Source: https://tc.vlex.es/vid/on-i-185518
Timestamp: 2020-02-19 10:58:28+00:00

Document:
STC 131/2003, 30 de Junio de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 185518
STC 131/2003, 30 de Junio de 2003
Número de Recurso: Recurso de amparo 4800-2000
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la prueba y a la legalidad sancionadora: procedimiento administrativo sancionador con garantías; inadmisión de pruebas impertinentes; infracción con cobertura legal, siendo indiferente la falta de publicación de planes de aprovechamiento forestal. Voto particular.
Sentencia citada en: 247 sentencias, 8 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario, 45 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 4800-2000, interpuesto por don Francisco M.M., representado por el Procurador de los Tribunales don Cesáreo Hidalgo Senén y asistido por la Abogada doña Pilar Berney Pujol, contra la Sentencia 609/2000, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 5 de junio de 2000, que estimaba parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 1522/96 interpuesto por el recurrente contra la Resolución del Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de 8 de marzo de 1996, que desestimaba a su vez el recurso ordinario impetrado contra la Resolución del Director General del Medio Natural de 4 de septiembre de 1995, dictada en el expediente sancionador 34/95, que sancionaba al recurrente con una multa de 125.000 pesetas por la comisión de una falta grave establecida en el art. 74.2 f) de la Ley de Cataluña 6/1988, de 30 de marzo, forestal, por pastorear en la reserva nacional de caza de Boumort sin contar con la preceptiva autorización administrativa para ello. Esta estimación parcial supuso la variación de una infracción grave, por la que había sido sancionado en vía administrativa a una multa de 125.000 pesetas, a otra leve, imponiendo una sanción de 100.000 pesetas. Han intervenido el Ministerio Fiscal y la Generalidad de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Tomás S. Vives Antón, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en el Juzgado de guardia el 4 de septiembre de 2000, el Procurador de los Tribunales don Cesáreo Hidalgo Senén, en nombre y representación de Francisco M.M., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento.
El recurrente y su esposa son titulares de una explotación ganadera en la comarca leridana de Pallars Jussá, dedicada, fundamentalmente, a la crianza y pastoreo de ovinos y bovinos, tarea que ha realizado tradicionalmente en el monte Boumort.
Los días 10, 11, 12 y 13 de junio de 1995 los guardias forestales de la reserva nacional de caza de Boumort formularon denuncias contra el recurrente en amparo por pastorear 47 bovinos en zona prohibida, como era el monte de Carreu.
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña notificó al Sr. M.M. la resolución que daba inicio al expediente sancionador, referida a los hechos, dándole traslado del pliego de cargos, en el que se le imputaba el hecho de pastorear un rebaño de bovinos sin autorización administrativa los días 10, 11 y 12 de junio de 1995. Se afirmaba que tal conducta constituía una infracción administrativa prevista en el art. 74.2 f) de la Ley de Cataluña 6/1988, de 30 de marzo, forestal, y calificada como grave por el art. 75.3 del mismo cuerpo legal. El propio recurrente justifica, en su escrito de 27 de junio de 1995, que se ha visto obligado a llevar el ganado a tales terrenos porque los ciervos dañan su pasto, por lo que solicita se anule la sanción, que considera injusta.
El 15 de septiembre se le notificó al recurrente la Resolución del Director General del Medio Natural en la que se daba por probado que don Francisco M.M. "tenía un rebaño de bovinos pastoreando en la Reserva Nacional de Caza de Boumort sin la correspondiente licencia administrativa", y se consideraba que tal hecho integraba una infracción administrativa del art. 74.2 f) de la Ley forestal, calificando el hecho como falta grave del acuerdo con el art. 75.3 del mismo cuerpo normativo, por lo que imponía una multa de 125.000 pesetas.
El recurrente formuló recurso ordinario contra la resolución sancionadora que se acaba de reseñar, invocando 1) su derecho consuetudinario a pastorear en el monte Carreu, como ganadero de Hortoneda, y 2) que los ciervos provenientes de la reserva nacional de caza de Boumort están causando graves daños en las fincas de su propiedad en las que cultiva alfalfa y cebada para alimentar a su ganado. Proponía, además, la práctica de distinta prueba con el objeto de acreditar la no certeza de las acusaciones imputadas y que las denuncias no habían sido realizadas por funcionarios.
Don Francisco M.M. interpuso el 15 de mayo de 1996 recurso contencioso-administrativo contra la Resolución que se acaba de citar, instando igualmente la nulidad de pleno Derecho de toda la normativa administrativa de declaración de reserva nacional de caza de Boumort.
Además, se hacían algunas consideraciones sobre la reserva nacional de caza de Boumort, creada por Ley del Parlamento catalán 17/1991, de 23 de octubre. Así se señalaba que, aunque el art. 6 preveía que debía aprobarse, en el plazo de un año, un reglamento de funcionamiento de dicha reserva, lo cierto es que la constitución de la Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caza de Boumort fue creada mediante una Orden de 10 de enero de 1992, que se elaboró sin conferir un trámite de audiencia a los pastores afectados y silenciando los derechos consuetudinarios y tradicionales a pastos de los ganaderos de Hortoneda en los montes de Boumort y Carreu. Se ponía así de relieve que la reserva nacional de Boumort no era una zona vedada o donde estuviera prohibido el pastoreo, por lo que no se encuentra tipificada la sanción administrativa, por lo que no existe infracción ni procede, por tanto, aplicar sanción alguna. La Junta Consultiva creada elaboraba planes de aprovechamiento de pastos -que no hacía públicos- sin tener competencia para ello, adjudicando la licencia de pastoreo en la reserva a la Asociación de Ganaderos de Hortoneda, de la que forma parte el Sr. M.M.. Igualmente se insistía en los daños causados por los ciervos en los cultivos de los ganaderos de la zona, que no habían sido sufragados por la Administración gestora de la reserva nacional de caza. Finalmente se denunciaban diversas irregularidades en el proceso sancionador impugnado (las denuncias, además de ser imprecisas, no fueron notificadas al afectado, y la instructora acordó no practicar ninguna diligencia ni actividad probatoria), y la indebida inaplicación del art. 74.2 f) de la Ley, que prohíbe el pastoreo en zonas vedadas de acuerdo con la misma Ley y no el pastoreo sin licencia.
En la demanda de amparo se presumen vulnerados, por diversos motivos, los derechos a la tutela judicial efectiva (en sus manifestaciones de derecho a practicar las pruebas pertinentes para acreditar la inocencia, así como del principio contradictorio) y el principio de legalidad penal (arts. 24.1 y 25.1 CE):
Se presume vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), lo que ha generado una indefensión constitucionalmente relevante, por diversas irregularidades que se han producido a lo largo del tiempo. Un primer conjunto de alegaciones se refieren a las denuncias que iniciaron el procedimiento sancionador: 1) éstas fueron realizadas por guardas forestales de la reserva de caza que no tienen un vínculo funcionarial con la Administración regional, por lo que estas personas carecen de presunción de veracidad; 2) tales denuncias son incompletas, ya que no indicaban el paraje exacto en el que se encontró pastoreando al recurrente; 3) finalmente las mismas no fueron notificadas al interesado (art. 135 de la Ley 30/1992). Estos defectos deberían haber conducido a declarar la nulidad del expediente sancionador.
Un segundo grupo de alegaciones se refieren a que los órganos, administrativos y judicial, que han conocido de la causa no hayan tomado en consideración que el afectado contaba con un derecho de pastoreo en el monte de Boumort, que tenía un doble origen. Como se indicaba en el propio informe del Ingeniero Técnico Forestal dependiente del Departamento regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, los miembros de la sociedad de ganaderos de Hortoneda, y el recurrente lo es, pueden introducir su ganado en el citado monte. Pero es que, además, el recurrente cuenta con un derecho consuetudinario de pastos, que fue invocado en los recursos ordinario y contencioso-administrativo, y del que nada se dice en las resoluciones que los resolvieron, generando una incongruencia omisiva constitucionalmente relevante, más evidente si cabe en la Sentencia que pone fin al proceso, en la que se toma en consideración el referido plan de aprovechamiento forestal que, hasta el momento, no había aparecido en el previo procedimiento sancionador.
Se considera asimismo vulnerado el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE). Durante el periodo de instrucción no se practicó ninguna actividad probatoria, sin evaluar los daños in situ ni visitar el lugar donde ocurrieron los hechos. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ahonda en la lesión del derecho a la prueba al inadmitir diversas pruebas planteadas por la representación procesal del recurrente en amparo (providencia de 15 de abril de 1999) por considerarlas, de forma indebida, impertinentes. La prueba solicitada servía para acreditar diversos extremos relacionados con la causa (la existencia de numerosas irregularidades sufridas a lo largo del procedimiento, la pertenencia del recurrente a la asociación de ganaderos de Hortoneda, la existencia de derechos consuetudinarios de pastoreo en la zona, el hecho de que el monte de Boumort no era una zona vedada a tal actividad, la denegación continua al recurrente de ayudas y subvenciones regionales, y la falta de tipificación legal de la infracción). Pero la Sala desoyó estas alegaciones, confirmando su parecer a través del Auto de 28 de mayo de 1999.
También se ha vulnerado el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), lo que ha lesionado los derechos de defensa del recurrente (art. 24.2 CE), en los términos que a continuación se exponen:
Finalmente se ha menoscabado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ya que no se ha podido acreditar 1) el lugar concreto en el que ocurrieron los hechos que se sancionan 2) ni a qué titularidad, pública o privada, pertenecía el mismo.
Por providencia de 22 de julio de 2002 la Sala Segunda acordó admitir a trámite el presente recurso de amparo y, conforme a lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requirió al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña y a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que, en el plazo de diez días remitiesen certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes, así como que el citado órgano judicial procediese al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente de amparo, para su comparecencia en este proceso constitucional. Las actuaciones administrativas y judiciales fueron recibidas en este Tribunal los posteriores 26 de septiembre y 3 de octubre de 2002, respectivamente.
El 27 de septiembre de 2002 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito del Abogado de la Generalidad de Cataluña en el que se solicitaba se tuviera por personada en esta causa a la Administración autonómica. La posterior diligencia de ordenación adoptada el 10 de octubre de 2002 tuvo por personada y parte en el procedimiento a la Generalidad de Cataluña y confirió un plazo de veinte días para que las partes personadas y el Ministerio Fiscal presentaran las alegaciones que estimaran pertinentes.
El posterior 11 de noviembre de 2002 fueron registradas las alegaciones del recurrente en amparo, en las que se reiteran los argumentos contenidos en la demanda de amparo y se invoca el derecho a no ser sancionado por acciones que en el momento de producirse no constituyen una infracción administrativa por la legislación vigente (art. 25.1 CE en relación con los principios de publicidad y seguridad recogidos en el art. 9.3 CE).
Dos días más tarde tuvieron entrada las alegaciones realizadas por el Abogado de la Generalidad de Cataluña, en las que se interesa la desestimación del amparo solicitado a este Tribunal. Con carácter preliminar se indica que alguna de las afirmaciones contenidas en la demanda sobre los hechos acaecidos son inveraces. Se recuerda, así, por ejemplo, que las denuncias aclaran que el pastoreo se estaba realizando en el bosque de Carreu y que se trata de una finca de titularidad pública y de un bosque catalogado.
El 11 de noviembre de 2000 presenta el Fiscal sus alegaciones, interesando que el Tribunal deniegue el amparo solicitado.
Por providencia de 26 de junio de 2003, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 30 del mismo mes y año.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes, don Francisco M.M. impugna ante este Tribunal el procedimiento administrativo sancionador 34/95 al que se vio sometido, así como las resoluciones que, en la vía administrativa y judicial, aquél originó. Alega la eventual lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que se habría originado por las irregularidades sufridas durante la instrucción y porque la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no dio respuesta a una de sus alegaciones (referidas a la existencia de derechos tradicionales de pastoreo), de su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE), puesto que se inadmitieron de forma indebida diversos medios probatorios propuestos en tiempo y forma, del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), que impide que sea sancionado en virtud de un plan forestal que no ha sido oficialmente publicado y, a la postre, de su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ya que no se han acreditado los hechos por los que se le sanciona. Tanto el Abogado que actúa en nombre y representación de la Generalidad de Cataluña, como el Ministerio Fiscal interesan la desestimación íntegra del recurso de amparo interpuesto.
En cuanto a las presuntas vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) ninguna de las tachas en las que se funda la lesión de tal derecho fundamental merece ser estimada.
Por lo que toca a las presuntas irregularidades acaecidas durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, hemos de señalar que, con independencia de que se hayan producido o no, no han generado indefensión constitucionalmente relevante. Es, en efecto, doctrina consolidada de este Tribunal que la indefensión constitucionalmente relevante no ha de ser meramente formal, lo que implica que el defecto procedimental que pueda haberse producido haya supuesto un perjuicio real y efectivo para el recurrente en sus posibilidades de defensa (SSTC 43/1989, de 20 de febrero; 101/1990, de 4 de junio; 6/1992, de 16 de enero; 105/1995, de 3 de julio; 86/1997, de 22 de abril, FJ 1; y 6/2003, de 20 de enero, FJ 4, entre otras muchas). Como atinadamente ha señalado la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la Sentencia impugnada, el recurrente ha podido conocer la infracción administrativa que se le imputaba, alegar lo que estimo oportuno, proponer los medios de prueba y recurrir las resoluciones administrativas que establecieron y confirmaron la sanción administrativa, por lo que no se aprecia cuál ha podido ser la indefensión sufrida, por lo que procede desestimar, sin más trámite, la queja (fundamento de Derecho 8). Tampoco acredita el recurrente cuál ha sido la concreta indefensión producida por las irregularidades que denuncia por lo que procede desestimar el motivo.
Por lo que atañe a la incongruencia omisiva que denuncia en la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, referido al derecho tradicional de pastos, debemos adoptar, por distintas razones, la misma solución. Es más que discutible que en este supuesto se haya producido la denunciada incongruencia omisiva, ya que el fundamento de Derecho 6 de la resolución judicial impugnada señala que la afirmación, vertida por la representación procesal del expedientado, de que la creación de la reserva ha limitado los derechos tradicionales de pastoreo de los ganaderos "ninguna relación guarda con lo que es el objeto" del proceso. El órgano judicial ha optado, así, por no tomar en consideración el alegato del demandante en amparo, dando una respuesta desestimatoria a su pretensión acerca de la regularidad de la sanción administrativa impuesta.
No obstante, aun si se entendiera, que se ha producido la denunciada incongruencia omisiva, el recurrente debía haber instado el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el art. 240.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, antes de acudir ante este Tribunal en amparo. En efecto, hemos señalado en multitud de ocasiones que estamos ante un recurso "de ineludible interposición para cumplir el requisito previsto en el art. 44.1
LOTC, relativo al agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial y respetar así el carácter subsidiario del recurso de amparo, ya que la tutela general de los derechos y libertades corresponde (conforme al art. 53.2 CE) primeramente, a los órganos del Poder Judicial, y, por tanto, cuando existe un recurso susceptible de ser utilizado, y adecuado por su carácter y naturaleza para tutelar la libertad o derecho que se entiende vulnerado, tal recurso ha de agotarse antes de acudir a este Tribunal" (SSTC 108/1999, de 14 de junio, FJ 2; 169/1999, de 27 de septiembre, FJ 3; 211/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 82/2000, de 27 de marzo, FJ 2; 178/2000, de 26 de junio, FJ 3; 284/2000, de 27 de noviembre, FJ 3; y 74/2002, de 8 de abril, FJ 2).
Tampoco se ha vulnerado, en el caso que nos ocupa, el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE), ni en el procedimiento administrativo sancionador ni en fase judicial. La consolidada doctrina de este Tribunal sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE), puede sintetizarse así en sus líneas principales (SSTC 165/2001, de 16 de julio, FJ 2, y 168/2002, de 30 de septiembre, FJ 3):
Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes (SSTC 168/1991, de 19 de julio; 211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 de noviembre; 131/1995, de 11 de septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de junio; 190/1997, de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de octubre; 232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril, FJ 2), entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y el thema decidendi (STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2).
Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, FJ 2), siendo sólo admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento (SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995, de 6 de junio; 131/1995; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de noviembre; 89/1997, de 10 de noviembre; 190/1997; 96/2000, FJ 2).
Corresponde a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el contrario, este Tribunal sólo es competente para controlar las decisiones judiciales dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial (SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 351/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 35/1997, de 25 de febrero, FJ 5; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 236/1999, de 20 de diciembre, FJ 5; 237/1999, de 20 de diciembre, FJ 3; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; 78/2001, de 26 de marzo, FJ 3).
Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea `decisiva en términos de defensa' (SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, FJ 2; 45/2000, FJ 2). A tal efecto, hemos señalado que la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante, lejos de poder ser emprendida por este Tribunal mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los solicitantes de amparo. (SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 218/1997, de 4 de diciembre; 45/2000, FJ 2).
La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el recurrente ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de septiembre, FJ 2; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que sólo en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, FJ 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2; 45/2000, FJ 2; 69/2001, de 17 de marzo, FJ 28)".
Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, el recurrente propuso, en sede judicial, la práctica de diversas pruebas, siendo alguna de ellas inadmitida a través de la providencia de 15 de abril de 1999. Impugnada ésta en súplica, la representación procesal del demandante de amparo explica cuáles son las pretensiones perseguidas con la práctica de la prueba que ha sido inadmitida: a) demostrar que la Administración regional le sanciona injustificadamente mientras no repara los daños provocados por los ciervos de la reserva nacional ni le concede ayudas o subvenciones; b) acreditar la existencia de derechos consuetudinarios de pastoreo, así como del derivado de su pertenencia a la asociación de ganaderos de Hortoneda; c) demostrar que la normativa de la reserva nacional de Boumort (especialmente, el plan de aprovechamiento) se había elaborado sin conferir el preceptivo trámite de audiencia a las organizaciones profesionales agrarias; d) denunciar que los guardias forestales que lo habían denunciado no son funcionarios. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó el recurso interpuesto a través de su Auto de 28 de mayo de 1999, recordando que no procede la admisión de pruebas que no sean pertinentes en el proceso, y "teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso es el examen de la conformidad o no a Derecho de una resolución administrativa que impone una sanción al recurrente, resulta palmario que todas aquellas pruebas propuestas y no admitidas lo han sido porque ninguna relación guardan con lo que constituye la esencia del debate y más bien pretenden hacer una causa general contra una serie de disposiciones o actos que no constan que fueran impugnados en tiempo y forma, pudiendo comprobar la parte actora que en modo alguno se ha menoscabado el derecho de defensa al haber sido admitidos los medios probatorios que guardan directa relación con el acto administrativo impugnado en este proceso y con los puntos de hecho objeto de prueba admitidos por el Tribunal" (fundamento de Derecho 2).
El recurrente aduce la vulneración del principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) por diversos motivos.
También considera el recurrente vulnerado el principio de legalidad sancionadora aduciendo la indebida aplicación del art. 74.2 f) de la Ley forestal de Cataluña, precepto que interpreta en los términos de que se ha dejado constancia en los antecedentes, y no como lo hizo la Sala sentenciadora, señalando, además, que su conducta no consistió en pastorear en zonas vedadas, que es lo que tal precepto prohíbe.
El último alegato contenido en el recurso de amparo, referido a la eventual lesión del derecho a la presunción de inocencia, debe ser desestimado a limine. "Según tiene reiteradamente afirmado este Tribunal, `la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas ..., pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: Que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia, y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio' [SSTC 76/1990, de 26 de abril, FJ 8 b), y 169/1998, de 21 de julio, FJ 2]. De entre los contenidos que incorpora el derecho fundamental ahora invocado (enumerados para el proceso penal, recientemente, en la STC 17/2002, de 28 de enero, FJ 2), resulta de todo punto aplicable al procedimiento administrativo sancionador la exigencia de un acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la Administración pública actuante la carga probatoria tanto de la comisión del ilícito como de la participación del acusado, sin que a éste pueda exigírsele una probatio diabolica de los hechos negativos (por todas, STC 45/1997, de 11 de marzo, FJ 4). Sin perjuicio de lo cual, es obligado recordar que no corresponde a este Tribunal la revisión de la valoración del material probatorio efectuado por la Administración sino sólo llevar a cabo una supervisión externa de la razonabilidad del discurso que enlaza la actividad probatoria con el relato fáctico resultante (por referencia al proceso penal, STC 249/2000, de 30 de octubre, FJ 3)" (STC 117/2002, de 20 de mayo, FJ 9 ab initio).
Desestimar el presente recurso de amparo, interpuesto por don Francisco M.M..
Voto particular que formula el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo respecto de la Sentencia dicta en el recurso de amparo 4800-2000.
Mi discrepancia se centra en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia que desestima la queja del recurrente que denuncia la infracción del principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE). A tal fin, conviene recordar algunos datos. Ciertamente, el art. 74.2 f) de la Ley de Cataluña 6/1988, de 30 de marzo, forestal, tipifica como infracción "el pasto en zonas vedadas de conformidad con la presente Ley". No obstante, como quiera que la citada Ley no aclara sin embargo en que zonas está efectivamente vedado el pastoreo, entiendo que es forzoso concluir que el tipo directa y materialmente tipificado por el citado art. 74.2 f) no es completo ni, en consecuencia, suficiente para determinar la aplicación de la sanción impuesta al recurrente.
Así, este razonamiento debió conducir, en el presente caso, a declarar la nulidad de la resolución sancionadora y, por consiguiente, al otorgamiento del amparo, habida cuenta que, como desde el primer momento denunciara el recurrente y está reconocido además por la propia Administración autonómica, el citado plan de aprovechamiento de pastos no ha sido en efecto objeto de ningún tipo de publicidad; lo que, como también ha advertido este Tribunal, es un requisito imprescindible a fin de proporcionar las debidas garantías de conocimiento, constancia y certeza que reclama el principio de legalidad de las sanciones consagrado por el art. 25.1 CE (STC 93/1992, de 11 de junio).
SAP Jaén 201/2014, 19 de Mayo de 2014
STSJ Comunidad Valenciana , 16 de Junio de 2005

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución