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Timestamp: 2018-04-24 23:20:47+00:00

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1_9788491698715 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
El autor ha elaborado una obra enfocada en la práctica procesal supranacional, exponiendo con rigor y claridad las claves del funcionamiento del Procedimiento Acelerado, por lo que resultará de gran utilidad para los abogados y los especialistas en el Derecho de la UE, y, en general para todos los operadores jurídicos que deben trabajar en este ámbito normativo.
CARLOS J. MOREIRO GONZÁLEZ EL PROCEDIMIENTO ACELERADO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Este libro ofrece el primer análisis sistemático de la aplicación del Procedimiento Acelerado ante el TJUE, tanto en el marco de las remisiones prejudiciales realizadas de conformidad con el artículo 267 del TFUE, como en el ámbito de los recursos directos previstos en el artículo 263 del TFUE.
EL PROCEDIMIENTO ACELERADO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÃ&#x201C;N EUROPEA
Catedrático de Derecho Internacional Público y Cátedra J. Monnet “ad personam”de Derecho de la UE Universidad Carlos III de Madrid
©	Carlos J. Moreiro González
©	TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-871-5 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
A mi hija Eloisa
Índice 1.	Introducción.......................................................................................	11 2.	La calidad de la Justicia en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea..................................................................................................	13 2.1.	La adecuación de la arquitectura jurisdiccional de la Unión Europea..............................................................................................	13 2.2.	Celeridad y desmaterialización de los procedimientos.................	19 2.3.	La refundición y la renovación de las normas de procedimiento.	29 2.4.	El control del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la gestión de los asuntos en el TJUE................................................................	41 2.4.1.	El proceso de gestión de asuntos y su duración...............	42 2.4.2.	La supervisión y el seguimiento de la tramitación de los asuntos............................................................................	43 2.4.3.	Apoyo al proceso de gestión de los asuntos.....................	44 2.4.4.	Las conclusiones del Informe y el contexto en el que debe desarrollarse la gestión de los asuntos en el TJUE............	45 3.	El Procedimiento acelerado................................................................	47 3.1.	Marco normativo relevante........................................................	47 3.2.	Criterios de aplicación del procedimiento acelerado en el ámbito de las remisiones prejudiciales....................................................	52 3.3.	Criterios de aplicación del procedimiento acelerado en el ámbito de los recursos directos ante el TJ y el TG...................................	57 3.3.1.	El procedimiento acelerado en los recursos directos ante el TJ................................................................................	57 3.3.2.	El procedimiento acelerado en los recursos directos ante el TG...............................................................................	60 3.4.	Circunstancias en las que el TJ deniega la aplicación del procedimiento acelerado en el ámbito de las remisiones prejudiciales.....	62 3.5.	Circunstancias en las que el TG deniega la aplicación del procedimiento acelerado en el ámbito de los recursos directos............	65 4.	El alineamiento de los estándares cualitativos de funcionamiento del TJUE con los criterios internacionales................................................	71 4.1.	El consenso doctrinal sobre los elementos esenciales de los parámetros de evaluación de la justicia..............................................	71 4.2.	Instrumentos Internacionales que establecen criterios vinculantes sobre la celeridad de los procedimientos.....................................	72 4.3.	El procedimiento acelerado en el TJUE a la luz de los criterios internacionales sobre la celeridad de los procedimientos.............	76
5.	Conclusiones......................................................................................	77 Ă?ndice de Resoluciones del TJ y del TG relativas al procedimiento acelerado.......................................................................................................	79 ApĂŠndice de jurisprudencia citada del TJ..................................................	91
1. Introducción La adecuación de los procedimientos ante el Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) al deber de garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva, y al propio criterio de la eficiencia institucional que deben cumplir todas las instituciones y órganos de la Unión Europea, es un objetivo perseguido con rigor y perseverancia durante los dos últimos decenios. Entre las múltiples medidas adoptadas con dicha finalidad, y que han supuesto diversas modificaciones del Estatuto del TJUE y de los Reglamentos de Procedimiento del Tribunal de Justicia (RPTJ) y del Tribunal General (RPTG), destacan las dirigidas a acortar la duración de la fase escrita y, en general, las que han introducido expedientes y mecanismos para galvanizar el desarrollo de los procedimientos en ambas jurisdicciones, que han resultado determinantes para alcanzar el objetivo de la desmaterialización de los flujos procesales. La consecución de estos y otros logros en pro de la celeridad procesal resulta especialmente reseñable dada la necesidad de no menoscabar con ellos a otros elementos del juicio justo, como por ejemplo las garantías procesales y la calidad de las resoluciones judiciales. Ciertamente, la metodología aplicada en alguna de las medidas que nos ocupan para ponderar la eficiencia del TJUE puede adolecer de un exceso de indicadores cuantitativos, limitándose a describir la relación proporcional existente entre los recursos humanos, técnicos y presupuestarios disponibles, y la resolución de los procedimientos. Pero es evidente el acierto de priorizar como criterio de evaluación del funcionamiento del TJUE la celeridad de los procedimientos, y el empeño en aliviar la burocracia y la farragosidad normativa, además de atajar la complejidad de los asuntos tramitados, en aras de la eficiencia institucional. En este sentido, aunque la reforma del sistema jurisdiccional de la UE realizada por el Tratado de Niza tuvo como principal objetivo eliminar la dilación, anteriormente ya había tenido lugar una modificación del RPTJ para incluir el procedimiento acelerado en el TJUE, objeto de análisis de este estudio monográfico.
A los efectos de comprender la creación, desarrollo y aplicación del citado procedimiento, la primera parte del estudio expone los logros de las numerosas medidas implementadas por el TJUE, y también de las propuestas más señeras de las Instituciones y de los gobiernos y de los Estados miembros de la UE, que propugnan una Justicia supranacional conforme con las necesidades del Estado democrático de Derecho. En dicho contexto, tuvo lugar la introducción del procedimiento acelerado en el TJUE, de cuyo análisis exhaustivo se ocupa la segunda parte de este estudio. Dado que no existe hasta la fecha un estudio sistemático sobre el mismo, he dividido su exposición diferenciando entre la aplicación en el ámbito de las remisiones prejudiciales en el TJ, y, en el ámbito de los recursos directos, ante el TJ y el TG. Ello facilita la visibilidad de los criterios jurídicos mediante los cuales ambas jurisdicciones deciden aplicar o denegar la aplicación del procedimiento acelerado. Habida cuenta de la ingente cantidad de decisiones que se han adoptado con dicha finalidad desde su creación, ha sido necesario elegir aquellas que ofrecen un mayor atractivo, no sólo a efectos jurídico procesales, sino también a efectos didácticos. La tercera parte presenta brevemente la configuración de los criterios técnicos sobre calidad y celeridad de la justicia y la incardinación del principio de aceleración procesal en diversas disposiciones de instrumentos jurídicos internacionales, a los efectos de comprobar la existencia de ciertas concomitancias con la aplicación del procedimiento acelerado en el TJUE.
2. La calidad de la Justicia en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea 2.1. LA ADECUACIÓN DE LA ARQUITECTURA JURISDICCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA Dos de los rasgos esenciales que caracterizan a la justicia en la Unión Europea, y que marcan diferencias con los órganos jurisdiccionales internacionales, son la justicia en red y la tutela de los intereses de los particulares. El funcionamiento en red de la justicia de la Unión Europea se vehicula principalmente mediante el procedimiento prejudicial, actualmente previsto en el artículo 267 del TFUE. Pero, la tutela de los intereses de los particulares tiene lugar mediante una diversidad de procedimientos y expedientes, incluido el citado procedimiento prejudicial. Cabe reseñar, en este sentido, por su relevancia cuantitativa la función de justicia administrativa, puesto que refleja mejor que ninguna otra la fiabilidad del contencioso ante el Tribunal de Justicia (TJ) para tutelar los intereses de los particulares1. Esta función adquirió mayor visibilidad jurídica con la creación del Tribunal de Primera Instancia (TP1)2, (hoy Tribunal General de la UE, TG), que, en su calidad de instancia intermedia refuerza la salvaguardia de los derechos de
Sigo a G. Isaac, (Manual de Derecho Comunitario, Barcelona, 1995, pp. 255256, ss.), quién sostiene que una característica señera del TJ es la concentración de funciones jurisdiccionales: la de justicia administrativa, la de justicia constitucional, la de justicia internacional y la de justicia reguladora —podría incluirse también la de justicia civil, dada su capacidad para determinar puntualmente el régimen jurídico de la responsabilidad de la Comunidad— que son atribuidas a diferentes jurisdicciones en los ordenamientos internos de los Estados miembros. Para otros autores las funciones jurisdiccionales del TJ se reducen a tres: justicia constitucional, administrativa y reguladora, vid. LENZ, O. (editor): EG-Vertrag Kommentar, 2 edic., Köln-Basel, 1999, pp. 1614-1615. 2 Como es sabido, el Acta Única Europea atribuyó al Consejo la competencia para crear una nueva instancia jurisdiccional comunitaria mediante la introducción del artículo 225 CE. El TG se estableció con la adopción de la Decisión 88/591/ CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24.10.1988, DO nº L 319, de 25.11.1988, y, L 241 de 17.8.1989. 1
los justiciables al ventilar los contenciosos cuya especial complejidad técnica requiere un análisis pormenorizado de los hechos relevantes para su correcta calificación judicial3. De hecho el TJ ya había subrayado en su día la necesidad de establecer un doble grado de jurisdicción supranacional —a semejanza de los ordenamientos internos— al afirmar en el asunto REMIA que, “la propia naturaleza del TJ, las funciones que tiene asignadas y su posición en el ordenamiento jurídico comunitario y en relación con los ordenamientos jurídicos nacionales, hacen de él un órgano escasamente preparado para llevar a cabo una investigación en profundidad de hechos de importante complejidad económica o para la práctica constante de los diferentes medios probatorios previstos en su Reglamento de Procedimiento”4. Cierta práctica posterior del TJ ratificó la oportunidad de este planteamiento habida cuenta de que, para dilucidar el asunto CODORNIÚ —que no encerraba gran complejidad técnica y sólo ventilaba una demanda de un particular— el Tribunal tardó cinco años en adoptar la Sentencia5. No obstante, la paulatina configuración del TG como jurisdicción especializada en asuntos de derecho económico y administrativo — sin afectar al principio de unidad de la jurisdicción de la Unión que garantiza al TJ la última palabra en las cuestiones de derecho— es consecuencia del desarrollo de su ámbito de competencias mediante diversos actos que han priorizado el criterio procesal (calidad del demandante) frente a la atribución de ámbitos materiales concretos6
Según el párrafo primero del apartado uno del artículo 19 del TUE, “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados”. As. 42/84, EU:C:1985:327. As. C-309/89, EU:C:1994:197. De conformidad con el apartado primero del artículo 3 de la mencionada decisión 88/591, las competencias asumidas por el TG seguían, por un lado, un criterio procesal (recurso en anulación o por inacción, y, excepcionalmente, la acción indemnizatoria circunscrita a procedimientos de competencia, interpuestos por personas físicas o jurídicas), y, por otro lado, un criterio material (función pública comunitaria, ciertos ámbitos de la CECA, y régimen de la competencia de empresas en el mercado interior).
La calidad del demandante resulta relevante tanto a efectos de la atribución de la competencia jurisdiccional a una u otra instancia (artículo 51 del Estatuto del TJ), como para la asignación de un determinado asunto a una Sala del TG (artículo 25 del RPTG)7. Esta última circunstancia ha levantado suspicacias entre la doctrina ya que, a la luz de las estadísticas, arrojadas por los asuntos dilucidados ante el TJ y el TG, y más concretamente en el marco del procedimiento en anulación, se constata un claro posicionamiento a favor de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE cuando actúan como demandantes,
Aunque los Reglamentos 40/94, del Consejo CE de 20.12.1993, DO nº L 11 de 14.1.1994, p. 1, sobre la marca comunitaria, y, 2100/94, del Consejo Ce de 27.7.1994, DO nº L 227 de 1.9.1994, p. 1, sobre la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, ampliaron su ámbito material de competencias, la principal atribución tuvo lugar con base en la Decisión 93/350, del Consejo CECA, CEE, Euratom, de 8 de junio de 1993, DO nº L 144 de 16.6.1993, p. 21. Mediante dicho acto el TG vio reconocida su competencia para entender de todos los recursos interpuestos por particulares, independientemente de la materia, excluyendo el ámbito de las medidas de defensa comercial previstas al amparo de los artículos 113 CE y 74 CECA. Si bien esta excepción fue derogada por la Decisión 94/149, del Consejo CECA, CE, de 7 de marzo de 1994, DO nº L 66 de 10.3.1994, p. 29, el régimen instaurado mediante la mencionada Decisión 2004/407, sigue el criterio del reparto material de competencias a favor del TG entre las cuáles incluye las medidas de defensa comercial. El Tratado de Lisboa atribuye al TG la competencia en primera instancia de los recursos directos interpuestos por los particulares (artículos 263, 265, 268, 270 y 272 TFUE), salvo los que correspondan a la competencia jurisdiccional de los tribunales especializados (párrafo segundo del artículo 257 TFUE) y los recursos interpuestos por los Estados miembros contra ciertos actos de la Comisión y del BCE, y contra ciertos actos del Consejo, sin menoscabo de la competencia jurisdiccional expresamente atribuida al TJ por el artículo 51 del Estatuto (Protocolo nº 3 anejo al TUE y al TFUE, introducido por el Tratado de Lisboa). Asimismo, el TG es competente sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de los tribunales especializados (Apartado dos del artículo 256 TFUE, y, párrafo segundo del artículo 257 TFUE, recurso de casación limitado a las cuestiones de Derecho y recurso de apelación referente a las cuestiones de hecho). Finalmente, según el apartado tres del artículo 256 TFUE, el TG puede conocer de las cuestiones prejudiciales que le planteen los tribunales especializados, si bien puede remitirlas al TJ en caso de afectar a la unidad o a la coherencia del Derecho de la UE, o pueden incluso ser reexaminadas por ésta jurisdicción en caso de riesgo grave de que se vulnere dicha unidad o coherencia (v. gr. Sentencia del TJ en el as. M c. EMEA, C-197/09 RX, EU:C:2009:804. 7 DO nº L 105 de 23.4.2015, p. 1.
sentido en el que se decantan la mayoría de las decisiones adoptadas por las Salas de cinco miembros8 (artículo 24 del RPTG). Consiguientemente, tanto por la calidad de los demandantes como por el objeto y el ámbito de sus demandas, los procedimientos ante el TG participan, al igual que los que se sustancian ante el TJ, del modelo francés que articula el contencioso ante el Consejo de Estado. En el caso de los procedimientos en anulación o por inacción, el TG ventila procesos declarativos, pero, en el de los procedimientos indemnizatorios, ventila procesos de plena jurisdicción en los que, controla tanto la validez del acto controvertido como su oportunidad. Esta función le faculta para adoptar cualesquiera medidas necesarias con vistas a reintegrar la violación jurídica en cuestión, tales como anular o modificar el acto controvertido, o establecer una satisfacción económica mediante la imposición de una condena pecuniaria. La naturaleza de estos procedimientos y la propia dimensión orgánica del TG se ha visto confirmada al asumir desde el 1 de septiembre de 20169 las competencias concernientes al ya extinguido Tribunal de la Función Pública (TFP), creado en 200410, que se pronunciaba sobre los litigios entre las Instituciones de la Unión y sus empleados, especialmente sobre cuestiones relativas a sus relaciones laborales y al régimen de seguridad social. Hay que reseñar, igualmente, que el régimen general del procedimiento ante el TJ, establecido en el Título III (artículos 19-46) de su Estatuto, está inspirado en las tradiciones procesales de los Estados miembros de la UE, si bien, en atención al objeto específico de las dife-
Vid. CARRUBBA, C. J., et. al.: “Judicial Behaviour under Political Constraints: Evidence from the European Court of Justice”, Amer. Pol. Sc. Rev., 102, 4, 2008, pp. 435, ss., en pp. 441-445. Igualmente, GRANGER, M. P.: “When Governments go to Luxemburg: The Influence of Governments on the Court of Justice”, Eur. Law Rev., 29, 1, 2005, pp. 3, ss. Reglamento (UE/Euratom) 2016/1192 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2016, relativo a la transferencia al TG de la competencia para conocer, en primera instancia, de los litigios entre la Unión Europea y sus agentes, DO L 200 de 26.7.2016, p. 137. Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, DO L 333 de 9.11.2004, p. 7.
rentes vías de derecho instituidas por el Tratado, cada procedimiento debe sustanciarse bajo ciertas condiciones propias. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 53 del citado Estatuto, el procedimiento ante el TG estará también regulado por dicho Título III11. Es un procedimiento mixto, con una fase escrita seguida de una fase oral, contradictorio, inquisitivo, público, uniforme y escasamente formalista12. Dado que la fase escrita es la más determinante, las diferentes reformas del Reglamento de Procedimiento del TG (RPTG), que tuvieron por objeto acortar la duración de los litigios han incorporado progresivamente diversas mejoras, incluidas las relativas a la utilización de las nuevas tecnologías (como por ejemplo, la aplicación
El párrafo segundo del citado artículo 53, prevé, no obstante, que el procedimiento ante el TG será precisado y completado por su RP. En este sentido, los Títulos Tercero a Sexto, ambos inclusive, de la versión consolidada de dicho RP de 2015, antes citada, desarrollan esta previsión estatutaria (Véanse, igualmente, las modificaciones del RPTG DO nº L 27 DE 12.8.2016, p. 7). El artículo 20 del Estatuto del TJ determina los elementos de la fase escrita (demanda, alegaciones, contestación, observaciones, y, eventualmente, réplicas), y, también de la fase oral, (lectura del informe por el Juez Ponente, audiencia a los agentes, asesores y abogados, y, según la relevancia o la complejidad del asunto, conclusiones del Abogado General, y, examen de testigos y peritos). El procedimiento es contradictorio porque, de conformidad con el citado artículo 20, las partes tienen derecho a ser notificadas de los diferentes elementos que articulan el desarrollo de las dos fases para poder contralegar y contraprobar en las mismas condiciones. Asimismo, y dado que, de conformidad con los artículos 24, ss., y, 32 del Estatuto, el Tribunal goza de prerrogativas para esclarecer la verdad material, es un procedimiento inquisitorial. Pueden establecerse excepciones, sin embargo, a la publicidad de los procedimientos, según lo previsto en el Artículo 31 del Estatuto o por imperativo de alguna disposición del Tratado (v. gr. párrafo segundo del artículo 348 TFUE). Véase, en este sentido, la Decisión (UE) 2016/2386 del TJ de 20 de septiembre de 2016, relativa a las normas de seguridad aplicables a los documentos e información presentados ante el TG con arreglo al artículo 105 de su RP, DO nº L 355 de 24.12.2016, p. 5. Finalmente, el hecho de que los procedimientos contenciosos sometidos al Tribunal mediante acciones ejercitadas por los sujetos legitimados se rijan por las mismas reglas, ofrece un modelo procesal uniforme, ágil y con una sustancial relajación de los requisitos formales (vid., en este sentido, el artículo 21 del Estatuto).
e-Curia)13, haciendo un énfasis especial en la diligencia profesional de todos los actores procesales, tal y como se deduce de las Normas prácticas de desarrollo del RPTG14. Cabe subrayar, por otro lado, que ciertas peculiaridades relativas a la composición y organización del TG, establecidas por el Tratado, el Estatuto del TJ, y su RP para adecuar su funcionamiento a las exigencias litigiosas derivadas de su ámbito de competencias jurisdiccionales, se han desarrollado con éxito, y actualmente el TG está compuesto de 47 jueces, y estará compuesto por dos jueces por Estado miembro a partir del 1 de septiembre de 201915.
Decisión del TG de 24.1.2012 (DO nº L 68 de 7.3.2012, p. 20). DO nº L 152 de 18.6.2015, p. 1, y Modificaciones de las Normas prácticas de desarrollo del RPTG, DO nº L 217 de 12.8.2016, p. 7. En todo caso, los procedimientos que rigen las acciones directas tienden a ser más prolongados que los que se sustancian en virtud del apartado segundo del artículo 256 TFUE, del párrafo tercero del artículo 257 TFUE y del Título quinto del RPTG. Dado lo cuál mientras que en aquellos, una vez interpuesta la demanda y recibido el escrito de contestación suelen sucederles los escritos de la réplica y la dúplica, en la casación sólo se autorizarán estos últimos escritos por el Presidente, a solicitud del demandante y si existe una necesidad bien fundamentada para ello (apartado primero del artículo 201 RPTG). Se ha desarrollado en este sentido la previsión del párrafo primero del artículo 224 CE, añadido por el Tratado de Niza, actual párrafo segundo del apartado dos del artículo 19 del TUE, según la cuál, el TG “contará con al menos un juez por Estado miembro”. Véase el artículo 48 del Estatuto del TJ, en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, DO L 341 de 24.12.2015, p. 14. Se han superado con ello varios intentos fallidos que propugnaron implementar este modelo como, por ejemplo, en los prolegómenos de la CIG 2000, cuando los gobiernos de los Estados miembros no acogieron la propuesta del TJ de 14 de junio de 1999 para que designaran 6 nuevos Jueces en dicha instancia jurisdiccional; y, posteriormente, al desaprovechar la CIG 2003, y, la CIG 2007, para ampliar la composición del TG al nuevo escenario judicial generado por la adhesión de 12 Estados a la UE durante esos años. Por otra parte, como consecuencia de la práctica del TG, han caído en desuso ciertas previsiones estatutarias que conllevan una mayor duración de los procedimientos. Así, por ejemplo, la posible designación de un juez para desempeñar la función de Abogado General según lo previsto en el párrafo primero del artículo 254 TFUE, el artículo 49 del Estatuto, y los artículos 30 y 31 del RPTG; o la circunscripción de las actuaciones en Pleno, previstas en el Párrafo Segundo del artículo 50 del Estatuto, y el artículo 42 del RPTG, a actuaciones de organización y funcionamiento del Tribunal o de carácter administrativo. De hecho,
2.2. CELERIDAD Y DESMATERIALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Las cifras clave relativas al funcionamiento del TJ y del TG reflejan claramente la celeridad del conjunto de los procedimientos16.
las funciones jurisdiccionales que hipotéticamente podría desarrollar el TG en la sesión plenaria, son atribuidas generalmente a la Gran Sala o a las Salas de cinco Jueces, cuyo régimen está previsto en el artículo 50 del Estatuto, y en los artículos 13, 14, 15 y 28 del RPTG. En 2016 se iniciaron 692 asuntos ante el TJ y fueron resueltos 704 con una duración media de los procedimientos de 14,7 meses, 2,7 meses en los procedimientos prejudiciales de urgencia; y, en el TG, se iniciaron 974 asuntos y fueron resueltos 755 con una duración media de los procedimientos de 18,7 meses. Véase, Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Informe Anual 2016. Panorámica del año, OPUE, Luxemburgo, 2017, pp. 27-30. Debe reseñarse en este sentido que, durante el periodo 2006-2016, se interpusieron 1500 demandas de promedio ante ambos tribunales, aumentando con ello un 20% el número de asuntos pendientes de ser tramitados. Similarmente, aunque se ha reducido el tiempo de tramitación durante 2016 con respecto al año 2015 de 0,9 meses y 1,9 meses respectivamente, esta tendencia no afecta a todos los tipos de procedimientos. No obstante, estas cifras tan satisfactorias son la culminación de la aplicación de las reformas introducidas por los Tratados de Niza y de Lisboa. Así, en lo concerniente al Tribunal de Justicia las cifras brutas comparativas entre el año 2000, antes de la reforma jurisdiccional introducida por el Tratado de Niza, y el año 2008, sobre el total de asuntos terminados, 526 en 2000, y, 567 en 2008, la duración media de los procedimientos excluidas las sentencias y autos “especiales”, fue de 21’6 meses para las cuestiones prejudiciales, 23’9 meses para los recursos directos y 19 meses para los recursos de casación en 2000, frente a 16’8 meses para la cuestiones prejudiciales, 16’9 meses para los recursos directos, y 18’4 meses para los recursos de casación en 2008. En el año 2010, tras la aplicación del Tratado de Lisboa sobre el total de asuntos terminados (teniendo en cuenta las acumulaciones), 522, la duración media de las cuestiones prejudiciales fue de 16,1 meses, la de los recursos directos 16,7 meses, y, la de los recursos de casación 14,3 meses. Por su parte, el Tribunal General ofrece un balance cuya evaluación es algo más compleja debido, entre otros factores, a la transferencia de asuntos pendientes en el Tribunal de Justicia como consecuencia de la asunción de nuevas competencias jurisdiccionales tras el Tratado de Niza. Así, en el año 2000 se terminaron 344 asuntos (318 si se excluyen grupos de asuntos idénticos o conexos), y, en el año 2008, 605 asuntos. La duración media de los procedimientos en 2000 fue de 27’5 meses para los recursos directos, excluidos los asuntos de propiedad intelectual y función pública, y, en 2008 fue de 26 meses, excluyendo además los recursos de casación. En el año 2010, la duración de los recursos directos fue de 32,4 meses (Ayudas de
Especialmente significativas resultan en este sentido las cifras relativas a los recursos directos, y más concretamente a los recursos de anulación sustanciados ante el TG17. Ciertamente, cualquier ponderación de la actividad del TG podría resultar ociosa si no se toma en cuenta el incremento de la litispendencia tras la asunción de nuevas competencias jurisdiccionales con la entrada en vigor del Tratado de Niza18, y, la posterior adhesión de doce Estados Miembros a la UE19. Junto con las citadas modificaciones del Estatuto del TJ y de los Reglamentos de Procedimiento, tanto del TJ como del TG, que han tenido como objeto en la mayoría de los casos la introducción de expedientes y mecanismos para galvanizar los procedimientos contenciosos en ambas instancias ha resultado determinante a los citados efectos la desmaterialización de los flujos procesales, tal y como demuestra la generalización del uso de a la aplicación informática «e-Curia» que permite presentar, consultar y recibir los documentos procesales por vía electrónica con total seguridad, hasta la publicación de la Sentencia20.
Estado), de 45,7 meses (Competencia), y, de 23,7 meses (otros), respectivamente, excluyendo los relativos a la propiedad intelectual. Frente a los 49 recursos directos resueltos por el TJ en 2016, el TG resolvió 645, limitándose la casación de estas resoluciones ante el TJ a un 26% de los asuntos; véase, Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Informe anual 2016, cit., pp. 28 y 30. Sobre la reforma judicial del Tratado de Niza, vid. Ruiz Jarabo Colomer, D.: “La reforma del Tribunal de justicia realizada por el Tratado de Niza y su posterior desarrollo”, en Moreiro González, C. J. (Coord.): Tratado de Niza. Análisis, comentarios y texto, pp. 83, ss. V. gr. mientras que en 2000 se iniciaron 398 asuntos y estaban pendientes 786 (336 y 519, respectivamente, excluidos los asuntos idénticos o conexos), en 2008 se iniciaron 629 y estaban pendientes 1178, es decir, casi el doble. En el año 2010, se incrementó el número de asuntos interpuestos, 636, y también el de asuntos pendientes, 1300. Asimismo, en 2011, el número de asuntos sometidos al TG se incrementó en casi un 12% con respecto al año 2010, mientras que la productividad del TG se aumentó en 2011 en un 40% con relación a la del año 2010. En 2016, el TJ tramitó por este medio el 93% de los asuntos y el TG el 76%, habiéndose logrado igualmente que todos los Estados miembros lo utilicen cuando son partes en un procedimiento. Además, dicho proceso de desmaterialización ha supuesto que la Recopilación de la Jurisprudencia se realice diariamente en
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References: artículo 267
 artículo 263
 resolución 
 artículo 267
 artículo 225
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 257
 artículo 51
 artículo 256
 artículo 257
 artículo 256
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 20
 artículo 20
 Artículo 31
 artículo 348
 artículo 105
 artículo 21
 artículo 256
 artículo 257
 artículo 201
 artículo 224
 artículo 19
 artículo 48
 artículo 254
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 42
 artículo 50