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VOTO Nº TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del tres de agosto de dos mil cuatro. - PDF
VOTO Nº TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del tres de agosto de dos mil cuatro.
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Lourdes Blanco Moya
1 Expediente No TRA-PJ Gestión Administrativa José Manuel Venegas Rojas, Apelante Registro de Personas Jurídicas (Expte. Nº RPJ ) VOTO Nº TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del tres de agosto de dos mil cuatro. Visto el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado José Manuel Venegas Rojas, mayor de edad, abogado y empresario, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos noventa-seiscientos seis, en su calidad de accionista y Presidente registral de la sociedad Avícola Huevo de Oro Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tresciento uno-doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las ocho horas con cuarenta y un minutos del veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, dentro de la Gestión Administrativa formulada por él para el rechazo de la inscripción del documento presentado ante ese Registro bajo el Tomo quinientos treinta y dos (532), Asiento quince mil setecientos treinta y seis (15736) del Diario, referente a la protocolización de un acta de asamblea general de accionistas de la sociedad antes dicha. RESULTANDO PRIMERO: El Licenciado José Manuel Venegas Rojas formuló ante la Dirección de Personas Jurídicas y en fecha trece de abril de dos mil cuatro, una Gestión Administrativa con el propósito de que el Registro de Personas Jurídicas rechace la inscripción del documento presentado en el Diario bajo el Tomo quinientos treinta y dos (532), Asiento quince mil setecientos treinta y seis (15736), referente a la protocolización de un acta de asamblea general de accionistas de la sociedad Avícola Huevo de Oro Sociedad Anónima, de la cual él forma parte como accionista, argumentado para ello, que ha interpuesto un proceso de impugnación y nulidad de
2 acuerdos tomados en una Asamblea General de Socios ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Alajuela, en razón de que éstos acuerdos son incompatibles con la naturaleza de una sociedad anónima y que esas disposiciones violan la protección de los acreedores de la sociedad, de los intereses de la misma sociedad, y de él como socio y empresario. SEGUNDO: El Registro de Personas Jurídicas dio curso y trámite a dicha gestión, y mediante la resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y un minutos del veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, dispuso, en lo que interesa, rechazar la presente gestión administrativa por resultar improcedente, Ordenar [sic] la cancelación de la marginal de advertencia consignada de manera preventiva al margen del documento presentado al Diario de este Registro bajo el asiento quince mil setecientos treinta y seis (15736), tomo quinientos treinta y dos (532). Y proceder a la inscripción del citado documento, siempre y cuando el mismo no adolezca de defecto alguno. TERCERO: Inconforme con dicho fallo, el Licenciado Venegas Rojas planteó Recurso de Apelación, alegando que la resolución apelada no se refirió a ninguno de los puntos que expuso él en su escrito inicial para oponerse a la inscripción del documento aludido, por no ser éste, según su criterio, susceptible de inscripción por la violación del artículo 174 del Código de Comercio. Además, alega el apelante, que la notaria autorizante de ese documento incumplió con sus deberes fedatarios y que el Registro dejó de aplicar el artículo 34 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público. Solicita que se revoque lo resuelto y se mantenga la nota de advertencia consignada en forma interlocutoria. CUARTO: Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de estas diligencias. La resolución se dicta dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor. CONSIDERANDO: PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Se aprueban los hechos que como probados se tienen en la resolución apelada
3 SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No existen de importancia que enunciar para el dictado de la presente resolución. TERCERO: SOBRE EL FONDO. 1.-)- Hecho el análisis respectivo, y por corresponderle a este Tribunal ejercer el debido control de la legalidad de las resoluciones definitivas dictadas por los Registros que conforman el Registro Nacional, tal como lo estipula el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Nº 8039 del 12 de octubre de 2000, habrá que declarar necesariamente la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto, por cuanto lo gestionado por el Licenciado José Manuel Venegas Rojas, no sólo carece de fundamento legal, sino que, contraviene el artículo 1º de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público Nº 3883 del 30 de mayo de 1967, el que y en lo que interesa indica: El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. (la negrita no es del original. 2.-) -El numeral citado es claro al indicar, que la finalidad del Registro Público en lo que se refiere al trámite de documentos es inscribirlos, por lo que, no es posible la objeción a la inscripción de documentos por parte de persona diferente al calificador de ese documento, alegando defectos diferentes de los que se relacionen con los requisitos que exijan las leyes o los reglamentos, ya sean por la forma, por el fondo, o por la evidente contradicción entre los datos que constan en los asientos registrales y los que se pretenden inscribir, tal como lo preceptúan los artículos 1, 4º y 6º de la ya citada Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público. De esto se colige, que para su debida inscripción, los documentos que se presentan al Registro deben cumplir necesariamente con los requisitos formales y sustantivos establecidos por ley, no pudiendo el registrador entrar a emitir un juicio de fondo en cuanto a la validez en sí del acto o contrato, independientemente de su criterio respecto de las consecuencias que lo pactado pudiere tener entre las partes o frente a terceros. Por tal razón, la función calificadora del Registro, prevista y regulada en el artículo 27 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, y en los artículos 34, 35 y 43 del Reglamento del Reglamento del Registro Público, que es Decreto Ejecutivo Nº J del 18 de febrero de 1998, requiere que, de previo a la inscripción de un documento, el Registro a través del funcionario respectivo, realice un examen o cesura con el fin de verificar que los documentos que se le presenten constituyan - 3 -
4 títulos válidos y perfectos, porque los asientos deben ser exactos y concordantes con la realidad jurídica que de ellos se desprende, ateniéndose para dicha tarea a lo que resulte del título, y en general también, a toda la información que conste en ese Registro. Pasado ese examen, y siendo favorable la calificación, el Registrador o calificador debe inscribir el documento, siendo esta función congruente con la razón de ser del Registro contemplado en el artículo 1 supra dicho. 3.) De lo expuesto, y para lo que interesa en este asunto, se puede afirmar que la actividad registral presenta dos hitos o fases: uno es el de la calificación, y el otro es el de la inscripción, y que con ocasión de ambos se suelen presentar vicisitudes que pueden provocar la inconformidad de los particulares. Respecto de lo primero, de la calificación, lo que la normativa prevé es que: Si el interesado no se conformare con la calificación que de un documento haga el Registrador General podrá, en cualquier tiempo, promover el ocurso respectivo, exponiendo por escrito los motivos y razones legales en que se apoya al solicitar se revoque la orden de suspensión o bien la denegación formal de la inscripción. El ocurso procederá también porque el Registrador se niegue a inscribir documentos por motivos de derechos de registro o impuestos. (art. 18 de la citada Ley Sobre Inscripción de documentos en el Registro Público), trámite que, tal como se consignó, resulta procedente únicamente cuando el Registro haya determinado algún defecto del documento que impide su inscripción. Respecto de la fase de inscripción, hay que señalar que a pesar de las previsiones que pueden ser tomadas, el actuar del Registro Público no es infalible, razón por la cual los artículos del 84 al 86 de su Reglamento, prevén la hipótesis del error registral, sean éste, material o conceptual cometido al momento de la inscripción de un documento, estableciendo el artículo 87 ibidem, que en tal caso los Registradores podrán corregir bajo su responsabilidad, los errores cometidos, acotando que, en caso de que esa corrección pueda causar algún perjuicio a terceros, se deba iniciar de oficio o a instancia de parte, una gestión administrativa, diligencia que se encuentra prevista en los numerales del 92 al 101 del Reglamento citado, y que tendrá como resultado la inclusión de una nota de advertencia que puede implicar luego la inmovilización del asiento de que se trate, y que constituye una medida cautelar que detiene cualquier otra inscripción, la que se mantendrá hasta tanto el error no sea dilucidado por un acuerdo suscrito entre los interesados o en la vía judicial. 4.-) Partiendo de lo expuesto, y en el caso bajo examen, el Registro no ha objetado la validez del documento presentado al Diario al tomo quinientos treinta y dos (532), asiento quince mil setecientos treinta y seis (15736), ni tampoco ese documento se encuentra inscrito, lo que significa que, no sólo no es posible dar trámite a un ocurso (que no es este el caso de marras), sino que, - 4 -
5 tampoco es posible que se diera trámite a una gestión administrativa como la instaurada por el Licenciado Venegas Rojas, que resulta evidentemente prematura, porque el documento que él ha tildado como defectuoso no está inscrito, amén de injustificada, porque por propia manifestación del apelante asentada en su escrito inicial, ya él procedió en sede judicial a plantear la acción de nulidad prevista en el ordinal 177 del Código de Comercio. Corolario de esto, mal hizo el Registro al haber dado curso a la gestión planteada por el recurrente, pues con fundamento en la normativa citada, carece de base legal para interponer la misma. En virtud de lo expuesto y normativa citada, se impone declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el a quo, a partir de la resolución dictada a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintidós de abril de dos mil cuatro, para que en su lugar, proceda el Registro a resolver conforme a lo que resulta de su competencia. POR TANTO: Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el a quo a partir de la resolución dictada a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintidós de abril de dos mil cuatro. Proceda el Registro a resolver conforme a lo que resulta de su competencia. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. Lic. Luis Jiménez Sancho Licda. Jenny Herrera Alpízar Lic. Guillermo Castro Rodríguez Licda. Guadalupe Ortiz Mora Lic. William M4ontero Estrada - 5 -
VOTO Nº 304-2006. TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veintiséis de setiembre de dos mil seis.
Expediente Nº: 2006-0118-TRA-PI Solicitud de inscripción de la marca: PURA VIDA (Diseño) Distribuidora Norte Sur de Costa Rica Sociedad Anónima, Apelante Registro de la Propiedad Industrial (Expediente
VOTO º 111-2006. TRIBU AL REGISTRAL ADMI ISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mis seis.
Expediente º 2005-0307-TRA-BI Gestión Administrativa de Oficio T& T Tico Vistas Terramare E Cielo, S.A. y Lic. Diego Vargas Gould, Apelante Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles Exp. Origen
VOTO o. 082-2006. TRIBU AL REGISTRAL ADMI ISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con treinta minutos del tres de abril de dos mil seis.
Expediente º 2005-0300-TRA-BI Gestión Administrativa Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Apelante Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles (Exp Origen º 239-2005) VOTO o. 082-2006 TRIBU

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 174
 artículo 34
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 87
 resolución 
 resolución 
 resolución