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Timestamp: 2019-04-23 12:56:56+00:00

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La extinción y resolución del contrato de distribución en la jurisprudencia - Núm. Enero-Marzo 2012 , Enero 2012 - Newsletter Pérez-Llorca - Libros y Revistas - VLEX 395164838
La terminación de los contratos de distribución, así como sus consecuencias, es desde hace algunos años una cuestión de enorme litigiosidad en nuestro Tribunales, que, más allá del efímero régimen a que fueron sometidos los contratos de distribución de vehículos a motor, hasta la fecha no ha sido objeto de una regulación. Caducó el Proyecto de Ley que fue presentado en la pasada Legislatura y no... (ver resumen completo)
1. A la espera de una regulación sobre los contratos de distribución.
2. El incumplimiento resolutorio en contratos de duración determinada e indefinida.
3. Desistimiento y preaviso.
4. El daño indemnizable por falta de preaviso.
5. El daño de resolución.
6. Otras consecuencias derivadas de la extinción y resolución del contrato.
7. La indemnización por clientela.
1. A la espera de una regulación sobre los contratos de distribución
Desde marzo de 2010 el Gobierno está obligado a promulgar una Ley que regule los contratos de distribución1. Este requerimiento fue parcialmente atendido al promulgar la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, cuya disposición adicional decimosexta introdujo una regulación exclusivamente aplicable a los contratos de distribución de vehículos a motor2, que habría de mantener su vigencia hasta la promulgación de la futura Ley de
No obstante, esta parcial regulación fue flor de pocos días, pues su vigencia fue suspendida mediante la disposición final cuarta de la Ley 7/2011, de 11 de abril, hasta la entrada en vigor de la futura Ley, cuyo Proyecto de Ley llegó a presentarse en la pasada Legislatura3, y que en la actual ha sido retomado por el Grupo Socialista mediante la correspondiente Proposición de Ley4.
El objeto de estas páginas es ofrecer al lector cuál es el panorama existente sobre uno de los extremos que mayor litigiosidad plantea en los contratos de distribución: la extinción de los mismos y sus consecuencias. Obsérvese que la diversidad de modelos regulatorios a los que hemos hecho referencia (a los que habrá que sumar la propia Ley 12/1992, reguladora del contrato de agencia, que tantas veces fue objeto de aplicación analógica por el TS a los contratos de distribución) no facilita la predicción sobre cuál será la regla de decisión finalmente aplicada. A lo largo del texto expondremos las diversas soluciones propuestas en los distintos modelos regulatorios en aspectos tan necesitados de una norma segura como, por ejemplo, plazos de preaviso, duración del contrato, costes indemnizatorios en caso de extinción o incumplimiento, etc.
Por último, de conformidad con lo previsto en la disposición final cuarta de la Ley 7/2011, el Gobierno suscribió el 10 junio 2011 un código de buenas prácticas con las principales asociaciones del sector de automoción. No obstante, en el aspecto que ahora nos ocupa, en su conjunto este código no pasa de ser un conjunto de principios informadores del sector que no están concretados en modo alguno. Ni siquiera es de prever un descenso de la litigiosidad judicial en este ámbito, pues el procedimiento de mediación previsto no tiene por objeto ninguno de los aspectos relativos
a la extinción del contrato y a sus consecuencias.
2. El incumplimiento resolutorio en contratos de duración determinada e indefinida
El incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato de distribución faculta a la otra parte para resolverlo por incumplimiento, con derecho a ser indemnizada de los daños y perjuicios que se le hayan irrogado (art. 1124 CC, se prevé también en el art. 24 de la Proposición de Ley de Contratos de Distribución). Lógicamente, la parte que resuelve justificadamente no debe indemnizar a la otra por ningún concepto: ni por falta de preaviso, ni por daños y perjuicios de ninguna clase, ni por clientela [así se prevé también en el contrato de agencia, cfr. art. 30 a) de la Ley 12/1992; y se contempla igualmente en el art. 25.7 de la Proposición de Ley de Contratos de Distribución].
Ahora bien, no todo incumplimiento del distribuidor reúne las condiciones exigidas por la jurisprudencia para resolver. Los Tribunales no han considerado que los siguientes incumplimientos constituyan causa suficiente de resolución:
- En la STS 13 mayo 2009 se consideró que el hecho de que los pedidos de la demandada no alcanzaran el mínimo pactado en el contrato no era de por sí constitutivo de incumplimiento resolutorio si este descenso obedecía a circunstancias de mercado y era objeto de conocimiento y consentimiento por el proveedor. Se estimó, además, que en todo caso no sería un incumplimiento total sino tan sólo parcial del contrato, y que no habría frustrado el fin económico del mismo.
El hecho de que se contravenga un acuerdo de marca única no siempre significa que el acreedor esté facultado para resolver por incumplimiento: en la AP de Madrid se decidió que no hay incumplimiento resolutorio si el distribuidor vende productos de otras marcas en una cantidad ínfima y es una práctica común en el sector de que se trate (en el caso se trataba de un 2% en ventas de cerveza, es la SAP Madrid 6 febrero 20065).
Por otra parte, como después exponemos, es muy posible que las partes hayan establecido justas causas de desistimiento. Lo que interesa resaltar ahora es que no existe una completa ambivalencia de justas causas de resolución y de desistimiento, pues el desistimiento es procedente incluso ante incumplimientos que no revistan las cualidades exigibles para resolver conforme al artículo 1124 CC, por lo que puede desistirse ante incumplimientos que no facultarían para resolver por no tratarse de incumplimientos cualificados (prestaciones no principales, incumplimiento no grave, etc.). Por ejemplo: si así se ha pactado, es justa causa de desistimiento el descenso no acusado en las ventas, aunque tal circunstancia no faculte para resolver por incumplimiento del contrato (cfr. SAP Pontevedra 26 enero 20056, SAP Pontevedra 1 diciembre 20067).
Por otra parte, en los contratos de distribución conviene pactar una cláusula penal, pues al tratarse de un contrato de tracto sucesivo, la resolución sólo puede tener efectos hacia el futuro, sin alcanzar a los efectos que se hayan agotado y sin que, por tanto, se pueda volver a la situación patrimonial inicial (cfr. STS 20 marzo 20078), por lo que el distribuidor no tendrá que devolver el beneficio que haya obtenido durante la vigencia del contrato.
3. Desistimiento y preaviso
Es jurisprudencia reiterada que en los contratos de distribución sólo han de indemnizarse los daños y perjuicios causados por el desistimiento cuando el mismo se produce sin justa causa o con abuso de derecho (entre otras muchas: STS 31 octubre 20029, STS 20 mayo 200410, STS 21 noviembre 200511, STS 21 marzo 200712, STS 25 abril 201113), circunstancias que ha de probar la parte que reclame la indemnización (STS 3 octubre 200214).
Aunque la mayoría de los pronunciamientos están referidos a contratos de duración indefinida, también en los contratos de duración determinada podría ser posible el desistimiento con justa causa (cfr. arts. 1586, 1737, 1707, 1749, 1776 del CC;
arts. 639 y 640 del Código de Comercio; art. 153 RRM/1996; arts. 252, 264.3, 266 y 380 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital; art. 13 Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, se prevé también en el art. 22.1 de la Proposición de Ley de Contratos de Contratos de Distribución, etc.), posibilidad admitida para los contratos de distribución en la SAP Madrid 11 julio 200615y
también comprendida en el art. 16.3 a) Ley 3/1991, de Competencia Desleal, que al tratar este problema no distingue entre relaciones comerciales determinadas e indefinidas. En cualquier caso, debe distinguirse el desistimiento de la oposición a las prórrogas del contrato, pues esta última no está sujeta a los rigores temporales del preaviso, aunque en ambos casos se produce el mismo efecto: la terminación del contrato conforme a lo previsto sin derecho a indemnización (cfr. STS 23 enero 200716, STS 13 febrero 2009).
Naturalmente, cuando el desistimiento esté justificado no sólo no hay derecho a indemnización por falta de preaviso, sino tampoco a la indemnización de cualquier coste asociado al ejercicio legítimo del derecho de desistimiento, como, por ejemplo, pérdida de imagen o reestructuración de personal (STS 28 enero 200217). Tampoco habrá lugar a indemnización por clientela si esta indemnización se excluyó en el contrato en los términos que después veremos, ni tampoco, entendemos, cuando el percibo de esta indemnización no sería posible de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/1992, reguladora del contrato de agencia. De este modo, no habrá lugar a indemnización por clientela cuando la justa causa de desistimiento consista precisamente en el incumplimiento contractual por parte del distribuidor [STS 23 junio 201018; cfr. art. 30 a) Ley 12/1992] o haya sido el distribuidor quien hubiese denunciado el contrato sin que concurra ninguna de las circunstancias contempladas en el artículo 30 b) de la Ley 12/1992 (denuncia por causas imputables al empresario o fundada en la edad, invalidez o enfermedad del agente que le impidan la continuidad de sus actividades).
De acuerdo con la jurisprudencia, son justas causas de desistimiento del contrato de distribución, cuya concurrencia excluye la indemnización por falta de preaviso, las siguientes:
- La más importante es, seguramente, el desistimiento con preaviso. En los contratos de duración indefinida esta posibilidad se admite aunque nada se haya pactado. No obstante, incluso en estos casos, el pacto será muy conveniente para establecer la cuantía de la indemnización por desistimiento abusivo, pues no hay modelo legal cuya aplicación analógica pudiera ser considerada (nada prevé al respecto el art. 25 de la Ley 12/1992) y también para evitar la incertidumbre sobre el plazo de preaviso que deba regir, ya que no hay un criterio jurisprudencial uniforme al respecto: en ausencia de plazo pactado, y aunque no sea aplicable analógicamente, se considera que el plazo del artículo 25 de la Ley 12/1992 es un modelo razonable (STS 28 enero 200219, STS 21 noviembre 200520), que determina lo irrazonable del plazo de dos meses (STS 28 enero 200221), pero no del plazo de tres...
Jurisprudencia Nacional (octubre 2010 - mayo 2011)
Embargo de derechos de crédito frente a entidades locales

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1124
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 30
 artículo 25