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Timestamp: 2019-08-21 20:14:33+00:00

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Tu Blog de la Administración Pública: 2013
Una de esas consultas, que no comentarios, que me "regalan" algunos de los lectores del blog, ha vuelto a evidenciarme algunas cuestiones que plantea el artículo 10.3 del Estatuto Básico del Empleado público en relación con el cese de los interinos. Este artículo y punto establecen: 3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento En mis Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público en morey-abogados.com, al respecto, entonces, decía:
Etiquetas: empleados públicos, Estatuto del empleado público, funcionarios públicos, Gestión pública, interés general, provisión de puestos
Me temo que esta entrada va a ser un poco extensa ya que pienso apoyarme en bastantes preceptos normativos para que el lector pueda valorar personalmente la cuestión. Cuestión que espero que sea objeto de comentario por Julián Valero en su blog, pues seguro que realizará un tratamiento más técnico que el que yo puedo realizar. La cuestión es que la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana ha dictado una Orden 19/2013, de 3 de diciembre por la que se establecen normas sobre el uso seguro de medios tecnológicos en la Administración de la Generalitat. Dado que es anterior a la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y que su contenido puede entrar en contradicción con los principios que mantiene esta ley, hay que analizarla en sus líneas más generales y cada uno que llegue a sus propias conclusiones.
De todas formas, particularmente, me produce una impresión muy negativa, no porque la seguridad de la información no pueda ser necesaria, sino porque es claro que se dirige principalmente a los funcionarios y empleados públicos y emana, por tanto, un tufillo a protección de los políticos frente a los continuos problemas que les plantea la mala gestión y la antijuricidad de muchas acciones, tratando de evitarla de un modo bastante grosero. Se evidencia que, aunque el sistema que definí en mi última entrada es el de la confianza política, éste se basa por tanto en el de desconfianza hacía cualquiera que no se pueda controlar a través de dicho sistema de confianza y por nombramientos, retribuciones y carrera. Hay que evitar filtraciones a la oposición o a la prensa. La confianza política de hoy es la desconfianza política de mañana. Pero como de esto habría mucho que hablar, vamos a ver algunos contenidos de la Orden y luego alguno de los de la Ley de Transparencia, pese a ambigüedades y generalizaciones de ambas.
Etiquetas: funcionarios públicos, Gobierno, información, interés general, participación
Dos cuestiones presenta la relación de la organización con el derecho; una, la de qué parte de la organización se presenta como derecho que obliga a la Administración, lo que vendría a coincidir con la exposición de los principios generales que la informan y, otra, la regulación de la organización administrativa, propiamente dicha, que comprendería la estructura y competencias de los órganos administrativos. Desde el punto de vista de nuestro trabajo interesa fundamentalmente la primera cuestión y aspecto, en cuanto menos discrecional y más inamovible y en cuanto puede regular la organización y condicionarla. En la determinación de estos principios acudiremos principalmente a las normas constitucionales y a las leyes de procedimiento administrativo y las de organización general de las Administraciones públicas, fundamentalmente de la estatal, bien por básica, bien por supletoria y, también, por la carencia de una regulación propia de las Comunidades Autónomas con sustantividad; es decir, con novedades importantes o principios que no tengan su raíz en los ya diseñados por el ordenamiento jurídico estatal. En este orden y con importancia relativa, van apareciendo, ahora, algunas leyes de desarrollo del Estatuto Básico del empleado público que regulan principios informadores de la función pública que se muestran también como principios de organización.
A la hora de establecer los principios que en orden a la organización administrativa recoge nuestro ordenamiento, es lógico que la primera norma a observar sea la Constitución Española, en cuanto que aquellos que ésta establezca son básicos e inamovibles. Pero, al mismo tiempo, estimo que no deben ser considerados sólo aquellos preceptos constitucionales dirigidos a la Administración pública, sino también todos aquellos otros que, al establecer principios generales, delimitan fines y actividades que deben ser cumplidos por las Administraciones públicas, en cuanto obliguen a determinadas formas y condicionen o limiten, en consecuencia, su organización.
Los principios que regulan la organización de las Administraciones públicas o de la Administración pública en general, son o constituyen, inicialmente, enumeraciones abstractas capaces de traducirse en formas concretas de organización, capaces, a su vez, de hacerlos eficaces o ser acordes con ellos. La dificultad del análisis que ahora pretendemos reside en acertar a distinguir adecuadamente los principios de sus consecuencias o de las decisiones organizativas de ellos derivadas. También hay que señalar que estos principios no se presentan en todos los casos directamente como organizativos, en sentido estricto, sino que son declaraciones legales que obligan a establecer reglas que cuenten con ellos y a fijar determinadas formas de organización, procedimientos y, consecuentemente, estructuras; y, en conclusión, limitan la libertad o discrecionalidad de las Administraciones públicas. Cuestión que hace que no puedan dejar de ser considerados como jurídicos, porque, finalmente, tienen efectos de este carácter, si bien su aplicación o no al caso concreto o a la hora de establecer una organización, es una cuestión técnica propia de profesionales y una cuestión de eficacia administrativa[1]. Nos evidencia lo antedicho que la dicotomía derecho y organización se presenta aquí cargada de paradojas y contradicciones, porque lo que son principios o técnicas de organización han sido recogidos por el derecho, pero su oportunidad depende de criterios profesionales, que se deben mostrar como fundamento de las decisiones que son llamadas discrecionales, políticas o técnicas, según las ocasiones, y que dicha muestra o exteriorización y manifestación del fundamento técnico, como garantía de corrección de la decisión - jurídica, técnica o políticamente -, es, finalmente, una cuestión jurídica, punto en el que insistimos más adelante[2].
[1] Una vez más, y con anterioridad, Alejandro Nieto había llegado a esta conclusión al afirmar que: ningún principio (fenómeno) de organización es jurídico por sí mismo y, al mismo tiempo, todos producen efectos jurídicos; en La jerarquía administrativa, op. cit., p 42, o cuando, más adelante, p.44, nos dice: En definitiva: la conceptuación de la jerarquía como un <> de la organización administrativa ofrece, pese a su aparente brillantez, todos los inconvenientes propios de la metodología principalista. Mucho más fértil hubiera sido, a mí juicio, su tratamiento como una técnica (principio) de organización.
[2] De particular interés resulta las consideraciones de De Diego respecto de las relaciones entre normas y principios recogidas por Clavero Arévalo, en su obra ya citada Estudios de Derecho Administrativo. p. 63, que reflejamos a continuación, por poner de manifiesto estos aspectos de relación entre derecho y organización o técnica y derecho: DE DIEGO se plantea el problema fundamental de la consideración del principio como norma. Al ser traídos los principios a la categoría de normas de Derecho, tendrán que convenir con éstas en ser dictados de razón, convicciones jurídicas que declaren la ordenación de una relación de la vida social. Hay principios, agrega, que están incorporados a la ley y son normas jurídicas definentes. Otros van en ellas implícitos y están como latentes en las disposiciones concretas de las mismas. Tanto unos como otros tienen, a su juicio, razón de principio y de precepto, en los primeros aparece en primer plano el carácter de norma; en los segundos, el de principio. Es cierto, dice DE DIEGO, que el principio habla a la razón y la norma a la voluntad, pero por ser uno (el principio) y otra (la norma) de Derecho, ambos ligan a la voluntad y son ordenación de la razón al bien. Sin embargo, la diferenciación entre principio consagrado como norma y principio no formulado tiene una gran importancia, ya que a los primeros no hay necesidad de indagarlos y sí a los segundos. La especialidad de éstos, considerados en su aspecto de norma, consiste en ser proposiciones abstractas cuyo grado de abstracción es superior a la ley. Su virtud imperativa procede no tanto de si mismos cuando de la ley o precepto que los recoge o del nexo lógico y necesario que les liga con las normas concretas de un Derecho positivo. Su declaración no es obra de la sociedad, ni del Poder legislativo. Es obra de la ciencia y de la técnica del jurista; de aquí que no aparezcan formulados sino en períodos de intensa cultura y de gran desarrollo del Derecho. Sin embargo, aunque no formulados por la sociedad ni por el Poder legislativo, sino por el jurista, su valor no reside en éste sino en aquéllos.
Etiquetas: Administración, Derecho administrativo, Organización, principio de legalidad
Etiquetas: clasificación de puestos, empleados públicos, Estatuto del empleado público, funcionarios públicos, puestos de trabajo
En más de una ocasión se ha comentado en este blog la cuestión del ERE en Radio Televisión Valenciana, la última aquí. Hoy, tristemente RTVV ha sido apagada y el drama de sus trabajadores es una realidad. Muchos errores han conducido a esta desgraciada situación, que puede tener su justificación desde el punto de vista económico, como podían tenerla otras otras decisiones por la misma razón, sin entrar en enumeraciones y comparaciones. las consecuencias jurídicas, sobre todo están por ver y su coste también. Desde la finalidad de este blog, sólo queda decir que habrá que analizar, si se puede, el contenido de los actos administrativos y políticos y expedientes que respaldan la decisión y si cabe su control jurisdiccional o se manifiestan contrarios al ordenamiento jurídico. También que la decisión, quizá, actualice la conocida división o distinción entre actos políticos y actos administrativos, pese a la pretendida calificación de las actuaciones del los entes componentes de RTVV como de derecho privado.
Muchos responsables, mucha politización, mucho sin sentido y todo formalmente impresentable. Muchos afectados, pero, sobre todo, unos trabajadores que, quizá hayan sido objeto de manipulación y utilización perversa y en su perjuicio, por razones esenciales de política bastarda y partidista. Lo siento, lo siento de verdad. Suerte a los afectados más directamente, aunque jubilado, no quisiera estar o haber estado en su situación, son los menos responsables.
Etiquetas: actos administrativos, empleados públicos, ERE, Política y Administración, Politización, Público y Privado, RTVV
PUESTOS DE TRABAJO, RELACIONES DE PUESTOS Y PRESUPUESTOS: El Estatuto Básico del Empleado Público. Su exposición de motivos.
Una vez se ha analizado el papel del puesto de trabajo en la Administración española desde López Ballesteros y Bravo Murillo hasta la Ley 30/1984 de Medidas para la reforma de la función pública, vigente hasta 2007, hay que analizar lo que supone al respecto el Estatuto Básico del empleado público, de 12 de abril de 2007, estatuto y contenido que ha sido comentado en este blog en muchos de sus artículos y puntos y que casi de modo general comento en morey-abogados.com, en la sección de Artículos y análisis, al que remito para tratar de centrarme aquí en el tema que refleja el título de las ya numerosas entradas dedicadas al puesto de trabajo. Quizá aquí lo primero que hay que destacar es que el estatuto queda pendiente de lo que el mismo califica como la heterogeneidad actual de los regímenes de empleo público, la cual, quizá, contribuye a exagerar; si bien es cierto que el desarrollo estatutario por la Comunidades autónomas es muy escaso y, en buena medida, siguen vigentes muchos de los puntos de la Ley de 1984. Después, puede que convenga reflejar los párrafos cuarto, quinto y sexto, de la Exposición de motivos, ya que en ellos se hace referencia a los factores organizativos de la función pública, en los que personalmente considero incluidos el puesto de trabajo, con su análisis y clasificación, u ordenación y las plantillas o relaciones de puestos de trabajo:
Etiquetas: Autonomía, clasificación de puestos, discrecionalidad, empleados públicos, Estatuto del empleado público, función pública, funcionarios públicos, Organización, puestos de trabajo
Recientemente la prensa valenciana ha venido destacando la competencia existente entre diez universidades valencianas y el colapso de la oferta educativa y en este blog Manuel Arenilla se ocupó de la gobernanza del sistema universitario español y también de los riesgos de dicho sistema; son muchas las entradas dedicadas por Arenilla al sistema universidades que a través de la etiqueta universidades pueden conocer. Por mi parte me referí a la autonomía universitaria y al tópico de que las universidades deben actuar en competencia y también de los costes y coordinación de las universidades. Hoy y en otra entrada, aunque puedan ya estar desfasado su contenido, publicaré dos partes de un artículo publicado en el diario Las Provincias, El primero en 20 de octubre de 1994, decía:
Etiquetas: Autonomía, gestión, planificación, Universidades
En diciembre de 2007 y marzo de 2008 dediqué dos entradas a la huelga en funciones y servicios públicos, en las que los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos, primero por la carencia de un desarrollo constitucional de este derecho y, segundo, por la no regulación de las características especiales y protección que es exigible respecto de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos y sociedad, que son competencia ineludible de las Administraciones públicas y en la mayor parte de los ayuntamientos. Estas huelgas y su mantenimiento a lo largo del tiempo son una muestra de la carencia de voluntad política, o de los políticos si se quiere, de realizar cualquier acción que recuerde una actuación que consideran propia del franquismo y no de la democracia, de modo que, cómo tantas veces he repetido se quebranta cada minuto la legalidad y se fomenta el desorden. Resulta paradójico que se publicite en un campo de fútbol un Visit Spain y Visit Madrid para que el visitante contemple el desparrame de basura por todas partes.
En este caso de las basuras en Madrid, supongo que como en todos los casos, se habrá acudido a un contrato de gestión de servicios públicos, en cuyo caso es una competencia y obligación municipal que se concede o contrata con una empresa privada, por lo que conviene que se recuerden una serie de preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de aplicación en la gestión municipal o local. Lean:
Artículo 212 Ejecución defectuosa y demora
Artículo 213 Resolución por demora y prórroga de los contratos
Artículo 223 Causas de resolución
i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley
Artículo 224 Aplicación de las causas de resolución
Artículo 225 Efectos de la resolución
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de éste por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábile
Artículo 279 Ejecución del contrato
Artículo 280 Obligaciones generales
Apunten los comerciantes perjudicados el apartado c) y la que a la administración también incumbe.
Pero este es para mí el artículo más importante en estos casos y caos:
Artículo 285 Incumplimiento del contratista
En definitiva, el Ayuntamiento madrileño no sólo tiene la posibilidad de potestades policiales, sino que puede intervenir y prestar el servicio que es de su titularidad y competencia y, es más, puede prestarlo por sí mismo y ser indemnizado de los perjuicios que ello le suponga. Y para prestación es de aplicación el artículo 4 de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico, que contempla los principios de relaciones entre Administraciones públicas, y que en su apartado d) establece o considera el de Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y la asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz cumplimiento de sus competencias.
No son precisas más palabras, si se llega a situaciones muy molestas y gravosas para los ciudadanos es por dejación, por falta de uso y aplicación de lo dispuesto en las leyes, por un mal entendido criterio de lo que es democracia o por ignorancia supina o por falta de administradores públicos en vez de amiguetes. Pero claro solicitar la colaboración del ejercito es antidemocrático y ofrece mala imagen y los sindicatos y la izquierda se pueden molestar. No se puede olvidar que, además de haber acabado una guerra civil, una de las circunstancias que "legitimaba" al régimen franquista era el orden público y son estos desordenes los que desde los tiempos de Roma llevaban a las dictaduras. Pero esto es un tema tabú y propio de fachas. Así que a seguir, si es lo que se quiere.
Etiquetas: Administración local, autoridad, ciudadano, contratación administrativa, dictadura, Eficacia en la Administración, Gestión pública, huelga, indemnización, principio de legalidad, servicios públicos
PUESTOS DE TRABAJO, RELACIONES DE PUESTOS Y PRESUPUESTOS: Los sistemas de clasificación en 1984
En las anteriores entradas hemos visto que la Ley 30/1984 respecto de la clasificación de puestos de trabajo ordenaba la realización de los estudios que fueran precisos para la misma y en su articulado, si bien se regulan las relaciones de puestos de trabajo, no hay, por tanto, uno específico que regula la clasificación o introduzca pautas para su realización. No se sigue, por ejemplo, ninguna de las pautas que en la Orden de 28 de abril de 1967 marcaba según vimos en esta entrada y que, se supone, pudo ofrecer alguna experiencia. Sin embargo, la disposición transitoria sexta, en su punto 1 establecía lo siguiente:
1. En el plazo de seis meses, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno procederá a realizar la clasificación de las funciones desempeñadas hasta ese momento por el personal contratado administrativamente por la Administración del Estado.
La clasificación determinará los puestos a desempeñar, según los casos, por funcionarios públicos, por personal laboral y por personal en régimen laboral temporal.
De la citada clasificación podrá deducirse la ampliación o disminución, en su caso, de las plantillas de funcionarios públicos o de personal laboral.
Si consideramos pues esta disposición y la declaración en la exposición de motivos de la Ley de que el sistema de retribuciones se tenía que basar estableciendo con claridad una primacía importante para aquellas que van ligadas al desempeño de puestos de trabajo, resultaba que la clasificación de puestos de trabajo en realidad era perentoria, no sólo por el caso de la disposición reflejada, sino porque los funcionarios esperaban el nuevo sistema retributivo y las Comunidades Autónomas, hasta entonces limitadas en sus posibilidades de regular su función pública, tenían todavía más necesidad de regular el sistema retributivo y la carrera funcionarial, debiendo, además, en teoría, que recibir funcionarios de los ministerios o de la administración estatal periférica, que percibían unas retribuciones en el Estado que no podían disminuir. La clasificación en realidad no podía depender de los citados estudios. De ahí que se iniciará un proceso para realizar las clasificaciones que disponía la transitoria para cumplir en seis meses, primero en el Estado y casi simultáneamente en cada Comunidad Autónoma, al mismo tiempo que se emprendía el establecimiento de un sistema de clasificación para retribuir a los funcionarios de acuerdo con la nueva Ley. Este proceso en el Estado se origina ya con anterioridad a la Ley, pues como vemos en la página 195 del libro de Luis Fernando Crespo, La función pública española 1976-1986: de la transición al cambio, el día 29 de febrero de 1984 los Secretarios de Estado para la Administración Pública y el de Hacienda decían en una carta a los subsecretarios ministeriales que se había puesto en marcha una actuación encaminada al análisis y clasificación de puestos de trabajo, mientras que por esas fechas publicaba una resolución de la Dirección de Gastos de Personal del Ministerio de Economía y Hacienda convocando un concurso para la realización de los trabajos de descripción y valoración de puestos de trabajo en la Administración española. En la siguiente página del libro pueden verse las actividades que comprendía el contrato que finalmente se realizó con Hay Ibérica S.A., empresa que al hilo de este proceso estatal consiguió mas contratos en otras Administraciones, como es el caso de la Generalidad Valenciana.
El análisis de puestos no se realizaba sobre la totalidad de puestos de trabajo, sino sobre una muestra y se incluía la formación de un equipo de funcionarios en las técnicas de análisis de los puestos de trabajo. Sin embargo, conozco que en 1965, nada más finalizar el curso de formación en el centro de Alcalá de Henares, en el BOE se convocaban unos cursos para la formación de analistas de puestos de trabajo, de los que en ese año de 1984, como Director de la Función Pública de la Generalidad Valenciana, traté de obtener información y contenido, sin que en el INAP constaran o se conocieran los antecedentes. En consecuencia, las pautas o método para la clasificación fueron las que la Hay introdujo y que constan en las páginas 198 y 199 del libro citado y en los que, según pude comprobar, el peso de la magnitud económica, en particular el presupuesto que se administraba, era bastante importante, lo que no era un factor favorable para el sector burocrático de la función pública o puestos de carácter jurídico o jurídico -administrativo, lo que provocaba reacciones contrarias al sistema. Lo mismo en cuanto al factor de la toma de decisiones, las cuales formalmente residen en el sector político de la Administración.
Hay que tener en cuenta que se trataba de acercar las retribuciones del sector público a las del sector privado, pero también que la Hay no era una empresa especializada en una administración pública burocratizada o de régimen jurídico administrativo que tanto peso tiene en cuanto es la vinculada al ápice político y a las políticas públicas y el derecho. Particularmente creo que se tenía que haber profundizado en los criterios que se consideraban en la Orden de 28 de abril de 1967, sin perjuicio de la aplicación de otros criterios cercanos a los de las empresas privadas en los organismos públicos de carácter empresarial o societario. Pero las críticas al sistema y el debate interno se pueden ver al detalle en el libro de Luis Fernando Crespo de la página 202 y siguientes. No obstante destaco estos tres párrafos (página 206) que son parte de un informe de la Secretaría General Técnica Y Dirección General de Servicios del Ministerio de la Presidencia:
Si la toma de datos ha sido notoriamente deficiente, la evaluación de los puestos no podía evidentemente tener la necesaria calidad. pero lo absurdo de los resultados obtenidos no deriva solamente de la deficiencia de los materiales preparatorios. Otros dos factores de importancia han influido en la distorsión de las valoraciones.
Lo primero que una sumaria observación de las valoraciones es la escasa manipulación de las mismas. Todos los cargos responsables de la política financiera y de la función pública han resultado notoriamente sobrevalorados. Los puestos de estudio y de concepción política han sido objeto de severo castigo. Puede que ello se deba al natural deseo de una empresa de agradar a sus clientes más directos, pero queda la sensación de que las valoraciones han sido ampliamente retocadas.
El otro factor distorsionante deriva de que el método "Hay" está exclusivamente destinado a evaluar los puestos de trabajo de la empresa privada. Los elementos de valoración se dirigen a captar el fenómeno de quien aporta más o menos a la obtención de beneficios, es decir, quien hace ganar más o quien, en su caso, gasta más. No es necesario entrar en disquisiciones para demostrar que este método, aplicado a la realidad de cualquier Administración pública, no puede dar sino resultados aberrantes.
Estos párrafos evidencian la tensión creada en el seno de la Administración estatal y los diferentes criterios que sobre el administrar público y el privado existe entre funcionarios y en el seno de la teoría de la administración pública.
De otro lado, se plantea la cuestión de conocer hasta qué punto en el Estado se crearon y subsistieron los equipos de analistas y clasificadores que se formaron por la Hay, o si ni siquiera se formaron, pero sí hemos de considerar el caso valenciano, en el que el equipo que se creó fue amortizándose poco a poco y superado por el procedimiento habitual de negociación sindical, propuestas de los secretarios generales y negociación con Hacienda. Las relaciones de puestos de trabajo no son la consecuencia de un proceso permanente de estudio de la organización, sino un sistema politizado y burocratizado, en el sentido de ser fruto de los poder de los altos funcionarios que ocupan los puestos superiores de la Administración burocrática y de la participación e intereses de los sindicatos mayoritarios. Esta es la situación real hasta que se produce la nueva reforma del Estatuto Básico del empleado público, del que hay que tratar en próximas entradas.
Etiquetas: clasificación de puestos, empleados públicos, externalización, funcionarios públicos, Organización, Público y Privado, puestos de trabajo
Ayer surgió la noticia del fallecimiento de D. Eduardo García de Enterría, quizá la máxima figura, sin olvidar a D. Fernando Garrido Falla, en la formación y consolidación en el siglo XX del Derecho Administrativo en España y creadores de respectivas escuelas. No se trata de establecer aquí el elogio y la biografía de tan ilustre jurista, pueden acudir a la prensa, a la página del INAP o las noticias en los blogs especializados, así en Sevach. Sólo quiero dejar constancia de la noticia que afecta a todos los juristas y estudiosos del derecho, pero también hay que alegrarse del fruto obtenido por el maestro recién fallecido y por su obra y discípulos, que hoy son, a su vez, maestros en la disciplina que él enseñó. Considero pues en este momento su pérdida, pero sobre todo su gran obra y el material que nos deja para nuestro aprovechamiento y desarrollo, por todo ello hay que estar agradecido a D. Eduardo García de Enterría.
Un tesitando me envía por correo una serie de preguntas solicitando mi colaboración y si es posible su remisión a otros expertos o conocedores por si quieren opinar:
¿Cree usted que los gobernantes (alcaldes, gobernadores y presidentes) deben ser personas preparadas y Profesionales?.
Cree Ud. que la legislación actual que establece los requisitos para aspirar a un cargo público de elección popular es la más correcta y conveniente para sacar a delante el país.
¿Cuál es la carrera o ciencia idónea para Gobernar?
Qué opina de escoger a los gobernantes por Merito gracias.
¿Es el Derecho una Ciencia para gobernar?
Cree usted que la Administración Publica y las Ciencias Políticas como carrera son las más idónea para gobernar y ejercer cargos públicos.
Carreras como La Economía, la Ingeniería, Administración de Empresa y la Contaduría, forman gobernantes.
Pasé a responderle de inmediato sin reflexión previa detenida y tras la lectura de cada cuestión y este es el resultado:
"A la PRIMERA PREGUNTA: Inicialmente pienso que sí, pero en especial en la administración local no tienen porqué ser profesionales de la Administración, sí contar con sentido político. Teniendo en cuenta que se trata de cargos políticos ha de considerarse que la Constitución señala el derecho a participar en los asuntos públicos y en especial a acceder a las funciones y cargos públicos con los requisitos que marquen las leyes. Los cargos públicos de elección no se sujetan a requisitos de mérito o a los conocimientos profesionales. Por ello el sistema desde mi punto de vista exige de una Administración profesional con una carrera basada en el mérito y la capacidad y alejada de la designación de los políticos. Lo que no cabe duda es que si quien gobierna es una persona preparada sus decisiones partirán de una mejor información debido a su formación. El sistema, pues, entiendo que parte de la verdadera democracia interna de cada partido político al elegir a los que han de representarlos y en caso de gobernar ocupar los cargos de designación política. Pero es indudable que los partidos se rigen por élites o grupos y fidelidades que nada tienen que ver con el mérito y la capacidad.
Hay que comprender que en determinados niveles de administración hay personas sencillas con un gran sentido común y capacidad de gobierno que sólo necesitan a su lado de buenos y profesionales administradores.
A la SEGUNDA PREGUNTA: En mi primera contestación ya hay parte de la respuesta, pero para que ahora sea completa tendría que repasar cada ley que establece requisitos para gobernantes y altos cargos de la Administración. Puede servir para el tema le entrada siguiente de mi blog:
http://morey-abogados.blogspot.com.es/2008/01/los-polticos-y-el-mrito-y-la-capacidad.html
Así pues en el Estado, la ley de Organización de su Administración parece profesionalizar una serie de cargos, pero realmente sólo afecta al nivel estrictamente burocrático o de administración general, no tanto a la administración especial, pero también es cierto que en ésta y para el nivel político y configuración de políticas públicas ha de admitirse la incorporación de buenos profesionales provenientes del sector privado. Que esto ocurra o no o que sean verdaderos expertos depende de los partidos y de los gobiernos y de su ética y moral.
Por todo ello no puedo decir que los requisitos no sean idóneos, sin perjuicio de que hubiera que despolitizar más cargos y funcionarizarlos, lo que sí corresponde es que los nombramientos que incumplan los requisitos sean recurribles y anulables sin las trabas del derecho subjetivo o interés legítimo que restringen el recurso en estos casos. Otra cosa es la que se refiere a las listas abiertas a efectos electorales que creo que no interesa a los partidos políticos en su configuración actual y que no garantiza tampoco que rija el mérito y la capacidad, si bien pueda acotar el nivel o porcentaje de responsabilidad de cada cual y en especial frente a sus electores.
A la TERCERA PREGUNTA: Creo que hay dos carreras que en principio comprenden materias y conocimientos que un gobernante ha de tener y son la de Ciencias Políticas y de la Administración y la de Derecho, preferentemente en aquellas universidades que distinguen la rama y disciplinas del Derecho público y que incorporan otras disciplinas necesarias, por ejemplo Economía o Ciencia de la Administración. Pero hoy es frecuente que se produzcan posibilidades de cruzar unas y otras carreras, mediante convalidaciones. Pero hoy en día también hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, por lo que corresponde a la Ciencia de la Administración, la escuela y tendencia que la imparte, pues, y el que se ofrezca la visión y concepto que nos ofrece Baena del Alcázar es esencial, sin perjuicio de que se complete con las técnicas del buen administrar lo público, sin exageradas influencias de la gestión privada de empresas.
El Derecho era la única carrera que durante mucho tiempo marcó la pauta y hoy debe de seguir siendo esencial su conocimiento, por lo que adquirir sentido jurídico es esencial en los que sigan la carrera de Ciencias políticas o es necesario que no se limite en esta carrera a ser una asignatura de segundo orden, naturalmente me refiero al derecho público y muy particularmente al Derecho administrativo. Lo que hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, es que el gobernante y el político no es sólo un aplicador del derecho o de las leyes, sino que contribuye a la configuración de las normas y el derecho, por lo que el conocimiento de los principios generales que conforman el derecho y la justicia han de ser parte de la formación.
Personalmente creo que una persona formada en Derecho es más fácil que se complete con los conocimientos de la Ciencia política y administrativa que una formada en estas adquiera sentido jurídico. Pero es una opinión, teniendo además en cuenta la pérdida del estudio de los clásicos.
A la CUARTA PREGUNTA: Ya he contestado en buena parte con lo anterior pero creo que todo depende de la dimensión que se dé a la parte política y el número de puestos y funciones de la misma, porque lo malo es el abuso en considerar políticos puestos que son meramente de administración y propios de los funcionarios y de un sistema de mérito y capacidad. Los estrictamente políticos es muy bueno que cuenten con los méritos propios para su ejercicio o desempeño pero no necesario si existe una administración profesional. Pero sabrá que precisamente la tendencia es la contraria: apropiarse del sector administrativo y de gestión y politizar el sector profesional. Es bueno, pues, la existencia de mérito y profesionalidad en los políticos, no es la panacea y lo que sí es imprescindible es que la Administración sea profesional y no dependiente de los políticos, salvo en un nivel muy superior y limitado y muy conectado con programas o políticas públicas concretas y especiales que necesiten de equipos de confianza del político y de una libre designación dentro del sistema de mérito y capacidad y no desvirtuado como en la actualidad.
A la QUINTA: Vamos a ver, el Derecho no es, en principio una ciencia para gobernar, pero la ciencia de gobernar y el gobierno mismo no pueden existir sin el Derecho. Lo que hace que se pueda decir que el Derecho es una ciencia imprescindible para Gobernar, pero es la ciencia de la Justicia y de la Equidad y en el Derecho hay más operadores que los gobernantes.
A la SEXTA: La creo respondida en la Tercera
A la SÉPTIMA: Mi opinión es que no. La Economía complementada con Derecho y estudios serios de Administración pública puede formar gobernantes y administradores. Pero economistas, ingenieros etc. son necesarios en el gobernar y administrar de cada día
He respondido, prácticamente vuela pluma, por lo que creo que mis opiniones no están condicionadas por nada. Espero que le sea útil. Pero todo es muy complejo."
Es seguro que quedan muchas cosas que decir o analizar sobre el tema y alguna respuesta haya dejado algún aspecto por tratar, por ello si alguien con experiencia tiene una opinión distinta y quiere colaborar ofreciendo su opinión al interesado, ya que solicitaba el envío de su correo a conocedores del tema, en esta dirección eat26031972@hotmail.com se le puede ofrecer opinión.
Etiquetas: Ciencia de la Administración, Derecho, Derecho administrativo, formación, funciones públicas, mérito, Política y Administración, políticos

References: artículo 10
 artículo 63

Artículo 212

Artículo 213
 Resolución 

Artículo 223
 resolución

Artículo 224
 resolución

 resolución

Artículo 279

Artículo 280

Artículo 285
 artículo 4
 resolución