Source: https://es.scribd.com/doc/16267426/El-Derecho-a-La-Educacion-de-Las-Personas-Privadas-de-Libertad
Timestamp: 2018-07-19 02:11:01+00:00

Document:
Distr. GENERAL A/HRC/11/8 2 de abril de 2009 ESPAÑOL Original: INGLÉS
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, INCLUIDO EL DERECHO AL DESARROLLO El derecho a la educación de las personas privadas de libertad Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz*
Este documento se presenta con retraso. 020609 030609
GE.09-12761 (S)
A/HRC/11/8 página 2 Resumen Este informe se presenta de conformidad con la resolución 8/4 del Consejo de Derechos Humanos. El Relator Especial decidió dedicar el informe a la cuestión del derecho a la educación de las personas privadas de libertad, un grupo que es objeto de discriminación en general y también específicamente con respecto al acceso a la educación. Por lo general se considera que el aprendizaje en prisión por medio de programas educativos tiene repercusión en la reincidencia, la reintegración y más concretamente en las oportunidades de empleo tras la excarcelación. Sin embargo, la educación es mucho más que una herramienta para el cambio; es un imperativo en sí. Con todo, la educación presenta desafíos considerables para los reclusos debido a toda una gama de factores ambientales, sociales, institucionales e individuales. El Relator Especial se propone informar y prestar asistencia a los gobiernos y a las partes interesadas en sus esfuerzos por abordar esos factores y desarrollar prácticas óptimas a fin de que las personas privadas de libertad puedan ejercer efectivamente su derecho a la educación, el cual hasta la fecha no se ha garantizado. El presente informe se ha beneficiado en gran medida del compromiso activo y constructivo de muchos sectores interesados, tales como gobiernos, organizaciones internacionales, académicos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y reclusos. Colectivamente, éstos ofrecieron un valioso conjunto de perspectivas diferentes respecto de la educación en las prisiones, los cuales proporcionan enseñanzas a todos y constituyen la base de una serie de recomendaciones que figuran al final del presente informe. A todas esas personas y entidades que le demostraron su compromiso, el Relator Especial expresa su sincero agradecimiento.
A/HRC/11/8 página 3 ÍNDICE Párrafos I. II. INTRODUCCIÓN............................................................................ ANTECEDENTES........................................................................... A. Los recursos no explican la política.......................................... B. Aprendizaje a nivel internacional ............................................. III. FILOSOFÍAS Y SUPOSICIONES CONTRADICTORIAS ........... A. La función de las cárceles, la educación "correccional" y el derecho a la educación.............................................................. B. Participación ............................................................................. IV. V. ACONTECIMIENTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS EN EL PLANO INTERNACIONAL ........................................................... LA REALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LAS PRISIONES...... A. La privación de libertad en el mundo: niveles y tendencias .... B. Obstáculos generales para la educación en las prisiones.......... C. Discapacidades y dificultades para el aprendizaje en prisión... D. Los niños privados de libertad .................................................. E. F. VI. Programas educativos para los niños que viven en prisión con sus madres................................................................................. Las mujeres en prisión .............................................................. 1 - 4 5 - 15 12 - 13 14 - 15 16 - 20 16 - 18 19 - 20 21 - 27 28 - 52 28 - 29 30 - 34 35 - 36 37 - 42 43 - 46 47 - 52 53 - 88 56 - 69 70 - 88 89 -102 Página 4 5 6 6 7 7 8 8 11 11 11 13 14 15 17 19 20 23 26
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO ............................................ A. Respuestas de los Estados......................................................... B. Respuestas de las organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil ...........
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES....................................
A/HRC/11/8 página 4 I. INTRODUCCIÓN 1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 8/4 del Consejo de Derechos Humanos. Desde la presentación de su informe anterior, el Relator Especial realizó una misión a Guatemala (A/HRC/11/8/Add.3) y ha celebrado reuniones de trabajo con gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, sindicatos de maestros, ONG, universidades, estudiantes, niños y adolescentes e instituciones nacionales de derechos humanos en casi todas las regiones del mundo. El Relator Especial también presentó un informe a la Asamblea General en su sexagésimo tercer período de sesiones (A/63/292) y, entre otras cosas, participó en un día de debate general organizada por el Comité de los Derechos del Niño sobre el tema "La educación en situaciones de emergencia" y fue invitado a pronunciar un discurso ante la Conferencia Internacional de Educación dedicada al tema "Inclusión educativa". 2. Tras su nombramiento, el Relator Especial decidió centrar su atención en los grupos tradicionalmente marginados y vulnerables a la discriminación en el ámbito de la educación. En este contexto, se ha esforzado por determinar las causas y circunstancias de esa discriminación, así como los desafíos que han de enfrentarse para promover el ejercicio efectivo del derecho a la educación por esos grupos. 3. Las personas privadas de libertad constituyen uno de esos grupos severamente marginados que están sometidos a la violación endémica de su derecho a la educación. En el presente informe, el Relator Especial demuestra claramente la necesidad urgente de redoblar los esfuerzos por respetar, proteger y garantizar ese derecho1. Para los fines del informe, el Relator Especial centrará la atención en las personas que cumplen una condena o que están en espera de juicio en prisiones o en otras clases de instituciones correccionales y, en el caso de los solicitantes de asilo, en centros cerrados. 4. El aprendizaje en prisión por medio de programas educativos se considera por lo general una herramienta para el cambio y su valor se juzga a la luz de su repercusión en la reincidencia, la reintegración y, más concretamente, en las oportunidades de empleo tras la puesta en libertad. Sin embargo, la educación es mucho más que una herramienta para el cambio2. Es un imperativo en sí. Con todo, la educación presenta desafíos considerables para los reclusos debido a toda una gama de factores ambientales, sociales, institucionales e individuales. Estos factores y los desafíos que presentan no son insalvables.
El Relator Especial desea expresar su reconocimiento a Sarah Green y María Angélica Sepúlveda, así como al personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos encargado de apoyar su mandato, por su asistencia en la preparación del presente informe. E/CN.4/2005/50, párrs. 43 a 46.
A/HRC/11/8 página 5 II. ANTECEDENTES 5. Profundos cambios globales, sociales, políticos y económicos han tenido un fuerte impacto en todos los sistemas penitenciarios. Aunque estos sistemas varían, entre otras cosas puesto que reflejan características, idiomas, culturas, poblaciones, filosofías e instituciones políticas particulares a cada Estado, presentan rasgos a la vez semejantes y singulares. Si bien el Relator Especial no pretende ofrecer un análisis teórico de la relación entre los derechos humanos, el encarcelamiento y el castigo, desea no obstante recordar que el encarcelamiento no supone la renuncia a los derechos humanos. Uno de esos derechos inviolables, el derecho a la educación, es el asunto central del presente informe. 6. Pese a las diferencias entre los sistemas penitenciarios, es evidente que para todos ellos la participación de los reclusos en actividades educativas es un problema esencialmente complejo y que, cuando existe, se da en un medio inherentemente hostil frente a sus posibilidades liberadoras3. A menudo la insuficiencia de atención y recursos, tanto humanos como financieros, dedicados a la educación, sumada al efecto perjudicial de la privación de libertad, exacerba el ya bajo nivel de autoestima y de motivación de los reclusos que participan en esas actividades y crea considerables retos, tanto para éstos como para los administradores y el personal de las prisiones. 7. No obstante, cada vez más se reconocen las ventajas de la educación como elemento vital para fomentar la capacidad de los reclusos de desarrollar y mantener una serie de aptitudes que les permitirán aprovechar eventuales oportunidades sociales, económicas y culturales. Si bien ese reconocimiento es deseable y necesario, cabe señalar que en lo que respecta a su naturaleza, disponibilidad, calidad y tasas de participación, la educación en los establecimientos penitenciarios varía considerablemente entre las distintas regiones y al interior de éstas, los Estados e incluso las propias instituciones. Esas notorias disparidades pueden constituir discriminación y deben por tanto ser objeto de atención. 8. Mientras que esa variable situación de la educación tiende con demasiada frecuencia a oscilar entre "mala" y "muy mala", es preciso reconocer plenamente el número de programas educativos de calidad excepcional que, a la luz de las observaciones de los propios reclusos, son resultado de iniciativas individuales y de un extraordinario compromiso más que producto de la política del Estado o de una determinada institución4. 9. Aunque para la mayoría de las personas que la sufren, la privación de libertad será temporal, a menudo se olvida que las consecuencias de lo que suceda o no suceda a los que pasan por esa experiencia redundarán también en la comunidad a la que luego regresa la mayor parte de los reclusos una vez liberados5. La realidad del mundo penitenciario muestra que la
Scarfó, Francisco, Indicadores sobre las condiciones de realización del derecho a la educación en las cárceles, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 2008. Contribuciones de reclusos. Cartas de los archivos del Relator Especial. Muntingh L., "Prisons in South Africa's Constitutional Democracy", CSVR, octubre de 2007.
A/HRC/11/8 página 6 población carcelaria incluye un número desproporcionado de personas procedentes de grupos y comunidades pobres, discriminados y marginados. Como observa un recluso: "No podemos encarcelar a una persona durante muchos años sin ofrecerle posibilidades de cambio y al mismo tiempo esperar que cuando vuelva a encontrarse entre nosotros haya cambiado. En efecto, se habrá producido un cambio, pero ciertamente no el que se esperaba. Pues habremos creado a un individuo envidioso, frustrado, delirante, reprimido, iracundo y deshumanizado que sin lugar a dudas tratará de vengarse". 10. Aunque se reconozca que a menudo la privación de libertad es en sí cuestionable como medio de control social, el desafío ante nosotros es crear un ambiente para los reclusos que haga posible el cambio positivo y fomente la capacidad humana. La educación accesible, disponible, adaptable y aceptable es un elemento esencial de ese ambiente. 11. Como ha señalado un observador, "para aclarar el contenido del derecho a la educación en las instituciones penitenciarias es necesario explicar lo que estamos tratando de lograr. Creo que la meta obvia es potenciar a esas personas que están luchando para que puedan llegar a contribuir de forma significativa a la salud, el crecimiento y el desarrollo de nuestra comunidad global"3. A. Los recursos no explican la política 12. Habida cuenta de las meras tasas de encarcelamiento, no sorprende que muchos sistemas penitenciarios hayan entrado en crisis, estén generalmente hacinados y por ende carentes de recursos suficientes, y que haya una visión pesimista respecto de la posibilidad de superar el hecho objetivo de los innumerables problemas que enfrenta la gestión carcelaria. El Relator Especial estima que es importante no perder de vista que los sistemas penitenciarios, si bien son susceptibles de modificación en la práctica por el efecto de situaciones reales y difíciles, son también el resultado de la política estatal e institucional. La disponibilidad y la falta de recursos pueden afectar la aplicación de la política, pero no dictan la política6. 13. La política penitenciaria se ve influida por muchos factores, entre los cuales las normas internacionales de derechos humanos y las obligaciones resultantes para los Estados deberían ser de primera importancia. Sin embargo, existe aún una brecha inquietante y creciente entre las normativas internacionales, su aplicación y la opinión de muchos que no han experimentado la privación de libertad. B. Aprendizaje a nivel internacional 14. En años recientes se ha registrado un aumento considerable, aunque por lo general sólo en ciertos Estados, de las investigaciones relativas a los sistemas penitenciarios7. No obstante,
Véase Neale, K., "Policy and practice: international and comparative approaches to education and prison regimes", The Yearbook of Correctional Education (1989).
Sobre todo en América del Norte, el Canadá, Europa y, más recientemente, América del Sur y Sudáfrica. En otros continentes sigue existiendo un nivel muy bajo de investigación. Véase, por ejemplo, "Human rights in African prisons" (2008), HSRC, ed. Jeremy Sarkin, Ohio University Research in International Studies.
A/HRC/11/8 página 7 sigue habiendo una escasez de investigaciones y debates sobre la educación en las cárceles y más particularmente sobre la forma en que los programas educativos se conciben, financian y hacen accesibles a la población penitenciaria8. Dado el carácter universal de las normas de derechos humanos, las investigaciones de carácter internacional y comparativo sobre los regímenes carcelarios son cada vez más urgentes y los sistemas penitenciarios deben cooperar y aprender unos de otros. 15. Aunque la transferencia de prácticas comprobadas de un Estado a otro no siempre es factible ni apropiada, la transmisión de ideas y conocimientos prácticos a través de las fronteras internacionales debería permear, informar y enriquecer las prácticas largamente arraigadas3. Es en este espíritu que debe leerse el presente informe. III. FILOSOFÍAS Y SUPOSICIONES CONTRADICTORIAS A. La función de las cárceles, la educación "correccional" y el derecho a la educación 16. La educación está profundamente vinculada al lugar y al contexto en que se imparte y no puede separarse de éstos. Por lo tanto, la función de la educación en los lugares de detención debe examinarse teniendo en cuenta los objetivos más amplios de los sistemas penitenciarios, que son instituciones inherentemente coercitivas con una serie de objetivos complejos y opuestos. Esos sistemas reflejan, en distintos grados, los imperativos de castigo, disuasión, retribución y/o rehabilitación vigentes en la sociedad -todos ellos con connotaciones ambiguasy, por otra parte, un criterio administrativo centrado en la gestión de los recursos y la seguridad., Frecuentemente volcados hacia la "criminalidad" de los reclusos, los sistemas penitenciarios suelen, por tanto, ser renuentes a reconocer la humanidad, las potencialidades y los derechos humanos de esas personas. 17. En los casos en que se imparte educación, esa renuencia se ha traducido en una confusión considerable sobre la naturaleza y los objetivos de la educación y en una oscilación entre uno o varios modelos y prácticas influyentes en materia de educación con determinados objetivos concretos. A los fines del presente informe, esos modelos se denominarán el modelo "médico", "de deficiencia cognitiva" y "oportunista". En pocas palabras, el modelo médico tiende a tratar principalmente lo que se percibe como deficiencias psicológicas del delincuente; el modelo de deficiencia cognitiva se centra en la promoción del desarrollo moral y el modelo oportunista en la vinculación del aprendizaje a la formación para el empleo9. 18. Esos modelos y la práctica educativa resultante presentan ciertamente algunos aspectos positivos. Sin embargo, ninguno tiene en cuenta el concepto de dignidad humana común a todas las personas, un concepto invocado frecuentemente y de forma inequívoca en diversos
Susan Nagelsen, "Writing as a tool for constructive rehabilitation", Journal of Prisoners on Prisons, vol. 17, Nº 1, 2008.
Véase también Collins M., "Shades of the prison house: adult literacy and the correctional ethos", en Schooling in a Total Institution (1995).
A/HRC/11/8 página 8 instrumentos internacionales, regionales y nacionales. La dignidad humana, elemento central de los derechos humanos, presupone el respeto de la persona tanto en su actualidad como en su potencialidad. Dado que la educación se relaciona de modo singular y primordial con el aprendizaje, la realización del potencial y el desarrollo de la persona, la dignidad humana debería ser una preocupación fundamental en la educación en el entorno penitenciario10 y no un mero agregado utilitario que se ofrece si existen recursos para ello. La educación debería estar orientada al desarrollo integral de la persona e incluir, entre otras cosas, el acceso de los reclusos a la educación formal e informal, programas de alfabetización, educación básica, formación profesional, actividades creadoras, religiosas y culturales, educación física y deportes, educación social, educación superior y servicios de bibliotecas11. B. Participación 19. El respeto de la dignidad humana de todas las personas dentro de la comunidad -se encuentren o no detenidas- supone una participación genuina y efectiva en las decisiones que afectan nuestras vidas, en particular con respecto a la educación que se imparte. El Relator Especial reitera, aunque no debiera tener que hacerlo, que las personas privadas de libertad no pierden este derecho de participación. Es por ello que se recabó la opinión de esas personas para la elaboración del presente informe y es por ello también que debiera tenerse en cuenta su parecer al decidir la política penitenciaria relativa a la educación. A ello pueden sumarse los dictados del sentido común, expresados muy acertadamente por una persona presa en los Estados Unidos que participó en la elaboración del presente informe: "¿Quién mejor que los presos para encontrar soluciones para los problemas de la comunidad en general? ¿No están ya acostumbrados a los elementos delictivos de nuestra sociedad y los conocen bien? ¿Quién mejor para solucionar esos problemas que las personas que dieron lugar a ellos? 20. La educación no es una panacea para reparar el daño social, psicológico y físico causado por la privación de libertad. Sin embargo, puede eventualmente ofrecer oportunidades y asistencia realistas nunca antes disponibles que contribuyan a hacer efectivos los derechos y a satisfacer las necesidades de los reclusos y de nuestra comunidad en su conjunto. IV. ACONTECIMIENTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS EN EL PLANO INTERNACIONAL 21. Las cuestiones de justicia penal son principalmente objeto de la política y la legislación internas y reflejan su contexto histórico y cultural. Sin embargo, la comunidad internacional se preocupa desde hace tiempo por la humanización de la justicia penal, la protección de los derechos humanos y la importancia de la educación en el desarrollo de la persona y de la comunidad12. Esto, sumado a la consabida vulnerabilidad especial de las personas privadas de
Véase también Morin, L., "Prison education: the need for a declaration of basic principles for the treatment of prisoners", Yearbook of Correctional Education (1989), y Muntingh L., "Prisons in South Africa's constitutional democracy", CSVR, octubre de 2007. Resolución del Consejo Económico y Social, E/1990/69, art. 3 b). Ibíd.
A/HRC/11/8 página 9 libertad frente a la actuación del Estado y sus consecuencias, ha dado lugar a la elaboración de normas internacionales con objeto de afrontar los problemas de la estigmatización, la indiferencia y la marginación que con tanta frecuencia caracterizan la educación en los establecimientos penitenciarios. 22. A diferencia de muchos otros grupos que sufren discriminación, no existe un texto jurídicamente vinculante especial sobre las personas privadas de libertad, aunque recientemente se han hecho propuestas con miras a presentar a las Naciones Unidas una carta de los derechos de los reclusos13. No obstante, en 1990 la Asamblea General, en su resolución 45/111, aprobó los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, en los que señaló que: a) b) Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merece su dignidad y valor inherentes de seres humanos (art. 1); Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas (art. 5); Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana (art. 6).
23. En la actualidad es un hecho aceptado que el derecho a la educación incluye la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de la educación14. Ningún texto jurídico prevé la pérdida de ese derecho y, lo que es más importante, dicha pérdida no es un requisito de la privación de libertad. 24. Varios instrumentos internacionales se refieren específicamente a las prisiones y a las condiciones de detención y ofrecen orientaciones para una buena administración penitenciaria15. Existen numerosos instrumentos de esa índole, pero además de los Principios Básicos aprobados por la Asamblea General en 1990 (véase el párr. 22 supra), quizás los más importantes a los fines del presente informe sean las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 663 C (XXIV) de 31 de julio de 1957, y las Aprobada en la Quinta Conferencia de Jefes de Servicios Penitenciarios del África Central, Oriental y Meridional en septiembre de 2001. Véase también "Reintegration and reintegration in African prisons", Amanda Dissel, en Human Rights in African Prisons (2008), ed. Sarkin, J.
Véase E/CN.4/1999/49 y la Observación general Nº 13, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a la educación (E/C.12/1999/10). Por ejemplo, "Los derechos humanos y las prisiones", un módulo de capacitación para funcionarios de los servicios penitenciarios, que puede consultarse en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (www.ohchr.org).
A/HRC/11/8 página 10 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, de 198516. De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de la regla 77 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, "se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención… La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puestos en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación". El párrafo 2 de la regla 26 de las reglas mínimas para la administración de la justicia de menores prevé que "los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia necesaria -social, educacional, profesional, psicológica, médica y física- que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano". 25. Habida cuenta de los importantes cambios sociales que afectan a estas normas universalmente acordadas y a la administración de los establecimientos penitenciarios, así como de la necesidad de que esas normas se traduzcan en orientaciones prácticas y pertinentes para los distintos sistemas de justicia penal, ya se han establecido y siguen creándose marcos regionales17. 26. Al respecto, el Relator Especial señala la resolución 1997/36 del Consejo Económico y Social, relativa a la cooperación internacional para mejorar las condiciones penitenciarias, en la que el Consejo pidió al Secretario General que prestara asistencia a los países que lo solicitaran para mejorar las condiciones de sus cárceles, en forma de servicios de asesoramiento, evaluación de las necesidades, fortalecimiento de las capacidades y capacitación. Asimismo, invitó a otras entidades del sistema de las Naciones Unidas, incluidos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, así como a las organizaciones intergubernamentales, a que ayudaran al Secretario General a dar cumplimiento a esa solicitud. 27. Las normas jurídicas y políticas internacionales seguirán teniendo un efecto limitado mientras la comunidad internacional, cuya actuación intentan regular, no apoye plenamente los principios en que se fundan. En lo que atañe a las personas privadas de libertad, ese apoyo está tardando en llegar. La elaboración de normas internacionales jurídicamente vinculantes y de orientaciones conexas sobre la educación en los establecimientos penitenciarios es por cierto bienvenida y contribuye a documentar el debate internacional sobre el tratamiento de los Otros documentos pertinentes son el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobado por la Asamblea General en su resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988, y la Declaración de Hamburgo sobre la educación de adultos, aprobada en la Quinta Conferencia Internacional de Educación de Adultos.
Por ejemplo, en África, la Declaración de Kampala sobre las condiciones penitenciarias en África (1996), la Declaración de Arusha sobre buenas prácticas penitenciarias (1999) y la Declaración de Uagadugú para acelerar la reforma penal y penitenciaria (2002); en Europa, la recomendación (2006) 2 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre las reglas penitenciarias europeas; y en América, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, de 2008.
A/HRC/11/8 página 11 reclusos, especialmente en lo que respecta a su acceso a la educación. Pese a que los Estados han desempeñado un papel fundamental en la elaboración de esas normas, su pleno cumplimiento sigue siendo la excepción. V. LA REALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LAS PRISIONES A. La privación de libertad en el mundo: niveles y tendencias 28. No se dispone de datos precisos y sistemáticos sobre la demografía y las características de las personas privadas de libertad. No obstante, los datos de que efectivamente se dispone indican que hay más de 9,25 millones de personas presas en el mundo, ya sea en prisión preventiva o cumpliendo una condena. Casi la mitad de estas personas se encuentra en los Estados Unidos de América (2,19 millones), China (1,55 millones) y la Federación de Rusia (870.000)18. Se estima que la población carcelaria está aumentando en el 73% de los Estados, cifra que se refleja en el hacinamiento, el cual ha alcanzado, por sólo citar algunos ejemplos, el 374,5% de la capacidad en Granada, el 330% en Zambia y aproximadamente el 108% en los Estados Unidos19. 29. Los motivos del encarcelamiento son diversos y el perfil de los presos es complejo. No obstante, por lo general son reflejo de situaciones de desventaja social y de la frecuente vulnerabilidad resultante y no, como comúnmente se presume, de actos de violencia individuales y aleatorios. Dado que el encarcelamiento, por su naturaleza misma, aumenta la situación de desventaja social y la vulnerabilidad a las violaciones de los derechos, las medidas que adopten los Estados para respetar y proteger los derechos de las personas privadas de libertad son sumamente importantes. B. Obstáculos generales para la educación en las prisiones 30. Aunque a veces puede parecer que el principal obstáculo para aprovechar las posibilidades de impartir educación en las prisiones es la opinión pública, que suele desconocer la situación de los reclusos y ser indiferente a ella, la principal responsabilidad en esta esfera recae en el Estado a través de sus políticas de educación pública. Esas actitudes se ven alimentadas por la de los medios de comunicación que, a menudo mal informados y mal asesorados, informan sobre casos de justicia penal centrando casi exclusivamente la atención en hechos violentos aislados que no son representativos. La excesiva disposición de los políticos a reflejar esos temores en la política penitenciaria ha dado lugar a una renuencia a incorporar en la legislación el derecho de los reclusos a la educación y a concebir modelos de educación y enseñanza coherentes con el pleno desarrollo de la personalidad humana. En este contexto, y reconociendo que cada persona es única y tiene sus propias necesidades y experiencias de aprendizaje, las publicaciones
Los Estados Unidos también encabezan las estadísticas en cuanto a la proporción de presos en su población, con 738 por 100.000, seguida de cerca por la Federación de Rusia, con 611 por 100.000. Véase Walmsley, R., World Prison Population List (séptima edición), International Centre for Prison Studies, Kings College London.
A/HRC/11/8 página 12 especializadas suelen clasificar en tres categorías los factores que obstaculizan la educación según estén determinados por la disposición, la institución o la situación20. 31. Los obstáculos causados por problemas de disposición, internos al educando, están estrechamente relacionados con las experiencias anteriores y contemporáneas al encarcelamiento, tales como las repercusiones de una niñez en condiciones desventajosas, el fracaso escolar anterior y la baja autoestima, el uso indebido de drogas y alcohol y las discapacidades relacionadas con la comunicación, el aprendizaje y la salud mental. 32. Los obstáculos institucionales y situacionales son externos a las personas a las que se imparte la formación y quizás sean éstos quienes mejor pueden describirlos. La lista de esos obstáculos, extensa y de alcance mundial, incluye ejemplos alarmantes de casos en que la educación se ve interrumpida o terminada por caprichos personales de los administradores o funcionarios de la prisión o por frecuentes encierros en las celdas o traslados abruptos entre instituciones, así como de la falta de bibliotecas, la confiscación generalizada del escaso material escrito y educativo existente, las listas de espera de hasta tres años para acceder a los cursos y el acceso limitado y a menudo inexistente a la tecnología de la información y a la capacitación conexa, incluidas las aptitudes técnicas necesarias en la actual sociedad informatizada. Concretamente a este respecto existe la percepción de que la educación ha de considerarse en función de la gestión de la prisión y no de las necesidades y los derechos específicos de los reclusos. 33. El Relator Especial también recibió información sobre, entre otras cosas, los recortes de personal, a causa de los cuales se agrupaban alumnos de capacidades tan desiguales que las clases eran insostenibles o debían suprimirse, o no se podían celebrar exámenes por falta de personal de vigilancia; la programación deficiente del calendario de instrucción; la docencia incoherente y de baja calidad; los planes de estudio demasiado elementales, de interés nulo o inapropiados; los cursos de formación profesional obsoletos y sin perspectivas concretas; la enseñanza de competencias desfasadas; la falta de locales de aprendizaje seguros y estables; la indiferencia ante las necesidades relacionadas con discapacidades específicas; el retiro de los "privilegios" educativos como medida punitiva; la falta o el retiro de fondos públicos, en particular para la educación superior, junto con el costo prohibitivo de la autofinanciación; las "sanciones" financieras si la educación se impartía en sustitución del trabajo en la prisión; la discriminación en el acceso a la educación sobre la base del lugar de reclusión, la duración de la condena y/o la categoría de seguridad; y, como se precisará más adelante, la educación discriminatoria, inapropiada e insuficiente para las mujeres, las minorías y las personas con dificultades de aprendizaje3. 34. Cada Estado debería reconocer cuáles de esas prácticas son constantes en sus establecimientos penitenciarios. A estos efectos ya se han desplegado algunos esfuerzos. Por ejemplo, en América Latina el personal penitenciario docente ha empezado a cuestionar la pertinencia de gran parte de los planes de estudio y métodos de enseñanza a la luz de las
Scurrah, M., "Learning on the Inside in Risdon Prison", informe inédito que puede consultarse en los archivos del autor.
A/HRC/11/8 página 13 necesidades educativas de los reclusos21. En Colombia se ha introducido en el sistema penitenciario un nuevo modelo educativo con el propósito explícito de fomentar la transformación del alumno y el respeto de la dignidad, los derechos y las obligaciones de la persona22. C. Discapacidades y dificultades para el aprendizaje en prisión 35. Las personas con discapacidades o dificultades para el aprendizaje suelen ser objeto de estigmatización y discriminación, en particular con respecto a la educación23. Los sistemas penitenciarios que sistemáticamente no reconocen, entienden ni apoyan las necesidades concretas de esas personas las hacen todavía más vulnerables. Ello no es sorprendente, pues la investigación relativa a las discapacidades y dificultades para el aprendizaje en prisión se limita a unos cuantos Estados, suele ser poco concluyente y a veces contradictoria, y rara vez se refiere a la educación. 36. Lo que resulta evidente es que en muchos sistemas penitenciarios no se reconoce el hecho de que entre los reclusos hay personas con discapacidades o dificultades para el aprendizaje24 cuya proporción estimada oscila actualmente entre el 20 y el 30% o incluso el 52% de la población carcelaria25. En consecuencia, no se adopta respecto de esas personas ninguna disposición especial pese a sus necesidades complejas y sumamente diversas que requieren la cooperación entre servicios, tanto dentro como fuera de la prisión, así como un compromiso a largo plazo26. Por último, todavía no hay certeza en cuanto a la eficacia y los resultados de los programas de índole general o específica disponibles en las cárceles para las personas con
Véase Rangel, Hugo, "Mapa regional Latinoamericano sobre educación en prisiones: notas para el análisis de la situación y la problemática regionales", Eurosocial - Centro internacional de estudios pedagógicos (CIEP), 2008.
Véase, por ejemplo, Pieck Gochicoa, Enrique, El Caso de México: Actores, Escenarios y Estrategias, OCDE-FCE, México, 2005.
Véase A/HRC/4/29.
Hayes, S. (Universidad de Sydney), trabajo presentado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Atención y el Trato de los Delincuentes con Discapacidad para el Aprendizaje, 2005.
Véase Hayes, S., Shackell, P., Mottram, P. y Lancaster, R. (2007). "Prevalence of intellectual disability in a major UK prison", British Journal of Learning Disabilities, 35 (3), y Millán Contreras, A. L. y Medina Báez, S. (2008), "Causales de Deserción Escolar en el Sistema Intrapenitenciario", Revista de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, Nº 13, diciembre de 2008, Santiago de Chile. Louks, N., "No one knows: offenders with learning difficulties and learning disabilities. The prevalence and associated needs of offenders with learning difficulties and learning disabilities", Prison Reform Trust 2007.
A/HRC/11/8 página 14 discapacidades o dificultades para el aprendizaje y se sigue debatiendo sobre la conveniencia de los pocos servicios o dependencias especiales que efectivamente existen27. D. Los niños privados de libertad 37. Los niños, incluidos los jóvenes, constituyen un grupo particularmente vulnerable también como autores de delitos28. En muchos Estados han sido empujados a las calles por la pobreza, la desigualdad y la exclusión social (falta de educación, trabajo y oportunidades de esparcimiento), la disolución de la familia, la violencia, el uso indebido de drogas y la explotación. Dada su condición, lo que necesitan es atención y protección en vez del encarcelamiento29. 38. Las estadísticas relativas a las tasas de encarcelamiento de menores son escasas; sin embargo, se estima actualmente que hay en el mundo al menos 1 millón de menores presos30, de los cuales el número de niños es muy superior al de niñas31. Muchos de ellos presentan un historial de fracaso escolar32, pero todos tienen considerables necesidades educativas. No obstante, en contraste con el amplio conjunto de normas internacionales sobre justicia de menores que preconizan la educación y la rehabilitación en lugar del castigo, en general los Estados siguen dando una respuesta punitiva a los jóvenes "delincuentes", la cual se caracteriza fundamentalmente por la reclusión en instituciones29. 39. Las tasas de participación en actividades educativas durante el encarcelamiento no suelen ser objeto de seguimiento, pero cuando existen datos al respecto parece ser que varían mucho de un Estado a otro. Por ejemplo, en Chile sólo se imparte enseñanza básica al 61% y enseñanza secundaria al 35% de los niños presos33, mientras que en Inglaterra el 89% de las niñas y el 79%
Hayes, S., op. cit.
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Véase Sistema Nacional de Atención Socioeducativa para Adolescentes Infractores de Ley (2007), en www.sename.cl.
A/HRC/11/8 página 15 de los niños participan en la enseñanza en general, con una tasa de asistencia que varía entre el 100% y el 53% según la institución34. 40. Si los datos sobre las tasas de participación de los niños privados de libertad en actividades educativas son escasos, los relativos a la calidad de la enseñanza lo son todavía más. No obstante, existen indicios alentadores de que algunos Estados están tratando de resolver el problema. Por ejemplo, Chile puso en marcha recientemente algunas reformas en su sistema de justicia de menores con el fin de acatar en mayor medida las normas internacionales e internas relativas a la educación de los niños. Asimismo, Colombia y la Argentina están modernizando sus sistemas de justicia de menores con ese mismo propósito35. 41. La mayor parte de los niños regresa a sus comunidades al ser puestos en libertad. Sin embargo, existen cifras alarmantes que indican que más de las dos terceras partes de ellos no regresa a la escuela tras la excarcelación. Ello se debe a razones diversas, por ejemplo que las escuelas sencillamente prefieran mantenerlos excluidos, que queden en libertad en el transcurso del año escolar, o que los registros de la escolarización en la prisión y los créditos obtenidos durante ella no se transfieran a las escuelas y/o que las escuelas se nieguen a aceptarlos36. Asimismo, según algunos informes, los niños que han estado presos presentan una tasa de discapacidad para el aprendizaje mucho más elevada que otros niños33. 42. Nada garantiza el acceso de todos los niños presos a la educación y hay menos posibilidades aun de que la enseñanza que se imparte en prisión sea pertinente y adaptada a sus necesidades. El sistema de justicia de menores no ha logrado proporcionar capacitación y educación cuantitativa y cualitativamente adecuadas a los niños privados de libertad. Si bien ha habido mejoras en algunos países, la educación recibida por la mayor parte de esos niños ha sido insuficiente y poco adaptada a sus necesidades. E. Programas educativos para los niños que viven en prisión con sus madres 43. Muchas de las mujeres que se encuentran en prisión son madres de niños menores de 18 años de edad. Según las estimaciones se incluyen en esta categoría el 61% de las reclusas en el Reino Unido37, el 75% en los Estados Unidos de América38, el 82% en la República
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A/HRC/11/8 página 16 Bolivariana de Venezuela39 y el 85% en Australia40. Las mujeres son cabeza de familias monoparentales con más frecuencia que los hombres. Existen muy pocas estadísticas a nivel mundial sobre el número de niños que vive en la cárcel con sus madres, a pesar de que muchos Estados, aunque no todos, permiten que los niños permanezcan con sus madres hasta una edad límite sumamente variable que puede oscilar entre los 9 meses y los 6 años41. 44. No se cuenta con suficiente información sobre la disponibilidad, la calidad, la adaptabilidad, los índices de asistencia y la supervisión de la educación que se ofrece a esos niños42. Las pocas evaluaciones realizadas sobre la calidad educativa de las guarderías de las cárceles ponen de manifiesto las considerables diferencias existentes entre ellas en cuanto a la disponibilidad de material didáctico y juguetes. Muestran también que, en algunos casos, el nivel de cuidado personal (uso del baño y cambio de pañales) es deficiente, aunque la interacción social y las actividades lingüísticas son a menudo de buena calidad43. Cada vez son más frecuentes los programas de bienvenida y otros programas de carácter innovador. Por ejemplo, se están aplicando en los establecimientos penitenciarios donde los menores residen junto con sus madres los programas de estimulación temprana que han demostrado tener efectos positivos a largo plazo para los niños que viven en la pobreza, en los cuales participan generalmente los menores, los padres y la comunidad44, y muy recientemente se ha recurrido también a ese tipo de programas en el caso de parejas jóvenes sentenciadas a realizar trabajos en la comunidad como medida sustitutiva de la prisión45. 45. Aunque en la mayoría de los países existe el mandato jurídico de impartir educación preescolar a los menores que viven en la cárcel, en la práctica no se aplica debido a la escasez de Sepúlveda, M. A., López, G., Guaimaro, Y. (2003), "Mujeres en prisión: una revisión necesaria", en Visiones sobre el Crimen y Castigo en América Latina, Revista el Otro Derecho Nº 29, ILSA, Bogotá.
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A/HRC/11/8 página 17 recursos económicos y humanos (falta de maestros capacitados, de medios de transporte y de coordinación entre los organismos responsables, así como conocimiento insuficiente de los derechos del niño)46. 46. En algunos países, tras determinar el estado de salud, nutrición y desarrollo del menor, se establece un programa integral destinado a proporcionarle las mejores condiciones de atención, educación y protección, el cual incluye también programas para las madres. Una vez que han salido de la cárcel, se supervisa a los menores durante algunos meses para apoyar la relación entre éstos y sus madres y velar por la continuación de su educación fuera del establecimiento penitenciario46. Sin embargo, a pesar de esas excepciones, es evidente que el derecho de esos niños a la educación puede a menudo verse amenazado y requerir atención urgente. F. Las mujeres en prisión 47. Las mujeres representan una pequeña proporción de la población carcelaria en todo el mundo; según las cifras disponibles, esa proporción oscila entre el 2 y el 9%47, con una media mundial que se situaría en torno al 4%48. Sin embargo, la proporción y el número de mujeres presas está aumentando en muchos Estados y a un ritmo mucho mayor que el de los hombres49. Gran parte de ese aumento se debe a una mayor severidad de las condenas y no a la comisión de un mayor número de delitos50. 48. El perfil de las mujeres encarceladas es similar en muchos Estados: en su mayoría han crecido en entornos desfavorecidos de diversa índole. Suelen ser jóvenes, pobres, desempleadas, con bajo rendimiento escolar y carentes de competencias básicas. En algunos Estados, las causas del encarcelamiento están directamente relacionadas con el tráfico y el consumo de drogas51. Muchas de ellas padecen problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y poca
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A/HRC/11/8 página 18 autoestima, generalmente relacionados con los malos tratos y abusos sexuales sufridos durante la infancia52. 49. En muchos de los Estados en los que se evalúa el nivel de estudios de los reclusos al ingresar en prisión esos datos no se desglosan por sexo. Sin embargo, cuando existe ese tipo de datos, resulta evidente que las mujeres tienen un nivel de estudios inferior al de los hombres. En México, por ejemplo, el 6,1% de las mujeres presas son analfabetas, frente al 2,4% de los hombres. En términos más generales, se observa que en Inglaterra el 33% de las reclusas nunca fue a la escuela, el 71% no poseía ningún tipo de cualificación y el 48% tenía aptitudes de lectura y de aritmética básica muy inferiores al resto de la población50. En los Estados Unidos, el 44% de las presas en cárceles estatales no terminó los estudios secundarios ni obtuvo diploma de educación general53. 50. Apenas se presta atención al número de reclusas con dificultades de aprendizaje, habida cuenta de que las escasas investigaciones sobre esta cuestión realizadas hasta la fecha se han centrado principalmente en los hombres54. Las connotaciones negativas de este hecho para la calidad de la educación que se imparte son motivo de preocupación. 51. Aunque la educación es un medio importante para ayudar a la mujer a adquirir confianza en sí misma y aptitudes para la vida55, la falta de investigación e información sobre sus necesidades educativas especiales es un obstáculo fundamental para el logro de una educación más pertinente a su condición. Puesto que sus necesidades de educación son diferentes a las de los hombres, la igualdad de trato y de oportunidades no conduciría necesariamente a resultados similares. Eso no explica, sin embargo, por qué en muchos Estados hay menos programas destinados a las presas y por qué los que están disponibles son menos variados y de inferior calidad que los que se ofrecen a los reclusos varones56. Por ejemplo, las investigaciones recientes muestran claramente que en muchos Estados de la región de América Latina la mayor parte de los cursos que se ofrecen a las reclusas están relacionados con cuestiones vinculadas tradicionalmente a la mujer, como la costura, la cocina, la belleza y la artesanía. No obstante, en varios Estados existen ejemplos encomiables de programas que se alejan de esos estereotipos y ofrecen cursos más variados y pertinentes y, en general, mejor considerados21. Sin embargo, no
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A/HRC/11/8 página 19 es sorprendente que las investigaciones sobre las reclusas revelen su profunda frustración respecto del alcance y la calidad de la educación y capacitación que reciben57. 52. En 2010, el Relator Especial tiene previsto centrar su informe anual en el derecho a la educación de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo. En el presente informe simplemente señala la alarmante práctica de muchos Estados de detener, a menudo durante períodos prolongados, a familias enteras de migrantes con diferente situación jurídica. Todos los miembros de esas familias, y de forma especialmente aguda los niños, constituyen un grupo particularmente vulnerable cuyas necesidades de educación y de otros servicios deben ser objeto de atención especial. VI. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 53. A principios de octubre de 2008, el Relator Especial envió un cuestionario amplio a todos los Estados miembros y a varias organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales dedicadas a las cuestiones relacionadas con el derecho a la educación y, en particular, a la educación en el contexto penitenciario. En el cuestionario se solicitaba información sobre los siete ámbitos siguientes: marcos normativos y legislativos; asignación de recursos; contenidos de los programas de enseñanza; estadísticas y seguimiento; participación de las diferentes partes; reclusos no nacionales y menores presos. 54. En primer lugar, el Relator Especial deseaba obtener información sobre los marcos normativos y legislativos, en particular cómo se garantizaba en la legislación el acceso a la educación, si ésta formaba parte de la estrategia de gestión y qué incentivos se ofrecía a los reclusos para participar en los programas de educación. En el cuestionario se abordaba asimismo la cuestión de la asignación de recursos y se indagaba si la educación de los reclusos se financiaba con fondos públicos y si era o no gratuita para los participantes. El Relator Especial preguntó también sobre los contenidos de los programas de enseñanza, especialmente si éstos eran pertinentes en función de los diversos antecedentes de los reclusos y sus necesidades específicas, así como sobre el modelo utilizado para impartir la enseñanza, la disponibilidad de educación superior, las cualificaciones de los profesores y la existencia de bibliotecas, entre otras cosas. Otras preguntas se centraban en los datos estadísticos y el seguimiento y la evaluación de los programas de educación, la participación de las distintas partes interesadas en dichos programas y las oportunidades que se brindaban a los reclusos no nacionales (incluidos los que estaban en espera de deportación) en relación con el acceso a la educación. Por último, la sección final del cuestionario se refería a la situación particular de los menores privados de libertad, de los recién nacidos que permanecían con sus madres en prisión y de los jóvenes delincuentes internados y su derecho a la educación hasta completar la enseñanza obligatoria en los niveles primario y secundario.
Véase, por ejemplo Danby, Farrel, Skoien, y Quadrelli, "Inmate women as participants in education in Queensland correctional centers", documento presentado en la conferencia Women in Corrections: Staff and Clients Conference, 2000; y Rose, C. "Women’s participation in prison education: what we know and what we don't know", Journal of Correctional Education, 55 (1), marzo.
A/HRC/11/8 página 20 55. El Relator Especial pidió que las respuestas al cuestionario se enviaran a más tardar el 31 de diciembre de 2008. A fin de cumplir los requisitos en materia de presentación de informes del Consejo, sólo se tendrían en cuenta en el presente informe las respuestas recibidas antes de su redacción definitiva. No obstante, independientemente del plazo de preparación de sus informes, el Relator Especial acoge siempre con satisfacción todas las respuestas que reciba posteriormente a esa fecha. A. Respuestas de los Estados 56. En el momento de redactar el presente informe, habían respondido los Gobiernos de los siguientes Estados: Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Costa Rica, Cuba, Chile, Chipre, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, Líbano, Lituania, Mauricio, México (Comisión Nacional de Derechos Humanos), Noruega, Omán, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República Checa, República de Moldova, República Dominicana, Rumania, Singapur, Suiza, Suriname, Swazilandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Ucrania y Uzbekistán. Debido a la capacidad limitada para disponer de traducciones rápidamente, en el informe no se pudo dejar constancia del contenido de algunas respuestas. 57. Habida cuenta de que las respuestas de los Estados al cuestionario difieren notablemente en cuanto a la cantidad de información proporcionada, es difícil establecer comparaciones y similitudes de forma fiable. No obstante, salen a relucir varios temas, en particular el reconocimiento general de que el derecho a la educación consagrado en la Constitución o la legislación nacional se aplica igualmente a las personas detenidas. Sin embargo, no todos los Estados lo garantizan explícitamente en la legislación. Causa especial preocupación la respuesta de un Estado según la cual "la aplicación efectiva del derecho a la educación es una cuestión de política en materia de derechos, que depende en gran medida de los recursos del Estado". El Relator Especial reitera que, aunque los recursos pueden influir en la aplicación de la política, las condiciones de encarcelamiento que puedan vulnerar los derechos humanos fundamentales no se justifican por la falta de recursos. 58. Si bien la mayoría de los Estados señala que la educación es uno de los componentes principales de su estrategia de gestión de la justicia penal, casi todos hacen hincapié en su repercusión en el empleo y en la rehabilitación y la reinserción tras la excarcelación. El logro de una mayor concienciación jurídica es un objetivo declarado, así como la referencia a actividades de educación y capacitación destinadas principalmente a mitigar los efectos negativos del aislamiento social de las personas en prisión preventiva y de las restricciones relacionadas con la privación de libertad. Estos son, desde luego, objetivos vitales, pero la atención prioritaria que se suele prestar a las perspectivas de empleo refleja un criterio un poco más limitado que el que requiere el derecho a la educación. 59. El mantenimiento del orden y la seguridad en la prisión es el principal motivo para restringir el acceso a la educación, como en el caso de reclusos para los que se considera un riesgo demasiado grande, por ejemplo, de que obstaculice la rehabilitación, o cuando esa restricción se impone como castigo. No se han proporcionado otras precisiones sobre la frecuencia o la duración de tales restricciones ni sobre el alcance o el tipo de eventuales medidas
A/HRC/11/8 página 21 sustitutivas. La denegación del acceso a la educación "como castigo", sin más información, es un asunto de especial preocupación. 60. El imperativo de la seguridad es también una de las razones de la escasez de oportunidades de acceso a Internet (algunos Estados no permiten el acceso en absoluto) y de la vigilancia rigurosa de su utilización, aunque a menudo se proporcionan computadoras (por ejemplo, en Eslovaquia, Guyana, Irlanda, Letonia, Noruega, Polonia, la República Checa, Suiza y Túnez). Ello repercute no sólo en la pertinencia de la educación en esta era tecnológica, sino también en la importancia cada vez mayor de contar con bibliotecas bien surtidas, accesibles y pertinentes. En la mayoría de las cárceles existen bibliotecas, pero no en todas. La afirmación general es que esas bibliotecas mantienen fondos apropiados con financiación del Estado y que son accesibles. No obstante, queda claro que algunas dependen en diverso grado de los esfuerzos de ONG para su financiación y mantenimiento. 61. En la gran mayoría de los Estados, la educación que se ofrece a los reclusos es gratuita, al menos en lo que respecta a la enseñanza primaria y secundaria (cuando existe) y la capacitación para el empleo. En los países que ofrecen educación superior (por ejemplo, Alemania, Argelia, la Argentina, Costa Rica, Cuba, Chipre, el Ecuador, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, el Japón, Letonia, Mauricio, México, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumania y Túnez), ya sea a distancia o presencial, el costo suele correr por cuenta del recluso (como en Costa Rica, el Ecuador, Eslovaquia, Grecia, Guatemala, Italia, el Japón, Letonia, Mauricio, Polonia, el Reino Unido, la República Checa, Rumania, y Singapur). En Costa Rica, el Ecuador, Guatemala, Italia, Polonia, el Reino Unido y Singapur, la educación superior también se puede financiar con cargo a becas privadas. En Alemania, Hungría e Irlanda, esa enseñanza es gratuita. 62. A pesar de ser gratuita (al menos en lo que respecta a muchos de los cursos), algo que desincentiva la participación en actividades educativas es que de hecho reduzcan las oportunidades, por mínimas que sean, de empleo remunerado, generalmente en el propio establecimiento penitenciario. Aunque la mayoría de los Estados señala que la participación en la enseñanza no entraña un perjuicio económico, para algunos reclusos la imposibilidad de participar en actividades remuneradas afecta su situación económica. Sin embargo, no siempre es así, como lo demuestra el caso de Irlanda, que señaló que los reclusos que participaban en actividades educativas percibían el mismo estipendio diario que los demás presos. Irlanda también ofrece, al igual que otros Estados, como Hungría y Lituania, becas mensuales para compensar la posible pérdida de ingresos. Como incentivo para participar en las actividades educativas, algunos Estados, como Argelia, Guatemala, Mauricio, el Perú, Polonia, la República Dominicana y Túnez, también tienen en cuenta el tiempo dedicado a programas de educación a la hora de conceder la libertad condicional. En el Perú y Túnez, ese tiempo puede contar para la reducción de la pena. 63. En la mayoría de los Estados la educación de los reclusos se financia con cargo a fondos públicos. Ello puede revestir varias formas y, en algunos casos, requerir la intervención de diferentes ministerios del gobierno, principalmente los competentes en materia de justicia penal y/o educación. Supone asimismo una coordinación activa entre los ministerios a fin de evitar pérdidas, lagunas e incoherencias en la administración y dotación de los recursos. En Estados descentralizados en los que existen entidades regionales y locales con competencia en el ámbito educativo (por ejemplo, Alemania, la Argentina, México, Noruega y Suiza), esos riesgos pueden ser inherentemente mayores, aunque ningún Estado informó al respecto.
A/HRC/11/8 página 22 64. La educación se financia también mediante subvenciones, proporcionadas y/o complementadas por diversas entidades, que incluyen, en algunos casos, a la Unión Europea (Eslovaquia) y otros órganos internacionales (Letonia, por ejemplo, organizó sus fondos bibliotecarios con la ayuda de financiación internacional para proyectos). Así pues, el recurso a fuentes de financiación externas por conducto de procesos diversos es corriente y puede asimismo revestir distintas formas. Si bien las entidades públicas son los principales proveedores, en algunos Estados puede haber participación del sector privado (por ejemplo, en el Reino Unido); también es frecuente que la prestación de servicios se subcontrate a sectores del voluntariado y los servicios comunitarios. De hecho, la prestación de servicios de educación en colaboración con esos sectores es relativamente común y existe, por ejemplo, en Burkina Faso, Cuba, Grecia, Guatemala, Guyana, Irlanda, el Japón, Mauricio, el Perú, el Reino Unido, la República de Moldova, Letonia, la República Dominicana, Singapur y Suriname. La previsibilidad de financiación suficiente y a largo plazo en el marco de esas asociaciones, junto con un seguimiento y evaluación rigurosos, serán importantes para garantizar la calidad de este enfoque. 65. Una cuestión conexa es la participación en la concepción, ejecución y supervisión de los programas de educación. Es sabido que la participación de diversos agentes, como los reclusos, el personal penitenciario, la comunidad exterior, las ONG y las familias, tiene un efecto positivo en la pertinencia y el resultado de esos programas58. Por lo tanto, sorprendió al Relator Especial que varios Estados no hubieran previsto oficialmente la participación de los reclusos, pues de ese modo desaprovechan esa riqueza de experiencias, conocimientos y opiniones informadas. 66. Aunque, en su mayoría, los Estados reconocen la diversidad de antecedentes y necesidades de los reclusos, ofrecen poca información sobre la manera en que esa diversidad se refleja en los programas y los planes de estudio, aparte de, por ejemplo, referencias a clases especiales de idiomas para los extranjeros (en Irlanda, Lituania, el Reino Unido y Suiza). 67. El Relator Especial se declara preocupado al constatar que algunos Estados en los que hay pocos reclusos extranjeros en los centros de detención señalen que no ha sido necesario elaborar programas especiales para ellos. En lo que respecta a los extranjeros en espera de deportación, algunos Estados afirmaron que no tenía sentido incluir a esas personas en los cursos de capacitación. Tales opiniones contradicen la noción misma de la igualdad del derecho a la educación. Otros Estados señalaron que no se ofrecían programas de educación a los extranjeros en espera de deportación debido a la brevedad del período de detención. 68. Es evidente que la edad de responsabilidad penal y de reclusión en establecimientos penitenciarios incide notablemente en las oportunidades educativas y en los resultados del aprendizaje. La edad más común a partir de la cual se permite la detención es a los 14 o 15 años. Además, a juicio de la mayoría de los Estados, los menores y los adultos debían estar en instalaciones distintas, incluso en el caso de la prisión preventiva. Asimismo, los Estados afirmaron en general que los menores debían recibir enseñanza obligatoria de nivel primario y, Un ejemplo de ello es la participación de los reclusos en calidad de maestros o instructores, práctica alentada, por ejemplo, en la Argentina, Costa Rica, el Ecuador, Eslovaquia, Guatemala, Guyana, Rumania. Sin recursos y apoyo suficientes, esta práctica puede tener algunas limitaciones.
A/HRC/11/8 página 23 cuando se ofreciera, secundario, y que los correspondientes planes de estudio y los diplomas debían ser equivalentes a los de las escuelas públicas. En ciertos Estados, como en Albania, Chile, Chipre, Guatemala, Guyana, el Japón, Letonia, Lituania, Mauricio, el Reino Unido, la República de Moldova, Singapur y Trinidad y Tabago, la educación se imparte en los centros penitenciarios. En otros, como Argelia, Burkina Faso, Guyana, el Japón, Singapur, Suiza, Trinidad y Tabago y Túnez, la escolarización también puede ofrecerse a los menores fuera de la prisión y en las escuelas ordinarias. 69. Por último y en relación con lo anterior, es evidente que varios Estados se encuentran en la etapa inicial de la formulación de una política coherente sobre la educación en los lugares de detención, algunos están a medio camino y otros avanzan a partir del nivel alcanzado previamente. No obstante, todos esos esfuerzos deberían basarse en investigaciones rigurosas y el intercambio de las mejores prácticas. El Relator Especial considera que en general las respuestas recibidas hasta la fecha no dejan la impresión de que ese sea el caso, pese a que, en lo que respecta sobre todo a las mejores prácticas, algunos Estados, particulares y organizaciones facilitaron información relativa a varios programas muy interesantes e innovadores. B. Respuestas de las organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil 70. Sin la participación activa de particulares, instituciones académicas, ONG y organizaciones intergubernamentales competentes en la materia, la educación de los reclusos sería mucho más precaria de lo que es actualmente y en algunas instituciones ni siquiera existiría. Por ese motivo, el cuestionario también se envió a varias partes potencialmente interesadas, junto con la solicitud de que lo divulgaran a su vez. El Relator Especial está sumamente agradecido por las respuestas a menudo muy detalladas que recibió, como las de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Ecuador y Swazilandia), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (Malasia), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Defensa de los Niños - Movimiento Internacional, Human Rights Watch, Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE), Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas, Visión Mundial Internacional, Justice Action, Dignity in Schools (y asociados), NSW Teachers Federation, Intellectual Disability Rights Service, Centre for Study of Violence and Reconciliation, Advoc Aid, Addameer Asociación de Defensa de los Derechos Humanos y de Apoyo a los Presos, Centre pour la promotion de la photographie, Fundación Somos Familia, Visión Mundial Internacional (y asociados), Sisters Inside Inc. y African Prisons Project59. 71. Las respuestas abarcaron un ámbito geográfico amplio y proporcionaron observaciones independientes sobre la educación ofrecida a los reclusos en distintos Estados, lo que permitió subsanar algunas lagunas de la información facilitada por los propios Estados. Se alienta enérgicamente a aumentar la comunicación y el intercambio de experiencias entre esas organizaciones y los Estados en que trabajan.
Se recibieron además contribuciones de particulares anónimos.
A/HRC/11/8 página 24 72. Aunque es imposible comentar cada una de las contribuciones, todas se tuvieron en cuenta en el informe. A continuación se presenta únicamente un resumen de las respuestas, junto con una pequeña selección de experiencias e iniciativas concretas. 73. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG nacionales e internacionales y las organizaciones intergubernamentales están en condiciones de contribuir a la calidad y la pertinencia del debate global sobre la educación. Incluso cuando no ofrecen directamente servicios educativos, esas entidades observan y experimentan concretamente las realidades prácticas cotidianas de la vida en prisión y sus repercusiones legislativas y políticas, junto con sus consecuencias a largo plazo. Las comunicaciones recibidas en respuesta al cuestionario ofrecieron un punto de vista muy distinto al de los Estados, lo que indica claramente la necesidad de que los Estados incluyan a esas organizaciones en la elaboración de sus leyes y políticas, así como en su aplicación práctica. 74. Cada comunicación presenta una "instantánea" de la situación imperante en alguno de los ámbitos concretos que abarca el cuestionario en relación con determinados grupos de presos (niños, mujeres o extranjeros) en un Estado o región geográfica particular; a continuación se resumen brevemente algunos de los casos presentados. En su mayoría, las comunicaciones se referían a Estados que no habían respondido al cuestionario, por lo que no fueron confirmadas por los gobiernos interesados. 75. En cuanto al acceso de los reclusos extranjeros a la educación, el UNICEF destacó que ciertos Estados excluían a los no ciudadanos de los programas educativos gratuitos, así como a los extranjeros pendientes de expulsión, y el ACNUR se refirió a la detención a veces prolongada de menores en los centros para inmigrantes sin acceso a la educación. 76. En cuanto a los marcos legislativo y normativo, las ONG informaron de la situación observada en varios Estados africanos. Como ejemplo de los esfuerzos en curso, mencionaron que Côte d'Ivoire y Malí habían adoptado medidas legislativas en relación con la educación de los reclusos. En Malí se disponía de una escuela para presos en la capital, que seguía el plan de estudios general. Donde no se disponía de tales escuelas, los jóvenes reclusos podían acudir a otras escuelas fuera del centro penitenciario, como era el caso también en el Togo. 77. Sin embargo, las ONG también observaron que muchos Estados de la región no ofrecían educación formal a los reclusos, aunque existían algunas actividades educativas de carácter informal. En un caso, se mencionó que el gobierno no había puesto en práctica un programa de educación uniforme para todas las prisiones, lo que significaba que la mayoría de los reclusos no disponía de educación primaria ni secundaria, sobre todo fuera de la capital, y que a este respecto se dependía considerablemente de las organizaciones de la sociedad civil. 78. En otros casos, el acceso a la educación básica, aunque esté previsto en las leyes nacionales, no está disponible efectivamente a todos los jóvenes presos por falta de recursos e infraestructura. En ocasiones, el suministro y la financiación de los programas de educación dependen de iniciativas de las ONG. 79. En cuanto a los contenidos de los programas de educación y las oportunidades de participación de los reclusos, las ONG indicaron que el acceso a la educación dependía a veces
A/HRC/11/8 página 25 en gran medida de la actitud del director de cada prisión. Además la falta de bibliotecas adecuadas y de acceso a computadoras e Internet repercutían adversamente en la educación. 80. Las ONG se refirieron asimismo a países, como Bélgica, los Países Bajos y el Pakistán, en que la educación para los jóvenes privados de libertad estaba garantizada por ley y financiada con fondos públicos y se regía por el plan de estudios general. 81. Varias ONG también informaron sobre países donde la limitada disponibilidad y calidad de la educación ofrecida a los niños privados de libertad y la discriminación de género en ese contexto eran motivo de preocupación. 82. Otras ONG hicieron observaciones sobre los centros de detención de menores en un determinado país, en el que, si bien la Constitución y la legislación nacionales garantizaban el derecho a la educación obligatoria y gratuita, en varios casos los servicios de educación no estaban disponibles. Cuando lo estaban, se limitaban a impartir alfabetización y educación primaria básica, mientras que rara vez se ofrecía acceso a la educación secundaria. Las ONG citaron ejemplos concretos de centros de detención de menores en zonas apartadas donde muchos jóvenes no tenían acceso alguno a actividades educativas y otros donde el acceso a la educación era irregular. Incluso en ciudades más grandes, sólo unos pocos centros de detención de menores ofrecían escolarización y capacitación profesional adecuadas de conformidad con la legislación nacional. 83. Las ONG también manifestaron preocupación por la limitada disponibilidad y calidad de la educación y la discriminación de género en ese contexto que afectaba a los niños presos en países extranjeros y citaron, en un caso, la falta de un marco institucional para la educación de los reclusos adultos e incluso ocasiones en que se disuadía a los que trataban de procurarse una educación por iniciativa y cuenta propias. 84. En otras respuestas se mencionaban las deficiencias de la educación impartida en los centros correccionales, incluso en países prósperos, y las trabas para acceder a ella. Se citó un caso, en 2000, en el que existían programas de educación básica y de educación secundaria para adultos respectivamente en el 90 y el 84% de dichos centros. Sin embargo, la educación terciaria disminuyó del 31 al 27% entre 1995 y 2000 a raíz de la supresión de las ayudas económicas. 85. Las organizaciones también destacaron la falta de estadísticas completas y fiables en los planos nacional y local sobre la accesibilidad y la calidad de los programas educativos en las prisiones o los centros de detención de menores. Observaron que había discriminación de género en cuanto a la calidad y el alcance de la educación de las niñas y contra las personas con discapacidad, así como en los centros de detención de inmigrantes. En los establecimientos penitenciarios de un país occidental, por ejemplo, no se ofrecían a las niñas las mismas oportunidades de educación que a los niños no privados de libertad. Además, se observó que la capacitación profesional impartida a las niñas se basaba en estereotipos de género y era distinta a la ofrecida a los varones y que, cuando existía, estaba sujeta al cumplimiento de requisitos administrativos prohibitivos. En otro caso, se había instalado a los jóvenes estudiantes en aulas concebidas según criterios correccionales en lugar de educativos y a menudo las políticas disciplinarias influían negativamente en la calidad de la educación que se les impartía.
A/HRC/11/8 página 26 86. No obstante, también se mencionaron algunos ejemplos positivos como el de Carolina del Norte (Estados Unidos), donde se registra una alta tasa de participación en programas del ciclo universitario básico ("junior college"), lo que permite a los reclusos participar en la enseñanza superior, con una amplia oferta de cursos de estudio y apoyo económico gracias a un acuerdo entre las autoridades penitenciarias y el sistema universitario. 87. Por otra parte, se observó una falta de apoyo sostenido a los grupos con necesidades especiales, por ejemplo los indígenas y las mujeres, las personas de distinta extracción cultural y lingüística y las personas con problemas de salud mental, las cuales representaban un gran porcentaje de la población penitenciaria. A menudo los programas de educación y rehabilitación en la prisión no se adaptaban a las necesidades de las personas con discapacidad mental o intelectual, lo que en la práctica las excluía de los beneficios que podrían derivarse de esos programas. 88. Por último, las ONG informaron de que en algunos países donde las mujeres eran el grupo de la población penitenciaria con un crecimiento más rápido, los sistemas penitenciarios, que estaban ideados en función de las características y necesidades masculinas, se habían modificado y ahora reflejaban también las de las mujeres. VII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 89. El Relator Especial expresa su agradecimiento a todos los Estados que respondieron al cuestionario. Como se indicó anteriormente, la investigación, el estudio y la cooperación de carácter internacional y comparativo en materia penitenciaria han pasado a ser imperativos aun más urgentes. Al contribuir al presente informe global, los Estados han respondido parcialmente a esa necesidad. A los que no han podido colaborar, el Relator Especial reitera la petición expresa de que lo hagan en futuros informes. Si las "instantáneas" que ofrecen las respuestas al cuestionario reflejan el estado real de la educación en los establecimientos penitenciarios, los Estados, a nivel individual, regional y mundial, deben aunarse en torno al propósito común de hacer efectivo el derecho a la educación de los reclusos en un grado superior que en la actualidad. 90. Con ese fin, el Relator Especial formula las siguientes recomendaciones a los Estados: a) b) c) La educación de los reclusos debe estar garantizada y consagrada en la Constitución y demás instrumentos legislativos; La educación de los reclusos debería estar dotada de fondos públicos suficientes; Debería garantizarse el respeto de las normas establecidas en el derecho y las directrices internacionales en materia de educación de reclusos.
91. El Relator Especial recomienda que las autoridades encargadas de la educación pública: a) Pongan a disposición de todos los presos, estén condenados o en prisión preventiva, programas educativos que abarquen al menos el plan de estudio de la enseñanza primaria obligatoria y, de ser posible, también de la secundaria;
A/HRC/11/8 página 27 b) Organicen, junto con las instituciones penitenciarias, programas amplios de educación destinados a desarrollar plenamente las potencialidades de cada recluso, los cuales también deberían minimizar los efectos negativos del encarcelamiento, mejorar las perspectivas de reinserción y rehabilitación, la autoestima y la moral.
92. El control previo sistemático y apropiado de todos los reclusos al ingresar en los establecimientos penitenciarios debería ser la norma a fin de poder establecer planes de educación individuales, con la plena participación del recluso, que puedan ser supervisados, evaluados y actualizados desde la entrada en prisión hasta la puesta en libertad. 93. Los Estados deberían identificar los obstáculos a la educación causados por problemas de disposición y garantizar asistencia y recursos adecuados para hacerles frente. 94. Los programas de educación deberían estar integrados con los del sistema de educación pública para que sea posible continuar los estudios tras la excarcelación. 95. Las instituciones penitenciarias deberían mantener bibliotecas bien financiadas y accesibles, dotadas de una gama suficiente y apropiada de recursos y tecnología y disponibles a todas las categorías de presos. 96. Se debería proporcionar a los profesores de los establecimientos penitenciarios capacitación oficial y oportunidades de perfeccionamiento profesional continuo, así como un entorno de trabajo seguro y el debido reconocimiento en cuanto a condiciones de trabajo y remuneración. 97. La evaluación y la supervisión de todos los programas de educación en prisión deberían pasar a ser la norma y estar a cargo de los ministerios de educación. El Relator Especial alienta a los Estados a que investiguen las prácticas vigentes en sus establecimientos penitenciarios, las reconozcan y adopten rápidamente las medidas que sean necesarias a ese respecto. 98. Los programas de educación para los reclusos deberían basarse en investigaciones actuales, pluridisciplinarias y detalladas. A tal fin, la comunidad internacional debería establecer mecanismos de cooperación e intercambio entre los Estados que les permitan compartir los conocimientos resultantes, así como los ejemplos de prácticas óptimas y de su aplicación. 99. La diversidad de antecedentes y necesidades de los reclusos y la manera en que ello se refleja en los programas y los planes de estudio ofrecidos constituyen otro ámbito en que los intercambios de información, prácticas óptimas y experiencia generarían considerables dividendos, por lo que se recomiendan muy particularmente. 100. Asimismo, debería fomentarse la elaboración y el suministro de material didáctico adecuado con la participación necesaria y activa de todos los reclusos y, más concretamente, de los grupos marginados.
A/HRC/11/8 página 28 101. Además, el Relator Especial formula las siguientes recomendaciones específicas con respecto a los niños y las mujeres en prisión y otros grupos marginados: a) b) Se debe velar particularmente por garantizar que todos los niños en edad de escolaridad obligatoria puedan acceder a la educación y participar en ella. Los planes de estudio y las prácticas docentes en los establecimientos penitenciarios deben tener en cuenta las diferencias de género a fin de hacer efectivo el derecho de las mujeres y las niñas a la educación. También se debe prestar atención a las personas pertenecientes a grupos tradicionalmente marginados, como las mujeres, los grupos minoritarios y los grupos indígenas, las personas de origen extranjero y las personas con discapacidad física, cognitiva y psicosocial. En los programas educativos destinados a esos grupos se debería hacer especial hincapié en la accesibilidad y la pertinencia en función de las necesidades particulares; asimismo, habría que prestar atención y hacer frente a los factores que puedan obstaculizar la continuación de la educación tras la excarcelación.
102. Por último, el Relator Especial considera que la privación de libertad debería ser una medida de último recurso. Dadas las importantes consecuencias adversas que entraña a largo plazo la prisión para los reclusos, sus familias y la comunidad en los planos económico, social y psicológico, el Relator Especial insta a que se redoblen los esfuerzos por establecer y aplicar medidas sustitutivas de la prisión en lo que respecta tanto a los niños como a los adultos y reitera que las personas condenadas a penas de prisión conservan sus derechos humanos inherentes, incluido el derecho a la educación. -----
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