Source: https://tc.vlex.es/vid/1-ca-u-23-2-c-f-j-4-15355500
Timestamp: 2020-07-13 10:53:46+00:00

Document:
STC 118/1995, 17 de Julio de 1995 - Jurisprudencia - VLEX 15355500
STC 118/1995, 17 de Julio de 1995
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 739/1993
1. Adoptado por la Mesa de la Cámara un criterio, en uno u otro sentido, respecto a la viabilidad o inviabilidad de las enmiendas parlamentarias de gasto cero, es exigencia del art. 23.2 C.E. que el mismo se aplique por igual a todas las enmiendas de esa naturaleza presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios, sin establecerse un criterio selectivo de admisión que resulte arbitrario, desigual y, por tanto, lesivo del derecho que la Constitución garantiza a los cargos públicos para un ejercicio de sus funciones en condiciones de igualdad. Se sostiene en la demanda de amparo que las enmiendas de gasto cero rechazadas al Grupo recurrente son idénticas en su estructura y redacción a algunos de los apartados contenidos en el Proyecto de Ley de Presupuestos y a otras enmiendas que, sin embargo, sí fueron admitidas. Y, en efecto, examinadas las actuaciones parlamentarias, es de apreciar que las enmiendas de gasto cero no vienen siendo excluidas de raíz por las Cortes Valencianas, no siendo infrecuente que el propio Consejo estructure su Proyecto presupuestario en la utilización de ese tipo de programaciones diferidas del gasto público. En consecuencia, y en la medida en que lo anterior evidencia que la inadmisión de varias de las enmiendas de este tipo presentadas por el Grupo recurrente ha supuesto un trato discriminatorio, por desigual y por no poner de manifiesto los motivos de ese trato respecto del caso concreto o del cambio del criterio general, procede estimar, en este concreto punto, la demanda de amparo [F.J. 4].
En el recurso de amparo núm. 739/93, promovido por el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas, representado por el Procurador de los Tribunales don José Tejedor Moyano y asistido del Letrado don Julio Casillas Font, contra Resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas de 15 de diciembre de 1992 (núm. 683/III) por la que se inadmiten a trámite determinadas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalidad Valenciana para 1993. Ha sido parte la Mesa de las Cortes Valencianas, representada por su Letrado Mayor don Lluis A. y L. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de marzo de 1993, don José T. M. Procurador de los Tribunales y del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas, interpone recurso de amparo contra Resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas, de 15 de diciembre de 1992 (núm. 683/III), por la que se inadmiten a trámite determinadas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalidad Valenciana para 1993.
a) El día 22 de noviembre de 1992 se publicó en el «Boletín Oficial de las Cortes Valencianas» (en adelante, «B.O.C.V.») el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalidad Valenciana para 1993, que, por Acuerdo de la Mesa de la Cámara, fue remitido a la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, abriéndose el correspondiente plazo para la presentación de enmiendas.
c) Por Resolución de 4 de diciembre de 1992, la Mesa de la Comisión acordó, en primer lugar, rechazar parte de las enmiendas «por considerar que las alegaciones presentadas no justifican la modificación de su criterio inicial», admitiéndose, por el contrario, ocho de las dieciséis enmiendas inicialmente rechazadas. En opinión del demandante de amparo, esta decisión sólo puede calificarse de arbitraria e inmotivada, pues si la Mesa mantenía su criterio inicial debieron rechazarse nuevamente todas las enmiendas. Además, y en segundo término, la Resolución de la Mesa acuerda también, y por vez primera, el rechazo de otro gran número de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, «por las mismas razones alegadas en el primer punto». Enmiendas que habían sido admitidas en la Resolución anterior de 2 de diciembre.
a) La capacidad de la Mesa de la Comisión para resolver directamente sobre la inadmisión de las enmiendas presupuestarias sin solicitar informe del Gobierno en el que éste motive sus razones de conformidad o disconformidad con la tramitación. No niega el recurrente la competencia de la Mesa de la Comisión para admitir o inadmitir a trámite las enmiendas presupuestarias, sino su modus operandi. En su opinión, el rechazo no puede efectuarse directamente por la Mesa; y ello por varias razones: De un lado, porque, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (E.A.C.V.), toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno valenciano para su tramitación; por su parte, y a falta de norma expresa, el art. 120.1 del Reglamento de la Cámara dispone que «en el estudio y aprobación de los Presupuestos de la Generalidad se aplicará el procedimiento común, salvo lo dispuesto en la presente Sección»; y lo anterior lleva al art. 106 del Reglamento, conforme al cual todas las enmiendas a un Proyecto de Ley que supongan aumento de crédito o disminución de los ingresos deberán remitirse al Consejo, el cual deberá dar respuesta razonada en un plazo de quince días, transcurrido el cual se entenderá que el silencio del Consejo equivale a su conformidad. En consecuencia, dado que, en el presente caso, el Consejo sólo mostró su disconformidad con una de la enmiendas, admitiendo implícitamente su conformidad con todas las demás, la Mesa de la Comisión se ha arrogado una competencia ajena y ha privado arbitrariamente a los parlamentarios del Grupo Popular de su derecho de participación en el debate presupuestario.
5. Por providencia de 10 de marzo de 1994, la Sección Cuarta acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la Mesa de las Cortes Valencianas, representada por su Letrado Mayor don Lluis A. i Lucia. Asimismo, se acordó acusar recibo de todas las actuaciones interesadas en el anterior proveído y dar vista de las mismas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
Centrándose ya en las cuestiones planteadas en la demanda de amparo, alega la Mesa de las Cortes Valencianas que la Mesa de la Comisión está plenamente capacitada para calificar las enmiendas que puedan presentarse al Proyecto de Ley de Presupuestos. La primera función que corresponde a la Mesa es la calificación de las enmiendas que puedan considerarse de totalidad; puede, además, calificar las enmiendas parciales; en este sentido el art. 120 del Reglamento es claro al disponer que las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos están sometidas a ciertas limitaciones y que las enmiendas que supongan aumento de créditos en algún concepto sólo pueden ser admitidas si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma sección. Por lo demás, las que supongan una minoración de ingresos precisan de la conformidad del Consejo para su tramitación. Para la Mesa, son este último tipo de enmiendas las que deben ser sometidas a la consideración del Consejo; por el contrario, la Mesa está capacitada para rechazar las demás enmiendas que no cumplan los requisitos exigidos por el Reglamento, como sucedió con las presentadas por el Grupo recurrente.
Es doctrina reiterada -continúa el Ministerio Público- que las Leyes de Presupuestos poseen ciertas peculiaridades en su tramitación; en concreto, las posibilidades de debate parlamentario suelen verse afectadas por restricciones de carácter general, lo que no afecta a su constitucionalidad, siempre que las materias reguladas sean las propias y específicas de ese tipo de Leyes. En el caso que nos ocupa, el Reglamento de las Cortes Valencianas contiene un Capítulo (el Tercero del Título V), «De las especialidades en el procedimiento legislativo», en el que se inserta una Sección dedicada al Proyecto de Ley de Presupuestos, disponiéndose en el art. 120.3 que «las enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Generalidad que supongan aumento de créditos en algún concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de la misma cuantía en la misma Sección».
Por otra parte, el art. 121 prevé un «debate de totalidad» del Proyecto, siendo en él donde son aplicables los requisitos de posible autorización de dichas enmiendas por el Consejo. Tal parece ser la interpretación de la Mesa de la Cámara, que no aparece como irrazonable ni carente de base normativa. Así las cosas, poco tiene que añadir este Tribunal al juicio de la Cámara, que actúa dentro de su autonomía al ofrecer una de las interpretaciones posibles, acorde con las exigencias constitucionales.
En cuanto a lo primero, ha de recordarse, como apunta el Ministerio Fiscal, que, siendo claro que las Cámaras gozan de autonomía para regular la organización de los debates y el procedimiento parlamentarios (ATC 614/1988), en la medida en que un acto parlamentario afecte a un derecho o libertad susceptible de amparo constitucional «sale o trasciende de la esfera irrevisable propia de los interna corporis acta y corresponde a este Tribunal el examen, pero sólo ello, de la virtual lesión de derechos o libertades» (STC 118/1988). En el presente caso, el Grupo Parlamentario recurrente imputa a la Resolución de la Mesa la conculcación de un derecho fundamental y, en consecuencia, esa sola imputación hace necesaria la revisión de un acto parlamentario que, de apreciarse la realidad de aquella imputación, no habría agotado sus efectos en el ámbito de lo puramente doméstico que es característico de los interna corporis.
1. Reconocer el derecho del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas a ser tratado en condiciones de igualdad en el trámite de admisión de enmiendas de gasto cero al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalidad Valenciana.

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