Source: https://comitecerezo.org/spip.php?article879&lang=fr
Timestamp: 2020-02-28 03:35:29+00:00

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Lundi 21 mars 2011 , par Comité Cerezo México , popularité : 1%
Organizaciones adherentes al informe :
¡¡¡Si no están ellas...... No estamos todas !!!
El informe se divide en cuatro temas, sobre los cuales incluimos a continuación una breve valoración de los firmantes :
1. El marco normativo mexicano en materia de desaparición forzada de personas : La urgencia de que se armonice el marco normativo federal y local conforme a los estándares internacionales, incluyendo la tipificación y sanción del delito en las 24 entidades federativas que aún no lo contemplan, así como la modificación del juicio de amparo para que las personas cuenten con un mecanismo de protección efectivo contra las desapariciones forzadas.
2. El contexto histórico de la desaparición forzada en México : La necesidad de que el Estado mexicano haga un reconocimiento pleno de los crímenes del pasado – cuyos efectos son presentes –, se emprendan investigaciones efectivas que trasciendan de lo meramente formal con vistas a encontrar a las y los desaparecidos, se sancione a los responsables, se garantice el derecho a la verdad y se repare integralmente el daño a las víctimas.
3. El contexto actual de la desaparición forzada en México : Que se investiguen a fondo los casos de desaparición forzada denunciados en años recientes, se sancione a los responsables y se encuentre a las y los desaparecidos.
4. El caso paradigmático del señor Rosendo Radilla y el estado de cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de este : Que se cumplimenten de manera puntual, integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de la Sentencia en que se condena al Estado mexicano por violaciones probadas de los derechos humanos, sin que ninguno de los Poderes de la Unión ni de las entidades federativas se sustraiga del acatamiento de sus respectivas obligaciones internacionales.
1. La obligación del Estado mexicano de armonizar la legislación interna para ofrecer la mayor protección a las personas contra la desaparición forzada y garantizar la investigación y sanción del delito, ha sido históricamente desestimada. El panorama que ofrece el marco normativo mexicano en la materia redunda en la perpetuación de la condiciones de impunidad que posibilitan la comisión de este delito, como se desprende de las siguientes consideraciones que hemos dividido en tres apartados : 1.1 El marco normativo sustantivo, 1.2 La inexistencia de recursos judiciales efectivos contra la desaparición forzada y 1.3 El alcance de la aplicación extensiva de la jurisdicción militar en casos en los que el delito es cometido por militares en contra de civiles.
3. Cabe señalar que recientemente el Estado mexicano ratificó la CIPPDF, pero no ha reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y considerar comunicaciones individuales, con lo cual se priva a las víctimas y a sus familiares del acceso a un importante mecanismo de protección, lo cual se ve reforzado por las numerosas deficiencias del marco normativo mexicano en la materia ; esto redunda en la inexistencia en México de recursos legales efectivos para proteger a las personas contra las desapariciones forzadas.
4. El tipo penal federal de desaparición forzada de personas. El delito fue tipificado a nivel federal mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1º de junio de 2001. La definición de desaparición forzada de personas consta en el artículo 215-A de esa legislación.[2] Sin embargo, el tipo penal resulta inadecuado por lo que hace a la definición del sujeto activo, ya que, por una parte, restringe la autoría del delito a “servidores públicos”, desatendiendo a aquellas terceras personas que con el apoyo, autorización o aquiescencia de agentes del Estado cometen el delito ; y por la otra, reduce el “agente del Estado” que aparece en el estándar internacional mediante la denominación “servidor público”, que se circunscribe a los empleados del Poder Ejecutivo, lo cual “presenta un obstáculo para asegurar la sanción de ‘todos los autores, cómplices y encubridores’ provenientes de ‘cualesquiera de los poderes u órganos del Estado’” (cfr. Sentencia Corte IDH Rosendo Radilla, párr. 321).
6. La tipificación del delito en las legislaciones locales. Pese a lo anterior, en el derecho interno la desaparición forzada se contempla con lagunas y deficiencias en la definición y en la determinación de los sujetos activos en ocho disposiciones locales : Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas. De las anteriores, Guerrero y Zacatecas no han incorporado el delito en sus legislaciones penales, sino que cuentan con leyes especiales para el tema. En todas estas disposiciones hayamos deficiencias en la definición del delito, así como una tendencia a restringir el sujeto activo a “servidor público”.
8. El artículo 12 de la CIPPDF establece que toda persona tiene del derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes y éstas tienen la obligación de realizar la investigación de manera exhaustiva e imparcial. El recurso que tutela la libertad e integridad personal en México es una modalidad del amparo que tiene como fin resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen garantías individuales, al no existir un procedimiento específico como el habeas corpus. El recurso judicial en mención está regulado por la Ley de Amparo ; sin embargo, este que podría ser el medio jurisdiccional más efectivo al alcance de las personas en casos de desaparición forzada resulta inefectiva habida cuenta de los requisitos de interposición y de ratificación que exige la demanda de amparo tal como se encuentra legislado actualmente.
9. Requisitos de interposición de demanda de amparo. En la interposición de demandas de amparo pesan dos requisitos que vuelven inefectivo este recurso judicial en casos de desaparición forzada. Estos requisitos se desprenden del artículo 117 de la Ley de Amparo,[4] conforme a la cual en la demanda deben precisarse : 1) el lugar en el que se encuentre el agraviado, y 2) la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. Estos requisitos rematan la ineficacia del recurso dadas las exigencias procesales de exhibición personal o de identificación del paradero del agraviado y de la autoridad responsable del acto.
12. Por lo anterior, las organizaciones firmantes hemos exhortado al Estado mexicano en múltiples ocasiones, entre otros puntos, a :
1) Emprender – con plena participación de la sociedad civil – la adecuación del marco jurídico interno, incluyendo la promulgación de una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, a fin de que se garanticen la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas, contemplando asimismo medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de este delito, incluyendo a las víctimas indirectas ;
2) Reformar el artículo 215 del Código Penal Federal para armonizar el tipo penal federal de desaparición forzada de personas a los más altos estándares internacionales en la materia ;
3) Reformar los artículos 17 y 117 de la Ley de Amparo para que el Estado garantice a toda persona la disponibilidad de un recurso judicial efectivo de protección y acceso a la justicia en casos de desaparición forzada ;
16. La actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En 1977 se creó la primera agrupación nacional dedicada a la lucha contra la desaparición forzada : el Comité Nacional Pro Defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados por motivos políticos, el cual con el paso de los años se dividió en diversos comités regionales, perdiendo su carácter nacional.[9]Este Comité registró aproximadamente 532 desapariciones forzadas ocurridas entre 1969 y 1988, sin embargo, careció de las herramientas adecuadas para documentar los casos.
22. Hasta la desaparición de la FEMOSPP se encontraban en proceso de integración 556 averiguaciones previas.[14] Al menos 532 expedientes correspondían al área de la Dirección General de Investigación Ministerial “A”, abocada a trabajar con la recomendación 26/2001 de la CNDH en torno a los desaparecidos.[15] Únicamente en ocho expedientes (correspondientes a catorce casos) se ejerció acción penal ante la autoridad judicial federal por privación ilegal de la libertad ; no obstante, los acusados fueron dejados en libertad en condiciones poco claras.[16] Las averiguaciones no fueron concluidas y a partir de 2007 fueron trasladadas a la oficina de la Coordinación General de Investigación (CGI) de la PGR, que no contaba con la especialidad para atender este tipo de casos.
25. Por lo anterior, las organizaciones firmantes reiteramos lo dicho en diversos foros y documentos sobre el particular :
27. El contexto de violencia y militarización en México de 2006 a la fecha. La violencia en México se ha incrementado de manera sensible los últimos cuatro años y una de sus causas y manifestaciones más notorias es la militarización de la seguridad pública en México. Conforme a cifras oficiales, hay más de 60,000 elementos de las Fuerzas Armadas cumpliendo tareas que en un estado de normalidad democrática corresponderían exclusivamente a las autoridades civiles. Asimismo, en 17 de las 32 entidades federativas de la República, esto es, el 53.12% del total, los encargados de las instituciones policíacas locales son militares, sin contar con la presencia de militares al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25 estados.[19] Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1,000% entre 2006 y 2009 ; el 33% de las quejas recibidas en México durante 2010 correspondió a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de cuyo total alrededor del 13% se referían a desaparición forzada de personas.[20]De diciembre de 2006 a finales de 2010, el propio Gobierno Federal contabilizó un número de 34 mil 612 ejecuciones en el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”.[21] Como efecto de la actual política de seguridad federal, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas[22] por parte del Ejército[23], policías y grupos paramilitares.
30. Grupos en situación de vulnerabilidad. Hay cuatro grandes grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas actualmente : 1) las y los defensores de derechos humanos ; 2) personas con algún tipo de militancia política o en un movimiento social armado ; 3) migrantes ; y 4) personas (particularmente mujeres y jóvenes) que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y grupos de delincuencia organizada. De los anteriores nos gustaría ahondar en la situación de defensoras y defensores y de personas en contextos de alta violencia e inseguridad.
34. A pesar de las denuncias por desaparición forzada recibidas en los últimos 4 años, la CNDH sólo ha emitido una recomendación por desaparición forzada : la relativa al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez,[29] recomendación que el Gobierno Federal, hasta la fecha, no ha aceptado en su totalidad.
35. Por lo anterior, las organizaciones firmantes recomendamos :
1) Que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las amenazas, hostigamiento y ataques contra defensoras y defensores de personas desaparecidas, a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos ;
2) Que el Estado mexicano establezca un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas – cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de la sociedad civil –, a fin de que no se sustraiga de sus obligaciones y se cuente con un control estadístico y transparencia sobre esta situación ;
4) Que se establezcan protocolos de actuación más efectivos en materia de investigación de los hechos y persecución de los responsables de este delito ;
5) Que el Estado mexicano destine mayores recursos a la capacitación y contratación de personal calificado, así como recursos y herramientas especializados para la investigación de casos de desaparición forzada de personas ;
6) Que se sancione efectivamente y en la jurisdicción ordinaria a los elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de desaparición forzada en el actual contexto de militarización de la seguridad pública ;
36. El 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia en el caso Radilla Pacheco Vs Estados Unidos Mexicanos, en la que condena al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco en el año 1974, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante el periodo conocido como “guerra sucia” ; la sentencia condena, a su vez, por diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de su familia. A más de un año de notificada la sentencia al Estado mexicano, este aún no muestra avances importantes sobre su cumplimiento, sobre todo en la parte de investigar, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas por los daños materiales e inmateriales causados.
38. El señor Rosendo Radilla Pacheco fue líder social en Atoyac de Álvarez, Guerrero, trabajó por la salud y educación de su municipio y fungió como presidente municipal entre 1955 y 1956 ; el 25 de agosto de 1974 fue detenido ilegalmente en un retén militar ubicado entre los poblados de Cacalutla y Alcholoa, siendo visto por última vez en el Ex-Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez. Más de treinta y seis años después de los hechos, el paradero del Sr. Radilla sigue siendo desconocido.
39. La detención y posterior desaparición forzada de Rosendo Radilla fue denunciada públicamente por su familia y, posteriormente, fue denunciada ante las instancias de procuración de justicia nacionales. Entre otros, el caso se denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en el año 2001 concluyó con un Informe Especial, conjuntamente con la recomendación 26/2001, igualmente, fue una de las averiguaciones previas investigadas por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) en la que se consignó a una persona, ex militar, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro ; el proceso fue llevado ante la justicia militar a pesar de que la víctima era civil ; la causa penal finalmente se sobreseyó dado el fallecimiento del procesado.
42. De los 18 puntos resolutivos, el Estado sólo ha dado cumplimiento a uno : la publicación de diversos párrafos de la Sentencia en el Diario Oficial de la Federación (9 de febrero de 2010),[31] en algún diario de circulación nacional[32] y en la página web de la PGR, incurriendo en diversas deficiencias y omisiones, ya que las publicaciones se hicieron sin previa consulta y sin dar aviso a las víctimas ni a sus representantes.
48. En cuanto al hecho de la desaparición forzada, relacionada con el cumplimiento de las indemnizaciones por daño material e inmaterial, el Estado mexicano pretende que los familiares de Rosendo Radilla, a fin de que les puedan ser entregadas las cantidades ordenadas por la Corte IDH, inicien un procedimiento de presunción de muerte a fin de declarar la muerte por ausencia del señor Radilla ; esto es evidentemente contrario a la resolución de la propia Corte IDH, que establece que la desaparición forzada configura una violación continua de los derechos humanos.
50. En consideración de lo anterior, las organizaciones firmantes sostenemos el llamado que hemos hecho en reiteradas ocasiones al Estado mexicano sobre este asunto : que se cumplimenten de manera puntual, integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de las sentencias internacionales en que se condena a México por violaciones probadas de los derechos humanos, sin que ninguno de los Poderes de la Unión ni de las entidades federativas se sustraiga del acatamiento de sus respectivas obligaciones internacionales.
*Nota : se anexa tabla de casos recientes de desaparición forzada y concentrado de petitorios.
1. El marco normativo mexicano en materia de desaparición forzada de personas :
1) Que el Estado emprenda – con plena participación de la sociedad civil – la adecuación del marco jurídico interno, incluyendo la promulgación de una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, a fin de que se garanticen la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas, contemplando asimismo medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de este delito, incluyendo a las víctimas indirectas ;
2) Que se reforme el artículo 215 del Código Penal Federal para armonizar el tipo penal federal de desaparición forzada de personas a los más altos estándares internacionales en la materia ;
3) Que se reformen los artículos 17 y 117 de la Ley de Amparo para que el Estado garantice a toda persona la disponibilidad de un recurso judicial efectivo de protección y acceso a la justicia en casos de desaparición forzada ;
2. El contexto histórico de la desaparición forzada en México :
3. El contexto actual de la desaparición forzada en México :
4. El caso paradigmático del señor Rosendo Radilla y el estado de cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de este :
[2]Dicha norma define el delito de la siguiente manera : “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.”
[3]Los proyectos de ley mencionados, son : a) diputado Benito Mirón Lince (Partido de la Revolución Democrática – PRD), en 2000 ; senadora Leticia Burgos Ochoa (PRD), 11 de diciembre de 2003 ; c) diputado Abdallán Guzmán Cruz (PRD), 2004 ; c) diputada Leticia Gutiérrez Corona (Partido Revolucionario Institucional – PRI), 17 de febrero de 2005 ; diputada Florentina Rosario (PRD), noviembre de 2010.
[4] Artículo 117.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará para la admisión de la demanda que se exprese en ella el acto reclamado ; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente ; el lugar en que se encuentre el agraviado y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez.
[5] Artículo 17.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.En este caso, el Juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo ; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio ; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado.
[6] Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos (E.U.M.), 23 de noviembre de 2009, punto resolutivo 10 ; Inés Fernández Ortega vs. E.U.M., 30 de agosto de 2010, punto resolutivo 13 ; Valentina Rosendo Cantú vs. E.U.M., 31 de agosto de 2010, punto resolutivo 12 ; Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, 26 de noviembre de 2010, punto resolutivo 15.
[7] Algunas regiones del estado de Guerrero, como la Sierra de Atoyac, fueron las más afectadas por la cantidad de tácticas antisubversivas que se ensayaron ahí (tierra arrasada, aldea estratégica, campos de concentración, vuelos de la muerte, etc.). Estas fueron las conclusiones del equipo de investigación que realizó el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana. ¡Qué no vuelva a suceder ! México, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado-Procuraduría General de la República, 2006, (borrador), passim.
[8] El Informe Histórico de la FEMOSPP, citado por la Corte IDH en el párrafo 136 de la Sentencia de la Corte IDH sobre el caso Rosendo Radilla, abunda : “El objetivo explícito de la tortura a los detenidos era conseguir información. Los métodos no importaban. Debido a que el preso no era nunca puesto a disposición de la autoridad competente, se le podría aplicar todo tipo de tortura, incluyendo, desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles de tomar gasolina, romperles los huesos del cuerpo, cortarles o rebanarles la planta de los pies, darles toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo, amarrarlos por los testículos y colgarlos, introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos”.
[11] Aunque no se especificó el periodo que abarcaría su mandato, si bien las denuncias que se presentaron iban aproximadamente de 1968 a 1995 (de la masacre de civiles en 1968 a la masacre de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, en 1995). Ante las críticas por no haber creado una Comisión de la Verdad, que actuara paralelamente al Ministerio Público, el gobierno dispuso que la FEMOSPP se ocupara de ambos rubros : verdad histórica e investigaciones ministeriales. De esta manera, la FEMOSPP integró una Dirección de Documentación e Investigación Histórica que elaboró el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana (IHSM), mismo que, a semejanza de los informes de las Comisiones de la Verdad de otros países, se convirtió en un catálogo general de las atrocidades cometidas durante la guerra sucia.
[12] El informe fue censurado por la propia FEMOSPP, aunque una versión no censurada se puede consultar en : http://www.gwu.edu/ nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm, fecha de consulta 20 de febrero de 2010.
[18] Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." A. C y Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos A. C. INFORME SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS EN MEXICO. Ver en línea : http://www.desaparecidos.org/mex/doc/97.html
[20] CNDH. Informe de actividades 2010, Pág. 79. Ver en línea :
[21] Declaración de Alejandro Poiré, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CNS). Ver en línea : http://www.eluniversal.com.mx/primera/36178.html
[22]OSC. Informe sobre la situación de los derechos humanos en México elaborado por las organizaciones de la sociedad civil para el examen periódico universal. 2008. Ver en línea : http://www.fundar.org.mx/pdf/epu.pdf
[23] Amnistía Internacional. México : Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército. 2009. Ver en línea : http://amnistia.org.mx/abusosmilitares/informe.pdf
[25] Informe de la OACNUDH-México : “Defender los derechos humanos : entre el compromiso y el riesgo. Informe sobre la situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México” (2009), disponible en : http://www.hchr.org.mx/documentos/libros/informepdf.pdf
[26] Actualización del Informe en op. cit., 2010, disponible en : http://www.hchr.org.mx/Documentos/Libros/2010/L241110B.pdf
[27] Información disponible en línea : http://desaparecidosencoahuila.wordpress.com/comunicados-2/comunicados/
[28]Ejemplos de este tipo de desaparición forzada de personas son los casos de : José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, vistos por última vez el 29 de diciembre de 2009, cuando un grupo formado por 10 soldados se los llevó de la localidad de Buenaventura, estado de Chihuahua ; y Jehú Abraham Sepúlveda Garza y José Guadalupe Bernal Orzúa, documentados por Human Rights Watch en Nuevo León.
[31] Diario Oficial de la Federación de 9 de febrero de 2010. Disponible en :
[32]El Universal de 9 de febrero de 2010. Disponible en : http://www.eluniversal.com.mx/notas/657308.html
[33] El 30 de diciembre de 2010, representantes de la CMDPDH señalaron en entrevista para el diario Reforma el incumplimiento de la Sentencia. La nota, titulada “Exigen cumplir fallos de la CIDH”, indicaba : "El 15 de diciembre se terminó el plazo y México no sólo no cumplió, sino que planteó reformas regresivas en materia de derechos humanos", […]. Las iniciativas presentadas por el Presidente Felipe Calderón para reformar el Código de Justicia Militar y al Código Penal Federal, […] no responden a lo ordenado por la CIDH. En el primer caso, […] plantea excluir del fuero militar sólo los delitos de abuso sexual, tortura y detención arbitraria, sin considerar el homicidio y otros, mientras que en el segundo se establece que la desaparición forzada prescribe a los 35 años, lo que contraviene diversos tratados internacionales en la materia. Respecto a la búsqueda y localización de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 en Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) reinició en octubre de este año una excavación en un predio de dos hectáreas, pero no se encontraron los restos. No se han abierto averiguaciones previas contra los funcionarios responsables de la desaparición del maestro rural, ni se ha cumplido con la disculpa pública, la construcción de un memorial y la elaboración de un documento sobre la vida de Radilla, para reivindicar su lucha.” http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx En respuesta a estas declaraciones, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de SEGOB, Felipe Zamora, envió un oficio a la redacción de Reforma, misma que publicó una nota alusiva el 31 de diciembre pasado : “Sobre el caso de Rosendo Radilla, la Segob reportó que ofreció a las víctimas atención sicológica, indemnización, disculpa pública y placa conmemorativa del maestro rural, pero que las víctimas y abogados no han aceptado. En cuanto a las reformas al fuero militar y al Código Penal Federal, la Segob dijo que el gobierno ya cumplió. ‘El gobierno cumplió plenamente con su obligación de presentar una iniciativa para reformar el Código de Justicia Militar, y para modificar el Código Penal Federal exactamente en los términos ordenados por la Corte’. Cabe señalar que la Corte detalló que el fuero militar debe eliminarse para cualquier violación de derechos y no sólo para tortura, desaparición forzada y violación sexual, como planteó la iniciativa federal con la cual aseguraba cumplir la sentencia.” En la misma nota, un representante de la CMDPDH señaló que “Sobre la disculpa pública aseguró que pidieron a la Segob la condición de reconocer el contexto de desaparición sistemática en la Guerra Sucia y la búsqueda de justicia e impunidad. A la fecha, dijo, no tienen respuesta.”
[34] “Determinará Primera Sala si delitos cometidos por militares contra un civil son del orden común o federal.” En : Portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Medios y Publicaciones. Noticias 2009. Disponible en :
Informe sobre la desaparición forzada en MéxicoTélécharger
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PeticionesTélécharger
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References: artículo 215
 artículo 12
 artículo 117
 artículo 215
e contrario
 resolución 
 artículo 215
 Artículo 117
 artículo 22
 Artículo 17
 artículo 22