaciones, tercerías, juicios accesorios y ejecución de sus decisiones, en relación a las enumeradas en el presente artículo. 17) Inscripción de matrimonios extranjeros. 18) Acciones emergentes de la Ley 2212, y decisiones relativas a la situación jurídica de niños y adolescentes cuyos derechos se vean amenazados o violados por parte de algún integrante de su grupo familiar. 19) Las acciones que se promuevan para evitar, impedir o restablecer el ejercicio y goce de los derechos de niños y adolescentes. 20) Homologación de acuerdos celebrados por los defensores oficiales y abogados en la matrícula en cuestiones de familia que sean disponibles por las partes y no comprometan el orden público. 21) Cualquier otra cuestión principal, conexa o accesoria, referida al derecho de familia, del niño y del adolescente con excepción de las cuestiones relativas al Derecho Sucesorio.
Artículo 49 El defensor de los Derechos del Niño y Adolescente, deberá velar por la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes. Será ejercida por su titular, los defensores adjuntos, un equipo interdisciplinario y personal administrativo. Sus funciones y atribuciones, además de las establecidas en el artículo 59 del Código Civil y en la Ley Orgánica de Tribunales, serán:
1) Defender los derechos de los niños y adolescentes por sobre cualquier otro interés o derecho, privilegiando siempre su interés superior. 2) Asesorar jurídicamente al niño y al adolescente, su familia y sus instituciones. 3) Promover y ejercer las acciones para la protección de los derechos individuales e intereses de incidencia colectiva, difusos o colectivos relativos a la infancia. 4) En todos los casos que sea posible, realizará intervenciones alternativas a la judicialización del conflicto. 5) Interponer acciones para la protección de los derechos individuales, amparo, hábeas data o hábeas corpus, en cualquier instancia o tribunal, en defensa de los intereses sociales e individuales no disponibles relativos al niño y al adolescente. 6) Dar intervención al fiscal ante la eventual comisión de infracciones a las normas de protección a la niñez y adolescencia, sin perjuicio de la responsabilidad civil, de los funcionarios particulares y del Estado, cuando correspondiera. 7) Inspeccionar las entidades públicas y particulares de atención y los programas, adoptando prontamente las medidas administrativas o judiciales necesarias para la remoción de irregularidades comprobadas que restrinjan sus derechos. 8) Asesorar a los niños, adolescentes y sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su problemática. 9) Requerir la colaboración policial, de los servicios médicos, educacionales y de asistencia social, públicos o privados, para el desempeño de sus atribuciones. 10) Requerir el auxilio de la fuerza pública para la efectivización de sus funciones. 11) Intervenir en todas las causas judiciales en primera y segunda instancia. 12) En el procedimiento penal su intervención no desplazará al defensor penal.
En las circunscripciones judiciales en que no exista el defensor de los Derechos del Niño y Adolescente, las funciones de éste serán ejercidas por el defensor oficial civil correspondiente.
Artículo 50 Los Juzgados de Familia aplicarán los procedimientos establecidos en la presente Ley y en la legislación procesal civil vigente, debiendo garantizar el estricto cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Artículo 51 Se aplicarán las siguientes previsiones:
1) Respecto de las medidas cautelares de contenido patrimonial que se decreten en procesos de familia, la acción principal habrá de promoverse en el plazo de quince (15) días bajo apercibimiento de caducidad de la medida. 2) En cuanto a las medidas cautelares que se refieran a las personas, será de aplicación el criterio establecido en el artículo 202 del Código Procesal Civil y Comercial. 3) En forma previa a la adopción de medidas cautelares relativas a la situación jurídica de niños y adolescentes, el juez de Familia recabará la opinión de las partes, del equipo interdisciplinario y de los organismos pertinentes, debiendo fundar, bajo pena de nulidad, aquellas que lo modifiquen, dando intervención al defensor civil del Niño y del Adolescente. Cuando existiese urgencia o circunstancias graves, la decretará provisionalmente, debiendo dar cumplimiento al requisito establecido en el párrafo anterior dentro de los cinco (5) días de efectivizada. 4) En el supuesto contemplado en el artículo 34, se podrán adoptar las medidas cautelares previstas en el capítulo IV de la Ley 2212, con los recaudos establecidos en el inciso 3).
Artículo 52 En casos de urgencia, y cuando el derecho invocado sea manifiestamente atendible, procederá el dictado de medidas autosatisfactivas.
Artículo 53 El presente régimen penal es aplicable a todo niño o adolescente punible, según la legislación nacional, imputado de delito en la jurisdicción territorial de la Provincia del Neuquén.
Artículo 54 La Justicia Penal de Niños y Adolescentes se integra por un (1) Juzgado Penal de Garantías para Niños y Adolescentes y por un (1) Tribunal Penal de Juicio para Niños y Adolescentes, constituido por tres (3) jueces. Cada uno de dichos órganos contará con una Secretaría Letrada. Los jueces deberán tener formación especializada en la materia. En la I Circunscripción Judicial, y mientras no se creen dichos órganos, se conformará con dos (2) Juzgados Penales del Niño y Adolescente. El juez que intervenga en el control de la investigación no podrá intervenir en la etapa de juicio. Cada Juzgado contará con una Secretaría Letrada. En las restantes circunscripciones judiciales de la Provincia, serán Juzgados Penales de Garantías y Juzgado Penal de Juicio de Niños y Adolescentes los órganos judiciales que actualmente tienen adjudicada competencia penal en materia de menores.
Artículo 55 Serán parte esencial en el proceso penal a que se refiere la presente Ley el defensor penal del Niño y del Adolescente y el fiscal.
Artículo 56 Los jueces penales de Garantías para Niños y Adolescentes serán subrogados, en primer lugar, por jueces penales de Juicio para Niños y Adolescentes. Los jueces penales de Juicio para Niños y Adolescentes serán subrogados, en primer término, por el juez penal de Garantías para Niños y Adolescentes. Al establecerse el orden subsiguiente de subrogancia se tendrá en cuenta, prioritariamente, la especialidad penal y en materia de niños y adolescentes.
Artículo 57 La competencia de cualquiera de los órganos estará dada por el lugar y fecha de comisión del hecho investigado.
1) El Juzgado Penal de Garantías para Niños y Adolescentes es competente para ejercer el control de legalidad y de legitimidad constitucional de la investigación dirigida por el fiscal, en relación a los delitos atribuidos a niños y adolescentes punibles respecto de los cuales el fiscal haya promovido la correspondiente acción penal. 2) El Tribunal Penal de Juicio para Niños y Adolescentes es competente para:
a) El juzgamiento oral en única instancia de los niños y adolescentes punibles. El juzgamiento comprenderá la declaración de responsabilidad o de irresponsabilidad penal y, en audiencia aparte, la imposición o no de pena. b) Resolver, en grado de apelación, los recursos interpuestos contra resoluciones del Juzgado Penal de Garantías para Niños y Adolescentes.
3) En las circunscripciones judiciales en las que la función penal de garantía y de juicio sean cumplidas por el mismo órgano, serán competentes los Juzgados Correccionales para resolver las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los Juzgados Penales de Garantía de Niños y Adolescentes. En la IV y V Circunscripción Judicial será competente el Juzgado Correccional de la III Circunscripción.
CAUSAS CON MAYORES Y MENORES IMPUTADOS
Artículo 58 Cuando en relación a los mismos hechos penales se encuentren imputados conjuntamente niños y adolescentes, por una parte, y mayores de dieciocho (18) años, por la otra, serán competentes para la tramitación de las causas seguidas contra los menores los Juzgados Penales de Garantías y de Juicio establecidos en la presente Ley. Las decisiones de los órganos judiciales con competencia penal en niños y adolescentes no podrán ser, en ningún caso, más gravosas para el joven que las dictadas por los jueces penales con competencia para personas de dieciocho (18) años o más. El incumplimiento de esta disposición será causal del recurso de casación o, si la sentencia estuviere firme, de revisión.
Artículo 59 El fiscal, como titular exclusivo de la acción penal, tendrá a su cargo la dirección de la investigación de los delitos que sean de competencia del Juzgado Penal de Garantías para Niños y Adolescentes. Actuará también en la etapa de plenario. En las circunscripciones judiciales en las que actúen varios fiscales, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia podrá designar a uno o más de uno para intervenir exclusiva o especialmente en causas seguidas a niños o adolescentes.
DEL DEFENSOR PENAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
Artículo 60 El defensor penal del Niño y Adolescente, sea oficial o particular, tendrá como función primordial la asistencia técnica del joven y la defensa de sus derechos. A él deberán notificarse previamente, bajo pena de nulidad, todos y cada uno de los actos procesales que puedan afectar sus derechos. En la I Circunscripción Judicial, la defensa oficial será ejercida por el defensor penal del Niño y el Adolescente. Estará a cargo de un (1) defensor con formación especializada en la materia y contará con un (1) defensor adjunto que podrá intervenir en todos los asuntos y actos en que deba hacerlo el defensor titular. En las restantes circunscripciones judiciales, en tanto no se creen Defensorías Penales de la Niñez y Adolescencia, actuarán los defensores oficiales con competencia penal.
Artículo 61 En el control de la investigación y en el juzgamiento de los hechos imputados a niños y adolescentes punibles, los jueces procederán de conformidad a las reglas que se establecen en este capítulo. A los niños y adolescentes les serán respetados, además de las garantías y derechos de los adultos, las que le corresponden por su condición especial.
Artículo 62 Todo niño tiene derecho a ser tratado con humanidad y respeto, conforme a las necesidades inherentes a su edad, y a gozar de todos los derechos y garantías previstas en la Constitución nacional y en las normas contenidas en la presente Ley. En especial y, entre otros, tendrá los siguientes derechos y garantías:
1) A ser investigado por un fiscal independiente y juzgado por un órgano judicial con competencia específica, formación especializada en la materia, independiente e imparcial. 2) A no ser juzgado sino por acciones u omisiones descriptas, como delito o contravención, en una ley anterior al hecho del proceso, que permita su conocimiento y comprensión como tales. 3) A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad a través de una sentencia firme de condena, debiendo ser tratado como tal durante todo el proceso. 4) A no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni constreñido a participar activamente en actos de contenido probatorio. 5) A ser informado por la autoridad judicial, desde el comienzo del proceso y sin demora, directamente o a través de sus padres o representantes legales, de los hechos que se le atribuyen, su calificación legal y las pruebas existentes en su contra. 6) A nombrar abogado defensor, por sí mismo o a través de sus representantes legales, desde la existencia de una imputación en su contra, con independencia de que se haya o no dado formal iniciación al proceso. Si no hiciere uso de ese derecho, será su defensor el defensor oficial con competencia penal en la materia, haya sido o no designado y con independencia de que se le haya dado o no participación en el proceso. Sin perjuicio de ello, al defensor que corresponda debe acordársele formal intervención a partir de la imputación. El defensor deberá asistirlo durante todo el proceso y especialmente antes de la realización de cualquier acto en el que intervenga. La defensa del niño y adolescente es irrenunciable y debe prestarse en forma real y efectiva. 7) A no declarar durante todo el proceso y a no ser llamado a tal fin por ninguna autoridad, pudiendo ser oído personalmente sólo por el juez interviniente y únicamente en caso de ser expresamente solicitado por el niño o adolescente. También tendrá derecho a presentar su descargo por escrito. El niño y adolescente podrá prestar declaración, verbal o escrita, en cualquier instante del proceso, debiendo ser ella recibida, bajo pena de nulidad, previa asistencia técnica. La autoridad policial no podrá recibir declaración al niño y adolescente en ningún caso. 8) A la igualdad procesal de las partes, pudiendo producir todas las pruebas que considere necesarias para su defensa. 9) A no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación, debiéndose respetar su vida privada en todas las etapas del procedimiento. 10) A que su situación frente a la atribución delictiva que se le formule sea decidida sin demora, en una audiencia oral y contradictoria, basada en una acusación, con plenas garantías de igualdad y de defensa.
Artículo 63 Queda prohibida la divulgación de cualquier dato referente a la identificación de niños o adolescentes imputados o víctimas de delitos, abarcando, en particular, las fotografías, referencias al nombre, sobrenombre, filiación, parentesco o cualquier otro dato que posibilite la identificación. Tanto al detener a un niño o adolescente, como al hacer averiguaciones respecto de los hechos imputados a éstos o cometidos en su perjuicio, los funcionarios que intervengan deberán guardar absoluta reserva, evitando el conocimiento público y cualquier clase de publicidad, debiendo poner el mayor celo en la privacidad del niño o adolescente. En todo momento deberá respetarse la identidad y la imagen del menor.
Artículo 64 Para la investigación de cualquier causa será condición de validez la promoción de acción penal por parte del fiscal. Si la denuncia se interpusiera ante la policía, ésta deberá elevar inmediatamente las actuaciones al fiscal para que decida acerca de su promoción. Tanto si la denuncia ha sido interpuesta ante la policía como ante el fiscal, este último, sin perjuicio de la investigación que sea necesaria en cada supuesto, podrá promover la acción penal o solicitar el archivo de las actuaciones. Si el juez de Garantías se opusiere al archivo, la causa será enviada en consulta al fiscal de Cámara, quien acordará intervención a otro fiscal u ordenará el archivo definitivo. Si se le hubiera acordado intervención a otro fiscal, este último tendrá plena libertad de promover la acción penal o de insistir en el archivo. La insistencia en el archivo será irrevisable. La solicitud de archivo tomará en consideración las circunstancias que se vinculen con la gravedad del hecho, la forma y grado de participación, la reparación del daño causado en la medida de lo posible o el compromiso de reparación asumido por el niño o sus padres, las consecuencias del hecho, el contexto familiar y social de aquél, y el pronóstico sobre el logro de los objetivos de mantenimiento o fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. Podrá tomarse en cuenta el resultado favorable de una mediación, en virtud de la cual se haya logrado una composición del conflicto. En todos los casos el archivo deberá fundarse en el interés superior del niño.
INSTRUCCION ABREVIADA
Artículo 65 La instrucción abreviada sólo podrá ser dispuesta por el órgano judicial cuando exista consentimiento del niño o adolescente, expresado a través de quien ejerza su defensa técnica.
Artículo 66 Iniciada la investigación tendiente a la comprobación del delito imputado, en caso de estimarlo necesario y cuando hubiere sospecha suficiente de responsabilidad penal en relación a un hecho probado, el juez podrá, por auto fundado y bajo pena de nulidad, adoptar las medidas de carácter urgente y provisional que se consideren imprescindibles para custodiar los fines del proceso, dentro de las previstas en la presente Ley.
Artículo 67 El arresto del niño o adolescente sólo se llevará a cabo en forma absolutamente excepcional, cuando el delito imputado estuviere conminado con un máximo de pena privativa de libertad mayor de diez (10) años y sólo cuando fuere absolutamente indispensable para hacer cesar los efectos del delito o para asegurar su comparencia ante actos procesales esenciales, siempre que se constatare la plena existencia del hecho y la probabilidad de participación responsable del niño o adolescente y en la medida en que, fundamentalmente, se comprobare el fracaso o inidoneidad de las medidas no privativas de libertad previstas en el artículo 71 de esta Ley. En estos casos excepcionales, el plazo del arresto no podrá superar los treinta (30) días. El arresto excepcional deberá cesar antes de su tiempo máximo cuando hubieran desaparecido los motivos que lo fundaron, pudiendo ser sustituido en cualquier momento por una medida no privativa de la libertad. La apelación interpuesta por el niño o adolescente o su defensa contra el arresto excepcional deberá ser resuelta en el término perentorio de tres (3) días. Transcurridos esos tres (3) días sin que haya mediado resolución, deberá ser puesto inmediatamente en libertad, perdiendo jurisdicción el órgano judicial de apelación. El arresto excepcional deberá ser cumplido en un lugar de alojamiento adecuado, que no tenga estructura carcelaria ni ponga en contacto con los niños y adolescentes a personal alguno de seguridad.
COMUNICACION INMEDIATA DE LA DETENCION EN CASO DE FLAGRANCIA
Artículo 68 El niño o adolescente sólo podrá ser detenido en caso de flagrancia y en relación a delitos que habilitan su punibilidad. La detención deber ser comunicada de inmediato al juez competente por la autoridad que la practique, debiendo ésta conducirlo inmediatamente ante aquél.
Artículo 69 El niño tiene derecho a la identificación de los responsables de su detención, debiendo ser informados por éstos acerca de la totalidad de sus derechos y, en particular, de la prohibición de recibir su declaración por parte de toda autoridad distinta a la judicial que corresponda y su derecho a no declarar ante el juez competente y a ser oído personalmente por éste. Asimismo se le hará saber, en forma clara y sencilla, la naturaleza del delito que se le atribuye y las pruebas que obren en su contra. La detención también será comunicada inmediatamente a su familia y a la persona por él indicada. Será deber de la autoridad que lo detiene permitir que el niño o adolescente se comunique telefónicamente (o del modo que sea posible), en forma inmediata, con la persona que él disponga.
Artículo 70 Compareciendo cualquiera de los padres o responsables, el niño será prontamente liberado por la autoridad policial, bajo compromiso de presentarse ante el juez cuando éste lo indique. En caso de que aquéllos no comparecieren, la autoridad de detención conducirá al niño o adolescente en forma inmediata ante el juez competente. De no ser posible la presentación inmediata de los padres o del responsable, la autoridad que lo detuvo lo enviará a la entidad o programa de atención existente, la que efectivizará sin dilación la presentación ante el juez. De no presentarse el niño o adolescente ante el juez, éste intimará a los padres o responsables de su presentación, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para lograr su comparencia en caso de estricta necesidad. En este caso, en las localidades donde no existiera una entidad o programa de atención, la presentación ante el juez se hará a través de la autoridad policial, en el plazo más breve posible. En estos casos, a falta de una dependencia especializada, el niño o adolescente aguardará la presentación ante el juez en un local separado al destinado a personas mayores de edad, sin que sea permitido, en ninguna hipótesis, su permanencia en las celdas o lugares comunes de dependencias policiales o en establecimientos carcelarios. En caso de que no pudiera mantenerse en tales condiciones por falta de local adecuado, será puesto inmediatamente en libertad. El juez siempre podrá disponer la inmediata libertad del niño o adolescente sin perjuicio de la prosecución de la causa. En tal caso procurará dejar al niño o adolescente con su familia o guardadores, pero si esto no fuera posible el órgano judicial lo entregará a otra persona en guarda o bien lo derivará a un programa o entidad de atención.
Artículo 71 Durante el proceso el juez podrá imponer, siempre que exista plena prueba del delito y probabilidad de participación responsable en el delito, y de acuerdo a lo que resulte más adecuado a la situación y al interés del niño o adolescente con audiencia de la defensa y de los padres o representantes, alguna o algunas de las siguientes instrucciones o condiciones provisorias que tengan relación con la problemática del caso investigado:
1) Mantener al niño o adolescente en su núcleo de socialización primaria o familiar, bajo asesoramiento, orientación o periódica supervisión. 2) Colocarlo bajo el cuidado de otra persona, familiar o no, sólo si la medida prevista en el inciso anterior fuese manifiestamente inconveniente y perjudicial al niño o adolescente, debiendo efectuar las derivaciones correspondientes en caso de ser necesaria la remoción de aquellos obstáculos de orden socio-económico que impiden el digno desarrollo de la vida familiar. 3) Establecer un régimen de libertad asistida, confiando al niño o adolescente al cuidado de sus padres, tutor, guardador o persona de confianza. 4) Incluirlo en programas de enseñanza u orientación profesional. 5) Asistir a cursos, conferencias o sesiones informativas. 6) Adquirir determinado oficio, estudiar o dar prueba de un mejor rendimiento en estas actividades. 7) Someterse a tratamiento médico necesario en caso de enfermedad, a cargo de profesionales o en establecimientos oficiales o privados de atención de la especial problemática de salud o de adicciones que pudiere presentar o someterse a tratamiento psicológico necesario. 8) Arraigo familiar. 9) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o de ingerir determinados elementos que, sin encontrarse prohibidos para otros casos, en éste puedan ser considerados inconvenientes. 10) Omitir el trato con determinadas personas o que frecuenten ciertos lugares o locales donde se desarrollen actividades que pudieran colocar al niño en situación de riesgo. 11) Practicar deportes.
PARTES OBLIGADAS. RECURRIBILIDAD
Artículo 72 En la imposición de las medidas, serán partes obligadas el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, los que serán oídos previamente a la resolución fundada del Tribunal. La decisión del Tribunal será apelable para la defensa.
Artículo 73 Cuando el Tribunal competente, en cualquier estado del proceso, determinara que el hecho imputado no da lugar a responsabilidad penal, deberá ordenar el cese de las medidas que hubiere adoptado. También deberá hacerse cesar en forma inmediata toda medida impuesta cuando desaparecieran los presupuestos de su imposición.
Artículo 74 Las medidas precedentes tenderán a lograr la adecuada solución a la problemática que presente el niño o adolescente, privilegiando aquellas cuya finalidad sea el mantenimiento y fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios. Podrán ser aplicadas, aislada o conjuntamente, mientras sean compatibles entre sí, así como sustituidas unas por otras, en cualquier tiempo, siempre por resolución fundada del órgano judicial interviniente.
Artículo 75 En todos los casos se fijará, por auto fundado, la duración máxima de la medida impuesta, debiendo ordenarse su cese, de oficio o a pedido de parte, cuando la situación hubiere cambiado y no fuera necesaria o conveniente su imposición. Sin perjuicio de ello, el cumplimiento de una instrucción cesará cuando se produzcan resultados favorables a la luz de los objetivos señalados para su aplicación. Podrán ser prorrogadas a su vencimiento por decisión fundada. En ningún caso la medida podrá extenderse más allá de lo que dure el proceso. Será obligatoria su revisión periódica, más allá del examen obligatorio que corresponde efectuar en todos aquellos casos en que lo solicite el niño o adolescente o su defensor, en cuya hipótesis sólo podrá decidirse su continuación por auto fundado.
Artículo 76 Toda vez que se impongan instrucciones judiciales, el niño o adolescente y sus padres, tutores o guardadores serán debidamente advertidos de las sanciones que pudieran aplicárseles ante un eventual quebrantamiento.
Artículo 77 La colocación del niño o adolescente en casa de familia supletoria, podrá imponerse cuando faltaren los padres, tutores o guardadores. A tal efecto el órgano judicial podrá ordenar informes sobre la familia supletoria. El juez deberá oír al niño o adolescente en audiencia privada. De ser posible, el juez obtendrá el consenso de los padres, tutores o guardadores para la colocación en otra familia, a cuyos efectos convocará a éstos a una audiencia previa.
Artículo 78 El juez podrá imponer a quienes hubiera confiado al niño o adolescente las instrucciones, mandatos o condiciones que estime corresponder al caso, cuyo incumplimiento podrá ser sancionado con la suspensión de la guarda otorgada.
Artículo 79 El régimen de libertad asistida se cumplirá bajo la supervisión de la asistente o instancia administrativa o comunitaria destinada para la asistencia, tendiendo en lo esencial al efectivo cumplimiento de las órdenes especiales para el caso o implementación de actividades orientativas para el niño o adolescente.
Artículo 80 El arraigo familiar consistirá en la entrega del niño o adolescente a sus representantes legales, por el término máximo de seis (6) meses, responsabilizándolos de su orientación y cuidado, así como de sus obligaciones de presentarlo cuando sea citado por el Tribunal interviniente, con la prohibición de abandonar su lugar de residencia sin la autorización judicial.
Artículo 81 La instrucción de asistencia a cursos, conferencias o sesiones tendrá como fin que se le proporcione información que le permita evitar futuros conflictos. El juez le comunicará acerca de dicha actividad, que se desarrollará en la entidad gubernamental, no gubernamental o comunitaria que se resuelva y por el término que esas instituciones aconsejen conforme a las características del caso.
Artículo 82 Los jueces podrán delegar la ejecución de la medida que ordenare en instituciones gubernamentales, no gubernamentales o comunitarias. Asimismo, darán prioridad a que la ejecución sea delegada en el programa de atención o institución del lugar donde se domicilia el niño o adolescente y su familia.
Artículo 83 El órgano judicial no podrá aplicar ninguna medida cuando:
1) Se probare la inexistencia del hecho o no hubiere plena prueba sobre su existencia. 2) Se probare que el hecho no constituye delito punible. 3) No hubiere pruebas de la autoría o participación del niño o adolescente en el hecho ilícito.
DECLARACIONES NO VALORABLES
Artículo 84 Las manifestaciones del niño o adolescente efectuadas ante cualquier persona diferente al juez de la causa no podrán, en ningún caso, ser valoradas en su contra para probar la responsabilidad penal de ningún niño o adolescente.
Artículo 85 Queda absolutamente prohibida toda forma de incomunicación del imputado. Igualmente, se prohíbe disponer toda forma de secreto de sumario en relación a las partes del proceso y a los que tengan cualquier intervención en él.
Artículo 86 El imputado o su defensor podrán pedir la suspensión del proceso a prueba desde el comienzo de las actuaciones y hasta la existencia de una sentencia condenatoria firme. Luego de quedar firme una sentencia condenatoria, sólo procederá la suspensión cuando desaparezca en ese momento un obstáculo a su admisibilidad existente anteriormente. El dictamen fiscal favorable a la suspensión resulta vinculante para el juez o tribunal. La suspensión del proceso produce el cese de todas aquellas medidas restrictivas de derechos impuestas como consecuencia del proceso, debiendo disponerse la inmediata libertad del niño o adolescente en caso de encontrarse privado de ella de cualquier modo. Se tendrá especialmente en cuenta las circunstancias particulares del hecho investigado, la participación en el hecho y el contexto social, económico y cultural del niño o adolescente imputado. La suspensión importará la paralización del proceso durante un período no superior a un (1) año, durante el cual el imputado asumirá el compromiso de no cometer delito alguno. Transcurrido el lapso fijado sin mediar sentencia condenatoria por delito cometido en él, se extinguirá la acción penal. La suspensión no implica reconocimiento alguno ni comprobación de la responsabilidad penal, ni constituye antecedente alguno.
Artículo 87 Durante la etapa del plenario, regirán las siguientes normas especiales:
1) Criterio fiscal vinculante. Cuando el fiscal pidiere el sobreseimiento o la irresponsabilidad penal, su petición será vinculante para la autoridad judicial. Si el fiscal solicitare la imposición de pena, el órgano judicial no podrá, en ningún caso, fijar una pena mayor a la requerida por el primero. 2) Juicio abreviado. Existiendo conformidad de partes, el plenario deberá sustanciarse según las normas del juicio abreviado, rigiendo las pautas del inciso anterior. 3) Acuerdo y límites a la potestad judicial. Ya sea en el juicio común como en el abreviado, las partes podrán acordar sobre los hechos, la calificación jurídica y sobre la pena máxima aplicable. En este caso, no obstante el acuerdo, el órgano judicial podrá dictar sentencia absolutoria. Si, en cambio, el órgano judicial decidiera condenar, deberá sujetar su sentencia al contenido del acuerdo logrado por las partes, sirviendo esa sola mención como fundamento de la sentencia. 4) Necesidad de fundamentar la imposición de penas privativas de la libertad impuestas como último recurso. La imposición de una pena privativa de libertad requerirá, bajo pena de nulidad, la necesaria fundamentación de la imposibilidad de recurrir a diversas medidas no privativas de la libertad, entre las que se encuentran comprendidas el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación familiar, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, asegurándose que los niños o adolescentes sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que la medida que se adopte a su respecto no guarde desproporción tanto con las circunstancias del hecho como con la gravedad del delito.
Artículo 88 La presente Ley asegura la recurribilidad de toda decisión jurisdiccional y de toda medida que afecte derechos del niño y del adolescente. El recurso de casación podrá tener por objeto cuestiones de hecho, siempre que no se trate de aspectos del juicio de valoración de la prueba que dependan en forma directa y exclusiva de la inmediación.
Artículo 89 Mientras no exista juez de ejecución penal, será competente en materia de ejecución de la pena el órgano judicial que la haya impuesto. Este deberá ejercer un permanente control y supervisión en la etapa de ejecución, interviniendo directamente para decidir toda cuestión que afecte los derechos del niño o adolescente. Será de aplicación subsidiaria la legislación provincial o nacional referente a la ejecución de la pena o de las medidas impuestas a procesados, en la medida en que no restrinja derechos reconocidos por la presente Ley. Todo traslado de un establecimiento a otro deberá ser impuesto por el órgano judicial de ejecución. Los condenados o sometidos a procesos tendrán derecho a no ser trasladados fuera del territorio de la circunscripción judicial a la que se encuentran sometidos, salvo cuando, mediando su expreso consentimiento, se considere ello más favorable para los intereses superiores del niño o adolescente. El cumplimiento de las penas privativas de la libertad no afectará el derecho del niño o adolescente al desarrollo de las actividades sociales, educativas o laborales, aun fuera del establecimiento, que coadyuven a fortalecer los vínculos para su integración comunitaria. En tal sentido, el niño o adolescente condenado o procesado tendrá derecho a trabajar y a efectuar cursos de estudio, de capacitación laboral o formación cultural fuera del establecimiento de internación.
Artículo 90 La Convención sobre los Derechos del Niño o Adolescente, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Resolución 45/113) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), son parte integrante de la presente Ley.
Artículo 91 En caso de conflicto entre cualquiera de las normas aplicables a niños y adolescentes imputados de delito o contravención, será de aplicación la que más favorezca los derechos del niño o adolescente.
APLICACION SUBSIDIARIA
Artículo 92 En todo aquello no legislado especialmente en el presente libro, y siempre que no restrinja derecho alguno del niño o adolescente, será de aplicación subsidiaria el Código de Procedimiento Penal y Correccional.
Artículo 93 Comprobada la existencia de un hecho calificado por ley como delito, y presumida la intervención de un niño o adolescente inimputable, el fiscal determinará el grado de participación de éste y colectará a tales fines la prueba que considere pertinente y los informes de evaluación del equipo técnico interdisciplinario. Reunido dicho material, y en un plazo que no exceda de un (1) mes, a contar de la individualización del niño o adolescente, el fiscal elevará las actuaciones al juez penal de Garantías del Niño y Adolescente, expidiéndose respecto de la existencia del hecho, calificación legal e intervención que le cupo en el mismo. En aquellas causas en las que se encuentren involucradas personas punibles e inimputables, el plazo previsto en el párrafo anterior se extenderá a los dos (2) meses acordados a la instrucción preparatoria.
Artículo 94 El niño o adolescente inimputable gozará del derecho a ser oído y de contar, bajo pena de nulidad, con la presencia de sus padres o adulto responsable y el asesoramiento o asistencia técnica del defensor penal del Niño o Adolescente oficial o de confianza.
Artículo 95 Recibidas las actuaciones, el juez ordenará la notificación de lo actuado por el fiscal, al niño o adolescente y a su defensor. Cuando el niño o adolescente haya sido declarado inimputable por razones de edad o en función del artículo 34, inciso 1), del Código Penal, la autoridad judicial concluirá la causa penal a su respecto con comunicación al defensor del Niño y Adolescente quien continuará su intervención a efectos de solicitar medidas de protección especial, en caso de ser necesario. TITULO IV
REGLAS PARA LA PROTECCION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS O TESTIGOS
Artículo 96 El juez adoptará, en todos los casos, las medidas para evitar o reducir los riesgos de daño psíquico que puedan resultar del acto o diligencia en que deba intervenir un niño o adolescente que ha sido víctima o testigo.
Artículo 97 Los niños y adolescentes víctimas o testigos tendrán los siguientes derechos, que le serán enunciados por la autoridad competente al momento de la primera presentación:
1) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de los jueces, funcionarios y demás auxiliares de la Justicia. 2) A ser acompañado durante el acto por sus padres, tutores, guardadores o una persona de su confianza. 3) A ser asistido por un profesional del equipo interdisciplinario, si hubiere riesgo o su estado físico o psíquico, o su estado emotivo lo hiciere conveniente. 4) A que los exámenes periciales sean ejecutados en condiciones adecuadas y en lo posible por profesionales especializados y en un solo acto.
TESTIMONIOS DURANTE LA INVESTIGACION
Artículo 98 Durante la investigación, los funcionarios de Policía sólo podrán recibir declaración testimonial a un niño o adolescente de menos de dieciséis (16) años si resultara estrictamente necesario, mediaren razones de urgencia y no hubiere riesgo alguno para su integridad psíquica. Los fiscales y jueces ordenarán el testimonio de niños y adolescentes de la edad indicada sólo si resulta necesario y adoptando los recaudos que eviten o reduzcan los riesgos para aquéllos. La audiencia se notificará al defensor de los Derechos del Niño y Adolescente. Si las circunstancias lo hicieran aconsejable, podrán disponer que las preguntas sean efectuadas por un profesional especializado en entrevistas con niños y adolescentes y ordenar que el testimonio se grabe o filme. Las grabaciones o filmaciones se reservarán y preservarán para posibilitar su presentación en juicio.
Artículo 99 No se citará a prestar declaración testimonial a ningún niño menor de doce (12) años, sin dictamen previo del defensor de los Derechos del Niño y del Adolescente, a menos que las circunstancias del caso permitan presumir que no existe riesgo de daño psíquico o grave compromiso emotivo. El juez no estará obligado por ese dictamen, pero deberá fundar expresamente la decisión en contrario. En tal caso se tomarán en audiencia privada, a la que sólo podrán asistir las partes y el defensor del Niño y del Adolescente. El juez o Tribunal sólo autorizará la declaración de un niño o adolescente en audiencias públicas cuando no exista riesgo probable de daño psíquico o compromiso serio para su privacidad.
Artículo 100 Las declaraciones registradas por escrito, grabadas o filmadas podrán ser introducidas al debate, cuando el juez o Tribunal considere inconveniente hacer comparecer al niño o adolescente a la audiencia.
Artículo 101 Invítase a los municipios a adherir al libro primero y segundo de la presente Ley, disponiendo, en el ámbito de su competencia, efectuar la constitución de un Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, con la inclusión de áreas municipales, organizaciones civiles y representantes de los demás organismos que actúen en el ámbito de cada localidad.
Artículo 102 Derógase la Ley 1613 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Artículo 103 A los fines de la vigencia de la presente Ley, se dispone lo siguiente:
1) Crear en la I Circunscripción Judicial dos (2) Juzgados que se desempeñarán bajo la denominación de Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia N° 1 y N° 2. Cada uno de ellos se desempeñará con dos (2) Secretarías Letradas. A tal fin, en la I Circunscripción, la actual Secretaría Tutelar Asistencial del Juzgado de Menores N° 1 se incorporará como Secretaría de los Derechos del Niño y Adolescente al Juzgado de Familia N° 1, y la Secretaría correspondiente al Juzgado de Menores N° 2, se incorporará al Juzgado de Familia N° 2.
a) Crear dos (2) Secretarías que se desempeñarán como Secretarías Civiles de cada Juzgado de Familia. b) Los actuales procesos judiciales a cargo de las Secretarías “Tutelares Asistenciales” serán continuados por los respectivos Juzgados de Familia, conforme a la reglamentación que al efecto dictará el Tribunal Superior de Justicia. c) Suprimir una de las actuales Defensorías Civiles de la Primera Circunscripción Judicial y crear, con jerarquía de juez de Primera Instancia, una Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente. Convertir el actual cargo de secretario de la Defensoría en el cargo de defensor adjunto, que podrá intervenir en todos los asuntos y actos en que deba hacerlo el defensor titular. d) La actual Secretaría Tutelar Asistencial del Juzgado de Menores, se mantendrá incorporada al mismo con la competencia emergente del artículo 45, segundo párrafo, y con la denominación de Secretaría de los Derechos del Niño y Adolescente.
2) Transformar los actuales Juzgados de Menores N° 1 y N° 2 de la I Circunscripción en Juzgados Penales del Niño y el Adolescente N° 1 y N° 2. Cada Juzgado se desempeñará con una Secretaría que será la hasta ahora denominada “Correccional”. 3) Crear un cargo de defensor penal de Primera Instancia en la I Circunscripción Judicial, que se denominará defensor penal del Niño y del Adolescente. 4) Crear dos (2) cargos de fiscal de Primera Instancia en la I Circunscripción Judicial.
Artículo 104 El Tribunal Superior de Justicia dictará las normas reglamentarias necesarias para dar operatividad plena a los órganos de la Justicia que se crean y para la instrumentación de los cambios procesales dispuestos en la presente Ley.
Artículo 105 La presente Ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días posteriores a su publicación.
Artículo 106 Dentro del plazo fijado en el artículo precedente, se reglamentará y se instalarán los organismos que se crean o modifican.
Artículo 107 Se constituirá una comisión para la evaluación del cumplimiento y aplicación de la presente Ley, la que periódicamente elevará sus conclusiones al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Esta comisión tendrá una composición equilibrada, con miembros de los tres (3) Poderes.
Artículo 108. Una edición especial del Boletín Oficial recopilará el texto de la presente Ley, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad). El Poder Ejecutivo distribuirá los ejemplares en las escuelas, bibliotecas, hospitales, instituciones en general y a los particulares que la soliciten.
Artículo 109 Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los siete días de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- – – – – – – – – – – – – – – – –
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Artículo 48
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Artículo 49
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