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Timestamp: 2020-05-27 13:23:44+00:00

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DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ¿Qué han dicho nuestros tribunales en relación con las solicitudes de retiro de fondos desde las AFP? – La Ley al Día
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DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ¿Qué han dicho nuestros tribunales en relación con las solicitudes de retiro de fondos desde las AFP?
1. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de protección. Negativa de AFP a que recurrente retire sus ahorros previsionales. Destino de las cotizaciones previsionales es específico y no puede ser modificado ni a solicitud del afiliado ni por decisión de la entidad que administra el fondo. Recurrente es propietario de los dineros depositados en su cuenta de capitalización individual y podrá disponer de ellos en la época y forma que establece el sistema previsional vigente.
2. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de protección. Finalidad de las cotizaciones previsionales. Improcedencia que AFP devuelva las cotizaciones previsionales. Declaración del derecho a la devolución de las cotizaciones previsionales excede el ámbito del recurso de protección.
3. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Recurso de protección. Regularización de la capitalización individual no cumple una función social, sino un sistema económico regido por el mercado sin la voluntad del trabajador ni menos su intervención. Incumplimiento de la obligación del Estado de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional respecto de disposiciones del DL Nº 3.500.
Recurso de protección. Negativa de AFP a que recurrente retire sus ahorros previsionales. Concepto de cotización individual establecido por el Tribunal Constitucional. Financiamiento de pensiones de vejez. Destino de las cotizaciones previsionales es específico y no puede ser modificado ni a solicitud del afiliado ni por decisión de la entidad que administra el fondo. Recurrente es propietario de los dineros depositados en su cuenta de capitalización individual y podrá disponer de ellos en la época y forma que establece el sistema previsional vigente.
Ver Cita Online: CL/JUR/5385/2019
Afiliado interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones, por la negativa de la recurrida de retirar sus ahorros previsionales. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el recurso deducido.
SÉPTIMO: Que como lo estableció el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en los autos Rol 576 2007, considerando décimo cuarto, la cotización individual constituye un acto mediante el cual de manera imperativa, por mandato de la ley, el empleador debe descontar determinadas sumas de dinero, de propiedad del trabajador, para garantizar efectiva y adecuadamente prestaciones de seguridad social vinculadas a estados de necesidad que son consecuencia de la vejez y sobrevivencia, esto es, jubilaciones y montepíos.
OCTAVO: Que la normativa legal referida precedentemente, señala el destino de las cotizaciones previsionales, el que es específico y no puede ser modificado ni a solicitud del afiliado ni por decisión de la entidad que administra el fondo. En este caso el propósito es el financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia de su titular, sin que las Administradoras de Fondos de Pensiones estén facultades para alterar el destino definido en la ley. El recurrente es propietario de los dineros depositados en su cuenta de capitalización individual y podrá disponer de ellos en la época y forma que establece el sistema previsional vigente.
Recurso de protección. Negativa de AFP a solicitud de restitución de ahorros por concepto de cotizaciones previsionales. Finalidad de las cotizaciones previsionales. Improcedencia que AFP devuelva las cotizaciones previsionales. Declaración del derecho a la devolución de las cotizaciones previsionales excede el ámbito del recurso de protección.
Ver Cita Online: CL/JUR/5283/2019
Un profesor interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones, por estimar arbitraria e ilegal la negativa a la solicitud de restitución de sus ahorros por concepto de cotizaciones previsionales. La Corte de Apelaciones rechaza la acción constitucional deducida.
SÉPTIMO: Que, como lo estableció el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en los autos Rol 576 2007, considerando décimo cuarto, la cotización individual constituye un acto mediante el cual de manera imperativa, por mandato de la ley, el empleador debe descontar determinadas sumas de dinero, de propiedad del trabajador, para garantizar efectiva y adecuadamente prestaciones de seguridad social vinculadas a estados de necesidad que son consecuencia de la vejez y sobrevivencia, esto es, jubilaciones y montepíos.
OCTAVO: Que la normativa legal referida precedentemente, señala específicamente el destino de las cotizaciones previsionales, el que es específico y no puede ser modificado. En este caso su destino es el financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.
NOVENO: Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, aparece que la negativa de la recurrida a la devolución de las cotizaciones previsionales no es ni ilegal, ni menos arbitraria.
En efecto, el actuar de la AFP recurrida se ha ajustado a la normativa que rige la materia. Por el contrario ilegal sería si devolviese las cotizaciones previsionales solicitadas, ya que atentaría contra el texto expreso de la ley que ha sido dictada conforme lo establece la Constitución Política de la República.
Por otro lado, tampoco resulta ser arbitraria, dado que al ajustar su actuar a la normativa vigente, la negativa impugnada, se encuentra fundada en la ley y no es el resultado de una actuación caprichosa o carente de razón.
DÉCIMO: Que, de acuerdo a lo dicho, se hace innecesario hacerse cargo de la garantía constitucional que se denuncia como vulnerada, esto es el derecho de dominio, el que en todo caso, ha sido limitado por el legislador con el objeto señalado en la normativa transcrita precedentemente.
UNDÉCIMO: Que en todo caso, a mayor abundamiento, lo que se pretende por medio de la presente acción es la declaración de un derecho, esto es, el derecho a la devolución de las cotizaciones previsionales, no siendo la vía cautelar impetrada la pertinente para ello.
3. Corte de Apelación de Antofagasta.
Recurso de protección. Negativa de AFP a solicitud de restitución de ahorros por concepto de cotizaciones previsionales. Nuevo sistema de pensiones derivado de la capitalización individual. Cada trabajador debe tener dentro de su patrimonio una cuenta individual de capitalización que depende de la evolución del mercado. Regularización de la capitalización individual no cumple una función social, sino un sistema económico regido por el mercado sin la voluntad del trabajador ni menos su intervención. Incumplimiento de la obligación del Estado de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional respecto de disposiciones del DL Nº 3.500.
Ver Cita Online: CL/JUR/5281/2019
Profesora interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones, por estimar arbitraria e ilegal la negativa a la solicitud de restitución de sus ahorros por concepto de cotizaciones previsionales. La Corte de Apelaciones formula requerimiento al Tribunal Constitucional para que establezca, si lo estima admisible, la inconstitucionalidad del Decreto Ley 3.500 especialmente sus artículos 23, 34 y 51, en cuanto los fondos de capitalización individual tienen como objeto exclusivo otorgar y administrar beneficios de este decreto ley y son parcialmente inembargables destinados exclusivamente a generar las prestaciones de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, como también los ingresos de las administradoras de fondos de pensiones por concepto de prima o aporte de utilidades, en contravención a la Constitución en cuanto los atributos inalienables del derecho de propiedad, como asimismo del derecho a la seguridad social sobre la garantía del Estado para el acceso a todos los habitantes, sin distinción alguna al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorgue a través de instituciones públicas o privadas.
Desde su artículo 1º el referido Decreto Ley estatuye normas que se resumen en la obligación ineludible e irrenunciable de la capitalización individual (artículo 1) de todo trabajador quien automáticamente queda afiliado al sistema con obligación de cotizar (artículo 2), generando una relación jurídica entre el trabajador y el sistema que origina derechos y obligaciones, en especial el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización, dejándose constancia que se trata de un sistema único y permanente, subsistente durante toda la vida del afiliado mantenga o no actividad, que sostiene una cuenta individual de propiedad de cada trabajador, cuyo saldo según dispone el artículo 51 financia las pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia, con garantía estatal, de manera que el Título V regula la forma de financiamiento y el Título III las cotizaciones obligatorias (párrafo 1) y voluntarias (párrafo 2) disponiéndose un seguro (artículo 59) para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Ya en su artículo 1º inciso final establece la obligación del Estado de garantizar pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia.
En suma, el Estado de Chile obliga a cada trabajador tener dentro de su patrimonio una cuenta individual de capitalización cuyos intereses pueden incluso desaparecer y dependen de la evolución del mercado, todo lo cual lo administra una persona jurídica distinta fiscalizada por el Estado sin que el trabajador tenga injerencia directa en la suerte de sus fondos y cumpliendo los requisitos legales tiene derecho a una pensión de vejez, desvinculada de la remuneración obtenida en el último año de trabajo y relacionada directamente con el monto acumulado, el que puede ser insignificante para los efectos de la pensión y atentatorio contra la persona humana para los efectos de poder llevar una vida holgada en la vejez.
En este caso concreto se trata de una profesora que acumuló una cantidad de dinero significativo para responder a sus deudas y hacer una vida normal pero ínfima para los efectos de una pensión al punto que se encuentra en una insolvencia que podría generar la pérdida de su casa. Por otro lado la Constitución Política de la República, en su artículo 19 Nº 24 establece el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes permitiéndose al legislador establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella con limitaciones por obligaciones que deriven de su función social que comprende los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública, como también la conservación del patrimonio ambiental, sin que sea posible ser privado de su propiedad o de alguno de los atributos esenciales del dominio, sino una ley general que autorice la expropiación, lo que constituye una evidente contradicción frente al derecho de propiedad que tiene el trabajador respecto de la capitalización individual cuya regularización no cumple una función social, sino un sistema económico regido por el mercado sin la voluntad del trabajador ni menos su intervención, al punto que su capitalización no puede utilizarla en su propio beneficio para salir de una insolvencia sobreviniente, desconociéndose la obligación establecida en la misma ley, del Estado, en cuanto a generar una pensión mínima, contradicciones que crea el Decreto Ley referido no solo contra el derecho de propiedad sino con la garantía constitucional del Nº 18 del mencionado artículo 19 en cuanto la acción del Estado debe estar dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce y prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, permitiendo a la ley establecer cotizaciones obligatorias, pero exigiéndole al Estado que supervigile el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, lo que evidentemente en este caso no se da, por lo que el Tribunal está conminado a solicitar al Tribunal Constitucional el pronunciamiento en cuanto a la inconstitucionalidad de las disposiciones citadas del Decreto Ley 3.500 con el objeto de establecer el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales vulneradas que están en evidente contradicción con el mandato legal.
CUARTO: Que como bien se sabe, los órganos del Estado deben ajustarse a la legalidad vigente y especialmente al cumplimiento de las normas constitucionales que nos rigen, por lo que previo a resolver este Recurso de Protección por parte de esta Corte se hace indispensable elevar un requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional, según lo ordenado en el numeral 6 del artículo 93 de la Carta Fundamental, para que determine si es aplicable el Decreto Ley 3.500.

References: artículo 1
 artículo 51
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 93