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﻿ Sentencia 2007-00366 de enero 27 de 2011
SENTENCIA 2007-00366 DE 27 DE ENERO DE 2011
CONTENIDO:DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA LOS CONGRESISTAS. EL HECHO DE SER BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN NO IMPLICA PER SE, QUE LA PENSIÓN SE LIQUIDE ATENDIENDO LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 4ª DE 1992 Y DEL DECRETO 1359 DE 1993 PORQUE PARA ELLO DEBE REVISARSE SI LA PERSONA CUMPLE LAS CONDICIONES PROPIAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL QUE PRETENDE SE LE APLIQUE, EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE CONGRESISTAS REQUIERE COMO CONDICIÓN NECESARIA PARA ADQUIRIR EL DERECHO A LA PENSIÓN, EL TENER LA CALIDAD DE CONGRESISTA Y ESTA CONDICIÓN NO PUEDE SER SUPLIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO, RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESISTA, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN
Sentencia 2007-00366 de enero 27 de 2011
Rad.: 25000-23-25-000-2007-00366-01(0102-2010)
Actor: Stella Silva de Olano
Debe la Sala determinar si la actora tiene derecho a que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República le reconozca la pensión de jubilación teniendo en cuenta que el causante desempeñó el cargo de senador suplente en los períodos 27 de abril de 1959 hasta al 20 de mayo de 1959, 20 de julio de 1959 al 16 de diciembre de 1959 y como Senador del 20 de julio de 1962 hasta el 16 de diciembre de 1963.
Para ello deberá decidir la Sala sobre la legalidad de las resoluciones 538 de 25 de marzo de 2004; 2335 de 6 de diciembre de 2006; y 331 de 19 de febrero de 2007 proferidas por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, que resolvió negar la conmutación pensional reconocida por Cajanal al causante Alberto Olano Valderrama y el reajuste especial, peticiones formuladas por la demandante en su condición de cónyuge supérstite y beneficiaria de esa prestación.
La Ley 33 de 1985 creó el Fondo de Previsión Social del Congreso y en su artículo 15 precisó que, además de la función que la ley señala a los organismos de previsión social, el fondo efectuará el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los congresistas de los empleados del Congreso y de los empleados del mismo fondo.
Mediante el Decreto 2837 de 1986, se expidió el Reglamento General del Fondo de Previsión Social del Congreso, por ello, en cumplimiento del mandato antes aludido debía asumir el pago de las prestaciones de los ex congresistas y ex empleados del Congreso.
En el folio 22 del cuaderno 2, obra la partida de bautismo donde consta que el causante Carlos Alberto Olano Valderrama nació el 7 de agosto de 1908 en Belén (Boyacá).
El Senado de la República certificó que el señor Carlos Alberto Olano Valderrama fue elegido como Senador por el período 1962-1966 (fl. 152 cdno. 2).
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a folio 36 del cuaderno 2, certificó que el causante Carlos Alberto Olano Valderrama fue Ministro de trabajo desde el 16 de septiembre de 1965 hasta el 7 de agosto de 1966.
A folios 68-71, obra copia de la Resolución 6587 de 1966 donde la Caja Nacional de Previsión Social reconoció y ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación al señor Carlos Alberto Olano Valderrama, esposo fallecido de la demandante; y a folio 48 del cuaderno 2, obra copia de la Resolución 6836 de 1994 donde la entidad sustituye la pensión del causante a la demandante.
La Notaría 32 de Bogotá expidió registro de defunción donde consta que el causante falleció el 2 de marzo de 1993 (fl. 24, cdno. 2).
Copia de la Resolución 538 de 25 de marzo de 2004 proferida por el fondo de previsión social del Congreso de la República, por medio de la cual se le negó la solicitud de conmutación pensional a la actora por no acreditar los requisitos exigidos por las normas, obra a folios 3-4A.
La actora interpuso acción de tutela solicitando la conmutación pensional, ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien solo amparó el derecho de petición y ordenó resolver de fondo la solicitud de la actora, orden que fue acatada por la entidad por medio de la Resolución 2335 de 6 de diciembre de 2006 negando la conmutación pensional reconocida por Cajanal al señor Alberto Olano Valderrama (fls. 5-8).
Contra la anterior decisión (fls. 9-12), la actora interpuso recurso de reposición que fue resuelto por la entidad a través de la Resolución 331 de 19 de febrero de 2007 confirmando la decisión anterior.
Para resolver el presente asunto la Sala abordará los siguientes aspectos: 1. Régimen Especial de los Congresistas; 2. Del Régimen de Transición para los congresistas; 3. Régimen anterior de los congresistas y su aplicabilidad al causante; 4. Marco normativo del reajuste pensional especial aplicable a los congresistas pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992; 5. De la conmutación pensional; y 6. Conclusión final.
1. Régimen especial de los congresistas:
El artículo 17 de la Ley 4 de 1992 dispuso:
“ART. 1º—Ámbito de aplicación. El presente decreto establece integralmente y de manera especial, el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª. de 1992 tuvieren la calidad de senador o representante a la Cámara.
PAR.—Para efectos de lo previsto en el presente decreto y en especial de la pensión vitalicia de jubilación, las sesiones ordinarias o extraordinarias del Senado y la Cámara de Representantes en cada legislatura anual se computarán en materia de tiempo y de asignaciones, como si el congresista hubiere percibido durante los doce (12) meses del respectivo año calendario idénticas asignaciones mensuales a las devengadas en tiempo de sesiones. Si las corporaciones públicas no se hubieren reunido por cualquier causa, se aplicará el presente parágrafo para los efectos de tiempo y asignación como si dichas corporaciones hubiesen estado reunidas” (resaltado fuera de texto).
“...1. De conformidad con el artículo 150 numeral 19 literal f) de la Constitución Política corresponde al congreso dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros del Congreso Nacional.
4. En la Sentencia C-608 de 1999 la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del precepto en cita, expresamente se refiere al reconocimiento de esas pensiones a los congresistas en ejercicio y en punto al reconocimiento de gastos de representación, de salud y de algunas primas los justifica por resultar necesarios “en razón de las especialísimas funciones de los congresistas, su diversa procedencia territorial, la necesidad de sesionar ordinariamente en la capital de la república (C.P., art. 140) y la dedicación exclusiva a sus funciones por perentoria exigencia del artículo 180.1 de la Constitución” (se destaca).
Conforme al artículo 3º al fondo pensional del Congreso le corresponde otorgar a los congresistas que cumplan con los requisitos para acceder al régimen especial, las pensiones vitalicias de jubilación y de invalidez.
a. Estar afiliado a la entidad pensional del Congreso y estar efectuando cumplidamente las cotizaciones y aportes.
El parágrafo del artículo 4º, reitera la exigencia de ejercicio del cargo, al disponer que podrán acceder a tal régimen pensional aquellos congresistas que “ al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación”, siempre que cumplan las condiciones del artículo 1º de la Ley 19 de 1987. Este artículo contempla que los congresistas pensionados reincorporados al servicio que “para tomar posesión de sus cargos, hayan de renunciar temporalmente a recibir la pensión de jubilación reconocida con anterioridad, la podrán seguir percibiendo del fondo de previsión social del Congreso con derecho al respectivo reajuste, una vez suspendan o cesen en el ejercicio de sus funciones”, siempre que el lapso de vinculación al Congreso no sea inferior a un año.
Por su parte el artículo 7º del Decreto 1359 define los requisitos de quienes en su condición de senadores o representantes tienen derecho a la pensión vitalicia de jubilación. Según el artículo 8º, en armonía con el parágrafo del artículo 4º, los congresistas pensionados y vueltos a elegir, que renuncien a la pensión de jubilación ya reconocida, al terminar su gestión como congresistas podrán seguir percibiendo la pensión del fondo mencionado de conformidad con los dispuesto en el mismo decreto, siempre que hubieren adquirido el derecho según el artículo 1º de la ley 19 de 1987...” (resaltado fuera de texto).
La Corte Constitucional, al examinar la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, en la Sentencia C-608 de 1999, precisó que el régimen especial que se estableció para los congresistas está relacionado con su condición de actividad. Los siguientes apartes reafirman la anterior conclusión:
“...Es decir, para el constituyente no resulta indebido que se establezca para los miembros de la rama legislativa, habida cuenta de su función, un régimen diferente del general, aplicable a los demás servidores públicos.
El segundo aspecto tiene que ver precisamente con el período de referencia para calcular el ingreso mensual promedio de cada congresista. El legislador en las normas demandadas estima que éste debe corresponder al “último año”. De tal forma que el período para calcular el monto de la pensión no puede ser uno diferente mientras el legislador no modifique esta norma.
En efecto, lo razonable, dentro de criterios de justicia, es que el indicado promedio se establezca en relación directa y específica con la situación del congresista individualmente considerado, es decir, que él refleje lo que el aspirante a la pensión ha recibido en su caso, durante el último año. Y ello por cuanto sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un mínimo equilibrio, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que se pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado período, si el promedio personal y específico es distinto, (...). En tal caso, el promedio de quien se pensiona debe comprender tanto lo recibido en su carácter de miembro del Congreso por el tiempo en que haya ejercido y lo que había devengado dentro del año con anterioridad a ese ejercicio...”.
De lo anterior se concluye que el régimen especial de los consagrado en el Decreto 1359 de 1993 exige para su aplicación la condición de estar en servicio activo, ostentar la calidad de congresista con posterioridad al 19 de diciembre de 1992, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 4 de 1992 y, el promedio de que habla el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 solo puede interpretarse en relación directa y específica con la situación del congresista. En nuestro caso, el causante no prestó sus servicios luego de la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992.
2. Del régimen de transición para los congresistas:
“ART. 1º—Incorporación de servidores públicos. Incorpórase al sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos:
PAR.—La incorporación de los servidores públicos de que trata el presente decreto se efectuará sin perjuicio de los establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 104 de 1994, Decreto 314 de 1994 y Decreto 1359 de 1993 y las normas que los modifiquen y adicionen”.
El Decreto 1293 de 1994, invocando el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, establece así el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del fondo de previsión social del Congreso, en su artículo 1º:
“ART. 1º—Campo de aplicación. El sistema general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, se aplica a los senadores, representantes y empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso con excepción de los cubiertos por el régimen de transición previsto en el presente decreto”.
(El parágrafo puesto entre paréntesis fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sent. oct. 27/2005, expediente 11001-03-25-000-200300423-01 (5677-03), actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, M.P. Ana Margarita Olaya Forero).
Cuando el Decreto 1293 de 1994 dispuso que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica también a quienes se hubieran desempeñado como senadores o representantes, lo que previó fue que quienes tuvieran regímenes pensionales especiales se mantendrían en ellos, siempre y cuando les fueran más favorables.
El hecho de ser beneficiario del régimen de transición no implica per se, que la pensión se liquide atendiendo las previsiones del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 1359 de 1993 porque para ello debe revisarse si la persona cumple las condiciones propias del régimen especial que pretende se le aplique.
En suma, el régimen de transición de congresistas requiere como condición necesaria para adquirir el derecho a la pensión, el tener la calidad de congresista y esta condición no puede ser suplida.
Conforme a lo expuesto, según lo reglado por el artículo 1º del Decreto 1359 de 1993, no es posible aplicarle a la demandante el régimen especial de pensiones fijado para los miembros del Congreso porque este sólo “se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 tuvieran la calidad de senador o representante a la Cámara” y el causante en esa época no tuvo tal calidad.
En efecto, el causante se desempeñó como congresista suplente en las siguientes fechas: 27 de abril de 1959 hasta al 20 de mayo de 1959, 20 de julio de 1959 al 16 de diciembre de 1959 y como principal, desde el 20 de julio de 1962 hasta el 16 de diciembre de 1963 y con posterioridad a esta fecha no volvió a ostentar la condición de congresista o, por lo menos, no lo probó procesalmente, razón por la cual no le era aplicable el régimen especial de los congresistas.
3. Régimen anterior de los congresistas y su aplicabilidad al causante:
Aparece demostrado en el proceso, folios 66 a 115 del cuaderno 2, que el demandante prestó sus servicios, así:
Auxiliar escribiente del Senado
1º de agosto de 1931 al 24 de noviembre de 1931 (fl. 25). 3 24
Ayudante de la Biblioteca Nacional
6 de marzo de 1934 al 31 de diciembre de 1935 (fl. 26). 1 8 25
Fiscal del Juzgado 1º Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo
14 de julio de 1939 al 4 de julio de 1943 (fl. 43). 3 11 16
Juez 2º Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo
2 de agosto de 1943 al 15 de marzo de 1945 (fl. 43). 1 7 13
Magistrado del Tribunal Superior de Boyacá
16 de mayo de 1947 al 16 de julio de 1953 (fl. 43). 6 2
Secretario de Gobierno de Boyacá
4 de julio de 1953 al 11 de mayo de 1956 (fl. 97). 3 10 7
Cónsul General de Colombia en Montreal (Canadá)(2)
1º de agosto de 1956 al 31 de diciembre de 1957 (fl. 98). 1 5
Senador suplente por Boyacá
1º de mayo de 1959 al 20 de julio de 1959 (S.E.)
20 de julio de 1959 al 16 de diciembre de 1959 (S.O.) (fl. 101).
Senador principal por Boyacá
20 de julio de 1962 a 16 de diciembre de 1963
16 de septiembre de 1965 al 7 de agosto de 1966 (fl. 36).
La demandante pretende que se ordene la conmutación de la pensión de jubilación reconocida a su difunto esposo mediante la Resolución 6587 de 1966 donde la Caja Nacional de Previsión Social le reconoció la pensión de jubilación cuando dejó de laborar con dicha entidad territorial.
El artículo 17, literal b) de la Ley 6ª de 1945 precisó que el empleado u obrero que llegue a la edad de cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo tiene derecho al reconocimiento de una pensión vitalicia de jubilación en cuantía de las 2/3 partes del promedio de sueldos o jornales recibidos.
Este beneficio fue concedido a los miembros del Congreso por disposición del artículo 7º de la Ley 48 de 1962 y fue reiterado por el Decreto 1723 de 1964, artículo 2º, literal b), norma que además señaló la forma como debería liquidarse la pensión mensual vitalicia de jubilación.
El causante al momento en que se retiró del Congreso consolidó su estatus pensional, pero su pensión le fue liquidada como congresista.
En efecto, como se observa de la tabla de tiempos, al momento en que el causante dejó de laborar, 31 de diciembre de 1957, como Cónsul, no tenía los requisitos para ser pensionado como empleado público, pues solo tenía 19 años y 25 días de servicios y cumplió su estatus pensional después de cumplir los 50 años de edad, esto es, luego del 7 de agosto de 1958, pues nació el 7 de agosto de 1908. Es decir, para adquirir su estatus pensional completó los 20 años como Senador de la República.
4. Marco normativo del reajuste pensional especial aplicable a los congresistas pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992.
De conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19), literal e) de la Constitución Política, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992 por la cual fijó las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
PAR.—La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devengan los representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva”(3).
Analizado el texto completo de dicha normatividad se observa que los artículos 1º a 6º integran el capítulo I “Normas generales”; los artículos 7º a 9º el capítulo II “De la pensión vitalicia de jubilación”; los artículos 10 a 14 el capítulo III “Régimen de la pensión de invalidez”; el artículo 15 el capítulo IV “Régimen de sustitución pensional”; los artículos 16 y 17 el capítulo V “Régimen de reajuste pensional”; y los artículos 18 y 19 el capítulo VI “Otras disposiciones”.
Efectuada la anterior precisión, entonces, el reajuste pensional especial aplicable a los congresistas pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 se encuentra previsto en el artículo 17 del referido decreto en los siguientes términos:
Este reajuste surtirá efectos fiscales a partir de 1º de enero de 1994. El Gobierno Nacional incluirá las respectivas partidas en el proyecto de ley anual de presupuesto correspondiente a la vigencia de 1994” (negrilla fuera de texto).
Esta última disposición fue modificada por el artículo 7º del Decreto 1293 de 22 de junio de 1994 “Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”, así:
Como ya lo ha precisado esta sección, in extenso(4), mediante la Ley 4ª de 1992, y el ejecutivo, a través del Decreto 1359 de 1993, determinaron la necesidad de disminuir en alguna medida la diferencia generada entre los ex congresistas y ex magistrados pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 respecto de quienes desempeñaran los mismos cargos con posterioridad a dicha fecha, a quienes por razones objetivas se les incrementaron sus salarios y prestaciones; equiparación que no era absoluta, pues, se reitera, eran grupos diferenciados, que desempeñaron sus cargos bajo ordenamientos jurídicos diversos.
Para efectos del reajuste especial de ex congresistas aplicable a ex magistrados, ha de atenerse a lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 modificado por el artículo 7º del Decreto 1293 de 1994; esto es, el reajuste pensional al que tienen derecho por una sola vez los ex congresistas, que dicho sea de paso asciende al 50% del promedio de las pensiones devengadas por los congresistas para el año 1994.
Asimismo, es preciso resaltar que el reajuste pensional en referencia no se erige en un reconocimiento pensional diverso del que previamente le fue otorgado al beneficiario del mismo sino que, se reitera, constituye un reajuste especial previsto por el ordenamiento jurídico en consideración a la desigualdad que surgió entre el monto de las pensiones de los congresistas pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 y los que lo fueron con posterioridad a ella en atención a criterios de justicia y equidad.
5. De la conmutación pensional.
La demandante pretende que el Fondo de Previsión Social del Congreso, asuma el pago de la pensión de jubilación bajo la denominada figura conmutación pensional.
La conmutación pensional junto con la normalización pensional comportan “mecanismos que tienen la finalidad de permitir a un empleador particular o estatal que tiene obligaciones pensionales a su cargo sustituir esas obligaciones mediante un pago de capital, para que el pago de las pensiones sea asumido por una entidad del sistema de seguridad social”(5), específicamente la conmutación pensional se ha definido como “la novación legal del deudor; la empresa o patrono es sustituido por el sistema de seguridad social, el cual asume la obligación a cambio de recibir el valor total de su cálculo actuarial, y releva definitivamente a la empresa de la deuda por pensiones —la que deben serlo en su totalidad—, esto es, frente a todos los trabajadores y ciento por ciento del monto de las mesadas”(6).
Como se observa de las definiciones antes citadas la acepción de conmutación pensional no es exactamente aplicable al asunto, pues lo que la parte demandante pretende es que el fondo de previsión social del Congreso asuma una obligación que por ley le correspondería en caso de que se precise que esta entidad es la competente para continuar pagando la pensión solicitada, pero esta condición no implica la sustitución y anulación de la obligación pensional.
En el mismo sentido cabe señalar que el fondo de previsión social del Congreso cuando reconoce la prestación demandada tiene derecho a repetir en las cuotas partes a las demás entidades donde haya laborado el excongresistas o ex empleado del Congreso, de conformidad con el artículo 23 del Decreto 2837 de 1986(7), hecho que también hace inaplicable la figura de la conmutación pensional.
En suma lo que la parte demandante pretende es el reconocimiento de su pensión de jubilación en los términos que la ley establece para los congresistas, que obviamente, al ser decretada en su favor la debe continuar pagando la entidad competente, en este caso el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, la que en el presente asunto no es procedente porque cuando el causante se pensionó como congresista, la entidad obligada al pago era la Caja Nacional de Previsión Social y no el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
En efecto, el artículo 23 de la Ley 33 de 1985, prevé: Los congresistas y los empleados del Congreso pensionados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, lo seguirán siendo de las entidades de Previsión Social que les otorgaron y reconocieron su derecho”.
La demandante no tiene derecho a la conmutación pensional que percibió su difunto esposo, porque esta prestación no estaba en obligación de asumirla el Fondo de Previsión Social del Congreso y, el reajuste especial no es procedente reconocerlo porque la demandante hizo depender este reconocimiento del hecho de que se le reconociera la conmutación pensional; y, en todo caso, Fonprecon carece de legitimación en la causa por pasiva para asumir el costo de dicho reajuste especial.
De otro lado, no resulta procedente vincular en este proceso a la Caja Nacional de Previsión, para que asuma el reajuste especial antes enunciado porque, la demandante con respecto a esta entidad no agotó la vía gubernativa por el reajuste especial deprecado.
Así las cosas, las pretensiones no están llamadas a prosperar.
CONFÍRMASE, por las razones antes expuestas, la sentencia de 3 de septiembre de 2009, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Stella Silva de Olano contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
(2) En esta fecha el demandante sumaba un total de diecinueve (19) años y veinticinco (25) días de servicios.
(3) Declarado exequible por la Corte Constitucional, Sentencia C-608 de 1999.
(4) Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, Ref.: expediente 250002325000200106120 01, núm. interno: 8418-2005, Actor: Gustavo Salazar Tapiero, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(5) Arenas Monsalve, Gerardo, El derecho colombiano de la seguridad social, segunda edición, Legis, Bogotá, 2007, pág. 417.
(6) López Villegas, Eduardo. La formación y traslado de recursos para el sistema pensional. En: Libro homenaje a María del Rosario Silva y Pedro Manuel Charria. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2004, pág. 47. Citado en obra antes referida, pág. 418.
(7) La norma citada, expresamente consagra: “(...) Los servicios prestados sucesiva o alternativamente al Estado se acumularán para el cómputo del tiempo requerido para la pensión de jubilación.
En este caso el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido en cada uno de los organismos del Estado y se repetirá contra estos o la entidad de previsión respectiva”.

References: ARTÍCULO 17
 artículo 15
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 150
 artículo 180
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 279
 artículo 28
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 150
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 23