Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4890
Timestamp: 2020-02-25 09:48:35+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 115/2003
SENTENCIA 115/2003, de 16 de junio
ECLI:ES:TC:2003:115
En el recurso de amparo núm. 3391-2000, promovido por don José Hernández Carrasco, representado por el Procurador don José Carlos Romero García y asistido por la Letrada doña Juana María Pierre Gómez, contra el Auto dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de fecha 19 de mayo de 2000, que resolvió recurso de apelación formulado contra el dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 2 de marzo de 2000, confirmatorio del Auto del mismo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de fecha 14 de febrero de 2000, el cual, a su vez, había confirmado la resolución de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario Tenerife II de 21 de enero de 2000 en el expediente 255/99, resolución denegatoria de un permiso ordinario de salida. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de junio de 2000 el recurrente manifestó su intención de recurrir en amparo las resoluciones judiciales y la resolución de la Administración penitenciaria señaladas en el encabezamiento y, a tal efecto, solicitó le fueran nombrados Abogado y Procurador de oficio. Tras el oportuno expediente, en el que se le reconoció el derecho a la asistencia letrada, siéndole nombrados Abogado y Procurador del turno de oficio, se formalizó la demanda de amparo, registrada en este Tribunal el 4 de octubre de 2000.
2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo relevantes para la resolución del recurso son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a) El recurrente, recluso en el Centro Penitenciario de Tenerife II, donde cumple una condena de 11 años de prisión, solicitó un permiso ordinario de salida, que fue denegado por Resolución de la Junta de Tratamiento del Centro, acordada en su sesión de 21 de enero de 2000, fundamentada en "ausencia de garantías".
b) Contra dicha resolución formuló el interno recurso de queja alegando la falta de motivación del acuerdo administrativo y solicitando que se practicaran dos pruebas:
c) El interno interpuso recurso de reforma contra dicho Auto, alegando que éste carecía de motivación suficiente, que se basaba en preceptos no aplicables al caso, que se cumplían los requisitos legales para la concesión del permiso solicitado y que el Juzgado "ni ha practicado las pruebas solicitadas ni se ha pronunciado sobre la conveniencia o no de las mismas". En el suplico solicitó que se practicaran los dos medios de prueba que ya habían sido propuestos en el otrosí primero del recurso de queja.
d) Interpuesto recurso de apelación, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife lo desestimó por Auto de 19 de mayo de 2000, exponiendo en su fundamentación jurídica que no debía haber sido admitido a trámite conforme a la disposición adicional quinta LOPJ. El Auto dice así en dicha fundamentación jurídica: "En materia de recursos contra resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la norma vigente es la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual, tratándose de resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, recaídas resolviendo un previo recurso administrativo, solamente son recurribles ante la Audiencia si se refieren a materia de clasificación del penado. En todas las demás materias no cabe tal recurso, que no debió admitir el Juzgado a pesar del favorable informe del Ministerio Fiscal, razón por la cual se desestima el recurso y se declaran de oficio las costas".
3. La demanda de amparo aduce vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Afirma al respecto la representación procesal del recurrente que "todos los Autos de vigilancia penitenciaria no han sido motivados suficientemente, provocando indefensión total a mi mandante", y que "siempre se han estado basando en artículos que nada tienen que ver con la normativa de los permisos de salida". Se señala igualmente que se ha omitido la contestación a las pruebas propuestas y no se ha tenido en cuenta la documentación aportada. Se cumplen además, entiende el recurrente, los presupuestos legales para conceder el permiso.
4. Por providencia de 18 de diciembre de 2000 la Sección acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al demandante de amparo para que, dentro de dicho término, alegaran lo que estimaren pertinente respecto de la posible existencia del motivo de inadmisión consistente en la carencia manifiesta, por parte de la demanda de amparo, de contenido que justifique una decisión de este Tribunal, conforme a lo previsto en el art. 50.1 c) LOTC.
5. Por escrito registrado en este Tribunal el 11 de enero de 2001 la representación del recurrente, evacuando alegaciones atinentes al motivo de inadmisión acabado de mencionar, señaló que las resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se habían basado siempre en artículos que nada tienen que ver con la normativa de permisos de salida ordinarios y que no habían sido debidamente motivados, y destacó asimismo diversos datos del expediente favorables al otorgamiento del permiso de salida.
6. Por escrito registrado en este Tribunal el 19 de enero de 2001 el Ministerio Fiscal interesó la admisión de la demanda de amparo. A juicio del Ministerio público se produce en los Autos recurridos una absoluta carencia de motivación, que se traduce en falta de respuesta a las pretensiones deducidas por la parte, poseyendo la queja del demandante contenido constitucional.
7. Por providencia de 8 de marzo de 2001 la Sala Segunda acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para que en el plazo de diez días remitiera testimonio de las actuaciones correspondientes al rollo de apelación núm. 191-2000 y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, para que en el plazo de diez días remitiera testimonio de las actuaciones correspondientes al expediente de permiso núm. 255/99 así como para que emplazaran previamente a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto al recurrente en amparo, a fin de que en el plazo de diez días pudieran comparecer.
8. Recibidas las actuaciones, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda acordó, mediante diligencia de ordenación de 26 de abril de 2001, dar vista de las mismas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de 20 días para que en dicho término pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52 LOTC.
9. En escrito registrado el 28 de mayo de 2001 el Ministerio Fiscal, evacuando trámite de alegaciones, interesó la estimación de la demanda. Con cita de la jurisprudencia de este Tribunal relativa a la motivación de la denegación de permisos de salida penitenciarios (SSTC 112/1996, 2/1997, 204/1999 y 109/2000), y señalando la similitud del presente supuesto con el resuelto en la STC 67/2000, sostiene que se produce en los Autos recurridos una absoluta carencia de motivación, que se traduce en falta de respuesta a las pretensiones deducidas por la parte en cuanto las resoluciones judiciales no han valorado, con una motivación suficiente y ajustada a la finalidad legítima más arriba mencionada, las circunstancias personales del recurrente, con expresa constancia de los datos de hecho que, en su caso, pudieran llevar a considerar la existencia de riesgos ciertos sobre el buen uso del permiso, que frustrarían la finalidad de preparación de la vida en libertad. Por lo tanto, y dado que la fundamentación de las resoluciones judiciales no se ha basado en razones exteriorizadas y conectadas con el sentido de la pena y la finalidad de su cumplimiento, el Ministerio Fiscal interesa que se otorgue el amparo, se reconozca al actor su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y se declare la nulidad de los Autos de 14 de febrero y 2 de marzo de 2000 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, "a fin de que por este órgano judicial se resuelva motivadamente, y por tanto sin lesionar su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, la alzada del actor frente a la resolución de la Junta de Tratamiento".
10. En escrito registrado el 25 de mayo de 2001 el recurrente presentó sus alegaciones, remitiéndose a las registradas en este Tribunal el 11 de enero del mismo año.
11. Por providencia de 12 de junio de 2003 se señaló para la deliberación y fallo el día 16 del mismo mes y año.
1. En el suplico de la demanda de amparo se interesa únicamente la nulidad del Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 19 de mayo de 2000, "recaído en apelación contra el dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Tenerife-2, sobre concesión de permiso ordinario de salida". Dicho Auto de la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación formulado contra el Auto de 2 de marzo de 2000 del mencionado Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el cual, a su vez, había desestimado el recurso de reforma interpuesto contra el Auto del mismo Juzgado de 14 de febrero de 2000. Por su parte, este último Auto había rechazado el recurso formulado contra la resolución de 21 de enero de 2000 de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario Tenerife-2, que había denegado por "ausencia de garantías" la concesión de un permiso ordinario de salida, solicitado por el ahora recurrente en amparo, interno en dicho centro.
2. A los actos judiciales impugnados les atribuye el recurrente, bien en la demanda, bien en el escrito de iniciación de la queja, en que solicita nombramiento de Abogado y Procurador de oficio, las vulneraciones de derechos fundamentales que seguidamente se relacionan. A los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de 14 de febrero de 2000 y de 2 de marzo de 2000, con invocación del art. 24 CE, se les achaca falta de motivación, incongruencia omisiva por no contestar a la solicitud de la práctica de dos pruebas y vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Al Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 19 de mayo de 2000 se le atribuye vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art 24.1 CE) en su vertiente de acceso a los recursos.
3. Comenzando por el examen del Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de 14 de febrero de 2000, ha de indicarse que se le imputan dos vulneraciones constitucionales: en primer lugar, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por falta de motivación; en segundo lugar, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE) por no contestar a la proposición de la práctica de dos pruebas.
4. Proyectando la expuesta doctrina a los supuestos de denegación de permisos penitenciarios de salida, es claro que lo relevante a la hora de enjuiciar la posible lesión del art. 24.1 CE, desde la perspectiva de la resolución fundada en Derecho, es determinar si las resoluciones impugnadas denegando la concesión de permisos se fundamentan o no en supuestos constitucionalmente lícitos.
5. De acuerdo con la doctrina que acabamos de exponer, no cabe entender que la resolución judicial que analizamos -el Auto de 14 de febrero de 2000 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria- haya vulnerado el derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En efecto, de la lectura de la resolución que venimos analizando se desprende con claridad que el órgano judicial consideró justificada la denegación del permiso valorando dos razones: en primer lugar, la carencia de garantías suficientes, apreciada por el equipo técnico de la prisión, habida cuenta de la personalidad del solicitante, y, en segundo lugar, la lejanía de la fecha de cumplimiento de la condena por parte del interno en el momento de efectuarse la solicitud del permiso, toda vez que el recluso, como reconoce en su recurso de queja de 29 de enero de 2000, en el momento en que solicitó el permiso de salida no había cumplido todavía 4 años de condena, del total de 11 años que se le habían impuesto. Así se desprende del Auto impugnado, que, como se ha reflejado en los antecedentes, tras reconocer que concurren los requisitos legales mínimos para conceder el permiso de salida, se refiere a la insuficiencia de tales condiciones mínimas y señala que en el presente caso "la carencia de garantía suficiente apreciable por el equipo técnico de la Prisión, en relación con la personalidad del sujeto, y el tiempo que resta de condena justifican la denegación por mayoría cualificada del permiso".
6. El recurrente imputa también al Auto de 14 de febrero de 2000 incongruencia omisiva y vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE).
7. Sentados los anteriores extremos, ha de señalarse que es en el recurso de queja, presentado ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el 29 de enero de 2000, en donde el interesado solicita las diligencias, explicando su alegada pertinencia. Lo hace en los siguientes términos:
8. Tampoco procede la anulación del Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de 2 de marzo de 2000, según se razona a continuación. Lo que se imputa a este Auto en el escrito de iniciación del recurso de amparo es su incoherencia, así como el no haber dado contestación a la petición de práctica de determinadas diligencias que coinciden con las propuestas al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en el recurso de queja presentado el 29 de enero de 2000, a las que anteriormente se hizo referencia.
9. Por último, al Auto de la Audiencia Provincial de 19 de mayo de 2000 se le achaca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por falta de motivación y vulneración del derecho de acceso a los recursos.
Denegar el amparo solicitado por don José Hernández Carrasco.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 3391-2000
Promovido por don José Hernández Carrasco frente a los Autos de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que confirmaron la denegación por el Centro Penitenciario Tenerife II de un permiso de salida.
El interno obtuvo la tutela judicial efectiva reclamada, ya que recibió una respuesta sobre el fondo de la pretensión deducida (la reconsideración de la decisión del centro de denegarle el permiso solicitado), motivada y fundada en Derecho, que le permite conocer cuál sea el fundamento del rechazo de su pretensión (la insuficiencia de garantías y la lejanía del cumplimiento de la condena). La fundamentación de tal decisión no puede ser considerada arbitraria o irrazonable, ni tampoco se halla desconectada de los fines constitucionales y legales de la institución (SSTC 81/1997, 204/1999) [FJ 5].
Dado que el disfrute de los permisos de salida no es un derecho incondicionado del interno, sino que en su concesión interviene la ponderación de otra serie de circunstancias objetivas y subjetivas para impedir que la finalidad de la medida se frustre, lo esencial es comprobar que las razones empleadas para fundamentar el rechazo de la pretensión del recurrente no se encuentran desconectadas de los fines de la institución [FJ 5].
La simple congruencia de la institución de los permisos penitenciarios de salida con el mandato constitucional establecido en el art. 25.2 CE no es suficiente para conferirles la categoría de derecho subjetivo, ni menos aún de derecho fundamental (SSTC 75/1998 y 88/1998) de modo que todo lo relacionado con los permisos de salida es una cuestión situada esencialmente en el terreno de la aplicación de la legalidad ordinaria (SSTC 112/1996, 137/2000) [FJ 4].
El art. 24.1 de la Constitución no ampara el acierto de las resoluciones judiciales, la selección e interpretación de la norma aplicable corresponde en exclusiva a los órganos judiciales, y el control del Tribunal Constitucional ha de limitarse a aquellos supuestos en los que la resolución judicial sea manifiestamente infundada, arbitraria, irrazonada o irrazonable o fruto de un error patente (SSTC 23/1987, 148/1994) [FJ 3].
El recurrente no justificó en la demanda de amparo (ni tampoco en otros escritos) la relevancia de las diligencias, hasta el extremo de acreditar que de haberse llevado a cabo hubiera podido ser otra la resolución judicial. Ni tampoco la argumentación del recurrente, ni el contenido de los preceptos invocados sirven de fundamento para que, en su caso, pudiera resultar desautorizado el informe tenido en cuenta por el órgano judicial [FJ 7].
La vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes requiere la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, lo que en estos supuestos implica fundamentar la potencial relevancia de los medios de prueba propuestos para variar el sentido de la decisión judicial (STC 70/2002) [ FJ 6].
La queja del actor, relativa a la violación del derecho tutelado por el art. 24.1 CE, debe desestimarse, pues la Audiencia Provincial ofreció al recurrente una motivación razonada, fundada en una interpretación de la disposición adicional quinta LOPJ, que en modo alguno puede considerarse arbitraria (STC 170/1996) [FJ 9].
La interpretación y aplicación de las reglas que regulan el acceso a los recursos legalmente establecidos es una cuestión de legalidad ordinaria cuyo conocimiento compete exclusivamente a los Jueces y Tribunales. Únicamente cuando se deniegue el acceso al recurso de forma inmotivada, manifiestamente arbitraria, o sea consecuencia de un error patente, existe una lesión constitucionalmente relevante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, siendo sólo entonces posible la revisión de la decisión judicial en esta sede (SSTC 164/1990, 55/1995) [FJ 9].
El acceso a los recursos previstos por la Ley queda garantizado mediante una resolución judicial que, aunque inadmita el recurso o lo declare improcedente, tenga su fundamento en una aplicación e interpretación razonadas de la norma a cuyo cumplimiento se condiciona el ejercicio del medio de impugnación [FJ 9].
Artículo 24.1, ff. 2 a 5, 9
Artículo 24.2 (derecho a la prueba), ff. 3, 6
Disposición adicional quinta, ff. 1, 9
Artículo 154.1, ff. 4, 7
Artículo 156.1, ff. 4, 7
Denegación de permiso suficientemente motivadaDenegación de permiso suficientemente motivada, f. 5
Finalidad de las penas privativas de libertadFinalidad de las penas privativas de libertad, f. 5
Permisos de salida penitenciariosPermisos de salida penitenciarios, ff. 1, 5

References: resolución 
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 Resolución 
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Artículo 24

Artículo 24

Artículo 154

Artículo 156