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El error en el derecho penal, segunda edición
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La responsabilidad penal de las personas morales y la reforma al Código penal del Distrito Federal
(Texto tomado parcialmente del prólogo al libro La responsabilidad penal de las personas morales de Paul Martín Barba, Porrúa, México, 2015.)
La responsabilidad penal de las personas morales es sin duda un tema actual y por demás interesante, pero no exento de problemas como para considerarlo como un tema totalmente acabado.
La discusión sobre la responsabilidad penal de las personas morales ha sido un tema polémico entre aquellas generaciones que postularon que sólo las personas físicas son penalmente responsables y la nueva generación de autores que ven en la constitución de las personas jurídicas un boquete de impunidad que debe ser resuelto con esta nueva postura.
Durante mucho tiempo la doctrina dominante señaló tajantemente que las personas morales no delinquen (y así se estableció en el Código penal para el Distrito Federal de 2002, en su artículo 27), pero algo quedó en el tintero, porque la discusión no se apagó.
Hace algunos años, el doctor Fernando Flores García escribió unas líneas extraordinarias, cuando el tema no cobraba la vigencia que tiene hoy. En la conclusión de su análisis el extraordinario maestro escribió:
Se han logrado considerables avances y establecido puntos de coincidencia. Es de desearse que en futuros congresos jurídicos, en libros, ensayos, proyectos legislativos, etc., se renueven los esfuerzos para dar una solución que resuelva los problemas que en la vida real representan las actividades ilícitas de las personas jurídicas colectivas. [1]
¡Con cuánta anticipación dejó esas líneas para ser desarrolladas casi treinta años después!
Y es que al hablar de responsabilidad debe quedar claro si el concepto parte de la sustitución del juicio de reproche o bien, es la consecuencia procesal de un acto en particular.
En todo caso, la voluntariedad y conocimiento que exige la culpabilidad, siempre serán un gran reto para quien diserte sobre este tema.
Recientemente se han desarrollado distintas iniciativas de ley, derivadas de los instrumentos internacionales que ha firmado México, entre los cuales destacan la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción que contienen la posibilidad de que los Estados legislen sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.[2]
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su artículo 10 señala:
Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención.
Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.
Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.
Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.
Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción establece lo siguiente:
Artículo 26. Responsabilidad de las personas jurídicas
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.
En el ámbito nacional se han abordado en varias iniciativas de ley lo relativo a la responsabilidad de las personas morales, con distintas perspectivas doctrinales, con distintas soluciones. Además se ha abonado lo relativo a los derechos humanos que le son propios a las personas jurídicas[3], sin embargo, de la lectura de los pocos artículos que le dedica al tema el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículos 421 al 425), podemos vislumbrar que el procedimiento penal a las personas jurídicas apenas está en sus comienzos.[4]
La reforma al Código Penal para el Distrito Federal
El 22 de diciembre de 2014 se publicó en la Gaceta del Distrito Federal el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal que establece reglas para aplicarse más allá de la responsabilidad de las personas físicas que los componen, de modo tal que se incluyen capítulos novedosos que habrán de ser materia de nuevos estudios como lo son la tentativa de las personas morales (por ejemplo, en el caso en donde la persona moral presenta informes falsos a la autoridad verificadora, sea Comisión Nacional Bancaria o Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de mantener la vigencia de las operaciones de crédito que, en sentido estricto ya no podría realizar, causando con ello un perjuicio patrimonial a los ahorradores).
Otra novedad es que se le otorguen a la persona moral atenuantes del delito, según su colaboración con las autoridades que investigan el delito. Así también, reviste toral importancia las sanciones (que deben estar apegadas al principio de proporcionalidad) a que se puede hacer acreedora la persona moral, de la que destaca la disolución de la empresa.
El contenido de la reforma establece:
La responsabilidad penal desde el seno de la persona moral
ARTÍCULO 27 (Responsabilidad penal en el seno de una persona moral o jurídica). Quien actúe:
a).- Como administrador de hecho de una persona moral o jurídica;
b).- Como administrador de derecho de una persona moral o jurídica, o
c).- En nombre o representación legal o voluntaria de otra persona.
Y en estas circunstancias cometa un hecho que la ley señale como delito, responderá personal y penalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que el tipo penal requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias sí concurren en la entidad o persona en cuyo nombre o representación se actúa.
Se entenderá por administrador, la persona que realiza actos de administración en una persona moral o jurídica, sea cual fuere el nombre o denominación que reciba conforme a las leyes aplicables o según la naturaleza jurídica del acto por el cual así se asuma.
La responsabilidad penal de la persona moral
Artículo 27 Bis (Responsabilidad Penal de una Persona Moral o Jurídica).-
b).- Las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el inciso anterior, realicen un hecho que la ley señale como delito por no haberse ejercido sobre ellas el debido control que corresponda al ámbito organizacional que deba atenderse según las circunstancias del caso, y la conducta se realice con motivo de actividades sociales, por cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona moral o jurídica;
Cuando la empresa, organización, grupo o cualquier otra clase de entidad o agrupación de personas no queden incluidas en los incisos a) y b) de este artículo, por carecer de personalidad jurídica y hubiesen cometido un delito en el seno, con la colaboración, a través o por medio de la persona moral o jurídica, el Juez o Tribunal podrá aplicarles las sanciones previstas en las fracciones I, III, V, VI, VII, y IX del artículo 32 de este Código.
Quedan exceptuados de la responsabilidad de la persona moral o jurídica, las instituciones estatales, pero cuando aquélla utilice a éstas últimas para cometer un delito será sancionada por el delito o delitos cometidos. Lo anterior también será aplicable a los fundadores, administradores o representantes que se aprovechen de alguna institución estatal para eludir alguna responsabilidad penal.
Principio de proporcionalidad aplicable a las personas morales
Artículo 27 Ter.- En caso de que se imponga la sanción de multa por la comisión de un delito, tanto a la persona física como a la persona moral o jurídica, el juez deberá observar el principio de proporcionalidad para la imposición de las sanciones.
Hipótesis de No exclusión de responsabilidad de las personas morales
Artículo 27 Quáter.- No excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas morales o jurídicas:
I.- Que en las personas físicas mencionadas en el artículo 27 bis, concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a).- Una causa de atipicidad o de justificación;
b).- Alguna circunstancia que agrave su responsabilidad;
c).- Que las personas hayan fallecido; o
d).- Que las personas se hubiesen sustraído a la acción de la justicia.
II.- Que en la persona moral o jurídica concurra:
a).- La transformación, fusión, absorción, escisión de la persona moral o jurídica, la que será trasladable a la entidad en que se transforme, se fusione, se absorba o se escinda.
El Juez o el Tribunal podrán anular la transformación, fusión, absorción o escisión de la persona moral o jurídica, con el fin de que los hechos no queden impunes y pueda imponerse la sanción que corresponda. No será necesaria la anulación cuando la sanción consista en multa.
En caso de que la transformación, fusión, absorción o escisión constituya delito diverso al que se está sancionando a la persona moral o jurídica, el Juez o Tribunal deberá aplicar las reglas que del concurso prevé este Código y demás ordenamientos jurídicos aplicables; o
b).- La disolución aparente.
Se considerará que existe disolución aparente de la persona moral o jurídica, cuando ésta continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.
Circunstancias atenuantes para las personas morales
Artículo 27 Quintus.- Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de la persona moral o jurídica haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito, las siguientes conductas:
a).- Colaborar en la investigación de los hechos que la ley señale como delito aportando medios de prueba nuevos y decisivos, en los términos de la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal que conduzcan al esclarecimiento tanto de los hechos como de las responsabilidades penales a que haya lugar;
b).- Reparar el daño antes de la etapa del juicio oral;
c).- Establecer, antes de la etapa de juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo el amparo de la persona moral o jurídica; o
d).- Las previstas en este Código y en la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal.
Consecuencias accesorias para las personas morales
ARTÍCULO 32 (Consecuencias accesorias para las personas morales o jurídicas). El juez podrá aplicar a la persona moral o jurídica las siguientes consecuencias jurídicas accesorias:
III. Prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades;
VI.- Clausura;
VII.- Retiro de mobiliario urbano, incluidas casetas telefónicas o parte de ellas, cuando éstos no hayan sido removidos por otra autoridad.
VIII.- Custodia de folio real o de persona moral o jurídica;
IX.- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o sociales, por un plazo de hasta de quince años; y
X.- La reparación del daño.
Las consecuencias jurídicas señaladas en las fracciones I, V, VI, VII, VIII y IX las podrá acordar el juez como medida cautelar.
Las sanciones previstas para la persona moral o jurídica podrán incrementarse hasta la mitad cuando ésta sea utilizada como instrumento con el fin de cometer delitos. Se entenderá que la persona moral o jurídica se encuentra en esta circunstancia, cuando su actividad lícita sea menos relevante que la actividad delictiva.
La sanción impuesta a la persona moral o jurídica de acuerdo a este Código y demás leyes aplicables, no extingue la responsabilidad civil en que pueda incurrir ésta.
Días multa para las personas morales
ARTÍCULO 38 Bis.- (Días de multa para la persona moral o jurídica). La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Gobierno del Distrito Federal fijada por días multa. Los mínimos y máximos atenderán a cada delito en particular.
El día multa equivale a la percepción neta diaria de la persona moral o jurídica responsable de la comisión del delito, al momento de cometer el delito.
El límite inferior del día multa será equivalente al triple del valor, al momento de cometerse el delito, de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México prevista en la Ley de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, y que se actualizará en la forma establecida en esa Ley.
En los casos que se imponga una multa a la persona moral o jurídica, ésta no podrá ser menor a 30 días multa ni exceder de diez mil días multa, salvo los casos señalados en este Código.
Para fijar el día multa, además de lo previsto en el último, penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo anterior, el Juez o el Tribunal podrá tomará en cuenta las siguientes circunstancias:
a).- Cuando la punibilidad del delito señale la imposición de multa, los montos de ésta se cuadruplicarán tanto en su mínimo como en su máximo;
b).- Cuando la punibilidad del delito señale la imposición de prisión, un año de prisión equivaldrá a 920 días multa, y un mes de prisión a 92 días multa;
c).- Cuando la punibilidad del delito señale la imposición tanto de la prisión como de la multa, deberá atenderse a los incisos a) y b) de este artículo; o
d).- Se impondrá del triple a séxtuple del beneficio obtenido o facilitado por la comisión del delito o del valor del objeto del delito.
Cuando no pueda determinarse la percepción neta diaria de la persona moral o jurídica, se estará a lo previsto en los incisos a), b), c) o d) de este artículo.
Para efectos de la responsabilidad penal de la persona moral o jurídica no será aplicable el artículo 39 de este Código.
SUSPENSIÓN, DISOLUCIÓN, PROHIBICIÓN DE REALIZAR DETERMINADOS NEGOCIOS, OPERACIONES O ACTIVIDADES, REMOCIÓN, INTERVENCIÓN, CLAUSURA, RETIRO DE MOBILIARIO URBANO, CUSTODIA O RESGUARDO DE FOLIOS, INHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO DE LAS PERSONAS MORALES O JURÍDICAS
Alcances de las consecuencias jurídicas para las personas morales
ARTÍCULO 68 (Alcances y duración de las consecuencias para las personas morales). La suspensión consistirá en la cesación de la actividad de la persona moral o jurídica durante el tiempo que determine el Juez en la sentencia, la cual no podrá exceder de cinco años.
La disolución consistirá en la conclusión definitiva de toda actividad social de la persona moral o jurídica, que no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El Juez designará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona moral o jurídica, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación.
La prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades, se referirá exclusivamente a las que determine el juzgador, mismas que deberán tener relación directa con el delito cometido. La prohibición podrá ser definitiva o temporal, en este último caso, el juez podrá imponerla hasta por cinco años. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante el Juez, del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establece este Código por desobediencia a un mandato de autoridad.
La remoción consiste en la sustitución de los administradores por uno designado por el juez, durante un período máximo de cinco años.
La intervención consiste en la vigilancia de las funciones que realizan los órganos de representación de la persona moral o jurídica y se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al interventor, hasta por tres años.
La clausura consistirá en el cierre de todos o algunos de los locales o establecimientos de la persona moral o jurídica por un plazo de hasta cinco años.
La inhabilitación consiste en la falta de capacidad para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de seguridad social, por un plazo de hasta quince años.
Para la aplicación de la reparación del daño, se estará a lo previsto en este Código y el juez podrá establecer como garantía para la misma, el otorgamiento de billete de depósito, una cantidad en efectivo o cualquiera otra medida a satisfacción de la víctima u ofendido del delito.
El retiro de mobiliario urbano, incluidas casetas telefónicas o parte de ellas, cuando éstos no hayan sido removidos por otra autoridad, consiste en la remoción que realice personal de cualquier institución de seguridad pública por orden del juez. El mobiliario urbano quedará en resguardo del área que corresponda de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Para la custodia del folio real o de persona moral o jurídica se estará a lo dispuesto en la Ley Registral para el Distrito Federal, su reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Prelación de derechos sobre las personas morales sancionadas
ARTÍCULO 69. Al imponer las consecuencias jurídicas accesorias previstas en este Capítulo, el Juez tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona moral o jurídica sancionada.
Estos derechos quedan a salvo, aun cuando el juez no tome las medidas a que se refiere el párrafo anterior.
Individualización de las sanciones para personas morales
ARTÍCULO 72 bis (Criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad para las personas morales o jurídicas). El Juez, para la imposición de las penas y medidas de seguridad previstas en el artículo 32, 38, 68 y 69 de este Código, tomará en cuenta:
La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla;
La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;
IV.- El beneficio obtenido por la comisión del delito;
V.- Lo previsto en los artículos 42, y 43 de este Código y demás artículos aplicables;
VI.- La necesidad de prevenir y evitar la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos;
VII.- Las consecuencias económicas, sociales, y en su caso, las repercusiones para los trabajadores; y
VIII.- El puesto o cargo que en la estructura de la persona moral o jurídica ocupa la persona física u órgano que cometió el delito y/o incumplió con el deber de control.
Tentativa para las personas morales
ARTÍCULO 78 (Punibilidad de la tentativa)…
Este artículo será aplicable para los casos en que la persona moral o jurídica incurra en una tentativa.
Asociación delictuosa y persona moral
ARTÍCULO 192. Las sanciones que se señalan en el Título Sexto, del Libro Segundo, se triplicarán, cuando el delito sea cometido por una asociación delictuosa.
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente Título resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrán las consecuencia jurídicas consistentes en clausura, disolución y multa hasta por 1,500 días multa, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido.
Delito por entorpecer el normal desarrollo de un procedimiento en contra de una persona moral
ARTÍCULO 319.- … :
I… a III…;
IV.- Promueva cualquier incidente, recurso o medio de impugnación notoriamente improcedente, que entorpezca el juicio o cualquier otra etapa del procedimiento ordinario o del procedimiento para personas jurídicas o morales que motive su dilación;
Si el responsable de los delitos previstos en este artículo es un defensor o asesor jurídico particular, se le impondrá, además, la suspensión prevista en el primer párrafo de este artículo. Si es defensor público o asesor jurídico público, se le inhabilitará de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.
ARTÍCULO 344.- …
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por quinientos días multa, debiendo reparar el daño que en su caso se hubiere provocado, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido.
ARTÍCULO 345 BIS.- …
I.; a V… .
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por quinientos días multa, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido.
ARTÍCULO 346.- Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente:
…; a VI. … .
a…; a e. … .
Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, esta normatividad igual de novedosa pronto pasará por el tamiz para conocer su eficacia.
Dr. Alberto Enrique Nava Garcés
Ciudad Universitaria, enero de 2015
[1] Véase Flores García, Fernando, La responsabilidad penal de la persona jurídica colectiva en Ensayos jurídicos, Facultad de Derecho (Cincuentenario de la Revista de la Facultad de Derecho de México), UNAM, 1989, pp. 99 – 143. Véase también: Flores García, Fernando, Principales Corrientes acerca de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica Colectiva, en Liber Ad Honorem Sergio García Ramírez, Tomo II, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998.
[2] Los casos como el de Madoff (y Lehman Brothers, Enron, etc.) en Estados Unidos y tantos otros de la misma especie ocurridos en México (Ficrea, uniones de crédito, casa de cambio, etc.), han acelerado la necesidad de perseguir a aquellos que cometen delitos desde el seno de una persona moral o con la propia persona moral, principalmente para la realización de fraudes o blanqueo de capitales (lavado de dinero).
[3] “Las personas morales gozan de aquellos derechos fundamentales que conforme a su naturaleza le resulten necesarios para la realización de sus fines con el fin de proteger su existencia, su identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad.” Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 21 de abril de 2014, al resolver la Contradicción de Tesis 360/2013.
[4] Ramón Eduardo Ribas escribe sobre el el procedimiento penal a las personas jurídicas: “La construcción de un sistema de responsabilidad penal de las personas morales puede encauzarse jurídicamente a través de dos vías fundamentales:
En primer lugar, acudiendo a las categorías y criterios de imputación penales ya conocidos.
Creando, en segundo término, un nuevo Derecho Penal, exclusivo de las entidades colectivas.
La primera de estas soluciones consiste en adoptar el Derecho Penal clásico, de base individualista, y aplicarlo a los comportamientos criminales protagonizados por entidades colectivas. Obviamente, dicha adopción y la subsiguiente aplicación no pueden realizarse de forma mecánica o automática; sería preciso ajustar, antes, mediante una reinterpretación funcionalista, la teoría del delito individual. Sin esta nueva normativización de los conceptos penales, la inadecuación de éstos para enfrentarse a formas de criminalidad colectiva obligaría a una resignación descriptiva o a crear un sistema de responsabilidad penal específico para empresas o personas colectivas. Característico de estos planteamientos es, en fin, su intento de adecuar las categorías penales a las personas jurídicas antes que sustituirlas por otras.
Radicalmente contraria a la flexibilización de las categorías penales existentes se muestra Zúñiga rodríguez. En su opinión, dicha flexibilización comportaría el riesgo de «contaminar» todo el sistema de responsabilidad individual de esas ansias de «adaptabilidad», pudiendo desembocar en la pérdida de la validez de las garantías ganadas y construidas durante dos siglos. También Tamarit sumalia considera, ante los riesgos de «contaminación conceptual» que pudieran derivarse de la integración de la responsabilidad de las personas jurídicas en el sistema penal, que sería aconsejable un «dualismo no disgregador del sistema.
La segunda solución, a mi juicio más plausible, toma como punto de partida la siguiente idea: las personas jurídicas, por ser sujetos diferentes, necesitan de un derecho penal distinto del de las personas físicas, precisamente porque el problemas es que éste no les resulte aplicable. Asumida la necesidad de un Derecho Penal distinto, será necesario determinar que deberá tener este nuevo Derecho antiguo para seguir conceptuándolo como Penal: si no tuviera nada, no nos hallaríamos ante un Derecho Penal distinto, sino, como indica García Arán, ante algo distinto del Derecho Penal.” (Ribas, Ramón Eduardo, La persona jurídica en el derecho penal. Responsabilidad civil y criminal de la empresa, Editorial Comares, Granada, 2009, pp. 281 – 282).
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Decreto por el que reforman, adicionan y derogan, diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal
Gaceta del Distrito Federal 18 de diciembre de 2014:
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 27; el artículo 29; las fracciones III y V del artículo 31; el primer párrafo y las fracciones III y IV del artículo 32; la fracción II del artículo 42; el artículo 43; la denominación del Capítulo XIII del Título Tercero del Libro Primero; los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo del artículo 68; el artículo 69; el artículo 80; el artículo 83; las fracciones X y XI, del artículo 94; el artículo 107; el artículo 119; el artículo 192; el párrafo ante antepenúltimo del artículo 200; la fracción I del artículo 201; el artículo 202; el primer párrafo del artículo 211; las fracciones II y IV del artículo 228; las fracciones I, II y III del artículo 269; las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, IX y X, del artículo 293; las fracciones II, IV, y VII del artículo 299; el artículo 300; el primer párrafo del artículo 312; la denominación del Título Vigésimo Primero, del Libro Segundo; la denominación del Capítulo IV del Título Vigésimo Primero; el artículo 318; la denominación del Capítulo V del Título Vigésimo Primero; las fracciones IV, V, VI, y VII del artículo 319, y el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 319 se recorre para ser el último párrafo de dicho artículo; las fracciones I, II, y III del artículo 320; el primer párrafo del artículo 324; el primer párrafo del artículo 325; el primer párrafo y la fracción I del artículo 326; el último párrafo del artículo 344; el último párrafo del artículo 345 bis, y el último párrafo del artículo 346; se adicionan: el artículo 8 bis; el artículo 27 bis; el artículo 27 ter; el artículo 27 quáter; el artículo 27 quintus; un último párrafo al artículo 31; las fracciones VI, VII, VIII, IX y X, sí como un último, penúltimo y antepenúltimo párrafos al artículo 32; el artículo 38 bis; el artículo 50 bis; los párrafos octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo, al artículo 68; el artículo 72 bis; un último párrafo al artículo 78; las fracciones XII y XIII al artículo 94; un segundo párrafo al artículo 99, recorriéndose en su orden los siguientes; un último párrafo al artículo 192; las fracciones XI y XII, y un último párrafo al artículo 293; el artículo 293 bis; un último párrafo al artículo 299; el artículo 299 bis; el artículo 299 ter; el artículo 310 bis; un último párrafo al artículo 324; un último párrafo al artículo 325; un último párrafo al artículo 326, y se deroga: el penúltimo párrafo del artículo 200, del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 8 BIS.- (Competencia por razón de seguridad).- Este Código se aplicará para los casos previstos en el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
c).- Que las personas hayan fallecido; o d).- Que las personas se hubiesen sustraído a la acción de la justicia.
ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El delito se excluye cuando concurra una causa de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad.
A.- Habrá causas de atipicidad cuando:
I.- (Atipicidad por ausencia de conducta). La actividad o la inactividad se realicen sin intervención de la voluntad del agente;
II.- (Atipicidad por falta elementos del tipo penal). Falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de que se trate;
III.- (Atipicidad por error de tipo).- El agente obre con error de tipo:
a).- Vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal y respecto a ese tipo penal no se admita la realización culposa.
En caso de que el error de tipo sea vencible y se admita la realización culposa, no se excluirá el delito y se estará a lo previsto en el primer párrafo del artículo 83 de éste Código; o
b).- Invencible.
IV.- (Atipicidad por consentimiento disponibilidad de bien jurídico). Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, o del legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un bien jurídico disponible;
b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté legitimado para consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien; y
c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del consentimiento.
B.- Habrá causas de justificación, cuando:
I.- (Legítima defensa).- Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.
Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión;
II.- (Estado de Necesidad Justificante).- El agente obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;
III.- (Cumplimiento de un deber).- El agente realice una acción o una omisión atendiendo a su deber jurídico, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo;
IV.- (Ejercicio de un derecho).- Cuando el agente realice una acción o una omisión atendiendo a su derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para ejercerlo; o
V.- (Consentimiento presunto).- Cuando el hecho se realice en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que, de haberse consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, éstos hubiesen otorgado el consentimiento.
C.- Habrá causas de inculpabilidad, cuando:
I.- (Estado de necesidad disculpante o exculpante).- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;
II.- (Inimputabilidad y acción libre en su causa).- Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado.
Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior se encuentre considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el artículo 65 de este Código.
(Acción libre en su causa). No procederá la inculpabilidad, cuando el agente al momento de realizar el hecho típico, hubiese provocado su trastorno mental para en ese estado cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el resultado típico producido en tal situación;
III.- (Error de prohibición) El agente realice la acción o la omisión bajo un error invencible, respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto:
a).- Desconozca la existencia de la ley;
b).- El alcance de la ley; o
c).- Porque crea el agente que está justificada su conducta.
Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, no procederá la inculpabilidad y se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 83 de este Código.
IV.- (Inexigibilidad de otra conducta). Cuando el agente, en atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no le sea racionalmente exigible una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido conducir conforme a derecho.
Las causas de exclusión del delito se resolverán de oficio, en cualquier estado del proceso.
Si el agente se excede en los casos de legítima defensa, estado de necesidad justificante, ejercicio de un deber y cumplimiento de un deber sé estará a lo previsto en último párrafo del artículo 83 de este Código.
ARTÍCULO 31…:
I…; a II…;
III. Tratamiento de inimputables o imputables disminuidos;
IV…;
Prohibición de comunicarse por cualquier medio, por si o por interpósita persona con la víctima u ofendido, o con las víctimas indirectas; y
VI…;
a…; a d…;
El Ministerio Público podrá aplicar las medidas de protección que se mencionan en la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal.
ARTÍCULO 42…:
I…;
La restitución de la cosa obtenida por el delito, incluyendo sus frutos y accesorios y, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a informe o prueba pericial;
III…; a V…
ARTÍCULO 43 (Fijación de la reparación del daño). La reparación será fijada por los jueces, según el daño o perjuicios que sea preciso reparar, de acuerdo con los datos, medios de prueba y pruebas obtenidas durante el proceso.
Artículo 50 bis.- Los montos de las garantías económicas relacionadas con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, se impondrán conforme a la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal, y se aplicarán a los Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración, en la medida y proporción que éste Código establece, la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal, la Ley del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal, y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.
ARTÍCULO 80 (Punibilidad del delito continuado). En caso de delito continuado, se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido.
ARTÍCULO 83 (Punibilidad en el caso de error vencible y excesos). En caso de que sea vencible el error a que se refiere el último párrafo del inciso a) de la fracción III, de la letra A del artículo 29 de este Código, la penalidad será la del delito culposo, si el hecho de que se trata admite dicha forma de realización.
Si el error vencible es el previsto en el último párrafo de la fracción III de la letra C del artículo 29 de este Código, la penalidad será de una tercera parte del delito que se trate.
Al que incurra en exceso, en los casos previstos en las fracciones I, II, III y IV de la letra B del artículo 29 de este Código, se le impondrá la cuarta parte de las penas o medidas de seguridad, correspondientes al delito de que se trate, siempre y cuando con relación al exceso, no exista otra causa de exclusión del delito.
ARTÍCULO 94…:
I…; a IX…;
Supresión del tipo penal;
Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos;
XII.- Anulación de la sentencia; y
XIII.- El debido cumplimiento del criterio de oportunidad o de las soluciones alternas correspondientes.
ARTÍCULO 99…
También procederá el reconocimiento de inocencia en los términos previstos en la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal.
ARTÍCULO 107 (Duplicación de los plazos para la prescripción). Los plazos para que opere la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Distrito Federal, si por esta circunstancia no es posible concluir la averiguación previa, la investigación, el proceso o la ejecución de la sentencia.
ARTÍCULO 119 (Autoridad competente para resolver la extinción). La extinción de la pretensión punitiva será resuelta por el titular del Ministerio Público durante la averiguación previa o la investigación, y en su caso, el órgano jurisdiccional en cualquier etapa del proceso.
La declaración de extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad corresponde al órgano jurisdiccional competente.
ARTÍCULO 200…:
I…; a V…;
Se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por este Código y la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal; además se sujetará al agente a tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en ningún caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito.
ARTÍCULO 201.– Para los efectos del presente capítulo se entiende por:
Violencia física: A todo acto doloso en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro;
II…; a VI…
Artículo 202.- En los casos previstos en este Título, el Ministerio Público apercibirá al inculpado para que se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia contra la víctima y decretará, de inmediato, bajo su más estricta responsabilidad, las medidas precautorias o de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima durante la integración de la averiguación previa o investigación, y hasta la conclusión de ésta.
En caso de determinarse el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público solicitará al Juez la confirmación, ampliación o cancelación, en su caso, de las medidas precautorias o de protección referidas en el párrafo que antecede, quién deberá resolver lo conducente sin dilación.
ARTÍCULO 211.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, al que se introduzca sin orden de autoridad competente o sin permiso de la persona autorizada para ello, en el domicilio de una persona jurídica o moral pública o privada, despacho profesional, establecimiento mercantil o local abierto al público fuera del horario laboral que corresponda.
ARTÍCULO 228.- …:
Al que haga aparecer como suyo, sin ser de su propiedad, un depósito que garantice la libertad caucional de una persona o cualquiera de las garantías de las previstas en la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal;
III. …; y
A los gerentes, directivos, administradores, mandatarios o intermediarios de personas morales o personas jurídicas, constructores o vendedores que, habiendo recibido dinero, títulos o valores por el importe total o parcial del precio de alguna compraventa de inmuebles o para constituir un gravamen real sobre éstos, no los destine al objeto de la operación concertada y disponga de ellos en provecho propio o de tercero.
ARTÍCULO 269.- …:
El servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral inhiba o intimide a cualquier persona, para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información, antecedentes, datos, medios de prueba o pruebas relativas a la presunta comisión de un delito o sobre la presunta comisión de algún servidor público en una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que por sí o por interpósita persona, ejerza represalia contra persona que ha formulado denuncia o querella o aportado información, antecedentes, datos, medios de prueba o pruebas sobre la presunta comisión de un delito o sobre la presunta comisión de algún servidor público en una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o ejerza cualquier represalia contra persona ligada por vínculo afectivo o de negocios con el denunciante, querellante o informante;
III. Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que por sí o por interpósita persona, intimide o coaccione a la víctima u ofendido a otorgar el perdón dentro de la averiguación previa, investigación o durante el proceso judicial.
ARTÍCULO 293.- Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, al servidor público que:
Detenga a un individuo durante la averiguación previa o investigación de un hecho que la ley señale como delito, fuera de los casos señalados por la ley, o lo retenga por más tiempo del previsto en el párrafo décimo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;
Obligue al imputado, acusado o inculpado a declarar;
III. Ejercite la acción penal o pretensión punitiva cuando no preceda denuncia o querella;
Realice una aprehensión sin poner al aprehendido a disposición del juez sin dilación alguna, en el término señalado por el párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Se abstenga indebidamente de hacer la consignación que corresponda o de poner a disposición del Juez de Control a una persona que se encuentre detenida a su disposición como probable responsable o imputado de algún delito, o de ejercitar en todo caso la acción penal, cuando sea procedente conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia;
… a VII…;
VIII. Se abstenga de iniciar una averiguación previa o una investigación de un hecho que la ley señale como delito, cuando sea puesto a su disposición un probable responsable o un imputado de delito doloso que sea perseguible de oficio;
IX…;
Fabrique, altere o simule elementos, datos o medios de prueba para incriminar o exculpar a otro;
Aplique un criterio de oportunidad fuera de los casos señalados en la ley o la legislación procesal penal aplicable al Distrito Federal; o
XII. Altere o permita la alteración de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este artículo se duplicarán cuando la persona imputada, acusada o procesada sea integrante o miembro de un pueblo o comunidad indígena.
Artículo 293 bis.- Se impondrá de cuatro a dieciséis años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, al servidor público que declare la extinción de la acción penal, cuando el imputado, acusado o procesado pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, sin que considere respecto a la víctima u ofendido del delito:
I.- La perspectiva de género;
II.- La dignidad de la persona;
III.- El interés superior de las niñas o los niños, o
IV.- El derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.
ARTÍCULO 299.- Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, al servidor público que:
Obligue al inculpado, imputado o acusado a declarar;
III…;
No tome al inculpado su declaración preparatoria en audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación o al momento en que aquél voluntariamente se puso a su disposición, u oculte el nombre del acusador, la naturaleza y causa de la imputación o acusación, o el delito que se le atribuye;
…; a VI…;
VII. Otorgue la libertad provisional bajo caución cuando no se reúnan los requisitos establecidos en la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal;
VIII. …; a IX…;
ARTÍCULO 299 Bis.- Se impondrán de cuatro a dieciséis años de prisión y de cien a seiscientos días multa, al servidor público que no imponga una medida cautelar cuando se encuentre en peligro la víctima u ofendido del delito de violencia familiar, delitos contra la mujer, lesiones o se trate de la protección de niñas, niños, integrantes de pueblos o comunidades indígenas, discapacitados o adultos mayores.
Artículo 299 Ter.- Se impondrá de siete a veinte años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa e inhabilitación por siete años, al servidor público que no imponga una medida cautelar en los supuestos señalados en el artículo anterior, y la persona imputada, acusada o procesada sea una persona moral o jurídica.
La sanción prevista en el párrafo anterior podrá triplicarse cuando se trate de los delitos previstos en el Título Sexto, Libro Segundo de este Código relativos al libre desarrollo de la personalidad cometidos en contra de las personas mayores y menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta.
ARTÍCULO 300.- Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, al servidor público que durante el desarrollo de un proceso utilice la violencia contra una persona, para evitar que ésta o un tercero aporte datos, medios de prueba o se desahoguen éstos últimos, todos relativos a la comisión de un delito.
ARTÍCULO 310 BIS.- Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, altere antecedentes, medios o datos de prueba y los presente en la audiencia intermedia o de debate, o realice cualquier otro acto tendente a inducir a error al órgano jurisdiccional o administrativo, con el fin que se señala en el artículo anterior, se le impondrá la sanción prevista en el artículo anterior. Este delito se perseguirá por querella, en los términos del artículo anterior.
ARTÍCULO 312.- A quien con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento penal, ante el Ministerio Público o ante la autoridad judicial, declare falsamente en calidad de testigo o como denunciante, además de la multa a que se refiere el primer párrafo del artículo 311, será sancionado con pena de tres a siete años de prisión si el delito materia de la averiguación previa, la investigación o del proceso no es grave. Si el delito es grave, se impondrá de cinco a diez años de prisión.
DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA
SIMULACIÓN DE ELEMENTOS DE PRUEBA
ARTÍCULO 318.- Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad judicial, simule en su contra la existencia de antecedentes, datos, medios de prueba o pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a trescientos días multa.
DELITOS DE ABOGADOS, PATRONOS, LITIGANTES Y ASESORES JURÍDICOS
Como defensor de un inculpado, se concrete a aceptar el cargo, sin promover elementos de prueba ni diligencias tendientes a la defensa adecuada del inculpado;
Como defensor de un inculpado, no ofrezca ni desahogue los datos o medios de prueba fundamentales para la defensa dentro de los plazos previstos por la ley, teniendo la posibilidad de hacerlo; o
VII. Como representante o asesor jurídico de la víctima o el ofendido, se concrete a aceptar el cargo sin realizar gestiones, trámites o promociones relativas a su representación o asesoría.
ARTÍCULO 320.- …:
I.- Ayude en cualquier forma al delincuente a eludir las investigaciones o a sustraerse de ésta;
II.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable del delito, u oculte, altere, inutilice, destruya, remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos u otros elementos de prueba o pruebas del delito;
III.- Oculte o asegure para el imputado, acusado o sentenciado el instrumento, el objeto, producto o provecho del delito;
IV.- …; o
ARTÍCULO 324. Se impondrán prisión de seis a doce años, de cien a trescientos días multa y suspensión para ejercer la profesión, por un tiempo igual al de la pena de prisión, al médico en ejercicio que:
…; a II. …
Si la víctima u ofendido de este delito es una niña, niño, menor de edad, adolescente o persona inimputable, incapaz, adulto mayor o integrante o miembro de una comunidad o pueblo indígena, las sanciones previstas en este artículo se triplicarán.
ARTÍCULO 325. Al médico que habiéndose hecho cargo de la atención de un lesionado, deje de prestar el tratamiento sin dar aviso inmediato a la autoridad competente, o no cumpla con las obligaciones que le impone la legislación de la materia, se le impondrán de tres a siete años de prisión y de cien a trescientos días multa.
ARTÍCULO 326. Se impondrá de seis a doce años de prisión y de cuatrocientos a ochocientos días multa al médico que:
Realice una operación quirúrgica innecesaria o la realice con el fin de obtener un lucro o de ocultar el resultado de una intervención anterior;
…; o
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor en los términos establecidos en la Declaratoria de la Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el día 20 de agosto del presente año, así como su Fe de Erratas y Aclaratoria de Fe de Erratas, publicadas en la Gaceta Oficial, los días 21 y 22 de agosto del 2014.
TERCERO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se tramitarán conforme a las disposiciones anteriores, que le sean aplicables.
CUARTO.- La reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal prevista en el presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente a aquél en que concluya el proceso electoral local de 2014-2015 en el Distrito Federal.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil catorce.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. JAIME ALBERTO OCHOA AMORÓS, PRESIDENTE.- DIP. OSCAR OCTAVIO MOGUEL BALLADO, PROSECRETARIO.- DIP. KARLA VALERIA GÓMEZ BLANCAS, SECRETARIA.- FIRMAS.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTÉS.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, ROSA ÍCELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SALOMÓN CHERTORIVSKI WOLDENBERG.- LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, MARA NADIEZHDA ROBLES VILLASEÑOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ .- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, JESÚS RODRÍGUEZ ALMEIDA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, TANYA MÜLLER GARCÍA.- FIRMA.
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La investigación en el Derecho Penal y el stand de Porrúa. Gran detalle y enorme sorpresa.
Estas son algunas imágenes de la presentación en la Librería Itinerante de Porrúa. Con enorme gratitud para Don José Antonio Pérez Porrúa, mi editor en la última década.
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Criminogenesis núm. 11
Número 11. 2014 Marzo > Presentación
PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE CRIMINOGÉNESIS
Criminología de casos es el nombre que nos hemos permitido dar a este número once de la Revista en donde se acopian diversos casos de la vida real que han sido de transcendencia social y jurídica para México y la región caribeña, pensar por ejemplo sobre las reflexiones jurídicas que nos presenta el doctor Alberto Enrique Nava Garcés sobre el caso de Sofía Bassi es un lujo para la reflexión, los hechos ocurrieron el 3 de enero de 1968 y las hipótesis jurídicas y fácticas sobre el mismo siguen siendo objeto de duda respecto del homicidio del conde Cesare de ´Acquarone.
Como lo señala el propio autor a 45 años de distancia “no son pocos quienes todavía dudan del contenido de su declaración y de que los hechos hayan ocurrido en la forma en que se mostraron al juez. Algunas actuaciones apuntan al hecho de que ella no estaba dormida como aseguro. Pero esa cuestión, más allá de la verdad legal solo la supieron quienes estuvieron la fatídica tarde del 3 de enero en la Quinta babaji en que murió el conde Cesare de ´Acquarone.”
La propia Sofía Bassi en la introducción de su libro Prohibido Pronunciar su Nombre, que viera la luz por primera vez en 1978 y que para 1979 habría alcanzado siete ediciones con tiros de 3,000 ejemplares, señalo: “En mi relato existen algunos nombres ficticios, uno de ellos es el del villano, personaje siniestro en quien se encontraba toda la inquina de mis enemigos, a los que prefiero no nombrar, porque algunos ya murieron; otros, quizá vivan arrepentidos de haberse apoyado en suposiciones para tejer hipótesis que habrían de complicar mi caso, en el que el accidente se evidenciaba, en virtud de que no encontraron fundamento moral o legal.” El caso Sofía Bassi como todos los casos complejos tienen muchos abordajes, aprender del pasado es elemental.
El caso Moisés Mendoza Piedrabuena: La Nueva Visión del Derecho Humano de la libertad caucional es un claro ejemplo de que no se juzga como se legisla, me explico la ley y la jurisprudencia, tanto del orden interno como internacional suelen establecer reglas al parecer infranqueables la realidad es que la libertad de los hombres siempre estará sujeta a la subjetividad de quien juzga, como lo señalan los coautores Juan José Salazar y Omar Rafael Ruiz del estudio al caso “el derecho a la libertad provisional en los procesos del orden penal es una prerrogativa humana de mayor importancia, pues involucra el bien del humano de mayor envergadura después de la vida, la libertad”.
Los jueces suelen extraviarse en los tecnicismos y en la temporalidad en las leyes, la verdad sea dicha con mucha frecuencia los asuntos no se estudian como merecen ser analizados, porque olvidan que la presunción de inocencia es un derecho humano que no solo debe garantizarse en el ámbito de la ley si no quizá más en la tarea de su aplicación.
La Readaptación Social. Una Experiencia Exitosa es un caso que nos comparte nuestra amiga y dilecta estudiosa de los temas de prisiones y su contexto, Ruth Villanueva, en donde con su gran calidad humana cita a la propia Rosa Julia Leyva, “Pienso ahora, que la inocencia viviendo en un aislamiento cultural, dura parte de la mitad de la vida, los grandes piensan ¿pa’ que ir a la escuela? Lo importante son las manos para trabajar y cuando eres mujer empeora la percepción ¿pa’ que? Es mujer, ella sólo debe saber que tiene que atender un hombre y parir hijos, no hay más”.
Lo que nos permite prácticamente escuchar a la protagonista de la referencia que prueba la existencia de la reinserción o readaptación social, la terminología y lo que se pretende transmitir con esta nos conduce muchas veces a la confusión, no me pronunciare sobre el caso, exhorto a su lectura, que no sólo impacta sino que debe ser tomado como una lección de vida. La incorporación del protagonista da vida y realismo al caso mostrado.
Trotski, Mi Padre y Yo es un artículo con importantes cargas literarias y de alta redacción que debemos agradecer al doctor Raúl Carrancá y Rivas distinguido profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace más de 50 años, a quien apreciamos muy sinceramente por sus aportes y formación de generaciones de juristas. Tratar del proceso de Trotski con un abordaje tan rico y sutil da la pauta para disfrutarlo en la lectura para muestra me permito citar un párrafo que me cautivo y deseo compartirlo con los lectores.
“un proceso es en rigor una historia Stendhal dijo que escribir una novela es pasar un espejo a lo largo de un camino. También lo es un proceso como el de Trotski testimonios documentales artículos y notas periodísticas. Historia henchida de vida, de emoción y de dolor. El asesino enamora a Silvia Ageloff la secretaria del buen hombre. Ella se enamora de él, la utiliza. En algún sitio del drama igual que en las piezas trágicas de teatro, alguien lo entrega todo a cambio de la burla, la traición y la incomprensión. -Amar enserio es terrible y bello, obviamente- por lo que se da cuando el corazón de desespera. Pero amar y descubrir de pronto que se es utilizado lo asombra a una a la sombra de la realidad, de la desesperación. Pocas desilusiones hay tan dramáticas como las del amor; además, Silvia Ageloff quiso suicidarse por las penas de esa pasión inmensa y por saber – descubrir azorada que su entrega al amante significo la muerte de Trotski.
La diversidad de posturas y el compromiso de respetar a la literalidad las propuestas de los autores se ha apreciado por los asiduos lectores de la Revista, conocida y apreciada por los actores del sistema de justicia penal, punto de partida en la discusión de especialidades y maestrías, que toca lo social y lo político, lo filosófico y lo ético, la justicia y la simulación, es el caso del artículo de Pedro Peñaloza que haciendo uso de sus destrezas pedagógicas plantea el Caso Heavén, parte de lo que denomina una cronología básica de notas periodísticas hasta el día de la entrega para publicación, para fijar su postura frente a lo que nombra Un Gobierno Perdido en la Neblina Penal, pasa a revisar en un punto aparte La Recomendación de la CDHDF: Los Dedos en la Llaga, una vez repasado este episodio de revelaciones de difícil cuestionamiento aborda lo que ha sido en su concepto la Política pública y la ausencia de atención , pronta, eficaz y cálida a las víctimas del delito.
Las preguntas que se hace Peñaloza son: ¿A dónde va el gobierno perredista? ¿Un gobierno de izquierda sin prioridades sociales? Esto sin dejar de abordar la exclusión social en el caso, plantea la inexistencia de delincuencia organizada y reflexiona sobre la acción de inconstitucionalidad presentada en octubre de 2013 por la CNDH en donde cita de su argumento “…la detención con control judicial es más invasiva que el arraigo ya que amplía las posibilidades de tortura y tratos crueles…” Para cerrar con un planteamiento sobre un modelo de ciudad excluyente y neoliberal.
Con la mira en la reforma constitucional de junio de 2011, nuestro amigo Pavel Arenas Landgrave, trata la Teoría de los Sistemas de NiklasLuhmann, para aterrizarla en los casos” Aguas Blancas” (Un grupo de campesinos que pretendían manifestarse frente al subsistema político) y “Ayotzinapa” (Un grupo de estudiantes que realizaban una manifestación contra el sistema político), ambas casos son materia de análisis y hace una severa crítica al modelo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos como subsistema jurídico. Es de destacarse la forma en que aborda la Naturaleza de la Garantía Constitucional de Investigación al repasar los posicionamientos, al respecto, de Antonio Carrillo Flores y Héctor Fix Zamudio, para fijar la propia y señalar La facultad investigadora de violaciones graves a Derechos Humanos es una garantía constitucional, incorporada al sistema de justicia constitucional mexicano de protección no jurisdiccional de Derechos Humanos, dado que carece de eficacia, ya que la resolución de las investigaciones, no tienen un carácter jurídicamente vinculante, eminentemente enunciativo.
David Cienfuegos Salgado es uno de esos hombres que da gusto referir, su sencillez y su talento lo encumbran no sólo en la academia, que ya es bastante, sino quizá bajo mejor óptica entre los juristas que además conocen la historia de su país y más detalladamente de su natal Guerreo. Nuestro autor cuando nos muestra Política y Terrorismo es una visión provocadora de un jurista e investigador maduro que no se queda en la dermis de la ley, sino que se mete con aspectos de realidad y de poder fáctico, analiza el derecho comparado, cita la innegable discusión jurídica del terrorismo en la actualidad, revela la existencia de toda una cultura en su entorno, reflexiona sobre su definición dada por el Grupo de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas que con responsabilidad refiere algunos elementos de los que demuestra su importancia.
Liga el fenómeno con el Derecho Internacional a la luz 16 Convenios a partir del Convenio sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Convenio de Tokio), 1963, sobre seguridad de la aviación, hasta llegar al Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, 2010. Cienfuegos afirma que la regulación internacional reacciona a los eventos, sin poder adelantarse a dicha regulación y cita como ejemplos el once de septiembre de 2001, en Nueva York; las explosiones en la estación Atocha del metro de Madrid el día once de marzo de 2004; el secuestro y toma de rehenes en un teatro de Moscú por rebeldes Chechenos y señala como común denominador de los casos que partían de una situación de política interior o exterior de las naciones víctimas.
Presenta con una gran claridad el caso Batasuna, Cienfuegos hace una cronología del caso a partir de junio de 2002, al respecto refiere se aprobó en España una nueva Ley de Partidos Políticos para atacar legal y políticamente al terrorismo. Con la norma en vigor el Congreso Solicitó al Tribunal Supremo la legalización de Batasuna.
En este abordaje Cienfuegos Salgado refiere que en México el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ha quedado rebasado por la práctica, a la luz de las enseñanzas que deja la materia electoral en otras latitudes.
Con la Frase “para enfrentar el futuro demos una mirada al pasado” Carlos Mesa Angosto se aproxima al “Caso El Frontón” se remonta al terrorismo y sus inicios en el Perú, explica como se ha dado la respuesta del Estado, para después de muy interesantes planteamientos y argumentaciones llegar a una afirmación, como corte temático y afirmar La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana no son Competente para Conocer de Casos de Lesa Humanidad, el jurista afirma “No se ha estudiado en profundidad el rol que cumplen los organismos internacionales, por ejemplo la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos” Explica con sencillez y claridad los delitos de lesa humanidad y sus elementos, así como de la interpretación estricta de los delitos de lesa humanidad, para arribar a concluir que el “Caso El Frontón” no constituye un crimen de lesa humanidad, el autor va más allá al plantear la prescripción del caso y la posibilidad de que el fuero militar sea el responsable de juzgar actos en combate. Sus conclusiones constituyen una abierta provocación al debate de altura, donde cierra el espacio a la radicalidad de posturas.
Genaro González Licea, hombre de leyes, formado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocido y reconocido por propios y extraños en el Poder Judicial de la Federación, hace a este número de casos un aporte doblemente valioso, en primer lugar por la experiencia adquirida en su tarea de ser el Responsable del Programa de Contradicción de Tesis Pendientes de Resolver en la Primera Sala de la Suprema Corte, además en otra vía quiero agradecer a mi amigo Genaro su profesionalismo y cuidado al mostrar didácticamente el caso sin reflejar datos personales de quienes participaron, aun respecto de las posiciones fijadas por los funcionarios judiciales, pese a mi insistencia, de modo que Cadena de Custodia y Escena del Crimen, un Caso de Inmediata Libertad nos presenta una alta sistematización de un tema fundamental para la presunción de inocencia bajo el rostro de la investigación y no del juzgamiento.
Sobre la escena del crimen González Licea refiere El lugar de los hechos o escena del crimen (lugar abierto, cerrado, móvil, mueble o inmueble, además de las áreas adyacentes) contiene los elementos, evidencias, y hallazgos fundamentales donde presumiblemente fue cometido el delito que se investiga, sea este de orden federal o local. Por lo mismo es de derecho y de sentido común que el lugar debe ser debidamente custodiado. Destaca el jurista la importancia de la utilización de protocolos para tal efecto preservativo, es contundente al señalar que la solidez de una investigación criminal se sustenta en la fuerza probatoria de los hechos observados, interpretados y obtenidos en la escena del crimen.
Su explicación sobre la importancia de la Cadena de custodia, concepto, alcance, significación y trascendencia judicial es francamente aleccionadora, ponderara los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la exhaustividad del estudio lo lleva a pronunciarse sobre el perfil criminal, el sentido de la sentencia y destaca que la inobservancia de la cadena se traduce en inmediata libertad.
El Magistrado Jorge Ponce Martínez, en sus tradicionales colaboraciones para la Revista Criminogenesis trata con la visión del juzgador y la agudeza del abogado el Caso Dreyfus y la prueba técnica deficiente de Bertillon, en donde destaca como fue condenado el Capitán Dreyfus con sustento en una prueba técnica errónea que no correspondía a la especialidad del científico.
Como el propio Ponce Martínez destaca en su artículo y con base en la reseña de Floria el Caso data de 1894 y versa sobre un Consejo de Guerra que le fue instaurado al Capitán Alfred Dreyfus, quien fue llevado a la Isla del Diablo “Guyana”, los detalles del desarrollo son sistemática y ordenadamente presentados por nuestro autor quien nos refiere que el Presidente de la República Francesa interviene y concede la gracia de la libertad a Dreyfus para que en 1906 la Corte de Casación rehabilite al Capitán, condecorado luego con la legión de honor, con gran sutileza el Magistrado condena un perito nunca debe intervenir en una especialidad que no sea la suya. Si llega a equivocarse ha de reconocer los errores en que incurrió.
Criminogenesis hace votos porque sea a través de los casos prácticos vividos en estos y otros tiempos para que quienes de una u otra manera intervengan directa o indirectamente como actores en el Sistema de Justicia Penal Mexicano, abreven de las desafortunadas experiencias que por errores técnicos, de expertice, por falta de ética profesional, intereses políticos, económicos o de cualquier otro orden han llevado a dañar penalmente a las personas, esto es a todos en su conjunto, pues al hacerse injusticia a una persona se nos hace a todos.
De esta forma, damos cuente de este trabajo editorial, a partir de casos prácticos, casualmente varios de ellos ocurridos en Guerreo, sin duda de alta utilidad didáctica y para mejor comprensión del lector, pasando del frío concepto y postura doctrinal de los tradicionales trabajos de investigación al aterrizaje interpretativo de lo resuelto en el sistema penal y ámbito de la criminalidad en casos específicos en diferentes épocas, lugares y contextos.
Soy un convencido de que la pluralidad y divergencia en ideas, postulados y propuestas pueden en ocasiones lastimar las pieles sensibles, sin embargo una Revista dedicada al Derecho Penal y la Criminología necesariamente aborda aspectos que pueden parecer invasivos o agresivos, la tolerancia, prudencia y respeto a la libertad de expresión son los equilibrios en los debates de altura frente a temas de vanguardia tratados por expertos de las ciencias penales.
Director General de la Revista Criminogénesis
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