Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-1237-2006-03-05-2007-47721
Timestamp: 2018-05-23 01:31:33+00:00

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Resolución de TEAC, 00/1237/2006, 03-05-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1237/2006 de 03 de Mayo de 2007
Fecha: 03 de Mayo de 2007
Núm. Resolución: 00/1237/2006
La determinación de si en la propuesta económica formulada por la entidad a la Diputación Provincial estaba incluido o no el IVA correspondiente a la operación es una cuestión de naturaleza tributaria relacionada con la repercusión, por lo que su conocimiento está encomendado a los órganos económico-administrativos según el artículo 227.4 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003). En el caso concreto, no se incluye el IVA en el precio de licitación de la venta de la parcela por la Administración, ya que no es un procedimiento de contratación al que se aplique lo dispuesto en el artículo 88.Uno de la Ley del IVA (Ley 37/1992) y en el propio pliego de cláusulas y en el acuerdo de adjudicación se indicaba que el IVA quedaba excluido.
En la Villa de Madrid, a 3 de mayo de 2007, en recurso de alzada que pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por D. ... y D. ... en representación de ..., S.A. con NIF: ..., y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución de 30 de noviembre de 2005 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... por la que se estima la reclamación ..., interpuesta contra el acto de repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido efectuado por la Diputación Provincial de ..., por importe de 1.761.761,70 euros.
PRIMERO: En fecha 16 de abril de 2001 se firma un convenio urbanístico entre la Excma. Diputación y el Excmo. Ayuntamiento de ... en el que ponen de manifiesto que la primera es propietaria de una parcela en el casco urbano de ... y el segundo de un inmueble situado frente a la parcela de la Diputación. El Ayuntamiento, para ejecutar un plan de infraestructuras culturales que sitúa en los terrenos citados un Centro de ..., solicita a la Diputación la cesión gratuita de dichos terrenos destinados a viales y espacios libres. La Diputación cede de forma gratuita los terrenos y las obras de urbanización serán de cuenta exclusiva del Ayuntamiento. No obstante, la Diputación conserva una parcela de 6.368 m2, incoándose expediente de enajenación de la parcela en fecha 8 de marzo de 2002 con el fin de financiar diversos planes y programas provinciales con los ingresos derivados de la enajenación de la parcela. La parcela de la Diputación se valora en 7.475.183,73 euros.
El 14 de marzo de 2002 se aprueba el Pliego de claúsulas administrativas particulares para la enajenación por subasta pública de la parcela, siendo el tipo de licitación 7.475.183,73 euros IVA excluido o cualquier otro tributo estatal, autonómico o local que pudiera gravar la enajenación, y el 22 de marzo el Pleno Provincial aprueba el expediente de enajenación.
Presentadas las propuestas en plazo, la Mesa de contratación se reúne el 3 de mayo de 2002. A la vista del resultado obtenido de la apertura de las proposiciones económicas, la Mesa propone la adjudicación a ..., S.A. por la cantidad total de 11.011.011 euros, IVA excluido o cualquier otro tributo estatal, autonómico o local que pudiera gravar la enajenación. La anterior propuesta fue aprobada por el Pleno Provincial el 9 de mayo de 2002, lo que se notifica a la entidad adjudicataria el 23 de mayo.
La entidad presenta un escrito a la Diputación donde declara que se comprometió a adquirir la parcela por el precio total de 11.011.011 euros, entendiendo incluido el IVA, solicitando asimismo la rectificación de ciertos errores en relación con la extensión de la parcela y la edificabilidad de la misma. Las alegaciones son desestimadas por la Diputación, lo que se notifica a la entidad el 8 de julio de 2002.
Tras las actuaciones anteriores se designa Notario para autorizar la escritura de compraventa de la parcela, la cual es de fecha 15 de julio de 2002, ascendiendo el precio a 11.011.011 euros, IVA excluido o cualquier otro tributo estatal, autonómico o local que pudiera gravar la enajenación, siendo el IVA de la operación 1.761.761,70 euros.
SEGUNDO: Vistas las actuaciones anteriores, ..., S.A. interpone reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... (reclamación número ...) contra el acto de repercusión tributaria de la Diputación Provincial de ... ya que considera que en las propuestas contractuales formuladas a las Administraciones Públicas se debe entender incluido el IVA que grava las operaciones. Mientras la cuota repercutida asciende a 1.761.761,70 euros, la que debió repercutirse y que está incluida en la propuesta formulada asciende a 1.518.760,14 euros.
En el escrito de alegaciones presentado por la Diputación Provincial expone que el pliego de claúsulas administrativas particulares que sirvió de base a la adjudicación de la subasta dice expresamente que el tipo de la subasta es 7.475.183,73 euros, IVA excluido o cualquier otro tributo estatal, autonómico o local que pudiera gravar la enajenación, siendo estas claúsulas administrativas particulares la ley del contrato. Es cierto que el modelo de proposición económica sólo recoge el precio, sin hacer alusión a la inclusión o exclusión del IVA, pero el pliego es claro en cuanto a este extremo.
Por otro lado, las alegaciones de ..., S.A. son las siguientes.
- Indebida repercusión del IVA porque la parcela no está afecta a ninguna actividad empresarial efectuada por la entidad vendedora.
- Indebida repercusión del IVA por infracción de las normas de contratación pública que determinan la inclusión en las propuestas de quienes contratan con las entidades públicas del IVA que grava las operaciones.
TERCERO: El Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... dicta resolución el 30 de noviembre de 2005 estimando las pretensiones de la reclamante, ya que considera que el acto de repercusión del IVA efectuado por la Diputación no se ajusta a derecho ya que la operación está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El Tribunal llega a esta conclusión porque la Diputación Provincial ni fue impulsora de la reordenación urbanística de la zona, limitándose a la cesión gratuita de terrenos al Ayuntamiento, ni satisfizo gasto alguno de urbanización de los terrenos, por lo que concluye que la Diputación transmitente no tenía la condición de empresaria y la enajenación no está incluida en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido sino en el del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
CUARTO: Finalmente, frente a la resolución anterior ..., S.A. interpone recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central.
Alega la entidad que la resolución vulnera lo establecido en los artículos 237 de la Ley 58/2003 General Tributaria y 40 del Real Decreto 391/1996 por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas porque una de las cuestiones planteadas no ha quedado resuelta, que es la determinación de la base imponible de la operación. Considera que en la fijación del tipo de la subasta se señala de forma explícita que no está incluido el IVA, pero no se hace lo mismo con las ofertas presentadas, no se establece si las ofertas deben presentarse con el IVA incluido o excluido. Así, esto provoca un enriquecimiento injusto en la Administración.
En el escrito de alegaciones presentado por la Diputación Provincial, ésta declara que el Tribunal no puede ir más allá de su pronunciamiento ya que los recurrentes están impugnando realmente la adjudicación del contrato teniendo en cuenta su interpretación de las claúsulas contractuales de los pliegos de condiciones administrativas, aspecto que debe impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En cuanto al precio por el que se adjudicó la parcela a ..., S.A. reitera los argumentos expuestos en primera instancia.
PRIMERO: Este Tribunal es competente para conocer del recurso que se examina, que ha sido interpuesto en tiempo hábil y por persona legitimada de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en desarrollo de la misma por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de revisión en vía administrativa.
Las cuestiones a tratar son las siguientes:
- La competencia del Tribunal Económico-Administrativo para conocer del recurso.
- Infracción de las normas sobre extensión de la revisión.
- Inclusión o exclusión del IVA en la propuesta presentada por la entidad ante la Diputación Provincial de ... para la subasta pública de la parcela.
SEGUNDO: El artículo 227 de la Ley 58/2003 General Tributaria regula los actos susceptibles de reclamación económico-administrativa y, entre ellos, el apartado 4 señala que serán reclamables, previo cumplimiento de los requisitos y en la forma que se determine reglamentariamente, las siguientes actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria:
a) Las relativas a las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión prevista legalmente.
Así, la competencia de los órganos de esta vía económico-administrativa para conocer sobre los actos de repercusión tributaria se extiende a la revisión de todas las cuestiones, tanto de fondo como de forma, que se planteen en el expediente.
Así, el artículo 88 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido regula los actos de repercusión tributaria, disponiendo en su primer apartado:
"Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre aquel para quien se realice la operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos.
En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas al impuesto cuyos destinatarios fuesen entes públicos se entenderá siempre que los sujetos pasivos del impuesto, al formular sus propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido dentro de las mismas el Impuesto sobre el Valor Añadido que, no obstante, deberá ser repercutido como partida independiente, cuando así proceda, en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido".
Por tanto, la determinación de si en la propuesta económica formulada por la recurrente a la Diputación Provincial de ... estaba incluido o no el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a la operación es sin duda una cuestión de naturaleza tributaria relacionada con la repercusión, por lo que su conocimiento está encomendado a los órganos económico-administrativos.
Debe este Tribunal rechazar la alegación de la Diputación respecto de la competencia para el conocimiento de la controversia de la jurisdicción contencioso-administrativa, por tratarse de una materia cuya revisión corresponde a la vía económico-administrativa.
TERCERO: En segundo lugar, alega la recurrente que se ha producido en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... una incongruencia omisiva por no dar respuesta a todas las cuestiones derivadas del expediente.
..., S.A. plantea ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... la improcedencia de gravar la operación con IVA, cuestión a la que da respuesta dicho Tribunal considerando la compraventa sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. No obstante, el Tribunal considera improcedente la repercusión efectuada sin concretar la cuantía de dicha repercusión, por lo que entiende la entidad que no se ha dado respuesta completa a sus pretensiones.
Respecto de esta incongruencia omisiva, decir que para determinar su concurrencia, como ha puesto de manifiesto este Tribunal en anteriores ocasiones, ha de tenerse en consideración lo establecido al respecto por la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda) de 15 de abril de 2.004 que dispone:
El juicio sobre la congruencia de la disposición presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos-partes- y objetivos -causa petendi y petitum-. Ciñéndonos a estos últimos la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretenda obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa al tema decidendi.
La incongruencia omisiva o ex silentio (...), se produce cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.
Sólo viola el artículo 24.1 de la CE aquella incongruencia que supone un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus conclusiones al conceder-en este caso de autos, en opinión de la recurrente- menos o cosa distinta de lo pedido, en la medida en que puede significar una vulneración del principio dispositivo constitutivo de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial, siempre que la desviación sea de tal naturaleza que suponga una modificación sustancial del objeto del proceso con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del objeto del verdadero debate contradictorio.
Pues bien, planteada la cuestión en estos términos es necesario indicar que la Resolución recurrida aborda la operación considerando que la compraventa no está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido sino al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, estimando así su pretensión. Es cierto que no se pronuncia acerca de la inclusión o no del IVA en la propuesta formulada por la entidad para participar en la subasta, pero esto no puede calificarse como incongruencia sino como una inconcreción del Tribunal.
Así, el TEAR estima las pretensiones de la entidad en el sentido de no considerar ajustada a derecho la repercusión efectuada por la Diputación Provincial de ... si bien será necesario que este Tribunal Económico-Administrativo Central concrete la cantidad indebidamente repercutida.
CUARTO: Finalmente, debe este Tribunal entrar a valorar si debe entenderse que en la propuesta presentada por la entidad ante la Diputación Provincial de ... para la subasta pública de la parcela se encontraba incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o si, por el contrario, la propuesta no incluía el IVA.
En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de julio de 2005 recaída en el recurso número 721/2003, en el Cuarto Fundamento de Derecho dispone:
"No obstante lo anterior, y a mayor abundamiento, tampoco el recurso, por lo que se refiere al fondo de la cuestión planteada, hubiera podido prosperar.
En efecto, la cuestión de fondo planteada por la actora, esto es, si el importe del remate por el que se ha llevado acabo la adjudicación de los inmuebles del caso incluye o no el IVA merece también una respuesta negativa al tratarse, como en el presente caso se trata, de una contratación civil sometida en su cumplimiento al derecho privado, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y que hubiera llevado también a la Sala a declarar ajustada a Derecho la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las compraventas de los inmuebles del caso.
En efecto, partiendo de la distinción del carácter administrativo y privado de los contratos que celebre la Administración, el artículo 5.º del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y después de definir los contratos administrativos, se refiere a los contratos privados de las Administraciones Públicas en los siguientes términos para otorgar dicho carácter a 3. Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración de contratos privados y, en particular, los contratos de compraventa... y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles,... así como los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.
Se trata, en definitiva, de actividades de los entes públicos en el tráfico puramente privado, tráfico civil regido por el principio de autonomía de la voluntad de las partes y del sometimiento a lo pactado que en el presente caso no pudo estar más claro que con la información clara recibida por la propia recurrente de la Dirección General de Patrimonio del Estado en el sentido de que además del precio pactado había de soportar la repercusión de las cuotas del IVA al 16% por el importe más arriba referido y que, no obstante, no fue óbice para que la hoy actora suscribiese los contratos de actual referencia por su propia voluntad.
Así las cosas, no resultan de aplicación los preceptos invocados en la demanda, particularmente, el artículo 88.1 de la Ley 37/1992 ni, por tanto, tampoco el artículo 25 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y que desarrolla aquel otro precepto legal, pues evidentemente se refieren al ámbito de la contratación pública, en el que -aquí sí- las ofertas de los empresarios comprenden no sólo el precio de la contrata si no también el importe del IVA.
Así también lo ha entendido el Tribunal Supremo en su supuestos similares, como el contemplado en la STS de 31 de enero de 2002 en la que también declaró ajustado a Derecho un acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central confirmatorio de una repercusión del IVA correspondiente a una permuta de fincas entre una entidad mercantil y un Ayuntamiento, rechazando la presunción de que las ofertas incluyen el IVA".
Así el Tribunal Supremo en la sentencia citada de 31 de enero de 2002, recurso nº 7653/1996 razonó:
Resulta evidente que el contrato de permuta de inmuebles suscrito entre el Ayuntamiento de (...) y la Inmobiliaria (...) aunque fuera instrumento de un convenio urbanístico, no tiene naturaleza administrativa, sino que es un pacto civil sometido en su cumplimiento al derecho privado y por lo tanto, no le es aplicable el segundo párrafo del art. 25 del Primer Reglamento del IVA, que, al emplear la expresión "entregas de bienes y prestaciones de servicios", claramente se está refiriendo a la contratación de las entidades públicas con sus proveedores y adjudicatarios a los que impone la inclusión del IVA en las ofertas, para dar certeza a los precios, cuyos importes totales han de estar en consonancia con las previsiones presupuestarias; lo que no puede extenderse a las actividades de esos entes públicos en el tráfico civil, regido por la autonomía de la voluntad y el sometimiento de los contratantes a lo acordado, para los que tiene fuerza de Ley, conforme a los artículos 1.255 y 1.091 del Código Civil respectivamente.
Por otra parte, la expresión "propuestas económicas", que también emplea el precepto reglamentario antes citado y que la Sentencia de instancia destaca para afirmar que han de incluir el IVA, se refiere, precisamente, a las ofertas que aquellos proveedores y adjudicatarios de obras, servicios y suministros, a que antes nos hemos referido, han de hacer a las entidades públicas con las que contratan y aunque se admita que se refieren a pagos en dinero y también a entregas de bienes, dichas relaciones -las de los ofertantes y la Administración- se enmarcan en licitaciones públicas, mediante subastas y concursos y hasta, eventualmente, en caso de contratación directa, cuando la misma está autorizada, pero sin que pueda extenderse, como ya se ha dicho, a cualquier contrato en que intervenga la Administración, cuando las contraprestaciones se establecen de común acuerdo entre las partes, sin mediar licitación ni oferta previa y sobre todo -hemos de reiterarlo- actuando en el comercio de bienes, como es el caso de contratos de compraventa doble o permuta, pues sostener lo contrario conduciría al resultado de convertir en administrativos, a efectos del tributo discutido, todos los contratos en que intervinieran las Administraciones Públicas, lo que ni es propósito del art. 25 del Reglamento del IVA, ni podría hacerlo un precepto de ese rango".
En definitiva, la aplicación de la regla especial que supone este artículo 88.Uno de la Ley del IVA no puede ser aplicada sin más a todas las relaciones u operaciones sujetas al impuesto en las que se vean inmersas las administraciones públicas o los entes públicos, es preciso para ello que, además de quedar sujetas al impuesto, actúen en el marco de las relaciones jurídicas sometidas al derecho público, y no aquellas excluidas del mismo, como son los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables, o los demás comprendidos en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que examinamos esta postura queda asimismo reforzada por el hecho de hacerse mención expresa en el pliego de condiciones particulares de la exclusión del IVA y cualquier otro tributo en el tipo de licitación lo que es una manifestación clara de la Administración en el sentido de determinar el precio por el que se va a adjudicar la parcela por un importe neto, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y así lo hizo constar también la Mesa de contratación. Queda acreditado por tanto claro que en condiciones normales las propuestas económicas que se efectúan para adquirir inmuebles de entes públicos no llevan incluido el IVA, por tratarse de contratos civiles a los que no resulta de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 88.Uno de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, y esto debe entenderse en este sentido en el supuesto que ahora examinamos máxime cuando se ha advertido de dicho extremo en el pliego de claúsulas administrativas particulares establecidas para la enajenación por subasta pública de la parcela de la Diputación Provincial de ...
EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, en Sala, en recurso de alzada interpuesto por ..., S.A. con NIF: ..., contra resolución de 30 de noviembre de 2005 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... por la que se estima la reclamación ..., interpuesta contra el acto de repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido efectuado por la Diputación Provincial de ..., ACUERDA: desestimar el recurso y confirmar la resolución impugnada.
Enajenación por subasta
RDLeg. 2/2000 de 16 de Jun (TR. de la ley de contratos de las administraciones públicas) DEROGADO
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 148 Fecha de Publicación: 21/06/2000 Fecha de entrada en vigor: 22/06/2000 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda
D.F. 4ª. Información sobre obligaciones de carácter laboral.
D.F. 2ª. Referencias a las Administraciones públicas y a los órganos de la Administración General del Estado.
D.F. 1ª. Carácter de legislación básica y no básica.
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Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 2927/2016, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 193/2013, 21-11-2016
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