Source: https://1library.co/document/yev70r1z-credito-infonavit-relacion-derechos-humanos.html
Timestamp: 2020-08-14 00:16:04+00:00

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El Crédito Infonavit y su relación con los Derechos Humanos
EL CRÉDITO INFONAVIT Y SU RELACIÓN CON
MTRA. EVA AGUILERA CÁRCAMO
DR. JACINTO GARCÍA FLORES
1.1.1 INICIOS HISTORICOS DEL CREDITO ... 6
1.1.2 ANTECEDENTES DEL CONTRATO ... 8
1.1.3 ANTECEDENTES INTERNACIONALES DEL CRÉDITO A LA VIVIENDA ... 9
1.1.4 REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÒMICOS, SOCIALES Y CULTURALES……….11
1.1.5 ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LA VIVIENDA Y LOS DERECHOS HUMANOS 14 1.1.6 LA CONDICIÓN JURÍDICA DEL DERECHO A LA VIVIENDA ... 23
1.1.7 EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA O ADECUADA EN NUESTRO PAÍS 23 CAPÍTULO II ... 29
EL INFONAVIT Y LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA... 29
2.1 PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL TRABAJADOR PARA EL PAGO DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA ... 31
2.1.1 DEFINICIÓN DEL CRÉDITO DE VIVIENDA EN LA LEY Y VALIDEZ DEL COBRO DE INTERESES DEL MISMO ...31
2.1.2 FORMAS EN QUE EL TRABAJADOR SALDA SU DEUDA ANTE EL INFONAVIT .35 2.2 PROBLEMÁTICA EN LA ACTUALIDAD DEL TÉRMINO DE VIVIENDA DIGNA ... 38
2.3 NORMATIVIDAD DEL INFONAVIT EN MÉXICO Y SU APLICACIÓN A LOS TRABAJADORES ... 43
2.2.1 EL INFONAVIT EN MÉXICO, SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES ...44
2.2.2 LA RELACIÓN ENTRE EL TRABAJADOR Y EL INFONAVIT ...49
2.2.3LA ILEGAL INTROMISIÒN DE TERCERAS PERSONAS O RECUPERADORAS DE DEUDAS HIPOTECARIAS, AJENAS A LA RELACIÒN CONTRACTUAL ENTRE EL INFONAVIT Y EL TRABAJADOR……….……..……….52
2.2.4 LOS TRABAJADORES COMO GRUPO VULNERABLE ...60
2.2.5 LA CARTA DE LIBERACION DEL ADEUDO DEL INFONAVIT ... 64
2.2.6 LA CARTA DE LIBERACION DE HIPOTECA ... 65
2.2.7 LAS ESCRITURAS DE LA VIVIENDA ... 65
2.2.8 LA RELACIÓN ENTRE LOS TRES ENTES QUE INTEGRAN LA FIGURA DEL TRABAJO: ESTADO, PATRÓN Y TRABAJADOR DE ACUERDO A LA LEY DE LA MATERIA 68 2.2.9 APLICACIÓN Y ADOPCIÓN POR PARTE DE MÉXICO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES REFERENTES DEL DERECHO A LA VIVIENDA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, EN LOS QUE ÉL MISMO FORMA PARTE ... 74
2.3 POSIBLES MODIFICACIONES Y SOLUCIONES QUE SE PROPONEN EN LOS LINEAMIENTOS QUE TIENE QUE SEGUIR EL TRABAJADOR PARA LIQUIDAR SU DEUDA DE VIVIENDA ...79
2.3.1 EL PATRIMONIO FAMILIAR COMO OBJETIVO PRINCIPAL DEL DERECHO A LA VIVIENDA DEL TRABAJADOR. ...80
2.3.2 CONSECUENCIAS DE LA SUBDIVISIÓN DEL VALOR TOTAL DEL CRÉDITO ENTRE EL ESTADO, EL PATRÓN Y EL TRABAJADOR. ...83
2.3.3 VENTAJAS DE QUE EL TRABAJADOR SALDE SU DEUDA ANTE EL INFONAVIT ANTES DE ENTRAR EN POSESIÓN DE SU VIVIENDA ... 86
2.3.4 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS POR PARTE DEL ESTADO A TRAVÉS DEL INFONAVIT PARA LOS TRABAJADORES ... 88
2.3.5 VERDADERO RESPETO A LAS APORTACIONES HECHAS POR PARTE DEL ESTADO, EL PATRÓN Y EL TRABAJADOR ... 91
CAPITULO llI ... 93
LA VIVIENDA, EL INFONAVIT Y LOS DERECHOS HUMANOS ... 93
3.1 EL DERECHO A LA VIVIENDA Y OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES ... 93
3.1.1 DERECHO A LA VIVIENDA Y NO DISCRIMINACIÓN ... 93
3.1.2 EL DERECHO DE LA MUJER A LA VIVIENDA Y EL DERECHO DEL NIÑO A LA VIVIENDA ... 95
3.1.3. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA A SUS GOBERNADOS ... 98
3.1.5 HASTA EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA ... 101
3.1.6 PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE... 102
3.1.7 OBLIGACIÓN MÍNIMA ... 102
3.2.1 SEGURIDAD JURÍDICA DE LA TENENCIA DE LA VIVIENDA ...110
3.2.2 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA ...111
3.2.3 GASTOS DE VIVIENDA SOPORTABLE ...112
3.2.4 VIVIENDA HABITABLE ...113
3.2.5 VIVIENDA ASEQUIBLE ...114
3.2.6 LUGAR ...114
3.3 EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA COMO OBJETIVO PRIMORDIAL DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ... 115
3.3.1 HACIA EL CARÁCTER JUSTICIABLE DEL DERECHO A LA VIVIENDA ...116
3.3.2 VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA ...118
3.3.3 ¿EXISTE EL DERECHO DE QUEJA EN MATERIA DE VIVIENDA? ...121
CAPITULO lV ... 124
4.1 RECOMENDACIONES DE LA CNDH EN MATERIA DE VIVIENDA ... 124
4.1.1 MÉXICO D.F.: RECOMENDACIÓN 3/2013 POR CASOS DE AFECTACIÓN AL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA DE MÁS DE 80 FAMILIAS ...126
4.1.2 MÉXICO: GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA A CADA INDÍGENA ...131
4.1.3 CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL ACTUAR DEL ESTADO MEXICANO EN SUS POLITICAS PÚBLICAS. ...135
4.2 VIVIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL ... 139
4.2.1 DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL ...140
Esta investigación pretende analizar la vulnerabilidad de los trabajadores ante el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante INFONAVIT), ya que si bien es cierto que los beneficiarios tienen derecho a una vivienda digna, también lo es, que para que puedan ejercer esa prerrogativa, los propios trabajadores necesitan erogar gastos excesivos, ya sea porque el patrón les descuenta de su salario o porque, en algunos casos, estos pagan directamente al INFONAVIT. Y es ahí en donde el instituto en mención, se aprovecha de la necesidad de las personas que recurren al mismo para hacerse de una vivienda.
Con apoyo del método inductivo, se pretende desentrañar la figura del crédito ante el INFONAVIT y la repercusión que tiene este tipo de acuerdos en los Derechos Humanos, toda vez que nos enfrentamos al halo de protección que los estos otorgan en el campo del Derecho a la propiedad, en su vertiente de acceso a la vivienda digna, y las tramas que encierra la liquidación de un crédito de las características que reviste el contraído ante el INFONAVIT. Por otro lado y con apoyo del método deductivo se abordará el marco jurídico del INFONAVIT y los Derechos Humanos con los que colisiona al otorgar créditos para acceso a la vivienda, con la finalidad de corroborar que ambas instituciones del derecho pueden jugar papeles antagónicos contradecirse en la celebración de un acuerdo entre el Estado y un particular.
5 trabajador para que realmente cumpla con su función de proteger los derechos de los laborales de sus ciudadanos.
EL CRÉDITO DE VIVIENDA Y EL INFONAVIT
“La morada del hombre, elemento históricamente fundamental para la subsistencia de la especie, es factor básico para la organización y desarrollo de la existencia familiar”.1
A continuación se dará una perspectiva de la evolución del desarrollo histórico del crédito, primeramente, del contrato y después del crédito de vivienda para poder comprender mejor la situación histórica del derecho al acceso a una vivienda digna y decorosa y como a través de los tiempos se ha venido desvirtuando la esencia de tal prerrogativa.
1.1.1 INICIOS HISTORICOS DEL CREDITO
El crédito en su etimología proviene del latín “credere”, que significa “confianza”, lo cual quiere decir que cuando se obtiene un beneficio de estos, la persona quien lo da (generalmente dinero), tiene la tranquilidad que la persona que lo recibió de lo
1 LANDA, Horacio. Planteamientos para una política de vivienda en México. ed. Centro de
7 devolverá en un cierto tiempo y con su respectivo interés legal y en su caso moratorio.
Durante el auge del derecho romano ya se utilizaba al crédito para los derechos reales como en la prenda o hipoteca. Aquí se “concibió la posibilidad de que el deudor estableciera una garantía real, pero sin entregar los bienes al acreedor, quien podía pedir su entrega en caso de incumplimiento de la deuda garantizada. A esta modalidad se le conoce con un término griego; hipoteca”2
Ahora bien, la hipoteca puede establecerse normalmente por contrato, por testamento, por decisión judicial; y puede extinguirse por perdida de la cosa, por renuncia, por confusión.
De los antecedentes expuestos en líneas anteriores, se entiende a grandes rasgos la forma en que el INFONAVIT en la actualidad ejerce sus funciones, mismas que conllevan el otorgamiento de créditos de vivienda, y que lo realiza por medio de la celebración de un contrato entre él y el trabajador, denominado, contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria.
De lo anterior se desprende que el contrato utilizado por el instituto conlleva una obligación para el trabajador, ya que, por el simple hecho de tratarse de un crédito, se entiende que el derechohabiente gozara del disfrute y posesión de la vivienda pero no de la propiedad hasta en tanto no cubra con su obligación de pagar el precio total de la vivienda. Si no lo hace, por la garantía hipotecaria que conlleva el contrato perderá la posesión del hogar y tendrá que devolverlo al INFONAVIT--claro está
8 siempre y cuando se siga un procedimiento judicial y haya una resolución firme al respecto-
De esto se colige que desde la época de la civilización romana se establecía claramente una protección para el acreedor y una defensa para el deudor. Cabe hacer mención que durante esta época no se establecía el cobro al deudor de una ganancia extra para el acreedor, por lo tanto no existía la palabra interés, lo que se prestaba era lo único que se tenía que devolver y solo el deudor cuando estaba en mora, se le tenía que interpelar primeramente y después de cumplir con el procedimiento romano, y si la resolución le era desfavorable, tenía que pagar los daños y perjuicios ocasionados al acreedor, que no es lo mismo al interés moratorio u ordinario que conocemos hoy en día.. Cosa que no ocurre en nuestros tiempos ya que cualquier crédito o préstamo otorgado lleva implícito el cobro de una ganancia extra en favor del acreedor
1.1.2 ANTECEDENTES DEL CONTRATO
Como bien se sabe la figura jurídica del contrato surge en la época romana, y se ha mantenido en su misma definición desde ese entonces hasta nuestros días y que es el acuerdo de voluntades que se celebra entre dos o más personas y del cual se obtendrán beneficios recíprocos para las partes, o mejor dicho “un contrato es una especie de convención o pacto, es el consentimiento de dos o mas personas, para formar entre ellas algún compromiso, o para resolver uno existente, o para modificarlo [...]”.3
9 Aplicando las definiciones expuestas anteriormente a la problemática de la presente investigación. Concluimos en que el INFONAVIT al celebrar los contratos de apertura de crédito con los trabajadores, busca actuar como persona jurídica o privada; es decir, busca obtener un beneficio como cualquier otro, ya que su naturaleza jurídica se lo permite. De ahí que se rompa con el principio social para la cual fue creado.
1.1.3 ANTECEDENTES INTERNACIONALES DEL CRÉDITO A LA VIVIENDA
Los orígenes se remontan hasta el siglo XlX, ya que es en esta época donde por primera vez se le da importancia a las necesidades sociales, en esta porción de tiempo se toman en cuenta los derechos más básicos con que deben contar todos los miembros de una sociedad, entre los que destacan: el derecho a la salud, a la educación y por supuesto el de contar con una vivienda digna y adecuada.
En ese contexto, hay que partir del siguiente hecho:
“A causa de la industrialización ha provocado que muchas personas comenzaron a vivir hacinadas [...] y en condiciones higiénicas insalubres”.4
Como podemos analizar de la anterior cita, en la época de la revolución industrial, las personas estaban acostumbradas a vivir en espacios reducidos y además de
10 eso tenían la necesidad y obligación de compartirlos con un número mayor de personas, las cuales no necesariamente eran miembros de su familia.
Más adelante, durante el mismo siglo, empezaron a surgir las primeras “políticas sociales” promovidos por el Estado, como por ejemplo:
a) “El congreso de Amberes de 1894, en el que se discutiría sobre la conveniencia de utilizar la expropiación forzosa para el fomento de la vivienda de protección
b) Importante es la casas de alquiler para obreros en Inglaterra de 1851
c) La ley de sanidad de 13 de abril de 1850 de Francia, adoptaba medidas de intervención higiénica. Pero fue hasta 1890, en el mismo país (galo) que apareció el primer reglamento para la construcción de viviendas sociales”5
Así, el primer país en ser el referente en la construcción de viviendas sociales como ya mencionamos fue Francia. Es aquí donde surgió la idea de que los hogares deberían de acercarse a la población en general y muy en especial a los de bajos recursos, quienes formaban parte del sector social y que dada su vulnerabilidad necesitaban de una ayuda y protección especial por parte del Estado.
Siguiendo en este mismo tenor en 1892 en el país galo apareció la ley sobre habitations ouvières .En ellas se establecieron entre otras cosas:
11  Medidas de fomento de la construcción de viviendas sociales, como de
protección de la vivienda familiar.
 Aparece el principio de que la incursión del Estado no podía prescindir de
la iniciativa privada.6
De tal modo que lo enunciado anteriormente constituye en esencia las bases que todos los países, que se digan civilizados, utilizaron para desarrollar sus propias políticas sociales y muy en especial, la idea del derecho a una vivienda de protección o social, en la cual tendría que intervenir el Estado y la iniciativa privada. Así “en Francia se quiso convertir a los obreros en propietarios, la política de vivienda se convirtió bajo esta perspectiva, en un modo de hacer lucha de clases”.7
Estos serán los antecedentes que sirvieron de modelo para que nuestro país impulsara legislativamente la creación leyes, reglamentos e instituciones que velaran por el derecho a la seguridad social de los mexicanos, muy en especial el de la salud y la vivienda.
1.1.4 REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÒMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
“A pesar de que existen dos Pactos internacionales, cada uno de los cuales garantiza un conjunto de derechos humanos, la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos es un principio aceptado desde hace tiempo. Esto significa que el respeto de los derechos civiles y políticos no puede separarse del disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.8
6 Ibídem p. 89
7 Ibídem p. 90
12 Como lo señala el párrafo anterior los derechos no son independientes sino que son conexos; es decir, que a pesar de que estén estipulados en diferentes tratados tienen un mismo fin, esto es salvaguardar el bienestar de todos los seres humanos en todas las áreas de su desarrollo. El derecho a una vivienda adecuada representa el compromiso que los Estados firmantes tienen con sus gobernados de garantizarles un techo y un piso, para sí y su familia y que además cumplan con ciertas características de salubridad, geografía, tamaño, etc., que también garantice otros servicios básicos como lo son: el acceso al agua potable, electricidad y que se encuentre cercana a las grandes manchas urbanas ya que esto permite el acercamiento a las instituciones educativas y a los recintos de trabajos.
“Los derechos humanos abarcan todas las esferas de actividad de las Naciones Unidas, y varios de los organismos especializados, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se ocupan del tema de los derechos humanos desde hace varios decenios.
Por las razones anteriormente expuestas, cada vez son más los organismos de las Naciones Unidas que incorporan temas relacionados con los derechos humanos en sus respectivos programas de trabajo. Esto es especialmente cierto tratándose del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.9
http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs21_sp.htm. Fecha de Consulta 10/junio/2014
13 El derecho a una vivienda adecuada es uno de los derechos económicos, sociales y culturales que han sido objeto de una atención y un fomento cada vez mayores, no sólo por parte de los órganos de derechos humanos, sino también del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat). Esto comenzó con la Declaración de Vancouver sobre los asentamientos humanos de 1976, a la que siguió la proclamación del Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar en 1987, y la aprobación de la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988. Puesto que “cuando la organización de una sociedad no permite la adquisición de la vivienda a sus integrantes, esta carencia no representa solo un problema de quienes no cuentan con ella, sino también de la sociedad en su conjunto”.10
Cabe hacer mención que lo mencionado en este subtema parece utópico, que no existe la posibilidad de que ningún ser humano se quede sin hogar, pero lamentablemente, como veremos más adelante en el presente trabajo de investigación, la pobreza, la desigualdad social, el olvido legislativo para proteger a los grupos vulnerables como a los trabajadores, entre otros factores, influyen en que el derecho a una vivienda digna o adecuada solo se quede plasmado en el papel y no se ponga en práctica. Esto se debe principalmente a la libre interpretación que cada Estado signatario le da a todos los derechos humanos que se establecen en los tratados, en los que forma parte y también a que los instrumentos internacionales no obligan a los gobiernos; es decir, no los vinculan a menos de que hayan
14 reconocido la jurisdicción de la corte interamericana de derechos humanos, en el caso del continente Americano o del Tribunal Europeo, para tal continente.
1.1.5 ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LA VIVIENDA Y LOS DERECHOS HUMANOS?
“A primera vista puede parecer extraño que un tema como la vivienda guarde relación con los derechos humanos. No obstante, si se examinan más de cerca las leyes nacionales e internacionales así como la importancia que tiene un lugar seguro donde vivir para la dignidad humana, la salud física y mental y en general la calidad de vida, es posible apreciar algunas de las relaciones entre la vivienda y los derechos humanos. En todas partes se considera que la vivienda adecuada es una de las necesidades humanas fundamentales”.11
El derecho a una vivienda adecuada es la piedra angular de la Estrategia Mundial de la Vivienda, y está reconocido universalmente por la comunidad internacional. Todos los países, sin excepción, tienen algún tipo de obligación con respecto al sector de la vivienda, como lo demuestra la creación de ministerios u organismos de la vivienda, la asignación de fondos al sector y las correspondientes políticas, programas y proyectos. Ya que “todos los ciudadanos de todos los Estados, por pobres que puedan ser, tienen derecho a esperar que sus gobiernos se preocupen de sus necesidades en materia de vivienda y que acepten una obligación
15 fundamental de proteger y mejorar las casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos".12
Cabe hacer mención que la cita mencionada anteriormente, pareciera que no se cumple en México, en el caso del INFONAVIT ya que a este instituto se le dio la facultad recientemente de vender los créditos de vivienda que los trabajadores no pudieron cubrir en su totalidad, Lo que representa que el Estado mexicano se desentienda del derecho humano que aprobó y ratifico en los distintos tratados internacionales, el cual es el acceso a una vivienda digna o adecuada olvidándose de sus gobernados de bajos recursos y con necesidades múltiples, como lo menciona el párrafo anterior. Esto trae consigo, el siguiente cuestionamiento:
“Tradicionalmente, el déficit habitacional ha sido considerado en términos cuantitativos (número de viviendas faltantes) y no cualitativo (viviendas inadecuadas). En consecuencia, la solución del déficit se ha visualizado como la construcción de viviendas únicamente [...]”13
Luego entonces ¿Es correcto que el INFONAVIT, siendo un organismo descentralizado de la administración pública y representante en parte del gobierno mexicano, tenga la libertad de vender los créditos vencidos a su favor a sociedades privadas, si es el primero que tiene que velar por el bienestar de sus ciudadanos al tener que bríndales una certeza jurídica sobre la posesión de sus viviendas?
12 Ibídem p. 40
16 En la Estrategia Mundial se define la vivienda adecuada de la siguiente manera:
“disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”14.
Recomendación 115 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Acerca del derecho de los trabajadores y sus familias a una vivienda adecuada.
La recomendación a la que nos referimos, se llevó acabo en sesión ordinaria de la asamblea general de la Organización Internacional del Trabajo, órgano interno de la Organización de las Naciones Unidas, en fecha veintiuno de junio de 1961. Esta resolución se considera la primera en su tipo ya que es la pionera en abordar el derecho humano a un nivel de vida adecuado, en su modalidad de derecho a la vivienda, en especialidad para los trabajadores. Por lo que es de gran trascendencia a nivel mundial por establecer los lineamientos a seguir por parte de los Estados signatarios para garantizar el derecho a una vivienda a sus trabajadores y sus familias. Pero contario a lo expuesto anteriormente:
“Tanto en América Latina como en los Estados Unidos el seguro social se inició como una política dirigida de arriba hacia abajo y controlada por elites políticas y tecnocráticas [...]”15
14 DEL RIVERO, DEL RIVERO, José Alberto. ROMERO, PÈREZ. Miguel Alberto. La vivienda como derecho constitucional. ed. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México, 2010..p. 31
17 Esta recomendación es la primera en establecer la creación de un organismo en cada Estado participante de esta, con el fin de garantizar y hacer más factible el derecho a la vivienda por parte de los trabajadores, y que además recomienda, en su capitulo III, denominado “RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS” las siguientes funciones:
 “[...]
 2) El organismo central debería encargarse, entre otras funciones:
 a) de estudiar y evaluar las necesidades de viviendas para los trabajadores y de instalaciones colectivas conexas; y
 b) de formular los programas de vivienda para los trabajadores, que deberían incluir medidas para eliminar los intereses y para proporcionar nuevos alojamientos a sus ocupantes.
 3) Las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como otras organizaciones interesadas, deberían estar asociadas a las labores del organismo central.”16
Como podemos observar de la cita anterior, el INFONAVIT es el organismo encargado en nuestro país de desarrollar la política de vivienda para los trabajadores mexicanos. También apreciamos que todas las funciones
16 Organización Internacional del Trabajo. R-115- Recomendación Sobre la Vivienda de los
Trabajadores, 1961 (núm. 115). Consultado en.
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:31
18 establecidas por la OIT, para el mencionado organismo, se encuentran claramente incluidas en nuestra normatividad interna. En lo que se refiere a la ley orgánica del INFONAVIT, ya que en esta se encuentran los lineamientos y bases necesarias para la adquisición de una casa habitación para sus derechohabientes, además de que también prevé, la participación de las organizaciones sindicales y patronales en su constitución y toma de decisiones.
Por lo que en ese sentido el INFONAVIT recogió en gran medida los señalamientos hechos por la OIT. El problema se presenta cuando estas recomendaciones se llevan a cabo en la práctica, y muy en especial en el caso de nuestro país, como veremos más adelante en el presente trabajo de investigación.
Siguiendo analizando la recomendación 115, en su capítulo V denominado “FINANCIAMIENTO”, se establecen las reglas que los Estados tendrán que seguir para allegarse de los recursos necesarios para cumplir con su obligación de proporcionar vivienda para sus gobernados, entre otras cuestiones, menciona lo siguiente:
20. “Los préstamos otorgados a los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de los Principios generales, deberían cubrir la totalidad o una parte importante del costo inicial de la vivienda y poder ser reembolsados a largo plazo, a una tasa moderada de interés”17.
23. “Las autoridades públicas deberían proporcionar ayuda financiera especial a aquellos trabajadores que, en razón de los ingresos inadecuados o de los gastos excesivos a que se ven obligados a causa de sus
19 responsabilidades familiares, no estén en condiciones de obtener alojamiento adecuado”18.
Lo importante a recalcar de la anterior cita mencionada es que en el punto 20, la OIT señala claramente que los prestamos hechos, en este caso por parte de los Estados debería de cubrir gran parte del costo de la vivienda, que aunque establece también que ese préstamo se debe reembolsar y con un interés razonables, no justifica en el caso de México, el abuso por parte del INFONAVIT en contra de sus propios derechohabientes y que se encrudeció cuando se le dieron facultades para vender los créditos vencidos a su favor a personas jurídicas o sociedades mercantiles, llamadas vulgarmente como “recuperadoras”.
En el punto siguiente se señala una clara protección para aquellos trabajadores que por sus bajos ingresos o inclusive por los gastos excesivos que pueda realizar, necesitan un trato distinto de aquellos con mayores recursos económicos. Pero lamentablemente esto se deja a la libre interpretación de cada Estado le dé y por esta razón en el caso de nuestro país, al INFONAVIT no le interesa distinguir de entre los trabajadores aquellos que ganan más o a aquellos que ganan menos, ya que su política de vivienda está basada en la igualdad o equidad jurídica, pero esta vez, entendida esta en su sentido negativo, ni mucho menos se pone a pensar en la cantidad de hijos que tiene cada trabajador y por ende en los gastos fuertes que este tiene que realizar. Por eso resulta importante exponer lo que se dice en la siguiente cita:
20 “(Hay que) posibilitar a grupos de derechohabientes, integrados en organizaciones legalmente constituidas, realizar “promociones” sin intermediación de promotores especulativos; es decir, considerarlas como y darles trato de promotoras de vivienda popular” 19
Por lo que podemos decir que en nuestro país no existe tal protección ya que existe una guerra declarada entre el trabajador y el INFONAVIT, en especial por el tumultuoso actuar del mencionado instituto.
Por último señalaremos que en la mencionada recomendación se encuentra un capitulo en específico dedicado a los alquileres; es decir, a las amortizaciones que tendrán que realizar los trabajadores para apropiarse de una casa habitación, y que se encuentra en el capítulo Vlll, denominado “POLITICA EN MATERIA DE ALQUILERES” y que al respecto menciona lo siguiente:
 “[…] el propósito general (del derecho a la vivienda) debería ser la disminución progresiva del porcentaje de los ingresos del trabajador dedicados al alquiler, que cubra el costo normal del alojamiento, gracias al aumento de los salarios reales y a la creciente productividad en la industria de la construcción.
21  2) Ningún aumento de alquiler debiera permitir más que unos réditos
razonables de la inversión.
 3) Durante los períodos de grave escasez de viviendas deberían
adoptarse medidas para impedir el alza excesiva de los alquileres de las viviendas existentes de trabajadores. [...]”20
Con los puntos expuestos anteriormente, referentes a los alquileres, podemos debatir con fundamento el actuar del INFONAVIT, ya que este instituto en vez de bajar las amortizaciones que los trabajadores le tienen que hacer, si este tiene un aumento de salario, lo que hace es aumentar en igualdad de proporción las mencionadas amortizaciones o sea ni los disminuye o por lo menos los mantiene igual. Esto representa una carga excesiva para sus derechohabientes que en lugar de disfrutar de su aumento ve como con ello crecen también sus obligaciones de vivienda a parte de los gastos personales que tiene que realizar. Puesto que en las versiones sexenales del programa de vivienda nacional se ha dado lo siguiente:
“a) tendencia a formular los niveles normativo y estratégico de manera cada vez más general y abstracta, sin fijar compromisos específicos, y b) conducción del nivel operativo desvinculado de los dos anteriores, y de manera crecientemente pragmática. Es decir el rol normativo y regulador del gobierno se está reduciendo [...] en perjuicio de las mayorías urbanas. Desde
20 Organización Internacional del Trabajo. R-115- Recomendación Sobre la Vivienda de los
22 el punto de vista de los intereses de estas, se puede hablar de crisis y retroceso en la política habitacional [...]”21
Se establece también que la inversión no debe excederse en los réditos que genere el crédito, que aunque nos parece equivocado como lo mencionaremos más adelante, que los Estados tengan una ganancia extra con los créditos de vivienda que otorga para su gobernados, siendo que ya se hizo una división del valor total de la casa entre el Estado, el patrón y el trabajadores. El rédito debe ser razonable y no como sucede en nuestro país que parece que los créditos de vivienda otorgados son una fuente más de ingresos para el Estado mexicano que en lugar de un apoyo que este dé. Puesto que:
“La vivienda es un bien caro. No pudiendo la población acceder a él de manera inmediata; por esta circunstancia es necesario acudir al préstamo. Esta es la acción financiera principal de las Entidades de crédito”. Por esta razón no se puede prescindir de la poca o mucha ayuda que el Estado otorgue para la construcción de casas habitación, muy en especial, las dirigidas para los trabajadores.”22
Concluyendo, esta recomendación 115 es la norma fundamental a nivel internacional del derecho a la vivienda para los trabajadores, ya que todos los Estados que participaron en la misma, en gran medida adoptaron las sugerencias
21 SILVA HERZOG, F. Jesús. Para entender al INFONAVIT. ed. Nostra Ediciones. México, 2010.p.
23 hechas por la OIT en esta resolución. Pero desgraciadamente como su nombre lo indica son solo recomendaciones, lo quiere decir que están a la libre valoración que cada uno de los países le haga a cada uno de los puntos enunciados, sin que sean vinculantes para ellos. Lo que explica el problema de llevar a la práctica lo que se dice en la ley y sobre todo en la norma internacional.
1.1.6 LA CONDICIÓN JURÍDICA DEL DERECHO A LA VIVIENDA
“Al adoptarse la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el derecho a una vivienda adecuada pasó a formar parte del conjunto de normas jurídicas internacionales de derechos humanos universalmente aplicables y universalmente aceptadas. Desde entonces se ha reafirmado este derecho en un gran número de instrumentos de derechos humanos, todos los cuales son importantes para distintos grupos de la sociedad [...]”23
1.1.7 EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA O ADECUADA EN NUESTRO PAÍS
El derecho a la vivienda tiene en nuestro país profundas raíces históricas. La Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción XII, estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas
24 En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para brindar seguridad social a los trabajadores, aunque en sus inicios, también proporcionó vivienda a sus derechohabientes.
En febrero de 1972, con la reforma al artículo 123 de la Constitución, se obligó a los patrones, mediante aportaciones, a constituir un Fondo Nacional de la Vivienda Esta reforma fue la que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.24
Lo importante a señalar de la cita anteriormente expuesta es que desde un principio se estableció que los trabajadores tendrían el derecho a que se les devolviera sus fondos que se les habían descontado directamente de su salario, en la época de su jubilación. Luego entonces ¿porque hace pocos años nuestros legisladores cumplieron con esto, es decir, obligaron al INFONAVIT a restituir los mencionados
24Cfr. CARDENAS GUTIERREZ, Carlos. INFONAVIT las 10 preguntas y respuestas más planteadas.
25 recursos a los trabajadores? ¿Qué acaso no les convenía y lo tenían invertido en otro lado?
Durante la época en que creo el mencionado instituto, la actividad promotora de interés social era muy escasa, por lo tanto “se había creado un instituto que contaba con amplios recursos para conceder créditos para la adquisición de casas, pero no había inmuebles”.25
En ese contexto, el INFONAVIT contaba con los recursos financieros para la construcción de casas habitación pero de ninguna manera contaba con los medios para fabricarlas, como se da hoy en la actualidad.
De cualquier manera dicha entidad pública en poco tiempo se convertiría en el promotor número uno del país en hacer que la mayoría de la población mexicana contara un crédito, obviamente iba enfocado a los trabajadores, los cuales eran y seguirán siendo su objetivo final. Así empezaba la historia de la institución que más adelante traería consigo gran cantidad de cuestionamientos a la política implementada por la misma, la cual se debe en su totalidad a nuestros “distinguidos” legisladores.
“Por ello en los primeros años y ante el exceso de demanda, se utilizó un procedimiento relativamente complejo que utilizaba la información
26 económica del trabajador y un modelo computacional que seleccionaba a aquellos trabajadores con mayor necesidad de vivienda”26
En esos primeros años cuando el INFONAVIT construía unidades habitacionales se ocupaba también de que contaran con escuelas, centros comerciales, jardines, etcétera, porque también era una de sus obligaciones contribuir al desarrollo integral de la persona. Cosa que ya no ocurre en nuestra actualidad porque ante los escases de tierras para la construcción de hogares, menos hay para la creación de espacios recreativos. Es por eso que a lo largo de la historia de la mencionada entidad pública, hemos visto su detrimento económico, político y social, ya que de ser una institución benéfica y sin fines de lucro, ha optado por una postura totalmente en contra de eso, convirtiéndose así en el enemigo “publico” de los trabajadores y no conforme con esto ha buscado aliados de carácter privado como lo son las mal llamadas “recuperadoras”.
“A lo largo de varias administraciones, el instituto se limitó a financiar conjuntos habitacionales promovidos por líderes sindicales o grupos empresariales, [...] los beneficiarios del crédito cubrían una aportación extra [...] por haber sido seleccionados, [...] y el INFONAVIT se convirtió en una tesorería de la corrupción”27
Lo anterior demuestra que el instituto ha sido desde sus inicios y en nuestra actualidad un banco que da rendimientos altos y a corto plazo, pero no para los trabajadores sino para el poder político, que han visto en él, una fuente inagotable de recursos que el Estado mexicano aprovecha para llenar sus arcas, justificándose en que otorga créditos, es decir; que se le tiene que devolver el dinero prestado en
27 un cierto plazo, actuando con esto como un acreedor común y corriente y olvidándose del objetivo primordial de todo Estado, que es el bienestar común de su sociedad sin que le importe cuanto esta le puede regresar en efectivo.
Pero fue hasta 1983, cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se estableció como una garantía individual.”28
“Hasta la década de los ochenta, la política de vivienda había sido la intervención directa del Estado en la construcción y financiamiento de vivienda y aplicación de subsidios indirectos, con tasas de interés menores a las del mercado. En la primera mitad de la década de los noventa, se inició la consolidación de los organismos nacionales de vivienda como entes eminentemente financieros”29.
Programa de vivienda 1995-2000
Para lograr una mayor coordinación del sector, fortalecer la oferta de vivienda y brindar atención especial a la demanda de vivienda de interés social, el Programa Nacional de Vivienda 1995-2000 establece las siguientes líneas estratégicas:
28 La Política de Vivienda en México. La Política General del Sector de la Vivienda. Lic. Luis de Pablo
Serna. consultado en http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont13/masalla3.htm. Fecha de Consulta: 5/julio/2014.
28 Fortalecimiento institucional: profundizar la reforma estructural de los organismos nacionales de vivienda, preservando su sentido social, ampliando su cobertura de atención y propiciando una mayor coordinación entre ellos.
Mejoramiento y ampliación de los servicios de financiamiento: promover un mayor flujo de financiamiento a largo plazo, con costos competitivos y diversificación de esquemas de financiamiento de acuerdo con el nivel de ingreso de la población.
Desregulación y desgravación: impulsar un marco normativo que se refleje en menores costos indirectos asociados con la producción y titulación de vivienda.
Suelo para vivienda: promover la oferta de suelo para uso habitacional a precios accesibles para la población, incorporando reservas territoriales y predios infra urbanos que cuentan con servicios y equipamiento.
Autoconstrucción y mejoramiento de vivienda rural y urbana: apoyar la autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, así como la comercialización de materiales e insumos en las zonas rurales y urbanas.
EL INFONAVIT Y LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA
Los créditos de vivienda que otorga el INFONAVIT son impagables lo que provoca que los trabajadores no puedan liquidar su casa en un corto tiempo. Cada año la deuda de la vivienda aumenta a consecuencia de que los intereses van incrementándose conforme se eleve el salario mínimo en el paspar lo que en muchas ocasiones los trabajadores tienen que recurrir a convenios con el instituto con el fin de reestructurar el crédito, pero este resulta más desfavorable para él, ya que en la mayoría de estos convenios el plazo para pagar se reduce y las amortizaciones por ende aumentan. Al no cumplir el trabajador el convenio hecho a su favor, el instituto procede a obligarlos a pagar a través de juicios civiles reclamando el valor total de la casa habitación, mas todos los intereses que acumularon, aparte de que exige al trabajador y a su familia el desalojo de la vivienda, lo que trae consigo una total indefensión para el trabajador. Pero:
“Por bienintencionada que sea, toda política de vivienda [...] no viene a resultar más que un costosísimo procedimiento para empobrecer a la gente, a los usuarios con ingresos más reducidos en primer lugar y a la sociedad entera a la larga [...]”.30
También resulta interesante el fenómeno que está presentándose en la actualidad ya que si el instituto no puede conseguir que el trabajador le pague hasta el último centavo por medio de un convenio o por un juicio civil, este tiene la total libertad de vender el crédito a una institución o sociedad privada a las que vulgarmente se les denominan “recuperadoras” y a estas no les interesa respetar el crédito del
30 INFONAVIT con el trabajador, por lo que los convenios o contratos que ofrecen son solamente para buscar un beneficio suyo sin tomar en cuenta al derechohabiente puesto que los plazos que ofrecen para pagar son muy cortos y los pagos muy altos además de que los intereses también son altos.
Esas recuperadoras a que hemos hecho mención en el párrafo anterior, aparecieron por primera vez en el año 2004, las cuales han traído como consecuencia lo siguiente: “han dado lugar a serias inconformidades de los usuarios en varias partes del país, que juzgan estos esfuerzos como ajenos a la función social del instituto y se quejan de hostilidad y abusos [...]”31
Así que el INFONAVIT no cumple con sus principios de asistir y darles la facilidad a los trabajadores de que se hagan de una vivienda, ya que primero los explota económicamente hablando y si no lo puede llevar acabo, vende al crédito a particulares que tienen el mismo fin, lo que trae consigo una explotación económica total hacia los trabajadores ya sea por el instituto o por particulares.
Pero entrando más al fondo del problema nos encontramos en una disyuntiva, que se puede mostrar en el párrafo anterior el cuál lo denominaremos como “la ·dualidad del Estado”; es decir, ser autoridad y a la vez tener la capacidad de goce y de ejercicio como una persona jurídica. ¿No será esto un abuso de poder por parte del Estado si tomamos en cuenta también, que el mismo, tiene la facultad de legislar, de administración y de la expedición de justicia?32
31 Op. Cit; SILVA, HERZOG. p. 57
31 2.1 PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL TRABAJADOR PARA EL PAGO DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA
Para abordar este tema es necesario analizar la situación actual del trabajador en cuanto a la dificultad que le representa liquidar su adeudo con el INFONAVIT y así tener un panorama más amplio de la problemática que afronta la mayor parte de la fuerza laboral de nuestro país. A continuación se dará una explicación por la que consideramos que desde nuestra legislación hay una precaria defensa a los intereses de los derechohabientes del INFONAVIT. Ya que parece que a este organismo público se le ha olvidado que “[…] la necesidad de habitación ha constituido una de las mas angustiosas necesidades humanas […]”.33
2.1.1 DEFINICIÓN DEL CRÉDITO DE VIVIENDA EN LA LEY Y VALIDEZ DEL COBRO DE INTERESES DEL MISMO
De acuerdo con la ley de vivienda (reglamentaria del artículo 4 constitucional) en su artículo 54 se entiende por crédito de vivienda lo siguiente:
“ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población,
32 [...]Se procurarán mecanismos de cofinanciamiento entre instituciones públicas, privadas o del sector social, para ampliar las posibilidades económicas de la población en la realización de las acciones de vivienda”34
Del precepto anterior podemos observar la función del Estado de autoridad en su modalidad legislativa, en la que se auto defiende estipulando que en la creación de viviendas deberán participar los sectores social y privado. ¿Qué el sector social no debe recibir una protección especial por su vulnerabilidad ante la ley como lo son: los trabajadores, campesinos, mujeres solteras, etc.? ¿Y no cargarles una responsabilidad de cooperar con el Estado para que le ayuden a cumplir con sus obligaciones?
Cabe destacar que la propia ley en comento se enuncia que el sector público (que engloba al INFONAVIT) deberá hacer todas las gestiones necesarias para permitir el acceso a la vivienda a toda la población, en especial a los de bajos recursos. Mediante el otorgamiento de créditos en los que también tendrán participación el sector social, como son el patrón y el propio trabajador. Pero “La razón de esta falta de correspondencia entre recursos públicos y viviendas financiadas se debe tanto al incremento del precio de los insumos de la vivienda [...] como a limitaciones internas de los organismos habitacionales [...]”35
Como se puede observar la propia norma jurídica establece los alcances del propio crédito así como su misma constitución. Pero a la vez deja al libre arbitrio de las instituciones públicas y privadas los lineamientos a seguir para el otorgamiento. De
34 Ley de Vivienda. Articulo 54
33 dichos beneficios inmobiliarios, y los intereses que estos deben causar. ¿Dónde está la protección de la ley a los grupos vulnerables? Como lo estipula el artículo 57 de la mencionada ley, que a la letra dice:
“ARTÍCULO 57.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; deberá(n) emitir reglas de carácter general que permitan canalizar recursos a tasas preferenciales para la población de bajos recursos, así como la movilidad habitacional en viviendas financiadas por ellos, mediante procedimientos para facilitar, en su caso, el arrendamiento o transmisión del uso por cualquier título de dichas viviendas”.36
Con respecto a la legalidad del cobro de intereses derivados de los créditos de vivienda, el mismo precepto de la ley de vivienda no especifica el porcentaje y los parámetros a seguir por las instituciones públicas y privadas para el cobro de los mismos. Sin embargo se puede apreciar claramente en el último artículo mencionado, que el propio legislador le cedió el derecho a dichas entidades la posibilidad de cuantificar y hacer exigible y efectivo el cobro de una ganancia extra por los créditos que otorgan. Pero no se tomó en cuenta que “para los usuarios, el valor del alejamiento reside en lo que este hace por ellos, no en lo que parece o es para arquitectos, constructores, banqueros, especuladores y políticos [...]”37
Ahora observamos del artículo anterior otro problema de la dualidad del Estado ya que en su función legislativa permite el cobro de tasas preferenciales aún a la población de bajos recursos. Aquí nos damos cuenta que los legisladores trabajan
36 Ley de Vivienda. Artículo 57
34 para el Estado mexicano, pero no tomándolo en cuenta en que está integrado por la población mexicana, sino tomándolo en cuenta como una persona jurídica equiparándola como una sociedad mercantil en la que debe sacar los mayores rendimientos posibles a los créditos que otorga y por ende hacer más grande sus arcas.
Como se puede apreciar la propia norma jurídica en comento es contradictoria ya que por un lado trata de acercar a toda la población el acceso a una vivienda digna mediante el otorgamiento de créditos en especial a las personas de bajos ingresos. Pero por otro lado autoriza el cobro de tasas de interés aún a la población menos favorecida económicamente hablando. Por lo que se está en presencia de una clara desigualdad legal hacia los grupos vulnerables, en este caso a los trabajadores. Lo que trae consigo la violación de los derechos humanos por parte del Estado mexicano de los acuerdos, convenios internacionales, etc., en los que este último es parte.
En especial el derecho a una vivienda digna y decorosa. Esto debido a que “los organismos viviendistas han orientado su acción básicamente hacia los sectores sociales con capacidad de pago, esto es, hacia los individuos que son considerados sujetos de crédito. Se excluye implícitamente, pues, a la mayor parte de la población mexicana, en cuanto al derecho fundamental de poseer vivienda humana por lo tanto esta población queda fuera de los parámetros establecidos por las instituciones promotoras de vivienda”.38
35 2.1.2 FORMAS EN QUE EL TRABAJADOR SALDA SU DEUDA ANTE EL
Actualmente el trabajador salda su deuda de una manera indirecta ya que él personalmente no realiza los pagos sino a través del patrón, es decir; este último debe descontarle al primero de su salario la parte proporcional que la corresponda a su deuda de vivienda
Ahora bien cabe hacer mansión que los créditos de vivienda deberán saldarse en un plazo que no exceda de treinta años, lo cual representa un problema puesto que no todos los trabajadores ganan lo mismo y por ende puede haber casos en los que los trabajadores terminen de pagar su deuda antes de que se culmine el plazo pero en otros se puede hacer interminable. Así la ley pretende hacer que los pagos realizados al INFONAVIT sean de manera proporcional al salario obtenido, en cierta manera es desigual ya que no prevé como los que ganan más o menos puedan emparejarse en el plazo a pagar. Por esto “si el déficit habitacional del país constituye un problema social grave, la administración pública y de las instituciones viviendistas deben no solo evitar entorpecer su solución sino, sobre todo facilitarla
al máximo [...]”.39
Por otro lado hay un grave problema para los trabajadores, ya que en el artículo 44 de la ley del INFONAVIT, señala lo siguiente:
“Artículo 44.- El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se revisará cada vez que se
36 modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal”.40
Del anterior precepto citado podemos resaltar que los créditos de vivienda automáticamente van a aumentar su valor ya que cada año se eleva el salario mínimo. Lo cual hace innegable e indiscutible que el Estado mexicano se aprovecha con toda la intención de sacarles el mayor “jugo” económico a los trabajadores, ya que el legislador no establece una tasa porcentual fija. De tal manera que si una persona gana el salario mínimo, esté no va ser eximido de los aumentos de intereses que el INFONAVIT está autorizado hacer por parte de la ley. Así que México no protege a sus trabajadores sino que los ve como una fuente de ingresos y los equipara como las utilidades que saca del petróleo o de la electricidad, no expresamente pero si tácitamente. Inclusive hay que destacar que este artículo fue reformado en el año de 1992. Ya que antes se establecía una tasa de cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.41Con esto se comprueba una vez más que las
reformas al INFONAVIT desde su promulgación hasta nuestra actualidad, han sido para que el Estado obtenga mayores beneficios económicos a costa de los trabajadores mexicanos.
Lo anterior representa otro problema de la dualidad del Estado, porque en su función legislativa se da autorización para que los créditos que otorgue aumenten anualmente, pero no para que el trabajador salde su deuda ante el INFONAVIT lo más pronto posible sino para cobrar un poco más. Además de que divide a la población por zonas geográficas como son las del salario mínimo.
40 Ley del INFONAVIT. Artículo 44
37 Otra de las cuestiones importantes que podemos resaltar de este artículo es ¿Por qué el legislador estipula que el parámetro a tomar para el aumento será el salario mínimo que rija en el Distrito Federal?, ¿Qué acaso los legisladores ignoran que el país se divide en dos zonas con respecto al salario mínimo la “A” y la “B”, y por lo mismo el salario no aumenta de la misma manera?, ¿Que no es otra forma de desentenderse por parte de la ley de la desigualdad social que se encuentra al por mayor en nuestro país?
La respuesta a todos los cuestionamientos anteriores tendría que ser la unificación del salario mínimo en todo el país y no como el Estado mexicano hace actualmente dividiendo al país en dos zonas geográficas o en otras palabras en “ricos” y “pobres”. ¿Qué acaso esto no es discriminación? Cabe hacer mención que el salario mínimo vigente en el Distrito Federal no solo se toma en cuenta en cuestiones de vivienda, sino en multas, fianzas, etc. Por los que unas personas son castigadas más severamente que otros. Entonces ¿Dónde está la igualdad de la ley ante el hombre y la mujer?, como reza el artículo cuarto constitucional. Porque “la igualdad se plasmara también en el ámbito de los “derechos, económicos, sociales y culturales” que lleven a reclamar a los poderes públicos una prestación […]”.42
Por consiguiente ¿Cómo pretende el Estado mexicano garantizar el acceso a una vivienda a todos los mexicanos si su propio ordenamiento jurídico es atrasado, contradictorio y discriminatorio?
38 La respuesta a la pregunta anterior es el monopolio del poder que tiene el Estado; es decir, legisla, administra, juzga y también actúa como persona jurídica y por ende puede realizar contratos con otra persona jurídica o física. A través de órganos descentralizados creados por el mismo Estado, como el INFONAVIT supuestamente con personalidad jurídica y patrimonio propios, pero dependientes netamente en su estructura normativa y en una parte de su presupuesto del Estado. ¿Entonces dónde está la autonomía de los órganos descentralizados?
2.2 PROBLEMÁTICA EN LA ACTUALIDAD DEL TÉRMINO DE VIVIENDA DIGNA
En 1983 se adicionó un párrafo cuarto al artículo cuarto de la constitución política mexicana para establecer este derecho: Toda familia tiene derecho de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
39 han realizado en el ámbito civil no son más que un primer esfuerzo de protección a la vivienda familiar, pero su ámbito es realmente estrecho […]”.43
Al respecto la ley secundaria, reglamentaria del artículo cuarto constitucional (ley de vivienda) señala en su artículo segundo lo que se debe entender por vivienda digna, que a la letra dice:
“ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.44
Lo importante a destacar del precepto anterior es que considera a la vivienda digna aquella que entre otras cosas contemple: “seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legitima posesión”. Por lo que el cobro de intereses por parte de las entidades públicas ya antes mencionadas de ninguna manera dan seguridad jurídica ya que si por algún motivo el trabajador no cumple con su obligación con el INFONAVIT este inmediatamente lo presiona por la vía jurídica o sea lo demanda o en el peor de los casos vende el crédito del derechohabiente a una institución
43 Aspectos jurídicos de la vivienda, cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, año VI, número 18, Septiembre-Diciembre. ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM). México, 1991.
40 financiera privada a la cual no le interesa el bienestar del trabajador y la de su familia.
Lo anterior se puede simplificar de esta manera:
1) El Estado en su función de autoridad, en este caso a través del INFONAVIT y refugiándose en el Derecho Social otorga los créditos de vivienda a los trabajadores, quienes forman parte del mismo.
2) Sin por alguna razón surge un conflicto entre el INFONAVIT y el trabajador, el primero procede a demandarlo judicialmente, amparándose en su actuar como persona jurídica y en el derecho privado ya que según ellos se celebró un contrato de otorgamiento de crédito con garantía hipotecaria por la vía civil y no social; es decir, los demanda civilmente, basándose en el principio de la voluntad de las partes que rige está división del Derecho. Olvidándose por completo del trabajador como parte del sector social. Sin tomar en cuenta que “el poder público no tiene que (involucrarse en los intereses privados) más bien su función se constriñe a resguardarlo y corregir puntualmente los incumplimientos privados”.45
3) Por el mismo actuar que tiene de persona jurídica el Estado a través de los órganos descentralizados, como en este caso el INFONAVIT, realiza contratos de cesión de derechos con terceros, que son otras personas jurídicas las llamadas “recuperadoras”, las cuáles se olvidan del sector social ya que son cien por ciento mercantilistas; es decir, les importa el dinero. Pero vemos que El Estado mexicano para nuestra desgracia también lo es. ¿Qué esto no es un negocio redondo para el Estado mexicano, el sector privado,
41 aunque el perjudicado sea el sector social o sea los trabajadores? Por eso resumiremos todo esto en la siguiente pregunta:
¿Es justo y legal que los Estados a nivel mundial tengan el monopolio del poder y además actúen como personas jurídicas? ¿Dónde se encuentra el poder del pueblo? ¿Qué las personas físicas también pueden actuar como autoridad pública?
Así que podemos escudriñar que el derecho que tiene un trabajador a una casa lleva implícito también el derecho de su familia a una vivienda digna, (entiéndase por familia no solo a su esposa (o) y a sus hijos, sino también a sus padres, abuelos, hermanos, etc.)
El INFONAVIT al cobrar intereses o vender los créditos de vivienda que tiene vencidos a su favor a financieras privadas genera inseguridad jurídica para todos sus derechohabientes ya que no hay una certeza de que cuando se les de posesión de la casa no se les va despojar de la misma, por lo tanto las casas del INFONAVIT no pueden considerarse viviendas dignas, tomando como parámetro lo que dice la propia ley de la materia, en tanto se siga con la misma política de vivienda aplicada en la actualidad. Puesto que en la actualidad, con frecuencia, en este tipo de vivienda se registra una doble limitación:
42 b) Los que pueden pagarla, sienten que la vivienda no está al nivel de sus expectativas y exigencias; por ello dilatan en ocuparla o, a veces, la rentan. Hay, pues, una falta de correspondencia entre el beneficiario y el producto”.46
Por lo tanto el INFONAVIT por la responsabilidad y trascendencia que tiene no puede pasar de una manera sencilla y fácil del Derecho social al Derecho privado. En otras palabras no puede jugar con los patrimonios de los trabajadores mexicanos y actuar por conveniencia propia, protegiendo sus intereses como instituto y como ente público creado por el Estado mexicano.
Pero por ultimo también decir que este es un problema que se presenta en todos los países latinoamericanos, en donde no se ha podido alcanzar y garantizar el término de vivienda digna para su población. Básicamente por los siguientes problemas:
a) “Impone a los usuarios la compra comercial de un terreno con servicios (con lo que se cancela para el usuario la posibilidad de suprimir el pago de las rentas del suelo
b) Aleja a los usuarios de sus fuentes de trabajo, al situarlos en terrenos de la periferia
c) Impedir la reducción o suspensión temporal del pago de servicios y la tributación territorial por parte de sus pobladores [...]
43 d) [...]
f) [...] impone a los usuarios los costos de administración, asesoría técnica, etc., de la institución oficial”.47
2.3 NORMATIVIDAD DEL INFONAVIT EN MÉXICO Y SU APLICACIÓN A LOS TRABAJADORES
En este apartado se tratara de dar al lector y de una manera entendible el ¿Por qué? De la importancia de tratar este tema y de sus respectivas vertientes, dado que con esto se demostrara que nuestro poder legislativo dista mucho de cumplir con su objetivo el cual es el crear leyes que busquen el bien común y como en su lugar expiden normas tendientes a anteponer los intereses del Estado y después los de sus partidos políticos. Por esta razón “el poder político debe tener un límite determinado, cuando lo rebasa, cuando se extralimita, se desenvuelve en el ámbito patológico y déspota del absolutismo y de la tiranía; sin embargo, la realidad política señala una marcada tendencia, al través del tiempo y del espacio, a traspasar los límites éticos del poder público, por parte de quienes los ejercitan, (como los legisladores)”.48
47 FERNANDEZ- GALIANO, Luis A. Vivienda todo el poder para los usuarios ed. H. Blume Ediciones. España, 2006 p. 343
44 2.2.1 EL INFONAVIT EN MÉXICO, SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fue creado en el año de 1972, teniendo como fundamento legal, al artículo 123 constitucional, apartado A, fracción Xll, el cual señala:
“Xll. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de construir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones.”
45 A parte de lo que ya se mencionó también tiene la facultad de organizar las licitaciones para aquellas empresas constructoras interesadas en la planificación y desarrollo de unidades habitacionales.
Pero aparte de las facultades antes mencionadas, la ley del instituto establece otras que son.
“Artículo 3o.- El Instituto tiene por objeto:
I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para:
a).- La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, b).- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y
III.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y [...]”.49
De lo anterior se desprende principalmente que los créditos que otorgue el instituto deben ser baratos pero sobre todo para el pago de pasivos contraídos, sin embargo en esto se presenta un problema ¿Cómo se puede garantizar el pago de los pasivos si al valor del crédito se le adicionan el cobro de intereses ordinarios y en su caso moratorio? Aquí nuevamente estamos en presencia de una de las muchas contradicciones que hay en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo “los
46 calificativos barato y suficiente desde nuestro punto de vista, constituyen principios rectores para la actividad del instituto, pero deben entenderse aplicados de manera a cada trabajador y no en general […]”.50
La situación jurídica del INFONAVIT de acuerdo a su ley reglamentaria es la siguiente:
“Artículo 2o.- Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", con domicilio en la Ciudad de México”.51
Como se puede observar se desprende que el INFONAVIT cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio lo cuál por regla general lo convierte en un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal. Hay que destacar que es de acuerdo a la norma jurídica un Organismo de Servicio Social, lo cual representa que tenga que buscar los mecanismos ideales para facilitar el acceso a una vivienda a los trabajadores mexicanos, lo que también incluye el otorgamiento de créditos a un costo razonable y a un plazo de igual forma, cosa que como ya hemos visto no se hace en la práctica. Por consiguiente el INFONAVIT:
50 RIOS, ESTAVILLO. Juan José. ley del INFONAVIT. ed. McGraw-Hill (comentado) por MARTINEZ BULLE-GOYRI. Víctor M. México, 1997 p. 4
47 “El INFONAVIT tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, con capacidad para asegurar el cumplimiento de la obligación patronal de entregar el 5 por ciento del salario a favor de sus trabajadores [...]”.52
Por este motivo si el espíritu y las esencia del INFONAVIT es el servicio social. ¿Porque actúa como persona privada al tener legitimación para demandar civilmente y vender los créditos vencidos que tiene a su favor?
Volvemos a ver el problema grave de la “dualidad del Estado”; es decir, el de ser autoridad y persona jurídica a la vez, que se refleja claramente en los organismos descentralizados y en el Ministerio Público, los cuáles actúan con una doble función.
Queda claro que existe un problema serio en la esencia jurídica del Estado a nivel mundial ya que por su naturaleza debe actuar de forma pública esto es como autoridad y no como persona jurídica, escudándose en la creación de organismos descentralizados con patrimonio personalidad jurídica propios. Ya que esto resulta en una muestra clara del abuso del poder otorgado por el pueblo, utilizado en contra de los mismos. Por ello:
“[...] se requiere modificar las relaciones de poder, [...] aceptar la creación de otros puntos de decisión con autonomía relativa del central,
48 pugnar por la socialización del poder y por la participación activa en su funcionamiento, [...]”53
Las partes integrantes del INFONAVIT serán:
“Artículo 6o.- Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información y las Comisiones Consultivas Regionales.[...]”54
Podemos analizar del precepto anterior, que cuenta con diferentes órganos, de todos ellos forman parte tanto representantes de los sindicatos de trabajadores más importantes del país, como de las cámaras empresariales y del propio gobierno mexicano. Cabe hacer mención de que a pesar de que la misma ley señala que el INFONAVIT está integrado por los tres elementos que integran la figura del trabajo, vemos que en la realidad el poder y control del INFONAVIT lo tiene el gobierno mexicano. Ya que el Estado mexicano a través de su facultad legislativa crea la ley orgánica del INFONAVIT y establece las bases y requisitos para la integración de sus órganos internos administrativos, lo que equivale a tener control del mismo y por consiguiente de los créditos de vivienda destinados a los derechohabientes. Olvidándose por completo que “el INFONAVIT fue creado como un organismo de servicios […] tal es el caso de satisfacer los requerimientos de vivienda para los trabajadores”.55
53 Ibídem p. 70
54 Ley del INFONAVIT. Artículo 6
El sistema interamericano de derechos humanos como régimen internacional (el control de convencionalidad y su instrumentación en el caso de México)
BENEM?RITA UNIVERSIDAD AUT?NOMA DE PUEBLA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES ?EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS COMO R?GIMEN INTERNACIONAL (EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 123
 artículo 123
in fine
 artículo 4
 artículo 54
 artículo 57
 Artículo 57
 artículo 44
 artículo 42
 Artículo 44
 artículo 123
 Artículo 6