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Timestamp: 2020-05-26 11:47:39+00:00

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febrero 20, 2020 febrero 20, 2020 by Juan Diaz	| Leave a comment
diciembre 4, 2016 by Juan Diaz	| 2 Comments
El presidente Danilo Medina ha estado evadiendo pagar el costo del pacto fiscal, porque le obligaría a reducir algunos niveles del reparto, clientelismo y rentismo político, pero podría quedar limitado en sus inversiones durante su último periodo gubernamental y corriendo el riesgo de terminar como responsable de un descalabro financiero.
Hasta US$45 mil millones. El economista, empresario y dirigente político Luis Abinader sostuvo esta semana que la pista del endeudamiento se le está terminando al Gobierno después de casi una década de progresivo financiamiento de déficits fiscales y reasumió las demandas de correcciones del rumbo sostenidas por economistas, dirigentes empresariales y políticos planteando la concertación del pacto fiscal dispuesto por la Ley Orgánica 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, con abundantes propuestas de ajustes.
Peor para el CREES y Rijo. Los cálculos sobre déficits y financiamiento público de Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), y del experto fiscal José Rijo, arrojan balances más preocupantes aún, pues agregan renglones no registrados como deuda estatal. El primero la eleva a 39 mil millones de dólares, sumándole 2 mil 852 millones por recapitalización del Banco Central, 1,500 con el Banco de Reservas, y 778 millones pagados a los generadores con financiamiento a las distribuidoras de energía.
Preocupación empresarial. Desde el frente empresarial siguieron expresándose esta semana preocupaciones por el rumbo de las finanzas públicas y reclamos de un pacto fiscal, de una ley de responsabilidad fiscal, y sobre un modelo de desarrollo que el Ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás volvió a considerar ineficiente, por no generar suficientes empleos formales y de calidad.
Emergencia de las aguas. El Gobierno termina el año arañando para reunir más de 12 mil millones de pesos que implica el pago del salario adicional navideño, mientras a los ayuntamientos el Congreso tuvo que autorizarle un préstamo de mil 200 millones de pesos para el mismo fin. Se confía que esas erogaciones contribuyan a dinamizar las ventas y actividades económicas reducidas por el severo ajuste del último cuatrimestre, tras el desbordamiento del gasto en la campaña electoral. Los contratistas de obras y servicios denuncian reducción de los pagos, los hospitales y las organizaciones sin fines de lucro reportan atrasos de sus subvenciones de hasta cuatro meses.
septiembre 8, 2016 septiembre 9, 2016 by Juan Diaz	| Leave a comment
Un cuarto de siglo de consultas y pactos político-sociales
1992: Tras varios años de concertaciones con organizaciones empresariales y sindicales el Congreso Nacional aprueba un nuevo Código Laboral
1992: Con participación de decenas de organizaciones sociales y tras amplias consultas, hasta a nivel municipal, se aprueba el Primer Plan Decenal de Educación, seguido luego por otros dos
1993-94 Consultas a líderes sociales y concertación de la Fundación Siglo 21 que concluyen con los acuerdos de «Una Reforma Política para el Futuro Dominicano», firmados por representantes de los partidos, excepto el PRSC
1994: Pacto por la Democracia firmado por partidos y organizaciones sociales para la reforma de la Constitución y de la ley electoral y elegir una Junta Central Electoral «cuyos miembros no sean representantes de los partidos»
1995: Acuerdo de los Partidos Políticos para la Adecuación de la Ley Electoral, auspiciado, previas consultas, por la Fundación Siglo 21
1995-96: Con 26 eventos de consultas nacionales, regionales y provinciales queda formulado el Plan Nacional de Desarrollo Social
1996: Una amplia coalición de organizaciones sociales, encabezada por el movimiento Participación Ciudadana observa las dos vueltas para la elección presidencial. Realizan conteos rápidos con aceptación de la JCE y los partidos. Se repetiría en los siguientes procesos electorales nacionales.
1996-97: Se instituyen por decretos la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado y la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, ambas con representación del liderazgo social
1997: Activa participación de las organizaciones sociales en el proceso de elección de una nueva Suprema Corte de Justicia. 12 de 16 jueces fueron propuestos por decenas de organizaciones sociales y electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el Presidente Leonel Fernández
1997-98: El gobierno convoca un Diálogo Nacional integrando a los partidos y a cientos de organizaciones sociales en un extenso proceso de consultas y discusiones que terminan con la aprobación de unas 300 propuestas de reformas institucionales, políticas y sociales.
1998: Numerosos foros regionales, provinciales y sectoriales del DN, auspiciados por el gobierno presentan cientos de propuestas para la reforma constitucional, predominando la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Están recogidas en el libro «El Pueblo Discute su Constitución»
1998-99: Delegados de los partidos reconocidos y de entidades sociales acuerdan un Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en el marco de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado
1998-99: La elección de una nueva Junta Central Electoral unilateralmente por el Senado con mayoría del Partido Revolucionario Dominicano y la suspensión del presupuesto del organismo por parte del gobierno, origina una crisis política. Con mediación de personalidades sociales se acuerda una ampliación de cinco a siete miembros para que los partidos de oposición presenten dos candidatos a jueces de la JCE
2000: Para disipar desconfianzas e incertidumbres, la JCE acoge la propuesta de Participación Ciudadana de realizar, junto a CAPEL-IIDH, una auditoría al nuevo padrón electoral con fotografía integrada. El padrón pasa la prueba.
2000: El presidente Hipólito Mejía instituye el Consejo Nacional para Reforma y Modernización del Estado, con representación del liderazgo social
2000-01: El Congreso Nacional auspicia un extenso proceso de consultas en foros provinciales y locales incluyendo ciudades de EU y negociaciones con decenas de instituciones empresariales, sindicales y profesionales para aprobar la Ley 87-01 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social
2001: Tras años de demandas de las instituciones sociales, y mediante un programa de consultas, el Congreso Nacional aprueba la Ley 19-01 de Defensor del Pueblo, que tomaría 12 años para ser implementada
2001: El decreto presidencial 410-01 constituye una Comisión Especial para la Reforma Constitucional, integrada por delegados de los partidos reconocidos, de 15 instituciones sociales y 12 reconocidos juristas. Tras 6 meses de consultas y debates acuerdan un proyecto de Constitución para someterlo a una Asamblea Constituyente
2002-04: Con participación de dirigentes sociales opera una Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral que, entre otras cosas, promueve la Ley 02-03 que separa las funciones administrativas de las contenciosas de la Junta Central Electoral y amplía los integrantes del organismo, a solicitud de los partidos de oposición, encabezados por el de la Liberación Dominicana. Propone directores de Informática y del Registro Civil de la JCE
2002 al 2008: Los tres partidos dominantes solicitan a Participación Ciudadana la observación de sus elecciones primarias de candidatos
2004: El Congreso Nacional aprueba la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, consensuada atendiendo a demandas de múltiples organizaciones sociales.
2004: El decreto 1082-04 crea e integra los Gabinetes de Política Institucional, de Política Económica, de Política Social y de Política Medioambiental y Desarrollo Físico con participación de 37 organizaciones sociales
2005: El decreto 13-05 instituye el “Consejo Económico, Social e Institucional” como órgano consultivo del Gobierno, con participación de diversas organizaciones de la sociedad civil y del Estado, que operaría como órgano de consulta y concertación
2005: Después de 15 años de consultas, seminarios y consensos político-sociales se aprueba la ley 122-05 Sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro, que crea el Centro Nacional de Fomento de Organizaciones sin Fines de Lucro, que integra representantes de ONG y del sector público
2006: Entra en vigencia el Plan Decenal de Salud 2006-15, promovido por la Secretaría de Salud Pública que partió de una versión preliminar del 2004, con base en un proceso de amplia participación de la sociedad en 32 consultas provinciales
2007: Tras un largo proceso de consultas político-sociales que duró varios años, el Congreso Nacional aprueba la Ley 176-07 sobre Municipios y el DN
2008: El gobierno auspicia un nuevo proceso de consultas y discusiones para la reforma constitucional con decenas de foros regionales, provinciales y locales, que abarcan a ciudades de Estados Unidos, el cual arroja cientos de propuestas
2008: Se promulga la Ley de Función Pública 41-08, fruto de un extenso proceso de consultas y seminarios con participación de las organizaciones sociales y estatales
2008: El Congreso aprueba la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08, que crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tras varios años de consultas con expertos nacionales e internacionales y organizaciones sociales
2009: Por convocatoria del presidente Leonel Fernández se realiza la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Mundial, con la participación de la mayoría de los partidos políticos y de cientos de entidades sociales. Alcanzan decenas de acuerdos
2009-10: El gobierno y organismos internacionales auspician un largo proceso de consultas con instituciones sociales y expertos que concluyen proclamando las Iniciativas Participativas Anti Corrupción (IPAC), para promover la transparencia y reducir la corrupción
2010: Se promulga la Constitución que más consultas y consensos previos ha tenido en la historia nacional, la que define a la República Dominicana como un «Estado Social y Democrático de Derecho»
2011: El Congreso Nacional aprueba las leyes orgánicas 30-11, del Consejo Superior del Ministerio Público, y 133-11 de Ley Orgánica del Ministerio Público, tras varios años de consultas sociales
2011: Diez candidatos presidenciales firman el «Compromiso Político Social por la Educación» promovido por un conjunto de organizaciones sociales bajo la denominación de Coalición por una Educación Digna
2012: Con la aprobación de la Ley 1-12 el Congreso Nacional culmina un proceso de consultas y concertaciones que durante varios años dieron origen a la Estrategia Nacional de Desarrollo
2012: Múltiples consultas sociales originadas en la Organización Nacional de Administración de Personal, convertida en Ministerio de Administración Pública, culminan con la promulgación de la Ley Orgánica 247-12 de Administración Pública
2012: Casi todos los candidatos presidenciales, incluyendo a los de los partidos mayoritarios, se comprometen con organizaciones sociales a aprobar la Ley de Partidos y del Régimen Electoral cuando concluya el proceso electoral
2012: Los candidatos presidenciales firman con Participación Ciudadana como capítulo nacional de Transparencia Internacional el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad
2012: El gobierno convoca a las organizaciones empresariales, sindicales y sociales a discutir el Pacto Fiscal que dispuso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Fracasa el intento y se produce otra reforma tributaria.
2013: Tras varios años de consultas entre organismos públicos y sociales se promulga la Ley 105-13 Sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, aúin pendiente de reglamentación, más de tres años después
2014: Tras meses de consultas y con participación de la Coalición por una Educación Digna que reúne a decenas de entidades sociales, el gobierno concluye el Pacto Educativo dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo
2015-16: Con participación de organizaciones empresariales, sindicales y sociales se discuten en el Consejo Económico Social las bases para el Pacto Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo
2016: Es promulgada la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, consensuada durante varios años entre legisladores, funcionarios públicos y representantes de entidades sociales
Todas estas concertaciones han constituido una plataforma de avances institucionales, de fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, auspiciadas por los gobiernos de los tres partidos que han dominado el Estado dominicano tras la dictadura de Trujillo.
En todo lo que ha tenido relevancia en la sociedad dominicana del último cuarto de siglo ha participado activamente la sociedad civil, en sus múltiples expresiones de organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, académicas, sin fines de lucro, religiosas, populares y comunitarias.
No ha habido una sola ley importante, sea orgánica o códigos, laboral, civil o penal, de seguridad social o seguridad ciudadana, que no conllevara consultas y búsqueda de consensos La participación de la sociedad civil dominicana ha sido relevante en todos estos procesos, en unos más que en otros, pero por lo menos ha predominado la consulta.
En un «Estado Social y Democrático de Derecho» es fundamental la participación de la ciudadanía, como la proclaman los numerales 4 y 5 del artículo 22 de la Constitución de la República que establecen como derechos «Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuestas de las autoridades», y «denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos».
Más aún, el artículo 75 constitucional dispone, como deber ciudadano fundamental, «Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública».
No hay la menor razón para que la participación ya lograda no prosiga con las leyes de partido y del régimen electoral, que se vienen discutiendo desde hace más de dos décadas, y en la selección de los integrantes de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y las altas cortes, como ya ocurrió antes. Si en procesos anteriores la participación y los aportes de la sociedad civil fueron valorados positivamente, y ahora se reclama lo que anteriormente fue aceptado ¿por qué antes sí y ahora no?
Septiembre del 2016.-
Carta enviada por Juan Bolívar Díaz al periódico HOY
abril 13, 2016 abril 13, 2016 by Juan Diaz	| 5 Comments
Abril 12 del 2016.-
Muy estimado Bienvenido:
De ninguna manera voy a reclamar mucho espacio para responder los nuevos inventos del señor César Medina, a quien ya no le alcanzan sus columnas en el Listín Diario para injuriar. No se puede polemizar con un mentiroso tan patético y con delirio de grandeza, capaz de citar a personas vivas que está fabulando, como los compañeros de Ultima Hora, El Sol, El Nuevo Diario, HOY y Teleantillas. Quiterio Cedeño no me sustituyó en El Sol, por el contrario se fue conmigo y Ramón Colombo y casi toda la redacción a fundar El Nuevo Diario.
Obviamente que se le olvidó que tu, Bienvenido, estuviste entre los iniciadores de Uno+Uno en Teleantillas. Y llega al descaro de decir que él era el director de prensa, y que cuando pedí su despido, fui yo quien tuvo que irse de la empresa. ¡Oh Dios y llevo 29 años trabajando cada día en el canal a la vista de todos! Su locura lo lleva a inventar que me opuse a su noviazgo con Mirna Pichardo, porque ella trabajaba en otro canal.
Con mi artículo del domingo pretendí ponerle un límite a las diatribas e infamias del embajador Medina y asociados. Pero veo que es imposible, pues su capacidad de fabular es inconmensurable. Y él ya está hablando del “campo del honor” y temo que me vuelva a desafiar a pelear, a matarnos, no sé ahora con qué armas. Y ahí yo perdería definitivamente.
Me resigno a que los ejecutivos del Listín, cuyo espacio no pretendo ocupar, le permitan seguir usando sus páginas para injuriar al “pobre”, “frustrado” y “envidioso” “Bolivita”. Decir más sería muy penoso.
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