Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-776-10.htm
Timestamp: 2019-11-20 01:40:05+00:00

Document:
Sentencia C-776/10
EQUIDAD DE GENERO/DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Inclusión de prestaciones de alojamiento y alimentación para mujeres víctimas de violencia y maltrato en los POS de los regímenes contributivo y subsidiado no vulneran la Constitución/SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Prestaciones de alojamiento y alimentación para mujeres víctimas de agresiones físicas o psicológicas hacen parte del derecho a la salud
En el presente caso en que se demandan los artículos 13 (parcial) y 19 (parcial) de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones, la actora considera que las disposiciones demandadas confieren a los recursos de la salud una destinación diferente a la establecida en la Constitución, por cuanto en su parecer los servicios de habitación y alimentación para las personas víctimas de agresión física y verbal están excluidos del plan obligatorio de salud, por lo mismo que no son servicios médicos asistenciales ni medicamentos. Sin embargo, para la Corte, la concepción expansiva, universal, amplia e integral del derecho a la salud impide restringir su protección a prestaciones tales como valoración médica, tratamientos, procedimientos quirúrgicos, medicación o suministro de medicamentos, dado que la naturaleza misma de este derecho comprende una gran diversidad de factores, que tanto la ciencia médica como la literatura jurídica no alcanzan a prever, y en esa medida, en aras de proteger adecuadamente el derecho a la salud, el Legislador puede permitir que determinados tratamientos y prestaciones hagan parte de las garantías consagradas en favor del paciente o de quien resulte víctima de actos violentos. En estas condiciones, en aplicación del concepto amplio e integral del derecho a la salud, aunado al principio de progresividad aplicable al mismo, como también a las circunstancias dentro de la cual se ampara este derecho, permiten considerar que el reconocimiento de las prestaciones relacionadas con alojamiento y alimentación durante el periodo de transición requerido por las mujeres víctimas de agresiones físicas o psicológicas, no pueden dejar de ser consideradas sino como ayudas terapéuticas propias del tratamiento recomendado por personal experto y requerido por las personas que resultan afectadas, resultando indispensable la reubicación temporal de quienes razonablemente, según la ley y el reglamento, ameritan un tratamiento preferencial y especial, sin que ello signifique vulneración de lo establecido en el artículo 49 de la Carta Política.
DERECHO A LA SALUD-Concepto amplio e integral
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Aplicación en reconocimiento de alojamiento y alimentación a mujeres víctimas de violencia y maltrato
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Definición/VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Fenómeno socio-jurídico/VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Convoca esfuerzos de la comunidad internacional y los estados en general con miras a su prevención, sanción y erradicación
La violencia contra la mujer ha sido definida como cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. La violencia contra la mujer suele estar vinculada con causas sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas, que operan en conjunto o aisladamente en desmedro de la dignidad y del respeto que se debe a quien es considerada como una persona vulnerable y, en esa medida, sujeto de especial protección tanto en el derecho internacional como en el ordenamiento jurídico interno de los Estados.
ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LA MUJER EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
FUENTE FORMAL NACIONAL DE LA PROTECCION A LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA-Desarrollos normativos y cambios estructurales del estado encaminados a la protección de la mujer
DERECHO A LA SALUD-Definición/ DERECHO A LA SALUD-Fundamental autónomo
La jurisprudencia ha definido el derecho a la salud como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento. El carácter fundamental del derecho a la salud está relacionado con la prestación de los servicios propios del Plan Obligatorio de Salud POS, siendo señalado por la jurisprudencia una dimensión superior cuando, además, su protección involucra valores como la dignidad humana y la igualdad de género, también cuando comprende la protección a personas consideradas sujetos especialmente amparados por el constituyente, como ocurre con la mujer en general, pero de manera especial en los eventos en que la legislación impone al Estado, a la familia y a la sociedad el deber de brindarle protección eficaz ante las distintas formas de violencia de las cuales puede ser víctima.
PRESTACIONES DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A MUJER VICTIMA DE LA VIOLENCIA-Presupuestos que deben cumplirse para su inclusión en el POS contributivo y subsidiado
Si bien resulta pertinente recordar que las prestaciones de alojamiento y alimentación establecidas en los textos demandados se encuentran supeditadas a que el Ministerio de la Protección Social elabore los protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud y de su personal para los casos de violencia contra las mujeres, teniendo además el Ministerio el deber de reglamentar el Plan Obligatorio de Salud incluyendo las actividades de atención relacionadas con alojamiento y alimentación, en los términos definidos en los literales a), b) y c) del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, las medidas de atención previstas requieren: que la mujer se encuentre en situación especial de riesgo; que se hayan presentado hechos de violencia contra ella; que la violencia contra la mujer implique consecuencias para su salud física o mental; que la mujer requiera atención, tratamiento o cuidados especiales para su salud; que el agresor permanezca o insista en permanecer en el mismo lugar de ubicación de la agredida; que quien esté a cargo de la atención en salud para la víctima y el agresor, sea una misma persona; que la víctima acuda ante un comisario de familia, y a falta de este ante un juez civil municipal o un juez promiscuo municipal, para que éste evalúe la situación y decida si hay mérito para ordenar la medida, pudiendo asimismo ordenar otras medidas alternativas; que la víctima acredite ante los servicios de salud que la orden ha sido impartida por la autoridad competente; y que las prestaciones de alojamiento y alimentación sean temporales, es decir, por el lapso que dure la transición de la agredida hacia un estatus habitacional que le permita retomar y desarrollar el proyecto de vida por ella escogido.
PRESTACIONES DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A MUJER VICTIMA DE LA VIOLENCIA-Por tratarse de prestaciones temporales asociadas con el derecho a la salud, su reconocimiento con cargo a los recursos del sistema de seguridad social en salud no desconoce el principio de destinación específica de los recursos
POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Alcance/POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-No es absoluta
En materia de seguridad social, si bien es cierto el Congreso de la República cuenta con la potestad para configurar la estructura jurídica del sistema, también lo es que, como lo ha explicado la Corte, tiene áreas vedadas. En el presente caso, en que el Legislador, en ejercicio de su potestad de configuración de la estructura jurídica del Sistema General de Seguridad Social en Salud, establece que las mujeres víctimas de la violencia podrán recibir un tratamiento específico destinado a la protección de su salud en los aspectos físico, mental y social, haciéndolas beneficiarias de prestaciones relacionadas con alojamiento y alimentación temporal, es decir, durante el denominado periodo de transición, no desborda los límites previstos en la Constitución Política, en tanto le está dando aplicación a los principios de universalidad e integralidad, por cuanto se van a cubrir contingencias que afectan la salud y las condiciones de vida de quien es considerada, en estos eventos, como una persona vulnerable, por lo que se concluye que no desbordó al órbita de sus atribuciones constitucionales.
PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD E INTEGRALIDAD EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Aplicación
ANALISIS DE IMPACTO FISCAL EN PROYECTOS DE LEY-Conclusiones jurisprudenciales en relación con su cumplimiento y responsabilidad
De la jurisprudencia relacionada con el requisito establecido en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, sobre el análisis del impacto fiscal de las normas, aplicable a los proyectos de ley que ordenen gasto o que otorguen beneficios tributarios, se extrae: (i) Que la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es un mecanismo de racionalización de los recursos, para informar técnicamente al Legislador sobre los alcances fiscales de las normas que elabora; (ii) Que el concepto del Ministerio constituye un instrumento de colaboración entre ramas del poder público, teniendo el Ministro la carga de convencer al Legislador sobre la conveniencia o inconveniencia fiscal de la iniciativa; (iii) Que el concepto del Ministro de Hacienda y Crédito Público no es obligatorio, es decir, las Cámaras Legislativas no están en el deber de acoger los criterios del Ejecutivo, pues se estaría ante el poder de veto del Gobierno respecto de todos los proyectos de Ley que impliquen gasto. (iv) Que siendo el Gobierno quien ordena el gasto, a él corresponde arbitrar las partidas e incluirlas en el respectivo presupuesto para el adecuado cumplimiento de las Leyes elaboradas por el Congreso de la República. En todo caso, el Ejecutivo sólo podrá atender a las obligaciones derivadas de Leyes que impliquen gasto, dentro de parámetros fiscales racionales y eficientes.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 (parcial) y 19 (parcial) de la Ley 1257 de 2008, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
Actor: Yenny Ángela Chávez Pardo
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad la ciudadana Yenny Ángela Chávez Pardo presentó demanda contra los artículos 13 (parcial) y 19 (parcial) de la Ley 1257 de 2008, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
Mediante auto del 10 de marzo del presente año, la demanda fue inadmitida. El escrito de corrección fue presentado el 17 de marzo del año en curso; el Magistrado Sustanciador, a través de auto del 8 de abril de 2010, resolvió admitir la demanda, ordenar la fijación en lista de las normas acusadas, correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de la Protección Social, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Fiscal General de la Nación y al Defensor del Pueblo para que intervinieran.
Finalmente, invitó a las facultades de derecho de las universidades Nacional de Colombia, Externado, Libre, Pontificia Universidad Javeriana, del Rosario, de los Andes, Sergio Arboleda y de la Sabana, como también a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral –ACEMI-, al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al Centro de Estudios De Justicia, a la Red Nacional de Mujeres, a la Federación Nacional de Departamentos y a la Federación Nacional de Municipios para que emitieran su opinión sobre la demanda.
Explica que el artículo 19 de la misma Ley refiere a las medidas de atención que deben brindarse a las mujeres víctimas de violencia, medidas que van dirigidas a las mujeres en situación de especial riesgo, como una manera de proteger la vida y la integridad física de la mujer, garantizando la habitación y la alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo cual las Empresas Promotoras en Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado prestarán servicios de alimentación y habitación en las instituciones prestadoras de salud, siendo esta disposición concordante con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1257 de 2008, en tanto se señalan como servicios de salud que deben ser incluidos en el plan obligatorio de salud y prestados por las empresas promotoras de salud y las administradoras de régimen subsidiado.
Tratándose de recursos para la salud, la finalidad establecida en el artículo 48 superior se mantiene y los mismos deben estar contenidos en el plan obligatorio de salud de acuerdo con protocolos establecidos, en los términos expresados por la Ley 1257 de 2008. En esta medida los gastos no son “banales y suntuosos” sino que responden y coinciden con las medidas de promoción y prestación de los servicios de salud.
La universidad interviene a través de uno de sus profesores de planta para solicitar que sean declaradas exequibles las expresiones demandadas. Refiriéndose al derecho internacional, empieza el interviniente por recordar cómo el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante la observación general 14, ha establecido que el derecho a la salud debe entenderse como el derecho al disfrute de toda gama de facilidades, bienes, servicio y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.
Considera igualmente que las expresiones demandadas no están relacionadas con la salud y no corresponde al Sistema General de Seguridad Social, por cuanto se emplearían recursos necesarios para garantizar el derecho a la salud de otros usuarios “… y dar alojamiento y alimentación en las instituciones prestadoras del servicio de salud, disminuiría la capacidad del sistema para albergar a enfermos, personas en tratamiento o en espera de intervenciones quirúrgicas o de otro orden.
Si bien la mujer víctima, al igual que sus hijas e hijos, deben tener derecho a una atención digna que cubra servicios como el alojamiento y la alimentación necesarios para aislarla del agresor, al igual que el servicio de transporte, no correspondería al Sistema de Seguridad Social en Salud cubrir los gastos que ello implica.”
“Los recursos para la salud no son suficientes, de manera que se deben crear fuentes para financiarla, buscando no debilitar los existentes con destinaciones que no corresponden. La crisis presupuestal del sistema de salud se ha hecho evidente en los últimos años, dando lugar incluso a la promulgación del decreto legislativo 128 del 21 de enero de 2010, en desarrollo del estado de emergencia social declarado por el decreto 4965 de 2009”.
En cuanto al cargo fundado en la falsa motivación, considera el interviniente que ella es predicable de actos administrativos y no de Leyes del Congreso.
Manifiesta que en los casos de violencia intrafamiliar, la mujer y los hijos tienen derecho a que el sistema de seguridad social les preste la atención que corresponde si han sido afectados en su salud, como también tienen derecho a ser sustraídos del entorno nocivo en el que se ha generado la agresión. Las medidas, entonces, son acordes con la protección a la vida, a la integridad física y a la dignidad de la mujer agredida.
3. Instituciones privadas
La representante de la Red Nacional de Mujeres solicita a la Corte que se declare inhibida para decidir respecto de los cargos fundados en los artículos 49 y 209 de la Carta Política, por ineptitud sustantiva de la demanda, ya que no están presentes las razones claras, ciertas, específicas y pertinentes requeridas para esta clase de juicio.
Explica que tal carga económica es desproporcionada si se tiene en cuenta que los recursos del SGSSS son finitos y que su finalidad no responde a mecanismos de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. El interviniente expone que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación -U.P.C.-, tienen carácter de parafiscales y, por lo tanto, no pueden ser utilizados para fines diferentes a la seguridad social.
El jefe del Ministerio Público solicita a la Corte declarar exequibles el numeral 2º del artículo 13 y las expresiones “a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras del Régimen Subsidiado”, contenidas en el literal a); “las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras del Régimen Subsidiado”, contenidas en el literal c); y el parágrafo 2 del artículo 19, únicamente por los cargos analizados y bajo el entendido que sólo las actividades y medidas encaminadas a la atención de la salud de las víctimas de la violencia contra la mujer, incluidos sus hijos e hijas, son las que deben ser cubiertas con los recursos destinados a la Seguridad Social en Salud.
Luego de transcribir el texto de las normas demandadas y de presentar distintos conceptos relacionados con la violencia contra la mujer, la Vista Fiscal explica que la mayor parte de las causas tiene origen en el núcleo familiar y están relacionadas con factores socioeconómicos, señalando que en estos casos lo prioritario es separar físicamente a la víctima de su agresor, lo que implica replantear el proyecto vital de la mujer y de sus dependientes, para que después de un período de transición le sea posible retomar su vida sin riesgo para su existencia o su integridad física.
Considera la Vista Fiscal que la violencia contra las mujeres no es un problema exclusivo de la Seguridad Social y que los recursos de la salud tienen destinación específica por mandato constitucional. Sin embargo, luego de adelantar una explicación basada en el texto de los artículos 19 y 22 de la Ley 1257 de 2008, que establecen dos tipos de medidas de atención, concluye el Procurador que todas las medidas allí previstas deben ser tomadas con cargo a los recursos de la Seguridad Social en Salud, a pesar de lo dispuesto en el artículo 48 superior.
Al corregir la demanda la actora se limitó a expresar: “… el Legislador decidió implementar una serie de beneficios para las víctimas de agresión sexual, sin atender la asignación presupuestal y el impacto que dicha asignación podría causar en el sector de la salud, que ya se encuentra ampliamente agredido, y que inclusive se ha decretado emergencia social con el fin de evitar que se desplome por la falta de recursos, para que en su lugar se sigan creando nuevas cargas que afectan su flujo de caja y desmantelan las arcas de sus limitados recursos”[3].
4. La violencia contra la mujer como fenómeno socio-jurídico
4.3. La misma Ley, en el artículo 2º, define la violencia contra la mujer bajo el entendido que se trata “… de cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”.
1. Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967);
2. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1981);
3. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer (1993);
4. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994);
5. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995);
6. En América Latina: Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (1995); y
7. Resolución del Fondo de Población de Naciones Unidas, en la que se declara la violencia contra la mujer como una “Prioridad de Salud Pública” (1999).
1. Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada mediante la Ley 51 de 1981;
2. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en Beijing, China, 1995;
3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”, aprobada mediante la Ley 248 de 1995;
4. Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2000;
5. Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobado mediante Ley 800 de 2003;
6. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado mediante la Ley 984 de 2005.
5.3. Entre las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano relacionadas con la protección a la mujer, se cuenta la de abstenerse de ejercer violencia contra ella a través de sus agentes, como también la de garantizarle una vida libre de violencia en todos los espacios –público y privado-, sin importar que el agente sea un particular, a lo cual se suma el deber de adoptar medidas positivas en favor de la mujer.
En este sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”, aprobada mediante la Ley 248 de 1995, establece:
ARTICULO 3o. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas políticas social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
5.5. En concordancia con lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, en la Recomendación General número 19, numeral 7, estableció:
6. Protección a la mujer en el derecho colombiano
En la Rama Ejecutiva fue creada la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer[6] como dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El interés del Legislador en el sentido de garantizar la coordinación entre órganos estatales para la adecuada protección de la mujer queda en evidencia con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1257 de 2008. El texto de esta norma es el siguiente:
“ARTÍCULO 35. SEGUIMIENTO. La Consejería para la Equidad de la Mujer en coordinación[7] con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo crearán el comité de seguimiento a la implementación y cumplimiento de esta ley que deberá contar con la participación de organizaciones de mujeres.
“(…) las mujeres están también sometidas a una violencia, si se quiere, más silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las agresiones en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales son no sólo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (CP art. 13) sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles, prohibidos por la Constitución (CP arts 12, y 42) y por el derecho internacional de los derechos humanos. Así, según la Relatora Especial de Naciones Unidas de Violencia contra la Mujer, "la violencia grave en el hogar puede interpretarse como forma de tortura mientras que las formas menos graves pueden calificarse de malos tratos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.[8]
1. Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar;
2. Ley 360 de 1997, por medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del Libro II del Decreto-Ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la libertad y pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal) y se dictan otras disposiciones.
3. Ley 497 de 1999, establece la jurisdicción de jueces de paz como mecanismo alternativo a la solución de conflictos, entre ellos la violencia intrafamiliar.
4. Ley 575 de 2000, por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996, traslada la competencia en materia de violencia intrafamiliar de los jueces de familia a los comisarios de familia y a falta de estos a los Inspectores de Policía. Otorga asistencia a las víctimas de maltrato, consagra delitos contra la armonía y la unidad familiar (maltrato físico, psíquico o sexual).
5. Ley 640 de 2001, modifica las normas relativas a la conciliación. El Capítulo VII se dedica a la conciliación extrajudicial en materia de familia.
Ley 742 de 2002, aprueba el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional, 1998), incluye delitos relacionados con violencia basada en el género.
Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal;
Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal; y
Ley 882 de 2004, aumenta la pena para el delito de violencia intrafamiliar.
7.1. De su parte, la jurisprudencia ha definido el derecho a la salud como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento”[10].
El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la Ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”[11].
En correspondencia con esta definición, la Constitución Política colombiana adopta un concepto amplio de la seguridad social, que explicado por la Corte “incluye el mayor número de servicios, auxilios, asistencias y prestaciones en general, diferenciándose de la escuela que la limita a lo básico. Un conjunto de derechos cuya eficacia compromete al Estado, la sociedad, la familia y la persona”[13].
Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas …”.
“Esta Corte ha señalado que si bien la Constitución señala unos principios que gobiernan los derechos a la seguridad social y a la salud, el Legislador goza de una amplia libertad para regular la materia, pues la Carta establece que la seguridad social se presta con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, “en los términos que establezca la Ley”. (...) La amplia libertad del Legislador en la configuración de la seguridad social no significa obviamente que cualquier regulación legislativa sea constitucional, pues no sólo la Carta señala unos principios básicos de la seguridad social y del derecho a la salud, que tienen que ser respetados por el Congreso, sino que además la Ley no puede vulnerar otros derechos y principios constitucionales”. (Subrayas no originales).
“(…) lo anterior no significa que la decisión legislativa sea completamente libre, ni que la reglamentación adoptada esté ajena al control constitucional, pues es obvio que existen límites, tanto de carácter formal (competencia, procedimiento y forma) como de carácter material (valores y principios en que se funda el Estado Social de Derecho), señalados directamente por el Constituyente y que restringen esa discrecionalidad[18]. “Por consiguiente, si el Legislador opta, por ejemplo, por una regulación en virtud de la cual las personas pueden escoger entre afiliarse o no a la seguridad social, ese diseño sería inconstitucional por desconocer el carácter irrenunciable de la seguridad social”. Lo mismo ocurriría si el Estado se desentendiera de las funciones de dirección, coordinación y control a la seguridad social, porque esas fueron precisamente algunas de las tareas expresamente asignadas en la Carta del 91”.[19]
Por ello, en coordinación con el principio de dignidad humana, el derecho a la salud implica la conservación, recuperación y el restablecimiento del estado normal de una persona enferma, a quien se le debe ofrecer un tratamiento oportuno, eficiente y suficiente, tendiente a proporcionar el nivel de vida acorde con su dignidad, que no puede escatimarse por las entidades promotoras de salud”[21].
1. El Plan Nacional de Desarrollo, PND 2002-2006 hacia un Estado Comunitario, prevé dentro de sus objetivos:
9. Convenio de Colaboración de la Comunidad de Madrid con el Gobierno Colombiano en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid[24]”.
Las situaciones normativas anteriormente aludidas como se dijo, generan un impacto fiscal incuantificado, razón por la cual es preciso solicitar a los Honorables Congresistas, proponer fuentes de financiación para sufragar los costos de la puesta en marcha de la iniciativa, por cuanto se vulnera lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, teniendo en cuenta que se genera un impacto fiscal y no se dispone de fuente de financiación para acompañar el proyecto”[25].
“Como la Ley no precisa las fuentes de financiación de dichos servicios, esta Dirección considera que por lo menos los mismos no pueden ser pagados con recursos de la Seguridad Social en Salud o del Fosyga. De igual manera no conocemos un reglamento de recobro al Fosyga por ese concepto pues los recursos de dicho fondo tiene por otras Leyes destinaciones especificas”[26].
“(…) en forma reiterada la Corte ha dicho que la obligación en comento se manifiesta en dos momentos. El primero, a cargo del Legislador, con la exposición de motivos o con las ponencias para debate, las cuales deberán incluir el análisis de los costos fiscales y la fuente de ingresos de la iniciativa, pues de esta manera se busca que los congresistas conozcan perfectamente las implicaciones de su voto y midan las verdaderas posibilidades de que la medida se cumpla. El segundo, a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público, a quien corresponderá rendir concepto en relación con los costos fiscales estimados para el proyecto, así como sobre la fuente de ingresos para cubrirlos y sobre su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. De esta forma, consideró la Corte que “los instrumentos contenidos en el artículo 7 analizado pueden contribuir a la superación de esa tradición existente en el país – de efectos tan deletéreos en el Estado Social de Derecho - que lleva a aprobar Leyes sin que se incorporen en el diseño de las mismas los elementos necesarios –administrativos, presupuestales y técnicos- para asegurar su efectiva implementación y para hacer el seguimiento de los obstáculos que dificultan su cabal, oportuno y pleno cumplimiento”.
“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
[6] La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, cuenta con el Observatorio de Asuntos de Género -O. A. G.- creado para investigar, documentar, sistematizar, analizar y hacer visible la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia, con el objeto de formular recomendaciones en materia de políticas, planes, programas y normas, que contribuyan a cerrar las brechas de equidad de género en el país.
[7] El artículo 6º de la Ley 1257 de 2008, sobre principios de interpretación y aplicación, establece:
6. Coordinación. Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una atención integral”.
“ARTÍCULO 17. El artículo 5º de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2o de la Ley 575 de 2000 quedará así:
n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley”. (Subrayas no originales).
[20]“El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación:
[26] Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Gestión de la Demanda en Salud, octubre 30 de 2009, oficio 344888. Respuesta a Claudia Sterling, representante de Legal Salud EPS.

References: artículo 49
 artículo 19
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 48
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 48
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 35
 artículo 42
 artículo 417
 artículo 7
 artículo 7

Artículo 3
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 2