Source: http://www.envio.org.ni/articulo/4583
Timestamp: 2019-01-21 08:32:18+00:00

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Revista Envío - Una reflexión ante la crisis institucional
Los altibajos de la crisis institucional de estos meses dejan abierta y pendiente una pregunta: ¿No será ya hora de cambiar la Constitución vigente, elaborada en tiempos de guerra para frenar y evitar cambios estructurales en El Salvador? El camino hacia una Asamblea Constituyente será muy largo. Pero está claro que quienes esperan más y mayores cambios en el país necesitan un nuevo marco legal que los posibiliten.
Entre junio y agosto de 2012 se desarrolló en El Salvador una “crisis de institucionalidad”, en torno a la conformación de la Corte Suprema de Justicia. En 2012 tocaba la elección de un tercio de los quince miembros de este órgano del Estado, un acontecimiento siempre conflictivo porque, como toda elección de funcionarios de alto nivel, se ponen en juego muchos intereses. En esta ocasión la novedad fue que la misma Corte Suprema, a través de su Sala de lo Constitucional, se convirtió en protagonista de la crisis al declarar inconstitucional la elección realizada por la Asamblea Legislativa el 24 de abril de 2012 y también la elección de otro tercio de magistrados en 2006.
Este hecho desató la crisis y provocó una lucha de poder entre la Sala de lo Constitucional y la mayoría de fracciones legislativas de los distintos partidos políticos. Por un lado estaban el FMLN en alianza con GANA (Gran Alianza para la Unidad Nacional), el CN (Concertación Nacional, ex-PCN) y el PES (Partido de la Esperanza, ex-PDC) y también las organizaciones del movimiento popular. Por el otro lado, ARENA con sus alianzas fuera del legislativo: la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), ambas a la cabeza de Aliados para la Democracia, un bloque de gremios empresariales, instituciones y ONG que comparten la ideología de ARENA.
La elección de los magistrados en abril se realizó en medio de un estira y encoge entre el FMLN y ARENA respecto a los electos. Lo mismo sucedió con la elección del Fiscal General de la República y el Presidente de la Corte de Cuentas. El 1 de mayo, los nuevos diputados, electos el 11 de marzo, tomarían posesión de sus cargos modificando levemente la correlación legislativa a favor de ARENA, que sacó 33 diputados, con los cuales recuperaba la llave para aprobar decretos y leyes que requieren mayoría calificada: tendría los dos tercios de los diputados, 56 de 84 votos. Esto explica la prisa del FMLN para realizar las elecciones de la Corte antes del 1 de mayo para así poder negociar en mejores condiciones, así como el rechazo tajante de ARENA de llevarlas a cabo. El FMLN logró convencer a las fracciones legislativas de GANA, CN y PES para elegir a los nuevos magistrados propietarios y suplentes. La votación incluyó la reestructuración de la Sala de lo Constitucional, con el traslado de Belarmino Jaime a otra de las Salas, con lo cual se torpedeaba a “el grupo de los cuatro”, magistrados que venían emitiendo sentencias de inconstitucionalidad sobre grandes decisiones del bloque de partidos liderados por el FMLN. También incluyó la designación de Ovidio Bonilla como magistrado Presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez en la historia, la Corte Suprema de Justicia sería presidida por un Magistrado sin vínculos con los grupos de poder empresariales ni con alguno de sus partidos políticos.
Con sus 33 diputados, ARENA quedó huérfana o viuda en la Asamblea Legislativa, sólo favorecida con la posición “neutral” del único diputado de Cambio Democrático.
Un mes y diez días después, el 5 de junio, la Sala de la Constitucional -cuyo bloque formado por Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González sería desarticulado por la decisión-, declaró inconstitucional la elección, utilizando los mismos argumentos que ARENA ocupó en su campaña para retrasar la votación: una misma asamblea no puede elegir dos veces y esta asamblea había elegido el tercio de magistrados correspondientes a 2009. En un fallo poco usual, declararon también inconstitucional la elección de los magistrados de 2006, pero indicaron que éstos podrían seguir fungiendo en sus puestos, mientras que las elecciones de 2012 debían repetirse.
Exceptuando a ARENA y el CD, la Asamblea Legislativa calificó como amañada la sentencia de la Sala de la Constitucional y consideró que ésta se extralimitaba en sus funciones al dar órdenes a los diputados, más allá de la sentencia. Solicitaron apoyo a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) bajo el artículo 22, inciso f de su Convenio de Estatuto, que plantea entre sus funciones “conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales”.
Mientras la CCJ dirimió que los magistrados de 2006 quedarían en sus cargos y los de 2012 tomarían posesión el 15 de julio de manera interina, pendiente un fallo definitivo de este cuerpo, un sindicato de trabajadores presentó una demanda cuestionando la elección de los Magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González en 2009, argumentando que hubo manipulación del proceso para que éstos fueran electos sin tener los avales necesarios. Por supuesto, la Sala de la Constitucional, presidido por uno de los afectados, rechazó la demanda. Posteriormente, el bloque de los cuatro
-FMLN, GANA, CN y PES- crearon una comisión legislativa para investigar el caso.
INÉDITA “MARCHA BLANCA”
Faltando solo tres días para la toma de posesión, los gremios empresariales hicieron lo impensable: los Aliados por la Democracia convocaron una “marcha blanca” en apoyo a la Sala de lo Constitucional y en contra de la toma de posesión de Ovidio Bonilla y de los nuevos magistrados. Movilizaron aproximadamente 10 mil personas. La marcha fue encabezada por figuras que el pueblo salvadoreño jamás ha visto en la calle como Arnoldo Jiménez, Director Ejecutivo de la ANEP, y Luis Cardenal, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Les acompañaron alcaldes del partido ARENA como Milagros Navas, Juana de Pacas y Salvador Ruanos. Al mismo tiempo, Juan José Daboub, funcionario del Banco Mundial y hermano del Presidente de la ANEP, Jorge Daboub, cabildeaban en el Congreso estadounidense para que el Fondo del Milenio II y toda la ayuda a El Salvador fueran suspendidas.
El FMLN y el movimiento popular se conmovieron con la marcha de la derecha y el día de la toma de posesión, 16 de julio, respondieron con una manifestación más grande; movilizaron a unas 25 mil personas y desde las afueras de la Corte acompañaron, la toma de posesión, mientras que los sindicatos de la Corte, que tenían el edificio tomado desde tres días antes, acompañaron la marcha desde dentro.
Así, antes de ponerse el sol del 16 de julio, dos hombres se declararon Presidentes de la Corte Suprema: el recién juramentado Ovidio Bonilla y Florentín Meléndez, quien fue nombrado por la Asamblea Legislativa en 2009 como suplente de Belarmino Jaime durante sus ausencias.
A lo largo de un mes, la dualidad se mantuvo. Los medios otorgaban el título de “Presidente” a Meléndez, y el de “abogado usurpador” a Bonilla, creando una realidad ficticia para el consumo público. En este período se dio a conocer que Rodolfo González había mentido en su proceso de selección de 2009 sobre sus antecedentes de honorabilidad, escondiendo información sobre una condena que recibió por violencia intrafamiliar en años anteriores. La guerra de los comunicados se inició y organizaciones sociales de derecha y de izquierda exponían diariamente sus argumentos a favor de un lado u otro, mientras que las dos partes en conflicto se acusaban mutuamente de intentos de un golpe de Estado técnico.
80 HORAS DE NEGOCIACIÓN
Una semana después se instaló una mesa de negociación presidida por el Presidente de la República y conformada por representantes de los distintos partidos políticos. Fue una negociación escabrosa con 17 rondas, que duró más de 80 horas antes de llegar a un acuerdo final que dejaba al bloque de “los cuatro fantásticos” en la Sala de lo Constitucional a cambio de otorgar la presidencia de esta Sala y de la Corte Suprema de Justicia a José Salomón Padilla, un abogado con amplia experiencia en la defensa laboral, quien se define como colaborador del FMLN.
Mientras que la ciudadanía seguía las Olimpíadas, los vendedores ambulantes de la capital buscaban protegerse
de los desalojos del alcalde y candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, y los sindicalistas de la Panadería Lido se defendían de los nuevos ataques de la empresa, los medios de comunicación masivos mantenían el conflicto en las portadas de los diarios, en los editoriales radiales y en la primera noticia de los noticieros televisivos.
Mediáticamente el acontecimiento fue conocido como “choque entre la Asamblea y la Corte” y puso nuevamente en escena la bandera de “la separación de poderes” y la “defensa de la Constitución”. Históricamente, cuando la clase dominante ha sentido amenazado su estatus quo, invocan la necesidad de conservar “la democracia” a través de esa receta infalible. Era lógico que en esta coyuntura, cuando su hegemonía política ha perdido su piso, el tema apareciera de nuevo.
La separación de poderes es un principio del funcionamiento del Estado que, aunque tiene raíces en la premodernidad y después en el modelo de Monarquía Constitucional inglesa del Siglo 17, es propio de la época de la Ilustración europea.
Los pensadores de la Ilustración del siglo 18 eran un grupo avanzado de pensadores de la burguesía emergente
y de un sector de la nobleza identificada con ellos. Su centro geográfico fue Francia y sus ideas pusieron en jaque los fundamentos filosóficos del feudalismo abriendo camino a la fundación del Estado burgués. Cuarenta y un años antes de la Revolución Francesa, Montesquieu asentó el concepto de separación de poderes como fundamento de la democracia en su libro “El espíritu de las leyes”. Razonaba a la luz de la cotidianeidad burguesa y de sus “leyes fundacionales”, partía de una visión individualista y competitiva de los seres humanos y concluía que “el Estado existe con la finalidad de proteger al hombre de otros hombres”.
Priorizando su deseo de no ser afectado en su derecho a la vida, la integridad, la libertad y, sobre todo, la propiedad privada, los seres humanos otorgaban poder al Estado para que los defendiera. Sin embargo, ¿quién iba a proteger
a los hombres del propio Estado? La respuesta de Montesquieu era que el mismo sistema político podía garantizar esa protección a través de la separación de poderes. La división del Estado en distintos órganos, y la distribución de sus funciones entre estos órganos, se convertiría en un sistema de frenos y contrapesos que asegurarían un limpio ejercicio del poder político.
TRES PODERES INSEPARABLES DEL PODER ECONÓMICO
La “separación de poderes” y “el Estado de Derecho” constituían avances políticos en tanto asistieran al entierro político del feudalismo y permitieran a la burguesía construir sus propias “reglas del juego”, tal como las habían tenido anteriormente los reyes y los señores feudales en sus monarquías absolutas.
A lo largo de 264 años, estas reglas del juego se han vuelto tan incuestionables que parecen sostenerse en una fuerza tan “divina” como lo fue el “derecho divino” que los pensadores de la Ilustración derrotaron filosóficamente. Estos conceptos se asumen incuestionablemente como piedra angular de la democracia, sin recurrir ya a la razón ni a la historia para fundamentar su valor en la actualidad. Se defiende la separación de poderes a capa y espada sin preguntar lo que realmente hay en el fondo de este ropaje y se le utiliza para distinguir el bien del mal: el “bien” es lo que respeta la separación de poderes y el “mal” es lo que la cuestiona o duda de su omnipotencia.
La incondicional defensa de la separación de los tres poderes del Estado obvia, a conveniencia, la llave para entender la política en países como El Salvador, sin hacer un análisis realista de las relaciones de poder entre estos tres poderes estatales y los grupos de poder económico.
Históricamente, el principal obstáculo a la democracia política en El Salvador no ha sido la falta de independencia entre los tres poderes del Estado, sino la dependencia total y absoluta de cada uno de estos poderes de la clase dominante. Esta dependencia no es casual ni radica en la personalidad de tal o cual político, aunque hay individuos que lo hayan reforzado más que otros y ha habido momentos históricos en que se ha impuesto con mayor claridad que en otros. Es una dependencia orgánica que se expresa en la conformación del Estado, en sus instituciones, en sus normas jurídicas y en sus funciones. Esta relación histórica no sólo involucra a la clase dominante salvadoreña, también a la clase dominante internacional, expresada por su protagonista en el siglo 20 y aún en el 21: el gobierno de Estados Unidos.
Desde 1823, El Salvador ha tenido dieciséis Constituciones. La primera, obviamente, fue la fundacional de un Estado independiente. Las siguientes tres oscilaron entre ser Constitución de la República o Constitución de la Federación Centroamericana, hasta que la historia fue indicando que la fragmentación de “republiquitas” sería el porvenir de la región. Como dice Roque Dalton, “la idea de la dependencia real del país subyacía bajo la alharaca en torno a la independencia formal”. La política salvadoreña giraba aún en torno al mercado internacional del añil.
Aunque en el período siguiente hubo varias Constituyentes que introducían uno u otro cambio, la Constitución que mejor recogió y cimentó el cambio de una época a otra fue la de 1886, bajo la rectoría del entonces Presidente General Francisco Menéndez. Había nacido el capitalismo en El Salvador y la acumulación originaria de capital, que se dio principalmente a través del cultivo del café, carecía de un marco legal que la respaldara. Cinco años antes, la Ley de Extinción de Comunidades había facilitado el desmantelamiento de las tierras comunales de indígenas y campesinos. Poco después, la Ley de Extinción de Ejidos amplió y reforzó el proceso de división de las tierras, que permitía transferirlas a individuos y a familias criollas.
Faltaba aún el golpe final. Cuenta el historiador Flores Macal que para 1886 unas cuantas familias, los Alfaro, los Palomo, los Dueñas, los Regalado, los Escalón y los Meléndez, se habían apoderado del 40% del territorio nacional para expandir el sector agroexportador, la mayoría en tierras que fueron ejidales y comunales. Los 28 diputados propietarios de la Constituyente, varios de ellos miembros de estas familias, oficializaron la privatización de la tierra y el modelo agroexportador como estrategia nacional hacia el desarrollo e incorporaron los principios y modalidades propias del liberalismo, para estar al día con el discurso constitucionalista de los países capitalistas europeos, de los que todavía dependían en ese momento.
1950: HASTA AQUÍ LLEGÓ
La Constitución de 1886 recogió de manera eficaz las necesidades de la clase dominante. Sólo tuvo una ruptura breve en 1939 cuando el General Maximiliano Hernández Martínez realizó una Constituyente que le facilitara mantenerse en el poder. A la caída de Martínez, la Constitución de 1886 fue retomada y funcionó hasta 1950 cuando, de nuevo, fue necesario un cambio en el marco legal para consolidar una nueva época en la acumulación de capital.
Eran los años de postguerra en el mundo. El mercado internacional del café estaba en auge y permitía a la oligarquía experimentar con nuevas modalidades de acumular capital.
La época de las dictaduras “puras” en Centroamérica había perdido su brillo y un grupo de jóvenes militares, muchos de ellos entrenados en Estados Unidos, apoyaron al grupo “modernizador” de la oligarquía salvadoreña para darle un golpe de Estado al General Salvador Castaneda Castro y un golpe fulminante al grupo más conservador de la oligarquía, que se resistía a la diversificación de la base económica del país. Realmente, no tenían nada que temer: la industrialización no vino a cambiar las relaciones sociales de producción, sino a consolidarlas: los explotadores seguían siendo las mismas familias cafetaleras, que reorientaron sus inversiones al rubro industrial sin abandonar la agroexportación, y los nuevos obreros eran los obreros agrícolas que habían migrado a la capital.
Seis días después del golpe, el nuevo Consejo de Gobierno Revolucionario declaró que, aunque reconocía “las excelencias” de la Constitución política de 1886, “el desarrollo del país exige una Carta Fundamental que se adapte a las nuevas condiciones políticas, sociales y económicas en que se desenvuelve la vida nacional”.
FUNCIONAMIENTO AUTORITARIO CON FACHADA DEMOCRÁTICA
Coincidía en este período que Estados Unidos experimentaba un boom económico, revigorizado tras la depresión que precedió a la Segunda Guerra Mundial. La clase dominante estadounidense ya había saturado el mercado interno y, para seguirse reproduciendo, necesitaba exportar capitales fuera de sus fronteras. Parte del nuevo papel del Estado salvadoreño sería “atraer inversiones extranjeras” con ofensivas que incluían atractivos beneficios para los inversionistas.
El modelo de industrialización exigía un rol más protagónico del Estado en la actividad económica. La nueva Constitución necesitaba fundar instancias del Estado que fueran respaldo del proceso de industrialización. Al mismo tiempo, el avance de la revolución en Guatemala, así como la fiebre anti-comunista de la naciente Guerra Fría, auguraba que era necesaria alguna apertura, real o discursiva, que contribuyera a “contener el comunismo”.
La Constitución de 1950 respondía a las necesidades de aquel momento. Fundó instancias del Estado que permitieran nuevos gastos públicos en rubros de infraestructura que abrieran un mercado interno para varios productos industriales. Y avanzó con un discurso siempre liberal, pero más modernizante, que introdujo el concepto de “bienestar social” en boca del Estado.
La nueva Carta Magna institucionalizó la contradicción. El abogado José María Méndez lo explica: “Ahí se define
el modelo que hasta la fecha está vigente, con modificaciones a veces importantes. El poder real, que es el poder económico, determina la existencia de un partido oficial con mayoría en la Asamblea, en este momento era el PRUD (Partido Revolucionario de Unificación Democrática). Con esta mayoría en la Asamblea se garantizaba que, con las elecciones de segundo grado, ellos nombraban a quienes les daba la gana. Y siempre existía un partido de oposición, que en ese momento era el PAR (Partido de Acción Renovadora), que no tenía suficientes votos para obstaculizar al partido mayoritario”. De esta forma se garantizó mantener un funcionamiento autoritario con una fachada democrática.
1983: UNA CONSTITUCIÓN
En 1982 el Pacto de Apaneca, promovido por los militares y la embajada de Estados Unidos buscó que la oligarquía conservadora, representada por la recién nacida Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el ya decrépito Partido de Conciliación Nacional (PCN), y la burguesía “modernizante” y sectores aliados como la pequeña burguesía, representada por el Partido Demócrata Cristiano, se unificaran para enfrentar la amenaza de las fuerzas revolucionarias agrupadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Además de nombrar a Álvaro Magaña como Presidente, se acordó una Asamblea Nacional Constituyente para 1983. Esta Asamblea, presidida por Roberto D’Aubuisson, imprimió un carácter contrainsurgente a la nueva Constitución, manteniendo y profundizando el lenguaje “humanista” que garantizaba la continuidad de la contradicción.
En su artículo 85 la Constitución estableció que los partidos políticos “son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno”, vetando así la validez constitucional de una llegada del FMLN al poder, puesto que no era partido político en ese momento.
El artículo 105 frustró la segunda fase de la Reforma Agraria. Según la Ley de la Reforma Agraria (1980), la segunda fase afectaría propiedades con extensiones de 100 a 500 hectáreas. Con el artículo 105, el límite de propiedad de tierra
se amplió de 100 a 245 hectáreas. Establecía que los excedentes de esa cantidad de tierras serían expropiados por ley en los tres años siguientes y transferidos a las familias campesinas sin tierra. Prácticamente, esto fue una prórroga que dio tiempo a los terratenientes, muy bien representados en la Asamblea Legislativa, para desmembrar sus propiedades y así distribuirlas entre sus clanes familiares o venderlas. Las expropiaciones anunciadas nunca se realizaron.
La Constitución de 1983 estableció también artículos pétreos, que no pueden ser objeto de ninguna reforma. Según el artículo 248, las cláusulas pétreas son aquellas que “se refieren a la forma y al sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Previendo un posible triunfo del FMLN en los años 80, la clase dominante cerró la puerta a que esto pudiera cambiar “la forma y sistema de gobierno”.
Así, la Revolución quedó constitucionalmente prohibida.
Aunque con los Acuerdos de Paz (1992) se hicieron algunas reformas constitucionales importantes, el andamiaje del sistema quedó intacto.
Todos estos antecedentes ayudan a aclarar varios aspectos de una situación que abogados, académicos
y políticos han querido convencernos que es “demasiado complicada para entenderla”. Una serie de explicaciones maliciosas, falacias tergiversadas y ampliamente difundidas han contribuido a confundir a la opinión pública.
LO JURÍDICO NO ES POLÍTICO
La primera explicación descartable es que esta crisis es un problema jurídico y no político, pues los asuntos de la Constitución de la República son eminentemente jurídicos y tratarlos políticamente implica corromperlos. Éste ha sido el fundamento discursivo de los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional -en particular, de “los cuatro fantásticos”-, de ARENA y de los Aliados para la Democracia.
La Universidad Centroamericana (UCA) dijo que calificarlo como un problema político es “tan vago y poco concreto que no se sabe lo que significa. Porque las soluciones políticas de este país en ocasiones han sido dignas; pero en otras, corruptas”. Con esta posición se invoca la famosa “dogmática jurídica”, que tiene como finalidad dejar claro que una cosa es hacer derecho y otra muy diferente hacer política. Pero esta afirmación se ahoga rápidamente en las aguas de la historia.
Como dijo Federico Engels en el Anti-Duhring, “nuestro ideólogo puede revolver todo lo que quiera; la realidad histórica que ha echado por la puerta vuelve a entrar por la ventana, y mientras cree estar proyectando una doctrina ética y jurídica para todos los mundos, está ejecutando en realidad un retrato de las corrientes conservadoras o revolucionarias de su época, deformado porque, separado de su suelo real, es como un rostro reflejado por un espejo cóncavo e invertido”.
Plantear que lo jurídico es limpio y lo político es sucio es defender lo indefendible en un país donde la Corte Suprema de Justicia ha sido la protectora por excelencia de los intereses de la oligarquía más recalcitrante. En los últimos años la Corte ha sido responsable de decisiones como la de quitar a la sección de Probidad la potestad de investigar irregularidades en declaraciones patrimoniales. Ha amparado políticas de ARENA que amenazan la soberanía nacional como la política de dolarización vigente desde 2001 y la presencia de la base de monitoreo de tráfico de drogas del ejército de Estados Unidos con inmunidad diplomática para todo su personal. Últimamente obstaculizó
el enjuiciamiento de los responsables de la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras (1989), negando una petición de extradición a España.
ENTRE LA ASAMBLEA Y LA CORTE
Es importante recordar que el conflicto comenzó entre ARENA y el FMLN, no entre la Asamblea Legislativa y la Corte Plena de la CSJ. La fracción legislativa del FMLN, en una hábil jugada política, logró exacerbar contradicciones entre los partidos de derecha y aislar a ARENA. Los votos de GANA, PCN y PES, sumados a los del FMLN, llegaban a 50, siete más de los necesarios para una votación de mayoría simple y seis menos para una mayoría calificada.
Tampoco hubo conflicto entre el bloque liderado por el FMLN y la Corte Plena de la CSJ. Ni la Sala de lo Penal, ni la Sala de lo Civil, ni la Sala de lo Contencioso mostraban dificultad alguna con la Asamblea Legislativa ni con ninguno de los partidos políticos. Sólo “los cuatro fantásticos” de la Sala de lo Constitucional (el quinto integrante, Nelson Castaneda, iba de salida porque ya terminaba su período) pasaban empleitados con el grupo de diputados.
Cualquier duda quedaba despejada al ver las fuerzas sociales que iban acuerpando a cada parte en el conflicto. Los Aliados por la Democracia, representante social de la clase empresarial, eran los primeros en la fila de los defensores de “los cuatro”. El pueblo salvadoreño, poco interesado en el caso pero muy al tanto de los chambres y los escándalos, se asombró al ver a miembros de la oligarquía marchando en las calles el 12 de julio. Esta inédita acción de “lucha social” abanderada por una elite que nunca había sido vista “a pie”, dejaba entrever que estaba en juego algo muy importante para la clase dominante. La Iglesia Católica también se pronunciaba a favor de “los cuatro” y en contra de “los políticos”, expresión del compadrazgo tradicional entre la institución religiosa y la clase dominante. La labor de Daboub en Estados Unidos, el apoyo expresado por algunos congresistas a los integrantes de la Sala de lo Constitucional y los editoriales de “The Washington Post” y de “The Wall Street Journal”, vinculando la posición del bloque legislativo del FMLN en el conflicto con Hugo Chávez y Daniel Ortega dejaban poco espacio para perderse.
El FMLN fue acuerpado por organizaciones sociales como el Frente Sindical Salvadoreño, el Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre, la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador, una serie de organizaciones de mujeres, la Coordinadora Estudiantil Salvadoreña de la Universidad de El Salvador y la Unidad Nacional para la Defensa y Profundización de los Cambios, organización multisectorial recién nacida en torno a la figura de Mauricio Funes y su Secretaría Técnica. Todas estas organizaciones rechazaban la actuación de ARENA, cuestionaban la vigencia de la elección de Rodolfo González por sus antecedentes de violencia intrafamiliar, llamaban a los Aliados por la Democracia a no desestabilizar el país y apoyaban una solución negociada con la mediación de la Presidencia de la República.
Cuando las otras explicaciones quedaban cortas para dar con la causa del problema, los medios de comunicación intentaban convencer a la población de que el problema es “moral”. Salvador Samayoa, ex-dirigente del FMLN y funcionario del gobierno de ARENA durante la administración de Francisco Flores, lo explicó así:“Los cuatro superhéroes del Universo Marvel decidieron utilizar sus poderes para salvar al mundo. Los cuatro magistrados utilizaron su poder para honrar, reivindicar, fortalecer, rescatar y tal vez hasta salvar a nuestra democracia de su fatal degradación”.
Por otro lado, los medios de comunicación se encargaron de difundir que “el FMLN es igual que ARENA”, haciendo referencia a que la prisa para elegir los magistrados con una correlación favorable -lo que caracterizó la actuación legislativa de ARENA en 2006- era similar a la actuación del FMLN en 2009.
Según esta lógica, la honorabilidad de los cuatro magistrados es incuestionable, a pesar de casos como el veloz fallo a favor del Coronel Sigfrido Ochoa Pérez, responsable de la masacre de El Calabozo, para que éste pudiera participar como candidato a diputado por ARENA en marzo de 2009, mientras que cientos de casos prioritarios para la población quedaban archivados por “falta de tiempo”. A pesar también de su negligencia ante la solicitud de España para extraditar a los asesinos de los jesuitas, no votando contra quienes la rechazaron, con su silencio y permitiendo que magistrados los suplieran. Y a pesar de la mentira de Rodolfo González escondiendo sus antecedentes de violencia intrafamiliar.
UN ÚLTIMO ACTO SURREALISTA
Según los que predicaban la explicación moral, aplicar una estrategia política que toma en cuenta la correlación de fuerzas y las posibilidades de avanzar hacia un programa político en una situación desfavorable es algo deshonroso, inmoral. El colmo del argumento moral fue generado por un incidente que se dio el día que Ovidio Bonilla tomó posesión de la Presidencia de la Corte Suprema. Al recibir la negativa de Belarmino Jaime de entregarle las llaves de las oficinas, Bonilla contrató un cerrajero para que cambiara las cerraduras y le diera paso al lugar de trabajo. Según los medios, esta acción convirtió a Bonilla en delincuente y Florentín Meléndez demandó a Bonilla en la Fiscalía.
Es surrealista calificar el comportamiento de Bonilla como delictivo y antiético en un país donde los homicidios impunes son el pan de cada día y el soborno de jueces y la colaboración de fiscales han sido importantes instrumentos
de protección del crimen organizado. En este contexto, el discurso moral es poco apropiado, pues la lucha entre los “buenos” y los “malos”, aunque es propio de los paquines resulta inaplicable a nuestra realidad.
DE LA HEGEMONÍA OLIGÁRQUICA
En el año 2009 se quebró en El Salvador una tradición histórica: el control absoluto, y a su antojo, que la oligarquía ejercía sobre los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En las elecciones legislativas de enero de 2009 el FMLN ganó 35 de los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa, más que en cualquier elección anterior. Aunque esto no le garantizó una mayoría calificada (56 votos), ni siquiera una mayoría simple (43 votos) sobre el conjunto de partidos de derecha, fue un avance significativo, profundizado posteriormente al resquebrajarse la unidad de la derecha salvadoreña. En esas elecciones ARENA sacó 32 diputados, pero en octubre del 2009 perdió a 13 de ellos, que migraron a GANA, la naciente opción de derecha. ARENA quedó con una escasa banca legislativa de 19 diputados. En las elecciones legislativas de marzo de 2012 se recuperó al lograr 33 diputados, pero aún esto no es suficiente para recomponer el bloque de derecha que antes lideraba para contralar el órgano legislativo.
Dos meses después de este quiebre en el Legislativo, en marzo de 2009, las elecciones presidenciales representaron el peor revés político electoral de la historia de la derecha. El 15 de marzo de 2009 el FMLN -un partido definido en sus estatutos como “democrático, revolucionario y socialista”-, ganó las elecciones presidenciales. Aunque el recorrido del Presidente Funes se distancia mucho de estos principios, es evidente que el primer mandatario rompió con la tradición palaciega de incondicionalidad hacia los oligarcas salvadoreños.
LA CORTE: EL ÚLTIMO REDUCTO
La Corte Suprema de Justicia quedó como último reducto de control absoluto de la derecha. Pero también esto se ha ido quebrando, a pesar de que en la elección de abril de 2012 también entraron magistrados vinculados a la oligarquía. La Corte dejó de ser una realidad en blanco y negro.
Por primera vez en la historia, el Presidente de este órgano sería un hombre sin vínculos con la clase dominante. Lo que causó más revuelo en esa élite pareció ser que, real o simbólicamente, el FMLN había logrado desarticular a “los cuatro fantásticos “. A lo largo de estos tres años, todos los signos indicaban que clase empresarial había logrado una especie de simbiosis con los miembros de la Sala de lo Constitucional. Obviamente, eran de esperarse las patadas de ahogado y desembocaron en la “crisis institucional”; la transición no podía darse sin una resistencia importante porque en la Corte Suprema de Justicia se concentra una fuerza importante para favorecer la impunidad.
La resistencia tiene eco porque la oligarquía salvadoreña, aunque ha perdido cierta hegemonía en el campo político, mantiene intacta su hegemonía económica. Al final, la negociación arrojó una correlación de poder equilibrado
y nadie se salió con la suya. La oligarquía obtuvo que “los cuatro fantásticos” mantuvieran su bloque entero y, por lo tanto, una mayoría inquebrantable. A cambio de esto, tuvieron que sacrificar la Presidencia de la Corte, dejándola en manos de un hombre que dice estar al servicio de la clase trabajadora.
¿OTRA CONSTITUCIÓN
Los dimes y dientes de tanta inconstitucionalidad, real o supuesta, plantean en el fondo otra interrogante. ¿No será ya hora de cambiar la Carta Magna, elaborada en tiempos de guerra para frenar la posibilidad de lograr transformaciones estructurales en la sociedad salvadoreña?
Si las Constituciones son los marcos jurídicos institucionales de un Estado que, como dijo Roberto Turcios, “condensa con eficacia en un territorio definido, la lógica del poder económico, político, militar e ideológico”, ¿podemos concluir que esta lógica ha llegado hoy a punto de inflexión y que los cambios en ciernes en las relaciones de la sociedad ameritan la elaboración de una nueva Constitución de la República para darles mayor fuerza?
Hay un obstáculo jurídico: los miembros de la Constituyente de 1983 pusieron una llave al tema con el artículo 248, que prohíbe modificar la forma o sistema de gobierno. Esto invalida la posibilidad legal de una Asamblea Nacional Constituyente, porque no existe un mecanismo constitucional que posibilite su convocatoria. Sin embargo, Ricardo Iglesias, abogado y asesor de la fracción legislativa del FMLN, considera que nada es imposible. “Según el artículo 248 no se puede modificar la forma o sistema de gobierno, pero nada dice que no se puede reformar el artículo 248…
Se pueden buscar mecanismos”.
Una Asamblea Nacional Constituyente podría dar vía para revisar y modificar la institucionalidad actual de El Salvador, así como la periodicidad de las elecciones, que nos mantienen permanentemente en campañas políticas. Podría reconocer de manera más contundente los avances hechos a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos. Y hasta podría recuperar el terreno perdido por el Estado para controlar los recursos naturales del país y para regular las inversiones estratégicas de la economía.
Definitivamente, el camino hacia una Constituyente será un camino largo. Hace un año el FMLN planteó introducir la figura del referéndum en la Constitución y ARENA, la ANEP y sus analistas políticos reaccionaron virulentamente. Un comunicado de la ANEP llevó el título “FMLN propone ataque mortal a la democracia”. Y Paolo Lüers, ex-militante del FMLN y actual empresario y columnista de “El Diario de Hoy”, escribió una carta en este medio dirigida a Norma Guevara, jefa de la fracción legislativa del FMLN, pidiendo explicaciones sobre la referencia a la creación de una Constituyente en el país. Decía entender que el Frente pretende “una democracia directa, donde se pierde la independencia y la división de los poderes”.
Posiblemente el FMLN tendrá que caminar más para concretar cambios en las relaciones sociales, políticas y económicas antes de que el país pueda plasmarlos en una nueva Carta Magna. Posiblemente los sectores populares necesitan una mejor correlación de fuerzas para conseguir una Asamblea Nacional Constituyente con suficiente representación de sus intereses. De lo que no hay duda es de que los sectores que claman por más y mayores cambios en el país necesitan un marco legal que les abra espacios reales para llevar a cabo transformaciones profundas.

References: artículo 22
 artículo 85
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 248
 artículo 248
 artículo 248
 artículo 248