Source: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0685-D-2020
Timestamp: 2020-08-09 02:40:01+00:00

Document:
Expediente 0685-D-2020
Sumario: ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA INFORMACION , LA PARTICIPACION PUBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE - ACUERDO DE ESCAZU- SUSCRIPTO EL 27 DE SEPTIEMBRE 2018, EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. RATIFICACION.
Artículo 1°- Ratificar. Ratifícase el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” -Acuerdo de Escazú- suscripto por Argentina el 27 de septiembre de 2018, en el marco de la celebración anual de la Asamblea General de Naciones Unidas, en todo su articulado, cuyo texto forma parte de la presente ley como Anexo.
El 4 de marzo de 2020 se cumplieron dos años de la firma del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, el cual fue suscripto por nuestro país el día 27 de septiembre de 2018 en el marco de la celebración anual de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Se trata de un importante instrumento jurídico que adquiere mayor relevancia al ser, en el plano regional, el primer tratado sobre asuntos ambientales; y, a nivel mundial, el primero que incluye disposiciones de protección a los/as defensores/as de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El “Acuerdo de Escazú” cuenta con veintidós firmas de países de la región (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristobal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela).
Sin embargo, para entrar en vigencia debe ser ratificado por once países antes del 26 septiembre del año corriente, tal como prevé el artículo 21 del Acuerdo. “Artículo 21 Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe incluidos en el Anexo 1, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020. 2. El presente Acuerdo estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados que lo hayan firmado. Estará abierto a la adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe incluidos en el Anexo 1 que no lo hayan firmado, a partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo para la firma del Acuerdo. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario”.
En este sentido, el presente proyecto de ley busca que la República Argentina se sume al grupo de seis países que, al momento de la presentación del presente proyecto, ratificaron el Tratado; a saber: Bolivia, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Las bases de este acuerdo se centran en la reafirmación del Principio 10 de la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” de 1992. De este modo, dispone que los Estados deben garantizar el derecho al acceso a la información ambiental a todo aquel que lo solicite, acompañado por la generación, recopilación y divulgación de información ambiental de manera sistemática, proactiva, oportuna, accesible comprensible y actualizada.
A su vez, prevé la necesidad de garantizar la participación pública, abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones relativos a proyectos o actividades de impacto significativo sobre el ambiente. Otro elemento fundamental, es la responsabilidad de los Estados firmantes de asegurar el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales, incluyendo la creación de organismos estatales competentes y la definición de procedimientos efectivos, públicos, transparentes e imparciales.
Uno de los artículos más relevantes es aquel que consagra la obligación de garantizar el reconocimiento, protección y promoción de todos los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Incluyendo los ataques o amenazas que dichos activistas pueden sufrir en el ejercicio de sus acciones.
Asimismo, el Tratado prevé el fortalecimiento de capacidades de los Estados, es decir, la formación en derechos ambientales de funcionarios/as del Estado y funcionarios/as judiciales, la implementación de la educación ambiental en todos los niveles educativos, y la concientización de la sociedad en general.
Por último, al ser un tratado que involucra a los países de América Latina y el Caribe incorpora como principio esencial la cooperación regional; a la vez que alienta la cooperación con otras regiones.
En relación a la legislación nacional, el acuerdo de Escazú es acorde a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual prevé que ”Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Siendo también congruente con las siguientes leyes nacionales: Ley N° 27275 de “Derecho de Acceso a la Información Pública”; y Ley N° 25831 de “Libre Acceso a la Información Pública Ambiental”. Además de tratarse de una fiel expresión del objetivo último de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: “no dejar a nadie atrás”
El espíritu del acuerdo es transitar hacia una sociedad ambientalmente más justa; y, en este sentido, pugna por el pleno ejercicio de derechos de los/as ciudadanos/as. Entre otros, son derechos esenciales los siguientes: el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones, la libertad de expresión y el acceso a la justicia, en función de mejorar los mecanismos para afrontar problemáticas ambientales tan urgentes como el deterioro de los recursos naturales, la pérdida de la diversidad biológica, la degradación de las tierras, la crisis climática y el aumento de eventos naturales que ponen en riesgo a las poblaciones.
Cabe destacar que la condición multiescalar de los problemas ambientales sólo permite avanzar hacia una mayor protección del ambiente en el plano local, si se cuenta con el compromiso regional. De esta forma, el acuerdo apela al compromiso regional con los derechos ambientales, pero depende del accionar de cada país asegurar la vigencia del mismo, contribuyendo a extender los derechos de las sociedades y asegurando un accionar eficaz frente a dichas cuestiones.
Artículo 5 Acceso a la información ambiental
Artículo 6 Generación y divulgación de información ambiental
Artículo 7 Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
Artículo 8 Acceso a la justicia en asuntos ambientales
Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
Artículo 10 Fortalecimiento de capacidades
Artículo 12 Centro de intercambio de información
Artículo 13 Implementación nacional
Artículo 14 Fondo de Contribuciones Voluntarias
Artículo 16 Derecho a voto
Artículo 18 Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento
Artículo 23 Reservas

References: Artículo 1
 artículo 21
 artículo 41

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 18

Artículo 23