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Timestamp: 2017-10-21 20:02:44+00:00

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Artículo 5 Disposiciones más favorables
CAPÍTULO II. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES
Artículo 6 Acceso al procedimiento
Artículo 7 Solicitudes formuladas por cuenta de personas a cargo o de menores
Artículo 8 Información y asesoramiento en centros de internamiento y en puestos fronterizos
Artículo 9 Derecho de permanencia en el Estado miembro durante el examen de la solicitud
Artículo 10 Requisitos para el examen de las solicitudes
Artículo 11 Requisitos de la resolución de la autoridad decisoria
Artículo 12 Garantías para los solicitantes
Artículo 13 Obligaciones de los solicitantes
Artículo 14 Entrevista personal
Artículo 15 Requisitos de una entrevista personal
Artículo 16 Contenido de una entrevista personal
Artículo 17 Informe y grabación de las entrevistas personales
Artículo 19 Puesta a disposición gratuita de información jurídica y procedimental en los procedimientos en primera instancia
Artículo 20 Asistencia jurídica y representación legal gratuitas en los procedimientos de recurso
Artículo 21 Condiciones para la puesta a disposición gratuita de información jurídica y procedimental y la prestación de asistencia y representación legal gratuitas
Artículo 22 Derecho a asistencia jurídica y representación legal en todas las fases del procedimiento
Artículo 23 Alcance de la asistencia jurídica y de la representación legal
Artículo 24 Solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales
Artículo 25 Garantías para los menores no acompañados
Artículo 26 Internamiento
Artículo 27 Procedimiento en caso de retirada de la solicitud
Artículo 28 Procedimiento en caso de retirada o desistimiento implícitos de la solicitud
Artículo 29 El papel del ACNUR
Artículo 30 Recogida de información sobre casos individuales
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTOS EN PRIMERA INSTANCIA
Artículo 31 Procedimiento de examen
Artículo 32 Solicitudes infundadas
Artículo 33 Solicitudes inadmisibles
Artículo 34 Normas especiales sobre una entrevista de admisibilidad
Artículo 35 Concepto de primer país de asilo
Artículo 36 Concepto de país de origen seguro
Artículo 37 Designación nacional de terceros países como países de origen seguros
Artículo 38 Concepto de tercer país seguro
Artículo 39 Concepto de tercer país seguro europeo
Artículo 40 Solicitudes posteriores
Artículo 41 Excepciones al derecho a permanecer en caso de solicitudes posteriores
Artículo 43 Procedimientos fronterizos
CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS PARA LA RETIRADA DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Artículo 44 Retirada de la protección internacional
Artículo 45 Normas de procedimiento
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS DE RECURSO
Artículo 46 Derecho a un recurso efectivo
Artículo 47 Impugnación por autoridades públicas
Artículo 49 Cooperación
Artículo 50 Informe
Artículo 51 Transposición
Artículo 52 Disposiciones transitorias
Artículo 53 Derogación
Artículo 55 Destinatarios
ANEXO I . Designación de países de origen seguros a los efectos del artículo 37, apartado 1
PARTE A. Directiva derogada
PARTE B. Plazo para la transposición al Derecho nacional
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1) , Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
(1) Es necesario introducir una serie de modificaciones sustantivas en la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (3) . En aras de una mayor claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.
(2) Una política común en el ámbito del asilo, que incluya un Sistema Europeo Común de Asilo, forma parte constitutiva del objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Unión. Una política de esta naturaleza debe regirse por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero.
(3) El Consejo Europeo, en su sesión especial en Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 («Convención de Ginebra»), afirmando así el principio de no devolución y garantizando que ninguna persona sufra de nuevo persecución.
(4) Las conclusiones del Consejo de Tampere prevén que un Sistema Europeo Común de Asilo debe incluir a corto plazo normas comunes para procedimientos justos y eficientes de asilo en los Estados miembros y, a más largo plazo, normas de la Unión que lleven a un procedimiento común de asilo en la Unión.
(5) La primera fase de un Sistema Europeo Común de Asilo concluyó con la adopción de instrumentos jurídicos pertinentes previstos en los Tratados, incluida la Directiva 2005/85/CE, que fue una primera medida sobre procedimientos de asilo.
(6) El Consejo Europeo, en su reunión de 4 de noviembre de 2004, adoptó el Programa de La Haya que establece los objetivos que han de alcanzarse en el espacio de libertad, seguridad y justicia en el período 2005-2010. A este respecto, el Programa de La Haya invitó a la Comisión Europea a concluir la evaluación de los instrumentos jurídicos de la primera fase y a remitir al Parlamento Europeo y al Consejo instrumentos y medidas de la segunda fase. De conformidad con el Programa de La Haya, el objetivo que debe perseguirse para establecer el Sistema Europeo Común de Asilo es la creación de un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme válido en toda la Unión.
(7) En el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado el 16 de octubre de 2008, el Consejo Europeo señaló que subsistían fuertes disparidades entre los Estados miembros en cuanto a la concesión de protección e instó a la adopción de nuevas iniciativas, incluida una propuesta con el fin de instaurar un procedimiento único de asilo que implique garantías comunes, para completar el establecimiento del Sistema Europeo Común de Asilo previsto en el Programa de La Haya.
(8) El Consejo Europeo, en su reunión de los días 10 y 11 de diciembre de 2009, adoptó el Programa de Estocolmo, que reiteró el compromiso con el objetivo de establecer, a más tardar en 2012, un espacio común de protección y solidaridad fundado en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para las personas a las que se concede protección internacional basado en normas de protección de alto nivel y unos procedimientos justos y eficaces. El Programa de Estocolmo sostiene que las personas que necesiten protección internacional deben tener acceso garantizado a procedimientos de asilo seguros y eficaces desde el punto de vista jurídico. De conformidad con dicho Programa, las personas, independientemente del Estado miembro en que se presente su solicitud de protección internacional, deben recibir el mismo nivel de tratamiento en lo referente a la tramitación del procedimiento y la determinación del estatuto. El objetivo es que los casos similares reciban un trato semejante y produzcan el mismo resultado.
(9) Deben movilizarse los recursos del Fondo Europeo para los Refugiados y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con el fin de apoyar adecuadamente los esfuerzos de los Estados miembros en la aplicación de las normas fijadas en la segunda fase del Sistema Europeo Común de Asilo y, en particular, a los Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas sobre sus sistemas de asilo en razón de su situación geográfica o demográfica.
(10) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben tener en cuenta las directrices pertinentes elaboradas por la EASO.
(11) Para garantizar una evaluación global y eficiente de las necesidades de protección internacional de los solicitantes en el sentido de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (4) , el marco de la Unión sobre procedimientos para conceder y retirar la protección internacional debe basarse en el concepto de un procedimiento único de asilo.
(12) El objetivo principal de la presente Directiva es desarrollar nuevas normas para los procedimientos en los Estados miembros para conceder o retirar la protección internacional con vistas al establecimiento de un procedimiento común de asilo en la Unión.
(13) La aproximación de las normas sobre procedimientos para conceder y retirar la protección internacional debería contribuir a limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de protección internacional entre Estados miembros, cuando dichos movimientos estuvieran originados por diferencias entre los marcos jurídicos, y crear condiciones equivalentes para la aplicación de la Directiva 2011/95/UE en los Estados miembros.
(14) Los Estados miembros tienen competencia para establecer o mantener condiciones más favorables para los nacionales de terceros países o personas apátridas que solicitan protección internacional a un Estado miembro, cuando se entiende que dicha solicitud se basa en que la persona de que se trata es una persona necesitada de protección internacional en el sentido de la Directiva 2011/95/UE.
(15) En lo que se refiere al trato de las personas que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros están vinculados por las obligaciones derivadas de los instrumentos del Derecho internacional en los que son parte.
(16) Es esencial que las decisiones relativas a todas las solicitudes de protección internacional se tomen sobre la base de los hechos y, en primera instancia, por las autoridades cuyo personal tenga el conocimiento adecuado o reciba la formación necesaria en el ámbito de la protección internacional.
(17) Para garantizar que el examen de las solicitudes de protección internacional y la adopción de las resoluciones se efectúen de forma objetiva e imparcial, es necesario que los profesionales que desarrollen su labor en el marco de los procedimientos previstos en la presente Directiva lleven a cabo su actividad respetando debidamente los principios deontológicos aplicables.
(18) En interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de protección internacional, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de que se efectúe un examen suficiente y completo.
(19) A fin de reducir en determinados casos la duración total del procedimiento, los Estados miembros deben disponer de flexibilidad, en función de sus necesidades nacionales, para dar prioridad al examen de una solicitud de modo que pueda examinarse antes que otras solicitudes que se hayan formulado con anterioridad, sin apartarse de los plazos, principios y garantías procedimentales normalmente aplicables.
(20) En circunstancias bien definidas, cuando sea probable que una solicitud resulte infundada o por motivos graves de seguridad nacional o de orden público, los Estados miembros deben poder acelerar el procedimiento de examen, en particular, estableciendo unos plazos más breves, aunque razonables, para algunas fases del procedimiento, sin perjuicio de que se efectúe un examen adecuado y completo de la solicitud ni de un acceso efectivo por parte del solicitante a los principios y garantías fundamentales establecidos en la presente Directiva.
(21) Siempre que un solicitante pueda alegar una causa justificada, la falta de documentos a la entrada o el uso de documentos falsos no debe entrañar per se el recurso automático a un procedimiento fronterizo o acelerado.
(22) Redunda igualmente en interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes garantizar un correcto reconocimiento de las necesidades en materia de protección internacional desde la primera instancia. A tal fin, se debe poner a disposición de los solicitantes, desde la primera instancia y de forma gratuita, información jurídica y procedimental, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares. La puesta a disposición de dicha información debe, entre otras cosas, permitir a los solicitantes comprender mejor el procedimiento, ayudándoles así a cumplir las obligaciones que les incumben. Sería desproporcionado exigir a los Estados miembros que faciliten dicha información únicamente a través de los servicios de juristas cualificados. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad de utilizar los medios más adecuados para facilitar dicha información, por ejemplo a través de organizaciones no gubernamentales, de profesionales de la Administración Pública o de servicios especializados del Estado.
(23) En el marco de los procedimientos de recurso, se debe prestar a los solicitantes, con ciertas condiciones, asistencia y representación jurídica gratuitas por parte de personas competentes para prestarlas con arreglo a la legislación nacional. Además, en todas las fases del procedimiento, los solicitantes deben tener derecho a consultar, a su costa, a asesores jurídicos o a abogados autorizados a ejercer como tales conforme a su Derecho nacional.
(24) El concepto de orden público podrá incluir, inter alia una condena por haber cometido un delito grave.
(25) En aras del adecuado reconocimiento de las personas necesitadas de protección como refugiados a efectos del artículo 1 de la Convención de Ginebra o como personas con derecho a protección subsidiaria, todo solicitante debe tener acceso efectivo a los procedimientos, la oportunidad de cooperar y comunicarse realmente con las autoridades competentes para poder presentar los hechos pertinentes para su caso, así como las garantías procedimentales suficientes para estar en condiciones de proseguir el procedimiento en todas sus fases. Además, el procedimiento en el cual se examina una solicitud de protección internacional debería facilitar normalmente al solicitante al menos el derecho de estancia durante la deliberación de la autoridad decisoria, el derecho a los servicios de un intérprete para presentar el caso si las autoridades lo entrevistan, la posibilidad de ponerse en contacto con un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con organizaciones que prestan asesoramiento o consejo a los solicitantes de protección internacional, el derecho a que se le comunique en debida forma la decisión junto con su motivación de hecho y de derecho, la oportunidad de consultar a abogados u otros asesores jurídicos y el derecho a ser informado de su situación en los momentos decisivos del procedimiento en una lengua que entienda o razonablemente se pueda suponer que entiende y, en caso de decisión negativa, el derecho a un recurso efectivo ante un juzgado o tribunal.
(26) Con vistas a garantizar un acceso efectivo al procedimiento de examen, los funcionarios que entren en primer lugar en contacto con personas que busquen protección internacional, en particular aquellos que lleven a cabo labores de vigilancia de las fronteras terrestres o marítimas o que realicen controles fronterizos, deben recibir la información oportuna y una formación adecuada sobre cómo reconocer y tratar solicitudes de protección internacional, entre otros, tomando en consideración las directrices pertinentes elaboradas por la EASO. Deben ser capaces de proporcionar a los nacionales de terceros países o personas apátridas que se encuentren en el territorio, con inclusión de la frontera, las aguas territoriales o las zonas de tránsito de los Estados miembros, y que formulen una solicitud de protección internacional, la información pertinente sobre dónde y cómo deben presentarse las solicitudes de protección internacional. Si dichas personas se encuentran en las aguas territoriales de un Estado miembro deben ser desembarcadas en tierra para que sus solicitudes se examinen de conformidad con la presente Directiva.
(27) Dado que los nacionales de terceros países y las personas apátridas que hayan expresado su deseo de solicitar protección internacional son solicitantes de protección internacional, deben cumplir las obligaciones y gozar de los derechos contemplados en la presente Directiva y en la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (5) . Para ello, los Estados miembros deben inscribir cuanto antes el hecho de que estas personas son solicitantes de protección internacional.
(28) A fin de facilitar el acceso al procedimiento de examen en los puestos fronterizos y los centros de internamiento, se debe facilitar información sobre la posibilidad de solicitar protección internacional. Se debe garantizar mediante servicios de interpretación la comunicación básica necesaria para permitir a las autoridades competentes comprender si las personas expresan el deseo de solicitar protección internacional.
(29) Algunos solicitantes pueden necesitar garantías procedimentales especiales por razón, entre otros, de su edad, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, enfermedad grave, enfermedad mental o consecuencias de torturas, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual. Los Estados miembros deben esforzarse por identificar a los solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales antes de que se adopte la resolución en primera instancia. A estos solicitantes se les debe prestar el respaldo adecuado, incluyendo el tiempo necesario, a fin de crear las condiciones necesarias para que tengan efectivamente acceso a los procedimientos y puedan presentar los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional.
(30) Cuando no pueda prestarse el respaldo adecuado a un solicitante que necesita garantías procedimentales especiales en el marco de un procedimiento acelerado o fronterizo, dicho solicitante debe ser eximido de ese procedimiento. La necesidad de garantías procedimentales especiales que por su naturaleza pudieran impedir la aplicación de los procedimientos acelerados o fronterizos debe suponer también que se concedan al solicitante garantías adicionales cuando su recurso no tenga efectos suspensivos automáticos, con vistas a que el recurso sea efectivo en las circunstancias particulares del solicitante.
(31) Las medidas nacionales sobre identificación y documentación de síntomas y signos de tortura u otros actos graves de violencia física o psicológica, incluidos los actos de violencia sexual, en procedimientos regulados por la presente Directiva podrían basarse inter alia en el Manual sobre Efectiva Investigación y Documentación de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul).
(32) Con vistas a garantizar una igualdad sustantiva entre solicitantes de uno y otro sexo, los procedimientos de examen deben tener en cuenta el factor género. En particular, las entrevistas personales deben organizarse de modo que sea posible para los solicitantes de uno y otro sexo hablar de sus pasadas experiencias en casos de persecución basada en razones de género. La complejidad de las peticiones relacionadas con el factor género debe tenerse debidamente en cuenta en procedimientos basados en el concepto de tercer país seguro, el concepto de país de origen seguro o la noción de solicitudes posteriores.
(33) El «interés superior del niño» debe ser una consideración principal de los Estados miembros al aplicar la presente Directiva, en línea con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989. A la hora de evaluar el interés superior del niño, los Estados miembros deben tener especialmente en cuenta el bienestar y el desarrollo social del menor, incluida su situación personal.
(34) Los procedimientos de examen de las necesidades de protección internacional deben organizarse de modo que las autoridades competentes puedan llevar a cabo un examen riguroso de las solicitudes de protección internacional.
(35) Cuando en el marco de la tramitación de una solicitud los Estados miembros tengan que proceder a registrar al solicitante, dicho registro debe realizarlo una persona del mismo sexo. Esto se entenderá sin perjuicio del registro realizado por motivos de seguridad con arreglo al Derecho nacional.
(36) Cuando un solicitante hace una solicitud posterior sin presentar nuevas pruebas o argumentos, sería desproporcionado obligar a los Estados miembros a efectuar de nuevo un procedimiento de examen completo. En esos casos, los Estados miembros deben poder denegar una solicitud por inadmisible de conformidad con el principio de cosa juzgada.
(37) En lo que respecta a la participación de personal de una autoridad distinta de la autoridad decisoria en la realización de entrevistas sobre el fondo de la solicitud en su debido momento, el concepto de «en su debido momento» debe interpretarse en relación con los plazos previstos en el artículo 31.
(38) Gran número de solicitudes de protección internacional se realizan en la frontera o en una zona de tránsito de un Estado miembro antes de que se tome una decisión sobre la entrada del solicitante. Los Estados miembros deben estar en condiciones de establecer procedimientos de admisibilidad y/o examen del fondo que permitan decidir sobre las referidas solicitudes en aquellos lugares en circunstancias muy determinadas.
(39) A la hora de determinar si en el país de origen de un solicitante impera una situación de incertidumbre, los Estados miembros deben velar por obtener información precisa y actualizada de fuentes pertinentes, como la EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes. Los Estados miembros deben asegurarse de que cualquier aplazamiento de la finalización del procedimiento se aplica en total conformidad con las obligaciones que se derivan de la Directiva 2011/95/UE y del artículo 41 de la Carta, sin perjuicio de la eficacia y equidad de los procedimientos previstos en la presente Directiva.
(40) Una consideración clave para establecer si una solicitud de protección internacional está justificada es la seguridad del solicitante en su país de origen. Cuando un tercer país puede considerarse como país de origen seguro, los Estados miembros deben estar en condiciones de considerarlo seguro y presuponer que es seguro para un solicitante concreto a menos que este último presente indicaciones en contra.
(41) Habida cuenta del grado de armonización realizado sobre la cualificación de nacionales de terceros países y personas apátridas como beneficiarios de protección internacional, deben establecerse criterios comunes para designar a terceros países como países de origen seguros.
(42) La designación de un tercer país como país de origen seguro no podrá, a los fines de la presente Directiva, establecer una garantía absoluta de seguridad para los nacionales de dicho país. Por su propia naturaleza, la evaluación que sustenta la designación solo puede tener en cuenta la circunstancias civiles, jurídicas y políticas generales de dicho país y el hecho de si los agentes de la persecución, la tortura, el trato inhumano o degradante o los castigos están sometidos a sanción en la práctica cuando se los considera responsables en dicho país. Por dicho motivo, es importante que, cuando un solicitante demuestre que existen motivos válidos para que no se considere a un país como seguro en sus circunstancias particulares, la designación del país como seguro ya no puede considerarse en cuanto a lo que dicho solicitante se refiere.
(43) Los Estados miembros deben examinar todas las solicitudes refiriéndose al fondo, es decir, evaluando si el solicitante en cuestión cumple los requisitos para la protección internacional de conformidad con la Directiva 2011/95/UE, salvo cuando la presente Directiva disponga otra cosa, en particular cuando pueda razonablemente suponerse que otro país efectuaría dicho examen o garantizaría de manera suficiente la protección. En particular, los Estados miembros no deben estar obligados a evaluar el fondo de una solicitud de protección internacional cuando un primer país de asilo hubiere concedido al solicitante el estatuto de refugiado u otro tipo de protección suficiente, y el solicitante sea readmitido en dicho país.
(44) Los Estados miembros no deben estar obligados a evaluar el fondo de una solicitud de protección internacional en la cual el solicitante, debido a una conexión suficiente con un tercer país tal como se define en el Derecho nacional, podría razonablemente buscar protección en dicho tercer país, y hay razones para considerar que el solicitante será admitido o readmitido en dido país. Los Estados miembros deben proceder sobre esa base únicamente cuando dicho solicitante en concreto estuviera seguro en el tercer país de que se trate. A fin de evitar movimientos secundarios por parte de los solicitantes, deben establecerse principios comunes para la consideración o designación por los Estados miembros de terceros países como seguros.
(45) Además, en lo que se refiere a determinados terceros países europeos, que mantienen criterios especialmente altos con respecto a los derechos humanos y a la protección de los refugiados, los Estados miembros deben estar autorizados a no realizar examen o no llevarlo plenamente a cabo de las solicitudes de protección internacional relativas a los solicitantes que entren en su territorio a partir de dichos terceros países europeos.
(46) En caso de que los Estados miembros apliquen los conceptos de país seguro en casos individuales o de países designados como seguros mediante la elaboración de listas a tal efecto, deben tener en cuenta, entre otros, las directrices y manuales operativos y la información sobre los países de origen y las actividades, con inclusión de la metodología de informes de información de país de origen de la EASO a que se refiere el Reglamento (UE) nº 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo (6) , y las correspondientes directrices del ACNUR.
(47) A fin de facilitar el intercambio regular de información sobre la aplicación nacional de los conceptos de país de origen seguro, tercer país seguro y tercer país europeo seguro, así como la revisión periódica por parte de la Comisión del uso que los Estados miembros hacen de esos conceptos, y de preparar una posible nueva armonización en el futuro, los Estados miembros deben notificar o informar periódicamente a la Comisión sobre los terceros países a los que se aplican dichos conceptos. La Comisión debe informar con regularidad al Parlamento Europeo del resultado de sus revisiones.
(48) Con el fin de garantizar una correcta aplicación de los conceptos de país seguro basada en una información actualizada, los Estados miembros deben proceder a revisar regularmente la situación en esos países sirviéndose de una serie de fuentes de información, entre otros, en particular, de información que provenga de otros Estados miembros, la EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes. Cuando los Estados miembros tengan conocimiento de que se ha producido un cambio significativo en la situación de los derechos humanos en un país que hayan designado como seguro, deberán velar por que se revise cuanto antes la situación y, en su caso, se revise la designación del país como seguro.
(49) En lo que se refiere a la retirada del estatuto del refugiado o de protección subsidiaria los Estados miembros deberían velar por que las personas que disfrutan de protección internacional sean debidamente informadas de cualquier posible reconsideración de su condición y tengan la ocasión de someter su punto de vista antes de que las autoridades puedan adoptar una decisión motivada de retirar su estatuto.
(50) Refleja un principio de Derecho de la Unión fundamental el hecho de que las decisiones adoptadas con respecto a una solicitud de protección internacional, las decisiones relativas a un rechazo a reexaminar una solicitud después de su suspensión y las decisiones relativas a la retirada del estatuto de refugiado o protección subsidiaria deban estar sujetas a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional.
(51) De conformidad con el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la presente Directiva se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estado miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior.
(52) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (7) , regula el tratamiento de los datos personales que se efectúe en los Estados miembros en aplicación de la presente Directiva.
(53) La presente Directiva no se refiere a los procedimientos entre Estados miembros regulados por el Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (8) .
(54) La presente Directiva debe aplicarse a los solicitantes respecto de los cuales se aplica el Reglamento (UE) nº 604/2013, además de las disposiciones de dicho Reglamento y sin perjuicio de las mismas.
(55) La aplicación de la presente Directiva deberá evaluarse a intervalos regulares.
(56) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y efectos de la presente Directiva, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(57) De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, de 28 de septiembre de 2011 (9) , los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.
(58) De conformidad con los artículos 1, 2 y 4 bis, apartado 1, del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados por ella ni sujetos a su aplicación.
(59) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada ni sujeta a su aplicación.
(60) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta. En particular, la presente Directiva busca garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y promover la aplicación de los artículos 1, 4, 18, 19, 21, 23, 24 y 47 de la Carta y debe aplicarse en consecuencia.
(61) La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de la Directiva 2005/85/CE. La obligación de incorporar las disposiciones inalteradas se deriva de la Directiva anterior.
(62) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al Derecho nacional de la Directiva 2005/85/CE, que figuran en la parte B del anexo II.
a) «Convención de Ginebra», la Convención de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967;
b) «solicitud» o «solicitud de protección internacional», la petición de protección formulada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 2011/95/UE que pueda solicitarse por separado;
c) «solicitante», un nacional de un tercer país o un apátrida que ha formulado una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se ha adoptado una resolución definitiva;
d) «solicitante que necesita garantías procedimentales especiales», el solicitante cuya capacidad de disfrutar los derechos y cumplir las obligaciones previstas en la presente Directiva está limitada por circunstancias individuales;
e) «resolución definitiva», resolución por la cual se establece si se concede o no al nacional de un tercer país o al apátrida el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria en virtud de la Directiva 2011/95/UE y contra la que ya no puede interponerse recurso en el marco de lo dispuesto en el capítulo V de la presente Directiva, con independencia de que el recurso tenga el efecto de permitir que el solicitante permanezca en el Estado miembro de que se trate a la espera de su resultado;
f) «autoridad decisoria», cualquier organismo cuasi-judicial o administrativo de un Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de protección internacional y competente para dictar resoluciones en primera instancia en tales casos;
g) «refugiado», un nacional de un tercer país o un apátrida que cumple los requisitos del artículo 2, letra d), de la Directiva 2011/95/UE;
h) «persona con derecho a protección subsidiaria», un nacional de un tercer país o un apátrida que cumple los requisitos del artículo 2, letra f), de la Directiva 2011/95/UE;
i) «protección internacional», el estatuto de refugiado y el estatuto de protección subsidiaria definidos en las letras j) y k);
j) «estatuto de refugiado», el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado;
k) «estatuto de protección subsidiaria», el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria;
l) «menor», un nacional de un tercer país o un apátrida menor de 18 años;
m) «menor no acompañado», un menor no acompañado tal como se define en el artículo 2, letra l), de la Directiva 2011/95/UE;
n) «representante», la persona o la organización designada por los organismos competentes para que asista y represente al menor no acompañado en procedimientos previstos en la presente Directiva con vistas a garantizar el interés superior del menor y ejercer la capacidad jurídica en nombre del mismo cuando fuere necesario. Cuando se designe como representante a una organización, esta designará a la persona responsable de cumplir con las obligaciones de representación del menor no acompañado, de conformidad con la presente Directiva;
o) «retirada de la protección internacional», la decisión de una autoridad competente de retirar, dar por finalizado o negarse a prorrogar el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria de una persona de conformidad con la Directiva 2011/95/UE;
p) «permanencia en el territorio del Estado miembro», la permanencia en el territorio, con inclusión de la frontera, o en las zonas de tránsito del Estado miembro en el que se ha formulado o se está examinando la solicitud de protección internacional;
q) «solicitud posterior», una nueva solicitud de protección internacional formulada después de que se haya adoptado una resolución definitiva sobre una solicitud anterior, incluidos los casos en los que el solicitante haya retirado explícitamente su solicitud y los casos en los que la autoridad decisoria haya denegado una solicitud tras su retirada implícita de conformidad con el artículo 28, apartado 1.
a) tramitar los casos de conformidad con el Reglamento (UE) nº 604/2013, y
b) conceder o denegar la autorización de entrada en el marco del procedimiento previsto en el artículo 43, respetando las condiciones establecidas en él y sobre la base del dictamen motivado de la autoridad decisoria.
3. Los Estados miembros velarán por que el personal de la autoridad decisoria mencionado en el apartado 1 esté adecuadamente formado. A tal fin, los Estados miembros establecerán una formación pertinente que incluya los elementos contemplados en el artículo 6, apartado 4, letras a) a e), del Reglamento (UE) nº 439/2010. Tomarán asimismo en consideración la formación pertinente establecida y desarrollada por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO). Las personas que efectúen las entrevistas con los solicitantes de conformidad con la presente Directiva deberán tener también un conocimiento general de los problemas que puedan afectar negativamente a la capacidad del solicitante de mantener una entrevista, como síntomas de que el solicitante pudo haber sido torturado en el pasado.
a) los casos en que un menor puede formular una solicitud en su propio nombre;
b) los casos en que la solicitud de un menor no acompañado tiene que ser presentada por un representante según se establece en el artículo 25, apartado 1, letra a);
c) los casos en que se considera que la presentación de una solicitud de protección internacional constituye también la presentación de una solicitud de protección internacional para todos los menores solteros.
b) que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes, por ejemplo, información de la EASO y del ACNUR y de organizaciones internacionales pertinentes de defensa de los derechos humanos, respecto a la situación general imperante en los países de origen de los solicitantes y, si fuera necesario, en aquellos países por los que hayan transitado, y que esta información se ponga a disposición del personal responsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones al respecto;
c) que el personal que examina las solicitudes y dicta las resoluciones conozca las normas pertinentes aplicables con arreglo a la legislación en materia de asilo y refugio;
a) ser informados, en una lengua que comprenden o que sea razonable suponer que comprenden, acerca del procedimiento que debe seguirse y de sus derechos y obligaciones durante el mismo, así como de las posibles consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones y de su falta de cooperación con las autoridades. Ser informados de los plazos, de los medios de que disponen para cumplir con la obligación de presentar los elementos a que se refiere el artículo 4 de la Directiva 2011/95/UE, así como de las consecuencias de una retirada explícita o implícita de la solicitud. Dicha información se les dará con tiempo suficiente para que puedan ejercer los derechos garantizados en la presente Directiva y cumplir con las obligaciones descritas en el artículo 13;
b) disponer, en caso necesario, de los servicios de un intérprete para exponer sus argumentos ante las autoridades competentes. Los Estados miembros considerarán necesario proporcionar estos servicios al menos cuando el solicitante sea convocado a la entrevista a que se refieren los artículos 14 a 17 y 34 y no pueda asegurarse la comunicación adecuada sin tales servicios. En ese caso y en otros casos en que las autoridades competentes convoquen al solicitante, dichos servicios se abonarán a través de fondos públicos;
c) no poder negarles la posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR o con otra organización que preste asesoramiento jurídico o consejo a los solicitantes de conformidad con el Derecho del Estado miembro de que se trate;
d) no poder negarles, ni a ellos ni, si procede, a sus abogados u otros asesores jurídicos, de conformidad con el artículo 23, apartado 1, el acceso a la información a que se refiere el artículo 10, apartado 3, letra b), ni a la información facilitada por los expertos a que se refiere el artículo 10, apartado 3, letra d), cuando la autoridad decisoria haya tenido en cuenta dicha información para tomar una decisión sobre su solicitud;
e) notificarles en un plazo razonable la resolución de la autoridad decisoria sobre su solicitud. Si el solicitante está representado legalmente por un asesor jurídico u otro consejero, los Estados miembros podrán optar por notificar la resolución a este último en lugar de al solicitante;
f) ser informados del resultado de la resolución de la autoridad decisoria en una lengua que comprenden o que sea razonable suponer que comprenden en caso de que no estén asistidos o representados por un asesor jurídico u otro consejero. Entre la información proporcionada se indicarán cuáles son las actuaciones requeridas para la impugnación de una resolución desestimatoria, de conformidad con las disposiciones del artículo 11, apartado 2.
a) que los solicitantes informen a las autoridades competentes o se personen ante ellas bien inmediatamente bien en un momento concreto;
b) que los solicitantes entreguen documentos pertinentes para el examen de la solicitud, como el pasaporte, por ejemplo;
c) que los solicitantes informen a las autoridades competentes de su lugar de residencia o domicilio actuales y les informen cuanto antes en caso de cambio. Los Estados miembros podrán establecer la obligación de que el solicitante acepte toda comunicación en el lugar de residencia o domicilio más reciente que haya indicado a estos efectos;
d) que las autoridades competentes puedan registrar al solicitante y sus pertenencias. Sin perjuicio de los registros que se efectúen por razones de seguridad, cuando se proceda a registrar a un solicitante en aplicación de la presente Directiva, el registro será realizado por una persona del mismo sexo con pleno respeto de los principios de la dignidad humana y la integridad física y psicológica;
f) que las autoridades competentes puedan grabar las declaraciones verbales del solicitante, siempre que este haya sido informado previamente de ello.
Cuando la solicitud simultánea de protección internacional por parte de un gran número de nacionales de terceros países o de apátridas haga imposible en la práctica que la autoridad decisoria lleve a cabo a tiempo entrevistas sobre el fondo de cada solicitud, los Estados miembros podrán disponer que el personal de otra autoridad intervenga temporalmente en la celebración de dichas entrevistas. En tales casos, el personal de esa otra autoridad recibirá de antemano la formación correspondiente, que incluirá los elementos contemplados en el artículo 6, apartado 4, letras a) a e), del Reglamento (UE) nº 439/2010. Las personas que efectúen las entrevistas personales con los solicitantes de conformidad con la presente Directiva deberán tener también un conocimiento general de los problemas que puedan afectar negativamente a la capacidad del solicitante de mantener una entrevista, como síntomas de que el solicitante haya podido ser torturado en el pasado.
a) la autoridad decisoria pueda adoptar una resolución favorable respecto del estatuto de refugiado basada en las pruebas disponibles, o
b) la autoridad decisoria considere que el solicitante está incapacitado o no es apto para ser entrevistado debido a circunstancias permanentes ajenas a su control. En caso de duda, la autoridad decisoria consultará a un profesional sanitario para determinar si la condición por la que el solicitante está incapacitado o no es apto para ser entrevistado es temporal o de carácter permanente.
a) asegurarán que la persona que vaya a celebrar la entrevista es competente para tener en cuenta las circunstancias personales y generales que rodean la solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante, su género, su orientación sexual, su identidad de género o su vulnerabilidad;
b) siempre que sea posible, dispondrán que la entrevista al solicitante sea celebrada por una persona del mismo sexo, si así lo pide aquel, a menos que la autoridad decisoria tenga motivos para creer que la petición no obedece a dificultades del solicitante para exponer las razones de su solicitud de manera completa;
c) seleccionarán a un intérprete que pueda garantizar una correcta comunicación entre el solicitante y la persona que celebre la entrevista. La comunicación se mantendrá en la lengua que prefiera el solicitante a menos que haya otra lengua que comprenda y en la que sea capaz de comunicarse claramente. Siempre que sea posible, los Estados miembro preverán un intérprete del mismo sexo, si así lo pide el solicitante, a menos que la autoridad decisoria tenga motivos para creer que la petición no obedece a dificultades del solicitante para exponer las razones de su solicitud de manera completa;
d) velarán por que la persona que celebre la entrevista sobre el fondo de la solicitud de protección internacional no lleve uniforme militar ni de las fuerzas del orden;
e) asegurarán que las entrevistas de menores se celebran de una manera adecuada para los niños.
a) únicamente a quienes carezcan de medios suficientes, y/o
b) únicamente mediante los servicios prestados por los asesores jurídicos u otros consejeros designados específicamente por el Derecho nacional para asistir o representar a los solicitantes.
a) imponer límites económicos y/o temporales a la puesta a disposición gratuita de información jurídica y procedimental a que se refiere el artículo 19 y a la prestación de asistencia jurídica y representación legal gratuitas a que se refiere el artículo 20, siempre que dichos límites no restrinjan de manera arbitraria el acceso a la información jurídica y procedimental y a la asistencia jurídica y representación legal;
b) disponer que, por lo que respecta a las tasas y otros gastos, el trato a los solicitantes no sea más favorable que el que generalmente conceden a sus nacionales en materia de asistencia jurídica.
a) facilitarán el acceso de las autoridades a que se refiere el capítulo V a la información o las fuentes en cuestión, y
b) establecerán procedimientos nacionales que garanticen el respeto del derecho de defensa del solicitante.
a) adoptarán tan pronto como sea posible medidas para asegurar que un representante actúe en nombre del menor no acompañado y le asista para permitirle disfrutar de los derechos y cumplir con las obligaciones previstas en la presente Directiva. El menor no acompañado será informado inmediatamente de que se ha nombrado un representante. El representante ejercerá sus funciones de conformidad con el principio del interés superior del niño y poseerá los conocimientos necesarios a tal efecto. La persona que actúe de representante se sustituirá únicamente en caso necesario. No podrán optar a ser representantes las organizaciones o personas cuyos intereses entren en conflicto o pudieran entrar en conflicto con los intereses del menor no acompañado. El representante también podrá ser el representante mencionado en la Directiva 2013/33/UE;
b) asegurarán que se dé al representante la posibilidad de informar al menor no acompañado sobre el significado y las posibles consecuencias de la entrevista personal y, si procede, sobre la forma de prepararse para tal entrevista. Los Estados miembros garantizarán que un representante y/o un abogado u otro asesor jurídico facultado o autorizado para ejercer como tal conforme al Derecho nacional esté presente en dicha entrevista y tenga la oportunidad de formular preguntas o alegaciones en el marco establecido por la persona que celebra la entrevista.
a) que cuando se entreviste a un menor no acompañado sobre su solicitud de protección internacional de conformidad con lo estipulado en los artículos 14, 15, 16, 17 y 34 celebre la entrevista una persona que tenga los conocimientos necesarios sobre las necesidades especiales de los menores;
a) antes del examen de su solicitud de protección internacional, se informe a los menores no acompañados, en una lengua que comprendan o que sea razonable suponer que comprenden, sobre la posibilidad de determinar su edad mediante un reconocimiento médico. Esto incluirá información sobre el método de reconocimiento y las posibles consecuencias del resultado para el examen de la solicitud de protección internacional, así como las consecuencias de la negativa por parte del menor no acompañado de someterse al reconocimiento médico;
b) los menores no acompañados y sus representantes autoricen que se lleve a cabo un reconocimiento médico para determinar la edad de los menores de que se trate, y
c) la resolución denegatoria de la solicitud de protección internacional de un menor no acompañado que se hubiere negado a someterse a un reconocimiento médico no se basará únicamente en esta negativa.
a) únicamente podrán aplicar o seguir aplicando lo dispuesto en el artículo 31, apartado 8, si:
i) el solicitante procede de un país que cumple los criterios para ser considerado un país de origen seguro en el sentido de la presente Directiva, o
ii) el solicitante ha presentado una solicitud posterior de protección internacional que no resulta inadmisible de conformidad con lo previsto en el artículo 40, apartado 5, o
iii) el solicitante puede ser considerado por motivos graves un peligro para la seguridad nacional o el orden público del Estado miembro, o ha sido expulsado con carácter ejecutorio por motivos graves de seguridad o de orden público con arreglo al Derecho nacional;
b) únicamente podrán aplicar o seguir aplicando el artículo 43, de conformidad con los artículos 8 a 11 de la Directiva 2013/33/UE si:
ii) el solicitante ha presentado una solicitud posterior, o
iii) el solicitante puede ser considerado por motivos graves un peligro para la seguridad nacional o el orden público del Estado miembro, o ha sido expulsado con carácter ejecutorio por motivos graves de seguridad o de orden público con arreglo al Derecho nacional, o
iv) hay motivos razonables para considerar que un país que no es un Estado miembro es un país seguro para el solicitante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38, o
v) el solicitante ha engañado a las autoridades mediante la presentación de documentación falsa, o
vi) el solicitante ha destruido o se ha deshecho de mala fe de un documento de identidad o viaje que hubiera ayudado a establecer su identidad o nacionalidad.
c) podrán considerar la solicitud inadmisible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, apartado 2, letra c), si un país que no es un Estado miembro es considerado un tercer país seguro para el solicitante en virtud del artículo 38, siempre y cuando esto vaya en el interés superior del menor;
d) podrán aplicar el procedimiento a que se refiere el artículo 20, apartado 3, cuando el representante del menor posea titulación jurídica de conformidad con el Derecho nacional.
a) que no ha respondido a las peticiones de que facilite información esencial para su solicitud según lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 2011/95/UE o no se ha presentado a la entrevista personal como estipulan los artículos 14, 15, 16 y 17 de la presente Directiva; a menos que demuestre en un plazo razonable que su ausencia se debió a circunstancias ajenas a su voluntad;
3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 604/2013.
a) tener acceso a los solicitantes, incluidos los que están internados y los que se encuentran en la frontera y en las zonas de tránsito;
b) acceder a información sobre solicitudes individuales de protección internacional, sobre el curso del procedimiento y sobre resoluciones adoptadas, siempre y cuando el solicitante dé su consentimiento;
c) manifestar su opinión, en el ejercicio de sus responsabilidades de vigilancia de conformidad con el artículo 35 de la Convención de Ginebra, a toda autoridad competente sobre solicitudes individuales de protección internacional en cualquier fase del procedimiento.
a) no revelarán la información relativa a las solicitudes individuales de protección internacional, o relativa a que se ha presentado una solicitud, a los presuntos agentes de la persecución o de los daños graves;
b) no obtendrán ninguna información de los presuntos agentes de la persecución o de daños graves de forma que no se les informe directamente de que el solicitante en cuestión ha presentado una solicitud, ni se ponga en peligro su integridad física o la de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de los miembros de su familia que aún viven en el país de origen.
Cuando se aplique a una solicitud el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) nº 604/2013, el plazo de seis meses empezará a contar a partir del momento en que se determine el Estado miembro responsable de su examen de conformidad con el citado Reglamento, el solicitante se halle en el territorido de dicho Estado miembro y la autoridad competente se haya hecho cargo de él.
a) se planteen complejas cuestiones de hecho y/o de Derecho;
b) un gran número de nacionales de terceros países o apátridas soliciten simultáneamente protección internacional, haciendo muy difícil en la práctica concluir el procedimiento en el plazo de seis meses;
c) el retraso pueda imputarse claramente al incumplimiento por parte del solicitante de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13.
a) procederán a revisar la situación en dicho país de origen cada seis meses como mínimo;
b) informarán en un plazo razonable a los solicitantes interesados de los motivos del aplazamiento;
c) informarán en un plazo razonable a la Comisión del aplazamiento de los procedimientos correspondientes a ese país de origen.
a) se le informe de la demora, y
b) se le facilite, a petición propia, información sobre las razones de la demora y el plazo en el que previsiblemente se adoptará la resolución.
b) cuando el solicitante sea vulnerable en el sentido del artículo 22 de la Directiva 2013/33/UE, o necesite garantías procedimentales especiales, en particular los menores no acompañados.
a) el solicitante, al presentar su solicitud y exponer los hechos, hubiese planteado exclusivamente cuestiones que no guardan relación con el examen de los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva 2011/95/UE, o
b) el solicitante procede de un país de origen seguro a efectos de la presente Directiva, o
c) el solicitante hubiese engañado a las autoridades mediante la presentación de información o documentación falsa o la no revelación de información pertinente sobre su identidad o su nacionalidad que podría haber tenido un efecto negativo en la resolución, o
d) fuere probable que el solicitante hubiera destruido o se hubiere deshecho de mala fe de un documento de identidad o viaje que habría contribuido a establecer su identidad o nacionalidad, o
e) el solicitante hubiese formulado alegaciones claramente incoherentes y contradictorias, manifiestamente falsas u obviamente inverosímiles o que contradigan suficientemente información contrastada sobre el país de origen, y pongan claramente de manifiesto que su solicitud es poco convincente por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva 2011/95/UE, o
f) el solicitante hubiese presentado una solicitud de protección internacional posterior que no sea inadmisible de conformidad con el artículo 40, apartado 5, o
g) el solicitante presentase una solicitud con la única intención de retrasar o frustrar la aplicación de una resolución anterior o inminente que diera lugar a su expulsión, o
h) el solicitante hubiese entrado ilegalmente o prolongado su estancia ilegalmente en el territorio del Estado miembro y no se hubiese presentado a las autoridades ni formulado una solicitud de protección internacional a la mayor brevedad posible, sin una razón válida, dadas las circunstancias de su entrada, o
i) el solicitante se negase a acatar la obligación de que le sean tomadas las impresiones dactilares de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) nº 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley (12) , o
j) el solicitante pudiese ser considerado por razones graves un peligro para la seguridad nacional o el orden público del Estado miembro o hubiese sido expulsado con carácter ejecutorio por motivos graves de seguridad o de orden público con arreglo al Derecho nacional.
1. Además de los casos en que la solicitud no se examine con arreglo al Reglamento (UE) nº 604/2013, los Estados miembros no estarán obligados a examinar si el solicitante cumple los requisitos para la protección internacional de conformidad con la Directiva 2011/95/UE cuando una solicitud se considere inadmisible con arreglo al presente artículo.
d) se trata de una solicitud posterior, cuando no hayan surgido ni hayan sido aportados por el solicitante nuevas circunstancias o datos relativos al examen de la cuestión de si el solicitante cumple los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva 2011/95/UE;
e) una persona a cargo del solicitante presenta una solicitud, una vez que, con arreglo al artículo 7, apartado 2, haya consentido en que su caso se incluya en una solicitud presentada en su nombre, y no haya datos relativos a la situación de la persona a cargo que justifiquen una solicitud por separado.
El presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, letra a), de la presente Directiva y en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 604/2013.
a) las personas a cargo que presenten una solicitud, tras haber consentido, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, en que su caso se incluya en una solicitud presentada en su nombre, y/o
b) los menores solteros que presenten una solicitud después de que se haya presentado una solicitud en su nombre de conformidad con el artículo 7, apartado 5, letra c).
7. Cuando una persona respecto de la que deba ejecutarse una decisión de traslado en virtud del Reglamento (UE) nº 604/2013 haga otras gestiones o una solicitud posterior en el Estado miembro que debe trasladarla, dichas gestiones o solicitudes posteriores serán examinadas por el Estado miembro responsable, tal como se define en dicho Reglamento, de conformidad con la presente Directiva.
a) haya presentado una primera solicitud posterior que ya no se siga examinando en virtud del artículo 40, apartado 5, únicamente para demorar o frustrar la ejecución de una decisión cuya consecuencia sería su expulsión de ese Estado miembro, o
b) haga otra solicitud posterior en el mismo Estado miembro tras una resolución definitiva por la que se considere inadmisible una primera solicitud posterior de conformidad con el artículo 40, apartado 5, o tras una resolución definitiva por la que se desestime esa solicitud por infundada.
a) no aplicar los plazos normalmente aplicables en los procedimientos acelerados, de conformidad con el Derecho nacional cuando se haya acelerado el procedimiento de examen de conformidad con el artículo 31, apartado 8, letra g);
b) no aplicar los plazos normalmente aplicables en los procedimientos de admisibilidad previstos en los artículos 33 y 34, de conformidad con el Derecho nacional, y/o
c) no aplicar el artículo 46, apartado 8.
b) permitir que el examen inicial se realice atendiendo únicamente a la documentación escrita, sin una entrevista personal, con la excepción de los casos mencionados en el artículo 40, apartado 6.
a) la admisibilidad de una solicitud, de conformidad con el artículo 33, presentadas en estos lugares, y/o
a) ser informada por escrito de que la autoridad competente está reconsiderando su condición de beneficiario de protección internacional, así como de los motivos de dicha reconsideración, y
b) tener la oportunidad de exponer, en entrevista personal de conformidad con el artículo 12, apartado 1, letra b), y con los artículos 14, 15, 16 y 17, o mediante escrito de alegaciones, los motivos por los cuales no se debe retirar su protección internacional.
a) la autoridad competente pueda obtener información precisa y actualizada de diversas fuentes, como por ejemplo, cuando proceda, de la EASO y del ACNUR, sobre la situación general existente en los países de origen de las personas afectadas, y
b) cuando se recopile información sobre el caso concreto con objeto de reconsiderar la protección internacional, dicha información no se obtendrá de los responsables de la persecución o de los daños graves de modo tal que dé lugar a que dichos responsables sean informados directamente de que la persona interesada es un beneficiario de protección internacional cuyo estatuto está siendo reconsiderado, ni se pondrá en peligro la integridad física de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de sus familiares que aún vivan en el país de origen.
i) la decisión de considerar infundada una solicitud en relación con el estatuto de refugiado y/o el estatuto de protección subsidiaria,
iii) la decisión adoptada en la frontera o en las zonas de tránsito de un Estado miembro a que se refiere el artículo 43, apartado 1,
b) la negativa a reabrir el examen de una solicitud después de su suspensión de conformidad con los artículos 27 y 28;
c) una decisión de retirada de la protección internacional con arreglo al artículo 45.
a) por la que se considere una solicitud manifiestamente infundada de acuerdo con el artículo 32, apartado 2, o infundada tras el examen de acuerdo con el artículo 31, apartado 8, salvo cuando esas decisiones se basen en las circunstancias a que se refiere el artículo 31, apartado 8, letra h);
b) por la que se considere una solicitud inadmisible de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letras a), b) o d);
c) por la que se rechace la reapertura del caso del solicitante que ha sido suspendido de acuerdo con el artículo 28, o
d) por la que se deja de examinar o de examinar íntegramente la solicitud de conformidad con el artículo 39,
a) el solicitante cuente con la interpretación y asistencia jurídica necesarias y al menos con una semana para preparar la petición y presentar al órgano jurisdiccional los argumentos a favor de que se le conceda el derecho a permanecer en el territorio mientras se resuelve el recurso, y
b) en el marco del examen de la petición a que se refiere el apartado 6, el órgano jurisdiccional examine la decisión negativa de la autoridad decisoria en cuanto a los hechos y a los fundamentos de Derecho.
9. Los apartados 5, 6 y 7 se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento (UE) nº 604/2013.
Los artículos 47 y 48 se aplicarán a partir del 21 de julio de 2015, conforme dispone el artículo 54 de la presente disposición.
b) la observancia de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, en particular aquellos que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del referido Convenio Europeo, no son susceptibles de excepciones;
Directiva 2005/85/CE del Consejo (DO L 326 de 13.12.2005, p. 13).
Directiva Plazos para la transposición
Directiva 2005/85/EC Presente Directiva
Artículo 2, letras a) a c) Artículo 2, letras a) a c)
— Artículo 2, letra d)
Artículo 2, letras d) a f) Artículo 2, letras e) a g)
— Artículo 2, letras h) e i)
Artículo 2, letra g) Artículo 2, letra j)
— Artículo 2, letras k) y l)
Artículo 2, letras h) a k) Artículo 2, letras m) a p)
— Artículo 2, letra q)
Artículo 3, apartado 4 Artículo 3, apartado 3
Artículo 4, apartado 2, letra a) Artículo 4, apartado 2, letra a)
Artículo 4, apartado 2, letras b) a d) —
Artículo 4, apartado 2, letra e) Artículo 4, apartado 2, letra b)
Artículo 4, apartado 2, letra f) —
— Artículo 4, apartado 3
— Artículo 6, apartados 2 a 4
Artículo 6, apartados 2 y 3 Artículo 7, apartados 1 y 2
— Artículo 7, apartado 3
Artículo 6, apartado 4 Artículo 7, apartado 5
Artículo 6, apartado 5 —
Artículo 7, apartados 1 y 2 Artículo 9, apartados 1 y 2
— Artículo 9, apartado 3
— Artículo 10, apartado 2
Artículo 8, apartado 2, letras a) a c) Artículo 10, apartado 3, letras a) a c)
Artículo 8, apartados 3 y 4 Artículo 10, apartados 4 y 5
Artículo 9, apartado 2, párrafo primero Artículo 11, apartado 2, párrafo primero
Artículo 9, apartado 2, párrafo segundo —
Artículo 9, apartado 2, párrafo tercero Artículo 11, apartado 2, párrafo segundo
Artículo 10, apartado 1, letras a) a c) Artículo 12, apartado 1, letras a) a c)
— Artículo 12, apartado 1, letra d)
Artículo 10, apartado 1, letras d) y e) Artículo 12, apartado 1, letras e) y f)
Artículo 10, apartado 2 Artículo 12, apartado 2
Artículo 12, apartado 1, párrafo primero Artículo 14, apartado 1, párrafo primero
Artículo 12, apartado 2, párrafo segundo —
— Artículo 14, apartado 1, párrafos segundo y tercero
Artículo 12, apartado 2, párrafo tercero Artículo 14, apartado 1, párrafo cuarto
Artículo 12, apartado 2, letra a) Artículo 14, apartado 2, letra a)
Artículo 12, apartado 2, letra b) —
Artículo 12, apartado 2, letra c) —
Artículo 12, apartado 3, párrafo primero Artículo 14, apartado 2, letra b)
Artículo 12, apartado 3, párrafo segundo Artículo 14, apartado 2, párrafo segundo
Artículo 12, apartados 4 a 6 Artículo 14, apartados 3 a 5
Artículo 13, apartados 1 y 2 Artículo 15, apartados 1 y 2
Artículo 13, apartado 3, letra a) Artículo 15, apartado 3, letra a)
— Artículo 15, apartado 3, letra b)
Artículo 13, apartado 3, letra b) Artículo 15, apartado 3, letra c)
— Artículo 15, apartado 3, letra d)
— Artículo 15, apartado 3, letra e)
Artículo 13, apartado 4 Artículo 15, apartado 4
Artículo 13, apartado 5 —
Artículo 15, apartado 1 Artículo 22, apartado 1
Artículo 15, apartado 2 Artículo 20, apartado 1
— Artículo 20, apartados 2 a 4
— Artículo 21, apartado 1
Artículo 15, apartado 3, letra a) —
Artículo 15, apartado 3, letras b) y c) Artículo 21, apartado 2, letras a) y b)
Artículo 15, apartado 3, letra d) —
Artículo 15, apartado 3, párrafo segundo —
Artículo 15, apartados 4 a 6 Artículo 21, apartados 3 a 5
— Artículo 22, apartado 2
Artículo 16, apartado 1, párrafo primero Artículo 23, apartado 1, párrafo primero
Artículo 16, apartado 1, párrafo segundo, primera frase Artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, palabras introductorias
— Artículo 23, apartado 1, letra a)
Artículo 16, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase Artículo 23, apartado 1, letra b)
Artículo 16, apartado 2, primera frase Artículo 23, apartado 2
Artículo 16, apartado 2, segunda frase —
— Artículo 23, apartado 3
Artículo 16, apartado 3 Artículo 23, apartado 4, párrafo primero
Artículo 16, apartado 4, párrafo primero —
Artículo 16, apartado 4, párrafos segundo y tercero Artículo 23, apartado 4, párrafos segundo y tercero
— Artículo 24
Artículo 17, apartado 1 Artículo 25, apartado 1
Artículo 17, apartado 2, letra a) Artículo 25, apartado 2
Artículo 17, apartado 2, letras b) y c) —
Artículo 17, apartado 3 —
Artículo 17, apartado 4 Artículo 25, apartado 3
— Artículo 25, apartado 4
Artículo 17, apartado 5 Artículo 25, apartado 5
— Artículo 25, apartado 6
Artículo 17, apartado 6 Artículo 25, apartado 7
Artículo 18 Artículo 26
Artículo 19 Artículo 27
Artículo 20, apartados 1 y 2 Artículo 28, apartados 1 y 2
— Artículo 28, apartado 3
Artículo 21 Artículo 29
Artículo 22 Artículo 30
Artículo 23, apartado 1 Artículo 31, apartado 1
Artículo 23, apartado 2, párrafo primero Artículo 31, apartado 2
— Artículo 31, apartado 3
— Artículo 31, apartados 4 y 5
Artículo 23, apartado 2, párrafo segundo Artículo 31, apartado 6
Artículo 23, apartado 3 —
— Artículo 31, apartado 7
Artículo 23, apartado 4, letra a) Artículo 31, apartado 8, letra a)
Artículo 23, apartado 4, letra b) —
Artículo 23, apartado 4, letra c), inciso i) Artículo 31, apartado 8, letra b)
Artículo 23, apartado 4, letra c), inciso ii) —
Artículo 23, apartado 4, letra d) Artículo 31, apartado 8, letra c)
Artículo 23, apartado 4, letra e) —
Artículo 23, apartado 4, letra f) Artículo 31, apartado 8, letra d)
Artículo 23, apartado 4, letra g) Artículo 31, apartado 8, letra e)
— Artículo 31, apartado 8, letra f)
Artículo 23, apartado 4, letras h) e i) —
Artículo 23, apartado 4, letra j) Artículo 31, apartado 8, letra g)
— Artículo 31, apartado 8, letras h) e i)
Artículo 23, apartado 4, letras k) y l) —
Artículo 23, apartado 4, letra m) Artículo 31, apartado 8, letra j)
Artículo 23, apartado 4, letras n) y o) —
— Artículo 31, apartado 9
Artículo 25 Artículo 33
Artículo 25, apartado 1 Artículo 33, apartado 1
Artículo 25, apartado 2, letras a) a c) Artículo 33, apartado 2, letras a) a c)
Artículo 25, apartado 2, letras d) y e) —
Artículo 25, apartado 2, letras f) y g) Artículo 33, apartado 2, letras d) y e)
Artículo 26 Artículo 35
Artículo 27, apartado 1, letra a) Artículo 38, apartado 1, letra a)
— Artículo 38, apartado 1, letra b)
Artículo 27, apartado 1, letras b) a d) Artículo 38, apartado 1, letras c) a e)
Artículo 27, apartados 2 a 5 Artículo 38, apartados 2 a 5
Artículo 28 Artículo 32
Artículo 29 —
Artículo 30, apartado 1 Artículo 37, apartado 1
Artículo 30, apartados 2 a 4 —
— Artículo 37, apartado 2
Artículo 30, apartados 5 y 6 Artículo 37, apartados 3 y 4
Artículo 31, apartado 1 Artículo 36, apartado 1
Artículo 31, apartado 2 —
Artículo 31, apartado 3 Artículo 36, apartado 2
Artículo 32, apartado 1 Artículo 40, apartado 1
Artículo 32, apartado 2 —
Artículo 32, apartado 3 Artículo 40, apartado 2
Artículo 32, apartado 4 Artículo 40, apartado 3, primera frase
Artículo 32, apartado 5 Artículo 40, apartado 3, segunda frase
Artículo 32, apartado 6 Artículo 40, apartado 4
— Artículo 40, apartado 5
Artículo 32, apartado 7, párrafo primero Artículo 40, apartado 6, letra a)
— Artículo 40, apartado 6, letra b)
Artículo 32, apartado 7, párrafo segundo Artículo 40, apartado 6, párrafo segundo
— Artículo 40, apartado 7
Artículo 34, apartado 1, y apartado 2, letra a) Artículo 42, apartado 1, y apartado 2, letra a)
Artículo 34, apartado 2, letra b) —
Artículo 34, apartado 2, letra c) Artículo 42, apartado 2, letra b)
Artículo 34, apartado 3, letra a) Artículo 42, apartado 3
Artículo 34, apartado 3, letra b) —
Artículo 35, apartado 1 Artículo 43, apartado 1, letra a)
— Artículo 43, apartado 1, letra b)
Artículo 35, apartado 2, y apartado 3, letras a) a f) —
Artículo 35, apartado 4 Artículo 43, apartado 2
Artículo 35, apartado 5 Artículo 43, apartado 3
Artículo 36, apartado 1 y apartado 2, letra c) Artículo 39, apartado 1, y apartado 2, letra c)
Artículo 36, apartado 2, letra d) —
Artículo 36, apartado 3 —
— Artículo 39, apartado 3
Artículo 36, apartados 4 a 6 Artículo 39, apartados 4 a 6
— Artículo 39, apartado 7
Artículo 36, apartado 7 —
Artículo 37 Artículo 44
Artículo 38 Artículo 45
— Artículo 46, apartado 1, letra a), inciso i)
Artículo 39, apartado 1, letra a), incisos i) e ii) Artículo 46, apartado 1, letra a), incisos ii) e iii)
Artículo 39, apartado 1, letra a), inciso iii) —
Artículo 39, apartado 1, letra b) Artículo 46, apartado 1, letra b)
Artículo 39, apartado 1, letras c) y d) —
Artículo 39, apartado 1, letra e) Artículo 46, apartado 1, letra c)
— Artículo 46, apartados 2 y 3
Artículo 39, apartado 2 Artículo 46, apartado 4, párrafo primero
— Artículo 46, apartado 4, párrafos segundo y tercero
Artículo 39, apartado 3 —
— Artículo 46, apartados 5 a 9
Artículo 39, apartado 4 Artículo 46, apartado 10
Artículo 39, apartado 5 —
Artículo 39, apartado 6 Artículo 41, apartado 11
Artículo 40 Artículo 47
— Artículo 49
Artículo 43, párrafo primero Artículo 51, apartado 1
— Artículo 51, apartado 2
Artículo 43, párrafos segundo y tercero Artículo 51, apartados 3 y 4
Artículo 44 Artículo 52, párrafo primero
— Artículo 52, párrafo segundo
— Artículo 53
Artículo 45 Artículo 54
Artículo 46 Artículo 55
DO C 24 de 28.1.2012, p. 79.
Posición del Parlamento Europeo de 6 de abril de 2011 (DO C 296 E de 2.10.2012, p. 184) y Posición del Consejo en primera lectura de 6 de junio de 2013 (no publicada aún en el Diario Oficial).
Posición del Parlamento Europeo de 10 de junio de 2013 (no publicada aún en el Diario Oficial).
DO L 326 de 13.12.2005, p. 13.
Véase la página 96 del presente Diario Oficial.

References: Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 resolución 

Artículo 12

Artículo 13

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Artículo 52

Artículo 53

Artículo 55
 artículo 37
 artículo 1
 resolución 
 artículo 31
 artículo 41
 artículo 72
 artículo 5
 artículo 4
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 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 28
 artículo 43
 artículo 6
 artículo 25
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 23
 artículo 10
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 6
 resolución 
 artículo 19
 artículo 20
 resolución 
 artículo 31
 artículo 40
 artículo 43
 artículo 38
 artículo 32
 artículo 38
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 35
 artículo 13
 artículo 22
 artículo 40
 resolución 
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 40
 resolución 
 artículo 40
 resolución 
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 40
 artículo 33
 artículo 12
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 32
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 33
 artículo 28
 artículo 39
 artículo 26
 artículo 54
 artículo 15

Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2

Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2

Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2

Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2

Artículo 3
 Artículo 3

Artículo 4
 Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4
 Artículo 4

Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 6

Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 7

Artículo 6
 Artículo 7

Artículo 6

Artículo 7
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 10

Artículo 8
 Artículo 10

Artículo 8
 Artículo 10

Artículo 9
 Artículo 11

Artículo 9

Artículo 9
 Artículo 11

Artículo 10
 Artículo 12
 Artículo 12

Artículo 10
 Artículo 12

Artículo 10
 Artículo 12

Artículo 12
 Artículo 14

Artículo 12
 Artículo 14

Artículo 12
 Artículo 14

Artículo 12
 Artículo 14

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 12
 Artículo 14

Artículo 12
 Artículo 14

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Artículo 13
 Artículo 15

Artículo 13
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Artículo 13
 Artículo 15
 Artículo 15
 Artículo 15

Artículo 13
 Artículo 15

Artículo 13

Artículo 15
 Artículo 22

Artículo 15
 Artículo 20
 Artículo 20
 Artículo 21

Artículo 15

Artículo 15
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Artículo 15

Artículo 15

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 Artículo 21
 Artículo 22

Artículo 16
 Artículo 23

Artículo 16
 Artículo 23
 Artículo 23

Artículo 16
 Artículo 23

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 Artículo 23

Artículo 16
 Artículo 23

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 Artículo 23

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Artículo 17
 Artículo 25

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Artículo 18
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Artículo 20
 Artículo 28
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Artículo 21
 Artículo 29

Artículo 22
 Artículo 30

Artículo 23
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Artículo 23
 Artículo 31
 Artículo 31
 Artículo 31

Artículo 23
 Artículo 31

Artículo 23
 Artículo 31

Artículo 23
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 Artículo 33

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Artículo 27
 Artículo 38
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Artículo 27
 Artículo 38

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Artículo 30
 Artículo 37

Artículo 30
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Artículo 31
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Artículo 31

Artículo 31
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Artículo 32
 Artículo 40

Artículo 32

Artículo 32
 Artículo 40

Artículo 32
 Artículo 40

Artículo 32
 Artículo 40

Artículo 32
 Artículo 40
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Artículo 32
 Artículo 40
 Artículo 40

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 Artículo 42

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Artículo 34
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Artículo 34
 Artículo 42

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 Artículo 43
 Artículo 43

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Artículo 35
 Artículo 43

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Artículo 36
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Artículo 36

Artículo 36
 Artículo 39

Artículo 36
 Artículo 39
 Artículo 39

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Artículo 38
 Artículo 45
 Artículo 46

Artículo 39
 Artículo 46

Artículo 39

Artículo 39
 Artículo 46

Artículo 39

Artículo 39
 Artículo 46
 Artículo 46

Artículo 39
 Artículo 46
 Artículo 46

Artículo 39
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Artículo 39
 Artículo 46

Artículo 39

Artículo 39
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