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Sentencia en Casación 385-2012-TACNA de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema establece Doctrina Jurisprudencial – TRIBUTACION PERU Alan Emilio Matos Barzola
26 noviembre, 2014 26 noviembre, 2014 Alan Emilio Matos Barzola
Sentencia en Casación 385-2012-TACNA de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema establece Doctrina Jurisprudencial
Alan Emilio en Huamanga, Ayacucho 2014
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República emite la Sentencia en Casación N° 385-2012 TACNA, de fecha 25 de junio del 2014, en relación a un proceso donde se ventilaba la comisión del delito de defraudación de rentas de aduanas, en agravio del Estado-Intendencia de Aduanas de Tacna.
El pàrrafo decisorio establece: “MANDARON: Se considere como doctrina jurisprudencial lo señalado en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de los Fundamentos de Derecho de la presente Ejecutoria Suprema”, los cuales se reproducen a continuación:
III. Del motivo casacional: Necesidad de desarrollo de la
Cuarto. Ha quedado establecido que el tema a desarrollar vía
doctrina jurisprudencial –con las consiguientes consecuencias
procesales que ello genere–, en virtud a lo regulado en el inciso
cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal
Penal, es el siguiente: establecer los alcances del inciso dos
del artículo 508° del Código Procesal Penal, en concordancia
con normas administrativas, como es el Decreto Supremo N°
063-2004-RE, que ratifi có el Acuerdo Bilateral de Cooperación
y Asistencia Mutua en Materias Aduaneras entre los Gobiernos
del Perú y de Chile, el cual señala que entre las autoridades
aduaneras deberán prestarse cooperación y asistencia mutua
para la adecuada aplicación de la legislación aduanera en
la prevención, investigación y represión de las infracciones
Quinto. En dicho sentido, cabe precisar que el artículo 508°
del Código Procesal Penal establece la normatividad aplicable
a los procedimientos de cooperación judicial internacional. Al
respecto el inciso uno de dicho dispositivo legal indica: “…Las
relaciones de las autoridades peruanas con las extranjeras y con
la Corte Penal Internacional en materia de cooperación judicial
internacional se rigen por los Tratados celebrados por el Perú y,
en su defecto, por el principio de reciprocidad en un marco de
respeto de los derechos humanos…”; asimismo, el inciso dos
de dicho dispositivo legal precisa: “…Si existiere tratado, sus
normas regirán el trámite de cooperación judicial internacional.
Sin perjuicio de ello, las normas de derecho interno, y en
especial este Código servirán para interpretarlas y se aplicarán
en todo lo que disponga en especial el Tratado…”. Así fi jada
la normatividad, se debe agregar que iniciado el procedimiento
de control (fi scalización) sobre la mercadería que había sido
importada a nuestro país por el imputado Rafaele Quispe,
provenientes de la zona franca de Iquique-Chile, la Intendencia de
Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera de la SUNAT,
emite los Ofi cios N° 73-2007-SUNAT/SB0000 y 78-2007-SUNAT/
SB0000, a la Dirección Regional de Aduana de Iquique-Chile
con la fi nalidad que tenga a bien proporcionar información sobre
el origen declarado de los documentos “Z” que se detallaron
en anexo adjunto; precisándose que dicho requerimiento se
hacía en consideración a las recomendaciones efectuadas en
la Reunión Bilateral de las Autoridades Aduaneras de Perú y
Chile, realizadas en el mes de octubre de 2007. En tal sentido,
se advierte que la solicitud de la autoridad aduanera peruana,
se sustentó en la necesidad de obtener valiosa información
de su par chilena para el debido control y fi scalización de las
operaciones aduaneras realizadas, en este caso específi co, por
parte del investigado Rafaele Quispe.
Sexto. Con fecha 16 de septiembre de 2004, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 063-2004-RE, referido a la Ratifi cación del “Acuerdo Bilateral de Cooperación y Asistencia Mutua en Materias Aduaneras entre los Gobiernos de la República del Perú y la República de Chile”, estableciéndose en el inciso uno de su artículo dos, lo siguiente: “…Las Partes Contratantes, a través de sus autoridades aduaneras, deberán prestarse cooperación y asistencia mutua, en conformidad con los términos del presente Acuerdo para la adecuada aplicación de la legislación aduanera, para la prevención, investigación y represión de las infracciones aduaneras…”; asimismo, en el inciso quinto de dicho artículo se estipula: “…la autoridad aduanera de una parte contratante podrá requerir la asistencia prevista en el numeral uno del presente artículo, durante el desarrollo de una investigación o en el marco de un procedimiento judicial y/o administrativo, o verifi caciones, resolución de determinación de clasificación arancelaria, valor y origen, que sean relevantes en el cumplimiento y aplicación de la legislación emprendida por esta Parte Contratante…”. Así también el inciso tres del artículo tercero, señala que el intercambio de información entre los funcionarios de las autoridades aduaneras, versará sobre los siguientes aspectos: “…e) personas respecto de las cuales la autoridad requirente tiene conocimiento de que han cometido o son sospechosas de haber cometido una infracción aduanera (…), f) mercancías que se transporten o que se encuentren almacenadas respecto de las cuales la autoridad requirente ha dado aviso de que son sospechosas de tráfi co ilícito hacía su territorio (…), h) intercambiar cualquier información y documentación que les permita asegurar la correcta liquidación de los derechos de aduanas y demás tributos, especialmente información sobre tipo o indicadores de riesgos y otros que faciliten la determinación del valor de aduana, clasifi cación arancelaria y ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS…”.
Séptimo. De lo expuesto se colige entonces, que la
información solicitada por la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria a la Dirección Regional de Aduanas
de Iquique-Chile y la respuesta formulada por esta última a su
par peruana, mediante Ofi cio N° 1731, del 30 de noviembre de
2007, responden al estricto cumplimiento del Acuerdo Bilateral
citado en el fundamento jurídico anterior, por ende, dicha
información resulta relevante para la adecuada aplicación de
la legislación aduanera para la prevención, investigación y
represión de las infracciones aduaneras, la misma que debe
ser tomada en consideración por la autoridad fi scal o judicial
correspondiente al momento de la investigación o decisión del
caso puesto en su conocimiento. Por ende, en el caso concreto,
es factible incluir el Decreto Supremo N° 063-2004-RE, del 16
de septiembre de 2004, que ratifi ca el “Acuerdo Bilateral de
Cooperación y Asistencia Mutua en Materias Aduaneras entre
los Gobiernos de la República del Perú y la República de Chile”,
como un instrumento legal que rige el trámite de cooperación
judicial internacional, sin perjuicio de las comunicaciones
interinstitucionales de carácter bilateral que se puedan prestar
a nivel del Ministerio Público.
Octavo. Así las cosas, los Acuerdos Bilaterales que hayan
sido debidamente ratifi cados por nuestro país e insertos vía
normatividad de derecho interno (Decreto Supremo en este
caso), forman parte de la legislación nacional y, por ende,
deben ser aplicados en toda su extensión, de conformidad
con lo establecido en el inciso dos del artículo 508° del Código
Noveno. En dicho orden de ideas, no resulta arreglado a Ley que en este caso, no se haya merituado dicha información (alcanzada por la Dirección Regional de Aduana de Iquique –Chile, mediante Ofi cio N° 1731, del 30 de noviembre de 2007, que da cuenta que la mercadería materia de importación a nuestro país por parte del imputado Rafaele Quispe, tiene como país declarado de origen China Popular y no Malasia) por considerarla de carácter administrativa, cuando existe normatividad expresa y concreta que viabiliza el intercambio de información entre las autoridades aduaneras (de Perú y Chile) para la investigación e incluso procesamiento judicial de un caso concreto. Por tanto, debe anularse lo decidido, en mayoría, por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna, y actuando este Supremo Tribunal en sede de instancia, se disponga una investigación suplementaria, a efectos que la información proporcionada por la autoridad aduanera de Chile sea debidamente compulsada y merituada por el Fiscal Provincial competente, a fi n de emitir el pronunciamiento que corresponda. Asimismo, el representante del Ministerio Público, en atención a los fundamentos expuestos en la Ejecutoria Suprema que resolvió el recurso de queja interpuesto, debe fijar en dicho pronunciamiento (emitido luego de la investigación suplementaria) la tipifi cación concreta que corresponde al presente caso, toda vez que se advierte, que al disponer la formalización de la investigación preparatoria consideró como tipifi cación del delito de defraudación tributaria el artículo cuatro, e inciso a) del artículo 5° y el inciso f) del artículo 10° de la Ley N° 28008 (modalidad agravada), mientras que en el requerimiento de sobreseimiento emitido tipifi có dicho delito en el artículo cuatro, e inciso a) del artículo 5° de la ley N° 28008 (modalidad simple), lo que conllevó a que exista una confusión judicial, pues el Juez durante la etapa intermedia, al declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento se amparó en la primera tipificación citada precedentemente, mientras que el Colegiado Superior al desestimar el recurso de casación consideró la modalidad simple del delito de defraudación tributaria al señalar que el extremo punitivo mínimo no era mayor a seis años de privación de la libertad (al respecto cabe aclarar que la modalidad básica del delito de defraudación tributaria se encuentra sancionada con pena no menor de cinco ni mayor de ocho años de privación de la libertad, mientras que la modalidad agravada con pena no menor de ocho ni mayor de doce años de privación de la libertad).
El texto completo de la Ejecutoria Suprema puede ser descargada en el siguiente enlace web: JU20141122
385-2012-TACNA
Casación 385-2012-TACNA
casacion 2014
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References: artículo 508
 artículo 508
 resolución 
 artículo 508
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 5
 Resolución