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Timestamp: 2019-10-19 22:55:22+00:00

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﻿ SENTENCIA T-1011 DE OCTUBRE 29 DE 2003
SENTENCIA T-1011 DE 29 DE OCTUBRE DE 2003
CONTENIDO:CARRERA ADMINISTRATIVA. QUIENES SON DESIGNADOS EN PROVISIONALIDAD GOZAN DE CIERTO GRADO DE PROTECCIÓN, EN LA MEDIDA EN QUE NO PODRÁN SER REMOVIDOS DE SU EMPLEO SINO DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LAS LEYES ESTABLECEN.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD
Sentencia T-1011 de octubre 29 de 2003
Sentencia T-1011 de 2003
Ref.: Exp. T-742618
Acción de tutela instaurada por Carlos Alfonso Rivas Caballero contra la Fiscalía General de la Nación.
en el trámite de la petición de tutela promovida por Carlos Alfonso Rivas Caballero contra la Fiscalía General de la Nación.
1. Desde el año de 1994 el accionante fue vinculado a la Fiscalía General de la Nación en el cargo de investigador judicial I, luego ascendido al cargo de profesional universitario judicial I, posteriormente su cargo fue homologado al de investigador judicial II.
Durante el ejercicio de sus funciones, el señor Rivas Caballero no fue sancionado penal ni disciplinariamente; sin embargo, el 14 de noviembre de 2002, su nombramiento como investigador judicial II fue declarado insubsistente.
2. Reconoce el accionante que el cargo que venía desempeñando era de carrera y que su nombramiento se había hecho en provisionalidad, debido a la vacancia del cargo y a la falta de convocatoria para proveerlo por concurso de méritos. A pesar de estar en provisionalidad, estima el peticionario que gozaba de cierta estabilidad laboral, razón por la cual su nombramiento no podía ser declarado insubsistente por razones distintas a una sanción penal o disciplinaria.
3. Narra el peticionario que debido a la desvinculación laboral se vio compelido a cambiar el colegio de sus hijas y pronto se vera avocado a incumplir con el pago de la obligación hipotecaria. Por esta razón, ejerció la acción de tutela como mecanismo transitorio contra la Fiscalía General de la Nación, al considerar que le fueron violados los derechos al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital y a acceder a cargos públicos.
4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta —Sala Civil Familia—, mediante sentencia del 14 de febrero de 2003, concedió el amparo solicitado por el ciudadano Rivas Caballero, al considerar que el acto administrativo mediante el cual se declaró insubsistente su nombramiento, no estuvo suficientemente motivado, ya que el Fiscal General de la Nación, doctor Luis Camilo Osorio Isaza, se limitó a adoptar la decisión sin dar explicaciones acerca del motivo que lo llevó a desvincular laboralmente al accionante.
5. La apoderada de la demandada impugnó la decisión, recordando el carácter subsidiario de la acción de tutela, toda vez que en su criterio existe otro medio de defensa judicial representado por la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por esta razón, para la representante de la Fiscalía General de la Nación, la acción de tutela resultaba improcedente.
6. La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, revocó lo decidido por el a quo, pues, en su criterio, la acción de tutela no fue instituida para entrometerse en las actuaciones que corresponden a otras autoridades, ni para solucionar controversias de tipo laboral. Concluyó la Sala de Casación explicando que en el presente caso existe otro medio de defensa judicial, representado por las acciones propias de lo contencioso administrativo.
7. La Sala de Selección Número Seis de la Corte Constitucional, mediante auto del seis de junio del presente año, escogió el asunto de la referencia para ser revisado, asignándolo a la Sala Séptima de Revisión.
8. Mediante auto del 9 de septiembre de 2003, la Sala Séptima de Revisión ordenó que la Secretaría de la Corte Constitucional debería obtener del Tribunal Administrativo del Magdalena una certificación sobre la eventual existencia del proceso iniciado por el accionante contra la Fiscalía General de la Nación.
El 10 de octubre del presente año, la secretaría general de la Corte Constitucional informó a la Sala Séptima de Revisión que el Tribunal Administrativo del Magdalena había certificado lo siguiente:
“Que en esta corporación se tramita, radicado bajo el número 0284/03, un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada (sic) por Carlos Alfonso Rivas Caballero contra la Fiscalía General de la Nación a fin de impugnar el acto administrativo mediante el cual se retiró al actor del cargo de investigador judicial II que desempeñaba en el cuerpo técnico de investigación de esa entidad”.
9. La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos en el presente caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
10. El mecanismo excepcional previsto en el artículo 86 de la Carta Política, fue concebido como un instrumento subsidiario y residual para la defensa de los derechos fundamentales de las personas, cuando la eventual agresión provenga tanto de los particulares, como de las autoridades públicas. En este último caso, resulta común que la agresión se concrete en el texto de un acto administrativo, circunstancia que requiere de la especial atención del juez de tutela, ya que, en principio, en estos casos no procede la acción de tutela, debido a que generalmente todo acto administrativo es susceptible de ser atacado ante la jurisdicción contencioso administrativa.
11. En todo caso, el juez de tutela tiene a cargo la valoración de las pruebas que le servirán para determinar, teniendo en cuenta la situación particular del accionante, si procede el amparo temporal mientras la jurisdicción ordinaria o especializada decide definitivamente. La jurisprudencia ha explicado de manera reiterada el carácter residual de la acción de tutela, recordando que el amparo solo procede ante la inexistencia de otro medio judicial de defensa.
12. Deberá, entonces, el juez de tutela considerar la generalidad de los aspectos propios del caso que le es sometido a examen, antes de decidir sí, a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial, concede el amparo como mecanismo transitorio.
13. Como lo estableció el constituyente de 1991 en el artículo 125 de la Carta, en principio, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, quedando exceptuados, entre otros, los de libre nombramiento y remoción. Entre las situaciones administrativas susceptibles de permitir la vinculación de una persona a la función pública, se encuentra el nombramiento en provisionalidad.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha venido explicando el fuero de estabilidad que cobija a los empleados de carrera y su diferencia con la precariedad del nombramiento en provisionalidad. Así, en sentencia del 3 de abril de 2003, pronunciada por la Subsección A, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en el expediente radicado con el número 0424/02, la corporación expuso:
“De esta manera, si bien podía hallarse desempeñando la actora un cargo clasificado como perteneciente a la carrera de la fiscalía, su desempeño con ausencia del concurso de méritos no puede entenderse de otra manera que en provisionalidad y tal forma de vinculación no genera ni siquiera transitoriamente situación alguna de inamovilidad. En este sentido se rectifica la jurisprudencia de la subsección, que en un momento dado sostuvo que el ingreso en provisionalidad podía llegar a conferir cierta permanencia, dentro del interregno de tal nombramiento y el de la provisión del cargo a través de un concurso, en virtud del imperativo legal que concibe la provisionalidad como la manera excepcional de proveer un cargo de carrera.
(...) El empleado público nombrado en provisionalidad no puede ser considerado de carrera y, en estas condiciones, la única opción prevista en la ley es la empleada de libre nombramiento y remoción cuyo nombramiento puede ser declarado insubsistente”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, número interno 0498-2002. Magistrado ponente Alberto Arango, sentencia del 5 de junio de 2003.
En eventos como estos, la Corte Constitucional ha concedido el amparo como mecanismo transitorio, al determinar que si bien es cierto la jurisdicción especializada decidirá definitivamente sobre el fondo del asunto, también lo es que las personas arbitrariamente desvinculadas de la función pública cuando ejercían cargos en provisionalidad, merecen el respeto propio de todo ser humano y el reconocimiento de condiciones dignas de vida, tanto para ellas como para quienes integran su núcleo familiar, más aún cuando hay menores que dependen afectiva y materialmente de la persona inconstitucionalmente desvinculada de su empleo.
16. Como se ha expuesto, el accionante considera que su nombramiento en provisionalidad gozaba de protección especial, en el sentido que no podría ser desvinculado de la Fiscalía General de la Nación, sino en virtud de un acto administrativo motivado en una sanción disciplinaria o penal. Sin embargo, según consta a folio 37 del expediente, el 5 de noviembre de 2002, el secretario general de la Fiscalía General de la Nación le comunicó que mediante la resolución 0-1869 del 31 de octubre del mismo año, había sido declarado insubsistente su nombramiento del cargo de investigador judicial II.
Para el ciudadano Rivas Caballero, esta decisión transgredió lo dispuesto en el artículo 77 del Decreto 1155 de 199(sic), según el cual:
“La provisión de un empleo de carrera se efectuará mediante proceso de selección, no obstante en caso de vacancia definitiva de este y hasta tanto se efectúe la provisión definitiva mediante el proceso de selección, podrá efectuarse nombramiento provisional, el cual no podrá exceder el término de seis (6) meses”.
17. Como fundamento jurídico de su solicitud de amparo, el accionante invocó la Sentencia T-800 de 1998, en la cual la Corte Constitucional afirmó:
“... La estabilidad laboral de un funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa no se reduce por el hecho de que se encuentre en provisionalidad. La administración solo podría desvincularlo por motivos disciplinarios o porque se convoque a concurso para llenar la plaza de manera definitiva, con quien obtuvo el primer lugar”.
18. Como apoyo a sus pretensiones, el accionante citó la Sentencia T-884 de 2002, en la cual la Corte Constitucional, en un caso similar, expresó:
“La Corte Constitucional ha expuesto de manera reiterada el criterio según el cual la acción de tutela, de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 86 superior que la consagra, presenta como características principales la de ser un mecanismo inmediato y directo para la protección de un derecho fundamental violado, y la subsidiariedad, de donde su procedencia solo resulta jurídicamente posible cuando el afectado no cuenta con otro medio de defensa judicial al cual acudir para lograr esa protección, excepción hecha de que utilice el amparo para evitar un perjuicio de naturaleza irremediable” (2) .
(2) Sentencias T-001 de 1992, SU-111 de 1997, SU-646 y SU-995 de 1999, SU-897 de 2000 y SU-913 de 2001, entre otras.
En cuanto hace al perjuicio irremediable, esta corporación tiene definido que para que proceda la tutela como mecanismo transitorio para evitarlo, se debe determinar la irremediabilidad del perjuicio y para tal efecto es necesario tomar en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia que exige medidas inmediatas; la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente; la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales (3) .
(3) Sentencia T-225 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
La actora Clara Aurora Maya Gómez impetró el amparo como mecanismo transitorio, con el fin de que el juez constitucional de tutela revoque, o deje sin efecto alguno, la resolución mediante la cual el señor Fiscal General de la Nación decidió declarar insubsistente su nombramiento del cargo de profesional universitario grado I, y consecuentemente, se disponga su reintegro al mismo mientras se convoca a concurso de méritos para proveer el mismo”.
18. Con base en estas decisiones de la Corte Constitucional, el peticionario solicita el amparo como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción administrativa decide definitivamente.
Al cotejar la situación del ciudadano Carlos Alfonso Rivas Caballero con la de Gloria Amparo Gallego Roman (Sent. T-800/98) y con la de Clara Aurora Maya Gómez (Sent. T-884/2002), encuentra la Sala de Revisión que si bien es cierto en los tres casos se declaró insubsistente el nombramiento de los accionantes cuando ocupaban cargos de carrera habiendo sido nombrados en provisionalidad, el amparo fue concedido por la Corte Constitucional como mecanismo transitorio teniendo en cuenta la naturaleza del perjuicio al cual estaban avocadas las peticionarias.
Los hechos que arriba se mencionan permiten vislumbrar que la pérdida del trabajo por parte de la demandante y su consiguiente vacancia, la enfrentaría, junto con su hijo, a un perjuicio irremediable que no podría ser corregido a tiempo, si no es porque la acción de tutela permite evitarlo. En estas condiciones, la acción de tutela se erige como el mecanismo provisional idóneo para preservar, por un lado, el derecho al trabajo de la tutelante, y por el otro, el derecho a la salud y a la vida de su hijo, en virtud de la protección especial que la Carta Política reserva para los niños (art. 44), para las madres cabeza de familia (art. 43) y para aquellos individuos que por razones económicas, entre otras, se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta (art. 13)” (4) .
(4) Sentencia T-800 de 1998.
20. Para decidir provisionalmente a favor de la ciudadana Clara Aurora Maya Gómez (5) , la Corte Constitucional tuvo en cuenta que se trataba de una mujer cabeza de familia, madre de dos hijos menores de edad, además de que carecía de vivienda propia y pagaba arriendo. Es decir, la corporación no limitó su análisis al aspecto jurídico, sino que agregó a sus consideraciones, como factor principal, la especial situación de la peticionaria.
(5) Cfr. Sentencia T-884 de 2002.
22. La posibilidad de que el accionante esté avocado a sufrir las consecuencias de un perjuicio irremediable no se presenta en este caso, más aún si se tiene en cuenta que según la jurisprudencia esta hipótesis requiere de un mínimo de elementos señalados desde la Sentencia T-225 de 1993. En ella se expuso:
D. La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, esta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social”.
22. Además, como pudo establecerlo la Sala de Revisión, el ciudadano Carlos Alfonso Rivas Caballero instauró demanda de nulidad con restablecimiento del derecho contra el acto que ordenó removerlo del cargo que venía desempeñando. La secretaría del tribunal administrativo, certificó que la demanda fue admitida, notificada y el proceso fijado en lista, encontrándose actualmente en etapa de pruebas (fl. 403).
Es evidente, entonces, que existe otro mecanismo de defensa judicial, como también que el peticionario lo utilizó dentro del término que establece el ordenamiento jurídico, instrumento que le permitía solicitar la suspensión provisional del acto mediante el cual fue desvinculado de la Fiscalía General de la Nación.
23. Refiriéndose a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela, la Corte Constitucional, con ponencia del doctor Álvaro Tafur Galvis, ha expresado:
“En efecto, según lo establece el artículo 86 de la Carta Política de 1991 y la jurisprudencia de esta Corte, la acción de tutela es una garantía y un mecanismo constitucional de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados casos, salvo que existan otros medios de defensa judicial que los mismos resulten ineficaces, así como en el evento de un perjuicio irremediable que vuelva urgente su utilización en la modalidad transitoria, para dar lugar a órdenes de inmediato cumplimiento que permitan contrarrestar dicho efecto, hasta tanto la autoridad correspondiente decida el fondo del asunto.
De esta manera, la acción de tutela presenta un carácter extraordinario y residual por cuanto su procedencia está sujeta a los límites mismos que impone la existencia de las demás jurisdicciones ordinarias y especiales, así como las acciones, recursos y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para la resolución de los diferentes asuntos. La jurisdicción constitucional no configura, entonces, ni la tercera instancia de las demás jurisdicciones ni el mecanismo de sustitución permanente de los jueces en el ejercicio de sus funciones; por el contrario, su finalidad es la de servir de garante de la integridad y vigencia del ordenamiento constitucional, lo cual supone conciliar la defensa del patrimonio jurídico de las personas de orden ius fundamental con el respeto al ámbito de acción de las jurisdicciones constitucional y legalmente establecidas” (6) .
(6) Cfr. Sentencia T-215 de 2000.
Las circunstancias especiales del presente caso conducen a la Sala de Revisión a confirmar la sentencia mediante la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al revocar lo resuelto por el a quo, decidió negar la tutela solicitada por el ciudadano Carlos Alfonso Rivas Caballero, pues, además de contar con otro mecanismo de defensa judicial, no se vislumbra la posibilidad de que el actor esté avocado a sufrir un perjuicio irremediable.
1. CONFIRMAR el fallo proferido el nueve (9) de abril de 2003 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual fue negado el amparo solicitado por el ciudadano Carlos Alfonso Rivas Caballero contra la Fiscalía General de la Nación.
2. Levantar la suspensión de términos ordenada en el presente caso mediante auto del 9 de septiembre de 2003.

References: artículo 86
 artículo 125
 resolución 
 artículo 77
 artículo 86
 resolución 
 artículo 86
 resolución