Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510209.html
Timestamp: 2019-03-24 11:05:24+00:00

Document:
as201510209
AUTO SUPREMO Nº 209/2015-RRC
Expediente : Santa Cruz 87/2014
Parte imputada : Narciso Aquino Ortega
Delitos : Cohecho pasivo propio y otro
Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2014, cursante de fs. 430 a 432, Willan Elvio Castillo Morales en calidad de Gerente de la Aduana Regional de Santa Cruz, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 69 de 24 de junio de 2014, de fs. 389 a 393, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Narciso Aquino Ortega, por los delitos de Cohecho Pasivo Propio y Concusión, previstos y sancionados por los arts. 145 y 151 del Código Penal (CP), respectivamente.
Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 03/2012 de 1 de marzo (fs. 312 a 321 vta.), el Tribunal de Sentencia de Puerto Suárez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Narciso Aquino Ortega, autor de la comisión de los delitos de Cohecho Pasivo Propio y Concusión, previstos en los arts. 145 y 151 del CP, siendo condenado a la pena de cuatro años de presidio, más mil días multa a razón de Bs. 2.- (dos) por día, más el pago de costas al Estado a calificarse en ejecución de Sentencia.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recursos de apelación restringida (fs. 339 a 347 vta. y apelación incidental 364 a 372 vta.), resueltos por Auto de Vista 69 de 24 de junio de 2014 (fs. 389 a 393), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente el citado recurso y anuló totalmente la Sentencia apelada; asimismo, declaró admisible e improcedente la apelación incidental que rechazó el incidente de la acción penal por duración máxima del proceso; motivando la interposición del presente recurso de casación.
El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, no podía argumentar que el Tribunal de instancia no ha realizado una valoración de las pruebas presentadas y que inobservó la ley adjetiva, cuando claramente se estableció en la Sentencia tanto la prueba de cargo y descargo, valorando la prueba conforme lo establecen los arts. 171 a 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), asignándole el valor correspondiente a cada una de ellas. Además, el Tribunal de alzada, no hizo mención a las normas inobservadas por el Tribunal a quo, tampoco señala cuáles son las pruebas que no habrían sido valoradas; por lo que, no ha efectuado una valoración integral y fundamentada al no expresar los motivos de hecho y de derecho en que basa su determinación de anular la Sentencia emitida, como correspondía.
Por lo expuesto, el recurrente solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista y se emita doctrina legal aplicable.
Del memorial del recurso de casación interpuesto por el recurrente y del Auto Supremo 757/2014-RA de 19 de diciembre, se extrae el motivo a ser
analizado en la presente Resolución al haber sido admitido vía flexibilización por la posible vulneración de derechos constitucionales, sobre la cual, este Tribunal circunscribirá su examen conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP.
Concluida la fase de los debates y conclusiones, el Tribunal de juicio emitió la Sentencia 03/2012 de 1 de marzo (fs. 312 a 321 vta.), habiendo determinado en los hechos probados que en razón a todos los elementos de prueba de cargo y descargo se probó que en fecha 18 de septiembre de 2007, en oficina de la Aduana el imputado flagrantemente fue “encontrado en poder del monto de sesenta dólares estadounidenses (60 $us), dinero que fue exigido en forma ilegal al Sr. Lorgio Colombo Cuellar, por concepto de trámites de mercadería anterior, dicho dinero fue encontrado en oficina del acusado, debajo del asiento del mismo, donde se encontraba sentado…” (sic) estableciéndose la responsabilidad penal del acusado en los delitos de Cohecho Pasivo Propio y Concusión, en base a las pruebas, como ser la declaración del acusador particular, las literales del MP 1, 2, 6 y 8, y las pruebas de la Aduana Nacional Nº 1, 2, 3, 4 y 5.
Sobre las pruebas, fueron producidas por el Ministerio Público la 1, 2, 6 y 8 consistentes en declaraciones informativas, acta de acción directa y acta de secuestro de dinero; asimismo, de la Aduana Nacional la 1, 2, 3, 4 y 5 consistente en denuncia, requerimientos, actas de acción directa y declaración informativa; cuyas pruebas de cargo fueron obtenidas lícitamente conforme los arts. 13, 171 y 333 del CPP; por el contrario la contraparte, produjo prueba testifical y literal signada como 7 del retiro de acusación. Conforme a la sana crítica y libertad probatoria, el Tribunal de Sentencia indicó que las pruebas de cargo son suficientes “…para demostrar de manera indubitable que el imputado Narciso Aquino Ortega, es el autor de los delitos de Cohecho Pasivo Propio y Concusión, previsto y sancionado en los Arts. 145 y 152 del Código Penal, por haber sido encontrado en poder del monto de 60 $us, dinero que fue exigido en forma anterior, dicho dinero fue encontrado en la oficina del acusado, debajo del asiento del mismo…” (sic), de acuerdo a las pruebas señaladas precedentemente.
En el apartado de la fundamentación de derecho refirió que, de las pruebas producidas en juicio oral se probó que el acusado incurrió en los ilícitos acusados, ya que en condición de funcionario fue encontrado de manera flagrante en poder de dinero, que exigió a la víctima “por concepto de gestiones en trámites de mercadería anterior”, dinero, encontrado debajo del asiento del acusado, cuya conducta se subsume en los delitos de Cohecho Pasivo Propio y Concusión sancionado por los arts. 145 y 152 del CP, teniendo certeza de la autoría de parte del Tribunal de manera unánime lo condenan a la pena de cuatro años de presidio.
Contra aquel fallo, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 339 a 347 vta., y 364 a 372 vta.), fundamentando esencialmente sus reclamos bajo las siguientes consideraciones: a) Del rechazo del incidente de la extinción de la acción penal por la duración máxima del proceso; b) Defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, al no haber realizado la labor de subsunción de los hechos acusados a los delitos atribuidos por el Tribunal de Sentencia, en ese sentido con relación al tipo penal de Cohecho Pasivo se le sentenció por el dinero que le hubieran pagado por concepto de mercadería anterior, de algo pasado, cuando la conducta de acción u omisión requiere que sea presente o futuro; además, debe haber existido un acuerdo de voluntades entre el que entrega y el que recibe, lo que no ocurrió, toda vez que el dinero entregado no era de propiedad del acusador, entonces no existió perjuicio; y, en relación al delito de Concusión, no existe subsunción y que para su configuración es necesario la presencia de abuso de funcionario público, lo cual no acontece; c) Sobre el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, la Sentencia de mérito incurrió en falta de fundamentación y contradicción; toda vez, que no se efectúo el trabajo de subsunción de los hechos a los delitos acusados al no referirse como se encuadra su conducta y qué elementos se cumplieron, vulnerándose el principio de legalidad y el art. 124 del CPP; además, la existencia de contradicción ya que en Sentencia se refiere el art. 151 del CP y también el art. 152 de la misma norma sustantiva; y finalmente en la Resolución de juicio no se expresa las razones por las que se otorga determinado valor a las pruebas; y, d) Defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) de la norma adjetiva penal, por no existir los $us. 60.- (sesenta dólares estadounidenses) que menciona la Sentencia, no existiendo el cuerpo del delito, tratándose de un hecho inexistente, así como no existe prueba de que haya pedido el dinero señalado.
Previa radicatoria de la causa, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pasó a resolver el recurso mediante Auto de Vista 69 de 24 de junio de 2014, de la siguiente manera:
Primero, en relación al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, porque no se realizó la labor de subsunción de los hechos acusados a los delitos atribuidos; al respecto refirió que aparentemente los $us. 60.-, no serían de propiedad del apelante sino de la Unidad Anticorrupción de la Aduana; entonces, “no se estableció fehacientemente la intencionalidad de incumplir los deberes por parte del funcionario público o que reciba alguna dádiva a través de un acuerdo previo…” (sic), sin contener los motivos de hecho y derecho, y el valor otorgado a las pruebas -fundamentación fáctica-tampoco se realizó una valoración conjunta, incumpliendo la previsión del art. 124 y 360 del CPP.
Segundo, respecto a la errónea aplicación de la ley sustantiva previsto en el art. 370 inc. 1) de la Norma Procesal de la Materia, el recurrente demostró “que el Tribunal no habría adecuado su conducta a los ilícitos penales acusados”.
Tercero, sobre el reclamo del defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del Código adjetivo Penal, el recurrente especificó cuáles las pruebas fueron valoradas defectuosamente, demostrando que el juzgador no realizó una correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, y que incurrió en valoración defectuosa de la prueba testifical y material.
Cuarto, en relación a la extinción de la acción penal el apelante no realiza narración cronológica del cuaderno procesal, no establece donde se encuentran los actuados procesales que provocaron la dilación.
Consecuentemente, declaró procedente el recurso de apelación restringida y anuló la Sentencia disponiendo la reposición del juicio; y, respecto a la apelación incidental determinó ser admisible e improcedente.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DEL DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN.
En el presente caso, denuncia el recurrente que el Tribunal de alzada emitió resolución sin una valoración integral y fundamentada por no expresar los motivos de hecho y de derecho en que basó su determinación de anular la Sentencia.
III.1. Consideraciones doctrinales y normativas sobre la debida fundamentación de las resoluciones judiciales.
La Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la Resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.
Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Civil, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.
Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista que resuelve la apelación restringida formulada por las partes, a fin de que sea válida; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Siendo necesario reiterar que para una fundamentación o motivación suficiente, no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.
Lo anterior significa, que la falta de fundamentación o motivación, concurriría cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP; y, vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación.
El reclamo del recurrente -acusador particular- esencialmente se centra, en que pese a haberse emitido una Sentencia en el que se valora correctamente las pruebas de cargo y descargo, el Tribunal de apelación no realizó una valoración integral y de manera fundamentada en su decisión al no expresar los motivos de hecho y derecho en que baso su determinación.
Establecido el fundamento del agravio se puede constatar que el imputado que fuera sentenciado, en su apelación restringida denunció cuatro aspectos centrales relativos al: a) Rechazo del incidente de la extinción de la acción penal por la duración máxima del proceso; b) Defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, por no haberse subsumido los hechos acusados a los delitos atribuidos, así para la configuración del Cohecho Pasivo se requería el acuerdo de voluntades y que la acción u omisión del funcionario fuera en el presente o a futuro, lo cual no sucedió; y, en relación al delito de Concusión era necesario el abuso del funcionario, que tampoco ocurrió; c) Sobre el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, la Resolución de juicio incurrió en falta de fundamentación -no existe subsunción de los hechos a los delitos endilgados-, contradicción y no expresó las razones en la determinación de la valoración probatoria, vulnerando el art. 124 del CPP; y, d) Defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) de la norma adjetiva penal, porque no existió -prueba inexistente- el cuerpo del delito que son los $us. 60.-.
Ante esta apelación restringida planteada el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista 69 de 24 de junio de 2014, señalando lo siguiente: i) De la extinción de la acción penal determinó declarar improcedente, ya que el apelante no realizó una narración cronológica, ni identificó donde están los actuados que provocaron la dilación; ii) Del defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, sobre la subsunción, no existió la intención de incumplir sus deberes o que recibió alguna dádiva a través de un acuerdo previo; consiguientemente, no se evidencia los motivos de hecho y derecho, careciendo de fundamentación fáctica, con ello vulneró los arts. 124 y 360 del CPP; iii) respecto a la errónea aplicación de la ley sustantiva previsto en el art. 370 inc. 1) de la Norma Procesal de la Materia, el recurrente demostró “que el Tribunal no habría adecuado su conducta a los ilícitos penales acusados”; y, iv) sobre el reclamo del defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, el apelante precisó las pruebas valoradas defectuosamente, entonces demostró que el juzgador incurrió en una valoración defectuosa de la prueba testifical y material.
La anterior decisión asumida por el Tribunal de alzada, demuestra claramente que ante la denuncia del imputado de los defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP; no dio cumplimiento al art. 124 de la norma procesal citada, por no fundamentar su respuesta y en concordancia con la doctrina legal aplicable de este Tribunal, que estableció en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; en sentido de que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.
En efecto, estos parámetros no fueron cumplidos por el Tribunal de apelación, porque respecto al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, al referir que no existió la subsunción de los hechos a los ilícitos endilgados en la emisión de la Sentencia y la ausencia de fundamentación fáctica, determinando disponer juicio de reenvío; esta afirmación no coincide con la realidad de los actos procesales reflejados en la Sentencia; toda vez, que en el apartado de la fundamentación de derecho y de los hechos probados se identifica lo extrañado, donde aunque no de manera extensa pero si concisa se verifica que el imputado recibió los $us. 60.-, a cambio de una acción efectuada anteriormente, por tanto se habría subsumido la conducta del imputado a los ilícitos acusados; a esto debe añadirse las siguientes consideraciones, primero el hecho acusado fue demostrado fehacientemente mediante el desfile de las pruebas incorporadas a juicio, teniendo como consecuencia la sanción y la aplicación de la normas sustantivas del Cohecho Pasivo y Concusión, denotando con ello la existencia válida de la fundamentación fáctica en la Sentencia.
Ahora bien, el Tribunal de alzada con su accionar en disponer la nulidad y el reenvió de juicio, denotó ir en contra de toda correcta fundamentación y en contra de la doctrina legal aplicable, ya que si entendía la ausencia de los elementos constitutivos de los delitos acusados, al ser un defecto de derecho, debió aplicar la previsión del art. 413 y 414 del CPP, emitiendo Resolución de alzada con las correcciones de derecho sin disponer juicio de reenvío y explicar porqué la acusación de los hechos acusados plenamente demostrada se subsumen o no, en los delitos endilgados.
Sobre el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, los argumentos anteriores son plenamente aplicables, toda vez que el Tribunal de alzada arguye que el recurrente demostró que su conducta no se adecuó a los ilícitos penales acusados; pero sin efectuar un análisis en base a los parámetros exigidos para una correcta fundamentación de una resolución, en el que debe describir las razones por las cuales fue errónea la aplicación sustantiva de parte del juzgador concerniente a las figuras penales atribuidas al imputado, al estar plenamente habilitado el Ad quem para efectuar dicho análisis de derecho.
Por una parte, sobre estos dos aspectos -establecidos en el art. 370 incs. 1) y 5) de la norma adjetiva penal- se debe precisar que cuando el Juez efectúa la valoración de las pruebas y establece los hechos probados, emitiendo su resolución condenando o absolviendo al imputado, puede incurrir en error de derecho en la subsunción del hecho ilícito al tipo penal acusado o al imponer la pena, entonces el Tribunal de alzada es el llamado a enmendar estas falencias de derecho en que se hubiera incurrido, teniendo en cuenta que el Tribunal de apelación, puede reparar el agravio directamente sin necesidad de una nueva valoración de la prueba, conforme ha establecido la doctrina legal de este Tribunal contenida en el Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre, que ratificando el concepto rector de que el Tribunal de alzada no puede cambiar la situación del imputado como consecuencia de la revalorización de la prueba o de la modificación de los hechos plenamente probados en juicio, consideró que debe concebirse la posibilidad, en el supuesto de que se advierta y constate que el Juez o Tribunal de Sentencia, incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, que el Tribunal de alzada en estricta aplicación del art. 413 último párrafo del CPP y con base a los hechos probados y establecidos en Sentencia, realizar el cambio de la situación jurídica del acusado de culpable a absuelto o viceversa; supuesto en el que estableció la siguiente sub regla: “El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 ultima parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena.
En consecuencia, conforme concluyó el citado Auto Supremo “…este Tribunal entiende que no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba, o por el acusador que, ante la absolución del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, sí se subsumen en alguna conducta prohibida por el Código Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le está vetado), por cuanto los hechos ya están establecidos en sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro juez realice una correcta subsunción del hecho” .
En resumidas cuentas el Tribunal de apelación, si considera que el Tribunal de juicio no efectúo correctamente la subsunción del derecho a los hechos acusados no le está permitido anular la Sentencia y disponer juicio de reenvío, por el contrario al verificar este agravio de derecho, está plenamente facultado e impelido, respetando los principios de la intangibilidad de los hechos y de la intangibilidad de las pruebas, emitir nueva Resolución sobre la base de los hechos plenamente demostrados y valoración efectuada por el a quo, resolviendo conforme establecen los arts. 413 y 414 del CPP; y, la doctrina legal aplicable referida, modificando o no la situación jurídica del imputado.
Entonces, establecido que el Tribunal de alzada debe pronunciarse sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva detectada en la Sentencia, resolverá conforme a la previsión del art. 124 del CPP, es decir debidamente fundamentada, de acuerdo a lo establecido en el Auto Supremo 044/2014-RRC de 20 de febrero, en sentido que los requisitos de la fundamentación: “deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.
Lo anterior significa, que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación”.
Por otra parte, en relación al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, el Tribunal de apelación refirió que el apelante precisó las pruebas valoradas defectuosamente, entonces demostró que el juzgador incurrió en una valoración defectuosa de la prueba testifical y material; sin embargo, dicha afirmación carece de toda fundamentación, ya que no es expresa, por no encontrarse en su argumento fundamentos jurídicos valederos sino conclusiones subjetivas, sin demostrar punto por punto sobre las pruebas que fueron erróneamente valoradas por el A quo; tampoco es clara, al dejar dudas sobre cual el pensamiento desglosado por el juzgador sobre las pruebas observadas que habrían carecido de falla intelectiva en la apreciación probatoria; no es completa, al no existir en la resolución los hechos reclamados por el apelante, cual el derecho que busca y cual el aplicado erróneamente por el Tribunal de juicio; asimismo, no es legítima, por no haber efectuado el análisis del iter lógico desarrollado por el juzgador respecto a la correcta o incorrecta valoración de la prueba; y, también carece del elemento lógico por no ser coherente al no utilizarse las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.
Esta evidente ausencia de fundamentación señalada precedentemente se ratifica cuando, de la simple revisión del reclamo del apelante sobre este punto, hace referencia a que la prueba de $us. 60.-, el cuerpo del delito es inexistente al no habérselo presentado en juicio, y no como indica de manera genérica los Vocales en sentido que existe una carencia de valoración correcta de la prueba; ya que una cosa es la mala valoración y otra diferente la inexistencia de prueba; en ese sentido el art. 370 inc. 6) del CPP refiere como defecto de Sentencia, “Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba”, estableciéndose la diferencia sobre estos agravios, resolviendo de forma equivoca aspectos que no fueron cuestionados por el apelante; consiguientemente, también se evidencia la falta de fundamentación, y la vulneración del debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación establecida por la Norma Procesal de la Materia.
Por todo lo referido, se advierte que el Tribunal de apelación no dio cumplimiento a la previsión del art. 124 del CPP y la doctrina legal aplicable de este Tribunal, que estableció determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación de un fallo; en sentido de que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; debiendo dictar nuevo fallo aplicando estrictamente lo establecido en el presente Auto Supremo, emitiendo Resolución sin necesidad de reenvío, dando estricta aplicación a los arts. 413 y 414 del CPP; consiguientemente, al evidenciarse la infracción del derecho al debido proceso por la carencia de fundamentación, la presente denuncia deviene como fundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 69 de 24 de junio de 2014, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.
En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura

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