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Timestamp: 2020-05-25 21:43:27+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 176, de 10/12/2008
Año 2008 IX Legislatura Núm. 176
celebrada el miércoles, 10 de diciembre de 2008
- De doña Ana Peláez Narváez, comisionada del Cermi de Género, candidata oficial española al Comité de seguimiento de la Convención, a efectos de informar y asesorar en relación a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente 219/000011), del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (número de expediente 219/000042) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 219/000001.)... (Página 2)
De don Rafael de Asís Roig, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, coordinador por cuenta del Cermi y Fundación ONCE del Trabajo Académico sobre el ajuste del ordenamiento jurídico español a la Convención, a efectos de informar en relación a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
A petición del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente 219/000012) y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (número de expediente 219/000043) ... (Página 11)
- DE DOÑA ANA PELÁEZ NARVÁEZ, COMISIONADA DEL CERMI DE GÉNERO, CANDIDATA OFICIAL ESPAÑOLA AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN, A EFECTOS DE INFORMAR Y ASESORAR: EN RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000011), DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 219/000042) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 219/000001).
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la Comisión para las Políticas Integrales de la discapacidad, cuyo primer punto del orden del día consiste en celebración de comparecencias. La primera de ellas, la de doña Ana Peláez Narváez, comisionada del Cermi de género, candidata oficial española al Comité de seguimiento de la convención, a efectos de informar y asesorar en relación la Convención de la ONU sobre los derechos de la personas con discapacidad, a petición de los grupos parlamentarios, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En base a ello, le vamos a dar la palabra doña Ana Peláez Narváez. Tiene la palabra.
El señor VAÑÓ FERRE: También había una solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular. Lo digo para que le conste al presidente.
El señor PRESIDENTE: No ha debido de llegar a tiempo, pero en todo caso pido que figure, por favor, en el"Diario de Sesiones". Mis disculpas, señor portavoz. Esta comparecencia también es a petición del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene ya la palabra doña Ana Peláez.
La señora PELÁEZ NARVÁEZ: Señor presidente, señorías, permítame en primer lugar expresar en nombre del Cermi y en el mío propio nuestro agradecimiento por habernos convocado a esta reunión para presentar, precisamente, esto avances en materia de discapacidad en lo que respecta a la Convención Internacional de la Naciones Unidas. Igualmente, permítanme expresar mi satisfacción personal por habar formado ya parte del Comité internacional del seguimiento de la convención, gracias a que ustedes, el Gobierno de España, se hicieron eco de la propuesta de candidatura presentada por el Cermi para formar parte de ese comité.
Sinceramente es para mí un honor y un privilegio poder trabajar en el plano internacional en la defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Si SS.SS. me lo permiten, me gustaría centrar mi intervención haciendo una relación breve de lo que han sido los antecedentes de la creación de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, igualmente destacando las principales características, así como sus implicaciones y funcionamiento, para finalizar con una serie de recomendaciones que, si me lo permiten, me gustaría para un futuro inmediato. Antes de comenzar con este tema, quiero igualmente hacerme públicamente eco y agradecer las felicitaciones que he recibido tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, por mi reciente nombramiento en este comité. En relación con los antecedentes de la convención, según la Organización Mundial de la Salud en el mundo existen 650 millones de personas con discapacidad (de hombres, de mujeres, de niños, de niñas), de los que el 80 por ciento, 400 millones aproximadamente, son personas con discapacidad que verdaderamente están en una situación de discriminación y vulneración absoluta de todos sus derechos fundamentales. En la necesidad de crear una convención específica para proteger los derechos de la personas con discapacidad se venía trabajando en Naciones Unidas desde principios de los 80, pero especialmente se ha puesto de manifiesto en los informes que se venían presentando en relación con otros instrumentos de derechos humanos, en donde se dejaba constancia
y evidencia de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad a través de esos otros instrumentos. A diferencia de otros grupos vulnerables dentro de Naciones Unidas, como pueden ser las niñas, las mujeres, la infancia quería decir, lo cierto es que las personas con discapacidad no hemos tenido instrumentos vinculantes en su aplicación en la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos son los mismos para todas las personas del mundo, pero, lamentablemente, las personas con discapacidad, como he comentado anteriormente, veníamos sufriendo reiteradas vulneraciones, y lo digo además en un día especialmente significante para nosotros, como es la conmemoración del 60.º aniversario de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, de todas las personas.
En Naciones Unidas, sin embargo, sí que existían otros documentos que de alguna manera hablaban ya de esta especial situación de vulnerabilidad que teníamos las personas con discapacidad; prueba de ello fue, por ejemplo, el programa de acción mundial para las personas con discapacidad en 1984, o las normas uniformes para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad de 1993. Como digo, ninguno de ellos era vinculante. Las negociaciones, por tanto, sobre la convención para crear el instrumento, que hoy ya tenemos plenamente en vigor en España, tuvieron que pasar aproximadamente cuatro años de trabajo, desde el 2002 al 2006, para que a lo largo de ocho reuniones de especial intensidad, de dos semanas de duración cada una de ellas, la convención viera la luz; y aún así, les puedo decir que se ha batido un récord, si me permite la expresión, en lo que es el desarrollo de un instrumento de estas características de derechos humanos en la instrumentalización del trabajo de Naciones Unidas. Además es un instrumento que ha tenido una característica fundamental, que ha sido, y también por esto será reconocido, la participación activa de la sociedad civil organizada, especialmente ante una única voz y con un único lema: Nada para nosotros sin nosotros. Así se creó la Coalición Internación de la Personas con Discapacidad, y así realmente se aglutinó todo el movimiento de la discapacidad que hizo valer precisamente el cambio del modelo, el cambio de paradigma que ha supuesto la convención en la manera de dirigirnos y atender la discapacidad. Después hablaré un poquito más de esto.
La convención fue adoptada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a partir de ese momento hasta la actualidad ha sido firmada por 136 países, ratificada por 42 y ratificado igualmente su protocolo opcional en este caso solamente por 25 países.
Aun así, todavía hay importantísimas ausencias. No hace falta que nos vayamos muy lejos; por ejemplo, en el marco de la Unión Europea solo la han ratificado, además de nuestro país, Hungría, Eslovenia y Austria, por ese orden. Del resto de Europa, por ejemplo, solamente tenemos a Croacia y San Marino, lo que es verdaderamente algo que sinceramente desearía, y conmigo seguro que muchas personas con discapacidad, para ver que esa realidad se cambia, se transforma para tener un compromiso mucho más fuerte de los países seguramente más avanzados en las políticas dirigidas a las personas con discapacidad.
En cuanto al papel desarrollado y desempeñado por España, por el Gobierno de España, sinceramente desde mi modesta opinión, pero también desde la de otros sectores, ha sido especialmente activo desde sus inicios, no solamente en lo que fueron los trabajos preparatorios de la convención, sino también después, en su implementación, ratificación y entrada en vigor, etcétera, en España, y las acciones que seguro todavía quedan por delante. En el proceso de negociación quiero señalar especialmente el papel prioritario, primordial que tuvo, especialmente en el marco de la Unión Europea, para convencer a los países de la Unión. Ya saben ustedes que en las negociaciones de la convención, del comité ad hoc, actuaba la Unión Europea con una única voz, y el papel de España fue fundamental para la inclusión del artículo 6, sobre los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad. De hecho, a raíz de eso, la inclinación de la Unión Europea a favor de este artículo hizo posible que en la última reunión, en la última sesión de trabajo del comité ad hoc, finalmente este artículo viera la luz. Además quiero señalar, ya lo hecho anteriormente de pasada, que el Gobierno de España siempre, hasta ahora, se ha hecho eco de las demandas que hemos venido solicitándole por parte del tejido asociativo. Tuve el honor inmenso de acompañar al presidente de esta Comisión, cuando era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, a lo que fue el momento de firma de la convención el pasado 30 de marzo de 2006, pero igualmente el Cermi tuvo la ocasión de acompañar como testigos de honor a la vicepresidenta primera del Gobierno ante la ratificación por parte del Gobierno de España de la Convención y del protocolo el pasado 3 de diciembre del 2007 en Nueva York. Igualmente en julio de este año el Gobierno de España presentaba oficialmente la candidatura a petición, como decía, del Cermi, en este caso de mi persona, para ser una de las posibles integrantes del Comité internacional del seguimiento, circunstancia que además salió en nuestro favor en las elecciones que tuvieron lugar el día 3 de noviembre en el marco de la celebración de la Conferencia de los Estados parte.
La presencia y participación del Cermi en todo lo que ha sido el desarrollo de estos movimientos ha sido igualmente crucial y, de hecho, después hablaré, ha desarrollado un ambicioso plan de acción para lo que es el trabajo, seguimiento y acción directa en la implementación de la convención en nuestro país. Igualmente, me gustaría hacer una mención especial, porque realmente merece la pena destacarse, porque sé que va a servir de ejemplo a otros muchos países, la declaración institucional que sobre la convención se realizó en la reunión del Consejo de Ministros del pasado día 5 de diciembre, en donde hay un compromiso expreso y clarísimo del Gobierno de la nación a favor del desarrollo pleno y absoluto de lo que supone la convención en las políticas
de discapacidad, en el desarrollo del ordenamiento jurídico español, etcétera. Dado que la convención y su protocolo facultativo, entraron en vigor en nuestro país el pasado día 3 de mayo de este año, de 2008, su aplicación forma parte plenamente del ordenamiento jurídico español y es invocable ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas de nuestro país.
En relación con las principales características que tiene esta convención, les hablaré en primer lugar de ese cambio de modelo, de ese cambio de paradigma que supone poner en entredicho lo que hasta ahora se ha venido haciendo a favor de las personas con discapacidad, pero en muchos casos sin contar con ellas directamente. Estamos hablando de un modelo, de un paradigma centrado anteriormente en un modelo médico, en un modelo rehabilitador que, como digo, ponía más el énfasis en esa serie de medidas, si ustedes me permiten el término, un tanto caritativas que se hacían para las personas con discapacidad, en lugar del modelo social que tenemos ahora, un modelo centrado en el individuo, un modelo centrado en los derechos fundamentales que ese individuo, que esa persona tiene con independencia de que tenga discapacidad. La convención no habla de derechos nuevos; las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que cualquiera que no la tenga, pero hacía falta recordarlo y tener la garantía de la aplicación adecuada de esos principios y de esos derechos. El objetivo de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente. El tratado está integrado por 50 artículos, que establecen los principios, valores y mandatos que deben prevalecer en el respeto por los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Además de esto, el derecho o el concepto de la accesibilidad -cabría aquí decir que seguramente sería el único derecho añadido, el único derecho nuevo que aparece en la convención, aunque no sea reconocido como tal, como un derecho, pero es una condición sine qua non para hacer efectiva la convención-, la accesibilidad como principio rector, es un elemento clave del que depende gran parte del desarrollo de esa convención. Así, los Estados parte deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás en los siguientes derechos: en el derecho a la vida (artículo 10); en el derecho a la protección en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales (artículo 11); al igual reconocimiento como persona ante la ley y de la capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida (expresado en el artículo 12); al acceso a la justicia (artículo 13); a la libertad y seguridad de la persona, procurando que no se vean privadas de su libertad de forma ilegal o arbitrariamente (esto se deja de manifiesto concretamente en el artículo 14); a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en el artículo 15); a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, tanto en el seno del hogar como fuera de él (artículo 16); a la protección de la integridad personal física y mental (se recoge en el artículo 17); a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y una nacionalidad (artículo 18); a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19); a la movilidad personal con la mayor independencia posible (artículo 20); a la libertad de expresión y de opinión, y acceso a la información (artículo 21); al respeto de la privacidad y la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación (como se establece en el artícu-lo 22); al respeto del hogar y de la familia (artículo 23); a la educación inclusiva o a la educación en todos los niveles de lo que es el periodo vital de la persona (se reconoce en el artículo 24); a gozar del más alto nivel posible de salud, artículo 25; a la habilitación y rehabilitación (artículo 26); al trabajo y a poder elegirlo, y tener accesibilidad al mismo (como se reconoce en los artícu-los 27 y 28); a un nivel de vida adecuado y a la protección social para todas las personas con discapacidad y su familia (artículo 28); a la participación en la vida política y pública (artículo 29); igualmente a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento o el deporte por ejemplo (se establece en el artículo 30). En los que respecta a los grupos más vulnerables, la convención recoge especialmente menciones específicas en dos artículos, a las niñas y mujeres (artícu-lo 6) y a los niños y niñas (artículo 7), pero también se reconoce de alguna manera la mayor vulnerabilidad de otros sectores, como son, por ejemplo, las personas residentes en entornos cerrados, las personas severamente afectadas por su condición de discapacidad o que viven, por ejemplo, en entornos rurales.
En cuanto a las implicaciones de la convención, en líneas generales, en lo que respecta a la aplicación ya en España, se podía hablar, por una parte, de lo que va a suponer este cambio de modelo paradigmático, por otra parte, de lo que a suponer de adaptación en la Unión Europea en lo que es su corpus jurídico y, por último, de lo que tendrá que ver con el ordenamiento jurídico español a la hora de trasponer directamente esta convención. En cuanto al cambio de modelos, ya les he comentado esa necesidad de centrar todas las políticas y todas las acciones dirigidas a la discapacidad; directamente centrarlas, decía, en las personas con discapacidad, haciendo que ellas puedan ser verdaderamente las protagonistas de su vida. Podemos hacer realidad otro de los principios fundamentales de la convención, como es el de autodeterminación. En cuanto a la trasposición o a los principios de igualdad y no discriminación recogidos en el corpus jurídico europeo, tendríamos que pensar en el hecho, que es importante señalar aquí, de que, pese a que todavía existen un gran número de países de la Unión Europea que no ha ratificado la convención, sería necesario
que la medidas legislativas y las acciones que sean desarrolladas por Unión Europea tengan presentes directamente, y desde estos inicios, precisamente el espíritu y el paradigma que se ha establecido en la convención. Sobre todo lo comento por el hecho de que han sido también las comunidades europeas las que han firmado y ratificado simbólicamente la convención.
Con respecto a la legislación española, está claro que los valores, principios y conceptos de obligaciones que llevan consigo la convención ya se encuentran recogidos en nuestro corpus jurídico, en general. Es cierto que se tiene que hacer un estudio y un esfuerzo a la hora de ajustar precisamente en nuestros instrumentos legislativos este espíritu y estos criterios que se establecen en este instrumento internacional. En ese sentido, merece la pena especialmente destacar este pequeño desajuste que se encuentra en lo relativo al artículo 12, a la igualdad de las personas con discapacidad ante la justicia, y en donde, como digo, se tendrá que velar por crear nuevos instrumentos que garanticen ese derecho que se establece en ese artículo. Este artículo además para mí tiene un vital significado en mi trabajo como comisionada de género del Cermi, dado que nos seguimos encontrando -simplemente quiero que sea tenido como un ejemplo- con muchas situaciones, por ejemplo con esterilizaciones de mujeres con discapacidad que no cuentan con el consentimiento informado de estas mujeres. Esto, evidentemente, es una práctica completamente ajena y desde luego no permitida por la convención, y se tendrá que velar en nuestro ordenamiento jurídico interno por que desde luego no se produzca. Ahora mismo he señalado esto, pero toda la situación de tutela, curatela, incluso ese concepto que nosotros tenemos de incapacitación legal, se tendrá que revisar a la luz de la convención. Lo mismo podría decir también de todo el tema sobre el aborto eugenésico, en donde, si echamos un ojo al artículo 10 como he comentado anteriormente, el derecho a la vida desde luego también tendría algún tipo de revisión aquí, en España.
En cuanto a la aplicación del seguimiento nacional, SS.SS., ya conocen que el artículo 33 de la convención establece la creación de comité gubernamental, un órgano nacional de seguimiento y aplicación de la convención, que además ya ha sido designado, el Consejo Nacional de la Discapacidad, pero igualmente se reconoce el hecho de es necesario nombrar otro órgano independiente. El Cermi ha venido expresando su voluntad de ser elegido como tal, y yo creo que, en lo que mi modesta opinión pueda contribuir desde aquí, sería una práctica magnífica para hacer valer nuevamente esta tónica de actuación que ya viene desarrollando España en la inclusión directa de las personas con discapacidad en toda las acciones. Igualmente ese artículo 33, precisamente en su tercer párrafo, señala que estos órganos no se pueden crear sin tener en cuenta e implicar directamente a las personas con discapacidad. En cuanto al seguimiento internacional, dado que España tiene ya un miembro directo en el Comité internacional del seguimiento de la convención, respondo a una pregunta que siempre me suelen hacer. Eso no significa que desde España vamos a estar más controlados por el hecho de tener un miembro en este comité, ni muchísimo menos, porque la figura, la persona, el miembro, la miembro en ese comité nada tendrá que ver con lo que se esté haciendo en este plano. Las funciones que tiene el comité concretamente son tres. En primer lugar va a ser la de hacer el seguimiento y análisis de los informes nacionales que se vayan presentado, los de todos los países ratificantes, así como establecer el diálogo adecuado y oportuno de recomendaciones, y siempre en esta plano constructivo con los países que estén aplicando esta convención. En segundo lugar tendrá igualmente que recepcionar y dar respuestas a las comunicaciones individuales que se reciban. Ustedes saben que la firma del protocolo opcional hace valer otro principio fundamental, que es que una vez clausuradas las fases nacionales una persona que se sienta vulnerada en sus derechos fundamentales tiene la opción de apelar ante este comité internacional, y el comité habrá de darle una respuesta; e igualmente para esos países que han ratificado el protocolo el comité podrá intervenir haciendo investigaciones, etcétera, en los casos en donde haya habido o se tengan razones para sospechar que en una determinada zona del mundo, en un país hay un vulneración clara en la aplicación de esta convención. Actualmente, como ya he comentado, el comité se ha constituido y está formado por doce personas. En mi comparecencia les he relacionado los nombres y los países presentes. Este comité ha tratado de velar por un equilibrio geográfico de género y de participación directa de las personas con discapacidad. En ese sentido, siete de los doce miembros somos personas con discapacidad.
En cuanto al trabajo de las personas con discapacidad, quería comentarles que, como ustedes imaginarán porque conocen bien al Cermi, nuestro Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha sido siempre especialmente activo en lo que es el seguimiento de los trabajos del comité ad hoc y en lo que ha sido después todo el trabajo aquí, en España. Lo ha hecho desde dos vías diferentes: una, participando como sociedad civil, integrados en el Foro Europeo de la Discapacidad; y después ya en la Coalición Internacional de la Discapacidad; la otra buscando también la participación activa en lo que fueron los trabajos directos del Gobierno de España, tanto en la preparación de la convención como después, ya en lo que ha sido su implementación aquí, en España.
Paralelamente, se han llevado a cabo otro tipo de acciones que ha desarrollado directamente el Cermi, por ejemplo con contactos directos al más alto nivel para sacar adelante esta convención. Todavía recuerdo la carta que se escribía desde el Cermi en favor del desarrollo de esta convención a principios de este milenio.
Además, en colaboración con la Fundación ONCE, el Cermi ha desarrollado un plan de acción en relación con la aplicación y seguimiento de la convención en España para el bienio 2008-2009. Los objetivos que se han
recogido en ese plan serían conseguir una reforma legislativa dirigida a adaptar la legislación española actual al texto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; participar como representantes de la sociedad civil en los diversos organismos responsables del seguimiento de esa convención; igualmente informar sobre la convención y difundirla ampliamente entre las instituciones públicas, el sector de la discapacidad, los medios de comunicación y los operadores y agentes responsables de su aplicación o concernidos por la misma. Para ello, el plan señala diferentes medidas, encuadradas dentro de tres ámbitos fundamentales de acción. Entre tales medidas, yo podría destacar aquí, relacionadas con la aplicación de la convención, por ejemplo la elaboración de una propuesta de proyecto de ley de ajuste del ordenamiento jurídico español a las previsiones de la convención, teniendo en cuenta el informe jurídico elaborado desde el Cermi para detectar los ámbitos del ordenamiento jurídico que necesiten ser modificados; o, por ejemplo, medidas relacionadas con el seguimiento de la convención, en donde podemos decir que el Cermi pide que se considere la candidatura de nuestro comité como órgano de representación de la sociedad civil independiente, o la elaboración a modo de observatorio de un informe anual sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y las vulneraciones que estas han venido percibiendo anualmente. En cuanto a medidas relacionadas con la información y difusión de la convención, se podría hablar de acciones de información y formación sobre esta convención dirigidas al propio tejido asociativo de la discapacidad en España -recuerdo a SS.SS. que nuestro tejido asociativo recoge el sentir colectivo de más de 4.500 organizaciones-; acciones de difusión dirigidas a los principales operadores jurídicos; elaboración y publicación de una obra científica de análisis de esta convención; organización de seminarios y jornadas con operadores relevantes, por ejemplo el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía, etcétera; la creación de una pagina web, que ya ha hecho el Cermi, específicamente para presentar informaciones sobre el tema de la convención o, por ejemplo, quejas y comunicaciones que nos hacen llegar las personas con discapacidad. En este caso, si SS.SS. me lo permiten, la dirección electrónica es: www.convenciondiscapacidad.es.
Igualmente hemos creado en nuestro periódico cermi.es -conozco bien que SS.SS. lo leen en alguna ocasión- un espacio reservado también para todo el tema de la convención.
Por último, si el presidente y abusando del tiempo que ya me he tomado, simplemente me gustaría terminar diciendo que yo hago tres recomendaciones a SS.SS. para lograr que la convención sea una realidad en las vidas de las personas con discapacidad. En primer lugar, es necesaria la elaboración de una propuesta de proyecto de ley de ajuste del ordenamiento jurídico español a las previsiones de la convención. En segundo lugar, es necesario -esto acabo de comprobarlo además en esta semana- que la convención se traduzca a las lenguas cooficiales de España, que no está traducida todavía. Igualmente, les pediría que hubiera lo antes posible ese pronunciamiento del órgano independiente para el seguimiento de la convención, según se establece en el artícu-lo 33. Y por último, existe la necesidad de elaborar a modo de observatorio, como comentaban anteriormente, informes anuales o periódicos que nos hagan ver en materia de derechos humanos cómo se está aplicando la convención aquí, en España.
Permítame, finalmente, señorías, agradecerles desde luego la atención que me han dedicado, que sé que ha sido muchísima; no he oído ningún teléfono ni nada de nada, de verdad que se lo agradezco en el alma. Dejo aquí al presidente tanto el texto de mi comparecencia como el plan de acción del Cermi, así como un artículo del presidente del Cermi, el señor Luis Cayo Pérez Bueno, precisamente sobre lo que supone esta convención para España. Estoy segura de que será del interés de todos ustedes. Ahora ya quedo abierta a cualquier consideración que quieran hacerme.
El señor PRESIDENTE: Mucha gracias, señora Peláez, por su extensa y documentada intervención.
Damos paso ahora a los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia, incluyendo al Grupo Popular, y después al resto de los grupos. En primer lugar tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señora Peláez, quiero agradecerle en nombre del Grupo Socialista su comparecencia en esta Comisión. Doña Ana Peláez, como ustedes ya saben, es ya miembro del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, como dentro del ámbito de un órgano de control, aplicación y seguimiento de la propia convención. La propuesta la formuló el Gobierno de España y queremos reiterarle nuestra felicitación y felicitarnos porque nuestro país aporte con su presencia una de las voces más cualificadas en materia de discapacidad, como experta en discapacidad, en cooperación internacional al desarrollo, fundamentalmente para poblaciones desfavorecidas, y permítanme, señorías, que destaque que como experta en discapacidad y género. Precisamente la señora Peláez ha comparecido en la esta Cámara en anteriores legislaturas en la Comisión de los Derechos de la Mujer, en la Comisión de Política Integral para la Discapacidad, en la de Trabajo y Asuntos Sociales, y lo hizo en su calidad de representante de la Comisión de la Mujer del Cermi y del Fondo Europeo de la Discapacidad. Quiero felicitarla igualmente por el contenido de su comparecencia, por la extensión, la claridad y todo lo que tiene que ver con la propia convención.
El Gobierno de España, como ya he comentado reiteradamente, y usted misma, señora Peláez lo ha mencionado también, tuvo una participación muy activa en todas las negociaciones que condujeron a la adopción de
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Asamblea General de la ONU. Ha estado presente permanentemente en todas las sesiones de trabajo, ha impuesto sus criterios igualmente en temas que habían sido pioneros en la política de nuestro país y se ha hecho, además, de forma colaborada y participada con el movimiento asociativo de personas con discapacidad a través del Cermi. Hay un claro cambio de enfoque sobre el tema de discapacidad, y hoy ha dicho usted que nos coincide la Comisión con el día 10, que cuando celebramos el 60.º aniversario de los Derechos Humanos. Creo sinceramente que ha sido una buena coincidencia; la agenda parlamentaria lo ha querido así, pero nosotros nos sentimos felices de que la agenda parlamentaria lo ha haya querido así, y nos gusta que coincida con esta declaración, con la convención, que supone ese abordaje diferente desde el ámbito de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Ese instrumento nos va a obligar, y ya obliga a los países que han ratificado tanto la convención como su protocolo facultativo, que ha entrado ya en vigor, a un ajuste normativo. Así, yo creo que este Parlamento y esta Comisión, la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, lo ha entendido, y queremos nuevamente oír a los expertos, al sector para que enriquezca el trabajo posterior de la Comisión. Su comparecencia ha sido muy esclarecedora, muy amplia, por lo tanto yo creo que nos han quedado los temas suficientemente claros. No obstante, yo le quería formular algunas preguntas. Me gustaría destacar que no podemos olvidar que estamos en el primer mundo, que nuestro país en concreto tiene una legislación avanzada en materia de discapacidad, quizá un poco dispersa, pero avanzada No nos hemos olvidado en ningún momento, en los debates, en las sesiones, según el planteamiento que se hace desde la delegación española, del papel tan importante que se tenía que hacer desde la convención en materia de cooperación al desarrollo. Me gustaría saber o que nos ampliara un poquito la información respecto a cómo se recoge el tema de la cooperación en la convención. Igualmente, me gustaría saber cómo ve usted la aportación española, en qué temas le ha parecido que ha sido más destacada la aportación que ha hecho nuestra delegación en los debates y en el propio texto. Hay un tema que me preocupa, porque las personas con discapacidad, las especificidades de las distintas discapacidades hacen que el abordaje tenga que ser diferente en función de las propias discapacidades. Me gustaría que nos informara cómo recoge la convención esa especificidad. Hay un asunto, para terminar, que quería que nos comentara, porque ha hecho referencia al artículo 6 de la convención, que tiene que ver con la atención especial a mujeres y niñas con discapacidad. Cómo ve usted como experta, tanto en el tema de la convención como en materia de género, cómo se contempla esta perspectiva de género a lo largo del articulado de la convención.
Sin más, vuelvo a agradecerle su comparencia y también que esté con nosotros el máximo responsable del Cermi, en la persona de don Luis Cayo, hoy aquí con nosotros. Para nosotros es un honor volverla a tener aquí, es parte ya de esta casa. Ha comparecido reiteradamente y siempre sus comparecencias nos ilustran ampliamente en materia de discapacidad y en materia de género igualmente.
El señor PRESIDENTE: La señora Tarruella no está presente, porque está atendiendo a otra Comisión, pero que conste en el "Diario de Sesiones" que si llegare después de la siguiente intervención por supuesto le concederemos la palabra. La tiene ahora, en nombre del Grupo Popular, la señora Bañuls.
La señora BAÑULS ROS: En primer lugar, quiero reiterar la felicitación del Grupo Parlamentario Popular a doña Ana Peláez y trasladarle nuestro sincero deseo de que su nombramiento como miembro del Comité de Seguimiento de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, sea lo más exitoso posible. No tenemos la menor duda de que así será y tanto España como las personas con discapacidad y sus familias tenemos en usted una gran valedora. Quiero agradecerle también su comparecencia en esta Comisión para hablar sobre un tema que nos interesa muchísimo y nos preocupa, como es la Convención de la ONU, y nadie mejor que usted, que ha adquirido el honor, el compromiso y la responsabilidad de formar parte de ese equipo de expertos independientes con una función muy definida. La convención como instrumento jurídico internacional de derechos humanos tiene, al igual que otros tratados, ese importante mecanismo de seguimiento que promueve el diálogo constructivo con los Estados para que se cumplan de hecho las disposiciones de la convención, para fomentar la responsabilidad y para que a largo plazo se refuerce la capacidad de los Estados parte para cumplir con sus compromisos y su obligaciones. Pero también en nuestro caso, ya que España ratificó el protocolo facultativo, el seguimiento, como usted bien ha dicho, implica el derecho de las personas a presentar una denuncia y tratar de obtener reparación. Por eso a nuestro grupo le gustaría que nos diera su opinión sobre lo que debemos hacer para facilitar el conocimiento de los procedimientos por los cuales las personas con discapacidad y sus familias pueden recurrir al comité cuando consideren que sus derechos individuales o colectivos han sido vulnerados sistemáticamente o de forma ocasional. Nosotros creemos que, si no existe ese conocimiento por parte del colectivo, difícilmente será efectivo ese control que debe ejercer el comité sobre el cumplimiento de la convención. También tenemos una curiosidad y una inquietud, al tiempo que una preocupación, no sé como identificarlo, y es por qué cree usted que de los 136 países lo han firmado o ratificado 42, pero solamente han sido 25 los que han ratificado ese protocolo facultativo. ¿Qué ocurre con los países, con los Estados de nuestro entorno?
Del mismo modo el comité, según señala la convención, deberá examinar esos informes iniciales sobre las medidas adoptadas para aplicar la convención y que se deben presentar en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor. Nos gustaría saber si usted, como experta y como persona que va a estar en ese Comité de seguimiento, considera oportuno y positivo que el Gobierno presentara previamente ante la Cámara estos informes como una medida no solo para supervisar -no queremos inmiscuirnos en aquellos que no nos compete; esa tarea, ya digo, les corresponde a ustedes- sino para hacer partícipes a todos los grupos parlamentarios, en aras a la transparencia, del estado de aplicación de la convención, y poder así realizar aquellas aportaciones que contribuyan a acelerar su plena implementación. La aplicación de la convención no solo exige legislación y políticas adecuadas, sino que también requiere recursos financieros, recursos financieros, que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que nos parecen insuficientes, y además instituciones que posean la capacidad necesaria para aplicar y supervisar esas leyes y políticas. En ese sentido, como usted bien sabe, y además nos acaba de lanzar ese deseo del Cermi, el artículo 33.2 de la convención prevé que cada Estado signatario designe o establezca uno o varios mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar la aplicación de la convención. En el caso de España, y haciendo referencia a ese organismo independiente, tal como usted ha mencionado, ¿cree usted que la mejor opción sería designar a la institución del Defensor del Pueblo para ese cometido, o piensa que se debería establecer cualquier otro organismo independiente?
En otro orden cosas, y aunque sé que esta pregunta excede del objeto inicial de su comparecencia, voy a aprovechar, si usted me lo permite, que nos ha recordado que la acción de España fue fundamental para la inclusión del artículo 6. El Plan de acción mujer y discapacidad, examinado en retrospectiva, constituyó sin lugar a dudas una avanzadilla en el ámbito de la igualdad de género en las consecución de los derechos de las personas con discapacidad. Yo le pregunto por su trabajo y por su experiencia en dicho plan y como comisionada de género del Cermi. Este plan que fue ambicioso y completo, sin embargo no ha llegado a aplicarse con la dimensión en que fue concebido. Me gustaría que nos dijera cuál es su opinión sobre las dificultades experimentadas durante su puesta en marcha y cómo podríamos evitar que se presentaran esas mismas dificultades con la implementación de la convención. Como experta en la materia, ¿cree usted sinceramente que estamos empezando con buen pie, o estamos de nuevo ante compromisos subjetivos que están creando grandes expectativas, pero con una aplicación real plagada de dificultades prácticas? Por último, usted ha hablado de las medidas y prioridades. Nos ha sugerido unas cuantas tanto al Gobierno como a la Comisión; pero yo pienso que tendríamos que hacer algo más para que la Convención de la ONU sea realmente lo que se concibió, es decir un instrumento jurídico internacional de derechos humanos que se ocupe realmente de las personas con discapacidad, que ofrezca a diferencia de sus predecesores un nivel de protección sin precedentes y además, y muy importante, que logre que toda la sociedad se implique en ese necesario cambio de modelo de tratamiento de la discapacidad, como usted bien ha recordado en su comparecencia.
Señora Peláez, termino y le doy las gracias de antemano porque sé que quizá me haya excedido, por su doble condición como experta en temas relacionados con la discapacidad y como miembro del Comité de seguimiento de la ONU; en cualquier caso, comprenderá que desde nuestro grupo no hayamos querido dejar pasar esta oportunidad que nos brinda su inestimable presencia en esta Comisión. Usted sabe que desde el Grupo Parlamentario Popular somos muy receptivos a cualquier sugerencia que nos pueda ofrecer y que vamos a seguir, en la medida de nuestras posibilidades, apostando por la implantación de los contenidos y de los valores de la convención en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Tardà quiere hacer uso de la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Brevemente, para agradecer a la señora Peláez su comparecencia, por habernos informado. Solamente quiero renovar nuestro compromiso de colaboración con Cermi. Si ustedes no existieran lo tendríamos muy mal para tener orientaciones claras sobre donde debemos actuar. Debo agradecerle también la apelación que ha hecho usted, y permítanme que esto no es anécdota, aun cuando le quiero plantear otra cuestión que quizás tiene mayor importancia, pero ya que me ha dado pie a ello, yo también lo hubiera dicho, creo que debería haberse traducido la convención al resto de lenguas españolas.
Dicho esto ahora estamos, en estos días, trabajando en la modificación o lo que será la modificación de algo tan importante como la Ley de Interrupción del Embarazo, de igual manera que estamos trabajando en esta casa con la posible evaluación que nos debe llevar también a la modificación de la Ley contra la Violencia de Género. Ayer mismo, también en el Pleno del Congreso se dio luz verde al trámite parlamentario de la modificación de la Ley de Igualdad. Estos son deberes inmediatos de los últimos meses, y me gustaría que nos ilustrara, si no es el momento rectifico y en todo caso ya nos interesaremos por su opinión, acerca de cuál es el debate profundo sobre la interrupción del embarazo. Esto es muy importante para nosotros, atendiendo incluso a aquello que a veces se interpreta o que da lugar a interpretaciones varias, y a veces polarizadas, sobre qué hay detrás de algo tan genérico y tan importante como el derecho a la vida, y que a veces se utiliza como apelativo para menoscabar derechos a las mujeres a interrumpir el embarazo. Si nos pudiera informar o pudiera ilustrarnos
para que tuviéramos mayor conocimiento de ello, si existió o si subyace este debate en la convención o si estuvo presente, se lo agradezco porque aprovechamos que usted sabe de lo que habla.
Usted ha hablado de un organismo gubernamental, ha hablado también de organismo independiente, ha hablado de un organismo independiente que tiene que velar; esto es fundamental, porque hay un tema recurrente, digamos, de enjundia política como es el seguimiento de los distintos Estados europeos a una convención tan importante firmada por la Convención de Naciones Unidas, por ejemplo, la relativa a los refugiado políticos. Sabe que esto es materia de controversia política y de distorsión incluso entre Estados, y no somos ajenos a ello. Es decir, la convención son las paredes maestras de un segundo o un tercer nivel de concreción de los derechos humanos; en este caso tenemos las paredes maestras que nos ofrece la convención, en este caso incluso no hay contradicciones entre la voluntad de las fuerzas políticas y el Gobierno del Estado español respecto a esta convención, luego es el mascarón de proa por donde debemos trabajar. Incluso nos ofrece la oportunidad de saber, repito, por donde tenemos que ir. Incluso nos ha dado usted deberes concretos cuando hacía referencia a todo aquello que tiene que ver con el aparato judicial. En todo caso, renuevo el compromiso nuestro de trabajar, poner empeño en todo ello, colaborar son ustedes y agradecerles siempre que nos iluminen, que nos ilustren por dónde tenemos que ir, y este es nuestro compromiso que, como se ha demostrado ya en la pasada legislatura, mantendremos estos próximos años.
El señor PRESIDENTE: No veo más grupos presentes, por tanto vamos a conceder la palabra a la señora Peláez para contestar a las preguntas y sugerencias que se le han formulado.
La señora PELÁEZ NARVÁEZ: Gracias a SS.SS. por estas reflexiones y por permitirme de nuevo lanzar algunas ideas en relación con las cuestiones que ustedes han tenido a bien plantearme. Voy a intentar responder a todos; en todo caso espero no dejarme nada en el tintero; si fuese así, les aseguro que las limitaciones del uso del Braille aquí a lo mejor me hacen olvidar de alguna de ellas, pero que no es ninguna cuestión intencionada.
En relación con la cooperación internacional, ¿qué se puede hacer y qué establece la convención para desarrollarla? Lo relativo a la cooperación internacional queda expresado en el artículo 32, y de alguna manera lo que hace es apelar a que los Estados parte, que realmente vienen teniendo ya una experiencia más ardua y más extensa en el desarrollo de políticas dirigidas a las personas con discapacidad, favorezcan precisamente estos modelos de buenas prácticas en otros entornos, en otras regiones, y que además haya ese esfuerzo de que, reconociendo como se reconocía por parte de la Organización Mundial de la Salud, que todavía existen 400 millones de ciudadanos y ciudadanas con discapacidad que lo tienen verdaderamente fatal, que hagamos todo lo posible por colaborar y ayudarles de alguna manera. En un país como el nuestro, que tiene además la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo, hacer algo tan simple como dedicar el 10 por ciento, exactamente la misma media de población afectada por discapacidad, de su presupuesto anual a programas o proyectos que tengan presentes la discapacidad, sería una medida extraordinaria, además de una repercusión magnífica, y además un ejemplo que se estaría dando también a la Unión Europea, a seguir por otros países que esperemos que en los próximos años ratifiquen igualmente la convención. Eso es una medida clara, concreta, que yo creo que no costaría mucho y que haría valer este artículo 32 de cooperación internacional. La vinculación histórica y fraternal que España tiene con América Latina me lleva a plantearles igualmente la necesidad de, por ejemplo, a través de la Ricotec, la red iberoamericana en donde tenemos presencia gubernamental para el sector de la personas mayores y personas con discapacidad, trabajar en pro de la difusión de la convención.
Esto lo relaciono con esa otra pregunta, que planteaba el Grupo Popular, el Partido Popular, sobre lo que se puede hacer realmente para hacer valer esta convención. Pues algo muy importante es difundir adecuadamente la convención, y cuando digo difundir no digo solamente entre las personas con discapacidad, que desde luego tienen que ser conocedoras plenas de lo que supone la convención en sus derechos fundamentales. La convención se hará realidad cuando toda la sociedad en su conjunto se vea concernida directamente por esta convención, y eso supone que se tiene que trabajar a distintos niveles para darla a conocer, para tomar conciencia de ello, en el sector judicial, en el sector, por ejemplo, sanitario, en el sector de la educación.
La señora Sánchez Rubio también hace alguna referencia, en España la situación es infinitamente mejor que en otras partes del mundo. Pero hace un par de semanas yo escuchaba que algunos alumnos con discapacidades de Galicia habían sido expulsados de sus colegios, en los que ya llevaban algunos años, porque según los centros de alguna manera para ellos resultaba casi imposible atenderles. Esto, desde mi conocimiento como experta, les digo que atenta directamente contra el artículo 24, es decir, que a veces no hace falta salir de nuestras fronteras para encontrar todavía limitaciones importantísimas en el disfrute de estos derechos fundamentales. El año que viene también conmemoramos el 20.º aniversario de los derechos del niño, y hay un artículo, el artículo 23, que habla de los niños con discapacidad; pero hay otros muchos artículos que hablan del derecho a la educación, a vivir en una familia, etcétera, y yo sinceramente, aunque tengamos aquella convención y aunque tengamos ahora esta, me pregunto qué estamos haciendo o qué es necesario hacer para que estas situaciones de vulneración que yo he comentado anteriormente, pero que seguro que hay muchas más, no se produzcan.
En relación con la contribución de España en la convención, esto me da pie para citar a dos personas que han sido verdaderamente excelentes interlocutores de España en el trabajo de esta convención. Una es Encarna Blanco, una mujer que desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ahora desde otro, ha venido trabajando y atendiendo estas reuniones del Comité ad hoc desde sus primeros momentos. Les aseguro que el papel desarrollado por esta mujer en Nueva York ha sido excelente para hacer valer las necesidades que desde el tejido asociativo de la discapacidad de España se le venían presentando y sugiriendo en relación con los trabajos de la convención. Otra persona que también ha sido un gran valedor de nuestros derechos fundamentales es don Fernando Fernández Arias, que fue anteriormente el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España.
Sinceramente, me he sentido orgullosa, dichosa y privilegiada al ver que estas dos personas se hacían eco tan visiblemente de las sugerencias que desde nuestro sector les hacíamos llegar en cada momento de sus intervenciones.
La participación de España y el éxito que yo diría que ha tenido España es como ha sabido, ha sido un situación in crescendo, incorporar poco a poco, de manera paulatina, pero con decisión total y absoluta, la perspectiva de la discapacidad en esta intermediación de trabajo en las Naciones Unidas, hasta el punto de incorporar como delegación gubernamental al propio Cermi en los trabajos últimos de la convención, o cómo ahora se ha hecho eco de esa candidatura, en este caso mía, para formar parte de este comité. Ese hito, que no lo menciono aquí porque me beneficia a mí, sino porque así ha sido también considerado por otros países, es algo que va a marcar de alguna manera el papel de España ante esta convención.
Las cuestiones de género, y ahora entro directamente en este otro ámbito que ustedes han planteado, ya lo decía, a través del artículo 6 se han llevado a cabo de manera satisfactoria gracias a la intermediación de España ante especialmente la Unión Europea, que se oponía tajantemente a crear un artículo específico, y además en un momento en el que los tres últimos artículos que se incorporaron a la convención fueron el artículo 11 -sobre la situación en los entornos, que también se ha comentado aquí, de las situaciones de emergencia y entornos de conflicto, porque en aquel momento recuerdo además que en las negociaciones de Naciones Unidas había vuelto a surgir el conflicto armado directamente Palestina-Israel, y se translucía en este tipo de decisiones-; el artículo 12, por supues-to, que fue el último que se admitió; y el anterior, el artículo 6, porque había toda una reacción de países, especialmente árabes y arropados después de por ellos otros tantos, que se oponían directamente. De hecho, no se puede hablar de transversalidad de género en el articulado, porque no la hay. Fíjense que en un artículo fundamental, como es el artículo 27, el del derecho al empleo, no se habla nada de las mujeres con discapacidad, cuando, lamentablemente, es una de las principales causas de discriminación que sufren las mujeres con discapacidad; no la sufro yo, pero la sufren casi todas ellas. He tenido otra suerte diferente y, desde luego, mi trabajo está enfocado en luchar porque otras mujeres corran la misma suerte que he tenido yo. Pero fíjense que incluso en relación con la perspectiva de infancia pasa lo mismo, muchos niños y niñas acaban siendo niños y niñas con discapacidad porque están sometidos a una condición de trabajo forzado, de trabajo haciendo alfombras o haciendo cosas que al final provoca una incapacidad, y nada de esto es tenido en cuenta, por ejemplo, en el artículo 27. Entonces, digo, perspectiva de género y perspectiva de infancia no hay, hay menciones sueltas que al final, si ustedes me permiten la expresión, se han metido con calzador, pero ya está, porque la cultura en este diálogo multilateral y multicultural, la cultura tradicional de países donde las mujeres y niñas no tienen ninguna oportunidad, ha impedido que determinadas cosas salieran adelante, y sinceramente les digo las cosas tal y como las siento.
Ustedes decían, en cuanto al órgano de seguimiento independiente de la convención, ¿debería ser el Defensor del Pueblo? La convención ya de entrada establece que se pueden determinar el número de órganos que se considere oportuno; no hace falta crear dos o uno, sino que se pueden designar los que se considere. Lo que sí que está claro es lo siguiente, lo que dice el artículo 33 en el apartado tercero, y es que en todo caso las personas con discapacidad tienen que tener presencia y participación directa. Y por eso creo sinceramente, siguiendo el modelo que se está intentando implementar también en otros países, que el Cermi, la plataforma que reúne a más de 4.500 organizaciones del sector, tiene mucho que decir en este terreno.
En cuanto a si los informes nacionales que se presenten deberían o no deberían pasar por esta Comisión o por los órganos que ustedes determinen, yo considero que enriquecer un texto, un documento, un informe, me parece una práctica buenísima. Ciertamente en todo esto hay que velar también por que después la operatividad haga posible todo eso.
Ojalá que ese informe pudiera estar sometido a cuantos órganos de revisión ustedes estimaran oportunos. Lo cierto es que, vuelvo a insistir una vez más, me parece que el Consejo Nacional de la Discapacidad, y si se determinara como organismo independiente el Cermi, ambos órganos pudieran de alguna manera tener ese consenso, y estaría bastante bien.
Si, a mayores, también se pudiera traer aquí, me parecería excelente. No sé si me he dejado alguna cuestión más en el tintero.
En relación a lo que me comentaban desde el grupo de izquierdas, la verdad es que sí que me quedaba un tanto sorprendida estos días pasados cuando buscaba directamente la traducción de la convención a las lenguas oficiales. Eso se tiene que abordar de manera inmediata y se tiene que poner a disposición de todo el mundo
porque si no, no estamos haciendo verdaderamente efectivo este instrumento.
En cuanto a cuestiones más colaterales, ya no tan relacionadas con la convención, el Plan de acción del Gobierno, entiendo, en materia de mujeres o por ejemplo el tema del aborto, les digo lo siguiente. En relación con el Plan de acción de las mujeres que desarrolló el Gobierno en colaboración con Cermi, ha adolecido desde el primer momento de recursos económicos para su desarrollo. Se han impulsado medidas muy interesantes y se han conseguidos avances importantes para las mujeres con discapacidad, pero lamentablemente el plan se rompe, el plan se fractura en el momento en el que no hay ninguna provisión de recursos ni previsión de desarrollo autonómico. Y es en este momento donde, evidentemente, el plan se cae. Es necesario revisarlo y es necesario que nos volvamos a sentar para ver, a la luz de la nueva encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre la situación de la discapacidad en España, cómo estamos las niñas y mujeres con discapacidad en relación con los hombres y niños con discapacidad, pero también en relación con la población en general. Y entonces, a lo mejor, será el momento para reconducir cuestiones que hasta ahora no se ha podido hacer.
En cuanto al aborto eugenésico, les comento que desde luego en una ley de plazos, como la que tenemos ahora, el tercer supuesto, por razón de discapacidad, es completamente incoherente con la convención. La convención establece en el artículo 10 el derecho a la vida, el derecho a la vida de cualquier persona, y eso también supone de cualquier persona con discapacidad. En una ley de plazos, esa coletilla o el motivo de por razón de discapacidad no puede estar contemplado, según lo que establece esta convención.
Ahora creo que ya sí que he respondido a la mayoría de sus cuestiones y, si no fuera así y ustedes quisieran recordarme cualquiera de ellas, estaré encantada de volver a toma la palabra.
El señor PRESIDENTE: Ha sido exhaustiva su respuesta, suficiente, si interpreto bien los gestos de los señores miembros de los diversos grupos parlamentarios. Antes de despedirla, si me lo permite, me gustaría sugerir a los grupos parlamentarios si podemos formular, en nombre de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, una recomendación al Gobierno, como depositario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por razones obvias conozco muy bien, para que sea traducida a las lenguas cooficiales españolas, tal y como la señora Peláez nos indicaba. Si, como interpreto, hay voluntad unánime por parte de los grupos parlamentarios, si me lo permiten ustedes me dirigiré al Gobierno, como presidente de la Comisión, indicando la necesidad de que se produzca esta traducción a las lenguas cooficiales en el menor tiempo posible, y de ese modo mostrar nuestra sensibilidad y nuestra absoluta conexión con cuanto los representantes de las personas con discapacidad nos solicitan a los miembros de esta Cámara, a los representantes del conjunto de los ciudadanos españoles. Muchísimas gracias, señora Peláez, gracias por su intervención, brillante y exhaustiva como siempre. En este momento finaliza su comparecencia y daremos paso a la siguiente establecida en el orden del día, en solo un par de minutos.
(Pausa.-El señor vicepresidente, Garre López, ocupa la Presidencia.)
- DE DON RAFAEL DE ASÍS ROIG, CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, COORDINADOR POR CUENTA DEL CERMI Y FUNDACIÓN ONCE DEL TRABAJO ACADÉMICO SOBRE EL AJUSTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL A LA CONVENCIÓN, A EFECTOS DE INFORMAR: EN RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de expediente 219/000012), DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (número de expediente 219/000043) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 219/0000).
El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Continuamos con el orden del día de hoy y a continuación vamos a dar la palabra para solventar el punto 3.º a don Rafael de Asís Roig, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, coordinador por cuenta del Cermi y Fundación ONCE del trabajo académico sobre el ajuste del ordenamiento jurídico español a la convención, a efectos de informar en relación con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta comparecencia se produce a solicitud del Grupo Socialista, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra don Rafael de Asís Roig.
El señor DE ASÍS ROIG: Con la venia. Había pensado dividir mi intervención en tres puntos, pero creo que lo voy a dejar en dos o en dos y medio, por decirlo de alguna manera, porque uno de ellos pretendía describir la convención, y creo que no tiene sentido. Ha habido ya una intervención anterior en la que se ha descrito el contenido. Me voy a centrar en un primer momento en situar la convención en el ámbito de los derechos humanos, en cómo se sitúa la convención en el ámbito de los derechos humanos; en segundo lugar me referiré a lo que entiendo que es la filosofía de la convención, que me parece importante, además del articulado; y un tercer punto tendrá que ver con alguna de las cuestiones sobre la incidencia de la convención en el ordenamiento jurídico español.
Como se ha dicho cuando se me ha presentado, yo formo parte de un instituto de
derechos humanos, un instituto universitario en la Universidad Carlos III de Madrid, y estamos en este momento realizando un proyecto de investigación por encargo de la Fundación ONCE y del Cermi, y también en el ámbito del Ministerio de Educación, precisamente sobre el impacto de la convención en el ordenamiento jurídico español. En este proyecto estamos trabajando todavía, por lo que tenemos ya constataciones e intuiciones sobre todo de cómo puede afectar, y en ese último momento me referiré a ello.
Primera parte sobre la situación de la convención en el discurso de los derechos humanos. De alguna manera el discurso de los derechos humanos contemporáneo se puede describir como de lucha contra la discriminación.
En él se sitúan planteamientos que pretenden extender los derechos a colectivos que no los tenían satisfechos, establecer mecanismos de protección internacional de los derechos, y todo ello desde el manejo de la idea de igualdad en sus dos grandes dimensiones: la idea de la igualdad como diferenciación negativa y la idea de igualdad como diferenciación positiva; todo ello además desde el presupuesto de un punto de partida tradicional en la actualidad en el ámbito de los estudios sobre los derechos, que es el punto de vista de la diversidad.
El punto de partida, a diferencia de lo que venía ocurriendo tradicionalmente, es que los seres humanos somos diferentes y lo que ocurre es que hay diferencias que consideramos que son relevantes para un trato distinto y otras que no lo son; la idea de la lucha contra la discriminación maneja esos dos sentidos. Es en ese ámbito en el que en la actualidad y de forma más o menos reciente -si observamos la historia de los derechos vemos que la inclusión de la discapacidad en esta historia es un fenómeno reciente- se da entrada a los derechos de las personas con discapacidad. Digo que es un fenómeno reciente, y no me voy a centrar mucho en esto, porque, como ustedes saben, la discapacidad se ha abordado en la historia desde diferentes modelos. Hubo un modelo en la antigüedad que algunos han llamado el modelo de prescindencia, que consistía incluso en justificar acabar con las personas con discapacidad, que no eran útiles o habían sufrido un castigo en muchas ocasiones divino, y en ese sentido había que apartarlas de la sociedad o acabar con ellas. Hubo un modelo médico rehabilitador, un modelo incluso presente en el siglo XX y en muchas de las normativas contemporáneas sobre la discapacidad, que consistía en considerar que la discapacidad, si se quiere la deficiencia que producía una discapacidad, era un defecto, y lo que tenía que hacer el derecho era normalizar a las personas con discapacidad, rehabilitarlas, integrarlas, y en ese sentido las políticas normativas en materia de discapacidad eran sobre todo asistenciales o de índole sanitaria. En la actualidad han aparecido otros dos modelos, que son los presentes en la convención, que algunos han llamado el modelo social y el modelo de la diversidad.
El modelo social es básicamente -volveré a hacer alusión a él- un cambio de paradigma en el análisis de la discapacidad. Si antes decía, por poner un ejemplo y siendo breve, que el modelo médico venía a demandar que las políticas normativas normalizaran a la personas con discapacidad, el modelo social entiende que la discapacidad en muchos casos es producto de cómo hemos construido la sociedad, y en ese sentido lo que tienen que hacer las políticas normativas en muchas ocasiones es normalizar a la sociedad; no se trata de normalizar a la persona con discapacidad, sino más bien normalizar a la sociedad. El modelo social se centra sobre todo en la situación en que se encuentran las personas con discapacidad, y en ese sentido es un modelo que se corresponde mucho con las políticas antidiscriminatorias o con aquellas políticas que luchan contra la discriminación. El otro modelo, el de la diversidad, que también es contemporáneo y, como digo, está presente también en la convención, comparte esta idea de que en muchas ocasiones es la sociedad la que discapacita, la que produce que existan personas con discapacidad; pero, a diferencia del modelo social, ese otro maneja un enfoque de grupo, por decirlo de alguna manera, o un enfoque identitario en otros ámbitos. Lo que viene a señalar es que el colectivo de personas con discapacidad se identifica por una serie de rasgos que favorecen la diversidad social, y en ese sentido desde esos rasgos se puede justificar la demanda del reconocimiento de derechos concretos. No se centra tanto en una situación de discriminación, sino más bien en lo enriquecedor que es para una sociedad que existan seres humanos distintos o diversos. La convención, como les decía, acoge estos dos modelos, preferentemente el modelo social, pero también en algunas partes de su articulado hay presencia de la filosofía de la diversidad.
Sobre la historia y el contenido de la convención no me voy a centrar, paso todas estas diapositivas. Me quería centrar brevemente en lo que algunos consideramos que es la filosofía de la convención; me quería centrar en cinco puntos. Por un lado, en la concepción de la discapacidad se habrá hablado aquí -yo no he podido estar en toda la intervención anterior, pero seguro que se habrá hablado de esto- los principios que la guían; de la estrategia; de la idea de accesibilidad universal, que me parece fundamental en el tratamiento de los derechos de las personas con discapacidad; así como de lo que es la cuestión -ya se habrá dicho aquí- más controvertida o lo que fue la cuestión más controvertida en la aprobación de la convención y que de hecho yo creo -luego hablaré también de esto- lo será en el impacto, en su traducción o en su traslado al ordenamiento jurídico español, que es el tema de la capacidad jurídica.
En la convención aparecen definiciones sobre la discapacidad. Aparece ahí un concepto de persona con discapacidad que es muy acorde con lo que le señalaba antes, con lo que es el modelo social. La discapacidad no se define necesariamente por unos rasgos que caracterizan a una persona, no se define necesariamente por unas deficiencias, sino que en mucho casos la discapacidad se entiende que tiene su origen en la existencia de
barreras, de barreras sociales, en la existencia de estructuras sociales, con la propia existencia de formas de filosofías presentes en la sociedad. En ese sentido, se maneja un concepto de personas con discapacidad abierto. Obviamente, se da una definición, pero una definición que es abierta. Se dice: las personas con discapacidad incluyen. El término incluyen es importante, lo que quiere decir que no son solamente estas que se va a decir; es un concepto abierto, incluyen aquellas que tengan deficiencias, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La idea de que se plasma el modelo social de discapacidad y que se maneja una definición abierta, algo diferente de lo que ocurre por ejemplo en nuestro ordenamiento jurídico, en el que se asocia la discapacidad con un porcentaje de minusvalía, es ya un rasgo importante de la convención y responde a muchas de las demandas que se hacen desde los propios colectivos de las personas con discapacidad, o estaba presente en el nivel de pensamiento y de reflexión en este ámbito.
Principios que guían la convención. Saben ustedes que hay un artículo dedicado a los principios, pero yo creo que se pueden reconducir a tres.
Por un lado está el principio fundamental en el ámbito de los derechos humanos, que es el de la dignidad, centrado o relacionado con otros dos, que son -tampoco podemos aquí detenernos mucho en esto- dos elementos consustanciales a la propia dignidad, la autonomía y la independencia; en el discurso de las personas con discapacidad, sobre todo el segundo, la idea de independencia, es un valor y un principio muy fuerte. Está la igualdad y no discriminación, con muchas proyecciones; no discriminación en sentido estricto, pero también en el ámbito de la participación, en el ámbito del respeto a la diferencia, diversidad, la igualdad hombre y mujer y también con especial referencia a la situación de los niños y niñas con discapacidad. Incluye además el de accesibilidad universal, al que luego me referiré.
La estrategia de la convención. Es importante, ya se habrá dicho, supongo, ser conscientes de que la convención internacional no reconoce derechos nuevos; no es un instrumento que sea un nuevo reconocimiento de derechos humanos, más bien lo que pretende es luchar contra la discriminación en el disfrute de los derechos por parte de las personas con discapacidad.
En ese sentido, maneja un concepto de no discriminación que, centrado en el resultado discriminatorio, les decía, en la situación de discriminación y no necesariamente vinculada a la voluntad de las personas que discriminan, abarca los distintos tipos, la directa, la indirecta e incluso la discriminación que podríamos entender como estructural; comprende la discriminación no solo a la persona con discapacidad, sino también por motivo de discapacidad. Esto es importante, porque en muchos casos las discriminaciones que sufren las personas son por motivos de discapacidad y no porque sea una persona con discapacidad, porque existe o puede existir por parte de quien discrimina la creencia de que se trata de una persona con discapacidad cuando no lo es. También un aspecto muy importante en la convención es que se reconoce que la denegación de ajustes razonables es un tipo de discriminación.
Saben ustedes que la cuestión de la relación accesibilidad, diseño para todos, ajustes razonables es un tríada, por decirlo de alguna manera, muy importante en la ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, y en ocasiones la comprensión que se da en algunos ordenamientos jurídicos del significado de los ajustes razonables permite no integrarlo dentro del ámbito de la discriminación, pero la convención en eso se pronuncia claramente: la falta o ausencia de ajustes razonables. Cuando no se lleva a cabo un ajuste razonable, esto constituye un tipo de discriminación. Muy importante en toda la filosofía de la convención es obviamente el principio o la de idea de accesibilidad universal. Yo creo que quizá es una crítica que se podía hacer a la convención. La convención no da un paso, como no lo da nuestra normativa y como no aparece prácticamente en ninguna normativa, para considerar la idea de accesibilidad como un derecho; sigue hablando del principio del derecho de accesibilidad universal. Los juristas sabemos las diferencias entre los principios y los derechos. En todo caso, la accesibilidad universal es una condición esencial, es la puerta, una de las puertas de entrada al propio ejercicio, al propio disfrute de los derechos, y adquiere una relevancia fundamental. Y el último gran elemento, por decirlo así, de la filosofía de la convención es la cuestión de la capacidad jurídica. Como saben ustedes, esa fue en la negociación de la convención la cuestión más polémica, que incluso dio lugar -se habrá dicho también- a la introducción en algún momento de un pie de página en donde se aclaraba el significado de lo que era la capacidad jurídica en algunos idiomas.
Finalmente se suprimió ese pie de página y la convención, en el tratamiento de la capacidad jurídica, también produce otro cambio de paradigma, lo que se entiende como el paso del modelo de sustitución al modelo de asistencia en la toma de decisiones. Los dos modelos son complejos. Yo aquí los he tratado de describir de una manera quizá excesivamente simple. El modelo de sustitución es un modelo en el que se diferencia la capaci-dad jurídica y la capacidad de obrar; todos tienen capacidad jurídica, pero algunos puede tener limitada su capacidad de obrar. Cuando tienen limitada su capacidad de obrar el remedio que proporciona el derecho es sustituir la voluntad de esta persona por otro, mientras el modelo de asistencia realmente no diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Se puede pensar que existan circunstancias excepcionales a la hora de ejercer las distintas disposiciones de la voluntad, pero no se debe partir de la idea de la sustitución, de sustituir la voluntad de la persona, sino más bien de apoyarla. Los defensores, como digo aquí, del segundo enfoque consideraban que el primero, el modelo de sustitución -que prácticamente era el modelo, que es, era en el ámbito internacional, lo
sigue siendo en el ámbito de muchos ordenamientos jurídicos- facilitaba la tergiversación de los deseos de las personas, fomentaba su falta de responsabilidad, suprimía sus sensibilidades y disminuía su capacidad de crecimiento. La capacidad jurídica para el modelo de asistencia debía estar así relacionada con la libertad, con la posibilidad de errar y de equivocarse, como todo ser humano, con el riesgo como espacio que todos debemos tener, y no con la sabiduría, con la prudencia o con la perfección en las decisiones.
Paso ya al último de los puntos, la incidencia general de la convención en el derecho español. De lo primero que hay que ser conscientes -se ha dicho también aquí- es de que la normativa española en materia de discapacidad en los últimos años ha ido evolucionado y se ha ido adaptando al modelo social. Realmente la Liondau recoge en muchos casos este modelo social, pero en todo caso la normativa española, aunque ha avanzado mucho, va a chocar en algunos puntos con la convención. Yo no tuve ocasión de seguir todo el proceso de negociación de la convención.
Obviamente el Instituto de Derechos Humanos ha estado trabajando en estos temas, algunos de sus investigadores estaba por ahí; en algunos ámbitos existía la creencia de que la convención no planteaba -al menos me llegaba eso- grandes problemas con el ordenamiento jurídico español. Yo no sé si serán grandes problemas, pero plantea necesariamente alguno de acomodo. Es importante ser consciente de que un tratado de derechos humanos, como es la convención, no es un tratado internacional cualquiera. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos una disposición constitucional, que es el artículo 10.2, que nos obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales sobre esa materia, ratificados por el Estado; esto implica que estos tratados internacionales casi tienen un nivel constitucional. Incluso hay quien ha defendido que tienen rango constitucional; tienen una relevancia fundamental a la hora de dar sentido a los derechos recogidos en nuestra Constitución. Obviamente, todo esto, como ocurre en el derecho, depende de la voluntad política que se tenga, de la interpretación que se quiera hacer de la convención. Las normas jurídicas son textos enunciados que se interpretan de diferente manera, y obviamente de lo que también debemos ser conscientes es de que muchos de estos cambios van a exigir, exigen decisión, pero también toma de posturas y cambios en la manera de pensar muy tradicional, pero que se deberían ir haciendo.
Decía antes que lo principal de la convención es dos cambios de paradigma que están muy relacionados: modelo social y cómo tratar la capacidad jurídica. También la convención va a afectar o afecta a ámbitos normativos que tienen que ver con la salud, sanidad, investigación, con la libertad y seguridad, con el trabajo, empleo, servicios sociales, con otras cuestiones de derecho privado, con dimensiones relativas a la organización de justicia, servicios públicos e incluso también, por qué no, con medidas de tipo fiscal o tributario. Realmente nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación sobre esto y precisamente en estos ámbitos se han centrado, están centrados los investigadores.
La convención ya nos obliga a reinterpretar el artícu-lo 49 de la Constitución, que saben ustedes que es el único artículo que hace referencia concreta a las personas con discapacidad; lo hace ya con una terminología completamente enfrentada a la convención, aunque obviamente lleva sus trámites la reforma de un texto constitucional, pero obliga a cambiar la manera de entender los términos de ese artículo. El artículo habla de previsión, de tratamiento, de rehabilitación, de integración, de atención especializada, y estos términos deben ser puestos en consonancia con lo que es el modelo social. Una política de previsión de la discapacidad no es de tipo sanitario solo, sino que es una política, conforme a lo que es el modelo social, que tiene que tener en cuenta factores sociales; tiene que prever también la posibilidad de esos factores sociales como factores que discapacitan.
El tratamiento de la discapacidad tampoco puede ser exclusivamente médico asistencial, sino que tiene que serlo ya desde los derechos; el discurso de los derechos ya es el referente para abordar la discapacidad. La rehabilitación -es lo mismo que decía antes- no puede ser solamente entendida en un sentido médico, sino que también debe ser una rehabilitación social. Aquí las políticas de empleo, por ejemplo políticas de integración, que es el siguiente punto, son fundamentales.
La integración debe ser entendida no como una asimilación, no como el rechazo a la diversidad, sino como la inclusión, emancipación y equiparación de derechos. La atención especializada, a la que también hace referencia la Constitución, no tiene que llevar necesariamente al establecimiento de políticas, por ejemplo en el ámbito de educación, de educación especial, sino más bien a políticas de educación inclusiva: integrar a las personas con discapacidad en el ámbito ordinario de la educación, en el ámbito laboral ordinario, etcétera.
Por otro lado, como incidencia también está, les decía antes, el asunto de la capacidad. El artículo 12.2 de la convención es muy tajante en esto.
Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con la demás en todo los aspectos de la vida. Esto implica asumir ese modelo de apoyo o asistencia en la toma de decisiones, y esto necesariamente va a tener una incidencia en el ordenamiento jurídico español. Va a tener una incidencia en el ordenamiento jurídico español en instituciones, en mecanismos de gran tradición jurídica; va a tener incidencia en la manera en que entendemos la capacidad. Nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico, diferenciamos capacidad jurídica y capacidad de obrar. Nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos un proceso de incapacitación que, como tal, se enfrenta a este artículo de la convención. En nuestro ordenamiento jurídico para todo ese proceso de incapacitación y ese tratamiento hay una figura, como es la de la tutela, que es el modelo de sustitución y no el
modelo de apoyo. Esto implica que nos vamos a ver obligados necesariamente a discutir y, yo diría más, a reformular toda esta normativa. Obviamente, esto es difícil hacerlo de un día para otro sobre todo -lo digo yo como jurista y como profesor en el ámbito del derecho- porque aquí funcionamos o nos estamos enfrentando a una tradición muy difícil de remover, pero yo creo que en ese sentido hay que ser valientes y fomentar quizá el diálogo, la reflexión social sobre esto, y ver qué es posible. Lo mínimo sería esto que aparece al final, decir que vamos a hacer que la curatela sea la regla, que la medida de apoyo sea la regla, y olvidarnos, eso sí, o separarnos completamente de lo que es la tutela.
Luego la convención, como decía, afecta a otros ámbitos; aquí señalo algunos que también hemos de tenerlos en cuenta. Nosotros en el ámbito de la investigación, ya hemos detectado algunas normas generales, -ahora diré algunas-, pero que afectan a estas materias, salud, sanidad e investigación, y que necesitarían ser de alguna manera retocadas. En muchos casos, lo que se exige es que en todos estos ámbitos de nuevo la perspectiva del modelo social esté presente, lo cual es muy importante en todo lo que es salud y sanidad. En el ámbito de la libertad y seguridad, la convención lo que establece claramente es que no puede existir una privación de libertad consecuencia exclusiva de la discapacidad de una persona, y esto también nos produce cambios importantes en el ordenamiento jurídico. Es necesario dar las oportunidad a las personas con discapacidad de integrarse de manera plena en el ámbito de trabajo, de empleo, de servicios sociales; ahí la accesibilidad es una dimensión fundamental. Y en los casos puntuales, en los casos puntuales, vuelvo a decir, los ajustes razonables, cuando no se pueda hacer accesible porque no haya habido una previsión que tiene que ser solucionada -porque obviamente esto es así, la accesibilidad tiene que hacerse en este ámbito, en el ámbito laboral accesible-, en aquellos casos puntuales muy específicos de una persona, el ajuste es razonable. El tema de la capacidad sobre todo. El acceso a los servicios públicos es de justicia también, en el ámbito de la participación. La accesibilidad, en un mundo como en el que estamos, de lo que son todos los medios audiovisuales también es fundamental. Y no digamos ya en el ámbito educativo, en el ámbito educativo no universitario y muy claramente -esto lo digo con conocimiento- en el ámbito universitario, donde el grado de acceso de las personas con discapacidad es un grado muy oscuro, y eso es un dato.
Hablaba asimismo de la posibilidad de utilizar la política fiscal para promover el cumplimiento de obligaciones de la convención y la creación de instancias y mecanismos de seguimiento.
Y termino. Incidencia concreta, les decía. Del estudio lo que se desprende es que la convención de alguna manera nos obliga a retocar cuestiones del Código Civil, del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, normativa en materia de educación, leyes orgánicas. Al menos siete; en el estudio se han detectado más, diversas leyes ordinarias, otras disposiciones normativas, hay todo un cúmulo de articulado en nuestro ordenamiento jurídico que de alguna manera se enfrenta a la convención. En algunos casos, por cuestiones terminológicas, que son muy importantes en el tratamiento de esta cuestión, porque entender el modelo social, se decía antes, requiere que haya toda una política de sensibilización, de explicación y de educación en este ámbito. Y las cuestiones terminológicas son también muy relevantes. Es necesario en este sentido establecer una estrategia, una estrategia normativa, que permita adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la convención. Obviamente, ya se lo decía, hay aspectos que son sencillos, creo, y hay otros aspectos que son más complicados, pero la convención apuesta de una forma mucho más acorde con los derechos humanos de entender la discapacidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Siguiendo con la comparecencia, y para formular preguntas, sugerencias u observaciones, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista el señor Muñoz Gómez.
El señor MUÑOZ GÓMEZ: Señor De Asís, desde el punto de vista del derecho, hoy he aprendido bastante. Aprender también nos hace más libres, podemos tener más opinión. Creo que el Cermi y la Fundación ONCE han hecho un buen encargo a la universidad, al conocimiento, para ponerlo al servicio de los ciudadanos, en este caso de un colectivo muy importante como son las personas con discapacidad. Estamos celebrando acontecimientos. Hace muy poco, treinta años de Constitución; hoy, sesenta años de derechos humanos. Fue en la ciudad de París donde vio la luz dicha Declaración Universal de Derechos Humanos y puso de manifiesto algo que es muy importante, aprobó un texto que estaba destinado a convertirse en un ideal común por el que todos los pueblos y naciones debemos esforzarnos.
También, aunque menos, el próximo día 13 de diciembre se van a celebrar dos años de la convención; España, y su Gobierno, la firmó el 30 de marzo de 2007, como ya se ha dicho, y esta casa, el Congreso de los Diputados, la ratificó el 3 de diciembre del mismo año 2007. Con la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU del documento de la convención se aprueba el primer tratado de derechos del siglo XXI, que tiene como objetivo primordial proteger los derechos de más de 650 millones de personas con discapacidad. La convención, por tanto, llena un vacío en el marco de las normas internacionales de derechos humanos. Lo explica detalladamente la propia convención en sus 50 artículos, que todos deberíamos conocer, y comprenden, entre otros, los derechos civiles y políticos, la accesibilidad, la participación y la inclusión, el derecho a la educación, la salud, el trabajo y el empleo, y la protección social.
Cabe señalar que la convención reconoce que se necesita, y aquí también se ha dicho, un cambio de actitud de la sociedad para que
las personas con discapacidad logren la igualdad de condición.
Los defensores de las personas con discapacidad de todo el mundo han desempeñado una función decisiva con su participación en la redacción de esta convención. Han estado representados en delegaciones gubernamentales institutos nacionales de derechos humanos y organizaciones de personas con discapacidad, en el caso de España, de nuestro país, representados por el Cermi y la propia Fundación ONCE. La participación de todos estos colectivos ha traído un avance decidido en el derecho internacional para impulsar a todos los países a reconocer en sus legislaciones nacionales los derechos de las personas con discapacidad. Es una batalla dura la que nos va a tocar vivir desde el punto de vista de que no todo el mundo ha firmado todavía esta convención y España, siendo pionera, también lo será desde el punto de vista de conseguir antes seguramente ese acoplamiento de los derechos de la personas con discapacidad. Seguramente, y usted lo ha planteado yo creo que con mucha claridad, la convención obliga a adaptar nuestro ordenamiento jurídico como un nuevo modelo social. Hemos pasado ya del modelo caritativo, sin menosprecio de ese modelo, del modelo asistencial, a un modelo social y de derecho, y estamos hablando ya de derechos exigibles ante las autoridades públicas. Es seguro que habrá que hablar de la propia definición de la capacidad, qué es, quiénes son discapacitados o quiénes son capacitados; habrá que hablar del Código Civil, como usted también planteaba, y de las leyes, orgánicas o no, que convengan. Pero creo que esos trabajos han de hacerse sin prisa pero sin pausa.
Estamos ante un gran paradigma para el colectivo de personas con discapacidad, no solamente para ellos, también para la propia sociedad española y europea, y, si me apuran, mundial. En estos trabajos, señor De Asís, ¿cuáles están siendo los más importantes o los que aparecen con más énfasis en la discusión entre el movimiento asociativo, que tiene lógicamente mucho que decir, y el mundo académico, que no tiene por qué mantener las mismas visiones? ¿Cuáles deberían ser, bajo su punto de vista, los tres, cuatro o cinco primeros ajustes que se deberían tener en consideración para acoplar, como decíamos, a la convención todo el entramado jurídico legal español? Y vuelvo a repetir que he aprendido un poquito más de lo que sabía en esta tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Francisco Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor De Asís, esta es su casa. En segundo lugar, gracias por su exposición, por aclarar algunos conceptos. Yo creo que todo el mundo tiene más o menos una concepción clara de la situación en la que estamos en España sobre la discapacidad y lo que hay que hacer ahora para la trasposición, pero me va a permitir que yo le haga algunas preguntas, como experto, como estudioso del tema, y algunas reflexiones que yo creo que pueden servir para que, según su punto de vista y ya que usted está trabajando en la universidad con los temas de discapacidad, quizá me pueda dar alguna respuesta y para dar más luz a la calle.
Insisto en que hay una serie de recomendaciones necesarias y urgentes. A mí me gustaría en primer lugar, desde su punto de vista, que nos contase usted cuáles son las más inmediatas, las más necesarias, las más urgentes, para tratar de conseguir lo que se pretende con esto de la normalización de las personas con discapacidad, la interacción natural con la sociedad sin ningún tipo de condicionamientos. Estamos pasando etapas de la caridad a la justicia o, como muy bien decía usted, estamos pasando de las situaciones asistenciales al disfrute de los derechos; porque evidentemente los derechos los tenemos como ciudadanos, el problema es el acceso y el disfrute de esos derechos por las circunstancias de cada persona con discapacidad. Hay una serie de artícu-los que, por supuesto, están manidos, todo el mundo estamos de acuerdo, hay que seguir desarrollando este tema, y en el ordenamiento jurídico español ya hay mucha documentación y mucha legislación. El artícu-lo 21, sobre movilidad e independencia; el artículo 24, sobre la educación; el 25, sobre la salud; el 27, sobre empleo; sobre la inclusión social e inclusive política, el 28 y el 29. Pero hay algunas sutilezas. A mí, por ejemplo, me gustaría saber cuál es su punto de vista, cómo cree que se deber afrontar, cómo sugiere que se haga. Porque abolir las leyes, según el artículo 4, las leyes, los reglamentos, o adaptarlos, digamos que tiene un cauce. Pero cómo sugiere usted las costumbres, las prácticas sociales, qué enfoque hay que darle, cómo se puede afrontar la modificación de las prácticas sociales que supongan una discriminación a este sector. Como el artículo 8 dice, hay que combatir estereotipos y prejuicios, ¿pero cómo? ¿Tiene meditado el grupo de sabios con el trabaja usted, entiéndame, de expertos, de conocedores que profundizan el tema, cómo afrontar esto, que no es fácil?
Como le decía, hemos pasado de la caridad a la justicia, estamos pasando ya a conseguir la situación de disfrute de los derechos, tenemos ya la firma de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un declaración, y lo que ya se convierte en algo vinculante, que es la ratificación y sobre todo la firma del protocolo. Pero por la especial vulnerabilidad del sector a que nos estamos refiriendo, ¿qué instrumentos vinculantes considera usted que se deben utilizar, que se deben aplicar? Hago una reflexión en voz alta y yo me imagino que una difusión adecuada, según el protocolo, corresponde al Gobierno. Yo creo que no se está haciendo la adecuada difusión, sobre todo de ese disfrute de los derechos; o una trasposición al ordenamiento jurídico. ¿Para cuándo cree usted que esto podía estar? Ya sé que es preguntarle de forma quizás muy ambigua y que es
muy ambiciosa la pregunta, o la respuesta que yo espero a la pregunta.
Hay algo que yo lamento, porque está la declaración de buenas intenciones, de buena voluntad del Gobierno, ratificada por la Cámara también, de buenas intenciones y de voluntad, pero ¿la dotación presupuestaria? Porque todo necesita una dotación presupuestaria. ¿Qué opina usted de esto? A mí me gustaría saber en qué condiciones estamos, cómo se puede afrontar y qué se necesita para ello; si, desde su punto de vista como estudioso del tema, el Gobierno está actuando de una manera eficaz, no solo el Gobierno, incluso las Cámaras legislativas, si estamos haciendo el trabajo que debemos. Han pasado ocho meses desde el 3 de diciembre, fecha de la ratificación, y creo que no habido unos avances ostensibles a la hora del disfrute de esos derechos. ¿Qué recomendaciones puede hacer usted al Gobierno y a las Cámaras?
Según los modelos a los que usted hacía alusión, tenemos que interactuar con la sociedad, la discapacidad y la sociedad tienen que interactuar.
Como muy bien dice, y además yo creo que lo tenemos asumido, según la nueva concepción de la definición de la discapacidad, en el fondo es una deficiencia. Hay deficiencias más evidentes, otras lo son menos, muchas son compensables con mecanismos o ayudas técnicas. El problema de esa deficiencia es cuando interactúa con la sociedad y se convierte en discapacidad. Por ejemplo, una persona que no oiga, con una buena información visual no tendría problemas de interactuar con el medio; el problema es si hay barreras en ese sentido. Para el usuario de una silla de ruedas evidentemente la deficiencia es la falta de caminar, pero lo compensa la ayuda técnica que es la silla de ruedas. El problema se presenta en la sociedad, de una manera involuntaria, también es cierto, por inconsciencia, porque estamos hablando de que la discapacidad ha aflorado en la sociedad hace cuarenta años. Hasta entonces, usted ha citado algunos ejemplos, desde la época en que los tiraban por el precipicio en Esparta hasta casi que era una maldición de Dios y la época de esconderlos en casa. Ha evolucionado, afortunadamente. Yo creo que, como alguien decía en una ocasión, la sociedad no puede permitirse el lujo de prescindir, según la última encuesta, de un 8,5 o un 9 por cierto de los españoles, de un 10 por ciento de la población mundial, 650 millones; la sociedad no se puede permitir ese lujo.
El objetivo, insisto, es conseguir esa normalización, esa situación de igualdad, de disfrute de los derechos en las mismas condiciones. Hay que mentalizar a la sociedad, la discapacidad tiene que llamar a las puertas de la sociedad y la sociedad tiene la obligación de abrírselas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo cree usted que debe ser el ritmo? Hay mucha legislación afortunadamente, desde 1982, que empezamos con la Lismi, luego está la Liondau, incluso últimamente la Ley de Dependencia, pero yo creo que adolecen de un desarrollo adecuado. Tenemos el derecho, las personas con discapacidad tienen el derecho, lo que quizá no tienen, insisto, es el acceso al disfrute de ese derecho. La normalización pasa por eso, porque verdaderamente se pueda acceder al disfrute, es el objetivo a conseguir; se trata de que cada discapacitado sea protagonista de su vida y pueda participar de un modo activo en la sociedad.
Termino diciendo que de estas reflexiones me gustaría que me diera su punto de vista, su respuesta si la tiene en algún caso y su opinión en otros.
El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Para contestar a las sugerencias y preguntas de los grupos parlamentarios tiene la palabra el señor De Asís por tiempo indeterminado, a pesar de la avanzada hora. (Risas.)
El señor DE ASÍS ROIG: Intentaré ser breve, señor presidente, aunque obviamente muchas de las cuestiones que se me han planteado podrían hacer que nos quedásemos aquí hasta altas horas, pero no se preocupen que voy a intentar ser breve; en algunos casos quizás voy a contestarlas de una manera agrupada e igual introduciré alguna reflexión que me ha surgido a raíz de sus comentarios.
Yo creo que es importante una de las cuestiones que yo no he señalado, pero que ha surgido aquí, que tiene que ver con esa manera de que cale el discurso del modelo social en la sociedad. Consiste en no solamente hacer estudios, que seguro que se están haciendo, sobre la normativa enfrentada a la convención, sino también sobre las prácticas cotidianas o la vida diaria. Nosotros hace unos años tuvimos ocasión de hacer un informe sobre VIH y discriminación y era un informe muy distinto, porque la normativa española no era una normativa discriminatoria, normas que discriminasen por razón de VIH no había; pero en cambio, la vida diaria, la práctica era altamente discriminatoria. En el ámbito de la discapacidad, existe discriminación en el aspecto social, porque yo creo que la conversión del modelo social no está presente, pero también creo que hay normas discriminatorias.
Se ha hablado del principio del diálogo civil y la intervención de los movimientos asociativos y representativos de las personas con discapacidad. Obviamente, el proyecto no es solamente un proyecto elaborado desde la academia, sino que es un proyecto con el que estamos vinculados y para el que tenemos reuniones con los movimientos asociativos. Ya lo llevamos haciendo en otros proyectos, es difícil conectar la academia con los movimientos asociativos, pero lo hacemos en la medida en que podemos. ¿Y qué dificultades nos encontramos? Nos encontramos, obviamente, con los problemas del propio discurso de unos y otros, pero a nosotros nos parece que esto es enriquecedor. Nos encontramos con un problema de la academia, y es que, digamos, las formas de concebir instituciones de larga tradición jurídica pesan mucho, existe una dogmática, la dogmática jurídica, en contra de la cual es difícil luchar, todo cambio en instituciones jurídicas es complejo.
Y luego también nos encontramos, todo hay que decirlo, con que el movimiento asociativo tampoco es un movimiento lineal, es decir, no hay una única postura; eso también hay que tenerlo en cuenta, hay diversas posturas. Todo esto enriquece y nos permite sacar conclusiones desde una manera de ver el fenómeno a la situación de los propios investigadores.
En todo caso, como decía, el contacto con el movimiento asociativo es fundamental, porque si uno estudia la historia de los derechos de las personas con discapacidad ve que sin esos movimientos asociativos no habría habido historia. ¿Por qué? Porque el poder intelectual lo han tenido las personas estándar, la personas con un estándar de normalidad, y no otros. Esto era así. Es muy importante producir cambios en prácticas sociales y para eso hay que identificarlas. Por eso decía que un estudio de lo que son prácticas sociales discriminatorias, más allá de las prácticas normativas, sería importante, y seguro que se está haciendo.
Nuestro proyecto sin embargo es más identificación de normas.
¿Cómo cambiar las prácticas sociales? Yo creo que se ha dicho, con sensibilización, pero sobre todo con formación y educación. En primer lugar, formación dirigida a los principales agentes en comunicación con personas con discapacidad, formación que tiene que ver tanto con servicios asistenciales, como, muy importante, con operadores jurídicos.
Esto es fundamental, lo que es la formación de jueces, fiscales, de todo lo que es el aparato, es importante. Es un ámbito privado, pero ahí está la responsabilidad social de las empresas, el tema de la discapacidad es un tema que hay que incluir ahí, entendiendo por empresas también los despachos jurídicos. Hay que apostar por eso, intentar que ese discurso también cale ahí, porque la fuerza en los operadores jurídicos es importante.
Cambios urgentes, cómo llevar toda esta filosofía a la práctica. Cuando a veces se nos pregunta esto, yo, que me dedico a la universidad, digo que para eso están los políticos; en muchas ocasiones esa es la forma de salir. Nosotros damos las ideas y ustedes deben intentar estructurarlo, pero no creo que sea esa la contestación. En la medida en que identifiquemos normas que están en contradicción con la Constitución, lo que hay que hacer es adoptar una estrategia formativa. Ahí nosotros siempre nos hemos debatido entre dos opciones: una, que veo que es la estrategia del Cermi, me ha parecido entender, que es hacer una ley que sea capaz de identificar. Esto puede ser un mecanismo, el problema es que todo lo que sea introducir algo en el derecho me parece importante, una ley lo permitirá, pero la ley no va a resolverlo todo, porque van a quedar espacios. La otra opción es ir produciendo reformas. Yo creo que lo importante sería la combinación de las dos actuaciones, intentar establecer una estrategia, una ley que intentase recoger todas las reformas de articulado que se consideren necesarias, pero luego no pensar que con esa ley se ha resuelto todo, porque va a haber muchos otros elementos, sobre todo que surjan de prácticas sociales, que habrá que tenerlos en cuenta. Esta es una gran oportunidad, creo, pero también debemos ser conscientes de que por algunas cosas hay que apostar, pero que van a exigir un cambio paulatino en algunas situaciones.
En el ámbito de las universidades, hemos conseguido que sean accesibles, digamos, arquitectónicamente, pero esa idea todavía no ha calado del todo. Yo les pongo ejemplos, en las universidades los profesores solemos estar en una tarima; hemos conseguido que sea accesible llegar a ser estudiante, pero llegar a ser profesor, no, porque la tarima no tiene una rampa en muchas ocasiones. Y usted decía que eso es mala intención. No, claro que no, es que la idea no ha calado todavía. Ya hemos dado un paso, que haya accesibilidad para los estudiantes, pero para los profesores, no. Hay que identificar esto, por decirlo de alguna manera, pero siendo conscientes de que algunas cosas van a ser dificultosas. Otro de los problemas que nos vamos a encontrar es el problema competencial. Estamos hablando de derechos, pero yo me temo, por otras experiencias en otras normas que tenían que ver también con cuestiones de asistencia y servicios sociales, que esto va a exigir un consenso grande. Que el modelo social también hay que considerarlo, me decía usted. El modelo social hay que llevarlo a las Cámaras también. Esto es importante, debe existir ahí un consenso y una apuesta decidida.
Y todo esto exige, obviamente, dotación presupuestaria, sin duda. Hemos conseguido superar la idea de que esto de los derechos es una cosa gratis y voluntaria, etcétera, y dar a entender que esto de los derechos humanos exige medios económicos. Eso está presente y todos somos conscientes, más en una materia como esta, en la que se necesitan recursos económicos.
Y ya, para terminar, cuestiones directas. Yo ya he apuntado una, yo creo que hay una cuestión directa, que es replantearnos todo lo que es la cuestión de la capacidad jurídica, ver experiencias en otros ordenamientos jurídicos. Hay algunos ordenamientos jurídicos, como el alemán o el italiano, que han creado algunas figuras de apoyo que permiten superar este instrumento de la tutela, incluso de la curatela.
Es importante también fijarnos en algunas cosas que se están haciendo.
Hay que ser valientes en enfrentarnos a algunas cuestiones problemáticas en el ámbito de la salud, de la sanidad y de la investigación en el ámbito sanitario, yo creo que esto también es importante, hacerlo conforme a este paradigma de la capacidad, a este cambio de la capacidad.
Hay que plantearnos el tema de las prestaciones sanitarias, de la cartilla de prestaciones, esto es una demanda, esto hay que verlo. El plan de cooperación internacional, habrá asimismo que mirarlo. Toda la normativa, por ejemplo, en situaciones de riesgo o de catástrofe, ver el tratamiento de las personas con discapacidad. Hay trabajo. Quizás el fundamental, porque cubre muchos de estos aspectos, es el tema de la capacidad, centrarnos en eso; es fundamental, pero probablemente sea el más costoso. Y mientras también, al hilo de esto, hay otras medidas en otros ámbitos.
No sé si les he contestado a todo lo que me han preguntado, pero lo he intentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir de nuevo? (Denegación.) Pues si me permiten una licencia, doy las gracias al señor De Asís en nombre de la Comisión, porque además de los movimientos asociativos, para hacer posible que efectivamente nos estén en el limbo, también hace falta personas como él. Muchas gracias.

References: artículo 6
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 30
 artículo 12
 artículo 10
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 6
 artículo 33
 artículo 6
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 33
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 8