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Ley General Trabajo | Hipoteca Comercial | Propiedad
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TS Civil 15 Mar2018
LEY Nº 1715 LEY DE 18 DE OCTUBRE DE 1996
TITULO I SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
ARTÍCULO 1º (Objeto). La presente ley tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A.) y el régimen de distribución de tierras; garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria.
de origen cumplen una función social cuando están destinadas a lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos y comunidades indígenas, campesinas y
Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.
propiedad agraria privada en favor de personas naturales o
existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades
comunarias,
tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, de
conformidad con lo previsto en el artículo 171º de la Constitución Política del Estado. La denominación de tierras comunitarias de origen comprende el concepto de territorio indígena, de conformidad a la definición establecida en la parte N del Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991
IV. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por la Constitución Política del
Estado y la ley, gozan de la protección del Estado, en tanto cumplan una función económico-
social y no sean abandonadas. conforme a las previsiones de esta ley. Cumplidas estas condiciones, el Estado garantiza plenamente el ejercicio del derecho propietario, en concordancia con lo establecido en el parágrafo I del presente artículo.
V. El servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con el artículo 6º de la Constitución
Política del Estado y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, independientemente de su estado civil.
II. A los fines previstos en el Capítulo N del Título IV de esta ley, las entidades recaudadoras del
impuesto referido en el parágrafo precedente, remitirán periódicamente a conocimiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria información, en medios físicos o magnéticos, relativa a las
1iquidaciones y pago del impuesto.
III. El solar campesino, la pequeña propiedad y los inmuebles de propiedad de comunidades
campesinas, pueblos y comunidades indígenas y' originarias, están exentas del pago del impuesto que grava la propiedad inmueble agraria, de acuerdo a lo que dispongan las normas tributarias en vigencia.
CAPITULO I DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
ARTÍCULO 5º (Servicio Nacional de Reforma Agraria). El Servicio Nacional de Reforma Agraria es el organismo responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país.
ARTÍCULO 6º (Estructura Orgánica). La estructura orgánica del Servicio Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A), es la siguiente :
ARTÍCULO 7º (Autoridad Máxima). El Presidente de la República es la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria, de conformidad con el artículo 96º atribución 24 de la Constitución Política del Estado.
1. Considerar, aprobar y supervisar la formulación, ejecución y cumplimiento de las políticas de
distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras;
2. Otorgar títulos ejecutoriales de propiedad sobre tierras agrarias y tierras comunitarias de
3. Designar y destituir a las autoridades agrarias, conforme a las previsiones de esta ley con
excepción de las que integran la judicatura agraria;
4. Dictar resoluciones supremas como emergencia del proceso de saneamiento de la propiedad
agraria, de acuerdo con esta ley; y
SECCION II DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
(SIRENARE) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria;
2. Clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor, elaborar los directrices generales que
deberán cumplir los gobiernos municipales para la aprobación de los planes de uso del suelo y
4. Evacuar
apropiadas, emitiendo normas que los regulen en el marco del manejo integral de cuencas y el
Solicitar la expropiación de tierras para conservación y protección de la biodiversidad y pagar
monto a indemnizar por tal concepto.
El Ministerio de Desarrollo Económico cumplirá sus atribuciones de promover la inversión,
producción, productividad agropecuaria y el ecoturismo, en el marco de las estrategias, políticas
y normas que establezca el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente como órgano rector del desarrollo sostenible.
SECCION III DE LA COMISIÓN AGRARIA NACIONAL
ARTÍCULO 10º (Comisión Agraria Nacional). La Comisión Agraria Nacional (C.A.N) es el órgano responsable de proyectar y proponer políticas agrarias de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, cualquiera sea su condición o uso, para elevarlas a consideración de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
(C.S.U.T.C.B.) ;
El Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (C.I.D.O.B.)
El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria ejercerá las funciones de
Secretario Permanente de la Comisión Agraria Nacional, únicamente con derecho a voz.
ARTÍCULO 12º (Suplencia). En caso de impedimento de alguno de sus miembros, la Comisión Agraria Nacional aceptará la respectiva suplencia, previa acreditación escrita.
ARTÍCULO 13º (Atribuciones). La Comisión Nacional Agraria tiene las siguientes atribuciones:
1. Evaluar la evolución del proceso de Reforma Agraria, proponiendo a la autoridad máxima del
Servicio Nacional de Reforma Agraria las medidas aconsejables para mejorarlo, en el marco de la ley;
2. Controlar y supervisar la ejecución de políticas agrarias sobre distribución, reagrupamiento y
redistribución de tierras, cualesquiera sea su condición o uso ;
3. Recomendar criterios económico-sociales de aplicación general para la adjudicación de tierras
en concursos públicos calificados;
4. Representar ante la máxima autoridad del Servicio Nacional del Servicio Nacional de Reforma
Agraria los actos y resoluciones del Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
contrarios a la legislación vigente;
asentamientos humanos comunitarios;
6. Velar por el tratamiento integral de la tierra, promoviendo el reconocimiento, la garantía y
protección de los derechos que los pueblos y comunidades indígenas y originarias poseen sobre sus tierras comunitarias de origen, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
7. Proyectar
consideración de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria;
8. Ejercer control social sobre el abandono de la tierra y el incumplimiento de la función
económico-social en fundos agrarios, solicitando a las instancias competentes la reversión o expropiación de tierras, de acuerdo a las causales previstas en esta ley;
9. Recibir y canalizar peticiones, reclamaciones y sugerencias de las organizaciones nacionales,
departamentales y regionales que integran el sector agrario;
10. Coordinar y concertar con instituciones públicas o privadas, nacionales o departamentales,
afines a la actividad agraria, en el marco de su competencia;
11. Solicitar la suspensión o exoneración de autoridades agrarias por irregularidades o delitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones;
I. La Comisión Agraria Nacional sesionará válidamente con la asistencia de seis (6) de sus
miembros, previa convocatoria efectuada por su Presidente, por lo menos con siete (7) días de anticipación o, con la presencia de la totalidad de sus miembros, en cualquier momento, sin necesidad de convocatoria.
II. Las decisiones de la Comisión Agraria Nacional se adoptarán en base al principio de
concertación; sin embargo, si no se lograra la aplicación de este principio, sus recomendaciones
se someterán a consideración de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
I. En cada uno de los departamentos se constituye una comisión agraria departamental, cuya
composición será similar a la nacional, de acuerdo a las características y necesidades de cada
región; en función a la estructura departamental descentralizada del Poder Ejecutivo, y de las organizaciones sectoriales o afines de mayor representatividad.
II. El Quórum y las decisiones de las comisiones agrarias departamentales se sujetarán a lo
dispuesto en el artículo 14º de esta ley. Sus resoluciones podrán ser revisadas por la Comisión Agraria Nacional,
ARTÍCULO 16º (Atribuciones). Las Comisiones Agrarias Departamentales tienen las siguientes atribuciones:
Supervisar la ejecución de las políticas de tierras cualesquiera sea su condición o uso, en su
2. Dictaminar sobre las áreas y superficies que proponga distribuir el Instituto Nacional de
Reforma Agraria, por dotación o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de usa mayor de la tierra y a las necesidades socioeconómicas del departamento;
4. Ejercer control social sobre el abandono de la tierra y el incumplimiento de la Función
económico-social en fundos agrarios, solicitando a las instancias competentes la reversión o expropiación de tierras de acuerdo a las causales previstas en esta ley;
6. Coordinar y concertar a nivel departamental y regional can otras instituciones públicas o
privadas afines a la actividad agraria, en el marco de su competencia;
7. Proponer ternas al Director Nacional para la designación de los directores departamentales; y
a éstos para la designación de Jefes Regionales, solicitar la suspensión o exoneración de autoridades agrarias departamentales y regionales por irregularidades o delitos cometidos en el
8. Efectuar, en su departamento, el seguimiento al proceso de saneamiento técnico-jurídico de la
propiedad agraria descrito en el título V de esta ley.
SECCION IV DEL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
ARTÍCULO 18º (Atribuciones). El Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene las siguientes atribuciones:
1. Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de distribución, reagrupamiento y
redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra;
2. Proponer. dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos humanos
comunarios, con pobladores nacionales;
3. Emitir y distribuir títulos, en nombre de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma
Agraria, sobre tierras fiscales incluyendo las expropiadas o revertidas a dominio de la Nación,
Emitir disposiciones técnicas para la ejecución del catastro rústico legal de la propiedad
agraria, coordinar su ejecución con los municipios y otras entidades públicas y privadas;
comunitarias de origen, de las áreas clasificadas por normas legales y de la propiedad agraria en
6. Expropiar fundos agrarios,
denuncia de la Superintendencia Agraria, por incumplimiento de la función económico-social, en los términos establecidos en esta ley ;
de oficio por la causal de reagrupamiento y redistribución, o a
7. Revertir tierras de oficio o a denuncia de las entidades recaudadoras o beneficiarias de
impuestos, de las comisiones agrarias departamentales y de la Comisión Agraria Nacional, por la causal de abandono establecida en esta ley ;
8. Determinar y aprobar las áreas y superficies a distribuir por dotación o adjudicación de tierras,
de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades socioeconómicas del
país, previo dictamen de las comisiones agrarias departamentales.
9. Promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión y del derecho de propiedad
11. Coordinar sus actividades con las entidades públicas y privadas encargadas de dotar de
infraestructura, de servicios básicos y de asistencia básica a zonas de asentamientos humanos ;
12. Certificar derechos existentes en tierras fiscales destinadas a la conservación, investigación,
ecoturismo y aprovechamiento forestal ; y
ARTÍCULO 19º (Estructura Orgánica). El Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene la siguiente estructura orgánica ;
Tener grado académico a nivel de licenciatura con título en provisión nacional, haber ejercido
su profesión con idoneidad durante cinco (5) años y tener experiencia en materia agraria ; y,
recurso de revocatoria ante la misma
autoridad y recurso jerárquico ante el Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
I. Las direcciones departamentales son unidades desconcentradas del Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) y realizarán sus actividades en coordinación con el órgano central. Sus atribuciones serán establecidas en el reglamento de esta ley.
III. Para ser Director Departamental se requiere cumplir los requisitos establecidos para el
contencioso-administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días perentorios computables desde la notificación con la resolución que agote la sede
I. Conforme a las necesidades, en una o en varías provincias agrupadas en regiones.
funcionarán Jefaturas regionales, dependientes de las direcciones departamentales correspondientes. Sus atribuciones serán establecidas por el reglamento de esta ley.
ARTÍCULO 23º (Régimen Financiero). Son fuentes de financiamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria :
CAPITULO II DE LA SUPERINTENDENCIA AGRARIA
ARTÍCULO 24º (Superintendencia Agraria). Créase la Superintendencia Agraria como entidad pública autárquica, con jurisdicción nacional, integrada al Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE), cuya autoridad máxima es el Superintendente Agrario. Se aplicarán las disposiciones contenidas en el Título N de la Ley 1600 de 28 de octubre de 1994.
ARTÍCULO 25º (Requisitos y Designación). Son aplicables al Superintendente Agrario las disposiciones sobre nombramiento, remoción, estabilidad, requisitos, prohibiciones y otras establecidas en la Ley 1600 de 28 de octubre de 1994. El Superintendente Agrario será nombrado por un período personal e improrrogable de seis (6) años, pudiendo ser reelegido después de un período igual al ejercido.
ARTÍCULO 26º (Atribuciones). La Superintendencia Agraria tiene las siguientes atribuciones;
1. Regular y controlar, en aplicación de las normas legales correspondientes, el uso y gestión del
recurso tierra en armonía con los recursos agua, flora y fauna, bajo los principios del desarrollo sostenible;
2. Instar al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente a elaborar y dictar normas y
políticas sobre el uso de las tierras, y clasificarlas según su capacidad de uso mayor, y requerir al Instituto Nacional de Reforma Agraria y a las entidades competentes, el estricto cumplimiento
de las atribuciones que en materia agraria les confiere esta ley y otras disposiciones legales en vigencia;
3. Otorgar concesiones de tierras fiscales para la conservación y protección de la biodiversidad,
investigación y ecoturismo, previa certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria acerca de los derechos de propiedad existentes en las áreas de concesión; modificarlas, revocarlas,
caducarlas y fijar patentes por este concepto;
4. Denunciar la expropiación de tierras, de oficio o a solicitud de las comisiones agrarias
departamentales y la Comisión Agraria Nacional por incumplimiento de la función económico- social y, a solicitud del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, por la causal de utilidad pública de conservación y protección de la biodiversidad, y coadyuvar en su tramitación;
5. Crear y mantener actualizado un registro informático acerca del uso actual y potencial del
suelo. Esta información tendrá carácter público;
7. Disponer medidas precautorias necesarias para evitar el aprovechamiento de la tierra y sus
recursos en forma contraria a su capacidad de uso mayor y aplicar sanciones administrativas establecidas en disposiciones legales vigentes y en los contratos de concesión que otorgue;
departamentales o locales;
9. Determinar el monto a pagar por adjudicaciones simples, en los casos y términos previstos en
10. Fijar el valor de mercado de tierras o sus mejoras, según sea el caso, para el pago de la justa
indemnización emergente de la expropiación, cuando no se cuente con las declaraciones juradas
del impuesto que grava la propiedad inmueble, en los casos previstos en el parágrafo NI del artículo 40 de esta ley;
11. Proyectar y presentar sus reglamentos de administración y control interno, para aprobación
por el Superintendente General del Sistema de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE);
Conocer y resolver los recursos que correspondan en sede administrativa ; y,
ARTICULO 28º (Recursos y Procedimiento). Las resoluciones del Superintendente Agrario podrán ser impugnadas mediante recurso de revocatoria ante la misma autoridad con alternativa de recurso jerárquico superior ante el Superintendente General del Sistema de Recursos Naturales Renovables (SIRERARE). Los recursos se interpondrán en el plazo perentorio de quince (15) días, computables a partir de la notificación con la resolución que se impugna.
ARTICULO 29º (Régimen Financiero). Son fuentes de financiamiento de la Superintendencia Agraria:
agropecuario, que el Poder Ejecutivo fijará anualmente por Resolución Suprema, con base en el
presupuesto de la Superintendencia Agraria aprobada en la respectiva Ley Financial;
CAPITULO III DE LA JUDICATURA AGRARIA
ARTICULO 30º (Judicatura Agraria). La Judicatura Agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrarios y otros que le señala la ley.
II. El Poder Judicial en materia agraria se ejerce por la Judicatura Agraria, de conformidad con el
principio constitucional de unidad jurisdiccional
ARTICULO 32º (Composi ción). La Judicatura Agraria está compuesta por:
Los juzgados agrarios, iguales en jerarquía.
II. Cada distrito judicial agrario tendrá tantos juzgados, cuantos sean creados por el Tribunal
Agrario Nacional, de acuerdo a sus necesidades.
SECCION II DEL TRIBUNAL AGRARIO NACIONAL
Artículo 34º (Composición y Sede) El Tribunal Agrario Nacional es el más alto tribunal de justicia agraria; está compuesto por siete (7) Vocales incluido su Presidente; divididos en dos salas, cada una con tres (3) vocales. El presidente sólo integra sala plena. La sede de sus funciones es la ciudad de Sucre.
ARTICULO 35º (Atribuciones de Sala Plena). La Sala Plena del Tribunal Agrario Nacional tiene atribuciones para:
2. Nombrar al Presidente del Tribunal Agrario Nacional y a los Presidentes de las Salas, por dos
tercios 2/3 de votos del total de sus miembros:
3. Designar a los jueces agrarios, de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura por dos
tercios (2/3) de votos del total de sus miembros;
8. Designar anualmente conjueces del Tribunal Agrario Nacional, en un número igual al de sus
vocales, en la misma forma señalada en la ley de Organización Judicial y sujetos al régimen
prescrito en dicha ley; y
ARTICULO 36º (Competencia de las Salas). Son competencias de las Salas:
2. Conocer y resolver, en única instancia, las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos
ejecutoriales y de los procesos agrarios que hubieran servido de base para la emisión de los mismos tramitados ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma Agraria;
Conocer en única instancia las recusaciones interpuestas contra los jueces agrarios; y
2. Tener título de abogado en provisión nacional y haber ejercido con ética e idoneidad durante
seis (6) años la profesión de abogado, la judicatura o la cátedra universitaria en la especialidad y contar con experiencia en materia agraria; y,
II. Los vocales del Tribunal Agrario Nacional serán elegidos por la Corte Suprema de Justicia, en
Sala Plena, por dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros, de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura.
ARTICULO 38º (Composición). Los juzgados agrarios están compuestos por un juez, un secretario y un oficial de diligencias.
4. Conocer las acciones para el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir
de la actividad agropecuaria forestal o ecológica;
En casos de vacación, licencia, excusa o impedimento legal de un juez agrario o acefalía del
cargo, conocerá de la causa o causas, el juez agrario de la jurisdicción más próxima.
Haber ejercido la profesión de abogado, con ética e idoneidad durante cuatro (4) años ; y
Los jueces agrarios serán designados por el Tribunal Agrario Nacional, en Sala Plena, por dos
tercios (2/3) de votos del total de sus miembros, de nóminas propuestas por el Consejo de la
TITULO III PROPIEDAD AGRARIA Y DISTRIBUCION DE TIERRAS
CAPITULO I PROPIEDAD AGRARIA
Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades Comunarias.
1. El Solar Campesino constituye el lugar de residencia del campesino y su familia. Es indivisible
y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable;
2. La Pequeña Propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. Es
indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable;
3. La mediana Propiedad es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con
el concurso de su propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o permanentes y empleando medios técnico-mecánicos, de tal manera que su volumen principal de producción se destine al mercado. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil;
4. La Empresa Agropecuaria es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota
modernos. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil;
5. Las Tierras Comunitarias de Origen son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de
los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de Organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles,
por comunidades o mancomunidades, inembargables e
imprescriptibles; y,
II. Las características y, si fuere el caso, las extensiones de la propiedad agraria, sin afectar el
derecho propietario de sus titulares, serán objeto de reglamentación especial considerando las
zonas agroecológicas, la capacidad de uso mayor de la tierra y su productividad, en armonía con los planes y estrategias de conservación y protección de la biodiversidad, manejo de cuencas, ordenamiento territorial y desarrollo económico.
CAPITULO II DISTRIBUCION DE TIERRAS
I. Las tierras fiscales serán adjudicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, mediante
trámite administrativo iniciado
regionales, previa certificación de la Superintendencia Agraria sobre el uso mayor de la tierra conforme al procedimiento previsto en el reglamento de esta ley.
ante las direcciones departamentales o a través de las jefaturas
II. La dotación será a título gratuito exclusivamente en favor de comunidades campesinas,
pueblos y comunidades indígenas y originarias. La dotación de tierras para asentamientos humanos se efectuará exclusivamente en favor de dichas organizaciones, representadas por sus
autoridades naturales por los sindicatos campesinos a defecto de ellas.
ARTICULO 43º (Preferencia). Las tierras fiscales serán dotadas y adjudicadas de acuerdo a su vocación de uso, sujetándose a las siguientes preferencias :
2. La dotación tendrá preferencia frente a la adjudicación, en el marco de las políticas nacionales
de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras y las posibilidades del Instituto Nacional de Reforma Agraria ; y,
II. La Titulación de tierras comunitarias de origen es compatible con la declaratoria de áreas
protegidas, en concordancia con el artículo 64 de la Ley 1333 de 27 de abril de 1992.
II. Una vez concluido el proceso de saneamiento y declarada saneada el área, las tierras
disponibles podrán ser dotadas o adjudicadas.
I. Los Estados y Gobiernos Extranjeras así como las corporaciones y otras entidades que de
ellos dependan, no podrán ser sujetos del derecho de propiedad agraria a ningún título, ya sea directamente o por interpósita persona.
Las personas extranjeras naturales o jurídicas no podrán adquirir ni poseer, por ningún título,
dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras internacionales del país, ninguno de los derechos reconocidos por esta ley, bajo pena de perder en beneficio del Estado la propiedad adquirida, en concordancia con el artículo 25º de la Constitución Política del Estado. Los propietarios nacionales de medianas propiedades y empresas agropecuarias pueden suscribir con personas individuales o colectivas extranjeras, con excepción de las que pertenecen a países limítrofes a la propiedad, contratos de riesgo compartido para su desarrollo, con prohibición expresa de transferir o arrendar la propiedad, total o parcialmente bajo sanción de nulidad y reversión a dominio de la Nación.
III. Las personas extranjeras naturales o jurídicas no podrán ser dotadas ni adjudicadas de
tierras fiscales en el territorio nacional.
IV. Las personas extranjeras naturales o jurídicas, para adquirir tierras de particulares tituladas
por el Estado fuera del límite previsto en el parágrafo N precedente, o para suscribir contratos de riesgo compartido, deberán residir en el país tratándose de personas naturales, estar habilitadas
para el ejercicio de actividades agropecuarias en Bolivia, tratándose de personas jurídicas.
Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados Nacionales, Ministros de
Estado, Contralor General de la República, Presidente y Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Magistrados del Tribunal Constitucional de la Nación; Presidente y Vocales del Tribunal Agrario Nacional y Jueces Agrarios, Presidente y Vocales de las Cortes de Distrito;
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente, Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería, Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos de Género y Generacionales, miembros y funcionarios dependientes del Servicio Nacional de Reforma Agraria, cualesquiera fuere su rango y jerarquía ; sea personalmente o por interpósita persona.
y Superintendentes, Prefectos y
Subprefectos,
II. Esta prohibición subsistirá durante el año siguiente a la cesación de sus funciones y alcanza a
los parientes consanguíneos y por afinidad, hasta el segundo grado, inclusive.
ARTICULO 48º (Indivisibilidad). La propiedad agraria, bajo ningún titulo podrá dividirse en superficies menores a las establecidas para la pequeña propiedad. Las sucesiones hereditarias se mantendrán bajo régimen de indivisión forzosa. Con excepción del solar campesino, la propiedad agraria tampoco podrá titularse en superficies menores a la pequeña propiedad.
I. La dotación, adjudicación y actos jurídicos realizados en contravención a las prohibiciones
precedentes son nulos de pleno derecho, las tierras se tendrán como si nunca hubiesen salido del dominio del Estado y los funcionarios encargados de su otorgación serán sancionados conforme a ley.
Los funcionarios públicos dependientes del Servicio Nacional de Reforma Agraria, los vocales
jueces agrarios,
autoricen cualquier acto o realicen gestiones que contravengan los principios y obligaciones establecidos en esta ley, serán sancionados administrativamente sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente. La denuncia puede ser presentada por el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Reforma Agraria o cualquier persona individual o colectiva.
c. Simulación absoluta, cuando se crea un acto aparente que no corresponde a ninguna
operación real y se hace aparecer como verdadero lo que se encuentra contradicho con la
a. Incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o de la jerarquía, salvo, en este
último caso que la delegación o sustitución estuvieren permitidas;
c. Violación de la ley
aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su
II. Declarada la nulidad, se tendrá como si las tierras nunca hubieran salido del dominio originario
se dispondrá la cancelación de la correspondiente partida en el Registro de
III. Si la propiedad respecto de la cual se hubiere dictado resolución de nulidad absoluta se
encontrare cumpliendo la función económico-social. su titular tendrá derecho a adquirirla por dotación si se tratare de pueblos y comunidades indígenas, campesinas u originarias o por adjudicación simple si se tratare de personas naturales o jurídicas, excepto en los siguientes casos:
1. Cuando su titular se encuentre dentro de las prohibiciones establecidas en los artículos 46º y
47º de esta ley;
La adjudicación simple se efectuará a valor de mercado de la tierra sin mejoras, fijado por la
V. Las hipotecas y gravámenes legalmente constituidos sobre propiedades agrarias cuyos títulos
fueren objeto de nulidad, subsistirán sobre el nuevo derecho de propiedad que eventualmente se
constituya en favor del deudor, conservando su orden de preferencia.
VI. Los títulos ejecutoriales estarán viciados de nulidad relativa cuando existan irregularidades u
omisiones que no llegaren a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales. Los títulos ejecutoriales que adolezcan de estos vicios podrán ser subsanados y confirmados si la tierra se encontrare cumpliendo la función económico-social. En caso contrario serán anulados. VII. La declaración de nulidad absoluta y la convalidación de títulos ejecutoriales será de competencia del Tribunal Agrario Nacional, de acuerdo al procedimiento que se establezca en el reglamento a la presente ley
ARTICULO 51º (Reversión de Tierras). Serán revertidas al dominio Originario de la Nación sin indemnización alguna, las tierras cuyo uso perjudique el interés colectivo calificado por esta ley, en concordancia con el artículo 22º parágrafo I de la Constitución Política del Estado.
ARTICULO 52º (Causal de Reversión). Es causal de reversión el abandono de la propiedad agraria por ser perjudicial al interés colectivo.
ARTICULO 53º (Excepciones). No serán revertidas por abandono el solar campesino y la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen ni las comunales tituladas colectivamente.
ARTICULO 54º (Compensación por Daños). Las mejoras existentes en el fundo revertido que por su naturaleza no puedan separarse del mismo, serán consolidadas en favor del Estado, en compensación por daños y perjuicios causados al interés colectivo.
ARTICULO 55º (Inscripción en Derechos Reales). La resolución de reversión pasada en autoridad de cosa juzgada será título suficiente para la inscripción de la propiedad en el Registro de Derechos Reales, a nombre del Instituto Nacional de Reforma Agraria en representación del
I. Los acreedores hipotecarios podrán pagar el impuesto a la propiedad inmueble agraria por cuenta de sus titulares antes de que se produzca la causal de reversión por abandono de la
II. Las hipotecas y gravámenes constituidos sobre tierras que sean revertidas al Estado se
Los créditos garantizados por hipotecas extinguidas por reversión, conservando su orden de
preferencia, gozarán de hipoteca legal suplementaria sobre los demás bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad del deudor, oponible a terceros desde la inscripción de la resolución de reversión en el Registro de Derechos Reales, y de privilegio especial sobre las mejoras que puedan ser separadas del fondo.
administrativo establecido en el reglamento de esta ley
II. El Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá disponer las medidas precautorias necesarias
que aseguren la ejecución de la resolución de reversión.
III. La resolución de reversión será dictada por el Director Departamental del Instituto Nacional de
Reforma Agraria y podrá ser impugnada mediante recurso de revocatoria ante la misma autoridad y/o recurso jerárquico ante el Director Nacional en el efecto devolutivo. Los recursos se interpondrán en el plazo perentorio de quince (15) días, computables a partir de la notificación con la resolución que se impugna. La resolución que resuelva el recurso jerárquico podrá ser demandada en proceso contencioso-administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional, en el plazo perentorio de cuarenta y cinco (45) días, a contar de la fecha en la que se notificare con aquella.
CAPITULO II DE LA EXPROPIACION
ARTICULO 58º (Expropiación). La expropiación de la propiedad agraria procede por causa de utilidad pública calificada por ley o cuando no cumple la Función económico-social, previo pago de una justa indemnización, de conformidad con los artículos 22º parágrafo N, 166º y 169º de la Constitución Política del Estado. En el primer caso, la expropiación podrá ser parcial, en el segundo, será total.
El reagrupamiento y la redistribución de la tierra:
La conservación y protección de la biodiversidad; y
Las tierras expropiadas por la causal de utilidad pública, señalada en el numeral 1 del
presente artículo, podrán ser adjudicadas sólo en Concurso Público Calificado.
III. El reagrupamiento y la redistribución de la tierra, como causa de utilidad pública, se realizará
conforme a las necesidades económico-sociales y de desarrollo rural, establecidas mediante decreto supremo. La expropiación por estas causales no se vinculará a solicitud de parte interesada en la dotación.
Esta excepción se aplica únicamente a las tierras tituladas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización como solar campesino, pequeña propiedad, propiedad comunal o tierra comunitaria de origen y, en ningún caso, a las propiedades tituladas
como medianas o empresas agropecuarias, que hubieran sido divididas por efecto de contratos o sucesión hereditaria.
II. El monto de la indemnización por expropiación del solar campesino, la pequeña propiedad, las
tierras comunitarias de origen y aquellas tituladas colectivamente, será igual al valor de mercado de las mismas, fijado por la Superintendencia Agraria. Alternativamente cuando la expropiación opere por la causal señalada en el parágrafo I, numerales 2 y 3 del artículo anterior, los titulares afectados podrán ser indemnizados por las mejoras, según el valor fijado por la Superintendencia Agraria y compensados por el valor de la tierra con la dotación de otras de igual superficie y calidad.
administrativo establecido en el reglamento de esta ley.
II. La expropiación por causa de utilidad pública, relacionada con obras de interés público, será
de competencia de las autoridades u órganos interesados.
III. El pago de las indemnizaciones por expropiaciones, fundadas en la conservación y protección
de la biodiversidad, será efectuado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
IV. El Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá disponer las medidas precautorias necesarias
que aseguren la ejecución de la resolución de expropiación.
V. La resolución de expropiación será dictada por el Director Departamental del Instituto Nacional
de Reforma Agraria y podrá ser impugnada mediante recurso de revocatoria ante la misma autoridad y/o recurso jerárquico ante el Director Nacional en el efecto suspensivo. Los recursos se interpondrán en el plazo perentorio de quince (15) días computables a partir de la notificación con la resolución que se impugna. La resolución que resuelva el recurso jerárquico podrá ser demandada en proceso contencioso-administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional, en el plazo perentorio de cuarenta y cinco (45) días, a contar de la fecha en la que se notificare con aquella.
en el Registro de Derechos Reales no requerirá de escritura pública, siendo suficiente al efecto
el registro de la respectiva resolución administrativa o, en su caso, de la resolución judicial agraria, que haga lugar a la expropiación
La inscripción de la propiedad expropiada
I. Los acreedores hipotecarios, a fin de preservar sus derechos, podrán intervenir en los
procedimientos de expropiación, ejerciendo los derechos de sus deudores, en ejercicio de la acción oblicua prevista en el artículo 1445 del Código Civil. Al efecto, los acreedores hipotecarios serán citados por edictos con la resolución que disponga el inicio del procedimiento
II. Las hipotecas y gravámenes constituidos sobre tierras expropiadas se extinguen de pleno
III. Los créditos garantizados por hipotecas extinguidas por expropiación y los gravámenes constituidos, conservando su orden de preferencia, se pagarán con la indemnización debida al
propietario afectado, a la cual quedarán legalmente vinculados.
TITULO V SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA
ARTICULO 64º (Objeto). El saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio a pedido de parte.
ARTICULO 65º (Ejecución del Saneamiento). El Instituto Nacional de Reforma Agraria, en coordinación con las direcciones departamentales queda facultado para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria en el plazo máximo de diez (10) años computables a partir de la publicación de esta ley, sujeto a las disposiciones de los artículos siguientes.
1. La titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo la función económico-social o
función social definidas en el artículo 2º de esta ley, por lo menos dos (2) años antes de su publicación, aunque no cuenten con trámites agrarios que los respalden, siempre y cuando no
afecten derechos legalmente adquiridos por terceros, mediante procedimiento de adjudicación simple o de dotación, según sea el caso;
6. La convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa. Siempre y cuando la tierra
cumpla la función económico-social;
Resolución Suprema, cuando el proceso agrario cuente con Resolución Suprema o se
hubieren emitido títulos ejecutoriales.
III. El Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá dictar las medidas precautorias
necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones emergentes del saneamiento.
ARTICULO 68º (Recursos Ulteriores). Las resoluciones emergentes del proceso de saneamiento serán impugnadas únicamente ante el Tribunal Agrario Nacional, en proceso contencioso-administrativo, en el plazo perentorio de treinta días (30) computables a partir de su
CAPITULO II MODALIDADES DEL SANEAMIENTO
ARTICULO 70º (Saneamiento Simple). El Saneamiento Simple es la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte en áreas no catastrales o de oficio cuando se detecte conflicto de derechos en propiedades agrarias, parques nacionales, reservas fiscales, reservas de la biodiversidad y otras áreas clasificadas por norma legal.
(CAT-SAN)
II. Se entiende por catastro legal, el sistema público de registro de información en el que se
hacen constar datos relativos a la propiedad agraria y derechos que sobre ella recaen, así como
su superficie, ubicación, colindancias y límites.
II. Se garantiza la participación de las comunidades y pueblos indígenas y originarios en la
ejecución del Saneamiento (SAN-TCO).
III. Las propiedades de terceros situadas al interior de las tierras comunitarias de origen que
durante el saneamiento reviertan a dominio originario de la Nación, serán consolidadas por
dotación a la respectiva tierra comunitaria de origen.
IV. En caso de que las propiedades de terceros debidamente saneadas, abarquen extensiones
que disminuyan significativamente las tierras del pueblo o comunidad indígena u originaria, comprometiendo su desarrollo económico, social y cultural, el Instituto Nacional de Reforma Agraria procederá a dotar tierras en favor del pueblo o comunidad indígena u originaria, en
superficie y calidad suficientes, en zonas donde existan tierras disponibles, en consulta con los beneficiarios, de acuerdo a las previsiones de esta ley.
CAPITULO III ADJUDICACION SIMPLE
II. La adjudicación simple podrá reconocer plazos para el pago del precio de la tierra, en cuyo
caso se aplicará el interés legal, previsto en el Código Civil.
CAPITULO IV DE LOS PROCESOS AGRARIOS EN TRAMITE
I. Los procesos agrarios substanciados ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria, sobre
tierras cuya superficie sea igual o menor a la pequeña propiedad agrícola o que correspondan a comunidades indígenas y campesinas, y que cuenten con sentencia ejecutoriada al 24 de noviembre de 1992, serán titulados sin más trámite y gratuitamente, previa ubicación geográfica si correspondiere.
II. Los trámites administrativos de adjudicación de tierras efectuados ante el Instituto Nacional de
Colonización sobre tierras cuya superficie sea igual o menor a la pequeña propiedad agrícola y que cuenten con minuta de compraventa protocolizada al 24 de noviembre de 1992, serán titulados sin más trámite y gratuitamente, previa ubicación geográfica si correspondiere. III. Los procesos agrarios substanciados ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria e Instituto Nacional de Colonización sobre tierras cuya superficie sea mayor a la pequeña propiedad agrícola, que cuenten con sentencia ejecutoriada o minuta de compraventa protocolizada al 24 de noviembre de 1992, respectivamente, serán titulados gratuitamente previa revisión del expediente e inspección técnico-jurídica para verificar su regularidad y el cumplimiento de la función económico-social.
TITULO VI PROCEDIMIENTOS AGRARIOS
ARTICULO 76º (Principios Generales). La administración de la justicia agraria se rige por los siguientes principios:
PRINCIPIO DE INMEDIACION. Consiste en el contacto directo y personal del titular del órgano
jurisdiccional con las partes y el manejo del proceso como condición esencial de excluye cualquier medio de conocimiento indirecto del proceso.
oralidad que
ARTICULO 77º (Irrevisabilidad). No corresponde a la justicia ordinaria revisar, modificar y menos anular las decisiones de la judicatura agraria, cuyos fallos constituyen verdades jurídicas comprobadas, inamovibles y definitivas.
ARTICULO 78º (Régimen de Supletoriedad). Los actos procesales y procedimientos no regulados por la presente ley, en lo aplicable, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
CAPITULO II DEL PROCESO ORAL AGRARIO
1. El demandante acompañará la prueba documental que obre en su poder y propondrá toda otra
prueba de que intentare valerse; y,
Admitida la demanda será corrida en traslado al demandado para que la conteste en el plazo
de quince (15) días calendario, observando los mismos requisitos señalados para la demanda.
ARTICULO 81º (Reconvención). La reconvención será admisible cuando las pretensiones formuladas derivaren de la misma relación procesal o fueren conexas con las invocadas en la demanda. La reconvención se correrá en traslado para su contestación en el mismo plazo previsto para la demanda.
3. Litispendencia. En este caso se acumulará el nuevo proceso al anterior siempre que existiere
identidad de objeto;
II. Las excepciones serán opuestas, todas juntas, a tiempo de contestar la demanda o la
II. Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado que
justificare la comparecencia por representante.
En la audiencia se cumplirán las siguientes
actividades procesales:
1. Alegación de hechos nuevos, siempre que no modifiquen la pretensión o la defensa, y
aclaración de sus fundamentos si resultaren obscuros o contradictorios.
2. Contestación a las excepciones opuestas y recepción de las pruebas propuestas para
acreditarlas.
3. Resolución de las excepciones y, en su caso, de las nulidades planteadas o las que el juez
hubiere advertido y de todas las cuestiones que correspondan para sanear el proceso.
4. Tentativa de conciliación instada por el juez respecto de todos o algunos de los puntos
controvertidos. Si se llegare a un acuerdo total, este será homologado en el acto poniendo fin al proceso; empero, si la conciliación fuere parcial, será aprobado en lo pertinente, debiendo
proseguir el proceso sobre los puntos no conciliados.
I. Si la prueba no hubiere sido totalmente recepcionada en la primera audiencia, en la misma se
señalará día y hora de audiencia complementaria, que se realizará dentro de los diez (l0) días siguientes. La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo ni dejará de recepcionarse la prueba, ni aún por ausencia de alguna de las partes, excepto en el único caso que el juez decida prorrogarla por razones de fuerza mayor.
complementarias o careos, salvo que el juez autorice su retiro.
ARTICULO 85º (Providencias y Autos Interlocutorios). Las providencias y autos interlocutorios simples admiten recurso de reposición, sin recurso ulterior. Si estas resoluciones fueran dictadas en audiencia deberán ser impugnadas en la misma y resolverse en forma inmediata por el juez.
ARTICULO 86º (Sentencia). La audiencia concluirá con la dictación de la sentencia, sin necesidad de alegatos de las partes y constará en acta.
I. Contra la sentencia procederán los recursos de casación y nulidad ante el Tribunal Agrario
Nacional, que deberán presentarse ante el Juez de instancia, en el plazo de ocho (8) días perentorios computables a partir de su notificación, observando los requisitos señalados en el artículo 258º del Código de Procedimiento Civil
II. Presentado el recurso, si correspondiera, se correrá en traslado a la otra parte para que
conteste dentro del mismo plazo, observando los requisitos señalados en el parágrafo anterior, en lo pertinente.
III. Con la contestación del recurso o vencido el plazo señalado al efecto, el juez concederá el
rechazará el recurso si fuese presentado fuera de término.
Nacional. El juez
El Tribunal de Casación resolverá el recurso declarándolo improcedente, infundado, casando
la sentencia o anulando obrados, en el plazo improrrogable de quince (15) días.
PRIMERA. (Ocupaciones de Hecho). Los asentamientos y ocupaciones de hecho en tierras fiscales, producidas con posterioridad a la promulgación de esta ley son ilegales y contravienen sus principios ; por tanto, sus autores serán pasibles de desalojo, con intervención de la fuerza pública si fuere necesaria, a requerimiento de autoridad administrativa o judicial competente.
I. En las tierras de aptitud de uso agrícola o ganadera, en las de protección o producción forestal
y en las comunitarias
prevalecerá el derecho de propiedad agrícola, ganadera o de la comunidad campesina, pueblo o
las concesiones, contratos o autorizaciones de
de origen, en las que existiera superposición o conflictos de derechos,
II. En las tierras de protección forestal el beneficiario deberá cumplir las regulaciones con
respecto al uso mayor de la tierra, establecidas en normas especiales.
I. El Instituto Nacional de Reforma Agraria certificará los derechos de propiedad agraria
existentes en las tierras de uso forestal y aquellas destinadas a la conservación de la
biodiversidad, investigación y ecoturismo, en el plazo de (60) sesenta días a partir de presentada
II. En caso de no certificarse en el plazo establecido en el parágrafo I que antecede, la entidad
solicitante podrá requerir el pronto despacho de la certificación. Si aún así el certificado no es emitido, el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria incurrirá en responsabilidad calificada de acuerdo a la ley 1178 de 9 de julio de 1990.
CUARTA. (Incorporación a la Ley General del Trabajo). Se dispone la incorporación de los
trabajadores asalariados del campo al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, sujeta
a régimen especial, concordante con lo prescrito en el artículo 157º, numerales I y II de la Constitución Política del Estado.
QUINTA. (Tasas de Saneamiento y Catastro). Créase las tasas de saneamiento y catastro de la propiedad agraria, a ser fijadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, tomando en cuenta los costos de los servicios y criterios de equidad y proporcionalidad. Las tasas no se aplicarán al solar campesino, la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen y las de las comunidades.
SEXTA. (Registro de la Propiedad Mueble Agraria). Créase el Registro de la Propiedad Mueble Agraria (RPMA), como unidad desconcentrada del Instituto Nacional de Reforma Agraria, con el objeto de inscribir y registrar la maquinaria agrícola y pecuaria empleada en las actividades el agro, a implementarse en coordinación con el sector productivo organizado. Sus
I. Transfiérese a título gratuito al Instituto Nacional de Reforma Agraria los activos del Consejo
Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Colonización, y los bienes inmuebles restantes del Banco Agrícola de Bolivia en todo el
II. Subrógase al Tesoro General de la Nación los pasivos del Consejo Nacional de Reforma
Agraria y del Instituto Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Colonización.
I. El Poder Ejecutivo consignará, dentro de su presupuesto anual, las partidas para cubrir los
gastos que demande el funcionamiento de los Órganos del Servicio Nacional de Reforma Agraria
y de la Superintendencia Agraria.
presupuesto del Poder Judicial.
NOVENA. (Créditos de Desarrollo). En observancia de los artículos 168º y 173º de la Constitución Política del Estado a través de sus instancias financieras y sujeto a reglamentación especial, otorgará y/o canalizará créditos de desarrollo y de fomento a pequeños propietarios, cooperativas, y comunidades indígenas, campesinas y originarias.
DECIMA. El Instituto Nacional de Reforma Agraria solicitará al Poder Ejecutivo la declaratoria de "Zona de Minifundio" en áreas excesivamente fragmentadas, a fin de consolidar unidades productivas económicamente viables, sin afectar derechos propietarios. La división, subdivisión y transferencia en las zonas de minifundio estarán reguladas en el reglamento de esta ley.
DECIMO PRIMERA. Los contratos de aparcería o arrendamiento serán regulados en el reglamento de esta ley.
DECIMO SEGUNDA. La Cooperativa Agropecuaria es una sociedad económica de administración democrática cuyas actividades se rigen por los siguientes principios :
a. Libre adhesión de sus asoc iados ;
Incorpórase al final del artículo 57º, el siguiente párrafo:
"En el caso de la propiedad de inmueble agraria, dedicada al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, conservación y protección de la biodiversidad, investigación y ecoturismo,
impuesto se determinará aplicando el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de las alícuotas que
indican en este artículo".
I. La nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales sometidos a saneamiento, se resolverá
tomando en cuenta los requisitos contenidos en las disposiciones vigentes a tiempo de su otorgamiento, referidos a:
2. Disposiciones de las leyes que prohíben terminantemente, o dejando de hacer lo que ordenan
del mismo modo, en perjuicio de la causa pública o de tercero interesado ;
Los títulos ejecutoriales afectados de nulidad relativa, podrán ser subsanados y confirmados
gratuitamente, si la tierra se encontrare CUMPLIENDO la función económico-social. En caso
contrario serán anulados.
PRIMERA. Mientras dure el proceso de saneamiento de la propiedad agraria no podrán ser miembros de la Judicatura Agraria, los ex jueces o ex vocales del Consejo Nacional de Reforma Agraria, ni los ex funcionarios del Instituto Nacional de Colonización.
I. De acuerdo a lo dispuesto en esta ley, el Servicio Nacional de Reforma Agraria titulará
inmediatamente promulgada la misma, como Tierras Comunitarias de Origen, los territorios indígenas : Chimán (TICH), Multiétnico Nº 1 (TIM), Sirionó (TIS), Weenhayek (TIWM), y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), reconocidos mediante Decretos Supremos Nos. 22611 ; 22609 ; 23500 y 22610 respetando los derechos legalmente adquiridos por terceros.
II. Los territorios indígenas Yuquí, Araona y el Territorio Indígena y Reserva de la Biosfera Pilón
Lajas, reconocidos mediante Decretos Supremos 23108 ; 23110 y 23111 serán titulados en el término improrrogable de sesenta (60) días a partir de la publicación de esta ley, en el cual se determinará su ubicación geográfica y límites.
III. Las superficies consignadas en los títulos referidos en los parágrafos anteriores están sujetas
Comunitarias de Origen (SAN-TCO).
II. La Resolución de Inmovilización será dictada por el Director del Instituto Nacional de Reforma
Agraria para cada solicitud, dentro de los noventa (90) días siguientes a la publicación de la presente ley, previa determinación de su ubicación y superficie.
Las superficies consignadas en las demandas de Tierras Comunitarias de Origen podrán
modificarse de acuerdo a los resultados del Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen e
Identificación de Necesidades y Titulación.
IV. Las indicadas tierras comunitarias de origen serán tituladas en el término improrrogable de
diez (10) meses, computables a partir de la publicación de esta ley, previa ejecución del Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) y cumplimiento del Procedimiento de Identificación de Necesidades y Titulación.
CUARTA. En tanto se designe al Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, tal como lo dispone esta ley, el Presidente de la República podrá designar un Director Nacional
QUINTA. Las tierras tituladas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria en lo proindiviso, en favor de comunidades y pueblos indígenas u originarios serán reconocidas como Tierras Comunitarias de Origen, siempre y cuando sus titulares mantengan formas de organización, cultura e identidad propias y así lo soliciten.
SEXTA. De conformidad con el artículo 166º de la Constitución Política del Estado, se reconocerán los asentamientos humanos de pequeños productores y comunidades indígenas y campesinas anteriores en dos (2) años o más a la vigencia de esta ley, siempre que estén cumpliendo con las normas de uso de la tierra vigentes, no afecten derechos legalmente adquiridos por terceros y cumplan las disposiciones establecidas en esta ley.
I. La Dirección General de Trabajo Agrario y Justicia Campesina, en el plazo de noventa días
computables a partir de la publicación de esta ley evaluará los procesos a su cargo, con las siguientes finalidades :
1. Los procesos referidos a conflictos laborales agrarios radicados en las inspectorías regionales,
direcciones departamentales y Dirección General del Trabajo Agrario y Justicia Campesina,
serán remitidos a la Inspección Nacional del Trabajo para su resolución en la vía conciliatoria, de acuerdo a los principios constitucionales vigentes. De no mediar conciliación se remitirán a conocimiento de los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social.
2. Los procesos referidos a conflictos de límites y otros sobre el derecho propietario de fundos
General del Trabajo Agrario y Justicia Campesina, serán remitidos al Instituto Nacional de
Reforma Agraria para someterlos al saneamiento de la propiedad agraria.
3. Los procesos de intervención y reversión de tierras y aquellos sobre actos que perturban el
trabajo agrario, radicados en las inspectorías regionales, direcciones departamentales y Dirección General del Trabajo Agrario y Justicia Campesina, serán remitidos a la Judicatura Agraria para su substanciación.
II. Las causas en trámite se substanciarán de acuerdo a la Ley de 22 de diciembre de 1967, en lo
aplicable y, las causas nuevas, de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley.
III. Cumplido el plazo referido en el parágrafo I, la Dirección General de Trabajo Agrario y Justicia
Campesina quedará disuelta.
Mientras se constituya el Consejo de la Judicatura y por esta única vez, los miembros del
Tribunal Agrario Nacional serán designados por la Corte Suprema de Justicia, por dos tercios de votos del total de sus miembros, de ternas elaboradas por la Honorable Cámara de Diputados.
NOVENA. En todo aquello no previsto y no derogado por la presente ley, se aplicarán las normas vigentes del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de ley el 29 de octubre de 1956.
DECIMA. Mientras el Poder Ejecutivo establezca las características y si fuere el caso, las extensiones de la propiedad agraria para cada zona, con arreglo a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 41º de esta ley, a los efectos legales correspondientes, se tomarán en cuenta las
disposiciones contenidas en los artículos 13º, 14º, 15º, 16º, 17º y 21º del Capítulo III del Título I
de la Ley de 29 de octubre de 1956.
DECIMO PRIMERA. Mientras dure la investigación sobre todas las tierras que comprende el caso BOLIBRAS y hasta la conclusión de todos los procesos, queda terminantemente prohibida su dotación o adjudicación, no reconociendo ningún trámite de titulación vinculado a éste, encomendando al Instituto Nacional de Reforma Agraria tomar todas las acciones de Ley contra cualquier tipo de asentamiento anterior o posterior a la investigación.
ARTICULO 1º (Abrogatorias). Quedan abrogadas las siguientes disposiciones legales :
Decreto Supremo Nº 3471 de 27 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre
1956. (Constitución y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria) ;
Ley de 22 de diciembre de 1956 (Juzgados Agrarios Móviles) ;
Ley de 6 de novi embre de 1958 (Dotación de tierras fiscales por el Servicio Nacional de
Reforma Agraria con excepción de las declaradas en reserva para colonización ;
4. Decreto Supremo Nº 3939 de 28 de enero de 1955, elevado a Ley el 29 de octubre de 1956
(Revisión de Expedientes por el Consejo Nacional de Reforma Agraria ;
8. Ley Nº 31 de 18 de noviembre de 1960 y Decreto Reglamentario Nº 5702 de 10 de febrero de
1961, elevado a Ley el 22 de diciembre de 1967. (Dirección Nacional de Trabajo Agrario y Justicia Campesina); 9. Abrógase el D.S. 5749 del 24 de marzo de 1961 ; y, 10. Las demás disposiciones contrarias a la presente ley y su reglamento.
ARTICULO 2º (Derogatorias). Quedan derogadas las siguientes disposiciones legales :
Artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Capítulo II y Capítulo III y artículos 21º y 22º del capítulo
del Título I del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de
octubre de 1956 ;
rango de Ley el 29 de octubre de 1956 ;
3. Capítulo Unico del Título VII del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a
2. Capítulos I, II y III del Título V del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953,
4. Capítulo III del Título IX, del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de
Ley el 29 de octubre de 1956 ;
5. Capítulo Unico del Título XIV del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a
Artículos 162º y 163º del Capítulo I y artículos 164º, 165º, 166º y 167º del Capítulo II, del Título
XV, del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre
7. Artículo 4º del Decreto Ley Nº 7260 de 2 de agosto de 1965, elevado a rango de Ley por ley
Nº 343 de 26 de octubre de 1967 ;
8. Artículo 168º del Capítulo I del Título XVI del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953,
elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956 ;
Fdo. H. Raúl Lema Patiño.- PRESIDENTE H. SENADO NACIONAL.- H. Georg Prestel Kern.- PRESIDENTE H. CAMARA DE DIPUTADOS.- HH. Walter Zuleta Roncal y Guido Capra Jemio, Senadores Secretarios.- H. Hugo Baptista Orgaz y Aida Moreno de Claros.- Diputados
Secretarios.-
LOZADA.-
Levy.-
Ambiente.- Carlos
Berzain.- Ministro de Gobierno.- Dr. René
Sandoval.-
Presidencia de la República.- Freddy Teodovich Ortiz.- Ministro de Desarrollo Humano.- Dr. Jorge Otasevic Toledo.- Ministro de defensa Nacionsl.- Alfonso Revollo Thenier.- Ministro de Capitalización.- Fernando Candia Castillo.- Ministro de Hacienda.- Guillermo Richter Ascimani.- Ministro de Comunicación Social Sin Cartera Responsable.- Douglas Ascarrunz Eduardo.- Ministro Suplente de Desarrollo Económico.- Reynaldo Peterc Arzabe.- Ministro de Trabajo.-
Emb. Eduardo Trigo O`Connor d`Arlach.- Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a.i
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ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19
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ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26
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 Resolución 
 resolución 

Artículo 34
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 artículo 25
 resolución 
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