Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810316.html
Timestamp: 2019-11-20 04:54:51+00:00

Document:
as201810316
AUTO SUPREMO Nº 316/2018-RRC
Expediente : Potosí 39/2017
Parte Acusadora : Raúl Chiri Tapia y otra
Parte Imputada : Esteban Condori Alejo
Por memorial presentado el 24 de julio de 2017, cursante de fs. 325 a 328 vta., Raúl Chiri Tapia y Eduarda León Lima, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 29/2017 de 14 de junio, de fs. 316 a 318 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Esteban Condori Alejo, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).
Por Sentencia 005/2017 de 1 de febrero (fs. 279 a 285), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Esteban Condori Alejo, absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, con costas regulables en ejecución de Sentencia.
Contra la mencionada Sentencia, los acusadores particulares Raúl Chiri Tapia y Eduarda León Lima (fs. 296 a 297 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 29/2017 de 14 de junio, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso planteado, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del recurso de casación y del Auto Supremo 743/2017-RA de 25 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Los recurrentes después de referir el hecho que motivó la acusación contra el imputado, observan que en Sentencia haya sido absuelto; y que en la instancia de apelación, se haya confirmado la mencionada resolución, sin fundamento jurídico alguno.
Alegan que el Auto de Vista recurrido, no se manifestó sobre el defecto de sentencia referido a errónea aplicación de la ley sustantiva, haciendo alusión al art. 370 inc. 1) del CPP; toda vez, que el hecho fue probado y que no fue justificado por el imputado, además que no existe causa eximente de responsabilidad, por lo que no fue debidamente analizado por el Tribunal de apelación para determinar si la actuación del Juez de Sentencia en su determinación de la absolución, incurrió en infracción, que si existió el hecho o que fue mera especulación, alegando que el mencionado Auto de Vista sólo hizo una “una simple transcripción que pretende justificar la ausencia de análisis” (sic), sin haber hecho referencia al deber de subsunción; por cuanto, no existe la motivación correspondiente, por lo que el fallo es citra petita, debiendo ser anulado y emitirse una nueva resolución.
Argumentan que la Resolución ahora impugnada, no posee la fundamentación legal exigible de conformidad al art. 124 del CPP. Señalan que en el recurso de apelación restringida, indicaron claramente los puntos de error de la Sentencia y las “observaciones al tipo penal por el cual se le absuelve” (sic) al imputado, alegando que la Sentencia, dispuso sobre criterio subjetivo, la absolución, porque no hizo referencia a los elementos del tipo penal de Despojo. Alegan que la carencia de elementos del tipo penal no fue integralmente analizado conforme al art. 173 del CPP y que este trabajo judicial no fue observado por el Juez de Sentencia y menos fue advertido por el Tribunal de alzada.
Argumentan, que el Tribunal de apelación vulneró el art. 124 del CPP, haciendo referencia a la debida motivación y fundamentación, indicando que no fue sustentada “en base a la verdad material” (sic), no realiza la enunciación de los hechos y mucho menos establece la inexistencia de los elementos del tipo penal y causas eximentes de responsabilidad, porque existe un hecho, el imputado se encontraba presente en el lugar de los hechos, existe un bien jurídico que fue lesionando, la víctima, los medios probatorios, faltando una justa resolución; en consecuencia, no tomó cuenta el art. 20 del CP “de acuerdo a la interpretación del pliego acusatorio” (sic), lo que alega constituye una ausencia de pronunciamiento sobre la anulación de la Sentencia y de la sana crítica. Refieren que el fallo es contrario al Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, que según los recurrentes “posee relación con el deber de fundamentación” (sic). Asimismo, hacen alusión al Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006, que haría referencia al deber de subsunción; aspecto que, no existe en el Auto de Vista ahora impugnado, demostrando falta de seriedad en el análisis contextual y jurídico, velando el debido proceso, por lo que existe defecto en el Auto de Vista de acuerdo al art. 169 inc. 3) del CPP.
Los recurrentes solicitan que previa admisión de su recurso, se determine la nulidad del Auto de Vista impugnado y se ordene la emisión de una nueva resolución.
Mediante Auto Supremo 743/2017-RA de 25 de septiembre, cursante de fs. 338 a 340 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por los recurrentes, para su análisis de fondo.
Por Sentencia 005/2017 de 1 de febrero, el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró al imputado Esteban Condori Alejo, absuelto de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, destacando en primer término que en la acusación se dio cuenta que los dos lotes en cuestión a la fecha no existen, no fueron vistos por los acusadores, nunca fueron entregados y fueron objeto de sonsacamiento de Bs. 20.000.- y que el 22 de septiembre de 2013, se produjo el destrozo del muro supuestamente en el tercer lote; quedando demostrado en juicio, que las declaraciones de las propias víctimas y testigos principalmente, nunca refirieron esos extremos de la acusación sobre la situación real de los dos lotes y además de un tercer lote donde supuestamente hubiese ocurrido el hecho, de modo que los dos acusadores nunca demostraron con prueba alguna ser primeros dueños de ese tercer lote al no existir documento alguno que demuestre su derecho propietario, pues claramente expresan en su acusación que supuestamente las autoridades verdaderas les hubieran entregado, pero en el juicio nunca se vio como testigos esas supuestas autoridades a declarar sobre ese extremo, menos se demostró dónde se encontraría ese tercer lote, en qué zona, en qué calle, quiénes son los colindantes, en qué condición les hubiesen entregado, de lo que se colige que esa posición unilateral de los acusadores al no ser probada por prueba alguna carece de todo sustento probatorio.
En el juicio sólo se habló del destrozo que se hubiese suscitado en la propiedad donde se efectuó la inspección, calle sin nombre zona Jesús de Machaca donde quedó demostrado que esa propiedad abarca más de 500 metros, el cual está totalmente amurallado con ladrillo, existiendo en la parte baja una construcción de dos plantas; además, los acusadores señalan que esa propiedad sería de su suegra y que la parte donde se hizo el destrozo sería de los acusadores por cuanto les habría regalado la madre de la esposa del acusador. Igual señalan que ese lugar sería el lugar del segundo lote que compraron cuando conforme a su propia acusación ser refiere una cosa distinta, lo que significa que en el juicio se demostró un hecho diferente al acusado, prueba clara es que sus propios testigos refieren que no saben si los acusadores son dueños de ese lote, tampoco saben si viven ahí, de modo que los acusadores no demostraron el hecho fáctico acusado, correspondiendo la absolución del imputado de acuerdo al art. 365 del CPP.
El Juez de Sentencia añade que para la calificación penal que se acusa, deben concurrir elementos objetivos y subjetivos, sin haberse demostrado que los acusadores sean propietarios del terreno, considerando que los dos lotes citados con documento privado a la fecha no existen y sobre el tercer lote, donde supuestamente hubiese ocurrido el hecho, los acusadores no demostraron documento de propiedad alguno ni testifical al respecto. Tampoco se acreditó que los acusadores tengan posesión legítima sobre el lote, siendo contradictorio primero en relación a los dos lotes que compraron los cuales a la fecha no existen y que los acusadores en sus declaraciones manifiesten que sería el segundo lote donde se hubiese suscitado el hecho, cuando en realidad el hecho se suscitó en el lote que pertenece a su suegra, en una parte de todo ese terreno, del cual los acusadores no tienen documento alguno, menos demostraron estar en posesión legítima, pues no viven en ese lote al estar abandonado y sus propios testigos refieren que no saben de quién es ese lote, ni saben dónde viven los acusadores, pero aún hablan del tercer lote que refieren los acusadores en su acusación, el cual al no establecerse bajo qué condiciones se hubiera entregado en qué lugar, calle y colindancias, no se demostró el primer elemento constitutivo del tipo penal acusado, por lo que menos se puede hablar de los otros elementos, destacando que el hecho de que el acusado haya sido visto en ese lote destrozando un muro, corresponde que quien sea el propietario o tenga posesión legítima del lote, pueda iniciar la acción legal correspondiente.
Los recurrentes formularon recurso de apelación contra la sentencia alegando la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva, incorrecta fundamentación de la sentencia, valoración defectuosa de la prueba y contradicción entre la parte considerativa con la parte dispositiva, siendo resuelto el recurso a través del Auto de Vista impugnado, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida formulada.
En el caso presente, la parte recurrente alega que el Auto de Vista impugnado no se manifestó sobre el defecto de sentencia referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva, sin analizar debidamente si el Juez de origen incurrió en la infracción denunciada, por lo que el fallo impugnado es citra petita al no existir la motivación correspondiente ni la fundamentación legal exigible por el art. 124 del CPP, por lo que corresponde resolver la problemática planteada.
III.1. El precedente invocado y la similitud de supuestos fácticos que debe existir entre éste y la Resolución recurrida.
Antes de analizar los precedentes invocados por los recurrentes, es preciso acudir al razonamiento establecido en el Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, sobre la exigencia procesal de la situación similar a efectos de realizar la labor de contraste entre el Auto de Vista recurrido y el precedente invocado. Así, estableció que el art. 416 del CPP, se refiere a una situación de hecho similar, en materia sustantiva, exigiendo que el hecho analizado sea similar; y, en materia procesal, se refiere a una problemática procesal similar, con lo resuelto en el Auto de Vista recurrido, correspondiéndole al impugnante demostrar la aplicabilidad del razonamiento que invoca, a efectos de posibilitar la labor de contraste; “… es decir, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro el plazo establecido por ley y señalar la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada, sino, asegurarse que los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, debiendo concurrir elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad, lo contrario implica la imposibilidad del Tribunal Supremo de cumplir con su competencia unificadora y nomofiláctica” (Auto Supremo 56 de 5 de marzo de 2013).
En la misma línea, el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios, precisó: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva; atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).
De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo” (las negrillas y subrayado no cursan en el texto original).
La pretensión de los recurrentes de dejarse sin efecto el Auto de Vista impugnado, contiene la invocación en primer lugar del Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, que fue emitido en un proceso penal seguido por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, en el cual este Tribunal evidenció ante la denuncia de que el Auto de Vista impugnado confirmó la sentencia absolutoria, sosteniendo que la valoración de la prueba fue correcta, cuando la misma en realidad no se adecuó a los datos del proceso, infringiendo el art. 370 inc. 5) y 6) del CPP, que el imputado fue encontrado flagrantemente en el bosque en inmediaciones de la comunidad de Santa Rosa, desenterrando paquetes de droga de una fosa, aspecto que fue dejado de lado por el Tribunal de Alzada, convalidando la sentencia de primer grado, sin observar que la valoración de la prueba era defectuosa y que carecía de la fundamentación exigida por el art. 124 del Código Procesal Penal, relievando que para la adecuación de la conducta, no era imprescindible que el agente sea propietario del estupefaciente previsto en la Lista I del Anexo de la Ley 1008, tampoco se requería que se acredite, que se dedicaba a la fabricación o producción o que estaba suministrando a otros, pues cuando concurren los elementos del tipo penal y la conducta del imputado se adecua o subsume al tipo penal endilgado, se procede a determinar la responsabilidad penal, sin tomar en cuenta otros elementos penales como el de fabricación de sustancias controladas (art. 47) de suministro (art. 51), porque el art. 33 inc. m) de la Ley 1008, tiene sus propios elementos constitutivos, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Que se consideran defectos absolutos cuando en la sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, omisión que se constituye en defecto insalvable, porque genera incertidumbre a la parte acusadora, este defecto, además se inscribe en el inciso 1) del articulo 370 del Código de Procedimiento Penal, por afectar a la aplicación de la ley sustantiva, tribunales que desconociendo sus atribuciones como el de aplicar la ley que se encuentra estatuida en el articulo 116 de la Constitución Política del Estado en los términos que siguen: "La ley determina las atribuciones de los tribunales y juzgados de la República" y la seguridad jurídica prevista en el articulo 7 inc. a) de la misma Carta Magna.
Que la falta de precisión en términos claros, sobre la adecuación del hecho ilícito a los elementos constitutivos, sancionado en el articulo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 19 de julio de 1988, contraviene el principio de legalidad por cuanto en autos, se colige que la resolución emitida por el tribunal de sentencia, no cumplió con la subsunción del hecho al tipo penal de tráfico de sustancias controladas; vicio o defecto que ha surgido en la emisión de la sentencia, por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en la concreción del marco penal para la calificación del hecho, la insuficiente fundamentación del fallo y la valoración defectuosa de las pruebas, conforme el articulo 370 incs. 1), 5) y 6) de la Ley 1970, lo que convierte en una indebida resolución de reposición de juicio, así se declara.
Que, por consiguiente la Sala Penal del Distrito Judicial del Beni, al no haber advertido ni considerado la insuficiente fundamentación y valoración defectuosa de la prueba en la sentencia, en aplicación del articulo 413 de la Ley Nº 1970, debe anular totalmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro tribunal de sentencia”.
Por otra parte, invocan el Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006, emitido en una causa seguida por el delito de Cheque en Descubierto, en la cual el Tribunal de casación verificó que la conducta del imputado no se encuadraba adecuadamente subsumida por "falta de tipicidad" al no haber sido interpelado "personalmente" al pago del monto del Cheque en el plazo de 72 horas, tal como establece obligatoriamente el art. 204 del CP, por lo que correspondía declarar en Sentencia, la absolución del imputado por "falta de tipicidad" en su conducta, en relación a lo descrito en la citada norma sustantiva en correspondencia con el art. 363 del CPP; además, de constatar de acuerdo a la prueba existente, que la actividad comercial del imputado daba como resultado el otorgamiento a favor de sus acreedores de emisión de "cheques en garantía", que debieron ser declarados "nulos de pleno derecho", estableciéndose en definitiva la violación al art. 365 del CP, al haber sido condenado erróneamente, así como la contradicción a la línea doctrinal relativa a la aplicación perfecta del "principio de legalidad" en base al axioma "nullun crimen sine previa lege", para la declaratoria de "condena", por lo que se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Una sociedad democrática está sostenida por el equilibrio y control riguroso que dimanan de los principios de legalidad, derecho al cumplimiento de la reglas del debido proceso penal y publicidad. Bastará que la ausencia se refleje en uno de ellos para demandar la corrección, aún de oficio, conforme dispone el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, y, con mayor razón si las infracciones han sido reclamadas oportunamente por el recurrente a quien le causa perjuicios la forma de resolución que incurre en `error injudicando´, tarea que la ley obliga a que los tribunales de Justicia se sometan a la ley emitiendo sentencias que fluyan del respeto absoluto al `principio de legalidad´ realizando los juzgadores tareas objetivas de subsunción que demuestren, objetivamente, el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal lo contrario significaría crear inseguridad jurídica´ en perjuicio de toda la población.
Que los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva se refieren: a) a los defectos de procedimiento en general y b) a los específicamente contenidos en los artículos 169 a 370 - 1) del Código de Procedimiento Penal, al haberse condenado al imputado, no obstante la existencia de `falta de tipicidad´ en su conducta en relación al ilícito penal inmerso en el Art. 204 del Código Penal. El Derecho Penal procura tutelar bienes jurídicos contra ataques que los afectan y lesionan con ella la seguridad jurídica, el Derecho Penal no puede menos que intervenir como persona de derecho público, pero esta intervención no significa que exista un derecho subjetivo del Estado a incriminar o penar discrecionalmente, es por eso que, dentro del campo del Derecho Penal, existen `límites al jus puniendi Estatal´ uno de éstos es el principio rector de que: `no haya delito sin conducta que se enmarque en la ley penal´, que se constituye en una elemental garantía jurídica y su inobservancia acarrearía la posibilidad de penalizar por cualquier conducta que no se enmarque en la ley penal.
Al haber incurrido el Tribunal Unipersonal de Sentencia en `error injudicando´ al condenar al imputado por el delito de `cheque en descubierto´ (artículo 204 del Código Penal) no obstante la existencia de falta de tipicidad, por inexistencia de `interpelación personal´ como efecto del supuesto delito cometido, siendo evidente la existencia de `error injudicando´ que debió ser advertido por el Tribunal de alzada, corresponde al Supremo Tribunal, en aplicación del segundo periodo del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado y disponer que la misma Sala Penal Primera del Distrito de Santa Cruz pronuncie nuevo Auto de Vista tomando en cuenta la línea doctrinal sentada en cuanto a la infracción de norma penal sustantiva”.
La precisión de los hechos que generaron la doctrina legal aplicable en los precedentes invocados por los recurrentes, permite establecer que el primero se originó en la incorrecta confirmación del Tribunal de alzada de una sentencia absolutoria basada en una valoración defectuosa de la prueba y de carencia de fundamentación, advirtiéndose en casación la concurrencia de los elementos constitutivos de un tipo penal previsto por la Ley 1008; en tanto, que la doctrina del segundo precedente se originó ante la inadecuada subsunción de la conducta del imputado en el delito de Cheque en Descubierto, por falta de tipicidad ante la falta de observancia de uno de los elementos del citado delito, lo que implica que ambos precedentes abordaron problemáticas distintas a la planteada por los recurrentes en el presente proceso que sustancialmente está referida a una actuación citra petita del Tribunal de alzada, al no poseer según denuncian la fundamentación legal exigible por el art. 124 del CPP, demostrando según se sostiene una falta de seriedad en el análisis contextual y jurídico; en consecuencia, al detectarse incumplimiento en la carga procesal asignada a los recurrentes de asegurarse que el precedente sea aplicable al cuestionamiento efectuado en el recurso de casación, inexistiendo problemática similar con la cual efectuar la confrontación del Auto de Vista impugnado, corresponde declarar infundado el recurso de casación.
A mayor abundamiento, cabe destacar la falta de técnica recursiva de la parte recurrente que si bien en apelación enfatizó haberse acreditado la identificación del autor, la descripción de la acción del autor consistente en la demolición del muro con un objeto contundente realizado el 22 de septiembre de 2013 a horas 10:00 y la existencia de relación de causalidad del imputado con el hecho de pretender recuperar supuestamente el terreno de su suegro Luis Quispe Funes, omitieron formular cuestionamientos al sustento de la absolución declarada por el Tribunal de origen, razón por la cual el Tribunal de alzada destacó que en la sentencia se concluyó que no demostraron tener posesión legítima a ningún título del terreno que es baldío, que los destrozos se hubieran realizado en terrenos que no son de su propiedad y en consecuencia, no era factible con base en esos hechos que la conducta del acusado se subsuma al tipo penal de Despojo; falencias que se reiteran en el presente recurso donde se vuelve a enfatizar que el hecho fue probado sin referencia alguna a las razones asumidas en la sentencia que justificaron la absolución y que finalmente devinieron en la improcedencia del recurso de apelación restringida; en ese ámbito, la falta de insumos imposibilita, además del hecho de que los precedentes refieren aspectos sustantivos a tipos penales distintos al que motiva la presente causa, verificar si el tribunal de alzada ejerció o no un debido control al deber de subsunción.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesta por Raúl Chiri Tapia y Eduarda León Lima.

References: Resolución 
 Resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 resolución 
 artículo 419