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Timestamp: 2017-10-21 01:23:42+00:00

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Constitución | Asociación Jurídica Cubana | Página 2
Publicado en 17 de enero de 2014 por ajudicuba
“Es hora ya de que los colectivos obreros y campesinos, los estudiantes, jóvenes, maestros y profesores, nuestros intelectuales y artistas, periodistas, las entidades religiosas, las autoridades, los dirigentes y funcionarios a cada nivel, en resumen, todas las cubanas y cubanos dignos que constituyen indudablemente la mayoría, hagan suyo el deber de cumplir lo que está establecido, tanto en las normas cívicas como en las leyes, disposiciones y reglamentos”
Con frecuencia se dan situaciones discordantes con este deber. El propio estado y sus instituciones son los primeros que incumplen lo legalmente establecido.
En un tema de actualidad, las recién creadas Cooperativas no agropecuarias que responden al Decreto Ley 205 contravienen la Carta Magna o Ley de Leyes (Constitución de la República de Cuba) que dice en su artículo 20 “…se autoriza la organización de cooperativas de producción agropecuaria en los casos y en la forma que la ley establece.”
Las no agropecuarias no tienen sustento en este cuerpo legal, para crearlas debería modificarse.
Publicado en 29 de noviembre de 2013 por ajudicuba
Publicado en 15 de noviembre de 2013 por ajudicuba
Publicado en 28 de octubre de 2013 por ajudicuba
Publicado en 11 de octubre de 2013 por ajudicuba
Pasando por las corrientes clásicas del constitucionalismo hasta las tendencias más contemporáneas, desde siempre se ha entendido por los estudiosos del derecho público que la norma reguladora del funcionamiento de un determinado estado, creadora a su vez de los principales órganos encargados de darle vida al mismo, se constituye en la base y fundamento del orden social, así como en el marco en que ha de desenvolverse el orden jurídico.
En lenguaje jurídico, de variadas maneras se ha distinguido la mencionada norma, ya sea como Ley de fundamental, lo que la desmarca del resto de las leyes, elevándola a rango superior desde el punto de vista material y sustantivo. Al decir del profesor Hans Kelsen “el grado superior del derecho positivo es la Constitución”
Tal superioridad le viene dada porque manda y ordena al orden social, económico, político y jurídico que es capaz de crear, y por encima de ella nada se le impone. Solo la sustenta la voluntad de un poder superior constituyente del resto de los poderes que crea, este es, la voluntad del soberano, del pueblo que manda y decide, quien al suscribir el Pacto social cede parte de su libertad al poder que constituye, este es el Estado, para que gobierne conforme a los intereses del poder constituyente. Este principio de soberanía popular constituye la piedra angular para el establecimiento de toda Constitución.
La Constitución como símbolo político integrador, reflejo de toda sociedad heterogénea no puede adscribirse a una sola ideología, sino que debe permitir la existencia de varias como garantía de libertad social y política. La Constitución como cuerpo normativo contiene una declaración de derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, de garantías y deberes que vinculan tanto a los ciudadanos como al estado. Asimismo debe consagrar mecanismos de participación ciudadana a través de los cuales se reavive continuamente el pacto entre la sociedad política y la sociedad civil.
Ante la preeminencia jerárquica que debe ocupar la Constitución en el orden jurídico, cabría preguntarse: ¿Cómo garantizar la supremacía de la Constitución? Intentaremos responder próximamente.
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Publicado en 15 de junio de 2013 por ajudicuba
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Constitución, la más vulnerada
Publicado en 27 de marzo de 2013 por ajudicuba
La Constitución, conocida también como Ley de Leyes, Ley Suprema, Ley Fundamental, Carta Magna, entre otras denominaciones, constituye el documento político-jurídico más trascendente de cualquier sociedad, pues regula la base económica del Estado, las formas de propiedad y el sistema de economía, las formas de gobierno y los principios fundamentales de organización y funcionamiento de los órganos del Estado. Determina las relaciones entre los órganos de poder, así como los del Estado en su conjunto, estableciendo además, los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos.
La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, por intermedio del Auto Número Seis de 11 de febrero de 2010, dictado en el Proceso Ordinario No. 1 del propio año, la define, como la fuente esencial de todo el sistema jurídico, en la que se establecen los principios más importantes y puntos de partida para todas las ramas del Derecho.
Uno de esos principios y punto de partida, lo es, el previsto en el artículo 54 de la Ley Fundamental; ´´ Los derechos de reunión, manifestación, y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, ´´. Principio cardinal, inobservado por la Ministra de Justicia, para con los fundadores e iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana, al pronunciar con fecha 12 de abril de 2012, la Resolución Número 44, Denegando la Solicitud de Constitución de dicha Asociación, sin sustento legal alguno.
El actuar de la Ministra de Justicia, quebranta y vulnera una garantía constitucional, pero infructuosamente, para nosotros, iniciadores de la pretendida Asociación, el Sistema Jurídico Cubano, no cuenta con un Tribunal de Garantías Constitucionales, que seria el órgano jurisdiccional, con competencia para conocer y resolver, el recurso de inconstitucionalidad a interponer contra ese Acto o Resolución de ese organismo de la administración central del Estado, que niega y restringe tal derecho, consagrado en la Constitución a todos los ciudadanos, en total concordancia con el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La no existencia del referido Tribunal, limita en extremo, a los ciudadanos, el acceso a una justicia efectiva y garantista, pues no existe en el actual sistema de tribunales populares, procedimiento legal , mediante el cual sea posible obtener la declaración de inconstitucionalidad, respecto a una disposición de una autoridad estatal, o funcionario público, que se estime inconstitucional, como lo es la mencionada Resolución 44 de la Ministra de Justicia, quedando tan sólo una vía legal, la jurisdicción en materia administrativa, ante la Sala de lo Civil y de lo Administrativo, del Tribunal Provincial Popular de La Habana, no competente para hacer tal declaración, por lo que a mi juicio, la Carta Magna, carece de la debida protección jurídica y con ello los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.
Personalmente, estimo, como paso hacia el perfeccionamiento de nuestro modelo social, que debería insertarse en el cumulo de las transformaciones jurídicas a realizar, que demanda nuestra sociedad actual, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, como una Sala del Tribunal Supremo Popular. ¿Por qué no?, ¿qué lo impide?
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Publicado en 24 de diciembre de 2012 por ajudicuba
Publicado en 23 de noviembre de 2012 por ajudicuba

References: artículo 20
 artículo 54
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 20
 Resolución