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Timestamp: 2020-08-03 23:39:36+00:00

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﻿ Sentencia 2002-01147 de julio 24 de 2013
SENTENCIA 2002-01147 DE 24 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN CONTRACTUAL. UNA OFERTA DE PAGO ORIGINADA POR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL NO EXONERA AL DEMANDADO DE SU RESPONSABILIDAD, SI EL MONTO ES MENOR AL DE LA OBLIGACIÓN QUE DEJA DE ATENDERSE. DE MANERA QUE, SI LA OFERTA NO ES ACEPTADA POR EL DEMANDANTE, NO PUEDE ALEGARSE ESTA SUPUESTA OMISIÓN COMO ARGUMENTO PARA NO SER CONDENADO. EL CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN SE ENCUENTRA SUJETO A LAS NORMAS CIVILES, COMERCIALES Y LABORALES, SALVO EN LO CONCERNIENTE A LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO. ESTE CONTRATO NO REQUIERE DE LIQUIDACIÓN, POR LO CUAL EL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, -MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 23 DEL DECRETO 2304 DE 1989 Y EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 446 DE 1998-, ESTÁ LLAMADO A OPERAR AL VENCIMIENTO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES, A CUANDO SE CUMPLIÓ O DEBIÓ CUMPLIRSE EL OBJETO DEL CONTRATO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE OBRA, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Sentencia 2002-01147 de julio 24 de 2013
Radicación: 25000232600020020114701(26937)
Actor: Federación Colombiana de Tiro y Caza
Referencia: apelación sentencia-acción contractual
“PRIMERO. DECLÁRASE el incumplimiento del acuerdo de reconocimiento de mejoras suscrito entre el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y la Federación Colombiana de Tiro y Caza.
SEGUNDO. Declárase que el demandado incumplió el referido convenio, en consecuencia se condena al demandado IDRD, al pago de la suma de novecientos cincuenta y cinco millones trescientos noventa y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte. ($ 955.397.878).
CUARTO. A la sentencia deberá darse aplicación a lo dispuesto por los artículos 177 y 178 del CCA.
QUINTO. En caso de no ser apelada consúltese con el superior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del CCA”.
Mediante demanda presentada por intermedio de apoderado judicial, el 29 de mayo de 2002, la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva solicitó las siguientes declaraciones y condenas (fls. 18 a 34 cdno. 1):
“PRIMERA. Que se declare que el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá —IDRD—, conforme al acuerdo de reconocimiento de mejoras de fecha 14 de abril de 2000, suscrito legalmente ante la referida entidad y la Federación Colombiana de Tiro y Caza, no ha cumplido con sus obligaciones contractuales.
SEGUNDA. Que en consecuencia, se ordene al Instituto para la Recreación y el Deporte de Bogotá —IDRD— pagar a la Federación Colombiana de Tiro y Caza, el ochenta y cinco por ciento (85%) de los setecientos doce millones cuatrocientos ochenta mil ciento cincuenta y nueve pesos moneda corriente ($ 712.480.159) correspondientes al avalúo corporativo 172 de 2000 realizado por la lonja de propiedad raíz de Bogotá sobre las mejoras realizadas a los lotes Torquigua y Manga de la localidad de Engativá en Bogotá D.C., dándole con ello cumplimiento integral al acuerdo de reconocimiento de mejoras.
TERCERA. Que adicionalmente y a título de indemnización de perjuicios, se condene al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá —IDRD— a pagar los intereses moratorios legales vigentes, correspondientes a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre el ochenta y cinco por ciento (85%) de los setecientos doce millones cuatrocientos ochenta mil ciento cincuenta y nueve pesos moneda corriente ($ 712.480.159), de acuerdo con la cláusula primera del acuerdo de reconocimiento de mejoras de fecha 14 de abril de 2000, intereses moratorios causados desde el vencimiento del plazo acordado para satisfacer la obligación y hasta que se verifique el pago por parte de la entidad demandada.
TERCERA SUBSIDIARIA. Que adicionalmente y a título de indemnización de perjuicios, se condene al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte —IDRD— a pagar los intereses moratorios legales vigentes a la tasa máxima legal permitida.
CUARTA. Que se condene al Instituto para la Recreación y el Deporte —IDRD— a pagar las costas y gastos del proceso, incluidas las agencias en derecho, en la cantidad que determine la honorable corporación.
QUINTA. Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.
• El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y la Federación Colombiana de Tiro y Caza suscribieron el Convenio 02/85 el 18 de abril de 1985, con el objeto de reunir los esfuerzos institucionales para la programación y ejecución de actividades deportivas, recreativas, relacionadas con el deporte de tiro, en todas sus modalidades y en especial para la construcción y administración de un campo de tiro popular en el parque la Florida.
• El 14 de abril de 2000 el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y la Federación Colombiana de Tiro y Caza suscribieron un acuerdo de reconocimiento de las mejoras que fueron realizadas bajo el Convenio 02/85 en el cual acordaron el reconocimiento del 85% del valor de las mejoras que fijaría la lonja de propiedad raíz mediante avalúo.
• El 27 de abril de 2000 se firmó el acta de entrega y recibo final del inmueble al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte por parte de la Federación Colombiana de Tiro y Caza.
• La lonja de propiedad raíz de Bogotá avaluó el predio conocido como “Torquigua y Manga” el 23 de junio de 2000 y concluyó que la reposición a nuevo de las mejoras tenía un costo de $ 712.480.159 y que teniendo en cuentas los factores de depreciación de las mejoras al momento del peritaje su valor era de $ 497.577.147.
La federación demandante invocó como vulneradas las siguientes disposiciones: i) los artículos 2º, 6º, 38, 83 y 322 de la Constitución Política; ii) los artículos 144 y 149 del Decreto 1421 de 1993; iii) los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 13, 25-14, 26, 28, 32, 40, 50, 68 y 75 de la Ley 80 de 1993; y iv) los artículos 1495, 1496, 1546, 1551, 1602, 1603, 1608, 1615, 1617 y 1618 del Código Civil. Concretó el concepto de violación en los siguientes argumentos:
41. La federación cumplió con su obligación de restituir los terrenos Torquigua y Manga, de acuerdo con el acuerdo de reconocimiento de mejoras, por lo tanto es un contratista cumplido y acciona ante esta jurisdicción en uso de la facultad legal concedida por el artículo 1546 del Código Civil, al encontrarse insatisfecha la obligación a cargo del IDRD, y por lo que solicita el cumplimiento del contrato con la correspondiente indemnización de perjuicios”.
El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte —IDRD— se opuso a las pretensiones de la demanda con el siguiente planteamiento (fls. 45 a 64 cdno. 1):
“La federación no ha cumplido con el acuerdo de reconocimiento de mejoras, en cuanto no ha aceptado el pago del 85% de los $ 425.151.807, valor que arrojó el segundo avalúo, el único que se acerca a la realidad ya que se incluye el menor valor de las mejoras por su desgaste. El IDRD ofreció realizar este pago bajo condición de recibir a cambio un paz y salvo expedido por la federación, quien no aceptó expedirlo ya que seguía buscando el pago total del valor arrojado por el primer avalúo.
Su negativa, como se ha dicho anteriormente, se debe a la ausencia de buena fe en la ejecución del acuerdo, que nos lleva a concluir que la federación está buscando enriquecerse sin justa causa en detrimento del erario público, situación que, el IDRD como entidad pública que es, debe evitar a toda costa en virtud de su calidad de guardián de los dineros públicos”.
5. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
En auto del 29 de octubre de 2003, el tribunal a quo ordenó dar traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus respectivos alegatos de conclusión (fl. 144 del primer cdno.).
5.1. La parte demandante (fls. 151 a 159 cdno. 1). Consideró que está demostrado que el avalúo efectuado por la lonja de propiedad raíz de Bogotá se encuentra ajustado a la realidad y, por tanto, debe reconocerse el pago del 85% de dicho avalúo, es decir $ 605.608.135, más los intereses moratorios pactados por las partes.
5.2. Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (fls. 145 a 150 cdno. 1). Indicó que el dictamen contable rendido en el proceso coincide con el segundo dictamen practicado por la lonja de propiedad raíz de Bogotá, en el cual se tenía en cuenta la depreciación de las mejoras, pero que la parte demandante se ha negado a aceptar.
La subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones del demandante con apoyo en los siguientes razonamientos (fls. 160 a 177 cdno. ppal.):
Se ordenará el pago de los intereses a partir del 15 de junio de 2000, es decir sesenta días siguientes a la fecha del acuerdo. La condena se hará por el valor total, dado que aunque el IDRD manifestó haber estado dispuesto a pagar el valor de las mejoras, realmente nunca las pagó, y de todas maneras voluntaria o involuntariamente aprovechó esos dineros y, los mantuvo en su patrimonio, por lo tanto, deberá devolver el valor de lo debido más la utilidad de ese dinero”.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte solicitó que se revocara la decisión del Tribunal a quo, por considerar que se trató de un fallo extra petita en cuanto tuvo en cuenta un peritaje distinto al pretendido por la parte actora. Así mismo, indicó que el fallo es contradictorio, incongruente e inconsistente porque desestimó los dictámenes practicados en el curso del proceso, pero condenó a partir del segundo avalúo que obra en el expediente. Agregó a lo anterior, que si el demandante fue quien se negó a recibir el dinero que quería cancelar el IDRD, no hay lugar a que se lo condene al pago de intereses moratorios (fls. 184 a 186 cdno. ppal.).
8.1. El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal a quo el 11 de febrero de 2004 (fl. 181 cdno. ppal.).
8.2. Mediante auto del 22 de abril de 2004 se admitió el recurso de apelación presentado por la demandada (fl. 208 cdno ppal.).
8.3. A través de providencia del 14 de mayo de 2004 se dispuso el traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 210 cdno. ppal.).
9. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
9.1. Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva (fls. 212 a 214 cdno. ppal.). Consideró que el incumplimiento del contrato es evidente así como los intereses moratorios adeudados, por lo que debe confirmarse la decisión de primera instancia.
9.2. Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (fls. 215 a 220 cdno. ppal.). Ratificó los planteamientos efectuados en la apelación.
9.3. El Ministerio Público (fls. 227 a 233 cdno. ppal.). Consideró que la entidad demandada se sustrajo injustificadamente de cumplir las condiciones pactadas para la determinación del precio con base en un avalúo inicial de la lonja de propiedad raíz de Bogotá, por lo tanto conceptuó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia.
Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación en virtud de lo dispuesto por el artículo 75(1) de la Ley 80, expedida en el año de 1993, el cual prescribe, expresamente, que la competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte —IDRD— tiene el carácter de entidad descentralizada del orden territorial, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente.
“De este modo, son contratos estatales ‘todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el estatuto general de contratación administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales’, y estos últimos, donde encajan los que celebran las empresas oficiales que prestan servicios públicos domiciliarios, son objeto de control por parte del juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables a los trámites que ante éste se surtan no podrán ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan para este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le aplique a los contraltos”(2) (resaltado fuera del texto).
2. Caducidad de la acción contractual
En efecto, se trata del Convenio 2 de 1985 de Cooperación entre el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y la Federación Colombiana de Tiro y Caza suscrito en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983 —18 de abril de 1985—, cuyo objeto consistió en lo siguiente (fls. 5 a 8, cdno. 2):
“Es el de reunir los esfuerzos institucionales de las Entidades aquí mencionadas para la programación y ejecución de actividades deportivas, recreativas, relacionadas con el deporte de tiro, en todas sus modalidades y en especial para la construcción y administración de un campo de tiro popular en el parque la Florida”.
Al no encontrarse enunciado dentro de los contratos administrativos previstos en el artículo 16 del Decreto-Ley 222 de 1983 debe clasificarse como un contrato de derecho privado de la administración, que según la mencionada disposición se encuentra sujeto a las normas civiles, comerciales y laborales, salvo en lo concerniente a la declaratoria de caducidad del contrato. En este orden de ideas, hay lugar a sostener que se trata de uno de esos contratos que no requiere de liquidación, por lo cual el término de caducidad de conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, —modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989 y el artículo 44 de la Ley 446 de 1998—, está llamado a operar al vencimiento de los “dos (2) años siguientes, a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato”(4).
Ahora bien la Sala encuentra que la acción contractual no se encontraba caducada, toda vez que al definirse la ocurrencia de una causal de terminación del Convenio de Cooperación 2 de 1985 que daba lugar a la restitución del inmueble con el reconocimiento del valor de las mejoras, las partes suscribieron el acuerdo de reconocimiento de mejoras de fecha 14 de abril de 2000, en el cual se definió lo siguiente:
“CLÁUSULA PRIMERA. (…) PAR.—El instituto se compromete a realizar los trámites presupuestales necesarios para cancelar el valor a reconocerse a la federación, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la suscripción de este acuerdo. PAR. SEGUNDO.—En caso que el instituto no cancele la suma adeudada, dentro del plazo estipulado, reconocerá intereses moratorios, equivalentes a una vez y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria”.
2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo(5), lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante”.
“La Sala ha precisado con fundamento en la ley, que el término de caducidad de las acciones contractuales se cuenta a partir de la fecha en que se produce o debió producirse la liquidación del contrato. Así, en sentencia del 8 de junio de 1995, expediente 10.634 señaló: ‘En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración (...)”(6).
“La jurisprudencia de la Sala se había encargado de señalar como término plausible para que la administración liquidara el contrato el de cuatro meses: dos meses a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aportara la documentación requerida para la liquidación y dos para que el trabajo se realizara por mutuo acuerdo. Vencido el último, la administración debía proceder a la liquidación unilateralmente mediante resolución debidamente motivada (sent., ene. 29/88, exp. 3615)(7).
“También ha precisado la Sala que dicho término no es perentorio, vale decir, que pasados ahora 6 meses de haberse vencido el plazo del contrato sin que éste se haya liquidado no se pierde competencia para hacerla. Pueden practicarla los contratantes por mutuo acuerdo o la administración unilateralmente, ya que el fin último es que el contrato se liquide y se definan las prestaciones a cargo de las partes (...)”(8).
3. Las pruebas aportadas al proceso
El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo(9) señala expresamente que a los procesos atribuidos al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo aplicará el régimen legal probatorio establecido por el Código de Procedimiento Civil. Así, al incorporarse dicho régimen se adoptó también la filosofía(10) que inspira las pruebas en el estatuto procesal civil, la cual se materializa en el sistema de valoración probatoria que está presente en los procesos constitutivos, declarativos o de condena que regula esa normativa.
Bajo esta perspectiva resulta necesario tener presente que de acuerdo con el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil(11), los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, estas últimas consistentes en la transcripción o reproducción mecánica del original; sumado a ello, el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, regula el valor probatorio de los documentos aportados en copia, respecto de los cuales señala que tendrán el mismo valor del original en los siguientes eventos: i) cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada; ii) cuando sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) cuando sean compulsados del original o de la copia auténtica.
3.1. Documentos aportados en original o en copia auténtica
3.1.1. Convenio 2 de 1985 de Cooperación entre el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y la Federación Colombiana de Tiro y Caza del18 de abril de 1985, cuyo objeto consistió en lo siguiente (fls. 5 a 8, cdno. 2):
3.1.2. Acuerdo de reconocimiento de mejoras suscrito entre el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y la Federación Colombiana de Tiro y Caza, suscrito el 14 de abril de 2000 (fls. 11 a 14, cdno. 2).
3.1.3. Acta de entrega y recibo final del inmueble al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte por parte de la Federación Colombiana de Tiro y Caza, suscrita el 27 de abril de 2000 (fls. 15 a 33, cdno. 2).
3.1.4. Comunicación 1000000 (sin fecha), suscrita por la directora del Instituto de Recreación y Deporte y el representante legal de la Federación de Tiro y Caza, dirigida a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, en la cual, “de acuerdo con lo acordado en reunión llevada en sus instalaciones el día 10 de mayo”, solicitaron el avalúo del “valor de reposición de las mejoras y construcciones” sobre el predio “Torquigua y Manga” (fls. 34 y 35, cdno. 2).
3.1.5. Avalúo de “reposición mejoras realizadas al predio” “Torquigua y Manga”, efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá el 23 de junio de 2000 (fls. 37 a 81, cdno. 2).
3.1.6. Informe del avalúo del predio conocido como “Torquigua y Manga”, efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá remitido el 27 de septiembre de 2000, que contiene el “valor de reposición en el estado a la fecha de la diligencia de avalúo” (fls. 82 a 115, cdno. 2).
3.1.7. Aclaraciones de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá al avalúo del predio conocido como “Torquigua y Manga”, de 27 de noviembre de 2000 (fls. 116 y 117, cdno. 2).
3.1.8. Comunicación radicada 26 de diciembre de 2000 dirigida por la directora del IDRD al presidente de la Federación Colombiana de Tiro y Caza en la cual se refiere al incumplimiento del acuerdo de reconocimiento de mejoras e informa acerca de los trámites para el pago (fls. 119 y 120, cdno. 2).
3.1.9. Informe final del avalúo de mejoras y consideraciones complementarias realizadas al predio conocido como “Torquigua y Manga”, efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá remitido el 15 de marzo de 2001 (fls. 121 a 129, cdno. 2).
3.1.10. Pliego de condiciones de la licitación LPN-OP-003-99, adelantada por el Distrito Capital, para contratar la construcción del Centro Educativo Distrital Torquigua (fls. 1 a 476, cdno. 3).
3.1.11. Antecedentes administrativos referentes al reconocimiento de mejoras a favor de la Federación Colombiana de Tiro y Caza (fls. 1 a 41, cdno. 7).
3.1.12. Informe de “Valoración a mayo 31 de 2000 de las mejoras y construcciones realizadas en el predio “Torquigua” emitido por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, con fecha 27 de septiembre de 2000, en el cual se presentan los siguientes valores:” Valor de reposición a nuevo mejoras y construcciones”: $ 712.480.159 y “Valor reposición en el estado de la visita de las mismas mejoras y construcciones”: $ 497.577.147” (fls 6 a 41, cdno. 7).
3.2. Testimonios
3.2.1. El señor Ciro Sergio Mutis Caballero (fls. 477 y 478, cdno. 3), en su calidad de director de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá encargada de adelantar el avalúo corporativo de las mejoras y construcciones efectuadas por la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva explicó que el costo de reposición a nuevo ascendía a la suma de $ 712’000.000; que posteriormente se planteó un segundo escenario en el cual se tuvo en cuenta la depreciación por uso y edad, lo cual arrojó un avaluó de $ 490’000.000. Aseguró que dichos avalúos fueron avalados por la junta técnica de avalúos corporativos de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.
“El Instituto solicitó complementación al informe pidiendo que avaluáramos esas mejoras teniendo en cuenta las depreciaciones de edad, uso, estado de conservación, etc., conforme fueron encontradas al momento de la visita. La lonja le dio alcance al avalúo anterior ratificando la suma de $ 712 millones de pesos como el valor de dichas mejoras por el método de costo de reposición a nuevo y estableció que sustrayendo las depreciaciones según la solicitud el valor de dichas mejoras ascendía el valor de las mejoras $ 425 millones aproximadamente”. (…) atendiendo el derecho de réplica la federación aceptó la cifra de $ 712 como costo de reposición a nuevo y solicitó que el alcance que se le había dado a las depreciaciones, sólo en ese escenario no se depreciaran los movimientos de tierra y rellenos, toda vez que dichas mejoras útiles no son depreciables con el tiempo (…) atendiendo dicha objeción la lonja hace un segundo alcance del avalúo ratificando nuevamente los $ 712 millones y (…) para el segundo escenario (…) estimó como el valor de las mejoras en $ 490 millones aproximadamente”.
3.2.2. El señor Javier Alberto Arévalo González (fls. 477 y 478, cdno. 3), en su calidad de director técnico de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva efectuó un recuento general de las mejoras que se hicieron en el terreno objeto del convenio con el IDRD desde el año de 1985 hasta el momento en que se efectuó la entrega del inmueble.
3.2.3. El señor Jaime Ordy Mendoza (fls. 481 y 482, cdno. 3), como instructor y encargado de los polígonos de tiro al servicio de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, entre los años 1991 a 2002, explicó que estuvieron en funcionamiento y mantenimiento permanente dichos polígonos hasta el momento de la entrega del predio al IDRD.
3.3. Los dictámenes periciales
3.3.1. Dictamen de los contadores José Reinel Azuero González y Marleny Barrera Pedroza (fls. 1 a 20, cdno. 4 y cdno. 5 en 427 fls.). De acuerdo con el auto de pruebas, su objetivo era el siguiente:
“con base en los estados financieros de la Federación de Tiro y Caza, determine el monto de sus inversiones en infraestructura sobre los predios de Torquigua y Manga”.
“El valor de la inversión en infraestructura sobre los predios de Torquigua y Manga, de conformidad con los estados financieros de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, fue de cincuenta y ocho millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y un pesos con 57 ctvos. ($ 58.474.181.57), cuyo valor actual es de quinientos tres millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos dieciocho pesos ($ 503.686.318)”.
Por solicitud de la entidad demandada durante el término de traslado, mediante escrito del 21 de agosto de 2002, los peritos aclararon el dictamen anterior, en el sentido de señalar que no se realizó un avaluó de las mejoras efectuadas a los terrenos, sino que se hizo la actualización de la inversión realizada en los libros de contabilidad (fls. 21 a 31, cdno. 4).
3.3.2. Dictamen de los avaluadores Ernestina de las Mercedes Balaguera Hernández y Jaime Navarro Cáceres (cdno. 3 en 19 fls.). El tribunal a quo decretó, con el fin de evaluar el precio justo y el estado en que se encontraban las mejoras llevadas a cabo por la Federación Colombiana de Tiro y Caza, hace aproximadamente 13 años en los predios denominados “Torquigua y Manga”.
Mediante documento del 12 de febrero de 2003 los peritos indicaron que para ese momento no existía vestigio alguno en el terreno acerca de las mejoras reclamadas en el convenio entre las partes, por tal motivo, efectuaron un estudio hipotético basado en los valores de metrajes, fotografías y estudios del avalúo corporativo de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, el cual arrojó un resultado de $ 257.837.500, para el año de 1985.
Atendiendo la petición de aclaración de la parte actora, señalaron que el cálculo se efectuó con fundamento en los datos que la Federación de Tiro y Caza entregó en su momento a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y a los valores unitarios de la revista “Portafolio”, así como del IPC, por tal motivo corrigieron el monto inicial fijándolo en $ 272.827.500 (fls. 21 a 24, cdno. 3).
4. La contraprestación como requisito de existencia y perfeccionamiento de los contratos estatales
La Ley 80 de 1993 reguló el perfeccionamiento del contrato de una forma coherente con la significación gramatical y jurídica de este concepto, al disponer en el primer inciso del artículo 41 que: “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.
De conformidad con lo dispuesto en la precitada norma, la existencia y el perfeccionamiento del contrato estatal se producen cuando concurren los elementos esenciales del correspondiente negocio jurídico, definidos por el legislador como el “acuerdo sobre el objeto y la contraprestación” (elementos sustanciales) y también que “éste se eleve a escrito” (elemento formal de la esencia del contrato). De allí que deben quedar claras las contraprestaciones a cargo de cada una de las partes, de manera que sin certeza sobre este aspecto se consideraría inexistente el contrato en consideración a que se trata de una cláusula esencial.
“ART. 1864.—El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes.
Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se entenderá el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa”.
“ART. 1865.—Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero; y si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquiera otra persona en que se convinieren los contratantes, en caso de no convenirse, no habrá venta”.
“No es necesario que el precio sea determinado, pero sí determinable. No obstante que el precio de la venta exista no es menester que en todo caso se fije la cuantía o valor exacto de la cosa vendida; es suficiente que el contrato contenga los elementos que permitan conocer con certeza su monto en el momento de la exigibilidad; en tal supuesto se hable de precio determinable, que está expresamente autorizado por los artículos 1864 y 1865, en concomitancia con el 1518 ejusdem”(13).
“CLÁUSULA PRIMERA: Objeto: El instituto, reconocerá el 85% del valor del avalúo de las mejoras útiles y voluptuarias, realizadas por la federación, durante la ejecución del Convenio de Cooperación 2 de 1985. PAR.—El instituto se compromete a realizar los trámites presupuestales necesarios para cancelar el valor a reconocerse a la federación, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la suscripción de este acuerdo.
PAR. SEGUNDO.—En caso que el instituto no cancele la suma adeudada, dentro del plazo estipulado, reconocerá intereses moratorios, equivalentes a una vez y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria.
CLÁUSULA SEGUNDA: Designación de perito: Con el fin de determinar el valor a reconocerse, las partes delegan en la Lonja de Propiedad Raíz de Santa Fe de Bogotá, D.C., la elaboración de un avalúo gremial de conformidad con las normas previstas.
CLÁUSULA QUINTA: Perfeccionamiento y ejecución. El presente acuerdo se entiende perfeccionado y es posible su ejecución a partir de su suscripción por las partes. Lo contemplado en este documentos prestará mérito ejecutivo para las partes”.
Pues bien, para la Sala la discusión se encuentra en el valor que debe pagar el IDRD, a la federación demandante por las mejoras efectuadas por éste último durante el tiempo que tuvo vigencia el convenio suscrito entre ellos; mientras la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva sostiene que el valor a pagar debe corresponder al 85% del valor arrojado por el primer avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, el cual ascendió al monto de $ 712.480.159; mientras que para el IDRD, el valor a pagar corresponde al 85% del monto calculado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá contemplando la depreciación de las mejoras, es decir sobre $ 497.577.147.
Revisando el informe final del dictamen efectuado por la lonja de propiedad raíz, encuentra la Sala que se resumió en los siguientes términos (fl. 123, cdno. 2):
• Valor de reposición a nuevo de las mejoras objeto de avalúo: $ 712.480.159. Valor ratificado por la junta técnica de avalúos corporativos.
• Valor comercial de las mejoras objeto de avalúo con base en el estado de las mismas al momento de efectuarse el respectivo trabajo de campo: $ 497.577.147.
El avalúo fue solicitado por las partes interesadas, esto es el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte y la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, en desarrollo de un convenio de reconocimiento de mejoras, que las mismas habían formalizado desde el 14 de abril de 2000. Hasta aquí el peritazgo de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá”.
Para efectos de la determinación del valor a pagar en consideración a la diferencia que existe entre las partes respecto de los dos informes de avalúo efectuados por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, resulta evidente que le corresponde a la Sala acudir a la aplicación de las reglas de interpretación de los contratos(14), en virtud de las cuales se tiene que “[c]onocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras” (C.C., art. 1618), a lo cual se debe agregar que “[e]l sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno” (C.C., art. 1619) y que “[l]as cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad” (C.C., art. 1622). Todo lo anterior, con el fin de resolver la discrepancia que en el presente caso concreto se registra respecto del valor de las mejoras con el fin de alcanzar el sentido razonable en que el negocio jurídico pueda producir la plenitud de sus efectos.
Pues bien, al examinar el convenio celebrado entre el IDRD, y la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva el 18 de diciembre de 1985, se encuentra en su parte motiva lo siguiente (fls. 5 a 8, cdno. 2):
“(…) han resuelto celebrar el presente convenio, previas las siguientes consideraciones: a) que el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y la Federación Colombiana de Tiro y Caza, son Entidades constituidas con la finalidad de promover el deporte y la recreación en el territorio del Distrito Especial de Bogotá. b) Que es necesario dar una correcta finalidad de utilidad pública a los terrenos de propiedad del Distrito que administra el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, destinado a la recreación de los habitantes del Distrito Especial de Bogotá. c) Que la Empresa de Teléfonos de Bogotá ha dado en administración al Instituto parte de los terrenos denominados Torquigua y Manga, ubicados en inmediaciones del parque la “Florida” para que sean destinados a la recreación. d) Que las entidades que intervienen en este convenio se han propuesto adecuar un lote de terreno en el Parque “La Florida” que se describe más adelante, con el fin de construir en ellos polígonos y escenarios destinados a la práctica del deporte de tiro, considerando que siendo Bogotá la capital del país, no cuenta con escenario adecuado para tal disciplina y con el propósito de promover la realización de competencias a nivel nacional e internacional, y la enseñanza del tiro en todas sus modalidades, a nivel popular, el presente convenio se regirá por las siguientes cláusulas: (…).
“SEXTA. Mejoras: La federación está autorizada para realizar mejoras en el inmueble objeto del convenio, dentro de las siguientes condiciones: a) mejoras necesarias: Serán realizadas por la federación sin mediar previo aviso al instituto. b) Mejoras útiles: La federación presentará al instituto un anteproyecto de todas la mejoras útiles que van a construirse, consistentes en las instalaciones necesarias para los siguientes polígonos: cuarenta (40) canchas de tiro con arma de aire; 20 (veinte) canchas de tiro con arco, cuatro (4) canchas dobles de silueta, dos (2) canchas blanco móvil 50 metros, así como cualquier otra modalidad de tiro que se considere necesaria y juegos infantiles. Igualmente la zona mencionada será distribuida así: área para polígonos cubiertos y descubiertos 15.000 metros cuadrados; área cubierta de polígonos 4.000 m2, áreas cubiertas de recreación infantil: 14.000 m2, área de parqueadero o estacionamiento: 4.000 m2, área de servicios y administración: 1.000 m2. El resto o zona pantanosa será recuperada mediante reforestación y obras de adecuación y protección ambiental, de acuerdo con las necesidades ecológicas actuales y futuras. c) Mejoras suntuarias: Cuando se trate de mejoras suntuarias o la realización de aquellas que impliquen modificaciones en los planos iniciales de construcción del bien inmueble, estas deberán ser autorizadas previamente por el Instituto. PAR.—En el evento de que el presente convenio no sea renovado por el instituto, o entidad oficial que lo sustituya, la Federación Colombiana de Tiro y Caza tendrá los siguientes derechos: a) Si se cambia la destinación objeto del convenio, el Instituto reconocerá a la federación las mejoras útiles o suntuarias que ostente el inmueble. b) Si se da por terminado el convenio, pero se mantiene el polígono de tiro construido por las dos (2) entidades contratantes, la federación tendrá derecho a participar en forma obligatoria, dentro de la administración del polígono por todo el tiempo de su existencia. Caso contrario se procederá como en el literal “a””.
Si se interpretan las estipulaciones anteriores con el contenido de la cláusula primera del contrato, advierte la Sala que las partes acordaron que “El instituto, reconocerá el 85% del valor del avalúo de las mejoras útiles y voluptuarias, realizadas por la federación, durante la ejecución del Convenio de Cooperación 2 de 1985”; es decir que, el avalúo se ocuparía de indicar el costo del 100% de las mejoras que serían reconocidas por el IDRD, y a este valor se le efectuaría un descuento del 15%, que sin duda equivale al porcentaje derivado del beneficio de uso de las mejoras por parte de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva durante los años de su administración y/o al monto que esta entidad asumía como aporte para la consecución de los objetivos que de manera común se trajeron y emprendieron las partes contratantes.
Desde esta perspectiva, es el primer avalúo que efectuó la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá —el cual determinó el valor de reposición de las mejoras— el que está llamado a servir de fundamento para determinar el valor a pagar por las mejoras, es decir, aquel que calculó el valor de reposición a nuevo por $ 712.480.159 y no el que se presentó posteriormente como consecuencia de la solicitud unilateral(15) de complementación presentada por el IDRD, mediante el cual se estableció el valor de las mejoras aplicando los factores de depreciación, ello en consideración a que las partes ya habían definido desde el Convenio de Cooperación 2 de 1985, que si terminaba o se cambiaba la destinación objeto del convenio, “el instituto reconocerá a la federación las mejoras útiles o suntuarias que ostente el inmueble”, por lo tanto, no había lugar a que el IDRD, modificara las condiciones del convenio ni las del acuerdo de reconocimiento de mejoras ni desconociera la solicitud conjunta de avalúo dirigida por ambas partes a la lonja de propiedad raíz en la cual solicitaron el avalúo corporativo “que tome en consideración el valor de reposición”(16).
En consecuencia, la Sala concluye que el valor de las mejoras que el IDRD, se obligó a pagar a la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva corresponde al 85% de $ 712.480.159, es decir, seiscientos cinco millones seiscientos ocho mil ciento treinta y cinco pesos m/cte. ($ 605.608.135).
“En efecto, la no reformatio in pejus, o, prohibición de la agravación en peor, se concibe como garantía del derecho al debido proceso dentro del trámite de la segunda instancia, pues condiciona la competencia del ad quem que conoce del mismo; el alcance de dicho condicionamiento ha sido precisado por la Corte Constitucional, en los siguientes términos(17):
De allí que, si el recurso de apelación no prospera y por ende se confirma la decisión que, por desfavorable, fue impugnada, no existe fundamento alguno que permita siquiera considerar el quebrantamiento del aludido principio”(18).
En consecuencia, se confirmará la base de liquidación de la condena adoptada en la sentencia de primera instancia, en la cual se determinó que el valor de las mejoras, sin incluir intereses moratorios, era de $ 422.940.575 (fl. 175, cdno. 1), según los siguientes términos:
“Por lo tanto esta Sala estima que el demandado deberá cancelar a la Federación Colombiana de Tiro la suma de $ 422.940.575 correspondiente al valor de la reposición de las mejoras en el estado actual menos el 15% a que se refiere el acuerdo suscrito por las partes, teniendo en cuenta la depreciación y el uso que tenían para la fecha del avalúo”.
i) Que el término de pago empezaría a correr desde la entrega del segundo informe de avalúo 172/000, el 29 de junio de 2000;
ii) Que el pago se realizaría con base en “la suma de $ 425.151.807 suma a la cual se le realizaría el descuento del 15% y de conformidad con lo acordado se procederá al pago dentro del término previsto”(19).
“Finalmente le manifestamos que el instituto está realizando los trámites internos necesarios con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas con la federación dentro del término previsto, y el pago se hará únicamente con recibo a satisfacción y paz y salvo”.
“ART. 1649.—El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales,
El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban”.
Comoquiera que según lo estipulado en la cláusula primera del contrato en referencia el IDRD se comprometió a pagar el valor de las mejoras determinadas de conformidad con el avalúo dentro del término improrrogable de “sesenta (60) días siguientes a la suscripción” del acuerdo y a pagar intereses moratorios equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, luego de cumplido dicho plazo(20) no queda duda entonces, que al no efectuar el pago en el plazo pactado, el IDRD incurrió en incumplimiento del contrato y por ello debe cancelar los intereses moratorios señalados en el mismo, razón por la cual se liquidará el valor de la condena con base en los intereses moratorios acordados.
Por lo anterior se aplicará para la presente liquidación de intereses moratorios la tasa de interés que corresponda de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Bancaria —hoy Superintendencia Financiera de Colombia— para el respectivo período de mora y, por lo tanto, se ajustará la fórmula de cálculo utilizada por el tribunal a quo, toda vez que en ella se tomó únicamente la tasa de interés certificada para el mes de junio de cada año, cuando lo cierto es que para esta clase de eventos deben tomarse todas y cada una de las tasas de interés que fueron certificadas en cada período.
Vale la pena observar que la jurisprudencia Sección Tercera del Consejo de Estado acerca de la aplicación de la tasa de interés moratorio ha establecido que se debe aplicar de conformidad con la norma que se encuentre vigente para el momento de la infracción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 153 de 1887, al tiempo en que se ha subrayado igualmente que la tasa de interés fijada en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 se aplica únicamente ante el silencio de las partes, según se lee en la parte motiva de la sentencia que se transcribe a continuación:
“En síntesis, de acuerdo con el criterio jurisprudencial vigente, se tiene que: (i) Ante el silencio de las partes al respecto, de conformidad con el artículo 38, numeral 2º, de la Ley 153 de 1887, y en armonía con la figura de la mora, los intereses de mora deben liquidarse de conformidad con la norma vigente al momento de la infracción, de suerte que si la conducta incumplida y tardía del deudor se proyecta en el tiempo y existe durante ese lapso cambio de legislación, es menester aplicar la norma vigente que abarque el período o días de mora de que se trate. (ii) Con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, la tasa del interés de mora aplicable en cada contrato que celebren las entidades públicas, ante el silencio de las partes, es la establecida en el citado numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, con independencia de que la actividad ejercida sea o no de carácter civil o comercial, sin perjuicio de que ellas puedan estipular otro tipo de tasa incluso la civil o comercial sin incurrir en interés de usura. (iii) En los contratos celebrados por las entidades públicas con antelación a la Ley 80 de 1993, en los cuales no se pactaron intereses de mora ante el incumplimiento, la norma aplicable para sancionar a la parte incumplida y liquidar intereses de mora por el período anterior a su entrada en vigencia, será el artículo 884 del Código de Comercio, si la parte afectada tiene la condición de comerciante o el acto es para éste de carácter mercantil (C. Co., arts. 1º, 10, y 20 y ss.); o el artículo 1617 del Código Civil si ninguna de las partes (contratista o entidad) tiene esa condición; y por el período posterior a la fecha de vigor de la citada Ley 80 de 1993, le será aplicable la establecida en el numeral 8º del artículo 4º ibídem para liquidar el interés de mora”(21).
Así las cosas, en concordancia con lo estipulado entre las partes dentro del acuerdo de reconocimiento de mejoras en examen, la Sala efectuará la liquidación de los intereses moratorios acordados en la cláusula primera del acuerdo de reconocimiento de mejoras, desde el 14 de junio de 2000(22) y hasta la fecha de la presente sentencia, tomando como base, por concepto de capital adeudado, el 85% del valor de las mejoras en congruencia con la sentencia de primera instancia, es decir $ 422.940.575 y por concepto de intereses se establecerá la suma que resulte de calcular la tasa de interés moratoria pactada, esto es una vez y medio el interés bancario corriente.
Para establecer el interés bancario corriente en cada período se tomará como fuente la tasa que fue certificada por la Superintendencia Bancaria —hoy Superintendencia Financiera de Colombia— para el respectivo período mensual o trimestral en cual estuvo vigente la respectiva certificación, según se establece en el cuadro a continuación:
Liquidación de intereses moratorios equivalentes a una vez y media la tasa de interés bancario corriente
Capital: $ 422.940.575.
Resolución(23) Vigente desde Vigente hasta Tasa de interés bancario corriente (anual), certificado en la respectiva resolución Una vez y media la tasa de interés bancario corriente (x 1,5) Tasa efectiva de una vez y medio /100/No. de días del respectivo año) Días del período respectivo Días >del año Capital x (tasa efectiva/No. días del respectivo año) Capital x (tasa efectiva/días año) x número de días del respectivo periodo(24)
848 14-jun-00 30-jun-00 19,77% 29,66% 0,0008 15 366 342685,87 5.482.973,88
1019 01-jul-00 31-jul-00 19,44% 29,16% 0,0008 31 366 336965,77 10.445.938,86
1201 01-ago-00 31-ago-00 19,92% 29,88% 0,0008 31 366 345285,91 10.703.863,27
1345 01-sep-00 30-sep-00 22,93% 34,40% 0,0009 30 366 397460,14 11.923.804,16
1492 01-oct-00 31-oct-00 23,08% 34,62% 0,0009 31 366 400060,18 12.401.865,68
1666 01-nov-00 30-nov-00 23,80% 35,70% 0,0010 30 366 412540,40 12.376.211,91
1847 01-dic-00 31-dic-00 23,69% 35,54% 0,0010 31 366 410633,70 12.729.644,63
2030 01-ene-01 31-ene-01 24,16% 36,24% 0,0010 31 365 419927,85 13.017.763,28
90 01-feb-01 28-feb-01 26,03% 39,05% 0,0011 28 365 452430,54 12.668.055,15
202 01-mar-01 31-mar-01 25,11% 37,67% 0,0010 31 365 436439,91 13.529.637,25
319 01-abr-01 30-abr-01 24,83% 37,25% 0,0010 30 365 431573,20 12.947.195,93
426 01-may-01 31-may-01 24,24% 36,36% 0,0010 31 365 421318,34 13.060.868,45
536 01-jun-01 30-jun-01 25,17% 37,76% 0,0010 30 365 437482,78 13.124.483,35
669 01-jul-01 31-jul-01 26,08% 39,12% 0,0011 31 365 453299,60 14.052.287,51
818 01-ago-01 31-ago-01 24,25% 36,38% 0,0010 31 365 421492,15 13.066.256,60
954 01-sep-01 30-sep-01 23,06% 34,59% 0,0009 30 365 400808,62 12.024.258,48
1090 01-oct-01 31-oct-01 23,22% 34,83% 0,0010 31 365 403589,60 12.511.277,45
1224 01-nov-01 30-nov-01 22,98% 34,47% 0,0009 30 365 399418,13 11.982.543,80
1380 01-dic-01 31-dic-01 22,48% 33,72% 0,0009 31 365 390727,57 12.112.554,57
1544 01-ene-02 31-ene-02 22,81% 34,22% 0,0009 31 365 396463,34 12.290.363,42
93 01-feb-02 28-feb-02 22,35% 33,53% 0,0009 28 365 388468,02 10.877.104,60
239 01-mar-02 31-mar-02 20,97% 31,46% 0,0009 31 365 364482,08 11.298.944,37
366 01-abr-02 30-abr-02 21,03% 31,55% 0,0009 30 365 365524,94 10.965.748,31
476 01-may-02 31-may-02 20,00% 30,00% 0,0008 31 365 347622,39 10.776.294,10
585 01-jun-02 30-jun-02 19,96% 29,94% 0,0008 30 365 346927,15 10.407.814,37
726 01-jul-02 31-jul-02 19,77% 29,66% 0,0008 31 365 343624,73 10.652.366,72
847 01-ago-02 31-ago-02 20,01% 30,02% 0,0008 31 365 347796,20 10.781.682,25
966 01-sep-02 30-sep-02 20,18% 30,27% 0,0008 30 365 350750,99 10.522.529,76
1106 01-oct-02 31-oct-02 20,30% 30,45% 0,0008 31 365 352836,73 10.937.938,51
1247 01-nov-02 30-nov-02 19,76% 29,64% 0,0008 30 365 343450,92 10.303.527,65
1368 01-dic-02 31-dic-02 19,69% 29,54% 0,0008 31 365 342234,24 10.609.261,54
1557 01-ene-03 31-ene-03 19,64% 29,46% 0,0008 31 365 341365,19 10.582.320,81
69 01-feb-03 28-feb-03 19,78% 29,67% 0,0008 28 365 343798,54 9.626.359,24
195 01-mar-03 31-mar-03 19,49% 29,24% 0,0008 31 365 338758,02 10.501.498,60
290 01-abr-03 30-abr-03 19,81% 29,72% 0,0008 30 365 344319,98 10.329.599,33
386 01-may-03 31-may-03 19,89% 29,84% 0,0008 31 365 345710,47 10.717.024,49
521 01-jun-03 30-jun-03 19,20% 28,80% 0,0008 30 365 333717,49 10.011.524,84
636 01-jul-03 31-jul-03 19,44% 29,16% 0,0008 31 365 337888,96 10.474.557,87
772 01-ago-03 31-ago-03 19,88% 29,82% 0,0008 31 365 345536,66 10.711.636,34
881 01-sep-03 30-sep-03 20,12% 30,18% 0,0008 30 365 349708,12 10.491.243,74
1038 01-oct-03 31-oct-03 20,04% 30,06% 0,0008 31 365 348317,64 10.797.846,69
1152 01-nov-03 30-nov-03 19,87% 29,81% 0,0008 30 365 345362,84 10.360.885,35
1315 01-dic-03 31-dic-03 19,81% 29,72% 0,0008 31 365 344319,98 10.673.919,31
1531 01-ene-04 31-ene-04 19,67% 29,51% 0,0008 31 366 340952,50 10.569.527,64
68 01-feb-04 29-feb-04 19,74% 29,61% 0,0008 29 366 342165,86 9.922.809,90
155 01-mar-04 31-mar-04 19,80% 29,70% 0,0008 31 366 343205,88 10.639.382,17
257 01-abr-04 30-abr-04 19,78% 29,67% 0,0008 30 366 342859,20 10.285.776,11
1128 01-may-04 31-may-04 19,71% 29,57% 0,0008 31 366 341645,85 10.591.021,34
1228 01-jun-04 30-jun-04 19,67% 29,51% 0,0008 30 366 340952,50 10.228.575,14
1337 01-jul-04 31-jul-04 19,44% 29,16% 0,0008 31 366 336965,77 10.445.938,86
1438 01-ago-04 31-ago-04 19,28% 28,92% 0,0008 31 366 334192,39 10.359.964,05
1527 01-sep-04 30-sep-04 19,50% 29,25% 0,0008 30 366 338005,79 10.140.173,62
1648 01-oct-04 31-oct-04 19,09% 28,64% 0,0008 31 366 330899,00 10.257.868,97
1753 01-nov-04 30-nov-04 19,59% 29,39% 0,0008 30 366 339565,81 10.186.974,42
1890 01-dic-04 31-dic-04 19,49% 29,24% 0,0008 31 366 337832,45 10.472.805,98
2037 01-ene-05 31-ene-05 19,45% 29,18% 0,0008 31 365 338062,77 10.479.946,01
266 01-feb-05 28-feb-05 19,40% 29,10% 0,0008 28 365 337193,72 9.441.424,12
386 01-mar-05 31-mar-05 19,15% 28,73% 0,0008 31 365 332848,44 10.318.301,60
567 01-abr-05 30-abr-05 19,19% 28,79% 0,0008 30 365 333543,68 10.006.310,51
663 01-may-05 31-may-05 19,02% 28,53% 0,0008 31 365 330588,89 10.248.255,69
803 01-jun-05 30-jun-05 18,85% 28,28% 0,0008 30 365 327634,10 9.829.023,09
948 01-jul-05 31-jul-05 18,50% 27,75% 0,0008 31 365 321550,71 9.968.072,05
1101 01-ago-05 31-ago-05 18,24% 27,36% 0,0007 31 365 317031,62 9.827.980,22
1257 01-sep-05 30-sep-05 18,22% 27,33% 0,0007 30 365 316684,00 9.500.519,93
1487 01-oct-05 31-oct-05 17,93% 26,90% 0,0007 31 365 311643,47 9.660.947,66
1690 01-nov-05 30-nov-05 17,81% 26,72% 0,0007 30 365 309557,74 9.286.732,16
8 01-dic-05 31-dic-05 17,49% 26,24% 0,0007 31 365 303995,78 9.423.869,19
290 01-ene-06 31-ene-06 17,35% 26,03% 0,0007 31 365 301562,42 9.348.435,13
206 01-feb-06 28-feb-06 17,51% 26,27% 0,0007 28 365 304343,40 8.521.615,28
349 01-mar-06 31-mar-06 17,25% 25,88% 0,0007 31 365 299824,31 9.294.553,66
633 01-abr-06 30-abr-06 16,75% 25,13% 0,0007 30 365 291133,75 8.734.012,56
748 01-may-06 31-may-06 16,07% 24,11% 0,0007 31 365 279314,59 8.658.752,31
887 01-jun-06 30-jun-06 15,61% 23,42% 0,0006 30 365 271319,28 8.139.578,27
1103 01-jul-06 31-jul-06 15,08% 22,62% 0,0006 31 365 262107,28 8.125.325,75
1305 01-ago-06 31-ago-06 15,02% 22,53% 0,0006 31 365 261064,42 8.092.996,87
1468 01-sep-06 30-sep-06 15,05% 22,58% 0,0006 30 365 261585,85 7.847.575,46
1715 01-oct-06 31-dic-06 15,07% 22,61% 0,0006 31 365 261933,47 8.119.937,61
2441 01-ene-07 04-ene-07 11,07% 16,61% 0,0005 4 365 192408,99 769.635,97
8 05-ene-07 31-mar-07 13,83% 20,75% 0,0006 26 365 240380,88 6.249.902,96
428 01-abr-07 30-jun-07 16,75% 25,13% 0,0007 91 365 291133,75 26.493.171,43
1086 01-jul-07 30-sep-07 19,01% 28,52% 0,0008 92 365 330415,08 30.398.187,55
1742 01-oct-07 31-dic-07 21,26% 31,89% 0,0009 91 365 369522,60 33.626.556,69
2366 01-ene-08 31-mar-08 21,83% 32,75% 0,0009 90 366 378393,15 34.055.383,10
474 01-abr-08 30-jun-08 21,92% 32,88% 0,0009 91 366 379953,17 34.575.738,68
1011 01-jul-08 30-sep-08 21,51% 32,27% 0,0009 92 366 372846,38 34.301.867,32
1555 01-oct-08 31-dic-08 21,02% 31,53% 0,0009 91 366 364352,91 33.156.114,37
2163 01-ene-09 31-mar-09 20,47% 30,71% 0,0008 89 365 355791,52 31.665.444,98
388 01-abr-09 30-jun-09 20,28% 30,42% 0,0008 91 365 352489,10 32.076.508,45
937 01-jul-09 30-sep-09 18,65% 27,98% 0,0008 92 365 324157,88 29.822.524,87
1486 01-oct-09 31-dic-09 17,28% 25,92% 0,0007 91 365 300345,75 27.331.462,82
2039 01-ene-10 31-mar-10 16,14% 24,21% 0,0007 89 365 280531,27 24.967.282,95
699 01-abr-10 30-jun-10 15,31% 22,97% 0,0006 91 365 266104,94 24.215.549,53
1311 01-jul-10 30-sep-10 14,94% 22,41% 0,0006 92 365 259673,93 23.890.001,16
1920 01-oct-10 31-dic-10 14,21% 21,32% 0,0006 91 365 246985,71 22.475.699,46
2476 01-ene-11 31-mar-11 15,61% 23,42% 0,0006 89 365 271319,28 24.147.415,54
487 01-abr-11 30-jun-11 17,69% 26,54% 0,0007 91 365 307472,00 27.979.952,39
1047 01-jul-11 30-sep-11 18,63% 27,95% 0,0008 92 365 323810,26 29.790.543,61
1684 01-oct-11 31-dic-11 19,39% 29,09% 0,0008 91 365 337019,91 30.668.811,58
2336 01-ene-12 31-mar-12 19,92% 29,88% 0,0008 89 366 345285,91 30.730.446,17
465 01-abr-12 30-jun-12 20,52% 30,78% 0,0008 91 366 355686,09 32.367.434,20
984 01-jul-12 30-sep-12 20,86% 31,29% 0,0009 92 366 361579,52 33.265.316,24
1528 01-oct-12 31-dic-12 20,89% 31,34% 0,0009 91 366 362099,53 32.951.057,53
2200 01-ene-13 31-mar-13 20,75% 31,13% 0,0009 90 365 360658,23 32.459.240,70
605 01-abr-13 30-jun-13 20,83% 31,25% 0,0009 91 365 362048,72 32.946.433,48
1192 01-jul-13 24-jul-13 20,34% 30,51% 0,0008 13 365 353531,97 4.595.915,62
Total intereses de mora causados $ 1.585.515.922,44
En consecuencia, el monto total a reconocer por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte —IDRD—, es el valor de las mejoras de acuerdo con la condena de primera instancia, más los intereses moratorios causados de acuerdo con la liquidación antecedente, así:
$ 422.940.575 + $ $ 1.585.515.922,44 = $ 2.008.456.497,44
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el doce (12) de diciembre de dos mil tres (2003), por las razones expuestas.
2. CONDENAR al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte —IDRD— al pago de dos mil ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos moneda corriente con cuarenta y cuatro centavos ($ 2.008.456.497,44) la cual corresponde al valor a pagar por concepto de las mejoras más intereses moratorios causados desde el 14 de junio de 2000 y hasta la fecha de la presente sentencia.
3. DISPONER el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
(4)(sic).
(5) En el acuerdo de reconocimiento de mejoras las partes llegaron a acuerdo de terminación con el reconocimiento de las respectivas mejoras.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 16256, Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(7) La Ley 80 de 1993 recogió esta pauta jurisprudencial al establecer en el artículo 60 que el término para liquidar el contrato debe fijarse “en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga”.
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de agosto de 2001, expediente 14384, Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(9) Artículo 168, Código Contencioso Administrativo: “Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.
(10) Sobre la filosofía que inspiró la redacción del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ver: Parra Quijano, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007, pág. 245.
(11) Artículo 253, Código de Procedimiento Civil: “Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento”.
(12) El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que se invoca en este caso para el análisis de las copias de documentos privados, corresponde al texto vigente para el día 30 de marzo de 2000, fecha del auto que decretó las pruebas en el presente proceso. No obstante se advierte que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil fue modificado por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, a cuyo tenor: “En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva”.
De esta manera, las copias de los documentos privados se presumen auténticas bajo el nuevo régimen probatorio de acuerdo con la Ley 1395 de 2010. No sobra anotar que el artículo 11 citado, aplica de forma inmediata, a partir de su vigencia (jul. 12/2010), teniendo en cuenta en cada caso la fecha en que fue decretada la respectiva prueba de conformidad con los artículos 39 y 40 de la Ley 153 de 1887 que prescriben, en su orden:
(13) Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 11 de septiembre de 1984, sin referencia de ponente.
(14) Reglas que aun cuando se encuentran consagradas en el Código Civil resultan plenamente aplicables en materia comercial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, a cuyo tenor:
(15) El IDRD solicitó complementar el primer informe de avalúo de fecha 23 de junio de 2000, el día 15 de septiembre de 2000 y por su parte la Federación Colombiana de Tiro y Caza hizo observaciones al primer informe de avalúo el día 9 de noviembre de 2000, según se lee en la comunicación de la Lonja de Propiedad Raíz 744 de marzo 15 de 2001 (fls. 121 a 129, cdno. 2).
(16) Folios 68 a 70, cuaderno 2.
(17) Corte Constitucional. Sentencia C-583 del 13 de noviembre de 1997.
(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de julio 18 de 2002, expediente 19700, C.P. Alier Eduardo Hernández Henríquez.
(19) Folio 153 y 154, cuaderno 2. Se observa que la suma mencionada en esta comunicación presenta un error, matemático o de concepto, toda vez que el avalúo final se presentó por la suma de $ 497’577.147 de manera que el 85% correspondía a $ 422’940.575,95, además de que sobre la cifra citada el IDRD invocó nuevamente una deducción del 15%.
(20) De acuerdo con el parágrafo segundo, cláusula primera del acuerdo de reconocimiento de mejoras, estipulación que se aplica de preferencia a la tasa del numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario 679 de 1994 (12% del valor histórico actualizado) cuyos dictados son de carácter supletivo “en caso de no haberse pactado intereses moratorios”, amén de que la tasa aplicada en este caso corresponde a la máxima legal permitida.
(21) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 14 de abril de 2010, radicación 25000-23-26-000-1997-03663-01(17214), Actor: Federico Saúl Sánchez Malagón, Demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Obras Públicas.
(22) De conformidad con el acuerdo de reconocimiento de mejoras suscrito el 14 de junio de 2000, el pago debía hacerse dentro del plazo de 60 días a partir de la firma del mismo, para cuyo cómputo se aplica el artículo 67 del Código Civil, así:
“Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la media noche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal”.
“PAR. SEGUNDO.—En caso que el instituto no cancele la suma adeudada, dentro del plazo estipulado, reconocerá intereses moratorios, equivalentes a una vez y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria”.
(23) Fuente: Superifinanciera.gov.co/cifras/informaciónmensual/intereses.
(24) Equivale a la fórmula de liquidar el interés moratorio diariamente a la tasa efectiva diaria equivalente, así: Interés de mora = Capital (tasa de interés efectiva pactada / 365 o 366 según número de días del año) x número de días del periodo que se liquida. Se tiene en cuenta que la tasa de interés se divide por 100 en cuanto se encuentra expresada en términos porcentuales. Esta fórmula es similar a la adoptada en la Circular 3 de 2013 de la DIAN, la cual en ese caso se expresa en términos de tasa diaria equivalente con base en períodos de 366 días, así: Interés de mora = Capital x (tasa efectiva/366) x n, aplicable para obligaciones tributarias que se liquidan a la tasa máxima de usura de acuerdo con el actual artículo 635 del estatuto tributario.

References: ARTÍCULO 136
 ARTÍCULO 23
 ARTÍCULO 44
 artículo 184
 artículo 1546
 artículo 75
 artículo 16
 artículo 136
 artículo 23
 artículo 44
 resolución 
 artículo 168
 artículo 253
 artículo 254
 artículo 41
 artículo 4
 artículo 38
 artículo 4
 artículo 884
 artículo 1617
 artículo 4
 resolución 
 artículo 60
 Artículo 168
 artículo 177
 Artículo 253
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 822
 artículo 4
 artículo 67
 artículo 635