Source: https://www.scribd.com/document/135224740/Ediciones-de-la-Flor-SRL-c-Fontanarrosa-F-s-Accion-Mere-Declarativa-Expte-1420-08
Timestamp: 2017-11-24 09:33:44+00:00

Document:
Tº:64 Fº: 219 Nº: 364
Rosario, 11 de Marzo de 2013.­
Y VISTOS: Los presentes caratulados “EDICIONES de la FLOR S.R.L. contra FONTANARROSA, Franco sobre ACCION MERE DECLARATIVA”, Expte Nº 1420/08, de los que resulta que: A fs. 5/10 la actora, por apoderado, promueve ACCION MERE DECLARATIVA contra FRANCO FONTANARROSA a fin de que cese el estado de incertidumbre sobre la existencia y alcance de la relación jurídica del contrato de edición suscripto entre la accionante y la Sra. Gabriela María Mahy (administradora de la sucesión de Roberto Alfredo Fontanarrosa) y ­en especial­ superar el estado de lesión y perjuicio que produce no disponer otro medio legal para poner fin y término inmediato a la cuestión. Señala que la Sra. Mahy concedió a Ediciones de la Flor S.R.L. ­como editorial­ la facultad de publicar, vender o difundir en forma de libro la obra “Negar Todo y Otros Cuentos”. La convención aludida ­de fecha 27.02.2008­ faculta a la actora a efectuar hasta un máximo de 5.000 ejemplares, autorizando a reeditarla todas las veces que considere necesarias, sin límite de números. Indica que la administradora provisoria, al ceder los derechos a la editorial, manifiesta expresamente que tales derechos no se encuentran limitados, declarando a su vez que la obra es original y pertenece con exclusividad al Sr. Roberto Alfredo Fontanarrosa, obligándose por cualquier daño o perjuicio que deviniere por violación de la garantía expresada. Precisa que se pactaron los derechos fijados en un 12% del precio de venta al público de cada ejemplar efectivamente vendido, con liquidaciones semestrales; que la duración sería de cinco años con renovación automática por plazos iguales, entre otras consideraciones (vid. copia del contrato a fs. 4). Expresa que el 31.07.2008 se iba a producir el lanzamiento de la obra en la Galería Imago de la Fundación OSDE en Buenos Aires, donde está una exposición de dibujos e historietas del causante.
Agrega que, por dilatado período, el Sr. Roberto A. Fontanarrosa privilegió a la actora con la edición de sus obras en forma exclusiva y excluyente. Relata que a raíz de los conflictos entre los herederos del causante, su parte toma conocimiento de la designación como administradora provisoria de la Sra. Mahy (cónyuge supérstite). El 29.02.2008, el Sr. Franco Fontanarrosa (coheredero e hijo del causante), mediante actuación notarial, acompaña documentación a la editorial esgrimiendo derechos que dice le corresponden, con distintas peticiones. Manifiesta, la accionante, que hizo saber a las partes herederas que sus obligaciones ­pago de los derechos de autor­ se consignarían judicialmente en tiempo y forma en el sucesorio. Puntualiza que en pleno proceso de elaboración de la obra de referencia, reciben carta documento suscripta por el Sr. Franco Fontanarrosa en la cual solicita se le haga saber ­ante la proximidad de la edición­ qué contrato se suscribió, quien entregó el original de la obra, inclusive peticionó que no se proceda a la reproducción, difusión y venta hasta tanto le permitieren verificar la validez del derecho de edición y, asimismo, la legitimidad de la autoría. Refiere que el 09.06.2008 contestan la misiva, haciendo saber que está en poder de la actora la versión de los últimos cuentos escritos al dictado del Sr. Roberto A. Fontanarrosa; celebrándose un contrato de edición con la administradora de la sucesión, haciéndole saber que al momento de contestación no existía fecha prevista de publicación, pero que cuando ello ocurra, se le haría saber. Expone que el 01.07.2008, quien dijo ser apoderado del Sr. Franco Fontanarrosa ­Dr. Gabriel Salcedo­, les hace saber su parecer en aparente cuestionamiento de las facultades conferidas a la administradora provisoria, la prohibición por parte de aquel de editar el libro y que desconocía el contrato de edición. Remarca que Ediciones de la Flor S.R.L. ­a fines de evitar ser comprometida en reclamos judiciales­ decide no publicar el libro de cuentos póstumo “Negar Todo y Otros Cuentos” hasta tanto se pronuncie la justicia respecto a las subsistentes
obligaciones y derechos a cargo de la editorial en relación a dicha obra; asimismo, le manifiesta que de las dilaciones que se originen ­perjuicios que se produzcan­ será objeto el Sr. Franco Fontanarrosa de oportuno reclamo. Aclara que su parte se encuentra ante una incertidumbre sobre la existencia y alcance de una relación jurídica, es decir, contrato de edición suscripto por la Sra. Mahy ­administradora judicial de la sucesión­ y que se cuestiona por el coheredero, el Sr. Franco Fontanarrosa; no disponiendo de otro medio legal para poner término inmediato a ese cuestionamiento. Afirma pretender un pronunciamiento que elimine la falta de certeza para satisfacer el interés jurídico. Ofrece prueba. Citada y emplazada a comparecer a estar a derecho la parte demandada, a fs. 68 comparece por apoderado, contestando la demanda a fs. 71/82. En su escrito de responde, niega todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda, con excepción de los que no reconoce expresamente, procediendo seguidamente a realizar una negativa expresa de cada hecho expuesto por el actor en la demanda; negando (por no constarle) la existencia de obras inéditas del Sr. Roberto Fontanarrosa, y en caso de existir tales obras, que las mismas sean las que la Editorial dice tener en su poder, y en su caso, que las mismas estén concluidas y en condiciones de ser publicadas. Menciona que de existir tales obras, deben ser ­en todo caso­ posteriores al matrimonio del Sr. Roberto Fontanarrosa con Gabriela Mahy. Remarca que por no tratarse de un documento emanado del Sr. Franco Fontanarrosa o que sea atribuido al mismo, no puede dar por cierto que el mismo sea auténtico y firmado por las dos partes que figuran en el instrumento enunciado. Entiende que no surge ni del expediente en que se tramita la declaratoria de herederos ni de incidente alguno del mismo, que la administradora provisoria ­Sra. Gabriela Mahy­ haya requerido autorización judicial para realizar un acto jurídico para el cual la ley no la autoriza y que no existe constancia alguna de que el Sr. Franco
Fontanarrosa haya convenido con la administradora o autorizado a la misma a ceder derechos del acervo hereditario. Expone que tal como son relatados los hechos en la demanda, dan la apariencia que la editorial accionante y la Sra. Mahy intentaron hacer negocios ocultándolos al Sr. Franco Fontanarrosa. Interpreta que la supuesta obra en cuestión habría sido escrita al dictado del Sr. Roberto Fontanarrosa, pero resalta que no se desprende prueba alguna, ni se ofrece probar semejante extremo. Afirma que es deber del Sr. Franco Fontanarrosa velar por la obra y nombre de su padre, y debe impedir que se atribuyan a la autoría de aquel, obras que puedan eventualmente ser de terceros, por el sólo hecho de vender y ganar dinero tras el exitoso nombre de un autor prestigioso. Considera que los únicos hechos comprobados son dos pares de cartas documento y las confesiones de la editorial actora; y que la administradora provisoria de la sucesión no tiene facultades para ejercer derechos de disposición sobre obras del acervo hereditario, atento que toda administración sucesoria es provisoria y sólo encaminada a preservar los bienes de la herencia. Hace notar que si bien no existen en el C.P.C.C.S.F. normas generales que fijen con claridad qué tipos de actos puede o no puede realizar el administrador de una sucesión, existen disposiciones procesales que marcan los límites ­citando el art. 620­ y mencionando que si el administrador no puede arrendar inmuebles, mucho menos puede ceder derechos de edición; no sólo porque la propia cesión implica un acto de disposición y no de administración, sino que esta disposición es justamente la del acto de explotación natural de la obra. Continúa haciendo referencia a los arts. 622 y 624 del código de rito, manifestando que el primero establece los supuestos excepcionales en que se pueden vender bienes de la herencia mientras dure el juicio sucesorio y cita jurisprudencia. Con relación al segundo articulado, considera que de ser cierto que el contrato es real, se debió buscar el acuerdo del Sr. Franco Fontanarrosa y, en su defecto, las justificaciones que hicieran viable una venia judicial.
Postula dos interrogantes: si la Sra. Mahy contrató a título personal, ¿por qué no se demanda a ella en este juicio en lugar del Sr. Franco Fontanarrosa?, y si lo hizo en representación de la sucesión, ¿por qué no demanda a la sucesión en lugar del hijo del causante? Asevera que el acto de ceder derechos de edición no es un acto de administración de los autorizados, sino, un acto de administración de los que requieren venia judicial o un acto de disposición. Solicita que la Sra. Gabriela Mahy sea citada como tercero necesario, toda vez que la controversia en cuestión está originada en un acto que le es atribuido a la misma y sin cuya intervención no podrá resolverse. Reserva caso federal. A fs. 88 comparece, por apoderado, la Sra. Gabriela Mahy, contestando el traslado a fs. 203/210. Reconoce ella haber celebrado ­en carácter de administradora de la sucesión­ contrato de edición con la actora el 27.02.2008 sobre la obra inédita “Negar Todo y Otros Cuentos”, creada durante el año 2007 y de autoría de su difunto esposo. Manifiesta que la suscripción del mencionado contrato implicó el legítimo ejercicio de sus facultades como administradora de la sucesión, por constituir un acto de administración y no de disposición; y que la oposición del Sr. Franco Fontanarrosa a la publicación de la obra, obligó a la editorial actora a promover las presentes actuaciones tendientes a obtener la certeza sobre la legitimidad del contrato suscripto, y a modificar el estado de lesión y perjuicio que le produce esta conducta. Entiende que para que el acto jurisdiccional sea eficaz, más allá de expedirse sobre la legitimidad del contrato, deberá abordar si el ejercicio de los derechos morales que realizó el Sr. Franco Fontanarrosa para impedir la divulgación de la obra, es abusivo; atento que resolver sobre la validez de la contratación es totalmente insuficiente ya que no resolverá el problema de fondo. Precisa que la obra sobre la cual recayeron los actos jurídicos cuestionados, estaba en condiciones de ser publicada. Declara que la misma nuclea los
últimos 24 cuentos creados por el Sr. Roberto Alfredo Fontanarrosa habiendo sido inscripta y depositada en custodia bajo el N°: 759.475 ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Destaca que en el marco de la relación que unió al Sr. Fontanarrosa con Ediciones de la Flor por más de 30 años, estaba acordada la publicación de todas las obras del autor, y que cuando éste tenía la cantidad de cuentos que a su criterio ameritaban la publicación, se los enviaba a la editorial donde su editor y amigo, el Sr. Daniel Divinsky ­Socio Gerente de la firma editora­, los titulaba, corregía y diagramaba con total libertad. Ilustra que el humorista no discutía los términos de la negociación ni las condiciones del contrato, por estar implícitamente acordado en esa relación de tantos años y basado en la absoluta confianza, no sólo comercial, sino técnica, que se tenían las partes. Afirma que tan grande era esa confianza que se trasladaba al ámbito personal, siendo el propio Sr. Divinsky quien ­a pedido del Sr. Roberto Fontanarrosa­ garantizó el contrato de locación del inmueble en el que habitó su hijo cuando se radicó en la ciudad de Buenos Aires. En relación al cuestionamiento de las facultades de la Sra. Mahy como administradora, considera que su función no es producir ganancias, sino lograr el mantenimiento adecuado de la herencia conforme a la naturaleza de los bienes en particular y hasta que llegue el momento de la partición. Remarcar que en el caso de marras, el patrimonio administrado se encuentra compuesto por las obras del autor, siendo la difusión de las mismas a través de contratos de edición, la forma ordinaria de producir sus frutos. Puntualiza que la administradora de la sucesión suscribió un contrato idéntico a los que ordinariamente celebró el autor en vida, es decir, el editor histórico del causante Sr. Roberto Fontanarrosa. Agrega que el contrato de referencia es idéntico al celebrado por el causante y la actora sobre la obra “Inodoro Pereyra 32”, presentada en la Feria del Libro el 02.05.2008 y ninguna objeción mereció tal instrumento por parte del Sr. Franco Fontanarrosa cuando se solicitó orden de pago por las sumas provenientes de la explotación de dicha obra en el expediente de la sucesión.
Resalta que el contrato se nominó “Contrato de Edición” y expresamente se alude a “conceder” ciertas facultades respecto de la obra, y que la demandada al cuestionar el accionar de la administradora, utiliza el vocablo “cesión”. Aclara que en este tipo de operaciones, lo transferido sale del patrimonio del cedente para entrar en el patrimonio del cesionario, quien lo ejerce en nombre propio; mientras por el contrario, en el ámbito del derecho de autor ­compuesto por facultades morales y patrimoniales­ aún cuando se hablara de contrato de cesión, el mal llamado “cesionario” nunca sustituiría totalmente al autor. Indica que lo que se transmite es el ejercicio de ciertas facultades patrimoniales, lo cual los ubica frente a una licencia, es decir, autorización de uso. Postula que si bien el Sr. Franco Fontanarrosa alega que la Sra. Mahy ha dispuesto de la obra integrante del acervo, se pregunta ¿como es entonces que aquel pueda recuperar las facultades sobre dichas obras al vencimiento de los contratos celebrados con el sello editorial en idénticos términos que el cuestiona? Acompaña documental. Como medida para mejor proveer se designa audiencia, la cual luce agregada a fs. 224/225. Abierta la causa a prueba a fs. 227, a fs. 230/232 la ofrece el actor; a fs. 234/311 la Sra. Mahy ­ampliando a fs. 331­ y denunciando nuevo hecho y ofreciendo prueba a fs. 486/487;y a fs. 316/321 la demandada; agregándose la producida. Clausurado el período probatorio a fs. 471 y corrido que fuera el traslado para alegar, a fs. 473 alega el actor, a fs. 496 la administradora y a fs. 489 la demandada, incorporándose ­respectivamente­ dichos alegatos. Llamados los Autos para Sentencia a fs. 531, así como el nombramiento del nuevo Juez titular a cargo del Juzgado actuante, todo lo que se encuentra consentido y firme, éstos obrados han quedado en estado de dictar resolución definitiva. Y CONSIDERANDO: 1.­ Legitimación: 1.1.­ De actora y demandado: Las partes de autos se encuentran legitimadas activa y pasivamente, atento a que la actora es quien dice tener la incertidumbre en cuanto a la existencia o no de los derechos y obligaciones que emanan del contrato celebrado
con la administradora de la sucesión, derivado esto de que es el demandado quien se opone a la validez del acto por estar firmado por la administradora de la Sucesión de Roberto Fontanarrosa ­considerando no tener facultades para ello­, además de invocar sus derechos patrimoniales y morales de autor ­como hijo y coheredero­ sobre la obra objeto de dicho contrato. 1.2.­ En relación a la tercera citada: Fue legitimada como tal, atento la citación efectuada en el escrito de contestación de demanda del accionado, quien a fs. 80 vta. y 81 entendió que la Señora Mahy ­tercera­ tiene probabilidad de cuestiones litigiosas pendientes y acciones revérsicas contra cualquiera de las partes primogénitas ­dependiendo de las resultas de estos autos­ y fue llamada como “tercera necesaria”. Siguiendo al Dr. Adolfo Alvarado Velloso, subsumiendo el caso en estudio a su doctrina jurídica, cuando hablamos de terceros, el elemento diferenciador que sobresale es “el interés”, que en mayor o menor medida será afectado actual o potencialmente por el resultado del litigio, convirtiéndose ­en rigor de verdad­ en una parte procesal sucesiva con mayores o menores facultades de actuación en orden al grado de afectación que surge. Según la clasificación expuesta por este prestigioso jurista rosarino, la actuación de la tercera ­Sra. Mahy­ es provocada, necesaria, inmediata, directa, con incompatibilidad de las diversas relaciones sustanciales y coadyuvante. Es provocada porque una de las partes originarias del pleito fue quien la citó (de acuerdo a su consideración y conveniencia); necesaria por existir una relación jurídica material inescindible (entre citante y citado), cuales son los derechos hereditarios sobre las obras de autoría del causante Roberto Fontanarrosa, habiendo una legitimación imprescindible para lograr una heterocomposición últil del litigio; inmediata por presentarse cuando la pretensión demandada produce un gravamen jurídico que ­por ser real o potencial­ admite que la afectación al tercero es directa o actual, ya que es sujeto de una relación jurídica que, respecto de la pretensión ya litigiosa, se halla en una incompatibilidad de las diversas relaciones sustanciales por pretender titularidad de un mismo derecho de propiedad (para el caso los derechos morales de autor); por último es coadyuvante o adhesiva autónoma por ingresar al proceso pendiente con el objeto de hacer valer un derecho propio frente a una de las partes originarias, adhiriendo simultáneamente a la calidad de la actora. Sobre este último carácter he de disentir con la
postura esgrimida por la accionada, quien aduce que quien fue citada como tercera debía ser codemandada en igualdad de condiciones con su representado, pero esta posición no hace a mi convencimiento, pues no puede demandarse a quien no ejerce oposición alguna al cumplimiento del contrato establecido. Es importante destacar que el fin mediato de toda intervención de terceros es hacerle valer los efectos de la sentencia 2.­ Traba de litis: Debo distinguir que, en virtud del carácter dispositivo que tiene el proceso civil, las partes ­por proposición de la tercera citada­ han ampliado las pretensiones originarias de autos, existiendo ­de base­ la consistente en la acción mere declarativa, para luego ampliarla a la consideración de los derechos patrimoniales y morales de autor ejercidos por el accionado y que la tercera los rotula como abusivos. 2.1.­ Acción Mere Declarativa: La relación jurídica objeto de esta acción es el contrato referido y suscripto en fecha 27.02.2008 por la Editorial actora y la Sra. Gabriela María Mahy, administradora de la sucesión del Sr. Roberto Fontanarrosa, que fuera atacado por el coheredero Franco Fontanarrosa (hijo del causante) invocando falta de autorización judicial para tales fines o no haber sido consultado como coheredero para otorgarla conjuntamente con la administradora ­por ser considerados actos que la requieren dentro del ejercicio patrimonial­, además de invocar para sí el ejercicio de derechos morales sobre la obra de su padre. Ediciones de la Flor S.R.L. es quien entabla la acción y la dirige frente a quien ejerció la oposición (el hijo y coheredero de Roberto Fontanarrosa). 2.2.­ Entre partes (a propuesta de la tercera citada): Citada como tercera la restante coheredera del causante ­su cónyuge supérstite, Señora Gabriela Mahy­ en los términos de los Arts. 302, 305 y 309 del C.P.C.C.S.F., en su escrito de fs. 203/210, expone el necesario análisis del ejercicio de los derechos de los herederos y ­preponderantemente­ el ejercicio abusivo de éstos por parte del Señor Franco Fontanarrosa, poniendo a disposición de éste la obra objeto del contrato firmado por la tercera y la editorial Ediciones de la Flor S.R.L. a los fines de que éste ejerza el correcto derecho aludido. Frente a ello, si bien el accionado se defendió ­prima facie­ en su escrito
de contestación de fs. 218/219 oponiéndose a aquella pretensión, en el punto 1.3. del mismo responde manifestó: “Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, y a efectos de ­nuevamente­ evidenciar nuestra buena fe, quedamos a disposición de V.S. Si entiende conveniente la realización de una convocatoria a las partes para dialogar sobre el tema en debate” (sic), a lo que el Juzgado ­considerando el principio dispositivo procesal­ citó, a fs. 221, a una audiencia de partes del Art. 19 del C.P.C.C.S.F. y como medida de mejor proveer. Llevada a cabo dicha audiencia el día 10/12/2009, según constancia de acta obrante a fs. 224, el demandado ­Señor Franco Fontanarrosa­ dijo: “a los fines de evaluar su postura dentro de la causa accederá al documento original que se encuentra en el disco rígido el cual se halla en el domicilio de la Sra. Mahy Gabriela ...” (sic), referido éste a la obra inédita de autoría de su padre: “Negar todo y otros cuentos”, a lo que accedieron la tercera y la actora, sin oposición alguna. Aun cuando en la continuación de aquella audiencia, habiendo sido ésta tomada el día 22/02/2010 ­según acta que luce a fs. 225­, la accionada manifiesta mantener la posición sustentada en el escrito de contestación de demanda (o sea, restringir el objeto de marras a la mere declarativa), su actuación procesal no fue congruente con esta postura, pues a fs. 320 ofrece pruebas ­cuando había postulado que la controversia procesal debía ser entendida de puro derecho para el caso de reconocimiento de parte de la tercera respecto a la documentación que le fuera atribuída, cosa que así ocurrió­, a fs 235 luce carta documento (copia certificada) por la que el apoderado del demandado notifica a la tercera que el día 15/02/2010 se presentarán en su domicilio, conjuntamente con un técnico informático y un escribano, a efectos de la extracción de la copia correspondiente al archivo original de la obra, a fs. 238 luce acta de constatación (copia certificada) de la escribana pública Nora Tamagno del acto de extracción antes referido, entregándose la copia al Dr. Sanchez Almeyda (Escribano propuesto por el demandado), a fs. 454/456 obran Escrituras Públicas por las que se constató que el técnico en informática designado por la demandada y el mismo Señor Franco Fontanarrosa extrajo y obtuvo (vía DVD) la copia correspondiente al archivo original de la obra que se dice llamada “Negar todo y otros cuentos”, en fechas 15/02/2010 y 20/02/2010, respectivamente, o sea previamente a la continuación de la audiencia antes mencionada del día
22/02/2010, y a fs. 439 vta. ­constando la absolución de posiciones del accionado­ preguntado que fue en la 2° posición de la confesional de la tercera citada si a esa fecha (15/10/2010) leyó la obra “Negar todo”, responde: “Si, es cierto, la leí”. De todo ello deduzco que se cumplió con lo opuesto a aquello que el representante legal del demandado propuso como negativa, cuando dijo a fs. 218: “... con relación a lo decretado en el punto 6.2.) de la referida providencia glosada a fs. 211, expresamos nuestra negativa a la pretendida puesta a disposición de dicha obra, atento que ello significaría un adelantamiento ­procesalmente inaceptable­ de la resolución que debe dictarse en estos autos, en los cuales ­vale recordarlo­ la actora y la administradora provisoria suscribieron un contrato de edición sin el consentimiento de mi representado y sin que éste tuviera acceso a dicha obra, en su calidad de coheredero … Respecto a lo decretado en el parágrafo 6.3.) del proveído referido, NOS OPONEMOS A LA PRETENSIÓN DEL TERCERO, puesto que valen las mismas consideraciones formuladas en el apartado anterior, es decir que de hacerse lugar a lo requerido por el mismo se estarían violando las formas sustanciales para la decisión del presente litigio, esto es una resolución anticipatoria, cercana a una medida autosatisfactiva, sin cumplir con el procedimiento ordinario estatuido para la resolución de este proceso” (sic). Hasta lo aquí expuesto he de anticipar mi postura en considerar ampliada la pretensión de autos y definir que la traba de litis fue configurada desde dos frentes argumentativos: a) La acción mere declarativa propiamente dicha y b) El necesario análisis del ejercicio de los derechos patrimoniales y morales de los herederos y ­preponderantemente­ el endilgado ejercicio abusivo de éstos por parte del Señor Franco Fontanarrosa, poniendo a disposición de éste la obra objeto del contrato firmado por la tercera y la editorial Ediciones de la Flor S.R.L. a los fines de que ejerza el correcto derecho aludido. Ahonda esta posición lo dicho por doctrinarios de fuste. Cuando la ciencia procesal comenzó a constituirse como tal y, por tanto, los autores fueron dejando de concretar sus explicaciones a los puros pasos procedimentales sin ilación lógica y sistemática, se advirtió que todo ordenamiento positivo debía partir de cuatro premisas básicas: a) por obvias razones que hacen a la convivencia pacífica y armoniosa de los integrantes de una comunidad
dada es imprescindible que una vez resuelta por la autoridad una pretensión litigiosa, su decisión sea definitiva, debiéndose impedir a todo trance la reapertura útil de la discusión que la originó; b) del mismo modo, no resulta bueno para el mantenimiento de la paz social la coexistencia de dos demandas con base en la misma y exacta pretensión, pues podría ocurrir eventualmente que éstas obtuvieren sendas decisiones contradictorias, con la consiguiente creación de un verdadero caos jurídico que debe ser evitado a toda costa; c) por similares razones, siempre que una misma causa petendi sea el sustento de dos o más pretensiones (concurrentes o antagónicas), éstas deben ser necesariamente tramitadas en un solo procedimiento y resueltas en una misma sentencia; d) para finalizar, desde siempre ha parecido políticamente conveniente tratar en un mismo y único procedimiento varios procesos originados por pretensiones que se hallan estrechamente vinculadas entre sí. (Academia virtual Iberoamericana de Derecho y de Altos Estudios Judiciales – Teoría General del Proceso). Las tres primeras premisas son el fundamento de un principio legislativo superior y metaprocesal: la seguridad jurídica. La última, en cambio, constituye el basamento de otros principios relativos al proceso y que generan las reglas de economía y de celeridad en los trámites. A partir de la aceptación de estas premisas básicas para un sistema, se ha advertido la necesidad de que la ley autorizara la intervención de un tercero en un proceso pendiente, siempre que la eventual afectación de su propio interés pueda derivar de la extensión subjetiva de los efectos del caso juzgado, de tal forma que el instituto supone una acumulación de pretensiones por vía de inserción procesal: el tercero se inserta en el proceso ya pendiente entre las partes originarias, estando fundada dicha intervención en el principio de seguridad jurídica o en las reglas de la economía y la celeridad. Obvio es decir que esta acumulación de pretensiones en un mismo y único proceso ha de proceder atento a que fue presentada en el momento procesal oportuno y se aplican los mismos e idénticos trámites procesales, para el caso el juicio ordinario, con la mayor amplitud probatoria, y ­si bien­ el tercero no es considerado parte propiamente dicha, a él se le harán extensivos los efectos de la sentencia. Admito procedente la postura plasmada por la tercera en su escrito a fs.
203 vta. punto 1, último párrafo, cuando expone: “A riesgo de ser redundantes, si siguiendo la postura del demandado, cercenáramos el objeto de debate a la legitimación de la administradora para celebrar el contrato, y habida cuenta que el heredero Franco Fontanarrosa ya adelantó que se mantendrá en su negativa a la divulgación de la obra ­por causas no expresadas­, será necesario un nuevo pronunciamiento en un proceso posterior ­entre las mismas partes, en idéntica jurisdicción y por el mismo trámite. Un absurdo” (sic). 3.­ Trabada la litis en los términos expuestos corresponde analizar los hechos y el derecho aplicable en la especie. 3.1.­ Mere Declarativa: La pretensión esgrimida por el actor interponiendo esta acción, es dirigida a los fines de que cese el estado de incertidumbre sobre la existencia y alcance de la relación jurídica ­contrato de edición­ objeto del presente juicio y superar el estado de lesión y perjuicio que se estaría produciendo a la Editorial actora. Es de resaltar que la acción mere declarativa apunta a esclarecer estados de incertidumbre, que por vía de principio, son proclives a generar inseguridad jurídica e imprevisión sobre efectos no pensados al tiempo de contratar. Estos estados pueden ser considerados desde dos puntos de vistas: a) positivo: cuando busca declarar la existencia de un derecho propio de quien la promueve o de alguna de sus modalidades, trayendo consecuentemente un efecto jurídico favorable al promotor y b) negativo: persiguiendo lo contrario, o sea la inexistencia de un derecho ajeno, tratando ­así­ de obtener la negación de un efecto jurídico favorable al demandado. Prima facie ­de la lectura de los escritos mediante los cuales fue trabada la litis­ pareciera encuadrarse dentro del segundo punto de vista (negativo) y que se traduce en el más común de la práctica forense. Así las cosas, corresponde afirmar que son presupuestos de admisión que exista incertidumbre sobre la existencia, modalidad o interpretación de una relación jurídica, un claro perjuicio o lesión al actor, y que éste no tuviera otro medio legal para remediarlo. La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, sistematiza los requisitos de procedencia del instituto1: a) estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica; b) interés jurídico suficiente en el accionante, en el sentido
CSJN “Gomer S.A. C/ Provincia de Córdoba” (Fallos, 310:142)
de que la falta de certeza pudiera producirle un perjuicio o lesión actual; y c) interés específico en el uso de la vía declarativa, es decir, que el actor no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. No son requisitos aislados, sino reunidos para trabajar en conjunto, y valen para solicitar que se resuelva tanto la falta de certeza como para pretender que se declare la inconstitucionalidad (si así lo hubiera postulado alguna de las partes). Por estos motivos, la acción de pura certeza, para que sea admisible como tal, requiere un examen previo sobre el contenido normal, jurídicamente obligado, de la eventual sentencia y no puede ser otro que una declaración que en lo sustancial exprese que el derecho existe o no; es decir, se trata de evaluar si están dados los presupuestos y, en su caso, si el tipo de proceso de conocimiento pedido por el actor (ordinario, sumarísimo, amparo, etc.) se corresponde con la complejidad de la causa. En relación a lo expuesto, es de destacar que el fundamento normal de toda demanda es la incertidumbre; alguien que cree de buena fe estar asistido de un derecho que motiva adecuadamente con el fin de lograr un resultado que, obviamente, no está asegurado ni es previsible. La falta de certeza supone “duda”, que abarca la existencia del derecho, el modo de cumplir con sus mandatos y el alcance objetivo y subjetivo del mismo. Pero esa simple vacilación que produce inseguridad en la actuación, no es suficiente, siendo necesario un acto, e inclusive, un hecho exterior objetivo que sea la causa productora de la incertidumbre. No basta la mención del interesado sobre las dudas propias, en la medida que la fluctuación pueda resultar evidente para toda persona que aprecie; es decir, ha de estar en la relación jurídica o en el derecho aplicable, de forma tal que se dude sobre la existencia, alcance o modadilidades de ejecución. De lo expuesto se deduce que no se debe buscar en la sentencia declarativa una solución condenatoria contra el contradictor, porqué justamente son resoluciones destinadas a dar certidumbre, que por tanto, suelen también denominarse de “mero acertamento”. Su finalidad consiste en interpretar y esclarecer el contenido de una relación jurídica existente, determinando su objeto y las modalidades como debe ser cumplida.
En definitiva, no constituyen un estado jurídico ni generan novación alguna en la situación de derecho; solamente prestan seguridad al declarar sobre los alcances y contenidos de una relación jurídica. De allí que la sentencia de declaración de mera certeza se contraponga, por un lado a la sentencia de condena, porque la acción de declaración de certeza no hace valer un derecho a la prestación del demandado, ni en particular al reconocimiento del derecho por parte de éste; y por otro, a la sentencia constitutiva, porque se limita a declarar la certeza sin modificar las relaciones jurídicas preexistentes. El Dr. Peyrano sostiene que “... En una acción mere declarativa de certeza no existen márgenes restitutivos, dativos o reparadores, como en una condena tradicional, sino que se limita a declarar un derecho en los términos del art. 1° del C.P.C.C.S.F. cuando la incertidumbre respecto de una relación jurídica, de sus modalidades o de su interpretación cause un perjuicio a quien tenga interés legítimo en hacerla cesar.”2 3.1.1.­ En el sub­lite, el acto u hecho exterior objetivo considerado la causa productora de la incertidumbre, se circunscribe a las dos (2) cartas documentos (fs. 18 y 21) enviadas por el Señor Franco Fontanarrosa y su representante legal a Ediciones de la Flor S.R.L. ­identificadas y certificadas como originales mediante escribano público interviniente­ por las que los “intima a no proceder a la reproducción, difusión y venta de la obra, hasta tanto le permitan verificar la validez de su derecho de edición, legitimidad de la supuesta autoría de su padre, así como ejercer los derechos vinculados a las condiciones de impresión tales como integridad y fidelidad del texto, e incluso correcciones de imprenta. Asimismo prohibe la edición y cualquier otra forma de divulgación de obras póstumas de su padre, expresando ejercer los derechos morales de autor, además de recordar que la administradora provisoria de la sucesión carece de toda facultad para ejercer derechos patrimoniales de disposición de obras del acervo hereditario, tal como el contrato de edición que se afirma haber firmado”. El ataque tiene como objetivo el contrato de edición firmado entre la actora y la tercera citada ­ésta última en su carácter de administradora provisoria de la sucesión de Roberto Fontanarrosa­, cuyo objeto es la publicación, venta y difusión en forma de libro de la
Peyrano, Jorge W. “Análisis doctrinarios y jurisprudencial del CPCC” T­I­ p.1 a 6 y sus citas.
mencionada obra “Negar Todo y Otros Cuentos”. Éstos tipos de contratos caracterizados por la adhesión a condiciones generales son una categoría contractual; la interpretación de los mismos debe hacerse mediante un análisis de las estipulaciones que contiene, y de acuerdo a los principios generales del derecho, de la equidad, de la buena fe, ya que la circunstancia de que el contrato sea por adhesión no justifica su apartamiento. Así, el art. 1.197 del Código Civil establece que "Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma". Si bien los jueces tienen facultad de revisar y/o modificar las estipulaciones en caso de ejercicio irregular de los derechos (art. 1.071 C.C.), o cuando exista lesión (art. 954 C.C.), o imprevisión (art. 1.198 C.C), en el sub­lite no se ha demostrado que la cuestión se encuentre inmersa en alguno de los vicios contemplados. Solo se debe establecer a través de la presente resolución cual es la certeza o no del acto producido, proporcionando clarificación a través de la interpretación de derechos, deberes o situaciones, previo a consumarse ninguna violación, además de decidirse la conducta a seguir, saber cuales son los derechos o el comportamiento sin arriesgarse a una eventual ruptura de una relación con la consiguiente gravitante lesión. A entender de este judicante, está demostrado en autos que el contrato referido es de similares (o casi idénticas) características y contenido que todos los contratos de edición de igual tenor que fueron firmados entre el causante Señor Roberto Fontanarrosa (en vida) y Ediciones La Flor S.R.L. durante la larguísima relación comercial y de confianza que existió entre ellos, véase la copia del instrumento atacado obrante a fs. 4 y 350/351/352 y las demás correspondientes a otras obras ya publicadas que lucen a fs. 34, 37, 41, 46, 51, 56, 135/136, 137/138, 139/140, 142, 144 a 158, 160 a 162, 164, 166, 168, 170 a 173, 175, 177/179, 181, 183, 185, 187, 189 a 196, 198, 199, 201,202 y 432/435 de autos, corroborado ello con el oficio diligenciado a la Dirección Nacional del Derecho de Autor (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) y contestado a fs. 347 a 427 por el cual se acerta que las obras objeto de dichos contratos fueron inscriptas a nombre del autor y publicadas por Ediciones de la Flor S.R.L..
3.1.2.­ La veta primordial para dilucidar la certeza de los derechos y obligaciones que emergen del contrato de edición base referido, es determinar si éste instrumento, como acto jurídico, se encuentra dentro de la órbita de los actos de administración a los que está autorizada ejercer la administradora provisoria de la sucesión del causante Roberto Fontanarrosa. Vale recordar que, habiendo sido ofrecidos como prueba los autos conexos caratulados “FONTANARROSA, Roberto s/DECLARATORIA de HEREDEROS” Expte. N°: 112/2008 y “FONTANARROSA, Roberto s/NOMBRAMIENTO de ADMINISTRADOR PROVISORIO” Expte. N°: 1169/08, de éstos se desprende que los únicos herederos universales declarados son el accionado y la tercera citada, siendo ésta última sobre quien recayó el nombramiento de administradora provisoria, según Resolución N°: 2167 del 13/08/2007. El carácter provisional (teóricamente) ha de ser mantenido hasta el nombramiento de administrador definitivo, situación en la que se está en condiciones una vez instituída la correspondiente declaratoria de herederos, ya ocurrida en el caso en estudio, pero sin que se modificara el nombramiento de administradora provisoria realizado, continuando en cabeza de la cónyuge supérstite atento no haberse modificado dicho status jurídico. Primariamente debemos determinar si el acto en discusión se vincula con los llamados actos de disposición (posición tomada por el demandado Franco Fontanarrosa en su escrito de responde de fs. 78 y 78 vta.). Entiende esta parte que ceder derechos de edición es un acto dispositivo, no solo porque la propia cesión así lo implica, sino que tal disposición es justamente el acto de explotación natural de la obra. No resulta sencillo delimitar con precisión los conceptos de actos administrativos y dispositivos. La doctrina es poco precisa y la ley positiva no contribuye a poner claridad en las ideas. La administración de bienes hereditarios recae sobre quien fue nombrado administrador provisorio o definitivo de los bienes que componen el acervo hereditario, en el caso, la tercera Señora Gabriela Mahy.
La ley de fondo ha sido muy escasa en cuanto al tratamiento normológico de esta materia, existiendo solo el Art. 3451 del C.C. que prescribe: “Ninguno de los herederos tiene el poder de administrar los intereses de la sucesión. La decisión y los actos del mayor número, no obligan a los otros coherederos que no han prestado su consentimiento. En tales casos, el juez debe decidir las diferencias entre los herederos sobre la administración de la sucesión”. Este es el artículo “bisagra” para poder ­a partir de aquí­ encaminar el litigio planteado. Existiendo en toda sucesión, desde el punto de vista patrimonial, una masa indivisa que conforma una comunidad hereditaria forzosa y esencialmente transitoria, el poder del juez responde al principio de la participación de todos los herederos en cuanto a la gestión total del patrimonio hereditario (en la que concurren los intereses de ellos como sucesores universales del causante y los eventuales de los terceros). Se trata del “ius prohibendi” que surge como consecuencia de la igualdad de derechos, se da como manifestación negativa del derecho de cada uno y se explica porque la comunidad en la sucesión es un estado puramente pasivo y accidental, en que los propietarios no están unidos sino por la cosa misma y no por su voluntad (según señala Vélez en la nota respectiva al compararla con la sociedad). Es así que el juez, al tomar decisiones sobre la administración de una cosa comprendida en la indivisión hereditaria, debe velar por los intereses “ut singuli” de todos los herederos y no puede imponerle a uno de ellos la posición del otro, siempre que medie razonabilidad de parte de quien ejerce la oposición. Pero tal prohibición no alcanza al juez que ante las desinteligencias entre ellos debe zanjar la cuestión, procurando que los bienes no sean improductivos y cuidando de tutelar armónicamente todos los intereses individuales. La mayor reglamentación, aunque no abundante ­por cierto­, la otorgan los códigos de procedimientos referentes a los juicios sucesorios. Nuestro C.P.C.C.S.F., la regula en sus artículos 617, ss. y cc.. Frecuentemente, la ley permite a determinadas personas realizar actos de administración, pero no los de disposición. La distinción tiene importancia respecto de una
persona que obra en interés de otra. Debemos comprender que, en el caso de marras, los bienes del acervo hereditario poseen una relevante especificidad: son los derechos de autor pertenecientes a una vasta y popular obra artística del Señor Roberto Fontanarrosa. Doctrinariamente, se entiende por actos de administración sucesoria aquellos relativos a la conservación y mantenimiento de los bienes, siendo dable incluir en tal precepto ciertas funciones de gestión ordinaria conforme a la naturaleza y estado de los bienes quedados al fallecimiento del causante. El criterio para distinguir los actos de administración de los actos de disposición no lo da la ley, ni puedo darlo de un modo preciso y riguroso como intérprete de ella. A lo sumo puedo decir que no deben confundirse los actos que exceden de la administración con los actos de enajenación; éstos último ­ciertamente­, en la mayor parte de los casos, exceden de la administración, pero no siempre, ya que la enajenación de frutos destinados a la venta no es posible dejar de considerarla un acto de buena administración. Este congruente modo de entendimiento, hace reflexionar que más que a la naturaleza jurídica del acto, se debe mirar su función económica, y reputar actos de disposición los que conciernen al valor capital del patrimonio, los que importan ­por lo mismo­ pérdida o disminución de él, y actos de administración los que tienden a su conservación y no tocan más que a los productos, aún cuando consistan en una enajenación. Por analogía, el contrato de edición base de este diferendo encuadra y ­así lo determino­ en el postulado recientemente descripto, entendiendo ­en concordancia a la razón que le asiste a la tercera citada­ que el patrimonio administrado por la nombrada administradora provisoria se encuentra compuesto por las obras del autor, siendo la difusión de las mismas a través de contratos de edición, la forma ordinaria de producir sus frutos. Véase, además, como fundamento complementario, que el Señor Franco Fontanarrosa a actuado en diferentes actos respecto a la misma obra perteneciente al autor, desde dos frentes diferentes: a) El mismo día 27/02/2008, idénticas partes actuantes en el Contrato de Edición base de esta demanda, o sea la administradora provisoria de la Sucesión de Roberto Fontanarrosa y Ediciones de la Flor S.R.L., firman otro contrato de edición por la obra ­autoría
también de Roberto Fontanarrosa­ “Inodoro Pereyra 32”, con similares formas y cláusulas que el hoy atacado (fs. 33/35), pero sin ninguna oposición expuesta por el co­heredero Franco Fontanarrosa. A fs. 513 luce contestación de oficio judicial diligenciado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Dirección Nacional del Derecho de Autor) y confirman que posteriormente al fallecimiento del autor Roberto Fontanarrosa se registraron 3 contratos correspondientes a obras de autoría del Señor Roberto Fontanarrosa: “Inodora Pereyra 31”, “Inodoro Pereyra 32” y “Negar Todo y Otros Cuentos”. De hecho, la actitud del co­ heredero (hijo) fue opuesta a la ejercida para estos autos, pues consta en los obrados conexos a esta causa, individualizados como “FONTANARROSA, Roberto s/DECLARATORIA de HEREDEROS” Expte. N°: 112/08, a fs. 346, que el Señor Franco Fontanarrosa solicitó orden de pago por las sumas provenientes de la explotación de la obra “Inodoro Pereyra 32”; por ende, en inteligencia y apoyatura a la teoría de los actos propios, no es congruente aceptar obrar de determinada forma y/o manera para una obra que para otra, cuando ambas fueron contratadas para su edición en idéntica forma, circunstancia y modalidad de tiempo y lugar. A su vez, por las razones recientemente esgrimidas, la administradora provisoria ha actuado bajo las premisas del llamado “mandato tácito” otorgado por parte del coheredero hijo, pues al haber permitido que la Señora Mahy (en el carácter de apoderada y administradora provisoria) haya efectivizado los contratos de edición de las obras “Inodoro Pereyra 31” e “Inodoro Pereyra 32” en tiempos previo y posterior al fallecimiento del causante, respectivamente, sin que interpusiera oposición alguna, cuando ya se había firmado por escritura pública la cesión de derechos denunciada en fecha 27/11/2006 (fs. 27/28), sino que ­por el contrario­ se presentó a solicitar orden de pago de las regalías pertinentes, habilitó la prosecución de la actuación de la cónyuge supérstite, encuadrando ésta dentro de la teoría mencionada. b) Existiendo ­a fs. 30/31­ constancia de denuncia de dejar sin efecto y valor alguno la renovación automática de los contratos vigentes con Ediciones de la Flor S.R.L. al momento de la constatación notarial efectuada (29/02/2008), alegando el Señor Franco Fontanarrosa el carácter de cesionario definitivo de la propiedad intelectual sobre todas las obras literarias y artísticas de autoría del causante Roberto Fontanarrosa, registradas y publicadas,
todo conforme documento fechado el 22/11/2006 e inscripto éste en la Dirección Nacional de Derecho de Autor bajo el Registro N°. de Expte. 536354/2006, el coheredero (hijo) ha realizado contratos de edición con otras editoriales (cuyas constancias obran en los conexos sobre Sucesión), cuando existen obrados caratulados “MAHY, Gabriela María c/FONTANARROSA, Franco s/DEMANDA ORDINARIA” Expte. N°: 1.174/2008, donde se está litigando (sin resolución aún) sobre la validez o invalidez del acto aludido por dicho coheredero en la constatación supra mencionada, sin que la otra coheredera interpusiera oposición alguna; consecuencia de ello es el entendimiento de que el Señor Franco Fontanarrosa no está velando ­ en igualdad de condiciones con la Señora Gabriela Mahy­ los derechos sucedidos de su padre. 3.2.­ Ampliación de pretensión (a propuesta de la tercera): Indefectiblemente, en este punto, he de tratar el ejercicio de los derechos de los herederos sobre el especial patrimonio heredado, cual es la obra literaria y artística cuya autoría pertenece al Señor Roberto Fontanarrosa, y que ­en el sub­lite­ ha sido considerado abusivo de parte de la aquí tercera respecto al demandado. Sobre mi convicción para el tratamiento de la pretensión ampliada de autos, he expuesto los fundamentos en el punto 2.2. de estos considerandos, de modo tal que sobre aquella base argumentaré sobre el ejercicio de estos derechos por parte de los herederos declarados. Marcado esto como uno de los items de la traba de litis en base a los hechos expuestos por las partes y la tercera necesaria comparecida en autos, debo adentrarme (en honor al principio de congruencia procesal) en la aceptación del hecho nuevo denunciado por la coheredera Sra. Mahy (cónyuge supérstite) y considerarlo para este tratamiento. 3.2.1.­ La propiedad intelectual, junto a la libertad de prensa, fue consagrada ­desde la Revolución de Mayo de 1810­ en las constituciones políticas de 1819 y 1826. En la Constitución Nacional de 1853, fue reconocida expresamente en su artículo 17: “Todo autos o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”.
La reforma constitucional de 1994 no ha alterado esta disposición. Por el contrario, el nuevo Art. 75 inc. 22, al reconocer jerarquía constitucional a un conjunto de tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos ­entre los cuales se incluyen los derechos culturales en general y el derecho de autor en particular­ no ha hecho sino afirmar institucionalmente el reconocimiento del derecho de autor en nuestra nación. En el año 1933 se sancionó la Ley Nacional N°: 11.723 (hoy vigente) que rige el régimen a aplicarse en la materia, complementariamente con otras que regulan el funcionamiento de determinadas sociedad autorales y el régimen de regalías ­entre ellas la Ley N°: 20.115 sobre Argentores). Toda obra científica, literaria y artística debe ser inscripta en el Registro Nacional de Derecho de Autor (dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), lo cual fue cumplido para la obra “Negar Todo y Otros Cuentos”, según constancia de fs. 100/101, 458/459 y 462/468 de autos. La ley protege dos tipos de derechos de autor: a) Patrimoniales y b) Morales. Los patrimoniales refieren a la facultad de disponer de la obra, publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público, enajenarla, traducirla, adaptarla o autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma, además de considerar los ineludibles permisos del titular de los derechos. Los morales refieren a que, aun enajenada una obra, el autor conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad de su texto y su título, en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor, resguardando el derecho del adquirente a su aprovechamiento económico pero sin poder alterar su título, forma y contenido. En el punto 3.1. de estos considerandos ya me he referido a la actuación debida de quien es la administradora provisoria de la sucesión, determinando el encuadre pertinente del ejercicio de los derechos patrimoniales dentro de sus facultades como tal. 3.2.2.­ A partir de ahora trataré el ejercicio de los derechos morales de los coherederos. Adujo el Señor Franco Fontanarrosa, en sus cartas documentos cuyas copias obran a fs. 18 y 21, que se le permitiera verificar la legitimidad de la supuesta autoría de su padre y las condiciones de impresión tales como la integridad y fidelidad del texto e incluso
las correcciones de imprenta, como también puso en duda la conclusión y/o condición artística de ser divulgada, todo respecto a la obra “Negar Todo y Otros Cuentos”. La obra en cuestión abarca 24 cuentos cuya autoría se pone en cabeza del causante Señor Roberto Fontanarrosa, entre los cuales integra la lista el denominado “La Picada. ¿Una creación rosarina?” que fuera escrito para publicitar a la Empresa FRIGORIFICO PALADINI S.A. y cuya originalidad se encuentra probada por documental obrante a fs. 239/245, 305/307 y testimonial prestada por el testigo Señor Osvaldo Roberto Paladini que a fs. 503 responde las posiciones: A la Primera: Uno de sus primos trabajó en el contrato que se celebró con Roberto Fontanarrosa para que escribiera sobre la picada; A la Segunda: Sí, su empresa negoció con el autor el texto sobre la picada; A la Tercera: Lo hizo en Octubre de 2005; A la Cuarta: Reconoce en contenido y firma la documental obrante a fs. 305 (texto original del cuento); A la Ampliaciones: Reconoce las firmas del contrato celebrado con la Señor Mahy en carácter de administradora de la sucesión. Sobre el resto de la obra “Negar Todo y Otros Cuentos”, la parte actora y la tercera citada han aportado las correspondientes pruebas producidas y que hacen a la plena convicción de este sentenciante que se trata de la legitimidad de la autoría, integridad y fidelidad del texto, como asimismo, la conclusión y/o condición artística de ser divulgada. En cuanto a la legitimidad de la autoría, a fs. 236/238 obran escrituras públicas donde consta que el técnico informático propuesto por el demandado se presenta en el domicilio de la tercera y se procede (en presencia y manejo de la computadora donde obra el archivo por parte del técnico informático aportado por ésta) a verificar que la computadora está en fecha y hora correctas, manifestando que las fajas de seguridad/garantía están rotas, recibiendo un DVD que lo deja en custodia del escribano actuante y otras dos copias en DVD que se entregan a las apoderadas de la Señora Mahy y la escribana actuante a su pedido. En el mismo acto la Señora Mahy manifiesta que sobre las fajas de seguridad han podido ser rotas atento alguna reparación, ampliación y/o actualización efectuada sobre la máquina, por ser del año 2003. A fs. 238 obra acta notarial referida al mismo acto, pero efectuada por la escribana autorizante a requerimiento de la Señora Mahy. A fs. 456 existe constancia de escritura pública por la cual el Señor Franco Fontanarrosa (coheredero hijo del causante) recibe la copia del DVD
extraída de la computadora perteneciente a su padre, según se relató en las escrituras recientemente aludidas, estando probado (tal como ya se ha fundado en esta sentencia) que el documento continente de la obra original extraída ha sido leído por su persona ­así lo refirió en la contestación a la absolución N°: 2 de su confesional obrante a fs. 439 vta­ sin haber opuesto objeción expresa alguna. A fs. 328/329 luce escritura pública por la que se deja constancia del contenido de la copia de respaldo del disco rígido instalado en la computadora que pertenecía al Señor Roberto Fontanarrosa y puesto en la CPU de la escribana. Se constata que en la carpeta “Cuentos” existen archivos con 25 nombres y cuyas últimas fechas de modificación ­de cada uno de ellos­ son anteriores al fallecimiento del causante. Todo es congruente con la testimonial del técnico informático Germán Corominas que depuso a fs. 447, quien en su respuesta 5° advierte que no había ninguna irregularidad en la computadora constatada. Así efectuada la prueba, he de entender debidamente controlada la misma por la parte interesada y la tercera actuantes, por lo que ­no habiendo oposición ejercida ni duda sobre la legalidad de las copias y/o extractos extraídos, y por lo tanto queda acertada la legitimidad de la autoría. En referencia a la integridad y fidelidad del texto, de la documental aportada como reportajes periodísticos reconocidos en su contenido por quien fue el reportero (fs. 445), ha quedado demostrado que la relación de confianza, tanto comercial como personal, entre el causante (Roberto Fontanarrosa) y el gerente de Ediciones de la Flor S.R.L. (Señor Divinsky), ha sido estrecha, quedando probado que le estaba permitido al editor hacer correcciones gramaticales (fs. 129 vta.), párrafos y adjetivación (fs. 131 vta.) y hasta Divinsky fue garante del departamento habitado por en Buenos Aires por Franco Fontanarrosa (fs. 290). Asimismo, queda acertado que el propio editor armaba los volúmenes de cuentos (fs. 132). Consecuentmente ha quedado afirmad la integridad y fidelidad del texto de la obra objeto del contrato de edición atacado. 3.2.3.­ Ahonda mi postura favorable a la aceptación de la demanda y su
ampliación ­atento el especial carácter que posee el conflicto social en estudio, derivado en un litigio que tiene como objeto la vasta y amplia obra literaria de un artista popular como lo fue el Señor Roberto Fontanarrosa­, la aplicación y consideración de normas internacionales, entre las cuales destaco: el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho de propiedad garantizado en el Art. 17 de nuestra Constitución Nacional integra el catálogo de derechos fundamentales dentro de nuestro orden constitucional. La consagración de derechos sociales y económicos ha variado la concepción originaria de este derecho y permite, atento el carácter aludido en el párrafo anterior, la imposición de restricciones que armonicen el derecho de propiedad con el interés social. El Pacto de San José de Costa Rica, en su Art. 21 y bajo el rótulo de “derecho a la propiedad privada”, en su inc. 1) establece que “toda persona tiene el derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”. Dicha norma, que adquirió jerarquía constitucional con la reforma de 1994, consagra la teoría de la función social de la propiedad, la cual sostiene la necesidad de que el ejercicio de este derecho redunde también en beneficio de la sociedad y no sólo en el de su titular. Ha dicho la Jurisprudencia: “El concepto de propiedad en sentido constitucional es más amplio y extenso que el derecho de dominio consagrado en el derecho civil, ya que como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación alcanza a todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad” (Fallos, 145.327, caso Bourdieu). Esta restricción es concordante con lo establecido por el inc. 1) del Art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16/12/1966, que dice: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho a toda persona a: 1) participar en la vida cultural ...” , garantizando así el interés social frente al derecho particular. 3.2.3.1.­ Hecho Nuevo: Es aquí donde merece ser considerado y tratado el incidente generado a fs. 486 con el escrito de denuncia de hecho nuevo, efectuado por la tercera citada, que fue contestado por el demandado a fs. 499/501, ello a la luz de los preceptos
enraizados en este bloque de tratados internacionales de jerarquía constitucional. Expone la tercera citada que el Señor Franco Fontanarrosa, con su administración de hecho de la obra literaria de su padre, sin autorizar la edición y publicación de la misma, lo hace en detrimento no solamente de su cliente, sino ­y fundamentalmente­ de toda la comunidad de lectores y de la cultura en general, entendiendo que es sabido que la tensión entre autor y comunidad toma recepción en el derecho de autor a través de distintos institutos, intentando equilibrar tanto el derecho de autor propiamente dicho (intentando decidir el destino de la obra y vivir de la misma) como el de la comunidad en general de acceder a los productos culturales. La defensa expuesta por el apoderado del Señor Franco Fontanarrosa, en su escrito de fs. 498/501, ha devenido incongruente con la posición ya adoptada en los considerandos anteriores de esta sentencia, ya que he admitido y fundado la ampliación de la pretensión base de este litigio y ­por ende­ es procedente tratar el hecho nuevo denunciado cuando éste puede ser conducente para el esclarecimiento de la verdad jurídica. Así lo ha entendido la doctrina, entre ellos Falcón en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo III, pág. 130 y siguientes”, cuando dice que “se debe tener presente que el objetivo primario de la institución consiste en que la controversia esté los más actualizada posible al momento de dictar sentencia. En este sentido, la ley contempla ­además de aquellos hechos constitutivos, modificatorios o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio (Art. 163, inc. 6 del C.P. de la Nación)­, al conjunto de sucesos que, ligados inescindiblemente al planteo introductorio y siendo conducentes, llegan a conocimiento de las partes con posterioridad a dicho planteo”. Este razonamiento fue admitido jurisprudencialmente por la Sala 1 de la Cámara Nacional cde Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Capital Federal, integrada por los Dres. Martín Diego Farrell y María Susana Najurieta, en autos “Tubito S.R.L. c/Molinos y Establecimientos Harineros Bruning S.A. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, Sentencia del 10/05/2012. Las publicaciones acompañadas están fechadas en los meses de Enero y Febrero de 2011 (fs. 482/485) y las informativas están fechadas en Agosto de 2011 (fs. 528,
532/533 y 536/541), donde todas ellas coinciden en afirmar que luego del fallecimiento del Señor Roberto Fontanarrosa, el stock disminuyó y sus obras no pudieron reponerse por falta de publicación, aludiendo la editorial que la razón de ello era el litigio sobre las cuestiones sucesorias. Exponen una gran desilusión de parte de los lectores al no encontrar la obra a disposición y considerar a éstos como los de mayor perjuicio ante la falta de disponibilidad. Le asiste razón a la denunciante del hecho nuevo cuando argumenta la tensión entre los derechos del autor (en el caso representado por los derechohabientes) y los derechos de la comunidad, que a mi convicción y conciencia ya he definido la puja a favor de la comunidad, según lo expuesto en el punto 3.2.3. de estos considerandos. 3.2.4.­ Por ello, como corolario de este considerando tratado íntegramente en el punto 3, he de considerar abusivo el ejercicio de los derechos esgrimidos por el demandado de autos. 4.­ Medios Probatorios: A los fines de haber cumplido con el debido fundamento jurídico de esta sentencia, he considerado aquellos medios probatorios de suficiente entidad para llevarme a la plena convicción de la decisión aquí tomada. Un apartado especial merecen dos pruebas ofrecidas y producidas: a) La confesional del demandado Señor Franco Fontanarrosa, quien fuera del reconocimiento de documental realizado, ha efectuado una consecuente cadena de respuestas manifiestamente renuentes e intencionales, por lo que he de considerarlas presunciones en su contra, por conjugar los Arts. 161 y 226 del C.P.C.C.S.F.. b) La testimonial del Señor Divinsky, en su carácter de gerente de Ediciones de la Flor S.R.L., tachada por el apoderado del demandado a fs. 449, asistiéndole razón a los apoderados de la tercera citada cuando esgrimieron su postura en favor de la toma de la testimonial, sin perjuicio de ser considerada en la sentencia (Art. 220 del C.P.C.C.S.F.). Siendo ésta la etapa procesal oportuna, he de entender que su declaración no ha de ser considerada más allá de aquellas preguntas donde sus respuestas son avaladas por otros medios probatorios ofrecidos y producidos en autos, trayendo como consecuencia la imposición de costas por su orden atento estar comprendido dentro de las generales de la ley, aún cuando le asistió razón procesal al fundamento dado por apoderados incidentados.
5.­ Costas: Han de ser impuestas en consideración de lo prescripto por el Art. 251, parte general, del C.P.C.C.S.F., o sea a cargo del vencido. Por ello, de la normativa legal, doctrina y jurisprudencia citadas, las pruebas arrimadas y producidas en los presentes, y demás fundamentos; FALLO: I) Hacer lugar a la Mere Declarativa impetrada, declarando la legitimidad ­en todos sus alcances­ del Contrato de Edición base de la acción y referido a la obra denominada “Negar Todo y Otros Cuentos”; II) Admitir la ampliación de pretensión propuesta por la tercera citada y consentida por las partes de autos; III) Considerar abusivo el ejercicio de los derechos patrimoniales y morales por parte del coheredero Señor Franco Fontanarrosa; IV) Autorizar la divulgación de la obra “Negar Todos y Otros Cuentos”; V) Costas al demandado Señor Franco Fontanarrosa (Art. 251, parte general, del C.P.C.C.S.F.; VI) Rechazar el incidente de tacha de testigo incoado por el demandado a fs. 449, con costas por su orden; VII) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique la liquidación respectiva. (art. 8 primer párrafo ley 6767). VIII) Insértese, agréguese y hágase saber. (Autos: “EDICIONES DE LA FLOR S.A. contra FONTANARROSA FRANCO sobre ACCION MERE DECLARATIVA”, Expte Nº: 1420/08).­
Documents Similar To Ediciones de la Flor SRL c. Fontanarrosa, F. s. Acción Mere Declarativa Expte. 1420.08
EXP. 2010-294-CONTENC.ADMINIST.
u1_201a250_carbonier
Dialnet-LaSimulacionEnLosNegociosCivilesYMercantiles-5509530
Clase Derecho CIVIL I-16 Abril
Distincion_derecho_pyp.docx
No Hubo Un to Sino Ingreso do
La Restricción Prevista Por El Artículo 1277 Del Código Civil

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 17
 Artículo 1277